BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 129 Sábado 9 de mayo de 2020 Sec. I.   Pág. 31952
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
4902 Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
I
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia 
internacional  la  situación  de  emergencia  ocasionada  por  el  brote  epidémico  de 
COVID-19. El Gobierno, en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de 14 de 
marzo de 2020, aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.
El artículo 3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, estableció, en el marco de 
lo dispuesto por el artículo sexto.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los 
estados de alarma, excepción y sitio, que la duración del estado de alarma sería de 
quince días naturales.
Con base en los datos disponibles y en los informes de evaluación elaborados por 
las autoridades competentes delegadas durante ese periodo, el Gobierno concluyó que 
la situación de emergencia sanitaria generada por el brote epidémico de COVID-19 no se 
superaría en el plazo previsto inicialmente por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo.
A fin de garantizar la eficaz gestión de dicha emergencia sanitaria y contener la 
propagación de la enfermedad, mediante los acuerdos del Consejo de Ministros de 24 de 
marzo de 2020, 7 de abril de 2020 y 21 de abril de 2020, el Gobierno solicitó del 
Congreso de los Diputados autorización para prorrogar en tres ocasiones el estado de 
alarma declarado por el citado real decreto, así como la vigencia de las medidas en él 
contenidas. El Pleno del Congreso de los Diputados, en las sesiones celebradas el 25 de 
marzo  de  2020,  9  de  abril  de  2020  y  22  de  abril  de  2020  acordó  conceder  las 
mencionadas autorizaciones.
De este modo, mediante el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se 
prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
la prórroga se extendió hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020; mediante el 
Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, se dispuso la prórroga hasta las 00:00 horas del 
día  26  de  abril  de  2020,  y,  finalmente,  el  Real  Decreto  492/2020,  de  24  de  abril, 
estableció una nueva prórroga hasta las 00:00 horas del día 10 de mayo de 2020.
El Gobierno ha remitido semanalmente al Congreso de los Diputados la información 
requerida en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional sexta del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Junto a los informes aportados por el Centro de 
Coordinación  de  Alertas  y  Emergencias  Sanitarias  y  la  Red  Nacional  de  Vigilancia 
Epidemiológica,  se  ha  dado  cuenta  al  Congreso  de  los  Diputados  del  conjunto  de  e.
disposiciones,  órdenes,  instrucciones  y  resoluciones  adoptadas  por  las  autoridades  w.b
competentes  delegadas  y  por  el  Consejo  de  Ministros.  Asimismo,  el  Gobierno  ha  02ww
comDpuarraencitdeo  esle mpearnioadlmo ednete  lap aprari mvaelroar apr rlaó rerovgoalu, clioósn  ddea tloas s ipturaocpioórnc.ionados por la Red
dNuarcaionntea l edle  pVeigriioladnoc iad eE pviidgeemncioialó gdiceal  peusstaiedroo nd dee  amlaarnmifaie shtoa bqíuaen  lacso nmseedgiudiadso  aapllcicaandzaasr 
gradualmente el objetivo de disminuir la transmisión de la enfermedad y reducir al
máximo el riesgo de colapso en las unidades de cuidados intensivos hospitalarios (en 
adelante, UCI).
Durante el periodo de la segunda prórroga, esos datos indicaron que se había 
conseguido disminuir el número de contagios a fin de situarlos por debajo del umbral que 
produciría la saturación de las UCI, con su capacidad extendida para hacer frente a la 
epidemia, al tiempo que se había fortalecido la capacidad del sistema sanitario para dar 
respuesta  a  la  misma.  En  efecto,  el  incremento  de  nuevos  casos  hospitalizados  e 
ingresados en UCI había pasado de alrededor del 20 % para ambos indicadores la 
semana anterior a la segunda prórroga a estar por debajo del 2 % en la semana del 20 
de abril. Además, el número de altas se fue incrementando en este periodo, y con ello se 
produjo una descarga progresiva de las unidades asistenciales ampliadas.
