BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 212 Jueves 6 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 65150
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9294 Resolución de 28 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del 
registrador de la propiedad de Oliva, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de liquidación de sociedad conyugal y adjudicación de herencia.
En el recurso interpuesto por don Vicent Simó Sevilla, notario de Oliva, contra la 
calificación del registrador de la Propiedad de Oliva, don Bernardo Felipe Ariño, por la 
que se suspende la inscripción de una escritura de liquidación de sociedad conyugal y 
adjudicación de herencia.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 12 de septiembre de 2017 por el notario de 
Oliva,  don  Vicent  Simó  Sevilla,  con  el  número  824  de  protocolo,  se  formalizó  la 
liquidación de gananciales y adjudicación de herencia por fallecimiento de doña I. M. M., 
que era de nacionalidad española y tenía su residencia y falleció en Alemania el 25 de 
julio de 2016. Se acompañaban certificados de defunción y del Registro General de 
Actos de Última Voluntad españoles, resultando de este último que había otorgado un 
único testamento en España el día 2 de septiembre de 1996, que es el que servía de 
base a la referida adjudicación de herencia. Según constaba por diligencia en la misma 
escritura, la ley aplicable a la sucesión de la causante era la ley alemana.
II
Presentada la referida escritura en el Registro de la Propiedad de Oliva, fue objeto de 
la siguiente nota de calificación:
«Entrada: 4661/2019 de fecha 3/12/2019
Asiento: 682 del Diario 58
Documento: Copia de la escritura de herencia, otorgada en Oliva, el día 12 de 
septiembre de 2.019 [sic], ante su Notario D. Vicent Simó Sevilla
Presentante: V. S. S.
Protocolo: 824
Calificación negativa de suspensión
Previo  examen  y  calificación  del  título  anteriormente  referenciado,  con  sus 
documentos  complementarios,  suspendo  la  inscripción  solicitada,  por  el  siguiente 
defecto:
Primero.
Hechos: En la escritura calificada se hace partición de herencia de I. M. M., de 
conformidad con su testamento de 2 de septiembre de 1.996, ante el notario de Madrid,  e.
Don  Rafael  Martín-Forero  Lorente,  que  según  el  Certificado  de  Últimas  Voluntades  w.b
emitido por el Registro General de Actos de Última Voluntad español. 94ww
la poRseibsiulildtaandd qou qeu lea  mla iscmauas haunbteie fraal leoctoiórg saideon dootr are dsiidspeonsteic ieónn  Dteusitsabmuregn t(aArlíeam eann Aial)e,m eaxnisitae, 
ye l dceo rlrae sdpoocnudmieennttea cCióenrt iafipcaodrtoa ddae  nÚolt irmesausl tVao alucnretadditeasd.o si la causante testó allí, mediante
Fundamentos  de  derecho:  Artículo  76  y  78  R.H.  y  el  Reglamento  de  la  Unión 
Europea 650/2012 de 4 de julio.
Observaciones.
El defecto señalado se considera subsanable, por lo que podrá solicitarse anotación 
preventiva de suspensión, así como subsanar el mismo durante el plazo de vigencia del 
asiento de presentación, que queda prorrogado por sesenta días desde la fecha en que 
se reciba la notificación de la presente calificación.
Contra la presente Calificación podrá (…)
Oliva, a fecha de sello electrónico subsiguiente. El Registrador Fdo. Bernardo Felipe 
Ariño Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Bernardo 
Felipe Ariño registrador/a de Registro Propiedad de Oliva a día dieciséis de Marzo del 
año dos mil veinte».
III
Contra la anterior nota de calificación, don Vicent Simó Sevilla, notario de Oliva, 
interpuso recurso el día 2 de junio de 2020 en el que alegaba los siguientes fundamentos 
jurídicos:
«1.  Se han aportado todos los documentos exigidos en la legislación hipotecaria 
española, arriba citada, que son los mismos cualquiera que sea la ley aplicable a la 
sucesión.
2.  La actuación del notario español en relación con el certificado del Registro 
General de Actos de Ultima Voluntad se contiene en el artículo 15 del Anexo II del 
Reglamento notarial, que dispone:
"Los Notarios que sean requeridos para autorizar actos de adjudicación o partición 
de bienes adquiridos por herencia testada, exigirán que los interesados les presenten 
certificado en que conste si existe o no registrado algún acto de última voluntad del 
causante".
El certificado a que se refiere el precepto transcrito es sin ninguna duda el certificado 
del Registro general de actos de última voluntad (RGAV) regulado en dicho Anexo, sobre 
esto no ha habido nunca discusión.
Los  notarios  exigirán  que  les  presenten  el  certificado,  pero  ni  siquiera  deben 
relacionarlo, si nos atenemos al artículo 78 del Reglamento hipotecario, que considera 
defecto que impide la inscripción de bienes adquiridos por herencia testada, no presentar 
el certificado o no relacionarlo en el título, alternativamente.
En las herencias testadas, el ordenamiento jurídico español no impone al notario que 
exija que le presenten otros certificados de registros de actos de última voluntad de otros 
países.
En las herencias intestadas hay que hacer una distinción. Si bien el artículo 56 de la 
Ley del Notariado exige en todo caso «información... del Registro General de Actos de 
Última  Voluntad»,  también  permite  al  notario  practicar,  «además  de  las  pruebas 
propuestas por el requirente, las que se estimen oportunas».
Pensemos en un francés que pasa medio año en Panamá y medio año en Alemania. 
Fallece y deja un inmueble en Mallorca. El RGAUV dice que no hizo testamento en 
España. El notario puede considerar que es conveniente indagar si hizo testamento en  e
Panamá  o  en  Alemania,  donde  viven  sus  hijos,  que  están  peleados.  Pero  puede  bo
indagarlo porque la Ley se lo permite. Si la herencia es testada, deberá ceñirse a exigir  94ww
ceol ncjeerttuifricaasd.o del Registro español, porque la Ley no le permite dudar, imaginar o hacer
RGAEUnV a, mcobnofso rcmaes oas , loesl  raergtíicsutrloasd o7r 6n yo  7p8u eddeel  Rexeiggliar moternot oc ehritpifoictaedcaor iqou ye  anlo a srteícau leol  1d5e,l 
párrafo cuarto, del Anexo II del Reglamento notarial. Es lo que hay.
3.  En Alemania, ciertamente, existe un Registro Central de Testamentos (Zentrales 
Testamentsreglster)  dependiente  de  la  Cámara  Federal  de  Notarios 
(Bundesnotarkammer).
Según el parágrafo 78f del Reglamento Notarial Federal (Bundesnotarordnung), la 
información del Registro se emite exclusivamente a los tribunales y notarios "en la 
medida en que sea necesaria para las tareas realizadas por los tribunales y notarios".
Obviamente las tareas realizadas por los notarios españoles son las impuestas en la 
normativa española; estaremos de acuerdo en que no son exigibles a los notarios 
españoles, en el desempeño de su función, las obligaciones que la normativa alemana 
impone a los notarios alemanes.
4.  El artículo 66.5 del Reglamento europeo de sucesiones dispone que: «A los 
efectos del presente artículo, las autoridades competentes de los Estados miembros 
facilitarán a la autoridad emisora del certificado de otro Estado miembro, cuando esta lo 
solicite,  la  información  contenida,  en  particular,  en  los  Registros  de  la  propiedad 
inmobiliaria, en los Registros Civiles y en los Registros de últimas voluntades o de otros 
hechos  relevantes  para  la  sucesión  o  para  el  régimen  económico  matrimonial  o 
equivalente del causante, cuando dichas autoridades competentes estén autorizadas en 
virtud  de  su  legislación  nacional  a  facilitar  dicha  información  a  otras  autoridades 
nacionales».
La previsión no es aplicable al caso por varios motivos:
a)  principalmente, porque se trata de una previsión a los efectos del artículo 66 del 
Reglamento, es decir, de la verificación de la información, declaraciones, documentos y 
demás pruebas presentados por el solicitante del certificado sucesorio europeo, que no 
es obligatorio; y no a cualquier otro efecto. El certificado sucesorio europeo no sustituye 
a los documentos internos empleados en España para la inscripción de la adquisición 
hereditaria en el registro competente, que son los previstos en el artículo 14 de la Ley 
hipotecaria y 76 y siguientes del Reglamento Hipotecario,
b)  además, porque aunque quisieran extenderse los efectos de ese artículo, la 
solicitud es opcional para la autoridad emisora del certificado («cuando esta lo solicite», 
subordinada temporal con matiz condicional o subjuntivo hipotético, F. H.);
c)  y porque la legislación alemana no contempla la facilitación de certificados a 
otras autoridades que no sean los jueces y notarios alemanes (el artículo 9 de la Orden 
para  el  establecimiento  y  llevanza  del  Registro  Central  de  Testamentos  de  2011 
únicamente prevé la transmisión de los datos a jueces y notarios "a nivel federal"), por lo 
que falta la autorización del inciso final del artículo 66.5.
5.  La Resolución de 10 de abril de 2017 concluye que
"Por  lo  tanto,  en  cuanto  no  se  complete  la  interconexión  de  los  Registros  de 
disposiciones  sucesorias  y  de  certificados  sucesorios  europeos  de  los  Estados 
miembros, medida complementarla a la aplicación del Reglamento (UE) n.º 650/2012, en 
el contexto e-justice, parece sólo oportuno mantener la exigencia de la acreditación de la 
obtención de certificación diferente al de nuestro Registro General de Actos de Última 
Voluntad, que acreditare la existencia o no de disposición de última voluntad cuando de 
la valoración de los elementos concurrentes en la sucesión resultare que la ley aplicable 
fuere distinta de la española, imponiéndose la presentación de certificado o justificación 
de  su  inexistencia  en  el  Estado  cuya  ley  resultare  aplicable  a  la  sucesión  o  a  la 
disposición de última voluntad (artículos 21, 22, 24 y 25 del Reglamento), sea o no la del  s
Estado o Estados cuya nacionalidad ostentare el causante". oe.
Esta  doctrina,  llamémosla  nueva,  supone  una  restricción  pero  también  una  w.
aoremtrpaprsoli,da luclaicómidnéa dm eeo nlsa ll aae ssv tidaeebja le,1 cs diedega ú jeunnl ilo al a cd Ruea e2ls:0 o"1Dlu5ec, bió2en8r á dd eae p 1jou8rl tidoae rsd eeen  c2ee0rro1t i6fdi ceya  2d10o10  d5de e(lS  Reenerevgriicsoit ordo Ne G o2et0an1rei7ar la)y,l    2020-9294n https://ww
de Actos de Última Voluntad del país de la nacionalidad del causante o acreditarse que
en dicho país no existe dicho Registro de Actos de Última Voluntad o que por las 
circunstancias concurrentes al caso concreto no sea posible aportar dicho certificado".
Restricción,  porque  excluye  la  aportación  del  certificado  o  justificación  de  su 
inexistencia en el caso de causante extranjero si la ley que rige la sucesión es la 
española por residir el causante en España -en este caso bastará aportar el certificado 
español-. Restricción, que dicho sea de paso, no tiene demasiada lógica, porque la 
posibilidad de que los extranjeros otorguen testamento en su país no desaparece por el 
hecho de que residan habitualmente en España, salvo que estén privados de libertad.
Ampliación, porque las citadas resoluciones exigían el certificado o justificación de su 
Inexistencia en el caso de causantes de nacionalidad no española, mientras que ahora 
parece exigirse también a los causantes españoles si la ley aplicable a su sucesión no es 
la española por residir fuera de España.
La doctrina vieja no se basaba en ninguna norma sino en razones de oportunidad y 
prudencia, que no son fuentes del ordenamiento jurídico español. Se decía que parecía 
«una  medida  oportuna,  prudente  y  casi  obligada»,  pero  lo  casi  obligatorio  no  es 
obligatorio  en  absoluto.  La  confirmación  por  la  aislada  sentencia  de  una  audiencia 
provincial es anecdótica y no modifica la anterior conclusión.
La doctrina nueva tampoco se basa en ninguna norma, y se presenta como una 
dispensa  parcial  de  la  vieja  doctrina:  "no  resulta  indispensable...  el  recurso  a  la 
información del país de la nacionalidad, salvo que coincida con el de la residencia 
habitual"; "parece sólo oportuno mantener la exigencia...". Es decir, que se mantiene el 
fundamento de la oportunidad o la prudencia. En el fundamento de derecho 10 nos dice 
que veamos los artículos 23, 24, 26 y 75.1 del Reglamento sucesorio europeo, pero 
ninguno de ellos se refiere a la necesidad de acreditar la vigencia del testamento con 
uno o más certificados.
6.  En definitiva, una y otra doctrina se basan, no en el Derecho vigente, sino en una 
suposición del registrador no tenida en consideración por el ordenamiento jurídico: la 
suposición de que la causante pudo haber otorgado un testamento posterior al aportado 
por su familia en el país de su residencia habitual.
Esto es inadmisible; solo en el caso de que las suposiciones sean consideradas por 
una norma que establezca que hay que destruirlas, con el consiguiente establecimiento 
de la obligación de probar que solo son eso, suposiciones, podrán ser tenidas en cuenta.
La  seguridad  jurídica  exige  que  el  procedimiento  registral  esté  perfectamente 
reglado, de forma que los ciudadanos sepan exactamente qué papeles necesitan para 
obtener la inscripción de los bienes que adquieren. Lo contrario sería una arbitrariedad, 
prohibida por la Constitución. El registrador de la propiedad no puede suponer cosas 
posibles, más o menos probables, que el Derecho no ha tenido en cuenta, y dificultando 
la  vida  a  los  ciudadanos,  imponiéndoles  obligaciones  inexistentes,  porque  las 
posibilidades son infinitas. Cuando el legislador considera oportuno que el registrador 
deniegue la inscripción por tener dudas, así lo dispone. Por ejemplo en los expedientes 
de  concordancia  entre  el  registro  y  la  realidad  jurídica.  El  artículo  14  de  la  Ley 
hipotecaria, o el 78 del Reglamento hipotecario, bien podrían decir: "Si el Registrador, a 
la vista de las circunstancias concurrentes en el caso, albergare dudas fundadas sobre la 
posibilidad de que el causante haya otorgado testamento en el extranjero, de fecha 
posterior  a  los  consignados  en  el  certificado,  procederá  a  suspender  la  inscripción 
solicitada hasta que se le acredite que no lo hizo". Pero no lo dicen.
Es significativo que la Resolución de 18 de enero de 2005 establezca una medida 
oportuna y prudente –sin tener competencia para ello, desde luego– "en tanto no se  e.
establezca la deseada conexión de Registros, como la prevista para una fase final en el  w.b
citado Convenio de Basilea de 16/V/1972". Treinta y cinco años después de Basilea, la  94ww
Rsee scoolumcipólne ted e la1 0 indtee racbornile dxeió n2 01d7e  sliogsu e Reesgpiesrtaronsd od lea  adnisspiaodsaic cioonneesx iósnu:c "eesno rciausa nyto  ndoe 
aceprlitcifaiccaiódno sd seul cReseogrliaoms eenutroo p(eUoEs)  dne. ºlo s6 5E0s/t2a0d1o2s,  meine mebl rcoosn, tmexetdoi dea- jcuosmticpele, mpeanretacreia  saó llao 
oportuno mantener la exigencia...". Hay una Asociación de la Red Europea de Registros
Testamentarios, creada por los notariados belga, francés y esloveno en 2005, pero el 
Estado español no es miembro. Por otra parte, al parecer, Alemania no ha ratificado el 
Convenio de Basilea, que obliga al organismo nacional de los Estados contratantes a 
hacer que se inscriban los testamentos en los demás Estados contratantes.
Sin duda, hay mucho por hacer. En 2018 se registraron 12 millones de pasajeros 
en 120.000 vuelos diarios, según un informe elaborado por el Air Transport Action Group 
(ATAG),  Muchos  de  ellos  son  vuelos  internacionales,  cargados  de  potenciales 
testadores. En un mundo ideal, sería fantástico que dándole a una tecla el ordenador nos 
dijese en qué lugares del mundo ha otorgado testamento notarial una persona que ha 
fallecido. El sistema, sin embargo, nunca sería perfecto, porque siempre quedarían los 
testamentos ológrafos. Habría que prohibirlos.
Mientras tanto, hay que aplicar el ordenamiento jurídico vigente. No es competencia 
del registrador, ni de la Dirección General, dictar normas en espera de que las dicten 
quienes tienen que hacerlo.
También  hay  que  ser  realistas,  el  descubrimiento  de  testamentos  posteriores 
otorgados  en  el  extranjero  es  una  cosa  rarísima.  Bastante  más  rara  que  el 
descubrimiento de hijos no mencionados en los testamentos, y sin embargo, la Dirección 
General se conforma con lo manifestado por los testadores. Exigir al sr. C. y a sus dos 
hijos  que  acrediten  que  su  esposa  y  madre  no  otorgó  un  testamento  posterior  en 
Alemania es tan inaceptable como exigirles que acrediten que no tuvo más hijos.
7.  Por todo lo expuesto, procede enterrar la doctrina de la Resolución de 18 de 
enero de 2015, y su versión reducida y ampliada de 10 de abril de 2017, y concluir que 
mientras no se modifique el ordenamiento jurídico español –del que forman parte las 
normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales–; mientras la oportunidad y 
la prudencia no sean fuentes del Derecho; mientras lo casi obligatorio no sea obligatorio, 
el único certificado cuya aportación exige el Reglamento hipotecario es el regulado en el 
Anexo II del Reglamento notarial. Y por lo tanto, debe procederse a la inscripción de la 
escritura calificada».
IV
Mediante escrito, de fecha 16 de junio de 2020, el registrador de la Propiedad emitió 
informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 3 y 14 de la Ley Hipotecaria; 33, 36, 76 y 78 del Reglamento 
Hipotecario; 1, 21, 22, 24 a 28, 65.3, 68 y 69 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la 
ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la 
ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones «mortis causa» y a la 
creación de un certificado sucesorio europeo; 33, 58, 60 y 61 de la Ley 29/2015, de 30 
de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 14 de abril de 1969, 5 y 28 de 
febrero y 1 de marzo de 2005, 28 de enero y 22 y 27 de noviembre de 2006, 24 de 
octubre de 2007, 28 de agosto de 2008, 20 de enero, 7, 15 y 28 de julio y 19 de octubre 
de 2011, 22 de febrero, 2 de marzo, 26 de junio y 14 de noviembre de 2012, 13 de 
agosto de 2014, 1 de julio y 13 de octubre de 2015, 21 de marzo y 28 de julio de 2016 
y 11 de enero, 2 de febrero y 10 de abril de 2017. e.
