BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 123 Lunes 24 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 63026
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8613 Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora de la propiedad de La Línea de la Concepción a inscribir la 
adjudicación de un inmueble mediante convenio regulador de los efectos de 
un divorcio.
En el recurso interpuesto por don P. L. L. R. contra la negativa de la registradora de 
la Propiedad de La Línea de la Concepción, doña María Teresa López-Agulló Pérez-
Caballero, a inscribir la adjudicación de un inmueble mediante convenio regulador de los 
efectos de un divorcio.
Hechos
I
Por sentencia firme, de fecha 7 de marzo de 2011, resultante del procedimiento de 
divorcio  de  mutuo  acuerdo  número  1471/2010  seguido  en  el  Juzgado  de  Primera 
Instancia e Instrucción número 4 de la Línea de la Concepción, se declaró disuelto por 
divorcio el matrimonio celebrado el día 26 de septiembre de 1992 por don P. L. L. R. y 
doña A. M. R. L., se aprobó el correspondiente convenio regulador, acordando junto con 
otras medidas la liquidación de su sociedad de gananciales, con adjudicación a doña A. 
M. R. L. de determinada finca que constaba inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Línea de la Concepción «pro indiviso», con carácter privativo, a nombre del marido y de 
la esposa por haberla comprado y adquirido, en estado de solteros. En el convenio 
regulador se limitaban a expresar que el domicilio familiar se encontraba fijado en dicha 
finca, ésta se incluía en el activo de la sociedad de gananciales y se adjudicaba a la 
esposa.
II
Presentado el día 23 de diciembre de 2020 testimonio de la referida sentencia en el 
Registro de la Propiedad La Línea de la Concepción, fue objeto de la siguiente nota de 
calificación:
«Visto por María Teresa López-Agulló Pérez-Caballero el documento que antecede, y 
calificado  por  lo  que  resulta  del  mismo,  y  en  su  caso  de  los  documentos 
complementarios aportados, en relación con los antecedentes obrantes en el Registro 
(art. 18 de la Ley Hipotecaria) se formula la presente nota de calificación sobre los 
siguientes
Primero: Previo examen y calificación de la Sentencia firme dictada por el Juzgado 
de  Primera  Instancia  e  Instrucción  Número  4  de  la  Línea  de  la  Concepción  el 
día 10/03/2011, número 1471/2010 de protocolo [sic], que motivó el Asiento 1652 del  s
Diario 34. oe.
Segundo: Del examen de la misma resulta el siguiente defecto: w.
R. yQ Duoeñ laa  Afin. cMa.  rReg. iLst.r, apl o2r3 m.9i0ta2d, ecso nes tigau ianlsecsr itpaa ertne se sinted ivRiseagsis, treon  ae sfatavdoor  ddee  Dsoonlte Pro. ,L .p oLr. 
tgítaunloa ndciea lecso my pardajuvdeinctaac, iónno p osrie dnidvoor cpioo ssioblliec itaredaal izeanr  ell ap reliqcueiddeanctieó nd odceu mlae nstoo.ciedad  de
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho.
1.  Los documentos de toda clase, susceptibles de inscripción, se hallan sujetos a la 
calificación del Registrador quien, bajo su responsabilidad, ha de resolver acerca de la 
legalidad de sus formas extrínsecas, la capacidad de los otorgantes y la validez de los 
actos contenidos en los mismos, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 
y 19 de la Ley Hipotecaria y 98 a 100 de su Reglamento.
2.  Respecto de dicho defecto, se debe tener en cuenta el principio del tracto 
sucesivo, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Hipotecaria.
Y en virtud de cuanto antecede:
Acuerdo: Se suspende la inscripción del precedente documento por no proceder a la 
disolución  de  gananciales  y  adjudicación  por  divorcio  solicitada  en  el  precedente 
documento puesto que la finca registral número 23.902 de La Línea de la Concepción 
consta inscrita con carácter privativo a favor de Don P. L. L. R. y Doña A. M. R. L., por 
mitades e iguales partes indivisas.
Notifíquese esta calificación al presentante y al funcionario autorizante del título 
calificado en el plazo de 10 días y practíquense las oportunas notas marginales en el 
Libro Diario, haciendo constar la calificación, su notificación y la prórroga del asiento de 
presentación, así como de los posteriores relativos a la misma finca.
Contra la presente nota de calificación cabe interponer: (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por María Teresa 
López-Agullo Pérez-Caballero registrador/a de Registro Propiedad de La Línea de la 
Concepción a día veintiséis de Enero del año dos mil veintiuno.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don P. L. L. R. interpuso recurso el día 11 de 
febrero de 2021 en el que expresaba lo siguiente:
«Alegaciones.
Primera.  Que en fecha 22 de Diciembre de 2020 presenté a ese Registro de la 
Propiedad, inscripción de los bienes inmuebles provenientes de la disolución de la 
Sociedad de Gananciales en base a la Sentencia de Divorcio 10/03/2011 por el Juzgado 
de  Primera  Instancia  e  Instrucción  Número  4  de  la  Línea  de  la  Concepción, 
número 1471/2010. Según dicha Sentencia de Divorcio, y en base al convenio regulador 
del mismo, la vivienda inscrita en la finca registral 23.902 de La Línea de la Concepción, 
se le asigna de común acuerdo y de manera pacífica y consensuada a Dña. A. M. R. L. 
Dicha vivienda, fue comprada según consta en escritura pública (Protocolo 1093 del 
Notario D. Juan Antonio Madero García) en fecha 19 de Abril de 1991. Se tomó posesión 
de la misma finalmente (tuvo problemas con el certificado Final de Obra y las licencias 
municipales, Certificado de Primera Ocupación) en el mes de Enero de 1992.
Con fecha 26 de Septiembre de 1992, celebramos matrimonio canónico en régimen 
de Sociedad de Gananciales, pasando a fijar en dicha vivienda el domicilio conyugal, y 
entendiéndola a todos los efectos y a nuestra instancia, aportada a dicha Sociedad de 
gananciales.
Tras producirse el Divorcio en fecha 7 de Marzo de 2011, de común acuerdo y de 
manera  pacífica  y  consensuada,  tal  y  como  anteriormente  se  ha  manifestado, 
entendimos  ambos  cónyuges  que  se  encargaba  de  presentar  la  liquidación  de  la  e.
Sociedad de gananciales a los distintos Organismos (Oficina Liquidadora de la Junta de  w.b
Andalucía, Registro de la Propiedad, Ayuntamiento, etc.) el procurador de los tribunales  13ww
ipnrtoecrvuirnaideonrte p a(aral  saemr bdoivso),r chioa bdiéen cdoomseúlen  daacudeor dinos,t rtuacnc isoonleos s ien iccioanlmtraetnót eu an  easbtoeg raedsop eyc tuon, 
qcuumedpalinddoo,  tyra nloqsu ilboise neens e lq cuoendvaebnacnim  rieegnitsot rdaed oqsu ey  dircehgausla irnizsatrduocsc,i onpeass adnaddoa sa sl ed hoambiínaino 
privativo de cada cónyuge, según la partición establecida en el Convenio regulador 
pactado en el divorcio.
En el mes de Noviembre de 2020, Dña. A. M. R. L., precisa vender una de las plazas 
de  garajes  que  figuraban  en  dicho  convenio  regulador,  que  entendía  ya  de  pleno 
dominio. Acuerda con el comprador aportarle Nota Simple acreditativa, para formalizar la 
misma, y al obtenerla se encuentra con la sorpresa de que el procurador interviniente, no 
había presentado los bienes al Registro en su fecha, figurando aun en la situación previa 
a la disolución de la sociedad de gananciales.
Se  inicia  en  ese  momento  (22  de  Diciembre  de  2020),  y  a  mi  instancia  y 
personalmente ante ese Registro de la Propiedad, la inscripción de todos los bienes 
inmuebles que figuraban en el convenio regulador objeto de la Sentencia de Divorcio 
alegada, comunicándome por parte de ese Registro, en la fecha señalada que no 
procede la inscripción de la vivienda principal (no así del resto de los inmuebles), al 
entender que dicha vivienda “consta inscrita con carácter privativo a favor de Don P. L. L. 
R. y Doña A. M. R. L., por mitades e iguales partes indivisas”.
Segunda.  Que  entiendo  que  dicha  consideración,  al  tratarse  de  una  vivienda 
adquirida en fechas muy próximas al matrimonio, por dos novios cuya intención clara e 
inequívoca es aportarla a la Sociedad de gananciales, pagándola mediante Préstamo 
Hipotecario suscrito en la entidad bancaria Bankinter; y de manera conjunta, con dinero 
proveniente del trabajo conjunto y aportado a dicha sociedad.
Tercera.  Que dado el tiempo transcurrido, y el desconocimiento de la falta de 
tramitación de dicha inscripción, y el hecho de que la negativa dicha inscripción a nadie 
beneficia, es declaración expresa de ambos titulares, y así lo manifiestan y acordaron en 
su día, mediante el Convenio Regulador del Divorcio de común acuerdo; que dicho 
inmueble, se le asigne a Dña. A. M. R. L. de manera exclusiva, con renuncia expresa de 
cualquier derecho por mi parte, efectuada en su día a la mitad proindivisa de dicha 
vivienda,  entendiendo  como  tal  la  misma,  aportada  al  matrimonio  por  ambos 
contrayentes en ese momento, por lo que se insta a la inscripción por parte de esa 
Dirección General, en base a los siguientes
Fundamentos de Derecho:
Primero.  Resolución de la Dirección General del Registro y del Notariado de 10 de 
marzo de 1989 (EDD 1989/2708) en la que se admite la posibilidad de que los cónyuges 
lleven a cabo un “negocio de aportación de derechos” o de “comunicación de bienes”. En 
la Resolución de 21 de diciembre de 1998 (EDD 1998/29479) se indicaba que “el 
principio rector en la materia es el de la libertad de pactos entre los cónyuges, cuya 
formulación legal se sitúa en el art. 1323 del CC (EDL 1889/1); por otra, la aportación a 
la sociedad conyugal, constituye un negocio jurídico válido y lícito al amparo de la 
libertad de pactos y contratos que rige entre cónyuges al igual que entre extraños (arts. 
1255 y 1323 del CC)”.
Segundo.  En las Resoluciones de 22 de marzo de 2010 (EDD 2010/44671) y 11 de 
abril de 2012 (EDD 2012/82283) se permite que, con ocasión de la liquidación de la 
sociedad conyugal preexistente, los cónyuges puedan intercambiarse bienes privativos o 
que pueda adjudicarse de menos a un cónyuge bienes gananciales, compensando la 
diferencia de adjudicación con bienes privativos del otro cónyuge.
En la aportación de bienes a la sociedad de gananciales no hay ningún negocio 
traslativo en favor del cónyuge no titular, sino que la beneficiaria es únicamente la 
sociedad de gananciales, aunque indirectamente luego aquél cónyuge se beneficie de la  e
aportación, si en el momento de la liquidación de la sociedad de gananciales existe  bo
activo  que  repartir.  Así  lo  expresa  con  claridad  la  STSJ  Murcia,  Sala  2.ª  de  lo  13ww
Clao dnotennaccioiósno -eAnd meiln aisrttr.a 6tiv1o8  dCeC 2 5c odme oo c‘tuunb raec dtoe  2d0e1 8lib (eErDalJid 2a0d1 8p/o6r3 9e1l 2c3u)a: l“ Cuonnac eppetrusaodnaa 
ddeis pboiennee gsr aptruivitaatmiveonst ea  dlea  usnoac iceodsaad  edne  fagvaonra dnec iaolteras,  pquueed lae  atecneeprt ac’,o Smi ob iceanu lsaa a pcouratlaqcuióienr 
negocio jurídico como la compraventa, la donación o la permuta, también puede tener
una causa propia, distinta de otros negocios jurídicos traslativos del dominio, como es la 
causa matrimonii, recogida y admitidita por la doctrina jurisprudencial, en razón a la 
unión conyugal y para integrarlo en el acervo común con la finalidad de atender las 
necesidades de la familia, o como señala esa Dirección General de los Registros y del 
Notariado “Se trata de sujetar el bien al peculiar régimen de afección propio de los 
bienes  gananciales,  en  cuanto  a  su  administración,  disposición,  cargas, 
responsabilidades, liquidación que puede conducir a su atribución definitiva a uno u otro 
cónyuge, de acuerdo con las circunstancias de cada uno, o sus respectivos herederos”.
Tercero.  En  la  Resolución  de  la  DGRN  de  24  de  noviembre  de  2015 
(EDD 2015/230253) se indica que “tratándose de la vivienda familiar adquirida por los 
cónyuges  en  estado  de  solteros,  esta  Dirección  General  ha  considerado  (cfr. 
Resoluciones de 8 de mayo, 26 de junio, 26 de julio y 29 de septiembre de 2014 
(EDD 2014/180303), y 19 (EDD 2015/134952) y 30 de junio (EDD 2015/135417) y 27 de 
julio de 2015 -EDD 2015/163217–), la existencia de una causa familiar propia de la 
solución de la crisis matrimonial objeto del convenio. Dentro de las distintas acepciones 
del concepto de causa, como ha afirmado este Centro Directivo en sus Resoluciones 
de 7 de julio (EDD 2012/197902) y 5 de septiembre de 2012 (EDD 2015/213851), existe 
aquí también una causa tipificadora o caracterizadora propia del convenio regulador, 
determinante  del  carácter  familiar  del  negocio  realizado,  con  lo  que  existe  título 
inscribible suficiente por referirse a un negocio que tiene su causa típica en el carácter 
familiar propio de los convenios de separación, nulidad o divorcio, por referirse a la 
vivienda familiar y a la adjudicación de la misma, que entra dentro del interés familiar de 
los cónyuges y de sus hijos.”
Cuarto.  En  relación  con  la  causa  matrimonii  la  AP  Madrid,  Sec.  14.ª,  en  su 
Sentencia de 9 de marzo de 2016 (EDJ 2016/46721) así como las Resoluciones de esa 
Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  de  22  de  junio  de  2006 
(EDD 2006/98038) y 6 de junio de 2007 por las que se cuestiona la existencia de causa 
onerosa, indicando la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2015 que “no 
todo acto de liberalidad comporta una donación en sentido estricto y así en este caso no 
se trata de una transmisión patrimonial de la propiedad realizada de forma gratuita por 
un sujeto a otro, sino –incluso descartada la causa onerosa de la aportación por uno de 
los miembros de la sociedad de gananciales a dicha sociedad –de tipo germánico y sin 
distribución por cuotas– de un bien de su propiedad por razón de liberalidad que ha de 
insertarse en las especiales relaciones del derecho de familia y, en concreto, de las 
nacidas de la institución matrimonial”.
Quinto.  En el caso de la compra de la vivienda familiar antes de contraerse el 
matrimonio, en condición de novios y con la intencionalidad de aportar dicho bien al 
matrimonio cuando se celebre, y que se financia con un préstamo hipotecario que 
termina pagándose durante el matrimonio, y en base a dinero proveniente de la sociedad 
de gananciales, reiterada jurisprudencia considera dicha aportación e intencionalidad 
como integrante de la sociedad de gananciales. Como sabemos, por aplicación de lo 
establecido en el art. 1354 (EDL 1889/1) en relación con el art. 1357.2 CC, el bien 
pertenece en pro indiviso al cónyuge que adquirió el bien y a la sociedad de gananciales, 
en proporción a los pagos realizados. Si el cónyuge aporta a la sociedad de gananciales 
la parte privativa que le corresponde, (en este caso, mitades pro indiviso de dicha 
vivienda) y el pago de la hipoteca constituida sobre dicha vivienda, tras la inmediata 
celebración del matrimonio, se efectúa con dinero ganancial, es perfectamente factible 
que cuando se liquide la sociedad de gananciales se adjudique en base y con los  s
criterios de dicha disolución acordada en el convenio regulador. oe.
Incluso, reiterada Jurisprudencia admite la posibilidad de que se aporten bienes  w.
privativos para equilibrar la liquidación de la sociedad de gananciales, es decir, para que  13ww
udne  caódnjuyduigcea cpióune,d ac oand jeuld ibciaerns ep lraiv atotitvaoli daapdo drtea duon  ab ielan , scoocmiepdeands ádned ogsaen aenl ciniaicleiasl  qeuxcee ssoe 
madajutrdimicoanráio ,e ls eo trsou sctóennytau gdee.  Dmiacnhear ap orseiibteilridaadda  dpeo ra lpao Jrtuarri sbpireundeesn cdiea ,c sairrávcat ecro mproiv amtiuveosst raal   BOE-A-cable e
la sentencia de la AP Zaragoza, Sec. 2.ª, de 7 de abril de 2009 (EDJ 2009/81198) que 
admitió la posibilidad de que la aportación del bien privativo pudiese llevarse a efecto en 
un pacto prematrimonial, e incluso fijado de manera específica en la disolución de dicha 
sociedad de gananciales con carácter compensatorio:
“Consecuentemente, debe entenderse que la vivienda en cuestión forma parte de la 
sociedad conyugal en su día constituida, lo que determina la estimación de la demanda 
deducida salvo en el apartado referente a la condena del demandado a la realización de 
las actuaciones necesarias para que la copropiedad de la vivienda pueda ser inscrita en 
el Registro de la Propiedad.”
Sexto.  De igual manera (y es criterio de esa DGRN), puede utilizarse el convenio 
regulador como instrumento jurídico para incluir tanto la aportación de un bien privativo a 
la sociedad de gananciales como la subsiguiente liquidación de la sociedad si se trata de 
la vivienda familia (Resoluciones de la DGRN de 13 de junio de 2011 (EDD 2011/118385) 
y 13 de marzo de 2015 –EDD 2015/37264–). Cuando se trata de la vivienda familiar, no 
existe ningún obstáculo registral para que el convenio pueda contener el negocio jurídico 
de  aportación  de  bienes  privativos  cuando  el  bien  pertenece  en  pro  indiviso  a  un 
cónyuge y a la sociedad de gananciales. En este sentido podemos citar la Resolución de 
la DGRN de 11 de abril de 2012 –EDD 2012/82283–).
Séptimo.  Resolución de 10 de marzo de 1989 de esa DGRN, respecto del pacto 
específico de atribución de ganancialidad a la edificación realizada con dinero ganancial 
sobre suelo privativo de uno de los cónyuges, señaló que “aun cuando la hipótesis 
considerada  no  encaje  en  el  ámbito  definido  por  la  norma  del  art.  1355  CC  (que 
contempla la posibilidad de asignar de modo definitivo el carácter ganancial solamente 
respecto de los bienes adquiridos a título oneroso), no por ello ha de negarse la validez y 
eficacia  del  acuerdo  contenido  en  la  escritura  calificada,  toda  vez  que  los  amplios 
términos del art. 1323 CC posibilitan cualesquiera desplazamientos patrimoniales entre 
los cónyuges y, por ende, entre sus patrimonios privativos y el consorcial, siempre que 
aquéllos se produzcan por cualquiera de los medios legítimos previstos al efecto –entre 
los cuales no puede desconocerse el negocio de aportación de derechos concretos a 
una comunidad de bienes no personalizada jurídicamente o de comunicación de bienes 
como categoría autónoma y diferenciada con sus propios elementos y características–, y 
cuyo  régimen  jurídico  vendrá  determinado  por  las  previsiones  estipuladas  por  los 
contratantes dentro de los límites legales (arts. 609, 1255 y 1274 CC) y subsidiariamente 
por  la  normativa  del  CC’.  Este  criterio  ha  sido  posteriormente  confirmado  en 
Resoluciones de 14 de abril de 1989, 7 y 26 de octubre de 1992, 28 de mayo de 1996 
(EDD 1996/3803), 11 de junio de 1993 (EDD 1993/5589), 15 y 30 de diciembre de 1999 
(EDD 1999/43659), 8 de mayo de 2000, 21 de julio de 2001 (EDD 2000/33516), 17 de 
abril de 2002, 12 de junio y 18 de septiembre de 2003 (EDD 2003/89667), y 22 de junio 
de 2006 (EDD 2006/98038)”.
En virtud de lo expuesto, suplico a Ud:
Que teniendo por presentado este escrito, se acceda a lo solicitado y se proceda a la 
inscripción de la finca alegada, en favor de Dña. A. M. R. L., cuya titularidad y propiedad 
se acordó en el anteriormente mencionado Convenio Regulador y sentencia de Divorcio, 
sin que nada nuevo tenga que alegar al respecto ninguno de los dos intervinientes.»
IV es
La registradora de la Propiedad elevó el expediente a este Centro Directivo, con su  w.
icqneuforetri,fm icceao,dn ma f eeccodhniaa na t1ceu6 s edese cd reifteo rb edrceeirb ofoe ,dc aehl a 2J 30u 2zdg1ea,  ddmoioa d rzetro aP sdrliaemd 2eo0r ad2 e1Inl.  srEteancn udcriisacoh e oi n Iintnesfrotprruumcecesi ótmon,a  npnúoifmre sectraaorb ta4a    2021-8613n https://ww
de la Línea de la Concepción, para que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 327 de la Ley Hipotecaria, realizara las alegaciones que estimara conveniente, 
sin que se haya recibido alegación alguna.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 90, 91, 95, 96, 97, 103, 400, 609, 1205, 1216, 1218, 1255, 1278, 
1279, 1280, 1323, 1345 y siguientes, 1354, 1355, 1357, 1397 y 1404 del Código Civil; 44 
y siguientes, 145, 222, 249, 250, 317.1, 319.1, 437, 438, 522, 523, 769, 770, 771, 774, 
777, 806 y 810 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 1, 2, 3, 9, 18, 19, 20, 21, 38, 40 y 322 y 
siguientes de la Ley Hipotecaria; 281 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial; 17 bis de la Ley del Notariado; 33, 34, 51, 91, 95 y 100 del Reglamento 
Hipotecario; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 5 de mayo de 1978, 6 de noviembre de 1980, 25 de febrero, 9 y 10 de marzo y 31 de 
octubre de 1988, 6 de marzo de 1997, 16 de octubre y 18 de noviembre de 1998, 21 de 
diciembre de 1999, 6 de marzo y 8 de octubre de 2001, 5 de diciembre de 2002, 15 y 16 
de enero, 22 de julio y 27 de noviembre de 2003, 20 de febrero, 23 de marzo, 4 de mayo 
y 10 de septiembre de 2004, 21 de marzo, 27 de junio y 25 de octubre de 2005, 21 de 
enero, 30 y 31 de mayo, 3 de junio y 27 de julio de 2006, 22 de febrero y 13 de 
noviembre de 2007, 31 de marzo, 22 de mayo, 5 de junio y 29 de octubre de 2008, 5 de 
febrero, 14 de mayo y 18 de noviembre de 2009, 8 y 18 de enero, 22 de marzo y 14, 22 
y 23 de diciembre de 2010, 13 de enero, 7 de marzo y 5 de agosto de 2011, 29 de 
febrero, 13 de marzo, 2, 9 y 11 de abril, 8 y 19 de mayo, 4 de junio, 7 de julio, 5 de 
septiembre, 15 de octubre y 5 de diciembre de 2012, 9 de marzo, 11, 21 y 26 de junio, 28 
de agosto y 19 de diciembre de 2013, 11 de marzo, 9 de abril, 6 y 8 de mayo, 2, 4 y 26 
de junio, 1, 10 y 26 de julio, 4 de agosto, 4, 6, 16 y 29 de septiembre, 16 de octubre y 12 
de noviembre de 2014, 27 de febrero, 13 y 25 de marzo, 9 de abril, 26 de mayo, 16, 19 
y 30 de junio, 7, 9 y 17 de septiembre, 1 de octubre y 24 de noviembre de 2015, 4 de 
abril, 4 y 5 de mayo, 16 y 26 de julio, 23 de septiembre, 16, 19 y 24 de octubre y 30 de 
noviembre de 2016, 11 y 31 de enero, 21 de julio, 8 de septiembre, 11 de octubre y 12 de 
diciembre de 2017, 23 y 28 de febrero, 22 de marzo, 23 de abril, 6, 13 y 21 de junio y 11 
de julio de 2018, 14 de febrero, 22 de mayo, 2 y 31 de octubre y 11 de diciembre de 2019 
y 8 de enero de 2020, y la Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública de 15 de septiembre y 12 de noviembre de 2020.
1.  Debe decidirse en el presente expediente si es o no inscribible la adjudicación de 
una finca mediante un convenio regulador, aprobado mediante sentencia de divorcio de 
mutuo acuerdo, con las siguientes circunstancias fácticas determinantes:
La  finca  objeto  del  convenio  consta  inscrita  en  el  Registro  «pro  indiviso»,  con 
carácter privativo, a nombre del marido y de la esposa por haberla comprado y adquirido, 
en estado de solteros, mediante escritura pública otorgada el día 19 de abril de 1991. El 
matrimonio se celebró el día 26 de septiembre de 1992.
En el convenio regulador se limitan a expresar que el domicilio familiar se encontraba 
fijado en dicha finca, ésta se incluye en el activo de la sociedad de gananciales y se 
adjudica a la esposa.
La registradora suspende la inscripción solicitada porque, dado que la finca aparece 
inscrita con carácter privativo en favor de los cónyuges, «pro indiviso», por haberla 
comprado en estado de solteros, y el convenio regulador parte del carácter ganancial de  s
la finca, no es posible realizar la liquidación de gananciales con adjudicación de dicha  oe.
finca en tal documento. w.
dgoamnaEicnl icrlieioac luecrsor;en qnyuuteeg  aaell el ygp arel aqc uioee n ddteee nsladd ieev riqvoiunee n adc aot noftudreao jsefi rnolaonns  mcieaafdetrocim tocoosn nia oup snoe rp tfariéjdósa te anam  dolia ch hisapo ovctieivecideaanrdido a, d eeell    2021-8613n https://ww
cual fue pagado con dinero proveniente del trabajo conjunto y aportado a dicha sociedad;
que, por aplicación del artículo 1354 en relación con el artículo 1357, párrafo segundo,  Bc
del Código Civil, el bien pertenece «pro indiviso» al cónyuge que adquirió el bien y a la 
sociedad de gananciales, en proporción a los pagos realizados, de modo que si el 
cónyuge aporta a la sociedad de gananciales la parte privativa que le corresponde (en 
este caso, mitades «pro indiviso» de dicha vivienda) y el pago del préstamo garantizado 
con  la  hipoteca  constituida  sobre  dicha  vivienda,  tras  la  inmediata  celebración  del 
matrimonio, se efectúa con dinero ganancial, es perfectamente factible que cuando se 
liquide  la  sociedad  de  gananciales  se  adjudique  en  los  términos  acordados  en  el 
convenio regulador, pues puede utilizarse dicho convenio como instrumento jurídico para 
incluir tanto la aportación de un bien privativo a la sociedad de gananciales como la 
subsiguiente liquidación de ésta si se trata de la vivienda familiar.
2.  Como  cuestión  previa,  debe  recordarse  que,  como  tiene  declarado  esta 
Dirección General, de conformidad con el artículo 326 de la Ley Hipotecaria, el recurso 
debe  recaer  exclusivamente  sobre  las  cuestiones  que  se  relacionen  directa  e 
inmediatamente  con  la  calificación  del  registrador,  rechazándose  cualquier  otra 
pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma 
(vid., por todas, las Resoluciones de 27 de julio de 2006, 22 de mayo de 2008, 5 de 
febrero de 2009, 8 y 18 de enero y 23 de diciembre de 2010, 13 de enero de 2011, 21 de 
junio y 28 de agosto de 2013, 7 de septiembre y 1 de octubre de 2015, 21 de julio 
de 2017 y 6 y 21 de junio y 11 de julio de 2018). En definitiva, el objeto del recurso queda 
delimitado  en  el  momento  de  su  interposición  y  resulta  constreñido  tanto  por  la 
documentación  presentada  como  por  el  contenido  de  la  calificación  negativa  del 
registrador, sin que pueda el recurrente en el escrito de impugnación introducir nuevos 
elementos que no se han hecho constar en el título presentado. Por ello, no pueden 
tenerse en cuenta ahora las alegaciones del recurrente sobre el hecho de que se hubiera 
pagado el precio de la vivienda con un préstamo hipotecario y que desde que contrajeron 
matrimonio  entendieron  a  todos  los  efectos  aportada  la  finca  a  la  sociedad  de 
gananciales, pues es continua doctrina de esta Dirección General, basada en el citado 
precepto legal (vid., por todas, Resolución de 13 de octubre de 2014), que el objeto del 
expediente de recurso contra las calificaciones de registradores de la propiedad es 
exclusivamente determinar si la calificación es o no ajustada a Derecho (vid. Sentencia 
del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2000). Y es igualmente doctrina reiterada (vid., 
por todas, Resoluciones de 19 de enero y 13 de octubre de 2015), que el recurso no es 
la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador, sin 
perjuicio de que, una vez terminado el procedimiento, pudiera ser presentado de nuevo 
el título, con los documentos subsanatorios o complementarios correspondientes, y así 
obtener una calificación nueva sobre los mismos.
3.  Por lo que se refiere al fondo del asunto debatido, según la reiterada doctrina de 
esta  Dirección  General,  (vid.  Resoluciones  citadas  en  el  apartado  «Vistos»  de  la 
presente), la calificación registral no entra en el fondo de la resolución judicial (decreto 
de la letrada de la Administración de Justicia, en este caso), ni en la validez del convenio 
regulador aprobado judicialmente, sino en si tal convenio constituye o no título inscribible 
para la práctica del asiento registral teniendo en cuenta los aspectos susceptibles de 
calificación registral conforme a los artículos 100 del Reglamento Hipotecario y 522 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, que hacen referencia, entre otros extremos, a la calificación 
registral de la congruencia de la resolución con el procedimiento en que se ha dictado y 
de los obstáculos derivados de la legislación registral.
La determinación de si el convenio regulador aprobado judicialmente constituye o no  e
título hábil para la inscripción de los actos realizados en el mismo está sometido a la  bo
calificación  registral,  porque  la  clase  de  título  inscribible  afecta  a  los  obstáculos  13ww
pdreervivéand odsif edree nlate sle gcliaslsaecsió dne d deol cRuemgeisntrtoos,  ppuúebsli ceons  eeln a crtoícnusloon 3a ndceia  lac oLne yc aHdiap outneoc adriea  lsoes 
ianctetorsc ama bqiaubel ess es inreof iqeuree  ceal daar tuícnuol od e2  edlloes  leas tpár oepni ac olnesyo, nsainnc iqau ceo ns elaa nn adtuorcaulemzean dtoesl 
acto  que  se  contiene  en  el  correspondiente  documento  y  con  la  competencia  y
congruencia según el tipo de transmisión de que se trate (conclusión que igualmente es 
predicable respecto de la calificación de la congruencia de la resolución –en este caso, 
sentencia de aprobación del convenio regulador en el que se incluye en el activo de la 
sociedad de gananciales un bien de naturaleza privativa según los asientos registrales– 
con el procedimiento en que se ha dictado –en este supuesto, divorcio con liquidación de 
la sociedad de gananciales disuelta en virtud del mismo–).
Por eso, esta Dirección General ha venido dilucidando qué actos o transmisiones 
cabe inscribir en virtud de un convenio regulador aprobado judicialmente, cuya validez no 
se discute, y qué actos precisan de una escritura pública otorgada con posterioridad al 
convenio y sin prejuzgar la validez de éste.
4.  Como ha puesto de relieve este Centro Directivo, es inscribible el convenio 
regulador sobre liquidación del régimen económico-matrimonial que conste en testimonio 
judicial acreditativo de dicho convenio, siempre que haya sido aprobado por la sentencia 
que acuerda la nulidad, la separación o el divorcio.
Ahora bien, como también tiene declarado esta Dirección General (véase, por todas, 
la Resolución de 25 de octubre de 2005), esa posibilidad ha de interpretarse en sus 
justos  términos,  atendiendo  a  la  naturaleza,  contenido,  valor  y  efectos  propios  del 
convenio regulador (cfr. artículos 90, 91 y 103 del Código Civil), sin que pueda servir de 
cauce formal para otros actos que tienen su significación negocial propia, cuyo alcance y 
eficacia habrán de ser valorados en función de las generales exigencias de todo negocio 
jurídico  y  de  los  particulares  que  imponga  su  concreto  contenido  y  la  finalidad 
perseguida.
Como recordaron las Resoluciones de 25 de octubre de 2005 y 16 de junio de 2010, 
entre otras muchas, uno de los principios básicos de nuestro sistema registral es el 
llamado principio de legalidad que, por la especial trascendencia de efectos derivados de 
los asientos del Registro (que gozan erga omnes de la presunción de exactitud y validez 
y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional –artículos 1 y 38 de la Ley Hipotecaria–), 
está  fundado  en  una  rigurosa  selección  de  los  títulos  inscribibles  sometidos  a  la 
calificación del registrador, y así el artículo 3 de la Ley Hipotecaria establece, entre otros 
requisitos, la exigencia de documento público o auténtico para que pueda practicarse la 
inscripción en los libros registrales, y esta norma se reitera a través de toda la Ley 
Hipotecaria, así como de su Reglamento, salvo contadas excepciones que son ajenas al 
caso ahora debatido.
Ciertamente,  según  los  artículos  1216  del  Código  Civil  y  317.1.º  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil, son documentos públicos los testimonios que de las resoluciones y 
diligencias  de  actuaciones  judiciales  de  toda  especie  expidan  los  letrados  de  la 
Administración de Justicia (a quienes corresponde dar fe, con plenitud de efectos, de las 
actuaciones procesales que se realicen en el Tribunal o ante él –artículos 281 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y 145 de la Ley de Enjuiciamiento Civil–); y conforme al 
artículo 319.1 de dicha Ley procesal tales testimonios harán prueba plena del hecho o 
acto que documentan y de la fecha en que se produce esa documentación (cfr., también, 
artículo 1218 del Código Civil). Pero es también cierto, según la reiterada doctrina de 
esta Dirección General, que al exigir el artículo 3 de la Ley Hipotecaria para inscribir en 
el  Registro  los  títulos  relativos  a  bienes  inmuebles  o  derechos  reales  que  estén 
consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico, no quiere ello decir 
que puedan constar en cualquiera de estas clases de documentos indistintamente, sino 
en aquellos que legalmente sean los propios del acto o contrato que haya de inscribirse; 
de modo que la doctrina y preceptos hipotecarios no reputan indiferente la especie de  e.
documento auténtico presentado en el Registro, y exigen el congruente con la naturaleza  w.b
del acto inscribible (cfr. Real Orden de 13 de diciembre de 1867 y Resoluciones de 16 de  13ww
jeunlieor od ed 1e9 11876 y4 ,1 2 d5e  djuel ijou ldioe  d1e9 4138,8 e0n, tr1e4  odtrea sju).nio de 1897, 12 de febrero de 1916, 31 de
5.  Precisando más los límites de la citada doctrina, la Resolución de 22 de marzo
de 2010, reiterando otros pronunciamientos anteriores de este mismo Centro Directivo, y
nuevamente confirmada por la Resolución de 11 de abril de 2012, ha señalado que 
respecto de la sociedad de gananciales, proclamada en nuestro Derecho la posibilidad 
de transmisión de bienes entre cónyuges por cualquier título (cfr. artículo 1323 del 
Código Civil), nada se opone a que éstos, con ocasión de la liquidación de la sociedad 
conyugal preexistente puedan intercambiarse bienes privativos. Pero no siempre esas 
transmisiones adicionales de bienes privativos del patrimonio de un cónyuge al del otro 
tendrán como causa exclusiva la propia liquidación del consorcio. Puede haber, en 
ocasiones, un negocio complejo, en el que la toma de menos por un cónyuge del 
remanente  consorcial  se  compense  con  esa  adjudicación  –a  su  favor–  de  bienes 
privativos  del  otro  cónyuge  o,  simplemente,  negocios  adicionales  a  la  liquidación, 
independientes jurídicamente de ésta, con su propia causa.
Indudablemente,  el  negocio  de  que  se  trate  ha  de  tener  su  adecuado  reflejo 
documental,  siendo  preciso  plasmarlo  así,  nítidamente,  en  el  correspondiente 
documento, sin que pueda pretenderse en todo caso su inscripción por el mero hecho de 
que conste en el convenio regulador de la separación, cuyo contenido propio es un 
negocio  que  es  exclusivamente  de  liquidación  de  la  sociedad  conyugal  (cfr. 
artículos 1397 y 1404 del Código Civil y 18 de la Ley Hipotecaria).
6.  Igualmente, según doctrina también consolidada de este Centro Directivo (vid. 
Resoluciones citadas en los «Vistos»), el convenio regulador, suscrito por los interesados 
sin intervención en su redacción de un funcionario competente, no deja de ser un 
documento privado que con el beneplácito de la aprobación judicial obtiene una cualidad 
específica, que permite su acceso al Registro de la Propiedad, siempre que el mismo no 
se exceda del contenido que a estos efectos señala el artículo 90 del Código Civil, pues 
hay que partir de la base de que el procedimiento de separación o divorcio no tiene por 
objeto, en su aspecto patrimonial, la liquidación del conjunto de relaciones patrimoniales 
que puedan existir entre los cónyuges sino tan sólo de aquellas derivadas de la vida en 
común. Así resulta indubitadamente de la regulación legal que restringe el contenido 
necesario del convenio regulador a la atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar y a 
la  liquidación,  cuando  proceda,  del  régimen  económico  matrimonial  amén  de  otras 
cuestiones como la pensión compensatoria y el sostenimiento a las cargas y alimentos 
(artículos 90 del Código Civil y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil citados en 
los «Vistos»). Por este motivo, el propio Código restringe la actuación del juez, a falta de 
acuerdo, a las medidas anteriores (artículo 91), como restringe también la adopción de 
medidas  cautelares  al  patrimonio  común  y  a  los  bienes  especialmente  afectos  al 
levantamiento de las cargas familiares (artículo 103). Por ello, la liquidación del régimen 
económico matrimonial y en general del haber común del matrimonio es materia típica y 
propia del convenio, al igual que aquellos actos relativos a la vivienda familiar.
Fuera de tales supuestos, las transmisiones adicionales de bienes entre cónyuges, 
ajenas al procedimiento de liquidación (como son, en vía de principios, las que se 
refieren a bienes adquiridos por los cónyuges en estado de solteros no especialmente 
afectos a las cargas del matrimonio), constituyen un negocio independiente, que exige 
acogerse a la regla general de escritura pública para su formalización. La diferente causa 
negocial,  ajena  a  la  liquidación  del  patrimonio  común  adquirido  en  atención  al 
matrimonio, y las exigencias derivadas del principio de titulación auténtica, unidas a la 
limitación  de  contenido  que  puede  abarcar  el  convenio  regulador,  según  doctrina 
reiterada (vid. «Vistos»), deben resolverse en favor de la exigencia de escritura para la 
formalización de un negocio de esta naturaleza.
En definitiva, sólo son inscribibles aquellos actos que, conforme al artículo 90 del  e.
Código Civil, constituyen el llamado contenido típico del convenio regulador, fuera de los  w.b
cuales, y sin afectar a la validez y eficacia de los actos consignados en un documento  13ww
lqouse l inboro ps iedredl eR eelg cisatrráoc rteeqr udiee rceo snuv efonrimo aplrizivaacdióon o ebnje ltoos d teít ualporso ebsatcaibólne cjuiddoicsi aeln,  seul  aarctcíceusloo  a3 
dvoel ulan taLreioy  Hy ipcootnesccaireian,t ee sc edleecbirra deol  dpoocru mloesn toin tpeúrebslicaod onso, tafuriearl,a  adl etr autanras e cdoen tiuenn daac too 
controversia entre los mismos.
7.  Los  cónyuges,  en  ejercicio  de  su  libertad  civil,  pueden  incluir  en  un  único 
convenio la liquidación del conjunto de sus relaciones patrimoniales, tanto las derivadas 
de la celebración del matrimonio como cualesquiera otras que pudieran existir entre 
ellos; incluso puede decirse que con ocasión de la ruptura es lógico y posible que así lo 
deseen. Pero, como reiteradamente ha sostenido este Centro Directivo, el hecho de que 
el convenio contenga un conjunto de acuerdos que excedan de su contenido legal 
impone  su  discriminación  a  efectos  de  decidir  lo  que  puede  como  tal  acceder  al 
contenido del Registro y lo que no. La aprobación de lo que constituye el contenido legal 
del convenio no puede servir de cauce formal para otros actos que tienen su significación 
negocial propia, cuyo alcance y eficacia habrán de ser valorados en función de las 
generales exigencias de todo negocio jurídico y de los particulares que imponga su 
concreto contenido y la finalidad perseguida.
Debe tenerse en cuenta que el convenio privado entre las partes, en lo que no es su 
contenido típico, no queda elevado a público por el hecho de que el juez apruebe u 
homologue lo que constituye su contenido legal. Fuera de lo que constituye su objeto se 
siguen las reglas generales y las partes pueden compelerse a elevar a público, en la 
forma determinada por el ordenamiento jurídico y de acuerdo a los procedimientos 
legales específicamente previstos, lo que constituyen acuerdos privados (vid. Resolución 
de 26 de junio de 2013). De otro modo se estaría utilizando un procedimiento que tiene 
un objeto determinado para el ejercicio de acciones y pretensiones distintas, que deben 
conocerse  por  el  juez  que  tenga  atribuida  la  competencia  y  por  el  procedimiento 
correspondiente  (cfr.  artículos  44  y  siguientes,  249,  250,  769  y  770  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil, y sin perjuicio de la posibilidad del ejercicio simultáneo de la acción 
de división de la cosa común respecto de bienes que tengan los cónyuges en comunidad 
ordinaria indivisa, conforme a la nueva redacción dada al artículo 438, número 3.4.ª, de 
la citada ley de ritos por el apartado doce de la disposición final tercera de la Ley 5/2012, 
de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles). Como ha reiterado este 
Centro Directivo, la existencia dentro del convenio de negocios complejos, en el que la 
toma de menos por un cónyuge del remanente común se compensa con adjudicación de 
bienes privativos del otro cónyuge o, simplemente, negocios adicionales a la liquidación, 
independientes  jurídicamente  de  ésta,  con  su  propia  causa,  deben  tener  su  reflejo 
documental, pero no puede pretenderse su inscripción por el mero hecho de que consten 
en el convenio regulador de la separación o divorcio cuyo contenido propio es un 
negocio que es exclusivamente de liquidación del régimen económico matrimonial (cfr. 
artículos 1397 y 1404 del Código Civil y 18 de la Ley Hipotecaria).
8.  A la luz de las anteriores consideraciones, el recurso no puede prosperar. La 
adjudicación de un bien inmueble objeto de comunidad ordinaria adquirido antes del 
matrimonio, de carácter privativo, es un negocio ajeno al contenido típico del convenio 
regulador por lo que para su inscripción en el Registro de la Propiedad es necesaria la 
oportuna  escritura  pública  o,  en  su  defecto,  la  sentencia  firme  dictada  por  juez 
competente en el procedimiento que corresponda.
Ciertamente, tratándose de la vivienda familiar, si se hubieran realizado pagos del 
precio aplazado de la misma con dinero ganancial, la titularidad privativa inicial habrá 
devenido -ex lege- con los desembolsos realizados, en el nacimiento de una comunidad 
romana  por  cuotas  entre  la  sociedad  de  gananciales  y  los  cónyuges  titulares,  en 
proporción al valor de las aportaciones respectivas (cfr. artículos 1354 y 1357, párrafo 
segundo, del Código Civil). Esa situación y la consiguiente extinción de ese condominio, 
para tener acceso registral, tiene que ser así convenida por las partes (cfr. artículo 91.3  e.
Reglamento Hipotecario). El propio Tribunal Supremo en Sentencia de 31 de octubre  w.b
de 1989 afirma la relevancia que tiene para el carácter de la vivienda familiar adquirida  13ww
feonr measltiazdaod od ee ls omltiesrmo oe l dhíae cdheo  dlae  qcoume psrea vheanytaa –a mcoonrt izfaodnod ousn  gparnéastnacmiaole sh ipdouteracnatreio  e–l
mgaantraimncoianlieos,  elom pqlueea dpoesr menit ela  caodnqfiurmisiacrió nq udee  elas  vaivdieencudaad faa mlail iacro cnoenx iólans  addej uldoisc afcoinodnoess 
que en ese caso se realizan con motivo de la liquidación de la sociedad de gananciales
incluyendo la finca adquirida en el reparto de bienes que motiva dicha liquidación, 
adjudicándola al otro de los cónyuges, quien la deuda hipotecaria, y en compensación 
por otros bienes gananciales que se adjudican al otro titular (vid. las Resoluciones de 19 
de diciembre de 2013, 4 de mayo y 26 de julio de 2016 y 11 de enero y 8 de septiembre 
de 2017).
En el caso presente, en la documentación presentada a calificación resulta que la 
finca tenía el carácter de vivienda familiar en el momento de la disolución del matrimonio 
(aunque no consta desde cuándo tuvo tal carácter, pues únicamente se indica que 
constituyó «el último domicilio conyugal»), pero de aquella no resulta que se haya 
adquirido con precio aplazado y que parte del mismo se haya pagado con dinero 
ganancial (en el Registro de la Propiedad tampoco consta extendida la nota marginal 
prevista para tal caso en el artículo 95.6 del Reglamento Hipotecario), sino que se trata 
de una adjudicación de un bien adquirido «pro indiviso» y por partes iguales por dos 
personas solteras, que después contraen matrimonio y quedan sujetas en su régimen 
económico matrimonial a la sociedad de gananciales regulada en el Código Civil, y sin 
que en dicha liquidación se exprese causa hábil alguna en los términos expuestos. Por 
ello,  si  hubiera  nacido  esa  comunidad  romana  por  cuotas  entre  la  sociedad  de 
gananciales  y  los  cónyuges  titulares,  en  proporción  al  valor  de  las  aportaciones 
respectivas, lo cierto es que falta en el convenio el debido consentimiento de las partes 
sobre la existencia de dicha comunidad con determinación de esas cuotas y sobre la 
extinción de la misma (cfr. artículo 91.3 Reglamento Hipotecario).
Tampoco  pueden  acogerse  las  afirmaciones  del  recurrente  en  su  escrito  de 
impugnación acerca de la apreciación de una pretendida aportación de la finca a la 
sociedad de gananciales, aportación que tampoco se explicita en el título calificado, a lo 
que  debe  añadirse  que  –aun  cuando  por  hipótesis  se  hubieran  incluido  esas 
afirmaciones en el convenio regulador– ni siquiera podría determinarse si se refieren a 
una aportación de la finca a la sociedad de gananciales realizada desde el momento de 
la celebración del matrimonio o, posteriormente, en ese mismo acto en el convenio 
regulador (hecho este último que, al margen de las cuestiones de forma ya señaladas, 
sería contradictorio con la naturaleza propia del acto de liquidación, en tanto en cuanto 
se estaría aportando un bien a la sociedad de gananciales que ha quedado disuelta 
antes de ese acto), o si se trata más bien de un negocio por el que la adjudicación 
formalizada  en  el  convenio  comporta  una  compensación  acordada  entre  los  ex 
cónyuges, como consecuencia de los excesos o defectos de adjudicación resultantes de 
la liquidación de la sociedad de gananciales, o si se trata de una mera disolución de la 
comunidad ordinaria existente sobre la finca (vid., en sentido análogo, las Resoluciones 
de 16 de octubre de 2014, 11 de julio de 2018 y 31 de octubre de 2019).
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de 
calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 5 de mayo de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago. s