BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95444
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13445 Sala Primera. Sentencia 116/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 6458-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:116
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6458-2018, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
contra el auto de 10 de julio de 2018 dictado por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción  núm.  3  de  Lorca  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm. 
107-2018, instado por la entidad Banco de Sabadell, S.A., y contra el auto del mismo 
juzgado, de 17 de octubre de 2018, que desestimó el recurso de reposición interpuesto 
contra  la  anterior  resolución.  Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  formulado 
alegaciones  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  actuando  como 
sucesora procesal del banco ejecutante. Ha sido ponente la magistrada doña Maria 
Luisa Balaguer Callejón.
I.  Antecedentes
1.  El 5 de diciembre la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, 
en nombre y representación de la entidad Penrei Inversiones, S.L., bajo la dirección de la 
letrada doña Anju Nirmala Benavent Rodríguez, interpuso recurso de amparo contra los 
autos mencionados en el encabezamiento de esta sentencia. El auto de 10 de julio 
de  2018  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  3  de  Lorca  en  el 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 107-2018, inadmitió por extemporánea la  e
oposición a la ejecución hipotecaria. El posterior, de 17 de octubre de 2018, dictado por  b
el mismo órgano judicial, confirmó esta última decisión al desestimarse el recurso de  445ww
reposición interpuesto frente a ella.
2.  El presente recurso trae causa de los siguientes antecedentes:
a)  La entidad Banco de Sabadell, S.A., interpuso demanda de ejecución sobre 
bienes hipotecados contra las mercantiles Euro Inversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
y Penrei Inversiones, S.L., en relación con la finca inscrita con el núm. 43.301 en el 
Registro de la Propiedad núm. 3 de Lorca. Reclamaba la cantidad de 144 385,21 € de 
principal del préstamo impagado, más intereses legales y costas, resultando la primera 
de las demandadas la deudora hipotecaria, y la segunda titular de un derecho de uso y 
disfrute sobre dicho inmueble, constituido con posterioridad al de aquella carga real. En 
la demanda presentada por el Banco de Sabadell, S.A., este interesaba que el juzgado 
procediera a efectuar requerimiento de pago en el domicilio designado a tal efecto y que 
se identificaba en el propio escrito de demanda.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto el 3 de mayo de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  107-2018), 
ordenando a las ejecutadas efectuar el pago de las cantidades que se reclamaban. 
Asimismo se proveyó que dicho auto, junto con el decreto que debe dictar el letrado de la 
administración de justicia, fueran «notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y 
como  dispone  el  artículo  553  Ley  de  enjuiciamiento  civil  (LEC),  sin  citación  ni 
emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución». Se 
advirtió además que contra dicha resolución no cabía recurso alguno, «sin perjuicio de 
que  la  parte  ejecutada  pueda  oponerse  al  despacho  de  ejecución  en  los  términos 
previstos en el artículo 695 LEC, y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
la notificación del presente auto y del decreto que se dicte». El decreto al que se hace 
referencia fue dictado por el letrado de la administración de justicia del juzgado a quo en 
la misma fecha, ordenando la expedición de mandamiento de certificación de la finca al 
registro de la propiedad competente y el requerimiento de pago a los ejecutados.
b)  Los citados auto y decreto fueron comunicados a las citadas entidades a través 
de la sede judicial electrónica el día 7 de mayo de 2018. El día 8 de mayo de 2018, el 
servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió 
a Penrei Inversiones, S.L., a través de su dirección electrónica habilitada un aviso de 
notificación en el que se decía literalmente:
«Ha recibido una notificación del organismo emisor juzgados y tribunales (SGAJ) en 
la  dirección  electrónica  habilitada  única  del  titular  Penrei  Inversiones,  S.L.,  –  NIF 
B73836173. La notificación estará disponible en su dirección electrónica habilitada única 
desde el 08-05-2018 hasta el 23-06-2018. Si no procediera a su lectura en el plazo 
indicado se producirán los efectos correspondientes, según la normativa aplicable. Para 
que conste como leída, por favor acceda a http://notificaciones.060.es
A través de su dirección electrónica habilitada podrá también consultar notificaciones 
de otras administraciones.
Asunto: JDO. 1 INST. E INSTR. N 3 DE LORCA EJH/00000107/2018».
La recurrente en amparo recibió el día 22 de junio, en la misma dirección electrónica 
habilitada un «aviso de próxima caducidad», recordándole que el plazo para la recepción 
de la comunicación terminaba el día 23 de junio de 2018 a las 23:59.
En esa fecha, Penrei Inversiones, S.L., accedió a la página web indicada teniendo 
acceso a la notificación y los documentos que la acompañaban, en concreto, el auto por 
el que se despacha ejecución, el decreto dictado por el letrado de la administración de  s
justicia y la copia de la propia demanda. Automáticamente el servicio de notificaciones  oe.
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amparo, formalizó ante el juzgado su escrito de oposición a la ejecución despachada.
Por auto de 10 de julio de 2018 se acordó su inadmisión por presentación extemporánea,
tomando como fecha de notificación el 7 de mayo de 2018. En el antecedente de hecho 
segundo del auto se decía que:
«En fecha 7 de mayo de 2018 se notificó y requirió en legal forma a través de la sede 
judicial electrónica a ambas ejecutadas, y en fecha 09/07/2018 se ha presentado por 
Penrei Inversiones, S.L., y Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., oposición a la 
ejecución hipotecaria».
Como pie de recurso, se ofrecía «recurso de reposición en el plazo de cinco días 
ante este tribunal sin efectos suspensivos».
d)  La sociedad mercantil recurrente interpuso recurso de reposición frente al auto 
de 10 de julio alegando, en síntesis, que las actuaciones de notificación y requerimiento 
de pago no habían sido realizadas el día 7 de mayo de 2018, sino el 23 de junio de 2018, 
y que la comunicación remitida a través de la dirección electrónica habilitada no podía 
entenderse nada más que como un aviso de puesta a disposición o descarga de su 
contenido durante un plazo determinado (en este caso, desde el 8 de mayo al 23 de 
junio de 2018), y entenderlo de otro modo, además de infringir los arts. 135, 152.1.2 
párrafo tercero, 152.2, 155, 160, 162 y 273 LEC, vulneraba el art. 24 CE.
e)  El  recurso  fue  resuelto  por  auto  de  17  de  octubre  de  2018  en  sentido 
desestimatorio.  Se  constata  la  condición  de  persona  jurídica  de  la  recurrente  y  la 
obligación que como tal tiene de relacionarse con la administración de justicia por 
medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta 
de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
enjuiciamiento civil, así como en los arts. 14.2 de la Ley 39/2015, de procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas (LPACAP) y 273.3 a) LEC. Se 
determina que la recurrente yerra a la hora de interpretar la normativa aplicable, porque 
si  bien  es  cierto  que  la  notificación  por  medios  electrónicos  se  realiza  cuando  el 
destinatario accede a su contenido, ese plazo no se cuenta desde la apertura, sino 
desde la puesta a su disposición por imperativo del art. 43 LPACAP. En este caso, afirma 
el  auto,  «consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las  recurrentes  en 
fecha 07/05/18 no accediendo al contenido hasta el día 23/06/18 (fuera de los diez días 
naturales), presentando los escritos de oposición a la ejecución en fecha 09/07/18 
claramente fuera del plazo legalmente establecido en el art. 556. 1 LEC (dentro de los 
diez días siguientes al de la notificación del auto despachando ejecución,) y siendo que 
conforme al art. 136 LEC transcurrido o pasado el término señalado para la realización 
de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de 
realizar el acto de que se trate, es claro que dichas oposiciones son extemporáneas 
siendo la consecuencia legal la inadmisión».
3.  En  la  demanda  de  amparo  la  sociedad  recurrente  alega  la  vulneración  del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente del 
respeto a un procedimiento con las debidas garantías, que no cause indefensión. La 
queja principal de la demanda de amparo se refiere a la falta de notificación personal de 
la demanda de ejecución hipotecaria, otorgándose efecto a la remisión de un correo 
electrónico  que  carece  de  los  requisitos  esenciales  para  considerarlo  un  acto  de 
notificación procesal, habiéndose vedado a la recurrente de este modo la posibilidad de 
ejercitar su derecho de oposición en un proceso de ejecución hipotecaria. La cuestión 
planteada se cifra en determinar si un correo electrónico remitido por un servicio de 
notificaciones electrónicas es un acto de notificación procesal, que despliega los efectos  s
propios de una notificación realizada con todas las garantías procesales o si no lo es, en  oe.
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La mercantil recurrente considera que si bien el art. 273 LEC determina su obligación
de intervenir con la administración de justicia por medios electrónicos ello no incluye al
primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado o ejecutado, porque la 
«intervención» se refiere a actuaciones positivas como sujeto actor, no como sujeto 
destinatario. Se constata asimismo que el art. 135 LEC, relativo a la presentación de 
escritos a efectos del requisito de tiempo de los actos procesales, indica que las oficinas 
judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso, que estén obligados al empleo de 
los  sistemas  telemáticos  o  electrónicos  existentes  en  la  administración  de  justicia 
conforme a lo dispuesto en el art. 273 LEC, remitirán y recibirán todos los escritos, 
iniciadores  o  no,  y  demás  documentos,  a  través  de  dichos  sistemas  salvo  las 
excepciones establecidas en la ley, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de 
la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras, así 
como de la fecha en que estás se hicieren. Una de esas excepciones sería la que 
concurre en este caso al tratarse del primer emplazamiento, que debería haberse hecho 
por remisión al domicilio (art. 155 LEC).
Refiriéndose expresamente al auto de 17 de octubre de 2018 que desestima el 
recurso de reposición, la recurrente en amparo entiende que el órgano judicial en esta 
resolución aplica normativa derivada del procedimiento administrativo común, que no 
resulta aplicable al procedimiento judicial civil, aun cuando pretenda ampararse en el 
art. 273 LEC o en la Ley 42/2015 de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, pues 
olvida la existencia de otro tipo de preceptos aplicables al caso, a las que se ha hecho 
previa referencia, en particular los referidos a la exigencia de presentación de documento 
en soporte papel en el primer acto de comunicación procesal (art. 273 LEC).
La entidad recurrente afirma, por último, que las resoluciones impugnadas no han 
«dado cumplimiento a las exigencias constitucionales reconocidas para los actos de 
notificación  procesal,  donde  los  órganos  judiciales  no  han  de  limitarse  al  formal 
cumplimiento de los requisitos legales, sino que para asegurar la efectividad del derecho 
fundamental,  la  interpretación  de  las  normas  reguladoras  del  emplazamiento  debe 
hacerse  tratando  de  asegurar  que  el  acto  de  comunicación  cumple  su  finalidad 
constitucional, es decir, la efectividad real del emplazamiento, pues el artículo 24.1 de la 
Constitución Española contiene un mandato no solo dirigido al legislador, sino también al 
interprete,  obligándole  a  promover  la  defensa  mediante  la  correspondiente 
contradicción».
En consecuencia, solicita la estimación del amparo, instando al tribunal para que 
acuerde la nulidad de ambas resoluciones judiciales y ordene reponer las actuaciones al 
momento previo al dictado de la primera de aquéllas, a fin de que el juzgado a quo 
admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de un «segundo otrosí digo», el escrito de demanda argumentó «que la 
continuación de la ejecución derivadas (sic) de los pronunciamientos judiciales que han 
sido objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a 
terceros,  pueden  hacer  perder  al  recurso  de  amparo  su  finalidad»,  solicitando, 
consecuentemente, la «suspensión de la continuación del procedimiento de ejecución 
hipotecaria 97-2018 seguido ante el Juzgado de Primer Instancia e Instrucción núm. 3 de 
Lorca,  hasta  tanto  sea  resuelto  el  presente  recurso  de  amparo,  poniéndolo  en 
conocimiento del órgano judicial».
4.  Mediante providencia de 17 de junio de 2019, la Sección Segunda del tribunal 
acordó admitir a trámite la demanda de amparo «apreciando que concurre en el mismo 
una  especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC)] porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de 
un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009,  e.
FJ 2 a)]». w.b
En la misma providencia se acuerda dirigir comunicación al Juzgado de Primera  445ww
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correspondientes a la ejecución hipotecaria núm. 107-2018.
La Sección acordó, asimismo y mediante providencia de la misma fecha, formar la 
oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión y, conforme a lo dispuesto 
en el art. 56 LOTC, concedió un plazo común de tres días a la parte recurrente y al 
Ministerio Fiscal para que alegaran lo que estimasen pertinente sobre dicha suspensión. 
A través de escrito presentado el 27 de junio de 2019, la parte demandante formuló sus 
alegaciones, reiterando lo dicho en el otrosí de su demanda y trascribiendo parte del 
ATC 287/2013, de 16 de diciembre. Por su parte el Ministerio Fiscal, en escrito registrado 
el 4 de julio de 2019, interesaba que se acordase la anotación preventiva de la demanda 
en el registro de la propiedad, aunque esta última medida no hubiera sido solicitada en el 
recurso de amparo.
El ATC 110/2019, de 30 de septiembre, acordó denegar la suspensión cautelar 
solicitada, y ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de 
la propiedad de conformidad con el art. 56.2 LOTC.
5.  El 24 de junio de 2019 este tribunal, de conformidad con el art. 88 LOTC, requirió 
mediante diligencia de ordenación al Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Lorca para 
que, a la mayor brevedad posible, remitiera certificación acreditativa de la interposición o 
no  de  recurso  de  apelación  contra  alguna  de  las  resoluciones  dictadas  en  las 
actuaciones principales, o en alguna pieza separada en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria 107-2018. Con fecha 9 de julio de 2019, el juzgado contestó a la anterior, 
manifestando que no se habría interpuesto recurso de apelación por ninguna de las 
partes personadas en el mismo.
6.  El día 17 de julio de 2019, a través de la procuradora de los tribunales doña 
Blanca  María  Grande  Pesquero,  se  personó  en  el  procedimiento  de  amparo 
constitucional  el  Banco  de  Sabadell,  S.A.,  solicitando  ser  tenido  por  parte  en  el 
procedimiento. Esta personación se acepta mediante diligencia de ordenación de 17 de 
septiembre de 2019, en la que también se contiene el emplazamiento a las partes y al 
Ministerio Fiscal por un plazo común de veinte días para que puedan presentar las 
alegaciones que a su derecho convenga, una vez recibidas las actuaciones y puestas a 
la vista de todos.
7.  Mediante escrito registrado el 14 de octubre de 2019, presentó sus alegaciones 
la mercantil recurrente, ratificándose en todas y cada una de las alegaciones vertidas en 
su escrito de demanda y trayendo a su escrito la cita expresa de la STC 47/2019, de 8 
de abril.
8.  Con fecha de 17 de octubre de 2019, la procuradora doña Blanca María Grande 
Pesquero, formalizó escrito de alegaciones ante este tribunal actuando en nombre y 
representación de la entidad Pera Assets Designated Activity Company, y asistida por el 
letrado don Alejandro Ingram Solís, a fin de «formular oposición al recurso de amparo». 
Se interesó en el mismo la denegación del amparo solicitado por la entidad recurrente, y 
que se tuviera a la interviniente como subrogada y parte en este procedimiento, en lugar 
del Banco de Sabadell, S.A.
Luego  de  alegar  como  cuestión  previa  que  el  Banco  de  Sabadell,  S.A.,  había 
transmitido por cesión a dicha mercantil la titularidad de diversos créditos hipotecarios, 
entre ellos el que concierne a la finca objeto de ejecución en el proceso a quo, razón por 
la cual de acuerdo con las normas de la Ley de enjuiciamiento civil sobre sucesión 
procesal pide se continúen con ella las actuaciones, el escrito niega en cuanto al fondo 
de la demanda de amparo que se haya producido la lesión constitucional alegada,  e.
entendiendo que lo pretendido por la recurrente es solo dilatar el procedimiento de  w.
ejecución hipotecaria. 445ww
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constatada la correcta remisión de dicho acto de comunicación se entenderá que la 
comunicación  ha  sido  legalmente  efectuada  desplegando  plenamente  sus  efectos 
cuando transcurran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido. Sobre la 
base  de  las  previsiones  legales  previamente  citadas,  esta  parte  entiende  que  la 
recurrente en amparo presentó su escrito fuera de plazo, de modo que las resoluciones 
impugnadas no le han causado indefensión alguna.
No consta presentado dentro del plazo del art. 52 LOTC o con posterioridad, ningún 
escrito de alegaciones de la entidad Banco de Sabadell, S.A.
9.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó sus alegaciones el 30 de 
octubre de 2019 interesando la estimación del recurso de amparo.
a)  Tras exponer detalladamente los antecedentes del recurso, la fiscalía procede a 
examinar, en primer lugar, si concurre el óbice de la falta de agotamiento de la vía judicial 
[art. 44.1 a) LOTC], lo que determinaría la inadmisión del amparo.
En el escrito se recuerda que la resolución por la que se inadmitió la oposición al 
despacho de ejecución, esto es el auto de 10 de julio de 2018, había alcanzado firmeza 
al ser desestimado el recurso de reposición que se interpuso contra la misma. Aclarado 
por el juzgado a quo, a instancia del tribunal, que no constaba interpuesto recurso de 
apelación contra ninguna de las resoluciones judiciales aquí impugnadas, la fiscal afirma 
que la entidad recurrente cumplió con el requisito procesal de agotar la vía judicial previa 
al amparo [art. 44.1 a) LOTC]. En concreto, porque el auto desestimatorio del recurso de 
reposición indicó como pie de recurso que dicha resolución judicial era firme y contra ella 
no cabía recurso alguno. Además se entiende que no cabía la interposición del incidente 
de nulidad del art. 225 LEC y 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) pues la 
vulneración que se imputa al auto de 10 de junio se denunció en el recurso de reposición 
dando a la juez la oportunidad de restaurar por sí las vulneraciones alegadas.
Continúa  diciendo  el  escrito  que  tampoco  puede  considerarse  prematura  la 
interposición del recurso de amparo, porque si bien el auto que denegó la reposición «no 
pone fin al procedimiento y así, la ejecución, conforme a las normas procesales que la 
regulan, contin[ú]a por sus trámites», es lo cierto que «ante la imposibilidad de revertir la 
situación, esperar al fin del procedimiento de ejecución, que sólo se produce ‘con la 
completa satisfacción del acreedor ejecutante, lo que se acordará por decreto del letrado 
de la administración de justicia’ […] (art. 570 LEC), supondría la perpetuación en el 
tiempo de la vulneración denunciada con un claro perjuicio para el afectado». Cita al 
respecto doctrina constitucional que modera el rigor en la exigencia de esperar al fin del 
procedimiento  para  impetrar  el  amparo,  cuando  en  situaciones  excepcionales  su 
injustificada perpetuación en el tiempo se traduce en un gravamen adicional, extensión o 
mayor intensidad de la lesión para la parte (con cita de las SSTC 76/2009, FJ 3, 
y 78/2009, FJ 2, ambas de 23 de marzo; y de los AATC 169/2004, de 10 de mayo, FJ 2, 
y  524/2005,  de  20  de  diciembre,  FJ  2).  Descarta  así  que  haya  óbice  alguno  que 
determine la inadmisión de la demanda de amparo.
b)  Por lo que hace a las cuestiones de fondo, la fiscalía entiende que la denuncia 
se centra en discutir dos tipos de argumento: a) en primer lugar, los que justifican la 
opción del juzgado por la notificación electrónica a través de la dirección electrónica 
habilitada y no a través de la notificación personal en el domicilio de la sociedad de 
conformidad con el art. 155.1 LEC; y b) en segundo lugar, los que llevan al órgano 
judicial a quo a aplicar erróneamente el art. 273.3 a) LEC y los arts. 14.2 y 43.2 párrafo 
segundo LPACAP lo que habría determinado la inadmisión de la oposición formulada y la  e
desestimación  del  recurso  de  reposición  frente  a  esa  resolución  y  la  definitiva  bo
indefensión de la demandante. 445ww
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deber de asegurar que el acto de comunicación sirva al propósito de garantizar que la
parte pueda acceder al proceso, cuestiones ambas que se analizan a la luz de la 
STC 47/2019, de 8 de abril, por la similitud del asunto que resuelve con el que es objeto 
del presente recurso de amparo.
Antes de efectuar dicho análisis, las alegaciones sostienen que la única norma del 
proceso de ejecución hipotecaria que se refiere a esta cuestión es el artículo 553 LEC, 
cuyo contenido nada aporta respecto a la forma de llevarse a cabo las notificaciones, por 
lo  que  cumple  acudir  las  normas  generales  de  la  Ley  de  enjuiciamiento  civil,  en 
particular, a los arts. 135.1 y 4, 152.2, 155, 156, 158, 161 y 273.4, párrafo segundo. De 
esta normativa, se deduce que la utilización de medios electrónicos para la práctica de 
actos de comunicación puede configurarse como una obligación o como un derecho; 
como una obligación para algunas partes como los profesionales de la justicia y las 
personas jurídicas, y como un derecho para los que pudiendo optar lo hacen así pero, en 
el primer caso, la obligación no es absoluta sino que admite excepciones en el sentido 
de lo que reconocen las SSTC 6/2016 y 102/2019, que establecen que no cabe llevar a 
cabo por medios electrónicos la comunicación al demandado aún no personado en el 
procedimiento, en cuanto al acto de citación o emplazamiento, conforme a lo previsto en 
el artículo 155.1 LEC, los cuales «se harán por remisión al domicilio de los litigantes». De 
lo expuesto deduce el Ministerio Fiscal que el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de 
Lorca no debió prescindir de la notificación personal, conclusión a la que conducen la 
propia literalidad de los preceptos examinados, concretamente de los arts. 155 y 273 
LEC, y el análisis de la doctrina de este tribunal sentada en la STC 47/2019, de 8 de 
abril,  concretamente  en  el  fundamento  jurídico  4,  y  posteriormente  reiterada  en  el 
fundamento jurídico 2 de la STC 102/2019, de 16 de septiembre, que resulta, según la 
fiscalía, íntegramente trasladable al supuesto analizado en este amparo.
El auto de 17 de octubre, considera extemporánea la formulación de la oposición a la 
ejecución basándose en la disposición transitoria cuarta de la Ley 42/2015, en los arts. 
14.2 a) y 43.2 de la ley 39/2015 y en el art. 273.3 LEC. Pero, como se afirma en la 
STC 47/2019, ninguna de esas normas «tienen la virtualidad, ni individualmente ni 
conjuntamente considerados, de impedir la aplicación del específico régimen jurídico de 
la primera citación o emplazamiento del demandado, pues ninguna de esas normas 
exceptúa de la aplicación del art. 155 LEC a quienes, conforme al art. 273.3 LEC, están 
obligados  a  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  vía  electrónica  o 
telemática», de modo que cuando el juzgado formula esta interpretación provoca en la 
demandante  de  amparo  la  indefensión  prohibida  en  el  art.  24.1  CE  (con  cita  del 
fundamento jurídico 3 de la STC 49/2019).
Además, esa lesión se perpetuó con la desestimación del recurso de reposición que, 
adicionalmente, aplicó erróneamente el art. 43.2 apartado segundo de la ley 39/2015 
pues este precepto es aplicable a los procedimientos administrativos en los que la Ley 
de enjuiciamiento civil tiene carácter supletorio, mientras que en el procedimiento civil la 
norma equivalente aplicable es la contenida en el art. 162.2 LEC que solo se aplica a los 
supuestos en que la comunicación telemática es admitida legalmente y, por tanto, no al 
supuesto  aquí  analizado.  Esa  errónea  selección  de  normas  para  la  resolución  del 
recurso de reposición supuso una vulneración del derecho del ejecutado a obtener una 
respuesta  razonada,  motivada  y  fundada  en  Derecho,  que  también  constituye  una 
exigencia derivada del art. 24.l CE.
Por último el Ministerio Fiscal pone de manifiesto el desajuste entre la previsión del 
art.  162.2  LEC,  que  establece  que  si  consta  la  correcta  remisión  del  acto  de 
comunicación por dichos medios técnicos, transcurridos «tres días sin que el destinatario  s
acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente  oe.
desplegando  plenamente  sus  efectos»,  y  el  aviso  efectuado  por  el  servicio  de  w.
notificaciones de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre que, en este caso, informó  445ww
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imputable a la parte y del que, sin embargo, en este caso se ha derivado un perjuicio real
para el ejecutado, como ha sido el haber inadmitido su oposición y, por tanto, habérsele 
privado del derecho a defenderse.
En atención a todo lo expuesto, la fiscal interesa la estimación del recurso de 
amparo, apreciando la vulneración del derecho de la empresa recurrente a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en la vertiente de acceso al proceso, con la 
consiguiente declaración de nulidad de todo lo actuado en el procedimiento de ejecución 
y la retroacción de las actuaciones al momento en que se acordó notificar al auto 
despachando ejecución y el decreto del letrado de la administración de justicia con 
traslado de la copia de la demanda, a través de la dirección electrónica habilitada, y en 
su lugar se proceda a la notificación personal que exige el articulo 155 LEC, con el fin de 
que se le comunique, al recurrente, lo allí acordado en legal forma y darle la posibilidad 
de ejercer su derecho.
10.  Con fecha 16 de diciembre de 2019 tuvo entrada en este tribunal el auto de 3 
de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, 
por el que se acuerda tener por sucedido en la posición procesal de Banco de Sabadell, 
S.A., a la entidad Pera Assets Designated Activity Company, en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria núm. 107-2018.
11.  Por providencia de 17 de septiembre de 2020 se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto y contexto del recurso de amparo.
a)  El presente recurso de amparo se interpone contra los autos de 10 de julio 
de 2018 y 17 de octubre de 2018, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción  núm.  3  de  Lorca  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm. 
107-2018. El auto de 10 de julio de 2018 inadmitió por extemporánea la oposición a la 
ejecución hipotecaria, mientras que el de 17 de octubre de 2018 confirmó la anterior 
decisión al desestimar el recurso de reposición interpuesto frente a ella. La constatación 
de la existencia del óbice de extemporaneidad se basa en que el órgano judicial toma 
como fecha de notificación el 7 de mayo de 2018, que es la fecha en la que se pone a 
disposición  de  la  recurrente  en  amparo,  en  la  sede  judicial  electrónica  (dirección 
electrónica  habilitada)  la  correspondiente  notificación,  a  pesar  de  que  la  mercantil 
recurrente no abrió la notificación, siguiendo las instrucciones contenidas en la propia 
comunicación, hasta el 23 de junio.
La  demandante  de  amparo  considera  que  la  notificación  fue  inadecuadamente 
realizada pues, al tratarse de la primera notificación, debió efectuarse de forma personal 
y no a través de la dirección electrónica habilitada, lo que habría generado indefensión, y 
por tanto vulneración del art. 24.1 CE, al inadmitirse la oposición a la ejecución e 
impedirse la formulación del oportuno recurso. Por su parte, la mercantil Pera Assets 
Designated  Activity  Company,  interesada  en  el  procedimiento  de  ejecución  como 
adquirente del crédito cuya ejecución se insta en la instancia, solicita la desestimación 
del  recurso  alineando  sus  argumentos  con  los  contenidos  en  las  resoluciones 
impugnadas.  Por  último,  el  Ministerio  Fiscal,  con  sustento  en  las  razones  que 
detalladamente se han expuesto en los antecedentes, solicita la estimación del recurso 
de amparo, al considerar que se ha vulnerado el derecho de la demandante a la tutela  s
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). oe.
b)  El presente recurso de amparo se inscribe en la serie de recursos de amparo  w.
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notificaciones electrónicas y de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, han inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución  Bc
presentados por aquéllas, al considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de 
plazo realizado con arreglo a normas del procedimiento administrativo común.
La cabecera de la precitada se identifica en el recurso de amparo núm. 5377-2018, 
promovido  por  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  y  que  resuelve  la 
STC 40/2020, de 25 de febrero.
2.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La STC 40/2020, de 25 de febrero, ha tenido la oportunidad de resolver el recurso de 
amparo cabecera de esta serie, promovido contra dos autos de coincidente contenido 
con los que ahora se impugnan, y donde dio respuesta a los mismos argumentos que 
defienden aquí las partes, con fallo estimatorio de la demanda. Descartada aquí la 
concurrencia de algún elemento distintivo que obligue a una fundamentación o resultado 
distinto a lo declarado entonces, procede por tanto que hagamos aplicación de la citada 
sentencia 40/2020.
En tal sentido, luego de despejar en el fundamento jurídico 2 cualquier posible óbice 
procesal por falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo [art. 44.1 a) LOTC], 
al no caber recurso contra el auto desestimatorio de la reposición y así indicarlo el pie de 
recurso de este, y no ser tampoco el amparo prematuro por interponerse sin esperar a la 
finalización  del  proceso  ejecutivo  hipotecario  a  quo,  se  aborda  en  el  fundamento 
jurídico 3 el examen de la queja de fondo por lesión del art. 24.1 CE derivada de la 
inadmisión  del  escrito  de  oposición  a  la  ejecución,  advirtiéndose  que  resulta  de 
aplicación al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de 
enero, FJ 4 a), (iii), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 
de abril, FJ 4 a), recaída en proceso de amparo, «en relación con la garantía de 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la Ley de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), como primera 
comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida por una 
comunicación electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la 
dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 
LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las 
copias de los escritos y documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento 
de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho 
fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal en varios recursos de amparo 
referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo 
fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata  entonces  la  STC  40/2020,  en  su  fundamento  jurídico  4,  como  ha  de 
hacerse también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento 
personal  en  el  proceso  a  quo  a  efectos  de  requerirla  de  pago  o  alternativamente 
permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la 
normativa procesal y que apenas consistía en un aviso remitiendo a un enlace de 
internet para poder conocer el contenido de la notificación. Además, computó el plazo 
para  presentar  el  escrito  de  oposición  invocando  normas  del  procedimiento 
administrativo  común,  que  son  ajenas  al  ámbito  jurisdiccional  en  el  que  nos 
encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 LEC. Todo lo cual determina 
la estimación del amparo por lesión del art. 24.1 CE, en sus vertientes de acceso al  e
proceso, a no padecer indefensión, y a una resolución fundada en Derecho. bo
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en  445ww
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la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  la  demanda  de  amparo  promovida  por  Penrei  Inversiones,  S.L.,  y,  en 
consecuencia:
1.º  Declarar  que  ha  sido  vulnerado  su  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º Declarar la nulidad de los autos de 10 de julio de 2018 y de 17 de octubre 
de 2018, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca en 
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  107-2018,  así  como  la  nulidad  de  las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la 
dirección electrónica habilitada.
3.º Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al de efectuarse 
el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo esta última por 
el  juzgado  ejecutor,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho  fundamental 
reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.