BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Viernes 24 de enero de 2020 Sec. TC.   Pág. 7492
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1114 Sala Primera. Sentencia 170/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de 
amparo 5497-2018. Promovido por don Víctor García Pérez respecto de la 
sentencia  dictada  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la 
Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de 
justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de 
inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la 
aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).
ECLI:ES:TC:2019:170
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José González Rivas, presidente, y los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar y don Cándido Conde-
Pumpido Tourón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5497-2018, interpuesto por don Víctor García Pérez, 
representado por el procurador de los tribunales don Andrés Figueroa Espinosa de los 
Monteros  y  asistido  por  la  abogada  doña  María  Engracia  Gómez  Dacal,  contra  la 
sentencia de 1 de junio de 2017 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional,  desestimatoria  del  recurso  contencioso-
administrativo núm. 249-2016, que confirma la resolución del secretario de Estado de 
Justicia de 23 de febrero de 2016 por la que se deniega la indemnización solicitada en 
concepto de responsabilidad patrimonial del Estado por prisión provisional seguida de 
absolución. Han intervenido el abogado del Estado y el ministerio fiscal. Ha sido ponente 
el magistrado don Andrés Ollero Tassara.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 23 de 
octubre de 2018 el procurador de los tribunales don Andrés Figueroa Espinosa de los 
Monteros, en nombre y representación de don Víctor García Pérez y bajo la dirección de 
la abogada doña María Engracia Gómez Dacal, interpone recurso de amparo contra la 
sentencia mencionada en el encabezamiento.
2.  Los hechos relevantes para resolver este recurso de amparo son los siguientes:
a)  El demandante de amparo estuvo privado de libertad por prisión preventiva entre 
el 9 mayo de 2012 y el 19 de febrero de 2014 en el marco del sumario núm. 17-2012 del  e.e
Juzgado de Instrucción núm. 3 de Lugo seguido contra él como presunto autor de un  b
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edset i2m0a1d4o. por el Tribunal Supremo, que dictó sentencia absolutoria el 22 de octubre
b)  El demandante de amparo presenta el 19 de febrero de 2015 ante el Ministerio 
de Justicia reclamación indemnizatoria por responsabilidad patrimonial del Estado por la 
vía  del  art.  294  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  (en  adelante,  LOPJ).  La 
reclamación, por importe de 217.133 €, se funda en que ha estado privado de libertad 
entre el 9 mayo de 2012 y el 19 de febrero de 2014. El secretario de Estado de Justicia, 
por  delegación  del  ministro  del  ramo,  deniega  la  reclamación,  de  acuerdo  con  el 
dictamen del Consejo de Estado, mediante resolución de 23 de febrero de 2016.
c)  El demandante interpone recurso contencioso-administrativo contra la resolución 
anterior, que es desestimado por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional mediante sentencia de 1 de junio de 2017. 
Según razona, debe rechazarse que el recurrente tenga derecho a indemnización en 
aplicación  del  art.  294  LOPJ  porque  la  sentencia  penal  absolvió  al  acusado  por 
insuficiencia de pruebas, sin que, en consecuencia, concurra la inexistencia objetiva del 
hecho, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía general del art. 293 
LOPJ.
d)  Contra la anterior sentencia, el demandante preparó recurso de casación que es 
inadmitido  por  providencia  de  la  Sección  Primera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2018.
e)  Promovida la nulidad de actuaciones frente a la sentencia de la Sección Tercera 
de la Audiencia Nacional, es inadmitida por auto de 10 de septiembre de 2018 del mismo 
órgano  judicial  por  razones  por  extemporaneidad  y  consideraciones  de  fondo.  El 
recurrente  se  habría  limitado  a  reflejar  una  discrepancia  con  lo  motivado  y 
cumplidamente resuelto dentro de una clara y asentada doctrina jurisprudencial.
3.  El demandante de amparo denuncia que la Audiencia Nacional, al confirmar la 
resolución  administrativa  denegatoria,  ha  vulnerado  su  derecho  a  la  presunción  de 
inocencia (art. 24.2 CE). Habría emitido sospechas de culpabilidad incompatibles con la 
doctrina constitucional (STC 8/2017, de 19 de enero) y estrasburguesa (entre otras, 
STEDH de 13 de julio de 2010, asunto Tendam c. España).
4.  Por providencia de 16 de septiembre de 2019, la Sección Segunda de este 
Tribunal acuerda admitir el presente recurso a trámite apreciando que concurre especial 
transcendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 
LOTC), porque la posible vulneración denunciada pudiera traer causa de la ley o de una 
reiterada  interpretación  jurisprudencial  que  pudiera  lesionar  derechos  fundamentales 
[STC 155/2009, FJ 2 c) y d)]. Recibidas ya las actuaciones del procedimiento ordinario, 
acuerda notificar la providencia al ministerio fiscal y al demandante de amparo para que 
puedan  presentar  alegaciones.  También  al  abogado  del  Estado  para  que  pueda 
comparecer en el presente proceso constitucional, con traslado a estos efectos de copia 
de la demanda de amparo.
5.  El ministerio fiscal evacua el trámite de alegaciones mediante escrito registrado 
en este Tribunal el 3 de octubre de 2019, interesando la inadmisión y, subsidiariamente, 
la  estimación  del  recurso  de  amparo.  La  demanda  incurriría  en  el  óbice  de 
extemporaneidad  porque  la  vulneración  denunciada  habría  de  atribuirse  a  la 
administración y, en consecuencia, estaba sujeta al plazo de veinte días que establece 
art. 43.2 LOTC. De apreciarse que debe jugar el plazo de treinta días previsto en el 
art. 44.2 LOTC, la demanda sería tempestiva y habría de estimarse a la vista de la 
reciente STC 85/2019, de 19 de junio. s
6.  El 16 de octubre de 2019 tiene entrada en este Tribunal el escrito de alegaciones  w.
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a la administración, no procedía insistir mediante la formulación del incidente de nulidad 
de actuaciones. Este alargamiento habría propiciado la extemporaneidad de la demanda 
de amparo a la vista de que el Tribunal Supremo acordó la inadmisión del recurso de 
casación el 23 de mayo de 2018 y el recurrente solicitó la protección del Tribunal 
Constitucional el 24 de octubre siguiente. A su vez, el plazo que habría de tomarse en 
consideración es el de veinte días (art. 43 LOTC) a la vista de que la vulneración 
denunciada sería atribuible a la resolución administrativa. En cuanto al fondo, el abogado 
del Estado admite que el caso es similar a los resueltos por las SSTC 8/2017 y 10/2017, 
así como la incidencia de la declaración de inconstitucionalidad de determinados incisos 
del art. 294.1 LOPJ (STC 85/2019). No obstante, insiste en que la indemnización no ha 
de ser automática y que la administración habría de ser quien resolviera nuevamente 
sobre su procedencia aplicando los criterios propios del Derecho general de daños en un 
procedimiento autónomo, no vicarial, respecto del proceso penal que culminó con la 
absolución del reclamante.
7.  La representación del recurrente presenta su escrito de alegaciones el 17 de 
octubre de 2019, abundando en lo razonado y solicitado en su demanda de amparo y 
tomando en consideración la STC 85/2019, de 19 de junio.
8.  Mediante  providencia  de  fecha  12  de  diciembre  de  2019  se  señala  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 16 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a lo resuelto en las SSTC 85/2019, de 19 de junio, y 125/2019, 
de 31 de octubre.
El recurso de amparo tiene por objeto la resolución de 23 de febrero de 2016 
(expediente  100-2015)  denegatoria  de  la  indemnización  solicitada  en  concepto  de 
responsabilidad patrimonial del Estado por prisión provisional seguida de absolución. 
También la sentencia de 1 de junio de 2017 de la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional,  desestimatoria  del  recurso 
contencioso-administrativo núm. 249-2016 interpuesto frente a la resolución citada, y el 
auto de 10 de septiembre de 2018 de la misma Sala, desestimatorio del incidente de 
nulidad de actuaciones formulado contra la sentencia anterior.
Tanto el ministerio fiscal como el abogado del Estado oponen la extemporaneidad del 
recurso de amparo como óbice de admisibilidad. Según el primero, el demandante no se 
atuvo al plazo de veinte días establecido en el art. 43.2 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), que sería el exigible a la vista de que la vulneración denunciada 
trae causa exclusiva de la resolución administrativa, pues esta es la que aplicó por vez 
primera  los  incisos  del  art.  294.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  (LOPJ), 
posteriormente declarados inconstitucionales (STC 85/2019, de 19 de junio). Según el 
segundo, el recurrente incumplió el plazo al alargar artificialmente la vía judicial previa 
porque, intentada sin éxito ante el Tribunal Supremo la reparación de la vulneración 
atribuida a la Audiencia Nacional y a la secretaría de Estado de Justicia, no procedía 
instar la nulidad de actuaciones.
Procede descartar que la demanda haya incurrido en extemporaneidad. Hasta el 
dictado  de  la  STC  85/2019,  no  estaba  establecida  una  doctrina  constitucional  que 
permitiera asegurar que la vulneración denunciada trae causa exclusiva de la resolución  s
administrativa. Por otra parte, inadmitido el recurso de casación, la formulación del  oe.
incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia desestimatoria de la Audiencia  w.
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Tanto  el  objeto  del  presente  proceso  constitucional  como  los  planteamientos
sustantivos introducidos por las partes en el debate de este recurso son sustancialmente  Bc
coincidentes  con  los  abordados  por  el  Pleno  del  Tribunal  Constitucional  en  los 
fundamentos jurídicos 4 y 5 de la reciente STC 125/2019, de 31 de octubre (recurso de 
amparo núm. 4035-2012). Esta determinó los efectos que, sobre el recurso de amparo, 
debía producir la STC 85/2019, por la que se declaró la inconstitucionalidad de los 
incisos «inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa» del art. 294.1 
LOPJ, y se concretó el alcance que la estimación del amparo debía producir. Por tanto, a 
tales fundamentos jurídicos debemos remitirnos.
En consecuencia, procede otorgar el amparo y reconocer el derecho del recurrente a 
que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, en cuanto a sus criterios 
rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del art. 14 CE y del art. 24.2 CE, 
señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019. Por ello, la retroacción debe remontarse al 
momento anterior a dictarse la resolución del secretario de Estado de Justicia de 23 de 
febrero de 2016, que denegó la indemnización y que originó la lesión de los derechos 
fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia, para que la administración 
resuelva de nuevo la cuestión planteada conforme a las exigencias de los arts. 14 y 24.2 
CE, en los términos indicados en las SSTC 85/2019, FJ 13, y 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  don  Víctor  Pérez  García  y,  en 
consecuencia:
1.º  Declarar vulnerado el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerle en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la resolución 
del  secretario  de  Estado  de  Justicia  de  23  de  febrero  de  2016,  recaída  en 
expediente 100-2015, de la sentencia de 1 de junio de 2017 de la Sección tercera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 249-2016, y del auto de 10 de septiembre de 2018 de la 
misma Sala, desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones formulado contra la 
sentencia anterior.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la última resolución 
citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial de forma 
respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada  en  Madrid,  a  dieciséis  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve.–Juan  José 
González  Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo 
Montoya Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado.
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