BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 315 Miércoles 2 de diciembre de 2020 Sec. I.   Pág. 108584
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
15401 Real Decreto 1058/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión 
directa  de  subvenciones  a  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  para  el 
mantenimiento y la mejora de la atención prestada en los centros de acogida 
de menores extranjeros no acompañados en el año 2020.
En la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se establece 
como  procedimiento  ordinario  para  la  concesión  de  las  mismas  su  tramitación  en 
régimen de concurrencia competitiva, estableciendo en el apartado 2 de su artículo 22, 
con carácter excepcional, la concesión directa de subvenciones en aquellos casos en los 
que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Este  real  decreto  tiene  por  objeto  establecer  las  normas  reguladoras  para  la 
concesión directa, con carácter excepcional, de subvenciones para la mejora de la 
atención  que  reciben  los  menores  extranjeros  no  acompañados  tutelados  por  las 
ciudades de Ceuta y Melilla. Las actividades que se pretenden realizar se derivan de la 
necesidad  de  atender  la  situación  en  que  se  hallan  estas  ciudades  que,  por  su 
localización geográfica, han recibido en estos años un gran número de estos menores y 
está previsto que a lo largo del año 2020, atendiendo a los datos de los últimos meses, 
este número se afiance, por lo que su aprobación responde a razones de interés público, 
social y humanitario que dificultan su convocatoria pública.
Debido a su situación geográfica, las ciudades de Ceuta y Melilla se ven afectadas 
por una mayor presión migratoria que otros territorios del Estado español al ser puntos 
de acceso preferente de las rutas migratorias procedentes de África con destino a 
Europa. Entre los inmigrantes que acceden a su territorio se encuentra un número 
notable  de  menores  extranjeros  no  acompañados.  Estas  llegadas  de  menores 
extranjeros no acompañados y su posterior permanencia, que obliga a los poderes 
públicos a otorgarles la protección y atención necesarias, requiere la disponibilidad de 
unos recursos que den respuesta a sus necesidades específicas y que no pueden ser 
satisfechas por los medios regulares de los que disponen estas ciudades.
Las comunidades autónomas, al haber asumido las competencias previstas en el 
artículo 148.1 de la Constitución Española, son las responsables de la protección de 
menores en sus respectivos territorios, y cuando se constata que un menor se encuentra 
en situación de desamparo les corresponde la tutela del mismo, debiendo adoptar las 
medidas de protección necesarias para su guarda.
El respeto al principio del interés superior del menor, incorporado en los tratados 
internacionales, en especial en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y en la 
normativa interna, exige tanto la atención de estos menores en el territorio español por 
parte de los servicios de protección de menores como la iniciación del procedimiento de 
retorno a sus países para su reagrupación familiar o, en su defecto, para su acogida por 
parte de los servicios de protección de menores del país de origen.
En los últimos años el número de menores extranjeros no acompañados que llegan a  s
los servicios de protección de estas ciudades, que son frontera exterior de la Unión  oe.
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de 2019, era 712, y en la ciudad de Melilla, 1.398, lo que supone para los servicios de
protección de ambas ciudades un gran esfuerzo económico en el conjunto de sus 
respectivas políticas presupuestarias.
El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el artículo 67 de 
su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establecen que 
podrán  concederse  de  forma  directa  y  «con  carácter  excepcional,  aquellas  otras 
subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o 
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública». De 
conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 22.2.c) 
deberán ser aprobadas por real decreto, a propuesta del Ministro competente y previo 
informe del Ministerio de Hacienda.
Por lo tanto, dado que existen razones de interés público, social y humanitario para 
atender la situación que presentan las ciudades de Ceuta y Melilla en relación con la 
llegada a su territorio de menores extranjeros no acompañados, se justifica la concesión 
directa de una subvención a estas ciudades para financiar durante el año 2020 los 
gastos derivados de posibilitar y mejorar su atención.
La subvención regulada en este real decreto tiene carácter singular derivado de las 
excepcionales circunstancias que concurren como consecuencia de la necesidad de 
atender a los menores extranjeros no acompañados que llegan a las ciudades de Ceuta 
y Melilla. Estas razones determinan la improcedencia de la convocatoria pública de 
subvención.
Por lo expuesto, se considera que la norma se adecua a los principios de buena 
regulación  previstos  en  el  artículo  129  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, particularmente a 
los de necesidad y eficacia, al perseguir la mejora de la atención por parte de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de los menores extranjeros no acompañados y resultar el 
instrumento más adecuado para garantizar la consecución de los objetivos enunciados. 
De acuerdo con el principio de proporcionalidad, se ha optado por una regulación que 
recoge únicamente las obligaciones propias de las subvenciones de concesión directa 
con el detalle suficiente en los mecanismos de solicitud, seguimiento y control, de modo 
que  se  garantiza  así  también  el  principio  de  seguridad  jurídica  al  adecuarse  a  la 
legislación vigente en la materia.
Por último, en aplicación del principio de transparencia, se ha definido claramente el 
alcance y objetivo de las subvenciones otorgadas, y se atiende al principio de eficiencia, 
puesto  que  las  mismas  no  suponen  cargas  administrativas  accesorias  a  las 
estrictamente necesarias para su concesión y contribuyen a la gestión racional de los 
recursos públicos existentes.
Según el artículo 1 del Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se 
desarrolla  la  estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y 
Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, corresponde 
a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno, entre otras, en 
materia de protección de las personas menores de edad.
En el procedimiento de tramitación del real decreto, se han solicitado los informes de 
la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada en el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.2.ª de la 
Constitución Española, que establece la competencia exclusiva del Estado en materia de  s
inmigración. oe.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, previo informe del Ministerio de Hacienda, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de diciembre de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter 
excepcional y por razones de interés público, social y humanitario, de subvenciones a las 
ciudades de Ceuta y Melilla para financiar durante el año 2020 los gastos derivados del 
mantenimiento y la mejora de la atención prestada en los centros de acogida de menores 
extranjeros no acompañados.
Artículo 2.  Régimen jurídico aplicable.
Las presentes subvenciones se regirán, además de por lo particularmente dispuesto 
en el presente real decreto-ley, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 
en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, así como por lo 
establecido en las demás normas que resulten de aplicación.
Asimismo, las actuaciones subvencionadas mediante este real decreto se ajustarán a 
lo previsto en Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación  parcial  del  Código  Civil  y  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil;  la  Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social; por el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
aprobado  por  Real  Decreto  557/2011,  de  20  de  abril,  así  como  por  los  convenios 
internacionales en materia de protección del menor ratificados por España.
Artículo 3.  Actuaciones subvencionables.
1.  Serán  actuaciones  subvencionables  aquellas  destinadas  al  mantenimiento  y 
mejora de los servicios de atención y acogida, información, asistencia social y formación 
de los menores extranjeros no acompañados, y en concreto:
a)  La  atención  inmediata  y  acogida  de  estos  menores,  tal  como  determina  el 
Protocolo  Marco  sobre  determinadas  actuaciones  en  relación  con  los  menores 
extranjeros no acompañados, cuyo acuerdo de aprobación fue publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» por Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Subsecretaría del 
Ministerio de Presidencia.
b)  La  información,  orientación  y  apoyo  psicosocial  del  menor  extranjero  no 
acompañado, su escolarización, su inclusión social o su formación e inserción profesional.
2.  El período de ejecución de las actividades subvencionadas comprenderá desde 
el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Artículo 4.  Procedimiento de concesión.
1.  Se autoriza la concesión directa de estas subvenciones en aplicación de lo  es
previsto en los artículos 22.2.c) y 28.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en  o
relación con lo establecido en el artículo 67 de su Reglamento de desarrollo, aprobado  401www.
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de  Subvenciones,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  20.4  de  la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 6 del Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad 
de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Artículo 5.  Entidad beneficiaria.
Serán entidades beneficiarias de estas subvenciones las ciudades de Ceuta y Melilla.
Artículo 6.  Obligaciones de la entidad beneficiaria.
Las ciudades de Ceuta y Melilla estarán sujetas a las obligaciones previstas en los 
artículos 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a las que 
se determinen específicamente en la resolución de concesión.
Artículo 7.  Subcontratación.
La entidad beneficiaria podrá llevar a cabo la subcontratación de los programas y 
actuaciones recogidos en el artículo 3, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la 
Ley 38/2003, de 17 noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento de desarrollo, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
La entidad beneficiaria podrá realizar la subcontratación de hasta el cien por ciento 
de los programas y actuaciones objeto de la subvención.
Artículo 8.  Cuantía y financiación.
1.  El importe de la subvención será de 2.345.110 euros para la ciudad autónoma de 
Ceuta y de 4.103.890 euros para la ciudad autónoma de Melilla.
2.  Esta  subvención  será  financiada  con  cargo  al  presupuesto  de  gastos  del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del año 2020.
Artículo 9.  Pago de las subvenciones.
1.  El  pago  de  la  subvención  se  efectuará  una  vez  dictada  la  resolución  de 
concesión. Para la realización del pago no será necesaria la constitución de ninguna 
garantía en virtud de lo dispuesto en el artículo 42.2.a) de su Reglamento de desarrollo, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Este pago tendrá el carácter de pago anticipado en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Con carácter previo a la ordenación del pago, las ciudades de Ceuta y Melilla 
deberán  acreditar  ante  la  Dirección  General  de  Derechos  de  la  Infancia  y  de  la 
Adolescencia  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Derechos  Sociales  del  Ministerio  de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 los siguientes extremos:
a)  Que no está incursa en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para 
obtener la condición de entidad beneficiaria de las subvenciones.
b)  Que está al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
c)  Que no es deudora por resolución de procedencia de reintegro.
La acreditación de cada uno de los requisitos anteriores se realizará mediante la 
presentación de la correspondiente declaración responsable.
3.  No obstante, de conformidad con el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de  e.
diciembre, General Tributaria, la entidad beneficiaria podrá autorizar al órgano instructor  w.b
o al concedente para consultar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria si se  401ww
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.
Artículo 10.  Compatibilidad con otras ayudas.
1.  La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o 
entes  públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos 
internacionales.
2.  El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo 11.  Publicidad y difusión.
1.  En las actuaciones que se lleven a cabo, en todo o en parte, en ejecución de 
esta subvención, que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, 
deberá incorporarse de forma visible el logotipo institucional de la Dirección General de 
Derechos de la Infancia y de la Adolescencia de la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con el fin de identificar el 
origen estatal de la financiación recibida.
2.  El logotipo institucional a que se refiere el apartado anterior únicamente podrá 
ser empleado en los materiales que se utilicen para la realización, información y difusión 
de las actuaciones que constituyen el objeto de la subvención y no con otros fines 
publicitarios ajenos a las mismas.
Artículo 12.  Modificación de la resolución.
1.  Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán solicitar, con carácter excepcional, la 
modificación  del  contenido  de  la  resolución  de  concesión,  cuando  concurran 
circunstancias sobrevenidas que alteren o dificulten el cumplimiento de la misma.
La solicitud de modificación deberá fundamentar suficientemente dicha alteración o 
dificultad y deberá formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias 
que la justifiquen, deberá ir dirigida a la Dirección General de Derechos de la Infancia y 
de la Adolescencia y presentarse en el registro electrónico general del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, en todo caso, con anterioridad al momento en que 
finalice el plazo de ejecución de los gastos subvencionados.
2.  La resolución de la solicitud de modificación se dictará por la persona titular de la 
Secretaría de Estado de Derechos Sociales y se notificará en un plazo máximo de tres 
meses a contar desde la fecha de presentación de aquella.
3.  Sin perjuicio de lo anterior, la persona titular de la Secretaría de Estado de 
Derechos Sociales podrá modificar la resolución de concesión siempre que concurran 
circunstancias que supongan una alteración relevante de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de las subvenciones.
Artículo 13.  Régimen de justificación.
1.  En aplicación de lo previsto en la disposición adicional novena del Reglamento 
de  desarrollo  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, las entidades beneficiarias justificarán la subvención 
mediante la aportación de un certificado emitido por el titular del órgano que ha percibido 
la subvención, en el que se acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de su 
finalidad. Asimismo, deberá presentar un certificado expedido por la Intervención, u  e.
órgano de control equivalente de las ciudades de Ceuta y Melilla, según corresponda,  w.b
que acredite el destino final de los fondos. 401ww
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Administración del Estado.
2.  Los documentos a los que se refiere el apartado anterior deberán presentarse 
por la entidad beneficiaria ante la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la 
Adolescencia con fecha límite del 31 de marzo de 2021.
Artículo 14.  Reintegro de las subvenciones.
Se exigirá el reintegro de las cantidades no justificadas o de las que se deriven del 
incumplimiento de las obligaciones contraídas, con el interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago, en los casos y en los términos previstos en el título II de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el título III de su Reglamento de desarrollo, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 15.  Régimen sancionador.
Las posibles infracciones en materia de subvenciones que pudiesen ser cometidas 
por las ciudades de Ceuta y Melilla se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo 
establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en 
materia de inmigración, reconocida en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución Española.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 1 de diciembre de 2020.
FELIPE R.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030,
PABLO IGLESIAS TURRIÓN