BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Martes 23 de febrero de 2021 Sec. I.   Pág. 20908
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
2769 Decreto-ley 2/2020, de 31 de enero, por el que se establecen los límites para 
la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca del Impuesto General Indirecto Canario.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto 
ley 2/2020, de 31 de enero, por el que se establecen los límites para la aplicación del 
régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del 
Impuesto General Indirecto Canario, ordenando a la ciudadanía y a las autoridades que 
lo cumplan y lo hagan cumplir.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Existe plena coordinación entre el método de estimación objetiva del Impuesto sobre 
la  Renta  de  las  Personas  Físicas  (en  adelante,  IRPF)  y  los  regímenes  especiales 
simplificado  y  de  la  agricultura,  ganadería  y  pesca  del  Impuesto  General  Indirecto 
Canario (en adelante, IGIC); de tal manera que los empresarios o profesionales que 
renuncien o hubiesen quedado excluidos del citado método de estimación objetiva están 
excluidos de los mencionados regímenes especiales; todo ello de acuerdo con los 
artículos  64.Dos.4.º  y  76.Dos.4.º  de  la  Ley  4/2012,  de  25  de  junio,  de  medidas 
administrativas y fiscales (en adelante, Ley 4/2012); y viceversa, la renuncia o exclusión 
a los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del IGIC 
supone, respectivamente, la renuncia o exclusión al método de estimación objetiva del 
IRPF conforme a los apartados 3 y 4 del artículo 36 del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo.
Esta coordinación deriva del requisito contenido en el número 3.º del apartado tres 
de la disposición adicional octava de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se 
regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
Durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019 y respecto al método de estimación 
objetiva del IRPF, se han incrementado en el mismo importe los límites de determinadas 
magnitudes, concretamente el volumen de rendimientos íntegros para el conjunto de las 
actividades  económicas  desarrolladas  por  el  contribuyente,  excepto  las  agrícolas, 
ganaderas y forestales, y el volumen de compras de bienes o servicios realizadas por el 
contribuyente, excluidas las adquisiciones de inmovilizado. Esta modificación de los 
límites para los citados ejercicios se encuentra recogida en la disposición transitoria 
trigésimo segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (en adelante,  e.
Ley 35/2006). w.b
Igualmente durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019, por mor de la coordinación  69ww
dined iceavditaa re nq eule  prliomse re ym speregsuanrdioos  páor rapfroo fdees ieosntaal eesx peosstiacbiólenc dideo sm oetinv ose,s tuan idCoo aml uhneidcahdo 
PAeuntóínnsoumlaa  see  Ieslnacsu eBnatlreeanr eesn,  uenna  rseitlaucaicóinó na m láas  indcelsufsaivóonr aob lee xqculues ilóons  eesnta ebll emcidéotosd eon  dlae 
estimación objetiva del IRPF, se han adaptado en los citados regímenes especiales del
IGIC  las  magnitudes  de  volumen  de  ingresos,  excepto  las  agrícolas,  forestales  y 
ganaderas,  y  de  volumen  de  adquisiciones  e  importaciones  de  bienes  o  servicios, 
excluidas las relativas a elementos del inmovilizado, a iguales importes que figuran en 
idénticas magnitudes en la regulación del método de estimación objetiva del IRPF. La 
citada adaptación se ha efectuado a través de la disposición adicional duodécima de la 
Ley 4/2012.
Con efectos para el ejercicio 2020, el artículo 2 del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 
de  diciembre,  por  el  que  se  adoptan  determinadas  medidas  en  materia  tributaria, 
catastral y de seguridad social (en adelante, Real Decreto-ley 18/2019), modifica la 
disposición transitoria trigésimo segunda de la Ley 35/2006 en el mismo sentido que la 
reforma efectuada respecto a los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019.
Por  iguales  razones  contempladas  en  los  años  2016,  2017,  2018  y  2019, 
corresponde para el año 2020 modificar los límites de las magnitudes de volumen de 
ingresos, excepto las agrícolas, forestales y ganaderas, y de volumen de adquisiciones e 
importaciones de bienes o servicios, excluidas las relativas a elementos del inmovilizado, 
de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del IGIC 
a los importes vigentes de iguales magnitudes en el método de estimación objetiva del 
IRPF. Todo ello se traduce en la necesaria reforma, con efectos desde el día 1 de enero 
de 2020, de la disposición adicional duodécima de la Ley 4/2012. Ahora bien, para evitar 
situaciones de descoordinación temporal entre la modificación en el ámbito del IRPF y la 
necesaria adaptación de los regímenes especiales del IGIC, no se opta por la técnica 
jurídica de prórroga anual, como se viene efectuando desde 2016, sino por una remisión 
a los importes de las magnitudes vigentes del régimen de estimación objetiva del IRPF.
Consecuencia de los límites de determinadas magnitudes excluyentes del régimen 
simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IGIC, se 
establece,  mediante  la  correspondiente  disposición  transitoria,  un  nuevo  plazo  para 
presentar las declaraciones censales comunicando la inclusión a los citados regímenes 
especiales.
II
El apartado 1 del artículo 46 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, dispone que, en caso de extraordinaria 
y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar normas con rango de ley, que recibirán el 
nombre de decretos leyes.
La extraordinaria y urgente necesidad que constituye el presupuesto habilitante para 
acudir al instrumento jurídico del decreto ley se justifica en la necesidad de coordinación 
entre el método de estimación objetiva del IRPF y los regímenes simplificado y de 
agricultura, ganadería y pesca del IGIC, ya que en caso contrario muchos empresarios o 
profesionales pasarían a tributar desde el día 1 de enero de 2020 por el método de 
estimación directa en el IRPF y por el régimen general del IGIC, lo que incidiría en sus 
obligaciones formales, de facturación y en los pagos a cuenta que soportan, con un 
incremento  evidente  de  las  cargas  administrativas;  sin  que  exista  otra  alternativa 
normativa que permita, de manera inmediata y efectiva, evitar tal disparidad de trato y, en 
consecuencia, el consiguiente perjuicio para los empresarios y profesionales afectados.
Cabe señalar que en este Decreto ley se da cumplimiento a los principios de buena 
regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la norma es  s
respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en tanto que con  e.
ella  se  consigue  el  fin  perseguido,  la  necesaria  coordinación  entre  el  método  de  w.
estimación objetiva del IRPF y los regímenes especiales simplificado y de la agricultura,  69ww
geann eald emríéat oyd poe sdcea  edsetli mIGaIcCió yn  edviriteacrt ala sd ecal rIgRaPsF a dym einni setrla triévagsim inehne greennteersa al  dlae lt riIbGuItCa,c inóon 
tinratetárensdaodsoes .de una norma restrictiva de derechos o que imponga obligaciones a los  BOE-A-cable e
Asimismo, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico tanto 
nacional como de la Unión Europea, sus objetivos se encuentran claramente definidos y 
no impone nuevas cargas administrativas, cumpliendo así los principios de seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia.
Por último, esta norma es coherente con el principio de transparencia al definir 
claramente la situación que la motiva y sus objetivos en la parte expositiva, sin que se 
hayan realizado los trámites de participación pública en consideración a la especial 
naturaleza  derivada  de  la  urgente  necesidad  que  solventa  la  norma  legal  que  se 
aprueba.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía  de  Canarias,  a  propuesta  del  Consejero  de  Hacienda,  Presupuestos  y 
Asuntos Europeos y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 31 
de enero de 2020,
DISPONGO:
Artículo  único.  Modificación  de  la  Ley  4/2012,  de  25  de  junio,  de  medidas 
administrativas y fiscales.
Con efectos desde el día 1 de enero de 2020, y con vigencia indefinida, se modifica 
la  disposición  adicional  duodécima  de  la  Ley  4/2012,  de  25  de  junio,  de  medidas 
administrativas y fiscales, que queda redactada del modo siguiente:
«Disposición  adicional  duodécima.  Límites  para  la  aplicación  del  régimen 
simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del 
Impuesto General Indirecto Canario.
Los importes de las magnitudes a que se refiere el primer y segundo guión del 
número 2.º y el número 3.º, ambos del apartado dos del artículo 64 de esta ley, y el 
número 6.º del apartado dos del artículo 76 de esta ley, coincidirán con los 
establecidos para el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas en los apartados a’) y b’) de la letra b) y en la letra c), 
todos de la norma 3.ª del número 1 del artículo 31 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio, o norma que lo sustituya.»
Disposición transitoria única.  Plazo de comunicación a la Agencia Tributaria Canaria de 
la inclusión en el régimen simplificado y en el régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca del Impuesto General Indirecto Canario.
Los sujetos pasivos que hayan comunicado a la Agencia Tributaria Canaria, desde el 
día 1 de enero de 2020 hasta la fecha de entrada en vigor del presente Decreto ley y a 
través de la correspondiente declaración censal, la exclusión del régimen simplificado o 
del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca por las causas previstas en el 
primer guión del número 2.º y el número 3.º del apartado dos del artículo 64 y en el 
número 6.º del apartado dos del artículo 76, ambos de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de 
medidas administrativas y fiscales, podrán, en el plazo de un mes desde la entrada en 
vigor del presente Decreto-ley, comunicar la inclusión en los citados regímenes, siempre  s
y cuando los volúmenes de ingresos y de adquisición o importación de bienes o servicios  o
a que se refieren los preceptos citados no hubieran superado el importe de 250.000  w.
euros en el año inmediato anterior. 2021-2769n https://ww
Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente Decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial 
de Canarias».
Canarias, 31 de enero de 2020.–El Presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres 
Pérez.–El Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez 
Rodríguez.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 22, de 3 de febrero de 2020. Convalidado por 
Resolución del Parlamento de Canarias, publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 81, de 24 de 
abril de 2020)