BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 285 Lunes 29 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 147503
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
19702 Resolución de 23 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Diputación de Lugo, para el cumplimiento de las penas de 
trabajos en beneficio de la comunidad.
Habiéndose suscrito el 5 de noviembre de 2021 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la Diputación 
de Lugo para el cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, 
procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio que figura 
como anexo a esta resolución.
Madrid, 23 de noviembre de 2021.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, y la Diputación de Lugo para el cumplimiento de 
penas de trabajo en beneficio de la comunidad
Madrid, a 5 de noviembre de 2021.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/2018, de 18 de 
junio, actuando por delegación de competencias del Secretario de Estado de Seguridad, 
según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden INT/985/2005, 
de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las 
delegaciones efectuadas por otras autoridades, en relación con el artículo 62.2.g) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a 
los efectos del presente convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid.
Y de otra parte, don José Tomé Roca, Presidente de la Diputación de Lugo (en 
adelante, Diputación) nombrado por acuerdo de fecha 18 de julio de 2019, actuando en 
nombre y representación de la misma en virtud de las atribuciones que le confiere el 
artículo 34.b) de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, y con domicilio 
a los efectos del presente convenio en calle San Marcos 8, 27001 de Lugo.
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN es
Primero. 702www.
dignQiduaed  ldae  Clao npsetritsuocnióan,  loEss pdaeñreoclah oess tfaubnldeacme eennt asleuss  daer tíccounlofosr m10id ayd  1c4o ne ll ad eDreecclhaora cai ólna 
Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en 
nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción 
dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la 
anterior, remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, 
estableciéndose en el citado artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad –
que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado– le obligan a prestar su 
cooperación  no  retribuida  en  determinadas  actividades  de  utilidad  pública.  Estas 
circunstancias de ejecución se mantuvieron por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio y 
por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ambas modificativas del Código Penal.
Tercero.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio 
de las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como 
establecen la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y el 
Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Cuarto.
Que  el  Real  Decreto  840/2011,  de  17  de  junio,  por  el  que  se  establecen  las 
circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de 
localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, 
así  como  de  la  suspensión  de  la  ejecución  de  las  penas  privativas  de  libertad  y 
sustitución de penas, considera, en su artículo 4.1, que el trabajo en beneficio de la 
comunidad será facilitado por la Administración estatal, autonómica o local, que, a tal fin, 
podrán establecer los oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas 
que desarrollen actividades de utilidad pública, debiendo remitir mensualmente a la 
Administración Penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio.
Asimismo, el Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior establece en su artículo 7.3.a) que 
corresponde  a  la  Subdirección  General  de  Medio  Abierto  y  Penas  y  Medidas 
Alternativas, la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de 
la comunidad, de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de la 
libertad  condicional;  la  libertad  vigilada  postpenitenciaria  que  es  competencia  de  la 
Administración Penitenciaria, y la acción social penitenciaria.
Quinto.
Que conforme al artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y 
entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas,  e.e
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de  w.b
derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la  702ww
comIpgeutaelnmceian.te, según el apartado tercero del citado artículo, la suscripción de convenios
dmeebdeiorás  ym seejorvraicri olsa  peúfbicliiceonsc,i ac odnetr iblau irg eas ltaió rne apliúzbalcicióan,  dfaec ailictativr idlaa duetsil izdaec uiótinli dcaodn pjuúnbtlaic ad ey 
cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por 
las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto establecer la forma de colaboración entre la 
Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  la  Diputación  de  Lugo  para  el 
efectivo cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, mediante la 
prestación por los penados de determinadas actividades de utilidad pública en su ámbito 
competencial.
Segunda.  Compromisos  que  asume  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias.
1.  El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias,  asume  las  obligaciones  para  la  cobertura  de  las  contingencias  que 
corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de los penados, por los días de prestación efectiva del 
trabajo desarrollado en beneficio de la comunidad, en virtud de lo dispuesto en el 
Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la 
protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la 
comunidad.
En concreto en el preámbulo del citado Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, se 
señala que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no constituye una actividad 
productiva ni remunerada, en los siguientes términos: «…la protección que en este caso 
se dispensa a los penados, es al modo como se protegen las prestaciones personales 
obligatorias,  la  derivada  de  su  inclusión  en  la  acción  protectora  del  sistema  de  la 
Seguridad  Social  únicamente  en  los  casos  de  accidente  de  trabajo  y  enfermedad 
profesional».  Todo  ello  también  en  concordancia  con  el  artículo  11  del 
Real Decreto 840/2011, de 17 de junio.
2.  Asimismo, al tener a su cargo los Servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas, le corresponde la gestión, coordinación y seguimiento de la pena, mediante 
contactos con los responsables del trabajo de la Diputación.
Tercera.  Compromisos que asume la Diputación.
1.  La Diputación se compromete a facilitar un número de plazas a los penados a 
trabajos en beneficio de la comunidad, en las condiciones establecidas en el artículo 49 
del Código Penal y en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio.
2.  La Diputación, a través de los órganos o servicios habilitados para ello, se 
compromete a impartir los conocimientos necesarios para que la actividad desplegada 
por los penados pueda ser cumplida eficazmente, y facilitará el material necesario para 
la realización de la tarea encomendada.
3.  La oferta de plazas para el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de 
la comunidad no tendrá, en ningún caso, un impacto negativo en los puestos de trabajo 
ya existentes y de futuro de la Diputación. s
4.  La Diputación deberá facilitar el Anexo I cumplimentado, con los datos que se  o
iGndeincearna,l  dae l oInss tSiteurcvioicnioess  Pdee nGiteensctiióanri adse. Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría  2021-19702n https://www.
Cuarta.  Distribución de las plazas.
1.  La Diputación deberá remitir a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas  de  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias,  el  anexo  II 
cumplimentado con los datos sobre las plazas que se indican.
2.  Los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, valorarán al penado con el fin de determinar la 
actividad más adecuada e informarán al mismo de las distintas plazas existentes, con 
indicación expresa de su cometido y del horario en que deberán realizar la actividad, 
conforme al catálogo de plazas que haya remitido la Diputación de acuerdo con el Anexo 
II de este convenio.
3.  Una  vez  realizada  la  valoración  y  seleccionada  la  tarea  a  desarrollar,  los 
Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, trasladarán a la Diputación la información necesaria para el 
