BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 39 Martes 15 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 19469
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
2452 Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social 
y el Principado de Asturias, sobre intercambio de información.
Con fecha 4 de febrero de 2022 se ha suscrito el Convenio entre la Tesorería 
General de la Seguridad Social y la Administración del Principado de Asturias, a través 
de  la  Consejería  de  Presidencia,  sobre  intercambio  recíproco  de  información  y,  en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del citado convenio, que figura como anexo de esta resolución.
Madrid, 7 de febrero de 2022.–La Secretaria General Técnica, Iría Álvarez Besteiro.
ANEXO
Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Administración 
del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, 
sobre intercambio recíproco de información
REUNIDOS
De una parte, la Tesorería General de la Seguridad Social, representada por su 
titular,  don  Andrés  Harto  Martínez,  Director  General  de  la  Tesorería  General  de  la 
Seguridad Social, nombrado mediante Real Decreto 132/2020, de 21 de enero (BOE 
de 22 de enero de 2020), actuando en virtud de lo establecido en el artículo 48.2 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y los artículos 1 
y 3 del Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y 
competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Y, de otra parte, la Administración del Principado de Asturias, representada por su 
Consejera  de  Presidencia,  doña  Rita  Camblor  Rodríguez,  nombrada  en  virtud  de 
Decreto 14/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias (BOPA de 25 
de julio de 2019), por el que se nombra a los miembros del Consejo de Gobierno, en el 
ejercicio de las competencias atribuidas en virtud del Decreto 13/2019, de 24 de julio, del 
Presidente  del  Principado  de  Asturias,  de  reestructuración  de  las  Consejerías  que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma, facultada para este acto por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 22 de diciembre de 2021.
Las partes se reconocen con capacidad suficiente para suscribir el presente convenio 
y, a tal efecto,
EXPONEN s
Primero. w.
Seg1u.r idaLda  STeoscoiarle rcíao nG peenresroanl adlidea dla  juSreídgiucari dpardo pSiao ceianl   eels  quune , Speorvr icaiop licCaocmióúnn  ddee  lolas 
fpinrianncicpieiorso s,d tea nstoo lpidoarr iodpaedr afcinioannecsie prare syu pucaejsat arúiansic cao, msoe  exutnraifipcraens uptoudeossta rlioass , treenciuernsdoos 
a su cargo la custodia de los fondos, valores y créditos y las atenciones generales y de
los servicios de recaudación de derechos y pagos de las obligaciones del Sistema de la 
Seguridad Social.
El Real Decreto 1314/84, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y 
competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante, TGSS), le 
atribuye en su artículo 1.a) las competencias en materia de inscripción de empresas y la 
afiliación, altas y bajas de los trabajadores, materia regulada posteriormente por el 
artículo 3 del Reglamento General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas y 
Bajas  de  los  Trabajadores  en  la  Seguridad  Social,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 84/1996, de 26 de enero. A tales efectos, en virtud de lo establecido en el 
artículo 52 del citado Reglamento, corresponde a la TGSS el mantenimiento de un 
registro de trabajadores con la correspondiente identificación por cada Régimen del 
Sistema de la Seguridad Social, así como de los beneficiarios y demás personas sujetas 
a  la  obligación  de  cotizar.  Asimismo,  el  citado  Real  Decreto  1314/1984,  en  su 
artículo 1.b), atribuye a la TGSS las competencias en materia de gestión y control de la 
cotización y de la recaudación de las cuotas y demás recursos de financiación del 
Sistema de la Seguridad Social. Materias reguladas posteriormente en el Reglamento 
General  de  Recaudación  de  la  Seguridad  Social,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, y en el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de Otros 
Derechos de la Seguridad Social.
2. El marco competencial de las Instituciones que integran la Administración del 
Principado de Asturias viene establecido en su Estatuto de Autonomía, aprobado por la 
Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre.
La  Administración  del  Principado  de  Asturias,  a  través  de  sus  Consejerías  y 
organismos dependientes, tiene atribuidas competencias relacionadas con las materias 
objeto de este convenio y, entre ellas, las siguientes:
– La ejecución de la legislación laboral, la política de seguridad y salud laboral y las 
competencias en materia de economía social.
– El fomento de la inserción profesional, la orientación laboral e intermediación en el 
mercado  de  trabajo,  la  gestión  de  las  políticas  activas  de  empleo,  la  formación 
profesional ocupacional y continua y el fomento del empleo.
– El fomento empresarial y el apoyo a la creación de empresas.
– La gestión de las prestaciones establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión, y reguladas por el Real 
Decreto 383/1984, de 1 de febrero; y las pensiones asistenciales reguladas por la 
Ley 45/1960, de 21 de julio.
– El  reconocimiento  de  la  situación  de  dependencia  y  de  la  gestión  de  las 
prestaciones y servicios que se establecen en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia.
– El reconocimiento de la renta garantizada de ciudadanía.
– La contratación y concesión de subvenciones en el ámbito de sus competencias.
– La administración y gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, 
transferida  a  la  Comunidad  Autónoma  Principado  de  Asturias  por  Real 
Decreto 1471/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso al Principado de Asturias de las 
funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud. s
Segundo. w.
AdmEinni setrla cmioanrecos  Pdúeb lcicoalasb, olorasc iróenp remsuetnutaa nqteuse  ddee baem bparess ipdairr telass  croenlasicdioenraens  qeunetr es elraías 
imntueyr cbaemnbeifoic idoes oi npfoarrma aecl icóunm yp ldime ieconltaob doera scuiósn f inqeuse  einl cdluisspoo npeerr mdeit iruán  esli satcecmeas oe sdtiarebcleto d ea 
sus respectivas bases de datos informáticas.
Se trata de una cesión de información y de una colaboración cuyo amparo se 
encuentra en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
que establece en su artículo 3.1.k) que los principios que deben presidir las relaciones 
entre las Administraciones Públicas son los de cooperación, colaboración y coordinación. 
No  debe  obviarse  además  que,  conforme  al  artículo  3  de  la  citada  Ley,  las 
Administraciones  Públicas  sirven  con  objetividad  los  intereses  generales  y  deberán 
respetar en su actuación y relaciones los principios de servicio efectivo, simplicidad, 
claridad  y  proximidad  a  los  ciudadanos  y  de  racionalización  y  agilidad  en  los 
procedimientos administrativos y en las actividades materiales de gestión. Además, las 
Administraciones Públicas se relacionarán entre sí a través de medios electrónicos que 
aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por 
cada  una  de  ellas,  garantizarán  la  protección  de  los  datos  de  carácter  personal  y 
facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.
Asimismo,  y  de  acuerdo  con  la  letra  c)  del  número  1  del  artículo  141  de  la 
Ley 40/2015, en aplicación del deber de colaboración de las Administraciones Públicas 
se desprende la obligación de «facilitar a las otras Administraciones la información que 
precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias».
No obstante, el suministro de información efectuado en el ámbito de aplicación de 
este convenio deberá respetar el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar de 
los ciudadanos que prescribe el artículo 18 de la Constitución Española, en los términos 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al 
Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  el  Consejo,  de  27  de  abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Por otra parte, el artículo 40.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, establece que 
los  funcionarios  públicos,  incluidos  los  profesionales  oficiales,  están  obligados  a 
colaborar con la Administración de la Seguridad Social suministrando toda clase de 
información de que dispongan, siempre que sea necesaria para el cumplimiento de las 
funciones de la Administración de la Seguridad Social, especialmente respecto de la 
liquidación, control de la cotización y la recaudación de recursos de la Seguridad Social y 
demás conceptos de recaudación conjunta.
A  este  respecto,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  77.1  del 
mencionado  texto  refundido,  los  datos,  informes  o  antecedentes  obtenidos  por  la 
Administración de la Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones tienen carácter 
reservado y solo podrán utilizarse para los fines encomendados a las distintas entidades 
gestoras, servicios comunes y órganos que integran la Administración de la Seguridad 
Social, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión o 
comunicación tenga por objeto, entre otros:
«d) La colaboración con cualesquiera otras administraciones públicas para la lucha 
contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de 
fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, para la obtención o percepción de 
prestaciones incompatibles en los distintos regímenes del sistema de la Seguridad Social 
y,  en  general,  para  el  ejercicio  de  las  funciones  encomendadas  legal  o 
reglamentariamente a las mismas para las que los datos obtenidos por la Administración 
de la Seguridad Social resulten relevantes.» s
Respecto al consentimiento en la cesión de datos el artículo 40.6 señala: «La cesión  w.b
de aquellos datos de carácter personal que se deba efectuar a la Administración de la  52ww
Sdeelg dueribdeard  dSeo ccoialal bcoonrafor rcmoen  ala l oA ddimspinuiestsrtaoc eiónn  edsete l aa rStíecguulor idoa, de nS goecniael rpaal, rean e cl udmespelimmpieenñtoo 
ddee  clau acloqtuiziearcaió dne,  rseucsa fuudnaccioiónne sd,e e lsopse rceiaclumrseonste d ree slap eScetog udreid laad e Sfeocctiivaal  yli qduei dloasc iócno,n ccoenpttroosl 
de  recaudación  conjunta  con  las  cuotas  de  la  Seguridad  Social,  no  requerirá  el 
consentimiento del afectado».
Tercero.
Razones  de  eficacia  en  la  gestión  de  las  competencias  atribuidas  a  los  entes 
signatarios justifican el establecimiento de un sistema de intercambio de información que 
permita una agilización en la disposición de la información y una disminución de los 
costes.
Dicho sistema se regula a través del presente convenio, dado que el intercambio se 
producirá sobre los datos de un elevado número de interesados o afectados por los 
mismos y habrá de verificarse de una forma periódica y, en algunos casos, incluso 
continuada en el tiempo, siendo preciso establecer en determinados supuestos que el 
acceso a la información se produzca a través de las conexiones directas a las bases de 
datos correspondientes. Con este objetivo, se aprovechan, en la medida en que lo 
permite  la  normativa  vigente  y  de  acuerdo  con  los  requisitos  establecidos  por  el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8 
de enero, las posibilidades que en este campo ofrecen las más modernas tecnologías.
Conforme al artículo 28 de la Ley Orgánica 3/2018, los responsables y encargados, 
teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 del Reglamento 
(UE)  2016/679,  determinarán  las  medidas  técnicas  y  organizativas  apropiadas  que 
deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado 
Reglamento, con la presente Ley Orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación 
sectorial aplicable. En particular valorarán si procede la realización de la evaluación de 
impacto en la protección de datos y la consulta previa a que se refiere la sección 3 del 
capítulo IV del citado Reglamento. Para la adopción de las medidas a que se refiere el 
apartado anterior los responsables y encargados del tratamiento tendrán en cuenta, en 
particular, los mayores riesgos que puedan producirse en los supuestos que relaciona el 
apartado 2 del artículo 28 de la citada Ley Orgánica.
A este respecto, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal, vigente en tanto no contradiga, se oponga, 
o resulte incompatible con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la actual 
Ley Orgánica, contiene las normas básicas de seguridad que han de cumplir todos los 
ficheros que contengan datos de carácter personal, a fin de garantizar la integridad y 
confidencialidad de la información, preservando el derecho al honor y a la intimidad de 
los ciudadanos; y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, determina la política de seguridad que se ha de aplicar 
en la utilización de los medios electrónicos.
La Orden de 17 de enero de 1996, sobre control de accesos al sistema informático 
de la Seguridad Social, junto con las Circulares número 2-030, de 12 de junio de 1996, 
y 2-027, de 27 de septiembre de 1999, regulan el control y seguimiento de accesos a los 
ficheros automatizados de la Tesorería General de la Seguridad Social.
En  consecuencia,  siendo  jurídicamente  procedente  la  regulación  de  un  sistema 
estable de intercambio de información que, en su caso, incluso permita el acceso directo 
a las bases de datos de la otra parte a través de las pertinentes conexiones informáticas, 
y persuadidas de la importancia de una correcta utilización de dicha información que 
garantice en todo caso su secreto y el derecho a la intimidad de los ciudadanos, ambas  e.e
partes acuerdan celebrar el presente convenio de colaboración, que se regirá por las  b
siguientes 52ww
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto establecer un marco general de colaboración 
entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Administración del Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, en cuanto a las condiciones y 
procedimientos por los que se debe regir el intercambio recíproco de información y el 
recíproco acceso a las bases de datos, preservando en todo caso los derechos de las 
personas a que se refiera la misma.
La TGSS facilitará a la Administración del Principado de Asturias el acceso a los 
datos provenientes del Fichero General de Afiliación (que forman parte de más de un 
tratamiento que está debidamente registrado y publicado en la web de Seguridad Social) 
conforme lo estipulado en la cláusula siguiente.
La Administración del Principado de Asturias facilitará a la TGSS información en 
aquellas materias que para el ejercicio de sus competencias esta precise y en particular 
la que sea determinante para autorizar la inscripción de empresas y la inclusión de 
trabajadores en el campo de aplicación del Sistema de la Seguridad Social, para el 
ejercicio de sus competencias en el proceso recaudatorio gestionado por la TGSS y en 
materia de lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social.
Segunda. Información objeto de intercambio.
2.1 Acceso a los datos de la TGSS.
La cesión de información procedente de las bases de datos de la TGSS tiene como 
finalidad  exclusiva  el  desarrollo  de  las  concretas  funciones  atribuidas  por  el 
ordenamiento jurídico a la Administración del Principado de Asturias que justifican su 
cesión y en concreto:
– La ejecución de la legislación laboral, la política de seguridad y salud laboral y las 
competencias en materia de economía social.
– El fomento de la inserción profesional, la orientación laboral e intermediación en el 
mercado  de  trabajo,  la  gestión  de  las  políticas  activas  de  empleo,  la  formación 
profesional ocupacional y continua y el fomento del empleo.
– El fomento empresarial y el apoyo a la creación de empresas.
– La gestión de las prestaciones establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión, y reguladas por el Real 
Decreto 383/1984, de 1 de febrero; y las pensiones asistenciales reguladas por la 
Ley 45/1960, de 21 de julio.
– El  reconocimiento  de  la  situación  de  dependencia  y  de  la  gestión  de  las 
prestaciones y servicios que se establecen en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia.
– El reconocimiento de la renta garantizada de ciudadanía.
– La contratación y concesión de subvenciones en el ámbito de sus competencias.
– La administración y gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, 
transferida  a  la  Comunidad  Autónoma  Principado  de  Asturias  por  Real  s
Decreto 1471/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso al Principado de Asturias de las  e.
funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud. w.
neceLsaa rTioGsS pSa rdaa erál  eajeccrceiscoio  ad el alsa st rcaonmsapcectieonnceias,s  seenruvmicieorsa dwase be no  efli cpháerrroasf od ea ntdearitoors. 
dDeic hCaosn ttrroaln sya Scceigouniemsi,e snetorv aic iloas  qwueeb  soe  fricehfieerroes l ad ec ldáautsousl as ed eccoinmcoretetarcreárna ,p osrie lnad Co oemsitsai ólna 
competente para asignar, modificar o suprimir con posterioridad cualquiera de ellas.
En  lo  que  respecta  a  la  forma  y  características  de  la  autorización,  asignación, 
funcionamiento y demás condiciones de acceso a los ficheros mencionados, se deberán 
ajustar a lo que se establece en la Orden Ministerial de 17 de enero de 1996 (BOE de 25 
de enero de 1996).
2.2 Acceso a los datos de la Comunidad Autónoma.
La Administración de la Comunidad Autónoma facilitará a la TGSS información en 
aquellas materias que para el ejercicio de sus competencias esta precise y en particular 
la que sea determinante para autorizar la inscripción de empresas, la inclusión de 
trabajadores en el campo de aplicación del Sistema de la Seguridad Social, el proceso 
recaudatorio  gestionado  por  la  TGSS  y  en  materia  de  lucha  contra  el  fraude  a  la 
Seguridad Social. La información que facilite la Comunidad Autónoma a la TGSS se 
acordará en el seno de la Comisión de Seguimiento tal y como se recoge en la cláusula 
decimotercera, siendo ésta la competente para proponer la asignación, modificación o 
supresión con posterioridad de cualquier información.
Tercera. Servicios de intercambio.
La información objeto de este convenio se facilitará mediante una doble fórmula: 
acceso directo a las bases de datos o intercambio recíproco de información.
3.1 Debido a la frecuencia e intensidad con la que son necesarios los intercambios 
de información para el cumplimiento de las finalidades indicadas en este convenio, se 
permitirá -con sujeción a las reglas que se detallan en el mismo- el acceso recíproco 
tanto a las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social como a las de 
la Administración de la Comunidad Autónoma. En ningún caso podrá autorizarse el 
acceso directo a bases de datos para finalidades distintas de las citadas.
La cesión de información procedente de las bases de datos de la Administración del 
Principado de Asturias tiene como finalidad exclusiva el desarrollo de las concretas 
funciones atribuidas por el ordenamiento jurídico a la TGSS, que justifican su cesión.
Respecto a los datos que facilita la TGSS, deberán recabar la autorización expresa 
del interesado, cumplimentando los anexos II y/o III, salvo que el acceso a la información 
se fundamente en el ejercicio de las funciones encomendadas a la Administración del 
Principado  de  Asturias  legal  o  reglamentariamente,  en  cuyo  caso  la  cesión  de 
información podría venir justificada en el artículo 77.1.d) del TRLGSS, en concreto en «la 
colaboración con cualesquiera otras administraciones públicas para la lucha contra el 
fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos 
públicos,  incluidos  los  de  la  Unión  Europea,  para  la  obtención  o  percepción  de 
prestaciones incompatibles en los distintos regímenes del sistema de la Seguridad Social 
y,  en  general,  para  el  ejercicio  de  las  funciones  encomendadas  legal  o 
reglamentariamente a las mismas para las que los datos obtenidos por la Administración 
de  la  Seguridad  Social  resulten  relevantes».  En  estos  supuestos  la  Administración 
autonómica deberá, a petición expresa y concreta de la TGSS, fundamentar y justificar 
dicho acceso sin autorización expresa del interesado. En el seno de la Comisión de 
Control y Seguimiento se establecerá el protocolo que se considere adecuado para la 
justificación  del  acceso  a  datos  personales  con  base  al  ejercicio  de  las  funciones 
encomendadas.
3.2 Intercambio de archivos, cuya estructura y formato se determinará entre las  s
partes implicadas, en los que aparezca el NIF de las personas o empresas de las que se  oe.
solicita información, que la Comunidad Autónoma deberá remitir cumplimentados con los  w.
datos solicitados, en el plazo de diez días desde la recepción del fichero. 52ww
Com3u.3n idaCdr eAauctióónno dmea u, np oarc ecle qsuoe d lioresc ftuon aci olansa rbioass edse  dlae  TdGatSoSs  dqeu el as eA ddmetienrimstrinaecnió np odder álna 
nteenceers aarcicoe.so telemático para la consulta on line de los expedientes que se considere  BOE-A-cable e
3.4 Las partes se comprometen a tratar los datos personales a los que puedan 
tener acceso con la finalidad indicada en el presente convenio, a no utilizarlos para fines 
distintos de los previstos en este convenio y a no difundirlos ni cederlos a terceros, en 
cumplimiento  con  lo  establecido  en  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la  Directiva  95/46/CE  (Reglamento  General 
de Protección de Datos), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de  Datos  Personales  y  Garantía  de  los  Derechos  Digitales,  en  su  normativa  de 
desarrollo,  así  como  en  la  normativa  específica  aplicable  a  los  datos,  informes  o 
antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social (artículo 40 del 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social).
Con carácter previo a la interconexión informática es imprescindible la adopción de 
las siguientes medidas:
1. Los  responsables  técnicos  de  ambas  Administraciones  habilitarán  los 
mecanismos  telemáticos  necesarios  para  que  los  accesos  y  autorizaciones 
correspondientes a los usuarios de ambas Administraciones se adecúen, integrándose 
en los sistemas de administración y confidencialidad de cada una de ellas.
2. Los  órganos  competentes  de  ambas  Administraciones  autorizarán  la 
interconexión informática.
3. Autorizada  la  conexión  se  procederá  por  los  órganos  técnicos  al  enlace 
telemático de los sistemas informáticos que, en el caso de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, se realizará a la Gerencia Informática de la Seguridad Social y, en el 
caso de la Administración de la Comunidad Autónoma, se realizará a la Dirección 
General de Seguridad y Estrategia Digital.
4. El responsable o responsables, en su caso, de cada ente asumirán directamente, 
respecto  de  sus  usuarios,  el  alta,  la  autorización  de  accesos  y  su  permanente 
actualización y adecuación, con independencia de la supervisión que pueda efectuarse 
por el Organismo responsable del fichero objeto de cesión.
La Administración cesionaria será responsable de la utilización que sus usuarios 
realicen de los ficheros, en especial, de la proporcionalidad, adecuación y pertinencia de 
los datos a los que accedan.
Cuarta. Control de accesos.
4.1 Control por parte de la TGSS.
Para el acceso a las bases de datos de la TGSS, esta y la Administración del 
Principado de Asturias deberán ajustarse a lo estipulado en los siguientes puntos:
1.º La TGSS realizará la autorización inicial de acceso a las transacciones del 
Fichero General de Afiliación y demás información a que se refiere el presente convenio.
2.º La configuración del acceso objeto del presente convenio habrá de cumplir los 
siguientes principios, establecidos por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que 
se  regula  el  Esquema  Nacional  de  Seguridad  en  el  ámbito  de  la  Administración 
Electrónica:
– Confidencialidad, de manera que se asegure que la información está disponible  e.
solamente para aquellos usuarios que estén debidamente autorizados para acceder a la  w.b
misma y que se utiliza exclusivamente por aquellos para sus cometidos concretos de  52ww
gest–ió nIn eteng lraid faodrm, gaa, rtaienmtizpaon yd oc oqnudeic úionniceasm deenteterm loinsa udsousa erino sla a auutotorrizizaadcoiósn,  yr eesnp elac tfiovarm. a y
con los límites de la autorización, pueden crear, utilizar, modificar o suprimir información.
– Disponibilidad,  de  forma  que  los  usuarios  autorizados  tengan  acceso  a  la 
información en la forma y cuando lo requieran para los exclusivos cometidos de la 
gestión encomendada.
– Trazabilidad, de forma que las actuaciones realizadas por los usuarios autorizados 
pueden ser imputadas exclusivamente a la entidad a la que están adscritos.
– Autenticidad, garantizando que los usuarios autorizados son quienes dice ser, al 
tiempo que se garantiza la fuente de la que proceden los datos.
3.º La  Administración  del  sistema  se  basará  en  la  asignación  de  perfiles  de 
autorización a los distintos usuarios de acuerdo con las funciones desempeñadas por los 
mismos. En este sentido, la TGSS asignará un perfil de usuario autorizador con nivel 4 
en cada una de las Consejerías y organismos que las integran, a las que se ceden 
transacciones, y este a su vez dará de alta tantos códigos de usuario como sean 
necesarios para la realización de las funciones de gestión encomendadas.
Una vez que el presente convenio sea eficaz, la Administración de la Comunidad 
comunicará a la TGSS el nombre completo, DNI, dirección de correo electrónico y 
teléfono de las personas que asuman el perfil de usuario autorizador. Igual obligación 
existirá cuando se produzca un cambio en dichas personas.
A los efectos del presente punto se denomina «usuario» a las personas autorizadas 
para acceder al sistema informático pero sin facultad para dar de alta en SILCON a otros 
usuarios ni transferir autorización alguna. Estos serán identificados con el nivel U.
El usuario autorizador dado de alta realizará la asignación de perfiles, entendiéndose 
como tal la anotación en SILCON de las transacciones a las que puede acceder un 
determinado autorizado (usuario) por razón de su puesto de trabajo.
4.º El usuario administrador/autorizador y, subsidiariamente, la Administración de la 
Comunidad Autónoma es responsable de la asignación de perfiles de autorización a los 
usuarios,  que  deben  corresponderse  con  las  necesidades  de  gestión  y  vigilará  la 
correcta utilización de las autorizaciones concedidas.
5.º Todos  los  usuarios  autorizados  a  acceder  al  sistema  deberán  quedar 
identificados  y  autentificados,  de  forma  que  en  todo  momento  pueda  conocerse  el 
usuario y los motivos por los que se accedió a la correspondiente información contenida 
en el sistema. Para ello, en el momento de autorizar a un usuario, se cumplimentarán 
todos  los  campos  exigidos  tales  como,  características  del  puesto  de  trabajo  e 
información complementaria, número de teléfono, etc.
6.º Cada usuario tendrá un único código de acceso y será responsable de los 
accesos que se realicen con su código y contraseña personal.
7.º Cuando algún usuario, ya sea autorizador o autorizado, pase a desempeñar un 
nuevo puesto de trabajo en distinta unidad de gestión o cause baja en el trabajo de 
forma voluntaria, o sea objeto de suspensión de empleo, se procederá a la baja del 
código de usuario. Por otra parte se establecerán controles en cuanto al tiempo de 
inactividad  de  los  usuarios  que  pasarán  a  la  situación  de  cancelados  una  vez 
transcurridos  seis  meses  sin  acceder  al  Fichero  General  de  Afiliación.  También  se 
dispondrá de la posibilidad de establecer fechas de caducidad de acceso al sistema por 
parte de usuarios y limitaciones en el horario de conexión.
4.2 Control por parte de la Comunidad Autónoma.
El acceso a las bases de datos de la Administración de la Comunidad Autónoma se 
realizará en similares términos a los establecidos anteriormente, de acuerdo con el  es
protocolo que se determine de común acuerdo por las partes. bo
QuinTtoad. osR loess puosnusaariboisli didaedn ptioficr aadcocse, saossí .como sus responsables en la Administración de la
yC/oom uuson iddaed d Aatuotsó ndoem caa ryá cetne rla p TerGsSonSa, l deenb etanr eteanse imr epl rcoopniaosc ismoine notpoe draec qiounee lsa  icleogpaiale ds eq pureo pguraemdeans   BOE-A-cable e
dar  lugar  a  responsabilidades  administrativas  y,  en  concreto,  las  establecidas  en  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales, así como a responsabilidades de cualquier otra naturaleza, incluso penales, 
razón por la cual cuando, por cualquier medio, se tengan indicios de la utilización de datos, 
antecedentes, registros o informes con finalidad distinta a la propia gestión asignada al usuario, o 
su difusión indebida, infringiendo así el deber de secreto profesional, se pondrán dichos hechos 
en conocimiento del interlocutor de la TGSS o de la Comunidad Autónoma definidos a estos 
efectos, al objeto de procurar la adopción de las medidas pertinentes entre ambas partes.
En el caso de los accesos al Registro General de Afiliación, y a fin de dar a conocer 
estas  responsabilidades,  en  todas  las  altas  de  usuarios  realizadas  se  deberá 
cumplimentar un documento donde se especificarán los compromisos adoptados por el 
usuario, en los términos que se indican en esta cláusula y en el anexo I que se adjunta a 
este convenio. Dicho documento quedará en poder del autorizador de nivel 4, si bien 
podrá ser remitido a la TGSS.
La documentación en poder de  cada Administración relativa a los controles de 
acceso al sistema informático de la otra, deberá conservarse por un periodo de tiempo 
no inferior a cuatro años. El ente solicitante conservará a disposición del cedente las 
autorizaciones expresas emitidas por los propietarios de los datos personales cedidos 
con el fin de que se pueda en todo momento demostrar que se consintió la cesión.
Sexta. Protección de datos.
El control y seguridad de los datos de carácter personal suministrados se regirá por 
lo  dispuesto  en  el  Reglamento  General  de  Protección  de  Datos  (Reglamento 
UE 2016/679); la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y el Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.
Las autoridades, funcionarios y todo el personal que tenga relación directa o indirecta 
con  la  prestación  de  los  servicios  previstos  en  este  convenio,  guardarán  secreto 
profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan 
acceso o de los que tengan conocimiento durante la misma. Estarán obligados a no 
hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan, incluso después de finalizar el plazo 
de vigencia de este convenio.
La violación de esta obligación implicará incurrir en las responsabilidades penales, 
administrativas y civiles que resulten procedentes, así como el sometimiento al ejercicio 
de las competencias que corresponden a la Agencia de Protección de Datos.
La Administración de la Comunidad Autónoma y la TGSS deberán garantizar:
– Que tiene implantados los procedimientos que permitan gestionar el ciclo de vida 
de sus usuarios o componentes autorizados a acceder a los servicios de cesiones de 
datos del órgano cedente (altas, bajas o modificaciones de autorizaciones).
– Que  podrá  facilitar  una  lista  actualizada  de  las  personas  o  componentes 
autorizados para realizar peticiones de datos en caso de ser solicitada por el órgano 
cedente.
– Que comunicará cualquier variación relacionada con las personas autorizadas.
La  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  debe  garantizar  que  informará 
adecuadamente a todas las personas para las que solicita la autorización de acceso al 
menos de: es
1. Las responsabilidades que asumen. w.
2. La finalidad concreta de la autorización. 52ww
reali3z.a daQsu.e  el  órgano  cedente  almacena  rastros  de  cada  una  de  las  peticiones
4. Que en cualquier momento se podrá solicitar la justificación de peticiones de 
datos realizadas, de acuerdo a los requisitos legales y a la finalidad para la que se 
autorizó la cesión de datos.
5. Las  medidas  de  seguridad  que  deberá  tener  en  cuenta  para  garantizar  la 
seguridad de la información.
Dichos empleados, previamente a la autorización de acceso, deberán manifestar por 
escrito  que  conocen  y  se  comprometen  a  cumplir  sus  obligaciones  con  la 
confidencialidad de los datos personales a los que tuvieran acceso con motivo de la 
aplicación de este convenio.
Séptima. Límites de la cesión.
La información cedida por ambas partes en aplicación de lo prevenido en el presente 
convenio solo podrá tener por destinatarios a los órganos de la Tesorería General de la 
Seguridad  Social  y  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  que  tengan 
atribuidas las funciones que justifican la cesión, recogidas, por aplicación de la normativa 
vigente,  en  el  propio  convenio,  sin  que  en  ningún  caso  puedan  ser  destinatarios 
organismos, órganos o entes que realicen funciones distintas.
La Administración del Principado de Asturias y la TGSS aceptan y asumen por el 
presente documento que la cesión de datos se produce a los fines exclusivos que se 
especifican en este convenio, por lo que cualquier otro uso que se haga de dichos datos 
constituirá un incumplimiento del presente convenio que facultará a cualquiera de las 
partes para exigir las responsabilidades oportunas.
El  Organismo  cesionario  será  responsable  frente  al  cedente  con  motivo  de  las 
reclamaciones que éste reciba del propietario de los datos personales. El Organismo 
cedente podrá repetir contra el Organismo cesionario por cualquier indemnización que 
deba satisfacer derivada de dicho incumplimiento.
El suministro de información amparado por este convenio no tendrá otros efectos que 
los derivados del objeto y la finalidad para la que los datos fueron suministrados. En 
consecuencia,  no  originará  derechos  ni  expectativas  de  derechos  en  favor  de  los 
interesados o afectados por la información suministrada, ni interrumpirá la prescripción 
de los derechos u obligaciones a que puedan referirse los procedimientos para los que 
se obtuvo aquella. De igual modo, la información suministrada no afectará a lo que 
pudiera resultar de las actuaciones de comprobación o investigación o de la ulterior 
modificación de los datos suministrados.
Octava. Auditorías.
8.1 Por parte de la TGSS.
A través de los sistemas y medios informáticos de auditoría que facilite la TGSS, 
como órgano cedente, la Administración de la Comunidad Autónoma, deberá realizar las 
actividades de control que garanticen la debida custodia y adecuada utilización de los 
datos recibidos y cualquier otra actividad encaminada a garantizar la correcta forma y 
justificación del acceso a los ficheros o bases en que aquéllos figuren incluidos.
Para llevar a efecto lo señalado en el párrafo anterior, la TGSS se compromete a 
proporcionar la asistencia necesaria (tanto teórica como técnica) a los responsables que 
se designen por el Órgano cesionario. s
La Administración de la Comunidad Autónoma se compromete a que cada acceso  e.
quede justificado con la causa o expediente que lo hubiera motivado. w.
Las partes implicadas en el proceso de auditoría son las siguientes:
1. Auditor Delegado de la Administración de la Comunidad Autónoma:
Sus funciones y competencias son:
– Será el interlocutor único con la TGSS en el ámbito de sus competencia en temas 
relacionados con auditorias y resolución de incidencias.
– Podrá  efectuar  la  auditoría  trimestral  a  los  usuarios  autorizados  de  cualquier 
Consejería dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma, únicamente 
en el caso de ausencia o enfermedad del auditor de la Consejería correspondiente. Por 
ello tendrá acceso mediante consultas a las transacciones de los Ficheros de la TGSS 
recogidas en el presente convenio.
– Recibir, sistematizar y analizar los datos facilitados en los informes de auditoría 
elaborados en cada Consejería por sus auditores para el posterior envío del Resumen 
Trimestral Unificado del total de usuarios auditados.
– Tendrá como mínimo un  nivel 26  de complemento  de destino, salvo petición 
justificada de la Administración de la Comunidad Autónoma, que solicitará la excepción 
de nivel y que deberá ser aprobada por la Unidad Nacional de Auditorías.
– Se les asignará en SILCON un perfil de usuario auditor, dándoseles de alta a estos 
efectos  por  la  TGSS  en  el  Departamento  correspondiente.  Las  altas,  bajas  o 
sustituciones que se produzcan en las personas designadas como Auditor Delegado de 
la Administración de la Comunidad Autónoma deberán ser comunicadas a la mayor 
brevedad  posible  al  Auditor  Delegado  Provincial  de  la  TGSS,  quien  lo  pondrá  en 
conocimiento de la Unidad Nacional de Auditorías.
La Unidad Nacional de Auditorías, previa solicitud del Organismo externo, podrá 
autorizar al Auditor Delegado de la Comunidad Autónoma como auditor suplente en 
alguna de las Consejerías en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del 
auditor.
– El perfil de usuario auditor no comporta el cargo de usuario administrador, a pesar 
de que ambos usuarios tengan en SILCON un nivel 4. Ello es debido a que la tarea de 
auditoría no es informática sino de justificación documental de los accesos.
En  ningún  caso  podrán  coincidir  en  la  misma  persona  los  cargos  de 
Administrador SILCON y Auditor Delegado.
2. Auditores:
Habrá uno por cada una de las Consejerías u organismos que tengan autorizadas 
consultas a los Ficheros de la TGSS.
Sus funciones y competencias son:
– Efectuar la auditoria trimestral a los usuarios autorizados en su organismo.
– Elaborar el informe de auditoría correspondiente a su Consejería sobre la auditoría 
practicada para el posterior envío al Auditor Delegado de la Comunidad Autónoma.
– Tendrán como mínimo un nivel 26 de complemento de destino, salvo petición 
justificada de la Comunidad Autónoma, que solicitará la excepción de nivel y que deberá 
ser aprobada por la Unidad Nacional de Auditorías.
– Se les asignará en SILCON un perfil de usuario auditor, dándoseles de alta a estos 
efectos  por  la  TGSS  en  el  Departamento  correspondiente.  Las  altas,  bajas  o  es
sustituciones que se produzcan en las personas designadas como Auditor deberán ser  o
comunicados  a  la  mayor  brevedad  posible  al  Auditor  Delegado  de  la  Comunidad  w.
dAeu tqó–un eoE mla pame, brqfouils ied unes  luuosa purioaonrsido tr eáan uegdnait noc ore nnnoo cS ciImoLmCieOpnotNor  tdaue nel  lnA ciuvaderiglt oo4r . d DEeel luoles geuasad rdiooe  Pbariddomov iinanc isqiaturla edd eloa rl a,t a aTr eGpaeS sdSae.r   2022-2452n https://ww
auditoría no es informática sino de justificación documental de los accesos.
En  ningún  caso  podrán  coincidir  en  la  misma  persona  los  cargos  de 
Administrador SILCON y Auditor Delegado.
3. Auditor Delegado Provincial de la TGSS:
Tendrá las siguientes funciones:
– Realizar  las  auditorias  de  los  accesos  del  Auditor  Delegado  del  Organismo 
externo.
– Recibir, sistematizar y analizar los datos facilitados en el informe trimestral de 
auditoría elaborado por el Auditor Delegado del Organismo externo.
– Asignación/desasignación de un Departamento al Auditor Delegado del Organismo 
externo.
– Información  y  resolución  de  dudas  e  incidencias  al  Auditor  Delegado  del 
Organismo externo.
– Comunicar el resultado de las auditorías e incidencias a la Unidad Nacional de 
Auditorías.
4. Unidad Nacional de Auditorías:
Serán funciones de la Unidad Nacional de Auditorías las siguientes:
– Velar por la adecuada transmisión de instrucciones, y contribuir a la aclaración de 
dudas sobre accesos indebidos, con el fin de que las auditorias se lleven a efecto por las 
unidades competentes, con unos criterios unificados.
– Formular  propuestas  y  recomendaciones  en  materias  relacionadas  con  la 
adecuación de los accesos a los ficheros informáticos y bases de datos gestionados por 
la TGSS, en particular de:
• Propuesta de modificación de contenidos de las transacciones, si por razón de los 
mismos  pudiera  concurrir  alguna  situación  de  riesgo  en  la  protección  de  datos 
personales.
• Control específico de las autorizaciones de los usuarios, pudiendo comportar su 
suspensión o retirada definitiva cuando se advierta un uso inadecuado de las mismas.
– Administrar las transacciones SILCON específicamente referidas al sistema de 
auditorías así como las diseñadas para la creación, mantenimiento y cese de auditores, 
activación y desactivación de perfiles y seguimiento de rastros de los accesos. A tal fin la 
Unidad Nacional de Auditorias elaborará las solicitudes y propuestas necesarias a la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
– Realizar  auditorías  específicas  de  accesos  indebidos  al  Sistema  de 
Confidencialidad cuando se produzcan denuncias por los titulares de los datos a los que 
se  ha  accedido,  cualquiera  que  sea  su  lugar  de  presentación  y  tramitar  de  forma 
centralizada todas las denuncias y comunicaciones que tengan entrada sobre cualquier 
forma de vulneración de protección de datos o accesos indebidos a los ficheros a cargo 
de la TGSS.
– Coordinar y preparar la información que requiera la Dirección General para su 
relación institucional centralizada con la Agencia Española de Protección de Datos. 
A este fin, deberá ser remitido a la Unidad Nacional de Auditorias cualquier escrito o 
solicitud que se reciba de dicha Agencia. s
El procedimiento concreto de auditoría se pondrá en conocimiento del Organismo  e.
externo por parte de la Dirección Provincial de la TGSS antes del inicio de la auditoría  w.
trimestral que proceda, la cual explicará dicho proceso y solicitará los datos personales  52ww
del a–u dAistoigr ndaecleiógna/ddeos.asignación de un Departamento al Auditor Delegado del Organismo
externo.
Una vez que el presente convenio sea eficaz las partes se comunicarán los datos de 
las personas que realizarán las funciones de auditoría. Igual obligación existirá cuando 
se produzca un cambio en dichas personas.
8.2 Por parte de la Comunidad Autónoma.
En términos recíprocos, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá realizar 
auditorías de los accesos a sus bases de datos, a través de los sistemas y medios 
informáticos que determine y apruebe la Comisión de Seguimiento.
Novena. Facultades de las partes.
9.1 Sin perjuicio de lo anterior, ambas partes, se reservan, con respecto a los datos 
de su competencia, la facultad de:
A) Controlar, supervisar y/o auditar los accesos o la utilización que se dé a los 
datos  recibidos,  para  lo  cual  podrán  llevarse  a  efecto  cualesquiera  otros  controles 
accesorios o complementarios por la Unidad Nacional de Auditorías de la TGSS y 
análoga de la Comunidad Autónoma.
B) Solicitar,  en  cualquier  momento,  las  aclaraciones  o  la  información 
complementaria que se estime precisa o conveniente por una de las partes sobre la 
corrección de los accesos, la custodia o la utilización de la información cedida.
C) Suspender las autorizaciones y desactivar los perfiles de aquellos usuarios que 
hubieren realizado accesos de riesgo, entendiendo por tales todos aquellos en los que 
no  quede  acreditada  su  correspondencia  con  los  fines  para  los  que  hubieran  sido 
utilizados.
9.2 Ambas  partes  aceptan  someterse  a  todas  las  actuaciones  de  control  y 
supervisión que puedan acordarse por la Unidad Nacional de Auditorías de la TGSS 
y análoga de la Comunidad Autónoma, al objeto de verificar la adecuada obtención y 
utilización de la información cedida y de las condiciones normativas o convencionales 
que resultan de aplicación.
Si, como consecuencia de las actuaciones de control o auditoría o por causa de 
denuncia o comunicación, se detectase cualquier tipo de irregularidad relacionada con la 
utilización de datos, antecedentes, registros o informes con finalidad distinta a la propia 
gestión del órgano cesionario, se abrirán de inmediato diligencias en orden al completo 
esclarecimiento y, en su caso, a la exigencia de responsabilidades con traslado, si 
procede, a la autoridad judicial correspondiente.
9.3 Ambas  partes  designarán  una  persona  como  interlocutor  único  en  las 
relaciones y comunicaciones.
Décima. Facultad de revisión de accesos.
Ambas partes se reservan la facultad de revisar en cualquier momento posterior a 
que el presente convenio sea eficaz, las formas de acceso a los datos protegidos ya sea 
a través de acceso directo a ficheros, soporte físico o conexión telemática o electrónica, 
y la limitación de las mismas por razones técnicas, por modificación de los contenidos de 
los ficheros a raíz de mejoras introducidas en los mismos, por falta de uso de las 
transacciones o por otras razones que pudieran suponer alteración de las condiciones 
pactadas en este convenio. es
Undécima. Incumplimientos. 52ww
de loEsn  dloa troesf eproednrtáe  aacl osrudmairn lias tsrou sdpee innsfoiórnm uanciilóante rreagl uol alad oli menita ecsióten  cdoen lvoesn aioc,c eels eonst ecu taitnudlaor 
afudnvcieiorntaa riionsc uom rpelsimtoi ednet opse rdsoen alal  doebl leignateci ócne sidoen arsiiog,i loa nopmora lípaasr toe  irdreeg ulalasr idaaudteosri deand eloss,   BOE-A-cable e
accesos o en el régimen de control o incumplimientos de los principios y reglas que 
deben presidir el suministro de información, de acuerdo con lo previsto en este convenio.
Sin  perjuicio  de  lo  establecido  anteriormente,  cualquier  violación  de  seguridad 
relacionado con los datos personales que constituya un riesgo para los derechos y 
libertades de las personas físicas titulares de los mismos, deberá ser notificada a la 
autoridad de control competente en materia de protección de datos en el plazo de 
setenta y dos horas desde que se tuvo constancia de la misma.
El Organismo cesionario será responsable frente al cedente de cualquier tratamiento 
indebido o no autorizado que haga su personal con los datos cedidos. El Organismo 
cedente podrá repetir contra el Organismo cesionario cualquier indemnización que deba 
satisfacer como consecuencia de dicho incumplimiento.
Duodécima. Régimen jurídico.
El presente convenio tiene carácter interadministrativo, y se rige por lo dispuesto en 
los artículos 47 a 53 del capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimotercera. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control.
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente 
convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará 
una Comisión de Control y Seguimiento compuesta por tres representantes nombrados 
por la Administración de la Comunidad Autónoma y otros tres nombrados por el Director 
General de la Tesorería General de la Seguridad Social. Sus acuerdos requerirán el voto 
favorable de todos los representantes.
Será  competencia  de  la  Comisión  de  Control  y  Seguimiento  establecer  los 
procedimientos  más  eficaces  que  posibiliten  el  intercambio  de  información  y  la 
colaboración entre las partes prevista en este convenio. A tal fin, promoverá la supresión 
de los impedimentos técnicos que impidan su inmediato intercambio y colaboración.
Las partes acordarán en el seno de la Comisión de Seguimiento algunos detalles 
relativos a la ejecución del contenido del convenio (como pueden ser la asignación, 
modificación o supresión de las transacciones o servicios web objeto de cesión) y, en ese 
caso, no se requerirá una modificación del convenio sino el simple acuerdo entre partes, 
siempre que no afecte al contenido mínimo y esencial del convenio, el cual no puede ser 
objeto de modificación en la Comisión de Seguimiento.
Además, a la Comisión de Control y Seguimiento se le encomiendan las siguientes 
funciones:
a) Dejar reflejadas sus decisiones en el correspondiente documento que ha de 
mantener perfectamente actualizado.
b) Coordinar las actuaciones necesarias para la correcta ejecución del presente 
convenio, estableciendo, en particular, los procedimientos de cesión de información más 
eficaces así como las medidas que garanticen la protección de los datos suministrados.
c) Adoptar las medidas de control pertinentes para asegurar la debida custodia y 
correcta utilización de la información recibida.
d) Resolver las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y 
ejecución del presente convenio.
En calidad de asesores podrán incorporarse cualesquiera otros funcionarios que se  e.
considere necesario, con derecho a voz. w.
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, para examinar los  52ww
resuLltaasd ocso net rionvceidresinacsi aqsu dee p luae cdoalanb sourragciiró sno rberael izlaa dinat.erpretación, modificación, ejecución,
preasrotelusc dióen  lya  emfeacntoesra q aume ipsutoesdaa ne nd eerli vsaersneo  ddeel  persetsae Cntoem ciosnióvne.n Siou sbes idreiasroialvmeeránnte e, natrmeb laass   BOE-A-cable e
partes para las cuestiones derivadas del cumplimiento o interpretación del presente
convenio serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La  Comisión  Mixta  de  Coordinación  y  Seguimiento  se  regirá  en  cuanto  a  su 
funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la 
presente  cláusula,  por  lo  dispuesto  en  la  sección  tercera  del  capítulo  II  del  título 
preliminar de la Ley 40/5015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimocuarta. Duración, modificación, suspensión y resolución.
14.1 De conformidad con lo establecido en el apartado 1.º del artículo 49.h) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años, 
desde su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación. Asimismo será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la misma norma legal. Con anterioridad a la 
finalización del plazo de duración previsto se podrá prorrogar el convenio, por acuerdo 
unánime de las partes, por un periodo de hasta cuatro años adicionales.
14.2 El contenido del presente convenio podrá ser actualizado o modificado de 
mutuo  acuerdo  en  cualquier  momento,  a  cuyo  efecto  las  partes  suscribirán  la 
correspondiente Adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa 
autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
14.3 No obstante, por lo que se refiere al suministro de información regulado en 
este convenio, el ente titular del fichero podrá acordar la suspensión unilateral o la 
limitación  de  los  accesos  cuando  advierta  incumplimientos  de  la  obligación  de 
confidencialidad por parte de las autoridades, funcionarios o resto de personal del ente 
cesionario, anomalías o irregularidades en los accesos o en el régimen de control o 
incumplimientos  de  los  principios  y  reglas  que  deben  presidir  el  suministro  de 
información, de acuerdo con lo previsto en este convenio.
14.4 El  convenio  se  extinguirá  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Este convenio quedará resuelto en los siguientes supuestos:
– Por el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.
– Por acuerdo unánime de todos los firmantes.
– Por imposibilidad justificada de realizar el objeto del convenio.
– Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en virtud de este 
convenio por una de las partes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a 
la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo de quince días con 
las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado a la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento del Convenio y a las 
demás partes firmantes.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las demás partes firmantes la concurrencia de la causa de 
la resolución y se entenderá resuelto el convenio. La TGSS podrá exigir a la Comunidad 
Autónoma  la  indemnización  por  daños  y  perjuicios  que  legalmente  le  corresponda, 
atendiendo, a estos efectos, a las consecuencias que dichos incumplimientos hayan 
causado  fijándose  como  criterio  para  determinar  la  posible  indemnización  el  daño 
económico causado una vez esté debidamente cuantificado. e.e
– Por la denuncia de cualquiera de los firmantes. Esta denuncia deberá realizarse  b
por escrito, expresando las causas que la motivan y notificarse a la otra parte con una  52ww
alanst ealacctuióanc iomníensim ean d ecu trrseos  emne seel sm, odme etanlt ofo rdme al aq uceit apduae dnaonti fifcinaacliiózna,r sye  eand elcousa dtéarmmeinnotes 
esta–b lePcoidr odse ceinsi óenl  ajurtdícicuilaol  5d2e.c3la draet olar iLae dye 4 l0a/ 2n0u1lid5a, dd ed e1l  dceo novcetunbior.e.
– Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
La Comunidad Autónoma será responsable frente la TGSS de cualquier reclamación 
derivada del uso indebido que se haga por los usuarios de los datos cedidos. La TGSS 
podrá repetir contra la Comunidad Autónoma por cualquier indemnización que deba 
satisfacer derivado de dicho incumplimiento.
Decimoquinta. Régimen económico.
La firma del presente convenio no conlleva contraprestación económica por ninguna 
de las partes.
En prueba de conformidad, las partes implicadas firman el presente convenio, en la 
fecha indicada en el pie de firma, tomándose como fecha de formalización del presente 
documento la fecha del último firmante.–En Madrid, a 4 de febrero de 2022.–Por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, el Director General de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, Andrés Harto Martínez.–Por la Administración del Principado de 
Asturias, la Consejera de Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias, Rita 
Camblor Rodríguez.
ANEXO I
Compromiso usuario SILCON
Don/doña  ....................................................................................................................., 
con DNI .................................., adscrito/a ........................................................................., 
por el presente documento
COMUNICA
Que, de conformidad con lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y de la Orden 
de 17 de enero de 1996, sobre control de accesos al sistema informático de la Seguridad 
social, en el caso de que las funciones que desarrolle o los trabajos que realice conlleven 
su alta como usuario del sistema informático, adquiere el compromiso de utilizar las 
transacciones con los fines exclusivos de gestión para los que sea autorizado y está 
obligado a guardar el secreto profesional sobre los datos de que tenga conocimiento, 
siendo responsable de todos los accesos que se realicen a los ficheros informáticos 
mediante su contraseña personal y el código de acceso facilitado.
Que el incumplimiento de las obligaciones indicadas, el acceso a la información por 
usuario no autorizado, la asignación de procesos o transacciones no necesarios para la 
función encomendada y la falta de custodia o secreto de la identificación personal de 
acceso, dará lugar a la exigencia de responsabilidades administrativas, en concreto las 
establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, así como a responsabilidades de 
cualquier otra naturaleza, incluso penales.
En ................................., a ........ de .......................... de ...............
ANEXO II
Consentimiento cesión de datos (persona física)
Don/doña  ....................................................................................................................., 
con DNI/NIE/Pasaporte n.º..........................................
Autoriza a la Administración del Principado de Asturias para que, en mi nombre, 
acceda a los datos e información referida a mi persona y contenida en los ficheros de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, en virtud del convenio y en relación con la 
finalidad que en el mismo está prevista.
El tratamiento de esta información, en tanto que contempla datos personales, está 
sujeto a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
En ................................., a ........ de .......................... de ...............
ANEXO III
Consentimiento cesión de datos (persona jurídica)
Don/doña  ....................................................................................................................., 
con DNI/NIE/Pasaporte n.º........................., en representación de ................................, 
con copia de poder o documento .........................................................................................
Autoriza a la Administración del Principado de Asturias para que, en mi nombre, 
acceda a los datos e información contenida en los ficheros de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, en virtud del convenio suscrito al efecto.
El tratamiento de  esta  información,  en  tanto que  contempla datos de personas 
jurídicas, está sujeto a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal.
En ................................., a ........ de .......................... de ...............