BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Jueves 10 de marzo de 2022 Sec. TC.   Pág. 28730
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3803 Pleno.  Sentencia  16/2022,  de  8  de  febrero  de  2022.  Recurso  de 
inconstitucionalidad  2313-2020.  Interpuesto  por  cincuenta  senadores  del 
Grupo Parlamentario Popular en el Senado en relación con el apartado quinto 
de la disposición final cuarta de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 
10/2019, de 20 de diciembre, de presupuestos generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020. Límites materiales de las 
leyes  de  presupuestos:  nulidad  de  la  supresión  del  deber  de  informar 
periódicamente  al  Parlamento  acerca  de  las  subvenciones  de  concesión 
directa otorgadas.
ECLI:ES:TC:2022:16
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro José 
González-Trevijano Sánchez, presidente; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, 
don  Santiago  Martínez-Vares  García,  don  Antonio  Narváez  Rodríguez,  don  Ricardo 
Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón; la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón; los magistrados don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique 
Arnaldo  Alcubilla,  y  las  magistradas  doña  Concepción  Espejel  Jorquera  y  doña 
Inmaculada Montalbán Huertas, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2313-2020 interpuesto por cincuenta 
senadores del grupo parlamentario popular en el Senado contra el apartado quinto de la 
disposición final cuarta de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 10/2019, de 20 de 
diciembre,  de  presupuestos  generales  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La 
Mancha para 2020. Han comparecido y formulado alegaciones la Junta de Comunidades 
de  Castilla-La  Mancha  y  las  Cortes  de  Castilla-La  Mancha.  Ha  sido  ponente  el 
magistrado don Ramón Sáez Valcárcel.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este tribunal el día 8 de junio de 2020 se ha 
promovido  recurso  de  inconstitucionalidad  por  cincuenta  senadores  del  grupo 
parlamentario popular en el Senado contra el apartado quinto de la disposición final 
cuarta de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 10/2019, de 20 de diciembre, de 
presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, 
en cuanto da nueva redacción al art. 75.2 c) del texto refundido de la Ley de hacienda de 
Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre. e.
El recurso se funda en que la nueva redacción del art. 75.2 c) omite su anterior  w.b
segundo párrafo, el cual, en el caso de las subvenciones concedidas de forma directa,  03ww
pdoerb idaacmreednittaer sjues triafizcoandeass  qduee  idnitfeicréuslt epnú sbuli ccoo,n vsooccaiatol, rieac poúnbólmiciac,o d ios phounmíaa: n«iEtanr ioe,s tue  coatrsaos, 
einl dGivoidbuiearlnizoa dreag dioen alol sr ebmenitieráfic tiraimrioess,t rcaolmn einndteic aac liaósn  Cdoer tleas c duea nCtíaas ctiollan-cLead iMdaa,n acshía c roemlaoc iósun 
finalidad y motivación».
Para la demanda, la modificación impugnada lleva a cabo un cambio sustancial en el 
sistema de control en la concesión de subvenciones nominativas consistente en suprimir 
la obligación de que el Gobierno regional haya de remitir trimestralmente a las Cortes de 
Castilla-La Mancha relación individualizada de los beneficiarios, con indicación de la 
cuantía concedida, así como su finalidad y motivación. Exigencia anteriormente prevista, 
para el supuesto de determinadas subvenciones concedidas excepcionalmente de forma 
directa, en el apartado c) del art. 75.2 de la Ley de hacienda de Castilla-La Mancha.
La demanda articula dos motivos de inconstitucionalidad:
a) Vulneración del art. 134.2 CE.
Los senadores recurrentes recuerdan la doctrina constitucional en torno a las 
leyes de presupuestos (cita la STC 152/2014, de 25 de septiembre), deduciendo que 
la misma establece dos claros requisitos conjuntos para determinar si se da o no 
extralimitación  material  de  la  ley  de  presupuestos:  el  contenido  económico  y  la 
conexión económica –relación directa con los ingresos o gastos del Estado o vehículo 
director de la política económica del Gobierno– o presupuestaria –para una mayor 
inteligencia  o  mejor  ejecución  del  presupuesto–.  Dicha  doctrina  es  también  de 
aplicación a las leyes de presupuestos autonómicas, en especial a la de Castilla-La 
Mancha, tal como confirmó la STC 74/2011, de 19 de mayo.
La demanda analiza a continuación si la disposición objeto de recurso forma parte 
del núcleo esencial, mínimo e indisponible de la ley de presupuestos o, bien, si su 
inclusión en la ley de presupuestos se fundamenta en que aquella puede formar parte 
del contenido accidental de la ley, por cumplirse las dos condiciones exigidas por la 
doctrina constitucional: conexión económica directa con los ingresos o gastos o vehículo 
director  de  la  política  económica  del  Gobierno,  o  presupuestaria,  para  una  mayor 
inteligencia o mejor ejecución del presupuesto.
En cuanto a su contenido material, la eliminación de la comunicación al legislativo 
que se pretende no contiene ninguna específica previsión de ingresos o habilitación de 
gastos, por lo que no constituye contenido esencial de la ley presupuestaria. Asimismo, 
al tratarse de una medida adoptada cuando el presupuesto ya se ha ejecutado, no 
presenta conexión económica directa con ingresos o gastos, sin incidir en la política 
económica  ni  aportar  tampoco  mayor  inteligencia,  ni  mejora  de  la  ejecución  del 
presupuesto. La supresión de una medida de control parlamentario de la acción del 
Gobierno, máxime si se trata de la obligación del Ejecutivo de acudir a las Cortes para 
dar información de una acción ya finalizada, parece claro que no guarda relación alguna, 
ni con los ingresos y gastos, ni con la mejor ejecución del presupuesto. Debe tenerse en 
cuenta que no se trata de un control parlamentario previo, que pudiera hacer depender o 
pueda condicionar la ejecución presupuestaria. Muy por el contrario, se trata de la 
obligación del Ejecutivo de informar de actuaciones ya ejecutadas y válidas, por lo que 
del control parlamentario no derivaría acto de validación.
b) Afección a las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo reguladas en el 
Estatuto de Autonomía.
Para la demanda, «[l]a superación de los límites materiales de la ley de presupuestos 
se ve más clara si analizamos la naturaleza de la norma afectada, que se refiere, de 
forma indubitada, a algo tal lejano de lo que es la acción económica del Gobierno como 
es la función de control parlamentario».
El art. 9.2 b) del Estatuto de Autonomía establece que corresponde a las Cortes de 
Castilla-La Mancha «[c]ontrolar la acción ejecutiva del Consejo de Gobierno, aprobar los  s
presupuestos y ejercer las otras competencias que le sean atribuidas por la Constitución,  e.
por el presente Estatuto y por las demás normas del ordenamiento jurídico». w.
La mención a «las demás normas del ordenamiento jurídico» indica que la regulación  03ww
tdoed aess taaq auceclliaósn  ndoer mcoans trqoul es ea traibcougyaen a a u lna  sCisátmemaraa  daeu ttornaónmsviecars acloidmapde, tdeen ctiaals  focormncar eqtuaes 
ad e lcao nintrfoolr mdeabceiónn e npmaralarcmaersneta erina  edstean tcroom  dpee tesnuc ian aetsutaratuletazari a,d qeu ed ecroencfhigou rafu enld daemreecnhtaol   BOE-A-cable e
amparado por el art. 23 CE. Se trata de una información debida y sometida al control
parlamentario que goza de una naturaleza absolutamente diversa a la económica y 
presupuestaria, lo que bastaría para deducir que su contenido no puede verse afectado 
por la ley de presupuestos, en cuanto el derecho de información parlamentaria entra en 
el ámbito protegido por el art. 23.2 CE (cita la STC 203/2001, de 15 de octubre), tal como 
se  deriva  de  la  STC  32/2017,  de  27  de  febrero,  en  relación  con  el  art.  13.2  del 
Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha.
La justificación que se hace en la exposición de motivos de la ley objeto de recurso 
sobre la inocuidad de esta modificación, en el sentido de que dicha información se 
encontraría en el portal de transparencia, lo que ya de por sí posibilitaría la ejecución del 
control parlamentario, no es válida. Se estaría rebajando la acción de control a un mismo 
nivel de información del que se hace al resto de la ciudadanía y la publicación en dicho 
portal no se realizará cuando «la publicación de los datos del beneficiario en razón de su 
objeto pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y 
familiar de las personas físicas de acuerdo con la legislación vigente», con lo que es 
posible que las Cortes de Castilla-La Mancha no puedan tener conocimiento total y 
completo  de  las  subvenciones  concedidas  por  la  vía  del  portal  de  transparencia. 
Además, se estaría rebajando la obligación del Ejecutivo de acudir a las Cortes, en un 
plazo  concreto  y  para  dar  una  información  precisa,  por  la  posibilidad  de  que  los 
parlamentarios constaten esa información y efectúen preguntas al respecto, lo que se 
reflejaría  en  el  propio  funcionamiento  interno  de  control,  puesto  que,  conforme  al 
Reglamento de las Cortes, se pasaría de una comparecencia obligada del Ejecutivo para 
dar una información concreta a la posibilidad de que sean los grupos parlamentarios 
quienes soliciten una sesión informativa, posibilidades que difieren de forma sustancial.
De esta forma, mediante una ley de presupuestos se estaría modificando el régimen 
de funcionamiento de una parte importante del control parlamentario, el cual, por más 
que  se  extienda  también  al  control  de  la  ejecución  presupuestaria,  no  puede 
considerarse que dé inteligencia o afecte a tal ejecución.
Se  recuerda  la  excepcionalidad  que  supone  la  concesión  de  subvenciones 
nominativas, advirtiendo que no se cuestiona «la oportunidad política de un régimen de 
excepción anormal en la normativa española (pues en cualquier caso ello sí entraría 
dentro  del  objeto  de  una  ley  de  presupuestos,  al  tratarse  de  la  propia  ejecución 
presupuestaria),  pero  sí  debemos  destacar  lo  anormal  [de]  que,  esa  atípica 
excepcionalidad venga acompañada de la eliminación ilegal del control parlamentario 
ordinario  preestablecido  para  dichas  subvenciones  nominativas  y  querer  justificarlo 
estableciendo  un  régimen  igualitario  de  conocimientos  de  datos  entre  el  Poder 
Legislativo y el resto de los ciudadanos».
Finalmente, la demanda contrasta la regulación impugnada con el art. 114 de la 
propia Ley de hacienda de Castilla-La Mancha, que regula la forma y el plazo en los que 
debe remitirse la cuenta general a las Cortes regionales. Se trata de un precepto de 
idéntica naturaleza a la del art. 75, dado que se refiere a una información que el 
Ejecutivo  está  obligado  a  trasladar  a  las  Cortes  respecto  de  una  ejecución 
presupuestaria ya aprobada y válida.
2. Por providencia de 30 de junio de 2020 el Pleno, a propuesta de la Sección 
Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la 
demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por 
conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del ministro de Justicia, así como a  s
las Cortes de Castilla-La Mancha y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,  e.
por conducto de sus presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran  w.
personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes y  03ww
pdueb Clicaasrti lllaa -iLnac oMaacniócnh ad»e.l recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial
3. Mediante escrito registrado el día 15 de julio de 2020, la presidenta del Congreso
de los Diputados comunicó el acuerdo de la mesa de la Cámara, por el que se persona
en el proceso y ofrece su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Lo mismo hizo la 
presidenta del Senado por escrito que tuvo entrada en este tribunal en la misma fecha.
4. El letrado de las Cortes de Castilla-La Mancha se personó en el proceso por 
escrito  registrado  el  día  15  de  julio  de  2020,  solicitando  una  prórroga  del  plazo 
inicialmente concedido para formular alegaciones. Prórroga que le fue concedida por 
diligencia de ordenación de la secretaría de justicia del Pleno de ese mismo día 15 de 
julio de 2020.
5. La  letrada  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  en 
representación del Gobierno de esa comunidad autónoma, compareció en el proceso por 
escrito registrado el día 20 de julio de 2020 en el que solicita una prórroga del plazo 
concedido para formular alegaciones, prórroga concedida por diligencia de ordenación 
de la secretaría de justicia del Pleno de esa misma fecha.
6. El abogado del Estado se personó en el proceso por escrito registrado el día 22 
de julio de 2020, a los efectos de que se le notificasen las resoluciones que en él se 
dictasen.
7. La letrada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cumplimentó el 
trámite  de  alegaciones  conferido  mediante  escrito  registrado  el  día  31  de  agosto 
de 2020, solicitando la inadmisión del recurso y, en segundo término, su desestimación.
Interesa, en primer lugar, la inadmisión del recurso por entender que no se han 
cumplido las exigencias que impone el art. 81 LOTC. Señala que en la documentación 
aportada junto con el escrito de la demanda aparece un poder especial que habilitaba a 
la senadora designada como comisionada en el presente recurso para que, en nombre y 
representación de los poderdantes, pudiera usar y ejercitar la concreta acción de la que 
emanan las presentes actuaciones. Sin embargo, la senadora comisionada solo ostenta 
la representación procesal de otros cuarenta y ocho senadores, por cuanto respecto de 
uno de ellos no consta la habilitación de dicha senadora para actuar en su nombre y 
representación, por lo que no procedería la admisión a trámite del recurso, ya que habría 
sido promovido por un número inferior a los cincuenta que son necesarios.
En cuanto a los motivos sustantivos del recurso, la letrada autonómica descarta, en 
primer lugar, la vulneración del art. 134 CE. Señala que la cuestión discutida se ciñe a la 
supresión del párrafo segundo del apartado c) del art. 75.2 de la Ley de hacienda de 
Castilla-La Mancha, que es discutida por los recurrentes por la utilización de una ley de 
presupuestos para regular la materia. A tal efecto, recuerda la doctrina constitucional 
sobre la aplicación de las limitaciones del art. 134 CE a las leyes presupuestarias 
autonómicas y resalta que, en el caso de Castilla-La Mancha, tal cuestión se regula en el 
art. 51 del Estatuto de Autonomía. Así, en la medida en que las leyes de presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha cumplen la misma función, quedan 
sometidas a los mismos límites materiales y temporales que las del Estado.
Señalado lo anterior, aprecia que existe conexión entre la norma impugnada y la 
adecuada gestión del gasto público subvencional. La disposición cuestionada introduce 
una modificación parcial y limitada de dicha ley. La modificación puntual se realiza para 
acotar el vehículo jurídico admisible para la autorización de subvenciones nominativas 
cuando el beneficiario de la misma sea una entidad pública o privada sin ánimo de lucro 
y sin que ello suponga una relajación del procedimiento de control financiero de las 
subvenciones. Por ello concluye que existe una vinculación directa entre el precepto  s
modificado y la gestión de una partida de gasto público. Destaca que «no resulta fácil  oe.
deslindar las normas de simple régimen jurídico de las administraciones públicas que el  w.
Eisnostebtarrpedr oee tola  gtlaiavsso t coo« msquuubenv iedlana cdideoisns apalou»st,ó icpnieóornmo a iesms pptiuumegadn eaqndu aee  shetaasb tádle ec aetbero ndreedr aslanesd  eonn o lrcamu earensg tpaur,l eacscouiómpnuo e dcsretait erliroaioss    2022-3803n https://ww
derechos y obligaciones de contenido económico de la administración pública regional
por lo que es evidente que su objeto se acota a la regulación de la protección o  Bc
preservación de los recursos públicos que integran la hacienda pública regional, por lo 
que nos encontraremos ante preceptos que pueden tener su anclaje en las leyes de 
presupuestos». Para la letrada autonómica «es palmaria la conexión que existe entre el 
precepto de la disposición legal modificada y la política económica-presupuestaria de 
gasto público. Se trata de un binomio armónico que se conjuga en pro de una mejor 
gestión presupuestaria y administrativa de los recursos públicos regionales». Formaría 
así parte del contenido eventual admisible en una ley de presupuestos, en cuanto que la 
norma afecta directamente a una de las fuentes de gastos de la administración regional, 
como  es  la  posibilidad  de  autorizar  gasto  público  acudiendo  al  otorgamiento  de 
subvenciones  directas.  Se  trataría  de  una  disposición  que  contribuye  a  la  mejor 
inteligencia del presupuesto por cuanto supone una contribución para la mejoría del 
régimen jurídico de los recursos económicos aportados directamente por la dotación 
presupuestaria para el otorgamiento de subvenciones directas, que la disposición ahora 
impugnada contribuye a explicar. Todos los apartados del precepto legislativo modificado 
implican la definición por el legislador autonómico de directrices y líneas de actuación de 
las administraciones públicas en el ejercicio de su potestad subvencional con la finalidad 
de alcanzar objetivos de la política económica general, constitucionalmente reconocidos 
y que encuentran un claro amparo en su tratamiento en la ley de presupuestos. La 
norma impugnada tampoco altera el régimen jurídico de las subvenciones directas que 
podrán otorgarse en los mismos términos que antes.
La  representación  procesal  autonómica  concluye  que  «esta  regulación  puede 
fácilmente adscribirse a la materia del gasto público, al referirse al régimen de ejecución 
de las partidas presupuestarias destinadas a la actividad subvencional. Se está, pues, 
ante una medida directamente incidente sobre el presupuesto ya que habilita gastos 
aclarando o desarrollando la forma de autorización de los mismos vía subvención». Por 
ello,  estima  que  «concurre  la  indispensable  relación  directa  o  inmediata  de  la 
modificación  con  los  gastos  autonómicos,  con  la  política  presupuestaria  y  con  la 
ejecución  del  presupuesto  ya  que  es  un  complemento  necesario  para  la  mayor 
inteligencia y para la mejor y más eficaz ejecución del presupuesto y, en general, de la 
política económica del Gobierno regional».
Niega también la letrada del Gobierno autonómico que la reforma afecte a la función 
de control sobre el Poder Ejecutivo. La solución en el caso que se plantea pasa por 
determinar  el  contenido  del  estatuto  jurídico  constitucionalmente  relevante  de  los 
representantes políticos de los castellano-manchegos en las Cortes. Alude a la relación 
entre la teoría del control y el carácter constitucional del Estado, así como a la existencia 
de un sistema de pesos y contrapesos entre los diferentes poderes del Estado. Recuerda 
a continuación la doctrina constitucional sobre el art. 23.2 CE, mencionando su carácter 
de derecho de configuración legal que garantiza no solo el derecho igualitario de acceder 
al cargo, sino también el de mantenerse en él sin perturbaciones ilegítimas. Los actos 
que afectan a las relaciones entre Gobierno y Parlamento agotan sus efectos en ese 
ámbito, si bien, excepcionalmente, en el desarrollo de esa clase de relaciones puede 
vulnerarse el ejercicio del derecho fundamental que a los parlamentarios garantiza el 
art. 23 CE, bien por el Ejecutivo, bien por los propios órganos de las Cámaras, si se les 
impide o coarta el ejercicio de la función parlamentaria. Menciona también que eso no 
supone constitucionalizar todos los derechos y facultades que constituyen el estatuto del 
parlamentario,  sino  tan  solo  aquellos  que  se  pudieran  considerar  pertenecientes  al 
núcleo esencial de la función representativa parlamentaria, como son, principalmente, los 
que tienen relación directa con el ejercicio de las potestades legislativas y de control de  es
la acción del Gobierno, «debiendo, además, sostenerse que, mientras los obstáculos al  o
plpeearojnseol  írpprtcieircioicsnosipoc  yuió p edrpigoseaat, ra nlelasaojm esso r e cfdanaicectcia touulra liatdosace  d–iC oeylaná,s sem e sqnfa uu drúneaelc stlii i monEsntaojeee ngcisn,ru  sagettinunva bo nlpe acerri iannnf,ua c renmiéplcpeieioólcni,ctn toaas r ulpaeasals –crt a,lepa lppr moeetipejbreoinlare tcnssaio,c r di isaoreue   csvprociersoenvavpsibsettiliióentbunsileey,  nesee tnnend, s  eagt  amecdmnoepenb artilréroaoonsl,,l      OE-A-2022-3803able en https://www.
desde consideraciones de corrección jurídica».
La aplicación de esos criterios al caso conduce, a juicio de la representación procesal 
autonómica,  a  rechazar  la  vulneración  denunciada,  puesto  que  los  parlamentarios 
regionales  no  sufren  limitación  alguna,  ni  por  parte  de  la  Cámara  de  la  que  son 
miembros, ni por parte del Gobierno, en el ejercicio de su derecho a recabar información 
sobre el destino de determinados fondos, y pueden seguir realizando plenamente su 
derecho, sin constricción ilegítima a su función parlamentaria de control. Resalta que el 
Tribunal debe apreciar que el derecho fundamental al ejercicio del cargo garantizado por 
el art. 23 CE no comprende el derecho a una respuesta con un concreto contenido, 
puesto que el cauce de control de tal actuación gubernamental es el de la acción política 
de los parlamentarios. En todo caso, entiende que la doctrina constitucional avala su 
criterio de que la reforma legal «no supone la adopción de una decisión que impida o 
coarte la actividad de control parlamentario sobre la actividad del Ejecutivo regional». No 
afecta al contenido de las normas que integran el estatuto jurídico constitucionalmente 
relevante de los parlamentarios autonómicos (Estatuto de Autonomía y Reglamento de 
las Cortes de Castilla-La Mancha), ni se afectan «los derechos o facultades atribuidos al 
representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa parlamentaria, 
como son, indudablemente, el ejercicio de la función legislativa o de control de la acción 
del  Gobierno».  Concluye,  por  ello,  que  «la  previsión  contenida  en  la  disposición 
controvertida es constitucional ya que no excede el límite contemplado en la Constitución 
Española, en el Estatuto de Autonomía y en el Reglamento de las Cortes; y no es 
desproporcionada puesto que no afecta a los mecanismos de control que atribuyen 
dichas  normas  a  los  parlamentarios  regionales  (preguntas,  interpelaciones, 
requerimientos de información o mociones de censura)». La lesión que se denuncia solo 
podría traer causa del incumplimiento de los mecanismos de control en los que el 
Reglamento de la Cámara le exige al Gobierno regional la rendición de cuentas, lo que 
no se ha producido, en cuanto que los parlamentarios siguen pudiendo ejercer con 
plenitud su derecho para formular interpelaciones y preguntas al Consejo de Gobierno y 
a  cada  uno  de  sus  miembros  y  su  derecho  a  recibir  y  solicitar  la  información  y 
documentación necesaria para el desarrollo de sus tareas. Además, la contestación a la 
demanda indica que la reforma legal no tiene reflejo en el funcionamiento interno de 
control  ya  que  la  previsión  originaria  del  art.  75.2  c)  de  la  Ley  de  hacienda  no 
desencadenaba la celebración de un debate parlamentario trimestralmente, en la medida 
en que no era impuesta por el art. 198 del Reglamento de las Cortes, que no regula un 
deber de comunicación, sino solo una facultad del Consejo de Gobierno. De lo anterior 
se  deduce  que  el  Gobierno  regional  no  tiene  un  deber  reglamentario  de  informar 
periódicamente a las Cortes sobre las subvenciones nominativas que se otorguen con 
cargo a los presupuestos, lo que permite concluir que ni se debate sobre el contenido del 
estatuto constitucionalmente relevante de los parlamentarios ni se ha producido un 
menoscabo en el funcionamiento interno del control parlamentario, en tanto en cuanto 
sigue pudiéndose ejercitar en plenitud a través de los instrumentos que se contemplan 
en  el  art.  13  y  en  los  títulos  VIII  y  XI  del  Reglamento  de  las  Cortes  castellano-
manchegas.
Para la letrada autonómica, los recurrentes intentan trasladar la potestad de ejercicio 
de iniciativas particulares de control al Consejo de Gobierno solicitando documentos 
concretos previa calificación de la mesa, con la previsión legal contenida en la normativa 
aplicable a la ejecución presupuestaria de cada ejercicio en materia de subvenciones. El 
régimen jurídico y naturaleza de la actividad parlamentaria no puede ser confundido con 
el régimen jurídico y naturaleza del presupuesto general de la Junta de Comunidades. La  es
modificación del art. 75 simplemente da cumplimiento a una obligación legal de carácter  o
aubtaocnácdctasuaei ca slvolaoie z  czcaao idu ncladata ea ydnidn aidadf ounatrrír maaee,nsna nt  ceeomi ól l osenaoss rtp le.ot úsr 8ea,b. s1 lilpcco cioase)r  n  pydtu aoebnrs lula aase m eLninsee fgenyoont ra1bmtar9iiea o/y2rcsn 0i.cóo 1iTnn,3a  cs,m odud ebsed ti éíi9tpaun usdy  bgeedlun iecdadli irdcoadai ñeaudom n c, oabaan rcceoteci,bvx edlaiiósge inab ct clroceainoó,n tnnaisn  dplauaeapa mLrlmeiecáneyasc nb,di atleeae,      OE-A-2022-3803able en https://www.
las Cortes de Castilla-La Mancha 4/2016, de 15 de diciembre, de transparencia y buen
gobierno de Castilla-La Mancha, en la medida en que la información que en virtud de 
dicha  ley  se  obliga  a  publicar  supera  con  mucho  a  la  prevista  en  el  apartado 
controvertido, porque se refiere a todas las subvenciones (y no solo a un tipo concreto de 
subvención de concesión directa), sino también porque la información que se suministra 
es mucho más completa y se establece la exigencia de mantenerla actualizada en todo 
momento.
8. Las alegaciones de la representación procesal de las Cortes de Castilla-La 
Mancha se registraron el día 1 de septiembre de 2020.
Interesa, en primer lugar, la inadmisión del recurso, por falta de acreditación de la 
legitimación exigida para interponerlo en la medida en que la comisionada para hacerlo, 
una de las senadoras recurrentes, no lo ha sido por cincuenta senadores, ya que no 
consta  acreditada  la  habilitación  de  dicha  senadora  para  actuar  en  nombre  y 
representación de uno de ellos. A su juicio, tiene una trascendencia procedimental de 
alcance constitucional, puesto que el incumplimiento del artículo 81.1 LOTC implica, en 
el presente caso, que el recurso de inconstitucionalidad no haya sido interpuesto por el 
quórum  mínimo  exigido  para  ostentar  legitimación  en  el  presente  recurso  de 
inconstitucionalidad, esto es, cincuenta senadores como exige el art. 162.1 a) CE.
Descarta,  en  segundo  lugar,  la  vulneración  del  art.  134.2  CE  y  de  los  límites 
materiales de las leyes de presupuestos. Recuerda la doctrina constitucional sobre los 
límites de las leyes de presupuestos (cita la STC 152/2014), en relación específicamente 
al posible contenido necesario y eventual de este tipo de normas (cita las SSTC 9/2013, 
de 28 de enero, y 217/2013, de 19 de diciembre). Doctrina que, fijada para la ley de 
presupuestos generales del Estado, resulta de aplicación a las leyes presupuestarias 
autonómicas.
Reproduce a continuación el contenido de la disposición impugnada y señala que 
está referida al procedimiento ordinario de concesión de subvenciones, que se encuadra 
dentro del capítulo II sobre «Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones, 
y su gestión presupuestaria» de la Ley de hacienda de Castilla-La Mancha y, por tanto, 
responde  al  contenido  eventual  de  un  instrumento  normativo  como  es  la  ley  de 
presupuestos, en la medida en que guarda relación directa con el programa de ingresos 
y de gastos, con los criterios de la política económica en que se sustentan, siendo 
además un complemento necesario para la mayor inteligencia y para la mejor y más 
eficaz ejecución del presupuesto. Se trata de la eliminación de una cuestión meramente 
accesoria relacionada con un precepto de contenido netamente presupuestario.
Tampoco se entiende vulnerado el art. 23.2 CE, en la medida en que no hay afección 
a la función parlamentaria de control del Ejecutivo. El eventual establecimiento por el 
legislador, en este caso autonómico, de un control parlamentario «reforzado» y, en su 
caso, su eliminación en determinados asuntos o materias es una cuestión de legalidad 
ordinaria  que  no  afecta  al  estatuto  jurídico  constitucionalmente  relevante  de  los 
representantes políticos de los castellano-manchegos en las Cortes, que está constituido 
por la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de las Cortes de 
Castilla-La Mancha. La conclusión es que el legislador puede regular estos controles 
parlamentarios «reforzados» de la manera que estime más conveniente dentro del marco 
de la Constitución, por lo que el contenido suprimido es un aspecto procedimental de 
configuración legal cuya concreción ha de ser regulada por los poderes públicos, en este 
caso autonómicos, según sus respectivos ámbitos de competencias. La reforma no 
afecta  a  las  facultades  de  control  parlamentario,  puesto  que  sobre  la  actuación  e.e
subvencional del Gobierno regional puede seguir ejercitándose el control con absoluta  w.b
plenitud a través de los mecanismos que se prevén en el artículo 13 y en los títulos VIII y  03ww
dXeI  dqeul eR ceogmlaom esnet oin ddeic ala sp oCr oertl else gdiesl aCdaosrt iallau-tLoan óMmaicnoc hean.  Tlao deox peollosi,c aiódne mdeá sm, soitniv opse rdjueic liao 
lLoesy  b1e0n/2e0fic1i9a,r iloas s udper etaslieósn  sdueb lvae rnecmioisnieósn  dtriirmecetsatsra, le as tláa sj uCsotirfticeasd dae  yC masottililvaa-dLaa  Mena nqcuhea  ldaes 
mismas ya son necesariamente objeto de publicación en el portal de transparencia de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por exigencia legal del art. 18 de la 
Ley  4/2016,  de  15  de  diciembre,  de  transparencia  y  buen  gobierno  de  Castilla-La 
Mancha.
9. Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia del Pleno de 7 de 
septiembre de 2020 se acordó requerir a doña Salomé Pradas Ten, comisionada de los 
senadores del grupo parlamentario popular recurrentes, a fin de que en el plazo de cinco 
días acreditase si en la fecha de interposición del recurso ostentaba la representación de 
uno de los senadores recurrentes.
10. La comisionada de los senadores recurrentes presentó un escrito, registrado el 
día 11 de septiembre de 2020, en el que expone lo siguiente.
La acreditación de la representación ya se aportó en el momento de la interposición 
del recurso, añadiéndose los poderes notariales como un plus a los documentos en los 
que  los  senadores  recurrentes  le  designan  como  comisionada  en  los  términos  del 
art.  82.1  LOTC.  Queda  así  expresada  en  la  documentación  que  acompañaba  la 
demanda  tanto  la  voluntad  impugnatoria  de  los  recurrentes,  como  la  voluntad  de 
designar comisionada al efecto. Estos extremos ya se valoraron a la hora de admitir a 
trámite  el  recurso.  Resalta  también  las  diferencias  existentes  entre  la  figura  del 
comisionado que es formalmente diferente a la exigencia de procurador y abogado 
derivada del art. 81.1 LOTC. El caso del art. 82.1 LOTC no exige, a su juicio, «el 
formalismo de conferir representación a través de poderes o un documento específico 
para  acreditar  la  representación  del  comisionado  (también  senador)  que  es  quien 
nominalmente interpone el recurso y actúa de representante del resto de senadores».
En todo caso, adjunta poderes de representación conferidos el 8 de septiembre 
de 2020 por el senador en cuestión, quien se ha adherido a los poderes notariales que 
se aportaron junto al recurso y ha otorgado también nuevo poder específico. Añade que 
estuvo imposibilitado de hacerlo en su momento por motivos de salud (aporta al efecto 
documentación relativa al problema de salud sufrido). Por ello estima que la valoración 
de todos los documentos que se adjuntaron y se adjuntan ahora, son prueba más que 
suficiente de la voluntad del senador de recurrir y de nombrar comisionada.
Cita la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
de 13 de mayo de 2020, en la que se aprecia que el no acreditar la representación en el 
momento en que se interpone el recurso, no es óbice para que se acrediten a posteriori 
cuando se requiera a la parte, y que aun cuando los poderes sean de fecha posterior a la 
interposición de recurso y del requerimiento, se considerarán válidos y subsanado el 
defecto. Por lo que en el presente caso, de considerarse no suficientes los documentos 
ya presentados, debería entenderse subsanada la acreditación de la representación del 
senador en cuestión por parte de la comisionada, teniendo en cuenta que ya era su 
intención otorgar poderes de representación en junio de 2019, que no lo hizo por los 
motivos de salud alegados, que sí designó comisionada expresamente a través de los 
documentos que acompañan al recurso, y que ahora se ha adherido a los poderes 
del 2019 y a su vez ha formalizado otros nuevos.
Por ello, la comisionada solicita que los derechos constitucionales a la tutela judicial 
efectiva y a plantear recursos de inconstitucionalidad por parte de los senadores, primen 
sobre  un  posible  defecto  formal  que,  de  existir,  debe  entenderse  en  todo  caso 
subsanado. Añade, por último, que de no haberse admitido a trámite el recurso, se 
hubiese podido entablar uno nuevo al estar aún en plazo, por lo que aquella decisión no 
puede ahora volverse en contra de esta parte, porque de otro modo se le estaría  e.e
causando indefensión. w.b
delib1e1r.a cPióonr  yp fraollvoi ddeen ecisat ad see n8te ndcei af.ebrero de 2022, se señaló ese mismo día para
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del recurso y posiciones de las partes.
La presente resolución ha de resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
por cincuenta senadores del grupo parlamentario popular del Senado contra el apartado 
quinto  de  la  disposición  final  cuarta  de  la  Ley  de  las  Cortes  de  Castilla-La 
Mancha  10/2019,  de  20  de  diciembre,  de  presupuestos  generales  de  la  Junta  de 
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  para  2020,  en  cuanto  da  nueva  redacción  al 
art. 75.2 c) del texto refundido de la Ley de hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
El recurso denuncia que la nueva redacción del art. 75.2 c) suprime su anterior 
segundo párrafo, el cual, en el caso de subvenciones concedidas de forma directa por 
acreditarse  razones  de  interés  público,  social,  económico  o  humanitario,  u  otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública obligaba al Gobierno 
regional a informar periódicamente al Parlamento autonómico. Concretamente disponía 
que:  «En  este  caso,  el  Gobierno  regional  remitirá  trimestralmente  a  las  Cortes  de 
Castilla-La Mancha relación individualizada de los beneficiarios, con indicación de la 
cuantía concedida, así como su finalidad y motivación».
Para  los  demandantes  la  supresión  que  se  ha  llevado  a  cabo  por  el  precepto 
formalmente impugnado incurriría en dos vicios de inconstitucionalidad. Por un lado, esta 
modificación y la supresión que implica no podría llevarse a cabo a través de una ley de 
presupuestos,  en  cuanto  que  se  trata  de  una  norma  con  un  contenido 
constitucionalmente delimitado y no puede considerarse que la modificación impugnada 
sea contenido ni necesario ni eventual de la ley de presupuestos, con lo que se estaría 
vulnerando el art. 134.2 CE. Por otro lado, se afectaría de modo sustancial a las 
potestades  de  control  parlamentario  sobre  la  actuación  del  Gobierno  regional, 
infringiendo el art. 23.2 CE.
Las representaciones procesales del Gobierno de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y de las Cortes de Castilla-La Mancha han interesado la inadmisión 
del recurso, por concurrir un defecto insubsanable en la legitimación de los recurrentes y, 
subsidiariamente,  su  desestimación,  por  entender  que  no  concurre  ninguna  de  las 
vulneraciones constitucionales que los recurrentes denuncian.
2. Cuestión previa: desestimación del óbice de inadmisión planteado.
Expuestas las posiciones de las partes es preciso analizar el óbice procesal que 
oponen las representaciones procesales de las instituciones autonómicas personadas en 
el  proceso.  Ambas  consideran  que  no  se  cumplen  los  requisitos  exigidos  para  la 
promoción de un proceso de este tipo, por la falta de acreditación de la legitimación 
exigida para interponerlo en la medida en que la comisionada para hacerlo, una de las 
senadoras recurrentes, no lo ha sido por otros cuarenta y nueve senadores, por cuanto 
no  consta  acreditada  la  habilitación  de  dicha  senadora  para  actuar  en  nombre  y 
representación de uno de ellos. Eso hace, a su juicio, que el recurso deba ser inadmitido 
por haber sido promovido por un número inferior a los cincuenta senadores que exige el 
art. 162.1 a) CE.
Es  doctrina  reiterada  de  este  tribunal  que,  no  habiéndose  instituido  en  su  Ley 
Orgánica un trámite de admisión que permita apreciar el cumplimiento de los requisitos 
procesales, ello no puede significar que quede excluido su examen. Examen que puede  s
producirse mediante la apertura del correspondiente incidente, tanto si los posibles vicios  oe.
fueran advertidos de oficio como si, tal como aquí ha sucedido, sobre ellos alertaran las  w.
pparortmEeosn v (eSerlT  Caen l4 á2lrie/s1cis9u 8rds5eo,   deeds et1e 5 i nódcbeoi cmnesa tirdtzueocb)ie.o nsaeliñdaalda rspeo,r  ecni npcruimenetra  ludgipaur,t aqduoes  lao  fasceunlataddo rdees   2022-3803n https://ww
[art. 162.1 a) CE y art. 32 LOTC] no la otorga la Constitución en atención a un interés
propio de los legitimados, sino en virtud de la alta cualificación política que resulta de su  Bc
cometido constitucional. Esta naturaleza peculiar del recurso de inconstitucionalidad 
implica la necesidad de verificar los requisitos formales establecidos para acreditar la 
legitimación para interponer el recurso, a fin de garantizar la existencia de la voluntad 
que se manifiesta, pero también exige evitar rigorismos formales que puedan frustrar el 
interés público objetivo en que este tribunal desarrolle su función de garante supremo de 
la Constitución mediante el enjuiciamiento de la ley impugnada (STC 86/1982, de 23 de 
diciembre), una vez ha sido puesta de manifiesto la voluntad impugnatoria por quienes 
constitucionalmente tienen atribuida tal legitimación.
La doctrina de este tribunal ha puesto de relieve que «la decisión de recurrir que 
incumbe a cincuenta o más diputados o senadores —sujetos legitimados para interponer el 
recurso de inconstitucionalidad que constituyen fracciones de órganos constitucionales— 
debe  ir  acompañada  de  la  satisfacción  de  determinados  requisitos  formales,  cuyo 
incumplimiento determina la existencia de un vicio en la legitimación misma que se erige en 
causa de inadmisibilidad del recurso» (ATC 55/2011, de 17 de mayo, FJ 2).
La verificación de los requisitos formales es una obligación de este tribunal, y su 
cumplimiento una exigencia debida por parte de los recurrentes, en tanto que agrupación 
ocasional o ad hoc de diputados que se constituyen a los solos efectos de impugnar la 
validez de una ley.
En relación con tales requisitos formales cobra especial importancia en este caso lo 
previsto en el art. 82.1 LOTC, que dispone que los órganos o el conjunto de diputados o 
senadores  investidos  por  la  Constitución  y  por  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional para promover procesos constitucionales actuarán representados por el 
miembro  o  miembros  que  designen  o  por  un  comisionado  nombrado  al  efecto.  La 
doctrina  constitucional  ha  reiterado  que  para  poder  actuar  ante  este  tribunal,  el 
comisionado ha de aportar un poder que le acredite como representante procesal de la 
agrupación de diputados conformada. Pero, puesto que el art. 82.1 LOTC no ordena que 
tal nombramiento se produzca necesariamente mediante poder especial, exigencia que 
tampoco deriva, antes al contrario, de las normas de la Ley de enjuiciamiento civil sobre 
comparecencia en juicio que han de aplicarse con carácter supletorio (art. 80 LOTC), se 
ha entendido reiteradamente que resulta suficiente la aportación de poder general para 
pleitos (STC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 1).
La falta de presentación del poder que acredite la representación de un senador en el 
momento de interposición del recurso es, en principio, un defecto subsanable y, de 
hecho, lo ha sido una vez requerido para ello por este tribunal, dado que se ha aportado 
tanto la adhesión del senador en cuestión al poder conferido a la comisionada como un 
específico poder notarial otorgado a esa misma comisionada. La cuestión es si estos 
apoderamientos son suficientes para entender subsanado el defecto de postulación 
padecido y, de esa manera, se observan los requisitos procesales exigidos por los 
arts. 162.1 a) CE y 32 LOTC. Tal apoderamiento se ha otorgado el 8 de septiembre 
de 2020, esto es, con posterioridad al momento de plantearse el recurso el día 8 de junio 
de 2020 y cuando su plazo de interposición ya había transcurrido, pues expiraba el 5 de 
septiembre de 2020 (punto primero del Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Pleno del 
Tribunal  Constitucional,  en  relación  con  la  suspensión  de  los  plazos  procesales  y 
administrativos durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y punto 
primero del Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre 
cómputo de los plazos procesales y administrativos que fueron suspendidos por el primer 
acuerdo, durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo).
Adviértase que, en este punto, la doctrina del Tribunal distingue entre la subsanación  es
de la falta de la voluntad impugnatoria y de la falta de presentación del poder conferido al  o
niqcAmoouspmveí ui seissgemein o dbanteorrae smdd,p oóerF.e n Jent Srnd2oi e,) p ,d  ldraeeeezlns lo  ppAc lepauTcezaCtornoo ,2t   os6qa i/u an2el oo0l o  0nq 7posu,r ee ismdg eesue  onar5lodco ,doo  elm,o«  e nfpeeloa bsc ñ rreóeliats re oa fr, asi olaFult a bJad  s 1edea mesna ta)aea,bn  cslrdreeeea sgd»lpúai tena (Ac cfeatTioóllC t ncae  u 4sdad 5elae 9 «l u/g2sanoi0cea 0udn 4edidf,reeo d1rc oeci6s nl aiótddrenoee.      OE-A-2022-3803able en https://www.
que quien pretende actuar en el proceso en nombre y representación de una parte ha de
acreditar su representación, es lo cierto que nuestro ordenamiento ofrece a la parte la 
alternativa de conferir su representación antes de que se inicie el proceso —caso del 
poder notarial presentado al tiempo de la personación— o una vez incoado, caso del 
apoderamiento apud acta otorgado ante el propio órgano jurisdiccional que conozca del 
proceso. Por tanto, si lo relevante es que quede acreditada en las actuaciones la 
existencia  del  apoderamiento,  y  puesto  que  los  defectos  de  postulación  son  de 
naturaleza subsanable (art. 11 LOPJ y nuestra propia doctrina, recogida, entre otros 
muchos, en el ATC 207/2001, de 16 de julio, FJ 1), nada impide que esa acreditación 
pueda  producirse  dentro  del  plazo  de  subsanación  fijado,  lo  que  abarca  tanto  la 
posibilidad de presentar un poder ya otorgado, pero que no fue presentado, como la de 
otorgar y presentar el poder en el periodo de subsanación».
Por tanto, atendiendo a esta última doctrina, puede concluirse del examen de la 
documentación aportada que se han cumplido los requisitos de postulación, al haberse 
presentado el poder conferido a la comisionada en el período de subsanación que, a tal 
efecto, otorgó el Tribunal. A lo anterior ha de añadirse que también se han justificado 
documentalmente las razones por las que el senador no suscribió en su momento el 
poder, aunque sí había expresado su voluntad, en unión de los restantes senadores que 
suscriben el documento, tanto de impugnar la norma, como de designar para ello en 
calidad de comisionada a la senadora que actúa en su nombre. Y, finalmente, debe 
tenerse en cuenta que el trámite de subsanación conferido por este tribunal se abrió el 7 
de septiembre, esto es, cuando el plazo de caducidad para la interposición del recurso 
de inconstitucionalidad había expirado.
Por ello, atendidas las concretas circunstancias del caso y la doctrina constitucional a 
la que se ha hecho mención –y en virtud del principio pro actione, que este tribunal ha 
considerado  aplicable  también  a  la  interpretación  y  aplicación  de  las  causas  de 
inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad (STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 2)– 
ha de concluirse que se cumple el requisito de la legitimación para interponer el presente 
recurso de inconstitucionalidad, por lo que el óbice planteado ha de ser desestimado.
Una vez despejada la objeción de procedibilidad alegada procede entrar en el fondo 
del asunto planteado, examinando los motivos de impugnación en el orden en el que se 
formulan en la demanda.
3. Doctrina constitucional sobre el art. 134.2 CE. En especial en relación con la 
regulación de las subvenciones y ayudas públicas.
Las partes no controvierten la existencia de límites constitucionales a los contenidos 
que son susceptibles de regularse por las leyes de presupuestos, ni que tales límites, 
predicables en principio de la ley de presupuestos del Estado por imperativo de lo 
dispuesto en el art. 134 CE, son también aplicables a la ley de presupuestos autonómica. 
Esa fue la conclusión que este tribunal alcanzó en la STC 74/2011, FJ 3, en relación con 
las leyes presupuestarias de Castilla-La Mancha, las cuales cumplen la misma función y 
quedan en consecuencia sometidas a los mismos límites materiales y temporales que las 
del Estado. Concretamente, de lo que discrepan es sobre la posibilidad de considerar 
como posible contenido eventual y no necesario de una ley de presupuestos el que es 
objeto de la disposición adicional impugnada.
a) Este  tribunal  ha  examinado  ya  la  cuestión  de  los  límites  a  las  leyes  de 
presupuestos  contenidos  en  el  art.  134  CE  en  numerosas  ocasiones  y  desde 
perspectivas diversas. En lo que constituye una doctrina ya consolidada, ha reiterado  es
que el contenido de las leyes de presupuestos está constitucionalmente determinado a  bo
partir de su función como norma que ordena el gasto público (STC 3/2003, de 16 de  03ww
enero).
De forma necesariamente sucinta, a los efectos de resolver las cuestiones que en 
concreto se plantean aquí, conviene recordar algunas de las conclusiones de esta 
doctrina:
(i) Por  sus  especiales  características  de  tramitación  y  contenido,  una  ley  de 
presupuestos no puede contener cualquier clase de normas, sino solo aquellas relativas 
a la ordenación de los ingresos y gastos del Estado o la comunidad autónoma. De 
acuerdo  con  esta  doctrina,  el  contenido  de  la  ley  de  presupuestos  está 
constitucionalmente delimitado, en tanto que norma de ordenación jurídica del gasto 
público ex art. 134 CE. La Constitución establece la reserva de un contenido de ley de 
presupuestos, lo que significa que la norma debe ceñirse a ese contenido y, también, que 
este solo puede ser regulado por ella (STC 9/2013, FJ 3). Ese contenido va referido de 
forma principal al contenido propio o «núcleo esencial» del presupuesto, integrado por la 
previsión de ingresos y la habilitación de gastos para un ejercicio económico, así como 
por las normas que directamente desarrollan y aclaran los estados cifrados, esto es, las 
partidas  presupuestarias  propiamente  dichas.  Este  contenido  es  esencial  porque 
conforma la identidad misma del presupuesto, por lo que no es disponible para el 
legislador.
(ii) Adicionalmente,  las  leyes  de  presupuestos  pueden  albergar  lo  que  se  ha 
denominado «contenido eventual», no necesario o no imprescindible. Esta posibilidad de 
incluir contenido eventual es, según la STC 109/2021, 13 de mayo, FJ 3 a), «una 
posibilidad limitada, con una justificación precisa en el principio de seguridad jurídica 
(art. 9.3 CE), esto es en ‘la certeza del Derecho que exige que una ley de contenido 
constitucionalmente definido, como es la ley de presupuestos generales del Estado, no 
contenga  más  disposiciones  que  las  que  guardan  correspondencia  con  su  función 
constitucional (arts. 66.2 y 134.2 CE), debido a la incertidumbre que una regulación de 
este tipo indudablemente origina’ (STC 32/2000, de 3 de febrero, FJ 5). Es la propia 
función que cumple la ley de presupuestos en la Constitución, con las consecuentes 
restricciones al debate parlamentario (apartados 1, 6 y 7 del art. 134 CE), la que 
fundamenta en último término la limitación del contenido de las leyes de presupuestos 
(STC 9/2013, de 28 de enero, FJ 3)».
(iii) La doctrina constitucional, a partir de la STC 76/1992, de 14 de mayo, FJ 4 a), 
ha venido insistiendo en la necesidad de concurrencia de los dos requisitos «necesarios 
para que la regulación por ley de presupuestos de una materia que no forma parte de su 
contenido necesario sea constitucionalmente legítima: de una parte, es preciso que la 
materia guarde relación directa con los ingresos y gastos que integran el presupuesto y 
que su inclusión esté justificada por ser un complemento de los criterios de política 
económica  de  la  que  ese  presupuesto  es  el  instrumento;  y  de  otra,  que  ‘sea  un 
complemento  necesario  para  la  mayor  inteligencia  y  para  la  mejor  ejecución  del 
presupuesto y, en general, de la política económica del Gobierno’» (STC 174/1998, de 23 
de julio, FJ 6). Como se recuerda en la STC 122/2018, de 31 de octubre, FJ 3 c), «si bien 
la ley de presupuestos puede ser un instrumento para una adaptación circunstancial de 
las  distintas  normas,  no  tienen  en  ella  cabida  las  modificaciones  sustantivas  del 
ordenamiento jurídico, a menos que estas guarden la suficiente conexión económica 
(relación directa con los ingresos o gastos del Estado o vehículo director de la política 
económica  del  Gobierno)  o  presupuestaria  (para  una  mayor  inteligencia  o  mejor 
ejecución del presupuesto)». Nótese cómo uno de los argumentos constitucionales para 
proscribir determinados contenidos de las leyes de presupuestos es el de que con ellas  s
no se produzca una modificación del régimen sustantivo de determinada parcela del  e.
ordenamiento jurídico (STC 99/2018, de 8 de mayo, FJ 4). w.
(iv) En particular y sobre el requisito de la vinculación necesaria del contenido  03ww
ceovneenxtuióanl  csoena  lo«sin gmaesdtoiast ae  yin gdrireescotas »p.ú Ebslitcoo ss,i gsnei fhicaa  rqeucea lcnaod pou lae dimenp oinrtcalunicrsiae  deen q luaes  dleicyheas 
dineg rperseossu yp ugeasstotoss  neosr msóalos  a«cccuidyae nitnacl iyd esnecciuan deanr iala  yo prdoer neancdióen i ndseulf icpierongtera pmaara  alneugaitilm daer   BOE-A-cable e
su inclusión en la ley de presupuestos» [STC 152/2014, FJ 4 a)].
b) No es la primera vez que este tribunal ha de pronunciarse acerca de los límites 
que se derivan del denominado contenido eventual de las leyes anuales de presupuestos 
en relación con modificaciones normativas en materia de subvenciones públicas.
La  STC  206/2013,  de  5  de  diciembre,  FJ  3  j),  examinó  la  modificación  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, en punto al régimen de 
selección de las entidades colaboradoras en la gestión de las subvenciones. Allí se 
apreció que si bien no podía a priori descartarse «conexión entre la disposición que se 
impugna y la adecuada gestión del gasto público subvencional, pues la norma introduce 
una modificación parcial del régimen de convenios con las entidades colaboradoras», se 
concluyó que «a los efectos constitucionales que aquí nos conciernen, la citada conexión 
debe considerarse insuficiente, pues no se aprecia su carácter inmediato y directo, ni 
tampoco resulta evidente su relación con la ejecución del gasto público presupuestado. 
Debemos  además  tener  en  cuenta  que  las  reglas  que  ordenan  la  celebración  de 
convenios y contratos con entidades colaboradoras, afectan directamente tanto a la 
relación entre administraciones como a la relación entre estas y el administrado, como 
afirmamos recientemente, precisamente en relación con este mismo precepto, en la 
STC 130/2013, de 4 de junio, FJ 9 F) c), lo que abona la tesis de los demandantes de 
que se trata de una regulación sustantiva que en consecuencia no encuentra acomodo, 
de acuerdo con nuestra doctrina, en una ley de presupuestos».
Posteriormente, la STC 152/2014, FJ 6 e), se refirió a las modificaciones que una ley 
de presupuestos introducía en los arts. 13. 2 y 4 (requisitos para obtener la condición de 
beneficiario  o  entidad  colaboradora),  31.1  (gastos  subvencionables)  y  49.2  y  9 
(procedimiento de control financiero), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones. En este caso se apreció la conexión necesaria respecto a los arts. 31.1 
y 49.2 y 9, por su relación con la adecuada gestión del gasto público subvencional, 
estimando que se trataba de «una modificación parcial y limitada de dicha ley, que acota 
el concepto de gastos a subvencionar y hace más estricto el procedimiento de control 
financiero de las subvenciones, en aras de un propósito restrictivo del gasto público y de 
mejora en la vigilancia de la correcta aplicación de los fondos subvencionales. Debe 
pues  concluirse  que  existe  una  vinculación  directa  entre  los  referidos  preceptos 
modificados y la propia gestión de una partida de gasto público y que la disposición final 
octava de la Ley 39/2010, en este punto, forma parte del contenido eventual admisible en 
una ley de presupuestos, de acuerdo con nuestra doctrina». Por el contrario la conexión 
se reputó insuficiente en cuanto a la modificación del art. 13.2 y 4, respecto a la 
ampliación  del  régimen  de  prohibiciones  para  tener  la  condición  de  beneficiario, 
señalando que se trataba de una regulación sustantiva en la que «[n]o se aprecia en este 
caso  conexión  inmediata  y  directa,  ni  tampoco  resulta  evidente  su  relación  con  la 
ejecución del gasto público presupuestado».
4. Examen de la modificación del art. 75.2 c) del texto refundido de la Ley de 
hacienda de Castilla-La Mancha.
De acuerdo con la anterior doctrina, procede examinar ahora la inmediatez de la 
conexión de la norma controvertida con el objeto del presupuesto, la habilitación de 
gastos y la estimación de ingresos, o en fin, con la política económica que se proyecta 
en dicha norma presupuestaria.
El art. 75 del texto refundido de la Ley de hacienda de Castilla-La Mancha, intitulado 
«Procedimientos de concesión», inicia el capítulo II sobre «Procedimientos de concesión 
y gestión de las subvenciones, y su gestión presupuestaria» del título III, «De las  e.e
subvenciones públicas». Regula, en su apartado primero, el procedimiento ordinario de  w.b
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y prevé la existencia  03ww
dcoen ucne dperro cdeed ifmoriemnato d siriemcptali fidceatdeor meinn addeatesr msuinbavdeonsc iocanseoss, ;e enlt raep aerlltaasd ola sse gduenl daop aprotasdiboil itca) 
qsuubev erenpcrioondeusc,e  y epl earmrt.i te2,2 c.2o nc )c adráec tlear  Leexyc e3p8c/io2n0a0l3, , codnec e1d7e rd ed en foovrimema bdriere, cgtae naeqruael lldaes 
subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. 
Respecto a estas subvenciones se establecía, en ese mismo apartado c), la obligación 
del Gobierno de la comunidad autónoma de remitir trimestralmente a las Cortes de 
Castilla-La Mancha la relación individualizada de los beneficiarios, con indicación de la 
cuantía concedida, así como su finalidad y motivación. Esta obligación de remisión de 
información es la que ha sido suprimida por la norma impugnada.
Procede ya valorar si la modificación aquí cuestionada excede o no del contenido 
eventual o no necesario de una ley de presupuestos en los términos acotados por 
nuestra doctrina.
La finalidad constituye el criterio para determinar la naturaleza presupuestaria de una 
modificación sustantiva del ordenamiento jurídico incluida en una ley de presupuestos. 
Esa finalidad ha sido objetivada por nuestra doctrina, de tal forma que el contenido 
eventual o disponible se concreta así en aquellas otras disposiciones que, aun no 
constituyendo una previsión de ingresos o habilitación de gastos, guardan una relación 
directa con los ingresos o gastos del Estado, responden a los criterios de política 
económica del Gobierno o, en fin, se dirigen a una mayor inteligencia o mejor ejecución 
del presupuesto.
El apartado quinto de la disposición final cuarta de la Ley de las Cortes de Castilla-La 
Mancha 10/2019 lleva a cabo una modificación parcial de la regulación del régimen de 
concesión de las subvenciones directas que se contiene en la Ley de hacienda de 
Castilla-La Mancha. En lo que en este proceso se ha controvertido, dicho apartado 
afecta,  para  suprimirla,  a  una  obligación  de  remisión  trimestral  de  información  que 
pesaba sobre el Gobierno autonómico y en favor de las Cortes de Castilla-La Mancha.
a) No se puede descartar una cierta conexión entre la medida que se impugna y la 
ejecución  del  gasto  público  así  presupuestado,  pero  tal  conexión  es  claramente 
insuficiente, pues no expresa una relación «directa» de la norma con los ingresos o 
gastos autonómicos.
A la hora de determinar si la modificación controvertida excede o no del instrumento 
normativo presupuestario, ha de apreciarse que se refiere a la supresión de un deber de 
información  periódica  respecto  a  determinadas  subvenciones  concedidas  de  forma 
directa, lo que no tiene una conexión económica directa con los ingresos o gastos 
públicos o con su gestión. No produce efecto inmediato alguno sobre el gasto público 
destinado a subvenciones en un concreto ejercicio presupuestario, ya que, en todo caso, 
nos  sitúa  en  un  momento  posterior  al  de  la  efectiva  asignación  del  gasto  a  una 
determinada finalidad.
Se trata, por el contrario, de una regulación sustantiva en la que se suprime la 
obligación  de  informar  trimestralmente  al  Parlamento  autonómico  de  una  concreta 
decisión de gasto, las subvenciones ya concedidas de forma directa a determinadas 
personas o instituciones. Obligación de información que operaba con posterioridad a la 
realización del gasto de forma que no tenía relación directa con las partidas de gasto 
público destinadas a esta finalidad, en cuanto que la decisión de gasto ya se había 
adoptado y de tal remisión de información no se deducía consecuencia directa alguna 
sobre la previa decisión de gasto.
Dicho de otro modo, no afecta directamente a la regulación de los derechos y 
obligaciones de contenido económico que, en relación con las subvenciones, asume la 
administración autonómica. En cuanto lo suprimido se refiere a la remisión de una 
información ex post, no contribuye a la mejor gestión presupuestaria del gasto destinado  s
a este fin, permitiendo, por ejemplo, la correcta aplicación de los fondos subvencionales.  e.
No hay vinculación entre la modificación y la correcta gestión de una partida de gasto,  w.
pues la obligación de información suprimida no era relevante desde el punto de vista que  03ww
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de conexión, que ha de ser inmediata y directa, con la partida del gasto público dedicada 
a la concesión directa de determinadas subvenciones o ayudas públicas.
Por ello, aunque pueda apreciarse que esta obligación de remisión de información y 
su  impugnada  supresión  pudieran  tener  algún  efecto  sobre  la  ejecución  del  gasto 
público, ese efecto no es inmediato ni directo y, en todo caso, no puede justificar su 
inclusión  en  la  ley  de  presupuestos  pues,  como  se  ha  reiterado,  ello  supondría 
«desnaturalizar las exigencias establecidas por este Tribunal Constitucional y diluir, hasta 
hacerlos  inoperantes,  los  límites  materiales  de  las  normas  presupuestarias» 
(STC 122/2018, FJ 4).
b) Tampoco es evidente que la medida constituya un complemento necesario de la 
política económica del Gobierno autonómico o sirva para la mayor inteligencia y mejor 
ejecución del presupuesto que son, aparte de la «relación directa», los otros dos vínculos 
con el contenido esencial de la ley de presupuestos que la doctrina de este tribunal ha 
admitido para permitir la inclusión de una norma no estrictamente presupuestaria. Pese a 
su ubicación sistemática en un precepto dedicado a los procedimientos de concesión de 
subvenciones, lo en su momento previsto por el segundo párrafo del art. 75.2 c) del texto 
refundido  de  la  Ley  de  hacienda  de  Castilla-La  Mancha  y  ahora  suprimido  por  la 
disposición impugnada, no tiene que ver, atendiendo a su tenor, con el procedimiento o 
procedimientos de concesión a aplicar. Tiene una finalidad directamente relacionada con 
la información a suministrar por el Gobierno autonómico y, por tanto, con el modo de 
cumplir los principios de publicidad de la actividad subvencional y de transparencia en la 
actuación de la administración, facilitando el conocimiento de la gestión de los fondos 
públicos, de las actuaciones administrativas y de sus beneficiarios.
Que no se trata de una modificación que afecte a aspectos procedimentales para la 
concesión de subvenciones o a la gestión del gasto destinado a tal fin lo constata la 
propia exposición de motivos de la ley de presupuestos autonómica cuando describe en 
su apartado quinto las modificaciones legislativas incluidas en las disposiciones finales 
de  la  norma  presupuestaria,  entre  las  que  se  encuentran  las  que  afectan  al  texto 
refundido de la Ley de hacienda de Castilla-La Mancha. En concreto, en relación con la 
cuestionada, indica que la reforma del art. 75 obedece, entre otras cuestiones que ahora 
no vienen al caso, a «suprimir la referencia a la remisión trimestral a las Cortes de 
Castilla-La Mancha de los beneficiarios de tales subvenciones directas, dado que las 
mismas son objeto de publicación, en tiempo real, en el portal de transparencia de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha». Así pues, de la lectura de la exposición 
de  motivos,  puede  deducirse  que  la  inclusión  de  esta  modificación  en  la  ley  de 
presupuestos no se debe a la incidencia en el gasto público ni a su relación con 
orientación alguna de política económica del Gobierno autonómico, sino a cuestiones 
estructurales respecto a un especifico tipo de subvención, relativas a la forma en la que 
ese Gobierno autonómico estima oportuna o procedente dar publicidad y difusión al 
sostenimiento con fondos públicos de determinadas actividades y así cumplir con los 
mandatos  de  transparencia  de  la  actuación  administrativa  y  acceso  público  a  la 
información. Sin entrar en consideraciones vinculadas a la oportunidad, conveniencia o 
acierto de la modificación, que nos están vedadas, la reforma evidencia que el legislador 
autonómico ya no considera necesaria la remisión trimestral a las Cortes de Castilla-La 
Mancha de la relación individualizada de los beneficiarios de determinadas subvenciones 
directas, con indicación de la cuantía concedida, así como su finalidad y motivación, y 
que lo hace por estimar que hay otras formas de proporcionar esa información y de 
acceder a ella (al respecto, art. 18 de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 4/2016,  es
de 15 de diciembre, de transparencia y buen gobierno de Castilla-La Mancha). Cuestión  o
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5. Alcance del fallo.
Apreciada la inconstitucionalidad de la norma impugnada, no resulta necesario dar 
respuesta al otro vicio de inconstitucionalidad alegado, relativo a la vulneración del 
art. 23.2 CE.
No obstante, dados los términos en los que se ha trabado el debate entre las partes, 
se impone precisar el alcance del fallo, atendiendo tanto al contenido de la reforma 
discutida, en cuanto que tal reforma opera una supresión de un deber antes incluido en 
el precepto, como al motivo por el que se ha impugnado y se ha estimado el recurso.
Lo  que  en  el  motivo  de  inconstitucionalidad  que  se  estima  han  planteado  los 
senadores recurrentes es que el instrumento normativo utilizado para reformar, en lo 
aquí discutido, el art. 75.2 c) de la Ley de hacienda de Castilla-La Mancha, no era 
constitucional  y  estatutariamente  admisible.  La  reparación  de  la  inconstitucionalidad 
apreciada exige también declarar nula y sin efecto la supresión del segundo párrafo del 
art. 75.2 c) que se derivaba del apartado quinto de la disposición final cuarta de la Ley de 
las Cortes de Castilla-La Mancha 10/2019, pues si en este punto la mencionada norma 
no es constitucionalmente válida, no puede reconocérsele uno de los efectos propios de 
las que sí lo son, como es modificar para el futuro el ordenamiento.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por cincuenta senadores del 
grupo parlamentario popular del Senado y, en consecuencia, declarar que el apartado 
quinto  de  la  disposición  final  cuarta  de  la  Ley  de  las  Cortes  de  Castilla-La 
Mancha  10/2019,  de  20  de  diciembre,  de  presupuestos  generales  de  la  Junta  de 
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  para  2020,  en  cuanto  da  nueva  redacción  al 
art. 75.2 c) del texto refundido de la Ley de hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, es inconstitucional y nulo, con el 
alcance expresado en el fundamento jurídico 5.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a ocho de febrero de dos mil veintidós.–Pedro José González-
Trevijano Sánchez.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Santiago Martínez-Vares García.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Ramón Sáez Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción 
Espejel Jorquera.–Inmaculada Montalbán Huertas.–Firmado y rubricado.