BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308 Viernes 24 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 162276
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
21342 Orden TED/1445/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas correspondientes al programa de 
incentivos a proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
I
La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis económica, social y 
sanitaria. La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea. El 
Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este momento 
de  realizar  un  esfuerzo  notorio  y  de  un  planteamiento  innovador  que  impulsen  la 
convergencia, la resiliencia y la transformación de la Unión Europea, acordó un paquete 
de medidas de gran alcance.
Como consecuencia de ese acuerdo, el Consejo de la Unión Europea adoptó el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). 
Este mecanismo es el eje central de las medidas extraordinarias de recuperación de la 
UE y se enmarca dentro del Instrumento de Recuperación y Resiliencia que regula los 
fondos europeos «Next Generation EU» (en adelante, los Fondos Europeos).
Este Instrumento Europeo de Recuperación, que implicará para España en torno 
a  140.000  millones  de  euros  en  forma  de  transferencias  y  préstamos  para  el 
periodo 2021-2026, se basa en tres pilares. El primero consiste en la adopción de 
instrumentos  para  apoyar  los  esfuerzos  de  los  Estados  Miembros  por  recuperarse, 
reparar los daños y salir reforzados de la crisis. El segundo consiste en la adopción de 
medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades. Por 
último, el tercer pilar se centra en el refuerzo de los programas clave de la Unión 
Europea para extraer las enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado único sea más 
fuerte y resiliente y acelerar la doble transición ecológica y digital.
En este sentido, el Instrumento Europeo de Recuperación está alineado con las siete 
iniciativas bandera europeas (Flagship initiatives), presentadas por la Comisión en la 
Estrategia  Anual  de  Crecimiento  Sostenible  2021.  Entre  estas  iniciativas  bandera 
europeas destaca el apoyo a la electrificación, la integración de energías renovables y el 
hidrógeno  renovable  y  el  despliegue  de  infraestructura  de  recarga  de  vehículos 
eléctricos.
Con base en lo anterior, el Instrumento Europeo de Recuperación permitirá a España 
movilizar un volumen de inversión sin precedentes y, en este contexto, se aprobó el 27 
de abril de 2021, por Acuerdo de Consejo de Ministros, el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de España, aprobado por la Comisión Europea el 6 de julio 
de 2021. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un proyecto de país, 
que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los 
niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública. Las  e.
componentes que constituyen el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  w.b
permitirán llevar a cabo reformas estructurales en los próximos años, mediante cambios  342ww
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El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) incluye cuatro ejes 
transversales que se dividen en un total de diez políticas palancas que van a incidir 
directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación 
del tejido económico y social.
Uno de los cuatro ejes transversales del Plan es la transición ecológica. Nuestro país 
apuesta  por  alcanzar  una  economía  neutra  en  carbono,  impulsando  la 
«descarbonización», invirtiendo en tecnologías verdes y sostenibles, para avanzar desde 
un sistema dependiente de las energías fósiles hasta un sistema energético 100% 
renovable.  Este  eje  transversal  encuentra  su  desarrollo,  entre  otras,  en  la  política 
palanca 3: «una transición energética justa e inclusiva», y dentro de ésta, se encuentra la 
componente 9 «Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial» (en 
adelante, la «Componente 9»).
Sin perjuicio de lo anterior, cabe recordar que el hidrógeno renovable se incluye dentro de 
una  de  las  acciones  estratégicas  «Clima,  energía  y  movilidad»  del  Plan  Estatal  de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) 2021-2023, que es el principal 
instrumento de la Administración para el desarrollo y consecución de los objetivos de la 
«Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2021-2027». En esta acción 
estratégica se menciona como línea prioritaria de actuación la «Hoja de Ruta del Hidrógeno» 
cuya apuesta por el hidrógeno renovable está llamada a ser una herramienta clave para la 
integración de los diferentes sectores energéticos, favoreciendo la seguridad, disponibilidad y 
flexibilidad energética, situándose como una de las principales medidas destinadas a la 
descarbonización de la economía en 2050.
Según el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales y se crea el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, corresponde a éste la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en 
materia climática, de energía y medio ambiente para la transición a un modelo productivo 
y social más ecológico, así como la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno 
frente al reto demográfico y el despoblamiento territorial.
El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (en adelante, MITERD) 
elaboró el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que fue aprobado por Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2021, por el que se adoptó la versión final 
del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC 2021-2030), que 
proporciona  el  marco  director  del  programa  de  inversiones  y  reformas  para  una 
transición energética y ambiental que desarrolle las capacidades estratégicas de la 
economía  verde  en  nuestro  país.  El  Plan  de  Recuperación  está  en  línea  con  el 
PNIEC 2021-2030.
Asimismo, el MITERD aprobó, el 6 de octubre de 2020, la Hoja de Ruta del Hidrógeno 
Renovable, que señala como una de las oportunidades del sector la eliminación de las 
emisiones de contaminantes y de gases de efecto invernadero al medio ambiente en sectores 
o procesos difícilmente descarbonizables para alcanzar los objetivos de una economía 
climáticamente neutra en 2050. En línea con esta condición, gracias al cumplimiento de los 
objetivos marcados en 2030 para el hidrógeno renovable, se prevé reducir las emisiones 
de 4,6 Mton de CO  a la atmósfera en el periodo 2020-2030. Igualmente, en el año 2030 se 
2eq
estima que se evitará emitir a la atmósfera 1,125 millones de toneladas de CO , lo que 
2eq
supone aproximadamente un 1% del objetivo total de reducción de emisiones de CO
2 
para 2030 con respecto a 2017.
En este contexto, el Gobierno lanzó una Manifestación de Expresión de Interés 
denominada  «Proyectos  tractores  para  una  transición  energética  justa  e  inclusiva:  e
Hidrógeno Renovable» en noviembre de 2020 para identificar los proyectos solventes de  bo
hidrógeno  renovable  en  España,  valorar  su  impacto  en  la  cadena  de  valor,  en  el  342ww
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Esta  orden  desarrolla  la  tercera  de  estas  categorías,  denominada  «proyectos 
singulares y pioneros de integración sectorial». Esta línea tiene por objeto el despliegue 
y el desarrollo de proyectos pioneros y singulares que permitan la introducción del 
hidrógeno renovable en aplicaciones industriales y en sistemas energéticos aislados, así 
como la integración del suministro de hidrógeno renovable en la cadena de valor: en 
usos térmicos y en el transporte. Esta línea se complementa con otros programas en el 
marco del PRTR.
Se pretende que las ayudas reguladas por esta orden tengan un efecto incentivador 
de la actividad de despliegue de una economía basada en el hidrógeno renovable en 
sectores de difícil descarbonización, al establecerse por primera vez en España una 
importante  dotación  presupuestaria  para  proyectos  de  integración  sectorial  con 
hidrógeno  renovable,  lo  que  supone  la  realización  de  un  esfuerzo  adicional  para 
fomentar el avance de la descarbonización profunda de la economía. Adicionalmente, la 
medida  contribuye  sustancialmente  a  la  mitigación  del  cambio  climático  según  el 
artículo 10 del Reglamento (UE) 2020/852 el Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
Esta orden está en línea con la finalidad que persigue la Componente 9 del Plan de 
Recuperación, medida C9.I1, que no es sino la de favorecer un cambio en el modelo 
productivo  de  nuestro  país,  la  generación  de  empleo  y  el  impulso  al  crecimiento 
económico a través de la reducción de las importaciones de combustibles fósiles y la 
mejora de la competitividad de nuestras empresas.
El buen desarrollo del PRTR se evalúa mediante los hitos y objetivos asignados a 
cada reforma e inversión, aprobados en el marco del mismo. Esta norma contribuye a los 
hitos y objetivos número: 131 «Financiación de pymes», 134 «Proyectos pioneros de 
hidrógeno» y 136 «Capacidad de electrólisis autorizada», dentro de la Componente 9 
«Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable y su integración sectorial».
El tamaño de estos proyectos será tal que permita aprovechar economías de escala, 
sinergias y optimice en su ámbito los procesos de descarbonización con hidrógeno 
renovable.
Además, con fecha 14 de diciembre de 2021, mediante acuerdo del Consejo de 
Ministros se aprobó el «Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica  (PERTE)  de  Energías  Renovables,  Hidrógeno  Renovable  y 
Almacenamiento».  Los  proyectos  pioneros  de  hidrógeno  renovable  constituyen  la 
actuación 16 de dicho PERTE.
II
Las ayudas reguladas por esta orden serán financiadas con cargo al patrimonio del 
IDAE, una vez transferidos los fondos sujetos a la finalidad prevista en el Servicio 50 
«Mecanismo de Recuperación y Resiliencia». Así, la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 establece crédito presupuestario en la 
aplicación  presupuestaria  23.50.420B.748  «Al  IDAE  (Instituto  para  la  Diversificación  y 
Ahorro de la Energía). Para la promoción de energías renovables, eficiencia energética y 
movilidad sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» para la financiación de la 
presente convocatoria, Esta cuantía prevista en la Ley de Presupuestos Generales para el 
presente ejercicio podrá verse incrementada en ejercicios futuros con cargo a los créditos 
aprobados para su transferencia a IDAE en el Servicio 50 para la consecución de las  s
finalidades previstas en el mencionado componente 9, así como con cualesquiera otros que  e.
pudieran habilitarse, independientemente de su origen, siempre y cuando se hubieran  w.
transferido  al  IDAE  a  tal  fin  o  se  hubiera  aprobado  su  disposición  conforme  a  los  342ww
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Los fondos transferidos al IDAE están legalmente afectados a financiar proyectos o 
líneas  de  actuación  integrados  en  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia. En caso de no realizarse el gasto, el IDAE deberá proceder a reintegrar al 
Tesoro Público los fondos recibidos que no vayan a destinarse a la finalidad asignada.
En cuanto al campo de intervención de esta orden de bases se ha seleccionado el 
campo 022 conforme a la Metodología de seguimiento del anexo VI para la acción por el 
clima establecida en el Reglamento (UE) n.º 2021/241, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, que prevé una reducción de las emisiones de CO . 
2
Este programa contribuye al 100% al objetivo climático establecido por la Unión Europea 
en el marco de los Fondos Europeos.
Además, se tiene en cuenta en todo momento el principio de «no causar un perjuicio 
significativo»  («do  not  significant  harm»,  en  adelante  «DNSH»)  a  ninguno  de  los 
objetivos  medioambientales  establecidos  en  el  Reglamento  (UE)  2020/852  del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de 
un  marco  para  facilitar  las  inversiones  sostenibles,  y  por  el  que  se  modifica  el 
Reglamento  (UE)  2019/2088  a  la  hora  de  diseñar  los  requisitos  de  valoración  y 
elegibilidad de las actuaciones.
La recepción de solicitudes, ordenación, instrucción, selección, gestión, resolución, 
verificación y control y, en su caso, publicación de las convocatorias de estas ayudas 
serán realizados por la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE), M.P.
Estas ayudas se tramitan de forma centralizada por IDAE para optimizar la gestión 
de los fondos públicos e incentivar un volumen de inversión significativo en la ejecución 
de proyectos pioneros y singulares que permitan un avance más rápido en el desarrollo 
del hidrógeno renovable, independientemente de la región de España desde donde se 
promuevan, y permitiendo el acceso a las ayudas a proyectos que puedan afectar a más 
de una comunidad autónoma.
Asimismo,  la  centralización  de  la  gestión  de  estas  ayudas  implica  que,  en  la 
valoración técnica de la selección de los proyectos a subvencionar se garantice mejor 
una  igualdad  de  acceso  si  las  valoraciones  las  realiza  la  misma  entidad.  La 
territorialización del presupuesto supondría que, en ciertas regiones, no se podrían 
incentivar  determinados  proyectos  por  superar  el  importe  de  la  ayuda  a  la  partida 
territorializada correspondiente o bien que, al afectar a varias comunidades autónomas, 
no pudiera realizarse en su totalidad.
Atendiendo a lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 
de  febrero,  recursos  de  inconstitucionalidad  542/1988  y  573/1989  (acumulados), 
promovidos por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en relación con 
determinados preceptos y partidas presupuestarias de las Leyes 33/1987, de 23 de 
diciembre  y  37/1988,  de  28  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado 
para  1988  y  1989,  respectivamente,  la  gestión  centralizada  de  estas  subvenciones 
resulta imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la 
ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y 
disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando 
que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector y 
optimizando la aplicación del presupuesto disponible.
De  este  modo,  se  realizarán  convocatorias  a  nivel  nacional  con  una  gestión 
centralizada de solicitudes por parte del IDAE, mediante un procedimiento de concesión 
en régimen de concurrencia competitiva, conforme a los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de  s
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, otorgándose las ayudas  oe.
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Conferencia Sectorial de Energía de fecha 9 de diciembre de 2021.
Estas  ayudas  estarán  sometidas  a  los  requisitos  y  límites  establecidos  en  el 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, sin perjuicio del resto de disposiciones 
tanto  de  derecho  nacional  como  de  la  Unión  Europea  que  pudieran  resultar  de 
aplicación, y particularmente, las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión 
tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
La sección 7 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 
de 2014, sobre ayudas para la protección del medio ambiente indica en sus artículos, 
entre ellos el artículo 36 y artículo 41, que estas ayudas serán compatibles con el 
mercado interior en la medida en que estén directamente vinculadas a la consecución de 
un  nivel  más  elevado  de  protección  medioambiental.  Los  proyectos  pioneros  y 
singulares, relacionados con la producción y distribución de hidrógeno renovable, que se 
integran  con  diferentes  aplicaciones  -industriales,  de  movilidad  o  aplicaciones 
estacionarias innovadoras- suponen, en todos los casos, una mejora medioambiental.
III
Por otra parte, esta orden se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de 
la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y  Resiliencia,  con  la  finalidad  de  acometer  un  proceso  de  modernización  de  la 
Administración Pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la 
ejecución del PRTR y la mejor gestión de fondos, impulsando la colaboración público- 
privada entre las Administraciones Públicas y el sector privado; estableciendo una serie 
de medidas que van a permitir una gestión más ágil de las subvenciones financiadas con 
estos Fondos Europeos. Entre ellas, se suprime la necesidad de exigir la autorización del 
Consejo de Ministros prevista en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
Por ello, en la tramitación de esta orden de bases, adoptada para la ejecución del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se han aplicado las previsiones de 
los artículos 47, 60 y 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, habiéndose 
solicitado los informes de Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada a los que 
hace  referencia  el  artículo  17.1,  párrafo  segundo,  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones.
Del mismo modo, resulta conforme a los estándares exigidos por la Orden HFP/1030/2021, 
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR.
Asimismo, esta norma se adecúa a los principios de buena regulación a los que se 
refiere  el  artículo  129  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  de  necesidad,  eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
En este sentido, se garantizan los principios de necesidad y eficacia, puesto que la 
norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que se persiguen, siendo el 
principal incentivar proyectos con desarrollos innovadores, incluyendo proyectos piloto, 
porque  se  consigue  una  reducción  del  consumo  de  energía  final,  una  menor 
dependencia energética y unas menores emisiones de CO .
2
Esta  orden  también  se  adecúa  al  principio  de  proporcionalidad,  al  contener  la  s
regulación imprescindible para lograr el objetivo de garantizar los fines perseguidos,  oe.
imponiendo solo las condiciones que establece la normativa europea y la española. w.
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Asimismo, el programa de incentivos de proyectos pioneros y singulares también se 
fundamenta  en  criterios  de  oportunidad,  que  implican  la  exigencia  de  establecer 
actuaciones más idóneas para alcanzar los objetivos de «descarbonización» previstos.
Por último, respecto al principio de eficiencia, la iniciativa normativa no impone 
cargas  administrativas  innecesarias  o  accesorias  y  racionaliza,  en  su  aplicación,  la 
gestión de los recursos públicos.
