BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 61 Viernes 12 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 28727
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
3897 Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y la 
Liga Nacional de Fútbol Profesional, para la actuación conjunta en materia 
antidrón en estadios deportivos.
Habiéndose suscrito el 14 de diciembre de 2020 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior (Secretaría de Estado de Seguridad) y la Liga Nacional de Fútbol Profesional 
para  la  actuación  conjunta  en  materia  antidrón  en  estadios  deportivos,  procede  la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo 
a esta Resolución.
Madrid,  26  de  febrero  de  2021.–El  Secretario  General  Técnico,  Juan  Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad) y la 
Liga Nacional de Fútbol Profesional para la actuación conjunta en materia antidrón 
en estadios deportivos
En Madrid, a 14 de diciembre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, don Rafael Pérez Ruiz, Secretario de Estado de Seguridad, nombrado 
por Real Decreto 84/2020, de 17 de enero, y actuando en virtud de las facultades 
conferidas por el artículo 62 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público en materia de convenios.
Y de otra parte, la Liga Nacional de Fútbol Profesional, con NIF n.º G-78069762 y 
domicilio social en la ciudad de Madrid, calle Torrelaguna, n.º 60, CP 28043 (en adelante, 
«LaLiga»).
LaLiga está representada en este acto por don Javier Tebas Medrano, mayor de 
edad,  de  nacionalidad  española,  quien  actúa  en  virtud  de  las  facultades  que  le 
corresponden en su condición de Presidente, puesto para el que fue elegido Presidente 
en la Comisión Electoral de LaLiga, en su reunión celebrada el 23 de diciembre de 2019, 
en aplicación de lo establecido en el párrafo sexto, del artículo 36 de los Estatutos 
Sociales y en párrafo quinto, del artículo 4, del Libro II, del Reglamento General de la 
Liga.
El artículo 33, de los Estatutos Sociales de la LaLiga, titulado «Facultades del 
Presidente» cita textualmente:
Corresponde al Presidente de la LaLiga, entre otras, la siguiente competencia:
«c) Representar a LaLiga ante cualquier persona u organismos, público o privado, de  e.
cualquier  ámbito,  con  las  más  amplias  facultades  de  representación  judicial  y  w.b
extrajudiciales  y,  en  consecuencia  con  la  capacidad  necesaria  o  conveniente  para  97ww
acodnmtrinaitsatrr,a ttirvaonss,i geicr,o ninósmtaicr oc-aodnmtininuiasrt,r aatilvlaonsa, rasnet ey  odrgeasnisitsirm oesn,  pJurozcgeaddiomsi eyn tTorsib ujundaicleiasl edse, 
pcuoasilcqiuoineer sá, mpubditioe nod on oattourrgaalerz pao dnearceiosn faalveosr  doe  inptreorcnuarcaidoonraelse sle, trcaodno sfa.»cultad de absolver
Ambas partes, en la representación que ostentan, reconociéndose mutua capacidad 
para obligarse y convenir a tal efecto,
EXPONEN
Primero.
Que el artículo 149.1.29.ª de la Constitución Española atribuye que el Estado la 
competencia exclusiva sobre materia de seguridad pública y en la misión que, según el 
artículo  104  del  propio  texto  fundamental,  incumbe  a  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de 
Seguridad,  bajo  la  dependencia  del  Gobierno,  de  proteger  el  libre  ejercicio  de  los 
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
En  desarrollo  de  este  mandato  constitucional,  el  artículo  1.1  de  la  Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece que la 
seguridad  pública  es  competencia  exclusiva  del  Estado,  correspondiendo  su 
mantenimiento al Gobierno de la nación y en concreto, al Ministerio del Interior.
Así, el artículo 1.1 del Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, establece que le 
corresponde a este la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de 
seguridad ciudadana; la promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos 
fundamentales,  en  particular,  la  libertad  y  seguridad  personales,  en  los  términos 
establecidos en la Constitución Española y en las leyes que los desarrollen; el mando 
superior y la dirección y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
(en adelante FFCCSE), a los que de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, se les encomienda la misión constitucional de proteger el libre ejercicio de los 
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
Por otro lado, el artículo 2.5b epígrafe 4 del referido texto reglamentario, establece 
que corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad; a través de la Subdirección 
General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad (en adelante, 
SGSICS); promover proyectos para la implantación, adquisición y mantenimiento de 
sistemas de información y comunicaciones para la seguridad, entre los que se incluye el 
Sistema Global Contra Drones.
Segundo.
La  Liga  Nacional  de  Fútbol  Profesional  (en  adelante  LFP)  es  una  Asociación 
deportiva de carácter privado que, a tenor de lo establecido en los artículos 12 y 41 de la 
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (BOE núm. 249, de 17 de octubre -«Ley del 
Deporte»-)  y  23  a  28  del  Real  Decreto  1835/1991,  de  20  de  diciembre,  sobre 
Federaciones Deportivas Españolas (BOE n.º 312, de 30 de diciembre –«Real Decreto 
de  Federaciones»-),  está  integrada  exclusiva  y  obligatoriamente  por  todas  las 
sociedades anónimas deportivas y clubes de Primera y Segunda División, que participan 
en las competiciones futbolísticas oficiales de carácter profesional y ámbito estatal.
Entre las funciones y competencias de la LFP recogidas en el artículo 3 de sus 
Estatutos Sociales, se establece que debe determinar las condiciones que deben reunir 
las instalaciones deportivas de los estadios para la celebración de las competiciones 
profesionales, normas de seguridad, control de accesos, así como cualesquiera otras 
que pudieran establecerse.
Tercero. bo
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se celebran competiciones oficiales de fútbol, y se producen grandes concentraciones de
público, considerando por ello necesario, en interés de la seguridad ciudadana, adoptar
medidas  para  su  mitigación,  consistiendo  estas  en  el  despliegue  de  sistemas  de 
detección y/o neutralización de UAS en estos recintos deportivos.
Cuarto.
En consonancia con la necesidad expuesta y siempre en aras a mejorar la eficacia 
en garantizar la seguridad ciudadana y la protección a las personas, ambas partes 
acuerdan articular conjuntamente la mejor forma para la implantación y uso de equipos 
de detección y/o neutralización de UAS adquiridos por la LFP a los fines prevenidos y 
operados por los servicios de seguridad de los Clubes bajo la dirección, coordinación y 
supervisión de las FFCCSE en aquellas celebraciones de espectáculos deportivos de 
esta naturaleza.
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto reforzar la colaboración entre la Secretaría de 
Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y la Liga Nacional de Fútbol Profesional 
mejorando la política de seguridad integral de los estadios de fútbol ante la amenaza del 
sobrevuelo de UAS con ocasión de la celebración de eventos deportivos.
Segunda.  Compromiso de las partes.
A)  La Liga Nacional de Fútbol Profesional se compromete a:
1.  Instalar sistemas de detección y/o neutralización de UAS, en aquellos estadios 
de los Clubes que considere necesario proteger, cubriendo los respectivos costes de 
adquisición, instalación y mantenimiento asociados, bien de forma directa y/o mediante 
la aportación solidaria que realicen los Clubs que ostenten la titularidad de los estadios 
deportivos a proteger.
2.  Garantizar que las unidades detectoras, de los sistemas de detección instalados, 
permanezcan activas durante las 24 horas de los 365 días del año, exceptuando los 
tiempos recogidos dentro del mantenimiento de los equipos, al objeto de enviar –a la 
base de datos del Sistema Global Contra Drones (en adelante SIGLO-CD) de la SES 
para la detección de posibles vuelos no autorizados -de forma continua- los datos sobre 
los UAS detectados y neutralizados, según el modelo de datos a definir por la SGSICS.
3.  Dotar de los efectivos de seguridad privada necesarios para facilitar la operativa 
de los sistemas de detección y neutralización de cada instalación deportiva, bajo la 
supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
4.  A modo de estimación del gasto, para cumplimentar las actuaciones descritas en 
los puntos anteriores, cabe señalar lo indicado en la memoria justificativa que se adjunta 
al presente convenio en la que, como se podrá comprobar, se incorpora una estimación 
económica –con varias opciones- en función de que los servidores y demás dispositivos 
que compongan el sistema anti-drones se instalen y mantengan desde las instalaciones 
de la LaLiga o desde la compañía adjudicataria del correspondiente servicio. Para dicha 
estimación se ha efectuado un estudio real, en base a la protección que habría que 
incorporar al estadio del Wanda Metropolitano de Madrid.
B)  El Ministerio del Interior se compromete a: e.e
1.  Integrar los sistemas de detección y neutralización, desplegados por la LFP, con  97ww
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incluirá tan sólo datos sobre los drones detectados.
3.  Gestionar el adecuado almacenamiento, de la información procedente de los 
sistemas de detección de la LFP, en una base de datos gestionada por la SGSICS de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, al objeto de contribuir a la mejora en la detección de 
UAS utilizados en actuaciones presuntamente ilícitas.
4.  La SGSICS, en colaboración con la LFP, adecuarán los mecanismos técnicos 
informáticos necesarios para que se habilite la conexión con el Sistema SIGLO-CD, a fin 
de  conseguir  la  adecuada  y  permanente  recepción  de  los  datos  que  facilitarán  la 
eficiente actuación de las FFCCSE.
5.  La dirección y coordinación, por parte de las FFCCSE, de las intervenciones que 
requieran la utilización de los sistemas de detección y neutralización, desplegados por la 
LFP, especialmente en el caso de que la amenaza llegara a materializarse, poniendo en 
riesgo la seguridad de las personas.
Tercera.  Comisión de seguimiento.
Con el fin de facilitar el seguimiento, vigilancia y control de las actuaciones realizadas 
en el marco del presente convenio se constituirá, dentro del plazo de treinta días hábiles 
a contar desde la fecha en que entre en vigor de este instrumento jurídico (mediante la 
inscripción en el REOICO y su correspondiente publicación en el BOE), una Comisión de 
Seguimiento integrada, en representación paritaria, por los vocales que se consideren 
necesarios tras una primera reunión.
La primera reunión estará integrada por dos vocales, por cada una de las partes, 
representando a las firmantes del convenio. Corresponde al Presidente de la LFP la 
designación de dos vocales, al Director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la 
Secretaría de Estado de Seguridad la designación de un vocal y al Subdirector General 
de la SGSICS el nombramiento de otro vocal, en representación de sus respectivas 
instituciones.
El funcionamiento de la Comisión Seguimiento se adecuará a lo dispuesto para los 
órganos colegiados en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo reunirse con carácter ordinario al menos 
una vez por trimestre, o de forma extraordinaria cuando lo solicite justificadamente 
cualquiera de las partes que, en todo caso, adoptará sus decisiones por unanimidad y 
sin voto dirimente de su presidente.
La Presidencia de dicha Comisión de Seguimiento corresponde a quien designe el 
Subdirector de la SGSICS, quien será responsable de convocar las reuniones y dirigir los 
debates, y la Secretaría corresponderá a un funcionario designado de la Secretaría de 
Estado de Seguridad. El Secretario será el encargado de redactar y distribuir las actas 
de cada reunión de la Comisión.
Cuarta.  Procedimiento operativo.
Ambas  partes  acuerdan  que  la  Comisión  de  Seguimiento  desarrollará  un 
procedimiento operativo que describa, con carácter general y en cada caso específico, la 
dirección y coordinación por las FFCCSE de las medidas adoptadas para la resolución 
de una incidencia ante la presencia de un UAS durante la celebración de cualquier 
evento deportivo, dentro de los estadios de fútbol, que quede dentro del ámbito de 
aplicación de este instrumento, tanto en los estadios deportivos como sus aledaños.
En el caso de implementación de equipos, soluciones o sistemas de neutralización 
de UAS basados en la inhibición de drones, éstos serán operados en todo caso por  es
personal de seguridad privada bajo la dirección y coordinación directa de las FFCCSE al  bo
amparo de los dispuesto en la normativa de seguridad privada, dentro del marco de los  97ww
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las actuaciones llevadas a cabo para la salida o evacuación total del público asistente.
Quinta.  Financiación.
El presente convenio NO conlleva incremento del gasto público y NO supondrá 
contraprestación  económica  para  ninguna  de  las  partes.  Como  se  indica,  en  la 
estimación  económica  que  se  adjunta  al  texto  del  convenio,  tan  sólo  habrán  de 
acometerse, por cada una de las partes firmantes, los gastos de inversión mínimos 
necesarios para permitir la integración de los datos, procedentes de las unidades de 
detección que se instalen en los estadios deportivos, en la base de datos del Sistema 
SIGLO-CD de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Sexta.  Régimen de modificación del convenio.
La modificación del contenido del convenio requerirá el acuerdo unánime de los 
firmantes. Cualquier modificación, resolución o prórroga del presente convenio será 
inscrita igualmente en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del Sector Público Estatal, mediante la suscripción de la correspondiente 
adenda, tramitada conforme al procedimiento legalmente previsto.
De igual modo, la inscripción en el REOICO, de la modificación y prórroga del 
convenio, se complementará con la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las 
mismas para que éstas resulten eficaces, en los términos del artículo 48.8 y en el 
apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptima.  Legislación aplicable.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto en el 
capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, teniendo naturaleza administrativa.
Los convenios firmados entre una administración pública u organismo o entidad de 
derecho público (Ministerio del Interior) y un sujeto de derecho privado (la LFP), están 
recogidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, según se indica en el artículo 47, 
apartado 2.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación,  modificación  o  resolución  del  mismo  que  no  puedan  resolverse  por 
conciliación en la Comisión Mixta de Seguimiento, serán sometidas a los tribunales 
competentes de la jurisdicción contenciosos-administrativa.
En ningún caso la firma de este convenio generará ningún tipo de vínculo contractual 
ni  laboral  entre  las  partes  firmantes  y  las  personas  físicas  que  desempeñen  las 
actividades propias del mismo.
Octava.  Vigencia.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente convenio se perfecciona con el 
consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal 
y tras su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Tendrá  una  vigencia  de  cuatro  años  y,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 49 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en cualquier 
momento antes de la finalización del plazo previsto en el párrafo anterior, los firmantes  e.
del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro  w.b
años adicionales. 97ww
Novena.  Causas de extinción del convenio.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Décima.  Incumplimiento.
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las 
partes firmantes, se procederá de conformidad con lo previsto en los artículos 49 e) 
y 51.2. c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En caso de incumplimiento no procederá exigir ningún tipo de indemnización.
Undécima.  Confidencialidad.
Las partes se comprometen a mantener en secreto todos los datos e informaciones 
facilitados que sean concernientes a la ejecución del objeto del presente Convenio.
En particular, será considerado como información confidencial todo el saber hacer 
resultante de la ejecución operativa de este Convenio, debiendo las partes que suscriben 
mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en 
todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del presente 
Convenio.
Duodécima.  Protección de datos.
Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal  respectivamente  recabados  en  el  ámbito  de  actuación  de  las  Fuerzas  y 
Cuerpos de Seguridad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al 
tratamiento de la otra parte, se realizará con la condición de encargado de tratamiento, 
única y exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades 
objeto del convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a 
terceros, salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se 
cedan a otros órganos o Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto del 
presente convenio, actuarán como responsables del tratamiento el Ministerio del Interior 
y la Liga Nacional de Fútbol Profesional, legitimados, bien:
a)  sobre la base del cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento y para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, al amparo de lo 
previsto  en  el  artículo  6.1.c)  y  e),  respectivamente,  del  Reglamento  General  de 
Protección de Datos; bien,
b)  con  la  finalidad  de  prevención,  investigación,  detección  o  enjuiciamiento  de 
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la 
prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública, al amparo de lo previsto 
en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la 
Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga 
u otra que sea de aplicación.
Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y organizativas  bo
necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y  97ww
eviteLna ss up aarltteersa cfiirómna, nptéersd iddeal,  ctroantavmenieion tqou oe daacnce esxoo nnoe raaudtaosri zdaed oc.ualquier responsabilidad
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entidad  que  los  hubiera  cometido  responderá  de  las  infracciones  en  que  hubiera 
incurrido.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos 
ejemplares originales, igualmente válidos en lugar y fecha arriba indicados.–El Secretario 
de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.–El Presidente de la Liga Nacional de Fútbol 
Profesional, Javier Tebas Medrano.