BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83 Jueves 26 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 27199
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4111 Sala Primera. Sentencia 26/2020, de 24 de febrero de 2020. Recursos de 
amparo  4657-2014  y  442-2015  (acumulados).  Promovidos  por  don 
Christopher  Frank  Carandini  Lee  respecto  de  los  autos  dictados  por  un 
juzgado  de  lo  mercantil  de  Burgos  en  procesos  de  ejecución  de  títulos 
judiciales y de revocación de título ejecutivo europeo. Vulneración de los 
derechos a la tutela judicial sin indefensión y a un proceso con todas las 
garantías: resoluciones judiciales que tienen por líquida un condena que no lo 
era y aplican inadecuadamente normativa de la Unión Europea.
ECLI:ES:TC:2020:26
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, y la magistrada doña 
María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
Los  recursos  de  amparo  acumulados  núms.  4657-2014  y  442-2015,  han  sido 
promovidos por don Christopher Frank Carandini Lee, representado por el procurador de 
los tribunales don Antonio Ortega Fuentes y defendido por los abogados don Andrés 
Reina  Agero  y  don  Alejandro  Jiménez  Miles.  El  demandante  en  amparo  ha  sido 
sucedido, a su fallecimiento, por su esposa doña Birgit Lee. El primero de los recursos 
fue interpuesto contra el auto de despacho de ejecución de 26 de octubre de 2009, del 
Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos, y contra el auto de 3 de junio de 2014, que 
desestimó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la primera resolución 
y resuelto por el mismo órgano judicial. El segundo recurso de amparo fue interpuesto 
contra el auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos, de 3 de junio de 2014, 
desestimatorio de la petición de revocación de la certificación de título ejecutivo europeo 
y contra el auto del mismo juzgado de 31 de julio de 2014, desestimatorio del recurso de 
reposición interpuesto frente al anterior. Ha sido parte en ambos procedimientos don 
Gerardo Moreno de la Hija. Han intervenido el ministerio fiscal y el abogado del Estado. 
Ha sido ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el 15 de julio de 2014, el procurador 
de los tribunales don Antonio Ortega Fuentes, en nombre y representación de don 
Christopher Frank Carandini Lee, interpuso recurso de amparo contra los autos del  s
Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos, de 26 de octubre de 2009 y de 3 de junio  oe.
de 2014, dictados en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 695-2009.  w.
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Primera con el núm. 442-2015, contra el auto de 3 de junio de 2014 del mismo juzgado,
desestimatorio de la petición de revocación de la certificación de título ejecutivo europeo,  Bc
y  contra  el  auto  de  31  de  julio  de  2014  desestimatorio  del  recurso  de  reposición 
interpuesto frente al anterior.
El recurrente en amparo falleció el 7 de junio de 2015. Por resolución de este 
tribunal, fechada el 1 de julio de 2015, se acordó la sustitución procesal del recurrente 
por su esposa, doña Birgit Lee.
2.  Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son los siguientes:
a)  El 6 de marzo de 2009, concluyó mediante sentencia estimatoria del Juzgado de 
lo Mercantil núm. 1 de Burgos, el procedimiento ordinario núm. 548-2007, en el que fue 
parte codemandada el recurrente en amparo, que no llegó a comparecer y fue juzgado 
en rebeldía.
La demanda de juicio ordinario fue interpuesta por don Gerardo Moreno de la Hija, 
para  reclamar  a  la  mercantil  The  Quaid  Project  Limited,  a  don  Christopher  Frank 
Carandini Lee y a don Juan Francisco Aneiros Rodríguez, como representante de la 
página web oficial de Christopher Lee, el pago de una indemnización por haber utilizado, 
para la difusión en DVD de la película «JINNAH: The Movie», una pintura realizada por él 
que pasó a formar parte del cartel de la película, sin contar con su permiso y sin haber 
pagado por la utilización de tal obra artística. Los tres codemandados tenían su domicilio 
en Londres, y tanto la mercantil The Quaid Project Limited, como el señor Carandini Lee, 
fueron  juzgados  sin  su  comparecencia,  tras  atestiguarse  como  imposible  el 
emplazamiento domiciliario y haberse formalizado notificación edictal. En su momento 
solo fue emplazado personalmente el señor Aneiros, en el domicilio fijado en un contrato 
suscrito previamente con el demandante.
El órgano judicial entendió que la explotación por los codemandados de la obra 
artística constituía una infracción de los derechos de exclusiva que ostentaba el señor 
Moreno de la Hija. El fallo de la sentencia exigía el pago de una indemnización por daños 
y perjuicios, atendiendo a la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado 
dicha  explotación  (art.  140  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  propiedad  intelectual, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), cuya cuantía habría de 
fijarse en el momento procesal oportuno, y una obligación de hacer [art. 705 de la Ley de 
enjuiciamiento civil (LEC)] consistente en la publicación de la sentencia en un periódico 
de tirada nacional, haciéndose constar que «don Gerardo Moreno de la Hija, es titular en 
exclusiva de los derechos de explotación sobre la obra «JINNAH», objeto de pintura y 
clase de obra artística, que la reproducción, distribución y comunicación de esa obra, 
llevada a cabo por los demandados, al incorporarla en su obra «JINNAH: The Movie» 
supone una infracción de los derechos de explotación en exclusiva que ostenta el señor 
Gerardo Moreno de la Hija».
b)  El 24 de septiembre de 2009, el demandante instó la ejecución del título judicial, 
siguiéndose el procedimiento correspondiente ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de 
Burgos, con el número de autos 695-2009. En la demanda de ejecución se contenía la 
pretensión de que se diese cumplimiento a la obligación de hacer y se determinase la 
liquidación de daños y perjuicios conforme a lo establecido en los arts. 713 y ss. LEC, 
solicitándose que se fijara en 710.000 € la indemnización, en aplicación de lo previsto en 
el art. 140 de la Ley de propiedad intelectual. El ejecutante expone sucintamente en su 
demanda que, teniendo en cuenta los canales de distribución y explotación de la obra y 
el precio actual de mercado de la misma, así como la valoración económica que se hizo 
en su día de los derechos de explotación de la película, 710.000 € es la cantidad que 
don Gerardo Moreno de la Hija habría solicitado como pago por su pintura. No se aporta  e
al  procedimiento  de  ejecución  ninguna  prueba  pericial  que  avale  tal  valoración,  bo
estrictamente subjetiva. w
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los tres demandados y en el plazo de treinta días, de la cantidad de 710.000 € de 
principal, a la que habría que sumar la liquidación posterior de intereses y costas.
c)  El 4 de diciembre de 2009, y con el objeto de notificar el auto de despacho de 
ejecución a quienes habían resultado condenados civilmente en ausencia, el juzgado 
dicta una providencia ordenando librar «comisión rogatoria» al Reino Unido, al amparo 
del Reglamento (CE) núm. 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado de documentos judiciales y 
extrajudiciales en materia civil o mercantil, entre los Estados miembros de la Unión 
Europea.  La  comisión  rogatoria  se  libra  en  relación  con  la  mercantil  ejecutada 
«Christopher  Lee  Web»,  representada  en  el  procedimiento  ordinario  por  don  Juan 
Francisco Aneiros Rodríguez.
Una providencia posterior, fechada el 29 de diciembre de 2009, ordena la notificación 
a los demandados, por correo certificado con acuse de recibo internacional, del auto 
despachando ejecución. En la «relación de certificados con acuse de recibo» fechados 
el 4 de enero de 2010 y presentes en los autos, se hace constar la remisión de las 
notificaciones a la mercantil «Christopher Lee Web» a través de su representante, en el 
domicilio designado por el ejecutante, y a la mercantil «The Quaid Project Ltd.», sin que 
conste que se elaborase comisión rogatoria alguna para ser notificada personalmente al 
recurrente en amparo, el señor Carandini Lee, ni que se enviase la notificación pertinente 
por  correo  certificado  con  acuse  de  recibo.  En  cualquier  caso,  ninguna  de  las 
notificaciones pudo ser cumplimentada en el domicilio designado por el demandante en 
la instancia judicial.
En  el  ínterin  el  demandante  instó  el  embargo  de  las  cuentas  corrientes  de  los 
ejecutados y de una finca, propiedad de don Juan Aneiros. Esta petición fue desestimada 
por providencia de 17 de febrero de 2010, entre otras razones por la falta de constancia 
expresa del resultado de la notificación del auto despachando la ejecución. El órgano 
judicial entendió entonces que los ejecutados podrían mostrar su disconformidad con la 
cuantía de la indemnización al no ser esta líquida, sino determinable en ejecución de 
sentencia según el procedimiento de los arts. 713 y ss. LEC.
d)  La representación procesal del ejecutante solicita la práctica de las notificaciones 
por medio de edictos, mediante escrito fechado el 4 de marzo de 2010, basándose en el 
desconocimiento  de  un  domicilio  de  los  ejecutados  donde  practicar  la  notificación 
personal, distinto del previamente notificado al juzgado. Una providencia de 26 de abril 
de 2010 estima la pretensión, y acuerda la notificación por edictos en el tablón de 
anuncios del juzgado, al no haber sido posible la notificación personal a las partes 
ejecutadas. La publicación se produce mediante edicto fechado el mismo 26 de abril 
de 2010.
El 6 de septiembre de 2010 se decreta el embargo de las cuentas corrientes de los 
demandados,  solicitando  información  respecto  de  las  mismas  a  distintas  entidades 
bancarias y concluyendo dicha diligencia de modo infructuoso, al no existir cuentas de 
los ejecutados en las entidades bancarias requeridas. Mediantes sendos autos, de 17 de 
septiembre de 2012 y de 18 de febrero de 2013, el juzgado aclara que el proceso de 
ejecución se dirige contra don Juan Francisco Aneiros Rodríguez, representante de la 
sociedad «Christopher Lee Web», contra la empresa «The Quaid Project Ltd» y contra el 
propio don Christopher Frank Carandini Lee, ascendiendo el importe de las costas 
a 213.000 €, que se suman a los 710.000 € en que se estimaron los daños y perjuicios 
sufridos por el ejecutante.
e)  Mediante escrito registrado el 15 de septiembre de 2010, el señor Moreno de la  s
Hija, solicitó, de un lado, que se emitiera mandamiento de embargo de un bien inmueble  oe.
propiedad del señor Aneiros y que se embargaran una serie de cuentas hasta cubrir el  w.
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créditos no impugnados. El juzgado procedió a dar orden de que se librase el certificado, 
mediante decreto fechado de 17 de noviembre de 2010, emitiéndose la certificación el 13 
de junio de 2011. El certificado del título ejecutivo europeo fue rectificado el 14 de 
octubre de 2013, por la concurrencia de algunos errores materiales en los nombres de 
los ejecutados.
f)  Habiendo tenido conocimiento extraprocesal del procedimiento de ejecución, a 
través de una carta que le dirigen los abogados del ejecutante, por mediación de un 
despacho situado en Londres y a una dirección que no había aparecido antes en el 
procedimiento, el señor Carandini Lee se personó ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 
de Burgos el 11 de febrero de 2014, solicitando ser parte en el procedimiento, y pidiendo 
copia de todo lo actuado. Su personación fue admitida por diligencia de ordenación 
de 13 de febrero de 2014, notificada el 18 del mismo mes y año, tras lo cual formuló dos 
incidentes de nulidad de actuaciones y una petición de revocación del título ejecutivo 
europeo.
g)  El primer incidente de nulidad de actuaciones, denunciando la vulneración del 
art.  24  CE,  solicitaba  la  nulidad  de  lo  actuado  en  el  procedimiento  declarativo 
núm. 548-2007, desde que se ordenó la notificación edictal del mismo, al entender el 
actuante que se había producido una irregularidad en las notificaciones realizadas en el 
procedimiento. El incidente será desestimado por auto del Juzgado de lo Mercantil 
núm. 1 de Burgos, de 22 de mayo de 2014. Frente a la sentencia de instancia dimanante 
del procedimiento declarativo ordinario y el auto resolutorio del incidente de nulidad se 
planteó, en su día, el recurso de amparo núm. 4306-2014, del que conocería la Sala 
Primera del Tribunal Constitucional. El recurso sería inadmitido por providencia de 25 de 
febrero de 2015, dada la manifiesta inexistencia en el proceso de fondo de violación de 
un derecho fundamental tutelable en amparo ex art. 44.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC).
h)  Simultáneamente, se planteó un segundo incidente de nulidad de actuaciones, 
esta vez contra el auto del despacho de ejecución, fechado el 26 de octubre de 2009, 
poniendo de manifiesto los vicios en la notificación del auto, y la falta de audiencia del 
interesado en la determinación del importe de los daños y perjuicios a cuyo pago fue 
condenado,  denunciando  la  indefensión  formal  y  material  sufrida,  y,  por  tanto,  la 
«vulneración  del  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva  que  proclama  el 
art. 24 CE en su vertiente de contar con un proceso con todas las garantías». El Juzgado 
de lo Mercantil núm. 1 de Burgos, desestimó el incidente de nulidad mediante auto de 3 
de junio de 2014. En el fundamento jurídico 2 de su resolución, el juzgador de instancia 
evoca los trámites de notificación seguidos en el curso del procedimiento ordinario 
núm. 548-2007, mientras que en el fundamento jurídico 3, justifica en aplicación del 
art. 140 de la Ley de propiedad intelectual, la fijación de la cuantía indemnizatoria 
concreta, negando la nulidad por infracción de los arts. 712 y ss. LEC (sic). Por último, el 
órgano judicial de instancia niega la nulidad de actuaciones basada en la infracción de 
los  arts.  155  y  ss.  LEC  por  no  haberse  notificado  las  resoluciones  dictadas  en  el 
procedimiento al demandado, amparándose en que la parte demandada fue declarada 
en rebeldía en el procedimiento declarativo, después de varios intentos infructuosos de 
efectuar su llamamiento personal al proceso, por lo que se acordó la notificación edictal, 
habiéndose  desarrollado  posteriormente,  en  el  procedimiento  de  ejecución,  varios 
intentos de notificación. Frente a esta resolución, y la que cuestiona el incidente, se 
plantea el recurso de amparo núm. 4657-2014.
i)  Junto  a  los  dos  incidentes  de  nulidad  referidos,  en  el  momento  en  que  el  s
recurrente en amparo se personó en el procedimiento de ejecución, planteó asimismo la  oe.
revocación del certificado de título ejecutivo europeo en aplicación del art. 10.1 b) del  w.
