BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Miércoles 31 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 37427
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
5132 Sala Segunda. Sentencia 50/2021, de 3 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo 7580-2019. Promovido por don Hugo Martín Francisco Ravanelli 
respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de 
Gavà (Barcelona) en procedimiento de ejecución de títulos no judiciales. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  (motivación):  STC 
31/2019  (ausencia  de  control  judicial  de  las  cláusulas  abusivas  que 
desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia). Voto particular.
ECLI:ES:TC:2021:50
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la Magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, Presidenta, y los Magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 7580-2019, promovido por don Hugo Martín Francisco 
Ravanelli contra el auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Gavà de 14 de 
noviembre de 2019, pronunciado en el procedimiento de ejecución de títulos no judiciales 
núm.  172-2015.  Ha  sido  parte  la  entidad  Banco  Santander,  S.A.  Ha  intervenido  el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  Don Hugo Martín Francisco Ravanelli, representado por el Procurador de los 
Tribunales don José Noguera Chaparro, bajo la dirección de la letrada doña Susana 
Beatriz Natale Romasco, interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial que 
se menciona en el encabezamiento de esta sentencia mediante escrito registrado en el 
tribunal el 30 de diciembre de 2019.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  El 5 de marzo de 2015, la entidad Banco Popular Español, S.A., presentó 
demanda de ejecución de título no judicial contra dos personas, como prestatarios, y el 
demandante de amparo, como avalista de los anteriores, por el impago de determinadas 
cuotas, siendo tramitado con el núm. 172-2015 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 
4 de Gavà. s
El letrado de la administración de justicia, por diligencia de ordenación de 26 de  e.
mayo de 2015, acordó dar cuenta de la demanda al considerar que pudiera «encontrarse  w.
en el supuesto de que los intereses reclamados pudieran ser abusivos». 32ww
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anticipado (FJ 8), que no se considera abusiva; y la de intereses remuneratorios (FJ 9), 
afirmando que no cabe hacer ningún pronunciamiento por no autorizar la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo su control de oficio. En coherencia con ello, el auto acordó (i) 
considerar nula la cláusula de interés moratorio del título no judicial a ejecutar, «no 
habiendo lugar al decreto de la nulidad de las restantes cláusulas analizadas en la 
presente resolución, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 557.1.7 de la Ley de 
enjuiciamiento civil»; y (ii) despachar ejecución de manera solidaria, entre otros, contra el 
recurrente.
b)  El demandante, mediante escrito registrado el 29 de noviembre de 2017, alegó, 
al amparo del art. 562.1.3 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), una infracción procesal 
que entraña nulidad de actuaciones, consistente en que el examen de oficio desarrollado 
por el auto de 26 de abril de 2016 no incluía un pronunciamiento sobre la cláusula 
novena  del  título  no  judicial  a  ejecutar  en  que  se  establece  la  solidaridad  del 
afianzamiento y la renuncia del fiador a los beneficios de excusión, orden y división, que, 
sin embargo, estaba siendo considerada abusiva por determinada jurisprudencia. Por 
tanto, en aplicación de la normativa y jurisprudencia sobre el particular se solicita del 
órgano judicial el control de la abusividad de dicha cláusula y su anulación.
Por  auto  de  10  de  enero  de  2019,  se  acordó  desestimar  dicha  petición, 
argumentando que el auto en que se desarrolló el control de abusividad del clausulado 
era susceptible de recurso y cualquier voluntad relativa a la existencia de cláusulas 
abusivas tendría que haberse hecho valer por el sistema de recurso o del incidente de 
oposición a la ejecución.
c)  El letrado de la administración de justicia, mediante diligencia de ordenación 
de 16 de enero de 2019, acordó librar mandamiento al registro civil para la anotación 
preventiva de embargo. El demandante de amparo interpuso recurso de reposición 
contra  dicha  decisión  insistiendo  en  que,  de  conformidad  con  la  jurisprudencia 
comunitaria establecida en la STJUE de 26 de enero de 2017, cuando existan una o 
varias cláusulas contractuales cuyo eventual carácter abusivo no haya sido todavía 
examinado en un anterior control judicial concluido con una resolución con efecto de 
cosa juzgada, lo que sería el caso, el juez está obligado a apreciar, a instancia de parte o 
de oficio, cuando disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios, el 
eventual carácter abusivo de esas cláusulas. El recurso fue desestimado por decreto 
de 14 de marzo de 2019.
El demandante interpuso recurso de revisión, mediante escrito registrado el 26 de 
marzo de 2019, reiterando la necesidad de un control de la abusividad de la cláusula 
novena del título no judicial que se estaba ejecutando, habida cuenta de la primacía del 
Derecho de la Unión Europea y de que la inexistencia de dicho control en un contexto en 
que no había existido un pronunciamiento con efecto de cosa juzgada sobre el particular 
suponía una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). La 
representación  del  Banco  Santander,  S.A.,  por  sucesión  procesal  de  la  entidad 
ejecutante Banco Popular Español, S.A., mediante escrito de 11 de abril de 2019 se 
opuso a la solicitud, argumentando que había precluido el plazo de oposición sin que se 
hubiera alegado la abusividad de dicha cláusula.
d)  Por auto de 14 de noviembre de 2019 se desestimó el recurso de revisión, 
afirmando  que  «este  juzgado  ya  efectuó  un  control  de  abusividad  al  amparo  del 
artículo 552 de la LEC por lo que, sin perjuicio de su reproducción en segunda instancia, 
no puedo de nuevo entrar a examinar el carácter abusivo de una cláusula cuando con 
anterioridad  dicho  control  se  llevó  a  cabo,  por  lo  que  ninguna  vulneración  se  ha  s
producido». oe.
3.  El demandante solicita que se otorgue el amparo por vulneración del derecho a  32ww
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rreeasplizeatur odsiac hcoo nc odnictrhool  sdoebrerec hloa,  ccloánu sfuulnad anmoveenntoa  erenf eqruidea l aa  dlae criseinóunn jcuidai cdiael  ddeet enremgianrasdeo as 
derechos  por  parte  del  fiador  cuando  en  el  primer  control  no  había  existido  un
pronunciamiento sobre el particular con la fuerza de cosa juzgada, es contraria a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de cláusulas 
abusivas, que obliga a los tribunales a examinar de oficio y en cualquier momento del 
proceso la abusividad de las cláusulas del contrato sobre las que no ha recaído una 
decisión judicial con la fuerza de cosa juzgada.
El demandante de amparo argumenta, en un apartado específico dedicado al efecto, 
que «el fallo que se dicte en el presente recurso trascenderá del caso, porque plantea 
cuestiones jurídicas relevantes y generales de repercusión social innegable, al afectar a 
la propia seguridad jurídica y la especial protección procesal del consumidor (art. 51.1 
CE) ante la existencia de cláusulas abusivas en el título, el principio de no vinculación de 
las mismas como principio imperativo (art. 6 de la Directiva 93/13/CEE) que debe primar 
como consecuencia del principio de efectividad y por encima de la autonomía procesal 
de los Estados».
4.  La  Sección  Tercera  de  este  tribunal,  por  sendas  providencias  de  17  de 
septiembre de 2020, acordó la admisión a trámite del presente recurso, apreciando que 
concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el asunto suscitado transciende el 
caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión 
social  o  económica  [STC  155/2009,  FJ  2.g)];  dirigir  atenta  comunicación  al  órgano 
judicial  para  que  remita  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  y 
emplazamiento para que puedan comparecen en el recurso de amparo quienes hubieran 
sido parte en el procedimiento; y la formación de pieza separada para la tramitación del 
incidente sobre la suspensión solicitada, que fue denegada por ATC 134/2020, de 4 de 
noviembre.
5.  La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 26 de noviembre de 2020, acordó tener por personada a la entidad Banco 
Santander, S.A., representada por el procurador de los tribunales don Eduardo Codes 
Feijoó, y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por 
plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, 
de conformidad con el art. 52 LOTC.
6.  El  Ministerio  Fiscal,  por  escrito  registrado  en  este  tribunal  el  19  de  enero 
de 2021, interesó que se estimara el recurso por vulneración del derecho a la tutela 
judicial  efectiva  (art.  24.1  CE)  anulándose  el  auto  impugnado  con  retroacción  de 
actuaciones. Tras la transcripción de la jurisprudencia establecida en la STC 31/2019, 
de 28 de febrero, con amplia referencia a los diferentes fundamentos de la STJUE de 26 
de enero de 2017, el fiscal concluye que el juzgado, si bien realizó un análisis de 
abusividad de algunas de las cláusulas del título no judicial a ejecutar mediante el auto 
de 16 de abril de 2016, no hubo ningún pronunciamiento sobre la cláusula novena sino 
sobre otras cláusulas, que son respecto de las que se proyecta el efecto de cosa 
juzgada, por lo que al rechazarse analizar dicha cláusula por el efecto de cosa juzgada 
se está incumpliendo la obligación de pronunciamiento derivada del artículo 24.1 CE.
7.  La parte comparecida, por escrito registrado el 8 de enero de 2021, presentó sus 
alegaciones solicitando que se desestime el recurso, argumentando que (i) el auto por el 
que se despachó la ejecución ya hizo un control del clausulado considerando que solo 
resultaba  abusiva  la  reguladora  de  los  intereses  moratorios;  (ii)  el  demandante  de 
amparo, tras ser requerido de pago, se aquietó sin solicitar examen de abusividad,  e.
dejando precluir su derecho; (iii) el demandante de amparo mostró una conducta pasiva  w.
al serle concedida audiencia en el trámite iniciado por el juzgado para la apreciación de  32ww
oficio respecto de la posible abusividad de cláusulas del contrato.
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9.  Por providencia de 25 de febrero de 2021, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 3 de marzo del mismo año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso. El objeto de este recurso es determinar si vulnera el derecho 
a la tutela judicial efectiva del recurrente (art. 24.1 CE) la decisión judicial adoptada en el 
procedimiento de ejecución de títulos no judiciales de rechazar la petición, amparada en 
la aplicación de la normativa comunitaria y en la jurisprudencia que la interpreta, de 
analizar la abusividad de la cláusula novena del contrato de préstamo cuya ejecución se 
instaba,  con  el  argumento  de  que  el  auto  despachando  la  ejecución  ya  había 
desarrollado el control de oficio de la abusividad del clausulado del título no judicial a 
ejecutar.
2.  La  jurisprudencia  constitucional  sobre  el  control  de  abusividad  en  los 
procedimientos ejecutivos y su vinculación con el derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE). El tribunal se ha pronunciado en la STC 31/2019, de 28 de febrero, sobre 
la proyección que respecto del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) tiene el 
deber  de  control  de  abusividad  del  clausulado  de  los  títulos  no  judiciales  en  los 
procedimientos  judiciales  amparado  en  el  Derecho  de  la  Unión  Europea 
(Directiva  93/13/CEE,  del  Consejo,  de  5  de  abril,  sobre  cláusulas  abusivas  en  los 
contratos celebrados con consumidores y STJUE de 26 de enero de 2017, C-421/14, 
asunto Banco Primus, S.A., c. Jesús Gutiérrez García). En dicha resolución, este tribunal 
ha declarado que, de acuerdo con la Directiva 93/13/CEE, conforme a la interpretación 
realizada por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia de 26 de 
enero  de  2017),  las  «cláusulas  cuyo  eventual  carácter  abusivo  no  haya  sido  aún 
examinado en un anterior control judicial del contrato controvertido concluido con la 
adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada, deben ser conocidas por el juez 
nacional, bien a instancia de parte o de oficio» (FJ 6). De ese modo, la STC 31/2019 
establece (i) que no cabe considerar que el plazo para denunciar la existencia de 
cláusulas abusivas haya precluido solo porque la parte ejecutada no formulase oposición 
a la ejecución en el plazo de diez días previsto en el art. 557, en relación con el art. 556, 
ambos  de  la  LEC  (FJ  6);  y  (ii)  que  si  «no  consta  en  ningún  apartado  del  auto 
despachando  la  ejecución  que  se  haya  producido  un  examen  del  clausulado 
contractual», no puede entenderse realizado y justificado con la simple afirmación de que 
la demanda ejecutiva «cumple los requisitos establecidos en el artículo 685 de la LEC» 
(FJ 8). Por ello concluye «que el juzgado vulneró el derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) con su inmotivada contestación acerca de la existencia de 
un control de la cláusula previo a la denuncia —única excepción contemplada por el 
Tribunal  de  Justicia  para  excluir,  de  haberse  dictado  resolución  firme,  un  examen 
posterior—, pues ‘[m]al se puede realizar un control –ni siquiera externo– de lo que 
carece de un razonamiento expreso’» (FJ 8).
3.  Aplicación de la jurisprudencia constitucional al caso planteado. En el presente 
caso, han quedado acreditados como relevantes los siguientes extremos:
i.  El órgano judicial realizó de oficio en el auto de 26 de abril de 2016 por el que se 
despachó la ejecución solicitada un control de la abusividad de las cláusulas del título no 
judicial cuya ejecución se instaba relativas a los intereses moratorios (FJ 7), que se  s
consideró abusiva; la de vencimiento anticipado (FJ 8), que no se consideró abusiva; y la  oe.
de  intereses  remuneratorios  (FJ  9),  afirmando  que  no  cabe  hacer  ningún  w.
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decreto de la nulidad de las restantes cláusulas analizadas en la presente resolución, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 557.1.7 de la Ley de enjuiciamiento civil». Bc
ii.  El  demandante  de  amparo,  respecto  del  que  se  despachó  ejecución  en  su 
condición  de  avalista  de  manera  solidaria  con  los  deudores  principales,  instó  en 
sucesivas ocasiones, alegando la primacía del Derecho de la Unión Europea, que el 
órgano judicial procediera a hacer un control de la abusividad de la cláusula novena del 
título no judicial que se estaba ejecutando, referida a la solidaridad del afianzamiento y la 
renuncia del fiador a los beneficios de excusión, orden y división.
iii.  La resolución judicial impugnada en este amparo denegó el control judicial sobre 
la abusividad de dicha cláusula con el único argumento de que el juzgado ya había 
efectuado un control de abusividad del articulado.
En atención a estos antecedentes y tomando en consideración la jurisprudencia 
establecida en la citada STC 31/2019, el Tribunal concluye, de conformidad con lo 
también solicitado por el Ministerio Fiscal, que se ha producido una vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
El caso enjuiciado presenta, respecto de otros anteriores, la particularidad de que en 
el fallo se declaraba, sin motivación específica alguna, que no había lugar a decretar la 
nulidad de «las restantes cláusulas analizadas en la presente resolución». Pues bien, la 
circunstancia de que el órgano judicial hubiera analizado de oficio en el cuerpo de su 
resolución la eventual abusividad de tres concretas cláusulas del título no judicial cuya 
ejecución  se  instaba  es  suficientemente  expresivo  de  que,  con  ocasión  del  auto 
despachando  la  ejecución,  el  control  judicial  quedó  limitado  a  aquellas  concretas 
cláusulas. La afirmación contenida en el fallo de dicha resolución en el sentido de que no 
había lugar a decretar la nulidad de «las restantes cláusulas analizadas en la presente 
resolución» constituye un mero corolario de la decisión anterior, que no puede ser 
entendida como una motivación expresa por la que se desestima la nulidad de alguna 
otra cláusula en concreto. Por tanto, solo respecto de las primeras podría jugar la 
excepción de cosa juzgada aceptada por la jurisprudencia constitucional en relación con 
la obligación del control del clausulado. Resulta concluyente, en efecto, la especial 
incidencia que se hizo en la STC 31/2019 a la irrazonabilidad que, desde la perspectiva 
del artículo 24.1 CE, implica argumentar que se había realizado un determinado control 
judicial  en  una  resolución  que  carecía  de  ningún  razonamiento  expreso  sobre  el 
particular, como ocurre en el caso examinado.
Por tanto, debe otorgarse el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva  (art.  24.1  CE)  con  los  efectos  de  la  declaración  de  nulidad  la  resolución 
impugnada y ordenar la retroacción de actuaciones para que haya un pronunciamiento 
respetuoso con el derecho constitucional reconocido.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Hugo Martín Francisco Ravanelli y, 
en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). es
2.º  Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto del  o
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Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a tres de marzo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo núm. 7580-2019
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el 
presente voto particular por discrepar de la fundamentación y del fallo de la sentencia 
recaída  en  el  recurso  de  amparo  núm.  7580-2019,  el  cual  a  mi  juicio  debió  ser 
desestimado.
Las razones de mi discrepancia han quedado detalladamente expuestas en el voto 
particular formulado a la sentencia 31/2019, de 28 de febrero, que resolvió una demanda 
de amparo sustancialmente idéntica a la presente, al que por tanto me remito.
Y en tal sentido emito mi voto particular.
Madrid, a tres de marzo de dos mil veintiuno.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y 
rubricado.