BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95344
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13432 Sala Primera. Sentencia 103/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 5541-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:103
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  5541-2018,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña 
Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección del letrado don Marcelino Gilabert García, 
contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, de 10 
de julio de 2018, que inadmitió la demanda de oposición a la ejecución formulada por 
dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 86-2018 instado 
por la entidad Banco de Sabadell, S.A.; y contra el auto del mismo juzgado, de 13 de 
septiembre de 2018, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la 
anterior resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha formulado alegaciones la 
entidad Pera Assets Designated Activity Company, representada por la procuradora 
de los tribunales doña Blanca María Grande Pesquero y asistida del letrado don 
Alejandro Ingram Solís, actuando como sucesora procesal del banco ejecutante. Ha 
sido ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 25 de 
octubre de 2018, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando  e
en nombre y representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., interpuso  b
demanda de amparo contra las resoluciones mencionadas en el encabezamiento. 432ww
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  La entidad Banco de Sabadell, S.A., interpuso demanda de ejecución sobre 
bienes hipotecados contra la mercantil Euro Inversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en 
relación con la finca inscrita con el núm. 43.220 en el Registro de la Propiedad núm. 3 de 
Lorca. Reclamaba la cantidad de 155.233 € de principal del préstamo impagado, más 
intereses legales y costas. En la demanda la entidad de crédito interesaba que el 
juzgado procediera a efectuar requerimiento de pago en el domicilio designado a tal 
efecto y que se identificaba en el propio escrito de demanda.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto el 2 de mayo de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  la  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  86-2018), 
requiriendo de pago a la ejecutada y concediéndole la posibilidad de oponerse a la 
ejecución en los términos del art. 695 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), en el plazo 
de diez días.
b)  Con fecha 4 de mayo de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, un correo avisándole de que tenía 
una notificación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca relativa 
al proceso «EJH/0000086-2018»; notificación a la que podía acceder desde el 4 de mayo 
al 19 de junio de 2018, a través de un enlace electrónico que también indicaba.
c)  Sin que conste que se hubiere accedido al enlace habilitado en el anterior 
mensaje,  con  fecha  18  de  junio  de  2018  el  servicio  de  notificaciones  electrónica 
mencionado remitió un nuevo correo al buzón de la dirección electrónica habilitada de la 
recurrente en amparo, recordándole el anterior aviso y la posibilidad de acceder a la 
notificación en el enlace indicado, hasta las 23:59 horas del día 19 de junio de 2018.
d)  El día 19 de junio de 2018, por personal de la recurrente se accedió al enlace 
remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por el 
juzgado de primera instancia e instrucción ejecutor en relación con el procedimiento 
hipotecario núm. 86-2018. Ese mismo día, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
emitió un certificado electrónico que obra en las actuaciones del proceso (al igual que los 
anteriores correos), dejando constancia de que la notificación había sido «aceptada» en 
esa fecha.
e)  El 2 de julio de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de la ejecución, 
alegando que procedía la suspensión del procedimiento por litispendencia, hasta la 
resolución de un proceso previo, al amparo del art. 61 de la Ley hipotecaria, la nulidad 
del despacho de ejecución al no haberse practicado la liquidación conforme a lo pactado 
por las partes en el contrato, y, subsidiariamente, el carácter abusivo y la nulidad de 
determinadas cláusulas.
f)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca dictó auto el 10 de 
julio  de  2018,  acordando  inadmitir  a  trámite  la  oposición  formulada  por  la  parte 
ejecutada,  así  como  mandar  seguir  con  la  ejecución  en  los  términos  acordados. 
