BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 112 Miércoles 22 de abril de 2020 Sec. I.   Pág. 29542
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
4556 Decreto-ley 1/2020, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas 
liberalizadoras de los horarios de apertura de las actividades comerciales 
habilitadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionado por el COVID-19.
La crisis sanitaria mundial originada por el COVID-19 ha dado lugar a su definición como 
pandemia por la Organización Mundial de la Salud y ha conllevado la adopción de medidas 
por parte de los países afectados a fin de aunar esfuerzos para combatir esta enfermedad y 
limitar en la medida de lo posible los daños personales y económicos provocados.
En este escenario, el Consejo de Ministros en su sesión celebrada el 14 de marzo 
de 2020 aprobó el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionado por el 
COVID-19. El mencionado Real Decreto establece medidas de contención en el ámbito 
de la actividad comercial que tienen como objetivo último proteger la salud y la seguridad 
de los ciudadanos, tras la situación de emergencia de salud pública generada.
La velocidad a la que se van desencadenando los acontecimientos y el crecimiento 
alarmante del número de infectados, hace necesario la adopción de medidas con carácter 
de urgencia que contribuyan a minimizar el número de contagios, contener la propagación 
de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública, garantizándose al mismo tiempo, el 
abastecimiento de alimentos, bebidas y productos de primera necesidad.
En este contexto y estando habilitados por el Real Decreto 463/2020 de 10 de marzo 
para ejercer su actividad durante este periodo de excepción determinados establecimientos 
de comercio minorista, debe garantizarse que puedan adquirirse los productos necesarios 
de  forma  escalonada,  y  evitando  además  siempre  las  aglomeraciones.  También  es 
necesario imprescindible que las empresas dispongan del tiempo necesario para llevar a 
cabo en sus establecimientos las labores de desinfección que correspondan, así como la 
reposición de productos para garantizar el abastecimiento.
Tratándose  de  una  situación  excepcional,  la  Junta  de  Extremadura  considera 
ineludible arbitrar medidas excepcionales. Tales medidas, por tal carácter, han de tener 
una  vigencia  temporal  que  vendrá,  en  todo  caso,  marcada  por  la  evolución  de  la 
pandemia y la normalización de la situación actual.
En este sentido y con esta finalidad, la flexibilización en la apertura de los centros 
comerciales afectados permite que población puede acceder a los establecimientos 
comerciales habilitados, se reducen las aglomeraciones y, por tanto, el riesgo de nuevos 
contagios.  De  esta  manera,  se  facilita  también  que  los  consumidores  puedan 
abastecerse de productos de primera necesidad con mayores garantías.
Por ello se hace necesario flexibilizar los horarios comerciales, de tal manera que 
cumpliendo con todas las exigencias y recomendaciones sanitarias, los consumidores 
puedan adquirir los productos de primera necesidad con todas las garantías, hecho que 
contribuye a evitar la propagación del virus.
Este Decreto-ley atiende, y viene a completar aquellas medidas que se han adoptado  s
por el Gobierno de la Nación y que se han plasmado en distintas normativas: el ya  oe.
mencionado Real Decreto 463/2020, de 10 de marzo, el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de  w.
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favorecer que las compras, mientras dure el estado de alarma, se realicen de forma
espaciada en el tiempo, lo que redundará en frenar el contagio. Bc
El Decreto-ley fue introducido en nuestro ámbito normativo autonómico por medio de 
la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de modificación del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. En este sentido, el artículo 33 faculta a la Junta 
de Extremadura en caso de extraordinaria y urgente necesidad, para dictar disposiciones 
legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley.
Es  la  especial  gravedad  de  la  situación  la  que  impulsa  a  la  utilización  de  un 
instrumento normativo que no ha sido empleado en nuestra comunidad autónoma más 
allá de una docena de veces.
El Decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin 
que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro 
Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de 
enero, F. 4; 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una 
situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de 
prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido 
por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de 
las leyes. La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto-ley se inscribe 
en el juicio político o de oportunidad que corresponde a este Gobierno (SSTC 93/2015, 
de 14 de mayo, FJ 6) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades 
de actuación que la situación de emergencia acreditada demanda (STC de 30 de enero 
de  2019,  recurso  de  inconstitucionalidad  número  2208-2019),  centradas  en  el 
cumplimiento de la seguridad jurídica y la salud pública, medidas que reclaman una 
acción legislativa que se materialice «en un plazo más breve que el requerido para la 
tramitación de las Leyes» (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 6). Por lo que respecta a 
la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad, debe tenerse en cuenta la 
doctrina  del  Tribunal  Constitucional,  resumida  en  el  fundamento  jurídico  IV  de  la 
sentencia 61/2018, de 7 de junio de 2018. Conforme a la misma, se requieren, por un 
lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en 
cuenta por el Gobierno en su aprobación», es decir, lo que ha venido en denominarse, la 
situación de urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella». 