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título ejecutivo europeo, porque no lleva aparejada la ejecución en sí misma, tratándose 
de una diligencia más del procedimiento de ejecución, y no de un título ejecutivo per se; 
b) que la certificación no cabría en ningún caso, por cuanto el auto que despachaba la 
ejecución fue notificado mediante edictos, y ello no respetaría las normas mínimas sobre 
notificación  aplicables  al  procedimiento  en  que  se  ha  dictado  la  resolución  cuya 
certificación  como  título  ejecutivo  europeo  se  solicita.  Según  el  Reglamento  (CE) 
núm. 805/2004, para que un crédito se tenga por no impugnado y pueda solicitarse la 
certificación del título ejecutivo europeo, debe haber sido posible la impugnación, lo que 
presupone  el  conocimiento  de  la  causa,  y  exige,  según  esta  parte,  la  notificación 
personal tal y como se deduce de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión, de 15 
de marzo de 2012, en el asunto C-292/10, en la que se afirma que una sentencia en 
rebeldía, dictada cuando no es posible determinar el domicilio del demandado, no puede 
ser certificada como título ejecutivo europeo.
La revocación fue denegada por auto de 3 de junio de 2014, en la misma fecha en 
que se dictaron los autos desestimatorios de los incidentes de nulidad de actuaciones 
interpuestos. En el fundamento jurídico 2 se sostiene que el recurso es extemporáneo al 
haber solicitado la revocación el 21 de febrero de 2014, excedido el plazo de cinco días 
computable desde la presentación del escrito de personación. Dicho lo anterior, a efectos 
meramente dialécticos, el órgano judicial responde al argumento relativo a la falta de 
carácter ejecutivo del auto de despacho de la ejecución afirmando que «es presupuesto 
fundamental la existencia de un título ejecutivo objeto de ejecución, sin que se pueda 
dictar  resolución  despachando  ejecución  ante  su  inexistencia,  de  ello  se  deriva  la 
importancia de su existencia sin que el juez extranjero al que se le pide su ejecución 
pueda analizar el fondo del mismo, sino solo examinar la concurrencia o no de sus 
requisitos formales para dar cumplimento al requerimiento de ejecución». A lo que añade 
que la notificación edictal se ha realizado conforme a lo establecido en la Ley de 
enjuiciamiento civil, por lo que no concurren los defectos invocados para la revocación.
Frente al auto de 3 de junio de 2014 se interpuso recurso de reposición sobre la base 
de tres argumentos: i) existe un error del juzgador a la hora de computar el plazo de 
presentación de la reposición, que debiera observar como dies a quo el de la aceptación 
de la personación en el procedimiento, es decir el 18 de febrero de 2018, fecha en que se 
da acceso a las actuaciones; ii) concurre falta de motivación del auto respecto de las 
consideraciones relativas a la imposibilidad de certificar como título ejecutivo europeo un 
auto de despacho de ejecución, al carecer este de fuerza como título ejecutivo y iii) se da 
una infracción del Reglamento 805/2004, en particular los arts. 3, 6, 10.1 b), 12 y 14, por 
haberse  certificado  como  título  ejecutivo  europeo  un  auto  que  no  se  notificó 
personalmente, sino por edictos. El recurso de reposición fue desestimado por auto de 31 
de julio de 2014. El órgano judicial entiende que, contra el auto desestimatorio de la 
revocación no cabe recurso alguno, de conformidad con el art. 10.4 del Reglamento (CE) 
núm. 805/2004, y reitera todos los razonamientos jurídicos de la resolución recurrida.
En la medida en que las cuestiones planteadas por la parte recurrente quedaban, a 
su juicio, sin resolver, se solicitó aclaración frente al auto desestimatorio de la reposición, 
en lo que se refería al pie de recurso que negaba la posibilidad de contestar el auto en 
apelación. La solicitud de aclaración fue rechazada, confirmándose la inimpugnabilidad 
del auto de 31 de julio de 2014, mediante auto de 24 de septiembre de 2014. Acto 
seguido se planteó incidente excepcional de nulidad de actuaciones al amparo del 
art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, imputando al auto de 3 de junio de 2014 
la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho a la  s
motivación de las resoluciones judiciales y a obtener una resolución fundada en derecho,  oe.
en relación con la falta de respuesta a la cuestión de la imposibilidad de certificar como  w.
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reglamento, esto es, la notificación personal. El incidente de nulidad fue resuelto por auto 
desestimatorio de 2 de diciembre de 2014.
j)  La parte ejecutante solicitó mejora del embargo sobre el domicilio personal del 
recurrente en amparo en Londres, siendo denegada esta por decreto fechado el 18 de 
noviembre de 2014, alegando que órganos judiciales de un Estado miembros de la Unión 
Europea no puede tomar medidas en materia civil y mercantil sobre bienes que se 
encuentran fuera de su jurisdicción.
3.  La demanda del recurso de amparo núm. 4657-2014, planteada contra el auto 
que despachaba la ejecución, y el subsiguiente desestimatorio del incidente de nulidad 
de  actuaciones,  cuya  anulación  se  solicita,  se  fundamenta  en  la  denuncia  de  la 
vulneración del art. 24.1 CE en varias de sus vertientes.
a)  En primer lugar se denuncia la vulneración del art. 24.1 CE (sic) en la dimensión 
del derecho a un proceso con todas las garantías y a ser oído en el proceso, por la 
ausencia  de  notificación  personal  del  auto  de  despacho  de  la  ejecución  en  el 
procedimiento de ejecución de título judicial núm. 695-2009. El recurrente en amparo 
alega que el juzgado procedió a la notificación edictal sin intentar la notificación personal 
pues, a diferencia de lo que ocurrió con el resto de demandados, no solicitó la práctica 
de comisión rogatoria para él y no consta en autos el intento de notificación por vía 
postal.  Insiste  esta  parte  en  que  el  juzgado  declaró  al  recurrente  en  paradero 
desconocido sin realizar intento de notificación personal alguno, y sin realizar la más 
mínima  diligencia  de  averiguación  del  domicilio,  tal  y  como  exige  la  doctrina 
constitucional (con cita de las SSTC 232/1988, de 2 de diciembre; 110/1989, de 12 de 
junio; 134/1995, de 25 de septiembre; 49/1997, de 11 de marzo; 100/1997, de 20 de 
mayo; 158/2001, de 2 de julio; 138/2003, de 14 de julio; 304/2006, de 23 de octubre; 
162/2007, de 2 de julio; 212/2007 de 8 de octubre; 2/2008 de 14 de enero, y 168/2008 
de 15 de diciembre, entre otras) puesto que su dirección es pública y no ha cambiado 
desde el año 2002, tal y como se comprueba tras una sencilla búsqueda por internet y 
por el equivalente en Londres de la guía telefónica, constando asimismo su dirección en 
el censo electoral. Alega la parte que, además, el señor Carandini Lee es un personaje 
público, conocido por el nombre artístico de Christopher Lee, de modo que una mínima 
diligencia del juzgado, y el cumplimiento del deber de lealtad y colaboración de la 
contraparte para asegurar el emplazamiento, hubieran permitido identificar su paradero 
en las fechas en que dice haberse intentado la notificación personal.
Se  argumenta,  además,  que  el  ejecutante  ha  actuado  con  mala  fe,  porque  el 
despacho de abogados encargado de promover la ejecución en Londres contactó con el 
señor Carandini Lee mediante comunicación postal en su correcta dirección personal, en 
cuanto se libró el certificado del título ejecutivo europeo. Y, en cualquier caso, se pone de 
manifiesto que en el cumplimiento del deber de notificación el tribunal no puede limitarse 
a un seguimiento mecánico de la indicación de la parte actora, sino que debe agotar las 
posibilidades de localización que quepa deducir del contenido de las actuaciones del 
procedimiento, lo que incluye dirigirse a los organismos oficiales y registros públicos que 
sea previsible que dispongan de datos efectivos para la localización de la parte. Insiste la 
demanda en que el auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones se limita 
a reafirmar la corrección de los actos procesales practicados, argumentando respecto de 
las notificaciones realizadas en el procedimiento declarativo, y no en relación con las 
notificaciones propias del procedimiento de ejecución, quebrando con ello la tutela y 
garantía de los derechos fundamentales del recurrente. e
b)  Se denuncia también la vulneración del art. 24.1 CE (sic), derecho a la tutela  bo
judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías y a los recursos previstos  w
ldeeg ajulmneion; te6 /(1c9o9n0 c, itdae,  e1n8tr ed eo treanse, rdoe;  l1a4s5 S/1S9T9C0,  1d5e5 /119 8d8e  doec t2u2b rdee;  yju l5io4; /2100190/1, 9d8e9 , 4d ed 8e   2020-4111n https://w
oqcuteu bhraeb),r íae nd ererilvaacdióon  laco lne sliaó nv iodlea cloiósn p drien claipsio nso drme acso ndtera pdriocccieódni,m aieundtioe,n cviual nee rigauciaólnd adde  dlea 
armas, ya que la determinación del importe de los daños y perjuicios se efectuó sin
intervención  de  los  ejecutados,  y  sin  procedimiento  alguno,  dándose  por  buena  la 
cuantía indemnizatoria solicitada por la parte ejecutante en la demanda ejecutiva, y 
transformando de hecho el procedimiento de fijación de daños y perjuicios interesado por 
la parte ejecutante en aplicación de los arts. 713 y ss. LEC, en un procedimiento de 
ejecución dineraria de una cantidad líquida con arreglo a lo dispuesto en el art. 571 LEC.
El  recurrente  alega  que  el  juzgado  prescindió  de  las  normas  esenciales  del 
procedimiento, al estimar la solicitud del ejecutante de concretar la indemnización por 
daños y perjuicios en la cantidad de 710.000 €, encauzándola como ejecución dineraria 
de  cantidad  determinada  y  líquida  (art.  571  LEC),  en  lugar  de  abrir  el  preceptivo 
procedimiento  incidental  (arts.  713  y  ss.  LEC).  El  recurrente  afirma  que  el  propio 
ejecutante interesa en la demanda ejecutiva que se proceda conforme al procedimiento 
de liquidación de daños y perjuicios. También se indica que la providencia de 17 de 
febrero de 2010 señalaba el carácter determinable y no líquido de la deuda reclamada. A 
pesar de todo ello, la ejecución se ha seguido por un cauce procesal inadecuado, 
limitando las posibilidades de defensa del recurrente. De un lado, porque nunca se le dio 
trámite  para  personarse  y  participar  en  el  procedimiento  de  fijación  de  la  cuantía 
indemnizatoria, y de otro, porque el procedimiento del art. 713 LEC se sigue por los 
trámites del juicio verbal (art. 715 LEC) y, por tanto, admite apelación (art. 716 LEC). El 
recurrente insiste en que el error de procedimiento, en este caso, ha generado una 
manifiesta indefensión material y formal, porque se ha dado paso a un procedimiento de 
ejecución dineraria que solo hubiera sido posible una vez quedaran judicialmente fijados 
los daños y perjuicios reclamados, y solo tras un procedimiento contradictorio que no ha 
tenido lugar. Se considera que el trámite de oposición al despacho de ejecución no 
puede equipararse al incidente de fijación de daños y perjuicios que se tramita por los 
cauces del juicio verbal porque los medios de prueba que pueden emplearse en uno y 
otro caso no son equiparables, como no lo son las causas de oposición de la parte 
ejecutada, además de que la oposición al despacho de ejecución no la suspende.
c)  En estrecha relación con las alegaciones previas, y en tercer lugar, se denuncia 
la  vulneración  del  art.  24.1  CE,  en  su  vertiente  del  derecho  a  la  inmutabilidad  e 
intangibilidad de las sentencias firmes y a la ejecución de las resoluciones judiciales en 
sus propios términos, y ello en la medida en que el recurrente alega que el juzgado ha 
distorsionado el fallo de la sentencia ejecutada, que condenaba al pago de daños y 
perjuicios cuya cantidad se fijaría en el momento procesal oportuno, actuando el juzgado 
como si la cantidad propuesta por el ejecutante fuera líquida, y determinada por el título 
ejecutable cuando, de hecho, no lo era (con invocación de las SSTC 189/1990, de 26 de 
noviembre; 83/2001, de 26 de marzo, y 116/2003, de 16 de junio).