En el periodo de la tercera prórroga, los datos evidencian que se ha consolidado la 
tendencia decreciente de los diferentes indicadores (casos confirmados diarios por PCR, 
fallecimientos confirmados, ingresos hospitalarios y en UCI), habiéndose reducido a la 
mitad  los  incrementos  diarios,  a  excepción  de  los  casos  que  han  requerido 
hospitalización.
Sin embargo, los datos de personas todavía hospitalizadas y la detección, aunque 
con  mucha  menos  frecuencia  de  casos  nuevos,  algunos  de  ellos  sin  un  vínculo 
epidemiológico claro, aconseja mantener el instrumento que ha contribuido a gestionar 
eficazmente  esta  emergencia  sanitaria.  En  algunos  aspectos,  es  necesario  todavía 
preparar los sistemas de información y vigilancia para garantizar que las capacidades de 
detección precoz y manejo de nuevos casos y sus contactos está garantizada en todos 
los niveles.
II
La  Comunicación  «Hoja  de  ruta  común  europea  para  el  levantamiento  de  las 
medidas de contención de la COVID-19», presentada el pasado 15 de abril por la 
Presidenta de la Comisión Europea y el Presidente del Consejo Europeo, ha considerado 
esenciales las medidas extraordinarias adoptadas por los Estados miembros. Se afirma 
que  dichas  medidas,  basadas  en  la  información  disponible  en  relación  con  las 
características de la enfermedad y adoptadas siguiendo un criterio de precaución, han 
permitido reducir la morbilidad y mortalidad asociada al COVID-19, al tiempo que han 
permitido reforzar los sistemas sanitarios y asegurar los aprovisionamientos necesarios 
para hacer frente a la pandemia.
Pero, como la propia Hoja de ruta señala, estas medidas restrictivas acarrean un 
elevado coste social y económico, suponen una presión sobre la salud mental y obligan 
a los ciudadanos a cambiar radicalmente su vida cotidiana.
Por ello, aunque el documento reconoce que la vuelta a la normalidad requerirá 
tiempo, también considera evidente que las medidas extraordinarias de restricción de la 
movilidad  no  pueden  mantenerse  indefinidamente  y  que  es  necesario  realizar  una 
evaluación continua de su proporcionalidad a medida que evoluciona el conocimiento de 
la enfermedad. Resulta, por tanto, indispensable planificar la fase en la que los Estados 
miembros podrán reanudar las actividades económicas y sociales de modo que se 
minimice cualquier repercusión sobre la salud de las personas y no se sobrecarguen los 
sistemas sanitarios.
A ese planteamiento responde la citada hoja de ruta, elaborada a partir de los 
conocimientos y el asesoramiento facilitados por el Centro Europeo para la Prevención y  s
el Control y el Grupo Consultivo de la Comisión sobre la COVID-19, y teniendo en cuenta  e.
la experiencia y las perspectivas de una serie de Estados miembros, así como las  w.
orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 02ww
adquEinri deas tae  nciovnetle nxatoc,i oan laal ,l udze  dlae  eloxsp eprriienncicpiaa leesn  iontdroicsa dpoaríeses sd yis pdoenl icbolenso,c dime ielan etox paeproiertnacdiao 
epno rl alo dse esxepsecratolasd ae ng real dáumalb diteo  lsaasn mitaerdioid ya se peixdteramoirodlióngaircioa,s  sdee  croenstsriidceciróan o dpeo rlatu nmoo vaivliadnazda yr   BOE-A-cable e
del contacto social y facilitar una recuperación, lo más rápida posible, de la actividad 
social y económica.
Con este objetivo, de conformidad con la Hoja de ruta citada, con los criterios en ella 
recogidos  y  con  los  expresados  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  en  su 
documento sobre la evolución del COVID-19, presentado el pasado 14 de abril de 2020, 
atendiendo a la evolución de la situación epidemiológica, y en línea con otros países de 
nuestro entorno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020, se 
aprobó el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer 
frente a la pandemia de COVID-19, en el que el proceso descrito se concibe de modo 
gradual, asimétrico, coordinado con las comunidades autónomas, y adaptable a los 
cambios  de  orientación  necesarios  en  función  de  la  evolución  de  los  datos 
epidemiológicos  y  del  impacto  de  las  medidas  adoptadas.  El  Plan  fue  remitido  al 
Congreso de los Diputados el 29 de abril de 2020 en cumplimiento de lo previsto por la 
disposición adicional sexta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Para la elaboración de dicho Plan, el Gobierno se ha basado en el informe elevado el 
pasado 25 de abril por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 
además de recabar la opinión y propuestas de expertos en el ámbito sanitario, científico, 
social y empresarial. De forma paralela y coordinada, se han celebrado reuniones e 
intercambiado propuestas con los responsables de las administraciones autonómicas y 
locales, así como con los agentes sociales. De forma complementaria, se han analizado 
las  principales  experiencias  nacionales  e  internacionales  disponibles,  con  el  fin  de 
aprender de las mejores prácticas para abordar la reactivación económica con la máxima 
seguridad.
Fruto de este trabajo, el Plan establece los principales parámetros e instrumentos 
para adoptar las decisiones necesarias en el proceso de desescalada, con las máximas 
garantías de seguridad. Su objetivo fundamental es conseguir que, manteniendo como 
referencia fundamental la protección de la salud pública, se recupere paulatinamente la 
vida  cotidiana  y  la  actividad  económica,  minimizando  el  riesgo  que  representa  la 
epidemia para la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema 
Nacional de Salud se puedan desbordar.
Los parámetros cuyos valores son necesarios para avanzar en la desescalada, y de 
los que es necesario un seguimiento continuo, se plasmarán en un panel integral de 
indicadores  que  facilitará  la  gradación  de  la  intensidad  y  velocidad  del  proceso, 
incluyendo parámetros fundamentales para la toma de decisiones, en los siguientes 
ámbitos:
‒ Salud pública, a partir de los datos que evalúan las capacidades estratégicas que 
deben reforzarse en cuatro ámbitos: una asistencia sanitaria reforzada; un modelo eficaz 
y seguro de alerta y vigilancia epidemiológica; una rápida identificación y contención de 
las fuentes de contagio y un reforzamiento de las medidas de protección colectiva.
‒ Movilidad en el interior del país y fuera de sus fronteras, muy vinculada a un 
posible aumento del riesgo de contagio.
‒ Impacto social de la enfermedad, de las medidas adoptadas para contenerla y del 
proceso de desescalada en los colectivos sociales más vulnerables.
‒ Impacto económico, medido a partir de la evaluación de la situación por sectores, 
en especial aquellos con más capacidad de arrastre y los más duramente afectados por 
la crisis sanitaria.
Del panel integral de indicadores, con los parámetros indicados, resultarán los datos  e
que fundamentarán las decisiones que se adopten en el proceso de desescalada, con un  bo
nivel de granularidad territorial suficiente, adecuadas en cada momento a la situación  02ww
reepleidveamntioel.ógica  y  a  la  capacidad  del  sistema  sanitario  en  cada  ámbito  geográfico
diferEeln cPialadna s eesnt afbulneccieó n udnea l asfa ascet ivcidearod eso  peprrmeliimtidinaas re ny  catrdeas  ufnaas edse  edllea s,d epsoer slacsa lqaudea 
podrán transitar los diferentes territorios en función de diversos criterios e indicadores
hasta llegar a la fase III, en la que se pondrá fin a las medidas de contención, pero se 
mantendrá la vigilancia epidemiológica, la capacidad reforzada del sistema sanitario y las 
medidas de autoprotección de la ciudadanía.
A día de hoy, todo el territorio nacional se encuentra en la denominada fase cero, 
definida por las medidas establecidas por la declaración del estado de alarma y las 
órdenes dictadas por las diferentes autoridades competentes delegadas, con excepción 
de las islas de Formentera, La Gomera, El Hierrro y La Graciosa, a las que se aplica lo 
establecido  en  la  Orden  SND/386/2020,  de  3  de  mayo,  por  la  que  se  flexibilizan 
determinadas restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la 
actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las actividades 
de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.
La  complejidad  de  la  situación  y  la  naturaleza  imprevisible  y  dinámica  de  su 
evolución  desaconsejan  plantear  un  calendario  cerrado  de  recuperación  gradual  de 
actividad; por el contrario, se requiere de un enfoque prudente, con hitos que se irán 
alcanzando sucesivamente y que podrán ser reajustados en caso de resultar necesario.
III
De acuerdo con lo previsto por el artículo primero.dos de la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio, las medidas que se adopten durante la vigencia del estado de alarma, así 
como la duración del mismo, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables 
para asegurar el restablecimiento de la normalidad y su aplicación se realizará de forma 
proporcionada a las circunstancias.
Por su parte, como recoge la Sentencia del Tribunal Constitucional 99/2019, de 18 de 
julio (FJ 6), «(e)l enjuiciamiento de la proporcionalidad de una medida legislativa, como 
presupuesto de constitucionalidad de la misma, se articula en dos fases (por todas, 
STC 60/2010, FJ 9): a) la primera parte de ese canon de control consiste en examinar 
que la norma persigue una finalidad constitucionalmente legítima; y b) la segunda parte 
implica revisar si la medida legal se ampara en ese objetivo constitucional de un modo 
proporcionado. Esta segunda fase de análisis exige, a su vez, verificar (por todas, 
STC 64/2019, de 9 de mayo, FJ 5), sucesivamente el cumplimiento de "la triple condición 
de (i) adecuación de la medida al objetivo propuesto (juicio de idoneidad); (ii) necesidad 
de la medida para alcanzar su objetivo, sin que sea posible su logro a través de otra más 
moderada con igual eficacia (juicio de necesidad) y (iii) ponderación de la medida por 
derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre 
otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)"».
Cumple ahora, pues, aplicar el juicio de proporcionalidad a las medidas recogidas en 
la presente prórroga. En ella se recogen medidas con el objetivo primordial de proteger 
los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud, recogidos en el título I de la 
Constitución Española. No cabe duda que esta constituye una finalidad legítima, como 
señaló el Tribunal Constitucional en su reciente Auto de 30 de abril de 2020 (FJ 4), 
relativo precisamente a la limitación de los derechos de reunión y manifestación en el 
vigente estado de alarma. Concretamente, en su FJ 4 el Tribunal sostuvo de manera 
expresa que «la limitación del ejercicio del derecho tiene una finalidad que no solo ha de 
reputarse como legítima, sino que además tiene cobertura constitucional bastante en los 
artículos 15 CE (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de 
la salud), ambos tan intensamente conectados que es difícil imaginarlos por separado,  s
máxime  en  las  actuales  circunstancias.  Es  aquí  donde  la  finalidad  de  la  medida  e.
restrictiva del ejercicio del derecho confluye con la justificación de la declaración del  w.
Estado de alarma. Las razones que sustentan ambas son idénticas y buscan limitar el  02ww
liam pviadcat op uqeudea e tne nlae rs laal updr odpea gloasc isóenr edse lh CumOaVnIDos-1, 9e»n. su integridad física y en su derecho a
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finalidad constitucional. Los indicadores disponibles, tanto en nuestro país como en otros 
de nuestro entorno, han mostrado de forma sostenida cómo las medidas previstas en 
esta prórroga son perfectamente adecuadas al fin perseguido. Ciertamente, medidas 
como la limitación de la libertad deambulatoria y las dirigidas a evitar aglomeraciones o 
el  contacto  interpersonal  se  han  mostrado  hasta  ahora  las  más  adecuadas  para 
conseguir  índices  notables  de  reducción  de  los  niveles  de  contagio.  Las  medidas 
contenidas  en  la  presente  prórroga  han  demostrado  su  eficacia  para  contener  la 
propagación  de  la  enfermedad  y,  por  tanto,  resulta  previsible  que  sigan  siendo 
adecuadas durante el transcurso de esta prórroga adicional.
Pero no sólo eso: sólo manteniendo la limitación a la libertad deambulatoria en todo 
el territorio nacional será posible controlar la pandemia y esta limitación, de alcance 
general a todo el territorio, sólo puede establecerse en el marco del estado de alarma. 
Dicho en términos inversos, sólo mediante el mantenimiento del estado de alarma es 
posible continuar limitando la libertad deambulatoria en el conjunto del territorio nacional, 
limitaciones que permitirán contener la pandemia. En suma, no existe alternativa jurídica 
que permita limitar a nivel nacional el derecho fundamental contenido en el artículo 19 de 
la Constitución Española, toda vez que la legislación ordinaria resulta insuficiente por sí 
sola para restringir este derecho fundamental.
Como señala el alto Tribunal en el auto antes citado, «no es posible tener ninguna 
certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del 
virus, así como no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo 
plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o menor 
medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde 
parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el 
artículo 9.3 de la Constitución, las medidas de distanciamiento social, confinamiento 
domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas 
que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones 
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el 
legislador articuló la declaración de los estados excepcionales en el año 1981».
Estas  medidas,  provistas  de  una  justificación  legítima  y  adecuadas  para  la 
consecución de la misma, siguen resultando necesarias en la actualidad. Como los datos 
indican día tras día, la pandemia todavía no se ha contenido de forma suficiente. Por 
este motivo, resulta necesario mantener la limitación a la libertad de circulación en los 
términos previstos en el vigente Real Decreto 463/2020, 14 de marzo, como prevé la 
prórroga que se establece en este real decreto.
Finalmente, las medidas contenidas en la prórroga no sólo disponen de justificación 
constitucional y cumplen con los requisitos de adecuación y de necesidad, sino que 
también se ajustan a la proporcionalidad en sentido estricto. A diferencia de lo que ha 
venido  sucediendo  desde  el  inicio  de  estado  de  alarma  y  durante  sus  sucesivas 
prórrogas,  en  la  nueva  prórroga  se  prevé  la  posibilidad  de  relajar  las  limitaciones, 
siempre y cuando lo permitan los baremos a los que se alude en el apartado II. En orden 
a cumplir con la proporcionalidad en sentido estricto, las medidas previstas en esta 
prórroga parten de un escenario abierto, dejando espacio al dinamismo inherente a la 
desescalada que pretende iniciarse. Esta flexibilidad se predica tanto del levantamiento 
de las medidas, como del ámbito geográfico en el que va proyectarse, por lo que se 
prevé una intervención destacada de las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla. Se trata de permitir la selección de las medidas de desescalada que en 
cada momento resulten más oportunas y la granularidad territorial suficiente en su  s
implementación. En definitiva, se persigue avanzar en una desescalada progresiva y  oe.
adaptada  a  las  particularidades  de  los  diferentes  territorios,  en  coherencia  con  lo  w.
establecido en la citada «Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las  02ww
medidas de contención de la COVID-19».
IV
En  atención  a  lo  anteriormente  expuesto,  se  mantiene  la  vigencia  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las medidas que lo modifican, aplican y 
desarrollan.  No  obstante,  y  de  acuerdo  con  el  marco  previsto  en  el  Plan  para  la 
desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia 
de COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 28 de abril 
de  2020,  mediante  la  presente  prórroga  se  habilita  al  Ministro  de  Sanidad,  en  su 
condición  de  autoridad  competente  delegada,  mediante  un  proceso  en  el  que 
participarán las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla con arreglo a 
los  principios  de  cooperación  y  colaboración,  a  concretar  las  medidas  que  deban 
aplicarse en el proceso de desescalada. En este sentido, la habilitación al Ministro de 
Sanidad y a las demás autoridades competentes delegadas que se contiene en el primer 
párrafo artículo 3 se refiere a las medidas de desescalada en todos los ámbitos de 
actividad afectados por las restricciones establecidas en la declaración del estado de 
alarma y sus sucesivas prórrogas.
La progresión de las medidas, o su eventual regresión, se determinará en función de 
la evolución de diversos indicadores, tanto sanitarios como epidemiológicos, sociales, 
económicos  y  de  movilidad.  Además,  estas  medidas  podrán  aplicarse  en  ámbitos 
territoriales concretos, ya sea la provincia, la isla o la unidad territorial de referencia en el 
proceso de desescalada.
En cuanto a la libertad deambulatoria, esta prórroga determina que las personas 
podrán desplazarse por la provincia, la isla o la unidad territorial de referencia en que se 
encuentren. Todo ello sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el desplazamiento 
a otra parte del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales o 
empresariales,  de  retorno  al  lugar  de  residencia  familiar,  asistencia  y  cuidado  de 
mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación 
de necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza.
En aplicación de lo establecido en el Acuerdo de autorización de la prórroga del 
estado de alarma aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 6 de 
mayo de 2020, se ha recogido en este real decreto la posibilidad de que el Gobierno 
acuerde conjuntamente con cada Comunidad Autónoma la modificación, ampliación o 
restricción de las unidades de actuación y de las medidas a adoptar, correspondiendo en 
tal caso la aplicación de estas medidas a quien ostente la Presidencia de la Comunidad 
Autónoma, como representante ordinario del Estado en el territorio.
En cumplimiento de dicho acuerdo, también se incorpora una disposición adicional 
única  para  asegurar  que  aquéllos  municipios  que  constituyen  enclaves  reciban  el 
tratamiento propio de la provincia que les circunda, así como una disposición final 
primera modificativa del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, con la finalidad de hacer posible la celebración de elecciones autonómicas.
En definitiva, no cabe entender que una paulatina vuelta a la normalidad deba 
esperar hasta la supresión total del riesgo sanitario, ya que este escenario solo llegará 
cuando se disponga de una vacuna, un tratamiento médico eficaz o de la inmunidad 
necesaria de la población. En las actuales circunstancias de evolución de la pandemia, y 
a la luz de la experiencia comparada, la condición para iniciar una vuelta progresiva a la 
normalidad se cifra, más bien, en la posibilidad de lograr una identificación temprana de 
los nuevos brotes, con el fin de generar una rápida y eficaz respuesta de control 
epidemiológico que proteja al conjunto de la población y que limite la presión sobre la  e.
capacidad asistencial del sistema sanitario. Por ello se prevé que, durante la vigencia de  w.b
la nueva prórroga del estado de alarma, se inicie un gradual levantamiento de las  02ww
Cmoendsideajos  ddee M  cinoinsttreonsc ieónn  sup rreevuisntiaósn  deen  2e8l  dPe laanb rilp daera 2 0la2 0d.esescalada  aprobado  por  el
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prorrogar  de  nuevo  el  estado  de  alarma  declarado  inicialmente  por  el  Real
Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  así  como  la  vigencia  de  las  medidas  en  él 
contenidas, en los términos contemplados en este real decreto, hasta las 00:00 horas del 
día 24 de mayo de 2020.
La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, 
dispone que el estado de alarma requiere, para ser prorrogado, de la autorización 
expresa  del  Congreso  de  los  Diputados,  que  podrá  establecer  el  alcance  y  las 
condiciones vigentes durante la prórroga.
Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2020, el Gobierno 
solicitó del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar por cuarta vez el 
estado de alarma declarado mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con el fin 
de garantizar la eficaz gestión de la emergencia sanitaria y contener la propagación de la 
enfermedad.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 6 de mayo de 2020, 
acordó conceder la autorización requerida, en los términos recogidos en el Acuerdo de 
autorización  de  la  prórroga  del  estado  de  alarma  declarado  por  el  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
En su virtud, al amparo de lo previsto  por  el artículo 116.2 de la Constitución 
Española,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  sexto.dos  de  la  Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, a propuesta 
de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, del Ministro de Sanidad, de la Ministra de Defensa, y 
de los Ministros del Interior y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de mayo de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Prórroga del estado de alarma.
Queda prorrogado el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Artículo 2.  Duración de la prórroga.
La prórroga establecida en este real decreto se extenderá desde las 00:00 horas del 
día 10 de mayo de 2020 hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020, y se 
someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, y en las disposiciones que lo modifican, aplican y desarrollan, sin perjuicio de lo 
que se establece en los artículos siguientes.
Artículo 3.  Procedimiento para la desescalada.
En aplicación del Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en 
su reunión de 28 de abril de 2020, el Ministro de Sanidad, a propuesta, en su caso, de 
las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y a la vista de la 
evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de 
movilidad, podrá acordar, en el ámbito de su competencia, la progresión de las medidas 
aplicables  en  un  determinado  ámbito  territorial,  sin  perjuicio  de  las  habilitaciones  s
conferidas al resto de autoridades delegadas competentes. La regresión de las medidas  o
hasta las previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se hará, en su caso,  w.
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unidad  territorial  de  referencia  que  se  determine  a  los  efectos  del  proceso  de
desescalada, sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra
parte  del  territorio  nacional  por  motivos  sanitarios,  laborales,  profesionales  o 
empresariales,  de  retorno  al  lugar  de  residencia  familiar,  asistencia  y  cuidado  de 
mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación 
de  necesidad  o  cualquier  otra  de  análoga  naturaleza.  En  todo  caso,  en  cualquier 
desplazamiento  deberán  respetarse  las  instrucciones  dictadas  por  las  autoridades 
sanitarias.
Artículo 4.  Acuerdos con las Comunidades Autónomas.
En el proceso de desescalada de las medidas adoptadas como consecuencia de la 
emergencia  sanitaria  causada  por  el  COVID-19,  el  Gobierno  podrá  acordar 
conjuntamente con cada Comunidad Autónoma la modificación, ampliación o restricción 
de las unidades de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de 
las personas, de las medidas de contención y de las de aseguramiento de bienes, 
servicios, transportes y abastecimientos, con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de 
la emergencia sanitaria en cada comunidad autónoma.
En caso de acuerdo, estas medidas serán aplicadas por quien ostente la Presidencia 
de la Comunidad Autónoma, como representante ordinario del Estado en el territorio.
Disposición adicional única.  Enclaves.
Durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, y a sus efectos, aquellos 
municipios que constituyen enclaves recibirán el tratamiento propio de la provincia que 
les circunda, sin que sea obstáculo que esta pertenezca a Comunidad Autónoma distinta 
a la de aquellos.
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, en los términos que se recogen en los apartados siguientes:
Uno.  Se añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 7, con el siguiente contenido:
«1 bis.  La vigencia del estado de alarma no supondrá obstáculo alguno 
al  desenvolvimiento  y  realización  de  las  actuaciones  electorales  precisas 
para el desarrollo de elecciones convocadas a Parlamentos de comunidades 
autónomas.»
Dos.  Se añade una nueva disposición adicional séptima, con el siguiente contenido:
«Disposición adicional séptima.  Procesos electorales.
El Gobierno, durante la vigencia del estado de alarma, dispondrá lo oportuno 
para que el servicio público de correos, los fedatarios públicos y demás servicios 
de  su  responsabilidad  coadyuven  al  mejor  desenvolvimiento  y  realización  de 
elecciones convocadas a Parlamentos de Comunidades Autónomas.»
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 8 de mayo de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO