BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 18 Martes 21 de enero de 2020 Sec. III.   Pág. 5937
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
871 Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del 
registrador de la propiedad accidental de Palma de Mallorca n.º 4 a inscribir 
una escritura de constitución de hipoteca durante la fase de liquidación del 
concurso.
En el recurso interpuesto por don M. S. C. contra la negativa del registrador de la 
Propiedad accidental de Palma de Mallorca número 4, don Damián Antonio Canals 
Prats, a inscribir una escritura de constitución de hipoteca durante la fase de liquidación 
del concurso.
Hechos
I
El día 25 de septiembre de 2015 se autorizó por la notaria de Llucmajor, doña Isabel 
Bonet Puerto, con el número 885 de protocolo, escritura en virtud de la cual don M. S. C., 
en situación de concurso de acreedores en fase de liquidación, con intervención del 
administrador concursal don J. R. C. A., constituyó hipoteca sobre las fincas de su 
titularidad números 13.384, 10.616 y 29.465 de Llucmajor del Registro de la Propiedad 
de Palma de Mallorca número 4 (la primera en pleno dominio y las otras dos en dominio 
útil), a favor de «Banco Mare Nostrum, S.A.» para garantizar la devolución de un 
préstamo por importe de 700.000 euros de principal destinados al pago de una deuda 
contraída a favor de la misma entidad bancaria.
En concreto, por auto firme de fecha 5 de noviembre de 2012, el Juzgado de lo Mercantil 
número 1 de Palma de Mallorca, se declaró en situación de concurso voluntario a don M. S. C., 
procedimiento  concursal  número  690/2012,  designando  como  administrador  concursal  al 
también compareciente en la escritura don J. R. C. A., constando dicha situación en la 
inscripción 16.ª de la finca 10.616, 4.ª de la finca 13.384 y 3.ª de la finca 29.465 de Llucmajor. 
Posteriormente, por resolución de 31 de julio de 2013, el mismo Juzgado declaró la apertura de 
la fase de liquidación del concurso, ordenándose mediante mandamiento de 14 de febrero 
de 2014 su inscripción en el Registro de la Propiedad, causando las inscripciones 17.ª, 5.ª y 4.ª, 
respectivamente, de 13 de marzo de 2014. Por último, en auto de fecha 19 de febrero de 2016, 
se acordó la conclusión del concurso al amparo del artículo 176.1.4.º de la Ley Concursal, con 
archivo de las actuaciones, aprobación del informe concursal y plena recuperación por el deudor 
de sus facultades de administración y disposición sobre los bienes, siendo ello objeto de 
inscripción en el Registro de la Propiedad de Palma de Mallorca número 4, inscripciones 18.ª, 5.ª 
y 6.ª de las fincas 10.616, 29.465 y 13.384 respectivamente, de 6 de julio de 2016.
II
Presentada el día 26 de junio de 2019 la referida escritura en el Registro de la 
Propiedad  de  Palma  de  Mallorca  número  4,  fue  objeto  de  la  siguiente  nota  de  e.e
calificación: b
«ANntoetcae ddee nctaelisfi cdaec hióenc hreog:istral
Primero.–Con  fecha  26/06/2019  se  aportó  a  este  Registro  de  la  Propiedad  el
documento de referencia, que consta presentado bajo el asiento 1 del diario 73.
Segundo.–En el día de la fecha el documento reseñado ha sido calificado por el 
Registrador que suscribe, basándose en los siguientes fundamentos jurídicos:
1.º  La calificación citada ha sido realizada al amparo de los arts. 18, 66 y 328 de la 
Ley Hipotecaria.
2.º  De  la  misma  resultan  los  siguientes  defectos,  que  impiden  practicar  la 
inscripción del título calificado:
1.  En  el  apartado  "Solicitud  Registral"  segundo  párrafo,  dice  "se  solicita  la 
cancelación Registral de la carga hipotecaria a favor del Banco de Valencia, según copia 
de la sentencia…".
Para poder proceder a la cancelación de la mentada hipoteca será preciso aportar 
documento auténtico que por sí solo sea susceptible de poder causar tal cancelación, de 
conformidad al artículo 3 de la Ley Hipotecaria, que establece que para poder inscribir 
los títulos referidos en el artículo 2, "deberán estar consignados en escritura pública, 
ejecutoria o documento auténtico expedido por Autoridad judicial o por el Gobierno o sus 
Agentes, en la forma que prescriban los reglamentos.", y ello en concordancia con el 
artículo 34 del Reglamento Hipotecario: "Se considerarán documentos auténticos para 
los efectos de la Ley los que, sirviendo de títulos al dominio o derecho real o al asiento 
practicable, estén expedidos por el Gobierno o por Autoridad o funcionario competente 
para darlos y deban hacer fe por sí solos.".
2.  Don M. S. C., es titular registral del pleno dominio de la finca 13.384 y el dominio 
útil de las fincas 10.616 y 29.465. En fecha veinticinco de septiembre del año dos mil 
quince, constaba inscrito en el Registro la declaración del concurso del citado titular por 
la  inscripción  4.ª  de  la  registral  13384,  inscripción  16.ª  de  la  registral  10616  e 
inscripción 3.ª de la registral 29465, y la apertura de la fase de liquidación se inscribió 
sobre las repetidas tres fincas según sus respectivas inscripciones 5.ª, 17.ª y 4.ª En esta 
fecha, se constituyó por el administrador concursal hipoteca sobre las tres fincas citadas.
Esta operación no puede calificarse de liquidatoria, por cuanto las operaciones de 
liquidación que recogen los artículos 148 y 149 de la Ley Concursal, no admiten nuevas 
operaciones, actos o contratos que no sean estrictamente liquidatorias, es decir, con el 
objetivo de convertir en dinero los bienes y activos del concurso a efectos de proceder 
posteriormente al pago de los acreedores según la sección IV, art 154 y siguientes de la 
misma ley.
Por  consiguiente,  para  poder  constituir  la  garantía  hipotecaria  del  préstamo 
concedido  instrumentado  en  la  escritura  que  nos  ocupa,  será  necesaria  la  previa 
cancelación del concurso sobre las fincas y ulterior otorgamiento de una nueva escritura 
de hipoteca garantizando la deuda.
Parte dispositiva
Vistos los artículos citados y demás de aplicación, el Registrador calificante acuerda:
1.º  Suspender  la  inscripción  del  título  calificado  por  el/los  defecto/s  antes 
indicado/s.
2.º  Proceder a la práctica de las notificaciones previstas en el art.322 de la Ley 
Hipotecaria
3.º  Hacer constar en el Libro Diario la prórroga del asiento de presentación de este 
documento conforme al art. 323 de la citada Ley.
Contra la presente nota podrá (…) o
Palma de Mallorca, a diecisiete de julio del año dos mil diecinueve. El registrador  1w
accidental (firma ilegible). Fdo. Don Damián Antonio Canals Prats».
III
Contra la anterior nota de calificación, don M. S. C. interpuso recurso el día 2 de 
septiembre de 2019 mediante escrito en el que alegaba lo siguiente:
«Fundamentos jurídicos
I
La prohibición de la constitución de un préstamo con garantía hipotecaria durante la 
fase de liquidación concursal no está contemplada legalmente.
La  calificación  negativa  hoy  recurrida  se  apoya  en  el  hecho  de  que,  conforme 
considera el registrador, la constitución de un préstamo con garantía hipotecaria en la 
fase de liquidación de un concurso no es una operación liquidatoria y, por tanto, no 
encuentra amparo legal. Para fundamentar tal afirmación, se apoya en las previsiones 
establecidas  en  los  artículos  148  y  149  de  la  Ley  Concursal,  referidos  al  plan  de 
liquidación y a las reglas de liquidación respectivamente.
En efecto, el primer párrafo del artículo 148 establece que el administrador concursal 
habrá de presentar al juez un plan de liquidación para la realización de los bienes y 
derechos integrados en la masa activa del concurso para, posteriormente, establecer las 
directrices procesales en relación con ello, así como una serie de reglas, ya recogidas en 
el artículo posterior, para los casos en que no se aprobase el citado plan de liquidación.
Sin embargo, lo que no se recoge en estos artículos, ni en ningún otro contenido en 
la legislación concursal, es la prohibición de la constitución de un préstamo con garantía 
hipotecaria durante la fase de liquidación. De la calificación del registrador se desprende 
claramente que ésta es una operación prohibida, sin embargo, no existe precepto legal 
alguno que de forma directa o indirecta establezca tal prohibición.
II
La operación, además de realizada por el administrador concursal y suscrita por 
fedatario público, fue autorizada judicialmente.
En adición a todo ello, hay que tener en cuenta que la constitución del préstamo con 
garantía hipotecaria durante la fase de liquidación concursal se realizó a instancia del 
administrador concursal, que no es sino el órgano de auxilio del juez concursal, y ante 
fedatario público. Ninguno de ellos estimó impedimento alguno en la celebración de este 
negocio jurídico, pues como se ha dicho, no es una operación legalmente desautorizada.
Es más, por si el criterio de uno y otro pudieran no reputarse suficientes, el juez 
concursal dictó, meses más tarde a la constitución de la hipoteca, el Auto de conclusión 
del concurso en el que figura la aprobación judicial específica de las cuentas rendidas 
por la Administración Concursal.
Esta parte no alcanza a comprender, por tanto, cómo no habiendo prohibición legal 
alguna que lo imposibilite y no habiéndose apreciado impedimento por parte ni del 
administrador concursal, ni del Notario ni del Juez del concurso, el registrador emite la 
calificación negativa hoy recurrida, que impide la inscripción del préstamo con garantía 
hipotecaria suscrito durante la fase de liquidación.
III
Fundamentos procesales. oe.
Esta parte interpone el presente recurso gubernativo ante la Dirección General de los  1w
Rsiegguiisetnrotess  yd ed elal  NLoetya Hriaipdoot eccoanrfioar.me a las previsiones establecidas en los artículos 324 y
Por todo ello;
A la Dirección General de los Registros y del Notariado suplico.–Que habiendo por 
presentado este escrito, tenga por formulado recurso gubernativo contra la Nota de 
Calificación Registral expedida en fecha 17 de julio de 2019 por el registrador del 
Registro de la Propiedad número 4 de Palma, Don Damián Antonio Canals Prats, por el 
cual acuerda suspender la inscripción del préstamo con garantía hipotecaria constituido 
en fecha 25 de septiembre del año 2015 por el administrador concursal, sobre tres fincas 
concursadas propiedad de Don M. S. C., por entender que, a pesar de haberse realizado 
dicha operación en la fase de liquidación del concurso, la misma no puede entenderse 
como una operación liquidatoria».
IV
Mediante escrito, de fecha 18 de septiembre de 2019, la registradora de la Propiedad 
titular de Palma de Mallorca número 4, doña Montserrat Bernaldo de Quirós Fernández, 
emitió informe, manteniendo la calificación, y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 32 y 1911 del Código Civil; 326 de la Ley Hipotecaria; 40, 43, 82, 
84, 86, 90, 100, 133, 137, 145, 148, 149, 154, 155 y siguientes 176, 176 bis, 178, 178 bis 
y 179 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, modificada por la Ley 14/2013, de 27 
de  septiembre,  de  apoyo  a  los  emprendedores  y  su  internacionalización  y  la 
Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la 
carga financiera y otras medidas de orden social; 383 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 2 de noviembre de 2011, 26 de enero y 27 de febrero de 2012, 2 de marzo 
de 2013, 20 de enero de 2014, 28 de junio de 2016, 19 de enero de 2017 y 24 de 
octubre de 2018.
1.  Para la resolución del presente recurso son hechos relevantes los siguientes:
a)  Por auto firme de fecha 5 de noviembre de 2012 dictado por el Juzgado de lo 
Mercantil número 1 de Palma de Mallorca se declaró la situación de concurso voluntario 
de don M. S. C., procedimiento número 690/2012, nombrándose administrador concursal 
a don J. R. C. A. El referido auto fue inscrito sobre el dominio útil de las fincas 10.616 
y 29.465 y el pleno dominio de la 13.384, todas correspondientes al Registro de la 
Propiedad de Palma de Mallorca número 4, el día 12 de abril de 2013.
b)  Por auto firme de fecha 31 de julio de 2013 dictado por el mismo Juzgado se 
acordó  la  apertura  de  la  fase  de  liquidación  del  concurso,  con  suspensión  de  las 
facultades  de  administración  y  disposición  del  concursado,  sustituido  por  la 
administración concursal, siendo ello objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad 
de Palma de Mallorca número 4, inscripciones 17.ª, 4.ª y 5.ª de las fincas 10.616, 29.465 
y 13.384, respectivamente, de fecha 13 de marzo de 2014.
c)  Por escritura otorgada por el deudor concursado don M. S. C., actuando por 
medio del administrador concursal, el día 25 de septiembre de 2015, y «Banco Mare 
Nostrum, S.A.», esta entidad concedió a aquél un préstamo por importe de 700.000 
euros  destinados  a  refinanciación  de  deudas  para  el  levantamiento  del  concurso, 
concretamente  destinados  a  cancelar  la  totalidad  de  la  deuda  que  ostenta  dicha  e.e
sociedad,  «Banco  Mare  Nostrum,  S.A.»,  reconocida  en  el  referido  concurso  del  b
prestatario (autos número 690/2012) y con vencimiento el día 1 de octubre del año 2016.  w
Ydo menin igoa úratiln dtíea  ladse  filnac adse v1o0lu.6c1ió6n y  d2e9 .4d6ic5h oy  sporbérseta eml op lesneo  cdoonmsitnitiuoy dóe  hlaip o1t3e.c3a8 4s, oab rfaev oerl 
de «EBna ndcicoh Ma aersec rNitousratr ulam n, oSt.aAri.a» .autorizante advierte expresamente que el administrador
concursal  no  aporta  autorización  judicial  según  dispone  el  artículo  43  de  la  Ley
Concursal, si bien dicha persona «se acoge a la excepción del mismo precepto» y 
«manifiesta la necesidad imperiosa de otorgar esta escritura para garantizar la liquidez 
de don M. S. C. y se compromete a comunicar inmediatamente el presente otorgamiento 
al Juez de lo Mercantil tal y como se exige en el apartado 1.º del punto 3 del artículo 43 
de la Ley Concursal».
d)  Por auto de fecha 19 de febrero de 2016 dictado por el mismo Juzgado, se 
acordó  la  conclusión  del  concurso  de  acreedores  al  amparo  de  lo  previsto  por  el 
artículo 176.1.4.º de la Ley Concursal, y con ello el archivo de las actuaciones y la 
recuperación  por  parte  del  deudor  de  todas  las  facultades  de  administración  y 
disposición sobre sus bienes, siendo ello objeto de inscripción en el Registro de la 
Propiedad  de  Palma  de  Mallorca  número  4,  inscripciones  18.ª,  5.ª  y  6.ª  de  las 
fincas 10.616, 29.465 y 13.384 respectivamente, de 6 de julio de 2016.
e)  El día 26 de junio de 2019, don M. S. C. solicitó en el Registro de la Propiedad 
de Palma de Mallorca número 4 la inscripción de la escritura de constitución de préstamo 
hipotecario.
El  registrador  suspende  la  inscripción  por  dos  razones,  si  bien  únicamente  el 
segundo defecto es objeto de recurso, por lo que a éste debe circunscribirse el presente 
de conformidad con el artículo 326 de Ley Hipotecaria. Entiende el registrador que la 
hipoteca no puede inscribirse puesto que durante la fase de liquidación no es posible 
constituir préstamos con garantía hipotecaria al exceder de la finalidad estrictamente 
liquidatoria, citando al efecto los artículos 148 y 149 de la Ley Concursal. Exige para 
poder  inscribir  la  hipoteca,  primero,  la  cancelación  del  concurso,  y  después,  el 
otorgamiento de nueva escritura de préstamo hipotecario.
El  recurrente,  por  el  contrario,  defiende  tal  posibilidad  por  entender  no  existe 
prohibición alguna al respecto en la Ley Concursal, toda vez que el préstamo hipotecario 
ha sido autorizado tanto por la administración concursal como por el juez concursal, 
habiendo dictado éste último auto de conclusión del concurso con aprobación de las 
cuentas presentadas por la administración concursal.
2.  Las facultades del deudor concursado en orden a la administración y disposición 
sobre sus bienes varían según la fase o estado del procedimiento concursal de que se 
trate. Así, y de forma sintética, durante la fase común, el deudor estará sometido al 
régimen de intervención, en cuyo caso conservará las facultades de administración y 
disposición  sobre  su  patrimonio,  quedando  sometido  el  ejercicio  de  éstas  a  la 
intervención de los administradores concursales, mediante su autorización o conformidad 
(artículo 40.1 de la Ley Concursal), o de suspensión, en cuyo caso se suspenderá el 
ejercicio  por  el  deudor  de  las  facultades  de  administración  y  disposición  sobre  su 
patrimonio, siendo sustituido por los administradores concursales (artículo 40.2 de la Ley 
Concursal). Ahora bien, cualquiera que sea el régimen, ya sea de intervención, ya de 
suspensión  al  que  quede  sometido  el  deudor  en  relación  con  las  facultades  de 
administración y disposición sobre sus bienes, lo cierto es que no hay limitación alguna 
en  la  Ley  Concursal  a  propósito  de  la  clase  de  negocios  jurídicos  que  puedan 
formalizarse  durante  esa  fase.  En  efecto,  pueden  realizarse  enajenaciones  o 
transmisiones de bienes (artículos 43, apartados 2 y 3), adquisiciones, cesiones de 
bienes o derechos, contraer nuevas deudas y obligaciones (artículos 84.2.5.º y.9.º) y, por 
fin, constituir toda clase de garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas  por  el  deudor,  tanto  antes  como  durante  el  procedimiento  concursal,  y 
específicamente  constituir  hipoteca  sobre  los  bienes  que  integran  la  masa  activa 
(artículos 43.2, 82.2 y.3 y 84.4). En fin, pueden realizarse toda clase de actos dispositivos  e.
cumpliendo  los  requisitos  previstos  por  la  legislación  concursal,  específicamente  w.b
autorización  judicial  (artículo  43.2),  con  las  excepciones  que  el  mismo  precepto  1w
estaDbulercaen.te  la  fase  de  convenio,  la  posibilidad  de  formalizar  préstamos  o  créditos
hinipcloutyeacna rieons  qeul ecdoan vfueenriao  d(ee  tiondcalu sdou drae.s pEenc teof edceto ,é rsetosps,e ceton  dlae  lfoosrm baie nye sm qeudeid an oq usee 
determine aquél), el deudor recupera la totalidad de las facultades dispositivas, pues
como dispone el artículo 133.2 de la Ley Concursal: «Desde la eficacia del convenio 
cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los 
que,  en  su  caso,  se  establezcan  en  el  propio  convenio,  salvo  los  deberes  de 
colaboración  e  información  establecidos  en  el  artículo  42,  que  subsistirán  hasta  la 
conclusión del procedimiento». De esta forma, con la aprobación del convenio quedan 
sin efecto la intervención o la suspensión de las facultades patrimoniales del deudor y, en 
general, las limitaciones a su actividad profesional o empresarial establecidas, entre 
otras, en los artículos 43, 44 y 155 de la Ley Concursal, y pasan a regir las previstas en 
el convenio (vid. artículo 137.1 de la misma ley). En este sentido se ha pronunciado de 
forma reitera esta Dirección General (vid. las Resoluciones de 27 de febrero de 2012, 2 
de marzo de 2013 y 19 de enero de 2017, entre otras).
El legislador incluso trata de fomentar la posibilidad de que el concursado pueda 
acceder tanto en fase común como de convenio a créditos que permitan la continuación 
en el ejercicio de sus actividades, calificando tales créditos como créditos contra la 
masa. Así, conforme al artículo 84.2.5.º de la Ley Concursal son créditos contra la masa: 
«Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras 
la declaración del concurso (…) hasta que el juez acuerde el cese de la actividad 
profesional o empresarial, o declare la conclusión del concurso».
3.  Sin embargo, la situación cambia con la apertura de la fase de liquidación. 
Durante esta fase, calificada por la Exposición de Motivos de la Ley Concursal como una 
solución subsidiaria, dados los efectos más severos que produce, que opera cuando no 
se alcanza o se frustra la de convenio, no sólo queda el deudor sujeto al régimen de 
suspensión del ejercicio de sus facultades de administración y disposición sobre su 
patrimonio (artículo 145.1), sino que además la clase de negocios jurídicos que se 
puedan formalizar durante esta fase son notablemente más restrictivos que durante la 
fase común del concurso.
En efecto, abierta la fase de liquidación, la operación esencial que se lleva a cabo es 
la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso, bien 
conforme al plan de liquidación aprobado por el juez del concurso (artículo 148 de la Ley 
Concursal),  bien  conforme  a  las  reglas  legales  supletorias  (artículo  149  de  la  Ley 
Concursal), para, con lo obtenido, proceder al pago de los acreedores en los términos y 
por  el  orden  que  resultan  de  los  artículos  154  y  siguientes  de  la  misma  ley.  En 
consecuencia, liquidación o realización de bienes y derechos que integran la masa activa 
del concurso por un lado, así como el pago de los créditos (tanto créditos contra la masa 
como créditos concursales), por otro, son las dos operaciones que tienen lugar durante 
la fase de liquidación concursal.
En vía de principio, la constitución de una hipoteca no puede calificarse como 
operación liquidatoria. En efecto, por tales operaciones se entienden todas aquellas 
tendentes a realizar los bienes y derechos de la masa activa para proceder al pago de 
los créditos reconocidos en el concurso y, en última instancia, a la conclusión del 
concurso (artículo 176.2 «in fine»). Por ello la Ley Concursal regula en los artículos 148 y 
siguientes la forma en que se llevará a cabo tal realización de bienes y derechos, 
haciendo referencia expresa a negocios jurídicos como la enajenación o transmisión, ya 
sea por subasta ya por venta directa (artículos 148.1, 149 y siguientes), o a la cesión de 
bienes o derechos en pago o para pago de los créditos concursales (artículo 148.5 de la 
Ley Concursal), debiendo, sin embargo, quedar excluida en principio la formalización de 
negocios como la adquisición o compraventa de bienes o la constitución de derechos 
reales sobre los mismos, en tanto en cuanto los mismos son operaciones que exceden  s
de  una  finalidad  estrictamente  liquidataria  tendente  a  poner  fin  al  procedimiento  oe.
concursal. No hay que olvidar además que si el concursado fuese persona jurídica, la  w.
resolución judicial que abra la fase de liquidación contendrá la declaración de disolución  1w
qsiu neo s eersátunv sieusseti taucidoords apdoar  yla,  eand mtoidnois tcraacsioó,n e cl ocnecsuer sdael ,l ossin a pdemrjiuniicsitora ddeo rceosn toin luiqauri daaqduoérleloss, 
esena l ap raerpter e(saertníctaucloió 1n4 d5e.3 l ad eco lnac Luersya Cdao necnu resla pl)r.o Pceodr imellioe,n tlao  ay deqnu ilsoisc iiónnc iddeen nteuse veons  lobsie qnuees   BOE-A-cable e
o la constitución de derechos reales sobre los mismos a favor de terceras personas, 
como ocurre con el caso de la hipoteca, carecería de toda virtualidad en la medida en 
que, disuelta la sociedad, se abre con ello la fase de liquidación de la misma, destinada 
en última instancia a la extinción de la sociedad y en la que los actos que pueden llevar a 
cabo los liquidadores (sustituidos por la administración concursal) están circunscritos a 
los previstos por los artículos 383 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, entre 
los que no se encuentra ni la adquisición de bienes ni la constitución de hipotecas o 
cualesquiera otros gravámenes sobre los mismos, en tanto en cuanto no responden a 
una finalidad liquidatoria.
De  igual  modo,  la  constitución  de  hipotecas  durante  la  fase  de  liquidación  del 
concurso podría implicar una alteración del principio «par conditio creditorum». Este 
principio, que inspira la Ley Concursal, determina que el reconocimiento y clasificación 
de los créditos concursales se realice según su condición al tiempo de la declaración del 
concurso,  quedando  excluida  de  la  autonomía  de  la  voluntad  del  deudor  y  de  la 
administración concursal la alteración de esa calificación durante el concurso, como lo 
revela el que no pueda ser materia de convenio (artículo 100.3 de la Ley Concursal) y 
que sea en ese momento en el que han de concurrir los requisitos de oponibilidad -y de 
existencia en el caso de la hipoteca- exigidos para el reconocimiento del privilegio 
especial a las garantías reales (artículos 86 y 90.2 de la Ley Concursal).
4.  En el caso de este expediente, el registrador exige para que la hipoteca pueda 
ser inscrita, primero que se inscriba la cancelación del concurso, y segundo, que se 
otorgue nueva escritura de préstamo hipotecario. Pero, sin poder obviar el carácter 
notablemente particular de la operación formalizada, lo cierto es que ni una ni otra 
exigencia pueden admitirse.
En cuanto a la primera, no se entiende a qué obedece la objeción planteada por el 
registrador, en tanto en cuanto la conclusión del concurso, el archivo de las actuaciones 
así como la recuperación por el deudor de sus facultades de administración y disposición 
sobre sus bienes figura ya inscrita en el Registro, inscripciones 18.ª, 5.ª y 6.ª de las 
fincas 10.616, 29.465 y 13.384 respectivamente, de 6 de julio de 2016.
Por otro lado, las especiales circunstancias concurrentes en el caso conducen a 
desestimar también la segunda exigencia planteada por el registrador.
En primer lugar, es necesario tener presente que el concursado no es una persona 
jurídica sino una persona física. Uno de los principios que preside la Ley 22/2003, de 9 
de julio, Concursal, desde su redacción originaria es el de flexibilidad, permitiendo que el 
procedimiento concursal se adecue a diversas situaciones y soluciones, a través de las 
cuales  poder  alcanzarse  la  satisfacción  de  los  acreedores,  finalidad  esencial  del 
concurso. Este principio se ha ido consagrando a lo largo de ulteriores reformas que, en 
lo que concierne a las personas físicas, trata de que éstas, «a pesar de un fracaso 
económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida 
e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una 
losa de deuda que nunca podrá satisfacer», tal y como señala la Exposición de Motivos 
de  la  Ley  25/2015,  de  28  de  julio.  En  efecto,  son  numerosas  las  leyes  que  han 
introducido reformas en la Ley Concursal tendentes a lograr una salida exitosa por parte 
de personas físicas que se encuentran en situación de insolvencia o prevean que no 
puedan  cumplir  regularmente  sus  obligaciones.  Así,  por  Ley  14/2013,  de  27  de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se introdujo como 
novedad, entre otras medidas, el llamado acuerdo extrajudicial de pagos regulado en el 
Título X de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; y por la referida Ley 25/2015, de 28  s
de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras  oe.
medidas de orden social, se introduce un mecanismo efectivo de segunda oportunidad  w.
para las personas físicas destinado a modular el rigor de la aplicación del artículo 1911  1w
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liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación. Es el
denominado  «beneficio  de  la  exoneración  del  pasivo  insatisfecho»  regulado  en  el 
artículo 178 bis de la Ley Concursal.
En síntesis, tratándose de personas naturales, en la medida en que éstas, por su 
propia naturaleza, no quedan extinguidas con ocasión de la liquidación y conclusión del 
concurso, a diferencia de lo que ocurre con los concursados personas jurídicas (cfr. 
artículos 145.3 y 178.3 de la Ley Concursal), y su responsabilidad es personal e ilimitada 
ex artículo 1911 del Código Civil hasta el momento de su fallecimiento (cfr. artículo 32 del 
Código Civil), el rigor en la aplicación de las normas concursales debe ciertamente 
atemperarse en aras a lograr una salida exitosa de la situación concursal por parte de los 
deudores personas físicas, sin olvidar en modo alguno la íntegra satisfacción de los 
acreedores, lo que en todo caso debe obtenerse en cuanto a ello responde la finalidad 
última de los procedimientos concursales.
5.  Ciertamente, la escritura de constitución de hipoteca objeto de calificación en 
este expediente, se otorgó durante la fase de liquidación del concurso. Y, tal y como ha 
quedado  expuesto  en  los  fundamentos  anteriores,  en  principio,  la  constitución  de 
hipotecas sobre los bienes que integran la masa activa una vez abierta la fase de 
liquidación del concurso debe ser rechazada. Sin embargo, ocurre que la hipoteca es 
constituida por el deudor, sustituido por la administración concursal, a favor de una 
entidad  bancaria  que  ostenta  la  condición  de  acreedora  concursal,  para  satisfacer 
íntegramente  un  crédito  reconocido  a  su  favor  en  el  concurso,  cuyo  efectivo  pago 
determinó que el Juzgado conocedor del procedimiento concursal dictara, medio año 
después, auto de conclusión del concurso al amparo del artículo 176.1.4.º de la Ley 
Concursal, según el cual: «Procederá la conclusión del concurso y el archivo de las 
actuaciones en los siguientes casos: (…) 4.º En cualquier estado del procedimiento, 
cuando  se  compruebe  el  pago  o  la  consignación  de  la  totalidad  de  los  créditos 
reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio o que ya 
no existe la situación de insolvencia».
En  consecuencia,  se  trata  de  un  negocio  jurídico  celebrado  con  capacidad  y 
consentimiento de ambas partes otorgantes, y en beneficio de las mismas. Así, en 
cuanto al consentimiento, concurre la voluntad tanto del acreedor concursal como del 
administrador concursal en su condición de sustituto del deudor en el ejercicio de las 
facultades de disposición sobre sus bienes (artículo 145.1 en relación con el 40.2 de la 
Ley Concursal). A este respecto, no cabe entrar a valorar, por no haber sido señalada 
por el registrador, la cuestión relativa a si para la constitución de la hipoteca en esta fase 
del  procedimiento  concursal  habría  sido  preciso  contar  con  autorización  judicial  al 
amparo de lo previsto por el artículo 43.2 de la Ley Concursal. Baste decir en este punto 
que este último artículo establece la necesidad de obtener autorización judicial para 
enajenar  o  gravar  los  bienes  y  derechos  que  integran  la  masa  activa  «hasta  la 
aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación»; que el mismo artículo 43 
contempla la posibilidad de realizar actos dispositivos «que la administración concursal 
considere indispensables para garantizar la viabilidad de la empresa o las necesidades 
de tesorería que exija la continuidad del concurso» (artículo 43.3.1.º), o «inherentes a la 
continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor» (artículos 43.3.4.º 
y 44); que durante la fase de liquidación del concurso cobra especial protagonismo la 
administración concursal, siendo así que la intervención judicial parece estar circunscrita 
a la aprobación del plan de liquidación y la autorización de ciertas formas de realización 
de los bienes y derechos para proceder al pago de los créditos (artículos 148 y 155 y 
siguientes); y, por fin, que en todo caso, la conclusión del concurso por la causa prevista  s
en el artículo 176.1.4.º de la Ley Concursal, aquí concurrente, «se acordará por auto y  oe.
previo informe de la administración concursales, que se pondrá de manifiesto por quince  w.
días a todas las partes personadas» (artículo 176.2). 1w
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contrario de lo que ocurre en los casos de conclusión del concurso por liquidación o 
insuficiencia  de  masa  activa,  no  conlleva  ulteriores  efectos  sobre  el  deudor  (cfr. 
artículos 176 bis, 178, 178 bis y 179 de la Ley Concursal). De igual modo, tampoco ha 
resultado  perjuicio  alguno  a  otros  eventuales  acreedores  concursales,  pues  de  lo 
contrario no se habría dictado la conclusión del concurso por el pago o la consignación 
de la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por 
cualquier otro medio.
Por último, no debe obviarse tampoco la circunstancia de que si bien la escritura de 
constitución de hipoteca se otorga durante la fase de liquidación del concurso, no es 
hasta después de la conclusión del mismo cuando se presenta a inscripción en el 
Registro,  momento  en  el  que  el  deudor  ha  recuperado  íntegras  sus  facultades  de 
administración y disposición sobre sus bienes y en el que la hipoteca habrá quedado 
plena y perfectamente constituida.
En consecuencia, la calificación no puede ser mantenida respecto del único defecto 
impugnado.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación 
respecto del defecto impugnado.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble 
en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del 
juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley 
Hipotecaria.
Madrid,  2  de  diciembre  de  2019.–El  Director  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.