d)  Por último, en lo que hace a los argumentos de fondo, se invoca el art. 24.1 CE 
(sic) en su vertiente del derecho a un proceso con todas las garantías y a los recursos 
previstos legalmente, al imputar al auto desestimatorio del incidente de nulidad un error 
judicial patente con relevancia constitucional (con referencia a las SSTC 221/2007, de 8 
de  octubre;  4/2008,  de  21  y  de  enero,  y  21/2008,  de  31  de  enero).  Ese  error, 
determinante de la decisión adoptada, atribuible al órgano judicial de manera exclusiva, 
patente y de carácter eminentemente fáctico y causante de efectos negativos en la 
esfera  del  ciudadano,  se  vincula  al  hecho  de  que  el  auto:  i)  descarta  los  vicios 
denunciados  respecto  de  las  notificaciones  en  el  procedimiento  de  ejecución,  con 
argumentos relativos a la corrección de las notificaciones en el procedimiento declarativo 
efectuadas en relación con otro codemandado; ii) afirma que se ha dirigido comisión 
rogatoria a nombre del recurrente, cuando esta afirmación es errónea; y iii) descarta la  s
violación de normas esenciales del procedimiento por no haber acudido al procedimiento  oe.
de los arts. 713 y ss. LEC afirmando que la cuantía indemnizatoria tiene su fundamento  w.
epelen cr ejauls icaoiro td.s e,1  e4hn0a  bfdueenr  claaióu Lntoe rdyize da leda o pr erlaom peuiexnpdelaroadtac iicnóitónen lqe udceetu  apsulu,  dqoieubreraa  p.h eEarsbmteaitr e ap fleiarrm cfiiajbacicdióioón ne s ld edereí atma elaernsród dnaaenñateo p seo nyr    2020-4111n https://w
dsuisppoonseicri oenl erse cpurorscoe saa leusn.a norma material frente a la alegación de incumplimiento de  BOE-A-cable e
e)  La demanda de amparo justifica la especial trascendencia del recurso de amparo 
alegando el incumplimiento, por parte del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos, de 
su  obligación  de  respeto  a  la  jurisprudencia  constitucional,  que  establece  sus 
obligaciones en relación con la resolución del incidente de nulidad de actuaciones, al 
haberse limitado a resolver el incidente de nulidad reafirmando la validez de los actos 
procesales cuya irregularidad se denuncia, incumpliendo, además, la finalidad atribuida 
al incidente de nulidad por el legislador que aprobó la Ley Orgánica 6/2007 (con cita de 
la STC 53/2012, de 16 de julio).
f)  En última instancia, y mediante otrosí digo, el recurrente solicita la suspensión 
parcial de la ejecución de título judicial núm. 695-2009, interesándose que la misma se 
disponga en relación a las actuaciones ejecutivas que conciernen al demandante en 
amparo don Christopher Frank Carandini Lee.
4.  La demanda del recurso de amparo núm. 442-2015, interpuesto contra el auto 
del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos, de 3 de junio de 2014, desestimatorio de 
la petición de revocación de la certificación de título ejecutivo europeo; y contra el auto 
del mismo Juzgado de 31 de julio de 2014, desestimatorio del recurso de reposición 
interpuesto  frente  al  anterior,  se  fundamenta,  como  en  el  supuesto  anterior,  en  la 
denuncia de la vulneración del art. 24.1 CE en varias de sus vertientes.
a)  En lo que hace al derecho a obtener una resolución motivada y fundada en 
derecho (art. 24.1 CE a la luz de las SSTC 89/1985, de 19 de junio; 32/1996, de 27 de 
febrero;  y  50/2007,  de  12  de  marzo),  se  denuncia  que  el  auto  impugnado  no  da 
respuesta a la cuestión planteada en la revocación del título ejecutivo europeo y relativa 
a que el auto certificado era un mero auto de despacho de ejecución cuando, de 
conformidad con los arts. 3.1, 4.1, 4.2, 5, y 6.1 del Reglamento 805/2004, en relación con 
el art. 517.2 LEC, solo la sentencia previa que ponía fin al juicio ordinario contenía un 
título ejecutivo certificable como tal. Se insiste en el hecho de que, de la lectura de los 
precitados  artículos  del  Reglamento  se  deduce  que  debe  certificarse  como  título 
ejecutivo europeo la resolución judicial que contenga el crédito no impugnado y que sea 
ejecutiva en España, en este caso la sentencia que resuelve el declarativo, y no el auto 
despachando la ejecución. Si se certificase el auto, se estaría privando al Estado donde 
vaya a emplearse el título ejecutivo europeo de la facultad de dictar la resolución que dé 
comienzo, en dicho Estado, al proceso de ejecución material. En este mismo sentido 
interpreta la parte el art. 517.2 LEC, que contempla como título ejecutivo la resolución 
que contenga el crédito y que ponga fin al procedimiento declarativo correspondiente, y 
no al auto que despacha la ejecución del crédito.
De otro lado se alude al hecho de que las resoluciones impugnadas suponen una 
aplicación contraria a derecho del Reglamento 805/2004. En este caso se invocan los 
arts. 12 y 17 del Reglamento, de cuya lectura se deduce la imposibilidad de certificar 
como  título  ejecutivo  europeo  una  resolución  judicial  que  contenga  un  crédito  no 
impugnado, cuando la misma sea resultado de un procedimiento en que no se ha 
permitido  ejercitar  el  derecho  de  defensa  por  la  parte  demandada,  quedando 
terminantemente prohibido entender que ha existido tal posibilidad en los supuestos de 
una  notificación  edictal.  Esta  afirmación  se  sostiene,  según  la  demanda,  en  la 
interpretación que del art. 12 y siguientes del Reglamento hace el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en la sentencia de 15 de marzo de 2012 en el asunto C-292/10 (asunto 
G. c. Cornelius de Visser). A juicio del recurrente, el órgano judicial incurre en error 
patente,  manifiesto  y  arbitrario  al  confundir  las  normas  mínimas  aplicables  a  los  e
procedimientos para que se pueda emitir un certificado del título ejecutivo europeo, de  bo
acuerdo con la normativa comunitaria y que se integran en el propio derecho de defensa,  w
ceomnp lalzaasm  iennotrom paosr  edpircotcoess.ales  internas  que  eventualmente  puedan  permitir  el  2020-4111n https://w
indebfe) nsEiól n d(earret.c h2o4 .2a  CuEn),  ptarmocbeiéson  sceo ne nttoiednadse  lvausl negraardaon típaosr  eyl  rleac uprrroesnctreip ecnió na mdpea rola, 
desde que el Juzgado de lo mercantil núm. 1 de Burgos acepta la notificación edictal,
como  método  válido  de  emplazamiento  para  certificar  una  resolución  como  título 
ejecutivo  europeo,  asumiendo  el  incumplimiento  de  la  garantía  de  real  y  efectivo 
emplazamiento de la parte en el procedimiento.
c)  La  justificación  de  la  especial  trascendencia  constitucional  del  recurso  de 
amparo, vincula la dimensión objetiva del recurso a la posibilidad de que el tribunal se 
pronuncie, en este caso, respecto de las lesiones denunciadas a partir de la base 
normativa que ofrece el Reglamento núm. 805/2004. Por tanto invoca como motivo de 
especial trascendencia el que se describe en el apartado a) del fundamento jurídico 2 de 
la STC 155/2009, de 23 de junio, y como antecedente similar la STC 145/2012, de 2 de 
julio. También se alega la concurrencia del supuesto contenido en el apartado f) del 
mismo fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, al incurrir el órgano judicial en 
negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional, 
pese a las invocaciones en instancia de los derechos vulnerados, obcecándose (sic) en 
no resolver la cuestión jurídica planteada según la ley. Por último, también se alega que 
existe especial trascendencia en este caso por referencia al apartado g) del fundamento 
jurídico 2 de la STC 155/2009, por desatención al contenido de la STC 145/2012.
d)  Mediante otrosí digo, el recurrente solicita la suspensión cautelar del certificado 
del título ejecutivo europeo.
5.  Por providencia de 30 de noviembre de 2015, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo núm. 4657-2014, apreciando como 
causa de especial trascendencia constitucional el planteamiento de un problema o la 
afectación de una faceta de un derecho fundamental sobre el que no existía doctrina 
previa [art. 50.1 CE, STC 155/2009, FJ 2 a)]. También fue admitido a trámite, mediante 
providencia fechada el mismo día, el recurso de amparo núm. 442-2015, identificándose 
la misma causa de especial trascendencia constitucional que en el recurso de amparo 
núm. 4657-2014.
6.  Habiéndose  decretado  simultáneamente  la  apertura  de  pieza  separada  de 
suspensión para los dos recursos de amparo y tras haber alegado el ministerio fiscal y el 
recurrente lo que cada uno estimó pertinente en tiempo y forma, la Sala dictó los 
AATC 17/2016 y 19/2016, de 1 de febrero, denegando la suspensión solicitada en ambos 
casos.
7.  Mediante diligencia de ordenación fechada el 25 de febrero de 2016, la Sala 
acordó conceder un plazo de veinte días a las partes personadas en el procedimiento 
para  presentar  el  escrito  de  alegaciones  que  considerasen  pertinente,  debiendo 
pronunciarse también, dentro de los diez primeros días del plazo concedido, sobre la 
acumulación de los recursos de amparo núms. 4657-2014 y 422-2015. Evacuado el 
oportuno trámite de alegaciones respecto de la acumulación, a la que ninguna de las 
partes se opuso, la Sala la acordó mediante el ATC 82/2016, de 25 de abril.
8.  El 29 de marzo de 2016, la procuradora de los tribunales doña Lourdes Cano 
Ochoa, viene a presentar el escrito de alegaciones en nombre y representación de don 
Gerardo Moreno de la Hija, rechazando la totalidad de las manifestaciones contenidas en 
la demanda del recurso de amparo núm. 4657-2014.
a)  Tras  una  exhaustiva  descripción  de  los  hechos,  remontándose  al  juicio 
declarativo, y poniendo especial énfasis en la exposición de los intentos de notificación 
personal de aquel procedimiento hasta la declaración de rebeldía y la notificación edictal,  e.e
esta parte niega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente en  b
edasemtcapla aprraoat,ri vtveoi n eccnou mlaqdoua ee  anlo  lsae  l ifnaetljeteanc tudotesiv  nodo,e t qifnuicoeat icfniicóoan c epióxeinsr stipoóen rmaslo adnlaea ll f aefuu detoer o dnlea l s ppuarfiorctcieee nddtieemsmi eatnantnodt.ao nI nteesn is eteenl    2020-4111n https://ww
hinasbtaenr cciao nao claim hieonrtao  deex trnaoptirfoiccaers alol sd edlo mprioccileiodsi mcioennotoc idpoosr  edle a lhao rcao nretrcauprarertnet,e  ye nq uaem ppuadroo 
en  la  medida  en  que  su  yerno,  don  Juan  Aneiros,  fue  notificado  y  emplazado
formalmente  por  medio  de  comisión  rogatoria,  obviando  contestar  a  la  demanda 
interpuesta. Citando la doctrina jurisprudencial contenida en las SSTC 39/1987, de 3 de 
abril; 157/1987, de 15 de octubre; 155/1988, de 22 de julio; 234/1988, de 2 de diciembre; 
219/1999, de 29 de noviembre, y 268/2000, de 13 de noviembre, la alegación concluye 
negando la lesión del derecho invocado por el recurrente al haber existido en el juzgador 
de instancia la convicción razonable de la imposibilidad de localizar a la parte ejecutante.
b)  Respecto de la inadecuación del procedimiento de fijación de la indemnización 
por daños y perjuicios, esta parte justifica la actuación del órgano judicial amparándose 
en la aplicación del art. 140 de la Ley de propiedad intelectual, y en la interpretación que 
del mismo hace la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2010, de modo que 
la cuantía se fija en virtud de la cantidad que, como remuneración, hubiera cobrado el 
perjudicado de haber autorizado la explotación. En apoyo de su argumento la parte cita 
varias sentencias de audiencias provinciales, así como la circular núm. 1-2006 de la 
fiscalía  general  del  Estado  relativa  a  los  delitos  contra  la  propiedad  intelectual  e 
industrial.  Al  hilo  de  este  argumento,  el  escrito  de  alegaciones  constata  la  fuerza 
ejecutiva de la sentencia resolutoria del procedimiento declarativo, afirmando que la 
misma podía ser calificada como título ejecutivo europeo, título que da derecho y es 
presupuesto a un despacho de ejecución de obligada disposición para el órgano judicial, 
que no puede, en cambio garantizar al ejecutante que la ejecución llegue a su final.
c)  Esta parte niega, en tercer lugar, que el auto desestimatorio del incidente de 
nulidad de actuaciones, haya producido indefensión alguna al recurrente en amparo. La 
resolución judicial impugnada en este caso habría sido congruente y motivada, si se 
tienen en cuenta los antecedentes, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Constitucional que cita el auto, y si se considera la convicción razonable del órgano 
judicial de la imposibilidad de localizar a la parte ejecutante.
d)  Por último, y en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos 
procesales: i) niega la legitimación de doña Birgit Lee para suceder a don Christopher 
Carandini Lee como recurrente en amparo, al entender que no se ha acreditado que sea 
la legítima sucesora del recurrente en amparo, y, por tanto, pueda ocupar en el proceso 
la posición del causante a todos los efectos. Afirma esta parte que solo se ha aportado 
por la señora Lee el testamento de su esposo, pero no el Grant of Justice, es decir la 
autorización judicial para proceder a la división hereditaria y que determinaría el albacea 
de la sucesión de forma indubitada; ii) niega que la demanda desarrolle una justificación 
suficiente de la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo.
9.  El mismo día 29 de marzo de 2016, esta parte registra también sus alegaciones 
en  relación  con  el  recurso  de  amparo  núm.  442-2015,  siendo  buena  parte  de  la 
argumentación  contenida  en  este  escrito  coincidente  con  lo  expuesto  en  el 
antecedente 3. Por lo que hace a las alegaciones específicamente vinculadas al recurso 
de amparo núm. 442-2015, esta parte argumenta que:
a)  La disposición final vigesimoprimera del Reglamento 805/2004, establece que la 
competencia para certificar un título ejecutivo europeo corresponde al mismo tribunal que 
dictó la resolución que, en este caso, es el auto que despacha la ejecución (art. 517 
LEC). Si la finalidad del Reglamento consiste en suprimir el procedimiento de exequatur, 
es para facilitar la ejecución inmediata de las resoluciones de cualquier estado miembro 
de la Unión Europea en los restantes Estados miembros, de modo que el Estado de 
ejecución no pueda denegarla más que en el caso de incompatibilidad del art. 21.2 del 
Reglamento, pero no por razones de fondo. Por eso el inicio de la acción ejecutiva  e
presupone la existencia del título ejecutivo, e incluye todos los actos necesarios para que  bo
el acreedor obtenga la efectiva satisfacción de su interés. El Reglamento se limita a dar  w
uconma od etfíitnuilcoi óenj edceu tliovo q ueeu rqoupeepoa,  peenrtoe nedl etrr ibcoumnaol  reenscoalurgcaiódno  sdues cleap ctiebrletif idcea csióenr  ceesr tiefilc aqduae   2020-4111n https://w
dineteternrmo,in ap uceudáelens  sseorn  clearst ifriceasdoalusc iocnoemso q utíetu, loe ne ljoesc uptirvooc eesuorso preecoo. nEocni doess tae nl índeeare, cheos 
incontrovertible que el auto de 26 de octubre de 2009 contiene un pronunciamiento de 
condena (art. 140 de la Ley de propiedad intelectual) y una orden general de ejecución.
b)  El emplazamiento por edictos en supuestos de rebeldía procesal es conforme a 
derecho, por lo que no existe vicio que impida la certificación. De hecho, en el certificado 
se hace constar expresamente que se ha realizado la notificación del escrito con arreglo 
a derecho, por vía de una comunicación edictal permitida en el derecho nacional. En 
suma la resolución es ejecutiva en el Estado miembro de origen, por lo que resulta 
ejecutiva a los efectos de su declaración como título ejecutivo europeo. El crédito ha de 
considerarse como crédito no impugnado, a los efectos del Reglamento, porque ha 
existido inactividad del deudor tras un correcto emplazamiento.
c)  Por lo que hace a la solicitud de revocación del certificado del título ejecutivo 
europeo, esta parte también entiende, como lo hace el juzgador de instancia y en línea 
con  sus  argumentos,  que  se  presentó  fuera  de  plazo,  a  pesar  de  lo  cual  el  auto 
impugnado responde a las pretensiones de fondo, siendo la suya una respuesta fundada 
en derecho, motivada y razonable. Esta parte manifiesta su acuerdo con la interpretación 
formulada por el órgano judicial respecto del plazo de presentación de la impugnación 
del certificado, así como con los motivos de fondo expuestos en los autos impugnados.
d)  En último término, se niega también la indefensión alegada por la parte, al 
entender  que,  observando  las  circunstancias  concretas  del  supuesto  de  hecho,  las 
notificaciones respondieron a las exigencias legales oportunas y la actitud del recurrente 
ha sido meramente dilatoria, a fin de ralentizar la correcta ejecución del título ejecutivo 
europeo ante los tribunales de justicia de Londres.
10.  El ministerio fiscal registró su escrito de alegaciones, respecto del recurso de 
amparo  núm.  4657-2014,  el  7  de  abril  de  2016,  interesando  su  estimación  y  la 
consiguiente  anulación  de  los  autos  impugnados,  para  reponer  las  actuaciones  al 
momento en que se dictó el primero de los mismos.
La fiscalía reconduce las denuncias contenidas en la demanda a una sola, relativa a 
la  imposibilidad  de  intervención  del  recurrente  en  el  proceso  de  ejecución,  y 
concretamente en la determinación del importe de la condena a que debe hacer frente. 
Así  se  subsumen  las  quejas  de  la  demanda  en  la  vulneración  del  principio  de 
contradicción, partiendo de la calificación de la ejecutoria como proceso de ejecución no 
dineraria, porque de la sentencia cuya ejecución se pretendía no resultaba, ni directa, ni 
indirectamente la obligación de entregar una cantidad de dinero líquida, sino que era 
preciso  fijar  la  cantidad  debida  en  concepto  de  daños  y  perjuicios  (art.  712  LEC), 
operación de liquidación que debía realizarse en el momento procesal oportuno, en la 
forma prevista en la ley, y con respeto a la Constitución.
Apelando al fundamento jurídico 2 de la STC 136/2014, de 8 de septiembre, el 
ministerio fiscal recuerda: i) que el derecho a la tutela judicial efectiva habilita a quienes 
ostentan derechos o intereses legítimos, que puedan verse afectados por los actos de 
ejecución, a comparecer y actuar en el procedimiento, aunque no hubieran sido parte en 
el proceso principal; ii) que el proceso declarativo y el proceso de ejecución son distintos 
y que en cada uno de ellos son de aplicación las exigencias constitucionales derivadas 
del art. 24 CE, de modo que la declaración de rebeldía efectuada en el procedimiento 
ordinario previo no excusa de intentar la notificación personal del auto despachando la 
ejecución, al tratarse de dos procesos diferentes, en cada uno de los cuales debe 
efectuarse el oportuno llamamiento de las partes con el rigor necesario; y iii) que si bien 
el auto despachando ejecución y la resolución que contiene las medidas para llevarla a 
cabo pueden dictarse sin necesidad de emplazamiento previo (art. 551 LEC), las mismas  e.
deben ser notificadas a las personas cuyos intereses puedan quedar afectados, lo que  w.b
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cuyo caso el proceso de ejecución se ajustará a las previsiones legales del proceso de
ejecución dineraria (art. 714 LEC), o podrá formular oposición, lo que determinará que se 
continúe la tramitación como un juicio verbal (art. 715 LEC), que concluye mediante auto 
susceptible de recurso de apelación (art. 716 LEC).
Concluye la fiscalía que el recurrente ha visto vulnerado su derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión, en la medida en que la determinación de la cuantía de 
los daños y perjuicios a cuyo pago fue condenado el recurrente en amparo, no se ha 
efectuado de manera contradictoria, bien a causa de la notificación edictal del auto sin 
intento  de  notificación  personal,  bien  porque  tras  la  personación  el  juzgado  vetó 
injustificadamente su intervención en el procedimiento, interpretando indebidamente los 
efectos de la declaración de rebeldía del proceso principal sobre la ejecutoria y obviando 
que el art. 140 de la Ley de propiedad intelectual no establece mecanismo automático de 
cálculo  de  los  daños  y  perjuicios  debidos  y  exige  la  concreción  de  la  cuantía 
indemnizatoria siguiendo el procedimiento establecido en la ley.
11.  También el 7 de abril, la fiscalía ante el Tribunal Constitucional presentó su 
escrito de alegaciones respecto del recurso de amparo núm. 442-2015, admitiendo como 
punto de partida argumental la afirmación de la parte recurrente de que las resoluciones 
desestimatorias  de  la  oposición  a  la  certificación  del  título  ejecutivo  europeo  no 
abordaron la cuestión material planteada respecto a si el auto despachando ejecución 
podía  o  no  ser  objeto  de  un  certificado  del  título  ejecutivo  europeo.  Desde  esta 
constatación inicial, el ministerio fiscal centra la queja constitucional del demandante en 
el marco del derecho a la tutela judicial efectiva desde la perspectiva del derecho a 
obtener una resolución sobre el fondo de lo planteado, y desde el ámbito del derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales.
En relación con el derecho a obtener una resolución sobre el fondo de la pretensión 
planteada, el ministerio fiscal, invocando las SSTC 107/1993, de 22 de marzo, 158/2000, 
de 12 de junio y 39/2015, de 2 de marzo, aboga por la estimación del recurso de amparo. 
La fiscalía, analizando el itinerario procesal que desemboca en el recurso de amparo, 
concluye que ninguna de las tres ocasiones en que el órgano judicial se enfrentó a la 
cuestión relativa a la naturaleza del auto de despacho de la ejecución como título 
ejecutivo  certificable,  realizó  el  análisis  solicitado  por  el  recurrente,  es  decir,  si  la 
resolución respecto de la que se emitió el certificado del título ejecutivo europeo era o no 
un título ejecutivo respecto de un crédito no impugnado. El fiscal reconoce, en línea de lo 
argumentado por el órgano judicial, que resulta obvio que si no existe un título ejecutivo 
no se puede despachar ejecución, ni el certificado del título ejecutivo europeo, pero este 
no se puede emitir respecto de una resolución que no lleve aparejada eficacia ejecutiva 
y, en este caso, la resolución con tal eficacia era la sentencia dictada en el proceso 
declarativo. En cualquier caso, desde el punto de vista constitucional, lo relevante es que 
el juzgado nunca llegó a analizar si el auto de despacho de la ejecución era o no hábil 
para la emisión del certificado.
La fiscalía también reconoce la vulneración del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales (con cita de la STC 102/2014, de 23 de junio). Entiende el 
ministerio fiscal que ninguna de las resoluciones impugnadas por denegar la revocación 
de la certificación como título ejecutivo europeo del auto despachando la ejecución, se 
atienen a la jurisprudencia constitucional sobre exigencias de motivación. El argumento 
relativo a que la certificación recogía la existencia de un crédito no impugnado, ignora 
que  el  auto  de  despacho  de  la  ejecución  no  fue  impugnado  porque  no  fue 
adecuadamente notificado, en la medida en que no llegó siquiera a librarse la comisión 
rogatoria pertinente para efectuar la notificación al recurrente en amparo. La falta de  e.
adecuada notificación supone una tramitación del procedimiento que no se ajusta a las  w.b
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que incluye la exigencia de que se haya intentado la notificación personal en el domicilio
que conste indubitadamente el domicilio del deudor (art. 14.2 Reglamento). En este caso 
dicho domicilio no constaba, y la notificación por edictos, válida para el derecho interno, 
no lo es a los efectos de emitir un certificado título ejecutivo europeo. Lo expuesto 
permite llegar a la conclusión de que los razonamientos esgrimidos en las resoluciones 
judiciales para desatender a la petición de revocación de la certificación, no se ajustan a 
los cánones de constitucionalidad sobre la motivación de las resoluciones judiciales ya 
que no permite sostener en derecho la decisión adoptada.
12.  Por providencia de 20 de febrero de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 24 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo.
El presente pronunciamiento debe dar respuesta a las denuncias de vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) planteadas en los recursos de amparo 
núms. 4657-2014 y 442-2015, promovidos ambos por don Christopher Frank Carandini 
Lee, sucedido procesalmente, tras su fallecimiento, por su esposa, doña Birgit Lee.
En  el  primero  de  ellos  (núm.  4657-2014)  se  impugna  el  auto  de  despacho  de 
ejecución de 26 de octubre de 2009, del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos, y el 
auto desestimatorio de la nulidad planteada contra aquel. El recurrente entiende que se 
ha vulnerado su derecho a ser oído en el procedimiento, porque no se le ha dado 
traslado del procedimiento de ejecución más que por edictos, sin haber intentado en 
ningún momento la notificación personal. Se denuncia también la violación de las normas 
del procedimiento de ejecución, de modo tal que se habrían lesionado los principios de 
contradicción, audiencia e igualdad de armas generándole indefensión. Esta vulneración 
habría  venido  causada  por  el  hecho  de  no  haberse  tramitado  el  procedimiento  de 
ejecución por la vía dispuesta en los arts. 712 y ss. LEC, declarando como líquida la 
cuantía solicitada por la parte ejecutante sin haberse desarrollado proceso contradictorio 
alguno al respecto. La misma ausencia del adecuado procedimiento se vincularía, según 
el  recurrente  en  amparo,  a  una  vulneración  del  derecho  a  la  intangibilidad  de  las 
resoluciones judiciales firmes, y a la ejecución en sus propios términos, por referencia a 
la  sentencia  del  procedimiento  ordinario  que  instó  a  fijar  la  indemnización  en  fase 
ejecutoria  y  tras  seguirse  el  procedimiento  oportuno.  Por  último  se  imputa  al  auto 
desestimatorio del incidente de nulidad la vulneración del derecho a un proceso con 
todas las garantías y a los recursos previstos legalmente, por haber incurrido el órgano 
judicial  en  un  error  manifiesto  con  relevancia  constitucional  al  desestimar  las 
pretensiones anulatorias del recurrente.
