BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Viernes 24 de enero de 2020 Sec. TC.   Pág. 7573
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1122 Pleno.  Sentencia  178/2019,  de  18  de  diciembre  de  2019.  Recurso  de 
inconstitucionalidad 4956-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno en 
relación con diversos preceptos de la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, 
de  las  policías  de  Navarra.  Competencias  sobre  régimen  jurídico  de  la 
función pública y seguridad pública: nulidad de los preceptos legales forales 
relativos a la ejecución conjunta de competencias de policía local por una 
entidad supramunicipal creada por ley foral, que asignan la consideración de 
agentes de la autoridad a los auxiliares de policía local y atribuyen a los 
propios entes locales el ejercicio de la potestad para acordar la excepción de 
uniformidad de los agentes de la policía local.
ECLI:ES:TC:2019:178
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente,  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo 
Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, y la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4956-2019, interpuesto por el Presidente 
del Gobierno contra los arts. 1 [apartados l c) y 2 g)], 11.7, 23.3, 24 y 27.1 de la Ley 
Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las policías de Navarra. Han comparecido y 
formulado alegaciones el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra y el Parlamento 
de Navarra. Ha sido ponente la magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Con fecha 12 de agosto de 2019 tuvo entrada en el registro de este Tribunal el 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Abogado del Estado, en representación 
del Presidente del Gobierno, contra los arts. 1 [apartados l c) y 2 g)], 11.7, 23.3, 24 y 27.1 
de la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las policías de Navarra. El Abogado del 
Estado invocó el art. 161.2 CE en relación con el art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), a fin de que se produjese la suspensión de los arts. 1.2 g) y 24 de 
la Ley Foral 23/2018.
Los motivos del recurso son, sucintamente expuestos, los siguientes: e
Se  trata  de  una  impugnación  de  carácter  competencial,  pues  se  estiman  ww.
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aspectos se contiene en el art. 93.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local (LBRL), así como en los arts. 51.1 y 3 y en la disposición
adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (LOFCS).
De conformidad con los arts. 148.1.22 y 149.1.29 CE, las competencias de las 
comunidades autónomas en materia de Policía Local se agotan en la coordinación y 
demás facultades relativas a las Policías Locales en los términos que establece la Ley 
Orgánica  de  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  (LOFCS).  Sobre  dicha  base,  la 
Comunidad Foral de Navarra asumió, en el art. 51.1 de la Ley Orgánica de reintegración 
y amejoramiento del régimen Foral de Navarra (LORAFNA), la competencia específica 
de coordinación de Policías Locales de Navarra. El art. 1.1 c) no se ajustaría a tales 
criterios, ya que prevé que corresponde a la Comunidad Foral la coordinación de las 
distintas policías existentes en su territorio, incluyendo en su ámbito de aplicación a las 
fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Con ello no se ciñe a la competencia de 
coordinación de Policías Locales, sino que se incardina en la materia seguridad pública 
de competencia exclusiva del Estado. Considera el recurso que la inconstitucionalidad de 
este precepto deriva de la falta de competencia de Navarra para adoptar medidas que 
afecten a cualesquiera miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que 
operen  en  el  territorio  autonómico.  Se  trataría  de  un  supuesto  muy  similar  al  ya 
examinado por la STC 154/2017, de 21 de diciembre, FJ 7. Como entonces, se está 
incidiendo en una cuestión directamente relacionada con la competencia estatal en 
materia de seguridad pública como es la relación existente entre las Policías Locales de 
Navarra y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, la Ley Orgánica de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad prevé la existencia de órganos de coordinación 
específicos  entre  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado  y  las  Policías 
Autonómicas, las denominadas juntas de seguridad, y con los municipios con cuerpo de 
policía propio, la junta local de seguridad.
En segundo lugar, se cuestiona la constitucionalidad de los arts. 11.7 y 23.3. El 
art. 11 de la Ley Foral 23/2018 tiene por objeto regular la denominada asociación de 
entidades  locales  para  la  ejecución  conjunta  de  competencias  de  Policía  Local.  Al 
establecer  los  requisitos  para  poder  constituir  y  ejercitar  esas  funciones  de  modo 
conjunto o colaborativo, trata de ajustarse en principio a lo establecido en la Ley que 
forma aquí el bloque de la constitucionalidad, la LOFCS, que precisamente regula como 
previsión  general  la  posibilidad  de  llevar  a  cabo  esa  prestación  conjunta,  en  su 
disposición adicional quinta. El art. 51 y la disposición adicional quinta LOFCS permiten a 
los municipios crear cuerpos de policía propios que solo podrán actuar en el ámbito 
territorial del municipio respectivo, salvo en situaciones excepcionales que enumeran y 
con cumplimiento de unos requisitos fijados por el Estado (Orden INT 2944-2010, de 10 
de noviembre, por la que se determinan las condiciones para la asociación de municipios 
con la finalidad de prestar servicios de Policía Local, de conformidad con lo previsto en la 
disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad).
En  el  art.  11.7,  el  legislador  foral  está  posibilitando,  además  del  supuesto  de 
asociación de municipios, permitido por el legislador orgánico, otra modalidad no prevista 
ni permitida por la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como es 
aquella en la que se delega la ejecución conjunta de competencias de Policía Local a 
una entidad local supramunicipal creada por Ley Foral, desbordando así el margen de 
los límites territoriales municipales respectivos. El alcance de esta previsión, con relación 
a la existencia o desempeño de funciones de policía local por otro tipo de entidades 
locales que no sean los municipios, ha sido precisado de modo negativo en diferentes  s
pronunciamientos por el Tribunal Constitucional (cita la STC 25/1993). La creación de  oe.
una entidad supramunicipal no permite la atribución a esta de la facultad de disponer o  w.
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delegación a una entidad local supramunicipal», Por su parte, el art. 23.3 vulnera lo 
previsto en el art. 51.3 LOFCS. Permite extender la actividad de los cuerpos de Policía 
Local al territorio de la entidad local supramunicipal que se llegara a crear por Ley Foral, 
sin someterse a los requisitos que se establecen en la normativa estatal a la que se 
remite la disposición adicional quinta LOFCS para la colaboración para la prestación de 
servicios de policía local, desbordando así, en conexión con el art. 11.7 de la Ley 
Foral 23/2018, los límites territoriales de actuación contemplados en aquel precepto 
orgánico.
El análisis de la impugnación de los arts. 1.2 g) y 24, relativos a la regulación de los 
auxiliares de Policía Local, parte de tres aspectos: el carácter propio y específico de los 
Cuerpos de Policía Local como auténticas Fuerzas de Policía, en tanto que institutos 
armados de naturaleza civil; el carácter funcionarial de sus integrantes, funcionarios al 
servicio de la administración local; y, derivado de lo anterior, la configuración de un 
cuerpo dotado con funciones que implican el ejercicio de autoridad. Estos preceptos 
incurrirían en un supuesto de inconstitucionalidad mediata, dado que de los arts. 92 
LBRL, 6.6 LOFCS y 3 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público cabe deducir 
que la contratación temporal de funcionarios interinos y la atribución de la condición de 
agentes de la autoridad a los mismos no son posibles desde la perspectiva de su 
adecuación  al  régimen  constitucional  de  distribución  de  competencias  (cita  las 
SSTC 175/2011 y 154/2017). La regulación prevista en los arts. 1.2 g) y 24 disciplina un 
régimen de contratación temporal para el desempeño de funciones con incidencia en las 
propias de la Policía Local que, además, reconoce a los auxiliares la condición de 
agentes de la autoridad, lo que contraviene la previsión del art. 92.3 LBRL, de manera 
que dichos preceptos autonómicos invaden las competencias del Estado de los arts. 
149.1.18 y 149.1.29 CE.
El art. 27.1 sería contrario a los arts. 41.3 y 52.3 LOFCS, de los que se deduce que 
no cabe que el órgano competente de cada entidad local determine los supuestos de 
dispensa de uniformidad. Se trata de una función que la propia Ley Orgánica de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad ha reservado a una concreta autoridad estatal, con exclusión de 
las demás (respectivo Gobernador Civil; hoy, en Navarra, el Delegado del Gobierno), 
siendo un caso ya examinado por la doctrina constitucional en la STC 81/1993, de 8 de 
marzo.
2.  Por providencia de 17 de septiembre de 2019, el Pleno del Tribunal acordó 
admitir  a  trámite  el  recurso  de  inconstitucionalidad,  dar  traslado  de  la  demanda  y 
documentos  presentados,  conforme  establece  el  art.  34  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional  (LOTC),  al  Congreso  de  los  Diputados  y  al  Senado,  así  como  al 
Parlamento y al Gobierno de Navarra, al objeto de que, en el plazo de quince días, 
pudieran  personarse  en  el  proceso  y  formular  la  alegaciones  que  estimaren 
convenientes. Asimismo, se acordó tener por invocado el art. 161.2 CE, lo que, conforme 
dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los arts. 
1.2 g) y 24 impugnados desde la fecha de interposición del recurso para las partes del 
proceso, y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el «Boletín Oficial 
del Estado» para los terceros, lo que se comunicó a los Presidentes del Parlamento y del 
Gobierno de Navarra. Finalmente, se ordenó publicar la incoación del recurso en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Navarra».
3.  Por escrito registrado en este Tribunal el 3 de octubre de 2019, el presidente del 
Senado se persona en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1  e
LOTC. bo
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Secretaría de Justicia del pleno de 4 de octubre se prorroga en ocho días el plazo de
alegaciones inicialmente conferido, a contar desde el día siguiente al de expiración del 
ordinario.
5.  El Letrado del Parlamento de Navarra formuló sus alegaciones interesando la 
desestimación del recurso el día 15 de octubre de 2019.
El  escrito  del  Parlamento  de  Navarra  reproduce  los  preceptos  impugnados  y 
menciona los motivos del recurso, señalando que va a contestarlos en el mismo orden 
en el que se formulan en la demanda.
En cuanto al art. 1.1 c), resalta las diferencias de este precepto con el que fue 
enjuiciado y declarado inconstitucional en la STC 154/2017. Menciona que, dentro del 
marco de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, 
si  bien  el  artículo  149.1.29  CE  confiere  al  Estado  la  competencia  exclusiva  sobre 
seguridad  pública,  el  artículo  148.1.22  CE  prevé  que  las  Comunidades  Autónomas 
puedan asumir competencias sobre la coordinación y demás facultades en relación con 
las Policías Locales en los términos que establezca una Ley Orgánica. En consonancia 
con dicha previsión, la Comunidad Foral asumió la coordinación de los cuerpos policiales 
de carácter local, en los términos del art. 51 LORAFNA. En el ámbito de la Comunidad 
Foral de Navarra, la Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, de Seguridad Pública de Navarra, 
desarrolla  la  coordinación  entre  la  Policía  Foral  y  los  Cuerpos  de  Policía  de  sus 
entidades locales. Coordinación restringida a las relaciones de los Cuerpos de Policía 
Local con la Policía Foral, dentro de los límites definidos en el art. 39 LOFCS. El 
apartado ahora recurrido profundiza en la coordinación entre las policías dependientes 
de las Administraciones Públicas de Navarra, sin voluntad alguna de menoscabar las 
competencias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Resulta ilustrativo que 
dicho  artículo  se  integre  en  un  título  destinado  a  «Las  policías  de  Navarra  y  sus 
relaciones» (título I) y que el precepto impugnado se remita a aquellas parcelas de la 
coordinación entre la Policía Foral y los Cuerpos de Policía Local que no estuvieran 
reguladas  en  la  Ley  Foral  8/2006.  Todo  ello  permite  concluir  que  en  ningún  caso 
pretende invadir la competencia que el art. 149.1.29 CE atribuye al Estado, sino ejercer y 
desarrollar la coordinación de las Policías Locales de Navarra. A mayor abundamiento se 
cita  el  dictamen  del  Consejo  de  Estado  en  el  que  no  se  advierte  tacha  de 
inconstitucionalidad en este precepto.
Sobre los arts. 11.7 y 23.3 entiende que ha de tenerse presente lo dispuesto en la 
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural, norma que, en 
relación  con  los  servicios  de  seguridad  ciudadana,  prevé  el  art.  27  b)  «mejorar  la 
presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para mantener un adecuado nivel de 
seguridad de la población en las zonas rurales». De forma complementaria a la Ley 
precitada, la Ley orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, introdujo en la Ley Orgánica de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad una nueva disposición adicional quinta, en la que abrió 
la  posibilidad  de  la  prestación  conjunta  de  los  servicios  de  Policía  Local.  Por 
consiguiente,  la  doctrina  constitucional  generada  con  ocasión  de  diversas  leyes 
autonómicas de coordinación policial que desautorizaba la posibilidad de que los entes 
locales  diferentes  a  los  municipios  pudieran  organizar  Policías  Locales  de  ámbito 
supramunicipal debe ser revisada a la luz de la Ley 45/2007, posibilitando las diversas 
fórmulas de colaboración interadministrativa que tengan por objeto mejorar el nivel de 
seguridad  de  la  población  en  las  zonas  rurales.  Dicha  colaboración  habrá  de 
materializarse no solo a través de los mecanismos ad hoc derivados de la adopción de 
acuerdos conjuntos, sino también posibilitando la delegación de la ejecución conjunta de 
los servicios policiales en entidades supramunicipales integrantes del medio rural. En  e.
suma, debe concluirse que la constitucionalidad del art. 11.7 por cuanto recoge una  w.b
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posibilidad de la ejecución conjunta de los servicios policiales a través de una entidad
supramunicipal, su consecuencia lógica es que el ámbito de acción territorial se extienda 
a los municipios integrados en aquella. En cuanto al párrafo segundo del art. 23.3, 
contempla dos posibilidades de actuación de los cuerpos de policía local fuera de su 
ámbito territorial: de una parte, las situaciones especiales de necesidad previstas en los 
oportunos convenios o planes de coordinación, y de otra, la actuación extraterritorial en 
situaciones  de  emergencia,  previo  requerimiento  de  la  autoridad  competente  en  el 
término municipal receptor. En relación con el primero de los supuestos, si bien no está 
expresamente  contemplado  en  el  art.  51  LOFCS,  resulta  factible  su  interpretación 
conforme  a  la  Constitución,  en  interés  de  la  garantía  y  la  mejora  de  la  seguridad 
ciudadana. Por otro lado, la actuación policial fuera del término municipal en situaciones 
de emergencia resulta del todo punto conforme al bloque de constitucionalidad, por 
cuanto es un precepto que reproduce casi miméticamente la previsión recogida en el 
art. 51.3 LOFCS.
Respecto a los arts. 1.2 g) y 24, relativos a los auxiliares de Policía Local, indica que 
respetan los derechos y obligaciones esenciales que la legislación básica del Estado 
reconoce a los funcionarios públicos y no vulneran las competencias estatales inherentes 
a la unidad constitucional. En consecuencia, ambos preceptos han sido dictados en 
aplicación de las competencias asumidas por Navarra en materia de función pública 
[art. 49.1 b) LORAFNA]. Menciona también la STC 106/2019, según la cual la expresión 
que emplea el art. 92.3 LBRL relativa a «funcionarios de carrera» no puede implicar en 
ningún caso la exclusión de la figura de los funcionarios interinos para el ejercicio de 
funciones de autoridad o de potestades públicas, por lo que entiende conformes a la 
Constitución  los  preceptos  legales  autonómicos  relativos  al  nombramiento  de 
funcionarios interinos para el desempeño de funciones de policía local. Por consiguiente, 
la análoga redacción de los artículos 1.2 g) y 24 con el supuesto recogido en la sentencia 
citada, conlleva la plena constitucionalidad de ambos.
Acerca del art. 27.1 se alega que, si bien la lectura conjunta de los artículos 52.3 
y 41.3 LOFCS permite concluir que el Delegado del Gobierno es la autoridad competente 
para dispensar el uso del uniforme tanto a los agentes individualmente considerados, 
como a unidades orgánicas de la Policía Local, debe oponerse que dicha potestad no se 
incardina en la materia de la seguridad pública, sino en la de coordinación de las policías 
locales, de manera que su titularidad recae en el legislador autonómico. La potestad 
atribuida por el legislador foral a los órganos municipales en el art. 27.1 se integra en la 
materia  de  coordinación  de  policías  locales,  por  cuanto  la  variedad  de  funciones 
englobadas  en  la  policial  (actividades  de  seguimiento,  investigación  e  información 
policial, protección de autoridades o de víctimas, actuaciones con menores, o violencia 
de género, entre otras), así como la respuesta inmediata que pueden requerir, justifica su 
atribución a la autoridad municipal competente. La Delegación del Gobierno carece de 
las notas de inmediatez y proximidad, de las que, por el contrario, disponen los órganos 
municipales respecto del personal a su servicio, así como de la capacidad material de 
supervisar y controlar el funcionamiento del Cuerpo Municipal de Policía.
Mediante otrosí el letrado del Parlamento de Navarra solicita el levantamiento de la 
suspensión de la vigencia y aplicación de los arts. 1.2 g) y 24 y, para el caso de que no 
sea así, se le conceda audiencia para alegar sobre la pertinencia de ratificar o levantar la 
suspensión de los preceptos suspendidos de la Ley Foral 23/2018.
6.  La Presidenta del Congreso de los Diputados comunicó el día 16 de octubre 
de 2019 el acuerdo de la mesa de la Diputación Permanente de la Cámara, por la que se 
persona en el proceso y ofrece su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. e.
