BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 194 Jueves 16 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 52125
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
7978 Resolución  de  7  de  julio  de  2020,  de  la  Presidencia  del  Consejo  de 
Transparencia y Buen Gobierno, por la que se publica el Convenio con la 
Ciudad de Melilla, para el traslado del ejercicio de la competencia para la 
resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno.
El  artículo  38,  número  2,  letra  c),  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), encomienda 
a la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función 
de conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación de su artículo 24. Por 
su parte, el número 3 de la Disposición adicional cuarta de la LTAIBG prevé que las 
Ciudades  con  Estatuto  de  Autonomía  podrán  designar  sus  propios  órganos 
independientes o bien atribuir la competencia al Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, celebrando al efecto un convenio con la Administración General del Estado en 
el que se estipulen las condiciones en que la Ciudad sufragará los gastos derivados de 
esa asunción de competencias.
En desarrollo de las anteriores previsiones normativas, el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno y la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Distritos, Juventud, 
Participación  Ciudadana,  Familia  y  Menor)  suscribieron  el  pasado  24  de  junio  el 
correspondiente  convenio  de  colaboración  que,  una  vez  inscrito  en  el  Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal 
con fecha 7 de julio de 2020, debe ser publicado en el Boletín Oficial del Estado según 
determina el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
En su virtud, esta Presidencia resuelve:
Remitir al «Boletín Oficial del Estado» para su publicación el Convenio entre el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería 
de Distritos, Juventud, Participación Ciudadana, Familia y Menor) para el traslado del 
ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el 
artículo  24  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  Transparencia,  Acceso  a  la 
Información Pública y Buen Gobierno.
Madrid, 7 de julio de 2020.–El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, A.A.I., P.S. (Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre), el Subdirector General 
de Transparencia y Buen Gobierno, Francisco Javier Amorós Dorda.
ANEXO ÚNICO
Convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Ciudad 
Autónoma de Melilla (Consejería de Distritos, Juventud, Participación Ciudadana, 
Familia y Menor) por el que se atribuye al Consejo la competencia para la 
resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
En Madrid y Melilla, a la fecha de la firma.
REUNIDOS
De  una  parte,  don  Mohamed  Ahmed  Al-Lal,  Consejero  de  Distritos,  Juventud, 
Participación Ciudadana, Familias y Menor de la Ciudad, nombrado para este cargo 
mediante  Decreto  377,  de  13  de  diciembre  de  2019,  relativo  a  nombramiento  de 
Vicepresidentes y Consejeros de la Ciudad Autónoma de Melilla y autorizado para este 
acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 2 de junio de 2020.
De otra parte, don Francisco Javier Amorós Dorda, ejerciendo las funciones de 
Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por vacante, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 10.1 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se 
aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Las partes intervienen en virtud de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las 
competencias,  facultades  y  atribuciones  que  tienen  atribuidas,  reconociéndose 
mutuamente capacidad y legitimación para suscribir el presente convenio, y a tal efecto
EXPONEN
Primero.
Que de acuerdo con el artículo 24, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Buen  Gobierno  (en  adelante 
LTAIBG),  frente  a  toda  resolución  expresa  o  presunta  en  materia  de  acceso  a  la 
información  pública,  podrá  interponerse  una  reclamación  ante  el  Consejo  de 
Transparencia y Buen Gobierno con carácter potestativo y previo a su impugnación en 
vía contencioso-administrativa.
Segundo.
Que el artículo 38, número 2, letra c), de la LTAIBG atribuye al Presidente del 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función de conocer de las 
reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de la Ley.
Tercero.
Que la disposición adicional 4.ª de la LTAIBG, establece que la resolución de la 
reclamación  prevista  en  el  artículo  24  de  la  misma  corresponderá  al  órgano 
independiente  que  determinen  las  Comunidades  Autónomas  en  los  supuestos  de 
resoluciones dictadas por las Administraciones y el sector público de éstas, y por las 
Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial.
Cuarto. bo
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correspondiente  convenio  en  el  que  se  estipulen  las  condiciones  en  que  aquéllas
sufragarán los gastos derivados de esta asunción de competencias. Bc
Quinto.