El señor Moreno de la Hija, se opone a la estimación del recurso de amparo negando 
la inadecuación de la notificación edictal, habida cuenta que ya se había seguido en 
ausencia el procedimiento civil ordinario de reclamación de cantidad, y que el órgano 
judicial habría intentado la notificación personal sin éxito y mediando eventual mala fe del 
recurrente  en  amparo,  que  podría  haber  tenido  conocimiento  extraprocesal  del 
procedimiento. También niega esta parte la inadecuación del procedimiento de fijación de 
la cuantía indemnizatoria, apoyándose en la aplicación directa del art. 140 de la Ley de 
propiedad  intelectual.  Por  su  parte,  el  ministerio  fiscal,  reconduciendo  todas  las 
invocaciones  del  recurrente  en  amparo  a  un  único  motivo,  entiende  que  ha  sido 
vulnerado el derecho a la tutela judicial del recurrente (art. 24.1 CE), por cuanto el  es
procedimiento de ejecución no ha respetado el principio de contradicción, sea porque no  bo
se ha notificado adecuadamente el desarrollo del mismo, sea porque se ha atribuido una  w
dpinertoe lcroEep nMdre iemetalr iccseaienóngtnotu i ln cinndoúconmo trrr.aer e1dccu icdtratseo o rBi aodul  erpg aaaorrmtsa.,  p ldaa1e r4fo i0j3a  ( cnddiúeóem nj u .dln a4ei o4 l La2de -ei2ny 0 2d10eq51mu)4e ns,  iezdn aecocso ieónpsnteet ipsmrmotaarin ttdoe ear ilño pao rdueset soy cl  aipdn eepdrlei jruJt iuiccdizióeogn sa .uddnoe    OE-A-2020-4111able en https://w
revocación de la certificación de título ejecutivo europeo, y el auto desestimatorio del
incidente de nulidad interpuesto contra el primero. El problema principal y novedoso, 
planteado por el recurrente en este caso y que dota de especial trascendencia al 
conjunto de cuestiones contenidas en ambos recursos de amparo, se centra en el 
análisis  de  si  la  aplicación  que  hace  el  órgano  judicial  al  supuesto  de  autos,  del 
Reglamento (CE) núm. 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril 
de 2004, ha vulnerado o no el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente. Las 
dudas sobre la correcta aplicación de este Reglamento se centran, de un lado, en la 
posibilidad, negada por el recurrente, de calificar el despacho de ejecución como título 
ejecutivo  certificable  en  lugar  de  la  sentencia  que  pone  fin  al  procedimiento  civil 
ordinario. Y de otro lado en la posibilidad de certificar cualquier resolución adoptada en 
un  procedimiento  concluido  en  ausencia  de  las  personas  condenadas,  cuando  la 
notificación de dicho procedimiento se concretó por edictos, y no de forma personal.
El ejecutante en instancia se opone a la estimación del amparo argumentando que la 
solicitud de revocación del certificado del título ejecutivo europeo era extemporánea y, en 
lo relativo a las alegaciones de fondo, que no puede negarse al auto de despacho de la 
ejecución naturaleza de título ejecutivo y que la notificación por edictos es un medio de 
notificación válido en el Estado de emisión del certificado, por lo que no debe negarse la 
certificación del título ejecutivo europeo basándose en esa razón. El ministerio fiscal, en 
cambio, reconoce que el recurrente no ha visto satisfecho su derecho a obtener una 
resolución sobre el fondo de la pretensión planteada, porque el órgano judicial no ha 
llegado a resolver si el auto de despacho de ejecución, notificado por edictos, tenía la 
facultad para ser certificado conforme al Reglamento (CE) núm. 805/2004.
2.  Óbices procesales alegados por el ejecutante en instancia.
Antes de abordar las cuestiones de fondo planteadas, es preciso dar respuesta a los 
dos óbices procesales opuestos por la representación procesal de don Gerardo Moreno 
de la Hija, parte ejecutante en el procedimiento del que traen causa los dos recursos de 
amparo que aquí se resuelven.
a)  El señor Moreno de la Hija niega la legitimación de doña Birgit Lee para actuar 
en el presente recurso de amparo, sucediendo en sus derechos a su esposo fallecido. 
Pero sus argumentos, basados en razones relativas al derecho de sucesiones del Reino 
Unido, al modo en que se concreta la sucesión mortis causa y a la condición de albacea 
testamentario y gestor de la herencia yacente, todas ellas cuestiones de mera legalidad 
ordinaria, no pueden ser acogidas en esta instancia.
Desde el momento en que el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos, tal y como 
consta en las actuaciones, ha admitido la sucesión procesal del señor Carandini Lee en 
la persona de su viuda, es preciso reconocer interés legítimo a la señora Lee en el 
presente procedimiento de amparo, porque la estimación o desestimación del mismo 
tendrá un efecto directo en los intereses que corresponde defender a la señora Lee, 
designada testamentariamente como sucesora de su esposo, en el procedimiento de 
ejecución que todavía está abierto.
En las ocasiones en que ha debido abordar la cuestión de la sucesión procesal de 
quien recurre en amparo por causa de fallecimiento, este Tribunal ha establecido que, 
conforme a lo dispuesto en los arts. 162.1 b) CE y 46.1 b) LOTC, la legitimación activa se 
sustenta en la posesión de un interés legítimo, siendo esta categoría más amplia que la 
de derecho subjetivo, o que la de interés directo (en este sentido, AATC 58/2000, de 28 
de febrero; 176/2001, de 29 de junio, y 206/2006, de 3 de julio). Así partiendo «de la 
premisa de que ese interés legítimo ha de ser un interés en sentido propio, cualificado o  e
específico (STC 25/1989, de 3 de febrero, FJ 1), hemos tenido ocasión de precisar que  bo
dicha legitimación activa se concede a toda persona cuyo círculo jurídico pueda resultar  w
pperorjduudziccaad doi repcotra mlae nvtioel aecnió nsu  dceo nutnra  d(eArAeTchCo  1f1u9n3d/a1m98e8n,t adl,e  a2u4n qduee  olcat uvbiroela, cyió 5n8 /n2o0 0s0e,   2020-4111n https://w
de 2T8a mdeb iféenb rhearon) »s i(dAoT dCe 2fi0n6id/o2s0 0p6o,r d ees 3ta d jeu rjiusldioic, cFióJn 2 c).onstitucional los presupuestos que
permiten la continuidad en el ejercicio de la acción, aun desaparecido el titular del
derecho litigioso originariamente legitimado. Estos supuestos son, desde la perspectiva 
meramente formal, la «litispendencia o existencia de un proceso pendiente, petición 
expresa de otra u otras personas para suceder al inicial demandante y acreditamiento 
del título justificativo de la instada sucesión» (ATC 385/2004, 18 de octubre, FJ 1, y, en el 
mismo sentido, AATC 142/1998, de 16 de junio, FJ 2, y 176/2001, de 29 de junio). Junto 
a ellos, y desde la perspectiva material o sustantiva, se añade el hecho de que «la 
sucesión procesal o continuidad en el ejercicio de la pretensión tenga viabilidad jurídica, 
por tratarse de acciones o pretensiones transmisibles, o, lo que es lo mismo, que el 
derecho controvertido (en este caso, el derecho fundamental cuya reparación se nos 
recaba  en  sede  de  amparo  constitucional),  y,  más  precisamente,  la  acción  ya 
emprendida para su reconocimiento y protección, sea susceptible de ser ejercitada por 
persona diversa a la de su originario titular, el inicial demandante» (ATC 385/2004, 18 de 
octubre, FJ 1, y, en idéntico sentido, ATC 242/1998, de 11 de noviembre, FJ 2).
Si, en el examen del presupuesto sustantivo, hemos reconocido incluso la posibilidad 
de  sucesión  procesal  en  el  amparo  para  la  defensa  de  ciertos  derechos  de  la 
personalidad, a los herederos del demandante fallecido (por todos, ATC 176/2001, de 29 
de junio), con más razón tenemos que reconocer esta posibilidad para la defensa de los 
derechos contemplados en el art. 24.1 CE, cuando de la estimación o desestimación del 
amparo  puedan  derivarse  efectos  económicos  sobre  los  bienes  hereditarios, 
independientemente de las condiciones de acceso a la herencia que deban ser aplicadas 
por la jurisdicción ordinaria en cada caso. Máxime cuando, como aquí sucede, se trataría 
de valorar las condiciones de acceso a la herencia y a la condición de albacea con 
arreglo al derecho de otro Estado. No es competencia de esta jurisdicción formular dicho 
juicio de mera legalidad ordinaria, pero sí velar porque se asegure el acceso a la 
jurisdicción constitucional a la sucesora testamentaria que, estando el recurso de amparo 
en fase de trámite, ha solicitado la sucesión procesal tanto en sede constitucional como 
en  sede  jurisdiccional  ordinaria,  ha  acreditado  la  defunción  y  el  título  sucesorio, 
cumpliendo con los requisitos formales exigidos por nuestra jurisprudencia previa y ha 
puesto de manifiesto que sus intereses pueden verse perjudicados por la violación de un 
derecho fundamental, aunque la violación no se produjese directamente en su contra, 
porque puede verse avocada a hacer frente como heredera a una deuda declarada en 
un procedimiento que pudo concluirse sin las debidas garantías.
b)  El alegato relativo a la insuficiente justificación de la especial trascendencia 
constitucional en la demanda de amparo, también debe ser rechazado. Es jurisprudencia 
consolidada que, en toda demanda de amparo, el recurrente debe cumplir la carga de 
justificar la especial trascendencia constitucional del recurso. Este requisito procesal de 
obligado cumplimiento (art. 49.1 LOTC), ha de concretarse con el cuidado de disociar 
adecuadamente «la argumentación tendente a evidenciar la existencia de la lesión de un 
derecho fundamental –que sigue siendo, obviamente, un presupuesto inexcusable en 
cualquier demanda de amparo– y los razonamientos específicamente dirigidos a justificar 
que el recurso presenta especial trascendencia constitucional» (STC 77/2016, de 25 de 
abril, FJ 2). El esfuerzo argumental, por lo demás, debe ir más allá de «una “simple o 
abstracta mención” de la especial trascendencia constitucional» (por todas STC 59/2019, 
de 6 de mayo, FJ 3).
Pues bien, de acuerdo con esta doctrina, el óbice opuesto debe ser desestimado 
porque, como se ha expuesto en los antecedentes 5 e) y 6 c), las respectivas demandas 
de  amparo  contienen  sendos  apartados  específicos  destinados  a  desarrollar  una 
argumentación  propia  en  relación  con  la  concurrencia  de  especial  trascendencia  s
constitucional en cada uno de los recursos. La argumentación expuesta en cada una de  oe.
las  demandas  por  el  recurrente  puede  ser  calificada  como  específica  y  suficiente,  w.
pmvueálrnsfee craatalclmáió endn detee  l lddaie fermerecenhrcoai  afudmnaed nadcmeióle nnr atazalo binnsavtromacciaetadn oto,d  yeq  luole ab  aecsxotpanoncntueer  raelman pcidlaiae  ncduoenmlc oiar e pqareuralias tiqtivoua.e   vEaa sytlaaa    2020-4111n https://w
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admisibilidad por más que pueda ser posteriormente revisado ante las alegaciones de 
las partes (STC 166/2016, de 6 de octubre, FJ 2), no encontramos ahora razones para 
modificar esa apreciación.
3.  La vulneración del art. 24.1 CE por las notificaciones por edictos (recurso de 
amparo núm. 4657-2014). Orden de respuesta a las vulneraciones denunciadas.
En  el  primer  recurso  de  amparo  de  los  dos  planteados  (núm.  4657-2014),  el 
recurrente denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en varias de 
las distintas dimensiones que contempla el art. 24 CE, haciendo referencia al contenido 
que la jurisprudencia constitucional ha venido atribuyendo a cada una de esas vertientes 
o dimensiones. Así, se invoca: a) el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art.  24.1  CE),  porque  el  juzgado  acudió  a  la  notificación  edictal  sin  las  debidas 
garantías, ignorando la obligación de adecuado emplazamiento y negando al recurrente 
su derecho a ser oído en el procedimiento; b) el derecho a un proceso con todas las 
garantías  (art.  24.2  CE)  y  a  los  recursos  previstos  legalmente,  porque  el  juzgado 
determinó el importe de los daños y perjuicios sin ajustarse a procedimiento alguno y sin 
intervención del ejecutado, acudiendo indebidamente a la previsión contenida en el 
art. 571 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), en lugar de seguir el proceder dictado en 
los arts. 713 y ss. LEC; c) el derecho a la inmutabilidad e intangibilidad de las sentencias 
firmes  y  a  la  ejecución  de  las  resoluciones  judiciales  en  sus  propios  términos 
(art. 24.1 CE), porque el juzgado, cuando decide fijar la cuantía de la indemnización sin 
previo  procedimiento  contradictorio,  habría  distorsionado  el  fallo  de  la  sentencia 
ejecutada, que establecía que la fijación de la cantidad líquida por daños, a cuyo pago se 
condenaba al recurrente en amparo, se fijaría en el momento procesal oportuno; y d) el 
derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y a los recursos previstos 
legalmente, al imputar al auto desestimatorio del incidente de nulidad un error judicial 
patente con relevancia constitucional.
El hecho de que se planteen en este caso cuatro quejas muy relacionadas entre sí, 
exige que el Tribunal se plantee el orden en que las mismas han de ser abordadas para 
asegurar la coherencia de la respuesta del tribunal y, en caso de devolución al órgano 
judicial para que se pronuncie nuevamente, la mínima injerencia en las cuestiones 
procesales  que  solo  a  él  corresponde  conocer.  Es  jurisprudencia  consolidada  que 
corresponde a las facultades juzgadoras del Tribunal Constitucional determinar tanto el 
orden del examen de las quejas, como si resulta necesario o conveniente pronunciarse 
en sentencia sobre todas las lesiones de derechos constitucionales denunciadas, en el 
caso de que ya se haya apreciado la concurrencia de alguna de ellas (en este sentido, 
SSTC 115/2002, de 20 de mayo, FJ 3; 65/2003, de 7 de abril, FJ 2; 198/2003, de 10 de 
noviembre,  FJ  3;  126/2010,  de  29  de  noviembre,  FJ  2;  105/2013,  de  6  de  mayo, 
y 78/2019, de 3 de junio).
En  este  caso,  como  pone  de  manifiesto  el  ministerio  fiscal  en  su  escrito  de 
alegaciones, el derecho fundamental sistemáticamente invocado en la demanda es el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24.1 CE, con diversos matices 
asociados a las dos irregularidades principales identificadas por el recurrente en el 
procedimiento de ejecución: la ausencia de notificación personal del procedimiento, 
impeditiva de su participación, a lo que se asocia su indefensión y la ausencia de 
apertura de fase contradictoria en el trámite de fijación de la indemnización, lo que 
atacaría el pleno disfrute del derecho a un proceso con todas las garantías. Sin duda 
alguna ambos vicios, de constatarse, suponen afectación del derecho a la tutela judicial  e
efectiva que reconoce el art. 24 CE y ambos están estrechamente vinculados, de modo  bo
tal que se comenzará dando respuesta a estas cuestiones fijando, en caso de apreciarse  w
dlae  vulalnse rraecsioólnu cdioenneusn ciimadpau,g lnoasd eafse cyto sla d erle tprrooancucniócnia mdiee nltaos  esatcimtuaatcoiorinoe sso. bEren  lac ansuoli dadde   2020-4111n https://w
edset iomcatursbere e dl ea m2p0a0r9o,  edne l eJsutezg paudnot od, ea nlou lMánedrcoasnet iel ln aúumto.  1d ed ed eBsupragcohso,  dye r eetjreocturacyióenn ddoe  l2a6s 
actuaciones al momento procesal en que dicho auto fue dictado, ningún sentido tendría
que el Tribunal se pronunciara sobre el resto de denuncias formuladas en esta demanda, 
en particular las relativas al auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones. Por 
tanto, abordaremos en primer lugar la cuestión relativa a la adecuación constitucional de 
la notificación edictal del procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 695-2009.
4.  La vulneración del art. 24.1 CE por las notificaciones por edictos (recurso de 
amparo núm. 4657-2014). Notificación edictal y derecho a la tutela judicial efectiva sin 
que, en ningún caso, pueda producirse indefensión (art. 24.1 CE).
El Tribunal Constitucional dispone de una abundante jurisprudencia, cuyo hito inicial 
se remonta a la STC 9/1981, de 31 de marzo, que vincula el adecuado respeto del 
art. 24.1 CE, en la dimensión relativa al disfrute de una tutela judicial efectiva sin 
indefensión,  al  correcto  emplazamiento  o  citación  de  los  interesados  en  un 
procedimiento, porque solo el adecuado emplazamiento asegura la presencia de la parte 
ante el órgano judicial para la defensa de sus propios intereses, en caso de que decida 
personarse. Se ha declarado que «el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE) garantiza a todos los que puedan resultar afectados por la decisión que se 
dicte en un proceso judicial el derecho a conocer su existencia, a fin de que tengan la 
posibilidad  de  intervenir  en  él,  ser  oídos,  y  ejercer  la  defensa  de  sus  derechos  e 
intereses legítimos, y en este sentido es reiterada la doctrina constitucional sobre la 
importancia de los actos de comunicación para la efectividad del derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE)» (STC 180/2015, de 7 de septiembre, FJ 4, 
y jurisprudencia allí citada).
Desde los anteriores presupuestos, nuestra jurisprudencia prioriza la notificación 
personal, sin descartar la validez de fórmulas de notificación no personal siempre que se 
cumplan determinados requisitos. Así, se aplica a cualquier procedimiento judicial dentro 
de cualquier orden jurisdiccional, la exigencia de procurar la citación personal de los 
interesados en dicho procedimiento, siempre que tal citación sea factible, debiendo 
considerar el emplazamiento edictal como un «remedio último de carácter supletorio y 
excepcional que requiere el agotamiento previo de las modalidades aptas para asegurar 
en  el  mayor  grado  posible  la  recepción  de  la  notificación  por  su  destinatario» 
(STC 82/2019, de 17 de junio, FJ 3). Un remedio que debiera limitarse a «aquellos 
supuestos en los que no conste el domicilio de quien haya de ser emplazado o bien se 
ignore su paradero (SSTC 141/1989, de 20 de julio, y 36/1987, de 25 de marzo, entre 
otras)» (STC 295/2005, de 21 de noviembre, FJ 3).
La  excepcionalidad  del  recurso  a  la  notificación  edictal,  hace  recaer  sobre  los 
órganos judiciales la responsabilidad de velar por la correcta constitución de la relación 
jurídico-procesal,  sin  que  ello  signifique  exigir  al  juez  o  tribunal  correspondiente  el 
despliegue de una desmedida labor investigadora (por todas, SSTC 136/2014, de 8 de 
septiembre, FJ 2, y 15/2016, de 1 de febrero, FJ 2, y jurisprudencia citada en este 
fundamento jurídico). Lo que si exige es el «empleo de cuantos medios obren al alcance 
del órgano judicial, de suerte que a la vista de los ordenados quepa cabalmente concluir 
que se han agotado las posibilidades de localización y, por tanto, de notificación personal 
al demandado». Como última precisión, cabe destacar que, «en aquellos supuestos en 
que el domicilio del demandado se encontraba en el extranjero, el Tribunal Constitucional 
ha mantenido esta misma doctrina, otorgando el amparo tanto en los casos en que el 
órgano judicial no había practicado el emplazamiento de aquel en el domicilio situado 
fuera del territorio nacional, que constaba en las actuaciones (SSTC 150/2016 de 19 de 
septiembre, 151/2016, de 19 de septiembre, 6/2017, de 16 de enero, y 268/2000, de 13  e
de noviembre), como en aquellos otros en que el demandado había sido emplazado por  bo
edictos, sin haber agotado el juez previamente los instrumentos de búsqueda a su  w
alcaEnsctee  (SesTpCe c1i4a3l /d1e9b9e8r,  ddee  3d0ili gdeen jcuinai,o )o»  r(eSsTpCon 5s0a/b2i0li1d7a,d d, eti e8n dee p maratiycou,l aFrJ  im3)p.ortancia en  2020-4111n https://w
eqlu per, oecse spor edceis eajmeceunctieó,n e (le qnu ees tneo sse innttiedroe, svaé aesne  elal  aScTtuCa l5 6re/2c0u0rs1o,  ddee  2a6m dpea rfeob. rYe roe,s  FqJu 2e), 
respecto de los procedimientos de ejecución, el tribunal ha venido diciendo que «nuestra
doctrina impone, con absoluta claridad, que la interdicción de la indefensión consagrada 
en el art. 24.1 CE implique a los órganos judiciales en el deber de velar porque quienes 
ostenten algún derecho o interés legítimo en un proceso de ejecución, aunque no hayan 
sido parte en el proceso principal, puedan comparecer y ser oídos en el mismo para 
garantizar su defensa, sin perjuicio del pronunciamiento que pueda recaer y de la posible 
existencia de otras acciones que puedan corresponder a los afectados» (SSTC 43/2010, 
de 26 de julio, FJ 2; 79/2013, de 8 de abril, FJ 2; 190/2014, de 17 de noviembre, FJ 2, 
y 208/2015, de 5 de octubre, FJ 3).
Teniendo presentes todas estas consideraciones generales, a la hora de evaluar 
cuando la ausencia de notificación personal suplida por una notificación edictal se califica 
como lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), el 
Tribunal  analizará  cuatro  presupuestos,  tal  y  como  se  sintetiza  en  el  fundamento 
jurídico 2 de la STC 136/2014, de 8 de septiembre: «1) La titularidad por el demandante 
de amparo, al tiempo de la iniciación del proceso, de un derecho e interés legítimo y 
propio, susceptible de afectación por la causa enjuiciada, en las resoluciones judiciales 
recurridas. La situación de interés legítimo resulta identificable con cualquier ventaja o 
utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida; 2) La posibilidad de identificación 
del interesado por el órgano jurisdiccional; 3) El cumplimiento por el órgano judicial de su 
obligación  constitucional  de  velar  para  que  los  actos  de  comunicación  procesal 
alcanzasen  eficazmente  su  fin,  lo  que  significa,  entre  otras  cosas,  concebir  los 
emplazamientos edictales como modalidades de comunicación de carácter supletorio y 
excepcional (STC 126/1999, de 28 de junio) o no presumir sin más que las notificaciones 
realizadas a través de terceras personas hayan llegado a conocimiento de la parte 
interesada  cuando  la  misma  cuestiona  con  datos  objetivos  que  así  haya  sido 
(STC 113/2001, de 7 de mayo) y 4) Por último, que el recurrente en amparo haya sufrido 
como consecuencia de la omisión del emplazamiento una situación de indefensión real y 
efectiva, lo que no se da cuando el interesado tiene conocimiento extraprocesal del 
asunto y, por su propia falta de diligencia, no se persona en la causa. El conocimiento 
extraprocesal del litigio ha de verificarse mediante una prueba suficiente, que no excluye 
las reglas del criterio humano que rigen la prueba de presunciones».
La  aplicación  de  la  doctrina  constitucional  expuesta  al  caso  enjuiciado  lleva  a 
apreciar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
En primer lugar hemos de tener presente que el procedimiento de instancia, que da 
inicio a la vía judicial previa que culmina con la interposición del recurso de amparo 
núm. 4657-2014, es un proceso de ejecución instado ante el Juzgado de lo Mercantil 
núm.  1  de  Burgos  para  dar  cumplimiento  a  la  parte  dispositiva  de  una  sentencia 
estimatoria del mismo órgano judicial, dictada en un proceso concluso en rebeldía del 
ahora recurrente en amparo. Por tanto, en este caso, se puede aplicar la exigencia de 
que  el  juzgador  de  instancia  en  el  procedimiento  de  ejecución,  procure  la  citación 
personal de todos los que pudieran ser parte interesada, aunque en el procedimiento 
principal no hubieran comparecido (SSTC 43/2014, de 26 de julio, FJ 2, y 208/2015, de 5 
de  octubre,  FJ  3).  Y  ello  para  asegurar  que  quien  posee  interés  legítimo  en  el 
procedimiento de ejecución pueda comparecer y ser oído, para garantizar su defensa.
No cabe duda de que el recurrente en amparo en el momento de iniciarse no ya el 
procedimiento ordinario cuya revisión no es objeto del presente recurso de amparo, sino 
el procedimiento de ejecución (esto es, el 24 de septiembre de 2009) ostentaba un 
legítimo interés en que su posición y alegaciones fueran oídas en el procedimiento, 
máxime cuando uno de los elementos que debían determinarse en ese procedimiento  s
era  la  cuantía  de  la  indemnización  por  daños  y  perjuicios  que  había  de  ser  oe.
concretamente abonada al demandante en el procedimiento ordinario, esto es, a don  w.
Gterseeasrsa p rtdereorss oM pnoearrses no(ond aodsse  sf íloasli icdHaaisjra ia.y m Au enenast teaju  rrienídsdipceoamn) nsciazobadlceeismó nda ondnde abCdíhaarnsis  hteoanpc helaer  rif nrFesrntaatnenk cs iCao,lai dsraaienrnidadimnoie  Lunenteea . ldaes   2020-4111n https://w
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menos  en  parte,  debía  hacer  frente  con  su  patrimonio  personal,  era  fácilmente 
identificable por el órgano judicial, como sencillo era identificar al interesado en la 
medida en que sus datos personales, exceptuando su dirección, estaban en la causa y 
resultaba obvia la conexión de aquel con dicha causa.
A pesar de todo ello, el órgano judicial no hizo ningún intento en absoluto para 
notificar personalmente al recurrente en amparo el inicio del procedimiento de ejecución, 
como no hizo intento alguno de averiguar una dirección particular del recurrente en 
amparo, que permitiera proceder a esa notificación personal. Como se describe en los 
antecedentes, el 24 de septiembre de 2009, don Gerardo Moreno de la Hija instó la 
ejecución del título judicial que disponía a su favor el cobro de una indemnización que en 
ese  momento  no  estaba  aún  determinada,  librándose  el  auto  de  despacho  de  la 
ejecución con una cantidad determinada sin previa intervención de la contraparte. Los 
intentos de notificación personal de este auto no se refirieron nunca al recurrente en 
amparo, sino a las mercantiles «Christopher Lee Web» a través de su representante y 
«The  Quaid  Project  Ltd.»,  respecto  de  las  que  se  intentó  notificación  por  correo 
certificado con acuse de recibo a las direcciones facilitadas por el ejecutante. En las 
actuaciones  consta  un  documento  completado  a  mano  bajo  el  título  «Relación  de 
certificados con acuse de recibo» en el que figuran 3 casillas rellenas, una a nombre 
de The Quaid Project Ltd., otra a nombre de Christopher Lee Web y, bajo esta, una 
tercera con comillas, no figurando por tanto en la relación ningún certificado con acuse 
de recibo a nombre del recurrente. Como también consta en los antecedentes, incluso 
estos dos intentos de notificación fueron infructuosos.
Tampoco consta, como se resume en los antecedentes, que se librase comisión 
rogatoria alguna, conforme está previsto en el Reglamento (CE) núm. 1393/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, para proceder a la 
notificación personal al recurrente en amparo. La notificación conforme al Reglamento se 
inicia con un formulario que el órgano transmisor cumplimenta (art. 4.3 y anexo 1 del 
Reglamento) y en las actuaciones a la vista de este tribunal solo consta el formulario 
para la notificación de la sociedad Christopher Lee Web. Pero ni siquiera este fue un 
intento de notificación propicio, porque en el sistema de notificación por la vía del 
Reglamento 1393/2007, una vez que el organismo transmisor emite el formulario del 
anexo 1, el órgano receptor emite necesariamente un formulario de acuse de recibo en el 
plazo máximo de 7 días (art. 6.1 y anexo 1 del Reglamento). Y en las actuaciones no 
consta ningún formulario de acuse de recibo, no ya relativo al recurrente en amparo, sino 
a ninguno de los ejecutados.
Por tanto la notificación por edictos del auto despachando la ejecución, que se 
acuerda por providencia de 26 de abril de 2010, no fue una modalidad de notificación 
válida respecto del señor Carandini Lee, porque en ningún momento del procedimiento 
de ejecución, ni en la fase de apertura, ni una vez despachado el auto definitivo, el 
órgano judicial intentó en modo alguno la notificación personal de las actuaciones y 
resoluciones concernidas en el procedimiento a quien fue recurrente en amparo. Puede 
concluirse que el juez no agotó en absoluto los instrumentos de búsqueda a su alcance 
que,  como  alega  el  recurrente  en  su  demanda  de  amparo,  eran  particularmente 
accesibles habida cuenta de la notoria popularidad de don Christopher Carandini Lee.
Cuando,  tiempo  después,  el  ahora  recurrente  en  amparo  tuvo  conocimiento 
extraprocesal  del  procedimiento  de  ejecución  porque  los  abogados  del  ejecutante 
lograron dar con los abogados del deudor, y se personó ante el juzgado planteando el 
incidente de nulidad y denunciando la ausencia de notificación personal, el órgano  s
judicial respondió que, en el curso del procedimiento ordinario núm. 548-2007 se habían  oe.
realizado varios intentos de notificación personal infructuosos, por lo que se entendía  w.
qpauruoetop  eiodl ser e a2cr6ug rudrmeen eotnect tosuseb, r eellne dcveoó n 2at0rla 0jbu9az gq eaunde o rdere bdseepl dainícash.t aaSbnieacn ialda o ae  epjesrcotauc cemidóiensr m saoa l lialca i ntraoadtziafói cnca oqcnui óelan,   sfeiejdagiccúitóannl  s ddueesl    2020-4111n https://w
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procedimiento de ejecución es un procedimiento autónomo del declarativo, y que la 
interdicción de la indefensión consagrada en el art. 24.1 CE impone a los órganos 
judiciales el deber de velar por que quienes ostenten algún derecho o interés legítimo en 
un proceso de ejecución puedan comparecer y ser oídos en el mismo para garantizar su 
defensa. Si esta garantía se predica de quienes no fueron parte en el procedimiento, 
también debe beneficiar a quienes, siendo interesados, no se personaron por la razón 
que fuere (en este mismo sentido, véase la STC 39/2000, de 14 de febrero) máxime si se 
constata, como sucede en este caso, que la notificación edictal fue inadecuada al no 
constar en autos ninguna dirección personal del deudor.
Por último, parece claro que el incumplimiento por el órgano judicial de su obligación 
constitucional  de  velar  para  que  los  actos  de  comunicación  procesal  alcanzasen 
eficazmente su fin, ha generado una indefensión real y efectiva del señor Carandini Lee 
que,  independientemente  de  la  corrección  del  procedimiento  seguido  para  fijar  la 
indemnización,  no  pudo  participar  en  dicho  procedimiento,  quedando  fijadas  sus 
obligaciones  económicas  sin  que,  como  parte  interesada,  pudiera  oponerse  a  la 
determinación del quantum, o proponer pruebas periciales contradictorias con la fijación 
de la cuantía solicitada por la parte ejecutante, porque no fue llamado a participar de 
dicho  procedimiento.  La  indefensión  no  queda  contradicha  por  la  alegación  del 
ejecutante de que pudo tener conocimiento extraprocesal del asunto a través de las 
relaciones  familiares  con  otro  de  los  responsables  solidarios  de  hacer  frente  a  la 
indemnización,  porque  ese  conocimiento  no  ha  podido  verificarse  mediante  prueba 
alguna aportada por el ejecutante en el procedimiento de instancia. En este caso la mera 
sospecha no basta porque se desconoce el alcance de la relación personal entre ambos 
obligados, don Juan Aneiros y don Christofer Carandini Lee, en particular si se tiene en 
cuenta que la residencia de este último, como se expone también en los antecedentes, 
radica en el Reino Unido.
En suma, es posible concluir que el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos no ha 
adecuado  la  práctica  de  los  actos  de  comunicación  procesal  a  los  requisitos 
constitucionales exigibles, al no realizar intento alguno de averiguación del domicilio del 
recurrente, dando por buenas las notificaciones infructuosas del procedimiento ordinario 
sin tener en cuenta que el procedimiento de ejecución es un proceso autónomo, respecto 
del  que  deben  observarse  la  totalidad  de  las  garantías  procesales  previstas  en  el 
art. 24.1 CE.
5.  La vulneración del art. 24.2 CE, en su vertiente del derecho a un proceso con 
todas las garantías (recurso de amparo núm. 4657-2014).
El  recurrente  denuncia  también  que  el  juzgado  siguió  el  cauce  procesal  de  la 
ejecución de los arts. 571 y ss. LEC cuando procedía el de los arts. 712 y ss. LEC y 
conecta  esta  inadecuación  del  procedimiento  a  una  vulneración  del  derecho  a  un 
proceso con todas las garantías, invocando el art. 24.1 CE en lugar del más idóneo 
art. 24.2 CE que es el que nuestra doctrina asocia a las denuncias relativas a la 
inadecuación del procedimiento seguido en instancia.
Respecto de esta cuestión es reiterada la doctrina constitucional que sostiene que «la 
selección e interpretación de las normas procesales y su aplicación al caso concreto 
competen, en principio y como regla general, a los órganos judiciales en el ejercicio de la 
función jurisdiccional que con carácter exclusivo les confiere el art. 117.3 CE, no siendo 
función de este Tribunal Constitucional examinar la interpretación de la legalidad hecha por 
los órganos judiciales, salvo que, por manifiestamente arbitraria, claramente errónea o por  e
no satisfacer las exigencias de proporcionalidad inherentes a la restricción de todo derecho  bo
fundamental, implique por sí misma lesiones específicas de las garantías sustanciales del  w
jpurroiscperduidmeienncitao  aclolín csittiatudcaio).n Ya liezlalod apso reqnu ee lc aormt. o2 4ta mCEbi é(SnT hCe m43o/s2 0d0ic9h,o d een 1 r2e pdeet ifdeabsre orcoa, sFiJo n3e sy   2020-4111n https://w
ó“erlg aanrto. s2 j4u dCicEia lneos,  ilnocsl uqyuee ,u anp dlicearencdhoo l afsu nndoarmmeans tacol ma ppertoecnecsiaolse sd oe tedrem ointraad oínsd, osleie, nhdaon  ldoes 
encauzar  cada  pretensión  por  el  procedimiento  adecuado”  (STC  214/2000,  de  18  de 
septiembre, FJ 5)» (STC 112/2007, de 10 de mayo, FJ 5).
Junto a lo anterior, y siempre desde la perspectiva del derecho a un proceso con todas 
las garantías (art. 24.2 CE), las eventuales infracciones de las normas o reglas procesales 
solo constituyen una lesión del derecho a un proceso con todas las garantías si con ellas se 
ocasiona una merma relevante de las posibilidades de defensa (por todas STC 229/2003, 
de 18 de diciembre, y jurisprudencia citada en su fundamento jurídico 8). Teniendo en 
cuenta este marco de enjuiciamiento, el tribunal debe limitarse a valorar si cuando el 
Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos determina el procedimiento de ejecución formula 
una interpretación errónea o extravagante de las normas procesales y si esa interpretación 
eventualmente errónea genera indefensión en la parte recurrente en amparo.
Respecto de lo primero, en el auto de 3 de junio de 2014 el juzgado argumentaba 
haber procedido por el cauce del art. 571 LEC, sobre la base de la preferencia del 
art. 140 de la Ley de propiedad intelectual, precepto que consideraba suficiente para 
ordenar la ejecución por esa vía de la sentencia, cuyo fallo condenaba, entre otros, «a 
indemnizar al demandante en los daños y perjuicios materiales causados, atendiendo a 
la  remuneración  que  hubiera  percibido  de  haber  autorizado  la  explotación  el 
demandante, cuya cantidad se fijará en el momento procesal oportuno, más los intereses 
legales […]». Pues bien, hay que recordar que la ejecución dineraria de los arts. 571 y 
ss. LEC exige que del título ejecutivo resulte «el deber de entregar una cantidad de 
dinero líquida» (art. 571 LEC), esto es, «toda cantidad de dinero determinada, que se 
exprese en el título con letras, cifras o guarismos comprensibles» (art. 572.1 LEC). 
Frente a ello el art. 140 de la citada Ley establece lo siguiente:
«Artículo 140.  Indemnización.
1.  La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido 
comprenderá no solo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la 
ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. La cuantía 
indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya 
incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del 
procedimiento judicial.
2.  La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, 
conforme a alguno de los criterios siguientes:
a)  Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios 
que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por 
la utilización ilícita.
En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia 
de  perjuicio  económico.  Para  su  valoración  se  atenderá  a  las  circunstancias  de  la 
infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.
b)  La  cantidad  que  como  remuneración  hubiera  percibido  el  perjudicado,  si  el 
infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en 
cuestión.
[…]».
Ciertamente el art. 140 de la Ley de propiedad intelectual establece las pautas para 
la indemnización pero es discutible que de ello se colija que, en el caso de autos, la 
condena fuera líquida (art. 571 LEC) o que resulte de una simple operación aritmética  e.e
(art. 219 LEC). En este sentido, no puede olvidarse que, de hecho, es lo que solicitaba la  b
palarb onrpior iraem l eainjteicvciadu etpanrntoetce ed qseua leli q fopurridmoapuculiasódona  ld ape oc lrao enslt  iajduraztsdg. a d7de1o 2 7r 1ey 0ssu.s0lt.0a L  €sE,uC mp.e aErmon  epsnruetmec iads,ias lmcau eitnnibtteleer p aerlne o ttabécjreimótonin  ddoees    2020-4111n https://ww
Ldoe  leqguael idpaude pdreo ceasfiarml ya, rpsoer,  eclloon,  nom peuneodse  mdeastcicaersta, rsees  atqriubeu irlees eal  cinatliefircparteivtaoc dióen e rrreósnuelata. 
abiertamente restrictiva de los derechos de defensa del recurrente en amparo, que no
tiene modo alguno de oponerse y discutir la cuantía indemnizatoria solicitada por el 
ejecutante, en particular, si se tiene presente que no se le notificó personalmente el auto 
de despacho de la ejecución. Esta opción interpretativa, eventualmente errónea, deriva 
en una clara lesión del derecho a un proceso con todas las garantías, donde también se 
integra el derecho a la igualdad procesal de armas y medios (SSTC 114/1989, de 22 de 
junio, FJ 2, y 90/1994, de 17 de marzo, FJ 3, entre otras), un derecho que es «corolario 
de los principios de contradicción y bilateralidad (SSTC 4/1982 y 186/1990), principio que 
exige que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, ya que para evitar 
el desequilibrio entre las partes es necesario que “ambas dispongan de las mismas 
posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación” (STC 66/1988, fundamento 
jurídico 12)» (STC 90/1994, de 17 de marzo, FJ 3).
Al errar en la selección del procedimiento teniendo por líquida una condena que no lo 
era, el juzgado de lo mercantil impidió que el recurrente en amparo pudiera contradecir la 
estimación de daños formulada por la parte de forma autónoma y sin ningún soporte 
pericial o prueba documental de ningún tipo, porque en el contrato firmado en su origen 
entre las partes no se había cuantificado el valor del trabajo artístico que debía realizar el 
señor Moreno de la Hija. Así colocó en una posición al recurrente en que, de ningún 
modo, se puede entender que dispusiera de las mismas posibilidades y cargas de 
alegación, prueba e impugnación que la contraparte.
Por  tanto,  ha  de  concluirse  que  también  existió,  en  este  caso,  vulneración  del 
derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) desde el momento en que, 
en el auto de 26 de octubre de 2009 despachó la ejecución solicitada, ordenando que se 
diera cumplimiento a la obligación de hacer y requiriendo el pago solidario, por parte de 
los tres demandados y en el plazo de treinta días, de la cantidad de 710.000 € de 
principal, a la que habría que sumar la liquidación posterior de intereses y costas.
Estimada la lesión de los derechos a no sufrir indefensión (art. 24.1 CE) y a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en los términos en que se hace en los 
fundamentos  jurídicos  4  y  5,  la  reparación  de  los  derechos  invocados  es  posible 
declarando la nulidad del auto de 26 de octubre de 2009 que despachó la ejecución 
solicitada, devolviendo el procedimiento al Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos, y 
declarando la retroacción de las actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior 
a  que  se  dictara  dicho  auto,  instando  al  órgano  judicial  a  que  efectúe  las 
correspondientes notificaciones con estricta observancia del derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión, y adecúe el procedimiento al derecho a un proceso con todas 
las garantías (art. 24.2 CE) en los términos establecidos en este fundamento jurídico.
Los efectos atribuidos a este pronunciamiento harían innecesario el pronunciamiento 
del tribunal sobre el resto de vulneraciones denunciadas en el recurso de amparo núm. 
4657-2014. Pero no son obstáculo para abordar la denuncia que conforma el objeto del 
recurso de amparo núm. 442-2015.
6.  La vulneración del art. 24.1 CE por inadecuada aplicación del Reglamento (CE) 
núm. 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004 (recurso 
de amparo núm. 442-2015).
En el recurso de amparo núm. 442-2015, el recurrente impugna el auto del Juzgado 
de lo Mercantil núm. 1 de Burgos, de 3 de junio de 2014, que desestima la petición de 
revocación de la certificación de título ejecutivo europeo, así como el subsiguiente auto 
desestimatorio del incidente de nulidad interpuesto contra el primero.
Si bien anulado el auto que despacha la ejecución podría llegar a entenderse que la  e
certificación de título ejecutivo europeo queda automáticamente anulada y sin efecto al  bo
desaparecer el título certificado, este Tribunal entiende que existe interés objetivo en  w
dreesroelcvheor s qpuréo cceosnaelexsió qnu ee xreisctoeg ee nnturee sltara  cCeortnifsictiatuccióiónn  ceune setli oanrta. d2a4  Cy Ela,  pgaarara dnetísap edjaer  llaoss   2020-4111n https://w
adduedcausa cqióune  cpoundsiteitruacnio npalal ndteela rtísteu lor eesjepceucttiov o dqeul e óhrgaa dneo  sceor mcpeerttieficnated op, aor ar esvpaelocrtaor  delal 
alcance  de  tal  control.  La  proyección  del  Reglamento  (CE)  núm.  805/2004  del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre la garantía de los 
derechos fundamentales de las personas afectadas por el título ejecutivo certificado fue, 
por lo demás, la cuestión que atribuyó especial trascendencia constitucional al recurso 
de amparo.
Antes  de  entrar  en  el  examen  de  fondo  de  las  infracciones  aducidas  por  el 
recurrente, e invocando el fundamento jurídico 2 de la STC 145/2012, de 2 de julio, debe 
recordarse que «las lesiones que se denuncian en la demanda de amparo no son 
cuestiones que pertenezcan al ámbito de la legalidad ordinaria y sobre las que el 
Tribunal Constitucional no haya de pronunciarse, pues si bien es cierto que hemos 
declarado en múltiples ocasiones que no corresponde al Tribunal Constitucional controlar 
la adecuación de la actividad de los poderes públicos nacionales al Derecho de la Unión 
Europea,  toda  vez  que  este  control  compete  exclusivamente  a  los  órganos  de  la 
jurisdicción en cuanto aplicadores que son del ordenamiento de la Unión Europea y, en 
su caso, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (SSTC 64/1991, de 22 de marzo, 
FJ 4, y 180/1993, de 31 de mayo, FJ 3, entre otras muchas), y que la eventual infracción 
del Derecho de la Unión por leyes estatales o autonómicas no convierte en litigio 
constitucional lo que solo es un conflicto de normas no constitucionales que ha de 
resolverse en el ámbito de la jurisdicción ordinaria (STC 28/1991, de 14 de febrero, 
FJ 5), no lo es menos que las quejas planteadas por la demandante tienen un claro 
contenido constitucional y forman parte del objeto de protección del recurso de amparo».
Y ello porque, en este caso, se solicita al Tribunal, entre otras cosas, que valore si la 
interpretación  realizada  por  el  órgano  judicial,  librando  la  certificación  de  un  título 
ejecutivo notificado por edictos, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva por incurrir 
en error patente, manifiesto y arbitrario al confundir las normas mínimas aplicables a los 
procedimientos para que se pueda emitir un certificado del título ejecutivo europeo, de 
acuerdo con la normativa comunitaria y que se integran en el propio derecho de defensa, 
con  las  normas  procesales  internas  que  eventualmente  puedan  permitir  el 
emplazamiento por edictos. Al realizar este examen de razonabilidad y ausencia de error 
el Tribunal Constitucional no puede olvidar que el órgano judicial de instancia, además 
de atender a los dictados del art. 24.1 CE, debe haber tenido en cuenta que, en la 
medida  en  que  aplica  una  norma  de  derecho  de  la  Unión  Europea,  como  es  el 
Reglamento (CE) núm. 805/2004, viene vinculado por el art. 47 de la Carta de derechos 
fundamentales de la Unión Europea (CDFUE).
El Reglamento (CE) núm. 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no 
impugnados («DOUE», L 143/15 de 30 de abril de 2004) establece un modelo de 
reconocimiento de títulos ejecutivos basado en el principio de reconocimiento mutuo 
(art. 81.2 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea), que se aplica en materia 
mercantil  y  civil,  con  la  finalidad  de  permitir  la  libre  circulación  de  resoluciones, 
transacciones  judiciales  y  documentos  públicos  con  fuerza  ejecutiva  en  todos  los 
Estados miembros (art. 1 del Reglamento). La certificación del título ejecutivo europeo, 
que asegura el reconocimiento del título, se librará por el órgano judicial nacional que 
dictó la resolución, transacción judicial o documento público con fuerza ejecutiva sobre el 
crédito  no  impugnado  (art.  3  del  Reglamento)  previo  control  de  los  requisitos  que 
establece el art. 6 del Reglamento. Por lo que interesa al presente recurso de amparo, el 
examen se refiere, entre otros elementos, a las garantías de la notificación con el ánimo 
de  asegurar  que  en  el  procedimiento  previo  a  la  adopción  de  la  resolución  cuya 
certificación se solicita, se respetaron los derechos de audiencia y defensa de la parte  s
deudora (considerando 10 del Reglamento). Este examen se reserva a supuestos, como  oe.
el  que  aquí  nos  ocupa,  en  los  que  la  no  comparecencia  del  demandado  en  el  w.
pccraréopdcíteituodlo im nIIioeI  nditemol ,pR usegugnplaaodmnoee  nauto n]lao. s aesufencctioósn  dtáec iltaa  adpelli caccréiódnit od eqlu eR epgelarmmieten toc a[liafirct.a r6lo.1  coc)m oy   2020-4111n https://w
respEenc tolo  dqeu ela s eq uree fieelr eR eag llaa mnoetniftioc adceiósnc rsibine  avcaurisaes  dmeo rdeacliibdoa d(easrt .a 1d4m idseibl leRse, gslaomloe nsteor)á,   BOE-A-cable e
válida si se conoce con certeza el domicilio del deudor. Con estas previsiones, el 
Reglamento establece un parámetro mínimo de garantía del derecho de defensa (art. 47 
CDFUE) que asegure que la ausencia del deudor fue consciente y voluntaria, de lo que 
se puede deducir la ausencia de ánimo de impugnar el crédito. Llegados a este punto, 
cumple valorar si una notificación por edictos efectuada desconociendo totalmente el 
domicilio del deudor, que puede resultar eventualmente válida en nuestro sistema desde 
la óptica del art. 24.1 CE tal y como se expone en el fundamento jurídico 4, es también 
válida desde la perspectiva del art. 47 CDFUE para librar una certificación de título 
ejecutivo europeo.
La  respuesta  a  este  interrogante,  teniendo  en  cuenta  el  Considerando  13  del 
Reglamento 805/2004 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) en el 
asunto G contra Cornelius de Visser, de 15 de marzo de 2012, debe ser negativa. El 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirma que si bien una sentencia en rebeldía 
figura entre los títulos ejecutivos que pueden ser certificados como títulos ejecutivos 
europeos (art. 3 del Reglamento), cuando la misma ha sido dictada sin determinar el 
domicilio del demandando no puede ser certificada como título ejecutivo europeo. La 
sentencia  completa  su  argumentación  refiriéndose  al  décimo  considerando  del 
Reglamento 805/2004 que establece que «cuando un órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro haya dictado una resolución sobre un crédito no impugnado en ausencia del 
deudor en el procedimiento, la supresión de los controles en el Estado miembro de 
ejecución debe estar inseparablemente vinculada y sujeta a la existencia de una garantía 
suficiente de que se observe el derecho de defensa». Por tanto, el «derecho de la Unión 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a la certificación, como título ejecutivo 
europeo en el sentido del Reglamento núm. 805/2004, de una sentencia en rebeldía 
dictada contra un demandado cuyo domicilio sea desconocido». Esta respuesta del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene a confirmarse en la STJUE de 27 de junio 
de 2019, asunto C518/18, RD y SC.
El órgano judicial nacional, en el supuesto sometido al presente juicio de amparo, 
debió tener en cuenta la doctrina expuesta a la hora de verificar el cumplimiento de los 
requisitos para certificar el título ejecutivo europeo, actuando como juez de garantías de 
la Carta además de hacerlo como órgano de garantía de los derechos fundamentales 
contenidos en la Constitución. Así, debió verificar en qué medida se respetó el derecho 
de audiencia y de defensa de los deudores, no solo en relación con el art. 24.1 CE, sino 
también en relación con el art. 47 CDFUE, y, de haberlo hecho así, tendría que haber 
aplicado la interpretación formulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el 
asunto G contra Cornelius de Visser. La cuestión concreta que debió haberse planteado 
el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos, más allá de las consideraciones sobre si el 
auto despachando la ejecución era o no un título ejecutivo en el sentido del Reglamento, 
se refería a si la notificación edictal sin conocer el domicilio del deudor, que fue la única 
que intentó respecto del ahora recurrente en amparo, cumplía o no las exigencias 
derivadas del art. 47 CDFUE. No debió limitarse a valorar si la notificación edictal era 
adecuada o no lo era en términos de ajuste a las previsiones del art. 24.1 CE, sino que 
hubiera debido valorar si la notificación efectuada era suficiente para poder certificar el 
auto  despachando  la  ejecución  como  título  ejecutivo  europeo,  en  relación  con  la 
preservación del derecho de defensa según el alcance que la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea da a este derecho. A la primera cuestión, como se ha 
visto,  el  órgano  judicial  responde  positivamente  de  forma  errónea.  A  la  segunda, 
también. Porque más allá de que la notificación edictal fuera o no adecuada en términos  s
de respeto al derecho a la tutela judicial efectiva constitucionalmente reconocido, es  oe.
indudable  que  no  lo  era  en  términos  del  derecho  de  defensa  y  de  audiencia  w.
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arbitraria de una norma aplicable al proceso”, lo cual puede dar lugar a una vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 145/2012, de 2 de julio, FFJJ 5 y 6)». Y, en 
este caso, la selección irrazonable concurre desde el momento en que el órgano judicial 
valora positivamente el ajuste de la notificación edictal a la Ley de enjuiciamiento civil, 
sin tener en cuenta que no está ante un problema de validez genérica de la notificación 
por  edictos,  sino  ante  la  suficiencia  de  este  tipo  de  comunicación,  correcta  o 
incorrectamente realizada en términos de derecho nacional, de cara a la emisión de un 
certificado del título ejecutivo europeo.
La cuestión es que, en este caso, la doble filiación de los derechos de audiencia y de 
defensa, hubiera exigido un examen complejo por parte del órgano judicial, que en este 
caso no solo actúa como garante del art. 24.1 CE, sino también del art. 47 CDFUE, de 
modo que no bastaba con constatar que se cumplían los requisitos del primero, sino que 
también  debía  haber  verificado  que  la  resolución  cuya  certificación  se  solicitaba, 
respetaba el contenido y límites del art. 47 de la Carta, en el sentido que les había 
atribuido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Todo lo anterior nos lleva a concluir que, incluso aunque la notificación edictal 
hubiera sido efectuada correctamente según los parámetros de nuestra jurisprudencia 
constitucional,  que  no  lo  fue  porque  en  ningún  momento  el  órgano  judicial  intentó 
siquiera  la  notificación  personal,  ni  la  averiguación  del  domicilio  del  deudor,  la 
certificación del título ejecutivo europeo no se hubiera ajustado al derecho de la Unión 
Europea, porque en este caso el domicilio del deudor era desconocido. Por tanto, de la 
inadecuada aplicación del Derecho de la Unión Europea se deriva, en el supuesto que 
ahora  nos  ocupa,  una  clara  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(art. 24.1 CE), por errónea aplicación de la norma que, a mayor abundamiento, implica 
una infracción clara del derecho de defensa (art. 24.2 CE) del recurrente en amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar los recursos de amparo núms. 4657-2014 y 442-2015, y, en consecuencia:
1.º  Declarar que se han vulnerado los derechos del demandante de amparo a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerle en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de 
despacho de ejecución de 26 de octubre de 2009, del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de 
Burgos, y del auto de 3 de junio de 2014, que desestimó el incidente de nulidad de 
actuaciones interpuesto contra la primera resolución. Asimismo se declara la nulidad del 
auto  del  Juzgado  de  lo  Mercantil  núm.  1  de  Burgos,  de  3  de  junio  de  2014, 
desestimatorio de la petición de revocación de la certificación de título ejecutivo europeo 
y contra el auto del mismo juzgado de 31 de julio de 2014.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado del auto de despacho 
de  ejecución  de  26  de  octubre  de  2009,  para  que  se  tramite  de  nuevo  todo  el  s
procedimiento ejecutivo de forma respetuosa con los derechos fundamentales cuya  e.
vulneración se declara. w.
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Melgar.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.