BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 91  Miércoles 1 de abril de 2020  Sec. I.   Pág. 27885
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
4208 Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia 
internacional a la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19. 
La rápida propagación, tanto a nivel nacional como internacional, ha motivado la necesidad 
de reaccionar de forma rápida y de adoptar medidas urgentes y contundentes con el 
objetivo de amortiguar el impacto de esta crisis sin precedentes.
Esta crisis sanitaria está teniendo un impacto directo en la economía y en la sociedad, 
en las cadenas productivas y en el día a día de los ciudadanos, así como en los mercados 
financieros, sujetos a una elevada volatilidad en las últimas semanas.
Más allá del impacto sobre la economía global, las medidas sanitarias de contención 
suponen reducir la actividad económica y social de forma temporal para el tejido productivo 
y social, restringiendo la movilidad y paralizando la actividad de numerosos sectores, con 
importantes pérdidas de rentas para hogares, autónomos y empresas.
El impacto que acabe teniendo la situación de emergencia actual dependerá, en gran 
medida, de la movilización de recursos nacionales y de la Unión Europea y de la 
coordinación entre las políticas presupuestarias, monetarias, financieras y estructurales.
En estas circunstancias excepcionales, la política económica debe estar orientada a 
proteger el empleo, ayudar a los más vulnerables y mantener el tejido productivo. Debe 
fomentarse una rápida vuelta a la normalidad una vez se restablezcan las condiciones de 
movilidad y se levanten las medidas de contención.
Ante esta situación de emergencia de salud pública, el Gobierno de España viene 
adoptando medidas urgentes de respuesta que se añaden a las actuaciones en el ámbito 
comunitario e internacional. Así, durante las últimas semanas se ha aprobado un amplio 
paquete de medidas de ámbito económico y social para actuar en tres grandes frentes: en 
primer lugar, luchar contra la epidemia a partir del refuerzo de los servicios sanitarios y la 
investigación; en segundo lugar, apoyar a todos los ciudadanos, es decir, a los trabajadores, 
a las familias, a los autónomos, prestando una especial atención a aquellos más 
vulnerables; y, en tercer lugar, apoyar la actividad económica con medidas de liquidez y 
flexibilidad dirigidas a aliviar los costes para las empresas. Todas estas medidas persiguen 
mantener un mínimo de actividad económica en los sectores más afectados. Es decir, 
evitar que la ralentización económica derivada de una situación coyuntural como la actual 
tenga un impacto de carácter estructural que lastre la recuperación económica y social una 
vez superada esta situación excepcional.
Todas estas medidas están recogidas en los siguientes Reales Decretos-leyes: el Real 
Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas  s
urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública; el Real Decreto- oe.
ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al  w.
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complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.
Teniendo en cuenta la evolución de los acontecimientos y la rápida evolución de los  Bc
contagios, a escala nacional e internacional, el 25 de marzo el Congreso de los Diputados,
previo Acuerdo del Consejo de Ministros, aprobó, hasta las 0.00 horas del día 12 de abril, 
la prórroga del estado de alarma establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
declarando el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, que incluye, entre otras cuestiones, limitaciones a la libertad 
de circulación, con los efectos que ello supone para trabajadores, empresas y ciudadanos.
Posteriormente se aprobó el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo por el que se 
regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena 
que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el 
contexto de la lucha contra el COVID-19. Este permiso retribuido recuperable se establece, 
de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre los días 30 de marzo y 9 de abril 
(ambos incluidos), para todo el personal laboral por cuenta ajena que preste servicios en 
empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan las actividades no 
esenciales calificadas como tal, exceptuando a las personas trabajadoras que tengan su 
contrato suspendido durante el período indicado y aquellas que puedan continuar 
prestando servicios a distancia.
Todas estas actuaciones están alineadas con las medidas que están adoptando los 
países de nuestro entorno y de acuerdo con las recomendaciones de los organismos de la 
Unión Europea e internacionales. En las últimas semanas, y atendiendo a la evolución de 
la crisis sanitaria a nivel europeo e internacional, se están empezando a adoptar medidas 
económicas y sociales de amplio alcance por parte de los distintos países, dirigidas a 
reforzar los sistemas sanitarios, proporcionar liquidez a la economía, mantener el empleo, 
así como proteger a las familias y a los más vulnerables.
En el marco de la Unión Europea, y a nivel internacional, a través del G-20, el FMI, la 
OCDE y otros organismos, la comunidad internacional está tratando de coordinar sus 
actuaciones, compartiendo las medidas adoptadas y mejores prácticas y poniendo en 
marcha actuaciones destinadas a apoyar los esfuerzos desplegados, planteando planes 
de acción conjunta. A nivel europeo, los Estados Miembros han adoptado medidas fiscales 
de apoyo a la economía de casi el 2% del PIB de la zona euro y puesto en marcha 
esquemas de provisión de liquidez en apoyo a los trabajadores y las empresas por valor 
del 13% del PIB conjunto. El BCE por su parte ha adoptado medidas excepcionales de 
apoyo a la economía europea, entre otras a través de su Programa de Compras de 
Emergencia por la Pandemia (PEPP) por valor de 750 mil millones de euros, la Comisión 
Europea ha adoptado la decisión de activar la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento, y el Banco Europeo de Inversiones ha propuesto acciones adicionales de 
calado para ampliar la provisión de garantías a las empresas europeas.
Con los objetivos de seguir protegiendo y dando soporte al tejido productivo y social, de 
minimizar el impacto y de facilitar que la actividad económica se recupere en cuanto empiece 
a remitir esta situación de emergencia de salud pública, se presenta un nuevo paquete de 
medidas que refuerza, complementa y amplía las anteriormente adoptadas, conformando un 
paquete económico y social completo para dar respuesta a todos los ciudadanos.
En este contexto, la aprobación de este real decreto-ley de medidas urgentes da 
respuesta a la persistencia y profundización de las circunstancias económicas y sociales 
excepcionales anteriormente señaladas, sumándose a las medidas adoptadas a nivel 
comunitario y completando las tomadas por el Gobierno en las últimas semanas.
Concretamente, este nuevo real decreto-ley persigue, en primer lugar, la adopción de 
un nuevo paquete de medidas de carácter social dirigidas al apoyo a trabajadores, 
consumidores, familias y colectivos vulnerables, haciendo especial hincapié en aquellos 
que más lo necesitan; y, en segundo lugar, la puesta en marcha de un conjunto de medidas  es
de diversa naturaleza con impacto directo en el refuerzo de la actividad económica, así  o
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La evolución de la crisis sanitaria requiere la prolongación en el tiempo de las medidas 
adoptadas en el Real Decreto-ley 8/2020, con el fin de mitigar el impacto económico y 
social derivado de la extensión del contagio de la enfermedad, manteniendo como prioridad 
la protección de las familias, autónomos y empresas más directamente afectadas. A tal 
efecto en aplicación de la Disposición final décima del Real Decreto-ley 8/2020, se incluye 
la Disposición final duodécima en la que se determina expresamente la prórroga de la 
vigencia de todas las medidas adoptadas durante el plazo de un mes tras el fin del estado 
de alarma, reforzando o desarrollando algunas de ellas para una mayor efectividad.
De tal forma, este Real Decreto-ley se estructura en 3 capítulos, 54 artículos, 22 
disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 13 disposiciones finales y 4 anexos.
II
Apoyo a trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables
El capítulo 1 regula un amplio paquete de medidas para apoyar a los trabajadores, a 
los consumidores, a las familias y a los colectivos más vulnerables.
El apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables para 
aliviar su situación financiera y que puedan disponer de unos ingresos mínimos y contribuir 
al alivio de sus gastos fijos es una de las prioridades estratégicas del Gobierno, 
especialmente relevante en las circunstancias actuales, siendo de especial importancia la 
adopción de medidas que aseguren que no quedan en situación de exclusión como 
consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.
Sección 1.ª  Medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables
La sección I regula un nuevo paquete de medidas para apoyar a las familias y a los 
colectivos más vulnerables, que, tras la paralización de gran parte de la actividad 
económica, han visto afectados sus ingresos y, por consiguiente, su capacidad para hacer 
frente a los gastos necesarios para el mantenimiento de sus hogares.
En primer lugar, se adoptan medidas dirigidas al apoyo al alquiler de personas 
vulnerables. En España, en el 85% de los arrendamientos de vivienda el propietario es una 
persona física, pequeño propietario. Esta particularidad del mercado del alquiler en España 
hace especialmente necesario que las medidas adoptadas faciliten los acuerdos entre las 
partes para permitir el pago de las rentas. Se establecen por ello propuestas en este 
ámbito dirigidas a la necesaria protección a los colectivos más vulnerables que puedan ver 
sensiblemente afectada su capacidad para hacer frente al alquiler, al tiempo que se 
garantiza un equilibrio entre las partes que impida que la vulnerabilidad de los arrendatarios 
sea trasladada a los arrendadores, especialmente a aquellos para los que los ingresos 
generados por la renta del alquiler pueden ser esenciales.
En este contexto, las medidas adoptadas en este real decreto-ley están orientadas a 
un triple objetivo:
Primero, responder a la situación de vulnerabilidad en que incurran los arrendatarios 
de vivienda habitual como consecuencia de circunstancias sobrevenidas debidas a la 
crisis sanitaria del COVID-19, especialmente aquellos que ya hacían un elevado esfuerzo 
para el pago de las rentas, pero también aquellos que, sin estar previamente en esa 
situación, se encuentren ahora en ella circunstancialmente. Segundo, diseñar medidas de  s
equilibrio que impidan que, al resolver la situación de los arrendatarios, se traslade la  e.
vulnerabilidad a los pequeños propietarios. Y, tercero, movilizar recursos suficientes para  w.
conseguir los objetivos perseguidos y dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad. 08ww
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personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica. En
este sentido, también se incorpora un nuevo programa de Ayudas al Alquiler al Real 
Decreto 106/2018, de 9 de marzo: el «Programa de ayudas para contribuir a minimizar el 
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual» », y la 
creación, mediante acuerdo entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), de una línea de avales del Estado específica a la que 
podrán tener acceso todos aquellos hogares que puedan estar en situación de 
vulnerabilidad como consecuencia de la expansión del COVID-19 y que no comportará 
ningún tipo de gastos o intereses para el solicitante.
En segundo lugar, se amplía el plazo de suspensión a 3 meses y se realizan ajustes 
técnicos para facilitar la aplicación de la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición 
de vivienda habitual introducida por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Concretamente, se clarifica que las cuotas suspendidas no se deben liquidar una vez 
finalizada la suspensión, sino que todos los pagos futuros se deben posponer lo que haya 
durado la suspensión. Se clarifica asimismo el concepto de «gastos y suministros básicos» 
a efectos de la definición del umbral de vulnerabilidad, incluyendo en este concepto los 
gastos asociados a suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente 
y de los servicios de telecomunicación fija y móvil y se adapta la acreditación de 
vulnerabilidad a las dificultades derivadas del estado de alarma que pueda impedir la 
obtención de determinados documentos, mediante la presentación de una declaración 
responsable. También se amplía la información que deben remitir las entidades financieras 
al Banco de España, con el fin de facilitar el seguimiento del impacto de esta medida, así 
como el régimen de supervisión y sanción. De esta manera, se logra dar una mayor 
seguridad jurídica a la aplicación de la moratoria.
La moratoria de la deuda hipotecaria del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
inicialmente prevista para la vivienda habitual de las personas físicas se extiende ahora a 
dos nuevos colectivos: el de los autónomos, empresarios y profesionales respecto de los 
inmuebles afectos a su actividad económica, de un lado, y a las personas físicas que 
tengan arrendados inmuebles por los que no perciban la renta arrendaticia en aplicación 
de las medidas en favor de los arrendatarios como consecuencia del estado de alarma.
Asimismo, se individualiza el importe del superávit que podrán destinar las Entidades 
Locales a prestaciones e inversiones relativas a gasto social, con la consideración de 
inversiones financieramente sostenibles, como así se ha establecido en el artículo 3 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que ha fijado que el importe para el conjunto del citado 
subsector sea de 300 millones de euros. La aplicación de esta norma y del seguimiento que 
corresponderá realizar al Ministerio de Hacienda requiere que las entidades suministren la 
información necesaria, por lo que se recoge un anexo con el formulario.
Además, vista la actual situación, por razón de su excepcionalidad y de la urgencia en 
ejecutar los gastos que sean necesarios para atender las necesidades que se presenten 
en relación con la aplicación de aquel precepto se habilita a los Presidentes de las 
corporaciones locales para que, mediante Decreto, puedan aprobar modificaciones de 
crédito consistentes en créditos extraordinarios o suplementos de créditos.
Además, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos no queden excluidos del 
sistema financiero al no poder hacer frente temporalmente a sus obligaciones financieras 
como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, de forma paralela a financiación 
hipotecaria de la vivienda, este real decreto-ley amplía el alcance de la moratoria a los 
créditos y préstamos no hipotecarios que mantengan las personas en situación de  s
vulnerabilidad económica, incluyendo los créditos al consumo. e.
Para compatibilizar esta nueva moratoria con la hipotecaria del Real Decreto-ley 8/2020  w.
y la moratoria del alquiler de este real decreto-ley, se ajusta el régimen de acreditación de  08ww
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los acreedores y arrendadores. En segundo lugar, se pretende abarcar la casuística de
quienes no hagan frente a deudas hipotecarias o una renta arrendaticia deban hacer frente 
a uno o varios préstamos que le suponen más de un 35% de sus ingresos.
El objetivo de la medida es extender a todo tipo de préstamo el alivio económico 
establecido por el Real Decreto-ley 8/2020 para las personas más necesitadas mediante 
la suspensión de los contratos de crédito o préstamo no hipotecario.
En cuarto lugar, para contribuir a aliviar las necesidades de liquidez de los hogares, se 
amplían las contingencias en las que se podrán hacer efectivos los derechos consolidados 
en los planes de pensiones recogiendo, con carácter excepcional, como supuestos en los 
que se podrá disponer del ahorro acumulado en planes de pensiones, la situaciones de 
desempleo consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo y el cese de 
actividad de trabajadores por cuenta propia o autónomos que se produzcan como 
consecuencia del COVID-19.
En quinto lugar, se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social de 
electricidad, al que podrán acogerse, de manera excepcional y temporal, las personas 
físicas, en su vivienda habitual, con derecho a contratar el Precio Voluntario para el 
Pequeño Consumidor, que tengan una renta igual o inferior a determinados umbrales 
referenciados al IPREM, y que acrediten ante la comercializadora de referencia, haber 
cesado en su actividad profesional como profesionales autónomos o haber visto su 
facturación reducida en un 75 por ciento en promedio respecto al semestre anterior.
Las medidas de confinamiento y restricción de la movilidad traen aparejada la estancia 
ininterrumpida en el domicilio de la mayoría de los miembros del hogar. Adicionalmente, 
muchas actividades profesionales que, en circunstancias habituales se realizan fuera del 
hogar, se han trasladado a la vivienda. Por ello, los suministros energéticos (electricidad, 
gas natural, derivados del petróleo) y el suministro de agua adquieren, si cabe, una 
naturaleza aún más esencial.
En este contexto, en sexto lugar, se adopta un conjunto de medidas dirigidas a garantizar 
la continuidad del suministro energético y de agua para hogares mientras dure el estado de 
alarma. Para ello, mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el 
suministro a consumidores domésticos en su vivienda habitual, por motivos distintos a la 
seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha 
posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores.
Asimismo, el periodo de tiempo en que esté en vigor el estado de alarma no computará 
a efectos de los plazos de los procedimientos de suspensión del suministro iniciados con 
anterioridad a dicho periodo.
En séptimo lugar, se da respuesta al colectivo de las empleadas del hogar, 
especialmente vulnerables en las circunstancias actuales, dado que no disponen de 
derecho a la prestación por desempleo. Por ello, se crea un subsidio extraordinario 
temporal del que se podrán beneficiar ante la falta de actividad, la reducción de las horas 
trabajadas o la extinción del contrato como consecuencia del COVID-19. La cuantía del 
subsidio dependerá de la retribución percibida con anterioridad, así como de la reducción 
de actividad que se sufra, exigiéndose una prueba acreditativa de dicha reducción al 
empleador. Este subsidio es compatible con el mantenimiento de otras actividades y la 
cuantía máxima a recibir será el SMI sin pagas extraordinarias.
La crisis sanitaria motivada por el COVID-19 ha desencadenado nuevas situaciones de 
necesidad vinculadas a la falta de empleo y ha agravado la situación en la que se 
encontraban personas desempleadas con anterioridad. Aunque el sistema estatal de 
subsidios de desempleo y también los sistemas asistenciales de las comunidades 
autónomas han servido para dar respuesta a algunas de estas situaciones, resulta  es
necesario completar el ámbito de la cobertura a efectos de que queden incluidas las nuevas  o
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alarma. Aunque en el Real Decreto-ley 9/2020 se establecieron medidas para que, en caso
de suspensión de contratos, se interrumpa el cómputo de los contratos temporales, esta 
previsión no evita totalmente que existan finalizaciones de contratos temporales con 
posterioridad a la declaración del estado de alarma que no estén cubiertos por el sistema 
establecido para las personas desempleadas por haber estado afectadas por la suspensión 
o reducción de jornada establecida en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020.
La situación en la que quedan estas personas debe ser atendida con medidas 
excepcionales dada la dificultad de acceso al empleo al menos mientras dura la situación 
de crisis sanitaria. El subsidio por circunstancias excepcionales aplicable al colectivo de 
trabajadores temporales cuyo contrato se extingue porque llega a su fin se configura sin 
requisito de carencia precisamente para equiparar su situación en lo posible a la de las 
personas que sí han sido incluidas en un expediente de regulación temporal de empleo y 
que han podido acceder, aun sin cumplir la carencia establecida, a la correspondiente 
prestación de desempleo. El único requisito que se exige es la duración mínima establecida 
del contrato cuyo fin ha llegado, y que debe ser de al menos dos meses. Esta duración del 
contrato temporal permite identificar la existencia de una expectativa profesional y excluye 
por tanto las relaciones contractuales esporádicas.
Sección 2.ª  Medidas de apoyo a los autónomos
Con motivo de la situación excepcional de emergencia sanitaria, las empresas y 
autónomos  han  tenido  que  suspender  su  actividad  o  la  han  visto  reducida 
considerablemente. Por ello, con el objetivo de aliviar la tensión financiera que tienen que 
afrontar se adoptan las siguientes medidas complementarias a las ya adoptadas en los 
Reales decretos-leyes para este colectivo.
En esta sección, se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a la 
concesión de forma excepcional de moratorias en el pago de las cotizaciones a la 
Seguridad Social atendiendo a excepcionales circunstancias, en los casos y condiciones 
que se determinen mediante Orden Ministerial. El periodo de devengo en el caso de 
empresas sería el comprendido entre abril y junio de 2020, mientras que en el caso de los 
autónomos sería el comprendido entre mayo y julio de 2020. Y, en este ámbito, se permite 
que las empresas y autónomos que no tengan en vigor aplazamientos de pago de deudas 
con la Seguridad Social puedan solicitar el aplazamiento del pago de sus deudas con la 
Seguridad Social, que deban ingresar entre los meses de abril y junio de 2020, con una 
rebaja sustancial del tipo de interés exigido que se fija en el 0,5%.
Asimismo, para facilitar a las empresas y a los autónomos la realización de las 
gestiones con la Seguridad Social, se permite a empresas y gestorías a utilizar el Sistema 
de remisión electrónica de datos (RED) para efectuar por medios electrónicos las 
solicitudes y demás trámites correspondientes a los aplazamientos en el pago de deudas, 
las moratorias en el pago de cotizaciones y las devoluciones de ingresos indebidos con la 
Seguridad Social.
Por otro lado, se recoge que aquellos autónomos que hayan suspendido su actividad y 
pasen a percibir la prestación por cese de actividad regulada en el Real Decreto-ley 8/2020 
y que no hayan ingresado en plazo las cotizaciones sociales correspondientes a los días 
efectivamente trabajados del mes de marzo, podrán abonarlas fuera de plazo sin recargo.
Por último, ante las especificidades de determinados sectores productivos, con 
producciones que tienen como base los ciclos de vida de seres vivos que les dan un 
carácter estacional, dentro de las medidas urgentes extraordinarias tomadas por el 
Gobierno, se toman medidas para que al determinar el descenso de facturación que de  s
derecho a la prestación extraordinaria contemplada en el artículo 17 del Real decreto-ley  oe.
8/2020, la referencia de partida se haga sobre la base del conjunto de la campaña anterior  w.
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recogida en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, para los casos de suspensión de la
actividad, no será objeto de recargo la cotización correspondiente a los días de actividad  Bc
en el mes de marzo de 2020 no cubiertos por la prestación regulada en este artículo, que 
no fuera abonada dentro del plazo reglamentario de ingreso.
Por último, se prevén las formas en que se puede acreditar la reducción de la facturación. 
Para aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que 
acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75% exigida 
por cualquier medio de prueba admitido en derecho.
Sección 3.ª  Medidas de protección de los consumidores
En un contexto excepcional como el actual, es necesario dotar a los consumidores y 
usuarios de los mecanismos que garanticen sus derechos y su protección.
Para ello, se adoptan diferentes medidas aplicables a los contratos de compraventa de 
bienes y de prestación de servicios, sean o no de tracto sucesivo, cuya ejecución sea 
imposible como consecuencia de la aplicación de las medidas adoptadas en la declaración 
del estado de alarma. En estos casos, los consumidores y usuarios podrán ejercer el 
derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días.
En los contratos de tracto sucesivo, se paralizará el cobro de nuevas cuotas hasta que el 
servicio pueda volver a prestarse con normalidad; no obstante, el contrato no queda rescindido.
Por su parte, en el caso de la prestación de servicios que incluyan a varios proveedores, 
como los viajes combinados, el consumidor o usuario podrá optar por solicitar el reembolso 
o hacer uso del bono que le entregará el organizador o, en su caso, el minorista. Dicho bono 
lo podrá utilizar en el plazo de un año desde la conclusión del estado de alarma. En caso de 
no utilizarse durante ese periodo, el consumidor podrá ejercer el derecho de reembolso.
Por último, en este contexto de excepcionalidad motivado por la enfermedad COVID-19, 
resulta asimismo indispensable establecer determinadas limitaciones en el marco de las 
competencias de ordenación del juego.
Por ello, dadas las implicaciones de la declaración del estado de alarma en términos 
de movilidad y oferta de ocio disponible para los ciudadanos, para evitar la intensificación 
del consumo de juegos de azar en línea (en particular, los juegos de casino, bingo y 
póker), que puede derivar en conductas de consumo compulsivo o incluso patológico 
(especialmente para proteger a los menores de edad, adultos jóvenes o personas con 
trastornos de juego en un momento de mayor exposición), se limitan las comunicaciones 
comerciales que realizan los operadores de juego de ámbito estatal, incluyendo a las 
entidades designadas para la comercialización de los juegos de lotería.
CAPÍTULO II
Medidas para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias 
consecuencia del COVID-19
Sección 1.ª  Apoyo a la industrialización
Como consecuencia de las medidas excepcionales adoptadas en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, publicado en el BOE de 14 de marzo de 2020, fue declarado el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, muchas actividades económicas se han visto obligadas a cerrar sus puertas o 
a limitar drásticamente su actividad. Por eso, se hace necesario poner en marcha una 
serie de medidas que tengan como objetivo primordial sostener la actividad económica  s
ante las dificultades transitorias que se están dando en nuestro país a consecuencia de la  e.
crisis del COVID-19. w.
En primer lugar, el real decreto-ley aborda diversas medidas en el ámbito de la política  08ww
deme parpeosyaos  paa lraa  idnedsuasrtrroiallalizr ascuisó np,r ocyoenc teosl .objetivo de continuar facilitando liquidez a las
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Secretaría General de Industria y PYME. Para los proyectos actualmente en ejecución se
flexibilizan los criterios para la evaluación de la ejecución de los proyectos siempre 
garantizando el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
También se aprueba incrementar la dotación del Fondo de Provisiones Técnicas de 
CERSA con 60 millones de euros con el fin de dar una cobertura extraordinaria del riesgo de 
crédito de operaciones de financiación para PYMEs afectadas en su actividad por el COVID-
19. De esta manera, CERSA podrá asumir unos 1.000 millones de euros de riesgo que 
permitirá movilizar 2.000 millones de euros beneficiando a unas 20.000 PYMEs y autónomos.
Adicionalmente, muchas empresas han sufrido cancelaciones de numerosos eventos 
previstos para apoyar su internacionalización con el apoyo del ICEX. En muchos casos se 
han asumido gastos, por lo que se procederá a la devolución de lo abonado por las empresas 
en eventos organizados por ICEX que han debido ser cancelados por razones de fuerza 
mayor. Asimismo, en el caso de cancelación de los eventos internacionales, ICEX concederá 
a las empresas ayudas adicionales en función de los gastos incurridos no recuperables.
Por último, es necesario seguir apoyando a las empresas del sector turístico. La crisis 
del COVID-19 ha supuesto la paralización total del sector turístico: desde la limitación a la 
libre circulación de personas y las limitaciones en la conectividad nacional e internacional 
a destinos, al cierre al público de establecimientos turísticos, incluidos alojamientos, 
restauración y otras empresas de la cadena de valor.
Con el fin de asegurar la liquidez y, por lo tanto, la viabilidad de las empresas turísticas, 
se suspenden durante un año y sin penalización alguna, el pago de intereses y 
amortizaciones correspondientes a los préstamos concedidos por la Secretaría de Estado 
de Turismo en el marco del Programa Emprendetur I+D+i, del Programa Emprendetur 
Jóvenes Emprendedores y el Programa Emprendetur Internacionalización.
La coyuntura económica originada por la crisis sanitaria del COVID-19 constituye un 
obstáculo adicional a la viabilidad de las empresas concursadas que puede determinar 
bien la imposibilidad de suscribir o cumplir un convenio, abocando a las empresas a la 
liquidación, bien la dificultad de enajenar una unidad productiva que pudiera resultar viable. 
Es por ello que se considera imprescindible que estas empresas puedan acceder en las 
circunstancias actuales a un ERTE cuando hayan sido afectadas por la situación derivada 
del COVID-19. De esta manera, estas empresas podrían no ver menoscabada su viabilidad 
al poder disfrutar de las ventajas asociadas a los ERTEs del Real Decreto-ley 8/2020: la 
posibilidad de acceso en caso de afectación por la situación derivada del COVID-19; una 
tramitación más ágil, prácticamente inmediata en caso de fuerza mayor; la reposición de 
la prestación por desempleo; y la exoneración (parcial o total, según el número de 
trabajadores) en caso de ERTE por causa de fuerza mayor.
Como contrapartida, para asegurar que solo aquellas empresas concursadas que 
resulten viables puedan acogerse a los beneficios que estas medidas suponen, se declara 
expresamente aplicable la Disposición Adicional Sexta, sobre salvaguarda del empleo, 
sujetando, por tanto, el acceso a dichas medidas a la presentación de un compromiso de 
mantenimiento de empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación 
de la actividad.
III
Sección 2.º  Flexibilización en materia de suministros para PYMEs y autónomos
Las medidas restrictivas de la movilidad y actividad económica derivadas de la 
declaración del estado de alarma tienen como consecuencia el cierre temporal de muchos  es
establecimientos empresariales, comerciales e industriales. o
Ello justifica la necesidad de dotar a los consumidores, de manera temporal y  08ww
ecaodxncadepEiptncaci roie onasne tlaaesl s ,dc  neomu nlieaetev ncaxtostroan p,st ra saudetatu acprseieó  drneme sd ictteaoe  n esqsleiuutcumeta roilcco.iiósd naa,d u,d tdóeen  mommeocodason  yiqs umeemo dspi rcedhseoa sfs lce opxnuibteriadliztaoansc  sisóuens  ppdueeen ddlaaensr    OE-A-2020-42able en https://
temporalmente sus contratos de suministro o modificar sus modalidades de contratos sin
penalización; asimismo, se les posibilita el cambio de peaje de acceso y el ajuste de la 
potencia contratada al alza o a la baja, sin coste alguno. Una vez concluido el estado de 
alarma, se les vuelve a permitir una nueva modificación sin coste ni penalización.
Con motivo de la declaración del estado de alarma se ha producido un significativo 
descenso de la actividad económica que ha motivado que numerosos titulares de puntos 
de suministro de gas natural tengan contratado un caudal diario significativamente superior 
al que necesitan en las circunstancias actuales.
Por ello, con la finalidad de reducir al máximo los costes fijos de los titulares de puntos 
de suministro cuya actividad productiva y, por extensión, su necesidad de consumo de gas 
natural ha descendido en el contexto actual, es preciso disponer de un mecanismo urgente 
que les permita ajustar la capacidad contratada de los puntos de suministro a sus 
necesidades reales, cambiar el escalón del peaje de acceso o, incluso suspender 
temporalmente el contrato de suministro sin coste alguno.
Las medidas restrictivas de la actividad comercial y de la movilidad derivadas de la 
declaración del estado de alarma, van a suponer para las empresas una disminución de 
su facturación, lo que va a generar tensiones de liquidez debido a la necesidad de seguir 
afrontando costes fijos de operación.
Para los autónomos y PYMES, con menor capacidad de financiación que las grandes 
empresas, resulta oportuno adoptar medidas tendentes a reducir sus costes energéticos, 
para así aliviar la carga financiera que van a soportar transitoriamente las empresas.
Por ello, se ha establecido un mecanismo de suspensión del pago de la factura de 
electricidad, gas natural y determinados productos derivados del petróleo, por parte del 
titular del contrato al comercializador de electricidad y gas o, en su caso, el distribuidor en 
gases manufacturados y Gas Licuado del Petróleo (GLP) canalizado. Asimismo, para que 
los comercializadores no asuman cargas de tesorería indebidas, se les exime de afrontar 
el pago de los peajes y de la liquidación de los impuestos indirectos que gravan estos 
consumos durante el periodo de suspensión del pago.
Adicionalmente, para aliviar la carga financiera que supone esta medida sobre las 
comercializadoras de electricidad y gas, sobre los distribuidores de gases manufacturados 
y GLP canalizado, y sobre los distribuidores de electricidad y gas natural, se habilita a 
todas estas empresas a acceder a la línea de avales establecida en el artículo 29 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o cualquier otra línea de avales que se habilite con 
este fin específico. La cantidad avalada coincidirá con la cantidad en la que hayan 
disminuido los ingresos de cada agente como consecuencia de esta medida.
Por otro lado, cabe señalar que el Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se 
determinan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del 
petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes y el contenido de azufre de los 
combustibles para uso marítimo, establece las especificaciones de las gasolinas de 
automoción, algunas de las cuales, como la presión de vapor y el evaporado a 70.ºC, 
cambian de la temporada de invierno a la de verano, que comienza el próximo 1 de mayo. 
Sin embargo, tanto la normativa europea como el citado real decreto prevén que, como 
consecuencia de la existencia de acontecimientos excepcionales, se puedan autorizar 
valores límite superiores de determinadas características de los carburantes.
Tras la declaración del estado de alarma, la demanda de gasolina está experimentando 
una reducción sin precedentes que, a su vez, está provocando una rotación de los tanques 
de almacenamiento más lenta de lo previsto, impidiendo así el total consumo de las 
existencias con especificaciones de invierno a fecha 1 de mayo de 2020 y con ello el inicio 
de la comercialización de gasolinas con especificaciones estivales. Ante este reto logístico,  es
se ha de prever un periodo excepcional, comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio  o
dveealse ple í2monL0rcoi t2iysea0   ldesm edesásu,r xvtrqiaiilmcuaniedoot oes sd   epeae rl uhe incdasuvie ovianevilstr iesntsonuoe  a. rueplnefeoosrrs mzj ulaiítemdirgaáiat  eenlsan   u ccenoolam mc poterrnarectsenicaxdeltiiodnz oaddscee inóe ltnnaet   rcddereo ise bgils lale ísms faouintlneiintc aamiórsiína nc  iomuccoyoaam sd opieo r nseveaserdiróvaaninc  poidoo esyr     OE-A-2020-4208able en https://www.
el COVID-19. Por un lado, constituyen una vía fundamental para que los ciudadanos
puedan informarse y para que puedan manifestarse las diferentes corrientes de expresión 
en la sociedad española. Y por otro lado y al mismo tiempo, proporcionan a la sociedad 
española servicios de ocio y entretenimiento, que cobran especial relevancia en estos 
momentos de confinamiento domiciliario.
Las empresas que prestan servicios audiovisuales, especialmente las que emiten en 
abierto, se encuentran en este contexto de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
con la situación paradójica de que han visto aumentar su audiencia por las medidas de 
confinamiento, pero al mismo tiempo están sufriendo una brusca caída de sus ingresos 
desde el inicio de la crisis, debido principalmente a la cancelación de campañas 
publicitarias de empresas que han visto suspendida o ralentizada su actividad. En la 
necesidad de seguir garantizando la prestación de este servicio, esencial en toda sociedad 
democrática y para la ciudadanía en España, especialmente en el actual contexto de 
crisis, el presente real decreto-ley incluye, con carácter excepcional y transitorio, una 
compensación temporal de determinados gastos de cobertura poblacional obligatoria del 
servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal, con el objetivo de permitir que las 
empresas que proveen este servicio puedan gozar de una mayor liquidez en aras de la 
adecuada prestación de este servicio esencial.
De acuerdo con la vigente Disposición Transitoria Octava de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, los permisos de acceso y conexión a las redes eléctricas 
otorgados antes de la entrada en vigor de dicha ley caducarán si, con anterioridad al 31 de 
marzo de 2020, no se ha obtenido la autorización de explotación de la instalación de 
generación asociada a los mismos. Esta fecha límite se ha visto alterada por la suspensión 
de plazos prevista en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que, a su vez, dispone la 
reanudación del cómputo de los plazos una vez concluido el estado de alarma. No 
obstante, para dotar de seguridad jurídica tanto a los promotores de proyectos de 
generación eléctrica titulares de dichos permisos, de los que dependen cuantiosas 
inversiones imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos de penetración de 
nuevas energías renovables, como a los gestores de las redes eléctricas responsables de 
la concesión de los citados permisos de acceso y conexión, se dispone un plazo adicional 
de vigencia de estos permisos de dos meses, contabilizados desde el fin del estado de 
alarma, al objeto de que los sujetos afectados dispongan de un tiempo suficiente de 
readaptación a la nueva situación.
En cuanto al compromiso fijado en la Disposición Adicional sexta del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 este debe entenderse como la voluntad de la empresa 
de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la finalización de las medidas 
de reducción de jornada o suspensión de contratos basadas en el COVID-19.
Dicho compromiso, tal y como se recoge en una disposición final, deberá cumplirse y 
verificarse teniendo en cuenta las características y circunstancias de la empresa o del sector 
correspondiente, atendiendo en especial a la estacionalidad o variabilidad del empleo, así 
como su correspondencia con eventos concretos, acontecimientos u otras especificidades 
sectoriales como las de, por ejemplo, las artes escénicas, musicales y del cinematográfico y 
audiovisual. Igualmente deberá tenerse en cuenta la normativa laboral aplicable.
Así, el compromiso no se entenderá incumplido cuando el contrato de trabajo se 
extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, jubilación o 
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora. En el 
caso de contratos temporales, el compromiso tampoco se entenderá incumplido cuando el 
contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o  es
servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la  o
actividad objeto de contratación. 08www.
IV
En el Capítulo III, se establecen diversas medidas en el ámbito del sector público para
facilitar y flexibilizar los procedimientos de cara a hacer frente a la crisis sanitaria y las  Bc
consecuencias que de ella se derivan.
En primer lugar, incluyen medidas dirigidas a la suspensión de los plazos de formulación 
y rendición de cuentas anuales del ejercicio 2019 de las entidades del sector público estatal 
y de remisión de la Cuenta General del Estado al Tribunal de Cuentas, como consecuencia 
de la declaración de estado de alarma. Estas previsiones serán de aplicación al sector 
público local, afectando también a los plazos de tramitación de la Cuenta General en la 
entidad local, y podrán ser de aplicación supletoria al sector público autonómico.
En segundo lugar se prevén medidas en materia de disponibilidades líquidas y 
donaciones del sector público.
La crisis sanitaria provocada en España por el COVID-19 está generando una tensión 
sin precedentes en los Presupuestos Generales del Estado, dando lugar a la necesidad de 
atender gastos imprescindibles, imprevisibles y de importante cuantificación, que no tienen 
cabida en un presupuesto prorrogado desde 2018.
Por ello, se precisa de todos los medios financieros disponibles y, por tanto, de las 
disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras entidades integrantes del 
sector público estatal.
En tercer lugar se adoptan medidas en materia de financiación otorgadas por las 
entidades teles.
Dadas las circunstancias de pérdida de ingresos por la que atraviesan las empresas y 
de las medidas que ha sido necesario adoptar para la contención del COVID-19, el normal 
servicio de la deuda contraída con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales 
podría abocarlas a una grave situación de insolvencia con los consiguientes impagos de 
deudas a proveedores, despidos colectivos, y otros efectos indirectos que podrían agravar 
las graves repercusiones para la economía nacional.
Por ello, se adoptan medidas para el aplazamiento extraordinario del calendario de 
reembolso en préstamos concedidos por Comunidades Autónomas y Entidades Locales a 
empresarios y autónomos afectados por la crisis sanitaria.
En cuarto lugar, se hace necesario disponer de una adecuada información económico-
financiera, consistente y debidamente actualizada, que permita evaluar de forma idónea el 
impacto presupuestario derivado de las actuaciones acometidas, así como disponer de 
información debidamente soportada para tomar las decisiones en un futuro. De esta 
manera, se refuerzan las obligaciones de suministro de información económico-financiera, 
para dotar de mayor flexibilidad y atribuciones al Ministerio de Hacienda para la concreción 
de sus contenidos, procedimientos y plazos de remisión.
Considerando que el artículo 112 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el Código 
Aduanero de la Unión prevé que se puedan conceder al deudor facilidades de pago 
distintas de las previstas en el propio Reglamento, incluyendo la dispensa de abonar 
intereses, se considera oportuno que esta medida se extienda al ámbito aduanero, dada 
la actual situación y su impacto en el ámbito del comercio exterior, por lo que se regula 
este tipo de aplazamiento de deudas tributarias en el ámbito aduanero.
Por último, en atención a las dificultades que la situación excepcional generada por el 
COVID-19 puede entrañar para los obligados tributarios que se relacionan con las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en orden a cumplir determinadas 
obligaciones y trámites en procedimientos de carácter tributario, se extiende el ámbito de 
aplicación de las medidas previstas en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, a las actuaciones y procedimientos tributarios de igual naturaleza que los 
mencionados en dicho real decreto-ley realizados o tramitados por las Comunidades  s
Autónomas y las Entidades Locales, dentro del ámbito de aplicación de la Ley 58/2003,  e.
de 17 de diciembre, General Tributaria y sus reglamentos de desarrollo, siendo asimismo  w.
aplicable, en relación con estas últimas, a los procedimientos que se rijan por el texto  08ww
rLeefguinsdlaidtiovo d 2e/ 2la0 0L4e,y d Ree 5g udlea dmoararz od.e las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto
recuArssiomsi sym ore, cslea mreagcuiolanne sa mepnli adceiotenrems indaed palsa zcoisr ceunn sretalancciióans  cyo np alar ain tdeerpteorsmicinióand odes   BOE-A-cable e
procedimientos, resultando de aplicación en el ámbito estatal, autonómico y local. A su
vez, se reconoce de forma expresa que las ampliaciones de plazos para el pago de las 
deudas tributarias recogidas en el citado artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, se 
aplican a las demás deudas de naturaleza pública.
Finalmente, se prevé la modificación de diversas normas.
En primer lugar, en la Disposición Final Primera se modifica el artículo 4.3 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que establece la suspensión de la vigencia de los 
sistemas de actualización de precios regulados del GLP envasado y la tarifa de último 
recurso de gas natural durante tres bimestres y dos trimestres respectivamente, 
estableciendo una salvaguardia sobre su suspensión. Ante el descenso acusado del precio 
del barril de Brent durante el mes de marzo, que es uno de los elementos fundamentales en 
la determinación de ambos precios regulados, se ha optado por proteger al máximo a los 
consumidores de ambas formas de energía, permitiendo que se actualicen ambos precios 
regulados en caso de que el nuevo precio resultante sea inferior al actualmente vigente.
En segundo lugar, en la Disposición Final Segunda se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local. La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad 
de que, ante situaciones de crisis de tal envergadura, que puedan producirse por causas de 
fuerza mayor, grave riesgo colectivo o catástrofe pública, se puedan adoptar medidas 
conducentes a garantizar el funcionamiento democrático y eficaz de las Entidades Locales.
En tercer lugar, en la Disposición Final Séptima se modifica la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para establecer una excepción a la duración de los 
contratos de servicios cuando concurran determinadas circunstancias.
Asimismo, se adoptan medidas que tienen como antecedente el Real Decreto-Ley 
25/2018, de 21 de diciembre que estableció determinadas actuaciones urgentes para una 
transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras 
que extendían más allá de 2019 la política de ayudas estatales a la restauración de zonas 
degradadas a causa de la actividad minera, así como las ayudas sociales asociadas a 
desaparición de las minas no competitivas regulando el régimen jurídico de la empresa 
pública estatal «Hulleras del Norte S. A., S.M.E». (HUNOSA). Asimismo, para una mejora 
de los recursos se prevé el régimen de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa 
de la Moneda (FNMT-RCM), entidad pública empresarial estatal, como medio propio y 
servicio técnico.
También se prevé la posibilidad de que las empleadas y empleados públicos, sin 
alterar su situación administrativa, ni sus retribuciones o las condiciones de su contrato, 
puedan, voluntariamente, apoyar aquellas áreas y actividades, distintas de las de su 
puesto de trabajo, de carácter sanitario, sociosanitario, de empleo, para la protección de 
colectivos vulnerables y aquellas otras que requieran un refuerzo en materia de personal 
como consecuencia de la situación provocada por el COVID-19. Esta posibilidad se prevé 
para el trabajo presencial o a distancia y se articula también para la realización de tareas 
en Administraciones diferentes de la de origen del empleado, sin alterar ni su situación 
administrativa, ni su vinculación con la Administración de origen, que seguirá a cargo de 
las retribuciones del empleado.
Finalmente se introduce una Disposición adicional decimonovena ante la situación 
generada en la Administración de Justicia derivada de la pandemia del coronavirus, se 
determina que el Gobierno aprobará un plan específico de actuación en el ámbito de los 
órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo y así como en al ámbito de los 
Juzgados de lo Mercantil. En estos concretos ámbitos de actuación judicial es previsible  es
que se produzca un notable incremento de los de asuntos como consecuencia del aumento  o
dcldaoeo nlcq nctAuouúedrrme esssmoee,sr á o peys rds  osretefea ecd bislenaloestmrrcpoeeaidsd cu oliaaocs sne,p oe rerecsónci rad lreadoesmo gtcseaao   crnydeio seapun lrm elodosfeisd edc osceroreo errtneoset s-srelpae nvotyotin rsusesin t aaodabnte ridt laeiiadsssya p,aud occd spteauiaclnaeitórtcbeinmirosa ano,d denpoisicras.oi lo fcoeno sadnole fdroceurlasmor daaeécy caiuoi mdnlaaea ns Lpt deeoesyr     OE-A-2020-4208able en https://www.
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, por una extensión equivalente al
tiempo de duración del estado de alarma y, en su caso, sus prórrogas. Excepcionalmente, 
por motivos justificados y con carácter previo a la fecha de finalización del contrato, las 
partes podrán acordar otra prórroga de hasta tres meses adicionales al tiempo indicado, 
pudiendo exceder en ambos casos los límites máximos previstos para su contratación en 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.
La citada prórroga pretende evitar el perjuicio que para este colectivo supone la 
suspensión de los diversos procesos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes 
universitarios derivada de la imposibilidad de convocar y llevar a cabo los concursos 
correspondientes por la limitación de la libre circulación de las personas que impide la 
reunión pública de las comisiones de selección. Esta situación genera que este profesorado 
universitario quede en una posición de desventaja al poder llegar al máximo de la duración 
legal de su contrato sin tener la oportunidad de acceder a otro tipo de contratación, y ello 
por la imposibilidad de presentarse a nuevas convocatorias que sí tendrían lugar en 
circunstancias normales.
También se introduce en este real decreto-ley una disposición adicional decimotercera 
por la que se fijan reglas específicas aplicables a todos aquellos contratos de trabajo de 
duración determinada y financiados con cargo a convocatorias públicas de recursos 
humanos en el ámbito de la investigación, efectuadas por los agentes de financiación del 
Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Dichas reglas van encaminadas a garantizar que las dificultades en la ejecución de 
tales contratos, derivadas de la declaración del estado de alarma mediante Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, así como de sus eventuales prórrogas, no impidan el adecuado 
desempeño del personal investigador así contratado, durante la vigencia de los mismos, 
habilitándose normativamente la posibilidad de prorrogar tales contratos cuando reste un 
año o menos para la finalización de los mismos.
Esto permitirá mantener el tejido investigador español financiado con cargo a fondos 
públicos, sin que la actividad de I+D+i, fundamental en el marco de la emergencia sanitaria, 
se resienta debido a la declaración del estado de alarma, y garantizando por lo demás la 
continuidad de los proyectos investigadores llevados a cabo por estos contratados, 
incluyendo los relativos a las especialidades relacionadas con la investigación sobre el 
SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Debe destacarse, especialmente, la posibilidad 
de prorrogar los contratos de los investigadores que se hubieran incorporado al Sistema 
Nacional de Salud para reforzar la labor asistencial y hacer frente de la manera más 
adecuada a esta emergencia sanitaria.
Por otro lado, en el apartado cuarto de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por 
la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se establece la compatibilidad 
de la pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario de los 
profesionales sanitarios en situación de jubilación.
Así se introduce la disposición adicional decimoquinta con el fin de garantizar que la 
compatibilidad establecida se adecue a las normas que el ordenamiento jurídico en materia 
de Seguridad Social tiene recogido. Esta disposición establece cómo se ha de llevar a 
cabo la compatibilidad, cuál es el alcance de la protección social y cómo debe realizarse 
la cotización por parte del empresario y del trabajador durante el tiempo que permanezca 
en este régimen de compatibilidad.
V
La evolución de la crisis sanitaria requiere la prolongación en el tiempo de las medidas  oe.
adoptadas en el Real Decreto-ley 8/2020, con el fin de mitigar el impacto económico y  w.
sleaof ecpciratool t,de eecnrciv ióeanld c oda edp eílta ulaslo  e fIaxIImt,e ienlinsai sóa,np a ldiuceatló ccnioóonnmt adogesi  olya d  eDem ilsapp eroenssfiecairsóm nme fdáinasad dl,  dimréeaccnitmateman eidenentled R oa ecfaeolcm Dtaoed pcarrseio.t roAid- laetadyl    2020-4208n https://ww
8/2020, se incluye la Disposición final decimosegunda en la que se determina
expresamente la prórroga de la vigencia de todas las medidas adoptadas atendiendo a su  Bc
objeto y naturaleza.
En este capítulo, asimismo, se refuerzan, por un lado, algunas de las medidas 
adoptadas en el Real Decreto-ley 8/2020, como las relativas al control de las inversiones 
exteriores o a la protección del consumidor en relación con las comunicaciones electrónicas 
y, por otro lado, se introducen otras medidas para aumentar la resistencia del sistema 
financiero español frente a posibles vaivenes de los mercados.
Se refuerza el control de las inversiones exteriores y se establece un procedimiento 
ágil para la tramitación de las mismas y un mecanismo transitorio para aquellas inversiones 
que están en curso.
En la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se 
modificó el régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones 
económicas con el exterior, añadiendo un nuevo artículo 7 bis a su norma legal reguladora, 
la Ley 19/2003, de 4 de julio. Esta modificación se fundamentaba en la extraordinaria y 
urgente necesidad de introducir mecanismos de autorización previa de determinadas 
inversiones exteriores, a fin de evitar la amenaza de operaciones de adquisición de empresas 
españolas realizadas por parte de inversores extranjeros aprovechando la disminución del 
valor de aquellas por el impacto de la crisis global desencadenada por el COVID-19.
La misma necesidad exige ahora la introducción de nuevas modificaciones en la Ley 
19/2003, de 4 de julio. De una parte, se amplía el ámbito de aplicación de la suspensión 
del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España 
por motivos de seguridad pública, orden público y salud pública en los principales sectores 
estratégicos de nuestro país, que se estableció en el citado artículo 7 bis, de modo que se 
extienda también a las realizadas por inversores residentes en países de la Unión Europea 
y de la Asociación Europea de Libre Comercio, cuando dichos inversores están controlados 
por entidades residentes fuera de ese ámbito territorial. Al mismo tiempo, se considera 
necesario agilizar el procedimiento para la tramitación y resolución de determinadas 
solicitudes de autorización previa de inversiones exteriores, a cuyo fin se introduce en la 
disposición transitoria segunda del presente Real Decreto-ley un régimen procedimental 
transitorio para las operaciones que ya estuvieran en curso al entrar en vigor el nuevo 
artículo 7 bis de la Ley 19/2003 y para aquellas cuyo importe esté comprendido entre 1 y 5 
millones de euros, eximiéndose de la necesidad de autorización previa las operaciones de 
menos de 1 millón de euros.
Con el objetivo de minimizar los desplazamientos de los usuarios, en el artículo 20 del 
Real Decreto-ley 8/2020 se incluyó la suspensión de las campañas comerciales 
extraordinarias de contratación de servicios de comunicaciones electrónicas que 
supusieran la necesidad de llevar a cabo la portabilidad numérica. Asimismo, se 
suspendieron todas las operaciones de portabilidad numérica excepto en casos 
excepcionales de fuerza mayor.
No obstante, dado que no todas las operaciones de portabilidad numérica requieren de 
un desplazamiento físico a los centros de atención al cliente o a los domicilios de los 
usuarios, se modifica dicho artículo para establecer que la suspensión de la portabilidad 
sólo afectará a aquellas operaciones en las que sea necesaria la presencia de los 
operadores involucrados o sus agentes o del usuario, excepto en casos excepcionales de 
fuerza mayor.
Adicionalmente, se refuerza la protección de consumidores y usuarios al prever que 
estos no podrán ver incrementadas en sus tarifas el periodo de tiempo en que, como 
consecuencia de la suspensión, no pueden solicitar un cambio de compañía proveedora 
de servicios de comunicaciones electrónicas. es
Se modifica igualmente el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con el fin de  o
rMleTaeensianct ilnidiaszoaytaelduorr edgiposaíe a sdiq n eeutt  eaeICngmñinraebaosninvé ctcaneiaoc s ril óeroden seIc. nlco niSrooginvsaeatnescmi isóemann , oN laasa  sccyí oi ocennoncamrtlei dodc aiedód eneS  saad cleudl adelar  aysdr  e daqrepeull ceicSh apioscu tieeopdmnúeebansl i  cEpsoser,epr  saubuñnepoinvul eeedfrsiesct iaidCarariiaiedosnes c sddi aeey,l     OE-A-2020-4208able en https://www.
Por otra parte, se incluye al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
entre los sujetos que podrán agilizar las ayudas y aportaciones hacia el sector empresarial 
en toda su amplitud (PYMES, empresas de mediana capitalización y grandes empresas), 
con el fin de fomentar la innovación empresarial en la lucha contra la pandemia, así como 
para garantizar el adecuado funcionamiento del tejido empresarial español en estos 
momentos. Se permitirá así tanto la rápida financiación del desarrollo de prototipos como 
poder disponer la industrialización de productos sanitarios considerados de urgencia.
Asimismo, se modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
para establecer una excepción a la duración de los contratos de servicios ante 
determinadas circunstancias.
En concreto, se permite suspender total o parcialmente los contratos de limpieza y 
seguridad cuando los edificios o instalaciones donde se desarrollan queden clausurados 
total o parcialmente, deviniendo imposible que el contratista preste los servicios.
A los efectos de aplicación del artículo 34 sólo tienen la consideración de contratos 
públicos aquellos que con arreglo a sus pliegos estén sujetos a la Ley de Contratos del 
Sector Público o a la de sectores excluidos.
Los gastos salariales incluyen los relativos a las cotizaciones a la Seguridad Social a 
los efectos de lo establecido en el artículo 34.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se 
regula el Sistema de Formación Profesional Para el Empleo en el ámbito laboral, una de 
las fuentes de financiación del Sistema de Formación Profesional para el Empleo son los 
fondos provenientes de la cuota de formación profesional que aportan las empresas y los 
trabajadores. Así, en la ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año se 
establece la afectación de la cuota de formación profesional a la financiación del Sistema 
de Formación Profesional Para el Empleo, de forma que tales ingresos no podrán aplicarse 
a finalidades distintas.
No obstante, dado el impacto económico ocasionado por las medidas aprobadas para 
hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 se procede a cambiar dicha 
afectación. Por ello, se permite que los ingresos derivados de la cotización por formación 
profesional puedan aplicarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones 
del sistema de protección por desempleo, incluyendo, de esta manera, finalidades más 
amplias que la mera formación profesional para el empleo.
En un contexto como el actual de situación de crisis sanitaria, social, económica, la 
obra social de las fundaciones bancarias adquiere una relevancia aún mayor. Por ello, y 
con el objetivo de garantizar dicha obra social, se propone modificar la Ley 26/2013, de 27 
de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias para extender en 2 años el 
plazo de desinversión previsto para las fundaciones bancarias con participación mayoritaria 
en entidades de crédito.
Se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión colectiva 
para prever expresamente la posibilidad de que la CNMV exija a las Sociedades Gestoras 
de Instituciones de Inversión Colectiva medidas para reforzar la liquidez dirigidas a 
establecer plazos de preaviso que permitan a las Sociedades Gestoras de Instituciones de 
Inversión Colectiva en casos extremos gestionar de modo ordenado y equitativo posibles 
escenarios de acumulación de peticiones de reembolso que podrían afectar a la estabilidad 
y confianza en el sistema financiero. Se añade así una nueva herramienta macroprudencial 
y estaría sujeta a las obligaciones de comunicación a AMCESFI previstas en el artículo 16  es
del Real Decreto 102/2019, de 1 de marzo, por el que se crea la Autoridad Macroprudencial  o
Cdeotnesrmejion aEdostsa absilpideacdto sF irnealanticvioesra a,  lsaes  heesrtraabmVleIiecnet assu m raécgriomperund ejunrcídiailceos .y se desarrollan  OE-A-2020-4208able en https://www.
Por último, ante la situación particular en que se encuentran algunos municipios de  Bc
España, que se encuentran en una situación de confinamiento agravada, en la que no se
permiten los desplazamientos fuera del perímetro de estos municipios, ni actividad 
económica, más allá de aquellos servicios considerados esenciales, en la que los 
trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, no pueden desplazarse hasta su lugar 
de trabajo fuera de este perímetro desde el día 12 de marzo, es necesario adoptar una 
medida que aclare cómo aplicar la prestación por Incapacidad Temporal en los términos 
previstos en el Real Decreto-ley 6/2020.
La adopción de medidas de carácter económico acudiendo al instrumento del real 
decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una 
motivación explícita y razonada de la necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura 
económica exige una rápida respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilación 
en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el 
cauce normativo ordinario podría generar algún perjuicio. El real decreto-ley constituye un 
instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de 
urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional 
(sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de 
julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación concreta, dentro de los 
objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando 
la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Ante la situación que afronta nuestro país por la declaración internacional de pandemia, 
unida a la prórroga de la declaración de estado de alarma, se hace patente la concurrencia 
de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar diversas 
medidas. En el actual escenario de contención y prevención del COVID-19 es urgente y 
necesario atajar la epidemia y evitar su propagación para proteger la salud pública a la vez 
que se adoptan medidas de contenido económico y social para afrontar sus consecuencias 
en la ciudadanía, en particular, en los colectivos vulnerables, y en los agentes económicos 
sin olvidar al propio sector público.
Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se 
inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, 
de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone 
una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019, 
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la 
seguridad jurídica y la salud pública.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el presente real 
decreto-ley se ajusta a los principios de buena regulación.
Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa se fundamenta 
en el interés general que supone atender a las circunstancias sociales y económicas 
excepcionales derivadas de la crisis de salud pública provocada por el COVID-19, siendo 
este el momento de adoptar medidas adicionales para subvenir a estas necesidades y 
constituyendo el real decreto-ley el instrumento más adecuado para garantizar su 
consecución.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación 
imprescindible para lograr el objetivo de garantizar el bienestar de los ciudadanos y 
minimizar el impacto en la actividad económica ante la situación excepcional actual.
Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el 
derecho de la Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios  es
rectores de la política social y económica. o
ydc aedr egnEP aoano vua riced dúumimelatnbiinmncrteiioosa, ,t  a rdeeale  ntipnilv  rGfriaone orclqambiupciaeeiióocr n nindóo oenc.  o sptrneúa  bneelslni cppcaarusirne,e cncnitpocreinioa f j,oud srsemet i efeeicf xieacclid eeaapnr ttcyíúci aaure,nl ose l uos2lts6tee .t 1 rrlá1eam a dmlie tdíe nlesaicm  dLreaeet  yocy ,o-5 lnee0syn/1u  n9tloto9ad 7 iopm,  údcpbeaol sin2coae7,     OE-A-2020-4208able en https://www.
proporcionada, en atención a la situación existente y la necesidad de garantizar el principio 
de eficacia en la aplicación de las medidas adoptadas.
Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por 
su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que 
exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuestos habilitantes para la 
aprobación de un real decreto-ley.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 10.ª, 
13. ª, 14. ª y 18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales; del régimen aduanero y arancelario y comercio exterior; sobre las bases 
y coordinación de la planificación general de la actividad económica; Hacienda general y 
Deuda del Estado; bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas; legislación 
básica sobre contratos y concesiones administrativas.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y de los Ministros de Justicia, de 
Hacienda, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de Educación y Formación 
Profesional, de Trabajo y Economía Social, de Industria, Comercio y Turismo, de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de 
Cultura y Deporte, de Derechos Sociales y Agenda 2030, de Ciencia e Innovación, de 
Consumo, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y de Universidades, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de marzo de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas de apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y colectivos 
vulnerables
Sección 1.ª  Medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables
I
Artículo 1.  Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para 
hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
1.  Una vez levantada la suspensión de todos términos y plazos procesales por la 
finalización del estado de alarma, en la tramitación del procedimiento de desahucio 
regulado en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, derivado de contratos 
de arrendamiento de vivienda sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, en los que la persona arrendataria acredite ante el Juzgado 
encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como 
consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite encontrar 
una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva, esta 
circunstancia será comunicada por el Letrado de la Administración de Justicia a los 
servicios sociales competentes y se iniciará una suspensión extraordinaria del acto de  es
lanzamiento. Si no estuviese señalado, por no haber transcurrido el plazo de diez días a  bo
que se refiere el artículo 440.3 o por no haberse celebrado la vista, se suspenderá dicho  08ww
pseonlactzri2aao.dl  eoas  P elcaano r cmvaei gplqeoeubrtee rda neocte pieósesn rete esd  tlreiaem  alsaelu  ndvs eiopscpetraone rsthtoiuóa-nlnseat yasa.,   qqpuuoeer   ussnee   pareedrfoiioepdrteeo n em ll áaaxspi mamrotea dddieod  asasen isqte umreioe rls,o eslas   sdpeeersvrsdicoeino laas    OE-A-2020-42able en https://
arrendataria deberá acreditar que se encuentra en alguna de las situaciones de
vulnerabilidad económica a que se refiere el artículo 5 del presente real decreto-ley, 
acompañando su escrito de los documentos a que se refiere el artículo 6. Si el Letrado de 
la Administración de Justicia entendiera que concurre la situación de vulnerabilidad 
económica alegada, decretará la suspensión con carácter retroactivo a la fecha en que 
aquella se produjo por el tiempo estrictamente necesario, atendido el informe de los 
servicios sociales. El decreto que fije la suspensión señalará expresamente que, 
transcurrido el plazo fijado, se reanudará el cómputo de los días a que se refiere el artículo 
440.3 o señalará fecha para la vista.
3.  A los efectos previstos en el artículo 150.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, se entenderá que concurre el consentimiento de la persona 
arrendataria por la mera presentación de la solicitud de suspensión.
4.  En caso de que el establecimiento de la suspensión extraordinaria a que se refiere 
el apartado 1 de este artículo afecte a arrendadores que acrediten ante el Juzgado 
encontrarse igualmente en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida 
como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, presentando el escrito 
y los documentos a los que dicho apartado se refiere, el Letrado de la Administración de 
Justicia deberá comunicarlo a los servicios sociales competentes para su consideración en 
el establecimiento del plazo de suspensión extraordinaria y en la definición de las medidas 
de protección social a adoptar.
5.  Se entenderá que concurre el consentimiento del arrendador para hacer la 
comunicación prevenida en el apartado anterior por la mera presentación del escrito 
alegando la situación de vulnerabilidad económica sobrevenida.
Artículo 2.  Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los que, dentro del periodo comprendido 
desde la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el día en que hayan transcurrido 
dos meses desde la finalización del estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, finalice el periodo de prórroga obligatoria 
previsto en el artículo 9.1 o el periodo de prórroga tácita previsto en el artículo 10.1, ambos 
artículos de la referida Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, 
podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del 
contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se 
seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. Esta 
solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se 
fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes.
Artículo 3.  Moratoria de deuda arrendaticia.
Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda arrendaticia 
para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad 
económica a causa del COVID-19, desde este artículo y hasta el artículo 9, ambos incluidos.
Artículo 4.  Aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia en caso de 
grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda.
1.  La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de 
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentre en  es
situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el artículo siguiente, podrá  o
svdciooevnl iiecmsnittáradusrai  d ddoaee  u d lndea i  egmpzreaá rnissn  omdteneuna ee1 adb.5rolre0res,0 n  edmunart2bed, anoendrnaoi e escnl, u dpeaolxan pczdlooou r yd eteeasn lt uadlan o s  pmegeaear ssruao ndjneaeas s  edfyímes i tpclraarae s eostnea jtru rooarís dde,ai nco tea idn uqa nvudaieg  p ossúrue bpdaleie ctr iatefui scdlatieeer     2020-4208n https://www.
real decreto-ley, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre
que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera 
conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.
2.  En el caso de que el acuerdo no se hubiese producido, el arrendador comunicará 
expresamente al arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión, 
escogida entre las siguientes alternativas:
a)  Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el 
estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo 
fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del 
COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses.
b)  Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera 
automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma decretado 
por el Gobierno y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo 
fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del 
COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se 
aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el 
fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del 
momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización 
del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual 
continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas. La 
persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas 
serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses.
3.  Lo dispuesto en los dos apartados anteriores resultará de aplicación a todos los 
arrendamientos correspondientes al Fondo Social de Vivienda derivado del Real Decreto-
ley 27/2012 de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios.
4.  La persona arrendataria podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de 
financiación reguladas por el artículo 9, levantándose la moratoria en el pago de la renta 
arrendaticia regulada por este artículo y el consiguiente fraccionamiento de las cuotas 
preestablecido, en la primera mensualidad de renta en la que dicha financiación esté a 
disposición de la persona obligada a su pago.
Artículo 5.  Definición de la situación de vulnerabilidad económica a efectos de obtener 
moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual.
1.  Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 requerirán la concurrencia conjunta, a los efectos de 
obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual, 
de los siguientes requisitos:
a)  Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en 
situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya 
reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras 
circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando 
por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes 
anterior a la solicitud de la moratoria:
i.  Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM). e.
ii.  Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la  w.b
unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por  08ww
cadaiii .h ijoE estne  elílm ciates os ed ein ucnreidmaedn ftaamrái lieanr  0m,1o nvoepcaerse enlt aIPl.REM por cada persona mayor de 65
añosiv .m  ieEmn bcraos doe  dlae  uqnuied aadl gfaumnoil iadre. los miembros de la unidad familiar tenga declarada
discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le
incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el 
límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los 
incrementos acumulados por hijo a cargo.
v.  En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona 
con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un 
grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con 
discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior 
al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite 
acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite 
previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.
b)  Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o 
igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la 
unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el 
importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua 
corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a 
la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer 
al arrendatario.
2.  A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá por unidad familiar la 
compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su cónyuge no separado 
legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que 
residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o 
acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que 
residan en la vivienda.
3.  No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica a 
consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 a los efectos de 
obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual 
cuando la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad 
familiar que habita aquella sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. 
Se considerará que no concurren estas circunstancias cuando el derecho recaiga 
únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por herencia o 
mediante transmisión mortis causa sin testamento. Se exceptuará de este requisito 
también a quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la 
misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o 
cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna 
de las personas que conforman la unidad de convivencia.
Artículo 6.  Acreditación de las condiciones subjetivas.
1.  La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el artículo 5 se acreditará 
por la persona arrendataria ante la persona arrendadora mediante la presentación de los 
siguientes documentos:
a)  En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la 
entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en 
concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
b)  En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante 
certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano  s
competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de  oe.
cese de actividad declarada por el interesado. w.
c)  Número de personas que habitan en la vivienda habitual: 08ww
i.  Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
vivieiin. daC, ceortnif irceafedroe ndcei ae aml pmaodmroennatom dieen ltao  prreelsaetinvtoa caió lna sd ep elorss odnoacsu meemnptoasd raocnreaddiatast ievons l ay 
a los seis meses anteriores.
iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para 
realizar una actividad laboral.
d)  Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la 
Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
e)  Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los 
requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real 
decreto-ley.
2.  Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos 
requeridos en las letra a) a d) del apartado anterior, podrá sustituirlo mediante una 
declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados 
con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la 
finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la 
aportación de los documentos que no hubiese facilitado.
Artículo 7.  Consecuencias de la aplicación indebida por la persona arrendataria de la 
moratoria excepcional de la deuda arrendaticia y de las ayudas públicas para vivienda 
habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-19.
1.  La persona o personas que se hayan beneficiado de una moratoria de la deuda 
arrendaticia de su vivienda habitual y/o de ayudas públicas para atender al pago de la 
misma sin reunir los requisitos previstos en el artículo 5, serán responsables de los daños 
y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la 
aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro 
orden a que la conducta de los mismos pudiera dar lugar.
2.  El importe de los daños, perjuicios y gastos no podrá ser inferior al beneficio 
indebidamente obtenido por la persona arrendataria por la aplicación de la norma, la cual 
incurrirá en responsabilidad, también, en los casos en los que, voluntaria y deliberadamente, 
busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica con la 
finalidad de obtener la aplicación de las medidas reguladas por este real decreto-ley.
Artículo 8.  Modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractuales de 
arrendamiento en el caso de arrendadores no comprendidos entre los recogidos en el 
artículo 4 como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19.
1.  La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de 
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos que se encuentre en 
situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el artículo 5, podrá solicitar 
de la persona arrendadora, cuando esta no sea ninguna de las comprendidas en el 
artículo 4, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Real decreto Ley y en 
los términos recogidos en los apartados 2 a 4 siguientes, el aplazamiento temporal y 
extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación 
total o parcial de la misma no se hubiera acordado previamente entre ambas partes con 
carácter voluntario.
2.  Una vez recibida la solicitud, la persona arrendadora comunicará a la arrendataria, 
en el plazo máximo de 7 días laborables, las condiciones de aplazamiento o de 
fraccionamiento aplazado de la deuda que acepta o, en su defecto, las posibles alternativas 
que plantea en relación con las mismas. s
3.  Si la persona física arrendadora no aceptare ningún acuerdo sobre el aplazamiento  e.
y, en cualquier caso, cuando la persona arrendataria se encuentre en la situación de  w.
vulnerabilidad sobrevenida referida en el artículo 5, esta podrá tener acceso al programa  08ww
de ayudas transitorias de financiación reguladas por el artículo siguiente.
Artículo 9.  Aprobación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de 
la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica como 
consecuencia de la expansión del COVID-19.
1.  Con objeto de proporcionar cobertura financiera para hacer frente a los gastos de 
vivienda por parte de los hogares que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad 
social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19, se autoriza al 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que, mediante acuerdo con el 
Instituto de Crédito Oficial, por un plazo de hasta catorce años, se desarrolle una línea de 
avales con total cobertura del Estado, para que las entidades bancarias puedan ofrecer 
ayudas transitorias de financiación a las personas que se encuentren en la referida 
situación de vulnerabilidad, con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable 
excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo de 
gastos e intereses para el solicitante.
2.  Las ayudas transitorias de financiación serán finalistas, debiendo dedicarse al 
pago de la renta del arrendamiento de vivienda y podrán cubrir un importe máximo de seis 
mensualidades de renta.
3.  A estas ayudas transitorias de financiación podrán acceder todos aquellos 
arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida como 
consecuencia de la expansión del COVID-19, de acuerdo con los criterios y requisitos que 
se definan a través de una Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, que incluirán en todo caso, y como mínimo, las situaciones definidas en el 
artículo 5 del presente real decreto-ley. Dicha Orden no precisará desarrollo normativo 
posterior para su aplicación y cumplirá en todo caso con la normativa de la Unión Europea 
en materia de ayudas de Estado.
Artículo 10.  Nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico 
y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.
1.  Mediante Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se 
incorporará al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 regulado en el Real Decreto 106/2018, 
de 9 de marzo, un nuevo programa de ayudas al alquiler, denominado «Programa de 
ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 
alquileres de vivienda habitual».
2.  Este programa tendrá por objeto la concesión de ayudas al alquiler, mediante 
adjudicación directa, a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como 
consecuencia del impacto económico y social del COVID-19, tengan problemas transitorios 
para atender al pago parcial o total del alquiler y encajen en los supuestos de vulnerabilidad 
económica y social sobrevenida que se definan y que incluirán en todo caso, y como 
mínimo, las situaciones definidas en el artículo 5 del presente real decreto-ley.
Así y sin menoscabo de otras actuaciones, este programa tendrá la finalidad de hacer 
frente a la dificultad en la devolución de aquellas ayudas transitorias de financiación 
contraídas por hogares vulnerables que no se hayan recuperado de su situación de 
vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la crisis del COVID-19 y que, por tanto, 
no puedan hacer frente a la devolución de dichos préstamos.
3.  Podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las personas físicas que, en 
su condición de arrendatarios de vivienda habitual encajen en los supuestos de 
vulnerabilidad económica y social sobrevenida referidas en el apartado anterior, 
presentando problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler. e.e
4.  La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de  b
la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo  08ww
qhaubei tsuea l.h Sayeará nsu lossc róitrog acnoons  eclo qmupee tseen theasy dae  scaatdisafe Ccohmo uenl idpaadg oA udteó nlao mrean yt ad ed ela sla C viuivdieanddeas 
dlíme iCteesu etas tya bdlee cMideolisll ap aloras  qeustee  dperotegrrmaminean. A la e csutoasn etífae cetxoasc ptao ddreá ne satadsju anytaurd uans ,i ndfeonrmtroe  ddee  llooss 
servicios sociales autonómicos o locales correspondientes, en el que se atienda y valoren
las circunstancias excepcionales y sobrevenidas de la persona beneficiaria como 
consecuencia del impacto económico y social del COVID-19.
Artículo 11.  Sustitución del programa de ayuda a las personas en situación de desahucio 
o lanzamiento de su vivienda habitual por el nuevo programa de ayuda a las víctimas 
de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas 
sin hogar y otras personas especialmente vulnerables regulado en artículo siguiente.
1.  Mediante Orden Ministerial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana se sustituirá el Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o 
lanzamiento de su vivienda habitual del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado en 
el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el nuevo «Programa de ayuda a las víctimas 
de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas 
sin hogar y otras personas especialmente vulnerables».
2.  Este nuevo programa tendrá por objeto facilitar una solución habitacional inmediata 
a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su 
vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables.
3.  Podrán ser beneficiarias de las ayudas de este programa las personas referidas en el 
apartado anterior y las administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo 
de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea 
dotar de una solución habitacional a aquellas personas y por cuenta de las mismas.
Artículo 12.  Modificación del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler.
1.  Mediante Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se 
modificará el programa de fomento del parque de vivienda en alquiler. Dicha modificación 
respetará en su integridad el programa ahora existente, pero incorporando un nuevo 
supuesto que posibilite destinar las ayudas a la compra de viviendas con objeto de 
incrementar el parque público de viviendas.
2.  Podrán obtener ayudas en este nuevo supuesto las viviendas que, de forma 
individualizada o en bloque, sean adquiridas por las Administraciones Públicas, los 
organismos públicos y demás entidades de derecho público, así como las empresas 
públicas y las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro, con objeto de incrementar el 
parque público de viviendas destinadas al alquiler o cesión en uso social.
Artículo 13.  Autorización para transferir anticipadamente a las Comunidades Autónomas 
y a las Ciudades de Ceuta y de Melilla los fondos comprometidos por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en los convenios suscritos para la ejecución 
del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
1.  Se autoriza al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a transferir a 
las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y de Melilla el 100% de los fondos 
comprometidos para el año 2020 en los convenios para la ejecución del Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021, en concreto 346.637.200 euros consignados en la partida 
presupuestaria 17.09.261N.753, sin esperar a la adquisición del compromiso financiero por 
parte de aquellas ni a cualquier otro requisito exigido en los convenios.
2.  Se autoriza asimismo al citado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana a transferir a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y de Melilla 
el 100% de los fondos comprometidos para el año 2021 en los convenios para la ejecución  es
del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en concreto 354.255.600 euros, en el primer  o
taArqirmtuíeecluslatlrose   n1di 4ea .  2c0uA2a1luq,tu osireiinrz  aoectsriopó enrer aqpru aaisr ailtao   laeadx iqdguiisdispoi oceisónin cl oiódsne cl  oicnnomvmeepndriooiasmt.ais od efin alonsc ieforon dpoosr  paaúrtne  ndoe   2020-4208n https://www.
comprometidos por las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y de Melilla
para la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, en aplicación  Bc
del nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y 
social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.
Se autoriza a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y de Melilla a 
disponer de los fondos comprometidos por el Ministerio de Fomento (actualmente 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) en los convenios para la ejecución 
del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y que no hubieran sido comprometidos, a su vez, 
por las mismas, para la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, en 
aplicación del nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico 
y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.
Esta autorización se entiende sin necesidad del Acuerdo previo de la Comisión Bilateral 
de Seguimiento que, de conformidad con el apartado 5 del artículo 6 del Real Decreto 
106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, 
debiera formalizarse para redistribuir las aportaciones estatales entre los distintos 
programas del Plan. Esta Comisión dará cuenta a posteriori de la redistribución generada 
como consecuencia de la disposición de fondos referida en este artículo.
Artículo 15.  No sujeción del nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el 
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual a la 
cofinanciación autonómica establecida en el artículo 6 del Real Decreto 106/2018, de 9 
de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Los apartados 2 y 3 del artículo 6 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el 
que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, no serán de aplicación a los fondos 
estatales que las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y de Melilla 
comprometan en el programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico 
y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.
II
Artículo 16.  Definición de vulnerabilidad económica a los efectos de la moratoria 
hipotecaria y del crédito de financiación no hipotecaria.
1.  Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 a efectos de este real decreto-ley y del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, quedan definidos por el cumplimiento conjunto de las 
siguientes condiciones:
a)  Que el potencial beneficiario pase a estar en situación de desempleo o, en caso 
de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída 
sustancial en su facturación de al menos un 40%. A los efectos de este artículo tendrán la 
consideración de empresarios y profesionales las personas físicas que cumplan las 
condiciones previstas en el artículo 5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.
b)  Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, 
en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:
i.  Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).
ii.  Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la  e.
unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por  w.
cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental. 08ww
añosiii .m  ieEmstber olí mdeite la s eu ninidcaredm faemntialiarár. en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65
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incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el
límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los 
incrementos acumulados por hijo a cargo.
v.  En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con 
enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, 
con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los 
casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, 
para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco 
veces el IPREM.
c)  Que el total de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles a los que se refiere 
el artículo 19, más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35 por cien 
de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A 
estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los 
suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios 
de telecomunicación fija y móvil y las contribuciones a la comunidad de propietarios. Solo 
tendrán la consideración de «gastos y suministros básicos» los suministrados en la 
vivienda habitual de la unidad familiar.
d)  Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una 
alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de 
acceso a la vivienda, A tal fin, se entenderá que se ha producido una alteración significativa 
de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente el total de la carga 
hipotecaria, entendida como la suma de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles a 
los que se refiere el artículo 19 sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.
A los efectos del presente real decreto-ley, se entiende por unidad familiar la compuesta 
por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, 
con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por 
una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente 
o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.
A los efectos del presente real decreto-ley se entiende por potencial beneficiario a 
quienes estén haciendo frente a una deuda hipotecaria conforme al artículo 19.
2.  En ningún caso resultará de aplicación esta definición para los consumidores 
vulnerables en el ámbito del agua, el gas natural y la electricidad en los términos del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y de este real decreto-ley, ni para la moratoria de 
deuda arrendaticia a la que se refiere el artículo 3.
Artículo 17.  Acreditación de las condiciones subjetivas.
1.  La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el artículo 16 se acreditará 
por el potencial beneficiario mediante la presentación de los siguientes documentos:
a)  En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la 
entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en 
concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
b)  En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante 
certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de 
cese de actividad declarada por el interesado. s
c)  Número de personas que habitan la vivienda: oe.
i.  Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho. 08ww
vivieiin. daC, ceortnif irceafedroe ndcei ae aml pmaodmroennatom dieen ltao  prreelsaetinvtoa caió lna sd ep elorss odnoacsu meemnptoasd raocnreaddiatast ievons l ay 
a losii i.s eiDs emcelasreasc iaónnt edreio dreissc.apacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para
realizar una actividad laboral.
d)  Titularidad de los bienes:
i.  Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los 
miembros de la unidad familiar.
ii.  Escrituras de compraventa de la vivienda habitual, de la vivienda en alquiler, o del 
inmueble afecto a la actividad económica y de concesión del préstamo o préstamos con 
garantía hipotecaria en el caso de que se solicite una moratoria de la deuda hipotecaria.
e)  En el caso de que se solicite la moratoria de la deuda hipotecaria por el préstamo 
hipotecario por una vivienda en alquiler conforme a la letra c) del artículo 19, deberá 
aportarse el correspondiente contrato de arrendamiento.
f)  Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los 
requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real 
decreto-ley.
2.  Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos 
requeridos en las letras a) a e) del apartado anterior, podrá sustituirlo mediante una 
declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados 
con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la 
finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la 
aportación de los documentos que no hubiese facilitado.
Artículo 18.  Definición de la situación de vulnerabilidad económica y acreditación 
derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria.
1.  Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 derivadas de los contratos de crédito sin garantía 
hipotecaria son los establecidos en el artículo 16 del presente real decreto-ley, con las 
siguientes especialidades:
a)  Si la persona física fuera beneficiaria a su vez de la moratoria establecida en el 
artículo 7 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se tendrá en cuenta su 
aplicación a efectos del cálculo previsto en el artículo 16.1.c) y d) de este real decreto-ley, 
para la suspensión de las obligaciones derivadas de los créditos o préstamos sin garantía 
hipotecaria establecida en este real decreto-ley.
b)  Si el potencial beneficiario no tuviera contratado un préstamo hipotecario y sin 
embargo, tuviera que hacer frente al pago periódico, o bien de una renta por alquiler de su 
vivienda habitual, o bien de cualquier tipo de financiación sin garantía hipotecaria frente a 
una entidad financiera, o a ambas simultáneamente, se sustituirá el importe de la cuota 
hipotecaria por la suma total de dichos importes, incluyendo la renta por alquiler aunque 
sea objeto de moratoria conforme al artículo 3, a efectos de los cálculos referidos en el 
artículo 16.1 letras c) y d). Asimismo, a efectos del cálculo de la carga hipotecaria conforme 
al artículo 16, se utilizará la suma total de dichos importes. Si el potencial beneficiario 
tuviera que hacer frente a un único préstamo sin garantía hipotecaria y no tuviera que 
hacer frente al pago periódico de una renta por alquiler de su vivienda habitual, se tendrá 
en cuenta sólo dicho préstamo sin garantía hipotecaria a los efectos anteriores.
2.  La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior se 
acreditará por el deudor ante el acreedor mediante la presentación de la documentación 
establecida en el artículo 17 del presente real decreto-ley. El importe de los pagos 
periódicos para la devolución de la financiación sin garantía hipotecaria se acreditará  e.
mediante la aportación del correspondiente contrato suscrito con la entidad financiera. w.b
III
Artículo 19.  Moratoria de deuda hipotecaria.
La deuda hipotecaria o los préstamos hipotecarios a los que se refieren los artículos 7 
a 16 ter del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, serán la deuda hipotecaria contraída 
o los préstamos hipotecarios contratados para la adquisición de:
a)  La vivienda habitual.
b)  Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y 
profesionales a los que se refiere la letra a) del artículo 16.1.
c)  Viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y para las que el deudor 
hipotecario persona física, propietario y arrendador de dichas viviendas, haya dejado de 
percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de alarma decretado por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o deje de percibirla hasta un mes después de 
la finalización del mismo.
Artículo 20.  Aplicación del artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a las 
Entidades Locales.
1.  A los efectos de la aplicación del último párrafo del artículo 3 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, el importe que podrá destinar cada entidad local al 
gasto al que se refiere dicho precepto será, como máximo, equivalente al 20% del saldo 
positivo definido en la letra c) del apartado 2 de la disposición adicional sexta de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2.  Para la aplicación del superávit a la política de gasto 23 en los términos regulados 
en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la modificación presupuestaria 
de crédito extraordinario para habilitar crédito o de suplemento de créditos que deba 
aprobarse, se tramitará por decreto o resolución del Presidente de la corporación local sin 
que le sean de aplicación las normas sobre reclamación y publicidad de los presupuestos 
a que se refiere el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tales decretos o resoluciones serán objeto de convalidación en el primer Pleno 
posterior que se celebre, exigiéndose para ello el voto favorable de una mayoría simple y 
la posterior publicación en el Boletín Oficial correspondiente.
La falta de convalidación plenaria no tendrá efectos anulatorios ni suspensivos del 
decreto aprobado, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía de la reclamación 
económico-administrativa, para lo que el cómputo de plazos se producirá a partir de la 
fecha de publicación del acuerdo plenario.
3.  Para el seguimiento por el órgano competente del Ministerio de Hacienda, las 
Entidades Locales deberán remitir cumplimentado el formulario recogido en el Anexo III de 
este real decreto-ley. Esta obligación de remisión de información se establece en desarrollo 
del principio de transparencia reconocido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, por lo 
que deberá atenderse centralizando dicha remisión a través de la intervención o unidad 
que ejerza sus funciones.
La información será remitida por medios electrónicos a través de los modelos 
normalizados y sistema que el Ministerio de Hacienda habilite al efecto, y mediante firma 
electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003,  es
de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos en los que el Ministerio  o
de Hacienda considere que no es necesaria su utilización. 08www.
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referido a los plazos establecidos, el correcto contenido e idoneidad de los datos o el modo
de envío derivados de las disposiciones de este real decreto-ley podrá llevar aparejada la 
imposición de las medidas previstas en los artículos 20 y siguientes de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, previo requerimiento a la Corporación Local para su cumplimiento 
en un plazo de 10 días hábiles. Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que 
corresponda, el Ministerio de Hacienda podrá dar publicidad a los requerimientos 
efectuados o al incumplimiento de los mismos.
6.  El Ministerio de Hacienda podrá difundir o publicar la información remitida en virtud 
del presente real decreto-ley con el alcance, contenido y metodología que determine.
IV
Artículo 21.  Suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin 
garantía hipotecaria.
1.  Se establecen medidas conducentes a procurar la suspensión temporal de las 
obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria 
que estuviera vigente a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, cuando esté 
contratado por una persona física que se encuentre en situación de vulnerabilidad 
económica, en la forma definida en el artículo 16, como consecuencia de la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19.
2.  Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del 
deudor principal en los que concurran las circunstancias señaladas en el artículo 16.
Artículo 22.  Fiadores o avalistas.
Los fiadores o avalistas a los que les resulte de aplicación la suspensión de las 
obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria podrán exigir que 
el acreedor agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamarles la deuda garantizada, 
aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión.
Artículo 23.  Solicitud de la suspensión.
Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación de la suspensión de las 
obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria podrán solicitar 
del acreedor, hasta un mes después del fin de la vigencia del estado de alarma, la 
suspensión de sus obligaciones. Los deudores acompañarán, junto a la solicitud de 
suspensión, la documentación prevista en el artículo 17.
Artículo 24.  Concesión de la suspensión.
1.  Una vez realizada la solicitud de la suspensión a la que se refiere el artículo 23 de 
este real decreto-ley y acreditada la situación de vulnerabilidad económica, el acreedor 
procederá a la suspensión automática de las obligaciones derivadas del crédito sin 
garantía hipotecaria.
2.  Al igual que en la moratoria de los préstamos hipotecarios regulada en los 
artículos 7 a 16 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la aplicación de la suspensión 
no requerirá acuerdo entre las partes para que surta efectos, ni novación contractual alguna. 
La suspensión de las obligaciones contractuales surtirá efectos desde la solicitud del deudor 
al acreedor, acompañada de la documentación requerida, a través de cualquier medio. No  s
obstante, si el crédito o préstamo estuviera garantizado mediante algún derecho inscribible  oe.
distinto de la hipoteca o hubiera accedido al Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles  w.
a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 15 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de  08ww
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moratoria no se considerarán vencidos.
4.  La suspensión tendrá una duración de tres meses ampliables mediante Acuerdo 
de Consejo de Ministros.
5.  Cuando prestamista y prestatario beneficiario de la moratoria acuerden una 
novación, como consecuencia de la modificación del clausulado del contrato en aspectos 
distintos a la suspensión a la que se refiere el artículo 13 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, incorporarán, además de aquellos otros aspectos que las partes pacten, 
la suspensión de las obligaciones contractuales impuestas por este real decreto-ley y 
solicitadas por el deudor, así como el no devengo de intereses durante la vigencia de la 
suspensión.
6.  Durante la vigencia del estado de alarma y hasta que vuelva a restablecerse 
plenamente la libertad deambulatoria, no podrán formalizarse las escrituras públicas a que 
se refiere el apartado 2. No obstante, ello no suspenderá la aplicación de la moratoria, que 
deberá aplicarse automáticamente, se haya formalizado o no aún dicha suspensión en 
escritura.
Artículo 25.  Efectos de la suspensión.
1.  Durante el periodo de vigencia de la suspensión:
a)  El acreedor no podrá exigir el pago de la cuota, ni de ninguno de los conceptos que 
la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni parcialmente.
b)  No se devengarán ningún tipo de intereses, ni ordinarios, ni de demora.
2.  La fecha del vencimiento acordada en el contrato se ampliará, como consecuencia 
de la suspensión, por el tiempo de duración de esta, sin modificación alguna del resto de 
las condiciones pactadas. Tratándose de bienes o derechos inscribibles se ajustarán a su 
propia normativa, de acuerdo con las reglas generales, y lo dispuesto en el apartado 
segundo del artículo anterior.
3.  La suspensión en el pago de intereses no será aplicable a deudores o contratos 
distintos de los regulados en el presente real decreto-ley.
Artículo 26.  Consecuencias de la actuación fraudulenta del deudor en relación con la 
suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía 
hipotecaria.
Se aplicará al deudor que se hubiese beneficiado en fraude de ley de las medidas de 
suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía 
hipotecaria lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Artículo 27.  Régimen de supervisión y sanción.
1.  Las entidades prestamistas supervisadas por el Banco de España remitirán cada 
día hábil a esta autoridad la siguiente información referida al día hábil precedente:
a)  Número de solicitudes de suspensión presentadas por deudores.
b)  Número de suspensiones concedidas.
c)  Número de beneficiarios de la suspensión, desagregados, por un lado, en 
deudores y avalistas y, por otro lado, en autónomos y asalariados.
d)  Número de préstamos cuyo pago se ha suspendido.
e)  Saldo vivo pendiente de amortización cuyo pago se suspende. es
f)  CNAE de la actividad que venía realizando el deudor. bo
2.  Los artículos 21 a 26 y el apartado primero de este artículo tendrán la consideración  08ww
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Artículo 28.  Derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos 
que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como 
consecuencia del COVID-19.
1.  Tendrán consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual y en 
los términos recogidos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula 
la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los 
consumidores domésticos, los consumidores que, cumpliendo el requisito de renta del 
apartado 2, acrediten con fecha posterior a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, que el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su 
unidad familiar, profesionales por cuenta propia o autónomos, tienen derecho a la 
prestación por cese total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el 
mes anterior al que se solicita el bono social reducida en, al menos, un 75 por ciento en 
relación con el promedio de facturación del semestre anterior, en los términos establecidos 
en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual del profesional por cuenta 
propia o autónomo esté a nombre de la persona jurídica, el bono social deberá solicitarse 
para la persona física, lo que implicará un cambio de titularidad del contrato de suministro.
2.  Para poder adquirir la condición de consumidor vulnerable referida en el apartado 
anterior, será condición necesaria que la renta del titular del punto de suministro o, caso de 
formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta anual de la unidad familiar a la que 
pertenezca, calculada de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 de la Orden 
ETU/943/2016, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 
de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras 
medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, sea igual 
o inferior:
– a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 
pagas, en el caso de que el titular del punto de suministro no forme parte de una unidad 
familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar;
– a 3 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la 
unidad familiar;
– a 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en 
la unidad familiar.
A estos efectos, se considera unidad familiar a la constituida conforme a lo dispuesto 
en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
3.  La condición de consumidor vulnerable definida en los apartados anteriores y, por 
tanto, el derecho a percibir el bono social en los términos que corresponda, se extinguirá 
cuando dejen de concurrir las circunstancias referidas, estando obligado el consumidor a 
comunicar este hecho al comercializador de referencia.
En ningún caso la consideración de consumidor vulnerable por el cumplimiento de los 
apartados anteriores se extenderá más de 6 meses desde su devengo, sin perjuicio de la 
posibilidad de acogerse a dicha condición en cualquier momento anterior o posterior a esa 
fecha al amparo del resto de supuestos previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de 
octubre.
La empresa comercializadora de referencia estará obligada a indicar al consumidor, en  es
la última factura que emita antes del vencimiento del plazo de 6 meses, la fecha de tal  bo
vencimiento, informando de que, una vez superado dicho plazo, el consumidor pasará a  08ww
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anteriores y solicitar la percepción del bono social, el consumidor remitirá a un
comercializador de referencia, a través de la dirección de correo electrónico que aparezca 
en su página web, el modelo de solicitud definido en el Anexo IV junto con la siguiente 
documentación acreditativa:
– Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme parte 
de una unidad familiar, copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros para los que 
dicho documento sea obligatorio.
– Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular de punto 
de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar.
– Libro de familia, en el caso de que exista unidad familiar.
– Acreditación de su condición conforme el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. En particular, cuando el trabajador autónomo se encuentre en el supuesto de 
cese de actividad, la acreditación se realizará mediante certificado expedido por la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, 
en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el 
interesado.
La comercializadora de referencia remitirá al titular del punto de suministro un correo 
electrónico de confirmación de recepción de la solicitud.
Por orden de la Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, se podrá modificar el modelo de solicitud que se establece en el Anexo IV.
V
Artículo 29.  Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del 
petróleo, gas natural y agua.
Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse 
el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases 
manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores 
personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, 
de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de 
suministro o acceso suscritos por los consumidores de conformidad con la normativa 
sectorial que les resulte aplicación en cada caso.
Para acreditar ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda 
habitual, el consumidor podrá emplear cualquier medio documental que acredite de 
manera fehaciente dicha circunstancia.
Asimismo, el periodo durante el que esté en vigor el estado de alarma no computará a 
efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la 
suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente o en los 
contratos de suministro en su caso.
VI
Artículo 30.  Beneficiarios del subsidio extraordinario por falta de actividad para las 
personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen 
General de la Seguridad Social.
1.  Tendrán derecho al subsidio extraordinario por falta de actividad las personas que,  bo
estando de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de  08ww
la Seguridad Social antes la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
– Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin 
de reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su voluntad, en uno o varios 
domicilios y con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.
– Se haya extinguido su contrato de trabajo por la causa de despido recogida en el 
artículo 49.1.k del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o por el desistimiento del 
empleador o empleadora, en los términos previstos en el artículo 11.3 del Real Decreto 
1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial del servicio del hogar familiar, con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.
2.  La acreditación del hecho causante deberá efectuarse por medio de una 
declaración responsable, firmada por la persona empleadora o personas empleadoras, 
respecto de las cuales se haya producido la disminución total o parcial de servicios. En el 
supuesto de extinción del contrato de trabajo, este podrá acreditarse por medio de carta 
de  despido,  comunicación  del  desistimiento  de  la  empleadora  o  empleador,  o 
documentación acreditativa de la baja en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del 
Régimen General de la Seguridad Social.
Artículo 31.  Cuantía del subsidio.
1.  La cuantía del subsidio extraordinario por falta de actividad será el resultado de 
aplicar a la base reguladora correspondiente a la actividad que se hubiera dejado de 
desempeñar el porcentaje determinado en este apartado.
2.  La base reguladora diaria de la prestación estará constituida por la base de 
cotización del empleado de hogar correspondiente al mes anterior al hecho causante, 
dividida entre 30.
Si fueran varios los trabajos desempeñados en este sistema especial, se calculará la 
base reguladora correspondiente a cada uno de los distintos trabajos que hubieran dejado 
de realizarse.
3.  La cuantía del subsidio será el resultado de aplicar un porcentaje del setenta por 
ciento a la base reguladora referida, y no podrá ser superior al Salario Mínimo Interprofesional, 
excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. En el caso de pérdida parcial de 
la actividad, la cuantía del subsidio indicada se percibirá en proporción directa al porcentaje 
de reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora.
Cuando fueran varios los trabajos desempeñados, la cuantía total del subsidio será la 
suma de las cantidades obtenidas aplicando a las distintas bases reguladoras 
correspondientes a cada uno de los distintos trabajos el porcentaje del setenta por ciento, 
teniendo dicha cuantía total el mismo límite previsto en el apartado anterior. En el caso de 
pérdida parcial de la actividad, en todos o alguno de los trabajos desempeñados, se 
aplicará a cada una de las cantidades obtenidas el porcentaje de reducción de jornada que 
haya experimentado la persona trabajadora en la actividad correspondiente; si la cuantía 
total del subsidio, previamente a la aplicación de dichos porcentajes, alcanzara el importe 
del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias, se prorrateará dicho importe entre todos los trabajos desempeñados 
atendiendo a la cuantía de las bases de cotización durante el mes anterior al hecho 
causante de cada uno de ellos, aplicándose a las cantidades así obtenidas el porcentaje  es
de reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora en la actividad  o
correspondiente. 08ww
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actividad, o la fecha de baja en la Seguridad Social, en el caso del fin de la relación laboral.
Artículo 32.  Compatibilidades e incompatibilidades del subsidio extraordinario.
1.  El subsidio extraordinario por falta de actividad será compatible con las 
percepciones derivadas de las actividades por cuenta propia o por cuenta ajena que se 
estuvieran desarrollando en el momento de su devengo, incluyendo las que determinan el 
alta en el Sistema Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar del 
Régimen General de la Seguridad Social, siempre que la suma de los ingresos derivados 
del subsidio y el resto de actividades no sea superior al Salario Mínimo Interprofesional.
2.  El subsidio extraordinario por falta de actividad será incompatible con el subsidio 
por incapacidad temporal y con el permiso retribuido recuperable regulado en el Real 
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso para las personas 
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
Artículo 33.  Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal.
1.  Serán  beneficiarias del subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato 
temporal las personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un contrato de duración 
determinada de, al menos, dos meses de duración, con posterioridad a la entrada en vigor 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no contaran con 
la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio si carecieran de rentas en 
los términos establecidos en el artículo 275 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Este subsidio será reconocido a las personas afectadas, en los términos referidos en 
el párrafo anterior, por la extinción de un contrato de duración determinada, incluidos los 
contratos de interinidad, formativos y de relevo, y que cumplan el resto de requisitos 
previstos en este artículo.
2.  El subsidio de desempleo excepcional será incompatible con la percepción de 
cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas 
por cualquier Administración Pública.
3.  El subsidio excepcional consistirá en una ayuda mensual del 80 por ciento del 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual vigente.
4.  La duración de este subsidio excepcional será de un mes, ampliable si así se 
determina por Real Decreto-ley.
Sección 2.ª  Medidas de apoyo a los autónomos
Artículo 34.  Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social.
1.  Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de 
seis meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en 
cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y 
condiciones que se establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos. La moratoria en los casos que sea concedida afectará al pago de sus 
cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período 
de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio 
de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020,  e
siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado  bo
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 08ww
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en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SEDESS).
Las empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código de 
cuenta de cotización donde figuren de alta los trabajadores respecto de los que se solicita 
la moratoria en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de 
recaudación conjunta.
La Tesorería General de la Seguridad Social podrá habilitar cualquier otro medio 
electrónico distinto al Sistema RED o SEDESS para que se efectúe la solicitud.
A estos efectos, la comunicación, a través de los medios indicados, de la identificación 
del código de cuenta de cotización y del período de devengo objeto de la moratoria, tendrá 
la consideración de solicitud de esta.
3.  Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General de la 
Seguridad Social dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de 
ingreso correspondientes a los períodos de devengo señalados en el apartado primero, sin 
que en ningún caso proceda la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario 
de ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha solicitud.
4.  La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los tres meses siguientes 
al de la solicitud, a través de los medios señalados en el apartado segundo de este artículo. 
No obstante, se considerará realizada dicha comunicación con la efectiva aplicación de la 
moratoria por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en las liquidaciones de 
cuotas que se practiquen a partir del momento en que se presente la solicitud.
5.  Esta moratoria no será de aplicación a los códigos de cuenta de cotización por los 
que las empresas hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial así 
como en las cuotas de recaudación conjunta, regulada en el artículo 24 Del Real Decreto Ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, como consecuencia de los procedimientos de suspensión 
de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor a que se refiere dicho artículo.
6.  En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, las solicitudes presentadas por las empresas, o por los trabajadores por cuenta 
propia, que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a 
las sanciones correspondientes.
Se considerará a estos efectos como falsedad o incorrección haber comunicado a la 
Tesorería General de la Seguridad Social en la solicitud de inscripción como empresa, o 
en el alta del trabajador en el correspondiente Régimen Especial, o en variación de datos 
posterior a la inscripción, o al alta, una actividad económica falsa o incorrecta, así como 
aquellos otros datos que determinen la existencia de las condiciones y requisitos a los que 
se refiere el apartado primero.
El reconocimiento indebido de moratorias como consecuencia de alguno de los 
incumplimientos previstos en el párrafo anterior, dará lugar a la revisión de oficio del acto 
de reconocimiento de la moratoria. En tales supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa, o el trabajador por cuenta 
propia, resultarán de aplicación a las cuotas a las que se hubiese aplicado indebidamente 
la moratoria el correspondiente recargo e intereses, de conformidad con lo establecido en 
el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.
Artículo 35.  Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social.
Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de 
la Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión 
electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no  e.
tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus  w.
deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los  08ww
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efectuarse antes del transcurso de los diez primeros naturales del plazo reglamentario de 
ingreso anteriormente señalado.
Sección 3.ª  Medidas de protección de consumidores
Artículo 36.  Derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte 
de los consumidores y usuarios.
1.  Si como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado 
de alarma los contratos suscritos por los consumidores y usuarios, ya sean de compraventa 
de bienes o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, resultasen de 
imposible cumplimiento, el consumidor y usuario tendrán derecho a resolver el contrato 
durante un plazo de 14 días. La pretensión de resolución sólo podrá ser estimada cuando 
no quepa obtener de la propuesta o propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las 
partes, sobre la base de la buena fe, una solución que restaure la reciprocidad de intereses 
del contrato. Las propuestas de revisión podrán abarcar, entre otras, el ofrecimiento de 
bonos o vales sustitutorios al reembolso. A estos efectos, se entenderá que no cabe 
obtener propuesta de revisión cuando haya transcurrido un periodo de 60 días desde la 
imposible ejecución del contrato sin que haya acuerdo entre las partes sobre la propuesta 
de revisión.
2.  En los supuestos en los que el cumplimiento del contrato resulte imposible de 
acuerdo con el apartado anterior, el empresario estará obligado a devolver las sumas 
abonadas por el consumidor o usuario, salvo gastos incurridos debidamente desglosados 
y facilitados al consumidor, en la misma forma en que se realizó el pago en un plazo 
máximo de 14 días, salvo aceptación expresa de condiciones distintas por parte del 
consumidor y usuario.
3.  Respecto de los contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo, la 
empresa prestadora de servicios podrá ofrecer opciones de recuperación del servicio a 
posteriori y sólo si el consumidor no pudiera o no aceptara dicha recuperación entonces se 
procedería a la devolución de los importes ya abonados en la parte correspondiente al 
periodo del servicio no prestado por dicha causa o, bajo la aceptación del consumidor, a 
minorar la cuantía que resulte de las futuras cuotas a imputar por la prestación del servicio. 
Asimismo, la empresa prestadora de servicios se abstendrá de presentar a cobro nuevas 
mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad, sin que ello dé lugar 
a la rescisión del contrato, salvo por la voluntad de ambas partes.
4.  En el supuesto de que se trate de contratos de viaje combinado, que hayan sido 
cancelados con motivo del COVID19, el organizador o, en su caso el minorista, podrán 
entregar al consumidor o usuario un bono para ser utilizado dentro de un año desde la 
finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al 
reembolso que hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del bono sin 
haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier 
pago realizado. En cualquier caso, el eventual ofrecimiento de un bono sustitutorio 
temporal deberá contar con el suficiente respaldo financiero que garantice su ejecución.
No obstante lo anterior, el organizador, o en su caso el minorista, deberán proceder a 
efectuar el reembolso a los consumidores y usuarios en el supuesto de que estos 
solicitaran la resolución del contrato, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del 
artículo 160 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, siempre que los proveedores de servicios  e.
incluidos en el contrato de viaje combinado hubieran procedido a la devolución total del  w.b
importe correspondiente a sus servicios. Si solo algunos de los proveedores de servicios  08ww
dlae lc vuiaanjetí ac odmebviunealdtao  peofer cctaudaara nu nlao  ddeev oellulocsió fnu earla o rpgaarnciiazal, deolr  coo, nesnu msuid coars oo , uasl umairnioo rtiesntad,r áo 
ddeesreccohnota daol  rdeeel mimbpoolsrtoe  pdaerl cbiaoln oc oernretrsepgoanddoi epnotre l aa r elasso lduceivóonl udceilo cnoenst reafteoc.tuadas, siendo
El organizador o, en su caso, el minorista, procederán a efectuar los reembolsos citados 
anteriormente en un plazo no superior a 60 días desde la fecha de la resolución del contrato 
o desde aquella en que los proveedores de servicios hubieran procedido a su devolución.
Artículo 37.  Medidas de restricción a las comunicaciones comerciales de las entidades 
que realicen una actividad de juego regulada en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de 
regulación del juego.
1.  Las medidas previstas en este artículo se aplican a todas las entidades que 
desarrollen una actividad de juego incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 13/2011, 
de 27 de mayo, de regulación del juego.
2.  A efectos de lo previsto en este artículo, se entiende por comunicaciones 
comerciales cualquier forma de actividad publicitaria difundida por cualquier medio o 
soporte, destinada a promocionar, de manera directa o indirecta, las actividades de juego 
definidas en el ámbito de aplicación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, o las entidades que 
las realizan.
3.  Se prohíben las comunicaciones comerciales que, de forma implícita o expresa, 
hagan referencia a la situación de excepcionalidad que deriva de la enfermedad COVID-19 
o interpelen al consumo de actividades de juego en este contexto.
4.  Durante el tiempo de vigencia de la declaración del estado de alarma realizada por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, las entidades referidas en el apartado 1 no 
podrán realizar las siguientes actuaciones:
a)  Actividades de promoción dirigidas a la captación de nuevos clientes o de 
fidelización de clientes existentes que recojan cuantías económicas, bonos, bonificaciones, 
descuentos, regalos de apuestas o partidas, multiplicadores de cuotas o premios o 
cualquier otro mecanismo similar.
b)  Emisión de comunicaciones comerciales en los servicios de comunicación 
audiovisual referidos en el artículo 2.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual, incluidos los servicios a petición cuando aquellas sean 
distinguibles y separables, excepto en la franja horaria comprendida entre la 1 y las 5 de 
la mañana.
c)  Emisión de comunicaciones comerciales que se comercialicen, vendan u organicen 
por prestadores de servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas definidos 
como tales en la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de noviembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación 
de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, excepto en 
la franja horaria comprendida entre la 1 y las 5 de la mañana.
d)  Emisión de comunicaciones comerciales en servicios de la sociedad de la 
información (incluidas comunicaciones individualizadas en correos electrónicos o medios 
equivalentes y redes sociales).»
5.  El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este artículo 
tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de lo dispuesto la Ley 13/2011, 
de 27 de mayo, de regulación del juego.
CAPÍTULO II
Medidas para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias 
consecuencia del COVID-19
Sección 1.ª  Medidas de apoyo a la industrialización
Artículo 38.  Modificación del momento y plazo para aportación de garantías en las 
convocatorias de préstamos concedidos por la SGIPYME pendientes de resolución en 
el momento de entrada en vigor del Real Decreto 462/2000, de 14 de marzo.
1.  Con carácter temporal, y solo a efectos de las convocatorias de préstamos 
concedidos por la SGIPYME que se encontrasen pendientes de resolución en el momento 
de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, las garantías a aportar por los solicitantes se presentarán tras la resolución de 
concesión y con anterioridad al pago del préstamo.
2.  Una vez resuelta la convocatoria, los beneficiarios deberán aportar las garantías 
por el importe indicado en la resolución de concesión y en las modalidades establecidas 
en dichas convocatorias.
3.  El plazo para presentar las garantías finalizará el 3 de noviembre de 2020. De no 
presentarse antes de la finalización de dicho plazo, el beneficiario perderá el derecho al 
cobro del préstamo.
4.  En el momento del pago deberán cumplirse el resto de requisitos establecidos en 
las órdenes de convocatoria.
5.  El artículo 10 de la Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el 
marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad, 
queda suspendido para la convocatoria correspondiente al año 2019 en lo que contradiga 
a los puntos 1 a 5 de este artículo. Queda suspendido, en los mismos términos, el apartado 
noveno de la Orden por la que se realiza la convocatoria para el año 2019.
6.  Los artículos 13 y 25 de la Orden ICT/859/2019, de 1 de agosto, por la que se 
establecen las bases para la concesión de apoyo financiero a proyectos industriales de 
Investigación, Desarrollo e Innovación en el ámbito de la industria manufacturera, quedan 
suspendidos para la convocatoria correspondiente al año 2019 en lo que contradigan a los 
puntos 1 a 5 de este artículo. Quedan derogados, en los mismos términos, los apartados 
undécimo y decimoséptimo de la Orden por la que se realiza la convocatoria para el 
año 2019.
Artículo 39.  Refinanciación de los préstamos concedidos por la SGIPYME.
1.  Los beneficiarios de concesiones de préstamos a proyectos industriales otorgados 
por la SGIPYME podrán solicitar modificaciones del cuadro de amortización del mismo 
durante el plazo de 2 años y medio contados desde la entrada en vigor del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo; siempre y cuando la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 
haya provocado periodos de inactividad del beneficiario, reducción en el volumen de sus 
ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor.
Dicha solicitud deberá ser resuelta de forma expresa por el órgano que dictó la 
resolución de concesión. El plazo para la resolución será de 6 meses desde la presentación  e
de la solicitud. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese  bo
notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada  08ww
la so2l.i citLuad .solicitud presentada deberá incorporar:
a)  Una memoria justificativa en la que se motive adecuadamente la dificultad de
atender al calendario de pagos vigente de acuerdo con lo establecido en el apartado  Bc
anterior. Esta justificación deberá incluir un balance y cuenta de pérdidas y ganancias 
provisionales justo antes de que se produjese la situación a que se refiere el apartado 1, 
una explicación cualitativa y cuantitativa de cómo se ha producido esta afectación, su 
valoración económica y financiera, así como un plan de actuación para paliar esos efectos.
b)  En el caso de que el plazo de realización de las inversiones no hubiera finalizado, 
deberá incluirse una memoria técnica y económica justificativa de las inversiones 
realizadas con cargo al préstamo hasta ese momento y desglosado por partidas. Se 
incluirá una tabla con los datos de las inversiones y gastos ejecutados (facturas y pagos), 
así como de los compromisos de gasto realizados, todo ello debidamente acreditado.
c)  Una declaración responsable de que la empresa está al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la seguridad social, de que no tiene deudas por reintegros de 
ayudas o préstamos con la Administración, y de que ha cumplido con sus obligaciones de 
presentación de cuentas ante el Registro Mercantil.
3.  No podrán autorizarse modificaciones del calendario en los siguientes casos:
a)  Que no exista una afectación suficientemente acreditada que justifique esa 
modificación.
b)  Que la empresa no esté al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.
c)  Que la empresa tenga deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la 
Administración.
d)  Que la empresa no tenga cumplidas sus obligaciones de presentación de cuentas 
ante el Registro Mercantil.
e)  Que el vencimiento de deuda sea consecuencia de un reintegro por incumplimiento 
o renuncia.
f)  Que en el caso de proyectos que se encuentren dentro del plazo de justificación de 
inversiones, no exista un grado de avance suficiente y que no garantice el cumplimiento de 
los objetivos comprometidos en la resolución de concesión.
4.  Las modificaciones del cuadro de amortización podrán consistir en:
a)  Aumento del plazo máximo de amortización.
b)  Aumento del plazo máximo de carencia, si aún no se hubiera producido 
vencimiento de alguna cuota de principal.
c)  Otras modificaciones que cumplan con lo establecido en el punto 5 de este 
artículo.
5.  Las modificaciones que se concedan se realizarán de forma que se respeten los 
mismos niveles máximos de intensidad de ayuda y mismos niveles de riesgo que en el 
momento de la concesión. La ayuda equivalente se calculará en el momento de la 
concesión de la modificación del cuadro de amortización. Para ello podrán realizarse 
modificaciones del tipo de interés y/o de las garantías asociadas a los préstamos.
6.  Durante el plazo de dos años y medio contados desde la entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y siempre que se haya finalizado la verificación 
técnico-económica del proyecto, se permitirá la subrogación de una entidad de crédito en 
la obligación de devolución del préstamo por parte del beneficiario. En aquellos préstamos 
con tipo de interés, se podrá disminuir el tipo de interés a asumir por la entidad de crédito, 
respetando el tipo de interés mínimo exigible para los préstamos otorgados por el Estado, 
fijado en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. e.
7.  Los programas a los que se aplica esta medida son los programas de la SGIPYME  w.b
de  Reindustrialización,  Competitividad  de  Sectores  Estratégicos  Industriales,  08ww
CCoommppeettiittiivviiddaadd  Inddeul sStreiaclt,o Irn dAuustotrmiao Ccioónne,c Rtaedian d4u.0s trei aIl+izDa+cii óenn  ye l Fáomrtbaitleo cdime ilean tinod duset rliaa 
man8u.f acQtuureedraa.n suspendidos por el plazo de dos años y medio contados desde la entrada
en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los artículos de las órdenes de bases
y de las convocatorias, en virtud de las cuales se otorgaron los préstamos afectados por 
esta medida, en todo lo que contradigan lo dispuesto en este artículo.
Artículo 40.  Devolución de gastos y concesión de ayudas por cancelación de actividades 
de promoción del comercio internacional y otros eventos internacionales.
1.  Se habilita a ICEX España Exportación e Inversiones para la devolución a las 
empresas que hayan incurrido en gastos no recuperables en esta o futuras ediciones, de 
las cuotas pagadas para la participación en las ferias, u otras actividades de promoción de 
comercio internacional, que hayan sido convocadas por la entidad, cuando estas sean 
canceladas, gravemente afectadas o aplazadas por el organizador como consecuencia del 
COVID 19. En el supuesto de aplazamiento la empresa deberá justificar motivadamente 
su imposibilidad de acudir a la nueva edición.
2.  Se habilita a conceder y pagar ayudas a las empresas que fueran a participar en 
los eventos internacionales organizados a través de las entidades colaboradoras de ICEX 
y a las propias entidades colaboradoras, en función de los gastos incurridos no 
recuperables en esta o futuras ediciones, cuando las actividades sean canceladas como 
consecuencia del COVID 19.
Artículo 41.  EMPRENDETUR.
Con carácter general se suspende, sin necesidad de solicitud previa y durante un 
período de un año, el pago de intereses y amortizaciones correspondientes a préstamos 
concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo al amparo de las disposiciones 
siguientes:
– Orden IET/2481/2012, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa 
Emprendetur I+D+i compuesto por las líneas Emprendetur I+D y Emprendetur Desarrollo 
de productos innovadores en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo (BOE núm. 
279, de 20 de noviembre de 2012).
– Orden IET/476/2013, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden IET/2482/2012, 
de 15 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur Jóvenes 
Emprendedores en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo (BOE núm. 73, de 26 
de marzo de 2013).
– Y Orden IET/2200/2014, de 20 de noviembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa 
Emprendetur Internacionalización en el marco del Plan Nacional Integral de Turismo (BOE 
núm. 285, de 25 de noviembre de 2014).
En consecuencia, los pagos en concepto de intereses y amortizaciones de los referidos 
préstamos que debieran realizarse por los prestatarios a partir de la entrada en vigor de 
este real decreto-ley, serán exigibles en la misma fecha del año siguiente al que figura en 
la resolución de concesión del préstamo, sin que ello implique el devengo de intereses 
adicionales.
Sección 2.ª  Flexibilización en materia de suministros
Artículo 42.  Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para autónomos  oe.
y empresas. w.
sum1in. istErox cdeep eclieocntraiclmideandt eti tuyl amriideandtr daes  aeusttóén eonm ovisg qour ee la cersetdaidteon d deic ahlaa rcmonad, ilcoiós np munetdoisa ndtee 
su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos o asimilable, y empresas se podrán acoger a las siguientes medidas:
a)  En cualquier momento, podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos 
de suministro, o las prórrogas de dichos contratos, para contratar otra oferta alternativa con 
el comercializador con el que tienen contrato vigente, al objeto de adaptar sus contratos a 
sus nuevas pautas de consumo, sin que proceda cargo alguno en concepto de penalización.
b)  Los distribuidores atenderán las solicitudes de cambio de potencia o de peaje de 
acceso, con independencia de que el consumidor hubiera modificado voluntariamente las 
condiciones técnicas de su contrato de acceso de terceros a la red en un plazo inferior a 
doce meses, y aunque no se haya producido ningún cambio en la estructura de peajes de 
acceso o cargos que le afecte. Cuando las solicitudes no puedan atenderse por medios 
remotos, las actuaciones de campo que, en su caso, fueran necesarias, estarán sujetas a 
los planes de contingencia adoptados y comunicados por las empresas distribuidoras.
En caso de que el consumidor cuente con una autorización para la aplicación conjunta 
de una única tarifa de acceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3.4.º del 
Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a 
las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, podrá solicitar el cambio de 
potencia o de peaje de acceso sin que medie resolución expresa de la Dirección General 
de Política Energética y Minas. Los distribuidores deberán atender las solicitudes en los 
términos establecidos en este artículo. En todo caso, los consumidores deberán notificar a 
esa Dirección General las solicitudes realizadas a los distribuidores.
2.  Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el consumidor 
que haya solicitado la suspensión de su contrato de suministro podrá solicitar su reactivación.
En el mismo plazo de tres meses tras la finalización del estado de alarma, el 
consumidor que haya solicitado la modificación de su contrato de suministro o la 
modificación de los parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red 
prevista en el apartado anterior, podrá solicitar una nueva modificación del contrato de 
suministro o unos nuevos valores de los parámetros técnicos del contrato de acceso de 
terceros a la red. Cuando el consumidor cuente con una autorización para la aplicación 
conjunta de una única tarifa de acceso, este deberá notificar a la Dirección General de 
Política Energética y Minas dicha solicitud.
3.  Las reactivaciones del contrato de suministro y las modificaciones de los contratos 
anteriormente señaladas se realizarán en el plazo máximo de cinco días naturales y sin 
que proceda la repercusión de coste alguno sobre el consumidor, a excepción de:
a)  los pagos por derechos de extensión por incrementos de potencia contratada por 
encima del umbral contratado antes del inicio del estado de alarma,
b)  los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso, y,
c)  en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de medida, el pago 
de actuaciones sobre los equipos de control y medida previstos en el capítulo VII del Real 
Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología de 
retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.
En la aplicación, en su caso, de los pagos anteriormente citados se estará a lo previsto 
en el capítulo VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece 
la metodología de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.
En el caso de que la nueva modificación de potencia no supere el umbral contratado  s
antes del inicio del estado de alarma, tampoco se aplicará lo dispuesto en el artículo 83.5  oe.
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de  w.
tamruaátnoss rdpizeoa rcvteieó,i nnd tdeise tar iiñnbosustca.iólanc,i ocnoemse dreci aelnizeargciíóan e, léscutmricinai,s tsroob dree  lae lerecvtrisicióidna dde y l apsr oincsetdailmacieionntoess  ddee   2020-4208n https://ww
4.  En las leyes de Presupuestos Generales del Estado que se aprueben tras la
entrada en vigor de este real decreto-ley, y con el fin de compensar en el Sistema Eléctrico  Bc
la reducción de ingresos consecuencia de las medidas previstas en el apartado 1 anterior,
se dotará un crédito en la sección presupuestaria del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico por el importe equivalente a la reducción de ingresos 
para el Sistema Eléctrico atribuible a dichas medidas en el ejercicio anterior.
El importe al que se refiere el párrafo anterior, será transferido a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia, e incorporado de una sola vez, como ingreso, al 
sistema de liquidaciones del sistema eléctrico gestionado por ese organismo.
Artículo 43.  Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural.
1.  Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de 
suministro de gas natural titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante 
su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos o asimilable, y empresas se podrán acoger a las siguientes medidas:
a)  El titular del punto de suministro podrá solicitar a su comercializador la modificación 
del caudal diario contratado, la inclusión en un escalón de peaje correspondiente a un 
consumo anual inferior o la suspensión temporal del contrato de suministro sin coste 
alguno para él.
b)  El comercializador podrá solicitar al distribuidor o transportista alguna de las 
siguientes medidas:
1.º)  El cambio de escalón de peajes del término de conducción del peaje de 
transporte y distribución;
2.º)  La reducción de caudal contratado en productos de capacidad de salida de 
duración estándar o de duración indefinida, en este último caso sin que hayan tenido que 
transcurrir 12 meses desde la última modificación del caudal contratado y sin que dicha 
modificación se contabilice a los efectos del plazo mínimo para la solicitud de una nueva 
modificación;
3.º)  La anulación de los productos de capacidad de salida contratados y la suspensión 
temporal de contratos de acceso de duración indefinida, sin ninguna restricción.
c)  Todos los ahorros derivados de los menores pagos de peajes consecuencia de la 
aplicación de las medidas anteriores deberán ser repercutidos íntegramente por el 
comercializador al titular del punto de suministro.
2.  Las modificaciones de los contratos anteriormente señaladas se realizarán sin que 
proceda la repercusión de coste alguno sobre el comercializador o el consumidor por parte 
de distribuidores y transportistas, con independencia de la fecha de fin de vigencia del 
contrato de acceso o del plazo transcurrido desde su firma o última modificación. Cuando 
las solicitudes no puedan atenderse por medios remotos, las actuaciones de campo que, 
en su caso, fueran necesarias, estarán sujetas a los planes de contingencia adoptados y 
comunicados por las empresas distribuidoras.
3.  Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el titular del 
punto de suministro que haya solicitado la modificación de la capacidad contratada o del 
escalón del peaje de acceso podrá solicitar el incremento de caudal o cambio de escalón 
de peajes del Grupo 3 sin ninguna limitación temporal o coste alguno. En caso de 
suspensión temporal del contrato de acceso, la nueva activación del contrato se hará en el 
plazo máximo de cinco días naturales y no conllevará el abono de derechos de alta o de 
acometida, salvo que sea necesario realizar una puesta en servicio, consecuencia de un 
cierre previo y puesta en seguridad de la instalación. e.
4.  En las leyes de Presupuestos Generales del Estado que se aprueben tras la  w.b
entrada en vigor de este real decreto-ley, y con el fin de compensar en el Sistema Gasista  08ww
lsae r eddoutaccráió nu nd ec irnégdrietos oesn c olan sseeccuceinócni ap drees lausp umeesdtaidraias  dpreel vMistinasis etenr ieol  appaarart aldao T 1r aannsteicriióorn, 
Epacroaló egl icSais tye mela R Geatos iDsteam aotrgibráuifbicleo  ap odri cehla ism mpoerdteid aesq ueinv aelle enjteer caic liao  raendteurcicoiró.n de ingresos
El importe al que se refiere el párrafo anterior será transferido a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia, e incorporado de una sola vez, como ingreso al sistema 
de liquidaciones del sistema gasista gestionado por ese organismo.
Artículo 44.  Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados 
del petróleo.
1.  Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de 
suministro de energía eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del 
petróleo por canalización, titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante 
su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos o asimilable y pequeñas y medianas empresas, tal y como se definen 
en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, podrán solicitar, 
por medios que no supongan desplazamiento físico, a su comercializador o, en su caso, a 
su distribuidor, la suspensión del pago de las facturas que correspondan a periodos de 
facturación que contengan días integrados en el estado de alarma, incluyendo todos sus 
conceptos de facturación.
En la solicitud de los consumidores deberán aparecer claramente identificados el titular 
del punto de suministro y el Código Universal de Punto de suministro (CUPS).
2.  En estos casos, las comercializadoras de electricidad quedarán eximidas de la 
obligación de abonar el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución 
correspondiente a las facturas aplazadas a la empresa distribuidora, establecida en el 
párrafo d) del artículo 46.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 
hasta que el consumidor abone la factura completa.
Las comercializadoras deberán comunicar a las distribuidoras la información relativa a 
los titulares de puntos de suministro, y los CUPS asociados, que han solicitado la 
suspensión del pago conforme al apartado anterior.
3.  Por su parte, las comercializadoras de gas natural quedarán eximidas de abonar 
el término de conducción del peaje de transporte y distribución correspondiente a las 
facturas aplazadas a la empresa distribuidora o transportista, establecida en el párrafo f) 
del artículo 81.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, hasta 
que el consumidor abone la factura completa.
Las comercializadoras deberán comunicar a las distribuidoras o transportistas la 
información relativa a los titulares de puntos de suministro, y los CUPS asociados, que han 
solicitado la suspensión del pago conforme al apartado anterior.
4.  Las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases 
manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización también quedarán eximidas 
de la liquidación del IVA, del Impuesto Especial de la Electricidad, en su caso, y del 
Impuesto Especial de Hidrocarburos, también en su caso, correspondientes a las facturas 
cuyo pago haya sido suspendido en virtud de esta medida, hasta que el consumidor las 
haya abonado de forma completa, o hayan transcurrido seis meses desde la finalización 
del estado de alarma.
5.  Una vez finalizado dicho estado de alarma, las cantidades adeudadas se 
regularizarán a partes iguales en las facturas emitidas por las comercializadoras de 
electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados 
del petróleo por canalización, correspondientes a los periodos de facturación en los que se 
integren los siguientes seis meses. Los autónomos y empresas que se acojan a la 
suspensión de la facturación recogida en este artículo no podrán cambiar de 
comercializadora de electricidad o gas natural, según el caso, mientras no se haya  e.
completado dicha regularización. w.
6.  Las comercializadoras de electricidad y gas natural, y las distribuidoras de gases  08ww
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lmose daidvaalse su rdgeefninteidso se xetnra oerl dainrtaícruialos  p2a9r ad ehl aRceear l frDeenctere atol -ilmeyp a8c/2to0 2e0c,o dneó m17ic od ey  msoacrziaol,  ddeel   BOE-A-cable e
COVID-19 o cualquier otra línea de avales creada de forma específica con este fin, por el
importe por el que hayan visto reducidos sus ingresos, teniendo en cuenta las exenciones 
recogidas en el punto 2 para las comercializadoras de electricidad y en el punto 3 para las 
comercializadoras de gas natural.
7.  Las distribuidoras de electricidad y las distribuidoras y transportistas de gas 
natural, cuyos ingresos provisionales por recaudación de peajes se vean reducidos como 
consecuencia de las medidas incluidas en el apartado 2 podrán solicitar los avales 
definidos en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o cualquier otra 
línea de avales creada de forma específica con este fin, por el importe por el que hayan 
visto reducidos sus ingresos.
Artículo 45.  Modificación de la fecha de efectos de las especificaciones de las gasolinas 
para la temporada de verano de 2020
1.  Con carácter excepcional para el ejercicio 2020, y sin perjuicio de la notificación a 
que se refiere el artículo 6 del Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio, las características de las gasolinas 
destinadas a ser utilizadas en vehículos equipados con un motor de encendido por chispa 
que, de acuerdo con el anexo I del Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se 
determinan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del 
petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes y el contenido de azufre de los 
combustibles para uso marítimo, tengan límites distintos en verano y en invierno, se 
entenderá que se adecuan a especificaciones siempre que respeten el límite mínimo para 
verano y el límite máximo para invierno establecidos en el mismo.
2.  Por resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía, podrá 
modificarse la fecha de finalización del periodo establecido en el apartado 1, en función de 
la evolución de la demanda de gasolinas, y la duración del estado de alarma establecido 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Asimismo, la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía podrá solicitar 
cuanta información sea necesaria a los operadores al por mayor y a los titulares de 
instalaciones de transporte o almacenamiento de productos petrolíferos.
Artículo 46.  Compensación temporal de determinados gastos de cobertura poblacional 
obligatoria del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal.
Con carácter excepcional, se aprueban ayudas por importe de quince millones de 
euros para compensar una parte de los costes de los prestadores del servicio de 
comunicación audiovisual de televisión digital terrestre de ámbito estatal, derivados de 
mantener durante un plazo de seis meses determinados porcentajes de cobertura 
poblacional obligatoria.
En el instrumento en el que se regule esta compensación de costes, se definirán las 
actuaciones financiables, los gastos objeto de financiación, las condiciones y el 
procedimiento en el que materializar las compensaciones y concretará los beneficiarios.
CAPÍTULO III
Otras medidas
Artículo 47.  Donaciones para apoyo frente al COVID-19. es
Las donaciones de dinero que se efectúen para contribuir a la financiación de los  w.
gceuafeesctnottosa   oyd cegal esTineoesnroaardroáo Psn  úpcborléric dloai t ocEr Sids1ies7   sa9ac0nu0iet0ar dr0ioa0  0pc1roo n2v 0ol0oc2a p d5rae0 vp0io1sr t 2oe3 l e4Cn6O  ulVa  oIDLtre-a1y 9q  4us7ee/  2sin0eg0 rd3ee,s sadigreán ne2  e6an  d tlaael    2020-4208n https://ww
noviembre de 2003, General Presupuestaria en el Ministerio de Sanidad, aplicación
presupuestaria 26.09.313A.228 «Gastos originados en el Sistema Nacional de Salud  Bc
derivados de la emergencia de salud pública en relación con el COVID-19 en España», sin 
necesidad de aceptación expresa.
Las donaciones de equipamiento y suministros destinados a la lucha contra el COVID-19 
que tengan la consideración de bienes muebles se entenderán aceptadas por su mera 
recepción por el Ministerio de Sanidad o por el órgano u organismo que este designe como 
destinatario.
Las donaciones de bienes inmuebles serán aceptadas por la Ministra de Hacienda, en 
la forma prevenida en la legislación del patrimonio de las Administraciones Públicas, 
pudiendo destinarse los inmuebles directamente a la lucha contra el COVID-19 o 
enajenarse y aplicar el producto obtenido a esta finalidad.
Las cantidades obtenidas por estas vías quedarán afectadas a la financiación exclusiva 
de los gastos derivados de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y podrán 
destinarse a atender gastos tales como equipamientos e infraestructuras sanitarias, 
material, suministros, contratación de personal, investigación y cualquier otro que pueda 
contribuir a reforzar las capacidades de respuesta a la crisis derivada del COVID-19.
Artículo 48.  Medidas extraordinarias aplicables en relación con los plazos de formulación 
y rendición de cuentas anuales del ejercicio 2019 de las entidades del sector público 
estatal y de remisión de la Cuenta General del Estado al Tribunal de Cuentas.
1.  Las entidades de derecho público pertenecientes al sector público estatal 
procurarán formular y rendir las cuentas anuales de  2019 de acuerdo con los plazos 
previstos en la normativa. No obstante, cuando con motivo de la declaración de estado de 
alarma ello no fuera posible y así fuera acordado y comunicado por el cuentadante a la 
Intervención General de la Administración del Estado, quedarán suspendidos los plazos 
previstos en la normativa que resultara de aplicación, desde la declaración de dicho 
estado, reanudándose su cómputo cuando desaparezca dicha circunstancia o ampliándose 
el plazo previsto en un periodo equivalente al de la duración efectiva del estado de alarma.
2.  De la misma forma, los plazos previstos en la normativa reguladora de la remisión 
de las cuentas y el resto de la información financiera al Tribunal de Cuentas, quedarán 
suspendidos desde la declaración del estado de alarma, reanudándose su cómputo 
cuando desaparezca dicha circunstancia o ampliándose el plazo previsto en un periodo 
equivalente al de la duración efectiva del estado de alarma.
3.  Las previsiones anteriores serán de aplicación al sector público local, afectando 
también a los plazos de tramitación de la Cuenta General en la entidad local, y podrán ser 
de aplicación supletoria al sector público autonómico.
Artículo 49.  Disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras entidades 
integrantes del sector público estatal.
Con la finalidad de atender los gastos para combatir la crisis sanitaria provocada por 
el COVID-19, se dispone la transferencia a la cuenta del Tesoro Público que se determine, 
de las disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras entidades integrantes 
del sector público estatal, de conformidad con lo dispuesto en art. 45 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Se autoriza a la Ministra de Hacienda para requerir el ingreso en el Tesoro Público de 
la totalidad o parte de las disponibilidades líquidas, a excepción de las procedentes de 
cotizaciones y conceptos de recaudación conjunta, cuando pudieran no ser necesarias 
para financiar el ejercicio de la actividad indicada. e.e
Dicho importe podrá generar crédito en la Sección 35 «Fondo de Contingencia» para  b
atender exclusivamente gastos y actuaciones que sean necesarios para hacer frente a  08ww
epsatlaia rc rloissis e sfeacntiotasr idae q luae m tiiesmnea  seun  eefel ectmo peleno t,o edno sla lso sp eármsobnitoass  dy es elac tsoorecise dmaáds,  acofenc teal dfions ,d eo 
paa ersat aa tcernisdiesr  dceuraivlqaudiae rd geal sCtoO qVuIDe -s1e9a. necesario para reforzar las capacidades de respuesta
La Ministra de Hacienda autorizará las modificaciones presupuestarias que resulten 
necesarias.
Excepcionalmente, hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, el importe de la Sección 35 «Fondo de Contingencia» podrá superar 
el límite previsto en el artículo 50.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.
Artículo 50.  Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos 
concedidos por Comunidades Autónomas y Entidades Locales a empresarios y 
autónomos afectados por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
1.  Aquellas empresas y trabajadores autónomos que sean prestatarios de créditos o 
préstamos financieros cuya titularidad corresponda a una Comunidad Autónoma o Entidad 
Local podrán solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses a satisfacer en lo 
que resta de 2020. Para optar a este aplazamiento extraordinario es necesario que la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19 o las medidas adoptadas para paliar la misma hayan 
originado en dichas empresas o autónomos periodos de inactividad, reducción significativa 
en el volumen de las ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor que les 
dificulte o impida atender al pago de la misma. Dicha solicitud, deberá efectuarse siempre 
antes de que finalice el plazo de pago en periodo voluntario y deberá ser estimada de 
forma expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión en los términos 
establecidos en este artículo.
2.  Este precepto solo afectará a los préstamos financieros concedidos exclusivamente 
por entidades incluidas en el sector Administraciones Públicas conforme a lo establecido 
en las letras a), b) y c) del artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que tengan la consideración 
contable de pasivos financieros en los prestatarios, que serán entidades empresariales 
que no formen parte del sector público y trabajadores autónomos.
El aplazamiento extraordinario regulado en este precepto no será aplicable cuando la 
Administración Pública prestamista ya haya adoptado una medida similar.
En caso de que los préstamos financieros se hayan concedido en el marco de 
convenios con entidades de crédito, cualquier aplazamiento o modificación se realizará de 
acuerdo con dichas entidades.
Sin perjuicio de las medidas que adopten la Administración correspondiente, tampoco 
será aplicable a préstamos participativos, operaciones de capital riesgo, instrumentos de 
cobertura, derivados, subvenciones, avales financieros y, en general, cualquier operación 
de carácter financiero que no se ajuste a préstamos financieros en términos de mercado.
3.  La solicitud presentada deberá incorporar:
a)  Una memoria justificativa en la que se acredite la insuficiencia de recursos 
ordinarios o dificultad grave para atender al pago de los vencimientos de acuerdo con lo 
establecido en el apartado anterior. Esta justificación deberá incluir un estado de las 
cuentas justo antes de que se produjese la situación a que se refiere el apartado 1, una 
explicación cualitativa y cuantitativa de cómo se ha producido esta afectación, su 
valoración económica y financiera, así como un plan de actuación para paliar esos efectos. 
Podrá incluirse cualquier documento que se ajuste a derecho que acredite la insuficiencia 
o dificultad grave. La Administración afectada podrá aprobar un formulario normalizado de 
la solicitud y otra documentación anexa.
b)  Una declaración responsable de que la empresa está al corriente de sus  e.e
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de que no tiene deudas por reintegros  b
de ayudas o préstamos con la Administración, y de que ha cumplido, en su caso, con sus  08ww
obligca) cioDneecsla drea cpiórens erenstapcoinósna dbele c duee nqtuaes  asnet ere eslp Reetagnis ltoros  Mlímeritceasn tdile. intensidad de ayuda
paeyurmdaitsid does  Ey srteasdtoo. de regulación establecida por la normativa comunitaria en materia de
En caso de que la documentación anterior incluya datos falsos o sesgados y que hayan 
servido de fundamento para la concesión del aplazamiento, determinará el vencimiento 
anticipado de la totalidad del préstamo, sin perjuicio de otras responsabilidades aplicables.
4.  El aplazamiento podrá ser concedido por el órgano concedente de la Administración 
prestamista, previo informe favorable de la consejería o concejalía que tenga competencias 
en materia de hacienda y presupuestos. El plazo máximo para la resolución del 
procedimiento y su notificación es de un mes contado a partir de la presentación de la 
solicitud. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese 
notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada 
la solicitud. Desde la solicitud del aplazamiento hasta 15 días después de su resolución 
expresa o presunta serán inaplicables las cláusulas de vencimiento anticipado vinculados 
al impago de los vencimientos del préstamo.
5.  La estimación de la solicitud llevará consigo la modificación del calendario de 
reembolsos, respetando el plazo máximo del préstamo, pudiendo las cuotas aplazadas ser 
objeto de fraccionamiento. Las cuotas aplazadas devengarán el tipo de interés fijado para 
el préstamo o crédito objeto del aplazamiento. En ningún caso, se aplicarán gastos ni 
costes financieros.
Artículo 51.  Refuerzo de las obligaciones de suministro de información económico- 
financiera.
1.  Las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales suministrarán al Ministerio 
de Hacienda, con la periodicidad que este determine, la información económico-financiera 
que se requiera sobre los efectos derivados de las actuaciones acometidas en relación con 
el COVID-19 así como toda la información que resulte necesaria para el cumplimiento de 
las disposiciones previstas en este real decreto-ley o para atender cualquier otro 
requerimiento de información exigido por la normativa o instituciones, tanto comunitarias 
como internacionales.
2.  En concreto, sin perjuicio de otra información económico-financiera que se 
determine o de posteriores modificaciones que se adopten al respecto, se remitirá con 
periodicidad mensual por parte de las Comunidades Autónomas la información recogida 
en el Anexo I de este real decreto-ley, remitiéndose con anterioridad al día 15 de cada mes 
la información referida al mes anterior. Por parte de las Entidades Locales se remitirá la 
información recogida en los Anexos II y III con periodicidad trimestral.
3.  La remisión de la información económico-financiera de cada Comunidad Autónoma 
o Corporación Local prevista en este real decreto-ley se centralizará a través de:
a)  En el caso de las Comunidades Autónomas, la Intervención General o unidad 
equivalente que tenga competencias en materia de contabilidad.
b)  En las Corporaciones Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones.
4.  Se habilita al órgano competente del Ministerio de Hacienda para dictar las 
instrucciones o resoluciones que resulten necesarias para la concreción, procedimiento y 
plazo de remisión de la información a suministrar por Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales, así como para la ampliación o modificación de los formularios.
5.  El Ministerio de Hacienda podrá difundir o publicar la información remitida en virtud 
del presente real decreto-ley con el alcance, contenido y metodología que determine.
6.  La información será remitida por medios electrónicos a través de los modelos 
normalizados y sistema que el Ministerio de Hacienda habilite al efecto, y mediante firma  es
electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003,  o
de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos en los que el Ministerio  08ww
drdeeef  eHe7rniad.v coíio eEa nd ll doeinasric  vcpuaolmadnzapsosildis mde eeriese tln aaqtsbou l eded icnseipdo loo aessss,i c  oenioble nclciogeerassr ceadicroeitan oe e sscsuto e ndu rteteei lniasziluad dmcoei ióecnn riiesd.ttoroon- leediyde a pidno fddorerám l ollaesc vdiaóarnt o,a spta aonr eetolj a mednoa d llaoo    OE-A-2020-42able en https://
imposición de las medidas previstas en los artículos 20 y siguientes de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
previo requerimiento a la Comunidad Autónoma o Corporación Local para su cumplimiento 
en un plazo de 10 días hábiles. Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que 
corresponda, el Ministerio de Hacienda podrá dar publicidad a los requerimientos 
efectuados o al incumplimiento de los mismos.
Artículo 52.  Aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras.
1.  En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los 
efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda 
aduanera y tributaria correspondiente a las declaraciones aduaneras presentadas desde 
la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 
2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan 
los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la citada Ley 58/2003 y el importe 
de la deuda a aplazar sea superior a 100 euros.
2.  Lo previsto en el apartado anterior no resulta aplicable a las cuotas del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que se liquiden conforme a lo previsto en el artículo 167.Dos, segundo 
párrafo, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
3.  Este aplazamiento se solicitará en la propia declaración aduanera y su concesión 
se notificará en la forma prevista para la notificación de la deuda aduanera, de acuerdo 
con el artículo 102 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión.
4.  A efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 65 de la Ley 58/2003, la 
garantía aportada para la obtención del levante de la mercancía será válida para la 
obtención del aplazamiento, quedando afecta al pago de la deuda aduanera y tributaria 
correspondiente hasta el cumplimiento íntegro por el obligado del aplazamiento concedido, 
sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 del artículo 112 del Reglamento (UE) n.º 
952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se 
establece el código aduanero de la Unión.
5.  Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el destinatario de 
la mercancía importada sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 
6.010.121,04 euros en el año 2019.
6.  Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
a)  El plazo será de seis meses desde la finalización del plazo de ingreso que 
corresponda conforme a lo previsto en el artículo 108 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el 
código aduanero de la Unión.
b)  No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del 
aplazamiento.
Artículo 53.  Suspensión de plazos en el ámbito tributario de las Comunidades Autónomas 
y de las Entidades Locales.
Lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
será de aplicación a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por lo 
establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos  es
desarrollo y que sean realizados y tramitados por las Administraciones tributarias de las  o
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, siendo asimismo aplicable, en relación con  08www.
erLeesftguainssdl aiúdtilvotiom d 2ae/s 2l,a0 a 0L 4el,a yds e Ra 5ec gtduueal acmdioaonrrzaeo sd., et rláams iHteasc iye npdroacse Ldoimcaielensto asp qroubea dsoe  priojar nR peoarl  Dele tcerexttoo   OE-A-2020-42able en https://
Artículo 54.  Medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas.
1.  En los procedimientos de concesión de subvenciones, las órdenes y resoluciones 
de convocatoria y concesión de subvenciones y ayudas públicas previstas en el artículo 
22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que ya hubieran 
sido otorgadas en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 podrán 
ser modificadas para ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en 
su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera 
contemplado en las correspondientes bases reguladores.
A estos efectos, el órgano competente deberá justificar únicamente la imposibilidad de 
realizar la actividad subvencionada durante la vigencia del estado de alarma así como la 
insuficiencia del plazo que reste tras su finalización para la realización de la actividad 
subvencionada o su justificación o comprobación.
2.  También podrán ser modificadas, a instancia del beneficiario, las resoluciones y 
convenios de concesión de subvenciones previstas en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin necesidad de que sea modificado, en 
su caso, el Real Decreto previsto en el artículo 28.2 de dicha Ley, en las mismas condiciones 
y con los mismos requisitos previstos en el apartado anterior. No obstante, en el caso de 
que el objeto de la subvención sea la financiación de los gastos de funcionamiento de una 
entidad, el plazo de ejecución establecido inicialmente no podrá ser modificado.
3.  La adopción de estas modificaciones no está sujeta a los requisitos previstos en el 
apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 y no afecta a la 
suspensión de los plazos establecida en el apartado 1 de la mencionada disposición adicional.
Disposición adicional primera.  Línea de garantías COVID-19 de CERSA.
Para ampliar la partida presupuestaria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
destinada a dotar el Fondo de Provisiones Técnicas de la Compañía Española de 
Reafianzamiento, S.M.E.,S.A.  (CERSA) se concede un suplemento de crédito por 
importe de 60M€ en el concepto 747.01 «a la Compañía de Reafianzamiento, CERSA» del 
programa 433M «Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa» financiado en cualquiera de 
las formas que establece el artículo 55 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.
Disposición adicional segunda.  Aplicación de las condiciones generales del Real Decreto 
106/2018 de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
A los nuevos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que se 
relacionan en este real decreto-ley, ya sea por incorporación, sustitución o modificación, 
les serán de aplicación las disposiciones que, con carácter general, se regulan en el Real 
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, salvo las salvedades específicas reguladas en este real 
decreto-ley.
Disposición adicional tercera.  Incorporación de nuevos programas de ayuda a los 
convenios suscritos entre el entonces Ministerio de Fomento y las Comunidades 
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución del Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021.
Los nuevos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que se  s
relacionan en este real decreto-ley, ya sea por incorporación, sustitución o modificación,  e.
podrán ser objeto de los convenios suscritos entre el Ministerio de Fomento y las  w.
Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y de Melilla para la ejecución del Plan  08ww
Ecosmtaptarol mdee tVidivoise npdoar  a2m01b8a-s2 0a2d1m. iPniosdtrraácni,o npeosr  teann tdoi,c sheors  fcinoannvceiandiooss. con cargo a los fondos
ReaAl  Dtael cerfeetcot o1,0 l6a/s2 C01o8m, isdieo n9e ds eB milaaterzraol,e ys  edne  Slae cgluáiumsiuelnat od,e rceimguolaqduainst ae nd ee lc aardtíac ucloo n7v4e dneiol   BOE-A-cable e
que para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 suscribió el entonces
Ministerio de Fomento con cada Comunidad autónoma y con Ceuta y Melilla, podrán 
incorporar los nuevos programas de ayuda en los reajustes presupuestarios que acuerde 
sobre el inicialmente previsto, entre los distintos programas, respetando siempre el marco 
general establecido en el convenio de colaboración y sin que las reordenaciones que se 
acuerden puedan suponer un incremento en las dotaciones presupuestarias a aportar por 
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana cada año, ni se prolonguen más 
allá del ejercicio 2021.
Disposición adicional cuarta.  Reajustes en el reparto de los fondos disponibles en cada 
convenio entre los programas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 sobre el reparto 
inicialmente previsto.
La Comisión Bilateral de Seguimiento, prevista en los convenios de colaboración que 
ya estén suscritos o que se vayan a suscribir entre el entonces Ministerio de Fomento, hoy 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y las Comunidades Autónomas o 
las Ciudades de Ceuta y de Melilla para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021, incluidas en su caso sus eventuales modificaciones, podrá acordar reajustes en el 
reparto de fondos inicialmente previsto entre los distintos programas de ayuda, así como 
otros ajustes que resultasen necesarios, por las modificaciones que pudieran producirse 
en la financiación del Plan, respetando siempre el marco general establecido en el 
convenio de colaboración y sin que los reajustes en el reparto puedan suponer un 
incremento de las dotaciones presupuestarias a aportar por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda urbana en cada año, ni se prolonguen más allá del ejercicio 2021.
Estos acuerdos de reajuste en el reparto de fondos entre programas se podrán producir 
incluso con posterioridad a la finalización del ejercicio objeto de reajuste, especialmente 
con motivo de la liquidación de los convenios de colaboración.
Disposición adicional quinta.  Comprobación de requisitos para la concesión de ayudas al 
alquiler del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
1.  Los requisitos que han de cumplir los beneficiarios de cualquier ayuda al alquiler 
financiada con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, incluidos los del programa de 
ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 
alquileres de vivienda habitual, podrán ser verificados por las Comunidades Autónomas y 
por las Ciudades de Ceuta y de Melilla con posterioridad a la resolución de concesión de 
la ayuda, quedando esta condicionada al cumplimiento de los mismos.
2.  Las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla que como 
consecuencia de la comprobación de los requisitos con posterioridad a la resolución de 
concesión de la ayuda y, en su caso, al pago total o parcial de la misma detecten su 
incumplimiento, habrán de resolver la anulación o suspensión de la concesión de la ayuda 
desde la fecha en la que se hubiere producido el incumplimiento y solicitar, en su caso, el 
reintegro o devolución que procediere conforme a la normativa de aplicación..
Disposición adicional sexta.  Régimen aplicable a los usuarios de vivienda militar sujetos 
a la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los 
miembros de las Fuerzas Armadas.
Las medidas previstas en este real decreto-ley se aplicarán a las personas físicas que 
sean usuarios de vivienda militar sujetos a la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de  es
apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, y se encuentren  o
edne clroest os-ulepyu.estos de vulnerabilidad económica establecidos en el artículo 5 de este real  2020-4208n https://www.
Disposición adicional séptima.  Fondos provenientes de la recaudación de la cuota de 
formación profesional para el empleo para el año 2020.
Uno.  Con carácter excepcional y extraordinario, debido al impacto económico de las 
medidas aprobadas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, los 
ingresos derivados de la cotización por formación profesional obtenidos en el ejercicio 
2020, podrán destinarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del 
sistema de protección por desempleo definidas en el artículo 265 del Real Decreto 
legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, o para financiar programas que fomenten la contratación 
de personas desempleadas o les ayuden a recuperar empleo.
Dos.  Se da nueva redacción al apartado Uno de la disposición adicional centésima 
vigésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018, que queda redactado como sigue:
«Sin perjuicio de otras fuentes de financiación, los fondos provenientes de la 
cuota  de  formación  profesional  se  destinarán,  en  la  proporción  que 
reglamentariamente se determine, a financiar los gastos del sistema de formación 
profesional para el empleo regulado por la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la 
que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito 
laboral, incluyendo los correspondientes a programas públicos de empleo y 
formación, todo ello con el objeto de impulsar y extender entre las empresas y los 
trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a sus 
necesidades del mercado laboral y contribuya al desarrollo de una economía basada 
en el conocimiento.»
Disposición adicional octava.  Ampliación del plazo para recurrir.
1.  El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar 
cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación 
y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en cualquier 
procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el 
interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la 
declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido 
desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con 
anterioridad a la declaración del estado de alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de 
la eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o impugnación.
2.  En particular, en el ámbito tributario, desde la entrada en vigor del Real Decreto 
463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de abril de 2020, el 
plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas 
que se rijan por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos 
de desarrollo empezará a contarse desde el 30 de abril de 2020 y se aplicará tanto en los 
supuestos donde se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes a contar desde el día 
siguiente a la notificación del acto o resolución impugnada y no hubiese finalizado el citado 
plazo el 13 de marzo de 2020, como en los supuestos donde no se hubiere notificado 
todavía el acto administrativo o resolución objeto de recurso o reclamación. Idéntica 
medida será aplicable a los recursos de reposición y reclamaciones que, en el ámbito 
tributario, se regulan en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  es
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. o
Dispdd1oee. s l imcCEieóOl dnVpi deaIDardís-ioc1 dui9oor nga aec doln enmtetoepsvr rmeeenxninatdra.ai ddooorA dsdpi npeliarcsoradicaceeis ód lanpim  aderieenanlt  rhtRaoadescaa ey lr  e Dafnrcee tcvonristgee.ot oar -ll deimeyl p 8Ra/2ec0tao2l  0eD,c eodcneróe 1mto7i  cd4oe6  y3m /s2ao0rc2zio0a,,l    BOE-A-2020-42cable en https://
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de abril de 2020 no computará 
a efectos de la duración máxima del plazo para la ejecución de las resoluciones de órganos 
económico-administrativos.
2.  Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, hasta el 30 de abril de 2020 quedan suspendidos los plazos de 
prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la 
normativa tributaria.
3.  Lo previsto en los apartados anteriores será de aplicación a los procedimientos, 
actuaciones y trámites que se rijan por lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos desarrollo y que sean realizados y 
tramitados por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, del Ministerio de 
Hacienda, o por las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y de las 
Entidades Locales, así como, en el caso de estas últimas, a los que se rijan por el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
4.  Lo previsto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, para las deudas tributarias, resultará de aplicación a los demás recursos de 
naturaleza pública.
Disposición adicional décima.  Ampliación plazos aplicables a los pagos a justificar.
Los plazos previstos en el artículo 79.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, para la rendición de cuentas justificativas que venzan durante el 
periodo de duración del estado de alarma o transcurran en parte dentro de dicho periodo, 
dispondrán de un plazo adicional de un mes para su rendición, y en todo caso hasta 
transcurrido un mes desde la finalización del estado de alarma. Esta ampliación conllevará 
igualmente la de los plazos previstos en los artículos 3.1 y 7.1 del Real Decreto 938/2005, 
de 29 de julio, sobre el seguimiento y aplicación contable de los fondos disponibles en los 
servicios del exterior, relativos a la obligación de remisión de la «cuenta de gestión» de los 
fondos disponibles en los servicios en el exterior y a la obligación de transferir al Tesoro 
público, o a la cuenta del correspondiente organismo o entidad, aquellos fondos que no se 
hayan podido compensar dentro del periodo indicado en el citado artículo 7.1.
Disposición adicional undécima.  Medidas provisionales para la expedición de certificados 
electrónicos cualificados.
Durante la vigencia del estado de alarma, decretado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, se permitirá la expedición de certificados electrónicos cualificados de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 24.1.d) del Reglamento (UE) 910/2014, de 23 de 
julio, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior. A tal efecto, el organismo supervisor 
aceptará aquellos métodos de identificación por videoconferencia basados en los 
procedimientos autorizados por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del 
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o reconocidos para la expedición de 
certificados cualificados por otro Estado miembro de la Unión Europea. La equivalencia en 
el nivel de seguridad será certificada por un organismo de evaluación de la conformidad. 
Los certificados así emitidos serán revocados por el prestador de servicios al finalizar el  e.e
estado de alarma, y su uso se limitará exclusivamente a las relaciones entre el titular y las  b
Administraciones públicas. 08ww
Disposición adicional duodécima.  Reglas aplicables a la duración de determinados 
contratos de personal docente e investigador celebrados por las universidades.
Los contratos de ayudantes, profesores ayudantes doctores, profesores asociados y 
profesores visitantes, celebrados conforme a los artículos 49, 50, 53 y 54 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cuya duración máxima esté 
prevista que finalice durante la vigencia del estado de alarma y de sus prórrogas, en los 
términos establecidos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, se prorrogarán de acuerdo con las reglas establecidas en los apartados 
siguientes, salvo pacto en contrario.
Dicha prórroga se realizará por una extensión equivalente al tiempo de duración del 
estado de alarma y, en su caso, sus prórrogas. Excepcionalmente, por motivos justificados, 
las partes podrán acordar, con carácter previo a la fecha de finalización del contrato, una 
prórroga del mismo por hasta tres meses adicionales al tiempo de duración del estado de 
alarma y sus prórrogas.
La duración de los contratos prorrogados en aplicación de esta disposición adicional 
podrá exceder los límites máximos previstos para los mismos en la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre.
Disposición adicional decimotercera.  Reglas aplicables a los contratos de trabajo 
suscritos con cargo a financiación de convocatorias públicas de recursos humanos en 
el ámbito de la investigación y a la integración de personal contratado en el Sistema 
Nacional de Salud.
1.  Las entidades que hubieran suscrito contratos de trabajo de duración determinada 
con cargo a la financiación procedente de convocatorias de ayudas de recursos humanos 
realizadas por agentes de financiación del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, bajo cualquier modalidad laboral y en el marco de la Ley 14/2011, de 12 de 
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, podrán prorrogar la vigencia de los 
mismos en las condiciones previstas en esta disposición adicional, exclusivamente cuando 
reste un año o menos para la finalización de los correspondientes contratos de trabajo.
2.  La prórroga de los contratos podrá ser acordada por el tiempo de duración del 
estado de alarma y sus prórrogas vinculadas a la emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19, en los términos previstos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por motivos justificados, se podrán prorrogar los 
contratos por hasta tres meses adicionales al tiempo de duración del estado de alarma y 
sus prórrogas.
Además, cuando los contratos hayan sido suspendidos para posibilitar que las 
personas contratadas se integren en el Sistema Nacional de Salud para atender las 
contingencias derivadas de la situación de emergencia sanitaria causada por el coronavirus 
COVID-19, el tiempo de suspensión se adicionará al establecido en el párrafo anterior.
3.  En todo caso, la duración total del contrato de trabajo y de su eventual prórroga 
podrá exceder los límites temporales máximos previstos en la Ley 14/2011, de 1 de junio.
4.  La  prórroga  de  los  contratos  laborales  requerirá  de  la  suscripción  del 
correspondiente acuerdo suscrito entre la entidad contratante y la persona empleada, con 
carácter previo a la fecha prevista de finalización del contrato.
5.  Los costes laborales y sociales derivados de dicha prórroga serán financiados con  e.e
cargo a los presupuestos del órgano, organismo o entidad convocante, en las mismas  b
condiciones económicas que la convocatoria correspondiente. Se autoriza a los titulares  08ww
dcoen lvoosc aónrgteasn olas  rseuapliezraiocrióens  dy ed liaresc tmivoodsi,f icparecsioidneenst eys v ya rdiairceiocntoerse sp rdees ulpous eosrtgaarinaiss mquoes 
rceosnu lcteanrg noe ac erseamriaanse pnateras  ddaer  tleusgoarre arí ad,i cahsaí  fcinoamnoc ilaac iróena,n iunaclluiziadcaisó nla sd eq uloes s eex lpleevdeienn ate csa dbeo 
gasto correspondientes.
6.  Los órganos y entidades convocantes podrán dictar las resoluciones que resulten 
precisas para adaptar las condiciones previstas en sus correspondientes convocatorias de 
ayudas contempladas en este real decreto ley, pudiendo modificar mediante las mismas 
las condiciones y plazos de la ejecución y justificación de las ayudas, así como cuantas 
cuestiones pudieran afectar al adecuado desarrollo de los contratos en sus distintas 
modalidades y otros conceptos de gasto por motivo de la situación de estado de alarma y 
de la aplicación de lo dispuesto en esta disposición.
Disposición adicional decimocuarta.  Aplicación de la Disposición adicional sexta del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, a las empresas de los sectores de 
las artes escénicas, musicales y del cinematográfico y audiovisual.
El compromiso del mantenimiento del empleo establecido en la disposición adicional 
sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se valorará en atención a 
las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, 
teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan 
una alta variabilidad o estacionalidad del empleo o una relación directa con eventos o 
espectáculos concretos, como sucede, entre otros, en el ámbito de las artes escénicas, 
musicales, cinematográfico y audiovisual.
En particular, en el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del 
empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del 
tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando 
no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.
En todo caso, las medidas previstas en los artículos 22 a 28 de Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, resultarán de aplicación a todas las personas trabajadoras, con 
independencia de la duración determinada o indefinida de sus contratos.
Disposición adicional decimoquinta..  Efectos de la compatibilidad de la pensión de 
jubilación con el nombramiento como personal estatutario de los profesionales 
sanitarios realizados al amparo de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que 
se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
1.  Los profesionales sanitarios jubilados médicos/as y enfermeros/as y el personal 
emérito, que se reincorporen al servicio activo por la autoridad competente de la comunidad 
autónoma, o por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla, a través del nombramiento estatutario correspondiente 
tendrán derecho a percibir el importe de la pensión de jubilación que estuvieran percibiendo 
al tiempo de la incorporación al trabajo, en cualquiera de sus modalidades, incluido en su 
caso, el complemento a mínimos.
2.  No les será de aplicación lo previsto en los artículos 213 y 214 del Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social.
3.  El beneficiario tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos.
4.  Durante la realización de este trabajo, se aplicará el régimen de limitación de las 
pensiones, incompatibilidades y el ejercicio del derecho de opción, previstos en el Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de  e.e
la Ley General de la Seguridad Social. b
deseLma pperñoatedcoc, ióconn dseis teirsát:os trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo
causaa) ránC udaenredcoh soe a e xlap icdoar ruens ppoanrtdei ednete b apjrae smtaécdióicna  dcea liifniccaadpaa cciodmado  taecmcpidoernatl ed deeri vtaradbaa djoe,   BOE-A-cable e
accidente de trabajo que será compatible con el percibo de la pensión de jubilación que 
vinieran percibiendo al tiempo de su incorporación.
b)  Cuando se expida un parte de baja médica calificada de enfermedad común, y 
siempre que acredite las cotizaciones exigidas en la letra a) del artículo 172 del Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, causarán derecho a la correspondiente prestación 
de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes que será compatible con el 
percibo de la pensión de jubilación que vinieran percibiendo al tiempo de su incorporación.
c)  Cuando fueran declarados en situación de incapacidad permanente, podrán optar 
por continuar con el percibo de la pensión de jubilación o por beneficiarse de la 
correspondiente pensión de incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo.
d)  Cuando los profesionales jubilados falleciesen con ocasión o por consecuencia del 
trabajo desempeñado por dicha reincorporación, podrán causar las correspondientes 
prestaciones de muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo.
Disposición adicional decimosexta.  Habilitación a los autorizados del Sistema RED.
Los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en 
el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), regulado por la Orden ESS/484/2013, 
de 26 de marzo, estarán habilitados para efectuar por medios electrónicos las solicitudes 
y demás trámites correspondientes a los aplazamientos en el pago de deudas, las 
moratorias en el pago de cotizaciones y las devoluciones de ingresos indebidos con la 
Seguridad Social correspondientes a los sujetos responsables del cumplimiento de la 
obligación de cotizar en cuyo nombre actúen.
La habilitación a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse a otras actuaciones 
que se determinen mediante resolución del Director General de la Tesorería General de la 
Seguridad Social.
Disposición  adicional  decimoséptima.  Criterios  de  graduación  de  los  posibles 
incumplimientos en programas de financiación de la SGIPYME.
Se modifican el artículo 23 de la Orden ICT/1100/2018 de 18 de octubre, el artículo 29 
de la Orden EIC/742/2017 de 28 de julio, y el artículo 28 de la Orden ICT/859/2019 de 1 de 
agosto, incluyendo en ellos un nuevo punto 3 que quede redactado de la siguiente manera:
«3.  Para los proyectos que se encontraran en período de ejecución en el 
momento de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, siempre que el grado de cumplimiento acreditado por 
el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se constante 
que se han alcanzado los objetivos del proyecto inicialmente planteados, se 
considerará un cumplimiento del 100% del proyecto, sin proponerse reintegro 
alguno.»
A estos efectos, se considerará incumplimiento total el equivalente a un porcentaje 
inferior al 60 por ciento de realización de la inversión financiable, y cumplimiento 
aproximado de modo significativo al total el equivalente a un 80 por ciento o superior. En 
casos de cumplimiento situado entre esos dos porcentajes, se aplicará el reintegro parcial 
descrito en el apartado anterior. s
Disposición adicional decimoctava.  Colaboración de empleadas y empleados públicos. w.
en eLl aásm ebmitop ldeea dsaus a yd meminpisletraadcoiósn  pdúeb olicriogse ne nc osmerov iecnio c aucatliqvuoi eqru oet rsao alicdimteinn icsotrlaacbioórna, re tna nlatos 
ávurelnaesr adbel ecsa ryá catqeur eslalansit aortiroa, ss oqcuieo sraenqiutaieriroa, nd eu ne mrepfuleeor,z op aerna  mla apteroritae cdceió np edreso cnoalel cctoivmoos 
consecuencia de la situación provocada por el COVID-19, seguirán devengando sus
retribuciones por el organismo de origen, no suponiendo modificación de su situación 
administrativa o contrato de trabajo mientras dure la declaración de Estado de alarma.
La prestación del servicio se podrá llevar a cabo tanto de manera presencial como a 
través de modalidades no presenciales de trabajo, previa autorización de su superior 
jerárquico y comunicación al órgano competente en materia de personal.
Disposición adicional decimonovena.  Agilización procesal.
Una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las 
prórrogas del mismo que, en su caso, se hayan acordado el Gobierno, a propuesta del 
Ministerio de Justicia, aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo 
máximo de 15 días, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes 
jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito de los Juzgados 
de lo mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación 
económica tras la superación de la crisis.
Disposición adicional vigésima.  Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de 
desempleo o cese de actividad derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.
1.  Durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 los partícipes de los planes de 
pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los 
siguientes supuestos:
a)  Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente 
de regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.
b)  Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto 
suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo.
c)  En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente 
integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad 
como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
2.  El  importe de los derechos consolidados disponible no podrá ser superior a:
a)  Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente 
de regulación temporal de empleo para el supuesto previsto en el apartado 1.a).
b)  Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga 
la suspensión de apertura al público para el supuesto recogido en el apartado 1.b).
c)  Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se 
mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 para el supuesto 
recogido en el apartado 1.c).
Los importes establecidos en los párrafos anteriores deberán ser acreditados por los 
partícipes de los planes de pensiones que soliciten la disposición de sus derechos 
consolidados. s
3.  Reglamentariamente podrán regularse las condiciones y términos en que podrán  oe.
hacerse efectivos los derechos consolidados en los supuestos indicados en el apartado 1. w.
ppaerntEsícinoip nteoe,d sso.u  jceaEtásl onr,de oeeslm ereb aeolm lrsébogo idlmseoeb nde erfiá sd ceearflee eccshtutoaasbr lsceeocn iddsoeo nlpidtararoad  odlases ls  pper leahszatoraá c mieofánexecistmi vdooe  da lo ess o spliielcaittneue dds  íddaeesl    2020-4208n https://ww
hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente.
4.  Lo dispuesto en esta disposición será igualmente aplicable a los asegurados de  Bc
los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades
de previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
5.  El Gobierno, a propuesta de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, podrá ampliar el plazo previsto en el apartado 1 para solicitar el cobro de los planes 
de pensiones, teniendo en cuenta las necesidades de renta disponible ante la situación 
derivada de las circunstancias de la actividad económica provocadas como consecuencia 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Disposición adicional vigesimoprimera.  Incapacidad temporal en situación excepcional 
de confinamiento total.
Con carácter excepcional, y con efectos desde el inicio de la situación de confinamiento, 
y mediante el correspondiente parte de baja, se extenderá esta protección a aquellos 
trabajadores obligados a desplazarse de localidad y tengan obligación de prestar los 
servicios esenciales a los que se refiere el Real Decreto-ley 10/2020, siempre que se haya 
acordado el confinamiento de la población donde tenga su domicilio y le haya sido 
denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, no 
pueda realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la empresa para 
la que prestas sus servicios o al propio trabajador y no tenga derecho a percibir ninguna 
otra prestación pública.
La acreditación del acuerdo de confinamiento de la población donde tiene el domicilio 
y la denegación de la posibilidad de desplazamiento se realizará mediante certificación 
expedida por el ayuntamiento del domicilio ante el correspondiente órgano del servicio 
público de salud. De igual forma, la imposibilidad de realización del trabajo de forma 
telemática se acreditará mediante una certificación de la empresa o una declaración 
responsable en el caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano del 
servicio público de salud.
Disposición adicional vigesimosegunda.  Compatibilidad del subsidio por cuidado de 
menor y prestación por desempleo o cese de actividad durante la permanencia del 
estado de alarma.
1.  Durante la permanencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el subsidio por cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, que vinieran percibiendo los 
trabajadores por cuenta ajena a 14 de marzo de 2020, no se verá afectado por la 
suspensión del contrato y reducción de jornada que tengan su causa en lo previsto en los 
artículos 22 y 23 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
En estos casos, el expediente de regulación temporal de empleo que tramite el 
empresario, ya sea por suspensión de contratos o reducción temporal de la jornada de 
trabajo, solo afectara al trabajador beneficiario de este subsidio en la parte de la jornada 
no afectada por el cuidado del menor.
Será, por tanto, compatible el percibo del subsidio por cuidado de menores afectados 
por cáncer u otra enfermedad grave, con la percepción de la prestación por desempleo 
que como consecuencia de la reducción de la jornada, afectada por un expediente de 
regulación temporal de empleo, pudiera tener derecho a percibir.
A tal efecto, la empresa al tiempo de presentar la solicitud, indicará las personas que  e.e
tengan reducida la jornada de trabajo como consecuencia de ser titular del subsidio por  b
cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, señalando la parte de  08ww
la joDrnuardaan tqeu eel  steie vmep aof eqcutaed pae promr aenl eezxcpae deiel netset addeo r edgeu laalcairómn ate nmop oerxaisl tdireá  eombplilgeaoc.ión de
cotizar, teniéndose el periodo por cotizado a todos los efectos.
2.  Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación a los trabajadores 
autónomos que vinieran percibiendo el subsidio por cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave a 14 de marzo de 2020.
Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio aplicable al programa de ayuda a las 
personas en situación de desahucio o lanzamiento de la vivienda.
Las ayudas reconocidas al amparo del programa de ayuda a las personas en situación 
de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual mantienen sus efectos por el plazo 
total y la cuantía total por las que fueron reconocidas.
A partir de la entrada en vigor de la Orden Ministerial que desarrolle el programa de 
ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda 
habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables no se admitirán 
nuevos reconocimientos de ayudas al amparo del programa ayuda a las personas en 
situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, pudiendo las mismas 
acceder a las ayudas reguladas al amparo del programa de ayuda a las víctimas de 
violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin 
hogar y otras personas especialmente vulnerables.
Disposición transitoria segunda.  Tramitación de la autorización de operaciones en curso 
y de operaciones de importe reducido incluidas en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003, 
de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las 
transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención 
del blanqueo de capitales.
Tramitación de la autorización de operaciones en curso y de operaciones de importe 
reducido incluidas en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen 
jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior 
y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
1.  De forma transitoria, se regirán por el procedimiento simplificado establecido en el 
apartado 2 de esta Disposición las solicitudes de autorización administrativa previa de las 
operaciones de inversión directa extranjera incluidas en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003, 
de 4 de julio, descritas a continuación:
a)  Aquéllas respecto de las cuales se acredite, por cualquier medio válido en derecho, 
la existencia de acuerdo entre las partes o una oferta vinculante en los que el precio 
hubiera sido fijado, determinado o determinable, con anterioridad a la entrada en vigor del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19.
b)  Aquéllas cuyo importe sea igual o superior a 1 millón de euros e inferior a 5 
millones de euros hasta que entre en vigor la normativa de desarrollo del artículo 7.bis.
2.  Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Comercio 
Internacional e Inversiones, que las resolverá previo informe de la Junta de Inversiones 
Exteriores, aplicando de oficio la tramitación simplificada del procedimiento prevista en el 
artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.
3.  Así mismo, de forma transitoria y hasta que el importe mínimo a que se refiere el 
último párrafo del artículo 7 bis.1 de la Ley 19/2003, de 4 de julio, quede establecido  e.e
reglamentariamente, se entenderán exentas de la obligación de autorización previa las  w.b
operaciones de inversión cuyo importe sea inferior a 1 millón de euros». 08ww
Disposición transitoria tercera.  Carácter retroactivo  y  tramitación del subsidio 
extraordinario por falta de actividad de las personas integradas en el Sistema Especial 
de Empleados del Hogar y del subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato 
temporal.
1.  El subsidio extraordinario por falta de actividad y el subsidio de desempleo 
excepcional por fin de contrato temporal previstos en este real decreto-ley serán de 
aplicación a los hechos causantes definidos en los mismos aun cuando se hayan producido 
con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que estos se hubieran producido con 
posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
2.  El Servicio Público de Empleo Estatal establecerá en el plazo de un mes, a partir 
de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el procedimiento para la tramitación de 
solicitudes, que determinará los formularios, sistema de tramitación (presencial o 
telemático) y los plazos para su presentación.
Disposición transitoria cuarta.  Previsiones en materia de concursos de acreedores.
1.  Si a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto Ley se hubiera dictado auto 
por el juez del concurso acordando la aplicación de las medidas previstas en los artículos 22 
y 23 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, la resolución judicial tendrá plenos 
efectos para el reconocimiento de las prestaciones previstas en el capítulo II de esa norma 
legal.
2.  Las solicitudes presentadas en las que no se haya dictado resolución por el juez 
del concurso deberán remitirse a la autoridad laboral y continuarán su tramitación por el 
procedimiento y con las especialidades previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 
Ley 8/2020, de 17 de marzo. Las actuaciones previamente practicadas y el periodo de 
consultas que estuviera en curso o se hubiera celebrado conservarán su validez a los 
efectos del nuevo procedimiento.
Disposición transitoria quinta.  Aplicación de determinadas medidas del real decreto-ley.
Lo dispuesto en el artículo 53 de este real decreto-ley, será de aplicación a los 
procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigor 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19.
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, queda modificado como sigue:
Uno.  Se modifica el apartado 3 del artículo 4, que queda redactado en los siguientes 
términos:
«3.  A partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley se suspende la 
vigencia de los siguientes artículos relativos a los sistemas de actualización de 
precios regulados:
a.  Los artículos 3.5 y 6 de la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que  s
se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta,  oe.
antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados y se modifica el  w.
sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de  08ww
lsoaslv goa qsuees  llaic uaapldicoasc dióenl  pdeetl rsóilseteom pao rd cea dneatleizramciinóanc, iópna raau ltoosm sáigtiucaie dnete psr terceiso sb immáexsitmreoss, 
teunv iveirgao rp odre  eefsetcet or elaa lf idjaecciróento d-ele yn.uevos precios inferiores a los vigentes a la entrada  BOE-A-cable e
Salvo que concurra la circunstancia señalada en el inciso final del párrafo 
anterior, durante el periodo de suspensión estarán vigentes los precios máximos 
establecidos en la Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de 
venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en 
envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los envases 
de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.
b.  El artículo 10 así como el apartado segundo de la Disposición adicional 
única de la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, por la que se establece la 
metodología de cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural, para los 
siguientes dos trimestres, salvo que en cualquiera de ellos la aplicación de la 
metodología de cálculo tuviera por efecto la fijación de una tarifa de último recurso 
inferior a la vigente a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Salvo que concurra la circunstancia señalada en el inciso final del párrafo 
anterior, durante el periodo de suspensión estarán vigentes los términos de la tarifa 
establecidos en la Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se hace pública la tarifa de último recurso 
de gas natural. »
Dos.  El artículo 7 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 7.  Moratoria de deuda hipotecaria.
1.  Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda 
hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual, de inmuebles afectos a la 
actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales y de viviendas 
distintas a la habitual en situación de alquiler, conforme al artículo 19 del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por quienes padecen extraordinarias 
dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del COVID-19 
desde este artículo y hasta el artículo 16ter de este real decreto-ley, ambos incluidos.
2.  A los efectos de la moratoria de deuda hipotecaria a la que se refiere el 
apartado anterior tendrán la consideración de empresarios y profesionales las 
personas físicas que cumplan las condiciones previstas en el artículo 5 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.»
Tres.  El artículo 8 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 8.  Ámbito de aplicación de la moratoria de deuda hipotecaria.
1.  Las medidas previstas en este real decreto-ley para la suspensión de las 
obligaciones derivadas de los contratos de préstamo con garantía hipotecaria 
vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley cuya finalidad fuera 
la adquisición de vivienda habitual o de inmuebles afectos a la actividad económica 
que desarrollen empresarios y profesionales se aplicarán a dichos contratos cuando 
concurran en el deudor todos los requisitos establecidos en el artículo 16 del real 
decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, para entender que está dentro de los 
supuestos de vulnerabilidad económica.
2.  Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del 
deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que 
las establecidas para el deudor hipotecario.» e
Cuatro.  El artículo 12 queda redactado de la forma siguiente: 08www.
«Artículo 12.  Solicitud de moratoria.
podrLáons  sdoeluicditoarre dse cl oamcprereenddoird, ohsa setna  eqlu áinmcbei tod ídaes  adpelsicpaucéisó nd edle f iens tdee r elaa lv digeecnrecitao -dleeyl 
presente real decreto-ley, una moratoria en el pago del préstamo con garantía
hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual o de inmuebles afectos a la 
actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales. Los deudores 
acompañarán, junto a la solicitud de moratoria, la documentación prevista en el 
artículo 17 del real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo.»
Cinco.  El artículo 13 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 13.  Concesión de la moratoria.
1.  Una vez realizada la solicitud de la moratoria a la que se refiere el artículo 
12 de este real decreto-ley, la entidad acreedora procederá a su implementación en 
un plazo máximo de 15 días.
2.  Una vez concedida la moratoria, la entidad acreedora comunicará al Banco 
de España su existencia y duración. Los importes que serían exigibles al deudor de 
no aplicarse la moratoria no se considerarán vencidos. Durante el período de 
suspensión no se devengará interés alguno.
3.  La aplicación de la suspensión no requerirá acuerdo entre las partes, ni 
novación contractual alguna, para que surta efectos, pero deberá formalizarse en 
escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad. La inscripción de la 
ampliación del plazo inicial tendrá plenos efectos, en su caso, frente a los acreedores 
intermedios inscritos aunque no cuente con el consentimiento de estos.
4.  Cuando prestamista y prestatario beneficiario de la moratoria acuerden una 
novación como consecuencia de la modificación del clausulado del contrato en 
términos o condiciones contractuales que vayan más allá de la mera suspensión a 
la que se refiere el artículo 13, incorporarán, además de aquellos otros aspectos que 
las partes pacten, la suspensión de las obligaciones contractuales impuesta por este 
real decreto-ley y solicitada por el deudor, así como el no devengo de intereses 
durante la vigencia de la suspensión.»
Seis.  El apartado 1 del artículo 14 queda redactado de la forma siguiente:
«1.  La solicitud de la moratoria a la que se refiere el artículo 12 conllevará la 
suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo de tres meses y la consiguiente 
inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria de la cláusula de 
vencimiento anticipado que, en su caso, constara en el contrato de préstamo con 
garantía hipotecaria.
La duración de la suspensión podrá ser ampliada por Acuerdo del Consejo de 
Ministros.»
Siete.  Se introduce un nuevo artículo 16 bis y 16 ter, con el siguiente literal:
«Artículo 16 bis.  Régimen de supervisión y sanción.
1.  Las entidades prestamistas supervisadas por el Banco de España remitirán 
cada día hábil a esta Autoridad la siguiente información referida al día hábil 
precedente:
a)  Número de solicitudes de suspensión presentadas por deudores.
b)  Número de suspensiones concedidas.
c)  Número de beneficiaros de la suspensión, desagregados, por un lado, en 
deudores y avalistas y, por otro lado, en asalariados y empresarios/profesionales. e.e
d)  Número de préstamos cuyo pago se ha suspendido. b
e)  Saldo vivo pendiente de amortización cuyo pago se suspende. 08ww
fg))   CNNúAmEe rdoe  dlae  apcrtéivsitdaamdo qsu een v elonsí aq rueea leizl adneduod oerl  dseoulidciotar. que se documente la
suspensión en escritura notarial.
2.  Los artículos 7 a 16 y el apartado primero de este artículo tendrá la 
consideración de normas de ordenación y disciplina a las que se refiere el artículo 2 
de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades de crédito.
Artículo 16 ter.  Formalización en escritura pública de la moratoria hipotecaria.
1.  Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la 
formalización e inscripción de la moratoria hipotecaria legal en los términos del 
apartado 3 del artículo 13 y de la formalización e inscripción de la novación del 
préstamo hipotecario en los supuestos del apartado 4 del artículo 13, serán 
satisfechos en todo caso por el acreedor y se bonificarán en un 50 por ciento en los 
siguientes términos:
a)  Por el otorgamiento de la escritura se devengará el arancel correspondiente 
a las escrituras de novación hipotecaria, previsto en la letra f) del apartado 1 del 
número 1 del anexo I del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que 
se aprueba el arancel de los Notarios, reducidos al 50 por ciento, sin que se 
devengue cantidad alguna a partir del quinto folio de matriz y de copia, sea copia 
autorizada o copia simple. El arancel mínimo previsto será de 30 euros y el máximo 
de 75.
b)  Por la práctica de la inscripción se aplicará el arancel previsto para las 
novaciones modificativas en artículo 2.1.g) del Anexo I del Real Decreto 1427/1989, 
de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Registradores. Al 
resultado se le aplicará una bonificación del 50 por ciento. El arancel mínimo 
previsto será de 24 euros y el máximo de 50 euros.
2.  Durante la vigencia del estado de alarma y hasta que vuelva a restablecerse 
plenamente la libertad deambulatoria, no podrán formalizarse las escrituras públicas 
a que se refiere el artículo 13. No obstante, ello no suspenderá la aplicación de la de 
la moratoria, que deberá aplicarse en el plazo máximo de 15 días conforme al 
artículo 13.1, se haya formalizado o no aún dicha suspensión en escritura pública.
3.  Formalizada la escritura pública se remitirá por el notario autorizante al 
Registro de la Propiedad través de cualquiera de los medios de presentación que 
permite la Ley hipotecaria.»
Ocho.  Se modifica el enunciado del apartado 1 del artículo 17 que queda redactado 
como sigue:
«1.  Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la 
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, 
de prolongarse este durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el 
mencionado Real Decreto, o, en otro caso cuando su facturación en el mes anterior 
al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en 
relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la 
prestación extraordinaria por cese de actividad que se regula en este artículo, 
siempre que cumplan los siguientes requisitos: e
ePdenro  lepoalis) a  R ToérE agAsbiutmaatójrea nnadof oiEmlriaesodsps oe dosce ,iyl a e Mle ndna se ra.u ll taca a,S seeong,  luearn ifd eeacld hR aSé dgoeicm ilaael  ndd eEec sllaporesac cTiiaórlan db deae jlala de Sosrteaegdsuo rp iddoear  daC lSauoremcnitaaa,l    2020-4208n https://www.
b)  En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en
virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la
reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la 
efectuada en el semestre anterior. En el caso de los trabajadores por cuenta propia 
o autónomos que desarrollen actividades en alguno de los códigos de la CNAE 2009 
entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos, la reducción de la facturación se calculará 
en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores. Alternativamente, para 
producciones agrarias de carácter estacional este requisito se entenderá cumplido 
cuando su facturación promedio en los meses de campaña de producción anteriores 
al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en 
relación con los mismos meses de la campaña del año anterior.
c)  Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No 
obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la 
facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al 
trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales 
ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos 
efectos para la adquisición del derecho a la protección.»
Se adicionan tres nuevos apartados 7, 8 y 9:
«7.  En el supuesto de suspensión de la actividad, la cotización correspondiente 
a los días de actividad en el mes de marzo de 2020 no cubiertos por la prestación 
regulada en este artículo, que no fuera abonada dentro del plazo reglamentario de 
ingreso, no será objeto del recargo previsto en el artículo 30 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social.
8.  El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá solicitarse 
hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de 
alarma.
9.  La acreditación de la reducción de la facturación se realizará mediante la 
aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través 
de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de 
ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y 
gastos.
Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que 
acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75% 
exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho.
Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se 
haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a 
esta prestación.»
Nueve.  Se modifica el artículo 20, con la siguiente redacción:
«Artículo 20.  Suspensión de la portabilidad.
Mientras esté en vigor el estado de alarma, no se realizarán por los proveedores 
de servicios de comunicaciones electrónicas campañas comerciales extraordinarias 
de contratación de servicios de comunicaciones electrónicas que requieran la 
portabilidad de numeración, en la medida que puede incrementar la necesidad de 
los usuarios de desplazarse físicamente a centros de atención presencial a clientes 
o de realizar intervenciones físicas en los domicilios de los clientes para mantener 
la continuidad en los servicios.
Con este mismo fin, mientras esté en vigor el estado de alarma, se suspenderán  e.
todas las operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil que no estén en  w.b
curso para cuya materialización sea necesaria la presencia ya sea de los operadores  08ww
ifnuveorzluac mraadyoosr .o E snu sa qaugeelnlotess s, uypau seesato dse el uns quuaeri os,e e hxucbeipetsoe e inn iccaiasdoos  uenxace oppceiorancailóens  ddee 
pacotrutaabciilóidna dp rey sheunbciieasl ep aqruae c soumsppleentadre relal  pproorc erseoq,u elorsir  olap erreaadliozraecsió inn vdoelu carlgaudnoas 
deberán garantizar que dicha operación de portabilidad no se complete y que en 
ningún momento se interrumpa el servicio al usuario.
Mientras esté en vigor el estado de alarma, los operadores proveedores de 
servicios de comunicaciones electrónicas no podrán incrementar los precios de los 
servicios en los contratos ya celebrados, ya sea de abono o de prepago, siempre 
que dichos servicios pudieran dar lugar a operaciones de portabilidad de numeración 
fija y móvil una vez finalizado el estado de alarma, pero que actualmente no pueden 
serlo por ser objeto de la suspensión establecida en el presente artículo. El 
Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá 
dictar instrucciones para la aplicación y aclaración de esta medida.»
Diez.  Se modifican con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo el apartado 1, el cuarto párrafo del apartado 3, el apartado 6, y se 
añaden dos nuevos apartados 7 y 8 del artículo 34 quedando redactados como sigue:
«1.  Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación 
sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las 
entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuya ejecución 
devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por 
el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, 
quedarán suspendidos total o parcialmente desde que se produjera la situación de 
hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A 
estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo 
cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de 
contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.
Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un 
contrato público quedará totalmente en suspenso, la entidad adjudicadora deberá 
abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante 
el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, 
efectividad y cuantía por el contratista. Los daños y perjuicios por los que el 
contratista podrá ser indemnizado serán únicamente los siguientes:
1.º  Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al 
personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución 
ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.
2.º  Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período 
de suspensión del contrato.
3.º  Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, 
instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos 
directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que 
estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la 
suspensión del contrato.
4.º  Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego 
y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén 
vigentes en el momento de la suspensión del contrato.
En caso de suspensión parcial, los daños y perjuicios a abonar serán los  oe.
correspondientes conforme al presente apartado de este artículo a la parte del  w.
cdoen ctLroaant oatr pasltuiacsacpcióeiónnn,d  iadd eain .los tdainscpiuae dsetol  ecno netsrateti satpaa yrt aedno  eslo plola pzroo cdeed ecrián ccou adníadso  neal óturgraalneos   2020-4208n https://ww
hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de
la situación descrita en su primer párrafo. Con esta finalidad el contratista deberá  Bc
dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando: las razones por las que la
ejecución del contrato ha devenido imposible; el personal, las dependencias, los 
vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del 
contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista 
de los medios citados en otro contrato. Las circunstancias que se pongan de 
manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior comprobación. Transcurrido 
el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta deberá 
entenderse desestimatoria.
No obstante, en caso de que entre el personal que figurara adscrito al contrato 
a que se refiere el punto 1.º de este apartado se encuentre personal afectado por el 
permiso retribuido recuperable previsto en el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de 
marzo, el abono por la entidad adjudicadora de los correspondientes gastos 
salariales no tendrá el carácter de indemnización sino de abono a cuenta por la 
parte correspondiente a las horas que sean objeto de recuperación en los términos 
del artículo tres del mencionado Real Decreto Ley, a tener en cuenta en la liquidación 
final del contrato.
No resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente 
artículo lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre; ni tampoco lo dispuesto en el artículo 220 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.
Además, en aquellos contratos públicos de servicios y de suministros de 
prestación sucesiva, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado 
el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia 
de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo 
previsto en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, con independencia de la fecha de publicación de la 
licitación de dicho nuevo expediente.
La suspensión de los contratos del sector público con arreglo a este artículo no 
constituirá en ningún caso una causa de resolución de los mismos.»
«3.  (…) En aquellos contratos en los que, de acuerdo con el «programa de 
desarrollo de los trabajos o plan de obra» estuviese prevista la finalización de su 
plazo de ejecución entre el 14 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma, y 
durante el período que dure el mismo, y como consecuencia de la situación de 
hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado no pueda 
tener lugar la entrega de la obra, el contratista podrá solicitar una prórroga en el 
plazo de entrega final siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromisos 
pendientes si se le amplía el plazo inicial, debiendo cumplimentar la correspondiente 
solicitud justificativa.»
«6.  Lo previsto en los apartados anteriores de este artículo, con excepción de 
lo previsto en el penúltimo párrafo del apartado 1, no será de aplicación en ningún 
caso a los siguientes contratos:
a)  Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, 
cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
b)  Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de  e.e
sistemas informáticos. w.b
No obstante, en el caso de los contratos de servicios de seguridad y limpieza, sí  08ww
saepraár tapdoosi b1l ed esu e ssutes paerntísciuólno , toyt aal  ion sptaarncciiaal,  deenl  cloosn ttréartmisitnao so  edset aobfliecicoid, ossi  ceonm eol 
coo lnas eAcdumeinnciisat rdaec ilóans  mloecdaild apsa raad ocpotmadbaasti rp oerl  eCl EOsVtaIDd o1, 9la,s a Clgoumnuon oid aadlgeusn Aoust ódneo msuass 
edificios o instalaciones públicas quedaran cerrados total o parcialmente deviniendo
imposible que el contratista preste la totalidad o parte de los servicios contratados. 
En el supuesto de suspensión parcial, el contrato quedará parcialmente suspendido 
en lo que respecta a la prestación de los servicios vinculados a los edificios o 
instalaciones públicas cerradas total o parcialmente, desde la fecha en que el 
edificio o instalación pública o parte de los mismos quede cerrada y hasta que la 
misma se reabra. A estos efectos, el órgano de contratación le notificará al contratista 
los servicios de seguridad y limpieza que deban mantenerse en cada uno de los 
edificios. Asimismo, deberá comunicarle, la fecha de reapertura total del edificio o 
instalación pública o parte de los mismos para que el contratista proceda a 
restablecer el servicio en los términos pactados.
c)  Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad 
y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.
d)  Contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en 
mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.
El régimen previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las medidas que 
pueda adoptar el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como 
autoridad competente designada en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para garantizar las prestaciones 
necesarias en orden a la protección de personas, bienes y lugares. Dichas medidas 
podrán implicar, entre otras, una modificación de los supuestos en los que procede 
la suspensión de los contratos.
7.  A los efectos de este artículo sólo tendrán la consideración de «contratos 
públicos» aquellos contratos que con arreglo a sus pliegos estén sujetos a: la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; o al Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; o a la Ley 31/2007, de 30 de 
octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y los servicios postales; o Libro I del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de 
febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación 
pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de 
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales; o a la Ley 24/2011, de 1 de 
agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.
8.  A los efectos de lo señalado en el presente artículo, los gastos salariales a 
los que en él se hace alusión incluirán los relativos a las cotizaciones a la Seguridad 
Social que correspondieran.»
Once.  Se modifican las letras A) del presupuesto de ingresos y H) del presupuesto 
de gastos del apartado 4 y el apartado 7 del artículo 37, que quedan redactados como 
sigue:
«A)  Aplicación  28.107.400.06  «Del  departamento  por  necesidades 
excepcionales provocadas por la crisis del COVID-19», por importe de 950.000 
euros.»
«H)  Aplicación 28.107.465A.787. «Para subvenciones de concesión directa  es
para proyectos y programas de investigación del virus SARS-CoV2, causante del  bo
COVID-19», por importe de 24.000.000 euros.» 08ww
«7.  La repercusión de los puntos anteriores en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas es la siguiente:
PRESUPUESTO DE INGRESOS:
A)  Aplicación 28.301.400.11. «Del departamento para todo tipo de gastos 
corrientes relacionados con la investigación del coronavirus COVID-19», por importe 
de 390.000 euros.
B)  Aplicación 28.301.700.06. «Del departamento para todo tipo de gastos de 
capital relacionados con la investigación del coronavirus COVID-19», por importe de 
4.060.000 de euros.
PRESUPUESTO DE GASTOS:
A)  Aplicación 28.301.463A.221.99. «Otros suministros», por importe de 
390.000 euros.
B)  Aplicación 28.301.463A.620. «Inversión nueva asociada al funcionamiento 
operativo de los servicios», por importe de 3.450.000 de euros.
C)  Aplicación  28.301.463A.640.  «Gastos  de  inversiones  de  carácter 
inmaterial», por importe de 610.000 euros.»
Doce.  Se modifica el apartado 1 y se añade un nuevo apartado 10 al artículo 38 con 
la siguiente redacción:
«1.  Habida cuenta del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, no resultará de aplicación 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a 
aquellas disposiciones dinerarias realizadas por el Instituto de Salud Carlos III o el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se realicen en el ámbito de las 
medidas que resulten imprescindibles para el desarrollo actividades de utilidad 
pública o interés social conducentes a la investigación científica y técnica derivada 
de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19 y que se efectúen 
a favor de personas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, incluyendo 
organismos y entidades de derecho público, universidades, entidades integrantes 
del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, sin contraprestación directa de los beneficiarios.»
«10.  Lo dispuesto en este artículo será asimismo de aplicación a cuantas 
aportaciones se efectúen por la entidad pública empresarial Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para el fomento de la innovación derivada 
de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19, correspondiendo 
a la persona titular de su Dirección la adopción de cuantas resoluciones resulten 
precisas a fin de realizar las aportaciones que correspondan y para el desarrollo de 
lo establecido en los apartados anteriores.»
Trece.  Modificación del artículo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo.
Quedará redactado como sigue:
«Artículo 40.  Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de 
Derecho privado. e.e
1.  Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma,  08ww
llcvaaiodsso e spsoeeocsrcoioainentfideevsarae dsdne ecs yli oa cs dio vóe irlpl geoapsrna  oyctrs oo mndnfeeae rtgroceoa nbndcietieairl ne tolsea ,yls e  ddfófeeunl  aniccddaoma ncimnsioieúsnjtlotreia pscrl eeió,pcn tos oddireer m ádlanpes r  eacla esqsole ucsbeiaor catciooriedsndeoeas s dp, ledooessr     OE-A-2020-42able en https://
miembros del órgano  dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano
reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las 
direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. La misma regla 
será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias 
o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el 
domicilio de la persona jurídica.
Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las 
juntas o asambleas de asociados o de socios podrán celebrarse por video o por 
conferencia telefónica múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho 
de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios, el 
secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que 
remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.
2.  Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, 
los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, 
de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades 
cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante 
votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán 
adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La 
misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás 
comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se 
entenderá celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todas estos 
acuerdos lo establecido en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se 
trate de sociedades mercantiles.
3.  La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, 
individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del 
ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona 
jurídica y, cuando fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás 
documentos exigibles según la legislación de sociedades, queda suspendida hasta 
que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a 
contar desde esa fecha. No obstante lo anterior, será válida la formulación de las 
cuentas que realice el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica 
durante el estado de alarma pudiendo igualmente realizar su verificación contable 
dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga prevista en el 
apartado siguiente.
4.  En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma o durante 
la vigencia del mismo, el órgano de gobierno o administración de una persona 
jurídica obligada hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para 
la verificación contable de esas cuentas, tanto si la auditoría fuera obligatoria como 
voluntaria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el 
estado de alarma.
5.  La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se 
reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que 
finalice el plazo para formular las cuentas anuales.
6.  Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la 
declaración del estado de alarma pero el día de celebración fuera posterior a esa 
declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos 
para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio 
publicado con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas en la página web de  es
la sociedad y, si la sociedad no tuviera página web, en el «Boletín oficial del Estado».  o
Edhmeunebb rcei6cear.arbásani os tpf i.ilrd neoeascE l eirzqnedau verdeeoro ,lc aa ahec cnali óiuebónesine tvc anadodd enocol  o l adanf oecpvu rorameoclarpuadrultmoaoe drasdioat.ea   ds dceuoensn  tavrcpooul ciedcaneatltco aimrósiane ,a s dne esul li gaóreulregsiesaun,nl ttcoaeo d danoe v,l  aolaa qdfseum sceohinnca iisl eaetdr najau cqdniuóetaens     OE-A-2020-4208able en https://www.
general ordinaria a partir de la entrada en vigor de la presente disposición, podrán
sustituir la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria por otra 
propuesta.
El órgano de administración deberá justificar con base a la situación creada por 
el COVID-19 la sustitución de la propuesta de aplicación del resultado, que deberá 
también acompañarse de un escrito del auditor de cuentas en el que este indique 
que no habría modificado su opinión de auditoría si hubiera conocido en el momento 
de su firma la nueva propuesta.
Tratándose de sociedades cuya junta general ordinaria estuviera convocada, el 
órgano de administración podrá retirar del orden del día la propuesta de aplicación 
del resultado a efectos de someter una nueva propuesta a la aprobación de una 
junta general que deberá celebrarse también dentro del plazo legalmente previsto 
para la celebración de la junta general ordinaria. La decisión del órgano de 
administración deberá publicarse antes de la celebración de la junta general ya 
convocada. En relación con la nueva propuesta deberán cumplirse los requisitos de 
justificación, escrito de auditor de cuentas señalados en el párrafo anterior. La 
certificación del órgano de administración a efectos del depósito de cuentas se 
limitará, en su caso, a la aprobación de las cuentas anuales, presentándose 
posteriormente en el Registro Mercantil certificación complementaria relativa a la 
aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.
7.  El notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios 
y levante acta de la reunión podrá utilizar medios de comunicación a distancia en 
tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.
8.  Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los 
socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de 
alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden.
9.  El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja 
durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran 
seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
10.  En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera 
el término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se 
producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar 
desde que finalice dicho estado.
11.  En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la 
vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la 
sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la 
junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad 
o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que 
finalice dicho estado de alarma.
12.  Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la 
vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas 
sociales contraídas en ese periodo.»
Catorce.  El artículo 41 quedará redactado como sigue:
«Artículo 41.  Medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos 
de gobierno de las Sociedades Anónimas Cotizadas.
1.  Excepcionalmente, durante el año 2020 se aplicarán las siguientes medidas 
a las sociedades con valores admitidos a negociación en un mercado regulado de  es
la Unión Europea: a) La obligación de publicar y remitir su informe financiero anual  bo
a la CNMV y el informe de auditoría de sus cuentas anuales, podrá cumplirse hasta  08ww
saicnee fciloseur bmamrtaeeror ss feiemns a decnesocennistetra orpod ad osresae  a lmol aspe  aspdrtuitreibarz lld i.cp ebarli )cmc iiLóeeanrrr o ejdsu e dnm etlaa ee  sgjdeeeersncc idelcaeriroala  le scojoieórcrdnicai incil.nai oDtrei aisrcm ohdcoeei ad plail.aa cc zcd)oi eoE s nlge icse eotsaxntsitsóe enpnj odoyde  drreeáál     OE-A-2020-42able en https://
administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la asistencia por
medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en los artículos 
182, 189 y 521 de la Ley de Sociedades de Capital, Texto Refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, así como la celebración de la junta en 
cualquier lugar del territorio nacional, aunque estos extremos no estén previstos en 
los estatutos sociales. Si la convocatoria ya se hubiese publicado a la fecha de 
entrada en vigor del presente real decreto-ley, se podrá prever cualquiera de estos 
supuestos en un anuncio complementario que habrá de publicarse al menos cinco 
días naturales antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta. d) En el 
supuesto de que las medidas impuestas por las autoridades públicas impidiesen 
celebrar la junta general en el lugar y sede física establecidos en la convocatoria y 
no pudiese hacerse uso de la facultad prevista en el número anterior: i) si la junta se 
hubiese constituido válidamente en dicho lugar y sede, podrá acordarse por esta 
continuar la celebración en el mismo día en otro lugar y sede dentro de la misma 
provincia, estableciendo un plazo razonable para el traslado de los asistentes. ii) si 
la junta no pudiera celebrarse, la celebración de la misma en ulterior convocatoria 
podrá ser anunciada con el mismo orden del día y los mismos requisitos de 
publicidad que la junta no celebrada, con al menos cinco días de antelación a la 
fecha fijada para la reunión. En este caso, el órgano de administración podrá 
acordar en el anuncio complementario la celebración de la junta por vía 
exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física de los socios o de sus 
representantes, siempre que se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por 
todas y cada una de estas vías: (i) asistencia telemática; (ii) representación conferida 
al Presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia y (iii) voto 
anticipado a través de medios de comunicación a distancia. Cualquiera de estas 
modalidades de participación en la junta podrá arbitrarse por los administradores 
aún cuando no esté prevista en los estatutos de la sociedad, siempre y cuando se 
acompañe de garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce 
su derecho de voto. Los administradores podrán asistir a la reunión, que se 
considerará celebrada en el domicilio social con independencia de donde se halle el 
Presidente de la Junta, por audioconferencia o videoconferencia.
2.  Excepcionalmente, y a los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, 
serán válidos los acuerdos del consejo de administración y los acuerdos de la 
Comisión de Auditoría que, en su caso, haya de informar previamente, cuando sean 
adoptados por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, aunque esta 
posibilidad no esté contemplada en los estatutos sociales, siempre que todos los 
consejeros dispongan de los medios necesarios para ello, y el Secretario reconozca 
su identidad, lo cual deberá expresarse en el acta y en la certificación de los 
acuerdos que se expida. En tal caso, la sesión se considerará única y celebrada en 
el lugar del domicilio social.
3.  Cuando las sociedades cotizadas apliquen cualquiera de las medidas 
recogidas en el artículo 40.6 bis de este Real Decreto-ley, la nueva propuesta, su 
justificación por el órgano de administración y el escrito del auditor deberán hacerse 
públicos, tan pronto como se aprueben, como información complementaria a las 
cuentas anuales en la página web de la entidad y en la de la CNMV como otra 
información relevante o, en caso de ser preceptivo atendiendo al caso concreto, 
como información privilegiada.»
Quince.  Se modifica el título de la Disposición adicional séptima, que queda 
redactado de la siguiente manera:
«Disposición adicional séptima.  Autorización para el desarrollo de actividades de 
utilización confinada y liberación voluntaria con organismos modificados 
genéticamente».
Dieciséis.  Se introduce una nueva Disposición adicional décima «Especialidades en 
aplicación del Capítulo II a las empresas concursadas», que queda redactado en los 
siguientes términos:
«1.  Las medidas previstas en este capítulo para los procedimientos de 
suspensión de contrato y reducción de jornada por causa de fuerza mayor y por 
causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, serán de aplicación a 
las empresas en concurso, siempre y cuando concurran los presupuestos de hecho 
contemplados en los artículos 22 y 23.
2.  Se entenderá normativa reguladora a los procedimientos referidos en el 
apartado anterior la prevista en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
con las especialidades previstas en los artículos 22 a 28 y disposición adicional 
sexta de este real decreto-ley, sin que resulte de aplicación el procedimiento del 
artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
3.  No obstante, resultarán aplicables a la tramitación y resolución de dichos 
procedimientos las especialidades siguientes:
a)  Las solicitudes o comunicaciones de los expedientes deberán ser 
formuladas por la empresa concursada con la autorización de la administración 
concursal, o por la administración concursal directamente, según el régimen de 
intervención o suspensión de facultades patrimoniales.
b)  La administración concursal será parte en el período de consultas previsto 
en el artículo 23 de este real decreto-ley.
c)  La decisión de aplicación de las medidas sobre suspensión de contratos o 
reducción de jornada, en los supuestos previstos en dicho artículo 23, deberá contar 
con la autorización de la administración concursal o ser adoptada por esta, según el 
régimen de intervención o suspensión de facultades patrimoniales, en caso de que 
no se alcance acuerdo al respecto en el periodo de consultas.
d)  En todo caso, deberá informarse de forma inmediata de la solicitud, 
resolución y medidas aplicadas al juez del concurso, por medios telemáticos.
e)  En los supuestos del apartado 1 del artículo 47.1 párrafos 10, 15 y 16 del 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y del apartado 6 del artículo 33 
del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción 
de jornada, será el juez del concurso el que conozca de las impugnaciones a que 
los mismos se refieren. Estas impugnaciones se sustanciarán por el procedimiento 
del incidente concursal en materia laboral y la sentencia que recaiga será recurrible 
en suplicación.
g)  En los supuestos del apartado 5 del artículo 33 del Real Decreto 1483/2012, 
de 29 de octubre,, la impugnación de la resolución de la autoridad laboral se  e.
realizará ante la jurisdicción social». w.b
siguDieinetcei smieatene. raS:e modifica la disposición final décima, que queda redactada de la
«1.  Con carácter general, las medidas previstas en el presente real decreto-ley
mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la
declaración del estado de alarma. No obstante, lo anterior, aquellas medidas 
previstas en este real decreto-ley que tienen un plazo determinado de duración se 
sujetarán al mismo.
Sin perjuicio de lo anterior la vigencia de las medidas previstas en este real 
decreto-ley, previa evaluación de la situación, se podrá prorrogar por el Gobierno 
mediante real decreto-ley.»
Dieciocho.  El apartado segundo de la disposición transitoria primera, que queda 
redactado en los siguientes términos:
«2.  Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por 
desempleo previstas en los artículos 24 y en los apartados 1 a 5 del artículo 25, 
serán de aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de 
contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, siempre que deriven 
directamente del COVID- 19.
La medida prevista en el artículo 25.6 será de aplicación a los trabajadores que 
hayan visto suspendida su relación laboral con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigor de ese Real Decreto-ley, siempre que dicha suspensión sea consecuencia 
directa del COVID-19»
Deicinueve.  Con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, la disposición final primera de dicho Real Decreto-ley queda redactada de la 
siguiente forma:
«Disposición final primera.  Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Se añade un nuevo número 28 al artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, con la siguiente redacción:
«28.  Las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de 
préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de 
documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este 
Impuesto, siempre que tengan su fundamento en los supuestos regulados en los 
artículos 7 a 16 del citado real decreto-ley, referentes a la moratoria de deuda 
hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual».».
Veinte.  La disposición final octava queda redactada como sigue:
«Este real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª 10.ª, 
13.ª, 14.ª, 15.ª, 17.ª, 18.ª, 21.ª y 25.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento 
de los deberes constitucionales; legislación mercantil; legislación civil, sin perjuicio 
de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de  s
los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan; régimen aduanero; de  oe.
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica;  w.
Htdéeac cnlaiiec enajd;e laceu ggciesiólnanec driaóeln ;s  bfuoásms siecenarvt yoic  riyéo gsc iopmooerrdn lai nesac Cocinoóómnm uginceiond eadrdeae ll asd  ASeue ltgaóu nirnoidvmaeadss tSi;g olaeccgiiaiósln,la  scciniióe npn etbírfájiucsiaicc iaoy    2020-4208n https://ww
sobre contratos y concesiones administrativas, telecomunicaciones y bases del
régimen minero y energético.» Bc
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local.
Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, con la siguiente redacción:
«3.  En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza 
mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de 
manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las 
sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, 
apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o 
quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la 
normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia 
por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se 
encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se 
deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, 
disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto 
de las mismas según proceda legalmente en cada caso.
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las 
audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales 
que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación 
política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se 
adopten».
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen 
jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el 
exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
La Ley 19/2003, de 4 de julio, se modifica en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el apartado 1 del artículo 7 bis, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 7 bis.  Suspensión del régimen de liberalización de determinadas 
inversiones extranjeras directas en España.
1.  A efectos de lo establecido en este artículo se consideran inversiones 
extranjeras directas en España todas aquellas inversiones como consecuencia de las 
cuales el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10 por 100 del 
capital social de la sociedad española, o cuando como consecuencia de la operación 
societaria, acto o negocio jurídico se participe de forma efectiva en la gestión o el 
control de dicha sociedad, siempre que concurra una de estas circunstancias:
a)  Que se realicen por residentes de países fuera de la Unión Europea y de la 
Asociación Europea de Libre Comercio.
b)  Que se realicen por residentes de países de la Unión Europea o de la 
Asociación Europea de Libre Comercio cuya titularidad real corresponda a 
residentes de países de fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de 
Libre Comercio. Se entenderá que existe esa titularidad real cuando estos últimos 
posean o controlen en último término, directa o indirectamente, un porcentaje  s
superior al 25% del capital o de los derechos de voto del inversor, o cuando por  oe.
otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, del inversor. w.
orépgeimPraoecdnior ádne ee sas utdateob rliienzcaveceriróssneió  pnrre edgvilriaaem.c»tean teaxrtiraamnejenrtae  qeul eidmaproárnt ee xpeonr tadse bdaejo s odmele cteurasle l aasl   2020-4208n https://ww
Dos.  Se suprime el apartado 6 del artículo 7 bis. BOE-A-cable e
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
Instituciones de Inversión Colectiva.
El apartado 7 del artículo 71 septies de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
Instituciones de Inversión Colectiva, queda redactados del siguiente modo:
«Artículo 71 septies.  Supervisión de los límites al apalancamiento, de la 
adecuación de los procesos de evaluación crediticia y del riesgo de liquidez.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el objeto de garantizar un 
tratamiento equitativo de los partícipes o accionistas o por razones de estabilidad e 
integridad del sistema financiero, podrá, de manera temporal y justificando la 
necesidad y proporcionalidad de la medida:
a)  Exigir a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, con 
carácter individual o respecto de una pluralidad de ellas, que refuercen el nivel de 
liquidez de las carteras de las instituciones de inversión colectiva gestionadas y, en 
particular, que incrementen el porcentaje de inversión en activos especialmente 
líquidos, tal y como los defina la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores.
b)  Autorizar a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, 
con carácter individual o respecto de una pluralidad de ellas, el establecimiento de 
periodos de preaviso para los reembolsos en una o varias instituciones de inversión 
colectiva por ellas gestionadas sin sujeción a los requisitos de plazo, importe mínimo 
y constancia previa en el reglamento de gestión aplicables con carácter ordinario. 
Dichos periodos de preaviso podrán también ser establecidos por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, que determinará los reembolsos a los que resulte 
de aplicación la medida com».
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico.
Se modifica el apartado a) de la disposición transitoria octava de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del sector eléctrico, que queda redactada con el siguiente tenor:
«a)  No haber obtenido autorización de explotación de la instalación de 
generación asociada en el mayor de los siguientes plazos:
1.º  Antes de dos meses desde la finalización del estado de alarma inicial o 
prorrogado declarado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. A tal efecto, no será de aplicación a esta disposición 
transitoria la suspensión y reanudación de plazos regulada en las disposiciones 
adicionales tercera y cuarta del citado Real Decreto.
2.º  Cinco años desde la obtención del derecho de acceso y conexión en un 
punto de la red.»
Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de 
ahorros y fundaciones bancarias.
La letra b) del apartado 3 del artículo 44 queda redactada del siguiente modo:
«b)  La dotación de un fondo de reserva para hacer frente a posibles  b
necesidades de recursos propios de la entidad de crédito participada que no puedan  08ww
speorn ecru ebnie prtealsig croo ne l octuromsp lriemciuernstoos d ey  squuse ,o bal igjuaicciioo ndeesl  eBna mncaote driea  Edes psaoñlvae,n pcuiad.ieran
fondAo  tadle f inre, seel rpvlaa nh afisntaan cailecraon czoanr teenl dvroál uumn ecna leonbdjeatrivioo  dqeu deo, tcaocnio nlae sf imnaínliidmaads  dael 
garantizar la gestión sana y prudente de la entidad participada, determine el Banco 
de España en función, entre otros, de los siguientes factores:
1.º  Las necesidades de recursos propios previstas en el plan financiero;
2.º  El valor de los activos ponderados por riesgo de la entidad participada y el 
volumen de la participación de la fundación bancaria en la entidad;
3.º  Si las acciones de la entidad están admitidas a negociación en un mercado 
secundario oficial de valores;
4.º  El nivel de concentración en el sector financiero de las inversiones de la 
fundación bancaria.
El fondo de reserva así constituido deberá invertirse en instrumentos financieros 
de elevada liquidez y calidad crediticia, que deberán estar en todo momento 
plenamente disponibles para su uso por la fundación.
El Banco de España desarrollará los supuestos y el modo en el que la fundación 
bancaria deberá hacer uso de estos fondos para atender las necesidades de 
solvencia de la entidad participada. En todo caso, deberá hacerse uso del fondo de 
reserva siempre que se haya producido una disminución significativa de los recursos 
propios de la entidad participada, que, a juicio del Banco de España, pudiera poner 
en peligro el cumplimiento con la normativa de solvencia de la entidad. Asimismo, 
desarrollará mediante circular los activos que pueden ser considerados como de 
elevada liquidez y alta calidad crediticia a efectos de lo dispuesto en este artículo.
No obstante lo anterior, el plan financiero de la fundación bancaria no requerirá 
la constitución del fondo de reserva siempre que se incorpore al plan de 
diversificación un programa de desinversión que incluya de manera detallada las 
medidas a implementar por la fundación para reducir su participación en la entidad 
de crédito por debajo del nivel señalado en el primer párrafo de este apartado en un 
plazo máximo de cinco años. Este programa, que tendrá carácter reservado, será 
aprobado por el Banco de España, que supervisará su cumplimiento y podrá requerir 
cualquier información que considere pertinente a la fundación. En caso de 
incumplimiento, el Banco de España podrá exigir a la fundación bancaria la 
presentación en el plazo máximo de veinte días de una modificación del plan 
financiero que incluirá la constitución de un fondo de reserva de acuerdo con lo 
previsto en este artículo. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de la aplicación, 
cuando proceda, del artículo 47 de esta Ley.
Las fundaciones bancarias que cuenten con un programa de desinversión 
aprobado por el Banco de España en los términos establecidos en el párrafo anterior 
podrán optar por la ampliación del plazo para cumplir el objetivo de desinversión 
hasta en dos años adicionales presentando una modificación de su programa de 
desinversión.
Si la fundación optase por la ampliación del plazo mencionada en el párrafo 
anterior, deberá constituir un fondo de reserva al que habrá de aportar, en cada uno 
de los ejercicios que dure la citada ampliación, una dotación anual que será de al 
menos un 50% de los importes recibidos de la entidad de crédito participada en 
concepto de reparto de dividendos.»
Disposición final séptima.  Modificación de la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos 
del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de  e.e
febrero de 2014. b
a20l 1o4LUrd/an2e 3oLn/.eaU ymE 9E i/eyl2  np02tá10or71 r aj4udf/er2oí 4 d8s/i eUcdogeE u ,ne ndosdevpo iae2 dñm6eo bdll  reaela pf,se ad breDtra ecidrroeoonc  dt4triea vd ta2oes0sl   1add4reet,íl l c qsPuuelaecordt ol2aar9 m mp qúeoubndeltiiocdfio caE,a  rpdueoardor a cplaoce tmqoau doye os   sdicgeeou lmte raC:oso psnoigsnueeejon:   BOE-A-2020-42cable en https://
«Excepcionalmente, en los contratos de suministros y de servicios se podrá 
establecer un plazo de duración superior al establecido en el párrafo anterior, 
cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente 
relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de 
la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre 
que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación 
del suministro o servicio, circunstancias que deberán ser justificadas en el 
expediente de contratación con indicación de las inversiones a las que se refiera y 
de su período de recuperación. El concepto de coste relevante en la prestación del 
suministro o servicio será objeto de desarrollo reglamentario.»
Dos.  Con vigencia indefinida se añade una disposición adicional a la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de contratos del sector público, la disposición adicional quincuagésimo 
quinta, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional quincuagésimo quinta.  Régimen jurídico de «Hulleras del 
Norte S.A., S.M.E.» (HUNOSA) y sus filiales y la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre, como medios propios y servicios técnicos.
1.  La empresa pública estatal «Hulleras del Norte S. A., S.M.E.» (HUNOSA) y 
sus filiales podrán tener la consideración de medios propios personificados y 
servicios técnicos de la Administración General del Estado, de las entidades del 
sector público estatal que tengan la condición de poder adjudicador, del Principado 
de Asturias y de las demás Comunidades Autónomas siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el punto 2° de la letra d) del apartado 2 del artículo 32 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en las letras a) 
y b) del apartado 4 del citado artículo, y estarán obligadas a realizar, con carácter 
exclusivo, los trabajos que estos les encomienden en las materias señaladas en el 
apartado 3 del presente artículo, sin perjuicio de la aplicación en su caso de lo 
dispuesto en el apartado 5 de dicho precepto.
Asimismo, HUNOSA y sus filiales podrán tener la consideración de medios 
propios personificados y servicios técnicos de las entidades pertenecientes al sector 
público que no tengan la consideración de poder adjudicador y sean dependientes 
de algunas de las Administraciones citadas en el párrafo anterior, pudiendo recibir 
encargos de las mismas siempre que se cumplan los requisitos que establece el 
artículo 33 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
2.  El capital social de HUNOSA y de sus filiales será íntegramente de titularidad 
pública.
Las entidades del sector público estatal y las Comunidades Autónomas deberán 
participar en el capital de HUNOSA mediante la adquisición de acciones, y solo 
podrán enajenar las acciones que adquieran a favor de la Administración General 
del Estado o de organismos y entidades vinculadas o dependientes de aquella.
3.  HUNOSA y sus filiales podrán prestar, por encargo de las entidades del 
sector público de las que sean medio propio o servicio técnico, las siguientes 
actividades:
a)  La realización de todo tipo de proyectos, obras, trabajos y prestación de 
servicios de desarrollo de actuaciones de restauración, incluyendo la restauración 
forestal o silvícola y el saneamiento atmosférico, de zonas degradadas y espacios  s
afectados a causa de la actividad minera o como consecuencia del cierre ordenado  oe.
de minas subterráneas o de la restauración de explotaciones a cielo abierto. w.
rye hmabeb)di liiotaLacami óbrneie adnleitz adalocmitóaencn itodene es ops rsoot eyinneficrbatloees s,dt reoub clrataussr a zoso  nqsuaeesrv  priceeicormusp itoearrniae denalt adsde, osasas ríar o clloalom  caorlet elaorcnsia óqtniuv eoo    2020-4208n https://ww
resulten necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos naturales afectados
por las actividades mineras o para potenciar la reactivación económica y el  Bc
desarrollo alternativo de las zonas afectadas por el ajuste de la minería del carbón.
c)  La recogida, transporte, eliminación, almacenamiento, transformación, 
mejora, revalorización y gestión de escombreras, productos, subproductos y 
residuos provenientes del cierre de las minas o de las actividades de regeneración, 
incluyendo la mejora de las instalaciones de canalización, depuración y regeneración 
de aguas residuales.
d)  La promoción, investigación, desarrollo, innovación y adaptación de nuevas 
técnicas, equipos, sistemas o procesos destinados a la regeneración o recuperación 
de las zonas degradadas por la minería del carbón.
4.  En lo no previsto en los apartados anteriores se estará a los términos 
previstos en los artículos 32 y 33 de la ley 9/2007, de 8 de noviembre.
5.  La FNMT-RCM, que en todo caso tendrá la consideración de entidad público 
empresarial y se regirá por lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para 
este tipo de organismos públicos, actuará como medio propio personificado de los 
poderes  adjudicadores  pertenecientes  a  los  sectores  públicos  estatales, 
autonómicos o locales, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el 
artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para cada caso. Adicionalmente, la 
persona titular del Ministerio de Hacienda, en los supuestos y con el alcance 
subjetivo que determine, podrá realizarle encargos de forma centralizada a favor de 
aquellos entes, organismos y entidades para los que la FNMT-RCM sea medio 
propio conforme a las previsiones de la citada Ley 9/2017. Estos encargos se 
financiarán conforme a lo previsto en la disposición adicional undécima de la Ley 
36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015 y 
en la disposición adicional vigésimo tercera de la ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria.»
Disposición final octava.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los apartados 1.º, 4.º 6.ª; 
7.ª; 8.ª; 10.º, 11.º, 13.º, 14.º, 16.º, 17.ª; 18.º, 21.º 25.ª y 27.ª del artículo 149.1 de la 
Constitución Española, que atribuyen al Estado, respectivamente, la competencia en la 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de los derechos constitucionales; 
sobre Defensa y Fuerzas Armadas, la legislación procesal; en materia de legislación 
laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas; la 
legislación civil; del régimen aduanero y arancelario y comercio exterior; sistema monetario: 
divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros. en 
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; 
Hacienda general y Deuda del Estado; en materia de Sanidad exterior y bases y 
coordinación general de la sanidad, legislación sobre productos farmacéuticos, en materia 
de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la 
ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas; bases del régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas; legislación básica sobre contratos y concesiones 
administrativas; bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, 
telecomunicaciones, y las bases del régimen minero y energético, normas básicas del 
régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación 
social, respectivamente.
Disposición final novena.  Aportación financiera estatal adicional al Plan Estatal de  e.e
Vivienda 2018-2021. b
1uVr0igv0ei e1nm.n cidilalaoS »neen e ac seuo ldt rocererr iéezsdaupi rtoaoonl s pdM rcieeionsnniust etpce uaraeirogls  odtea ejare ilTo rFrc 1aioc7nni.so0dp 9oo2. r2d0t6ee21s 0C,N. M o.7Eno5tsvi3ntial gi«d eSadnudocb tiyaav Ac epingóacenrinao d snsaeee rsUrá  eri mbsimatpanlpteaalme laeme sdn.e istPnapltdaaoonndseea sr c  ddodeene     OE-A-2020-42able en https://
inmediato al importe comprometido para el ejercicio 2020 por el Ministerio de Fomento,
hoy Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en los convenios para la 
ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
2.  El reparto de esta dotación entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades de 
Ceuta y Melilla se realizará con los mismos porcentajes que acordó la Conferencia 
Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo.
3.  Se autoriza al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a transferir 
con urgencia a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y de Melilla el 
100% de esta dotación sin esperar a la adquisición del compromiso financiero por parte de 
aquéllas, ni a cualquier otro requisito exigido en los convenios. Por lo que respecta a la 
Comunidad Foral de Navarra y al País Vasco, las ayudas que correspondan se negociarán 
en el seno del concierto navarro y el cupo vasco, respectivamente.
Disposición final décima.  Habilitación para el desarrollo y modificación del Plan Estatal 
de Vivienda 2018-2021.
Se habilita a la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución 
de lo dispuesto en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021.
Se habilita asimismo a la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la modificación 
parcial de lo dispuesto en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula 
el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, siempre y cuando se respeten los compromisos 
adquiridos por el anterior Ministerio de Fomento con las Comunidades Autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla en los convenios suscritos para la ejecución de dicho Plan y 
las modificaciones que tengan por objeto contribuir a minimizar los efectos económicos y 
sociales del COVID-19.
Disposición final undécima.  Desarrollo reglamentario y ejecución.
Se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales, 
en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final duodécima.  Vigencia.
1.  Con carácter general, las medidas previstas en el presente real decreto-ley 
mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del 
estado de alarma. No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-
ley que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.
2.  Sin perjuicio de lo anterior la vigencia de las medidas previstas en este real 
decreto-ley, previa evaluación de la situación, se podrá prorrogar por el Gobierno mediante 
real decreto-ley.
Disposición final decimotercera.  Entrada en vigor.
El presente Real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado a excepción del artículo 37, sobre Medidas de restricción a las 
comunicaciones comerciales de las entidades que realicen una actividad de juego regulada 
en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que entrará en vigor a los dos  e.
días de la citada publicación en el «Boletín Oficial del Estado». w.
Dado en Madrid, el 31 de marzo de 2020. FELIPE R.
El Presidente del Gobierno, Bc
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO I 
Cuestionarios relativos a los impactos presupuestarios derivados del coronavirus 
SARS-CoV-2 en Comunidades Autónomas (COVID-19) 
IMPACTO PRESUPUESTARIO DERIVADO DEL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19)
(CCAA) ; Ejercicio:  ______  ; Período:__________________
(Ente)
Indicadores Acumulados desde el 1 de enero, al cierre del mes
Nº casos confirmados
Nº casos confirmados todavía en seguimiento
Nº casos confirmados recuperados
Nº casos confirmados fallecidos
Nº días de estancia hospitalaria en UCI de casos confirmados 
Nº días de estancia hospitalaria en unidades distintas de UCI de casos confirmados
(miles de euros, depuradas transferencias internas)
Obligaciones  Gastos estimados en cuentas no presupuestarias de Otros ajustes a  Total Gasto 
reconocidas  acreedores por obligaciones pendientes de aplicar  devengo  devengado 
Observaciones / Relación de medidas 
Estimadas  a presupuesto estimados estimado adoptadas
Aplicaciones en el 
Abonos en el ejercicio
ejercicio
I.- Sanitario I.1.- Gasto de personal sanitario 0,00
I.2.- Gastos de atención hospitalaria 0,00
I.3.- Gasto farmacéutico hospitalario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Medicamentos genéricos 0,00
-Medicamentos biosimilares 0,00
-Resto de medicamentos 0,00
I.4.- Gasto en productos farmacéuticos y sanitarios 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
por recetas médicas u orden de dispensación
-Productos sanitarios 0,00
-Medicamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  ∙Genéricos 0,00
  ∙Biosimilares 0,00
  ∙Resto de medicamentos
I.5.- Gasto en productos sanitarios sin receta 
médica u orden de dispensación 0,00
I.6.- Gasto en conciertos de asistencia sanitaria 
0,00
con entidades no incluidas en AA.PP.
I.7.- Transferencias corrientes a otras AA.PP.
I.8.- Otros gastos corrientes  0,00
I.9.- Inversiones 0,00
I.10. Transferencias de capital a otras AA.PP. s
I.11.- Otros gastos de capital 0,00 oe.
II.- Sociosanitario IdIiInII.i..r1d12ei2r..c--e.t  -caGG tT aaanOss oottT oo rcAessoL  cddno Geecge  AiccdraaStoarrTsáádO ccaett  neeSn rrAeo  ssNl  rooaeIccpTciioooaAssgrRtaaiaIdnnOdoiittosaa  eIrr.iioona   .ddeeel a  ggpeeassrtttiiaóódnno    0,00 0,00 0,00 0,00 000,,,000000 2020-4208n https://www.
II.Ia..3.- TOTAL GASTO SOCIOSANITARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     
202120222023 Cuantificación del efecto (+Previsión / Cuantificación Cuantificación del efecto (+, ‐ ó 0) Cuantificación del efecto (+, ‐ ó 0) Previsión / Cuantificación , ‐ ó 0) Observaciones / Aclaracionesefectosen 2022 sobre la previsión del en 2021 sobre la previsión del efectosen 2023 sobre la previsión del (+ ó ‐) hasta Noviembreejercicio 2021ejercicio 2020(+ ó ‐) hasta Diciembreejercicio 2022 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Tipo de EfectoAplicación Presupuestaria. Clasificación En el caso de afectar al "Resto de entes" indicar si la Tipo por Ingreso Tipo según naturaleza: Tipo según materia Clasificación EconómicaClasificación Orgánicamedida tiene efecto en la financiación proporcionada por Tipo según su tipologíaafectadoTemporal / Permanente afectada(a nivel de subconcepto)las entidades del ámbito ejecución presup. TOTAL MEDIDAS INGRESOSTotal Capítulo I_ITotal Capítulo I_IITotal Capítulo I_IIITotal Capítulo I_IVTotal Capítulo I_VTotal Capítulo I_VITotal Capítulo I_VIITotal Capítulo I_VIIITotal Capítulo I_IX   Aplicación Presupuestaria. ClasificaciónTipo de Efecto En el caso de afectar al "Resto de entes" indicar si la Tipo según naturaleza: Tipo según materia Clasificación Económicamedida tiene efecto en la financiación proporcionada por Clasificación OrgánicaClasificación FuncionalTipo según su tipologíaTemporal / Permanente afectada(a nivel de subconcepto)las entidades del ámbito ejecución presup. TOTAL MEDIDAS GASTOSTotal Capítulo G_ITotal Capítulo G_IITotal Capítulo G_IIITotal Capítulo G_IVTotal Capítulo G_VTotal Capítulo G_VITotal Capítulo G_VIITotal Capítulo G_VIIITotal Capítulo G_IX 202120222023 Cuantificación del efecto (+, ‐ ó 0) Cuantificación del efecto (+, ‐ ó 0) Cuantificación del efecto (+, ‐ ó 0) Previsión / Cuantificación Previsión / Cuantificación Observaciones / Aclaracionesen 2022 sobre la previsión del en 2023 sobre la previsión del en 2021 sobre la previsión del efectosefectosejercicio 2021ejercicio 2022ejercicio 2020(+ ó ‐) hasta Diciembre(+ ó ‐) hasta Noviembre 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Nombre Comunidad. (mesA86a. EFECTOS INDUCIDOS E INDIRECTOS EN INGRESOS DERIVADO DEL CORONAVIRUS SARS‐CoV‐2 (COVID‐19) (ÁMBITO SEC)(miles de euros)Efectos inducidos o indirectos 2020. Cuantificación (mes de referencia del cuestionario y anteriores) o Previsión (meses restantes) Previsión / Cuantificación Previsión / Cuantificación Previsión / Cuantificación Previsión / Cuantificación Previsión / Cuantificación Capítulos presupuestariosPrevisión / Cuantificación Previsión / Cuantificación Previsión / Cuantificación Previsión / Cuantificación Previsión / Cuantificación efectosefectosefectosefectosefectosefectosefectosefectosefectosefectos(+ ó ‐) hasta Agosto(+ ó ‐) hasta Marzo(+ ó ‐) ha(+ ó ‐) hasta Octubre) hasta Mayo(+ ó ‐) hasta Septiembre(+ ó ‐(+ ó ‐) hasta Julio(+ ó ‐) hasta Febrerosta Junio(+ ó ‐) hasta Enero(+ ó ‐) hasta Abril TOTAL EFECTOS EN INGRESOS0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Total Capítulo I_I0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Total Capítulo I_II0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Total Capítulo I_III0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Total Capítulo I_IV0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Total Capítulo I_V0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Total Capítulo I_VI0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Total Capítulo I_VII0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Total Capítulo I_VIII0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Total Capítulo I_IX0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Nombre Comunidad. (mes) de (año) A86a. EFECTOS INDUCIDOS E INDIRECTOS EN INGRESOS DERIVADO DEL CORONAVIRUS SARS‐CoV‐2 (COVID‐19) (ÁMBITO SEC)(miles de euros)Ámbito subjetivoOrigen Normativo Agrupación de Delimitación Sector (Ámbito Si la medida afecta a una única entidad indicar la entidad afectadaCapítulos presupuestariosefectos y Descripción efectos en ingresos Soporte normativoestadística ejecución Origen‐Mes Origen‐Año Origen‐Normativa desglosepresupuestaria o Resto de implementación implementación (Estatal/Autonómica/Ambas)CódigoTipo de enteDenominaciónentidades) TOTAL EFECTOS EN INGRESOSTotal Capítulo I_ITotal Capítulo I_IITotal Capítulo I_IIITotal Capítulo I_IVTotal Capítulo I_VTotal Capítulo I_VITotal Capítulo I_VIITotal Capítulo I_VIIITotal Capítulo I_IX Nombre Comunidad. (mes) de (año) A86a. EFECTOS INDUCIDOS E INDIRECTOS EN GASTOS DERIVADO DEL CORONAVIRUS SARS‐CoV‐2 (COVID‐19) (ÁMBITO SEC)(miles de euros)Ámbito subjetivoOrigen Normativo Agrupación de Delimitación Sector (Ámbito Si la medida afecta a una única entidad indicar la entidad afectadaCapítulos presupuestariosefectos y Descripción efectos en gastosSoporte normativoOrigen‐Mes Origen‐Año Origen‐Normativa estadística ejecución desgloseimplementación implementación (Estatal/Autonómica/Ambas)presupuestaria o Resto de CódigoTipo de enteDenominaciónentidades) TOTAL MEDIDAS GASTOSTotal Capítulo G_ITotal Capítulo G_IITotal Capítulo G_IIITotal Capítulo G_IVTotal Capítulo G_VTotal Capítulo G_VITotal Capítulo G_VIITotal Capítulo G_VIIIpítulo G_IX CaTotal Nombre Comunidad. (mesA86a. EFECTOS INDUCIDOS E INDIRECTOS EN GASTOS DERIVADO DEL CORONAVIRUS SARS‐CoV‐2 (COVID‐19) (ÁMBITO SEC)(miles de euros)Efectos inducidos o indirectos 2020. Cuantificación (mes de referencia del cuestionario y anteriores) o Previsión (meses restantes) PrPrevisión / Cuantificación Previsión / Cuantificación Previsión / Cuantificación Previsión / Cuantificación Previsión / Cuantificación Previsión / Cuantificación Previsión / Cuantificación visión / Cuantificación evisión / Cuantificación PreCapítulos presupuestariosPrevisión / Cuantificación efectosefectosefectosefectosefectosefectosefectosefectosefectosectosef Ma(+ ó ‐) hasta(+ ó ‐) hasta Agosto(+ ó ‐) hasta Julio(+ ó ‐) hasta Febrero(+ ó ‐) hasta Septiembre(+ ó ‐) hasta Junio(+ ó ‐) hasta Enero(+ ó ‐) hasta Abril(+ ó ‐) hasta Mayo(+ ó ‐) hasta Octubrerzo TOTAL MEDIDAS GASTOS0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Total Capítulo G_I0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Total Capítulo G_II0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Total Capítulo G_III0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Total Capítulo G_IV0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Total Capítulo G_V0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Total Capítulo G_VI0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Total Capítulo G_VII0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Total Capítulo G_VIII0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Total Capítulo G_IX0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00  
     Relación esquemática de medidas adoptadas con impacto en cada grupo de programas y en cada capítulo                                    
    mportes en miles € Gasto total en el grupo de programas sin medidas por COVID 19                                  
I  
  D 19  Total Gasto devengado estimado                                  
  VI
O
  medidas por C Otros ajustes a devengo estimados                                 
  e 
 os de la gestión del COVID 19         Gasto asociado directamente con la aplicación dGastos recogidos en cuentas no presupuestarias de acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a Obligaciones presupuesto reconocidas  Abonos en el Aplicaciones en ejercicio el ejercicio                                                                              
d
a
riv DES  
e A
s d         UNID                                 
o Nº 
t
ANEXO II. Formulario de ga     A) EFECTOS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN Y DE TRANSFERENCIAS         Programa/ Grupo Capítulo de gasto           de programa         UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA Descripción Descripción          Nº personas nuevas en plantilla/ Gastos de personal: Cap 1 Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Gasto en bienes y Nº de unidades de material adicional servicios: Cap 2 adquirido/nº de contratos de servicios 132. Seguridad y adicionales por el COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 orden público  Gasto de transferencias   corrientes: Cap 4  Gasto de transferencias de   capital: Cap 7 Nº personas nuevas en plantilla/ Gastos de personal: Cap 1 Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Gasto en bienes y Nº de unidades de material adicional servicios: Cap 2 adquirido/nº de contratos de servicios 134. Movilidad adicionales por el COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 urbana  Gasto de transferencias   corrientes: Cap 4  Gasto de transferencias de   capital: Cap 7 Nº personas nuevas en plantilla/ 135: Protección Gastos de personal: Cap 1 Aumento de horas extarordinarias civil derivadas del COVID 19    
Relación esquemática de medidas adoptadas con impacto en cada grupo de programas y en cada capítulo                                                                     
Gasto total en el grupo de programas sin medidas por COVID 19                                                                     
D 19  Total Gasto devengado estimado                                                          
VI         
O
e medidas por C Otros ajustes a devengo estimados                                                                   
ociado directamente con la aplicación dGastos recogidos en cuentas no presupuestarias de acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto  Abonos en el Aplicaciones en ejercicio el ejercicio                                                                                                               
Gasto as Obligaciones reconocidas                                                           
        
