BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 218 Sábado 11 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 110912
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
14819 Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las líneas de ayudas para el fortalecimiento de la 
actividad comercial en zonas turísticas y se procede a su convocatoria en el 
año  2021,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia.
I
El comercio es un sector estratégico para la economía española, representando 
el 12,6 por ciento del PIB a nivel nacional y el 15,5 por ciento del total de los ocupados 
de la economía en 2020.
El sector comercial está constituido por la actividad de ventas y reparación de 
vehículos a motor, el comercio al por mayor y el comercio al por menor. A pesar de la 
importante  aportación  del  sector  comercial  a  la  economía,  este  sector  presenta 
importantes disparidades en el uso de nuevas tecnologías, en su adaptación a los 
actuales hábitos de consumo o en la forma de interactuar con los clientes, tanto entre los 
diferentes subsectores como entre las empresas de un mismo subsector.
El sector comercial se caracteriza por estar conformado en un 99 por cien por pymes, 
de  las  cuales  alrededor  del  96  por  ciento  se  encuadran  en  la  categoría  de 
microempresas.
Tras  la  declaración  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  de  la  pandemia 
internacional provocada por la COVID-19 el 11 de marzo de 2020, los Estados miembros 
de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para 
proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.
Estas medidas han tenido un drástico impacto económico y social en el conjunto de 
los países de la Unión Europea, habiendo influido directamente en la actividad comercial 
habitual de nuestros pueblos y ciudades. Este impacto ha motivado la necesidad de 
reaccionar de forma rápida adoptando medidas urgentes y contundentes con el objetivo 
de amortiguar el efecto de esta crisis sin precedentes e impulsar la pronta recuperación 
económica, sentando con ello las bases del crecimiento de las próximas décadas.
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este 
momento  histórico  de  un  esfuerzo  singular  y  de  un  planteamiento  innovador  que 
impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó 
un paquete de medidas de gran alcance, conocido como Instrumento de Recuperación 
de la Unión Europea (Next Generation EU) por un importe de 750.000 millones de euros, 
compuesto por dos instrumentos: el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia 
(en adelante, MRR), y la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de 
Europa (REACT-EU).
Como  consecuencia  de  esos  acuerdos,  la  Unión  Europea  ha  adoptado  el 
Reglamento (UE) n.º 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se 
establece  un  Instrumento  de  Recuperación  de  la  Unión  Europea  para  apoyar  la 
recuperación tras la crisis de la COVID-19 y el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del  s
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el  e.
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Dicho Mecanismo es el eje central de las  w.
medidas extraordinarias de recuperación de la Unión Europea. 819ww
econLóam  fiicnoasn cyia csioócni alaeysu ddaer ál aa  palonsd eEmsitaa dporso vmocieamdobsro sp oar  lah aCceOr VfIrDe-n1te9 , ag alroasn teizfaencdtoos, 
masáims issomsote, nqibulee ss uys r eescioliennotmesía, sc oenm ipnrveenrdsaionn elass q turaen asciceiolenreesn  elac orelócguipcae rayc dióigni tya l repfaurear cseenr   BOE-A-cable e
el crecimiento a largo plazo para que el mercado interior funcione correctamente con 
pequeñas y medianas empresas (pymes) solidas, que puedan aumentar la capacidad de 
respuesta y afrontar otros retos.
II
Con base en lo anterior, el Gobierno de España ha elaborado el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia «España Puede» (en adelante, Plan de Recuperación), que 
incluye diez políticas tractoras o palancas que van a incidir directamente en aquellos sectores 
productivos con mayor capacidad de transformación del tejido económico y social. El Plan de 
Recuperación ha sido aprobado por el Consejo el pasado 13 de julio de 2021, conforme a lo 
establecido en los artículos 18 y 20 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 12 de febrero de 2021.
De las diez políticas tractoras, la quinta, «Modernización y digitalización del tejido 
industrial  y  de  la  pyme,  recuperación  del  turismo  e  impulso  a  una  España  nación 
emprendedora», se centra esencialmente en la competitividad industrial y de las pymes.
Los  proyectos  que  constituyen  dicho  Plan  de  Recuperación  Transformación  y 
Resiliencia  (en  adelante,  Plan  de  Recuperación),  alineados  con  los  objetivos  del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la transición verde y digital, permitirán la 
realización  de  reformas  estructurales  en  los  próximos  años,  mediante  cambios 
normativos e inversiones que permitan, por un lado, un cambio del modelo productivo 
para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID- 19 y, por 
otro, una transformación hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro 
modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro.
La  mayoría  de  las  actividades  de  apoyo  del  Plan  de  Recuperación  se  van  a 
desarrollar durante un periodo de tiempo breve, de 2021 a 2023, dada la urgencia en 
hacer frente a la situación crítica ocasionada por la pandemia, y su utilización como una 
oportunidad estratégica para acometer las citadas transformaciones.
Para el sector del comercio, si la digitalización era ya un reto ineludible para las 
empresas, especialmente para las más pequeñas, la irrupción de la crisis por los efectos 
de la COVID-19 ha convertido dicha exigencia, además, en inaplazable.
La línea de ayudas que se regula por esta orden se incardina en el Componente 14 del 
Plan de Recuperación, denominado «Plan de modernización y competitividad del sector 
turístico», en la inversión 4.a, «Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad. 
Fortalecimiento de la actividad comercial en zonas de gran afluencia turística», para la 
financiación de proyectos de impulso a la competitividad, innovación y modernización de la 
oferta comercial local ligada a la llegada de visitantes a zonas comerciales turísticas; y que se 
caracterizan por presentar una oferta comercial consolidada vinculada al turismo en base al 
porcentaje de afiliados a la Seguridad Social sobre el total del municipio, un mínimo de 
pernoctaciones al año o un determinado porcentaje de viviendas de segunda residencia en su 
demarcación. El objeto de las ayudas es que las entidades locales realicen inversiones 
dirigidas  a  la  introducción  de  mejoras  en  las  zonas  comerciales  turísticas,  incluidas 
actuaciones en el marco de esta inversión en nuevas tecnologías; la aplicación de soluciones 
tecnológicas para mejorar la eficiencia energética; procesos eficientes desde el punto de vista 
ecológico y reciclado y reutilización de residuos; la formación del personal; una firma digital 
integrada adaptada a los visitantes extranjeros; y la adaptación de los espacios públicos para 
mejorar la accesibilidad y la movilidad.
Asimismo, en cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el  s
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero  e.
de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión  w.
Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en  819ww
vciortnu dlo  dreelq uReergidlaom eenn ltao  Dreelacitsivióon a dl eM Eejceacnuicsimóno  ddeel  RCeocnuspeejor arceilóanti vya  Ra elasi laiepnrcoibaa, caiósní  cdoem loa 
feinvaanlucaiacdióans  dqeule  pslaen  lldeeva rráencu ap ecraacbioó ne ny  cruemsilpielinmciiean tdoe  dEe slpaa ñpare, steondtaes  olradse na, cdtueabceionn dees   BOE-A-cable e
respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente 
(principio DNSH por sus siglas en inglés, "Do No Significant Harm"). Ello incluye el 
cumplimiento  de  las  condiciones  específicas  previstas  en  la  Componente  14, 
Inversión  4.a,  en  la  que  se  enmarca,  tanto  en  lo  referido  al  principio  DNSH,  y 
especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente 
del Plan».
La presente orden se estructura por razones sistemáticas en tres capítulos. En el 
primer capítulo se contiene una disposición de carácter general referente al objeto de las 
ayudas. En el segundo capítulo se recogen las disposiciones de carácter general que 
constituyen las bases reguladoras de las ayudas, y que se refieren a aspectos como los 
objetivos  generales,  los  tipos  de  actuaciones  financiables,  los  beneficiarios,  las 
características de la financiación y sus límites. El tercer capítulo regula la convocatoria 
de ayudas para el año 2021.
Las bases reguladoras de las ayudas incluidas en el ámbito de aplicación de esta 
orden incorporan las previsiones, garantías y controles contenidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las de su Reglamento de 
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, quedando sometidas 
todas las solicitudes de ayuda al procedimiento ordinario de concesión en régimen de 
concurrencia competitiva y a las normas de procedimiento definidas para él en dicha 
normativa.
En atención a la necesaria urgencia para otorgar ayudas en el marco de los fondos 
europeos «Next Generation EU» y de conformidad con el artículo 61 del Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, esta orden incorpora la convocatoria de las 
ayudas para el ejercicio 2021.
III
La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 13.ª de la 
Constitución  Española,  que  atribuye  al  Estado  la  competencia  sobre  bases  y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, en cuyo ámbito se 
incluye  el  comercio  (y  su  fomento)  en  cuanto  sector  estratégico  para  la  economía 
española.
La competencia estatal sobre la base del artículo 149.1.13.ª CE tiene un «carácter 
transversal»,  en  el  sentido  recogido  en  la  jurisprudencia  constitucional  (por  todas, 
STC 74/2014, de 8 de mayo, FJ 3) de manera que «aun existiendo una competencia 
sobre  un  subsector  económico  que  una  Comunidad  Autónoma  ha  asumido  como 
"exclusiva" en su Estatuto, esta atribución competencial no excluye la competencia 
estatal para establecer las bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio 
autonómico  de  esta  competencia  exclusiva  puede  estar  condicionado  por  medidas 
estatales,  que  en  ejercicio  de  una  competencia  propia  y  diferenciada  pueden 
desplegarse autónomamente sobre diversos campos o materias». siempre que el fin 
perseguido responda efectivamente a un objetivo de planificación económica.
Este título responde a la «necesaria coherencia de la política económica», que 
«exige  decisiones  unitarias  que  aseguren  un  tratamiento  uniforme  de  determinados 
problemas en orden a la consecución de dichos objetivos (de política económica global o 
sectorial) y evite que, dada la interdependencia de las actuaciones llevadas a cabo en  s
las  distintas  partes  del  territorio,  se  produzcan  resultados  disfuncionales  y  e.
disgregadores» (STC 186/1988, FJ II; más recientemente, STC 141/2014, de 11 de  w.
septiembre, FJ 5). El título ampara todas aquellas normas y actuaciones, sea cual sea su  819ww
n(SaStuTrCal e1z1a8 y/1 9fo9r6m, ad dee 2 i7n sdtreu mjuenniota, cFióJn ,1 0o,r ieyn 2ta0d8a/1s9 a9 9g,a rdaen t1iz1a rd ela  n«ouvnieidmabdr ed,e  FmJe 6rc)a od ol»a 
«FuJ n2id; a9d6 /e1c9o9n0ó, mdeic 2a4»  d(Se SmTaCy o1,5 F2J/1 39,8 y8 ,1 4d6e/ 12909 d2e,  djuel io1,6  FdJe  2o;c 1tu8b6r/e1,9 F8J8 ,2 d).e 17 de octubre,  BOE-A-cable e
En su seno, se enmarcan tanto las normas estatales que fijan las líneas directrices y 
los criterios globales de la economía o referidos a la ordenación de un sector concreto, 
como  aquellas  acciones  o  medidas  singulares  necesarias  para  alcanzar  los  fines 
propuestos dentro de dichos ámbitos. Por ejemplo, líneas de ayudas como las reguladas 
en esta orden, destinadas a impulsar los mercados locales y a facilitar su transición 
digital en el marco de la garantía de la unidad de mercado.
La competencia transversal del Estado concurre, en el caso que nos ocupa, con la 
atribución estatutaria de las comunidades autónomas en materia de comercio y ferias. 
Por otro lado, los municipios son competentes en materia de ferias, abastos, mercados, 
lonjas y comercio ambulante, dentro de los márgenes de la ley estatal y autonómica 
[artículo 25.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local]. Se trata de un ámbito, por lo tanto, en el que concurren títulos competenciales del 
Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.
Partiendo de esa concurrencia de títulos competenciales, hay que recordar que, 
como señaló el Tribunal Constitucional en la STC 31/10, en relación con la competencia 
exclusiva recogida en el Estatuto de Cataluña sobre comercio y ferias, que ésta «no 
impide ni menoscaba el ejercicio de la competencia estatal del artículo 149.1.13.ª CE» 
(FJ 68).
Específicamente, en el esquema de distribución competencial entre el Estado y las 
comunidades autónomas en el ejercicio de la potestad subvencional, y de acuerdo con la 
consolidada jurisprudencia recogida por primera vez en la STC 13/1992, de 6 de febrero 
(FJ 8), cabe la posibilidad de que «no obstante tener las Comunidades Autónomas 
competencias  exclusivas  sobre  la  materia  en  que  recaen  las  subvenciones,  éstas 
pueden ser gestionadas, excepcionalmente, por un órgano de la Administración del 
Estado u organismo de ésta dependiente, con la consiguiente consignación centralizada 
de  las  partidas  presupuestarias  en  los  Presupuestos  Generales  del  Estado».  No 
obstante, eso solo es posible «cuando el Estado ostente algún título competencial, 
genérico o específico, sobre la materia y en las circunstancias ya señaladas en nuestra 
doctrina anterior, a saber: Que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad 
de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas 
posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el 
territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los 
fondos estatales destinados al sector. Su procedencia en cada caso habrá de aparecer 
razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la 
medida de fomento de que se trate».
La apreciación de la necesidad de esa centralización es, por otra parte, competencia 
del Estado, único competente para establecer los casos en los que concurren esas 
circunstancias  y  para  valorar  la  participación  en  ese  proceso  de  las  comunidades 
autónomas (STC 31/10, FJ 62).
A estos efectos, y, en primer lugar, la situación crítica que vive el sector como 
consecuencia de la pandemia, y la urgencia requerida en el despliegue homogéneo de 
las  ayudas  en  todo  el  territorio  en  el  menor  plazo  de  tiempo  posible,  justifican 
fundadamente el carácter imprescindible de la presente orden de bases reguladoras y 
convocatoria de ayudas para garantizar la plena efectividad de las medidas en el sector.
En España, como ya se ha señalado, el comercio representa el 12,6 por ciento del 
PIB a nivel nacional (datos Contabilidad 2019) y el 15,5 por ciento del total de los 
ocupados. Específicamente, y en lo que respecta al comercio minorista, supone el 12,8 
por ciento del total de empresas existentes en nuestro país, representa el 14,1 por ciento  s
del total de establecimientos, el 5,2 por ciento del PIB, el 10 por ciento del total del total  oe.
de ocupados de la economía y el 58,2 por ciento del sector del comercio. w.
Es, por lo tanto, un componente de ordenación económica y social esencial de  819ww
ámmubltiittuod n adcei onmaul,n incoip isoósl o dpeo rt alamsa cñiofr ams,e sdiinoo  yp opre squu eimñop.o rEtasn cuian  eenle lma evnidtoa  ccolativdeia nean  deel 
ldae saacrrtoivlliod adde  nsuoecsiatrl,o se pcuoenbólmosic ya  ciyu dacdueltsu,r aalc, tuya nfdaov ocroemcioe nvdeort eblar adcoorh ye sdiiónna msizoacdiaol,r  dlae   BOE-A-cable e
sostenibilidad y afrontar el reto demográfico. Ello es especialmente cierto en muchos 
municipios de nuestro país en los que la actividad comercial y turística es especialmente 
relevante para la economía local, a los que se dirige la línea de ayudas aprobada por 
esta orden. Se trata de áreas que han sido especialmente golpeadas por la crisis de la 
COVID-19.
El impacto de la elevada incidencia de la COVID-19 y de las medidas adoptadas se 
ha dejado notar con intensidad sobre el nivel de ventas y el empleo del sector comercial 
ligado al turismo de compras. De acuerdo con los índices de comercio al por menor del 
INE, en el conjunto del año 2020 las ventas minoristas disminuyeron un 7,1 por ciento. 
Igualmente, la tasa de ocupación en el comercio minorista, según el INE, disminuyó 
durante 2020 en un 3,6 por ciento.
Asimismo, es indudable que los datos de turismo tienen un efecto directo sobre las 
cifras de negocio del sector comercial. La supervivencia del comercio en municipios con 
alta concentración turística requiere de su adaptación a las nuevas formas de consumir y 
a las nuevas vías de interactuar con el cliente no local, las entidades locales deben estar 
preparadas para ofrecer su mejor oferta comercial, moderna, competitiva y actual.
España recibió 18,9 millones de turistas extranjeros en 2020, un 77,3 % menos que 
los 83,5 millones de 2019, en el peor año de la historia del sector, prácticamente 
paralizado en todo el mundo desde marzo pasado para tratar de frenar la expansión de 
la COVID-19.
Las  cifras  de  ingresos  que  dejaron  estos  turistas  sufrió  un  recorte  similar:  De 
los 91.912 millones de euros que habían entrado en España por este concepto en 2019 
se pasó a 19.740 millones de euros en 2020, un 78,5 % menos, según cifras del Instituto 
Nacional de Estadística (INE).
Todo ello ha puesto en riesgo a un sector con alta incidencia de autónomos y 
micropymes y con una función económica y social esencial para la cohesión económica 
y social de nuestro país.
El  impacto  provocado  por  los  cierres  de  los  establecimientos  comerciales  y  de 
restauración y las restricciones a la movilidad, es muy difícil de revertir, especialmente en 
las zonas turísticas, por lo que es urgente apoyar la modernización del comercio local a 
la mayor brevedad, reforzando el tejido que todavía permanece activo.
Por  todo  ello,  concurren  en  este  caso  las  circunstancias  para  centralizar  la 
convocatoria de las ayudas por el Estado: la grave crisis en la que se encuentra inmerso 
el comercio interior en las zonas turísticas como consecuencia de la COVID-19 que hace 
imperativo un revulsivo inmediato que le permita recobrar su actividad, reactivando las 
economías municipales y el propio pulso de los ecosistemas locales, también desde el 
punto de vista social.
El esquema centralizado para la asignación de los fondos es imprescindible para la 
efectividad inmediata por varias razones.
Por un lado, se garantizaría el despliegue simultáneo de las ayudas, contribuyendo a 
una acción única, homogénea y sincronizada de revitalización del comercio interior 
ligado al turismo y se evitaría la potencial falta de sincronía por posibles diferencias en 
plazos de tramitación entre las diecisiete comunidades autónomas
La  necesidad  de  un  despliegue  inmediato  y  sincronizado,  que  refuerce  la 
competitividad de los mercados locales de zonas turísticas en el corto plazo en todo el 
territorio, exige que los plazos y criterios aplicados sean idénticos en todo el territorio 
nacional, lo que se alcanza con una tramitación de la recepción de solicitudes, selección 
y  pago  única.  El  enfoque  adoptado  permite  poner  en  marcha  un  procedimiento  s
homogéneo que haga frente a la situación de urgencia actual de forma unívoca. oe.
Por otro lado, esta propuesta de gestión permite alcanzar de manera inmediata el  w.
objetivo perseguido, limitando los retrasos que pudieran derivarse de las dificultades de  819ww
estaCbolemceor  usneo sh ac risteerñioasla ddeo ,r espea rtpor.etende  reforzar  la  competitividad  de  los  mercados
slouc apleesrt ednee nzocinaa sa  duen ag raun  oatrfalu ecnocmiau ntuidríasdti,c ab aesná ntoddoos ee l ttaenr ristoórlioo ,a i nldaesp ceunadliiednatdeemse dnete  ldoes   BOE-A-cable e
proyectos que presenten las entidades locales en la que se encuentren. Este objetivo 
entra en conflicto con la necesidad de definir un criterio de distribución objetivo entre las 
comunidades autónomas que sirviese al mismo fin en el caso de que se procediese a la 
gestión territorializada, porque el nivel del reparto para definir la cantidad asignada a 
cada una de éstas debería fijarse en función de criterios cuantitativos ligados al ámbito 
autonómico (sea el PIB, la población, los datos turísticos o el número de mercados en el 
territorio, lo que no se puede hacer corresponder con proyectos de modernización, que 
no se pueden conocer a priori) siendo además un requisito imprescindible el de la 
rapidez en el despliegue de las ayudas para maximizar el impacto de las medidas, clave 
en el actual contexto económico.
Esto último enlaza precisamente con el segundo elemento al que hace referencia la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional: el carácter imprescindible de la presente orden 
de bases reguladoras y convocatoria de ayudas para garantizar las mismas posibilidades 
de obtención y disfrute por los posibles beneficiarios en todo el territorio nacional y, por 
ende, para revitalizar el comercio local de forma sincronizada en todo el Estado. Ninguna 
otra opción de las posibles permitiría atender mejor a ese objetivo primordial.
Los  potenciales  beneficiarios  de  las  subvenciones,  los  municipios,  diputaciones 
provinciales o forales, cabildos o consejos insulares, presentan características diversas y 
variadas en sus dimensiones y estructura, así como en el grado tecnológico alcanzado 
en el sector comercial ubicado en su demarcación, lo que aconseja un procedimiento de 
tramitación y valoración único.
En  resumen,  la  necesaria  coherencia  de  la  política  económica  en  las  actuales 
circunstancias económicas excepcionales y la gravedad y urgencia de la situación aconsejan 
el que se articule un sistema que permita una actuación rápida y uniforme en todo el territorio, 
garantizando la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y 
las  mismas  posibilidades  de  obtención  y  disfrute  por  parte  de  todos  sus  potenciales 
destinatarios, lo que justifica el que de manera excepcional se haya articulado un mecanismo 
que asegura la homogeneidad y la plena información y coordinación en un sistema de 
concurrencia competitiva, que prima la agilidad, pero al mismo tiempo garantiza la debida 
coherencia de los proyectos con las políticas sectoriales de cada comunidad o ciudad 
autónoma, a través de los órganos de gobierno diseñados al efecto.»
Se trata, además, de una medida de fomento puntual, justificada por la gravedad de 
la crisis y la necesidad de una respuesta inmediata, que no afecta al espacio normativo 
de las comunidades autónomas, que pueden llevar a cabo sus políticas sectoriales 
propias,  ya  que  el  Estado  no  establece  una  regulación  básica  con  vocación  de 
permanencia sino que adopta una medida singular, puntual y aislada, que se agotara con 
su ejecución en el marco del Plan de Recuperación, y para el ejercicio por las entidades 
locales de competencias propias de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Por  otro  lado,  la  preservación  de  esta  «unidad  económica»,  aunando  intereses 
divergentes o contrapuestos de las comunidades autónomas, no obsta a respetar el margen 
suficiente y legítimo de su participación en la instrucción del procedimiento de tramitación de 
las subvenciones a través de la valoración de los proyectos presentados en su ámbito 
geográfico territorial, tal y como se recoge en la presente orden en el artículo 18.
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) actuará como entidad colaboradora de la línea de 
ayudas regulada en esta orden, como única entidad capacitada de llevar a cabo esas 
funciones a lo largo de todo el territorio, por tratarse de la Asociación de Entidades  s
Locales de ámbito estatal con mayor implantación a nivel nacional representando más  oe.
el 95 % de los Gobiernos Locales españoles; cumpliéndose, por tanto, con los principios  w.
de  publicidad,  concurrencia,  igualdad  y  no  discriminación  a  los  que  se  refiere  el  819ww
adpicahrata cdool a5b odrealc iaórntí,c suelo s 1u6sc drieb irlaá  uLne yc o3n8v/2e0n0io3 e, ndtere 1 l7a  Sdee cnreotvaireíma bdree .E Pstaardao  lldeev aCro am cearcbioo 
yre claib FiráE MunPa  pcaorma pceonlsaabcoiróanc idóen  gdaes tloas .FEMP en la gestión de la subvención, por lo que  BOE-A-cable e
IV
Todo lo anterior se reconduce, como se ha explicado con anterioridad, al escenario 
de la crisis económica provocada por la COVID-19 y de las medidas adoptadas al 
amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021.
Las líneas de ayudas reguladas en este borrador de bases se encuentran pues 
acogidas  al  Componente  14  «Plan  de  modernización  y  competitividad  del  sector 
turístico», en su inversión 4.a, Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad. 
Fortalecimiento de la actividad comercial en zonas de gran afluencia turística, para la 
financiación de proyectos de impulso a la competitividad, innovación y modernización de 
la oferta comercial local ligada a la llegada de visitantes al municipio. La inversión tiene 
una dotación de 97 millones de euros para tres años (2021-2023).
La  consecución  de  los  objetivos  vinculados  a  dichos  proyectos,  indicados  con  el 
código 225 en la Country Implementing Decision, y de acuerdo con los principios de gestión 
previstos en el artículo 3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 31 de diciembre, agilidad, celeridad 
y claridad en los procedimientos, objetividad y más eficiente asignación de los fondos 
europeos, permitirá maximizar sus beneficios en todo el territorio nacional.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaria de Estado de 
Comercio, es el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la 
propuesta y ejecución de la política comercial del Estado en lo que se refiere al comercio 
exterior e interior.
Específicamente, el Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, atribuye a la 
Secretaria de Estado de Comercio, a través de la Dirección General de Política Comercial, 
entre otras, las funciones de propuesta de acciones para el desarrollo del comercio interior, 
cooperación con otras Administraciones en materia de distribución comercial, el fomento de la 
productividad y competitividad de las empresas de dicho sector o la elaboración de planes 
generales de apoyo al comercio minorista, incluyendo la promoción e impulso de nuevas 
formas de comercialización, en particular, del comercio digital.
Desde el punto de vista de ayudas de Estado, teniendo en cuenta que se trata de 
una  transferencia  de  fondos  por  parte  del  Estado  a  las  Entidades  Locales,  como 
beneficiarias de las ayudas reguladas por esta orden, no constituiría ayuda de Estado en 
los términos previstos en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), dado que las Entidades Locales no realizan actividad económica 
en un mercado en competencia.
Esta norma se adecua a los principios de buena regulación a que se refiere el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de  las  Administraciones  Públicas.  En  este  sentido,  se  garantizan  los  principios  de 
necesidad y eficacia, puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los 
intereses que se persiguen, siendo el principal, dar respuesta a las necesidades del 
sector comercial, a través de las entidades locales.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación 
imprescindible para lograr el objetivo de garantizar los fines perseguidos, imponiendo 
solo las condiciones que establece la normativa europea y la española.
Cumple el principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el derecho de la 
Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios de claridad y 
de certidumbre, que  facilite su conocimiento  y comprensión y, en consecuencia, la 
actuación y toma de decisiones de las empresas. e.
Por lo demás, la norma es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que la  w.b
norma asegura la máxima eficacia de sus postulados para garantizar que las ayudas  819ww
clleognavonc daeto urinaa.  Emna nceuraa nátog il aal  tpordinocsi ploios  bdeen etrfaicniasrpioasre, nincciao,r peosratan dnoo remn as ue ssteanbole lcae  pruonpoias 
pcrrietevriaioms endtee , eyv aglauraacniótizna  duen al aasm  psloiali cpitaurdtiecsip aqcuióen  sao ns uso bpjeottievnocsi,a lepsú bdliecsotsin ayt arcioons oecnid osus 
elaboración.
En  la  elaboración  de  la  presente  orden  se  ha  consultado  a  las  comunidades 
autónomas y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y a la Federación Española de 
Municipios y Provincias, de la cual se ha informado en conferencia sectorial, y han 
emitido informe sobre el mismo el Servicio Jurídico y la Intervención Delegada en el 
Departamento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
En su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  La  presente  orden  tiene  por  objeto  aprobar  las  bases  reguladoras  de 
subvenciones para las entidades locales susceptibles de ser beneficiarias, según el 
artículo 3, destinadas a la realización de actuaciones con el objetivo de reducir el 
impacto económico negativo generado por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los 
establecimientos comerciales localizados en sus zonas turísticas y cuyos negocios están 
vinculados  con  la  llegada  de  visitantes;  así  como  su  convocatoria  correspondiente 
a 2021.
2.  La finalidad de estas ayudas es conceder subvenciones, a las entidades locales 
susceptibles de ser beneficiarias según el artículo 3, para el desarrollo de planes y 
programas dirigidos a la introducción de mejoras en las zonas comerciales de zonas 
turísticas, incluidas actuaciones en el marco de esta inversión en nuevas tecnologías; la 
aplicación de soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia energética; procesos 
eficientes desde el punto de vista ecológico y reciclado y reutilización de residuos; la 
formación del personal; una firma digital integrada adaptada a los visitantes extranjeros; 
y la adaptación de los espacios públicos para mejorar la accesibilidad y la movilidad.
3.  Los proyectos subvencionables en el marco de este Programa incluirán:
a)  Gastos relacionados con inversiones en la vía pública.
b)  Gastos relacionados con actuaciones que tengan un impacto en la digitalización 
del sector comercial.
d)  Gastos relacionados con la sostenibilidad y la economía circular.
c)  Gastos de formación en idiomas dirigidos a empleados y autónomos del sector 
comercio.
4.  Las ayudas que se financien con arreglo a esta orden se enmarcan en la 
inversión 4.a, «Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad. Fortalecimiento 
de la actividad comercial en zonas de gran afluencia turística», del Componente 14, 
«Plan de modernización y competitividad del sector turístico», del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (en adelante, Plan de Recuperación) del Gobierno de 
España,  y  contribuirán  al  cumplimiento  de  los  objetivos  asociados  a  la  misma,  de 
acuerdo con la normativa reguladora del mecanismo de recuperación y resiliencia y del 
Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional.
CAPÍTULO II
Bases reguladoras
Artículo 2.  Procedimiento de concesión. oe.
1.  El  procedimiento  de  concesión  se  tramitará,  de  conformidad  con  los  819ww
caortmícpuelotisti v2a2,. 1y  ys e2 3in.2ic idaerá l ad eL eoyf ic3i8o/ 2m0e0d3i,a dnete 1 c7o ndveo ncoavtoiermia bprúeb, leicna r.égimen de concurrencia
2.  El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre y a su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, con las características que establecen estas bases reguladoras.
3.  La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS) y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 3.  Beneficiarios.
1.  Podrán  acogerse  a  las  ayudas  establecidas  en  esta  orden  las  siguientes 
Entidades locales, siempre que cumplan con los criterios establecidos en el apartado 2:
a)  Los municipios que tengan una población superior a 20.000 habitantes, conforme 
a los datos del Real Decreto en vigor por el que se declaran oficiales las cifras de 
población resultantes de la revisión del Padrón municipal vigente en el momento de 
presentar la solicitud.
b)  Las provincias e islas a través de las diputaciones provinciales y forales, los 
cabildos  y  consejos  insulares  cuando  el  proyecto  esté  destinado  a  poblaciones  de 
entre 5.000 y 20.000 habitantes.
c)  Exclusivamente en aquellas Comunidades Autónomas uniprovinciales (y que 
carezcan de diputación, Consejos y/o Cabildos), los ayuntamientos con poblaciones de 
más de 5.000 habitantes podrán presentar proyectos directamente.
d)  Los  municipios  que  si  bien  contando  con  una  población  inferior  a  5.000 
habitantes, superen dicha cifra teniendo en cuenta su población flotante, entendiendo 
esta  población  como  aquella  que  viaja  de  un  lugar  a  otro,  encontrándose  en  ese 
municipio en un momento determinado, independientemente del tiempo que se lleve 
viviendo en el mismo, no siendo éste su residencia habitual.
Se considerará que un municipio cumple con la condición del apartado d) si acredita 
un incremento del 100 % en al menos uno de los servicios municipales siguientes 
comparando los mismos entre un trimestre de temporada baja con uno de temporada 
alta dentro de un mismo año natural:
1.º  Tonelaje de recogida de basura, conforme datos aportados por la empresa 
municipal o concesionaria de referido servicio o,
2.º  facturación en consumo eléctrico municipal, conforme datos aportados por la 
empresa suministradora de dicho servicio o,
3.º  facturación en consumo de agua en el municipio, conforme datos aportados por 
la empresa suministradora de dicho servicio.
2.  Las Entidades locales establecidas en el apartado 1 deberán cumplir con, al 
menos, uno de los siguientes criterios para ser considerados, a los efectos de esta 
convocatoria, como «zona comercial turística» y, por lo tanto, posibles beneficiarios:
a)  Que tengan al menos 25.000 pernoctaciones al año; o
b)  que tengan más de un 30% de viviendas de segunda residencia; o
c)  que el porcentaje de trabajadores afiliados a la Seguridad Social pertenecientes 
a las CNAEs 45,46 y 47 sea superior al 7 % de afiliados totales.
Para la obtención de los datos anteriores, se tendrán en cuenta únicamente los datos 
oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y el censo de viviendas de  es
segunda residencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana. Dichos  o
acdinarctteoursni osdrteaesnb ceairaá sn2 d 0re1el9 fme, rinisrism eroe .afe rliars eú ltaim lao ss edraieto as npuuabl liccoamdopsle tpaa rpau b2li0c2a0d ap, onr ol adse beisepnedcoi asleesr   2021-14819n https://www.
Artículo 4.  Requisitos de los beneficiarios.
Las entidades locales beneficiarias deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a)  La condición de beneficiario de la ayuda implica que asume, frente a la entidad 
convocante, la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, derivada 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de su Reglamento de desarrollo, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
b)  Las acciones que realicen los beneficiarios tendrán que cumplir con lo estipulado 
en estas bases reguladoras.
c)  No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades en las que concurra 
alguna de las circunstancias relacionadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
d)  No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades que tengan deudas por 
reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, o estén sujetas a una orden de 
recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya 
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
Artículo 5.  Obligaciones de los beneficiarios.
Con carácter general, son obligaciones de cada entidad beneficiaria las señaladas en 
el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adicionalmente y en particular, 
las siguientes:
a)  En el caso de no poder realizar el proyecto para el cual se concedió la ayuda, 
comunicar la renuncia al expediente solicitado en el momento en que se produzca la 
certeza de la no ejecución y, en todo caso, en el plazo máximo de tres meses desde la 
resolución  de  concesión,  procediendo  a  la  devolución  voluntaria  conforme  con  lo 
establecido  en  el  artículo  90  del  reglamento  de  la  Ley  General  de  Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y abonando los intereses de 
demora calculados de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
b)  Mantener la inversión durante un plazo de 5 años desde la finalización de la 
ejecución  del  proyecto,  sin  que  sufra  una  modificación  sustancial  que  afecte  a  su 
naturaleza o a sus condiciones de ejecución y aprobación. Serán considerados cambios 
sustanciales todos aquellos que alteren el objetivo o resultado de la subvención. El 
cumplimiento de este requisito estará sujeto a comprobaciones a criterio del órgano 
gestor de las ayudas.
c)  Conservar los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco 
años a partir de la operación, de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre 
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, 
(UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) 
n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012.
d)  Cumplir con cualquier otra obligación que se establezca en las convocatorias o 
las órdenes de concesión.
e)  En el diseño y ejecución de las actuaciones subvencionadas, las entidades 
beneficiarias garantizarán el respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo»  e.
conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del  w.b
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el  819ww
MCoemcaunnisicmacoi ódne  dRee cluap eCroamciiósnió yn  RGeusíialie ntéccian,i cya  ssuo nborerm laat ivaap ldicea cdieósna rdreoll lop,r iennc ippaior tidcuel a«rn loa 
Rcaeucsuapre ruanc iópne ryju iRcieos isliiegnncifiiac,a ativsoí »c oemno  vcirotnu dl od reel qRueergidlaom eenn tloa  Dreelactiisvioó na dl eM Eejceacnuicsimóno  ddeel 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia 
de España.
Además,  en  caso  de  adquirir  equipos  de  tecnologías  de  información  deberán 
asegurarse  de  que  éstos  cumplan  con  los  requisitos  relacionados  con  la  energía 
establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, 
relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos 
relacionados  con  la  energía  para  servidores  y  almacenamiento  de  datos,  o 
computadoras  y  servidores  de  computadoras  o  pantallas  electrónicas.  En  estas 
adquisiciones  se  activarán  medidas  para  asegurar  la  compra  de  aquellos  equipos 
energéticamente  eficientes,  que  sean  absolutamente  respetuosos  con  el  Código  de 
Conducta  para  las  TIC  de  la  Comisión  Europea,  y  se  tomarán  medidas  para  que 
aumente la durabilidad, la posibilidad de reparación, de actualización y de reutilización 
de los productos, de los aparatos eléctricos y electrónicos implantados.
Artículo 6.  Subcontratación.
1.  El  beneficiario  podrá  subcontratar  hasta  el  100  por  ciento  del  proyecto,  de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En 
dicho caso, los beneficiarios, dada su condición de Administraciones Públicas, deben 
sujetarse a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; 
así como a la normativa en materia de ayudas de Estado.
2.  El solicitante deberá presentar el contrato para autorización con carácter previo a 
la resolución de concesión, en cuyo caso la autorización se entenderá concedida si en 
dicha resolución es declarado beneficiario.
En el caso de que no sea posible presentar el contrato con carácter previo a la 
resolución  de  concesión,  el  beneficiario  solicitará  la  autorización  previa  al  órgano 
concedente, que resolverá sobre la misma en el plazo de diez días hábiles. En el 
supuesto  de  que  el  órgano  concedente  no  resuelva  en  ese  plazo,  la  solicitud  se 
entenderá desestimada.
3.  Se imputarán a este concepto los gastos de subcontratación exclusivamente 
derivados del proyecto o actuación que se ajusten a lo establecido en el artículo 29 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No podrá realizarse la subcontratación con personas 
o  entidades  en  quienes  concurra  alguna  de  las  circunstancias  consignadas  en  el 
artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las establecidas en en el 
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
4.  En  el  contrato  o  convenio  suscrito  para  acordar  la  subcontratación,  deberá 
acreditarse que se recogen las garantías precisas para el tratamiento de datos de 
carácter  personal,  debiendo  incluir  las  cláusulas  necesarias  para  su  cumplimiento 
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
5.  En caso de que la entidad beneficiaria de la ayuda subcontrate parte o la 
totalidad de la actividad objeto de esta subvención, habrá de prever los mecanismos 
para  asegurar  que  los  subcontratistas  cumplan  con  el  principio  de  «no  causar  un 
perjuicio significativo al medio ambiente».
Artículo 7.  Entidad colaboradora. es
1.  A efectos de esta línea de ayudas, la Federación Española de Municipios y  w.
Peolbr oliavgriatníccciuioalnose  (s1F 2yE  MrdePeq) u ilasaci ttouLsae ryqá u 3ec8o s/m2e0 oe0 se3tna, tbiddleaecd e 1cn7o  eladnbe loo rsna odavortireíacmu dlboers ea ,1 c3ud,ea 1rnd5do oy  c 1oc7nu. m3lo.pc )eli msdteiae bdnlitecoch iada o L leeayns.    2021-14819n https://ww
Las funciones a desempeñar por parte de la FEMP vendrán especificadas en el convenio
a suscribir entre la Secretaría de Estado de Comercio y la FEMP sin que puedan éstas  Bc
consistir en la entrega y distribución de fondos, como se señala en el artículo 7.2. En 
dicho convenio se establecerán medidas para la prevención del fraude y situaciones de 
conflictos  de  intereses  tanto  en  la  fase  de  evaluación  como  de  revisión  de  las 
justificaciones.
2.  Para la ejecución de las actuaciones se formalizará un convenio entre la FEMP y 
la Secretaría de Estado de Comercio en el que se regulen las obligaciones y condiciones 
que asumirá cada una de las partes, en base a lo establecido en el artículo 16 de la 
Ley 38/2003, de 17 noviembre. Dicho convenio tendrá como objeto la colaboración de la 
FEMP en la gestión de la subvención, sin que exista, en ningún caso, entrega alguna ni 
distribución de fondos.
3.  La  FEMP,  como  entidad  colaboradora  que  no  ha  sido  seleccionada  como 
contratista de servicios, percibirá únicamente por su actuación una compensación de 
gastos  que  estará  contenida  en  el  convenio,  en  base  al  artículo  16.3.m)  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  Dado el régimen especial que atribuye a la FEMP la disposición adicional quinta 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como la 
naturaleza y objeto social de la misma conforme a sus estatutos, y el hecho de que sus 
actividades  corrientes  guardan  de  por  sí  una  estrecha  relación  con  los  objetivos 
establecidos en el artículo 1 de esta orden, no son necesarias condiciones específicas y 
adicionales de eficacia y solvencia a las que se refiere en el artículo 17.3.c) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El necesario cumplimiento de las condiciones del 
artículo 13 de dicha ley es condición suficiente de solvencia y eficacia económica y 
financiera.
Artículo 8.  Gastos subvencionables.
1.  Los potenciales beneficiarios deberán presentar una solicitud de ayuda única que 
podrá desglosarse en anualidades, deberá estar referida a zonas urbanas con alta 
densidad de establecimientos comerciales y englobar una o varias de las categorías de 
gasto indicados a continuación.
2.  Gastos relacionados con inversiones en la vía pública. Serán subvencionables 
aquellos gastos dirigidos a la adecuación funcional, mejora y modernización de las vías 
públicas,  con  la  consiguiente  mejora  de  la  integración  de  los  usos  turísticos  y 
comerciales, tales como:
a)  Ensanchamiento de aceras.
b)  Ornamentación, embellecimiento y ajardinamiento.
c)  Señalética comercial y turística.
d)  Instalaciones de mejora de la accesibilidad, eliminación de barreras urbanísticas 
y mejora de la transitabilidad peatonal.
e)  Dotación de plazas de aparcamiento en el entorno de las áreas comerciales.
f)  Creación de áreas logísticas de reparto y distribución, con el objetivo de paliar 
problemas derivados de la carga y descarga, así como la logística inversa.
g)  Instalaciones para la gestión de la movilidad.
h)  Mejora  del  mobiliario  urbano:  Asientos,  alumbrado  público,  elementos  de 
protección, papeleras, contenedores de residuos, entre otros.
3.  Gastos relacionados con actuaciones que tengan un impacto en la digitalización 
del sector comercial. Se considerarán subvencionables aquellos proyectos en los que se  s
incluyan alguna de las siguientes acciones: oe.
a)  Creación  de  sistemas  de  comunicación  electrónicos  para  la  gestión  y  819ww
cfionmaliudnaidca dceió nin ttieproc ainmtrbainaer t inefnotrrme alocsió ans, occoiandoocsim oie cnotons o, troo sla a greeanltiezas cdióen s ud ein taecrcéiso,n ceosn  dlea 
promoción o eventos conjuntos.
b)  Implantación de Redes WiFi con la finalidad de mejorar la experiencia de cliente 
y generar sinergias con otros sectores que supongan beneficio mutuo.
c)  Inversión en nuevas tecnologías dirigidas tanto a la mejora de la gestión interna 
del establecimiento comercial, como a la mejora de las ventas turísticas.
d)  Estrategias  digitales  con  la  finalidad  de  impulsar  las  zonas  de  turismo  de 
compras mediante la generación de contenidos multimedia para la promoción comercial, 
creación  de  Apps,  difusión  de  la  oferta  comercial  a  través  de  las  herramientas 
generadas, entre otras.
e)  Mejora de la atención, relación y conocimiento de cliente, nacional y extranjero, y 
su fidelización, mediante el uso de nuevas tecnologías y técnicas de analítica avanzada.
f)  Rediseño del entorno web para mejorar la experiencia de compra del cliente.
g)  Publicidad y presencia en diferentes canales o soportes digitales utilizados por el 
turista, que contribuyan a aumentar el tráfico y la fidelización de los clientes.
h)  Creación  de  herramientas  de  diagnóstico  para  las  asociaciones  y  pymes 
comerciales  de  su  demarcación  con  la  finalidad  de  ayudarles  en  operaciones 
relacionadas con solucionar problemas específicos, apertura de un nuevo local, relevo 
generacional, trámites administrativos, planes de viabilidad del negocio, entre otros.
4.  Gastos relacionados con la sostenibilidad y economía circular.
a)  Inversiones para reducir el consumo de insumos por parte del comercio y de los 
consumidores en sus establecimientos, y la sustitución de éstos por otras alternativas 
más respetuosas con el medio ambiente.
b)  Soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en el consumo energético y de 
otros suministros en los establecimientos comerciales, instauración de procesos con 
base  tecnológica,  eco-eficientes  o  para  la  correcta  separación  de  los  residuos 
(biorresiduos, papel, plástico, vidrio, etc) para su posterior reciclado y valorización.
c)  Otras  actuaciones  y  soluciones  dirigidas  a  incrementar  la  sostenibilidad,  la 
adaptación al cambio climático y la eficiencia y que impliquen un avance hacia una 
economía resiliente y baja en carbono y la reducción en la generación de residuos, 
incluida el fomento de la reutilización de productos, la economía circular y el desperdicio 
cero en los establecimientos comerciales ubicados en zonas turísticas.
d)  Actuaciones de adaptación al cambio climático como intervenciones en espacios 
públicos orientados a atenuar el efecto de isla de calor urbana en zonas comerciales.
5.  Gastos de formación en idiomas dirigidos a empleados y autónomos del sector 
comercio. Dentro de este concepto tendrán consideración de gastos subvencionables:
a)  Alquiler del espacio para la realización de las jornadas.
b)  Alquiler de mobiliario y de los equipos necesario para la realización de las 
mismas.
c)  Subcontratación de un tercero para la realización de las mismas, siempre y 
cuando la actividad subcontratada con el tercero no supere el 80 por ciento del importe 
de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Queda fuera de este concepto la contratación de 
aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo 
de la actividad subvencionada.
En estos casos, el beneficiario deberá adjuntar los partes horarios firmados por los 
empleados que impartan tales actuaciones.
d)  Honorarios de los ponentes. e.
En ningún caso será subvencionable los equipos o material para los asistentes,  819ww
ngeacsetossid avdinecsu dlaedl osse ctao r «pmreevricoh aa nlad irseianlgiz»a cniói n lodse  logsa statollse reims op ujotarnbaledsa sp.ara  conocer  las
aque6l.l asS ea catupaocyiaornáe, sp aqruae  cuseaalqnu iecroan sdidee lraasd acsa tecgoomroía si nddeis pgeansstoa bdleesl  ppraersae nltae  caortrírceucltoa, 
implantación  de  las  actuaciones  indicadas  en  la  memoria  que  permitan  conocer  la
situación de partida, la pertinencia de las mismas y las necesidades del sector comercial, 
así como el diseño del plan de acción, y que conduzcan a realizar una mejor selección y 
adaptación de las acciones a emprender por parte del beneficiario.
En ningún caso se subvencionará el seguimiento, mantenimiento o cualquier otro 
gasto relacionado con el funcionamiento y mejora de la solución tecnológica tras su 
implementación.
7.  No serán subvencionables aquellos proyectos que no respeten plenamente las 
normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el 
principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio 
de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. Se excluyen de la financiación, 
en la medida en que resulten aplicables a los conceptos en que se realice el gasto al que 
se destinan las presentes ayudas:
a)  Las inversiones relacionadas con combustibles fósiles (incluido el uso posterior).
b)  Las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión 
(ETS)  con  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  proyectadas  que  no  sean 
sustancialmente inferiores a los valores de referencia establecidos para la asignación 
gratuita.
c)  Las  inversiones  en  instalaciones  de  vertederos  de  residuos,  en  plantas  de 
tratamiento biológico mecánico (MBT) e incineradoras para el tratamiento de residuos.
d)  Las actividades en las que la eliminación a largo plazo de desechos puede 
causar daños a largo plazo al medio ambiente (por ejemplo, desechos nucleares).
Así  mismo,  se  exigirá  que  solo  puedan  seleccionarse  aquellas  actividades  que 
cumplan la legislación medioambiental y europea pertinente.
8.  En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos.
9.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, y en el artículo 37 
del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación correspondiente a 
estas ayudas estará legalmente afectada a financiar los proyectos o líneas de acción que 
se integren dentro del Plan de Recuperación.
Artículo 9.  Presupuesto y límites de las ayudas a conceder.
1.  Los proyectos de inversión que se presenten para ser objeto de financiación 
deberán llevarse a cabo en el territorio nacional y enmarcarse en, al menos, una de las 
categorías de gasto contempladas en el artículo 8 de la presente orden.
2.  La inversión mínima a realizar dependerá del número de habitantes que los 
beneficiarios  indicados  en  el  artículo  3  de  la  presente  orden  tengan  dentro  de  su 
demarcación, conforme a los datos del Real Decreto por el que se declaran oficiales las 
cifras  de  población  resultantes  de  la  revisión  del  Padrón  municipal,  vigente  en  el 
momento de presentar la solicitud:
a)  Municipios de más de 300.000 habitantes: Inversión mínima de 1.000.000,00 de euros.
b)  Municipios de entre 100.000 y 300.000 habitantes y diputaciones provinciales y 
forales, los cabildos y consejos insulares: Inversión mínima de 500.000,00 euros.
c)  Municipios de menos de 100.000 habitantes: Inversión mínima de 200.000,00 euros.
A efectos de la determinación de la inversión mínima a realizar por los solicitantes de  b
ámbito supramunicipal, se tendrá en cuenta la población media de los municipios de su  819ww
dem3a.r caLcaió na yduodnad eq suee  desesa rcroonllecne dlaas  saec tuimacpiountaersá  suab vlae nacipolnicaabclieósn.  presupuestaria  del
perjeorgcriacimo,a d e2 0la.5 S0e.4c3re0tAa.r7ía6 2d e dEes talodso  dPer eCsoumpueercsitoo sd eGl Menineirsatelersio  ddee lI nEdustsatrdiao,  Cpoamrae rccaiod ay 
Turismo,  procedentes  del  Mecanismo  para  la  Recuperación  y  Resiliencia,  o  su 
equivalente en los Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.
4.  La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.
5.  El proyecto podrá ser cofinanciado por el beneficiario de la ayuda y por la 
comunidad autónoma en el que se encuentre ubicado, pudiendo alcanzar este apoyo 
hasta el 40 por ciento del presupuesto financiable del proyecto.
6.  El importe de la financiación a conceder según esta orden será de un mínimo 
del 60 por ciento y un máximo del 100 por ciento sobre el presupuesto del proyecto que 
haya sido considerado financiable.
7.  En cualquier caso, el importe de la financiación no podrá superar el coste de la 
actuación.
Artículo 10.  Régimen de garantías.
No será preciso constituir ninguna garantía ni por los beneficiarios ni por la FEMP.
Artículo  11.  Órganos  competentes  para  instruir  y  resolver  el  procedimiento  de 
concesión y órgano responsable del seguimiento.
1.  Será competente para resolver la concesión de las ayudas reguladas en esta 
orden, la persona titular de la Secretaría de Estado de Comercio, sin perjuicio de las 
delegaciones vigentes sobre la materia.
2.  El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión es 
la Dirección General de Política Comercial, dependiente de la Secretaría de Estado de 
Comercio.
3.  La  Dirección  General  de  Política  Comercial  será  el  órgano  responsable  del 
seguimiento de las actuaciones financiadas.
4.  Con  carácter  general  y  de  acuerdo  con  las  normas  establecidas  para  la 
prevención del fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de 
selección de beneficiarios y verificación del cumplimiento de condiciones reforzarán su 
implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de 
intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique 
la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá participar en el 
procedimiento.
Artículo 12.  Tramitación electrónica.
1.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
tramitación  electrónica  será  obligatoria  en  todas  las  fases  del  procedimiento.  Las 
solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que 
concurran a este apoyo financiero, serán presentadas en el registro electrónico del 
Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  (https://sede.serviciosmin.gob.es/
registroelectronico).
2.  El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud, a 
la  sede  electrónica  del  ministerio  (https://sede.serviciosmin.gob.es),  donde  podrá 
consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
3.  La  práctica  de  notificaciones  electrónicas  se  ajustará  a  lo  previsto  en  el  s
artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. oe.
4.  Adicionalmente,  se  pondrá  a  disposición  del  interesado  un  sistema  w.
complementario de alertas por medio de correo electrónico. En la sede del Ministerio de  819ww
Ifnodrmusat rsiae,g uCroam, peorcdiorá ny  cTounrsisumltaor  llooss  ianctetorse sdaedlo psr, otcreadsi midieennttoif icqaures el eesl escetarónn incoatmifiecandteo sd ey 
eófregcatnuoa ra clatu parnetsee.ntación de la documentación adicional que pudiera ser requerida por el  BOE-A-cable e
5.  La publicación de las propuestas de resolución provisional o definitiva, así como 
de las resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modificaciones y 
demás actos del procedimiento, tendrán lugar en la sede electrónica del Ministerio 
(https://sede.serviciosmin.gob.es), y surtirá todos los efectos de la notificación practicada 
según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con 
los procedimientos de concurrencia competitiva.
6.  En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las 
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de 
notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 43 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7.  Los  formularios,  las  declaraciones  responsables  y  los  demás  documentos 
electrónicos  a  cumplimentar  en  las  diferentes  fases  del  procedimiento,  estarán 
disponibles en la sede electrónica y deberán ser obligatoriamente utilizados cuando 
proceda.
8.  En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación 
administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada  documentación,  dichas  declaraciones  deberán  presentarse  en  formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
9.  Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren 
en poder del órgano competente para la concesión, de conformidad con lo previsto por 
los artículos 28.3 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiéndose cumplimentar 
específicamente en el cuestionario de solicitud en qué momento y ante qué órgano 
administrativo presentó los citados documentos, para lo cual indicará el número del 
expediente que le fue comunicado entonces, siempre que no hayan transcurrido más de 
cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. En cumplimiento 
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva  95/46/CE  (Reglamento  General  de  Protección  de  Datos),  se  solicitará  el 
consentimiento  expreso  para  el  tratamiento  por  parte  del  ministerio,  de  los  datos 
incluidos en el cuestionario por el beneficiario. En los supuestos de imposibilidad material 
de obtener el documento o cuando el interesado manifestara la negativa para la consulta 
de sus datos de carácter personal, el órgano competente requerirá al solicitante su 
presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que 
se refiere el documento.
Artículo 13.  Representación.
1.  Las  personas  físicas  que  realicen  la  firma  o  la  presentación  electrónica  de 
documentos en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias, deberán 
ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos 
en el artículo 5 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, y de acuerdo con la 
legislación de régimen local.
2.  El firmante de la solicitud deberá acreditar que en el momento de la presentación 
de la misma ostenta poder bastante en derecho para actuar en nombre y representación 
de  la  persona  jurídica  solicitante.  El  incumplimiento  de  esta  obligación,  de  no 
subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 14.  Plazo de presentación de solicitudes. b
clcooo nqnvut1aoe.d c doaEistso lp rdoipaenl saeedz neeo le   aled r«let Bí cdopuílarleoe t sí3snei2 gnO udtafieiecc nilióaaten l p d readelles  Ee dnssetto aelid lcaooi rt»dup.ed uPneb.sali rcasa eclarióá cn o cnodvmeolc oa etxmotrráiaaxc idmtoeo  2 d0de2e 1 la ds oeos re dsmetaner sáde aes    OE-A-2021-14able en https://
2.  Las  solicitudes  presentadas  fuera  del  plazo  establecido  darán  lugar  a  su 
inadmisión.
Artículo 15. Formalización y presentación de solicitudes.
1.  Las solicitudes para la obtención de ayuda se dirigirán a la Dirección General de 
Política Comercial, órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento, cuyos 
formularios de solicitud estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en 
el  Portal  de  Ayudas  del  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  (https://
www.mincotur.gob.es/PortalAyudas), donde se dispondrán los medios electrónicos de 
ayuda necesarios.
2.  Cada solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a)  Formulario de solicitud de financiación y cuestionario electrónico: Fichero firmado 
electrónicamente  y  cumplimentado  necesariamente  con  los  medios  electrónicos 
disponibles en el portal de ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
(https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas),  que  incluirá  una  declaración  de  otras 
ayudas concurrentes con la inversión presentada.
b)  Memoria descriptiva de la inversión, firmada electrónicamente, que se ajustará al 
modelo establecido en el anexo I. En el caso de que entre las actuaciones a realizar por 
el potencial beneficiario se encuentren algunas de las enumeradas en el artículo 8.2 de 
la  presente  orden,  deberá  adjuntar  junto  con  la  memoria  descriptiva  una  memoria 
técnica.
c)  Documento acreditativo de que el proyecto se ejecuta en una zona turística de 
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 3.
d)  Declaración firmada donde se indique el número actual de locales con actividad 
comercial localizados en el área de actuación del proyecto o equipamiento donde se 
vaya  a  realizar  el  mismo.  En  cualquier  caso,  deberán  desglosarse  los  locales  y 
operadores  que  desarrollan  una  actividad  comercial  minorista  englobada  en  el 
epígrafe 47 de la CNAE-2009 del resto de actividades.
e)  Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud por cualquier medio 
válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
f)  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  frente  a  la 
Seguridad Social, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, salvo que el solicitante autorice a que el órgano concedente obtenga de 
forma directa dicha acreditación a través de certificados electrónicos.
g)  Declaración responsable del compromiso de cofinanciación por el beneficiario de 
la ayuda, en la que se especifique el porcentaje de cofinanciación sobre el presupuesto 
financiable del proyecto.
h)  Declaración responsable en el que las entidades beneficiarias hagan constar las 
ayudas que hayan solicitado o percibido de otras Administraciones o entidades para la 
misma finalidad y objeto y su cuantía, así como a comprometerse a informar de las que 
pudiera solicitar u obtener durante la tramitación.
i)  Declaración responsable de no tener deudas por reintegro de ayudas, préstamos 
o anticipos con la Administración, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente 
tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e 
incompatible con el mercado común.
j)  Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones a 
las  que  se  refiere  el  artículo  13.2  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  en  e
cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de subvenciones,  bo
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 819ww
qcyo umed keps) ee t laecDo nemcUciapnla,ri óorcanmoc neiótEtrneau  trraaeo csppiperóeoansn  eysq naautbdaeljre u,  derdeinecs  aueqcllut ieóme n oe ddml eese o nolaitbcopri ltaidacsena  ytced isó iscunpum om(ninepeinlsirr  tádrop etsao e rdytlial cam uslael,a  dtnro,ioo dr aemasnma  ltbaimvisea anl itncteeaer)cin,a icoy i naddasee,l     OE-A-2021-14able en https://
autorizaciones y permisos necesarios para el proyecto.
l)  Declaración  de  no  causar  perjuicio  significativo  a  los  seis  objetivos 
medioambientales, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento 
de  un  marco  para  facilitar  las  inversiones  sostenibles  y  por  el  que  se  modifica  el 
Reglamento (UE) 2019/2088 según el modelo establecido en el anexo III de la presente 
orden de bases.
m)  Compromiso por escrito de conceder los derechos y los accesos necesarios 
para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía 
Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
n)  Datos de la cuenta bancaria única del beneficiario de la ayuda.
ñ)  Otras  declaraciones  responsables  cuyos  modelos  sean  aprobados  por  las 
autoridades  competentes  conforme  a  la  normativa  nacional  y  europea,  dando 
cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del Plan de Recuperación.
3.  Los  interesados  presentarán  la  solicitud  de  financiación  y  el  resto  de  la 
documentación en el registro electrónico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
con  firma  electrónica  de  la  persona  que  tenga  poder  de  representación  suficiente. 
Mediante la firma electrónica de la solicitud, se garantizará la fidelidad con el original de 
las copias digitalizadas de los documentos aportados junto a dicha solicitud.
4.  Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado para que, en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al de 
recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud previa 
resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5.  A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será 
obligación de los solicitantes informar a los órganos actuantes de los cambios en la 
representación de la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para 
aquellas notificaciones que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la 
comunicación del cambio de representante de la entidad. Se considerarán correctamente 
practicadas las notificaciones anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure 
en el expediente.
6.  En caso de inclusión de cursos:
a)  Calendario de los cursos que se van a realizar, detallando en cada una de ellas 
el objetivo, la fecha y lugar donde tendrán lugar, su duración, contenido y profesores.
b)  Curriculum vitae de los profesores o cualquier otro medio que se considere 
oportuno para valorar la pertinencia y experiencia de los mismos. Para los cursos de 
formación incluidos en las presentes bases, será necesario que la persona que los vaya 
impartir tenga una titulación oficial como filólogo en la lengua en la que se vayan a 
desarrollar los cursos, o, al menos, un nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas.
c)  Presupuesto desglosado para la realización de los cursos o facturas proformas 
cuando incurra en gastos subvencionables.
d)  Número de potenciales asistentes a cada uno de los cursos.
e)  En caso de subcontratación de un tercero para la organización de la actividad se 
deberá presentar, además de lo anterior, un informe motivado sobre la elección del 
mismo para su organización y el presupuesto y/o factura proforma de las acciones 
realizadas. e
Artículo 16. Compatibilidad de las ayudas. 819ww
un m1.í nimElo i mdeplo r6t0e  dpeo rl ac ifeinnaton cyi aucnió nm aá xcimonoc eddeel r1 s0e0g púonr  ecsiteanst ob assoebsre r eegl uplaredsourapsu essetroá  ddeel 
proyecto que haya sido considerado financiable, pudiendo ser cofinanciado hasta en
un 40 por ciento. Bc
2.  La percepción de las subvenciones previstas en esta orden será compatible con 
la de cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, pudieran establecer otras 
administraciones públicas u otros entes públicos o privados, nacionales, autonómicos o 
locales, siempre que la suma de todas las ayudas no supere el coste total de la actividad 
subvencionada. Por otro lado, las ayudas previstas en esta orden serán compatibles con 
otras ayudas procedentes de fondos de la Unión Europeo de acuerdo con lo indicado en 
el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021.
3.  Las entidades beneficiarias deberán declarar las ayudas que hayan solicitado o 
percibido por parte de otras Administraciones o entidades para la misma finalidad y 
objeto,  tanto  en  el  momento  de  la  presentación  de  la  solicitud  como  durante  la 
tramitación del procedimiento.
Artículo 17.  Criterios de evaluación de las solicitudes.
1.  La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el 
solicitante en la fase de admisión de solicitudes por tratarse de procedimientos de 
concesión en régimen de concurrencia competitiva.
2.  Serán de aplicación los siguientes criterios:
a)  Calidad técnica de la propuesta o actuación presentada (0 a 25 puntos):
1.º  Adaptabilidad  de  la  propuesta  al  problema  y/o  necesidad  detectados.  Se 
valorará la exposición del problema, calidad del diagnóstico y claridad en la identificación 
del problema y las necesidades que se espera resolver y cómo el proyecto actuará de 
forma positiva sobre el problema en su totalidad o en parte (0 a 10 puntos).
2.º  Capacidad de mejorar el atractivo turístico y atraer a nuevos perfiles de turistas 
y visitantes de la zona. Se valorará la exposición y justificación del objetivo propuesto. (0 
a 10 puntos).
3.º  Capacidad de mejora de los servicios prestados a los turistas y visitantes de la 
zona, tanto en los comercios como en las zonas comerciales y alrededores. Se valorará 
la exposición y justificación del objetivo propuesto. (0 a 5 puntos).
b)  Capacidad del proyecto de dinamizar, actualizar y enriquecer la oferta comercial 
del municipio. Se valorará la exposición y justificación de cómo el proyecto actuará de 
forma positiva en el objetivo propuesto. (0 a 10 puntos).
c)  Contribución  del  proyecto a  la mejora de  la calidad  ambiental, la eficiencia 
energética y la economía circular. Se valorará la exposición y justificación de cómo el 
proyecto actuará de forma positiva en el objetivo propuesto (0 a 10 puntos).
d)  Número de actuaciones de la solicitud de ayuda alineadas con los pilares del 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  de  la  Unión  Europea,  el  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) (0 a 10 puntos).
1.º  Si incluye una actuación: 1 punto.
2.º  Si incluye dos actuaciones: 2 puntos.
3.º  Si incluye tres actuaciones: 3 puntos.
4.º  Si incluye cuatro actuaciones: 4 puntos.
5.º  Si incluye cinco actuaciones: 5 puntos.
6.º  Si incluye seis actuaciones: 6 puntos. e.e
7.º  Si incluye siete actuaciones: 7 puntos. b
8.º  Si incluye ocho actuaciones: 8 puntos. 819ww
91.0º. º SSi iin icnlculyuey en udeievze o a mctáusa caioctnueasc:i o9n peusn: t1o0s .puntos.
e)  Porcentaje de comercios dentro de la demarcación territorial del beneficiario que 
se participan o se benefician de las actuaciones indicadas en la memoria sobre el total 
de comercios del área de actuación del beneficiario (0 a 15 puntos):
1.º  De hasta el 20 %: 0 puntos.
2.º  Entre el 20,01 % y el 40 %: 3 puntos.
3.º  Entre el 40,01 % y el 60 %: 7 puntos.
4.º  Entre el 60,01 % y el 80 %: 11 puntos.
5.º  Entre el 80,01 % y el 100 %: 15 puntos.
f)  Grado de innovación y carácter demostrativo del proyecto presentado (0 a 10 
puntos).
g)  Se valorará la contribución a la financiación del proyecto por la Entidad Local o la 
Comunidad o Ciudad Autónoma en la que se ubique cuando estas aportaciones superen, 
en al menos el 10%, el coste del proyecto con el siguiente desglose (0 a 10 puntos):
1.º  Si la cofinanciación es igual o superior al 40 %: 10 puntos.
2.º  Si la cofinanciación es entre 30 y 39,99 %: 8 puntos.
3.º  Si la cofinanciación es entre 20 y 29,99 %: 6 puntos.
4.º  Si la cofinanciación es entre 10 y 19,99 %: 4 puntos.
5.º  Si no hay cofinanciación o es inferior al 10 %: 0 puntos.
h)  Proyectos supramunicipales que engloben una pluralidad de municipios y tengan 
un mayor impacto territorial, teniendo un carácter tractor. (0 a 10 puntos).
1.º  Si el proyecto tiene un alcance territorial de al menos dos municipios: 3 puntos.
2.º  Si  el  proyecto  tiene  un  impacto  territorial  que  alcance  entre  tres  y  cinco 
municipios: 4 puntos.
3.º  Si el proyecto abarca entre seis y ocho municipios: 6 puntos.
4.º  Si el proyecto abarca entre nueve y diez municipios: 8 puntos.
5.º  Si el proyecto abarca más de diez municipios: 10 puntos.
Los proyectos deberán obtener una puntuación mínima de 50 puntos.
3.  Para la resolución de las situaciones de empate de puntuación, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios de prioridad, en el orden que se indica:
a)  Se dará prioridad a las propuestas con mayor puntuación en el criterio de calidad 
técnica de la propuesta o actuación presentada.
b)  Si aún persistiera el empate se dará prioridad a los proyectos que tengan un 
mayor  porcentaje  de  comercios  que  participan  o  se  benefician  de  las  actuaciones 
indicadas  en  la  memoria  sobre  el  total  de  comercios  del  área  de  actuación  del 
beneficiario.
c)  Si aún persistiera el empate se dará prioridad a los proyectos que integren 
gastos subvencionables de varios conceptos de gasto de entre los establecidos en el 
artículo 8.
Artículo 18.  Instrucción del procedimiento y Comisión de evaluación.
1.  La instrucción del procedimiento corresponde a la Dirección General de Política 
Comercial, la cual realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe  e.e
formularse la propuesta de resolución. w.b
2.  La Comisión de evaluación estará compuesta por: 819ww
autóban))o  mVPaor,e cdsaieldesesign: nteaD:d Eieolcs ti intpuuolear vre edl  et irtleaup laDrrei rsdeeecnc tliaaón nDt eGirsee, cnceuirónanol   dGepe oPnroe lríactilac dacoa Cm opcmoeemtercunintaeild .eand  moa tecriiuad daed   OE-A-2021-14able en https://
comercio.
c)  Secretario:  Un  funcionario  de  la  Subdirección  General  de  Apoyo  a  la 
Competitividad del Pequeño Comercio, designado por el titular de la Dirección General 
de Política Comercial, sin voz y voto.
3.  Esta Comisión de evaluación estará asistida por un equipo técnico de gestión de 
la ayuda convocada, bajo la dirección del órgano instructor y conforme a lo establecido 
en  el  artículo  24.3.b)  de  la  Ley  38/203,  de  17  de  noviembre,  compuesto  por  3 
Funcionarios adscritos a la Subdirección General de Apoyo a la Competitividad del 
Pequeño  Comercio,  designados  por  el  titular  de  la  Dirección  General  de  Política 
Comercial, y con la asistencia de la entidad colaboradora en los términos del artículo 7.
Este  equipo  técnico,  bajo  la  dirección  del  órgano  instructor  y  conforme  a  lo 
establecido en el artículo 24.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, realizará un 
análisis  de  los  proyectos  recibidos  de  las  entidades  locales,  la  comprobación  del 
cumplimiento de los requisitos de las convocatorias, su evaluación en base a los criterios 
de  evaluación  aprobados  y  trasladará  las  propuestas  al  representante  de  cada 
comunidad  o  ciudad  autónoma,  designado  por  el  titular  de  la  Dirección  General 
competente en materia de comercio en el marco de estas ayudas, a los efectos de 
garantizar  la  integración  de  los  proyectos  presentados  en  las  políticas  sectoriales 
territoriales en el marco de cada Comunidad Autónoma.
Las propuestas así evaluadas serán finalmente evaluadas en su conjunto en el 
marco de la Comisión de evaluación. El órgano colegiado deberá emitir informe en el que 
se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
4.  El  funcionamiento  de  la  Comisión  de  evaluación  se  ajustará  al  régimen 
establecido para los órganos colegiados en el capítulo II del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.  Los miembros de la Comisión de evaluación no percibirán remuneración alguna 
por el ejercicio de sus funciones en el mismo.
6.  De acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, los 
miembros de la Comisión de evaluación reforzarán su implicación en este objetivo a 
través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a 
mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la 
declaración original, pasando a cesar como vocal.
7.  Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado deberá emitir informe en 
el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
8.  El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de 
evaluación, elaborará la propuesta de resolución provisional que deberá contener una 
lista de solicitantes para los que se propone la ayuda y su cuantía, así como otra lista de 
los solicitantes excluidos especificando el motivo de dicha exclusión. La propuesta de 
resolución provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a 
la Administración.
9.  La propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados para que 
en el plazo de 10 días hábiles formulen las alegaciones que estimen convenientes.
10.  Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el 
órgano de instrucción formulará la propuesta de concesión de la subvención, que será 
notificada a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que, en 
el plazo de 10 días hábiles, comuniquen su aceptación o renuncia a la financiación 
propuesta. Dicha propuesta deberá expresar la relación de solicitantes para los que se 
propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación. El 
órgano  instructor  la  elevará  como  propuesta  de  resolución  definitiva  al  órgano  e.
concedente,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  22.1  y  24.4  de  la  w.b
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 819ww
en fa11vo. r dLea slo ps rboepnueefsictaiasr idoes  prerospouluecsiótons .provisional y definitiva no crean derecho alguno
Artículo 19.  Resolución de concesión.
1.  En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  10  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, el órgano competente para resolver el procedimiento será la persona titular 
de la Secretaría de Estado de Comercio; en un plazo de quince días hábiles desde la 
fecha de elevación de la propuesta de resolución definitiva, de conformidad con el 
artículo 63 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y con el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
dictará la orden definitiva de adjudicación de las subvenciones, resolviendo de este 
modo el procedimiento.
2.  Dado que la selección de proyectos está sometida a un régimen de concurrencia 
competitiva,  la  evaluación  de  las  solicitudes  dará  lugar  al  establecimiento  de  una 
prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración descritos en el 
artículo 17. Se seleccionarán aquellas que hayan obtenido mayor puntuación hasta 
agotar el límite del crédito disponible en la convocatoria. En caso de renuncia previa a la 
resolución definitiva podrán seleccionarse otros proyectos en función de la puntuación 
obtenida.
3.  La resolución de concesión, además de contener los solicitantes a los que se 
concede la ayuda y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir 
una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones 
administrativas  y  técnicas  establecidas  en  las  bases  reguladoras  para  adquirir  la 
condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del 
crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de 
ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
4.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva y la orden del procedimiento 
de concesión de ayuda se publicarán en el portal de ayudas del Ministerio de Industria, 
Comercio  y  Turismo.  Adicionalmente,  cada  beneficiario  recibirá  aviso  de  tales 
publicaciones mediante correo electrónico, según los datos consignados en el formulario 
de solicitud.
5.  La  resolución  de  concesión  se  remitirá  a  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones para su publicación en dicho portal, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 30 del Reglamento de subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de  21  de  julio,  artículo  20  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones, y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas 
públicas.
6.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de 
seis meses contados desde la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria.
7.  Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y publicado 
resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 25.5 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin que ello exima de la 
obligación legal de resolver.
Artículo 20.  Pago y justificación de las ayudas.
1.  El pago de la subvención se realizará con carácter anticipado por el 100 por 
ciento de la ayuda concedida, tramitándose de oficio por el órgano instructor, tras la 
notificación de la concesión de la subvención.
Conforme al artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, los  e
beneficiarios  deberán  acreditar  que  se  encuentran  al  corriente  del  pago  de  las  bo
obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos  819ww
aGfaonnenttnedeeroriiroosa rrelmi dudaeredon  pteaPe l oocpsloía tneigc noca ,a l oreCgsxoo iPgm aireee nlrsocdusioap  lcu arec éstodatmoilt osep sfrGe oecebstnaoper,e  rcaceuíllef aicscna uddmmoe elp nnEloitmse tp iaecudnoeotndo.s a Ci gdaonecra rreedtasdolpisetoa spnr sadcereoa  nd aldea il  caogi otDernosier teimsóc nocc dioódonne,     OE-A-2021-14able en https://
una certificación de la entidad local beneficiaria.
2.  En virtud de lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, 
de 12 de febrero de 2021,y el artículo 129 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018) la 
percepción de fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia estará condicionada a que se 
presente compromiso por escrito para conceder los derechos y los accesos necesarios para 
garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y 
las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control.
3.  Transcurrido  el  plazo  establecido  sin  haberse  presentado  la  documentación 
justificativa ante el órgano competente, este requerirá al beneficiario para que en el plazo 
improrrogable de quince días hábiles sea presentada, con apercibimiento de que la falta 
de presentación dará lugar a la exigencia del reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  La justificación se ajustará también a las exigencias de la normativa de la Unión 
Europea y nacional relativa al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
5.  La justificación documental de la realización de las actuaciones financiadas se 
realizará según la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
6.  Toda la documentación de justificación de la realización de las actividades de la 
inversión se deberá presentar por vía electrónica y con firma electrónica, de acuerdo con lo 
establecido en la Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo de 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la justificación de las subvenciones.
La  presentación  electrónica  de  la  documentación  justificativa,  se  entenderá  que 
comprende tanto a la presentación inicial, en el plazo indicado anteriormente, como las 
posibles subsanaciones que sean solicitadas por el órgano instructor a los beneficiarios.
La presentación electrónica no exime a los beneficiarios de conservar los originales 
de los justificantes de gasto y pago, informes de auditoría, u otros, por si les fueran 
requeridos posteriormente por el órgano instructor y responsable del seguimiento o, al 
realizar las actividades de control legalmente previstas, por la Intervención General de la 
Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas.
7.  La justificación de las ayudas deberá contener siempre, independientemente de 
la acción realizada, la siguiente documentación:
a)  Memoria de actuación justificativa firmada del cumplimiento de las condiciones y 
la finalidad para la que se concedió la subvención, en la que se describan de manera 
detallada  cada  una  de  las  acciones  realizadas  indicando  el  correspondiente  gasto 
incurrido, los resultados obtenidos y los medios de comprobación del cumplimiento.
b)  Facturas o certificaciones conformadas debidamente y aprobadas por el órgano 
municipal competente u órgano equivalente en el caso de otro beneficiario, que acrediten 
la realización en tiempo y forma de la inversión subvencionable. Las facturas deberán 
estar  fechadas  dentro  del  plazo  de  ejecución  del  proyecto,  siendo  necesaria  la 
conformidad de estas y su correspondiente aprobación por el órgano competente.
c)  Justificación de pago efectivo de los gastos realizados, mediante certificado de la 
Intervención  municipal  de  los  pagos  realizados,  en  el  que  deberá  especificarse  la 
identificación del acreedor, la fecha de liquidación del gasto, número de factura e importe 
o justificantes bancarios de salida de fondos, todo ello acompañado de las facturas.
d)  En caso de subcontratación, documentación acreditativa de haber cumplido las 
disposiciones relativas a la adjudicación de los contratos públicos de conformidad con la  e.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre (incluyendo los pliegos y publicaciones en boletines  w.b
correspondientes, documentos contables en relación con el gasto e informes de mesas  819ww
pdree sucpounetrsattoasc idóen  oterans  orfeelratacisó)n.  Enc oenl  calsao  daed jquudeic, apcoiór nc,u aalqdujuiedri ccaircciuonnsetsa ncdiae fainjuitsivtaasd a ay 
addejruedcihcoa,c iónno,  aspeoart aor bdloigcautmoreion talaci ónre jaulsiztaificciaótniv ad qeul ec aocrrreesdpitoen tdaile cnitrec unpsrotacnecdiaim eie inntfoo rmdee 
técnico responsable en el que se justifique la oferta seleccionada.
e)  En  el  caso  de  que  la  adjudicación  haya  sido  por  contrato  menor,  justificar 
adecuadamente por qué se ha llevado a cabo ese tipo de adjudicación.
f)  Certificado del Secretario del Ayuntamiento, de la realización de las actuaciones 
que han sido financiadas con cargo a la subvención, en el que se consignarán los 
importes ejecutados correspondientes a las mismas.
g)  Cualquier otra documentación justificativa o informes que de acuerdo con la 
normativa nacional o europea resulten exigibles en el marco del Plan de Recuperación.
8.  No obstante, se podrá requerir documentación justificativa complementaria para 
la justificación del gasto realizado, así como para dar cumplimiento al adecuado sistema 
de gestión y seguimiento del Plan de Recuperación, informando de lo que sea preciso 
para alimentar dicho sistema, así como las aplicaciones informáticas o bases de datos 
que la normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de 
la financiación y los objetivos.
9.  Tras la correspondiente comprobación técnico-económica, el órgano responsable 
del seguimiento emitirá una certificación acreditativa del cumplimiento de los fines que 
justificaron la concesión de la financiación. Dicha certificación determinará, en su caso, el 
acuerdo de la procedencia de reintegro a los efectos establecidos en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 21.  Modificación de la resolución de concesión.
1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2.  Las circunstancias específicas que pueden dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión son:
a)  Causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud, y 
que no fuesen previsibles con anterioridad.
b)  Necesidad  de  ajustar  la  actividad  a  especificaciones  técnicas,  de  salud, 
medioambientales,  urbanísticas,  de  seguridad  o  de  accesibilidad,  aprobadas  con 
posterioridad a la adjudicación de la ayuda.
c)  La modificación del desglose del importe total subvencionado de las distintas 
categorías de gastos, siempre y cuando sea presupuestariamente posible y no suponga 
incremento de la cuantía inicialmente concedida y esté debidamente motivada.
3.  En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, los 
objetivos  perseguidos  con  la  ayuda  concedida,  ni  alterar  la  actividad,  programa, 
actuación  o  comportamiento  para  los  que  se  concedió,  ni  elevar  la  cuantía  de  la 
subvención obtenida que figura en la resolución de concesión, ni prorrogar el plazo de 
ejecución de los proyectos. La variación tampoco podrá afectar a aquellos aspectos 
propuestos u ofertados por el beneficiario que fueron razón de su concreto otorgamiento.
4.  Cualquier modificación requerirá la previa solicitud del interesado. El plazo para 
la presentación de solicitudes concluirá quince días hábiles antes de que finalice el plazo 
de  ejecución  de  los  gastos  inicialmente  previstos  y  deberá  ser  aceptado  de  forma 
expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión, notificándose al interesado. 
En caso de no recibir notificación de la aceptación por el órgano que dictó la resolución 
de concesión en un plazo de diez días naturales, se entenderá como desestimada la 
modificación, pudiendo implicar el incumplimiento o reintegro de la ayuda concedida de 
acuerdo con lo indicado en el artículo 24 de la presente orden de bases. e.
5.  La  sustitución  de  elementos  del  presupuesto  financiable  por  otros  con  w.b
funcionalidad  y  objetivo  equivalente  no  requerirá  la  solicitud  de  modificación  de  la  819ww
resolución de concesión, siempre que se cumplan las condiciones que se especifican:
tecnao)l ógEicna se el  icnavseors iodnee sg eanst ovsía  rpeúlabclicioan, aladso ss ucsotintu idlaa s imdepbleemráenn dtaecsióenm pdeeñ asr olalu mcioisnmeas 
función dentro del proyecto, pudiendo diferir las características técnicas.
b)  En  el  caso  de  colaboraciones  externas,  podrá  sustituirse  el  colaborador 
inicialmente previsto por otro, siempre y cuando las actividades en las que colabore sean 
las originales, y el nuevo colaborador tenga capacidad de acometerlas.
c)  En todos los casos, el importe financiable de la categoría de gasto considerado 
debe permanecer igual que en la resolución de concesión. Además, deberán justificarse 
las  sustituciones  efectuadas  en  la  documentación  justificativa  que  se  exige  en  el 
artículo 20.
6.  La solicitud de modificación de concesión se realizará siguiendo las instrucciones 
de la Guía de Procedimiento que se encontrará disponible en el Portal de Ayudas del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas).
7.  Si como resultado de la modificación de concesión se tuviera un exceso de 
ayuda  concedida,  se  procederá  de  manera  inmediata  a  iniciar  el  procedimiento  de 
reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago 
hasta la fecha en que se acuerde el reintegro, por importe del citado exceso.
Artículo 22.  Publicidad e información.
Los beneficiarios de la ayuda deberán cumplir con las siguientes obligaciones en 
materia de publicidad e información:
a)  Las relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
conforme con la normativa europea y nacional que resulte aplicable. En particular, y en 
defecto de que se apruebe una previsión más específica al respecto por orden ministerial 
de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en las medidas de 
información y comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles 
informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas 
web,  anuncios  e  inserciones  en  prensa,  certificados,  etc.),  se  deberán  incluir  los 
siguientes logos:
1.º  El emblema de la Unión Europea,
2.º  junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión 
Europea-Next Generation EU»;
3.º  se  tendrán  en  cuenta  las  normas  gráficas  y  los  colores  normalizados 
establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014, por el que se 
establecen  disposiciones  de  aplicación  del  Reglamento  (UE)  n.º  1303/2013  del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de 
transferencia  y  gestión  de  las  contribuciones  del  programa,  la  presentación  de 
información  sobre  los  instrumentos  financieros,  las  características  técnicas  de  las 
medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro 
y el almacenamiento de datos. También se puede consultar la siguiente página web: 
http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del 
emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.
b)  Las establecidas en artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En este 
sentido, toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas 
deberá  incluir  que  han  sido  financiadas  por  el  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y 
Turismo.
El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo con el 
artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará con una multa fija  e.e
en los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley. Asimismo, podrá ser causa de  b
reintegro de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de  819ww
Dnoevcireemtob 8re8 7/y2 0a0r6t,í cduelo 2 19 d3e  jduelio .su  Reglamento  de  desarrollo,  aprobado  por  Real
debec)r á uTsoadra c roemfeor emnecidai oe dne c duiafulqsuióienr  eml leodgioo  ddeel  dPilfauns idóen  Rsoebcruep elarsa cinióvne,r «siEosnpeasñ aap Proubeaddea»s.
d)  En  caso  de  cofinanciación  por  otra  administración,  tal  circunstancia  deberá 
reflejarse en la publicidad del proyecto.
Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y 
de acceso al público.
Artículo 23.  Control de la ayuda.
1.  Tanto en la fase de concesión de las ayudas como en la de pago de las mismas 
o con posterioridad a éste, el órgano concedente, así como los órganos de control 
competentes,  incluidos  los  recogidos  en  el  artículo  22.2.e)  del  Reglamento  (UE) 
2021/241, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero 
(Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 de 18 de julio de 2018, podrán realizar todos 
aquellos  controles  e  inspecciones  que  consideren  convenientes,  con  el  objeto  de 
asegurar el buen fin de la ayuda concedida, estando los solicitantes obligados a prestar 
colaboración y proporcionar cualquier otra documentación e información que se estime 
necesaria para la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
presente orden. Asimismo, los beneficiarios se comprometen a facilitar las inspecciones 
y comprobaciones que, en su caso, se efectúen. La oposición a la realización de estas 
comprobaciones e inspecciones podrá constituir causa de reintegro de la ayuda, sin 
perjuicio de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
2.  El órgano concedente de la subvención aplicará medidas dirigidas a prevenir, 
detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de intereses 
y la doble financiación.
3.  La Administración y cualquier otro órgano de entre los contemplados en el 
artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, podrán acceder a 
la información contenida en el Registros de Titularidades Reales, así como a cualquier 
otra base de datos de la Administración a efectos de suministrar dichos datos sobre los 
titulares reales.
4.  A efectos de información y control de estas ayudas, se cederá la información 
entre los sistemas establecidos para la gestión y control de estas subvenciones con los 
Sistemas de los Fondos Europeos.
Artículo 24.  Incumplimientos, reintegros y sanciones.
1.  El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y en las demás 
normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido 
en la correspondiente orden de concesión, dará lugar a la obligación de devolver la 
ayuda percibida más los intereses de demora correspondientes, en el momento de 
detectarse  el  incumplimiento,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  77  de  la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2.  Serán causa de reintegro, total o parcial, las previstas en el artículo 37.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, el incumplimiento de las condiciones asociadas al DNSH por parte de las 
entidades beneficiarias de la ayuda también supondrá el reintegro de las cuantías percibidas.
3.  El procedimiento de comprobación y control se detallará en las convocatorias y 
se regirá, así mismo, de acuerdo con las instrucciones y normativa que se establezcan 
desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública en relación con el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia s
4.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de  oe.
diciembre, y el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en caso de  w.
pPnroúe bvrlieiscatool iszd,ae rl asmes  aeennle trigdaaa tsdoteotas l  obo e epnnae rficccaiiaaslr,o ia esdn e dc eainbdceaur ámcnap slrioem.i nieEtenl gtporr aotrco letoadsli  mofoi enpndatoorsc  idareel  crdiebeiin dtlooessg  raool  bdTjeeetbsivoeorroás    2021-14819n https://ww
ajustarse a lo contenido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5.  Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público, resultando de aplicación lo previsto en la Ley General Presupuestaria.
6.  El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la 
causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la ayuda 
afectada. Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado 
podrá presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes, en un plazo de 
quince días hábiles desde dicha notificación.
7.  Corresponderá  dictar  la  resolución  del  expediente  al  órgano  concedente, 
debiendo ser notificada al interesado en un plazo máximo de doce meses desde la fecha 
del  acuerdo  de  iniciación.  La  resolución  indicará  quién  es  la  persona  obligada  al 
reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa del procedimiento entre las previstas en 
el apartado segundo de este artículo y el importe a reintegrar junto a los intereses de 
demora.
8.  De conformidad con el artículo 90 del Reglamento por el que se desarrolla la Ley 
General  de  Subvenciones,  se  entiende  por  devolución  voluntaria  aquella  que  es 
realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración.
Para poder realizar el ingreso correspondiente, será de aplicación lo establecido en 
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se 
aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del 
Estado, modificada por la Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo.
El interesado deberá informar de su intención de practicar una devolución voluntaria 
y su importe al servicio gestor concedente, y esperar la recepción del correspondiente 
documento de ingreso 069, para hacer efectivo el pago.
Artículo 25.  Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
1.  El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de los gastos financiables, o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago 
hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.
2.  Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se 
tendrá en cuenta el siguiente criterio:
a)  El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de la inversión financiable, o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro  del  pago  anticipado  más  los  intereses  de  demora,  en  el  porcentaje 
correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.
b)  A  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  se  considerará 
incumplimiento total el equivalente a un porcentaje inferior al 60 por ciento de realización 
de la inversión financiable, y cumplimiento aproximado de modo significativo al total el 
equivalente a un 60 por ciento o superior.
A efectos de calcular el anterior porcentaje, se entiende como inversión no realizada 
la que no esté acreditada documentalmente, la que acredite conceptos no financiables, 
la que no respete el desglose de partidas de la orden de concesión, y la no facturada y/o 
pagada.
3.  En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos: s
a)  El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el  w.b
beneficiario que hayan servido de base para la concesión. 819ww
bc))   LInac unmo pilnimscierinptcoi ódne  lean f inloasli draedg ipstarroas  lao fqicuiea lelas  aeyxuidgaid fouse  pcoonr clead liedgai.slación para el
desarrollo de la actividad financiada.
CAPÍTULO III
Convocatoria de ayudas para el ejercicio 2021
Artículo 26.  Objeto de la convocatoria, condiciones y finalidad de la concesión.
1.  Se convocan ayudas para el año 2021, en los términos establecidos en las bases 
reguladoras incluidas en el capítulo II de esta orden, destinadas a reducir el impacto 
económico  negativo  generado  por  la  crisis  sanitaria  de  la  COVID-19  mediante  la 
realización de actuaciones, por parte de las entidades locales beneficiarias según el 
artículo  3,  dirigidas  a  los  establecimientos  comerciales  localizados  en  sus  zonas 
turísticas y cuyos negocios están vinculados con la llegada de visitantes.
2.  La finalidad de estas ayudas es financiar el desarrollo, por las entidades locales 
susceptibles de ser beneficiarias según el artículo 3, de planes y programas dirigidos a la 
introducción de mejoras en las zonas comerciales turísticas, incluidas actuaciones en el 
marco de esta inversión en nuevas tecnologías; la aplicación de soluciones tecnológicas 
para  mejorar  la  eficiencia  energética;  procesos  eficientes  desde  el  punto  de  vista 
ecológico y reciclado y reutilización de residuos; la formación del personal; una firma 
digital integrada adaptada a los visitantes extranjeros; y la adaptación de los espacios 
públicos para mejorar la accesibilidad y la movilidad.
3.  La  convocatoria  se  enmarca  el  componente  14  del  Plan  de  Recuperación, 
denominado  «Plan  de  modernización  y  competitividad  del  sector  turístico»,  en  la 
inversión 4.a, «Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad. Fortalecimiento 
de la actividad comercial en zonas de gran afluencia turística».
4.  El pago de la ayuda tendrá el carácter de anticipado por importe del 100 por 
ciento de la ayuda concedida.
5.  La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la orden de concesión.
Artículo 27.  Financiación.
1.  El  presupuesto  asignado  a  la  presente  convocatoria  asciende  a  32.173.333 
euros con cargo a la partida presupuestaria 20.50.430A.762.
2.  Esta  convocatoria  está  financiada  por  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la 
COVID-19, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, 
y en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación 
correspondiente a estas ayudas está legalmente afectada a financiar los proyectos o 
líneas de acción que se integren dentro del Plan de Recuperación.
Artículo 28.  Procedimiento de concesión de las ayudas.
El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, 
entre las solicitudes presentadas por los potenciales beneficiarios establecidos en el 
artículo  3,  conforme  a  los  principios  de  publicidad,  transparencia,  igualdad  y  no 
discriminación. e.
Los criterios para evaluación de las solicitudes serán los señalados en el artículo 17  w.b
de la presente orden. 819ww
Artículo 29.  Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
En cuanto a los requisitos para solicitar la subvención y la forma de acreditarlos se
estará a lo dispuesto en los artículos 4 y 15 de las bases reguladoras.
Artículo 30.  Obligaciones de los beneficiarios.
1.  Las entidades beneficiarias habrán de cumplir con las obligaciones a que se 
refiere el artículo 5 de esta orden.
2.  Las  entidades  beneficiarias  deberán  cumplir,  además,  con  las  obligaciones 
europeas y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a)  Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en 
virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero.
b)  Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato 
electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero. 
Dichos datos serán incorporados en una base de datos única.
c)  Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las 
actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel 
de consecución de cada actuación.
d)  Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar 
por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros 
aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los 
indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación.
e)  Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones 
realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la 
documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que 
establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa 
nacional y de la Unión Europea.
f)  En este sentido, los perceptores de la ayuda deberán conservar los documentos 
justificativos  y  demás  documentación  concerniente  a  la  financiación,  en  formato 
electrónico, durante un período de cinco años a partir de la operación. Este período será 
de tres años si la financiación no supera los 60.000 euros.
g)  Tienen  la  obligación  de  asegurar  la  regularidad  del  gasto  subyacente  y  la 
adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la 
corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
h)  En  la  ejecución  de  las  actuaciones  subvencionadas,  no  perjudicarán 
significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
3.  Asimismo,  deben  cumplir  con  las  obligaciones  de  información  y  publicidad 
indicadas en el artículo 22.
Artículo 31.  Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
Por lo que se refiere a los órganos competentes para la instrucción y resolución del 
procedimiento se estará a lo dispuesto en el artículo 11 de la presente orden.
Artículo 32.  Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día 4 de octubre de 2021. bo
ArtícSuelo e 3s3ta. rá Pal aloz od idsep ureesstoolu ecnió lno sy  anrotítcifuicloasc i1ó8n .y 19 de la presente orden.
Artículo 34.  Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.
Los documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición serán los 
establecidos en el artículo 15 de la presente orden.
Artículo 35.  Resolución de concesión.
Contra  la  resolución  de  concesión,  podrá  interponerse  con  carácter  potestativo 
recurso de reposición ante el propio órgano que la hubiese dictado, en el plazo de un 
mes, o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, 
computados ambos plazos desde el día siguiente al de la notificación de la misma.
Artículo 36.  Criterios de valoración de las solicitudes.
En cuanto a los criterios de evaluación de las solicitudes se estará a lo dispuesto en 
el artículo 17 de la presente orden.
Artículo 37.  Medios de notificación y publicación.
Por lo que se refiere a los medios de notificación y publicación de las órdenes de 
concesión, se estará a lo establecido en los artículos 12, 18 y 19 de la presente orden.
Artículo 38 Período de realización de los proyectos y actuaciones subvencionables.
En los proyectos que se presenten a esta convocatoria podrán financiarse gastos 
devengados y pagados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. La 
realización del proyecto presentado para su financiación deberá estar finalizado en dicha 
fecha. Quedan excluidos aquellos proyectos terminados a fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes.
Artículo 39.  Justificación de las ayudas.
Se  establece  un  plazo  de  tres  meses  desde  la  finalización  de  las  actuaciones 
subvencionadas,  de  acuerdo  con  el  cronograma  presentado  en  la  solicitud,  para 
presentar la justificación de los gastos realizados y, en todo caso, antes del 31 de marzo 
de 2023.
Artículo 40.  Recursos.
1.  Los actos dictados en el procedimiento de concesión de las ayudas podrán ser 
impugnados en los casos y formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.  Contra  la 
resolución expresa, o en su caso, la desestimación presunta de la solicitud, que pone fin 
a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición, ante 
el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes, o bien, directamente, recurso 
contencioso-administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  computados  desde  el  día 
siguiente al de su notificación en el caso de que haya dictado un acto expreso, y en el 
segundo caso, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzca el acto presunto; sin perjuicio de cuantos otros recursos se 
estime oportuno deducir
2.  La interposición de recursos de reposición deberá realizarse ante el Ministerio de  e.e
Industria, Comercio y Turismo, a través del Registro Electrónico del mismo. w.b
LDeisyp Eo3ns8 i/c2tioó0dn0o 3a ,d lodic eion 1no7a  lp dúreen vicnisaot.vo i eRemnéb greiems, teaGn e jonurerdírdeaincl  ods eae prSálicu abdbvele en.acpiolicnaecsi óyn  elno  seus tRabelgelcaimdoe neton  dlea   OE-A-2021-14able en https://
desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y demás disposiciones que resulten de aplicación.
Asimismo, resultan aplicables a estas ayudas el Reglamento (UE) 2020/2094 del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la 
COVID-19, y el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, así como el resto de normas de la Unión Europea sobre la materia y 
estatales de desarrollo o trasposición de aquellas.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149. 1. 13.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda.  Salvaguarda del rango no reglamentario.
Las  disposiciones  incluidas  en  el  capítulo  III  de  la  presente  orden,  sobre  la 
convocatoria de ayudas para el ejercicio de 2021, no tienen naturaleza reglamentaria 
sino de acto administrativo.
Disposición final tercera Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid, 10 de septiembre de 2021.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
María Reyes Maroto Illera.
ANEXO I
Contenido de la memoria descriptiva de la inversión
Parte 1. Identificación del proyecto
Esta parte tendrá carácter introductorio, y su objetivo es proporcionar información 
general sobre el proyecto, con el objetivo de situar en contexto las actuaciones que 
plantea en la solicitud de inversión.
1.  Nombre descriptivo del proyecto.
2.  Actuación/es financiable/s de las descritas en el artículo 8.
Inversiones en la vía pública. (Describir brevemente y enumerar las actuaciones 
incluidas en este apartado de gasto).
Digitalización del sector comercial. (Describir brevemente y enumerar las actuaciones 
incluidas en este apartado de gasto).
Sostenibilidad  y  economía  circular.  (Describir  brevemente  y  enumerar  las 
actuaciones incluidas en este apartado de gasto).
Formación. (Describir brevemente y enumerar las actuaciones incluidas en este  e
apartado de gasto). bo
orde34n..   deBD rbaeatvosese  sdd)ee.sl cmriupnciiócinp/iroe s(Dume eanc udeerl dpor ocyoenc tloo. indicado en el artículo 3 de la presente  2021-14819n https://ww
i.  Número de pernoctaciones al año (indicar el año que se toma como referencia). BOE-A-cable e
ii.  Porcentaje de viviendas de segunda residencia en su municipio (indicar el año 
que se toma como referencia).
iii.  Número de habitantes conforme al Real Decreto por el que se declaran oficiales 
las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal vigente en el 
momento de la solicitud.
iv.  Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social pertenecientes a las CNAEs 45, 46 y 47 
(indicar el año que se toma como referencia).
5.  Delimitación de la zona turística del solicitante.
i.  Motivos por los que las actuaciones de la memoria se restringen a esa área en 
concreto y su delimitación.
ii.  Porcentaje de comercios potencialmente beneficiarios de las actuaciones sobre 
el total de comercios del área de actuación del beneficiario.
6.  Fecha de inicio o fecha prevista
7.  Fecha finalización prevista
8.  Presupuesto de inversión total. (Desglosado por cada una de las actuaciones a 
realizar)
9.  Presupuesto de inversión en la anualidad en curso.
10.  Fuentes  de  financiación.  (Se  deberá  indicar  específicamente  si  existe 
cofinanciación y las cantidades y porcentajes aportadas por cada una de las partes, en 
su caso)
Parte 2. Justificación del proyecto
El objetivo de esta parte es justificar la idoneidad del proyecto.
1.  Antecedentes. (Especificar si el proyecto se enmarca en algún plan estratégico o 
desarrollo  del  Municipio  o  de  la  Comunidad,  o  sí  es  una  necesidad  sobrevenida. 
Incluyendo si ya se ha realizado alguna actuación previa o es de nueva creación. 
Asimismo, también se detallarán aquellas acciones que permitan conocer la situación de 
partida, pertinencia de las actuaciones a realizar, necesidades del sector comercial, 
incluidas o no en un plan de viabilidad, o el diseño del plan de acción. Todas ellas 
deberán  conducir  a  realizar  una  mejor  selección  y  adaptación  de  las  acciones  a 
emprender por parte del beneficiario ).
2.  Justificación del proyecto/actuación. Responder a las siguientes cuestiones:
¿Por qué es importante realizar el proyecto?
¿Qué problema o problemas busca resolver?
¿Qué se quiere realizar con el proyecto
¿Cuáles son los beneficios que se buscan obtener con el proyecto
3.  Objetivo/s general/es.
4.  Objetivo/s específico/s.
5.  Grado de alineación de la propuesta con el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la UE y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. 
(Se deberá indicar de manera motivada la concordancia de la propuesta con las políticas 
indicadas.)
6.  Grado de alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (Se deberá  s
indicar  de  manera  motivada  las  metas  y  objetivos  de  los  ODS  que  contribuye  a  o
cecoonmnrisq7eeu.r gceuicaCierla..r) palac idoafedr dtae l cporomyeercctioa ld ed edli nammuinziacrip, iion,c oarpsoí racro nmuoe vdaes  terecvniotaloligzaíars ,l aa ctaucatliivziadra dy   2021-14819n https://www.
8.  Capacidad del proyecto para mejorar el atractivo turístico y atraer a nuevos
perfiles de turistas y visitantes de la zona.
9.  Capacidad  del  proyecto  para  mejorar  los  servicios  prestados  a  turistas  y 
visitantes de la zona, tanto en el comercio como en la zona comercial y alrededores.
10.  Capacidad de innovación y carácter demostrativo del proyecto presentado.
11.  Contribución del proyecto a la mejora de la calidad ambiental, la eficiencia 
energética y la economía circular.
12.  Alcance territorial del proyecto y capacidad tractora. Indicando el número y 
denominación de los municipios sobre los que tienen impacto y justificación de su 
potencial tractor.
Parte 3. Descripción del proyecto
1.  Descripción completa del proyecto/actuación financiable.
2.  Cronograma de ejecución de actuaciones según el modelo indicado en el anexo II.
3.  Presupuesto total que se solicita para la actuación financiable (€).
4.  Desglose  del  presupuesto  por  partidas  de  gastos  indicando  las  fuentes  de 
financiación.
5.  Análisis del principio sobre «no perjuicio significativo» para los seis objetivos 
medioambientales  del  Reglamento  (UE)  2020/852  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo:
a)  Mitigación del cambio climático;
b)  adaptación al cambio climático;
c)  uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos;
d)  transición hacia una economía circular;
e)  prevención y control de la contaminación;
f)  protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.
ANEXO II
Cronograma de ejecución de actuaciones
Actuaciones del Proyecto de inversión correspondientes a la anualidad: ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 2023
EELL en la que se desarrolla la actuación:
Importe de la  Importe de la 
Concepto/s de gasto  Fecha de inicio  Fecha de finalización 
N.º Categoría de gasto* Actuación inversión prevista  IVA (€) inversión prevista 
de cada actuación** (MM-AAAA) (MM-AAAA)
(con IVA) (€) (sin IVA) (€)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  Importe total.   oe.
    Cofinanciación autonómica (%).   819ww
 ** *  I nUvCneaor sfaiinocantuneacsci aeiócnnió  vpníau lo epcdúaebl  li(inc%cal),u. dir igvaitariloizsa ccoiónnc edpetlo sse dcteo rg acostmo.ercial, sostenibilidad y economía circular, sensibilización y formación.   OE-A-2021-14able en https://
ANEXO III
Modelo de declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de no 
perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales (DNSH) en el sentido 
del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852
El declarante:
Don/doña:
En calidad de:(1)
Con NIF:
En representación de:
Con NIF:
(1)  Representante legal, cargo que ostente dentro de la entidad solicitante.
Declara bajo su responsabilidad: Que la entidad solicitante a la cual representa, 
teniendo  en  cuenta  todas  las  fases  del  ciclo  de  vida  del  proyecto  o  actividad  a 
desarrollar, tanto durante su implantación como al final de su vida útil, cumplirá con el 
principio DNSH de «no causar un perjuicio significativo» exigido por el Reglamento (UE) 
2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de 
forma que:
1.  No causa un perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales del 
artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852(2), que se enumeran a continuación:
(2)  Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2019/2088.
a)  Mitigación del cambio climático  -  se considera  que una actividad causa un 
perjuicio significativo a la mitigación del cambio climático si da lugar a considerables 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
b)  Adaptación  al  cambio  climático  -  se  considera  que  una  actividad  causa  un 
perjuicio significativo a la adaptación al cambio climático si provoca un aumento de los 
efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, 
sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos.
c)  Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos - se considera 
que una actividad causa un perjuicio significativo a la utilización y protección sostenibles 
de los recursos hídricos y marinos si va en detrimento del buen estado o del buen 
potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterráneas, y 
del buen estado ecológico de las aguas marinas.
d)  Economía  circular,  incluidos  la  prevención  y  el  reciclado  de  residuos  -  se 
considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular, 
incluidos la prevención y el reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en 
el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un 
aumento significativo de la generación de residuos, el tratamiento mecánico-biológico, 
incineración o depósito en vertedero de residuos; o si la eliminación de residuos a largo 
plazo puede causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente.
e)  Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo –se  es
considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el control  o
de la contaminación cuando da lugar a un aumento significativo de las emisiones de  819www.
cbqoiuonedt fai)vu menraiPns riadaonactettdeicv scyi di aólao nldsa    ycea actrmuoessósaitssa fteueurrmnaa ,cap iesóe lnr caj uugdiacueniao d l aoos   ievbglain os iedfuicnieva legotrir.vsaoind  aamd e layd  ipdloraos  teeencc cdoióesintsr itmeym erneatssot  a–dusere al accisóo nnb sudiedene arlaas    OE-A-2021-14able en https://
condiciones  y  la  resiliencia  de  los  ecosistemas,  o  va  en  detrimento  del  estado  de
conservación de los hábitats y las especies, en particular de aquellos de interés para la 
Unión.
2.  La entidad solicitante no desarrolla actividades excluidas según lo indicado por la 
Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en 
virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Las actividades excluidas son:
– Refinerías de petróleo.
– Centrales térmicas de carbón y extracción de combustibles fósiles.
– Generación de electricidad y/o calor utilizando combustibles fósiles y relacionados 
con su infraestructura de transporte y distribución.
– Eliminación de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar daños a 
largo plazo al medioambiente).
– Inversiones  en  instalaciones  para  la  deposición  de  residuos  en  vertedero  o 
inversiones  en  plantas  de  tratamiento  biológico  mecánico  (MBT)  que  impliquen  un 
aumento de su capacidad o de su vida útil (salvo plantas de tratamiento de residuos 
peligrosos no reciclables).
– Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE 
(según el anexo I de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
3.  La entidad solicitante no prevé efectos directos del proyecto o actividad sobre el 
medioambiente, ni efectos indirectos primarios, entendiendo como tales aquéllos que 
pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizado el proyecto o actividad.
El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaración 
dará, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver las 
ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes.
Fecha y firma