Que la citada disposición adicional 4.ª, en su número 3, contempla la posibilidad de 
que las Ciudades con Estatuto de Autonomía atribuyan al Consejo la competencia para 
la  resolución  de  las  reclamaciones  referidas  en  el  apartado  anterior  mediante  la 
celebración del correspondiente convenio, en el que se estipulen las condiciones en que 
aquéllas sufragarán los gastos derivados de esta asunción de competencias.
Sexto.
Que  dando  cumplimiento  a  las  previsiones  legislativas  señaladas,  el  1  de  abril 
de 2016 se suscribió un primer convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno y la Ciudad Autónoma de Melilla (en adelante, la Ciudad) para atribuir al 
Consejo el ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones del 
artículo  24  de  la  LTAIBG  en  los  supuestos  de  resoluciones  dictadas  por  su 
Administración propia y las entidades integradas en su sector público. A este convenio le 
sucedieron prórrogas en los años 2107, 2018 y 2019.
Séptimo.
Que ambas partes manifiestan su interés y voluntad en continuar la colaboración 
iniciada en 2016 y para ello convienen en suscribir este convenio, que se ajustará a las 
siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El objeto de este convenio lo constituye la atribución de la competencia al Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno para la resolución de las reclamaciones previstas en 
el artículo 24 de la LTAIBG, respecto de las resoluciones dictadas por la Administración 
de la Ciudad y las entidades integradas en su sector público.
Segunda.  Especificaciones.
La atribución de la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no 
supone en ningún caso renuncia de la competencia que corresponde a la Ciudad, 
transfiriéndose únicamente la gestión, resolución y notificación de las reclamaciones 
correspondientes que se sustancien.
Tercera.  Obligaciones de carácter general.
1.  El  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  se  obliga  a  conocer  las 
reclamaciones  en  materia  de  acceso  a  la  información  que  puedan  interponerse  al 
amparo de la LTAIBG, respecto de los actos de la Administración de la Ciudad y su 
sector público.
Esta obligación comprende la de tramitar, resolver, notificar y hacer el seguimiento de 
dichas reclamaciones en el plazo a que se refiere el artículo 24, número 4, de la LTAIBG.
Del mismo modo comprende la de remitir por vía electrónica a las Administraciones 
implicadas las resoluciones dictadas, en el término de los tres días siguientes a su fecha  es
de elaboración y a notificarlas a los interesados en los términos previstos en la LTAIBG. o
2.  Las reclamaciones de acceso a la información pública podrán presentarse en  w.
occuoctanulvqbeurneiei,o rd  ryee,l  gPeisnrot rcoge epdnúiembrlaiiecl,no t eodn eA  lldoamss  iApnridsemtvraiisnttiiovsostr  aCecnoio mneúel nsa  rdinteícc lulualiosd  aA1sd6 me dnine ei sll atár amLcebioyitn o3e d9se /P2 a0úp1bl5liicc, aadcsei.ó n1  ddeel   2020-7978n https://ww
La Ciudad remitirá  todas  las reclamaciones y su documentación anexa por vía
electrónica  al  buzón  del  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno
(reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es) en el curso de los tres días siguientes 
al de la fecha en que tuvieran entrada en la sede autonómica identificada al efecto.
Cuarta.  Obligaciones de carácter económico.
1.  La Ciudad se obliga a sufragar con cargo a sus propios recursos los gastos 
derivados de la ejecución de este convenio.
2.  El importe de los costes se determinará por el Consejo multiplicando el número 
de reclamaciones presentadas por el coste unitario de las resoluciones, calculado de 
acuerdo con el Modelo de Costes Estándar / Standard Cost Model (MCE/SCM) de la 
Unión Europea en la versión simplificada adoptada en España, aprobada por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009.
3.  El método de cálculo será el explicitado en el Anexo de este convenio.
4.  La Ciudad ingresará anualmente en el Tesoro Público los costes derivados de la 
tramitación, resolución, notificación y seguimiento de las reclamaciones comprendidas en 
el ámbito de este convenio y de elaboración de las correspondientes resoluciones.
El pago será anual, salvo en el supuesto de terminación anticipada del convenio, y 
tendrá lugar en los términos en que las partes lo acuerden en el marco de la comisión a 
la que se refiere la cláusula séptima. El pago se hará efectivo previa expedición de la 
correspondiente certificación por el Consejo en la que constará, como documento anexo, 
el  desglose  de  los  importes  correspondientes  a  la  Ciudad  y  al  resto  de  entidades 
comprendidas en el ámbito de aplicación del convenio.
En los supuestos de prórroga de este convenio, la correspondiente Addenda fijará los 
plazos de pago de conformidad con lo que se establezca en la Comisión de Seguimiento.
Quinta.  Vigencia y modificación del Convenio.
1.  Este  convenio  tendrá  vigencia  de  cuatro  años,  surtiendo  efectos  desde  su 
inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 
del sector público estatal y publicación en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 48.8, párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
2.  El convenio podrá prorrogarse por un periodo de otros cuatro años mediante 
acuerdo expreso de ambas partes, siempre que la prórroga se adopte con anterioridad a 
la finalización de su plazo de duración y sin que en ningún caso exceda de los plazos 
establecidos en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
3.  En el caso de que se plantee la modificación de este convenio, ésta deberá ser 
acordada por acuerdo unánime de las partes firmantes.
Sexta.  Denuncia y extinción del Convenio.
1.  La Ciudad podrá denunciar este convenio comunicándolo al Consejo por escrito 
con un mes de antelación a la fecha en la que desee la terminación del mismo.
2.  El Consejo solo podrá denunciar el convenio por causas sobrevenidas de índole 
presupuestaria, técnica u organizativa debidamente motivadas. En su caso, la denuncia 
se realizará en los términos previstos en el número anterior.
3.  En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las 
acciones ya iniciadas en el momento de notificación de la denuncia, en los términos 
definidos en la cláusula quinta. s
4.  La extinción del convenio supondrá la liquidación de las obligaciones financieras.  oe.
El acuerdo de resolución establecerá el modo de liquidar las actuaciones que estuvieran  w.
pendientes de ejecución en el momento de la extinción del convenio. 78ww
de la5 .L eEy l4 C0o/2n0v1e5n,i od es e1  edxet ioncgtuuibráre p.or cualquiera de las causas previstas en el artículo 51
6.  En el caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en las cláusulas 
tercera y cuarta, se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 51.2.c) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
7.  En caso que existieran perjuicios susceptibles de indemnización en los términos 
de  los  artículos  49.e)  y  51.2.c)  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  éstos  serán 
evaluados y acordados por la Comisión de Seguimiento del presente Convenio. En caso 
de desacuerdo se estará en lo establecido en la cláusula séptima, apartado 3.
Séptima.  Comisión de Seguimiento.
1.  El Convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento, formada por 
dos representantes del Consejo y dos representantes de la Ciudad, designados por cada 
una de las partes y nombrados por el Consejo. Los representantes del Consejo asumirán 
la Presidencia y la secretaría de la comisión.
Corresponderá a la Comisión el seguimiento de la ejecución de las resoluciones del 
Consejo.
2.  Las partes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de la 
misma, cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento del convenio, sin 
perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo para el 
conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.
3.  Las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán celebrarse por medios 
electrónicos.
4.  La Comisión de Seguimiento contará con un comité técnico de asesoramiento 
que  informará,  caso  de  ser  necesario,  aquellas  reclamaciones  que,  por  involucrar 
cuestiones técnicas específicas de determinados ámbitos, requieran un asesoramiento 
por parte del Consejo. El comité estará formado por los representantes de la Comisión 
de Seguimiento más un experto designado por la Ciudad, un experto designado, en su 
caso, por la entidad que corresponda, que sustituirá a uno de los representantes de la 
Ciudad, y un tercero designado por el Consejo.
5.  El comité técnico será convocado puntualmente por la Comisión, a petición de 
cualquiera de las partes, y funcionará preferentemente a través de videoconferencias o 
reuniones virtuales.
Octava.  Resoluciones del Consejo.
Las resoluciones del Consejo serán impugnables ante la jurisdicción competente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Novena.  Transparencia.
Las  partes  firmantes  del  convenio  se  comprometen  al  cumplimiento  de  las 
obligaciones  establecidas  en  la  LTAIBG,  así  como  a  someterse  al  régimen  de 
infracciones y sanciones en materia de transparencia que a cada una de ellas les resulte 
de aplicación.
Décima.  Naturaleza y régimen jurídico del Convenio.
1.  Este convenio tiene la consideración de convenio interadministrativo, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 47.2 a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, resultándole  e.e
asimismo aplicable lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de  w.b
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español  78ww
ldaes  feDbirreecrotiv daes  2d0e1l 4P, aernlacmonetnráton dEousreo peexocl uyi ddoe dl eCl oánmsebjioto  2d0e1 l4a/ 2c3o/nUtrEa tya c2ió0n1 4p/ú2b4l/iUcaE., de 26
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contractual para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse.
3.  El convenio se ajustará a los principios rectores y regla de gasto establecidos en 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera,  que  prevé  el  principio  de  estabilidad  presupuestaria  para  todas  las 
Administraciones Públicas.
4.  Sin perjuicio de lo previsto en la precedente cláusula séptima, las cuestiones 
litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de este convenio, que no 
cuenten con acuerdo en el seno de la Comisión de Seguimiento, serán de conocimiento 
y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.
En prueba de conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, las partes 
firman  este  convenio  por  triplicado  ejemplar,  en  los  lugares  y  fecha  al  principio 
indicados.–Por la Ciudad Autónoma de Melilla, Mohamed Ahmed Al-Lal.–Por el Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno, P.S. (art. 10 del R.D. 919/2014), el Subdirector 
General de Transparencia y Buen Gobierno, Francisco Javier Amorós Dorda.
ANEXO
I.  De acuerdo con el Modelo de Costes Estándar/Standard Cost Model (MCE/SCM) 
de la Unión Europea, en la versión simplificada adoptada en España, aprobada por 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, los costes internos de los 
procesos de trabajo en las Administraciones Públicas tienen en consideración los costes 
de personal y los costes de funcionamiento de los servicios.
II.  Respecto de los costes de personal, el coste medio por tarea es el resultado de 
multiplicar el coste unitario por hora del grupo de titulación por el número de horas que 
lleva realizar la tarea. El cálculo del coste de la hora de cada grupo profesional, se 
obtiene dividiendo la jornada anual de 1.664 horas de trabajo por el salario anual. El 
número de horas empleado en realizar la tarea se obtiene de la observación directa de 
los procesos de trabajo.
III.  Respecto de los gastos de funcionamiento (costes indirectos), el importe de los 
mismos se obtiene a partir de la información recogida en los Capítulos II y Capítulo VI de 
los Presupuestos Generales del Estado. El importe equivaldría a la suma de los créditos 
correspondientes en un porcentaje del 30 por 100 pues tal es la imputación de los costes 
de funcionamiento que se hace según estándares internacionales.
IV.  Aplicando estos parámetros, el cálculo del coste unitario para 2019 de una 
reclamación  tramitada  por  el  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  sería  el 
siguiente:
A.  El coste unitario por hora de personal por grupo de titulación, imputados los 
costes de funcionamiento sería:
A1 o equivalente: 23,71 euros.
A2 o equivalente: 18,46 euros.
C1 o equivalente: 13,74 euros.
C2 o equivalente: 11,35 euros.
B.  La  tramitación  media  de  un  expediente  de  reclamación  es  de  6:30  horas, 
teniendo en cuenta el siguiente desglose:
Borrador: 3 horas por parte de un técnico del grupo A1 o un técnico A2.
Propuesta de resolución: 2 horas por parte de un técnico A1. e
Gestión administrativa (registro de entrada y salida, traslado de oficios, notificación  bo
resolución): 1:30 horas por parte de un administrativo C1. 78ww
C.  De este modo, el coste unitario de una reclamación sería:
Borrador: Por parte de un técnico A1 o técnico A2 (3 horas):
A1: 23,71 x 3= 71,13 euros.
A2: 18,46 x 3= 55,38 euros.
Valor medio: 71,13+55,38/2= 63,25 euros.
Propuesta de Resolución: Por parte de técnico A1 (2 horas):
23,71 x 2= 47,42 euros.
Gestión administrativa: Registro de entrada y salida, traslado de oficios, notificación 
resolución (1:30 hrs.):
13,74 x 1,5= 20,61 euros.
Total: 63,25 euros + 47,42 euros + 20,61 euros = 131,28 euros.
Total expediente: 131,28 euros.