Tomando como fecha de notificación el 4 de mayo de 2018, el auto razonó en su 
fundamento de Derecho único que la parte ejecutada se había opuesto pasado el plazo 
que legalmente se le otorgó, conforme al art. 695 LEC, por lo que la oposición debía ser 
inadmitida  por  extemporánea,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  arts.  134 
(improrrogabilidad de los plazos) y 136 (preclusión de los actos procesales una vez  e.
transcurrido el término señalado para su realización) LEC. w.b
Al pie de la resolución se ofrecía la posibilidad de interponer recurso de reposición en  432ww
el plga)z o Pdoer c einl creop dríeasse, nstiann etefe pcrtoosc essuaslp deen slaiv doesm. andante de amparo se interpuso recurso
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contenido de la notificación electrónica remitida y no antes, siendo desde entonces
cuando cabía computar el plazo de diez días del art. 556 LEC. Con invocación también 
de los arts. 135, 152.1.2 párrafo tercero, 152.2, 162 y 273 LEC, de doctrina del Tribunal 
Supremo sobre las notificaciones electrónicas, y de este Tribunal Constitucional sobre el 
derecho a no padecer indefensión y sobre la importancia de los actos de comunicación 
procesal, afirmó que, de no tener el juzgado por formulada su demanda de oposición al 
despacho de ejecución, se vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva y sin 
indefensión, quedando denunciado a esos efectos.
h)  El juzgado dictó auto el 13 de septiembre de 2018 desestimando el recurso de 
reposición, con los argumentos que expuso en su razonamiento jurídico segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de las recurrentes, las mismas desde el 1 de enero de 2017 (Disposición 
Transitoria Cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC) están 
obligadas  a  relacionarse  con  la  Administración  de  Justicia  por  medios  electrónicos 
(art. 14.2 a) de la Ley 39/2015 LPACAP y art. 273.3 a) de la LEC).
Interpretan las recurrentes de forma errónea la normativa aplicable. Es cierto que la 
notificación  por  medios  electrónicos  efectivamente  se  realiza  cuando  el  destinatario 
accede a su contenido. Ahora bien, yerran en el plazo en el que puede acceder a su 
contenido a efectos de la práctica de la notificación, el cual es de diez días naturales 
desde la puesta a su disposición y ello por imperativo del art. 43 de la citada LPACAP 
(Ley 39/2015). Así dice el artículo 43.2 de la citada Ley que ''[l]as notificaciones por 
medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el 
acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter 
obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada 
cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la 
notificación sin que se acceda a su contenido''.
En  el  presente  caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las 
recurrentes en fecha 03/05/18 no accediendo al contenido hasta el día 19/06/18 (fuera 
de los diez días naturales), presentando los escritos [sic] de oposición a la ejecución en 
fecha 02/07/18 claramente fuera del plazo legalmente establecido en el art. 556.1 de la 
LEC (dentro de los diez días siguientes al de la notificación del auto despachando 
ejecución), y siendo que conforme al art. 136 de la LEC transcurrido o pasado el término 
señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se 
perderá  la  oportunidad  de  realizar  el  acto  de  que  se  trate,  es  claro  que  dichas 
oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión.»
El auto indicó que era firme y que contra el mismo no cabía recurso alguno. Fue 
notificado a la representación de la actora el 14 de septiembre de 2018, vía Lexnet.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causaron la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad recurrente, al haberse 
efectuado  su  emplazamiento  como  ejecutada  en  el  procedimiento  hipotecario  de 
referencia a través de un correo electrónico remitido por un servicio de notificaciones 
electrónicas, y no mediante entrega de la documentación correspondiente en papel en la 
sede de su domicilio social, tratándose de su primer emplazamiento judicial en la causa. 
En todo caso, la recurrente explica que siguió las indicaciones que daba la comunicación 
electrónica, accediendo al contenido de la notificación del juzgado el último día fijado,  s
fecha  que  luego  este  sin  embargo  ha  considerado  fuera  de  plazo,  resolviendo  la  oe.
aivnireat.nd S5em5e i6p sr ioeóLrcnE o eCndl.loeocl  eoe bselcnigr ialtaod  add eeam  oarpenoldasaci cioqiónunae r,s pserie  bscieoennnt  allaad  orae ddcmeunrirnterions ttreda,e cp ióolonrs  s dederie  uzJn uads ítaipcseia rs qoaun eat r pajurveréívsdé ic daee,l    2020-13432n https://www.
medios  electrónicos,  según  el  art.  273  LEC,  no  obstante,  cuando  es  el  primer
emplazamiento y, por tanto, todavía aquella «no ha tenido ninguna relación con el
juzgado correspondiente en este especial y concreto procedimiento», la notificación ha 
de  practicarse  mediante  cédula  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, conforme establece ese mismo artículo, puesto en relación con los arts. 
135, 152, 162 y 155 LEC. Este último precepto, precisa la recurrente, «es categórico al 
respecto ya que en su punto primero nos indica que cuando las partes no actúen 
representadas  por  procurador  o  se  trate  del  primer  emplazamiento  o  citación  al 
demandado,  los  actos  de  comunicación  se  harán  por  remisión  al  domicilio  de  los 
litigantes».
Añade que, incluso, la notificación realizada tampoco cumple con las formalidades de 
las comunicaciones electrónicas, pues se trata de un aviso de correo electrónico que no 
permite  conocer  el  contenido  de  la  documentación  que  trae  el  emplazamiento, 
limitándose a decir que se ha recibido una notificación del organismo emisor (órgano 
judicial) y un enlace a una dirección electrónica para su consulta.
Pese a todas estas circunstancias, objeta la demanda de amparo, el auto dictado por 
el juzgado el 10 de julio de 2018 declaró extemporánea la presentación del escrito de 
oposición, computando el plazo de diez días desde la fecha de envío de aquel correo a 
través de la dirección electrónica habilitada.
Sobre el auto de 13 de septiembre de 2018, que desestimó el recurso de reposición 
promovido contra la anterior resolución –y del que se resumen sus argumentos–, se 
rechaza por la recurrente que el juzgado haya fundamentado su segunda decisión en la 
«Ley de procedimiento administrativo común, que consideramos inaplicable al ámbito 
procesal civil, puesto que además de existir normas concretas al respecto, no se dan en 
uno y otro ámbito las mismas garantías procedimentales». Precisa que en materia de 
notificación  de  actos  procesales  existe  su  propia  normativa  tanto  en  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil según se ha expuesto, como en el haz de garantías que se derivan 
del art. 24 CE.
La demanda finaliza sus alegaciones indicando que se ha producido también una 
vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en cuanto a 
un proceso de defensa contradictoria, y del derecho a la asistencia letrada (art. 24.2 CE), 
los cuales permiten en todos los órdenes jurisdiccionales evitar desequilibrios en la 
posición procesal de las partes, sin limitaciones a su defensa que pudieran en caso 
contrario  ocasionar  indefensión  a  alguna  de  ellas.  Entiende  que  el  auto  de  13  de 
septiembre de 2018 «huye de este tipo de consideraciones» al aplicar una normativa 
administrativa ajena al ámbito procesal, y prescindir a la vez de las previsiones del 
art. 273 LEC sobre la exigencia de presentación en papel de la documentación referida 
al primer emplazamiento en la causa.
En consecuencia, se solicita que este Tribunal Constitucional, con estimación del 
amparo, acuerde la nulidad de ambas resoluciones judiciales y ordene reponer las 
actuaciones al momento previo al dictado de la primera de aquellas, a fin de que el 
juzgado a quo admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de un segundo otrosí digo, el escrito de demanda solicitó la suspensión de 
la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria 86-2018, argumentando que 
dicha continuación, derivada de los pronunciamientos judiciales impugnados, con la 
celebración de subasta y la eventual adjudicación a terceros, puede hacer perder al 
recurso de amparo su finalidad.
4.  Mediante providencia de 17 de junio de 2019, la Sección Segunda de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre en el 
mismo  una  especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  e.
Tribunal Constitucional (LOTC)] «porque el recurso plantea un problema o afecta a una  w.b
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  tribunal  432ww
[PSrTimCe r1a5 I5n/s2t0a0n9c,i aF eJ  I2n satr)u]»c.c ióAns imnúismm. o3,  dsee  Laocrocrad óp adriari gqiru ec oemn upnliaczaoc iónno  saul pJeurziogra ad od ideez 
deíjeacsu rceimónit iehripao cteerctaifriciaa cnióúnm o.  f8o6to-2c0o1p8ia,  apdrevveiroa deam dpela lzaasm aicetnutaoc idoen eqsu dieenl epsro cheudbiimeriaenn tos iddeo 
parte en el procedimiento, excepto la recurrente en amparo, para que, en el plazo de
diez días, pudieran comparecer en el presente proceso constitucional, si lo desean. 
También se acordó formar la correspondiente pieza separada de suspensión.
5.  La Sección acordó, asimismo y mediante providencia de la misma fecha, formar 
la oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión y, conforme a lo 
dispuesto en el art. 56 LOTC, concedió un plazo común de tres días a la parte recurrente 
y  al  Ministerio  Fiscal  para  que  alegaran  lo  que  estimasen  pertinente  sobre  dicha 
suspensión. A través de escrito presentado el 26 de junio de 2019, la parte demandante 
formuló sus alegaciones, reiterando lo dicho en el otrosí de su demanda y trascribiendo 
parte del ATC 287/2013, de 16 de diciembre. Por su parte el Ministerio Fiscal, en escrito 
registrado el 2 de julio de 2019, interesaba que se acordase la anotación preventiva de la 
demanda en el registro de la propiedad, aunque esta última medida no hubiera sido 
solicitada en el recurso de amparo.
El ATC 105/2019, de 30 de septiembre, acordó denegar la suspensión cautelar 
solicitada, y ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de 
la propiedad de conformidad con el art. 56.2 LOTC.
6.  Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Primera 
de 21 de junio de 2019, de conformidad con lo prevenido en el art. 88 LOTC, se acordó 
requerir al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, para que 
remitiera, a la mayor brevedad posible, certificación acreditativa de la interposición o no 
de recurso de apelación contra alguna de las resoluciones dictadas en las actuaciones 
principales o en alguna pieza separada en el procedimiento de ejecución hipotecaria 
seguido en ese juzgado con el número 86-2018, y, si hubiera recaído resolución, que se 
certifique sobre el contenido de la misma.
Con  fecha  18  de  julio  de  2019  se  recibió  en  el  registro  de  este  tribunal  la 
correspondiente certificación del juzgado a quo fechada el 8 de julio de 2019, en la que 
se hizo constar «que en el presente procedimiento no se ha interpuesto recurso de 
apelación por ninguna de las partes personadas en el mismo».
7.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 17 de julio de 2019, la 
procuradora de los tribunales doña Blanca María Grande Pesquero, actuando en nombre 
y representación de la entidad Banco de Sabadell, S.A., solicitó que se tuviera a esta 
última como personada como parte recurrida, entendiéndose con dicha procuradora las 
actuaciones sucesivas de este proceso.
8.  A través de diligencia de ordenación de 6 de septiembre de 2019, la Secretaría 
de  Justicia  de  la  Sala  Primera  de  este  tribunal  tuvo  por  personada  y  parte  a  la 
procuradora doña Blanca María Grande Pesquero en nombre y representación de Banco 
de  Sabadell,  S.A.,  y,  asimismo,  acordó  dar  vista  de  las  actuaciones  a  las  partes 
personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran 
presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el 
art. 52 LOTC.
9.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones el 9 de octubre de 2019, por el que interesó que se dictara resolución 
estimatoria del recurso de amparo, haciendo mención de la STC 47/2019, de 8 de abril, 
que, a su parecer, respalda los argumentos que defiende en este recurso, en torno a la 
necesidad de que el primer emplazamiento o citación al demandado se efectúe en su 
domicilio, como impone el artículo 155.1 LEC. e.e
10.  También con fecha 9 de octubre de 2019, formalizó su escrito de alegaciones la  432ww
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tenga por subrogada a mi representada Pera Assets Designated Activity Company como
parte en este procedimiento, en lugar de la actora y a mí como parte legítima en dicha 
representación». En dicho escrito, la mercantil defendió la interpretación que hace el 
juzgado de las normas citadas en los dos autos impugnados, por lo que el escrito de 
oposición a la ejecución se presentó «claramente fuera del plazo legalmente establecido 
en el artículo 556.1 de la LEC».
No consta presentado dentro del plazo del art. 52 LOTC, o con posterioridad, ningún 
escrito de alegaciones de la entidad Banco de Sabadell, S.A.
11.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 28 
de octubre de 2019, por el que interesó de este tribunal que dictara sentencia otorgando 
el amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), nulidad de «todo lo actuado desde la 
notificación efectuada electrónicamente del auto despachando ejecución acordado por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, en el juicio de ejecución 
hipotecaria 86-2018», y retroacción de las actuaciones al momento inmediato anterior a 
aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de formular oposición a 
la ejecución». Basó esta petición en los siguientes argumentos:
a)  Con carácter previo a formular las alegaciones de fondo del recurso, la fiscal 
expuso sus razones para considerar correctamente agotada la vía judicial previa al 
amparo por parte de la recurrente [art. 44.1 a) LOTC], al no ser necesario interponer 
incidente de nulidad de actuaciones contra el auto desestimatorio de la reposición –el 
cual  no  producía  en  origen  la  lesión–,  ni  resultar  previsiblemente  útil  de  haberse 
presentado. Tampoco la demanda de amparo es prematura por interponerse tras el 
segundo de esos autos, sin esperar a la finalización del proceso ejecutivo, atendida la 
doctrina de este tribunal para situaciones similares.
b)  En  cuanto  al  fondo,  la  alegada  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial 
efectiva, (art. 24.1 CE) por haberse inadmitido a trámite, por extemporáneo, el escrito de 
oposición a la ejecución de la recurrente, considera la fiscal sobre todo que procede 
hacer aplicación de la doctrina sentada por la STC 47/2019, de 8 de abril, en un 
supuesto  similar,  referido  a  un  proceso  laboral,  pero  donde  resultan  de  aplicación 
subsidiaria las normas de la Ley de enjuiciamiento civil, en especial los arts. 155 y 273.4, 
segundo párrafo, de los que se deriva la obligatoriedad de que el primer emplazamiento 
se realice de manera personal y con entrega en papel de la documentación; doctrina que 
ha sido reiterada en la STC 102/2019, de 16 de septiembre, FJ 2 a). El resultado de la 
aplicación de dicha doctrina es que ambas resoluciones del juzgado sumieron a la 
recurrente en indefensión prohibida por el art. 24.1 CE, pero además conculcaron el 
canon exigible de razonabilidad, ante la errónea selección de las normas aplicables.
Finalmente, pone de manifiesto la fiscal la existencia de una descoordinación entre la 
regulación procesal de estas notificaciones en el proceso civil y la práctica llevada a cabo 
por el servicio de notificaciones; desajuste que, sea cual sea la causa, procede de un 
error no imputable a la parte y del que, sin embargo, en este caso se ha derivado un 
perjuicio real para la ejecutada, como ha sido el haber inadmitido su oposición y, por 
tanto, habérsele privado del derecho a defenderse.
12.  Con fecha 16 de diciembre de 2019 tuvo entrada en este tribunal el auto de 3 
de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, 
por el que se acuerda tener por sucedido en la posición procesal de Banco de Sabadell, 
S.A., a la entidad Pera Assets Designated Activity Company, en el procedimiento de  s
ejecución hipotecaria núm. 86-2018. oe.
13.  Mediante providencia de 17 de septiembre de 2020, se señaló para deliberación  432ww
y votación de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
En el presente recurso de amparo la entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., impugna los autos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, 
de 10 de julio de 2018, que inadmitió, por extemporánea, la demanda de oposición a la 
ejecución formulada por dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución hipotecaria 
núm. 86-2018, y de 13 de septiembre de 2018, que desestimó el recurso de reposición 
interpuesto contra la anterior resolución. La constatación de la extemporaneidad de la 
oposición se basó en que el órgano judicial toma como fecha de notificación el 4 de mayo 
de 2018, que es la fecha en la que se pone a disposición de la recurrente en amparo, en la 
sede judicial electrónica (dirección electrónica habilitada), la correspondiente notificación, a 
pesar de que la mercantil recurrente no abrió la notificación, siguiendo las instrucciones 
contenidas en la propia comunicación, hasta el 19 de junio.
La demandante de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  aquel 
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil. 
Aduce otras dos quejas por lesión del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en su faceta de defensa contradictoria, y del derecho a la asistencia 
letrada (art. 24.2 CE), ambas, sin embargo, carentes de soporte argumental propio. Por 
su  parte,  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  interesada  en  el 
procedimiento de ejecución como adquirente del crédito cuya ejecución se insta en la 
instancia,  solicita  la  desestimación  del  recurso  alineando  sus  argumentos  con  los 
contenidos en las resoluciones impugnadas. Por último, el Ministerio Fiscal, con sustento 
en las razones que se han expuesto en los antecedentes, solicita la estimación del 
recurso de amparo, al considerar que se ha vulnerado el derecho de la demandante a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
Este recurso de amparo se inscribe en la serie de recursos interpuestos por dos 
entidades,  una  de  ellas  la  aquí  recurrente,  demandadas  en  procesos  ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, han 
inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquellas, al 
considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de plazo realizado con arreglo a 
normas del procedimiento administrativo común.
La  cabecera  de  la  precitada  serie  se  identifica  en  el  recurso  de  amparo  núm. 
5377-2018, promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y que ha sido 
resuelto por la STC 40/2020, de 25 de febrero.
2.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
Teniendo  en  cuenta  los  términos  en  los  que  se  ha  planteado  el  debate,  debe 
indicarse que el Pleno de este tribunal ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 25 
de febrero, en la que ha tenido la oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera 
de esta serie, promovido contra dos autos de coincidente contenido con los que ahora se 
impugnan, y donde dio respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí las 
partes, con fallo estimatorio de la demanda. Descartada aquí la concurrencia de algún  e.
elemento  distintivo  que  obligue  a  una  fundamentación  o  resultado  diferente  a  lo  w.
declarado  entonces,  procede,  por  tanto,  que  hagamos  aplicación  de  la  citada  432ww
STCE 4n0 t/a2l0 s2e0n.tido, luego de descartar en el fundamento jurídico 2 cualquier posible óbice
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en la notificación de este, y no ser tampoco el amparo prematuro a pesar de interponerse 
sin esperar a la finalización del proceso de ejecución hipotecaria, se aborda en el 
fundamento jurídico 3 el examen de la queja de fondo por lesión del art. 24.1 CE, 
derivada de la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, advirtiéndose que 
resulta de aplicación al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, 
de 17 de enero, FJ 4 a) (iii), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, 
y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en proceso de amparo, «en relación con la 
garantía  de  emplazamiento  personal  del  demandado  o  ejecutado  en  los  procesos 
regidos  en  esta  materia  por  la  LEC  (directa  o  supletoriamente),  como  primera 
comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida por una 
comunicación electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la 
dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 
LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las 
copias de los escritos y documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento 
de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho 
fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal en varios recursos de amparo 
referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo 
fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata, entonces, la STC 40/2020, en su fundamento jurídico 4, como ha de 
hacerse también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento 
personal en el proceso a quo a efectos de requerirle de pago o, alternativamente, 
permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando, en cambio, el juzgado por un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la 
normativa procesal, y que apenas consistía en un aviso remitiendo a un enlace de 
internet para poder conocer el contenido de la notificación. Además, computó el plazo 
para  presentar  el  escrito  de  oposición  invocando  normas  del  procedimiento 
administrativo  común,  que  son  ajenas  al  ámbito  jurisdiccional  en  el  que  nos 
encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 LEC. Todo lo cual determina 
la estimación del amparo por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24. 1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
Procede, por ello, acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado 
en el procedimiento hipotecario a quo desde el momento en que se proveyó a su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (arts. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental 
de la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., y, en consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la actora a la tutela  b
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). 432ww
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como de las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a 
través de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
último por el juzgado de forma que resulte respetuosa con el derecho fundamental 
reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.