BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95329
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13431 Sala Primera. Sentencia 102/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 2037-2018. Promovido por doña María José Majano Caño y doña 
Virginia  Sanguino  Ramírez  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  la 
Audiencia  Provincial  de  Toledo  en  una  pieza  de  tasación  de  costas. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  (acceso  al  recurso): 
inadmisión carente de motivación de un incidente de nulidad de actuaciones 
en  el  que  se  interesaba  el  planteamiento  de  una  cuestión  de 
inconstitucionalidad (STC 142/2015).
ECLI:ES:TC:2020:102
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2037-2018, promovido por doña María José Majano 
Caño  y  doña  Virginia  Sanguino  Ramírez,  representadas  por  la  procuradora  de  los 
tribunales  doña  María  Angustias  Garnica  Montoro  y  asistidas  por  la  propia  señora 
Majano Caño, en su condición de abogada, frente al auto de la Sección Primera de la 
Audiencia Provincial de Toledo de 17 de enero de 2018, desestimatoria del recurso de 
revisión interpuesto contra el decreto del letrado de la administración de justicia de 24 de 
octubre de 2017, en la pieza de tasación de costas núm. 10-2017, así como contra la 
providencia  de  28  de  febrero  de  2018,  que  inadmitió  el  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones promovido contra dicho auto. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en este tribunal el día 16 de abril de 2018, la 
procuradora de los tribunales doña María Angustias Garnica Montoro, en nombre y 
representación de doña María José Majano Caño y de doña Virginia Sanguino Ramírez, 
interpuso  recurso  de  amparo  contra  las  resoluciones  judiciales  mencionadas  en  el 
encabezamiento.
2.  Los hechos en los que tiene su origen el presente recurso, y relevantes para su 
resolución, son, en síntesis, los siguientes: es
A)  La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo dictó sentencia con  w.
fecha  14  de  octubre  de  2016  (aclarada  por  auto  de  3  de  noviembre  de  2016),  431ww
Pderismeesrtaim Iannsdtaon ceila  ree cInusrstrou cdceió na pneúlamc.i ó5n d ien tTeorpleudeos tdoe  c2o3n dtrea  dlaic iseemnbteren cdiae  2d0e1l 5J urezcgaaíddoa  deen 
el juicio de modificación de medidas núm. 797-2012, figurando como parte apelada doña
Virginia  Sanguino  Ramírez.  La  sentencia  acordó  imponer  las  costas  procesales 
causadas en el recurso a la parte apelante.
B)  La representación de doña Virginia Sanguino Ramírez presentó escrito fechado 
el  24  de  noviembre  de  2016  interesando  de  la  Sección  Primera  de  la  Audiencia 
Provincial de Toledo que se practicara la tasación de costas, a cuyo efecto acompañaba 
la minuta de la letrada doña María José Majano Caño, por importe de 1.288,72 €, y la 
cuenta de derechos y adelantos de la procuradora doña María José Lozano Martín-Mora, 
por importe de 131,53 €. A la vista de dicho escrito, el letrado de la administración de 
justicia aprobó la tasación de costas, incluyendo la minuta de honorarios de la letrada y 
la cuenta de derechos de la procuradora, con un montante total de 1.420,25 €. De dicha 
tasación se dio traslado a las partes con esa misma fecha.
C)  La  parte  condenada  al  pago  presentó  escrito  el  17  de  febrero  de  2017 
impugnando la tasación de costas. En concreto, impugnaba la minuta de honorarios de 
la letrada por dos razones: En primer lugar, por resultar excesiva, al entender que no se 
ajustaba al criterio cincuenta y uno, referido al recurso de apelación, en relación con los 
criterios sesenta y ocho y setenta y dos, relativos al procedimiento de primera instancia, 
que tenía por objeto la modificación de medidas, todos ellos establecidos en los criterios 
orientadores de honorarios del año 2006 del Consejo General de la Abogacía de Castilla-
La Mancha. A su juicio, los honorarios deberían ascender a 363 €, IVA (impuesto sobre 
el valor añadido) incluido. En segundo lugar, y con carácter subsidiario, consideraba 
existente un error aritmético en la minuta en el cálculo del importe del 21 por 100 de IVA 
y en la suma del importe de los honorarios y el importe erróneo del IVA.
D)  Por diligencia de ordenación de 21 de febrero de 2017 se acordó dar traslado de 
dicha impugnación a la letrada doña María José Majano Caño para ser oída sobre la 
reducción que se le reclamaba. La referida letrada presentó escrito de alegaciones 
fechado el 2 de marzo de 2017, en el que negó que la minuta fuera excesiva, señalando 
el hito que supuso la Ley 25/2009, que impide a los colegios profesionales establecer 
ningún tipo de honorarios orientadores, pudiendo servir como una simple referencia y 
como garantía para el justiciable frente a situaciones de posible abuso. Pero esas 
normas no pueden aplicarse automáticamente, sino que hay que tener en cuenta las 
circunstancias del caso y no despreciar el trabajo realizado por el profesional. Señala 
que, a pesar de someterse a los criterios expuestos en una arcaica baremación realizada 
en 2006, la estricta aplicación de los baremos resulta injusta, impidiendo percibir por la 
segunda instancia ni una mínima parte del trabajo realizado. De hecho, el propio baremo 
contempla que la cuantía de la minuta debe modularse en torno a la cuantía del recurso 
de  apelación,  que  podía  calcularse  en  función  de  las  pensiones  que  el  apelante 
pretendía reducir. Con la interpretación realizada de los criterios orientadores no se 
produce ningún abuso en la cuantía fijada en la minuta en función del trabajo realizado, 
cuyo valor no puede cifrarse en un módulo ridículo, que haría que el letrado estuviera 
realizando prácticamente gratis los trámites de la segunda instancia. Por ello es preciso 
atender a los legítimos derechos que atienden al profesional, en función del trabajo 
realizado, como se ha hecho en este caso, en el que se ha fijado una cantidad muy 
prudencial,  entendiendo  que  debe  primar  respecto  al  trabajo  del  abogado  sobre  la 
aplicación automática de criterios orientadores. Finalmente, rechaza cualquier error de 
cálculo, que el apelante sí comete al tomar una base imponible que no corresponde para 
aplicar el 21 por 100 de IVA.
E)  Mediante diligencia de ordenación de 7 de marzo de 2017 se acordó remitir 
testimonio de los autos al Ilustre Colegio de Abogados de Toledo para que emitiera el  s
informe previsto en el art. 246.1 Ley de enjuiciamiento civil (LEC). La junta de gobierno  oe.
de la citada corporación emitió su dictamen el 28 de septiembre de 2017, señalando que  w.
la parte apelante acierta al afirmar que no se puede minutar ninguna cantidad por  431ww
úanlimiceanmteons,t e dpeo ra cimueprodrote  cdoen  3e0l 0 cr€it emriáos  7I2V Aa. ),P eproor  talom  bqiuéen  ldaa  mlain ruatazó nc oarr elcat al etsreardíaa 
mclainruatmaenntete  cuinajnudstoa  sye   pqeurejujad icdiael , qupeu esla  laa plcicaanctiiódna d esqturiect as ed e oblotise nbea reems ossi n redsuudltaa   BOE-A-cable e
descompensada para el profesional que se opone al recurso de apelación. Por todo ello, 
y ponderando todas las circunstancias concurrentes, considera adecuado reducir los 
honorarios a 720 € más IVA.
F)  Por decreto de 24 de octubre de 2017, el letrado de la administración de justicia 
estimó  parcialmente  la  impugnación  de  la  tasación  de  costas,  y  resolvió  fijar  los 
honorarios de la letrada en 871,20 € (720 € más IVA), de acuerdo con lo indicado por el 
colegio de abogados en su informe. Asimismo, en aplicación del art. 246 LEC, acordó 
imponer las costas a la letrada doña María José Majano Caño.
G)  La representación de la parte apelada interpuso recurso de revisión contra el 
anterior decreto, alegando que el dictamen del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo no 
manifestó que no se hubiesen aplicado ponderadamente los criterios orientadores por la 
letrada,  y  atendiendo  a  las  circunstancias  del  caso,  por  lo  que  no  procedería  la 
imposición de las costas a la letrada a pesar del tenor del precepto de la Ley de 
enjuiciamiento civil que se aplica. A su juicio resulta injusto e ilógico que no se aplique el 
mismo criterio respecto del abogado impugnante cuando la impugnación es desestimada 
parcialmente. Y, en este caso, dada la diferencia existente en cuanto al criterio sostenido 
por el colegio de abogados, parecería más lógico condenar en costas a la impugnante. 
En definitiva, la imposición automática de las costas a la letrada minutante no se justifica, 
pues no se ha acreditado que haya abusado del derecho al minutar. El criterio de la 
impugnante  es  una  ofensa  para  la  minutante  y  desacredita  el  trabajo  profesional 
realizado por ésta. A ello se añade lo discutible que resulta el propio precepto de la Ley 
de enjuiciamiento civil que determina la imposición de las costas, que se aparta del 
criterio general del vencimiento de los arts. 394 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento 
civil, siendo así que, además, se imponen tanto en el caso de estimación total como 
parcial de la impugnación. Aparte de que tampoco sea coherente la imposición de costas 
a la letrada, que no es parte en el procedimiento de tasación de costas, ni obtiene 
beneficio alguno del mismo; lo único que le queda para evitarla es aceptar la reducción 
de honorarios solicitada de contrario, ex art. 246.1 LEC. Por tanto, teniendo en cuenta la 
especialidad y complicada aplicación del precepto, hay que aceptar la interpretación que 
del mismo ha ofrecido el Tribunal Supremo, de que no puede aislarse la norma del 
art. 246.3 LEC del principio general del art. 394.1 LEC (ATS de 19 de abril de 2017), por 
lo que, dando el colegio de abogados la razón a la letrada en su pretensión principal, 
reduciendo de manera insignificante la minuta, en comparación con lo pretendido de 
contrario, no parece de recibo que se le penalice con la imposición de las costas.
H)  El recurso de revisión fue desestimado por auto de la Sección Primera de la 
Audiencia Provincial de Toledo de 17 de enero de 2018. La sala parte, con cita de 
doctrina del Tribunal Supremo, de considerar que toda alegación destinada a justificar los 
ingresos que el letrado ha de percibir por su labor carecen de sentido, porque en todo 
caso podrá cobrar de la parte a la que defiende la cifra que estime justificada en función 
del trabajo realizado, pero sin que ello suponga que la parte contraria deba asumir el 
coste de los honorarios pactados con su cliente. Asimismo, recoge el criterio del Tribunal 
Supremo sobre la interpretación del art. 246.3 LEC, conforme a la cual no procede 
imponer las costas, a pesar de su tenor literal, cuando, según el dictamen del colegio de 
abogados, la cantidad minutada se ajusta a sus criterios orientadores, sin que aquella 
regla pueda aislarse del principio general del art. 394.1 LEC, sobre las dudas de hecho o 
de derecho que presente la cuestión, añadiendo, como colofón, la imposición de costas 
al letrado minutante que dispone el art. 246.3 LEC no derivada de su mala o buena fe. 
De acuerdo con el informe del colegio de abogados, advierte la sala que no podía  s
minutarse nada más que sobre la base del criterio 51, como entendía la impugnante, y  oe.
que si estima que el importe recogido por el decreto recurrido es correcto, no lo es por  w.
asumir la estricta aplicación de dicho criterio, sino por aceptar las alegaciones de la  431ww
cleotrrpaodraa cmióinnu ctaonmteo  dlae l eqturaed ala  pcieuradnetnía  dree svuislttaan qteu ed eesl  meli scmlieon tees  dees écastsaa .q uYi etna nhtao  dlae  cciotarrdear 
mcoinnu stuasc ióhno nosrea riroesa,l iyc en oc loan p aertsetr iccotan trasurijae,c dióen m  aa nelorsa  qcureite «risoosl o oernie lnat amdeodreidsa,  erne squultea rláa   BOE-A-cable e
justificada la duda de hecho o de derecho que implique la no imposición de costas del 
incidente conforme a las previsiones del art. 246.3 LEC. Y ello, en este caso, es tanto 
más evidente si partimos de que a la hora de fijar sus honorarios la letrada sabía que 
solo podía minutar por la base del criterio 51, como lo demuestra el que no rebata que 
sea solo ese el que se ha de tener en cuenta y pretenda aplicar las previsiones del 
criterio 72, cuya aplicación no ha defendió (sic) ni ante el colegio ni en este recurso, con 
el solo fin de que se aumente la suma que haya de ser abonada, con lo que no podemos 
compartir que no haya habido mala fe en tanto en cuanto se ha actuado de forma similar 
a un fraude de ley».
I)  Las demandantes de amparo promovieron incidente de nulidad de actuaciones 
frente a la anterior resolución, poniendo de relieve, con carácter previo, el problema de la 
vinculación o no de los abogados a algún tipo de baremo, y de si las minutas deben 
ajustarse a los mismos, que no pueden ser vinculantes, o si debe minutarse en función 
del trabajo efectivamente realizado, sobre todo, a partir de la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, que impide la vinculación de los profesionales a honorarios preestablecidos, 
por lo que los abogados no pueden estar vinculados a ningún tipo de honorario o 
arancel. Ello ha redundado en la prohibición a los colegios de abogados de proporcionar 
a sus propios colegiados orientación alguna sobre los honorarios. Lo único que permite 
la ley es elaborar ciertos criterios orientativos a efectos de tasación de costas y de jura 
de cuentas. Pero los colegios que lo han hecho han sido sancionados por disponer de 
baremos orientadores, de un repertorio de tarifas, y publicarlos y difundirlos entre los 
colegiados. Por tal razón, los colegios de abogados ya no exteriorizan baremo orientador 
alguno porque es contrario a la libre competencia. Ante ello, el letrado no puede disponer 
de ninguna herramienta que le permita elaborar su minuta conforme a algún criterio 
mínimamente objetivo, por lo que dependerá, en último término de lo que a los colegios 
(que utilizan extraoficialmente los baremos que publicaron años atrás) o al letrado de la 
administración de justicia (que no tiene por qué ajustarse al dictamen del colegio) les 
parezca  razonable  al  valorar  el  trabajo  profesional,  lo  que  produce  una  absoluta 
inseguridad e incertidumbre acerca de los criterios que debe seguir el abogado en la 
tasación de costas. A pesar de ello, el art. 246.3 LEC sigue imponiendo las costas al 
letrado cuyos honorarios resulten excesivos en todo o en parte en relación con la 
propuesta del impugnante. Y dicho precepto, tanto en su interpretación literal como en la 
realizada por el Tribunal Supremo, vulnera varios principios y derechos constitucionales 
de  los  abogados,  de  manera  que,  para  aplicarlo,  es  preciso  plantear  cuestión  de 
inconstitucionalidad.
Expuesto lo anterior, aducen, en primer lugar, que el órgano judicial podía haber 
valorado la combinación del art. 246.3 LEC con el criterio del vencimiento del art. 394 
LEC,  aplicando  la  circunstancia  indicada  en  su  dictamen  por  el  propio  colegio  de 
abogados (concurrencia de un mayor trabajo realizado y de la razonable inaplicación del 
baremo que realiza la letrada por el resultado injusto que ello produciría) y las dudas de 
hecho y de derecho que concurren en el presente supuesto, a fin de haber asumido una 
interpretación flexible y constitucional del precepto. En definitiva, el órgano judicial no ha 
tenido en cuenta la especialidad ni la controversia que ha suscitado la aplicación del 
referido precepto, y lo ha aplicado presumiendo la concurrencia de una supuesta mala fe 
acreditadamente inexistente en la letrada minutante. Hay que tener en cuenta que es 
precisamente en los casos en los que existen dudas sobre si ha existido o no mala fe del 
letrado a la hora de minutar, en los que el dictamen del colegio de abogados cobra 
especial  valor.  En  este  caso,  el  dictamen  manifiesta  que,  de  aplicarse  el  baremo  s
resultaría una cuantía ridícula que no se ajusta al trabajo realizado. Y, a pesar de ello, el  oe.
órgano judicial no solo le imputa mala fe, sino, además, haber actuado en fraude de ley,  w.
apreciación que no es ni coherente ni proporcionada con las circunstancias del caso. 431ww
A continuación, defienden que el art. 246.3 LEC resulta inconstitucional, y se solicita 
el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, por 
las siguientes razones:
a)  Infracción del art. 24.1 CE, con resultado de indefensión, por vulneración del 
principio  de  igualdad  que  debería  existir  entre  los  profesionales  de  la  abogacía 
demandados en incidente de impugnación de costas y el resto de los demandados en 
cualquier otro incidente o proceso, ex art. 14 CE, pues a estos se les aplica el criterio del 
vencimiento objetivo del art. 394.1 LEC, criterio general del que se aparta el art. 246.3 
LEC,  que  condena  en  costas  tanto  si  la  impugnación  es  estimada  total  como 
parcialmente. La distinción no puede fundarse en la condición de letrado del demandado, 
porque se genera otra desigualdad, en relación con el letrado impugnante, al que no se 
aplica  el  mismo  criterio  cuando  la  impugnación  es  desestimada  parcialmente, 
desconociéndose qué especialidad justifica este distinto régimen.
b)  Infracción del art. 24.1 CE, con resultado de indefensión para el letrado que ve 
impugnada su minuta, por vulneración del principio de seguridad jurídica y del principio 
de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, ambos recogidos en el art. 9.3 
CE, ante la inexistencia de un criterio objetivo que se pueda aplicar por parte de los 
distintos operadores jurídicos para la minutación en el incidente de tasación, pudiendo 
obtener  distintos  resultados  en  función  del  órgano  judicial  a  quien  corresponda  la 
aprobación de la tasación, sin que exista la necesidad de motivar la reducción.
c)  Inobservancia del art. 24.1 CE, con resultado de indefensión, por vulneración del 
principio de seguridad jurídica y de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos, ex art. 9.3 CE, al condenar en costas a un profesional que no es parte en el 
proceso y tan solo defiende los intereses de quien es realmente parte en el mismo, 
disgregando en dos la parte en el proceso al dividirla ahora en el letrado y su cliente 
litigante, con perjuicio para ambos, ya que el letrado deberá repercutir a su propio cliente 
esas costas en las que ha sido condenado sin justificación, pues se han solicitado en su 
nombre.
J)  Por providencia de 28 de febrero de 2018, la Sección Primera de la Audiencia 
Provincial de Toledo declaró «no ha lugar al incidente de nulidad del auto de 17 de enero 
del actual solicitado al no existir ninguna causa».
3.  La  demanda  de  amparo,  como  primer  motivo,  denuncia  la  vulneración  del 
derecho a la tutela judicial efectiva, en la vertiente del derecho a los recursos (art. 24.1 
CE), por haberse inadmitido el incidente de nulidad de actuaciones frente al auto de 17 
de enero de 2018 sin ningún tipo de motivación. Indica que en el incidente aportó la 
argumentación  precisa  para  el  planteamiento  de  cuestión  de  inconstitucionalidad 
respecto del art. 246.3 LEC, instando su promoción, sin haber recibido contestación 
alguna por parte del órgano judicial. En relación con esta queja efectúa la demanda una 
amplia  exposición  de  la  doctrina  constitucional  en  la  materia,  citando  incluso 
pronunciamientos que han resuelto asuntos similares, en los que se había inadmitido 
inmotivadamente un incidente de nulidad de actuaciones, como es la STC 204/2014, 
conforme a la cual, considera que puede concluirse que el órgano judicial vulneró su 
derecho a la tutela judicial efectiva.
En segundo lugar, considera la actora que el auto de 17 de enero de 2018 vulnera el 
art.  24.1  CE  al  haber  aplicado  el  segundo  párrafo  del  art.  246.3  LEC,  que  es 
inconstitucional en cuanto vulnera los siguientes principios y derechos fundamentales  s
recogidos en la Constitución: i) el principio de igualdad previsto en el art. 14 CE, al  oe.
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impugnación de costas y el resto de los demandados en cualquier otro incidente o
proceso, y, en todo caso, infringe la igualdad que debería existir entre los letrados
intervinientes en el proceso de impugnación de costas, siendo más perjudicial siempre 
para el letrado que ha visto impugnados sus honorarios. No hay razón que justifique el 
apartamiento del régimen general de condena en costas, agrupando en un solo supuesto 
lo que son dos hipótesis perfectamente diferenciadas, ni se entiende que no se aplique al 
abogado impugnante el mismo criterio que al abogado minutante, cuando la impugnación 
es desestimada parcialmente. ii) El principio de seguridad jurídica y de la interdicción de 
la arbitrariedad de los poderes públicos, ex art. 9.3 CE, al prever la condena en costas a 
un profesional que no es parte en el proceso y que tan solo defiende los intereses de 
quien es parte en el procedimiento judicial, disgregando en dos a la parte en el proceso 
al dividirla ahora en el letrado y su cliente litigante, perjudicando a ambos. Las costas se 
solicitan en nombre del cliente, que es la parte en el proceso, y éste no podrá ser 
resarcido en la totalidad de la factura abonada a su letrado, y no solo eso, sino que, 
además, tendrá que pagar la diferencia las costas que no pudo repercutir en el contrario 
así como las del proceso de tasación. iii) El principio de seguridad jurídica y el de 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, recogidos en el art. 9.3 CE, al 
establecer la simple posibilidad de imponer condena en costas sin la existencia de un 
criterio objetivo que se pueda aplicar por parte de los distintos operadores jurídicos, para 
la minutación en incidente de tasación, pudiendo obtener distintos resultados en función 
del órgano judicial a quien corresponda la aprobación de la tasación. El letrado no 
dispone de una herramienta objetiva para elaborar la minuta para tasación de las costas, 
al ser los baremos de honorarios fijados por los colegios para tasación y jura de cuentas, 
de existir, meramente orientadores y carentes de carácter imperativo, lo que hace que, 
en la práctica, se utilicen baremos establecidos hace años, que no reflejan la realidad, ni 
permiten cuantificar procesos establecidos por la ley con posterioridad, ni la mayor 
complejidad de algunos procesos actuales. Ni siquiera el órgano judicial está obligado a 
atenerse al baremo, lo que, unido a la inexistencia de algún criterio objetivo para valorar 
las minutas, crea una situación de inseguridad y es origen de posibles arbitrariedades, al 
no existir la necesidad de motivar la reducción.
Por  todo  lo  anterior,  solicitan  el  planteamiento  de  cuestión  interna  de 
inconstitucionalidad respecto del art. 246.3 LEC, y la posterior estimación del recurso de 
amparo,  con  reconocimiento  de  la  vulneración  de  sus  derechos  fundamentales  y 
declaración de nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas.
4.  Por providencia de fecha 25 de febrero de 2019, la Sección Segunda del Tribunal 
Constitucional dispuso la admisión a trámite de la demanda de amparo, apreciando que 
en el mismo concurre una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)], porque el recurso plantea un problema o 
afecta a una faceta del derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este 
tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y porque la posible vulneración del derecho fundamental 
que se denuncia pudiera provenir de la ley o de otra disposición general [STC 155/2009, 
FJ 2 c)]. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se acordó dirigir 
atenta comunicación a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo a fin de 
que, en un plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia 
adverada de las actuaciones correspondientes a la pieza de tasación de costas 10-2017, 
y al Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Toledo para que en el mismo plazo 
remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  al 
procedimiento núm. 797-2012, previo emplazamiento de quienes fueron parte en el 
mencionado procedimiento, con excepción de la recurrente en amparo, para que en el 
plazo de diez días pudieran comparecer en el recurso de amparo. e.
5.  Por diligencia de ordenación de 13 de mayo de 2019, se tuvieron por recibidos  431ww
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ay leagl aMciinoinsteesr iqou Fei secsatilm paorra enl  ppelartzinoe cnotmesú.n de veinte días, para que pudieran presentar las
6.  El 12 de junio de 2019 se registró el escrito de las demandantes en amparo que, 
en síntesis, da por reproducidas las alegaciones efectuadas en el escrito de demanda, 
reiterando la necesidad de que se plantee cuestión interna de inconstitucionalidad para 
poder resolver la demanda de amparo.
7.  Las alegaciones del fiscal fueron presentadas en este tribunal el 20 de junio 
de 2019. En ellas, tras exponer los antecedentes de hecho del recurso y delimitar las 
denuncias de derechos fundamentales formuladas en la demanda, comienza su análisis 
por la que afecta al auto de 17 de enero de 2018, al ser la que produciría una mayor 
retroacción en el proceso. Considera que la denuncia debió abarcar al propio decreto del 
letrado de la administración de justicia, ya que es en el mismo en el que se acuerda la 
condena en costas por aplicación del controvertido art. 246.3 LEC. Asimismo, precisa 
que, aunque se alegue el derecho la tutela judicial efectiva, en realidad lo que se 
cuestiona es la vulneración de los principios de igualdad (art. 14 CE) y de seguridad 
jurídica (art. 9.3 CE) en que incurrirían las resoluciones, puesto que la decisión adoptada 
primero por el letrado de la administración de justicia y confirmada después por la 
audiencia provincial en el auto, de condenar en costas a la letrada que presentó la 
tasación, es irreprochable desde el prisma de la pura legalidad pues se ajusta al tenor 
literal del precepto. La denuncia de las recurrentes se limita a la aplicación del precepto 
tachado  de  inconstitucional,  pero  no  se  hace  extensiva  a  la  no  aplicación  o  a  la 
aplicación incorrecta de la doctrina del Tribunal Supremo en la materia, a pesar de que 
se puso de relieve en el recurso de revisión y fue tenida en cuenta por la audiencia 
provincial. Por tanto, el análisis debe limitarse a si el precepto contraviene algún artículo 
de la Constitución o si puede ser objeto de una interpretación que lo haga compatible 
con el texto constitucional. Para realizar tal examen, comienza el fiscal por exponer la 
teoría sobre la condena en costas, de acuerdo con el ordenamiento actual, así como la 
doctrina del Tribunal Constitucional en la materia, con cita de las SSTC 147/1989, de 21 
de septiembre, y 261/2006, de 11 de septiembre.
A juicio del fiscal, el principio de igualdad parece quebrar cuando se establece en el 
precepto una taxativa fórmula, mucho más gravosa para el reclamante de la tasación 
que para el impugnante, ya que cualquier minoración de la pretensión del primero 
conllevaría una imposición de las costas, mientras que una estimación de la pretensión 
del impugnante que estuviere muy alejada en su cuantía de lo pedido no le supondría 
sanción alguna, sin que el precepto contemple posibilidades de minoración o adecuación 
al caso concreto, como las del art. 394 LEC. A continuación, se refiere a la posibilidad de 
salvar  esta  aparente  desigualdad  por  vía  interpretativa,  indicando  que  tanto  en  las 
alegaciones de las partes como el propio auto impugnado se citan diversas resoluciones 
del Tribunal Supremo en relación con esta materia y este precepto, que, sin embargo, no 
están dictadas en la función casacional del Tribunal Supremo, sino en decisiones sobre 
tasaciones de costas en procedimientos seguidos ante el mismo. De esta doctrina extrae 
el fiscal dos conclusiones: que la tasación de costas no comprende la totalidad de la 
minuta de los profesionales que han obtenido una condena a su favor, al ser totalmente 
libre y pactada entre el profesional y su cliente, de manera que la pretensión que se 
formula en la tasación de costas solo se refiere a la parte que, como compensación se 
puede hacer recaer en el condenado (ATS de 22 de febrero de 2017). La segunda 
conclusión es que el Tribunal Supremo ha elaborado un ámbito concreto, que no nace de 
la ley, en el que, a pesar de darse los supuestos del vencimiento parcial, no condena en 
costas al letrado que presentó la tasación, aun cuando ésta sea tachada de excesiva. 
Y esa doctrina del Tribunal Supremo debe tener su fundamento en considerar injusto, por  e.
desigual, el tratamiento que el precepto da a aquellos casos en que el letrado minutante  w.b
elabora una tasación que al final resulta excesiva, pero no de una forma desaforada o  431ww
Aabbuosgiavad,o ss, inyo a ccoorndfeo rcmoen,  einl celsufsuoe,r zao  ylo sla  claribteorri odse soarrireonlltaaddao reens  edle pl ropcroepsioo.  LCao lceugeios tidóen 
qTurieb usnea lp Slaunpteream eon,  rlae lascoilóunc iócno nd eeblloe  esse rs lia,  ain paepsliacar cdióen r edceo nuoncae nr olarm aau tcouriydaa dli tejurraídlidicaad  deesl 
indubitada (que es lo que, simplemente ha acordado el Tribunal Supremo), y que está
plenamente  en  vigor,  sin  acudir  al  expediente  de  someter  su  adecuación  a  la 
Constitución ante este tribunal. Esta solución choca además con otro problema, pues la 
audiencia de Toledo, conocedora de esta doctrina elaborada por el Tribunal Supremo, sin 
embargo, no la aplica al caso concreto porque atiende a un concepto muy restringido de 
«criterios», referidos a unos numéricos apartados, elaborados en tiempos remotos por el 
Colegio de Abogados, y como considera que el criterio 72 no era aplicable y lo pretendía 
la abogada, le imputa algo similar al fraude de ley, cuando el informe del Colegio de 
Abogados era claramente favorable a admitir los argumentos aportados por ella.
La  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  es  clara  y  terminante  sobre  la  función 
interpretativa  del  Tribunal  Supremo,  de  manera  que  no  cabrá  dudar  de  la 
constitucionalidad  de  una  norma  si  cabe  una  interpretación  acorde  con  el  texto 
constitucional, pero, en otro caso, al órgano judicial solo le cabe el planteamiento de la 
cuestión de inconstitucionalidad, sin que pueda optar por la inaplicación de la norma 
(salvo que se trate de normas preconstitucionales), que es por lo que ha optado el 
Tribunal Supremo en la doctrina que se alega en el recurso de revisión al constatar que 
la norma no es justa. Por consiguiente, esa postura no aleja el peligro de la aplicación 
directa inmediata del precepto que supone una condena en costas que no encuentra 
justificación alguna, lo que conduce al fiscal a plantear a este tribunal la cuestión de 
inconstitucionalidad del precepto, compartiendo parte de las razones de las recurrentes.
Sin  embargo,  no  comparte  el  fiscal  las  alegaciones  de  la  demanda  sobre  la 
vulneración del art. 9.3 CE. Por una parte, aunque la abogada no sea parte en el 
proceso, sí es colaboradora  de la parte, por lo que  está obligada a una serie de 
actividades y deberes procedimentales, entre los que está el de presentar minuta para la 
tasación de costas, siendo posible que éstas también se impongan al perito, que tiene 
una relación menos intensa con la parte. En cualquier caso, no se entiende que ello 
afecte a la seguridad jurídica o pueda ser arbitrario, cuando la decisión queda sujeta a la 
revisión judicial. Por otra, en cuanto a la prohibición de baremaciones elaboradas por los 
colegios profesionales, el hecho de que no se siga ese sistema y sí el actual de pedir 
informe al colegio correspondiente no afecta a la seguridad jurídica ni a la arbitrariedad 
desde una perspectiva constitucional. Finalmente, la circunstancia de que las distintas 
personas  encargadas  de  la  aprobación  de  la  tasación  puedan  resolver  de  manera 
distinta al carecer de criterios objetivos, no es sino una consecuencia de la división de 
funciones y de órganos en que se ejerce la tutela judicial. Por el contrario, concluye el 
fiscal que nada hay más cerca de la seguridad jurídica que la taxatividad con que se 
determina la condena en costas en el art. 246.3 LEC.
Por último, se examina la queja dirigida contra la inadmisión del incidente de nulidad 
de actuaciones, señalando que se trata de una denuncia habitual, por no haber calado la 
importancia del incidente de nulidad en los órganos judiciales, que con demasiada 
frecuencia  proceden  a  inadmitir  con  una  fórmula  estereotipada  y  manifiestamente 
insuficiente, lo que se traduce, según la doctrina del Tribunal Constitucional, en la 
vulneración  de  la  tutela  judicial  efectiva  en  la  vertiente  del  acceso  al  recurso 
(STC 142/2015). Un simple vistazo a la fórmula utilizada por la audiencia de Toledo para 
inadmitir el incidente hace innecesaria cualquier argumentación, pues no puede ser 
considerada una respuesta motivada ni en la más integradora de las interpretaciones. 
Por ello, entiende el fiscal que, de manera subsidiaria, debería prosperar el amparo por 
este motivo.
El  escrito  de  alegaciones  concluye  solicitando  el  planteamiento  de  cuestión  de 
inconstitucionalidad, con suspensión del recurso de amparo, a la vista de las importantes  s
dudas  de  inconstitucionalidad  del  art.  246.3  LEC.  Alternativamente,  se  interesa  el  oe.
otorgamiento del amparo con reconocimiento de la vulneración del derecho a la tutela  w.
judicial efectiva de las recurrentes. 431ww
8.  Por providencia de 17 de septiembre de 2020, se señaló para deliberación y
votación de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
El presente recurso de amparo se interpone frente al auto de la Sección Primera de 
la Audiencia Provincial de Toledo de 17 de enero de 2018, que desestima el recurso de 
revisión promovido contra decreto del letrado de la administración de justicia de 28 de 
octubre de 2017, estimatorio en parte de la impugnación de la tasación de costas en la 
pieza núm. 10-2017, así como frente a la providencia de 28 de febrero de 2018, que 
inadmitió de plano el incidente de nulidad de actuaciones planteado por las actoras 
contra el auto mencionado.
La  demanda  fundamenta  el  recurso  en  dos  quejas  contras  las  resoluciones 
reseñadas, ambas ligadas al derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el 
art. 24.1 CE. En primer lugar, en su vertiente del derecho a los recursos por haberse 
inadmitido de plano el incidente de nulidad de actuaciones promovido frente al auto 
de 17 de enero de 2018, sin motivación alguna, a pesar de haberse interesado en el 
mismo el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 246.3 LEC. 
En segundo lugar, porque el auto de 17 de enero de 2018 aplicó el segundo párrafo del 
art. 246.3 LEC, que es inconstitucional en cuanto vulnera los arts. 14 y 9.3 CE; el primero 
de ellos por establecer una excepción al principio del vencimiento objetivo recogido en el 
art. 394.1 LEC, imponiendo a los abogados la condena en costas no solo en el caso de 
estimación  íntegra  de  la  impugnación,  sino  también  en  el  de  estimación  parcial,  a 
diferencia de otros incidentes o procesos, y, en todo caso, por infringir la igualdad que 
debería existir entre los letrados intervinientes en el proceso de impugnación de costas, 
siendo más perjudicial siempre para el letrado cuyos honorarios fueron impugnados. 
Y en cuanto al art. 9.3 CE, las actoras consideran que el art. 246.3 LEC es contrario a los 
principios de seguridad jurídica y de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos, por imponer la condena en costas a un profesional que no es parte en el 
proceso y porque se establece la posibilidad de imponer dicha condena sin que exista 
criterio objetivo alguno que se pueda aplicar para elaborar la minuta en el incidente de 
tasación, pudiendo obtener distintos resultados en función de a qué órgano corresponda 
la aprobación de la tasación.
Por su parte, el Ministerio Fiscal ha interesado la estimación del recurso ofreciendo 
dos  opciones:  por  un  lado,  interesa  el  planteamiento  de  cuestión  interna  de 
inconstitucionalidad respecto del art. 246.3 LEC y la posterior estimación del recurso de 
amparo, porque entiende que, efectivamente, dicho precepto resulta contrario al art. 14 
CE, y que la lesión del derecho que invocan las recurrentes deriva directamente del 
mismo. Por otro, y de manera alternativa, considera que la providencia que inadmitió el 
incidente de nulidad de actuaciones lesionó el derecho de las demandantes a la tutela 
judicial  efectiva,  al  carecer  de  toda  motivación,  utilizando  una  fórmula  que  con 
demasiada  frecuencia  emplean  los  órganos  judiciales,  en  los  que  no  ha  calado  la 
importancia del incidente de nulidad de actuaciones.
2.  Consideraciones previas y orden de análisis de las quejas.
Antes de proceder al estudio de las quejas que se someten a la consideración de 
este tribunal, es necesario puntualizar que, aunque las demandantes denuncian que la 
Audiencia Provincial de Toledo ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva por 
haber aplicado el art. 246.3 LEC, que resulta contrario a los arts. 14 y 9.3 CE, en 
realidad, lo que están cuestionando –como acertadamente advierte el fiscal– es la  e.
constitucionalidad del propio precepto que, a su juicio, vulnera los principios de igualdad  w.
y de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad, norma que habría sido aplicada  431ww
Penri msuesra p droep iloas A tuédrmieinncoisa  pPorro veiln lceiatrla ddeo  dToel elad oa,d ym irneissptreacctioó nd ed el aj ucsutiacli ai nyt epreosr alan  Sdeec ecisótne 
tcreibnusnuaral nedl op,l aennte apmuriiednatdo,  dees  clau eisntfióranc cdieó ni ndceo nlsotsit upcrioinncaiplidioasd .r eAcsoíg piduoess , elno  qlouse  asrets .e s1t4á   BOE-A-cable e
y 9.3 CE, producida directamente por el art. 246.3 LEC, y desde esta perspectiva debe 
ser analizada la queja de las recurrentes.
Concretada en estos términos la queja, hay que precisar también que debe quedar 
fuera de nuestro enjuiciamiento la infracción de los principios de seguridad jurídica e 
interdicción de la arbitrariedad recogidos en el art. 9.3 CE, al no estar comprendidos 
entre los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 41.1 LOTC.
Por otra parte, para determinar el orden de examen de las quejas articuladas por las 
actoras nos atendremos a los criterios expuestos en nuestra doctrina, según la cual, en 
el análisis de las diferentes lesiones alegadas ha de seguirse el criterio de «mayor 
retroacción»  que  viene  empleando  nuestra  jurisprudencia  (STC  180/2015,  de  7  de 
septiembre, FJ 3), y que implica conceder prioridad al examen de aquellas causas que, 
de prosperar, determinarían la retroacción a un momento procesal anterior, lo que haría 
innecesario  un  pronunciamiento  sobre  las  restantes  (SSTC  90/2010,  de  15  de 
noviembre, FJ 2; 25/2012, de 27 de febrero, FJ 2, y las que en ellas se citan). Ese criterio 
se va a aplicar, por consiguiente, en el análisis de las vulneraciones denunciadas.
3.  Examen de la queja relativa a la vulneración del art. 14 CE: desestimación.
Comenzando por la queja referida a la vulneración del art. 14 CE, y partiendo de la 
orientación que ofrece el presente recurso de amparo, que anuda dicha vulneración al 
propio art. 246.3 LEC, de apreciarse que, efectivamente, la ley aplicada ha sido la que ha 
producido la lesión del derecho fundamental que se denuncia, el art. 55.2. LOTC, tras la 
reforma operada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, nos obligaría a elevar la 
cuestión de inconstitucionalidad al Pleno, con suspensión del plazo para dictar sentencia, 
de conformidad con lo prevenido en los arts. 35 y siguientes de la misma ley. No 
obstante, podemos adelantar que no ha existido tal lesión y que no procede promover la 
cuestión de inconstitucionalidad, por las razones que pasamos a exponer.
Ante todo, es de significar que la queja de las demandantes no afecta, realmente, al 
art. 246.3 LEC en su conjunto, sino tan solo al último inciso del párrafo segundo, que prevé 
la imposición de las costas al abogado o al perito tanto en el supuesto de la estimación total 
de la impugnación de la tasación como en el de la estimación parcial, a diferencia del 
supuesto del impugnante, a quien solo se impondrán las costas si la desestimación de su 
pretensión  es  total.  En  concreto,  en  el  presente  supuesto,  en  la  tasación  de  costas 
correspondiente a la apelación seguida ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial 
de Toledo, la parte condenada en costas impugnó por excesiva la minuta de honorarios de 
la letrada demandante de amparo, y, estimada en parte dicha impugnación por el letrado de 
la administración de justicia, se redujeron los honorarios de dicha letrada y se le impusieron 
las costas del incidente, al amparo de la previsión del art. 246.3 LEC, criterio que fue 
ratificado por la sala al resolver el posterior recurso de revisión interpuesto contra la decisión 
del letrado de la administración de justicia. Las recurrentes defienden –y con ellas el 
Ministerio Fiscal– que dicho precepto infringe el derecho a la igualdad consagrado en el 
art. 14 CE, al establecer un régimen de condena en costas que se aparta del criterio general 
del  vencimiento  del  art.  394  LEC,  y  que,  además,  es  diferente  según  se  trate  del 
impugnante o del abogado cuyos honorarios han sido reputados excesivos.
Como este tribunal ha afirmado reiteradamente, el principio de igualdad «en la ley» 
impone  al  legislador  el  deber  de  dispensar  un  mismo  tratamiento  a  quienes  se 
encuentran en situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad que, 
desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de justificación  e
objetiva y razonable o resulte desproporcionada en relación con dicha justificación. Lo  bo
que prohíbe el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que resulten  431ww
saertgifúicnio scarsit eori oisn juos tifjiuciacdioass  dpeo r vnaolo rv egneirn efurnadlmaednatse  eanc ecrpitteardiooss ; olbujeegtiovo, sp ya rara zqounea bsleesa, 
cdoenrisvteitnu cdioen taallm deisnttien cliíócnit ad elab end ifseerer npcrioap odrec iotnraatdoa, sl aas  lac ofninsaelicduaedn cpiearss ejguuríiddiac,a sd eq suuee rstee 
que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos (entre muchas otras,
SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 3; 255/2004, de 23 de diciembre, FJ 4; 10/2005, de 20 
de enero, FJ 5; 295/2006, de 11 de octubre, FJ 5; 83/2014, de 29 de mayo, FJ 7, 
y 167/2016, FJ 5). Es decir, el art. 14 CE, en su dimensión de igualdad en la ley, impide 
al legislador establecer distinciones entre supuestos de hecho que, desde el punto de 
vista de la finalidad perseguida por la norma, deban ser considerados iguales, de manera 
que su diferenciación sea tenida por arbitraria y discriminatoria.
Para resolver la queja planteada hemos de partir de la consideración de que, según 
una consolidada jurisprudencia constitucional (por todos, SSTC 131/1986, de 29 de 
octubre; 206/1987, de 21 de diciembre; 147/1989, de 21 de septiembre; 170/2002, de 30 
de septiembre, y 107/2006, de 3 de abril; y los AATC 171/1986, de 19 de febrero; 
24/1993, de 25 de enero; 259/2003, de 15 de julio, y 119/2008, de 6 de mayo), la 
condena en costas no se incluye dentro del derecho a la tutela judicial efectiva, lo que 
implica  que  el  legislador  es  libre  para,  en  el  marco  de  la  Constitución,  definir  su 
contenido  y  los  requisitos  que  han  de  guiar  la  imposición  judicial  de  las  costas 
procesales, sin más límite, como también está afirmado en esa misma jurisprudencia 
constitucional, que el de impedir que, al hacerlo, pueda el legislador imponer condiciones 
u  obstáculos  innecesarios  o  disuasorios  del  ejercicio  de  las  acciones  y  recursos 
legalmente previstos para la defensa jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos. 
Y, partiendo de esa premisa, nuestro ordenamiento jurídico procesal, como nos recuerda 
la STC 131/1986, de 29 de octubre, FJ 3, estructura la imposición de costas sobre dos 
sistemas excluyentes entre sí, aplicando uno u otro a los procesos según la previsión 
que la propia ley establezca: El objetivo, conforme al cual las costas se imponen a la 
parte cuyas pretensiones son desestimadas, sin dejar margen alguno a valoraciones 
judiciales sobre su conducta procesal, y el subjetivo, más flexible que el anterior, en el 
cual se concede al órgano judicial potestad para imponerle los gastos del juicio, cuando 
aprecia mala fe o temeridad litigiosa en su actuación procesal. No obstante, la dificultad 
de apreciar la existencia de temeridad o mala fe en la interposición de recursos, y sobre 
todo en el mantenimiento de la acción, ha propiciado, en definitiva, que la tendencia 
mayoritaria en la doctrina propugne la vinculación de la condena en costas a un hecho 
objetivo y de fácil determinación, como es el vencimiento, y no ya a la intención o 
comportamiento del vencido (STC 147/1989, de 21 de septiembre, FJ 6). En todo caso, 
lo  que  resulta  innegable  es  que  las  distintas  leyes  procesales  consagran  diversos 
criterios de imposición de la condena en costas en contra de los litigantes a los que sean 
rechazadas sus pretensiones, obligándoles así no solo a hacer frente a los gastos 
propios sino también a sufragar los devengados por su contraparte, lo que constituye un 
claro instrumento disuasorio del ejercicio arbitrario o abusivo de los derechos en el 
proceso judicial (STC 12/1998, de 15 de enero, FJ 4).
Pues  bien,  partiendo  de  las  anteriores  consideraciones  doctrinales,  podemos 
rechazar sin mayores dificultades los planteamientos de las recurrentes.
a)  El primer aspecto en el que fundamentan las actoras la vulneración del art. 14 
CE es en el hecho de que el art. 246.3 LEC establezca un régimen de condena en 
costas que se aparta del común, establecido en el art. 394 LEC, especialmente del 
previsto en el apartado 2 de este último para los supuestos de estimación parcial de las 
pretensiones.  En  cuanto  a  este  extremo  hay  que  comenzar  por  indicar  que  de  la 
Constitución  no  se  deriva  que  las  costas  procesales  deban  de  ser  objeto  de  un 
tratamiento normativo uniforme. De hecho, como ya se ha resaltado, en cada una de las 
leyes procesales se establecen regímenes diversos en cuanto a la condena en costas. 
Por añadidura, se están comparando situaciones diversas con fundamentos igualmente  e.
diferenciados, que impiden poder apreciar la existencia de un trato discriminatorio, pues  w.b
el art. 394 LEC establece el régimen general de condena en costas en el proceso  431ww
pcorinnsceipcaul,e nmciaiesn terans  cuqaunet oe la  plaásr racfoos tasse gduen dlao  rdeeslo luacrtió. n2 d4e6 .3u nL EinCci desnet er eefsiepreec ífaic ola ys 
psirnognuulnacr:i amlaie nitmo preucganíadcoi óenn  cduea ntola  a epsrotep iaas pteacstaoc eiónn e l pdreo celadsim  iceonstota psr indceipraivl.a Yda n o deesl 
la única divergencia que la Ley procesal civil contiene respecto del régimen general,
pues el art. 398 LEC también se aparta en parte de esa norma general al tratar de las 
costas en vía de recurso. Además, la lógica de un precepto y de otro son distintas, pues, 
mientras que en el procedimiento principal se discuten las pretensiones de las partes y 
los motivos que, en defensa de las mismas, se aduzcan, de modo que la imposición o no 
de las costas responderá a si esos motivos son atendidos en todo o en parte o, en su 
caso, a si la parte actúa con temeridad, en el caso del art. 246.3 LEC, aunque se 
enfrenten también dos pretensiones (el mantenimiento de la minuta de honorarios y su 
reducción)  la  estimación  de  la  impugnación  será  parcial,  no  tanto  por  los  motivos 
acogidos, sino por la minoración cuantitativa de la deuda fijada por el abogado en su 
minuta  de  honorarios,  y,  por  tanto,  en  función  de  la  pericia  mostrada  en  su 
determinación.
Por consiguiente, el hecho de que el art. 246.3 LEC establezca un régimen de 
condena en costas para la estimación parcial de la impugnación distinta a la que, como 
norma común, se contiene en el art. 394.2 LEC, no resulta contrario al art. 14 CE, ya que 
se  trata  de  supuestos  no  comparables,  con  aspectos  diferenciales  que  justifican 
racionalmente el apartamiento por parte del legislador del régimen común.
b)  El otro punto en el que sustenta la demanda la vulneración del art. 14 CE 
producida por el párrafo segundo del art. 246.3 LEC se concreta en la diferencia que el 
mismo establece entre el impugnante de la tasación de costas por considerar excesivos 
los honorarios del abogado y este último. Al primero solo se le imponen las costas si la 
impugnación fuera totalmente desestimada, mientras que al abogado minutante se le 
impondrán  si  aquélla  fuera  total  o  parcialmente  estimada,  por  mínima  que  sea  la 
diferencia entre la minuta de honorarios y el resultado de la tasación tras la impugnación.
Esta cuestión ya quedó resuelta en el ATC 30/2010, de 25 de febrero, que inadmitió 
la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5574-2009, en la que se planteaba, entre otras 
cuestiones, que el párrafo segundo del art. 246.3 LEC podría resultar contrario al art. 14 
CE al establecer un tratamiento diferenciado, sin causa objetiva que lo justifique, entre el 
«abogado que no ve coronados por el éxito sus esfuerzos de impugnación de la minuta 
de honorarios girada por su compañero» y el «abogado que ve reducida su minuta de 
honorarios […] con motivo de la impugnación formulada por su compañero». La cuestión 
fue inadmitida tanto por el incumplimiento de las condiciones procesales como por 
resultar notoriamente infundada. En lo que se refiere a la vulneración del art. 14 CE, 
afirmó  nuestra  resolución  en  su  fundamento  jurídico  3  que  «no  cabe  apreciar  la 
necesaria viabilidad en esta duda de constitucionalidad. En primer lugar, el órgano 
judicial cuestionante compara dos supuestos de hecho desiguales. Por un lado, el del 
abogado que impugna por excesiva la minuta de un compañero y, por otro, el del 
abogado  cuya  minuta  es  impugnada  por  excesiva  por  un  compañero,  esto  es,  la 
situación del impugnante y la del impugnado. En segundo lugar, las consecuencias 
jurídicas  dispensadas  por  la  norma  para  el  supuesto  en  que  se  desestimen  sus 
respectivas pretensiones es la misma, ya que en ambos caso se establece la regla 
general  del  vencimiento.  Y,  en  tercer  lugar,  si  bien  es  cierto  que  en  el  caso  de 
desestimación de la pretensión de considerar excesiva la minuta de un letrado las costas 
se imponen a la parte impugnante y en el caso de que se estime la pretensión se 
imponen  no  a  la  parte,  sino  al  abogado  o  perito  cuyos  honorarios  hubieran  sido 
considerados excesivos, esa diferencia no está exenta de una justificación razonable, ya 
que ha sido la fijación excesiva de la cuantía de los honorarios por parte de esos 
profesionales, cuestión absolutamente ajena a la parte procesal, la que ha motivado la 
sustanciación del incidente de impugnación». s
Junto a ello cabe añadir que esa diferencia de régimen podría tener una justificación  oe.
objetiva, pues ese mayor rigor en la imposición de las costas al abogado minutante  w.
cuyos honorarios se ven reducidos como consecuencia de la impugnación formulada por  431ww
plar eosteran tepna rtme inpuuteadse  dsee rhvior npoararari oesv iatabru sqiuvea,s ,s op uperse,t ecxotom od e tilean ec osnedñeanlaa deon  eclo sTtraibsu, nsael 
fSijuapr roe mdoe ceidni r lac ufáulnecsi ódne binetenr psreert alotisv ah oqnuoer aleri ocso rdreesl pleotnraddeo,  ndoe  slae  tpraartate  dfea vporreedceidtear mpoinr alar,   BOE-A-cable e
condena en costas, ya que su trabajo se remunera por la parte a quien defiende y con 
quien le vincula una relación de arrendamiento de servicios, libremente estipulada por las 
partes contratantes, sino de determinar la carga que debe soportar el condenado en 
costas respecto de los honorarios del letrado que minuta, de manera ponderada y 
razonable dentro de unos parámetros (ATS de 15 de marzo de 2017).
Por  consiguiente,  la  queja  referida  a  la  vulneración  del  art.  14  CE  debe  ser 
desestimada.
4.  Apreciación de la vulneración del art. 24.1 CE por la inadmisión del incidente de 
nulidad de actuaciones.
La otra queja de las demandantes de amparo denuncia la vulneración de su derecho 
a la tutela judicial efectiva, en la vertiente de acceso al recurso, por la inadmisión de 
plano del incidente de nulidad de actuaciones, sin motivación alguna. En dicho incidente, 
las  actoras  solicitaron  razonadamente  el  planteamiento  de  cuestión  de 
inconstitucionalidad respecto del art. 246.3 LEC, no solo por la vulneración del art. 14 CE 
–que  ya  ha  sido  aquí  descartada–,  sino,  además,  por  infringir  otros  preceptos 
constitucionales que no pueden ser objeto de este recurso de amparo, como ya ha 
quedado dicho, lo que justifica que nos pronunciemos de forma autónoma respecto de 
esta queja, y no la consideremos tan solo un trámite que no ha surtido el efecto que 
estaba llamado a producir, esto es, reparar la lesión pretendidamente ocasionada en el 
proceso a quo (STC 204/2014, de 15 de diciembre, FJ 3, y ATC 124/2010, de 4 de 
octubre, FJ 2).
Es preciso insistir aquí en la indudable relevancia constitucional que este tribunal ha 
reconocido al incidente de nulidad de actuaciones, tras la reforma operada en la Ley 
Orgánica  del  Poder  Judicial  por  la  Ley  Orgánica  6/2007,  que  otorga  un  especial 
protagonismo a los tribunales ordinarios, acentuando su función como primeros garantes 
de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico y con el fin de lograr que la 
tutela y defensa de esos derechos por parte del Tribunal Constitucional sea realmente 
subsidiaria, al ser el incidente de nulidad de actuaciones un instrumento idóneo para la 
tutela del derecho fundamental en cuestión, en cuya resolución debían tener presente 
que –de no tener el caso trascendencia constitucional– se trataría de la última vía que 
permitiría  la  reparación  de  la  vulneración  denunciada  (STC  180/2015,  de  7  de 
septiembre, FJ 6). De esta forma, el incidente de nulidad de actuaciones asume, tras la 
configuración del nuevo amparo constitucional, una función esencial de tutela y defensa 
de los derechos fundamentales que puede y debe ser controlada por este tribunal 
cuando las hipotéticas lesiones autónomas que en él se produzcan tengan «especial 
trascendencia constitucional», sin que pueda considerarse como un mero trámite formal 
previo al amparo constitucional, sino como un verdadero instrumento procesal que, en la 
vía  de  la  jurisdicción  ordinaria,  podrá  remediar  aquellas  lesiones  de  derechos 
fundamentales que no hayan podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga 
fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni 
extraordinario (por todas, SSTC 153/2012, de 16 de julio, FJ 3, y 65/2016, de 11 de abril, 
FJ 5). Ello nos ha llevado a afirmar que, para evitar que el recurrente quede sin ningún 
tipo  de  protección  en  aquellos  casos  en  los  que  las  vulneraciones  en  las  que 
supuestamente incurriera la resolución impugnada a través del incidente de nulidad de 
actuaciones carecieran de trascendencia constitucional, el órgano judicial debe realizar 
una interpretación no restrictiva de los motivos de inadmisión, tramitar el incidente y 
motivar,  en  cualquier  caso,  suficientemente  su  decisión,  pues  las  decisiones  de  e
inadmisión  del  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  cuando  es  procedente  su  bo
planteamiento  implican  la  preterición  del  mecanismo  de  tutela  ante  la  jurisdicción  431ww
ordinEanr iae l( SpTreCs e9n/2te0 1c4a, sdoe  2s7e  dceo nesnteartoa,  FqJu e3 ).el incidente de nulidad promovido por las
rlae cAuurrdeienntecsia s eP rionvaidnmciiatel  ddee  Tpolalendoo m, eend ilaan qteu ep rsoev ideexnpcreias ad iccotamdoa  púonric laa  rSaezcócnió pna Prar imelelor aq duee 
no ha lugar al incidente de nulidad «al no existir ninguna causa».
Este Tribunal Constitucional viene entendiendo que, a pesar de que el incidente de 
nulidad  de  actuaciones  no  constituye  un  recurso  en  sentido  estricto,  es  un  cauce 
procesal que, al tener por objeto la revisión de resoluciones o actuaciones procesales, 
debe ser enjuiciado desde el canon propio del derecho de acceso al recurso legalmente 
establecido (SSTC 57/2006, de 27 de febrero, y 157/2009, de 25 de junio, FJ 2). Por ello 
el tribunal se ha de limitar a comprobar si la resolución de inadmisión está motivada y si 
ha  incurrido  o  no  en  error  material  patente,  en  arbitrariedad  o  en  manifiesta 
irrazonabilidad  lógica,  evitando  toda  ponderación  acerca  de  su  corrección  jurídica 
(SSTC 258/2000, de 30 de octubre, FJ 2; 314/2005, de 12 de diciembre, FJ 3; 57/2006, 
de 27 de febrero, FJ 3; 22/2007, de 12 de febrero, FJ 4, y 9/2014, de 27 de enero, FJ 5).
Pues bien, desde ese limitado control constitucional que nos corresponde, podemos 
afirmar que la resolución impugnada carece de toda motivación expresa que pueda 
permitir conocer su ratio decidendi, lo que impide llegar a conclusión alguna acerca de la 
razonabilidad de la decisión de inadmisión. Hemos de significar, además, que ante el 
órgano  judicial  se  interesó,  por  vía  del  incidente  de  nulidad  de  actuaciones,  el 
planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 246.3 LEC, y que 
aunque  las  partes  en  el  proceso  carecen  de  un  derecho  a  que  se  promueva 
efectivamente,  por  tratarse  de  una  potestad  atribuida  en  exclusiva  a  los  órganos 
judiciales para aquellos supuestos en los que puedan albergar alguna duda sobre la 
constitucionalidad de una norma con rango de ley aplicable al caso, y de cuya validez 
dependa el fallo, ello no significa, en modo alguno, que no deba ser exteriorizado, de 
manera suficiente y adecuada, el razonamiento que, desde la perspectiva tanto fáctica 
como jurídica, ha llevado al órgano judicial a la decisión de plantear o no dicha cuestión 
de inconstitucionalidad, pues no cabe olvidar que, por determinación del art. 120 CE, la 
exigencia de motivación de las sentencias tiene rango constitucional (STC 35/2002, 
de 11 de febrero, FJ 3). Sin embargo, la resolución de inadmisión del incidente no 
expresa en modo alguno la motivación que conduce a la sala no ya a no presentar la 
cuestión, sino simplemente a no dar contestación a lo expuesto extensamente en el 
escrito  de  promoción  del  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  para  justificar  su 
planteamiento.
La carencia de motivación en la respuesta de la providencia de inadmisión del 
incidente es, como advierte el fiscal en sus alegaciones, una denuncia que, de manera 
preocupante, se está convirtiendo en habitual en la vía de amparo, y que pone de relieve 
que  los  órganos  de  la  jurisdicción  ordinaria  no  otorgan  al  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones la importancia que quiso darle el legislador orgánico en la reforma que 
introdujo en 2007 en nuestra ley reguladora, y sobre la que ha insistido nuestra doctrina, 
pues, con demasiada frecuencia, se procede a inadmitir dicho incidente con una fórmula 
estereotipada y manifiestamente insuficiente desde la perspectiva del derecho de los 
justiciables a recibir una resolución motivada y fundada en Derecho.
En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto, podemos concluir que el incidente de 
nulidad de actuaciones no cumplió en este caso su función de tutela y defensa de los 
derechos fundamentales debido a una decisión de inadmisión del órgano jurisdiccional 
manifiestamente carente de motivación, de lo que resulta que se ha vulnerado el derecho 
de la parte demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 
CE). Por tal razón, se ha de otorgar el amparo en relación con la queja relativa a la 
infracción del art. 24.1 CE, en su vertiente de derecho de acceso al recurso, y declarar la 
nulidad de la providencia de 28 de febrero de 2018, para que se dicte una nueva 
resolución judicial respetuosa con el derecho fundamental reconocido, que resuelva, de  s
acuerdo con lo dispuesto en el art. 241.1 LOPJ, sobre la admisión y tramitación del  oe.
incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte recurrente en amparo, todo  w.
ello  en  coherencia  con  la  doctrina  constitucional  de  este  tribunal  (por  todas,  431ww
SdeS T2C2  d9e/ 2ju0n1i4o,,  dFeJ  42)7. de enero, FJ 6; 204/2014, de 15 de diciembre, FJ 4, y 142/2015,
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de amparo promovido por doña María José Majano 
Caño y doña Virginia Sanguino Ramírez, y, en consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de las actoras a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerlas en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la providencia 
de 28 de febrero de 2018, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de 
Toledo en la pieza de tasación de costas núm. 10-2017.
3.º  Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al de dictarse 
dicha resolución,  para que se pronuncie una  nueva que resulte respetuosa con el 
derecho fundamental reconocido.
4.º  Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.