BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 163 Viernes 9 de julio de 2021 Sec. I.   Pág. 81776
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
11380 Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en 
Andalucía y protección de la persona denunciante.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
A todos los que la presente vieren, sabed: Que el Parlamento de Andalucía ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y 
el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley de lucha 
contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El fraude y la corrupción constituyen una de las mayores preocupaciones de la 
ciudadanía, y es que se trata de un problema de especial gravedad, pues no tiene 
consecuencias  únicamente  sobre  la  eficiencia  de  las  administraciones  públicas  ni 
supone, simplemente, un perjuicio económico a las arcas públicas. Es un problema 
sistémico que afecta al corazón de la democracia y que exige la adopción de medidas 
efectivas de regeneración pública.
En los últimos años, los sucesos de fraude y corrupción empresarial, institucional y 
política en la Comunidad Autónoma de Andalucía han generado no sólo el rechazo de 
parte de la ciudadanía, sino que también han contribuido al desprestigio de nuestras 
instituciones.
El uso clientelar que, en ocasiones, se ha hecho de los fondos públicos ha producido 
la percepción de que la corrupción goza de cierta impunidad o no se persigue con el 
ahínco que debiera. Del mismo modo, una parte importante de la ciudadanía tiene la 
impresión de que el principio de igualdad ante la ley que establece la Constitución 
española no es respetado en la práctica.
Una democracia fuerte y sana exige instituciones limpias y políticos fuera de toda 
sospecha. La actividad pública no es una actividad cualquiera, debe llevar aparejada una 
exigencia de integridad y proceder ético singular.
Uno de los pilares fundamentales para la lucha contra el fraude y la corrupción es la 
implementación de políticas efectivas que promuevan la participación de la sociedad y 
afiancen el principio de legalidad del Estado de derecho, así como el principio de 
responsabilidad, tanto política como administrativa. En este sentido ha de destacarse la 
importancia de que todas aquellas personas que, por razón del puesto de trabajo que 
desempeñen, tengan conocimiento de conductas susceptibles de ser consideradas como 
fraudulentas, puedan denunciar las mismas conforme al procedimiento previsto en la 
presente Ley.
Desde 1996, la preocupación por la creciente corrupción, también en el ámbito 
internacional, dio lugar al inicio de acuerdos de acción conjunta. En el preámbulo del 
Convenio Civil sobre la Corrupción (número 174 del Consejo de Europa), hecho en  e.e
Estrasburgo el 4 de noviembre de 1999 y ratificado por España mediante instrumento  b
edaqemu ei1dn aaddzea y   dplaiac rijeuams tlbiacr ieap  rsdimoeca iac2íl0,a 0 q9du,ee l s oeDb sertreaecccouhnloioz,a cel ae  lq ddueeems aolarcr oracllocoir areu cpyoc nilóoónsm  id«coeco ryen csphtoiotnusey  ehe unum npaaen lioggsrro,a  vleael    2021-11380n https://ww
feuxnpcrieosnaanm ileons top rceoármrebcutolo ys  ledaell  dCeo lnavse encioo nPoemníaasl  sdoeb mree rlcaa dCoo»r.r uEpnc isóinm i(lanrúems etréor m1in7o3s  dseel 
Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999 y ratificado por
España por instrumento de 26 de enero de 2010, y de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003 y ratificada 
por España mediante instrumento de 9 de junio de 2006. Asimismo, debe mencionarse 
que  en  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  2015-2030,  impulsados  por  la 
Organización de las Naciones Unidas, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con fecha 25 de 
septiembre de 2015, figura como una de las metas del objetivo 16 la reducción sustancial 
de la corrupción y el soborno.
Sin  perjuicio  de  las  funciones  atribuidas  a  otras  instituciones  y  órganos  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de fraude y corrupción, como la Cámara 
de  Cuentas  de  Andalucía,  la  Intervención  General  de  la  Junta  de  Andalucía  o  la 
Inspección General de Servicios, mediante la presente Ley se procede a la creación de 
la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, como un instrumento específico de 
prevención, investigación y combate del fraude y la corrupción, y también para proteger a 
las personas denunciantes. Su finalidad primordial es fortalecer la actuación de las 
instituciones  públicas  para  evitar  que  se  produzca  un  deterioro  moral  y  un 
empobrecimiento  económico  que  redunde  en  perjuicio  de  la  ciudadanía.  La  propia 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 6, dispone que 
«cada  Estado  parte,  de  conformidad  con  los  principios  fundamentales  de  su 
ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, 
encargados de prevenir la corrupción», otorgándoles «la independencia necesaria, de 
conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que 
puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia debida» y 
proporcionándoles  «los  recursos  materiales  y  el  personal  especializado  que  sean 
necesarios,  así  como  la  capacitación  que  dicho  personal  pueda  requerir  para  el 
desempeño de sus funciones».
Asimismo, con su creación se profundiza en los parámetros establecidos por la Unión 
Europea en la lucha contra el fraude, recogidos en el artículo 325 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, que impone a la Unión y a los Estados miembros 
la obligación de combatir el fraude y cualesquiera actividades ilegales que perjudiquen 
los intereses financieros de la Unión Europea, mediante medidas que deberán tener un 
efecto  disuasorio  y  ser  capaces  de  ofrecer  una  protección  eficaz  en  los  Estados 
miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión.
La creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción va a reforzar, 
igualmente,  la  profesionalidad  e  independencia  de  las  personas  que  presten  sus 
servicios en las administraciones públicas, entidades, organismos, etc., sometidas al 
ámbito de aplicación de la Ley. A tal fin, resulta fundamental proteger a las personas 
denunciantes a través de medidas que generen confianza en la tramitación de las 
denuncias ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, en especial cuando 
esas personas presten servicios en el sector público andaluz, tal y como se define en la 
presente Ley; en las instituciones y órganos previstos en el título IV del Estatuto de 
Autonomía  para  Andalucía;  en  aquellas  otras  entidades  públicas  que  tengan  la 
consideración de Administración institucional de la Junta de Andalucía, conforme a lo 
previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración  de  la  Junta  de  Andalucía;  en  las  entidades  integrantes  de  la 
Administración  local  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía;  así  como  en  las 
universidades públicas andaluzas, ya que estas personas pudieran mostrarse reticentes 
a denunciar este tipo de prácticas por miedo a represalias. s
El  régimen  de  protección  de  las  personas  denunciantes  ya  se  ha  previsto  en  oe.
diferentes  instrumentos  normativos  de  la  Unión  Europea,  pudiendo  referenciarse  la  w.
DdDeier er2ec0cti1hv9oa,   d(reUe llEaa)t i Uv2an0 ió1an9 .l/a1 9p3r7o,t edcecli óPn adrlea mlaesn tpoe rEsuornoapse oq uye  dineflo rCmoenns esjoob, rdee i n2fr3a cdceio noectsu bdreel   2021-1138n https://w
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estructural  la  integridad  y  la  ética  pública,  contribuyendo  de  este  modo  a  una  mejor 
gobernanza y a un mejor servicio a los intereses generales y a las demandas sociales. Y 
para ello no resultan tampoco suficientes las medidas únicamente represoras, que se limitan 
a combatir las prácticas de corrupción mediante la previsión del castigo al delito o a la 
infracción administrativa, sino que es necesaria la construcción de una nueva cultura de la 
gestión pública y de relación con el sector público basada en la integridad.
A tenor de lo expuesto, mediante la presente Ley se establecen medios de prevención y 
control del fraude y de la corrupción, todo lo cual contribuirá a disuadir la realización de 
prácticas corruptas. Asimismo, se fomenta el cumplimiento de los deberes legales de los 
empleados públicos y se impulsa la aplicación de buenas prácticas en la gestión pública, 
con la finalidad última de desterrar, en la medida de lo posible, la corrupción.
II
La presente Ley cumple con el deber de la Administración de la Junta de Andalucía 
de servir con objetividad al interés general, establecido en el artículo 133.1 del Estatuto 
de  Autonomía  para  Andalucía.  Asimismo,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 189.3 del citado Estatuto, en la ejecución del gasto público se observarán los 
principios  de  coordinación,  transparencia,  contabilización  y  un  adecuado  control 
económico-financiero y de eficacia, tanto interno como externo, así como la revisión e 
inspección de prestaciones y la lucha contra el fraude en su percepción y empleo.
La regulación de la presente Ley se ampara en las competencias atribuidas a la 
Comunidad Autónoma por el artículo 47.1.1.º y 3.º del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía,  en  los  que  se  contemplan,  respectivamente,  la  competencia  exclusiva 
respecto  del  procedimiento  administrativo  derivado  de  las  especialidades  de  la 
organización propia de la Comunidad Autónoma y la estructura y regulación de los 
órganos  administrativos  públicos  de  Andalucía,  y  sobre  las  potestades  de  control, 
inspección  y  sanción  en  los  ámbitos  materiales  de  competencia  de  la  Comunidad 
Autónoma, en lo no afectado por el artículo 149.1.18.ª de la Constitución española, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico del 
procedimiento administrativo común.
También debe citarse la competencia compartida que el artículo 47.2.1.ª del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma respecto al régimen 
jurídico  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  régimen 
estatutario de su personal funcionario y estatutario, así como de su personal laboral; ello 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 76 del citado Estatuto de Autonomía para 
Andalucía en materia de Función Pública.
La presente Ley se estructura en cuarenta y ocho artículos, divididos en cuatro 
títulos.
En el título preliminar, «Disposiciones generales», se regula la finalidad de la Ley, su 
objeto, el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de la Ley, los principios rectores de las 
actuaciones previstas en la misma, y se establecen las definiciones de términos tan 
importantes como los de fraude, corrupción y conflicto de intereses.
En el título I, «Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción», se crea, en su 
capítulo I, la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (la Oficina), como entidad 
de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines. La Oficina se adscribe al Parlamento de Andalucía, a fin de 
dotarla  de  una  mayor  autonomía  e  independencia  respecto  del  poder  Ejecutivo,  s
siguiendo asimismo el modelo ya recogido por otras comunidades autónomas. e.
En el capítulo I se regula, asimismo, la finalidad de la Oficina, creada para prevenir y  w.
edArenr adldaailscu acinría se,t ilt ufdrceai oundaeeqs,u  leayl  lacósorg rrauonptrocasisó  np reeyn vtliiosdstao dcseo sen nfli pcetúol bstlí itcduaelos   inIVqteu rdeee sle tesEn sdgteaaltn us teolac dt oecr  opAnúusbtiodlinceoora macíniaód nap laudrzae,    2021-1138n https://w
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universidades públicas andaluzas. Se incluye el catálogo de las funciones a desarrollar por 
la Oficina, especificándose las que corresponden respecto a las entidades integrantes de 
la Administración local de la Comunidad Autónoma de Andalucía y las universidades 
públicas andaluzas. Estas funciones estarán delimitadas por las que ya corresponden a 
otros órganos e instituciones existentes, y asimismo se resalta la importancia del deber de 
colaboración con la Oficina y se garantiza la confidencialidad de sus actuaciones.
En el capítulo II se establecen las potestades de investigación e inspección de la 
Oficina, la previsión de que el personal funcionario de carrera al servicio de la Oficina 
que tuviera atribuidas potestades de investigación e inspección tendrán la condición de 
autoridad,  así  como  el  procedimiento  de  investigación  e  inspección,  con  indicación 
expresa del traslado de las actuaciones, una vez concluidas por la Oficina, al órgano que 
resultara  competente,  cuando  se  apreciaran  indicios  de  comisión  de  posibles 
infracciones administrativas, disciplinarias, contables o incluso de posibles delitos.
En el capítulo III se establecen los medios personales y materiales de la Oficina, 
previéndose  que  constará,  necesariamente,  de  un  órgano  de  carácter  unipersonal 
denominado Dirección, al frente de la cual será nombrada una persona titular de la 
misma,  elegida  por  el  Parlamento  de  Andalucía  por  un  periodo  de  cinco  años  no 
renovable, que ejercerá el cargo con plena independencia, inamovilidad y objetividad en 
el desarrollo de las funciones y en el ámbito de las competencias propias de la Oficina.
Por último, el capítulo IV se refiere a los resultados de la actividad de la Oficina. La 
persona titular de la Dirección de la Oficina deberá elaborar y aprobar una memoria 
anual descriptiva del conjunto de actuaciones desarrolladas durante el año anterior.
El título II, «De la protección de la persona denunciante», comienza definiendo la 
figura del denunciante. Establece la previsión de que la presentación de denuncias ante 
la  Oficina  se  realice  a  través  de  procedimientos  y  canales  que  aseguren  la 
confidencialidad de la identidad de las personas denunciantes, quienes tendrán derecho 
a conocer el estado de tramitación del procedimiento de investigación e inspección 
derivado de sus denuncias y a que se les notifiquen los actos y resoluciones dictadas 
respecto de las mismas, siempre que, en este último supuesto, así se prevea de forma 
expresa en esta Ley; a que las actuaciones derivadas de las denuncias presentadas 
finalicen  mediante  resolución  motivada;  a  no  sufrir  represalias  por  causa  de  las 
denuncias formuladas, y a la reparación de los perjuicios injustificados sufridos por causa 
de las denuncias. Estos procedimientos y canales deberán cumplir con la Directiva 
(UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019.
Asimismo, se regula un marco de protección específico para los denunciantes que 
presten  sus  servicios  en  el  sector  público  andaluz,  en  las  instituciones  y  órganos 
previstos en el título IV del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en aquellas otras 
entidades que tengan la consideración de Administración institucional de la Junta de 
Andalucía, en las entidades integrantes de la Administración local de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como en las universidades públicas andaluzas, debido, 
entre otros motivos, a la obligación de denunciar que pesa sobre estas personas.
Así, los denunciantes que presten sus servicios en el sector público andaluz, en las 
instituciones  y  órganos  previstos  en  el  título  IV  del  Estatuto  de  Autonomía  para 
Andalucía,  así  como  en  aquellas  otras  entidades  que  tengan  la  consideración  de 
Administración  institucional  de  la  Junta  de  Andalucía,  ya  tengan  la  condición  de 
funcionarios o laborales, podrán dirigirse a la Oficina, solicitando que ésta inste del 
órgano competente en materia de Función Pública de la Administración de la Junta de 
Andalucía o, en su caso, de la persona titular de la Viceconsejería a la que esté adscrita  s
la entidad la concesión de un traslado provisional a otro puesto de trabajo. oe.
Para los denunciantes que presten sus servicios en las entidades integrantes de la  w.
pAurndeimvveéinr siqsidutraead cpeióusn ep dúlaobncli acdal irsid gaeirn sdelaa  lausCziamosmi,s uymnaoi dt eaand gl aaA nOu ltfaóic ncinooamn,d asi coidóliceni  tdaAenn dfduoan lqcuiucoeína a,e rsioatass  ío re clcaoobmmooriae lneedsne,   slaael    2021-1138n https://w
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universitaria reconocida en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía.
Se incorpora este régimen especial de protección para que estas personas, las 
cuales  pueden  tener  un  mayor  conocimiento  de  las  prácticas  fraudulentas  en  las 
entidades, instituciones y órganos en los que presten servicio, no se abstengan de 
formular denuncias por temor a posibles represalias y se conviertan en colaboradoras de 
la  Administración  para  garantizar  el  cumplimiento  de  la  integridad,  objetividad, 
neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad y demás deberes legales de 
los empleados públicos.
Finalmente,  el  título  III,  «Régimen  sancionador»,  establece  la  clasificación  de 
infracciones y sanciones y la competencia sancionadora.
Por último, la presente Ley incluye dos disposiciones adicionales, dos disposiciones 
transitorias,  una  disposición  derogatoria  y  ocho  disposiciones  finales,  mereciendo 
destacarse  el  contenido  de  la  disposición  derogatoria  única  y  la  disposición  final 
segunda.
En la disposición adicional vigesimocuarta de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, se establecen 
determinadas normas relativas al órgano con funciones específicas de supervisión del 
funcionamiento y el cumplimiento del modelo de prevención de la corrupción en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en aras de reforzar la lucha y la prevención contra 
la corrupción. Dado que la presente Ley define el modelo de prevención y lucha contra el 
fraude y la corrupción en el sector público andaluz y demás instituciones, órganos y 
entidades previstos en el ámbito objetivo de aplicación de la Ley, creándose para ello la 
Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, es necesario derogar la mencionada 
disposición adicional, lo que se lleva a cabo mediante la disposición derogatoria única.
Con el fin de reforzar los medios de disuasión, prevención y actuación frente a la 
corrupción, la disposición final segunda modifica diversos preceptos de la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos 
Cargos y otros Cargos Públicos. Para ello se parte del principio de que los altos cargos 
de la Administración de la Junta de Andalucía deben estar libres de cargos judiciales, 
estableciéndose la previsión de que no puedan ser nombradas para desempeñar un alto 
cargo las personas que se encuentren encausadas judicialmente o condenadas por su 
implicación en delitos relacionados con la corrupción, así como en otros delitos dolosos 
castigados con penas graves, o que conlleven la inhabilitación especial para empleo o 
cargo público o suspensión de empleo o cargo público, determinándose, en el supuesto 
de incompatibilidad sobrevenida, que la consecuencia será el cese en el nombramiento 
de alto cargo, lo que implica, a su vez, la necesidad de modificar la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo cual se realiza en la 
disposición final tercera.
Por otra parte, manteniéndose el régimen de dedicación exclusiva de los altos cargos, 
que no les permite realizar ninguna otra actividad de carácter público o privado –retribuida 
o no–, se establece, no obstante, la posibilidad de desarrollar determinadas actividades, 
siempre que no suponga detrimento de su dedicación, en el ámbito de la docencia 
universitaria, la investigación y la formación del personal de las administraciones públicas. 
Se  modifican,  asimismo,  algunos  aspectos  referidos  a  la  compatibilidad  con  la 
administración del patrimonio personal y familiar, y se contempla la posibilidad de que los 
altos cargos participen en entidades sin ánimo de lucro o en actividades no retribuidas que  s
resulten de interés social o cultural. oe.
Al mismo tiempo, con el fin de reforzar la integridad pública, se establece en la citada  w.
cd«uipseapnroatsaísisco iósbn af nifsicncaaarlli eassse» g,u u yno dtsraoe s q ouateoc rtgliovaos  saa  lftilonasa  npcceairersgrooonssa   netonit  upplaoardí srdeáesn   solae  treD triirrtiuetolcarcrioieóssn   ocda eali ufilctaoa rdOizoafsicd iocnsoa m dlaoe    2021-1138n https://w
competencia sancionadora del régimen sancionador de la Ley 3/2005, de 8 de abril.
Finalmente, dado que la presente Ley establece que la Oficina se adscribe al Parlamento 
de  Andalucía,  se  hace  preciso  igualmente  proceder  a  la  modificación  del  Decreto  del 
Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
consejerías, y del Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que 
prevén la adscripción de la Oficina a la citada Consejería; en concreto, a uno de sus órganos 
directivos, la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia, lo que 
se realiza en las disposiciones finales cuarta y quinta, respectivamente.
III
En virtud de lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presente Ley 
se dicta de acuerdo con los principios de buena regulación.
En cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, esta Ley se justifica por 
razones de interés general: establecer un régimen de protección y lucha contra el fraude 
y la corrupción en la actuación del sector público andaluz, de las instituciones y órganos 
previstos en el título IV del Estatuto de Autonomía para Andalucía, de aquellas otras 
entidades públicas que tengan la consideración de Administración institucional de la 
Junta  de  Andalucía,  de  las  entidades  integrantes  de  la  Administración  local  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y de las universidades públicas andaluzas, así 
como  regular  determinadas  garantías  y  derechos  para  las  personas  que  formulen 
denuncias ante la Oficina sobre supuestos de fraude, corrupción o conflicto de intereses, 
en especial para aquellas personas que presten servicios en el sector público andaluz y 
en las instituciones, órganos y entidades públicas anteriormente indicadas.
Por otro lado, esta Ley cumple con el principio de proporcionalidad, ya que contiene 
la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir por la misma.
Con el fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, se dicta en coherencia con 
el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, generando un marco 
normativo estable y claro que facilite su conocimiento y comprensión.
En cumplimiento del principio de transparencia, la persona titular de la Dirección de 
la Oficina aprobará anualmente una memoria, de la que se dará traslado al Parlamento 
de Andalucía. De acuerdo asimismo con el principio de transparencia, el anteproyecto de 
ley se ha sometido a los trámites de consulta pública previa, audiencia e información 
pública, haciendo posible la participación de la ciudadanía y de sus organizaciones 
representativas en su elaboración.
En aplicación del principio de eficiencia, las cargas administrativas establecidas en 
esta Ley se consideran imprescindibles y proporcionadas a la finalidad de la norma y, por 
tanto,  adecuadas  para  la  consecución  de  los  intereses  públicos  que  motivan  la 
necesidad de la Ley.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1.  Finalidad y objeto.
1.  La presente Ley tiene como finalidad la prevención y lucha contra el fraude y la 
corrupción. e
2.  El objeto lo constituye: bo
lroesg uhalea) cchióLonas   dqcerule epa rcpoiuócdnei dedirmaen ie usnnetoar   acOo sfniecsgitniutauir t iApvoonrsd  ladale um zfairsa mucdoaen p,t racaro are rllua p Ficnriavóeunsd, teicg oaync fillóaicn t oCe o dirners uippnecteciórceniós ney s d loea    2021-1138n https://w
cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros,
en los términos descritos en el título I.
b)  El establecimiento de un régimen de protección de las personas que formulen 
denuncias ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, respecto de hechos 
que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier 
otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros, en los 
términos descritos en el título II.
c)  La regulación del régimen sancionador respecto de las acciones u omisiones 
tipificadas en la Ley, en los términos descritos en el título III.
Artículo 2.  Definiciones.
A los efectos de esta Ley se entiende por:
a)  Fraude: aquella actuación intencionada de engaño para obtener ganancias o 
beneficios ilegítimos, para sí o para terceras personas, mediante el uso o destino ilegal o 
irregular de fondos o patrimonios públicos.
b)  Corrupción: abuso de poder para obtener ganancias o beneficios ilegítimos, para 
sí o para terceras personas, mediante el uso o destino ilegal o irregular de fondos o 
patrimonios públicos; la conculcación de los principios de igualdad, mérito, publicidad, 
capacidad e idoneidad en la provisión de los puestos de trabajo en el sector público 
andaluz, incluidas las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de 
Andalucía; cualquier otro aprovechamiento irregular, para sí o para terceras personas, 
derivado  de  conductas  que  conlleven  conflicto  de  intereses  o  el  uso,  en  beneficio 
privado, de informaciones derivadas de las funciones atribuidas a las personas incluidas 
en el ámbito subjetivo de aplicación definido en el artículo 4, apartado 1, párrafos a), b), 
c) y d).
c)  Conflicto de intereses: situación en la que el ejercicio imparcial y objetivo de las 
funciones  atribuidas  a  las  personas  incluidas  en  el  ámbito  subjetivo  de  aplicación 
definido en el artículo 4, apartado 1, párrafos a), b), c) y d), pueda verse influido por 
razones familiares, afectivas, de afinidad política, de interés económico o por cualquier 
otro motivo de comunidad de intereses, tanto propios como de terceras personas.
El conflicto de intereses comprenderá cualquier participación en un procedimiento en 
el que se tenga, directa o indirectamente, un interés financiero, político, económico o 
personal que pudiera comprometer la imparcialidad o independencia.
d)  Sector público andaluz: estará integrado por la Administración de la Junta de 
Andalucía  y  sus  agencias,  ya  sean  agencias  administrativas,  agencias  públicas 
empresariales o agencias de régimen especial; por las sociedades mercantiles del sector 
público andaluz; las fundaciones del sector público andaluz; los consorcios y sociedades 
mercantiles previstos en el artículo 12 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  así  como  por  los  fondos  carentes  de 
personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde el presupuesto 
de la Junta de Andalucía.
Artículo 3.  Ámbito objetivo de aplicación.
Esta Ley será de aplicación:
a)  Al sector público andaluz.
b)  A las instituciones y órganos previstos en el título IV del Estatuto de Autonomía 
para  Andalucía,  así  como  en  aquellas  otras  entidades  públicas  que  tengan  la 
consideración de Administración institucional de la Junta de Andalucía, conforme a lo  e.
previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. w.b
vAiuntcócun)l aodmAoa s  dloae sd  Aenpedenantidlduaicedínaet esy s o idnregte alganrsias mnmtieosssm  padúseb,  leiclnao  lso Asy d teémnrimtnidiisnatodrasec spi órdenev  idsloetocresa cle hndo e ep sútlaba l iLceCoy o.om purniviaddaod   2021-1138n https://w
deredc)h oA p úlabsli cuon oiv eprrsividaaddoe vsi npcúublalidcoass  oa nddeapleunzdaise nyt eosr gdaen éissmtaoss,  epnú blolisc otésr my ineonsti dpardeevsis tdoes 
en esta Ley.
e)  A las personas físicas y jurídicas privadas, entidades sin personalidad jurídica, 
administraciones públicas, instituciones, órganos y entidades distintos de los previstos en 
los párrafos a), b), c) y d), que sean o hayan sido licitadores o adjudicatarios de contratos 
en el ámbito de la contratación del sector público, o beneficiarios de subvenciones, o se 
les  hayan  otorgado  créditos,  avales  o  cualquier  otro  tipo  de  ayuda,  beneficio  o 
prestación, o hayan obtenido permisos, licencias o autorizaciones, del sector público 
andaluz y de las instituciones, órganos y entidades previstos en los párrafos a), b), c) y 
d), o que hayan tenido otro tipo de relaciones económicas, profesionales o financieras 
con los mismos, sometidas al derecho público o privado, en lo concerniente a dichas 
relaciones.
Artículo 4.  Ámbito subjetivo de aplicación.
1.  Esta Ley será de aplicación:
a)  A las personas que presten servicios en el sector público andaluz.
b)  A las personas que presten servicios en las instituciones y órganos previstos en 
el título IV del Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como en aquellas otras 
entidades públicas que tengan la consideración de Administración institucional de la 
Junta de Andalucía, conforme a lo previsto en la disposición adicional segunda de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre.
c)  A  las  personas  que  presten  servicios  en  las  entidades  integrantes  de  la 
Administración local de la Comunidad Autónoma de Andalucía y organismos públicos y 
entidades de derecho público o privado vinculados o dependientes de las mismas, en los 
términos previstos en esta Ley.
d)  A las personas que presten servicios en las universidades públicas andaluzas y 
organismos  públicos  y  entidades  de  derecho  público  o  privado  vinculados  o 
dependientes de éstas, en los términos previstos en esta Ley.
e)  A  las  personas  que  presten  servicios  para  las  personas  físicas  y  jurídicas 
privadas, entidades sin personalidad jurídica, administraciones públicas, instituciones, 
órganos y entidades previstos en el artículo 3.e), en los mismos términos indicados en el 
citado artículo.
f)  A las personas denunciantes, considerándose como tales a los efectos de esta 
Ley a las personas físicas o jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que formulen 
una denuncia ante la Oficina, sobre hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, 
corrupción, conflicto de interés o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento 
de intereses públicos o financieros, de conformidad con lo establecido en el artículo 35.
2.  Esta Ley será de aplicación a las personas a las que se refiere el apartado 1, 
párrafos a), b), c), d) y e), con independencia de la naturaleza de la relación jurídica en 
virtud de la cual presten sus servicios.
Artículo 5.  Principios rectores.
Las actuaciones previstas en la presente Ley se rigen por los siguientes principios:
a)  Principios de independencia, integridad, objetividad, neutralidad, imparcialidad, 
confidencialidad y dedicación al servicio público.
b)  Principios  de  legalidad,  reserva  de  jurisdicción,  presunción  de  inocencia, 
coordinación, cooperación, eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de los  e
objetivos y finalidades públicos. bo
rendcdi)c)  iónPP rrdiinnecc ciippuiieoons n taodsne. b isre isnp iodnesma.bilidad,  buena  fe  del  denunciante,  transparencia  y  2021-11380n https://ww
TÍTULO I
Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 6.  Creación.
1.  Se crea la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (en adelante, la 
Oficina) como entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.
La Oficina se adscribe al Parlamento de Andalucía.
2.  La  Oficina  actuará  con  plena  autonomía  e  independencia  funcional  en  el 
desarrollo  de  su  actividad  y  para  el  cumplimiento  de  sus  fines,  respecto  de  las 
administraciones públicas, instituciones, órganos y entidades incluidas en el artículo 3.
Artículo 7.  Finalidad.
La Oficina se crea para prevenir y erradicar el fraude, la corrupción, los conflictos 
de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses 
públicos o financieros del sector público andaluz y demás instituciones, órganos y 
entidades públicas incluidos en el artículo 3, párrafos a), b), c) y d), para el impulso de 
la integridad y la ética pública, así como para la protección de los denunciantes. 
Asimismo, la Oficina promoverá una cultura de buenas prácticas y de rechazo del 
fraude y la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así 
como en la gestión de los recursos públicos, a través de la creación de un código ético 
o de buenas conductas.
Artículo 8.  Régimen jurídico.
1.  La Oficina se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y en su normativa 
reglamentaria de desarrollo aprobada por el Consejo de Gobierno, en los términos 
indicados en la disposición final séptima, así como por lo establecido en el reglamento de 
régimen interior y funcionamiento previsto en el apartado 2, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la normativa vigente en materia de régimen jurídico del sector público y procedimiento 
administrativo común.
2.  En los términos previstos  en  esta Ley,  el reglamento de régimen interior y 
funcionamiento regulará el gobierno, la organización, el funcionamiento y la estructura de 
la Oficina, las competencias que se atribuyan a los órganos y unidades administrativas 
de  la  misma,  el  procedimiento  de  investigación  e  inspección,  el  procedimiento  de 
elección y cese de la persona titular de la Dirección de la Oficina, el régimen del personal 
al servicio de la Oficina, así como los procedimientos y canales para la presentación de 
denuncias ante la Oficina.
La propuesta de reglamento de régimen interior y funcionamiento se elaborará por la 
persona titular de la Dirección de la Oficina y se remitirá al Parlamento de Andalucía para 
su aprobación.
El reglamento de régimen interior y funcionamiento y las modificaciones del mismo 
vincularán  su  vigencia  a  la  publicación  en  el  «Boletín  Oficial  del  Parlamento  de  e.e
Andalucía»,  debiendo  publicarse,  además,  en  el  «Boletín  Oficial  de  la  Junta  de  b
Andalucía», a efectos de general conocimiento. 2021-11380n https://ww
Artículo 9.  Funciones.
1.  Son funciones de la Oficina:
a)  Fomentar y velar por el cumplimiento de la integridad, objetividad, neutralidad, 
responsabilidad,  imparcialidad,  confidencialidad  y  demás  deberes  regulados  en  los 
artículos 52 y siguientes del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, respecto de 
los empleados públicos que presten servicios en el sector público andaluz y demás 
instituciones, órganos y entidades públicas incluidos en el artículo 3, párrafos a), b), c) y 
d), con la finalidad de garantizar el destino y el uso de los fondos públicos, y en general, 
la correcta gestión en la prestación de los servicios públicos.
b)  Realizar las actuaciones de investigación e inspección previstas en esta Ley 
respecto de los actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, 
conflicto  de  intereses  o  cualquier  otra  actividad  ilegal  que  vaya  en  detrimento  de 
intereses públicos o financieros.
c)  Informar  preceptivamente  también  al  Parlamento  de  Andalucía  sobre  los 
proyectos normativos que desarrollen esta Ley u otros proyectos normativos que estén 
directamente relacionados con la finalidad y funciones de la Oficina.
d)  Estudiar, promover e impulsar la aplicación de buenas prácticas en la gestión 
pública mediante la redacción de un código ético o de buenas prácticas, con la finalidad 
de prevenir el fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal 
que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros.
e)  Colaborar en la formación de las personas incluidas en el ámbito subjetivo de 
aplicación definido en el artículo 4, apartado 1, párrafos a), b), c) y d), en materia de 
prevención y actuación respecto del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, 
así como en lo relativo a la debida gestión de los fondos públicos.
f)  Formular propuestas y recomendaciones dirigidas al sector público andaluz y 
demás instituciones, órganos y entidades públicas incluidos en el artículo 3, párrafos a), 
b), c) y d), en materia de prevención del fraude, la corrupción, conflictos de intereses o 
cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros.
Los destinatarios de estas propuestas y recomendaciones deberán informar a la 
Oficina, en un plazo de treinta días desde la recepción de las mismas, sobre las acciones 
adoptadas o, en su caso, sobre los motivos que les hubieran impedido actuar de acuerdo 
con las propuestas y recomendaciones formuladas.
g)  Formular  propuestas  y  recomendaciones  dirigidas  a  los  altos  cargos  de  la 
Administración de la Junta de Andalucía, respecto del cumplimiento de los principios de 
buen  gobierno  previstos  en  el  título  II  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Las  personas  destinatarias  de  estas  propuestas  y  recomendaciones  deberán 
informar a la Oficina, en un plazo de treinta días desde la recepción de las mismas, 
sobre  las  acciones  adoptadas  o,  en  su  caso,  sobre  los  motivos  que  les  hubieran 
impedido actuar de acuerdo con las propuestas y recomendaciones formuladas.
h)  Colaborar con los órganos competentes en materia de incompatibilidades de 
altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, para prevenir y corregir 
actuaciones que pudieran infringir el régimen aplicable en cada caso.
i)  Colaborar con los órganos y los organismos de control interno y externo de la 
gestión de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
j)  Establecer  relaciones  de  colaboración  y  de  elaboración  de  propuestas  de  e
actuación  con  organismos  que  tengan  funciones  semejantes  en  el  Estado,  en  las  bo
restantes comunidades autónomas o en la Unión Europea. Asimismo, establecerá un  0w
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k)  Tramitar las denuncias que le sean presentadas respecto de los actos o las 
omisiones que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o 
cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros, 
ajustándose al procedimiento previsto para ello en el título I, capítulo II y en el posterior 
desarrollo reglamentario del mismo.
l)  Tutelar los derechos de los denunciantes, conforme a lo dispuesto en el título II 
de la presente Ley.
m)  El  inicio,  instrucción  y  resolución  de  los  procedimientos  sancionadores 
tramitados como consecuencia de las infracciones tipificadas en la presente Ley.
n)  El  inicio,  instrucción  y  resolución  de  los  procedimientos  sancionadores 
tramitados como consecuencia de las infracciones tipificadas en la Ley 3/2005, de 8 de 
abril,  de  Incompatibilidades  de  Altos  Cargos  de  la  Administración  de  la  Junta  de 
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos 
Cargos y otros Cargos Públicos.
ñ) Aquellas otras actuaciones cuyo contenido y finalidad puedan ser considerados 
acciones preventivas contra el fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros.
o)  Cualesquiera otras que legalmente puedan serle atribuidas.
2.  Respecto de las personas físicas y jurídicas privadas, entidades sin personalidad 
jurídica, administraciones públicas, instituciones, órganos y entidades previstos en el 
artículo 3.e), así como respecto de las personas que presten servicios en los mismos 
previstas en el artículo 4.1.e), la Oficina ejercerá las funciones previstas en el apartado 1, 
párrafos b), k), l), y m), en los términos indicados en los citados artículos 3.e) y 4.1.e).
Artículo  10.  Funciones  en  el  ámbito  de  la  Administración  local  de  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
1.  Respecto  de  las  entidades  integrantes  de  la  Administración  local  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y organismos públicos y entidades de derecho 
público o privado vinculados o dependientes de las mismas, la Oficina ejercerá las 
funciones previstas en el artículo 9, apartado 1, párrafos a), d), e), f), l), m) y ñ).
2.  Cuando la Oficina tuviera conocimiento, por alguno de los medios previstos en el 
artículo 20, de la existencia de actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de 
fraude, corrupción, conflicto de intereses o de cualquier otra actividad ilegal que vaya en 
detrimento de intereses públicos o financieros en el ámbito de las entidades integrantes 
de  la  Administración  local  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  organismos 
públicos y entidades de derecho público o privado vinculados o dependientes de las 
mismas,  la  persona  titular  de  la  Dirección  de  la  Oficina  deberá  dictar  resolución 
motivada, en el plazo máximo de quince días desde el conocimiento de la existencia de 
los actos u omisiones descritos, acordando el traslado de las actuaciones al órgano 
competente de la Administración local para que éste, en el ejercicio de sus funciones de 
control  y  fiscalización  interna  de  la  gestión  económico-financiera  y  presupuestaria, 
investigue e inspeccione los actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de fraude, 
corrupción o conflicto de intereses e informe a la Oficina de los resultados de las 
actuaciones de investigación e inspección realizadas, en un plazo máximo de seis meses 
desde el traslado de las actuaciones y resolución motivada.
No obstante, este periodo máximo de resolución podrá ser ampliado en tres meses 
más, siempre y cuando exista una resolución motivada para aquellos casos de especial  e
complejidad. El plazo máximo para resolver no podrá exceder de nueve meses. bo
3.  Las funciones de la Oficina previstas en los apartados 1 y 2 se desarrollarán  0w
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corrupción con los poderes, instituciones y organismos públicos de carácter local.
Artículo 11.  Funciones en el ámbito de las universidades públicas andaluzas.
1.  Respecto  de  las  universidades  públicas  andaluzas,  la  Oficina  ejercerá  las 
funciones previstas en el artículo 9, apartado 1, párrafos a), b), d), e), f), k), l), m) y ñ).
2.  Las  funciones  de  la  Oficina  previstas  en  el  apartado  1  se  desarrollarán 
respetando el principio de autonomía universitaria previsto en la Constitución española y 
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
3.  El Director de la Oficina Antifraude puede establecer convenios, protocolos, 
planes y programas conjuntos de actuación en materia de prevención y lucha contra la 
corrupción con las universidades públicas andaluzas.
Artículo 12.  Delimitación de funciones.
1.  Las funciones de la Oficina se entenderán, en todo caso, sin perjuicio de las que 
son propias de las siguientes instituciones y órganos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía: la Cámara de Cuentas de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz, el 
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, la Intervención General 
de la Junta de Andalucía, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la 
Junta de Andalucía, la Inspección General de Servicios y la Agencia Tributaria de 
Andalucía,  así  como  las  demás  instituciones  y  órganos  de  inspección,  control, 
supervisión y protectorado de las entidades incluidas en el ámbito objetivo de aplicación 
de la presente Ley.
2.  La Oficina no podrá realizar funciones correspondientes a la autoridad judicial, 
Ministerio Fiscal y policía judicial, ni podrá investigar los mismos hechos que sean objeto 
de sus investigaciones.
En  el  supuesto  de  que  la  autoridad  judicial  o  el  Ministerio  Fiscal  iniciaran  un 
procedimiento  al  considerar  que  existen  indicios  de  responsabilidad  penal  de  unos 
hechos que constituyeran, a la vez, el objeto de actuaciones de investigación de la 
Oficina, ésta deberá suspender dichas actuaciones y aportar toda la información de que 
disponga, además de proporcionar el apoyo necesario a la autoridad competente.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
cuando la Oficina, en el curso de sus actuaciones de investigación, considerara que 
existen  indicios  de  responsabilidad  penal,  deberá  comunicarlo  inmediatamente  a  la 
autoridad judicial o al Ministerio Fiscal, procediéndose conforme a lo dispuesto en el 
párrafo anterior.
Artículo 13.  Deber de colaboración.
1.  Todas  las  administraciones  públicas,  instituciones,  órganos,  entidades  y 
personas físicas y jurídicas privadas, incluidos en el artículo 3, y todas las personas 
incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley definido en el artículo 4, deberán 
facilitar la práctica de las actuaciones de investigación e inspección de la Oficina, en los 
términos previstos en los artículos 16, 17 y 18.
2.  A los efectos de esta Ley, se entenderá que existe un incumplimiento del deber 
de colaboración con la Oficina en los siguientes supuestos:
a)  La negativa injustificada al envío de información o documentación, en el plazo 
establecido al efecto por la Oficina en el correspondiente requerimiento, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 17.b).
b)  El retraso injustificado del envío de información o documentación, en el plazo  e.
establecido al efecto por la Oficina en el correspondiente requerimiento, de conformidad  w.b
icnoenx calo)c  teasL.taa brelemciidsioó ne nin ejul satritfíiccaudloa 1 d7e.b i)n.formación o documentación de forma incompleta o  2021-1138n https://w
inveds)t igaLcaió onb est rinuscpceiócnc idóenl. acceso a los expedientes o documentación necesarios para la
e)  La falta de asistencia injustificada a la comparecencia, previamente comunicada 
por la Oficina, a los efectos de realizar las entrevistas personales, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17.a).
f)  El incumplimiento de lo previsto en el artículo 14.4.
Artículo 14.  Confidencialidad.
1.  Las actuaciones de la Oficina se llevarán a cabo asegurando, en todo caso, el 
cumplimiento  del  deber  de  confidencialidad  o  sigilo  respecto  de  las  informaciones 
obtenidas, para evitar perjuicios a las personas investigadas, a las personas objeto de 
actuaciones  de  investigación  e  inspección  aun  cuando  no  tuvieran  la  condición  de 
investigadas, a los denunciantes, y también para la salvaguardia de la eficacia del 
procedimiento jurisdiccional o administrativo que se pudiera iniciar en consecuencia.
2.  Las personas al servicio de la Oficina, para garantizar la confidencialidad de las 
investigaciones, estarán sujetas al deber de sigilo que perdurará, sin límite temporal, 
también después de cesar en el cargo o de ocupar los puestos de trabajo adscritos a la 
Oficina. El incumplimiento de este deber dará lugar a la apertura de una información 
reservada y a la incoación, si procediera, del pertinente expediente disciplinario.
3.  El incumplimiento del deber de mantener la confidencialidad sobre la identidad 
de la persona denunciante se someterá a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos de carácter personal y 
a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/UE 
(Reglamento General de Protección de Datos), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
4.  Al  cumplir  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  13.1,  todas  las  personas, 
administraciones, instituciones, órganos y entidades incluidas en el artículo 3 y todas las 
personas  incluidas  en  el  ámbito  subjetivo  de  aplicación  de  la  Ley,  definido  en  el 
artículo 4, estarán obligados al deber de sigilo y de confidencialidad sobre los hechos 
que son objeto de investigación e inspección, así como las personas y entes sobre los 
que  se  producen  dichas  actuaciones,  siempre  y  cuando  la  oficina  advierta  de  su 
modalidad reservada.
Artículo 15.  Protección de datos de carácter personal.
1.  El tratamiento y la comunicación de los datos de carácter personal obtenidos por 
la Oficina en el ejercicio de sus funciones se someterán a la normativa vigente en 
materia  de  protección  de  datos  de  carácter  personal;  en  concreto,  al  Reglamento 
(UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y a la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
2.  Los datos que podrán ser objeto de tratamiento serán aquellos que resulten 
adecuados, pertinentes y limitados al cumplimiento de los fines y al desarrollo de las 
funciones encomendados a la Oficina.
3.  La Oficina no podrá divulgar los datos ni informar a otras personas físicas o 
jurídicas, públicas y privadas que no sean las que, de acuerdo con la normativa vigente, 
puedan  conocerlos  por  razón  de  sus  funciones,  y  tampoco  podrán  utilizarse  ni 
comunicarse estos datos con fines diferentes de los establecidos en esta ley.
4.  Los datos recabados por la Oficina en el ejercicio de sus competencias se 
comunicarán a los órganos competentes para iniciar los procedimientos disciplinarios,  es
sancionadores o penales a que pudieran dar lugar. bo
5.  La  Oficina  garantizará  que  el  tratamiento  de  datos  personales  en  los  0w
parrotícceudloim 2i4e ndteo sla  yL ecya nOarlgeásn idceas 3c/r2it0o1s8 e, nd ee 5l  adret ídcuiclioe m3b6r.1e .se ajuste a lo dispuesto en el  2021-1138n https://w
CAPÍTULO II
Del procedimiento de investigación e inspección
Artículo 16.  Disposiciones generales aplicables a las potestades de investigación e 
inspección.
1.  Las potestades de investigación y de inspección de la Oficina sobre hechos que 
pudieran  ser  constitutivos  de  fraude,  corrupción,  conflicto  de  intereses  o  cualquier 
actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros se regirán por 
los  principios  de  necesidad  y  proporcionalidad,  de  cuyo  cumplimiento  se  dejará 
constancia en el correspondiente expediente. En el supuesto de personas físicas o 
jurídicas privadas, administraciones públicas, entidades, instituciones y órganos incluidos 
en el artículo 3.e), así como respecto de las personas que presten servicios en los 
mismos previstas en el artículo 4.1.e), las potestades de investigación e inspección se 
limitarán estrictamente a las relaciones que unan a los mismos con el sector público 
andaluz y demás instituciones, órganos y entidades públicas incluidos en el artículo 3, 
párrafos a), b), c) y d).
2.  Las personas funcionarias de  carrera  al servicio  de la Oficina que tuvieran 
atribuidas  funciones  de  investigación  e  inspección,  conforme  a  lo  previsto  en  el 
apartado 3, tendrán la condición de autoridad. Los documentos que formalicen, cuyo 
contenido relate, de manera precisa y clara, los elementos fácticos que permitan adquirir 
la  convicción,  por  el  órgano  competente,  respecto  a  la  conducta  reprochada,  y  a 
elementos de imputabilidad y de culpabilidad, siempre que hayan sido comprobados 
directamente por quien los suscribe, harán prueba de éstos, salvo que se acredite lo 
contrario.
3.  El ejercicio de las potestades de investigación e inspección requerirá de un 
previo acuerdo expreso y motivado de la persona titular de la Dirección de la Oficina que 
indique el objeto y la finalidad de dicho ejercicio, con expresa especificación de los datos, 
documentos, operaciones, informaciones y otros elementos que hubieran de ser objeto 
de las potestades de investigación e inspección, de las personas sobre las que se 
ejercerán estas potestades, del periodo de tiempo a que se refieran, en su caso, y del 
personal  funcionario  de  carrera  autorizado  a  realizar  funciones  de  investigación  e 
inspección. El citado acuerdo incluirá, asimismo, la mención del deber de colaboración y 
las sanciones que pudieran imponerse por incumplimiento del mismo.
4.  Si el ejercicio de las potestades de investigación e inspección de la Oficina 
afectara a las personas incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación definido en el 
artículo 4, apartado 1, párrafos a), b), c) y d), se informará a la persona titular de estos 
órganos, instituciones y entidades, salvo los supuestos en los que se considerara que 
pudiera perjudicar al resultado de las actuaciones de investigación e inspección, en los 
que  esta  comunicación  se  diferirá  hasta  la  finalización  del  correspondiente 
procedimiento.
Artículo 17.  Potestad de investigación.
La potestad de investigación permitirá al personal funcionario de carrera al servicio 
de la Oficina que tuviera atribuido el ejercicio de funciones de investigación la realización 
de las siguientes actuaciones para el esclarecimiento de los hechos que pudieran ser 
constitutivos de fraude, corrupción o conflicto de intereses: s
a)  Realizar entrevistas personales a las personas incluidas en el ámbito subjetivo  w.b
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b)  Realizar  los  requerimientos  de  información  o  documentación  a  las 
administraciones públicas, instituciones, órganos, entidades y personas físicas y jurídicas 
privadas, incluidos en el artículo 3, y a las personas incluidas en el ámbito subjetivo de 
aplicación de la Ley definido en el artículo 4, aun cuando las personas descritas no 
tuvieran la condición de personas investigadas, al no atribuírseles la comisión de hechos 
constitutivos de fraude, corrupción o conflicto de intereses, pero pudieran contribuir al 
esclarecimiento de los mismos. Los citados requerimientos deberán ser atendidos en el 
plazo máximo de quince días, a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su 
notificación, salvo que la Oficina, de oficio o a solicitud debidamente justificada de la 
persona  o  entidad  requerida,  acuerde  motivadamente  un  plazo  mayor  debido  a  la 
complejidad de la información o documentación solicitada.
c)  Requerir a las entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio para que 
suministren información o documentación relativa a los movimientos de cuentas y demás 
operaciones financieras activas y pasivas, incluidas las que se materialicen en cheques u 
otras  órdenes  de  cargo  o  abono,  realizadas  por  las  administraciones  públicas, 
instituciones, órganos, entidades y personas físicas y jurídicas privadas, incluidos en el 
artículo 3, y por las personas incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 
definido en el artículo 4, aun cuando las personas descritas no tuvieran la condición de 
personas investigadas, al no atribuírseles la comisión de hechos constitutivos de fraude, 
corrupción o conflicto de intereses, pero pudieran contribuir al esclarecimiento de los 
mismos.
En el requerimiento se podrá solicitar información relativa al origen y destino de los 
movimientos o de los cheques u otras órdenes de cargo o abono, si bien en estos casos 
la información suministrada no podrá exceder de la identificación de las personas y de 
las cuentas en las que se encontrara dicho origen y destino.
El requerimiento deberá ser atendido en el plazo máximo de quince días, a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, salvo que la Oficina, de oficio o 
a  solicitud  debidamente  justificada  de  la  persona  o  entidad  requerida,  acuerde 
motivadamente  un  plazo  mayor  debido  a  la  complejidad  de  la  información  o 
documentación solicitada.
Esta actuación se llevará a cabo de forma excepcional, cuando no existiera una 
alternativa menos gravosa e igualmente eficaz, siendo necesario, en cualquier caso, que 
se hubiera formulado un previo requerimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo b), y el mismo no hubiera sido atendido.
En el supuesto de que se efectúe el requerimiento a personas que no tuvieran la 
condición de personas investigadas, en éste se deberá dejar constancia expresa de los 
motivos  por  los  que  se  considera  que  tal  medida  es  estrictamente  necesaria  para 
contribuir al esclarecimiento de los hechos constitutivos de fraude, corrupción o conflicto 
de intereses.
d)  Realizar  copias,  en  cualquier  formato,  de  la  información  o  documentación 
obtenida.
Artículo 18.  Potestad de inspección.
1.  La potestad de inspección permitirá al personal funcionario de carrera al servicio 
de la Oficina que tuviera atribuido el ejercicio de funciones de inspección, para el 
esclarecimiento de los hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o 
conflicto de intereses, acceder debidamente, acreditando la condición de autoridad, a 
cualquier  dependencia  de  las  administraciones  públicas,  instituciones,  órganos,  e.
entidades y personas físicas y jurídicas privadas, incluidos en el artículo 3, aun cuando  w.b
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infor2m. acEiósnte  oa cdcoecsuom oe netnatcriaódna,  steenad rcáu aclo fmueor efin eall idsoapdo rreteq ueenr irq luae p eusetsutvai ear adnis rpeogsisictiróand adse, 
así como los equipos físicos y logísticos utilizados, para su examen y comprobación en
ese  momento,  pudiendo  retenerse  dicha  documentación  o  equipos,  a  causa  de  su 
volumen o complejidad, por un plazo máximo de diez días, para su posterior examen y 
comprobación. Asimismo, las personas funcionarias de carrera al servicio de la Oficina 
que tuvieran atribuido el ejercicio de funciones de inspección y que accedan a las 
dependencias descritas dispondrán de las facultades previstas en el artículo 17, párrafos 
a) y d).
3.  En el supuesto de personas físicas o jurídicas privadas que no formen parte del 
sector público andaluz, será preciso el consentimiento de las mismas para el acceso a 
las dependencias o, en su caso, la oportuna autorización judicial.
4.  De todas las entradas e inspecciones realizadas se levantará un acta firmada por 
la persona funcionaria de carrera autorizada y por la persona ante la cual se haya 
realizado la inspección. Al acta se adjuntará la relación de los documentos de los que se 
haya obtenido copia y, en su caso, la relación de aquellos documentos o equipos que 
hayan sido retenidos y trasladados temporalmente a la Oficina, para su posterior examen 
y  comprobación.  Asimismo,  se  expedirá  una  copia  del  acta  y,  en  su  caso,  de  los 
documentos  anexos  a  la  misma,  a  la  persona  ante  la  cual  se  haya  realizado  la 
inspección.
5.  Esta actuación se llevará a cabo de forma excepcional, cuando no existiera una 
alternativa menos gravosa e igualmente eficaz.
Artículo 19.  Derechos de las personas investigadas.
1.  Tendrán  la  consideración  de  personas  investigadas  las  administraciones 
públicas,  instituciones,  órganos,  entidades  y  personas  físicas  y  jurídicas  privadas 
incluidos en el artículo 3, las personas incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación de la 
Ley definida en el artículo 4, a las que se les atribuya la comisión de hechos constitutivos 
de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en 
detrimento de intereses públicos o financieros y que, por ello, fueran objeto de un 
procedimiento de investigación e inspección tramitado por la Oficina.
2.  Las  personas  investigadas  ostentarán  la  condición  de  interesadas  en  el 
correspondiente procedimiento de investigación e inspección y, por tanto, gozarán de los 
derechos  previstos  en  el  artículo  53  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de 
los que les reconozca la presente Ley.
3.  Las actuaciones de investigación e inspección se llevarán a cabo de manera que 
se garantice el derecho a la presunción de inocencia de la persona investigada, así como 
los demás derechos reconocidos en el artículo 24 de la Constitución española, entre los 
que se encuentra el derecho de asistencia letrada. Este derecho no supondrá que los 
gastos que pudieran derivarse de su ejercicio deban abonarse por la Administración de 
la Junta de Andalucía, ni tampoco implicará la intervención de los letrados del Gabinete 
Jurídico de la Junta de Andalucía.
4.  Las personas investigadas tendrán derecho a solicitar, conforme a la normativa 
que resulte aplicable, la reparación de los perjuicios que hubieran soportado como 
consecuencia de las actuaciones de investigación e inspección practicadas.
Esta reparación también podrá ser solicitada, en su caso, por las personas que no 
tuvieran  la  condición  de  personas  investigadas,  pero  pudieran  contribuir  al 
esclarecimiento  de  los  hechos  constitutivos  de  fraude,  corrupción  o  conflicto  de 
intereses.
Artículo 20.  Inicio del procedimiento de investigación e inspección. b
acueErld por odcee ldai mpeiersnoton ad eti tuinlaver sdteig laac Dióinre ec ciinósnp deecc liaó nO fdicei nlaa , Oefnic lionsa  ssigeu iineinctiaersá s duep uoefisctioos p:or  2021-1138n https://w
a)  A iniciativa propia, cuando, a la vista de los informes de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, del Tribunal de Cuentas, de la Inspección General de Servicios, de la  Bc
Intervención General de la Junta de Andalucía o por cualquier otro medio válido en 
derecho, la Oficina tuviera conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de 
fraude, corrupción o conflicto de intereses.
b)  En virtud de petición razonada de las instituciones, órganos y entidades previstos 
en el artículo 3, cuando éstos hubieran tenido conocimiento de hechos que pudieran ser 
constitutivos de fraude, corrupción o conflicto de intereses.
c)  Por denuncia sobre hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción 
o conflictos de intereses, en los siguientes términos:
1.º  Las denuncias, exceptuándose las anónimas, deberán expresar la identidad de 
la persona o personas que las formulan y el relato de los hechos que se ponen en 
conocimiento de la Oficina. Cuando dichos hechos pudieran ser constitutivos de una 
infracción administrativa o de un delito indicarán, cuando sea posible, la fecha de su 
comisión y la identificación de las personas presuntas responsables.
2.º  La formulación de una denuncia ante la Oficina no impide que la persona 
denunciante pueda interponer otra denuncia ante cualquier otro organismo que resultara 
competente, si bien deberá comunicar tal circunstancia a la Oficina.
3.º  El denunciante podrá solicitar de la Oficina que se guarde la confidencialidad 
sobre su identidad, así como respecto de cualquier otra información de la que se pueda 
deducir, directa o indirectamente, su identidad, estando el personal de la Oficina obligado 
a mantenerla, aun cuando la persona denunciada solicite conocer la identidad de la 
denunciante.
Cuando  el  denunciante  instara  de  la  Oficina  la  realización  de  las  actuaciones 
previstas en los artículos 37.3 y 38, se considerará que renuncia a la confidencialidad 
sobre su identidad.
En los supuestos en los que la persona denunciada solicite conocer la identidad de la 
denunciante y ésta no hubiera solicitado la confidencialidad sobre su identidad, la Oficina 
le dará audiencia, por un plazo de diez días, a fin de que comunique si desea que su 
identidad sea o no revelada. Si, tras la audiencia, la persona denunciante decide que su 
identidad no sea revelada, el personal de la Oficina estará obligado, de igual forma, a 
mantener la confidencialidad.
No obstante lo dispuesto en los párrafos precedentes, aun cuando no mediara el 
consentimiento  expreso  de  la  persona  denunciante,  la  Oficina  deberá  revelar  su 
identidad  en  el  supuesto  de  recibir,  en  el  marco  de  un  procedimiento  seguido  de 
conformidad con la normativa vigente, el correspondiente requerimiento de un órgano 
judicial  o  de  otra  naturaleza,  o  cuando,  previa  petición  fundada  de  la  persona 
denunciada, se considerara, mediante resolución motivada, necesario para salvaguardar 
su derecho de defensa.
4.º  En  el  supuesto  de  que  hubiera  un  elevado  número  de  denuncias,  podrá 
seguirse prioritariamente las denuncias de infracciones muy graves.
Artículo 21.  Periodo de información o actuaciones previas.
1.  En los supuestos de formulación de denuncia o petición razonada, la Oficina 
podrá acordar, dentro de los quince días siguientes a la recepción de la misma, la 
apertura de un periodo de información o actuaciones previas, al objeto de realizar las 
actuaciones de investigación previstas en el artículo 17, párrafos a), b) y d), que resulten 
indispensables para conocer las circunstancias del caso concreto y, en consecuencia, la 
conveniencia o no de iniciar el procedimiento de investigación e inspección. e
2.  No obstante, la Oficina podrá resolver motivadamente la inadmisión a trámite de  bo
las denuncias o peticiones razonadas que carezcan manifiestamente de fundamento, sin  0w
inone iacccie3atsu.c iiadócaEnido n nd deeeelsl   pa pplparreoezrcovteui amdrsaiám,  dxliaeiem  nppoteeo rrd íseodo dentor ae i ndintveitteu aisnl adtfiroíg ardamsec aid ólceanis ó Ddneei  ro eil nacds ceapi ópeanecc rctdutiuóearn cal ai odo nOe, elf psipc opeinrrr aeioe vddli aoecs bod.enert árian arfoicoro,m rddaaiccrit óalanr    OE-A-2021-1138able en https://w
resolución motivada de archivo de las denuncias y peticiones razonadas. La resolución
por la que se acuerde el archivo se notificará a la persona denunciante o a la institución, 
órgano o entidad que hubiera realizado la petición, así como a las personas sobre las 
que se hubiera acordado la apertura del periodo de información o actuaciones previas.
4.  En el supuesto de actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de fraude, 
corrupción,  conflicto  de  intereses  o  de  cualquier  otra  actividad  ilegal  que  vaya  en 
detrimento de intereses públicos o financieros en el ámbito de las entidades integrantes 
de  la  Administración  local  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  organismos 
públicos y entidades de derecho público o privado vinculados o dependientes de las 
mismas, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2, la persona titular de la 
Dirección de la Oficina, en el plazo máximo de treinta días desde la apertura del periodo 
de información o actuaciones previas, deberá dictar resolución motivada de archivo o, 
por el contrario, resolución motivada acordando el traslado de las actuaciones al órgano 
competente de la Administración local para que, en el ejercicio de sus funciones de 
control  y  fiscalización  interna  de  la  gestión  económico-financiera  y  presupuestaria, 
investigue e inspeccione los actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de fraude, 
corrupción,  conflicto  de  intereses  o  de  cualquier  otra  actividad  ilegal  que  vaya  en 
detrimento de intereses públicos o financieros e informe a la Oficina de los resultados de 
las actuaciones de investigación e inspección realizadas, en un plazo máximo de seis 
meses desde el traslado de las actuaciones y resolución motivada. No obstante, este 
periodo máximo de resolución podrá ser ampliado en tres meses más, siempre y cuando 
exista una resolución motivada para aquellos casos de especial complejidad. El plazo 
máximo para resolver no podrá exceder de nueve meses.
La resolución por la que se acuerde el archivo o el traslado de las actuaciones se 
notificará a la persona denunciante o a la institución, órgano o entidad que hubiera 
realizado la petición, así como a las personas sobre las que se hubiera acordado la 
apertura  del  periodo  de  información  o  actuaciones  previas.  Asimismo,  la  Oficina 
notificará a la persona denunciante el acto por el que se efectúe el traslado efectivo de 
dichas actuaciones.
Artículo 22.  Acuerdo de inicio e instrucción.
1.  El acuerdo de inicio del procedimiento de investigación e inspección se notificará 
a  las  personas  interesadas  en  el  correspondiente  procedimiento  y  a  las  personas 
denunciantes y deberá contener, al menos:
a)  El  nombramiento  de  la  persona  instructora  del  procedimiento,  de  entre  el 
personal funcionario de carrera al servicio de la Oficina que tenga atribuidas funciones 
de investigación e inspección.
b)  Los hechos que motiven su incoación.
c)  El órgano competente para la resolución del procedimiento.
d)  La indicación, en su caso, del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en 
el procedimiento, y de los plazos para su ejercicio.
2.  La instrucción del procedimiento se realizará por la Subdirección de la Oficina 
competente  en  materia  de  actuaciones  de  investigación,  inspección  y  régimen 
sancionador.
Artículo 23.  Suspensión y finalización del procedimiento de investigación e inspección.
1.  Instruido el procedimiento de investigación e inspección, la persona titular de la  e.
Dirección de la Oficina dictará resolución motivada que ponga fin al procedimiento de  w.b
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siempre y cuando exista una resolución motivada de la Oficina para aquellos casos de
especial complejidad o cuando las circunstancias así lo aconsejen. El plazo máximo para 
resolver no podrá exceder de nueve meses.
2.  Si de las actuaciones de investigación e inspección realizadas por la Oficina se 
apreciasen indicios de la comisión de posibles infracciones administrativas, disciplinarias, 
contables o la concurrencia de causas que justificaran la iniciación de un procedimiento 
de reintegro de subvenciones o cualquier tipo de ayudas, revisión de oficio u otras 
actuaciones  para  la  restitución  de  la  legalidad  o  reparación  del  daño  causado,  la 
resolución que ponga fin al procedimiento de investigación e inspección indicará tal 
circunstancia  y  acordará  el  traslado  de  las  actuaciones  practicadas  al  órgano 
competente, a fin de que por éste, previa valoración de las actuaciones practicadas, se 
acuerde, en su caso, el inicio del correspondiente procedimiento. La Oficina notificará a 
la persona denunciante el acto por el que se efectúe el traslado efectivo de dichas 
actuaciones.
Cuando  se  apreciase  que  estuviera  próxima  a  producirse  la  prescripción  de 
infracciones, existiendo indicios de responsabilidad administrativa o disciplinaria o la 
prescripción del derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro de 
subvenciones  o  cualquier  tipo  de  ayudas,  se  hará  constar  expresamente  esta 
circunstancia, a efectos de que se inicie el correspondiente procedimiento a la mayor 
brevedad.
De  la  finalización  del  procedimiento  sancionador,  disciplinario,  de  reintegro,  de 
revisión de oficio o de cualquier otro tramitado para la restitución de la legalidad o 
reparación  del  daño  causado  se  dará  conocimiento  a  la  Oficina,  que  notificará  la 
resolución finalizadora de estos procedimientos a la persona denunciante y solicitará 
información sobre el cumplimiento de la misma a los correspondientes órganos.
3.  Si de las actuaciones de investigación e inspección realizadas por la Oficina se 
apreciasen indicios de la comisión de posibles infracciones administrativas tipificadas en 
el título III de la presente Ley o en el capítulo IV de la Ley 3/2005, de 8 de abril, la 
resolución que ponga fin al procedimiento de investigación e inspección indicará tal 
circunstancia y dará lugar a que por la persona titular de la Dirección de la Oficina se 
acuerde  el  inicio  del  correspondiente  procedimiento  sancionador.  La  resolución  que 
ponga fin a este procedimiento será notificada por la Oficina a la persona denunciante.
4.  Si no concurrieran los supuestos indicados en los apartados 2 y 3, la resolución 
que ponga fin al procedimiento de investigación e inspección indicará tal circunstancia.
5.  Si de las actuaciones de investigación e inspección realizadas por la Oficina se 
apreciasen indicios de la comisión de posibles delitos, la persona titular de la Dirección 
de la Oficina dictará resolución indicando tal circunstancia y acordando el traslado de las 
actuaciones al Ministerio Fiscal u órgano judicial, ordenando, asimismo, la suspensión 
del procedimiento de investigación e inspección y su posible reanudación, en el supuesto 
de que no se constatase la comisión de un delito. La Oficina notificará a la persona 
denunciante el acto por el que se efectúe el traslado efectivo de dichas actuaciones al 
Ministerio Fiscal u órgano judicial.
Asimismo, cuando la Oficina tuviera conocimiento de que el Ministerio Fiscal o un 
órgano judicial hubiera iniciado un procedimiento para determinar la relevancia jurídica 
de  unos  hechos  que  fueran,  a  la  vez,  objeto  de  actuaciones  de  investigación  e 
inspección, la persona titular de la Dirección de la Oficina dictará resolución indicando tal 
circunstancia y acordando el traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal u órgano 
judicial,  ordenando,  asimismo,  la  suspensión  del  procedimiento  de  investigación  e 
inspección y su posible reanudación, en el supuesto de que no se constatase la comisión  s
de un delito. La Oficina notificará a la persona denunciante el acto por el que se efectúe  oe.
el traslado efectivo de dichas actuaciones al Ministerio Fiscal u órgano judicial. w.
aco lnao Dpceeim rsliaoe nnfation d aaeli nzlaau cnOicófiinac nintdeae ,ly  q spuoreol iccneiotadtirifmáic iaienrnfáot orlma  pareecsnióoanllu  sceoinób nrs efu inlsaa  flsiizrumacdeeozsraiav a yds ee l i encssuttmea nppclriimoacsiee ndstieom  dideean rtloáa    2021-1138n https://w
misma a los correspondientes órganos.
Artículo 24.  Régimen jurídico del procedimiento de investigación e inspección.
1.  El procedimiento de investigación e inspección se desarrollará por el reglamento 
de régimen interior y funcionamiento, ajustándose a lo dispuesto al respecto en este 
capítulo.
2.  En  lo  no  previsto  en  esta  Ley  y  en  el  reglamento  de  régimen  interior  y 
funcionamiento,  el  procedimiento  de  investigación  e  inspección  se  ajustará  a  lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
CAPÍTULO III
De los medios personales y materiales
Artículo 25.  La Dirección.
1.  La persona titular de la Dirección de la Oficina será elegida por el Pleno del 
Parlamento de Andalucía mediante votación por mayoría de tres quintas partes de las 
personas que lo compongan, entre personas de reconocida competencia que cumplan 
las condiciones de idoneidad, honorabilidad, independencia y profesionalidad necesarias 
para ejercer el cargo y que estén en posesión de una titulación universitaria idónea para 
las  funciones  atribuidas.  En  cualquier  caso,  deberán  poseer  más  de  diez  años  de 
experiencia  profesional  acreditada  relacionada  con  la  prevención  y  lucha  contra  el 
fraude, la corrupción y el conflicto de intereses.
Si no se obtuviera la mayoría requerida, se someterá a una segunda votación en un 
plazo no inferior a quince días, requiriéndose la mayoría absoluta de las personas que 
compongan el Parlamento de Andalucía.
2.  Las personas candidatas a ocupar el cargo serán propuestas por los grupos 
parlamentarios a la Mesa del Parlamento. Las personas candidatas deberán comparecer 
ante la comisión parlamentaria correspondiente, con el fin de que se examine si su 
experiencia,  formación  y  capacidad  son  las  adecuadas  para  el  cargo.  Una  vez 
evaluadas,  la  Presidencia  del  Parlamento  someterá  al  Pleno  la  elección  de  las 
candidaturas.
3.  La persona titular de la Dirección de la Oficina será nombrada por la Presidencia 
del Parlamento de Andalucía y deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes 
desde su nombramiento, el cual deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Parlamento 
de Andalucía» y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
4.  El mandato de la persona titular de la Dirección de la Oficina será de cinco años 
desde la fecha de su elección por el Parlamento de Andalucía y no será renovable.
5.  La persona titular de la Dirección de la Oficina ejercerá el cargo con plena 
independencia, inamovilidad y objetividad en el desarrollo de las funciones y en el ámbito 
de las competencias propias de la Oficina y actuará siempre con sometimiento pleno a la 
ley y al derecho.
6.  Las previsiones relativas a la elección de la persona titular de la Dirección de la 
Oficina se entienden sin perjuicio del desarrollo del procedimiento que se determine en el 
reglamento de régimen interior y funcionamiento.
Artículo 26.  Funciones de la Dirección.
Son funciones de la persona titular de la Dirección de la Oficina las siguientes: s
a)  Ostentar la representación legal de la Oficina. w.b
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de))   ACuetleobrizraarr  llooss  cgoansttroasto ys  oyr dceonnaver nloios sp.agos en ejecución de su presupuesto.
f)  La iniciación y resolución del procedimiento de investigación e inspección de la 
Oficina previsto en el título I, capítulo II.
g)  La iniciación y resolución del procedimiento sancionador previsto en el título III, 
capítulo I.
h)  Aprobar la memoria anual de la Oficina prevista en el artículo 33, así como los 
informes especiales y recomendaciones previstos en el artículo 34.
i)  Cualesquiera otras que se deriven de la presente Ley.
Artículo 27.  Incompatibilidades de la Dirección.
1.  El ejercicio de la Dirección de la Oficina es incompatible con:
a)  El  desempeño  de  cualquier  cargo  representativo  como  consecuencia  de  la 
celebración de elecciones, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y las normas dictadas en desarrollo de la 
misma.
b)  El desempeño de cualquier cargo designado por el Parlamento de Andalucía, por 
el Congreso de los Diputados o por el Senado.
c)  El desempeño de cualquier cargo de elección o designación política o que 
implique el desempeño de funciones administrativas, perteneciente a la Administración 
General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades 
que integran la Administración local, los organismos públicos y entidades de derecho 
público  o  privado  vinculados  o  dependientes  de  las  administraciones  públicas,  las 
universidades  públicas  y  los  organismos  o  instituciones  de  la  Unión  Europea  o 
internacionales.
d)  El ejercicio de cualquier actividad profesional, mercantil o laboral.
e)  El ejercicio en activo de la carrera judicial y fiscal.
f)  El desempeño de cualquier cargo directivo o de asesoramiento en asociaciones, 
fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.
g)  La afiliación a cualquier partido político, sindicato o asociación profesional o 
empresarial.
2.  A la persona titular de la Dirección de la Oficina le es aplicable, asimismo, el 
régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 3/2005, de 8 de abril.
3.  La  persona  titular  de  la  Dirección  de  la  Oficina  incursa  en  causa  de 
incompatibilidad deberá cesar en el ejercicio de la actividad o cargo incompatible en el 
plazo máximo de un mes desde su nombramiento y, en cualquier caso, antes de tomar 
posesión en el cargo. Si no lo hiciera, se considerará que no acepta el nombramiento.
4.  En el curso de dos años tras la finalización del mandato correspondiente, la 
persona que hubiera sido titular de la Dirección de la Oficina no podrá desempeñar cargo 
de dirección o formar parte de consejos de administración en ninguna empresa directa o 
indirectamente  ligada  a  cualquier  caso  que  haya  sido  objeto  de  un  procedimiento 
sancionador o de investigación e inspección por parte de la Oficina y que hubiera 
concluido mediante resolución o derivado en un procedimiento penal con sentencia 
condenatoria. Dicha prohibición será aplicable, asimismo, a la ocupación de puestos o 
cargos públicos en las administraciones públicas, instituciones, órganos y entidades 
incluidos en el artículo 3, con excepción de los que se ejercieran por la persona titular de 
la Dirección de la Oficina con anterioridad a su nombramiento, y en los que hubieran 
cesado por razón de dicho nombramiento. s
Artículo 28.  Cese de la Dirección. w.
sigu1ie. nteLsa  cpaeurssaosn:a  titular  de  la  Dirección  de  la  Oficina  cesará  por  alguna  de  las  2021-1138n https://w
a)  Por renuncia.
b)  Por la extinción del mandato al expirar el plazo del mismo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 5.
c)  Por estar incursa en alguna de las causas de incompatibilidad previstas en el 
artículo 27 con posterioridad a la toma de posesión del cargo.
d)  Por fallecimiento o incapacidad declarada por decisión judicial firme.
e)  Por la inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos declarada por 
decisión judicial firme.
f)  Por tener la condición de investigada en un procedimiento penal por delito en el 
que se hayan adoptado medidas cautelares contra la persona titular de la Dirección de la 
Oficina, de encausada en un procedimiento penal por delito o de condenada mediante 
sentencia firme a causa de delito.
g)  Por negligencia notoria y grave en el cumplimiento de las obligaciones y los 
deberes del cargo.
2.  En el supuesto de que las causas fueran las establecidas en el apartado 1, 
párrafos a), d), e) y f), el cese se acordará a la fecha en que se tenga conocimiento 
fehaciente de la causa de cese, y con efectos desde esa misma fecha.
3.  En el supuesto de que la causa fuera la establecida en el apartado 1, párrafo c), 
el cese se acordará a la fecha en que se constate la existencia de la causa que lo motive 
por la comisión parlamentaria correspondiente y con efectos desde la fecha en que se 
determine que concurra la causa de cese.
4.  En el supuesto de que la causa fuera la establecida en el apartado 1, párrafo g), 
el cese será acordado por el Parlamento de Andalucía por mayoría de dos terceras 
partes de las personas que lo compongan. La causa de cese deberá ser previamente 
analizada por la correspondiente comisión parlamentaria, a la que la persona titular de la 
Dirección de la Oficina tendrá derecho a asistir y hacer uso de la palabra.
Si no se obtuviera la mayoría requerida, se someterá a una segunda votación en un 
plazo no inferior a quince días, requiriéndose la mayoría absoluta de las personas que 
compongan el Parlamento de Andalucía.
5.  En el supuesto de que la causa fuera la establecida en el apartado 1, párrafo b), 
se producirá el cese automático de la persona titular de la Dirección de la Oficina, pero 
ésta seguirá ejerciendo en funciones su cargo hasta la toma de posesión de la nueva 
Dirección, que deberá tener lugar dentro de los tres meses siguientes al momento en 
que se produzca la expiración del mandato anterior.
En los otros supuestos de cese ejercerá las funciones atribuidas a la persona titular 
de la Dirección de la Oficina la persona funcionaria a la que, conforme a lo previsto en el 
reglamento  de  régimen  interior  y  funcionamiento,  le  corresponda  la  sustitución  de 
aquélla.
6.  El cese de la persona titular de la Dirección de la Oficina será acordado por la 
Presidencia del Parlamento de Andalucía y deberá publicarse en el «Boletín Oficial del 
Parlamento de Andalucía» y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
7.  Las previsiones relativas al cese de la persona titular de la Dirección de la 
Oficina se entienden sin perjuicio del desarrollo del procedimiento que se determine en el 
reglamento de régimen interior y funcionamiento.
8.  Una vez acordado el cese de la persona titular de la Dirección de la Oficina, se 
iniciará  el  procedimiento  para  elegir  a  la  nueva  Dirección,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 25.2.
Artículo 29.  Estructura de la Oficina. e.
El Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento de la Oficina regulará su  0w
óorrggaannoizsa:ción y estructura, debiendo preverse la existencia, al menos, de los siguientes  2021-1138n https://w
a)  Una  subdirección  competente  en  materia  de  actuaciones  de  investigación,
inspección y régimen sancionador. Bc
b)  Una  subdirección  competente  en  materia  de  medidas  de  protección  de  la 
persona denunciante, propuestas de prevención y recomendaciones de actuación, y 
gestión del canal de denuncias.
Artículo 30.  Recursos en vía administrativa.
1.  Los actos dictados por órganos de la Oficina distintos de la Dirección podrán ser 
objeto de recurso de alzada ante la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre.
2.  Los  actos  dictados  por  la  Dirección  de  la  Oficina  pondrán  fin  a  la  vía 
administrativa, pudiendo ser objeto del recurso potestativo de reposición establecido en 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 115 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre.
3.  En ningún caso podrán ser objeto de recurso alguno en vía administrativa la 
memoria anual y los informes especiales y recomendaciones, a los que se refieren, 
respectivamente, los artículos 33 y 34.
4.  Los actos dictados por los órganos de la Oficina se considerarán actuación 
sujeta  al  derecho  administrativo,  a  los  efectos  previstos  en  el  artículo  1  de  la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 31.  Personas al servicio de la Oficina.
1.  Los  puestos  de  trabajo  de  la  Oficina  serán  provistos  de  acuerdo  con  los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, por personas funcionarias de 
carrera.
Las personas al servicio de la Oficina se regirán por la normativa reguladora en 
materia de personal al servicio del Parlamento de Andalucía, sin perjuicio del desarrollo 
que  pueda  establecerse  específicamente  en  el  reglamento  de  régimen  interior  y 
funcionamiento de la Oficina.
2.  Corresponde  a  la  persona  titular  de  la  Dirección  de  la  Oficina  elaborar  la 
propuesta de relación de puestos de trabajo y remitirla a la Mesa del Parlamento de 
Andalucía para su aprobación.
La relación de puestos de trabajo y las modificaciones de la misma se publicarán en 
el «Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía», así como en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía».
3.  A los efectos de que las personas al servicio de la Oficina cuenten con la 
capacitación técnica y la formación continuada debida, se podrán suscribir convenios y 
protocolos generales de colaboración con las administraciones públicas, organismos 
públicos, entidades de derecho público o privado vinculados o dependientes de las 
administraciones públicas, así como con las universidades públicas.
4.  Los funcionarios que estén al servicio de la Oficina no participarán en sus 
funciones siempre que medie una de las siguientes causas:
a)  Vínculo  matrimonial  o  situación  de  hecho  análoga  y  el  parentesco  por 
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con cualquiera de las partes objeto de la 
causa.
b)  Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes.
c)  Tener  algún  tipo  de  interés  directo  o  indirecto  que  pudiera  afectar  al  s
procedimiento. oe.
Artícinutleor v3e2n. cióRne yc ucrosnotsra etaccoinóónm. icos, presupuesto, régimen patrimonial, de contabilidad,  2021-1138n https://w
para1 .e l cLuam Opfliimciniean tdoe ebfeicráa zd idsep olanse rfu dnec iloonse rse acusirgsnoasd eacso.nómicos necesarios y adecuados
2.  La  persona  titular  de  la  Dirección  de  la  Oficina  elaborará  y  aprobará, 
acomodándose a la estructura y normativa aplicable al presupuesto del Parlamento de 
Andalucía,  el  proyecto  de  presupuesto  de  la  Oficina,  sin  más  limitación  que  la 
determinación  de  la  relación  de  puestos  de  trabajo  del  personal  a  su  servicio,  la 
determinación de sus retribuciones y el incremento del gasto público anual para sus 
distintos capítulos presupuestarios, que corresponderá a la Mesa del Parlamento.
La persona titular de la Dirección de la Oficina remitirá el proyecto de presupuesto a 
la Mesa del Parlamento de Andalucía.
El  presupuesto  de  la  Oficina  se  integrará  en  la  sección  presupuestaria  del 
Parlamento de Andalucía, como programa específico.
La memoria anual de la Oficina contendrá la liquidación del presupuesto.
3.  El  régimen  patrimonial,  de  contabilidad  e  intervención  y  el  régimen  de 
contratación será el del Parlamento de Andalucía.
CAPÍTULO IV
De los resultados de su actividad
Artículo 33.  Memoria anual.
1.  En los tres primeros meses de cada año natural, la persona titular de la Dirección 
de la Oficina aprobará una memoria anual descriptiva del conjunto de actuaciones 
desarrolladas durante el año anterior. La memoria anual será objeto de publicación en el 
«Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía» y se encontrará disponible para consulta 
en la sede electrónica del mismo. Asimismo, deberá publicarse en el «Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía».
2.  La memoria contendrá las actuaciones llevadas a cabo por la Oficina en el 
ejercicio de las funciones previstas en los artículos 9, 10 y 11, y, en especial, los 
siguientes extremos:
a)  El número y tipo de actuaciones realizadas, con una estimación de la dedicación, 
tiempo y recursos utilizados.
b)  La mención del número de denuncias presentadas, con indicación de las que 
hubieran supuesto el inicio de procedimientos de investigación e inspección o, por el 
contrario,  hubieran  sido  archivadas  o  inadmitidas  a  trámite,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 21.
c)  La concreción de las actuaciones trasladadas a los órganos competentes de las 
entidades  integrantes  de  la  Administración  local  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2.
d)  La concreción de los procedimientos de investigación e inspección tramitados 
cuyas actuaciones hubieran sido trasladadas a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal, 
al haberse apreciado indicios de la comisión de posibles delitos, con la indicación, en su 
caso, de los procedimientos iniciados por la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal y el 
resultado de los mismos, sin perjuicio de las normas de reserva y secreto previstas en 
los artículos 301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
e)  La concreción de los procedimientos de investigación e inspección tramitados 
cuyas actuaciones hubieran sido trasladadas a otros órganos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 23, al haberse apreciado indicios de la comisión de posibles 
infracciones administrativas, disciplinarias, contables o la concurrencia de causas que  es
justificaran la iniciación de un procedimiento de reintegro de subvenciones o cualquier  o
tipo de ayudas, revisión de oficio u otras actuaciones para la restitución de la legalidad o  0w
rqineuipceai fah)rd auocbLisóiea npr  oacdrno e lnoslc usrd peóaucrñegióosan tno co daeseu l q sinluaoiedcs i ofoup,  edrocreaoc ennpd  rcoliamoc meieidnpnidemtiotceisean nctdteioóessn   y,isn  aeevnlen rcs eitsoisgunua altccdaiaóodsnrooe  ,dse  e dp ieolno rss pll oames cp iscopmisóroionbcs leet.rd acimmomiiteainsditóoonss    OE-A-2021-1138able en https://w
de las infracciones tipificadas en la presente Ley y el resultado de los mismos.
g)  La concreción de los procedimientos de investigación e inspección tramitados 
que hubieran supuesto el inicio de procedimientos sancionadores por la posible comisión 
de las infracciones tipificadas en la Ley 3/2005, de 8 de abril, y el resultado de los 
mismos.
h)  La concreción de los procedimientos de investigación e inspección tramitados 
que  hubieran  finalizado  mediante  una  resolución  dictada  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 23.4.
i)  La concreción de las propuestas y recomendaciones formuladas, en los términos 
previstos en el artículo 9, apartado 1, párrafos f) y g), y las respuestas a las mismas.
j)  La concreción de las comunicaciones practicadas con la finalidad de reparar las 
represalias y perjuicios sufridos por las personas denunciantes, en los términos previstos 
en el artículo 37.3 y las respuestas a las mismas.
k)  La concreción de las comunicaciones practicadas en los términos previstos en el 
artículo 38.
l)  La  estimación  de  las  cantidades  económicas  reclamadas  en  vía  judicial  o 
administrativa.
m)  La concreción de los incumplimientos del deber de colaboración, sin perjuicio de 
que los mismos hubieran motivado el inicio de procedimientos sancionadores por la 
posible comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ley.
3.  La persona titular de la Dirección de la Oficina remitirá la memoria anual al 
Parlamento de Andalucía, por mediación de la comisión parlamentaria correspondiente, 
para su conocimiento, y comparecerá ante el Parlamento para su presentación.
Artículo 34.  Informes especiales y recomendaciones.
1.  Cuando la urgencia o gravedad de los hechos lo aconsejaren, la persona titular 
de la Dirección de la Oficina, a iniciativa propia o a petición del Parlamento de Andalucía, 
aprobará informes especiales y recomendaciones sobre asuntos relacionados con el 
fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
2.  La persona titular de la Dirección de la Oficina remitirá los informes especiales y 
recomendaciones  al  Parlamento  de  Andalucía,  por  mediación  de  la  comisión 
parlamentaria correspondiente, para su conocimiento, y comparecerá ante el Parlamento 
para su presentación.
3.  Los informes especiales y recomendaciones serán objeto de publicación en el 
«Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía» y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía».
TÍTULO II
De la protección de la persona denunciante
Artículo 35.  Persona denunciante.
1.  Tendrán  la  consideración  de  denunciantes,  a  los  efectos  de  esta  Ley,  las 
personas físicas o jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que formulen una 
denuncia ante la Oficina en los términos previstos en el artículo 20 c), sobre hechos que 
pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros. s
2.  Las  personas  incluidas  en  el  ámbito  subjetivo  de  aplicación  definido  en  el  e.
artículo 4, apartado 1, párrafos a), b), c) y d), deberán comunicar a la Oficina, mediante  w.
lesaen rf ovrirecmipoursela,s celionóstna  cdhieóe ncla h doceso  rrlqeousspe o óncrgdoainenonoztesc, a dnee nnyuti dnacqiduaee, s d peeu  mdiianensrateitnrua c saioennróe nsci mopnaas, rteiatun t linavoso ms qbudreee   ppfrrroaepusiotde eno,    2021-1138n https://w
dcoertrruimpecniótno,  dceo innftleicretos edse p úinbtleicroess eos f inoa ndceie rcousa, lqsiuni epre rojutriaci oa dceti vlaidsa dde mileágsa ol bqliugea cvioanyeas  edne   BOE-A-cable e
comunicación que se establecen en la normativa vigente, en particular en el artículo 262 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
3.  Las  personas  incluidas  en  el  ámbito  subjetivo  de  aplicación  definido  en  el 
artículo  4.1  e)  podrán  comunicar  a  la  Oficina,  mediante  la  formulación  de  la 
correspondiente denuncia, de manera anónima, en nombre propio o en representación 
de los órganos, entidades e instituciones para las que presten servicio, los hechos que 
conozcan y que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o 
de  cualquier  otra  actividad  ilegal  que  vaya  en  detrimento  de  intereses  públicos  o 
financieros, en lo que respecta a las relaciones que las unan con el sector público 
andaluz y demás instituciones, órganos y entidades públicas incluidos en el artículo 3, 
párrafos a), b), c), y d), sin perjuicio de las demás obligaciones de comunicación que se 
establecen  en  la  normativa  vigente,  en  particular  en  el  artículo  262  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Criminal.
4.  A  los  efectos  de  la  presente  Ley,  se  considerará  que  los  denunciantes  no 
infringen  ninguna  restricción  de  revelación  de  información,  así  como  que  tampoco 
incurren  en  responsabilidad  de  ningún  otro  tipo  en  relación  con  la  información 
suministrada en la denuncia, siempre que las personas denunciantes tuvieran motivos 
razonables para creer que la revelación de la información era necesaria para poner de 
manifiesto la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o 
conflicto de intereses.
5.  Los denunciantes no incurrirán en responsabilidad respecto de la adquisición o el 
acceso a la información que es comunicada, siempre que dicha adquisición o acceso no 
constituyera en sí mismo un delito.
Artículo 36.  Denuncia con plenas garantías.
1.  La presentación de denuncias ante la Oficina por las personas indicadas en el 
artículo 35 se realizará por medio de procedimientos y canales diseñados, establecidos y 
gestionados de una forma segura, de modo que se garantice que la confidencialidad de 
la  identidad  de  las  personas  denunciantes  y  de  cualesquiera  terceras  personas 
mencionadas en la denuncia esté protegida, impidiéndose también el acceso de las 
personas no autorizadas a la información contenida en la denuncia.
Asimismo, los procedimientos y canales descritos deberán prever la remisión a las 
personas denunciantes de un acuse de recibo de la denuncia en un plazo máximo de 
siete días desde su recepción.
2.  Mediante el reglamento de régimen interior y funcionamiento se establecerán los 
procedimientos  y  canales  referidos  en  el  apartado  1,  que  deberán  cumplir  con  los 
requisitos  previstos  en  la  Directiva  (UE)  2019/1937,  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo de 23 de octubre de 2019.
3.  Estos  procedimientos  y  canales  podrán  también  utilizarse  por  las  personas 
denunciantes para solicitar, en su caso, la concesión de los derechos previstos en el 
artículo 37 y las medidas de protección establecidas en el artículo 38.
Artículo 37.  Derechos de las personas denunciantes.
1.  Todas las personas denunciantes indicadas en el artículo 35 que formulen una 
denuncia tendrán derecho, desde el momento de la presentación de la misma ante la 
Oficina:
a)  A conocer el estado de la tramitación del procedimiento de investigación e  oe.
inspección derivado de sus denuncias y a que se les notifiquen los actos y resoluciones  w.
dfoicrmtabad)  oesxA pr eresqspuaee c etnloa  sed setd alae Lsne umyn.icsimasa sp, rseiesmenptraed aqsu e,f ineanl iecsetne  úmltiemdoia snutep ureesstool,u acsióí ns e epxrperveesaa  dey   2021-1138n https://w
motivada,  en  los  términos  y  plazos  previstos  en  el  artículo  23,  sin  perjuicio  de  la
posibilidad de dictar resolución motivada de inadmisión a trámite cuando concurra la 
circunstancia descrita en el artículo 21.2.
c)  A no sufrir represalias por causa de las denuncias formuladas, incluidas las 
amenazas de represalias y las tentativas de represalias.
Se considerarán represalias toda acción u omisión, directa o indirecta, que tenga 
lugar en el contexto de los servicios prestados por las personas denunciantes en o para 
las administraciones públicas, instituciones, órganos, entidades y personas físicas y 
jurídicas  privadas  incluidos  en  el  artículo  3,  que  esté  motivada  por  una  denuncia 
formulada ante la Oficina y que cause o pudiera causar perjuicios injustificados a las 
personas  denunciantes,  en  particular  aquellas  que  les  inflijan  un  perjuicio  en  sus 
relaciones de servicio o condiciones de trabajo.
d)  A solicitar, conforme a la normativa que resulte de aplicación, la reparación de 
los perjuicios injustificados sufridos por causa de las denuncias formuladas. A tales 
efectos,  se  presumirá  que  los  perjuicios  puestos  de  manifiesto  por  las  personas 
denunciantes  se  produjeron  como  represalia  por  denunciar,  correspondiendo  a  la 
persona que haya adoptado la medida perjudicial probar que esa medida se basó en 
motivos debidamente justificados.
Tendrán la consideración de perjuicios injustificados, en cualquier caso, los gastos en 
los que pudieran incurrir los denunciantes derivados del asesoramiento legal, asistencia 
letrada  y  defensa  y  representación  en  los  eventuales  procedimientos  judiciales  o 
administrativos interpuestos por las personas denunciantes o contra las mismas, y que 
se hubieran ocasionado directamente con motivo de sus denuncias, y los derivados de la 
asistencia  psicológica  que  pudieran  necesitar  a  causa  de  trastornos  derivados 
directamente de sus denuncias. Estos gastos se limitarán con arreglo a los baremos 
orientadores  de  honorarios  profesionales  o  disposiciones  arancelarias  que  resulten 
aplicables.
e)  La Oficina vigilará que las personas que denuncien posibles casos de corrupción 
no sufran un empeoramiento de las condiciones de su entorno laboral o sean sujeto de 
cualquier forma de perjuicio o discriminación. La Dirección de la Oficina promoverá ante 
las autoridades competentes las acciones correctoras o de restablecimiento que resulten 
pertinentes, de las que dejará constancia en la memoria anual.
2.  Los derechos previstos en el apartado 1, párrafos c) y d), se aplicarán asimismo 
a  terceras  personas  relacionadas  con  la  persona  denunciante  y  que  puedan  sufrir 
represalias en un contexto laboral, como compañeros de trabajo o familiares de esta.
3.  Cuando la Oficina tuviera conocimiento de que la persona denunciante hubiera 
sufrido represalias o perjuicios injustificados, a causa de las denuncias formuladas, se 
dirigirá,  a  petición  de  la  persona  denunciante,  a  las  administraciones  públicas, 
instituciones, órganos, entidades y personas físicas y jurídicas privadas incluidos en el 
artículo 3, instándoles a adoptar las acciones que se consideren oportunas para reparar 
las citadas represalias o perjuicios.
En un plazo de treinta días, se deberá informar a la Oficina sobre las acciones 
adoptadas o, en su caso, sobre los motivos que le hubieran impedido actuar de acuerdo 
con lo indicado por la misma.
4.  Cuando la denuncia proporcionara información falsa, tergiversada u obtenida de 
manera ilícita, las personas denunciantes indicadas en el artículo 35 sólo gozarán de los 
derechos previstos en el apartado 1, párrafos a) y b), y asimismo no podrán solicitar las 
medidas de protección establecidas en el artículo 38 que pudieran corresponderles.
No obstante, las personas denunciantes indicadas en el artículo 35 gozarán de todos  e.
los derechos previstos en el apartado 1 y podrán solicitar las medidas de protección  w.b
lceaos mtadubenlbeiiccdaiadd aasd  ilmeignee denilca ianart etíy c lualt oud v3eie8nr uaqnnuc eiam p ouetdrivaieo rsva enrr aaczzo orenrenas bpeleol snm dopemarlreeasn ,t ions ifeedmreir p lraqe u fqeou rmela ua lcaintcufioaórrnma nad ceci oólnna    2021-1138n https://w
mcoisnmstaitu, tiavuons  dceu faranuddoe ,h cuobrireurpacni ócno ym ceotnidfolic tuon d ee irnroter reesne sl.a  apreciación  de  los  hechos
Artículo 38.  Medidas de protección.
1.  Las  personas  incluidas  en  el  ámbito  subjetivo  de  aplicación  definido  en  el 
artículo 4, apartado 1, párrafos a) y b), que tengan la condición de funcionarias y que 
formulen una denuncia ante la Oficina, podrán dirigirse a ésta, desde el momento en que 
se acuerde el inicio del procedimiento de investigación e inspección, solicitando que la 
citada  Oficina  inste  del  órgano  competente  en  materia  de  Función  Pública  de  la 
Administración de la Junta de Andalucía la concesión de un traslado provisional a otro 
puesto de trabajo del mismo nivel que el que ocupaban anteriormente, situado en la 
misma localidad o en otra limítrofe, y siempre que reúnan los requisitos exigidos para su 
desempeño. En el supuesto de que se concediera, se reservará a los denunciantes el 
puesto  de  trabajo  de  origen,  cuyo  nivel  seguirá  computándose  a  efectos  de  la 
consolidación del grado.
2.  Las  personas  incluidas  en  el  ámbito  subjetivo  de  aplicación  definido  en  el 
artículo 4, apartado 1, párrafos a) y b), sometidas al derecho laboral con relación de 
carácter indefinida, y que formulen una denuncia ante la Oficina, podrán dirigirse a ésta, 
desde el momento en que se acuerde el inicio del procedimiento de investigación e 
inspección, solicitando que la citada Oficina inste del órgano competente en materia de 
Función Pública de la Administración de la Junta de Andalucía o, en su caso, de la 
persona titular de la Viceconsejería a la que esté adscrita la entidad, o de la que 
dependa, donde preste servicios la persona que denuncia, la concesión de un traslado 
provisional  a  otro  puesto  de  trabajo,  del  mismo  grupo  profesional  o  categoría 
equivalente, y siempre que reúna los requisitos exigidos para su desempeño, dentro del 
ámbito de adscripción de la propia consejería. En el supuesto de que se concediera, la 
relación laboral mantendrá los mismos términos contractuales que tuviera pactados con 
la entidad de origen.
3.  Las  personas  incluidas  en  el  ámbito  subjetivo  de  aplicación  definido  en  el 
artículo 4, apartado 1, párrafos c) y d), vinculadas mediante relación funcionarial o 
laboral indefinida, y que formulen una denuncia ante la Oficina, podrán dirigirse a ésta, 
desde el momento en que se acuerde el inicio del procedimiento de investigación e 
inspección,  solicitando  que  la  citada  Oficina  recomiende  al  órgano  competente  en 
materia  de  personal  de  la  entidad  pública  donde  preste  servicios  la  persona  que 
denuncia la concesión de un traslado provisional a otro puesto de trabajo, dentro del 
ámbito de la propia entidad, siempre que no implique perjuicio a su estatuto personal y 
carrera profesional, y siempre que reúna los requisitos exigidos para su desempeño. En 
el supuesto de que se concediera, quedará reservado el puesto de trabajo de origen.
4.  Las  medidas  de  protección  establecidas  en  los  apartados  anteriores  se 
extenderán, en el supuesto de que se concedieran, durante el período que se proponga 
por la Oficina, pudiendo prorrogarse si subsistieran las causas que motivaran el traslado, 
o bien perder su efecto si dichas causas hubieran desaparecido.
Artículo 39.  Publicidad de la información relativa a la tramitación de denuncias ante la 
Oficina.
1.  En el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía se publicará, en una 
sección separada, fácilmente identificable y accesible, la información siguiente:
a)  El  régimen  de  protección  previsto  en  la  presente  Ley  para  las  personas 
denunciantes, especificándose, en cualquier caso, los siguientes extremos: la condición  s
de la persona denunciante, los datos de contacto de la Oficina, la identificación de los  oe.
procedimientos  y  canales  para  la  presentación  de  denuncias  ante  la  misma,  w.
dlcaoe On ltafeiscm inppaelá.rsnodnoasse ,d deen uignucaial nmteosd oy , laesl  cmaendaild eassp deec ífpicroot edcec idóenn quuneci ap uaendóennim sae,r  lionss tdaedraesc hpoosr   2021-1138n https://w
b)  El procedimiento de investigación e inspección previsto en la presente Ley para
la  tramitación  de  las  denuncias  presentadas  ante  la  Oficina,  especificándose,  en  Bc
cualquier caso, las potestades de investigación e inspección atribuidas a la Oficina y los 
derechos de las personas investigadas.
c)  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
2.  La información descrita en el apartado anterior tendrá el carácter de información 
pública objeto de publicidad activa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de 
la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
TÍTULO III
Régimen sancionador
CAPÍTULO I
Potestad sancionadora
Artículo 40.  Competencia sancionadora y procedimiento.
1.  El procedimiento sancionador se iniciará de oficio por acuerdo de la persona 
titular de la Dirección de la Oficina, cuando la resolución que ponga fin al procedimiento 
de  investigación  e  inspección  apreciara  la  posible  comisión  de  una  infracción 
administrativa tipificada en este título.
2.  La  instrucción  de  los  correspondientes  procedimientos  se  realizará  por  la 
Subdirección de la Oficina competente en materia de actuaciones de investigación, 
inspección y régimen sancionador.
3.  El órgano competente para la imposición de las sanciones consecuencia de la 
comisión de las infracciones previstas en esta Ley será la persona titular de la Dirección 
de la Oficina.
4.  El procedimiento sancionador se desarrollará reglamentariamente por decreto 
del Consejo de Gobierno. Asimismo, le será de aplicación lo dispuesto en el título IV de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y se desarrollará 
con sujeción a los principios de la potestad sancionadora previstos en el título preliminar, 
capítulo III, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
5.  El plazo máximo en el que deberá notificarse la correspondiente resolución 
expresa no podrá exceder de seis meses desde la fecha del acuerdo de inicio.
Artículo 41.  Responsabilidad.
Podrán ser sancionadas por la comisión de hechos constitutivos de las infracciones 
administrativas  previstas  en  este  título  las  administraciones  públicas,  instituciones, 
órganos, entidades y personas físicas y jurídicas privadas incluidos en el artículo 3, y las 
personas,  incluidas  en  el  ámbito  subjetivo  de  aplicación  de  la  Ley  definido  en  el 
artículo 4, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.
CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones
Artículo 42.  Concepto y clases de infracciones. w.b
com12o..   taSLleaossn e  inninf refarsactcacci oLioneneye.ss s es acnacliifoicnaanb leens  mlausy  agcracivoense, sg rua voems iys iloenveess .que estén tipificadas  OE-A-2021-1138able en https://w
Artículo 43.  Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
a)  El  incumplimiento  del  deber  de  colaboración  con  la  Oficina  definido  en  el 
artículo  13.2,  cuando  se  aprecie  dolo  o  derive  en  un  perjuicio  muy  grave  para  la 
investigación.
Se considera que el incumplimiento del deber de colaboración con la Oficina deriva 
en un perjuicio muy grave para la investigación cuando se produzca la paralización del 
procedimiento de investigación e inspección por un plazo superior a dos meses.
b)  Cualquier tipo de coacción a las personas que presten servicios en la Oficina.
c)  La vulneración del derecho establecido en el artículo 37.1.c), cuando cause un 
perjuicio muy grave a la persona denunciante.
Se considera que la vulneración del citado derecho causa un perjuicio muy grave a la 
persona denunciante cuando la misma haya sufrido un perjuicio en sus relaciones de 
servicio o condiciones de trabajo.
d)  La formulación de denuncias ante la Oficina que contengan información falsa, 
tergiversada u obtenida de manera ilícita cuando se aprecie dolo, o bien cuando derive 
en un perjuicio muy grave para la persona investigada.
Se considera que la formulación de denuncias ante la Oficina con el contenido 
indicado  deriva  en  un  perjuicio  muy  grave  para  la  persona  investigada  cuando  se 
vulneren sus derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen.
e)  La falta de respuesta a las comunicaciones practicadas por la Oficina con la 
finalidad de reparar las represalias y perjuicios sufridos por los denunciantes, en los 
términos previstos en el artículo 37.3.
f)  La reiteración en infracciones graves. Se entenderá que existe reiteración por 
comisión en el término de dos años de una nueva infracción grave. El referido plazo se 
computará desde el momento en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución 
sancionadora de la infracción grave.
g)  La filtración de información en la investigación que cause graves perjuicios a la 
propia investigación o al denunciante.
Artículo 44.  Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
a)  El  incumplimiento  del  deber  de  colaboración  con  la  Oficina  definido  en  el 
artículo 13.2, cuando no sea constitutivo de infracción muy grave.
b)  La formulación de denuncias ante la Oficina que contengan información falsa, 
tergiversada u obtenida de manera ilícita, cuando no sea constitutiva de infracción muy 
grave.
c)  Impedir o intentar impedir la formulación de denuncias ante la Oficina.
d)  La vulneración del derecho establecido en el artículo 37.1.c), cuando no sea 
constitutiva de infracción muy grave.
e)  La falta de respuesta en plazo a las comunicaciones practicadas por la Oficina 
previstas en el artículo 37.3.
f)  La reiteración en infracciones leves. Se entenderá que existe reiteración por 
comisión en el término de un año de una nueva infracción leve. El referido plazo se 
computará desde el momento en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución  e.
sancionadora de la infracción leve. w.b
Artículo 45.  Infracciones leves. 2021-1138n https://w
Se consideran infracciones leves:
a)  La falta de diligencia en la custodia de los documentos objeto de investigación.
b)  La  falta  de  respuesta  y  la  respuesta  fuera  de  plazo  a  las  propuestas  y 
recomendaciones  formuladas  por  la  Oficina,  previstas  en  el  artículo  9,  apartado  1, 
párrafos f) y g).
c)  El incumplimiento del deber de formular denuncia ante la Oficina, en los términos 
previstos en el artículo 35 2.
Artículo 46.  Sanciones.
1.  A las infracciones muy graves se impondrá la sanción de multa de 30.001 
a 100.000 euros.
Distinguiéndose:
1.º  tramo: de 30.001 a 65.000 euros.
2.º  tramo: 65.001 a 100.000 euros.
2.  A las infracciones graves se impondrá la sanción de multa de 3.001 a 30.000 euros.
Distinguiéndose:
1.º  tramo: de 3.001 a 16.500 euros.
2.º  tramo: 16.501 a 30.000 euros.
3.  A las infracciones leves se impondrá la sanción de apercibimiento o multa de 300 
a 3.000 euros.
Distinguiéndose:
1.º  tramo: de 300 a 1.650 euros.
2.º  tramo: 1.651 a 3.000 euros.
Artículo 47.  Graduación de las sanciones.
1.  Las sanciones que se impongan por la comisión de las infracciones tipificadas se 
graduarán  teniendo  en  cuenta  las  circunstancias  concurrentes,  atendiendo 
especialmente a los criterios siguientes, siempre que no hayan sido tenidos en cuenta 
para tipificar la infracción:
a)  La reincidencia, entendiéndose por tal la comisión en el término de un año de 
más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarada por 
resolución  firme  en  vía  administrativa,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el 
artículo 29.3.d) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
b)  La trascendencia del daño o el perjuicio causado a los intereses públicos.
c)  El grado de culpabilidad o existencia de intencionalidad en la conducta infractora.
d)  La reparación de daños o perjuicios producidos, a iniciativa de la persona que los 
hubiera causado.
e)  La subsanación, a iniciativa de la persona investigada, durante la tramitación del 
procedimiento, de las irregularidades que dieron origen a su incoación.
f)  La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
2.  La imposición de la sanción será proporcionada a la gravedad de la conducta 
infractora y asegurará que la comisión de infracciones no resulte más beneficiosa para la 
persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas.
3.  En los casos en que concurran más de dos circunstancias agravantes de las  es
previstas en el apartado 1, se impondrá una sanción, graduada conforme al segundo  o
tramo previsto para cada de una de ellas. 0w
Artículo 48.  Prescripción. 2021-1138n https://w
infra1c.c ioEnle sp mlazuoy  gdraev epsre, strcersip acñióons  pdaer al alass  ginrfaraveccsi oyn uens  añseor páa rdae l acsi nlecvoe sa.ños  para  las  BOE-A-cable e
2.  Las  sanciones  impuestas  por  la  comisión  de  infracciones  muy  graves 
prescribirán a los cinco años; las impuestas por la comisión de infracciones graves, a los 
tres años, y las impuestas por la comisión de infracciones leves, al año.
Disposición adicional primera.  Elección de la persona titular de la Dirección y puesta en 
funcionamiento de la Oficina.
La elección de la persona titular de la Oficina y la puesta en funcionamiento de la 
misma tendrá lugar en un plazo máximo de tres meses tras la entrada en vigor de la 
presente ley.
Disposición adicional segunda.  Denuncias anónimas.
1.  La Oficina estará obligada a admitir a trámite, así como a iniciar el procedimiento 
de investigación e inspección de las denuncias anónimas, siempre y cuando las mismas 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 20.1, previo análisis de la verosimilitud 
de los hechos denunciados o comunicados.
2.  La Oficina está obligada a implementar una vía que garantice el derecho a la 
denuncia anónima, a través de la creación de un buzón o canal de denuncias anónimas.
Disposición  transitoria  primera.  Procedimientos  sancionadores  por  comisión  de 
infracciones tipificadas en la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos 
Cargos  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  de  Declaración  de 
Actividades,  Bienes,  Intereses  y  Retribuciones  de  Altos  Cargos  y  otros  Cargos 
Públicos.
A los procedimientos sancionadores iniciados por la posible comisión de infracciones 
tipificadas en la Ley 3/2005, de 8 de abril, no resueltos a la entrada en vigor de la 
presente Ley, no les será de aplicación lo dispuesto en la disposición final tercera de esta 
ley, rigiéndose por lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 8 de abril, en la redacción anterior a 
la presente Ley.
Disposición transitoria segunda.  Comisión permanente encargada de las relaciones del 
Parlamento de Andalucía con la Oficina.
En tanto en cuanto se proceda a una reforma del Reglamento del Parlamento de 
Andalucía,  al  objeto  de  crear  una  nueva  comisión  permanente  encargada  de  las 
relaciones del Parlamento de Andalucía con la Oficina, corresponderá esta función a la 
Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz 
y Peticiones.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Quedan  derogadas,  a  la  entrada  en  vigor  de  la  presente  Ley,  cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la misma.
2.  Queda derogada expresamente la disposición adicional vigesimocuarta de la 
Ley  5/2017,  de  5  de  diciembre,  del  Presupuesto  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía para el año 2018.
Disposición  final  primera.  Aprobación  del  reglamento  de  régimen  interior  y  es
funcionamiento. o
nmoemdLbiaarc apimóenire sdnoetno a,l a t eictluoalrbarore rsdaperoá ln ad yDi einrreetemc cicitóiornám  disaei ó lnlaa   pOaMfricleaisnmaae , ndetenal r eiaPl , aperlalla zpmor oedyneet ocs teodi sed  em Aernesdgealsal umdceeísand,t oe p dsoeur    2021-1138n https://w
régimen interior y funcionamiento para su aprobación.
Disposición  final  segunda.  Modificación  de  la  Ley  3/2005,  de  8  de  abril,  de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y 
de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y 
otros Cargos Públicos.
La  Ley  3/2005,  de  8  de  abril,  de  Incompatibilidades  de  Altos  Cargos  de  la 
Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  de  Declaración  de  Actividades,  Bienes, 
Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, queda modificada 
como sigue:
Uno.  Se añade un párrafo d) al apartado 2 del artículo 2, que queda redactado del 
siguiente modo:
«d)  La persona titular de la Dirección de la Oficina Andaluza contra el Fraude 
y la Corrupción.»
Dos.  El artículo 3 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 3.  Dedicación exclusiva.
1.  Las personas que ocupan puestos de alto cargo incluidos en el ámbito de 
aplicación de la presente Ley ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y 
no  podrán  compatibilizar  su  actividad  con  el  desempeño  por  sí  o  mediante 
sustitución  o  apoderamiento  de  cualquier  otro  puesto,  cargo,  representación, 
profesión o actividad mercantil, profesional o industrial, ya sea de carácter público 
o privado, por cuenta propia o ajena, retribuidos o no.
2.  No obstante, los altos cargos podrán compatibilizar el ejercicio de su cargo 
con  la  condición  de  parlamentarios  en  el  Parlamento  de  Andalucía,  en  los 
supuestos establecidos en la legislación electoral; sin embargo, en ningún caso 
podrán percibir retribución o percepción de cantidad alguna que por cualquier 
concepto pudiera corresponderles por su condición de diputados.
3.  Asimismo, podrán compatibilizar sus funciones con el ejercicio retribuido o no 
de la docencia en la enseñanza universitaria, siempre que no suponga detrimento de 
su dedicación y, en todo caso, con un límite no superior a las setenta y cinco horas 
anuales o su equivalencia con el régimen de dedicación del profesorado expresado 
en créditos ECTS. Igualmente, de manera retribuida o no y con el límite de setenta y 
cinco horas, podrán participar en seminarios, jornadas o conferencias organizadas 
por centros oficiales destinados a formación del personal de las administraciones 
públicas, siempre y cuando no tenga carácter permanente y participen en los mismos 
por razón del cargo, de su especialidad profesional o de la posición que ocupen en la 
organización administrativa del sector público.
4.  Lo  dispuesto  en  el  apartado  1  se  entiende  sin  perjuicio  de  otras 
excepciones establecidas por la presente Ley y en los casos en que el Gobierno, 
por razones de especial interés público, autorice a ocupar un segundo cargo en el 
sector público, sin que quepa percibir, en tal caso, más de una retribución.»
Tres.  El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo  5.  Compatibilidad  con  la  administración  del  patrimonio  personal  o 
familiar. s
1.  Las  actividades  derivadas  de  la  mera  administración  del  patrimonio  w.
cspiueeprnsutooen seatonl   oed le cf aapmpairitltaiiacl ripd aenc osi óoencs ietdádirnae dcsetuasj  eoqt uapeso  trae  pnlegora sndo incsaop nuicenisteetrortpo usee,n sc toeanl,  trsaaurttpoícesur oiloo r c o3an,l  cdseaieslivzoo np eoesrl    2021-1138n https://w
dreec icbuaanl qsuuibevr ennactiuornaeles zpar ocvoenn ieenl tseesc dtoer  cpuúablqliucioe re Asdtamtainl,i satruatocinóónm Picúob lioc al.ocal o que  BOE-A-cable e
A los efectos previstos en este artículo, se considera persona interpuesta la 
persona física o jurídica que actúa por cuenta del alto cargo.
En el supuesto de las sociedades anónimas cuyo capital social suscrito supere 
los 600.000 euros, dicha prohibición afectará a las participaciones patrimoniales 
que, sin llegar al diez por ciento, supongan una posición en el capital social de la 
empresa que pueda condicionar de forma relevante su actuación.
2.  Los  altos  cargos  no  podrán  ser  titulares  o  autorizados  de  cuentas 
bancarias  o  de  otros  activos  financieros  en  países  o  territorios  calificados 
reglamentariamente como paraísos fiscales, ya sea directamente o a través de 
sociedades en las que posean una participación superior al cinco por ciento. Esta 
participación podrá ser directa o indirecta, a través de cónyuges o parejas de 
hecho inscritas en el correspondiente registro, y parientes hasta el segundo grado 
de consanguinidad o de afinidad.»
Cuatro.  El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 6.  Incompatibilidades.
Conforme a lo previsto en el artículo 3, los altos cargos son incompatibles 
entre sí y en particular:
a)  Con todo otro cargo que figure al servicio o en los presupuestos de las 
administraciones, organismos o empresas públicas, o con cualquier actividad por 
cuenta  directa  o  indirecta  de  las  mismas,  así  como  las  funciones  públicas 
retribuidas mediante arancel, participación o cualquier otra forma especial, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.3.
b)  Con el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo 
orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y 
mediación de empresas o sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, 
contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o ayudas del 
sector público cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas, con la 
excepción prevista en el artículo 5.1.
c)  Con el ejercicio de cargos, por sí o por persona interpuesta, que lleven 
anejas funciones de dirección, representación o asesoramiento de toda clase de 
compañías, sociedades mercantiles y civiles, y consorcios de fin lucrativo, aunque 
unas  y  otros  no  realicen  fines  o  servicios  públicos  ni  tengan  relaciones 
contractuales con las administraciones, organismos o empresas públicas.
d)  Con el ejercicio por sí o por persona interpuesta o mediante sustitución de 
la profesión a la que por razón de sus títulos o aptitudes pudiera dedicarse, salvo 
que se trate de actividades científicas no retribuidas y sin dedicación horaria 
obligatoria, y siempre que no suponga detrimento de su dedicación.
e)  Con la percepción de pensiones de derechos pasivos o de cualquier 
régimen de Seguridad Social público y obligatorio.
f)  Con el ejercicio de toda clase de actividades en entidades de cualquier 
tipo, salvo que sean anejas al cargo o se trate de la participación no retribuida en 
fundaciones, asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro o en actividades, 
igualmente no retribuidas, que resulten de interés social o cultural y siempre que 
no suponga detrimento de su dedicación.
g)  Con  la  gestión,  defensa,  dirección  o  asesoramiento  de  asuntos  s
particulares  ajenos,  cuando  por  la  índole  de  las  operaciones  de  los  asuntos  oe.
competa a las administraciones públicas resolverlos o quede implicado en ellos la  w.
preroaflihez)sa icoinCóanol ned sef i pgaruligvraúarnd  aefisnn.  oc usaelrqvuicieior  pfoúrbmliac od.e promoción de empresas o actividades  2021-1138n https://w
i)  Con  el  ejercicio  de  funciones  de  dirección  en  cámaras,  colegios
profesionales, sindicatos y organizaciones empresariales. Bc
j)  Con ser encausados judicialmente por delitos de falsedades, contra la 
libertad, contra el patrimonio y el orden socioeconómico, contra la Constitución, 
contra la Administración de Justicia, contra la Administración Pública, contra la 
Comunidad Internacional, de traición y contra la paz o la independencia del Estado 
y relativos a la defensa nacional, contra el orden público, de financiación ilegal de 
los partidos políticos, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, 
relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio 
histórico y el medio ambiente, o por cualesquiera otros delitos dolosos castigados 
con penas graves o que conlleven inhabilitación especial para empleo o cargo 
público  o  suspensión  de  empleo  o  cargo  público,  desde  que  sea  firme  la 
resolución que acuerde la apertura del juicio oral o el procesamiento y hasta que 
finalice la causa por todos sus trámites, incidentes y recursos, o bien hasta que se 
acuerde el sobreseimiento provisional o definitivo de la causa.
k)  Con ser condenados por sentencia firme por la comisión de delitos de 
falsedades, contra la libertad, contra el patrimonio y el orden socioeconómico, 
contra  la  Constitución,  contra  la  Administración  de  Justicia,  contra  la 
Administración Pública, contra la Comunidad Internacional; de traición y contra la 
paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional; contra el 
orden público, de financiación ilegal de los partidos políticos, contra la Hacienda 
Pública y contra la Seguridad Social, relativos a la ordenación del territorio y el 
urbanismo,  la  protección  del  patrimonio  histórico  y  el  medio  ambiente,  o  por 
cualesquiera otros delitos dolosos castigados con penas graves o que conlleven 
inhabilitación especial para empleo o cargo público o suspensión de empleo o 
cargo público, hasta que los antecedentes penales hayan sido cancelados.
l)  Con ser condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, por 
delitos distintos a los indicados en el párrafo k), hasta que se haya cumplido la 
condena.
m)  Con ser inhabilitados para empleo o cargo público o suspendidos de 
empleo o cargo público, por sentencia o resolución administrativa firme, por el 
tiempo que dure la condena o sanción, en los términos previstos en la legislación 
penal o administrativa.
n)  Con ser inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia firme 
de calificación del concurso.
ñ)  Con ser titulares o autorizados de cuentas bancarias o de otros activos 
financieros en países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos 
fiscales, en los términos previstos en el artículo 5.2, hasta que se demuestre de 
modo  fehaciente  la  cancelación  de  la  cuenta  o  del  correspondiente  activo 
financiero, o bien dejen de ser titulares o autorizados de esas cuentas bancarias u 
otros activos financieros.
o)  Con  ser  sancionados  mediante  resolución  administrativa  firme,  por  la 
comisión de infracciones administrativas tipificadas en la ley de lucha contra el 
fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante, hasta la finalización 
del plazo de prescripción de la sanción y con independencia de que la misma haya 
sido ejecutada y cumplida.»
Cinco.  El artículo 8 queda redactado como sigue:
«Artículo 8.  Consecuencias de las situaciones de incompatibilidad. e.
1.  La  incompatibilidad  a  que  se  refiere  el  apartado  a)  del  artículo  6  0w
dete2r.m inLaar áin eclo pmapsaet iab illaid asidtu aa cqiuóen  aaldumdein eisl taraptaivrata qduoe b e) nd ecla adratí ccualsoo 6 c iomrrpelsicpao:nda. 2021-1138n https://w
a)  la suspensión en el ejercicio de los cargos previstos en el mismo, y
b)  la  prohibición  de  obtenerlos  mientras  ejerzan  los  que  son  causa  de 
incompatibilidad, salvo cuando fueren designados para los mismos en representación de 
las administraciones públicas. Esta prohibición se extiende a los dos años posteriores al 
cese, siempre que los asuntos y las entidades a que se refiere el apartado b) del 
artículo 6 guarden relación directa con las funciones que el alto cargo ejercía. Se 
exceptúan de la prohibición los cargos que se estuvieran ejerciendo con anterioridad al 
nombramiento de alto cargo, en los que hubieran cesado por razón del nombramiento.
3.  Los  afectados  por  el  apartado  c)  del  artículo  indicado  suspenderán 
también toda actuación o actividad propia de los cargos comprendidos en el 
mismo, por todo el tiempo que sirvan los que dan causa a la incompatibilidad, 
durante cuyo término de servicio tampoco podrán obtener nuevos cargos de los 
comprendidos en el expresado apartado c); si bien al cesar en aquéllos podrán 
reintegrarse al ejercicio de éstos, sin restricción alguna de plazo.
4.  Los que lo fueran en el apartado d) deberán cesar igualmente en el 
ejercicio profesional activo mediante sustitución, mientras sirvan el cargo.
5.  La  aceptación  del  cargo  en  el  supuesto  del  apartado  e)  del  mismo 
artículo 6 supondrá que las pensiones a que se refiere dicho artículo, que se 
perciban, se ingresarán en la Tesorería de la Comunidad Autónoma.
6.  La incompatibilidad señalada en el apartado g) del artículo 6 conlleva la 
prohibición de las actividades referidas durante el ejercicio del cargo y, con el 
alcance y en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 7 de esta Ley, 
hasta dos años después de su cese.
7.  La incompatibilidad a que aluden los apartados j), k), l), m), n), ñ) y o) del 
artículo 6 implicará el cese en el nombramiento de alto cargo.»
Seis.  El artículo 21 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 21.  Órgano competente.
1.  El órgano competente para ordenar la incoación de los procedimientos 
sancionadores, así como para la imposición de las sanciones, cualquiera que sea 
su gravedad, será la persona titular de la Dirección de la Oficina Andaluza contra 
el Fraude y la Corrupción.
2.  La instrucción de los correspondientes procedimientos se realizará por 
quien designe la persona titular de la Dirección de la Oficina Andaluza contra el 
Fraude y la Corrupción.
3.  El procedimiento se ajustará a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas,  y  su  normativa  de  desarrollo  en  relación  con  el  procedimiento 
administrativo sancionador, así como en el título preliminar, capítulo III, de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, queda modificada como sigue:
Uno.  Se añade un párrafo j) al apartado 1 del artículo 12, que queda redactado del  e
siguiente modo: bo
kIn),c o«lm)j,) p maPt)ib,o irli ndin)a,c duñer)sr i rd yee n oA )lla tosds ec lCa uaasrrgatíosc sud ldoee  i n6lac o dAmed pmalaitni bisLiltierdayac di3ó p/n2r e0dv0ei5 sl,ta a sdJ ueen nt8a l  oddse ep  Aáanrrbdarafilol,u sc díj)ae,    2021-1138n https://w
y  de  Declaración  de  Actividades,  Bienes,  Intereses  y  Retribuciones  de  Altos
Cargos y otros Cargos Públicos.»
Dos.  El apartado 2 del artículo 13 queda redactado del siguiente modo:
«2.  En los supuestos previstos en las letras e), f), g), h), i) y j) del apartado 1 
del artículo anterior, y en el caso de su letra d) si el presidente dimisionario o la 
presidenta  dimisionaria  accediera  a  un  cargo  público  incompatible  con  el 
desempeño de la Presidencia de la Junta de Andalucía, su sustitución se realizará 
por las personas titulares de las Vicepresidencias, si las hubiere, por su orden, y, 
de no existir, por las de las consejerías, según su orden.»
Tres.  Se añade un párrafo g) al artículo 24, que queda redactado del siguiente modo:
«g)  Por incurrir en las causas de incompatibilidad previstas en los párrafos j), 
k),  l),  m),  n),  ñ)  y  o)  del  artículo  6  de  la  Ley  3/2005,  de  8  de  abril,  de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía 
y  de  Declaración  de  Actividades,  Bienes,  Intereses  y  Retribuciones  de  Altos 
Cargos y otros Cargos Públicos.»
Disposición final cuarta.  Modificación del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de 
enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de consejerías.
Se suprime el apartado 3 del artículo 3 del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de 
enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de consejerías.
Disposición final quinta.  Modificación del Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local.
Se suprime el apartado 2 del artículo 7 del Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local.
Disposición final sexta.  Modificación de normas reglamentarias.
Las determinaciones incluidas en las normas reglamentarias que son objeto de 
modificación  en  la  presente  Ley  podrán  ser  modificadas  por  normas  del  rango 
reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.
Disposición final séptima.  Desarrollo reglamentario.
En las materias cuya regulación no se atribuye al reglamento de régimen interior y 
funcionamiento,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  8.2,  el  desarrollo 
reglamentario de esta Ley se llevará a efecto por Decreto de Consejo de Gobierno, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía y en el artículo 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre.
Disposición final octava.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía».
No  obstante,  las  previsiones  contenidas  en  el  título  III,  relativas  al  Régimen 
Sancionador, producirán efectos transcurridos tres meses desde el día siguiente al de su  e
publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». bo
MorSeneov ilBlao,n 1il8la .de junio de 2021.–El Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel  2021-1138n https://w
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 125, de 1 de julio de 2021)