BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 154  Lunes 1 de junio de 2020  Sec. I.   Pág. 36022
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
5493 Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso 
mínimo vital.
I
España se encuentra entre los países de la Unión Europea con una distribución de la 
renta entre hogares más desigual. Aunque la reciente recesión económica deterioró 
especialmente los ingresos de los hogares con menos recursos, la alta desigualdad en 
España precede a los años de recesión, y la recuperación experimentada desde 2013 no 
la ha corregido sustancialmente. En 2018, el último año para el que Eurostat ofrece datos 
comparados, el coeficiente de Gini en España es casi tres puntos superior a la media de 
la Unión Europea, y los ingresos del veinte por ciento de los hogares de renta más baja 
representan solo una sexta parte de los ingresos del veinte por ciento con renta más alta, 
mientras en la Unión Europea esta proporción es solo de una quinta parte.
Estos altos niveles de desigualdad en España se acentúan entre las rentas más bajas 
de la distribución de ingresos, lo que hace que las tasas de pobreza extrema sean 
particularmente altas, incluso para el grado de desigualdad agregada del país. De acuerdo 
con la definición del INE y de Eurostat (personas que viven en hogares donde la renta 
disponible por unidad de consumo es inferior al 60 por ciento de la mediana de la renta 
nacional), en España 9,9 millones de personas (21 por ciento) en 4 millones de hogares se 
encuentran en riesgo de pobreza. Esta alta tasa de pobreza tiene una importante 
dimensión generacional, también persistente en el tiempo. Según los últimos datos de la 
Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, más del 26 por 
ciento de los niños de menos de 16 años viven en hogares con ingresos inferiores al 
umbral de la pobreza, una situación que se agrava aún más en los hogares monoparentales, 
particularmente vulnerables además a la volatilidad de ingresos.
Aunque las causas de estas altas tasas de desigualdad y pobreza son múltiples, un 
factor común es el débil efecto redistributivo del conjunto de la intervención del Estado en 
España en comparación con la mayoría de los países de nuestro entorno. Dicha debilidad 
deriva en parte del menor desarrollo y financiación de partidas con claro impacto 
redistributivo (en especial la ausencia de una política estatal de garantía última de ingresos, 
como existe en la mayor parte de los países europeos), y en parte también por el diseño 
concreto que han tomado las políticas públicas.
Ante esta realidad, han sido las comunidades y ciudades con Estatuto de Autonomía 
las que han ido configurando diferentes modelos de políticas de rentas mínimas. Estos 
sistemas han desempeñado un papel muy relevante para la atención de las personas en 
situación de vulnerabilidad, tanto en los momentos de crisis económica como en las etapas 
de crecimiento. Sin embargo, se trata de modelos muy diferentes entre sí, con variaciones 
muy sustanciales en su diseño, y especialmente en sus grados de cobertura y nivel de 
protección. El resultado ha sido una heterogeneidad significativa en el acceso a las 
prestaciones sociales de las personas en situación de necesidad, muchas de las cuales 
continúan sin ser suficientemente cubiertas por nuestro Estado del bienestar.
Estas debilidades del sistema de garantía de ingresos español han sido puestas de  e.
manifiesto de manera recurrente en informes y recomendaciones procedentes de las  w.
instituciones europeas. Así, en la recomendación del Consejo relativa al Programa  93ww
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destinados a diferentes grupos de individuos en búsqueda de empleo y gestionados por
diferentes administraciones» (punto 12). En la Recomendación de 2019, se afirma que «la 
proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, así como la desigualdad 
de ingresos sigue estando por encima de la media de la Unión (…). La pobreza infantil, 
aunque se está reduciendo, sigue siendo muy alta. La capacidad de las transferencias 
sociales diferentes de las pensiones para reducir la pobreza sigue siendo de las más bajas 
de la Unión, especialmente entre los niños. El gasto social en hogares con niños como 
proporción del PIB es uno de los más bajos de la UE y está mal focalizado. (…) Mientras 
tanto, los sistemas de ingresos mínimos regionales presentan grandes disparidades en las 
condiciones de acceso, cobertura y suficiencia (…). Como resultado, muchos de los que 
están en situación de necesidad no reciben apoyo» (punto 14).
También en el marco comunitario, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, adoptado en 
la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento celebrada en Gotemburgo en 
noviembre de 2017, pretende dar a los ciudadanos europeos unos derechos sociales 
nuevos y más efectivos. Este Pilar Europeo de Derechos Sociales establece veinte 
principios fundamentales, uno de los cuales (principio 14) está dedicado a la renta mínima, 
señalando que: «Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas 
prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de 
todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación. Para 
las personas que pueden trabajar, las prestaciones de renta mínima deben combinarse 
con incentivos a la (re)integración en el mercado laboral».
Junto a estas recomendaciones procedentes del ámbito comunitario, múltiples estudios 
y reflexiones han contribuido en los últimos años al debate nacional sobre las carencias del 
modelo español de garantía de ingresos. Con el objeto de analizar el sistema de garantía 
de ingresos en nuestro país, así como sus necesidades de reforma, en el año 2016, en el 
marco del Programa para el Empleo y la Innovación Social de la Unión Europea (eje 
«Progreso»), el Gobierno de España, a través del entonces Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, elaboró el informe denominado «El sistema de garantía de 
ingresos en España: tendencias, resultados y necesidades de reforma». Entre otros 
elementos, este informe señalaba que el mapa de rentas mínimas en España se 
caracteriza por la diversidad territorial, debido a que su desarrollo normativo y financiación 
dependen de cada una de las comunidades autónomas. La diversa naturaleza de la 
norma, las denominaciones, flexibilidad de los requisitos de acceso o intensidad protectora 
dependen, en buena parte, del modelo de inclusión del territorio en términos de 
reconocimiento de derecho, desarrollo de planes de inclusión, compromiso institucional o 
participación de distintos niveles administrativos, departamentos y gestores de programas.
En febrero de 2017, el Parlamento español tomó en consideración una Iniciativa 
Legislativa Popular, a propuesta de los sindicatos Unión General de Trabajadores y 
Comisiones Obreras, con el objetivo de establecer una prestación de ingresos mínimos. 
Se trata de la primera propuesta relevante en este ámbito, que, sin duda, supuso un fuerte 
impulso para el desarrollo del ingreso mínimo vital.
El 2 de marzo de 2018, el Consejo de Ministros aprobó encargar a la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la realización de un análisis sobre 
prestaciones de ingresos mínimos, que se materializó en un estudio titulado «Los 
programas de rentas mínimas en España».
Entre otros elementos, el estudio elaborado por la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal señalaba que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los 
países europeos, España no cuenta con una prestación que cubra el riesgo general de 
pobreza. Asimismo, ponía de relieve que el sistema de ingresos mínimos en España está  es
fraccionado y presenta disparidades territoriales. Con carácter general las cuantías son  o
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trabajadores que reciben remuneraciones inferiores al umbral de pobreza.
Por otra parte, con el fin de prevenir y luchar contra la pobreza y la exclusión social en 
España, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019 se aprobó la Estrategia 
Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023. Entre 
otros elementos, la estrategia identifica la reducción de la desigualdad de rentas entre los 
principales desafíos de las sociedades europeas y en España en particular.
II
La necesidad de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital como política destinada 
a corregir estos problemas se ha visto acelerada por la crisis sanitaria del COVID-19 y el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Ante la gravedad de la crisis y la rápida evolución de los contagios, el Congreso de los 
Diputados, previo Acuerdo del Consejo de Ministros, ha aprobado la prórroga del estado 
de alarma en cinco ocasiones, a través de los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 
487/2020, de 10 de abril, 492/2020, de 24 de abril, 514/2020, de 8 de mayo y 537/2020, 
de 22 de mayo.
Las medidas sanitarias de contención han supuesto la restricción de la movilidad y la 
paralización de numerosos sectores de la economía española, con el consiguiente efecto 
negativo para la renta de los hogares, los autónomos y las empresas.
En este contexto el Gobierno de España ha venido adoptando una serie de medidas 
urgentes orientadas tanto a frenar el avance de la pandemia, como a mitigar los profundos 
efectos económicos y sociales que la crisis sanitaria está generando en nuestro país.
Más allá del impacto directo sobre la actividad económica, la pandemia ha 
desembocado en una profunda crisis social, que afecta especialmente a las personas en 
situación de vulnerabilidad.
Las situaciones de crisis proyectan sus efectos más perjudiciales sobre la población 
más vulnerable e insegura, que no goza de una estabilidad permanente en sus ingresos, 
y que además está insuficientemente atendida por la mayor parte de las políticas sociales, 
vinculadas a la existencia de relaciones estables de empleo.
Por tanto, a la vista de lo expuesto anteriormente, la situación de pobreza y desigualdad 
existente en España y el incremento de la vulnerabilidad económica y social ocasionado 
por el COVID-19, exigen la puesta en marcha con carácter urgente de un mecanismo de 
garantía de ingresos de ámbito nacional. Este mecanismo, articulado a partir del mandato 
que el artículo 41 de la Constitución Española otorga al régimen público de Seguridad 
Social para garantizar la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de 
necesidad, asegura un determinado nivel de rentas a todos los hogares en situación de 
vulnerabilidad con independencia del lugar de residencia. A esta finalidad responde la 
presente disposición, aprobando el ingreso mínimo vital como prestación económica de la 
Seguridad Social en su modalidad no contributiva.
III
Esta prestación nace con el objetivo principal de garantizar, a través de la satisfacción 
de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en 
la vida social y económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y 
falta de acceso a oportunidades en los ámbitos laboral, educativo, o social de los 
individuos. La prestación no es por tanto un fin en sí misma, sino una herramienta para 
facilitar la transición de los individuos desde la exclusión social que les impone la ausencia  s
de recursos hacia una situación en la que se puedan desarrollar con plenitud en la  oe.
sociedad. Aunque la situación de privación económica que sufren las personas a las que  w.
va dirigida esta medida esté en el origen de su situación de vulnerabilidad, la forma  93ww
cinodnicvrideutao q: upea rtoam aalgráu nsous i,n csleursáió ne ls oaccicael svoa riaa roáp eonr tfuunnicdiaódne dse  eladsu ccaatriavcatse,r ísptaicraas  odtero csa, dlaa 
iEnsctoer poobrjaectiivóon  dael  minecrlcuasdióon  dceo ntrdaibcaiojon ao ,d lea  msoalunceiróan c ae nutnraal  ceol nddisiceióñno  sdaen liata rpiare dsetatecirómni,n qaudea,.   BOE-A-cable e
incorporando las mejores prácticas internacionales, introduce un sistema de incentivos
buscando evitar la generación de lo que los expertos en política social han llamado 
«trampas de pobreza», esto es, que la mera existencia de prestación inhiba el objetivo de 
inclusión social y económica de los receptores. Para aplicar este sistema de incentivos, 
resulta fundamental la cooperación con las comunidades autónomas y entidades locales 
en el despliegue de unos itinerarios de inclusión flexibles y adaptados a cada situación 
para los beneficiarios del ingreso mínimo vital, dado que, en el ejercicio de sus 
competencias, pueden acceder de manera más directa a las realidades concretas de los 
perceptores a través de los servicios sociales, pieza clave en la articulación del sistema. El 
sector privado también será copartícipe del diseño de estos itinerarios de inclusión, 
estableciéndose un Sello de Inclusión Social que acredite a todas aquellas empresas que 
ofrezcan oportunidades de empleo y formación a los perceptores del ingreso mínimo vital.
La centralidad del objetivo de inclusión que subyace a la norma exigirá que los efectos 
de la prestación tendrán que ser permanente y rigurosamente evaluados una vez sea 
puesta en marcha.
Así entendido, el ingreso mínimo vital no es una política dirigida a grupos o individuos 
concretos, sino que, atendiendo a aquellos que en un momento determinado sufren 
situaciones de exclusión y vulnerabilidad, protege de forma estructural a la sociedad en su 
conjunto. Esta política actuará así como un seguro colectivo frente a los retos que nuestras 
sociedades enfrentarán en el futuro próximo: carreras laborales más inciertas, nuevas 
vulnerabilidades como la puesta de manifiesto por la crisis de COVID-19, transformaciones 
económicas asociadas a la robotización o el cambio climático, y en general una mayor 
volatilidad en los ingresos y los empleos, problemas frente a los que casi nadie será 
inmune, pero que afectarán especialmente a los grupos sociales más vulnerables.
Con el objetivo de evitar duplicidades de cara al ciudadano y en aras de una mayor 
efectividad de la política, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital exigirá también una 
progresiva reordenación del conjunto de ayudas estatales cuyos objetivos se solapan con 
los de esta nueva política. Este proceso de reajuste se iniciará con la eliminación de la 
actual prestación de la Seguridad Social por hijo o menor acogido a cargo sin discapacidad 
o con discapacidad inferior al 33 por ciento.
La progresiva reorganización de las prestaciones no contributivas que deberá abordarse 
en los próximos años permitirá una focalización en colectivos particularmente vulnerables 
que contribuya a una mayor redistribución de la renta y la riqueza en nuestro país.
El modelo de gobernanza compartida que se prefigura en esta norma, en la que de 
forma articulada y coordinada participan las comunidades autónomas y las entidades 
locales, persigue un doble objetivo. Por un lado, lograr un despliegue más efectivo de la 
política de cara al ciudadano. La evaluación de los programas de sostenimiento de rentas 
en otros contextos ha identificado como uno de los problemas recurrentes el hecho de que 
muchos de sus potenciales beneficiarios acaban no accediendo a ellos, bien por la 
complejidad de los procedimientos, la naturaleza de los colectivos a los que va dirigido, o 
una combinación de estos factores. La implicación de comunidades autónomas y entidades 
locales, con especial protagonismo de los servicios sociales, junto al papel del tercer 
sector, busca maximizar la capilaridad institucional para llegar por diferentes canales a 
todos los posibles solicitantes, con el objeto de minimizar los problemas de acceso a la 
política pública.
En segundo lugar, la implicación de comunidades autónomas y entidades locales en el 
despliegue de la política persigue consolidar la necesaria implicación de todas las 
instituciones en el compromiso común de lucha contra la pobreza y las desigualdades en 
todo el territorio, engarzando el legítimo ejercicio del autogobierno en el ámbito de las  es
políticas sociales de las comunidades autónomas con la provisión colectiva de una red de  o
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Hacienda, constituye un paso decisivo hacia un modelo de política social construido sobre
la base de una visión integral de la Hacienda pública comprensiva tanto de los tributos 
como de las prestaciones monetarias, de tal forma que los ciudadanos, en función de su 
capacidad económica y sus necesidades vitales, sean contribuyentes en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas o perceptores de ayudas monetarias evitando 
redundancias, contradicciones e inequidades.
IV
Desde una perspectiva de análisis de la evolución del sistema de Seguridad Social, la 
creación del ingreso mínimo vital constituye un hito histórico que viene a equilibrar la 
configuración de un modelo integrado por una doble esfera, contributiva y no contributiva, 
en el que esta segunda ha sido hasta ahora un elemento secundario. De ahí la importancia 
de la configuración del ingreso mínimo vital como prestación no contributiva de la 
Seguridad Social.
A partir del artículo 41 de nuestra Constitución, la doctrina constitucional concibe la 
Seguridad Social como una «función del Estado» (STC 37/1994). De un lado, el Tribunal 
Constitucional pone de manifiesto la estrecha vinculación de este precepto con el artículo 1 
del mismo texto constitucional en el que se reconoce el carácter social de nuestro Estado 
que propugna la justicia como valor superior de nuestro ordenamiento; así como su 
conexión con el artículo 9.2 en el que se recoge el mandato de promoción de la igualdad 
y de remoción de los obstáculos que la dificultan.
De otro lado, esta caracterización como función del Estado supone que la Seguridad 
Social ocupa «… una posición decisiva en el remedio de situaciones de necesidad…», con 
la particularidad de que la identificación de tales situaciones y el modo en el que se articula 
su protección se ha de hacer «… teniendo en cuenta el contexto general en que se 
produzcan, y en conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del 
momento y las necesidades de los diversos grupos sociales» (STC 65/1987).
De lo anterior puede deducirse la trascendencia que para la sociedad española tiene la 
aprobación del ingreso mínimo vital. Porque, más allá de la dimensión coyuntural que una 
medida como esta tiene en el actual contexto de crisis provocado por la pandemia, la nueva 
prestación se integra con vocación estructural dentro de nuestro sistema de Seguridad Social 
reforzando decisivamente su contenido como garantía institucional «… cuya preservación se 
juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales» (STC 32/1981).
