BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 39 Martes 15 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 19198
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2416 Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por la registradora de la propiedad de Cáceres n.º 2, por la que 
suspende la expedición de una certificación relativa a tres fincas registrales.
En el recurso interpuesto por doña M. T. M. B. contra la nota de calificación extendida 
por la registradora de la Propiedad de Cáceres número 2, doña Ana Isabel Baltar Martín, 
por la que suspende la expedición de una certificación relativa a determinados extremos 
recogidos en el historial de tres fincas registrales.
Hechos
I
Mediante escrito, de fecha 7 de octubre de 2021, doña M. T. M. B. solicitaba que se 
emitiese certificación literal, y respecto a las fincas registrales número 14.443, 16.693 
y 16.969 del Registro de la Propiedad de Cáceres número 2, en consideración a:
«1.º Que el Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles, 
suscrito por la AEAT, datado a 27/5/2009, se anotó por ese Registro de la Propiedad con 
fecha 12/9/2009.
2.º Que  el  Mandamiento  de  Anotación  Preventiva  de  Embargo  de  Inmuebles, 
suscrito por la AEAT, datado a 21/6/2013, se anotó por ese Registro de la Propiedad con 
fecha 9/7/2013;
y estando extinguida la anotación del Mandamiento de Anotación Preventiva de 
Embargo de Inmuebles de 27/5/2009, el 12 de junio de 2013, acorde a lo dispuesto en el 
Art. 234 Ley Hipotecaria, se señale literalmente su extinción.»
II
Presentada la anterior solicitud en el Registro de la Propiedad de Cáceres número 2, 
fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«En contestación a su escrito de fecha siete de octubre de dos mil veintiuno que ha 
tenido entrada el día ocho de octubre de 2021, número 6244/2021, y dado su contenido, 
le copio literalmente lo que ya le expuse:
“La  publicidad  registral  reviste  la  forma  de  nota  simple  o  de  certificación.  Le 
transcribo los pertinentes artículos de la Ley Hipotecaria que regulan la materia.
Artículo 222.
1. Los Registradores pondrán de manifiesto los libros del Registro en la parte 
necesaria a las personas que, a su juicio, tengan interés en consultarlos, sin sacar los  es
libros de la oficina, y con las precauciones convenientes para asegurar su conservación. bo
2. La manifestación, que debe realizar el Registrador, del contenido de los asientos  16ww
mprtreuaagbtniasliimcptriuadiellaaendcsto i ó stnepin nro od itfrneeátlse eirolvumangcaeailda r iddapoeco.i órl non,s  oamtasie sgsmiumoraspn,l edd oei,n  famolr ommdaoits ivmqauo e o t isepemoarp  oec,fe erlcatitf iivcimaa cpliaoó snip,b oimlsidiebadidliid aadndete   dseuel    OE-A-2022-24able en https://
Artículo 223.
Los Registradores expedirán certificaciones:
Primero. De los asientos de todas clases que existan en el Registro, relativos a 
bienes o a personas que los interesados señalen.
Segundo. De asientos determinados que los mismos interesados designen, bien 
fijando concretamente los que sean, o bien refiriéndose a los que existan de una o más 
especies sobre ciertos bienes, o a cargo o en favor de personas señaladas.
Tercero. De no existir asientos de ninguna especie, o de especie determinada, 
sobre ciertos bienes o a nombre de ciertas personas.
Artículo 224.
Las certificaciones expresadas en el artículo anterior podrán referirse, bien a un 
período fijo y señalado, bien a todo el transcurrido desde la primitiva instalación o 
reconstitución, en su caso, del Registro respectivo.
Artículo 225.
La libertad o gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales sólo podrá 
acreditarse en perjuicio de tercero por certificación del Registro.
Artículo 226.
Cuando las certificaciones no fueren conformes con los asientos de su referencia, se 
estará a lo que de éstos resulte, salvo la acción del perjudicado por ellas, para exigir la 
indemnización correspondiente del Registrador que haya cometido la falta.
Artículo 227.
Los Registradores expedirán certificación a instancia de quien, a su juicio, tenga 
interés conocido en averiguar el estado del inmueble o derecho real de que se trate, o en 
virtud de mandamiento judicial.
La instancia deberá hacerse por escrito y podrá presentarse en la oficina del Registro 
o remitirse por vía telemática.
La  certificación  se  expedirá,  a  elección  del  solicitante,  en  papel  o  en  formato 
electrónico, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 228.
Si el registrador se niega a la manifestación de los libros del Registro o a expedir 
certificación de lo que en ellos conste, el interesado podrá recurrir la decisión de éste 
ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, siendo de aplicación lo 
dispuesto en los artículos 327 y 328 de la Ley Hipotecaria en lo relativo a la legitimación 
para  recurrir,  plazo,  lugar  de  presentación  del  recurso,  formación  del  expediente  y 
contenido del informe del registrador, plazo de resolución y revisión jurisdiccional de 
ésta.
Artículo 229.
Las solicitudes de los interesados y los mandamientos de los Jueces, Tribunales o  s
Secretarios judiciales en cuya virtud deban certificar los Registradores, expresarán con  oe.
toda claridad: w.
litera1l. ºo  eLna r eelsapceiócnie. de certificación que con arreglo al artículo 223 se exija, y si ha de ser
para2 .dºa r Lao cso ndoactoesr  ael  Rinedgicisatcraiodnoers l oqsu bei,e nseegs úon p lear seosnpaesc idee  dqeu ed isceh atr acteer.tificación, basten  BOE-A-cable e
3.º El período de tiempo a que la certificación deba contraerse.
Artículo 230.
Las certificaciones se darán de los asientos de los libros de inscripciones.
Cuando al tiempo de expedirlas existiere algún título pendiente de inscripción en el 
Registro, que debiera comprenderse en la certificación pedida, y cuando se trate de 
acreditar la libertad de alguna finca, o la no existencia de algún derecho, el Registrador 
certificará también de los correspondientes asientos del Diario.
Artículo 231.
Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, los Registradores no certificarán de los 
asientos del Diario con sus notas, sino cuando el Juez, el Tribunal o el Secretario judicial 
lo mande o los interesados lo pidan expresamente.
Artículo 232.
Las certificaciones se expedirán literales o en relación, según se mandaren dar o se 
pidieren.
Las  certificaciones  literales  comprenderán  íntegramente  los  asientos  a  que  se 
refieran.
Las certificaciones en relación expresarán todas las circunstancias que los mismos 
asientos contuvieren, necesarias para su validez; las cargas que a la sazón pesen sobre 
el inmueble o derecho inscrito, según la inscripción relacionada, y cualquier otro punto 
que el interesado señale o juzgue importante el Registrador.
Artículo 233.
Los Registradores, previo examen de los libros, extenderán las certificaciones con 
relación únicamente a los bienes, personas y períodos designados en la solicitud o 
mandamiento, sin referir en ella más asientos ni circunstancias que los exigidos, salvo lo 
dispuesto en el párrafo segundo del artículo doscientos treinta y en el doscientos treinta 
y cuatro; pero sin omitir tampoco ninguno que pueda considerarse comprendido en los 
términos de dicho mandamiento o solicitud.
Artículo 234.
Cuando se pidiere o mandare dar certificación de una inscripción o anotación, y la 
que se señalare estuviera extinguida conforme a los artículos setenta y seis y setenta y 
siete, el Registrador insertará a continuación de ella, literalmente o en relación, el asiento 
que haya producido la extinción.
Artículo 235.
Cuando se pida certificación de los gravámenes de un inmueble y no aparezca del 
Registro ninguno vigente, impuesto en la época o por las personas designadas, lo 
expresará así el Registrador.
Si resulta algún gravamen, lo insertará literal o en relación, conforme a lo prevenido 
en el artículo doscientos treinta y dos, expresándose a continuación que no aparece 
ningún otro subsistente.
Artículo 236.
Los Registradores expedirán las certificaciones que se les pidan, en el más breve  bo
término posible, pero sin que éste pueda exceder nunca del correspondiente a cuatro  16ww
díasA prtoícr uclaod 2a3 f7in.ca, cuyas inscripciones, libertad o gravámenes se trate de acreditar.
Transcurrido el término fijado en el artículo anterior, podrá el interesado utilizar el  BOE-A-cable e
recurso que concede el artículo doscientos veintiocho.
Estos preceptos encuentran su desarrollo en los artículos 335 y ss del Reglamento 
Hipotecario, del cual y por ser de su interés transcribo el siguiente:
“Artículo 342 del Reglamento Hipotecario. También podrán expedir los Registradores, 
a petición de los interesados, certificaciones de los documentos que conserven en su 
archivo y respecto de los cuales puedan considerarse como sus archiveros naturales.”
Se  pueden  pedir  certificaciones  de  asientos  caducados,  pero  no  de  extremos 
solicitados por los peticionarios a modo de cuestionario.
Si lo que se solicita es certificación de los asientos de anotación preventiva de 
fecha 2009, 2013 y 2021, ya consta en la certificación solicitada los días dieciséis y 
veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, expedidas con fecha dieciocho de marzo y 
doce de Abril de dos mil veintiuno, respectivamente, que se encuentran pendientes de 
recoger en la oficina.
Si los peticionarios, dado el tiempo transcurrido y las notas al margen de los asientos 
de  presentación  relativos  al  procedimiento  tributario  en  concurso,  de  que  se  tiene 
constancia en el Registro, desean conocer el estado registral de los mismos, deberán 
solicitar una nueva certificación al respecto (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Ana Isabel 
Baltar Martín registrador/a de Registro Propiedad de Cáceres 2 a día quince de octubre 
del dos mil veintiuno.»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña M. T. M. B. interpuso recurso el día 25 de 
octubre de 2021 en base a las siguientes alegaciones:
«1.º (…)
1.1 El Artículo 223 de la vigente Ley Hipotecaria dispone: «Los Registradores 
expedirán certificaciones:
1.º De los asientos de todas clases que existan en el Registro, relativos a bienes o a 
personas que los interesados señalen.
2.º De asientos determinados que los mismos interesados designen, bien fijando 
concretamente  los  que  sean,  o  bien  refiriéndose  a  los  que  existan  de  una  o  más 
especies sobre ciertos bienes, o a cargo o en favor de personas señaladas.
3.º De no existir asientos de ninguna especie, o de especie determinada, sobre 
ciertos bienes o a nombre de ciertas personas.
1.2 El Artículo 234 LH establece: “Cuando se pidiere o mandare dar certificación de 
una inscripción o anotación, y la que se señalare estuviera extinguida conforme a los 
artículos 76 y 77, el Registrador insertará a continuación de ella, literalmente o en 
relación, el asiento que haya producido la extinción”.
Artículo 236 LH declara: “Los Registradores expedirán las certificaciones que se les 
pidan, en el más breve término posible, pero sin que éste pueda exceder nunca del 
correspondiente a cuatro días por cada finca, cuyas inscripciones, libertad o gravámenes 
se trate de acreditar”.
2.º Transcurrido el plazo legal establecido, la Registradora no ha notificado a esta  s
recurrente la certificación requerida por lo cual, es de aplicación lo ordenado en el Art.  oe.
228 de la Ley Hipotecaria: w.
certi“fSicia ecli óRne dgeis tlroa dqoure s ee nn ieelgloas  ac olan smtea,n eifle sintatecrieósna ddeo  lpoosd lribár oresc duerrli rR leag disetrcois ioó na  deex péesdtier 
dainstpeu elas toD ierenc lcoisó na rGtíceunloesra 3l 2d7e  yl o3s2 8R deeg ilsat rLoesy  yH idpeolt eNcaortaiar iaedno l,o  sreielantdivoo  dae l aa lpelgicitaimcióanci ólno 
para  recurrir,  plazo,  lugar  de  presentación  del  recurso,  formación  del  expediente  y
contenido del informe del Registrador, plazo de resolución y revisión jurisdiccional de 
ésta”.
Cumpliéndose los requisitos indicados en los arts. 327 y 328 de la Ley Hipotecaria 
mediante  el  presente  escrito  se  interpone  recurso  ante  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública.»
IV
La registradora de la Propiedad emitió informe confirmando su calificación y formó 
expediente que elevó a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 221 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 332 y siguientes del 
Reglamento Hipotecario; las Sentencias del Tribunal Constitucional de 30 de noviembre 
de 2000 y 31 de enero de 2013; las Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
de 12 de diciembre de 2000 y 31 de enero, 9 de abril y 7 de junio de 2001; las 
Resoluciones-Circulares de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 8 de 
abril de 1983 y 12 de junio de 1985; las Instrucciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 5 de febrero de 1987, 29 de octubre de 1996 y 17 de 
febrero  de  1998;  las  Resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado de 11 de septiembre de 2009, 29 de julio y 3 de diciembre de 2010, 16 de 
septiembre de 2011, 14 de septiembre, 19 y 20 de noviembre y 12 de diciembre de 2012, 
24 de enero, 26 de febrero, 1 de abril, 4 de julio y 20 de septiembre de 2013, 3 de 
febrero, 30 de mayo, 18 de septiembre y 12 de diciembre de 2014, 12 de diciembre 
de 2015, 25 de noviembre de 2016, 17 de mayo y 27 de junio de 2018, 14 de marzo 
de 2019 y 9 de enero de 2020, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública de 7 de abril de 2021.
1. Se trata de dilucidar en este expediente si es ajustada a Derecho la negativa de 
la  registradora  a  expedir  una  certificación  en  relación  con  determinadas  fincas, 
solicitándose que se reflejen en ella determinados extremos. Concretamente, se pide a la 
registradora que certifique:
«1.º Que el Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles, 
suscrito por la AEAT, datado a 27/5/2009, se anotó por ese Registro de la Propiedad con 
fecha 12/9/2009.
2.º Que  el  Mandamiento  de  Anotación  Preventiva  de  Embargo  de  Inmuebles, 
suscrito por la AEAT, datado a 21/6/2013, se anotó por ese Registro de la Propiedad con 
fecha 9/7/2013;
y estando extinguida la anotación del Mandamiento de Anotación Preventiva de 
Embargo de Inmuebles de 27/5/2009, el 12 de junio de 2013, acorde a lo dispuesto en el 
Art. 234 Ley Hipotecaria, se señale literalmente su extinción.»
La registradora entiende que se pueden pedir certificaciones de asientos caducados, 
pero no de extremos solicitados por los peticionarios a modo de cuestionario y añade 
que si lo que se solicita es certificación de los asientos de anotación preventiva de 
fecha 2009, 2013 y 2021, ya consta en certificaciones previamente extendidas que no 
han  sido  retiradas  por  la  interesada.  Y  que  si  los  peticionarios,  dado  el  tiempo  s
transcurrido  y  las  notas  al  margen  de  los  asientos  de  presentación  relativos  al  oe.
procedimiento tributario en concurso, de que se tiene constancia en el Registro, desean  w.
creosnpo2ec.c etroE .esl  ceosntasdtaon rtee glias trdaol cdtrein alo sd em eissmtao sD, irdeecbceiórná nq usoel icsiotasrti eunnea  qnuuee,v ean c eerl tiáfimcabcitióon d eall   2022-2416n https://ww
Registro  de  la  Propiedad,  el  interés  legítimo  ha  de  probarse  a  satisfacción  del
Registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no  Bc
significa que el Registrador pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los 
asientos registrales, sino que queda bajo su responsabilidad la publicidad del contenido 
de los asientos.
Tratándose, como en el supuesto de hecho planteado, de certificaciones que se 
refieren a extremos relativos a asientos no vigentes, el registrador debe extremar su celo 
en la acreditación del interés. Es conveniente recordar en este punto, el criterio restrictivo 
que respecto de la publicidad de los asientos ya cancelados se desprende de nuestra 
legislación hipotecaria. Así resulta de las reglas especiales que a tales asientos se 
dedican, como la relativa a la imposibilidad de acceder a esta clase de asientos a través 
del  medio  más  común  de  publicidad  registral:  la  nota  simple  informativa  (cfr. 
artículo 222.5 de la Ley Hipotecaria); o que la certificación literal sólo comprenderá los 
asientos vigentes, sin incluir los cancelados, salvo solicitud expresa del Juez o Tribunal o 
de  los  interesados  (cfr.  artículos  234  de  la  Ley  Hipotecaria  y  340  del  Reglamento 
Hipotecario).
3. Por otro lado, desde el punto de vista del objeto y extensión de la publicidad, el 
interés expresado no es cualquier interés (pues entonces la prueba la constituiría la mera 
solicitud), sino un interés patrimonial, es decir, que el que solicita la información tiene o 
espera tener una relación patrimonial para la cual el conocimiento que solicita resulta 
relevante. En este sentido, por un lado, el artículo 14 de la Instrucción de este Centro 
Directivo de 29 de octubre de 1996 ya señalaba que la obligación del registrador al 
tratamiento profesional de la publicidad formal excluye la manifestación de los datos 
carentes de transcendencia jurídica. Y, por otro lado, la publicidad formal ha de expresar 
fielmente los datos contenidos en los asientos registrales, pero sin extenderse a más de 
lo que sea necesario para satisfacer el legítimo interés del solicitante.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la certificación sobre asientos concretos o 
extremos de los mismos, se circunscribe única y exclusivamente al contenido solicitado, 
por lo que el hecho de estar cancelada determinadas cargas no implica que la finca esté 
libre de ellas, ya que puede haber otros asientos, tanto de dominio como de cargas, 
extendidos al margen de los concretos datos solicitados que conserven su vigencia.
En este sentido debe recordarse, asimismo, que no puede solicitarse del registrador 
que emita juicios, corrobore opiniones o contradiga la argumentación del solicitante, 
cuestiones todas ellas ajenas a lo que nuestro ordenamiento jurídico determina que 
implica la acción registral de certificar. Como resulta de los artículos 221 y siguientes de 
la  Ley  Hipotecaria  el  objeto  de  la  certificación  consiste  en  poner  de  manifiesto  el 
contenido del Registro en los términos y bajo las condiciones que se establecen en su 
articulado.
4. En  el  supuesto  de  este  expediente,  la  registradora  no  cuestiona  el  interés 
legítimo  de  la  solicitante  sino  la  solicitud  sobre  puntos  concretos  que  reiteran  el 
contenido propio de la certificación, por poder extraerse de éste.
En este sentido el artículo 223 de la Ley Hipotecaria señala que los registradores 
expedirán certificaciones de los asientos de todas clases que existan en el Registro, 
relativos a bienes o a personas que los interesados señalen o de asientos determinados 
que los mismos interesados designen, bien fijando concretamente los que sean, o bien 
refiriéndose a los que existan de una o más especies sobre ciertos bienes, o a cargo o 
en favor de personas señaladas.
Pero ello no impide que se pueda solicitar certificación sobre determinados extremos 
solicitados por los interesados, máxime cuando esa posibilidad se produce también en el 
caso de la solicitud de nota simple. es
Es cierto que del escrito de recurso puede deducirse que lo que solicita la interesada  o
erccneailarlaacndlu,cma ne leislitamenccrtrpeaiióti lodmne e seca  oncl centecerforo ttinofrifimct iceaeeanrn c ia didórlo eena  l radltdocíecesi óul  lnaleco, xo  st2enro3elt el4miacn sdioitdiueseod  nl q atdouy eL e  eqc lyuoso oesnH l  iiachlpoisatosaiyet  eanlcci tmoaopnrsirtio  aaeddd, xeuoinp cssari deeneosrofti eóatlaacnnct ,doi eóosexn  nat id n pcsecroureiión vvnctaeia.ndn suotTioavso,ac d i,ddoó ee pn e e dtslraluoeol      OE-A-2022-2416able en https://www.
concreción, como se ha señalado anteriormente.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la 
nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 12 de enero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.