DES  
A
    NID                                                         
U
Nº          
    UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA  Nº de unidades de material adicional adquirido/nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19        Nº personas nuevas en plantilla/ Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19  Nº de unidades de material adicional adquirido/nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19        Nº personas nuevas en plantilla/ Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19  Nº de unidades de material adicional adquirido/nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19        Nº de empleados beneficiarios de las ayudas           Nº personas nuevas en plantilla por el COVID 19 Nº de plazas nuevas en Centros de Asistencia Social por el COVID 19 Nº de plazas nuevas en Residencias de ancianos  por el COVID 19 
     Programa/ Grupo Capítulo de gasto           de programa         Descripción Descripción          Gasto en bienes y servicios: Cap 2  Gasto de inversión: Cap 6  Gasto de transferencias corrientes: Cap 4  Gasto de transferencias de capital: Cap 7  Gastos de personal: Cap 1  Gasto en bienes y 162: Recogida, servicios: Cap 2 gestión y Gasto de inversión: Cap 6 tratamiento de residuos Gasto de transferencias corrientes: Cap 4  Gasto de transferencias de capital: Cap 7  Gastos de personal: Cap 1  Gasto en bienes y servicios: Cap 2 163: Limpieza Gasto de inversión: Cap 6 viaria  Gasto de transferencias corrientes: Cap 4  Gasto de transferencias de capital: Cap 7  Gastos de personal: Cap 1  Gasto en bienes y servicios: Cap 2 221: Otras prestaciones Gasto de inversión: Cap 6 económicas a favor de los empleados Gasto de transferencias corrientes: Cap 4  Gasto de transferencias de capital: Cap 7  Gastos de personal: Cap 1  231: Asistencia social primaria Gasto en bienes y servicios: Cap 2   
Relación esquemática de medidas adoptadas con impacto en cada grupo de programas y en cada capítulo                                                                  
Gasto total en el grupo de programas sin medidas por COVID 19                                                                  
D 19  Total Gasto devengado estimado                   
VI                                             
O
e medidas por C Otros ajustes a devengo estimados                                                               
ociado directamente con la aplicación dGastos recogidos en cuentas no presupuestarias de acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto  Abonos en el Aplicaciones en ejercicio el ejercicio                                                                                                          
Gasto as Obligaciones reconocidas                    
                                            
DES  
A
    NID               
U
Nº                                               
    UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA  Nº de plazas nuevas en Guarderías Infantiles (no los parvularios ni docentes preescolares) por el COVID 19 Nº de plazas nuevas en otros centros de atención social por el COVID 19 Nº de unidades de material adicional adquirido Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19           Nº personas nuevas en plantilla/ Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Nº de unidades de material adicional adquirido/nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19           Nº personas nuevas en plantilla/ Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Nº de unidades de material adicional adquirido/nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19           Nº personas nuevas en plantilla/ Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Nº de unidades de material adicional adquirido/nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19       
     Programa/ Grupo Capítulo de gasto           de programa         Descripción Descripción           Gasto de inversión: Cap 6  Gasto de transferencias corrientes: Cap 4  Gasto de transferencias de capital: Cap 7  Gastos de personal: Cap 1  Gasto en bienes y servicios: Cap 2 311: Protección de la Salubridad Gasto de inversión: Cap 6 Pública  Gasto de transferencias corrientes: Cap 4  Gasto de transferencias de capital: Cap 7  Gastos de personal: Cap 1  Gasto en bienes y 312: Hospitales, servicios: Cap 2 servicios asistenciales y Gasto de inversión: Cap 6 centros de salud Gasto de transferencias corrientes: Cap 4  Gasto de transferencias de capital: Cap 7  Gastos de personal: Cap 1  320: Gasto en bienes y Administración servicios: Cap 2 General de educación Gasto de inversión: Cap 6  Gasto de transferencias corrientes: Cap 4  cve: BOE-A-2020-4208 Verificable en https://www.boe.es
Relación esquemática de medidas adoptadas con impacto en cada grupo de programas y en cada capítulo                                 Relación esquemática de medidas adoptadas con impacto en cada concepto                     
Gasto total en el grupo de programas sin medidas por COVID 19                                                   
OVID 19  Total Gasto devengado estimado                                das por COVID 19  Total Derechos liquidados estimados                   
Gasto asociado directamente con la aplicación de medidas por CGastos recogidos en cuentas no presupuestarias de acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a Otros ajustes Obligaciones presupuesto a devengo reconocidas  estimados Abonos en el Aplicaciones en ejercicio el ejercicio                                                                        Minoración de ingresos asociados directamente con la aplicación de medi Minoración de Minoración de   Derechos derechos por derechos por liquidados reducción de medidas actividad discrecionales                                             
                                            
    Nº UNIDADES                                 Concepto presupuestario de ingresos                   
       Programa/ Grupo Capítulo de gasto           de programa         UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA Descripción Descripción          Gasto de transferencias de   capital: Cap 7 Nº personas nuevas en plantilla/ Gastos de personal: Cap 1 Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 323: Nº de unidades de material adicional Gasto en bienes y Funcionamiento de adquirido/nº de contratos de servicios servicios: Cap 2 centros docentes adicionales por el COVID 19 de enseñanza Gasto de inversión: Cap 6   infantil y primaria y educación Gasto de transferencias especial.   corrientes: Cap 4 Gasto de transferencias de   capital: Cap 7 Nº de unidades o material nuevo Gastos corrientes: cap 2 adquiridos para favorecer el Área de gasto 9: teletrabajo por el COVID 19 Actuacioens de Nº de equipos informáticos o unidades carácter general Gastos de inversión: cap 6 nuevas adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19          B) EFECTOS EN INGRESOS TRIBUTARIOS                                            
de la m€   Importes en miles €  Obligaciones reconocidas                                              
a  da 6ª de 300  Gasto mprometido 
e lL      co                                            
dL
o, EE o ado 
arzde  Gastutoriz
mo      a                                            
de unt epto 
Ley 8/2020, de 17 entes al  del conj         Clasificación económica  Capítulo Artículo Conc                                                                                                      
3 del Real Decreto-duales correspondi         Clasificación por programas  Grupo de PrograÁrea de Política mas gasto de gasto                                                                                                            
ANEXO III.Información relativa a la aplicación del artículo   LOEPSF, de la da 16ª del TRLRHL, y de los límites indivi         A) Prestaciones recogidas en el artículo 1.2 del RDL 8/2020, de 17 de marzo  a) Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados especialmente a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, compensando el cierre de comedores, centros de día, ocupacionales y servicios similares, incluyendo la ayuda a domicilio en todas sus modalidades  b) Incrementar y reforzar el funcionamiento de dispositivos de teleasistencia domiciliaria   c) Prestación en domicilio, cuando sea considerado necesario, de servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y similares  d) Reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, con personal y medios materiales adecuados, asegurando la protección de las personas  e) Reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y residenciales en caso de sustituciones o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga  f) Adquisición de medios de prevención (EPI)  g) Ampliar la dotación de partidas para garantizar ingresos suficientes a las familias, para cobertura de sus necesidades básicas, de urgencia o de inserción  h) Reforzar, con servicios y dispositivos adecuados, los servicios de respiro a cuidadores y medidas de conciliación para familias con bajos ingresos y necesiten trabajar o salir de su domicilio por razones justificadas y/o urgentes  i) Otras medidas imprescindibles y urgentes, debidamente justificadas, para atender a personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis  Importe total por prestaciones del artículo 1.2 del RDL  B) Inversiones realizadas  C) Transferencias de capital  Importe total por prestaciones del artículo 1.2 del RDL, gastos inversión y transferencias de capital  Límite individual aplicable según regla establecida en este RDL   Remanente de superávit con arreglo al apartado 2.c) de la DA 6ª de la LOEPSF    
ANEXO IV    [Formulario de solicitud] 
MODELO DE SOLICITUD DEL BONO SOCIAL PARA TRABAJADORES POR 
CUENTA AJENA AFECTADOS POR ERES Y/O TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
QUE HAYAN VISTO AFECTADA SU ACTIVIDAD COMO CONSECUENCIA DEL 
COVID-19   
Datos de la empresa    Espacio reservado para el registro de 
comercializadora de  entrada de la solicitud en la empresa 
referencia  comercializadora de referencia 
 
DATOS DEL TITULAR DEL SUMINISTRO 
Apellidos y nombre: 
NIF o NIE: 
Dirección del punto de suministro: 
Dirección de correo electrónico a efectos de notificación: 
Municipio:         Código Postal: 
Provincia: 
Teléfonos de contacto: / / / 
Alternativamente, dirección de correo postal a efectos de notificación: 
Código Universal de Punto de Suministro, CUPS (dato que figura en la factura o 
que puede ser solicitado al distribuidor): 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le 
informamos de que todos los datos facilitados tendrán carácter confidencial. Los 
datos recogidos se utilizarán con la finalidad de aplicar el bono social regulado 
en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, y el esto de normativa de 
aplicación al bono social. 
Asimismo, para la utilización de dichos datos, le comunicamos que los mismos  es
quedarán  incorporados  y  serán  tratados  en  los  ficheros  denominados:  w.
…dfice…h eP.r(roionstc)e…ocrcp.i.óo  nr a rd neo mDabtroes d, et itluolsa rfiidcahde rodse) … .… in(sncormitobsre a ndteel  lare Aspgoennscaiab lEe spdaeñ ololas   BOE-A-2020-42cable en https://
De  la  misma  manera,  …(nombre  del  responsable  de  los  ficheros)….  se 
compromete  a  tratar  de  forma  confidencial  los  datos  de  carácter  personal 
facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros. 
En cumplimiento de la normativa vigente, se garantiza que se han adoptado las 
medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener el nivel de seguridad 
requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados. 
También le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal 
a través de la dirección de correo electrónico …(dirección de correo electrónico 
de la empresa a estos efectos)…. …. , acompañando copia de DNI…………. 
 
SOLICITA: 
La aplicación del bono social al suministro del Código Universal de Punto de 
Suministro citado. 
 
A TAL EFECTO DECLARA: 
–  Que el suministro para el que solicita bono social está destinado a la 
vivienda habitual del titular. 
–  Que el titular es persona física. 
–  Que el titular está acogido al precio voluntario para el pequeño consumidor 
(PVPC) o, en caso de no estarlo, que acepta la formalización de un contrato con 
la comercializadora de referencia acogido a PVPC1. 
Marcar si procede: 
□  Que forma parte de la unidad familiar2 integrada por los siguientes miembros 
(nombre y NIF o NIE de cada uno de los miembros para los que dicho documento 
sea obligatorio). 
                                                 
1 La aplicación del bono social conlleva tener un contrato de suministro con el comercializador de referencia a PVPC. 
El PVPC está regulado en el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de 
cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de 
contratación.  s
2 Se entiende por unidad familiar, a los solos efectos de la aplicación del bono social en la factura de energía  e.
eléctrica, la constituida conforme a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la  w.b
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la  08ww
R1e.ªn Ltaaiba n di))ned   tLeLneopoogse srR na ehddhsiiajiieojdo nseps tno emtrmse la sode yyseno  s ocréoeórsbesntrs oyed,su  ee.gc l  eoPesnad t nareiodmx  scoineencppioaac,p irócaaundca ioltqdasue dlie oeglsroa as jldu medq eilucaneisat ,es lmi gcyuoe, innsei tn eleto elss s u chmjoeuontbdosiaesel rniadata:i m dpeaiestnr. itao  pdoete slotasd  ppardorrerosg, avdivaa on   BOE-A-2020-42cable en https://
rehabilitada.
 
(Espacio reservado para nombre y NIF o NIE del titular o de los miembros de la 
unidad familiar). 
 
 
 
 
 
 
Marque, en su caso: 
□  1) Que el titular del punto de suministro o, en su caso, algún miembro de la 
unidad familiar, trabajador por cuenta ajena, está acogido a un Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE), que tengan su causa directa en pérdidas de 
actividad como consecuencia del COVID-19, autorizado por la autoridad laboral. 
□  2) Que el titular del punto de suministro o alguno de los miembros de su unidad 
familiar,  trabajadores  por  cuenta  propia  o  autónomos,  tienen  derecho  a  la 
prestación por cese total de actividad profesional o por haber visto su facturación 
en el mes anterior al que se solicita el bono social reducida en, al menos, un 75 
por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, en 
los términos establecidos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19. 
 
PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, APORTA: 
  Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme 
parte de una unidad familiar, copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros 
para los que dicho documento sea obligatorio. 
  Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular de 
punto de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar. 
  Libro de familia, en el caso de que exista unidad familiar.  w.b
l 2a .  ª m  E a n d  r loe  s  y  c  t ao s d o o ss    d lo e s  s  h e ip jo a s r  aq c u i eó  n c   ol en g v ai v l,a on  ccuoann udnoo n uo  oetxrois tyi eqruae v rínecúunlaon m loastr rimeqouniisaitl,o sla  af oqrumea sdea  rpeofire erel  plaa drereg lao   OE-A-2020-42able en https://
1ª.   Bc
Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.
 
  En el caso definido en la letra a) del apartado 1 del artículo 28 del Real Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo, para el titular del suministro o el miembro de la 
unidad familiar afectado: 
  Acuerdo del ERE. 
  Resolución de la autoridad laboral en referencia al ERE  
  Documento que acredite la relación del trabajador por cuenta ajena y la 
empresa que lleva a cabo el ERE, en su caso.  
  En el caso definido en la letra b) del apartado 1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 
31 de marzo, el trabajador autónomo deberá acreditar su condición conforme el 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.  
En particular, cuando el trabajador autónomo se encuentre en el supuesto 
de cese de actividad, la acreditación se realizará mediante certificado 
expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la 
declaración de cese de actividad declarada por el interesado. 
 
(Espacio reservado para nombre, NIF o NIE y firma del titular y de los miembros 
de la unidad familiar que se encuentren en las circunstancias de las letras a) o 
b) del apartado 1 del artículo 28 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo). 
 
En el caso de que las circunstancias anteriores se alteren antes del plazo de 
6 meses establecido en el apartado 3 del artículo 28 del Real Decreto-ley 
11/2020,  de  31  de  marzo,  el  consumidor  deberá  comunicarlo  a  su 
comercializadora de referencia. En cualquier caso, el consumidor puede 
solicitar el bono social en virtud de lo regulado en el Real Decreto 897/2017, 
de 6 de octubre. 
  w.b
En …………………………….… a …… de ………………………… de 20…
Firma del titular del suministro y, en su caso, firma de los miembros de la
unidad familiar.