BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 237 Lunes 4 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 121524
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
16130 Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa 
al Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de Contact Center.
Visto el fallo de la Sentencia de fecha 9 de septiembre de 2021 dictada por la Sala de 
lo Social de la Audiencia Nacional, recaída en el procedimiento n.º 121/2021, seguido por 
la  Federación  de  Servicios  de  Comisiones  Obreras,  la  Confederación  General  del 
Trabajo  y  con  intervención  del  Ministerio  Fiscal,  sobre  impugnación  de  Convenio 
Colectivo,
Y teniendo en consideración los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.
En el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de julio de 2017 se publicó la resolución de 
la Dirección General de Empleo (hoy de Trabajo), de 29 de junio de 2017, en la que se 
ordenaba inscribir en el correspondiente Registro de convenios, acuerdos colectivos de 
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de ese Centro Directivo y 
publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el II Convenio colectivo de ámbito estatal del 
sector de contact center (código de convenio número: 99012145012002).
Segundo.
El 14 de septiembre de 2021 tuvo entrada en el registro general del Departamento la 
sentencia antecitada de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en cuyo fallo se 
anula en parte el artículo 14.b) del II Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de 
contact center publicado en el BOE de 29 de junio de 2017.
Fundamentos de Derecho
Primero.
De conformidad con lo establecido en el artículo 166.3 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social, cuando la sentencia sea anulatoria, en todo 
o en parte, del Convenio colectivo impugnado y éste hubiera sido publicado, también se 
publicará en el Boletín Oficial en que aquél se hubiere insertado.
En consecuencia, esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de dicha Sentencia de la Audiencia Nacional dictada el día 9 
de septiembre de 2021, recaída en el procedimiento n.º 121/2021 relativa al II Convenio  s
colectivo de ámbito estatal del sector de contact center, en el correspondiente Registro  oe.
de  convenios  colectivos,  acuerdos  colectivos  de  trabajo  y  planes  de  igualdad  con  w.
funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo. 2021-16130n https://ww
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid,  22  de  septiembre  de  2021.–La  Directora  General  de  Trabajo,  Verónica 
Martínez Barbero.
AUDIENCIA NACIONAL
Sala de lo Social
Madrid
Letrada de la Administración de Justicia doña Marta Jaureguizar Serrano
Sentencia n.º 185/2021
Fecha de Juicio: 7/9/2021.
Fecha Sentencia: 9/09/2021.
Fecha Auto Aclaración:
Tipo y núm. Procedimiento: Impugnación de convenios 0000121 /2021.
Proc. acumulados: 233/2021.
Ponente: José Pablo Aramendi Sánchez.
Demandante/s: Federación de Servicios de Comisiones Obreras.
(CCOO Servicios), Confederación General del Trabajo
Demandado/s: ELASTV- Eusko Languileen Alkartasuna-Solidaridad de Trabajadores 
Vascos,  Confederación  Intersindical  Galega,  LAB  Languile  Abertzaleen  Batzordeak, 
Asociacion CEX, Ministerio Fiscal Ministerio Fiscal, UGT.
Resolución de la Sentencia: Estimación parcial.
Breve Resumen de la Sentencia: Se estima la demanda parcialmente al entender la 
Sala que el art. 14.b) del convenio colectivo de Contact Center es contrario al art. 15.1.a) 
ET en la interpretación dada al mismo por el TS desde la STS de la STS de 16 de 
diciembre de 2020 rec. 240/18 y que como ella misma indica supuso un vuelco en la 
interpretación  hasta  entonces  dada  por  el  TS  al  cumplimiento  de  los  requisitos  de 
autonomía y sustantividad propia que justificaban los contratos temporales de obra en el 
contexto de contratas prestadoras de servicios.
Aud. Nacional Sala de lo Social.
Goya, 14 (Madrid).
Tfno: 914007258.
Correo electrónico:
Equipo/usuario: MAD.
NIG: 28079 24 4 2021 0000124.
Modelo: ANS105 Sentencia.
IMC Impugnación de Convenios 0000121/2021.
Procedimiento de origen: /
Sobre: Impugnación de Convenios.
Ponente Ilmo. Sr: José Pablo Aramendi Sánchez.
