BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Sábado 15 de agosto de 2020 Sec. TC.   Pág. 70667
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
9777 Sala  Segunda.  Sentencia  89/2020,  de  20  de  julio  de  2020.  Recurso  de 
amparo  505-2019.  Promovido  por  el  Movimiento  Asambleario  de 
Trabajadores de Sanidad respecto de las resoluciones dictadas por las salas 
de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid y un juzgado de esta capital inadmitiendo su recurso 
frente a acuerdo de la mesa sectorial de sanidad del Servicio Madrileño de 
Salud.  Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  (acceso  a  la 
justicia)  en  relación  con  el  derecho  a  la  libertad  sindical:  resoluciones 
judiciales  que  ignoran  la  dimensión  del  sindicato  como  institución 
representativa  que  constitucionalmente  tiene  reconocida  su  función  de 
defensa de determinados intereses (STC 101/1996).
ECLI:ES:TC:2020:89
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, 
ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 505-2019, promovido a instancia del Movimiento 
Asambleario  de  Trabajadores  de  Sanidad,  representado  por  la  procuradora  de  los 
tribunales doña Eloísa García Martín y asistido por el letrado don Jacinto Jesús Lara 
Bonilla, contra la providencia de fecha 29 de noviembre de 2018 dictada por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso 
de casación núm. 3919-2018, y contra las previas sentencias de 2 de marzo de 2018, 
dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en recurso de apelación núm. 739-2017, y de fecha 3 de 
mayo de 2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid en 
procedimiento abreviado núm. 126-2015. Ha comparecido el abogado del Estado y el 
letrado de la Comunidad de Madrid, en la representación que ostentan así como la 
procuradora de los tribunales doña María Teresa Fernández Tejedor, en representación 
de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Ha intervenido el Ministerio 
Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré.
I. Antecedentes
1.  En fecha 24 de enero de 2019 tuvo entrada en el registro general de este tribunal  e
la demanda de amparo presentada por la procuradora de los tribunales doña Eloísa  bo
García Martín, en nombre y representación del Movimiento Asambleario de Trabajadores  77ww
dvuel nSearnaicdiaódn,  dceo nlotsra a lratss.  r2e4s.o1l uyc 2io8n.1e sC jEud.iciales citadas en el encabezamiento, por posible
2.  Los  hechos  en  los  que  se  fundamenta  la  demanda  son,  en  esencia,  los 
siguientes:
a)  Con fecha 24 de marzo de 2015, el Movimiento Asambleario de Trabajadores de 
Sanidad procedió a formular demanda ante los juzgados de lo contencioso-administrativo 
de Madrid contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En dicha 
demanda se impugnaba la desestimación presunta por silencio administrativo de sendos 
recursos de alzada interpuestos contra el acuerdo de la mesa sectorial de sanidad, de 18 
de julio de 2014, sobre criterios para nombramientos de personal interino en los centros 
sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (en adelante, SERMAS) y contra la resolución 
de 30 de julio de 2014, dictada por la Dirección General de Recursos Humanos del 
SERMAS, por la que se dictaron instrucciones sobre criterios para nombramiento de 
personal interino en los centros sanitarios del SERMAS.
b)  El acuerdo de 18 de julio de 2014, suscrito por la mesa sectorial de sanidad del 
SERMAS, integrada por la administración sanitaria y diversas organizaciones sindicales, 
así como la resolución de 30 de julio de 2014 de la Dirección General de Recursos 
Humanos  del  SERMAS  en  desarrollo  del  mismo:  (i)  partían  de  la  necesidad  de 
nombramiento de un número importante de profesionales como personal estatutario 
interino,  dotando  de  una  mayor  estabilidad  al  empleo  temporal  con  el  acceso  del 
personal eventual a un nombramiento como personal estatutario interino; (ii) establecían 
criterios de baremación a tener en cuenta en el procedimiento de nombramiento de 
personal  estatutario  eventual  como  personal  estatutario  interino;  (iii)  declaraban  su 
aplicación al personal estatutario con nombramiento eventual expedido al amparo del 
artículo 9. 3 del estatuto marco que a la fecha de suscripción de aquel acuerdo, 18 de 
julio de 2014, se encontrara prestando servicio en los centros sanitarios, equiparándose 
al  personal  eventual  que,  en  igual  fecha,  se  encontrase  prestando  servicios  o  en 
situación de excedencia por cuidado de hijos menores de tres años o de familiares. No 
se citaban otros colectivos, como el personal temporal de sustitución o el personal de las 
bolsas de empleo que no estuviera prestando servicios en dicha fecha.
c)  La demanda, que fue turnada al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
5 de Madrid (procedimiento abreviado núm. 126-2015), concluyó en sentencia de 29 de 
julio de 2015, en la que se estimaba parcialmente la pretensión actora al declararse la 
nulidad del acuerdo y de la resolución reseñadas. Se razonaba que vulneraban los 
principios  de  igualdad,  mérito  y  capacidad  y  causaban  discriminación  al  excluir  a 
determinados trabajadores en el proceso de selección de personal temporal. Señalaba el 
juzgador, en ese sentido, que en el caso de autos se limitaba la posibilidad de obtención 
de un nombramiento interino solo a aquellos que estaban ocupando en ese momento las 
plazas, de tal forma que se pretendía que continuaran trabajando de forma temporal 
(aunque  cambiando  la  naturaleza  del  nombramiento  eventual  por  otro  de  interino) 
quienes  se  encontraban  prestando  la  actividad.  Ese  criterio  resultaba  lesivo  por 
discriminatorio, según la interpretación sentada en el pronunciamiento judicial, como 
acreditaría  que  «algunas  personas  que  vienen  trabajando  por  nombramiento  en 
sustitución o habiendo trabajado anteriormente han sido cesadas, y están apuntadas en 
las correspondientes bolsas, tengan más experiencia profesional en aquel puesto de 
trabajo que quien viene trabajando actualmente de forma temporal».
Recurrida la sentencia en apelación por la administración demandada, que solicitaba 
la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento al proceso de todos los posibles 
interesados, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, por medio de sentencia de fecha 1 de abril de 2016,  e.
declaró la nulidad de aquella sentencia, ordenando retrotraer las actuaciones para que  w.b
se dieran los emplazamientos solicitados a los posibles afectados, puesto que «al menos  77ww
erel fepreernscoian,a la le avfeencttuaar l eal le vqeunet uaval  redsiruigltaiddoo  edle lp prorocceedsimo iean ltao  ssitiunagcuilóanr  edne  qsueele scec iópnu eddee 
erenscuoltnatdraor  deesle m coislmecot,iv doe, syd cea edla m uonmo ednet os uesn  mqiueem lbar osse netne npcaiart icquulea rs, ee sptuáe idnate rdeicstaadr op ueend eel 
producir resultados que les perjudiquen». De hecho, proseguía, así se deduce «del tenor
del fallo de la resolución apelada», que al estimar el recurso formulado en la instancia 
por  la  parte  apelada  «necesariamente  debe  conllevar,  al  declararse  la  nulidad  del 
procedimiento selectivo singular a que se hizo mención, que los distintos nombramientos 
de interinidad que se hayan efectuado en base al mismo deban estimarse contrarios a 
derecho y, en consecuencia, deban ser anulados». Por esas razones se anulaba la 
sentencia apelada y se retrotraían las actuaciones para que se procediera a emplazar a 
los interesados dando el curso debido al procedimiento.
Practicados dichos emplazamientos y celebrada nueva vista oral, se dictó sentencia 
de fecha 3 de mayo de 2017, en la que, a diferencia de lo que ocurriera en aquella 
primera sentencia de 29 de julio de 2015, el juzgador a quo acordó la inadmisión del 
recurso contencioso-administrativo tras entender que el sindicato recurrente no contaba 
con legitimación activa para impugnar los actos administrativos referidos. Razonaba, en 
ese sentido, que en el caso de autos no existía un interés exclusivamente de carácter 
colectivo del conjunto del personal estatutario temporal que podría tutelar o defender el 
sindicato accionante. Más aún, añadía, entre los diferentes trabajadores, tanto afiliados 
como no afiliados al Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad, existirían 
intereses contrapuestos, ya que muchos desearán que no se revoque el proceso de 
consolidación temporal (puesto que han obtenido plaza como estatutario interino) y otros, 
por el contrario, pretenderán que se anule el mismo por no haber obtenido la plaza 
deseada o por no haber podido participar en el procedimiento de selección. Por todo ello, 
concluía, únicamente estarían legitimados para la impugnación, individualmente, los 
funcionarios interesados en optar a aquellas plazas, que serían los únicos que se verían 
preteridos en sus derechos de provisión de dichos puestos de trabajo de personal 
estatutario interino.
En  suma,  los  sindicatos  tendrían  legitimación  para  impugnar  las  actuaciones 
administrativas que afectaren a las condiciones laborales o de prestación del servicio del 
conjunto de los trabajadores o empleados públicos, pero en los casos en los que no 
concurra un derecho colectivo (como acontecería a su parecer en el enjuiciado, por 
darse un conflicto de intereses entre los diferentes colectivos de trabajadores afectados) 
no podría reconocerse dicha legitimación.
Contra dicha sentencia, el Movimiento Asambleario interpuso recurso de apelación el 
día 26 de mayo de 2017, aduciendo la vulneración de los derechos fundamentales que 
invoca en este recurso de amparo: el consagrado en el art. 24.1, en su vertiente de 
acceso a la jurisdicción, en relación con el art. 28.1 CE. El escrito hace referencia a la 
interpretación  que  cree  correcta  de  la  STC  202/2007,  aludida  en  la  sentencia  de 
instancia  pero,  a  su  juicio,  de  un  modo  erróneo  y  distorsionado,  soslayando  los 
verdaderos  contenidos  de  la  doctrina  constitucional  sobre  la  legitimación  de  los 
sindicatos  en  el  proceso  como  medio  de  acción  que  le  es  propio,  que  reclama 
únicamente que exista un interés profesional o económico. Un interés, según postula, 
concurrente en el caso de autos, al quedar referido a un proceso de selección de 
personal estatutario temporal y como acreditaría que, de prosperar la impugnación, un 
colectivo importante de personal estatutario, incluidos los afiliados al sindicato, tendrían 
al menos la legítima expectativa de poder acceder a los puestos de interinos que se 
ofertaban en iguales condiciones que otro personal, más aún cuando la controversia 
versaba sobre el respeto de derechos de carácter fundamental.
El recurso de apelación fue estimado parcialmente por la sentencia de la Sección 
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, de 2 de marzo de 2018 (recurso de apelación núm. 739-2017), recurrida en amparo,  s
pero  solo  en  lo  referido  a  que  la  falta  de  legitimación  ad  causam  determinaba  la  oe.
«desestimación» del recurso en vez de la «inadmisión» que había decidido el juzgador a quo. w.
Razonaba la Sala como sigue: 77ww
«Pues bien, al igual que en el precedente citado, en el presente caso tampoco consta
fquunec ionninegsu dneo  sdues tliotusc ipóons yib elel sq uaefe ecstatád oinst e–gcroamdoo  eenl  lapse rbsoolnsaals  qduee e vmiepnleeo  dceesnetrmalpizeañdaansd oy 
en las bolsas propias de cada uno de los centros sanitarios– recurriera la resolución aquí
impugnada, por lo que se estaría en un supuesto análogo al expuesto y en consecuencia 
al que habría que aplicar idéntico criterio para concluir la falta de legitimación del 
sindicato recurrente, pues nos hallamos ante la impugnación de un acuerdo de la mesa 
sectorial de sanidad, sobre criterios para nombramiento de personal interino en los 
centros sanitarios del SERMAS y la resolución por la que se dictan instrucciones sobre 
tales criterios.
Así pues, no podemos atribuir legitimación activa al sindicato recurrente, toda vez 
que  la  resolución  aquí  impugnada  en  nada  puede  beneficiar  ni  perjudicar  a  dicho 
sindicato, que no pretende la defensa de un interés colectivo o general, sino la defensa 
de los intereses particulares de aquellos que mediante la aplicación de tales criterios se 
van  a  ver  afectados  por  un  proceso  de  consolidación  o  estabilización  del  empleo 
temporal, de modo que quienes poseen un nombramiento eventual pueden optar a un 
nombramiento en su mismo centro de trabajo de carácter interino.»
Preparado en mayo de 2018 recurso de casación contra dicha sentencia de marzo 
de 2018, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo  (recurso  de  casación  núm.  3919-2018)  dictó  providencia  de  19  de 
noviembre 2018, inadmitiendo a trámite el recurso por carecer de interés casacional 
objetivo para la formación de jurisprudencia, toda vez que, según se razona, existía ya 
jurisprudencia sentada sobre la legitimación ad causam de un sindicato.
3.  El recurso de amparo se dirige contra la providencia de fecha 29 de noviembre 
de 2018 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo en el recurso de casación núm. 3919-2018, y contra las previas 
sentencias de 2 de marzo de 2018, de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en recurso de apelación núm. 
739-2017, y de fecha 3 de mayo de 2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 5 de Madrid en procedimiento abreviado núm. 126-2015, por posible vulneración 
del derecho de acceso al proceso, como vertiente de la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE) y, en relación con él y en la dimensión sindical que la parte recurrente aduce, por 
lesión del art. 28.1 CE, en tanto que la legitimación de un sindicato para acceder al 
proceso cuando existen intereses económicos o profesionales estaría ligada a la acción 
sindical y, por consiguiente, al derecho fundamental sustantivo de la libertad sindical.
Como ya hiciera en el recurso de apelación, se invoca jurisprudencia constitucional 
para sostener que la doctrina de este tribunal parte de un reconocimiento abstracto o 
general de la legitimación de los sindicatos para impugnar ante los órganos del orden 
jurisdiccional  contencioso-administrativo  decisiones  que  afecten  a  los  trabajadores, 
funcionarios públicos y personal estatutario, todo ello porque los sindicatos desempeñan, 
tanto por el reconocimiento expreso de la Constitución (arts. 7 y 28) como por obra de 
los tratados internacionales suscritos por España en la materia, una función genérica de 
representación y defensa de los intereses de los trabajadores que no descansa sólo en 
el vínculo de la afiliación, sino en la propia naturaleza sindical del grupo.
Esto  así,  prosigue  por  referencia  y  con  invocación  de  aquella  doctrina 
(señaladamente SSTC 202/2007, de 24 de febrero, y 58/2011, de 3 de mayo), afirma que 
la función de los sindicatos, desde la perspectiva constitucional, no es únicamente la de 
representar a sus miembros a través de esquemas propios del Derecho privado, sino 
también la de ejercer aquellos derechos que, aun perteneciendo en puridad a cada uno 
de los trabajadores, sean de necesario ejercicio colectivo, sin estar condicionados por 
una relación de pretendido apoderamiento ínsita en el acto de afiliación. Por esta razón,  e
aduce  la  demanda,  es  posible,  en  principio,  reconocer  legitimado  al  sindicato  para  bo
accionar en cualquier proceso en el que estén en juego intereses colectivos de los  77ww
ptrraobnaujandcioarmesie. ntLoas  cúonnicsati tuecxioigneanlecsia  sopbarrea  eql upea rtsiceuala rd, ee s eqsuee  mlao dgoe,n écroicnaf olremgieti maa cilóons 
laobss trreaccutars oos g qeunee raeln dtaeb lleons  sainntdei claotso str itbeunngaal eusn, am perdoiyaencteci óunn  pvaínrtcicuulola ro  scoobnreex eiól no bejnettroe  dlae 
organización que acciona y la pretensión ejercitada, lo que significa, en concreto, que
concurra un interés profesional o económico; esto es, un interés en sentido propio, 
cualificado o específico, en la obtención de un beneficio o en la desaparición de un 
perjuicio en el supuesto de que prospere la acción intentada, que no necesariamente ha 
de revestir un contenido patrimonial. En suma, se precisa, no otra cosa, un vínculo 
especial y concreto entre el sindicato (sus fines, su actividad, etc.) y el objeto del debate 
en el pleito de que se trate.
Por la dimensión sindical concurrente en esta tipología de casos, se añade, el canon 
de  constitucionalidad  a  aplicar  en  cuanto  a  la  legitimación  procesal  es  un  canon 
reforzado, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva se impetra para la defensa de un 
derecho sustantivo fundamental como es el del art. 28.1 CE, sin que quepa oponer en 
supuestos del estilo del de autos que nos encontremos ante una materia propia de la 
potestad de organización de la administración que, en virtud de ello, resultaría ajena al 
ámbito de la actividad sindical, pues aquella circunstancia, aunque tuviera protagonismo, 
no excluye per se la problemática enjuiciada del ámbito de la actividad sindical. En otras 
palabras, afirma, tal exclusión no sería acorde con la apreciación del «interés económico 
o profesional» cuya defensa se confía a los sindicatos, según la doctrina constitucional.
En definitiva, visto el caso concreto, un interés específico y suficiente para obtener el 
reconocimiento de la legitimación ad causam resultaría en esta ocasión claramente 
discernible,  puesto  que,  de  prosperar  la  impugnación,  los  empleados  que  fueron 
excluidos del proceso de selección, y en particular los afiliados al sindicato, tendrían al 
menos una legítima expectativa de poder acceder a esos empleos, resultando además 
relevante,  desde  ese  prisma  y  según  la  demanda  de  amparo,  que  se  estuvieran 
impugnando las «bases» o «criterios» de selección y no el resultado de la misma en 
relación con unos u otros trabajadores particularmente considerados.
Al negar al sindicato recurrente la legitimación activa, por lo tanto, se realizó una 
interpretación de los requisitos procesales (y, en concreto, del concepto de interés 
legítimo) excesivamente rigorista y desproporcionada, lesionando así el derecho de la 
organización sindical recurrente a la tutela judicial efectiva en relación con la libertad 
sindical (arts. 24.1 y 28.1 CE).
Se interesa, por todo lo dicho, la declaración de nulidad de las resoluciones judiciales 
impugnadas,  con  declaración  de  la  vulneración  de  los  arts.  24.1  y  28.1  CE, 
reconociéndose al recurrente su derecho a la legitimación activa para impugnar los actos 
administrativos recurridos en el proceso contencioso-administrativo.
4.  Por providencia de 15 de julio de 2019, la Sección Cuarta de la Sala Segunda de 
este tribunal acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que plantea 
un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay 
doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2, a)] y a que el asunto suscitado trasciende 
del  caso  concreto  porque  plantea  una  cuestión  jurídica  de  relevante  y  general 
repercusión social o económica [STC 155/2009, FJ 2, g)]. Por ello, en aplicación de lo 
dispuesto en el art. 51 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se acordó dirigir 
atenta comunicación a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a la 
Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid y al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Madrid a fin 
de que, en plazo que no excediera de diez días, remitieran certificación o fotocopia 
adverada de las actuaciones correspondientes, solicitando del último órgano judicial 
citado que procediera previamente a emplazar, para que en el plazo de diez días 
pudieran comparecer, si lo desearan, en el recurso de amparo a quienes hubieran sido  e.
parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo. w.b
gene5r. al Pdoer  emseted itor ibduen easl,c srieto  pqeureso tnuóv oe ne netrl ardeac uerls od íad e2 6a mdep ajuroli oe ld ea b2o0g1a9d oe nd eell  Eresgtaisdtroo, 
csoonlicsittiatuncdioon, aeln y  laq uree psree seenntetancdiióenra qnu ceo no sétel lnatsa ,s uqcuees sivea sle d tiluigveienrcai apso.r parte en el proceso
6.  Por medio de escrito que tuvo entrada el día 21 de octubre de 2019 en el registro 
general de este tribunal, de su lado, se personó el letrado de la Comunidad de Madrid, 
solicitando, en esa representación, comparecer en este proceso constitucional.
7.  Por diligencia de ordenación de la secretaria de justicia de la Sección Cuarta de 
la Sala Segunda, de 19 de noviembre de 2019, se tuvieron por personados y partes en la 
representación que ostentan al abogado del Estado y al letrado de la Comunidad de 
Madrid, así como a la procuradora de los tribunales doña María Teresa Fernández 
Tejedor,  en  nombre  y  representación  de  Central  Sindical  Independiente  y  de 
Funcionarios, y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se acordó dar vista de todas 
las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por un plazo 
común  de  veinte  días,  para  que  dentro  de  dicho  término  pudieran  presentar  las 
alegaciones que estimaran pertinentes.
8.  El día 16 de diciembre de 2019 presentó su escrito de alegaciones el letrado de 
la Comunidad de Madrid, interesando la inadmisión por falta de especial trascendencia 
constitucional  del  recurso  y,  subsidiariamente,  la  desestimación  del  mismo.  En  lo 
primero, a su parecer, en efecto, la demanda carece de justificación de la dimensión 
objetiva del amparo, limitándose a la alegación de lesiones subjetivas de derechos 
fundamentales.
En lo relativo a la queja sustantiva, aduce el escrito que la demanda de amparo no 
ataca el argumento contenido en la sentencia de apelación, referido a la sentencia de 22 
de febrero de 2016 del Tribunal Supremo (recurso de casación núm. 4156-2014), según 
el cual no consta que el personal de sustitución haya impugnado las resoluciones 
recurridas por el Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad. Siendo así, 
afirma,  debería  imponerse  un  criterio  consistente  en  que,  cuando  se  trata  de  la 
jurisdicción contencioso-administrativa,  es preciso  o bien un «interés directo» en el 
resultado del pleito, un «interés o derecho propio del sindicato en sí mismo» (que sitúa 
por ejemplo en casos de vulneración de su derecho a la negociación colectiva) o, en lo 
que aquí importa, un interés colectivo «común a la colectividad afectada», sin que quepa 
apreciarlo cuando se produce un  espigueo  para  tratar de delimitar un conjunto de 
interesados  que  justifique  la  pretendida  legitimación  del  sindicato  en  el  proceso. 
Justamente, esto último, sería lo que se produce en este caso, en el que se defendían 
los intereses de determinados aspirantes, no de todos los afectados, sin que ni siquiera 
fueran los propios afiliados a la organización sindical recurrente. Por consiguiente, no 
existía un colectivo de afectados e interesados, sino dos, los que podían y los que no 
podían concurrir al proceso selectivo, de suerte que el sindicato no pretendía defender 
un interés profesional de los trabajadores, sino solo de una parte de ellos.
Con todos esos razonamientos estima que el amparo no debe ser otorgado, ya por 
ser inadmitido al carecer de especial trascendencia constitucional, ya, en su defecto, por 
no concurrir las lesiones denunciadas.
9.  El día 20 de diciembre de 2019 presentó su escrito de alegaciones el abogado 
del Estado, interesando la desestimación del recurso.
A su parecer, en parecida línea a la que viene de recogerse en el antecedente 
anterior, desde el prisma de la legitimación ad causam del sindicato, el problema reside 
en que, como apunta la sentencia recurrida, la posible consolidación en los puestos de 
los trabajadores incluidos en el proceso generaría, a su vez, como efecto necesario, 
como reverso de la moneda, un perjuicio para los intereses de los empleados eventuales  s
(mismo colectivo) que se hallen inscritos en las bolsas de trabajo, a fin de que puedan  oe.
ser llamados para cubrir una plaza vacante en un momento dado. El sindicato, por tanto,  w.
ntroeodp oreesjse erlocnístaa  cinuiótnenar, e slseiengsoit  imqdueae c lipoóusn g eninmasbtpiatlue pcaoidoron esal l ,ba efdilnaiaeddfoioc siqo u ode e d nueonn otarsob  aa drcceoa sbstaau   dcáoemnl  pbseituorj  uipimceiporsu dogenn aaolc triódones    2020-9777n https://ww
dentro  del  mismo  colectivo  profesional.  En  tal  caso,  a  su  criterio,  se  deshace  la
legitimatio ad causam como concepto jurídico sustantivo, como suerte o categoría de
legitimación colectiva institucionalizada por la norma en beneficio de todo el colectivo 
representado, sea con interés actual o potencial pero nunca contradictorio, y aunque se 
admitiera la legitimatio ad procesum.
Añade después, atendiendo a la configuración legal de la legitimación, que las 
razones o motivaciones expuestas por los órganos judiciales en relación con aquella y 
respecto del sindicato recurrente fueron nítidas y evidentes, fundadas en Derecho. Así, 
desde  la  perspectiva  constitucional  del  derecho  del  art.  24.1  CE,  no  ofrece  dicha 
motivación reproche alguno, con lo que, unido esto a lo antes dicho, concluye que el 
recurso debería ser desestimado, más cuando el reconocimiento de la legitimación ad 
procesum permitió que el sindicato pudiera alegar lo que estimó pertinente, sin perjuicio 
de que fuera luego rechazada su legitimación ad causam.
10.  En fecha 20 de diciembre de 2019, presentó su escrito en el registro general de 
este tribunal la representación de la demandante de amparo, en el que insiste en las 
alegaciones de la demanda y en las pretensiones en ella formuladas, ratificándose en las 
mismas.
11.  El día 13 de enero de 2020 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal, 
interesando la estimación del recurso de amparo.
Razona que el acuerdo y la resolución impugnadas comportaban la exclusión del 
proceso de selección del personal de sustitución y de otros trabajadores que, aun 
incorporados a bolsas de trabajo, se encontraban ocasionalmente sin prestar servicios a 
la espera de asignación de puesto, de suerte que se prescindía de aplicar, en toda su 
extensión, los criterios de selección/acceso a la categoría de personal temporal interino 
que rigen con carácter general para el acceso al empleo público. Esa circunstancia, a su 
juicio, suponía una suerte de sistema de acceso restringido, carente de justificación 
amparada en una situación excepcional, como consideró la STC 86/ 2016. De modo que, 
como el sindicato demandante aducía, se trataba de un sistema de nombramiento de 
personal  interino  que  podía  constituir  un  régimen  de  acceso  al  empleo  público  de 
carácter  restringido,  excluyente  de  personal  que  podía  acreditar  experiencia  y 
desempeño de funciones idénticas que el incluido en el procedimiento, otorgando a este 
último un derecho preferente para una mayor estabilidad en el empleo público que 
carece de justificación y que podría incidir en los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad, así como en el de competencia y en las condiciones y en la 
estabilidad en el empleo, aun temporal, lo que revela que la actuación del sindicato 
quedaba encuadrada dentro de la defensa de la función genérica de representación de 
los  intereses  de  los  trabajadores  que  le  es  propia,  en  concreto  en  cuanto  a  las 
condiciones  de  acceso,  y  posteriores  causas  de  cese,  al  empleo  público  temporal 
estatutario.
Por lo demás, añade aún, existía una relación o vinculación especifica con el objeto 
del proceso por cuanto el sindicato estaba directamente relacionado con los trabajadores 
o empleados sanitarios afectados, y a los que vincula sus fines y actividad, así como con 
los colectivos constituidos por todos aquellos que se han visto marginados de su acceso 
al empleo público en ese proceso de selección. Una hipotética sentencia favorable a su 
pretensión determinaría la eventual participación de los grupos de trabajadores excluidos 
en la convocatoria de nombramiento de funcionarios interinos y, consecuentemente, 
influiría  en  el  acceso  a  esa  estabilidad  en  el  empleo  que  se  reconoce  por  las 
disposiciones  administrativas  impugnadas.  La  actividad  sindical,  con  ocasión  de  la 
impugnación, se veía reforzada ante sus afiliados y ante aquellos que, aun no siéndolo,  e
pudieran  ponderar  el  alcance  de  la  actividad  de  Movimiento  Asambleario  de  bo
Trabajadores de Sanidad en relación con los derechos laborales y de consolidación/ 77ww
eesnt anbaildidaa de ld ed eermecphleoo ,q usein  aqsuies,t ea  am acyaodra  aibnutenrdeasmadieon tpoa, rsau  eafcetcutaucairó ni npdriovicdeusaalml oebnsteta slae 
reclaPmora ccióonn sqiugeu iceonrtree,s plao ndfaieltsae .de  reconocimiento  de  la  legitimación  del  sindicato
recurrente habría impedido, dado el contenido de las sentencias, entrar en el fondo de
las cuestiones planteadas mediante la interpretación del requisito de la legitimación de 
forma rígida y desfavorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva. 
Resulta, por tanto, una solución contraria al art. 24 CE y correlativamente al art. 28 CE, 
expresiva de una interpretación formalista del interés legítimo definido en el art. 19 de la 
Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. En consecuencia, a su 
criterio,  procede  otorgar  el  amparo  solicitado,  con  retroacción  de  actuaciones  al 
momento inmediatamente anterior al dictado de la sentencia de 3 de mayo de 2017 del 
Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  núm.  5  de  Madrid  para  que  dicte  otra 
resolución respetuosa con los derechos vulnerados.
12.  No presentó alegaciones la representación de la Central Sindical Independiente 
y de Funcionarios-Madrid, según deja constancia la diligencia de 14 de enero de 2020 de 
la Secretaría de Justicia.
13.  Por providencia de fecha de 16 de julio de 2020, se señaló para votación y fallo 
del presente recurso el día 20 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Es  objeto  del  presente  recurso  de  amparo  la  providencia  de  fecha  29  de 
noviembre de 2018 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso de casación núm. 3919-2018, y las 
previas sentencias de 2 de marzo de 2018, de la Sección Séptima de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en recurso de 
apelación núm. 739-2017, y de fecha 3 de mayo de 2017 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 5 de Madrid en procedimiento abreviado núm. 126-2015. La parte 
recurrente solicita de este tribunal la declaración de nulidad de las resoluciones judiciales 
citadas, así como el reconocimiento de los derechos fundamentales de acceso a la 
jurisdicción, como vertiente que es del de tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su 
relación con el derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE), al estimar que la declarada 
falta de legitimación ad causam, con ocasión del recurso contencioso-administrativo que 
entabló contra el Acuerdo de 18 de julio de 2014, suscrito por la mesa sectorial de 
sanidad  del  SERMAS,  integrada  por  la  administración  sanitaria  y  diversas 
organizaciones sindicales, y la resolución de 30 de julio de 2014 de la Dirección General 
de Recursos Humanos del SERMAS, vulnera aquellos derechos fundamentales.
Por su parte, el Ministerio Fiscal interesa el otorgamiento de amparo con similares 
tesis a las sostenidas por la parte recurrente, oponiéndose en cambio el abogado del 
Estado y el letrado de la Comunidad de Madrid, que postulan la desestimación de la 
demanda de acuerdo con los argumentos que se recogieron en los antecedentes. El 
último citado aduce con carácter previo que el recurso debería ser, antes incluso que 
rechazado por no concurrencia de las lesiones aducidas, inadmitido por carecer de 
especial trascendencia constitucional.
2.  Debemos comenzar por enjuiciar el óbice procesal alegado por el letrado de la 
Comunidad de Madrid. Como hemos tenido oportunidad de señalar en otras ocasiones, 
el momento procesal idóneo para el análisis del cumplimiento de dicho requisito material 
de admisibilidad es el trámite de admisión de la demanda de amparo (SSTC 126/2013, 
de 3 de junio, FJ 2; 170/2013, de 7 de octubre, FJ 2; 191/2013, de 18 de noviembre, 
FJ 2, o, por todas, 166/2016, de 6 de octubre, FJ 2), correspondiendo únicamente a este  s
Tribunal  Constitucional  apreciar  en  cada  caso  la  existencia  o  inexistencia  de  esa  oe.
«especial trascendencia constitucional», esto es, si el contenido del recurso justifica una  w.
dppeaacrraais  illóaan  i ndsteeotrbeprrreme tienalac ficóoiónnn dd oed,  elaalt  ecCnoodnnitesentnidtiudoco, i ócyno ,n afplocararmane cs eua  ld aaepr ltil.co a5sc0 idó.1en r beo)c  phLaoOrsaT  Cfsuu,n  adg ae«mnseuer naitmla elpefoiscr»ata cn(ipaco iayr    2020-9777n https://ww
ejemplo, SSTC 95/2010, de 15 de noviembre, FJ 4; 47/2014, de 7 de abril, FJ 2,
y 54/2015, de 16 de marzo, FJ 4). Bc
En  tal  fase  procesal  apreciamos  que  concurría  la  especial  trascendencia 
constitucional exigida para la admisión a trámite del presente recurso, al plantearse en él 
un problema que afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay 
doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y que el asunto suscitado trasciende 
del  caso  concreto  porque  plantea  una  cuestión  jurídica  de  relevante  y  general 
repercusión social o económica [STC 155/2009, FJ 2 g)], sin que encontremos ahora 
razones para modificar esa inicial apreciación.
En mayor medida así se concluye cuando la objeción por parte del letrado de la 
Comunidad de Madrid se enuncia de una manera que podríamos calificar de retórica, sin 
una fundamentación que pueda conducirnos a una consideración dispar a la que nos 
llevó en el trámite de admisión a tomar la decisión de dar curso a este recurso para que 
fuera  resuelto  en  esta  sentencia  (en  ese  sentido,  entre  tantas,  recientemente, 
STC 3/2020 de 15 de enero, FJ 4).
3.  Se plantea de nuevo ante este tribunal la cuestión de la legitimación de los 
sindicatos  ante  la  jurisdicción  contencioso-administrativa.  Antes  de  recordar  los 
elementos fundamentales de la doctrina que a este respecto hemos desarrollado en 
pronunciamientos  reiterados  (por  ejemplo  en  las  SSTC  101/1996,  de  11  de  junio; 
112/2004, de 12 de julio; 202/2007, de 24 de septiembre; 4/2009, de 12 de enero; 
33/2009, de 9 de febrero; 183/2009, de 7 de septiembre; 58/2011, de 3 de mayo, 
o 148/2014, de 22 de septiembre), debemos precisar que la organización recurrente en 
amparo aduce la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en los arts. 
24.1 y 28.1 CE, resultando, en efecto, que ambas alegaciones están forzosamente 
enlazadas, como se dirá en la argumentación que sigue.
Es preciso recordar previamente que la apreciación de cuándo concurre un interés 
legítimo habilitante de la legitimación procesal, y por ende legitimación activa para 
recurrir  en  vía  contencioso-administrativa,  es,  en  principio,  cuestión  de  legalidad 
ordinaria  que  compete  a  los  órganos  judiciales  ex  art.  117.3  CE  (así,  por  todas, 
SSTC 252/2000, de 30 de octubre, FJ 2, y 112/2004, de 12 de julio, FJ 4), si bien, como 
hemos declarado también reiteradamente, en los supuestos en los que está en juego el 
derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción, el canon 
de enjuiciamiento constitucional de las decisiones de inadmisión es más severo o estricto 
que el que rige el derecho de acceso a los recursos (por todas, STC 203/2002, de 28 de 
octubre, FJ 3), dado que nos encontramos ante el control de resoluciones judiciales que 
cierran el acceso al proceso y, por lo tanto, que resultan impeditivas de la obtención de 
una primera respuesta judicial sobre el fondo de los derechos e intereses sometidos a 
tutela.  Conforme  a  nuestra  doctrina  constitucional,  en  este  supuesto,  despliega  su 
máxima  eficacia  el  principio  pro  actione,  exigiendo  que  los  órganos  judiciales,  al 
interpretar los requisitos procesales legalmente previstos, tengan presente la ratio de la 
norma, con el fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no razonables de 
la misma impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto, vulnerando las exigencias del 
principio de proporcionalidad (por ejemplo, STC 220/2003, de 15 de diciembre, FJ 3).
Por tanto, pese a tratarse como decimos de una cuestión de legalidad ordinaria, los 
órganos judiciales quedan compelidos a interpretar las normas procesales no sólo de 
manera razonable y razonada, sin sombra de arbitrariedad ni error notorio, sino en 
sentido amplio y no restrictivo, esto es, conforme al principio pro actione, con interdicción 
de aquellas decisiones de inadmisión que, por su rigorismo, por su formalismo excesivo 
o por cualquier otra razón, se revelen desfavorables para la efectividad del derecho a la 
tutela judicial efectiva o resulten desproporcionadas en la apreciación del equilibrio entre  e.
los fines que se pretenden preservar y la consecuencia de cierre del proceso. w.b
Asumidos  esos  criterios  generales,  la  cuestión  de  la  legitimación  activa  de  los  77ww
psirnodniucantcoiasm  ieenn tose l poorr dpeanr tec odnet eensctieo stori-baudnmailn, isctoramtiov os eh dai jos, idqou e ohbajent oc ondfeo rmdaivdeor suons 
cuerpo de doctrina jurisprudencial consolidada. Esta doctrina, tal y como fue recogida en
las sentencias citadas al principio de este fundamento jurídico, puede resumirse en los 
siguientes puntos:
a)  Debemos partir, en primer lugar, de un reconocimiento abstracto o general de la 
legitimación de los sindicatos para impugnar ante los órganos del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo  decisiones  que  afecten  a  los  trabajadores,  funcionarios 
públicos y personal estatutario. Los sindicatos desempeñan, tanto por el reconocimiento 
expreso de la Constitución (arts. 7 y 28) como por obra de los tratados internacionales 
suscritos por España en la materia, una función genérica de representación y defensa de 
los intereses de los trabajadores que, como ya ha sostenido la doctrina de este tribunal, 
no descansa sólo en el vínculo de la afiliación, sino en la propia naturaleza sindical del 
grupo. La función de los sindicatos, pues, desde la perspectiva constitucional, no es 
únicamente  la  de  representar  a  sus  miembros,  a  través  de  los  esquemas  del 
apoderamiento y de la representación del derecho privado. Cuando la Constitución y la 
ley los invisten con la función de defender los intereses de los trabajadores, les legitiman 
para ejercer aquellos derechos que, aun perteneciendo en puridad a cada uno de los 
trabajadores uti singuli, sean de necesario ejercicio colectivo, en virtud de una función de 
representación  que  el  sindicato  ostenta  por  sí  mismo,  sin  que  deba  condicionar 
necesariamente su actividad a la relación de pretendido apoderamiento ínsita en el acto 
de afiliación, que discurre en un plano diverso del de la acción propiamente colectiva. 
Por esta razón, es posible reconocer en principio legitimado al sindicato para accionar en 
cualquier  proceso  en  el  que  estén  juego  intereses  colectivos.  Queda  así  clara  «la 
relevancia  constitucional  de  los  sindicatos  para  la  protección  y  defensa,  incluso 
jurisdiccional,  de  los  derechos  e  intereses  de  los  trabajadores»  (por  ejemplo, 
STC 7/2001, de 15 de enero, FJ 5).
b)  Ahora bien, desde la STC 101/1996, de 11 de junio, venimos exigiendo que esta 
genérica legitimación abstracta o general de los sindicatos, reconducible a su relevancia 
constitucional, se proyecte de un modo particular sobre el objeto de los recursos que 
entablen ante los tribunales mediante un vínculo o conexión entre la organización que 
acciona y la pretensión ejercitada. Y ello porque, según recordamos allí, «la función 
constitucionalmente atribuida a los sindicatos no alcanza a transformarlos en guardianes 
abstractos  de  la  legalidad,  cualesquiera  que  sean  las  circunstancias  en  que  ésta 
pretenda hacerse valer». Se trata, en definitiva, de aplicar a estas personas jurídicas 
sindicales la misma exigencia que se aplica a cualquier otra persona física o jurídica para 
reconocerle la posibilidad de actuar en un proceso, a saber: ostentar interés legítimo en 
él.  Por  tanto,  concluimos  en  la  citada  STC  101/1996,  la  legitimación  procesal  del 
sindicato en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en cuanto aptitud para ser 
parte en un proceso concreto o legitimatio ad causam, «ha de localizarse en la noción de 
interés profesional o económico; interés que ha de entenderse referido en todo caso a 
‘un interés en sentido propio, cualificado o específico’ (STC 97/1991, FJ 2, con cita de la 
STC 257/1988). Interés que, doctrinal y jurisprudencialmente, viene identificado en la 
obtención de un beneficio o la desaparición de un perjuicio en el supuesto de que 
prospere la acción intentada, y que no necesariamente ha de revestir un contenido 
patrimonial» (STC 101/1996, de 11 de junio, FJ 2).
c)  En  definitiva,  hemos  señalado  con  reiteración  que  para  poder  considerar 
procesalmente legitimado a un sindicato no basta con que este acredite la defensa de un 
interés colectivo o la realización de una determinada actividad sindical, dentro de lo que 
hemos denominado función genérica de representación y defensa de los intereses de los 
trabajadores. Debe existir, además, un vínculo especial y concreto entre dicho sindicato  e.
(sus fines, su actividad, etc.) y el objeto del debate en el pleito de que se trate, vínculo o  w.b
nexo que habrá de ponderarse en cada caso y que se plasma en la noción de interés  77ww
epsropfeecsíifoicnoa ld eor iveacdoon ódme ilcao e, vterandtuuacli belset imena ciuónna d evle rnetcaujar soo  ebnetanbelfaicdioo .cierto, cualificado y
sentAeln acniaasli zaanrtsees  ucnit apdroabs ledme ala dse q lueeg ietimxtraacciótanm soinsd eicsatal,  cdaobcetr ianñaa, dpior,r  cúolntim boa,s eq ueen  ealq cuaenlloans 
de constitucionalidad a aplicar es un canon reforzado, ya que el derecho a la tutela
judicial efectiva se impetra para la defensa de un derecho sustantivo fundamental como 
es el derecho a la libertad sindical. Las decisiones judiciales como la que aquí se recurre 
están especialmente cualificadas en función del derecho material sobre el que recaen, 
sin que a este tribunal, garante último de los derechos fundamentales a través del 
recurso  de  amparo,  pueda  resultarle  indiferente  aquella  cualificación  cuando  se 
impugnan ante él este tipo de resoluciones, pues no sólo se encuentra en juego el 
derecho a la tutela judicial efectiva, sino que puede producirse un efecto derivado o 
reflejo  sobre  la  reparación  del  derecho  fundamental  cuya  invocación  sostenía  la 
pretensión ante el órgano judicial, con independencia de que la declaración de la lesión 
sea  solo  una  de  las  hipótesis  posibles  (en  ese  sentido  también,  por  ejemplo, 
SSTC 10/2001, de 29 de enero, FJ 5, y 203/2002, de 28 de octubre, FJ 3).
4.  Llegados a este punto, procede ya que enjuiciemos si las sentencias recurridas 
han  vulnerado  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  de  la  organización  sindical 
recurrente, en relación con el art. 28.1 CE, al no reconocerle legitimación para recurrir el 
acuerdo y resolución de desarrollo que constituían el objeto del proceso.
El sindicato recurrente impugnó la desestimación presunta por silencio administrativo 
de sendos recursos de alzada interpuestos contra el acuerdo de la mesa sectorial de 
sanidad, de 18 de julio de 2014, sobre criterios para nombramientos de personal interino 
en los centros sanitarios del SERMAS, y contra la resolución de 30 de julio de 2014, 
dictada por la Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS, por la que se 
dictaron instrucciones sobre criterios para tales nombramientos. El Acuerdo de 18 de 
julio de 2014, suscrito por la mesa sectorial de sanidad del SERMAS, integrada por la 
administración sanitaria y diversas organizaciones sindicales, así como la resolución que 
plasmaba su desarrollo, partían de la necesidad de nombrar un número importante de 
profesionales como personal estatutario interino, dotando de una mayor estabilidad al 
empleo  temporal,  pero  se  declaraban  de  aplicación  únicamente  para  el  personal 
estatutario con nombramiento eventual que a la fecha de suscripción del acuerdo, 18 de 
julio de 2014, se encontrara prestando servicio en los centros sanitarios, equiparándose 
al  personal  eventual  que,  en  igual  fecha,  se  encontrase  prestando  servicios  o  en 
situación de excedencia por cuidado de hijos menores de tres años o de familiares, 
excluyendo en cambio a otros colectivos, como, señaladamente, el personal temporal de 
sustitución o el personal de las bolsas de empleo que no estuviera prestando servicio 
pero  que  lo  hubiera  hecho  en  otras  fechas  y  que  contara,  eventualmente,  con  no 
menores méritos.
Siendo  de  ese  modo,  trasladando  la  doctrina  constitucional  que  acabamos  de 
exponer al supuesto examinado, no podemos sino concluir que el interés legítimo del 
sindicato  resultaba  claramente  identificable  en  el  presente  asunto.  Como  hemos 
señalado, para apreciar el interés profesional o económico exigido, la actividad de los 
sindicatos, realizada de acuerdo con los fines que éstos tienen constitucionalmente 
encomendados, debe estar en conexión con el concreto objeto del proceso contencioso-
administrativo. Y cabe apreciar en esta ocasión, sin duda, esa circunstancia. En efecto, 
el objeto del recurso intentado estaba en conexión con la finalidad que legítimamente 
persiguen los sindicatos (la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales 
de  los  trabajadores)  y,  por  tanto,  con  lo  que  la  jurisprudencia  constitucional  ha 
denominado interés profesional o económico.
La razón de dicha conexión no radicaba sólo en el interés general y abstracto del 
sindicato en defender la legalidad de los procedimientos utilizados para la cobertura de 
ciertas plazas, que puede sintetizarse en un interés de igualdad en el acceso al empleo  e.
público para todos los trabajadores, afiliados o no, que pudieran concurrir a las mismas,  w.b
sino que se materializaba también en un interés específico en razón del derecho de la  77ww
porrogpainoisz acciróitne rsioinsd iyc aol, rpiernetcaiscaiomneesn tee ne nl ae l deejefercnicsiao  ddee  talol sr eipnrteesreesnetasc icóonn, cae drneifdeonsd eern s uesl 
vperonctaejdai moie nuttoil iddaed s, eleenc cicóans od iridgeid op rao sspuesr raerp reel serenctaudrsoos , cdoen steunecrtieo sqou-aed pmoidnriísat roabtitveon eqru lea 
entabló, de que esas garantías en el acceso en igualdad fueran extensibles a todos y
cada uno de sus afiliados, así como, en general, a todo el personal del SERMAS de 
conformidad con lo que su legítima línea sindical postulaba.
La  opción  contraria  equivaldría  a  negar  al  sindicato  una  tendencia  en  la 
representación, uniformizando e, incluso, objetivando de manera única y homogénea la 
consideración del interés de los trabajadores tutelable por sus organizaciones, hasta el 
punto de contradecir y obstruir la lógica de la pluralidad sindical. Y supondría además, 
ahora desde el prisma argumental empleado por las resoluciones recurridas, obstaculizar 
y suprimir la dimensión sindical de la acción judicial para la defensa de los intereses que 
son propios de estas organizaciones representativas; y ello por el solo hecho, o siempre 
que,  existieran  o  pudieran  existir  —como  dicen  los  pronunciamientos  judiciales 
impugnados— intereses contrapuestos entre trabajadores, como puede ocurrir cuando 
unos son excluidos y otros incluidos en un proceso de selección de personal, pues es 
obvio que en cualquier dinámica laboral, sea o no en un proceso selectivo, y sea o no en 
el  ámbito  de  la  administración  pública,  pueden  aparecer  distintas  sensibilidades, 
derechos en conflicto o intereses contrapuestos o no siempre iguales y absolutamente 
coincidentes entre los propios destinatarios de la representación sindical.
En suma, si el sistema de contratación utilizado para la cobertura de esas plazas 
fuese considerado por los órganos judiciales como contrario a Derecho, es claro que 
una, si no la única, de las alternativas con que contaría el SERMAS consistiría en no 
excluir a ninguno de los colectivos relacionados con ese servicio del proceso de acceso 
a  los  puestos  de  trabajo  controvertidos  como  el  Movimiento  Asambleario  de 
Trabajadores  de  Sanidad  estima  que  debe  suceder  para  la  legalidad  del  proceso 
selectivo  y  la  defensa  de  los  derechos  de  todos  los  trabajadores  potencialmente 
concernidos por el mismo. De ese modo, dicho en otras palabras, de prosperar la 
impugnación que no fue enjuiciada en el proceso, un colectivo muy importante del 
personal estatutario, incluidos afiliados al sindicato, tendrían al menos una legítima 
expectativa de poder acceder a los puestos de interinos que se ofertaban, en igualdad de 
condiciones que el personal eventual, garantizándose así, en el proceso concreto y no 
en una mera concepción abstracta, la defensa de derechos fundamentales que asisten a 
todos los trabajadores.
En definitiva, las resoluciones judiciales impugnadas parten de un entendimiento del 
concepto de interés profesional o económico incompatible con las exigencias derivadas 
del art. 24.1 CE, en relación con el art. 28.1 CE, pues margina la dimensión del sindicato 
como institución representativa que constitucionalmente tiene reconocida su función de 
defensa  de  determinados  intereses.  De  este  modo,  la  desestimación  del  recurso 
contencioso-administrativo fundada en la falta de legitimación activa del Movimiento 
Asambleario de Trabajadores de Sanidad vulneró aquellos derechos fundamentales al 
soslayar  la  dimensión  del  sindicato  como  institución  representativa  que 
constitucionalmente tiene reconocida su función de defensa de los intereses que le son 
propios, privándole de un medio de acción sindical.
5.  Debemos considerar, por tanto, que las resoluciones administrativas impugnadas 
por el sindicato recurrente en amparo no resultaban ajenas a los intereses económicos y 
profesionales del mismo y de los trabajadores por él representados. El Movimiento 
Asambleario de Trabajadores de Sanidad estaba legitimado para interponer el recurso 
contencioso-administrativo, al ostentar un interés legítimo constitucionalmente protegido. 
Las sentencias recurridas realizaron una interpretación de los requisitos procesales, y en 
concreto del relativo a la existencia del interés legítimo recogido en la Ley reguladora de 
la jurisdicción contencioso-administrativa, contraria al principio pro actione, lesionando  e.
con ello el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso a  w.b
la jurisdicción y en relación con la acción sindical (art. 28.1 CE). 77ww
restaPbolre cceorn seignu iseun ted,e lrae cdheom aaln dsain ddiec aatmo,p adreob ehma odse  asenru leasr tilmasa dsae nptoern ecsiates  mreoctuivrori.d Pasa ray 
rreestroolturacieórn  leans  laa cqtuuea csioen reesc oanlo zmcao mlae lnetgoi timpraoccieósna pl roocpeosrtaul ndoe l psainrad icqautoe  resceu rrdeicnttee  yo tsrea 
entre a analizar el fondo del asunto.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar la presente demanda de amparo promovida por el Movimiento Asambleario 
de Trabajadores de Sanidad y, en su virtud:
1.º Reconocer el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) del sindicato 
demandante de amparo, en relación con su derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE).
2.º Anular las sentencias de 2 de marzo de 2018, dictada por la Sección Séptima de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
recurso de apelación núm. 739-2017, y de fecha 3 de mayo de 2017 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo  número  5  de  Madrid  en  procedimiento  abreviado  núm. 
126-2015, así como la providencia de fecha 29 de noviembre de 2018, de la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso 
de casación núm. 3919-2018, en tanto que trae causa de aquellas.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento anterior al de dictarse la sentencia de 3 de 
mayo de 2017 para que el juzgado, con plenitud de jurisdicción pero con respeto al 
derecho  fundamental  reconocido,  dicte  la  resolución  que  proceda  reconociendo 
legitimación ad causam al sindicato recurrente en amparo.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinte de julio de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo 
Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.