BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 26 Jueves 30 de enero de 2020 Sec. III.   Pág. 9258
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
1431 Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el fallo de la Sentencia de la Sala de lo Social de 
la Audiencia Nacional, relativa al Convenio colectivo de Repsol Exploración, 
SA.
Visto el fallo de la Sentencia, de fecha 30 de diciembre de 2019, dictada por la Sala 
de lo Social de la Audiencia Nacional en el procedimiento n.º 231/2019, seguido por la 
demanda del Sindicato de Trabajadores (STR) contra Repsol Exploración, S.A., FITAG-
UGT, Coalición de Sindicatos, FITEQA-CC.OO, siendo parte el Ministerio Fiscal, sobre 
impugnación de Convenio Colectivo,
Y teniendo en consideración los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.
En  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»  de  17  de  noviembre  de  2018  se  publicó  la 
resolución de la Dirección General de Trabajo, de 31 de octubre de 2018, en la que se 
ordenaba inscribir en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de ese Centro Directivo y 
publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el Convenio colectivo de la empresa Repsol 
Exploración, S.A. (código de convenio número: 90103192012018).
Segundo.
El 13 de enero de 2020 tuvo entrada en el registro general del Departamento la 
sentencia antecitada de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en cuyo fallo se 
anula el inciso «en alta en la empresa a 31/12/97» contenido en el primer párrafo de la 
disposición transitoria primera del Convenio Colectivo de la empresa Repsol Exploración, 
S.A. publicado en el BOE de 17 de noviembre de 2018.
Fundamentos de Derecho
Primero.
De conformidad con lo establecido en el artículo 166.3 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social, cuando la sentencia sea anulatoria, en todo 
o en parte, del Convenio colectivo impugnado y éste hubiera sido publicado, también se 
publicará en el Boletín Oficial en que aquél se hubiere insertado.
En consecuencia, esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de dicha Sentencia de la Audiencia Nacional dictada el día 30  oe.
de diciembre de 2019, recaída en el procedimiento n.º 231/2019 y relativa al Convenio  w.
cecoolelnecvctretóinvniooic sod sey   dlaeac  euesemtredp ocreess nactr ooRl edeciprteisvcootlsi v Eodx.ep lotrraabcaiójon , cSo.nA .,f uennc ioenl acmoirerenstop oan dtireanvtées  Rdeeg ismtreod idoes   2020-1431n https://ww
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de enero de 2020.–El Director General de Trabajo, Ángel Allué Buiza.
AUDIENCIA NACIONAL
Sala de lo Social
Letrada de la Administración de Justicia D.ª Marta Jaureguizar Serrano.
Sentencia n.º: 148/2019
Fecha de Juicio: 17/12/2019.
Fecha Sentencia:30/12/2019.
Fecha Auto Aclaración:
Tipo y núm. Procedimiento: Impugnación de convenios 0000231/2019.
Ponente: D.ª M.ª Carolina San Martín Mazzucconi.
Demandante/s: Sindicato de Trabajadores (STR)
Demandado/s:  Repsol  Exploración  SA,  FITAG-UGT,  Coalición  de  Sindicatos, 
FITEQA-CCOO de Madrid, Ministerio Fiscal.
Resolución de la Sentencia: Estimatoria parcial.
Breve Resumen de la Sentencia: En demanda de impugnación de convenio colectivo 
por contener una doble escala salarial al establecer una prima de antigüedad en función 
de la fecha de contratación, se desestiman las excepciones de falta de agotamiento de 
vía previa (pues no cabe esgrimirla por quien sí fue convocado a mediación previa), y de 
incompetencia de jurisdicción (pues no se trata de un conflicto de intereses). Se estima 
parcialmente la demanda, declarando la nulidad de la doble escala, sin pronunciarnos 
sobre la extensión de la disposición convencional a toda la plantilla por exceder del 
cauce procesal utilizado.
AUD. NACIONAL SALA DE LO SOCIAL
Goya 14 (Madrid).
Tfno: 914007258 Correo electrónico:
Equipo/usuario: BLM.
NIG: 28079 24 4 2019 0000245.
Modelo: ANS105 Sentencia.
IMC impugnación de Convenios 0000231/2019.
Procedimiento de origen:
Sobre: Impug. Convenios.
Ponente Ilma. Sra: D.ª M.ª Carolina San Martín Mazzucconi.
Sentencia 148/2019
Ilmo/A. Sr./Sra. Presidente: D.ª Emilia Ruiz-Jarabo Quemada. e.e
Ilmos/as. Sres./Sras. Magistrados/as: D. Ramón Gallo Llanos. b
D.ª M.ª Carolina San Martín Mazzucconi. 31ww
En Madrid, a treinta de diciembre de dos mil diecinueve.
MagLisat raSdaolsa/ ads ec itlaod oSso acli aml ardgee nl ay  Audiencia  Nacional  compuesta  por  los  Sres./as.  BOE-A-cable e
EN NOMBRE DEL REY
Han dictado la siguiente
SENTENCIA
En el procedimiento impugnación de convenios 0000231 /2019 seguido por demanda 
de Sindicato de Trabajadores (STR) (letrado D. Miguel Ángel Torresano) contra Repsol 
Exploración, S.A. (letrado D. Carlos del Peso), FITAG-UGT (no comparece), Coalición de 
Sindicatos (no comparece), FITEQA-CCOO de Madrid (no comparece), siendo parte el 
Ministerio  Fiscal,  sobre  impug.  convenios.  Ha  sido  Ponente  la  Ilma.  Sra.  Dña.  M.ª 
Carolina San Martín Mazzucconi.
Antecedentes de hecho
Primero.
Según consta en autos, el 16/10/19 el representante del Sindicato de Trabajadores 
(STR) presentó demanda de impug. convenios contra Repsol Exploración SA, FITAG-
UGT, Coalición de Sindicatos, FITEQA-CCOO de Madrid. Con citación del Ministerio 
Fiscal.
Segundo.
La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se 
señaló día para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se 
accedía a lo solicitado en los otrosí de prueba.
Tercero.
El día 17/12/19 tuvo lugar la celebración del acto del juicio, previo intento fallido de 
avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido 
en el acta levantada al efecto.
No comparecieron, habiendo sido citados en legal forma, FITAG-UGT, Coalición de 
Sindicatos, ni FITEQA-CCOO de Madrid.
Cuarto.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, debe destacarse que las partes debatieron 
sobre los extremos siguientes:
STR se ratificó en el contenido de su demanda, en cuyo suplico solicita que «se 
declare nula la doble escala salarial y se reconozca la aplicación de la disposición 
transitoria  primera  a  todo  el  personal  contratado  por  Repsol  Exploración  SA  con 
independencia de la fecha de incorporación a la empresa». Indicó que la regulación de la 
citada disposición introduce una diferencia retributiva en función de la fecha de ingreso 
en la empresa, diferencia que se continúa devengando sin justificación para ello.
Repsol Exploración S.A. se opuso a la demanda, alegando la excepción de falta de 
agotamiento de vía previa, pues no se intentó la mediación previa frente a los restantes  s
demandados –siendo este intento preceptivo en aplicación del art. 60 del convenio  oe.
impugnado–. w.
SacTtRoLs a e pse rmofiprpmiroeassn.a te As redg eumlm ocesontnrtóvóe  cnqoiuone foq rulmae e di mcisoppnuo gsenilc aihó, ensc ihétorna dnposrliiemto edrireao   adcpoeln icltaar ocdvióeenmrt iadlana d daoo.b cEetrdxinpeauc esdo e a q luolaes    2020-1431n https://ww
reforma operada por la Ley 11/1994, en cuya virtud el complemento de antigüedad pasó
a  ser  dispositivo,  conservándose  en  convenio,  excepcionalmente,  como  derecho  Bc
adquirido. Se pactó un reconocimiento dinámico, que sigue aumentando su cuantía con 
el paso de los años, pero que es residual pues afecta a muy pocos trabajadores (apenas 
el 0,6% de la plantilla).
La parte demandada finalizó su alegato subrayando que, en caso de estimarse la 
nulidad de la cláusula convencional, la consecuencia debería ser su desaparición y no su 
extensión a todos los trabajadores, pues en este último caso estaríamos ante un conflicto 
de  intereses.  En  esta  línea,  alegó  la  excepción  de  falta  de  jurisdicción.  La  parte 
demandante se opuso a las dos excepciones. Afirmó haber dirigido la papeleta de 
solicitud de mediación previa a la totalidad de demandados, y negó que se trate de un 
conflicto de intereses sino del resultado de la detección de una doble escala salarial.
El Ministerio Fiscal propuso la desestimación de la demanda, por considerar que una 
doble escala puede ser válida si concurre una justificación razonable para la misma.
Quinto.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 85.6 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
se precisa que constituyeron hechos pacíficos los siguientes:
– El convenio de REPSOL fue firmado por la sección sindical de STR y una coalición 
de sindicatos.
– STR no solo ha suscrito el convenio sino todos los anteriores desde que existe 
STR.
– En el convenio de 1998 no existía STR y por tanto no suscribió el convenio.
– La  plantilla  actual  de  REPSOL  es  de  796  trabajadores.  Sólo  5  perciben  el 
complemento de antigüedad. 37 trabajadores están dentro del convenio.
Resultando y así se declaran, los siguientes
Hechos probados
Primero.
Es  de  aplicación  en  la  empresa  demandada  el  Convenio  Colectivo  de  Repsol 
Exploración S.A. 2017-2019, aprobado por Resolución de 31 de octubre de 2018 de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el mismo en el BOE n.º 
278 de 17 de noviembre de 2018.
Fue suscrito, de una parte, por los designados por la Dirección de la empresa en 
representación de la misma, y de otra por las secciones sindicales de Coalición de 
Sindicatos y del Sindicato de Trabajadores de Repsol (S.T.R.) en representación de los 
trabajadores.
Segundo.
La Disposición transitoria primera del actual Convenio establece lo siguiente:
«Prima de antigüedad.
Los empleados en alta en la Empresa a 31/12/97 mantendrán a título personal este 
componente salarial, consistente en un aumento periódico por tiempo de permanencia 
reconocido en la Empresa, que se abonará por bienios hasta un máximo de diez y por 
trienios por el tiempo que exceda de los veinte años, en cada una de las 15 pagas  es
anuales. Este concepto se considerará a los efectos previstos en los artículos 24.3 y 29. o
El valor del bienio será de 25,78 € Brutos y el valor del trienio será de 33,03 € Brutos. 31ww
EjumliopL rade esfael  casheña oc  ducemo pprrelears cdpeeopnnctdiróoien dn deteel ,p  crsaimedgeaúr  nbo i esqneuigoeu  one dlt roibe sineeinomi oec osotmr eet rndiezenal iraoáñ  oed.le» 1  pdeer meanneeron coia e le 1n  dlea   OE-A-2020-14able en https://
Tercero.
En el Convenio de la empresa de 1998 la Disposición transitoria primera poseía el 
siguiente contenido:
«Prima de Antigüedad.
A la firma de este Convenio Colectivo desaparece el concepto salarial denominado 
prima de antigüedad.
No  obstante,  la  desaparición  de  este  concepto  de  la  estructura  salarial,  los 
empleados  en  alta  en  la  Empresa  a  31/12/97,  mantendrán  a  título  personal  este 
componente salarial, consistente en un aumento periódico por tiempo de permanencia 
reconocido en la Empresa, que se abonará por bienios hasta un máximo de diez y por 
trienios por el tiempo que exceda de los veinte años, en cada una de las 15 pagas 
anuales. Este concepto se considerará a los efectos previstos en los artículos 22.c, 25 
y 26.
Para el año 1998 el valor del bienio será de 3.040 pesetas. Para el año 1998 el valor 
del trienio será de 3.897 pesetas.
La fecha de percepción de cada bienio o trienio comenzará el 1 de enero o el 1 de 
julio  del  año  correspondiente,  según  que  el  bienio  o  trienio  de  permanencia  en  la 
Empresa se cumpla dentro del primer o segundo semestre del año.»
Cuarto.
Desde que existe la sección sindical de STR, ha suscrito todos los convenios en la 
empresa.
Quinto.
La empresa cuenta con una plantilla de 796 trabajadores. De ellos, 37 están incluidos 
en el ámbito del convenio, y a 5 de estos últimos les es de aplicación la disposición 
transitoria primera del convenio por haber ingresado en la empresa con fecha igual o 
anterior a 31 de diciembre de 1997.
Sexto.
El 19 de julio de 2019 tuvo lugar intento de mediación ante el SIMA, promovido por 
STR frente a Repsol Exploración S.A., con resultado de falta de acuerdo.
En la solicitud remitida al SIMA se señaló como parte interesada a FITEQA-CCOO.
Se han cumplido las previsiones legales.
Fundamentos de Derecho
Primero.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2, h 
de la Ley 36/2011, de 14 de octubre, compete el conocimiento del proceso a la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional.
Segundo. es
De conformidad con lo previsto en el art. 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,  w.
se precisa que los hechos declarados probados se deducen de las pruebas siguientes: 31ww
– El primero y el segundo se extraen del BOE citado.
reco–n oEcli dtoe rdcee rcoo nctroanrisot.a  en  el  documento  obrante  en  la  descripción  24  de  autos,
– El cuarto se admitió pacíficamente por las partes.
– El quinto resultó pacífico, deduciéndose además del documento que obra en la 
descripción 44 de autos, reconocido de adverso.
– El sexto se sustenta en el acta obrante en la descripción 2, así como en el 
documento reflejado en la descripción 50 de autos, reconocido de contrario.
Tercero.
La empresa alega la excepción de falta de agotamiento de vía previa, debido a que la 
mediación no se habría sustanciado frente a la totalidad de demandados.
Siendo pacífico para las partes que, en aplicación del art. 60 del Convenio aplicable, 
el  presente  procedimiento  de  impugnación  convencional  requería  intento  pevio  de 
mediación ante el SIMA, la empresa indica que el trámite no puede entenderse cumplido 
pues  STR  solicitó  mediación  frente  a  Repsol  Exploración  S.A.  y  FITEQA-CCOO, 
omitiendo a FITAG-UGT y Coalición de Sindicatos, que, sin embargo, figuran como 
demandados.
El relato fáctico desvela que, en efecto, no se sustanció intento de mediación frente a 
FITAG-UGT ni a Coalición de Sindicatos. Sin embargo, la Sala no considera que de esta 
omisión deba deducirse la estimación de la excepción de falta de agotamiento de la vía 
previa.
El  trámite  de  intento  de  conciliación  o,  en  su  caso,  mediación,  responde  a  la 
necesidad de agotar una vía alternativa al proceso, que aquí no ha tenido lugar respecto 
de dos de los demandados. Pero ello, por sí mismo, no causa indefensión alguna a la 
empresa demandada, que sí fue convocada al intento de mediación y conocía desde 
entonces los hechos y fundamentos de la demanda, lo que le ha permitido la articulación 
de su defensa conforme a sus intereses (STS 219/2017, de 14/03/2017).
La eventual indefensión en que pudieran encontrarse FITAG-UGT y Coalición de 
Sindicatos solo a ellos competía alegarla y acreditarla. Habiendo sido citados en legal 
forma al presente proceso como demandados y optando por no comparecer, decaen en 
su derecho a esgrimir la excepción procesal, sin que la empresa pueda suplantarlas en 
la titularidad del mismo.
Cuarto.
Similar suerte desestimatoria ha de correr la excepción de falta de jurisdicción.
La  empresa  entiende  que,  al  pedirse  en  el  suplico  de  la  demanda  que  el 
complemento de antigüedad se extienda a la totalidad de la plantilla, estaríamos ante un 
conflicto de intereses que excede de las consecuencias de la apreciación de nulidad de 
la cláusula convencional controvertida. La parte demandante, por el contrario, manifiesta 
que la extensión del complemento a todos los trabajadores es la consecuencia jurídica 
de apreciar un trato desigual injustificado.
El Tribunal Supremo ha mantenido que «la existencia de una doble escala y su 
ausencia de justificación válida abocan a la declaración de nulidad parcial, es decir, a la 
generalización del nivel retributivo superior a favor de todas las personas (equiparación 
in melius), con independencia de la fecha en que hayan comenzado a trabajar» (STS n.º 
724/2019, de 22/10/2019). Más adelante reflexionaremos sobre este punto, sin perjuicio 
de avanzar aquí que, teniendo en cuenta esta doctrina, queda descartada la existencia 
de un conflicto de intereses por solicitar una declaración extensiva del complemento a 
resultas de la eventual apreciación de ilicitud de la doble escala salarial.
Ello comporta la desestimación de la excepción referida. es
Quinto. 31ww
quedLaad oe mvipnrceuslaad oa lepgoar  squus ep, rospieionsd oa ctSoTs,R d efibrmienadnote  eldloe lc ocnodnuvceinr ioa  laim dpeusgensatidmoa, chióanb rdíae 
la demanda.
Sin duda es llamativo que el sindicato interponga una demanda de impugnación de 
un convenio suscrito por su sección sindical, mas ello no merma un ápice su legitimación 
activa conforme al art. 165 LRJS, ni, desde luego, permitiría convalidar una cláusula que, 
en su caso, conculcara la legalidad vigente. La conformidad inicial de la sección sindical 
no  blinda  el  contenido  de  los  acuerdos  frente  a  eventuales  ilegalidades,  que  son 
perfectamente denunciables por los legitimados a estos efectos.
Sexto.
La Disposición convencional controvertida contempla un trato retributivo diverso en 
función de la fecha de ingreso en la empresa, pues sólo los trabajadores contratados en 
fecha igual o anterior al 31/12/97 mantienen una prima salarial de antigüedad que 
continúa devengándose por bienios y trienios, mientras los restantes empleados no 
tienen reconocido el derecho a retribución alguna por este concepto. Estamos, pues, 
ante una doble escala salarial, proyectada sobre el complemento de antigüedad.
La jurisprudencia aplicable a las dobles escalas salariales queda perfectamente 
resumida en la STS n.º 724/2019, de 22/10/2019, dictada en recurso de casación para la 
unificación de doctrina:
Tras recorrer los trazos básicos de la doble escala salarial [STJUE de 14 de febrero 
de 2019 (C-154/18, Horgan y Keegan); SSTC 119/2002 de 20 mayo; STC 27/2004, de 4 
de marzo y 112/2017 de 16 octubre; SSTS 17 junio 2010 (rec. 148/2009); 18 junio 2010 
(rec. 152/2009); 10 noviembre 2010 (rec. 140/2009); 21 octubre 2014 (rec 308/2013); 14 
febrero  2017  (rec.  43/2016);  9  marzo  2017  (rec.  135/2016);  20  de  abril  de  2017 
(rcud 145/2016); 28 noviembre 2018 (rec. 193/2015)], el pronunciamiento de la Sala 
Cuarta del Tribunal Supremo afirma que «la doble escala salarial cuando se establece 
por un convenio colectivo estatutario, que, a diferencia de lo que ocurre con los acuerdos 
privados o las decisiones empresariales (STC 34/1984), es un instrumento de regulación 
que  se  inserta  en  el  ordenamiento  jurídico,  conculca  el  principio  constitucional  de 
igualdad, si la diferencia de trato que se establece no tiene una justificación objetiva y 
razonable. Esa justificación podría estar constituida por la garantía de los derechos 
adquiridos para los trabajadores que, de acuerdo con el régimen convencional aplicable 
con  anterioridad,  tuvieran  reconocidos  o  en  curso  de  reconocimiento  los 
correspondientes conceptos. Sin embargo, esa garantía de los derechos adquiridos no 
se concibe de forma dinámica, como mantenimiento de un régimen jurídico que puede 
determinar la aplicación en el tiempo de cantidades variables o actualizadas, sino que, 
de forma estática, que tiene que limitarse a conservar los derechos ya reconocidos a los 
trabajadores  en  el  momento  en  que  se  produce  el  cambio  normativo,  sin  que  se 
establezcan “dos regímenes de antigüedad diferentes y abiertos al futuro”. (...) Por tanto, 
no puede incurrir el Convenio Colectivo en el establecimiento de diferencias en el trato 
de  los  trabajadores,  a  menos  que  tales  diferencias  sean  razonables,  objetivas, 
equitativas y proporcionadas, estando el convenio colectivo facultado para establecer 
determinadas diferencias en función de las particulares circunstancias concurrentes en 
cada  caso,  sin  que  cuando  se  trata  de  la  retribución  del  trabajo  quepan  las 
generalizaciones, de manera que el principio general a tener en cuenta es el de igual 
retribución a trabajo de igual valor, como ordena el art. 28 del ET, y en principio está 
desprovista de toda fundamentación razonable la inclusión en el convenio colectivo de 
diferencias salariales en atención únicamente a la fecha de la contratación».
En definitiva, pues, no son compatibles con el principio de igualdad las dobles  e
escalas salariales que carecen de justificación objetiva y razonable y que son dinámicas,  bo
no limitadas a conservar los derechos ya reconocidos. 31ww
76d29e00 //E822/n001 110i99/d2,,é  0n716t29i8c1)9o,/ 2/ 260s071e149n9/,t2 ,i d70o216 299/c,42 a/062b170e961 ,/9 c27,i0t 2a15r69,/ 9 25e(0a/n12mt90re,b1  a97os,2  t6rda6/2es90, 6 11/l29a/10,s 01 7/9S22,0 7S1/T269S07),1 7 9/n2t o.0º(d t1oa79ds1,a  8se/6 2ll7da08es1/  922d,0 2i1c/719t1a0 9d/2(/a2t0so01 d19ea9)ns,;     OE-A-2020-14able en https://
recurso de casación para la unificación de doctrina.
Séptimo.
La justificación alegada por la empresa para mantener esta diferencia retributiva se 
ciñe al reconocimiento de derechos adquiridos conforme a lo dispuesto en el art. 25 ET 
tras su modificación por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, a lo que añade su carácter 
excepcional y aplicable a muy pocos trabajadores.
Pero la Sentencia 724/2019 recuerda, con apoyo en la jurisprudencia constitucional, 
que «Tras la desregulación que llevó a cabo la Ley 11/1994, de 19 de mayo, del que 
hasta entonces era un derecho a la promoción económica de carácter necesario, que ha 
pasado a ser dispositivo para las partes negociadoras, pueden incluso respetarse tan 
sólo los derechos ya causados bajo el convenio anterior o en curso de adquisición en el 
tramo temporal correspondiente por los antiguos trabajadores (art. 25.2 del vigente texto 
refundido del estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre). Sin embargo nada excusa la necesidad de que en el nuevo convenio, 
y a partir de su entrada en vigor, se fije una estructura salarial que trate por igual a todos 
los  trabajadores  a  los  que  ha  de  aplicarse  (sin  perjuicio  de  que  se  respeten  las 
percepciones  consolidadas);  pues  lo  que  es  reprochable  desde  la  perspectiva  del 
derecho a la igualdad es que se establezca una valoración de la antigüedad para el 
futuro  de  modo  distinto  para  dos  colectivos  de  trabajadores,  y  que  se  haga 
exclusivamente en función de la fecha de su ingreso en la empresa». Finalmente, 
concluye que «para que la diferencia salarial fundada en el concepto de antigüedad 
pueda  ser  conforme  al  principio  de  igualdad  es  necesario:  1.º)  Que  el  convenio 
introduzca algún tipo de compromiso empresarial que conlleve una contraprestación a 
los afectados que pueda hacer potencialmente compatible la medida con el art. 14 CE. 
2.º)  Que,  con  base  en  pautas  de  compensación  o  reequilibrio,  determinen  el 
establecimiento  de  la  diferencia  de  modo  transitorio,  asegurando  su  desaparición 
progresiva».
Siendo evidente que la doble escala salarial establecida en la disposición transitoria 
primera del convenio reconoce un derecho dinámico para ciertos trabajadores, anudado 
exclusivamente a su fecha de incorporación a la empresa, esta Sala solo puede concluir 
que con ello se conculca el principio de igualdad, debiendo prosperar su impugnación.
Octavo.
El suplico de la demanda solicita la declaración de nulidad de la doble escala salarial, 
y que se reconozca la aplicación de la disposición transitoria primera a todo el personal 
de la empresa con independencia de su fecha de contratación. La empresa considera 
que,  una  vez  expulsada  del  ordenamiento  jurídico  la  disposición  controvertida,  el 
pretender su aplicación a todos los trabajadores supone un conflicto de intereses, que 
excede, por tanto, de lo que puede dirimirse en este proceso.
A la vista del petitum en su  literalidad,  lo que se  pide no es la expulsión del 
ordenamiento jurídico de la íntegra Disposición Transitoria Primera, sino únicamente de 
la doble escala salarial, para conseguir que el complemento se aplique a todos los 
trabajadores  con  independencia  de  su  fecha  de  contratación.  Por  tanto,  lo  que  se 
cuestiona es dicha fecha como pórtico de entrada a una diferencia retributiva. Siendo ello 
así, nuestra sentencia ha de declarar la nulidad exclusivamente de la fecha de ingreso 
en la empresa como requisito para optar al derecho reconocido en la disposición, pues 
es  la  citada  data  lo  que  determina  la  existencia  de  una  doble  escala,  pudiendo 
permanecer vigente la regulación restante, que no se ha atacado ni en la demanda ni en  e
el juicio. bo
Ahora bien, al margen de las consecuencias que se desprenden de semejante  31ww
jccauoaprmuirsecppcerlie uapmdcrieoóencnnce tiosad a eacl   oetnonleudfogloirdismda oldeo.   saAp  tlar laarpc brcioaaunjla,au dln loa«cr lieaaps rner edoxteises  ntlseason ióbecnrimae  p ddlraeees s  uaqen uxeaecx e dcpdeocedbicoeleln a deereess m cltoaroa lsaqji  umylea o s scu eo axrar teuecssnopeslaoniócncnióida ne d  delaaell     OE-A-2020-14able en https://
justificación  válida  abocan  a  la  declaración  de  nulidad  parcial,  es  decir,  a  la
generalización del nivel retributivo superior a favor de todas las personas (equiparación 
in melius), con independencia de la fecha en que hayan comenzado a trabajar» (STS n.º 
724/2019, de 22/10/2019). Sin embargo, en el proceso de impugnación de convenio 
colectivo el resultado sólo puede ser la expulsión del ordenamiento jurídico de aquello 
que es ilegal (SAN 116/2019, 10/10/2019), y en este sentido consideramos que lo es la 
fijación de una fecha de ingreso en la empresa como generadora de una doble escala 
salarial, sin que resulte acumulable a pretensiones propias de otro tipo de acciones 
conforme dispone el art. 26 LRJS.
Sin costas por tratarse de un proceso colectivo y no apreciarse temeridad en ninguno 
de los litigantes.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
Previa desestimación de las excepciones de falta de agotamiento de vía previa y de 
incompetencia  de  jurisdicción,  estimamos  parcialmente  la  demanda  presentada  por 
Sindicato de Trabajadores (STR) contra Repsol Exploración SA, FITAG-UGT, Coalición 
de Sindicatos, FITEQA-CCOO de Madrid, siendo parte el Ministerio Fiscal, y declaramos 
la nulidad del inciso «en alta en la empresa a 31/12/97» contenida en el primer párrafo 
de la Disposición Transitoria Primera del Convenio Colectivo de Repsol Exploración, 
S.A., registrado por Resolución de 31 de octubre de 2019 de la Dirección General de 
Trabajo.
Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma 
cabe  Recurso  de  Casación  ante  la  Sala  Cuarta  del  Tribunal  Supremo,  que  podrá 
prepararse ante esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el plazo de cinco días 
hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante manifestación de la parte o de 
su Letrado al serle notificada, o mediante escrito presentado en esta Sala dentro del 
plazo arriba señalado.
Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso 
de Casación, el recurrente, si no goza del beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar 
haber hecho el depósito de 600 euros previsto en el art. 229.1.b de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Social, y, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de 
alguna cantidad, haber consignado la cantidad objeto de condena de conformidad con el 
art. 230 del mismo texto legal, todo ello en la cuenta corriente que la Sala tiene abierta 
en el Banco de Santander Sucursal de la Calle Barquillo 49, si es por transferencia con el 
n.º 0049 3569 92 0005001274 haciendo constar en las observaciones el n.º 2419 0000 
00 0231 19; si es en efectivo en la cuenta n.º 2419 0000 00 0231 19, pudiéndose sustituir 
la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que 
conste la responsabilidad solidaria del avalista.
Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al 
libro de sentencias.
Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el 
que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de 
carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la 
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a 
la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los  datos  personales  incluidos  en  esta  resolución  no  podrán  ser  cedidos,  ni  s
comunicados con fines contrarios a las leyes. e.