BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 301 Viernes 17 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 155059
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
20862 Resolución  de  30  de  noviembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la 
calificación de la registradora de la propiedad de Vélez-Rubio, por la que se 
suspende la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de 
herencia y disolución de comunidad.
En el recurso interpuesto por doña María del Pilar Baraza Domene, notaria de Vélez-
Blanco, contra la calificación de la registradora de la Propiedad de Vélez-Rubio, doña 
María Martínez Castaño, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
aceptación y adjudicación de herencia y disolución de comunidad.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 28 de mayo de 2021 por la notaria de Vélez-
Blanco,  doña  María  del  Pilar  Baraza  Domene,  se  otorgaron  las  operaciones  de 
aceptación y adjudicación de la herencia de doña A. J. P., fallecida, en estado de viuda, 
el día 15 de diciembre de 2020, dejando dos hijos –don A. y doña C. M. J.–, ambos 
intervinientes en la escritura, y que habían sido instituidos como herederos en su último 
testamento, otorgado ante la notaria de Vélez-Rubio, doña María del Carmen Prieto 
Escudero, el día 23 de julio de 1998.
En la referencia del título, común a las tres fincas del inventario, se recogía lo 
siguiente: «Pertenecía a la causante el pleno dominio de una mitad indivisa con carácter 
privativo en virtud de escritura de adición de herencia y compraventa por el fallecimiento 
de su cónyuge Don J. M. S. autorizada el Vélez Rubio ante Doña María Cristina Planells 
del Pozo treinta 30 de julio de mil novecientos noventa y seis con el número 655 de 
protocolo, cuya copia autorizada tengo a la vista y devuelvo».
La escritura de herencia que se adicionaba es la autorizada el día 7 de septiembre 
de 1989 por el notario de Vélez-Blanco, don Gonzalo de la Mata y Posadas, con el 
número 694 de protocolo; de esta, interesa a los efectos de este expediente, que en la 
exposición  sobre  el  título  sucesorio,  se  expresaba  lo  siguiente:  «(…)  tramitado  el 
oportuno expediente de declaración de herederos abintestato en el Juzgado de Primera 
Instancia de Huércal Overa, el 26 de julio de 1980, ante el señor Juez don (…) fueron 
declarados herederos a sus dos hijos llamados (…) Los hechos expuestos se acreditarán 
mediante la presentación del correspondiente auto, que se acompañará a las copias que 
del presente se libren».
Interesa en este expediente que la finca número 1 del inventario, a los efectos de la 
extinción de la comunidad que en la misma escritura se otorgaba, se expresaba que 
pertenecía a la heredera doña C. M. J., en cuanto a una mitad indivisa por el título de 
herencia que se adjudicaba en esta escritura; en cuanto a una cuarta parte indivisa, a 
doña C. M. J. y a su, esposo don J. C. R., con carácter ganancial por escritura de adición 
de herencia y compraventa otorgada ante la notaria de Vélez-Rubio, doña María Cristina  e.
Planells del Pozo, el día 30 de julio de 1996 con el número 655 de protocolo, cuya copia  w.b
se tenía a la vista y se devolvía; la cuarta parte restante, pertenecía al heredero don A.  862ww
fMe.c hJa.  3c0o nd ec ajurláioc tedre  p1r9iv9a6t isveo  epxoprr eesla bmais lmo os igtíutuielon tea:n «te(…rio)r .q uRee scpoencctroe taan  eys tme atnítiufileos tadne 
qúuneic,a mdaednate  lad e cuonnafu sciuóanr tad ep arreted aicncdiióvnis ad elo  lqau em jiusmstiafi cqau eel  plar eccoiom dpera lvae nmtais msae» .e fCeoctmuóo 
consecuencia de la disolución de comunidad, se adjudicaba finalmente la finca de la
siguiente forma: a los cónyuges, doña C. M. J. y don J. C. R., la mitad con carácter 
ganancial, y la otra mitad a doña C. M. J. con carácter privativo.
II
Presentada el día 11 de agosto de 2021 la referida escritura en el Registro de la 
Propiedad de Vélez-Rubio, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Número de asiento de presentación: 163 del Diario 79
Documento:  Escritura  de  aceptación  de  herencia  y  adjudicación  de  herencia  y 
disolución de comunidad autorizada en Vélez-Blanco el veintiocho de mayo de dos mil 
veintiuno bajo el protocolo número 301 por su Notaria doña María del Pilar Baraza 
Domene.
Calificado el precedente documento conforme al Artículo 18 de la Ley Hipotecaria 
y 98 y siguientes del Reglamento Hipotecario, en relación con los antecedentes del 
Registro (artículos 20 y 38 de la misma Ley), la Registradora de la Propiedad que 
suscribe ha resuelto no practicar las operaciones registrales solicitadas en base a los 
siguientes:
Hechos:
El título expresado fue presentado en este Registro a las 10 horas del día 11 de 
agosto 2021 bajo el asiento 163 del Diario 79.
Calificado el mismo con esta fecha resultan los defectos impeditivos de la inscripción 
que se expresan a continuación.
Es necesaria la aportación de los títulos complementarios, que luego se indicarán, 
relativos a la sucesión de D. M. J. M. S.
Se  presenta  escritura  de  partición  de  herencia  causada  por  el  fallecimiento  de 
Dña. A. J. P. teniendo por objeto las fincas registrales de Vélez-Blanco números 5.738, 
14.611 y una casa destinada a vivienda sita en Calle (…), sin inscribir. Dichas fincas 
aparecen inscritas a favor de D. M. J. M..S. y Dña. A. J. P., indicándose como título de 
adquisición común escritura de adición de herencia y compraventa autorizada en Vélez-
Rubio ante doña María Cristina Planells del Pozo el treinta de julio de mil novecientos 
noventa y seis con el número 655 de protocolo, el cual se acompaña además de 
escritura  de  partición  de  herencia  motivada  por  el  fallecimiento  de  D.  M.  J.  M.  S. 
autorizada en Vélez-Blanco el día siete de septiembre de mil novecientos ochenta y 
nueve, respecto de la cual no se acompañan los títulos complementarios, es decir, 
declaración de herederos abintestato del Juzgado de  Primera Instancia de Huércal 
Overa del 28 de julio de 1980 ante el señor Juez D. José Alfonso Arolas Romero donde 
se  declararon  herederos  doña  C.  y  D.  A.  M.  J.,  sin  perjuicio  de  la  cuota  legal 
usufructuaria de la viuda doña A. J. P.
No  es  posible  llevar  a  cabo  la  inmatriculación  de  la  finca  inventariada  con  el 
número 1 al no cumplirse los requisitos previstos en el Artículo 205 de la Ley Hipotecaria.
Se  solicita  la  primera  inscripción  de  la  finca  inventariada  con  el  número  uno 
consistente  en  una  casa  destinada  a  vivienda  sita  en  calle  (…)  con  referencia 
catastral 9819704WG7791N0001FE de lo que resulta lo siguiente:
En el título inmatriculador (escritura objeto de la presente nota) el derecho de la 
adjudicataria, es decir, doña C. M. J. resulta de:
En primer lugar, una cuarta parte indivisa para su sociedad de gananciales en virtud  bo
de escritura pública de compraventa de treinta de julio de mil novecientos noventa y seis. 862ww
falleEcinm iesengtou nddeo d olñuag aAr,.  Ju. nPa.  acmaietacdid oin edl ivdiísaa q ueinnc ev idrteu dd icdieem  bhreer ednec diao sc mauils vaedinat ep.or  el
virtuEdn d ete ercsecrr itluurgaa rp, úubnliaca c duea rvtae inptaiortceh oin ddeiv imsaa yeon d vei rdtuods  mdeil  vdeisinotliuucnióon. de comunidad en
En virtud de estos tres títulos adquisitivos resulta la imposibilidad de proceder a la 
inmatriculación del pleno dominio de la finca por no cumplirse el requisito del año 
previsto en el Artículo 205 de la Ley Hipotecaria, pues respecto de la mitad indivisa 
adquirida por el fallecimiento de doña A. J., no ha transcurrido el plazo de un año, 
previéndose, sin embargo, la posibilidad de proceder a la inmatriculación de una mitad 
indivisa  de  la  finca,  supuesto  expresamente  admitido  por  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública en Resoluciones como la de 26 de abril de 2021.
Fundamentos de Derecho:
Así resulta del Artículo 14 de la Ley Hipotecaria cuando dispone en su párrafo 
primero  que  “El  título  de  la  sucesión  hereditaria  a  los  efectos  del  Registro,  es  el 
testamento, el contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la declaración de herederos 
abintestato y la declaración administrativa de heredero abintestato a favor del Estado, así 
como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al que se refiere el capítulo VI del 
Reglamento (UE) n.º 650/2012”.
En  complemento,  prevén  los  Artículos  76  y  78  del  Reglamento  Hipotecario  lo 
siguiente, respectivamente:
“En la inscripción de bienes adquiridos por herencia testada se harán constar las 
disposiciones testamentarias pertinentes, la fecha del fallecimiento del causante, tomada 
de la certificación respectiva, y el contenido del certificado del Registro General de Actos 
de Última Voluntad”.
“En los casos de los dos artículos anteriores se considerará defecto que impida la 
inscripción  el  no  presentar  los  certificados  que  se  indican  en  los  mismos,  o  no 
relacionarse  en  el  título  o  resultar  contradictorios  con  éste.  No  se  considerará 
contradictorio el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad cuando 
fuere negativo u omitiere el título sucesorio en que se base el documento presentado, si 
este título fuera de fecha posterior a los consignados en el certificado”.
Artículo 20 de la Ley Hipotecaria: “Para inscribir o anotar por los que se declaren, 
transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre 
inmuebles, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que 
otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos.
En el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que 
otorgue  la  transmisión  o  gravamen,  los  Registradores  denegarán  la  inscripción 
solicitada…”.
Artículo 205 de la Ley Hipotecaria: “Serán inscribibles, sin necesidad de la previa 
inscripción y siempre que no estuvieren inscritos los mismos derechos a favor de otra 
persona, los títulos públicos traslativos otorgados por personas que acrediten haber 
adquirido la propiedad de la finca al menos un año antes de dicho otorgamiento también 
mediante  título  público,  siempre  que  exista  identidad  en  la  descripción  de  la  finca 
contenida en ambos títulos a juicio del Registrador y, en todo caso, en la descripción 
contenida en el título inmatriculador y la certificación catastral descriptiva y gráfica que 
necesariamente debe ser aportada al efecto...”.
En  consecuencia  y  siendo  dicho  defecto  considerado  como  subsanable  y  de 
rectificación sencilla, se hace necesaria la presentación de la declaración de herederos 
abintestato del Juzgado de Primera Instancia de Huércal Overa del 28 de julio de 1980 
ante el Señor Juez don José Alfonso Arolas Romero. e.e
Vistos los expresados hechos y fundamentos de Derecho. b
Resuelvo  no  practicar  las  operaciones  registrales  solicitadas  por  los  motivos  862ww
expuECenos nVtotrésal.e ezl  Rpruebsieon ate 2 f3a ldloe  daeglo rsetgoi sdtera 2d0o2r 1(… La) registradora (firma ilegible)». BOE-A-2021-20cable en https://
III
Contra la anterior nota de calificación, doña María del Pilar Baraza Domene, notaria 
de Vélez-Blanco, interpuso recurso el día 6 de septiembre de 2021 en el que alegaba lo 
siguiente:
«Primero.  Respecto  del  primer  defecto  señalado  por  la  Sra.  Registradora,  la 
necesidad de aportar la declaración de herederos abintestato del Juzgado de Primera 
Instancia de Huércal Overa del 28 de julio de 1980 ante el Señor Juez D. José Alfonso 
Arolas Romero donde se declararon herederos doña C. y Don A. M. J., sin perjuicio de la 
cuota legal usufructuaria de la viuda doña A. J. P.
En primer lugar, y como cuestión preliminar, señalar que en ningún lugar de la 
escritura  objeto  de  calificación,  que  es  la  escritura  de  aceptación,  adjudicación  de 
herencia y disolución de comunidad por el fallecimiento de doña A. J. P., se hace alusión 
a que dichas fincas se encuentran inscritas a nombre de D. M. J. M. S. y Doña A. J. P. y 
que  su  título  de  adquisición  común  es  una  escritura  de  adición  de  herencia  y 
compraventa autorizada en Vélez Rubio ante doña María Cristina Planells del Pozo el 
treinta de julio de mil novecientos noventa y seis.