Sentencia 185/2021 s
Ilmo. Sr. Presidente: Don José Pablo Aramendi Sánchez. w.b
Ilmos/As. Sres./Sras. Magistrados/As: 130ww
Doña Emilia Ruiz-Jarabo Quemada.
Don José Luis Niño Romero.
En Madrid, a nueve de septiembre de dos mil veintiuno.
La  Sala  de  lo  Social  de  la  Audiencia  Nacional  compuesta  por  los  Sres./as. 
Magistrados/as citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
Han dictado la siguiente
SENTENCIA
En los procedimientos Impugnación de Convenios 0000121/2021 y 233/2021 seguido 
por sendas demandas  de Federación de  Servicios de Comisiones Obreras (CCOO 
Servicios) (Letrado Armando García López), Confederación General del Trabajo (Letrado 
José María Trillo-Figueroa Calvo) Contra Asociación de Contact Center Española (ACE) 
(Letrado Ignacio Corchuelo Martínez de Azua),
Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT (Letrado José Félix 
Pinilla Porlan), Confederación Intersindical Galega (Letrado Carlos E Sevilla Alonso), 
LAB Languile Abertzale en Batzordeak (Letrada Esther Comas Lopez), ELASTV-Eusko 
Languileen  Alkartasuna-Solidaridad  de  Trabajadores  Vascos  (no  comparece),  con 
intervención del Ministerio Fiscal sobre Impug. Convenios. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. 
don José Pablo Aramendi Sánchez.
Antecedentes de hecho
Primero.
Según consta en autos, el día 9 de abril de 2021 se presentó demanda por el Letrado 
don Armando García López en nombre y representación de la Federación de Servicios 
de Comisiones Obreras (CCOO Servicios sobre Impug. Convenios, registrándose con el 
número 121/2021.
Segundo.
La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se 
señaló el día 7/9/2021 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al 
tiempo que se accedía a lo solicitado en los otrosíes de prueba.
Con fecha de 22 de julio de 2021 el representante de la Confederación General del 
Trabajo (CGT) presento demanda de impugnación de convenios, registrándose bajo el 
número  233/2021,  procediéndose  por  Auto  de  23/07/2021  a  su  acumulación  a  la 
demanda 121/2021
Tercero.
Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto de juicio, previo 
intento fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que 
aparece recogido en el acta levantada al efecto.
Cuarto.
Se ratifica el sindicato CCOO invocando la jurisprudencia de aplicación del TS y 
TJUE en relación con la interpretación de lo que debe considerarse contrato de obra  e.e
dotado de autonomía y sustantividad propia, jurisprudencia que a su entender determina  b
que el art. 14 b) del convenio colectivo no encaje con lo previsto en el art. 15.1.a) ET. 130ww
estaEsn a lcotsu amciiosnmeoss  ptoérr meilnlao sp rsees epnrotanduan,c iinad CicGa Tq urees plaesc teom dper elsaa sd edmea ncodnat aacctu cmeunltaedra s ae 
pcalarnatcetel rdizea tne lepoopr elara dporerestsa ceinó nlo ds eq usee revixciisotse  uan t eerlceevraodso,  nseivrevli cdioes t edmespeomrapliedñaadd qouse p noor  esus 
compatible con las previsiones legales.
Los sindicatos codemandados comparecientes UGT, CIG y LAB se adhieren a las 
demandas.
Se opone la patronal demandada Asociación de Contact Center Española. Alega 
falta de acción por cuanto considera que no existe un conflicto real, que el convenio 
actualmente está en fase de negociación y que con este pleito se pretende incidir en ello. 
Señala que no se invoca que el art. 14 del convenio sea contrario a norma legal alguna 
sino a la jurisprudencia. Se alega inadecuación de procedimiento pues estamos en 
presencia de un conflicto de intereses no de un conflicto jurídico. Muestra conformidad 
esencial con los hechos de las demandas si bien discrepa de los datos numéricos en 
ellas referidos. Indica que la jurisprudencia no es fuente del derecho y que no crea 
normas legales por lo que no considera posible que con apoyo en ella se pueda apreciar 
que la norma convencional es contraria a disposiciones legales.
La parte actora se opone a las cuestiones procesales invocadas sosteniendo que 
existe conflicto real: la interpretación de una norma convencional vigente y que no se 
pretende crear una norma sino que se declare que la existente en contraria la legalidad.
Las  mismas  razones  expone  el  Ministerio  Fiscal  para  rechazar  las  objeciones 
procesales  formuladas  por  la  parte  demandada  ya  que  estamos  ante  un  convenio 
colectivo vigente que provoca la existencia de un conflicto real y cierto en su aplicación. 
En cuanto al fondo considera que las demandas deben estimarse ya que la norma de 
convenio resulta contraria al art. 15 ET atendiendo a su interpretación jurisprudencial.
Resultado y así se declaran, los siguientes
Hechos probados
Primero.
El 30 de mayo de 2017, se suscribe el II Convenio Colectivo de Ámbito Estatal del 
Sector de Contact Center, de una parte, por la Asociación de Contact Center Española 
(ACE), en representación de las empresas del sector, y, de otra, por los sindicatos 
CC.OO y UGT, en representación de los trabajadores.
En su art. 6 se establece una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2019 y se 
indica expresamente que «(...) Denunciado el Convenio, y hasta que no se logre acuerdo 
expreso, a los efectos de lo previsto en los artículos 86.3 y 4 del E.T, se entenderá que 
se mantiene la vigencia de su contenido normativo».
Segundo.
El 5 de noviembre de 2019, se denunció el citado Convenio. El 28 de noviembre 
de 2019 se constituye la Comisión negociadora del III Convenio Colectivo de Ámbito 
Estatal del Sector de Contact Center. Se han celebrado reuniones los días 27 de 
enero 26 de febrero, 17 de marzo, 15 de octubre y 20 de noviembre del año 2020 y 19 
de enero, 12 de marzo y 26 de marzo de 2021.
Tercero.
Su art. 2 define su ámbito funcional del modo siguiente: … la aplicación de este 
Convenio será obligatoria para todas las empresas y para todo el personal de las 
mismas cuya actividad sea la prestación de servicios de contact center a terceros.
A  los  efectos  del  presente  Convenio  quedan  encuadradas  en  la  prestación  de  e.
servicios  de  contact  center  todas  aquellas  actividades  que  tengan  como  objetivo  w.
contactar  o  ser  contactados  con  terceros  ya  fuera  por  vía  telefónica,  por  medios  130ww
tpealeram álati cporse,s tpaocri óanp, liceanctrieó no dtreo st,e cdneo lloogsí as idgiugiietanlt eos  psoerr vciucaiolqsu qieure o tsreo  meneudmioe realenc taró tníticuolo, 
ae ntuenrcceiarotisv,o g: ecsotniótanc dtoes c coobnr otse ryc epraogso esn,  geensttoiórnno ms emcualntiimzaeddaia d, es eprrvoiccieosso ds ea dsmopinoirstetr atétivconsic oy   BOE-A-cable e
de «back office», información, promoción, difusión y venta de todo tipo de productos o 
servicios, realización o emisión de entrevistas personalizadas, recepción y clasificación 
de llamadas, etc., así como cuantos otros servicios de atención a terceros se desarrollen 
a través de los entornos antes citados.
Tal definición incluirá las actividades coadyuvantes, complementarias o conexas con 
la actividad principal.
Cuarto.
En el capítulo V del II convenio se regula la contratación del personal.
Su  art.  12  diferencia  entre  personal  de  estructura  y  personal  de  operaciones 
indicando: El «personal de estructura» está integrado por todas aquellas personas cuyas 
funciones se centran en atender y ejecutar actividades de gestión internas dentro de la 
organización de la empresa y que son de permanente necesidad para la misma; el 
«personal de operaciones» queda integrado por aquel personal que realiza su trabajo en 
las campañas y/o servicios que las empresas de Contact Center prestan para un tercero.
