BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Miércoles 31 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 37412
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
5130 Sala Segunda. Sentencia 48/2021, de 3 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo 3507-2019. Promovido por Grupo Inversiones Nicolás Serrano, S.L., 
en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia 
e  instrucción  de  Murcia  en  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: STC 47/2019 
(inadecuada utilización de medios telemáticos para llevar a efecto el primer 
emplazamiento de la ejecutada).
ECLI:ES:TC:2021:48
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la Magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, Presidenta, y los Magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3507-2019, interpuesto por Grupo Inversiones Nicolás 
Serrano, S.L., contra el auto de 14 de mayo de 2019, dictado por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 4 de Murcia, en cuya virtud se desestimó el recurso de 
revisión  y  subsidiario  de  nulidad  de  actuaciones  interpuesto  contra  el  decreto  de 
adjudicación  de  la  finca  hipotecada  de  fecha  de  19  de  noviembre  de  2018,  en  el 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 48-2017 instado por la entidad Banco de 
Sabadell,  S.A.,  que  se  ha  personado  y  formulado  alegaciones.  Ha  intervenido  el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado en este tribunal el 5 de junio de 2019, la entidad Grupo 
Inversiones Nicolás Serrano, S.L., representada por la procuradora de los tribunales 
doña Águeda María Meseguer Guillén y bajo la dirección de la letrada doña Carmen 
García Hernández, interpuso recurso de amparo contra el auto de 14 de mayo de 2019 
del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  4  de  Murcia,  dictado  en  el 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 48-2017, por el que se desestimó el recurso 
de revisión y subsidiario de nulidad de actuaciones interpuesto contra el decreto de 19 
de noviembre de 2018 que adjudicaba la finca de la mercantil recurrente núm. 41.482 del 
registro de la propiedad núm.1 de Murcia a favor del Banco de Sabadell, S.A.
2.  Los antecedentes relevantes para la resolución del presente recurso de amparo  es
son, sucintamente, los siguientes: o
a)  Ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Murcia se tramita,  30ww
aG riunpsota nIncviaesr sdioen eBsa nNcioc odláes  SSaebraradneoll,,  SS..AL..,,  fyre nfrteen tae  laa  sFoecrireodaatadl aryeac,u rSre.Ln.t,e  perno caemsop adroe 
oetjeocrguacdióan  edl e2 2t ídtuel om anroz oju ddeic 2ia0l 0(7e syc nriotuvraad ap úebl l1ic0a d dee ju pnrioé sdtea m20o1 c0o).n garantía hipotecaria  BOE-A-cable e
La entidad ejecutante interesa en su demanda de ejecución del bien hipotecado que, 
por no haber realizado el requerimiento de pago con carácter previo, este fuera acordado 
y practicado en el domicilio designado en la escritura pública, a saber: Avenida Alto 
Atalayas, núm. 254, de Cabezo de Torres.
b)  Tras los correspondientes trámites, el auto de fecha de 15 de marzo de 2017 
ordenó la ejecución del título de escritura de préstamo hipotecario, acordando requerir a 
las ejecutadas al pago. El requerimiento y la notificación del proceso fueron practicados 
a través de la dirección electrónica habilitada –sede judicial electrónica– con fecha de 26 
de mayo de 2017.
c)  El  procedimiento  siguió  su  curso  sin  que  ninguna  de  las  dos  sociedades 
demandadas  se  personara.  Así,  se  anunció  la  celebración  de  la  subasta,  su 
señalamiento a través del portal de subastas electrónicas provinciales y, finalmente, por 
decreto de 19 de noviembre de 2018, fue adjudicada la finca objeto de ejecución a favor 
de la ejecutante por el 50 por 100 del valor de tasación.
d)  La sociedad recurrente en amparo, mediante escrito de fecha de 15 de enero 
de 2019, se personó en las actuaciones e interpuso recurso de revisión contra el decreto 
de adjudicación, denunciando la infracción del artículo 16.2 del Real Decreto 1065/2015, 
de 27 de noviembre, y del artículo 155.1 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) por 
ausencia de un primer emplazamiento personal en el domicilio social, ya que, a su juicio, 
dicha regulación normativa obligaba al órgano judicial a efectuarlo de ese modo y no por 
medios electrónicos, razón por la cual desconoció de la existencia del proceso a su 
debido tiempo, lo que le habría causado indefensión (art. 24 CE).
e)  El recurso de revisión fue desestimado por auto de 14 de mayo de 2019. Para 
alcanzar este fallo, el órgano judicial razona en su fundamento jurídico 3 que «partiendo 
de esta doctrina y examinadas las actuaciones ha de indicarse que no se observa causa 
de nulidad alguna en las actuaciones, ni puede fundarse la misma en el hecho de que la 
recurrente no tuviera conocimiento del emplazamiento realizado en fecha 24 de mayo de 
2017 y ello porque del examen de las actuaciones resulta acreditado, que la mercantil 
ejecutada  fue  correctamente  emplazada  mediante  sede  electrónica,  habiendo  sido 
enviada cédula de requerimiento, auto, auto ejecución hipotecaria, decreto despachando 
ejecución, demanda y todos los documentos acompañados a la misma en fecha 24 de 
mayo de 2017, siendo recepcionada en destino el 26 de mayo de 2017 y retirada por la 
mercantil Grupo Inversiones Nicolás Serrano, S.L., en fecha 30 de mayo de 2017. Por 
consiguiente, habiendo quedado demostrado que las resoluciones en virtud de las cuales 
fue emplazada, por primera vez la mercantil ejecutada, fueron debidamente notificadas a 
través de la sede judicial electrónica, de conformidad con lo prevenido en los artículos 
152.2, 161.1, 273.3 de la LEC, artículos 4 y 11 del Real Decreto 1065/2015 de 27 de 
noviembre sobre comunicaciones electrónicas en la administración de justicia en el 
ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema Lexnet y 
artículo 230 LOPJ, no resulta procedente estimar el recurso de revisión ni declarar la 
nulidad de actuaciones con carácter subsidiario pretendida, en cuanto que no se han 
producido infracciones de normas esenciales del procedimiento».
El auto contenía la indicación de que contra él no cabía recurso alguno.
3.  La mercantil demandante de amparo aduce en su recurso la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente de 
acceso  al  proceso,  denunciando  el  modo  de  efectuar  la  primera  citación  o 
emplazamiento del demandado en el proceso de ejecución, todo ello en relación con lo 
dispuesto en los artículos 16.2, 16.3 y 21.2.a) del Real Decreto 1065/2015, de 27 de  e.
noviembre, el artículo 155.1 LEC y en la doctrina que recoge la STC 47/2019, de 8 de  w.b
abril. 30ww
traslAasdía,  aa  lsau  veisstcar itdoe  dneu edsetmraa nsdean teyn cqiuae  4r7e/2su0e1l9v,e  duen  8c adseo  ambruily,  csuimyoilasr  fuanl dparemseennttoes, 
eenmtpielanzdaem  qieunet ol oas  quaicetno sd edbee  csoemr puanrictea ceiónn e l cporno cleadsi mpiaerntteos,,  nyo  hean  spidaor titcoudloa rl oe dl ilpigreimneter 
que era de esperar y, además, se ha incumplido la prevención del apartado 1 del artículo
155 LEC, que impone que el primer emplazamiento se haga en el domicilio de los 
litigantes.
En segundo lugar, denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión del artículo 24.1 CE, en cuanto a los avisos que preceden las notificaciones 
por incumplir los artículos 16.2, 16.3 y 21.2.a) del Real Decreto 1065/2015, de 27 de 
noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la administración de justicia en el 
ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema Lexnet de la 
Ley  de  enjuiciamiento  civil.  En  este  sentido,  subraya  que  en  el  primer  aviso  de 
emplazamiento enviado a la sede electrónica con fecha de 24 de mayo de 2017, ni tan 
siquiera  se  indicó  el  tipo  de  procedimiento,  la  naturaleza  del  emplazamiento  o  las 
consecuencias de no recibir la notificación durante los tres días siguientes a su puesta a 
disposición del destinatario.
Entiende que «este aviso, máxime cuando es el primer emplazamiento, no constituye 
un  mero  formalismo,  pues  su  finalidad  es  que  la  demandada,  en  este  caso  mi 
representada, hubiera podido adoptar la conducta procesal oportuna y debe ser un 
instrumento  que  facilite  la  defensa  en  el  proceso  de  los  derechos  e  intereses 
cuestionados, por lo que su correcta ejecución indudablemente reviste una especial 
trascendencia y los órganos judiciales deben asegurarse de que sirven a su propósito 
(en este sentido, SSTC de 27 de abril de 2010 y de 16 de julio de 2009)». En este mismo 
sentido, recuerda que los órganos judiciales tienen el deber específico de adoptar todas 
las  cautelas  y  garantías  que  resulten  razonablemente  adecuadas  para  que  la 
comunicación con el interesado sea real y efectiva y asegurar que esa finalidad no se 
frustre por causas ajenas a la voluntad de los sujetos a quienes afecte, sin que ello 
signifique exigirles el despliegue de una desmedida labor investigadora que pudiera 
conducir  a  la  indebida  restricción  de  los  derechos  de  defensa  de  los  restantes 
personados en el proceso.
Idéntica  situación  de  indefensión  afirma  que  le  han  causado  las  posteriores 
notificaciones electrónicas, insistiendo en denunciar que «desde el inicio del proceso 
ejecutivo, el artículo 16.2 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, se ha 
vulnerado sistemáticamente, siendo notificaciones defectuosas, confusas, erróneas en 
cuanto a los términos y plazos, ya que los avisos han sido incompletos y han llevado a 
una grave confusión, confiando de manera equivocada a mi representada y que le han 
causado indefensión. Teniendo en cuenta que mi representada a pesar de que es una 
persona jurídica, no es profesional del Derecho, y que las notificaciones recibidas en 
sede electrónica y sus avisos no habían hecho más que comenzar a andar a primeros 
de 2017 cuando pasó a ser obligatoria esta forma de comunicación, con la implantación 
de las nuevas tecnológicas en el ámbito de la administración de justicia le ha causado a 
mi representada una vulneración de sus derechos constitucionales viéndose afectada o 
lesionada, por el devenir de las nuevas aplicaciones tecnológicas».
En  definitiva,  para  la  mercantil  demandante  de  amparo,  dichos  avisos  son 
notificaciones defectuosas que vulneran el artículo 24 CE, porque han impedido el 
cumplimiento de la finalidad de los actos de comunicación procesal en términos que 
permitan realizar alegaciones o formular los recursos oportunos. En tal sentido, es 
reiterada la doctrina constitucional que exige a los órganos judiciales no solo que velen 
por la práctica de esos actos con sujeción a sus requisitos legales, sino que, además, se 
aseguren  de  que  sirven  a  su  propósito,  de  forma  que,  efectivamente,  el  acto  de 
comunicación procesal llegue al conocimiento de su destinatario, debiendo desplegar la 
oportuna diligencia y actividad dirigida a asegurarse de que se ha cumplido con la  s
finalidad perseguida con el acto de comunicación procesal. oe.
Por último cabe subrayar que en la demanda, al amparo del artículo 56.2 de la Ley  w.
Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC) se solicita por medio de otrosí  30ww
plao sseussipóenn sdieóln  idneml uperbolcee»d, impuieenst oe dseta  epjeocdurcíaió nh ahcipeor tepceardriear,  «ael vriteacnudros ol ad een taremgpaa rdoe  slau 
finalidad, causando perjuicios de muy difícil reparación.
4.  Mediante providencia de 28 de octubre de 2019 la Sección Cuarta de este tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre en el mismo una 
especial  trascendencia  constitucional  (art.  50.1  LOTC)  porque  el  recurso  plantea  un 
problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de 
este tribunal [STC 155/2009, FJ 2.a)] y porque puede dar ocasión al tribunal para aclarar o 
cambiar  su  doctrina,  como  consecuencia  de  cambios  normativos  relevantes  para  la 
configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2.b)].
Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, habiéndose interesado 
ya la remisión de certificación de las actuaciones judiciales, se ordena dirigir atenta 
comunicación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Murcia a fin de 
que, en plazo que no exceda de diez días, proceda a emplazar a quienes hubieran sido 
parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que, si lo desean, 
puedan comparecer en el presente recurso de amparo.
5.  Por providencia de la misma fecha de 28 de octubre de 2019, la Sección acordó 
formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión y, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 56 LOTC, concedió un plazo común de tres días a la parte 
recurrente y al Ministerio Fiscal para que alegaran lo que estimasen pertinente sobre 
dicha suspensión.
El traslado fue cumplimentado por la parte demandante de amparo, quien mediante 
escrito presentado el 5 de noviembre de 2019, reiteró la necesidad de evitar la entrega 
de la posesión del inmueble al banco ejecutante para evitar daños y perjuicios de 
imposible o muy difícil reparación.
El Ministerio Fiscal, por escrito de 8 de noviembre de 2019, interesó que se adoptara 
únicamente la medida de anotación preventiva de la demanda de amparo, pues de ese 
modo se asegura el fiel reflejo de la realidad, evitando situaciones cuya reversibilidad 
deviniera poco menos que imposible.
Así, se acordó por medio de ATC 178/2019, de 16 de diciembre, dictado por la Sala 
Segunda  de  este  tribunal,  denegar  la  suspensión  solicitada  y  ordenar  la  anotación 
preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad, con remisión al 
referido juzgado para la expedición del mandamiento oportuno. Se considera, a tal 
efecto, que esta medida «se reputa idónea para evitar el perjuicio derivado de que la 
adquisición del bien por tercero lo hiciera irreivindicable, situación a la que se hace 
referencia en la demanda».
6.  Mediante providencia de 10 de marzo de 2020, la Sección Cuarta de este 
tribunal acordó tener por personada y parte en el procedimiento a la procuradora doña 
Blanca María Grande Pesquero, en nombre y representación de Banco de Sabadell, 
S.A., quien lo había solicitado por escrito de fecha de 27 de noviembre de 2019. 
Igualmente, esta resolución acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas 
y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el artículo 52.1 
LOTC.
7.  Con fecha de 8 de junio de 2020, el Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones ante 
este tribunal, solicitando la estimación del recurso de amparo. Tras llevar a cabo un análisis 
de la doctrina de este tribunal sobre la necesidad de proceder correcta y diligentemente en 
los actos de comunicación procesal (especialmente, las SSTC 6/2019 y 47/2019), para así 
garantizar el derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE) de quien ha sido demandado  s
o pueda ser parte interesada en el procedimiento, entra a analizar la normativa aplicable a  oe.
los  actos  de  comunicación  procesal,  especialmente  en  el  procedimiento  de  ejecución  w.
hpcoaipmrotetuesnc iaccoarimcai ooyn  ceaos ln ayc  rienatvpaeomrrsteaanc, tieos neleo rsse  aadlreitzí cadu oclocosum m1o5e 5nu tnoyas 2 , o7tb3al nigLtoaE cCdió.e nEs dnpe ae resatl  eaó lprgguuannntaoos,   jcupodanirccteilausly  echo aqmcuiaoe   llloaasss    2021-5130n https://ww
profesionales de la Justicia y las personas jurídicas, y como un derecho para las que
pudiendo  optar  lo  hacen  así.  Ahora  bien,  subraya  el  fiscal  que  dicha  regla  posee
excepciones como la de la primera notificación, pues en este caso lo que está en juego es 
la más elemental de las manifestaciones de la tutela judicial efectiva, a la que el legislador 
procesal no ha sido ajeno, estableciendo la obligación de notificación personal en el 
domicilio y respecto a las copias, su aportación en soporte papel.
En consecuencia, a juicio del Ministerio Fiscal, en este caso el órgano judicial no debió 
prescindir de la notificación personal, mucho más cuando le fue reclamada en el pertinente 
recurso de revisión, en el que lejos de solventar la vulneración, reincidió en ella.
Por todo ello, solicita la estimación del presente recurso de amparo, la nulidad de lo 
actuado en el procedimiento de ejecución hipotecaria y la retroacción de las actuaciones 
al momento en el que se acordó notificar el auto despachando ejecución. El decreto del 
letrado de la administración de justicia y la copia de la demanda a través de la dirección 
electrónica habilitada, y en su lugar, se proceda a la notificación personal que exige el 
art. 155 LEC, con el fin de que se comunique a la mercantil demandante de amparo lo 
allí acordado y se le otorgue la posibilidad de ejercer su derecho.
8.  Por escrito de fecha 9 de julio de 2020, la entidad ejecutante Banco de Sabadell, 
S.A., presentó sus alegaciones. En primer lugar, muestra su disconformidad con las 
realizadas de contrario, por entender que no se ha vulnerado el derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), no pudiendo sostenerse que la recurrente no tuviera 
conocimiento del emplazamiento realizado en fecha 24 de mayo de 2017, porque del 
examen  de  las  actuaciones  resulta  acreditado  que  la  mercantil  ejecutada  fue 
correctamente emplazada mediante la sede judicial electrónica, habiendo sido enviada la 
cédula de requerimiento, el auto y el decreto despachando la ejecución hipotecaria, la 
demanda y todos los documentos acompañados a la misma. Por lo demás, consta su 
recepción el día 26 de mayo de 2017 y que fue retirada en fecha 30 de mayo de 2017.
La entidad financiera recuerda que son muy numerosas las resoluciones de este 
tribunal que insisten en que no puede invocarse indefensión cuando la razón de la 
misma se debe de manera relevante a la propia inactividad o negligencia de la parte, a la 
falta de diligencia procesal exigible al lesionado o a su propia voluntaria actuación 
desacertada, equivocada o errónea. Por consiguiente, habiendo quedado demostrado 
que las resoluciones en virtud de las cuales la mercantil ejecutada fue emplazada por 
primera vez fueron debidamente notificadas a través de la sede judicial electrónica, de 
conformidad con lo prevenido en los artículos 152.2, 161.1, 273.3 LEC, artículos 4 y 11 
del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en 
la administración de justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que 
se regula el sistema el sistema Lexnet y artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, no resulta procedente estimar el recurso.
9.  La mercantil demandante de amparo Grupo Inversiones Nicolás Serrano, S.L., 
presentó escrito de alegaciones con fecha 9 de julio de 2020, en el que exclusivamente 
se ratifica íntegramente la demanda de amparo constitucional presentada.
10.  Por providencia de 25 de febrero de 2021 se señala para votación y fallo del 
presente recurso el día 3 de marzo del mismo año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes. La demanda de 
amparo impugna el auto de 14 de mayo de 2019, dictado por el Juzgado de Primera  s
Instancia e Instrucción núm. 4 de Murcia, que desestima el recurso de revisión y el  oe.
incidente excepcional de nulidad de actuaciones subsidiario, promovidos por la actora en  w.
eSla pbrLaoadc eedldl,ei mSm.iaAenn.dtoa ndtee  ejdeec uacmiónp ahriop odteecnaurniac inaú mqu. e4 8e-2l 0a1u7t,o i nsimtapduog npaodr ola  ehnat idvaudln Beraandcoo  dseu   2021-5130n https://ww
derecho a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión (art. 24.1 CE) en una doble
dimensión:  (i)  porque  entiende  que,  tratándose  del  primer  emplazamiento,  debió  Bc
comunicársele el despacho de ejecución de manera personal en su domicilio, con copia 
en soporte papel de la demanda y del resto de los documentos; y (ii) porque las 
notificaciones electrónicas que se han realizado hasta el momento son defectuosas.
El Ministerio Fiscal considera que procede estimar el recurso y declarar que el citado 
derecho fundamental ha sido vulnerado, dado que el art. 155 LEC obliga a realizar una 
notificación personal cuando se trata del primer emplazamiento del demandado, so pena 
de vulnerar su derecho a la jurisdicción y causarle indefensión. Por su parte, la entidad 
Banco de Sabadell, S.A., solicita su desestimación, por entender que la ejecutada fue 
correctamente  emplazada  mediante  la  sede  judicial  electrónica  y  que  si  no  tuvo 
conocimiento de la existencia del procedimiento fue debido a su propia negligencia.
2.  Doctrina del Tribunal Constitucional sobre los actos de comunicación telemática. 
Como acertadamente exponen tanto la demandante de amparo, como el Ministerio 
Fiscal, este tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la cuestión planteada en 
numerosas resoluciones. La primera fue la STC 47/2019, de 8 de abril, FF.JJ. 3 y 4, 
analizando el problema respecto de la Ley reguladora de la jurisdicción social (art. 56 
LJS), que se remite en cuanto a la utilización de medios electrónicos a lo previsto con 
carácter general en la Ley de enjuiciamiento civil (en adelante, LEC).
Así, al estudiar en el proceso laboral la posible incidencia de las comunicaciones 
procesales  telemáticas  en  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva,  el  Tribunal 
Constitucional ha considerado, «en línea con lo anticipado en la STC 6/2019, de 17 de 
enero, FJ 3, dictada por el Pleno de este tribunal, que, si bien dicha ley procesal impone 
a la personas jurídicas la obligación general de comunicar con la administración de 
justicia  a  través  de  medios  electrónicos  [art.  273.3.a)  LEC],  el  régimen  jurídico 
específicamente aplicable al primer emplazamiento es el del art. 155.1, 2 y 3 LEC y del 
artículo 273.4, párrafo 2, LEC, que exigen la "remisión al domicilio de los litigantes" 
(art. 155.1 LEC), estableciendo de forma específica, tanto la obligación de hacer constar 
en la demanda o en la petición o solicitud con la que se inicie el proceso "el domicilio del 
demandado, a efectos del primer emplazamiento o citación de este" (art. 155.2 LEC), 
como  la  de  presentar  en  papel  "los  escritos  y  documentos  que  se  presenten  vía 
telemática o electrónica que den lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento 
del demandado" (art. 273.4, párrafo 2, LEC)».
En esa misma citada STC 47/2019 –y en todas las posteriores a ella– hemos 
aclarado que «no se ha de llevar a cabo por medios electrónicos la comunicación al 
demandado aún no personado en el procedimiento, en cuanto al acto de citación o 
emplazamiento, conforme a lo previsto en el artículo 155.1 LEC, los cuales "se harán por 
remisión al domicilio de los litigantes", regla que también opera en el proceso laboral 
(art. 53.1 LJS)». Además, ha declarado que la ignorancia de esta excepción legal a la 
regla general de utilización de medios electrónicos puede producir la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva, en su dimensión de acceso al proceso, cuando, en 
los  términos  generales  de  nuestra  doctrina,  impide  la  adecuada  constitución  de  la 
relación jurídica procesal, dando lugar a la tramitación del procedimiento inaudita parte.
También hemos reiterado esta doctrina en todos aquellos asuntos que nos han 
llegado provenientes de la jurisdicción civil. Así, en la STC 122/2019, de 28 de octubre, 
FJ 3, recordamos que «la especial trascendencia de los actos de comunicación del 
órgano judicial con las partes, en particular el emplazamiento, citación o notificación a 
quien ha de ser o puede ser parte en el procedimiento, pues en tal caso el acto de 
comunicación es el necesario instrumento que facilita la defensa en el proceso de los 
derechos e intereses cuestionados, de tal manera que su falta o deficiente realización,  e.
siempre que se frustre la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una  w.b
situación de indefensión que vulnera el referido derecho fundamental, salvo que la  30ww
ssiittuuaadcioó nv odleu nintacroiam ou nniceagcliigóenn steema eimnpteu taalb mlea arg lean p rdoepl iap rcoocnedsuoc, tpae dseel  aaf etecntaedr oc opnoor chiambieenrstoe 
pnoerg loigtreonsc ima,e ddeiossc udiidsoti noto ism dpee rsicuia e ixmispteuntacbiale, ss ia b liae np aerste n, eoc eesl acroion orceicmoirednatro  qeuxetr alap rpoocseibsalel 
de la causa judicial tramitada inaudita parte, que excluiría la relevancia constitucional de
la  queja,  "no  puede  fundarse  sin  más  en  una  presunción  cimentada  en  simples 
conjeturas,  sino  que  debe  acreditarse  fehacientemente  para  que  surta  su  efecto 
invalidante  de  la  tacha  de  indefensión,  pues  lo  presumido,  es  justamente,  el 
desconocimiento del proceso si así se alega (SSTC 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2, 
y 182/2000, de 16 de mayo, FJ 5)"» (STC 30/2014, de 24 de febrero, FJ 3, con expresa 
cita de la precedente STC 268/2000, de 13 de noviembre, FJ 4).
Por consiguiente, este tribunal solo puede volver a reiterar lo tantas veces declarado. 
Esto es, que «[e]l hecho de que, por imperativo legal (los sujetos mencionados en el 
art. 273.3 LEC) tengan que actuar en el proceso sirviéndose de esas vías tecnológicas y 
que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 152.2 LEC, ello dé lugar a que los actos de 
comunicación  también  se  deban  practicar  por  medios  electrónicos,  no  autoriza  a 
entender, con fundamento en ese deber de relacionarse con la administración de justicia 
por  medios  electrónicos  o  telemáticos,  que  esas  personas  y  entidades  queden 
constreñidos, en cualquier caso y circunstancia, a recibir los actos de comunicación a 
través de esos medios, hasta el extremo de quedar neutralizada la regulación legal 
especialmente  prevista,  sin  distinción  de  supuestos  o  sujetos,  para  las  primeras 
citaciones o emplazamientos del demandado en el artículo 155.1 y 2 LEC. Tan es así 
que, por su vinculación a los poderes públicos, tras la publicación el 19 de mayo de 2019 
en el BOE de la STC 47/2019 (arts. 40.2 LOTC y 5.1 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial), la secretaría general de la administración de justicia del Ministerio de Justicia 
dirigió una comunicación el 21 de mayo de 2019 a las secretarías de gobierno del 
Tribunal  Supremo,  Audiencia  Nacional  y  tribunales  superiores  de  justicia  de  las 
comunidades autónomas, citando la STC 47/2019, en su fundamento jurídico 4, para que 
cuiden "que la doctrina interpretativa de las normas procesales reguladoras del primer 
emplazamiento  de  personas  jurídicas  sentada  por  el  Tribunal  Constitucional,  cuyo 
obligado acatamiento impone la Ley Orgánica del Poder Judicial, sea observada en 
todas las oficinas judiciales del territorio"» (STC 19/2020, de 10 de febrero, FJ 2).
3.  Aplicación de la doctrina al caso. La doctrina constitucional expuesta resulta 
aplicable al supuesto que analizamos, de manera que el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción  núm.  4  de  Murcia  debería  haber  efectuado  la  primera  citación  o 
emplazamiento de la mercantil Grupo de Inversiones Nicolás Serrano, S.L., por correo 
certificado con acuse de recibo en el domicilio designado por la demandante, en lugar de 
realizarla por medios telemáticos a través de la dirección electrónica habilitada.
Recordemos que el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) 
garantiza a todos los que puedan resultar afectados por la decisión que se dicte en un 
proceso judicial el derecho a conocer su existencia, a fin de que tengan la posibilidad de 
intervenir en él, ser oídos, y ejercer la defensa de sus derechos e intereses legítimos. En 
este sentido, «[u]n instrumento capital de esa correcta constitución de la relación jurídico 
procesal, cuya quiebra puede constituir una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) es, indudablemente, el régimen procesal de emplazamientos, citaciones y 
notificaciones a las partes de los distintos actos procesales que tienen lugar en el seno 
de un procedimiento judicial, pues solo así cabe garantizar los indisponibles principios de 
contradicción e igualdad de armas entre las partes del litigio. De tal manera que la falta o 
deficiente realización del emplazamiento a quien ha de ser o puede ser parte en el 
proceso coloca al interesado en una situación de indefensión, lo que vulnera el referido 
derecho fundamental (SSTC 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2, y 128/2000, de 16 de 
mayo, FJ 5)». En tal sentido, hay que volver a incidir en que el órgano judicial tiene el 
deber de «asegurarse de que dichos actos sirven a su propósito de garantizar que la  e.
parte sea oída en el proceso» (SSTC 122/2013, de 20 de mayo, FJ 3; 167/2015, de 20  w.b
de julio, FJ 3, y STC 200/2016, de 28 de noviembre, FJ 4). Es obvio, ya se ha dicho, que  30ww
eemstap ladzoacmtriinean toe so i gnuoatlimficeancteió na psliec arbelea liaza a qau etrlalovsé sc adseo sm eend ilooss  qteulee mlaá tpicroims,e rpao crqituaec iónno, 
uanseag suitruaa scuió ne fdeec tiivnod ecfoennosicóimn,i ecnotnot raproiar  eall  daertsíctiunlaot a2r4io C yE ,p ueend eel  ccaoslooc daer  anlo d peomdaenr daacdcoe deenr 
por cualquier causa a él no imputable, a los escritos procesales.
En consecuencia, la doctrina iniciada por la STC 47/2019, de 8 de abril, debe 
aplicarse  al  presente  recurso  de  amparo  y,  en  consecuencia,  debe  declararse  la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) de la 
demandante y estimar el presente recurso de amparo. Por ello, de conformidad con lo 
establecido en el art. 55 LOTC, procede declarar la nulidad del auto del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Murcia, de fecha 14 de mayo de 2019, por el 
que se desestima el recurso de revisión contra el decreto de adjudicación del bien 
ejecutado y subsidiario incidente excepcional de nulidad de actuaciones, promovido en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 48-2017, acordando la retroacción de las 
actuaciones  hasta  el  dictado  del  auto  de  15  de  marzo  de  2017  despachando  la 
ejecución, a fin de que se proceda de nuevo al emplazamiento de la mercantil recurrente, 
por los medios previstos en la Ley de enjuiciamiento civil.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la entidad Grupo Inversiones Nicolás 
Serrano, S.L., y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de 14 de 
mayo de 2019, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de 
Murcia, en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 48-2017, así como la nulidad de las 
actuaciones realizadas a partir del auto de 15 de marzo de 2017, por el que se acordó el 
despacho de la ejecución y el requerimiento de pago a la entidad deudora.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
requerimiento de pago a Grupo de Inversiones Nicolás Serrano, S.L., debiendo llevarse a 
cabo su notificación a la parte ejecutada de forma que resulte respetuosa con el derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a tres de marzo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.