Sino que en la misma se indica, y copio literalmente, que:
“Título común a las tres fincas: Pertenecía a la causante el pleno dominio de una 
mitad indivisa con carácter privativo en virtud de escritura de adición de herencia y 
compraventa por el fallecimiento de su cónyuge Don M. J. M. S. autorizada en Vélez 
Rubio ante doña Maria Cristina Planells del Pozo el treinta de julio de mil novecientos 
noventa y seis con el número 655 de protocolo, cuya copia autorizada tengo a la vista y 
devuelvo.”
Es lógico que dichas fincas aparezcan inscritas a nombre D. M. J. M. S. y doña A. J. 
P. porque el título de adjudicación de herencia de 1996 no se presentó a inscripción, 
presentándose a la vez que la escritura calificada, tal y como señala la Sra. Registradora 
al indicar que se acompaña.
En segundo lugar, y entrando ya en la cuestión del defecto señalado por la Sra. 
Registradora de la necesidad de aportar la declaración de herederos abintestato del 
Juzgado de Primera Instancia de Huércal Overa del 28 de julio de 1980 ante el Señor 
Juez don José Alfonso Arolas Romero donde se declararon herederos doña C. y Don A. 
M. J., sin perjuicio de la cuota legal usufructuaria de la viuda doña A. J. P.
Cabe argumentar frente al mismo las siguientes razones:
1.  Se  presenta  junto  con  la  escritura  de  adición  de  herencia  y  compraventa 
autorizada en Vélez Rubio ante doña María Cristina Planells del Pozo el treinta de julio 
de mil novecientos noventa y seis, la escritura de partición de herencia a la que la misma 
se adiciona, autorizada en Vélez Blanco el día siete de septiembre de mil novecientos 
ochenta y nueve ante el Notario de Gonzalo de la Mata y Posadas con el número de 
protocolo 694, por el fallecimiento de D. M. J. M. S. ocurrido el día uno de agosto de mil 
novecientos setenta y nueve.
2.  En dicha escritura de partición de herencia autorizada en Vélez Blanco el día siete 
de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve ante el Notario de Gonzalo de la Mata 
y Posadas con el número de protocolo 694, por el fallecimiento de D. M. J. M. S., se 
inserta por parte del Notario autorizante la reseña del título sucesorio del causante, en el 
cual se señala que “el mismo falleció sin haber otorgado disposición testamentaria alguna,  e.e
por lo que tramitado el oportuno expediente de declaración de herederos abintestato en el  b
Juzgado de Primera Instancia de Huércal Overa del 28 de julio de 1980 ante el Señor Juez  862ww
Jd.o, ns iJno pseér jAulifcoion sdoe  Alar ocluaos tRa olemgearl ou sduofnrudcet ufuaerirao nd ed leac vlaiuraddao dso hñear eAd. eJr.o Ps. doña C. y don A. M.
autoL, oqsu eh esceh aocso emxppauñeasrtáo sa  slaes a ccorepdiaitsa qráune  mdee dlaia pnrtees elan tper essee lnibtarecnió.”n del correspondiente
3.  Es doctrina reiterada de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 
entre otras Resoluciones cabe citar la de 24 enero 1941, de 3 de abril de 1995, 8 y 22 de 
julio de 2005, 12 de noviembre de 2011, 12 y 16 de noviembre de 2015 y 1 de junio 
de 2018, y más recientemente la Resolución de 23 de enero de 2020 (BOE de 18 de 
junio) que señala que en sede de sucesión intestada “basta con que el Notario relacione 
los  particulares  del  documento,  los  básicos  para  la  calificación  e  inscripción  en  el 
Registro de la Propiedad” puesto que los mismos quedan amparados bajo la fe pública 
notarial.
La Resolución de 24 enero 1941 ya señaló en su día que “La presentación de los 
certificados  de  defunción  y  últimas  voluntades  sólo  es  exigible  cuando  se  trata  de 
herencia testada, mientras que para la inscripción de bienes por herencia intestada basta 
con consignar los particulares de la declaración judicial –hoy, en su caso, notarial– de 
herederos, diferencia que se explica porque la declaración de herederos presupone 
forzosamente  que  al  órgano  competente  se  habrán  aportado  esos  certificados  de 
defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad”.
A lo que añade la Resolución de 23 de enero de 2020 que “Esta Dirección ha puesto 
de relieve la sustancial diferencia, como títulos sucesorios atributivos o sustantivos, entre 
el testamento y acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato.”
El testamento responde tanto al concepto de título material como formal, pues es 
ante todo un negocio jurídico “mortis causa” que expresa la voluntad del testador que es 
la ley de la sucesión y la que decide con plenos efectos el destino de los bienes 
constituyendo  el  título  o  causa  de  su  adquisición,  una  vez  que  el  llamamiento  se 
completa con la aceptación y adjudicación de herencia (cfr. artículos 609 y 670 del 
Código Civil). El testamento es el fundamento mismo de la vocación o llamamiento del 
heredero y de la delación como elementos determinantes del fenómeno sucesorio. Y la 
copia auténtica del testamento representa el título formal necesario e insustituible para el 
acceso al Registro de la sucesión testamentaria porque en él figura la declaración de 
voluntad del testador como título material y formal a todos los efectos, junto con la 
correspondiente escritura de aceptación y adjudicación de herencia. En definitiva, el 
testamento determina el llamamiento del heredero (vocación) y también el título por el 
que  se  ofrece  al  mismo  la  posibilidad  efectiva  de  aceptar  o  repudiar  la  herencia 
(delación).
Distinto significado tiene la declaración de herederos en la sucesión intestada. No 
constituye el título material de la sucesión intestada, pues dicho título es la ley. Sólo 
puede considerarse título formal en cuanto sirve de vehículo documental para el acceso 
al Registro y prueba o justificación de la individualización en la persona del heredero 
atendiendo a los diferentes órdenes y grados de llamamiento. Como se afirmó en la 
Resolución de 12 de noviembre de 2011, en la declaración judicial o en el acta notarial 
de declaración de herederos abintestato lo relevante es la constatación determinados 
hechos –fallecimiento, filiación, estado civil, cónyuge, etc.– de los que deriva la atribución 
legal de los derechos sucesorios. La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre 
de 1964 señaló que “la declaración judicial de herederos abintestato no es que algo 
individualizador de un llamamiento hereditario operado por virtualidad de una norma 
legal, carente de eficacia jurídico-material y meramente limitado a justificar formalmente 
una titularidad sucesoria preexistente ‘ope legis’”.
Por ello, concluía la Dirección General que, en definitiva, el llamamiento al heredero 
lo hace la ley (cfr. artículo 657 del Código Civil); mientras que la resolución judicial o el 
acta notarial se limita a concretar una delación ya deferida. Y todo aquello que las separe  s
de esta finalidad resultará incongruente con esta clase de procedimientos y podrá ser  oe.
calificado por el registrador. Así lo entendió ya la Resolución de esta Dirección General  w.
de 5 de diciembre de 1945. 862ww
admPitoer  cootrma op asrutefi,c ideensted ea  ello psu netfoe cdtoes  vidsetal  Rfoermgisatlr, ol,a  edno cltarisn ain dsec riepsctieo nCeesn tbraos Dadiraesc tievon 
etessctrimituornaiso sp púobrli ceaxsh ibdiec iópna ryt ictriaósnl addeo sh deirreenctcoias,  dleal  tpersetsaemnetanctoió, no  dbeie nla qsu ep rfiimguerreans  incsoepriatoss,   BOE-A-cable e
en la escritura. Al ser el testamento, como se ha indicado, el título fundamental de la 
sucesión,  de  donde  se  derivan  los  derechos  de  los  herederos,  y  sobre  el  que  el 
registrador ha de realizar su función calificadora, no basta con relacionar en el cuerpo de 
la  escritura  sucintamente  las  cláusulas  manifestadas  por  el  causante  en  su  última 
voluntad, sino que tiene que expresarse formalmente por el fedatario la afirmación de 
exactitud de concepto en lo relacionado, con la constancia de no existir otras cláusulas 
que amplíen o modifiquen lo inserto.
Ahora  bien,  en  el  ámbito  de  la  sucesión  intestada,  esta  Dirección  General  ha 
entendido que puede inscribirse la partición si en la escritura se realiza un testimonio en 
relación de los particulares del documento necesarios para la calificación e inscripción en 
el Registro de la Propiedad, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública notarial, 
satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica para la inscripción 
establecida en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria. En efecto, la doctrina de este Centro 
Directivo es que “basta con que el Notario relacione los particulares del documento, los 
básicos para la calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad” (cfr. Resolución 
de 8 de julio de 2005, confirmada por la sentencia firme de 18 de diciembre de 2008 de 
la Audiencia Provincial de Teruel).
Por todos los motivos anteriormente expuestos, esta Notaria recurrente considera 
que no procede la presentación de la declaración de herederos abintestato del Juzgado 
de Primera Instancia de Huércal Overa del 28 de julio de 1980 ante el Señor Juez don 
José Alfonso Arolas Romero exigida por la Registradora para la inscripción de las fincas 
objeto  de  la  escritura  calificada,  al  aparecer  reseñados  los  particulares  de  dicho 
documento por parte del Notario autorizante en dicha escritura, quedando bajo la fe 
pública  notarial,  lo  que  presupone  que  dicho  Notario  ha  tenido  a  la  vista  dichos 
documentos  a  la  hora  de  autorizar  la  escritura,  puesto  que  de  lo  contrario  habría 
denegado su ministerio.
A todo ello hay que añadir, que es destacable que otras fincas derivadas de la misma 
partición  de  herencia,  como  son  la  15659  y  16.660,  ya  hayan  sido  inscritas  con 
anterioridad. Si bien es cierto que el registrador no queda obligado por las calificaciones 
ajenas  y  tan  siquiera  por  las  propias,  y  no  porque  ello  obedezca  a  una  práctica 
injustificada, sino que está amparado por el principio de legalidad y la seguridad jurídica, 
hay que lamentar que en ocasiones esas calificaciones dispares den lugar al efecto 
totalmente contrario: la inseguridad jurídica que le queda al ciudadano, respecto del cual 
en algunas ocasiones basta con un documento como el presentado y en otras se le pide 
otros documentos complementarios. De modo que el paradigma del Registro de la 
Propiedad, que es la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, se ve afectada respecto 
del interesado.
Segundo.  Respecto del segundo defecto señalado por la Sra. Registradora “No es 
posible llevar a cabo la inmatriculación de la finca inventariada con el número 1 al no 
cumplirse los requisitos previstos en el Artículo 205 de la Ley Hipotecaria. En concreto 
señala  la  Sra.  Registradora,  que  en  el  título  inmatriculador  (escritura  objeto  de  la 
presente nota) el derecho de la adjudicataria, es decir, Doña C. M. J. resulta de:
En primer lugar, una cuarta parte indivisa para su sociedad de gananciales en virtud 
de escritura pública de compraventa de treinta de julio de mil novecientos noventa y seis.
En  segundo  lugar,  una  mitad  indivisa  en  virtud  de  herencia  causada  por  el 
fallecimiento de Doña A. J. P. acaecido el día quince de diciembre de dos mil veinte.
En tercer lugar, una cuarta parte indivisa en virtud de disolución de comunidad en 
virtud de escritura pública de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. e.
En  virtud  de  estos  tres  títulos,  resulta  la  imposibilidad  de  proceder  a  la  w.b
inmatriculación del pleno dominio de la finca por no cumplirse el requisito del año  862ww
pardeqvuisirtiod ae pno re el la fratlílceucliom i2e0n5to  ddee  ldao ñLae yA .H Ji.p, ontoe chaar itar,a npsuceusr rirdeos peel cptloa zdoe d ela u mn iatañdo …in”d.ivisa
Contra dicho defecto, cabe argumentar que, se cumple en demasía el requisito del 
año exigido por el artículo 205 de la Ley Hipotecaria, por los siguientes motivos:
Doña C. M. J. es dueña del pleno dominio por los siguientes títulos traslativos (todos 
ellos presentados en el Registro como señala la Sra. Registradora):
En primer lugar, una mitad indivisa del pleno dominio fue adquirida por D. A. J. P., en 
virtud de escritura de adición de herencia y compraventa por el fallecimiento de su 
cónyuge Don M. J. M. S. autorizada en Vélez Rubio ante doña María Cristina Planells del 
Pozo  el  treinta  de  julio  de  mil  novecientos  noventa  y  seis  con  el  número  655  de 
protocolo. Escritura presentada en el Registro, tal y como reseña la Sra. Registradora, 
junto con el título al que se adiciona la misma que es la escritura de adjudicación de 
herencia autorizada en Vélez Blanco el día siete de septiembre de mil novecientos 
ochenta y nueve ante el Notario D. Gonzalo de la Mata y Posadas con el número de 
protocolo 694, por el fallecimiento de D. M. J. M. S. ocurrido el día uno de agosto de mil 
novecientos setenta y nueve. Atenderíamos entonces a la mencionada fecha de uno de 
agosto de mil novecientos setenta y nueve tal y como señalan las R. 14 de noviembre 
de 2016, R. 1 de junio de 2017 y 7 de noviembre de 2018 que permiten atender a la 
fecha del fallecimiento en vez de a la de la partición.
La mencionada mitad indivisa titularidad de Doña A. J. P. es adquirida por Doña C. 
M. J. en virtud de escritura de aceptación y adjudicación de herencia y disolución de 
comunidad autorizada ante mí en fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, con el 
número 301 de mi protocolo ordinario, escritura que es objeto de la presente calificación. 
Doña A. J. P. falleció el quince de diciembre de dos mil veinte.
No  sólo  ha  transcurrido  el  plazo  de  un  año,  sino  que  han  transcurrido 
exactamente 41 años. Con lo cual respecto de dicha mitad indivisa no está acertada la 
Sra. Registradora en su calificación puesto que el requisito del año exigido por el 
artículo  205  de  la  Ley  Hipotecaria,  se  cumple  con  creces,  no  teniendo  sentido  la 
argumentación que realiza la Sra. Registradora respecto de dicha mitad indivisa, porque, 
aun teniendo en cuenta la fecha de la escritura de adjudicación, que fue de focha 1996, 
el plazo del año ha transcurrido perfectamente.
En segundo lugar, es dueña del pleno dominio con carácter ganancial de una cuarta 
parte indivisa. La misma la adquirió en virtud de escritura de adición de herencia y 
compraventa autorizada en Vélez Rubio ante Doña María Cristina Planells del Pozo el 
treinta de julio de mil novecientos noventa y seis con el número 655 de protocolo, en la 
que su hermano Don A. M. J. adquirió una mitad indivisa del pleno dominio por el 
fallecimiento de su padre D. M. J. M. S. (fallecido el uno de agosto de mil novecientos 
setenta y nueve) y en dicha escritura le vende una cuarta parte indivisa (treinta de julio 
de  mil  novecientos  noventa  y  seis).  Respecto  de  dicha  transmisión  se  cumple 
perfectamente el requisito del año exigido por el artículo 205 de la Ley Hipotecaria, 
puesto que el vendedor lo adquiere con fecha el uno de agosto de mil novecientos 
setenta y nueve y lo vende o transmite con fecha treinta de julio de mil novecientos 
noventa y seis, con lo que han transcurrido 16 años.
Y, por último, la restante cuarta parte indivisa es la que adquiere en virtud de la 
escritura objeto de la presente nota de calificación, que sería el título inmatriculador. 
Respecto  de  dicha  cuarta  parte  indivisa  es  adquirida  en  virtud  de  disolución  de 
comunidad con su hermano D. A. M. J. El mismo adquirió dicha cuarta parte indivisa en 
virtud de adición de herencia y compraventa autorizada en Vélez Rubio ante Doña María 
Cristina Planells del Pozo el treinta de julio de mil novecientos noventa y seis con el  e
número 655 de protocolo. Como ya se ha señalado en el exponendo anterior, hereda una  bo
mitad indivisa y vende a su hermana una cuarta parte indivisa, reservándose el mismo la  862ww
rdees tDa.n tAe.  cMu.a rJt.a,  plaa rfetec hinad idveis afa. lPleocrim taienntoto,  sdi eto smua pmaodsre c,o Dm.o M fe. cJh. aM d. eS a.,d fqaulliescicidióon  epl ourn poa rdtee 
aagnotesrtioo r dlae  fmocilh an odvee claie netsocsr itsuerate ndtea  ayd icniuóenv ed,e  ihneclruesnoc ias i yt ocmomamproasv ecnotma od ef e[cshica]  edle t retíitnutlao 
de julio de mil novecientos noventa y seis y la fecha de la disolución de comunidad con
su hermana D. C. M. J., momento en el que se produce la transmisión a la misma de 
dicha cuarta parte indivisa, documentada en la escritura objeto de la presente nota de 
calificación, a saber, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, es evidente, que el 
requisito exigido por el artículo 205 de la Ley Hipotecaria, se cumple sobradamente.
Por todo ello, no tiene razón de ser la inmatriculación ele dicha finca por no cumplirse 
el requisito de un año exigido por supradicho artículo, puesto que, tal y como se ha 
argumentado, por mí, la Notaria, ha quedado suficientemente acreditado.»
IV
Mediante escrito, de fecha 10 de septiembre de 2021, la registradora de la Propiedad 
emitió informe en el que señalaba que, a la vista del escrito de interposición de recurso, 
revocaba el segundo de los defectos señalados, manteniendo el primero, y elevó el 
expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 609, 658, 670, 913 y 945 del Código Civil; 14, 18, 19 bis y 65 de 
la Ley Hipotecaria; 33 y 76 del Reglamento Hipotecario; 979 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil de 1881; 209 y 209 bis del Reglamento Notarial; y las Resoluciones de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 24 de enero de 1941, 3 de abril de 1995, 8 
y 22 de julio de 2005, 12 de noviembre de 2011, 12 y 16 de noviembre de 2015, 1 de 
junio de 2018 y 23 de enero de 2020.
1.  Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de 
aceptación y adjudicación de herencia y disolución de comunidad en la que concurren 
las circunstancias siguientes:
– Mediante escritura, de fecha 28 de mayo de 2021, se otorgan las operaciones de 
aceptación y adjudicación de la herencia de la causante, fallecida en estado de viuda, el 
día 15 de diciembre de 2020, dejando dos hijos, ambos intervinientes en la escritura, y 
que habían sido instituidos como herederos en su último testamento de 23 de julio 
de 1998.
– En la referencia del título común a las tres fincas del inventario se recoge lo 
siguiente: «Pertenecía a la causante el pleno dominio de una mitad indivisa con carácter 
privativo en virtud de escritura de adición de herencia y compraventa por el fallecimiento 
de su cónyuge don J. M. S. autorizada el Vélez Rubio ante Doña María Cristina Planells 
del Pozo treinta 30 de julio de mil novecientos noventa y seis con el número 655 de 
protocolo, cuya copia autorizada tengo a la vista y devuelvo».