7.  La representación procesal del Gobierno de Navarra interesó la desestimación  w
del rAelcuudres oe enn  psruims earl elguagcairo nael sc pornetseennidtaod daes  elol sd íap r2e9c edpet oosc tuimbpreu gdnea 2d0o1s9 .así como a los  2020-1122n https://w
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administración local. Estas competencias son de carácter histórico y están reconocidas
en la LORAFNA, razón por la cual las competencias de Navarra son más amplias que las 
de las Comunidades Autónomas. Señala que el sistema de atribución de competencias a 
la Comunidad Foral es diferente respecto al establecido en la Constitución para las 
Comunidades Autónomas. El régimen foral navarro no ha surgido de la Constitución, a 
diferencia  de  los  demás  estatutos  de  autonomía,  sino  que  tiene  carácter 
preconstitucional. Por ello la disposición adicional primera de la Constitución Española 
declara su respeto y amparo a los derechos históricos. De esta forma, para estas 
competencias históricas o forales que ostenta Navarra, el techo competencial es el de la 
unidad constitucional, como se desprende del art. 3.1 LORAFNA. En cuanto a las 
competencias en materia de policía se garantizan las competencias que ya se hallaban 
atribuidas a Navarra con anterioridad al amejoramiento, tanto en cuanto a la Policía Foral 
como las que se venían ejercitando en materia de coordinación de las Policías Locales 
de Navarra. Por tanto, estamos ante una competencia de carácter histórico, con todas 
las  consecuencias  que  de  ello  derivan  a  la  hora  de  fijar  el  techo  competencial. 
Singularidades también recogidas en la disposición final tercera LOFCS que, si bien se 
refiere  únicamente  a  la  Policía  Foral,  también  sería  aplicable  en  relación  con  las 
competencias  de  Navarra  sobre  coordinación  de  policías  locales.  Son  también  de 
carácter histórico las competencias que Navarra ostenta sobre administración local, así 
como en materia de función pública, competencia que tiene como único límite la unidad 
constitucional y los derechos y obligaciones esenciales de los funcionarios y no el 
conjunto de la normativa declarada básica por el legislador estatal en cada momento 
(cita la STC 140/1990).
Tras lo anterior, analiza cada uno de los preceptos impugnados comenzando por el 
art. 1.1 c), señalando que la demanda atribuye a este precepto un contenido del que 
carece, y partiendo de ese presupuesto inexacto, concluye que incurre en extralimitación 
competencial, pues únicamente alude a la coordinación de las diferentes Policías de 
Navarra sin contener referencias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sin 
que resulte de aplicación la doctrina de la STC 150/2017.
Sobre los arts. 1.2 g) y 24 señala que no pueden compartirse los planteamientos de 
la demanda, pues Navarra ostenta en materia de función pública una competencia 
histórica, siendo únicamente de aplicación los derechos y obligaciones esenciales que la 
legislación básica reconoce a los funcionarios públicos. Los auxiliares de Policía Local no 
son un Cuerpo de Policía y, finalmente, la STC 106/2019, de 19 de septiembre, ha 
declarado la constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que permiten el 
nombramiento de funcionarios interinos para el desempeño de funciones de Policía 
Local. La aplicación de esta doctrina debería conducir a la desestimación de este motivo 
de inconstitucionalidad, ya que los auxiliares de policía que contempla la Ley Foral 
impugnada no son siquiera un Cuerpo de Policía, por lo que con más razón si cabe, se 
ha de aplicar el criterio que establece la citada STC 106/2019 respecto de los Policías 
Locales cuando admite que se pueden nombrar funcionarios interinos. Añade al respecto 
que la ya derogada Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra, 
contenía una definición idéntica de auxiliar de policía foral a la que actualmente contiene 
la  vigente  Ley  Foral  23/2018  y  en  ningún  momento  fue  cuestionada  su 
constitucionalidad. Por otra parte, respecto a la atribución de la condición de agente de 
autoridad a estos auxiliares, el letrado del Gobierno Foral indica que tal atribución no es 
exclusiva de los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Respecto  al  art.  11.7,  indica  que  no  regula  un  Cuerpo  de  Policía  Local 
supramunicipal, sino una figura diferente, la delegación, a la que no le son exigibles los  s
requisitos de esa creación. No se trata de un cuerpo de policía supramunicipal, ni de una  oe.
asociación de entidades locales para la ejecución conjunta de competencias de Policía  w.
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contrario, de la aplicación de técnicas de cooperación en este ámbito, lo que conduce a
excluir las objeciones que se formulan a este precepto y también al art. 23.3, en cuanto a 
la remisión que hace al art. 11.7.
Sobre el art. 27.1, señala que el art. 41.3 LOFCS, que se entiende vulnerado no es 
de aplicación a Navarra, conforme a la propia disposición final tercera LOFCS. Si el 
art. 41.3 no es aplicable a Navarra, la remisión que el art. 52.3 efectúa al mismo carece 
de contenido, y en realidad estamos ante una cuestión, la de la dispensa de utilización 
de los uniformes de los miembros de la Policía Local, no regulada específicamente en la 
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad respecto de Navarra. En segundo 
lugar, se sostiene que, aunque se entendieran en principio aplicables en este caso los 
arts. 41.3 y 52.3 LOFCS, los mismos no contienen normativa básica desde un punto de 
vista material, de lo que se sigue que la Ley Foral puede fijar un criterio diferente. Por 
otra parte, la interpretación que se realiza conlleva una vulneración del artículo 51.1, 
párrafo segundo LORAFNA, que expresamente señala que las Policías Locales de 
Navarra se hallan sujetas a la «dependencia de las respectivas autoridades municipales 
o concejiles». En coherencia con lo anterior, el art. 27.1 establece que es la autoridad 
municipal bajo cuya dependencia se encuentran los miembros de la Policía Local, la que 
ha de determinar motivadamente, en los casos en que el servicio lo requiera, qué 
unidades o integrantes de la Policía Local pueden ejercer sus funciones sin vestir el 
uniforme. Finalmente, se entiende aquí de aplicación la doctrina de las SSTC 81/1993 
y 85/1993, sobre la constitucionalidad de la atribución por la norma autonómica al alcalde 
de la facultad de determinar qué servicios específicos se prestarán con arma y cuáles 
no.
Mediante otrosí solicita el levantamiento anticipado de la suspensión de los arts. 1.2 
g) y 24 por las razones que expresa a continuación, sin perjuicio de lo que se alegará en 
el momento procesal oportuno. Sostiene, en síntesis, que ha de prevalecer la presunción 
de constitucionalidad de las normas así como el interés público que está en juego, que 
es el de asegurar el mantenimiento de la seguridad pública.
8.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia del Pleno de 30 de 
octubre de 2019 se acordó oír a las partes personadas, para que en el plazo de cinco 
días, expusieran lo que estimaran procedente sobre el levantamiento o mantenimiento 
de la suspensión acordada. El Abogado del Estado, por escrito registrado en este 
Tribunal el 8 de noviembre, interesó el mantenimiento de la suspensión de los arts. 1.2 g) 
y  24  de  la  Ley  Foral  23/2018.  El  Letrado  del  Gobierno  de  Navarra  presentó  sus 
alegaciones  el  día  11  de  noviembre  solicitando  el  levantamiento  de  la  suspensión, 
solicitud también formulada por el Parlamento de Navarra en escrito registrado el 12 de 
noviembre.
9.  Por providencia de 17 de diciembre de 2019 se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 18 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y posiciones de las partes.
El objeto de la presente resolución es resolver el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por el Presidente del Gobierno contra los arts. 1 [apartados l c) y 2 g)]; 11.7; 
23.3; 24 y 27.1 de la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra.
El art. 1 [apartados l c) y 2 g)] versa sobre el objeto de la Ley Foral 23/2018, en  s
concreto, la coordinación de las distintas policías existentes en la Comunidad Foral de  oe.
Navarra y la definición de ciertas expresiones a efectos de la Ley Foral [se controvierte la  w.
ddloeec  aaclueoxsmi,l ipaeerx tedcenepc Picaoiosli ncdaíae  e LPl ooccluaicmlí aep nliL meolic eaanrltt o.s  1ed. 2er e gca)i]lei.c rEetol  sma rrete.d q1iau1ni.s7tie,t o ssdo ebclreuega lanacd aioós nola ca iea ujceinócaun c ediónent ie dncaotdidn ajluodncetaasl    2020-1122n https://w
supramunicipal creada por Ley Foral. El art. 23.3, tras afirmar que el ámbito territorial de
actuación de la Policía Local será el del término municipal, contempla una excepción a  Bc
dicha regla general por remisión al art. 11.7. El art. 24, relativo a los auxiliares de Policía 
Local,  regula  la  posibilidad  de  que  las  entidades  locales  de  Navarra  contraten 
temporalmente personal en régimen administrativo para la realización de tareas de 
apoyo al personal de la Policía Local correspondiente, bajo su dirección y ejerciendo 
funciones  de  custodia  y  vigilancia  de  bienes,  servicios  e  instalaciones  oficiales, 
colaboración y auxilio a las policías locales en sus funciones de seguridad ciudadana, 
protección civil y asistencia a la ciudadanía, teniendo a tales efectos la consideración de 
agentes de la autoridad. Por último, el apartado 1 del art. 27, bajo la rúbrica «uniformes, 
distintivos,  armas  y  credenciales»,  permite  a  las  entidades  locales  determinar 
motivadamente,  en  aquellos  casos  en  que  el  servicio  lo  requiera,  qué  unidades  o 
integrantes de la policía local podrán ejercer sus funciones sin vestir el uniforme.
Se trata de una impugnación de carácter competencial, pues, como se ha expuesto 
en  los  antecedentes,  el  Abogado  del  Estado  alega  que  los  preceptos  impugnados 
vulneran  los  arts.  149.1.18  y  149.1.29  CE,  que  atribuyen  al  Estado  competencia 
exclusiva en materia de «bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos» y 
de  «seguridad  pública»,  tal  como  dichas  competencias  se  han  plasmado  en  la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) y en la 
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
(LOFCS),  respectivamente.  Las  representaciones  procesales  del  Gobierno  y  del 
Parlamento de Navarra han sostenido que las normas recurridas responden al adecuado 
ejercicio de las competencias de la Comunidad Foral en materia de función pública y de 
coordinación  de  Policías  Locales,  previstas  en  los  arts.  49.1  b)  y  51  de  la  Ley 
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral  de  Navarra  (LORAFNA),  interesando,  en  consecuencia,  la  desestimación  del 
recurso.
2.  Encuadramiento de la controversia y títulos competenciales aplicables.
El  examen  del  presente  recurso  ha  de  comenzar  con  una  referencia  al 
encuadramiento de la materia regulada en el esquema constitucional y estatutario de 
distribución de competencias, lo que obliga a atender «al contenido de los preceptos 
controvertidos», así como «al carácter, sentido y finalidad de las disposiciones traídas en 
conflicto» (por todas, STC 102/2018, de 4 de octubre, FJ 3).
Atendiendo a su contenido y tenor literal, los artículos de la Ley Foral 23/2018 que 
han sido recurridos se incardinan, fundamentalmente, en dos ámbitos materiales. Por un 
lado, la regulación relativa al personal al servicio de la administración pública en el caso 
de los auxiliares de Policía Local, como resulta de su naturaleza jurídica, y del contenido 
de las previsiones del art. 24 en relación con el art. 1.2 g) que se refieren a las funciones 
asumidas y a la relación que les une con la entidad local en la que prestan servicio. Por 
otro lado, en el ámbito material de la seguridad pública, en relación con la coordinación 
de Policías Locales, encuadramiento que, dado su contenido, es predicable de los 
restantes preceptos impugnados por cuanto afectan a la coordinación de las Policías de 
Navarra [art.1.1 c)], la aplicación de mecanismos de colaboración para la prestación 
municipal del servicio de Policía Local (arts. 11.7 y 23.3) o el régimen de dispensa de 
uniformidad de los miembros de la Policía Local (arts. 27.1).
En dichas materias, el Estado ostenta, ex art. 149.1.18 y 29 CE competencias sobre 
las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos y competencia exclusiva 
en materia de seguridad pública «sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías 
por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos  e
Estatutos en el marco de lo que disponga una Ley Orgánica». Las competencias de la  bo
Comunidad Foral de Navarra en las referidas materias están previstas en los arts. 49.1  w
bco) myp e5t1e nLcOiaRs AeFnN mA.a tCeroian fodrem e« réagl impreimn eersot,a tluat aCrioo mduen ildoasd  fuFnocriaoln adreio sN apvúabrlricao so sdteen tlaa   2020-1122n https://w
Cbáosmicuan dideal dE Fstoardaol,  rreecsopneotazncdao a  loloss  dfuenrecciohnoasr iyo so bplúigbaliccioosn»e,s m eiseenntrcaisa lqeus eq, usee glaú nle egli salartc. i5ó1n 
LORAFNA, corresponden a Navarra las competencias acerca de la «Regulación del
Régimen de la Policía Foral» y la «coordinación de las Policías Locales de Navarra, sin 
detrimento de su dependencia de las respectivas autoridades municipales o concejiles».
Con la finalidad de evitar reiteraciones innecesarias, damos por reproducidos los 
fundamentos jurídicos 5 y 6 de la STC 154/2017, de 21 de diciembre, en los que se 
expone la doctrina constitucional sobre el alcance general de los títulos competenciales 
citados.
3.  Examen de la impugnación del art. 1.1 c) de la Ley Foral 23/2018.
Expuesto así el deslinde competencial en la materia, procede analizar los preceptos 
impugnados comenzando por el art. 1.1 c), conforme al cual «en desarrollo de los 
artículos 46, 49.1 b) y 51 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen  Foral  de  Navarra,  y  al  amparo  de  la  disposición  adicional  primera  de  la 
Constitución, la presente Ley Foral tiene por objeto: c) La coordinación de las distintas 
policías existentes en la Comunidad Foral de Navarra en aquellos aspectos no regulados 
por la Ley Foral de Seguridad Pública de Navarra».
Según el Abogado del Estado, este art. 1.1 c) sería inconstitucional por la falta de 
competencia de la Comunidad Foral para adoptar medidas que afecten a cualesquiera 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que operen en el territorio 
de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra.  Se  trataría  de  un  supuesto  muy  similar  al  ya 
examinado por la STC 154/2017, FJ 7, pues se estaría incidiendo en una cuestión 
directamente relacionada con la competencia estatal en materia de seguridad pública, 
como es la relación existente entre las Policías Locales de Navarra y las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. Los Letrados del Gobierno y del Parlamento de 
Navarra  han  señalado  que  el  precepto  únicamente  alude  a  la  coordinación  de  las 
diferentes Policías de Navarra, sin que se incluya en el mismo a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado.
La STC 154/2017 declaró la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo primero del 
apartado primero y el apartado segundo del artículo 5 ter de la Ley Foral 8/2007, de 23 
de marzo, de las Policías de Navarra, en la redacción dada por el apartado tercero de la 
Ley Foral 15/2015, de 10 de abril, de modificación de la anterior. En ellos se establecía 
que la Policía Foral centralizaría toda la información policial tanto ascendente como 
descendente para las Policías Locales, incluyendo, por tanto, la proveniente de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como las que a ellas se dirija. Se 
preveía también que toda solicitud de apoyo de los Policías Locales, de investigación, de 
información o de cualquier índole policial se efectuaría siempre a través de la Policía 
Foral que, si procedía, canalizaría dicha solicitud a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. El fundamento jurídico 7 de la STC 154/2017 consideró que el art. 5 ter 
regulaba las relaciones entre la Policía Foral, las Policías Locales y las Fuerzas y 
Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado  y,  concretamente,  la  transmisión  de  información 
policial y solicitudes de apoyo entre dichos cuerpos policiales de una manera que, en lo 
declarado inconstitucional, excedía de las competencias de la Comunidad Foral en 
relación con el régimen de su propia policía. La razón era que determinaba el modo en 
que se coordinan y colaboran todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad presentes en la 
Comunidad  Foral,  incluidos  los  del  Estado,  con  las  Policías  Locales  de  Navarra, 
haciéndolo de modo tal que menoscababa las competencias estatales en materia de 
seguridad pública ex art. 149.1.29 CE.
El Abogado del Estado entiende que el art. 1.1 c) de la Ley Foral 23/2018 incurre en 
una infracción competencial similar a la que se acaba de mencionar. Sin embargo, por  e
las razones que inmediatamente se exponen, no es posible compartir esa consideración,  bo
dado  que  el  precepto  ahora  impugnado  no  responde  a  la  misma  finalidad  que  el  w
enjuEicl iaadrot.  e1n. 1la  Sc)T, Cq 1u5e4 /h2a0c1e7 .referencia  a  la  coordinación  de  «las  distintas  policías  2020-1122n https://w
epxriimsteernot edse  elna  Llae yC oFmoruanl i2d3a/d2 0F1o8r,a lr edlea tiNvoa vaa rlraas» ,« Pseo liucbíaicsa d sei sNteamvaártricaa ym seunste r eelna ceiol nteítsu»lo. 
Conforme al art. 1.2 a) tales policías son «la Policía Foral de Navarra, las Policías
Locales de Navarra y los servicios de Policía Local». La Policía Foral se define como la 
policía  propia  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  [art.  1.2  c)];  las  policías  de  las 
entidades locales de Navarra son aquellas policías «dependientes de una entidad local 
de Navarra, integradas por Policías Locales y Agentes Municipales» [art. 1.2 d)]. La Ley 
Foral  23/2018  distingue  entre  las  Policías  Locales  de  Navarra,  aquel  «servicio  de 
seguridad de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada, dependiente de 
una única entidad local de Navarra» [art. 1.2 e)], y el servicio de Policía Local como el 
«prestado por las entidades locales de Navarra que no dispongan de una Policía Local, 
integrado por personal que recibirá la denominación de agentes municipales» [art. 1.2 
h)]. Se entiende, en los tres casos, por policía al «personal funcionario encargado del 
mantenimiento de la seguridad pública, integrado en alguna de las Policías de Navarra y 
revestido para ello de la autoridad que le otorgan las leyes» [art. 1.2 b)], y por agentes 
municipales al «personal funcionario de las entidades locales, que con independencia de 
su denominación actual, ejerce con carácter no exclusivo un servicio policial» [art. 1.2 f)].
Esta ubicación sistemática y su dicción literal llevan a considerar que el art. 1.1 c) se 
refiere a una cuestión diferente a la declarada inconstitucional en la STC 154/2017. No 
incide en las competencias estatales en materia de seguridad pública, por cuanto, dado 
su ámbito de aplicación, tiene que ver con la facultad de coordinar las actuaciones de la 
Policía Foral de Navarra, de las Policías Locales y de los servicios de Policía Local en 
aspectos diferentes a los contemplados en la Ley Foral 8/2007. De hecho, la cuestión a 
la que se refería la STC 154/2017 se encuentra ahora regulada en el no impugnado 
art. 4 b), relativo a los principios de organización de las policías de Navarra, al disponer 
que: «con carácter general, la Policía Foral de Navarra será la encargada de centralizar y 
canalizar la información y el apoyo policial a las policías locales de Navarra, sin perjuicio 
de las competencias que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado», cláusula de salvaguardia que supone el reconocimiento de que su ámbito 
resulta acotado por lo que establezca el Estado en virtud de sus competencias en 
materia de seguridad pública.
Por ello, de la lectura conjunta de los preceptos a los que se acaba de hacer 
referencia se desprende que la coordinación a la que alude el precepto controvertido es, 
en todo caso, la relativa a las Policías de la Comunidad Foral de Navarra, esto es, la 
Policía Foral, las Policías Locales y los servicios de Policía Local, y no se refiere al 
personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que operen en Navarra.
En definitiva, este motivo de inconstitucionalidad debe ser desestimado.
4.  Impugnación de los arts. 11.7 y 23.3 de la Ley Foral 23/2018.
En segundo lugar, se cuestiona la constitucionalidad de los arts. 11.7 y 23.3.
El art. 11 regula la asociación de entidades locales para la ejecución conjunta de 
competencias de POlicíA LoCal. Los seis primeros apartados del art. 11 regulan los 
requisitos que han de cumplir las entidades locales de Navarra que cuenten con Policía 
Local o con servicios de Policía Local, para suscribir acuerdos de asociación para la 
ejecución conjunta de sus competencias en esta materia. En su apartado siete, el art. 11 
dispone que «la ejecución conjunta de competencias de Policía Local no estará sujeta a 
los requisitos previstos en los apartados anteriores de este artículo cuando se realice 
mediante delegación a una entidad local supramunicipal creada por Ley Foral». Por su 
parte, del art. 23.3 hay que entender impugnado su primer párrafo, conforme al cual «el 
ámbito territorial de actuación de la policía local será el del término municipal respectivo, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 párrafo 7 de esta Ley Foral». e
Según el Abogado del Estado, el art. 51 y la disposición adicional quinta LOFCS  bo
permiten a los municipios crear cuerpos de policía propios que solo podrán actuar en el  w
áemnubmitoe rtaenrr ityo riaclo dne lc mumunpilcimipiieon rteos pdeec tivuon,o ssa lvreoq eunis liatoss  siftiujaadcoiosn epso er xceel pcEiostnaadleos  (qOured esen   2020-1122n https://w
IaNsTo c2ia9c4ió4n/2 0d1e0 ,m duen 1ic0ip dioes  ncoovnie mlab rfein, apliodra dla  dqeu ep srees dtaert esrmerivniacino sla sd ec oPnodliicciíoan eLso cpaalr,a  dlea 
conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta LOFCS). En el art. 11.7 el
legislador foral está posibilitando una modalidad de prestación de servicio de Policía 
Local no prevista por la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como es 
aquella en la que se delega la ejecución conjunta de competencias de policía local a una 
entidad local supramunicipal creada por Ley Foral, desbordando así el margen de los 
límites territoriales municipales respectivos. Por su parte, el art. 23.3 vulnera también lo 
previsto en el art. 51.3 LOFCS, ya que permite extender la actividad de los cuerpos de 
Policía Local al territorio de la entidad local supramunicipal que se llegara a crear en un 
momento dado por Ley Foral, sin someterse a los requisitos que se establecen en la 
normativa estatal a la que se remite la disposición adicional quinta LOFCS, desbordando 
así, en conexión con el art. 11.7 de la Ley Foral 23/2018, las condiciones para la 
prestación del servicio de policía local previstas en aquel precepto orgánico y en su 
norma de desarrollo.
El  Letrado  del  Parlamento  de  Navarra  defiende  que  la  colaboración  para  la 
prestación de servicios de Policía Local, en cuanto orientada a garantizar la seguridad 
ciudadana,  puede  realizarse  a  través  de  diversos  mecanismos,  entre  los  que  se 
encontraría el ahora impugnado. Para el Letrado del Gobierno Foral el art. 11.7 regula 
una forma de cooperación diferente de la prevista en la regulación estatal que encuentra 
amparo en las competencias de Navarra en materia de administración local.
Los dos preceptos impugnados se refieren a la prestación supramunicipal de los 
servicios  de  Policía  Local  cuestión  que,  conforme  a  la  doctrina  constitucional 
(SSTC 172/2013, de 10 de octubre, FJ 5, y 86/2014, de 29 de mayo, FJ 6), se encuadra 
materialmente en el ámbito de la seguridad pública.
La creación de Cuerpos de Policía Local se regula en la Ley Orgánica de Fuerzas y 
Cuerpos  de  Seguridad,  norma  que  forma  parte  del  bloque  de  la  constitucionalidad 
(SSTC 154/2005, de 9 de junio, FJ 4; 86/2014, FJ 6, y 154/2017, FJ 6), de suerte que ha 
de ser tenida en cuenta por este Tribunal para apreciar la conformidad o disconformidad 
con el bloque de constitucionalidad de los preceptos impugnados [art. 28.1 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)]. El art. 51 LOFCS reconoce tal facultad a 
los municipios de acuerdo con lo previsto en esa misma Ley, en la Ley reguladora de las 
bases del régimen local (LBRL) y en la legislación autonómica. Por su parte, el art. 25.2 
LBRL establece, entre las materias que el municipio «ejercerá en todo caso como 
competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas: la Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios». La 
Policía Local es, por tanto, competencia propia de los municipios y es a estos a los que 
corresponde su creación. El art. 51.1 LOFCS solamente permite la creación de cuerpos 
de policía propios por los «municipios», si bien se plantea la cuestión relativa a si, siendo 
de creación municipal, puede disponerse su actuación supramunicipal por una norma 
autonómica. Sobre esta cuestión ha declarado este Tribunal que la Ley Orgánica de 
Fuerzas  y  Cuerpos  De  Seguridad  no  habilita  para  crear  cuerpos  distintos  a  los 
municipales  y  que  no  contempla  la  posibilidad  de  que  existan  cuerpos  de  policía 
supramunicipales (entre otras, SSTC 25/1993, de 21 de enero, FJ 1, y 51/1993, de 11 de 
febrero, FJ 3). Tampoco para la «prestación» del servicio de Policía Local por las 
mancomunidades (STC 49/1993, de 11 de febrero, FJ 4), ya que «la competencia 
autonómica excluye la posibilidad de crear cuerpos de policía supramunicipales y de 
establecer o permitir la prestación unificada o mancomunada del servicio de policía local 
en régimen de colaboración intermunicipal» (STC 50/1993, de 11 de febrero, FJ 3).
Por otra parte, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contempla 
expresamente la autorización de la asociación de municipios limítrofes para la prestación  s
del servicio de Policía Local. La disposición adicional quinta LOFCS, añadida por la Ley  oe.
Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo  w.
ocsoo, nsetdenicn iisobunle e csad qseuol e, m speeod rd ioe« tlearur mrCaionl,m eneu xnpigiodera  edql  uMAeuin tóiesnlt eoarmicoau d eecrdlo oIrnr etedsrepio orcn oyd liaqebunoeter sa eccaioó nna  uatsorerre izgaaljodu osat ep  olora   eqsluatees    2020-1122n https://w
ednis ploan gOar dseun r eIsNpTe/c2t9iv4o4 e/2s0ta1t0u,t od dee  1a0u todneo mníoav»ie. mDbicrhea, s loc onqduiec iosnee sa sjues thaa na  delat erdmoicntaridnoa   BOE-A-cable e
constitucional  conforme  a  la  cual  corresponde  al  Estado,  en  el  ejercicio  de  sus 
competencias en materia de seguridad pública, determinar los requisitos que han de 
cumplir estos acuerdos de asociación (SSTC 172/2013, FJ 3, y 86/2014, FJ 6). De este 
modo no cabe otro tipo de asociación de municipios con competencia para la prestación 
de servicios de policía local que las asociaciones que se formen en aplicación de lo 
establecido en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y su normativa de 
desarrollo, respetando, por tanto, las condiciones fijadas por el Estado respecto a la 
colaboración intermunicipal en esta materia.
De lo anteriormente expuesto se deriva la inconstitucionalidad del art. 11.7 de la Ley 
Foral por cuanto la norma, al permitir la ejecución conjunta de competencias de Policía 
Local mediante delegación a una entidad local supramunicipal creada por Ley Foral, 
implica «la mancomunización del servicio policial» (STC 81/1993, de 8 de marzo, FJ 3). 
Supone una vulneración del orden competencial al infringir las competencias estatales 
en materia de seguridad pública del art. 149.1.29 CE. Al amparo de dicha competencia, 
la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ha regulado la posibilidad de 
«colaboración»  para  la  prestación  del  servicio  de  Policía  Local  entre  municipios, 
regulación que queda extramuros de las competencias autonómicas en relación con la 
coordinación de las Policías Locales (STC 172/2013), así como respecto a las que 
puedan ostentar sobre la creación de cuerpos propios de policía (STC 86/2014). No 
cabe, por tanto, introducir excepciones, modulaciones o modificaciones en la regulación 
estatal dictada en ejercicio de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública 
para posibilitar la colaboración municipal en la prestación de los servicios de Policía 
Local, lo que, a su vez, determina que la previsión normativa de cualquier otro tipo de 
asociación de municipios distinta de la prevista en la regulación estatal quede fuera de 
las competencias autonómicas y sea contraria al bloque de constitucionalidad. Tampoco, 
pese a lo que sostiene el Gobierno Foral, la creación de una entidad supramunicipal, 
fruto del libre asociacionismo municipal [STC 105/2019, de 19 de septiembre, FJ 5 a)], 
hace posible la atribución a esta de la facultad de disponer o de ordenar en su ámbito 
territorial  la  prestación  de  los  servicios  de  policía  local,  pues  con  ello  se  estaría 
alterando, de modo contrario al orden competencial, los supuestos establecidos por el 
Estado y los límites y condiciones impuestos por aquel para autorizar la mencionada 
prestación de los servicios de Policía Local.
Consecuentemente, el art. 11.7 de la Ley Foral 23/2018 es inconstitucional y nulo, y, 
por las mismas razones, también lo es el inciso «sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 11 párrafo 7 de esta ley foral» del art. 23.3, en cuanto que es corolario del 
anterior.
5.  Régimen  de  los  auxiliares  de  policía  local:  arts.  1.2  g)  y  24  de  la  Ley 
Foral 23/2018.
El Abogado del Estado ha impugnado la regulación de los auxiliares de Policía Local 
del art. 24 y la definición de tales auxiliares del art. 1.2 g).
El art. 1.2 g) define, a los efectos de la Ley Foral 23/2018, al auxiliar de policía local 
como  aquel  «personal  contratado  temporalmente  en  régimen  administrativo  por  las 
entidades locales de Navarra que dispongan de Policía Local para el apoyo del personal 
de la misma por causas de absentismo, la provisión temporal de las vacantes existentes 
en sus respectivas plantillas orgánicas o la atención de necesidades relacionadas con la 
seguridad pública cuando no sea suficiente el personal fijo para hacer frente a las 
mismas». e
Por su parte, el art. 24 regula la figura de los auxiliares de policía local en los  bo
siguientes términos: w
otra«s 1e. n Llaass  eqnuteid andoe se xliosctiaelnedso  dpeo Nlicaívaa rlorac aql uees tdéi spproenvgisatna  dseu  pcorelicaícaió lno,c aals, í oc oamquoe lllaass   2020-1122n https://w
asociaciones  previstas  en  el  artículo  11  de  esta  Ley  Foral,  podrán  contratar
temporalmente  personal  en  régimen  administrativo  que  recibirá  la  denominación  de
auxiliar de Policía Local, para la efectividad del desempeño de sus funciones, cuando 
estas se vean afectadas por absentismo u otras causas de ausencia temporal, por la 
provisión de vacantes o por necesidades excepcionales o eventuales relacionadas con la 
seguridad pública.
Igualmente, las entidades locales o asociaciones que no dispongan de Policía Local 
podrán contratar excepcionalmente auxiliares de Policía Local para el apoyo y cobertura 
de vacantes de los servicios de Policía Local a los que se refiere el artículo siguiente. 
Dicha contratación requerirá de la previa autorización por parte del Gobierno de Navarra, 
a través del departamento competente en materia de Interior. En ningún caso podrá 
realizarse tal contratación si no existe un servicio de Policía Local en la entidad local de 
que se trate.
2.  Los auxiliares de Policía Local realizarán tareas de apoyo al personal integrante 
de la policía local correspondiente, actuando bajo su dirección.
Sólo  podrán  ejercer  funciones  de  custodia  y  vigilancia  de  bienes,  servicios  e 
instalaciones y dependencias oficiales, ordenación del tráfico viario de acuerdo con las 
normas de circulación, colaboración y auxilio al personal de las Policías Locales o de los 
servicios de Policía Local en sus funciones de seguridad ciudadana, protección civil y 
asistencia a la ciudadanía, así como colaborar y auxiliar en el cumplimiento de normas 
de carácter administrativo, teniendo a los efectos anteriores la consideración de agentes 
de la autoridad.
3.  Los auxiliares de policía local portarán los distintivos que permitan su debida 
identificación y acreditarán su condición mediante la correspondiente documentación.
En ningún caso portarán armas de fuego.
4.  No podrá contratarse como auxiliar de Policía Local a quien, con anterioridad a la 
contratación, no haya obtenido de la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra 
una habilitación de auxiliar de Policía Local expedida al efecto.
La Escuela de Seguridad y Emergencias solo concederá dicha habilitación a quienes 
superen las pruebas que se establezcan. La obtención de la habilitación podrá tener 
lugar con motivo de convocatorias públicas específicas realizadas periódicamente por la 
Dirección General de Interior o en el trascurso del procedimiento selectivo que promueva 
la entidad local.
En los procedimientos de selección por la entidad local los aspirantes deberán 
superar, como requisito, un examen de aptitud física, conocimientos técnicos y jurídicos 
generales y, en caso de preverse, pruebas psicotécnicas apropiadas.
5.  Cuando la contratación de un auxiliar de policía local venga motivada por la 
existencia de una vacante de policía local en la plantilla orgánica, la entidad local deberá 
convocar dicha plaza para su provisión definitiva en el plazo máximo de dos años desde 
que hubiera tenido lugar la contratación.
6.  El régimen aplicable al personal a que se refiere este artículo será el establecido 
en el estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para 
el personal contratado en régimen administrativo, con las salvedades establecidas en 
esta ley foral.
A estos efectos, los auxiliares de Policía Local quedarán encuadrados en el nivel D 
de dicho Estatuto.»
La queja del Abogado del Estado se centra en que considera que ambos preceptos  o
disciplinan  un  régimen  de  contratación  temporal  de  funcionarios  interinos  para  w
pdcinoaednrsitrediecmicucitlpóaaenr.  ñ aadPlr eo a frru atn.ge ce9l in2oct neLoe BnsdtR repaL rr,oli aopp ,i laaaesun ltt oedráLeidne ladtardoa P sdqeoou  liuecdní ae ss le LuroPpíacua aercllsa,o tmoan  terdloanesrto i oi nq cudaoee n  lassNesti  taurnvecoaciorromrnanaa olsichd eaae, d sa tnamdeteagemladediásaos,t a , e llnoaa     OE-A-2020-1122able en https://w
vulneración  denunciada,  considerando  que  los  dos  preceptos  han  sido  dictados
conforme a las competencias relativas a la regulación del régimen estatutario de los 
funcionarios públicos atribuidas en el art. 49.1 b) LORAFNA, resultando aplicable el 
criterio definido por la STC 106/2019, de 19 de septiembre, respecto a los funcionarios 
interinos. El Letrado del Gobierno de Navarra ha señalado que el art. 92.3 LBRL no sería 
de  aplicación  a  Navarra,  dado  su  peculiar  régimen  en  materia  de  función  pública, 
indicando también que, en todo caso, la STC 106/2019 ha permitido que los funcionarios 
interinos puedan desempeñar tareas propias de la Policía Local.
Se plantea, por tanto, un supuesto de inconstitucionalidad mediata o indirecta por 
derivar la posible infracción, no de las prescripciones establecidas en la Constitución, 
sino  de  los  preceptos  básicos  estatales  dictados  en  su  aplicación.  Según  nuestra 
reiterada  doctrina  (STC  82/2017,  de  22  de  junio,  FJ  5),  para  que  dicha  infracción 
constitucional exista será necesaria la concurrencia de dos circunstancias: primera, que 
la norma estatal infringida por la ley autonómica sea una norma básica, en el doble 
sentido material y formal. Por tanto, dictada legítimamente al amparo del correspondiente 
título competencial que la Constitución haya reservado al Estado y, segunda, que la 
contradicción entre ambas normas, estatal y autonómica, sea efectiva e insalvable por 
vía interpretativa (STC 104/2018, de 4 de octubre, FJ 3, y las allí citadas).
El art. 92.3 LBRL dispone que «corresponde exclusivamente a los funcionarios de 
carrera al servicio de la administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la 
participación  directa  o  indirecta  en  el  ejercicio  de  las  potestades  públicas  o  en  la 
salvaguardia  de  los  intereses  generales.  Igualmente  son  funciones  públicas,  cuyo 
cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de 
autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los 
funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el 
ejercicio de la función».
El  carácter  formal  y  materialmente  básico  del  art.  92.3  LBRL  ha  quedado  ya 
establecido en la STC 106/2019, FJ 5, al que procede ahora remitirse. Lo que ha de 
decidirse ahora es si, atendiendo al régimen de distribución de competencias entre el 
Estado y la Comunidad Foral de Navarra en materia de función pública, el art. 92.3 
LBRL, además de tener carácter básico, vincula a Navarra conforme al artículo 49.1 b) 
LORAFNA. Precepto del que resulta que las bases en materia de función pública no 
rigen en toda su extensión en Navarra, sino solo lo que se refiere a «los derechos y 
obligaciones  esenciales  que  la  legislación  básica  del  Estado  reconozca  a  los 
funcionarios».  En  cuanto  a  su  ámbito  de  aplicación,  esta  competencia  peculiar  de 
Navarra se proyecta tanto sobre los funcionarios de la administración foral como sobre 
los funcionarios de las Administraciones Locales de Navarra (STC 111/2014, de 26 de 
junio, FJ 2).
El límite que para las competencias de la Comunidad Foral en materia de función 
pública  constituye  el  respeto  de  los  derechos  y  obligaciones  esenciales  de  los 
funcionarios ha de concretarse por relación al análisis particularizado de las normas que 
los prevean. Con carácter general se trata de las situaciones jurídicas caracterizadoras 
del propio modelo de régimen estatutario de los funcionarios y sin las cuales no sería 
reconocible ese estatuto (STC 154/2017, FJ 8). Así, la STC 141/2013, de 11 de julio, 
FJ 6, cita como derechos esenciales de los funcionarios públicos los de retribución, de 
acceso a la función pública y de movilidad. La STC 111/2014, FFJJ 3 y 5, considera que 
la nota común a las distintas modalidades de acceso a la función pública es la exigencia 
de superación de un proceso selectivo y la consiguiente proscripción de la integración 
automática, pues se trata de una cuestión que conecta con el derecho fundamental de  s
acceso  en  condiciones  de  igualdad  a  las  funciones  públicas  y  con  los  principios  oe.
constitucionales que deben integrarlo. Lo mismo sucede con el requisito de la posesión  w.
dcqoeum el aps eetit teiun lcaaalc rilóedngin isabl aaesdnto alran e trese tgpauatalrala,c  yieóaln  a qdcuece e losdose  fdiyne epr eruocnmhaoo sdc eiyó  nloa bsel ingn aoectla ioásnm cebasir tadoce td eleor íssla tfi ucfnaucsni codinóeanl r sipoisústb eqlmiucaea    2020-1122n https://w
de función pública (STC 154/2017, FJ 8).
El art. 92.3 LBRL contiene una reserva legal respecto a que concretos puestos en la 
administración local han de ser desempeñados por funcionarios con lo que, mediante 
dicha  reserva  al  personal  funcionario,  contribuye  a  la  determinación  de  los  rasgos 
definitorios de los distintos tipos de personal al servicio de las administraciones públicas 
(STC 156/2013, de 23 de septiembre, FJ 4) y a las atribuciones que corresponden a 
cada uno de esos tipos de personal. Define así uno de los rasgos del modelo de función 
pública dirigido a asegurar los intereses generales, en tanto que vincula el ejercicio de 
funciones de autoridad con el estatuto funcionarial. Es trasunto de la norma general del 
texto  refundido  de  la  Ley  del  estatuto  básico  del  empleado  público  que  reserva 
«exclusivamente» y «en todo caso» a los «funcionarios públicos» «el ejercicio de las 
funciones  que  impliquen  la  participación  directa  o  indirecta  en  el  ejercicio  de  las 
potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las 
administraciones públicas» (art. 9.2), norma considerada materialmente básica en la 
STC 236/2015, de 19 de noviembre, FJ 5. Por tanto, es forzoso concluir que, dado su 
contenido, el art. 92.3 LBRL, ha de ser respetado por la Comunidad Foral de Navarra en 
el ejercicio de sus competencias en materia de función pública.
Señalado todo lo anterior, podemos ya resolver la queja planteada por el Abogado 
del Estado que ha apreciado una doble contradicción de los arts. 1.2 g) y 24 de la Ley 
Foral 23/2018 con el art. 92.3 LBRL. La primera contradicción entre este precepto y los 
autonómicos es la relativa a la reserva a los funcionarios de carrera de las funciones 
propias de la Policía Local, con la exclusión de los auxiliares a los que considera 
funcionarios interinos. La segunda se refiere a la atribución de la condición de agentes 
de la autoridad a tales auxiliares.
Esta primera queja se basa en el entendimiento de que en el art. 92.3 LBRL existe 
una reserva absoluta de determinadas funciones al personal que tenga la condición de 
funcionario «de carrera», con exclusión de los interinos, lo que impediría que estos 
últimos asumieran las tareas propias de la Policía Local. Los miembros de la Policía 
Local  son  «necesariamente  funcionarios  públicos  de  la  administración  municipal» 
(STC 175/2011, de 8 de noviembre, FJ 4, reiterado en STC 154/2017, FJ 3) y «agentes 
de  la  autoridad  que  desempeñan  especiales  funciones  y  ostentan  específicas 
atribuciones al participar del ejercicio de la autoridad» (SSTC 175/2011, FJ 4; 200/2015, 
de 24 de septiembre, FJ 3, y 154/2017, FJ 3).
La queja así formulada podría ser desestimada por remisión a la doctrina de la 
STC 106/2019. De hecho, es lo que han sostenido las representaciones procesales del 
Gobierno  y  del  Parlamento  de  Navarra.  Dicha  sentencia  resuelve  una  cuestión  de 
inconstitucionalidad  planteada  respecto  a  normas  autonómicas  que  regulaban  el 
procedimiento de selección y nombramiento de funcionarios interinos para el desempeño 
de las funciones de Policía Local, normas que el órgano judicial que planteó la cuestión 
entendía contrarias al art. 92.3 LBRL y, a su través, al art. 149.1.18 CE. Conforme a la 
mencionada STC 106/2019 la expresión «funcionarios de carrera» que utiliza el precepto 
estatal  «puede  explicarse  sistemáticamente  por  la  equiparación  general  de  los 
‘funcionarios de carrera’ con los funcionarios públicos, sin excluir a los interinos», lo que 
llevó  a  concluir  que  la  contradicción  entre  la  norma  estatal  de  contraste  y  las 
disposiciones  autonómicas  cuestionadas  no  era  efectiva  e  insalvable  por  vía 
interpretativa (FJ 9).
Sin embargo, el caso aquí planteado no se refiere al nombramiento de agentes de la 
Policía Local en régimen de interinidad para la cobertura de plazas vacantes, sino que 
presenta diferencias con el resuelto en la citada STC 106/2019 en, al menos, dos  s
aspectos, ya que los auxiliares no se integran en el cuerpo de policía local, ni la norma  oe.
les atribuye la condición de funcionarios. w.
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auxiliares de Policía Local, los cuales, por tanto, no son nombrados para el desempeño 
de funciones propias de los funcionarios de carrera. El art. 24 no regula el desempeño 
por estos auxiliares de policía de las funciones propias de Policía Local. Se trata, según 
el art. 24.2, de tareas de apoyo y asistencia al personal integrante de la Policía Local 
correspondiente, actuando bajo su dirección. Sus funciones no son las propias de la 
Policía Local previstas en el art. 51 LOFCS y en el art. 23 de la propia Ley Foral 23/2018, 
sino que se limitan a las que se enumeran, como tareas de apoyo, en el ya citado 
art. 24.2 («funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones y 
dependencias oficiales, ordenación del tráfico viario de acuerdo con las normas de 
circulación, colaboración y auxilio al personal de las Policías Locales o de los servicios 
de Policía Local en sus funciones de seguridad ciudadana, protección civil y asistencia a 
la ciudadanía, así como colaborar y auxiliar en el cumplimiento de normas de carácter 
administrativo»).
El segundo aspecto que distingue este caso del resuelto en la STC 106/2019 es que, 
a diferencia de lo que sucede en otras normas autonómicas que prevén figuras similares 
(por ejemplo, art. 117 bis de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policías del País Vasco o 
art. 24 de la Ley 2/2007 de 23 de marzo, de Policías Locales de Asturias) a tales 
auxiliares no les atribuye la Ley Foral 23/2018 la condición de funcionarios interinos 
(como sucede también, por ejemplo, en el art. 8 de la Ley 5/2000, de 15 de diciembre, de 
poliCías Locales de Cantabria o en el art. 95 de la Ley 4/2007, de 20 de abril, de 
coordinación de Policías Locales de Galicia), pues, de hecho, esa figura no existe en la 
legislación navarra de función pública.
Conforme a los arts. 1.2 g), que reitera en este punto la definición del art. 2 g) de la 
derogada Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las policías de Navarra, y 24.1, se trata 
de  personal  contratado  temporalmente  en  régimen  administrativo,  figura  que  en  la 
legislación navarra recibe un tratamiento específico y diferenciado de la del funcionario 
público. Según el art. 3 del texto refundido del estatuto del personal al servicio de las 
administraciones públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, 
de 30 de agosto, el personal al servicio de las administraciones públicas de Navarra 
estará integrado por funcionarios públicos, personal eventual y personal contratado, el 
cual puede serlo en régimen administrativo o laboral. En el mismo sentido se pronuncia 
el art. 233 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la administración local de Navarra. El 
mencionado estatuto del personal al servicio de las administraciones públicas de Navarra 
regula en sus aspectos básicos el personal contratado en régimen administrativo en el 
capítulo  I  del  título  IV,  determinando  en  su  art.  88  los  casos  en  los  que  las 
administraciones  públicas  de  Navarra  pueden  contratar  personal  en  régimen 
administrativo, uno de los cuales es «la sustitución del personal y la provisión temporal 
de las vacantes existentes en sus respectivas plantillas orgánicas» [apartado b)]. Por su 
parte, el art. 93 señala que el personal contratado en régimen administrativo se regirá 
por  las  disposiciones  que  se  dicten  reglamentariamente  (en  la  actualidad,  Decreto 
Foral 68/2009, de 28 de septiembre, por el que se regula la contratación de personal en 
régimen administrativo en las administraciones públicas de Navarra) y por lo establecido 
en el correspondiente contrato.
Dado que, según la doctrina constitucional, el art. 92.3 LBRL incluye en su ámbito de 
aplicación a los funcionarios interinos y teniendo en cuenta que ambos preceptos de la 
Ley Foral 23/2018 hacen referencia a personal contratado temporalmente en régimen 
administrativo para desempeñar tareas de apoyo a la Policía Local y no a funcionarios 
interinos,  es  forzoso  concluir  que  los  auxiliares  de  policía  previstos  en  la  Ley  s
Foral 23/2018 no tienen, conforme a la legislación navarra, la condición de funcionarios,  oe.
sino la que les atribuye la Ley Foral 23/2018 en consonancia con el régimen navarro de  w.
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interinos,  no  se  ven  afectados  por  la  reserva  a  los  funcionarios  al  servicio  de  la 
administración local de las tareas propias de la Policía Local que se deriva del art. 92.3 
LBRL,  tal  como  se  ha  interpretado  en  la  STC  106/2019.  De  este  modo  no  existe 
contradicción en este aspecto entre el art. 92 LBRL y las normas ahora impugnadas, por 
lo que esta primera queja debe ser desestimada.
Distinta suerte ha de correr la segunda tacha que plantea el Abogado del Estado, 
centrada en la contradicción con el art. 92.3 LBRL que deriva de la atribución a los 
auxiliares de policía de la condición de agentes de la autoridad. Nuestra doctrina ha 
admitido que la legislación administrativa sectorial pueda atribuir la condición de agente 
de la autoridad (STC 90/2018, de 6 de septiembre, FJ 4). Pero sucede que, en este 
punto,  la  norma  estatal  es  clara  en  el  sentido  de  considerar  funciones  públicas 
reservadas  a  funcionarios  aquellas  que,  en  el  ámbito  local,  impliquen  ejercicio  de 
autoridad y, consecuentemente, limita la condición de agente de la autoridad a los 
funcionarios al servicio de la administración local, entre los que, según el art. 1.2 b) de la 
propia Ley Foral 23/2018, se encuentran los Policías Locales. El art. 24.2 de la Ley Foral, 
tras enumerar las funciones de estos auxiliares, les atribuye la condición de agentes de 
la autoridad, con lo que no se ajusta a dicha limitación. Dado que ya ha quedado 
establecido que no se trata de funcionarios públicos no es posible que se les atribuya, en 
el ejercicio de sus tareas de asistencia a la policía local, la condición de agente de la 
autoridad.  Se  incurre  así  en  una  contradicción  insalvable  por  vía  interpretativa 
determinante de la inconstitucionalidad y nulidad del inciso «teniendo a los efectos 
anteriores  la  consideración  de  agentes  de  la  autoridad»  del  art.  24.2  de  la  Ley 
Foral 23/2018.
6.  Examen del art. 27.1 de la Ley Foral 23/2018.
El último de los preceptos controvertidos es el apartado 1 del art. 27 de la Ley 
Foral 23/2018, relativo a uniformes, distintivos, armas y credenciales, que, tras disponer 
que «el personal de las Policías Locales de Navarra vestirá de uniforme siempre que se 
halle de servicio», introduce la posibilidad de excepcionar esa regla general, ya que «El 
órgano competente de cada entidad local determinará motivadamente, en aquellos casos 
en que el servicio lo requiera, qué unidades o integrantes de la Policía Local podrán 
ejercer sus funciones sin vestir el uniforme».
El Abogado del Estado entiende que este último inciso del art. 27.1 es contrario a los 
arts. 52.3 y 41.3 LOFCS, de los que se deduce que no cabe que el órgano competente 
de cada entidad local determine los supuestos de dispensa de uniformidad. Se trata de 
una  función  que  la  propia  Ley  Orgánica  de  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  ha 
reservado a una autoridad estatal, tal como resulta de la STC 81/1993, de 8 de marzo. El 
Parlamento de Navarra entiende que la cuestión debe encuadrarse en la competencia 
autonómica  sobre  coordinación  de  las  Policías  Locales,  prevista  en  el  art.  51.1 
LORAFNA. El Letrado del Gobierno de Navarra indica que el art. 41.3 LOFCS no es 
aplicable a la Policía Foral, sin que la decisión acerca de la uniformidad incida en 
cuestión alguna relacionada con la seguridad pública.
El supuesto que ahora se plantea es muy similar al enjuiciado en la STC 81/1993, 
FJ 7, referido al art. 21 de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1989, de 8 de mayo, de 
coordinación  de  Policías  Locales,  el  cual,  después  de  establecer  que  «todos  los 
miembros de los cuerpos de la Policía Local vestirán el uniforme reglamentario cuando 
estén de servicio, salvo en los casos de dispensa previstos en la Ley de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, en cuyo supuesto deberán identificarse con el documento de  e
acreditación profesional», añadía, en su párrafo segundo, que «los casos de dispensa  bo
serán objeto de concreción por los respectivos alcaldes». w
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autoridad, por tanto, y no al alcalde, a quien le corresponde otorgar, excepcionalmente –
y de modo singular, pues–, las dispensas de uniformidad, sin que quepa distinguir aquí, 
según  parece  sugerir  la  representación  de  la  Junta  de  Andalucía,  entre  facultades 
normativas (las del Gobernador) y meramente ejecutivas (las de los Alcaldes), ya que, 
congruentemente con la excepcionalidad que sirve de presupuesto del ejercicio de la 
facultad conferida a la autoridad estatal, dicha facultad, como acto de autorización, 
pertenece claramente al segundo grupo. En consecuencia, el párrafo recurrido debe 
reputarse  de  contrario  a  la  Ley  Orgánica  de  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  y 
declararse inconstitucional y nulo».
La misma conclusión se debe alcanzar aquí. La excepción de uniformidad está 
prevista, para los miembros de la Policía Local, en el art. 52.3 LOFCS, que declara 
aplicable a esos cuerpos lo previsto para la Policía Autonómica, en el art. 41.3 LOFCS, 
con la salvedad de que la facultad de autorización que se atribuye a las juntas de 
seguridad corresponderá al «Gobernador Civil respectivo». De conformidad con ambas 
normas,  los  miembros  de  los  Cuerpos  de  Policía  Local  deben  vestir  el  uniforme 
reglamentario y la eventual excepción de uniformidad ha de ser otorgada por un órgano 
estatal y no por el Alcalde o el órgano competente de la entidad local. No cabe admitir el 
argumento del Letrado del Gobierno Foral relativa a la inaplicación en Navarra del 
art. 41.3 LOFCS, al que remite el art. 52.3 LOFCS, pues, a tenor de lo dispuesto en la 
disposición final tercera LOFCS, la no aplicación del art. 41.3 se refiere la Policía Foral 
de Navarra no a todas las Policías de Navarra, entre las que, además de la propia 
Policía  Foral,  se  encuentran,  conforme  a  la  propia  Ley  Foral  23/2018,  las  Policías 
Locales.
Por tanto, debe concluirse que el art. 27.1 de la Ley Foral 23/2018 contraviene lo 
dispuesto en el art. 52.3 en relación con el art. 41.3 LOFCS, siendo contrario al orden 
constitucional de distribución de competencias y, por tanto, inconstitucional y nulo.
7.  Improcedencia de pronunciamiento sobre la suspensión de los arts. 1.2 g) y 24 
de la Ley Foral 23/2018.
Finalmente,  a  propósito  de  las  solicitudes  de  levantamiento  de  la  suspensión 
acordada por providencia de 16 de septiembre de 2019 que han formulado el Gobierno y 
el Parlamento de Navarra, no procede entrar aquí a resolverlas puesto que, una vez 
realizado  el  enjuiciamiento  definitivo,  «carece  de  sentido  cualquier  pronunciamiento 
sobre el levantamiento o el mantenimiento de su suspensión» (STC 142/2017, de 12 de 
diciembre, FJ 6, y las que allí se citan).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente 
del Gobierno contra los arts. 1 [apartados l c) y 2 g)]; 11.7; 23.3; 24 y 27.1 de la Ley 
Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra, y, en consecuencia:
1.º  Declarar que el art. 11.7; el inciso «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 
párrafo 7 de esta Ley Foral» del art. 23.3; el inciso «teniendo a los efectos anteriores la  s
consideración de agentes de la autoridad» del art. 24.2 y el inciso «el órgano competente  e.
de cada entidad local determinará motivadamente, en aquellos casos en que el servicio  w.
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2.º  Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada  en  Madrid,  a  dieciocho  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve.–Juan  José 
González  Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Fernando  Valdés 
Dal-Ré.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José 
González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–
Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–María  Luisa  Balaguer 
Callejón.–Firmado y rubricado.
2020-1122n https://w