BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Martes 26 de enero de 2021 Sec. TC.   Pág. 7732
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1119 Sala Segunda. Sentencia 187/2020, de 14 de diciembre de 2020. Recurso de 
amparo  6626-2019.  Promovido  por  la  entidad  Mediterráneo  Investment 
Properties, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de 
primera  instancia  de  Roquetas  de  Mar  (Almería)  en  procedimiento  de 
ejecución  hipotecaria.  Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  sin 
indefensión:  emplazamiento  mediante  edictos  sin  apurar  previamente  las 
posibilidades de averiguación del domicilio efectivo (STC 122/2013).
ECLI:ES:TC:2020:187
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6626-2019, promovido por la entidad Mediterráneo 
Investment Properties, S.L., frente al auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de 
Roquetas de Mar, de 28 de octubre de 2019, dictado en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria  núm.  232-2012,  que  desestimó  el  incidente  de  nulidad  de  actuaciones 
promovido  por  la  recurrente.  Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  formulado 
alegaciones la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., que actúa en su condición 
de banco ejecutante. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 18 de 
noviembre de 2019, la entidad Mediterráneo Investment Properties, S.L., representada 
por el procurador de los tribunales don Pedro Serradilla y bajo la dirección del letrado 
don Iván García Navarro, interpuso recurso de amparo frente a la resolución arriba 
mencionada.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  La entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., concedió un préstamo con 
garantía hipotecaria que se instrumentó en escritura pública con fecha 16 de febrero 
de 2007, novado el 30 de julio de 2010 por el mismo cauce. Intervino como hipotecante  s
la sociedad demandante de amparo y se constituyó, como garantía, hipoteca sobre  e.
determinadas  fincas  registrales  inscritas  en  el  registro  de  la  propiedad  núm.  3  de  w.
RS.oAq.bu, )ec toanAs n cdtaeer  álMac atfear,rl t papr rodepevi eipoda aagdlo  i nddieec illo ap  rdeéenslt tiadpmarodoc ,de ledami mmaieenrndctaaonn tjtueild. Bicaianlc, oc oBnilcbraeota Vmizecnatey ae An rfgeecnhtaa r1ia4,   2021-1119n https://w
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Aguadulce-Roquetas  de  Mar  con  el  resultado  de  «no  entregado  por  destinatario 
desconocido».
Dicho domicilio había sido señalado a efecto de notificaciones en la escritura pública 
de préstamo de 16 de febrero de 2007. Practicado un segundo intento de notificación, a 
través de telegrama de fecha 17 de enero de 2012, se obtuvo el mismo resultado 
infructuoso, porque la dirección era insuficiente. En este caso, se pretendió notificar el 
saldo en el domicilio sito en la calle Los Baños s/n, edificio Termópolis, El Ejido. Dicha 
dirección es el domicilio social actual de la entidad recurrente en amparo, que fue 
modificado en agosto de 2011 e inscrito antes del procedimiento judicial en el registro 
mercantil, con notificación de tal circunstancia a la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.
Por último, el 16 de febrero de 2012, la entidad bancaria presentó demanda de 
ejecución hipotecaria contra la recurrente en amparo, en su condición de deudora.
c)  Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Roquetas de Mar se procedió a la 
incoación del procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 232-2012, en el que se dictó 
auto el 30 de mayo de 2012 por el que se acordó despachar ejecución y requerir a la 
entidad demandada para el pago de las cantidades reclamadas por la entidad crediticia.
La notificación de la demanda de ejecución y el requerimiento de pago a la obligada 
hipotecaria se intentó, a través del procurador de la entidad ejecutante [en virtud de la 
regulación del artículo 152.2 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC)], el 11 de junio 
de 2012, mediante diligencia cumplimentada con resultado negativo en el domicilio sito 
en Avda. Carlos III, 401, local 20, bajo, de Aguadulce-Roquetas de Mar. En la diligencia 
se especifica: «Yo, el procurador don Salvador Martín Alcalde [...] siendo las 19:30 horas 
me constituí en el domicilio sito en la calle Avda. Carlos III núm. 401, local núm. 20 bajo, 
al objeto de practicar la presente diligencia con su destinatario, Mediterráneo Investment 
Properties, S.L., [...] tras llamar repetidamente, no se encontró a nadie en el expresado 
domicilio por lo que se procede a comprobar si el destinatario del acto de comunicación 
habita en el efectuando las siguientes averiguaciones: En el local se encuentra otra 
empresa consultada sobre el actual paradero o domicilio del destinatario del acto de 
comunicación, las siguientes personas, María Simiones […] quien manifiesta que la sede 
de la sociedad se encontraba aquí, pero ya no, desconociendo su paradero actual. Se 
niega a firmar».
El juzgado no intentó la práctica del acto de comunicación en el domicilio social de la 
entidad recurrente, el mismo en que la ejecutante pretendió notificar la existencia del 
saldo deudor de manera previa y extrajudicial.
d)  Sin  más  trámites,  el  juzgado  ordenó  la  práctica  del  emplazamiento  y 
requerimiento de pago a la entidad ejecutada por medio de edicto, que fue publicado en 
el tablón de anuncios del juzgado el 20 de febrero de 2013.
El proceso ejecutivo siguió su curso sin la intervención de la entidad recurrente.
e)  La  sociedad  recurrente  en  amparo,  tuvo  conocimiento  extrajudicial  de  la 
existencia del procedimiento en fecha 15 de enero de 2019, al recibir unas llamadas 
telefónicas de los gestores del fondo que había adquirido el inmueble, compuesto de 
numerosas viviendas –por medio de remate judicial– procedió a personarse en las 
actuaciones y tras el traslado de copia de las mismas promovió incidente de nulidad el 2 
de mayo de 2019, en el que denunciaba la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (artículo 24.1 CE). Alegaba que el proceso se había tramitado inaudita parte, 
causándole  indefensión,  puesto  que  el  juzgado  no  intentó  el  emplazamiento  en  el 
domicilio social de la entidad recurrente. Por otra parte, en el escrito se recuerda que la  s
sociedad cambió de domicilio social en fecha 2 de agosto de 2011, con traslado a calle  oe.
Los Baños, s/n, edificio Termópolis, El Ejido, es decir, meses antes de la interposición de  w.
lleaas  cAdrgieteumnraac nipadú aTb rliidcbeau  teaa rmiinaps. acPrrioop,rc  itlóoond  oqe unee lel ols  rehe ugabisriettirrcoau  mlsói edproce amrntiuntiyle,  nsdteeen mlcoei lqnlout eea  vtpeaormrig buaiéacnru  eesrle dd odo imos oicccuiileeiont atcaroi ona,    2021-1119n https://w
una simple consulta telemática.
Por otra parte, se aludía a la doctrina constitucional sobre la materia, en referencia al 
debido agotamiento de los actos de comunicación y averiguación del domicilio, y se 
reprochaba al juzgado la ausencia de consulta en el punto neutro judicial conforme a la 
citada doctrina, con especial cita y análisis de la STC 122/2013, de 20 de mayo, FJ 5. 
Asimismo, la entidad mercantil advirtió al juzgado de la similitud del caso con los hechos 
de la STC 131/2014, de 21 de julio, en la que se otorga el amparo por la falta de 
diligencia en la averiguación del domicilio del ejecutado cuando podía obtenerse el 
mismo con suma facilidad por una mera consulta a los registros públicos.
En  definitiva,  se  instó  la  nulidad  de  actuaciones  con  petición  de  retroacción  al 
momento  inmediatamente  anterior  al  requerimiento  de  pago  a  fin  de  que  se  le 
comunicase el despacho de la ejecución en forma legal, respetuosa con el derecho a la 
tutela judicial efectiva.
f)  La pretensión anulatoria fue rechazada por auto de 28 de octubre de 2019, en la 
consideración de que la diligencia de notificación y requerimiento era plenamente válida 
de conformidad con el artículo 686 LEC y con el 682.3 del mismo cuerpo legal, ya que el 
acto de comunicación se practicó en el domicilio a efecto de notificaciones que constaba 
en la escritura pública del préstamo hipotecario.
3.  En la demanda de amparo, la sociedad recurrente reitera la indefensión padecida 
(lesión  del  artículo  24.1  CE),  al  haberse  tramitado  el  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria de referencia inaudita parte, con causa exclusiva en que, ante el resultado 
negativo de la diligencia de notificación, el juzgado acordó que se efectuase por edictos, 
sin intentar previamente su emplazamiento, en el domicilio que constaba en el registro 
mercantil, para lo cual hubiera bastado con una simple averiguación telemática.
El supuesto de hecho es idéntico –según la entidad recurrente– al que fue objeto de 
análisis en la STC 131/2014, de 21 de julio, en la que se otorga el amparo por la falta de 
diligencia en la averiguación del domicilio del ejecutado cuando podía obtenerse el 
mismo con suma facilidad por una mera consulta a los registros públicos; y en la que 
este tribunal declaró por igual motivo que el derecho a la tutela judicial efectiva del 
entonces demandante de amparo había sido vulnerado. En lógica consecuencia, suplica 
que se le otorgue el amparo y que se reconozca que ha sido lesionado su derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 CE), y se declare la 
nulidad de actuaciones a partir del auto que contiene la orden general de ejecución, 
de 30 de mayo de 2012, a fin de que este le sea notificado en legal forma.
Por otrosí, conforme a lo previsto en el artículo 56.3 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), la recurrente solicita la suspensión de todas las actuaciones en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 232-2012, con el fin de evitar los graves 
perjuicios que podría causar a la entidad demandante de amparo la continuación del 
procedimiento ejecutivo. Solicita igualmente la anotación preventiva de la demanda de 
amparo en el registro de la propiedad núm. 3 de Roquetas de Mar, para evitar un 
perjuicio de imposible reparación si se diera el caso de que la entidad adjudicataria del 
inmueble lo vendiera a un tercero de buena fe, que pudiera quedar protegido por el 
artículo 34 de la Ley hipotecaria, haciendo perder al recurso de amparo su finalidad.
4.  Por providencia de 15 de junio de 2019, la Sección Cuarta de este tribunal acordó la 
admisión a trámite de la demanda de amparo, «apreciando que concurre en el mismo una 
especial trascendencia constitucional (artículo 50.1 LOTC) como consecuencia de que el 
órgano judicial pudiera haber incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatamiento 
de la doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)]». Por ello en aplicación de lo  e
dispuesto en el artículo 51 LOTC, y al constar en el procedimiento testimonio de las  bo
actuaciones, ordenó dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de  w
Ra oqquuieentaess  dheu bMiearra, na ls oidboje ptoa rdtee  qeune e, le pnr opclaezdoim qiueen tnoo,  edxecbeíap toe xlcae pdaerrt ed er edciuerzr edníates ,e enm apmlapzaarsoe,   2021-1119n https://w
para que pudieran comparecer en este proceso constitucional.
5.  Por otra parte acordó, mediante providencia de la misma fecha, la formación de 
la correspondiente pieza separada de medidas cautelares, en la que concedía a las 
partes y al Ministerio Fiscal un plazo común de tres días para formular alegaciones sobre 
la petición de suspensión del procedimiento y de anotación preventiva de demanda que 
se solicita (artículo 56 LOTC). Tras la correspondiente tramitación, la sección dictó el 
ATC 82/2020, de 20 de julio, en el que se ordenó la anotación preventiva de demanda en 
el registro de la propiedad núm. 5 de Roquetas de Mar, y, acordó requerir al juzgado para 
expedir el mandamiento oportuno con el fin de que pudiera practicarse la misma en 
relación con las fincas en cuestión.
6.  Mediante  diligencia  de  ordenación  de  la  Secretaría  de  Justicia  de  la  Sala 
Segunda, de 10 de septiembre de 2020, se tuvo por recibido el escrito presentado por 
don Esteban Jabardo Margareto, procurador de los tribunales y de la mercantil Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., a quien se tuvo por personado y parte. Asimismo y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 52 LOTC, se procedió a dar vista de todas las 
actuaciones  del  presente  recurso  de  amparo,  por  plazo  común  de  veinte  días,  al 
Ministerio Fiscal y las partes personadas, para presentar las alegaciones que a su 
derecho conviniera.
La entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., presentó escrito en el plazo 
conferido en el que formuló alegaciones por las que solicitaba la desestimación de la 
pretensión. Se exponía, en esencia, que no concurría motivo alguno de nulidad y, tras 
una serie de argumentaciones sobre la ley procesal, se incidía en que todos los actos de 
comunicación con las partes se habían producido de conformidad con las previsiones de 
la Ley de enjuiciamiento civil y añadió que la entidad recurrente no había actuado con la 
diligencia exigible, motivo por el que la dirección aparecía incompleta en las diligencias 
de emplazamiento, ya que la entidad demandante de amparo cambió el domicilio social 
que había sido fijado a efecto de notificaciones en la escritura de préstamo hipotecario.
7.  El fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó, el 9 de octubre de 2020, su 
escrito de alegaciones.
Tras exponer los hechos y reproducir la doctrina aplicable al respecto, el Ministerio 
Fiscal concluye que procede la estimación de la demanda de amparo. Aduce que para el 
supuesto de que se aprecie como defectuosa la práctica de los actos de comunicación la 
consecuencia sería la nulidad de actuaciones «desde el momento en que se tuvo por 
citado al demandado», con la consiguiente retroacción del proceso hasta ese instante, 
por lo que la petición de la nulidad del auto que rechaza el incidente debe interpretarse 
en tal sentido.
Sostiene que es clara la doctrina constitucional que afirma que una defectuosa 
realización  de  un  acto  de  comunicación  procesal  tiene  una  indudable  repercusión 
constitucional, por cuanto la lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
puede  provenir  de  una  incorrecta  formación  de  la  relación  jurídico-procesal  que 
determine la exclusión del proceso de una de las partes hasta el punto de impedir el 
conocimiento de la litis.  El Ministerio Fiscal cita como paradigma la STC 150/2008, 
de 17 de noviembre, FJ 2. El fiscal advierte sobre la importancia de los actos de 
comunicación, «sobre todo cuando de ellos se desprende el conocimiento por primera 
vez del proceso, por servir de puerta de acceso al ejercicio de la jurisdicción como paso 
previo a otros derechos constitucionales». Asimismo, recalca que la práctica de actos de 
comunicación por edictos debe ser supletoria y excepcional y que «la obligación de los 
órganos  judiciales  no  se  limita  a  garantizar  que  se  lleven  a  cabo  los  actos  de  e
comunicación, sino de que los mismos cumplan su propósito, que no es otro que facilitar  bo
que los que puedan ser parte en el procedimiento sean oídos en el mismo». w
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pese a la reforma operada en la Ley de enjuiciamiento civil en virtud de la Ley 19/2009,
de 23 de noviembre, que da una nueva redacción al artículo 686.3 LEC, vigente en el 
momento  en  que  el  órgano  judicial  resolvió  la  cuestión,  este  tribunal  ha  tenido 
oportunidad de pronunciarse en el sentido de que la reforma referida no conlleva una 
alteración de la doctrina constitucional en materia de emplazamientos (STC 122/2013, 
de 20 de mayo).
El fiscal sostiene que en el presente supuesto el órgano judicial intentó, a través del 
procurador de la entidad ejecutante, únicamente, la comunicación en el domicilio de la 
deudora  ejecutada;  y  acudió  posteriormente  al  emplazamiento  edictal  de  manera 
inmediata, es decir, optó de forma explícita por la aplicación automática del artículo 686.3 
LEC,  desoyendo  la  doctrina  constitucional  expuesta.  En  concreto,  alega,  «[e]l 
automatismo en el actuar del juez no puede ser más palmario, pues ni siquiera le 
pregunta  al  demandante  si  le  constan  otros  posibles  domicilios,  ni  realiza  ninguna 
actuación propia para esa averiguación, que en este caso habría sido realmente poco 
costosa, pues habría bastado con dirigirse al registro mercantil, donde la sociedad 
limitada  había  hecho  constar  su  cambio  de  domicilio,  dando  cumplimiento  a  una 
obligación legal. No cabe entender que se han realizado actos suficientes, que permitan 
abrir la vía edictal, porque se hayan remitido sendos burofaxes a dos posibles domicilios 
de la sociedad demandante, pues esas comunicaciones, además de tener un resultado 
frustrado,  en  realidad  lo  que  comunicaban  no  era  la  existencia  de  un  proceso  de 
ejecución al que se le llamaba para defenderse, sino comunicaban simplemente la 
existencia de una deuda, a juicio del banco acreedor». Abunda el fiscal en que el 
recurrente dio oportunidad al juzgado para reparar la lesión al promover el incidente de 
nulidad y el órgano judicial hizo caso omiso, al imputar la responsabilidad de la falta de 
emplazamiento a la entidad demandante.
Por  todo  lo  expuesto  arriba,  el  fiscal  ante  el  tribunal  interesa  que  sea  dictada 
sentencia que otorgue el amparo y que anule todas las actuaciones judiciales desde la 
notificación al demandante del auto que despachaba ejecución en el procedimiento de 
ejecución  hipotecaria  núm.  232-2012,  con  retroacción  de  actuaciones  al  momento 
inmediatamente  anterior  al  requerimiento  de  pago,  para  que  se  comunique  al 
demandante el despacho de ejecución en forma legal.
8.  Por providencia de 10 de diciembre de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 14 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
El presente recurso de amparo se dirige frente al auto de 28 de octubre de 2019, 
dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Roquetas de Mar, que desestimó 
el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la entidad ahora recurrente en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 232-2012, contra las actuaciones judiciales 
que impidieron su presencia en el proceso hipotecario, al considerar que en él había sido 
vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 CE). En 
síntesis, el demandante de amparo sostiene que la lesión del referido derecho se produjo 
porque no tuvo conocimiento del desarrollo del proceso y, por lo tanto, no pudo hacer 
valer en él los medios que la ley le confiere, dado que el órgano judicial le notificó la 
demanda de ejecución y le requirió de pago por edictos, en lugar de hacerlo en su 
domicilio real (el domicilio social de la entidad), que el órgano judicial pudo averiguar  es
simplemente a través de una consulta al registro mercantil o en la Agencia Tributaria. En  bo
definitiva, el órgano judicial recurrió al emplazamiento por edictos sin haber agotado,  w
pelorxcepavuEliiaezl msaMtcoeiió nnentinse tp ,e leorlrsioos sa o Fnnmtiaselec,c caetaald,ln  eycins octmenoso m,ss ou in spatterseeríne vetsiosxa ti ogelasen    elaelso ntjsui m reiaaslr pcgiaruóurmntdí ceedunnelctol oir ase 6 cc8qou6unrs.es3o t i dtpuLeocEtriaCo elnl anapdtle.aanrmade enrin tveteu nlsnteae rr haadsnou    OE-A-2021-1119able en https://w
el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la actora. Por su parte la entidad
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., solicita la desestimación del recurso ante la 
inexistencia de lesión, puesto que el órgano judicial actuó de conformidad con la LEC, e 
imputa el posible desconocimiento del procedimiento a la falta de diligencia de la entidad 
recurrente.
2.  Especial trascendencia constitucional.
Aunque  ninguna  de  las  partes  comparecidas  ha  puesto  en  duda  la  especial 
trascendencia constitucional de este recurso, que es requisito para su admisión de 
conformidad con los artículos 49.1 y 50.1 b) de nuestra Ley Orgánica reguladora y, por 
consiguiente, de orden público procesal (entre otras, STC 113/2012, de 24 de mayo, 
FJ 2, y las allí citadas), exigencias de certeza y buena administración de justicia (STEDH 
de 20 de enero de 2015, caso Arribas Antón c. España, § 46) obligan a explicitar el 
cumplimiento del mismo a fin de hacer así recognoscibles los criterios empleados al 
efecto por este tribunal.
Como ha quedado expuesto en los antecedentes, la Sección Cuarta de este tribunal, 
por providencia de 15 de junio de 2020, admitió a trámite el presente recurso de amparo 
al  apreciar  «que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
(artículo 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) como consecuencia de que 
el órgano judicial pudiera haber incurrido en una negativa manifiesta del deber de 
acatamiento de la doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)]». Una negativa que, 
en palabras de la STC 106/2017, de 18 de septiembre, «se ha sostenido por este tribunal 
desde el ATC 26/2012, de 31 de enero, FJ 3, no puede ser identificada con ‘la errónea 
interpretación o aplicación de la jurisprudencia, incluso si fuera objetivable y verificable’ 
en el caso concreto. Para el tribunal se trata de algo radicalmente distinto como lo es la 
voluntad manifiesta de no proceder a su aplicación; o dicho en otras palabras, a una 
decisión consciente de soslayarla (en este sentido, STC 133/2011, de 18 de julio, FJ 3, 
y 155/2015, de 8 de junio, FJ 2)». Y es que es precisamente «el ‘elemento intencional o 
volitivo’  el  que  caracteriza  este  concreto  supuesto  de  especial  trascendencia 
constitucional» (STC 5/2017, FJ 2) y el que lo distingue de un supuesto subjetivo, que no 
objetivo, de vulneración por inaplicación de la jurisprudencia constitucional. En definitiva, 
el incumplimiento por sí solo de la doctrina dictada por este tribunal, no puede ser 
considerado como un supuesto de especial trascendencia constitucional, pero una vez 
advertida la cualidad que hace del mismo un supuesto de trascendencia constitucional –
es decir, la existencia de una negativa manifiesta– este tribunal debe conocer del recurso 
y aplicar su doctrina al caso concreto.
Dicho esto, se ha de poner de relieve que en las SSTC 5/2017 y 6/2017, de 16 de 
enero, FJ 2, tanto la Sala Primera como la Sala Segunda, apreciaron la concurrencia de 
dicho elemento intencional de incumplir la doctrina constitucional en supuestos en los 
que el órgano judicial, aun conociéndola, dado que había sido citada y extractada en lo 
fundamental en el escrito por el que se promovió el incidente de nulidad de actuaciones, 
lo resolvió sin hacer consideración alguna. Hay que advertir al respecto, que en estos 
casos, al igual que en el presente, en la jurisprudencia alegada se ponía de manifiesto la 
doctrina  elaborada  por  este  tribunal  sobre  la  interpretación  que  debía  darse  del 
artículo 686.3 LEC, en redacción producida con la Ley 13/2009, para no incurrir en la 
vulneración del artículo 24.1 CE. Y es que, aparte del elemento volitivo o intencional de 
incumplimiento, es necesario que este lo sea referido a una doctrina concreta y precisa 
del  tribunal,  no  siendo  suficiente  cualquier  pronunciamiento  jurisprudencial  que  se 
entienda incumplido. e
En el presente caso concurre la especial transcendencia antes indicada, puesto que  bo
la demandante cita la doctrina consignada en la STC 122/2013, de 20 de mayo, para  w
jaunstteifsic adre  laa coubdliirg aac liaó nc idtaec ipórna cetdicicatra lr ayz, onnoa bolbesst adniltieg eenllcoi,a se l dóer gaavneor igjuudaicciiaóln  ddisepl ednosma icuinlioa   2021-1119n https://w
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al  caso.  En  definitiva,  puede  inferirse  una  conducta  concluyente  y  patente  de
incumplimiento, ante la invocación concreta de doctrina constitucional que resultaba 
plenamente  aplicable  al  caso  a  través  del  escrito  de  nulidad  de  actuaciones  y  la 
existencia de una respuesta evasiva del órgano judicial, que no puede incardinarse en un 
error involuntario, puesto que el auto omite cualquier pronunciamiento con repercusión 
constitucional.
Aclarado lo anterior, procede entrar a conocer del fondo del asunto.
3.  Doctrina constitucional aplicable.
Para  la  adecuada  resolución  de  la  queja  contenida  en  el  escrito  de  demanda, 
procede identificar en este momento la doctrina constitucional relevante:
Este tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el problema aquí 
planteado acerca de la comunicación del procedimiento de ejecución hipotecaria en el 
caso de que sea negativa la notificación y el requerimiento de pago en el domicilio que 
consta en el registro de la propiedad y, más concretamente, sobre la necesidad de que el 
órgano judicial agote las posibilidades de averiguación del domicilio real antes de acudir 
a notificación por edictos.
En concreto, con inicio en la STC 122/2013, de 20 de mayo, se analiza el problema 
constitucional que ha planteado desde la perspectiva del artículo 24.1 CE la redacción 
dada al artículo 686.3 LEC por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la 
legislación  procesal  para  la  implantación  de  la  nueva  oficina  judicial,  sobre  la 
comunicación del procedimiento de ejecución hipotecaria en el caso de que sea negativa 
la notificación y el requerimiento de pago en el domicilio que consta en el registro de la 
propiedad y, más concretamente, sobre la necesidad de que el órgano judicial agote las 
posibilidades de averiguación del domicilio real antes de acudir a notificación por edictos 
(así, SSTC 131/2014, de 21 de julio; 137/2014, de 8 de septiembre; 89/2015, de 11 de 
mayo; 169/2014, 22 de octubre; 151/2016, de 19 de septiembre; 5/2017 y 6/2017, de 16 
de enero; 106/2017, de 18 de septiembre; 137/2017, de 27 de noviembre, o 5/2018, 
de 22 de enero).
En todas estas sentencias, en relación con los juicios hipotecarios y la reforma 
llevada a cabo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, se ha afirmado que la doctrina 
constitucional en materia de emplazamientos está muy consolidada y no puede verse 
interferida por la reforma operada por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas 
de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios.
En relación con ello, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que (i) «cuando del 
examen de los autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la 
existencia de un domicilio que haga factible practicar de forma personal los actos de 
comunicación procesal con el demandado, debe intentarse esta forma de notificación 
antes de acudir a la notificación por edictos» (STC 122/2013, FJ 3), y que (ii) «incluso 
cuando no conste ese domicilio en las actuaciones, habría que realizar otras gestiones 
en orden a la averiguación del domicilio real, siempre que ello no suponga exigir al 
órgano  judicial  una  desmedida  labor  investigadora  sobre  la  efectividad  del  acto  de 
comunicación» (entre otras, STC 131/2014, de 21 de julio, FJ 2).
Para este tribunal, desde una estricta perspectiva constitucional, procede realizar una 
interpretación secundum constitutionem del artículo 686.3 LEC, integrando su contenido, 
de forma sistemática, con el artículo 553 LEC, precepto rector de la llamada al proceso 
de ejecución hipotecaria, y con la doctrina de este tribunal en cuanto a la subsidiariedad 
de la comunicación edictal, que tiene su fuente directa en el derecho de acceso al  s
proceso  del  artículo  24.1  CE,  de  manera  que  la  comunicación  por  edictos  en  el  oe.
procedimiento de ejecución hipotecaria solo puede utilizarse cuando se hayan agotado  w.
los medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado (STC 122/2013, FJ 5). 2021-1119n https://w
4.  Enjuiciamiento de la cuestión de fondo.
El examen de las circunstancias concurrentes en el presente recurso, puestas en 
relación  con  la  doctrina  de  referencia,  ha  de  traer  consigo  y  así  se  adelanta,  la 
estimación de la demanda de amparo, al tener en cuenta para ello lo siguiente.
La aplicación al presente caso de la doctrina sentada en la STC 122/2013, reiterada 
en sentencias posteriores (SSTC 30/2014, 24 de febrero FJ 3; 131/2014, de 21 de julio, 
FJ 4; 137/2014, de 8 de septiembre, FJ 3; 89/2015, de 11 de mayo, FJ 3; 169/2014, 22 
de octubre, FJ 3; 151/2016, de 19 de septiembre, FJ 2; 5/2017 y 6/2017, FJ 2; 106/2017, 
FJ 4, 138/2017, FJ 3, y 5/2018, FJ 3, y la más reciente 86/2020, de 20 de julio, FJ 3), 
conduce a apreciar la vulneración del derecho de los recurrentes en amparo a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 CE). Esto no supone el reconocimiento de 
eficacia retroactiva a la reforma llevada a cabo por la Ley 19/2015, de 13 de julio, sino la 
aplicación del contenido del artículo 24.1 CE de acuerdo con la doctrina constitucional 
antes referida.
En efecto, una vez que resultó infructuoso el intento de notificación y emplazamiento 
en  el  domicilio  que  había  sido  fijado  a  efecto  de  notificaciones  en  la  escritura  de 
préstamo  hipotecario,  el  juzgado  no  intentó  efectuar  ningún  acto  de  comunicación 
adicional en ese domicilio. Por otro lado, aun cuando de la diligencia negativa de 
notificación podía inferirse que la entidad destinataria no tenía su residencia habitual en 
el citado inmueble –consta en la diligencia que «en el local se encuentra otra empresa»– 
tampoco efectuó el juzgado intento alguno de averiguación de dicho domicilio real a 
través de medios fácilmente accesibles como el punto neutro judicial, red informática al 
servicio de la administración de justicia, que permite a esta el acceso a los datos que se 
contienen en diversos registros y organismos públicos (entre los que se encuentra la 
Agencia Tributaria), que estos suministran al juez con sujeción a la normativa que les es 
propia (STC 50/2017, de 8 de mayo, FJ 4). El órgano judicial tuvo a su alcance, como 
sostiene con acierto el Ministerio Fiscal, la posibilidad de averiguar otro domicilio de la 
entidad recurrente a través del registro mercantil, que hubiera arrojado la existencia del 
domicilio social de la recurrente con escasa complejidad. La vulneración expuesta se 
colige sin dificultad de la respuesta ofrecida por el órgano judicial en el auto resolutorio 
del incidente de nulidad, al argumentar que no se había provocado indefensión alguna 
por cuanto se había realizado una interpretación literal del artículo 686.3 LEC, que no 
obligaba al juzgado a agotar las posibilidades de averiguación del domicilio real antes de 
acudir  a  la  comunicación  por  edictos.  Interpretación  que,  como  se  ha  puesto  de 
manifiesto, había quedado proscrita por este tribunal y, posteriormente, acogida por el 
legislador, en el sentido constitucional.
Por otra parte, es asimismo doctrina consolidada de este tribunal que el conocimiento 
extraprocesal del proceso tramitado, pues en caso contrario se vaciaría de contenido 
constitucional la queja de indefensión, no puede fundarse sin más en una presunción 
cimentada en simples conjeturas. Debe acreditarse suficientemente para que surta su 
efecto excluyente de la tacha de indefensión, pues lo presumido es, justamente, el 
desconocimiento del proceso, si así se alega. Sin perjuicio de que, como también hemos 
recordado,  del  examen  de  las  actuaciones  pueda  inferirse  de  manera  suficiente  y 
razonada que el interesado tuvo conocimiento extraprocesal de la pendencia del litigio o 
que no podía ignorar su existencia, lo que asimismo excluiría la indefensión alegada 
(entre otras muchas, SSTC 26/1999, de 8 de marzo, FJ 5; 20/2000, de 31 de enero, 
FJ 5, y 102/2003, de 2 de junio, FJ 3).
En el presente caso resulta que de las actuaciones no puede deducirse que el  e.
recurrente tuviera conocimiento extraprocesal del proceso de ejecución hipotecaria más  w.b
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cuando el recurrente pudo tomar conocimiento de la existencia del procedimiento de
ejecución hipotecaria, procediendo inmediatamente a denunciar la lesión de su derecho 
fundamental.
5.  Conclusión.
Por todo lo expuesto, debe reconocerse la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva  sin  indefensión  (artículo  24.1  CE)  de  la  demandante  de  amparo  y,  en 
consecuencia, procede estimar el presente recurso de amparo. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 55 LOTC, procede declarar la nulidad del auto de 28 de octubre 
de  2019,  y  de  todas  las  actuaciones  posteriores  al  emplazamiento,  así  como  la 
retroacción de las actuaciones para que se proceda por el juzgado a la notificación de la 
demanda de ejecución hipotecaria y del requerimiento de pago a la sociedad recurrente 
en términos respetuosos con su derecho fundamental vulnerado, según lo razonado en 
el fundamento jurídico 4 de esta resolución.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la entidad Mediterráneo Investment 
Properties, S.L., y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (artículo 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto del Juzgado 
de Primera Instancia núm. 5 de Roquetas de Mar de 28 de octubre de 2019, dictado en 
procedimiento ejecución hipotecaria núm. 232-2012, así como de todo lo actuado a partir 
del requerimiento de pago, inclusive.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al requerimiento 
de pago al demandado para que se le comunique el despacho de ejecución en legal 
forma.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a catorce de diciembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
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