En su art. 14 y en relación con la contratación del personal de operaciones regula en 
su apartado a) la contratación indefinida y en su apartado b) la contratación por obra o 
servicio determinado indicándose:
b)  Contrato por obra o servicio determinado. Esta modalidad de contratación será la 
más normalizada dentro del personal de operaciones. A tales efectos se entenderá que 
tienen sustantividad propia todas las campañas o servicios contratados por un tercero 
para la realización de actividades o funciones de Contact Center cuya ejecución en el 
tiempo es, en principio de duración incierta, y cuyo mantenimiento permanece hasta la 
finalización de la campaña o cumplimiento del servicio objeto del contrato.
Los contratos por obra o servicio determinado se extenderán por escrito, y tendrán, 
en principio, la misma duración que la campaña o servicio contratado con un tercero, 
debiendo coincidir su extinción con la fecha de la finalización de la campaña o servicio 
que se contrató, sin que en ningún caso puedan exceder de los 4 años con esta 
modalidad de obra o servicio determinado.
Se entenderá que la campaña o servicio no ha finalizado, si se producen sucesivas 
renovaciones sin interrupción del contrato mercantil con la misma empresa de Contact 
Center que da origen a la campaña o servicio.
A tales efectos, la empresa de Contact Center facilitará a la representación de los 
trabajadores trascripción de aquellos aspectos relacionados con la prestación laboral 
contenidos en los contratos mercantiles suscritos entre la empresa de Contact Center y 
la empresa a la que se presta el servicio, así como de las sucesivas renovaciones y sus 
modificaciones si las hubiere.
Dicha información sobre el contrato mercantil, tendrá el siguiente contenido:
Objeto del contrato.
Relación detallada de los trabajos que se comprometen en el mismo con el cliente.
Duración del contrato.
Horarios de prestación de servicios: días y horarios.
Dimensionamiento inicial del personal adscrito a la campaña o servicio.
Cualquier otra circunstancia que tenga relación con la prestación laboral.
Las empresas están obligadas a entregar dicha información en el plazo máximo de 
tres días, computados desde el inicio de la campaña, para aquellas de duración prevista  e.
inferior a tres meses; cuando la duración prevista de la campaña supere los tres meses,  w.b
el plazo máximo para entregar la información será de un mes computado, también,  130ww
desdAes ilma ifsemchoa,  dy ed ien icaioc udeer dlao  mciosnm alo. dispuesto en el artículo 42.3 del Estatuto de los
Tderabbea jsaedro irnefso,r mela pdeor spoonr ael sdceri tloa  deem lpar eidsean dtied aCdo dneta clat  Cemenptreers, ac opnritnractiipsatal  poa srau blac ocnutaral teissttaé, 
prestando servicios en cada momento, y que habrá de ser facilitada antes del inicio de la 
respectiva prestación de servicios, e incluirá el nombre o razón social de la empresa 
principal, su domicilio social y su número de identificación fiscal.
Igualmente  la  empresa  de  Contact  Center  contratista  o  subcontratista  deberá 
informar a la representación legal de sus trabajadores de la identidad de las empresas 
principales para las que se van a prestar servicios, así como el objeto y duración de la 
contrata, lugar de ejecución de la misma, número de personas que serán ocupadas por 
la empresa de Contact Center en centros de trabajo de la empresa principal y medidas 
previstas para la coordinación de actividades desde el punto de vista de la prevención de 
riesgos laborales.
El personal de operaciones, previo acuerdo con la empresa, podrá prestar servicios a 
la misma empresa en otras campañas o servicios, cuando vea reducida su jornada por 
causa  ajena  a  la  empresa  de  Contact  Center,  durante  el  periodo  que  dure  dicha 
circunstancia, y por el tiempo equivalente al reducido, y al objeto de poder percibir la 
totalidad de su retribución. La empresa informará mensualmente a la representación de 
los trabajadores de aquellos empleados que se encuentran en tal circunstancia, con 
indicación de la fecha de inicio y, en su caso, de finalización, así como de las campañas 
o servicios en que va a prestar sus funciones.
En el caso de que la persona contratada tenga que desplazarse a un centro distinto 
de aquel en que habitualmente presta sus servicios para la campaña o servicio para la 
que fue contratada, no podrá mediar más de dos horas entre la finalización de uno y el 
inicio de otro. Dicho tiempo podrá ampliarse si existe pacto entre la empresa y la persona 
contratada, debiendo informarse, también, a la representación de los trabajadores.
Dadas las especiales características que revisten las relaciones laborales en el 
ámbito de este Convenio, y con el único objeto de preservar la duración total del 
mandato para el que fue elegida la representación de los trabajadores, los delegados y 
delegadas sindicales, los delegados y delegadas de personal, y los miembros de los 
Comités de Empresa, de modo excepcional, y por el tiempo que les reste para agotar su 
mandato, podrán solicitar de la empresa el prestar sus servicios en cualquier campaña 
dentro  de  la  misma  provincia,  y  sin  que  el  contrato  pierda  su  condición  por  esta 
excepcionalidad. La empresa vendrá obligada a concederlo dentro de las que tengan 
mayores posibilidades de puestos de trabajo. Dicha garantía operará igualmente en la 
prórroga del mandato y en el período inmediato anterior a su agotamiento, si dicho 
representante presentara nuevamente su candidatura.
Se han cumplido las previsiones legales.
Fundamentos de Derecho
Primero.
Los hechos que se declaran probados no han suscitado controversia
Segundo.
La pretensión ejercitada en ambas demandas acumuladas, por la modalidad procesal 
de impugnación de convenios colectivos consiste en que se declare la ilegalidad del 
primer párrafo del art. 14 b) del convenio colectivo y que concretamente indica: Contrato 
por  obra  o  servicio  determinado.  Esta  modalidad  de  contratación  será  la  más 
normalizada dentro del personal de operaciones. A tales efectos se entenderá que tienen  e.e
sustantividad propia todas las campañas o servicios contratados por un tercero para la  b
realización de actividades o funciones de Contact Center cuya ejecución en el tiempo es,  130ww
edne  lpar icnacmippioa ñdae  od ucruamcipólnim iinecniteor tdae, ly s ecurvyioci om oabnjteetnoi mdeiel nctoon tpraetromanece hasta la finalización
Tercero.
Por la asociación empresarial demandada se alega que para ello se carece de acción 
porque la pretensión ejercitada no responde a la existencia de un conflicto real y actual y 
que tampoco sería adecuado el procedimiento ejercitado pues estamos ante un conflicto 
de intereses y no jurídico.
La vigencia normativa del II convenio colectivo, conforme su art. 6, determina que 
nos encontremos ante una controversia real, cierta y actual, controversia que consiste en 
determinar si la norma convencional controvertida, se compadece con la legalidad por lo 
que no es una controversia hipotética ni se pretende la modificación de lo convenido sino 
que se fije un pronunciamiento judicial acerca de si el primer párrafo del art. 14 b) del 
convenio  se  compadece  con  la  legalidad.  Se  rechazan  por  tanto  las  cuestiones 
procesales suscitadas.
El tribunal sí reconoce que el pronunciamiento que realice puede incidir en las 
negociaciones  del  futuro  convenio  colectivo  del  sector,  pero  se  trata  de  un 
acontecimiento inevitable generado entre otras razones por la tardanza de las partes en 
alcanzar  un  acuerdo  convencional  que  sustituya  al  convenio  ya  caducado.  Resulta 
evidente que el acceso a la tutela judicial no puede quedar mediatizado ni paralizado por 
la existencia de un proceso negocial entre las partes no culminado, pues si así fuera 
bastaría con abrir y no cerrar procesos de negociación para impedir el acceso a la tutela 
judicial, derecho fundamental.
Cuarto.
Para centrar el debate es preciso poner la atención en la actividad empresarial 
desarrollada por los llamados contact center.
Se trata de una actividad que consiste en realizar por medios electrónicos el contacto 
activo o pasivo entre una entidad, contratante de estos servicios, y sus clientes ciertos o 
potenciales, tal como revela al lectura del art. 2 del convenio colectivo.
La entidad a cuyos clientes se contacta es la que contrata los servicios de las 
empresas  de  contact  center  que  disponen  sus  medios  materiales  y  esencialmente 
humanos para llevar a cabo dicha actividad durante el tiempo y con los requerimientos 
establecidos por dicha entidad contratante.
Para ello, como precisa el art. 12 del convenio, se cuenta de una parte con el 
llamado «personal de estructura» cuyas funciones se centran en atender y ejecutar 
actividades de gestión internas dentro de la organización de la empresa y el «personal 
de operaciones» que realiza su trabajo en las campañas y/o servicios que las empresas 
de Contact Center prestan para sus clientes.
Con fundamento en lo previsto en el último párrafo del art. 15.1.a) ET regulando el 
contrato  de  obra  o  servicio  y  que  indica  que  los  convenios  colectivos  (…)  podrán 
identificar aquellos trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad 
norma de la empresa que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza, las partes 
signatarias del convenio colectivo de contact center convinieron en su momento, art. 14 
b)  1.º  párrafo  que  Contrato  por  obra  o  servicio  determinado.  Esta  modalidad  de 
contratación  será  la  más  normalizada  dentro  del  personal  de  operaciones.  A  tales 
efectos se entenderá que tienen sustantividad propia todas las campañas o servicios 
contratados por un tercero para la realización de actividades o funciones de Contact 
Center  cuya  ejecución  en  el  tiempo  es,  en  principio  de  duración  incierta,  y  cuyo 
mantenimiento  permanece  hasta  la  finalización  de  la  campaña  o  cumplimiento  del  e
servicio objeto del contrato. bo
QuinLtoos. sindicatos en su día signatarios del convenio y hoy demandantes, y en su caso
adheridos, consideran que este párrafo del art. 14 b) es contrario a la legalidad y
pretenden su expulsión del ordenamiento. Bc
El razonamiento que para ello emplean se nutre de todo un elenco jurisprudencial 
que nace de la STS de 16 de diciembre de 2020 rec. 240/18 y que como ella misma 
indica  supuso  un  vuelco  en  la  interpretación  hasta  entonces  dada  por  el  TS  al 
cumplimiento de los requisitos de autonomía y sustantividad propia que justificaban los 
contratos temporales de obra en el contexto de contratas prestadoras de servicios.
Antes de dicha sentencia primaba el criterio de que estábamos ante contratos con un 
límite de temporalidad previsible en la medida en que el servicio se prestaba para un 
tercero y mientras éste durara. Se sostenía así, dice esta sentencia innovadora, que: el 
contrato  para  obra  o  servicio  mantenía  una  causa  válida  mientras  subsistiera  la 
necesidad  temporal  de  empleados,  porque  la  empleadora  continuara  siendo 
adjudicataria de la contrata o concesión que había motivado el contrato temporal. En 
suma, la vigencia del contrato para obra o servicio determinado continuaba mientras no 
venciera el plazo pactado para su duración, porque por disposición legal debe coincidir 
con  la  de  las  necesidades  que  satisface  (así,  STS/4.ª  de  20  marzo  2015  –rcud. 
699/2014–). De ahí resulta que la duración del contrato se vincule a la duración de la 
contrata, siendo la finalización de ésta la causa válida de extinción de aquél ( STS/4.ª 
de 6 y 13 mayo 2020 –rcud. 4349/2017 y 4161/2017, respectivamente– y 16 julio 2020 –
rcud. 4468/2017–).
Y el cambio que se produce consiste esencialmente en alterar la perspectiva de 
análisis del problema, centrándolo ahora no en la duración de la contrata sino en si 
concurre en los requisitos definitorios del contrato temporal de obra y así se indica: 
Conviene, pues, volver a la definición del contrato para obra o servicio del art. 15.1 a) ET, 
que pone el acento en la autonomía y sustantividad dentro de la actividad de la empresa, 
para  apreciar  que  en  las  actividades  como  las  descritas  no  es  posible  continuar 
aceptando  ni  la  autonomía  ni  la  sustantividad  porque  el  objeto  de  la  contrata  es, 
precisamente, la actividad ordinaria, regular y básica de la empresa. Quienes ofrecen 
servicios a terceros desarrollan su actividad esencial a través de la contratación con 
éstos y, por tanto, resulta ilógico sostener que el grueso de aquella actividad tiene el 
carácter excepcional al que el contrato para obra o servicio busca atender.
La mayor o menor duración del encargo del cliente no puede seguir vinculándose a la 
nota de temporalidad de este tipo de contrato de trabajo. La duración determinada del 
mismo está justificada por la particularidad de la obra o servicio, en la medida en que 
ésta pueda claramente definirse y delimitarse respecto del volumen ordinario o habitual y 
surgir, precisamente por ello, como un elemento destacado y no permanente respecto 
del ritmo de la actividad de la empresa.
Nada  de  ello  puede  afirmarse  cuando  toda  la  actividad  empresarial  consiste, 
precisamente, en desarrollar servicios para terceros. Éstos, como tales, estarán sujetos a 
una determinada duración en atención al nexo contractual entablado con la empresa 
cliente, pero tal delimitación temporal en su ejecución no puede permear la duración de 
la relación laboral de la plantilla de la empresa si no se atienen a las notas estrictas del 
art 15.1 a) ET.
En este punto, pues, consideramos necesario rectificar la doctrina que ha venido 
manteniendo que la duración temporal del servicio se proyectaba sobre el contrato de 
trabajo y, en suma, ha ampliado el concepto de obra o servicio determinado del precepto 
legal.
Y esta nueva perspectiva es secundada desde entonces por el TS en sus sentencias 
de 2 de febrero de 2021 rec. 133/21, 3 de febrero de 2021 rec. 4031/18, 30 de junio 
de 2021 rec. 3381/18 y 20 de julio de 2021 rec. 2703/18, esta última referida a un  s
empresario de contact center. oe.
Sexto. 130ww
La  modalidad  procesal  ejercitada  en  esta  demanda  es  la  de  impugnación  del
cporinmveern ipoá rcroalfeoc tdiveol  adret.  a1p4l icba)c idóenl  pcoorn vielengioa lidnaadci.o nLaols  ddee mcoanntdaacnt tceesn cteorn seisd ecroannt rqaurieo  eall 
art. 15.1.a) ET que habilitaba a los convenios para identificar aquellos trabajos o tareas
con  sustantividad  propia  dentro  de  la  actividad  norma  de  la  empresa  que  puedan 
cubrirse con contratos de esta naturaleza.
Y lo que sostienen es que al realizar esa identificación considerando como contratos 
temporales de obra todas las campañas o servicios contratados por un tercero para la 
realización de actividades o funciones de Contact Center cuya ejecución en el tiempo es, 
en principio de duración incierta, y cuyo mantenimiento permanece hasta la finalización 
de  la  campaña  o  cumplimiento  del  servicio  objeto  del  contrato,  se  apartan  de  la 
jurisprudencia citada que considera que dichos contratos no presentan los perfiles de 
autonomía y sustantividad que los definen como tales.
La conclusión a la que llegan los demandantes es acertada ya que la redacción de la 
norma  convencional  al  identificar  como  temporales  los  contratos  vinculados  a  la 
campaña o servicio contratado, se aparta de las actuales exigencias jurisprudenciales.
Séptimo.
Ahora bien, para llegar a esta conclusión cuya consecuencia sería la estimación de la 
demanda en los términos que luego se indicarán en el fallo, es preciso resolver si la 
ilegalidad de la norma convencional puede sustentarse en el art. 15.1.a) ET interpretado 
conforme el actual criterio jurisprudencial.
En otras palabras, lo que debemos despejar es si la finalidad, art. 1.6 CC, que el 
ordenamiento asigna a la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de la ley, 
art.  15.1.a)  ET,  puede  servir  de  base  para  fundamentar  la  ilegalidad  de  la  norma 
convencional.
Desde un punto de vista estrictamente formal la jurisprudencia no es fuente del 
derecho, pero si constituye un elemento esencial para su interpretación y aplicación 
uniforme en la solución de las controversias que la ley pretende regular, al punto de que 
la jurisprudencia es fundamento para recurrir en casación, art. 207 e) LRJS.
La ley desde que se dicta y durante su vigencia es una foto fija, formalmente 
inalterable, pero que se aplica a controversias y situaciones, no fijas sino variables con el 
transcurso del tiempo. Es la ley el instrumento que empleamos los jueces para resolver 
los conflictos. La aplicación de la ley al caso exige siempre una interpretación, que 
uniformemente  proporciona  la  jurisprudencia  como  instrumento  necesario  para 
complementar el ordenamiento, dando la expresión correcta del mismo (STS Sala III 
de 23 de julio de 1992 rec 7317/90).