adecuado desenvolvimiento de las actividades asignadas.
Quinta.  Jornada y horario.
Para determinar la duración de la jornada y el plazo en que deba cumplirse, los 
Servicios  de  Gestión  de  Penas  y  Medias  Alternativas  de  la  Secretaría  General  de 
Instituciones Penitenciarias, deberán atender al principio de flexibilidad que recoge el 6.2 
del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, para compatibilizar, en la medida de lo 
posible, el normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el cumplimiento 
de la pena impuesta y, en todo caso, de conformidad con las resoluciones judiciales.
Sexta.  Derechos laborales o estatutarios en el desarrollo de la actividad.
1.  La actividad que realice el penado no será retribuida.
2.  En ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral, o de 
carácter estatutario, como consecuencia de la actividad desarrollada por el penado con 
motivo  del  presente  convenio,  ni  para  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias ni para la Diputación.
Séptima.  Seguimiento y control del cumplimiento de la pena.
1.  Durante el cumplimiento de la condena el penado deberá seguir las instrucciones 
recibidas de la Autoridad Judicial competente y de los Servicios de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En cuanto 
al desarrollo de las tareas a realizar, el penado deberá seguir las directrices de la unidad 
en la que preste su tarea, en el ámbito de actuación y competencias de la Diputación.
2.  La  Diputación  informará  a  los  Servicios  de  Gestión  de  Penas  y  Medidas 
Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de la actividad que 
vaya siendo desarrollada por el penado y de las incidencias relevantes que se produzcan 
en  el  desenvolvimiento  del  plan  de  ejecución,  para  que  por  dichos  servicios  se 
comunique lo oportuno a la Autoridad judicial competente.
En todo caso, deberá informarse de las siguientes incidencias:
a)  Ausencias del trabajo o abandonos injustificados.
b)  Rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible.
c)  Oposición  o  incumplimiento  reiterado  y  manifiesto  a  las  instrucciones  del  e
responsable de la ocupación. bo
d)  Cuando su conducta sea tal que el responsable de la actividad se negara a  702ww
manItgeunaelmrlee netne ,la l am iDsmipau.tación deberá informar a los Servicios de Gestión de Penas y
Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre la
finalización del plan de ejecución. Bc
Octava.  Confidencialidad y protección de datos.
1.  La  Diputación  se  compromete  a  mantener  en  secreto  todos  los  datos  e 
informaciones facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que 
sean concernientes a la ejecución del objeto del presente convenio. En particular, será 
considerado como información confidencial todos los datos relativos al penado, debiendo 
la Diputación mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna 
forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del 
presente convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia  de  protección  de  datos  y,  en  concreto,  a  lo  dispuesto  en  la 
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales  por  parte  de  las  autoridades  competentes  para  fines  de  prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la 
Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga; 
así como la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales 
tratados  para  fines  de  prevención,  detección,  investigación  y  enjuiciamiento  de 
infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, que implementa la referida 
directiva.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal  respectivamente  recabados  en  el  ámbito  del  trabajo  en  beneficio  de  la 
comunidad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la 
otra  parte,  se  realizará  con  la  condición  de  encargado  de  tratamiento,  única  y 
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del 
convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, 
salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a 
otras Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del  presente  convenio,  actuarán  como  responsables  del  tratamiento  la  Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias y la Diputación. Los datos objeto de tratamiento 
tendrán  por  finalidad  la  ejecución  de  sanciones  penales,  al  amparo  de  la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro 
sistema penal, y se clasificarán en las siguientes categorías: nombre y apellidos del 
penado, DNI y número de jornadas de condena a la pena de trabajo en beneficio de la 
comunidad.
4.  Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5.  Las  partes  firmantes  del  convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  las  hubiera  cometido  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido.
Novena.  Financiación del convenio.
El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben. bo
Déc1im. a.S eC eosmtaisbilóenc ed eu nSae gCuoimmiiesnióton. de Seguimiento del presente convenio, constituida
por dos representantes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por dos
representantes de la Diputación que serán nombrados por el Secretario General de 
Instituciones Penitenciarias y por la Diputación, respectivamente.
2.  Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que 
éstos designen.
3.  La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, así como la designación del secretario, que 
actuará con voz pero sin voto.
4.  La  Comisión  de  Seguimiento  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento que se deriven del presente convenio.
5.  El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Undécima.  Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y de la Diputación.
En caso de modificación, será necesaria la redacción de una adenda modificativa 
acordada por las partes y tramitada conforme a los requisitos previstos en la Ley.
Duodécima.  Legislación aplicable.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el 
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación, modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por 
conciliación  en  la  Comisión  de  Seguimiento  serán  sometidas  a  los  tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Decimotercera.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, modificado por Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, el presente 
convenio se perfecciona por el consentimiento prestado por las partes y resultará eficaz 
una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles, en el Registro Electrónico Estatal de 
órganos  e  instrumentos  de  cooperación  del  Sector  Público  Estatal.  Asimismo,  será 
publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Igualmente, el texto definitivo será publicado en el Portal de Transparencia de la 
Administración General del Estado de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG).
La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia  del  convenio,  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  la 
Diputación podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por otros cuatro 
años adicionales.
Decimocuarta.  Causas de extinción. s
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de  w.b
la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 702ww
que Lasse  peanrtceuse gnatrreann tizeanr áenj elac uccoinótnin ueidna de,l  hmasotma esun toco ndcelu slaió nr,e dseo luacqiuóenl ladse al ctcuoancvioenneios, 
estaEbnle cciaesnod od eu nin pcluamzop liimmpieronrtroo gdaeb alelg puanraa  dseu  fliansa loizbalicgióanci.ones y compromisos asumidos
por los firmantes, la otra parte podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento
para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se 
consideran  incumplidos.  Este  requerimiento  será  comunicado  al  responsable  del 
mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución y a las demás partes 
firmantes.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte  que  lo  dirigió  notificará  a  la  parte  incumplidora  la  concurrencia  de  causa  de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios, siendo en el seno de la 
Comisión dónde podrá fijarse la misma.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos 
ejemplares  originales,  igualmente  válidos,  en  lugar  y  fecha  arriba  indicados.–El 
Secretario  General  de  Instituciones  Penitenciarias,  Ángel  Luis  Ortiz  González.–El 
Presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca.
ANEXO I
Datos de la Diputación
 
