BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 49 Sábado 26 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 23125
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
3091 Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y el Arzobispado de Valencia, para el cumplimiento de las 
penas de trabajos en beneficio de la comunidad.
Habiéndose suscrito el 14 de febrero de 2022 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y el Arzobispado 
de Valencia para el cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, 
procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio que figura 
como anexo a esta resolución.
Madrid,  23  de  febrero  de  2022.–El  Secretario  General  Técnico,  Juan  Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias, y el Arzobispado de Valencia para el cumplimiento 
de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad
Madrid, a 14 de febrero de 2022.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/2018, de 18 de 
junio, actuando por delegación de competencias del Secretario de Estado de Seguridad, 
según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden INT/985/2005, 
de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las 
delegaciones efectuadas por otras autoridades, en relación con el artículo 62.2.g) de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio 
a los efectos del presente convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 Madrid.
De  otra  parte,  don  Vicente  Fontestad  Pastor,  mayor  de  edad,  en  nombre  y 
representación del Arzobispado de Valencia, como Vicario General del mismo, cuya 
representación acredito con copia de la escritura de poder, otorgada con fecha 21 de 
diciembre de 2020 ante el Notario de Valencia don Joaquín Borrell García con el n.º 3236 
de su protocolo y domicilio a estos efectos en la calle Palau, n.º 2, 46003 Valencia.
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN e
Primero. 91ww
dignQiduaed  ldae  Clao npsetritsuocnióan,  loEss pdaeñreoclah oess tfaubnldeacme eennt asleuss  daer tíccounlofosr m10id ayd  1c4o ne ll ad eDreecclhaora cai ólna 
Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce 
en nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de 
trabajos en beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su 
redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se 
modifica la anterior, remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía 
penitenciaria, estableciéndose en el citado artículo 49 que los trabajos en beneficio 
de la comunidad –que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado– le 
obligan  a  prestar  su  cooperación  no  retribuida  en  determinadas  actividades  de 
utilidad  pública.  Estas  circunstancias  de  ejecución  se  mantuvieron  por  Ley 
Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ambas 
modificativas del Código Penal.
Tercero.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la 
Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  del  Ministerio  del  Interior,  el 
ejercicio de las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y 
como establecen la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, 
y el Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de 
febrero.
Cuarto.
Que el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las 
circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y 
de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de 
seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de 
libertad y sustitución de penas, considera, en su artículo 4.1, que el trabajo en 
beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración estatal, autonómica o 
local,  que,  a  tal  fin,  podrán  establecer  los  oportunos  convenios  entre  sí  o  con 
entidades  públicas  o  privadas  que  desarrollen  actividades  de  utilidad  pública, 
debiendo  remitir  mensualmente  a  la  Administración  penitenciaria  la  relación  de 
plazas disponibles en su territorio.
Asimismo, el Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior establece en su artículo 7.3.a) que 
corresponde  a  la  Subdirección  General  de  Medio  Abierto  y  Penas  y  Medidas 
Alternativas, la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de 
la comunidad, de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de la 
libertad  condicional;  la  libertad  vigilada  pospenitenciaria  que  es  competencia  de 
la Administración penitenciaria, y la acción social penitenciaria.
Quinto. s
Que el Arzobispado de Valencia tiene entre sus fines el apostolado seglar, y de una  w.
manera especial una acogida a todas las personas a través de su pastoral penitenciaria. 91ww
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por 
las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto establecer la forma de colaboración entre 
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el arzobispado para el efectivo 
cumplimiento  de  las  penas  de  trabajo  en  beneficio  de  la  comunidad,  mediante  la 
prestación por los penados de determinadas actividades de utilidad pública en su ámbito 
competencial.
Segunda. Compromisos  que  asume  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias.
1. El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias,  asume  las  obligaciones  para  la  cobertura  de  las  contingencias  que 
corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de los penados, por los días de prestación efectiva del 
trabajo desarrollado en beneficio de la comunidad, en virtud de lo dispuesto en el Real 
Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la 
protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la 
comunidad.
En concreto en el preámbulo del citado Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, se 
señala que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no constituye una actividad 
productiva ni remunerada, en los siguientes términos: «… la protección que en este caso 
se dispensa a los penados, es al modo como se protegen las prestaciones personales 
obligatorias,  la  derivada  de  su  inclusión  en  la  acción  protectora  del  sistema  de 
la Seguridad Social únicamente en los casos de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional».  Todo  ello  también  en  concordancia  con  el  artículo  11  del  Real 
Decreto 840/2011, de 17 de junio.
2. Asimismo, al tener a su cargo los Servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas, le corresponde la gestión, coordinación y seguimiento de la pena, mediante 
contactos con los responsables del trabajo del arzobispado.
Tercera. Compromisos que asume el arzobispado.
1. El arzobispado se compromete a facilitar un número de plazas a los penados a 
trabajos en beneficio de la comunidad, en las condiciones establecidas en el artículo 49 
del Código Penal y en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio.
2. El arzobispado, a través de los órganos o servicios habilitados para ello, se 
compromete a impartir los conocimientos necesarios para que la actividad desplegada 
por los penados pueda ser cumplida eficazmente, y facilitará el material necesario para 
la realización de la tarea encomendada.
3. La oferta de plazas para el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de 
la comunidad no tendrá, en ningún caso, un impacto negativo en los puestos de trabajo 
ya existentes y de futuro del arzobispado. es
4. El arzobispado deberá facilitar el anexo I cumplimentado, con los datos que se  bo
indican, a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría  91ww
General de Instituciones Penitenciarias.
Cuarta. Distribución de las plazas.
1. El arzobispado deberá remitir a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas  de  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias,  el  anexo  II 
cumplimentado con los datos sobre las plazas que se indican.
2. Los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, valorarán al penado con el fin de determinar la 
actividad más adecuada e informarán al mismo de las distintas plazas existentes, con 
indicación expresa de su cometido y del horario en que deberán realizar la actividad, 
conforme al catálogo de plazas que haya remitido el arzobispado de acuerdo con el 
anexo II de este convenio.
3. Una  vez  realizada  la  valoración  y  seleccionada  la  tarea  a  desarrollar,  los 
Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, trasladarán a el arzobispado de la información necesaria 
para el adecuado desenvolvimiento de las actividades asignadas.
Quinta. Jornada y horario.
Para  determinar  la  duración  de  la  jornada  y  el  plazo  en  que  deba  cumplirse, 
los Servicios de Gestión de Penas y Medias Alternativas de la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias, deberán atender al principio de flexibilidad que recoge 
el 6.2 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, para compatibilizar, en la medida de lo 
posible, el normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el cumplimiento 
de la pena impuesta y, en todo caso, de conformidad con las resoluciones judiciales.
Sexta. Derechos laborales o estatutarios en el desarrollo de la actividad.
1. La actividad que realice el penado no será retribuida.
2. En ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral, o de 
carácter estatutario, como consecuencia de la actividad desarrollada por el penado con 
motivo del presente convenio, ni para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
ni para el arzobispado.
Séptima. Seguimiento y control del cumplimiento de la pena.
1. Durante el cumplimiento de la condena el penado deberá seguir las instrucciones 
recibidas de la autoridad judicial competente y de los Servicios de Gestión de Penas 
y Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En 
cuanto al desarrollo de las tareas a realizar, el penado deberá seguir las directrices de la 
unidad  en  la  que  preste  su  tarea,  en  el  ámbito  de  actuación  y  competencias  del 
arzobispado.
2. El  arzobispado  informará  a  los  Servicios  de  Gestión  de  Penas  y  Medidas 
Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de la actividad que 
vaya siendo desarrollada por el penado y de las incidencias relevantes que se produzcan 
en  el  desenvolvimiento  del  plan  de  ejecución,  para  que  por  dichos  servicios  se 
comunique lo oportuno a la Autoridad judicial competente.
En todo caso, deberá informarse de las siguientes incidencias:
a) Ausencias del trabajo o abandonos injustificados.
b) Rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible. e.e
c) Oposición  o  incumplimiento  reiterado  y  manifiesto  a  las  instrucciones  del  b
responsable de la ocupación. 91ww
mandte) neCrluea ennd ola  smui scmoan.ducta sea tal que el responsable de la actividad se negara a
Igualmente, el arzobispado deberá informar a los Servicios de Gestión de Penas 
y Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre la 
finalización del plan de ejecución.
Octava. Confidencialidad y protección de datos.
1. El  arzobispado  se  compromete  a  mantener  en  secreto  todos  los  datos  e 
informaciones facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que 
sean concernientes a la ejecución del objeto del presente convenio. En particular, será 
considerado como información confidencial todos los datos relativos al penado, debiendo 
el arzobispado mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de 
ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte 
del presente convenio.
2. Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos, en concreto, a lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/2021, 
de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de 
sanciones penales, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el Reglamento General 
de Protección de Datos en lo que resulten de aplicación.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal  respectivamente  recabados  en  el  ámbito  del  trabajo  en  beneficio  de  la 
comunidad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la 
otra  parte,  se  realizará  con  la  condición  de  encargado  de  tratamiento,  única  y 
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del 
convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, 
salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a 
otras administraciones públicas conforme a lo previsto legalmente.
3. En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del presente convenio, actuarán como responsables del tratamiento la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias y el arzobispado. Los datos objeto de tratamiento tendrán 
por finalidad la ejecución de sanciones penales, al amparo de la Ley Orgánica 10/1995, 
de  23  de  noviembre,  del  Código  Penal,  introduce  en  nuestro  sistema  penal,  y  se 
clasificarán en las siguientes categorías de: nombre y apellidos del penado, DNI y número 
de jornadas de condena a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad.
4. Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5. Las  partes  firmantes  del  convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  las  hubiera  quebrantado  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido.
Novena. Financiación del convenio.
El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben.
Décima. Comisión de seguimiento. bo
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de Instituciones Penitenciarias y por su Presidente/Presidenta, respectivamente.
2. Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que 
éstos designen.
3. La presidencia de la comisión de seguimiento corresponderá a la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, así como la designación del secretario, que 
actuará con voz pero sin voto.
4. La  comisión  de  seguimiento  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento que se deriven del presente convenio.
5. El funcionamiento de la comisión de seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Undécima. Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias y el arzobispado.
Duodécima. Legislación aplicable.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el 
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación, 
modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por conciliación en la 
comisión de seguimiento serán sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Decimotercera. Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, modificado por Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, el presente 
convenio se perfecciona por el consentimiento prestado por las partes y resultará eficaz 
una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles, en el Registro Electrónico Estatal 
de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será 
publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial 
del Estado».
La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia  del  convenio,  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  el 
arzobispado podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por otros cuatro 
años adicionales.
Decimocuarta. Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que  se  encuentren  en  ejecución  en  el  momento  de  la  resolución  del  convenio, 
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos  e.e
ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.–El Secretario  b
General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González.–El Vicario General  91ww
del Arzobispado de Valencia, Vicente Fontestad Pastor.
ANEXO I
 
Datos del arzobispado
 
Persona de contacto   
Cargo   
 
Teléfono    Móvil    Fax   
E-mail   
 
Dirección de la entidad   
Provincia   
Localidad    C. postal   
 
   
ANEXO II
 
Oferta de plazas
 
Anexo de plazas   
Datos de la plaza   
Tipo de actividad   
Número de plazas     
Características   
Jornada de 8 horas  Periodicidad   Horario   
Mañana    De lunes a viernes   
* (1)  Tarde    Fines de semana     
Noche    Toda la semana   
Estudios   
Diplomado Universitario o 
Ninguno     
equivalente 
Licenciado Universitario o 
* (2)  Estudios Primarios       
equivalente 
Educación Secundaria o 
  Idiomas   
equivalente 
Observaciones y datos complementarios   
 
 
 
Datos de contacto de la plaza   
Nombre / cargo del responsable   
Teléfono    Móvil    Fax   
E-mail   
Datos de ubicación   
Provincia    Localidad   
C. postal      s
  bo
(1)  Una jornada, una plaza. Jornada de mañana y tarde dará lugar a dos anexos distintos.  91ww
(2)  Marcar el nivel mínimo requerido o «Ninguno» si no se requiere especial cualificación.