BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 274 Viernes 16 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 89084
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
12438 Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de Administración Pública y el 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P., para la 
cesión de uso de los servicios de la plataforma de formación basada en 
Moodle del INAP.
El Director del Instituto Nacional de Administración Pública y el Director del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A., M.P., han suscrito un Convenio para 
la cesión de uso de los servicios de la plataforma de formación basada en Moodle del 
INAP.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anexo a la 
presente Resolución.
Madrid, 7 de octubre de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEXO
Convenio entre el Instituto Nacional de Administración Pública y el Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A., M.P. para la cesión de uso 
de los servicios de la plataforma de formación basada en MOODLE del INAP
18 de septiembre de 2020.
De una parte, don Mariano Fernández Enguita, Director del Instituto Nacional de 
Administración Pública (en adelante, INAP) con NIF Q2811002A, y domicilio legal, a los 
efectos del presente convenio en calle de Atocha, 106, código postal 28012, Madrid, 
nombrado por, y facultado para este acto por el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 6.2.f) Estatuto del INAP, aprobado por el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril.
De otra parte, don Francisco Javier Pinilla García, en su calidad de Director del 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A., M.P., con NIF 01895933C, y 
domicilio legal, a los efectos del presente Convenio en calle Torrelaguna, 73, código 
postal 28027, Madrid, nombrado para dicho cargo por Orden TMS/1403/2018, de 17 de 
diciembre, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 577/1982, 
de 17 de marzo, por el que regulan la estructura y competencias del INSST.
Reconociéndose mutuamente la competencia y capacidad para la firma de este 
documento
EXPONEN w.
adscI.r itoQ aul eM einl iIsntestriitou tdoe  NPaoclíioticnaa lT deerr iAtodrimali nyi sFtruanccióiónn  PPúúbblliiccaa ,e as  turanv éOsr gdaen liasm Soe cAreuttaórníao mdoe 
dEes t1a1d od ed ef ePborelítrioc,a p Toerr reitl oqruiael  ys eF udnecsiaórnr oPllúab llaic ae,s tsreugcútunr ad iosrpgoánneic eal  bRáesaicl aD edcerle Mtoi n3i0st7e/r2io0 2d0e, 
Política Territorial y Función Pública. De acuerdo con el Estatuto del Instituto Nacional de
Administración Pública, aprobado por el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril, son fines 
esenciales del INAP, sin perjuicio de las competencias específicas que se reconozcan 
sobre estas materias a otros centros, institutos o escuelas de la Administración General 
del  Estado,  la  formación  y  perfeccionamiento  de  los  empleados  públicos  de  la 
Administración General del Estado y de sus organismos públicos, así como del resto de 
entidades del sector público estatal, salvo en los supuestos en que otras disposiciones 
encomienden  estas  funciones  a  otros  centros  especializados,  y  la  coordinación, 
colaboración  y  cooperación  con  los  demás  centros,  institutos  o  escuelas  de  la 
Administración General del Estado o de sus organismos públicos que realicen tareas de 
selección, formación y perfeccionamiento de empleados públicos.
II.  Que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A. M.P. (en 
adelante INSST) es un organismo autónomo del Ministerio de Trabajo y Economía 
Social,  de  carácter  científico  técnico  especializado  en  el  análisis  y  estudio  de  las 
condiciones de trabajo, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 577/1982, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba la Estructura y Competencias del mismo, y en el Real 
Decreto 499/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y se modifica el Real Decreto 1052/2015, 
de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura de las Consejerías de Empleo 
y Seguridad Social en el exterior y se regula su organización, funciones y provisión de 
puestos de trabajo.
Que de conformidad con el artículo 8 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, el INSST tiene como misión el análisis y estudio de 
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la 
mejora de las mismas.
El INSST para llevar a cabo esta misión, tiene entre sus funciones la promoción y, en 
su caso, realización de actividades de formación, información, investigación, estudio y 
divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, con la adecuada coordinación 
y colaboración, en su caso, con los órganos técnicos en materia preventiva de otras 
administraciones u organizaciones.
III.  Que el INAP tiene como objetivo impulsar procesos de enseñanza y aprendizaje 
que contribuyan a dotar a las Administraciones públicas de personas competentes, con 
altas capacidades, flexibles y comprometidas con los valores del servicio público.
IV.  Que el INAP ha impulsado el proyecto «Compartir», que se inició con el estudio 
de  las  posibilidades  de  compartir  y  colaborar  entre  las  distintas  Administraciones 
públicas y cuya finalidad es racionalizar la programación de los distintos centros de 
formación y de selección y conseguir una mayor eficiencia en la utilización de los 
recursos disponibles.
V.  Que el INAP dispone de una plataforma de formación basada en Moodle.
VI.  Que el INSST desea realizar formación en línea.
VII.  Que el INSST no dispone de una plataforma propia de formación, adecuada a 
sus necesidades y la utilización conjunta de esta herramienta del INAP da cumplimiento 
a lo previsto en el artículo 157.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público.
VIII.  En  el  marco  normativo  de  las  relaciones  entre  Administraciones  públicas 
establecido por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
los  convenios  se  consideran  un  instrumento,  de  uso  generalizado  por  las 
Administraciones  públicas,  los  organismos  públicos  y  entidades  de  derecho  público 
vinculados  o  dependientes  o  las  universidades  públicas  entre  sí  o  con  sujetos  de  s
derecho privado para lograr un fin común. Esta técnica de cooperación se ha acreditado  oe.
como  especialmente  eficiente  para  la  gestión  de  los  recursos  públicos  desde  la  w.
perspectiva de su aprovechamiento racional, la búsqueda de sinergias y la coordinación  438ww
de eIsXf.u erQzouse  eenstr ed elasse op adrtee sa.mbas instituciones, mediante el uso del instrumento del
ICNoSnSvTe.nio, que el INAP ceda el uso de su plataforma de formación basada Moodle al  BOE-A-cable e
Por todo lo anterior, bajo los principios de colaboración y cooperación que deben 
presidir  las  relaciones  entre  las  Administraciones  públicas,  reconociéndose  ambas 
partes, en la representación que ostentan, capacidad suficiente para poder formalizar 
este Convenio,
ACUERDAN
Primera.  Objeto.
El objeto de este Convenio es la cesión de uso al INSST de la plataforma de 
formación basada en Moodle del INAP.
Segunda.  Obligaciones asumidas por las partes.
1.  Cesión de uso de la Plataforma Moodle
Se ajustará a las siguientes condiciones:
a)  La cesión del uso será totalmente gratuita. El Convenio no genera compromisos 
económicos ni obligaciones financieras para ninguna de las partes.
b)  La cesión del uso no supondrá, en ningún caso, la asunción de ninguna otra 
obligación para el INAP en el desarrollo y funcionamiento de las actividades formativas 
del INSST.
No obstante, el INAP garantiza al INSST el uso pacífico de la citada plataforma, de 
tal forma que el INAP protegerá al INSST y asumirá toda responsabilidad en relación con 
cualquier reclamación de terceras personas, físicas o jurídicas, que pretendan tener 
derechos sobre una parte o sobre toda la plataforma.
c)  La cesión del uso no podrá, a su vez, ser cedida o transferida a terceros, ni 
subrogada a persona alguna, en todo o en parte.
d)  La responsabilidad de la gestión y desarrollo de las actividades formativas del 
INSST recaerá en la institución cesionaria.
e)  El INSST, como cesionario, antes de utilizar la plataforma deberá entregar la 
estimación del número y denominación de las actividades formativas y del máximo de 
alumnos  que  prevé  que  la  empleen  en  el  año  en  curso,  para  así  realizar  un 
dimensionamiento adecuado del sistema y evitar posibles problemas de rendimiento. 
Para ejercicios futuros, dicha estimación deberá ser remitida al INAP antes del 30 de 
octubre del año anterior. En cualquier caso, el cesionario se compromete a comunicar, lo 
antes posible, cualquier cambio significativo que se produzca en dicha estimación.
f)  El INAP, por su parte, se reserva el derecho a analizar cualquier aspecto de las 
actividades formativas del cesionario que pueda afectar al rendimiento de la plataforma y 
a realizar cuantas recomendaciones sean necesarias para la optimización de dicho 
rendimiento. Del mismo modo, en casos excepcionales, podrá clausurar un curso si, por 
causas  técnicas,  este  afecte  negativamente  al  funcionamiento  de  la  plataforma  de 
formación.
g)  El  INAP  establecerá  un  procedimiento  para  la  eliminación  de  los  cursos 
impartidos por el INSST a través de la plataforma Moodle. Dicha eliminación se realizará 
por el INSST una vez transcurridos tres meses desde su finalización del curso. Si no se 
ha eliminado un curso trascurrido este plazo, el INAP podrá proceder a su eliminación. El 
INSST será responsable de la gestión de las copias de respaldo de los contenidos de  s
sus propios cursos con anterioridad a dicha eliminación, pudiendo solicitar apoyo al INAP  e.
a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU). w.
h)  El CAU de la plataforma será la unidad responsable de atender las consultas  438ww
Etélc InNicSaSsT r edlaetbivearás  ad islap opnlaetra fdoerm uan,  byu ezxócnlu eslievcatmróennicteo  laals  cquuael  rteednigriagnir  elasste  ccoanrsáuclttears t éqcunei csoe. 
eresapleicceínfic aasl  dCe AloUs  ceonn temnaidteorsi ad ed leo s tcráumrsiotess,  aaltadsm, inbiasjtaras tiyv omso doif icdaec iogneesst iódne,l  acluomnsnualdtaos,   BOE-A-cable e
consultas dirigidas al profesorado o cualquier otra que no sea de índole técnica referida 
al funcionamiento de la plataforma, que deberá resolver el INSST.
i)  La cesión se refiere únicamente al uso de la plataforma Moodle, y no a las 
plataformas de alojamiento de vídeos o herramientas de videoconferencia que pueda 
disponer el INAP.
Tercera.  Financiación.
La cesión del uso de la plataforma de formación basada en Moodle del INAP será 
totalmente gratuita, tal como se dispone en la cláusula anterior.
El Convenio no genera compromisos económicos ni obligaciones financieras para 
ninguna de las partes que lo suscriben.
Cuarta.  Finalidad de la cesión.
La cesión del uso de la plataforma de formación es exclusivamente para los fines 
previstos en este Convenio y no supone para el INAP renuncia alguna de sus derechos.
Asimismo, la realización de actividades formativas en línea del INSST a través de la 
citada plataforma no supone la renuncia de este a cualquiera de los derechos que 
pudieran corresponderle respecto a dichas actividades.
Quinta.  Informes.
La institución cesionaria se compromete a facilitar al cedente un informe semestral 
acerca del funcionamiento de la plataforma Moodle en relación con las actividades 
finalizadas.
Sexta.  Comisión mixta de seguimiento.
Se crea una Comisión mixta de seguimiento que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
es el instrumento paritario acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y 
control del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes, y ejercerá sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) y 52.3 de la citada ley.
La Comisión de Seguimiento velará por el cumplimiento de los acuerdos adoptados y 
resolverá, en su caso, las cuestiones de interpretación y posibles discrepancias que 
pudieran presentarse en la ejecución y desarrollo de este Convenio. Las decisiones de la 
Comisión de Seguimiento se adoptarán por unanimidad.
La Comisión de Seguimiento se reunirá siempre que lo solicite una de las partes y 
estará formada por el Gerente del INAP y por Director el INSST o persona en quien 
delegue.
Séptima.  Protección de datos y transparencia.
En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal, ambas partes, se 
atendrán a las disposiciones de obligado cumplimiento establecidas en el Reglamento 
(UE) n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por la  es
que se adapta el ordenamiento jurídico español a esa norma. o
Este Convenio se somete a lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9  438ww
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Octava.  Información pública.
En la convocatoria de las actividades formativas que se impartan a través de la 
plataforma Moodle del INAP se hará constar la colaboración entre ambas instituciones.
Novena.  Régimen jurídico.
El presente Convenio tiene naturaliza administrativa, y queda sometido al régimen 
jurídico  de  los  convenios  establecidos  en  el  capítulo  VI  del  título  preliminar  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las  discrepancias  surgidas  sobre  la  interpretación,  desarrollo,  modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del Convenio deberán 
solventarse por acuerdo de las partes a través de la Comisión de seguimiento. Si no se 
llegara a un acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo correspondiente.
Décima.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio se ajustará a lo previsto en el artículo 49.g) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre. Requerirá acuerdo unánime de los firmantes y se recogerá 
expresamente mediante la firma de una adenda.
Undécima.  Extinción del Convenio.
1.  El Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2.  Son causas de resolución del Convenio:
a)  El  transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado su 
prórroga.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
Comisión de Seguimiento, prevista en la cláusula sexta.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y 
se entenderá resuelto el Convenio.
La resolución del Convenio por esta causa no conllevará indemnización alguna para 
ninguna de las partes.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa prevista en las leyes.
3.  El cumplimiento y la resolución de los convenios darán lugar a su liquidación, con 
el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 52.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
4.  En cualquiera de los casos previstos de extinción, esta se producirá de un modo  s
que no perjudique –o lo haga lo menos posible– los derechos de terceros, es decir,  oe.
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5.  El Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes manifestando 
expresamente su voluntad de resolverlo con tres meses de antelación a la fecha de 
terminación del plazo inicialmente pactado o de cualquiera de sus prórrogas.
Además, la Comisión de seguimiento decidirá por unanimidad las consecuencias 
aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por 
cada una de las partes del Convenio. De acuerdo a lo establecido en el artículo 49.e) de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la posible indemnización por incumplimiento se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: gravedad del perjuicio causado a la otra parte, 
relación causal directa entre el incumplimiento y la producción de los daños, posibilidad 
de reparación, circunstancias concurrentes.
Duodécima.  Información pública e imagen institucional.
Cada una de las partes destacará la colaboración que mantiene con la otra en 
cuantos medios se utilicen para la promoción y difusión de sus actividades conjuntas.
A estos efectos, ambas partes se comprometen a respetar recíprocamente sus 
directrices de imagen institucional.
Decimotercera.  Efectos y duración.
Según establece el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el Convenio se 
perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez 
inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del 
sector  público  estatal,  al  que  se  refiere  la  disposición  adicional  séptima  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, y publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
La duración del Convenio será de cuatro años. Así mismo, podrá ser prorrogado, 
hasta un máximo de cuatro años, por acuerdo expreso y unánime de las partes. En este 
caso la prórroga deberá ser formalizada por escrito, mediante adenda, antes de la 
expiración del plazo convenido.
En este último caso las partes se comprometen a garantizar la finalización del curso 
por parte de los alumnos.
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, 
ambas partes firman el presente Convenio en formato digital.–El Director del Instituto 
Nacional de Administración Pública, Mariano Fernández Enguita.–El Director del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A., M.P., Francisco Javier Pinilla García.