BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71 Miércoles 24 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 33921
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
4615 Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial,  por  la  que  se  publica  el  Acuerdo  de  la  Subcomisión  de 
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión 
Bilateral  Generalitat-Estado,  en  relación  con  la  Ley  10/2019,  de  23  de 
diciembre, de puertos y de transporte en aguas marítimas y continentales.
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 3 de marzo de 2021.–La Secretaria General de Coordinación Territorial, 
Miryam Álvarez Páez.
ANEXO
Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la 
Ley 10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de transporte en aguas marítimas y 
continentales
La Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de 
la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, de conformidad con las negociaciones previas 
celebradas por el Grupo de Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el 
Acuerdo  de  la  Subcomisión  de  Seguimiento  Normativo,  Prevención  y  Solución  de 
Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado de 4 de junio de 2020, para 
resolver las discrepancias competenciales suscitadas en relación con los artículos 11, 33, 
34, 35, 36, 37, 50, 52, 53, 61, 64, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 79, 84, 88, 98, 99, 101, 105, 
108, 109, 227 y 235, las disposiciones adicionales 1.ª, 7.ª y 9.ª y las disposiciones 
transitorias 1.ª y 6.ª de la Ley catalana 10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de 
transporte en aguas marítimas y continentales, ha adoptado el siguiente Acuerdo:
1.  Ambas partes coinciden en interpretar que los preceptos de la Ley 10/2019 que a 
continuación se indican, en los términos que se expresan para cada uno de ellos, no 
afectan a las facultades que corresponden al Estado como titular del dominio público 
marítimo terrestre:
1.1  La previsión del artículo 11 en su apartado segundo y 105 en su apartado sexto, 
relativa a los usos admisibles en la zona de servicio portuaria, incluidos los puntos de 
amarre, quedan resueltas en base a interpretar que los usos portuarios previstos deben 
ajustarse  a  los  que  el  planeamiento  urbanístico  considere  compatibles  con  las 
operaciones y actividades portuarias que contribuyen a la sostenibilidad y al equilibrio 
económico y social del puerto, en los términos previstos en la legislación estatal de 
costas.  Esta  interpretación,  que  se  incorporará  al  desarrollo  reglamentario  de  la  e.
Ley 10/2019, implica que quedan prohibidas aquellas ocupaciones y utilizaciones del  w.
dominio público portuario que se destinen a edificaciones para residencia o habitación en  15ww
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pprreevviiast aasu tpoorirz laac lieógni selxacceiópnc ieosntaalt adle dl eC coonssteajso. de Ministros, en su caso, en las condiciones  BOE-A-cable e
1.2  La previsión del artículo 33 relativa a que en el concepto de dominio público 
portuario de la Generalitat se incorporan bienes del dominio público marítimo-terrestre 
que han sido adscritos a la Generalitat de Catalunya para la construcción de nuevos 
puertos o para la ampliación o modificación de los existentes no contradice ni excluye la 
titularidad que el Estado ostenta  sobre  los  mismos  conservando, en consecuencia, 
conforme al artículo 49.1 de la Ley de Costas tal calificación jurídica.
1.3  La facultad de la Administración portuaria, recogida en el artículo 34, para 
delimitar e investigar los bienes del dominio público portuario no podrá afectar a aquellos 
bienes que tengan la consideración de bienes del dominio público marítimo terrestre 
cuya  titularidad  corresponde  al  Estado  y  sobre  los  cuales  ostenta,  entre  otras,  las 
facultades para su delimitación e investigación en los términos recogidos en la Ley de 
Costas.
1.4  El régimen jurídico de utilización del sistema portuario previsto en el artículo 36 
será de aplicación sin menoscabo del régimen jurídico previsto a tales efectos en la Ley 
de  Costas  y  su  desarrollo  reglamentario,  que  en  todo  caso  deberá  garantizar  las 
prohibiciones de usos contenidas en los artículos 25 y 32 de la Ley de Costas.
1.5  El régimen jurídico de utilización del sistema portuario previsto en el artículo 68 
será de aplicación sin perjuicio de la sujeción a los títulos habilitantes que la Ley de 
Costas y su reglamento de desarrollo establecen para la ocupación del dominio público 
marítimo terrestre.
1.6  El régimen jurídico previsto en la disposición adicional séptima y la disposición 
transitoria primera respecto de las marinas interiores de Santa Margarida y Empuriabrava 
no podrá contravenir lo establecido respecto de las marinas interiores en la legislación de 
costas respecto de las urbanizaciones marítimo terrestres, en los términos en que la 
competencia estatal sobre dichas urbanizaciones ha sido delimitada por el Tribunal 
Constitucional y específicamente por lo previsto en las SSTC 233/15 (FJ9), 28/2016 
(FJ6) y 100/2016 (FJ5).
2.  Ambas partes coinciden en interpretar los preceptos de la ley 10/2019 que a 
continuación se indican en los términos que se expresan para cada uno de ellos:
2.1  Las concesiones y los contratos de construcción y gestión portuaria, previstas 
en los artículos 53 y 71, en virtud de lo previsto en la Disposición transitoria quinta de la 
Ley 2/2013 de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de 
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, podrán prorrogarse en los mismos términos y 
condiciones que los previstos en la legislación estatal de puertos de interés general y en 
la legislación estatal de contratos del sector público y tal interpretación se incorporará por 
la Generalitat al desarrollo reglamentario de la Ley.
2.2  Las  referencias  de  los  artículos  75.3  y  76.1  a  la  evaluación  ambiental 
estratégica deben entenderse referidas a los concretos procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental que para esas actividades establece la Ley estatal 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental.
2.3  Las facultades de impulso de actuaciones de mantenimiento de las playas y de 
protección de los tramos de costa en el entorno portuario, previstas en el artículo 84.3, 
tienen como única finalidad promover actuaciones vinculadas al ámbito portuario, por lo 
que dichas facultades no obstaculizan ni cuestionan las facultades del Estado para la 
creación regeneración y recuperación de las playas. Así mismo, acuerdan que esa 
interpretación se incorporará al desarrollo reglamentario de la Ley 10/2019.
2.4  Las referencias del artículo 88.2 y la disposición adicional novena a la Policía  e
de la Generalitat–Mossos de Esquadra como policía integral no excluyen las funciones  bo
que otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen atribuidas en el ámbito  15ww
portAuamriboa.s partes coinciden en que, de acuerdo con el artículo 8.2 in fine del Real
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Mossos de Esquadra, atendiendo a sus competencias en materia de seguridad pública,
dadas  sus  funciones  de  Policía  integral,  formará  parte  del  comité  consultivo  de 
protección del puerto por invitación de la autoridad de protección portuaria, promoviendo 
la Generalitat de Cataluña una modificación legislativa para clarificar la redacción de la 
ley 10/2019 en este sentido.
Asimismo, ambas partes consideran que, atendiendo a las funciones desarrolladas 
por la Policía de la Generalitat-Mossos de Esquadra, resulta procedente que la autoridad 
de protección portuaria formule la invitación a participar en el comité consultivo de 
protección del puerto con carácter permanente.
2.5  Las previsiones de los artículos 98, 99 y 101 sobre los servicios portuarios 
específicos de practicaje, remolque portuario y recepción de los desechos generados por 
buques y embarcaciones y de residuos de carga tienen por objeto recoger la definición y 
el  objeto  de  esos  servicios  y  establecer  las  actuaciones  que  en  relación  a  ellos 
corresponden a la Autoridad portuaria, sin que esta regulación invada ni obstaculice las 
competencias que corresponden al Estado en relación con estos servicios en virtud de 
su competencia exclusiva sobre marina mercante (artículo 149.1.20 CE) en los términos 
en  que  ha  sido  definida  en  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  y, 
específicamente, en la STC 40/1998.
2.6  La previsión en el artículo 109.3 de un informe vinculante de la Administración 
portuaria en los expedientes de cambio de base fija o temporal es de aplicación a las 
solicitudes de cambio de base que se producen entre puertos que se encuentren dentro 
del ámbito de Cataluña.
2.7  Ambas partes coinciden en que las discrepancias manifestadas respecto del 
artículo  227.2  y  el  apartado  primero  de  la  disposición  adicional  novena  quedan 
solventadas, con relación al primero de ellos, entendiéndose la calificación de la policía 
portuaria en todo caso como policía administrativa, pues el contenido de dicho precepto 
únicamente realiza una remisión a la legislación estatal y así se recogerá en el desarrollo 
reglamentario de la Ley; y, con relación a la segunda, mediante el compromiso de la 
supresión del inciso «y sin detrimento de las competencias que tiene asignadas por ley la 
policía portuaria en los puertos de Barcelona y Tarragona» de la disposición.
2.8  La  infracción  de  desembarco  irregular  de  la  pesca,  tipificada  en  el 
artículo  235.1.r),  tiene  por  finalidad  sancionar  el  desembarco  que  contraviene  la 
normativa sobre el uso de las instalaciones portuarias, pero no impide que esa misma 
conducta pueda considerarse como una infracción en materia de ordenación del sector 
pesquero  y  de  comercialización  de  productos  pesqueros  prevista  en  la  Ley 
estatal 2/2010, del 18 de febrero, de pesca y acción marítimas.
3.  Ambas partes coinciden en interpretar que las previsiones de los preceptos de la 
ley 10/2019 que a continuación se indican, en los términos que se expresan para cada 
uno de ellos, se limitan a recoger las previsiones contenidas en las normas estatales, sin 
que  pueda  entenderse  que  tales  previsiones  tengan  como  finalidad  efectuar  una 
regulación autonómica:
3.1  La exclusión de la sujeción al IBI de las zonas de servicio portuario, a que se 
refiere el artículo 11.3, se efectúa -como el propio precepto indica- de conformidad con la 
normativa estatal reguladora de las haciendas locales.
3.2  La imposibilidad de inscripción en el Registro de la Propiedad de la autorización 
demanial, a que se refiere el artículo 50.2, se establece de conformidad con la previsión 
que en los mismos términos establece el artículo 52.3 de la Ley de Costas.
3.3  La referencia de los apartados 5 y 7 de la disposición adicional séptima a la  e
legislación vigente en materia de haciendas locales como marco normativo habilitador  bo
para la adopción de tributos debe entenderse realizada respecto de la normativa estatal. 15ww
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portuarias existentes, previsto en la disposición adicional primera, se interpretará de
conformidad  con  la  legislación  básica  estatal  en  materia  de  contratación  pública,
incluidas las disposiciones reguladoras del procedimiento restringido y con los principios 
de la contratación pública.
5.  Ambas  partes  coinciden  en  apreciar  que  no  se  plantean  discrepancias 
competenciales en relación con los artículos 52, 70 y 79.1.
6.  Ambas partes coinciden en que las discrepancias planteadas en relación con el 
apartado primero del artículo 35 quedan resueltas con el compromiso de su supresión.
7.  Ambas partes coinciden en que las discrepancias manifestadas respecto del 
artículo 37 quedan solventadas con la interpretación en el sentido de que solo podrá 
resolverse el contrato, si ello fuera posible, con arreglo a lo previsto en materia de 
resolución en la legislación de contratos del sector público.
8.  Ambas partes coinciden en que las discrepancias manifestadas respecto de los 
artículos 61 y 64 quedan resueltas con el compromiso de que ambos preceptos deben 
respetar las previsiones contempladas en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas como 
normativa básica. A tales efectos, el apartado segundo del artículo 64 debe modificarse 
en el sentido de prever que la solicitud ha de resolverse en el plazo de tres meses, 
teniendo  en  cuenta  que  el  vencimiento  del  plazo  sin  haber  dictado  y  notificado  la 
resolución  expresa  determina  la  estimación  de  la  solicitud  y  el  otorgamiento  de  la 
licencia. Sin perjuicio de que ha de entenderse desestimada en los casos en que se 
transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio 
público o impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente.
9.  Ambas partes coinciden en considerar que la controversia suscitada en relación 
con el artículo 73 se entienden resueltas con el compromiso de la supresión de este 
artículo una vez se haya agotado su aplicación a las dos únicas concesiones existentes 
en el momento de la entrada en vigor de la Ley 10/2019 que reúnen los requisitos para la 
unificación de los contratos.
10.  Ambas partes coinciden en que las discrepancias planteadas en relación con el 
artículo 74 quedan resueltas con el compromiso de supresión del inciso «Si la cesión 
pretendida cumple los requisitos exigibles, la Administración portuaria puede ejercer los 
derechos de tanteo y retracto, en los mismos plazos que fija la presente ley para la 
concesión demanial» del apartado 2 de este artículo.
11.  Ambas partes coinciden en que las discrepancias planteadas con relación a la 
cesión de locales regulada en el artículo 108 quedan resueltas con el acuerdo de 
incorporar al desarrollo reglamentario la precisión de que en todo caso se trate de 
cesiones de locales en los que se lleven a cabo actividades autorizables en el dominio 
público portuario en los términos contemplados en la legislación de costas.
12.  Ambas partes coinciden en que las discrepancias planteadas en relación con la 
disposición transitoria sexta quedan resueltas con el compromiso de la Generalitat de 
instar la modificación legislativa de la disposición transitoria sexta de la Ley, en los 
siguientes términos:
Se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley, que pasa a tener la redacción 
siguiente:
«Disposición  transitoria  sexta.  Régimen  transitorio  de  las  concesiones  y 
autorizaciones otorgadas al amparo de la normativa anterior a la Ley 10/2019.
1.  Las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre 
portuario otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley 10/2019 mantendrán el  e
plazo y las condiciones establecidas en el título de otorgamiento y podrán ser  bo
prorrogadas, en virtud de la Disposición transitoria quinta de la Ley 2/2013 de 29  15ww
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sobre dominio público portuario en los puertos de interés general.
2.  El  concesionario  podrá  solicitar  la  prórroga  de  la  concesión  desde  la 
entrada en vigor de la ley 10/2019 y, en todo caso, antes de que se extinga el 
plazo para el que fue concedida.
3.  La duración de esta prórroga en ningún caso podrá ser superior a la mitad 
del  plazo  máximo  de  vigencia  establecido  en  la  legislación  estatal  para 
concesiones sobre dominio público portuario en los puertos de interés general.
4.  En función de los usos, la resolución por la que se acuerde la prórroga 
podrá fijar un plazo de duración inferior y prever, a su vez, prórrogas sucesivas 
dentro de aquel límite temporal.
5.  La  posibilidad  de  prórroga  del  plazo  concesional  prevista  en  esta 
disposición es independiente de la facultad otorgada al concesionario para solicitar 
una  nueva  concesión  en  los  términos  previstos  en  la  vigente  normativa 
autonómica portuaria.
6.  En  cuanto  al  régimen  tributario  de  aplicación,  los  titulares  de  las 
autorizaciones y concesiones vigentes en el momento de la entrada en vigor de la 
Ley 10/2019 deben manifestar de forma expresa a la Administración portuaria, en 
el plazo de seis meses, si optan por mantener el régimen jurídico que les sea de 
aplicación o por adaptarlo a lo dispuesto a la Ley 10/2019.»
13.  En razón al acuerdo alcanzado, ambas partes coinciden en considerar resueltas 
las  discrepancias  manifestadas  sobre  las  normas  controvertidas  y  concluida  la 
controversia planteada.
14.  Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como publicar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya».