BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Martes 15 de junio de 2021 Sec. TC.   Pág. 72882
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
10013 Sala Segunda. Sentencia 100/2021, de 10 de mayo de 2021. Recurso de 
amparo 7528-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:100
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  7528-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  el  auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 4 de Lorca, de 14 de noviembre de 2018, que inadmitió la demanda de 
oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 349-2018 instado por la entidad Banco de Sabadell, S.A., y contra el 
auto del mismo juzgado, de 30 de octubre de 2019, que desestimó el recurso de 
reposición interpuesto contra la anterior resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. 
Se ha personado la entidad Pera Assets Designated Activity Company, actuando como 
sucesora  procesal  del  banco  ejecutante.  Ha  sido  ponente  la  magistrada  doña 
Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 26 de 
diciembre  de  2019,  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Blanca  Berriatua  Horta, 
actuando en nombre y representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
bajo la defensa del letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso demanda de amparo 
contra las resoluciones arriba mencionadas. e
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Registro de la Propiedad núm. 3 de Lorca, resultando la primera de las demandadas la 
deudora hipotecaria y, la segunda, titular de un derecho de uso y disfrute sobre dicho 
inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento del proceso, dictó auto el 18 de junio de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  349-2018), 
requiriendo de pago a las ejecutadas y alternativo derecho a oponerse a la ejecución en 
el plazo de diez días.
b)  El 20 de junio de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre remitió un correo al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, avisándole de una notificación del 
Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  4  de  Lorca  relativa  al  proceso 
«EJH/0000349/2018», notificación a la que podía acceder entre los días 20 de junio a 5 
de agosto de 2018.
c)  El 27 de julio de 2018, dentro del plazo concedido para acceder a la notificación, 
la recurrente accedió a la página web indicada en el aviso de puesta a disposición de la 
notificación, y procedió a la descarga de la misma, emitiéndose por el servicio de 
notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre el pertinente certificado electrónico, que acredita el conocimiento por la 
destinataria  del  auto  de  despacho  de  ejecución,  del  decreto  de  igual  fecha,  del 
requerimiento de pago, así como de la demanda y demás documentos acompañados a 
la misma.
d)  El 28 de agosto de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
presentó  ante  el  juzgado  a  quo  el  escrito  de  oposición  al  despacho  de  ejecución, 
acompañando una serie de documentos. Respecto del cómputo del plazo, entiende que 
al haber sido notificada en fecha de 27 de julio de 2018, y siendo agosto mes inhábil, el 
plazo para la presentación de la oposición a la ejecución hipotecaria vencía el día 12 de 
septiembre  de  2018,  por  lo  que  la  oposición  estaba  presentada  dentro  del  plazo 
concedido.
e)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca dictó auto, el 14 
de noviembre de 2018, inadmitiendo el escrito de oposición a la ejecución, al considerar 
precluido el trámite (arts. 134 y 136 LEC, en relación con el art. 695 LEC). Así, sostiene 
que  debió  haberse  planteado  la  oposición  dentro  de  los  diez  días  siguientes  a  la 
notificación del auto y decreto por el que se despachó la ejecución (de fecha de 20 de 
junio de 2018) y la ejecutada lo hizo con fecha de 28 de agosto de 2018, es decir, 
pasado el término concedido para ello. Como pie de recurso, se ofrecía recurso de 
reposición en el plazo de cinco días ante el mismo órgano judicial.
f)  El representante procesal de la demandante de amparo interpuso recurso de 
reposición  contra  el  anterior  auto,  denunciando  la  vulneración  del  art.  24  CE  y 
sosteniendo que la notificación y requerimiento de pago tuvo lugar cuando accedió al 
contenido de la notificación electrónica remitida y no antes, siendo desde entonces que 
cabía computar el plazo de diez días del art. 556 de la Ley de enjuiciamiento civil (en 
adelante, LEC). Con invocación también de los arts. 135, 152.1.2.3, 155.2, 162 y 273 
LEC,  y  doctrina  de  este  Tribunal  Constitucional  sobre  el  derecho  a  no  padecer 
indefensión y la importancia de los actos de comunicación procesal, afirmó que de no 
tener el juzgado por formulada su demanda de oposición al despacho de ejecución, se 
vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva y sin indefensión, quedando denunciado 
a esos efectos. s
g)  Con fecha de 30 de octubre de 2019, el juzgado dictó auto desestimatorio del  oe.
recurso de reposición, al constatar la condición de persona jurídica de la ejecutada y,  w.
como tal, su obligación de relacionarse con la administración de justicia por medios  013ww
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Denejcuriecitaom  i1e0n6to5 /2c0iv1i5l , asdíe  c2o7m od ee n eneel roa,r tíscoublor e 14c.o2m  udnei calac ioLneeys  3e9le/2c0tr1ó5n icya se l enR ealal   BOE-A-cable e
administración de justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se 
regula el sistema Lexnet. En su fundamento jurídico único confirma la corrección de los 
actos  de  comunicación  remitidos  de  forma  telemática  y  considera  que  la  propia 
recurrente admite que de «la obligatoriedad en el uso de dichos medios en las relaciones 
con la administración de justicia, se llega a la conclusión de que lo dispuesto en el mismo 
es claro y ha sido respetado. Del propio documento núm. 1 aportado con el escrito 
interponiendo  recurso  de  reposición  y  de  las  propias  alegaciones  vertidas  por  la 
recurrente, resulta la correcta recepción de la notificación en fecha 20 de junio de 2018, 
fecha en la que se materializó la `puesta a disposición´ de la notificación correctamente y 
del propio documento resulta que pasaron más de tres días desde la misma sin que se 
hubiera accedido al contenido hasta el día 27 de julio de 2018, por tanto, en aplicación 
estricta de lo dispuesto en el apartado segundo del art. 162 LEC, sin que se haya 
justificado por el recurrente una imposibilidad de acceder al sistema en este plazo. Por 
todo  ello  debe  ser  desestimado  el  recurso  interpuesto,  al  ser  el  auto  recurrido 
plenamente ajustado a derecho, al inadmitir un recurso que fue presentado fuera de 
plazo cuando ya había precluido la posibilidad de hacerlo».
Como pie de recurso, el auto indicaba que dicha resolución «es firme, y contra la 
misma no cabe recurso alguno». Tanto este auto como el anterior de 14 de noviembre 
de 2018, fueron notificados por el juzgado al procurador de la demandante de amparo a 
través del sistema Lexnet, tal como obra en las actuaciones.
Notificado  así  el  auto  de  30  de  octubre  de  2019,  por  la  indicada  mercantil  se 
interpuso el presente recurso de amparo.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causaron, en primer lugar, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías y sin indefensión (art. 24.2 CE) de 
la entidad recurrente, al haberse efectuado su emplazamiento como ejecutada en el 
procedimiento hipotecario de referencia, a través de un correo electrónico remitido por un 
servicio de notificaciones electrónicas, y no mediante entrega de la documentación 
correspondiente en papel en la sede de su domicilio social, tratándose de su primer 
emplazamiento judicial en el proceso, como establece el art. 273 LEC, en relación con 
los arts. 135, 152, 162 y en especial el art. 155.1 de esta ley, objetando también que el 
juzgado haya hecho el cómputo del plazo para oponerse, desde la fecha del envío del 
correo a la dirección electrónica habilitada y no del acceso a la notificación, inadmitiendo 
así su escrito. Para la recurrente, el órgano judicial habría incumplido su obligación de 
asegurar, no ya la legalidad formal de los actos de comunicación, sino el cumplimiento 
efectivo de su finalidad constitucional. La demanda solicita por otrosí la suspensión de la 
ejecución.
4.  La Secretaría de Justicia de la Sección Tercera de este tribunal dictó diligencia 
de ordenación el 31 de enero de 2020, solicitando al juzgado a quo la remisión, a la 
mayor  brevedad  posible,  de  certificación  o  copia  adverada  de  las  actuaciones 
correspondientes al procedimiento de ejecución hipotecaria seguido en ese juzgado con 
el número 349-2018.
5.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Tercera de este tribunal dictó 
providencia el 15 de octubre de 2020 por la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, 
«apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
(art. 50.1 LOTC) el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su  e.
doctrina como consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración del  w.
contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]»; (ii) constatar que el  013ww
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pcoarrrtees peonn edli epnrteo cpeiedzima iesenptoa reaxdcae dpeto s uas plae npsaiórtne. recurrente en amparo, y (iii) formar la  BOE-A-cable e
6.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 27 de enero de 2021, la 
procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu con la asistencia letrada de 
don Alejandro Ingram Solís, actuando en nombre y representación de la entidad Pera 
Assets Designated Activity Company, solicitó se tuviera a esta última como personada y 
parte recurrida en lugar de la ejecutante Banco de Sabadell, S.A., entendiéndose con 
dicha procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso. Justificaba su petición en 
la escritura de cesión onerosa de créditos hipotecarios suscrita con Banco de Sabadell, 
S.A., como cedente, otorgada el 23 de julio de 2019, y en su efectiva personación en el 
proceso de ejecución donde fue acordado su emplazamiento ante este tribunal.
7.  Mediante diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sección 
Tercera de este tribunal, de 5 de febrero de 2021 se acordó: (i) tener por personada y 
parte a la procuradora señora Munteanu en nombre y representación de la sociedad 
indicada y (ii) dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al 
Ministerio  Fiscal  por  plazo  común  de  veinte  días  para  presentar  alegaciones  de 
conformidad con lo previsto en el art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC).
8.  El  fiscal  ante  este  Tribunal  Constitucional,  como  ha  hecho  con  el  resto  de 
recursos que conforman esta serie, presentó escrito de alegaciones el 4 de marzo 
de 2021, por el que interesó de este tribunal que dictara sentencia otorgando el amparo 
a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), nulidad de «todo lo actuado desde la notificación 
efectuada electrónicamente del auto despachando ejecución acordado por el Juzgado de 
Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  4  de  Lorca,  en  el  juicio  de  ejecución 
hipotecaria 349-2018», y retroacción de las actuaciones al momento inmediato anterior a 
aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de formular oposición a 
la ejecución».
Identifica el recurso «como uno de los que componen la serie de los interpuestos por 
Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  y  Penrei  Inversiones,  S.L.,  frente  a 
diversos  autos  dictados  en  procedimientos  hipotecarios  tramitados  por  diferentes 
juzgados de primera instancia de Lorca, por idénticas vulneraciones» y recuerda, con 
cita de la STC 40/2020, del Pleno, de 27 de febrero, y de la STC 43/2020, de 9 de 
marzo, que algunos ya han sido resueltos por lo que, al concurrir identidad fáctica y 
jurídica, procedería aplicar la doctrina sentada en dichas resoluciones.
9.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones el 10 de marzo de 2021, por el que interesó se dictara resolución estimatoria 
del recurso de amparo, haciendo mención a la STC 40/2020, del Pleno del Tribunal 
Constitucional que resuelve el recurso de amparo 5377-2018 promovido por la misma 
parte Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., «en un asunto prácticamente igual al 
del presente recurso de amparo» que refuerza las exigencias para llevar a efecto el 
primer emplazamiento.
10.  No consta presentado dentro del plazo del art. 52 LOTC, o con posterioridad, 
ningún escrito de alegaciones de la entidad Pera Assets Designated Activity Company.
11.  Respecto de la solicitud de suspensión formulada por la recurrente en amparo 
mediante otrosí de su escrito de demanda, por auto de la Sala Segunda de este tribunal 
núm. 3/2021, de 25 de enero de 2021, se acordó: «1.º Denegar la suspensión cautelar  e.e
solicitada […]. 2.º Ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el  b
registro de la propiedad, a cuyo efecto el referido juzgado ha de expedir el mandamiento  013ww
orepfoierrteunn ola, sp aprrae sqeunete sp uaecdtuaa cpiroancetisc»a.rse la misma en relación con el inmueble a que se
12.  Por la Secretaría de Justicia se ha dictado diligencia el 14 de enero de 2021,
dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del Ministerio
Fiscal y del representante procesal de la recurrente en amparo, quedando el asunto 
concluso y pendiente para deliberación cuando por turno correspondiera.
13.  Mediante providencia de fecha 6 de mayo de 2021, se señaló para deliberación 
y votación de la presente sentencia el día 10 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, han 
inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquellas, al 
considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de plazo realizado con arreglo a 
normas del procedimiento administrativo común.
En concreto, en el presente recurso, la entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., impugna los autos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de 
Lorca, de 30 de octubre de 2019 y de 14 de noviembre de 2018, recaídos en el proceso 
hipotecario núm. 349-2018.
La demanda de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  aquel 
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil. 
Aduce otras dos quejas por lesión del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en su faceta de defensa contradictoria; y el derecho a la asistencia letrada 
(art. 24.2 CE), ambas, sin embargo, carentes de soporte argumental propio. El Ministerio 
Fiscal, por su parte, interesa la estimación del amparo por el primer motivo, mientras que 
la entidad recurrida no ha efectuado alegaciones.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
dictó, como afirma en trámite de alegaciones la recurrente en amparo y subraya el 
Ministerio Fiscal, la STC 40/2020, de 27 de febrero, en la que ha tenido la oportunidad de 
resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra dos autos de 
coincidente contenido con los que ahora se impugnan, y donde dio respuesta a los 
mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio de la demanda. 
Descartada  aquí  la  concurrencia  de  algún  elemento  distintivo  que  obligue  a  una 
fundamentación o resultado distinto a lo declarado entonces, procede por tanto que 
hagamos aplicación de la citada sentencia 40/2020.
En tal sentido, luego de despejar en el fundamento jurídico 2 cualquier posible óbice 
procesal por falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo [art. 44.1 a) LOTC], 
al no caber recurso contra el auto desestimatorio de la reposición y así indicarlo el pie de 
recurso de este, y no ser tampoco el amparo prematuro por interponerse sin esperar a la 
finalización del proceso ejecutivo hipotecario a quo, se aborda en el fundamento jurídico 
tercero el examen de la queja de fondo por lesión del art. 24.1 CE, derivada de la 
inadmisión  del  escrito  de  oposición  a  la  ejecución,  advirtiéndose  que  resulta  de 
aplicación al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de  es
enero, FJ 4 a), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de  bo
abril,  FJ  4  a),  recaída  en  proceso  de  amparo,  «en  relación  con  la  garantía  de  013ww
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dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1
LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las 
copias de los escritos y documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento 
de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho 
fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal en varios recursos de amparo 
referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo 
fundamento jurídico tercero, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata entonces la STC 40/2020, en su fundamento jurídico cuarto, como ha de 
hacerse también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento 
personal  en  el  proceso  a  quo  a  efectos  de  requerirla  de  pago  o  alternativamente 
permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la 
normativa procesal y que apenas consistía en un aviso, remitiendo a un enlace de 
internet para poder conocer el contenido de la notificación. Además, computó el plazo 
para  presentar  el  escrito  de  oposición  invocando  normas  del  procedimiento 
administrativo  común,  que  son  ajenas  al  ámbito  jurisdiccional  en  el  que  nos 
encontramos,  en  alegada  conjunción  con  el  plazo  del  art.  556  LEC.  Todo  lo  cual 
determina la estimación del amparo por vulneración de su derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal 
derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer 
indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 30 de octubre de 2019 y de 14 de noviembre 
de 2018, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca en 
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  349-2018,  así  como  la  nulidad  de  las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la 
dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo esta 
última  por  el  juzgado  ejecutor,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido. es
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». w.
JuanD aAdnat oennio M  Xaidorli dR, íao sd.–iePze ddero  mJaoysoé  dGe odnozsá lemzi-l Tvreevinijtaiunnoo .S–Eánncchaernza.–cAiónnt oRnoioc aN Tarrívaáse.–z
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.