BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Martes 9 de noviembre de 2021 Sec. I.   Pág. 137899
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
18275 Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de 
Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social.
El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional, dado que su propagación internacional supone un riesgo para la salud 
pública de los países y exige una respuesta internacional coordinada.
La crisis sanitaria ocasionó durante 2020 importantes necesidades financieras en la 
Seguridad  Social  para  la  continuidad  de  su  acción  protectora,  que  motivaron  la 
autorización por el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan 
medidas  complementarias  en  materia  agraria,  científica,  económica,  de  empleo  y 
Seguridad  Social  y  tributarias  para  paliar  los  efectos  del  COVID-19,  de  un  crédito 
extraordinario  por  importe  de  14.002.593.690  euros  en  la  aplicación 
presupuestaria  19.02.000X.429.06  «Transferencia  para  equilibrar  el  impacto  en  las 
cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19», así como de un suplemento de 
crédito en la misma aplicación presupuestaria por importe de 6.000.000.000 euros en el 
Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la 
solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.
La buena evolución esperada para 2021 hizo que no se contemplara crédito para 
esta finalidad en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. No obstante, 
a lo largo de este ejercicio, la persistencia de efectos negativos derivados de la crisis 
sanitaria,  con  el  consiguiente  incremento  de  gastos  y  reducción  de  ingresos  en  el 
sistema de la Seguridad Social, ha supuesto la necesidad de continuar con las medidas 
puestas en marcha en 2020, para garantizar una acción protectora adecuada.
En consecuencia, se hace necesaria la autorización de un crédito extraordinario en 
los presupuestos para el ejercicio 2021, para equilibrar el impacto en las cuentas de la 
Seguridad Social derivado del COVID-19, por importe de 5.012.000.000 de euros.
El artículo 55.1, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
dispone que cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto del Estado algún gasto 
que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista crédito adecuado o sea 
insuficiente y no ampliable el consignado y su dotación no resulte posible a través de las 
restantes figuras previstas en el artículo 51, deberá procederse a la tramitación de un 
crédito extraordinario o suplementario del inicialmente previsto.
Las consecuencias económicas para el sistema de la Seguridad Social no han 
podido preverse con anterioridad, siendo necesaria la disposición de mayor crédito con 
carácter urgente, lo que justifica el recurso a este crédito extraordinario para atender en 
tiempo y forma el pago de las prestaciones, garantizando el equilibrio financiero de la 
Seguridad Social.
Por otro lado, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, en su artículo 54.3, párrafo 
cuarto, señala que la financiación de las ampliaciones de crédito en el Presupuesto de 
las Entidades de la Seguridad Social podrá realizarse con cargo a la parte del remanente 
de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto, con  s
mayores ingresos sobre los previstos inicialmente o con baja en otros créditos del  oe.
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se hace necesario posibilitar, para el ejercicio 2021, que las ampliaciones de crédito que
deban ser autorizadas en el ámbito del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del  Bc
Instituto Social de la Marina puedan ser financiadas no en función de los mayores 
ingresos por derechos reconocidos, sino con la previsión de mayores ingresos sobre los 
establecidos  en  el  presupuesto  inicial  del  ejercicio,  a  partir  de  las  previsiones  de 
liquidación formuladas por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 
con base en las estimaciones realizadas por las entidades del sistema de la Seguridad 
Social. De esta manera, tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social como el 
Instituto Social de la Marina dispondrán de los créditos necesarios para poder abonar las 
prestaciones de la Seguridad Social a los beneficiarios de las mismas, circunstancia que 
justifica la necesidad y urgencia de acudir a esta medida.
Asimismo, dado que los ingresos del Servicio Público de Empleo Estatal por cuota de 
desempleo están creciendo por encima de las previsiones iniciales y estos mayores 
ingresos se registran como derechos reconocidos con posterioridad a su devengo, una 
vez se disponga de la información sobre su cuantía, se hace necesario posibilitar, para el 
ejercicio 2021, que las ampliaciones de crédito que deban ser autorizadas en el ámbito 
del Servicio Público de Empleo Estatal puedan ser financiadas no en función de los 
mayores ingresos por derechos reconocidos, sino con la previsión de mayores ingresos 
sobre los establecidos en el presupuesto inicial del ejercicio, a partir de las previsiones 
de liquidación formuladas por el Servicio Público de Empleo Estatal. De esta manera, el 
Servicio Público de Empleo Estatal dispondrá de los créditos necesarios para poder 
abonar las prestaciones por desempleo y las bonificaciones a la contratación a los 
beneficiarios de las mismas, circunstancia que justifica la necesidad y urgencia de acudir 
a esta medida.
A efectos de aclarar posibles dudas interpretativas respecto a la no integración en la 
base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto 
sobre Sociedades de las ayudas públicas por la destrucción de elementos patrimoniales 
causada por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, iniciada en 
septiembre de 2021, se da nueva redacción a la letra c) del apartado 1 de la disposición 
adicional quinta de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y de la letra c) del 
apartado 1 de la disposición adicional tercera de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, con el fin de incluir expresamente en los supuestos de no 
integración en la base imponible de las ayudas públicas percibidas por la destrucción 
causada por fenómenos naturales como el señalado.
La disposición final primera modifica la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, 
supervisión  y  solvencia  de  entidades  de  crédito,  y  en  particular  la  letra  m)  del 
artículo 34.1 con el único fin de subsanar la supresión del párrafo segundo de dicha letra 
m), que tuvo lugar a través del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición 
de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del 
blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, 
prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en 
la  prestación  de  servicios  transnacionales  y  defensa  de  los  consumidores.  La 
modificación del artículo 34.1 y en particular de su letra m), primer párrafo, traía causa en 
la trasposición de la Directiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de mayo de 2019, por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que 
respecta a los entes exentos, las sociedades financieras de cartera, las sociedades 
financieras mixtas de cartera, las remuneraciones, las medidas y las facultades de 
supervisión y las medidas de conservación del capital. Sin embargo, su segundo párrafo  s
no debiera alterarse como consecuencia de dicha trasposición, estando este aún en  oe.
vigor en el artículo 94.m) de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013. Resulta por  w.
tanto urgente y necesaria su restitución para evitar que la normativa española sea  275ww
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de 26 de junio.
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar reales decretos-
leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al 
ordenamiento  de  las  instituciones  básicas  del  Estado,  a  los  derechos,  deberes  y 
libertades de los ciudadanos regulados en su título I, al régimen de las comunidades 
autónomas ni al derecho electoral general. Este real decreto-ley no afecta a ninguna de 
estas materias ya que su contenido no supone una afección del núcleo esencial de 
ninguno de los anteriores elementos, puesto que no se regula ninguna institución básica 
del Estado, no se afecta a la naturaleza de los derechos y deberes de los ciudadanos, no 
se incorporan afecciones al régimen de las comunidades autónomas, puesto que no es 
objeto de ninguna de estas medidas, y tampoco tiene relación alguna con el régimen 
electoral, de modo que nada hay en su contenido que obste a su aprobación.
En relación con la concurrencia de los presupuestos habilitantes de extraordinaria y 
urgente  necesidad,  debe  tenerse  en  cuenta  la  doctrina  de  nuestro  Tribunal 
Constitucional, resumida en el fundamento jurídico IV de la Sentencia 61/2018, de 7 de 
junio de 2018. Conforme a la misma, se requieren, por un lado, «la presentación explícita 
y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su 
aprobación» y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de 
urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella». Como señala el 
Tribunal Constitucional, generalmente se ha venido admitiendo el uso del decreto-ley en 
situaciones que se han calificado como «coyunturas económicas problemáticas», para 
cuyo  tratamiento  representa  un  instrumento  constitucionalmente  lícito,  en  tanto  que 
pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, 
que no es otro que subvenir a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales 
que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un 
plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia 
para la tramitación parlamentaria de las leyes» (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 
137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).
Estos  presupuestos  habilitantes  concurren  de  nuevo  en  la  actualidad,  dada  la 
evolución de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, que impacta 
de nuevo en la Seguridad Social, incrementando sus necesidades financieras para 
garantizar  la  continuidad  de  su  acción  protectora,  con  una  menor  recaudación  de 
cotizaciones derivada de los efectos negativos que la crisis está produciendo en la 
actividad económica.
Este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulación establecidos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, toda vez que los principios de necesidad y 
eficacia han quedado justificados con anterioridad. Igualmente, en lo que concierne a los 
principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficiencia, debe destacarse que la 
norma se limita estrictamente a abordar de forma puntual, precisa y clara la modificación 
presupuestaria requerida, mediante la aprobación de un real decreto-ley, dado el rango 
legal que la misma exige y la urgente necesidad ya referida, y que el real decreto-ley es 
plenamente respetuoso con nuestro ordenamiento jurídico al dictarse de conformidad 
con lo señalado por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, en materia de concesión de 
créditos extraordinarios.
En cuanto al principio de transparencia, la norma identifica claramente su propósito, 
ofreciéndose en la exposición de motivos una explicación de su finalidad, si bien no se 
ha realizado el trámite de consulta pública ni el trámite de audiencia e información 
públicas, que no son aplicables a la tramitación de los decretos-leyes, según establece el  s
artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. oe.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª  w.
y 17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en  275ww
Smoacteiarli,a s dine  pHearjcuiiecniod ad eg lean eejreacl uyc iDóenu ddea  sduesl  sEesrtvaicdioo sy  proérg ilmase cno emcuonniódmadiceos  daeu tlóan Somegausr.idad
La  disposición  final  primera  se  dicta  al  amparo  de  las  reglas  11.ª  y  13.ª  del 
artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia sobre 
bases de la ordenación del crédito, banca y seguros y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica, respectivamente.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta conjunta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones, la Ministra de Hacienda y Función Pública y la Ministra de Trabajo y 
Economía Social, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 
de noviembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1.  Concesión de un crédito extraordinario destinado al Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones.
1.  Se concede un crédito extraordinario por importe de 5.012.000.000 de euros en 
la aplicación presupuestaria 32.02.000X.429.06 «Transferencia para equilibrar el impacto 
en las cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19» del presupuesto del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
2.  Este  crédito  extraordinario  se  financiará  con  cargo  a  deuda  pública,  de 
conformidad con lo señalado en el artículo 46 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Artículo  2.  Financiación  de  las  ampliaciones  de  crédito  en  el  presupuesto  de  las 
entidades del sistema de la Seguridad Social.
En el ejercicio de 2021 las ampliaciones de créditos que puedan ser necesarias en el 
presupuesto del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Instituto Social de la 
Marina para atender los gastos derivados de pensiones contributivas, prestaciones de 
incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado 
del lactante, riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave, así como las prestaciones de pago único, 
siempre que se encuentren legal o reglamentariamente establecidas y sea obligatorio y 
no graciable su pago por parte de la Seguridad Social y su cuantía esté objetivamente 
determinada,  podrán  financiarse  con  la  previsión  de  mayores  ingresos  sobre  los 
establecidos  en  el  presupuesto  inicial  del  ejercicio,  a  partir  de  las  previsiones  de 
liquidación formuladas por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 
con base en las estimaciones realizadas por las entidades del sistema de la Seguridad 
Social.
Artículo 3.  Financiación de las ampliaciones de crédito en el presupuesto del Servicio 
Público de Empleo Estatal.
En el ejercicio de 2021 las ampliaciones de créditos que puedan ser necesarias en el 
presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para atender los gastos derivados de 
las prestaciones por desempleo, siempre que se encuentren legal o reglamentariamente 
establecidas y sea obligatorio y no graciable su pago por parte del Servicio Público de 
Empleo Estatal y su cuantía esté objetivamente determinada, podrán financiarse con la 
previsión  de  mayores  ingresos  sobre  los  establecidos  en  el  presupuesto  inicial  del  s
ejercicio en cuota de desempleo, a partir de las previsiones de liquidación formuladas por  o
el Servicio Público de Empleo Estatal. 275www.
Artículo 4.  No tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el 
Impuesto sobre Sociedades de las ayudas públicas por destrucción de elementos 
patrimoniales como consecuencia de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la 
isla de la Palma.
1.  Con efectos desde 1 de enero de 2021 se da nueva redacción a la letra c) del 
apartado 1 de la disposición adicional quinta de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes 
de  los  Impuestos  sobre  Sociedades,  sobre  la  Renta  de  no  Residentes  y  sobre  el 
Patrimonio, que queda redactada de la siguiente forma:
«c)  La  percepción  de  ayudas  públicas  que  tengan  por  objeto  reparar  la 
destrucción, por incendio, inundación, hundimiento, erupción volcánica u otras 
causas naturales, de elementos patrimoniales.»
2.  Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero 
de 2021, se modifica la letra c) del apartado 1 de la disposición adicional tercera de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada 
de la siguiente forma:
«c)  La  percepción  de  ayudas  públicas  que  tengan  por  objeto  reparar  la 
destrucción  por  incendio,  inundación,  hundimiento,  erupción  volcánica  u  otras 
causas naturales de elementos patrimoniales afectos al ejercicio de actividades 
económicas.»
Disposición  final  primera.  Modificación  de  la  Ley  10/2014,  de  26  de  junio,  de 
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
La letra m) del artículo 34.1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, queda redactada del 
siguiente modo:
«m)  Una parte sustancial, y en todo caso al menos el 40 por ciento del 
elemento de remuneración variable se diferirá durante un periodo no inferior a 
entre cuatro y cinco años y se adaptará correctamente a la naturaleza de los 
negocios, sus riesgos y las actividades del miembro del personal correspondiente. 
En el caso de los miembros del consejo de administración u órgano equivalente y 
de  la  alta  dirección  de  entidades  importantes  por  razón  de  su  tamaño,  su 
organización  interna  y  por  la  naturaleza,  dimensión  y  complejidad  de  sus 
actividades, el período de diferimiento no será inferior a cinco años.
No se percibirá la remuneración pagadera en virtud de las disposiciones de 
diferimiento más rápidamente que de manera proporcional. En el caso de un 
elemento de remuneración variable de una cuantía especialmente elevada, se 
diferirá como mínimo el 60 por ciento. La duración del periodo de aplazamiento se 
determinará teniendo en cuenta el ciclo económico, la naturaleza del negocio, sus 
riesgos y las actividades del miembro del personal de que se trate.»
Disposición final segunda.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª 
y 17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en 
materia de Hacienda general y Deuda del Estado y régimen económico de la Seguridad  e.
Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. w.
La  disposición  final  primera  se  dicta  al  amparo  de  las  reglas  11.ª  y  13.ª  del  275ww
abratsíceusl od 1e4 l9a. 1o rddee lnaa Ccioónns dtiteul cciórénd Eitsop, abñaonlcaa,  qyu es eagtruibrousy eyn c aolo Erdsitnaadcoi ólan  cdoem lpae ptelannciifaic saocbiórne 
general de la actividad económica, respectivamente.
Disposición final tercera.  Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los Departamentos ministeriales, 
en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 8 de noviembre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN