BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 312 Miércoles 29 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 166324
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
21746 Resolución  de  14  de  diciembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa 
de la registradora de la propiedad de Vigo n.º 3 a inscribir una escritura de 
aceptación y adjudicación parcial de herencia.
En el recurso interpuesto por don José María Rueda Pérez, notario de Vigo, contra la 
negativa de la registradora de la Propiedad de Vigo número 3, doña María Purificación 
Geijo  Barrientos,  a  inscribir  una  escritura  de  aceptación  y  adjudicación  parcial  de 
herencia.
Hechos
I
Mediante escritura pública de compraventa autorizada el día 29 de junio de 2021 por 
el notario de Vigo don José María Rueda Pérez, con el número 1.846 de protocolo, se 
formalizó la aceptación y adjudicación parcial de la herencia de doña M. P. V. V. En el 
otorgamiento de esta escritura uno de los herederos, don M. A. C. V., estaba representado 
por su esposa, doña S. C. S., como tutora, quien, en representación de aquél, aceptaba 
pura y simplemente dicha herencia. Además, se expresaba que, entre otros bienes que no 
se inventarían, la causante era dueña de determinado inmueble, que se adjudicaba por 
terceras partes a los tres herederos nombrados por aquélla, don M. A. C. V. y a sus dos 
hermanos.
II
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Vigo número 3, fue 
objeto de la nota de calificación en los términos que, a continuación, se transcriben en lo 
que interesa por el objeto del recurso:
«En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18, 19, 19 bis y 322 de la Ley 
Hipotecaria,  así  como  98  y  siguientes  del  Reglamento  Hipotecario,  pongo  en  su 
conocimiento  que  la  escritura  de  aceptación  y  adjudicación  parcial  de  herencia, 
autorizada por el Notario, Don José María Rueda Pérez, el día 29 de junio de 2021, bajo 
el número 1846 de protocolo, y presentada en este Registro de la Propiedad el día 20 de 
julio de 20201, bajo el asiento número 968, del Diario 94, ha sido objeto de la siguiente 
nota de calificación:
Registro de la Propiedad número tres de Vigo.
Calificado el precedente título, así como los demás datos obrantes en este Registro 
de la Propiedad, se acuerda calificación negativa en base a los siguientes:
Hechos:
1.  El día, 29 de junio de 2021, se ha otorgado ante el Notario, Don José María  bo
Rueda Pérez, escritura de aceptación y adjudicación parcial de herencia, en la que ha  746ww
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representación en virtud de proceso de incapacitación en el que se nombró tutora por
medio de Decreto dictado por el Juzgado la pieza número 133/2020, de fecha 20 de 
agosto de 2020. Aceptó dicho cargo y tomó posesión del mismo en fecha 9 de febrero 
de 2021. Me acredita todo ello mediante testimonio de dichos documentos, los cuales me 
exhibe y le devuelvo...".
3.  Del otorgan del título público al que se refieren los puntos anteriores de estos 
hechos, resulta que, "...y Don M. A. C. V. aceptan pura y simplemente la herencia relicta 
de M. P. V. V...".
Fundamentos de Derecho:
(…)
Por otra parte, el artículo 271, del citado Código Civil, establece: "El tutor necesita 
autorización judicial: 1.º Para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o 
de  educación  o  formación  especial.  2.º  Para  enajenar  o  gravar  bienes  inmuebles, 
establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los 
menores o incapacitados, o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter 
dispositivo y sean susceptibles de inscripción. Se exceptúa la venta del derecho de 
suscripción preferente de acciones. 3.º Para renunciar derechos, así como transigir o 
someter a arbitraje cuestiones en que el tutelado estuviese interesado. 4.º Para aceptar 
sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar ésta o las liberalidades. 5.º 
Para hacer gastos extraordinarios en los bienes. 6.º Para entablar demanda en nombre 
de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía. 7.º Para ceder 
bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años. 8.º Para dar y tomar dinero a 
préstamo. 9.º Para disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado. 10. Para 
ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a título oneroso 
los créditos de terceros contra el tutelado", y el artículo 272, de este mismo cuerpo legal, 
contempla que "No necesitarán autorización judicial la partición de herencia ni la división 
de cosa común realizadas por el tutor, pero una vez practicadas requerirán aprobación 
judicial".
Si se adapta lo expuesto al supuesto fáctico motivador de la presente nota de 
calificación, debe ponerse de manifiesto que, se ha producido la intervención, en la 
escritura calificada, de Doña S. C. S., en nombre y representación, como tutora de su 
esposo, Don M. A. C. V., quien había sido incapacitado, (…).
Por otra parte, y no constando la vecindad civil correspondiente, el Código Civil exige 
que, en los casos de aceptación pura y simple de la herencia, se obtenga la respectiva 
autorización judicial, y que, en los casos de partición hereditaria, la correspondiente 
aprobación judicial, lo que no se acredita en el presente supuesto.
Lo expuesto en los párrafos anteriores encuentra refrendo doctrinal en resoluciones 
de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  (referencia  que  debe 
entenderse  hecha,  en  el  momento  presente,  al  organismo  denominado,  Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública) como las de 28 de octubre de 2014.
Por lo tanto, (…) por no haberse acreditado la obtención de la autorización judicial y 
de la aprobación judicial expuestas, no es posible acceder a la petición de registración 
formulada.
En consecuencia, en virtud de dichos hechos y fundamentos de derecho, y dado el 
carácter subsanable de los defectos advertidos, se acuerda suspender la realización de 
las operaciones registrales solicitadas.
Vigo,  a  10  de  agosto  de  2021.  La  Registradora  (firma  ilegible),  Fdo.,  María  e.
Purificación Geijo Barrientos. w.
Contra esta nota de calificación cabe (…).»
III
Contra la anterior nota de calificación, don José María Rueda Pérez, notario de Vigo, 
interpuso recurso el día 23 de septiembre de 2021 mediante escrito en el que alegaba 
los fundamentos jurídicos que, a continuación, se transcriben:
«En  relación  con  la  operación  que  se  pretende  inscribir,  los  tres  hijos  de 
doña M. P. V. V. se adjudican un bien de su madre por partes iguales, teniendo en cuenta 
que en el testamento de su madre habían sido instituidos herederos los tres hermanos 
por partes iguales.
Doña S. C. S. únicamente interviene en dicha operación a los efectos de representar 
a su marido, sin que exista ningún derecho hereditario a su favor. Además, el bien objeto 
de  partición  se  adjudica  entre  los  tres  hermanos  por  partes  iguales,  cumpliéndose 
literalmente la voluntad testamentaria de doña M. P. V. V. No existe, por lo tanto, 
contraposición ni conflicto de intereses en la actuación de doña S. C. S.
Conforme a la Resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado 
de 14 de septiembre de 2004, la finalidad de las normas protectoras de menores o 
incapacitados  es  «evitar  cualquier  perjuicio  presente  a  un  incapaz  que  se  ve 
representado  para  un  acto  determinado  por  su  tutor  legal».  Asimismo,  en  dicha 
Resolución se indica que «no existiendo conflicto de intereses ni perjuicio presente para 
quien actúa representado por su tutor o quien ejerza la patria potestad, no es preciso 
acudir a esas instituciones o mecanismos de defensa del menor o del incapaz». Por lo 
tanto, y en base a lo indicado anteriormente, no sería necesario cumplir los requisitos de 
los  artículos  271  y  272  del  Código  Civil  en  su  redacción  vigente  a  la  fecha  del 
otorgamiento de la indicada escritura y de la calificación, puesto que no existe conflicto ni 
contraposición de intereses en la actuación de doña S. C. S.»
