BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 41 Miércoles 17 de febrero de 2021 Sec. I.   Pág. 18136
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
2392 Instrumento de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la 
lucha  contra  el  tráfico  de  órganos  humanos,  hecho  en  Santiago  de 
Compostela el 25 de marzo de 2015.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
El día 25 de marzo de 2015, el Plenipotenciario de España firmó en Santiago de 
Compostela el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de 
órganos humanos, hecho en dicha ciudad y fecha,
Vistos y examinados el preámbulo y los treinta y tres artículos del citado Convenio,
Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la 
Constitución,
Manifiesto el consentimiento de España en obligarse por este Convenio y expido el 
presente instrumento de ratificación firmado por Mí y refrendado por la Ministra de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con las siguientes declaraciones:
– «España  declara  que  se  reserva  el  derecho  de  no  aplicar  las  normas  de 
competencia establecidas en la letra e) del apartado 1 del artículo 10.»
– «Para el caso de que el presente Convenio sea ratificado por Reino Unido y 
extendido al territorio de Gibraltar, España desea formular la siguiente declaración:
1.  Gibraltar es un territorio no autónomo de cuyas relaciones exteriores es responsable 
el Reino Unido y que está sometido a un proceso de descolonización de acuerdo con las 
decisiones y resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2.  Las  autoridades  de  Gibraltar  tienen  un  carácter  local  y  ejercen  competencias 
exclusivamente internas que tienen su origen y fundamento en la distribución y atribución de 
competencias efectuadas por el Reino Unido, de conformidad con lo previsto en su legislación 
interna, en su condición de Estado soberano del que depende el citado territorio no autónomo.
3.  En consecuencia, la eventual participación de las autoridades gibraltareñas en la 
aplicación del presente Convenio se entenderá realizada exclusivamente en el marco de 
las competencias internas de Gibraltar y no podrá considerarse que produce cambio 
alguno respecto de lo previsto en los dos párrafos precedentes.
4.  El procedimiento previsto en el Régimen relativo a las autoridades de Gibraltar 
en el contexto de ciertos Tratados Internacionales acordado por España y el Reino Unido 
el 19 de diciembre de 2007 (junto al “Régimen acordado relativo a las autoridades de 
Gibraltar en el contexto de los Instrumentos de la UE y CE y Tratados conexos”, de 19 de 
abril de 2000) se aplica al presente Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha 
contra el tráfico de órganos humanos.
5.  La aplicación a Gibraltar del presente Convenio no puede ser interpretada como 
reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones relativas a los espacios que no 
estén comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht, de 13 de julio de 1713,  s
suscrito por las Coronas de España y Gran Bretaña». oe.
Dado en Madrid, a 14 de octubre de 2020. 92ww
FELIPE R.
La Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
MARÍA ARÁNZAZU GONZÁLEZ LAYA
CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO 
DE ÓRGANOS HUMANOS
PREÁMBULO
Los Estados miembros del Consejo de Europa y los demás signatarios del presente 
Convenio;
Teniendo en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y el Convenio 
Europeo  para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  y  de  las  Libertades 
Fundamentales (1950, STE n.º 5);
Teniendo en cuenta el Convenio para la protección de los derechos humanos y de la 
dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina: 
Convenio de los derechos humanos y la biomedicina (1997, STE n.º 164) y el Protocolo 
Adicional al Convenio de los derechos humanos y la biomedicina sobre trasplante de 
órganos y tejidos de origen humano (2002, STE n.º 186);
Teniendo en cuenta el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) y el Convenio del Consejo de 
Europa para la lucha contra la trata de seres humanos (2005, STE n.º 197);
Considerando que el objetivo del Consejo de Europa es alcanzar una mayor unidad 
entre sus miembros;
Considerando que el tráfico de órganos humanos vulnera la dignidad humana y el 
derecho a la vida y, constituye una grave amenaza para la salud pública;
Decididos a contribuir de forma significativa a la erradicación del tráfico de órganos 
humanos mediante la tipificación de nuevos delitos que complementen los instrumentos 
jurídicos internacionales existentes en el ámbito de la trata de seres humanos con la 
finalidad de la extracción de órganos.
Considerando que el objetivo del presente Convenio es la prevención y la lucha 
contra el tráfico de órganos humanos, y que la aplicación de las disposiciones del 
Convenio en relación con el Derecho Penal sustantivo deberá llevarse a cabo teniendo 
en cuenta su finalidad y el principio de proporcionalidad;
Reconociendo que, para luchar con eficacia contra la amenaza mundial que plantea 
el tráfico de órganos humanos debe fomentarse la estrecha cooperación internacional 
entre los Estados miembros y los Estados no miembros del Consejo de Europa,
Han convenido en lo siguiente:
CAPÍTULO I
Fines, ámbito de aplicación y uso de los términos
Artículo 1.  Fines.
Los fines del presente Convenio son:
a.  prevenir y luchar contra el tráfico de órganos humanos mediante la tipificación 
como delitos de ciertos actos;
b.  proteger los derechos de las víctimas de los delitos establecidos de conformidad 
con el presente Convenio;
c.  facilitar la cooperación en el ámbito nacional e internacional en las actuaciones  e.
contra el tráfico de órganos humanos. w.b
presCeonnte  eCl ofinnv ednei ov eeslatar bpleocr ela u na psliisctaecmióan  eesfpiceaczíf idcoe  dseu ss edgisupimosieicnitoon.es por las Partes, el
Artículo 2.  Ámbito de aplicación y uso de los términos.
1.  El presente Convenio se aplica al tráfico de órganos humanos con fines de 
trasplante o con otros fines y a otras formas de extracción o implantación ilícitas.
2.  A efectos del presente Convenio:
– por «tráfico de órganos humanos» se entenderá toda actividad ilícita en relación 
con órganos humanos, tal como lo establece el apartado 1 del artículo 4 y los artículos 5, 
7, 8 y 9 del presente Convenio;
– por «órgano humano» se entenderá una parte diferenciada del cuerpo humano, 
formada por diferentes tejidos, que mantiene su estructura, vascularización y capacidad 
para  desarrollar  funciones  fisiológicas  con  un  nivel  de  autonomía  importante.  Se 
considerará que una parte de un órgano es también un órgano si está destinado a 
utilizarse para el mismo fin que el órgano completo en el cuerpo humano, manteniendo 
los requisitos de estructura y vascularización.
Artículo 3.  Principio de no discriminación.
Las Partes garantizarán la aplicación de las disposiciones del presente Convenio, en 
particular las medidas para proteger los derechos de las víctimas, se lleve a cabo sin 
discriminación por causa alguna, tales como el sexo, la raza, el color, la lengua, la edad, 
la religión y las creencias políticas o de otra índole, el origen nacional o social, la 
pertenencia a una minoría nacional, la fortuna, el nacimiento, la orientación sexual, el 
estado de salud, la discapacidad o cualquier otra situación.
CAPÍTULO II
Derecho Penal sustantivo
Artículo 4.  Extracción ilícita de órganos humanos.
1.  Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para 
tipificar como delito con arreglo a su Derecho interno la extracción, si se ha cometido 
intencionadamente, de órganos humanos de donantes vivos o difuntos:
a.  cuando la extracción se haya realizado sin el consentimiento libre, informado y 
específico del donante, antes o después de su fallecimiento, o, en el caso del donante 
difunto, sin que la extracción haya sido autorizada por su legislación interna;
b.  cuando, a cambio de la extracción de órganos, se haya ofrecido o se le haya 
concedido  al  donante  vivo,  o  a  un  tercero,  un  beneficio  económico  o  una  ventaja 
comparable.
c.  cuando, a cambio de la extracción de órganos de un donante difunto, se haya 
ofrecido o se le haya concedido a un tercero un beneficio económico o una ventaja 
comparable.
2.  Cualquier Estado o la Unión Europea podrá declarar, mediante una declaración 
dirigida al Secretario General del Consejo de Europa en el momento de la firma o al 
depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, que se reserva el 
derecho a no aplicar el apartado 1.a) del presente artículo a la extracción de órganos 
humanos  de  donantes  vivos,  en  casos  excepcionales  y  de  conformidad  con  las  s
salvaguardias  o  disposiciones  adecuadas  sobre  el  consentimiento  previstas  en  su  oe.
legislación nacional. Toda reserva con arreglo a este apartado contendrá una breve  w.
munean 3c.vi óennA td aleoja sl a ec nfoeomcrmtpoaasr  andbaelc elio»os n aanlpo pa eritnratcidnluoeisnrá t1e ,. lab ) cyo cm),p lean esxapcrieósni ópno «r unp ébrednideafi cidoe e cinognróemsoicso  oo   2021-2392n https://ww
cualquier otro gasto justificable causado por la extracción o por exámenes médicos
relacionados con la misma, o la compensación por daños que no sean inherentes a la 
extracción de órganos.
4.  Cada Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas o de 
otra índole necesarias para tipificar como delito con arreglo a su Derecho interno, si se 
ha realizado intencionadamente, la extracción de órganos procedentes de donantes 
vivos o difuntos cuando la extracción se realice fuera del marco de su sistema nacional 
de trasplantes, o cuando la extracción se realice vulnerando los principios esenciales de 
las leyes o reglamentos nacionales sobre trasplantes. Si una Parte tipifica delitos de 
conformidad con la presente disposición, procurará aplicar también a tales delitos los 
artículos 9 a 22.
Artículo 5.  Uso de órganos ilícitamente extraídos para fines de implantación u otros 
distintos.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para 
tipificar como delito con arreglo a su Derecho interno el uso de órganos ilícitamente 
extraídos, si se ha realizado intencionadamente, con arreglo al apartado 1 del artículo 4, 
para fines de implantación u otros distintos.
Artículo 6.  Implantación de órganos fuera del sistema nacional de trasplantes o con 
vulneración de los principios esenciales de la legislación nacional sobre trasplantes.
Cada Parte considerará la posibilidad de tomar las medidas legislativas o de otra 
índole necesarias para tipificar como delito con arreglo a su Derecho interno, si se ha 
realizado  intencionadamente,  la  implantación  de  órganos  humanos  procedentes  de 
donantes vivos o difuntos cuando se realice fuera del marco de su sistema nacional de 
trasplantes, o cuando la implantación se realice vulnerando los principios esenciales de 
las leyes o reglamentos nacionales sobre trasplantes. Si una Parte tipifica delitos de 
conformidad con la presente disposición, procurará aplicar también a tales delitos los 
artículos 9 a 22.
Artículo 7.  Propuesta, captación, ofrecimiento y solicitud ilícitos de ventajas indebidas.
1.  Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para 
tipificar como delito con arreglo a su Derecho interno la propuesta a un donante o 
receptor de órganos o su captación, si se ha cometido intencionadamente, con objeto de 
obtener un beneficio económico o para obtener una ventaja comparable para la persona 
que propone o capta o para un tercero.
2.  Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para 
tipificar como delito, si se ha cometido intencionadamente, la promesa, ofrecimiento o 
dádiva por cualquier persona, directa o indirectamente, de cualquier ventaja indebida a 
los profesionales sanitarios, sus funcionarios públicos o personas que dirijan o trabajen 
para entidades del sector privado, en cualquier calidad de que se trate, con el fin de que 
se lleve a cabo o se facilite la extracción o implantación de un órgano humano, cuando 
dicha  extracción  o  implantación  tenga  lugar  en  las  circunstancias  expuestas  en  el 
apartado 1 del artículo 4, o en el artículo 5 y, en su caso, en el apartado 4 del artículo 4, 
o en el artículo 6.
3.  Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para 
tipificar como delito, si se ha cometido intencionadamente, la solicitud o aceptación por  s
los profesionales sanitarios, sus funcionarios públicos o personas que dirijan o trabajen  oe.
para entidades del sector privado, en cualquier calidad de que se trate, cualquier ventaja  w.
indebida con el fin de se lleve a cabo o que se facilite la extracción o implantación de un  92ww
ócirrgcaunnos tanhcuimasa neox,p uecustaansd eon  edli cahpaa rtaedxtor a1c cdieóln a rtoíc uilmo p4l,a on teanci óenl  artteícnugloa  5 luy,g eanr  seun c aslaos, 
en el apartado 4 del artículo 4, o en el artículo 6.
Artículo 8.  Preparación, preservación, almacenamiento, transporte, traslado, recepción, 
importación y exportación de órganos humanos ilícitamente extraídos.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para tipificar 
como delito, con arreglo a su Derecho interno, si se ha cometido intencionadamente:
a.  la preparación, preservación y almacenamiento de órganos humanos ilícitamente 
extraídos, según se indica en el apartado 1 del artículo 4, y, en su caso, en el apartado 4 
del artículo 4;
b.  el  transporte,  traslado,  recepción,  importación  y  exportación  de  órganos 
humanos ilícitamente extraídos según se indica en el apartado 1 del artículo 4, y, en su 
caso, en el apartado 4 del artículo 4.
Artículo 9.  Complicidad y tentativa.
1.  Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para 
tipificar como delito, si se ha cometido intencionadamente, la complicidad en la comisión 
de cualquiera de los delitos tipificados de conformidad con el presente Convenio.
2.  Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para 
tipificar  como  delito,  la  tentativa  intencionada  de  cometer  cualquiera  de  los  delitos 
tipificados de conformidad con el presente Convenio.
3.  Cualquier Estado o la Unión Europea podrá declarar, mediante una declaración 
dirigida al Secretario General del Consejo de Europa en el momento de la firma o al 
depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, que se reserva el 
derecho a no aplicar, o a aplicar únicamente en determinados supuestos o condiciones, 
el apartado 2 a delitos tipificados con arreglo al artículo 7 y el artículo 8.
Artículo 10.  Competencia.
1.  Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole necesarias para 
establecer  su  competencia  respecto  a  todo  delito  tipificado  de  conformidad  con  el 
presente Convenio, cuando el delito se cometa:
a.  en su territorio; o
b.  a bordo de un buque que enarbole el pabellón de esa Parte; o
c.  a bordo de una aeronave matriculada con arreglo a las leyes de esa Parte; o
d.  por uno de sus nacionales; o
e.  por una persona que tenga su residencia habitual en su territorio.
2.  Las  Partes  procurarán  adoptar  las  medidas  legislativas  y  de  otra  índole 
necesarias  para  establecer  su  competencia  respecto  a  todo  delito  tipificado  de 
conformidad con el presente Convenio cuando el delito se cometa contra uno de sus 
nacionales o una persona que tenga su residencia habitual en su territorio.
3.  Cualquier Estado o la Unión Europea podrá declarar, mediante una declaración 
dirigida al Secretario General del Consejo de Europa en el momento de la firma o al 
depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, que se reserva el 
derecho a no aplicar o a aplicar únicamente en determinados casos o condiciones, las 
normas sobre competencia establecidas en las letras d) y e) del apartado 1, del presente 
artículo.
4.  Para el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo al presente Convenio,  s
las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otra índole necesarias para garantizar  o
que su competencia, en lo que se refiere a las letras d) y e) del apartado 1 del presente  w.
tdareratlsí cl uuuglnoaa,r   ndeoen n equsunteác i sase ud pheea ldyaia tav cídcoatmi mae atlai do oc l oaen lp dduieceilsóittona.  dae d qisupeo seilc eiónnju diceia lam iiennfotorm saócloió np upeodra e iln Eicsitaardsoe   2021-2392n https://ww
5.  Cualquier Estado o la Unión Europea podrá declarar, mediante una declaración
dirigida al Secretario General del Consejo de Europa en el momento de la firma o al
depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, que se reserva el 
derecho a no aplicar o a aplicar únicamente en determinados casos el apartado 4 del 
presente artículo.
6.  Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para 
establecer su competencia respecto a los delitos tipificados de conformidad con el 
presente Convenio, en los casos en que el presunto autor se encuentre en su territorio y 
no lo extradite a otro Estado, basándose únicamente en su nacionalidad.
7.  Cuando más de una Parte reivindique su competencia respecto a un presunto 
delito con arreglo al presente Convenio, las Partes en cuestión deberán hacer consultas 
con objeto de determinar la competencia más apropiada para su enjuiciamiento.
8.  Sin perjuicio de las normas generales del Derecho Internacional, el presente 
Convenio no excluye la competencia penal ejercida por una Parte de conformidad con su 
Derecho interno.
Artículo 11.  Responsabilidad de las personas jurídicas.
1.  Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para 
garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de los 
delitos  tipificados  de  conformidad  con  el  presente  Convenio,  cuando  hayan  sido 
cometidos en su provecho por cualquier persona física, actuando bien individualmente o 
como parte de un órgano de la persona jurídica, que ostente un cargo directivo en su 
seno basado en:
a.  un poder de representación de dicha persona jurídica;
b.  autoridad para tomar decisiones en nombre de la misma;
c.  autoridad para ejercer control en el seno de la persona jurídica.
2.  Aparte de los casos previstos en el apartado 1 del presente artículo, cada Parte 
adoptará las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que las 
personas jurídicas puedan ser consideradas responsables cuando la falta de supervisión 
o control por una persona física mencionada en el apartado 1 haya hecho posible la 
comisión de un delito tipificado con arreglo al presente Convenio por una persona física 
que actúe bajo la autoridad de una persona jurídica en provecho de ésta.
3.  Con sujeción a los principios jurídicos de la Parte, la responsabilidad de una 
persona jurídica podrá ser penal, civil o administrativa.
4.  Dicha responsabilidad se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas que hayan cometido el delito.
Artículo 12.  Sanciones y medidas.
1.  Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para 
garantizar que los delitos tipificados de conformidad con el presente Convenio sean 
punibles  con  sanciones  efectivas,  proporcionadas  y  disuasorias.  Estas  sanciones 
incluirán, en cuanto a delitos tipificados con arreglo al apartado 1 del artículo 4, y, en su 
caso, el artículo 5 y los artículos 7 a 9, cuando hayan sido cometidos por personas 
físicas, sanciones de privación de libertad que puedan dar lugar a la extradición.
2.  Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para 
garantizar que las personas jurídicas responsables con arreglo al artículo 11 queden 
sujetas  a  sanciones  efectivas,  proporcionadas  y  disuasorias,  incluidas  sanciones 
pecuniarias, penales o no penales, y podrán incluir otras medidas, como: e.
a.  inhabilitación  temporal  o  permanente  para  el  ejercicio  de  actividades  92ww
combe.r ciasolems;etimiento a vigilancia judicial;
c.  orden de liquidación judicial.
3.  Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para:
a.  permitir  el  embargo  y  decomiso  del  producto  de  los  delitos  tipificados  de 
conformidad  con  el  presente  Convenio,  o  bienes  cuyo  valor  corresponda  a  dicho 
producto;
b.  hacer  posible  el  cierre  provisional  o  definitivo  de  cualquier  establecimiento 
utilizado para llevar a cabo cualquier tipo de delito tipificado de conformidad con el 
presente Convenio, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe, o prohibir 
al autor del delito, temporal o definitivamente, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la legislación interna, el ejercicio de una actividad profesional relacionada 
con la comisión de cualquiera de los delitos tipificados de conformidad con el presente 
Convenio.
Artículo 13.  Circunstancias agravantes.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para 
garantizar que, de conformidad con las disposiciones correspondientes del Derecho 
nacional, las circunstancias siguientes, en la medida en que no formen parte ya de los 
elementos constitutivos del delito, puedan considerarse circunstancias agravantes para 
la determinación de las sanciones relativas a los delitos tipificados conforme al presente 
Convenio:
a.  que el delito haya causado la muerte de la víctima o un deterioro grave de su 
salud física o mental;
b.  que el delito se haya cometido por una persona con abuso de su posición;
c.  que el delito se haya cometido en el marco de una organización delictiva;
d.  que el autor haya sufrido condena previa por delitos tipificados de conformidad 
con el presente Convenio;
e.  que  el  delito  se  haya  cometido  contra  un  menor  o  cualquier  otra  persona 
especialmente vulnerable.
Artículo 14.  Condenas previas.
En la determinación de las penas pertinentes, las Partes adoptarán las medidas 
legislativas y de otra índole necesarias para prever la posibilidad de tener en cuenta las 
condenas  firmes  impuestas  por  otra  Parte  en  relación  con  delitos  tipificados  de 
conformidad con el presente Convenio.
CAPÍTULO III
Derecho procesal penal
Artículo 15.  Iniciación y continuación de las actuaciones.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para 
garantizar que la investigación y las actuaciones penales respecto a los delitos tipificados 
en el presente Convenio no deban subordinarse a la presentación de una denuncia y que 
las actuaciones puedan continuar aunque la denuncia se haya retirado.
Artículo 16.  Investigaciones penales. es
Las  Partes  adoptarán  las  medidas  legislativas  y  de  otra  índole  necesarias,  de  w.
conformidad  con  los  principios  de  su  legislación  nacional,  para  garantizar  una  92ww
cinovnefsotrimgaec aiól np rye suennates  Caocntuveanciioon.es penales eficaces respecto a los delitos tipificados
Artículo 17.  Cooperación internacional.
1.  Las Partes cooperarán mutuamente, de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Convenio y en aplicación de los instrumentos y acuerdos internacionales y 
regionales pertinentes aplicables, los acuerdos adoptados sobre la base de legislación 
uniforme o recíproca y su Derecho nacional, hasta el máximo posible a efectos de las 
investigaciones o actuaciones relativas a los delitos tipificados conforme al presente 
Convenio, entre otras cosas en materia de embargo y decomiso.
2.  Las Partes cooperarán hasta el máximo posible, en aplicación de los tratados 
internacionales, regionales y bilaterales pertinentes sobre extradición y asistencia judicial 
en materia penal, en relación con los delitos tipificados conforme al presente Convenio.
3.  Si una Parte que supedita la extradición o la asistencia judicial mutua en materia 
penal a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición o de asistencia 
judicial de otra Parte con la que no haya suscrito un tratado de este tipo, la primera podrá 
considerar el presente Convenio como fundamento jurídico para conceder la extradición 
o la asistencia judicial con respecto a los delitos tipificados conforme al mismo, todo ello 
respetando plenamente sus obligaciones de Derecho internacional y con sujeción a las 
condiciones previstas en la legislación de la Parte requerida.
CAPÍTULO IV
Medidas de protección
Artículo 18.  Protección de las víctimas.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para 
proteger los derechos e intereses de las víctimas de los delitos tipificados conforme al 
presente Convenio, en especial:
a.  garantizando que tengan acceso a la información relativa a su caso y que resulte 
necesaria para la protección de su salud y de otros derechos afectados;
b.  ayudando a las víctimas en su recuperación física, psicológica y social;
c.  recogiendo, en su legislación interna, el derecho de las víctimas a recibir una 
compensación de los perpetradores.
Artículo 19.  Legitimación de las víctimas en los procesos penales.
1.  Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para 
proteger los derechos e intereses de las víctimas en todas las fases de las actuaciones y 
procesos penales, en concreto:
a.  informándolas de sus derechos y de los servicios a su disposición y, previa 
petición, de la tramitación de su denuncia, de las acusaciones formuladas, del progreso 
en general de los procedimientos (a menos que en casos excepcionales la correcta 
gestión del asunto pueda verse afectado de forma negativa por dicha notificación) y de 
su papel en los mismos, así como del resultado del caso;
b.  permitiéndolas, siempre que ello se ajuste a las normas procesales del Derecho 
interno, comparecer, presentar elementos de prueba y elegir el medio que les permita 
expresar, para que puedan tenerse en cuenta, sus opiniones, necesidades e inquietudes, 
directamente o a través de un intermediario; es
c.  prestándolas los pertinentes servicios de apoyo, de modo que se presenten y se  bo
tengan debidamente en cuenta sus derechos e intereses; 92ww
protde.g eraladso pdtea ntoddoa  imnteimdiiddaasc ióenf icoa rceepsr espaalriaa . su  seguridad  y  la  de  sus  familias  para
2.  Las Partes se cerciorarán de que las víctimas pueden disponer de información 
sobre los procedimientos administrativos o judiciales correspondientes, desde su primer 
contacto con las autoridades competentes.
3.  Las Partes garantizarán que las víctimas, cuando puedan adquirir la condición de 
parte en el proceso penal correspondiente, tengan acceso a asistencia letrada, con 
arreglo a la legislación interna, y gratuita si se justifica.
4.  Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para 
garantizar  que  las  víctimas  de  un  delito  tipificado  conforme  al  presente  Convenio, 
cometido en el territorio de una Parte distinta de aquel en el que las víctimas residan, 
puedan presentar una querella ante las autoridades competentes de su Estado de 
residencia.
5.  Las Partes, a través de medidas legislativas y de otra índole, y de acuerdo con 
los requisitos previstos en su legislación interna, preverán la posibilidad de que grupos, 
fundaciones, asociaciones u organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
ayuden  y  apoyen  a  las  víctimas,  con  su  consentimiento,  durante  el  proceso  penal 
referido a los delitos tipificados conforme al presente Convenio.
Artículo 20.  Protección de testigos.
1.  Las Partes, dentro de sus posibilidades y de conformidad con las condiciones 
previstas  en  su  normativa  interna,  proporcionarán  protección  eficaz  frente  a  las 
potenciales represalias o intimidación a los testigos en procesos penales, que presten 
testimonio en relación con delitos cubiertos por el presente Convenio y, según proceda, a 
sus familiares y a otras personas próximas.
2.  El apartado 1 del presente artículo también será de aplicación a las víctimas, en 
tanto en cuanto sean testigos.
CAPÍTULO V
Medidas preventivas
Artículo 21.  Medidas en el ámbito interno.
1.  Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para 
garantizar:
a.  la existencia de un sistema nacional transparente para el trasplante de órganos 
humanos;
b.  un acceso equitativo de los pacientes a los servicios de trasplante;
c.  la adecuada recogida, análisis e intercambio de información referente a los 
delitos cubiertos por el presente Convenio en cooperación entre todas las autoridades 
pertinentes.
2.  Con el objeto de prevenir y luchar contra el tráfico de órganos humanos, las 
Partes adoptarán medidas, según proceda:
a.  para  facilitar  información  y  reforzar  la  capacitación  de  los  profesionales  y 
funcionarios competentes en la prevención y lucha contra el tráfico de órganos humanos;
b.  para promover campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía acerca de 
la ilegalidad y los peligros del tráfico de órganos humanos. es
3.  Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para  w.
pcoromhpibairr ablale ,p dueb lilcai dnaedc,e sciodna d eol  dfiinsp odnei boilbidtaedn edre  uónrg abneonse fhicuiom aencoosn.ómico o una ventaja  2021-2392n https://ww
Artículo 22.  Medidas en el ámbito internacional.
Las Partes cooperarán mutuamente, hasta el máximo posible, con el fin de prevenir 
el tráfico de órganos humanos. En particular, las Partes:
a.  informarán al Comité de las Partes, previa solicitud de éste, acerca del número 
de casos de tráfico de órganos humanos en sus respectivos territorios;
b.  designarán un punto nacional de contacto para el intercambio de información 
referente al tráfico de órganos humanos.
CAPÍTULO VI
Mecanismo de seguimiento
Artículo 23.  Comité de las Partes.
1.  El Comité de las Partes estará integrado por representantes de las Partes del 
Convenio.
2.  El Comité de las Partes será convocado por el Secretario General del Consejo 
de Europa. Su primera reunión se celebrará en el plazo de un año a partir de la entrada 
en  vigor  del  presente  Convenio  para  el  décimo  signatario  que  lo  ratifique. 
Posteriormente, se reunirá cada vez que lo solicite al menos un tercio de la Partes o el 
Secretario General.
3.  El Comité de las Partes adoptará su propio reglamento interno.
4.  El Comité de las Partes recibirá la asistencia de la Secretaría del Consejo de 
Europa en el desempeño de sus funciones.
5.  Una Parte contratante que no sea miembro del Consejo de Europa contribuirá a 
la financiación del Comité de las Partes en la forma que decida el Comité de Ministros 
previa consulta a dicha Parte.
Artículo 24.  Otros representantes.
1.  La  Asamblea  Parlamentaria  del  Consejo  de  Europa,  el  Comité  Europeo  de 
Problemas Penales (CDPC), así como otros comités intergubernamentales o científicos 
pertinentes del Consejo de Europa, designarán, cada uno de ellos, un representante ante 
el Comité de las Partes a fin de contribuir a un enfoque multisectorial y multidisciplinar.
2.  El Comité de Ministros podrá invitar a otros órganos del Consejo de Europa a 
que designen un representante ante el Comité de las Partes, tras consultar a este último.
3.  Podrá  admitirse  a  representantes  de  organismos  internacionales  pertinentes 
como observadores en el Comité de las Partes, siguiendo el procedimiento establecido 
por las normas aplicables del Consejo de Europa.
4.  Podrá admitirse a representantes de los organismos oficiales pertinentes de las 
Partes como observadores en el Comité de las Partes, siguiendo el procedimiento 
establecido por las normas aplicables del Consejo de Europa.
5.  Podrá admitirse a representantes de la sociedad civil y, en particular, de las 
organizaciones no gubernamentales como observadores en el Comité de las Partes, 
siguiendo el procedimiento establecido por las normas aplicables del Consejo de Europa.
6.  En la designación de los representantes previstos en los apartados 2 a 5, se 
garantizará una representación equilibrada de los diferentes sectores y disciplinas.
7.  Los representantes designados en virtud de los apartados 1 a 5 del presente  e.e
artículo participarán en las reuniones del Comité de las Partes sin derecho a voto. w.b
ACrotínc1vu.e lon iE2ol5.  .CE lo Fmreuigtnélca imdoene enlsato sd  eiPnl taCerrtonemos  itsdéee d l eeCn locamasr iPgtéaa rrdátee s dl.ea ss Pupaertrevsis aers tlaab laepcleicraác eiól np rdoecle pdriemsieenntteo   OE-A-2021-23able en https://
para evaluar la aplicación del Convenio aplicando para ello un enfoque multisectorial y 
multidisciplinar.
2.  El Comité de las Partes facilitará igualmente la recogida, análisis e intercambio 
de información, experiencias y buenas prácticas entre los Estados, con vistas a mejorar 
su capacidad para prevenir y combatir el tráfico de órganos humanos. El Comité podrá 
recurrir a los conocimientos de los otros organismos y comités competentes del Consejo 
de Europa.
3.  Además, el Comité de las Partes se encargará, cuando proceda:
a.  de facilitar la utilización y aplicación efectivas del presente Convenio, incluida la 
determinación de posibles problemas y los efectos de cualquier declaración o reserva 
formulada con arreglo al presente Convenio;
b.  de  emitir  un  dictamen  sobre  cualquier  cuestión  relativa  a  la  aplicación  del 
presente Convenio y facilitar el intercambio de información sobre los cambios jurídicos, 
estratégicos o técnicos importantes;
c.  de formular recomendaciones específicas a las Partes referentes a la aplicación 
del presente Convenio.
4.  El Comité Europeo de Problemas Penales (CDPC) recibirá información periódica 
sobre las actividades mencionadas en los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo.
CAPÍTULO VII
Relación con otros instrumentos internacionales
Artículo 26.  Relación con otros instrumentos internacionales.
1.  El presente Convenio no afectará a los derechos y obligaciones derivados de las 
disposiciones de otros instrumentos internacionales en los que las Partes en el presente 
Convenio sean o lleguen a ser Partes y que contengan disposiciones relativas a las 
materias reguladas por el presente Convenio.
2.  Las  Partes  en  el  Convenio  podrán  celebrar  entre  sí  acuerdos  bilaterales  o 
multilaterales sobre las cuestiones reguladas por el presente Convenio, con el fin de 
completar o reforzar sus disposiciones o de facilitar la aplicación de los principios que el 
mismo consagra.
CAPÍTULO VIII
Enmiendas al Convenio
Artículo 27.  Enmiendas.
1.  Toda  enmienda  al  presente  Convenio  propuesta  por  una  Parte  deberá 
comunicarse al Secretario General del Consejo de Europa y transmitirse por éste a los 
Estados miembros del Consejo de Europa, a los Estados no miembros que gocen de la 
condición de observadores en el Consejo de Europa, a la Unión Europea y a todo Estado 
invitado a firmar el Convenio.
2.  Toda enmienda propuesta por una Parte se comunicará al Comité Europeo de 
Problemas  Penales  (CDPC)  y  a  otros  comités  intergubernamentales  o  científicos 
pertinentes del Consejo de Europa, que someterán al Comité de las Partes su dictamen  e.e
sobre dicha enmienda. b
3.  El  Comité  de  Ministros  del  Consejo  de  Europa  considerará  la  enmienda  92ww
pPraorpteuse setna  ye le pl rdeiscetanmtee nC opnrevseenniota qduoe p onro  esl eCaonm Mitéie mdeb rlaoss  Pdaerl teCso ny,s terjaos  dceo nEsuurlotapsa ,c opno dlarás 
addeo Eputaror plaa .enmienda por la mayoría prevista en el artículo 20.d) del Estatuto del Consejo
4.  El texto de toda enmienda adoptada por el Comité de Ministros de conformidad 
con el apartado 3 del presente artículo se comunicará a las Partes para su aceptación.
5.  Toda enmienda adoptada de conformidad con el apartado 3 del presente artículo 
entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de un mes 
desde la fecha en la que todas las Partes hayan informado al Secretario General de su 
aceptación de la misma.
CAPÍTULO IX
Disposiciones finales
Artículo 28.  Firma y entrada en vigor.
1.  El presente Convenio quedará abierto a la firma de los Estados miembros del 
Consejo de Europa, de la Unión Europea y de los Estados no miembros del Consejo de 
Europa que gocen de la condición de observadores en el Consejo de Europa. Quedará 
también abierto a la firma de otros Estados no miembros del Consejo de Europa previa 
invitación del Comité de Ministros. La decisión de invitar a Estados no miembros a firmar 
el Convenio se adoptará por la mayoría prevista en el artículo 20.d) del Estatuto del 
Consejo de Europa y por unanimidad de los representantes de los Estados Contratantes 
con derecho a formar parte del Comité de Ministros. Esta decisión se adoptará tras 
haberse obtenido el acuerdo unánime de los demás Estados/la Unión Europea que 
hayan consentido en obligarse por el presente Convenio.
2.  El presente Convenio estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los 
instrumentos  de  ratificación,  aceptación  o  aprobación  se  depositarán  en  poder  del 
Secretario General del Consejo de Europa.
3.  El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la 
expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha en que cinco signatarios, entre 
ellos al menos tres Estados miembros del Consejo de Europa, hayan expresado su 
consentimiento  a  quedar  obligados  por  el  Convenio  de  conformidad  con  las 
disposiciones del apartado precedente.
4.  Si un Estado o la Unión Europea expresan posteriormente su consentimiento a 
quedar obligados por el Convenio, éste entrará en vigor respecto de él el primer día del 
mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha de depósito 
de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
Artículo 29.  Aplicación territorial.
1.  Cualquier Estado o la Unión Europea, en el momento de la firma o del depósito 
de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, podrá designar el territorio o 
territorios a los cuales se aplicará el presente Convenio.
2.  Toda  Parte,  en  cualquier  fecha  posterior  y  mediante  declaración  dirigida  al 
Secretario General del Consejo de Europa, podrá hacer extensiva la aplicación del 
presente Convenio a cualquier otro territorio designado en dicha declaración y de cuyas 
relaciones internacionales sea responsable o en cuyo nombre esté autorizada a contraer 
compromisos. El Convenio entrará en vigor respecto de dicho territorio el primer día del 
mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción 
de la declaración por el Secretario General.
3.  Toda declaración realizada en virtud de los dos apartados precedentes podrá  es
retirarse respecto de cualquier territorio especificado en dicha declaración mediante  o
ndeoefet ilcfaitc ofae ecclih ópanr  idmdeier irrge idcdíeaap  dcaieló lSn m edceers el atsa ingriouoti eifGincetaenc eaiór nala l p edoxerp l eiCrl aSocneióscnere jodta erd iuoen  GE peulanrozeporaa dl.. eE tsrteas  rmeteirsaedsa  as puartrirtiár   2021-2392n https://www.
Artículo 30.  Reservas.
1.  Cualquier Estado o la Unión Europea, en el momento de la firma o del depósito 
del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, podrá manifestar, mediante 
declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, que se acoge a una o 
más de las reservas previstas en el apartado 2 del artículo 4; el apartado 3 del artículo 9; 
los apartados 3 y 5 del artículo 10.
2.  Cualquier Estado o la Unión Europea, en el momento de la firma o del depósito 
del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, podrá declarar que se reserva 
el derecho a aplicar el artículo 5 y los apartados 2 y 3 del artículo 7 únicamente cuando 
los delitos se hayan cometido a efectos de implantación o a efectos de implantación y 
otros efectos, según especifique la Parte.
3.  No se podrá formular ninguna otra reserva.
4.  Las  Partes  que  hayan  formulado  una  reserva  podrán  retirarla,  total  o 
parcialmente, en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General 
del Consejo de Europa. La retirada surtirá efectos desde la fecha de recepción de la 
notificación por parte del Secretario General.»
Artículo 31.  Solución de controversias.
El  Comité  de  las  Partes,  en  estrecha  cooperación  con  el  Comité  Europeo  de 
Problemas  Penales  (CDPC)  y  otros  comités  intergubernamentales  y  científicos 
pertinentes  del  Consejo  de  Europa,  efectuará  un  seguimiento  de  la  aplicación  del 
presente  Convenio  y,  cuando  proceda,  facilitará  la  solución  amistosa  de  todas  las 
dificultades relativas a su aplicación.
Artículo 32.  Denuncia.
1.  Toda  Parte  podrá  denunciar,  en  cualquier  momento,  el  presente  Convenio 
mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa.
2.  Dicha denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de 
un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la notificación por el 
Secretario General.
Artículo 33.  Notificación.
El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del 
Consejo  de  Europa,  a  los  Estados  no  miembros  que  gocen  de  la  condición  de 
observadores en el Consejo de Europa, a la Unión Europea, y a cualquier Estado que 
haya sido invitado a firmar el presente Convenio de conformidad con las disposiciones 
del artículo 28:
a.  toda firma;
b.  el depósito de todo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación;
c.  toda fecha de entrada en vigor del presente Convenio de conformidad con el 
artículo 28;
d.  toda enmienda adoptada de conformidad con el artículo 27, así como la entrada 
en vigor de dicha enmienda;
e.  toda reserva y toda retirada de una reserva realizadas en virtud del artículo 30;
f.  toda denuncia realizada en virtud de las disposiciones del artículo 32; e
g.  todo otro acto, notificación o comunicación relativos al presente Convenio. bo
presEenn tefe C doen vloe nciuoa.l, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello, firman el  2021-2392n https://ww
sienHdoe cahmo beons  Steaxntotisa gigou daelm Cenotme paousttéenlati,c oesl ,2 e5n  duen  mejaermzop ldaer  ú2n0ic1o5 ,q eune  fsrea ndceépso sei tainrgál éesn,   BOE-A-cable e
los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General del Consejo de Europa 
remitirá  copias  certificadas  a  los  Estados  miembros  del  Consejo  de  Europa,  a  los 
Estados no miembros que gocen de la condición de observadores en el Consejo de 
Europa, a la Unión Europea, y a cualquier Estado que haya sido invitado a firmar el 
presente Convenio.
ESTADOS PARTE
  Firma Manifestación del Consentimiento Entrada en vigor
Albania. 25/03/2015 06/06/2016 R 01/03/2018
Croacia*. 29/11/2018 16/05/2019 R 01/09/2019
España*. 25/03/2015 15/12/2020 R 01/04/2021
Letonia. 30/03/2017 09/07/2019 R 01/11/2019
Malta. 07/11/2017 07/11/2017 R 01/03/2018
Montenegro. 16/02/2018 05/02/2019 R 01/06/2019
Noruega. 25/03/2015 12/09/2017 R 01/03/2018
Portugal*. 25/03/2015 08/11/2018 R 01/03/2019
República Checa*. 25/03/2015 21/09/2017 R 01/03/2018
República de Moldavia. 25/03/2015 21/06/2017 R 01/03/2018
Suiza*. 10/11/2016 21/10/2020 R 01/02/2021
* Formula declaraciones o reservas.
R: Ratificación.
RESERVAS Y DECLARACIONES
Croacia:
– Reserva consignada en el instrumento de ratificación depositado el 16 de mayo 
de 2019:
«De conformidad con el apartado 3 del artículo 10 del Convenio, la República de 
Croacia se reserva el derecho a aplicar las normas sobre competencia establecidas en 
las letras d) y e) del apartado 1 del artículo 10 del Convenio, en las condiciones previstas 
por la legislación penal de la República de Croacia.»
Fecha de efectos: 1/9/2019.
– Reserva consignada en el instrumento de ratificación depositado el 16 de mayo 
de 2019:
«De conformidad con el apartado 5 del artículo 10 del Convenio, la República de 
Croacia se reserva el derecho a aplicar el apartado 4 del artículo 10 del Convenio en 
determinados casos tal como prevé la legislación penal de la República de Croacia.»
Fecha de efectos: 1/9/2019. o
– Declaración consignada en el instrumento de ratificación depositado el 16 de mayo  92ww
de 2019:
desi«gDnae  cao lnaf oOrmficidinaad  dceo nD lear electhrao sb )H dueml aarntoícsu lyo  D22e rdeeclh Coso ndvee nlaios,  Mlai nRoerípaúsb Nlicaac idoen aClerosa dcieal 
Gobierno  de  Croacia  como  punto  nacional  de  contacto  para  el  intercambio  de 
información referente al tráfico de órganos humanos.»
Fecha de efectos: 1/9/2019.
España:
– «España  declara  que  se  reserva  el  derecho  de  no  aplicar  las  normas  de 
competencia establecidas en la letra e) del apartado 1 del artículo 10.»
Fecha de efectos: 1/4/2021.
– «Para el caso de que el presente Convenio sea ratificado por Reino Unido y 
extendido al territorio de Gibraltar, España desea formular la siguiente declaración:
1.  Gibraltar  es  un  territorio  no  autónomo  de  cuyas  relaciones  exteriores  es 
responsable el Reino Unido y que está sometido a un proceso de descolonización de 
acuerdo con las decisiones y resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.
2.  Las autoridades de Gibraltar tienen un carácter local y ejercen competencias 
exclusivamente internas que tienen su origen y fundamento en la distribución y atribución 
de competencias efectuadas por el Reino Unido, de conformidad con lo previsto en su 
legislación interna, en su condición de Estado soberano del que depende el citado 
territorio no autónomo.
3.  En consecuencia, la eventual participación de las autoridades gibraltareñas en la 
aplicación del presente Convenio se entenderá realizada exclusivamente en el marco de 
las competencias internas de Gibraltar y no podrá considerarse que produce cambio 
alguno respecto de lo previsto en los dos párrafos precedentes.
4.  El procedimiento previsto en el Régimen relativo a las autoridades de Gibraltar 
en el contexto de ciertos Tratados Internacionales acordado por España y el Reino Unido 
el 19 de diciembre de 2007 (junto al “Régimen acordado relativo a las autoridades de 
Gibraltar en el contexto de los Instrumentos de la UE y CE y Tratados conexos”, de 19 de 
abril de 2000) se aplica al presente Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha 
contra el tráfico de órganos humanos.
5.  La aplicación a Gibraltar del presente Convenio no puede ser interpretada como 
reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones relativas a los espacios que no 
estén comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht, de 13 de julio de 1713, 
suscrito por las Coronas de España y Gran Bretaña».
Fecha de efectos: 1/4/2021.
Portugal:
– Declaración consignada en una carta del Representante Permanente de Portugal, 
de 22 de octubre de 2018, depositada junto con el instrumento de ratificación el 8 de 
noviembre  de  2018,  actualizada  mediante  carta  del  Representante  Permanente  de 
Portugal, recibida y registrada en la Secretaría General del consejo de Europa el 13 de 
diciembre de 2018:
«Las autoridades portuguesas declaran que Don Manuel MAGRIÇO, Adjunto del 
Gabinete de la Ministra de Justicia de Portugal, ha sido designado como la autoridad  s
responsable del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de  oe.
órganos humanos.» w.
Fecha de efectos: 1/3/2019.
República Checa:
– Reserva entregada al Secretario General del Consejo de Europa en el momento 
de la firma del instrumento, el 25 de marzo de 2015 y confirmada en el instrumento de 
ratificación depositado el 21 de septiembre de 2017:
«De conformidad con el apartado 2 del artículo 30 del Convenio, la República Checa 
se reserva el derecho a aplicar el artículo 5 del Convenio, en el caso de órganos 
extraídos  de  un  difunto,  únicamente  en  caso  de  delitos  cometidos  con  el  fin  de 
enriquecimiento personal o de enriquecimiento de terceros.
Fecha de efectos: 1/3/2018.
– Reserva  consignada  en  el  instrumento  de  ratificación  depositado  el  21  de 
septiembre de 2017:
«De conformidad con el apartado 2 del artículo 4 del Convenio, la República Checa 
se reserva el derecho a no aplicar el apartado 1.a de dicho artículo a la extracción de 
órganos humanos procedentes de donantes vivos, en casos excepcionales, cuando no 
sea necesario el consentimiento del donante.
En la República Checa está en vigor la Sección 4 de la Ley n.° 285/2002 Col. sobre 
donación, extracción y trasplante de tejidos y órganos y por la que se enmiendan 
determinadas leyes. El primer párrafo de dicha disposición estipula que sólo se podrán 
extraer tejidos renovables de donantes menores de edad, personas con capacidad 
jurídica  limitada  o  incapacitadas  legalmente,  o  personas  que  hayan  dado  su 
consentimiento  para  la  extracción  pero  de  las  que,  dado  su  estado  de  salud,  sea 
razonable suponer que, aunque hayan recibido las instrucciones adecuadas, no han 
calculado o no han podido calcular todas las consecuencias de la extracción de tejidos 
renovables  sobre  su  propia  salud  (en  adelante,  «persona  incapaz  de  expresar  su 
consentimiento»), salvo disposiciones en contrario, y únicamente si:
a)  no hubiera otro donante que pueda dar su consentimiento explícito y concreto,
b)  el receptor es hermano o hermana del donante,
c)  la donación constituye una opción que permite salvar la vida del receptor,
d)  el representante legal del donante menor o de la persona con capacidad jurídica 
limitada o incapacitada legalmente ha dado su consentimiento para la extracción de 
conformidad con la Sección 7(4),
e)  el  comité  de  ética  ha  expresado  su  consentimiento  para  la  extracción  de 
conformidad con la Sección 5(5) b) y
f)  el donante no se opone a la donación.
El segundo párrafo estipula que las disposiciones de las subsecciones 1.b) y c) no se 
aplicarán a la extracción de células, si la extracción supusiera un riesgo mínimo para la 
salud y la vida del donante.»
Fecha de efectos: 01/03/2018.
– Reserva  consignada  en  el  instrumento  de  ratificación  depositado  el  21  de 
septiembre de 2017:
«De conformidad con el apartado 3 del artículo 10 del Convenio, la República Checa  e.
se reserva el derecho a no aplicar en su totalidad las disposiciones del apartado 1.e del  w.
artículo 10 del Convenio, y a aplicarlas únicamente en la medida siguiente: la Ley de la  92ww
Rene peúl belixctar aCnhjeercoa  pdoerb uenráa  epvearlsuoanr ata sminb iénna claio ncuallpidaabdil idqaude  ehnu beile craa soob dteen uidno a lcat or ecsoimdeenticdioa 
permanente en su territorio.»
Fecha de efectos: 01/03/2018.
Suiza:
Declaración consignada en el instrumento de ratificación depositado el 21 de octubre 
de 2020:
Suiza declara que la oficina de Salud pública es el punto de contacto nacional 
responsable según el artículo 22.b del Convenio.
* * *
Este Convenio entró en vigor, con carácter general, el 1 de marzo de 2018, y entrará 
en vigor para España el 1 de abril de 2021, de conformidad con lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4 de su artículo 28.
Madrid, 4 de febrero de 2021.–El Secretario General Técnico, José María Muriel 
Palomino.