Como señala el Tribunal Constitucional, generalmente se ha venido admitiendo el uso 
del decreto-ley en situaciones que se han calificado como «coyunturas económicas 
problemáticas», para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente 
lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la 
legislación de urgencia, que no es otro que subvenir a «situaciones concretas de los 
objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes» 
(SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, 
de 8 de mayo, FJ 8).
La crisis sanitaria que ha dado lugar a la declaración del estado de alarma y la 
voluntad de minimizar el contagio y garantizar el abastecimiento de productos básicos, 
fundamenta la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar la medida anunciada. Las 
medidas que con este Decreto-ley se adoptan no podrían esperar a una tramitación 
parlamentaria puesto que los efectos sobre la ciudadanía serían demasiado gravosos y 
perdería su esperada eficacia en el fin último de las mismas
Además, debe señalarse que el presente decreto-ley es conforme al artículo 33.2 de 
la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la  s
Comunidad Autónoma de Extremadura, ya que no modifica el Estatuto de Autonomía ni  oe.
afecta a las leyes presupuestarias o a las materias objeto de leyes para las que se  w.
requiere una mayoría cualificada. 56ww
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fundamenta en la protección de la salud y en la garantía de abastecimiento de productos 
básicos y se utiliza el instrumento más efectivo para garantizar su consecución. Por otra 
parte y con respecto al principio de proporcionalidad indicar que el presente Decreto-ley 
contiene estrictamente la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos ya 
señalados.
La presente norma se encuadra dentro del ordenamiento jurídico en el contexto 
descrito de adopción de medidas extraordinarias ante la situación producida, lo que 
respeta el principio de seguridad jurídica. En último lugar, señalar que la medida prevista 
en el presente Decreto-ley respeta el principio de eficiencia, no suponiendo ninguna 
carga administrativa adicional a los ciudadanos.
Por todo ello, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 33 de la Ley 
Orgánica  1/2011,  de  28  de  enero,  de  reforma  del  Estatuto  de  Autonomía  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  a  propuesta  del  Consejero  de  Economía, 
Ciencia y Agenda Digital y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 18 de marzo de 2020, dispongo:
Artículo único.
1.  En los ámbitos definidos en su artículo 10 por Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por Real Decreto 465/2020, de 17 de 
marzo, los establecimientos y superficies comerciales de venta minorista, incluidos en el 
ámbito de aplicación de la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio, de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, podrán permanecer abiertos al público durante los días no 
hábiles a efectos comerciales, solo y exclusivamente para la venta de productos y 
servicios básicos que a continuación se relacionan:
1.  Alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad.
2.  Productos veterinarios, médicos, ópticas y productos ortopédicos.
3.  Productos higiénicos.
4.  Prensa y papelería.
5.  Combustible para la automoción.
6.  Equipos tecnológicos y de telecomunicaciones.
7.  Alimentos para animales de compañía.
2.  A los efectos de este decreto-ley los establecimientos y superficies comerciales 
vienen obligados a delimitar claramente los espacios accesibles al público dedicados a la 
venta de productos y servicios permitidos relacionados en el apartado anterior.
3.  Los establecimientos comerciales, que en domingos y festivos no autorizados, 
abran y dispongan para la venta servicios o productos no referidos en el párrafo primero, 
serán sancionados según lo previsto en el artículo 48, letra m), y artículos concordantes 
de la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de Extremadura.
4.  Lo dispuesto en este decreto-ley será de aplicación mientras dure el periodo de 
excepción  determinado  por  la  declaración  del  estado  de  alarma,  y  sus  eventuales 
prórrogas o ampliaciones.
Disposición final.
El presente decreto-ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Diario Oficial de Extremadura». e.
Mérida, 18 de marzo de 2020.–El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo  56ww
SFearnntáanmdaerzía V. ara.–El Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España
(Publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» número 56, de 20 de marzo)