BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 211 Miércoles 5 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 64715
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
9248 Resolución de 24 de julio de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria, 
O.A., por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de 
junio de 2020, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de 
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión 
Europea iniciado a la Comunidad de Autónoma Castilla y León.
El Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de junio de 2020, ha aprobado, a 
propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Acuerdo por el que se 
aprueba  la  terminación  del  procedimiento  de  repercusión  de  responsabilidades  por 
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, el 13 de enero de 2020.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2 del Real Decreto 515/2013, de 5 de 
julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las 
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, se dispone la 
publicación del citado Acuerdo, que figura como anexo a la presente resolución.
Madrid, 24 de julio de 2020.–El Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, 
Miguel Ángel Riesgo Pablo.
ANEXO
Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de junio de 2020 por el que se aprueba 
la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por 
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León el 13 de enero de 2020
Primero.
De conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 8, y en la disposición adicional 
segunda, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, y 7, 14 y 15 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el 
que  se  regulan  los  criterios  y  el  procedimiento  para  determinar  y  repercutir  las 
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, se aprueba la 
terminación  del  procedimiento  de  repercusión  de  responsabilidades  al  Organismo 
pagador de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como competente en la gestión 
y control de las ayudas, acorde con la letra a) del apartado 1 de la disposición adicional 
quinta del citado Real Decreto 515/2013, de 5 de julio. El mismo ha dado lugar a la 
liquidación  realizada  sobre  la  deuda  contraída  de  novecientos  setenta  y  cinco  mil 
seiscientos dieciséis euros y once céntimos (975.616,11 €) que son con cargo al Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA).
Segundo.
La citada deuda, atribuida al Organismo pagador de la Comunidad Autónoma de  oe.
Castilla y León, se declarará extinguida cuando ésta proceda al abono del importe de la  w.
misma  en  la  cuenta  habilitada  del  Banco  de  España,  así  como  de  los  intereses  48ww
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compensatorios  de  los  costes  financieros;  sin  embargo,  deberán  aplicarse  dichos 
intereses  compensatorios  al  no  haberse  efectuado  el  pago  en  cualquier  momento 
anterior  a  la  propuesta  de  resolución,  ni  haberse  indicado  la  solicitud  del  sujeto 
responsable para que se proceda a su compensación, deducción o retención.
Los intereses compensatorios, según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, se elevan al 3,00 por ciento para el ejercicio presupuestario en vigor. Por 
tanto,  a  la  deuda  pendiente  con  cargo  al  FEAGA  de  975.616,11  €,  deberán 
añadirse 79,97 € por cada día transcurrido desde el 5 de febrero de 2020, fecha en la 
que se ha hecho efectiva la cancelación de la deuda con la Comisión para el fondo 
FEADER, hasta el día en que la Comunidad Autónoma de Castilla y León proceda al 
pago voluntario, o hasta el vencimiento de los 2 meses desde la notificación del acuerdo 
de Consejo de Ministros, ambos incluidos.
Si en los dos meses siguientes a la notificación del presente acuerdo de Consejo de 
Ministros no se hubiera ingresado la deuda contraída y los intereses compensatorios 
correspondientes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.1, párrafo segundo, del Real 
Decreto 515/2013, de 5 de julio, se añadirán los intereses de demora que, según el 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, ascienden al 3,75 por ciento, para el ejercicio presupuestario en vigor, sobre el 
importe  total  de  la  deuda  del  que  forman  parte  los  mencionados  intereses 
compensatorios, por cada día que transcurra desde los dos meses posteriores a la fecha 
de la notificación del presente acuerdo hasta el día de la cancelación de la deuda.
En todo caso, en virtud del artículo 17.5 del Real Decreto 515/2013, cuando no se 
produzca el pago voluntario en el plazo previsto en el artículo 16 del citado real decreto, 
la compensación, deducción o retención se realizará en primer lugar con cargo a los 
libramientos que se realicen por cuenta de los fondos procedentes de la Unión Europea, 
de acuerdo con la respectiva naturaleza de cada uno de ellos.
Tercero.
El presente acuerdo de Consejo de Ministros será publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado»,  dado  que  pone  fin  al  procedimiento  para  determinar  y  repercutir  las 
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea reconocidas por 
la Comisión Europea mediante su Decisión de Ejecución (UE) 2019/1835 de la Comisión, 
30 de octubre de 2019, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea 
determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo 
Agrícola  de  Garantía  (FEAGA)  y  al  Fondo  Europeo  Agrícola  de  Desarrollo  Rural 
(FEADER).
Asimismo el Acuerdo, en su parte expositiva, indica:
La Comisión Europea, mediante su Decisión de Ejecución (UE) 2019/1835 de la 
Comisión, 30 de octubre de 2019, comunicada por la REPER al FEGA el 30 de octubre 
de 2019, ha excluido de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por 
los Estados miembros con cargo al FEAGA y al FEADER, por no ajustarse a las normas 
comunitarias.
La Comisión Europea expone los motivos por los que se deben excluir de la financiación 
comunitaria dichos gastos y detalla el cálculo de los importes rechazados y la razón de su 
no  conformidad  en  el  informe  de  síntesis  sobre  los  resultados  de  las  inspecciones 
comunitarias en el ámbito de las ayudas del sector vitivinícola (VIN/2017/002/ES) y de 
desarrollo rural (RD1/2017/804/ES), documento agri.ddg3.h.1(2019)6772154, ad-hoc 61–  e
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En el caso del Organismo Pagador de Castilla y León, se detectaron deficiencias en  48ww
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organismos pagadores y de coordinación de los fondos europeos agrícolas, designa al
Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., en adelante FEGA, como organismo de 
coordinación de todos los pagos procedentes del FEAGA y del FEADER, y es por lo 
tanto el organismo competente de la Administración General del Estado para iniciar de 
oficio el procedimiento de determinación de responsabilidades. Además se establece 
que son los Organismos Pagadores de las Comunidades Autónomas los que tienen 
competencia en la gestión, control, resolución y pago de los fondos agrícolas y, por tanto, 
en consonancia con la disposición adicional quinta del Real Decreto 515/2013, de 5 de 
julio, deben asumir el pago de las correcciones financieras derivadas de las ayudas en 
las que tienen competencias.
En consecuencia, en base al artículo 8.1 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, 
por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las 
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, el FEGA inició 
de oficio, mediante acuerdo de 13 de enero de 2020, el procedimiento de determinación 
de responsabilidades, que fue notificado el día 14 de enero y recepcionado por el 
Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de Castilla y León ese mismo día.
De este acuerdo de inicio se remitió copia a los órganos competentes en materia de 
hacienda pública de la Administración responsable.
El Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma presentó alegaciones al acuerdo 
de inicio el 17 de enero de 2020, con arreglo a lo establecido en el artículo 11 del citado 
Real Decreto 515/2013, de 5 de julio.
Conforme al artículo 13 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, antes de formular la 
propuesta de resolución, el 24 de febrero de 2020 se puso de manifiesto al Organismo 
Pagador de la Comunidad Autónoma de Castilla y León el expediente completo mediante 
la apertura del trámite de audiencia firmado el día 21 de febrero de 2020, presentando la 
Comunidad Autónoma alegaciones al mismo el 9 de marzo de 2020.
Al no haberse producido el pago voluntario anticipado de la deuda contraída por el 
Organismo Pagador de Castilla-La Mancha, según lo previsto en el artículo 15.2 del Real 
Decreto 515/2013, de 5 de julio, una vez notificado el acuerdo, la Comunidad Autónoma 
deberá proceder al pago de la misma y de los intereses compensatorios devengados. De 
no producirse dicho pago en el periodo de dos meses siguientes a la notificación, y 
según lo previsto en el apartado 5 del artículo 17 de dicho Real Decreto, se procederá en 
primer lugar a su compensación, deducción o retención con cargo a los libramientos que 
se realicen en el futuro a favor de dicha Comunidad Autónoma por cuenta de estos 
mismos fondos comunitarios. Asimismo, el impago de esta deuda y de los intereses 
compensatorios generará intereses de demora sobre el importe total de la deuda a partir 
de los dos meses siguientes a su notificación, según prevé el Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Consta en las actuaciones el informe preceptivo de la Abogacía del Estado previsto 
en el artículo 12.1 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio.
Con carácter potestativo se podrá formular al Consejo de Ministros el requerimiento 
previo, previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Dicho requerimiento deberá producirse en el plazo de dos 
meses, contados desde que la Administración requirente haya recibido la notificación del 
acuerdo.
Contra este acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, 
contados  desde  el  día  siguiente  al  de  la  notificación  del  mismo.  Cuando  hubiera 
precedido el requerimiento previo el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en el  e.
que  se  reciba  la  comunicación  del  acuerdo  expreso,  o  se  entienda  presuntamente  w.b
rechazado (artículos 12.1.a), 46.6 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio). 48ww