BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Martes 26 de enero de 2021 Sec. TC.   Pág. 7710
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1116 Sala Primera. Sentencia 184/2020, de 14 de diciembre de 2020. Recurso de 
amparo 3097-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:184
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente, los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3097-2019, promovido por Euroinversiones Inmobiliarias 
Costa Sur, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua 
Horta y bajo la dirección del letrado don Marcelino Gilabert García, contra el auto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, de 14 de septiembre de 2018, 
que inadmitió la oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil, en el procedimiento 
de ejecución hipotecaria núm. 48-2018, instado por la entidad Banco de Sabadell, S.A., y 
contra el auto del mismo Juzgado, de 8 de abril de 2019, que desestimó el recurso de 
reposición interpuesto contra la anterior resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha 
sido  parte  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  representada  por  la 
procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu y asistida del letrado don 
Alejandro Ingram Solís, actuando como sucesora procesal del banco ejecutante. Ha sido 
ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante  escrito  presentado  en  el  registro  general  de  este  tribunal  el  16  de 
noviembre de 2018, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando 
en nombre y representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., interpuso  e
demanda de amparo contra las resoluciones mencionadas en el encabezamiento. b
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y Penrei Inversiones, S.L., en relación con la finca inscrita con el núm. 43.397 en el 
Registro de la Propiedad núm. 3 de Lorca. Reclamaba la cantidad de 8199,12 € de 
principal del préstamo impagado, más intereses legales y costas, resultando la primera 
de las demandadas la deudora hipotecaria, y la segunda titular de un derecho de uso y 
disfrute sobre dicho inmueble, constituido con posterioridad al de aquella carga real.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto el 29 de mayo de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  48-2018), 
ordenando a las ejecutadas efectuar el pago de las cantidades que se reclamaban. 
Asimismo, se proveyó que dicho auto, junto con el decreto que debía dictar el letrado de 
la administración de justicia, fueran «notificados simultáneamente a la parte ejecutada, 
tal y como dispone el artículo 553 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), sin citación ni 
emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución». Se 
advirtió además que contra dicha resolución no cabía recurso alguno, «sin perjuicio de 
que  la  parte  ejecutada  pueda  oponerse  al  despacho  de  ejecución  en  los  términos 
previstos en el artículo 695 LEC, y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
la notificación del presente auto y del decreto que se dicte». El decreto al que se hace 
referencia fue dictado por el letrado de la administración de justicia del Juzgado a quo en 
la misma fecha, ordenando la expedición de mandamiento de certificación relativa a la 
finca al registro de la propiedad competente y el requerimiento de pago a los ejecutados.
b)  Con fecha 30 de mayo de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo un correo avisándole de que tenía 
una notificación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, relativa 
al proceso: EJH/0000048/2018; notificación que estaría disponible entre los días 30 de 
mayo y 15 de julio de 2018, a través de un enlace electrónico que también indicaba. 
Como información adicional se añadía que «si no procediera a su lectura en el plazo 
indicado se producirán los efectos correspondientes, según la normativa aplicable».
c)  La  recurrente  en  amparo  recibió  el  día  14  de  julio,  en  la  misma  dirección 
electrónica habilitada, un «[a]viso de próxima caducidad», recordándole que el plazo 
para la recepción de la comunicación terminaba el día 15 de julio de 2018 a las 23:59 
horas.
d)  En esta última fecha, Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., accedió al 
enlace remitido a la dirección electrónica habilitada, y, con ello, a la notificación enviada 
por el juzgado ejecutante, en relación con el procedimiento hipotecario núm. 48-2018. 
Automáticamente, el servicio de notificaciones de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre emitió un certificado electrónico haciendo constar que la notificación había sido 
enviada y aceptada con fecha de 15 de julio de 2018, a las 20:09:50 horas.
e)  La entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., presentó con fecha 27 
de julio de 2018 escrito de oposición a la ejecución despachada.
f)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca dictó auto, en 
fecha  14  de  septiembre  de  2018,  en  cuya  virtud  inadmitió,  por  extemporánea,  la 
oposición planteada. En dicha resolución se expone que «[e]n fecha 30-5-18 se notificó y 
requirió en legal forma a través de la sede judicial electrónica a la ejecutada y en 
fecha 27-7-18 se ha presentado por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y en 
fecha 24-07-18 por Penrei Inversiones, S.L., oposición a la ejecución hipotecaria», para 
luego fundar la inadmisión, en esencia, en que, conforme a la improrrogabilidad de los 
plazos y la preclusión que establecen los arts. 134 y 136 LEC, en relación con lo  s
dispuesto en el art. 695 LEC, la oposición habría de haberse presentado dentro de los  oe.
diez días siguientes a la notificación del auto y decreto por el que se despachó la  w.
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través de la dirección electrónica habilitada no podía entenderse nada más que como un 
aviso de puesta a disposición o descarga de su contenido durante un plazo determinado 
(en el caso desde el 30 de mayo al 15 de julio de 2018) y entenderlo de otro modo, 
además de infringir los arts. 135, 152, 160, 162 LEC, vulneraba el art. 24 CE.
h)  El  recurso  fue  desestimado  por  auto  de  8  de  abril  de  2019,  señalando  la 
condición de persona jurídica de la recurrente y la obligación que como tal tiene de 
relacionarse con la administración de justicia por medios electrónicos, de conformidad 
con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de 
reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, así como en los arts. 
14.2  a)  de  la  Ley  39/2015,  de  procedimiento  administrativo  común  de  las 
administraciones públicas (LPACAP), y 273.3 a) LEC. Determina el juzgado que la 
recurrente  interpreta  de  forma  errónea  la  normativa  aplicable,  considerando  que, 
conforme al art. 162.2 LEC, transcurridos tres días sin que el destinatario acceda al 
contenido  de  la  comunicación,  se  entenderá  realizada  legalmente  la  notificación, 
desplegando plenamente sus efectos. En función de esa normativa y de los acuerdos y 
pronunciamientos judiciales que cita, concluye el juzgado que «consta que la notificación 
se puso a disposición de las recurrentes en fecha 30/05/18 no accediendo al contenido 
hasta el día 15/07/18 respecto de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y no 
siendo  retirada  respecto  de  Penrei  Inversiones,  S.L.,  (fuera  de  los  tres  días  que 
establece la normativa procesal), presentando los escritos de oposición a la ejecución en 
fecha 24/07/18 respecto de Penrei Inversiones, S.L., y en fecha 27/07/18 respecto de 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., claramente fuera del plazo legalmente 
establecido en el art. 556.1 LEC (dentro de los diez días siguientes al de la notificación 
del auto despachando ejecución) y siendo que conforme al art. 136 LEC transcurrido o 
pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá 
la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que 
dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión».
3.  En  la  demanda  de  amparo  la  sociedad  recurrente  alega  la  vulneración  del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente del 
respeto a un procedimiento con las debidas garantías, que no cause indefensión. La 
queja principal de la demanda de amparo se refiere a la falta de notificación personal de 
la demanda de ejecución hipotecaria, otorgándose efecto a la remisión de un correo 
electrónico  que  carece  de  los  requisitos  esenciales  para  considerarlo  un  acto  de 
notificación procesal, habiéndose vedado a la recurrente de este modo la posibilidad de 
ejercitar su derecho de oposición en un proceso de ejecución hipotecaria. La cuestión 
planteada se cifra en determinar si un correo electrónico remitido por un servicio de 
notificaciones electrónicas es un acto de notificación procesal, que despliega los efectos 
propios de una notificación realizada con todas las garantías procesales o si no lo es, en 
cuyo caso habría que determinar si las decisiones adoptadas por el juzgador en la 
instancia son arbitrarias, irracionales o fruto de un error patente, y en consecuencia 
constituyen una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el 
art. 24 de la Constitución Española.
Se reconoce en la demanda que, si bien la recurrente, por ser una persona jurídica, 
viene por ello obligada a relacionarse con la administración de justicia a través de 
medios  electrónicos,  según  dispone  el  art.  273  LEC,  cuando  se  trata  del  primer 
emplazamiento y, por tanto, todavía aquella «aún no ha tenido ninguna relación con el 
juzgado correspondiente en este especial y concreto procedimiento», la notificación ha 
de  practicarse  mediante  cédula  con  entrega  en  papel  de  la  documentación  e.
correspondiente, conforme establece ese mismo artículo, puesto en relación con los arts.  w.b
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se hRaeráfinri épnodr oresem iesxiópnre asla dmoemnicteil ioa ld aeu ltoos  dlieti g8a ndtee sa»b.ril de 2019 que desestima el recurso
de reposición, la recurrente en amparo entiende que el órgano judicial en esta resolución
aplica  normativa  derivada  del  procedimiento  administrativo  común,  que  no  resulta 
aplicable al procedimiento judicial civil, aun cuando pretenda ampararse en el art. 273 
LEC o en la Ley 42/2015 de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, pues olvida la 
existencia de otro tipo de preceptos aplicables al caso, a las que se ha hecho previa 
referencia, en particular los referidos a la exigencia de presentación de documento en 
soporte papel en el primer acto de comunicación procesal (art. 273 LEC).
La entidad recurrente afirma, por último, que las resoluciones impugnadas no han 
«dado cumplimiento a las exigencias constitucionales reconocidas para los actos de 
notificación  procesal,  donde  los  órganos  judiciales  no  han  de  limitarse  al  formal 
cumplimiento de los requisitos legales, sino que para asegurar la efectividad del derecho 
fundamental, la interpretación de las normas reguladoras del emplazamiento debe hacerse 
tratando de asegurar que el acto de comunicación cumple su finalidad constitucional, es 
decir, la efectividad real del emplazamiento, pues el artículo 24.1 de la Constitución 
Española contiene un mandato no solo dirigido al legislador, sino también al interprete, 
obligándole a promover la defensa mediante la correspondiente contradicción».
En consecuencia, solicita la estimación del amparo, instando al tribunal para que 
acuerde la nulidad de ambas resoluciones judiciales y ordene reponer las actuaciones al 
momento previo al dictado de la primera de aquéllas, a fin de que el juzgado a quo 
admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de otrosí el escrito de demanda solicitó la suspensión de la continuación 
del procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 48-2018 seguido ante el juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca.
4.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sala Primera de 
este tribunal, de fecha 5 de julio de 2019, se acordó oficiar al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, para que remitiera, a la mayor brevedad posible, 
certificación acreditativa de la interposición o no de recurso de apelación contra alguna 
de las resoluciones dictadas, en las actuaciones principales o en alguna pieza separada, 
en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  seguido  en  ese  juzgado  con  el 
número 48-2018; y si hubiera recaído resolución, que se certifique sobre el contenido de 
la misma.
Por certificación de 16 de julio de 2019, la letrada de la administración de justicia hizo 
constar que en el procedimiento citado no se había interpuesto ningún recurso de 
apelación por las partes personadas.
5.  Mediante  diligencia  de  ordenación  de  12  de  noviembre  de  2019,  y,  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  88  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC), siendo coincidente la resolución recurrida con la del recurso de 
amparo  núm.  3096-2019,  se  acordó  solicitar  en  dicho  recurso  el  testimonio  de  la 
ejecución hipotecaria núm. 48-2018.
6.  Mediante providencia de 10 de febrero de 2020, la Sección Segunda del Tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo «apreciando que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso puede dar 
ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios 
normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho  fundamental 
[STC 155/2009, FJ 2 b)]».
En la misma providencia se acuerda dirigir comunicación al Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. 6 de Lorca, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, a fin de que  s
se emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente  oe.
en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en el recurso de amparo,  w.
nejoe csuiecinódno h inpeocteecsaarriiaa  nlaú mre. m48is-2ió0n1 8d,e al l teessttaimr yoan iion cdoerp olarsa daacst uyaac aiol nreecsu rcsoor.respondientes a la  2021-1116n https://w
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art. 56 LOTC, concedió un plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio 
Fiscal para que alegaran lo que estimasen pertinente sobre dicha suspensión. A través 
de escrito presentado el 14 de febrero de 2020, la parte demandante formuló sus 
alegaciones, reiterando lo dicho en el otrosí de su demanda y trascribiendo parte del 
ATC  287/2013,  de  16  de  diciembre.  Por  su  parte,  el  Ministerio  Fiscal,  en  escrito 
registrado el 24 de febrero de 2020, interesaba que se acordase la anotación preventiva 
de la demanda en el registro de la propiedad, aunque esta última medida no hubiera sido 
solicitada en el recurso de amparo.
El ATC 46/2020, de 15 de junio, acordó denegar la suspensión cautelar solicitada, y 
ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad 
de conformidad con el art. 56.2 LOTC.
8.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 4 de marzo de 2020, la 
procuradora  de  los  tribunales  doña  María  Claudia  Munteanu,  en  nombre  y 
representación  de  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  sucesora 
procesal del Banco de Sabadell, S.A., y asistida del letrado don Alejandro Ingram Solís, 
solicitó que se tuviera a la primera de las entidades citadas como personada y parte, 
entendiéndose con dicha procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
9.  Por diligencia de ordenación de 11 de septiembre de 2020 se acordó tener por 
personada y parte a la procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu, en 
nombre y representación de la entidad Pera Assets Designated Activity Company, y, a 
tenor de lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, se resolvió dar vista de las actuaciones 
recibidas al Ministerio Fiscal, a la parte recurrente en amparo y a la parte personada, por 
plazo común de veinte días, para que dentro de dicho término pudieran presentar las 
alegaciones que a su derecho convinieran.
10.  En  fecha  13  de  octubre  de  2020  presentó  sus  alegaciones  la  entidad 
demandante  de  amparo.  Como  primera  cuestión  y  a  fin  de  evitar  repeticiones 
innecesarias, se reiteró en lo ya expuesto en su escrito de interposición del recurso de 
amparo. No obstante, destaca la reciente STC 40/2020, de 27 de febrero, del Pleno del 
Tribunal Constitucional, que resuelve el recurso de amparo núm. 5377-2018, promovido 
por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en un asunto prácticamente igual al 
del presente recurso de amparo, en el que el tribunal sostiene que, tratándose del primer 
emplazamiento o citación al demandado, este ha de efectuarse en el domicilio del 
litigante, como impone el artículo 155.1 LEC, pues de lo contrario se estaría vulnerando 
el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
Tras reproducir parte de la fundamentación jurídica de la indicada sentencia, a mayor 
abundamiento refiere que existen toda una serie de sentencias en las que se resuelve en 
el mismo sentido que la STC 40/2020, citando a modo de ejemplo la STC 43/2020, de 9 
de  marzo.  Por  último,  solicita  que  se  dicte  sentencia  estimatoria,  en  los  términos 
interesados en el escrito de interposición del recurso.
11.  En fecha 5 de octubre de 2020 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal. 
Tras reflejar los aspectos del procedimiento judicial y de la tramitación seguida ante este 
Tribunal que consideró relevantes, recuerda que el presente recurso de amparo forma 
parte de una serie, cuyo denominador común son las idénticas vulneraciones que se 
atribuyen a las resoluciones dictadas por los juzgados de primera instancia e instrucción 
de  Lorca,  en  diferentes  procedimientos  de  ejecución  hipotecaria  seguidos  contra 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L. e.
Al respecto, la fiscal pone de relieve que algunos de esos recursos ya han sido  w.
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tutela  judicial  efectiva  sin  indefensión  (art.  24.1  CE),  por  la  inobservancia  del 
emplazamiento personal de la entidad demandada, pues dicha diligencia se realizó a 
través de la dirección electrónica habilitada de la entonces demandante de amparo, sin 
tener  en  cuenta  que  el  art.  155  LEC  obliga  a  que  el  primer  emplazamiento  del 
demandando o ejecutado se realice de manera personal.
Seguidamente,  la  fiscal  transcribe  parte  de  la  fundamentación  jurídica  de  la 
STC 40/2020 y recuerda que la STC 43/2020 resuelve en el mismo sentido por remisión 
a la anterior. Asimismo, reproduce la parte de la argumentación de la STC 19/2020, 
de 10 de febrero, que recoge la doctrina establecida en las SSTC 6/2019 y 47/2019 ya 
indicadas. Finalmente, afirma que la doctrina expuesta resulta íntegramente aplicable al 
presente recurso de amparo, por lo que interesa su estimación al haberse vulnerado el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
12.  No ha formulado alegaciones la representación de Pera Assets Designated 
Activity Company.
13.  Por providencia de 10 de diciembre de 2020 se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 14 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto y contexto del recurso de amparo.
El presente recurso de amparo se interpone contra los autos de 14 de septiembre 
de 2018 y 8 de abril de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. 6 de Lorca en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 48-2018. El primero 
de ellos inadmitió por extemporánea la oposición a la ejecución hipotecaria, mientras que 
el  segundo  confirmó  la  anterior  decisión  al  desestimar  el  recurso  de  reposición 
interpuesto frente a ella. La constatación de la existencia del óbice de extemporaneidad 
se basa en que el órgano judicial toma como fecha de notificación el 30 de mayo 
de 2018, que es la fecha en la que se pone a disposición de la recurrente en amparo, en 
la  sede  judicial  electrónica  (dirección  electrónica  habilitada),  la  correspondiente 
notificación, a pesar de que la mercantil recurrente no abrió la notificación, siguiendo las 
instrucciones contenidas en la propia comunicación, hasta el 15 de julio de 2018.
La  demandante  de  amparo  considera  que  la  notificación  fue  inadecuadamente 
realizada pues, al tratarse de la primera notificación, debió efectuarse de forma personal 
y  no  a  través  de  la  dirección  electrónica  habilitada,  lo  que  le  habría  generado 
indefensión, y por tanto vulneración del art. 24.1 CE, al inadmitirse la oposición a la 
ejecución e impedirse la formulación del oportuno recurso. Por su parte, el Ministerio 
Fiscal,  con  sustento  en  las  razones  que  detalladamente  se  han  expuesto  en  los 
antecedentes, solicita la estimación del recurso de amparo, al considerar que se ha 
vulnerado el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE).
El presente recurso de amparo se integra en la serie de recursos interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de 
Lorca,  los  cuales  tras  emplazarlas  por  vía  electrónica  a  través  del  servicio  de 
notificaciones electrónicas y de la dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, inadmitieron a trámite los escritos de oposición a la ejecución  s
presentados por aquéllas, al considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de  oe.
plazo realizado con arreglo a normas del procedimiento administrativo común. w.
2.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020. 2021-1116n https://w
ampLaar oS TcaCb 4e0ce/2r0a2 d0e,  dees t2a5  sdeer ifee,b prerorom, ohvaid toe ncidoon tlraa  odpoosr tuanuitdoasd d dee  creosinoclvideern etel  reccounrtseon iddoe 
con los que ahora se impugnan, y donde dio respuesta a los mismos argumentos que
defienden aquí las partes, con fallo estimatorio de la demanda. Descartada aquí la 
concurrencia de algún elemento distintivo que obligue a una fundamentación o resultado 
distinto a lo declarado entonces, procede, por tanto, que hagamos aplicación de la citada 
STC 40/2020.
En tal sentido, luego de despejar en el fundamento jurídico 2 cualquier posible óbice 
procesal, se aborda en el fundamento jurídico 3 el examen de la queja de fondo por 
lesión del art. 24.1 CE derivada de la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, 
advirtiéndose que resulta de aplicación al caso la doctrina de este tribunal plasmada en 
sus  SSTC  6/2019,  de  17  de  enero,  FJ  4  a)  (iii),  dictada  en  sede  de  cuestión  de 
inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en proceso de amparo, 
«en relación con la garantía de emplazamiento personal del demandado o ejecutado en 
los procesos regidos en esta materia por la LEC (directa o supletoriamente), como 
primera comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida 
por una comunicación electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de 
la dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 
LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las 
copias de los escritos y documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento 
de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho 
fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal en varios recursos de amparo 
referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo 
fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata  entonces  la  STC  40/2020,  en  su  fundamento  jurídico  4,  como  ha  de 
hacerse también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento 
personal  en  el  proceso  a  quo  a  efectos  de  requerirla  de  pago  o  alternativamente 
permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la 
normativa procesal, y que apenas consistía en un aviso remitiendo a un enlace de 
internet para poder conocer el contenido de la notificación. Además, computó el plazo 
para  presentar  el  escrito  de  oposición  invocando  normas  del  procedimiento 
administrativo  común,  que  son  ajenas  al  ámbito  jurisdiccional  en  el  que  nos 
encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 LEC. Todo lo cual determina 
la estimación del amparo por lesión del art. 24.1 CE, en sus vertientes de acceso al 
proceso, a no padecer indefensión, y a una resolución fundada en Derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  al 
emplazamiento  de  la  actora  a  través  de  la  dirección  electrónica  habilitada,  con 
retroacción de las actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los 
términos exigidos por la ley (arts. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el 
derecho fundamental de la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido s
Estimar la demanda de amparo promovida por Euroinversiones Inmobiliarias Costa  w.b
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de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca en
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  48-2018,  así  como  de  las  actuaciones 
realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la dirección 
electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, a fin de que se practique nuevamente, 
de forma que resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a catorce de diciembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.
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