BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95677
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13465 Pleno.  Auto  113/2020,  de  22  de  septiembre  de  2020.  Cuestión  de 
inconstitucionalidad  4833-2019.  Inadmite  a  trámite  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad 4833-2019, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 
14 de Madrid en relación con el artículo 162.2 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de enjuiciamiento civil.
ECLI:ES:TC:2020:113A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don 
Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón; y la magistrada doña 
María Luisa Balaguer Callejón, en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4833-2019, 
ha dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado en este tribunal el 30 de julio de 2019 el letrado de la 
administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 14 de Madrid remitió testimonio 
del auto de 4 de julio de 2019, recaído en el procedimiento ordinario núm. 56-2019, por 
el que el referido juzgado planteaba cuestión de inconstitucionalidad en relación con el 
art. 162.2 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), en la redacción que otorgó a este 
precepto la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero. 
Junto con el testimonio del citado auto se acompaña también el de las actuaciones 
recaídas en ese procedimiento.
2.  Los hechos de los que trae causa la cuestión de inconstitucionalidad planteada 
son, en síntesis, los siguientes:
a)  El 14 de enero de 2019 se interpuso demanda de reconocimiento de relación 
laboral ante los juzgados de lo social de Madrid.
b)  Por diligencia de ordenación de 16 de enero de 2019 del Juzgado de lo Social 
núm. 14 de Madrid se acordó no admitir a trámite la demanda, al apreciar que incurría en 
el defecto de no haber aclarado si ejercitaba acción de reclamación de cantidad y, en su 
caso, fijar la cantidad reclamada. En esta diligencia de ordenación se advertía a la 
demandante que si en el plazo de cuatro días no subsanaba el defecto indicado se 
acordaría sin más trámites el archivo de las actuaciones.
c)  El 14 de febrero de 2019 el Juzgado de lo Social núm. 14 de Madrid, al constatar 
que había transcurrido en exceso el plazo otorgado por la diligencia de ordenación de 16 
de  enero  de  ese  mismo  año  sin  haber  corregido  los  errores  advertidos  por  esa 
resolución, dictó auto por el que se acordó el archivo de las actuaciones. e.
d)  El 27 de febrero de 2019 compareció la demandante junto con su abogado ante  w.
el letrado de la administración de Justicia. En este acto el abogado de la demandante  465ww
preucsiboi ddoe  lma adniliifgieesntcoi aq udee  noor dlee nfuancicóionn paobra l ae l qbuuez ósne  Llee xandevte yrt íqau dee p olors e dsetefe mctootsiv oe nn olo sh aqbuíea 
incurría  la  demanda  y  se  le  otorgaba  plazo  para  su  subsanación.  En  esa  misma
comparecencia la demandante otorgó poder apud acta al abogado que la defendía para 
que actuara en su nombre y representación y se le notificaron las resoluciones.
e)  El 4 de marzo de 2019 interpuso recurso de reposición contra el auto por el que 
se acordó el archivo de la demanda. En el recurso adujo que no pudo acceder a las 
notificaciones efectuadas a través de Lexnet al no poder acceder al buzón y aportó 
diversos documentos con el fin de acreditar este extremo. Por otra parte, mediante este 
escrito corrigió el defecto en el que incurría la demanda al aclarar que ejercitaba la 
acción de reclamación de cantidad y que la cantidad reclamada era 1875 €. Concluyó su 
escrito solicitando que se dejara sin efecto el auto de 14 de febrero y su demanda fuera 
admitida a trámite.
f)  El Juzgado de lo Social núm. 14 de Madrid, por providencia de 21 de marzo 
de 2019, acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal, sobre la pertinencia de plantear 
cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 162.2 LEC, en la redacción que le 
otorgó la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero. En 
la providencia se transcribe el inciso primero del art. 162.2 LEC. Según se señaló en esta 
resolución el referido precepto legal podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva 
al  dar  por  notificada  la  resolución  por  el  mero  transcurso  de  tres  días  desde  su 
recepción, aunque el destinatario no haya accedido a su contenido. Asimismo, el juzgado 
considera que este precepto podría ser lesivo del art. 40.2 CE, pues, al tener que estar 
pendiente  cada  tres  días  de  estas  notificaciones,  podría  ser  lesivo  del  derecho  al 
descanso y a las vacaciones de los abogados y de los procuradores.
g)  El Ministerio Fiscal efectúo alegaciones oponiéndose al planteamiento de la 
cuestión. Aduce, por una parte, que en este caso no se cumple la exigencia de que la 
cuestión se plantee una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar 
sentencia, como exige el art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), 
pues la demanda interpuesta ha sido archivada por no haber subsanado los defectos en 
los que incurría; y, por otra, que la providencia por la que el juez otorga trámite de 
audiencia a las partes sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad 
no  identifica  debidamente  la  norma  con  rango  de  ley  cuya  constitucionalidad  se 
cuestiona ni los preceptos constitucionales que se consideran infringidos y tampoco 
especifica ni justifica en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la 
norma cuestionada. Por todo ello considera que no se cumplen los requisitos procesales 
para que pueda plantearse la cuestión de inconstitucionalidad.
