BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 181 Viernes 30 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 92915
III. OTRAS DISPOSICIONES
TRIBUNAL SUPREMO
12940 Conflicto de jurisdicción n.º 3/2021, suscitado entre el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción n.º 7 de Collado Villalba y el Juzgado Togado Militar 
Central n.º 2.
Sala de Conflictos de Jurisdicción
Artículo 39 LOPJ
Sentencia núm. 4/2021
Fecha Sentencia: 14 de julio de 2021.
Tipo de procedimiento: Conflicto artículo 39 LOPJ.
Número del procedimiento: 3/2021.
Fallo/Acuerdo: Sentencia Resolviendo Conf. Jurisdicción.
Fecha de votación y fallo: 12 de julio de 2021.
Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Palomo del Arco.
Procedencia: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 7 de Collado Villalba.
Secretaría de Gobierno.
Transcrito por: HPP.
Nota:
Resumen: Resolviendo Conf. Jurisdicción.
Conflicto artículo 39 LOPJ núm.: 3/2021.
Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Palomo del Arco.
Secretaría de Gobierno.
Sala de Conflictos de Jurisdicción
Artículo 39 LOPJ
Sentencia núm. 4/2021
Excmos. Sres.:
Don Carlos Lesmes Serrano, presidente.
Don Andrés Palomo Del Arco.
Don Jacobo Barja de Quiroga López.
Don Eduardo de Porres Ortiz de Urbina.
Don Ricardo Cuesta del Castillo.
Madrid, 14 de julio de 2021.
Esta sala ha visto la causa conflicto positivo de jurisdicción núm. A39/3/21 entre el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 7 de Collado Villalba (Diligencias  es
Previas 724/17) y el Juzgado Togado Militar Central núm. 2 (Diligencias Previas 2/16/20). o
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Andrés Palomo del Arco. 940www.
Antecedentes de hecho
Primero.
El Juzgado de Instrucción n.° 7 de los de Collado Villalba incoó las DP 724/2017, 
como consecuencia de la querella presentada por los funcionarios de la Guardia Civil 
con carnet profesional n.° Cl 7970D y 1-1221931, D. Ángel Lameiro Muñoz y D. Juan 
Notario  Jurado  respectivamente,  contra  Comandante  Auditor  D.  Vicente  Emilio 
Palazuelos García, por los presuntos delitos de injurias, amenazas, coacciones, tráfico 
de influencias y denuncia falsa, referida a los hechos que tuvieron lugar con ocasión de 
una intervención por una incidencia del tráfico, con el conductor de un vehículo que 
accionaba reiteradamente la bocina del vehículo, quien al pedirle cual fuera el motivo de 
ello, contestó de manera inapropiada y ante la solicitud para que mostrase su carné de 
conducir,  de  forma  despectiva  y  en  tono  de  amenaza,  manifestó  su  condición  de 
comandante prestando su servicio en un juzgado togado militar de Madrid, ordenando al 
agente que se cuadrase, continuando el incidente y la actitud del mismo mientras los 
agentes de la Guardia Civil comprobaban su filiación, continuando con expresiones del 
mismo tenor a la vez que efectuaba fotografías y grabación de la actuación de los 
agentes de la guardia Civil.
Tras los oportunos trámites, dictó Auto de 23 de abril de 2018 acordando la inhibición 
de las Diligencias Previas n.° 724/2017 en favor de la Jurisdicción Militar, auto que fue 
recurrido por la representación procesal de los querellantes, recurso que fue estimado 
por  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid,  mediante  Auto  de  25  de  octubre  de  2019, 
revocando el Auto de 23 de abril de 2018 del Juzgado de Instrucción n.° 7 de Collado 
Villalba.
Segundo.
Por su parte, el Juzgado Togado Militar Central n.° 2, en las D.P. 2/16/20, mediante 
Auto n.° 60/20 de fecha 5 de septiembre de 2020, acordó requerir de inhibición al 
Juzgado de Instrucción n.° 7 de Collado Villalba (Madrid), en el conocimiento de los 
hechos objeto de sus Diligencias Previas 724/2017, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/1987, de Conflictos de Jurisdicción.
Tercero.
El Juzgado de Instrucción n.° 7 de Collado-Villalba, mediante Auto de 4 de marzo 
de  2021  resolvió  mantener  su  jurisdicción  para  el  conocimiento  del  presente 
procedimiento y en consecuencia plantear formalmente el conflicto de jurisdicción frente 
al Juez Togado Militar Central n.° 2 de Madrid.
Cuarto.
Recibidas las actuaciones en la Secretaría de Gobierno, se acordó la formación del 
rollo y tras los oportunos trámites se dio traslado al Ministerio Fiscal y al Fiscal Jurídico 
Militar quienes emitieron informes respectivamente en fechas 8 y 19 de abril de 2021 
interesando se resuelva el Conflicto de Jurisdicción positivo en el sentido de atribuir la 
competencia a la Jurisdicción Militar (Juzgado Togado Militar Central n.º 2).
Quinto. e.e
Con fecha 5 de mayo de 2021, se designa ponente al Excmo. Sr. D. Andrés Palomo  940ww
del Arco y se señala deliberación para el día 12 de julio de 2021.
Fundamentos de Derecho
Primero.
Así se describen en la querella formulada por los guardias civiles D. Ángel Lameiro 
Muñoz  y  D.  Juan  Notario  Jurado,  contra  el  Comandante  Auditor  D.  Vicente  Emilio 
Palazuelos García, los hechos que dan lugar al presente conflicto:
«(…) en fecha 24 de febrero de 2017, sobre las 14:30 horas, los dos Agentes 
querellantes,  miembros  del  Cuerpo  de  la  Guardia  Civil,  se  encontraban  prestando 
servicio de seguridad ciudadana cuando al montarse en su vehículo oficial tras haber 
realizado labores de control de tráfico rodado, y antes de abandonar el lugar, perciben, 
en la parte trasera, la bocina de un vehículo sonando indiscriminadamente, motivo por el 
que uno de los agentes se baja del vehículo y acercándose al del querellado le pregunta 
por el motivo de su actuación, siendo entonces cuando este, de manera despectiva y con 
desprecio hacia la autoridad, se dirige al guardia diciéndole "¡Entonces qué coño haces 
tú ahí, qué cojones haces ahí! ¡Que no me dejáis pasar!". Ante la explicación del agente 
y la solicitud del permiso de conducir, el conductor, alzando nuevamente la voz de 
manera despectiva, amenazante y pretendiendo coaccionar al agente, le dice "Yo soy 
comandante, cuádrate inmediatamente, y sé como va esto, que yo estoy en un Togado 
Militar de Madrid". Solicitándole que se calme, se le vuelve a pedir el permiso de 
conducir y el DNI, y si luego lo desea que acredite su cargo militar. Mientras comprueban 
su filiación, en conductor se baja del vehículo, hace fotografías a los agentes y graba su 
actuación mientras dice "Vosotros no sabéis con quién habéis dado. habéis pinchado en 
hueso porque soy Vocal de un Juzgado Togado Militar y se os va a caer el pelo, soy 
Comandante del Ejército, a mí dos Guardias no me dan órdenes que soy Comandante, 
cuádrate". Al ser advertido por los Agentes de que podría estar cometiendo un delito de 
coacciones y amenazas a agentes de la autoridad, el querellado manifestó "Que cada 
uno haga lo que tiene que hacer, pero vosotros a ver como escapáis ahora de esta, 
porque no sabéis quién soy yo y a quién conozco, que a mi nadie me da órdenes".»
Para su conocimiento y enjuiciamiento, mantienen su competencia, el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción n.º 7 de Collado-Villalba (Madrid) por una parte y el 
Juzgado Togado Militar Central n.° 2, por otra.
Segundo.
Conforme  a  reiterada  jurisprudencia  de  esta  Sala  de  Conflictos  (entre  otras 
sentencias 2/2012 de 30 de mayo, 1/2015 de 20 de febrero, 2/2017 de 12 de julio o 
2/2021, de 17 de febrero), para solventar un conflicto entre la jurisdicción ordinaria y la 
militar ha de estarse a lo que se dispone en el artículo 117.5.º CE, conforme al cual el 
principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los 
Tribunales, regulándose por ley el ejercicio de la jurisdicción militar, que se limita al 
ámbito estrictamente castrense y a los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los 
principios establecidos en la propia Constitución.
En desarrollo de este criterio la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, reguladora del 
Poder Judicial dispone que la competencia de la jurisdicción militar quedará limitada al 
ámbito estrictamente castrense respecto de los hechos tipificados como delitos militares 
en el Código Penal Militar y a los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con la 
Constitución y lo dispuesto en las leyes penales, procesales y disciplinarias militares. e.
En el mismo sentido se pronuncia la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de  w.b
Competencia  y  Organización  de  la  jurisdicción  militar,  donde  de  acuerdo  con  su  940ww
daertlíictou lcoo 1m2e.1ti,d olo e qsutée  ddeeftineirdmoi nean  leal  cCoómdipgeot ePnecniaa l dCea dsticrehnas eju,r iessd idceccióirn,  qeuse q luoes  heel cphroess uqnutoe 
se inEvl easrttiígcuuelon  1p udeedl aCnó sdeigr oc oPnesntiatul tMivoilista dr ea upnro dbealditoo  mpoilri taLre ey nO erlg eásntircicat o1 4s/e2n0t1id5o, .de 14 de
octubre, establece que será de aplicación a las infracciones que constituyan delitos
militares, es decir las que tipifica en su libro II, a la vez que proclama el carácter 
supletorio de las disposiciones del Código Penal en lo no previsto expresamente por el 
aquel. Y añade que cuando a una acción u omisión constitutiva de un delito militar le 
corresponda en el Código Penal una pena más grave, se aplicará dicho Código por la 
Jurisdicción Militar. Y el articulo 9.1, del indica que son delitos militares las acciones u 
omisiones dolosas o imprudentes previstas en el Libro Segundo de ese mismo Código 
Penal Militar.
Tercero.
En cuya consecuencia, cuando no resulte posible la subsunción de los hechos 
investigados en ninguna de las figuras delictivas que integran la tipología del Código 
Penal Militar, no es posible atribución competencial alguna en favor de la jurisdicción 
militar y, al contrario, cuando los hechos encuentran acomodo en aquella tipología, la 
competencia para su enjuiciamiento habría de atribuirse a la jurisdicción castrense, 
excepción hecha de lo que resulte por aplicación de las reglas específicas establecidas 
para el caso de delitos conexos.
Pacífico criterio que en su proyección al sustrato fáctico de autos, dado que los 
hechos que se recogen en la referida querella pueden calificarse tanto conforme al 
Código  Penal  Común,  como  al  amparo  del  Código  Penal  Militar,  el  conflicto  debe 
resolverse a favor de la jurisdicción militar.
El hecho conforme viene relatado en la querella, debe ser catalogado dentro del 
ámbito estrictamente castrense; como informan los miembros de la Fiscalía Togada y de 
la  Fiscalía  ante  la  Sala  Segunda,  el  relato  narra  una  conducta  abusiva  del  oficial 
denunciado, quien ante una intervención enmarcada en las funciones propias de los 
Guardias Civiles como agentes de la autoridad, recurre a su superioridad en el empleo y 
su posición en el servicio violentando los límites de sus atribuciones legales.
Conducta que se encuentra prevista en el art. 48 del Código Penal Militar, que 
sanción al «superior que, respecto de un subordinado, [..] le amenazare, coaccionare, 
injuriare o calumniare», con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, pudiendo 
imponerse, además, la pena de pérdida de empleo.
A  ello,  no  suponen  óbice  alguno  las  objeciones  suscitadas  por  el  Juzgado  de 
Collado-Villalba:
i)  El hecho de que el conductor fuera militar, y que en un determinado momento se 
identificara como Comandante; no sólo no es irrelevante a efectos competenciales, sino 
que es precisamente el presunto uso abusivo de dicha condición por lo que afirman 
haberse  sentido  amenazados  y  coaccionados;  en  las  expresiones  atribuidas  al 
comandante, sobre su empleo, su destino, las personas que conocía e incluso, según 
manifiestan, ordenándoles que se cuadraran.
ii)  La  condición  de  superior  negada  por  carecer  de  relación  de  servicio  que 
implicara el ejercicio de la autoridad, el mando o la jurisdicción; cuando, conforme 
constante doctrina jurisprudencial de la Sala Quinta, el estatuto militar, propio de la 
Guardia  Civil,  conlleva  que  las  relaciones  de  jerarquía  y  correlativa  subordinación 
proyectan sus efectos de modo permanente y en cualquier circunstancia; de modo que la 
relación  jerárquica  no  desaparece  aunque  los  hechos,  entre  personal  militar,  se 
produzcan en ocasión no relacionada con el servicio que cumplen.
FALLO e.e
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la  940ww
ConRsteitsuoclivóenr,  eels tcao nsaflilcat oh ad ed ejucirdisiddoic:ción suscitado entre el Juzgado de Primera Instancia
Teo gInasdtoru cMciilóitna r nCúemn.t r7a l dneú mC. o2ll a(dDoi ligVeilnlaclbiaas  (PDrielivgieansc 2ia/s1 6P/2r0e)v,i aas  fa7v2o4r/ 1d7e)  yla  ejul riJsudzicgcaidóon   BOE-A-cable e
militar, atribuyendo el conocimiento de las actuaciones, como competente para ello, al 
referido Juzgado Togado Militar Central núm. 2.
Publíquese en el «Boletín Oficial del Estado». 
Así se acuerda y firma.–Carlos Lesmes Serrano.–Andrés Palomo del Arco.–Jacobo 
Barja  de  Quiroga  López.–Eduardo  de  Porres  Ortiz  de  Urbina.–Ricardo  Cuesta  del 
Castillo.–Firmado.