BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 39  Viernes 14 de febrero de 2020  Sec. III.   Pág. 14509
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2222 Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales.
Con fecha 21 de enero de 2020 se ha suscrito el Convenio entre el Consejo General 
del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla para la realización de prácticas externas en 
juzgados y tribunales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 3 de febrero de 2020.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel.
ANEXO 
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales
En Madrid, a 21 de enero de 2020.
REUNIDOS
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. 
Sr. don Carlos Lesmes Serrano, nombrado según Acuerdo (n.º 2) del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013 mediante Real Decreto 979/2013, 
de 10 de diciembre, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
La Ministra de Justicia en funciones, doña Dolores Delgado García, en uso de las 
competencias que le corresponden en virtud del artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Excmo. Sr. don 
Juan Antonio Marín Lozano, actuando en nombre y representación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto del Presidente 3/2019, 
de 21 de enero, por el que se designa Vicepresidente de la Junta de Andalucía a don Juan 
Antonio Marín Lozano y Decreto del Presidente 4/2019, de 21 de enero, por el que se 
designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía, y en el ejercicio de las 
facultades que le atribuyen los artículos 9.2 y 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía y el Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por  es
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración,  bo
Justicia y Administración Local. 22ww
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Universidades, y 32.1.a) de los Estatutos de la mencionada Universidad, aprobados por 
Decreto 298/2003, de 21 de octubre y modificados por Decreto 265/2011, de 2 de agosto.
Las partes se reconocen mutuamente plena capacidad de actuar en la representación 
legal que ostentan para suscribir el presente Convenio y, a tal fin,
MANIFIESTAN
Primero.
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia de 
acuerdo con el artículo 149.1.5.ª de la Constitución española.
Segundo.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el 
artículo 122.2 de la Constitución española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los 
artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Tercero.
El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que la 
Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a 
la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo la dirección de los 
servicios comunes procesales al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, 
funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter 
nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia 
y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la 
Oficina Judicial.
Cuarto.
El Real Decreto 142/1997, de 31 de enero, sobre traspaso de funciones de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de provisión 
de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia 
establece en su anexo, apartado B), 1.a), que la adquisición y gestión de patrimonio 
mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, corresponde a la citada Comunidad. Además, el apartado C) del 
mismo Anexo establece en su punto 1, que se traspasan a esta Comunidad los bienes, 
derechos y obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
Quinto.
A su vez el Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales, aprobado 
por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en 
su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en edificios 
judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la Sala de 
Gobierno, el de la Administración a quien corresponda la titularidad del inmueble y el de 
las demás Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere.
Sexto. b
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estatal. Asimismo, el artículo 1.f) del Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local dispone que compete a la misma las competencias en materia de 
Administración de Justicia recogidas en el Capítulo III del Título V del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. Entre dichas competencias se encuentran las relativas a la 
dirección, impulso y coordinación de la provisión de los medios necesarios, personales y 
materiales, para el funcionamiento de la Administración de Justicia en Andalucía, y la 
coordinación y planificación general de las competencias atribuidas a la Comunidad 
Autónoma en relación con tribunales, juzgados y fiscalías.
Séptimo.
Uno de los fines de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla es el de la preparación 
académica y profesional de los distintos ámbitos y disciplinas de sus estudiantes y para 
dar cumplimiento a este objetivo, resulta de interés la organización de prácticas externas 
que completen los conocimientos adquiridos en las aulas.
Octavo.
Las instituciones firmantes manifiestan su más amplia coincidencia en diversos fines 
de interés común, siendo uno de ellos el de la formación integral de alumnado universitario, 
a través de una formación que combine la teoría y la práctica.
Noveno.
El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, desarrolla aspectos tales como los 
objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos, 
tutorías y contenidos de los convenios de cooperación educativa. Además, dicha regulación 
ha de promover la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de las 
administraciones públicas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, 
fomentando su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando respuesta 
al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del conocimiento.
Décimo.
El presente Convenio se ajusta al modelo de Convenio Prácticum aprobado por la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Undécimo.
Es deseo de las instituciones firmantes la organización de prácticas externas en 
juzgados y tribunales en la forma que se detalla en la parte dispositiva de este Convenio, 
por considerar que esta actividad puede resultar de gran interés para la formación de 
profesionales que en un futuro pudieran colaborar o dar servicio a la Administración de 
Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de la misma.
Dicha colaboración se concreta en que el alumnado que cursa estudios en la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla pueda realizar prácticas externas en juzgados y 
tribunales de la Comunidad Autónoma de Andalucía de conformidad con las siguientes,
CLÁUSULAS e.e
Primera.  Objeto y compromisos de las partes. 22ww
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máster que imparte la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y siempre de titulaciones
relacionadas con profesionales de la Administración de Justicia, en los juzgados y 
tribunales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por un lado, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local 
se compromete a permitir la realización de las prácticas externas objeto del presente 
Convenio, así como a facilitar el acceso del alumnado a las sedes de los juzgados y 
tribunales.
Por otro lado, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla se compromete a que la 
persona o personas que ejerza/n la tutoría de las prácticas en el órgano judicial pueda 
disfrutar de los siguientes derechos, en el marco de la normativa propia de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla que sea de aplicación:
a)  Reconocimiento de su actividad colaboradora mediante documento acreditativo 
expedido por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla que certifique su actividad como 
tutor/a de estudiantes en prácticas.
b)  Ser informada acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así como 
del proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo.
c)  Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo necesarios 
en el cumplimiento de los fines propios de su función.
d)  Disfrutar del acceso a bibliotecas, instalaciones deportivas o actividades culturales, 
entre otras.
La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de 
Justicia y la Comunidad Autónoma de Andalucía estará siempre supeditada a las 
necesidades y disponibilidad del juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas 
externas, por lo que surgida tal necesidad o falta de disponibilidad, en su caso, el Convenio 
quedará suspendido, en tanto persistan estas situaciones o, en su caso extinguido sin que 
sea preciso denuncia previa en este sentido y sin derecho a reclamación alguna por parte 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla o concesión de indemnización o 
compensación a su favor.
Asimismo, la Universidad se compromete, en función de su disponibilidad, a prestar su 
colaboración al Ministerio de Justicia mediante la cesión de aulas, con ocasión de la 
celebración de pruebas correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso o 
acceso de personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que realizarán 
las prácticas en los juzgados y tribunales.
Segunda.  Condiciones y requisitos generales de las prácticas.
1.  Las prácticas externas se ajustarán en todo caso a la normativa vigente, y en 
especial a lo establecido en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan 
las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.
Cada alumno/a deberá suscribir al inicio de las prácticas el documento que se adjunta 
como anexo al presente Convenio.
2.  Se establecen dos modalidades de prácticas externas que pueden ser 
concurrentes:
a)  Prácticas curriculares: son las prácticas que tienen su origen en los diversos 
planes de estudios, que son obligatorias para obtener la titulación requerida.
b)  Prácticas extracurriculares: son aquellas que los estudiantes realizan con carácter  s
voluntario, durante su período de formación y que, aun teniendo los mismos fines, no están  oe.
incluidas en los planes de estudios sin perjuicio de su mención posterior en el Suplemento  w.
Europeo al Título. 22ww
3.  El alumnado será propuesto por la persona que ejerza la Dirección de las prácticas
externas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
4.  Las prácticas externas del alumnado se ajustarán a las necesidades organizativas 
establecidas por la persona o personas que ejerce/n su tutoría donde se realicen las 
mismas, de tal modo que no se entorpezca el desempeño normal de sus funciones.
El acceso del alumnado a las actuaciones judiciales se producirá en la medida que lo 
permita la situación del procedimiento, su declaración o no de secreto y quedando 
salvaguardado el deber de reserva o sigilo y preservada, en todo caso, la identidad de las 
personas implicadas o partes.
Las prácticas externas tendrán la duración que determine la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla, realizándose en horario de mañana en los juzgados o tribunales, en 
ambos casos a establecer por la persona responsable de los mismos en función del mejor 
funcionamiento del órgano jurisdiccional.
En los supuestos de faltas reiteradas de puntualidad, asistencia, incorrecto 
comportamiento del alumnado o perturbación del normal funcionamiento del juzgado o 
tribunal, donde se realicen las prácticas externas, el Consejo General del Poder Judicial, 
el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Andalucía o los juzgados y tribunales 
afectados, podrán suspender de forma inmediata y cautelar dichas prácticas, poniéndolo 
en conocimiento de la Universidad, para que adopte las medidas que considere oportunas.
5.  El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía quedan exentos de cualquier responsabilidad respecto al 
alumnado del curso, cuyas prácticas externas son de carácter estrictamente académico. 
En ningún caso, se entenderá que entre las partes se establecen relaciones contractuales 
de clase mercantil, civil o laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la 
prestación laboral propia de puestos de trabajo cubriendo así necesidades ordinarias de la 
Administración de Justicia en detrimento de personal público al que le correspondería 
ocupar las plazas que tuviesen atribuidas el desempeño de esas funciones, en lugar de 
recibir una adecuada formación práctica, todo ello al no concurrir los requisitos que exigen 
las leyes. Como consecuencia de ello, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio 
de Justicia y la Comunidad Autónoma de Andalucía no están obligados a realizar 
contraprestación económica alguna.
Tercera.  Cobertura de riesgos.
La contingencia de accidentes sufridos o que ocasione el alumnado durante la 
realización de las prácticas externas a que se refiere el presente Convenio será asumida, 
exclusivamente, por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en aquellos casos no 
cubiertos por el seguro escolar.
La Universidad estará obligada a suscribir una póliza de seguros para cubrir los daños 
de cualquier tipo que pudiera ocasionar el alumnado participante en las prácticas externas, 
así como aquellos que pudiera padecer el mismo en caso de accidente, en los casos en 
los que no lo asuma el seguro escolar, durante todo el periodo de duración.
Cuarta.  Condiciones específicas de las prácticas externas.
1.  El alumnado estará obligado a:
a)  Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas por el juzgado o tribunal donde se 
realicen las prácticas externas.
b)  Adoptar una actitud activa en las tareas que se le encomienden, inherentes a las 
líneas de formación para las que han sido seleccionados/as. es
c)  Mantener contacto con la persona o personas que ejercen la tutoría y con la  o
persona que ejerce la Dirección de las prácticas externas, si se designan, en la forma en  22www.
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conocimiento por razón de las prácticas externas realizadas durante su estancia en el
juzgado o tribunal donde se realicen, inclusive una vez finalizadas éstas, para lo cual 
deberá suscribir el Anexo del presente Convenio.
f)  En caso de que esté establecido, entregar la memoria final en el plazo previsto a la 
persona que desempeñe la tutoría académica, a fin de poder superar las prácticas externas 
curriculares  y  la  correspondiente  mención  favorable  en  las  prácticas  externas 
extracurriculares.
2.  Los/las estudiantes que realicen las prácticas no llevarán a cabo ninguna de las 
funciones atribuidas en los artículos 476, 477 y 478 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
a los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia.
3.  El alumnado tiene derecho a:
a)  Desarrollar la actividad en que consistan las prácticas y en el horario estipulado.
b)  Obtener una certificación final del desarrollo de su actividad y del nivel de 
aprovechamiento alcanzado.
c)  Obtener permiso para acudir a las convocatorias de evaluación que le afecten.
4.  El juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas nombrará a la 
persona o personas que ejercerá/n la tutoría de las mismas, que podrá recaer en 
Magistrado/a, Juez/a o Letrado/a de la Administración de Justicia. La persona designada 
para realizar la tutoría debe obtener la declaración de compatibilidad con carácter previo 
al ejercicio de la actividad. La misión de estas personas será:
a)  Fijar el plan de trabajo del alumnado.
b)  Orientar al mismo en sus dudas y dificultades.
c)  Evaluar la actividad del/la alumna/o mediante un informe.
Se podrá establecer una tutoría mixta desempeñada por Juez/a o Magistrado/a y 
Letrado/a de la Administración de Justicia.
5.  El alumnado que finalice el periodo establecido de prácticas externas, recibirá un 
certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde consten las horas realizadas, la 
naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado según la persona o 
personas que ejerzan la tutoría de las mismas.
La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla emitirá un documento acreditativo a la 
persona o personas que ejerza/n la tutoría que lo soliciten, por la colaboración prestada en 
el programa de prácticas externas.
Quinta.  Protección de Datos.
Todos los afectados por el presente Convenio vendrán obligados por las disposiciones 
y exigencias establecidas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y demás disposiciones vigentes sobre la materia.
Sexta.  Financiación.
El presente Convenio no conlleva obligaciones financieras o contraprestación  s
económica para ninguna de las partes. oe.
En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del  w.
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se comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que
asumirían para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado Real Decreto-Ley. Bc
Séptima.  Difusión.
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de aplicación en materia de 
publicidad y transparencia en relación con la suscripción del presente Convenio, la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla se compromete a destacar en su Memoria anual 
y en cuantas acciones realice para difusión de las actividades objeto de este Convenio, la 
colaboración prestada por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y los tribunales y juzgados afectados.
Octava.  Comisión de seguimiento y control.
1.  Para el adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo 
establecido en el presente Convenio, se crea una comisión de seguimiento paritaria 
integrada por dos miembros designados por cada una de las instituciones firmantes y un/a 
representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
que forma parte de la representación del Ministerio de Justicia en la citada comisión. La 
comisión se reunirá al menos una vez al año y cuando lo determinen las partes.
En el seno de la comisión de seguimiento se podrá pactar acuerdos respecto a la 
ejecución y contenido de la formación, en desarrollo del Plan Bolonia, siempre que no 
afecte al contenido mínimo y esencial del Convenio, sin necesidad de que posteriormente 
se incluyan como anexos del Convenio.
2.  La comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las 
reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.
Novena.  Efectos y modificación del Convenio.
1.  El presente Convenio tendrá efectos de dos años naturales a partir del día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en los términos del artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en 
el registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación del sector público 
estatal; será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso por igual periodo, que 
deberá formalizarse con un mes de antelación a la expiración del Convenio.
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa 
con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.
2.  Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente Convenio en 
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
Décima.  Causas de extinción.
1.  Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2.  El presente Convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes. e.e
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un  b
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o  22ww
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firmaSni tteras.scurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de
resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa 
podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
otras leyes.
3.  Desde la fecha del acuerdo de resolución del Convenio o de la notificación de la 
voluntad de extinción, en los términos de la presente cláusula, la colaboración se 
mantendrá, en todo caso, y continuarán hasta su finalización las actividades de prácticas 
iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia, siempre condicionado a lo establecido 
en el cuarto párrafo de la cláusula primera del presente Convenio.
Undécima.  Naturaleza del Convenio y resolución de controversias.
El presente Convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las 
partes de manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula octava.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las 
partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que 
legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las Instituciones 
que representan, suscriben el presente Convenio por cuadruplicado ejemplar en el lugar y 
fecha señalados al principio.–El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General 
del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.–La Ministra de Justicia, Dolores Delgado 
García.–El Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, Juan Antonio Marín Lozano.–El Rector de la Universidad 
Pablo Olavide Sevilla, Vicente Carlos Guzmán Fluja.
 
ANEXO
 
 
En ……………...… a,....... de .....................de ...... 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE SELECCIONADO 
Nombre y Apellidos:       DNI:       
Titulación que cursa:         Centro:       
Domicilio:        Municipio:       Provincia:       Cód. Postal:   
Teléfono móvil:        Teléfono fijo:        e-mail:       
DATOS DEL JUZGADO O TRIBUNAL DÓNDE SE REALIZARÁ LA PRÁCTICA 
Denominación:       
Domicilio del Juzgado o Tribunal se realizará la práctica:       
Municipio:        Provincia:       
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
Ref. Convocatoria:      Modalidad de la práctica:   Centro gestor:       
Fecha inicio:       Fecha final:       Total horas:       Total meses:   
Horario:       
(Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de 
representación y participación desarrollada por el estudiante en la universidad.) 
Tutor del Juzgado o Tribunal :          email:        Teléfono:       
Tutor de la Universidad:        email:        Teléfono:       
Proyecto formativo (tareas a desarrollar):  
DECLARA: 
 
El/la alumno/a manifiesta conocer y aceptar las condiciones y compromisos establecidos en 
el convenio y da su conformidad para realizar las citadas prácticas externas asumiendo el 
compromiso del deber de secreto y confidencialidad en materia de datos de las personas, 
procesos y actuaciones judiciales de las que pudiera tener conocimiento, manteniendo el 
secreto durante y una vez finalizado el periodo de prácticas externas; así como conocer que 
en caso de incumplimiento incurriría en las  responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
Por parte del Juzgado o Tribunal  Por parte del estudiante,  Por parte de la Universidad, 
donde se realiza la práctica, 
Fdo.       Fdo.       Fdo.      
  e.
  b