– En la escritura de herencia que se adiciona, de 7 de septiembre de 1989, y 
concretamente en la exposición sobre el título sucesorio se expresa lo siguiente: «(…) 
tramitado el oportuno expediente de declaración de herederos abintestato en el Juzgado 
de Primera Instancia de Huércal Overa, el 26 de julio de 1980, ante el señor Juez don 
(…) fueron declarados herederos a sus dos hijos llamados (…) Los hechos expuestos se 
acreditarán mediante la presentación del correspondiente auto, que se acompañará a las 
copias que del presente se libren».
La registradora señala dos defectos de los que, a la vista del escrito de interposición 
del recurso, revoca el segundo de ellos, limitándose por tanto la presente Resolución al 
primero. Señala que no se acompañan los títulos complementarios, es decir, declaración  es
de  herederos  abintestato  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  donde  se  declararon  o
dhddeeee r  1ehsL9deea9epr e6rtnion,eo scymt ai lalobra israd ee  ed rs oedclsceari u  thvu1ririrj9ueoa8dns 9da,t e,e,s    ipalnpaol ae prdrg eteeiarc lj i uaólfoidanc ili sclodeiig eócdu niemhi e edlinaereet nec nthu:oc eo qiardtuea eean  l  ecslsaiguae a  q helyu u asecps  opuloamrfse rmoups creioastnucmvtaueaarrndir atosiad e d oj udea ne edlta lio cf ed vioccíiauonh dnaa1a ,   l.3add0 eee   fdseacecgr hiojtuuaslr ti7oao     OE-A-2021-20862able en https://www.
de 1979; que en dicha escritura de 7 de septiembre de 1989, por el fallecimiento del
primer causante, se inserta por parte del notario autorizante la reseña del título sucesorio 
del causante, en el cual se señala que «el mismo falleció sin haber otorgado disposición 
testamentaria alguna, por lo que tramitado el oportuno expediente de declaración de 
herederos abintestato en el Juzgado de Primera Instancia de Huércal Overa del 28 de 
julio  de  1980  ante  el  Señor  Juez  D.  José  Alfonso  Arolas  Romero  donde  fueron 
declarados herederos doña C. y Don A. M. J., sin perjuicio de la cuota legal usufructuaria 
de la viuda doña A. J. P. Los hechos expuestos se acreditarán mediante la presentación 
del correspondiente auto, que se acompañará a las copias que de la presente se libren».
2.  En el caso de las sucesiones «mortis causa», el artículo 14 de la Ley Hipotecaria 
en su párrafo primero establece que «el título de la sucesión hereditaria, a los efectos del 
Registro,  es  el  testamento,  el  contrato  sucesorio,  el  acta  de  notoriedad  para  la 
declaración  de  herederos  abintestato  y  la  declaración  administrativa  de  heredero 
abintestato a favor del Estado, así como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al 
que se refiere el capítulo VI del Reglamento (UE) n.º 650/2012».
Esta Dirección General (cfr. las Resoluciones de 3 de abril de 1995, 8 y 22 de julio 
de 2005, 12 de noviembre de 2011, 12 y 16 de noviembre de 2015, 1 de junio de 2018 
y 23 de enero de 2020, entre otras citadas en los «Vistos» de la presente) ha puesto de 
relieve la sustancial diferencia, como títulos sucesorios atributivos o sustantivos, entre el 
testamento y el acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato.
Para la resolución de este expediente se hace necesario recordar la doctrina de este 
Centro Directivo (Resolución de 19 de junio de 2013, reiterada por muchas otras):
«3.  El párrafo primero del artículo 14 de la Ley Hipotecaria incluye como títulos de 
la sucesión a los efectos del Registro, el testamento, el contrato sucesorio, la declaración 
judicial de herederos y al acta de notoriedad de declaración de herederos. Ahora bien, el 
significado, función y efectos de dichos títulos no es equivalente, por lo que para la 
resolución del presente recurso es necesario comparar el distinto fundamento que para 
la  vocación  y  delación  tiene  el  testamento  y  el  acta  de  declaración  de  herederos 
abintestato y su diferencia respecto a la distinción entre título material y formal, de gran 
relevancia en la legislación hipotecaria.
De los artículos 2 y 3 de la Ley Hipotecaria se desprende la conocida distinción entre 
título material y título formal, a efectos del Registro. Título material es el acto, contrato o 
negocio jurídico que constituye la causa de adquisición del derecho real objeto de 
inscripción. Título formal es el documento que constituye el vehículo de acceso al 
Registro, siendo la expresión de la forma auténtica y la prueba de dicho acto o contrato.
Trasladando estos conceptos al párrafo primero del artículo 14 de la Ley Hipotecaria, 
las diferencias entre el testamento y acta de notoriedad de declaración de herederos 
abintestato son relevantes para la resolución del supuesto planteado. El testamento –y lo 
mismo en el contrato sucesorio– responde tanto al concepto de título material como 
formal, pues es ante todo un negocio jurídico mortis causa que expresa la voluntad del 
testador que es la ley de la sucesión y la que decide con plenos efectos el destino de los 
bienes constituyendo el título o causa de adquisición de los mismos, una vez que el 
llamamiento se completa con la aceptación y adjudicación de herencia (cfr. arts. 609 
y  670  del  Código  Civil).  El  testamento  es  el  fundamento  mismo  de  la  vocación  o 
llamamiento del heredero y de la delación como elementos determinantes del fenómeno 
sucesorio. Y la copia auténtica del testamento representa el título formal necesario e 
insustituible para el acceso al Registro de la sucesión testamentaria porque en él figura 
la declaración de voluntad del testador como título material y formal a todos los efectos, 
junto con la correspondiente escritura de aceptación y adjudicación de herencia. e.
En definitiva, el testamento determina el llamamiento del heredero (vocación) y  w.b
también el título por el que se ofrece al mismo la posibilidad efectiva de aceptar o  862ww
repu4d. iarD lais thinetroe nscigian (ifdicealadcoi ótnie)n.e la declaración de herederos en la sucesión intestada.
pNuoe cdoen csotintusyidee eral rtsíteu lotí tumloa teforriaml adle e lna  csuuacnetsoi ósnir vinet edseta vdeah, ípcuuleos  ddoicchuom etíntutalol  epsa rlaa  eLle ayc. cSeósloo 
al Registro y prueba o justificación de la individualización en la persona del heredero 
atendiendo a los diferentes órdenes y grados de llamamiento.
La diferencia entre sucesión testada e intestada, a efectos del título, y consiguiente, 
entre testamento y declaración de herederos, como títulos de la sucesión, se percibe 
directamente en los artículos 658 y 913 del Código Civil. El primero de ellos dice que “la 
sucesión se defiere por la voluntad del hombre manifestada en testamento y, a falta de 
éste, por disposición de la ley” con lo que contrapone las dos formas de vocación o 
llamamiento y de delación, por un lado, la testamentaria, basada en la voluntad del 
testador, y, por otro lado, la legal, en que tanto la vocación como la delación resultan de 
la ley. La expresión “se defiere” es la propia de la delación derivada a su vez de la 
vocación o llamamiento, que da lugar a esas dos formas distintas. Y el artículo 913 
establece que «a falta de herederos testamentarios, la ley defiere la herencia a los 
parientes del difundo, al viudo o viuda y al Estado». Nuevamente se reitera que en la 
sucesión intestada es la Ley la que defiere, la que determina la vocación o llamamiento y 
la delación. Y se concreta especialmente, por lo que se refiere al cónyuge viudo, en el 
artículo 944, que dice que “en defecto de ascendientes y descendientes, y antes que los 
colaterales, sucederá en todos los bienes del difunto el cónyuge sobreviviente”.
5.  Atendiendo a lo expuesto, el acta de notoriedad de declaración de herederos 
abintestato, no es el título que determina la vocación o llamamiento ni la delación, sino 
que es un título de carácter formal y probatorio respecto a las circunstancias que 
individualizan al sucesor y que acreditan la inexistencia de testamento. En este sentido, 
ya la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 1964, señaló, en relación 
con la declaración judicial de herederos, que entonces era el único medio para la 
declaración  de  herederos  en  la  sucesión  intestada,  que  “no  es  más  que  algo 
individualizador de un llamamiento hereditario operado por virtualidad de una norma 
legal, carente de eficacia jurídico-material y meramente limitada a justificar formalmente 
una titularidad sucesoria preexistente ope legis”.
Asimismo, la Resolución de este Centro Directivo de 12 de noviembre de 2011 
destacó que el acta de notoriedad de declaración de herederos se limita a declarar una 
delación ya deferida por la Ley. En el caso que nos ocupa, las circunstancias de hecho 
que deben concurrir para que la viuda pueda ser llamada como heredera intestada 
(artículo 945 del Código Civil) han quedado perfectamente acreditadas en el acta de 
notoriedad en que se declaró heredera a la madre del causante: que éste falleció sin 
testamento,  sin  descendencia,  y  con  un  cónyuge  en  la  que  no  concurría  ninguna 
circunstancia que le impidiera ser legitimaria, y por tanto tras la reforma del artículos 834 
y 945 del Código Civil por la Ley de 1 de julio de 2005, tampoco heredera abintestato de 
producirse  el  llamamiento  legal  a  su  favor  por  renuncia  de  la  única  ascendiente 
sobreviviente; tal y como ha acontecido en el caso objeto de debate, por la posterior 
renuncia  de  la  madre  del  causante  a  su  cualidad  de  heredera  formalizada  en  la 
pertinente escritura posterior al acta notarial de declaración de herederos ab intestato. 
En definitiva, la formalización de una nueva declaración de herederos, en documento 
separado, aunque material y formalmente posible, nada aportaría a la notoriedad de los 
hechos en que funda la viuda su llamamiento legal, ya que los mismos ya quedaron 
acreditados y declarados por notario competente como notorios».
En definitiva, se hace una distinción entre el título material y el título formal. En la 
sucesión testamentaria el título material es la voluntad del causante, que es la primera 
ley en la sucesión con respeto a las legítimas y a las normas imperativas de derecho 
sucesorio, y el título formal es el propio testamento. Cuando procede la apertura de la  e.
sucesión intestada (ex artículo 912 del Código Civil) el título material es la ley y el título  w.b
formal en el que debe plasmarse es el acta de notoriedad para la declaración de  862ww
here3d. eroAss ía, beinl tetesstatatom.ento responde tanto al concepto de título material como formal,
pteusetas deosr,  qaunete e sto lad ole yu nd en leag souccioe sjiuórníd yic loa  q«umeo drteisc idcea ucsoan» p lqeuneo se exfpercetosas  elal  dveosltuinnota dde  dloesl 
bienes constituyendo el título o causa de su adquisición, una vez que el llamamiento se
completa con la aceptación y adjudicación de herencia (cfr. artículos 609 y 670 del 
Código Civil). El testamento es el fundamento mismo de la vocación o llamamiento del 
heredero y de la delación como elementos determinantes del fenómeno sucesorio. Y la 
copia auténtica del testamento representa el título formal necesario e insustituible para el 
acceso al Registro de la sucesión testamentaria porque en él figura la declaración de 
voluntad del testador como título material y formal a todos los efectos, junto con la 
correspondiente escritura de aceptación y adjudicación de herencia. En definitiva, el 
testamento determina el llamamiento del heredero (vocación) y también el título por el 
que  se  ofrece  al  mismo  la  posibilidad  efectiva  de  aceptar  o  repudiar  la  herencia 
(delación).
Distinto significado tiene la declaración de herederos en la sucesión intestada. No 
constituye el título material de la sucesión intestada, pues dicho título es la ley. Sólo 
puede considerarse título formal en cuanto sirve de vehículo documental para el acceso 
al Registro y prueba o justificación de la individualización en la persona del heredero 
atendiendo a los diferentes órdenes y grados de llamamiento. Como se afirmó en la 
citada Resolución de 12 de noviembre de 2011, en la declaración judicial o en el acta 
notarial de declaración de herederos abintestato lo relevante es la constatación de 
determinados hechos –fallecimiento, filiación, estado civil, cónyuge, etc.–de los que 
deriva la atribución legal de los derechos sucesorios. La Sentencia del Tribunal Supremo 
de 11 de diciembre de 1964 señaló que «la declaración judicial de herederos abintestato 
no  es  más  que  algo  individualizador  de  un  llamamiento  hereditario  operado  por 
virtualidad  de  una  norma  legal,  carente  de  eficacia  jurídico–material  y  meramente 
limitado a justificar formalmente una titularidad sucesoria preexistente «ope legis». Por 
ello, concluía esta Dirección General que, en definitiva, el llamamiento al heredero lo 
hace la ley (cfr. artículo 657 del Código Civil); mientras que la resolución judicial o el acta 
notarial se limita a concretar una delación ya deferida. Y todo aquello que las separe de 
esta finalidad resultará incongruente con esta clase de procedimientos y podrá ser 
calificado por el registrador. Así lo entendió ya la Resolución de esta Dirección General 
de 5 de diciembre de 1945.
Por  el  contrario,  en  la  delación  testamentaria  lo  prevalente  es  la  voluntad  del 
causante. El testamento es un negocio jurídico y, en tanto que tal, se constituye en ley de 
la sucesión (cfr. artículo 658 del Código Civil). El mismo, como título sustantivo de la 
sucesión hereditaria (cfr. artículo 14 de la Ley Hipotecaria), junto, en su caso, con el título 
especificativo o particional (cfr. artículo 16 de la Ley Hipotecaria), serán los vehículos 
para  que  las  atribuciones  hereditarias  sobre  bienes  o  derechos  concretos  puedan 
acceder al Registro. Desde esta perspectiva, la calificación del título sucesorio, con 
arreglo al artículo 18 de la Ley Hipotecaria y conforme a los medios y límites fijados en el 
mismo, ha de ser integral, como la de cualquier otro título inscribible, incluyendo en el 
caso del testamento, por su condición de negocio jurídico, no sólo la legalidad de las 
formas extrínsecas, sino también la capacidad del otorgante, y la validez de las cláusulas 
testamentarias.
4.  Por  otra  parte,  desde  el  punto  de  vista  formal,  la  doctrina  de  este  Centro 
Directivo admite (véanse Resoluciones citadas en los «Vistos») como suficiente a los 
efectos del Registro, en las inscripciones basadas en escrituras públicas de partición de 
herencia, la presentación de las primeras copias, testimonios por exhibición y traslados 
directos del testamento, o bien que figuren insertos en la escritura. Al ser el testamento, 
como se ha indicado, el título fundamental de la sucesión, de donde se derivan los 
derechos de los herederos, y sobre el que el registrador ha de realizar su función  s
calificadora, no basta con relacionar en el cuerpo de la escritura sucintamente las  oe.
cláusulas  manifestadas  por  el  causante  en  su  última  voluntad,  sino  que  tiene  que  w.
expresarse formalmente por el fedatario la afirmación de exactitud de concepto en lo  862ww
irneslaecrtioon. aAdhoo, rcao bni elan ,c oenns teal nácmiab diteo  ndoe  elxai sstiur coetsraiósn c ilnátuessutaladsa q, uees taam Dpilríeecnc oió nm oGdeifniqeuraeln  hloa 
reenlatecniódnid doe q luoes  ppuaertdiceu lianrsecsr ibdiersl ed olac upmaertnictioó nn esci eesna rlaio se spcarritau rlaa  csael irfeicaalcizióan u en  itnessctirmipocnióion  eenn   BOE-A-cable e
el Registro de la Propiedad, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública notarial, 
satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica para la inscripción 
establecida en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria. En efecto, la doctrina de este Centro 
Directivo es que «basta con que el Notario relacione los particulares del documento, los 
básicos para la calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad» (cfr. Resolución 
de 8 de julio de 2005, confirmada por la sentencia firme de 18 de diciembre de 2008 de 
la Audiencia Provincial de Teruel).
Como añadió la citada Resolución de 12 de noviembre de 2011, de todo ello se 
deduce que frente al testamento, en las resoluciones judiciales o actas de declaración de 
herederos abintestato el registrador, si bien debe contar para su calificación e inscripción 
con todos los particulares necesarios para ésta –incluyendo todos los que permitan 
alcanzar el corolario de la determinación individualizada de los llamamientos hereditarios 
operados por la ley–, ello no impide que la constatación documental de tales particulares 
pueda ser realizada por el notario autorizante, bien mediante una trascripción total o 
parcial de los mismos o bien mediante un testimonio en relación, los cuales quedan de 
este  modo  bajo  la  fe  pública  notarial,  satisfaciéndose  con  ello  la  exigencia  de 
documentación  auténtica  para  la  inscripción  establecida  en  el  artículo  3  de  la  Ley 
Hipotecaria (cfr. Resolución de 3 de abril de 1995).
5.  En el concreto supuesto, en la escritura de partición de herencia que se adiciona, 
cuya copia autorizada se presenta en el Registro, se hace expresión del llamamiento 
hecho en virtud de declaración de herederos abintestato en el Juzgado de Primera 
Instancia de Huércal Overa del 28 de julio de 1980 ante el juez indicado, donde fueron 
declarados  herederos  los  dos  hijos  comparecientes,  sin  perjuicio  de  la  cuota  legal 
usufructuaria de la viuda. En consecuencia, con esta reseña detallada bastaría para la 
inscripción del documento. Pero ocurre que en la escritura que se presenta, autorizada el 
día 7 de septiembre de 1989, literalmente se recoge lo siguiente: «los hechos expuestos 
se acreditarán mediante la presentación del correspondiente auto, que se acompañará a 
las copias que de la presente se libren», por lo que esta aseveración implica que es 
necesaria  la  presentación  del  documento  para  acreditar  la  declaración  judicial  de 
herederos abintestato.
En el caso que ahora ha de resolverse no se acompaña el auto de declaración de 
herederos, ni el notario autorizante de la escritura de herencia hace transcripción, total o 
parcial, ni tampoco hace un testimonio en relación del auto, al no expresar que lo haya 
tenido a la vista, de forma que traslade los particulares necesarios para que en la 
calificación la registradora pueda analizar todos los extremos que en la actualidad prevé 
el artículo 22.2 de la Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria: la competencia del juez –
en aquel caso era ante el Juzgado–, y la congruencia del resultado del acta con el 
expediente  (especifica  los  hijos  y  cónyuge  como  grupo  de  parientes  declarados 
herederos  y  su  proporción  en  el  llamamiento).  Consecuentemente,  no  cabe  sino 
confirmar este defecto de la calificación impugnada.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar el primer 
defecto señalado en la calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria. e
PúbMlicaad, rSido, fí3a0 P duee nntoev iSeamnbtiraeg doe. 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe  2021-20862n https://www.