IV
Mediante escrito, de fecha 7 de octubre de 2021, la registradora de la Propiedad 
elevó el expediente, con su informe, a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 166, 216, 218, 221, 227, 233, 267, 259, 267, 269, 270, 271, 272, 
279, 285 y 1060 del Código Civil, en su redacción anterior a la Ley 8/2021, de 2 de junio, 
por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor; 1, 2, 18 y 326 de la Ley Hipotecaria; 27 de la 
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 6 de noviembre de 2002, 14 de 
septiembre de 2004, 28 de octubre de 2014 y 21 de diciembre de 2017.
1.  Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de 
aceptación y adjudicación parcial de herencia en la que uno de los coherederos está 
representado por su esposa como tutora.
La  registradora  afirma  que  para  aceptar  pura  y  simplemente  la  herencia  debe 
obtenerse autorización judicial y una vez practicada la partición hereditaria es necesaria 
la aprobación judicial. s
El notario recurrente alega que no existe contraposición ni conflicto de intereses en la  e.
actuación de la tutora y, dado que el único bien objeto de partición se adjudica a los tres  w.
hermanos  y  herederos  por  partes  iguales,  cumpliéndose  literalmente  la  voluntad  746ww
testa2m. eLnata ricaa, lnifoic ahcaiyó np erdjueibceio  aslegru ncoo pnafirram eald rae,p rpeuseesn,t adaou npqour es u ntuot oerax.ista  conflicto  o
contraposición de intereses, no es esa la objeción expresada por la registradora, sino la
falta de cumplimiento de lo establecido en los artículos 271.4.º y 272 del Código Civil, en 
su redacción vigente en el momento del otorgamiento de la escritura calificada.
Para llegar a esta conclusión resulta esencial tener presente el modo en el que el 
legislador, en dicho momento, había configurado y dotado de contenido la institución 
tutelar. Para alcanzar el objetivo esencial de la tutela, es decir, la defensa de la persona y 
del patrimonio del tutelado, combinaba dos mecanismos regulatorios.
Por un lado, y al margen de la identificación de determinados actos excluidos de la 
representación y administración legal del tutor (cfr. artículos 227 y 267 del Código Civil), 
se optaba con carácter general por conferir al tutor la representación legal del menor o 
incapacitado y el reconocimiento de un ámbito competencial autónomo, con obligación 
de ejercer la administración legal del patrimonio del tutelado con la diligencia de un buen 
padre de familia (artículo 270 de dicho Código). Consecuentemente con esta concepción 
de la tutela, la intervención judicial se produce únicamente en calidad de órgano de 
control y se materializa a través de diversos instrumentos en el Código Civil, como la 
obligación de información y rendición de cuentas anual contenida en el artículo 269.4.º 
del mismo, la rendición de cuenta general ante el juez al cesar el tutor en sus funciones 
(artículo 279), las medidas de vigilancia, control e información que puede adoptar el juez 
conforme al artículo 233, y el establecimiento de la responsabilidad en exclusiva por sus 
actos por aplicación conjunta de los artículos 270 y 285 del Código Civil.
Pero, por otro lado, para determinados actos y contratos el Código Civil contemplaba 
un elenco de excepciones al modelo general de actuación del tutor. Son los supuestos 
del  artículo  271,  en  los  cuales  la  intervención  del  juez  se  materializa  mediante  la 
autorización del acto; y los casos a los que hace referencia el artículo 272, para los que 
el legislador opta por aplazar el control y requiere la aprobación judicial.
En  particular,  el  número  4.º  del  artículo  271  impone  al  tutor  la  obtención  de 
autorización judicial para «aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para 
repudiar ésta (…)». En este supuesto, pese a que el tutor continúa siendo quien ostenta 
el derecho-deber de tomar la iniciativa y, en su caso, materializar el acto o negocio 
jurídico  concreto,  corresponde  necesariamente  a  la  autoridad  judicial  determinar  la 
procedencia de su realización.
El legislador ha optado por someter a control judicial únicamente una serie de actos o 
contratos, entre los que, como se ha indicado, figura la aceptación sin beneficio de 
inventario cualquier herencia, por ser acto de singular relevancia que puede tener una 
especial incidencia, actual o futura, en la vertiente personal o patrimonial del tutelado; y 
es  que  la  exigencia  de  la  autorización  judicial  tiene  como  finalidad  la  defensa  del 
patrimonio del tutelado frente a actos que pudieran ponerlo en peligro por su especial 
importancia.
El fin de protección de la norma contenida en el artículo 271 es la salvaguarda del 
interés de los menores o incapacitados que no pueden actuar por sí solos y que pueden 
encontrarse en situaciones de desprotección cuando alguien actúa en su nombre y 
obliga  a  sus  patrimonios  sin  el  preceptivo  control,  ya  que  deberán  asumir  las 
correspondientes deudas. A tal efecto, la actuación de los tutores siempre debe tener 
como finalidad el interés de los menores o incapacitados sujetos a tutela tal y como 
dispone el artículo 216. La representación legal no es un derecho del tutor sino de los 
sujetos a tutela que les permite exigir que se actúe en beneficio de sus intereses.
El fundamento de la necesidad de autorización judicial por parte del tutor para la 
realización  de  determinados  actos  o  negocios  jurídicos  reside  en  el  principio  de 
salvaguardia judicial del artículo 216, que se traduce en un control ordinario y casi  s
continúo de la actuación del tutor, y en beneficio del tutelado, pues, presupone un juicio  oe.
de valor sobre la conveniencia o beneficio o, al menos, sobre la falta de perjuicio que la  w.
realización del acto pudiera reportar al tutelado, dada la especial gravedad o riesgo que,  746ww
ptuotre lasud op.ropia naturaleza, aquel puede implicar en el patrimonio o en la persona del
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autorización judicial la partición de herencia ni la división de cosa común realizadas por 
el tutor, pero una vez practicadas requerirán aprobación judicial», lo que se corresponde 
con el artículo 1060 del mismo texto legal en su redacción dada por la Ley 15/2015, de 2 
de julio, de la Jurisdicción Voluntaria: «Cuando los menores o personas con capacidad 
jurídica modificada judicialmente estén legalmente representados en la partición, no será 
necesaria la intervención ni la autorización judicial, pero el tutor necesitará aprobación 
judicial de la partición efectuada». La segunda parte del artículo 1060 se refiere a la 
intervención del defensor judicial designado en los casos de oposición de intereses u 
otros exigidos por la ley, para el cual se exige la aprobación judicial de la partición 
efectuada si el letrado de Administración de Justicia no hubiera dispuesto otra cosa al 
hacer el nombramiento.
Este Centro Directivo, en Resolución de 6 de noviembre de 2002, puso de relieve 
que en supuestos en que no sea necesario el nombramiento de defensor judicial por no 
existir entre el tutor y el tutelado intereses contrapuestos, y aunque se adjudique a los 
herederos  iguales  participaciones  pro  indiviso  del  bien,  esa  innecesariedad  de  la 
intervención de defensor judicial no trae consigo el que no sea necesaria la aprobación 
judicial de la partición, pues el artículo 272 del Código Civil exige tal aprobación. Y no 
puede alegarse que en realidad no exista partición al hacerse las adjudicaciones en 
partes pro indiviso, pues tal adjudicación trae consigo consecuencias civiles, fiscales y 
de  todo  orden  que  requieren,  en  un  sistema  como  el  de  tutela  de  autoridad,  la 
aprobación de la autoridad judicial (cfr., en el mismo sentido, la Resolución de 21 de 
diciembre de 2017).
3.  Conclusión distinta a la anterior es la que procedería en caso de que la causante 
tuviera vecindad civil gallega (lo que ni siquiera se ha expresado ni alegado), pues según 
el  artículo  271  de  la  Ley  2/2006,  de  14  de  junio,  de  derecho  civil  de  Galicia,  «si 
concurrieran a la sucesión menores o incapacitados legalmente representados no será 
necesaria  la  intervención  ni  la  aprobación  judicial  a  efectos  de  aceptar  o  partir  la 
herencia».
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la 
calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 14 de diciembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.