El fundamento competencial de esta orden se encuentra en el artículo 149.1.13.ª de 
la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y la 
coordinación de la planificación general de la actividad económica. La Sentencia del 
Tribunal  Constitucional  117/1992,  de  16  de  septiembre,  conflicto  positivo  de 
competencia  793/1987,  promovido  por  el  Consejo  Ejecutivo  de  la  Generalidad  de 
Cataluña, en relación con los artículos 3 y 7 de la Orden de 29 de enero de 1987, del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se instrumentan las ayudas 
para la compra de mantequilla por instituciones y colectividades sin fines lucrativos, en 
su fundamento jurídico 2, aclara que en este precepto tienen cobijo normas básicas y 
previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los 
fines propuestos dentro de la ordenación del sector. Entre estas acciones o medidas 
singulares, se encuentra este programa de incentivos a proyectos pioneros y singulares 
de hidrógeno renovable, para promover la profundización y demostración de nuevos 
modelos  de  negocio  y  servicios  e  innovar  en  las  opciones  de  descarbonización 
sostenibles a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno renovable. Además de lo 
dispuesto en la regla 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que actúa como 
título competencial prevalente, estas opciones de descarbonización encuentran también 
respaldo en el título competencial establecido en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución, 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación 
general de la investigación científica y técnica. Asimismo, aplica el artículo 149.1.25.ª, 
que establece las bases para el régimen minero y energético.
En su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras 
(en  adelante,  Orden  de  Bases)  para  la  selección  y  concesión,  en  régimen  de 
concurrencia competitiva, de las ayudas correspondientes al programa de incentivos a 
proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable («Programa de Incentivos para 
Proyectos Pioneros y Singulares»), que se aprueba y establece por la misma, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
2.  Las ayudas reguladas en esta Orden de Bases tendrán como finalidad contribuir 
a  los  objetivos  marcados  en  la  Inversión  1  de  la  Componente  9  del  Plan  de 
Recuperación:  sustituir  combustibles  fósiles  por  fuentes  renovables  para  lograr  una 
menor dependencia energética del petróleo y reducir las emisiones de CO , en concreto 
2
a los siguientes objetivos:
– 131. Al menos diez pymes financiadas para mejorar y reforzar la actual cadena de 
valor española del hidrógeno mediante la mejora de una o varias de las siguientes  e
características: capacidades de producción, capacidades, competitividad, transferencia  bo
de conocimientos y tecnología, dimensión internacional. 342ww
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infraestructura  complementaria.  Acreditación  por  uno  de  los  tres  medios  siguientes:
inclusión en el registro del sistema nacional de garantías de origen de gases renovables 
o autorización administrativa de la planta expedida por el organismo competente o 
decisión final de inversión proporcionada por el beneficiario.
Se pretende impulsar el conocimiento tecnológico y el despliegue de infraestructuras 
de hidrógeno renovable para favorecer sus aplicaciones:
– Utilizando el hidrógeno renovable como sustituto del hidrógeno de origen fósil y de 
otros  combustibles  fósiles,  permitiendo  la  gradual  descarbonización  de  actividades 
«difíciles de abatir»;
– utilizando  el  hidrógeno  renovable  como  vector  energético,  posibilitando  el 
almacenamiento energético;
– favoreciendo la penetración del hidrógeno renovable en el sector transporte en 
aquellos casos donde la electrificación directa no es técnica y/o económicamente viable 
en la actualidad.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación y vigencia.
1.  Lo dispuesto en esta orden será de aplicación en todo el territorio nacional, de 
conformidad con lo consensuado con las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla en la Conferencia Sectorial de Energía celebrada el 9 de diciembre 
de 2021.
2.  Asimismo,  lo  dispuesto  en  esta  orden  será  aplicable  a  las  ayudas  que  se 
convoquen desde la entrada en vigor de la misma y hasta el 31 de diciembre de 2025. 
No  obstante,  las  ayudas  concedidas  se  seguirán  rigiendo  por  ella,  y  por  las 
convocatorias dictadas al amparo de la misma, hasta la finalización y cierre de los 
correspondientes expedientes, incluyendo los eventuales procedimientos de reintegro.
3.  Podrán ser objeto de ayuda los Proyectos Pioneros y Singulares relacionados 
con la producción, distribución y consumo de hidrógeno renovable. Se considerarán 
proyectos  pioneros  y  singulares  aquellos  proyectos  integrales  que  contemplen  las 
actuaciones descritas en el anexo I de la presente Orden de Bases.
4.  Las  ayudas  se  concederán  solo  a  aquellas  entidades  beneficiarias  cuyos 
proyectos e inversiones asociadas se desarrollen en territorio nacional.
Artículo 3.  Características de las ayudas y régimen de compatibilidad.
1.  Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo 
con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación 
que rigen en la gestión de ayudas y subvenciones públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 22 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.  En línea con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, las ayudas reguladas en esta orden serán compatibles con 
otras ayudas concedidas, para la misma actuación, por cualesquiera Administraciones 
públicas  u  organismos  o  entes  públicos,  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o 
internacionales, siempre que no se financie el mismo coste de la actuación, no se supere 
el  coste  de  la  actividad  subvencionada  y  se  cumpla  la  condición  que,  de  forma 
acumulada, las ayudas no superen los límites establecidos por el Reglamento (UE) n.º  e.
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas  w.b
categorías  de  ayudas  compatibles  con  el  mercado  interior  en  aplicación  de  los  342ww
artícEunlo sc u1a0l7q uyi e1r0 c8a dseol,  Terla tbaednoe.ficiario deberá comunicar la obtención de otras ayudas,
vseuzb vetenncgioanne sc,o innogcriemsioesn too  rdeec urssuo se xqiusete nficniaan, cyie, ne lna st oadcoti vcidaasdoe, s csounb vaennteciroionraiddaads , au nlaa 
justificación  de  los  fondos  percibidos,  lo  que  podrá  originar  las  correspondientes 
minoraciones en el importe de la ayuda concedida.
El  beneficiario  suscribirá,  junto  con  la  solicitud  de  ayuda,  una  declaración 
responsable que acredite tanto las ayudas que ha solicitado como las que le han sido 
concedidas para la misma actuación según el modelo facilitado en el anexo II.
3.  La modalidad de las ayudas reguladas por esta orden ministerial reviste la forma 
de subvención a fondo perdido, teniendo como finalidad, en todo caso, el cumplimiento 
de las actuaciones subvencionables correspondientes.
Artículo 4.  Régimen jurídico aplicable.
1.  Las ayudas que se regulan en esta orden se regirán, además de por lo dispuesto 
en la misma y en la respectiva convocatoria y resolución de concesión, por cuantas 
normas vigentes que por su naturaleza jurídica pudieran resultar de aplicación, y, en 
particular, por lo previsto en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021 y en el artículo 5.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
2.  También serán de aplicación las siguientes disposiciones normativas:
a)  El Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior 
en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. En particular, en lo que respecta a la 
intensidad  de  ayuda  a  percibir  por  los  beneficiarios  que  realicen  alguna  actividad 
económica,  por  la  que  ofrezcan  bienes  y/o  servicios  en  el  mercado,  se  atenderá 
principalmente a los límites establecidos en los artículos 36 y 41 de este reglamento, sin 
perjuicio,  del  resto  de  disposiciones  tanto  del  derecho  nacional  como  de  la  Unión 
Europea que pudieran resultar de aplicación.
Cuando las ayudas se otorguen a beneficiarios que no realicen actividad económica, 
no  tendrán  la  consideración  de  ayudas  de  Estado  por  no  cumplir  los  requisitos 
establecidos en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
b)  Las normas que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia (MRR), aprobado por el Reglamento (UE) 2021/241, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en particular:
i.  Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que 
se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la 
recuperación tras la crisis de la COVID-19.
ii.  El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021.
iii.  El Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se 
aprueba el Plan de Recuperación, transformación y resiliencia.
iv.  La Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de 
la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
v.  Las disposiciones operativas relativas a la aprobación de la evaluación del plan 
de recuperación y resiliencia de España.
c)  La normativa que regula la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo» al medioambiente (DNSH):
i.  El «Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de  e.e
junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones  b
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088», («Reglamento de  342ww
Taxoiin. omLaía »«)Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio
Rsiegsniilfiiecnactiivao (»2 0e2n1 /Cv ir5t8u/d0 1d)»e,l  («RGeugílaam Teénctnoic are dlaet ilvao C oaml iMsióenc aEnuisrompoe ad»e).  Recuperación  y
iii.  Los  Actos  Delegados  derivados  del  Reglamento  2020/852  (Reglamento  de 
Taxonomía).
En todo caso, las actuaciones llevarán a cabo los procedimientos de evaluación 
ambiental establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, 
que sean de aplicación, así como otras evaluaciones y procedimientos que pudieran 
resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
d)  El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la Orden HFP/1030/2021, 
de  29  de  septiembre,  por  la  que  se  configura  el  sistema  de  gestión  del  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  y  la  Orden  HFP/1031/2021,  de  29  de 
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a 
proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento  del  cumplimiento  de  hitos  y  objetivos  y  de  ejecución  presupuestaria  y 
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.
e)  La normativa aplicable en materia de prevención, detección y corrección del 
fraude, la corrupción y el conflicto de intereses:
i.  En aplicación de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses 
financieros de la Unión a través del Derecho penal, la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de 
febrero por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal, para transponer directivas de la Unión Europea en los ámbitos financieros y de 
terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.
ii.  El Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/1995 del Consejo, de 18 de diciembre 
de  1995,  relativo  a  la  protección  de  los  intereses  financieros  de  las  Comunidades 
Europeas.
iii.  El  artículo  61  del  Reglamento  (EU,  Euratom)  2018/1046,  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al 
Presupuesto General de la Unión europea (Reglamento financiero).
f)  El artículo 53 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a 
los principios éticos; el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, relativo a la 
abstención, y el artículo 24 del mismo cuerpo legal, relativo a la recusación.
g)  La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la 
ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta Ley.
3.  Asimismo,  será  de  aplicación  la  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y el Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, en lo que se refiere a la vinculación legal a finalidad de los fondos 
recibidos  por  transferencia  a  IDAE  procedentes  del  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como el tipo de concurrencia, la publicación de 
las bases, las obligaciones de control, el seguimiento de la ejecución y el reingreso de 
fondos.
4.  En todo lo no previsto en esta orden será de aplicación lo establecido en la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  e.
Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del  w.
Sector Público, así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación. 342ww
Artículo 5.  Beneficiarios.
1.  Se entenderá por beneficiario a la persona jurídica que realice la inversión o
gasto correspondiente a la actuación incentivable.
2.  Podrán ser beneficiarios de las ayudas que se aprueban por esta orden, los 
siguientes:
a)  Las empresas con personalidad jurídica propia (micro, pequeña, mediana y gran 
empresa)  incluidas  asociaciones  empresariales.  Se  entenderá  por  micro,  pequeña, 
mediana empresa (PYME) y gran empresa lo establecido al respecto por el Reglamento 
(UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b)  Consorcios  o  agrupaciones  empresariales  de  personas  físicas  o  jurídicas, 
públicas o privadas, con o sin personalidad jurídica propia. El consorcio o la agrupación 
empresarial deberá contar con al menos una PYME participante en la solicitud de la 
ayuda,  pudiendo  incluirse  en  las  distintas  convocatorias  dentro  de  los  criterios  de 
valoración una puntuación adicional en caso de que participe un mayor número de 
PYMEs. Las respectivas convocatorias podrán establecer una aportación mínima de las 
PYMEs al presupuesto de la actuación. En caso de no contar con personalidad jurídica 
propia,  deberá  cumplirse  con  lo  establecido  por  el  artículo  67  del  Real  Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre.
c)  El sector público institucional de cualquier Administración pública, al que se 
refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, así como las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las 
Administraciones Públicas y las Universidades Públicas y sus centros adscritos con 
personalidad jurídica propia. En el caso de los consorcios a que se refiere el capítulo VI 
del título II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, deberá acreditarse el cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 68 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre.
3.  En el caso de agrupaciones sin personalidad jurídica, uno de los participantes 
actuará como coordinador o representante de la misma. El coordinador de la agrupación, 
actuará  como  representante  o  apoderado  único  de  la  agrupación,  con  poderes 
suficientes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la 
agrupación. El coordinador será el interlocutor y representante de la agrupación ante el 
IDAE y canalizará las relaciones correspondientes entre éste y los miembros de la 
agrupación.  El  coordinador  será  el  único  con  acceso  a  las  notificaciones  y 
comunicaciones de IDAE y deberá trasladar las mismas al resto de miembros de la 
agrupación, tanto en el procedimiento de concesión como en la fase de seguimiento y 
justificación de las ayudas. Asimismo, el representante de la agrupación recibirá el pago 
de la ayuda concedida y será responsable de su distribución entre los miembros de la 
agrupación, de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión.
4.  En  aplicación  de  los  apartados  1  y  2  del  artículo  61  del  Reglamento  (EU, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, para 
poder ser beneficiarios de las ayudas, aquellos solicitantes que, dentro de los requisitos 
de concesión de la ayuda, deban llevar a cabo actividades para evitar un conflicto de 
intereses  potencial,  deberán  aportar  una  declaración  de  ausencia  de  conflicto  de 
intereses (DACI). El modelo de DACI se suministrará con las convocatorias.
Artículo 6.  Obligaciones esenciales de los beneficiarios.
1.  Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de 
la  Ley  General  de  Subvenciones,  así  como  las  establecidas  en  esta  orden,  en  la 
normativa de aplicación a la misma, las que se determinen en cada convocatoria y las 
que  figuren  en  la  resolución  de  concesión  de  las  ayudas  y  en  las  instrucciones  s
específicas que, en aplicación y cumplimiento de esta orden y de cada convocatoria,  oe.
cicnuofmomr2pum.ln aainqcN uiócoeon  np ye o llopd  urpIábDrnleAi cvsEiides arto edb n,ee  jnnum esetfailif citaciearartriíciacoi uósln dod e ye1   c3leoa.2jnse. tcgrauo)y cldu ideóde nalla, s g  Larseesegytgou u3.lia8md/2iae0sn0 tp3oo,,  rd peea s1gta7o   odredd ene onlv aqiseu mieabnyreuesd.  aEnson,    2021-21342n https://www.
este contexto, los beneficiarios suscribirán, junto con la solicitud de ayuda, declaración
responsable que acredite no tener pendiente obligaciones de reintegro de subvenciones  Bc
o ayudas, o en su caso, el cumplimiento de las mismas, conforme a los términos 
establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Los beneficiarios deberán encontrarse también al corriente en el cumplimiento del 
resto de obligaciones establecidas por dicho artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, entre ellas, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. En caso necesario, los beneficiarios podrán ser 
requeridos  para  la  presentación  de  la  documentación  acreditativa  o  en  su  defecto, 
deberán,  autorizar  expresamente,  al  órgano  concedente  para  que  pueda  consultar 
directamente dicha información de forma directa con la Administración tributaria o de la 
Seguridad Social correspondiente, en los momentos en que sea preciso durante la 
tramitación del procedimiento.
3.  Los  beneficiarios  deberán  aceptar  los  términos  que  se  establezcan  en  la 
resolución de concesión, y realizar el proyecto conforme a los objetivos de la solicitud de 
ayuda, que tiene carácter vinculante, y a lo establecido en la resolución de concesión y 
sus eventuales modificaciones.
4.  Los beneficiarios estarán obligados a comunicar de inmediato al IDAE, incluso 
durante  la  tramitación  de  la  solicitud,  cualquier  modificación  de  las  condiciones 
inicialmente informadas con la documentación que se acompaña a la solicitud. La falta 
de comunicación de estas modificaciones podrá ser causa suficiente para la pérdida del 
derecho al cobro de la ayuda o la exigencia del reintegro de la misma.
5.  En aplicación del artículo 61 del Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, para poder ser beneficiarios 
de las ayudas, de acuerdo con lo que se establezca en la resolución de concesión, los 
solicitantes deberán adoptar todas aquellas medidas que eviten un conflicto de intereses 
potencial  entre  sus  propios  intereses  y  los  de  la  Unión  Europea,  estableciendo, 
asimismo, las medidas oportunas para evitar un conflicto de intereses en las funciones 
que estén bajo su responsabilidad y para hacer frente a situaciones que puedan ser 
percibidas  objetivamente  como  conflictos  de  intereses.  Resultará  de  aplicación  lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 de dicho precepto al personal del órgano concedente 
que intervenga en los procesos de selección de los beneficiarios, o en los procesos de 
verificación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  de  las  solicitudes  de  ayuda 
correspondientes.
6.  Además,  se  consideran  obligaciones  esenciales  de  los  beneficiarios  de  las 
ayudas, las siguientes:
a)  Ejecutar el proyecto cumpliendo el plan de trabajo o programa de actuaciones y 
de  ejecución  de  las  mismas  establecido  en  la  memoria  descriptiva  del  proyecto 
correspondiente, que deberá acompañar junto con su solicitud de ayuda, conforme al 
modelo que se incluirá como anexo de la convocatoria correspondiente.
b)  Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se 
concedió  la  subvención  y  la  aplicación  de  los  fondos  percibidos  ante  el  órgano 
concedente o designado para tal fin, así como garantizar el mantenimiento y operación 
de la actuación subvencionada al menos durante cinco (5) años.
c)  Los beneficiarios deberán llevar a cabo las actuaciones previstas en el plan de 
trabajo en el plazo establecido en el artículo 19 de esta orden.
d)  Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones 
relacionadas  con  las  actuaciones  objeto  de  ayuda,  contando,  al  menos,  con  una 
codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones. e.
e)  Tener en cuenta, en los procesos de contratación correspondientes, cuando  w.b
resulten de aplicación de acuerdo con la naturaleza del beneficiario, lo siguiente: 342ww
1.º  En su caso, cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 9/2017, de 8
doerd ennoavmieiemnbtore , judreíd icCoo netrsaptoasñ old ell asS ecDtoirre ctPivúabsl icod, el poPr arlala mqeunet o seE utrroapnesop onye n deall 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, respecto al proceso de adjudicación de los contratos 
vinculados a la actuación subvencionada.
Para el resto de supuestos, en las contrataciones relacionadas con las actuaciones 
objeto de ayuda, se dispondrá de suficiente concurrencia de ofertas (al menos tres, 
cuando ello sea posible), conforme al artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, 
con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del 
servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el 
mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren.
2.º  En los documentos como pliegos, especificaciones, anuncios y/o contratos, que 
sustenten la contratación de las obras, los bienes o servicios a prestar, deberá hacerse 
constar la financiación con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y, en 
consecuencia, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3.º  No  se  podrán  incluir  para  la  valoración  de  ofertas,  criterios  de  valoración 
discriminatorios o que alteren la concurrencia, pudiendo establecerse requisitos mínimos 
a cumplir por los ofertantes siempre y cuando éstos no puedan utilizarse para valorar 
favorablemente unas ofertas frente a otras.
4.º  Se deberá disponer de la documentación del proceso de contratación, incluida 
la justificación de la selección de la oferta más favorable y de las comunicaciones con los 
ofertantes.
5.º  Las  obras,  servicios  o  prestación  del  servicio  contratado  deben  de  ser 
demostrables y tienen que estar verificadas y aceptadas de forma previa a la certificación 
del pago, conforme a las condiciones que se establezcan en el contrato.
f)  Acreditar ante el IDAE la realización de la actividad, facilitando además las 
comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización del proyecto o acción 
objeto de la ayuda, aportando al efecto cuanta documentación le fuera requerida, así 
como los valores de los indicadores que fueran requeridos para reportar los resultados 
del proyecto en el marco de la normativa europea y nacional aplicable, y particularmente 
la  que  se  establezca  en  cuanto  a  la  gestión  y  ejecución  del  MRR  y  del  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia.  En  este  contexto,  se  diseñará  un 
procedimiento de control que permita verificar y validar administrativamente el 100% del 
gasto declarado por los beneficiarios, así como verificar sobre el terreno un conjunto 
representativo de las actuaciones y operaciones realizadas.
g)  Someterse  a  cualesquiera  otras  actuaciones  de  comprobación  y  control 
financiero que pueda realizar la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención 
General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control y 
fiscalización  de  la  Comisión  Europea  y  a  cualesquiera  otras  actuaciones  de 
comprobación  y/o  control  financiero  que  puedan  realizar  los  órganos  de  control 
competentes, tanto nacionales como de la Unión Europea, de acuerdo a lo establecido 
en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos de la 
Unión  Europea,  aportando  para  ello  cuanta  información  le  sea  requerida.  En  este 
contexto, con la presentación de la solicitud de ayuda, el beneficiario acepta y consiente 
expresamente la concesión de los derechos y accesos necesarios para garantizar que la 
Comisión Europea, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y/o las 
autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control y fiscalización, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero.
h)  Asimismo, los beneficiarios deberán cumplir con las obligaciones de información 
y publicidad que las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del  e.
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular: w.b
cual1q.uº ierTao qduae  rseefear eenl cciaa neanl  ecleugaidlqou,i edre bmeerád icou mdep lidr icfuosni ólno s arle qpuroisyiteocst oe sstaubblveecnidcoiosn aa dtoa,l 
Mefeeccaton isemn o eld em aRrceoc updeerl acPiólann  yd eR  eRseilcieunpceiraa cqióune,   Tfigraunrasnfo rmena ceiól n Mya nRueasl ilideen ciIam ayg eenl 
disponible en la web del IDAE, www.idae.es.
2.º  Los perceptores de fondos de la Unión Europea deberán mencionar el origen de 
esta  financiación  y  garantizar  su  visibilidad,  en  particular  cuando  promuevan  las 
actuaciones incentivables y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y 
proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y 
el público, añadiendo, cuando proceda, el emblema de la Unión y una declaración de 
financiación  adecuada  que  indique  «financiado  por  la  Unión  Europea-
NextGenerationEU», de conformidad con el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
3.º  Los  beneficiarios  informarán  al  público  del  apoyo  obtenido  de  los  fondos 
haciendo  en  su  sitio  de  Internet,  en  caso  de  que  dispongan  de  uno,  una  breve 
descripción de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con 
sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión Europea.
i)  Conservar los documentos originales, justificativos de la actuación realizada y de 
la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control. La disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispuesto 
en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de julio de 2018, de acuerdo con lo que indica el artículo 22.2.f) del 
Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
j)  Respetar las normas de subvencionalidad nacionales que pudiera establecer la 
Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
k)  Disponer de los procedimientos de gestión y control que garanticen el buen uso y 
aplicación de las ayudas.
l)  Tendrán  la  obligación  de  asegurar  la  regularidad  del  gasto  subyacente  y  la 
adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la 
corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
m)  Las convocatorias podrán establecer obligaciones adicionales, en particular, 
aquellas obligaciones establecidas por la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, 
en  lo  relativo  a  la  prevención  de  los  conflictos  de  intereses  y  en  relación  con  la 
documentación e información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de los 
hitos y objetivos asociados recogidos en la Propuesta de Decisión de ejecución del 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia 
de España y de las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación acordadas entre 
la Comisión Europea y España, con especial atención a la información contenida en la 
columna denominada Mecanismo de verificación.
7.  No podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas en crisis, de acuerdo 
con lo estipulado en el artículo 2 apartado 18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de 
Exención  por  Categorías.  Dicho  extremo  se  acreditará  mediante  una  declaración 
responsable que se suscribirá junto con la solicitud de subvención.
8.  El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en los apartados 
anteriores, será causa suficiente para la pérdida del derecho al cobro o reintegro de la 
ayuda concedida.
9.  Los beneficiarios garantizarán el respeto al principio de DNSH en todo momento 
durante el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de un coeficiente para el cálculo de 
la ayuda a los objetivos climáticos del 100%, conforme a lo previsto en el Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  en  el  Reglamento  (UE)  2021/241  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en su normativa de 
desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión denominada «Guía técnica  e
sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» así como con lo  bo
requerido en la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación  342ww
de laa )e vaEluna ciaóqnu deelll aPsl ana dcet uRaecciounpeesra cióqnu,e T racnosnfotermmapcleiónn  y oRbersaisli,e nclioas.  Enb ceonnecfirceitaor:ios
garantizarán,  en  función  de  las  características  de  la  propia  obra,  que  no  se
perjudique a ninguno de los seis objetivos medioambientales definidos en dicho 
reglamento y se comprometerán a que:
1.º  Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición 
generados en los proyectos de infraestructura (con exclusión de los residuos con código 
LER 17 05 04), se preparen para la reutilización, el reciclaje y la revalorización de otros 
materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros 
materiales de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos 
de construcción y demolición de la UE.
2.º  Los operadores limiten la generación de residuos en los procesos relacionados 
con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos 
de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas 
disponibles  y  utilizando  la  demolición  selectiva  para  permitir  la  eliminación  y 
manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta 
calidad  mediante  la  eliminación  selectiva  de  materiales,  utilizando  los  sistemas  de 
clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición.
3.º  Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyen la circularidad 
en  lo  referido  a  la  norma  ISO  20887  para  evaluar  la  capacidad  de  desmontaje  o 
adaptabilidad de los edificios, cómo estos están diseñados para ser más eficientes en el 
uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y 
el reciclaje.
4.º  Los componentes y materiales de construcción utilizados en el desarrollo de las 
actuaciones  previstas  en  esta  medida  no  contengan  amianto  ni  sustancias  muy 
preocupantes identificadas a partir de la lista de sustancias sujetas a autorización que 
figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006.
5.º  Adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes 
durante la fase de obra y se ejecutarán las actuaciones asociadas a esta medida 
cumpliendo la normativa vigente en cuanto la posible contaminación de suelos y agua.
b)  En aquellas actuaciones que impliquen demolición, practicarán una demolición 
selectiva.
c)  En  aquellas  actuaciones  relativas  a  equipamiento  e  instalaciones  e 
infraestructuras de IT, los beneficiarios garantizarán, en función de las características 
de la misma, que no se perjudique a ninguno de los seis objetivos medioambientales 
definidos en dicho reglamento y se comprometerán a que:
1.º  Los equipos cumplan con los requisitos relacionados con el consumo energético 
y  con  la  eficiencia  de  materiales  establecidos  en  la  Directiva  2009/125/EC  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un 
marco  para  el  establecimiento  de  requisitos  de  diseño  ecológico  aplicables  a  los 
productos relacionados con la energía, para servidores y almacenamiento de datos, u 
ordenadores y servidores de ordenadores o pantallas electrónicas.
2.º  Los equipos no contengan las sustancias restringidas enumeradas en el anexo 
II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio 
de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos, excepto cuando los valores de concentración en peso 
en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo.
3.º  En la instalación de las infraestructuras IT, se atienda a la versión más reciente 
del Código de conducta europeo sobre eficiencia energética de centros de datos, o en el  s
documento  CEN-CENELEC  CLC  TR50600-99-1  «Instalaciones  e  infraestructuras  de  oe.
cdeeelimn t4irrneo.ºaus c tdiilóAieznl a d fcdianieótao ntls o,d -dPeor aessrc utlueo pv s9ie d9frlaua-1 icúd:i tóoPilns,r   áeycol  ut eincqra eutsrcia pirtcoeal acmsojeeime , sneotonom d seauetdnalae  scatr t piauvatnoara mad  peilear aen gcptoeua sertaraiódcdnoióe  ncecuo npanead rergoalé , a toincipneaecx»rloau. ciVdioaIIn  delaes    2021-21342n https://www.
la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
5.º  Las instalaciones de infraestructuras IT no afecten negativamente a las buenas 
condiciones y la resiliencia de los ecosistemas ni al estado de conservación de los 
hábitats y las especies, en particular los espacios de interés de la Unión. Por ello cuando 
sea preceptivo, se realizará la Evaluación de Impacto medioambiental, de acuerdo con lo 
establecido en la Directiva 2011/92/EU.
10.  Adicionalmente, en cuanto a la atención de los objetivos medioambientales, se 
deberá cumplir, en particular, lo siguiente:
a)  Uso  sostenible  y  protección  del  agua  y  los  recursos  marinos:  Se  aplica  la 
regulación nacional que garantiza la preservación de la calidad del agua y evita el estrés 
hídrico, además están sujetos a su estudio individualizado de impacto ambiental, de 
acuerdo a la Directiva 2011/92.
b)  Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas: Los proyectos 
estarán sujetos a la normativa ambiental de aplicación y en vigor en el momento de 
entrada en explotación.
11.  Se ha de identificar a los perceptores finales de fondos (beneficiarios últimos de 
las ayudas, contratistas y subcontratistas que resulten adjudicatarios), incluyendo su alta 
en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la AEAT o equivalente que 
refleje la actividad económica que desarrollan, así como la declaración de los mismos de 
cesión y tratamiento de los datos entre los sistemas de las ayudas y el sistema de 
Fondos Europeos, en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR.
12.  Los beneficiarios deberán declarar su compromiso con la igualdad de género 
mediante la incorporación de los elementos necesarios para lograr una representación 
equilibrada entre mujeres y hombres e impulsar la plena igualdad de oportunidades entre 
ambos.
Artículo 7.  Cambio de beneficiario por modificación estructural.
1.  Cuando un beneficiario sufriera una modificación estructural en los términos 
contemplados en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles, deberá solicitar la modificación de la resolución de concesión 
por cambio del beneficiario, que habrá de ser autorizada de forma expresa por el órgano 
concedente, siempre que se den las siguientes condiciones:
a)  Que la nueva entidad asuma todas las obligaciones del beneficiario, establecidas 
en el artículo 6 de estas bases reguladoras, incluido, en su caso, el reintegro de la ayuda 
que no haya sido debidamente justificada.
b)  Que la nueva entidad cumpla los requisitos para la obtención de la ayuda 
referidos en estas bases reguladoras, y los demás establecidos en las correspondientes 
convocatorias.
2.  En el supuesto de que el beneficiario hubiera solicitado un anticipo de la ayuda, 
la  autorización  anterior  podrá  quedar  condicionada  a  la  constitución  de  garantías 
adicionales,  que  permitan  asegurar  convenientemente  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones que la nueva entidad asume y que podrán alcanzar, en su caso, el 100% 
del importe de la subvención concedida.
3.  Cuando el solicitante de un cambio de beneficiario por modificación estructural 
sea la entidad coordinadora y el órgano concedente de la ayuda deniegue dicha solicitud  es
o,  aun  habiéndola  autorizado,  el  nuevo  beneficiario  no  constituya  las  garantías  o
seolaaunrd isgticcitdoiiintoaruarndeyla  asnclpneooo,s m  npdqodoeu id eecarno,ác toneeur n edsc riesnodruano  cdv ccaooaoncrsanaco, et ,ol slaarse ideacga .aú lselLni  fa hirceseaal q sgcputiaaórieor naqrc anuefnitední,a i amslsnae ic ec aihonegantrroaysu  atpyidtn aue rciec diloqóaanun ssin  sdtpuiiettoeoubrvsi dea laorq á  eue unepnnt ritasodidsepaa  odnedn us cecetoarov obouarlrnsded aizniqnc aunaadeundo e olrevaranaas.      OE-A-2021-21342able en https://www.
En el caso de que la agrupación no proponga una nueva entidad coordinadora, se 
iniciará un procedimiento de reintegro que podrá ser total o parcial.
4.  Cuando el solicitante de un cambio de beneficiario por modificación estructural 
sea participante de un proyecto y el órgano concedente de la ayuda deniegue dicha 
solicitud, la agrupación, a través de su representante deberá proponer la sustitución de 
dicha  entidad  por  otra  o,  en  su  caso,  la  reasignación  de  actividades,  según  el 
procedimiento y requisitos que se establezcan en las correspondientes convocatorias.
Artículo 8.  Subcontratación.
1.  Podrán subcontratarse las actuaciones objeto de las ayudas respetando los 
requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento de desarrollo.
2.  Se podrá subcontratar con terceros hasta el 80 % de la actividad incentivada, de 
conformidad con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En caso de 
subcontratar parte o toda la actividad objeto de este contrato, se habrán de prever 
mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no 
causar  un  perjuicio  significativo»  al  medio  ambiente  y  el  resto  de  condiciones 
establecidas en las bases, en la convocatoria correspondiente y en la normativa general 
de subvenciones.
3.  Las convocatorias establecerán los requisitos relativos a la prevención de los 
conflictos de interés en subcontratistas, de conformidad con la orden HFP 1030/2021, 
de 29 de septiembre.
4.  Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante la entidad beneficiaria, que 
asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actuación subvencionada frente a 
la Administración.
5.  La entidad beneficiaria deberá, en todo caso, informar sobre los contratistas y 
subcontratistas al órgano concedente de la subvención.
Artículo 9.  Financiación.
1.  Los fondos destinados a la financiación de las ayudas reguladas por esta Orden de 
Bases, e integrados en el patrimonio de IDAE, serán transferidos desde la aplicación 
presupuestaria  23.50.420B.748  «Al  IDAE.  Para  la  promoción  de  energías  renovables, 
eficiencia energética y movilidad sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» de 
la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021. Esta cuantía inicialmente prevista en la Ley de Presupuestos Generales para el 
presente ejercicio podrá verse incrementada en ejercicios futuros con cargo a los créditos 
aprobados para su transferencia a IDAE en el Servicio 50 para la consecución de las 
finalidades previstas en el mencionado componente 9, así como con cualesquiera otros que 
pudieran habilitarse, independientemente de su origen, siempre y cuando se hubieran 
transferido  al  IDAE  a  tal  fin  o  se  hubiera  aprobado  su  disposición  conforme  a  los 
procedimientos estatuariamente previstos para la disposición de fondos propios del IDAE.
En consecuencia, la dotación de crédito inicialmente establecida en la presente 
orden ministerial por valor de 150 millones de euros, podrá ser objeto de ampliaciones 
adicionales en función de la demanda y desarrollo de los proyectos.
2.  Las ayudas serán financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ya 
que los proyectos subvencionables objeto del programa de Incentivos aprobado por esta 
orden se incluyen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A estos efectos,  es
se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control aplicables a la  bo
ejecución  tanto  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  como  del  Plan  de  342ww
Ricnuefomcr3upmp.l iamecrDiaieócenni tó onya., c upTuerbradlniocsi dfoacrdom nay c, lioóen n etryse t aRobtelresacisliid eodn icsipaeo,n s aicesiloí  naecrostí,m cuocul oyl aas2  3a epsldicpeae ccilíóafinc  aLsse eyar e lGdaetei vnaoesbr aligla a ddlaoe    OE-A-2021-21able en https://
Subvenciones, en las convocatorias correspondientes se establecerá la cuantía máxima
del total de las ayudas a conceder mediante su resolución. Tanto la concesión como la 
cuantía  de  las  ayudas  estarán  supeditadas  a  la  disponibilidad  del  crédito 
correspondiente.
CAPÍTULO II
Requisitos de las ayudas
Artículo 10.  Actuaciones incentivables.
1.  Serán incentivables aquel conjunto de actuaciones integrales de producción, 
distribución y uso del hidrógeno renovable, que conformen un proyecto ubicado en 
territorio nacional que, además, puedan considerarse pionero y singular por contemplar 
la ejecución de una o varias de las acciones correspondientes a las áreas especificadas 
en el anexo I de esta orden.
2.  El programa de realización de las actuaciones objeto del proyecto a desarrollar 
por  los  beneficiarios  que  opten  a  las  ayudas  reguladas  por  esta  orden  deberá  de 
contemplarse en una memoria descriptiva del proyecto y en un plan de trabajo que se 
acompañarán  junto  con  la  solicitud  correspondiente,  conforme  con  los  formatos  y 
modelos disponibles en la página web del IDAE, www.idae.es
3.  Un mismo solicitante podrá presentar más de un proyecto singular, aunque la 
ayuda a otorgar no podrá superar el límite de ayuda por empresa y proyecto que se 
establezca en la convocatoria.
4.  La ejecución de las actuaciones deberá cumplir con la normativa vigente que le 
sea  de  aplicación,  así  como  contar  con  las  preceptivas  licencias,  certificados  y 
autorizaciones administrativas en el caso de que la actuación lo requiera.
5.  A  efectos  de  dar  cumplimiento  al  «efecto  incentivador»  mencionado  en  el 
artículo 6 del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, solo 
serán subvencionables los proyectos que contemplen actuaciones cuya ejecución se 
inicie en fecha posterior a la fecha de registro de la solicitud de ayuda. El hito que 
marcará el inicio de los trabajos para las Administraciones públicas será la publicación 
de los pliegos de licitación y, en el caso de empresas privadas y del sector público 
institucional de cualquier Administración pública, la fecha del primer compromiso en firme 
para el pedido de equipos u otro compromiso que haga irreversible la inversión.
Los trabajos preparatorios para la obtención de permisos y la realización de estudios 
previos de viabilidad no influirán en la determinación de la fecha de inicio de la ejecución 
de las actuaciones contempladas en el proyecto subvencionable, pudiendo por tanto 
haberse realizado éstos antes de la fecha de registro de la solicitud de ayuda.
Artículo 11.  Costes subvencionables.
1.  Sólo se considerarán subvencionables las inversiones en instalaciones o equipos 
que permitan producir, distribuir y consumir hidrógeno renovable, y que se deriven de 
actividades desarrolladas en territorio nacional, así como se concreten en la adquisición 
de  bienes  o  de  servicios.  Estas  inversiones  deberán  justificarse  mediante  el 
correspondiente pedido y/o contrato relativos a las actuaciones realizadas, con sus 
correspondientes facturas y justificantes de pago al proveedor. No se considerarán, por 
tanto, subvencionables los costes propios (personal, funcionamiento o gastos generales).
2.  Se considerarán costes subvencionables los siguientes conceptos: es
– La elaboración de los proyectos técnicos relacionados con las actuaciones, w.
– los costes de dirección facultativa, 342ww
inve–rs ilóons  scuobsvteesn cdioen aebjelec uyc,ión de la obra civil siempre que no superen el 20 % de la
– los de montaje de las instalaciones, en su caso; los equipos, materiales, vehículos 
pesados  e  instalaciones  auxiliares  necesarias,  los  costes  de  transporte  y  los  de 
asistencia técnica.
– Serán también subvencionables los costes de la gestión de la solicitud y de la 
justificación de las ayudas. A estos efectos, se considerarán como costes de gestión de 
solicitud de la ayuda, aquellos gastos que el solicitante o destinatario último de la ayuda 
pudieran satisfacer a empresas o profesionales por llevar a cabo la gestión administrativa y 
documental de su solicitud y/o su justificación, así como los asociados a procesos de toma 
de decisiones y a la gestión de procesos participativos. Para que estos costes se puedan 
considerar subvencionables deben reflejarse en el presupuesto incluido en la solicitud de 
ayuda y justificarse, junto con el resto de costes de ejecución del proyecto, mediante 
contrato,  facturas  y  justificantes  de  pago.  Los  costes  de  gestión  relacionados  con  la 
justificación  podrán  efectuarse  durante  el  periodo  concedido  para  presentar  la 
documentación justificativa. Sólo serán subvencionables los costes de gestión que no 
superen el 7 % del importe de los costes subvencionables totales sin incluir los costes 
definidos en este párrafo, con un límite máximo de 10.000 euros por expediente.
3.  Las actuaciones que se planteen deben suponer una mejora medioambiental 
efectiva y reducir las emisiones de dióxido de carbono por medio del uso de fuentes 
renovables de forma directa y/o indirecta, lo que deberá justificarse en la memoria 
descriptiva del proyecto (en adelante, la «Memoria Descriptiva»). Es por ello, que no 
serán subvencionables los estudios que no lleven asociados una actuación que permita 
conseguir ahorros de emisiones.
4.  Para que los costes puedan ser considerados subvencionables, deben cumplir 
los siguientes requisitos:
a)  Cumplir la normativa local, autonómica, nacional y de la Unión Europea aplicable.
b)  Estar relacionados de manera inequívoca con la actividad objeto de la ayuda, ser 
necesarios para su ejecución y realizados en el plazo establecido en la convocatoria.
c)  Ser reales y estar abonados efectivamente con anterioridad a la finalización del 
período de justificación establecido en la convocatoria. Cuando se utilicen medios de pago 
diferidos (cheque, pagaré, letra de cambio aceptada, entre otros), sólo se subvencionarán 
aquellos importes efectivamente cargados en cuenta a través de entidad financiera con 
anterioridad a la finalización del período de justificación establecido en la convocatoria.
d)  Existir constancia documental y ser verificable.
5.  No  se  considerarán  costes  subvencionables  los  englobados  en  los  siguientes 
conceptos:
a)  Costes relativos a la ejecución de la actuación correspondiente que hayan sido 
facturados con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda, ni tampoco los 
costes fijos existentes, como el coste asociado al personal existente del beneficiario,
b)  Los gastos propios o recurrentes, de personal, funcionamiento o gastos generales.
c)  Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, 
multas, o tributos.
d)  Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o trámites 
administrativos que, aun siendo necesarios para la obtención de permisos o licencias, no 
estén enumerados en el apartado 2 de este artículo.
e)  Coste de adquisición o arrendamiento de inmuebles o terrenos utilizados para el 
proyecto. e.
f)  Seguros suscritos por el solicitante. w.
g)  La vigilancia y seguridad durante la ejecución de la obra hasta la fecha de puesta  342ww
en mha) rcChau.alesquiera costes financieros.
6.  En  cada  convocatoria  se  podrán  incluir  las  instrucciones  u  orientaciones 
detalladas sobre los conceptos que podrán ser tenidos en cuenta para la determinación 
de los costes subvencionables.
Artículo 12.  Pago, cuantía e intensidad de las ayudas.
1.  Las ayudas reguladas por esta orden se instrumentarán como una subvención, 
que se percibirá por el beneficiario, con carácter definitivo, una vez se verifique la 
ejecución del proyecto y se acrediten los costes subvencionables incurridos.
2.  Si así se dispone en la convocatoria, podrá establecerse el pago anticipado de la 
totalidad  o  de  parte  de  la  ayuda  concedida,  que  será  atendido  en  función  de  la 
disponibilidad  presupuestaria,  teniendo  en  consideración  las  garantías  asociadas 
exigidas según lo expuesto en el artículo 13 de esta orden y en las correspondientes 
convocatorias, en los términos y condiciones regulados en los artículos 42 y siguientes 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En  el  supuesto  de  incumplimientos  imputables  al  beneficiario,  que  reduzcan  la 
cuantía de la ayuda establecida en la certificación final provisional respecto al anticipo 
abonado, procederá el reintegro parcial o total del mismo según lo establecido en esta 
orden.  El  órgano  concedente  notificará  al  beneficiario  las  cantidades  que  deba 
reembolsar del anticipo percibido.
En las convocatorias correspondientes podrá establecerse un periodo específico 
para solicitar el anticipo de la ayuda, así como la liquidación de las ayudas concedidas 
en la resolución definitiva según se define en la presente orden.
No procederá pago anticipado o final de la ayuda en tanto el beneficiario no acredite 
que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social o que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 
de diciembre, los beneficiarios de estos anticipos deberán acreditar que se encuentran al 
corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros anticipos 
concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la 
gestión de Fondos Europeos en los Presupuestos Generales del Estado
3.  Para  tramitar  el  pago  final  de  la  ayuda  deberán  haberse  entregado  los 
documentos acreditativos de que las actuaciones del proyecto objeto de ayuda han sido 
efectivamente realizadas en las condiciones impuestas por esta orden, la normativa de 
aplicación, la convocatoria y resolución de concesión correspondiente, o en su caso en la 
resolución modificativa correspondiente, incluyendo los justificantes de gasto, con el fin 
de facilitar la verificación del cumplimiento de las mismas.
El pago final y definitivo de la ayuda no podrá realizarse hasta la plena justificación 
de los gastos subvencionables y la ejecución total de las actuaciones incentivables 
correspondientes.
Este pago final tendrá en cuenta, en su caso, el anticipo abonado, de la siguiente 
forma:
Pago final = el importe de ayuda correspondiente al coste subvencionable justificado – el 
importe de los pagos anticipados de la ayuda concedida
4.  A la finalización del proyecto, y una vez realizada la correspondiente verificación 
del  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  por  esta  orden,  así  como  de  las 
obligaciones establecidas en la resolución de concesión correspondiente, se extenderá  e.e
certificación final provisional de verificación por parte del IDAE, cuyo resultado será  b
notificado por el órgano instructor al beneficiario a través de la sede electrónica del IDAE,  342ww
oTtroarngsácnudrroidseo  duicnh op lpalzaoz o dye  exdaiemzi naddíaass , heánb isleus  caas o,é slatas  aplaergaa cifoonrmesu laprr esaelengtaadcaiosn, esse. 
sfoer mdaurlaár ácu pmopr leiml óiergnaton oa  ilnas otrbulcigtoarc ilóan c edret ifcicoamcpiórno bfiancaiól dne dfien iltaiv are daeliz vaecriiófinc adceió lna,  accotniv liad aqdu ey 
del cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión y disfrute de la ayuda, tal y
como se recoge en el artículo 85 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Esta certificación final definitiva indicará la cuantía definitiva de la ayuda otorgada, 
así  como  cualquier  otra  información  que  la  correspondiente  convocatoria  pudiera 
especificar.
5.  El importe de la ayudas a conceder se determinará en las convocatorias, de 
acuerdo a las intensidades y límites establecidos para cada tipo de beneficiario por el 
Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, y, en particular, por 
las intensidades de ayuda y cuantías de ayuda máximas establecidas principalmente en 
sus artículos 36 y 41 para las tipologías elegibles.
A efectos del cálculo de la intensidad de ayuda y los costes subvencionables, todas 
las cifras empleadas se entenderán antes de cualquier deducción fiscal u otras cargas, 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de Exención por 
Categorías.
6.  La ayuda base se podrá complementar con una ayuda adicional, a determinar en 
cada convocatoria. El importe de la ayuda total estará limitado por el importe máximo 
que le resulte de aplicación según el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, 
de 17 de junio de 2014.
7.  Las convocatorias podrán fijar un límite de ayuda y/o porcentaje máximo de 
intensidad de ayuda para cada tipología o sub-tipología de actuación, un límite máximo 
de ayuda por proyecto y beneficiario, así como una inversión mínima por proyecto, y 
asignar un presupuesto máximo por tipología de actuación.
Artículo 13.  Garantías relativas a los pagos anticipados.
1.  Procederá la constitución de garantías en todos los casos en los que se realice 
un pago anticipado para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
beneficiarios,  salvo  en  los  supuestos  contemplados  por  el  artículo  42.2  del  Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Previo al abono del anticipo por la entidad concedente, en los términos que se 
establezcan en la correspondiente convocatoria, se requerirá el resguardo de la Caja 
General de Depósitos, acreditativo de haber depositado dicha garantía, a favor de la 
misma.
2.  El importe a garantizar será igual a la cuantía del anticipo más los intereses 
calculados al tipo de interés legal, para la vigencia de la garantía.
3.  La garantía deberá ser constituida por el beneficiario.
4.  Las garantías se constituirán ante la Caja General de Depósitos, en la forma y 
procedimiento que establece el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, y según lo dispuesto en la 
Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, y con los requisitos que determina su regulación.
5.  La garantía deberá estar constituida al momento de la solicitud del anticipo.
El período de vigencia de la garantía será, como mínimo, por el plazo máximo de 
finalización  de  los  proyectos  más  un  periodo  de  dieciocho  meses  que  podrá  ser 
modificado por la propia convocatoria.
6.  La  falta  de  constitución  y  acreditación  ante  el  órgano  competente  de  las 
garantías en la modalidad establecida en esta orden, previo trámite de audiencia al 
beneficiario, supondrá la renuncia presunta al anticipo concedido para la realización del  e.
proyecto. w.b
7.  Las garantías sobre el anticipo de la subvención se liberarán tras la certificación  342ww
faincatul adcieofnineitsiv ya , csoin deinci oenlelas  sdee l apcrroeydeitcato  eol , ceunm pcalimsoie ncoton trtaortaiol , dtrea sl ae l erjeecinutceigórno  dtoet alla os 
parcUianl ad ev elaz  aaycurdead ictaodrroe sppoorn edli ebneten.eficiario de la ayuda que el proyecto se encuentra
totalmente finalizado en plazo y emitida la certificación final definitiva prevista en esta
orden, el órgano concedente, de oficio, procederá a solicitar la cancelación de la garantía 
que corresponda.
En el caso de que el importe de la ayuda recogida en la certificación provisional fuera 
inferior  al  anticipo  abonado  y,  previo  el  oportuno  procedimiento  de  reintegro,  si  el 
beneficiario  no  efectuara  el  reintegro  correspondiente,  se  procederá  a  solicitar  la 
incautación de la garantía asociada, por el importe que corresponda al importe cobrado 
en exceso, más los intereses que correspondan.
8.  En  caso  de  otros  incumplimientos  y,  previo  el  oportuno  procedimiento  de 
reintegro,  si  el  beneficiario  no  efectuara  el  reintegro,  se  procederá  a  solicitar  la 
incautación de la garantía que corresponda.
CAPÍTULO III
Procedimiento de concesión
Artículo 14.  Convocatorias y plazo de presentación de solicitudes.
1.  Las convocatorias se realizarán por el IDAE, mediante resolución de su Consejo 
de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 
General de Subvenciones, y en los apartados 6 y 7 del Estatuto del IDAE, aprobado por 
Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, en relación con lo dispuesto en la disposición 
adicional vigésima sexta de la Ley General de Subvenciones, y serán publicadas en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Un extracto de las mismas será 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
2.  Las  solicitudes  para  la  participación  en  el  programa  de  ayudas  y  su 
documentación podrán presentarse en el plazo de dos meses, contados desde la fecha 
fijada en la correspondiente convocatoria. La solicitud y la documentación a aportar con 
la misma se harán en castellano.
3.  Las  solicitudes  presentadas  fuera  del  plazo  establecido  darán  lugar  a  su 
inadmisión.
4.  La solicitud constará de formulario y la siguiente documentación complementaria:
a)  Formulario de solicitud de ayuda: conforme al modelo que se establezca por la 
convocatoria correspondiente.
b)  Fotocopia del DNI, para los ciudadanos españoles, o de documento equivalente 
que acredite la identidad de los extranjeros y en el que figure el NIE; de la persona física 
titular del establecimiento o de la tarjeta de identificación fiscal donde conste el NIF de la 
persona jurídica, así como, en ambos casos, de su representante. No será necesaria su 
aportación si el interesado presta su consentimiento expreso para que sus datos de 
identidad personal puedan ser consultados por el órgano instructor mediante el Sistema 
de Verificación de Datos de Identidad. No obstante, conforme a lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se eximirá a los interesados de la presentación de 
documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración, o que haya sido 
ya aportada anteriormente por los mismos, siempre que el interesado no se oponga a 
que la administración actuante pueda consultar o recabar dichos documentos. Por su 
parte, la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  reconoce  la 
potestad de verificación de las administraciones públicas, en relación con los datos 
personales que obren en su poder, para comprobar su exactitud. es
c)  Las  personas  jurídicas,  públicas  o  privadas,  y  otras  entidades,  con  o  sin  o
personalidad jurídica, además de lo establecido en el apartado anterior, deberán aportar  342ww
ddefoeonr c mlluoaumssle  ere enlnagtta iissdctoairólodincse i tsuap dcúsr boedllidiecci oittaaasyt niuvctdaeoa srr  decoeso  pmboleaonns d esiffeuaicn critaeuerplstiaar. esdLs eaeds ne int daltaeensr tve rea,e nypducreeidbósaindes an pmetoaxreci ginmóetnee   ldaidni oesa  cdcrlreaiet a dr,pei teeparnrcse ioóssnneua n cd taaeqns utolaee,     OE-A-2021-21able en https://
representación  necesaria  para  cada  actuación,  en  los  términos  establecidos  en  el 
artículo 5 de la Ley 39/2015.
d)  En  el  caso  de  consorcios  o  agrupaciones  empresariales,  sin  personalidad 
jurídica propia, se precisa documento de colaboración o instrumento análogo formalizado 
por representante debidamente facultado por las mismas que especifique la aceptación y 
designación expresa del representante único de todas ellas, formule la solicitud y reciba 
el  importe  total  de  la  ayuda  otorgada,  sin  perjuicio  de  la  aportación  de  copia  del 
documento acreditativo de las facultades de representación del mismo, así como la 
aceptación expresa de participación de todas ellas en la correspondiente convocatoria, 
asumiendo la totalidad de compromisos y obligaciones derivados de la misma, con 
detalle  de  los  compromisos  de  ejecución  correspondientes  a  cada  miembro  de  la 
agrupación así como importe e intensidad de la ayuda a aplicar a cada uno de ellos. 
Además, este documento de colaboración deberá incluir todos los aspectos recogidos en 
el punto 2, del artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020.
e)  En caso de disponer de personalidad jurídica propia, deberá presentarse la 
escritura pública de constitución, que contendrá como mínimo denominación, objeto, 
domicilio social, duración, socios y porcentajes de participación, designación de gerente 
único, así como la constancia de la responsabilidad solidaria y limitada a la completa 
ejecución del proyecto objeto de subvención, de cada uno de los socios. Igualmente, se 
presentará el certificado de inscripción en el registro correspondiente del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, en lugar del certificado en el registro mercantil.
f)  Para el sector público: en el caso de una entidad vinculada o dependiente del 
sector  público,  deberá  presentar  una  declaración  responsable  donde  acredite  su 
adscripción, especificando si se refiere a la Administración General del Estado, a la 
Administración Autonómica o la Administración local.
g)  Para las empresas:
i.  Certificado del Registro Mercantil o, en su defecto, poder notarial. En cualquiera 
de los casos, deberá aparecer el firmante de la solicitud de la ayuda como representante 
de la empresa.
ii.  Número de identificación fiscal (NIF).
iii.  Documentación que acredite el alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y 
Retenedores de la AET o equivalente.
iv.  Para las Medianas y Pequeñas Empresas, acreditación de dicha condición, 
según las definiciones contenidas en el artículo 2 del anexo I, del Reglamento (UE) n.º 
651/2014 de Exención por Categorías, aportando una declaración responsable firmada 
por representante de la empresa que especifique: 1) el volumen de negocios y cifra de 
balance general anual resultante de las cuentas anuales de la empresa solicitante y de 
las  empresas  asociadas  o  vinculadas,  correspondientes  al  último  ejercicio  contable 
cerrado, y que hayan sido depositadas en el Registro correspondiente; 2) el número de 
empleados de la empresa, así como los de las empresas asociadas o vinculadas y 3) la 
calificación como empresa autónoma, o bien se indique las empresas asociadas o 
vinculadas incluyendo los datos de participación respectivos. Se facilitará modelo en la 
sede electrónica de IDAE. Se aportarán igualmente las citadas cuentas anuales de la 
empresa y de las empresas asociadas o vinculadas, correspondientes al último ejercicio 
contable cerrado, y que hayan sido depositadas en el Registro correspondiente.
h)  Documentación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, lo que deberá verificarse conforme  e
a lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento que desarrolla la Ley General de  bo
Subvenciones, y teniendo presente lo establecido por la disposición adicional octava de  342ww
lgaa rLaenytí aO drgeá nloicsa  d3e/r2e0c1h8o,s  ddeig i5ta ldees,  daiscíie mcobmreo,  edle  aPrtírcouteloc c2ió8n  ddee  laD aLteoys  3P9e/r2s0o1n5a,l eys  eyl 
saertníctiudloo,  9e5n. 1c aks)o  dnee cleas aLreioy  p5o8d/2rá0 0s3e,r  dreeq u1e7r iddoe  pdoicr ieeml óbrrgea, nGo eandemrainl isTtrriabtuivtaor icao. nEcend eensttee 
la acreditación de los citados requisitos. En su defecto se deberá autorizar expresamente
al  órgano  administrativo  concedente  para  que  pueda  consultar  directamente  dicha 
información de forma directa con la Administración Tributaria o de la Seguridad Social.
i)  Memoria  Descriptiva  del  proyecto  y  análisis  económico  e  impactos  de  las 
actuaciones a acometer, de acuerdo con el formato y modelo que la correspondiente 
convocatoria establezca, que tendrá como mínimo, el siguiente contenido:
i.  Identificación  de  solicitante  y  proyecto.  Descripción,  alcance,  organización  y 
planificación de la actuación.
ii.  Presupuesto, inversión, coste subvencionable y ayuda solicitada.
iii.  Potencial ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero y producción de 
hidrógeno renovable anual y consumo asegurado que supone la ejecución del proyecto 
integral u otros indicadores específicos según tipo de proyecto (ej.: otros impactos 
ambientales).
iv.  Viabilidad económica y financiera.
v.  Capacidad para difundir los resultados. Plan de Comunicación.
vi.  Replicabilidad y escalabilidad.
vii.  Generación de empleo, así como uso de cadena de valor industrial o sinergias 
con ámbitos económicos.
viii.  Plan de Trabajo o programa de ejecución de actuaciones.
j)  Declaración  responsable,  según  modelo  del  anexo  II,  que  acredite  el 
cumplimiento de los requisitos necesarios establecidos para adquirir la condición de 
beneficiario.
k)  Si el solicitante realiza actividad económica, que no se encuentra en situación de 
crisis, según lo establecido por la Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de 
julio de 2014, sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas 
en crisis.
l)  Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de 
actuaciones  del  plan  de  recuperación,  transformación  y  resiliencia  (PRTR),  según 
modelo incluido en anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la 
que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
m)  Aquellos solicitantes que, de acuerdo con los requisitos de concesión de la 
ayuda, deban de adoptar medidas para evitar conflictos de interés, deberán aportar una 
declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI), conforme al modelo que se 
establezca en la correspondiente convocatoria.
n)  Cumplimentar debidamente el cuestionario de autoevaluación de cumplimiento con el 
principio de «no causar un perjuicio significativo» al medio ambiente en el marco del Plan de 
Recuperación conforme al anexo IV de esta orden de bases y conforme a la «Guía para el 
diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio 
significativo al medio ambiente». La evaluación podrá ser realizada por el interesado o por 
una entidad independiente. El formulario está disponible en la web del MITERD, «https://
www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/
cuestionariodnshmitecov20_tcm30-529213.pdf» y se facilitará en la sede electrónica del 
IDAE.
5.  En  las  convocatorias  correspondientes  se  podrá  requerir  la  aportación  de 
documentación adicional.
Artículo 15.  Tramitación electrónica del procedimiento. oe.
1.  De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las personas  342ww
bjueríndeicfiacsia ryio rse setsot adreá ns uojbeltiogsa dcoosn tae mtrapmlaidtaors  eelenc etrsótnai coardmeenn tqeu seu t esnogliacintu lda.  cEol npsriodceeradcimióine ndteo 
ecolemcturónniciacoci onseesrá  y obdleigmaátosr iod oceunm  etondtaacsi óns uesx igfaibslees  seyr ántr amprietasceinótna.d aLsa sa  stroalivcéitsu ddees,l 
sistema telemático alojado en el portal de ayudas de la sede electrónica de IDAE (https://
sede.idae.gob.es/),  que  también  contendrá  la  información  necesaria  para  la 
cumplimentación de la solicitud y tramitación del expediente.
Las notificaciones a los interesados se realizarán mediante comparecencia en la 
sede electrónica del IDAE, en los términos recogidos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.
2.  El solicitante y el representante, en su caso, podrán acceder a sus expedientes y 
a las comunicaciones electrónicas asociadas, mediante certificado de persona física o 
con  DNI  electrónico.  En  el  enlace  correspondiente  habilitado  podrán  consultar  los 
documentos presentados y el estado de tramitación del expediente. La presentación de 
la solicitud con firma electrónica conllevará la conformidad del solicitante para recibir 
todas las comunicaciones y notificaciones de la tramitación del expediente electrónico a 
través  de  dicho  registro  electrónico  accesible  por  medio  de  la  sede  electrónica. 
Adicionalmente  a  la  puesta  a  disposición  del  interesado  de  las  comunicaciones  y 
notificaciones a través del registro electrónico, existe un sistema complementario de 
alertas por medio de correo electrónico, de carácter meramente informativo, por lo que 
carece de efectos jurídicos respecto a su contenido y fecha de realización.
En este mismo registro, los interesados, tras identificarse electrónicamente de forma 
segura, podrán consultar los actos del procedimiento que les sean notificados y efectuar la 
presentación  de  la  documentación  adicional  que  pudiera  ser  requerida  por  el  órgano 
actuante.
3.  Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por 
el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las 
subvenciones y demás ayudas públicas, se publicarán en la sede electrónica del IDAE 
las propuestas de resolución, las resoluciones de desestimación, de concesión y sus 
posibles modificaciones y demás actos del procedimiento.
4.  En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las 
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de 
notificación por comparecencia electrónica.
5.  Los  formularios,  las  declaraciones  responsables  y  los  demás  documentos 
electrónicos  a  cumplimentar  en  las  diferentes  fases  del  procedimiento,  estarán 
disponibles en el portal de ayudas de la sede electrónica del IDAE y deberán ser 
obligatoriamente utilizados cuando proceda.
6.  En aquellas fases del procedimiento en las que, en aras a la simplificación 
administrativa, se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada  documentación,  dichas  declaraciones  deberán  presentarse  en  formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
7.  Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren 
en  poder  de  las  administraciones  públicas,  de  conformidad  con  lo  previsto  por  los 
artículos 28.2 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, debiéndose aportar junto con la solicitud en 
qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, para lo 
cual indicará el número del expediente que le fue comunicado en aquella ocasión, así 
como una autorización para su consulta por parte del IDAE.
Artículo 16.  Ordenación e instrucción del procedimiento. Evaluación y selección de las 
solicitudes.
1.  El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión de 
las ayudas reguladas por esta orden, así como el responsable del seguimiento de las  e.
actuaciones subvencionadas, será la persona titular de la Dirección General del IDAE, en  w.b
adelante, el órgano instructor. 342ww
E2.l  órLgaa neov aclounacceiódne ny tsee sleecrác iólan p deers loansa s otitliucliatur ddees l as eP rreesaildizeanrcái ae xdcelul IsDivAaEm.ente sobre la
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instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no supongan 
reformulación ni mejora de ésta.
3.  Por  tratarse  de  un  procedimiento  de  concesión  en  régimen  de  concurrencia 
competitiva y, como tal, de oficio, no se admitirán las mejoras voluntarias de la solicitud. No 
obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que 
no supongan reformulación ni mejora de ésta. Será competente para evaluar las solicitudes, 
en los términos previstos en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones, como 
órgano colegiado, una Comisión Técnica de Valoración integrada por:
Presidente: La persona titular de la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos 
Combustibles de la Secretaría de Estado de Energía.
Vocales:
1)  Dos  representantes  designados  por  la  Secretaría  de  Estado  de  Energía, 
incluyendo un representante de la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos 
Combustibles.
2)  Un representante de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
3)  Un representante de la Dirección de Energías Renovables y Mercado Eléctrico 
del IDAE.
4)  Dos representantes designados por la Dirección General de IDAE, uno de los 
cuales ejercerá las funciones de secretario con voz, pero sin voto.
5)  Un representante del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Asimismo, podrán asistir a las reuniones de dicha Comisión, con voz pero sin voto, 
todas aquellas personas que sean convocadas por su Presidente, en calidad de expertos 
en las materias incluidas en el orden del día.
La pertenencia y/o asistencia a la Comisión Técnica de Valoración no conlleva 
derecho a la percepción de ninguna retribución.
En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 
justificada, cualquiera de los miembros titulares de la Comisión podrá ser sustituido por 
los  suplentes  que  designe  la  persona  titular  de  la  Dirección  General  del  IDAE,  a 
propuesta de la persona titular del órgano o dirección al que pertenezcan, mediante 
resolución que se publicará en la página web del IDAE.
El funcionamiento de esta Comisión será atendido, en todo caso, con los medios 
personales, técnicos y presupuestarios del IDAE.
4.  El órgano instructor determinará, en una primera fase, las solicitudes admisibles de cada 
Programa, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de la convocatoria de la 
ayuda. En esta fase, si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria 
correspondiente, el órgano instructor podrá requerir al interesado para que en el plazo máximo 
improrrogable de 10 días hábiles, desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le 
tendrá por desistido de su solicitud, mediante resolución, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5.  Una vez finalizado el proceso de subsanación, se procederá a redactar el acta de 
expedientes admitidos y no admitidos que será elevada al órgano instructor y publicada 
en la página web del IDAE. Este hito dará inicio a la segunda fase de evaluación.
Asimismo,  finalizado  el  periodo  de  subsanación,  la  Comisión  Técnica  de  Valoración 
procederá a la evaluación y clasificación de las solicitudes que hayan resultado admitidas  s
conforme a los criterios de valoración de otorgamiento de la subvención que figuran en el anexo  oe.
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mayor  puntuación  en  el  criterio  de  viabilidad  económica.  Las  convocatorias  podrán 
establecer otros criterios de desempate adicionales.
b)  Se evaluará la lista en sentido descendente de puntuación, eliminando aquellas 
solicitudes para las cuales, de ser aceptadas, se superaría el valor máximo de ayuda por 
beneficiario o actuación establecido en la convocatoria, así como aquellas solicitudes 
que no lleguen al mínimo de puntuación establecido para ser subvencionables según el 
anexo III.
c)  Posteriormente  se  evaluará  la  lista  en  sentido  descendente  de  puntuación, 
seleccionando aquellas solicitudes para las cuales, de ser aceptadas, no superen los 
límites de presupuesto establecidos en la convocatoria. Ahora bien, si el presupuesto 
disponible no fuera suficiente para cubrir la totalidad de la ayuda de la última solicitud, 
quedará a decisión del solicitante el aceptar o renunciar a esta ayuda parcial.
Artículo 17.  Propuesta de resolución provisional.
1.  El órgano instructor, a la vista del expediente y de la propuesta que le eleve la 
Comisión Técnica de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional de 
concesión de ayudas, debidamente motivada.
2.  El contenido de esta propuesta de resolución provisional incluirá al menos la 
siguiente información:
a)  La relación de las solicitudes para las que se propone la concesión de la ayuda, 
incluyendo:
i.  El NIF del beneficiario.
ii.  El título del proyecto.
iii.  La localización donde se realizará la actuación.
iv.  El importe de la ayuda total que se propone conceder, expresado en euros.
v.  La puntuación obtenida.
b)  La relación de solicitudes admitidas para las que no se propone la concesión de 
la ayuda, incluyendo los motivos por los que no resultan beneficiarias y la puntuación 
obtenida.
c)  La relación de solicitudes inadmitidas y los motivos de la inadmisión.
3.  La propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados mediante 
su publicación en la sede electrónica del IDAE, surtiendo dicha publicación los efectos de 
la notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015. Esta 
propuesta de resolución provisional no genera derecho alguno a favor del beneficiario 
frente a la Administración.
4.  En  el  plazo  de  diez  días  hábiles  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  la 
publicación de la propuesta de resolución provisional en la sede electrónica del IDAE, los 
interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes ante el IDAE, a 
través del aplicativo para la tramitación de las ayudas.
5.  En  caso  de  que  algún  interesado  renuncie  a  una  ayuda  aprobada 
provisionalmente, se incluirá la nueva solicitud correspondiente, en caso de liberarse 
fondos suficientes.
6.  Las  alegaciones  y  documentación  presentadas  serán  examinadas  por  la 
Comisión Técnica de Valoración quien, en su caso, procederá a reordenar la clasificación 
de las solicitudes admitidas y valoradas, elevando, en su caso, nueva propuesta al  e.e
órgano instructor, que formulará la propuesta de resolución definitiva que será notificada  b
a los interesados mediante su publicación en la sede electrónica del órgano concedente,  342ww
od íaesl  mheádbioil easl tecrnoanttiavdoo qsu ea  pupeadrtair  fidjaerls es eignu ilean cteo nvaol cadteo risau,  pnaorati fqicuaec ieónn ,e ll apsla zeon dtidea ddieesz 
bsoelniceitfuicdia driea sn op rporpoudeusctiarsse  ccoomntuensitqauceiónn  seun  adcicehpota pcliaózno, .entendiéndose que decaen de su
7.  La propuesta de resolución definitiva podrá incluir una relación ordenada de 
todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas 
establecidas en esta orden para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido 
estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con 
indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de 
valoración previstos en la misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de las entidades 
beneficiarias, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, 
la concesión de la subvención a la entidad o entidades solicitantes siguientes a aquél en 
orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los 
beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender, total o parcialmente, al 
menos una de las solicitudes denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados, a 
fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días 
hábiles. Una vez aceptada la propuesta por parte de la entidad o entidades solicitantes, 
el órgano competente dictará el acto de concesión y procederá a su notificación.
Artículo 18.  Resolución definitiva.
1.  La  persona  titular  de  la  presidencia  del  IDAE  resolverá  y  notificará  el 
procedimiento de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 25 de la Ley General 
de  Subvenciones  previa  resolución  que  dicte  el  Consejo  de  Administración  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 del Estatuto de IDAE, en un plazo 
máximo de seis meses desde la publicación del extracto de las convocatorias en el 
boletín oficial correspondiente, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha 
posterior, según establece el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La resolución definitiva se notificará a los interesados, dentro del mismo plazo, 
mediante su publicación en la sede electrónica del IDAE, en los términos establecidos en 
el artículo 45 de la Ley 39/2015, surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación 
conforme  a  lo  establecido  en  dicho  artículo,  y  sin  perjuicio  de  la  remisión  de  la 
información correspondiente a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
El vencimiento del plazo máximo establecido, sin haberse notificado la resolución, 
legitima  a  los  interesados  para  entender  desestimada  por  silencio  administrativo  la 
solicitud de concesión de la subvención.
2.  Contra la resolución definitiva, que pondrá fin a la vía administrativa según lo 
establecido en el artículo 114 de la Ley 39/2015, y el artículo 7.6 del Estatuto del IDAE, 
se podrá interponer recurso potestativo de reposición en los términos y plazos previstos 
en los artículos 123 y 124 de la citada ley o recurso contencioso-administrativo ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa.
CAPÍTULO IV
Justificación y ejecución de las actuaciones incentivables
Artículo 19.  Plazo de justificación y documentación justificativa de realización de la 
actuación.
1.  Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se 
concedió  la  subvención  y  la  aplicación  de  los  fondos  percibidos  ante  el  órgano  es
concedente o designado para tal fin. o
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3.  La justificación por parte de los beneficiarios de la realización de las actuaciones 
que conformen el proyecto subvencionable deberá realizarse ante el órgano instructor en 
el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha en que expire el plazo 
máximo otorgado para la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda.
4.  La justificación documental por parte de los beneficiarios de la ejecución y pago 
de las actuaciones objeto del proyecto subvencionable se realizará telemáticamente, a 
través de la Sede Electrónica del órgano concedente o el medio alternativo que pudiera 
haberse establecido por la correspondiente convocatoria, mediante escrito dirigido al 
órgano  instructor,  junto  al  que  se  aportará,  con  carácter  general,  la  siguiente 
documentación:
a)  Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el 
artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  que  acredite  que  la  subvención  recibida  se  ha 
empleado en las actuaciones para las que le fue otorgada y en el plazo previsto, 
cumpliendo  los  requisitos  establecidos  en  las  bases  y  en  las  correspondientes 
convocatorias,  incluyendo  el  principio  de  «no  causar  un  perjuicio  significativo»,  y 
certificando  que  se  han  cumplido  los  objetivos  de  acuerdo  con  los  valores  de  los 
indicadores  reflejados  en  la  resolución  de  concesión  de  las  ayudas.  Esta  cuenta 
justificativa será conforme al alcance, condiciones y modelos publicados por IDAE en su 
página web, será suscrita por el beneficiario mediante el certificado de firma electrónica y 
deberá acompañarse de la siguiente información y documentación que formará parte 
integrante de la misma:
a).1  Notificación  dirigida  al  órgano  instructor  comunicando  la  documentación 
aportada,  fechada  y  suscrita  por  el  beneficiario  mediante  el  certificado  de  firma 
electrónica correspondiente, conforme al modelo publicado en la página web de IDAE.
a).2  Declaración responsable de las entidades beneficiarias (según modelo que 
estará disponible en Web del IDAE) que garantice:
i.  el proceso de contratación de las actuaciones del proyecto objeto de ayuda, la 
existencia de una contabilidad diferenciada que permita la trazabilidad de todas las 
transacciones relacionadas.
ii.  el cumplimiento de las normas nacionales y comunitarias sobre requisitos de 
igualdad de oportunidades y no discriminación, aplicables a este tipo de actuaciones.
iii.  el cumplimiento de las normas medioambientales nacionales y comunitarias, y 
sobre desarrollo sostenible, concretamente y atendiendo al contenido del PRTR, que se 
han  respetado  los  principios  de  economía  circular  y  evitado  impactos  negativos 
significativos en el medio ambiente (DNSH) en la ejecución de las actuaciones llevadas a 
cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no ha incurrido en doble financiación y 
que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de 
Estado.
iv.  el  compromiso  con  los  estándares  más  exigentes  en  relación  con  el 
cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, habiendo adoptado las medidas 
necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, 
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
a).3  Justificación por parte del beneficiario sobre el proceso de contratación de las 
actuaciones que integran el proyecto incentivado. En el caso de personas jurídicas 
públicas sometidas a la legislación de contratos del sector público, dicha justificación  e.
consistirá en la cumplimentación por parte de éstas de una lista de chequeo relativa al  w.
cumplimiento  del  procedimiento  de  contratación  que  sea  de  aplicación,  según  lo  342ww
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suscrita por el beneficiario y sellada y firmada por la persona auditora.
a).4  Identificación del perceptor final de fondos (beneficiarios últimos de las ayudas, 
contratistas y subcontratistas), mediante: NIF, nombre, domicilio, alta en el Censo de 
Empresarios, Profesionales y Retenedores de la AEAT o equivalente (si desarrollan 
actividad  económica)  y  la  Aceptación  de  la  cesión  de  estos  datos  entre  las 
Administraciones Públicas implicadas.
a).5  Informe  de  una  persona  auditora  o  empresa  de  auditoría  inscrita  como 
ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), que deberá ajustarse 
al modelo que se publique en la página web de IDAE, y a través del cual se llevará a 
cabo la revisión de la cuenta justificativa con el alcance y metodología prevista en el 
presente apartado. En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus 
cuentas anuales, este mismo auditor será el encargado de revisar la cuenta justificativa. 
En el resto de los casos, el auditor será designado por la entidad beneficiaria.
Se ha de formalizar un contrato entre el auditor y el beneficiario en el que figurarán 
como mínimo los siguientes extremos:
i.  Obligación del beneficiario de confeccionar y facilitar al auditor cuantos libros, 
registros y documentos le sean solicitados para efectuar la revisión.
ii.  Obligación del auditor de realizar la revisión y emitir un informe de acuerdo a las 
normas especiales reguladoras de la subvención y la resolución de concesión.
iii.  Sometimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre auditoría de cuentas 
en cuanto a independencia e incompatibilidad del auditor.
iv.  Deber de confidencialidad del auditor de cuentas y del personal a su cargo y 
compromiso del beneficiario de autorización de comunicación entre auditores.
El informe a emitir por la persona o empresa auditora debe hacer mención expresa a 
los  siguientes  extremos  de  la  revisión  de  la  cuenta  justificativa:  objeto,  naturaleza, 
alcance, resultado, fecha y firma.
El alcance de la revisión de la cuenta justificativa por parte de la persona o empresa 
auditora incluirá, como mínimo, el análisis, comprobación y copia de los siguientes 
documentos e información:
1.º  La  memoria  de  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones 
impuestas  para  la  concesión  del  incentivo,  conforme  a  lo  exigido  por  las  bases 
reguladoras, la normativa de aplicación, la convocatoria y la resolución de concesión, 
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Esta memoria 
será  realizada  y  suscrita  por  un  técnico  titulado  competente  que  será  el  autor  del 
proyecto o el responsable de la dirección de la ejecución de las actuaciones. Además, la 
memoria se realizará siguiendo el formato y modelo que estará disponible en la página 
web del IDAE. Dicha memoria incluirá como mínimo:
i.  Información suficiente sobre el desarrollo y el grado de cumplimiento del proyecto 
incentivado, de forma concreta y detallada, con un informe sobre la situación final del 
mismo, indicando así mismo, la fecha de comienzo y conclusión de las actuaciones. Y en 
su caso, información sobre la modificación de las condiciones técnicas declaradas en el 
momento de la solicitud en la memoria descriptiva de las actuaciones.
ii.  Información sobre los valores de indicadores energéticos e hitos y objetivos 
conseguidos y, en su caso, documentación justificativa de los mismos.
iii.  Relación de las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas con las 
que cuenta y que le sean de aplicación conforme a la normativa vigente.
iv.  Certificado final de obra suscrito por el director de obra y director de ejecución de  e.
la obra, en caso de que sea preceptivo. w.
v.  Autorización de explotación o acta de puesta en servicio de la instalación cuando esta  342ww
eseleac trporteéccenpictiov ad ey  bCaejar ttifeicnasdióon  d(een  Iinnssttaallaacciióonn eEsl éeclétrcictraic a(Cs IdEe),  cduea lqauciueer rtdipoo locognía )e, le mReitigdloa mpoern tloa 
eCmuapnredsoa n oin ssteaala pdroercae pyt ivdail ilgae anuctiaodrizoa cpioórn  edle  óerxgpalnoota ccioómn,p deetebnetreá  adpeo rlata rcsoem duoncuidmade natauctóiónno qmuae.   BOE-A-cable e
acredite que la instalación está construida y se encuentra en condiciones de ser puesta en 
tensión y proceder a su explotación. Adicionalmente, se adjuntará copia del proyecto o 
memoria técnica de diseño (según proceda para la tipología de actuación) que se haya 
aportado al órgano competente de la comunidad autónoma para la obtención de la autorización 
de explotación o acta de puesta en servicio y/o Certificado de Instalación Eléctrica (CIE) y/o 
certificado de la instalación térmica.
vi.  Reportaje  fotográfico  de  las  actuaciones,  infraestructuras,  equipos  e 
instalaciones principales objeto de la ayuda, identificando equipos y/o instalaciones, así 
como de las placas de características de los mismos, y donde se muestre, de ser 
aplicable, el cartel publicitario de la actuación.
vii.  Información  y  enlace  al  sitio  de  Internet  del  beneficiario,  en  caso  de  que 
disponga de uno, donde éste informa al público del apoyo obtenido de los Fondos de la 
Unión  Europea,  haciendo  una  breve  descripción  de  la  operación,  de  manera 
proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando 
el apoyo financiero de la Unión Europea.
viii.  Informe que contenga:
viii.1  Justificación del cumplimiento por el proyecto del principio de no causar un 
perjuicio significativo a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el 
Reglamento  (UE)  2020/852  el  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  18  de  junio 
de  2020,  relativo  al  establecimiento  de  un  marco  para  facilitar  las  inversiones 
sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. A estos efectos el 
IDAE podrá publicar guías que faciliten la elaboración de esta justificación.
viii.2  Para la correcta acreditación del cumplimiento de la valorización del 70% de 
los residuos de construcción y demolición generados en las obras civiles realizadas, se 
presentará una memoria resumen donde se recoja la cantidad total de residuo generado, 
clasificados por códigos LER, y los certificados de los gestores de destino, donde se 
indique el porcentaje de valorización alcanzado. Los residuos peligrosos no valorizables 
no se tendrán en cuenta para consecución de este objetivo.
2.º  La memoria económica abreviada. Esta memoria económica incluirá, al menos:
i.  El estado representativo de la totalidad de los gastos e inversiones incurridos en 
la  realización  de  las  actividades  subvencionadas,  debidamente  agrupados,  con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, 
fecha de pago, así como cualquier otro extremo relacionado. Asimismo, incluirá, en su 
caso,  una  justificación  de  las  desviaciones  acaecidas  respecto  al  presupuesto 
considerado en la concesión del incentivo. En su caso, se aportará la acreditación del 
reintegro de remanentes no aplicados y la relación detallada de otros ingresos o ayudas 
percibidas que hayan financiado la actividad, con indicación de su importe y procedencia. 
Los documentos originales acreditativos del gasto y del pago quedarán en poder del 
beneficiario, a disposición de los órganos de comprobación y control.
Asimismo, los justificantes de pago deberán ser claramente identificables y relacionables con 
las facturas aportadas y deberán permitir identificar al beneficiario siendo este el único pagador, 
ya sea mediante un pago directo por el mismo o en su nombre (mediante la correspondiente 
acreditación documental), al tercero que percibe las cantidades pagadas y la fecha de pago 
(fecha valor) o salida efectiva de los fondos del beneficiario.
Con carácter general, se considerará realizado el pago o gasto correspondiente 
cuando haya sido satisfecho efectivamente con anterioridad a la conclusión del plazo de  s
justificación definido en la presente orden, con su correspondiente justificante, y no  oe.
atroecdaeolpiizi .tca áadnsLadoaso, , s peraoe sslpíat aeccgrioóioomnsr   oaed  nlreae   mlfaelocecsithóá anlip  cdedoede.  ir dLeloaagss is f etfryaco/ch odta ue rld aolaess  , s looycsl oi cdnjieuttru sadstti uofdissce  a cnaroetyerularsdet iasdvp.oeos np daaige onl atedsse  bajeucrstáuti fasicceaiorn,n teeenss    2021-21342n https://www.
bancarios de pago y copia de los mismos.
iii.  En el caso de existir contratación pública, relación certificada y copia de los 
contratos suscritos por el beneficiario para la realización de las actuaciones objeto de 
ayuda, así como documentación justificativa del procedimiento de contratación: dirección 
web del perfil del contratante, pliegos, anuncios de licitación y formalización de contratos, 
acuerdos del órgano de contratación.
iv.  Asimismo, debe acreditar:
iv.1  La existencia de una contabilidad diferenciada que permita una adecuada pista 
de  auditoría  de  las  actuaciones  realizadas  en  el  marco  de  esta  subvención  y  el 
mantenimiento de la documentación soporte, en los términos que establezca el Ministerio 
de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa nacional y de la Unión 
Europea, cuando le resulte de aplicación.
iv.2  La legalidad del procedimiento de contratación de las actuaciones a través del 
análisis y comprobación de la justificación realizada por el beneficiario sobre dicho 
proceso o de la lista de chequeo de contratación, en su caso.
iv.3  Que  dispone  de,  al  menos,  tres  ofertas  de  diferentes  proveedores  en  los 
supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, y de una 
memoria que justifique razonablemente la elección del proveedor cuando la misma no 
haya recaído en la oferta económica más ventajosa, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
resuelve decimosegundo.
iv.4  El cumplimiento de las obligaciones de publicidad impuestas al beneficiario, de 
conformidad con lo establecido en la presente orden el anterior artículo 7.
iv.5  Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado las actuaciones 
incentivadas con indicación del importe y su procedencia. Debe acreditar la existencia o 
no de otras subvenciones o ayudas cobradas para la misma actuación o finalidad que la 
solicitada en el contexto de este Programa de incentivos, de cualquier Administración, 
organismo o entidad pública, nacional o internacional.
Cuando el beneficiario sea una persona jurídica pública, se podrá sustituir esta 
cuenta justificativa con informe de auditor por la entrega de una cuenta justificativa con 
aportación de un informe de la Intervención General de la misma entidad pública, en los 
mismos términos y condiciones que los establecidos anteriormente para la aportación de 
informe de auditor, y cuando pueda ser de aplicación. En cualquier caso, si fuera preciso, 
se podrá exigir informe de auditoría externa para completar el informe anterior.
Cuando la ayuda concedida sea inferior a 100.000 euros y de manera opcional, 
podrá  sustituirse  la  cuenta  justificativa  con  el  informe  de  auditor  previsto  en  este 
apartado por la entrega de una cuenta justificativa simplificada, según lo previsto en el 
artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  que  acredite  que  la  subvención  recibida  se  ha 
empleado en las actuaciones para las que le fue otorgada y en el plazo previsto, 
cumpliendo los requisitos establecidos en esta Orden, la normativa de aplicación y en las 
correspondientes  convocatorias,  incluyendo  el  principio  de  «no  causar  un  perjuicio 
significativo», y certificando que se han cumplido los objetivos de acuerdo con los 
valores de los indicadores reflejados en la resolución de concesión de las ayudas. Esta 
cuenta justificativa será conforme al alcance, condiciones y modelos publicados por 
IDAE en su página web, será suscrita por el beneficiario mediante el certificado de firma 
electrónica,  debiendo  acompañarse  de  la  información  y  documentación  que  se 
establezca en la normativa de aplicación y las correspondientes convocatorias, formando 
parte integrante de la misma. e
b)  Además de la cuenta justificativa prevista en el apartado anterior, el beneficiario  bo
deberá presentar los siguientes documentos: 342ww
númbe)r.o1s  dDeo ccuumenetnat aincdióicna djuosst ieficna ltaiv aso ldicei tuqdu ey  deel sbdeen leafsic qiaureio  see sh atiytualna rr edaelilz andúom pearog oos 
de facturas y, en su caso, el ingreso de ayudas.
b).2  Factura emitida por la persona auditora y justificante de su pago.
c)  La acreditación por parte del beneficiario de estar al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, que se sustituirá por la 
consulta telemática a los organismos competentes por parte del órgano concedente. Se 
podrá solicitar la autorización expresa del beneficiario para que el órgano concedente 
obtenga  de  forma  directa  la  acreditación  de  las  circunstancias  previstas  en  los 
artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos. No obstante, 
el beneficiario podrá denegar expresamente el consentimiento a esta autorización al 
órgano concedente, debiendo aportar entonces certificado tributario de estar al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias, acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social y certificado tributario de residencia fiscal. En caso 
de que no estuviesen habilitados los medios técnicos necesarios para realizar dichas 
consultas,  el  órgano  concedente  requerirá  al  beneficiario  la  presentación  de  los 
correspondientes certificados tributarios de estar al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones  tributarias,  acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  con  la 
Seguridad Social y certificado tributario de residencia fiscal.
5.  Toda  la  documentación  justificativa  será  revisada  durante  el  proceso  de 
evaluación final para poder certificar los costes incurridos. En aquellos casos en los que 
sea necesario, se podrá completar la auditoría técnica mediante controles puntuales y 
verificaciones in situ si así lo considera el órgano concedente.
6.  El beneficiario informará proactivamente sobre cualquier evento importante o 
imprevisto que pueda afectar en la consecución de los hitos y objetivos establecidos.
7.  En todo caso, si realizada la actividad y finalizado el plazo para justificar, se 
hubiera pagado sólo una parte de los costes en que se hubiera incurrido, a efectos de 
pérdida del derecho a la percepción de la ayuda o, en su caso, exigencia de reintegro 
correspondiente, se aplicará el principio de proporcionalidad.
8.  La finalización de la verificación de la información justificativa no constituye en 
ningún  caso  la  aceptación  de  cualquier  desviación  existente  con  respecto  a  lo 
establecido en la resolución de concesión de subvención.
9.  La no justificación en plazo por parte de los beneficiarios, de acuerdo con lo 
establecido  en  los  apartados  anteriores,  supondrá  la  pérdida  del  derecho  a  su 
percepción y, en su caso, la exigencia del reintegro de la ayuda que se hubiera percibido 
hasta el momento.
10.  El órgano instructor podrá requerir al beneficiario la aportación de cualquier 
documentación justificativa adicional a la expuesta, para verificar la efectiva adecuación 
de  la  actuación  ejecutada  a  la  que  fue  objeto  de  ayuda,  quedando  el  beneficiario 
obligado a su entrega en un plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción de la 
comunicación que se le efectúe por parte de aquél.
11.  El órgano instructor podrá realizar las verificaciones sobre el terreno de las 
operaciones  concretas  que  se  determinen  para  la  correcta  certificación  del  gasto, 
quedando el beneficiario obligado a facilitarlas.
12.  El órgano instructor podrá, por un lado, designar al personal del IDAE que 
estime  oportuno  y/o,  por  otro,  utilizar  los  servicios  de  empresas  independientes 
especializadas o medios propios de la entidad para la que realice sus funciones para 
realizar  la  inspección  y  el  seguimiento,  control  y  verificación  de  las  actuaciones 
aprobadas,  no  sólo  en  la  fase  final  de  comprobación,  sino  también  en  momentos 
intermedios, donde se puedan comprobar el cumplimiento de los fines para los cuales se 
conceden las ayudas, así como todo lo relacionado con el procedimiento de control  e.
establecido. w.b
13.  El IDAE o cualquier organismo fiscalizador, nacional o de la Unión Europea,  342ww
dpeosddráen l as ofeliccihtaar  deen  ficnuaalilzqaucieiór nm doeml pelnatzoo,  deusrtaabnlteec eidl op lpaazroa  plare evjiesctou cdióen c idnec ola as ñaocst uaa ccioonnteasr 
osebrjevitdoo d ep aaryau deal , olato ergxahmibiiecniótno  ddee  cluaa lqauyiuedraa , doe  lpoas rad ocjuusmtifeicnator s lao rirgeinaalizleasc ióqnu e dhea ylaans 
actuaciones y costes subvencionables necesarios para la ejecución de las actuaciones 
correspondiente (incluyendo facturas y justificantes de pago de las mismas).
Procederá, en su caso, la exigencia de reintegro de la ayuda o la pérdida del derecho 
a su percepción, de no facilitarse la exhibición de tales originales en un plazo máximo de 
treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al que el órgano concedente le 
hubiera  requerido  en  tal  sentido,  considerándose  tal  circunstancia  como  un 
incumplimiento de la obligación de justificación del destino de la ayuda otorgada.
14.  Con  independencia  de  lo  anterior,  el  órgano  instructor  podrá  elaborar 
instrucciones de acreditación y justificación complementarias para los casos en los que 
la complejidad de la actuación o el importe elevado de la ayuda así lo requieran.
Artículo 20.  Plazo de ejecución de las actuaciones y modificación de la resolución.
1.  El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda será de 36 
meses, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución favorable de 
concesión de ayuda. No obstante, la convocatoria podría establecer el cumplimiento de 
ciertos hitos intermedios que deberán ser respetados por los beneficiarios.
2.  Los proyectos con ayuda concedida deberán ejecutarse en el tiempo y forma 
aprobados en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias 
concretas que, excepcionalmente, alteren de forma objetiva las condiciones técnicas o 
económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, el beneficiario podrá 
solicitar la modificación de la citada resolución de concesión ante el mismo órgano que la 
dictó.
Para la realización de cualquier cambio en el proyecto, que conllevará la modificación 
de la resolución de concesión, se requerirá el cumplimiento simultáneo de las siguientes 
condiciones:
a)  Que  el  cambio  no  afecte  a  los  objetivos  perseguidos  con  la  ayuda,  a  sus 
aspectos fundamentales, a la determinación del beneficiario, ni perjudique derechos de 
terceros. A tales efectos, no se considerará que el cambio afecte a la determinación del 
beneficiario cuando sea debido a operaciones de fusión, absorción o escisión de la 
empresa inicialmente beneficiaria, conforme a la normativa vigente.
b)  Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas y excepcionales, que 
no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
c)  Que no suponga un incremento de la subvención concedida.
d)  Que la solicitud de la modificación se realice, al menos, tres meses antes de la 
finalización del plazo de ejecución del proyecto, y sea aceptada expresamente por el 
titular del órgano que dictó la resolución de concesión.
e)  Que no altere o comprometa el cumplimiento de los hitos y objetivos o requisitos 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
f)  Las que se determinen adicionalmente en las convocatorias.
3.  La solicitud de modificación del proyecto y de la resolución de concesión, se 
acompañará de una memoria en la que se expondrán los motivos de los cambios y se 
justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones impuestas en la resolución de 
concesión, y el cumplimiento de los requisitos previstos.
4.  El órgano responsable para resolver las solicitudes de modificación del proyecto 
será el órgano que dictó la resolución de concesión, quien, en su caso, deberá dictar 
resolución de modificación de la resolución de concesión correspondiente. s
5.  El plazo máximo de resolución será de tres meses. oe.
ddcieerc  ul6ean.j e sactayEuuncndci óeiaanl  s,co  aitmeossropgt arade devma iqs,oi ubdpeliee flissac,e a sd coeaiólib cnhiid tauaúbdmne idercsenae tmme a eojudndsotieftpii cftiaacpcdaoioddó,arn ás ps ,o eaqr u udtpeeoa brhriaztae aga ra sduneen   aimlc oaupsmao nsbpdielbioanle ce iofóliabcn ie aeddrjeeieolcz spuc,lc aail ózaonas     2021-21342n https://www.
medidas técnicas y de planificación mínima que les resultaban exigibles. En ningún caso,
se podrá autorizar una ampliación del plazo para la realización del proyecto objeto de  Bc
ayuda que supere, en su cómputo total, los 42 meses contados desde la fecha de 
notificación de la resolución definitiva de concesión de la ayuda.
CAPÍTULO V
Reintegro y publicidad de las ayudas
Artículo  21.  Reintegro  de  la  ayuda.  Criterios  de  graduación  de  los  posibles 
incumplimientos.
1.  El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la 
concesión de las ayudas y de las obligaciones y requisitos esenciales establecidos por 
esta orden, así como la concurrencia de cualquiera de los supuestos establecidos en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, serán causas suficientes para determinar 
la pérdida del derecho al cobro o el reintegro de la ayuda conforme al procedimiento 
establecido en dicha ley.
2.  La realización en plazo de sólo una parte de la actuación comprometida, dará 
lugar al ajuste correspondiente y pérdida del derecho al cobro parcial de la ayuda 
otorgada,  siempre  que,  como  mínimo,  se  haya  ejecutado  el  50  %  del  coste 
subvencionable  comprometido  y  lo  ejecutado  tuviera  utilidad  propia,  permita  la 
evaluación de su viabilidad, permita computar, al menos en igual porcentaje, a los hitos y 
objetivos previstos para el proyecto en relación al PRTR y, en todo caso, cuando sea por 
causas imputables al promotor. En caso de no haberse ejecutado un mínimo del 50% de 
la actuación comprometida, en los términos expuestos, se procedería a la pérdida total 
del derecho al cobro de la ayuda por incumplimiento del objetivo que fundamentó la 
concesión de la ayuda.
3.  Podrá dar lugar, asimismo, a la pérdida del derecho al cobro o el reintegro de la 
ayuda, el informe desfavorable de fiscalización de cualquiera de las administraciones 
(Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal de Cuentas, Comisión 
Europea),  que  concluya  sobre  la  necesidad  de  devolución  de  la  ayuda  concedida, 
basado en cualquier incumplimiento de la normativa de aplicación a las mismas.
4.  Cuando la reducción de la ejecución del presupuesto total sea consecuencia de 
una reducción de los costes derivada de las licitaciones en el proceso de contratación de 
las actuaciones del proyecto, se procederá al ajuste automático correspondiente de la 
ayuda a percibir o, en su caso, a exigir el reintegro de las cantidades percibidas en 
exceso. Las correspondientes convocatorias podrán establecer los casos adicionales y la 
forma en que el presupuesto total del proyecto podrá ser ajustado.
5.  El  incumplimiento  de  la  obligación  de  comunicar  la  obtención  de  otras 
subvenciones o ayudas públicas será causa suficiente para la exigencia del reintegro o la 
pérdida del derecho a la percepción de la ayuda otorgada, en función de la cuantía de la 
ayuda obtenida por las actuaciones y no notificada al IDAE.
6.  El incumplimiento de las obligaciones de publicidad establecidas por esta orden, 
la normativa de aplicación y, en su caso, la convocatoria correspondiente dará lugar a la 
exigencia del reintegro o, en su caso, la pérdida del derecho a la percepción total de la 
ayuda correspondiente.
7.  Será de aplicación el procedimiento de revocación y reintegro previsto en la Ley 
General  de  Subvenciones,  y  el  Reglamento  que  desarrolla  la  Ley  General  de 
Subvenciones.
Artículo 22.  Información, comunicación y visibilidad. Publicidad. b
OMcuraadnle1eun.sa  qld uTedio eeBdr aaaIm  sremaesgfe eeedrnnieo  nspdc ueidabl e liPac r adolcaigfiu orasancimeótusna,a,   acddiceóet nibvI neidoc abecdjneuettmiosv  poddlsieer    pdclaaiofsurna s  aióPlyonurso,d  ypareeáscqg truioneissag isutPo lwaisod enaqbesu ry eo,p  seo fnriyg   lguaSer einpnnerg eruaeslealn, nr eetenesl     OE-A-2021-21342able en https://ww
que estará disponible en la web del IDAE, en el que figurarán el MITERD y el Programa
de  Incentivos  para  Proyectos  Pioneros  y  Singulares,  en  el  marco  del  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  y  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, todo ello conforme a lo que se establezca al respecto, y en los términos 
previstos en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, y el artículo 31 del 
Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.  Los perceptores de financiación de la Unión Europea deben de mencionar el 
origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, en particular cuando promuevan 
los  proyectos  subvencionables  y  sus  resultados,  facilitando  información  coherente, 
efectiva  y  proporcionada  dirigida  a  múltiples  destinatarios,  incluidos  los  medios  de 
comunicación y el público.
3.  La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo a través del sitio web 
del IDAE (www.idae.es) y, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y 
en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
4.  Adicionalmente, se aportará un plan estratégico que indique el origen o lugar de 
fabricación (nacional, europeo o internacional) de los componentes de la instalación y su 
impacto  medioambiental,  incluyendo  el  almacenamiento,  los  criterios  de  calidad  o 
durabilidad utilizados para seleccionar los distintos componentes, la interoperabilidad de 
la instalación o su potencial para ofrecer servicios al sistema, así como el efecto tractor 
sobre PYMEs y autónomos que se espera que tenga el proyecto. Incluirá, además, 
estimaciones de su impacto sobre el empleo local y sobre la cadena de valor industrial 
local, regional y nacional. Los destinatarios últimos de las ayudas fomentarán la creación 
en España del empleo necesario para la realización de la actividad para la que solicitan 
la subvención, y así lo reflejarán expresamente en este informe. Adicionalmente, las 
entidades  beneficiarias  deberán  mostrar  en  qué  medida  contribuyen  al  objetivo  de 
autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como a la seguridad de la 
cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de 
cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la 
solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y 
software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea. Este documento será 
publicado por la autoridad convocante de las ayudas y deberá ser accesible desde las 
publicaciones o páginas web del destinatario último referidas en el apartado 1 de este 
artículo.
Artículo 23.  Protección de datos de carácter personal.
Será de aplicación en la presente Orden de Bases la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Disposición final primera.  Títulos competenciales.
Esta Orden se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 13.ª del artículo 149.1 de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases 
y la coordinación de la planificación general de la actividad económica, que actúa como 
título competencial prevalente. También se dicta conforme a las reglas 15.ª y 25.ª que 
atribuyen, asimismo, al Estado las competencias exclusivas en materia de fomento y 
coordinación general de la investigación científica y técnica y bases del régimen minero y 
energético, respectivamente. es
Disposición final segunda.  Instrucciones de cumplimiento. 342ww
instrEulc cóiorgnaenso s einasnt rpurcetcoirs, ase np aeral  eálm cbuimtop ldime iesnutos  dceo mlopse rteeqnuceiarsim, iepnotdorsá  deem eistitra  courdaennta ys 
olabsj erteos dpee catyivuadsa  cyo cnevroticfiactaocriiaósn  dye p laorsa c olas teejse csuucbivóenn dcieo nlaasb leasc tcuoarcrieosnpeosn ddiee nlotess .proyectos  BOE-A-cable e
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 22 de diciembre de 2021.–La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.
ANEXO I
Actuaciones incentivables
Programa de proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable
Son  elegibles  los  proyectos  integrales  que  combinen,  de  manera  agregada,  la 
producción, distribución y uso del hidrógeno renovable en una misma ubicación territorial 
que permitan la introducción del hidrógeno renovable a partir de electrólisis en polos 
industriales ya consumidores de hidrógeno gris y en sistemas energéticos aislados, así 
como la integración de la producción con el suministro de hidrógeno renovable en 
nuevos usos del transporte, usos térmicos en la industria y de ciertos usos estacionarios. 
Por «misma ubicación territorial» se entiende que la elección del lugar de producción y 
del consumo se sitúen en puntos cercanos, con el fin de reducir los costes de transporte 
y fomentar el despliegue de proyectos en un radio de actuación limitado, pudiendo 
concretarse en las respectivas convocatorias una distancia máxima entre la producción 
del hidrógeno renovable y su consumo.
Solo  se  podrán  incentivar  aquellas  actuaciones  orientadas  al  despliegue  de 
aplicaciones  comerciales,  cuyo  principal  valor  resida,  no  tanto  en  un  avance  o 
maduración tecnológica, sino en la integración de las distintas fases de la cadena de 
valor en un proyecto pionero y singular aglutinador que impulse una propuesta de 
creación de valor novedosa de descarbonización profunda de los usos y consumos en 
distintos sectores finales.
Serían proyectos integrales aquellos que ayudarán a:
a)  Estructurar el sector del hidrógeno renovable por toda la geografía nacional.
b)  Superar barreras de mercado (i.e. reducir CAPEX, OPEX).
c)  Poner en práctica soluciones de negocio escalables y replicables.
En las diferentes convocatorias se podrá incluir una inversión mínima por proyecto.
Estas  tipologías  de  proyectos  se  deberían  configurar  al  modo  de  plataformas 
singulares y pioneras de producción/distribución/consumo en una escala territorial que 
viabilice un modelo de negocio de índole local, competitivo y potencialmente replicable 
en toda la geografía nacional.
Las tipologías de actuaciones a contemplar dentro de la misma ubicación territorial 
pueden ser:
a)  Instalaciones de producción y distribución de hidrógeno renovable, incluyendo la 
instalación de generación eléctrica renovable asociada;
b)  usos industriales;
c)  nuevos usos en transporte pesado por carretera, marítimo, aéreo y/o ferroviario;
d)  aplicaciones estacionarias innovadoras.
Los proyectos deben incluir de manera integral tanto la producción del hidrógeno  b
renovable como su consumo para ser considerados elegibles. Es decir, cada proyecto  342ww
op iomnáesr od ey  lsaisn gaucltaura dcieobneersá  dinet elogsr aarp naertcaedsoasr iba)m, ce)n ote d l)a. actuación a) y combinarlo con uno
ANEXO II
Declaración responsable
Don/Doña....................................................,  nacionalidad:………………....…....……, 
con  NIF/NIE:.......................................................,  en  su  propio  nombre  y  en 
representación  de  …………………………………………………………….,  con  NIF 
número........................,  domicilio  en:  …………………...................................................., 
localidad:  …………......……..………….,CP:  ……........…...,  provincia:……………..........., 
teléfono: ………………….., fax: …………………., e-mail: ………………………., domicilio 
a  efectos  de  comunicaciones  (si  es  distinto  del  anterior):……...…………………… 
n.º:........,  esc:…......,  piso:…..,  localidad:………………………..………….,  CP:…………., 
provincia:………………………….…….,  teléfono……………….,  fax:……………......…….., 
e-mail:…………………………………………..………….....
La representación se ostenta en virtud de ……………………………………..
DECLARA
1.  Que …………………….………………………. (denominación entidad solicitante), 
no se encuentra incurso en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, haciendo constar, así 
mismo,  que  se  encuentra  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  de 
reintegro  de  otras  subvenciones  o  ayudas  recibidas,  conforme  a  los  términos 
establecidos en el artículo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, no encontrándose sujeta a 
una orden de recuperación pendiente, sobre cualquier subvención que le hubiera sido 
otorgada con anterioridad, bien por haberse declarado ayuda ilegal e incompatible con el 
mercado interior, o bien por cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones que le 
vinieran atribuidas en la concesión.
2.  Que…………………….………………………. (denominación entidad solicitante):
a)  No  ha  solicitado  ni  recibido  otras  subvenciones  o  ayudas  para  la  misma 
actuación o finalidad que la solicitada en el contexto de este Programa de ayudas, de 
cualquier Administración, organismo o entidad pública, nacional o internacional (táchese 
lo anterior, si no procede).
b)  Ha solicitado u obtenido las siguientes subvenciones o ayudas, para la misma 
actuación o finalidad que la solicitada para el Programa de Incentivos para Proyectos 
Pioneros y Singulares, de la/s siguiente/s Administración/es, organismo/s o entidad/es 
pública/s, nacional/es o internacional/es, por el importe/s que asimismo se especifica/n:
Entidad  concedente:………………….........…,  importe  ayuda:  ………..........……, 
programa: ……………...............……… indicar estado de la ayuda: (solicitada/concedida/
pagada)
Entidad concedente:………................……………, importe ayuda: ………................…, 
programa:  …………….............……  indicar  estado  de  la  ayuda:  (solicitada/concedida/
pagada)………………………………………………………………………………………
Nota: En caso de no haber solicitado ni recibido ayudas indicar: Ninguna.
3.  Que…………………….……………… (denominación la empresa solicitante) no se  s
encuentra en situación de crisis, según lo establecido por las Directrices Comunitarias  o
e(sCis eotalm tbauelennsiec afdicceii aósrnaio lvd naeom  lreaen aCtolioz yam  daiseci ótrinvei,ed sa2td0ru 1ec4ct/uoCrna ó2cm4ió9inc/ 1ad,)e .d eem 3p1re dsaes  juelnio c rdisei s2 (0tá1c4h) essoeb lroe  aanyteurdioars,   2021-21342n https://www.
4.  Que…………………….……………… (denominación de la entidad solicitante).
(Nota: Solo aplicable en caso de organismos públicos vinculados o dependientes de 
entidades  locales),  a  efectos  del  régimen  de  autorización  de  operaciones  de 
endeudamiento, no está incursa en ninguno de los supuestos regulados en el artículo 53 
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales ni en los regulados en 
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera.
5.  Que  …………………….……………………….  (nombre,  razón  social  o 
denominación de entidad solicitante), se compromete a comunicar de inmediato al IDAE 
cualquier modificación o variación de las circunstancias anteriores.
En ………………………………, a …... de ……………………..... de ………….....
Firma del solicitante o de representante de la entidad.
ANEXO III
Criterios de valoración y procedimiento de aplicación de las valoraciones
1.  Criterios excluyentes Son criterios excluyentes los siguientes:
a)  La no adecuación del proyecto a los requisitos de la convocatoria.
b)  No encuadrarse el proyecto en ninguna de las tipologías de actuación que 
figuran en el anexo I.
c)  Proyectos que sólo incluyan estudios.
d)  No serán elegibles aquellas actuaciones que ocasionen un perjuicio significativo 
al medioambiente (principio DNSH), de acuerdo al artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles.
e)  No alcanzar una puntuación mínima de 50 puntos en los criterios de valoración 
que figuran en el siguiente apartado 2.
2.  Criterios  de  valoración.  Las  solicitudes  se  valorarán  de  acuerdo  con  los 
siguientes criterios.
Criterio Ponderación
Características técnicas.
1. Usos del H2 renovable. 0-30 %
2. Encaje de las características del proyecto con el contexto y las prioridades en materia de transición energética.
Viabilidad económica.
0-50 %
1. Eficacia de la ayuda pública.
Viabilidad del proyecto.
1. Planificación y grado de madurez del proyecto. 0-30 %
2. Calidad del equipo solicitante de la ayuda (participación de PYMEs y otros).
Escalabilidad tecnológica y potencial de mercado.
1. Replicabilidad/escalabilidad.
0-20 %
2. Relevancia del Modelo de Negocio.
3. Potencial de mercado de las nuevas tecnologías y seguridad en la cadena de suministro.
Externalidades. oe.
1. Generación de empleo, impacto social y de género. w.
2. Transición Justa y reto demográfico. 0-30 % 342ww
34..  MFoerjmoraacsi óanm yb cieanptaalceitsa yc ióenco.nomía circular.
ANEXO IV
Declaración responsable del cumplimiento del principio de no causar un perjuicio 
significativo al medioambiente (principio DNSH)
D./D.ª  ………………………………………………………………………………………, 
con NIF ………………………………………, por sí mismo/a o en representación de la 
entidad  …………………………...................................................................................,  con 
CIF ………………………………………, en calidad de ………………………......................
EXPONE
Que ha presentado su solicitud a la convocatoria de subvenciones dirigidas al ………
………………………………………………………… en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y ha resultado beneficiario de una ayuda para la ejecución 
del proyecto ………………………………………………………………………………… en el 
municipio  de  ………………………………………………………………………………,  y  al 
objeto de asegurar que dicho proyecto cumple el principio de no causar un perjuicio 
significativo  al  medioambiente  (DNSH)  en  las  seis  dimensiones  definidas  por  el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el 
Reglamento  (UE)  2020/852  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  al 
establecimiento de un marco para las inversiones sostenibles y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2019/2088 («Reglamento de Taxonomía»),
DECLARA
Que el proyecto por el que se ha resultado beneficiario cumple expresamente los 
siguientes requisitos, en la medida en que le sean de aplicación en función de la 
naturaleza de la actuación subvencionable:
A.  Las  actividades  que  se  desarrollan  en  el  mismo  no  ocasionan  un  perjuicio 
significativo  a  los  siguientes  objetivos  medioambientales,  según  el  artículo  17  del 
Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las 
inversiones  sostenibles  mediante  la  implantación  de  un  sistema  de  clasificación  (o 
«taxonomía») de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles:
1.  Mitigación del cambio climático.
2.  Adaptación al cambio climático.
3.  Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.
4.  Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos.
5.  Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo.
6.  Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
B.  Las actividades se adecúan, en su caso, a las características y condiciones 
fijadas para la medida y submedida de la Componente y reflejadas en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
C.  Las  actividades  que  se  desarrollan  en  el  proyecto  cumplirán  la  normativa 
medioambiental vigente que resulte de aplicación.
D.  Las actividades que se desarrollan no están excluidas para su financiación por el  es
Plan conforme a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un  bo
perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación  342ww
ryye  alRa steiuvsa icl ioearn rlacei saap po(r2no0db2iae1cn/iCóten   a5dn8ee/ 0lxa1o )e., vaa lulaa ciPórno pdueel sptlaa nd dee  Dreeccuispieórna cdióen  Ey jreecsuilcieiónnc iad edle  CEosnpsaeñjao   OE-A-2021-21able en https://
1.  Construcción de refinerías de crudo, centrales térmicas de carbón y proyectos 
que impliquen la extracción de petróleo o gas natural, debido al perjuicio al objetivo de 
mitigación del cambio climático.
2.  Actividades  relacionadas  con  los  combustibles  fósiles,  incluida  la  utilización 
ulterior  de  los  mismos,  excepto  los  proyectos  relacionados  con  la  generación  de 
electricidad y/o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte 
y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la 
Guía Técnica de la Comisión Europea.
3.  Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de 
gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los 
parámetros de referencia pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de 
efecto  invernadero  provocadas  por  la  actividad  subvencionada  no  van  a  ser 
significativamente  inferiores  a  los  parámetros  de  referencia,  deberá  facilitarse  una 
explicación motivada al respecto.
4.  Compensación de los costes indirectos del RCDE.
5.  Actividades  relacionadas  con  vertederos  de  residuos  e  incineradoras,  esta 
exclusión no se aplica a las acciones en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento 
de  residuos  peligrosos  no  reciclables,  ni  en  las  plantas  existentes,  cuando  dichas 
acciones tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de 
escape para su almacenamiento o utilización, o recuperar materiales de las cenizas de 
incineración, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de 
tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil; estos 
pormenores deberán justificarse documentalmente para cada planta.
6.  Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecánico-biológico, esta 
exclusión no se aplica a las acciones en plantas de tratamiento mecánico-biológico 
existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia energética 
o su reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos separados, como el 
compostaje y la digestión anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no 
conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una 
prolongación de su vida útil; estos pormenores deberán justificarse documentalmente 
para cada planta.
7.  Actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar 
daños al medio ambiente.
E.  Las  actividades  que  se  desarrollan  no  causan  efectos  directos  sobre  el 
medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo 
como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizada la 
actividad.
El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaración 
dará lugar a la obligación de devolver las cantidades percibidas y los intereses de 
demora correspondientes.
Fecha:
Firmado: