BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 32 Lunes 7 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 15987
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
1950 Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por la que se publica el Convenio entre el Centro de Estudios Jurídicos y el 
Gobierno de Canarias, para la colaboración en materia de cursos selectivos y 
actividades formativas de médicos forenses.
Con fecha 26 de enero de 2022 se ha suscrito el Convenio entre el Centro de 
Estudios  Jurídicos  del  Ministerio  de  Justicia  y  la  Consejería  de  Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias para la colaboración en materia 
de cursos selectivos y actividades formativas de médicos forenses.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 1 de febrero de 2022.–El Secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián 
Rodríguez Esquerdo. 
ANEXO
Convenio entre el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia 
y la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno 
de Canarias para la colaboración en materia de cursos selectivos y actividades 
formativas de médicos forenses
REUNIDOS
De una parte, doña María Abigail Fernández González, directora del Centro de 
Estudios Jurídicos, organismo autónomo y en lo sucesivo CEJ, nombrada por Orden 
JUS/95/2020, de 6 de febrero, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1.j) del 
Estatuto del CEJ, aprobado por Real Decreto 312/2019, de 26 de abril.
Y de otra, el Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de la 
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  Sr.  don  Julio  Pérez  Hernández,  nombrado  por 
Decreto 121/2019, de 17 de julio, del Presidente, en nombre y representación de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de las competencias atribuidas en el 
artículo  29.1.k)  de  la  Ley  14/1990,  de  26  de  julio,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas de Canarias.
Ambas partes, intervienen en función de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de 
las facultades que tienen conferidas para convenir en nombre y representación de sus 
instituciones,
EXPONEN
1. Que el CEJ es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Justicia, que  s
según establece el artículo 2 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 312/2019, de 26  e.
de abril, tiene por objeto «desarrollar y ejecutar, en colaboración con el Ministerio de  w.
Justicia, las políticas de selección y formación de los funcionarios pertenecientes a los  50ww
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la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado».
Asimismo, para el cumplimiento de sus objetivos el artículo 3.2.a) de su Estatuto 
establece  que  el  CEJ  podrá  «celebrar  convenios  de  colaboración  con  los  órganos 
correspondientes  de  las  comunidades  autónomas  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 
competencias».
2. Por otra parte, en materia de Administración de Justicia, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 113 e) del Decreto 14/2021, de 18 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento orgánico de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia 
y Seguridad, corresponden a la Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia la competencia en la organización y funcionamiento de los Institutos de 
Medicina Legal de Canarias.
3. Que este convenio quiere establecer un modelo de colaboración en materia de 
cursos selectivos y de actividades formativas dirigidos a funcionarios en prácticas que 
aspiran a ingresar en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses o funcionarios de dicho 
cuerpo, de acuerdo con el régimen jurídico vigente.
4. Que al estar ambas partes interesadas acuerdan suscribir este convenio, que se 
formaliza con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
Este convenio tiene por objeto articular la colaboración entre el CEJ y la Comunidad 
Autónoma de Canarias
a) en materia de cursos selectivos, para funcionarios en prácticas que aspiran a 
ingresar en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses (por el territorio Ministerio de 
Justicia o por el territorio autonómico) y
b) en materia de actividades formativas, dirigidas a funcionarios de dicho cuerpo, 
bien dependan del Ministerio de Justicia o de dicha comunidad autónoma.
Segunda. Compromisos de las partes.
Las partes asumen los siguientes compromisos:
1. Selección.
En  virtud  de  este  convenio  y  de  acuerdo  con  los  principios  de  colaboración 
institucional entre Administraciones Públicas, de economía y eficiencia del gasto público 
y de optimización de los recursos públicos, las partes firmantes podrán acordar en cada 
ejercicio, mediante resolución conjunta de la Comisión de Seguimiento de la cláusula 
cuarta, que los funcionarios en prácticas que aspiran a ingresar en el Cuerpo Nacional 
de Médicos Forenses y que correspondan a cada parte firmante puedan incorporarse 
con plenos efectos jurídicos al curso selectivo que, en su caso, organice la otra parte 
firmante.
La incorporación al curso selectivo de funcionarios en prácticas de la otra parte 
firmante del convenio implicará que éstos se rijan por la programación de la parte 
firmante que organiza el curso selectivo, según la convocatoria del proceso selectivo.
A su vez, la parte que organiza el curso selectivo evaluará a los funcionarios en 
prácticas de la otra parte firmante (tanto la formación teórico-práctica como las prácticas 
tuteladas) y remitirá esas evaluaciones a la otra parte firmante. e.
La Comisión de Seguimiento establecida en la cláusula Cuarta de este convenio  w.
determinará anualmente, mediante acuerdo, si los funcionarios en prácticas del ámbito  50ww
ceonm spue ctaesnoc,ia ol rdgea nuicnea  ldae o ltaras  ppaarrttee sf irfmirmanatnet.es se incorporarán o no al curso selectivo que,
2. Formación.
Ambas partes firmantes podrán abrir las actividades formativas que organicen en 
cada ejercicio anual de acuerdo con su respectivo Plan de Formación a la participación 
de funcionarios del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses del ámbito competencial de la 
otra parte firmante.
Se incluyen aquí tanto actividades formativas presenciales como en línea.
La  Comisión  de  Seguimiento  de  la  cláusula  cuarta  determinará  anualmente, 
mediante acuerdo, el número y denominación de las actividades formativas de cada 
parte que se abre a la participación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Médicos 
Forenses del ámbito competencial de la otra parte firmante.
La parte firmante que organice las actividades formativas será la responsable de 
certificar la asistencia o/y aprovechamiento de los funcionarios del ámbito competencial 
de la otra parte firmante, siempre que estos asistentes hayan acudido al 100% de la 
duración total de cada actividad (para actividades presenciales) o que los participantes 
en el curso en línea lo hayan superado (para cursos en línea).
Las partes llevarán a buen fin por todos los medios las actividades de formación 
programadas, manteniendo para ello cuantos contactos e intercambios sean precisos, 
además de los propios de la Comisión de Seguimiento establecida en la cláusula Cuarta 
de este convenio.
3. Cesión de espacios con fines formativos.
Adicionalmente, cada parte firmante se compromete a ceder espacios, en concreto 
respecto  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  los  espacios  gestionados  por  la 
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia e IML, con fines 
formativos para:
a) la organización de cursos selectivos dirigidos a funcionarios en prácticas que 
aspiren a ingresar en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y que gestione la otra 
parte firmante
b) o para las actividades formativas dirigidas a funcionarios del Cuerpo Nacional de 
Médicos Forenses que organice la otra parte firmante.
4. Seguimiento y control.
Cada parte asumirá la realización del seguimiento administrativo y el control de cada 
una de las actividades que se desarrollen.
Tercera. Financiación.
Este  convenio  no  conlleva  obligaciones  ni  compromisos  de  gasto  adicionales 
aparejados para el presupuesto del CEJ ni de la Comunidad Autónoma.
En el caso de los cursos selectivos (cláusula Segunda.1), la parte firmante que 
incorpore a sus funcionarios en prácticas en el curso selectivo que organice la otra parte 
firmante seguirá siendo la responsable del abono de las nóminas de sus funcionarios en 
prácticas (capítulo 1) y de todas las indemnizaciones por razón de servicio (capítulo 2) a 
las que tuvieran derecho estos funcionarios en prácticas o por cualquier otro gasto que 
pudiera originarse por la asistencia al curso selectivo de la otra parte firmante.
En el caso de las actividades formativas (cláusula Segunda.2), la parte firmante que  s
incorpore a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de su ámbito  oe.
competencial en las actividades formativas que organice la otra parte firmante seguirá  w.
p(sciueadnpideítorua lo loa 2r ir)ge ians palaorssne sq apuboelr e ts uudv eiaels raaisnbte odnnecori eadc aeh  olat osed saatcosts iv lafiudsna cdinieodsne afmorirnomisza aotci vipoaonsre  dcseu  palaolq rou trireaarz  póoantrr otde ge fa irssmetoarv nqictueieo.   2022-1950n https://ww
La cesión de espacios entre las partes firmantes tendrá siempre un carácter gratuito.
Cuarta. Comisión de seguimiento.
Se crea una Comisión de Seguimiento de este convenio, integrada por 4 miembros, 
designados por cada parte firmante:
– 2 miembros por parte del CEJ.
– 2 por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Entre las funciones que corresponden a la Comisión de Seguimiento se incluyen:
a) Determinar anualmente, mediante acuerdo, si los funcionarios en prácticas del 
ámbito competencial de una de las partes firmantes se incorporarán o no al curso 
selectivo que, en su caso, organice la otra parte firmante.
b) Determinar anualmente, mediante acuerdo, el número y denominación de las 
actividades formativas incluidas en el Plan de Formación de médicos forenses de cada 
parte que se abre a la participación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Médicos 
Forenses del ámbito competencial de la otra parte firmante. La Comisión indicará el 
título, la fecha, la sede, el número de plazas previstas y el programa mínimo de cada 
actividad formativa.
c) Realizar  el  seguimiento  y  evaluación  del  desarrollo  del  convenio  y  de  las 
actuaciones que se establezcan.
d) Impulsar las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes para la 
más adecuada consecución de los objetivos formativos.
e) Interpretar el convenio y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.
Quinta. Difusión.
Las partes darán la adecuada difusión por sus canales habituales (publicaciones, 
web,  redes  sociales,  etc.)  a  los  cursos  selectivos  y  actividades  formativas  en  que 
participen funcionarios de ambas partes firmantes.
Con anterioridad a la celebración de los cursos selectivos y actividades formativas 
que se abran a la participación de la otra parte firmante, ambas instituciones pondrán en 
común toda la información que se genere sobre el contenido de aquéllas que deba ser 
conocida por los asistentes.
Sexta. Duración.
Este convenio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, resultará eficaz una vez inscrito, en 
el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal 
de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será 
publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín oficial 
del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias», dentro de 
los veinte días siguientes a su firma y, en el plazo de quince días hábiles a contar desde 
la fecha de tal publicación, se habrá de realizar la inscripción en el Registro General de 
Convenios  del  Sector  Público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias.  Asimismo, 
tendrá vigencia durante cuatro (4) años, prorrogables por otros cuatro (4) años siempre 
que las partes acuerden la prórroga antes del fin de la vigencia del convenio.
Séptima. Modificación y causas de extinción. es
Este convenio podrá modificarse por acuerdo unánime de las partes a través de la  w.
suscripción de la correspondiente Adenda Modificativa. 50ww
Serán causas de extinción del convenio, el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución:
a) El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  su 
prórroga.
b) El acuerdo unánime de ambas partes firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, la otra parte podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento 
para que se cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que 
se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del 
mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados, de acuerdo con los 
criterios que se determinen por la Comisión de Seguimiento.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Imposibilidad sobrevenida de cumplimiento del objeto del convenio.
f) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes.
La resolución del convenio no afectará a la finalización de las actividades que 
estuvieran en ejecución, que deberán realizarse en el plazo improrrogable fijado por la 
Comisión de Seguimiento del convenio.
Octava. Régimen jurídico del convenio.
El presente convenio de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecución, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio 
deberán solventarse de mutuo acuerdo de las partes en el seno de la Comisión de 
Seguimiento constituida conforme a lo previsto en la cláusula cuarta. En el supuesto de 
cuestiones litigiosas que no hayan sido solucionadas por la Comisión serán sometidas al 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Novena. Publicidad y transparencia.
Este convenio se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y se inscribirá en el 
Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Previamente, y con carácter facultativo, se podrá publicar en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Canarias».
Asimismo, se publicará en el Portal de la Transparencia del Gobierno de España, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno (BOE de 10 de diciembre). Igualmente, también 
se podrá publicar en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias (https://
www.gobiernodecanarias.org/transparencia/) de la Comunidad Autónoma de Canarias. s
Décima. Protección de datos. w.
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Directiva  95/46/CE  (Reglamento  general  de  protección  de  datos),  con  la  Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales y con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.
De conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las atribuciones de que son 
titulares  los  firmantes,  suscriben  el  presente  convenio.–La  Directora  del  Centro  de 
Estudios  Jurídicos,  Abigail  Fernández  González.–El  Consejero  de  Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad de la Comunidad Autónoma de Canarias, Julio Pérez 
Hernández.