BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 205 Miércoles 29 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 59910
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
8737 Orden PCM/725/2020, de 27 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a actividades 
relacionadas con la recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas 
de la Guerra Civil y de la Dictadura.
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante 
la Guerra Civil y la Dictadura, sentó las bases para que los poderes públicos lleven a 
cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la 
memoria democrática, reparando a las víctimas y promoviendo el conocimiento y la 
reflexión sobre nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y 
violación de derechos humanos como las vividas en ese periodo.
Al amparo de la misma, se desplegaron numerosas iniciativas para la recuperación 
de la memoria democrática y de reconocimiento y reparación de las víctimas de la 
Guerra Civil y de la represión que se desarrolló durante la Dictadura posterior, entre las 
que deben destacarse las subvenciones establecidas para sufragar los gastos de las 
actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas 
violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se 
ignorase, dirigidas a sus familiares y entidades memorialistas.
Sin  embargo,  esas  políticas  sufrieron  un  brusco  parón  a  partir  de  2011,  como 
consecuencia de la falta de consignación económica en los sucesivos Presupuestos 
Generales del Estado, ausencia de partidas presupuestarias que se prolongó durante 
siete  años,  hasta  que  en  2018  se  retomaron  las  políticas  públicas  en  favor  del 
reconocimiento de la memoria democrática, con la puesta en marcha de numerosas 
medidas, entre las que cabe destacarse la creación, por primera vez en nuestra historia 
democrática, de una Dirección General para la Memoria Histórica, incardinada en el 
Ministerio  de  Justicia  (precursora  de  la  actual  Dirección  General  de  Memoria 
Democrática); o un estudio exhaustivo sobre la situación del proceso de exhumación de 
fosas.
Para continuar en esta línea, el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se 
reestructuran los Departamentos ministeriales, crea en su artículo 12 la Secretaría de 
Estado de Memoria Democrática, adscrita al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, sobre la cual el Real Decreto 373/2020, de 18 de 
febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la 
Presidencia,  Relaciones  con  las  Cortes  y  Memoria  Democrática,  contempla  que  le 
corresponde  desempeñar  las  funciones  de  proponer  y  desarrollar  las  políticas  del 
Gobierno en materia de conservación, defensa, fomento y divulgación de la Memoria 
Democrática en virtud de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Asimismo, mediante el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales, se crea la  s
Dirección General de Memoria Democrática, dependiente de la nueva Secretaría de  e.
Estado, a la que, según el artículo 6 del Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el  w.
que  se  desarrolla  la  estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  la  Presidencia,  37ww
mReeldaicdiaosn erse lacotivna sla sa  Clao rtceosn sye rMvaecmióonri,a  dDefeemnsoac,r áftoicma,e nctoor rye sdpiovnudlgea claió np rodpeu elas taM edme olraias 
Democrática en virtud de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, y
más  concretamente  la  implementación  de  un  programa  de  búsqueda  de  personas 
desaparecidas, en los términos de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.
En este sentido, de acuerdo con lo dispuesto por la citada Ley 52/2007, de 26 de 
diciembre, y en el marco de sus competencias, la Secretaría de Estado de Memoria 
Democrática apoyará a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten, en 
las gestiones relativas a la indagación, localización e identificación de las personas 
desaparecidas durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se 
ignore,  así  como  a  las  entidades  y  asociaciones  constituidas  entre  cuyos  fines  se 
encuentren el desarrollo de dichas actividades.
La orden establece en su artículo 1.2 cuatro tipos de ayudas, incardinables en 
distintos títulos competenciales: Las previstas en el apartado a), «actividades dirigidas a 
la investigación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas en 
fosas de la Guerra Civil y la Dictadura, así como las destinadas a la dignificación de las 
mismas y, en su caso, de las sepulturas de las personas que murieron en el exilio», se 
encuadran en el artículo 149.1.1.ª CE, que atribuye al Estado la competencia para la 
«regulación  de  las  condiciones  básicas  que  garanticen  la  igualdad  de  todos  los 
españoles en el ejercicio de los derechos» atribuidas al Estado con carácter exclusivo 
por el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, y, concretamente, del derecho al honor, 
reconocido  en  el  artículo  18  de  la  Constitución.  Las  del  apartado  b),  «Estudios  e 
investigaciones relativas a la recuperación de la Memoria Democrática, así como al 
reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura» se enmarcan 
en el título competencial previsto en el artículo 149.1.15.ª CE, que atribuye al Estado la 
competencia  exclusiva  sobre  «fomento  y  coordinación  general  de  la  investigación 
científica y técnica». Finalmente, las previstas en los apartados c) «Publicaciones y 
organización de cursos, jornadas, conferencias, exposiciones y demás eventos de tipo 
científico  y/o  divulgativo  sobre  la  Memoria  Democrática»  y  d)  «La  recopilación, 
conservación, estudio y difusión del patrimonio documental escrito, oral, audiovisual 
(fotografías, carteles, grabaciones sonoras, películas…) o intelectual (manifestaciones 
artísticas, musicales, literarias…) de la Guerra Civil y/o de la Dictadura, se incardinan en 
el artículo 149.2 CE, que establece que «Sin perjuicio de las competencias que podrán 
asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura 
como  deber  y  atribución  esencial  y  facilitará  la  comunicación  cultural  entre  las 
Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas».
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta orden se 
adecua a los principios de buena regulación. En concreto, esta orden responde a los 
principios de necesidad y eficacia, al existir razones de interés general dirigidas a la 
recuperación de la Memoria Democrática y por ser esta orden el instrumento más 
adecuado para garantizar la consecución de los fines perseguidos. La orden se ajusta al 
principio de proporcionalidad, pues contiene la regulación imprescindible para atender la 
necesidad expuesta. Asimismo, se garantiza el principio de seguridad jurídica, ya que la 
orden es coherente con el marco normativo general en materia de subvenciones. Por lo 
que se refiere al principio de transparencia, la orden identifica claramente su propósito y 
la memoria, accesible a la ciudadanía, ofrece una explicación completa de su contenido. 
Finalmente, la norma proyectada es también acorde con el principio de eficiencia, ya que 
no impone cargas administrativas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, esta orden ha sido sometida a informe de la  s
Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada de la Intervención General de la  oe.
Administración del Estado en el Departamento. w.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función 
Pública, dispongo:
Artículo 1.  Objeto.
1.  Esta orden establece las bases reguladoras de las subvenciones que conceda, 
en régimen de concurrencia competitiva, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, con cargo a los créditos de sus presupuestos, a 
actividades de investigación, estudio y divulgación y otros proyectos que tengan por 
objeto la recuperación de la Memoria Democrática y el reconocimiento moral de las 
víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura.
2.  Las ayudas irán destinadas a subvencionar proyectos o iniciativas relativos a:
a)  Actividades dirigidas a la investigación, localización, exhumación e identificación 
de personas desaparecidas en fosas de la Guerra Civil y la Dictadura, así como las 
destinadas a la dignificación de las mismas y, en su caso, de las sepulturas de las 
personas que murieron en el exilio. Las actuaciones anteriores deberán desarrollarse en 
el marco de lo establecido en el Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de 
la Guerra Civil y la Dictadura, publicado mediante Orden PRE/2568/2011, de 26 de 
septiembre, en cumplimiento de lo ordenado por el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 23 de septiembre de 2011, por el que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» del Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y 
la Dictadura.
b)  Estudios  e  investigaciones  relativas  a  la  recuperación  de  la  Memoria 
Democrática, así como al reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil y de la 
Dictadura.
c)  Publicaciones y organización de cursos, jornadas, conferencias, exposiciones y 
demás eventos de tipo científico y/o divulgativo sobre la Memoria Democrática.
d)  La  recopilación,  conservación,  estudio  y  difusión  del  patrimonio  documental 
escrito,  oral,  audiovisual  (fotografías,  carteles,  grabaciones  sonoras,  películas…)  o 
intelectual (manifestaciones artísticas, musicales, literarias…) de la Guerra Civil y/o de la 
Dictadura.
El plazo máximo para ejecutar cada proyecto o iniciativa, será de un año a partir de 
la publicación de la resolución de concesión correspondiente.
El 60 % del crédito presupuestario se destinará al grupo de actividades dirigidas a la 
investigación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas en 
fosas de la Guerra Civil y la Dictadura, a la dignificación de las mismas y, en su caso, de 
las sepulturas de las personas que murieron en el exilio. El 40 % restante, a las demás 
actividades recogidas en los apartados anteriores. En caso de que no llegase a agotarse 
la dotación económica en alguno de los grupos reseñados, podrá destinarse la cantidad 
excedente a aquel otro en que hubiese solicitudes no atendidas por falta de crédito.
Artículo 2.  Requisitos de las entidades beneficiarias.
1.  Podrán ser beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de estas bases 
reguladoras, las asociaciones, fundaciones y demás entidades privadas sin ánimo de 
lucro, así como las universidades creadas conforme a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre,  de  Universidades,  y  los  organismos  públicos  de  investigación.  Dichas 
entidades  habrán  de  estar  legalmente  constituidas  e  inscritas,  en  su  caso,  en  los  e.
correspondientes registros, carecer de ánimo de lucro así como tener incorporados,  w.b
entre sus objetivos o actividades, los relacionados con la recuperación de la Memoria  37ww
DemAoscí rmátiiscma oy ,e pl oredcráonn orecismuiletanrt ob ednee lfaicsi avríicatsim aa lsa sd ea glar uGpuaecrioran eCsi vdile y p deer slao nDaisc tfaísdiucraas. que,
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de presentar un documento que acredite su existencia y sus fines, hacer constar los
compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, y nombrar un 
representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir 
las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. Los requisitos 
exigidos deberán cumplirse a la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria 
y mantenerse durante todo el periodo de ejecución de la actividad subvencionada.
2.  Quedan  excluidas  como  posibles  beneficiarias  las  entidades  societarias  con 
ánimo de lucro, las entidades de derecho público, los partidos políticos, los colegios 
profesionales y otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los 
citados anteriormente.
3.  No podrán obtener la condición de entidades beneficiarias quienes incurran en 
alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 3.  Cuantía de las subvenciones.
1.  La cuantía máxima de la ayuda a percibir serán las señaladas a continuación, en 
atención al proyecto o actuación a ejecutar:
a)  Hasta 16.000 euros para actividades dirigidas a la investigación, localización, 
exhumación e identificación de personas desaparecidas en fosas de la Guerra Civil y la 
Dictadura, así como las destinadas a la dignificación de las mismas y, en su caso, de las 
sepulturas de las personas que murieron en el exilio. El importe anterior se incrementará 
hasta un máximo de 30.000 euros, para proyectos destinados a intervenciones en fosas 
en las que exista constancia fehaciente de que los restos que se pretenden recuperar 
pertenecen a un número superior a diez personas.
b)  Hasta 12.000 euros para la realización de estudios e investigaciones relativos a 
la recuperación de la Memoria Democrática, así como al reconocimiento moral de las 
víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura.
c)  Hasta 5.000 euros para publicaciones, así como para la organización de cursos, 
jornadas, conferencias, exposiciones y demás eventos de tipo científico y/o divulgativo 
sobre la Memoria Democrática.
d)  Hasta 10.000 euros para actividades de recopilación, conservación, estudio y 
difusión  del  patrimonio  documental  escrito,  oral,  audiovisual  (fotografías,  carteles, 
grabaciones sonoras, películas…) o intelectual (manifestaciones artísticas, musicales, 
literarias…) de la Guerra Civil y/o de la Dictadura.
2.  La cuantía de las ayudas se determinará proporcionalmente en función de la 
puntuación obtenida en virtud de los criterios de valoración establecidos en el artículo 7 
de  la  presente  orden.  Para  obtener  la  ayuda,  será  necesario  haber  obtenido  la 
puntuación mínima que, en su caso, se fije en la convocatoria correspondiente. El 
importe  de  la  subvención  no  podrá  superar  en  ningún  caso  las  cuantías  máximas 
establecidas para cada actuación.
3.  Las ayudas concedidas se destinarán a financiar el porcentaje que se indique en 
la resolución del importe total de los gastos del proyecto, pudiendo alcanzar hasta el 100 
%. En supuestos de financiación de porcentajes menores, la entidad beneficiaria deberá 
asumir con fondos propios o bien mediante otras subvenciones, el importe restante.
Artículo 4.  Procedimiento de concesión.
1.  Las subvenciones serán concedidas de acuerdo con los principios de publicidad,  e.
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, mediante el procedimiento de  w.b
concurrencia competitiva. 37ww
públ2ic. a Eapl ropbroacdead pimoire lnat op edrseo ncao ntictuelsaiór nd esl eM ininisictiearriáo  ddee  lao fPicrieos idmeendciiaan, tRe eclaocniovnoecas tocorina 
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artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3.  Al amparo de lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  los  actos  que  deban  notificarse  a  las  entidades  interesadas  relativos  al 
procedimiento  de  concesión  de  las  ayudas,  en  particular  los  requerimientos  de 
subsanación,  el  trámite  de  audiencia  y  reformulación,  así  como  la  resolución  del 
procedimiento,  se  publicarán  en  la  página  web  del  Ministerio  de  la  Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en los términos del artículo 45 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas. En todo caso, esta publicación sustituirá a la notificación 
personal y surtirá sus mismos efectos.
4.  Las convocatorias determinarán los créditos presupuestarios a los que deben 
imputarse las correspondientes subvenciones y podrán fijar, excepcionalmente, además 
de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya 
aplicación a la concesión de las subvenciones no requerirá de nueva convocatoria de 
acuerdo con los requisitos que se señalan en el artículo 58 del Reglamento de la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
5.  Las  convocatorias  especificarán  las  actuaciones  que  se  subvencionan  y  el 
número de solicitudes que cada entidad puede presentar.
Artículo 5.  Solicitudes.
1.  Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos a través del Registro 
Electrónico  del  Ministerio  de  la  Presidencia,  Relaciones  con  las  Cortes  y  Memoria 
Democrática, en un plazo de quince días a partir de la publicación de la convocatoria 
correspondiente e irán dirigidas a la Dirección General de Memoria Democrática.
2.  Las solicitudes deberán formalizarse en el modelo normalizado que establezca la 
convocatoria,  que  asimismo  determinará  las  memorias  y  documentos  que  deban 
aportarse. Los solicitantes no estarán obligados a presentar aquellos documentos que ya 
obren  en  poder  de  la  Administración  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.  Se podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos 
por  una  declaración  responsable  del  solicitante,  en  los  términos  indicados  en  el 
artículo 69.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. En este supuesto, el órgano instructor, 
con anterioridad a efectuar la propuesta de resolución de concesión de la subvención, 
deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los 
datos contenidos en la citada declaración en un plazo de diez días.
4.  La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano concedente 
para que obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias relativas al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de la entidad, 
salvo que el solicitante deniegue expresamente el consentimiento, debiendo aportar, en 
este  caso,  las  certificaciones  correspondientes  reguladas  en  el  artículo  22  del 
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  General  de  Subvenciones,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
5.  Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, o la 
documentación aportada fuera incompleta, se requerirá al interesado para que subsane 
las faltas o acompañe los documentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable 
de diez días, indicándole que si no lo hace se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre. e.
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento, podrá instarse al solicitante para  w.b
que complete los requisitos necesarios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la  37ww
dLíeay  s3ig9u/2ie0n1t5e,  adle d 1e  dlae  noocttiufibcarec,i ócno,n ccoend ieexnpdroe sao t aalp eefreccibtoim uine nptloa zdoe  dqeu ed,i edze d níaos h aa cpearrlotir  adseí,l 
se le podrá declarar decaído en su derecho a dicho trámite.
Artículo 6.  Ordenación e instrucción.
1.  El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la 
Dirección General de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con  las  Cortes  y  Memoria  Democrática.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo  24  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  realizará  de  oficio  cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
2.  Se establecerá una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento 
de las condiciones impuestas para obtener la condición de entidad beneficiaria. En caso 
de  que  en  la  fase  de  preevaluación  se  hubiera  producido  la  exclusión  de  algún 
solicitante, se le notificará tal extremo en la forma que determine la convocatoria.
3.  El examen y evaluación de las solicitudes, se realizará por una Comisión Técnica 
de  Valoración,  según  lo  previsto  en  el  artículo  22.1  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, que estará compuesta por:
Presidente: Un funcionario de la Dirección General de Memoria Democrática con 
rango de Subdirector General.
Secretario: Un funcionario de la Dirección General de Memoria Democrática, con 
voz, pero sin voto.
Vocales:
– Dos representantes de la Dirección General de Memoria Democrática.
– Un representante de la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno.
– Un  representante  de  la  Dirección  General  de  Asuntos  Constitucionales  y 
Coordinación Jurídica.
Los Vocales y el Secretario serán funcionarios y deberán tener preferentemente 
rango de Subdirector General o asimilado, y serán nombrados a propuesta de los 
respectivos órganos directivos, por la Dirección General de Memoria Democrática.
En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otra causa justificada, los 
Vocales y el Secretario podrán ser sustituidos por funcionarios del mismo rango, a 
propuesta de los órganos competentes para la designación de aquéllos.
Cuando el Presidente de la Comisión Técnica lo estime necesario o conveniente, 
podrán incorporarse a esta, con voz pero sin voto, expertos competentes en el área a 
que afecte la evaluación.
Asimismo, se podrá contar con la participación de las Comunidades Autónomas, bien 
a través de representantes designados por ellas y que podrán incorporarse a la Comisión 
Técnica, con voz pero sin voto; bien mediante la emisión de informes no vinculantes 
sobre solicitudes que afecten a su ámbito territorial.
La Comisión Técnica se ajustará, en cuanto a su funcionamiento, a lo previsto en la 
sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
4.  La  Comisión  Técnica  procederá  al  análisis  y  valoración  de  las  solicitudes 
admitidas conforme a los criterios establecidos en el artículo 7, estableciendo un orden 
de prelación y la cuantía de la subvención a conceder a las solicitudes que hayan 
obtenido mayor puntuación, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito 
presupuestario disponible. Una vez evaluadas las solicitudes, emitirá un informe en el 
que se concretará el resultado de la evaluación efectuada.
5. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe elaborado por la  e.
Comisión  Técnica,  formulará  la  propuesta  de  resolución  provisional,  debidamente  w.
motivada,  que  será  notificada  a  los  interesados  en  la  forma  que  establezca  la  37ww
conv6o. caCtouraian,d yo s ee l ciomnpcoerdtee rád eu nla p lsauzbov deen cdiióenz  dcíoanst ehnáibdiole se np alraa  pprroepsueenstatar  adleeg raecsioonluecsió.n
provisional  sea  inferior  al  que  figuraba  en  el  proyecto  inicialmente  presentado,  las
entidades beneficiarias podrán reformular sus solicitudes, para ajustar los compromisos y 
condiciones a la subvención otorgable.
La reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de 
la subvención, así como los criterios de valoración establecidos.
7.  Examinadas por la Comisión Técnica las alegaciones presentadas, en su caso, 
por los interesados, el órgano instructor elevará al órgano concedente la propuesta de 
resolución definitiva, en la que se expresará la relación de solicitantes para los que se 
propone la concesión de ayuda y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios 
de valoración seguidos para efectuarla.
8.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya 
notificado la resolución definitiva de concesión.
Artículo 7.  Criterios de valoración de las solicitudes.
1.  La  valoración  de  los  proyectos  presentados  se  efectuará  con  arreglo  a  los 
criterios objetivos que se indican a continuación, atendiendo al tipo de ayuda solicitada:
1.1  Para las ayudas previstas  en  el artículo 1.2.a), «actividades dirigidas a la 
investigación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas en 
fosas de la Guerra Civil y la Dictadura, así como las destinadas a la dignificación de las 
mismas y, en su caso, de las sepulturas de las personas que murieron en el exilio», se 
establece una puntuación máxima de 25 puntos, con arreglo a los siguientes criterios:
a)  Calidad técnica y viabilidad económica del proyecto, hasta 10 puntos. Para 
determinar la puntuación correspondiente a este criterio, se efectuará una valoración 
motivada de los siguientes parámetros:
– La adecuación del proyecto a los objetivos de la subvención, hasta 1 punto.
– La coherencia de las actividades propuestas, hasta 1 punto.
– La metodología y el calendario previstos, hasta 2 puntos.
– La suficiencia y capacidad de los recursos humanos previstos, hasta 1 punto.
– La idoneidad de los recursos materiales y técnicos previstos, hasta 1 punto.
– La coherencia, claridad y proporcionalidad del presupuesto aportado, (en su caso, 
con referencia a tarifas oficialmente aprobadas) hasta 1 punto.
– La aportación de medios personales y materiales propios de la entidad, hasta 1 
punto.
– La disponibilidad de los permisos y autorizaciones que sean necesarias para la 
ejecución  de  las  actividades,  o  el  inicio  de  la  tramitación  correspondiente  para  su 
obtención, hasta 2 puntos.
b)  Colaboración de otras entidades e instituciones, hasta 3 puntos. La puntuación 
correspondiente  a  este  segundo  criterio,  se  determinará  mediante  una  valoración 
motivada de los siguientes parámetros:
– La participación de otras entidades o instituciones en el proyecto, hasta 2 puntos.
– Otras ayudas y colaboraciones previstas, hasta 1 punto.
c)  Experiencia, trayectoria y especialización de las entidades, hasta 5 puntos. Para 
asignar la puntuación a este tercer criterio se efectuará una valoración motivada de los  s
siguientes parámetros: e.
– Actividades realizadas anteriormente en materia de exhumaciones hasta 3 puntos. 37ww
dem–o cArácttiicvaid,a hdaesst ar e2a pliuznatdoass. anteriormente en materia de recuperación de la memoria
d)  Incidencia  del  proyecto  en  la  sociedad,  hasta  4  puntos.  Para  asignar  la 
puntuación correspondiente a este cuarto criterio, se efectuará una valoración motivada 
de los siguientes parámetros-
– Repercusión territorial y/o internacional de las actividades programadas, hasta 1 
punto.
– Potenciales beneficiarios, hasta 1 punto.
– Interés social y cultural del proyecto, hasta 2 puntos
e)  Cofinanciación  del  proyecto,  hasta  3  puntos.  Para  asignar  la  puntuación 
correspondiente a este último criterio, se efectuará una valoración motivada de los 
siguientes parámetros:
– Aportación de medios económicos propios por parte de la entidad solicitante: 
Hasta 2 puntos.
– Aportación  de  medios  económicos  por  otras  administraciones  o  entidades, 
públicas o privadas, hasta 1 punto.
1.2  Para  las  ayudas  previstas  en  el  artículo  1.2,  apartados  b),  «Estudios  e 
investigaciones relativas a la recuperación de la Memoria Democrática, así como al 
reconocimiento  moral  de  las  víctimas  de  la  Guerra  Civil  y  de  la  Dictadura»;  c) 
«Publicaciones y organización de cursos, jornadas, conferencias, exposiciones y demás 
eventos de tipo científico y/o divulgativo sobre la Memoria Democrática»; y d) «La 
recopilación, conservación, estudio y difusión del patrimonio documental escrito, oral, 
audiovisual  (fotografías,  carteles,  grabaciones  sonoras,  películas…)  o  intelectual 
(manifestaciones artísticas, musicales, literarias…) de la Guerra Civil y/o de la Dictadura, 
se establece una puntuación máxima de 25 puntos, con arreglo a los siguientes criterios:
a)  Calidad  técnica  y  viabilidad  económica  del  proyecto,  hasta  6  puntos.  Para 
determinar la puntuación correspondiente a este criterio, se efectuará una valoración 
motivada de los siguientes parámetros:
– La adecuación del proyecto a los objetivos de la subvención, hasta 1 punto.
– La metodología y el calendario previstos, hasta 2 puntos.
– La idoneidad de los recursos materiales y técnicos previstos, hasta 1 punto.
– La coherencia, claridad y proporcionalidad del presupuesto aportado, (en su caso, 
con referencia a tarifas oficialmente aprobadas) hasta 1 punto.
– La aportación de medios personales y materiales propios de la entidad, hasta 1 
punto.
b)  Colaboración de otras entidades e instituciones, hasta 3 puntos. La puntuación 
correspondiente  a  este  segundo  criterio,  se  determinará  mediante  una  valoración 
motivada de los siguientes parámetros:
– La participación de otras entidades o instituciones en el proyecto, hasta 2 puntos.
– Otras ayudas y colaboraciones previstas, hasta 1 punto.
c)  Experiencia, trayectoria y especialización de las entidades, hasta 5 puntos. Para 
asignar la puntuación a este tercer criterio se efectuará una valoración motivada de los 
siguientes parámetros:
– Actividades realizadas anteriormente en materia de recuperación de la memoria  oe.
democrática, hasta 3 puntos. w.
solic–it uAdc dtivei dsaudbevse nrceióanliz, ahdaassta  a2n pteurniotorms.ente similares a las que se presentan para la  2020-8737n https://ww
d)  Incidencia  del  proyecto  en  la  sociedad,  hasta  8  puntos.  Para  asignar  la 
puntuación correspondiente a este cuarto criterio, se efectuará una valoración motivada 
de los siguientes parámetros:
– La atención de manera singular a la Memoria Democrática de las mujeres, hasta 2 
puntos.
– Aplicación del proyecto en el ámbito educativo, hasta 2 puntos.
– Repercusión territorial y/o internacional de las actividades programadas, hasta 1 
punto.
– Interés social y cultural del proyecto, hasta 2 puntos.
– El alcance de las medidas de difusión y divulgación propuestos, hasta 1 punto.
e)  Cofinanciación  del  proyecto,  hasta  3  puntos.  Para  asignar  la  puntuación 
correspondiente a este último criterio, se efectuará una valoración motivada de los 
siguientes parámetros:
– Aportación de medios económicos propios por parte de la entidad solicitante: 
Hasta 2 puntos.
– Aportación  de  medios  económicos  por  otras  administraciones  o  entidades, 
públicas o privadas, hasta 1 punto.
2.  Si el crédito presupuestario previsto no alcanzara a cubrir la totalidad de las 
ayudas solicitadas que alcancen la puntuación mínima establecida en cada convocatoria, 
las solicitudes se ordenarán atendiendo a la mayor puntuación obtenida hasta agotar el 
presupuesto disponible. En caso de empate, este se dirimirá atendiendo a la mayor 
puntuación obtenida en el apartado correspondiente a la calidad técnica y viabilidad 
económica del proyecto, para las ayudas reguladas en el artículo 2.1.a) de la presente 
orden, y atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el apartado de incidencia en la 
sociedad, para las restantes ayudas. De persistir el empate, se resolverá por sorteo.
Artículo 8.  Resolución y publicación.
1.  La persona titular del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria  Democrática  resolverá  el  procedimiento  de  concesión  mediante  resolución 
motivada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
2.  En la resolución se acordará la relación de solicitantes a los que se concede la 
subvención, la desestimación expresa de las restantes solicitudes y la no concesión, por 
desistimiento,  renuncia  o  imposibilidad  material  sobrevenida.  Indicará,  además,  la 
cuantía de la subvención concedida al beneficiario y el plazo para la realización del 
proyecto.
3.  La resolución se publicará en los términos del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, en la página web del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y  Memoria  Democrática.  En  todo  caso,  esta  publicación  sustituirá  a  la  notificación 
personal y surtirá sus mismos efectos.
La resolución deberá publicarse en el plazo de seis meses a partir del día siguiente al 
de  la  publicación  de  la  correspondiente  convocatoria.  Excepcionalmente,  podrá 
acordarse una ampliación del referido plazo máximo de resolución y notificación, en los 
términos y con las limitaciones establecidas en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. Transcurrido el plazo máximo sin que haya recaído resolución expresa, los  e.e
interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes. b
4.  La resolución de concesión de las subvenciones agota la vía administrativa,  37ww
mpuedsi,e nod boi einn teserpr oimneprusgen caodnat rdai reecllata mreecnutres oa nptoet eesl toartdiveon  dceo nrteepnocsioicsioó–na ednm ienli sptrlaaztiovo d een  ulan 
fCoormntae nyc ipolsaoz-oa dpmreivniissttorast ievna .la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
5.  Las subvenciones concedidas se harán públicas, en los términos previstos en el 
artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La publicación en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones se hará de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.8.b) de la 
misma ley.
Artículo 9.  Obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones.
1.  Sin perjuicio de las obligaciones específicas que establezca la convocatoria en 
atención al objeto, condiciones y finalidad de la subvención, los beneficiarios de las 
subvenciones vendrán obligados a:
a)  Realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención en la forma, 
condiciones y plazo establecidos en cada convocatoria.
b)  Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización 
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la 
subvención.
c)  Facilitar cuantas actuaciones de comprobación se requieran por parte del órgano 
concedente  de  la  subvención.  Asimismo,  quedarán  obligados  a  facilitar  cuanta 
información les sea demandada y sometidos al control financiero que corresponde a la 
Intervención General de la Administración del Estado, y al previsto en la legislación del 
Tribunal de Cuentas.
d)  Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca y, en todo caso, 
con anterioridad a la justificación de la subvención, la obtención de otras subvenciones y 
ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquier Administraciones Públicas o 
entes  públicos  o  privados,  nacionales  o  internacionales,  así  como  su  importe  y  la 
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
e)  Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, 
que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, en la forma establecida en el artículo 5.4.
f)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados, así como cuantos estados contables y registros específicos 
puedan ser exigidos en las correspondientes convocatorias con el fin de garantizar el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.
h)  Realizar la adecuada publicidad de la subvención concedida, mediante medidas 
de difusión tales como la inclusión de la imagen institucional de la entidad concedente, 
leyendas  relativas  a  la  financiación  pública  en  carteles,  placas  conmemorativas, 
materiales  impresos,  medios  electrónicos  o  audiovisuales,  o  bien  en  menciones 
realizadas  en  medios  de  comunicación  u  otras  que  resulten  adecuadas  al  objeto 
subvencionado y de eficacia equivalente a las mencionadas.
i)  Entrega de una copia de la documentación completa en que se materialice el 
resultado  de  la  actuación  subvencionada,  incluyendo  documentos  tales  como  los 
informes  elaborados  conforme  al  Protocolo  de  actuación  en  exhumaciones, 
publicaciones, etc.
2.  El  incumplimiento  de  las  anteriores  obligaciones,  así  como  de  las  que 
específicamente establezcan las correspondientes convocatorias, producirá la pérdida  s
del derecho al cobro total o parcial de la subvención otorgada, así como el reintegro de  oe.
las cantidades percibidas, dejará esta sin efecto y dará lugar, en su caso, a la exigencia  w.
dAert ílcausl ore 1s0p.o nsCaobmilipdaatdibeislid qaude c loeng aolmtraesn taey ucodrarse.spondan. 2020-8737n https://ww
Las subvenciones reguladas en esta orden serán compatibles con cualquier otra
subvención o ayuda para la misma finalidad procedente de cualesquier Administraciones
Públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o internacionales, 
siempre y cuando el conjunto de las ayudas no supere el coste total del proyecto 
presentado. La percepción de estas otras ayudas deberá ponerse en conocimiento del 
órgano  instructor  en  el  momento  en  que  se  produzca,  ya  sea  antes  o  durante  la 
ejecución del proyecto, aportando la correspondiente resolución de concesión.
Artículo 11.  Modificación de la resolución.
1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las 
subvenciones y la obtención concurrente de subvenciones o ayudas para la misma 
finalidad, procedentes de cualquier Administración Pública o ente público o privado, 
nacional, de la Unión Europea o internacional, podrá dar lugar a la modificación de la 
resolución  de  concesión,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  19.4  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Los beneficiarios podrán solicitar con carácter excepcional la modificación del 
contenido de la actuación subvencionada, así como de la forma y plazos de su ejecución 
y justificación de los correspondientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que 
alteren o dificulten el desarrollo de la actuación, que podrán ser autorizadas siempre que 
no dañen derechos de terceros. La resolución sobre la modificación solicitada será 
adoptada por la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática o del órgano en quien delegue, previo informe de la 
Dirección General de Memoria Democrática.
Artículo 12.  Gastos subvencionables y subcontratación.
1.  Las  subvenciones  solo  podrán  cubrir  los  gastos  que  de  manera  indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen dentro del plazo 
concedido para la ejecución de la misma, pudiendo financiarse gastos realizados en los 
tres  meses  anteriores  a  la  publicación  de  la  convocatoria  de  las  subvenciones 
correspondientes.
2.  Los gastos subvencionables se regirán por lo dispuesto en el artículo 31 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y podrán responder a alguno de los siguientes 
conceptos:
a)  Gastos  de  personal  dedicado  a  retribuir  las  actividades  realizadas  en  los 
respectivos proyectos por el personal incorporado a los mismos.
b)  Dietas y gastos de viajes: Los desplazamientos, alojamiento y manutención, 
hasta  el  máximo  correspondiente  al  Grupo  2  de  dietas  contemplado  en  el  Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
c)  Gastos  de  adquisición  o  alquiler  de  material  inventariable  y  bibliográfico 
necesarios para la realización del proyecto.
d)  Material fungible (papelería, consumibles...).
e)  Otros  gastos,  tales  como  los  de  publicidad  y  difusión  de  las  actividades 
realizadas, de prestación de servicios profesionales ligados a la realización del proyecto, 
u otros relacionados directamente con la actividad subvencionada.
Cada convocatoria especificará los gastos financiables.
3.  Los  gastos  de  funcionamiento  ordinario  de  la  entidad  podrán  ser 
subvencionables como máximo hasta un 10 % del coste de la actividad subvencionada, 
siempre que se correspondan con el periodo en que efectivamente se realiza la actividad  e.
subvencionada. w.b
4.  En ningún caso serán gastos subvencionables: 37ww
a)  Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
bc))   LLooss  ginatestroess edse,  prerocacergdoims iye nstaonsc jiuodniecsia aledsm.inistrativas y penales.
d)  Los  impuestos  indirectos  cuando  sean  susceptibles  de  recuperación  o 
compensación y los impuestos personales sobre la renta.
5.  Tampoco  podrán  imputarse  a  la  subvención  los  gastos  originados  por  las 
actividades realizadas en la condición de miembros de la junta directiva u órgano de 
gobierno correspondiente de la entidad.
6.  Podrá subcontratarse total o parcialmente la actividad subvencionada hasta un 
máximo del 50 %, con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y el artículo 68 de su Reglamento.
Artículo 13.  Pago y forma de justificación.
1.  En el marco de lo previsto por el artículo 34.4 de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones,  se  establece  un  pago  anticipado  de  las  ayudas  cuyo  porcentaje  se 
determinará en cada convocatoria. El porcentaje restante se librará en el momento de la 
justificación final.
2.  La entidad beneficiaria tiene la obligación de justificar, en tiempo y forma, la 
realización del proyecto y el cumplimiento de la finalidad que determinaron la concesión 
de la ayuda, para lo cual deberá ajustarse a las siguientes reglas:
a)  La  entidad  beneficiaria  deberá  presentar  una  cuenta  justificativa  que 
comprenderá  una  memoria  justificativa  técnica  y  económica,  que  contenga  una 
declaración de los objetivos, resultados alcanzados, actividades desarrolladas en el 
proyecto y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos, todo ello al 
objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los 
objetivos  previstos  en  el  acto  de  concesión  de  la  ayuda.  La  memoria,  tanto  de 
actividades, como de justificación de gastos, deberá estar firmada por el representante 
legal.
b)  La justificación de las ayudas deberá efectuarse por el coste total del proyecto 
(100 %) –cantidad concedida y parte cofinanciada, en su caso– mediante la presentación 
de  facturas  o  cualquier  otro  documento  probatorio  válido  en  derecho,  debidamente 
cumplimentado.
c)  Los documentos justificativos del gasto deberán haber sido emitidos en los 
plazos establecidos en cada caso.
d)  El órgano encargado de la tramitación podrá requerir a la entidad beneficiaria 
para  que  aporte  cualquier  otra  documentación  que  se  considere  necesaria  para  la 
justificación de la ayuda.
e)  El plazo de presentación de la justificación será de 3 meses contados a partir del 
día siguiente al de la finalización del periodo de ejecución del proyecto o de la realización 
de la actividad correspondiente.
f)  El  incumplimiento  de  la  obligación  de  justificación  de  la  ayuda  así  como  la 
insuficiente justificación de la misma llevará aparejado el reintegro, total o parcial, de la 
ayuda, según el procedimiento establecido en el artículo 15.
g)  En  el  supuesto  de  que  no  se  hubiere  abonado  la  totalidad  de  la  ayuda 
concedida, el incumplimiento de dicha obligación llevará consigo además la pérdida de la 
cantidad pendiente de percibir.
Artículo 14.  Actuaciones de comprobación y control.
El control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad de la subvención se  e.
efectuará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 14.1.c) y 32.1 de la Ley 38/2003,  w.b
de 17 de noviembre, según las actuaciones de control, seguimiento y evaluación que  37ww
expresamente determine el órgano concedente
Artículo 15.  Reintegros.
1.  Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y,  en  su  caso,  de  los 
intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos establecidos en el artículo 37 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  La justificación parcial o el incumplimiento parcial por el beneficiario de las 
condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención, dará lugar a un 
reintegro proporcional de la subvención otorgada, siempre que el cumplimiento se estime 
superior al 75 %. En caso de no alcanzar este porcentaje, se procederá al reintegro total 
de la subvención por el órgano competente.
3.  El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 
a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 94 a 101 de su 
Reglamento.
Artículo 16.  Régimen sancionador.
El  régimen  sancionador  se  aplicará  por  la  comisión  de  las  infracciones 
administrativas contempladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a aquellos sujetos 
que sean responsables de las mismas y se regirá por lo dispuesto en el título IV de la 
misma.
Disposición adicional única.  Normativa aplicable.
En los extremos no particularmente previstos en esta orden serán de aplicación la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª y 15.ª que, 
respectivamente, atribuyen al Estado las competencias exclusivas para la regulación de 
las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio 
de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y fomento y 
coordinación general de la investigación científica y técnica. Igualmente, se dicta al 
amparo del artículo 149.2.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid, 27 de julio de 2020.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo Poyato.