1.  Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de  94ww
cliqirucuidnasctiaónnc iadse  siggaunieanntceisa:l elas  cay usaadnjuted iecarac idóen  ndaec iohnearliednacdia e sepna ñolala ,q tueen íac osun cruersriedne nclaias 
yd efla lRleecgióis terno  AGleenmearanli ad eel  A2c5t odse  djuel ioÚ ldtiem a2 0V1o6l;u sneta adc eosmppaaññoalens ,c erertsifuicltaadnodso  ddee  deesftuen úcilótimn oy 
que había otorgado un único testamento en España el día 2 de septiembre de 1996, que
es el que sirve de base a la referida adjudicación de herencia. Según consta por 
diligencia en la misma escritura, la ley aplicable a la sucesión de la causante es la ley 
alemana.
El  registrador  suspende  la  inscripción  solicitada  porque,  habiendo  fallecido  la 
causante siendo residente en Alemania, «existe la posibilidad que la misma hubiera 
otorgado otra disposición testamentaría en Alemania, y de la documentación aportada no 
resulta acreditado si la causante testó allí, mediante el correspondiente Certificado de 
Últimas Voluntades». Cita como fundamentos de derecho los artículos 76 y 78 del 
Reglamento Hipotecario y el Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 4 de julio de 2012.
El notario recurrente alega que los artículos 76 y 78 del Reglamento Hipotecario se 
refieren únicamente al certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad de 
España y el ordenamiento jurídico español no impone al notario que exija la presentación 
de otros certificados de registros de actos de última voluntad de otros países.
2.  Este Centro Directivo, para las herencias causadas antes de la aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio 
de 2012, consideró especialmente relevante la «vis atractiva» de la ley nacional del 
causante y por ello entendió que debía aportarse el justificante o certificado del registro 
extranjero que recogiera los títulos sucesorios otorgados por el causante o bien la 
acreditación de que, conforme al derecho material aplicable a la sucesión, no existe tal 
sistema de registro (vid. Resoluciones de 28 de julio de 2016 y 11 de enero y 2 de 
febrero de 2017, todas ellas con base en las anteriores de 1 de julio y 13 de octubre 
de 2015).
Las  Resoluciones  citadas  ponen  de  manifiesto  que  no  todos  los  países  tienen 
instaurado un Registro de Actos de Última Voluntad similar al nuestro, en cuanto a sus 
efectos, y en cuanto a su organización.
Continúan afirmando que nuestro sistema, en el cual la práctica totalidad de los 
testamentos son notariales, basado en la obligatoriedad de la comunicación que se 
impone al notario autorizante (o que protocoliza un testamento ológrafo o que autoriza un 
acta donde se da noticia de su existencia), procura las más altas cotas de seguridad en 
la apertura de la sucesión intestada.
Sin embargo, dada la prevalencia de la nacionalidad del causante a la hora de regir 
la sucesión (hasta la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Sucesiones, como 
ocurre en el supuesto de hecho), pareció una medida oportuna y prudente, y casi 
obligada si lo exigiese la «lex causae», que el notario español también solicitara (en 
tanto no se establezca la deseada conexión de registros, como la prevista para una fase 
final en el Convenio de Basilea de 16 de mayo de 1972), como prueba complementaria, 
la certificación, en su caso, del registro semejante correspondiente al país de donde el 
causante es nacional (a veces, su propio Registro Civil, si fuere en esta institución donde 
la ley personal del finado establece que se tome nota de los testamentos otorgados), 
siempre que estuviese prevista alguna forma de publicidad de los títulos sucesorios en 
ese país extranjero. Esta actuación, al dotar de un mayor rigor al expediente, sólo podía 
redundar en una mayor seguridad de la declaración notarial.
Así lo entendió este Centro Directivo en la Resolución del Sistema Notarial de 18 de 
enero de 2005 (hoy confirmada su doctrina por la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Las Palmas de 30 de junio de 2015) que llegó a la conclusión de que al tramitar en aquel 
supuesto una declaración de herederos «parece una medida oportuna, prudente y casi 
obligada» el solicitar además de las Últimas Voluntades españolas las del país de la  s
nacionalidad del causante extranjero. Consecuentemente, también deberá aportarse, si  oe.
existiere, por las consecuencias legitimadoras que atribuye la inscripción registral, al  w.
Registro de la Propiedad, con ocasión de la inscripción sucesoria. Y, si este Registro de  94ww
dAectteorsm dinea Údalti mena  eVl oalrutínctualdo  n3o6  deexils Rtieergela dmeebnetroá  Haicproetdeictaarrsioe. esta circunstancia en la forma
inscLriap clieóyn  edspea ñboielan eess  ilnam cuoembpleeste netne  peal raR edgeitsetrrmo indaer  lloas  Prerqoupiiseidtoasd .n eAcseís alori orse cpoanrao clea   BOE-A-cable e
expresamente  el  Reglamento  (UE)  núm.  650/2012,  de  4  de  julio,  conocido  como 
Reglamento Europeo de Sucesiones, en su artículo 1.2 al excluir de su regulación: «(…) 
l) cualquier inscripción de derechos sobre bienes muebles o inmuebles en un registro, 
incluidos los requisitos legales para la práctica de los asientos, y los efectos de la 
inscripción o de la omisión de inscripción de tales derechos en el mismo».
3.  En Resolución de 10 de abril de 2017, este Centro Directivo añadió que la plena 
aplicación del Reglamento (UE) n.º 650/2012 aconseja una matización de esta doctrina.
En efecto, la norma europea presenta un tratamiento especial de las disposiciones 
«mortis causa» –artículos 1.3, 3.1.b),.c) y.d) y 24 a 28–.
Esta  normativa  conduce  a  la  regulación  de  la  validez  material  y  formal  de  la 
disposición «mortis causa», con base en la ley presuntiva, que remite a la ley que se 
aplicaría, conforme a los artículos 21 y 22 –no otras posibles leyes asimismo citadas en 
el fundamento segundo– si falleciere el día en que se otorgó la disposición «mortis 
causa» relevante conforme a los citados artículos 1 y 3 del Reglamento.
En este contexto, de superación de la ley de la nacionalidad –común al Derecho de 
la Unión europea– salvo elección indubitada, no resulta indispensable (vid., artículos 23, 
24, 26 y 75.1) el recurso a la información del país de la nacionalidad, salvo que coincida 
con el de la residencia habitual, matización que obliga a realizar ahora la norma.
Por  lo  tanto,  en  cuanto  no  se  complete  la  interconexión  de  los  Registros  de 
disposiciones  sucesorias  y  de  certificados  sucesorios  europeos  de  los  Estados 
miembros, medida complementaria a la aplicación del Reglamento (UE) n.º 650/2012, en 
el contexto e-justice, parece sólo oportuno mantener la exigencia de la acreditación de la 
obtención de certificación diferente al de nuestro Registro General de Actos de Última 
Voluntad, que acreditare si existe o no disposición de última voluntad cuando de la 
valoración de los elementos concurrentes en la sucesión resultare que la ley aplicable 
fuere distinta de la española, imponiéndose la presentación de certificado o justificación 
de  su  inexistencia  en  el  Estado  cuya  ley  resultare  aplicable  a  la  sucesión  o  a  la 
disposición de última voluntad (artículos 21, 22, 24 y 25 del Reglamento), sea o no la del 
Estado o Estados cuya nacionalidad ostentare el causante.
Indudablemente,  los  artículos  76  y  78  del  Reglamento  Hipotecario  deben 
interpretarse atendiendo a la realidad normativa actual, especialmente conforme al citado 
Reglamento (UE) n.º 650/2012.
Por lo tanto, en el presente caso, en que la ley aplicable es la alemana, es necesaria 
la presentación de certificado expedido por el registro testamentario alemán («Zentrales 
Testamentsregister»).
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 28 de julio de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.