V
El real decreto-ley se estructura en nueve capítulos, treinta y siete artículos, cinco 
disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, 
once disposiciones finales y dos anexos.
El capítulo I recoge las disposiciones generales del ingreso mínimo vital, regulando el 
objeto, el concepto y naturaleza, así como sus características.
El principal objetivo del ingreso mínimo vital será la reducción de la pobreza, 
especialmente la pobreza extrema, y la redistribución de la riqueza. Al asegurar un 
determinado nivel de renta con independencia del lugar de residencia, esta prestación de 
la Seguridad Social promoverá la igualdad efectiva de todos los españoles.
El capítulo II se ocupa del ámbito subjetivo del ingreso mínimo vital.
Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital las personas que vivan solas o los 
integrantes de una unidad de convivencia que, con carácter general, estará formada por  s
dos o más personas que residan en la misma vivienda y que estén unidas entre sí por  oe.
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, si bien se establecen excepciones para  w.
contemplar determinados supuestos, como es el caso de las personas que sin tener  93ww
vteínnceur lolas  cfoanmdiilciaiórens d ceo mbepnaerftiecnia rvioiv,i esned eax pigoern s uitunaac sióenri ed ed en erecqeusiisdiatods.  Epanr ato edlo a ccacseos,o  pya real 
manSteen rimegieunlato t admelb diéenre lcah ofi gau lraa  pdreels ttaitucilóanr .de la prestación, que serán las personas con  BOE-A-cable e
plena capacidad de obrar que la soliciten y la perciban, en nombre propio o en nombre de
una unidad de convivencia, asumiendo también, en este último caso, la representación de 
la unidad de convivencia.
En todo caso el derecho a la prestación se configura en función de la situación de 
vulnerabilidad económica. A estos efectos, se va a considerar que se da esta situación 
cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la 
persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, 
correspondientes al ejercicio anterior, sea al menos 10 euros inferior al nivel de renta 
garantizada para cada supuesto previsto, en función de las características de la persona 
beneficiaria individual o la unidad de convivencia, requiriéndose además que su patrimonio, 
excluida la vivienda habitual, sea inferior a los límites establecidos en el real decreto-ley.
Se prevé, por último, el régimen de compatibilidad del ingreso mínimo vital con el 
empleo, de forma que la percepción de esta prestación no desincentive la participación en 
el mercado laboral.
El capítulo III se ocupa de la acción protectora.
El ingreso mínimo vital es una prestación económica de periodicidad mensual que 
cubre la diferencia entre el conjunto de ingresos que ha recibido el hogar unipersonal o la 
unidad de convivencia durante el año anterior y la renta garantizada determinada por el 
real decreto-ley para cada supuesto, que, para el ejercicio 2020, se deduce de aplicar la 
escala establecida en el anexo I del real decreto-ley.
La renta garantizada para un hogar unipersonal es el equivalente al 100 por ciento del 
importe anual de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social vigente en cada 
momento, dividido por 12. El importe de la renta garantizada se incrementa en función de 
la composición de la unidad de convivencia mediante la aplicación de unas escalas de 
incrementos.
El ingreso mínimo vital protege especialmente a los hogares monoparentales, 
estableciendo un complemento de monoparentalidad del 22 por ciento de la cuantía 
mensual de la pensión no contributiva unipersonal. Asimismo, protege de manera más 
intensa a la infancia, al establecer escalas de equivalencia para los menores superiores a 
las utilizadas habitualmente en este tipo de prestaciones.
Con el fin de garantizar un determinado nivel de ingresos a los hogares en situación de 
vulnerabilidad, el ingreso mínimo vital tiene carácter indefinido y se mantendrá siempre y 
cuando subsistan las causas que motivaron su concesión.
En este capítulo se determinan asimismo las causas de suspensión y extinción del 
derecho, las incompatibilidades y el reintegro de las prestaciones indebidas. Por otra parte, 
se definen los conceptos de renta y de patrimonio que se tendrán en cuenta para el 
cómputo de los ingresos y de la situación patrimonial, a partir de lo cual se determinará el 
derecho a la prestación del ingreso mínimo vital.
En el cómputo de ingresos quedan expresamente excluidas las prestaciones 
autonómicas concedidas en concepto de rentas mínimas. Por tanto, el ingreso mínimo vital 
se configura como una prestación «suelo» que se hace compatible con las prestaciones 
autonómicas que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias 
estatutarias, puedan conceder en concepto de rentas mínimas, tanto en términos de 
cobertura como de generosidad. De esta forma, el diseño del ingreso mínimo vital, 
respetando el principio de autonomía política, permite a las comunidades autónomas 
modular su acción protectora para adecuarla a las peculiaridades de su territorio, al tiempo 
que preserva su papel como última red de protección asistencial.
Finalmente, se recogen los mecanismos para acreditar el cumplimiento de los 
requisitos de acceso a la prestación. es
El capítulo IV regula el procedimiento para la solicitud, el inicio de la tramitación y  o
racineo iscdmoiiCasulucponcionóiidó sneani cldy  oide óbtesrnjla e  aimtndougei ttdró aeelncos iofsóoam n cmc aidilíiustnea dilyrm a e ldaeoxa n ppvnteriitodedaassile.e.d nneAttseas ,cil moipócoinsar m ldeseosu  , l apps arseoroa xlpii cmloaitidu dprdaár desn es ye s hnucatosbanciclroiiitócbaniirmrá  dnicee odn nitlfaoevs erde nsenio otlelasics   irctceuoaadnnleia dsllaae dess     OE-A-2020-5493able en https://www.
social de su territorio.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social será el competente para el reconocimiento 
y control de la prestación, sin perjuicio de la posibilidad de suscribir convenios y de las 
disposiciones adicionales cuarta y quinta. La tramitación del procedimiento se realizará por 
medios telemáticos.
El capítulo V regula la cooperación entre las administraciones públicas.
Se contempla la promoción de estrategias de inclusión de las personas beneficiarias 
del ingreso mínimo vital, en coordinación con todas las administraciones involucradas. 
Asimismo, se prevé la firma de convenios con otros órganos de la administración, con 
comunidades autónomas y entidades locales, pudiendo estos convenios regir la 
cooperación en el procedimiento administrativo, en el desarrollo de estrategias de inclusión 
o en cualquier otro ámbito de relevancia para los fines del ingreso mínimo vital.
El real decreto-ley crea la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital, como 
órgano de cooperación con las comunidades autónomas y entidades locales en materia de 
inclusión, así como el Consejo consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de 
consulta y participación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las 
organizaciones sindicales y empresariales.
El capítulo VI determina el régimen de financiación del ingreso mínimo vital, que se 
realizará a cargo del Estado mediante la correspondiente transferencia a los presupuestos 
de la Seguridad Social.
Los capítulos VII y VIII establecen, respectivamente, el régimen de obligaciones y el de 
infracciones y sanciones.
La economía informal perjudica tanto a las personas que trabajan de esta forma, que 
en determinados momentos de su vida se encontrarán sin la protección social necesaria 
por la falta de cotización previa, como a la sociedad en su conjunto por la menor 
recaudación impositiva y, por tanto, la merma de la capacidad del Estado para el desarrollo 
de las políticas públicas.
El ingreso mínimo vital, al ser compatible con los rendimientos del trabajo y estar 
acompañado de un mecanismo incentivador al empleo, así como de las obligaciones de 
los beneficiarios de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y de figurar como demandantes de empleo en 
caso de no trabajar, brindará la oportunidad de incorporarse a la economía formal a 
personas y colectivos que tradicionalmente han venido trabajando fuera de este ámbito. La 
incorporación al trabajo formal y el disfrute de los beneficios sociales y económicos que 
esto supone actuará en muchos casos como barrera para la vuelta de estas personas a la 
economía informal, con los beneficios individuales y colectivos que ello comporta para la 
sociedad en su conjunto.
En el caso del trabajo por cuenta ajena, la economía informal no sería posible sin la 
colaboración necesaria de aquellos empresarios que, con esta forma de actuar, persiguen 
eludir impuestos y reducir los costes laborales de su actividad. Por este motivo, la lucha 
contra la economía informal debe desarrollarse en un doble ámbito: tanto por el lado de los 
trabajadores, como por el lado de los empresarios que ostentan en esta ocasión la figura 
del cooperador necesario, sin la cual la infracción no sería posible. Por tanto, la reducción 
de la economía informal requiere necesariamente de la equiparación del autor de la 
infracción con el cooperador necesario, en este caso el empresario, a la hora de imponer 
la sanción.
En este sentido, el real decreto-ley establece que tanto las personas titulares y 
beneficiarias del derecho que hayan cometido la infracción, como aquellas otras que 
hubiesen cooperado en su comisión, serán responsables de las infracciones tipificadas en  es
el real decreto-ley. o
enffarxealtscuineeAdcasusimaóliemrninie oitsnda mter oeqlo ,ui dn,oe etcy erude glcectraonhocn o li ud óoigedn a  élfalrrna  aatismuilc  dcaapuac olfncesinetinbiasdtiaollaii dd ddianaeeddd sc e, d abisenmied drb oeeei obsassui td lalaetaab nmrpl e lrbeaecen essnttnieateu  cfsapiicóaceinnairó,ccr niiiaoob  o nisad euc afus usm at,au laqpcrnuocati,eeer asnsr i oinomlro tirpiaseae sn rac tjcaoucot iscuomoia osaco   id uódleannel      OE-A-2020-5493able en https://www.
aumento indebido de su importe.
El capítulo IX regula el régimen de control financiero de esta prestación.
La disposición adicional primera incluye un mandato a regular reglamentariamente el 
Sello de Inclusión Social, con el que se distinguirá a aquellos empleadores de beneficiarios 
del ingreso mínimo vital que contribuyan al tránsito de los beneficiarios del ingreso mínimo 
vital desde una situación de riesgo de pobreza y exclusión a la participación activa en la 
sociedad.
La disposición adicional segunda prevé la inclusión de las prestaciones del ingreso 
mínimo vital en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
La disposición adicional tercera regula el crédito extraordinario en el Presupuesto del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para financiar el ingreso mínimo 
vital en el ejercicio 2020.
La disposición adicional cuarta contempla el estudio por parte del Gobierno de la 
celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de 
gestión de la prestación.
La disposición adicional quinta regula la aplicación del real decreto-ley en los territorios 
forales, en atención a la especificidad de las Haciendas Forales. Así, se contempla que 
dichos territorios asuman las funciones y servicios que el real decreto-ley atribuye al 
Instituto Nacional de Seguridad Social y se prevé que, mientras no se asuman dichas 
funciones, se firme una encomienda de gestión.
La disposición transitoria primera determina la prestación transitoria del ingreso mínimo 
vital durante 2020, para los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a 
cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, que cumplan 
determinados requisitos y cuya asignación económica sea inferior al importe de la 
prestación del ingreso mínimo vital.
A partir del 31 de diciembre de 2020, los beneficiarios que mantengan los requisitos 
que dieron lugar al reconocimiento de la prestación transitoria, pasarán a ser beneficiarios 
del ingreso mínimo vital. Apreciándose en estos momentos circunstancias de extraordinaria 
necesidad derivadas de la crisis sanitaria que requieren su cobertura urgente, el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social reconocerá la prestación transitoria de ingreso mínimo 
vital a los actuales beneficiarios de la prestación económica por hijo o menor a cargo del 
sistema de la Seguridad Social que reúnan determinados requisitos. Para la comprobación 
de dichos requisitos, de forma extraordinaria, como excepción al artículo 95.1 k) de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no se considerará necesario recabar 
el consentimiento para la tramitación de la prestación económica por hijo o menor a cargo, 
en tanto en cuanto la prestación transitoria de ingreso mínimo vital supone una mejora en 
la misma.
La disposición transitoria segunda regula el día a partir del cual podrán presentarse 
solicitudes y el momento a partir del cual se devenga la prestación.
La disposición transitoria tercera prevé un procedimiento excepcional relacionado 
directamente con la situación económica generada a raíz de la pandemia del COVID-19, 
que tiene por objeto asegurar que el ingreso mínimo vital llegue con urgencia a las 
personas y hogares que más lo necesitan y que más están padeciendo las consecuencias 
de la crisis. Así, se permite el reconocimiento de la prestación para las solicitudes cursadas 
durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos durante este año, en lugar de los 
ingresos del año anterior, al objeto de poder tener en cuenta las situaciones de 
vulnerabilidad generadas por las consecuencias económicas y sociales que está 
ocasionando el COVID-19. En particular, a efectos de acreditar provisionalmente el 
cumplimiento del requisito de rentas, se considerarán los ingresos que haya tenido la  es
persona o unidad de convivencia durante este año, siempre y cuando en el ejercicio  o
aldtaénesrt m elcoLriisntaioa o lrddís mnai seosipts  eusotsauns bpiiedcleseiaórtcdeanie db lsatolre  asdmcn eieids tncaoit odosen  rldpi vapeai vr rceleaousn saetc olrniítdamtaea  yi  tp rlecaerseu au vydl noédeis de qp aciunardegter ,rtdi moeeh-so aloecnssoyit.o ann  veoeisv ls teua3npb1cel eidarcee iend dn oei scen ild e meemjá efbosrr credmi ceyailo   5cg 20oe0 nnp1 eoc9rra a ecrl áinpec anltoertoasr     OE-A-2020-5493able en https://www.
excepcional, el control sobre el reconocimiento del derecho y de la obligación de los
expedientes de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital será exclusivamente 
la de control financiero permanente.
La urgente necesidad de proceder al pago de estas prestaciones, ante la necesidad 
social derivada de la crisis del COVID-19, hace que los plazos de implementación sean 
extraordinariamente breves, dificultando el desarrollo de los sistemas informáticos 
adecuados, así como reordenar los procedimientos de control.
La disposición transitoria quinta, por su parte, regula una exención del pago de precios 
públicos por servicios académicos universitarios del curso académico 2020/2021 para 
aquellos a quienes se reconozca la prestación del ingreso mínimo vital entre los meses de 
junio y diciembre de 2020 y, habiendo solicitado una beca de la Administración General del 
Estado para cursar estudios postobligatorios no la obtengan por superar los umbrales de 
renta y patrimonio. La situación socioeconómica provocada por la COVID-19 justifica la 
adopción de medidas para fomentar el acceso a la enseñanza superior pública. La 
obtención de una beca para la realización de estudios conducentes a la obtención de un 
título universitario de carácter oficial lleva aparejada, con carácter general, la exención del 
pago de los precios públicos por dichos servicios académicos. Sin embargo, el contexto 
actual demanda medidas extraordinarias para evitar el abandono escolar de personas que 
se hayan visto gravemente afectadas por la pandemia.
La disposición transitoria sexta regula el régimen de financiación del ingreso mínimo 
vital durante 2020, especificando que se dotarán, mediante modificación presupuestaria, 
los créditos presupuestarios que resulten adecuados para la financiación del ingreso 
mínimo vital.
La disposición transitoria séptima regula la integración de la prestación por hijo o 
menor a cargo en la prestación del ingreso mínimo vital. A partir de la entrada en vigor de 
este real decreto-ley no podrán presentarse nuevas solicitudes para la asignación 
económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por 
ciento, sin perjuicio de las personas beneficiarias que a 31 de diciembre de 2020 no 
cumplan los requisitos para ser beneficiarios del ingreso mínimo vital podrán ejercer el 
derecho de opción para volver a la asignación económica por hijo o menor a cargo del 
sistema de la Seguridad Social.
Asimismo, se precisa el régimen transitorio aplicable a las personas beneficiarias de la 
asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33 por ciento.
La disposición derogatoria única dispone la derogación de cuantas normas se opongan 
a lo dispuesto en el presente real decreto-ley.
La disposición final primera modifica el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que 
se regula el registro de prestaciones sociales públicas, al objeto de que se incorpore desde el 
momento de su puesta en marcha la prestación económica del ingreso mínimo vital.
La disposición final segunda modifica la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, para incluir la prestación del ingreso mínimo vital dentro de la relación de 
créditos incluidos en los Presupuestos de la Seguridad Social que se consideran 
ampliables en la cuantía resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden.
La disposición final tercera modifica el texto refundido de la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2015, de 24 de julio, para incluir a las personas beneficiarias del ingreso 
mínimo vital entre las personas que se encuentran exentas de la aportación de los usuarios 
a la prestación farmacéutica ambulatoria.
La disposición final cuarta modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad  es
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, al objeto de incluir  o
lSrccaeooo cplmcaoriebnuasooln tcraiyadimc daidóiodeenren a dtsisone  ,cl ca goionuerngptsó roteilnórasaon or Smy  mel aasgíussnup, im rneidderoviac pidsdeuei sótnSaantorr cdiocaie oidsa nl eale,o   lpsabInr  laeisgfcsotaicttraciuaócitolnioeón  psnedr, pso e ot MedMrc iepnta oaiyfsrraoattece rd eirdleiisetola  l s ycMi dsióSitenenelim s rdtvIaeneic rtd iieoode rsd ailoa etoS r SH,so e acmpgciaauiuelrrteniaudsd aa aedsy,l      OE-A-2020-5493able en https://www.
organismos competentes autonómicos. Asimismo, se suprime la asignación económica por
hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, pues 
esta prestación se integrará en el ingreso mínimo vital.
La disposición final quinta modifica la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018, para la creación de la Tarjeta Social Digital, con el 
objetivo de mejorar y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las 
diferentes administraciones públicas.
La disposición final sexta pretende incentivar la participación de las entidades locales 
en la iniciación e instrucción del procedimiento del ingreso mínimo vital, posibilitando que 
los gastos que se deriven del desarrollo de estas funciones se puedan financiar con cargo 
al superávit previsto al cierre del ejercicio, y previendo que a efectos de determinar en 
relación con el ejercicio 2020 la situación de incumplimiento de las reglas de estabilidad 
presupuestaria se tendrá en consideración, con carácter excepcional, si aquella ha estado 
causada por estos gastos.
La disposición final séptima autoriza al Gobierno para actualizar los valores, escalas y 
porcentajes del real decreto-ley, cuando, atendiendo a la evolución de las circunstancias 
sociales y económicas y de las situaciones de vulnerabilidad, así como a las evaluaciones 
periódicas de la AIReF, se aprecie la necesidad de dicha modificación con el fin de que la 
prestación pueda mantener su acción protectora dirigida a prevenir el riesgo de pobreza, 
lograr la inclusión social y suplir las carencias de recursos económicos para la cobertura 
de necesidades básicas.
La disposición final octava recoge la cláusula de salvaguardia para la modificación que 
se efectúa del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el registro de 
prestaciones sociales públicas, con el fin de que el ingreso mínimo vital se incorpore en 
dicho registro desde el momento de su puesta en marcha.
La disposición final novena establece el título competencial y la disposición final 
décima introduce una habilitación para desarrollo reglamentario.
Finalmente, la disposición final decimoprimera determina la entrada en vigor del real 
decreto-ley, que tendrá lugar el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
VI
La adopción de medidas de carácter económico mediante real decreto-ley ha sido 
avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivación explícita y 
razonada de la necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura económica exige una 
rápida respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la 
adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo 
ordinario podría generar algún perjuicio.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el 
fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro 
Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, 
F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación 
concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever 
requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía 
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.
El impacto económico y social que la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 está 
ejerciendo sobre las personas en situación de vulnerabilidad, y el riesgo de cronificación y 
aumento de la pobreza en el futuro si no se adoptan medidas con carácter inmediato, 
ponen de manifiesto la concurrencia de los motivos que justifican la extraordinaria y  s
urgente necesidad de adoptar la norma reguladora del ingreso mínimo vital. oe.
Aunque todavía es muy pronto para disponer de datos estadísticos sobre el impacto  w.
dpeeom rle aar glCgeuOnnVcaiIasD  -isn1as9nt iiettuancr iliaaos nh etaas s apafoes ncdteean dp odo ebm rmeázsaa ni nidftieee nsntsuoae mqsutereon  tlpaea  paísé l,ro idnsi fdoharo mgdaeers ie nysg  crqeousmeou san nmicteaosdti vodased  elaam  pictoirdirs oliass    2020-5493n https://ww
ya tenían ingresos muy bajos.
En este sentido, Cáritas alerta de los efectos sociales que esta emergencia sanitaria  Bc
creada por el coronavirus puede producir en las familias en situación de pobreza y
exclusión que, según datos de Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología 
Aplicada (FOESSA), es de 8,5 millones de personas, el 18,4% de la población española. 
De entre los 8,5 millones de personas que se encuentran en exclusión social, hay un grupo 
de 1,8 millones de personas que acumulan tal cantidad de problemas y necesidades que 
serán las primeras en notar el parón de nuestra economía.
Por su parte, Cruz Roja señala que más de 12 millones personas en España, más 
del 26% de la población, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, siendo las 
que actualmente se encuentran aisladas y en confinamiento las que están viviendo una 
situación de mayor vulnerabilidad.
Desde la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), indican que como 
consecuencia de la anterior crisis económica llegaron a atender a un millón setecientas mil 
personas en los peores años, más del doble de las que atendían hasta entonces, y temen 
que ahora la situación acabe siendo muy parecida o incluso peor. En apenas un par de 
meses la demanda de alimentos se ha disparado un 30%.
Porque en el actual escenario de contención y prevención del COVID-19 tan urgente y 
necesario es atajar la epidemia y evitar su propagación para proteger la salud pública, 
como también lo es adoptar medidas de contenido económico y social para afrontar sus 
consecuencias en la ciudadanía, en particular, en los colectivos vulnerables.
En esta línea de razonamiento, y siguiendo la doctrina constitucional (STC 61/2018), 
cabe argumentar que el recurso al decreto-ley para la creación del ingreso mínimo vital tiene 
una doble motivación cada una de las cuales, por sí sola, serviría para justificar la iniciativa.
Por un lado, nos recuerda la citada sentencia que el uso del decreto-ley se ha venido 
aceptando en situaciones que se han calificado como «coyunturas económicas 
problemáticas». Y parece evidente que la magnitud de la tragedia por la pérdida de vidas 
humana y las devastadoras consecuencias sociales y económicas derivadas de la 
necesaria  adopción  de  medidas  para  la  contención  de  la  pandemia  justifican 
suficientemente la actuación normativa de urgencia.
Pero también ha admitido, por otro lado, «… que el hecho de que se considere una 
reforma estructural no impide, por sí sola, la utilización de la figura del decreto-ley, pues el 
posible carácter estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho 
problema pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y 
urgente necesidad, que justifique la aprobación de un decreto-ley, lo que deberá ser 
determinado atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso (STC 137/2011, 
FJ 6; reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3)». Tal apreciación 
parece particularmente aplicable a una iniciativa como esta en la que se incorpora una nueva 
prestación, con un número potencial de beneficiarios muy importante, al sistema de Seguridad 
Social, verdadera columna vertebral de nuestro Estado social y democrático de derecho.
En suma, dentro del juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3), los motivos de 
oportunidad que acaban de exponerse justifican amplia y razonadamente la adopción de 
la presente norma, al responder a la finalidad legítima de aprobar medidas que contribuyan 
a abordar de forma inmediata el gravísimo impacto económico y social provocado por el 
COVID-19 (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 
182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Debe señalarse también que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al 
Derecho electoral general. es
A la vista de lo expuesto anteriormente, concurren las circunstancias de extraordinaria  o
ypsoe rceugtusurEbugrspiredetuena,e  tdredse  etjaounll sr edPí dhceriaeoccrbasceeii,ld tidottara-iamdlnen tiyeseq psrnue atpesora pe Areonaxncd iirdmgaee,eci  na uyie  rslerotli rrfsai ac aptriiletvr íiinonncc scuCitialproou,i  ommt8saeú 6ld nn yet d  odcne oeej um clrlaeaíod ss iCi cedAooxad indgdms,ee et ilin lftraiuices caaLtircleóa idyance , i 3ocpE9nrreso/e2ptpso0ao -1Pñlre5coúyi,olb .adnli eacc lai1ods ma.d dAoe,     OE-A-2020-5493able en https://www.
estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y
eficacia dado el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, 
siendo el real decreto-ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación 
imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, 
se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico.
En relación con el principio de eficiencia, este real decreto-ley no impone cargas 
administrativas que no estén justificadas para la consecución de sus fines.
Se exceptúan los trámites de consulta pública y de audiencia e información públicas, 
conforme el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
No obstante, con el fin de garantizar la coordinación y la adecuación de la norma a la 
realidad territorial, se ha llevado a cabo un intenso diálogo con las comunidades y ciudades 
autónomas, así como con la Federación Española de Municipios y Provincias. Asimismo, 
se ha incluido en el diálogo social con los agentes sociales y se ha desarrollado un amplio 
proceso de consulta con numerosas entidades del Tercer Sector de Acción Social.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 
14.ª, 17.ª y 18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales; bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica; hacienda general y deuda del Estado; legislación básica y régimen económico 
de la Seguridad Social; y bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y el 
procedimiento administrativo común.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones y del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales 
y Agenda 2030, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de 
mayo de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
El presente real decreto-ley tiene por objeto la creación y regulación del ingreso 
mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de 
las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se 
encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos 
suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.
Artículo 2.  Concepto y naturaleza.
1.  El ingreso mínimo vital se configura como el derecho subjetivo a una prestación de 
naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en 
situación de vulnerabilidad económica en los términos que se definen en el presente real 
decreto-ley. A través de este instrumento se persigue garantizar una mejora de  e.e
oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias. b
2.  En desarrollo del artículo 41 de la Constitución Española, y sin perjuicio de las  93ww
acoymudpaeste qncuiea sp, ueel dinagnr eessot ambílneicmeor  vlaitsa l cfoormmuan pidaartdee dse a lua tóacncoimóna sp roetne cetol reaj edrecli csiios tedme as dues 
la Seguridad Social como prestación económica en su modalidad no contributiva.
Artículo 3.  Características.
El ingreso mínimo vital presenta las siguientes características:
a)  Garantiza un nivel mínimo de renta mediante la cobertura de la diferencia existente 
entre la suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza de que disponga la 
persona beneficiaria individual o, en su caso, los integrantes de una unidad de convivencia, 
y la cuantía de renta garantizada para cada supuesto en los términos del artículo 10.
b)  Se articula en su acción protectora diferenciando según se dirija a un beneficiario 
individual o a una unidad de convivencia, en este caso, atendiendo a su estructura y 
características específicas.
c)  Es una prestación cuya duración se prolongará mientras persista la situación de 
vulnerabilidad económica y se mantengan los requisitos que originaron el derecho a su 
percepción.
d)  Se configura como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una 
situación de exclusión a una de participación en la sociedad. Contendrá para ello en su 
diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de distintas fórmulas de 
cooperación entre administraciones.
e)  Es intransferible. No podrá ofrecerse en garantía de obligaciones, ni ser objeto de 
cesión total o parcial, compensación o descuento, retención o embargo, salvo en los 
supuestos y con los límites previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
CAPÍTULO II
Ámbito subjetivo de aplicación
Artículo 4.  Personas beneficiarias.
1.  Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital:
a)  Las personas integrantes de una unidad de convivencia en los términos 
establecidos en este real decreto-ley.
b)  Las personas de al menos 23 años y menores de 65 años que viven solas, o que, 
compartiendo domicilio con una unidad de convivencia en los supuestos del artículo 6.2.c), 
no se integran en la misma, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
1.º  No estar unidas a otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho en los 
términos definidos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo, 8/2015, de 30 de octubre, salvo las que hayan iniciado los 
trámites de separación o divorcio o las que se encuentren en otras circunstancias que 
puedan determinarse reglamentariamente, a las que no se les exigirá el cumplimiento de 
esta circunstancia.
2.º  No formar parte de otra unidad de convivencia, de conformidad con lo previsto en 
el presente real decreto-ley.
No se exigirá el cumplimiento de los requisitos de edad, ni los previstos en los 
apartados 1º y 2º de esta letra, en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de 
género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.
2.  No podrán ser beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital las personas  es
usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o  bo
sociosanitario, con carácter permanente y financiada con fondos públicos, salvo en el  93ww
syeu septxau3pbe.ll oesttcaoLidc adiosóes np  m eesnures jxeeoulrn eaaaslr,st  íva cbísuceítl niocmeo 7fami,cs aio ads roeíia t crvsaoi osdm leeeobnx elccareisaáp  nodc beicolu inggmeéasnpc eliqiorru onloe eos ss  v repeí caeqtrsuiamtias eaibtlso lem sdz aedcn eatrt neaa ntcraecim gedlsieaeo mns ateeo rln eadts aep rhlr iedausmemtraeaecnncithóoenos.    OE-A-2020-54able en https://
establecidas en el artículo 33.
Artículo 5.  Titulares del ingreso mínimo vital.
1.  Son titulares de esta prestación las personas con plena capacidad de obrar que la 
soliciten y la perciban, en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia. En 
este último caso, la persona titular asumirá la representación de la citada unidad.
La solicitud deberá ir firmada, en su caso, por todos los integrantes de la unidad de 
convivencia mayores de edad que no se encuentren incapacitados judicialmente.
2.  Las personas titulares, cuando estén integradas en una unidad de convivencia, 
deberán tener una edad mínima de 23 años, o ser mayor de edad o menor emancipado en 
caso de tener hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento 
familiar permanente, y deberán ser menores de 65 años. Excepcionalmente, cuando la 
unidad de convivencia esté integrada solo por mayores de 65 años y menores de edad o 
incapacitados judicialmente, será titular el mayor de 65 años que solicite la prestación.
En caso de no integrarse en una unidad de convivencia, la edad mínima de la persona 
titular será de 23 años, salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género 
o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, en los que se exigirá que la 
persona titular sea mayor de edad.
3.  En el supuesto de que en una unidad de convivencia existieran varias personas 
que pudieran ostentar tal condición, será considerada titular la persona a la que se le 
reconozca la prestación solicitada en nombre de la unidad de convivencia.
4.  En los términos que se establezcan reglamentariamente, la entidad gestora podrá 
acordar el pago de la prestación a otro de los miembros de la unidad de convivencia 
distintos del titular.
5.  En un mismo domicilio podrá haber un máximo de dos titulares.
Artículo 6.  Unidad de convivencia.
1.  Se considera unidad de convivencia la constituida por todas las personas que 
residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial o como 
pareja de hecho en los términos del artículo 221.2 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, 
adopción, y otras personas con las que conviva en virtud de guarda con fines de adopción 
o acogimiento familiar permanente.
El fallecimiento de alguna de las personas que constituyen la unidad de convivencia no 
alterará la consideración de tal, aunque dicho fallecimiento suponga la pérdida, entre los 
supérstites, de los vínculos previstos en el apartado anterior.
2.  Como excepción al apartado anterior, también tendrán la consideración de unidad 
de convivencia a los efectos previstos en este real decreto-ley:
a)  La constituida por una persona víctima de violencia de género que haya 
abandonado su domicilio familiar habitual acompañada de sus hijos o menores en régimen 
de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta 
el segundo grado por consanguinidad o afinidad.
b)  La constituida por una persona acompañada de sus hijos o menores en régimen 
de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta 
el segundo grado por consanguinidad o afinidad, que haya iniciado los trámites de 
separación o divorcio.
c)  La formada por dos o más personas de al menos 23 años y menores de 65 que, 
sin mantener entre sí una relación de las consignadas en este precepto, habiten en un  es
mismo domicilio en los términos que reglamentariamente se determinen. En los casos en  o
los que una o varias personas comparten vivienda con una unidad de convivencia, se  93ww
eevuíxnnniitscdetuanelddon e cdeireaná  t cdrqeoeu n sdevío  iyvns eo oun tnrfcoaiidar lma acd aocenons ns pdtsiatetuirt uticdeoida nda pve pio voere rsln otlcoasis  ama ,m  iueeinemfeambc fbrtooorrossms  dda deede  al lau ap n foaparmr  felaaislmsita api lcoieai órr,se nool,a, n cceaionósn n sqs uuaid encea ácrsláaoonrg,ed adco eeys  neuu  ndnlaeaa     OE-A-2020-54able en https://
persona beneficiaria individual.
3.  Se considerará que no rompe la convivencia la separación transitoria por razón de 
estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares.
A tal efecto, es requisito para la consideración de integrante de la unidad de convivencia 
la residencia efectiva, legal y continuada en España.
4.  En ningún caso una misma persona podrá formar parte de dos o más unidades de 
convivencia.
Artículo 7.  Requisitos de acceso.
1.  Todas las personas beneficiarias, estén o no integradas en una unidad de 
convivencia, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)  Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada 
e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de 
presentación de la solicitud. No se exigirá este requisito respecto de:
1.º  Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
2.º  Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, que 
acreditarán esta condición a través de un informe emitido por los servicios públicos 
encargados de la atención integral a estas víctimas o por los servicios sociales, así como 
por cualquier otro medio de acreditación que se desarrolle reglamentariamente.
3.º  Las mujeres víctimas de violencia de género. Esta condición se acreditará por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestación, se entenderá que una 
persona tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el 
extranjero, siempre que estas no superen los noventa días naturales a lo largo de cada 
año natural, o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de 
enfermedad debidamente justificadas.
b)  Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, 
ingresos o patrimonio suficientes, en los términos establecidos en el artículo 8.
c)  Haber solicitado las pensiones y prestaciones vigentes a las que pudieran tener 
derecho, en los términos que se fijen reglamentariamente. Quedan exceptuados los 
salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social 
concedidas por las comunidades autónomas.
d)  Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, figurar 
inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen 
reglamentariamente.
2.  Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b) y el artículo 6.2.c) 
deberán haber vivido de forma independiente durante al menos tres años antes de la 
solicitud del ingreso mínimo vital.
Se entenderá que una persona ha vivido de forma independiente si ha permanecido en 
situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad 
Social durante al menos doce meses, continuados o no, y siempre que acredite que su 
domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante tres años 
inmediatamente anteriores a la solicitud.
Este requisito no se exigirá a las personas que por ser víctimas de violencia de género  e.
hayan abandonado su domicilio habitual, a las que hayan iniciado los trámites de  w.b
separación o divorcio o a las que se encuentren en otras circunstancias que puedan  93ww
dete3r.m inCaursaen dreog lalasm peenrstaorniaams ebnetnee.ficiarias formen parte de una unidad de convivencia, se
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Este requisito no se exigirá en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento familiar permanente de menores, en los supuestos a) y b) del 
artículo 6.2, en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de 
trata de seres humanos y explotación sexual, o en otros supuestos justificados, que 
puedan determinarse reglamentariamente.
4.  Los requisitos relacionados en los apartados anteriores deberán cumplirse en el 
momento de presentación de la solicitud o al tiempo de solicitar su revisión, y mantenerse 
al dictarse la resolución y durante el tiempo de percepción del ingreso mínimo vital.
Artículo 8.  Situación de vulnerabilidad económica.
1.  Para la determinación de la situación de vulnerabilidad económica a la que se 
refiere el artículo 7, se tomará en consideración la capacidad económica de la persona 
solicitante beneficiaria individual o, en su caso, de la unidad de convivencia en su conjunto, 
computándose los recursos de todos sus miembros.
2.  Se apreciará que concurre este requisito cuando el promedio mensual del conjunto 
de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del 
conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, 
en los términos establecidos en el artículo 18, sea inferior, al menos en 10 euros, a la 
cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación que corresponda en función 
de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia en los términos del 
artículo 10.
A efectos de este real decreto-ley, no computarán como ingresos los salarios sociales, 
rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las 
comunidades autónomas, y otros ingresos y rentas de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 18.
3.  No se apreciará que concurre este requisito cuando la persona beneficiaria 
individual sea titular de un patrimonio valorado, de acuerdo con los criterios que se 
contemplan en el artículo 18 de este real decreto-ley, en un importe igual o superior a tres 
veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el ingreso mínimo vital para una 
persona beneficiaria individual. En el caso de las unidades de convivencia, se entenderá 
que no concurre este requisito cuando sean titulares de un patrimonio valorado en un 
importe igual o superior a la cuantía resultante de aplicar la escala de incrementos que 
figura en el anexo II.
Igualmente quedarán excluidos del acceso al ingreso mínimo vital, independientemente 
de la valoración del patrimonio, las personas beneficiarias individuales o las personas que 
se integren en una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea 
administrador de derecho de una sociedad mercantil.
4.  Con el fin de que la percepción del ingreso mínimo vital no desincentive la 
participación en el mercado laboral, la percepción del ingreso mínimo vital será compatible 
con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia de la persona 
beneficiaria individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la unidad de convivencia 
en los términos y con los límites que reglamentariamente se establezcan. En estos casos, 
se establecerán las condiciones en las que la superación en un ejercicio de los límites de 
rentas establecidos en el punto 2 del presente artículo por esta causa no suponga la 
pérdida del derecho a la percepción del ingreso mínimo vital en el ejercicio siguiente. Este 
desarrollo reglamentario, en el marco del diálogo con las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas, prestará especial atención a la participación de las 
personas con discapacidad y las familias monoparentales. e.
5.  Reglamentariamente se podrán establecer, para supuestos excepcionales de  w.
vulnerabilidad que sucedan en el mismo ejercicio, los supuestos y condiciones en los que  93ww
pporedsrtáanc icóonm. putar los ingresos y rentas del ejercicio en curso a los efectos de acceso a esta
CAPÍTULO III
Acción protectora
Artículo 9.  Prestación económica.
El ingreso mínimo vital consistirá en una prestación económica que se fijará y se hará 
efectiva mensualmente en los términos establecidos en este real decreto-ley y en sus 
normas de desarrollo.
Artículo 10.  Determinación de la cuantía.
1.  La cuantía mensual de la prestación de ingreso mínimo vital que corresponde a la 
persona beneficiaria individual o a la unidad de convivencia vendrá determinada por la 
diferencia entre la cuantía de la renta garantizada, según lo establecido en el apartado 
siguiente, y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los 
miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, en los términos 
establecidos en los artículos 8, 13 y 17, siempre que la cuantía resultante sea igual o 
superior a 10 euros mensuales.
2.  A los efectos señalados en el apartado anterior, se considera renta garantizada:
a)  En el caso de una persona beneficiaria individual, la cuantía mensual de renta 
garantizada ascenderá al 100 por ciento del importe anual de las pensiones no contributivas 
fijada anualmente en la ley de presupuestos generales del estado, dividido por doce.
b)  En el caso de una unidad de convivencia la cuantía mensual de la letra a) se 
incrementará en un 30 por ciento por miembro adicional a partir del segundo hasta un 
máximo del 220 por ciento.
c)  A la cuantía mensual establecida en la letra b) se sumará un complemento de 
monoparentalidad equivalente a un 22 por ciento de la cuantía establecida en la letra a) en 
el supuesto de que la unidad de convivencia sea monoparental. A los efectos de determinar 
la cuantía de la prestación, se entenderá por unidad de convivencia monoparental la 
constituida por un solo adulto con uno o más hijos menores con los que conviva, o uno o 
más menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de 
adopción a su cargo, cuando constituye el sustentador único de la unidad de convivencia.
3.  Reglamentariamente se determinará el posible incremento de las cuantías fijadas 
en los párrafos anteriores cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual 
superiores al 10 por ciento de la renta garantizada que corresponda, en su cuantía anual, 
en función del tamaño y configuración de la unidad de convivencia.
4.  Cuando los mismos hijos o menores o mayores incapacitados judicialmente 
formen parte de distintas unidades familiares en supuestos de custodia compartida 
establecida judicialmente, se considerará, a efectos de la determinación de la cuantía de 
la prestación, que forman parte de la unidad donde se encuentren domiciliados.
5.  Para el ejercicio 2020, la cuantía anual de renta garantizada en el caso de una 
persona beneficiaria individual asciende a 5.538 euros. Para la determinación de la cuantía 
aplicable a las unidades de convivencia, se aplicará la escala establecida en el anexo I 
sobre la base de la cuantía correspondiente a una persona beneficiaria individual.
Artículo 11.  Derecho a la prestación y pago.
1.  El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día  bo
del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud. 93ww
dRDeeelgc t2rliaet.u mtolae Er6n ld9 tpoe6a  /gl2gae0o np1 ser8eer,ras ádtl a edmc e2ieó 9lnna sd,  ugedae ejlsu  ytani ócisonue. e frirendaaoln izccaoiernár a lom dsee pd lliaaa znSotees g tyrua rpnidrsoafceder eSdniomcciiiaea nlb,t aoanspc reoasbritaaa,db aole  upcniodaro  ecslu  eRenne taeall    OE-A-2020-54able en https://
Artículo 12.  Duración.
1.  El derecho a percibir la prestación económica del ingreso mínimo vital se 
mantendrá mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan 
los requisitos y obligaciones previstos en este real decreto-ley.
2.  Sin perjuicio de lo anterior, todas las personas beneficiarias, integradas o no en 
una unidad de convivencia, estarán obligadas a poner en conocimiento de la entidad 
gestora competente, en el plazo de treinta días naturales, aquellas circunstancias que 
afecten al cumplimiento de los requisitos o de las obligaciones establecidos en este real 
decreto-ley.
Artículo 13.  Modificación y actualización de la cuantía de la prestación.
1.  El cambio en las circunstancias personales, económicas o patrimoniales de la 
persona beneficiaria del ingreso mínimo vital, o de alguno de los miembros de la unidad de 
convivencia, podrá comportar la disminución o el aumento de la prestación económica 
mediante la revisión correspondiente por la entidad gestora.
2.  La modificación tendrá efectos a partir del día primero del mes siguiente al de la 
fecha en que se hubiera producido el hecho causante de la modificación, siendo de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 129 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
3.  En cualquier caso, la cuantía de la prestación se actualizará con efectos del día 1 
de enero de cada año, tomando como referencia los ingresos anuales computables del 
ejercicio anterior. Cuando la variación de los ingresos anuales computables del ejercicio 
anterior motivara la extinción de la prestación, esta surtirá igualmente efectos a partir del 
día 1 de enero del año siguiente a aquél al que correspondan dichos ingresos.
Artículo 14.  Suspensión del derecho.
1.  El derecho al ingreso mínimo vital se suspenderá por las siguientes causas:
a)  Pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.
b)  Incumplimiento temporal por parte de la persona beneficiaria, del titular o de algún 
miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la prestación.
c)  Cautelarmente en caso de indicios de incumplimiento por parte de la persona 
beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de los requisitos 
establecidos o las obligaciones asumidas al acceder a la prestación, cuando así se 
resuelva por parte de la entidad gestora.
En todo caso, se procederá a la suspensión cautelar en el caso de traslado al extranjero 
por un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año, sin haber 
comunicado a la entidad gestora con antelación el mismo ni estar debidamente justificado.
d)  Incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso 
mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia a que se 
refiere el artículo 8.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.
e)  Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.
2.  La suspensión del derecho al ingreso mínimo vital implicará la suspensión del 
pago de la prestación a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produzcan 
las causas de suspensión o a aquel en el que se tenga conocimiento por la entidad gestora 
competente y sin perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades indebidamente  e.e
percibidas. La suspensión se mantendrá mientras persistan las circunstancias que  w.b
hubieran dado lugar a la misma. 93ww
extinSgi uliad os.uspensión se mantiene durante un año, el derecho a la prestación quedará
de o3f.i cioD eos aa pinasretacnidcaias  ldaes  cpaaurstea sa  qrueea nmuodtaivra erol nd lear escuhspoe sniseimónp rdee lq dueer esceh om, asnet eprnogcaend elorás 
requisitos que dieron lugar a su reconocimiento. En caso contrario, se procederá a la 
modificación o extinción del derecho según proceda.
4.  La prestación se devengará a partir del día 1 del mes siguiente a la fecha en que 
hubieran decaído las causas que motivaron la suspensión.
Artículo 15.  Extinción del derecho.
1.  El derecho a la prestación de ingreso mínimo vital se extinguirá por las siguientes 
causas:
a)  Fallecimiento de la persona titular. No obstante, cuando se trate de unidades de 
convivencia, cualquier otro miembro que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 6, 
podrá presentar una nueva solicitud en el plazo de tres meses a contar desde el día 
siguiente a la fecha del fallecimiento para el reconocimiento, en su caso, de un nuevo 
derecho a la prestación en función de la nueva composición de la unidad de convivencia. 
Los efectos económicos del derecho que pueda corresponder a la unidad de convivencia 
en función de sus nuevas circunstancias se producirán a partir del día primero del mes 
siguiente a la fecha del fallecimiento, siempre que se solicite dentro del plazo señalado.
b)  Pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el mantenimiento de la 
prestación.
c)  Resolución recaída en un procedimiento sancionador, que así lo determine.
d)  Salida del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora 
durante un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año.
e)  Renuncia del derecho.
f)  Suspensión de un año en los términos del artículo 14.2.
g)  Incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del 
ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia 
a que se refiere el artículo 8.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.
h)  Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.
2.  La extinción del derecho a la prestación producirá efectos desde el primer día del 
mes siguiente a la fecha en que concurran las causas extintivas.
Artículo 16.  Incompatibilidad del ingreso mínimo vital con la asignación por hijo o menor 
a cargo.
La percepción de la prestación del ingreso mínimo vital será incompatible con la 
percepción de la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, sin discapacidad 
o con discapacidad inferior al 33 por ciento, cuando exista identidad de causantes o 
beneficiarios de esta, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer el derecho de opción por una 
de ellas.
Artículo 17.  Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.
1.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá revisar de oficio, en perjuicio de 
los beneficiarios, los actos relativos a la prestación de ingreso mínimo vital, siempre que 
dicha revisión se efectúe dentro del plazo máximo de cuatro años desde que se dictó la 
resolución administrativa que no hubiere sido impugnada. Asimismo, en tal caso podrá de 
oficio declarar y exigir la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas.
La entidad gestora, podrá proceder en cualquier momento a la rectificación de errores  e.e
materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la  b
constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como  93ww
ap olar  trael cmlaomtiavoci.ón de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente
perjuEinci os udpeu leosst obse ndeisfitciniatroioss a s elo se feincdtuicaardá odse  ecno nlofosr mpáidraradf ocso na netl earriotírceuslo,  l1a4 6re dvies ilóan L eeny 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
2.  Cuando mediante resolución se acuerde la extinción o la modificación de la cuantía 
de la prestación como consecuencia de un cambio en las circunstancias que determinaron 
su cálculo y no exista derecho a la prestación o el importe a percibir sea inferior al importe 
percibido, los beneficiarios de la prestación vendrán obligados a reintegrar las cantidades 
indebidamente percibidas, mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 
148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro 
de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas, y en el Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, 
de 11 de junio.
Serán responsables solidarios del reintegro de las prestaciones indebidamente 
percibidas los beneficiarios y todas aquellas personas que en virtud de hechos, omisiones, 
negocios o actos jurídicos participen en la obtención de una prestación de forma 
fraudulenta.
Serán exigibles a todos los responsables solidarios el principal, los recargos e intereses 
que deban exigirse a ese primer responsable, y todas las costas que se generen para el 
cobro de la deuda.
3.  En los supuestos previstos en los apartados anteriores, transcurrido el plazo de 
ingreso en periodo voluntario sin pago de la deuda, se aplicarán los correspondientes 
recargos y comenzará el devengo de intereses de demora, sin perjuicio de que estos 
últimos solo sean exigibles respecto del período de recaudación ejecutiva. En los 
supuestos que se determinen reglamentariamente, la entidad gestora podrá acordar 
compensar la deuda con las mensualidades del ingreso mínimo vital hasta un determinado 
porcentaje máximo de cada mensualidad.
Artículo 18.  Cómputo de los ingresos y patrimonio.
1.  El cómputo de los ingresos del ejercicio anterior se llevará a cabo atendiendo a las 
siguientes reglas:
a)  Con carácter general las rentas se computarán por su valor íntegro, excepto las 
procedentes de actividades económicas, de arrendamientos de inmuebles o de regímenes 
especiales, que se computarán por su rendimiento neto.
b)  Los rendimientos procedentes de actividades económicas, las ganancias 
patrimoniales generadas en el ejercicio y de los regímenes especiales, se computarán por 
la cuantía que se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas o normativa foral correspondiente según la normativa vigente en cada período.
c)  Cuando el beneficiario disponga de bienes inmuebles arrendados, se tendrán en 
cuenta sus rendimientos como ingresos menos gastos, antes de cualquier reducción a la 
que tenga derecho el contribuyente, y ambos determinados, conforme a lo dispuesto al 
efecto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o 
normativa foral correspondiente, aplicable a las personas que forman la unidad de 
convivencia. Si los inmuebles no estuviesen arrendados, los ingresos computables se 
valorarán según las normas establecidas para la imputación de rentas inmobiliarias en la 
citada normativa y correspondiente norma foral.
d)  Computará como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas 
o no contributivas, públicas o privadas.
e)  Se exceptuarán del cómputo de rentas:
1.º  Los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de  es
asistencia social concedidas por las comunidades autónomas. o
2.º  Las prestaciones y ayudas económicas públicas finalistas que hayan sido  93ww
cdvoievn ielc3ane. ºddu aind,iL adaasay sdpu r adedranaest   cacdusoeb ne revxirmie vuneentrnaagcs eni anae,c c liaetaass,l  ieyqds uao edtcr  oesaemssp  rsoeei mcfbiíeifeliraccearane sd sl oe.os  c apuyáaurlqrdauafioessr ap b ad)r,ea c  l)ae,s ld  pe),es irt)us, odj)ni,o an,s )a, i nqytu)e,d gra)r,as s n)pt,eo ts)r    OE-A-2020-54able en https://
e y) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
2.  Para el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los obtenidos por los 
beneficiarios durante el ejercicio anterior a la solicitud. El importe de la prestación será 
revisado cada año teniendo en cuenta la información de los ingresos del ejercicio anterior. 
Para determinar en qué ejercicio se han obtenido los ingresos se adoptará el criterio fiscal.
3.  Para la determinación de los rendimientos mensuales de las personas que forman 
la unidad de convivencia se computa el conjunto de rendimientos o ingresos de todos los 
miembros, de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de 
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
No se computarán las rentas previstas en el apartado 1.e). A la suma de ingresos 
detallados anteriormente se restará el importe del Impuesto sobre la renta devengado y las 
cotizaciones sociales.
4.  Se considera patrimonio la suma de los activos no societarios, sin incluir la vivienda 
habitual, y el patrimonio societario neto, tal como se definen en los siguientes apartados.
5.  Los activos no societarios son la suma de los siguientes conceptos:
a)  Los inmuebles, excluida la vivienda habitual.
b)  Las cuentas bancarias y depósitos.
c)  Los activos financieros en forma de valores, seguros y rentas y las participaciones 
en Instituciones de Inversión Colectiva.
d)  Las participaciones en planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos 
similares.
6.  El patrimonio societario neto incluye el valor de las participaciones en el patrimonio 
de sociedades en las que participen de forma directa o indirecta alguno de los miembros de 
la unidad de convivencia, con excepción de las valoradas dentro de los activos no societarios.
7.  Los activos no societarios se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
a)  Los activos inmobiliarios de carácter residencial de acuerdo con el valor de 
referencia de mercado al que se hace referencia en al artículo 3.1 y la disposición final 
tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y, en ausencia de este valor, por el valor 
catastral del inmueble.
b)  El resto de activos inmobiliarios, bien sean de carácter urbano, bien sean de 
carácter rústico, de acuerdo con el valor catastral del inmueble.
c)  Las cuentas bancarias y depósitos, los activos financieros y las participaciones, 
por su valor a 31 de diciembre consignado en las últimas declaraciones tributarias 
informativas disponibles cuyo plazo reglamentario de declaración haya finalizado en el 
momento de presentar la solicitud.
8.  El patrimonio societario se valorará, para cada uno de los miembros de la unidad 
de convivencia, aplicando los porcentajes de participación en el capital de las sociedades 
no incluidas dentro de los activos no societarios, al valor del patrimonio neto de dichas 
sociedades y de las que pertenezcan directa o indirectamente a estas consignado en las 
últimas declaraciones tributarias para las que haya finalizado el ejercicio fiscal para todos 
los contribuyentes.
Artículo 19.  Acreditación de los requisitos. w.b
dlmoese  cne1oos.n rpevasiLvñ aedo nieldec esi1an 4,ot  is daeeañl  daol icsbtra reqondut oideta e drn eáfoa  lm mateseil ndipagiea aornsn toec dne eoarltcs idfu iscomoacleudicmnoitt eaolinnt enttoeraa scnl  icaodocnemia onlno aa ddcle eidm  ieldia eeisdnn etqtoniud,te iaed dfnao, d remy el  anmcn aee sllda oci a audnsnetoied  l daoeedsl     OE-A-2020-54able en https://
documento de identidad de su país de origen o de procedencia, o el pasaporte, en el caso 
de los ciudadanos extranjeros.
2.  La residencia legal en España se acreditará mediante la inscripción en el registro 
central de extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea, Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar 
de ciudadano de la Unión o autorización de residencia, en cualquiera de sus modalidades, 
en el caso de extranjeros de otra nacionalidad.
3.  El domicilio en España se acreditará con el certificado de empadronamiento.
4.  La existencia de la unidad de convivencia se acreditará con el libro de familia, 
certificado del registro civil, inscripción en un registro de parejas de hecho en los términos 
del artículo 221.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y certificado 
de empadronamiento en la misma vivienda.
No obstante, la existencia de la unidad de convivencia en los términos previstos en el 
artículo 6.2 se acreditará con el certificado de empadronamiento donde conste todas las 
personas empadronadas en el domicilio del solicitante.
Las unidades de convivencia previstas en el artículo 6.2.a) deberán acreditar la 
condición de víctima de violencia de género por cualquiera de los medios establecidos en 
el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género.
En casos de separación o divorcio, la unidad de convivencia establecida en el 
artículo 6.2.b) se acreditará con la presentación de la demanda o resolución judicial.
5.  Los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en el presente real decreto-ley, 
para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se 
realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios 
telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en las Haciendas Tributarias 
Forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará 
como referencia la información que conste en esas Haciendas Públicas respecto del ejercicio 
anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su 
defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas.
En su solicitud, cada interesado autorizará expresamente a la administración que 
tramita su solicitud para que recabe sus datos tributarios de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, de los órganos competentes de las comunidades autónomas, de 
la Hacienda Foral de Navarra o diputaciones forales del País Vasco y de la Dirección 
General del Catastro Inmobiliario, conforme al artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la cesión de datos 
tributarios legalmente prevista con ocasión de la colaboración en el descubrimiento de 
fraudes en la obtención y disfrute de prestaciones a la Seguridad Social de apartado 1.c) 
del citado artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su 
caso, en la normativa foral aplicable.
6.  La situación de demandante de empleo quedará acreditada con el documento 
expedido al efecto por la administración competente o mediante el acceso por parte de la 
entidad gestora a través de los medios electrónicos habilitados al efecto.
7.  En ningún caso será exigible al solicitante la acreditación de hechos, datos o 
circunstancias que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí misma, 
tales como la situación del beneficiario en relación con el sistema de la Seguridad Social; 
o la percepción por los miembros de la unidad de convivencia de otra prestación económica 
que conste en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. es
Artículo 20.  Cesión de datos y confidencialidad de los mismos. w.
se d1e. baE en feelc stuuamri nais ltaro A ddem ininfoisrmtraacciióónn  edne  rleal aScieógnu croidna ldo sS doactioasl  dpea rcaa rlaác gteers ptieórns odnea le qsutea 
prerfeusntadcidióon d, es elar áL edye  Gaepnlicearacli ódne  lloa  Spreegvuisritdoa edn S loocsi aalp, aaprtraodboasd o1  pyo 2r  Rdeela la Drtíeccurleot o7 1L edgeisl ltaetxivtoo   BOE-A-cable e
8/2015, de 30 de octubre. El suministro de información no requerirá el consentimiento
previo del interesado, ni de las personas que formen parte de la unidad de convivencia, por 
ser un tratamiento de datos de los referidos en los artículos 6.1 e) y 9.2 h) del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
2.  Todas las personas y todos los organismos que intervengan en cualquier actuación 
referente al ingreso mínimo vital quedan obligados a la reserva de datos en los términos 
establecidos en el artículo 77 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
3.  Las administraciones públicas actuantes tomarán las medidas oportunas para que, 
en el curso del procedimiento administrativo, quede garantizada la confidencialidad de los 
datos suministrados por los solicitantes para la gestión de la prestación y estará obligada 
a cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos.
CAPÍTULO IV
Procedimiento
Artículo 21.  Normas de procedimiento.
Sin perjuicio de las particularidades previstas en el presente real decreto-ley, será de 
aplicación lo previsto en el artículo 129 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Artículo 22.  Competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social y colaboración 
interadministrativa.
1.  La competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no 
contributiva de la Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo apartado de este artículo y en las 
disposiciones adicionales cuarta y quinta.
2.  Las comunidades autónomas y entidades locales podrán iniciar el expediente 
administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en los 
términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, el oportuno convenio que les habilite para ello.
En el marco del correspondiente convenio suscrito con el Instituto Nacional de 
Seguridad Social, podrá acordarse que, iniciado el expediente por la respectiva 
administración, la posterior tramitación y gestión previas a la resolución del expediente se 
efectúe por la administración que hubiere incoado el procedimiento.
3.  El ejercicio de las funciones citadas en el apartado anterior no requerirá, en ningún 
caso, los informes previos que establece el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Artículo 23.  Iniciación del procedimiento.
El acceso a la prestación económica prevista en la presente ley se realizará previa 
solicitud de la persona interesada, según lo previsto en el artículo siguiente.
Artículo 24.  Solicitud.
1.  La solicitud se realizará en el modelo normalizado establecido al efecto,  e.
acompañada de la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los  w.b
requisitos establecidos en este real decreto-ley y en sus normas de desarrollo. 93ww
SocDiailc oh aa s torlaicviétusd d see  apqreuseellnotsa roát,r opsre cfearneanletesm deen tceo, menu nlaic saecdióen e tleelcetmróántiiccaa  dqeu lea  eSle Ignusrtiidtuatdo 
Nesatcaibolneacle drsee l ae nS eelg muraidrcaod  dSeo cloiasl  cteonngvean hioasb ialit alodso qsu ael  seefe rcetofie, rsein e pl earrjtuícicuiloo  d2e9 .lo que pueda
2.  No obstante, respecto de los documentos que no se encuentren en poder de la 
administración, si no pueden ser aportados por el interesado en el momento de la solicitud, 
se incluirá la declaración responsable del solicitante en la que conste que se obliga a 
presentarlos durante la tramitación del procedimiento.
3.  Para acreditar el valor del patrimonio, así como de las rentas e ingresos 
computables a los efectos de lo previsto en el presente real decreto-ley, y los gastos de 
alquiler, del titular del derecho y de los miembros de la unidad de convivencia, el titular del 
ingreso mínimo vital y los miembros de la unidad de convivencia cumplimentarán la 
declaración responsable que, a tal efecto, figurará en el modelo normalizado de solicitud.
Artículo 25.  Tramitación.
1.  En la instrucción del expediente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
verificará la existencia de la documentación necesaria para el reconocimiento de la 
prestación, y efectuará las comprobaciones pertinentes del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente real decreto-ley.
2.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a la resolución y notificación 
del procedimiento a la persona solicitante en el plazo máximo de tres meses desde la 
fecha de entrada en su registro del expediente administrativo.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución expresa, se 
entenderá denegada la solicitud por silencio administrativo.
3.  En el supuesto de que con posterioridad a la solicitud el interesado no hubiera 
aportado la documentación a que se hubiera obligado en la declaración responsable 
prevista en el artículo 24.2, con carácter previo a dictar resolución la entidad gestora le 
requerirá a tal efecto. En este caso, quedará suspendido el procedimiento durante el plazo 
máximo de tres meses. Si transcurrido dicho plazo no hubiere presentado la documentación 
requerida, se producirá la caducidad del procedimiento.
Artículo 26.  Supervisión del cumplimiento de requisitos.
1.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social comprobará el cumplimiento de los 
requisitos y obligaciones de la persona titular y demás personas que integren la unidad de 
convivencia.
Para ello verificará, entre otros, que quedan acreditados los requisitos relativos a la 
identidad del solicitante y de todas las personas que integran la unidad de convivencia, a 
la residencia legal y efectiva en España de este y de los miembros de la unidad de 
convivencia en la que se integrara, residencia efectiva de los miembros de la unidad de 
convivencia en el domicilio, la composición de la unidad de convivencia, relación de 
parentesco y pareja de hecho, rentas e ingresos, patrimonio, y el resto de condiciones 
necesarias para determinar el acceso al derecho a la prestación así como su cuantía. Del 
mismo modo, mediante controles periódicos realizará las comprobaciones necesarias del 
cumplimiento de los requisitos y obligaciones que permiten el mantenimiento del derecho 
o de su cuantía.
2.  Para el ejercicio de su función supervisora, el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social llevará a cabo cuantas comprobaciones, inspecciones, revisiones y verificaciones 
sean necesarias y requerirá la colaboración de las personas titulares del derecho y de las 
administraciones públicas, de los organismos y entidades públicas y de personas jurídico-
privadas. Estas comprobaciones se realizarán preferentemente por medios telemáticos o 
informáticos. e.e
3.  La supervisión de los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en el  b
presente real decreto-ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de  93ww
irnegcraebseo  pmoírn mimeod ivoista tle, lseem ráetaicliozsa rdáe p loar A lag eennctiidaa Eds gtaetsatlo drae  cAodnmfoinrmister aac ilóan in Tforirbmutaacriióan y q duee  lases 
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públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de
reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en 
dichas administraciones públicas.»
CAPÍTULO V
Cooperación entre las administraciones públicas
Artículo 27.  Cooperación administrativa en el ejercicio de las funciones de supervisión.
Todas las administraciones públicas cooperarán en la ejecución de las funciones de 
supervisión necesarias para la garantía del ingreso mínimo vital de conformidad con lo 
previsto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Artículo 28.  Cooperación para la inclusión social de las personas beneficiarias.
1.  El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promoverá, en el ámbito 
de sus competencias, estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del ingreso 
mínimo vital mediante la cooperación y colaboración con los departamentos ministeriales, 
las comunidades autónomas, las entidades locales, las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas, así como con las entidades del Tercer Sector de Acción 
Social. El diseño de estas estrategias se dirigirá a la remoción de los obstáculos sociales 
o laborales que dificultan el pleno ejercicio de derechos y socavan la cohesión social.
2.  Los beneficiarios del ingreso mínimo vital serán objetivo prioritario y tenidos en 
cuenta en el diseño de los incentivos a la contratación que apruebe el Gobierno.
3.  El resultado del ingreso mínimo vital y de las distintas estrategias y políticas de 
inclusión será evaluado anualmente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal, mediante la emisión de la correspondiente opinión, de acuerdo con la Ley Orgánica 
6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal.
Artículo 29.  Mecanismos de colaboración con otras administraciones.
Con el fin de intensificar las relaciones de cooperación, mejorar la eficiencia de la 
gestión de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital, así como facilitar la 
utilización conjunta de medios y servicios públicos, mediante la asistencia recíproca y el 
intercambio de información, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o, 
en su caso, la Administración de la Seguridad Social podrán celebrar los oportunos 
convenios, o acuerdos, o cualquier otro instrumento de colaboración con otros órganos de 
la Administración General del Estado, de las administraciones de las comunidades 
autónomas y de las entidades locales.
Artículo 30.  Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital.
1.  Se crea la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital como órgano de 
cooperación administrativa para el seguimiento de la aplicación del contenido de este real 
decreto-ley.
2.  La Comisión de seguimiento estará presidida por el Ministro de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, y estará integrada por el Secretario de Estado de la 
Seguridad Social y Pensiones, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión  e.
y Previsión Social, la Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el  w.b
Secretario de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y  93ww
Aórggeanndoa  d2ir0e3c0ti,v loa  eSne cqrueiteanrí ad edlee gEuset,a dloos  dtietu Ilgaureasld daed  lya sc ocnotnras elaje Vríaiosle dnec iala sd ec oGméunneirdoa od eesl 
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representantes de las comunidades autónomas o de la administración local, la Comisión
podrá constituirse sin aquellos a instancias de su secretario, siendo en estos casos preciso 
que se informe previamente a los representantes de dichas administraciones y se 
comunique el contenido del orden del día.
3.  La Comisión de seguimiento tendrá las siguientes funciones:
a)  Evaluación del impacto del ingreso mínimo vital como instrumento para prevenir el 
riesgo de pobreza y exclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad 
económica, con especial atención a la pobreza infantil.
b)  Evaluación y seguimiento de las propuestas normativas y no normativas en 
relación con el ingreso mínimo vital y en materia de inclusión que se impulsen por parte del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
c)  Impulso y seguimiento de los mecanismos de cooperación entre administraciones 
que procedan en aplicación de este real decreto-ley.
d)  Seguimiento de los sistemas de intercambio de información relativa a las personas 
solicitantes y las beneficiarias del ingreso mínimo vital que se pongan en marcha.
e)  Cooperación para la implantación de la Tarjeta Social Digital.
f)  Evaluación y análisis de las políticas y medidas de inclusión, así como de su 
impacto en los colectivos vulnerables, e intercambio de mejores prácticas y experiencias, 
con el fin de maximizar las sinergias de las políticas públicas y de mejorar su eficacia.
g)  Cooperación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la 
definición de objetivos de inclusión y en el desarrollo de indicadores de inclusión, de 
crecimiento inclusivo y de desigualdad para la economía española que puedan ser 
utilizados para el diseño y toma de decisión de nuevas políticas o la reformulación de las 
ya existentes, así como de indicadores con los que llevar a cabo la medición, seguimiento 
y evaluación de los objetivos de inclusión.
h)  Cooperación en la promoción de la incorporación de los indicadores señalados en 
el apartado anterior en el diseño y evaluación de las políticas y medidas de inclusión.
i)  Cooperación en la explotación de bases de datos de indicadores de inclusión a 
nivel regional, nacional e internacional para la realización de estudios e informes que 
incluyan la información necesaria para la toma de decisiones.
j)  Cooperación en la elaboración de las normas reglamentarias en desarrollo de este 
real decreto-ley y de las normas de otras administraciones que, en su caso, sean enviadas 
a la Comisión para discusión.
k)  Evaluación y seguimiento de las estrategias de inclusión que promueva el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del Sello de Inclusión Social al 
que se refiere la disposición adicional primera y de la evolución en la participación en el 
mercado laboral de los perceptores del ingreso mínimo vital, en particular de los que se 
encuentren en los supuestos a que se refiere el artículo 8.4.
l)  Cooperación en los sistemas de evaluación e información de situaciones de 
necesidad social y en la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 
social entre las administraciones públicas.
m)  Cualquier otra función que se le atribuya legal o reglamentariamente.
4.  La Comisión de seguimiento podrá crear grupos de trabajo para el ejercicio de sus 
funciones. En particular, se crearán un grupo de trabajo específico para comunidades 
autónomas y un grupo de trabajo para entidades locales, para abordar las cuestiones 
específicas que afectan a cada una de estas administraciones.
5.  La Comisión de seguimiento contará con una Secretaría, que dependerá de la 
Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La Secretaría es el órgano  e.e
técnico de asistencia, preparación y seguimiento continuo de la actividad de la Comisión  w.b
de seguimiento y tendrá las siguientes funciones: 93ww
Csuo mcaai)ss ioó,nL s ade e ca osdneovgpoutecimna tiyeo nrliatao ,a  dspeirsle tiepnnagcrraeiacs ioaó  nms uíysn  irmmedioea mvcitbcairlóo, nse .ld see glausim aiecntatos  ddee  lolass a rceuuenrdioonse qsu dee,  elan   OE-A-2020-54able en https://
b)  El seguimiento e informe de los actos y disposiciones de las comunidades 
autónomas en materia de inclusión.
c)  La tramitación de los convenios de colaboración que se suscriban con otros 
órganos de la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades 
autónomas y las entidades locales.
d)  La coordinación de los grupos de trabajo que, en su caso, se creen por la Comisión 
de seguimiento en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.
6.  La Comisión de seguimiento se dotará de un reglamento interno donde se 
especificarán sus reglas de funcionamiento.
Artículo 31.  Consejo consultivo del ingreso mínimo vital.
1.  Se crea el Consejo consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de consulta y 
participación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones 
sindicales y empresariales.
2.  El Consejo consultivo estará presidido por el Ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones y en él participarán, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de 
Inclusión y Previsión Social, un miembro con rango de director general que designe el 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Directora del Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades, las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas, así como las entidades del Tercer Sector de Acción Social con mayor 
cobertura en el territorio español.
3.  El Consejo consultivo tendrá las siguientes funciones:
a)  Asesorar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la 
formulación de propuestas normativas y no normativas en relación con el ingreso mínimo 
vital y en materia de inclusión.
b)  Asesorar a la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital en el ejercicio de 
sus funciones.
c)  Asesorar y cooperar con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
en el lanzamiento de campañas de comunicación relacionadas con el ingreso mínimo vital.
d)  Asesorar y cooperar con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
en la implantación de estrategias de inclusión, del Sello de Inclusión Social al que se 
refiere la disposición adicional primera y de la evolución en la participación en el mercado 
laboral de los perceptores del ingreso mínimo vital, en particular de los que se encuentren 
en los supuestos a que se refiere el artículo 8.4.
e)  Cualquier otra función que se le atribuya legal o reglamentariamente.
4.  La participación y la asistencia a sus convocatorias no devengará retribución ni 
compensación económica alguna.
5.  El Consejo consultivo se dotará de un reglamento interno donde se especificarán 
sus reglas de funcionamiento.
CAPÍTULO VI
Régimen de financiación
Artículo 32.  Financiación.
1.  El ingreso mínimo vital, como prestación no contributiva de la Seguridad Social, se  b
financiará de conformidad con lo previsto en el artículo 109 del texto refundido de la Ley  93ww
Gocetnuebrrael. de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
CAPÍTULO VII
Régimen de obligaciones
Artículo 33.  Obligaciones de las personas beneficiarias.
1.  Las personas titulares del ingreso mínimo vital estarán sujetas durante el tiempo 
de percepción de la prestación a las siguientes obligaciones:
a)  Proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación 
de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción 
de notificaciones y comunicaciones.
b)  Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, 
suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días naturales desde que 
estos se produzcan.
c)  Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.
d)  Comunicar a la entidad gestora con carácter previo las salidas al extranjero tanto 
del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, haciendo constar la duración 
previsible de la misma.
No tendrá consideración de estancia ni de traslado de residencia la salida al extranjero 
por tiempo no superior a quince días naturales por una sola vez cada año.
La salida y estancia en el extranjero de cualquiera de los miembros de una unidad de 
convivencia por un período, continuado o no, de hasta noventa días naturales como 
máximo durante cada año natural, deberá previamente ser comunicada y justificada.
e)  Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.
f)  Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, figurar 
inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen 
reglamentariamente.
g)  En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del 
trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 8.4, cumplir las 
condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.
h)  Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, previstas en el artículo 28.1, en los términos que se 
establezcan.
i)  Cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.
2.  Las personas integrantes de la unidad de convivencia estarán obligadas a:
a)  Comunicar el fallecimiento del titular.
b)  Poner en conocimiento de la administración cualquier hecho que distorsione el fin 
de la prestación otorgada.
c)  Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.
d)  Cumplir las obligaciones que el apartado anterior impone al titular y este, 
cualquiera que sea el motivo, no lleva a cabo.
e)  Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, figurar 
inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen 
reglamentariamente.
f)  En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del  e.
trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 8.4, cumplir las  w.b
condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad. 93ww
Seggu)r idaPda rSticoicpiaarl  eyn M laigs reasctiroanteegsi,a psr deev isintaclsu seiónn e ql uaer tpícruolmo u2e8v.a1 ,e el Mn ilnoiss tetérirom dineo Isn cqluusei ósne, 
estahb)l ezCcaunm.plir cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.
CAPÍTULO VIII
Infracciones y sanciones
Artículo 34.  Infracciones y sujetos responsables.
1.  Las infracciones son consideradas, según su naturaleza, como leves, graves y 
muy graves.
2.  Son infracciones leves, no proporcionar la documentación e información precisa 
en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como 
para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello no se 
haya derivado la percepción o conservación indebida de la prestación.
3.  Son infracciones graves:
a)  No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación 
de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción 
de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción 
indebida, en cuantía mensual, inferior al 50 por ciento de la que le correspondería.
b)  No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, 
suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días desde que estos se 
produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía 
mensual, inferior al 50 por ciento de la que le correspondería.
c)  No cumplir con la obligación de comunicar con carácter previo el desplazamiento 
al extranjero, cuando el mismo sea por tiempo superior a quince días e inferior a noventa 
días al año.
d)  La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año 
anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves del mismo tipo.
e)  El incumplimiento de la obligación de participar en las estrategias de inclusión que 
promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los términos que 
se establezcan.
f)  El incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la prestación 
del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica conforme con 
lo previsto en el artículo 8.4.
4.  Son infracciones muy graves:
a)  No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación 
de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción 
de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción 
indebida, en cuantía mensual, superior al 50 por ciento de la que le correspondería.
b)  No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, 
suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días desde que estos se 
produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía 
mensual, superior al 50 por ciento de la que le correspondería.
c)  El desplazamiento al extranjero, por tiempo superior a noventa días al año, sin 
haber comunicado ni justificado al Instituto Nacional de la Seguridad Social con carácter 
previo su salida de España.
d)  Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores 
a las que correspondan o prolongar indebidamente su disfrute, mediante la aportación de 
datos o documentos falsos. e.
e)  La comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de un año  w.b
anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves del mismo tipo. 93ww
incluf)s iónE lq iunec upmropmlimueievna teol  rMeiitneisratedroio  ddee  lIan colubsliigóanc, ióSne gduer idpaadrt iSciopcaiar l eyn M laigsr aecsiotrnaetesg, ieans  ldoes 
términos que se establezcan.
g)  El incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la 
prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica 
conforme con lo previsto en el artículo 8.4.
5.  Serán responsables de las infracciones tipificadas en este artículo los beneficiarios 
de la prestación, los miembros de la unidad de convivencia y aquellas personas que 
hubiesen cooperado en su comisión mediante una actuación activa u omisiva sin la cual la 
infracción no se hubiera cometido.
La concurrencia de varias personas responsables en la comisión de una infracción 
determinará que queden solidariamente obligadas frente a la administración al reintegro de 
las prestaciones indebidamente percibidas.
Artículo 35.  Sanciones.
1.  Las infracciones leves serán sancionadas con el apercibimiento de la persona 
infractora.
2.  Las infracciones graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un 
periodo de hasta tres meses. Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del 
derecho, la sanción consistirá en el deber de ingresar tres mensualidades de la prestación.
Cuando la infracción sea la prevista en el apartado 3.c) del artículo anterior, además 
de devolver el importe de la prestación indebidamente percibida durante el tiempo de 
estancia en el extranjero, los beneficiarios no podrán solicitar una nueva prestación 
durante un periodo de tres meses, a contar desde la fecha de la resolución por la que se 
imponga la sanción.
3.  Las infracciones muy graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un 
periodo de hasta seis meses. Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del 
derecho, la sanción consistirá en el deber de ingresar seis mensualidades de la prestación.
Cuando la infracción sea la prevista en el apartado 4.c) del artículo anterior, además 
de devolver el importe de la prestación indebidamente percibida durante el tiempo de 
estancia en el extranjero, los beneficiarios no podrán solicitar una nueva prestación 
durante un periodo de seis meses, a contar desde la fecha de la resolución por la que se 
imponga la sanción.
4.  Si dentro de las infracciones graves o muy graves, concurriese alguna de las 
siguientes actuaciones por parte de cualquier persona beneficiaria del ingreso mínimo vital:
a)  El falseamiento en la declaración de ingresos o patrimonio.
b)  La ocultación fraudulenta de cambios sustanciales que pudieran dar lugar a la 
modificación, suspensión o extinción de la prestación.
c)  Cualquier otra actuación o situación fraudulenta que den lugar al acceso indebido 
a la prestación, mantenimiento indebido del derecho a la prestación o aumento indebido 
de su importe.
Además de la correspondiente sanción y obligación de reintegro de las cantidades 
indebidamente percibidas, y sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y 
administrativas a que hubiere lugar, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá 
decretar la extinción del derecho, así como la imposibilidad de que el sujeto infractor pueda 
resultar persona beneficiaria en los términos de este real decreto-ley por un periodo de dos 
años.
5.  Cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por infracción muy grave, en  s
virtud de resolución firme en vía administrativa, dentro de los cinco años anteriores a la  oe.
comisión de una infracción muy grave, se extinguirá la prestación y acarreará la  w.
imposibilidad de que el sujeto infractor resulte persona beneficiaria en los términos de este  93ww
real 6d.e cErent olo-lse yté drmuriannotse q cuinec soe  adñeossa.rrollen reglamentariamente, la imposición de sanciones
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económica indebidamente percibida.
7.  Las sanciones a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio del reintegro 
de las cantidades indebidamente percibidas.
Artículo 36.  Procedimiento sancionador.
A efectos de la competencia y el procedimiento para la imposición de las sanciones 
previstas en la presente norma será de aplicación lo establecido para la imposición de 
sanciones a los solicitantes o beneficiarios de prestaciones del Sistema de Seguridad 
Social en el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.
En lo no previsto en este real decreto-ley, será de aplicación lo dispuesto en el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
CAPÍTULO IX
Régimen de control financiero de la prestación
Artículo 37.  Control de la prestación.
La modalidad de control ejercida sobre el reconocimiento del derecho y de la obligación 
de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital será la función interventora y el 
control financiero permanente de acuerdo con lo establecido en el 147.1 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Los actos de ordenación y pago material se intervendrán conforme a lo establecido en 
la sección 5.ª, capítulo IV, Título II del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, por el que 
se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la 
Seguridad Social.
Disposición adicional primera.  Colaboración de las empresas al tránsito de los 
beneficiarios del ingreso mínimo vital a la participación activa en la sociedad.
Reglamentariamente se regulará el Sello de Inclusión Social, con el que se distinguirá 
a aquellas empresas y entidades que contribuyan al tránsito de los beneficiarios del 
ingreso mínimo vital desde una situación de riesgo de pobreza y exclusión a la participación 
activa en la sociedad.
En particular, los empleadores de beneficiarios del ingreso mínimo vital serán 
reconocidos con la condición de titulares del Sello de Inclusión Social, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. La condición de figurar como beneficiario del ingreso 
mínimo vital en el momento de su contratación servirá a los efectos de cómputo del 
porcentaje a que se refiere el artículo 147.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.
Disposición adicional segunda.  Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
Las prestaciones de ingreso mínimo vital reconocidas quedarán incluidas en el 
Registro de Prestaciones Sociales Públicas que se regula en el artículo 72 del texto  e.
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto  w.b
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 93ww
Disposición adicional tercera.  Crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para financiar el ingreso mínimo vital en el 
ejercicio 2020.
Se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones por un importe de 500.000.000 euros en la aplicación 
presupuestaria 19.02.000X.424 «Aportación del Estado a la Seguridad Social para 
financiar el Ingreso Mínimo Vital». Dicha modificación se financiará de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Disposición adicional cuarta.  Fórmulas de gestión.
Sin perjuicio de los mecanismos de colaboración a los que se refiere el artículo 31 de 
este real decreto-ley, el Gobierno estudiará a partir de 2021 la celebración de convenios 
con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación del 
ingreso mínimo vital.
Disposición adicional quinta.  Aplicación en los territorios forales.
En razón de la especificidad que supone la existencia de haciendas forales, las 
comunidades autónomas de régimen foral asumirán con referencia a su ámbito territorial, 
las funciones y servicios correspondientes que en este real decreto-ley se atribuyen al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social en relación con la prestación económica no 
contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital en los términos que se acuerde 
antes del 31 de octubre de 2020.
En tanto no se produzca la asunción de las funciones y servicios a que hace referencia 
el párrafo anterior, se acordará mediante convenio a suscribir entre los órganos 
competentes del Estado y de la comunidad autónoma interesada, una encomienda de 
gestión para realizar las actuaciones que se prevean en el mismo en relación con la 
prestación económica del ingreso mínimo vital y que permitan la atención integral de sus 
beneficiarios en el País Vasco y Navarra.
Disposición transitoria primera.  Prestación económica transitoria de ingreso mínimo vital 
durante 2020.
1.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá la prestación transitoria de 
ingreso mínimo vital a los actuales beneficiarios de la asignación económica por hijo o 
menor a cargo del sistema de la Seguridad Social que, a fecha de entrada en vigor del 
presente real decreto-ley, reúnan los requisitos que se exponen en el apartado siguiente, 
siempre que el importe de la prestación transitoria de ingreso mínimo vital sea igual o 
superior al importe de la asignación económica que viniera percibiendo.
2.  Los requisitos para percibir la prestación transitoria serán los siguientes:
a)  Ser beneficiario de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.
b)  Formar parte de una unidad de convivencia constituida exclusivamente por el 
beneficiario de una asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con 
discapacidad inferior al 33 por ciento, el otro progenitor en caso de convivencia, y los hijos 
o menores a cargo causantes de dicha asignación por hijo a cargo.
c)  Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en situación  e.e
de vulnerabilidad económica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos suficientes, en  b
los términos establecidos en el artículo 8 del presente real decreto-ley. 93ww
supude) stoQ uqeu el as eaasnig nvaacriiaósn  laesc oansóigmniacaci oqnuees ,s ese pae irncfiebraio, ro a lla i msupmorate d dee t olad apsre esltlaacsi óenn  deel 
ingreso mínimo vital.
3.  A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo previsto en la 
letra b) del apartado 2, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previa autorización 
del Instituto Nacional de Estadística, cederá, sin consentimiento de los interesados, la 
información relativa a la agrupación de las personas en los hogares que consta en las 
bases de datos de población disponible que el Instituto Nacional de Estadística cede 
periódicamente a dicha Agencia Estatal de Administración Tributaria para fines de estudio 
y análisis. Dicha información solo será utilizada por la Secretaría General de Objetivos y 
Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, para realizar las actuaciones necesarias que permitan determinar los 
beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso mínimo vital en los términos 
establecidos en esta disposición transitoria.
La comprobación de la convivencia en el mismo domicilio se efectuará en función de 
los datos que hubieren sido tenidos en cuenta para el reconocimiento de la asignación 
económica por hijo a cargo.
A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo previsto en la 
letra c) del apartado anterior, el Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitará a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y esta le remitirá la información estrictamente 
necesaria relativa a ingresos y patrimonio de la unidad de convivencia descrita en el 
apartado b), que permitan determinar los beneficiarios con derecho a prestaciones de 
ingreso mínimo vital en los términos establecidos en esta disposición transitoria. Dicha 
información solo será utilizada para la finalidad indicada y el procedimiento de intercambio 
de información entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social sin necesidad de recabar el consentimiento de los interesados.
4.  La prestación transitoria de ingreso mínimo vital será incompatible con la 
asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33 por ciento, quedando esta suspendida durante la vigencia de aquella.
5.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social notificará a los beneficiarios que 
cumplan los requisitos exigidos en el apartado 2 de esta disposición transitoria la resolución 
en la que se reconozca el derecho a la prestación transitoria del ingreso mínimo vital, y el 
derecho de opción entre el percibo de esta prestación y la asignación económica por hijo 
o menor a cargo que viniera percibiendo.
6.  En el plazo de treinta días naturales a contar desde la notificación de la resolución, 
el interesado podrá ejercitar su derecho de opción por seguir manteniendo la asignación 
económica por hijo o menor a cargo. Dicha opción surtirá efectos desde la fecha de efectos 
económicos de la prestación de ingreso mínimo vital, procediéndose, en su caso, a la 
correspondiente regularización económica.
En el supuesto de que no se ejercite el derecho de opción dentro del plazo señalado 
se entenderá que opta por percibir la prestación transitoria de ingreso mínimo vital.
7.  Si, una vez reconocido el derecho a la prestación transitoria, la unidad de 
convivencia se modificara, se aplicará lo previsto en el presente real decreto-ley, en cuanto 
a la obligación de comunicación, cumplimiento de requisitos, y revisión de la cuantía de la 
prestación.
8.  A partir del 1 de enero de 2021 se mantendrá el derecho a la prestación de ingreso 
mínimo vital reconocido, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en el presente 
real decreto-ley y el interesado aporte antes del 31 de diciembre de 2020 la documentación 
que a tal efecto le sea requerida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
En otro caso, se reanudará el percibo de la asignación económica por hijo o menor a 
cargo, siempre que se mantengan los requisitos para ser beneficiario de esta prestación. es
9.  Los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo, del sistema  o
drrrreeeeecqcc oooulannins oooiStcccoeeiismmrg ápiuie,er rneenidntvtooai ss  dtduao e nSsc t aoleeasc n oiep a,el rl ce,lI  onsaantspa  taelicotrfiuesótatc nodqt  ootuNrs ea 2ad n cendsisooeitdn o eelareis lals ta ad  d hfeedeu ci lsbhianpia egoS rrdsaeeiec gs sieoóuin dnrmito drta aírnanddinoam s tSeioiftonio ccv raviiiaatidga,la .ol ,p  rLo lyadad  e crrlpáu eprnmser oepssslotluiaeelcicncriiaitóóteannn r r   eldossaeeusl      OE-A-2020-5493able en https://www.
decreto-ley, siempre que se presente dentro de los tres meses siguientes. En otro caso, los
efectos económicos serán del día primero del mes siguiente a la presentación de la 
solicitud.
10.  Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá, hasta el 31 de 
diciembre de 2020, reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a aquellas personas 
beneficiarias de alguna de las distintas rentas de inserción o básicas establecidas por las 
comunidades autónomas, cuando estas comuniquen que consideran que podrían acreditar 
los requisitos para acceder a la prestación, así como que han obtenido su conformidad 
para la remisión de sus datos al Instituto Nacional de la Seguridad Social a efectos del 
reconocimiento de la prestación. Para ello, las comunidades autónomas comunicarán al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los protocolos telemáticos de 
intercambio de información habilitados al efecto, comunicarán al referido Instituto los datos 
necesarios para la identificación de las potenciales personas beneficiarias y la verificación 
de los requisitos de acceso a la prestación.
Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se comunicarán 
a las comunidades autónomas a través de los protocolos informáticos establecidos.
11.  Para la aplicación de esta disposición se podrán comenzar a realizar las 
operaciones técnicas necesarias para la puesta en marcha de la prestación desde el 29 de 
mayo de 2020.
Disposición transitoria segunda.  Presentación de solicitudes.
Las solicitudes de acceso a la prestación económica podrán presentarse a partir del 
día 15 de junio de 2020. Si la solicitud se presenta dentro de los tres meses siguientes, los 
efectos económicos se retrotraerán al día 1 de junio de 2020 siempre que, en esta fecha, 
se acrediten todos los requisitos para su acceso. En caso de no cumplir los requisitos en 
la referida fecha los efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a aquel 
en que se cumplan los requisitos.
Si la solicitud se presenta transcurridos tres meses, los efectos económicos se fijarán 
el día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 11.1 del presente real decreto-ley.
Disposición transitoria tercera.  Régimen excepcional aplicable a las solicitudes cursadas 
por situación de carencia de rentas.
Excepcionalmente y cuando no sean beneficiarios de prestaciones o subsidios de 
desempleo, y a los exclusivos efectos de cómputo de rentas, se podrán presentar 
solicitudes hasta 31 de diciembre de 2020 en aquellos supuestos de vulnerabilidad 
económica que se hayan producido durante el año en curso. A efectos de acreditar 
provisionalmente el cumplimiento del requisito de rentas, se considerarán la parte 
proporcional de los ingresos que haya tenido la unidad de convivencia durante el tiempo 
transcurrido del año 2020, siempre y cuando en el ejercicio anterior no supere la mitad de 
los límites de patrimonio neto establecidos de forma general para las citadas unidades de 
convivencia y cuyos ingresos no superen en más del 50 por ciento de los límites 
establecidos para toda la unidad de convivencia en el ejercicio 2019 en los términos 
establecidos en el presente real decreto-ley. En este supuesto se podrá tomar como 
referencia de ingresos del año 2020 los datos obrantes en los ficheros y bases de datos de 
la seguridad social que permitan la verificación de dicha situación, o bien, y en su defecto, 
lo que figuren en la declaración responsable.
En todo caso en el año 2021 se procederá a la regularización de las cuantías abonadas  e.e
en relación con los datos de promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales  b
computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad  93ww
dacet ucaocniovniveesn pcrieav, isctoarsr eesnp eoln adriteícnutelos 1 a7l  deejle rrecaicl idoe c2r0e2to0- ledya.ndo lugar, en su caso, a las
Disposición transitoria cuarta.  Régimen transitorio de aplicación del control financiero 
permanente, como única modalidad de control, para el reconocimiento del derecho y 
de la obligación de los expedientes de la prestación no contributiva de ingresos mínimo 
vital.
1.  Hasta el 31 de diciembre de 2020, la modalidad de control ejercida sobre el 
reconocimiento del derecho y de la obligación de los expedientes de la prestación no 
contributiva de ingreso mínimo vital será exclusivamente la de control financiero 
permanente de acuerdo con lo establecido en el 147.1 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria.
Desde el 1 de enero de 2021, el reconocimiento del derecho y de la obligación de la 
prestación no contributiva de ingreso mínimo vital estará sometido a la función interventora 
en todas sus modalidades de acuerdo con lo previsto en el artículo 37.
2.  El Consejo de Ministros, a iniciativa de la Intervención General de la Administración 
del Estado, previa propuesta de la Intervención General de la Seguridad Social, podrá 
acordar de forma motivada la ampliación, por un plazo de hasta seis meses adicionales, 
del periodo transitorio previsto en el apartado anterior para la aplicación del control 
financiero permanente como única modalidad de control. En la citada propuesta se 
indicarán los motivos que justifican la extensión del periodo transitorio y el plazo adicional 
máximo durante el que se mantendrá dicho plazo.
Igualmente, el Consejo de Ministros, a iniciativa de la Intervención General de la 
Administración del Estado y previa propuesta de la Intervención General de la Seguridad 
Social, podrá acordar que la finalización del periodo transitorio se produzca con anterioridad 
a dicha fecha.
3.  Lo dispuesto en los apartados anteriores no resulta de aplicación a los actos de 
ordenación y pago material de esta prestación que se intervendrán conforme a lo 
establecido en el artículo 37 de esta Ley desde su entrada en vigor.
Disposición transitoria quinta.  Exención del pago de precios públicos por servicios 
académicos universitarios.
1.  Los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital a quienes se reconozca 
dicha condición entre los meses de junio y diciembre de 2020 estarán exentos del pago de 
los precios públicos por servicios académicos universitarios para la realización de estudios 
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial durante el curso 2020-2021, en los 
términos de esta disposición.
2.  Sin perjuicio de las exenciones generales del pago de precios públicos por 
servicios académicos universitarios, esta exención se aplicará a los beneficiarios de la 
prestación del ingreso mínimo vital que hayan visto denegada su solicitud de concesión de 
una beca de la Administración General del Estado para cursar estudios postobligatorios en 
dicho curso por superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa 
correspondiente.
3.  Reglamentariamente se determinará la compensación a las universidades por la 
exención del pago de estos precios públicos por servicios académicos.
Disposición transitoria sexta.  Financiación del ingreso mínimo vital durante 2020.
Durante 2020 se dotarán, mediante modificación presupuestaria, los créditos 
presupuestarios que resulten adecuados para la financiación del ingreso mínimo vital. es
DispeAol  spiniacgriótrienr s dtorea  mnlasí nietiomnrtioraa  vdsiaéta pel.tnim vaig. orI ndtee gersatcei órena dl ed elac raestiog-nleayc inóon  ppoodr rháijno  por emseennotar ras ec anrugeov eans   2020-5493n https://www.
sdoisliccaitpuadceisd apda rian flear iaosr iganl 3a3ci ópno re ccioennótom diceal  psoisrt ehmijoa  od me elan oSre ag ucraidrgaod  sSino cdiiaslc, aqpuaec iqduaedd oa rcáo an   BOE-A-cable e
extinguir, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo tercero. No obstante, los beneficiarios de
la prestación económica transitoria de ingreso mínimo vital que a 31 de diciembre de 2020 
no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del ingreso mínimo vital podrán ejercer el 
derecho de opción para volver a la asignación económica por hijo o menor a cargo del 
sistema de la Seguridad Social.
A la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, los beneficiarios de la 
asignación económica por cada hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33 por ciento continuaran percibiendo dicha prestación hasta que deje de 
concurrir los requisitos y proceda su extinción.
Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma se 
regirán por la norma vigente al tiempo de su presentación. Las solicitudes presentadas 
dentro de los treinta días naturales siguientes, en las que la persona solicitante alegue 
imposibilidad para su presentación, derivada de la suspensión de plazos administrativos 
establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
se considerarán presentadas en la fecha que indique que quiso ejercer su derecho y se 
produjo dicha imposibilidad.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o 
se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto-ley.
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el 
que se regula el registro de prestaciones sociales públicas.
Se añade un nuevo párrafo p) al artículo 3 del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, 
por el que se regula el registro de prestaciones sociales públicas, con la siguiente redacción:
«p)  La prestación económica de la Seguridad Social, de naturaleza no 
contributiva, de ingreso mínimo vital.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.
Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, con la siguiente redacción:
«a)  Los destinados al pago de pensiones de todo tipo; prestaciones por 
incapacidad temporal; protección a la familia; nacimiento y cuidado de menor y 
riesgos durante el embarazo y la lactancia natural; cuidado de menores afectados 
por cáncer u otra enfermedad grave; ingreso mínimo vital; así como las entregas 
únicas, siempre que se encuentren legal o reglamentariamente establecidas y sea 
obligatorio y no graciable su pago por parte de la Seguridad Social y su cuantía esté 
objetivamente determinada.»
Disposición final tercera  Modificación del texto refundido de la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2015, de 24 de julio.
Se modifica el artículo 102 para añadir una letra f) a su apartado 8: es
«f)  Personas beneficiarias del ingreso mínimo vital.» w.
Disposición final cuarta.  Modificación del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se modifica como sigue:
Uno.  Se modifica el artículo 42.1. c), con la siguiente redacción:
«c)  Las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal; 
nacimiento y cuidado de menor; riesgo durante el embarazo; riesgo durante la 
lactancia natural; ejercicio corresponsable del cuidado del lactante; cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; incapacidad permanente 
contributiva e invalidez no contributiva; jubilación, en sus modalidades contributiva 
y no contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial; protección 
por cese de actividad; pensión de viudedad; prestación temporal de viudedad; 
pensión de orfandad; prestación de orfandad; pensión en favor de familiares; 
subsidio en favor de familiares; auxilio por defunción; indemnización en caso de 
muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional; ingreso mínimo vital, así 
como las que se otorguen en las contingencias y situaciones especiales que 
reglamentariamente se determinen por real decreto, a propuesta del titular del 
Ministerio competente.»
Dos.  Se modifican las letras a), e), f), g) y h) del artículo 71.1, con la siguiente 
redacción:
«a)  Por los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda 
o, en su caso, de las comunidades autónomas o de las diputaciones forales, se 
facilitarán, dentro de cada ejercicio anual, conforme al artículo 95 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria y normativa foral equivalente, a las entidades 
gestoras de la Seguridad Social responsables de la gestión de las prestaciones 
económicas y, a petición de las mismas, los datos relativos a los niveles de renta, 
patrimonio y demás ingresos de los titulares de prestaciones en cuanto determinen 
el derecho a las mismas, así como de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros 
de las unidades familiares, siempre que deban tenerse en cuenta para el 
reconocimiento, mantenimiento o cuantía de dichas prestaciones a fin de verificar si 
aquellos cumplen en todo momento las condiciones necesarias para la percepción 
de las prestaciones y en la cuantía legalmente establecida.
e)  El Ministerio del Interior facilitará a las entidades gestoras de la Seguridad 
Social por medios informáticos las fechas de vencimiento de las autorizaciones de 
residencia, sus altas, variaciones o bajas o los cambios de situación y sus efectos, 
así como los movimientos fronterizos de las personas que tengan derecho a una 
prestación para cuya percepción sea necesario el cumplimiento del requisito de 
residencia legal y efectiva en España.
Asimismo, facilitará a las entidades gestoras de la Seguridad Social por medios 
informáticos los datos incorporados en el Documento Nacional de Identidad o en el 
documento de identificación de extranjero o tarjeta equivalente de las personas 
cuyos datos tengan trascendencia en procedimientos seguidos ante dichas 
entidades gestoras.
f)  Las  Mutuas  Colaboradoras  con  la  Seguridad  Social  facilitarán 
telemáticamente a las entidades gestoras responsables de la gestión de las  e.
prestaciones económicas de la Seguridad Social los datos que puedan afectar al  w.b
nacimiento, modificación, conservación o extinción del derecho a las mismas que  93ww
seang )r ecEoln Ioncsitditausto p doer  aMqauyeollraess. y Servicios Sociales y los organismos competentes
dSeo claiasl  clooms udnaidtoasd edse  agurtaódnoo mya nsi vfaecl ilditaer ádne pae lnasd eennctiidaa yd elso sg edsatotoras si ndcel ulaid Soesg eunri dlaods 
certificados de discapacidad, que puedan guardar relación con el nacimiento,
modificación, conservación o extinción del derecho a las prestaciones en cualquier 
procedimiento, así como con la actualización de la información obrante en las bases 
de datos del sistema de Seguridad Social.
h)  Las comunidades autónomas facilitarán a las entidades gestoras de la 
Seguridad Social por medios informáticos los datos relativos a las fechas de 
reconocimiento y vencimiento de los títulos de familias numerosas, así como los 
datos relativos a los miembros de la unidad familiar incluidos en los mismos, que 
puedan guardar relación con el nacimiento, modificación, conservación o extinción 
del derecho a las prestaciones en cualquier procedimiento, así como con la 
actualización de la información obrante en las bases de datos del sistema.»
Tres.  Se añade un nuevo párrafo ñ) al artículo 72.2, con la siguiente redacción:
«ñ)  La prestación económica de la Seguridad Social, de naturaleza no 
contributiva, de ingreso mínimo vital.»
Cuatro.  Se modifica el artículo 109.3.b) para añadir un nuevo ordinal 6.ª con la 
siguiente redacción:
«6.ª  El ingreso mínimo vital.»
Cinco.  Se modifican los artículos 351, 352 y 353, con la siguiente redacción:
«Artículo 351.  Enumeración.
Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no 
contributiva, consistirán en:
a)  Una asignación económica por cada hijo menor de dieciocho años de edad 
y afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento, o 
mayor de dicha edad cuando el grado de discapacidad sea igual o superior al 65 por 
ciento, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación, 
así como por los menores a su cargo en régimen de acogimiento familiar permanente 
o guarda con fines de adopción, que cumplan los mismos requisitos.
El causante no perderá la condición de hijo o de menor a cargo por el mero 
hecho de realizar un trabajo lucrativo por cuenta propia o ajena siempre que 
continúe viviendo con el beneficiario de la prestación y que los ingresos anuales del 
causante, en concepto de rendimientos del trabajo, no superen el 100 por cien del 
salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual.
Tal condición se mantendrá aunque la afiliación del causante como trabajador 
suponga su encuadramiento en un régimen de Seguridad Social distinto a aquel en 
el que esté afiliado el beneficiario de la prestación.
b)  Una prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o 
adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los 
casos de madres con discapacidad.
c)  Una prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples.
Artículo 352.  Beneficiarios.
1.  Tendrán derecho a la asignación económica por hijo o menor a cargo 
quienes: es
a)  Residan legalmente en territorio español. w.
b)  Tengan a su cargo hijos o menores en régimen de acogimiento familiar  93ww
pseeñrmalaandeanst ee no  lgau laertdraa  ac)o dne filn aerstí cduel oa daonptecrióionr  eyn q quuei erenseisd aconn ecnu rtrearnri tloarsio c iercsupnasñtoaln.cias
asigEnna clioósn  csaes coosn dsee rvsaerpáa rpaacriaó ne lj updaidcriael  oo  lad ivmoarcdiroe,  peol rd leorse chhijoo sa ol  pmeercniobroe sd eq ulae   BOE-A-cable e
tenga a su cargo.
c)  No tengan derecho, ni el padre ni la madre, a prestaciones de esta misma 
naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social.
2.  Serán, asimismo, beneficiarios de la asignación que, en su caso y en razón 
de ellos, hubiera correspondido a sus padres:
a)  Los huérfanos de padre y madre, menores de dieciocho años o mayores de 
dicha edad y que sean personas con discapacidad en un grado igual o superior 
al 65 por ciento.
b)  Quienes no sean huérfanos y hayan sido abandonados por sus padres, 
siempre que no se encuentren en régimen de acogimiento familiar permanente o 
guarda con fines de adopción.
c)  Los hijos con discapacidad mayores de dieciocho años cuya capacidad no 
haya sido modificada judicialmente y conserven su capacidad de obrar serán 
beneficiarios de las asignaciones que en razón de ellos corresponderían a sus padres.
Artículo 353.  Cuantía de las asignaciones.
1.  La cuantía de la asignación económica a que se refiere el artículo 351.a) se 
fijará, en su importe anual, en la correspondiente ley de presupuestos generales del 
Estado.
2.  En dicha Ley, además de la cuantía general, se establecerá otra cuantía 
específica en el supuesto de hijo a cargo mayor de dieciocho años, con un grado de 
discapacidad igual o superior al 75 por ciento y que, como consecuencia de pérdidas 
anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar los actos 
más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018.
Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y vigencia indefinida, se 
modifica la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018 de la siguiente forma:
Uno.  Se da nueva redacción a la disposición adicional centésima cuadragésima 
primera, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional centésima cuadragésima primera.  Creación de la Tarjeta 
Social Digital.
Uno.  Se crea la Tarjeta Social Digital, con el objetivo de mejorar y coordinar las 
políticas de protección social impulsadas por las diferentes administraciones públicas.
La Tarjeta Social Digital se destinará a los siguientes usos:
a)  La gestión de los datos identificativos de las prestaciones sociales públicas 
de contenido económico y situaciones subjetivas incluidas en su ámbito de 
aplicación y de sus beneficiarios, mediante la formación de un banco de datos 
automatizado.
b)  El conocimiento coordinado y la cesión de datos entre las entidades y 
organismos afectados, con el fin de facilitar el reconocimiento y supervisión de las 
prestaciones sociales públicas por ellos gestionadas. e.e
c)  El acceso y la consulta de las administraciones públicas y otras entidades  b
del sector público integradas en el sistema que gestionen prestaciones sociales  93ww
públdic) asL dae e cxopnlotetancidióon e ecostnaódmísitcicoa. con la finalidad de elaborar estudios y formular
análisis encaminados a la mejora de las políticas sociales públicas.
Dos.  La  Tarjeta  Social  Digital  incluirá  la  información  actualizada 
correspondiente a todas las prestaciones sociales contributivas, no contributivas y 
asistenciales, de contenido económico, financiadas con cargo a recursos de carácter 
público, y además recogerá una información sobre las situaciones subjetivas 
previstas en el apartado Cuatro de esta disposición adicional, y ofrecerá, en base a 
dicha información, funcionalidades y utilidades a las distintas administraciones 
públicas y a los ciudadanos.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para que los ciudadanos 
puedan utilizar las funcionalidades y utilidades de la Tarjeta Social Digital.
Tres.  Se atribuye al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a 
través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la administración, la gestión y el 
mantenimiento del registro y del sistema informático que dará soporte a la Tarjeta 
Social Digital y las funcionalidades inherentes a la misma, con arreglo a las 
prescripciones contenidas en esta disposición adicional y en sus normas de 
desarrollo reglamentario.
Cuatro.  Las administraciones públicas, entidades y organismos y empresas 
públicas responsables de la gestión de las prestaciones sociales públicas de 
contenido económico enumeradas en el apartado Dos facilitarán al Instituto Nacional 
de la Seguridad Social la información actualizada correspondiente a los datos 
identificativos de los titulares de las prestaciones económicas, así como, en cuanto 
determinen o condicionen el reconocimiento y mantenimiento del derecho a 
aquellas, de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, 
y los importes y clases de las prestaciones abonadas y la fecha de efectos de su 
concesión o reconocimiento.
Los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda o, en su 
caso, de las administraciones tributarias forales, dentro de cada ejercicio anual y 
conforme al artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 
la normativa foral equivalente, están obligadas a suministrar al Instituto Nacional de 
la Seguridad Social información relativa a los niveles de renta de los ciudadanos 
afectados que se beneficien de prestaciones sociales públicas de contenido 
económico, para lo cual dicho Instituto remitirá el fichero de beneficiarios a la 
administración tributaria que corresponda en cada caso para que por esta se incluya 
para cada perceptor su nivel de renta.
A su vez, las administraciones públicas, entidades y organismos con 
competencias de gestión o de coordinación estatal en materia de discapacidad, 
dependencia, demanda de empleo, familia numerosa y cualquier otra situación 
subjetiva relevante, que así se determine reglamentariamente, facilitarán al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social la información actualizada sobre estas situaciones 
en relación con todos los ciudadanos afectados.
Las anteriores previsiones se desarrollarán con arreglo al principio de 
cooperación entre administraciones públicas al servicio del interés general.
Cinco.  Las administraciones públicas, entidades y organismos responsables 
de la gestión de las prestaciones sociales públicas definidas en el apartado Dos 
tendrán acceso a toda la información de la Tarjeta Social Digital. Asimismo, el 
ciudadano tendrá acceso a toda la información registrada sobre su persona en la 
Tarjeta Social Digital.
Seis.  El tratamiento de datos previsto en la Tarjeta Social Digital se basa en el 
interés público que representa disponer de un sistema informático integrado en el  es
que se recojan todas las prestaciones sociales públicas de contenido económico y  o
scdeoielt un adatSpeacainteioroittdseana .ded  eose n  LlsD aaluasosb  s Tppj,eae rtsrerijsveesoa ttaainsnc  asciroseoe n rlfsepíesovosimacr saaneorsttáece.nisraá  ldqe aeus   elapf o úanrbmfoelriaccmta egasnrt iad vadea u  clvaoaigls r eáacnc ilttuaeed  rTea eandcr amjoenntaoaótse mS.r iioLaccoa di  adeinle  pfDforinorigmitdeitaacasccl  iidóeóennn     OE-A-2020-5493able en https://www.
acuerdo con los plazos, requisitos y procedimientos que se establezcan mediante 
norma reglamentaria.
Ocho.  Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para la aplicación y desarrollo de esta disposición adicional.»
Dos.  Se da nueva redacción a la disposición transitoria tercera, que queda redactada 
de la siguiente forma:
«Disposición transitoria tercera.  Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
El Registro de Prestaciones Sociales Públicas, constituido en el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y gestionado por el mismo, se mantendrá en vigor 
en los términos previstos en el artículo 72 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, así como en el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, dando servicio a las 
entidades, organismos y empresas incluidas en el catálogo a que se refiere el 
artículo 9 del citado real decreto, hasta la fecha que se determine en la norma 
reglamentaria que, en desarrollo de la disposición adicional centésima cuadragésima 
primera de la presente ley, regule la Tarjeta Social Digital.
A partir de su puesta en funcionamiento, quedará integrado en la Tarjeta Social 
Digital el contenido del actual Registro de Prestaciones Sociales Públicas, regulado 
por el artículo 72 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y por 
el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo.»
Disposición final sexta.  Financiación de los gastos derivados de las funciones que 
puedan desarrollar las entidades locales en aplicación del artículo 22 de este real 
decreto-ley.
1.  Los gastos que se deriven de la aplicación del artículo 22 de este real decreto-ley 
deberán ser financiados por las entidades locales exclusivamente con cargo a los ingresos 
corrientes que prevean obtener en el mismo ejercicio en el que se inicie el procedimiento 
regulado en aquel precepto, sin que se pueda exceder el superávit previsto al cierre del 
ejercicio con arreglo a la información de ejecución del presupuesto, pudiendo utilizarse 
como referencia la que, con periodicidad trimestral, se remite al Ministerio de Hacienda, en 
cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sin perjuicio de la 
aplicación del artículo 12 de esta última, para determinar en relación con el ejercicio 2020 
la situación de incumplimiento a los efectos del artículo 21.1 de la citada ley orgánica se 
tendrá en consideración, con carácter excepcional, si aquella ha estado causada por el 
gasto al que se refiere esta disposición final en el que incurran las entidades locales.
2.  El importe de las obligaciones reconocidas por las entidades locales por el gasto 
adicional consecuencia de la ejecución de las funciones a las que se refiere esta 
disposición no podrá superar, en cada una de aquellas en cada ejercicio de vigencia del 
respectivo convenio de colaboración suscrito de acuerdo con el artículo 22 del real decreto-
ley, el 5 por ciento del total de las que se hayan reconocido en el ejercicio anterior por el 
capítulo 1, gastos de personal, correspondientes a la política de gasto 23. Servicios 
sociales y promoción social, de la estructura de los presupuestos de las entidades locales, 
aprobada por Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre. s
3.  Las corporaciones locales suministrarán al Ministerio de Hacienda, con  oe.
periodicidad trimestral, información específica relativa a la ejecución de las funciones a las  w.
que se refiere esta disposición, incluyendo en todo caso la correspondiente al gasto  93ww
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La remisión de la información económico-financiera de cada corporación local se 
realizará por la intervención o unidad que ejerza sus funciones, mediante firma electrónica 
avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica.
El Ministerio de Hacienda podrá difundir o publicar la información remitida en virtud del 
presente real decreto-ley con el alcance, contenido y metodología que determine.
El incumplimiento de las obligaciones de suministro de información, tanto en lo referido 
a los plazos establecidos, el correcto contenido, idoneidad o modo de envío de los datos 
podrá llevar aparejada la imposición de las medidas previstas en los artículos 20 y 
siguientes de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, previo requerimiento a la corporación local para su cumplimiento 
en un plazo de diez días hábiles. Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que 
corresponda, el Ministerio de Hacienda podrá dar publicidad a los requerimientos 
efectuados o al incumplimiento de los mismos.
Disposición final séptima.  Actualización de valores.
Se autoriza al Gobierno, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, a modificar los valores previstos en el apartado 8.3 y en el anexo II, así como 
los porcentajes y escalas establecidos en el artículo 10.2 y en el anexo I, cuando, atendiendo 
a la evolución de las circunstancias sociales y económicas y de las situaciones de 
vulnerabilidad, así como a las evaluaciones periódicas establecidas en el artículo 28.3, se 
aprecie la necesidad de dicha modificación con el fin de que la prestación pueda mantener 
su acción protectora dirigida a prevenir el riesgo de pobreza, lograr la inclusión social y 
suplir las carencias de recursos económicos para la cobertura de necesidades básicas.
Las propuestas de modificación se someterán a consulta previa de la Comisión de 
seguimiento y del Consejo consultivo del ingreso mínimo vital.
Disposición final octava.  Cláusula de salvaguardia para modificaciones de norma de 
inferior rango.
El artículo 3, párrafo p), del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se 
regula el registro de prestaciones sociales públicas, conserva su rango normativo como 
real decreto.
Disposición final novena.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 
14.ª, 17.ª y 18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales; bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica; hacienda general y deuda del Estado; legislación básica y régimen económico 
de la Seguridad Social; y bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y el 
procedimiento administrativo común.
Disposición final décima.  Desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en 
el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el  e.
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley. w.
Disposición final decimoprimera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 29 de mayo de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO I
Escala de incrementos para el cálculo de la renta garantizada según el tipo 
de unidad de convivencia para el ejercicio 2020
Escala de incrementos
Un adulto solo. 5.538 € (renta garantizada para un adulto solo).
Un adulto y un menor. 1,52
Un adulto y dos menores. 1,82
Un adulto y tres o más menores. 2,12
Dos adultos. 1,3
Dos adultos y un menor. 1,6
Dos adultos y dos menores. 1,9
Dos adultos y tres o más menores. 2,2
Tres adultos. 1,6
Tres adultos y un menor. 1,9
Tres adultos y dos o más niños. 2,2
Cuatro adultos. 1,9
Cuatro adultos y un niño. 2,2
Otros. 2,2
ANEXO II
Escala de incrementos para el cálculo del límite de patrimonio aplicable según 
el tipo de unidad de convivencia
Escala de incrementos
16.614 € (3 veces la renta garantizada para un 
Un adulto solo. adulto solo) es
Un adulto y un menor. 1,4 w.
UUnn  aadduullttoo  yy  dtroess  mo emnáosr emse.nores. 12,,82
Dos adultos. 1,4
Escala de incrementos
Dos adultos y un menor. 1,8
Dos adultos y dos menores. 2,2
Dos adultos y tres o más menores. 2,6
Tres adultos. 1,8
Tres adultos y un menor. 2,2
Tres adultos y dos o más niños. 2,6
Cuatro adultos. 2,2
Cuatro adultos y un niño. 2,6
Otros. 2,6