BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 262 Sábado 3 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 83993
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA
11706 Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, sobre 
atribución de competencias de recursos contractuales.
Suscrito el 23 de septiembre de 2020 convenio entre el Ministerio de Hacienda y la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears sobre atribución de competencias de recursos 
contractuales, en cumplimiento de lo establecido en el punto 8 del artículo 48 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público procede la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo 
a esta Resolución, con fecha 3 de octubre de 2020 para su entrada en vigor.
Madrid, 23 de septiembre de 2020.–La Subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque 
Sosa.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Hacienda y la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears, sobre atribución de competencias de recursos contractuales
En Madrid, a 23 de septiembre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, D.ª Pilar Paneque Sosa, Subsecretaria de Hacienda, nombrada por 
Real Decreto 382/2018, de 8 de junio, con competencia para suscribir el presente 
convenio  en  virtud  de  la  delegación  efectuada  por  el  artículo  7.4.a)  de  la  Orden 
HAC/316/2019, de 12 de marzo.
Por  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears,  D.ª  Rosario  Sánchez  Grau, 
NIF 430XXXX3E, consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de la Comunidad 
Autónoma de les Illes Balears, para cuyo cargo fue nombrada por el Decreto 10/2019, 
de 2 de julio, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB n.º 88, de 3 de julio) quién actúa 
en nombre y representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears, en el ejercicio de las facultades atribuidas por los artículos 11 y 80.4 de la 
Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la administración de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, con domicilio en la calle de Palau Reial, 17, 07001, de 
Palma.
EXPONEN
1.  La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014,  establece  en  su 
artículo 46, apartados 2 y 3, respectivamente, que las Comunidades Autónomas y las  es
Ciudades  Autónomas  de  Ceuta  y  Melilla  podrán  atribuir  la  competencia  para  la  o
resolución de los recursos especiales regulados en ella al Tribunal Administrativo Central  6ww.
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otras,  se  estipularán  las  condiciones  en  que  la  Comunidad  sufragará  los  gastos
derivados de esta asunción de competencias.
Por  su  parte,  respecto  de  las  Corporaciones  Locales,  el  apartado  4  del  citado 
artículo 46 establece que, en el supuesto de que no exista previsión expresa en la 
legislación  autonómica  y  fuera  de  los  casos  previstos  en  el  párrafo  tercero  del 
artículo 46.4 de la Ley 9/2017, la competencia corresponderá al mismo órgano al que las 
Comunidades Autónomas en cuyo territorio se integran hayan atribuido la competencia 
para resolver los recursos de su ámbito.
Asimismo, el artículo 120 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas 
urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de 
la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de 
seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios 
fiscales,  establece  que  los  órganos  de  recursos  contractuales  regulados  en  la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, serán los competentes en sus ámbitos respectivos y en 
relación con las entidades enumeradas en el artículo 5.1 de este Real Decreto-ley, así 
como a las que estén adscritas o vinculadas a ellas, o a las que hayan otorgado un 
derecho especial o exclusivo, para resolver las reclamaciones en los procedimientos de 
adjudicación de los contratos.
2.  El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales está adscrito al 
Ministerio de Hacienda, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 45 de la 
Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  y  en  el  apartado  11  del  artículo  12  del  Real 
Decreto 689/2020, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Hacienda y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por 
el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
El  Tribunal  actúa  con  plena  independencia  funcional  en  el  ejercicio  de  sus 
competencias, correspondiéndole el conocimiento de los recursos que se interpongan 
contra los actos y contratos que se especifican en el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, y el artículo 120 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, así como 
de las medidas cautelares.
3.  La Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha decidido acogerse a la opción 
establecida en el citado artículo 46.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, a cuyo fin se 
celebra el presente convenio con la Administración General del Estado en virtud del cual 
se someterán a la resolución que adopte el Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales, los recursos, reclamaciones y cuestiones mencionados en el párrafo 
anterior  correspondientes  a  los  órganos  que  tienen  la  condición  de  poderes 
adjudicadores, en los términos establecidos en el artículo 3.3 de la citada Ley, tanto de la 
Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma como de las Corporaciones locales de su 
ámbito territorial.
4.  Visto lo anteriormente expuesto y en el marco de colaboración mutua que debe 
presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 48.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, los representantes de ambas partes consideran que resulta muy 
beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos fines el establecer un marco de 
colaboración en el ámbito de las citadas materias de contratación pública.
Asimismo, el artículo 33 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, 
prevé la cooperación entre las Administraciones Públicas con el fin de adoptar medidas 
para la racionalización y contención del gasto público.
5.  Según establece el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, en el ámbito de la Administración General del Estado, los 
titulares  de  los  Departamentos  Ministeriales  y  los  Presidentes  o  Directores  de  las  s
entidades  y  organismos  públicos  vinculados  o  dependientes  podrán  celebrar  los  oe.
Convenios  previstos  en  el  artículo  47.2.a)  de  la  citada  Ley,  en  el  ámbito  de  sus  w.
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En consecuencia, ambas Administraciones Públicas acuerdan suscribir el presente 
Convenio de conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Naturaleza.
El presente Convenio se celebra al amparo de lo dispuesto en los artículos 46.2 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y 120 del Real Decreto-
ley  3/2020,  de  4  de  febrero,  de  medidas  urgentes  por  el  que  se  incorporan  al 
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la 
contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos 
de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, rigiéndose, además, por las 
disposiciones de los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Convenio tiene naturaleza 
interadministrativa, sujetándose en cuanto a su regulación al ordenamiento jurídico-
administrativo.  Las  cuestiones  litigiosas  que  puedan  surgir  en  su  interpretación  y 
cumplimiento  serán  de  conocimiento  y  competencia  del  orden  jurisdiccional  de  lo 
Contencioso-Administrativo.
Segunda.  Ámbito objetivo de aplicación.
1.  El objeto del presente Convenio es la atribución por parte de la Comunidad 
Autónoma las Illes Balears al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 
en adelante el Tribunal, de la competencia para la tramitación y resolución de los 
recursos, solicitudes de adopción de medidas provisionales y cuestiones de nulidad de 
los actos del procedimiento de adjudicación y contratos a que se refieren los artículos 44 
y 49, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y 119 y 120 
del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en 
el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de 
planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
2.  En el caso de que por la Administración General del Estado se hiciera uso de la 
facultad  prevista  en  la  Disposición  adicional  vigésima  novena,  apartado  1  de  la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, estableciendo un tribunal administrativo territorial de 
recursos contractuales con competencia sobre el territorio de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears, la competencia para el conocimiento y resolución de los recursos, 
reclamaciones, solicitudes y cuestiones de nulidad interpuestos contra actos y contratos 
de ésta, así como los interpuestos contra los actos y contratos de las Corporaciones 
Locales de su ámbito territorial, se entenderá atribuida al tribunal administrativo territorial 
de nueva creación, en los mismos términos previstos en este convenio, por el tiempo de 
vigencia que le reste.
Tercera.  Ámbito subjetivo de aplicación.
1.  La atribución de competencia comprenderá tanto los actos adoptados por los 
órganos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, como los que adopten las  s
Corporaciones Locales de su ámbito territorial, siempre que no hayan constituido órgano  o
propio, de acuerdo con el artículo 46.4, 2.º párrafo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 6ww.
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noviembre, que se integren en el sector público institucional de la Comunidad Autónoma,
o Ciudad Autónoma, o de las Corporaciones Locales de su ámbito territorial, incluso 
aunque no tengan la condición de Administración Pública.
3.  Igualmente estarán atribuidos a la competencia del Tribunal las reclamaciones, 
solicitudes de medidas cautelares y cuestiones de nulidad interpuestas con relación a 
actos adoptados por las entidades contratantes sometidas al Real Decreto-ley 3/2020, 
de 4 de febrero, integradas en el sector público institucional de la Comunidad Autónoma, 
o Ciudad Autónoma, o de las Corporaciones Locales de su ámbito territorial.
4.  Estas atribuciones competenciales deberán mencionarse en todo caso en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares o documento de contenido análogo, 
refiriéndose al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales como órgano 
ante el que deben interponerse los recursos y al convenio suscrito al efecto con el 
Ministerio  de  Hacienda,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  10.3  del  Real 
Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos  especiales  de  revisión  de  decisiones  en  materia  contractual  y  de 
organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales).
La presentación del recurso, cuando se realice directamente ante el Tribunal, deberá 
realizarse por vía electrónica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 del citado Real 
Decreto 814/2015, de 11 de septiembre.
Cuarta.  Comunicaciones.
Conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
las comunicaciones y el intercambio de documentación entre los órganos competentes 
para la resolución de los recursos, los órganos de contratación y los interesados en el 
procedimiento se harán por medios electrónicos. A tal fin, el Tribunal facilitará a los 
órganos de contratación las indicaciones precisas sobre la forma de proceder para la 
remisión por medios electrónicos del expediente de contratación, debiendo proporcionar 
aquéllos los datos de la persona o personas de contacto responsables de la remisión del 
expediente, así como de cualquier otra documentación adicional que pueda el Tribunal 
requerir para la resolución del recurso.
Cuando no sea posible enviar las comunicaciones por tales medios se utilizará 
cualquiera de los medios que sean legalmente admisibles procurando, en todo caso, 
elegir el que resulte más rápido.
El vocal designado por la Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, como miembro de la Comisión mixta de 
seguimiento, a la que se refiere la cláusula duodécima de este convenio, será la persona 
de contacto con el Tribunal al objeto de resolver las cuestiones que puedan suscitarse 
respecto a la remisión de información al Tribunal, cuando no sea posible su resolución a 
través del órgano de contratación cuyo expediente se recurre o reclama. Asimismo, el 
citado vocal será el competente para realizar el control y seguimiento del envío efectivo y 
recepción de la documentación remitida al Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales a efectos de garantizar el cumplimento de los plazos legalmente previstos 
para la resolución de los recursos.
Quinta.  Procedimiento.
1.  La  remisión  de  las  comunicaciones,  de  los  informes  y  de  los  expedientes 
administrativos a que se refiera el recurso o la cuestión de nulidad interpuestos deberá 
hacerse dentro de los plazos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público por el  es
titular  del  órgano  de  contratación  afectado,  de  su  Secretaría  o  de  su  unidad  de  bo
contratación, en los términos señalados en la cláusula cuarta, incluyendo, en el caso de  6w
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Comunidad Autónoma deberá acompañar la traducción de los mismos al castellano de
acuerdo con el artículo 15.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo de su parte los costes de 
traducción.
2.  Las  notificaciones  de  los  actos  que,  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  la  citada 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre y el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, sean 
susceptibles de recurso o reclamación, respectivamente, deberán indicar, a partir de la 
fecha de entrada en vigor de este convenio, la competencia del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales para el conocimiento y resolución de los mismos.
3.  Del mismo modo, corresponderá al Tribunal, en los términos en el artículo 57.3 
de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  velar  por  la  ejecución  de  las  resoluciones 
adoptadas por él.
Sexta.  Gastos derivados de la asunción de competencias por el Tribunal.
1.  En compensación por la asunción por el Tribunal de la competencia para resolver 
los recursos y cuestiones de nulidad interpuestos al amparo de lo establecido en la 
cláusula primera, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears satisfará al Ministerio de 
Hacienda una cantidad fija anual de 32.500 euros.
Asimismo, se satisfará una cantidad adicional de 375 euros por recurso resuelto, a 
partir de un número mínimo de 65 recursos.
El  gasto  derivado  del  convenio  se  financiará  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria 14201G/126K01/64000/00 de la Comunidad o la partida que lo sustituya 
en ejercicios futuros, para lo cual se ha efectuado la oportuna retención de crédito.
2.  La Secretaría del Tribunal notificará a la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears, dentro de los dos primeros meses de cada año natural, la liquidación que 
corresponda por los recursos y reclamaciones resueltos por el Tribunal el año anterior.
La cuantía a que ascienda dicha liquidación más la cantidad fija a que se refiere el 
primer párrafo del apartado 1 de la presente cláusula, se ingresarán por la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears en el Tesoro Público en el plazo máximo de dos meses 
desde que se efectúe la comunicación correspondiente por la Secretaría General del 
Tribunal.
3.  De conformidad con lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, el presente convenio se perfecciona con el consentimiento de las partes y 
resultará  eficaz  una  vez  inscrito  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado».
En los dos meses siguientes a la fecha en que el presente Convenio sea eficaz, se 
hará efectivo el pago por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de la parte 
proporcional  de  la  cuantía  fija  establecida  en  el  apartado  1  de  esta  cláusula  que 
corresponda por los meses del primer año que resten hasta el comienzo del año natural 
siguiente. La liquidación de la cuantía variable que corresponda a ese primer año se 
efectuará en la forma establecida en el apartado 2.
4.  En caso de resolución del Convenio, y conforme a lo dispuesto en el artículo 52 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se efectuará la liquidación de las cantidades fija y 
variable que correspondan, cuyo cálculo será proporcional a los periodos comprendidos 
para el cálculo de la cuantía fija y de la variable, procediendo al ingreso o pago de la 
cuantía resultante.
5.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, con una antelación de, 
al menos, cinco meses antes de la finalización del plazo del vencimiento del Convenio, el  e.
