BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47814
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6619 Pleno. Sentencia 73/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de amparo 
7439-2019. Promovido por don Jesús Sebastián Rocho Leal en relación con 
el auto de un juzgado de instrucción de Badajoz que denegó incoación de 
procedimiento  de  habeas  corpus.  Vulneración  del  derecho  a  la  libertad 
personal:  órgano  judicial  que  dejó  transcurrir  un  tiempo 
desproporcionadamente largo antes de pronunciarse sobre la libertad del 
interesado y que, cuando lo hizo, inadmitió la solicitud de habeas corpus por 
motivos  atinentes  al  fondo  (STC  95/2012);  planteamiento  facultativo  del 
incidente de nulidad de actuaciones cuando la demanda de amparo alegue 
vulneración del derecho a la libertad personal en procedimientos de habeas 
corpus. Votos particulares.
ECLI:ES:TC:2021:73
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar y don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 7439-2019, promovido por don Jesús Sebastián 
Rocho Leal contra el auto de 9 de noviembre de 2019, dictado por el Juzgado de 
Instrucción núm. 3 de Badajoz, que denegó la incoación del procedimiento de habeas 
corpus a favor del recurrente. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el 
magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 20 de 
diciembre de 2019, el procurador de los tribunales don José Antonio Rico Sánchez, 
actuando en nombre y representación de don Jesús Sebastián Rocho Leal, bajo la 
defensa del letrado don José Duarte González, ha interpuesto recurso de amparo contra 
la resolución arriba mencionada.
2.  Los hechos relevantes para la resolución de este recurso de amparo son los 
siguientes: es
a)  Sobre las 22:00 horas del día 8 de noviembre de 2019, funcionarios del Cuerpo  w.
Nacional de Policía, que, realizaban labores de prevención del delito en una calle de la  19ww
abhaorrriaad rae cduerlr eCneterr od odne  JReesyúess  Sdeeb alas tciáiund aRdo cdheo  BLaedaal jopzo,r  pprroecseudnietor odne alit ola  ddee taetnecnitóand od eal 
aSguepnetreiosr  ddee  lPao alicuítao rdidea Bd,a dsiaejnodz.o trasladado a las dependencias policiales de la Jefatura  BOE-A-cable e
b)  Incoado el correspondiente atestado policial con el núm. 21858-2019, consta, 
como primera actuación (22:14 horas del día 8 de noviembre de 2018), la comparecencia 
de diez agentes del Cuerpo Nacional de Policía dando cuenta de la detención de varias 
personas entre las que se encuentra el ahora recurrente en amparo. Respecto del 
mismo,  los  funcionarios  declararon  que  «el  presentado  como  detenido  arremete 
violentamente contra el funcionario 97328, provocándole la caída al suelo e impidiéndole 
la detención» de otra de las personas implicadas en los hechos. El atestado añade que 
el señor Rocho Leal forcejeó «activamente» con otro de los policías «para impedir su 
detención, concretamente golpeándole con la cabeza en el pómulo izquierdo».
c)  Figura, igualmente, en el atestado policial que, a las 22:02 horas del día 8 de 
noviembre  de  2019,  fue  informado  el  detenido  de  sus  derechos,  mediante  el 
correspondiente acta de lectura de derechos que firmó el recurrente. En el acta queda 
reflejado que el señor Rocho fue detenido por la presunta comisión de un delito de 
atentado a agentes de la autoridad.
Igualmente, fueron incorporados al atestado los siguientes documentos: (i) la ficha de 
identificación  y  antecedentes  policiales  del  recurrente,  que  consta  descargada  a 
las 22:46 horas del día 8 de noviembre de 2019, así como, a las 23:04 horas, la de otra 
persona detenida por estos mismos hechos, y (ii) tres informes de alta expedidos a otros 
tantos agentes del Cuerpo Nacional de Policía en los que se especifican las lesiones que 
los mismos padecieron. Las altas fueron cursadas a las 23:00 y 23:06 horas del día 8 de 
noviembre y a las 0:51 horas del día 9 de noviembre de 2019.
d)  Seguidamente, se recoge en el atestado una diligencia, confeccionada por el 
instructor del mismo, en la que aparece que, a las 23:30 horas del indicado día 8 de 
noviembre de 2019, se personó en las diligencias policiales el abogado don José Duarte 
González manifestando que era el letrado defensor del señor Rocho Leal «haciendo 
entrega de un escrito, firmado por el mismo, de “solicitud de habeas corpus” para su 
patrocinado», que, según refiere la diligencia, quedó incorporado al atestado junto con el 
escrito.
El instructor del atestado, mediante diligencia de comunicación a la autoridad judicial 
obrante en las actuaciones policiales, acordó que «tal solicitud se ponga inmediatamente 
en conocimiento del Ilmo. Sr. magistrado-juez del Juzgado de Instrucción núm. 3 de 
Badajoz en funciones de guardia […] lo cual se lleva a efecto, a continuación, mediante 
llamada telefónica registrada en el libro digital de telefonemas de esta comisaría». 
Seguidamente, el agente policial instructor dejó constancia en el atestado de que «a 
las 23:40 horas del día de inicio de las presentes, se pone en contacto telefónico con la 
titular del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Badajoz, en funciones de guardia, la que 
transmite  instrucciones  para  que  se  finalice  la  comparecencia  a  los  funcionarios 
policiales actuantes, con objeto de tener conocimiento de los hechos que motivan la 
citada solicitud de habeas corpus y que una vez leída la comparecencia que recoge las 
actuaciones policiales reseñadas en el presente atestado, resolverá en derecho».
e)  El escrito de solicitud del habeas corpus presentado por el letrado denunciaba la 
vulneración de los arts. 17 y 24 CE, «por haber sido detenido [el señor Rocho Leal] sobre 
las 21:00 horas del día de hoy 8-11-19, sin ningún motivo y por la indebida forma de 
haber procedido a su detención (golpes innecesarios, incluso haciendo uso indebido de 
las armas de fuego, llegando a efectuar varios disparos)». El escrito proponía, como 
testigos presenciales, a cuatro personas de las que facilitaba sus nombres y que estaban 
dispuestas a que se les tomara declaración «por su Señoría en el momento que lo 
acuerde». s
f)  A la 1:03 y a las 7:00 horas del día 9 de noviembre de 2019 figuran en el atestado  oe.
policial  sendas  «diligencia  de  traspaso»,  en  las  que  se  indica  que  «las  presentes  w.
diligencias son traspasadas a los funcionarios del turno de guardia entrante de la Ofician  19ww
dpee rtidneennutensc»ia.  y  atención  al  ciudadano»,  para  su  continuación  y  demás  trámites
g)  En la carátula que encabeza el atestado policial que fue remitido al Juzgado de 
Instrucción  núm.  3  de  Badajoz,  en  funciones  de  guardia,  constan  las  siguientes 
observaciones, en lo que ahora es de interés:
«Letrado del detenido solicita habeas corpus.
Se comunica habeas corpus a juez de guardia, quien llamará entre las 08:00 y 
las 09:00 horas para que se le lleve en mano el atestado y resuelva lo procedente
No  realizar  ninguna  gestión  con  el  detenido,  actuaciones  paralizadas  hasta 
resolución judicial (no efectuar reseña por policía científica).»
h)  Ya, en sede judicial, figura una diligencia de constancia cuyo texto es el que 
sigue: «En Badajoz a nueve de noviembre de dos mil diecinueve. La extiendo yo, el/la 
letrado de la administración de justicia, para hacer constar que en el día de hoy y siendo 
las 8:40 horas se hace entrega en este juzgado de la presente solicitud de habeas 
corpus.  Doy fe». Seguidamente, obra en las actuaciones una providencia de la Ilma. 
Sr.ª magistrada-juez del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Badajoz, fechada el día 9 de 
noviembre de 2019, por la que acordó el registro de la solicitud de habeas corpus «en el 
libro  de  su  clase»  y  el  traslado  de  la  petición  al  Ministerio  Fiscal  para  que,  de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Orgánica 6/1984, de regulación del 
procedimiento de habeas corpus (LOHC), emitiera el informe prevenido en la misma. El 
procedimiento quedó registrado con el núm. 4-2019.
i)  El Ministerio Fiscal emitió informe el día 9 de noviembre de 2019, en el que, 
conforme a lo dispuesto en el art. 8.1 LOHC, solicitó el archivo de las actuaciones, por no 
darse ninguno de los supuestos descritos en el art. 1 de la citada Ley.
j)  Finalmente, por medio de auto de 9 de noviembre de 2019, el Juzgado de 
Instrucción núm. 3 de Badajoz, en funciones de guardia, acordó denegar la incoación del 
procedimiento de habeas corpus solicitado y el archivo del procedimiento.
En el fundamento jurídico único de la citada resolución, el juzgado, después de 
recoger el texto íntegro del art. 1 LOHC, destacó que, según la información que constaba 
en la copia del atestado policial, remitida junto con la solicitud de habeas corpus, al señor 
Rocho Leal le había sido imputado un presunto delito de atentado a agente de la 
autoridad, eventualmente «cometido justo antes del momento de la detención, por lo que 
dicha detención policial cumpliría los requisitos exigidos en el artículo 492 de la Ley de 
enjuiciamiento  criminal,  adjuntándose  al  atestado  sendos  informes  médicos  de  las 
lesiones ocasionadas a los agentes de policía».
El auto añadía que «[t]ambién consta en la copia del atestado la correspondiente 
“Diligencia de detención e información de derechos y de los elementos esenciales de las 
actuaciones para impugnar la detención”, donde se reflejan claramente tanto la hora y el 
lugar de la detención como el delito que se imputa al investigado, apareciendo en dicha 
diligencia la firma del detenido y la voluntad de este de ser asistido por el letrado señor 
Pereira Arangüete, letrado distinto del que posteriormente ha presentado en su nombre 
la solicitud de habeas corpus».
El fundamento concluía destacando que «[n]o se dan por tanto, ninguno de los 
supuestos previstos en el artículo anteriormente mencionado».
Según consta en diligencia obrante en el atestado policial, la resolución judicial 
denegatoria de la incoación del habeas corpus le fue notificada al recurrente a las 13:30 
horas del mismo día 9 de noviembre de 2019, negándose a firmarla el detenido.
k)  Después de quedar reflejada en el atestado la diligencia de notificación del citado 
auto del juzgado, figuran otras tres diligencias, que, respectivamente, hacen referencia:  e
(i) a la toma de declaración del señor Rocho Leal por los funcionarios policiales, a  bo
presencia del letrado que le asistía, practicada a las 17:30 horas del día 9 de noviembre  19ww
mdeis m20o1 9d; ía(i;i ) yd e( iiai)s iusntean cdiaili gmeéndciiaca  qaule d, eetexnteidnod,i dlale vaa d«al aas  e1f7e:c0to0  ah olarass  1d9e:3l 0d híao ra0s9  ddeel 
nJuozvgieamdbor ed ed eI n2s0t1ru9c»c,i óhna cneú cmo.n s3t adr eq uBea edla ijnoszt,r uecnto rf upnocliiocinael sc odmeu ngiucaór d«icao, na lla  otibtujelator  ddeel 
manifestar la puesta a disposición de la autoridad judicial, del detenido, una vez sea oído
en  declaración,  comunicando  que  sea  puesto  a  disposición  el  domingo  día  10  de 
noviembre a las 10:00 horas».
l)  Finalmente, a propuesta de la Sala Segunda, en sesión celebrada el día 25 de 
enero de 2021, el Pleno acordó recabar para sí el conocimiento de este recurso, por 
medio de providencia de 16 de febrero de 2021.
3.  La demanda de amparo impugna el auto de 9 de noviembre de 2019, dictado por 
el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Badajoz, en funciones de guardia, denegatorio de la 
solicitud de habeas corpus que había presentado en su defensa el letrado que le asistió 
en las actuaciones policiales.
Alega la vulneración del derecho a la libertad personal, en relación con el derecho a 
la tutela judicial efectiva, a la defensa y a un proceso con todas las garantías y hace, en 
el  encabezamiento,  cita  expresa  de  los  arts.  1  LOHC;  520.1  y  528  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento criminal (LECrim) y 1, 9, 14, 17.4, 24.1 y 2, 25 y 120.3 CE; de los arts. 5 
y 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de «las sentencias del Tribunal 
Constitucional que se pronuncian expresamente al respecto, entre otras muchas las 
STC 72/2019, [y] STC 32/2014».
Como motivo primero, la demanda, después de recoger el texto de los arts. 17.4 CE; 
1 LOHC y arts. 7, apartados 1 y 2, y 53. 2 de la LOPJ, denuncia que el demandante no 
fue puesto inmediatamente a disposición del juzgado de guardia, puesto que el letrado 
que le asistía presentó, en su nombre e interés, la solicitud escrita de habeas corpus a 
las 23:30 horas del día 8 de noviembre de 2019 y constaron «en el auto (de 9 de 
noviembre de 2019) la hora a la que se realizaron cada una de las diligencias, no 
produciéndose el acto de personación en las dependencias de la Jefatura Superior de 
Policía, por parte del Juzgado de Instrucción núm. 3 hasta las 13:30 horas del 9-11-19, al 
objeto de notificar el auto del procedimiento de habeas corpus solicitado el día 8-11-19 a 
las 23:30 horas». Añade a lo expuesto, que el señor Rocho Leal no fue puesto a 
disposición judicial hasta el domingo día 10 de noviembre de 2019 a las 10:00 horas.
Añade de modo textual la demanda que «en el atestado consta que el instructor de la 
diligencia de comunicación a la autoridad judicial, informa acerca de la solicitud del 
procedimiento de habeas corpus, al titular del Juzgado de Instrucción núm. 3 mediante 
llamada telefónica el 8 de noviembre de 2019 a las 23:40 horas, (subrayado en el texto 
de la demanda) diciendo el titular del juzgado en dicha comunicación telefónica que no 
resolverá  hasta  que  lea  la  comparecencia  que  recogen  las  actuaciones  policiales 
reseñadas en el atestado».
La demanda, después de incorporar a su contenido copia del escrito de solicitud del 
procedimiento de habeas corpus, que presentó a los policías actuantes el letrado que 
asistía al demandante, junto con fotocopias del atestado policial, recoge la cita del 
fundamento jurídico 1 de la STC 72/2019, de 20 de mayo, que transcribe, y reitera su 
denuncia de que «una vez más ha sido incumplida [la doctrina de este tribunal] haciendo 
ineficaz y dejando sin contenido expresamente lo que dispone el tan vulnerado art. 1 de 
la Ley Orgánica reguladora del procedimiento de habeas corpus y su exposición de 
motivos» de la que recoge un párrafo en el que se hace referencia a la necesidad de que 
el órgano judicial verifique inmediatamente la legalidad y las condiciones de la detención.
Igualmente, dedica un apartado a considerar que ha agotado la vía judicial previa sin 
que sea necesario promover el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones. A tal 
fin, hace referencia a la STC 216/2013, de 19 de diciembre, que declaró que «basta 
comprobar que los órganos judiciales han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre 
los derechos fundamentales luego invocados en vía de amparo constitucional, para  e.
estimar cumplido el requisito de agotamiento de la vía judicial previa. Lo contrario, dice,  w.b
supondría cerrar la vía de amparo constitucional con un enfoque formalista y confundir la  19ww
lógicRae dseple ccatorá dcetel rc sausbos dideia ariuot odse,  spuo ncoen dfieg umraacnióifnie»s.to la demanda que no hubiera tenido
tnriansglaúdno s eanl tfiidsoca pl ryo meno vseur  ceal sinoc aidl ernetset od ed en uplaidrtaeds  dsee  ahcutbuiaecriao nperosv «eyídao q yu er easl uteenltoe rd qeusep udéasr 
de ser puesto a disposición judicial, esto es, al día siguiente del dictado del referido auto, 
como se puede comprobar en las actuaciones».
La demanda justifica la especial transcendencia constitucional del recurso en la 
consideración de que concurre el supuesto previsto en el FJ 2 e) de la STC 155/2009, 
de 25 de junio. Entiende que el órgano judicial que intervino en el procedimiento de 
habeas corpus, ha incumplido la doctrina de este tribunal «en relación con la inmediata 
puesta a disposición judicial una vez solicitado el habeas corpus». Finaliza solicitando la 
declaración de nulidad del auto de 9 de noviembre de 2019 del Juzgado de Instrucción 
núm. 3 de Badajoz.
4.  En fecha 4 de noviembre de 2020, la Sección Cuarta de este tribunal acordó la 
admisión a trámite del presente recurso, apreciando que concurre en el mismo una 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC)], como consecuencia de que «la doctrina de este tribunal sobre el 
derecho fundamental que se alega podría estar siendo incumplida de modo general y 
reiterado  por  la  jurisdicción  ordinaria  o  pudieran  existir  resoluciones  judiciales 
contradictorias sobre el derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 e)].
Igualmente, la providencia dispuso que, «en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 
LOTC, diríjase atenta comunicación al Juzgado de Instrucción núm. 3 de Badajoz a fin 
de que, en plazo que no exceda de diez días, remita certificación o copia adverada de 
las  actuaciones  correspondientes  al  procedimiento  de  habeas  corpus  núm  4-2019, 
debiendo emplazarse previamente, en su caso, a quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento para que puedan comparecer en el presente recurso de amparo».
Una vez recibidas las actuaciones, por medio de diligencia de ordenación de 18 de 
noviembre de 2020, se acordó dar vista de las actuaciones y se concedió un plazo 
común  de  veinte  días  para  que  la  parte  recurrente  y  el  Ministerio  Fiscal  pudieran 
presentar las alegaciones que tuvieran por pertinentes, conforme determina el art. 52.1 
LOTC.
5.  El día 1 de diciembre de 2020, tuvo entrada en el registro de este tribunal el 
escrito de alegaciones de la representación del demandante, que se limitó a ratificar en 
su integridad el contenido y pretensión sostenida en la demanda.
6.  El  día  9  de  diciembre  de  2020,  el  Ministerio  Fiscal  presentó  su  escrito  de 
alegaciones en el que interesó la desestimación del recurso de amparo y, de modo 
subsidiario, su estimación, por entender vulnerado el derecho a la libertad personal del 
demandante (art. 17, apartados 1 y 4 CE), y la anulación del auto de 9 de noviembre 
de 2019 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Badajoz.
La fiscal, después de hacer una detenida exposición de los antecedentes de hecho 
que considera relevantes al caso y de la cita de la STC 21/2018, de 5 de marzo, FJ 2 b), 
señala que el demandante «articula su demanda por la vía del art. 44 LOTC, y lo dirige 
en exclusividad contra la decisión judicial denegatoria de la incoación del procedimiento 
del habeas corpus», por lo que entiende que concurre la causa de inadmisión, «ahora 
desestimación, prevista en el art. 44. 1 a) LOTC por no haberse interpuesto el pertinente 
incidente de nulidad de actuaciones». Agrega que la demanda no ha alegado nada en 
contra de la actuación policial, que permitiera su incardinación por la vía del art. 43 LOTC 
«dándose la circunstancia de que en tal caso, además, el amparo sería extemporáneo».
Seguidamente,  la  fiscal  interesa  subsidiariamente  la  estimación  del  recurso  de 
amparo por vulneración del derecho a la libertad personal. A tal fin, recoge una extensa  s
cita de la STC 72/2019, de 20 de mayo, FJ 2, y añade que, en el presente caso, el  oe.
letrado del demandante «presentó solicitud de habeas corpus a última hora del día 8 de  w.
pncaeobrvsioeo mndabicsrhe qa du eed  2es0tee1rn9íac,i nóa nltee gsdateing dofoso  rhmparaeb seeirn nsnciediacole edssea trdeiaenm idloeosn  stehin e cvmhioooltesiv noyta  aq, lugiedu enenost iytfai chbaaanbnde odrs iseap  luleaevlsgatuodnsoa  aas    2021-6619n https://ww
declarar» a lo que el juzgado de instrucción, con informe favorable del fiscal, denegó la
incoación del procedimiento con el argumento de que le había sido imputado un delito de
atentado contra agente de la autoridad, por lo que la detención cumplía los requisitos del 
art. 492 LECrim.
Según destaca la fiscal ante este tribunal, en el auto ahora impugnado lo que hizo el 
juzgado fue adoptar la decisión de fondo sobre la legalidad de la privación de libertad 
gubernativa del demandante (art. 6 LOHC), sin haber llegado a incoar el procedimiento. 
Tal actuación supone, a su juicio, la vulneración del derecho a la libertad (art. 17.1 y 4 
CE), «por la privación de la plena sustanciación del procedimiento de habeas corpus y 
haberse frustrado el control judicial de la privación de libertad gubernativa de que era 
objeto el demandante».
7.  Por medio de providencia de 16 de febrero de 2021, el Pleno de este tribunal 
acordó aprobar la propuesta de avocación realizada por providencia de la Sala Segunda 
de este tribunal de 25 de enero anterior y recabar para sí el conocimiento de este 
recurso de amparo.
8.  Mediante providencia de fecha 16 de marzo de 2021, se señaló para deliberación 
y votación de la presente sentencia el día 18 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
La demanda de amparo impugna el auto de 9 de noviembre de 2019, dictado por el 
Juzgado de Instrucción núm. 3 de Badajoz, que, como juzgado en funciones de guardia, 
acordó denegar la incoación del procedimiento de habeas corpus solicitado por el letrado 
que asistía al detenido, ahora demandante de amparo, en unas diligencias policiales 
abiertas al mismo por la comisión de un presunto delito de atentado a agentes de la 
autoridad.
La demanda invoca la vulneración del derecho a la libertad personal, en relación con 
el derecho a la tutela judicial efectiva, así como a la defensa y a un proceso con todas 
las  garantías.  Aunque  enunciadas  de  modo  confuso  en  la  demanda,  el  recurrente 
deduce, en realidad, dos pretensiones de amparo: de una parte, invoca la vulneración 
del derecho a la libertad personal porque entiende que, pese a la solicitud de habeas 
corpus, presentada por el letrado defensor que le asistía a última hora del día de la 
detención, esto es a las 23:30 horas del día 8 de noviembre de 2019, el detenido no fue 
inmediatamente puesto a disposición de la autoridad judicial, sino que esta solo se hizo 
efectiva a las 10:00 horas del día 10 de noviembre de 2019. Y, de otro lado, alega la 
vulneración del derecho a la libertad personal, en relación con los derechos a la tutela 
judicial efectiva, a la defensa y a un proceso con todas las garantías, porque considera 
que el juzgado no ha realizado el control judicial de la detención que le había sido 
instado mediante la solicitud de habeas corpus, presentada por el letrado que le asistía 
en su defensa. El juzgado denegó la incoación del correspondiente procedimiento y 
decretó el archivo de las actuaciones sin haber llevado a efecto aquel control.
Por su parte, el Ministerio Fiscal solicita, primeramente, la desestimación del recurso 
de amparo porque entiende que el demandante no ha agotado la vía judicial previa. A su 
parecer,  este  debería  haber  promovido  incidente  extraordinario  de  nulidad  de 
actuaciones, antes de haber acudido a esta vía subsidiaria de amparo, toda vez que 
únicamente  ha  impugnado  la  resolución  judicial  denegatoria  de  la  apertura  del 
procedimiento de habeas corpus y ha formulado su demanda por la vía del art. 44 LOTC;  s
además, señala que, de ser la vulneración imputable en exclusiva a las actuaciones  oe.
policiales, el recurso sería extemporáneo por haber sido presentado fuera de plazo. De  w.
mliinbtoeedrrtoea sdsa u plbaes reisdsoitanimraiola ,cd pieóaln rr aed ceeull  rrcreeacnsutores  doye,  l laaq  uadene ucellsaatrceai óctnriói bndu ednl eaa l hunatoob  eadrce so 9igd ioed reva u nelnosevtariea mdsoobl rieceli  tdudeder  ep2cr0ihn1oc9 i apd aelal,l    2021-6619n https://ww
juzgado de instrucción.
2.  Óbice procesal.
A)  El análisis del óbice de falta de agotamiento, unido al de extemporaneidad, 
alegado por el Ministerio Fiscal para interesar, de modo principal, la «desestimación» del 
recurso, es la razón por la que la Sala Segunda decidió proponer la avocación al Pleno 
de este recurso, que ha sido aceptada por medio de providencia de 16 de febrero 
de 2021, tal y como así queda reflejado en los antecedentes.
La doctrina de este tribunal no ha sido uniforme en relación con la exigencia de 
promover el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ, como 
requisito para agotar la vía judicial previa en los supuestos de recursos de amparo 
formalizados  contra  resoluciones  judiciales  recaídas  en  procedimientos  de  habeas 
corpus, lo que, a su vez, ha generado dudas razonables en la práctica procesal acerca 
de la necesidad de interponer o no dicho incidente. Se trata, por tanto, de que este 
tribunal, a partir de las particularidades que ofrece el caso de autos, establezca un 
criterio doctrinal que: (i) aporte claridad sobre la procedencia o no del incidente de 
nulidad de actuaciones en estos supuestos, y (ii) de estimar dicha procedencia, en qué 
casos debe ser promovido aquel.
El estudio detallado de los numerosos pronunciamientos de este tribunal, recaídos en 
recursos de amparo que, a semejanza del caso de autos, fueron interpuestos contra 
resoluciones judiciales denegatorias de la admisión a trámite de solicitudes de habeas 
corpus ha pasado, a partir de la reforma introducida en el art. 241.1 LOPJ por la Ley 
Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por sucesivas etapas en los que la previa formalización 
del incidente extraordinario de nulidad de actuaciones ha incidido o no en el sentido y 
alcance de sus fallos sobre las cuestiones de fondo debatidas en los mismos:
a)  En  un  primer  momento,  este  tribunal  no  objetó,  ni  de  oficio  ni  tampoco  a 
instancia de parte o del Ministerio Fiscal, la necesidad de promover el indicado incidente 
de  nulidad  para  agotar  la  vía  judicial  previa.  Tal  es  el  caso,  entre  otras,  de  las 
SSTC 165/2007, de 2 de julio, 88/2011, de 6 de junio, o 95/2012, de 7 de mayo. En todas 
las indicadas, relativas a alegadas vulneraciones del derecho fundamental a la libertad 
personal semejantes a las ahora denunciadas, y que, en síntesis, versaban sobre la 
injustificada tardanza en la resolución judicial sobre la admisibilidad de la solicitud de 
habeas corpus presentada, en la puesta a disposición judicial del detenido y en el control 
judicial de la detención, fueron resueltas en sentido estimatorio por este tribunal, sin 
hacer referencia alguna a la necesidad de promover previamente el incidente de nulidad 
de actuaciones.
b)  En una larga relación de pronunciamientos en los que la parte demandante o el 
Ministerio Fiscal impugnó, no solo el auto denegatorio de la admisión a trámite de la 
solicitud de habeas corpus, sino también la resolución que inadmitió o desestimó el 
incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquel, el tribunal, ni suscitó ni 
tampoco hizo referencia a la procedencia de este incidente, sino que pasó a resolver 
directamente en relación con la alegada vulneración del art. 17.4 CE (SSTC 12/2014, 
de 27 de enero; 32/2014, de 24 de febrero; 195/2014, de 1 de diciembre, y 42/2015, de 2 
de marzo, entre otras).
Fue, sin embargo, a partir del ATC 73/2015, de 21 de abril, desestimatorio de un 
recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal contra una providencia de la Sala 
Primera,  Sección  Segunda,  que  había  inadmitido  a  trámite  el  recurso  de  amparo 
interpuesto contra una resolución judicial denegatoria de la admisión a trámite de un 
procedimiento de habeas corpus, cuando este tribunal razonó sobre la procedencia del  e
incidente de nulidad de actuaciones y vino a exigir su previa formalización para entender  bo
agotada la vía judicial en un caso en el que el recurso de amparo había impugnado, en  19ww
eCxocnlu psoivsate yri oproidr alad , anleog saed ah av uslunsecriatacdióon  edsetal  acrut.e 1st7ió.4n  CenE ,l aasq ureeslloal urceisoonleusc iódne  deestnee gtraibtourniaa.l 
aremlaptaivraos  vain ilear oanle gparedcae dviudlonse radceiló nin cdideel natret . d1e7 .n4u ClidEa,d  pduee sa tcotudaocsi oanqeuse l(loSsT Cre c2u0r4s/o2s0 1d5e, 
de 5 de octubre y más recientemente SSTC 72/2019, de 20 de mayo, y 181/2020, de 14 
de diciembre, por todas).
c)  Por  último,  una  tercera  alternativa  resolutoria  ha  quedado  reflejada  en  la 
STC 21/2018, de 5 de marzo, en la que, con ocasión de enjuiciar un recurso de amparo 
mixto, en el que se denunciaban eventuales vulneraciones del derecho fundamental a la 
libertad personal del art. 17 CE, una imputable a los funcionarios policiales (art. 17.3 CE) 
y la otra, de modo exclusivo, a la resolución judicial denegatoria de la incoación del 
procedimiento  de  habeas  corpus  (art.  17.4  CE),  el  tribunal  desestimó,  por  falta  de 
agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC], la última de las quejas citadas, 
aunque,  en  cambio,  se  pronunció  sobre  la  formulada  contra  la  actuación  de  los 
funcionarios policiales en la detención, resolviendo sobre la misma.
Como  se  deduce  de  los  anteriores  supuestos  enunciados,  el  tribunal  no  ha 
mantenido un criterio uniforme en el enjuiciamiento y resolución de casos en los que el 
presupuesto de hecho ha sido la denunciada vulneración del derecho a la libertad 
personal del art. 17 CE, bien en referencia exclusiva a la garantía del procedimiento de 
habeas corpus (art. 17.4 CE), bien en conexión con quejas por la infracción de otras 
manifestaciones del derecho reconocido en el art. 17 CE. Razones de seguridad jurídica 
imponen la fijación de una doctrina que permita esclarecer la exigencia o no del incidente 
extraordinario de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ en los supuestos en que, de 
modo  exclusivo  o  bien  en  combinación  con  otras  quejas,  aparezca  denunciada  la 
vulneración del derecho fundamental a la libertad personal y la garantía que comporta el 
procedimiento de habeas corpus.
Por ello, antes de abordar el análisis del óbice alegado por el Ministerio Fiscal, es 
preciso que el Pleno de este tribunal, por las citadas razones de seguridad jurídica y de 
clarificación, establezca un criterio doctrinal uniforme sobre la procedencia del incidente 
de nulidad de actuaciones en los casos citados.
B)  No resulta ocioso señalar que el art. 17 CE, después de reconocer el derecho a 
la  libertad  personal,  establece  un  sistema  de  garantías  destinado  a  preservar  su 
efectividad. Destaca entre ellas, por su relevancia, la del procedimiento de habeas 
corpus,  en  cuanto  instrumento  procesal  específicamente  destinado  a  su  defensa  y 
protección. Tampoco debemos dejar de advertir, por su obviedad, que, como tal garantía 
del derecho a la libertad, este procedimiento aparece incluido en el propio precepto 
constitucional de referencia. Así, «el constituyente quiso que la libertad del art. 17 CE 
fuera  el  único  derecho  fundamental  que  contuviera  una  garantía  adicional,  única  y 
específica  en  el  marco  de  los  derechos  fundamentales  reconocidos  por  nuestra 
Constitución, consistente en un mecanismo “ad hoc” para evitar y hacer cesar de manera 
inmediata las vulneraciones del derecho mediante la puesta a disposición ante el órgano 
judicial de la persona privada de libertad» (STC 208/2000, de 24 de julio, FJ 3).
Por ello, el procedimiento de habeas corpus se sustenta sobre dos notas que le son 
propias; de una parte, la ya citada de la celeridad, en el sentido de que, con la mayor 
rapidez posible, el juez haga cesar la vulneración del derecho a la libertad; y, de otro 
lado, la inmediación, entendida esta última como la presencia del detenido ante el juez. 
Al  respecto,  el  Tribunal  ha  declarado  que  «la  esencia  de  este  proceso  consiste, 
precisamente, en que el juez compruebe personalmente la situación de la persona que 
pida el control judicial, siempre que se encuentre efectivamente detenida, es decir, 
“haber el cuerpo” de quien se encuentre detenido para ofrecerle una oportunidad de 
hacerse oír, y ofrecer las alegaciones y pruebas (STC 37/2008, de 25 de febrero, FJ 3)» 
(STC 12/2014, de 27 de enero, FJ 3, y 72/2019, de 20 de mayo, FJ 2, por todas). e.
De  conformidad  con  las  anteriores  afirmaciones  generales,  el  procedimiento  de  w.b
habeas corpus está derechamente encaminado a que un juez examine, con celeridad, la  19ww
sreitsuoalcuicóinó nd em portiivvaacdiaó,n  snoob jrued ilcaias l cdaeu lsibaesr taod  ldaes  ucnoan dpiceirosnoensa , eyn  seq uper onauqnuceilela,  msee dhiaanytae 
prodAu cpidaort iyr  edsetlé  intesntaiennted od leu gsaur,  par feins ednet apcrioópno, rlcaio snoalric tiututedl ad eefbeec tipvrao vaol cdaert eunnidao .inmediata
respuesta motivada del órgano judicial (art. 1 LOHC), que podrá ser de inadmisión,
denegando la tramitación del procedimiento, o de estimación o desestimación de aquella 
si supera aquel trámite inicial, pero, en todo caso, constituye la expresión de un mandato 
constitucional dirigido al órgano judicial que contiene la exigencia de una respuesta 
expresa y argumentada en derecho de este, debiendo tener como referente esencial de 
su razonamiento, la alegada vulneración del derecho a la libertad que se denuncia.
Así pues, la única razón de ser del procedimiento previsto en la LOHC es la de 
actuar la defensa de este derecho fundamental, de tal manera que, cuando una persona 
cursa  la  solicitud  e  insta  su  incoación,  la  pretensión  que  ejercita  guarda  exclusiva 
relación con la vulneración del mismo, pues su ámbito no se extiende más allá del fin 
único para el que fue instaurado por el constituyente. Este vínculo estrecho entre el 
derecho fundamental y su garantía debe llevar a este tribunal a abordar una cuestión 
relevante para el iter procesal de las quejas en demanda de amparo por vulneración del 
derecho  a  la  libertad,  después  de  haber  sido  instadas  ante  los  órganos  judiciales 
mediante  solicitudes  de  habeas  corpus  formalizadas  ante  los  mismos.  Veamos,  a 
continuación, los distintos supuestos que pueden suceder:
a)  En primer lugar, abordamos el supuesto que no ha suscitado ninguna duda y que 
se refiere al caso en que el recurrente apoye su pretensión de amparo en la eventual 
vulneración del art. 17.4 CE cuando el órgano judicial, después de admitida a trámite la 
solicitud  de  habeas  corpus  e  incoado  el  correspondiente  procedimiento,  oída  en 
comparecencia la persona privada de libertad, asistida de letrado y con intervención del 
Ministerio Fiscal, dicte resolución desestimando la solicitud. En tal caso no será precisa 
la  interposición  del  incidente  extraordinario  de  nulidad  de  actuaciones  para  la 
presentación  de  la  demanda  de  amparo.  Consideramos  que  el  órgano  judicial  ha 
conocido y resuelto sobre el hecho de la privación de libertad, de las causas que la 
motivaron, del tiempo de permanencia en aquella situación, así como de las demás 
condiciones en que la misma tuvo lugar, por lo que ha dado una respuesta motivada y 
proporcionado debida tutela al privado de libertad.
Este supuesto resulta extensible, también, a los denominados recursos de amparo 
«mixtos», esto es a los que las quejas sobre el derecho a la libertad personal del art. 17 
CE, van dirigidas, de una parte, contra la actuación de las autoridades y funcionarios no 
judiciales y, de otro lado, contra el órgano judicial que, de conformidad con el art. 17.4 
CE, haya controlado la privación de libertad y las condiciones de esta.
b)  La cuestión se localiza en la segunda modalidad de supuestos, esto es en el de 
los casos en que el juez ha denegado la incoación del procedimiento de habeas corpus y 
la demanda de amparo denuncia la vulneración del art. 17.4 CE, bien de modo exclusivo, 
bien en combinación con otras quejas derivadas de la actuación de autoridades o 
funcionarios no judiciales. En estos casos la doctrina de este tribunal no ha sido uniforme 
en lo que respecta a la exigencia del incidente extraordinario de nulidad de actuaciones 
para entender agotada la vía judicial previa. Como queda reflejado en el apartado A) de 
este fundamento jurídico, se han sucedido hasta tres etapas que han discurrido por 
diferentes  alternativas,  pasando  desde  el  inicial  punto  de  partida,  en  que  no  era 
requerida la interposición del incidente, hasta llegar a la exigencia del mismo e incluso, 
en algún pronunciamiento, delimitando la formalización de aquel incidente el agotamiento 
de la vía judicial para la queja apoyada en el art. 17.4 CE.
En los precedentes que se han citado a partir del ya mencionado ATC 73/2015, este 
tribunal,  denunciada  la  vulneración  del  art.  17.4  CE,  ha  tenido  que  verificar  si  fue 
promovido o no el incidente de nulidad de actuaciones, como paso previo a tener que 
decidir sobre la adecuación al derecho fundamental del art. 17.4 CE de resoluciones  e.
judiciales que denegaron la incoación del procedimiento de habeas corpus.  En tales  w.b
casos y, como se ha indicado anteriormente, el Tribunal ha exigido la formalización del  19ww
einnc iadlegnútne  seuxptruaeosrtdoin (aSrTioC d 2e1 n/2u0li1d8a)d h daey aa cretucahcaizoandeos  edle ml aortti.v o2 4d1e  LaOmPpJa,r oa udneql uaert,.  t1a7m.4b iéCnE, 
spiodro f ainlttae rdpeu easgtoo,t apmeireon htoa  dree sluae vltíoa  sjuodbirceia llo ps rerevsiata anlt ecso nmsotatitvaor sq, uqeu ee l sien chidaebníaten  naop ohyaabdíoa 
en otros apartados del art. 17 CE.
Hasta  el  momento  presente,  el  tribunal  ha  declarado  reiteradamente  que  la 
resolución del órgano judicial incurre en una vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva,  autónoma  del  derecho  a  la  libertad,  cuando  aquel  desatiende  el  mandato 
constitucional de realizar un control efectivo de la privación de libertad del detenido o de 
las condiciones en que aquella se llevó a efecto. Se ha entendido que la no formalización 
del incidente de nulidad de actuaciones deviene en un pronunciamiento de inadmisión o 
de desestimación del recurso de amparo por no haber dado la parte oportunidad al 
órgano judicial de pronunciarse sobre la vulneración del derecho y acudir directamente a 
esta vía subsidiaria del recurso de amparo.
El Tribunal ha considerado que se trata de una pretensión autónoma en la que se 
denuncia  la  supuesta  vulneración  del  derecho  a  que  el  juez  competente  para  el 
conocimiento del habeas corpus dicte una resolución judicial motivada que tutele la 
privación de libertad del recurrente y de las condiciones de aquella. Sin embargo, esta 
pretensión de tutela judicial efectiva presenta unas peculiaridades específicas que la 
hacen diferente del resto de recursos de amparo en los que sea invocada la vulneración 
del art. 24.1 CE.
El constituyente quiso dotar a este instrumento procesal de un diseño de tutela 
judicial efectiva propio y distinto de la genérica tutela del art. 24.1 CE. En la estructura 
constitucional del reconocimiento del derecho a la libertad personal del art. 17 CE decidió 
regular sistemáticamente ese procedimiento dentro del propio art. 17 CE, hasta el punto 
de integrarlo en un apartado específico, como garantía peculiar y exclusiva de aquel y 
singularizando, por tanto, la tutela judicial a este derecho, respecto del reconocimiento 
genérico del art. 24.1 CE.
De este modo, el derecho a la libertad y el procedimiento de habeas corpus, en 
cuanto garantía constitucional destinada a asegurar la efectividad de aquel mediante el 
control judicial de la privación de su ejercicio, están tan íntimamente conectados entre sí 
que no es posible concebir la existencia de este último si no es en relación con el 
ejercicio de aquel, pues este instrumento procesal solo es posible actuarlo para su 
debida protección y defensa. Esto es lo que, precisamente, diferencia esta vertiente del 
derecho a la tutela judicial que se actúa a través del procedimiento de habeas corpus 
respecto de la genérica del art. 24.1 CE. La Constitución la ha establecido como una 
modalidad tutelar específica, que es propia y exclusiva del derecho a la libertad personal, 
a diferencia de la tutela judicial que ofrece el derecho reconocido en el art. 24.1 CE, 
aplicable a todo tipo de procesos judiciales y de jurisdicciones, aun cuando, por su 
conexión con otros derechos fundamentales, deba tener aquella un carácter reforzado en 
ocasiones.
Pues bien, si el diseño constitucional ha establecido un vínculo de conexión tan 
estrecho y exclusivo entre el derecho a la libertad y el procedimiento de habeas corpus, 
en cuanto configurado este como genuina garantía de la defensa procesal de aquel, tal 
estructura constitucional tan peculiar debe ser tenida en consideración por este tribunal 
para proyectarla también sobre el enjuiciamiento de los recursos de amparo en los que 
se actúe una pretensión, ya lo sea de modo exclusivo por la eventual vulneración de la 
garantía  reconocida  en  el  art.  17.4  CE,  ya  lo  sea  por  diversos  motivos,  algunos 
imputables a la autoridad o a funcionarios no judiciales, y otro, el último de aquellos, a la 
actuación del órgano judicial que debe controlar la privación de libertad padecida. En 
todos ellos, el núcleo común que los aglutina y les sirve de fundamento es el derecho a 
la  libertad  personal,  de  conformidad  con  el  reconocimiento  y  sistema  de  garantías 
dispuesto por el art. 17 CE. En consecuencia, hemos de revisar nuestra anterior doctrina  s
acerca del carácter autónomo de esta modalidad de tutela, por cuanto esta se halla  oe.
circunscrita a la órbita de la eventual violación del derecho a la libertad personal, como  w.
garantía específica diseñada por el constituyente para la protección de aquella. 19ww
vulnPeorar ctiaónnt od,e e ns ue ld terráemchiteo  dae ll ar elicbuerrstoa dd ep earmsopnaarlo ,y  cluoa hnadgoa e li ndveomcaannddoa,n tbeie dne nduen mcieo dlao 
iemxpcluutsaibvole se l aar t.a 1u7to.4ri dCaEd,e sb ieon , dfuen cfoiormnaar iocos njguunbtae,r ndaettievroms inay,d atsa mqubeiéjans, , ae veanututoarlimdaednetes   BOE-A-cable e
judiciales, pero todas encuadrables en el ámbito del art. 17 CE, no debe este tribunal 
dejar de enjuiciar la totalidad de las mismas porque, de lo contrario, no llegaríamos a 
realizar un juicio de constitucionalidad sobre la actuación de los poderes públicos en la 
adopción  de  medidas  limitativas  de  un  derecho  fundamental  como  es  la  libertad 
personal, que es además, un valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE).
No es coherente con la función de este tribunal, ni tampoco con la finalidad del 
amparo constitucional, dejar al margen, por no haber sido interpuesto un incidente de 
nulidad de actuaciones, el análisis de la actuación del órgano judicial encargado de 
efectuar el control de la privación de libertad denunciada como ilegal cuando la eventual 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva se desenvuelve, en este caso, en la 
órbita del derecho a la libertad personal. El juez, a partir de la solicitud de habeas corpus 
presentada, ha tenido ocasión de hacer efectiva la protección del derecho en un caso en 
que se le ha puesto de manifiesto la supuesta ilicitud de una privación de libertad 
realizada por autoridades o funcionarios no judiciales, ya lo sea por las causas que han 
determinado su adopción, ya por las condiciones, o ya por el tiempo o circunstancias en 
que aquella se haya producido.
Hemos,  pues,  de  reconsiderar  el  planteamiento  de  una  doctrina  estrictamente 
formalista, que distingue, a los efectos del presupuesto de agotamiento de la vía judicial 
previa, según que el órgano judicial haya o no admitido a trámite y sustanciada su 
actuación con la audiencia de la persona privada de libertad, para después llegar a la 
misma resolución de inadmisión o de desestimación que enjuicia sobre la adecuación a 
derecho  de  aquella  situación  privativa  de  libertad,  cuando  en  ambos  casos,  lo 
determinante  es  que  al  juez  le  haya  sido  puesta  de  manifiesto  una  denuncia  que 
invocaba la vulneración de su derecho a la libertad personal.
Por  todo  ello,  no  parece  razonable  la  exigencia  del  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones para entender agotada la vía judicial previa cuando la demanda de amparo 
alegue vulneración del derecho a la libertad personal del art. 17 CE e invoque, tanto la 
vulneración del art. 17.4 CE en exclusiva, como la concurrencia de una serie de quejas 
que resulten imputables a autoridades y funcionarios no judiciales, así como al órgano 
judicial encargado del control de la medida limitativa del derecho fundamental, que, 
según se denuncia, no haya llegado a tutelarla de modo efectivo.
En definitiva, el Tribunal, matizando su anterior doctrina, declara que no es necesario 
el planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones para el agotamiento de la vía 
judicial, cuando la demanda de amparo alegue vulneración del derecho a la libertad 
personal  mediante  el  procedimiento  de  habeas  corpus.  Igualmente,  este  tribunal 
declara,  que  al  igual  que  en  otras  ocasiones  y  respecto  de  otros  supuestos 
(SSTC  31/2019,  de  28  de  febrero,  FJ  3,  y  112/2019,  de  3  de  octubre,  FJ  3),  la 
interposición de un incidente de nulidad de actuaciones contra la resolución judicial que 
inadmite a trámite un procedimiento de habeas corpus no podrá considerase un recurso 
manifiestamente improcedente y, en consecuencia, su interposición no podrá determinar 
la extemporaneidad del recurso de amparo por alargamiento indebido de la vía judicial.
C)  A la luz de las consideraciones expuestas, procede ahora el análisis del óbice 
alegado por el Ministerio Fiscal.
a)  Considera la fiscal que el recurrente debería haber promovido un incidente 
extraordinario de nulidad de actuaciones contra el auto de 9 de noviembre de 2019, 
impugnado en amparo, toda vez que ha formalizado su demanda por la vía del art. 44 
LOTC y, en consecuencia, únicamente imputa a aquella resolución la vulneración de sus  e
derechos fundamentales invocados, por lo que habría acudido directamente a esta vía  bo
subsidiaria del recurso de amparo, sin antes haber puesto de manifiesto ante el órgano  19ww
judicEianl  asuctsu aanleteg alacsio qnueesj,a sla q fuisec aahl otaram dbeiénnu nscoiast iaenntee  eqsutee,  treibnu tnoadl.o caso, de entender el
idmepmuatanbdlaenst ea  laq uaec tulaa civóunln peoralicciiaóln y  ednec asuuzsa rd seur eimchpousg nfaucnidóanm peonr tlaal evsía  edrealn a rtú. n4ic3a LmOeTnCte, 
el  recurso  habría  sido  interpuesto  fuera  del  plazo  legal,  por  lo  que  devendría 
extemporáneo.
El óbice de falta de agotamiento de la vía judicial previa no puede prosperar a la vista 
de las consideraciones generales y de la doctrina establecida por este tribunal en el 
apartado B) de este fundamento jurídico. Al haber sido formalizada la demanda de 
amparo de conformidad con la nueva doctrina establecida por este tribunal, sin haber 
promovido previamente el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones, por no ser 
requerido para la salvaguarda del carácter subsidiario del recurso de amparo en este 
caso, procede la desestimación de este óbice sin más largo discurso argumentativo.
b)  En lo que atañe al óbice que, de modo subsidiario, imputa el Ministerio Fiscal a 
la demanda de amparo y dado que su eventual concurrencia lo deriva aquel de la previa 
cuestión de determinar si la eventual vulneración de los derechos fundamentales que 
denuncia el recurrente procede de la actuación policial o, como así lo entiende la fiscal, 
de modo exclusivo de la resolución judicial que inadmitió a trámite el procedimiento de 
habeas corpus instado por aquel, resulta necesario delimitar el carácter del recurso de 
amparo interpuesto por el recurrente.
Para ello, hemos de acudir necesariamente al análisis de los presupuestos de hecho 
de este recurso de amparo. Así, en los antecedentes consta que el letrado del recurrente 
se personó, sobre las 23:30 horas del día 8 de noviembre de 2019, en las dependencias 
policiales y presentó un escrito en el que, después de identificarse como el abogado 
designado por el señor Rocho Leal para asistirle en su defensa, formulaba en su nombre 
una solicitud de habeas corpus, toda vez que consideraba que aquel había sido detenido 
«sin ningún motivo y por la indebida forma de haber procedido a la detención». En el 
escrito denunciaba la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en los 
arts. 17 y 24 CE.
Por tanto, la vulneración del derecho fundamental a la libertad personal del ahora 
recurrente fue invocada por su letrado desde el primer momento de la detención y 
constituye el eje central sobre el que fundamenta su recurso el demandante. Las dos 
quejas que recoge la demanda, referidas, la primera, a la prolongación indebida del 
tiempo en que el detenido tardó en ser puesto a disposición del juzgado de guardia, no 
siéndolo de forma inmediata; y, la segunda, a que el órgano judicial no realizó un control 
efectivo de las condiciones de la detención y de la subsiguiente privación de libertad del 
recurrente, tienen su origen y son el resultado de la denunciada vulneración del derecho 
a la libertad personal que el demandante invocó, a través de su letrado, desde el primer 
momento de la detención y que, a su juicio, el juzgado de guardia no tuteló después, por 
medio del procedimiento de habeas corpus que había instado y que culminó con el auto 
que inadmitió a trámite aquel procedimiento de tutela cautelar de la libertad.
Por otro lado, en la demanda se hace cita expresa de los arts. 17.4 CE y 1 LOHC 
(motivo primero), pero, más adelante, (motivo segundo), al analizar los presupuestos de 
hecho de la detención, el actor, insistiendo en la eventual vulneración del art. 17.4 CE, no 
precisa si la vulneración de la inmediata puesta a disposición judicial del detenido, a 
través del procedimiento de habeas corpus, la imputa a los funcionarios policiales que 
realizaron la detención o a la autoridad judicial que dictó la resolución ahora impugnada.
En efecto, el demandante se limita a señalar que el detenido, desde la hora y día 
(23:30 horas del día 8 de noviembre de 2019) en que su letrado presentó la solicitud de 
habeas corpus y le fue notificada la resolución judicial denegatoria de la incoación del 
procedimiento (13:30 horas del día 9 de noviembre de 2019), hasta que, finalmente, 
pasó  a  disposición  judicial  (10:00  horas  del  día  10  de  noviembre  de  2019),  pasó  s
injustificadamente  un  período  prolongado  de  tiempo  que  contraviene  la  exigencia  oe.
constitucional de que aquella puesta a disposición judicial del detenido hubiera sido de  w.
forma inmediata. Tal indeterminación, unida a la denuncia del recurrente, expresada  19ww
ddeesredceh oe la p lraim liebre rmtaodm peenrstoo,n dael,  dqeubee  fiunec lidneatrennoisd oa  dfaev ofor rdmeal  pinridnecbipidioa ,d ev ulaln eerfeácntdivoisdealde  dseul 
derecho y a abordar la cuestión de fondo suscitada en este recurso.
Por ello, aun cuando la demanda, presentada al amparo de lo dispuesto en el art. 44 
LOTC, vaya dirigida únicamente contra el auto de 9 de noviembre de 2019 del Juzgado 
de Instrucción núm. 3 de Badajoz, la denuncia localiza la eventual vulneración de su 
derecho a la libertad personal del art. 17 CE en la intervención de los policías que, a 
juicio del recurrente, actuaron sin ningún motivo y le detuvieron de forma indebida, sin 
que posteriormente el juzgado hubiera controlado la legalidad de aquella detención y las 
condiciones en que tuvo lugar la misma. Estaríamos, prima facie, ante un recurso de 
amparo en que la demanda denuncia, de una parte, la actuación policial por entender 
que el recurrente fue detenido sin motivo alguno y, por ello, rechaza frontalmente la 
legalidad de la detención; de otro lado, insiste el recurrente en la queja de que fue 
demorada indebidamente su puesta a disposición judicial, sin que haya precisado en su 
demanda a quién se debió aquel retraso, si a la policía o al juzgado de guardia; y, por 
último, la resolución del juzgado no cumplió debidamente su función garantística de 
controlar la detención policial.
En consecuencia, nos hallamos, prima facie y a los efectos de pronunciarnos ahora 
sobre el óbice de extemporaneidad alegado por la fiscalía ante un recurso de amparo 
«mixto».
Este tribunal ha declarado que «ante un “recurso de amparo mixto” que imputa una 
lesión autónoma a la resolución judicial dictada en el procedimiento a través del que se 
instó la garantía de sus derechos como detenido, el plazo para su interposición es el 
establecido en el artículo 44.2 LOTC para las quejas referidas a la actuación judicial. 
Cualquier otra interpretación obligaría injustificadamente a los demandantes, en casos 
de amparo mixto, a renunciar al plazo más extenso que otorga el artículo 44.2 LOTC 
(treinta días) en favor del más breve previsto en el artículo 43.2 LOTC (veinte días) 
cuando  acumulen  pretensiones  dirigidas  frente  a  disposiciones,  actos  jurídicos, 
omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, con 
otras dirigidas frente a las resoluciones judiciales dictadas al instar la protección de sus 
derechos» [STC 21/2018, de 5 de marzo, FJ 2 a)].
Por  todo  ello,  de  conformidad  con  la  doctrina  de  este  tribunal  respecto  de  la 
presentación de los recursos de amparo «mixtos» ha de concluirse que la demanda fue 
presentada dentro de plazo y, en consecuencia, procede desestimar el óbice opuesto por 
el Ministerio Fiscal.
3.  La exigencia de celeridad en la resolución judicial sobre la admisibilidad de la 
solicitud de habeas corpus.
a)  La demanda plantea, como primer motivo de su recurso, con apoyo en los arts. 
17.4 CE, la Ley Orgánica de habeas corpus y los arts. 5.1, 7.1 y 2 y 53.2 LOPJ, la 
vulneración de su derecho a la libertad personal por no haber sido puesto a la inmediata 
disposición del juzgado de instrucción, en funciones de guardia, cuando estaba detenido 
en las dependencias policiales y cursó, a través de su letrado, una solicitud de habeas 
corpus.
Antes del inicio de su estudio, es necesario identificar realmente el sentido y alcance 
de esta queja, porque, en realidad, a lo que el demandante se está refiriendo es a que su 
solicitud  de  habeas  corpus  debería  haber  sido  abordada  y  resuelta  sobre  su 
admisibilidad por parte del juzgado de guardia, a la mayor brevedad posible. Se trata de 
una dimensión del derecho a la libertad personal en que el objeto de la denuncia se 
refiere al retraso, a su juicio, indebido e injustificado, en la toma de decisión por parte del 
órgano judicial sobre la solicitud de habeas corpus presentada, para que, de ese modo,  e
la  autoridad  judicial  realizara  un  control  de  la  legalidad  de  su  detención  o  de  las  bo
condiciones de esta. La prolongación indebida del tiempo indispensable para la puesta a  19ww
ddieslp doesriceicóhno j uad ilcai alilb deertla dde treencoidnoo hciadbor íean d eald oa rltu. g1a7r.,2 e Cn Es,u  qcuaes on,o a h laa  esivdeon tiunavol cvaudlnoe rpaocri óenl 
demDaenldimanittaed ean,  peul eresc, ulars oq.ueja, en los términos descritos, hemos de convenir en que el
procedimiento de habeas corpus, previsto en el art. 17.4 CE y desarrollado por la Ley
Orgánica de habeas corpus, «supone una garantía reforzada del derecho a la libertad 
para la defensa de los demás derechos sustantivos establecidos en el resto de los 
apartados del art. 17 CE, cuyo fin es posibilitar el control judicial a posteriori de la 
legalidad y de las condiciones en las cuales se desarrollan las situaciones de privación 
de libertad no acordadas judicialmente, mediante la puesta a disposición judicial de toda 
persona que se considere privada de libertad ilegalmente. Este procedimiento, aun 
siendo un proceso ágil y sencillo de cognición limitada, no puede verse reducido en su 
calidad o intensidad, por lo que es necesario que el control judicial de las privaciones de 
libertad que se realicen a su amparo sea plenamente efectivo. De lo contrario la actividad 
judicial no sería un verdadero control, sino un mero expediente ritual o de carácter 
simbólico, lo cual, a su vez, implicaría un menoscabo en la eficacia de los derechos 
fundamentales y, en concreto, de la libertad (entre otras, SSTC 93/2006, de 27 de marzo, 
FJ 3, y 125/2006, de 24 de julio, FJ 2). Por ello hemos afirmado que la esencia de este 
proceso consiste precisamente en que “el juez compruebe personalmente la situación de 
la persona que pida el control judicial, siempre que se encuentre efectivamente detenida” 
(STC 66/1996, de 16 de abril, FJ 3), es decir 'haber el cuerpo' de quien se encuentre 
detenido para ofrecerle una oportunidad de hacerse oír, y ofrecer las alegaciones y 
pruebas (STC 86/1996, de 21 de mayo, FJ 12)» (STC 37/2008, de 25 de febrero, FJ 3; 
en el mismo sentido, STC 12/2014, de 27 de enero, FJ 3).
b)  Precisamente, en relación con esta garantía de la rapidez en la decisión judicial 
sobre la admisibilidad de una solicitud de habeas corpus, este tribunal ha declarado que 
«resulta conveniente subrayar la necesidad de que estas solicitudes de habeas corpus 
de los detenidos se tramiten con la conveniente urgencia y agilidad, por cuanto la razón 
de ser de esta garantía específica de la libertad se encuentra precisamente en que sean 
verificadas con prontitud por un juez la legalidad y las condiciones de la detención, 
quedando,  por  ello,  desvirtuado  este  procedimiento  si  se  tramita  con  demoras, 
posponiéndose  el  traslado  del  detenido  a  presencia  judicial.  Sin  que  puedan 
considerarse un impedimento para adoptar este comportamiento las inconveniencias o 
incomodidades que para el órgano judicial pudieran originarse por la petición del habeas 
corpus por el detenido en ciertas horas […] de la noche, porque también en ese espacio 
temporal el juzgado de instrucción se encuentra en funciones de guardia» (STC 95/2012, 
de 7 de mayo, FJ 3).
También, el tribunal ha destacado que «el art. 17.4 CE, al regular este procedimiento 
de habeas corpus, se refiere a la “inmediata puesta a disposición judicial” de la persona 
detenida y que el art. 7 de la propia Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, de habeas 
corpus, establece como primera medida que debe seguir el juez en estos casos la de 
ordenar a la autoridad a cuya disposición se halle la persona privada de libertad que “la 
ponga  de  manifiesto  ante  él,  sin  pretexto  ni  demora  alguna”,  pudiendo,  incluso, 
personarse “en el lugar donde aquella se encuentre”» (STC 95/2012, FJ 3, antes citada).
c)  En el caso de autos, el demandante alega que no fue puesto inmediatamente a 
disposición del juzgado de guardia, sino que, desde las 23:30 horas del día 8 de 
noviembre de 2019, en que su letrado defensor presentó la solicitud de habeas corpus 
en  la  comisaría  de  policía,  hasta  que  le  fue  notificado  el  auto  de  inadmisión  del 
procedimiento, a las 13:30 horas del día 9 de noviembre siguiente, transcurrió un tiempo 
excesivo. Y, finalmente, que hasta las 10:00 horas del día 10 de noviembre no fue 
conducido y puesto a disposición de la titular del juzgado de guardia, sin que durante 
todo aquel largo período de tiempo se hubieran dado circunstancias que le hubieran 
impedido comparecer ante la autoridad judicial. s
Como hemos destacado en los antecedentes y en el análisis del óbice procesal  oe.
invocado  por  el  Ministerio  Fiscal,  el  recurrente  no  concreta  en  la  demanda  si  la  w.
prolongación del tiempo transcurrido entre su detención, el instante en que el juzgado de  19ww
gquuaer dfuiae  speu epsroton uan cdióis psoosbirceió snu  jusodliicciiatul,d f udee  dheabbiedaas  ac olarp uinsa yc,c ifóinna ldmee nlotes , feuln mcioonmaerniotso  deen 
pseo lilcimíai tqau ae  ldee ctaulslator deial btiaenm op os i elon  fquuee p osre d percoisloiónng ód eal qpureolplaio  eósrpgearnao,  jpuedrioci anl.o E pl rreecciusarr eqnuteé   BOE-A-cable e
autoridad fue la que demoró la resolución sobre el habeas corpus y su comparecencia 
ante la titular del juzgado de guardia. Por ello, hemos de acudir al estudio de las 
actuaciones para ver el tiempo de espera y, en su caso, determinar a qué pudo obedecer 
el retraso y de quién dependió este.
Por lo que atañe al tiempo transcurrido entre la presentación de la solicitud y la hora 
en que finalmente el recurrente compareció ante la titular del juzgado de guardia hay que 
señalar que, en lo que respecta a la solicitud de habeas corpus presentada, únicamente 
es de interés, a los efectos de resolver sobre las quejas planteadas, el tiempo que 
transcurrió entre la hora de la presentación de la solicitud, la ya citada de las 23:30 horas 
del día 8 de noviembre de 2019, y las 13:30 horas del día 9 de noviembre siguiente, en 
que le fue notificado el auto que acordaba inadmitir a trámite el procedimiento y el 
subsiguiente archivo del mismo.
Según los antecedentes, durante las catorce horas de tiempo que transcurrieron 
entre uno y otro acto, solo constan en el atestado policial las siguientes actuaciones: (i) 
Diligencia de comunicación a la autoridad judicial, cursada por el instructor policial del 
atestado, a las 23:40 horas del día 8 de noviembre, en la que señala que contactó 
telefónicamente con la magistrada titular del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Badajoz, 
en funciones de guardia, la que le transmitió instrucciones «para que se finalice la 
comparecencia a los funcionarios policiales actuantes, con objeto de tener que (sic) 
conocimiento de los hechos que motivan la citada solicitud de habeas corpus» y que, 
una vez leída la comparecencia recogida en las actuaciones policiales reseñadas en el 
atestado, «resolverá en derecho»; (ii) informe de alta médica y de lesiones de un policía 
nacional, que fue presuntamente víctima de los hechos por los que fue detenido el 
recurrente, expedido a las 0:51 horas del día 9 de noviembre siguiente, y (iii) sendas 
diligencias de traspaso de las diligencias policiales de un instructor a otro, extendidas a 
la 1:03 horas y a las 7:00 horas, respectivamente, del día 9 de noviembre.
En la carátula de las diligencias policiales, remitidas al juzgado de guardia bajo la 
rúbrica de «observaciones», se indicaba, en mayúsculas, lo siguiente: «se comunica 
habeas corpus (sic) a juez de guardia, quien llamará entre las 8:00 y las 9:00 horas para 
que se le lleve en mano el atestado y resuelva lo procedente». Igualmente, en este 
apartado, figuraba la siguiente instrucción: «No realizar ninguna gestión con el detenido, 
actuaciones  paralizadas  hasta  resolución  judicial  (no  efectuar  reseña  por  policía 
científica)».
Por su parte, en el procedimiento de habeas corpus núm. 4-2019 del Juzgado de 
Instrucción núm. 3 de Badajoz, abierto para la tramitación de la solicitud presentada por 
el letrado del recurrente, figuran las siguientes actuaciones judiciales: (i) Diligencia de 
constancia, expedida el día 9 de noviembre de 2019, por la letrada de la administración 
de justicia del órgano judicial, en la que pone de manifiesto que «en el día de hoy y 
siendo las 8:40 horas se hace entrega en este juzgado de la presente solicitud de 
habeas corpus (sic). Doy fe»; (ii) providencia de la misma fecha, dictada por la Ilma. 
señora magistrada-juez del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Badajoz, acordando el 
registro de la solicitud de habeas corpus en el libro correspondiente y traslado de la 
petición al Ministerio Fiscal para informe; (iii) informe de la misma fecha del fiscal en el 
que entiende que no procede acceder a lo solicitado por el detenido, por no darse 
ninguno de los supuestos previstos en el art. 1 LOHC, y lo concluye proponiendo el 
archivo del procedimiento; (iv) auto, de la misma fecha, denegando la incoación del 
procedimiento de habeas corpus y el archivo del mismo, y (v) diligencia de notificación, 
extendida en la misma fecha que las anteriores actuaciones, en la que consta que el  s
detenido se negó a firmar la notificación. oe.
La lectura del atestado y del procedimiento judicial deja entrever que fue el juzgado  w.
de guardia el que, después de haber recibido la llamada telefónica de la comisaría,  19ww
ofurndceinoón arqiouse  qlause  hdailbigíeannc iianste rpveonlicidiaol eesn,  clao nd eitnecnlcuisóinó nd edle d elam acnodmapnater erceefnlecjiaad ad ee n loesl 
laat ecsatraádtou,la f udeer alans  edniltirgeegnacdiaass  ppoalricai a«lreess soelv eers peenc difiecraebcah oq»u elo s qeuríea  perl ojuczegdaiedroa .d Aed geumaárdsi,a e enl   BOE-A-cable e
que, entre las 8:00 y las 9:00 horas del día 9 de noviembre de 2019, llamaría por teléfono 
para que le fuera «llevado en mano» el atestado, lo que así aconteció, pues, mediante 
diligencia de la letrada de la administración de justicia del juzgado, se hace constar que 
aquella entrega tuvo lugar a las 8:40 horas del indicado día 9 de noviembre.
Es  decir,  que,  entre  la  presentación  de  la  solicitud  de  habeas  corpus  en  las 
dependencias  policiales  y  su  entrega,  junto  con  el  atestado  de  la  detención, 
transcurrieron nueve horas sin que, durante el transcurso de las mismas, se hubieran 
realizado actuaciones relacionadas con aquella que hubieran justificado la demora en la 
toma de decisión por parte del juzgado. Además, fue el juzgado y no la policía el que 
ordenó que únicamente las diligencias policiales fueran entregadas al órgano judicial a la 
mañana siguiente, entre las 8:00 y las 9:00 horas.
A  la  vista  de  tales  antecedentes,  debe  ser  estimada  la  primera  de  las  quejas 
formulada por el recurrente. La solicitud de habeas corpus y las diligencias policiales 
abiertas con motivo de la detención del actor tendrían que haber sido entregadas al 
juzgado de guardia a la mayor brevedad posible, entendida esta como la demora de 
tiempo indispensable para la realización de las actuaciones necesarias que permitieran 
al órgano judicial resolver sobre la admisibilidad de la solicitud cursada. En el caso de 
autos, transcurrió un período de tiempo injustificado entre la presentación de la solicitud 
y  la  entrega  de  las  actuaciones  al  juzgado  de  guardia,  así  como  después  en  su 
resolución y notificación al detenido.
Además, esta vulneración del derecho fundamental hemos de imputarla de modo 
exclusivo al propio órgano judicial, pues fue la titular del mismo la que dio orden a la 
policía de entregarle las actuaciones policiales a la mañana siguiente de la detención, sin 
tener que ser conducido a su presencia el detenido.
Hemos de insistir en que el derecho a que el procedimiento de habeas corpus se 
tramite con la mayor celeridad y a obtener una resolución judicial sobre la admisibilidad 
de la solicitud correspondiente en el menor tiempo posible, constituye una garantía 
esencial del derecho a la libertad personal, que no admite una demora en el tiempo más 
allá  de  la  que  sea  estrictamente  necesaria  para  permitir  al  juez  de  guardia  tomar 
conocimiento de la detención y de las condiciones en que esta se haya producido, y 
decidir sobre la admisibilidad de aquella solicitud.
En el caso de autos, debemos rechazar que el órgano judicial ordenara a la policía 
que le entregaran, a la mañana siguiente, el atestado policial relacionado con la petición 
de  habeas  corpus,  dejando  transcurrir  un  período  de  tiempo  injustificadamente 
desproporcionado.
La queja por denunciada vulneración del derecho a la libertad personal, en su 
vertiente del derecho a obtener una decisión del juez de guardia, con la mayor celeridad, 
sobre la admisibilidad de la solicitud de habeas corpus, debe ser estimada.
4.  El derecho al control judicial de la privación de libertad.
a)  La segunda lesión invocada por la demanda se refiere a la alegada vulneración 
del derecho a la libertad personal (art. 17. 1 y 4 CE), que el recurrente imputa a la 
resolución judicial que inadmitió a limine el procedimiento de habeas corpus.
Según la demanda, a pesar de la concurrencia de los presupuestos y requisitos 
previstos en el art. 1 de la Ley Orgánica 6/1984, reguladora del procedimiento de habeas 
corpus, el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Badajoz, en funciones de guardia, denegó 
la apertura de aquel procedimiento con una interpretación restrictiva y opuesta a la 
efectiva consideración de los derechos fundamentales en juego. e
Pues bien, este tribunal ha declarado en reiteradas ocasiones: bo
esestgau«brEliedl caaiddrt.oí c Nuealnod  ei1es7 t.ep1 u aCerdEtíe ce usslotea rby  lpeercniev a lqoduso e c da“[est] oossdu ay   pliebener srltoaan daf,o  rtsmieinnaoe  p dcreeovrneis ctlhoaos   oaeb nsla el arlvi baleenryct”ai.a d P ydo era   slluao    2021-6619n https://ww
parte, el artículo 17.4 CE establece que “[l]a Ley regulará un procedimiento de habeas
corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida
ilegalmente”. La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de 
habeas corpus (LOHC) ha desarrollado ese mandato constitucional. El art. 1 LOHC 
establece que mediante este procedimiento podrá obtenerse la inmediata puesta a 
disposición  de  la  autoridad  judicial  competente  de  cualquier  persona  detenida 
ilegalmente, entendiendo por tal quien lo fuera sin que concurran los supuestos legales, 
o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes; 
las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar; las que lo 
estuvieran  por  plazo  superior  al  señalado  en  las  leyes;  y  a  quienes  no  les  sean 
respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda 
persona  detenida»  (SSTC  72/2019,  de  20  de  mayo,  FJ  2,  y  181/2020,  de  14  de 
diciembre, FJ 6, por todas).
Además, este tribunal ha establecido una consolidada jurisprudencia en relación con 
esta previsión constitucional y la incidencia que sobre ella tienen las decisiones judiciales 
de no admisión a trámite de la solicitud de habeas corpus.  Ha declarado que, aun 
cuando la Ley Orgánica de regulación del procedimiento de habeas corpus posibilita 
denegar la incoación del correspondiente procedimiento, fundamentar la decisión de no 
admisión en que el recurrente no se encontraba ilícitamente privado de libertad, por no 
concurrir ninguno de los supuestos del art. 1 LOHC, vulnera el art. 17.4 CE, ya que 
implica una resolución sobre el fondo que solo puede ser valorada y enjuiciada después 
de sustanciado el procedimiento y oído el detenido, con intervención del Ministerio 
Fiscal.
Los únicos motivos constitucionalmente legítimos para no admitir un procedimiento 
de habeas corpus son los basados en la falta del presupuesto necesario de una situación 
de  privación  de  libertad  no  acordada  judicialmente  o  en  el  incumplimiento  de  los 
requisitos formales a los que se refiere el art. 4 LOHC. Esta jurisprudencia es reiterada, 
constante e inequívoca (entre otras, SSTC 21/2014, de 10 de febrero, FJ 2; 32/2014, 
de 24 de febrero, FJ 2; 195/2014, de 1 de diciembre, FJ 3; 42/2015, de 2 de marzo, FJ 2, 
y 204/2015, de 5 de octubre, FJ 2, entre las más recientes):
«Por tanto, se hace necesario reiterar una vez más que este tribunal ha declarado 
que el procedimiento de habeas corpus no puede verse mermado en su calidad o 
intensidad; y que el control judicial de las privaciones de libertad que se realicen a su 
amparo  debe  ser  plenamente  efectivo,  y  no  solo  formal,  para  evitar  que  quede 
menoscabado el derecho a la libertad, ya que la esencia histórica y constitucional de 
este procedimiento radica en que el juez compruebe personalmente la situación de quien 
pide el control judicial, siempre que la persona se encuentre efectivamente detenida, 
ofreciéndole una oportunidad de hacerse oír (STC 95/2012, de 7 de mayo, FJ 4). Por 
otra parte, también es preciso recordar que es a los órganos judiciales a los que 
corresponde  la  esencial  función  de  garantizar  el  derecho  a  la  libertad  mediante  el 
procedimiento de habeas corpus controlando las privaciones de libertad no acordadas 
judicialmente; que en esa función están vinculados por la Constitución; y que tienen la 
obligación  de  aplicar  e  interpretar  las  leyes  según  los  preceptos  y  principios 
constitucionales,  conforme  a  la  interpretación  de  los  mismos  que  resulte  de  las 
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos (art. 5.1 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial).
El frecuente incumplimiento de esta jurisprudencia constitucional, que se pone de 
manifiesto con ocasión de los sucesivos recursos de amparo que se van presentado, es 
motivo de muy alta preocupación para el Tribunal Constitucional en una materia que  e
suscita  especial  sensibilidad  desde  el  punto  de  vista  del  respeto  a  los  derechos  bo
fundamentales y que constituye uno de los fundamentos elementales del estado de  19ww
cDoemrepcrheon sidbeles dqeu ee, l trapsu netol  edxtee nvsios tan úmhiesrtóor idcoe  ree soinlusctiitounceiosn adli.c taNdoa s repsour lteas tefá cTirlmibeunntael 
asol bqruee heasctae rc cuoetsidtiióann,o l ad eju troisdporsu dloesn cqiuae c poanrsttiictuipcaionn eanl  elan  lalab mora dteer itara smigitaa csiiónn s jeurd itcraiasll addea ldoas 
procedimientos de habeas corpus y que por esta razón deban seguir admitiéndose
recursos  de  amparo  que  se  acogen  a  la  alegación  del  incumplimiento  de  la 
jurisprudencia  constitucional  como  motivo  de  especial  trascendencia  constitucional» 
(SSTC 72/2019, FJ 2, y 181/2020, de 14 de diciembre, FJ 6, ya citados).
b)  Como se ha expuesto en los antecedentes de esta resolución, sobre las 23:30 
horas del día 8 de noviembre de 2019, el letrado del ahora demandante presentó una 
solicitud de habeas corpus por la que, en esencia, alegaba la vulneración del derecho de 
su defendido a la libertad personal (art. 17 CE), en relación con su derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), porque entendía que aquel había sido detenido «sin 
ningún motivo y por la indebida forma de haber procedido a su detención». A dicha 
solicitud, el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Badajoz, en funciones de guardia, dictó un 
auto en la mañana del siguiente día 9 de noviembre, por el que inadmitió a trámite 
aquella solicitud por entender que, en virtud de la «información que consta en la copia 
del atestado, que ha sido remitida junto con la solicitud de habeas corpus», en la que se 
afirma que, al ahora recurrente, le era imputado un presunto delito de atentado a agentes 
de la autoridad, eventualmente cometido antes de la detención, llega a la conclusión de 
que la detención practicada por los funcionarios de policía se ajustaba a lo dispuesto en 
el art. 492 LECrim y, en consecuencia, acordó denegar la incoación del procedimiento de 
habeas corpus y el subsiguiente archivo de las actuaciones.
c)  La resolución judicial impugnada ha sido dictada con manifiesta contravención de 
la doctrina de este tribunal. El juzgado dictó un auto por el que inadmitió a trámite la 
solicitud de habeas corpus por un motivo de fondo como era la legalidad de la detención. 
Como se acaba de exponer, una decisión de ese tipo solo puede acordarse tras la 
incoación del procedimiento y, al menos, con la audiencia del detenido a presencia 
judicial, intervención del Ministerio Fiscal y la asistencia de su letrado defensor.
De manera reiterada, este tribunal ha declarado que, estando en juego el derecho 
fundamental a la libertad, como sucede en el caso de autos, «la eventual ausencia de 
una motivación suficiente y razonable de la decisión no supondrá solo un problema de 
falta de tutela judicial, propio del ámbito del art. 24.1 CE, sino prioritariamente una 
cuestión que afecta al derecho a la libertad personal, en cuanto que la suficiencia o 
razonabilidad  de  una  resolución  judicial  relativa  a  la  garantía  constitucional  del 
procedimiento de habeas corpus, prevista en el art. 17.4 CE, forma parte de la propia 
garantía» (STC 204/2015, de 5 de octubre, FJ 4, por todas).
d)  La solicitud de incoación del procedimiento de habeas corpus cumplía, pues, con 
el presupuesto de la existencia de una privación de libertad acordada por la autoridad 
gubernativa, se dirigía al órgano judicial competente para su tramitación y se cumplían 
todas las exigencias formales de legitimación y contenido del escrito a que se refieren los 
arts. 3 y 4 LOHC. Además, la resolución judicial impugnada adoptó la decisión, prevista 
en el art. 6 LOHC, de denegar la incoación del citado procedimiento de habeas corpus 
apoyándola  en  razones  de  fondo  sobre  la  legalidad  de  la  privación  de  libertad 
gubernativa  de  que  estaba  siendo  objeto  el  ahora  demandante  de  amparo,  que 
únicamente podrían haber sido adoptadas después de incoado el procedimiento y oído el 
detenido, asistido de letrado y con intervención del Ministerio Fiscal.
Hay que concluir, pues, que esta actuación judicial ha vulnerado el derecho a la 
libertad personal del demandante (arts. 17.1 y 4 CE), al haberse visto privado este de la 
plena sustanciación del procedimiento de habeas corpus y, con ello, haberse frustrado el 
efectivo control judicial de las privaciones de libertad gubernativas que se realicen a su 
amparo, que es una pieza clave e insustituible del diseño constitucional del régimen de 
protección del derecho a la libertad de los ciudadanos frente a las privaciones de libertad  e.
no acordadas judicialmente. w.b
El motivo de amparo debe ser estimado. 19ww
5.  Alcance del amparo.
La estimación del recurso de amparo debe acarrear la nulidad del auto de 9 de
noviembre de 2019 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Badajoz, que inadmitió a
trámite la solicitud de habeas corpus del demandante de amparo, por vulneración del 
derecho a la libertad personal del mismo (arts. 17, 1 y 4 y 24.1 CE), al no haber resuelto 
el Juzgado con celeridad sobre la solicitud de habeas corpus presentada por el letrado 
del recurrente, detenido en las dependencias policiales, y por no haber efectuado aquel, 
de modo efectivo, el control que requiere la incoación del procedimiento de habeas 
corpus solicitado por el recurrente, la audiencia del mismo, con asistencia de su letrado 
defensor e intervención del Ministerio Fiscal, para verificar que la privación de libertad 
hubiera sido adoptada conforme a la ley por los funcionarios policiales actuantes.
La declaración de nulidad del auto impugnado no hace precisa la retroacción de 
actuaciones, la cual carecería de eficacia alguna por haber cesado la situación de 
privación de libertad a cuyo control de legalidad está orientado el procedimiento de 
habeas corpus.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo solicitado por don Jesús Sebastián Rocho Leal y, en su 
virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante de 
amparo a la libertad personal (arts. 17.1 y 4 y 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en la integridad de su derecho y, en consecuencia, declarar la 
nulidad del auto de 9 de noviembre de 2019, del Juzgado de Instrucción núm. 3 de 
Badajoz, recaído en el procedimiento de habeas corpus núm. 4-2019.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez, en relación 
con la sentencia dictada en el recurso de amparo avocado al Pleno núm. 7439-2019, al 
que se adhieren los magistrados don Santiago Martínez-Vares García y don Alfredo 
Montoya Melgar
Aun cuando como ponente de esta sentencia me ha correspondido su redacción, 
debiéndolo hacer según el parecer de la mayoría del Pleno de este tribunal, mi posición 
es contraria al mismo y así tuve ocasión de exponerlo en la deliberación que precedió a 
su aprobación definitiva, por lo que ahora formulo voto particular discrepante respecto de 
aquella, al amparo de lo dispuesto en el art. 90.2 LOTC.
a)  El sentido de mi discrepancia tiene que ver con la procedencia del incidente  es
extraordinario  de  nulidad  de  actuaciones  del  art.  241  LOPJ,  en  el  ámbito  de  los  o
procedimientos de habeas corpus, y con la necesidad de su promoción ante el órgano  19www.
cdljauoe dnniacduuiinacsclie oicanno cedmisae o  el darne e v qquuuulnnise ei trcosao ecnp iótrhrenoav ly dioaeju   addp iercloariaed lpcu hrcdeoiedss oe  flnauet nasdcptaiarói,mvn a eecdnnieó ta nsll uaep dsdu eeee smsl itbiaomensrp dtaudadte a d depda re oaptvemoinsrpc ioaeiónrl onar, el  pccourue rarvdneeednn otteli av laaas     OE-A-2021-66able en https://
realizada  por  autoridades  o  funcionarios  no  judiciales,  con  ocasión  de  la  presunta 
comisión de un hecho delictivo.
El presente recurso de amparo fue avocado al Pleno del tribunal con objeto de 
establecer una doctrina constitucional que ofreciera seguridad a todos los operadores 
jurídicos, de modo particular a los eventuales solicitantes de habeas corpus, sobre la 
exigencia de interponer este incidente de nulidad ante el mismo juzgado de guardia que 
hubiera acordado la inadmisión a trámite del procedimiento de habeas corpus, antes de 
acudir al trámite extraordinario y subsidiario del recurso de amparo.
La sentencia aprobada por la mayoría del tribunal, que acato y respeto aunque no 
comparto en su fundamentación, es la de considerar que no es necesaria la promoción 
del incidente de nulidad, como paso previo al agotamiento de la vía judicial, en los casos 
en que el recurrente vea inadmitida a trámite su solicitud de habeas corpus y entienda 
que el órgano judicial (en el caso de autos, el juzgado de guardia) ha vulnerado el 
derecho fundamental a la libertad personal del art. 17.4 CE, por no haber realizado un 
control judicial efectivo de la privación de libertad padecida o de las condiciones en que 
aquella tuvo lugar. Razona la sentencia que la vertiente del derecho a la libertad personal 
contenida en el art. 17.4 CE constituye una garantía esencial del derecho fundamental a 
la  libertad  personal  reconocido  en  el  conjunto  del  precitado  art.  17  CE  y,  en 
consecuencia, dada la íntima conexión que existe entre el derecho a la libertad y el 
procedimiento de habeas corpus, «no es posible concebir la existencia de este último si 
no es en relación con el ejercicio de aquel, pues este instrumento procesal solo es 
posible  actuarlo  para  su  debida  protección  y  defensa»  [FJ  2  B)].  Se  trata,  sigue 
afirmando el Tribunal, de una «modalidad tutelar específica, que es propia y exclusiva del 
derecho a la libertad personal, a diferencia de la tutela judicial que ofrece el derecho 
reconocido  en  el  art.  24.1  CE,  aplicable  a  todo  tipo  de  procesos  judiciales  y  de 
jurisdicciones, aun cuando, por su conexión con otros derechos fundamentales, deba 
tener aquella un carácter reforzado en ocasiones» [FJ 2 B) citado].
A partir de la citada consideración, concluye la argumentación de la sentencia que no 
será necesario promover el incidente de nulidad de actuaciones cuando se pretenda 
denunciar la vulneración del art. 17.4 CE ante este tribunal, por falta del control judicial 
de la privación de libertad provisional o de las condiciones de esta. Y completa dicho 
planteamiento la afirmación de que este tribunal no rechazará por extemporáneo el 
recurso  de  amparo  que  venga  precedido  del  incidente  de  nulidad  de  actuaciones 
inadmitido a trámite o desestimado en la vía judicial.
El sentido de mi discrepancia obedece a los siguientes razonamientos:
(i)  La disposición final primera de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, ha 
introducido una importante modificación en el régimen del incidente extraordinario de 
nulidad de actuaciones del art. 241.1 LOPJ, hasta entonces limitado a la queja por 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a obtener 
una resolución judicial motivada y congruente con la pretensión ejercitada. A partir de la 
entrada en vigor de la citada reforma, el incidente se ha hecho extensivo a la infracción 
de cualquier derecho fundamental que no haya podido ser invocada con anterioridad, de 
tal manera que, como apunta la exposición de motivos de aquella ley, la «ampliación del 
incidente de nulidad de actuaciones previo al amparo busca otorgar a los tribunales 
ordinarios el papel de primeros garantes de los derechos fundamentales en nuestro 
ordenamiento jurídico».
Así pues, el legislador  ha configurado  el incidente  extraordinario de nulidad de 
actuaciones con una doble finalidad: De una parte, para reforzar el estatus de los  e.
órganos  judiciales  como  primeros  garantes  de  la  efectividad  de  los  derechos  w.b
fundamentales, que el art. 24.1 CE y la doctrina de este tribunal siempre les han  19ww
rreegcounlaoccióidno .d eDl er eocturros ol addeo , ampapraar oe, sqtaubel,e cdeer  teenl enr eucne scaariroá ccteorn tsruabpjuentitvoo  ae  ilnad invoidvueadlo dsea 
opbrojeteticvcoi,ó nc odne  vloosc adceiróenc hdoes  afulcnadnacme egnetanleersa,l  haa  optarosas dsou ap uceosntoves,r tiersne  eel nq uune ,p aro clae dailmegieandtao 
vulneración del derecho fundamental individual, debe unirse la exigencia de justificar la
especial trascendencia constitucional por parte del recurrente y la apreciación de la 
misma por este tribunal.
Con  esta  reforma,  el  legislador  ha  pretendido  que  el  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones  del  art.  241.1  LOPJ  cobre  protagonismo  en  su  función  de  erigirse  en 
garantía principal de la efectividad de los derechos fundamentales, acentuando, pues, el 
carácter  subsidiario  del  recurso  de  amparo,  que  quedará  reservado  tan  solo  a  las 
reclamaciones  que,  además  de  presentar  indicios  de  vulneración  de  los  derechos 
fundamentales, tengan especial trascendencia constitucional y un alcance general al de 
otros supuestos semejantes de la doctrina establecida en las sentencias del Tribunal 
Constitucional.
(ii)  La sentencia de la que discrepo se aparta de ese objetivo legislativo e introduce 
una  excepción  al  diseño  general  del  sistema  de  garantías  de  los  derechos 
fundamentales establecido por el legislador orgánico. Excepción que, a mi entender, 
carece de fundamento alguno, toda vez que, hasta ahora, el Tribunal Constitucional ha 
entendido que la resolución del órgano judicial incurre en una vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva, autónoma respecto del derecho a la libertad y causada en el 
momento en que el juez desatiende el mandato constitucional de realizar un control 
efectivo de la privación de libertad del detenido o de las condiciones en que aquella se 
llevó a efecto. Se ha entendido hasta esta sentencia que la no formalización del incidente 
de nulidad de actuaciones deviene en un motivo de inadmisión o de desestimación del 
recurso  de  amparo,  al  no  haber  dado  la  parte  oportunidad  al  órgano  judicial  de 
pronunciarse  sobre  la  vulneración  del  derecho  y  acudir  directamente  a  esta  vía 
subsidiaria del recurso de amparo.
Ha insistido este tribunal en la indudable relevancia constitucional que tiene «el 
incidente de nulidad de actuaciones, tras la reforma operada en la Ley Orgánica del 
poder judicial por la Ley Orgánica 6/2007, que otorga un especial protagonismo a los 
tribunales ordinarios, acentuando su función como primeros garantes de los derechos 
fundamentales en el ordenamiento jurídico y con el fin de lograr que la tutela y defensa 
de esos derechos por parte del Tribunal Constitucional sea realmente subsidiaria, al ser 
el incidente de nulidad de actuaciones un instrumento idóneo para la tutela del derecho 
fundamental en cuestión, en cuya resolución debían tener presente que –de no tener el 
caso  trascendencia  constitucional–  se  trataría  de  la  última  vía  que  permitiría  la 
reparación de la vulneración denunciada (STC 180/2015, de 7 de septiembre, FJ 6)» 
(STC 102/2020, 21 de septiembre, FJ 4, por todas).
Igualmente, hemos declarado que «el incidente de nulidad de actuaciones constituye 
un  instrumento  procesal  que,  en  la  vía  jurisdiccional  ordinaria,  sirve  para  remediar 
aquellas lesiones de derechos fundamentales del art. 53.2 CE que no hayan “podido 
denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha 
resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario” (art. 241.1 LOPJ), 
de modo que su función en materia de tutela de derechos es esencialmente la misma 
que cumple la propia interposición de un recurso ordinario (STC 153/2012, de 16 de julio, 
FJ 3)» [STC 23/2020, de 13 de febrero, FJ 2 a) y las allí citadas]. Este requisito del 
art. 44.1 a) LOTC responde «a la finalidad de preservar el carácter subsidiario del 
recurso de amparo, evitando que el acceso a esta jurisdicción constitucional se produzca 
per saltum, es decir, sin brindar a los órganos judiciales la oportunidad de pronunciarse y, 
en su caso, remediar la lesión invocada como fundamento del recurso de amparo 
constitucional» [STC 23/2020, de 13 de febrero, FJ 2 b) y las que allí se citan].
Se trata, pues, de una doctrina constitucional reiterada y uniforme que, a mi juicio, no  s
debería haber sido modificada, o «matizada», según expresión que recoge la sentencia  oe.
de  la  que  ahora  discrepo.  En  realidad,  a  mi  modo  de  ver,  no  estamos  ante  una  w.
«matización», sino que se trata de un verdadero overruling, pues, si el órgano judicial,  19ww
dpereresechnota daa l al ali bseortlaicdit uyd,  ad tera vhéasb edaes l ac oinrcpouasc, iósne  deerli gceo rreens pgoanrdainetnet ed per olac eedfimecietivnitdoa, dd edbeel 
tpurtoedlaurc ildao p, raivl ancoió hna dcee rlliob,e lritmadit ádnedl odseet ean iddeon ye gdaer  llaas  inccoonadcicióionn edse l epnr oqcueed iamqiueenltloa,  ssee  heasytaá   BOE-A-cable e
causando, eventualmente, una nueva vulneración de un derecho fundamental, en este 
caso la del derecho a la libertad del art. 17.4 CE, conectado a las exigencias de tutela de 
este derecho que el juez está denegando al detenido. Aquel habrá resuelto sobre el 
fondo del asunto, esto es entendiendo que la persona no se halla ilícitamente privada de 
libertad, sin ni siquiera haberla oído con asistencia de su letrado y con la intervención en 
la comparecencia del Ministerio Fiscal. La constante jurisprudencia de este tribunal ha 
insistido en que tal decisión de inadmitir solo puede basarse en «la falta del presupuesto 
necesario de una situación de privación de libertad no acordada judicialmente o en el 
incumplimiento  de  los  requisitos  formales  a  los  que  se  refiere  el  art.  4  LOHC» 
(STC 72/2019, de 20 de mayo, FJ 2, y las que allí se citan). En tales casos, se ha dicho 
hasta  ahora  por  el  tribunal  que  es  imprescindible  la  promoción  del  incidente 
extraordinario de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ, para entender agotada la vía 
judicial previa, cuando la parte acude a este proceso subsidiario de amparo y alega 
como única queja la vulneración del art. 17.4 CE, atribuyendo tal vulneración, de modo 
exclusivo, a la actuación judicial que no haya dado debida tutela a su solicitud de habeas 
corpus.
(iii) Se destaca en la sentencia que no es la primera vez que el tribunal «matiza» su 
anterior  doctrina  sobre  la  exigencia  del  incidente  extraordinario  de  nulidad  de 
actuaciones  para  entender  agotada  la  vía  judicial  previa,  pues  en  otras  ocasiones 
también  ha  señalado  su  procedencia  facultativa,  pero  no  su  necesidad,  citando  al 
respecto las SSTC 31/2019, de 28 de febrero, FJ 3, y 112/2019, de 3 de octubre, FJ 3.
Sin embargo, a mi modo de ver, la cita de estas sentencias carece de fundamento 
para extender lo así declarado en aquellas al supuesto de autos. Y no es válida porque 
aquellos  precedentes  no  son  semejantes  al  de  autos.  Es  cierto  que,  de  modo 
excepcional, este Tribunal ha considerado innecesario el planteamiento del incidente de 
nulidad de actuaciones para entender agotada la vía judicial previa y que, también, ha 
excluido  de  la  extemporaneidad  el  supuesto  contrario,  esto  es,  la  interposición  del 
incidente antes de acudir al proceso de amparo, pero, como he anticipado, no se trata de 
supuestos que tengan una naturaleza y alcance ni siquiera parecidos.
En realidad, en la primera de las resoluciones, el tribunal entendió que la nulidad de 
una cláusula que el recurrente había instado por reputarla abusiva, haciéndolo al amparo 
del art. 227.1 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) y en el seno de un procedimiento de 
ejecución hipotecaria, venía a hacer las veces del incidente extraordinario de nulidad de 
actuaciones, como, equivocadamente, también lo había considerado así el juzgado de 
primera instancia correspondiente, que la había tramitado y resuelto conforme a lo 
dispuesto en el 228 LEC.
En  aquel  caso,  este  tribunal  entendió  que  no  era  necesaria  la  promoción  del 
incidente de nulidad de actuaciones. Se limitó a aplicar la doctrina general y no introdujo 
excepción alguna, pues reputó formalizado como incidente de nulidad de actuaciones la 
pretensión de nulidad de una cláusula supuestamente abusiva que había planteado la 
parte, al haberlo así considerado el juez de la instancia. Además, lo único que sostiene el 
tribunal en el último párrafo del FJ 3, de la STC 31/2019 de referencia, es que, aun 
cuando se hubiera formalizado el incidente, tampoco devendría extemporáneo, porque lo 
que hace es aplicar nuestra doctrina de que no incurre en extemporaneidad el recurso 
que no se estima manifiestamente improcedente y, en el caso de autos, así se conceptuó 
por las razones que se recogen en aquel fundamento jurídico.
Tampoco  la  segunda  de  las  citas  (STC  112/2019)  tiene  el  mismo  carácter 
excepcional que el del supuesto de hecho ahora enjuiciado porque hace alusión al  s
denominado supuesto de la «reviviscencia», en un caso específico como es el de la  oe.
inadmisión del recurso de casación por causa que no obedece a la indiligencia procesal  w.
de  la  parte  en  su  interposición,  sino  a  la  falta  de  interés  casacional  objetivo,  que  19ww
dcoentesrtmituinyaed ousn  crrieteqruioissit ole gdaelm  feonntdeo t asaa daopsr.eciar  por  el  Tribunal  Supremo,  conforme  a
incidEel nTter ibduen naul liCdaodn sdtietu acciotunaacl iohnae es,n t«eanl dnidoo d eqruivea, rseen  dees tfoosrm caa scolasr,a  lasu i nptreorcpeodseicniócina  ddeell   BOE-A-cable e
tenor del art. 241.1 LOPJ, no será requisito necesario para agotar la vía judicial previa al 
amparo» [FJ 3 f)].
Ahora, la sentencia de la que discrepo lo que señala, a diferencia de lo que ha venido 
declarando de modo uniforme y reiterado, es que cuando el órgano judicial deniega la 
incoación del procedimiento de habeas corpus y rechaza la solicitud presentada por el 
detenido  o  por  alguna  de  las  personas  legitimadas  para  ello,  sin  haberle  oído  en 
comparecencia asistido de letrado y con intervención del fiscal, no estamos ante una 
vulneración autónoma del derecho a la libertad personal del recurrente, sino que, por 
tratarse de una garantía específica, la del art. 17.4 CE de aquel derecho, la exigencia de 
tutela  que  deriva  de  la  efectividad  del  mismo  y  de  su  debida  protección  se  halla 
embebida  en  la  vulneración  del  derecho  a  la  libertad  personal  precedentemente 
denunciada en la solicitud, por lo que ya no es necesaria la promoción del incidente de 
nulidad.
A partir de esta argumentación, la pregunta que se suscita es, a mi entender, muy 
clara:  ¿Con  la  resolución  judicial  de  inadmisión  de  la  solicitud  de  habeas  corpus 
presentada y el rechazo a oír al detenido por parte del juez, no estará este último 
privándole eventualmente de la efectividad de un derecho fundamental, situado en la 
órbita del de la libertad personal pero distinto de este, por estar dotado de sustantividad 
propia como es la de depararle tutela judicial efectiva a su queja, puesta de manifiesto 
con su solicitud?. O, dicho de otro modo, ¿tiene o no autonomía y es posible distinguir, a 
efectos de delimitar una y otra vulneración de derechos, la actuación de la autoridad o 
funcionario no judicial que acordó la inicial privación de libertad, de la del juez que tenía 
que verificar si aquella detención o privación de libertad gubernativamente acordada se 
sujetaba o no a la legalidad? A mi modo de ver, se trata de las vulneraciones de dos 
derechos  que  tienen  autonomía  propia:  de  una  parte,  el  objeto  de  la  queja  es  la 
actuación de una autoridad o funcionario no judicial, que decide detener a una persona a 
la que entiende incursa en alguna causa legalmente prevista para ello; de otro lado, la 
infracción alegada se refiere al incumplimiento por parte del juez de su deber de dar 
tutela al detenido y determinar si aquella privación de libertad objetada por la solicitud de 
habeas corpus ha sido realizada o no conforme a la legalidad.
Si la respuesta, como entiendo que es, resulta positiva, el incidente de nulidad de 
actuaciones es preceptivo para la segunda de las vulneraciones invocadas, porque así lo 
ha establecido el legislador orgánico, tratándose, además, de una garantía adicional 
establecida para que el privado de libertad pueda poner de manifiesto en la vía judicial 
aquella vulneración autónoma. Es más, así lo declaró la reciente STC 21/2018, de 5 de 
marzo,  cuando,  con  ocasión  de  resolver  un  recurso  de  amparo  «mixto»,  decidió 
desestimar, por falta de agotamiento, la queja que se apoyaba en el art. 17.4 CE, al no 
haber sido promovido el incidente de nulidad de actuaciones por el recurrente. Y, en 
cambio, superó el trámite de admisión e incluso fue estimado en aquella sentencia el 
motivo de amparo que denunciaba la vulneración del derecho a la libertad personal del 
art. 17.2 CE, eventualmente cometido por funcionarios policiales.
(iv)  Finalmente,  no  acabo  de  entender  el  carácter  facultativo  que  la  sentencia 
reconoce  al  recurrente,  para  disponer  de  la  posibilidad  de  promover  el  incidente 
extraordinario de nulidad de actuaciones o de no promoverlo en función de su propia 
voluntad y no afectar esa decisión al agotamiento de la vía judicial antes de acudir a este 
tribunal en demanda de amparo. La resolución de la que discrepo, después de declarar 
que no es necesario interponerlo, incluso en el supuesto de que la queja del demandante 
lo sea exclusivamente por vulneración de la garantía específica del art. 17.4 CE, señala  s
que no será inadmitido por extemporáneo si el actor, antes de interponer el recurso de  oe.
amparo, decide acudir al incidente de nulidad de actuaciones. w.
A mi modo de ver, en el supuesto de infracción del art. 17.4 CE, o hay vulneración  19ww
jauurítdóincoam, sae rdáe  nuenc edsearreiac hoo n fou nlad ainmteernptoasl icoió nno d elal  inhcaiyd,e yn,t ee dne f unnucliidóand  ddee  eascttau avcaiolonreasc.i óEnl 
naurtl.i d2a4d1 .d1e  LaOctPuJa cpioanrtees  dye,  suonloa  dreeg mlao dgoe neexrcael,p lcai odnea l lae si nparodcmeidsiebniltied acdu adnedl oin sceid ecunmtep dlee,   BOE-A-cable e
entre  otros,  el  presupuesto  de  que  la  vulneración  de  los  derechos  fundamentales 
invocada no haya podido denunciarse antes de la resolución que ponga fin al proceso, lo 
que, a mi parecer, sucede en el caso de autos. Si la infracción es causada por la última 
de las actuaciones de los poderes públicos, en este caso la de la resolución judicial, es 
preciso hacerle ver al juez, por medio del incidente de nulidad de actuaciones, que ha 
podido incurrir en vulneración del derecho reconocido en el art. 17.4 CE, para preservar 
de ese modo el carácter subsidiario del recurso de amparo.
Además, a los efectos del agotamiento de la vía judicial previa, el tribunal, hasta 
ahora,  en  ninguna  situación  ha  reconocido  tal  carácter  facultativo  al  recurrente  de 
amparo para promover o no este incidente de nulidad, ni siquiera en los precedentes que 
se citan en la sentencia, por las razones apuntadas anteriormente. De ahí mi respetuosa 
discrepancia.
b)  A partir de las anteriores consideraciones, entiendo que el óbice procesal de falta 
de agotamiento de la vía judicial previa, invocado por el Ministerio Fiscal ante la omisión 
por el recurrente del incidente de nulidad de actuaciones, tendría que haber sido acogido 
y  el  recurso  de  amparo  inadmitido  o,  al  menos,  haber  llegado  a  la  desestimación 
respecto de la queja apoyada en el art. 17.4 CE, por eventual vulneración del derecho al 
control judicial de la detención del recurrente. Como, a mi modo de ver, la fiscal exponía 
con todo acierto, el recurso de amparo ha impugnado únicamente el auto de 9 de 
noviembre de 2019 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Badajoz, que inadmitió a 
trámite  el  procedimiento  de  habeas  corpus  solicitado  por  el  letrado  del  recurrente, 
formalizando su denuncia por vulneración del art. 17.4 CE, al amparo de la vía del art. 44 
LOTC.  En  consecuencia,  el  recurrente  debería  haber  interpuesto  previamente  el 
incidente de nulidad de actuaciones.
Por todo ello, con fundamento en las anteriores consideraciones, emito mi voto 
particular discrepante.
Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.–Antonio Narváez Rodríguez.–
Santiago Martínez-Vares García.–Alfredo Montoya Melgar.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
a la sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 7439-2019
Con el mayor de los respetos manifiesto mi discrepancia respecto de la posición 
mayoritaria que ha dado lugar a la aprobación de la sentencia antes indicada. Por ello, 
en uso de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, formulo el siguiente voto particular.
Mi  disconformidad  se  proyecta  sobre  la  no  apreciación  del  óbice  de  falta  de 
agotamiento de la vía judicial, respecto de la queja de vulneración del art. 17.4 CE por la 
inadmisión de la solicitud de habeas corpus acordada por la autoridad judicial. Esa 
decisión trae causa de la doctrina establecida en el FJ 2 B) de la sentencia respecto de 
la que se formula el presente voto (en adelante, sentencia), de la cual igualmente 
disiento. La citada doctrina es la siguiente:
«Hemos,  pues,  de  reconsiderar  el  planteamiento  de  una  doctrina  estrictamente 
formalista, que distingue, a los efectos del presupuesto de agotamiento de la vía judicial 
previa, según que el órgano judicial haya o no admitido a trámite y sustanciada su 
actuación con la audiencia de la persona privada de libertad, para después llegar a la  e.
misma resolución de inadmisión o de desestimación que enjuicia sobre la adecuación a  w.b
derecho  de  aquella  situación  privativa  de  libertad,  cuando  en  ambos  casos,  lo  19ww
idnevtoecrmabinaa lnat evu lense raqcuieó na dl ej useuz d eler echhaoy aa  lsai dliob eprtuaeds ptae rsdoen aml.anifiesto  una  denuncia  que
actuPaocrio ntoeds op aerallo e, nnteon dpear raegceo tardaaz olan avbíale  juldai cieaxl igperenvciiaa  cudaenl dion claid ednetme anddea  nduel idaamdp adreo 
alegue vulneración del derecho a la libertad personal del art. 17 CE e invoque, tanto la
vulneración del art. 17.4 CE en exclusiva, como la concurrencia de una serie de quejas 
que resulten imputables a autoridades y funcionarios no judiciales, así como al órgano 
judicial encargado del control de la medida limitativa del derecho fundamental, que, 
según se denuncia, no haya llegado a tutelarla.
En definitiva, el Tribunal, matizando su anterior doctrina, declara que no es necesario 
el planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones para el agotamiento de la vía 
judicial, cuando la demanda de amparo alegue vulneración del derecho a la libertad 
personal  mediante  el  procedimiento  de  habeas  corpus.  Igualmente,  este  tribunal 
declara,  que  al  igual  que  en  otras  ocasiones  y  respecto  de  otros  supuestos 
(SSTC  31/2019,  de  28  de  febrero,  FJ  3,  y  112/2019,  de  3  de  octubre,  FJ  3),  la 
interposición de un incidente de nulidad de actuaciones contra la resolución judicial que 
inadmite a trámite un procedimiento de habeas corpus no podrá considerase un recurso 
manifiestamente improcedente y, en consecuencia, su interposición no podrá determinar 
la extemporaneidad del recurso de amparo por alargamiento indebido de la vía judicial».
Según se indica en el fundamento jurídico 2 de la sentencia, la doctrina de este 
tribunal no ha sido uniforme «en relación con la exigencia de promover el incidente 
extraordinario de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ, como requisito para agotar la 
vía judicial previa en los supuestos de recursos de amparo formalizados contra las 
resoluciones recaídas en procedimientos habeas corpus». No obstante, esa afirmación 
debe ser al menos matizada, pues si bien en un primer momento este tribunal no puso 
reparos a la admisión de los recursos de amparo por la falta de interposición del 
incidente de nulidad, sin embargo, ello no obedeció a que expresamente se estimara que 
ese requisito era prescindible, sino a que no hubo pronunciamientos sobre esa temática. 
Y como se vino a decir en el ATC 73/2015, de 21 de abril, FJ 3, el silencio no constituye 
fuente de doctrina constitucional.
Ahora  bien,  cuando  este  tribunal  ha  abordado  expresamente  esa  cuestión,  la 
respuesta dada ha sido invariablemente unívoca, en el sentido de exigir la interposición 
del incidente de nulidad de actuaciones, cuando al órgano judicial se le atribuye la 
vulneración del art. 17.4 CE; si bien, en el ATC 73/2015 ya citado, la falta de agotamiento 
de la vía judicial no solo afectó a la lesión imputada al juzgador, pues alcanzó también a 
la vulneración que se atribuyó a los funcionarios policiales (FJ 3), mientras que en la 
STC 21/2018, de 5 de marzo, el óbice mencionado solo repercutió en la denuncia que 
«ex artículo» 17.4 CE se dirigió contra el proceder de la autoridad judicial, sin afectar a 
las quejas referidas a la actuación policial previa [FJ 2 b)].
La  doctrina  anterior  que,  según  la  sentencia  debe  ser  «matizada»,  se  tilda  de 
«estrictamente formalista», de no ser «coherente con la función de este tribunal, ni 
tampoco con la finalidad del amparo constitucional»; y, en suma, respecto de ella se 
colige que «no parece razonable la exigencia del incidente de nulidad de actuaciones 
para entender agotada la vía judicial previa cuando la demanda de amparo alegue 
vulneración  del  derecho  a  la  libertad  personal  del  art.  17  CE  e  invoque,  tanto  la 
vulneración del art. 17.4 CE en exclusiva, como la concurrencia de una serie de quejas 
que resulten imputables a las autoridades y funcionarios no judiciales».
Tales conclusiones se asocian a la idea de que, por la falta de interposición del 
incidente de nulidad de actuaciones, el Tribunal Constitucional no debe dejar de enjuiciar 
la totalidad de las quejas de un recurso de amparo que resulten encuadrables en el 
art. 17 CE, o bien prescindir de analizar la actuación del órgano judicial encargado de 
efectuar  el  control  de  la  privación  de  libertad  denunciada  como  ilegal.  También  se 
destaca  en  la  sentencia  el  estrecho  vínculo  entre  el  derecho  a  la  libertad  y  el  e.
procedimiento de habeas corpus, lo que justifica que se revise la anterior doctrina  w.b
«acerca  del  carácter  autónomo  de  esta  modalidad  de  tutela»,  en  referencia  a  la  19ww
actuEalc mióna gdisetlr óardgoa nqou eju sduicsicarl ibqeu ee dsteeb evo ctoon ntroo lcaor mlap parritvea claiósn r adzeo lnibeesr tdaadd.as para exonerar
vduel nlear anceiócne sisdea da tdrieb uiynate, rpeoxn earr tíeclu lion ci1d7e.n4t eC dEe  anl uólidrgaadn, oe nju dloicsi asl,u ppuriensctiopsa lmene nqteu ep olar 
denegar la incoación del procedimiento de habeas corpus por razones de fondo. El
carácter autónomo de esta vulneración no parece cuestionable, pues no solo se imputa a 
una persona distinta de aquellas que practicaron la pretendida «privación ilegal de 
libertad», sino que su fundamento se vincula a la decisión judicial que impide el eventual 
reconocimiento de la lesión producida por los terceros y, en su caso, la reparación de la 
misma.  En  suma,  el  órgano  referido  sería  el  autor  de  la  lesión  (art.  44  LOTC), 
precisamente  por  no  haber  accionado  debidamente  el  procedimiento  legalmente 
habilitado para enjuiciar las vulneraciones del derecho a la libertad.
Por otro lado, la estrecha vinculación entre el derecho a la libertad y el procedimiento 
diseñado ad hoc para garantizar su protección no tiene por qué impedir la aplicación del 
régimen general establecido para el correcto agotamiento de la vía judicial, conforme a lo 
dispuesto en el art. 241 LOPJ. No será este magistrado quien reste un ápice a la entidad 
e importancia de un derecho y un valor constitucional tan caro y preciado como es la 
libertad, ni quien deje de reconocer la cualificada función protectora del procedimiento de 
habeas corpus.  Sin embargo, los aspectos que se han puesto de relieve no deben 
conducir a degradar las exigencias impuestas para el debido agotamiento de la vía 
judicial.
Desde una perspectiva dogmática, la inadmisión a trámite de la solicitud de habeas 
corpus no deja de ser una resolución jurisdiccional a la que se atribuye la vulneración de 
un derecho fundamental; y como cualquier decisión de esta naturaleza, debe estar sujeta 
a  la  posibilidad  de  reparación  de  la  lesión  causada  por  el  propio  órgano  judicial, 
conforme a lo dispuesto en el art. 241.1 LOPJ ya indicado, cuando no haya «podido 
denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha 
resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario», sobre todo si se 
tiene en cuenta que, en el presente caso, no concurren las circunstancias que, de 
conformidad con la doctrina establecida en la STC 216/2013, de 19 de diciembre, 
dispensan de la interposición del incidente de nulidad de actuaciones, a fin de agotar la 
vía judicial.
El  hecho  de  considerar  obligatoria  la  formulación  de  ese  remedio  procesal  no 
empece la eficacia del sistema de protección del derecho a la libertad reconocido en el 
art. 17 CE. Según se afirma en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 6/2007, 
de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional, el legislador reconfiguró el incidente de nulidad de actuaciones 
como un instrumento que «otorga a los tribunales ordinarios más posibilidades para 
revisar las violaciones de derechos fundamentales», a fin de lograr que «la tutela y 
defensa  de  los  derechos  fundamentales  por  parte  del  Tribunal  Constitucional  sea 
realmente  subsidiaria  de  una  adecuada  protección  prestada  por  los  órganos  de  la 
jurisdicción ordinaria». Así pues, lejos de ser un factor extravagante a las garantías de 
protección del indicado derecho, esa figura está llamada a cumplir una función capital en 
ese ámbito.
Por otro lado, no debe quedar inadvertido que la interposición de un incidente de 
nulidad  de  actuaciones  en  el  que  se  ponga  de  relieve  la  consolidada  doctrina 
constitucional, que exige que la valoración de las razones de fondo respecto de la 
privación de libertad se lleve a cabo una vez sustanciado el procedimiento regulado en la 
Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, perfectamente puede provocar una rectificación 
del errado criterio judicial precedente, posibilitando así el enjuiciamiento de la legalidad 
de la privación de la libertad; y de considerarse esta ilícita, habilitaría la adopción de las 
medidas reparadoras verdaderamente eficaces que en esa vía judicial aún resulten 
posibles  (art.  8.2  LOHC  ya  citada),  mientras  que,  en  esta  sede  constitucional,  la  s
estimación del recurso de amparo solo conllevaría, en la práctica, el reconocimiento de la  oe.
vulneración del derecho fundamental y la anulación de la resolución judicial impugnada. w.
Y si pese a la explicita invocación de la doctrina constitucional, el órgano judicial  19ww
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del Poder Judicial (LOPJ)]», lo que sin duda facilitaría la admisión a trámite del recurso 
de amparo que ulteriormente se interpusiera.
Por otra parte, aunque la consideración del incidente de nulidad como requisito que 
condiciona  la  admisión  del  recurso  de  amparo  implica,  necesariamente,  que  su 
incumplimiento vede que este tribunal pueda conocer de las lesiones denunciadas, esa 
obvia conclusión también resulta predicable del incumplimiento de cualquier otro de los 
requisitos legales establecidos para la admisión del referido recurso, como por ejemplo la 
falta justificación de la trascendencia constitucional o la insuficiencia de la misma. Por 
tanto,  la  consideración  de  la  sentencia,  relativa  a  que  la  falta  de  interposición  del 
incidente de nulidad dejaría al margen «el análisis de la actuación del órgano judicial 
encargado de efectuar el control de la privación de libertad denunciada como ilegal», 
llevaría también a eximir la cumplimentación de otros requisitos determinantes de la 
admisión del recurso de amparo.
En suma, de conformidad con el criterio sustentado en el fundamento jurídico 2 b) de 
la STC 21/2018, el cual se asume en su integridad, este magistrado considera que, al 
menos, la queja de vulneración del art. 17.4 CE, atribuida al órgano judicial por denegar 
la incoación del procedimiento de habeas corpus, en virtud de auto de 9 de noviembre 
de 2019, incurre en el óbice procesal de no haber agotado la vía judicial precedente, 
debido a la falta de planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones previsto en el 
art. 241.1 LOPJ.
Por todo ello emito mi voto particular.
Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.–Pedro José González-Trevijano 
Sánchez.–Firmado y rubricado.