BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 66 Jueves 18 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 31254
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
4250 Decreto-ley 10/2020, de 11 de junio, de modificación del Decreto-ley 4/2020, 
de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, 
fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto-
ley 10/2020, de 11 de junio, de modificación del Decreto-ley 4/2020, de 2 de abril, de 
medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para 
afrontar  la  crisis  provocada  por  el  COVID-19,  ordenando  a  la  ciudadanía  y  a  las 
autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno de Canarias aprobó, en sesión celebrada el pasado día 2 de abril, el 
Decreto-ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, 
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19, 
siendo modificado posteriormente mediante Decreto-ley 7/2020, de 23 de abril.
Tal y como se justifica en la exposición de motivos de dicho Decreto-ley, el mismo se 
dicta ante la situación de extrema gravedad generada por la evolución del coronavirus 
COVID-19, por lo que «resulta necesaria la adopción de medidas de carácter extraordinario y 
urgente de diversa índole, dando prioridad a aquellas que persigan minimizar el impacto en la 
destrucción del empleo, de una manera muy especial sobre los autónomos y autónomas que 
han tenido que cesar su actividad o bajar su producción de bienes y servicios.
Asimismo (en el referido Decreto ley) se adoptan medidas dirigidas a la agilización y 
eficacia en la tramitación de los procedimientos administrativos, y otras medidas en 
materia presupuestaria, de contratación y subvenciones, que persiguen coadyuvar a 
minimizar el impacto de la crisis sanitaria y social y dar respuestas inmediatas a las 
necesidades que se presenten».
La extraordinaria y grave situación derivada de la crisis sanitaria, así como las demandas 
ciudadanas, exigen a los poderes públicos que se adopten medidas que den respuestas 
inmediatas, ágiles y eficaces que contribuyan a paliar los graves efectos sanitarios, sociales y 
económicos que se extienden con una rapidez inusitada, por lo que se hace preciso dotar al 
Presupuesto de una flexibilización que se adecúe al nuevo escenario y dote al sistema 
presupuestario de una agilidad de respuesta que se adapte a las nuevas circunstancias. Esa 
es, precisamente, la justificación que motivó la declaración del estado de alarma y, en su 
consecuencia, la adopción de numerosas disposiciones y resoluciones en todos los ámbitos 
administrativos, estatales, autonómicos y locales, para tratar de paliar o atenuar sus duros 
efectos personales, sociales y económicos.
Entre  las  medidas  aprobadas,  el  capítulo  I  regula  las  «medidas  de  apoyo  a 
autónomos», en concreto las establecidas en el artículo 3, bajo la rúbrica «Medidas para 
el sostenimiento del empleo y apoyo social», a través de ayudas que se concederán de  s
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  oe.
General de Subvenciones, atendiendo a la singularidad derivada del impacto económico. w.
Resulta  evidente  que  la  situación  extraordinaria  generada  por  la  evolución  del  50ww
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actividad empresarial y de producción, que tiene indudables efectos en la conservación 
del empleo a ellas vinculado.
Es por ello que se considera imprescindible una modificación del capítulo I del Decreto-
ley 4/2020, de 2 de abril, a fin de incluir subvenciones en el ámbito del empleo, que se 
concederán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la mencionada Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, atendiendo a la singularidad derivada del impacto económico.
Con  la  modificación  de  dicho  capítulo  I  se  pretende  igualmente  que,  de  forma 
excepcional, en el caso de subvenciones de carácter no periódico, el procedimiento de 
concesión de las mismas se pueda incluir en el acto de convocatoria que se realice por 
el órgano competente para resolver, pues no cabe duda que ha de imperar la eficacia 
que con carácter inmediato resulta exigible a la medida proyectada.
Las medidas a incluir con la modificación del capítulo I del Decreto-ley 4/2020, de 2 
de abril, son las siguientes:
1.  La puesta en marcha de un programa de subvenciones en el ámbito del empleo, 
cuyo propósito será incentivar a las personas físicas y/o jurídicas, que mejoren las 
condiciones contractuales de las personas trabajadoras afectadas por un Expediente de 
Regulación  Temporal  de  Empleo  (ERTE),  por  fuerza  mayor,  declarado  como 
consecuencia de la crisis sanitaria.
2.  Asimismo, y con el mismo objetivo general, la puesta en marcha de un programa 
de subvenciones en el ámbito del empleo, cuyo propósito será incentivar la contratación 
de  personas  desempleadas,  por  parte  de  personas  físicas,  para  la  prestación  de 
servicios de hogar familiar.
De forma particular, y como consecuencia de la crisis ocasionada, se ha observado 
la existencia de un conjunto de personas trabajadoras en el sector del servicio de hogar 
familiar  que  tradicionalmente  han  venido  desarrollando  sus  funciones  sin  mediar 
contratación laboral. En el plano estrictamente asistencial, este conjunto de personas no 
han podido acceder a la batería de medidas de apoyo que se han venido desarrollando 
en respuesta a la crisis generada. La interrupción de su labor, motivada por las estrictas 
medidas  de  confinamiento  y  limitación  de  la  movilidad,  les  ha  supuesto  perjuicios 
evidentes  en  materia  económica,  sin  que  hayan  podido  acceder  a  ninguna  de  las 
medidas de asistencia aprobadas, en el ámbito del empleo.
Es por ello que se ha considerado oportuno establecer una medida que pretende 
incentivar la suscripción de contratos laborales en favor de este tipo de colectivos. Se 
pone en marcha, por consiguiente, una medida consistente en el establecimiento de 
subvenciones en favor de aquellas personas que formalicen nuevos contratos laborales 
con personas empleadas en el ámbito del servicio de hogar familiar. De esta forma se 
incentiva la puesta en valor de dichas actividades, y la generación de unas óptimas 
condiciones laborales para estos colectivos.
Por otra parte, esta medida fomentará de forma indudable, la necesaria conciliación 
de la vida familiar y laboral de las personas empleadoras, facilitando su inserción laboral, 
o el mantenimiento de la misma.
El objetivo de dichas medidas no es otro que preservar el empleo generado en 
Canarias en estos años de recuperación económica, minimizando el impacto de una 
crisis sanitaria que ya es social y económica, siendo el propósito mejorar las condiciones 
contractuales de las personas trabajadoras afectadas por una Expediente de Regulación 
de Empleo Temporal, por fuerza mayor, así como favorecer aquellas personas que 
suscriban nuevos contratos laborales con personas desempleadas, en el ámbito del 
servicio de hogar familiar. e.
Siendo  este  el  escenario,  resulta  evidente  el  compromiso  que  debe  asumir  la  w.b
Comunidad Autónoma de Canarias en las políticas activas de empleo, a través de las  50ww
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figura del decreto ley.
El presente Decreto-ley trae causa en el título habilitante de la competencia exclusiva en 
materia de servicios sociales previsto en el artículo 142 del Estatuto de Autonomía de 
Canarias, aprobado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, en cuyo apartado 1.a) 
incluye,  en  todo  caso,  «La  regulación  y  la  ordenación  de  los  servicios  sociales,  las 
prestaciones técnicas y económicas con finalidad asistencial o complementaria de otros 
sistemas de previsión pública, así como de los planes y los programas específicos dirigidos a 
personas y colectivos en situación de pobreza o de necesidad social».
Así mismo, como complemento del título habilitante anterior, el artículo 139.1.a) del 
Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a la Comunidad Autónoma, en el marco de 
la legislación del Estado, las competencias ejecutivas en materia de empleo y relaciones 
laborales que incluyen «Las políticas activas de empleo, que comprenderán la formación 
de los demandantes de empleo y de los trabajadores en activo, así como la gestión de 
las subvenciones correspondientes; la intermediación laboral y el fomento del empleo».
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el 
presente Decreto-ley se ajusta a los principios de buena regulación.
Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa se fundamenta en 
el  interés  general  que  supone  atender  a  las  circunstancias  sociales  y  económicas 
excepcionales derivadas de la crisis de salud pública provocada por el COVID-19, siendo este 
el momento de adoptar nuevas medidas adicionales para subvenir a estas necesidades y 
constituyendo el Decreto-ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación 
imprescindible para lograr el objetivo de garantizar el objetivo perseguido y no supone 
restricción de derecho alguno de las personas destinatarias de la misma.
Igualmente, en pro del principio de seguridad jurídica, la iniciativa resulta coherente con el 
marco normativo en el que se integra de forma tal que facilita su conocimiento y comprensión.
En  cuanto  al  principio  de  transparencia,  se  exceptúan  los  trámites  de  consulta 
pública  y  de  audiencia  e  información  públicas,  conforme  el  artículo  26.11  de  la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, este Decreto-ley no impone 
carga administrativa que no se encuentre justificada y resulte la mínima y, en todo caso, 
proporcionada,  en  atención  a  la  particular  situación  existente  y  la  necesidad  de 
garantizar el principio de eficacia en la aplicación de las medidas adoptadas.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía  de  Canarias,  a  propuesta  conjunta  de  los  Consejeros  de  Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos y de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, 
y  de  la  Consejera  de  Economía,  Conocimiento  y  Empleo,  previa  deliberación  del 
Gobierno en su reunión celebrada el día 11 de junio de 2020, dispongo:
Artículo  único.  Modificación  del  Decreto-ley  4/2020,  de  2  de  abril,  de  medidas 
extraordinarias  de  carácter  económico,  financieras,  fiscal  y  administrativas  para 
afrontar la crisis provocada por el COVID-19.
Se  modifica  el  capítulo  I  del  Decreto-ley  4/2020,  de  2  de  abril,  de  medidas 
extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar 
la crisis provocada por el COVID-19, que queda redactado de la siguiente manera:
«CAPÍTULO I
Medidas de apoyo a autónomos y al empleo b
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extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se
crea  una  línea  de  ayuda  dotada  inicialmente  con  11.000.000,00  de  euros, 
destinada a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas residentes en 
Canarias, que hubieran cesado en su actividad, con la finalidad de cubrir el 30 % 
de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
dichas  personas  trabajadoras  o,  en  su  caso,  en  el  Régimen  Especial  de  la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, al objeto de completar el 100% de 
la prestación.
Dicha línea de ayuda se financiará con el crédito procedente de la aplicación 
presupuestaria  50.01.241K.470.02.00,  Fondo  4050030,  Línea  de 
actuación 50400040.
2.  Con el objetivo general de luchar contra los negativos efectos que ha 
tenido la crisis sanitaria, social y económica producida por el COVID-19, se crea 
un programa de subvenciones, en el ámbito del empleo, cuyo propósito será 
incentivar  a  las  personas  físicas  y/o  jurídicas,  que  mejoren  las  condiciones 
contractuales  de  las  personas  trabajadoras  afectadas  por  un  Expediente  de 
Regulación  Temporal  de  Empleo  (ERTE),  por  fuerza  mayor,  declarado  como 
consecuencia de la crisis sanitaria.
Asimismo,  y  con  el  mismo  objetivo  general,  se  crea  un  programa  de 
subvenciones,  en  el  ámbito  del  empleo,  cuyo  propósito  será  incentivar  la 
contratación de personas desempleadas, por parte de personas físicas, para la 
prestación de servicios de hogar familiar.
Ambos programas de subvenciones se financiarán con el crédito procedente 
de la aplicación presupuestaria 50.01.241H.480.00.00, Fondo 4050030, Línea de 
actuación 50400037; con una dotación inicial de quinientos mil (500.000) euros 
para las subvenciones en favor de las personas físicas y/o jurídicas que mejoren 
las  condiciones  contractuales  de  las  personas  trabajadoras  afectadas  por  un 
expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), por fuerza mayor, y de cien 
mil  (100.000)  euros  para  las  subvenciones,  en  el  ámbito  del  empleo,  cuyo 
propósito será incentivar la contratación de personas desempleadas, por parte de 
personas físicas, para la prestación de servicios de hogar familiar.
3.  Las citadas ayudas y subvenciones se concederán de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, atendiendo a la singularidad derivada del impacto económico y 
social del COVID-19, que permiten apreciar la concurrencia de razones de interés 
público, económico y social, que dificultan la convocatoria pública de las mismas.
4.  El procedimiento se iniciará a instancia de parte, mediante solicitud de la 
persona física y/o jurídica interesada dirigida al órgano competente para resolver 
sobre el otorgamiento de estas subvenciones, en régimen de concesión directa.
La  presentación  de  las  solicitudes  podrá  ser  precedida  de  un  acto  de 
convocatoria por parte del órgano competente para resolver, que tendrá el carácter 
de presupuesto de los distintos procedimientos que se inicien posteriormente.
5.  El procedimiento de concesión de las citadas ayudas y subvenciones será 
establecido por Orden, de carácter reglamentario, de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de empleo.
Excepcionalmente, en el caso de subvenciones de carácter no periódico, dicho 
procedimiento de concesión se podrá incluir en el acto de convocatoria que se 
realice por el órgano competente para resolver.
6.  El procedimiento para la aprobación y modificación de la referida Orden  s
departamental solo exigirá la iniciativa del órgano gestor en la que se especificará  oe.
la adecuación de las mismas al plan estratégico de subvenciones, la propuesta de  w.
la Secretaría General Técnica de la Consejería competente en materia de empleo  50ww
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lAad Lmeiyn is3t9ra/2c0io1n5e, sd Pe ú1b ldicea so.ctubre, del Procedimiento Administrativo Común de las  BOE-A-cable e
Asimismo, quedan exceptuados los informes del Consejo General de Empleo 
previstos en el artículo 8.1, letras d) y n), de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del 
Servicio Canario de Empleo; así como el dictamen del Consejo Consultivo de 
Canarias a que se refiere el artículo 11.1.B.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del 
Consejo Consultivo de Canarias.
7.  Lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior  también  será  aplicable  al 
procedimiento de concesión de las subvenciones de carácter no periódico a que 
se  refiere  el  segundo  párrafo  del  apartado  5,  a  excepción  de  los  preceptos 
mencionados de la ley reguladora del procedimiento administrativo común».
Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente Decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial 
de Canarias».
Canarias, 11 de junio de 2020.–El Presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres 
Pérez.–El Consejero de Hacienda, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio 
Manuel Pérez Hernández.–El Consejero de Presupuestos y Asuntos Europeos, Román 
Rodríguez  Rodríguez.–La  Consejera  de  Economía,  Conocimiento  y  Empleo,  Elena 
Máñez Rodríguez.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 117, de 12 de junio de 2020. Convalidado por Acuerdo 
del Parlamento de Canarias, publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 142, de 15 de julio de 2020)