Ministerio de Hacienda podrá comunicar la revisión del importe de las cuantías a abonar  w.b
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acordar la concreción de los importes anuales de dichas cuantías, dentro de los límites 
establecidos por las partes.
Séptima.  Publicación.
Una vez suscrito, el presente Convenio deberá ser publicado íntegramente en el 
Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears y en sus respectivas Plataformas de Contratación.
Igualmente deberán ser objeto de publicación las modificaciones del Convenio, su 
prórroga, y la extinción de sus efectos, sin perjuicio, en este último caso, de lo que se 
establece en el apartado 2 de la cláusula siguiente.
Octava.  Entrada en vigor y duración.
1.  El presente convenio producirá efectos desde el momento de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», previa publicación en el Registro Electrónico estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y tendrá una duración 
de cuatro años. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el 
apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga 
por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
2.  El Tribunal será competente para resolver únicamente los recursos especiales en 
materia de contratación, las reclamaciones en los procedimientos de adjudicación de los 
contratos, las solicitudes de adopción de medidas provisionales y las cuestiones de 
nulidad que se hubieran interpuesto o solicitado con posterioridad a la entrada en vigor 
del presente convenio.
Novena.  Modificación del convenio.
El contenido de este convenio únicamente podrá modificarse por acuerdo unánime 
de las partes firmantes, que se formalizará mediante adenda modificativa.
Décima.  Extinción del convenio.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
este convenio podrá extinguirse por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución las siguientes:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta  es
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera  bo
previsto. 6w
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Undécima.  Otros supuestos de extinción.
1.  En  el  caso  de  que  la  Comunidad  Autónoma  cree  con  carácter  previo  a  la 
extinción  de  este  Convenio  un  órgano  independiente  al  que  hubiera  atribuido  la 
competencia para resolver los recursos indicados en la cláusula primera, este Convenio 
dejará de estar vigente a partir de la misma fecha en que el órgano creado comience a 
ejercer sus funciones de conformidad con la disposición que lo regule.
2.  Salvo  que  en  la  disposición  que  cree  el  nuevo  órgano  independiente  se 
establezca otra cosa, los asuntos de que estuviera conociendo el Tribunal en el momento 
de producirse el cambio de competencia seguirán bajo el conocimiento del mismo hasta 
su resolución, sin perjuicio de que la responsabilidad de velar por la ejecución de las 
resoluciones dictadas se asuma por el nuevo órgano creado.
Duodécima.  Órgano de seguimiento.
1.  Para el seguimiento, vigilancia y control de lo dispuesto en las cláusulas de este 
Convenio se constituirá una Comisión Mixta con las siguientes funciones:
1.ª)  Adoptar las medidas precisas para la eficaz práctica de los trámites de remisión 
de los informes, de los expedientes administrativos y de las comunicaciones que deban 
cursarse entre los órganos de la Comunidad Autónoma y el Tribunal y proponer los que 
se refieran a las comunicaciones entre éste y los órganos de aquella.
2.ª)  Analizar los datos relativos al coste de la asunción de competencias por parte 
del Tribunal a fin de proponer el importe de la cantidad a satisfacer por este concepto, a 
los efectos de la revisión de precios prevista en la cláusula sexta, 5.
3.ª)  Analizar, estudiar y proponer cualquier otra medida que sea de utilidad para el 
buen funcionamiento del convenio.
4.ª)  Resolver  los  problemas  de  interpretación  y  cumplimiento  que  puedan 
plantearse respecto de los convenios, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 f) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2.  La Comisión estará integrada por dos vocales, uno de ellos en representación 
del Ministerio de Hacienda, que será el Secretario del Tribunal, y el otro designado por la 
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears,  correspondiendo  la  Presidencia  alternativamente  a  cada  uno  de  ellos  por 
periodos de un año.
3.  La Comisión se reunirá como mínimo una vez al año, o siempre que lo solicite 
una de las partes.
4.  Serán de aplicación a la actuación de la Comisión las normas de constitución y 
actuación de los órganos colegiados establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
De conformidad con todo lo expuesto y convenido, en el ejercicio de que son titulares 
los firmantes, suscriben el presente convenio, por duplicado ejemplar.–Por el Ministerio 
de Hacienda, la Subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque Sosa.–Por la Comunidad 
Autónoma  de  las  Illes  Balears,  la  Consejera  de  Hacienda  y  Relaciones  Exteriores, 
Rosario Sánchez Grau.
2020-1170n https://w