La parte actora no presentó alegaciones en este trámite.
h)  Por auto de 4 de julio de 2019 el Juzgado de lo Social núm. 14 de Madrid acordó 
plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 162.2 LEC, modificado 
por la Ley 42/2015, de 5 de octubre de 2015, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero.
3.  En el auto de planteamiento, tras hacer una breve referencia a los hechos de los 
que trae causa la presente cuestión inconstitucionalidad, se exponen los razonamientos 
jurídicos  en  los  que  se  fundamenta.  Se  alude,  en  primer  lugar,  a  los  requisitos 
procesales. Se considera que de la constitucionalidad del precepto cuestionado depende 
el fallo, «puesto que si la norma es constitucional no se podrá dictar sentencia dado que 
se ha archivado la demanda y si la norma es inconstitucional se dictaría una sentencia 
con el fallo correspondiente». Se señala que el precepto cuestionado es el art. 162.2 
LEC, modificado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, y transcribe el párrafo primero de este precepto. No obstante, en la parte 
dispositiva del auto, se plantea la cuestión respecto del art. 161.2 LEC, sin limitar su  e.
planteamiento al referido párrafo. También se reproducen los arts. 24.1, 40.2 y 43.1 CE. w.b
Según se afirma en esta resolución judicial, el art. 162.2 LEC, al establecer que la  465ww
innotetirfiecsaacdióon  ndoe shpaliyeag aa cpcleendoidso e afe cstuo s cao nltoesn itdreos,  vduíalnse rdae  ehla bdeerrseec heof eac tulaa dtou,t ealau njquudeic iaell 
eenfe cetli voar dqeune  dgea rlaan jtuizrais deilc acriót.n 2 4s.o1c iCalE n. oS ee ss opsrteiecneep,t ivinav olac ainntdeorv lean ScTióCn  5d/e2 0a1b8o,g qaudeo,,  c«ohmaoy 
que ser muy escrupuloso a la hora de notificar» y por ello el órgano judicial que plantea
la cuestión considera que «si no ha llegado la notificación al letrado se debería notificar 
al trabajador». Se afirma que, de acuerdo con la doctrina que consagra la STC 122/2013, 
que se considera aplicable a este supuesto, «el precepto no puede dejar sin notificar una 
resolución de Lexnet [sic], y tenerla por notificada sin averiguar el domicilio, bien del 
interesado, bien del abogado, para que efectivamente se notifique la resolución». En el 
auto de planteamiento se sostiene que esta conclusión se deduce también de la doctrina 
establecida en la STC 55/2019, de 6 de mayo, en la que expresamente se afirma que los 
medios tecnológicos en ningún caso pueden erigirse en impedimento o valladar para la 
obtención de la tutela judicial. Por ello, entiende que el art. 162.2 LEC, al «dar por 
notificada una resolución no recibida ni notificada al letrado por el mero hecho de 
haberse enviado y no recibido» vulnera el art. 24.1 CE.
Se alega, además, que el precepto cuestionado vulnera el derecho al descanso y a 
las vacaciones que consagra el art. 40.2 CE. El juez que plantea la cuestión entiende 
que la regulación contenida en el precepto cuestionado convierte a los abogados y 
procuradores en «esclavos de Lexnet» al obligarles a estar conectados a su ordenador 
para comprobar si reciben notificaciones de Lexnet. A su juicio, esta obligación es 
contraria al art. 24.1 CE, al art. 38 del Estatuto de los trabajadores y a «los más mínimos 
principios fundamentales de dignidad, derecho a la salud y descanso de las personas».
En tercer lugar, se sostiene que el art. 162.2 LEC vulnera los arts. 35, 40.2 y 43 CE, 
pues, al no respetar el derecho al descanso, no protege el derecho a la salud.
Por  todo  ello  plantea  cuestión  de  inconstitucionalidad  en  relación  con  el  citado 
art. 162.2 LEC.
4.  Por providencia de 17 de diciembre de 2019, la Sección Tercera del Tribunal 
Constitucional acordó oír al fiscal general del Estado para que, en el plazo de diez días, y 
a los efectos que determina el art. 37.1 LOTC, alegase lo que considerase conveniente 
«acerca de la admisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad en relación 
con  el  cumplimiento  de  los  requisitos  procesales  (art.  35.2  LOTC)  y  por  si  fuere 
notoriamente infundada».
5.  La  fiscal  general  del  Estado  evacuó  el  trámite  conferido  mediante  escrito 
registrado  en  este  tribunal  el  10  de  octubre  de  2019.  A  su  juicio,  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad planteada debe ser inadmitida al no cumplir los requisitos procesales 
y ser, además, notoriamente infundada. Sostiene, en primer lugar, que, al no haber dado 
audiencia  a  la  parte  demandada,  no  se  ha  efectuado  debidamente  el  trámite  de 
audiencia previsto en el art. 35.2 LOTC. Se invoca la doctrina establecida, entre otras, en 
el ATC 27/2018 en la que se establece que el órgano judicial ha de otorgar este trámite a 
la parte demandada, aunque no haya comparecido en el proceso. Asimismo, se alega 
que, aunque este trámite sí se otorgó a la parte demandante y al Ministerio Fiscal, en la 
providencia solo se indicaba que la norma ahora cuestionada podía ser contraria a los 
arts. 24.1 y 40.2 CE, pero no se mencionaban las demás infracciones constitucionales 
que se alegan en el auto de planteamiento. Por ello, sostiene que si se entrara a 
examinar la constitucionalidad de la norma cuestionada solo podría analizarse si la 
norma contraviene los preceptos a los que se refería la citada providencia.
En  segundo  lugar,  considera  que  el  juicio  de  relevancia  no  se  ha  efectuado 
debidamente, pues, a pesar de que la parte recurrente expuso en su demanda que no 
pudo cumplir el requerimiento por el que se le otorgaba un plazo para subsanar los 
defectos en los que incurrió al formular la demanda por no haber podido acceder al 
sistema informático por problemas técnicos, el órgano judicial no se pronuncia sobre si  e
estos problemas pueden o no determinar la excepción contenida en el párrafo segundo  bo
del precepto impugnado. Entiende que si se le aplicara la excepción establecida en el  465ww
rinecfeornidsoti tucaipoanrataliddaod  dlae  lan ontoifircmaac iócune setifoencatudaad nao  sneor ías reerlíeav aenftiec apza ray ,e l efanll o.tal  caso,  la
consEtnitu ctieorncaelr  relulagtaivr,a  laa  lofiss caacl togse ndeer aclo mdeuln icEasctiaódno ,p rotrcaess ael,x peonn epra rtliac uljaurr,i slpar uqdueen csiea 
refiere  a  las  comunicaciones  electrónicas,  alega  que  la  cuestión  planteada  es
notoriamente  infundada.  En  su  opinión,  el  precepto  cuestionado  no  es  contrario  al 
derecho a la tutela judicial efectiva, pues, considera que, en contra de lo que se sostiene 
en el auto de planteamiento, la notificación no deviene inexorablemente eficaz a los tres 
días  de  haber  sido  correctamente  enviada,  pues  el  párrafo  segundo  de  la  norma 
cuestionada establece expresamente que la notificación no será eficaz si el destinatario 
justifica la falta de acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo.
Tampoco considera que vulnere el derecho al descanso y a las vacaciones, pues el 
párrafo  tercero  de  la  norma  cuestionada  establece  que  no  se  realizarán  las 
comunicaciones a los profesionales por vía electrónica durante el mes de agosto, salvo 
que sean hábiles para las actuaciones correspondientes. Por ello, considera que la 
norma ha ponderado el derecho a la ausencia de dilaciones indebidas con el derecho al 
descanso  y  a  las  vacaciones.  No  obstante,  se  señala  también  que  estos  últimos 
derechos están previstos, en principio, en las relaciones laborales por cuenta ajena, en la 
que  el  horario  del  trabajador  depende  del  empresario,  no  tanto  para  profesionales 
liberales, empresarios o autónomos. En todo caso, la fiscal general del Estado sostiene 
que la exigencia establecida en el art. 162.2 LEC de la que deriva la obligación de tener 
que abrir las comunicaciones en el plazo de tres días no es desproporcionada, pues este 
plazo permite estar el fin de semana sin consultar el buzón de Lexnet y tampoco impide 
el disfrute de las vacaciones de estos profesionales, pues la norma prevé un mecanismo 
de  sustitución  entre  compañeros  que  permite  su  disfrute  si  se  coordinan  con  otro 
compañero autorizado.
Las consideraciones expuestas llevan a la fiscal general del Estado a entender que la 
norma cuestionada no vulnera la Constitución y por ello interesa que el tribunal inadmita 
mediante  auto  la  presente  cuestión  de  inconstitucionalidad  por  ser  notoriamente 
infundada.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto de la cuestión de inconstitucionalidad.
La presente cuestión de inconstitucionalidad se plantea por el Juzgado de lo Social 
núm. 14 de Madrid en relación con el art. 162.2 LEC, modificado por la Ley 42/2015, de 5 
de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero.
El precepto cuestionado dice:
«Artículo 162.  Actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y 
similares.
[…]
2.  En cualquiera de los supuestos a los que se refiere este artículo, cuando 
constando  la  correcta  remisión  del  acto  de  comunicación  por  dichos  medios 
técnicos,  salvo  los  practicados  a  través  de  los  servicios  de  notificaciones 
organizados por los colegios de procuradores, transcurrieran tres días sin que el 
destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido 
efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos.
Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta 
de acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso 
se debiera a causas técnicas y estas persistiesen en el momento de ponerlas en 
conocimiento, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de  e.
la resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida  w.b
en el momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema. No obstante,  465ww
ccaosmou ndiec apcrioódnu cimrseed eial natcec eseon ttrreagnas,c ursreid o ednictehnod pelraáz o vpáelridoa amnetenste d e reeafelicztaudaad a llaa 
comunicación en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepción.
No  se  practicarán  actos  de  comunicación  a  los  profesionales  por  vía 
electrónica durante los días del mes de agosto, salvo que sean hábiles para las 
actuaciones que corresponda.»
El  órgano  judicial  que  plantea  la  cuestión  considera  que  el  art.  162.2  LEC,  al 
establecer  que  la  notificación  despliega  plenos  efectos  a  los  tres  días,  aunque  el 
interesado no haya accedido a su contenido, vulnera el derecho a la tutela judicial 
efectiva que garantiza el art. 24.1 CE y el derecho al descanso y a las vacaciones que 
consagra el art. 40.2 CE. Alega, además, que, al no respetar el derecho al descanso, no 
protege el derecho a la salud, lo que, a su juicio, conlleva la infracción de los arts. 35 
y 43 CE.
La fiscal general del Estado, en el trámite previsto en el art. 37.1 LOTC, interesa la 
inadmisión de la presente cuestión de inconstitucionalidad, alegando que no cumple los 
requisitos procesales exigidos por el art. 35 LOTC (no se ha efectuado debidamente el 
trámite  de  audiencia  ni  se  ha  realizado  correctamente  el  juicio  de  aplicabilidad  y 
relevancia) y que, además, es notoriamente infundada.
2.  Examen del trámite de audiencia a las partes (art. 35.2 LOTC).
El art. 37.1 LOTC permite al tribunal rechazar a limine, es decir, sin abrir un trámite 
contradictorio, las cuestiones de inconstitucionalidad mediante auto y sin otra audiencia 
que la de la fiscal general del Estado cuando faltaren las condiciones procesales o fuere 
notoriamente infundada la cuestión suscitada.
La fiscal general del Estado alega en primer lugar, que no se ha llevado a cabo 
debidamente  el  trámite  de  audiencia  porque  no  se  ha  dado  audiencia  a  la  parte 
demandada y porque, además, en la providencia por la que se otorgó este trámite a la 
parte demandante y al Ministerio Fiscal solo se indicó que la norma cuestionada podía 
ser contraria al art. 24.1 CE y 40.2 CE, mientras que en el auto de planteamiento se 
sostiene que esta norma puede ser también lesiva del art. 35 CE y 43 CE.
El tribunal observa que el órgano judicial que plantea la cuestión otorgó este trámite 
a  la  parte  demandante  y  al  Ministerio  Fiscal,  pero  no  a  la  parte  demandada.  La 
peculiaridad  que  presenta  este  caso  es  que,  al  plantearse  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad en el momento inmediatamente anterior a que el órgano judicial 
resolviera el recurso de reposición contra el auto por el que acordó el archivo de la 
demanda,  la  parte  demandada  todavía  no  había  sido  llamada  al  proceso.  Esta 
circunstancia no dispensa al órgano judicial de dar audiencia a la parte que todavía no 
ha comparecido. De acuerdo con la doctrina del tribunal, el hecho de que una de las 
partes no haya comparecido en el proceso no exime al órgano judicial de otorgarle 
trámite de audiencia antes de plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Según se 
declara en el ATC 27/2018, de 20 de marzo, FJ 3, el hecho de que la parte demandada 
«no estuviera personada en  el  procedimiento  no exonera, al órgano judicial, de la 
obligación de conferir dicho traslado a una de las partes procesales de la que ya se tenía 
constancia de su identidad y domicilio; más aún si se tiene en cuenta que la parte 
demandada no había declinado comparecer en el procedimiento, pues todavía no había 
sido emplazada para tal menester». Es jurisprudencia constitucional que el trámite de 
audiencia «constituye así el momento inicial del procedimiento dado que lo que se ventila 
no es sino la posibilidad de alegar lo que al derecho de las partes convenga sobre la 
pertinencia de plantear la cuestión. De este modo lo determinante es que las partes, 
comparecidas ante la sala o no, tengan la opción de ser oídas y expresar su parecer  s
sobre  una  decisión  de  tanta  entidad  como  el  planteamiento  de  una  cuestión  de  oe.
idppniarccoroiateen mgshibtaditrcouee c,pr isooFenrJ  al oal1ií dr,n  aueyden  s2 pte2rual0 e /iLn2sec0 yi1dn 2eOo,n  rtgddeáee n pbi2rece7a v  oiedolnev  q irdnueaoelarv scsieeieó m nqc bucoroeenn ,s  iedlFaxeJsir s ap4t’ea’;»  r yt‘e(‘ uAsSn ATd TeCiCn  u t1en80r 7ép75sr//o2 1c09jeu18sr85íod,,   iocddareedm  in45ea  nrddtioeee     2020-13465n https://www.
octubre, FJ 2, entre otras muchas resoluciones).
Por ello, el juzgado, al no otorgar trámite de audiencia a la parte demandada, no 
evacuó  debidamente  este  trámite,  por  lo  que  no  puede  considerase  cumplida  la 
exigencia procesal que establece el art. 35.2 LOTC.
El tribunal aprecia otro defecto en el trámite de audiencia. En la providencia por la 
que se otorgó este trámite se consideró que el precepto ahora cuestionado, el art. 162.2 
LEC, podía ser contrario al derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el art. 24.1 
CE y al derecho al descanso y a las vacaciones (art. 40.2 CE). Pero en el auto de 
planteamiento se alega, además, que podría infringir el derecho al trabajo (art. 35 CE) y 
el derecho a la salud (art. 43 CE). Respecto de estas últimas vulneraciones no puede 
considerarse debidamente cumplido el trámite de audiencia, pues en la providencia por 
la  que  se  otorgó  este  trámite  no  se  alude  a  estos  posibles  motivos  de 
inconstitucionalidad de la norma, ni de la argumentación de esta resolución puede 
deducirse que se imputen a la norma cuestionada estas infracciones constitucionales. 
Tampoco estas posibles vulneraciones han sido invocadas por las partes o el fiscal en el 
trámite  de  alegaciones  –supuesto  en  que  la  doctrina  del  tribunal  ha  considerado 
justificada la inclusión en el auto de planteamiento de motivos de inconstitucionalidad 
que no habían sido incluidos en la providencia por la que se dio trámite de audiencia a 
las partes y al Ministerio Fiscal (SSTC 67/1985, de 24 de mayo, FJ 1, y 84/1993, de 8 de 
marzo, FJ 1; y ATC 875/1985, de 5 de diciembre, FJ 1)–.
En consecuencia, en relación con estos motivos tampoco se cumple el requisito 
establecido en el art. 35.2 LOTC.
3.  Examen del juicio de aplicabilidad y relevancia.
En el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, según aprecia el tribunal, 
tampoco se ha realizado debidamente el juicio de aplicabilidad y relevancia, por lo que 
también por este motivo debe ser inadmitida. De acuerdo con lo establecido en el 
art. 163 CE y en art. 35.1 LOTC, para que un órgano judicial pueda plantear una cuestión 
de  inconstitucionalidad  es  preciso  que  la  norma  con  rango  de  ley  de  cuya 
constitucionalidad duda resulte «aplicable al caso» y sea la norma «de cuya validez 
dependa el fallo». El órgano judicial que plantee una cuestión de inconstitucionalidad 
«deberá especificar o justificar» en el auto de planteamiento «en qué medida la decisión 
del proceso depende de la validez de la norma en cuestión» (art. 35.2 LOTC). Esto es, 
deberá llevar a cabo el llamado juicio de aplicabilidad y de relevancia poniendo de 
manifiesto  que  la  norma  es  aplicable  al  caso,  y  además  exponer  «el  esquema 
argumental dirigido a probar que el fallo del proceso judicial depende de la validez de la 
norma cuestionada» (entre otras muchas, SSTC 196/2019, de 19 de septiembre, FJ 3, 
y 96/2020, de 21 de julio, FJ 2).
Como ha declarado reiteradamente el tribunal, la formulación de este juicio es un 
requisito  procesal  esencial,  pues  mediante  él  se  garantiza  que  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad  cumpla  su  función  de  control  concreto  o  incidental  de  la 
constitucionalidad de las leyes y se evita que este proceso constitucional pueda quedar 
desvirtuado por un uso no acomodado a su naturaleza y a su finalidad, lo que sucedería 
si se utilizase para obtener pronunciamientos innecesarios o indiferentes para la decisión 
del proceso en el que se suscita (en este sentido, entre otras muchas, SSTC 42/2013, 
de 14 de febrero, FJ 2; 156/2014, de 25 de septiembre, FJ 2; 77/2018, de 5 de julio, FJ 2, 
y 64/2019, de 9 de mayo, FJ 3).
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional (entre otros muchos, ATC 65/2017, 
de 25 de abril, FJ 2), el control que puede ejercer el tribunal sobre esta exigencia es  e
meramente externo, pues son los jueces y tribunales que plantean la cuestión los que,  bo
en el ejercicio de la función que constitucionalmente les corresponde, han de determinar  465ww
lrae cntioficrmara s ua pclircitaebriloe  saal lvcoa seon  l(oasrt .s u1p1u7e.3s toCsE e).n  Pqoure ,e dlleo ,m eal nterirbau nnoatl onrioa , psuine dnee cseussidtiatudi rd eo 
qeuxaem lian aar rgeul mfoenndtoa cdióenb ajtuiddoic iya le ne na preliclaacciióónn  cdoen p rdinicchipoi ojsu icjuiorí ddiceo sr ebleávsaicnocsia,  scea raedcveie rdtae 
consistencia (SSTC 90/2018, de 6 de septiembre, FJ 2).
4.  El órgano judicial que formula la cuestión considera que el art. 162.2 LEC es 
aplicable al caso y determinante del fallo porque la constitucionalidad de este precepto le 
llevaría  a  confirmar  el  auto  por  el  que  acordó  el  archivo  de  la  demanda  y  su 
inconstitucionalidad, a revocar esta resolución y a admitir aquella a trámite.
El  precepto  cuestionado  contiene  tres  previsiones:  en  el  párrafo  primero  se 
establece,  con  carácter  general,  que  las  comunicaciones  electrónicas  que  no  se 
practiquen a través de los servicios de notificación organizados por los colegios de 
procuradores, si el destinatario no accede a su contenido, tendrán plena eficacia a los 
tres días; en el segundo párrafo, se excepcionan de esta regla los casos en los que el 
destinatario justifique la falta de acceso al sistema de notificaciones en ese periodo; y en 
el tercero se dispone que durante el mes de agosto no se practicarán estos actos de 
comunicación a los profesionales «salvo que sean hábiles para las actuaciones que 
corresponda».
a)  La aplicación de la regla general que establece el primer párrafo del art. 162.2 
LEC impone, como razona el juzgado en el auto de planteamiento, el archivo de la 
demanda, pues conlleva el transcurso del plazo que se otorgó a la parte demandante 
para corregir los defectos en los que incurría su escrito de demanda. Su aplicación 
conllevaría que el juzgado tuviera que desestimar el recurso de reposición interpuesto 
contra su decisión de archivar la demanda. En consecuencia, se aprecia que el juzgado 
ha justificado que el párrafo primero del precepto cuestionado es aplicable al caso.
Se aprecia también que el juicio de aplicabilidad efectuado comprende el párrafo 
segundo de este precepto. Este párrafo, al establecer la excepción a la regla general que 
prevé el párrafo primero, forma parte del mismo enunciado normativo, por lo que, una 
vez  justificado  que  es  aplicable  la  regla  general,  ha  de  entenderse  cumplida  esta 
exigencia  también  respecto  de  su  excepción.  De  otro  modo,  el  juicio  de 
constitucionalidad se proyectaría sobre una norma incompleta. Como declara, entre 
otras,  la  STC  161/1997,  de  2  de  octubre,  FJ  2,  «aunque  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad deba plantearse ineludiblemente con ocasión de la aplicación de un 
precepto legal concreto a un caso determinado, el objeto de control es el precepto 
considerado en abstracto». Cuando, como ocurre en el presente caso, la norma se 
articula definiendo primero una regla general y estableciendo después la excepción, el 
juicio de aplicabilidad formulado sobre la regla general se proyecta sobre el conjunto de 
la  norma,  pues  el  contenido  de  esta  se  integra  por  la  regla  general  y  por  sus 
excepciones.
Por el contrario, respecto del párrafo tercero del precepto cuestionado no puede 
considerarse debidamente efectuado el juicio de aplicabilidad. Este párrafo, aunque 
forma parte del mismo apartado, contiene una norma con sustantividad propia, pues 
regula un supuesto distinto de aquel al que se refieren los párrafos primero y segundo. 
En efecto, el párrafo tercero, que regula la práctica de las comunicaciones electrónicas 
en el mes de agosto, no guarda conexión directa con lo regulado en los dos primeros 
párrafos ni es consecuencia de lo que en ellos se establece. Para poder ser cuestionado 
ante el tribunal, el órgano judicial hubiera debido argumentar específicamente que esta 
norma resulta aplicable al caso y que la decisión del proceso depende de su validez 
(art. 35.2 LOTC), cosa que no ha hecho.
Resulta,  por  tanto,  que  el  juicio  de  aplicabilidad  ha  de  considerarse  cumplido 
únicamente respecto de los párrafos primero y segundo del art. 162.2 LEC; no respecto 
de su párrafo tercero.
b)  La aplicabilidad de la norma es, como reiteradamente ha declarado el tribunal,  e.
condición necesaria para que de su validez dependa el fallo o la resolución que haya de  w.b
adoptarse, pero no es condición suficiente (en este sentido SSTC 17/1981, de 1 de junio,  465ww
jFuJd ic4i,a lye s1 5ju6s/t2if0iq1u4e, nd ee n2 q5u dée m seedpidtiae mlab rdee,c FisJió n2 )d. eEl sp rporceecsisoo d, eapdeenmdáes d, eq ulae  vlaolsid eózrg daen olas 
normEas tcau eexsitgioennacdiaa .no puede entenderse cumplida en el presente caso. Como pone de
manifiesto la fiscal general del Estado, para cumplir debidamente este requisito el órgano
judicial hubiera debido explicar que, en contra de lo que sostiene la parte demandante en 
el proceso a quo seguido ante el juzgado, no concurre la excepción prevista en el párrafo 
segundo de este precepto, en el que se ordena la ineficacia de la notificación si el 
destinatario justifica la falta de acceso al sistema en ese periodo. La parte demandante 
recurrió en reposición la decisión de archivo de la demanda acordada por el juzgado 
aduciendo que hubo un fallo en el funcionamiento del buzón de Lexnet que le impidió 
acceder al contenido de la notificación efectuada. Esta circunstancia, a tenor de lo 
dispuesto en el párrafo segundo del art. 162.2 LEC, podría determinar que la validez de 
la norma cuestionada no fuera determinante de la decisión judicial, pues si el órgano 
judicial considerara que el demandante ha justificado que la falta de acceso al sistema 
de notificaciones durante ese periodo es debido a un fallo técnico, la comunicación 
efectuada no sería eficaz. En este caso la aplicación de la norma cuestionada no sería 
determinante de la resolución que ha de dictar el órgano judicial, pues esta decisión no 
sufriría variación alguna si el tribunal declarase inconstitucional la norma cuestionada: en 
ambos supuestos procedería estimar el recurso de reposición y revocar la decisión de 
archivo por el motivo apreciado.
Para efectuar correctamente el juicio de relevancia, el órgano judicial hubiera debido 
exponer en el auto de planteamiento las razones que le llevan a considerar, aunque sea 
de forma provisional, que no concurren las razones aducidas por el demandante en el 
proceso a quo para considerar ineficaz la notificación practicada, pues solo en este caso 
quedaría de manifiesto la existencia de una verdadera «dependencia o un nexo de 
subordinación» entre la resolución que tiene que adoptar y la validez de la norma 
cuestionada  y  se  cumplirían,  por  tanto,  los  requisitos  que  exige  la  jurisprudencia 
constitucional para considerar debidamente formulado el juicio de relevancia (entre otras 
muchas, STC 151/2017, de 21 de diciembre, FJ 2).
El tribunal reitera que únicamente de este modo se garantiza la naturaleza incidental 
de este proceso constitucional, evitando que se convierta en un juicio abstracto de 
constitucionalidad desligado de las circunstancias del caso concreto y que se produzca 
por esta vía una ampliación de la legitimación para interponer recurso abstracto o directo 
de  inconstitucionalidad  establecida  en  la  Constitución  [artículo  162.1  a)]  y  en  el 
artículo 32.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (AATC 113/2017, de 18 de 
julio, FJ 3; 63/2019, de 18 de junio, FJ 3, y 117/2019, de 15 de octubre, FJ 3, entre otros 
muchos).
5.  La cuestión planteada es notoriamente infundada.
La cuestión planteada es, además, notoriamente infundada, pues ya en esta fase 
preliminar puede descartarse que concurran las infracciones constitucionales en las que 
se fundamenta.
a)  No puede apreciarse que el precepto cuestionado, al otorgar plenos efectos a la 
notificación a los tres días de su recepción a pesar de que el destinatario no haya 
accedido a su contenido vulnere el art. 24.1 CE. En efecto, para que la notificación 
produzca plenos efectos es preciso (i) que los destinatarios de la comunicación estén 
obligados a la utilización de medios electrónicos, telemáticos o similares o que opten por 
la utilización de este tipo de medios (art. 162.1 LEC); (ii) que conste la correcta remisión 
del acto de comunicación –párrafo primero del art. 162.2 LEC– y (iii) que el destinatario 
pueda acceder al sistema de notificaciones, pues si por causas técnicas no fuera posible 
acceder  al  contenido  de  la  notificación  el  acto  de  comunicación  debe  practicarse  s
mediante entrega de copia de la resolución –párrafo segundo del art. 162.2 LEC–. oe.
nidnoetetl ifrSdivceii anscciteiionónnantcet auesrr niro eee.nn lE   plel alalt srzi pborru eodnfceeae rl stidrhoeaa ss a d dcecítacuirlsaca urrd anecdsbootaen n r cecloaiitane ssrd aieddlabea irdmafaares ltneadt  eiilmid gqeepu nueact aci«abcc,le eoss roarine   slaapql  ofuacnelodt anep t dueaeen  dliaddasoil i  gpadealeenrg tcealiaasr     2020-13465n https://www.
indefensión quien se coloca a sí mismo en tal situación o quien no hubiera quedado
indefenso de haber actuado con la diligencia razonablemente exigible» (entre otras
muchas, STC 208/2009, de 26 de noviembre, FJ 4). El plazo de tres días que establece 
el art. 162.2 LEC para que la notificación efectuada tenga plenos efectos otorga al 
destinatario de la comunicación un margen de tiempo suficiente para que pueda acceder 
al contenido del acto que se comunica, por lo que, si pudiendo acceder en ese plazo al 
sistema de notificaciones, no lo hace, las consecuencias que puedan derivarse solo 
pueden ser imputables a su falta de diligencia.
La regulación que establece el precepto impugnado no vulnera, por tanto, el derecho 
que consagra el art. 24.1 CE, pues concilia el derecho a la tutela judicial efectiva del 
destinatario del acto de comunicación –la notificación no es eficaz si no puede acceder a 
su  contenido  por  una  incorrecta  remisión  o  por  una  deficiencia  del  sistema  de 
notificaciones– con el buen funcionamiento de la administración de Justicia, que exige 
que las resoluciones judiciales sean eficaces tan pronto como su destinatario tiene la 
posibilidad de conocer su contenido.
b)  El órgano judicial sostiene también que el art. 162.2 LEC vulnera el art. 24.1 CE 
por no establecer la obligación de notificar al trabajador en el caso de que conste en el 
sistema de notificaciones la no recepción de la notificación por su abogado.
Este precepto no tiene más alcance que el de establecer el momento en el que la 
notificación es eficaz si su destinatario, pudiendo acceder al sistema de notificaciones, 
no accede a su contenido. Para enjuiciar su posible inconstitucionalidad es irrelevante 
que el destinatario de la comunicación sea el interesado o, como sucede en el caso del 
que  trae  causa  la  presente  cuestión,  su  abogado,  que  actúa  en  su  nombre  y 
representación. La indefensión que pueda deparar al trabajador que su abogado no abra 
la notificación electrónica no será imputable al sistema de notificación sino, como se ha 
indicado, a la falta de diligencia de este. Por esta razón tampoco desde esta perspectiva 
puede considerarse que el art. 162.2 LEC vulnere el art. 24.1 CE.
6.  El órgano judicial que ha planteado la cuestión considera, además, que este 
precepto, al obligar a los abogados y procuradores a estar pendientes cada tres días de 
las notificaciones que puedan recibir, vulnera su derecho al descanso y las vacaciones 
(art. 40.2 CE) y los convierte en «esclavos de internet».
El tribunal no aprecia que el art. 162.2 LEC, al otorgar plena eficacia a la notificación 
si en el plazo de tres días su destinatario no ha accedido a su contenido, lesione del 
derecho al descanso (art. 40.2 CE) de estos trabajadores. El precepto permite que estos 
profesionales puedan estar tres días sin acceder al sistema de notificaciones, por lo que, 
en contra de lo que se sostiene en el auto de planteamiento, no tienen que estar 
permanentemente conectados a internet, pues es suficiente con que accedan cada tres 
días al sistema de notificaciones y comprueben si en este tiempo se les ha comunicado 
un nuevo acto procesal. Tienen, por tanto, un margen de tiempo en el que pueden 
ejercer  su  derecho  al  descanso,  sin  que  el  ejercicio  de  este  derecho  afecte  al 
cumplimiento de sus obligaciones profesionales.
La STC 6/2019, de 17 de enero, FJ 6, ha establecido que la obligación que tienen 
estos trabajadores de recibir los actos profesionales dirigidos a sus clientes no es 
desproporcionada,  «sino  la  consecuencia  natural  del  ejercicio  de  una  actividad 
profesional continuada, esto es, el estado normal esperable». Según se afirma en la 
citada sentencia, «se puede esperar que el profesional acceda a su buzón diariamente o 
casi a diario, no otra cosa».
Por lo que se refiere a las vacaciones, el apartado tercero del art. 162.2 LEC 
establece que durante los días del mes agosto no se practicarán actos de comunicación 
por vía electrónica a los profesionales de la justicia salvo que sean hábiles para las  e.
actuaciones que correspondan. De este modo, durante este mes –que como regla  w.b
general es inhábil a efectos procesales (art. 130 LEC)– no se realizará este tipo de  465ww
pnaortiafi craecailoiznaers d seatelvrom ienna dlooss  saucptouse sptroosc eesxacleepsc. ioCnoanl eess tean  ploresv iqsuióen e lsat olesy d fíaacsi listae aqnu eh áebsitloess 
psarolvfeos ioneaxlceesp pcuioendeesn,  tomnaor  vatceancgioanne s eqnu ee l measte dned earg ostoob ylig qauceio, ndeusr antep reosfetes itoienmalpeos,. 
Independientemente de ello, como razón auxiliar, cabe observar que, como declara la
STC 6/2019, FJ 6, la normativa que regula el sistema de notificaciones electrónicas 
flexibiliza la utilización del buzón de Lexnet, previendo un mecanismo de sustituciones 
entre compañeros que permite que el titular de un buzón pueda vincular a otros usuarios 
«como autorizados para que en su nombre puedan realizar con plenitud de efectos 
jurídicos los envíos de documentación o recepción de actos de comunicación desde ese 
buzón» (art. 19.2 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre)».
Pueden imponerse límites al disfrute efectivo de las vacaciones si tales límites traen 
causa de las necesidades de organización de cualquier actividad laboral o aparecen 
impuestos por la necesaria protección de un interés constitucionalmente legítimo, y son 
respetuosos con el principio de proporcionalidad (STC 324/2006, de 29 de noviembre, 
FJ  5).  El  buen  funcionamiento  de  la  administración  de  Justicia  y  la  necesidad  de 
garantizar la tutela judicial efectiva de quienes son parte en un proceso justifica que 
dentro de las obligaciones profesionales de los que actúan en este ámbito se encuentre 
la de recibir los actos de comunicación procesal de sus clientes (en este sentido, 
STC 9/2019, FJ 6) y que esta obligación persista incluso si estos profesionales se 
encuentran de vacaciones.
El tribunal concluye que no puede apreciarse que el precepto cuestionado vulnere los 
principios que pueden inferirse del art. 40.2 CE por ser contrario al derecho al descanso 
y a las vacaciones. Una vez rechazado que esta norma infrinja el derecho al descanso 
de los trabajadores, el motivo por el que se aduce la vulneración del derecho al trabajo 
(art. 35 CE) y del derecho a la salud (art 43 CE) debe también ser desechado, pues el 
único argumento en el que el órgano judicial fundamenta la vulneración de los referidos 
derechos es el ya examinado de que esta norma no respeta el derecho al descanso 
(art. 40.2 CE).
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
Inadmitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, a veintidós de septiembre de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo 
Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–
Firmado y rubricado.