Por ello el tribunal considera necesario que el test de legalidad a que se somete por 
esta modalidad procesal una norma convencional debe realizarse verificando su encaje 
con la norma legal conforme la interpretación dada a ésta por la jurisprudencia.
Octavo.
En  la  modalidad  procesal  de  impugnación  de  convenios  colectivos  los  jueces 
debemos guiarnos por el principio de intervención mínima, por tanto depurando la norma 
convencional en lo estrictamente necesario.
Los demandantes pretenden que se anule y deje sin efecto el primer párrafo del 
art. 14 b) del convenio que recordemos indica: Contrato por obra o servicio determinado. 
Esta  modalidad  de  contratación  será  la  más  normalizada  dentro  del  personal  de 
operaciones. A tales efectos se entenderá que tienen sustantividad propia todas las 
campañas o servicios contratados por un tercero para la realización de actividades o 
funciones de Contact Center cuya ejecución en el tiempo es, en principio de duración  es
incierta,  y  cuyo  mantenimiento  permanece  hasta  la  finalización  de  la  campaña  o  bo
cumplimiento del servicio objeto del contrato 130ww
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existe  inconveniente  en  mantener  esta  manifestación  de  contenido  esencialmente 
programático, pero sin mayor relevancia práctica.
Sí en cambio procede anular el resto del contenido de esta párrafo ya que define e 
identifica  las  tareas  y  trabajos  que  serían  considerados  como  legítimos  contratos 
temporales de obra y que por todo lo indicado no se compadece son la interpretación 
judicial del art. 15.1.a) ET con el que la norma convencional colisiona.
En estos términos se estima la demanda.
Noveno.
Contra esta sentencia, sin perjuicio de su ejecutividad, cabe interponer recurso de 
casación ordinaria conforme el art. 206.1 LRJS.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
Estimamos en parte las demandas formuladas por los sindicatos Federación de 
Servicios de Comisiones Obreras y Confederación General del Trabajo, y anulamos y 
dejamos sin efecto el art. 14 b) del II Convenio Colectivo de Ámbito Estatal del Sector de 
Contact Center, suscrito de una parte, por la Asociación de Contact Center Española 
(ACE), en representación de las empresas del sector, y, de otra, por los sindicatos 
CC.OO. y UGT, en representación de los trabajadores, en el siguiente párrafo: A tales 
efectos se entenderá que tienen sustantividad propia todas las campañas o servicios 
contratados por un tercero para la realización de actividades o funciones de Contact 
Center  cuya  ejecución  en  el  tiempo  es,  en  principio  de  duración  incierta,  y  cuyo 
mantenimiento  permanece  hasta  la  finalización  de  la  campaña  o  cumplimiento  del 
servicio objeto del contrato.
Se remitirá copia de esta sentencia a la Autoridad Laboral y una vez alcanzada 
firmeza al BOE para su publicación.
Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que, contra la misma 
cabe recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta 
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el plazo de cinco días hábiles desde la 
notificación, pudiendo hacerlo mediante manifestación de la parte o de su abogado, 
graduado social o representante al serle notificada, o mediante escrito presentado en 
esta Sala dentro del plazo arriba señalado.
Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso 
de Casación, el recurrente, si no goza del beneficio de Justicia Gratuita, deberá acreditar 
haber hecho el depósito de 600 euros previsto en art. 229.1.b de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social, y, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de 
alguna cantidad, haber consignado la cantidad objeto de condena de conformidad con el 
art. 230 del mismo texto legal, todo ello en la cuenta corriente que la Sala tiene abierta 
en el Banco de Santander Sucursal de la Calle Barquillo 49, si es por transferencia con el 
n.º 0049 3569 92 0005001274 haciendo constar en las observaciones el n.º 2419 0000 
00 0121 21; si es en efectivo en la cuenta n.º 2419 0000 00 0121 21 (IBAN ES55), 
pudiéndose sustituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval 
bancario, en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista.
Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al 
libro de sentencias.
Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos. o