BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 39 Viernes 14 de febrero de 2020 Sec. TC.   Pág. 14742
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2250 Pleno. Sentencia 5/2020, de 15 de enero de 2020. Recurso de amparo 
3707-2018. Promovido por doña Carme Forcadell Lluís, respecto de los autos 
dictados en causa especial por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
acordando  la  imposición  de  la  medida  cautelar  de  prisión  provisional. 
Supuesta  vulneración  de  los  derechos  a  la  tutela  judicial  efectiva,  a  un 
proceso  con  todas  las  garantías  y  de  manifestación,  así  como  de  las 
libertades personal de expresión y ejercicio del cargo público representativo: 
resoluciones judiciales que, de manera motivada y acorde a los valores 
constitucionales en presencia, adoptaron una medida cautelar de carácter 
personal; inadmisión parcial del recurso por falta de invocación previa de la 
pretendida vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley 
y a la doble instancia penal.
ECLI:ES:TC:2020:5
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo 
Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3707-2018, promovido por doña Carme Forcadell 
Lluís, representada por el procurador de los tribunales don Emilio Martínez Benítez y 
asistida por la letrada doña Olga Arderiu Ripoll, contra el auto de 23 de marzo de 2018 
dictado por el magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (causa 
especial núm. 20907-2017), por el que se acordó la prisión provisional comunicada y sin 
fianza de la demandante, y el auto de 17 de mayo de 2018, dictado por su sala de 
recursos, con el que se desestimó el recurso de apelación interpuesto contra el anterior. 
Han intervenido el partido político Vox, representado legalmente por don Francisco Javier 
Ortega Smith-Molina, procesalmente por la procuradora doña María del Pilar Hidalgo 
López y asistido por el abogado don Pedro Fernández Hernández, el abogado del 
Estado y el ministerio fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Santiago Martínez-Vares 
García.
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado en este Tribunal el 28 de junio de 2018, don Emilio  bo
Martínez Benítez, procurador de los tribunales, actuando en nombre y representación de  50ww
ddeo ñ2a0 1C8a,r mdicet aFdoorc paodre ell l Lmluaígs,is itnratedrop uinssot rruecctuorrs doe d lea  aSmalpaa droe  cloo nPteran aell  daeul toT rdibeu n2a3l  dSeu pmreamrzoo 
c(coamuusnai caedspae yc isainl  fniaúnmz.a  d2e0 9la0 7d-e2m0a1n7d),a nptoer,  y eel l aquuteo  dsee 1 7a cdoer dmóa yloa  dep r2is0ió1n8 , dpircotavdisoio pnoarl 
su sala de recursos, con el que se desestimó el recurso de apelación interpuesto contra 
el anterior.
2.  En relación con las resoluciones impugnadas que constituyen el objeto de este 
proceso de amparo, resulta relevante destacar lo siguiente:
a)  Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se sigue causa penal por delitos 
de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia, en virtud de 
querella inicial presentada por el fiscal general del Estado el pasado 30 de octubre 
de 2017.
b)  Mediante auto de fecha 31 de octubre de 2017, ratificado en súplica por otro 
de  18  de  diciembre  siguiente,  la  Sala  de  admisión  se  declaró  competente,  ex 
artículo 57.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, para el conocimiento de la causa 
(tanto su investigación como, en su caso, su enjuiciamiento).
c)  Por auto de 9 de noviembre de 2017 el magistrado instructor acordó la prisión 
provisional de la demandante, eludible mediante la prestación de fianza de 150.000 €, 
con la imposición de determinadas obligaciones y prohibiciones para el caso de que 
fuera satisfecha. Dicha fianza fue prestada al día siguiente, por lo que fue puesta en 
libertad.
d)  Por auto de 21 de marzo de 2018, dictado por el magistrado instructor se acordó 
declarar procesada a la demandante de amparo, junto con otros, por el delito de rebelión 
del art. 472 del Código penal (CP); resolución que fue confirmada por auto de 9 de mayo 
de 2018, tras desestimar el recurso de reforma interpuesto por la recurrente frente al 
auto de procesamiento.
e)  Entre tanto, por providencia de 21 de marzo se acordó citar a la demandante y a 
otros  investigados  para  el  23  de  marzo  siguiente,  a  fin  de  notificarles  el  auto  de 
procesamiento  y  practicar  la  comparecencia  prevista  en  el  art.  505  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento criminal (LECrim) para decidir sobre la procedencia o no de la adopción 
de medidas cautelares restrictivas de libertad.
f)  Celebrada  la  audiencia,  el  magistrado  instructor  dictó  auto  de  23  de  marzo 
de 2018 por el que acordó la prisión provisional e incondicional de la demandante y de 
otros  procesados.  En  su  fundamentación  se  explica  que  dicha  resolución  es 
complementaria del auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018, por lo que resulta 
innecesario incorporar a ella la exposición de hechos imputados contenida en este 
último. Señala que en la comparecencia sobre prisión provisional tanto el ministerio 
fiscal,  como  la  abogacía  del  Estado  y  las  acusaciones  populares  personadas,  han 
solicitado  la  prisión  provisional,  comunicada  y  sin  fianza  de  la  demandante,  por 
considerar que concurre riesgo de fuga y de reiteración delictiva.
La resolución judicial cuestionada sustenta la apreciación de riesgo de fuga de la 
demandante y otros procesados (señora Bassa y señores Rull, Turull y Romeva) en la 
existencia de indicios racionales y firmes de la comisión de delitos que, en lo que se 
refiere al de rebelión, tienen señalada una pena de incuestionable rigor. A lo expuesto, 
añade la clara voluntad de la recurrente, evidenciada por los delitos cometidos, de 
desatender resoluciones judiciales previas, sin que la pérdida de la garantía personal 
prestada sea gravamen suficiente para su patrimonio al devenir de una solidaridad 
colectiva.  También  valora  la  existencia  de  estructuras  asociativas  organizadas,  con 
relevantes  recursos  económicos  que  comparten  las  motivaciones  que  llevaron  a  la 
procesada a cometer el delito que se le imputa provisionalmente, así como la existencia 
de un armazón internacional desarrollado en los últimos años para la defensa de sus  e
planteamientos,  la  prestación  de  asesoramiento  jurídico  y  el  soporte  económico  bo
adecuado a tal fin. Por otra parte, se afirma en la resolución que existe un riesgo de  50ww
rqeuiteebrraacniótann ddoe lliacsti vnao rqmuaes  dpeernivaale sd, es inla  qdueet elarm reinnaucniócnia  dael  aacltcaa ndzea dr iplau tainddae dpeesnpdeejnec liaa 
pinoicsiiob–ili ddaed  dceo nqtiuneu apr ercsoisnt al ae na cstuu accoiónnd ucilítcai,t aa l taenx isptirro unnto  dceosmignoi os e– prreevciusptoe rdaerasnd el aesl 
instituciones autonómicas en ese momento intervenidas. Añade que la procesada puede 
prestar su colaboración desde ámbitos distintos al parlamentario.
g)  La demandante interpuso recurso de apelación contra el auto de 23 de marzo 
de 2018, en el que expuso la naturaleza, presupuestos y características de la prisión 
provisional recogidos en la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 47/2000, de 17 de 
febrero).
En cuanto a los presupuestos de la medida cautelar argumentó que no concurrían 
indicios sólidos para sustentar la existencia del delito de rebelión, al no describirse en el 
auto de procesamiento ningún alzamiento violento y público, ni tampoco para inferir la 
participación de la recurrente en el mismo. Señala que, con la conducta que le ha sido 
imputada,  solo  se  pretendía  iniciar  de  forma  pacífica  y  democrática  una  vía  de 
negociación  con  el  gobierno  español,  encontrándose  el  anhelo  de  independencia 
amparado por la libertad ideológica (art. 16 CE) y la expresión de este por la libertad de 
expresión y manifestación (art. 20 y 21 CE). Considera que la actuación de la recurrente 
fue acorde con el Reglamento del Parlamento de Cataluña y gozaba de la inviolabilidad 
parlamentaria.
En relación con la finalidad de la prisión provisional, expuso que no concurría el 
riesgo de fuga, habiéndose modificado a peor su situación de libertad provisional pese a 
que  cumplió  con  las  obligaciones  procesales  que  le  fueron  impuestas,  sin  que 
concurriera  ningún  motivo  que  justifique  agravar  su  situación.  Destaca  que,  en  tal 
medida, en el auto de procesamiento se excluyó el delito de malversación que se le 
atribuía  en  la  querella.  Descarta  que  exista  riesgo  de  reiteración  delictiva,  pues  la 
renuncia al acta de diputada imposibilita la comisión del delito. Entiende que el auto no 
exterioriza las razones que avalan la finalidad de la prisión provisional. Añade que la 
celebración de la comparecencia de prisión por propia iniciativa del magistrado instructor 
vulnera el derecho a un proceso con las debidas garantías (art. 24.2 CE), al haberse 
celebrado sin que lo solicitara ninguna de las partes, evidenciando una parcialidad tanto 
en la decisión de convocar la comparecencia como en la de acordar el procesamiento de 
la recurrente.
h)  Por auto de 17 de mayo, de 2018 la sala de recursos de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo desestimó el de apelación interpuesto por la recurrente y por otros 
procesados. Sostiene el Tribunal Supremo que a los procesados se les atribuye la 
participación en un plan ejecutado de forma conjunta, con evidente y razonable reparto 
de  papeles,  cuya  última  fase  de  ejecución  comenzó  con  la  aprobación  de  la 
resolución 1/XI del Parlamento catalán, declarada inconstitucional por la STC 259/2015, 
con  el  objetivo  de  celebrar  un  referéndum  como  paso  previo  para  la  declaración 
unilateral de la independencia de Cataluña, contando con organizaciones sociales y con 
el apoyo de movilizaciones populares con las que obligarían al Estado a claudicar, 
asumiendo la existencia de enfrentamientos físicos que darían lugar a actos de violencia 
por quienes pretendían imponer su voluntad a los agentes de la autoridad, quienes 
actuarían para garantizar el cumplimiento de las leyes y de las resoluciones judiciales. 
Por tanto, existen indicios de la comisión de delitos graves por parte de los procesados. 
Por otra parte, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo comparte la existencia del riesgo 
de fuga y de reiteración delictiva como finalidad constitucionalmente legítima pretendida 
con la medida cautelar.
Descarta que se haya quebrado la imparcialidad del magistrado instructor por haber 
razonado que la medida cautelar «garantiza el acertado retorno al autogobierno», pues 
tal razonamiento se enmarca en la finalidad del logro de los objetivos plasmados en el  s
Libro  Blanco,  por  el  que  los  procesados  pretendían  continuar  con  el  anormal  oe.
funcionamiento de las instituciones. Del mismo modo descarta que la convocatoria de  w.
oficio de la comparecencia relativa a la prisión provisional suponga una quiebra de la  50ww
fimaspea rcdiea lidinasdt rdueccl imóna,g isetsrtaadnod oin shtraubcitloitar daol  dpeaprean daecro drdeal rm  ilsam  od eltae nrecisópno nys abcoilindvaodc adre  llaa 
lcao dmeptaerneccióenn.cia, y también está facultado para convocar la comparecencia sin proceder a  BOE-A-cable e
En  relación  con  la  recurrente,  razona  que  como  presidenta  del  Parlamento  de 
Cataluña  presidía  la  mesa  y  le  correspondía  calificar  las  iniciativas  y  admitirlas  e 
inadmitirlas a trámite, sin que pueda justificarse la desobediencia a las resoluciones 
expresas y concretas del Tribunal Constitucional.
3.  La demanda de amparo afirma que el auto de 23 de marzo de 2018 dictado por 
el magistrado instructor de la causa especial núm. 20907-2017, por el que se acuerda la 
prisión provisional de doña Carme Forcadell, y el auto de 17 de mayo de 2018 dictado 
por la sala de recursos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que desestima el 
recurso  de  apelación,  han  lesionado  los  derechos  de  la  demandante  a  la  libertad 
personal, ideológica, de expresión y manifestación, a la representación política, así como 
la prohibición de censura previa, la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, el 
derecho  al  juez  ordinario  predeterminado  por  la  ley,  a  un  proceso  con  todas  las 
garantías, a un juez imparcial y a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable 
(arts. 16, 17, 20, 21, 23 y 24 CE).
a)  Como  consideración  previa  se  destaca  en  la  demanda  la  imposibilidad  de 
cuestionar la imparcialidad de los magistrados del Tribunal Constitucional que han de 
pronunciarse  sobre  su  recurso  de  amparo.  Así  lo  habría  puesto  de  manifiesto  el 
contenido del ATC de 7 de septiembre de 2017, que inadmitió a trámite la recusación 
planteada  por  la  demandante  en  otro  proceso  de  amparo.  Destaca  que  todos  los 
procedimientos penales en los que se halla encausada traen causa de pronunciamientos 
concretos del Tribunal Constitucional en los que se le advertía de la posibilidad de 
incurrir en responsabilidad penal, o bien se acordaba deducir testimonio contra ella por 
su conducta, por lo que los magistrados de este Tribunal se encontrarían incursos en 
causa de recusación como consecuencia de haber realizado previamente valoraciones 
jurídico-penales acerca de la conducta que le ha sido imputada en la causa judicial 
previa (arts. 219.7 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ). A su juicio, dicha 
imposibilidad procesal lesiona los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a 
un proceso con todas las garantías y al juez imparcial (art. 24.1 y 2 CE).
b)  Afirma en el primer motivo de amparo que la privación cautelar de libertad que 
cuestiona ha sido adoptada por un órgano judicial manifiestamente incompetente, lo que 
vulnera su derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE). La totalidad 
de los hechos investigados se han producido en Cataluña por lo que, conforme al 
art. 57.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la competencia de investigación y 
enjuiciamiento no le corresponde al Tribunal Supremo. Se contraviene así el criterio 
adoptado por el ATS de 12 de noviembre de 2014 en la causa penal seguida como 
consecuencia de la consulta realizada el 9 de noviembre de ese año y también el propio 
criterio del Tribunal Superior de Justicia, que declaró expresamente su competencia para 
conocer de la referida causa. Afirma, además, que la asunción de la competencia por el 
Tribunal Supremo priva a la recurrente del derecho a la doble instancia penal. De modo 
que, de existir diversas interpretaciones posibles de la competencia, debería adoptarse 
la más favorable a las garantías de doble instancia de los acusados. Añade que la 
querella se interpuso por quien durante catorce años fue miembro de la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo, órgano judicial encargado de la instrucción y enjuiciamiento de la 
causa especial, lo cual merma la apariencia de imparcialidad de sus magistrados.
c)  Partiendo de la prohibición constitucional de otorgar a la prisión preventiva una 
finalidad de anticipación de pena, se alega la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva y a la libertad personal (arts. 24.1 y 17.1 CE), al no haberse motivado suficiente  e
y razonablemente la decisión cautelar cuestionada. Considera que no existen indicios  bo
que permitan atribuirle la participación en la comisión de un delito de rebelión. Denuncia,  50ww
afinsiamlidisamdo c, oqnuseti tnuoc isoen ahla dne p loan pdreisriaódno p sruosv isciiorcnuanl.s Etann creialas cpióenrs coonna leels r eiens glao  vdaelo fruagcaió, nre dfiee rlae 
sqiutuea cnioó nh aca uetxeislatird, oq ucea mlab iop riasligóunn op roevnis iloansa lc isrceu nasdtoapntcaia sp eqsuee  aj uqsutiefi qhuae  cmuomdpifliicdaor  lsaus 
obligaciones  y  condiciones  impuestas,  y  pese  a  que  el  auto  de  procesamiento  ha
rebajado la amenaza punitiva al no contemplar respecto de la recurrente el delito de 
malversación de caudales públicos. Afirma que no se puede valorar en su contra que 
otra de las procesadas no haya comparecido ante el juez, dado que su valoración ha de 
ser  individualizada,  lo  que  impide  tomar  en  consideración  la  conducta  de  otros 
procesados. Niega la existencia de estructuras organizadas que le puedan dar soporte 
para  la  huida  del  territorio  español,  e  insiste  en  que  no  se  han  valorado  sus 
circunstancias personales y familiares. En relación con la apreciación de riesgo de 
reiteración  delictiva,  considera  que  no  existe  una  valoración  razonable  de  las 
circunstancias personales concurrentes, tales como el abandono del acta de diputada. 
Entiende  que  los  argumentos  utilizados  para  justificar  dicho  riesgo  expresan  una 
fundamentación insuficiente y genérica. Añade que no existe una motivación relativa a la 
inexistencia de otras medidas menos gravosas.
d)  Afirma que la actuación judicial ha vulnerado también su derecho a la libertad 
personal en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 17 y 24.2 
CE), al haber convocado el magistrado instructor por iniciativa propia a las partes, tras el 
auto  de  procesamiento,  a  una  audiencia  contradictoria  sobre  su  situación  personal 
durante la causa –providencia de 21 de marzo de 2018– sin que estuviera facultado en la 
ley para ello (art. 539.3 y 4 LECrim) y sin que ninguna de las acusaciones hubiera 
solicitado previamente la modificación de las medidas cautelares ya adoptadas. Estima 
que, siendo necesaria petición de parte, la convocatoria a dicha audiencia vulneró el 
principio acusatorio y su derecho a un juez imparcial, condicionando el proceder de las 
partes pues, de forma tácita, les invitaba a solicitar la adopción de nuevas medidas 
cautelares más gravosas que la libertad provisional antes decretada.
e)  Continúa  la  demandante  su  razonamiento  alegando  que,  dado  los  hechos 
imputados en la decisión de procesamiento, que son sustento de la apreciación de 
indicios racionales de criminalidad, la privación cautelar de su libertad personal vulnera 
no solo este derecho (art. 17 CE) sino también su libertad ideológica y de expresión, así 
como los derechos de participación y representación política (art. 16, 20 y 23 CE). Según 
la recurrente, es la fundamentación misma de la decisión cautelar la que vulnera los 
derechos sustantivos alegados al vincular la decisión con su ideología independentista. 
En  tal  medida,  cuestiona  el  razonamiento  judicial  en  cuanto  justifica  el  riesgo  de 
reiteración  delictiva  en  la  posibilidad  de  que  se  colabore  en  la  continuación  de  la 
conducta investigada desde distintos ámbitos del parlamentario, como habría hecho ya 
antes como presidenta de la entidad «Asamblea Nacional de Cataluña» y, después, del 
Parlamento de Cataluña. Expone su criterio sobre la legalidad de su previa actividad 
asociativa en reivindicación de la aspiración de independencia del territorio de Cataluña. 
Y alega que el razonamiento combatido pretende «criminalizar una ideología política 
concreta». Desde otra perspectiva, recuerda que su imputación en la causa se debe 
exclusivamente a su conducta como presidenta del Parlamento, y expone las razones 
por las que considera que la misma fue ajustada a la legalidad y amparada por el 
contenido de los derechos fundamentales que denuncia como vulnerados. Afirma que ni 
la presidenta ni los miembros de la mesa del Parlamento pueden decidir acerca del 
contenido de la actividad legislativa propuesta por los grupos parlamentarios, ni, en tal 
condición, participan en la ejecución de dicha actividad, siendo colegiadas las decisiones 
de admisión de las iniciativas parlamentarias, las cuales, en este caso, se adecuaron al 
Reglamento del Parlamento de Cataluña, sin haber hecho uso la recurrente, en su 
condición de presidenta, del voto de calidad. Considera que el único delito que pudo 
cometer  fue  el  de  desobediencia,  lo  cual  en  modo  alguno  justificaría  la  prisión  s
provisional. Afirma que el magistrado instructor razonó en el auto de prisión que la  oe.
medida cautelar, que se extendió a diversos diputados electos del Parlamento señores  w.
Romeva, Rull, Turull y señoras Rovira y Bassa, garantizaba el acertado retorno al  50ww
raeuptoregsoebnietarncioó,n a prgoulítmicean (toa rtq. u2e3  lCesEio),n pao rt acmubainétno  seul pdoenree cuhnoa  ap eurntu rjubeazc ióimn pilaergcíitaiml, ay  ean  leal 
libre ejercicio de dichos cargos representativos.
f)  Finalmente, afirma que, al valorar su petición de dejar sin efecto la privación 
cautelar de libertad acordada, deben ser tomadas en cuenta las circunstancias en las 
que se produce y la afectación que estas tienen en su derecho de defensa (art. 24.2 CE). 
Destaca que el centro penitenciario donde ha sido cautelarmente internada dista más 
de 600 kilómetros del domicilio profesional de su letrado defensor, libremente designado. 
Considera que tal distancia restringe innecesariamente su derecho de defensa habida 
cuenta de las dificultades de comunicación con su abogado defensor que conlleva, lo 
que, a la vista del volumen de la causa y el abundante material videográfico que la 
integra, aumenta la intensidad de la restricción. Tal situación de hecho disminuye las 
posibilidades de su letrado defensor de gestionar la defensa adecuada de sus intereses, 
por lo que ha de ser valorada al analizar su pretensión de que sea dejada sin efecto su 
privación de libertad.
Finaliza  la  demanda  solicitando  el  otorgamiento  del  amparo  pretendido,  con 
reconocimiento a la recurrente de su derecho fundamental a la libertad (art. 17 CE), la 
declaración de nulidad de las resoluciones cuestionadas y el restablecimiento en la 
integridad de sus derechos mediante orden al magistrado instructor para que dicte auto 
acordando su inmediata puesta en libertad o el establecimiento de cualquier otra cautela 
menos gravosa que la acordada.
4.  Mediante providencia de 17 de julio de 2018, el Pleno de este Tribunal, a 
propuesta de los tres magistrados que integran su Sección Segunda, acordó recabar 
para sí el conocimiento del recurso de amparo, conforme a lo establecido en el art. 10.1 
n) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), y admitirlo a trámite «por 
apreciar que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 
LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho 
fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]». 
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 51 LOTC, acordó dirigir atenta 
comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a fin de que, en plazo que no 
excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones 
correspondientes  a  la  causa  especial  núm.  20907-2017,  debiendo  previamente 
emplazarse  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el  procedimiento,  excepto  la  parte 
recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo 
desean, en el recurso de amparo. En la misma providencia se acordó formar una pieza 
separada para resolver la solicitud de suspensión contenida en la demanda que, una vez 
tramitada y oídas las partes personadas, fue resuelta por auto de 18 de septiembre 
de  2018,  que  denegó  la  petición  de  suspensión  de  las  resoluciones  judiciales 
cuestionadas en amparo.
5.  Una  vez  emplazadas  las  partes,  por  diligencia  de  ordenación  de  18  de 
septiembre  de  2018  se  tuvo  por  personado  y  parte  en  el  procedimiento  a  los 
procuradores Javier Fernández Estrada en representación de la Asociación para la 
Defensa y Progreso de los Intereses Ciudadanos (Politeia); Ignacio Argos Linares en 
representación de Lluis Guinó Subirós y Lluís María Corominas Díez; Carlos Ricardo 
Estévez Sanz en representación de Meritxell Borrás Santacana; Ignacio Argos Linares 
en representación de Ramona Barrufet Santacana; Carlos Ricardo Estévez Sanz en 
representación  de  Joaquín  Forn  Chiarello;  María  del  Pilar  Hidalgo  López  en 
representación del partido político Vox; Aníbal Bordallo Huidobro en representación de 
Jordi  Sánchez  Picanyol,  Jordi  Turull  i  Negre  y  Josep  Rull  Andreu;  Aníbal  Bordallo 
Huidobro en representación de Dolors Bassa i Coll; y, al abogado del Estado en la  e
representación que legalmente ostenta. bo
Asimismo, se concedió a los citados representantes y al ministerio fiscal un plazo  50ww
ccoomnvúinni erdaen .veinte  días  para  que  presentaran  las  alegaciones  que  a  su  derecho
6.  El fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó su escrito de alegaciones el 11
de octubre de 2018, interesando se dicte sentencia denegando el amparo solicitado.
Tras  exponer  los  antecedentes  procesales  del  recurso  y  resumir  la  demanda 
presentada, el escrito comienza exponiendo las razones por las que, como motivo 
previo, la demandante aduce la vulneración del derecho al juez imparcial y a un proceso 
con todas las garantías debido a la imposibilidad de recusar a los magistrados del 
Tribunal Constitucional. Afirma, a continuación, que dicha queja no puede ser acogida: 
en primer lugar por no haber intentado la recusación de cuya imposibilidad se queja y, en 
segundo término, al no concurrir causa que la justifique, adoleciendo la misma de falta 
de argumentación dado que el Pleno del Tribunal Constitucional no ha ostentado la 
condición de denunciante ni ha instruido causa alguna contra la demandante (art. 219.7 
y 11 LOPJ) y no examinar la vinculación de la deducción de testimonio acordada con los 
procesos penales o si los mismos ya se encontraban iniciados cuando se adoptó dicha 
decisión. Finaliza indicando que la queja es ajena al objeto específico de la demanda de 
amparo, esto es, la decisión judicial de acordar y mantener la prisión provisional tras el 
procesamiento de la demandante.
Siguiendo la misma sistemática expositiva, sintetiza la segunda de las quejas relativa 
a la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), e 
indica que dicha vulneración no fue invocada ante el magistrado instructor ni ante la sala 
de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ni fue examinada por estos, 
dada su nula relación con la medida cautelar de privación de libertad que es objeto de la 
pretensión de amparo.
Continúa el fiscal exponiendo la tercera queja, relativa a la vulneración del derecho a 
la libertad (art. 17.1 CE) en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE), y para responder a la misma, expone la doctrina del Tribunal Constitucional que 
considera aplicable, sintetiza los argumentos de las resoluciones impugnadas y concluye 
que las mismas se acomodan a las exigencias de la jurisprudencia del Tribunal.
Tras exponer el contenido de la cuarta de las quejas, cuyo sustrato fáctico deriva de 
la convocatoria judicial por iniciativa propia de comparecencia sobre la situación personal 
de la demandante tras el procesamiento, descarta que la vulneración se haya producido 
por haber sido respetada la normativa procesal inspirada en el principio acusatorio y 
dada la función de director de la investigación que corresponde al magistrado instructor.
Aborda la penúltima de las quejas, relativa a la lesión del derecho a la libertad 
(art.  17  CE),  en  relación  con  la  libertad  ideológica,  de  expresión,  participación  y 
representación política (arts. 16, 20 y 23 CE) y nuevamente, tras efectuar una extensa 
síntesis de los argumentos que la demandante vierte para justificar la vulneración, 
descarta que la misma se haya producido pues la medida cautelar se acuerda tras 
haberse dictado el auto de procesamiento y afecta a una pluralidad de personas con 
independencia de su condición de miembro de la mesa del Parlamento de Cataluña, que 
la demandante ya no ostenta.
Por último, se muestra desfavorable a la estimación de la última de las quejas 
relativa a la merma de su derecho de defensa por motivo de la localización geográfica 
del centro penitenciario en el que se encuentra privada de libertad, pues, al margen del 
carácter genérico de la queja, la demandante no concreta las actuaciones procesales 
que se hubieran podido ver afectadas por dicha situación, ni en relación con el desarrollo 
del proceso ni, más en concreto, con la posibilidad de articular los pertinentes recursos 
frente al auto de prisión provisional.
7.  La  representación  procesal  del  partido  político  Vox  formalizó  su  escrito  de 
alegaciones  ante  este  Tribunal  el  16  de  octubre  de  2018,  interesando  se  dictase 
sentencia  inadmitiendo  la  demanda  por  falta  de  agotamiento  o  subsidiariamente  e.
desestimando la demanda de amparo. w.b
Comienza sus alegaciones indicando que concurren tres causas de inadmisión de la  50ww
dfuenmdaanmdean. taLleas  pdreim cearará, cetenr  rperloacceiósna l c(oanrt . la2s4  dCeEn)u, npcoiard faaslt av udlen earagcoitoanmeise ndtoe  ddee relac hvoías 
jiundciidcieanl tep rdeev ian u[laidrta. d4 d4e.1  aac)tu aLcOioTnCe]s,  qfrueen ted ear ivlaa  rdees onluoc ióhna bdeicr tapdlaan teena daop ellaa crieócnu prroern tlae 
sala de recursos. La segunda, que afectaría únicamente a las lesiones de los arts. 16,
17, 20, 21 y 23 CE, por cuanto no consta que se hayan denunciado previamente dichas 
vulneraciones en tiempo y forma en el proceso judicial previo tan pronto como fueron 
conocidas [art. 44.1 c) LOTC]. Y la tercera, que afectaría a la totalidad de la demanda, 
considera  que  las  pretensiones  planteadas  carecen  de  especial  trascendencia 
constitucional,  sin  que  pueda  considerarse  suficientemente  satisfecha  la  carga  de 
justificarla,  pues  la  demanda  razona  en  términos  de  importancia  de  los  derechos 
fundamentales  que  se  dicen  vulnerados,  sin  hacer  un  juicio  de  razonabilidad  y 
explicación de la trascendencia constitucional aducida (art. 49.1 LOTC y AATC 188/2008 
y 289/2008, y SSTC 155/2009 y 140/2013).
Descarta que se haya vulnerado el derecho a un juez imparcial como consecuencia 
de la supuesta imposibilidad de recusar a los magistrados del Tribunal Constitucional 
pues, además de no hacer referencia en la demanda a las causas de recusación que 
concurrirían, ni siquiera se ha intentado dicha recusación en la causa judicial.
Cuestiona la aducida vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la 
ley. Entiende que la determinación del juez competente para conocer de un concreto 
asunto penal es una cuestión de legalidad ordinaria, ajena a la jurisdicción constitucional, 
salvo que la interpretación de las normas de atribución de competencia suponga una 
manipulación arbitraria de las reglas legales que las regulan, situación que no aprecia en 
este  caso  en  tanto  los  autos  impugnados  justifican  y  motivan  suficientemente  la 
competencia del Tribunal Supremo. En relación con la limitación del derecho a la doble 
instancia penal, considera que no goza de él quien es aforado, por lo que es la presencia 
de diputados aforados la que justifica la competencia del Tribunal Supremo.
También descarta que el derecho a la libertad (art. 17.1 CE) y el derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) se hayan visto lesionados por el auto de prisión provisional 
después confirmado. A tal fin, examina los argumentos por los que las resoluciones 
judiciales  del  Tribunal  Supremo  justifican  la  apreciación  de  indicios  racionales  de 
comisión del delito de rebelión y su atribución a la recurrente, así como la concurrencia 
de  la  finalidad  legítima  que,  en  su  caso,  justifica  la  prisión  provisional  decretada, 
exponiendo  su  adhesión  a  los  mismos.  Del  mismo  modo  se  opone  a  la  alegada 
vulneración del derecho a la libertad (art. 17.1 CE) en relación con el derecho a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), pues se han respetado los principios que 
sustentan la adopción de la prisión provisional, recordando que, en su condición de parte 
personada, ha solicitado la prisión de todos los investigados en cuantas comparecencias 
se han celebrado y escritos ha dirigido al magistrado instructor. Recuerda que la ley 
procesal permite incluso al instructor decretar la prisión provisional por razones de 
urgencia, por lo que entiende que la convocatoria de la audiencia contradictoria forma 
parte  de  las  facultades  de  dirección  del  proceso  que  corresponden  al  magistrado 
instructor. Indica que la demandante se ha podido defender sin limitación ante la solicitud 
de  prisión  provisional  formulada  por  algunas  acusaciones  y  que  el  magistrado  no 
modificó el título en que fundamenta la medida cautelar, por lo que fue respetado el 
principio de rogación, en la adopción de la medida cautelar y ninguna duda fundada 
puede argüirse en favor de la pérdida de parcialidad procesal del instructor.
Rechaza que exista vulneración del derecho a la libertad (art. 17.1 CE) en relación 
con la libertad ideológica, de expresión, participación y representación política (arts. 16, 
20 y 23 CE). En primer lugar, porque no se trata de derechos absolutos, sino limitables 
con  arreglo  a  los  principios  de  legalidad  y  proporcionalidad,  habilitando  la  propia 
Constitución la restricción de estos. La imposibilidad del disfrute de los derechos de 
participación  política  deriva  de  la  comisión  de  los  delitos  de  rebelión,  sedición  y  s
malversación, en tutela de cuyo enjuiciamiento se ha acordado la prisión provisional.  oe.
Desarrolla también una argumentación que defiende que todo lo relativo a los permisos  w.
de salida es cuestión de legalidad ordinaria. Sostiene que la recurrente no argumenta en  50ww
qinucélu sideon teidno s suu p leibtieturtmad l aid seuoplóugeisctaa  sveu lhnae ravicsitóon  vduelnl earrat.d 2a0 s CinE q, uqeu, ep eresceo gae a llae gliabrelort,a hda dyea 
expresión.
En último lugar, descarta la vulneración del derecho de defensa, que derivaría del 
hecho de haber sido internada en un centro penitenciario de la provincia de Madrid, 
pues, habiendo sido justificada la medida cautelar cuestionada, las consecuencias que 
su cumplimiento tiene para el ejercicio efectivo del derecho de defensa no son sino 
meros  inconvenientes  que  no  ocasionan  un  perjuicio  real  al  derecho  fundamental 
alegado (ATC 53/2018, de 22 de mayo). A lo expuesto añade que, en el caso presente, 
por la distancia a su residencia del centro penitenciario donde se halla internada y la 
existencia del sistema de transportes (ATC 40/2017, de 28 de febrero), no concurren las 
condiciones exigidas de exceso de restricción que permitirían considerar lesionado el 
derecho de defensa.
8.  El abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones el 18 de octubre 
de 2018. En él interesó se dictase sentencia desestimando el recurso de amparo.
Al justificar su propuesta, comienza indicando que, en relación con la vulneración del 
derecho  a  no  padecer  censura  previa  (art.  20.2  CE)  y  los  derechos  de  reunión  y 
manifestación (art. 21 CE), se ha incumplido la carga alegatoria que le incumbe a la 
recurrente. Entiende también que, al no haber formulado incidente de recusación contra 
los  magistrados  del  Tribunal  Constitucional,  no  constituye  objeto  del  recurso  la 
denunciada vulneración del derecho al juez imparcial que derivaría de la imposibilidad de 
recusar a los mencionados magistrados, en cuanto tal pretensión no se recoge en el 
suplico de la demanda, ni por otrosí.
Descarta la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley 
(art. 24.1 CE), al considerar acertado el criterio interpretativo del Tribunal Supremo que 
considera que el hecho punible trasciende de los límites territoriales de la comunidad 
autónoma de Cataluña, siendo esta una interpretación plausible de la legalidad ordinaria, 
basada en que parte de los hechos investigados se han producido fuera de dicho 
territorio y de los efectos que tal secesión producirían en el resto de España. Por otra 
parte, rechaza la vulneración del derecho a la doble instancia penal al ser enjuiciada la 
recurrente por «el más alto Tribunal» del Estado (art. 2 del protocolo 7 del Convenio 
europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales: 
CEDH)  como  consecuencia  de  tratarse  de  una  causa  penal  en  la  que  han  sido 
procesados varios aforados.
También considera que no existe lesión del derecho a la libertad personal (art. 17.1 
CE), aserto que sustenta en la exposición de los indicios racionales de criminalidad que 
son  presupuestos  constitucionales  de  la  prisión  provisional  y  su  contraste  con  los 
argumentos del auto de 23 de marzo de 2018, concluyendo que la decisión se ha 
tomado de conformidad con las exigencias constitucionales. Razona que la resolución 
judicial justifica la concurrencia de las finalidades constitucionales que avalan la prisión 
provisional.
Tampoco comparte con la recurrente que se le haya vulnerado el derecho a un 
proceso con todas las garantías en relación con el derecho a la libertad (arts. 24.2 y 17.1 
CE), por haber convocado el magistrado la comparecencia de prisión provisional sin 
previa petición de parte, pues considera que el instructor tiene la responsabilidad directa 
sobre la fase de investigación y se encuentra habilitado para acordar la detención del 
procesado  y  convocar  la  comparecencia  de  prisión,  sin  que  las  partes  queden 
condicionadas por la convocatoria del magistrado.
Sostiene que tampoco existe infracción de los arts. 16, 20 y 23 CE, en tanto que la 
resolución cuestionada no contiene un pronunciamiento peyorativo sobre la ideología 
política de la recurrente, sino que valora como insuficiente la renuncia al cargo de  e.
diputada para disipar el riesgo de reiteración delictiva. Por otra parte, afirma que no se  w.b
concreta en la demanda cual es la lesión de la libertad de expresión que se le causa por  50ww
luansa r elessoilóunc iopnroepsi aim spinuog ndaed aostr oy sq udeip, uetna droesla cqiuóen  choann  esli daort .t a2m3 bCiéEn,  lap rroecceusrarednotse,  npou einsv oecllaa 
mismY,a  erenn urneclaióc iaó ns uc aocnt a ldae  vduiplnuetaradcai.ón  del  derecho  de  defensa  que  asocia  a  los
inconvenientes materiales que derivan de hallarse ingresada en un centro penitenciario
en la provincia de Madrid, pese a que su domicilio habitual radica en la ciudad de 
Barcelona,  considera  que  la  demanda  no  satisface  la  carga  alegatoria  exigida  que 
permitiría apreciar una limitación relevante de su capacidad de participar en el proceso 
con  asesoramiento  letrado,  dado  que  se  limita  a  poner  de  manifiesto  meros 
inconvenientes  para  su  representación,  y  no  un  perjuicio  real  para  el  ejercicio  del 
derecho  alegado  que  pueda  valorarse  como  una  situación  material  de  indefensión 
constitucionalmente relevante.
9.  El 25 de octubre de 2018, la secretaria del Pleno del Tribunal Constitucional 
extendió una diligencia haciendo constar que dentro del plazo conferido en la diligencia 
de ordenación de fecha 18 de septiembre de 2018, solamente han formulado escrito de 
alegaciones el ministerio fiscal, el abogado del Estado y la procuradora doña María del 
Pilar  Hidalgo  López,  «quedando  el  presente  recurso  de  amparo  pendiente  para 
deliberación cuando por turno corresponda».
10.  Por providencia de fecha 14 de enero de 2020 se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación de las siguientes 
resoluciones judiciales (art. 44 LOTC):
(i)  El auto de 23 de marzo de 2018, dictado por el magistrado instructor designado 
por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la causa especial núm. 20907-2017. Esta 
resolución dispone la prisión provisional, comunicada y sin fianza de la demandante de 
amparo por hechos que estima presuntamente constitutivos de un delito de rebelión, 
apreciando  la  concurrencia  de  riesgo  de  fuga  y  de  peligro  de  reiteración  de 
comportamientos  delictivos  análogos  a  los  investigados.  En  el  seno  del  mismo 
procedimiento, la actora se había encontrado ya en situación de prisión provisional los 
días 9 y 10 de noviembre de 2017, fecha a partir de la cual se hallaba en libertad 
provisional, garantizada mediante la prestación de fianza (150.000 €), con la obligación 
de comparecer periódicamente la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada 
de su pasaporte.
(ii)  El auto de 17 de mayo de 2018, dictado por la sala de recursos constituida en el 
ámbito  de  la  Sala  Segunda  del  Tribunal  Supremo,  que  desestima  íntegramente  el 
recurso de apelación presentado por varios procesados, entre ellos la ahora actora, 
contra  la  privación  cautelar  de  libertad  previamente  acordada  por  el  magistrado 
instructor.
Como con detalle se ha expuesto en los antecedentes, la demandante de amparo 
alega que las resoluciones judiciales cuestionadas han sido dictadas por un órgano 
judicial manifiestamente incompetente, de forma que ha sido vulnerado su derecho al 
juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), sin que haya podido ejercer en el 
proceso  una  defensa  suficientemente  efectiva  debido  a  haber  sido  ingresada 
cautelarmente en un centro penitenciario de la provincia de Madrid, distante de su 
residencia habitual en Barcelona. Añade otra queja de naturaleza procesal (vulneración 
del derecho a un proceso con todas las garantías –imparcialidad judicial– en relación con 
su derecho a la libertad), impugnando la competencia del magistrado instructor de la  e.
causa penal para convocar a las partes, una vez decretado su procesamiento, a una  w.b
audiencia contradictoria sobre la situación personal de los investigados. Ya en relación  50ww
vcuolnn eeral dcoo snute dneidreoc hdoe  a llaas l ibreerstoaldu c(aiornt.e 1s7  jCudEi)c iya lae sla  ctuuteeslati ojundaidciaasl ,e fceocntisviad e(arart . q2u4e.1  ChaEn) 
idmapduot aqnu,e n ni ic oenxicsuterrne  ifnind icleiogsít imdeo  haalgbuenr oc oqmuee tjiudsot ifloiqsu ed esluito psr iqvaucei ópnr ocvaisuitoenlaarlm deen ltieb esreta dle. 
En tal medida, afirma también que ha resultado vulnerada su libertad de expresión e
ideológica  y  sus  derechos  de  manifestación  y  a  la  participación  política  como 
representante electo (arts. 16, 20, 21 y 23 CE).
Por las razones que han sido sintéticamente expuestas en los antecedentes de esta 
resolución, tanto el fiscal ante este Tribunal Constitucional, como el partido político Vox y 
el  abogado  del  Estado,  personados  en  este  proceso,  han  opuesto  óbices  de 
admisibilidad a varias de las quejas planteadas, que serán examinados en primer lugar. 
Subsidiariamente, han interesado la desestimación del recurso de amparo.
Por otra parte, la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 14 de 
octubre de 2019 dictada en la citada causa especial núm. 20907-2017, ha dejado sin 
efecto la situación de prisión provisional que se cuestiona en el presente recurso de 
amparo, lo que, sin embargo, como ya hemos tenido ocasión de declarar en un supuesto 
similar en la STC 155/2019, de 28 de noviembre, FJ 1, no provoca la extinción del mismo 
por pérdida sobrevenida de su objeto. La razón, de acuerdo con la doctrina de este 
Tribunal, es que la citada sentencia no ha supuesto la reparación por el propio órgano 
judicial de los derechos fundamentales que se invocan como vulnerados en amparo. 
Nuestro enjuiciamiento se concreta al momento temporal de formulación de la demanda 
de amparo, atendiendo a las circunstancias concurrentes en esta ocasión a efectos de 
dilucidar  si  existió  vulneración  de  tales  derechos  fundamentales  (por  todas, 
STC 83/2019, de 17 de junio, FJ 8, con cita de la STC 167/2005, de 20 de junio).
2.  Cuestión previa: imposibilidad de recusar a los magistrados de este Tribunal.
Por plantear una cuestión procesal atinente al propio recurso de amparo, resulta 
preciso  abordar  en  primer  lugar  la  alegación  formulada  por  la  recurrente  sobre  la 
imposibilidad de recusar a los magistrados del Tribunal Constitucional, alegato que no se 
dirige contra las resoluciones judiciales impugnadas ni se formula en este proceso como 
una solicitud de recusación.
A su juicio, la vulneración del derecho al juez imparcial (art. 24.2 CE) se produce ya 
por la imposibilidad misma de recusar de forma efectiva a los magistrados del Tribunal 
Constitucional que han de pronunciarse sobre su recurso de amparo; imposibilidad que 
deduce de la respuesta obtenida a una previa pretensión de recusación resuelta en el 
ATC 119/2017, de 7 de septiembre, dictado en el incidente de ejecución de sentencia 
planteado por el presidente del Gobierno en el proceso constitucional de impugnación de 
disposiciones autonómicas núm. 6330-2015.
La pérdida de imparcialidad a que se refiere esta alegación se apoya, tal y como se 
ha expresado en los antecedentes, en la afirmación de que todos los procedimientos 
penales en los que se halla encausada tienen su origen en concretos pronunciamientos 
del Tribunal Constitucional en los que se le advertía de la posibilidad de incurrir en 
responsabilidad  penal,  o  bien  se  acordaba  deducir  testimonio  de  actuaciones  al 
ministerio fiscal por si cupiera la formulación de acciones penales por su conducta, por lo 
que los magistrados de este Tribunal se encontrarían incursos en causa de recusación 
como  consecuencia  de  haber  realizado  previamente  valoraciones  jurídico-penales 
acerca de la conducta que le ha sido imputada en la causa judicial previa (art. 219.7 y 11 
LOPJ).
Esta misma alegación ha sido rechazada por la STC 155/2019, de 28 de noviembre, 
FJ 2, por las razones que reproducimos a continuación, que justifican ahora, de nuevo, 
su desestimación:
«Esta queja se rechaza pues carece de una base objetiva de fundamentación, ya  s
que, como sostiene el ministerio fiscal, el demandante no ha intentado la recusación de  oe.
los magistrados de este Tribunal Constitucional, lo que era posible de acuerdo con el  w.
aCsurotp.n lse2tt2iot3uri cayi o anc aollon (scL oOprdrToaCcn)et.esso sd ec olnas tLiteuyc ioOnragláensi ceax  daerlt . P8o0d edre J luad iLceiayl  (OLrOgPánJi)c, ad ed eal pTlircibaucinóanl   2020-2250n https://ww
La alegación, contenida en la demanda, poniendo en duda la imparcialidad del
Tribunal  que  habría  de  enjuiciar  el  proceso  de  amparo  no  puede  calificarse
materialmente como una solicitud de recusación, y resulta, en el supuesto enjuiciado, 
manifiestamente inadecuada, por razones formales y sustantivas, para denunciar la 
vulneración  del  derecho  fundamental  al  juez  imparcial  y  un  proceso  con  todas  las 
garantías (art. 24.2 CE): a) por razones de procedimiento, porque no se ajusta a ninguna 
de las exigencias de forma legalmente establecidas para la recusación (art. 223.1 y 2 
LOPJ) y que este Tribunal ha venido considerando esenciales (AATC 383/2006, de 2 de 
noviembre, FJ 2, y 394/2006, de 7 de noviembre, FJ 2, y los citados en estos) y b) por 
razones de fondo, porque la alegación se formula de modo preventivo, asumiendo la 
conclusión  alcanzada  en  el  precedente  ATC  119/2017,  de  7  de  septiembre,  y  sin 
indicación expresa de la concreta causa prevista en el art. 219 LOPJ, en que habría de 
fundarse, lo que también se ha estimado determinante en doctrina consolidada, que se 
inicia con el ATC 109/1981, de 30 de octubre, y reiteran, entre otros, los AATC 380/1993, 
de 21 de diciembre, 80/2005, de 7 de febrero, FJ 5; 126/2008, de 14 de mayo, FJ 2, 
y 269/2014, de 4 de noviembre, FJ 2, al subrayar que una recusación de este tipo que va 
referida al órgano mismo y no a sus integrantes, carece de sustantividad jurídica y no es 
acreedora de una decisión sobre el fondo.»
3.  Requisitos para la admisibilidad.
En relación con las pretensiones de amparo formalmente presentadas hemos de 
ocuparnos, en primer lugar, de los óbices procesales que han sido planteados por la 
representación procesal del partido político Vox, por el ministerio fiscal y por el abogado 
del  Estado.  Como  ha  reiterado  este  Tribunal,  la  apreciación  de  una  causa  de 
inadmisibilidad  «no  resulta  impedida  por  el  momento  procesal  en  el  que  nos 
encontramos, pues es doctrina reiterada de este Tribunal que los defectos insubsanables 
de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan sanados porque la 
demanda  haya  sido  inicialmente  admitida  a  trámite»,  lo  que  determina  que  «la 
comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede 
volverse a abordar o reconsiderarse en la sentencia, de oficio o a instancia de parte, 
dando  lugar,  en  su  caso,  a  un  pronunciamiento  de  inadmisión  por  falta  de  tales 
presupuestos» (por todas, SSTC 7/2007, de 15 de enero, FJ 2; 28/2011, de 14 de marzo, 
FJ 3; 29/2011 de 14 de marzo, FJ 3, y 101/2018, de 1 de octubre, FJ 3).
Entre los requisitos de admisibilidad de toda demanda se encuentra, como expresión 
del carácter subsidiario del recurso de amparo, que se hayan agotado las posibilidades 
que el ordenamiento proporciona para lograr tal protección ante los órganos de la 
jurisdicción ordinaria [art. 44.1 a) LOTC], así como que se haya puesto de manifiesto 
(«denunciado formalmente») la lesión del derecho fundamental en el proceso, si hubo 
oportunidad, tan pronto como esta hubiera sido conocida por la parte [art. 44.1 c) LOTC], 
contribuyendo también con ello a la efectividad del carácter subsidiario del amparo 
constitucional.
4.  Falta de agotamiento de la vía judicial previa.
Se alega por el partido político Vox, en primer lugar, como causa de inadmisibilidad 
de  las  pretensiones  de  la  demanda  que  afirman  la  vulneración  del  art.  24  CE,  el 
incumplimiento  del  requisito  del  art.  44.1  a)  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC), relativo al debido agotamiento de los medios de impugnación 
previstos en la vía judicial ordinaria. Se considera, en particular, que la actora debió 
promover incidente de nulidad de actuaciones frente al auto de 17 de mayo de 2018, por 
el que la sala de recursos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desestimó el  e.
recurso de apelación interpuesto contra el previo auto del magistrado instructor de 23 de  w.
marzo de 2018. 50ww
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eqnu ec,u eenn tlaa  qvuíae  juerl iisndciicdceionntea ld oer dniunlaidraiad,  sdierv aec ptuaaraci orenmese dcoianrs atiqtuuyeell ausn  leinssiotrnuemse dneto d perroeccehsoasl   BOE-A-cable e
fundamentales del art. 53.2 CE que no hayan «podido denunciarse antes de recaer 
resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible 
de recurso ordinario ni extraordinario» (art. 241.1 LOPJ), de modo que su función en 
materia  de  tutela  de  derechos  es  esencialmente  la  misma  que  cumple  la  propia 
interposición de un recurso ordinario (STC 153/2012, de 16 de julio, FJ 3).
En  consecuencia,  en  el  caso  de  que  la  ley  conceda  recurso,  ordinario  o 
extraordinario, frente a la resolución que la parte estime lesiva de su derecho, es este 
medio de impugnación el que deberá ser interpuesto por el interesado, sin que, tras el 
agotamiento de la cadena de recursos que legalmente quepan frente a la decisión 
adoptada, sea ya necesario que el recurrente reitere la queja a través de un incidente de 
nulidad  que,  por  referirse  a  una  vulneración  ya  denunciada  con  anterioridad  en  el 
procedimiento, deviene manifiestamente improcedente a tenor del propio art. 241 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (ATC 293/2014, de 10 de diciembre, FJ 2).
Como señaló el citado ATC 293/2014, de 10 de diciembre, FJ 3, «la determinación en 
cada caso del remedio legalmente posible y, por tanto, exigible a los efectos del debido 
agotamiento  de  la  vía  judicial  previa  dependerá  de  la  concreta  vulneración  que  el 
recurrente denuncie en amparo y a qué resolución atribuya su causación». A estos 
efectos debe recordarse que corresponde estrictamente a la demanda la fijación del 
objeto procesal del recurso de amparo, tanto en cuanto a la individualización del acto o la 
disposición cuya nulidad se pretenda, como respecto de la razón para pedirla o causa 
petendi (SSTC 235/1994, de 20 de julio, FJ 1; 26/1995, de 6 de febrero, FJ 3; 124/1999, 
de 28 de junio, FJ 1; 205/1999, de 8 de noviembre, FJ 4, y 224/2007, de 22 de octubre, 
FJ 2)».
De acuerdo con esta doctrina, puede concluirse que, para agotar adecuadamente la 
vía procesal previa a la interposición del recurso de amparo en el caso que nos ocupa, 
no era necesaria la promoción del incidente extraordinario de nulidad de actuaciones. 
Según la demanda de amparo, las vulneraciones denunciadas se habrían cometido, ya 
de inicio, en el propio auto de 23 de marzo de 2018, dictado por el magistrado instructor, 
habiéndose limitado el posterior auto de la sala de recursos de 17 de mayo de 2018 a no 
repararlas, reincidiendo, de ese modo, en ellas. En consecuencia, todas las eventuales 
vulneraciones procederían de la resolución dictada por el instructor y pudieron, en su 
caso, ser remediadas por el recurso de apelación interpuesto. En tal medida, salvo 
aquellas denuncias que no han sido planteadas a través del recurso de apelación –a las 
que  a  continuación  nos  referiremos–  la  demandante  ha  respetado  el  principio  de 
subsidiariedad del recurso de amparo mediante el agotamiento de los medios procesales 
ordinarios de impugnación, en concreto a través del pertinente recurso de apelación.
5.  Falta de invocación previa del derecho fundamental alegado.
Como hemos anticipado, para que puedan examinarse los motivos que integran la 
demanda de amparo es también requisito indispensable, conforme al art. 44.1 c) LOTC, 
que «se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración 
del derecho constitucional, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere lugar 
para ello». En este caso, el recurso de apelación constituyó el trámite procesal idóneo 
para invocar los derechos fundamentales que se reputaban lesionados por la resolución 
que acordó la medida cautelar privativa de libertad que se cuestiona, dando así ocasión 
a  que  la  sala  de  recursos  del  Tribunal  Supremo  se  pronunciara  sobre  tales 
vulneraciones.  Solo  de  este  modo  quedaría  preservado  el  carácter  subsidiario  del 
recurso  de  amparo,  «evitando  que  el  acceso  a  esta  jurisdicción  constitucional  se  e
produzca per saltum, es decir, sin brindar a los órganos judiciales la oportunidad de  bo
pronunciarse y, en su caso, remediar la lesión invocada como fundamento del recurso de  50ww
daem pnaorvoie cmobnrset,i tFucJi o3n, ayl »1 2(/p2o0r1 1to, ddaes ,2 8S SdTe Cfe b4r2e/2ro0,1 F0J,  2d)e. 26 de julio, FJ 2; 91/2010, de 15
comEon s oalpicliictaa ctaiómn bdiéen t aell  pmreinvisistieórnio n foisrcmaal,t idveab qeumeo csa arparcetecriaizra y  edl epcrloacraers oq udee  laasm qpuaeroja, st aplo yr 
las  que  se  denuncia  la  supuesta  vulneración  del  derecho  al  juez  ordinario
predeterminado por la ley y a la doble instancia penal, que derivarían de la denunciada 
incompetencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para conocer de la causa, no 
han sido denunciadas en ningún momento al impugnar en apelación la medida cautelar 
ahora analizada. Tal falta de invocación deviene ahora, por las razones expuestas, en 
causa de inadmisibilidad [art. 44.1 c) LOTC].
Tal conclusión no se extiende a la alegada vulneración del derecho a un proceso con 
todas las garantías pues, pese a que no aparece recogida en el escrito de interposición 
del recurso de apelación, tal queja se planteó oralmente en la vista del recurso, y fue 
abordada y resuelta por la Sala en el auto de 17 de mayo de 2018 que lo resolvió (FJ 2, 
apartado 2 in fine).
6.  Falta de justificación de la especial trascendencia constitucional.
El partido político comparecido plantea como causa de inadmisión, asimismo, que no 
se ha justificado en la demanda la especial trascendencia constitucional del recurso en 
los términos que exige el art. 49.1 LOTC.
A fin de dar respuesta a la objeción procesal opuesta, conviene recordar que la 
previsión del art. 49.1 in fine LOTC –«[e]n todo caso, la demanda justificará la especial 
trascendencia constitucional del recurso»– se configura como una carga procesal de la 
parte y, al tiempo, como instrumento de colaboración con la justicia constitucional, habida 
cuenta de que el legislador ha querido que la valoración del Tribunal acerca de la 
especial trascendencia constitucional de cada recurso venga siempre precedida de la 
iniciativa  y  apreciaciones  de  la  parte,  recogidas  en  su  escrito  de  demanda 
(STC 178/2012, de 15 de octubre, FJ 3). A la parte recurrente le es exigible un «esfuerzo 
argumental» (ATC 154/2010, de 15 de noviembre, FJ 4) que ponga en conexión las 
vulneraciones constitucionales que alega con los criterios establecidos en el artículo 50.1 
b)  LOTC,  criterios  que  se  concretan,  sin  ánimo  exhaustivo,  en  los  supuestos 
contemplados en el fundamento jurídico 2 de la conocida STC 155/2009, de 25 de junio. 
De este modo, no basta argumentar la existencia de la vulneración de un derecho 
fundamental (SSTC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2; 69/2011, de 16 de mayo, FJ 3; 
143/2011, de 26 de septiembre, FJ 2, y 191/2011, de 12 de diciembre, FJ 3; también 
AATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 2; 289/2008, de 22 de septiembre, FJ 2; 290/2008, 
de 22 de septiembre, FJ 2; 80/2009, de 9 de marzo, FJ 2, y 186/2010, de 29 de 
noviembre,  FJ  único);  sino  que  es  preciso  que  «en  la  demanda  se  disocie 
adecuadamente la argumentación tendente a evidenciar la existencia de la lesión de un 
derecho fundamental –que sigue siendo, obviamente, un presupuesto inexcusable en 
cualquier demanda de amparo– y los razonamientos específicamente dirigidos a justificar 
que el recurso presenta especial trascendencia constitucional» (STC 17/2011, de 28 de 
febrero, FJ 2).
De acuerdo con esta doctrina, el óbice planteado ha de ser también desestimado. La 
demanda que da inicio al proceso de amparo contiene un apartado específico relativo a 
la especial trascendencia constitucional del recurso (presupuesto procesal I, 8) en el que 
se destaca la supuesta novedad de algunas de las cuestiones planteadas: entre ellas, la 
relación del derecho a la libertad personal con otros derechos fundamentales sustantivos 
alegados; la oportunidad de pronunciarse por primera vez sobre la interpretación del 
art. 57.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, decisivo para establecer los supuestos 
de aforamiento; la privación cautelar de libertad por la toma en consideración provisional 
de tipos penales «cuya aplicación es casi inexistente»; la necesidad de fijar doctrina 
sobre  las  facultades  procesales  del  juez  instructor  en  la  adopción  de  la  prisión  e
provisional; y, en fin, el hecho de que la privación cautelar de libertad que se cuestiona  bo
supone  la  vulneración  de  derechos  de  contenido  político,  lo  que  otorgaría  a  esta  50ww
SprTeCte 1n5si5ó/n2 0u0n9 , adleca 2n5c ed eg jeunneior,a Fl Jm 2á]s. allá del caso concreto [supuestos a) y g) de la
quejSae  ptorar tala  dveu lunneara acriógnu mdeen tdaecrieócnh eoxsp rfuensad aqmueen vtaal ems áqsu ael lála  dpeal rátem beistotim dae  plaa dceocnicdrae tay 
expone una razón adicional para que se dicte una sentencia que resuelva la cuestión de
fondo  debatida.  Por  consiguiente,  puede  afirmarse  que  pone  de  relieve  los  datos 
necesarios para justificar la proyección objetiva del amparo solicitado [SSTC 143/2011, 
de 26 de septiembre, FJ 2, y 1/2019, de 14 de enero, FJ 2 c)], por lo que hemos de 
entender satisfecha en el presente caso la carga de justificar la especial trascendencia 
constitucional a la que, in fine, se refiere el artículo 49.1 LOTC.
7.  Vulneraciones procedimentales del art. 17 CE. Tratamiento sistemático.
Alega la recurrente que las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado su 
derecho a la libertad (art. 17 CE) al haber sido acordadas con infracción de las garantías 
procedimentales que rigen la adopción de la medida cautelar de prisión provisional. Esta 
queja se desenvuelve en dos planos de análisis diferenciados:
(i)  Se alega, en primer lugar, la vulneración del derecho a la libertad por infracción 
directa de una garantía adicional de procedimiento prevista en el art. 539 LECrim, 
precepto que actuaría, en este caso, como «forma» legal de imposición de la prisión 
provisional (art. 17.1 CE). La demandante estima, en concreto, que la providencia de 21 
de marzo de 2018, por la que se la citaba simultáneamente para el acto de notificación 
del auto de procesamiento y la celebración de la audiencia contradictoria prevista en el 
art. 505 LECrim, infringió el art. 539 de la ley procesal penal. Alega, en este sentido, que 
«en ningún caso el precepto legal referido [art. 539 LECrim] faculta al instructor para 
acordar una comparecencia del art. 505 LECrim dirigida a agravar la situación personal 
de los investigados si ninguna de las partes lo solicita». La decisión subsiguiente de 
prisión provisional, adoptada por el instructor en el auto de 23 de marzo de 2018, habría 
incumplido, por tanto, las formas legalmente establecidas para verificar la privación 
cautelar de libertad.
(ii)  Se  alega,  asimismo,  la  vulneración  de  las  garantías  de  control  judicial 
directamente  exigidas  por  la  propia  Constitución,  en  particular  la  garantía  de 
imparcialidad objetiva del juez instructor. La actora considera que la convocatoria de 
oficio de la audiencia del art. 505 LECrim evidencia la «parcialidad» del instructor, ya que 
supone, por sí misma, «la expresión de una decisión de agravar las medidas cautelares 
de carácter personal que afectaban a los investigados». Puesto que, según su criterio, la 
referida audiencia no es imprescindible ni para mantener las medidas en vigor ni para 
sustituirlas  por  otras  menos  gravosas,  la  convocatoria  efectuada  por  el  instructor 
evidenciaría  necesariamente,  en  opinión  de  la  demandante,  una  finalidad 
predeterminada:  agravar  las  medidas  cautelares  personales.  Esa  predisposición  del 
instructor resultaría igualmente deducible del previo auto de procesamiento, en el que se 
apreciaba ya, según se afirma en la demanda, la existencia de un grave riesgo de fuga 
en relación con los «encausados», término este que comprendería, a juicio de la actora, 
tanto a los ya presos –respecto de los cuales se mantenía la medida privativa de libertad 
ya vigente– como los que se hallaban en libertad provisional, caso este en el que se 
encontraba la propia demandante.
Analizaremos por separado estas dos vertientes de la queja. Señalaremos antes, sin 
embargo, que aunque formalmente la actora alega que fue la providencia de 21 de 
marzo de 2018 la resolución que acordó la celebración del acto procesal previsto en el 
art. 505 LECrim, es claro que la decisión formal de celebrar la referida audiencia se 
adoptó, en realidad, en una resolución previa, en concreto en el fundamento jurídico 
«quinto»  del  auto  de  procesamiento  de  21  de  marzo  de  2018  (que  ordenaba 
expresamente practicar con la ahora actora «la comparecencia prevista en el art. 505  s
LECrim»). De aceptarse la tesis de la actora, la infracción formal del art. 539 LECrim se  oe.
habría producido en esta primera resolución y no en la providencia posterior, cuyo  w.
rseigcnuAirfsiccolaa adralogd uapn rooec)s.etas acl irecsu nesl tdaen cmiae, roe na cctuoa dlqeu iceor mcuansioc,a chiaó nd (ee nre eslt aqrusee  ntood sae r edlaebvaa npcieia  dael   2020-2250n https://ww
hecho de que el presente recurso de amparo no se haya dirigido contra el auto de
procesamiento,  en  cuánto  resolución  de  la  que  procedería  la  infracción  formal  del
art.  539  LECrim  que  se  articula  específicamente  como  queja.  En  este  caso,  la 
impugnación directa del posterior auto de 23 de marzo de 2018, que materializó la 
decisión de prisión provisional, resulta suficiente. De una parte, es indudable que es el 
auto de prisión el que materializa el menoscabo del derecho fundamental a la libertad. 
De otro lado, el mismo día 23 de marzo de 2018 se notificó a la actora el auto de 
procesamiento, se celebró la audiencia del art. 505 LECrim y se adoptó y ejecutó la 
subsiguiente  decisión  de  prisión  provisional.  Dada  tal  unidad  temporal  de  actos 
(comunicación del procesamiento, celebración de la audiencia y decisión de prisión), 
tenía pleno sentido que la queja relativa a la forma en que la privación de libertad se 
había materializado se articulara directamente contra el auto que adoptaba la medida 
cautelar, pues carecía ya de utilidad impugnar una decisión anterior de convocatoria de 
vista que había agotado toda su eficacia. Por último, es indudable que durante la 
tramitación  del  recurso  de  apelación  presentado  contra  el  auto  de  prisión  fueron 
planteadas  oralmente  las  violaciones  procedimentales  del  derecho  a  la  libertad 
asociadas a la convocatoria de oficio de la comparecencia; y también que el auto dictado 
por la sala de apelaciones del Tribunal Supremo el 17 de mayo de 2018 les dio la 
correspondiente respuesta, entrando en el fondo de las quejas.
8.  Alcance de la petición de parte prevista como exigencia en el art. 539 LECrim. 
Juicio de razonabilidad (art. 17.1 CE).
El art. 17.1 CE dispone que nadie puede ser privado de su libertad sino en la «forma 
prevista en la ley». La recurrente estima, como ya se ha expuesto, que una de las 
«formas» legales de imposición de la prisión provisional, prevista en el art. 539 LECrim, 
es la necesaria petición de parte acusadora para convocar la comparecencia que puede 
dar lugar a la agravación de la tutela cautelar personal que se halla en vigor. Esta 
vertiente de la queja, referida a la interpretación de una garantía adicional del derecho a 
la  libertad,  debe  ser  examinada  desde  el  canon  de  supervisión  externa  de  la 
razonabilidad de la fundamentación de las resoluciones judiciales recurridas que resulta 
aplicable en relación con las garantías legales de la libertad (SSTC 198/1997, de 2 de 
junio, FJ 2; 22/2004, de 23 de febrero, FJ 3; 50/2009, de 23 de febrero, FJ 3, y 91/2018, 
de 17 de septiembre, FJ 3).
En la STC 30/2019, de 28 de febrero, FJ 4, hemos tenido la oportunidad de examinar 
el alcance de la exigencia de solicitud de parte prevista en los arts. 505 y 535 LECrim y 
hemos constatado que esta normativa legal «se limita a fijar una estructura general 
rogatoria exigiendo únicamente que la decisión de prisión provisional no sea acordada 
de oficio por la autoridad judicial, sin que medie petición al respecto de parte acusadora 
alguna, poniéndose fin con ello a una regulación que, desde la Ley de enjuiciamiento 
criminal de 1882 hasta la reforma de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, permitía 
que el juez acordara, por su propia autoridad y sin necesidad de previa solicitud de parte, 
la medida cautelar de prisión». En plena coherencia con esta estimación general, puede 
observarse ahora que la norma concretamente invocada por la actora en el presente 
recurso (el art. 539, párrafo tercero LECrim) se limita a señalar que «[p]ara acordar la 
prisión o la libertad provisional con fianza de quien estuviere en libertad o agravar las 
condiciones de la libertad provisional ya acordada sustituyéndola por la de prisión o 
libertad provisional con fianza, se requerirá solicitud del ministerio fiscal o de alguna 
parte acusadora, resolviéndose previa celebración de la comparecencia a que se refiere 
el artículo 505». La dicción del referido párrafo indica, sin dificultad interpretativa alguna, 
que la norma establece la «solicitud del ministerio fiscal o de alguna parte acusadora»  e
como presupuesto necesario «para acordar la prisión», esto es, para adoptar la decisión  bo
sobre el fondo, sin que dicho requisito rogatorio se extienda a la previa convocatoria del  50ww
tprráemceitep top rporcoesdcirmibeen, taplu eesn,  eqlu eq usee  easdao psteo liclait updr ispióune dper olvleisgiaorn a(lo  dneo )o fiac iov,e rsiifnic apresteic. ióEnl 
parcoucseadtoimriaie,n tpoe roq uneo  laq uper oepli aj ueLzE Cdreim i nlset ruoctcoirógna . ejUenrz ae nlotesn dpiomdieernetos  dmeá sd iraemccpiólion  ddeell 
significado  de  la  norma  legal  aplicada  no  está  constitucionalmente  prohibido,  pero
tampoco exigido. No existe, pues, violación alguna del art. 17.1 CE por infracción de una 
garantía legal que esté prevista en el art. 539 LECrim.
9.  Imparcialidad objetiva del juez instructor en el incidente de prisión (art. 17.2 CE).
En lo que se refiere a la posible vulneración directa del derecho fundamental a la 
libertad por la falta de imparcialidad objetiva del juez instructor hemos de hacer las 
siguientes consideraciones:
a)  En  nuestra  STC  29/2019,  de  28  de  febrero,  hemos  establecido  la  doctrina 
general sobre las exigencias de imparcialidad judicial en el incidente relativo a la medida 
cautelar de prisión provisional. Señalamos entonces que la garantía de imparcialidad 
judicial es tributaria del más general «principio de adopción judicial de la medida», que, 
de acuerdo con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no implica tanto 
«el acceso a una determinada institución u órgano como un procedimiento de carácter 
judicial» que ha de estar a cargo de «una autoridad habilitada por la ley para ejercer 
funciones judiciales». Según indicamos en la referida resolución:
«[A] pesar de que la Constitución no impone expresamente que esta medida deba 
ser adoptada judicialmente, nuestra doctrina ha establecido que [la] prisión provisional es 
una medida cautelar que solo puede ser acordada por los órganos judiciales […] desde 
la perspectiva de que toda medida restrictiva de derechos fundamentales requiere una 
decisión  judicial  motivada  [por  todas,  STC  147/2000,  de  29  de  mayo,  FJ  4  b)  y 
referencias jurisprudenciales allí contenidas]. En este sentido la exigencia es coherente 
con lo previsto en el art. 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), 
precepto que contempla un trámite de control judicial inmediato de la privación cautelar 
de libertad verificada en el seno de un proceso penal, y que es interpretado en el sentido 
siguiente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: "[e]l control judicial constituye 
un elemento esencial de la garantía que ofrece el art. 5.3, que tiene como finalidad 
reducir  en  la  medida  de  lo  posible  el  riesgo  de  arbitrariedad  y  de  asegurar  la 
preeminencia  del  Derecho,  uno  de  los  ‘principios  fundamentales’  de  una  ‘sociedad 
democrática’ (por todas, STEDH de 5 de julio de 2016, asunto Ali Osman Ózmen c. 
Turquía). En las referidas resoluciones hemos partido de la doctrina del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, según la cual el art. 5.3 CEDH, al prever que ‘toda persona 
detenida preventivamente o internada en las condiciones previstas en el párrafo 1 c), del 
presente artículo deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra 
autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales’, no da derecho al acceso a 
una concreta institución u órgano sino a un procedimiento de carácter judicial (STEDH 
de 26 de mayo de 1993, asunto Brannigan y McBride c. Reino Unido, § 58) que ha de 
estar a cargo de una ‘autoridad habilitada por la ley para ejercer funciones judiciales’".»
b)  Asimismo, constatamos en la citada STC 29/2019, de 28 de febrero, FJ 4, que el 
art. 5.3 CEDH tiene plena correlación con el art. 17.2 de nuestra Constitución, precepto 
cuya virtualidad excede, en consecuencia, de la mera previsión de un plazo máximo de 
duración para la detención policial. En la regulación contenida en el art. 17.2 CE se 
encuentra implícita, en realidad, una garantía más amplia: el control judicial de toda 
prisión provisional, en cuanto medida cautelar penal que, dentro de los límites máximos 
fijados  por  el  legislador  (art.  17.4  CE),  excede  virtualmente  del  plazo  y  los  fines 
perentorios que son propios de una detención puramente gubernativa (STC 21/1997, 
de 10 de febrero, FJ 4). De este modo, la garantía de control judicial de la prisión  e.e
provisional que el art. 17.2 CE establece, y las exigencias procedimentales inherentes a  b
la misma, son exigibles siempre, haya o no existido una detención policial previa. Sea a  50ww
ctroanvdéus cdcieó nla p oolridceianl  cjuodaicctiiavla  d–ee sctoom epsa, rseecae ra  (tcroamvéos  hdae  loac ucorraidcoc ióenn  peusrtaem ceanstoe)  juor íddiec au dnea 
lean c idtaecfiinóinti voa ,d ed ela  lcoogerarcri óunn f ísmicisam inoh efirne:n tlae  ap ulae sdteat ednecli óinn vpeoslitcigiaald–o,  dae  ldoi sqpuoes isceió tnra tdae e sla, 
autoridad  judicial  competente  para  que  sea  esta  la  que  adopte,  a  través  del
«procedimiento judicial» que exige el art. 5.3 CEDH, la decisión pertinente acerca de la 
prisión preventiva.
c)  En la STC 29/2019, FJ 4, hemos señalado también que, tal y como establece el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el art. 5.3 CEDH (STEDH de 4 
de diciembre de 1979, asunto Schiesser c. Suiza, § 28), la autoridad judicial encargada 
del control judicial de la prisión provisional conforme al art. 17.2 CE puede ejercer 
funciones que no se identifican estrictamente con las de «administrar justicia», como es 
el caso de las funciones de dirección del procedimiento investigador. Hemos advertido, 
no obstante, también en coherencia con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (SSTEDH de 25 de marzo de 1999, asunto Nikolova c. Bulgaria, § 49, 18 de 
enero de 2007, asunto Estrikh c. Letonia, § 116, de 22 de mayo de 2007, asunto Bülbül c. 
Turquía, § 22), que dicha autoridad ha de poseer, en todo caso, ciertas cualidades 
propias de un órgano judicial en sentido estricto, concretamente «la independencia hacia 
el ejecutivo y las partes», y que para que la autoridad que realiza el control judicial de la 
prisión  pueda  ser  considerada  «independiente»  e  «imparcial»  hay  «apariencias 
objetivas» que deben ser tenidas en cuenta, como, por ejemplo, que no pueda intervenir 
en  un  estadio  ulterior  del  procedimiento  penal  ejerciendo  funciones  de  acusación, 
supuesto en el cual su independencia e imparcialidad pueden ser objeto de sospecha. 
Además,  la  autoridad  judicial  debe  escuchar  personalmente  al  afectado  y  decidir 
conforme a criterios jurídicos la procedencia de la privación cautelar de libertad (por 
todas, SSTEDH de 18 de enero de 1978, asunto Irlanda c. Reino Unido, § 199, y de 25 
de marzo de 1999, asunto Nikolova c. Bulgaria, § 49).
d)  Esta doctrina general nos ha llevado a afirmar, en coherencia con el Tribunal 
Europeo, que no resulta incompatible con las cualidades que ha de revestir la autoridad 
judicial  que  ha  de  decidir  sobre  la  prisión  provisional  que  esta  asuma  funciones 
instructoras o de dirección de procedimiento de investigación oficial, pero sí que acumule 
tales tareas con «funciones de acusación». Más concretamente, hemos señalado que no 
se deduce de la Constitución que «la autoridad judicial que ejerce el rol de instructora del 
procedimiento deba quedar excluida de las funciones de control judicial inmediato de la 
privación cautelar de libertad (art. 17.2 CE en relación con el art. 505 LECrim), en tanto 
tenga  efectivamente  garantizado  un  estatus  de  independencia  respecto  del  Poder 
Ejecutivo y de las propias partes, de suerte tal que no esté llamado a asumir funciones 
acusatorias», rasgos básicos estos que «están garantizados en nuestro vigente sistema 
procesal penal, en la medida en que el juez de instrucción goza de las garantías de 
independencia e inamovilidad propias de los miembros del Poder Judicial (art. 117.1 CE), 
y habida cuenta que no formula posteriormente acusación alguna contra el investigado, 
ni puede obligar al fiscal a formularla» (STC 29/2019, de 28 de febrero, FJ 4).
La doctrina que acaba de exponerse es suficiente, por sí sola, para deducir la 
inconsistencia de la queja planteada por la recurrente. La mera convocatoria de la 
audiencia de los arts. 539 y 505 LECrim no supone más que el ejercicio de un poder de 
tramitación procesal que es inherente a la condición de director del procedimiento de 
investigación. Tal posición directiva –impulsora de los distintos trámites e incidentes– 
corresponde, en la legislación vigente en España, a la figura del juez de instrucción. 
Como en la propia STC 29/2019 advertimos, lo relevante para la garantía constitucional 
de la libertad no es que el juez impulse o dirija el procedimiento y sus diversos trámites 
(cuestión estructural cuya evaluación constitucional no nos corresponde realizar ahora) 
sino que no suplante a las acusaciones en sus funciones de parte, lo que ocurriría 
ciertamente  si,  en  este  trámite  cautelar,  la  autoridad  judicial  acordara  la  prisión  e.
prescindiendo de la necesaria solicitud de alguna de las partes acusadoras o si se  w.b
apartara, a estos efectos, de los cargos formulados por estas, sustituyéndolos por otros  50ww
dmeá sd egbraavtior saocse.r cPao rd eel  lcao snittruaarcioió, nla  pmeersroan caol ndveo cloasto irniave dsetilg tarádmosit en op rcoocnesstaitlu eyne  eml áqsu eq usee  uhna 
aincsttoru cdceió nd irpeocrc idóenl itod eel np erol cqeudeim liae nttuot,e laa scoacuiatedloa r ael stcáa rsáucjetetar  sdiienmámpriceo  ald ep rinccuiapliqou ideer 
modificabilidad.  El  director  del  procedimiento  investigador  puede,  por  ello,  evaluar
periódicamente la progresión en el curso de las investigaciones y la evolución paralela 
del contexto fáctico y oír a las partes acerca de la consiguiente adaptación de las 
medidas  cautelares  en  vigor.  En  el  caso  que  nos  ocupa,  resulta  claro  que  el 
procedimiento investigador había experimentado un salto cualitativo con la formalización 
de la imputación judicial a través del auto de procesamiento, resolución que sirve de 
presupuesto necesario al posterior enjuiciamiento. Es este un acto de la suficiente 
relevancia procesal como para motivar por sí solo la revisión de las medidas cautelares, 
revisión que ha de hacerse en todo caso a través del pertinente debate contradictorio y 
con sujeción a una estructura rogatoria, tal y como efectivamente ocurrió en el caso que 
nos ocupa.
Finalmente, cabe señalar que la alegación de la actora según la cual en el propio 
auto de procesamiento el instructor ya habría exteriorizado que el riesgo de fuga era 
aplicable a todos los «encausados» y no solo a los «procesados presos» carece de todo 
sustento. A la situación personal de la actora se refiere el fundamento jurídico quinto del 
auto de procesamiento que se limita a ordenar que se la cite, junto con otros procesados, 
«a fin de notificárseles el presente auto de procesamiento y practicar la comparecencia 
prevista en el art. 505 LECrim». La única situación personal que se examina en el 
fundamento jurídico sexto de la misma resolución es la de los procesados que se hallan 
ya presos, a efectos de ratificar esta medida. Las consideraciones sobre los riesgos que 
justifican la prisión provisional quedan, así, claramente circunscritas, en el auto de 
procesamiento, a las personas que ya estaban privadas de libertad, haciéndose, eso sí, 
referencia a otros «encausados» que se habían sustraído previamente a la acción de la 
justicia  «buscando  refugio  en  terceros  países,  y  lo  han  hecho  con  pleno  sustento 
económico y organizativo», personas estas entre las que no se encuentra la ahora 
actora. La alegación realizada carece, pues, de una mínima consistencia y en nada 
puede modificar lo ya argumentado.
Tampoco existe, en definitiva, vulneración constitucional directa del derecho a la 
libertad, en su dimensión procedimental de control judicial (art. 17.2 CE).
10.  Quejas referidas al derecho a la libertad personal: consideraciones previas.
La segunda de las quejas que figuran en el escrito de demanda versa sobre la 
vulneración del derecho a la libertad (art. 17.1 CE) en relación con el derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Antes de abordar los diferentes perfiles 
que presenta la referida queja procede efectuar dos consideraciones previas. En primer 
lugar, debemos descartar la autonomía y sustantividad de la alegada vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva a que se ha hecho mención. Según reiterada doctrina 
constitucional, oportunamente traída a colación en la reciente STC 29/2019, de 28 de 
febrero,  FJ  6,  la  indicada  denuncia  carece  de  entidad  propia  cuando  con  ella  se 
cuestiona la motivación utilizada para justificar la restricción del derecho a la libertad: 
«[a]sí, se viene sosteniendo que el análisis de la insuficiencia de motivación, desde el 
enfoque del deber genérico de fundamentación de las resoluciones judiciales, queda 
desplazado en los supuestos en que se trate de motivación de las resoluciones que 
acuerdan  medidas  limitativas  de  derechos  fundamentales,  por  un  análisis  desde  la 
perspectiva del deber más estricto de fundamentación para la adopción de medidas 
restrictivas de estos derechos [en este sentido, por todas, STC 66/2008, de 29 de mayo, 
FJ 4 d)]. Por tanto, la queja referida a la lesión del derecho contemplado en el art. 24.1 
CE carece de sustantividad propia en este caso, y el denunciado déficit de motivación de 
las resoluciones judiciales ha de ser exclusivamente examinado desde el canon del  e
derecho a la libertad personal que proclama el art. 17.1 CE». bo
Seguidamente, procede dar por reproducida la doctrina general de este Tribunal  50ww
esol bfruen dlaa mdiemneton sijóunrí dciocnos t3it ucdieo nlaal  dSeT Cla  p3r0is/2ió0n1 9p,r odvies io2n8a l dqeu ef eabpraerreoc, ey c ormeitpeernaddiaa,d am eáns 
are claie nstuejmeceiónnte ,d een l ala  pSriTsCió n1 5p5r/o2v0is1i9o,n dael  a2 8l odse  pnroinvcieipmiobsr ed, eF Jle 1g1a,l icdoandc, rjeutraismdeicnctieo nreafleidraidda, 
excepcionalidad, modificabilidad y limitación temporal [letra a)]; al presupuesto habilitante
de esa medida, que no es otro que la concurrencia de indicios de criminalidad [letra b)], 
y, finalmente, a la ineludible necesidad de satisfacer mediante esta medida cautelar 
alguna  de  las  finalidades  que  este  Tribunal  ha  considerado  legítimas,  esto  es,  la 
evitación de los riesgos de huida o sustracción a la acción de la administración de 
justicia, de obstrucción del proceso penal o de reiteración delictiva [letra c)].
También resulta oportuno recordar el canon de control al que nos sujetamos para 
enjuiciar  las  decisiones  de  los  órganos  judiciales  relativas  a  la  imposición  o 
mantenimiento de la prisión provisional: «al Tribunal Constitucional le compete supervisar 
la existencia de motivación suficiente –en el doble sentido de resolución fundada y 
razonada, a la que ya nos hemos referido– y su razonabilidad, entendiendo por tal que al 
adoptar  y  mantener  esta  medida  se  haya  ponderado  la  concurrencia  de  todos  los 
extremos que justifican su adopción y que esta ponderación o, si se quiere, que esta 
subsunción, no sea arbitraria, en el sentido de que sea acorde con las pautas del normal 
razonamiento lógico y, muy especialmente, con los fines que justifican la institución de la 
prisión provisional. No corresponde, pues, al Tribunal Constitucional determinar en cada 
caso si concurren o no en la causa penal las circunstancias que permiten la adopción o 
el mantenimiento de la prisión provisional, sino únicamente el control externo de que esa 
adopción o mantenimiento se ha acordado de forma fundada, razonada, completa y 
acorde con los fines de la institución [STC 128/1995, FJ 4 b)]» [STC 29/2019, de 28 de 
febrero, FJ 3 d)].
11.  Presupuesto de la prisión provisional: los indicios de participación delictiva.
Tras  estos  prolegómenos,  procede  analizar  la  queja  que  plantea  la  recurrente 
respecto  de  la  vulneración  del  derecho  a  la  libertad  reconocido  en  el  art.  17  CE. 
Sostiene, en primer lugar, que la prisión provisional no puede tener la consideración de 
pena anticipada. En apoyo de este aserto cita varias sentencias de este Tribunal y la 
normativa que estima de aplicación. En ese punto tiene razón la demandante pues, en 
efecto,  la  imposición  de  la  prisión  provisional  a  modo  de  una  sanción  anticipada 
constituye una finalidad expresamente proscrita por la doctrina constitucional. Así lo 
hemos  recordado  en  el  ya  citado  fundamento  jurídico  3  c)  de  la  STC  30/2019,  al 
descartar, como fines constitucionalmente admisibles «los punitivos o de anticipación de 
pena, los de impulso de la instrucción sumarial (por ejemplo, STC 140/2012, de 2 de 
julio, FJ 2), o la alarma social (por todas, STC 47/2000, de 17 de febrero, FJ 5)». Dicho lo 
anterior, advertimos que, en el escrito de demanda, no se dirige ninguna censura por 
este motivo, expresa o implícita, contra las resoluciones impugnadas en este recurso.
Sentado  esto,  hemos  de  manifestar  que  aun  cuando  la  queja  cuyo  análisis 
verificamos a continuación se denomina en la demanda como «falta de fundamentación 
suficiente, individualizada y razonable acerca de los fines de la prisión preventiva», la 
denuncia  también  se  proyecta,  materialmente,  sobre  la  inexistencia  de  indicios  de 
participación de la recurrente en el delito de rebelión por el que ha sido procesada, pues 
niega haber tomado parte en un alzamiento público violento, que es uno de los requisitos 
típicos que definen el delito de rebelión en el art. 472 CP, y añade que los actos que han 
sido considerados como violentos por los órganos judiciales, en realidad constituyen un 
legítimo ejercicio de las libertades de expresión y reunión. Finalmente, la demandante 
reitera que no ha participado en ningún acto de esas características ni ha incitado a 
persona alguna a conducirse de manera violenta en las manifestaciones a que se refiere 
el auto de procesamiento.
De lo expuesto se infiere que lo que en realidad censura la recurrente es la falta de  e
presupuesto legítimo que justifique la medida cautelar que le fue impuesta o, dicho de  bo
otro modo, afirma la inexistencia de indicios racionales de que hubiera participado en el  50ww
cdoemlitop adrteid ore pboerli ólans  praozr oenle qs uqeu eh ase s eidxop ocnoenns tait uciodnat ineuna pciróisnió.n. Tal alegato no puede ser
cuyaE nv iprtruimd esre l uigmapr,u shoe mao lsa  ddee dmeasntadcaanrt eq ulae  eml eaduitdoa d dee f epcrhisai ó9n  dper onvoivsiieomnablr, ee dlued 2ib0le1 7c oenn 
fianza de 150.000 €, ya contemplaba la existencia de indicios de su participación en un
delito de rebelión o sedición e, incluso, en un delito de malversación de caudales 
públicos, tal y como queda reflejado en sus fundamentos jurídicos octavo a duodécimo, 
así como en el fundamento jurídico décimo cuarto, en el cual, con ocasión de analizar la 
concurrencia de riesgo de fuga, se pone de manifiesto la entidad y significación de la 
actividad desarrollada por la demandante. Por otro lado, debe advertirse que en el auto 
de 23 de marzo de 2018 cuestionado en este proceso de amparo expresamente se 
indica que dicha resolución es complementaria del auto de procesamiento dictado en 
fecha 21 de marzo de 2018, el cual fue confirmado por el auto de fecha 26 de junio 
de 2018 que desestimó el recurso de apelación interpuesto por los procesados. Así 
pues,  los  indicios  de  criminalidad  tenidos  en  cuenta  para  procesar  a  la  recurrente 
también han de ser valorados de cara a constatar si concurre el presupuesto de la 
prisión provisional acordada respecto de esta última.
La remisión que el magistrado instructor lleva a cabo no es incompatible con nuestra 
doctrina; así lo pusimos de manifiesto en la reciente STC 50/2019, de 9 de abril, FJ 4 a), 
al dilucidar sobre un supuesto en el que la entonces recurrente refutaba la prisión 
provisional que se le impuso, que fue acordada en la misma resolución que es objeto de 
impugnación  en  el  presente  recurso:  «la  adopción  o  el  mantenimiento  de  medidas 
cautelares limitativas de derechos fundamentales, como es el caso de la de prisión 
provisional,  puede  contener  una  motivación  por  remisión  a  otra  previa  e  inmediata 
resolución  judicial,  que  tenga  por  presupuesto  los  mismos  indicios  racionales  de 
criminalidad respecto de semejantes hechos delictivos, además de igual calificación 
jurídica provisional que la anterior, en cuanto que es esta resolución la que tiene por 
objeto directo la valoración de la suficiencia de los elementos fácticos y jurídicos de 
cargo  […]  Existiendo  tal  evaluación  específica  y  pormenorizada  de  los  indicios 
concurrentes en una resolución que les da el valor cualificado de "indicios racionales de 
criminalidad",  la  remisión  expresa  que  el  instructor  realiza  en  su  auto  de  prisión 
provisional  al  precedente  auto  de  procesamiento,  dictado  dos  días  atrás,  en  nada 
menoscaba el derecho a la libertad del art. 17 CE de la recurrente, pues lo relevante es 
que los hechos atribuidos a la procesada y los indicios de criminalidad en que se fundan 
sí están expresamente referenciados, aunque se encuentren materialmente consignados 
en una resolución inmediatamente anterior. El dato puramente formal de la falta de 
reproducción, dentro del auto de prisión de 23 de marzo de 2018, del contenido del auto 
de procesamiento del 21 de marzo anterior, que fue notificado personalmente a la 
recurrente y que motivó, justamente, la convocatoria de la vista del art. 505 de la Ley de 
enjuiciamiento criminal (LECrim), carece, pues, de toda relevancia constitucional».
Esos indicios aparecen reflejados en el relato histórico que figura en el mencionado 
auto de procesamiento. Concretamente, en el apartado ocho del antecedente único se 
recoge la participación de la demandante, como presidenta de la Asamblea Nacional 
Catalana (ANC), en la confección de la «hoja de ruta» del proceso de independencia; y 
como presidenta del Parlamento, se destaca que incumplió en varias ocasiones lo 
acordado en diversas resoluciones del Tribunal Constitucional, con la finalidad de que 
prosperaran las iniciativas legislativas relativas al referéndum sobre la independencia y el 
desarrollo del proceso constituyente (apartados trece y catorce del antecedente único). 
Por otro lado, en el fundamento jurídico segundo de la indicada resolución se pondera la 
actividad desarrollada por la recurrente, en su condición de máxima dirigente de la 
asociación citada. Y como presidenta del Parlamento, se destaca la importancia de su 
actuación respecto de la aprobación «de la legislación de soporte que sirve de coartada 
legitimadora  al  proceso,  aun  contrariando  para  ello  las  reiteradas  prohibiciones  y  s
requerimientos del Tribunal Constitucional». También se detalla su vinculación con los  oe.
actos de violencia acaecidos «en las últimas fases del desarrollo de la acción» y se  w.
afirma que recibió a observadores internacionales, para reforzar la imagen de legitimidad  50ww
rdees ulalt avdoot aocbiótenn, idyo  «cpouns eol  rfienfaelrménednutem l»a. institución parlamentaria al servicio del violento
claroP oqru seu,  apla rretes,o elvl earu etol  dreec u1r7s od ed me aaypoe ldaec i2ó0n1 i8n tdeircptuaedsot op ocro enlt rtari beul naaul tdoe d aep feelachciaó n2 3d edjae   BOE-A-cable e
marzo de 2018, no se va a pronunciar sobre la consistencia de los indicios tenidos en 
cuenta para acordar el procesamiento, sino sobre si tales vestigios justifican de manera 
suficiente  la  concurrencia  del  presupuesto  de  la  prisión  provisional.  Desde  esa 
perspectiva, el referido tribunal confirma la decisión adoptada por el magistrado instructor 
al considerar indiciariamente acreditado, por los motivos que se exponen en la citada 
resolución, singularmente referidos a la recurrente en el fundamento jurídico cuarto, que 
la conducta de los procesados favoreció la realización de los actos violentos acaecidos 
los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, amén de rechazar el alegato dado por 
aquella acerca de que su actuación, como presidenta del Parlamento, se ajustó a lo 
establecido por el reglamento de la citada cámara legislativa. Sobre ese aspecto, el 
tribunal de apelación afirma, de modo tajante, que ninguna interpretación razonable de 
esa  norma  habilita  la  desobediencia  a  las  resoluciones  dictadas  por  el  Tribunal 
Constitucional.
A la vista de lo expuesto y conforme al canon de escrutinio al que estamos sujetos, 
que  solamente  nos  autoriza  a  realizar  un  juicio  externo  sobre  la  suficiencia  y 
razonabilidad de la argumentación judicial respecto de la cuestión ahora analizada, 
hemos de colegir que, tanto la apreciación fáctica como la valoración jurídica acerca del 
presupuesto de la prisión provisional llevada a cabo en sede judicial se acomodan a las 
exigencias establecidas por nuestra doctrina. Teniendo en cuenta las especificidades 
propias del delito de rebelión y la singular estructura participativa que se describe en las 
resoluciones combatidas, hemos de afirmar que en ellas se relatan de manera detallada 
e individualizada los hechos en que presuntamente participaron la recurrente y otros 
procesados; y, a su vez, se reflejan las razones por las que se considera, con el carácter 
provisional inherente a la fase procesal en la que se dictan las resoluciones combatidas, 
que la conducta de aquella es constitutiva del delito de rebelión por el que ha sido 
procesada,  sin  que  se  detecte  irrazonabilidad  o  arbitrariedad  en  la  argumentación 
expuesta.
12.  Fines  legítimos  de  la  prisión  provisional:  riesgo  de  fuga  y  de  reiteración 
delictiva.
Cuestiona la recurrente la concurrencia de las finalidades apreciadas por los órganos 
judiciales para justificar la imposición de la medida cautelar de prisión provisional. Afirma, 
en primer lugar, que la gravedad de la pena prevista para el delito por el que resultó 
procesada no puede servir como único factor a tener en cuenta para acordar la prisión 
provisional. Sostiene que la severidad de la pena asociada al delito de rebelión era un 
dato ya conocido cuando, meses antes, el magistrado instructor acordó la medida de 
prisión provisional eludible mediante la prestación de fianza de 150.000 €. A lo dicho, 
añade que durante el tiempo que permaneció en libertad bajo fianza no realizó ningún 
comportamiento que denote riesgo de fuga o de reiteración delictiva, pues durante ese 
periodo se personó semanalmente en la sede judicial para cumplir con la obligación de 
comparecencia que le fue impuesta, como lo hizo en las ocasiones en que fue requerida 
su presencia por el magistrado instructor. También destaca, como factor que debilita el 
riesgo  de  huida  apreciado,  el  hecho  de  no  haber  sido  procesada  por  el  delito  de 
malversación  por  el  que  inicialmente  también  fue  investigada;  y  alega  que  la 
circunstancia de que algunos otros procesados en la causa hayan huido no constituye un 
factor novedoso que evidencie el riesgo antes indicado. Finalmente, también se queja de 
que no se hayan tenido en cuenta sus circunstancias personales y familiares al valorar la 
pertinencia de la prisión provisional. e
a)  En esencia, la queja de la demandante sobre este punto se concreta en la  w.
aqouupseoe rstnuecn ihoaa  rd evefil sertajoaz ros, onsmeiqseu tfiiáedcraat.i c sPainast réyat  ijdcuaarímrd uiecnnaatse  a,q dluaeesc  aurauaztdooarn icreeessn pe euxlep csuateams taba iseo s pdeoe rp  sllaaitn uStaeacaliaóm ndie epn eRtores roceunsrausl lotaasl    2020-2250n https://ww
en el auto de fecha 17 de mayo de 2018 que ratificó en apelación su privación cautelar
de libertad. En esa resolución, si bien se reconoce que la recurrente siempre se ha
presentado  a  los  llamamientos  efectuados  por  el  magistrado  instructor  y  no  ha 
quebrantado las limitaciones impuestas por la resolución relativa a su situación personal 
(entonces, la de libertad provisional bajo fianza de 150.000 €), no obstante se justifica el 
cambio de medida cautelar por las siguientes razones: i) que la doctrina constitucional 
confiere  un  carácter  ambivalente  del  transcurso  del  tiempo,  pues  considera  que  la 
consolidación de la imputación es un factor que incrementa la posibilidad de condena y 
el consiguiente riesgo de fuga; ii) que cuando se acerca la fecha de celebración del juicio 
oral, la amenaza de la pena y la cercanía temporal de su posible imposición también 
operan como potenciales estímulos de la huida; iii) que en el presente caso, el desarrollo 
de la causa ha dado lugar a una efectiva consolidación de los indicios de conducta 
delictiva inicialmente apreciados, pues estos han adquirido la consistencia necesaria 
para  ser  valorados  como  «indicios  racionales  de  criminalidad»  en  el  auto  de 
procesamiento; y además se constata la proximidad de la celebración del juicio oral.
En  relación  con  las  circunstancias  personales  que  la  recurrente  opone  para 
neutralizar  el  riesgo  de  fuga,  en  la  citada  resolución  se  destacan,  como  factores 
relevantes del riesgo de huida apreciado, la estructura organizativa que apoya a los 
procesados  y  la  consistencia  económica  de  esa  estructura  y  los  contactos 
internacionales con los que cuenta. Todo ello para poner de relieve que la demandante 
dispone de la posibilidad de llevar a cabo una vida normalizada fuera de España, lo que 
lleva a concluir que las circunstancias de arraigo personal y familiar significadas por la 
recurrente carecen de la suficiente entidad para conjurar el riesgo al que se ha hecho 
mención.
A fin de dar respuesta a las denuncias antes indicadas, hemos de destacar que, en 
relación con la institución de la prisión provisional, nuestra doctrina ha contemplado el 
valor  ambivalente  del  tiempo  transcurrido  durante  la  sustanciación  del  proceso. 
Concretamente, en la STC 35/2007, de 12 de febrero, FJ 4, se afirma que: «[c]omo se ha 
expuesto, ante la ambivalencia del transcurso del tiempo y de la proximidad de la 
celebración  del  juicio  oral  al  fundamentar  el  riesgo  de  fuga,  la  jurisprudencia 
constitucional exige una ponderación expresa de las circunstancias procesales concretas 
del caso para de este modo individualizar el sentido que en cada supuesto la proximidad 
del juicio oral pueda tener (STC 66/1997). En el caso examinado, al acordarse la prisión 
provisional del recurrente en auto de 19 de noviembre de 2004 –cuatro días después de 
producirse la confirmación del procesamiento del recurrente en auto de 15 de noviembre 
de 2004–, no se puede negar que los órganos judiciales han valorado un elemento –la 
confirmación del auto de procesamiento– que, en tanto que dato del que deriva la 
consolidación  de  la  imputación  concreta,  en  la  forma  requerida  por  nuestra 
jurisprudencia, el modo en que la proximidad del juicio oral puede fundamentar el riesgo 
de  fuga  […].  Por  consiguiente,  constatado  que  las  resoluciones  judiciales  se 
fundamentan en un fin constitucionalmente legítimo –evitar el riesgo de fuga– y que 
dicho juicio se formula sobre la base de un conjunto de circunstancias, concurrentes en 
el caso, a las cuales se refieren los órganos judiciales y cuya ponderación conjunta es 
legítima desde la perspectiva constitucional –proximidad del juicio oral, confirmación o 
firmeza del procesamiento, naturaleza del delito y gravedad de la pena–, este Tribunal no 
puede profundizar más en el control de la fundamentación de la decisión de acordar la 
prisión provisional sin traspasar los límites de la jurisdicción de amparo, esto es, sin 
traspasar los límites del control externo, pues no le compete realizar una valoración –en 
positivo y de forma directa– de la suficiencia de las circunstancias fácticas concurrentes 
en el caso para fundamentar el riesgo de fuga o cualquier otro de los riesgos, cuya  s
evitación constituye la finalidad legítima de la institución». oe.
Así pues, la ponderación efectuada respecto de la consolidación de indicios tenida en  w.
cuenta para asentar el riesgo de fuga no es contraria a nuestra doctrina, incluso aunque  50ww
etrli baufencatlaeds.o  nEos eh aaysap lelecvtoa dfou ea  ctaabmob iiénnte nstoops epsraedcoe deennt elas  dyea  sucsittardaae rsSeT aC l a5 a0c/2c0ió1n9  dey,  loasl 
fruenspdeacrstoe,  eonf ruenc imjuiocsio  ldae  spigrounieónstteic ore dsep umeasytao:r  «ra[un]gnoa  temmepdoidraa l c(pauuetesl asre  dtrea tap rdiseió ans ehgau rdaer   BOE-A-cable e
la íntegra tramitación del proceso) y ha de tener en cuenta, por ello, otros factores 
concurrentes que indiquen cuál puede ser la pauta plausible de comportamiento futuro. 
En el caso que nos ocupa es cierto que, tanto el instructor como la Sala, reconocen en 
sus resoluciones que la recurrente de amparo se ha conducido hasta ese momento de 
modo respetuoso con las cautelas impuestas y con los llamamientos efectuados por la 
autoridad  judicial.  No  obstante,  la  apreciación  de  ambos  órganos  judiciales  es, 
justamente,  que  esa  pauta  de  conducta  puede  cambiar  próximamente  con  el  salto 
cualitativo  que  supone  el  auto  de  procesamiento.  Frente  al  peso  favorable  que  el 
comportamiento procesal previo despliega, el instructor y la Sala ponderan las razones 
por las que consideran que dicho comportamiento variará previsiblemente en el futuro 
próximo, siendo el objetivo de la medida cautelar, precisamente, anticiparse al momento 
en que la huida se lleve a efecto y ya no pueda ser prevenida. La comparecencia 
voluntaria  de  la  actora  no  es,  en  definitiva,  en  un  supuesto  como  el  presente,  un 
elemento en sí mismo determinante del resultado del juicio de pronóstico que ha de regir 
la decisión cautelar de prisión, no pudiendo deducirse, sin más, de ese dato fáctico una 
automática vulneración del art. 17 CE» [FJ 5 a)].
Y en el apartado b) del citado fundamento jurídico ponderamos, en los términos que 
a continuación se exponen, sobre el incremento del riesgo de huida apreciado por los 
órganos judiciales a raíz de la solidez de los indicios de criminalidad –derivada del 
procesamiento  acordado–  y  la  mayor  cercanía  del  juicio  oral:  «[e]n  este  caso,  el 
magistrado instructor ha estimado, como acontecimiento plausible desde la evaluación 
de  pautas  generales  de  comportamiento,  que  un  procesado  que  se  encuentra  en 
situación de libertad provisional en una causa referida a delitos castigados con penas de 
máxima gravedad, puede demorar la huida hasta el momento en que esta se vuelve 
inaplazable por la evolución de las propias indagaciones preparatorias –en la medida en 
que  estas  vayan  acumulando  datos  que  revelen  la  inevitabilidad  del  juicio  y  la 
probabilidad de una condena– y por la proximidad cada vez mayor de la vista oral. Ha 
entendido, asimismo, que el auto de procesamiento, en cuanto resolución que contiene 
un  juicio  de  imputación  formal  que  supone  la  verificación  y  consolidación  de  los 
elementos indiciarios que sustentan los cargos provisionales, es un acto procesal que 
implica la próxima conclusión de la instrucción y la formulación, con alta probabilidad, de 
una  pretensión  punitiva,  pues  el  procesamiento  es,  en  el  sumario  ordinario,  un 
presupuesto indispensable de una posterior acusación. Infiere de todo ello el instructor 
que tal acto formal de imputación es un hito procedimental en el que los investigados, 
viendo los cargos judicialmente formalizados y enfrentándose, así, a la alta probabilidad 
y  a  la  mayor  cercanía  de  un  efectivo  enjuiciamiento,  pueden  modificar  su 
comportamiento procesal y optar por darse a la fuga».
Por  tanto,  conforme  a  la  doctrina  traída  a  colación  y  teniendo  en  cuenta  las 
similitudes que el presente supuesto presenta con el enjuiciado en la STC 50/2019, 
debemos  rechazar  las  objeciones  que  la  demandante  plantea  en  relación  con  la 
modificación de su situación personal, adoptada con motivo de su procesamiento, en lo 
que al riesgo de huida se refiere.
b)  Procede  dilucidar  a  continuación  si,  como  la  recurrente  afirma,  sus 
circunstancias  personales  y  familiares  no  han  sido  tomadas  en  consideración. 
Sintéticamente, la demandante opone los siguientes factores que justifican su arraigo y 
mitigan el riesgo de fuga apreciado: los perjuicios físicos y emocionales que su cónyuge 
padece por su encarcelamiento y por el alejamiento que media entre ambos, superior a 
los 600 kilómetros de distancia; los cuidados que venía prodigando a su madre, dada su  s
edad; y el hecho de ser madre de dos hijos y tener una nieta de ocho meses de edad.  oe.
Como así consta, el tribunal de apelación desechó que las circunstancias alegadas por  w.
aquella tuvieran la suficiente entidad para conjurar el riesgo de fuga apreciado en la  50ww
oinrsgtaannicziaat,i vhaa ibnitdearn accuieonntaal , dae l aq quuee  dailcuhdoe  etrli bmuangails ttraamdob iéinns trcuocntsoird, eleró p eqrumei tilraía  emsatrnutcetunrear 
aa filram rae cquurree,n tae  yp essuasr  aldleeg alodso sm ceocna unnisam voids a dneo rmcoaolipzeardaac iófune rain sdtea uEraspdaoñs a.e nTa mlab iUénn iósen   BOE-A-cable e
Europea, especialmente en lo relativo al reconocimiento de las resoluciones judiciales, 
se han objetivado dificultades para obtener la entrega de terceros concernidos por el 
proceso penal que se han instalado en países de la Unión Europea o en países del resto 
de Europa.
Vista la respuesta dada por el tribunal de apelación, teniendo en cuenta el parámetro 
de control al que se sujeta este Tribunal, debemos reconocer que, en efecto, en sede 
judicial se ha efectuado una ponderación de las circunstancias personales y familiares 
que, más allá de lo acertada que resulte –cuestión sobre la que no nos corresponde 
pronunciarnos–  se  acomoda  a  los  postulados  establecidos  por  nuestra  doctrina. 
Corrobora  lo  expuesto  en  este  apartado  el  razonamiento  que,  ante  una  queja 
sustancialmente coincidente, sostuvimos en el fundamento jurídico 5 c) de la reiterada 
STC 50/2019: «[l]a afirmación de la recurrente sobre la falta de valoración de sus 
circunstancias personales tampoco se compadece con el contenido de las resoluciones 
impugnadas. El auto de 17 de mayo de 2018 estima, en particular, que las circunstancias 
que alega la actora, fundamentalmente la existencia de relaciones familiares y recursos 
económicos, no tienen relevancia suficiente como para enervar el riesgo de fuga, dada la 
acreditada facilidad con la que se puede cambiar de domicilio familiar en el ámbito de la 
Unión Europea gracias al auxilio de la estructura internacional de apoyo con la que 
cuentan, según razonan las resoluciones impugnadas, los procesados. Tampoco desde 
este  punto  de  vista  puede  advertirse,  conforme  al  escrutinio  externo  que  nos 
corresponde realizar, una vulneración del derecho a la libertad (art. 17 CE)».
c)  Tampoco resulta incompatible con nuestra doctrina la toma en consideración de 
la huida materializada por otras personas sujetas al procedimiento penal de referencia. 
Si bien ese dato no constituye un factor suficiente para sustentar por sí solo el riesgo de 
evasión, sin embargo puede ser apreciado como dato coadyuvante del peligro inferido; 
de hecho, así fue valorado en el fundamento jurídico 5 b) de la STC 50/2019: «[p]ues 
bien,  siendo  razonables  tales  máximas  de  experiencia,  es  un  hecho  de  indudable 
importancia que estas hayan llegado a concretarse en ese mismo procedimiento y en 
ese  preciso  momento  procesal  en  relación  con  otra  de  las  personas  investigadas, 
revelando que los pronósticos del instructor no solo son razonables en abstracto, sino 
que  se  han  materializado  de  facto.  No  estamos,  pues,  ante  la  atribución  de 
"responsabilidades por hecho ajeno", pues la prisión provisional no es la sanción de 
ningún  comportamiento  procesal  ilícito,  sino  ante  un  dato  fáctico  que,  en  el  juicio 
analítico que el órgano judicial exterioriza en su auto, sirve para reforzar la racionalidad 
de un pronóstico que el instructor funda en ciertas máximas de experiencia que, lejos de 
constituir meras hipótesis, se han visto singularmente verificadas en ese proceso».
d)  En  relación  con  la  apreciación  de  riesgo  de  reiteración  delictiva,  en  el 
fundamento jurídico cuarto del auto de fecha 23 de marzo de 2018, el magistrado 
instructor  explicita  el  propósito  perseguido  y  la  metodología  desarrollada  por  los 
procesados,  entre  ellos  la  demandante  de  amparo,  dejando  claro  que,  si  bien  la 
determinación política de lograr la independencia de una parte del territorio nacional es 
en sí misma legítima, sin embargo, la actuación llevada a cabo por los procesados en 
pos de ese designio quebranta el orden constitucional y penal y, además, cuenta con el 
apoyo de un extenso movimiento social, administrativo y político y con el concierto de 
numerosas personas. Por otro lado, se destaca que, como así se refleja en el auto de 
procesamiento, en el «libro blanco» se plasma la eventualidad de reiniciar la actuación 
ilícita, una vez se recuperase la autonomía y el funcionamiento de las instituciones tras la 
suspensión  del  autogobierno.  Conforme  a  esas  premisas,  el  magistrado  instructor  s
considera que el hecho de que la recurrente, al igual que otros procesados, haya  oe.
renunciado a su acta de diputada no disipa el riesgo de reiteración delictiva, puesto que  w.
no  se  ha  desvanecido  la  posibilidad  de  que  pudiera  colaborar  en  esa  eventual  50ww
preaarlcatmivaecnitóanri od;e d lea  haecctihvoid,a dse a ndteesrtiaocrma eqnutee  ilnad ipcraodpaia,  dreescduerr eonttreo si náicmiób itsous  pdaisrttiincitpoasc idóenl 
cuando era presidenta de la entidad ANC.
Por su parte, en el auto de 17 de mayo de 2018 el tribunal de apelación corrobora la 
existencia del peligro de reincidencia delictual apreciado en la instancia. La conclusión 
alcanzada por el citado tribunal toma en consideración la actividad desarrollada durante 
casi dos años por los procesados en el ejercicio de sus respectivos cargos; consistente, 
en lo esencial, en el mantenimiento de una frontal oposición al orden constitucional y 
estatutario, y de abierta desobediencia a las resoluciones de este Tribunal. También 
evoca el órgano de apelación los episodios de violencia y de los tumultos acaecidos, 
para finalmente colegir que, al igual que se puso de manifiesto en el precedente auto 
de 22 de marzo de 2018, «no existen indicios de que se haya abandonado de forma 
clara y definitiva la idea de forzar la colisión con el Estado, con la finalidad de declarar la 
independencia e imponerla por vías de hecho con el concurso de la movilización popular 
y, consiguientemente, con la alta probabilidad de enfrentamiento físico con los agentes 
que actúan para asegurar el cumplimiento de la ley».
Tras exponer resumidamente la justificación dada por los órganos judiciales para 
apreciar el riesgo de reincidencia en el delito, cumple decir que al haber sido constatado 
el peligro de fuga u ocultación, cuya apreciación ha sido valorada previamente en esta 
resolución, la concurrencia de aquel riesgo no resulta ya imprescindible para sustentar la 
legitimidad constitucional de la privación cautelar de libertad acordada, toda vez que 
también  ha  sido  apreciada  otra  finalidad  legítima  que  justifica  la  medida  cautelar 
impuesta. Este criterio ya lo mantuvimos en la tantas veces citada STC 50/2019, en cuyo 
FJ 6 tuvimos en cuenta, además, un aspecto diferencial en relación con los supuestos 
enjuiciados  en  las  SSTC  29/2019  y  30/2019  que  también  concurre  en  el  presente 
supuesto, a saber, que «no se plantea en este proceso de amparo la falta de correlación 
entre los fines de la medida cautelar aludidos en la petición de prisión realizada por las 
acusaciones  y  los  fines  apreciados  por  el  órgano  judicial,  circunstancia  que  hacía 
aconsejable en las resoluciones citadas una valoración íntegra de todos los motivos 
tenidos en cuenta para adoptar la medida cautelar».
Al margen de lo expuesto, nuevamente hemos de recordar que conforme al canon de 
control al que estamos sujetos, nuestro pronunciamiento no debe ser entendido como 
una eventual asunción o rechazo de los postulados ofrecidos en la vía judicial para 
apreciar el referido riesgo, pues hemos de limitarnos a resolver si la argumentación dada 
por los órganos jurisdiccionales cumple con los requisitos que se mencionan en la 
STC 29/2019, FJ 3 d), oportunamente traídos a colación con anterioridad. Y desde ese 
prisma, debemos concluir que la construcción argumental elaborada para sustentar el 
referido peligro de reiteración delictiva, que trae causa de las singulares características 
de la conducta delictiva presuntamente atribuida a la recurrente y otros procesados y 
que, como así se indica en las resoluciones combatidas, se anuda al dato de no ser 
descartable el propósito de reiniciar la confrontación con el Estado al margen de las vías 
legales, no puede ser tildada de arbitraria, genérica o manifiestamente irrazonable ni, por 
tanto, incompatible con la finalidad constitucionalmente plausible que las resoluciones 
judiciales pretenden prevenir.
13.  Vulneración del art. 17 CE en relación con los derechos a la libertad ideológica, 
la libertad de expresión y participación y representación política (arts. 16, 20 y 23 CE).
Se alega también en la demanda de amparo que las resoluciones impugnadas 
vulneran el derecho fundamental a la libertad (art. 17 CE) en relación con los derechos 
fundamentales «a la libertad ideológica, la libertad de expresión, y el derecho a la 
participación y representación políticas» (arts. 16, 20 y 23 CE). La actora pone de  e
manifiesto, con los argumentos que ya han sido consignados en los antecedentes, que  bo
todas las actuaciones que se le atribuyen para fundar la medida de prisión provisional  50ww
eqsuteu vlaiesr orne saomlupcaiornaedsa sim epnu genl aedjearsc incioo  hdaeb reíasnto sp odnedreercahdoos  afudnedcuaamdeanmtaelenste, . cSirecuñnaslata qnuceia, 
dcuea nfodrom eaj e«rcpióa ccífoicmao  yp redseimdeonctraá tdicea l»a  AmNieCn,t rfausn dqaudea,  enu n2a0 1v1e, zs eq luime itoóc au peóje recel rc saurg coa rgdoe 
presidenta del Parlamento de Cataluña, actuó en el seno de un órgano colegiado, que no
decide acerca de los contenidos de las iniciativas que tramita y que está protegido por el 
principio de autonomía parlamentaria. La demandante habría desempeñado en todo 
caso dicho cargo, según alega, tratando de favorecer el más amplio ejercicio de la 
libertad  de  expresión  y  de  la  representación  política  de  los  diputados,  derechos 
fundamentales que amparaban, en su opinión, cada uno de los actos que se le imputan, 
pudiendo haber cometido a lo sumo, según reconoce, un delito de desobediencia.
Para examinar esta queja hemos de recordar que, tal y como hemos advertido en 
nuestra STC 62/2019, de 7 de mayo, la medida cautelar de prisión provisional puede ser 
relacionada  de  dos  modos  distintos  con  la  violación  de  derechos  fundamentales 
sustantivos:
a)  Puede plantearse, de un lado, «la incidencia que la medida de prisión provisional 
tiene sobre el ejercicio actual de determinados derechos fundamentales sustantivos, que 
pueden  verse  directamente  afectados  por  la  situación  de  privación  de  libertad» 
(STC 62/2019, FJ 7). Este tipo de análisis sobre la incidencia actual e inmediata que la 
prisión provisional tiene sobre el ejercicio de un derecho fundamental sustantivo del 
individuo preso es el que hemos realizado, en relación con el art. 23 CE, en la reciente 
STC 155/2019, de 28 de noviembre, FF JJ 14 a 21.
b)  Puede,  en  cambio,  denunciarse  que  «la  resolución  que  impone  la  medida 
cautelar impugnada no [ha] tenido en cuenta, a efectos de ponderación, que los hechos 
investigados estaban […] conectados al ejercicio de los derechos fundamentales de 
reunión, manifestación y libertad de expresión», esto es, que «la lesión se ha producido 
porque las resoluciones recurridas se han limitado a reconocer la existencia de indicios 
racionales de un delito […], pero no han desarrollado ninguna argumentación adicional 
que pondere la relevancia e incidencia en los hechos investigados de los derechos 
fundamentales […] que dice haber ejercido» (STC 62/2019, FJ 7).
Resulta claro que las alegaciones realizadas por la actora en el presente recurso de 
amparo pertenecen a la segunda especie indicada. No se denuncia en la demanda el 
efecto impeditivo o restrictivo que la prisión provisional acordada despliega sobre el 
ejercicio actual de determinados derechos fundamentales. Se denuncia, antes bien, que 
la  resolución  judicial  que  impuso  la  privación  cautelar  de  libertad  no  ponderó 
suficientemente que los hechos investigados estaban protegidos por el ejercicio de la 
libertad ideológica, la libertad de expresión y el derecho de participación política. Es el 
efecto justificativo o legitimador que tienen los derechos fundamentales en el ámbito 
penal el que no habría sido ponderado en las resoluciones judiciales dictadas, con la 
consiguiente violación del derecho fundamental a la libertad (art. 17 CE).
En relación con la cuestión que la demandante plantea, en la propia STC 62/2019, 
FJ 7, hemos sintetizando la doctrina de este Tribunal del siguiente modo: «i) cuando una 
conducta  queda  plenamente  amparada  por  el  ejercicio  legítimo  de  un  derecho 
fundamental no puede ser reputada antijurídica, aunque tal conducta sea subsumible en 
determinado tipo penal y ii) en supuestos de exceso o extralimitación en el ejercicio de 
un  derecho  fundamental  puede  llegar  a  plantearse  la  necesidad  de  ponderar  si  la 
sanción  penal  supone  un  sacrificio  innecesario  o  desproporcionado  del  derecho  o 
libertad del que se trate y, por ello, provoca un efecto desalentador» (FJ 7). Cabe 
destacar  que,  en  el  presente  caso,  la  actora  se  ha  limitado  a  invocar  la  falta  de 
ponderación  de  los  derechos  fundamentales  sustantivos  ya  aludidos,  sin  referencia 
alguna a ningún efecto desalentador ad extra que la privación de libertad pueda entrañar. 
En lo que se refiere a tal efecto justificativo, hemos afirmado en la propia STC 62/2019  e
que este habilita al órgano judicial para «desestimar la concurrencia de indicios de  bo
criminalidad, al entender que la conducta del sujeto está amparada por un derecho  50ww
f"ucnudaanmdoe ndtea ll;a dse i nhveecshtiog,a ecli oanret.s 5 s0e2 .i4n fLieErCa rrimac ivoendaalm lae nimtep qouseic ieóln h deec hlao  pnrois ieósn  cpornosvtiistuiotnivaol 
de dCeilritcou nos qcurieta e la msíi slam oq useej ac,o mpueetidóe c oonbcsuerrrviaernsdeo  quunea,  ceanu seal  dpere jsuesntitfeic accaisóon," »lo.s órganos
judiciales,  con  el  carácter  provisional  inherente  a  su  ámbito  de  conocimiento,  han
entendido que los hechos realizados por la actora estaban insertos en una estrategia 
global, previamente concertada con los otros procesados, tendente a provocar, como 
efecto de conjunto, la ruptura violenta del orden constitucional y su sustitución unilateral 
y coactiva por otro distinto. Han valorado, en particular, que los actos realizados por la 
demandante  de  amparo  supusieron  la  instrumentalización  a  tal  fin  de  su  cargo  de 
presidenta del Parlamento de Cataluña, cargo que aquélla habría ejercido de forma 
antijurídica para materializar un propósito criminal preestablecido. A la demandante se 
achaca,  en  particular,  haber  contravenido  la  expresa  prohibición  del  Tribunal 
Constitucional  y  haber  propiciado,  al  margen  de  cualquier  procedimiento  y  con 
vulneración de los derechos fundamentales de los parlamentarios, la celebración de las 
sesiones tendentes a aprobar dos leyes radicalmente nulas, que trataban de abrogar el 
orden  constitucional  y  estatutario  vigente  y  cuyo  único  propósito  real  era  dar  una 
apariencia  de  legalidad  al  llamado  «referéndum  de  autodeterminación»  y  a  la 
subsiguiente  declaración  unilateral  de  independencia.  Una  vez  celebrado  el  aludido 
referéndum, la actora también habría ejercido su cargo de modo antijurídico para facilitar 
la  celebración  de  la  sesión  parlamentaria  en  la  que  se  había  de  declarar  la 
independencia de Cataluña y la constitución de la república catalana. La valoración 
provisional que realizan los órganos judiciales en las resoluciones recurridas es que tales 
actuaciones, como parte de un plan conjunto y preconcebido en el que cada procesado 
cumplía el rol que le había sido asignado previamente para lograr sus fines delictivos, no 
suponían ejercicio legítimo de derecho alguno, pues no existen los derechos absolutos e 
ilimitados, sino que constituían actos de instrumentalización criminal de las instituciones 
públicas. En otras palabras: no solo no se ejercitaban derechos, sino que se utilizaban 
las instituciones públicas para atentar de forma grave contra el ordenamiento jurídico, los 
derechos de las minorías parlamentarias y los de toda la ciudadanía.
Cabe señalar, finalmente, que una parte de las alegaciones realizadas por la actora 
no se refiere a la falta de ponderación de los derechos invocados, sino que denuncia, 
más simplemente, que algunos argumentos utilizados por el instructor son, en sí mismos, 
contrarios a la libertad de expresión, la libertad ideológica y el derecho de representación 
política. Esta queja se centra, en particular, en un concreto párrafo del auto de 23 de 
marzo de 2018 en el que el instructor valora que el liderazgo de un movimiento social o 
el ejercicio de un cargo parlamentario pueden llegar a ser utilizados, como evidenciarían 
los hechos imputados a la propia demandante, como mecanismos instrumentales con los 
que  persistir  en  la  comisión  de  los  delitos  investigados,  alcanzando,  finalmente,  el 
magistrado la conclusión de que «[l]a medida cautelar garantiza así el acertado retorno 
del autogobierno».
Esta vertiente de la queja, relativa a la motivación concretamente empleada, es, en 
realidad, puramente tributaria de la ya examinada, relativa a la inadecuada ponderación 
de los derechos sustantivos aludidos. El reproche que se hace a la resolución parte, 
nuevamente,  de  la  tesis  de  que  los  órganos  judiciales  están  considerando  como 
delictivos hechos plenamente amparados en el ejercicio de derechos fundamentales 
cuando el pasaje impugnado, al igual que el resto del texto de la resolución en que se 
inserta,  considera,  en  realidad,  que  los  delitos  investigados  han  sido  cometidos 
completamente  al  margen  de  tales  derechos  fundamentales,  instrumentalizando 
estructuras asociativas e institucionales preexistentes de forma completamente ajena a 
su ámbito legítimo de ejercicio. Valora, por ello, como finalidad de la prisión provisional, 
la necesidad de impedir la reiteración de tales hechos provisionalmente calificados como 
delictivos. s
Este es el sentido que atribuye la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal  oe.
Supremo a la expresión cuestionada al desestimar el recurso de apelación interpuesto  w.
contra el auto del magistrado instructor cuando afirma que por anormal funcionamiento  50ww
deeje cluacsi óinn sdtietu cloiosn aecst osse d ed enbaet ueranlteeznad edre laicqtiuveal  yq uqeu eh laa  terxapnrseitsaiódno  «paocre retla dcoa mreintoor ndoe d leal 
autogobierno»  debe  interpretarse  como  el  que  se  desarrolla  sin  comisión  de  actos
delictivos, sea cual sea la opción política que lo presida, aspecto en el que no se muestra 
ninguna preferencia, simplemente porque no procede hacerlo.
No existe, en suma, vulneración alguna del derecho a la libertad (art. 17 CE) en 
relación con los diversos derechos sustantivos que la demandante invoca.
14.  Afectación al derecho de defensa debida a la distancia existente entre el centro 
penitenciario de internamiento y el domicilio profesional del abogado defensor.
Como argumento añadido, en la demanda se justifica la pretensión de que sea 
dejada sin efecto la medida cautelar de prisión provisional destacando la afectación que 
a su derecho de defensa provocan las circunstancias en las que la medida cautelar se 
ejecuta [arts. 24.2 CE y 6.3 b) CEDH]. Concretamente, fundamenta su queja en la 
distancia que separa el centro penitenciario donde se halla internada (en la provincia de 
Madrid, sede del Tribunal Supremo, que conoce de la investigación y enjuiciamiento de 
la causa) y el domicilio profesional del letrado defensor que ha designado (en la ciudad 
de Barcelona), con quien, por esta razón, su comunicación se verá dificultada. Cabe 
destacar que la demandante no ha solicitado al magistrado instructor, ni solicitó en su 
recurso de apelación, el traslado a un centro penitenciario más cercano al domicilio de su 
letrado  defensor,  ni  tampoco  el  establecimiento  de  un  régimen  específico  de 
comunicación entre ambos que le permitiera compensar las dificultades de relación 
personal  que  aduce.  Más  allá  de  tales  peticiones  posibles,  utiliza  la  denunciada 
afectación de su derecho de defensa para reclamar su puesta en libertad.
Así expuesta, a tenor de su planteamiento y la solución que propone, podemos 
anticipar que la queja no puede ser compartida, ni en atención al contenido del derecho 
de defensa, ni tampoco desde las necesidades de tutela del proceso que han justificado 
su prisión provisional.
Al respecto, resulta oportuno destacar que no es la decisión cautelar del magistrado 
instructor la que determina la ubicación definitiva en uno u otro centro penitenciario, por 
más  que  la  sujeción  al  órgano  judicial  instructor  y  la  necesidad  de  practicar  con 
asistencia  de  los  procesados  las  diligencias  procesales  que  sean  precisas  para  la 
instrucción  de  la  causa,  justifique  inicialmente  la  asignación  penitenciaria  que 
fundamenta su queja. En esa medida, su asignación al centro penitenciario de Madrid 
donde permaneció cautelarmente ingresada no se presenta como «un ejercicio desviado 
de las potestades administrativas indicativo de una arbitrariedad constitucionalmente 
proscrita» (ATC 40/2017, de 28 de febrero, FJ 4).
En cuanto al contenido del derecho fundamental alegado, este Tribunal tuvo ocasión 
de exponer en la STC 181/1994, de 20 de junio, FJ 3, que la defensa de quien se halla 
sometido a proceso penal, en cualquiera de sus estadios, se materializa a través de dos 
vías: la posibilidad de autodefensa o defensa privada –que no ha sido puesta en cuestión 
en el recurso–, y el derecho a ser asistido por un abogado de su elección que se 
encargue de defender sus intereses ante los tribunales (derecho de defensa técnica). Es 
a  este  último  aspecto  al  que  se  refiere  su  queja.  La  defensa  técnica  tiene  como 
fundamento la necesidad de asegurar la plena igualdad de armas y la vigencia efectiva 
del derecho de contradicción, conjurando cualquier riesgo de desequilibrio en la posición 
procesal de las partes. No estamos únicamente ante un derecho que se reconoce en 
beneficio del propio defendido, sino también ante una exigencia estructural del proceso 
penal que es garantía de su correcto desenvolvimiento y asegura, en particular, «la 
ausencia de coacciones durante el interrogatorio policial y, en general la igualdad de las 
partes en el juicio oral, […] evitando la posibilidad de que se produzca la indefensión del  e
imputado de tal modo que frente a una acusación técnica aparezca también una defensa  bo
técnica» (SSTC 29/1995, de 6 de febrero, FJ 4, y 229/1999, de 13 de diciembre, FJ 2).  50ww
cPoanrate neild os oqmueet idseo  eax tpieroncdees oa l pceonnajul,n teol  ddee rfeacchuolt addee sa sdiestfeenncsiiava lse tqraudea s etie rneea liuzna na menp leiol 
pinrfoocremsaod oa  detr alav épso sdiceió no tqrouse  odceurepcah eons  eiln psrtroucmeseon tya ldeesl,  heencthreo  doetlriocsti,v oe ql udee sreec lheo i map ustear, 
así  como  la  facultad  de  realizar  alegaciones,  de  controlar  la  prueba  de  cargo,  de
proponer la de descargo, y de obtener el reconocimiento judicial de las reglas que 
garantizan el correcto desarrollo del proceso.
A partir de dicho contenido, resulta patente que la pretensión analizada es genérica e 
indeterminada, pues no específica qué actuaciones procesales ni qué facultades del 
derecho de defensa se han visto decisivamente afectadas o limitadas por la adopción de 
la medida cautelar cuestionada de manera que haya sufrido un menoscabo sensible de 
los principios de contradicción y de igualdad de armas (STC 62/2009, de 9 de marzo, 
FJ 4). Como expusimos en el ATC 53/2018, de 22 de mayo [FJ 2 a)], corresponde a la 
parte exponer el perjuicio real y efectivo que ha sufrido como consecuencia de la 
decisión cautelar que cuestiona, pues no es suficiente con «poner de manifiesto meros 
inconvenientes» en el ejercicio del derecho de defensa. Debemos añadir en el presente 
caso que, como se expone en la demanda, hasta su procesamiento la recurrente ha 
permanecido en situación de libertad provisional casi ininterrumpidamente –excepto los 
días 9 y 10, de noviembre de 2017– por tanto, con plena capacidad de contacto con su 
abogado defensor, por lo que, para fundamentar su demanda, hubiera sido preciso 
concretar cómo se materializan en el ejercicio de su derecho de defensa las dificultades 
de comunicación con su letrado que son inherentes a su privación cautelar de libertad.
A  tal  imprecisión  se  suma  que  la  queja  es  preventiva,  pues  se  refiere  a  las 
limitaciones que pudiera llegar a sufrir de mantenerse en el tiempo la medida cautelar y 
de  materializarse  la  misma  en  el  centro  penitenciario  que  le  ha  sido  inicialmente 
asignado. Y es un hecho notorio que, en los primeros días del mes de julio de 2018, la 
demandante y el resto de los procesados fueron trasladados a centros penitenciarios 
sitos en la provincia de Barcelona, cesando así las dificultades de comunicación que han 
fundamentado su pretensión de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Inadmitir el presente recurso de amparo, interpuesto por doña Carme Forcadell 
Lluis, en lo que respecta a las alegadas vulneraciones de los derechos fundamentales al 
juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso con todas las garantías, en 
cuanto reconoce la doble instancia penal (art. 24.2 CE), por falta de invocación previa.
2.º  Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de enero de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago 
Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez 
Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado.