BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 29 de julio de 2021 Sec. I.   Pág. 91125
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
12701 Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector 
Público Autonómico de Aragón.
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
promulgo esta Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno su publicación en el 
«Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
ÍNDICE
Preámbulo.
Título preliminar.  Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento 
del sector público.
Capítulo I.  Disposiciones generales.
Artículo 1.  Objeto de la ley.
Artículo 2.  Ámbito subjetivo.
Artículo 3.  Principios generales.
Artículo 4.  Potestades y prerrogativas.
Capítulo II.  De los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
Sección 1.ª  De los órganos administrativos.
Artículo 5.  Órganos administrativos.
Artículo 6.  Creación.
Artículo 7.  Órganos consultivos.
Artículo 8.  Instrucciones, circulares y órdenes de servicio.
Sección 2.ª  Competencia.
Artículo 9.  Competencia.
Artículo 10.  Delegación de competencias.
Artículo 11.  Ámbito de la delegación.
Artículo 12.  Prohibición de delegación.
Artículo 13.  Requisitos formales de la delegación de competencias.
Artículo 14.  Delegación de competencias en corporaciones de derecho público.
Artículo 15.  Avocación.
Artículo 16.  Encomienda de gestión.
Artículo 17.  Requisitos formales de la encomienda de gestión.
Artículo 18.  Delegación de firma.
Artículo 19.  Suplencia. e.e
Artículo 20.  Designación de suplentes. w.b
Artículo 21.  Conflictos de atribuciones. 701ww
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Artículo 23.  Órganos colegiados. Bc
Artículo 24.  Régimen jurídico de los órganos colegiados.
Artículo 25.  Presidencia de los órganos colegiados.
Artículo 26.  Miembros de los órganos colegiados.
Artículo 27.  Secretaría.
Artículo 28.  Funciones del secretario o de la secretaria.
Artículo 29.  Convocatorias y sesiones.
Artículo 30.  Actas.
Artículo 31.  Delegación de competencias.
Artículo 32.  Normas de funcionamiento de determinados órganos colegiados.
Sección 4.ª  Abstención y recusación.
Artículo 33.  Abstención.
Artículo 34.  Recusación.
Capítulo III.  Principios de la potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial.
Artículo 35.  Principios y régimen jurídico de la potestad sancionadora.
Artículo 36.  Régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial.
Capítulo IV.  Funcionamiento electrónico.
Artículo 37.  Principios aplicables.
Artículo 38.  Sede electrónica.
Artículo 39.  Portal de Internet.
Artículo  40.  Sistemas  de  identificación  y  firma  en  la  sede  electrónica  y  sedes 
asociadas.
Artículo 41.  Catálogo de Servicios.
Artículo 42.  El procedimiento administrativo electrónico.
Artículo 43.  Actuación administrativa automatizada.
Artículo 44.  Dato único y compartido.
Artículo 45.  Política de Protección de Datos Personales y Política de Seguridad de 
la Información.
Título I.  De la actuación administrativa.
Capítulo I.  Principios generales.
Artículo 46.  Principios de colaboración, auxilio y mutua información.
Artículo  47.  El  principio  de  coordinación  en  la  actuación  de  la  Administración 
pública de la comunidad autónoma.
Capítulo II.  Programación de la actuación administrativa, de la racionalización de 
procedimiento y de los medios electrónicos.
Artículo 48.  Planificación y programación de la actuación administrativa.
Artículo 49.  Elaboración y aprobación de los planes.
Artículo 50.  Racionalización de los procedimientos.
Artículo 51.  Medios electrónicos.
Capítulo III.  De las auditorías administrativas.
Artículo 52.  El control de eficacia y eficiencia. o
Capítulo  IV.  De  los  derechos  de  las  personas  en  sus  relaciones  con  la  701ww
Administración de la comunidad autónoma.
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Artículo 55.  Derecho a la protección de datos de carácter personal.
Capítulo V.  Formas de actuación administrativa.
Artículo 56.  Régimen de ejercicio de la actividad administrativa.
Artículo 57.  Encargos de ejecución a medios propios.
Artículo 58.  Concepto y régimen general de acción concertada.
Título II.  Del régimen jurídico de la actuación de la Administración pública de la 
comunidad autónoma.
Capítulo I.  Del régimen jurídico de los actos administrativos.
Artículo 59.  Producción y contenido de los actos administrativos.
Artículo 60.  Actos que ponen fin a la vía administrativa.
Capítulo II.  De la revisión de las disposiciones y actos administrativos.
Artículo 61.  Revisión de oficio.
Artículo 62.  Revocación de actos administrativos.
Artículo 63.  Rectificación de errores.
Capítulo III.  Recursos administrativos y reclamaciones económico-administrativas.
Artículo 64.  Recursos de alzada y de reposición.
Artículo 65.  Recurso extraordinario de revisión.
Artículo 66.  Reclamaciones económico-administrativas.
Capítulo IV.  De la sustitución de los recursos administrativos.
Artículo 67.  Criterios generales.
Artículo 68.  Notificaciones específicas.
Artículo 69.  Composición de las comisiones o tribunales.
Título III.  Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Capítulo I.  Organización.
Artículo 70.  Principios organizativos.
Artículo 71.  Órganos superiores y órganos directivos.
Artículo 72.  Los delegados y las delegadas territoriales del Gobierno de Aragón.
Artículo 73.  Los servicios.
Artículo 74.  Los elementos organizativos básicos.
Artículo 75.  Contenido de las normas organizativas.
Artículo 76.  Competencias generales.
Capítulo II.  Los departamentos y su estructura interna.
Artículo 77.  Los departamentos.
Artículo 78.  Estructura orgánica de los departamentos.
Artículo 79.  Las secretarias y los secretarios generales técnicos.
Artículo 80.  Los directores y las directoras generales.
Artículo 81.  Los jefes y las jefas de servicio.
Capítulo III.  Órganos territoriales. es
Artículo 82.  Las delegaciones Territoriales del Gobierno de Aragón. w.
autóAAnrrottíímccuuall.oo  848.3 . LoOsr gsaenrvizicaicoisó np rotveinrrcitioarleiasl . de  la  Administración  de  la  comunidad  2021-12701n https://ww
Título IV.  Organización y funcionamiento del sector público institucional autonómico.
Capítulo I.  Del sector público institucional.
Artículo  85.  Composición  y  clasificación  del  sector  público  institucional  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 86.  Principios generales de actuación.
Artículo 87.  Régimen jurídico general.
Artículo 88.  Participación en otros entes.
Artículo 89.  Registro de Entes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 90.  Inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local.
Capítulo II.  Eficacia y supervisión continua.
Artículo 91.  Control de eficacia y supervisión continua.
Capítulo III.  De los organismos públicos autonómicos.
Sección 1.ª  Disposiciones generales.
Artículo 92.  Definición y actividades propias.
Artículo 93.  Clasificación y adscripción.
Artículo 94.  Personalidad jurídica y potestades.
Artículo 95.  Creación de organismos públicos autonómicos.
Artículo 96.  Contenido y efectos del plan inicial de actuación.
Artículo 97.  Contenido de los estatutos.
Artículo 98.  Régimen jurídico.
Artículo 99.  Estructura organizativa en los organismos públicos autonómicos.
Artículo 100.  Fusión de organismos públicos.
Artículo 101.  Extinción.
Artículo 102.  Representación y defensa en juicio.
Sección 2.ª  Organismos autónomos.
Artículo 103.  Definición.
Artículo 104.  Régimen jurídico.
Artículo 105.  Régimen de personal.
Artículo 106.  Régimen de contratación.
Artículo 107.  Régimen patrimonial.
Artículo 108.  Régimen presupuestario.
Artículo 109.  Régimen de contabilidad y control económico-financiero.
Sección 3.ª  Las entidades de derecho público.
Artículo 110.  Definición.
Artículo 111.  Régimen jurídico.
Artículo 112.  Ejercicio de potestades administrativas.
Artículo 113.  Régimen de personal.
Artículo 114.  Régimen de contratación.
Artículo 115.  Régimen patrimonial.
Artículo  116.  Régimen  presupuestario,  de  contabilidad  y  control  económico- e.
financiero. w.
ACArrattípíccíuutulloolo  11 I11V87. ..   DPDeae lrfatinisci icspioóacncii.eódna mdeinso mritearrciaa netnil eost raaust osoncóimedicaadse.s. OE-A-2021-12able en https://
Artículo 119.  Principios rectores.
Artículo 120.  Régimen jurídico.
Artículo 121.  Creación y extinción.
Artículo 122.  Régimen de personal.
Artículo 123.  Régimen patrimonial.
Artículo 124.  Régimen presupuestario.
Artículo 125.  Régimen de contabilidad y de control económico-financiero.
Artículo 126.  Régimen de contratación.
Capítulo V.  De los consorcios autonómicos.
Artículo 127.  Definición y actividades propias.
Artículo 128.  Régimen jurídico.
Artículo 129.  Régimen de adscripción.
Artículo 130.  Régimen de personal.
Artículo  131.  Régimen  presupuestario,  de  contabilidad,  y  control  económico-
financiero.
Artículo 132.  Régimen patrimonial y de contratación.
Artículo 133.  Creación.
Capítulo VI.  De las fundaciones del sector público autonómico.
Artículo 134.  Definición y actividades propias.
Artículo 135.  Participación en fundaciones que no forman parte del sector público 
autonómico.
Artículo 136.  Régimen de adscripción de las fundaciones.
Artículo 137.  Régimen jurídico.
Artículo 138.  Régimen de contratación.
Artículo  139.  Régimen  presupuestario,  de  contabilidad,  de  control  económico-
financiero y de personal.
Artículo 140.  Régimen patrimonial.
Artículo 141.  Creación y extinción de fundaciones del sector público autonómico.
Artículo 142.  Protectorado.
Artículo 143.  Designación de miembros del patronato.
Artículo 144.  Fusión, disolución, liquidación y extinción.
Título V.  Relaciones interadministrativas.
Capítulo I.  Principios que rigen las relaciones interadministrativas.
Artículo 145.  Principios.
Artículo 146.  Deberes de colaboración y cooperación.
Capítulo II.  De los convenios.
Artículo 147.  Definición de convenio.
Artículo 148.  Tipos de convenios.
Artículo 149.  Contenido de los convenios.
Artículo 150.  Autorización y firma.
Artículo 151.  Procedimiento de tramitación de los convenios.
Artículo 152.  Extinción y efectos de la resolución de los convenios.
Capítulo III.  Relaciones y órganos de cooperación. oe.
Artículo 153.  Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado. 701ww
AArrttííccuulloo  115554..   CCoommiissiióónn  MMiixxttaa  ddee  TArsaunnstfoesr eEnccoiansó.mico-Financieros.
AArrttííccuulloo  115576..   DOetrsoisg nóargciaónno dse d ree cporeospeenratacniótens. autonómicos. BOE-A-cable e
Capítulo IV.  Transferencia y reutilización de tecnología entre administraciones.
Artículo 158.  Transferencia y reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Disposición adicional primera.  Del Servicio Jurídico del Gobierno de Aragón.
Disposición adicional segunda.  «Boletín Oficial de Aragón».
Disposición  adicional  tercera.  Registro  Electrónico  Autonómico  de  Convenios  y 
Órganos de Cooperación.
Disposición  adicional  cuarta.  Adaptación  de  entidades  y  organismos  públicos 
existentes.
Disposición adicional quinta.  Referencias y concordancias.
Disposición adicional sexta.  Especialidades de la Administración tributaria de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
Disposición adicional séptima.  Cláusula de progreso y adaptación a la evolución 
tecnológica en materia de administración electrónica.
Disposición  adicional  octava.  Adaptación  a  la  tramitación  electrónica  del 
procedimiento  en  materia  de  expropiación  forzosa  en  el  ámbito  de  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón.
Disposición adicional novena.  Sustitución del recurso de alzada en relación con el 
Ingreso Aragonés de Inserción.
Disposición adicional décima.  Remisiones normativas.
Disposición adicional undécima.  Ampliación de la duración de las subvenciones 
destinadas  a  la  contratación  de  personal  investigador  predoctoral  en  formación 
correspondientes  a  las  convocatorias  de  los  períodos  2016-2020,  2017-2021 
y 2018-2022.
Disposición adicional duodécima.  Lectura fácil.
Disposición transitoria primera.  Encargos a empresas públicas.
Disposición transitoria segunda.  Entidades y organismos públicos existentes.
Disposición transitoria tercera.  Inscripción en el Registro de Entes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Disposición final primera.  Modificación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio 
de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 diciembre, del Gobierno de 
Aragón.
Disposición final segunda.  Modificación del Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 
de junio, del Gobierno de Aragón.
Disposición  final  tercera.  Modificación  de  la  Ley  1/2009,  de  30  de  marzo,  del 
Consejo Consultivo de Aragón.
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 3/2005, de 12 de mayo, de creación 
de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos.
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de 
Aragón.
Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 5/2014, de 26 de junio, de Salud 
Pública de Aragón.
Disposición final séptima.  Desarrollo de la ley.
Disposición final octava.  Desarrollo de la administración electrónica.
Disposición final novena.  Entrada en vigor. e
PREÁMBULO
I
La  configuración  normativa  del  régimen  jurídico  y  procedimental,  así  como  la 
organización  propia  de  la  Administración  autonómica,  ha  estado  presente  en  las 
preocupaciones del legislador autonómico desde los albores del discurrir de Aragón 
como comunidad. Ya el Estatuto de Autonomía de Aragón de 1982, en su artículo 35, 
establecía la competencia exclusiva de la comunidad autónoma en la organización de 
sus instituciones de autogobierno y en el procedimiento administrativo derivado de las 
especialidades de la organización propia. Por su parte, los artículos 42 y 43 del citado 
Estatuto regulaban la Administración pública de la comunidad autónoma.
En  desarrollo  de  estas  previsiones  estatutarias,  y  tras  una  primera  regulación 
contenida en la Ley 3/1984, de 22 de junio, del Presidente, de la Diputación General y de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se dictó la Ley 11/1996, de 30 
de diciembre, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, la cual, según 
expresaba su preámbulo, aspiraba  a «contener  una regulación comprensiva de las 
distintas  adaptaciones  exigidas  por  la  organización  propia  de  la  Administración 
autonómica».
Por su parte la Ley 11/2000, de 27 de diciembre, de Medidas en Materia de Gobierno 
y  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  incorporó  determinadas 
previsiones sobre desconcentración administrativa en función de la singular estructura 
del territorio aragonés y adaptó la normativa aragonesa de procedimiento administrativo 
a  las  novedades  de  la  legislación  básica  estatal,  contenidas  singularmente  en  la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
En cumplimiento de la autorización prevista en la citada Ley 11/2000, el Gobierno de 
Aragón adoptó el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, aprobando el Texto Refundido 
de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que ha constituido 
la regulación esencial en esta materia hasta la aprobación de esta ley.
II
La  ley  tiene  por  objeto,  por  un  lado,  determinar  el  régimen  jurídico  de  la 
Administración  pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  incorporando  las 
especialidades  del  procedimiento  administrativo  que  le  son  propias  así  como  los 
principios de la responsabilidad patrimonial y la potestad sancionadora, y por otro, 
configurar  de  manera  precisa  el  marco  organizativo  y  de  funcionamiento  de  la 
Administración autonómica y de su sector público institucional.
Dos son las razones fundamentales que abonan la necesidad de proceder a la 
revisión del régimen jurídico de la Administración pública autonómica: de una parte, el 
cambio  experimentado  por  la  Administración  autonómica  como  consecuencia  de  la 
mayor complejidad de la gestión pública y de las nuevas exigencias ciudadanas; de otra 
parte, la adaptación a la normativa básica estatal contenida en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, a fin de 
configurar un marco regulador de esta materia coherente y estable.
La Administración autonómica es hoy una organización estable y consolidada tras el  es
incremento  de  su  tamaño  y  competencias  por  la  asunción  de  nuevas  funciones  y  bo
servicios  consecuencia  de  los  traspasos  efectuados  a  la  Comunidad  Autónoma,  la  701ww
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vinculadas a una mayor participación ciudadana y transparencia pública. Al cumplimiento 
de todos estos objetivos debe coadyuvar esta ley de manera decisiva.
La aprobación y entrada en vigor de la legislación básica estatal contenida en las 
Leyes  39  y  40/2015,  dictadas  fundamentalmente  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo  149.1.18.ª  de  la  Constitución  española,  exige  su  desarrollo  normativo  y  la 
adaptación de las normas reguladoras contenidas en las mismas a la organización y 
régimen  jurídico  del  sector  público  de  la  comunidad  autónoma,  lo  cual  se  realiza 
mediante esta ley, reuniendo en un único texto legal las relaciones ad extra y ad intra de 
la  Administración  pública  aragonesa,  con  el  objeto  de  conformar  una  regulación 
uniforme, coherente y sistemática del ordenamiento jurídico público de la comunidad 
autónoma.
La adaptación de la normativa aragonesa a la legislación básica estatal se realiza de 
acuerdo  con  las  previsiones  señaladas  en  la  sentencia  del  Tribunal 
Constitucional  55/2018,  de  24  de  mayo,  por  la  que  se  resuelve  el  recurso  de 
inconstitucionalidad interpuesto en relación con diversos preceptos de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas.
III
La ley se dicta al amparo de la previsión contenida en el artículo 71.1.ª del Estatuto 
de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, el cual atribuye a la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón  la  competencia  exclusiva  para  la  creación, 
organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. Del mismo 
modo, el artículo 71.7.ª del referido Estatuto atribuye a la comunidad autónoma la 
competencia para regular el procedimiento administrativo derivado de las especialidades 
de su organización propia. Por su parte, los artículos 61 y 62 del Estatuto, contenidos en 
su título III sobre la Administración pública en Aragón, se refieren a la competencia de la 
comunidad autónoma para crear y organizar su propia Administración, que ostentará la 
condición de administración ordinaria en el ejercicio de sus competencias, recogiendo los 
principios esenciales de organización y funcionamiento de la misma.
La aprobación y entrada en vigor de la legislación básica estatal exige, como se ha 
establecido con anterioridad, su desarrollo normativo y la adaptación de las normas 
reguladoras al ámbito propio autonómico, lo cual se ha realizado con arreglo a los 
principios de buena regulación en la elaboración de las normas, plasmados por el 
legislador estatal en el título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La necesidad de esta norma ya ha sido expresada al indicar las razones que la 
justifican, esto es, el cambio experimentado por la Administración autonómica como 
consecuencia  de  la  mayor  complejidad  de  la  misma  y  de  las  nuevas  exigencias 
ciudadanas y la adaptación a la normativa básica estatal, siendo su aprobación el 
instrumento que permite cumplir con los objetivos propuestos. En su tramitación se 
cumple igualmente con el principio de transparencia mediante la difusión pública de los 
documentos integrantes del proceso de elaboración y la incorporación a su texto de 
diversos elementos que profundizan en dicho principio. Se respeta asimismo el principio 
de proporcionalidad al incorporar a la ley una regulación adecuada de la organización 
administrativa propia de la comunidad autónoma e incluir la regulación estrictamente 
indispensable del procedimiento administrativo derivado de las especialidades de dicha  s
organización propia. Al incorporar medidas precisas sobre planificación y la evaluación  e.
posterior  de  la  actuación  del  sector  público,  su  aprobación  y  aplicación  posterior  w.
contribuirá a cumplir los principios de eficacia y eficiencia y, en definitiva, a una racional y  701ww
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IV
Las novedades incorporadas en esta ley son especialmente relevantes en el ámbito 
del funcionamiento electrónico del sector público y por ello merecen destacarse de 
manera singular.
El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación no solo ha afectado 
a la sociedad, sino que ha supuesto que distintas normas, como la Ley 30/1992, de 26 
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común, y, en mayor medida, la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, iniciaran el 
cambio  en  la  forma  en  la  que  deben  instrumentarse  las  relaciones  de  las 
administraciones  con  la  ciudadanía  y  las  de  ellas  entre  sí,  dando  paso  a  las 
comunicaciones electrónicas y a la denominada «administración electrónica».
Actualmente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, ha venido a sistematizar toda la regulación 
relativa  al  procedimiento  administrativo,  con  el  objetivo  de  clarificar  e  integrar  el 
contenido de las citadas Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y Ley 11/2007, de 22 de 
junio, y profundizar, como indica su preámbulo, en la agilización de los procedimientos 
con un pleno funcionamiento electrónico. Así, en dicho preámbulo se afirma que la 
tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los 
procedimientos, sino que debe constituir la actuación habitual de las administraciones. 
Dicha  ley  acoge  reglas  para  una  Administración  basada  en  un  funcionamiento 
íntegramente electrónico. A este nuevo marco se une la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, que recoge una regulación unitaria sobre el 
funcionamiento electrónico del sector público y las relaciones de las administraciones 
públicas entre sí por medios electrónicos.
En ambas Leyes se apela a las comunidades autónomas para que adopten medidas 
destinadas a una efectiva y completa implantación de la administración electrónica tanto 
en las relaciones de la Administración con la ciudadanía como de las administraciones 
entre sí, si bien dichas medidas en algunos casos son de carácter puramente técnico y, 
en otras, se precisarán medidas normativas de naturaleza reglamentaria.
La ley acoge en su articulado los principios de origen tecnológico que han de pasar a 
formar  parte  de  la  lógica  administrativa  como  la  neutralidad  tecnológica  o  la 
interoperabilidad  de  los  sistemas  de  información.  Estos  principios  son  de  gran 
importancia a la hora de prestar servicios digitales de administración electrónica de 
acuerdo  a  los  estándares  esperados  por  los  usuarios.  Los  servicios  digitales  se 
realizarán primando la facilidad de uso de los mismos sobre otras consideraciones. En 
este  ámbito,  se  primará  la  utilización  de  lenguaje  natural  junto  con  el  lenguaje 
administrativo, la organización de la información de acuerdo a arquitecturas lógicas para 
la  ciudadanía  sobre  organizaciones  de  la  información  basadas  en  la  arquitectura 
institucional y la simplificación de todos los elementos que conlleven transacciones 
digitales.
V
El título preliminar incluye en su capítulo I el ámbito subjetivo de aplicación de esta 
ley, los principios generales de actuación y funcionamiento del sector público y las 
potestades y prerrogativas que se reconocen a la Administración de la Comunidad 
Autónoma  de  Aragón.  La  ley  se  aplica  a  todo  el  sector  público  autonómico  que  e.e
comprende la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como su sector  b
público institucional, y se definen además con precisión los entes que forman parte del  701ww
sectEonr  peúlb lcicaop íintusltoit uIcI iosnea lr.egulan los órganos de la Administración de la Comunidad
jAuurítdóincoom dae  dleo sA órarggaónno ys  ecl orléeggiimadeons d ee se jdeerc idceios tdaec asru sla  croemgupleatceinócni adse.  Dseun fturon cdieoln raémgiiemneton 
tanto de forma presencial como a distancia, haciendo uso de las potencialidades y
recursos  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación.  Se  potencia,  en 
consecuencia, la utilización de medios electrónicos en las reuniones de los órganos 
colegiados. Respecto a los principios reguladores de la potestad sancionadora y de la 
responsabilidad patrimonial, se efectúa una remisión a la regulación básica del Estado. 
Se delimita también la competencia para la imposición de sanciones administrativas.
Por último, se dedica un capítulo al funcionamiento electrónico, en el que se regula la 
sede electrónica, el Portal de Internet, los sistemas de identificación y firma, el Catálogo 
de  Servicios,  el  procedimiento  administrativo  electrónico,  la  actuación  administrativa 
automatizada, el dato único y la política de protección de datos personales y seguridad 
de la información.
VI
El título I se dedica íntegramente a la regulación de la actuación administrativa. 
Sobre la base de los principios de colaboración y coordinación se profundiza en la 
importancia de la planificación y programación. Asimismo, para garantizar la relación de 
la ciudadanía con la administración autonómica a través de medios electrónicos, se 
otorga  un  especial  protagonismo  al  departamento  competente  en  materia  de 
administración electrónica, que establecerá los criterios para la racionalización de los 
procedimientos  administrativos  pudiendo  instar  la  revisión  de  los  mismos  bajo  los 
parámetros de prestación de servicios digitales.
Se  garantiza  también  el  derecho  de  las  personas  a  relacionarse  por  medios 
electrónicos con la Administración a través de un punto de acceso general electrónico 
junto a los derechos ya reconocidos en otras normas de acceso a la información pública 
y a la protección de datos de carácter personal.
Como novedad frente a la regulación anterior, se sistematizan en esta Ley las formas 
de ejercicio de la actividad administrativa, ya sea mediante gestión directa o con medios 
propios, mediante gestión indirecta con arreglo a la normativa vigente en materia de 
contratos del sector público o a través de los acuerdos de acción concertada con 
entidades  públicas  o  entidades  privadas  sin  ánimo  de  lucro  para  la  prestación  de 
servicios a las personas.
VII
En el título II se desarrolla el régimen jurídico de la actuación de la Administración de 
la  comunidad  autónoma  mediante  la  adaptación  de  la  normativa  básica  sobre  el 
procedimiento administrativo común a la estructura organizativa autonómica; siendo la 
novedad más significativa la supresión de las reclamaciones administrativas previas a la 
vía civil y laboral, novedad esta impuesta por la normativa estatal.
VIII
El título III regula la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que se 
organiza en departamentos para el desarrollo de uno o varios sectores de actividad 
administrativa, con su correspondiente organización territorial en las distintas provincias. 
La principal novedad es la supresión de las viceconsejerías en la estructura orgánica de 
los  departamentos  asumiendo  las  personas  titulares  de  las  secretarías  generales 
técnicas las funciones hasta ahora atribuidas a aquellas.
IX w.
autoLnaósm picroin csipea liensc lunyoevne deand ees l etnít ullao  oIrVg,a ndiezdaicciaódno  y aflu nsceicotnoar mpieúnbtlioc od einl ssteitcutcoior npaúl.b liScoe 
cpoúmbliiecon zain sdtietuficniioennadlo  ddee  lam aCnoemrau npidraedci sAa utlaósn oemnati ddaed eAs raqguóen ,f odrmonadne  psaer tein cdleuly esne cltoosr 
organismos públicos –categoría que comprende a organismos autónomos y entidades de
derecho público–, las sociedades mercantiles autonómicas, los consorcios autonómicos, 
las fundaciones del sector público y las universidades públicas integradas en el Sistema 
Universitario  de  Aragón.  Además,  con  objeto  de  limitar  la  participación  de  la 
Administración autonómica y de sus organismos o entidades dependientes en cualquier 
otro tipo de ente o asociación no integrada en el concepto de sector público institucional 
autonómico, se requiere el acuerdo previo del Gobierno de Aragón, que irá acompañado 
de  informes  del  departamento  competente  en  materia  de  hacienda  analizando  las 
implicaciones  presupuestarias,  contables  y  patrimoniales  de  la  propuesta  de 
participación.
También  es  novedad  la  creación  de  un  Registro  de  Entes  de  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón, que contendrá la información tanto de los entes integrantes del 
sector público autonómico cuanto de cualesquiera otros entes en los que participen los 
órganos y entidades del sector público autonómico, con independencia de su naturaleza 
jurídica y porcentaje o forma de participación.
Junto a los principios generales de actuación se desarrollan el control de eficacia y el 
principio de supervisión continua del sector público institucional autonómico. Para ello 
serán decisivos el plan de actuación y los planes anuales que se elaboren junto con los 
presupuestos. El control de eficacia se ejercerá por el departamento o entidad de gestión 
en  el  caso  de  las  sociedades  mercantiles  autonómicas  y  por  el  departamento  de 
adscripción  en  el  resto  de  entidades;  y  en  la  supervisión  continua,  junto  con  el 
departamento de adscripción, participará la Intervención General de la Administración de 
la comunidad autónoma.
Además de definir y clasificar los organismos públicos, incluyendo en este concepto 
organismos autónomos y entidades de derecho público, se precisa, en mayor medida, el 
contenido del plan inicial de actuación, así como de sus estatutos. Se desarrolla también 
el procedimiento de fusión y extinción de los mismos. Especialmente significativa es la 
nueva regulación sobre régimen de personal de las entidades de derecho público que 
será  funcionario  o  laboral,  y  únicamente  de  manera  excepcional  podrá  seleccionar 
personal laboral propio. Se introducen también especialidades en materia de régimen 
jurídico, contratación y personal para aquellas entidades de derecho público que se 
financien mayoritariamente con ingresos de mercado.
Respecto a las sociedades mercantiles autonómicas, se supera la definición de las 
mismas que venía incluida en la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón vinculada única y exclusivamente al porcentaje de participación en su capital 
social. La nueva regulación es más acorde con la evolución que se ha producido en la 
legislación sobre patrimonio de las administraciones públicas donde lo relevante es el 
ejercicio de influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera 
o de las normas que la rigen.
Se definen y regulan por primera vez los consorcios autonómicos y se desarrolla de 
manera exhaustiva la regulación de las fundaciones del sector público autonómico, que 
se limitaba hasta ahora a una disposición adicional en la normativa que ahora se deroga.
X
El título V desarrolla las relaciones interadministrativas y los principios que las rigen. 
Se define de una manera más clara el concepto de convenio y sus distintas tipologías, 
integrándose su regulación en esta ley al derogarse la hasta ahora vigente Ley de 
Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón. En este título se incluyen también los  s
órganos de cooperación ya definidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón como son  e.
la  Comisión  Bilateral  de  Cooperación,  la  Comisión  Mixta  de  Asuntos  Económico- w.
Financieros o la Comisión Mixta de Transferencias. 701ww
capíLtualso  redlea cieosntees  teítluelcot róbnaicjoa s loesn trper inacdipmioinsi stdraec ioinnteesr cosnee xdióensa rero llainnte reonp eeral búilildtiamdo, 
aredumtiilniziastcriaócni ondees . sistemas  y  aplicaciones  y  transferencia  de  tecnología  entre  BOE-A-cable e
XI
En las disposiciones adicionales se definen el Servicio Jurídico del Gobierno de 
Aragón y el «Boletín Oficial de Aragón», que se publicará en la sede electrónica del 
Gobierno de Aragón. Se regula el Registro Electrónico Autonómico de Convenios y 
Órganos de Cooperación, así como la adaptación a la nueva regulación de las entidades 
y organismos públicos existentes y de los convenios hasta ahora vigentes. Además de 
las especialidades de la Administración tributaria autonómica, es importante la cláusula 
de  progreso  y  adaptación  a  la  evolución  tecnológica  en  materia  de  administración 
electrónica.  Por  último,  se  regula  la  adaptación  a  la  tramitación  electrónica  del 
procedimiento en materia de expropiación forzosa y la sustitución del recurso de alzada 
en relación con el Ingreso Aragonés de Inserción.
Se establece el régimen transitorio aplicable a las entidades y organismos públicos 
existentes,  los  encargos  a  empresas  públicas  ya  realizados  y  las  reclamaciones 
presentadas ante la Comisión de Reclamaciones del Ingreso Aragonés de Inserción.
En la disposición derogatoria única se recogen las normas de igual o inferior rango 
que quedan derogadas.
Entre las disposiciones finales se incluyen modificaciones puntuales de la Ley del 
Consejo Consultivo de Aragón y de los textos refundidos de la Ley de Patrimonio y de la 
Ley de Hacienda, con objeto de adaptarse a la nueva regulación. Se incluye también una 
habilitación al Gobierno de Aragón para el desarrollo reglamentario de la administración 
electrónica.
En la tramitación de esta norma se ha efectuado el trámite de audiencia con el resto 
de departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se han 
emitido  los  informes  preceptivos  de  la  Secretaría  General  Técnica  de  Hacienda  y 
Administración  Pública,  de  la  Dirección  General  de  Presupuestos,  Financiación  y 
Tesorería y de la Dirección General de Servicios Jurídicos, así como el informe de 
evaluación de impacto de género.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector 
público
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto de la ley.
Esta Ley establece y regula el régimen jurídico de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, las especialidades del procedimiento administrativo 
que son aplicables a la Administración autonómica, los principios de responsabilidad 
patrimonial y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de 
la Administración autonómica y de su sector público institucional.
Artículo 2.  Ámbito subjetivo.
1.  La ley se aplica, en la forma y términos previstos en la misma, a todo el sector 
público autonómico, que comprende: e.
a)  La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 701ww
b)  El sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2.  El sector público institucional se integra por los siguientes entes:
a)  Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, los cuales se clasifican en:
1.º  Organismos autónomos.
2.º  Entidades de derecho público.
b)  Las sociedades mercantiles autonómicas.
c)  Los consorcios autonómicos.
d)  Las fundaciones del sector público.
e)  Las universidades públicas integradas en el Sistema Universitario de Aragón.
3.  Tienen  la  consideración  de  Administración  pública  la  Administración  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón, los organismos autónomos, las entidades de derecho 
público y los consorcios autonómicos.
4.  Cada una de estas entidades actúa para el cumplimiento de sus fines con 
personalidad jurídica única.
Artículo 3.  Principios generales.
1.  Bajo la dirección del Gobierno de Aragón, la Administración pública sirve con 
objetividad para los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, 
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la 
Constitución, al Estatuto de Autonomía de Aragón, a la ley y al derecho.
2.  Deberá respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:
a)  Servicio efectivo a la ciudadanía.
b)  Simplicidad,  claridad,  accesibilidad  y  proximidad  a  los  ciudadanos  y  a  las 
ciudadanas.
c)  Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
d)  Racionalización  y  agilidad  de  los  procedimientos  administrativos  y  de  las 
actividades materiales de gestión.
e)  Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
f)  Responsabilidad en la gestión pública.
g)  Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los 
resultados de las políticas públicas.
h)  Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
i)  Economía,  suficiencia  y  adecuación  estricta  de  los  medios  a  los  fines 
institucionales.
j)  Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
k)  Cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas.
l)  Simplificación de procedimientos, agilización de trámites y reducción de cargas.
3.  Las relaciones interorgánicas en la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón y de esta con sus organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes 
se  realizará  a  través  de  medios  electrónicos  que  aseguren  la  interoperabilidad  y 
seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garanticen la 
protección de los datos de carácter personal y faciliten preferentemente la prestación 
conjunta de servicios a las personas interesadas. s
4.  Cuando  la  Administración  pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  e.
establezca medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exija  w.
el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberá: 701ww
a)  Aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva.
adecbu) acMióont ipvaarr as ulo gnreacre lsoisd afidn epsa rqau lea  spero pteecrsciigóune dne, ls iinnt eqruées  epnú bnliicnog,ú ans cí acsoom soe j upsrotifdicuazrc asnu 
diferencias de trato discriminatorias.
c)  Evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos.
d)  Velar por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte 
aplicable, para lo cual podrá comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, 
actos,  elementos,  actividades,  estimaciones  y  demás  circunstancias  que  fueran 
necesarias, con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de 
carácter personal.
Artículo 4.  Potestades y prerrogativas.
1.  La Administración de la comunidad autónoma actuará con personalidad jurídica 
propia y gozará, en el ejercicio de sus competencias, de las potestades y prerrogativas 
que el ordenamiento jurídico reconoce a la Administración General del Estado y, en todo 
caso, de las siguientes:
a)  La potestad de autoorganización.
b)  La presunción de legitimidad y la ejecutoriedad de sus actos.
c)  Los poderes de ejecución forzosa, incluida la facultad de apremio.
d)  La potestad expropiatoria.
e)  Las potestades de investigación, deslinde y recuperación de oficio de los bienes 
públicos.
f)  La potestad inspectora y sancionadora.
g)  La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos establecidos en la 
normativa de patrimonio, así como los privilegios de prelación, preferencia y aquellos 
otros reconocidos a la Hacienda Pública para el cobro de sus créditos, sin perjuicio de 
los que correspondan en esta materia a la Hacienda Pública del Estado y en igualdad de 
derechos con las demás comunidades autónomas.
h)  La  exención  de  toda  obligación  de  garantía  o  caución  ante  los  órganos 
administrativos o ante los tribunales de los distintos órdenes jurisdiccionales.
2.  Estas  potestades  y  prerrogativas  corresponderán  también  a  los  organismos 
públicos y consorcios autonómicos en la medida en la que les sean expresamente 
reconocidas  por  el  ordenamiento  jurídico.  En  todo  caso,  les  corresponderán  las 
recogidas en los apartados b), g) y h) del apartado anterior.
CAPÍTULO II
De los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
Sección 1.ª De los órganos administrativos
Artículo 5.  Órganos administrativos.
1.  Tendrán la consideración de órganos administrativos aquellos a los que se les 
atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga 
carácter preceptivo.
2.  La Administración de la comunidad autónoma, en el ejercicio de su potestad de 
autoorganización, podrá crear los órganos administrativos que considere necesarios para 
el ejercicio de sus competencias.
Artículo 6.  Creación. e.
1.  La creación de un órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los  701ww
siguaie) nteDse rteeqrmuiisniatocsió:n de su forma de integración en la Administración de la comunidad
autónoma y su dependencia orgánica y funcional.
b)  Delimitación de sus funciones y competencias.
c)  Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
2.  La  creación  de  un  nuevo  órgano,  así  como  cualquier  modificación  de  la 
estructura orgánica del Gobierno de Aragón hasta el nivel de jefaturas de servicio, 
determinará su inscripción o modificación en el Directorio Común de Unidades Orgánicas 
y Oficinas existente en cada momento, dependiente de la Administración general del 
Estado, con el fin de obtener el correspondiente código de identificación que permita la 
interoperabilidad organizativa.
3.  No  podrán  crearse  nuevos  órganos  que  supongan  duplicación  de  otros  ya 
existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de 
estos.  A  este  objeto,  la  creación  de  un  nuevo  órgano  solo  tendrá  lugar  previa 
comprobación de que no existe otro que desarrolle igual función sobre el mismo territorio 
y población, previo informe del departamento competente en materia de organización.
Artículo 7.  Órganos consultivos.
La Administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos dotados 
de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa o a través de 
los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica. En este último caso, dichos 
servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, orgánica o funcional, ni 
recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan 
elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando para 
cumplir con tales garantías de forma colegiada.
Artículo 8.  Instrucciones, circulares y órdenes de servicio.
1.  Los  órganos  administrativos  podrán  dirigir  las  actividades  de  sus  órganos 
jerárquicamente dependientes mediante instrucciones, circulares y órdenes de servicio.
2.  Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente 
por razón de las personas destinatarias o de los efectos que puedan producirse, las 
instrucciones,  circulares  y  órdenes  de  servicio  se  publicarán  mediante  orden  de  la 
persona titular del Departamento en el «Boletín Oficial de Aragón», sin perjuicio de su 
difusión de acuerdo con lo previsto en la normativa en materia de transparencia de la 
actividad pública y participación ciudadana de Aragón.
3.  El incumplimiento de las instrucciones, circulares u órdenes de servicio no afecta 
por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio 
de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
Sección 2.ª Competencia
Artículo 9.  Competencia.
1.  La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos 
que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación.
2.  La delegación de competencias, la encomienda de gestión, la delegación de 
firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí 
de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
3.  La  titularidad  y  el  ejercicio  de  las  competencias  atribuidas  a  los  órganos 
administrativos podrán ser desconcentrados en otros jerárquicamente dependientes en  e.
los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de  w.
competencias. 701ww
el ó4rg. anSoi  aqlugeu ndae dbies peojseirccióenrl aa, trsibeu yeen tlean cdoemráp eqtueen cliaa  afa lcau Altaddm idneis tirnasctiróunir,  syi nr eessoplevecirf icloasr 
edxepl etedrireitnotreios.  cSoir erexsisptoienrdae m aá lso sd eó rugna nóorgsa innofe irniofereriso rc ocommppeetetenntetes  ppoorr  rraazzóónn  ddee  llaa  mmaatteerriiaa  yy   BOE-A-cable e
del territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá a su 
superior jerárquico común.
Artículo 10.  Delegación de competencias.
1.  Los órganos administrativos podrán delegar el ejercicio de las competencias que 
tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean 
jerárquicamente dependientes.
2.  Asimismo, los órganos de la Administración de la comunidad autónoma podrán 
delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus organismos públicos cuando 
resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de 
su gestión.
3.  No  constituye  impedimento  para  que  pueda  delegarse  la  competencia  para 
resolver  un  procedimiento  la  circunstancia  de  que  la  norma  reguladora  del  mismo 
prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no 
podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el 
correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca 
del mismo.
4.  La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya 
conferido.
5.  Las delegaciones de competencias no perderán su eficacia por cambio del titular 
del órgano delegante.
Artículo 11.  Ámbito de la delegación.
1.  Las competencias de naturaleza administrativa atribuidas a la persona titular de 
la Presidencia y, en su caso, a la persona titular de la Vicepresidencia serán delegables 
en las personas titulares de los departamentos en los términos establecidos en la Ley del 
Presidente y del Gobierno de Aragón.
2.  Las competencias de quienes ostentes la titularidad de los departamentos serán 
delegables con las excepciones establecidas en el artículo siguiente.
3.  Las  competencias  de  las  personas  titulares  de  las  secretarías  generales 
técnicas, de las direcciones generales, de las delegaciones territoriales, de las jefaturas 
de  servicio  y  de  las  direcciones  de  servicios  provinciales  serán  delegables  previa 
autorización expresa de la persona titular del departamento del que dependan.
Artículo 12.  Prohibición de delegación.
1.  En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:
a)  Los  asuntos  que  se  refieran  a  relaciones  con  órganos  constitucionales  o 
estatutarios.
b)  La adopción de disposiciones de carácter general.
c)  La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los 
actos objeto de recurso.
d)  Los actos que supongan propuestas de resolución que deban ser sometidas a la 
aprobación del Gobierno de Aragón
e)  La revisión de oficio de los actos nulos, la declaración de lesividad de los actos 
anulables y los recursos extraordinarios de revisión.
f)  La revocación de los actos de gravamen o desfavorables. e.
g)  Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley. w.b
que 2s.e  eSjearlzvaon a puotor rdizealecgióanc ióenxp.resa de una ley, no podrán delegarse las competencias
Artículo 13.  Requisitos formales de la delegación de competencias.
1.  La delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por la persona 
titular del departamento de quien dependa el órgano delegante y, en el caso de los 
organismos públicos vinculados o dependientes, por quien ostente la titularidad del 
órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus normas de creación.
2.  Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente, será necesaria la 
aprobación  previa  del  órgano  superior  común  si  ambos  pertenecen  al  mismo 
Departamento,  o  del  órgano  superior  de  quien  dependa  el  órgano  delegado  si  el 
delegante y el delegado pertenecen a diferentes Departamentos.
3.  Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el 
«Boletín Oficial de Aragón».
4.  Las  resoluciones  administrativas  que  se  adopten  por  delegación  indicarán 
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
5.  El  acuerdo  de  delegación  de  aquellas  competencias  atribuidas  a  órganos 
colegiados  para  cuyo  ejercicio  se  requiera  un  quorum  o  mayoría  especial  deberá 
adoptarse observando, en todo caso, dicho quorum o mayoría.
Artículo 14.  Delegación de competencias en corporaciones de derecho público.
1.  La Administración de la comunidad autónoma, para el mejor cumplimiento de sus 
objetivos,  podrá  delegar  competencias  en  las  corporaciones  de  derecho  público 
representativas de intereses económicos y profesionales, sin perjuicio de la aplicación de 
otras técnicas de colaboración.
2.  La delegación a la que se refiere el apartado anterior podrá realizarse mediante 
convenio específico, que deberá ser autorizado por el Gobierno de Aragón.
3.  La delegación contendrá el régimen jurídico del ejercicio de las competencias por 
la corporación delegada y hará mención especial de las formas de dirección del ejercicio 
de la competencia delegada que se reserve la Administración autonómica.
4.  Las resoluciones que dicte la corporación en uso de la delegación acordada no 
agotarán la vía administrativa y serán susceptibles de recurso de alzada ante la persona 
titular del departamento a quien corresponda por razón de la materia.
Artículo 15.  Avocación.
1.  Los órganos jerárquicamente superiores podrán avocar para sí el conocimiento 
de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a 
sus  órganos  administrativos  dependientes  cuando  circunstancias  de  índole  técnica, 
económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. La avocación requerirá la 
autorización expresa de la persona titular del departamento.
En  los  supuestos  de  delegación  de  competencias  en  órganos  no  dependientes 
jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el 
órgano delegante.
2.  En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá 
ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o 
simultáneamente a la resolución final que se dicte.
3.  Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en 
el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.
Artículo 16.  Encomienda de gestión. oe.
1.  La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de  701ww
leonsc oómrgeanndoasd aa ad moitnriosstr aótrivgoasn,o slo, so rgoargnaisnmisomso sp úbplúicbolisc oos  coo nsloosr cicoosn sdoer claio sm  ipsomdar áo  sdeer 
rdaisztoinnteas A  ddem ineifsictraacciaió no,  scieumanpdreo  qnuoe  esen trpeo ssuesa nc omlosp emteendciioass  etéstcénnic eossa sid aócnteivoids adpeasra,  psour 
desempeño.
2.  La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia 
ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. El órgano administrativo, el organismo 
público  o  consorcio  que  acuerde  la  encomienda  deberá  dictar  cuantos  actos  o 
resoluciones de carácter jurídico den soporte a la misma o en los que se integre la 
concreta actividad material o técnica objeto de encomienda.
3.  En todo caso, el órgano administrativo, organismo público o consorcio que reciba 
la encomienda tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter 
personal  a  los  que  pudiera  tener  acceso  en  ejecución  de  la  misma,  siéndole  de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.
4.  Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de 
los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su 
naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en esta.
Artículo 17.  Requisitos formales de la encomienda de gestión.
1.  Sin perjuicio de las exigencias establecidas para otros casos en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la encomienda de gestión entre 
órganos administrativos, organismos públicos y consorcios del sector público institucional 
de la Comunidad Autónoma de Aragón requerirá acuerdo expreso de los órganos o 
entidades intervinientes.
2.  El órgano competente para formalizar las encomiendas de gestión es la persona 
titular del departamento o del órgano máximo de dirección del organismo público o 
consorcio encomendante. En el caso de que la encomienda se realice con un órgano u 
organismo público que no pertenezca a la Administración de la comunidad autónoma, 
requerirá la autorización previa del Gobierno de Aragón. En estos casos, se formalizará 
mediante la firma de un convenio.
3.  La orden mediante la que se autorice la encomienda de gestión o, en su caso, el 
convenio en el que esta se formalice, contendrá el régimen jurídico, que incluirá al 
menos:
a)  Mención  expresa  de  la  actividad  o  actividades  a  las  que  afecte  y  de  la 
competencia del órgano encomendante sobre dicha actividad.
b)  El plazo de vigencia y posibilidad de prórroga.
c)  La naturaleza y alcance de la gestión encomendada.
d)  Las obligaciones asumidas por cada parte.
4.  Para su eficacia, el documento de formalización deberá publicarse en el «Boletín 
Oficial de Aragón». Además, cuando la encomienda se formalice mediante convenio, 
este deberá inscribirse en el Registro Electrónico Autonómico de Convenios y Órganos 
de Cooperación.
Artículo 18.  Delegación de firma.
1.  Quienes sean titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su 
competencia, que ostenten ya sea por atribución o bien por delegación de competencias, 
delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los 
órganos  o  unidades  administrativas  que  de  ellos  dependan,  dentro  de  los  límites 
señalados en el artículo 12.
2.  La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para 
su validez no será necesaria su publicación. e.
3.  En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta  w.b
circunstancia y la autoridad de procedencia. 701ww
Artículo 19.  Suplencia.
1.  En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en 
que haya sido declarada su abstención o recusación, quienes ostenten la titularidad de 
los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente.
2.  La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será 
necesaria su publicación.
3.  En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia se hará constar 
esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y 
quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia.
Artículo 20.  Designación de suplentes.
1.  La designación de suplente podrá efectuarse:
a)  En  los  decretos  de  estructura  orgánica  de  los  departamentos  de  la 
Administración de la comunidad autónoma o en los estatutos de sus organismos públicos 
vinculados o dependientes según corresponda.
b)  Por los órganos competentes de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.
2.  Serán órganos competentes para la designación de suplentes en los supuestos 
previstos en el artículo anterior los siguientes:
a)  Las  personas  titulares  de  los  departamentos  se  sustituirán  entre  sí,  previa 
designación de suplente por la Presidencia del Gobierno.
b)  El consejero o consejera del departamento designará a quien sustituya a las 
personas titulares de las secretarías generales técnicas, de las direcciones generales o 
de las direcciones de los organismos públicos.
c)  El superior jerárquico directo designará al suplente de las jefaturas de servicio.
3.  Cuando  la  designación  no  se  realice  de  manera  expresa,  la  suplencia  se 
efectuará entre los órganos de la misma jerarquía atendiendo al orden de precedencia 
establecido en los correspondientes decretos de organización departamental y estructura 
orgánica.
Artículo 21.  Conflictos de atribuciones.
1.  El conflicto de atribuciones podrá plantearse a partir de una decisión positiva o 
negativa  sobre  el  conocimiento  y  la  resolución  de  un  determinado  asunto  que 
manifiesten los órganos concernidos, de oficio o a instancia de las personas interesadas 
en el procedimiento.
2.  El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un 
asunto  remitirá  directamente  las  actuaciones  al  órgano  que  considere  competente, 
debiendo notificar esta circunstancia a las personas interesadas.
3.  Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano 
que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las 
actuaciones al órgano competente.
Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de 
inhibición al que esté conociendo del asunto.
4.  Tras la fijación de su posición por los órganos que entren en conflicto, el que 
estuviere conociendo de un asunto suspenderá su tramitación y elevará las actuaciones  e.
al órgano que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente, sea competente para  w.
resolver. 701ww
aque5l.  enE el lc qounefli csteo  eslee vreenso lalvse raác tdueanctiroon dees l apl laózrgoa mnoá xciommop deete qnutein pcea rdaí aress, oclovnetra.dos desde
que 6.e stEuvni ecraes oc odneo csieilenndcoi od, esle  aesnutnetnod eorráig iqnuaeri alam ecnotme,p eatuennqciuae  chourrbeiseprao nddeec alinl aódrgoa nsou   BOE-A-cable e
competencia. En este supuesto, las personas interesadas podrán reclamar que prosigan 
las  actuaciones,  sin  perjuicio  de  la  reserva  de  recursos  y  acciones  para  cuando 
procediere su ejercicio.
7.  Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de la misma 
Administración no relacionados jerárquicamente y respecto a asuntos sobre los que no 
haya finalizado el procedimiento administrativo.
Artículo 22.  Competencia para la resolución de los conflictos de atribuciones.
1.  Los conflictos de atribuciones que se susciten entre los departamentos de la 
Administración de la comunidad autónoma serán resueltos por la persona titular de la 
Presidencia.
2.  Los  conflictos  de  atribuciones  que  se  planteen  entre  órganos  de  un 
departamento que no estén relacionados jerárquicamente serán resueltos por la persona 
titular del mismo.
Sección 3.ª Del régimen jurídico de los órganos colegiados
Artículo 23.  Órganos colegiados.
1.  Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados 
por tres o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, 
propuesta,  asesoramiento,  seguimiento  o  control  y  que  actúen  integrados  en  la 
Administración de la comunidad autónoma o alguno de sus organismos públicos.
2.  La constitución de un órgano colegiado tiene como presupuesto indispensable la 
determinación en su norma o acuerdo de creación, o en el convenio suscrito al efecto 
con otras administraciones públicas, de los siguientes extremos:
a)  Sus fines u objetivos.
b)  Su integración administrativa o dependencia jerárquica.
c)  La composición y los criterios para la designación de su presidencia y de los 
restantes miembros.
d)  Las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como 
cualquier otra que se le atribuya.
e)  La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento.
Artículo 24.  Régimen jurídico de los órganos colegiados.
1.  Los órganos colegiados de la Administración de la Comunidad Autónoma se 
regirán por la legislación básica del Estado, por las disposiciones contenidas en esta 
sección, por sus normas o convenios de creación y por sus reglamentos de régimen 
interior.
2.  La norma o acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos 
colegiados  que  dicten  resoluciones  que  tengan  efectos  jurídicos  frente  a  terceros 
deberán ser publicados en el «Boletín Oficial de Aragón». Se publicarán también en el 
Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón. Adicionalmente, podrán publicarse en 
otros medios de difusión que garanticen su conocimiento.
3.  Los órganos colegiados en que participen organizaciones representativas de 
intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas 
administraciones  públicas,  podrán  establecer  o  completar  sus  propias  normas  de  e.
funcionamiento. w.
Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la  701ww
Ajedrámrqinuisictraa cdieó ne sdtae,  slaa lvcoo qmuuen iadsaíd l oa eustótanbolemzac,a na usnuqsu neo rsmina sp daert iccripeaarc ióenn,  slae  deesstprurectnudraa 
de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado.
Artículo 25.  Presidencia de los órganos colegiados.
1.  En  todo  órgano  colegiado  existirá  un  presidente  o  presidenta  a  quien  le 
corresponderá:
a)  Ostentar la representación del órgano.
b)  Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación 
del  orden  del  día,  teniendo  en  cuenta,  en  su  caso,  las  peticiones  de  los  demás 
miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación.
c)  Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por 
causas justificadas.
d)  Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se 
trata de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 24.3, en los que el voto será 
dirimente si así lo establecen sus propias normas.
e)  Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f)  Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
g)  Cuantas  otras  funciones  sean  inherentes  a  su  condición  de  presidente  o 
presidenta del órgano.
2.  En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, quien ostente la 
Presidencia será sustituido por la persona titular de la Vicepresidencia que corresponda 
y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y 
edad, por este orden.
Artículo 26.  Miembros de los órganos colegiados.
1.  En cada órgano colegiado corresponde a sus miembros:
a)  Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el 
orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden 
del día estará a disposición de los miembros en el mismo plazo.
b)  El deber de asistencia y leal desempeño de sus funciones.
c)  Participar en los debates de las sesiones.
d)  Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el 
sentido  de  su  voto  y  los  motivos  que  lo  justifican.  No  podrán  abstenerse  en  las 
votaciones  quienes  por  su  cualidad  de  autoridades  o  personal  al  servicio  de  las 
administraciones  públicas,  tengan  la  condición  de  miembros  natos  de  órganos 
colegiados, en virtud del cargo que desempeñan.
e)  Formular ruegos y preguntas.
f)  Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
g)  Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
2.  Los  miembros  del  órgano  colegiado  deberán  abstenerse  cuando  concurra 
conflicto de interés o alguna de las causas de abstención previstas en esta ley.
3.  Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de 
representación reconocidas a este, salvo que expresamente se les hayan otorgado por 
una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio 
órgano.
4.  En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna 
causa justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus  es
suplentes, si los hubiera. o
Artíc1u. lo L2o7s.  óSrgeacnreotsa rcíao.legiados tendrán un secretario o secretaria que podrá ser un  2021-12701n https://ww
mcoiemmubnridoa dde al uptróonpoiom aó.rgano o una persona al servicio de la Administración pública de la  BOE-A-cable e
2.  Corresponderá al secretario o secretaria velar por la legalidad formal y material 
de las actuaciones del órgano colegiado y garantizar que los procedimientos y reglas de 
constitución y adopción de acuerdos son respetados.
3.  La designación y el cese, así como la sustitución temporal de la persona titular 
de la Secretaría en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, se realizarán según 
lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano o, en su defecto, por acuerdo del 
mismo.
4.  En caso de que la persona titular de la Secretaría no miembro sea suplida por un 
miembro del órgano colegiado, esta conservará todos sus derechos como tal.
Artículo 28.  Funciones del secretario o de la secretaria.
Corresponde a la persona titular de la Secretaría del órgano colegiado:
a)  Asistir a las reuniones con voz, pero sin voto, y con voz y voto si la secretaría del 
órgano la ostenta un miembro del mismo.
b)  Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de la Presidencia 
así como las citaciones a los miembros del mismo.
c)  Recibir  los  actos  de  comunicación  de  los  miembros  con  el  órgano,  sean 
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de 
los que deba tener conocimiento.
d)  Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las 
sesiones.
e)  Expedir certificaciones de las actuaciones, consultas, dictámenes y acuerdos 
aprobados.
f)  Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario o de 
secretaria.
Artículo 29.  Convocatorias y sesiones.
1.  Los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, 
adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que 
su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario.
En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros 
podrán  encontrarse  en  distintos  lugares  siempre  y  cuando  se  asegure  por  medios 
electrónicos,  considerándose  también  tales  los  telefónicos,  audiovisuales  y  medios 
equivalentes con las mismas funciones en cada momento, la identidad de los miembros 
o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que 
estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo 
real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán 
incluidos  entre  los  medios  electrónicos  válidos  el  correo  electrónico,  las 
audioconferencias y las videoconferencias.
2.  Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, 
de la persona titular de la Presidencia o de la persona titular de la Secretaría, o de 
quienes les suplan, en su caso, y de la mitad, al menos, de sus miembros.
Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, quienes ostenten la 
titularidad de la Presidencia, de la Secretaría y todos los miembros del órgano colegiado, 
o, en su caso, las personas que les suplan, estos podrán constituirse válidamente como  s
órgano  colegiado  para  la  celebración  de  sesiones,  deliberaciones  y  adopción  de  oe.
acuerdos sin necesidad de convocatoria previa si así lo deciden todos sus miembros. w.
esestgeu3 n.n doa Le ocssotá nó vrpgoraecanvitosostro ica op yloe rge sisaupdseo cnsif oipcromadra rpás andr eaes  fetuasnbtaclei ocenel arn meúlmi erénegtrooim.  dTeean l  mprérioegpmimiobe rdnoe sp  cnooedncrváeo spcararetiooversi ra psua,n rsaai    2021-12701n https://ww
constituir válidamente el órgano.
Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del 
órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en las mismas el 
orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea 
posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, 
en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para 
asistir y participar en la reunión.
4.  No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure 
incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y 
sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
5.  Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos, salvo que la norma 
de creación o funcionamiento del órgano establezca otra distinta. Cuando se asista a 
distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el 
órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia.
6.  Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán 
exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
7.  Quienes  acrediten  la  titularidad  de  un  interés  legítimo  podrán  dirigirse  a  la 
persona titular de la Secretaría de un órgano colegiado para que les sea expedida 
certificación de sus acuerdos. La certificación será expedida por medios electrónicos, 
salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de 
relacionarse con la Administración por esta vía.
Artículo 30.  Actas.
1.  De  cada  sesión  que  celebre  el  órgano  colegiado  se  levantará  acta  por  el 
secretario,  que  especificará  necesariamente  los  asistentes,  el  orden  del  día  de  la 
reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos 
principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante 
de la grabación, junto con la certificación expedida por el secretario de la autenticidad e 
integridad del mismo y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como 
documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de 
hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.
2.  La persona titular de la Secretaría elaborará el acta con el visto bueno de quien 
ostente la Presidencia y la remitirá, a través de medios electrónicos, a los miembros del 
órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o 
reparos  al  texto,  a  efectos  de  su  aprobación,  considerándose,  en  caso  afirmativo, 
aprobada en la misma reunión.
Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la 
utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se 
garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el 
acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.
3.  En el acta figurará, si así se solicita, el voto contrario al acuerdo adoptado, su 
abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable.
Asimismo, cualquier miembro del órgano tiene derecho a solicitar la transcripción 
íntegra de su intervención o propuesta siempre que, en ausencia de grabación de la 
reunión aneja al acta, aporte en el acto o en el plazo que señale quien ostente la 
Presidencia, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así 
constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
4.  Los  miembros  que  discrepen  del  acuerdo  mayoritario  podrán  formular  voto  e.
particular por escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al texto aprobado. w.b
5.  Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no  701ww
aodbostpatnatdeo e, msiniti rp qeurjiueinci oo sdteen ltae  ulalt eSrieocrr eatparroíab acceiórtnif icdaecl iaócnt as.o Sbree  cloosn saidceurearrdáo sa pqruoeb asdea h eanya lna 
mmiisemmab rosse syió nr eecli baac tlaa  qcuoen,f ocromnid apdo stdeeri olraid amda yao rlíaa  repurencióisna,  speaara  dsisutr ibaupirdoab aecniótrne  ploosr 
cualquier medio del que la persona titular de la Secretaría deje expresión y constancia.
En  las  certificaciones  de  acuerdos  adoptados  emitidas  con  anterioridad  a  la 
aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.
Artículo 31.  Delegación de competencias.
1.  Los órganos colegiados podrán delegar en otros órganos el ejercicio de las 
competencias que tengan atribuidas cuando así lo dispongan sus normas constitutivas.
2.  El régimen jurídico de esta delegación deberá respetar los principios de carácter 
formal  establecidos  en  la  legislación  básica  estatal  y  en  esta  Ley.  Los  acuerdos 
adoptados por delegación deberán adoptarse con las mismas mayorías que se requieran 
para el órgano delegante.
Artículo 32.  Normas de funcionamiento de determinados órganos colegiados.
El régimen jurídico de los órganos colegiados de la Administración de la comunidad 
autónoma en los que participen representantes de varios órganos de la Administración 
de la comunidad autónoma junto con representantes de otras administraciones públicas 
o de intereses sociales será el establecido en sus propias normas de funcionamiento. En 
todo caso, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a)  La  Presidencia  del  órgano  dirimirá  con  su  voto  los  empates  cuando  así  lo 
establezcan las normas específicas del órgano.
b)  La sustitución de la persona titular de la Presidencia en los casos de ausencia, 
enfermedad o vacante deberá estar regulada en las normas específicas del órgano. En 
ausencia de regulación, será válido el acuerdo que, al efecto, adopte el pleno del órgano 
colegiado.
c)  Las  entidades  representativas  de  intereses  sociales  que  participen  en  la 
composición de un órgano colegiado podrán sustituir a sus representantes titulares en 
todo momento mediante la acreditación ante la secretaría del órgano del nombre del 
sustituto. En todo caso, deberá respetarse la regulación que establezca su normativa 
específica.
d)  El titular de la Presidencia podrá considerar válidamente constituido el órgano, 
con  independencia  del  número  de  miembros  presentes,  cuando  lo  estén  los 
representantes de la Administración de la comunidad autónoma y de las organizaciones 
representativas de los intereses sociales a quienes se haya atribuido expresamente la 
condición  de  portavoces.  Aunque  varias  organizaciones  representen  los  mismos 
intereses sociales, cada una de ellas podrá designar su respectivo portavoz.
Sección 4.ª Abstención y recusación
Artículo 33.  Abstención.
1.  Las autoridades y el personal al servicio de la Administración en quienes se den 
algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de 
intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá 
lo procedente.
2.  Son motivos de abstención los siguientes:
a)  Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 
pudiera influir la de aquel; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener  e.e
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. b
b)  Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de  701ww
ccuoanlseasnqguuieinraid adde  dlaesn trpoe rdsoenl acsu ainrttoe regsraaddaos , oc odne  loasf inaiddamdi nidsetrnatdroo redse ld es eegnutniddaod, esc oon 
msoacnieddaatadreioss  inqtueere sinatdearvse nyg anta mebni éne l cporno celdoism ieansteos,o raessí,   croemproe seconmtapnatersti r ledgeaspleasc hoo 
profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el 
mandato.
c)  Tener  amistad  íntima  o  enemistad  manifiesta  con  alguna  de  las  personas 
mencionadas en el apartado anterior.
d)  Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se 
trate.
e)  Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente 
en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de 
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
3.  Los órganos jerárquicamente superiores a quienes se encuentren en alguna de 
las circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenar que se abstengan de 
toda intervención en el procedimiento.
4.  La actuación de autoridades y personal al servicio de la Administración pública 
en quienes concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente y en todo 
caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
5.  La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias 
dará lugar a la responsabilidad que proceda.
Artículo 34.  Recusación.
1.  En los casos previstos en el artículo anterior, podrá promoverse recusación por 
las personas interesadas en cualquier momento de la tramitación del procedimiento 
mediante escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda.
2.  En el día siguiente, el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no 
en él la causa alegada.
3.  Si  el  órgano  superior  aprecia  la  concurrencia  de  la  causa  de  recusación, 
acordará inmediatamente su sustitución.
4.  Si la persona recusada niega la causa de recusación, el superior resolverá en el 
plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
5.  Contra  las  resoluciones  adoptadas  en  esta  materia  no  cabrá  recurso,  sin 
perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda 
contra el acto que ponga fin al procedimiento.
CAPÍTULO III
Principios de la potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial
Artículo 35.  Principios y régimen jurídico de la potestad sancionadora.
1.  La  potestad  sancionadora  se  ejercerá  cuando  haya  sido  expresamente 
reconocida por una norma con rango de ley, de acuerdo con los principios establecidos 
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con 
aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.  El  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  corresponde  a  los  órganos 
administrativos que la tengan expresamente atribuida por disposición de rango legal o 
reglamentario.
3.  La competencia en materia de imposición de sanciones corresponde, en función  s
de la cuantía, a los órganos a continuación relacionados, en aquellos casos en los que  e.
no exista previsión legal o reglamentaria expresa en la legislación específica aplicable: w.
provain) ciaHl aus ótar gdaoncoes  masil imeuilraodso as  qquuiee nreessu oltsetne nctoemn plae tteitnutleasri dpaodr  rdaez ólan  ddiere lcac mióant edreial s.ervicio
persbo)n aS taitunlcaior ndees  lacu dyiare ccucaiónnt íag esnueprearl eu  loósrg daoncoes  masili meiularodso sh aqsutea  rteresiunlttae nm cilo emupreotse nat elas 
por razón de la materia.
c)  En  todo  caso,  queda  reservada  a  quienes  ostenten  la  titularidad  de  los 
departamentos la imposición de sanciones cuya cuantía supere los treinta mil euros.
4.  Las competencias atribuidas a las personas titulares de las direcciones de los 
servicios provinciales de los departamentos por norma con rango de ley o reglamentario 
en los casos en los que no se creen en la estructura orgánica se ejercerán por la 
persona titular de la dirección general competente por razón de la materia y por el 
secretario  general  técnico  cuando  sean  competencias  de  naturaleza  horizontal  por 
referirse a los servicios comunes, gestión presupuestaria, contratación y gestión de 
personal del Departamento.
Artículo 36.  Régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial.
1.  Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran 
en cualesquiera de sus bienes y derechos en los términos y con arreglo al régimen 
establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
y con aplicación del procedimiento previsto al efecto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por las 
disposiciones de desarrollo que pueda dictar la Comunidad Autónoma de Aragón.
2.  El procedimiento se podrá iniciar a instancia de parte o de oficio. La resolución 
competerá, en todo caso, a quien sea titular del departamento correspondiente por razón 
de la materia, salvo que una ley atribuya la competencia al Gobierno.
CAPÍTULO IV
Funcionamiento electrónico
Artículo 37.  Principios aplicables.
La  Administración  pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  adoptará  las 
medidas necesarias para garantizar su funcionamiento electrónico de acuerdo con los 
principios  de  transparencia,  publicidad,  eficiencia,  modernización,  responsabilidad, 
usabilidad,  calidad,  seguridad,  disponibilidad,  accesibilidad,  no  discriminación 
tecnológica, neutralidad tecnológica e interoperabilidad, conforme a lo establecido en la 
normativa básica estatal sobre procedimiento administrativo común y régimen jurídico del 
sector público.
Artículo 38.  Sede electrónica.
1.  La sede electrónica de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de 
Aragón es la dirección electrónica accesible a través de redes de telecomunicaciones 
que posibilita la relación digital entre las personas, empresas y entidades usuarias de 
servicios gestionados por órganos de la Administración de la comunidad autónoma y los 
órganos  responsables  y  gestores  de  los  procedimientos  administrativos 
correspondientes.
2.  La sede electrónica de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de 
Aragón será única y su ámbito de aplicación es el conjunto de departamentos de la 
Administración de la comunidad autónoma, sus organismos autónomos y entidades de 
derecho público.
3.  Excepcionalmente  se  podrán  crear  sedes  electrónicas  asociadas  a  la  sede  e.e
electrónica de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. La  b
creación de una nueva sede asociada o su supresión se realizará mediante orden  701ww
cdoenpjaurntatam ednet o lacso mppeersteonntaes  etnit umlaaretesr iad edl e deapdamritnaimsteranctoió np reolmecotrtoórn icdae.   Elan  seel dcea syo  ddeel 
loarsg apneirssmoonsa sp útibtulilcaoress,  lad eclr edaecpiaórnta dmee snetod easl  aqsuoec eiasdtéa sa sdes crreitaoli zeal roár gpaonr iosrmdoe np cúobnlicjuon tya  ddeel 
departamento competente en materia de administración electrónica.
4.  La creación de una sede asociada se deberá justificar en términos de una mejor 
eficiencia en las relaciones digitales con los usuarios, el volumen de trámites previstos 
realizar a través de esa sede y la necesidad técnica de no integración en la sede general 
basada en sistemas diferenciados de acceso a los servicios, identificación o firma.
5.  A través de la sede electrónica de la Administración pública de la Comunidad 
Autónoma  de  Aragón  se  podrá  acceder  a  todas  las  sedes  asociadas  de  los 
departamentos y organismos públicos de Aragón. La sede electrónica se integrará en el 
Portal de Internet de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 39.  Portal de Internet.
1.  El Portal de Internet de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de 
Aragón es www.aragon.es, punto de entrada electrónico de su titularidad que permite el 
acceso a través de Internet a la información publicada y a la sede electrónica de la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sus contenidos y canales 
mínimos se desarrollarán reglamentariamente.
2.  Excepcionalmente  se  podrán  crear  portales  asociados  al  Portal  de  la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. La creación de un nuevo 
portal asociado o su supresión se realizará mediante orden conjunta de las personas 
titulares  del  departamento  promotor  y  del  departamento  competente  en  materia  de 
sociedad de la información. En el caso de organismos públicos la creación de portales de 
internet se realizará por orden conjunta de las personas titulares del departamento al que 
esté  adscrito  el  organismo  público  y  del  departamento  competente  en  materia  de 
sociedad de la información.
3.  La creación de un portal se deberá justificar en términos de una mejor eficiencia 
en las relaciones digitales con los usuarios, el volumen de accesos previstos y la 
necesidad técnica de no integración de los contenidos en el Portal de Internet de la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
4.  El Portal de Internet de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de 
Aragón  se  configura  como  el  punto  de  acceso  general  e  incluirá  la  sede  de  la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como la relación de 
portales de Internet de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
5.  Los trámites electrónicos y publicaciones oficiales que requieran autentificación 
tendrán que realizarse desde la sede de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y no desde el Portal de Internet de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo  40.  Sistemas  de  identificación  y  firma  en  la  sede  electrónica  y  sedes 
asociadas.
1.  La  sede  electrónica  y  sedes  asociadas  de  la  Administración  pública  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón utilizarán como sistema de identificación y firma de los 
usuarios  Cl@ve,  Sistema  de  Identificación  y  Firma  Electrónica  utilizado  por  la 
Administración general del Estado, o sistema equivalente que se desarrolle por esta, 
garantizando de esta manera la identificación y firma mediante certificado electrónico 
reconocido conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, con las especificaciones recogidas en el artículo 51 de la Ley 1/2021, de 11 de 
febrero, de Simplificación Administrativa.
2.  La sede electrónica y sedes asociadas podrán utilizar sistemas de identificación  es
o firma adicionales basados en clave concertada, siempre y cuando se realice un registro  bo
previo de los usuarios que permita acreditar su identidad, conforme a lo dispuesto en la  701ww
elelegcistlraócnióicna  byá dseic aac, uae srodloic citound  ldaesl  cdoenpdaicrtiaomneesn tqou ceo smep eestteanbtlee zecna mn aretegrlaiam deen atadrmiaimniesntrtaec.ión
Artículo 41.  Catálogo de Servicios.
1.  El  Catálogo  de  Servicios  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón constituye el inventario de información administrativa donde se 
relacionan todos los servicios que se prestan a los ciudadanos, empresas y entidades 
por los órganos de la Administración de la comunidad autónoma y sus organismos 
públicos.  Su  contenido  se  desarrollará  reglamentariamente  y  su  información  estará 
asociada  a  los  trámites  que  se  pueden  realizar  en  la  sede  electrónica  de  la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, debiendo ser completa y 
comprensible por los ciudadanos.
2.  La  gestión  del  Catálogo  de  Servicios  es  competencia  del  departamento 
competente  en  materia  de  administración  electrónica.  La  publicidad  de  los  nuevos 
servicios disponibles, la modificación de los existentes o su baja se realizará únicamente 
en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Desde el departamento competente en materia de administración electrónica se podrá 
instar de oficio una revisión de la información del Catálogo de Servicios en caso de falta 
de coherencia de la información de los servicios suministrada por parte de los órganos 
responsables.
3.  Todos los servicios disponibles en la sede y sedes asociadas deberán estar 
identificados en el Catálogo de Servicios. La información de los portales asociados y 
sedes asociadas debe ser coincidente con la información del Catálogo de Servicios. En 
caso de discrepancia, se considerará información válida frente a terceros la que conste 
en el Catálogo de Servicios. Todo ello, en relación con lo dispuesto en el artículo 54 de la 
Ley 1/2021, de 11 de febrero, de Simplificación Administrativa.
4.  La  regulación  de  los  procedimientos  y  servicios  debe  ser  coherente  con  la 
información  que  se  suministra  de  estos  a  través  del  Catálogo  de  Servicios.  Se 
establecerán reglamentariamente mecanismos que garanticen la coherencia entra la 
información que se publica en el «Boletín Oficial de Aragón» y su actualización en el 
Catálogo de Servicios.
Artículo 42.  El procedimiento administrativo electrónico.
1.  En  la  normativa  reguladora  de  los  procedimientos  administrativos  que  sean 
responsabilidad de los órganos de la Administración pública se deberán establecer las 
formas de presentación de las solicitudes y documentación por parte de las personas 
interesadas, los medios de relación, si alguno de los actos administrativos se va a 
producir  mediante  una  actuación  administrativa  automatizada,  y  la  forma  y  medios 
válidos para la interposición de los recursos administrativos correspondientes. Deberá 
establecerse si los interesados en el procedimiento tienen obligación de relacionarse 
electrónicamente con la Administración pública de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2.  Únicamente cuando la gestión del procedimiento administrativo electrónico se 
realice a través de una herramienta informática que recoja de forma individualizada los 
datos de las solicitudes de las personas interesadas y los incorpore en una base de 
datos se podrá limitar la presentación de dichas solicitudes a la sede electrónica de la 
Administración Pública aragonesa.
3.  En la normativa reguladora se establecerá la documentación que es necesario 
aportar  por  las  personas  interesadas.  Se  establecerá  el  momento  de  presentación 
intentado  minimizar  la  documentación  necesaria  para  el  inicio  del  procedimiento  e
diferenciándola de la necesaria con carácter previo a la terminación del procedimiento.  bo
Asimismo, se identificará qué documentación no es necesario aportar si los datos que la  701ww
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la Administración de la comunidad autónoma y sus organismos públicos utilizaran, de
forma directa o a través de integración, las herramientas corporativas de administración 
electrónica en las condiciones establecidas en esta ley y reglamentariamente.
Artículo 43.  Actuación administrativa automatizada.
1.  Se  entiende  por  actuación  administrativa  automatizada  cualquier  acto  o 
actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por la Administración 
pública en el marco de procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de 
forma  directa  un  empleado  público,  de  acuerdo  con  las  especificaciones  que  se 
establezcan reglamentariamente.
2.  El  sistema  de  firma  para  la  actuación  administrativa  automatizada  en  la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón será el sello de órgano. El sello 
de órgano como método de firma se utilizará exclusivamente para los supuestos de 
actuación  administrativa  automatizada  en  las  condiciones  que  se  desarrollen 
reglamentariamente.
3.  No se considerará actuación administrativa automatizada cuando sea necesario 
aplicar criterios subjetivos de decisión, bien de forma individualizada o colectiva, ni la 
ejecución  de  procesos  fragmentados  dentro  de  un  mismo  acto  o  actuación 
administrativa.
4.  El departamento con competencias en materia de administración electrónica 
definirá  el  marco  al  que  deben  ajustarse  los  órganos  de  la  Administración  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón  en  el  desarrollo  de  actuaciones  administrativas 
automatizadas.  Reglamentariamente,  identificará  los  criterios  de  modelización  de 
algoritmos,  de  publicación  de  los  árboles  de  decisión  y  los  códigos  fuente,  de 
almacenaje,  de  identificación  de  los  responsables,  así  como  los  criterios  éticos  de 
actuación en el tratamiento de la información.
Artículo 44.  Dato único y compartido.
1.  Los titulares de los órganos administrativos son los responsables de la gestión 
de  la  información  que  sirve  de  base  a  la  toma  de  decisiones  o  a  la  actuación 
administrativa sea automatizada o individualizada.
2.  Los datos incluidos en las bases de datos de la Administración pública de la 
Comunidad Autónoma de Aragón serán considerados como válidos a efectos de la 
actuación administrativa automatizada y de la provisión de información pública. A estos 
efectos,  los  órganos  responsables  de  los  procedimientos  administrativos  serán 
responsables de la integridad, veracidad y exactitud de los datos que obren en sus bases 
de datos.
3.  El departamento con competencias en administración electrónica establecerá los 
criterios necesarios para la consecución del objetivo de dato único y compartido en la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón que conlleva que la 
información se introduzca una sola vez en origen, se mantenga depurada y actualizada 
por los órganos responsables, y se pueda gestionar o consultar desde cualquier punto o 
sistema que así lo requiera en las condiciones que se establezcan reglamentariamente y, 
en todo caso, de acuerdo con la normativa vigente en materia de seguridad y protección 
de datos de carácter personal.
4.  En  todo  caso,  los  órganos  de  la  Administración  pública  de  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón deberán poner a disposición sus datos para su verificación y 
consulta a través del mismo Servicio de Consulta y Verificación de Datos o herramienta  es
corporativa equivalente gestionada por el departamento con competencias en materia de  bo
administración  electrónica  que  garantiza  la  integración  con  la  plataforma  de  701ww
intermediación estatal.
Artículo 45.  Política de Protección de Datos Personales y Política de Seguridad de la 
Información.
1.  La Comunidad Autónoma de Aragón, en cumplimiento del Reglamento General 
de Protección de Datos, de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, Orgánica de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y del Esquema Nacional de 
Seguridad, establecerá una Política de Protección de Datos y una Política de Seguridad 
de la Información que especifique los principios rectores, obligaciones, organización y 
responsabilidades  que  deberán  contemplar  los  organismos  y  entidades  de  la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2.  La Política de Protección de Datos y la Política de Seguridad de la Información 
se aprobará por decreto del Gobierno de Aragón y será de aplicación directa a la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. El contenido de la Política 
de Seguridad de la Información podrá ser adaptada por los diferentes departamentos y 
organismos públicos de forma motivada y atendiendo, en todo caso, al cumplimiento del 
Esquema Nacional de Seguridad.
3.  La preservación de la seguridad en la utilización de medios electrónicos será 
considerada objetivo común de todas las personas al servicio de la Administración 
pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, siendo estas responsables del uso 
correcto de los activos de tecnologías de la información y comunicaciones puestos a su 
disposición.
TÍTULO I
De la actuación administrativa
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 46.  Principios de colaboración, auxilio y mutua información.
1.  La actuación de los órganos de la Administración de la comunidad autónoma y 
de sus organismos públicos se fundamentará en los principios de colaboración, auxilio y 
mutua información.
2.  Los  órganos  administrativos  están  obligados  a  facilitarse  recíprocamente  la 
información precisa para el adecuado desarrollo de sus competencias. Los titulares de 
estos órganos serán responsables del cumplimiento de este deber.
3.  Las relaciones entre ellos se llevarán a cabo a través de medios electrónicos que 
aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas y 
garantizarán la protección de los datos de carácter personal.
Artículo 47.  El principio de coordinación en la actuación de la Administración pública de 
la comunidad autónoma.
1.  Los  departamentos  y  los  organismos  públicos  de  la  Administración  de  la 
comunidad autónoma coordinarán sus actividades para una mejor consecución de los 
objetivos del Gobierno de Aragón.
2.  Cada órgano deberá ponderar, en el ejercicio de sus competencias, no solo sus 
fines propios, sino también los de la Administración de la comunidad autónoma en su  e.
conjunto,  y  se  facilitará  preferentemente  la  prestación  conjunta  de  servicios  a  los  w.
interesados. 701ww
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competencias.
4.  Con el fin de aumentar la coordinación entre unidades administrativas podrán 
elaborarse planes y programas departamentales o interdepartamentales, la creación de 
órganos de esta índole o la emisión de directrices y criterios técnicos de actuación, así 
como la creación de grupos de trabajo o designación de unidades existentes para 
coordinar materias transversales de gestión y proponer soluciones comunes a todos los 
departamentos.  Estos  grupos  harán  propuestas  y  recomendaciones  que  serán 
adoptadas  y  ejecutadas  en  su  caso  por  los  órganos  responsables  de  la  gestión 
competentes en la materia.
5.  En los planes y programas de coordinación se fijarán los objetivos comunes a los 
que habrán de ajustarse los centros directivos afectados, en el seno de uno o de varios 
Departamentos y respecto a uno o a varios sectores de la gestión administrativa.
CAPÍTULO II
Programación de la actuación administrativa, de la racionalización 
de procedimiento y de los medios electrónicos
Artículo 48.  Planificación y programación de la actuación administrativa.
1.  La Administración de la comunidad autónoma y sus organismos públicos se 
regirán en su actuación por los principios de planificación y dirección por objetivos y 
control  de  la  gestión  y  evaluación  de  los  resultados  de  las  políticas  públicas.  Se 
garantizará la eficacia en el cumplimiento de los objetivos determinados, la economía, 
suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales y la eficiencia 
en la asignación y utilización de los recursos públicos.
2.  El diseño de la estrategia y la elaboración de las directrices que han de seguirse 
para la prestación de servicios como administración digital por parte de la Administración 
pública de la comunidad autónoma corresponderá al departamento con competencias en 
administración  electrónica.  Los  diferentes  departamentos  deberán  colaborar  en  la 
simplificación administrativa según los criterios generales que defina el departamento 
competente en materia de administración electrónica.
3.  Se  establecerán  planes  y  programas  anuales  y  plurianuales  en  los  que  se 
definirán objetivos concretos de gestión, las actividades y los medios necesarios para 
llevarlos a cabo, así como el coste estimado y tiempo previsto para su consecución. 
Estos programas se basarán en los objetivos políticos y en los plazos fijados por el 
Gobierno de Aragón y determinarán los responsables de su ejecución.
4.  La actuación inversora de la Administración de la comunidad autónoma será 
objeto de una programación interdepartamental específica, de carácter anual o, en su 
caso, plurianual, con el fin de conseguir que dicha inversión sea coordinada y eficiente.
5.  Los planes y programas a los que se refieren los apartados anteriores, el grado 
de  cumplimiento  de  los  objetivos  fijados  en  los  mismos,  así  como  los  resultados 
obtenidos, serán evaluados periódicamente y publicados en el Portal de Transparencia, 
junto con los indicadores de medida y valoración, por los departamentos y demás 
entidades  de  su  sector  público  institucional  y,  en  su  caso,  por  los  órganos  con 
competencia específica para ello en el ámbito de la Administración de la comunidad 
autónoma.
Artículo 49.  Elaboración y aprobación de los planes.
1.  Los planes se aprobarán por orden del titular del departamento promotor de los  o
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la normativa de estabilidad presupuestaria.
Artículo 50.  Racionalización de los procedimientos.
1.  Los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus 
organismos  públicos  serán  responsables  de  la  racionalización  y  agilización  de  los 
procedimientos  administrativos  y  de  las  actividades  materiales  de  gestión.  El 
departamento competente en materia de administración electrónica propondrá criterios 
para la racionalización de los procedimientos administrativos electrónicos que faciliten la 
prestación de servicios a la ciudadanía.
2.  El departamento competente en materia de administración electrónica instará la 
revisión de los procedimientos administrativos con objeto de homogeneizar trámites 
dentro  de  los  mismos  y  de  modificar  las  peticiones  de  identificación  a  las  y  los 
ciudadanos así como las peticiones de documentación que no se consideren necesarias 
para la prestación de los servicios.
3.  El departamento con competencias en materia de administración electrónica 
definirá las condiciones necesarias para que se puedan incorporar a la prestación de 
servicios tratamientos automatizados de datos que tengan por finalidad ofrecer de forma 
proactiva servicios adaptados a las necesidades de las personas, empresas o entidades 
interesadas de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa de protección 
de datos personales
Artículo 51.  Medios electrónicos.
La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón garantizará que las 
personas interesadas puedan relacionarse con esta a través de medios electrónicos 
puestos a disposición de los ciudadanos en su sede electrónica.
CAPÍTULO III
De las auditorías administrativas
Artículo 52.  El control de eficacia y eficiencia.
1.  Los órganos administrativos se someterán periódicamente a controles, auditorías 
o inspecciones para evaluar su eficacia en el cumplimiento de los objetivos que les 
hayan  sido  asignados,  así  como  su  eficiencia  en  la  utilización  de  los  recursos 
disponibles.
2.  Los controles, las auditorías o las inspecciones se realizarán por los órganos de 
la Administración de la comunidad autónoma con competencia específica para ello.
3.  Los  criterios  e  indicadores  para  evaluar  la  eficacia  se  determinarán  por  la 
persona titular del departamento competente en materia de organización administrativa. 
Los criterios e indicadores para evaluar la eficiencia en la asignación y utilización de 
recursos  se  dictarán  conjuntamente  por  los  consejeros  competentes  en  materia  de 
organización administrativa y hacienda.
CAPÍTULO IV
De los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración 
de la comunidad autónoma
Artículo 53.  Derecho a relacionarse por medios electrónicos. e.
1.  En  la  relación  electrónica  con  la  Administración  pública  de  la  Comunidad  701ww
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cwawswo.,a ar alagso ns.eedse, sd aosnodceia adcacse.derán a la sede electrónica de la Administración y, en su
2.  Mediante orden del titular del departamento con competencias en materia de 
administración  electrónica  se  regulará  el  sistema  para  identificar  a  los  funcionarios 
habilitados en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón para la 
identificación  y  firma  electrónica  de  los  interesados  en  los  diferentes  trámites  y 
procedimientos.
Artículo 54.  Derecho de acceso a la información pública.
1.  Las personas tienen derecho a acceder a la información pública, a los archivos y 
registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución y en la 
normativa sobre procedimiento administrativo, transparencia y derecho de acceso a la 
información pública.
2.  En  particular,  se  garantizará  el  conocimiento  efectivo  de  los  procedimientos 
administrativos, de los servicios y de las prestaciones en el ámbito de la Administración.
Artículo 55.  Derecho a la protección de datos de carácter personal.
1.  En su relación con la Administración pública de la comunidad autónoma, las 
personas tienen derecho a la protección de sus datos de carácter personal de acuerdo 
con  la  normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  datos  y,  en  particular,  a  la 
seguridad  y  confidencialidad  de  los  datos  que  figuren  en  los  ficheros,  sistemas  y 
aplicaciones utilizados por la Administración.
2.  El cumplimiento por la Administración pública de la comunidad autónoma de las 
obligaciones de transparencia se llevará a cabo con el límite que exige la protección de 
datos  de  carácter  personal,  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente  en  materia  de 
protección de datos de carácter personal y de transparencia.
CAPÍTULO V
Formas de actuación administrativa
Artículo 56.  Régimen de ejercicio de la actividad administrativa.
La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón podrá realizar su 
actividad de las siguientes formas:
a)  Mediante gestión directa o con medios propios.
b)  Mediante gestión indirecta, con arreglo a alguna de las fórmulas establecidas en 
la normativa sobre contratos del sector público.
c)  Mediante acuerdos de acción concertada con entidades públicas o con entidades 
privadas sin ánimo de lucro para la prestación a las personas de servicios conforme a su 
normativa específica.
Artículo 57.  Encargos de ejecución a medios propios.
1.  Conforme a la normativa de contratos del sector público, las entidades que 
integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón podrán encargar la 
ejecución de prestaciones propias de un contrato público a quienes ostenten la condición 
de medios propios de acuerdo a dicha legislación. Igualmente, esos medios propios 
podrán realizar encargos tanto a la Administración de la que dependan como a otros  es
medios propios que dependan de la misma. o
2.  Los  encargos  de  importe  superior  a  tres  millones  de  euros  requerirán  701www.
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4.  Los medios propios percibirán por la realización del encargo el importe de los 
costes directos e indirectos en que hubieren incurrido, mediante la aplicación del sistema 
de tarifas, cuyo procedimiento se establecerá reglamentariamente.
5.  Los encargos se formalizarán por quienes sean titulares de los departamentos y 
de las presidencias o direcciones de los organismos públicos y, en los demás supuestos, 
por el órgano competente de la entidad de que se trate. En dichos encargos figurarán los 
compromisos y obligaciones asumidas, así como las condiciones de realización.
6.  El procedimiento para la realización de encargos de ejecución a medios propios 
se determinará reglamentariamente, siendo trámite esencial del mismo la publicación de 
la  resolución  por  la  que  se  acuerde  el  encargo  en  el  Perfil  de  Contratante  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
7.  El pago se efectuará conforme a lo que se acuerde en el encargo de ejecución 
atendiendo a la actuación efectivamente realizada. Podrá efectuarse un anticipo de hasta 
el diez por ciento de la primera anualidad correspondiente a cada encargo de ejecución.
No  obstante,  por  razones  de  eficacia  y  eficiencia  en  la  gestión  presupuestaria, 
cuando  la  actuación  se  financie  total  o  parcialmente  con  fondos  finalistas,  previa 
autorización  del  Gobierno  de  Aragón,  el  encargo  de  ejecución  podrá  prever  el 
reconocimiento de la obligación de pago de forma anticipada de la totalidad del coste de 
la actuación o, en su caso, de la totalidad del importe del coste financiado con fondos 
finalistas, estableciendo en tal caso las garantías y medidas precisas de seguimiento, 
control y liquidación al término de la ejecución.
No se exigirán garantías a las entidades integrantes del sector público autonómico, ni 
cuando la normativa reguladora del gasto de que se trate así lo establezca.
Artículo 58.  Concepto y régimen general de acción concertada.
Los acuerdos de acción concertada son instrumentos organizativos de naturaleza no 
contractual, con las garantías de no discriminación, transparencia y eficiencia en la 
utilización de fondos públicos, que atienden a la consecución de objetivos sociales y de 
protección ambiental, a través de los cuales la Administración pública de la comunidad 
autónoma podrá organizar la prestación a las personas de servicios de carácter social o 
sanitario cuya financiación, acceso y control sean de su competencia, al producirse una 
mejor  prestación  conforme  a  los  citados  objetivos,  ajustándose  al  procedimiento  y 
requisitos previstos en la normativa general y sectorial que resulte de aplicación.
TÍTULO II
Del régimen jurídico de la actuación de la Administración pública de la comunidad 
autónoma
CAPÍTULO I
Del régimen jurídico de los actos administrativos
Artículo 59.  Producción y contenido de los actos administrativos.
1.  Los actos administrativos se producirán por el órgano competente, de acuerdo 
con los requisitos y el procedimiento establecido.
2.  El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico  s
y será determinado y adecuado a los fines de aquellos. oe.
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Artículo 60.  Actos que ponen fin a la vía administrativa.
1.  Ponen fin a la vía administrativa los actos y las resoluciones siguientes:
a)  Los de la persona titular de la Presidencia, del Gobierno, de las comisiones 
delegadas  del  Gobierno,  en  su  caso  de  la  persona  titular  de  la  Vicepresidencia  o 
Vicepresidencias, y de quienes ostenten la titularidad de los departamentos.
b)  Los de otros órganos, organismos y autoridades cuando una norma de rango 
legal o reglamentario así lo establezca.
c)  Los actos resolutorios de un recurso de alzada, cualquiera que sea el órgano que 
los resuelva.
d)  Las resoluciones de los procedimientos de reclamación o impugnación a los que 
se refiere el capítulo IV de este título.
e)  Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de 
finalizadores del procedimiento.
f)  La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial 
cualquiera que fuese el tipo de relación pública o privada de que derive.
g)  La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora 
previstos en la normativa que regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2.  Los  actos  y  las  resoluciones  de  quienes  ostenten  la  titularidad  de  los 
Departamentos serán susceptibles de recurso de alzada ante el Gobierno cuando una 
ley así lo establezca expresamente.
3.  Los actos de los máximos órganos de dirección de los organismos públicos no 
pondrán fin a la vía administrativa, salvo que una ley establezca lo contrario.
CAPÍTULO II
De la revisión de las disposiciones y actos administrativos
Artículo 61.  Revisión de oficio.
La revisión de oficio de las disposiciones administrativas y de los actos declarativos 
de derechos se realizará conforme a las siguientes normas:
a)  Cuando se trate de disposiciones y actos nulos conforme a lo establecido en la 
legislación básica estatal, serán competentes para la revisión de oficio quien sea titular 
del departamento del que emane la disposición o el acto o al que esté adscrito el 
organismo público que haya dictado el acto y el Gobierno de Aragón respecto de sus 
disposiciones  y  actos.  Será  necesario  el  previo  dictamen  favorable  del  Consejo 
Consultivo de Aragón.
El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la 
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por las personas interesadas sin 
necesidad de recabar dictamen del Consejo Consultivo cuando las mismas no se basen 
en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho o carezcan manifiestamente de 
fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al 
fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.
b)  La  revisión  de  los  actos  favorables  para  el  interesado  que  sean  anulables 
conforme a lo establecido en la legislación básica estatal exigirá la impugnación ante la  e
jurisdicción contencioso-administrativa tras su declaración de lesividad para el interés  bo
público mediante orden de la persona titular del departamento del que emane el acto o al  701ww
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Artículo 62.  Revocación de actos administrativos.
1.  La  Administración  de  la  comunidad  autónoma  podrá  revocar,  en  los  plazos 
previstos en el párrafo siguiente, sus actos, expresos o presuntos, desfavorables o de 
gravamen siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida 
por las leyes o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento 
jurídico.
2.  Los actos que de acuerdo con la legislación básica estatal, sean nulos de pleno 
derecho  podrán  revocarse  en  cualquier  momento.  Aquellos  que,  conforme  a  dicha 
legislación, sean anulables no podrán revocarse una vez transcurridos cuatro años 
desde que se dictó el acto administrativo
3.  Dicha revocación se realizará mediante resolución del órgano competente del 
que emane el acto o, en su caso, mediante orden de la persona titular del departamento.
Artículo 63.  Rectificación de errores.
Los órganos, autoridades y el personal al servicio de la Administración podrán, en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de la persona interesada rectificar los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Cuando la rectificación afecte 
a las personas interesadas, deberá notificárseles expresamente.
CAPÍTULO III
Recursos administrativos y reclamaciones económico-administrativas
Artículo 64.  Recursos de alzada y de reposición.
1.  Las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa y los actos de trámite, 
si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la 
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable 
a derechos e intereses legítimos serán susceptibles de recuso de alzada, que se podrá 
interponer ante el órgano superior jerárquico del que los dictó, que será también el 
competente para su resolución. Igualmente, se podrá interponer ante el órgano que dictó 
el acto impugnado, en cuyo caso este deberá remitirlo al competente, para resolverlo en 
el  plazo  de  diez  días,  con  su  informe  y  con  una  copia  completa  y  ordenada  del 
expediente.
2.  Contra las resoluciones y los actos de trámite previstos en el apartado primero, 
de los máximos órganos de dirección de los organismos públicos dependientes de la 
Administración autonómica, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular del 
departamento al que estén adscritos, que también será el competente para resolver.
3.  Cabrá la interposición potestativa del recurso de reposición ante el mismo órgano 
que  los  hubiera  dictado  contra  los  actos  administrativos  que  pongan  fin  a  la  vía 
administrativa. En ningún caso se podrá interponer recurso de reposición contra la 
desestimación de un recurso de alzada.
Artículo 65.  Recurso extraordinario de revisión.
1.  Los  actos  firmes  en  vía  administrativa  podrán  ser  objeto  del  recurso 
extraordinario de revisión cuando se den las circunstancias que establece la legislación 
básica. e.e
2.  El  recurso  se  interpondrá  ante  el  órgano  administrativo  que  dictó  el  acto  b
recurrido, que también será el competente para resolverlo. 701ww
Artículo 66.  Reclamaciones económico-administrativas.
Las  reclamaciones  económico-administrativas  se  regularán  por  su  legislación
específica.
CAPÍTULO IV
De la sustitución de los recursos administrativos
Artículo 67.  Criterios generales.
1.  De acuerdo con las previsiones de la legislación básica, el recurso de alzada 
podrá ser sustituido por reclamación o impugnación ante una comisión o tribunal no 
sometido a instrucciones jerárquicas. Esta sustitución deberá establecerse, en todo caso, 
mediante ley.
En las mismas condiciones, las leyes podrán determinar la sustitución del recurso de 
reposición por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su 
carácter potestativo para la persona interesada.
2.  Las comisiones o tribunales a los que se refiere el apartado anterior, una vez 
conocido el contenido de la reclamación y el expediente administrativo, emitirán la 
resolución que en derecho proceda.
3.  El procedimiento administrativo de actuación de estas comisiones o tribunales 
deberá  respetar  los  principios,  las  garantías  y  los  plazos  que  la  legislación  básica 
reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo.
4.  En  todo  caso,  la  reclamación  deberá  presentarse  dentro  del  mismo  plazo 
establecido para la interposición de los correspondientes recursos administrativos y a 
ella  se  acompañarán  los  documentos  requeridos  por  el  ordenamiento  para  dicha 
interposición.
5.  El régimen jurídico y los efectos de la ausencia de respuesta a la reclamación 
presentada  serán  los  que  la  legislación  básica  establece  en  relación  con  el 
correspondiente recurso administrativo.
Artículo 68.  Notificaciones específicas.
En las notificaciones de los actos administrativos emitidos en los procedimientos en 
los  que  los  recursos  administrativos  hayan  sido  sustituidos  por  la  reclamación  o 
impugnación a la que se refiere este capítulo deberá hacerse mención expresa de esta 
sustitución.
Artículo 69.  Composición de las comisiones o tribunales.
1.  Las  comisiones  o  tribunales  a  las  que  se  refiere  este  capítulo  estarán 
compuestos por un presidente o presidenta, un mínimo de dos vocales y un secretario o 
secretaria, que actuará con voz y sin voto, salvo que sea también vocal del órgano.
2.  La persona titular del departamento del que emane el acto o la resolución objeto 
de la reclamación o impugnación designará al presidente o presidenta y a los vocales, 
así como a sus suplentes, de acuerdo con lo que disponga la ley que establezca la 
sustitución de los recursos administrativos. Dicha ley deberá garantizar, en todo caso, la 
adecuada titulación y competencia de los miembros de la comisión y de sus suplentes.
3.  El  mandato  de  quien  ostente  la  Presidencia,  de  los  dos  vocales  y  de  sus 
suplentes será de dos años y solo podrán ser removidos del cargo por su propia voluntad 
o  por  notorio  incumplimiento  de  sus  obligaciones.  El  órgano  competente  para  la 
remoción será el titular del departamento del que emane el acto o la resolución objeto de 
reclamación o impugnación.
4.  El secretario o secretaria será un funcionario o funcionaria de carrera de nivel  e.
superior designado por la persona titular del departamento del que emane el acto o la  w.b
resolución objeto de la reclamación o impugnación. 701ww
abst5e.n ciLóons y  mreiceumsbarcoiósn  dees talab leccoidmoi seiónn l a ole gtrisiblaucniaóln  ebsátsaicráan e sstoamtael.tidos  al  régimen  de
TÍTULO III
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
CAPÍTULO I
Organización
Artículo 70.  Principios organizativos.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se organizará de acuerdo 
con los principios de división funcional en departamentos y gestión territorial mediante 
delegaciones  territoriales  de  ámbito  provincial,  así  como  otros  órganos  o  unidades 
administrativas de ámbito provincial, supracomarcal, comarcal o local que se creen de 
acuerdo con lo establecido en esta ley.
Artículo 71.  Órganos superiores y órganos directivos.
1.  Los  vicepresidentes  o  vicepresidentas,  en  su  caso,  y  las  consejeras  y 
consejeros, como titulares de los departamentos, son los órganos superiores de la 
Administración de la comunidad autónoma.
2.  Las  personas  titulares  de  la  Secretaría  General  de  la  Presidencia,  de  las 
secretarías  generales  técnicas  y  de  las  direcciones  generales  se  configuran  como 
órganos directivos.
3.  Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo.
Artículo 72.  Los delegados y las delegadas territoriales del Gobierno de Aragón.
1.  Los delegados y las delegadas territoriales del Gobierno de Aragón tendrán nivel 
orgánico de director general.
2.  Su regulación se regirá por lo previsto en esta ley y por la Ley del Presidente y 
del Gobierno de Aragón.
3.  Los delegados y las delegadas territoriales del Gobierno de Aragón tendrán la 
consideración de altos cargos.
Artículo 73.  Los servicios.
Además de los órganos a los que se refieren los artículos anteriores, existirán 
servicios  en  la  organización  central  y  podrán  existir  servicios  provinciales  en  la 
organización periférica.
Artículo 74.  Los elementos organizativos básicos.
1.  Las  unidades  administrativas  y  los  puestos  de  trabajo  son  los  elementos 
organizativos básicos de la Administración de la comunidad autónoma.
2.  Las  unidades  administrativas  estarán  integradas  por  puestos  de  trabajo 
vinculados por las funciones que tengan atribuidas y por una jefatura común.
3.  Las unidades administrativas se crearán, modificarán y suprimirán a través de las 
relaciones de puestos de trabajo, de acuerdo con lo que dispongan las normas sobre 
modificación de estructuras que apruebe el Gobierno de Aragón a propuesta del titular  s
del departamento competente en materia de función pública. e.
4.  Las personas titulares de las jefaturas de los órganos y unidades administrativas  w.
responderán de la adecuada realización de las funciones atribuidas a aquellos. Además,  701ww
tqeuniednráens  loas rteesnpteonn slaasb ijleidfaadtu rinams eddei astear vdiec iolo sy  rleacsu drsiroesc chiounmeasn does  ylo sm aseterrviiaclieoss  apsroigvninacdioasle as 
dichos órganos y deberán promover e impulsar la aplicación de los principios de agilidad,
racionalización y simplificación de los procedimientos aplicables a las tareas que tengan 
encomendadas.
Artículo 75.  Contenido de las normas organizativas.
Las normas que establezcan la organización de la Administración de la comunidad 
autónoma  fijarán  la  estructura  que  se  considere  imprescindible  para  el  adecuado 
ejercicio de sus competencias y deberán distribuir estas entre los diferentes órganos, de 
manera que las unidades y los puestos de trabajo se adapten con flexibilidad a los 
objetivos que, en cada momento, les sean asignados.
Artículo 76.  Competencias generales.
1.  Las personas titulares de los departamentos competentes en las materias de 
organización administrativa, hacienda y función pública podrán proponer o dictar, en su 
caso y dentro de su respectivo ámbito de responsabilidad, normas y directrices sobre 
organización administrativa, procedimiento, inspección de servicios y régimen jurídico y 
retributivo  de  la  función  pública,  que  serán  de  aplicación  general  a  todos  los 
departamentos y al sector público autonómico, sin perjuicio del respeto al principio de 
reserva de ley y del cumplimiento de la normativa sectorial correspondiente.
Asimismo, el departamento competente en materia de inspección de servicios podrá 
proponer a los demás departamentos la modificación de sus estructuras organizativas 
cuando así se establezca en los planes de modernización o racionalización de carácter 
general que hayan sido aprobados por el Gobierno de Aragón.
2.  El Gobierno de Aragón aprobará directrices a las que deberán ajustarse los 
gastos de personal de la Administración de la comunidad autónoma y de su sector 
público  institucional,  y  que  se  tendrán  en  cuenta  al  confeccionar  el  proyecto  de 
presupuestos de la comunidad autónoma, sin perjuicio del respeto al principio de reserva 
de ley y del cumplimiento de la normativa sectorial correspondiente.
3.  Las propuestas sobre modificación de estructuras de los diversos departamentos 
deberán cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente y tendrán que ir 
acompañadas de un estudio comparativo de su coste económico. Estas propuestas 
serán remitidas a la Inspección General de Servicios para su informe preceptivo dentro 
de los diez días siguientes. Si el referido informe no se emitiese en dicho plazo, se 
entenderá que es favorable.
4.  En el caso de que de las propuestas de modificación de estructuras se derive un 
incremento de gasto, se deberá solicitar informe previo del departamento competente en 
materia de hacienda.
CAPÍTULO II
Los Departamentos y su estructura interna
Artículo 77.  Los departamentos.
1.  La Administración de la comunidad autónoma se organiza en departamentos, 
cada uno de los cuales comprenderá uno o varios sectores de la actividad administrativa.
2.  Corresponde al presidente o presidenta del Gobierno de Aragón la creación, 
modificación, agrupación y supresión de departamentos, así como la determinación del 
sector o sectores de la actividad administrativa a los que se extenderá la competencia de  e.
cada uno de ellos. w.
3.  La organización en departamentos no obstará para la existencia de órganos  701ww
Gadosbcieritronso . dTairmecbtaiémn esnet ele sa  polad rPánre asdidsecnricbiiar  oyr,g aenni smsuo sc paúsbol,i coas .las  Vicepresidencias  del
Artículo 78.  Estructura orgánica de los departamentos.
1.  Los  departamentos  se  estructurarán  en  secretarías  generales  técnicas, 
direcciones generales y servicios, dependientes de la persona titular del departamento. 
Las secretarías generales técnicas tendrán nivel orgánico de dirección general.
2.  La estructura orgánica de los departamentos será aprobada mediante decreto 
por el Gobierno de Aragón a iniciativa del departamento interesado y propuesta del 
departamento competente en materia de hacienda, en los términos establecidos en el 
artículo 76.
3.  La dirección general, como división orgánica fundamental de los departamentos, 
tiene como función la dirección técnica, la gestión y la coordinación de una o de varias 
áreas funcionalmente homogéneas.
4.  Las direcciones generales se organizarán en los servicios necesarios para el 
cumplimiento eficaz de las funciones que les sean asignadas.
5.  Los  servicios  podrán  estar  integrados  en  direcciones  generales  o  depender 
directamente de los consejeros o, en su caso, de los secretarios generales técnicos.
6.  En  el  departamento  competente  en  materia  de  hacienda  se  ubicará 
orgánicamente  la  Intervención  General  de  la  Comunidad  Autónoma,  con  rango  de 
dirección general.
Artículo 79.  Las secretarias y los secretarios generales técnicos.
1.  Las  secretarias  y  secretarios  generales  técnicos  tendrán  las  siguientes 
competencias:
a)  La representación del departamento en ausencia o por delegación del consejero.
b)  La asistencia a las reuniones del Gobierno, cuando sean requeridos al efecto, 
para informar de asuntos específicos del área de responsabilidad que les haya sido 
atribuida.
c)  La asistencia a las comisiones delegadas del Gobierno en caso de imposibilidad 
de asistencia de la persona titular del departamento o por delegación de esta.
d)  Ejercer las competencias que la persona titular del departamento les delegue.
e)  Prestar asesoramiento técnico a la persona titular del departamento en relación 
con la planificación de la actividad del departamento.
f)  Impulsar el control de eficacia del departamento y de sus organismos públicos 
mediante  la  realización  de  las  actividades  necesarias  para  la  comprobación  del 
cumplimiento de los objetivos propuestos en los planes de actuación y la adecuada 
utilización de los recursos asignados.
g)  Planificar las actuaciones necesarias para la racionalización y simplificación de 
los procedimientos y de los métodos de trabajo del departamento, de acuerdo con las 
directrices  y  los  criterios  técnicos  establecidos  por  el  departamento  competente  en 
materia de administración electrónica.
h)  Proponer  los  criterios  técnicos  y  las  directrices  sobre  la  organización  del 
departamento.
i)  Coordinar las actuaciones del departamento en relación con la transferencia de 
funciones y servicios del Estado.
j)  Ejercer la jefatura de personal del departamento.
k)  Supervisar  la  adquisición  de  suministros,  bienes  y  servicios,  así  como  los 
expedientes de contratación de cualquier tipo. s
l)  Preparar, en coordinación con las personas que ostenten la titularidad de las  oe.
ddeire lacmncs)) i  odniCrGeeosceo csgritdoeioinnnneeaasrrra,   glebeelas npj,oe ree rlalsa alu endpstiu erdeepecsrlcot odiyó eednpce atdlo redt ad elmeap  aepprnrteeatrosms.uoepnnuateo ts.ittuol adre ld deel pdaerptaamrtaemnteon.to, la actuación  2021-12701n https://www.
ñ)  Gestionar todos los servicios comunes del departamento, así como aquellos que
se les encomienden expresamente. Bc
o)  Impulsar y coordinar el plan o programa normativo del departamento.
p)  Velar por el cumplimiento de las normas de transparencia en el departamento, 
tanto en lo que respecta a la publicidad activa como al ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública.
q)  Ejercer las demás competencias que les sean atribuidas por disposición legal o 
reglamentaria.
2.  Las personas titulares de las secretarías generales técnicas serán nombradas 
mediante  decreto  del  Gobierno  de  Aragón,  a  propuesta  de  la  persona  titular  del 
departamento.
3.  Las  decisiones  administrativas  de  las  personas  titulares  de  las  secretarías 
generales técnicas adoptarán la forma de resolución.
4.  El  secretario  o  secretaria  general  de  la  Presidencia  tendrá  las  mismas 
competencias que se atribuyen a quienes ostenten la titularidad de las secretarías 
generales técnicas y aquellas que le sean atribuidas por el presidente o presidenta del 
Gobierno.
Artículo 80.  Los directores y las directoras generales.
1.  Los directores y directoras generales son las personas titulares de los órganos 
encargados de la dirección, la gestión y la coordinación de una o de varias áreas del 
departamento. En el ejercicio de estas competencias, tendrán las siguientes facultades:
a)  Dirigir, gestionar y coordinar los servicios integrados en su dirección general y 
velar por su buen funcionamiento.
b)  Gestionar los recursos humanos, financieros y materiales a su cargo.
c)  Proponer al consejero o consejera los proyectos de su dirección general para 
lograr  los  objetivos  institucionales,  así  como  dirigir  su  ejecución  y  controlar  su 
cumplimiento.
d)  Elevar al consejero o consejera las propuestas de resolución que este o esta 
deba adoptar en materias que afecten a su dirección general.
e)  Ejercer las demás facultades que les atribuyan las leyes y las disposiciones 
reglamentarias.
2.  Las personas titulares de las direcciones generales serán nombradas mediante 
decreto del Gobierno de Aragón, a propuesta de la persona titular del departamento.
3.  Las  decisiones  administrativas  de  las  personas  titulares  de  las  direcciones 
generales adoptarán la forma de resolución.
Artículo 81.  Los jefes y las jefas de servicio.
1.  Los jefes y jefas de servicio serán nombrados por el Gobierno de Aragón, a 
propuesta de la persona titular del departamento, entre funcionarios de carrera de nivel 
superior.
2.  El sistema de provisión de las jefaturas de servicio será establecido por la 
legislación sobre función pública de la comunidad autónoma.
3.  Las decisiones administrativas de los jefes y las jefas de servicio adoptarán la 
forma de resolución.
CAPÍTULO III e.e
Órganos territoriales 701ww
Artículo 82.  Las delegaciones territoriales del Gobierno de Aragón.
Arag1ó. n, Deq ucieonnefosr moidsatedn tceonn  llao  ptirteuvlaisrtidoa edn  dlae  Lleays  ddeel lePgreasciidoennetse  yte rdreitol rGiaolebsie, rncoo mdoe   BOE-A-cable e
representantes  del  Gobierno  en  la  respectiva  provincia,  ejercerán  las  funciones  de 
dirección, impulso, coordinación y supervisión de los servicios y organismos públicos de 
la Administración de la comunidad autónoma en su ámbito territorial.
2.  Corresponderá  a  las  personas  titulares  de  las  delegaciones  territoriales  del 
Gobierno de Aragón:
a)  Dirigir y supervisar, de acuerdo con las directrices que reciban, la actividad de la 
Administración de la comunidad autónoma en la provincia y elevar, en su caso, al 
Gobierno de Aragón y a los departamentos cuantos informes y propuestas consideren 
procedentes.
b)  Coordinar la actividad de los servicios de la Administración de la comunidad 
autónoma en la provincia y de sus organismos públicos.
c)  Velar por la aplicación en la provincia de las disposiciones de carácter general de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
d)  Proponer las medidas que consideren necesarias para simplificar la estructura 
de la Administración de la comunidad autónoma en la provincia y para racionalizar la 
utilización y distribución de los recursos humanos de los servicios y organismos públicos 
y de los recursos materiales de que aquellos dispongan, en particular de los edificios 
administrativos.
e)  Ejercer la potestad sancionadora que les atribuya el ordenamiento jurídico.
f)  Velar  por  el  cumplimiento  en  la  provincia  de  los  principios  de  colaboración, 
cooperación, coordinación, lealtad institucional y confianza legítima que deben presidir 
las  relaciones  de  la  Administración  de  la  comunidad  autónoma  con  las  restantes 
administraciones públicas.
g)  Cualesquiera otras competencias que les sean atribuidas por el ordenamiento 
jurídico.
3.  Las delegaciones territoriales del Gobierno se integrarán orgánicamente en el 
departamento competente en materia de relaciones institucionales, y sus titulares serán 
nombrados mediante decreto por el Gobierno, a propuesta de la persona titular del 
departamento mencionado.
4.  La estructura orgánica del departamento competente recogerá la dotación de 
suficientes  medios  personales  y  materiales  a  las  delegaciones  territoriales  para  el 
cumplimiento de su función.
Artículo 83.  Organización territorial de la Administración de la comunidad autónoma.
1.  La organización territorial de la Administración de la comunidad autónoma se 
establecerá mediante decreto del Gobierno de Aragón.
2.  Esta organización se adaptará a los objetivos y a las necesidades de cada 
departamento u organismo público.
3.  El Gobierno de Aragón, a propuesta del titular del Departamento competente en 
materia  de  relaciones  institucionales,  podrá  crear  oficinas  delegadas  de  carácter 
interdepartamental, que comprenderán una o varias delimitaciones comarcales, según 
las características geográficas, demográficas o sociales de las mismas.
Artículo 84.  Los servicios provinciales.
1.  Los órganos administrativos provinciales de mayor rango de cada departamento 
recibirán el nombre de servicios provinciales e.
2.  Al frente de cada uno de ellos habrá un director o directora del servicio provincial,  w.b
cuyas decisiones administrativas adoptarán la forma de resolución. Su nombramiento se  701ww
rdeeapliazratarám epnotro  daelc rqeutoe  deeslt éG oabdisecrnrioto ,d ee nAtrrea gpóenr,s oan aplr ofpuunecsiotan adrieo  qduei ecna rsreeara  titduela rn idveell 
sCuopmeurinoird, adde A auctóuneordmoa  cdoen A lroa geósnta.blecido en la legislación sobre función pública de la
3.  Los servicios provinciales serán creados y modificados mediante decreto del 
Gobierno de Aragón, a propuesta del departamento interesado.
TÍTULO IV
Organización y funcionamiento del sector público institucional autonómico
CAPÍTULO I
Del sector público institucional
Artículo  85.  Composición  y  clasificación  del  sector  público  institucional  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
1.  Integran el sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón los 
siguientes entes:
a)  Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, los cuales se clasifican en:
1.º  Organismos autónomos.
2.º  Entidades de derecho público.
b)  Las sociedades mercantiles autonómicas.
c)  Los consorcios autonómicos.
d)  Las fundaciones del sector público.
e)  Las universidades públicas integradas en el Sistema Universitario de Aragón.
2.  La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o entidad integrante 
del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón no podrá, por sí 
misma ni en colaboración con otras entidades públicas o privadas, crear, ni ejercer el 
control efectivo, directa ni indirectamente, sobre ningún otro tipo de entidad distinta de 
las enumeradas en este artículo, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico, 
salvo las estrictamente necesarias para el desarrollo de su actividad reguladas en la 
legislación sectorial.
Lo  dispuesto  en  este  apartado  no  será  de  aplicación  a  la  participación  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón en organismos internacionales o entidades de ámbito 
supranacional, ni a la participación en los organismos de normalización y acreditación 
nacionales.
3.  Las universidades públicas integradas en el Sistema Universitario de Aragón se 
regirán por lo dispuesto en la normativa específica que le sea de aplicación y por lo 
dispuesto en esta ley en lo que no esté previsto en su normativa específica.
Artículo 86.  Principios generales de actuación.
1.  Las  entidades  que  integran  el  sector  público  institucional  de  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón están sometidas en su actuación a los principios de legalidad, 
eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como a los principios 
de integridad y transparencia en su gestión. En particular, se sujetarán en materia de 
personal, incluido el laboral propio de la entidad, a las limitaciones previstas en la  s
normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales. e.
2.  El Gobierno de Aragón deberá establecer un sistema de supervisión continua de  w.
sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos  701ww
qfourem ujulasctiióficna eroxpnr essua  dcere parcoiópnu eys tassu d es omsatennteibniliimdaiedn tfoin, atrnacnisefroar,m  ya cqióune o  deexbtienrcáió nin.cluir  la
Artículo 87.  Régimen jurídico general.
Las entidades que integran el sector público institucional de la Comunidad Autónoma 
se regirán por lo dispuesto en esta Ley, por las disposiciones básicas de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector, en particular, por lo dispuesto en los 
capítulos I y VI del Título II y en los artículos 129 y 134, así como por otra normativa que 
les resulte de aplicación, según la tipología y naturaleza de cada ente.
Artículo 88.  Participación en otros entes.
1.  La  participación  de  la  Administración  de  la  comunidad  autónoma  y  de  las 
entidades que integran su sector público institucional en cualquier ente, institución o 
asociación que no forme parte del sector público institucional autonómico exigirá acuerdo 
previo del Gobierno de Aragón.
2.  Con carácter previo a la adopción del acuerdo, será necesaria la emisión de 
informes  del  departamento  competente  en  materia  de  hacienda  analizando  las 
implicaciones  presupuestarias,  contables  y  patrimoniales  de  la  propuesta  de 
participación.
3.  El Gobierno de Aragón remitirá a las Cortes de Aragón los acuerdos relativos a 
su participación en cualquier ente, institución o asociación que no forme parte del sector 
público institucional.
Artículo 89.  Registro de Entes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1.  El Registro de Entes de la Comunidad Autónoma de Aragón se configura como 
un registro administrativo que contiene la información relativa a los siguientes entes:
a)  Todos los integrantes del sector público autonómico.
b)  Cualesquiera otros entes no integrados en el sector público autonómico en los 
que participen los órganos y entidades del sector público institucional de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y porcentaje o forma de 
participación.
2.  La  gestión  de  dicho  Registro  dependerá  de  la  Intervención  General  de  la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que será la encargada de la 
captación y tratamiento de la información enviada por los diferentes entes.
3.  Las personas titulares de los departamentos o, en su caso, las personas titulares 
de los órganos superiores o directivos de los entes del sector público institucional de la 
Comunidad Autónoma de Aragón serán responsables de remitir toda la información de 
los entes que hayan de inscribirse en el Registro a la Intervención General a efectos de 
que esta pueda mantener actualizado este Registro. Esta información se remitirá en un 
plazo  no  superior  a  veinte  días  hábiles  a  contar  desde  la  creación,  extinción  o 
modificación de la participación en cualesquiera de las entidades.
4.  La información recogida en el Registro de Entes de la Comunidad Autónoma de 
Aragón será de acceso público a través de la web de transparencia del Gobierno de 
Aragón.
Artículo  90.  Inscripción  en  el  Inventario  de  Entidades  del  Sector  Público  Estatal, 
Autonómico y Local.
1.  Las personas titulares de los departamentos o, en su caso, las personas titulares  oe.
AidCnedos mcmloriiusnpn icsóiidtórrgaanadc n iódoAnesu f distnóeuint pilvoaeam r Cioaoer emnds u eone  ildd AairrIadeng cvAtóeivunnot tóascnr iodoomem  ualdon esdi c eeaE nrAánterntaisd g adaóde nel  lslasa  e icdInntefotoler r rmpvSúeaebncclciitócoiónorn   ni nPesGúctiebetuslniccaeoirroia anl  aEplsd adteraae t  alllaaal,     2021-12701n https://www.
Autonómico y Local, en los términos previstos en la legislación básica aplicable.
2.  La  documentación  justificativa  de  los  actos  relativos  a  la  creación, 
transformación, fusión o extinción de estos entes deberá remitirse a la Intervención 
General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en un plazo no 
superior a veinte días hábiles a contar desde la realización del acto inscribible.
3.  Corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón, a través de su Intervención 
General, la revisión y depuración del Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico  y  Local  respecto  de  los  entes  que  forman  parte  del  sector  público 
institucional autonómico, conforme a los criterios establecidos en la legislación básica de 
régimen jurídico y en esta ley.
CAPÍTULO II
Eficacia y supervisión continua
Artículo 91.  Control de eficacia y supervisión continua.
1.  Las  entidades  integrantes  del  sector  público  institucional  de  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón estarán sometidas al control de eficacia y supervisión continua, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 86.
Para ello, contarán, en el momento de su creación o del inicio de la participación en 
ellas de cualesquiera de los sujetos integrantes del sector público autonómico, con un 
plan  de  actuación  que  contendrá  las  líneas  estratégicas  en  torno  a  las  cuales  se 
desenvolverá  la  actividad  de  la  entidad,  que  se  completará  con  planes  anuales 
elaborados  junto  con  su  presupuesto  que  contendrán  los  objetivos  y  las  líneas 
fundamentales de actuación.
2.  El control de eficacia será ejercido por el departamento o entidad de gestión en 
el caso de las sociedades mercantiles autonómicas y, en el resto de entidades del sector 
público  institucional  autonómico,  este  control  será  ejercido  por  el  departamento  de 
adscripción. El control de eficacia tendrá por objeto evaluar el cumplimiento de los 
objetivos propios de la actividad específica de la entidad y la adecuada utilización de los 
recursos, de acuerdo con lo establecido en su plan de actuación y sus actualizaciones 
anuales. Para ello, cada año, en el primer trimestre, el departamento o entidad de 
gestión o el departamento de adscripción elaborará un informe sobre sus entidades 
dependientes en el que se verificará, con base a la información económico-financiera y 
de gestión relativa al ejercicio inmediatamente anterior, al menos, lo siguiente:
a)  La subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación o participación.
b)  El cumplimiento de los objetivos del plan anual de la entidad.
3.  El informe previsto en el apartado anterior será enviado a la Intervención General 
de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  que  realizará  las 
actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión 
continua que se determinen reglamentariamente.
4.  Los resultados de la evaluación efectuada tanto por el departamento o entidad 
de gestión o el departamento de adscripción como por la Intervención General de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se elevarán para su conocimiento 
al Gobierno de Aragón antes del 30 de junio de cada ejercicio presupuestario.
CAPÍTULO III
De los organismos públicos autonómicos
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 92.  Definición y actividades propias.
Son organismos públicos autonómicos dependientes o vinculados a la Administración 
de  la  comunidad  autónoma  los  creados  para  la  realización  de  actividades 
administrativas, sean de fomento, prestación o de gestión de servicios públicos o de 
producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación; actividades de 
contenido  económico  reservadas  a  las  administraciones  públicas,  así  como  la 
supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas características justifiquen su 
organización en régimen de descentralización funcional o de independencia.
Artículo 93.  Clasificación y adscripción.
1.  Los organismos públicos se clasifican en:
a)  Organismos autónomos.
b)  Entidades de derecho público.
2.  Los organismos públicos estarán adscritos a la Presidencia, en su caso a las 
Vicepresidencias del Gobierno o a un departamento.
Artículo 94.  Personalidad jurídica y potestades.
1.  Los  organismos  públicos  tienen  personalidad  jurídica  pública  diferenciada, 
patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos previstos 
en esta ley.
2.  Dentro  de  su  esfera  de  competencia,  les  corresponden  las  potestades 
administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean 
sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria.
Los estatutos podrán atribuir a los organismos públicos la potestad de ordenar 
aspectos  secundarios  del  funcionamiento  para  cumplir  con  los  fines  y  el  servicio 
encomendados, en el marco y con el alcance establecido por las disposiciones que fijen 
el régimen jurídico básico de dicho servicio.
Los actos y resoluciones dictados por los organismos públicos en el ejercicio de 
potestades administrativas son susceptibles de los recursos administrativos previstos en 
esta ley y en las disposiciones básicas de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 95.  Creación de organismos públicos autonómicos.
1.  La creación de los organismos públicos se efectuará por Ley.
2.  La ley de creación establecerá:
a)  El tipo de organismo público que crea, con indicación de sus fines generales, así 
como su adscripción.
b)  Las funciones y competencias del organismo y su distribución entre los órganos  e.e
de dirección. w.b
c)  La  determinación  de  los  órganos  de  gobierno  y  de  dirección,  ya  sean  701ww
iunndiipcearcsioónna, leesn  osu  ccoalesgoi,a ddoes ,a qyu edlelo sl ac ufoyroms aa cdteo s dye sriegsnoalcuicóino ndees  psouns gamnie fminb rao sl,a  cvoína 
administrativa.
d)  El  régimen  patrimonial,  presupuestario,  económico-financiero,  contable  y  de 
control, de acuerdo con lo establecido en la normativa en materia de patrimonio y 
hacienda de la comunidad autónoma.
e)  El régimen de su personal.
f)  La dotación económica inicial y los recursos económicos y financieros de los que 
podrá disponer para su financiación.
g)  Las potestades administrativas que pueda ejercitar el organismo.
h)  La  posibilidad  de  que  el  organismo  pueda  crear  sociedades  mercantiles  o 
participar en las ya creadas, cuando sea imprescindible para la consecución de los fines 
que le hayan sido asignados.
3.  El  anteproyecto  de  ley  de  creación  del  organismo  público  que  se  eleve  al 
Gobierno de Aragón deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan 
inicial de actuación, junto con los informes del departamento competente en materia de 
hacienda analizando las implicaciones presupuestarias, contables y patrimoniales de la 
propuesta.
Artículo 96.  Contenido y efectos del plan inicial de actuación.
1.  El plan inicial de actuación contendrá, al menos:
a)  Las razones que justifican la creación de un nuevo organismo público, por no 
poder asumir esas funciones otro ya existente, así como la constatación de que la 
creación no supone duplicidad con la actividad que desarrolle cualquier otro órgano o 
entidad preexistente.
b)  La forma jurídica propuesta y un análisis que justifique que la elegida resulta más 
eficiente frente a otras alternativas de organización que se hayan descartado. En el caso 
de que las funciones que se le pretendan encomendar sean ejercidas en ese momento 
por la Administración de la comunidad autónoma, la mejora que pueda implicar la 
creación del mismo en cuanto a la consecución de dichos objetivos.
c)  La  fundamentación  de  la  estructura  organizativa  elegida,  determinando  los 
órganos  directivos  y  la  previsión  sobre  los  recursos  humanos  necesarios  para  su 
funcionamiento.
d)  El anteproyecto del presupuesto correspondiente al primer ejercicio junto con un 
estudio  económico-financiero  que  acredite  la  suficiencia  de  la  dotación  económica 
prevista inicialmente para el comienzo de su actividad y la sostenibilidad futura del 
organismo,  atendiendo  a  las  fuentes  futuras  de  financiación  de  los  gastos  y  las 
inversiones, así como a la incidencia que tendrá sobre los presupuestos generales de la 
comunidad autónoma.
e)  Los  objetivos  del  organismo,  justificando  su  suficiencia  o  idoneidad,  los 
indicadores para medirlos y la programación plurianual de carácter estratégico para 
alcanzarlos,  especificando  los  medios  económicos  y  personales  que  dedicará, 
concretando en este último caso la forma de provisión de los puestos de trabajo, su 
procedencia, coste, retribuciones e indemnizaciones, así como el ámbito temporal en 
que se prevé desarrollar la actividad del organismo.
f)  Las potestades administrativas que se les atribuyen.
2.  Los organismos públicos deberán acomodar su actuación a lo previsto en su plan 
inicial  de  actuación.  Este  se  actualizará  anualmente  mediante  la  elaboración  del 
correspondiente plan que permita desarrollar para el ejercicio siguiente las previsiones  e.
del plan de creación. El plan anual de actuación deberá ser aprobado en el último  w.b
trimestre del año natural por el departamento al que esté adscrito el organismo y deberá  701ww
pgrueasrudpaur ecsotahreiare. nEcila p claonn  deel  parcotguraacmióan  dinec oarcptuoaracriáó,n  cpalduari atnreusa l apñroesv,is tuon ae nr elvai snióonrm daet ivlaa 
programación estratégica del organismo.
3.  El plan inicial de actuación y los anuales, así como sus modificaciones, se harán 
públicos en la página web del organismo público al que corresponda.
Artículo 97.  Contenido de los estatutos.
1.  Los estatutos regularán, al menos, los siguientes extremos:
a)  Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades 
administrativas que pueda ostentar.
b)  La  determinación  de  su  estructura  organizativa,  con  expresión  de  la 
composición, funciones, competencias y rango administrativo que corresponda a cada 
órgano. Asimismo, se especificarán aquellos de sus actos y resoluciones que pongan fin 
a la vía administrativa.
c)  El  patrimonio  que  se  les  asigne  y  los  recursos  económicos  que  hayan  de 
financiarlos.
d)  El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación.
e)  La  facultad  de  participación  en  sociedades  mercantiles  cuando  ello  sea 
imprescindible para la consecución de los fines asignados.
2.  Los estatutos de los organismos públicos se aprobarán por decreto del Gobierno 
de Aragón a propuesta conjunta de la persona titular del departamento competente en 
materia de hacienda y del titular del departamento al que el organismo quede adscrito.
3.  Los estatutos deberán ser publicados en el «Boletín Oficial de Aragón».
Artículo 98.  Régimen jurídico.
1.  Los organismos públicos se regirán por lo dispuesto en esta ley, en su norma de 
creación, sus estatutos, la legislación básica en materia de régimen jurídico del sector 
público y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que les sea de 
aplicación.
2.  Los  organismos  públicos  tendrán  la  plena  consideración  de  Administración 
pública.
3.  Su régimen económico y presupuestario estará sometido a la legislación sobre 
hacienda y presupuesto de la comunidad autónoma.
4.  Cuando  ejerzan  potestades  administrativas,  sus  actos  y  resoluciones  se 
someterán al derecho administrativo y, salvo que su norma de creación establezca otra 
cosa, no agotarán la vía administrativa, siendo susceptibles de recurso de alzada ante el 
titular del departamento al que estén adscritos. En el caso de que pongan fin a la vía 
administrativa, los actos podrán ser objeto del recurso potestativo de reposición.
5.  Cuando los organismos públicos actúen sometidos al derecho administrativo, la 
revisión de oficio de los actos nulos, la resolución de los recursos extraordinarios de 
revisión, la declaración de lesividad de los anulables y la revocación de los desfavorables 
y de los de gravamen se realizarán por orden de la persona titular del departamento al 
que estén adscritos.
6.  La  resolución  de  los  procedimientos  de  responsabilidad  patrimonial 
corresponderá, en todo caso, a la persona titular del Departamento al que el organismo 
público esté adscrito.
7.  Las obligaciones que contraigan los organismos públicos no podrán ser exigidas 
por vía de apremio, en los términos establecidos en la normativa de patrimonio.
8.  Los  bienes  que  puedan  serles  adscritos  conservarán,  en  todo  caso,  su  e.
calificación  jurídica  originaria  y  no  podrán  ser  incorporados  a  su  patrimonio  ni  w.b
enajenados o permutados directamente por el organismo público, salvo que su objeto  701ww
específico estuviera relacionado con el tráfico de bienes.
Artículo 99.  Estructura organizativa en los organismos públicos autonómicos.
1.  Los organismos públicos se estructuran en órganos de gobierno y de dirección. 
Los máximos órganos de gobierno son el Presidente o Presidenta y el Consejo Rector.
2.  En cada organismo público existirá una directora o un director gerente que será 
nombrado por el Gobierno de Aragón mediante decreto, a propuesta del titular del 
departamento al que figure adscrito, conforme a criterios de competencia profesional y 
experiencia. Corresponderán al director o directora gerente las funciones directivas que 
se determinen y, en todo caso, bajo la supervisión de la presidencia, la dirección, gestión 
y coordinación del organismo y la dirección de su personal.
3.  La directora o el director gerente tendrá rango de director o directora general de 
la Administración de la comunidad autónoma y estará sometido al mismo régimen de 
incompatibilidades que estos.
Artículo 100.  Fusión de organismos públicos.
1.  Los  organismos  públicos  podrán  fusionarse  bien  mediante  su  extinción  e 
integración  en  un  nuevo  organismo  público,  bien  mediante  su  extinción  por  ser 
absorbidos por otro organismo público ya existente.
2.  La fusión se llevará a cabo mediante decreto y deberá cumplir con lo previsto en 
el artículo 95 sobre requisitos de creación de organismos públicos.
3.  Al decreto de fusión se acompañará un plan de redimensionamiento para la 
adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos 
resultantes de la nueva situación y en el que debe quedar acreditado el ahorro que 
generará la fusión.
Si  alguno  de  los  organismos  públicos  estuviese  en  situación  de  desequilibrio 
financiero  se  podrá  prever,  como  parte  del  plan  de  redimensionamiento,  que  las 
obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables y derivados 
de la actividad que ocasionó el desequilibrio se integren en un fondo, sin personalidad 
jurídica  y  con  contabilidad  separada,  adscrito  al  nuevo  organismo  público  o  al 
absorbente, según corresponda.
El  plan  de  redimensionamiento,  previo  informe  preceptivo  del  departamento 
competente  en  materia  de  hacienda,  deberá  ser  aprobado  por  cada  uno  de  los 
organismos públicos fusionados si se integran en uno nuevo o por el organismo público 
absorbente, según corresponda al tipo de fusión.
Artículo 101.  Extinción.
1.  Los organismos públicos se extinguirán mediante ley salvo en los casos de 
fusión y los previstos en el apartado siguiente.
2.  Los organismos públicos podrán extinguirse mediante decreto del Gobierno de 
Aragón  aprobado  a  propuesta  de  quien  ostente  la  titularidad  del  departamento 
competente en materia de hacienda, y a iniciativa de la persona titular del departamento 
al que el organismo público esté adscrito, en los siguientes casos:
a)  Por el transcurso del tiempo de existencia del organismo público que se hubiera 
establecido en los estatutos.
b)  Cuando se estimen cumplidos todos los fines que motivaron su creación.
c)  Cuando los fines y los objetivos del organismo público sean asumidos por los 
servicios de la Administración de la comunidad autónoma. e.
3.  La norma por la que se suprima un organismo público establecerá el destino de  701ww
loobsl igbaiecnioense sd peu elodsa nq uqeu efduaerr ap etnitduileanr,t eass eí nc eolm moo mlae nfotorm dae  sdue  ecxutimncpiólimn.iento de cuantas
haci4e.n daS ecroán  nceacráecstaerrio p rinefvoiorm ae l ap erexctienpctiióvno  ddee lu nd eopragratnaimsmenot op úcbolmicop.etente en materia de
Artículo 102.  Representación y defensa en juicio.
La representación y la defensa en juicio de los organismos públicos corresponderán 
a los letrados integrados en los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón.
Sección 2.ª Organismos autónomos
Artículo 103.  Definición.
1.  Los organismos autónomos son organismos públicos, con personalidad jurídica 
propia,  tesorería  y  patrimonio  propios  y  autonomía  en  su  gestión,  que  desarrollan 
actividades  propias  de  la  Administración  pública,  tanto  actividades  de  fomento, 
prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés 
público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales 
diferenciadas y dependientes de esta.
2.  Los organismos autónomos dependen de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón a la que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de los 
resultados de su actividad y el control de eficacia.
Artículo 104.  Régimen jurídico.
Los organismos autónomos se regirán por lo dispuesto en esta ley, en su ley de 
creación, sus estatutos y en las normas de derecho administrativo general y especial que 
les sean de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho 
privado.
Artículo 105.  Régimen de personal.
1.  Los organismos autónomos no tendrán personal propio.
2.  El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral, y 
se regirá por lo previsto en la normativa reguladora de los empleados públicos y por la 
normativa laboral.
3.  El nombramiento de las personas titulares de los órganos de los organismos 
autónomos se regirá por las normas aplicables a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
La persona titular del máximo órgano de dirección del organismo tendrá atribuidas, 
en materia de gestión de recursos humanos, las facultades que le asigne la legislación 
específica.
4.  El  organismo  autónomo  estará  obligado  a  aplicar  las  instrucciones  sobre 
recursos humanos dictadas por el titular del departamento competente en materia de 
función pública y a comunicarle a este departamento cuantos acuerdos o resoluciones 
adopte en aplicación del régimen específico de personal establecido en su Ley de 
creación o en sus estatutos.
Artículo 106.  Régimen de contratación.
1.  La contratación de los organismos autónomos se regirá por la legislación sobre 
contratación del sector público.
2.  En  particular,  la  ley  de  creación  del  organismo  autónomo  determinará  sus 
órganos de contratación, pudiendo fijar los titulares de los departamentos a los que se  e.e
hallen adscritos la cuantía a partir de la cual será necesaria su autorización para la  b
celebración de los contratos. 701ww
Artículo 107.  Régimen patrimonial.
1.  Los  organismos  autónomos  tendrán,  para  el  cumplimiento  de  sus  fines,  un 
patrimonio propio, distinto del de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares.
La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos 
del patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus 
fines, será ejercida de acuerdo a lo establecido para los organismos autónomos en la 
normativa de patrimonio de Aragón.
2.  Los  bienes  pertenecientes  al  patrimonio  del  organismo  autónomo  se 
incorporarán al Inventario General del Patrimonio de Aragón.
3.  Los recursos económicos de los organismos autónomos podrán provenir de las 
siguientes fuentes:
a)  Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
b)  Los productos y rentas de dicho patrimonio.
c)  Las consignaciones específicas que tuvieren asignadas en los presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
d)  Las transferencias corrientes o de capital que procedan de la Administración o 
entidades públicas.
e)  Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas 
y de particulares.
f)  Cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir, según las disposiciones 
por las que se rijan o que pudieran serles atribuidos.
Artículo 108.  Régimen presupuestario.
1.  Los organismos autónomos aplicarán el régimen presupuestario establecido por 
la normativa de hacienda de la comunidad autónoma.
2.  Cada  organismo  autónomo  elaborará  anualmente  el  anteproyecto  de  su 
presupuesto  de  conformidad  con  la  legislación  en  materia  presupuestaria  y  de 
sostenibilidad financiera.
3.  El  anteproyecto  de  presupuesto  será  aprobado  por  la  persona  titular  del 
departamento al que esté adscrito el organismo autónomo, que lo remitirá, junto con el 
de su departamento, a la persona titular del departamento competente en materia de 
hacienda para su aprobación por el Gobierno de Aragón y su integración en el proyecto 
de ley de presupuestos.
Artículo 109.  Régimen de contabilidad y control económico-financiero.
Los  organismos  autónomos  aplicarán  el  régimen  de  contabilidad  y  de  control 
económico-financiero  establecido  por  la  normativa  de  hacienda  de  la  comunidad 
autónoma.
Sección 3.ª Las entidades de derecho público
Artículo 110.  Definición.
Son  organismos  públicos  con  personalidad  jurídica  propia,  patrimonio  propio  y 
autonomía  en  su  gestión  que,  junto  con  el  ejercicio  de  potestades  administrativas  e.e
desarrollan  actividades  prestacionales,  de  gestión  de  servicios  o  de  producción  de  b
bienes de interés público susceptibles de contraprestación. 701ww
Artículo 111.  Régimen jurídico.
1.  Las entidades de derecho público se rigen por los aspectos específicamente
regulados para las mismas en esta ley, en su ley de creación, sus estatutos, y en las
normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación. En 
defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho privado.
2.  Cuando las entidades de derecho público se financien mayoritariamente con 
ingresos de mercado, se regirán por el derecho privado excepto en la formación de la 
voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan 
atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta ley en 
materia de régimen jurídico, personal y de contratos del sector público.
También se aplicará el derecho público cuando así se prevea en su ley de creación, 
en sus estatutos, y en las normas de derecho administrativo general y especial que le 
sean de aplicación.
Artículo 112.  Ejercicio de potestades administrativas.
1.  Las potestades administrativas atribuidas a las entidades de derecho público 
sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que los estatutos les 
asigne expresamente esta facultad.
2.  En todo caso, se reservarán a funcionarios públicos los puestos que supongan la 
participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas.
Artículo 113.  Régimen de personal.
1.  El personal al servicio de las entidades de derecho público podrá ser funcionario 
o laboral de la Administración autonómica y será seleccionado en la forma establecida 
para el personal al servicio de la Administración.
2.  Su régimen jurídico, incluido el de selección y provisión de puestos de trabajo, 
será el de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3.  Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal adecuado 
procedente  de  la  Administración  autonómica,  en  atención  a  la  singularidad  de  las 
funciones  a  desempeñar  o  bien  porque  se  trate  de  entidades  que  se  financien 
mayoritariamente con ingresos de mercado, el departamento competente en materia de 
función  pública  y  el  departamento  competente  en  materia  de  presupuestos,  previa 
justificación  por  el  órgano  de  dirección  o  gobierno  de  la  entidad  y  previo  informe 
favorable del departamento de adscripción, podrá autorizar la contratación de personal 
laboral propio por parte de la entidad para el ejercicio de dichas funciones. Todo ello sin 
perjuicio de lo que se disponga en las leyes anuales de presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
En este caso, la selección del personal laboral propio se llevará a cabo, por los 
procedimientos que se determine, mediante convocatoria pública y proceso selectivo 
basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
4.  El Gobierno de Aragón, a propuesta de los órganos de dirección de estas 
entidades y previo informe del departamento de adscripción, procederá a la aprobación o 
modificación de las relaciones de puestos de trabajo en las que se determinarán los 
puestos de personal funcionario y laboral y aquellos que puedan ser ocupados por 
personal laboral propio.
5.  El nombramiento del personal directivo se realizará conforme a los principios de 
mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, garantizándose en el procedimiento para 
su contratación los principios de publicidad y concurrencia.
Artículo 114.  Régimen de contratación. es
1.  La contratación de las entidades de derecho público se regirá por las previsiones  w.
contenidas al respecto en la legislación de contratos del sector público. 701ww
cont2ra. taLcaió nL,e yp dued iecrnedaoc iófinja rd el olas  etnitutidlaarde sd ed ed erloesc hdoe ppúabrtliacmo ednettoesrm  ain alorás  squuse ó rsgea nhoasl ldeen 
daed slocrsit ocos nlatr actuoasn.tía a partir de la cual será necesaria su autorización para la celebración  BOE-A-cable e
3.  Cuando las entidades de derecho público se financien mayoritariamente con 
ingresos  de  mercado,  se  les  aplicará  el  régimen  de  contratación  previsto  para  las 
entidades públicas empresariales en la legislación básica de contratos del sector público.
Artículo 115.  Régimen patrimonial.
1.  Las entidades de derecho público tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un 
patrimonio propio, distinto del de la Administración pública, integrado por el conjunto de 
bienes y derechos de los que sean titulares.
La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos 
del patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus 
fines, será ejercida de acuerdo con lo previsto en la normativa de patrimonio de Aragón.
2.  Las entidades de derecho público podrán financiarse con los ingresos que se 
deriven  de  sus  operaciones,  obtenidos  como  contraprestación  de  sus  actividades 
comerciales, y con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes:
a)  Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
b)  Los productos y rentas de dicho patrimonio y cualquier otro recurso que pudieran 
serles atribuidos.
c)  Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
d)  Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las administraciones 
o entidades públicas.
e)  Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas 
y de particulares.
f)  Cualquier otro recurso o ingreso público o privado que pudiera corresponderles.
Artículo 116.  Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero.
Las entidades de derecho público aplicarán el régimen presupuestario, económico-
financiero, de contabilidad y de control establecido en legislación de hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
CAPÍTULO IV
De las sociedades mercantiles autonómicas
Artículo 117.  Definición.
1.  Se consideran sociedades mercantiles autonómicas las sociedades mercantiles 
en las que la Administración de la comunidad autónoma, sus organismos públicos u 
otras sociedades mercantiles participadas, conjunta o separadamente, puedan ejercer, 
directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la 
participación financiera o de las normas que las rigen.
2.  Se  consideran  sociedades  mercantiles  autonómicas  de  capital  íntegramente 
público  las  sociedades  mercantiles  en  las  que  todas  las  acciones,  participaciones 
sociales o títulos pertenezcan conjunta o separadamente a la Administración de la 
comunidad  autónoma,  sus  organismos  públicos  u  otras  sociedades  mercantiles 
autonómicas de capital íntegramente público.
Artículo 118.  Participación minoritaria en otras sociedades. b
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quedar acreditados documentalmente ante el departamento competente en materia de 
patrimonio.
2.  Con carácter previo a la adopción del acuerdo, será necesaria la emisión de 
informes  del  departamento  competente  en  materia  de  hacienda  analizando  las 
implicaciones presupuestarias, contables y patrimoniales de la propuesta.
3.  Una vez acordada la participación por el Gobierno de Aragón, la suscripción y 
adquisición, por medio de la entidad de gestión, de acciones y participaciones societarias 
en la correspondiente compañía mercantil se regirá por lo dispuesto en la legislación de 
patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón y en la legislación mercantil.
Artículo 119.  Principios rectores.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y las entidades del sector 
público  autonómico,  en  cuanto  sean  titulares  del  capital  social  de  las  sociedades 
mercantiles autonómicas, perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la 
gestión de dichas sociedades mercantiles, para lo cual promoverán las buenas prácticas 
y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad. Todo ello tendrá lugar 
sin  perjuicio  de  la  supervisión  general  que  ejercerá  el  accionista  o  socio  sobre  el 
funcionamiento de la sociedad mercantil autonómica, conforme prevé la legislación en 
materia de patrimonio.
Artículo 120.  Régimen jurídico.
Las sociedades mercantiles autonómicas se regirán por lo previsto en esta ley, en la 
normativa de hacienda, de patrimonio, presupuestaria, contable, de personal, de control 
económico-financiero y de contratación que les sea de aplicación, y por el ordenamiento 
jurídico privado. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio 
de autoridad pública.
Artículo 121.  Creación y extinción.
1.  La creación de una sociedad mercantil autonómica o la adquisición de este 
carácter  de  forma  sobrevenida  será  autorizada  mediante  acuerdo  del  Gobierno  de 
Aragón a propuesta conjunta del departamento o entidad de gestión y del departamento 
que proponga su constitución, conforme a lo previsto en esta ley y la normativa de 
patrimonio de Aragón.
2.  Con carácter previo a la adopción del acuerdo, será necesaria la emisión de 
informes  del  departamento  competente  en  materia  de  hacienda  analizando  las 
implicaciones presupuestarias, contables y patrimoniales de la propuesta.
3.  El  acuerdo  deberá  ir  acompañado  de  una  propuesta  de  estatutos  con  el 
contenido que exija la legislación mercantil y un plan de actuación con el contenido 
descrito en el apartado siguiente.
4.  El plan de actuación incluirá, al menos:
a)  Las razones que justifican la creación de la sociedad por no poder asumir esas 
funciones otra entidad ya existente, así como la inexistencia de duplicidades. A estos 
efectos, deberá dejarse constancia del análisis realizado sobre la existencia de órganos 
o entidades que desarrollan actividades análogas sobre el mismo territorio y población y 
las razones por las que la creación de la nueva sociedad no entraña duplicidad con 
entidades existentes. e.
b)  Un análisis que justifique que la forma jurídica propuesta resulta más eficiente  w.b
frente a la creación de un organismo público u otras alternativas de organización que se  701ww
hayacn)  dLeoscsa orbtajedtoiv.os anuales y los indicadores para medirlos.
5.  Los acuerdos de creación y de extinción serán objeto de publicación en el
«Boletín Oficial de Aragón».
6.  Será precisa la previa autorización del Gobierno de Aragón a los miembros de 
los órganos de gobierno o de administración de la sociedad mercantil designados por él 
para votar lo que proceda en los supuestos de modificación del objeto social, aumento y 
reducción del capital social, así como en la transformación, fusión, escisión, disolución y 
liquidación de la sociedad.
7.  La  creación  de  las  sociedades  mercantiles  autonómicas  y  los  actos  de 
adquisición y pérdida de la posición mayoritaria en las mismas se acordarán por el 
Gobierno  de  Aragón,  comunicándoselo  a  la  Comisión  competente  en  materia  de 
hacienda de las Cortes de Aragón.
Artículo 122.  Régimen de personal.
1.  El personal de las sociedades mercantiles autonómicas, incluido el que tenga 
condición de directivo, se regirá por el derecho laboral, así como por las normas que le 
sean de aplicación en función de su adscripción al sector público autonómico, incluyendo 
siempre  entre  las  mismas  la  normativa  presupuestaria,  especialmente  lo  que  se 
establezca en las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2.  El nombramiento del personal no directivo irá precedido de convocatoria pública 
y de los procesos selectivos correspondientes basados en los principios de igualdad, 
mérito y capacidad.
3.  El nombramiento del personal directivo se realizará conforme a los principios de 
mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, garantizándose en el procedimiento para 
su contratación los principios de publicidad y concurrencia.
4.  La  contratación  de  personal  requerirá  informe  favorable  de  la  Corporación 
Empresarial Pública de Aragón o de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, 
dependiendo de su adscripción, sin perjuicio de lo que se disponga en las leyes anuales 
de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 123.  Régimen patrimonial.
1.  El patrimonio de las sociedades mercantiles autonómicas se rige por el derecho 
privado y por las normas contenidas en esta ley y en la normativa de patrimonio de 
Aragón.
2.  Las  sociedades  mercantiles  autonómicas  podrán  tener  patrimonio  propio  y 
patrimonio que les sea adscrito por la comunidad autónoma.
3.  En la gestión de su patrimonio propio, poseerán todas las facultades que se 
deriven de la aplicación del derecho privado.
4.  El patrimonio que se adscriba a una sociedad mercantil autonómica solo podrá 
ser utilizado para los fines que justificaran su adscripción.
Artículo 124.  Régimen presupuestario.
1.  El  presupuesto  de  las  sociedades  mercantiles  autonómicas  tendrá  carácter 
estimativo y respetará las prescripciones que respecto al mismo se establecen en la Ley 
de Hacienda de la comunidad autónoma y en la ley de presupuestos de cada ejercicio.
2.  En el caso de que, para la consecución de los fines que tengan asignados, se 
produjera una aportación por parte de la Administración de la comunidad autónoma de 
medios económicos diferente de la derivada de las operaciones de suscripción de capital 
social por parte de la misma, podrán suscribirse convenios o contratos-programa sobre  s
la utilización de estos medios económicos para el aseguramiento y la mejora de la  oe.
prestación o provisión de los bienes y servicios que figuren en los fines de estas  w.
sociedades. 701ww
artíc3u.l o L5o7s d ee necsatarg leoys. de ejecución se formalizarán con arreglo a lo dispuesto en el
Artículo 125.  Régimen de contabilidad y de control económico-financiero.
1.  Las  sociedades  mercantiles  autonómicas  estarán  sometidas  al  régimen  de 
contabilidad pública y al control económico-financiero, de acuerdo con lo establecido en 
la legislación sobre hacienda y patrimonio de la comunidad autónoma.
2.  El departamento competente en materia de hacienda podrá realizar auditorías 
con objeto de comprobar el funcionamiento y la eficacia de estas sociedades en relación 
con el cumplimiento de los objetivos que tengan asignados.
3.  Periódicamente,  se  dará  cuenta  a  las  Cortes  de  Aragón  de  los  resultados 
económicos y del cumplimiento de los fines de estas sociedades.
Artículo 126.  Régimen de contratación.
1.  La contratación de las sociedades mercantiles autonómicas se ajustará a lo 
dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público.
2.  Para la celebración de contratos de cualquier naturaleza jurídica incluidos los 
patrimoniales, cuyo valor estimado sea igual o superior a doce millones de euros, las 
sociedades necesitarán la autorización previa del Gobierno de Aragón. Este importe 
podrá ser modificado en las sucesivas leyes de presupuestos.
3.  Anualmente, en la ley de presupuestos se podrá fijar la cuantía a partir de la cual 
será necesaria la autorización para celebrar contratos de las personas titulares de los 
departamentos de tutela a los que las sociedades se hallen adscritas. A falta de esta 
previsión presupuestaria, la cantidad a partir de la cual será necesaria dicha autorización 
será la que establezca la persona titular del departamento de tutela, que no podrá ser 
inferior a un tercio de la cantidad que deba ser autorizada por el Gobierno de Aragón.
4.  Dichas  autorizaciones  previas  no  se  aplican  a  los  contratos  relativos  a  la 
financiación y gestión financiera.
CAPÍTULO V
De los consorcios autonómicos
Artículo 127.  Definición y actividades propias.
1.  Los consorcios autonómicos son entes de derecho público, con personalidad 
jurídica propia y diferenciada, creados por varias administraciones públicas o entidades 
integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades 
privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del 
ámbito de sus competencias, y que están adscritos a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón de acuerdo con los criterios previstos en el artículo 129.
2.  Los  consorcios  podrán  realizar  actividades  de  fomento,  prestacionales  o  de 
gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes.
3.  Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el 
marco de los convenios de cooperación transfronteriza en que participe la Administración 
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  y  de  acuerdo  con  las  previsiones  de  los 
convenios internacionales ratificados por España en la materia.
Artículo 128.  Régimen jurídico.
1.  Los consorcios autonómicos se regirán por lo establecido en esta Ley, en la  e.e
legislación básica del Estado y en sus estatutos. b
2.  En lo no previsto en la legislación básica del Estado ni en sus estatutos sobre el  701ww
préregvimiseton  edne lla d neorermchaoti vdae c isveil psaorbarceió lan ,s doicsioelduacdió cni,v illi.quidación y extinción, se estará a lo
Artículo 129.  Régimen de adscripción.
1.  De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación 
y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, se entenderá que 
un consorcio está adscrito a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 
cuando:
a)  Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.
b)  Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los 
órganos ejecutivos.
c)  Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del 
personal directivo.
d)  Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una 
normativa especial.
e)  Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del 
órgano de gobierno.
f)  Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la 
actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo 
patrimonial como la financiación concedida cada año.
g)  Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.
h)  Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los 
fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas 
o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio.
2.  Los estatutos de cada consorcio autonómico determinarán el departamento de la 
Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  al  que  estará  adscrito  de 
conformidad con lo previsto en este artículo.
3.  En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio 
no tendrá ánimo de lucro.
Artículo 130.  Régimen de personal.
El personal al servicio de los consorcios autonómicos podrá ser funcionario o laboral 
y habrá de proceder exclusivamente de las administraciones participantes. Su régimen 
jurídico será el de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, al ser la 
administración de adscripción, y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las 
establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las 
Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las 
funciones a desempeñar, el departamento competente en materia de función pública 
previo informe favorable del departamento al que esté adscrito y previa justificación de la 
excepcionalidad  por  el  órgano  de  dirección  o  administración  del  consorcio,  podrá 
autorizar la contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de 
dichas funciones. Todo ello sin perjuicio de lo que se disponga en las leyes anuales de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. En este caso, la selección del 
personal  se  llevará  a  cabo  por  los  procedimientos  que  se  determine,  mediante 
convocatoria pública y proceso selectivo basado en los principios de igualdad, mérito y 
capacidad.
Artículo 131.  Régimen presupuestario, de contabilidad, y control económico-financiero. e.
1.  Los consorcios autonómicos estarán sujetos al régimen de presupuestación,  701ww
pcoenrjtuaicbiiolid daed  ys uc osnutjreocli ódne  ala  loA dpmreinviissttora ceinó nl ad en olarm Caotimvau ndied aeds tAaubtiólidnaodm ap rdeesu Apruaegsótanr,i as iny 
sost2e.n ibAili deafde cfitnoasn cdieer ad.eterminar  la  financiación  por  parte  de  las  administraciones
consorciadas, se tendrán en cuenta tanto los compromisos estatutarios o convencionales
existentes como la financiación real, mediante el análisis de los desembolsos efectivos 
de todas las aportaciones realizadas.
3.  En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será 
responsabilidad  de  la  Intervención  General  de  la  Administración  de  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón.
4.  Los  consorcios  autonómicos  deberán  formar  parte  de  los  presupuestos  e 
incluirse en la cuenta general de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
5.  Los  consorcios  autonómicos  deberán  obtener  autorización  del  departamento 
competente  en  materia  de  hacienda  para  la  apertura  de  cuentas  en  entidades 
financieras.
6.  En el supuesto de que un consorcio quede adscrito a la Administración de la 
comunidad  autónoma  por  concurrir  la  circunstancia  prevista  en  apartado  1.h)  del 
artículo 129, la incorporación de sus presupuestos en el presupuesto general de la 
comunidad autónoma se efectuará a efectos informativos.
Artículo 132.  Régimen patrimonial y de contratación.
1.  El patrimonio de los consorcios autonómicos se regirá por sus estatutos y, con 
carácter supletorio, por la normativa de patrimonio de Aragón.
2.  La contratación de los consorcios autonómicos se regirá por las previsiones 
contenidas al respecto en la legislación sobre contratación del sector público.
Artículo 133.  Creación.
1.  Los consorcios se crearán mediante convenio suscrito por las administraciones, 
organismos públicos o entidades participantes, previo acuerdo del Gobierno de Aragón.
2.  Para la creación, modificación y extinción de los consorcios en los que participe 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o sus organismos públicos y 
entidades vinculados o dependientes, así como para la adquisición y pérdida de la 
posición mayoritaria, se requerirá informes del departamento competente en materia de 
hacienda analizando las implicaciones presupuestarias, contables y patrimoniales de la 
propuesta, con carácter previo a su autorización por el Gobierno de Aragón.
CAPÍTULO VI
De las fundaciones del sector público autonómico
Artículo 134.  Definición y actividades propias.
1.  Son fundaciones del sector público autonómico aquellas que reúnan alguno de 
los requisitos siguientes:
a)  Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria a la dotación 
fundacional, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón  o  cualesquiera  de  los  sujetos  integrantes  del  sector  público  institucional 
autonómico, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución.
b)  Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un cincuenta por 
ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector 
público autonómico con carácter permanente. e.e
c)  Que  la  mayoría  de  derechos  de  voto  en  su  patronato  corresponda  a  b
representantes del sector público autonómico. 701ww
rinedaeli2zp.ae dnaSdseo,nn cs iaianc  táivdniedim adoqe udse e p rluoecpl rioas,s e pdraveric ali aoes l  fscueun mdappclrieimosniteeen st odd eed le  sffeoincrmetosar   dpeúg brianlitctueoirt éaas u tgooe nnómemreaicdl,oi a cnloatnes    OE-A-2021-12able en https://
contraprestación.
Únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de 
las entidades del sector público fundadoras, debiendo coadyuvar a la consecución de los 
fines de las mismas, sin que ello suponga la asunción de sus competencias propias, 
salvo  previsión  legal  expresa.  Las  fundaciones  no  podrán  ejercer,  en  ningún  caso, 
potestades públicas.
3.  En el patrimonio de las fundaciones del sector público autonómico podrá existir, 
para la financiación de las actividades y el mantenimiento de la fundación, aportación del 
sector privado de forma no mayoritaria.
Artículo 135.  Participación en fundaciones que no forman parte del sector público 
autonómico.
1.  El Gobierno de Aragón podrá acordar su participación en otras fundaciones, 
aunque estas no tengan la consideración de fundaciones del sector público autonómico, 
siempre  y  cuando  dicha  participación  sirva  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos 
institucionales  de  la  comunidad  autónoma,  que  deberán  quedar  acreditados 
documentalmente ante el departamento competente en materia de patrimonio.
2.  Será preceptivo informe favorable del departamento competente en materia de 
hacienda.
Artículo 136.  Régimen de adscripción de las fundaciones.
1.  En los estatutos de cada fundación del sector público autonómico deberá constar 
su  adscripción  a  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 134 y en la legislación básica del Estado.
2.  El cambio de adscripción a otra Administración pública, cualquiera que fuere su 
causa, conllevará la modificación de los estatutos, que deberá realizarse en un plazo no 
superior a tres meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a 
aquel en que se produjo el cambio de adscripción.
Artículo 137.  Régimen jurídico.
Las fundaciones del sector público autonómico se rigen por lo previsto en esta ley, la 
legislación básica del Estado sobre el sector público, la legislación estatal en materia de 
fundaciones, la legislación de la comunidad autónoma que resulte aplicable en materia 
de fundaciones y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le 
sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control económico-financiero 
y de contratación del sector público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
siguientes.
Artículo 138.  Régimen de contratación.
La contratación de las fundaciones del sector público autonómico se ajustará a lo 
dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público.
Artículo 139.  Régimen presupuestario, de contabilidad, de control económico-financiero 
y de personal.
1.  Las  fundaciones  del  sector  público  autonómico  vendrán  obligadas  a  formar 
presupuesto de explotación y de capital en el caso de que reciban subvenciones de esta  es
naturaleza y formularán y presentarán sus cuentas anuales de acuerdo con los principios  o
y normas de contabilidad recogidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad a  701ww
nplaorser ms2eu.anp ttuiivdLeaaas dsvta iegrsieof un, snteiedn cae ocnfnii nomóenmase tisce lorui-acfdir nedaalet inv fcousisnee drcoyato, c ridd oiensp peúcosob.snliicctiaoob nieliadsua tdqo unyeó  mdleoic  ocd oensataprorlrilco aellrasántna,  blaeesclí i dcoroé mpgoiomr  ellana    OE-A-2021-12able en https://
normativa autonómica en materia de hacienda y, sin perjuicio de las competencias
atribuidas  a  la  Cámara  de  Cuentas,  estarán  sometidas  al  control  financiero  de  la 
Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en los 
términos previstos en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3.  El personal de las fundaciones del sector público autonómico, incluido el que 
tenga condición de directivo, se regirá por el derecho laboral, así como por las normas 
que le sean de aplicación en función de su adscripción al sector público autonómico, 
incluyendo entre las mismas la normativa presupuestaria, así como lo que se establezca 
en las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La contratación de personal requerirá informe favorable del departamento al que 
figure adscrita la fundación, sin perjuicio de lo que se disponga en las leyes anuales de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
4.  El nombramiento del personal no directivo irá precedido de convocatoria pública 
y de los procesos selectivos correspondientes basados en los principios de igualdad, 
mérito y capacidad.
5.  El nombramiento del personal directivo se realizará conforme a los principios de 
mérito y capacidad y a criterios de idoneidad que garanticen la publicidad y concurrencia.
Artículo 140.  Régimen patrimonial.
El patrimonio de las fundaciones públicas de la comunidad autónoma se regirá por el 
derecho privado, por las normas contenidas en esta ley, en la normativa de patrimonio de 
Aragón y en su normativa específica.
Artículo 141.  Creación y extinción de fundaciones del sector público autonómico.
1.  La creación y extinción de fundaciones del sector público autonómico, así como 
la  adquisición  y  pérdida  de  la  posición  mayoritaria,  se  aprobarán  por  acuerdo  del 
Gobierno de Aragón, previos informes del departamento competente en materia de 
hacienda analizando las implicaciones presupuestarias, contables y patrimoniales de la 
propuesta.
2.  Los estatutos de las fundaciones del sector público autonómico se aprobarán por 
acuerdo  del  Gobierno  de  Aragón,  a  propuesta  del  titular  del  departamento  de 
adscripción,  que  estará  determinado  en  sus  estatutos,  previo  informe  favorable  del 
departamento que ejerza el protectorado. No obstante, por acuerdo del Gobierno de 
Aragón podrá modificarse el departamento al que se adscriba inicialmente la fundación.
3.  Los  estatutos  de  la  fundación  concretarán  la  forma  de  participación  de  la 
Administración de la comunidad autónoma en la composición del patronato.
Artículo 142.  Protectorado.
El protectorado de las fundaciones del sector público autonómico será ejercido, en 
nombre  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  departamento  competente  en  materia  de 
fundaciones, que velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
normativa  sobre  fundaciones,  sin  perjuicio  del  control  de  eficacia  y  la  supervisión 
continua a los que están sometidas de acuerdo con lo previsto en esta ley.
Artículo 143.  Designación de miembros del patronato.
En  las  fundaciones  del  sector  público  autonómico,  así  como  en  aquellas  otras 
fundaciones en las que se participe, los miembros del patronato propuestos por la  e.e
Comunidad  Autónoma  de  Aragón  serán  designados  a  propuesta  del  Gobierno  de  w.b
Aragón. 701ww
Artículo 144.  Fusión, disolución, liquidación y extinción.
Reglamentariamente  se  podrá  regular  el  procedimiento  de  fusión,  disolución,
liquidación y extinción de las fundaciones del sector público autonómico.
TÍTULO V
Relaciones interadministrativas
CAPÍTULO I
Principios que rigen las relaciones interadministrativas
Artículo 145.  Principios.
1.  La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se relaciona con las 
demás administraciones públicas de acuerdo a los principios de lealtad institucional, 
competencia,  colaboración,  cooperación,  coordinación,  eficiencia,  responsabilidad, 
igualdad en el ejercicio por los ciudadanos de sus derechos, solidaridad interterritorial, 
así  como  a  todos  aquellos  principios  recogidos  en  la  Constitución,  el  Estatuto  de 
Autonomía de Aragón y legislación básica aplicable.
2.  Las relaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón y las entidades que 
integran la Administración local se regirán además por lo dispuesto en su legislación 
específica.
Artículo 146.  Deberes de colaboración y cooperación.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón actuará, en el ejercicio de 
sus competencias, con sujeción a los deberes de colaboración y cooperación definidos 
en la legislación básica de régimen jurídico del sector público.
CAPÍTULO II
De los convenios
Artículo 147.  Definición de convenio.
1.  Son  convenios  los  acuerdos  con  efectos  jurídicos  adoptados  por  la 
Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  y  sus  organismos  públicos 
adscritos, así como las universidades públicas integradas en el Sistema Universitario de 
Aragón, entre sí, o bien con otros sujetos de derecho público y privado, en el ámbito 
propio de su actuación y para un fin común.
2.  No tienen la consideración de convenios los protocolos generales de actuación o 
instrumentos similares, cuyo contenido sea de carácter programático o declarativo no 
vinculante, que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y 
exigibles. Con carácter previo a su celebración, corresponde al Gobierno de Aragón 
autorizar los protocolos generales de actuación o instrumentos similares.
3.  Las  disposiciones  previstas  en  este  capítulo  no  serán  de  aplicación  a  las 
encomiendas  de  gestión  y  a  los  acuerdos  de  terminación  convencional  de  los 
procedimientos administrativos.
4.  Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. 
En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en normativa 
relativa a la contratación del sector público que resulte de aplicación.
5.  Cuando  el  convenio  instrumente  el  otorgamiento  de  una  subvención,  o  las 
relaciones con entidades colaboradoras en la gestión de subvenciones, deberá cumplir lo  e
dispuesto en la normativa existente en materia de subvenciones públicas. bo
Artíc1u. lo E14s8te.   Tcaippoístu dloe  cosenrváe niodse.  aplicación  a  los  convenios  que  celebren  la
Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  Aragón  y  sus  organismos  públicos
adscritos, así como las universidades públicas que integran el Sistema Universitario 
de Aragón, entre sí o con:
a)  El Estado, y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados 
o dependientes.
b)  Las comunidades autónomas y sus organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes.
c)  Las entidades que integran la Administración local, y sus organismos públicos y 
entidades de derecho público vinculados o dependientes.
d)  Las  Cortes  de  Aragón  y  el  Justicia  de  Aragón,  así  como  con  los  órganos 
estatutarios dotados de autonomía funcional cuando sus leyes reguladoras lo permitan.
e)  Las universidades públicas.
f)  Cualesquiera otros sujetos de derecho público.
g)  Los sujetos de derecho privado.
h)  Los entes regionales europeos, entes públicos de otros Estados u organismos 
internacionales con intereses económicos, sociales, ambientales, educativos, científicos 
y culturales comunes.
2.  Los convenios suscritos por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón con otra u otras comunidades autónomas se regirán por lo dispuesto en esta ley 
y tendrán por objeto cualquier materia incluida en el ámbito de sus competencias. De la 
celebración de estos convenios deberá informarse a las Cortes de Aragón y a las Cortes 
Generales en el plazo de un mes a contar desde la fecha de su firma.
3.  Los convenios que celebre la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón con entidades locales deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente 
en materia de régimen local, así como con la regulación establecida en este capítulo.
4.  Este capítulo no será de aplicación a los convenios urbanísticos que se regirán 
por su normativa específica.
Artículo 149.  Contenido de los convenios.
1.  Los convenios que celebren la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón y sus organismos públicos adscritos, así como las universidades públicas que 
integran el Sistema Universitario de Aragón deberán incluir, al menos, el contenido 
siguiente:
a)  Sujetos que suscriben el convenio y capacidad jurídica con la que actúa cada 
una de las partes.
b)  Competencia en la que la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
sus organismos públicos adscritos y universidades públicas que integran el Sistema 
Universitario de Aragón fundamentan su actuación.
c)  Objeto del convenio y razones de interés público que lo motiven.
d)  Actuaciones a realizar y compromisos asumidos por cada una de las partes, 
indicándose, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.
e)  Las obligaciones o compromisos económicos que puedan derivarse para las 
partes indicando la distribución temporal del gasto por anualidades, si así las hubiera, así 
como su adecuada imputación presupuestaria.
f)  Efectos del incumplimiento de las obligaciones y compromisos de las partes y, en 
su caso, criterios para determinar la posible indemnización que de ello se derive.
g)  Mecanismos de seguimiento, interpretación, vigilancia y control del cumplimiento  e.
y correcta ejecución del convenio. w.b
h)  Régimen de modificación del contenido del convenio. 701ww
detei)r miEnal dpola yz on od seu pveigrieonr caia c udaetrl oc aoñnovse,n sioa,l vtoe nqiueen duon ae nno rcmuae ndtias pqouneg ae usnte p ldaezboe mráa ysoerr. 
En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia, los firmantes podrán
acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su 
extinción, siempre que esa posibilidad esté prevista en el propio convenio.
j)  Jurisdicción competente.
k)  Localidad, fecha y firma del convenio.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el convenio podrá establecer 
causas de resolución del mismo, además de las reguladas en la legislación básica 
estatal, así como prever indemnizaciones por daños y perjuicios en caso de que el 
convenio  se  resuelva  por  incumplimiento  de  las  obligaciones  o  compromisos  de 
cualesquiera de las partes.
Artículo 150.  Autorización y firma.
1.  Con  carácter  previo  a  su  celebración  corresponde  al  Gobierno  de  Aragón 
autorizar los convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y 
sus organismos públicos dependientes o adscritos.
No  obstante  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior,  no  precisarán  autorización  del 
Gobierno aquellos convenios que celebre la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón y sus organismos públicos con otras administraciones y sujetos de derecho 
público o privado cuyo fin único sea el otorgamiento a los beneficiarios de subvenciones 
públicas.  Dichas  actuaciones  se  regirán  por  la  normativa  aplicable  en  materia  de 
subvenciones.
2.  En el ámbito de la Administración de la comunidad autónoma y sus organismos 
públicos  adscritos,  podrán  suscribir  convenios,  con  carácter  general,  en  nombre  y 
representación  del  Gobierno  de  Aragón,  la  Presidencia,  los  titulares  de  los 
departamentos  y  los  gerentes  o  directores  de  dichos  organismos  públicos.  Dicha 
representación se designará mediante acuerdo del Gobierno de Aragón que facultará a 
aquél que sea designado a la firma del convenio.
3.  La autorización del Gobierno de Aragón para la celebración del convenio con 
carácter previo a su firma se exigirá asimismo para su modificación y resolución por 
mutuo  acuerdo  de  las  partes.  La  modificación  de  los  convenios  se  llevará  a  cabo 
mediante adendas al mismo.
4.  La prórroga del convenio, siempre que esté prevista, podrá suscribirse por el 
titular del órgano firmante del convenio, dando posterior comunicación al Gobierno de 
Aragón.
5.  Los convenios que adopten la Administración de la Comunidad Autónoma y sus 
organismos públicos con sujetos de derecho público y privado no implicarán la cesión de 
la titularidad de sus competencias.
Artículo 151.  Procedimiento de tramitación de los convenios.
1.  El proyecto de convenio deberá ir acompañado de una memoria firmada por el 
titular del centro directivo promotor, en la que se hará constar los antecedentes, el objeto, 
la necesidad y oportunidad de la actuación, los compromisos que se adquieran, su 
financiación y el impacto económico del convenio si lo hubiera, así como el carácter no 
contractual de la actividad en cuestión y el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
norma.
2.  Los convenios que suscriban la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón o sus organismos públicos que comprometan gastos de carácter plurianual o de  s
ejercicios  futuros  requerirán  informe  del  departamento  competente  en  materia  de  oe.
hacienda que acredite la existencia de crédito suficiente y adecuado en los respectivos  w.
pplruersi3au.np uuLaeols.sto sa cyu elard torasm oi tcaocnióvne ncioorsr edsep olan dAiednmtein pisotrra scuió nn adteu ralale Czao mduen gidaasdto As udteó ncoamráac tdeer   2021-12701n https://ww
Aragón con cualesquiera de las universidades que integran el Sistema Universitario de
Aragón deberán ser informados previamente por el departamento competente en materia 
de universidades.
4.  Los convenios suscritos por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, sus organismos públicos y las universidades públicas que integran el Sistema 
Universitario  de  Aragón  se  perfeccionan  y  son  eficaces  con  la  prestación  del 
consentimiento de las partes mediante la firma de dicho convenio.
La suscripción, extinción, prórroga o modificación de los convenios se inscribirá, a 
efectos de su publicidad, en el Registro Electrónico de Convenios de la Comunidad 
Autónoma de Aragón en el plazo de un mes a partir de la firma.
En el caso de que el convenio se suscriba con la Administración general del Estado o 
con alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes, se regirá para su eficacia por lo previsto en la legislación básica estatal.
5.  Tras la inscripción del convenio o, en su caso, su modificación, prórroga o 
extinción  en  el  Registro  Electrónico  Autonómico  de  Convenios  y  Órganos  de 
Cooperación, se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón».
6.  Los convenios a través de los cuales se haya instrumentado el otorgamiento de 
una subvención deberán igualmente ser inscritos en el Registro Electrónico Autonómico 
de Convenios y Órganos de Cooperación y publicados en el «Boletín Oficial de Aragón».
7.  Los convenios que impliquen compromisos económicos superiores a trescientos 
mil  euros  para  la  Administración  de  la  comunidad  autónoma,  organismos  públicos 
adscritos y universidades públicas que integran el Sistema Universitario de Aragón, 
incluidos aquellos a través de los cuales se instrumente la concesión de subvenciones 
públicas, se deberán remitir electrónicamente por el titular del centro directivo promotor a 
la Cámara de Cuentas de Aragón dentro de los tres meses siguientes a su suscripción. 
Asimismo, se comunicarán a la Cámara de Cuentas de Aragón las modificaciones de 
contenido económico, prórrogas o variaciones de plazo, así como la extinción de los 
convenios indicados.
8.  Los gestores de convenios administrativos harán uso de los recursos disponibles 
para que la tramitación de los mismos se efectúe en un periodo de tiempo que permita el 
cumplimiento eficaz de los fines perseguidos con su formalización bajo los principios de 
agilización y simplificación administrativas.
Artículo 152.  Extinción y efectos de la resolución de los convenios.
Los convenios se extinguirán por las causas y su resolución producirá los efectos 
que se prevén en la legislación básica estatal, en el propio convenio o en las leyes.
CAPÍTULO III
Relaciones y órganos de cooperación
Artículo 153.  Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado.
1.  La Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado es el instrumento principal 
y permanente de relación entre la comunidad autónoma y el Estado para instrumentar la 
colaboración mutua en el ejercicio de las respectivas competencias, coordinar e impulsar 
las relaciones bilaterales y realizar el seguimiento de la participación de Aragón en las 
competencias estatales en los supuestos previstos en el Estatuto de Autonomía, de 
acuerdo con las funciones que le atribuye el artículo 90 del Estatuto de Autonomía de  es
Aragón. o
pfloursne csp23iioad..  nreeanLLsmc aaiaai  elC  nEsCotesmoort amáiisnd iaitsoóeli tnóryen n rBoln oi alsqaBt uitivimeelaar pats epale rors aearel sp  pr raeeus ureeAino bridaerráog ep,sóg o anitrrle.  áamm cepupnoeoorrrads lo,e  euscln o daner jve uuegnnzltao  aam.lñ eaonñ tnooa  etundr aesl e csooiórrgnrea psnlpiezonanacdrióiiaen.n  dLoay    OE-A-2021-12701able en https://www.
Artículo 154.  Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros.
1.  La Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros es el órgano bilateral de 
relación  entre  las  administraciones  del  Estado  y  de  Aragón  en  las  materias  sobre 
financiación autonómica específicas aragonesas, en el marco de las funciones que le 
atribuye el artículo 109 del Estatuto de Autonomía.
2.  La Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros se regirá por el reglamento 
de organización y funcionamiento interno que se apruebe por acuerdo conjunto.
3.  La Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros se reunirá, al menos, una 
vez al año en sesión plenaria. La presidencia será alternativa por períodos temporales de 
un  año  natural  correspondiendo  los  pares  al  Estado  y  los  impares  a  Aragón.  La 
secretaría permanente se ejercerá de forma conjunta.
Artículo 155.  Comisión Mixta de Transferencias.
La Comunidad Autónoma de Aragón y el Estado se reunirán en la Comisión Mixta de 
Transferencias  cuando  se  pretenda  la  transferencia  de  funciones  y  servicios.  Esta 
Comisión Mixta estará integrada de forma paritaria y aprobará sus propias normas de 
funcionamiento de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Aragón.
Artículo 156.  Otros órganos de cooperación.
1.  La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón podrá constituir con 
otras administraciones públicas consorcios, organizaciones personificadas de gestión 
para la consecución de finalidades de interés común, o empresas públicas, de acuerdo 
con la normativa reguladora de estas organizaciones.
2.  Asimismo,  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  podrá 
participar en otros órganos de cooperación de otras administraciones públicas.
Artículo 157.  Designación de representantes autonómicos.
1.  La Comunidad Autónoma de Aragón estará representada en los órganos de 
cooperación  previstos  en  la  legislación  básica  estatal  sobre  relaciones 
interadministrativas conforme se determina en los apartados siguientes.
2.  En las conferencias sectoriales Aragón estará representada por el miembro del 
Gobierno que sea competente por razón de la materia.
En las comisiones sectoriales, órganos de apoyo de las conferencias sectoriales en 
las que forme parte la comunidad autónoma, estará representada por la persona titular 
de la secretaría general técnica o de la dirección general designada a estos efectos por 
la persona titular del departamento competente por razón de la materia.
En los grupos de trabajo que puedan ser creados en las conferencias sectoriales 
participarán los jefes de servicio designados por quien sea titular de la dirección general 
o del departamento que corresponda por razón de la materia
3.  En las comisiones territoriales de coordinación en las que participe Aragón, su 
representación  corresponderá  al  órgano  equivalente  al  que  dispongan  las 
administraciones participantes, siendo designados por el superior jerárquico competente 
por razón de la materia.
CAPÍTULO IV
Transferencia y reutilización de tecnología entre Administraciones b
Artíclau lAo d1m5i8n.i strTarcainósnf edree nlac iCa oym ruenuitdilaizda Aciuótnó ndoem sais dteem Aarsa gyó na.plicaciones de propiedad de
1.  La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través de Aragonesa
de  Servicios  Telemáticos,  mantendrá  un  directorio  actualizado  de  las  aplicaciones,
desarrolladas o que hayan sido objeto de contratación por sus órganos y de cuyos 
derechos de propiedad intelectual sea titular, salvo que la información a la que estén 
asociadas sea objeto de especial protección por una norma.
2.  Las aplicaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 
estarán a disposición de cualquier administración que lo solicite y serán declaradas, con 
carácter general, como de fuentes abiertas.
3.  En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, 
la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  optará  por  su  uso 
preferentemente a la adquisición o desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas, salvo 
que la decisión de no reutilizarla se justifique en términos de eficiencia.
Disposición adicional primera.  Del Servicio Jurídico del Gobierno de Aragón.
Al Servicio Jurídico del Gobierno de Aragón le corresponde la representación y 
defensa en juicio, así como la dirección y coordinación de la asistencia jurídica, tanto 
consultiva  como  contenciosa,  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Aragón y de su sector público institucional, en los términos previstos en su normativa 
específica.
Disposición adicional segunda.  «Boletín Oficial de Aragón».
1.  El «Boletín Oficial de Aragón» es el diario oficial de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
2.  La  publicación  del  «Boletín  Oficial  de  Aragón»  se  realizará  por  medios 
electrónicos y tendrá carácter oficial y auténtico.
3.  El «Boletín Oficial de Aragón» se integra orgánicamente en el departamento con 
competencias en materia de publicación de disposiciones y actos administrativos.
4.  Su organización y contenido se regulará reglamentariamente.
Disposición  adicional  tercera.  Registro  Electrónico  Autonómico  de  Convenios  y 
Órganos de Cooperación.
1.  La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón mantendrá actualizado 
un registro electrónico de convenios y órganos de cooperación en los que participe esta 
o sus organismos públicos adscritos, en el que figurará la suscripción, modificación, 
prórroga o extinción de los convenios celebrados, además de la creación, modificación, 
prórroga o extinción de los órganos de cooperación en los que participa la Administración 
de la comunidad autónoma.
2.  Los convenios ya en vigor celebrados por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, sus organismos públicos adscritos y las universidades públicas 
integradas en el Sistema Universitario de Aragón, así como los órganos de cooperación 
autonómicos, deberán inscribirse en el Registro Electrónico Autonómico de Convenios y 
Órganos de Cooperación en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la 
presente ley.
Disposición  adicional  cuarta.  Adaptación  de  entidades  y  organismos  públicos 
existentes.
1.  Todos  los  organismos  públicos  y  entidades  que  integran  el  sector  público 
autonómico existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán  e.e
adaptarse al contenido de la misma en el plazo de dos años a contar desde su entrada  w.b
en vigor, rigiéndose hasta que se realice la adaptación por su normativa específica. 701ww
orga2n. ismLao s ayd aepntatidciaódne ss ee nr emalaiztearriáa  pdree speerrvsaonndaol,  lpaast riamcotunaiole, sr éegsimpeecni aplidreasduepsu edseta rlioos, 
cfionnatnacbiailicdióand,,  inccolunytreonl doe,c orensópmeicctoo- fian anecsitearso  úlyti madse,   eol pseoramceiotinmeise ntcoo, meon   saug ecnatseo , dael 
ordenamiento  jurídico  privado.  Las  especialidades  se  preservarán  siempre  que  no
hubieran generado deficiencias importantes en el control de ingresos y gastos causantes 
de una situación de desequilibrio financiero en el momento de su adaptación.
Disposición adicional quinta.  Referencias y concordancias.
1.  Todas  las  referencias  que  se  contengan  en  disposiciones  legales  y 
reglamentarias al Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón se entenderán realizadas a esta ley.
2.  Si  las  referencias  se  expresaran  con  indicación  de  la  numeración  de  un 
determinado artículo, se entenderán sustituidos por la numeración que corresponda a 
dicho artículo en esta ley.
Disposición  adicional  sexta.  Especialidades  de  la  Administración  tributaria  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
1.  Los  órganos  de  la  Administración  tributaria  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Aragón se regirán por su legislación específica y, únicamente de forma supletoria y en 
tanto resulte compatible con su legislación específica, por lo dispuesto en la presente ley.
2.  En particular, se regirán por su normativa específica:
a)  Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos, así como su 
revisión en vía administrativa.
b)  El acceso, la cesión o la comunicación de información de naturaleza tributaria.
c)  La administración electrónica en materia tributaria.
3.  La supletoriedad de lo dispuesto en la presente ley se entenderá sin perjuicio de 
que los procedimientos tributarios regulados en su legislación específica, cuando no 
exijan alguno de los trámites previstos en esta ley o cuando regulen trámites adicionales 
o distintos, se rijan, respecto a estos, por lo dispuesto en dicha normativa específica.
Disposición  adicional  séptima.  Cláusula  de  progreso  y  adaptación  a  la  evolución 
tecnológica en materia de administración electrónica.
En  función  del  progreso  tecnológico  que  se  vaya  produciendo,  mediante  orden 
conjunta de los departamentos competentes en materia de administración electrónica y 
de  hacienda,  se  podrán  desarrollar  e  incorporar  nuevos  medios  electrónicos  de 
notificación, firma y pago en el marco de la legislación básica vigente.
Disposición adicional octava.  Adaptación a la tramitación electrónica del procedimiento 
en materia de expropiación forzosa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
En las expropiaciones forzosas realizadas por la Comunidad Autónoma de Aragón, la 
publicación de la relación concreta e individualizada en la que se describan los bienes o 
derechos que se considere de necesaria expropiación, además de en el «Boletín Oficial 
de Aragón», tendrá lugar mediante inserción de una reseña en uno de los diarios de 
mayor circulación en la comunidad autónoma, en su versión en papel y/o digital, con 
remisión expresa a la sede electrónica o portal web del Gobierno de Aragón.
Disposición adicional novena.  Sustitución del recurso de alzada en relación con el  s
Ingreso Aragonés de Inserción. oe.
1.  El recurso de alzada contra los actos de los órganos que tengan atribuida la  701ww
cimopmupgenteancicóian  eann tere llaac iCóonm ciosnió ne l dIen gRreescola Amraacgioonnéess  ddee l InInsgerrecisóon  Aqruaegdoan éssu sdtietu iIdnos eprcoiró nla, 
cuya2 .c omLap oCsiocmióins iyó nré gseim ecno mjupríodnicdorá s ed ere guunlaa  ePnr elas ipdreensceian,t eu dnisap oVsiciceiópnre.sidencia y tres
vocales. Cada uno de los vocales contará con una persona suplente.
3.  La Presidencia de la Comisión recaerá en una persona titular de una dirección 
general o una secretaría general de organismo autónomo del departamento competente 
en materia de servicios sociales. La Vicepresidencia recaerá en una persona funcionaria 
que desempeñe una jefatura de servicio en el mismo departamento. La Vicepresidencia 
suplirá a la Presidencia en los casos de ausencia, vacante o enfermedad y ejercerá las 
funciones que esta le delegue.
4.  Los tres vocales y sus correspondientes suplentes serán nombrados por el 
consejero  o  consejera  competente  en  materia  de  servicios  sociales.  Estos 
nombramientos deberán recaer en:
a)  Dos  interventoras  o  interventores  delegados  a  propuesta  de  la  Intervención 
General, uno como titular y otro como suplente.
b)  Dos  funcionarios  o  funcionarias  con  titulación  universitaria  al  servicio  del 
departamento competente en materia de servicios sociales, uno como titular y otro como 
suplente.
c)  Dos personas expertas en materia de servicios sociales, una como titular y otra 
como suplente.
5.  El ejercicio de las funciones de secretaría de la Comisión, con voz y voto, 
corresponderá  al  vocal  designado  de  entre  el  personal  funcionario  con  titulación 
universitaria al servicio del departamento competente en materia de servicios sociales.
Disposición adicional décima.  Remisiones normativas.
Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a empresas de la 
comunidad autónoma se entenderán efectuadas a sociedades mercantiles autonómicas.
Disposición  adicional  undécima.  Ampliación  de  la  duración  de  las  subvenciones 
destinadas  a  la  contratación  de  personal  investigador  predoctoral  en  formación 
correspondientes  a  las  convocatorias  de  los  períodos  2016-2020,  2017-2021 
y 2018-2022.
1.  Los centros y organismos de investigación, públicos y privados, así como las 
universidades públicas y privadas que hayan resultado beneficiarios de subvenciones 
destinadas  a  la  contratación  de  personal  investigador  predoctoral  en  formación,  al 
amparo de las convocatorias indicadas en el apartado siguiente, y que prorroguen la 
vigencia de los contratos de acuerdo con los requisitos temporales establecidos en la 
disposición adicional sexta, apartados 1 y 2, de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, podrán solicitar la ampliación de la duración de 
las subvenciones concedidas hasta un límite máximo de cinco meses desde la fecha de 
finalización de dichas ayudas.
2.  Las subvenciones objeto de ampliación serán las concedidas al amparo de las 
siguientes convocatorias:
a)  Orden  IIU/1/2017,  de  9  de  enero,  por  la  que  se  convocan  subvenciones 
destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en formación para el 
periodo 2016-2020 cofinanciadas con el Programa Operativo FSE Aragón 2014-2020 
(«Boletín Oficial de Aragón» número 9 de 16 de enero).
b)  Orden IIU/2023/2017, de 14 de diciembre, por la que se convocan subvenciones  e
destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en formación para el  bo
período 2017-2021 cofinanciadas con el Programa Operativo FSE Aragón 2014-2020  701ww
(«Bocl)e tínO Ordfeicnia IlI Ude/1 A40ra8g/2ó0n1»8 n, údme e5r od e2 3s8e pdteie 1m4b dree,  dpiocire lma bqruee). se convocan subvenciones
pdeersitoindaod a2s0 1a8 -l2a0 c2o2n tcroaftiancaiónnci addea sp ecrosonn eall  iPnrvoegsrtaigmaad oOr ppereradtoivcoto rFaSl Ee nA froargmóanc i2ó0n1 p4a-2ra0 2e0l 
(«Boletín Oficial de Aragón» número 172 de 5 de septiembre).
3.  El órgano convocante dictará las resoluciones que sean precisas para determinar 
el procedimiento y la documentación necesaria para proceder a la ampliación de las 
citadas  subvenciones,  así  como  para  adaptar,  en  su  caso,  las  condiciones  de  las 
convocatorias  mencionadas.  Asimismo,  el  órgano  convocante  realizará  las 
modificaciones y variaciones presupuestarias que permitan la dotación de crédito en las 
anualidades que puedan verse afectadas.
4.  El importe de las subvenciones que podrán recibir las entidades beneficiarias por 
cada persona contratada será el fijado en la convocatoria de origen y, sin perjuicio de lo 
dispuesto  en  el  apartado  anterior,  se  aplicará  el  mismo  régimen  de  obligaciones, 
derechos  y  condiciones  recogidos  en  la  propia  convocatoria  y  en  las  respectivas 
resoluciones de concesión.
Disposición adicional duodécima.  Lectura fácil.
La publicación de esta ley se llevará a cabo en documento de lectura fácil para 
garantizar el acceso a la información de las personas con discapacidad, tal y como 
establece el artículo 75 de la Ley, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las 
personas con discapacidad en Aragón.
Disposición transitoria primera.  Encargos a empresas públicas.
Los encargos a empresas públicas realizados con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta ley mantendrán su eficacia y seguirán produciendo sus efectos propios hasta su 
completa realización.
Disposición transitoria segunda.  Entidades y organismos públicos existentes.
1.  Todos los organismos y entidades integrantes del sector público autonómico en 
el momento de la entrada en vigor de esta ley continuarán rigiéndose por su normativa 
específica, incluida la normativa presupuestaria que les resultaba de aplicación, hasta su 
adaptación a lo dispuesto en esta ley de acuerdo con lo previsto en la disposición 
adicional cuarta.
2.  Lo dispuesto en los artículos 113 y 130 respecto al régimen de personal de las 
entidades de derecho público y consorcios será de aplicación a las entidades de nueva 
creación y al personal que se incorpore desde el momento de entrada en vigor de la ley.
3.  En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno de 
Aragón, a propuesta de los órganos de dirección o administración de estas entidades, 
procederá a la aprobación o modificación de las relaciones de puestos de trabajo en las 
que se determinarán los puestos de personal funcionario y laboral y aquellos que puedan 
ser ocupados por personal laboral propio.
4.  El  personal  laboral  propio  de  las  entidades  de  derecho  público  y  de  los 
consorcios existentes a la entrada en vigor de esta ley que se encontrara desempeñando 
puestos de trabajo que en las relaciones de puestos de trabajo se clasifiquen como 
propias de personal funcionario o laboral de la Administración autonómica podrá seguir 
desempeñándolos,  manteniendo  el  mismo  régimen  jurídico  que  dio  lugar  a  su 
contratación hasta que se produzca la extinción de su vínculo laboral por alguna de las 
causas legalmente previstas en el Estatuto de los Trabajadores.
Este personal solo podrá acceder a la condición de personal funcionario o laboral de 
la  Administración  autonómica  a  través  de  la  participación  en  las  correspondientes  s
pruebas selectivas de acceso libre convocadas en ejecución de las ofertas de empleo  oe.
público. w.
DispAoustiócnióonm tara dnes iAtorraiag ótne.rcera.  Inscripción en el Registro de Entes de la Comunidad
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, las personas
titulares de los departamentos o, en su caso, las personas titulares de los órganos
superiores o directivos de los entes del sector público institucional de la Comunidad 
Autónoma de Aragón remitirán a la Intervención General toda la información de los entes 
existentes a los efectos de su inscripción en este Registro.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, 
contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente ley y, en especial:
a)  Los  artículos  6,  7  y  8  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Hacienda  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto legislativo 1/2000, de 29 de 
junio, del Gobierno de Aragón.
b)  El Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que 
se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  la  Administración  de  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón.
c)  La Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
d)  La  disposición  final  tercera  de  la  Ley  3/2012,  de  8  de  marzo,  de  Medidas 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Disposición final primera.  Modificación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de 
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 diciembre, del Gobierno de 
Aragón.
Uno.  Se  modifica  el  apartado  1  del  artículo  134  que  queda  redactado  de  la 
siguiente forma:
«1.  Compete  al  Gobierno  de  Aragón,  mediante  acuerdo  adoptado  a 
propuesta del consejero  competente  en materia de  patrimonio, autorizar a la 
Administración de la comunidad autónoma, a sus organismos públicos y a las 
sociedades mercantiles autonómicas los actos de adquisición o enajenación de 
valores mobiliarios y participaciones sociales, y cualesquiera actos y negocios 
jurídicos  que  supongan  la  adquisición  por  una  sociedad  de  la  condición  de 
sociedad mercantil autonómica o la pérdida de la misma.»
Dos.  Se  modifica  el  apartado  1  del  artículo  141,  que  queda  redactado  de  la 
siguiente forma:
«1.  La constitución o disolución de sociedades mercantiles autonómicas por 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus organismos públicos 
u otras sociedades mercantiles autonómicas habrá de ser autorizada por acuerdo 
del  Gobierno  de  Aragón,  con  aplicación  de  las  normas  correspondientes  del 
capítulo anterior de esta ley.»
Disposición final segunda.  Modificación del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 
de junio, del Gobierno de Aragón.
Uno.  Se modifica la letra c) del artículo 34 con la siguiente redacción:
«c)  Los  estados  de  recursos  y  dotación  con  las  correspondientes  e.e
estimaciones  de  cobertura  financiera  y  evaluación  de  necesidades  para  el  b
ejercicio, tanto de explotación como de capital de los entes que integran el sector  701ww
pdúebtelircmoi neinns trietugclaiomneanl taaruiatomneónmteic.o,  así  como  los  estados  financieros  que  se
comEunn ideal ds uapuuteósntoom dae  pqoure a pulnic acocinósno rdceiol  cqruiteerdioe  daedls cterirtroit oar iola  oA ddem lian isptorabclaiócnió nd,e  dlae 
conformidad con lo señalado en la normativa reguladora del sector público, la
incorporación de sus presupuestos en el presupuesto general de la comunidad 
autónoma se efectuará a efectos informativos.»
Dos.  Se añade una letra f) al apartado 2 del artículo 41 con la siguiente redacción:
«f)  Encargos de ejecución».
Tres.  Se  modifica  la  letra  a)  del  apartado  1  del  artículo  51  con  la  siguiente 
redacción:
«a)  Expedientes de contratación, encargos de ejecución y conciertos de valor 
estimado superior a tres millones de euros.»
Cuatro.  Se  modifica  el  apartado  2  del  artículo  89  que  queda  redactado  de  la 
siguiente forma:
«La  recaudación  de  derechos  podrá  efectuarse  mediante  transferencia 
bancaria, cheque, efectivo, tarjeta de crédito y débito, domiciliación bancaria o 
cualesquiera otros medios de pago, sean o no bancarios que se autoricen por el 
órgano competente en materia de hacienda. En las respectivas autorizaciones de 
apertura de cuentas se establecerán los medios de cobro a utilizar en cada caso.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo 
Consultivo de Aragón.
El apartado 10 del artículo 15 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo 
Consultivo de Aragón queda redactado de la siguiente manera:
«10.  Reclamaciones administrativas de indemnización de daños y perjuicios 
de cuantía igual o superior a cincuenta mil euros.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 3/2005, de 12 mayo, de creación de la 
Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos.
Uno.  Se modifica el artículo 7.2 de la ley, con la redacción siguiente:
«2.  Existirá, además, una Comisión Aragonesa de Hemoterapia.»
Dos.  Se modifica el artículo 13 de la ley, con la redacción siguiente:
«Artículo 13.  Comisión Aragonesa de Hemoterapia.
1.  La  Comisión  Aragonesa  de  Hemoterapia  es  el  órgano  consultivo  y 
coordinador en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la finalidad 
de establecer las normas de calidad y de seguridad de la sangre humana y los 
componentes sanguíneos, para garantizar un alto nivel de protección de la salud 
humana.
2.  La  Comisión  Aragonesa  de  Hemoterapia  estará  compuesta  por  los 
siguientes miembros:
a)  La persona que ostente la titularidad de la dirección gerencia, que actuará 
como Presidencia. s
b)  La persona que ostente la titularidad de la dirección técnica del Banco de  oe.
Sangre asumirá las funciones de Vicepresidencia. w.
Aragcdó))  n.LCao mpeor svooncaa lríaess,p ounnsaa bpleer sdoen ala  eUnn irdeapdre dsee nCtaocoiórdni ndaec iócna ddae  sTercatsopr lasnatneista rdioe   2021-12701n https://ww
con competencia en materia de hemoterapia, designadas por los Servicios de
Hematología y Hemoterapia de los Sectores Sanitarios. Bc
e)  Una persona elegida por las sociedades científicas relacionadas con las 
actividades del Banco de Sangre.
f)  Asumirá  la  secretaría  un  facultativo  especialista  en  hematología  y 
hemoterapia del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.
3.  Todos los miembros de la Comisión Aragonesa de Hemoterapia tendrán 
voz y voto.
4.  Los  nombramientos  serán  realizados  por  la  persona  titular  del 
departamento responsable de Salud, a propuesta de la dirección gerencia del 
Banco de Sangre y Tejidos, y su mandato será de cuatro años.
5.  Se  podrá  solicitar  la  colaboración  de  expertos  cualificados  cuando  la 
especialización de la materia a tratar lo requiera.
6.  Las funciones y régimen de funcionamiento de la Comisión Aragonesa de 
Hemoterapia serán fijados en los estatutos de la entidad.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de 
Aragón.
Uno.  Se modifican los apartados 1 a 4 del articulo 67 de la Ley, con la redacción 
siguiente:
«1.  El Consejo de Dirección es el órgano colegiado de dirección y control de 
la entidad.
2.  Estará compuesto por quienes ejerzan la Presidencia y la Vicepresidencia, 
así  como  la  Dirección  Gerencia  del  Instituto,  y  por  nueve  vocales  en 
representación de los departamentos responsables de salud y de ciencia y del 
Servicio Aragonés de Salud.
3.  Los vocales, nombrados mediante decreto del Gobierno de Aragón, se 
distribuirán de la siguiente forma:
a)  La persona titular de la dirección general responsable en materia de salud 
pública.
b)  La  persona  titular  de  la  dirección  general  responsable  en  materia  de 
digitalización e innovación en salud.
c)  La persona titular de la dirección gerencia del Servicio Aragonés de Salud.
d)  Cuatro vocales, con rango mínimo de jefe/a de servicio, designados por el 
titular del departamento responsable de salud, de las áreas correspondientes de 
asistencia  sanitaria,  cartera  de  servicios,  y  formación  y  estrategias  de  salud, 
favoreciendo la representación territorial del Sistema de Salud de Aragón.
e)  Dos vocales, con rango mínimo de jefe/a de servicio, designados por la 
persona titular del departamento responsable de ciencia y universidad.
4.  Corresponderá a la Presidencia del Consejo de Dirección designar, de 
entre los vocales, a quien deba ejercer las funciones de secretario/a del Consejo.»
Dos.  Se modifica el artículo 69, con la siguiente redacción:
«Artículo 69.  La Vicepresidencia.
1.  La Vicepresidencia del Instituto corresponderá a la persona titular del 
Departamento responsable en materia de ciencia. e.
2.  La  Vicepresidencia  desempeñará  las  funciones  de  sustitución  de  la  w.
Presidencia  en  los  casos  de  vacante,  ausencia  o  enfermedad,  así  como  701ww
cualesquiera otras que le atribuyan los estatutos.»
Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 5/2014, de 26 de junio, de Salud Pública 
de Aragón.
Se modifica el artículo 22, con la siguiente nueva redacción:
«Artículo 22.  Órgano de participación y consulta.
1.  La participación y consulta en materia de salud pública, tanto institucional 
como  social,  con  presencia  de  organizaciones  ciudadanas,  sindicales  y 
profesionales, entre otras, se hará efectiva, conforme al principio de participación 
democrática de todos los interesados, a través del Consejo de Salud de Aragón, 
configurado como órgano de participación ciudadana en la formulación de política 
sanitaria  y  en  el  control  de  su  ejecución,  asesorando  e  informando  al 
departamento responsable de salud.
2.  En el seno del Consejo de Salud de Aragón existirá una comisión de 
carácter permanente dedicada a las cuestiones de salud pública, constituida de 
acuerdo con las normas que regulan el funcionamiento de dicho Consejo.»
Disposición final séptima.  Desarrollo de la ley.
Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar cuantas disposiciones sean precisas 
para el desarrollo y ejecución de la presente ley.
Disposición final octava.  Desarrollo de la administración electrónica.
Se faculta al Gobierno de Aragón para que dicte las disposiciones reglamentarias 
que sean necesarias para la aplicación efectiva en el ámbito de la Administración pública 
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  y  sus  organismos  públicos  vinculados  o 
dependientes de las previsiones recogidas sobre administración electrónica en esta ley, 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
Disposición final novena.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial de 
Aragón», con excepción de la disposición adicional undécima, que entrará en vigor al día 
siguiente.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la 
cumplan, y a los tribunales y autoridades a los que corresponda, que la hagan cumplir.
Zaragoza, 29 de junio de 2021.–El Presidente de Aragón, Javier Lambán Montañés.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» número 140, de 2 de julio de 2021)