PERSONA DE CONTACTO 
 
CARGO   
 
TELÉFONO    MÓVIL    FAX   
E-MAIL   
 
DIRECCIÓN DE LA 
 
ENTIDAD 
PROVINCIA   
LOCALIDAD    C.POSTAL   
 
ANEXO II
Oferta de plazas
ANEXO DE PLAZAS   
DATOS DE LA PLAZA   
TIPO DE ACTIVIDAD   
NÚMERO DE PLAZAS     
CARACTERÍSTICAS   
JORNADA DE  PERIODICIDAD   HORARIO   
Mañana    De lunes a viernes   
* (1)  Tarde    Fines de semana     
Noche    Toda la semana   
ESTUDIOS   
Ninguno    Diplomado Universitario o equivalente   
* (2)  Estudios Primarios      Licenciado Universitario o equivalente   
Educación Secundaria o equivalente    Idiomas   
OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS   
 
 
 
DATOS DE CONTACTO DE LA PLAZA   
NOMBRE / CARGO DEL RESPONSABLE   
TELÉFONO    MÓVIL    FAX   
E-MAIL   
DATOS DE UBICACIÓN   
PROVINCIA    LOCALIDAD   
C. POSTAL     
  es
(1) Una jornada, una plaza. Jornada de mañana y tarde dará lugar a dos anexos distintos.  w.
(2) Marcar el nivel mínimo requerido o «Ninguno» si no se requiere especial cualificación.