BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Miércoles 10 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 27641
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
3702 Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo, por el que se regula el programa de 
ayudas  para  la  realización  de  actuaciones  de  eficiencia  energética  en 
explotaciones agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las ayudas 
de este programa a las comunidades autónomas.
La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de  2012,  relativa  a  la  eficiencia  energética,  por  la  que  se  modifican  las 
Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE 
y 2006/32/CE, revisada por la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE 
de 25 de octubre de 2012, crea un marco común para fomentar la eficiencia energética 
dentro de la Unión Europea y establece acciones concretas a fin de materializar el 
considerable potencial de ahorro de energía no realizado.
En su artículo 7.1 señala que cada Estado miembro establecerá un sistema de 
obligaciones de eficiencia energética que velará por que los distribuidores de energía o 
las empresas minoristas de venta de energía, que estén determinados como partes 
obligadas y que operen en el territorio de cada Estado miembro, alcancen un objetivo de 
ahorro de energía acumulado, antes del 31 de diciembre de 2020.
La Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, fue objeto de transposición a 
través de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, por el que se creó el Sistema Nacional de 
Obligaciones de eficiencia energética, modificada recientemente por el Real Decreto-
ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en 
otros ámbitos para la reactivación económica, entre otros aspectos, para extender la 
vigencia de este sistema hasta el año 2030, ampliando su alcance a un nuevo período 
de obligación, del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2030, en cumplimiento del 
mandato contenido en el artículo 2 de la Directiva (UE) 2018/2002, de 11 de diciembre 
de  2018,  para  que  la  Unión  Europea  logre  sus  objetivos  de  eficiencia  energética 
para 2030.
La Ley 18/2014, de 15 de octubre, también creo el Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética que se dedica a desarrollar mecanismos de apoyo económico, financiero, 
asistencia técnica, formación e información u otras medidas con el fin de aumentar la 
eficiencia energética en los diferentes sectores consumidores de energía de forma que 
contribuyan a alcanzar el objetivo de ahorro energético nacional. El citado Fondo está 
constituido,  entre  otras,  por  las  aportaciones  anuales  de  las  empresas  privadas 
comercializadoras  de  gas  y  electricidad  y  por  las  de  los  operadores  de  productos 
petrolíferos y gases licuados del petróleo.
En su artículo 73, la Ley adscribe el Fondo Nacional de Eficiencia Energética a la 
Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico y atribuye su supervisión y control a un Comité de Seguimiento y Control. El  s
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (en adelante, el IDAE), actúa  e.
como gestor del Fondo, función que le es atribuida en el apartado 2 del artículo 73 de la  w.
Ley 18/2014, de 15 de octubre. 02ww
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de 25 de octubre de 2012, revisada por la Directiva (UE) 2018/2002, de 11 de diciembre 
de 2018, y también a poner en práctica la estrategia a largo plazo para movilizar 
inversiones en el sector de la agricultura, mejorando su rendimiento y reduciendo su 
consumo de energía.
Este  programa  también  favorecerá  la  generación  de  empleo  y  la  actividad 
económica,  en  un  contexto  de  recuperación  tras  la  crisis  sufrida  por  la  pandemia 
ocasionada por la COVID-19. Asimismo, cabe destacar el beneficio derivado de la 
reducción de las importaciones de combustibles fósiles y la mejora de la competitividad 
de las explotaciones agropecuarias.
El  presupuesto  de  este  programa  proviene  del  Fondo  Nacional  de  Eficiencia 
Energética y fue aprobado en el Comité de Seguimiento y Control del Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética en su sesión del 15 de junio de 2020.
Como criterio de distribución territorial del crédito se han utilizado los registros y 
estadísticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: los datos del Registro 
General de la Producción Agrícola (REGEPA) de 2020 para las explotaciones agrícolas, 
los datos del Sistema Integral de Trazabilidad Animal, (SITRAN) de 2020 para las 
explotaciones ganaderas, y los datos de superficie de regadío de la Encuesta sobre 
Superficies  y  Rendimientos  de  Cultivos  (ESYRCE)  de  2019,  con  los  que  se  ha 
determinado el reparto presupuestario que figura en el anexo III.
Tras  la  publicación  en  Boletín  Oficial  del  Estado  de  este  real  decreto,  cada 
comunidad autónoma deberá aprobar y publicar su convocatoria de ayudas, designando 
el órgano competente para instruir y resolver el procedimiento de concesión de las 
mismas.
La coordinación y el seguimiento de este programa serán realizadas por el IDAE, 
adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la 
Secretaría  de  Estado  de  Energía.  Estas  funciones  se  desarrollarán  a  través  de  la 
Comisión Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energética, regulada en el artículo 12 del 
Estatuto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), aprobado por 
el Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, y en el que están representadas todas las 
comunidades autónomas.
El procedimiento de concesión de las ayudas será mediante concesión directa, dado 
que, de acuerdo con el artículo 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General  de  Subvenciones,  concurren  razones  de  interés  social  y  económico  que 
justifican la dificultad de su convocatoria pública en concurrencia competitiva, teniendo 
en cuenta que la tipología de actuaciones a las que van dirigidas estas ayudas no 
permiten  su  comparación  entre  sí,  pero  contribuyen  a  progresar  en  los  objetivos 
perseguidos de mejora medioambiental, disminución de emisiones de CO2 y eficiencia 
energética, dado que se trata de incentivar la realización de actuaciones que cumplan 
con  unos  requisitos  predeterminados  en  el  ámbito  de  la  mejora  de  la  eficiencia 
energética y mejoras medioambientales, con un efecto significativo en la disminución de 
emisiones de CO2, resultando de capital importancia establecer un procedimiento de 
concesión directa en tanto es preciso agilizar el cumplimiento de los objetivos de ahorro 
y de las políticas de mejora medioambiental y de mejora de la eficiencia energética a las 
que está obligado el Estado español en el marco de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de 
octubre de 2012.
Por tanto, mediante este real decreto se establecen las normas especiales de estas 
subvenciones, con el carácter de bases reguladoras, así como la distribución y entrega 
de las mismas, disponiendo su concesión directa a las comunidades autónomas por ser  s
las administraciones más idóneas para dar cumplimiento a lo anterior, en su ámbito  oe.
territorial, y conforme a sus competencias de ejecución en materia de política energética,  w.
según lo que determinen en sus respectivas convocatorias. 02ww
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resolver  el  procedimiento  de  concesión  de  las  ayudas.  Serán  subvencionables  las
actuaciones que se realicen y cumplan los requisitos establecidos hasta la finalización de 
la vigencia del programa.
Asimismo,  las  ayudas  reguladas  por  este  real  decreto  tienen  carácter  singular 
derivado, por un lado, de la necesidad de minimizar la dependencia a nivel nacional de 
los productos petrolíferos en el sector agrícola y, por otro, de criterios de oportunidad que 
implican la exigencia de establecer las actuaciones más idóneas para alcanzar los 
objetivos de descarbonización previstos.
Con el objeto de mantener el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán 
actuaciones  por  parte  de  los  destinatarios  últimos  de  las  ayudas,  realizadas  con 
posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.
Estas  ayudas  estarán  sometidas  a  los  requisitos  y  límites  establecidos  en  el 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, aplicándose a la categoría de ayudas 
para la protección del medio ambiente (Sección 7) y en las demás disposiciones del 
derecho de la Unión Europea que resulten de aplicación.
El  marco  regulador  de  estas  ayudas  resulta  conforme  con  la  jurisprudencia 
constitucional  consolidada  en  materia  de  ayudas  y  subvenciones  que  comenzó  a 
articularse con la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de febrero, y que, 
recientemente,  se  ha  perfilado  con  las  sentencias  9/2017,  de  19  de  enero,  y  62 
y 64/2018, de 7 de junio.
En cumplimiento de dicha jurisprudencia, este real decreto establece un modelo para 
la  concesión  de  ayudas  basado  en  mecanismos  de  cooperación  y  colaboración 
consustanciales a la estructura del Estado de las Autonomías que articula la Constitución 
Española. Se ha diseñado por ello un modelo para la concesión de las ayudas basado 
en la colaboración de las comunidades autónomas que pueden desarrollar su tramitación 
y efectuar la gestión de los fondos, con arreglo a criterios ajustados a los principios 
constitucionales y al orden de distribución de competencias.
Este real decreto se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación que 
establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se ha sometido a consulta de 
las comunidades autónomas, a través de la Comisión Consultiva de Ahorro y Eficiencia 
Energética del IDAE celebrada con fecha 20 de noviembre de 2020.
Cumple, por tanto, con los principios de necesidad y eficacia, en el sentido enunciado 
en los párrafos anteriores, donde se explican la necesidad y fines perseguidos con su 
aprobación, que son la necesidad de reducir el consumo de energía final en el sector 
agrícola, en el marco de los objetivos perseguidos por el Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima 2021-2030 y la necesidad de reducir las emisiones de contaminantes 
atmosféricos  recogidos  en  el  Programa  Nacional  de  Control  de  la  Contaminación 
Atmosférica. El dictado de esta norma es, por tanto, el instrumento más adecuado para 
garantizar la consecución de estos objetivos.
Es conforme también con el principio de proporcionalidad dado que no contiene 
restricciones de derechos ni impone obligaciones a sus destinatarios, conteniendo la 
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, sin que existan otras 
medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los 
destinatarios.
Se adecúa, igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la 
norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente con los planes y normativa  s
vigente  en  materia  de  eficiencia  energética  y  establece  estímulos  económicos  que  oe.
facilitarán su mejor cumplimiento. w.
La norma cumple con el principio de transparencia ya que han participado en la  02ww
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Finalmente, se encuentra acreditado el principio de eficiencia porque la iniciativa 
normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en 
su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª 23.ª 
y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en 
materia de legislación básica sobre protección del medioambiente, sin perjuicio de las 
facultades  de  las  comunidades  autónomas  de  establecer  normas  adicionales  de 
protección, y sobre las bases del régimen minero y energético, respectivamente.
Se ha recabado informe de la Oficina Presupuestaria, en relación con la naturaleza 
del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y de la Abogacía del Estado.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la aprobación previa del Ministro de 
Política Territorial y Función Pública, con el informe del Ministerio de Hacienda, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de marzo de 2021,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  Este real decreto tiene por objeto la aprobación del programa de ayudas para la 
realización  de  actuaciones  de  eficiencia  energética  en  explotaciones  agropecuarias, 
regular  la  concesión  directa,  con  carácter  extraordinario,  y  por  razones  de  interés 
público, social y económico, de ayudas a las comunidades autónomas, así como su 
distribución y entrega, en las cuantías y términos que figuran en el anexo III, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación 
con el artículo 28.2 y 3 de la misma ley.
2.  Asimismo establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
del programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en 
explotaciones agropecuarias a sus destinatarios últimos, cuya finalidad es reducir el 
consumo de energía final en el sector agrícola para cumplir con los objetivos fijados por 
el  artículo  7  de  la  Directiva  2012/27/UE,  de  25  de  octubre  de  2012,  mediante  la 
realización  de  actuaciones  de  ahorro  y  eficiencia  energética  y  la  utilización  de  las 
energías renovables.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Lo  establecido  por  este  real  decreto  será  de  aplicación  en  el  territorio  de  las 
comunidades autónomas que se relacionan en el anexo III de este real decreto.
Artículo 3.  Régimen jurídico aplicable.
El régimen jurídico, normativa específica aplicable, requisitos y obligaciones de los 
beneficiarios y procedimiento de concesión será el establecido por este real decreto, de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  y  en  su  s
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En  oe.
defecto  de  lo  previsto  en  esta  normativa  se  aplicarán  las  normas  de  Derecho  w.
AAdrtmíciunlios t4ra. tivVoi.gencia del programa. 2021-3702n https://ww
Este programa estará en vigor desde el día siguiente al de la publicación de este real
decreto en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el 31 de diciembre de 2021.
CAPÍTULO II
Bases reguladoras de la concesión directa de ayudas a las comunidades 
autónomas
Artículo 5.  Beneficiarias directas.
Serán  beneficiarias  directas  de  las  ayudas  previstas  en  este  real  decreto  las 
comunidades autónomas relacionadas en el anexo III de este real decreto, que deberán 
destinar el importe de las mismas a los sujetos que se enumeran en el artículo 11.
Artículo 6.  Trámites para la concesión de la ayuda a las comunidades autónomas.
1.  Tras la publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado», el 
IDAE procederá a notificar a todas las comunidades autónomas relacionadas en el 
anexo III, publicándose también en la página web del Instituto, la disponibilidad del 
presupuesto correspondiente al importe total de la ayuda establecida en el mismo anexo.
2.  Las comunidades autónomas deberán solicitar y aceptar de forma expresa e 
inequívoca, mediante escrito dirigido al titular de la Dirección General del IDAE, la ayuda 
concedida y ajustada en su integridad a este real decreto.
3.  El  IDAE,  mediante  resolución  de  su  Presidenta,  otorgará  la  ayuda 
correspondiente  a  las  comunidades  autónomas  y  ordenará  el  pago  de  la  misma 
conforme a lo previsto en este real decreto y las cuantías del anexo III a las cuentas 
corrientes y titulares que las comunidades autónomas determinen.
Artículo 7.  Obligaciones de las comunidades autónomas.
1.  Las  cantidades  transferidas  por  el  IDAE  deberán  ser  destinadas  por  las 
comunidades autónomas a financiar las actuaciones previstas en este real decreto, 
realizadas por cualquiera de los sujetos que, como destinatarios últimos de las mismas, 
son objeto de enumeración en el artículo 11, y con sujeción estricta a lo establecido en 
este real decreto.
2.  Las convocatorias de las comunidades autónomas deberán efectuarse en un 
plazo máximo tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto, debiendo 
publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones así como su extracto en el 
diario oficial que corresponda.
3.  Las  comunidades  autónomas,  a  través  de  sus  respectivas  convocatorias, 
deberán asegurar y garantizar el cumplimiento por parte de los destinatarios últimos de 
las ayudas no solo de los requisitos previstos en este real decreto sino también de las 
obligaciones contempladas para los beneficiarios de subvenciones en la Ley 38/2003, 
de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  y  su  reglamento  de  desarrollo. 
Asimismo, deberán garantizar que los destinatarios últimos presentan la documentación 
exigida  en  el  anexo  I  de  este  real  decreto  o  la  que  figure  en  sus  respectivas 
convocatorias complementariamente o, en caso de resultar procedente, en sustitución de 
ésta.
4.  El saldo no ejecutado ni comprometido a la fecha de finalización del plazo de 
vigencia del programa recogido en el artículo 4 deberá reintegrarse, en su caso, y en 
función del origen de fondos, al Fondo Nacional de Eficiencia Energética o a quien IDAE 
determine.  A  los  efectos  de  la  cuantificación  de  esta  cantidad,  las  comunidades 
autónomas deberán remitir un informe de sus respectivos órganos de intervención y  e.
control  a  dicha  fecha,  considerándose  que  el  presupuesto  queda  comprometido  w.b
mediante la convocatoria correspondiente, y el posterior registro de las solicitudes. 02ww
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fecha final de liquidación de todas las obligaciones que se deriven de las convocatorias 
realizadas.
6.  Con objeto de que el IDAE, pueda certificar al Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética  los  gastos  de  las  actuaciones  que  sean  subvencionables  en  el  citado 
programa, las comunidades autónomas a las que les haya sido transferido presupuesto 
deberán remitir cuanta información y documentos el IDAE les requiera.
7.  El incumplimiento por parte de las comunidades autónomas de las obligaciones a 
que se refieren los apartados anteriores, dará lugar, en caso de no subsanarse, al inicio 
de un procedimiento de reintegro por la totalidad de las cantidades percibidas y a la 
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
Artículo 8.  Coordinación y seguimiento.
1.  El organismo competente para realizar la coordinación y el seguimiento de este 
programa es el IDAE.
2.  La coordinación del programa se realizará por el IDAE con las comunidades 
autónomas a través de la Comisión Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energética, que 
asumirá todas aquellas funciones que resulten necesarias para garantizar la corrección y 
transparencia del proceso a llevar a cabo, una vez se produzca el cierre de las distintas 
convocatorias y del programa, a los efectos de asegurar la comprobación de la efectiva 
aplicación de los fondos transferidos.
3.  Las comunidades autónomas remitirán la información que el IDAE les solicite con 
el formato y las condiciones que se establecen en el anexo II para realizar el seguimiento 
de los resultados del programa. Dicha información será puesta a disposición del IDAE y 
de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico.
Artículo 9.  Financiación y costes indirectos imputables.
1.  Este programa está dotado con una cuantía inicial de 30.000.000 euros, con 
origen en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, creado por Ley 18/2014, de 15 de 
octubre, cuya gestión se ha encomendado al IDAE de conformidad con lo previsto en el 
artículo 73.2 de esa misma norma.
2.  El presupuesto disponible se distribuirá entre las comunidades autónomas según 
lo establecido en el anexo III.
3.  El presupuesto del programa podrá ser ampliado, si existiese disponibilidad 
presupuestaria para esta misma finalidad, y siempre que no hubiera expirado el plazo de 
vigencia del mismo, tanto con recursos que provengan del Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética como de otros orígenes siempre que hayan sido transferidos al IDAE o se le 
hubiera encomendado su gestión directa, y que en el presupuesto de origen de estos 
recursos exista crédito suficiente y adecuado para tal fin.
Conforme a lo previsto en el párrafo anterior, la ampliación del presupuesto se 
realizará  para  aquellas  comunidades  autónomas  que  hayan  comprometido  en  su 
totalidad el presupuesto asignado en la convocatoria correspondiente y hayan justificado 
al IDAE la necesidad de ampliar el mismo con base en las solicitudes que tengan en lista 
de  espera.  El  Consejo  de  Administración  del  IDAE  asignará  a  estas  comunidades 
autónomas el presupuesto que les pudiera corresponder conforme a la disponibilidad  es
presupuestaria y al orden de solicitud realizada al IDAE a tal efecto, formalizándolo  bo
mediante resolución que será publicada en el Boletín Oficial del Estado, y sin perjuicio de  02ww
clao rrreessopluocnidóine ndtee .su Presidenta por la que se otorgue la nueva ayuda y se ordene el pago
4.  Las  comunidades  autónomas  podrán  establecer  en  sus  convocatorias  la 
posibilidad de dotar anticipos a los destinatarios finales que lo soliciten, siempre y 
cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a)  Dichos  anticipos  sean  objeto  de  una  garantía  que  deberá  cumplir  con  lo 
establecido en los artículos 48 y siguientes del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de  21 de julio. La garantía será 
presentada en el órgano competente para su recepción según la Administración que la 
haya solicitado.
b)  Dichos anticipos no superen el cien por ciento del importe total de la ayuda que 
se vaya a conceder al beneficiario.
c)  Dichos anticipos se destinen exclusivamente a cubrir gastos del proyecto objeto 
de subvención y justificarse en el plazo de un año desde su desembolso.
5.  Según lo establecido en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
así como en el artículo 83.3 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 72.3 de la Ley 18/2014, 
de 15 de octubre, se prevé un máximo del 5,59 por ciento del presupuesto asignado en 
la  tabla  del  anexo  III  como  costes  indirectos  imputables  a  las  actuaciones 
subvencionadas que las comunidades autónomas, como beneficiarias directas de las 
ayudas,  podrán  imputar  a  tales  actuaciones,  y  en  la  parte  que  razonablemente 
corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas 
y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan o estén relacionados con 
el período en que efectivamente se realizan las actuaciones subvencionadas.
6.  En este contexto, se entenderán por costes indirectos imputables los costes 
considerados  en  el  siguiente  apartado  7,  siendo  admisibles  si  están  debidamente 
justificados conforme a lo establecido en dicho apartado, y siempre que en ningún caso 
se haya superado la parte proporcional atribuible a cada comunidad autónoma del 
porcentaje total del presupuesto disponible del programa.
7.  Tendrán la consideración de costes indirectos imputables al presupuesto del 
programa  los  siguientes  gastos  de  gestión  en  los  que  incurran  las  respectivas 
comunidades autónomas, incluyendo el coste de las actuaciones preparatorias previas 
que fueran necesarias para establecer y mantener la prestación de servicios, suministro 
de bienes o la realización de las actividades correspondientes:
a)  El  coste  de  la  prestación  de  servicios  específicos  correspondientes  a  la 
preparación de la convocatoria, tramitación de los expedientes de solicitud de ayudas 
con su evaluación administrativa y técnica, así como su resolución.
b)  El  coste  de  la  prestación  de  servicios  específicos  correspondientes  a  las 
actuaciones de control y verificación y pago de la ayuda e inspección del proceso, así 
como, en su caso, la revocación y reintegro de las ayudas.
c)  El coste de las herramientas informáticas que específicamente se desarrollen o 
adapten  para  la  gestión  telemática  de  las  solicitudes  y  control  y  seguimiento  del 
programa y hospedaje.
d)  El coste de la prestación de servicios específicos de atención a consultas de los 
solicitantes.
e)  El coste de las actividades específicas de promoción y difusión del programa.
Se incluyen, asimismo, como costes indirectos imputables los costes de contratación 
de nuevo personal, conforme a la normativa que resulte de aplicación, y sin que en  e.
ningún  caso  pueda  deducirse  la  existencia  de  una  relación  laboral  entre  la  w.
Administración General del Estado y el personal adscrito a la gestión del programa, bien  02ww
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anteriormente,  incluyendo  la  cuota  patronal  de  la  seguridad  social  y  otros  costes 
similares de los contratos, siempre que este personal esté dedicado exclusivamente a la 
gestión temporal del programa, para lo que el equipo de técnicos y administrativos 
podrán trabajar en cualesquiera convocatorias vigentes de distintos programas siempre 
que pueda imputarse el número de horas de trabajo, para su justificación, dentro de los 
costes de gestión previstos en este real decreto, y el órgano fiscalizador correspondiente 
de cada comunidad autónoma pueda informar o certificar dicha imputación de costes en 
el correspondiente programa de que se trate.
No tendrán la consideración de costes indirectos imputables al presupuesto del 
programa los gastos de gestión recurrentes, entre otros, los correspondientes a gastos 
de constitución, funcionamiento o estructura permanente o habitual de las entidades 
colaboradoras, agencias u otros organismos de las comunidades que se encarguen de la 
gestión  de  las  actuaciones  del  programa.  Tampoco  tendrán  esta  consideración  las 
campañas de comunicación.
8.  Las  comunidades  autónomas  beneficiarias  tendrán  que  aportar  al  IDAE 
declaración de los costes indirectos imputados a las actuaciones subvencionadas en su 
ámbito territorial de aplicación, mediante un informe de sus respectivos órganos de 
intervención y control, de manera que dicha declaración refleje todos los datos que 
permitan verificar que no se ha superado la parte proporcional que le resulte atribuible a 
cada una de ellas del porcentaje total del presupuesto disponible del programa, así como 
la cantidad imputada y su correspondencia con los costes considerados en el anexo III, 
sin perjuicio de las demás obligaciones de justificación establecidas por este real decreto 
y por la normativa aplicable.
Artículo 10.  Normas de aplicación a la gestión y control de las ayudas.
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, los órganos responsables de la gestión de las ayudas de las comunidades 
autónomas deberán:
a)  Comprobar que se han entregado los servicios y productos cofinanciados.
b)  Comprobar que el gasto declarado por los destinatarios últimos de la ayuda ha 
sido pagado y cumple con la legislación aplicable.
c)  Comprobar que no se da el caso de doble financiación del gasto con otros 
regímenes  de  financiación  comunitarios  o  nacionales  y  con  otros  periodos  de 
programación.
d)  Garantizar que los destinatarios últimos de las ayudas, con excepción de las 
personas  físicas  que  no  desarrollen  actividad  mercantil,  utilizan  un  sistema  de 
contabilidad  diferenciado  o  un  código  contable  adecuado  para  las  transacciones 
relacionadas con la operación.
e)  Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en función de los riesgos 
detectados.
f)  Establecer  los  procedimientos  para  garantizar  que  se  dispone  de  la 
documentación sobre el gasto y las auditorías necesarias para contar con una pista de 
auditoría apropiada.
g)  Realizar  las  oportunas  verificaciones  administrativas  de  la  totalidad  de  las 
operaciones que se vayan a incluir en solicitudes de reembolso, que garanticen la 
regularidad del gasto, la realidad de los pagos y su adecuación a las condiciones de la  e
ayuda. bo
h)  Realizar las oportunas verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas  02ww
sdeirleecic)t caimoAnesanudtmea isrc  oaen lt  rlraoievssé dgseo ds etdi neua nlta amsri éoirtsor eúdglotui mdlaeor ismd adudeee slsatr  eaqoyuu eqd usaee.  gpauraendtaicne  dseut erectparre, sseonlvtaetnivtiádnaddo.las  OE-A-2021-37able en https://
2.  El IDAE deberá asegurarse también de que, se han realizado las verificaciones 
oportunas, solventando las irregularidades que se puedan detectar directamente con los 
órganos responsables de la gestión de las ayudas de cada comunidad autónoma.
En este contexto, el IDAE publicará en su web las instrucciones técnicas que faciliten 
el intercambio de datos con los sistemas de las respectivas comunidades autónomas, al 
objeto de que éstas puedan facilitarle la información puntual de cada expediente en las 
siguientes fases:
a)  Al momento de seleccionar las operaciones (resolución definitiva de concesión 
de ayuda).
b)  Cuando se produzca cualquier modificación de las condiciones iniciales.
c)  Cuando se realice la verificación documental, certificación y pago de las ayudas 
otorgadas.
d)  Cuando se realice la verificación in situ de los expedientes seleccionados al 
efecto.
3.  El IDAE podrá requerir al órgano responsable de la gestión de las ayudas la 
aportación de cualquier documentación justificativa adicional a la expuesta para verificar 
la efectiva adecuación de la actuación ejecutada a la que fue objeto de ayuda, quedando 
el órgano instructor de las ayudas obligado a su entrega en un plazo máximo de un mes 
desde la recepción de la comunicación por parte del IDAE.
4.  Los órganos responsables de la gestión de las ayudas de cada comunidad 
autónoma  deberán  someterse  a  cualesquiera  otras  actuaciones  de  comprobación  y 
control  financiero  que  pueda  realizar  el  IDAE,  la  Intervención  General  de  la 
Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión 
Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como de la Unión 
Europea,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  normativa  aplicable  correspondiente, 
aportando para ello cuanta información le sea requerida.
CAPÍTULO III
Bases reguladoras de la concesión de ayudas por las comunidades autónomas 
a los destinatarios últimos
Artículo 11.  Destinatarios últimos de las ayudas.
1.  Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas previstas en este real decreto, 
conforme a lo establecido para cada tipología de actuación, y a lo que se establezca, en 
su caso, en las convocatorias que realicen las comunidades autónomas, cualesquiera de 
los sujetos que se enumeran a continuación, cumpliendo los requisitos correspondientes, 
y siempre que tengan residencia fiscal en España:
a)  Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una 
explotación agropecuaria.
b)  Comunidades de Regantes y otras organizaciones cuyo fin consista en la gestión 
común de agua para el riego agrícola o la gestión común de otros combustibles y fuentes 
de energía para fin agropecuario.
c)  Titulares de explotaciones agrícolas de regadío que utilicen redes de riego para 
cuyo funcionamiento sea necesario actualmente el consumo de energía eléctrica. e.
d)  Cualquier organización o asociación de productores agrícolas reconocida por la  w.b
autoridad competente. 02ww
enereg)í a,L asse gcúonm  duenfidinaicdieósn  ddee  elan eDrgiíraesc tirvean o2v0a1b8le/2s0 0y1  ladse lc oPmaurlnaimdaednetos  Eciuurdoapdeaon ays  ddeel 
dCeo nfuseenjote, sd ere 1n1o vdaeb dleicsi,e ym dbere la d De i2re0c1t8iv,a r e2l0a1ti9v/a9 4a4l  fdoeml ePnatorl admeel unstoo  Eduer oepneeorg yía d perl oCcoendseenjtoe, 
de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad
y  por  la  que  se  modifica  la  Directiva  2012/27/UE,  respectivamente,  así  como  del 
artículo 4 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas 
en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Dentro de las 
comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, al 
menos uno de los socios deberá ser titular o beneficiario de la explotación agraria.
f)  Las  empresas  de  servicios  energéticos  (ESEs),  o  proveedores  de  servicios 
energéticos definidas en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se 
transpone  la  Directiva  2012/27/UE,  de  25  de  octubre  de  2012,  en  lo  referente  a 
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos 
y promoción de la eficiencia del suministro de energía. Para poder ser destinatarias, 
estas empresas deberán actuar conforme al contrato que tengan establecido a tal fin con 
la propiedad y llevar a cabo las inversiones incluidas en alguna de las actuaciones 
subvencionables recogidas en este real decreto, debiendo acreditar su actuación como 
empresa de servicios energéticos y la inversión realizada.
2.  A los efectos de lo previsto por los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se establece que el período mínimo durante el cual 
los destinatarios últimos deberán destinar los bienes subvencionados al fin concreto para 
el que se conceden las subvenciones de este real decreto será de cinco años. 
Artículo 12.  Requisitos para obtener la condición de destinatario último de las ayudas.
1.  Las comunidades autónomas especificarán los destinatarios últimos a los que irá 
dirigida  cada  una  de  las  actuaciones  de  sus  respectivas  convocatorias.  Asimismo, 
podrán  establecer  requisitos  adicionales  a  cumplir  por  los  destinatarios  últimos, 
relacionados con su residencia fiscal o con la necesidad de contar con establecimientos 
permanentes en la comunidad convocante de las ayudas.
2.  No podrán ser destinatarios últimos de estas ayudas:
a)  Quienes incurran en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 21 del 
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones, 
aprobado  mediante  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio.  En  este  contexto,  el 
destinatario último suscribirá, junto con la solicitud de ayuda, declaración responsable 
que acredite no tener pendiente obligaciones de reintegro de subvenciones o ayudas o, 
en su caso, el cumplimiento de las mismas, conforme a los términos establecidos en 
dicho artículo 21. El destinatario último deberá también encontrarse al corriente en el 
cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre ellas, hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, considerándose a 
este respecto que el destinatario último, con la presentación de su solicitud de ayuda, 
autorizará, indistintamente, tanto al órgano administrativo concedente como instructor 
para que puedan consultar directamente dicha información de forma directa con la 
Administración tributaria o de la Seguridad Social correspondiente en los momentos en 
que sea preciso durante la tramitación del procedimiento.
b)  Empresas en situación de crisis, de acuerdo a la definición que se realiza en las 
directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de 
empresas no financieras en crisis (Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 
de julio de 2014).
c)  Las empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente  s
sobre cualquier ayuda o subvención que les hubiera sido otorgada con anterioridad, bien  oe.
por haberse declarado ayuda ilegal y/o incompatible con el mercado interior, bien por  w.
ccuoanlcqeusieiórn .tipo  de  incumplimiento  de  obligaciones  que  le  vinieran  atribuidas  en  la  2021-3702n https://ww
Artículo 13.  Actuaciones subvencionables.
1.  Serán actuaciones subvencionables las relacionadas a continuación:
a)  Actuación 1: Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de regadío. 
Consistirá en la ejecución de actuaciones de reforma de las instalaciones de regadío en 
explotaciones agropecuarias y comunidades de regantes, por renovación de sus equipos 
de bombeo que reduzcan el consumo de energía final y las emisiones de CO .
2
Las actuaciones podrán ser, con carácter orientativo y no limitativo:
1.º  La sustitución de grupos de bombeo por otros más eficientes energéticamente.
2.º  La  implantación  de  variadores  de  frecuencia  y  arrancadores  estáticos  o  la 
sustitución por equipos más eficientes energéticamente en bombeos.
3.º  La  implantación  o  modernización  de  sistemas  de  regulación,  control  y 
monitorización de la red de riego que contribuyan de forma directa al ahorro de energía.
4.º  La  instalación  o  sustitución  de  baterías  de  condensadores  para  mejorar  la 
eficiencia energética de las instalaciones eléctricas de las estaciones de bombeo.
No  serán  elegibles  aquellas  actuaciones  que  contribuyan  al  incremento  en  el 
consumo de agua o de la superficie regable.
b)  Actuación  2:  Mejora  de  la  eficiencia  energética  y  utilización  de  energías 
renovables en explotaciones agropecuarias. Consistirá en la realización de actuaciones 
de  reforma  de  las  explotaciones  e  instalaciones  consumidoras  de  energía  térmica, 
eléctrica y de proceso propias de las explotaciones agropecuarias que reduzcan el 
consumo de energía final y las emisiones CO .
2
Las actuaciones podrán ser, con carácter orientativo y no limitativo:
1.º  Actuaciones  sobre  la  envolvente  térmica  que  reduzcan  la  demanda  de 
calefacción y refrigeración de los edificios agropecuarios (fachadas, cubiertas, ventanas) 
incluyendo soluciones bioclimáticas.
2.º  Actuaciones  en  las  instalaciones  térmicas  de  calefacción,  refrigeración, 
ventilación y agua caliente sanitaria, como pueden ser las destinadas a los procesos de 
pasteurización y conservación de productos perecederos, a la climatización de naves de 
ganado e invernaderos, refrigeración en procesos de fermentación del vino, etc.
3.º  Mejora  de  la  eficiencia  energética  de  los  subsistemas  de  generación, 
distribución, regulación y control y elementos terminales de las instalaciones térmicas, 
incluyendo el aprovechamiento de calores residuales y nuevas redes de calor.
4.º  Sustitución de energía convencional en instalaciones térmicas por energías 
renovables  térmicas  (energía  solar  térmica,  biomasa,  energía  geotérmica,  energía 
ambiente (aerotermia o hidrotermia), bombas de calor o una combinación de ellas). No 
se  considerará  elegible  la  sustitución  de  un  generador  térmico  por  otro  que  utilice 
combustible de origen fósil.
5.º  Reforma  o  sustitución  de  instalaciones  de  iluminación  interior  y  alumbrado 
exterior.
6.º  Renovación  de  motores  para  accionamientos  mecánicos  y  otros  servicios 
propios de estas actividades.
2.  Con carácter general, los requisitos que deben cumplir las actuaciones, para que 
sean subvencionables, serán los siguientes:
a)  Conseguir y justificar una reducción del consumo de energía final de un 10% con  o
rsdeeesrl páabce n))c  deteoxPE o aal a V raspa huld ioc eesarl ir ltcoauci ó áaDdnlccei iruó elelnacon  t diedvReraeg e plí 2caaao0 rhfm1tiiond2eraa/rn2lo. d7s a/deUce Eji uóe,sn ndt ieef(icr U2gaE5íraá )d   femi2n 0oea1cdl 9tiuya/ 1bnl6rtaee5   e8dul ene dog2e i0bd 1ielli2a dl. oasdC  omdmeé itsolaidóson sa  cddteeu  acc2ái5olc nudeleos    OE-A-2021-3702able en https://www.
septiembre de 2019, relativa a la trasposición de las obligaciones de ahorro de energía 
en virtud de la Directiva de eficiencia energética.
3.  El  ahorro  de  energía  final  conseguido  por  las  actuaciones  acogidas  a  este 
programa será computado a efectos del cumplimiento de los objetivos de ahorro de 
energía final del artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  18/2014,  de  15  de  octubre.  Este  ahorro 
energético no podrá ser objeto de doble cómputo, por los sujetos obligados, a los efectos 
del cumplimiento del objetivo de ahorro acumulado de energía del artículo 7 de la citada 
Directiva.
4.  Las actuaciones objeto de ayuda deberán cumplir con la normativa vigente que 
les sea de aplicación, así como contar con las preceptivas licencias y autorizaciones 
administrativas en el caso de que las mismas lo requieran.
5.  Dado el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán actuaciones por 
parte de los destinatarios últimos de las ayudas iniciadas con posterioridad a la fecha de 
registro de la solicitud de la ayuda, no considerándose elegible ningún coste relativo a la 
ejecución de la actuación que haya sido facturado con anterioridad, sin perjuicio de los 
costes  correspondientes  a  actuaciones  preparatorias  que  sean  necesarios  para 
presentar la solicitud o llevar a cabo las correspondientes inversiones, como pueden ser 
proyecto,  memorias  técnicas,  certificados,  etc.,  que  sí  podrán  ser  considerados 
subvencionables, aun cuando hubieran sido facturados con anterioridad, siempre que, en 
todo caso, estas actuaciones preparatorias se hubieran iniciado con fecha posterior a la 
fecha de entrada en vigor del programa establecida en el artículo 4.
6.  Se consideran costes elegibles aquellos que sean necesarios para conseguir los 
objetivos energéticos de este programa, que se han indicado para cada una de las 
actuaciones subvencionables anteriores, y los que se relacionan a continuación:
a)  Los costes de gestión de solicitud de la ayuda.
Se considerarán costes de gestión de solicitud de la ayuda, aquellos gastos que el 
destinatario último de la ayuda pudiera satisfacer a una empresa o profesional por llevar 
a  cabo  la  gestión  administrativa  y  documental  de  su  solicitud  ante  la  comunidad 
autónoma, por lo que tales gastos, para ser admitidos como coste elegible, deberán de 
encontrarse debidamente contemplados y detallados en documento u oferta vinculante 
contractual formalizada con el empresario o profesional correspondiente, cuya copia se 
acompañará junto con el resto de documentación que debe acompañar a la solicitud de 
ayuda, justificándose la realidad de dichos gastos, mediante la aportación de factura 
independiente donde consten debidamente especificados los mismos, además de la 
documentación que pudiera resultar exigible para justificar su pago.
En ningún caso se admitirá que tales gastos de gestión superen el 4% del importe de 
la ayuda solicitada, con un límite de 3.000 € por expediente.
b)  La  realización  de  auditorías  energéticas  que  permitan  identificar  y  evaluar 
adecuadamente las medidas a implantar de mejora de la eficiencia energética.
c)  Los costes de la redacción de los proyectos técnicos relacionados.
d)  Los costes de la dirección facultativa de las actuaciones.
e)  Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones, incluyendo obra civil 
asociada e instalaciones auxiliares necesarias.
f)  En el caso particular de instalaciones geotérmicas, el coste de la realización de 
los estudios, ensayos TRT, sondeos y simulaciones previas a la realización del diseño de 
la instalación. e
g)  La inversión en equipos y materiales efectuada. bo
h)  Los costes de redacción de informes y demás documentación requerida para la  02ww
solici)it udL oys j ucsotsifticeasc dióen g dees teiósnta dse a lyau jduassti.ficación de la realización de las actuaciones.
actuSaec iocnoenss idoebrjaertáon d ceo mayou dcoas taeqsu deello gs egstaiósnto sd eq ulae  juesl tidfiecastcinióant adrieo  laú ltriemaoli zdaec iólan  daey uldaas 
pudiera satisfacer a empresas o profesionales por llevar a cabo la gestión técnica,
administrativa y documental de la justificación ante el órgano instructor de la realización 
de las actuaciones que conforman el proyecto.
El coste elegible máximo total admitido en el programa para sufragar los gastos de 
gestión  de  la  justificación  de  la  realización  de  las  actuaciones  no  podrá  superar 
globalmente el 7% del importe de la ayuda solicitada, con un límite de 7.000 € por 
expediente. La realización y facturación de estos servicios podrá efectuarse durante el 
periodo concedido para presentar la documentación justificativa.
j)  El asesoramiento técnico especializado para el mantenimiento y conservación de 
las instalaciones en orden a la disminución de consumos energéticos y costes.
k)  Informes que acrediten la adecuada realización de las actuaciones objeto de la 
ayuda emitidos por un organismo de control o entidad de control.
l)  Otras  partidas  necesarias  (auxiliares  o  no)  específicas  de  cada  tipología  de 
actuación subvencionable.
No se consideran costes elegibles licencias, tasas, impuestos o tributos. No obstante, 
el IVA y el IGIC, podrán ser considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser 
susceptibles de recuperación o compensación total o parcial.
No se considerará elegible ningún coste distinto a los anteriores ni que haya sido 
facturado al destinatario último de la ayuda con anterioridad a la fecha de registro de la 
solicitud correspondiente.
Artículo 14.  Cuantía de las ayudas.
1.  La  cuantía  máxima  de  las  ayudas,  para  cada  una  de  las  tipologías  de 
actuaciones subvencionables, será la siguiente:
a)  Para la Actuación 1: Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de 
regadío:
Límite máximo: 30% del coste elegible.
b)  Para la Actuación 2: Mejora de la eficiencia energética y energías renovables en 
explotaciones agropecuarias:
Límite máximo: 30% del coste elegible.
2.  Estas ayudas estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, y afectan a la 
cuantía de las ayudas para cada una de las actuaciones y tipo de destinatario último y al 
carácter incentivador de las ayudas que se aplica a todos los destinatarios últimos de las 
ayudas.
3.  Las comunidades autónomas podrán establecer en sus convocatorias un coste 
elegible máximo y mínimo por solicitud, así como un presupuesto máximo para cada 
actuación del apartado 1 del artículo 13. Asimismo, podrán establecer la cuantía de las 
ayudas para cada actuación y beneficiario, siempre que no supere el máximo fijado en el 
apartado 1 de este artículo.
Artículo 15.  Compatibilidad de las ayudas.
Las ayudas otorgadas en este programa serán compatibles con otras subvenciones o 
ayudas que pudieran concederse para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de  e.
organismos internacionales. w.
Artícauultoó no1m6.a sP ar olocse ddiemsiteinnatota ridoes  úlctiomnocse.sión  de  las  ayudas  por  las  comunidades
1.  Las  comunidades  autónomas  destinarán  las  ayudas  que  reciban  como
beneficiarias  directas  de  las  ayudas  reguladas  por  este  real  decreto  a  otorgar
subvenciones a los sujetos previstos por el artículo 11, a través de las correspondientes 
convocatorias que publiquen, donde se contemplen los requisitos correspondientes para 
su concesión, según el territorio en que se apliquen.
2.  Las actuaciones objeto de ayuda serán seleccionadas por riguroso orden de 
presentación de las solicitudes correspondientes hasta el agotamiento de los fondos, 
resolviéndose  las  mismas  según  determine  cada  comunidad  autónoma  en  sus 
convocatorias de ayuda.
3.  Las ayudas concedidas a aquellos destinatarios finales que sean empresas o 
desarrollen actividad comercial o mercantil, y les sea de aplicación la normativa de 
ayudas de Estado, para la realización de inversiones destinadas a medidas de eficiencia 
energética y para la promoción de la energía procedente de fuentes renovables, estarán 
sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014, 
de 17 de junio 2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado.
4.  A los efectos de respetar los límites máximos de las ayudas establecidas por la 
normativa  de  la  Unión  Europea,  los  destinatarios  últimos  de  las  ayudas  deberán 
presentar declaración responsable relativa a todas las ayudas concedidas al proyecto, 
según lo previsto en el anexo I de este real decreto. Asimismo, deberán presentar 
declaración responsable de que la empresa no está en crisis de acuerdo con la definición 
de «empresa en crisis» que se establece en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento 
(UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, según lo previsto en el mismo anexo I.
5.  La resolución definitiva del procedimiento de concesión de la ayuda corresponde 
a las comunidades autónomas, una vez comprobado el cumplimiento íntegro de las 
condiciones y requisitos establecidos y de la documentación aportada. El plazo máximo 
para resolver y notificar la resolución será de seis meses contados desde la fecha de 
presentación de la solicitud. En caso de no haberse recibido resolución en dicho plazo, 
se entenderá desestimada la solicitud. La resolución que se adopte por las comunidades 
autónomas podrá ser recurrida en la forma establecida en las respectivas convocatorias.
6.  Las  actuaciones  objeto  de  ayuda  deberán  iniciarse  con  posterioridad  a  la 
presentación de la solicitud y su plazo máximo de realización será de doce meses desde 
la fecha de notificación de la resolución de la concesión de la ayuda.
7.  La justificación por parte de los destinatarios últimos de la ejecución de las 
actuaciones  objeto  de  ayuda  deberá  realizarse  ante  el  órgano  autonómico  que  se 
determine en cada convocatoria en un plazo máximo de tres meses desde la finalización 
del  plazo  máximo  concedido  para  la  ejecución  de  las  actuaciones.  Para  ello,  el 
destinatario último de las ayudas deberá aportar la documentación requerida por las 
comunidades  autónomas  en  sus  respectivas  convocatorias  para  cada  actuación 
subvencionable, según lo señalado en el artículo 10 y en el anexo I.
8.  Solo podrá autorizarse una ampliación de los plazos fijados para la ejecución de 
las  actuaciones  cuando  obedezca  a  circunstancias  imprevisibles,  debidamente 
justificadas,  que  hagan  imposible  el  cumplimiento  de  las  mismas,  pese  a  haberse 
adoptado, por parte de los destinatarios últimos de las ayudas, las medidas técnicas y de 
planificación mínimas que les resultaban exigibles. En ningún caso se podrán autorizar 
ampliaciones de plazos para la ejecución de la actuación objeto de ayuda que superen 
en su cómputo total los veinticuatro meses contados desde la fecha de notificación de la 
resolución de concesión de la ayuda o desde la fecha de notificación de la resolución de 
adjudicación del correspondiente contrato. s
9.  Las comunidades autónomas llevarán a cabo un procedimiento de control que  oe.
permita verificar y validar administrativamente el cien por ciento del coste declarado por  w.
los destinatarios últimos de las ayudas, así como verificar sobre el terreno un conjunto  02ww
repr1e0s.e ntCatoivmop droeb laads aa clatu eajecicounceiósn y  doep elar aaccitounaecsió rne aploizra pdaarste. del destinatario último de las
adyeundtraos ,d eals íp lcaozmo oe slata ebnletrceidgoa,  deel  ótorgdaan doo ccuommepnettaecnitóen  deex ilgaisd ar eesnp eacptaivratasd ocos maunnteidriaodreess   BOE-A-cable e
autónomas ordenará el pago de la subvención, con expresa referencia a la procedencia 
de los fondos, mencionando al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
11.  En caso de que el destinatario último de las ayudas no cumpliera con la 
obligación  de  justificación  establecida  en  el  precedente  apartado  no  se  pagará  la 
subvención y se declarará la pérdida del derecho al cobro de la misma, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  utilizando,  para  ello,  el  procedimiento  previsto  en  el  artículo  42  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Así mismo, en este supuesto, deberá retornarse el 
importe del anticipo que se hubiera percibido incrementado en el interés legal que resulte 
de aplicación.
12.  La información sobre las concesiones de subvenciones realizadas al amparo de 
este real decreto será comunicada a la Base de Datos Nacional de Subvenciones por las 
comunidades autónomas, en los términos en que se establece dicha obligación de 
comunicación por el artículo 20 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, y demás 
normativa de desarrollo de dicha obligación.
Artículo 17.  Presentación y formalización de solicitudes.
1.  Las solicitudes de ayuda podrán cursarse conforme a lo que se indique en las 
respectivas convocatorias que efectúen las comunidades autónomas.
A la finalización del período de vigencia de la correspondiente convocatoria y, en 
todo caso, a la expiración de la vigencia de este programa, no serán admitidas más 
solicitudes, debiendo las comunidades autónomas, en su caso, reembolsar el remanente 
presupuestario  que  pudiera  existir  a  esa  fecha  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  el 
artículo 7.4.
2.  Las solicitudes se dirigirán a las comunidades autónomas donde estén ubicadas 
las  actuaciones,  conforme  al  procedimiento  que  establezcan  en  sus  respectivas 
convocatorias.
3.  Las  solicitudes  se  acompañarán  de  la  documentación  requerida  en  las 
correspondientes convocatorias que realicen las comunidades autónomas, recogiendo la 
documentación que figura en el anexo I, en su caso, salvo que los órganos instructores 
de  las  comunidades  Autónomas  habiliten  los  medios  electrónicos  o  de  otro  tipo 
necesarios para realizar por ellos mismos la comprobación de alguno o de todos los 
extremos referidos.
4.  Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta que se 
agote el presupuesto. Se considerará agotado el presupuesto cuando se efectúe el 
registro de la última solicitud de ayuda que totalice el importe asignado a las respectivas 
comunidades autónomas En caso de que se agote el presupuesto asignado, y siempre 
que  no  hubiera  expirado  la  vigencia  del  programa,  podrán  seguir  registrándose 
solicitudes  en  lista  de  espera  que  serán  atendidas  por  riguroso  orden  de  entrada, 
supeditadas a que se produzcan desestimaciones o revocaciones de las solicitudes de 
ayuda previas que pudieran liberar presupuesto o bien se incorpore nuevo presupuesto a 
la convocatoria. En ningún caso la presentación de una solicitud a la lista de espera 
generará derecho alguno para el solicitante hasta que no se resuelva la solicitud.
Artículo  18.  Órganos  competentes  para  ordenar  e  instruir  el  procedimiento  de 
concesión de ayudas.
1.  El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión de  bo
ayudas  será  el  que  determine  cada  comunidad  autónoma  en  su  convocatoria.  02ww
dCdeiorebrrci2det.aas pmmLoeeannnsdtt eeer  láocoo  sama  rlet urqóanurvidgiésaasidnt oedosse    einuxsnaigtauriu tdóeconntsoot.irmd alaads   ccoopmlaobpdorroárabnda ocirdóaen,c  qiddueire   qdsueieb  eglraáes s ctusioomnliapcnliitr u dloleasss  r ecquaumyiuspdilteoanss    OE-A-2021-37able en https://
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La entidad
colaboradora deberá cumplir las obligaciones y desempeñar las funciones previstas en el 
artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y será seleccionada con observancia 
a  lo  dispuesto  en  el  artículo  16  de  la  citada  ley.  La  selección  de  esta  entidad 
colaboradora  no  supondrá,  en  ningún  caso,  exclusión  de  la  responsabilidad  y 
obligaciones que las comunidades autónomas tengan asumidas en virtud de lo dispuesto 
por este real decreto.
3.  En  la  Instrucción  del  procedimiento,  los  órganos  competentes  de  las 
comunidades  autónomas  velaran  por  respetar  las  normas  de  subvención  tanto 
nacionales como europeas que se otorguen en el marco de este real decreto. A tal 
efecto,  el  IDAE  facilitará  al  órgano  Instructor  de  la  comunidad  autónoma  cuantas 
instrucciones  pudiera  considerar  convenientes  al  respecto.  Así  mismo,  los  órganos 
responsables  de  la  gestión  de  las  ayudas  de  cada  comunidad  autónoma  deberán 
conservar  los  documentos  originales,  justificativos  de  la  actuación  realizada  y  la 
aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.
Artículo 19.  Órganos competentes para la resolución del procedimiento de concesión 
de ayudas.
1.  El órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión de 
ayudas será el que determine cada comunidad autónoma en su respectiva convocatoria.
2.  Las comunidades autónomas realizarán el seguimiento, control y, en su caso, 
resolverán sobre la pérdida del derecho a obtener las ayudas concedidas al amparo de 
este real decreto, así como exigirán el reintegro correspondiente del importe de las 
ayudas además del posible cobro de intereses de demora. Asimismo, las comunidades 
Autónomas serán responsables de realizar las labores de verificación de la correcta 
realización de gasto por parte de los destinatarios últimos de las ayudas.
Artículo 20.  Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas por el destinatario último de la 
ayuda  y  la  exigencia  del  interés  de  demora,  desde  el  momento  del  pago  de  la 
subvención, en los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, aplicándose el procedimiento de reintegro regulado en el capítulo III del título 
II de dicha ley.
Artículo 21.  Publicidad.
1.  Toda referencia a la actuación objeto de las ayudas reguladas por las presentes 
bases en publicaciones, medios de difusión o páginas web deberá cumplir con los 
requisitos que figuren en el Manual de Imagen del Programa que estará disponible en la 
web del IDAE, en el que figurarán el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico y el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, en los términos previstos en 
el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y artículo 31 del Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Asimismo, tanto en la convocatoria de las comunidades autónomas, como en la 
resolución que se notifique a los destinatarios últimos, deberá mencionarse al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética. s
3.  El destinatario último de las ayudas informará al público del apoyo obtenido,  oe.
haciendo una breve descripción de la operación en su sitio de internet, en caso de que  w.
disponga de uno, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos  02ww
y resEunl tasduo sc.aso, además, deberá cumplir con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de
dlaicsi eomblbigraec, idoen etrsa dnes ppaurbelnicciidaa, da cdcee lsaos  aa ylau dinafso rombajectioó nd ep úebsltiec are ya lb dueecnr egtoob.ierno, respecto a  BOE-A-cable e
Disposición adicional única.  Contención del gasto de personal.
Lo dispuesto en este real decreto no supondrá incremento de dotaciones, ni de 
retribuciones,  ni  de  otros  gastos  de  personal,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el 
apartado  7  del  artículo  9,  en  relación  a  los  costes  indirectos  reconocidos  a  las 
comunidades autónomas como beneficiarias directas de las ayudas.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 23.ª 
y 25.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en materia 
de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades 
de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección, y 
sobre las bases del régimen minero y energético, respectivamente.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 9 de marzo de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno
y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
ANEXO I
Documentación
La documentación que se relaciona a continuación, en caso de resultar procedente, 
podrá ser sustituida por otra o por procedimientos alternativos que pudieran establecer 
expresamente  las  comunidades  autónomas  al  respecto  en  sus  respectivas 
convocatorias, conforme a su propia normativa de aplicación y que sea equivalente a 
efectos de acreditar los requisitos y obligaciones esenciales establecidos en este real 
decreto.
1.  Documentación requerida para realizar la solicitud de ayuda.
El formulario de solicitud de ayuda se acompañará de la documentación requerida en 
las  correspondientes  convocatorias  que  realicen  las  comunidades  autónomas, 
recogiendo en todo caso la documentación que figura a continuación:
a)  Fotocopia del DNI, para los ciudadanos españoles, o de documento equivalente 
que acredite la identidad de los extranjeros y en el que figure el NIE, de la persona física 
titular del establecimiento o de la tarjeta de identificación fiscal donde conste el NIF de la 
persona jurídica, así como, en ambos casos, de su representante. No será necesaria su 
aportación si el interesado presta su consentimiento expreso para que sus datos de 
identidad personal puedan ser consultados por el órgano instructor mediante el Sistema 
de Verificación de Datos de Identidad que cada comunidad autónoma pudiera tener 
establecido. No obstante, conforme a lo establecido por el artículo 28 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, se eximirá a los interesados de la presentación de documentación que 
haya  sido  elaborada  por  cualquier  Administración,  o  que  haya  sido  ya  aportada 
anteriormente  por  los  mismos,  siempre  que  el  interesado  no  se  oponga  a  que  la 
administración actuante pueda consultar o recabar dichos documentos. Por su parte, la 
disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales reconoce la potestad de 
verificación de las administraciones públicas, en relación con los datos personales que 
obren en su poder, para comprobar la exactitud de los mismos.
b)  Las  personas  jurídicas,  públicas  o  privadas,  y  otras  entidades,  con  o  sin 
personalidad jurídica, además de lo establecido en el apartado anterior, deberán aportar 
documentación  acreditativa  de  las  facultades  de  representación  de  la  persona  que 
formule la solicitud de ayuda como representante de las mismas, debidamente inscrita, 
en su caso, en los registros públicos correspondientes.
c)  En el caso de una entidad vinculada o dependiente del sector público deberá 
presentar una declaración responsable donde acredite su adscripción, especificando si 
se refiere a la Administración General del Estado, a una Comunidad autónoma o a una 
Entidad  Local  y  donde  declare  si  desarrolla  o  no  actividad  comercial  y  mercantil. 
Asimismo, aportará certificación acreditativa de resolución o acuerdo adoptado por el 
órgano competente de la administración o entidad pública beneficiaria, por la que se 
apruebe la participación en este programa asumiendo los compromisos contenidos en el 
mismo.
d)  Si se trata de profesionales autónomos, además deberá aportarse certificado de 
alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores o el Certificado de 
Situación Censal, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
e)  En el caso de familias numerosas, copia del título oficial vigente de familia  e.e
numerosa y en el caso de personas discapacitadas que acrediten su movilidad reducida,  b
certificado que emiten los órganos de valoración competentes del INSERSO o de las  02ww
comfu) nidEand eels c aaustoó ndoem eamsp.resas, declaración responsable en la que figure la condición de
cPoYmMeErc oia Gl.ran Empresa o en su caso, si se trata de una entidad sin actividad mercantil y
g)  Declaración responsable, firmada por el representante del solicitante, en su 
caso, donde conste detallado que el solicitante o solicitantes de la actuación:
1.º  No se encuentran en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, haciendo mención expresa respecto a la inexistencia 
o fiel cumplimiento de sus obligaciones de reintegro de otras subvenciones o ayudas, 
conforme  a  los  términos  establecidos  en  el  artículo  21  del  Reglamento  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.º  Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. En el caso de no estar obligados a presentar las declaraciones 
o documentos a que se refieren los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de  17  de  noviembre,  se  deberá  hacer  mención  expresa  del  fundamento  de  dicha 
exención, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de este reglamento. Por el 
contrario, no existiendo exención de la obligación de presentar tales declaraciones o 
documentos,  deberán  constar  certificaciones  acreditativas  del  cumplimiento  de 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, según lo previsto en el artículo 22 
del mismo.
La presentación de la solicitud de ayuda conllevará la autorización del solicitante 
para  que  el  órgano  concedente  obtenga  de  forma  directa  la  acreditación  de  las 
circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones,  aprobado  por  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  a  través  de 
certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente 
certificación.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo 
aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado 
reglamento.
3.º  No han solicitado o recibido otras ayudas para la misma actuación o finalidad o, 
si las han solicitado, se indique el importe de la ayuda solicitada y, si es el caso, 
obtenida, así como la Administración, organismo o entidad pública concedente.
4.º  Que la empresa a la que se represente, en su caso, no está en crisis, según lo 
establecido por las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de 
reestructuración de empresas en crisis (Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, 
de 31 de julio de 2014).
h)  Para las actuaciones subvencionables, se solicitará Memoria descriptiva de las 
actuaciones a acometer que contenga al menos, descripción y alcance de la actuación, 
inversión, coste subvencionable y ayuda solicitada.
No obstante, la acreditación de los extremos a que se refieren las letras anteriores, 
salvo  la  h),  podrá  ser  realizada  mediante  la  documentación  o  los  procedimientos 
alternativos  que  las  comunidades  autónomas  pudieran  establecer  expresamente  al 
respecto  en  sus  respectivas  convocatorias,  conforme  a  su  propia  normativa  de 
aplicación.
2.  Documentación requerida para justificar la actuación realizada.
De  conformidad  con  lo  establecido  por  el  artículo  71.1  del  Reglamento  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la justificación por parte de 
los destinatarios últimos de las ayudas de la ejecución de las actuaciones objeto de 
ayuda  deberá  realizarse  ante  el  órgano  autonómico  que  determine  la  convocatoria 
correspondiente a través de la presentación de la documentación que con carácter  e.
general figura a continuación, sin perjuicio de que, para dicha presentación, puedan  w.
habilitarse en las respectivas convocatorias los medios electrónicos o de otro tipo que  02ww
permitan  la  acreditación  de  los  extremos  exigidos  por  la  misma  así  como  de  la
presentación de cualquier otra documentación complementaria que pudiera requerirse 
las comunidades autónomas en sus respectivas convocatorias:
a)  Notificación  dirigida  al  órgano  autonómico  competente  comunicando  la 
documentación aportada a la comunidad, fechada y firmada por el destinatario último de 
las ayudas, o su sustitución por los modelos de aportación de documentación o registros 
informáticos habituales en la gestión de ayudas de cada comunidad.
b)  Certificado final de obra suscrito por el director de obra y director de ejecución de 
la obra, en su caso.
c)  Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas 
en la concesión de la subvención, conforme a lo exigido por estas bases y la resolución 
de  concesión  de  la  ayuda,  con  indicación  de  las  actividades  realizadas  y  de  los 
resultados obtenidos. Esta memoria será realizada y suscrita por un técnico titulado 
competente autor del proyecto o de dirección de la ejecución de la actuación, indicando 
así mismo la fecha de conclusión de las actuaciones.
d)  Relación  certificada  y  copia  de  los  pedidos  y/o  contratos  relativos  a  las 
actuaciones realizadas.
e)  Relación  certificada  y  copia  de  las  facturas  y  de  sus  correspondientes 
justificantes bancarios de pago, correspondientes a la inversión elegible realizada y que 
respondan al presupuesto y contratos presentados.
f)  Documentación justificativa de que el destinatario último de la ayuda es titular del 
número o números de cuenta en el que se ha de ingresar la ayuda.
g)  Certificación  o,  en  su  caso,  declaración  responsable  emitida  o  formalizada 
previamente  a  la  concesión  de  la  ayuda  correspondiente,  justificativas  de  que  el 
destinatario  último  de  las  ayudas  cumple  con  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social, resultando aplicable lo establecido en el ordinal 2.º de la letra g) del 
anterior apartado 1, sin perjuicio de que los órganos autonómicos competentes de las 
comunidades  autónomas  puedan  habilitar  los  medios  electrónicos  o  de  otro  tipo 
necesarios para realizar las comprobaciones necesarias y acreditar el cumplimiento de 
tales obligaciones, dejando constancia de todo ello en el expediente.
h)  Declaración responsable que acredite la no existencia de otras subvenciones o 
ayudas cobradas para la misma actuación o finalidad que la solicitada en el contexto de 
este programa, de cualquier Administración, organismo o entidad pública, nacional o 
internacional.
i)  Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas, que incluya fotografías de la 
situación después de las actuaciones, y en su caso, de los equipos e instalaciones 
principales finales objeto de la ayuda, y donde se muestre el cartel publicitario de la 
actuación. Información y enlace al sitio de Internet del destinatario último de las ayudas, 
en  caso  de  que  disponga  de  uno,  donde  dicho  destinatario  último  de  las  ayudas 
informará al público del posible apoyo obtenido de los Fondos Europeos haciendo una 
breve descripción de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, 
con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión Europea.
j)  Documentación justificativa sobre el proceso de contratación de las actuaciones 
por parte del destinatario último de las ayudas. Las comunidades autónomas podrán 
establecer en la convocatoria la exención de esta obligación para el caso de que el 
alcance de la cuenta justificativa incluya la justificación de este proceso.
k)  Documentación justificativa de la existencia de una contabilidad separada o 
diferenciada para todas las transacciones relacionadas (ingresos y pagos, incluido, en su 
caso, el ingreso de ayudas, pagos a proveedores, etc.). e.
l)  Declaración responsable garantizando el cumplimiento de las normas nacionales  w.b
y  comunitarias  sobre  requisitos  de  igualdad  de  oportunidades  y  no  discriminación  02ww
ampelidciaobalmesb iean tallaess   naactcuioancaiolense s y sucbovmeunnciitoanriaabsl,e sy,   eslo bcreu mdpelismairernotlloo   dseo stelansi blen orym alas 
approliyceacctioó no bdjee tmo eddei daaysu daan t(ifsreaguúdne  mefoicdaecleos q yu ep reosptoarrcái odnisapdoansi belen  eenl  áWmebbit od edle I DgAesEt ióon b ideenl 
en la de la comunidad correspondiente). Las comunidades autónomas podrán establecer
en la convocatoria la exención de la totalidad o una parte de esta obligación para el caso 
de que el alcance de la cuenta justificativa incluya los extremos requeridos en este 
apartado.
m)  En todo caso, si realizada la actividad y finalizado el plazo para justificar, se 
hubiera pagado sólo una parte de los gastos en que se hubiera incurrido, a efectos de 
pérdida del derecho a la percepción de la ayuda correspondiente, se aplicará el principio 
de proporcionalidad.
n)  Con  independencia  de  lo  anterior,  el  órgano  autonómico  competente  podrá 
elaborar instrucciones de acreditación y justificación complementarias para los casos en 
los que la complejidad de la actuación o el importe elevado de la ayuda así lo requirieran.
Para los proyectos con una ayuda concedida por importe inferior a 60.000€ podrá 
tener carácter de documento con validez jurídica para la justificación de la subvención la 
cuenta  justificativa  simplificada  regulada  en  el  artículo  75  del  Reglamento  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Asimismo, según lo previsto en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, atendiendo al objeto y naturaleza de la 
subvención,  y  con  el  alcance  y  contenido  que  se  detalle  en  las  correspondientes 
convocatorias de ayuda de las respectivas comunidades autónomas, podrá entregarse 
cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto.
De la misma forma, podrá entregarse cuenta justificativa con aportación de informe 
de auditor, cumpliéndose los requisitos previstos en el artículo 74 del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con el alcance y reducción 
de la información a incorporar en la memoria económica a que se refiere el apartado 2 
del  artículo  72  de  dicho  reglamento,  que  será  detallado  en  las  correspondientes 
convocatorias de ayuda de las respectivas comunidades autónomas.
ANEXO II
Información a remitir al IDAE por las comunidades autónomas
Con el fin de realizar un adecuado seguimiento y coordinación del programa, a 
petición  del  IDAE,  se  requerirá  periódicamente,  la  carga  de  información  técnica  y 
presupuestaria, en un aplicativo informático dispuesto por el IDAE a tal efecto, de las 
solicitudes de ayudas formalizadas, resueltas y ejecutadas, así como de los oportunos 
informes de seguimiento del programa a las comunidades autónomas.
El IDAE podrá requerir a las comunidades autónomas la documentación necesaria 
para poder certificar el gasto incurrido, como organismo intermedio o gestor, en aquellas 
actuaciones susceptibles de cofinanciarse con fondos europeos.
A  continuación,  se  detallan  los  campos  mínimos  que  se  podrán  requerir  en  el 
seguimiento de las ayudas, con el fin de que se tengan en cuenta en el diseño de las 
convocatorias que convoquen por parte de las comunidades autónomas.
Información de las solicitudes de ayuda recibidas
1.  Solicitud.
a.  Código de la solicitud.
b.  Fecha de registro. s
c.  Estado de la solicitud. e.
i.  Activada. 02ww
iiii.i.   RJeussutifeicltaad faa.vorablemente.
d.  Importe de la ayuda solicitada.
2.  Identificación del destinatario último.
a.  Nombre y apellidos/Razón social/ del destinatario último.
b.  NIF del destinatario último.
c.  Naturaleza jurídica del destinatario último:
i.  Personas físicas mayores de edad y menores con discapacidad.
ii.  Profesionales autónomos.
iii.  Empresas privadas.
iv.  Comunidades de regantes y otras organizaciones cuyo fin consista en la gestión 
común de agua para el riego agrícola o la gestión común de otros combustibles y fuentes 
de energía.
v.  Titulares de explotaciones agrícolas de regadío que utilicen redes de riego para 
cuyo  funcionamiento  sea  necesario  actualmente  el  consumo  de  energía  eléctrica. 
Cualquier  organización  de  productores  agrícolas  reconocida  por  la  autoridad 
competente.
d.  Tipo de empresa (Naturaleza de beneficiario, caso iv):
vi.  PYME
vii.  Gran empresa.
e.  Domicilio:
viii.  Municipio.
ix.  Provincia.
x.  Comunidad autónoma.
f.  Pertenencia a un colectivo vulnerable.
xi.  i. Persona con discapacidad y movilidad reducida.
xii.  ii. Otro tipo de colectivo vulnerable.
3.  Actuación 1: Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de regadío.
a.  Localización.
b.  Número de bombas instaladas.
c.  Coste elegible de cada una de las actuaciones.
d.  Ayuda solicitada.
e.  Ahorro de energía final.
Actuación  2:  Mejora  de  la  eficiencia  energética  y  energías  renovables  en 
explotaciones agropecuarias.
a.  Localización.
b.  Tipo de instalación.
– Envolvente térmica.
– Potencia sustituida en generadores de calor/energía renovable utilizada.
– Potencia sustituida en generadores de frio/energía renovable utilizada.
– Subsistema distribución.
– Subsistema de regulación y control. es
– Subsistema de emisión. o
– Iluminación interior. 02www.
–––   AMOltourtamosrb.ersa.do exterior. OE-A-2021-37able en https://
c.  Coste elegible de la actuación.
d.  Ayuda solicitada.
e.  Ahorro de energía final.
Información tras la resolución de las ayudas
Para las 4 tipologías de actuación, se añadirá la siguiente información:
a.  Fecha de resolución.
b.  Importe de la ayuda concedida.
ANEXO III
Distribución del presupuesto
De acuerdo con el criterio de distribución por Comunidades autónomas según datos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el reparto presupuestario es el que 
figura en la tabla siguiente:
CCAA Reparto presupuesto (€) % reparto
Andalucía. 8.511.895,3 28,37 %
Aragón. 2.199.763,1 7,33 %
Asturias. 91.422,1 0,30 %
Baleares. 325.746,1 1,09 %
Canarias. 699.806,5 2,33 %
Cantabria. 48.935,7 0,16 %
Castilla La Mancha. 4.167.573,0 13,89 %
Castilla y León. 3.198.764,1 10,66 %
Cataluña. 2.055.743,3 6,85 %
Extremadura. 2.157.321,7 7,19 %
Galicia. 1.769.887,2 5,90 %
La Rioja. 445.247,5 1,48 %
Madrid. 210.630,2 0,70 %
Murcia. 870.692,5 2,90 %
Navarra. 569.761,3 1,90 %
País Vasco. 148.970,8 0,50 %
Valencia. 2.527.839,6 8,43 %
  Total. 30.000.000 100 %