BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 278 Miércoles 21 de octubre de 2020 Sec. I.   Pág. 90289
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN
12631 Declaración de aceptación por España de la adhesión del Principado de 
Andorra al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en 
materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
DECLARACIÓN DE ESPAÑA
«De acuerdo con lo previsto en el artículo 39, párrafo 4.º del Convenio sobre la 
obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya 
el 18 de marzo de 1970, España declara aceptar la adhesión del Principado de Andorra 
al citado Convenio.»
RESERVA Y DECLARACIONES DE ANDORRA
Reserva.
Andorra, 26-04-2017.
En  aplicación  del  segundo  párrafo  del  artículo  4,  sólo  aceptará  las  comisiones 
rogatorias redactadas en catalán, español o francés o acompañadas de su traducción a 
alguna de esas lenguas.
Declaraciones.
Andorra, 26-04-2017.
1.  El Principado de Andorra designa al Ministerio encargado de la Justicia como la 
autoridad central prevista en el artículo 2, y competente para autorizar a los magistrados 
de  la  autoridad  requirente  a  asistir  a  la  ejecución  de  una  comisión  rogatoria  de 
conformidad con el artículo 8:
Dirección postal:
Ministerio de Asuntos Sociales, Justicia e Interior.
Edifici administratiu de l’Obac.
Ctra. de l’Obac.
AD700 Escaldes-Engordany.
Principado de Andorra.
Tel.: +376 872 080.
Fax: +376 864 950.
Correo electrónico: interior_gov@andorra.ad
2.  En aplicación del segundo párrafo del artículo 15, los funcionarios diplomáticos o 
consulares sólo podrán proceder a la obtención de pruebas con la autorización previa de  es
la autoridad central. bo
3.  En aplicación de los artículos 16 y 17, se designa a la autoridad central como la  631ww
auto–r idloasd  cfuonmcpioentaerniotes  pdaipralo amuátotircizoasr ,o e nc osnus cualasroe sa :de un Estado contratante a proceder,
sin  compulsión,  a  todo  acto  de  instrucción  relacionado  con  personas  que  no  sean
nacionales de dicho Estado, en relación con un procedimiento incoado ante un tribunal 
del Estado que representan;
– las  personas  debidamente  designadas  como  comisarios  a  proceder,  sin 
compulsión, a todo acto de instrucción relacionado con un procedimiento incoado ante 
un tribunal de un Estado contratante.
Dicha autorización, que se otorgará caso por caso, estará supeditada, en su caso, a 
condiciones particulares, y se deberá ajustar a las siguientes condiciones generales:
a)  los actos de instrucción deberán tener lugar exclusivamente en los locales de las 
representaciones diplomáticas o consulares si se encuentran en territorio andorrano o en 
el lugar que decida la autoridad central en los demás casos;
b)  la fecha y hora de los actos de instrucción deberá notificarse oportunamente a la 
autoridad central para que ésta pueda estar representada;
c)  las personas a que se refiere el acto de instrucción deberán ser debidamente 
citadas  mediante  notificación  oficial  redactada  en  catalán  o  acompañada  de  su 
traducción a dicha lengua. En esa notificación se indicará que el acto de instrucción al 
que se procede se realiza de conformidad con las disposiciones del Convenio de La 
Haya de 18 de marzo de 1970 relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en 
materia civil o comercial y en el marco de un procedimiento judicial incoado ante el 
órgano jurisdiccional competente del Estado requirente. La notificación deberá contener 
asimismo las indicaciones previstas en el artículo 21 del Convenio. Se dirigirá una copia 
de las citaciones a la autoridad central, a la que también se informará de cualquier 
dificultad.
4.  En cuanto al artículo 8, la presencia de magistrados de la autoridad requirente 
sólo será posible después de haber obtenido la autorización de la autoridad central.
5.  En aplicación del artículo 23, no se ejecutarán las comisiones rogatorias cuyo 
objeto sea el procedimiento conocido como «pre-trial discovery of documents».
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El presente Convenio entrará en vigor entre España y el Principado de Andorra el 5 
de diciembre de 2020, de conformidad con el último párrafo de su artículo 39.
Madrid, 14 de octubre de 2020.–El Secretario General Técnico, José María Muriel 
Palomino.