BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 176 Sábado 24 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 89179
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
12426 Orden APA/792/2021, de 21 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras  de  las  subvenciones  en  I+D+i,  en  el  ámbito  de  los  Planes 
Nacionales  de  Acuicultura,  para  agrupaciones  de  entidades  que  realicen 
proyectos de investigación en esta materia.
La estrategia definida en el Programa Operativo para el fomento de la acuicultura 
española emana del Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2020 
(PEAE), que se ha elaborado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34.2 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera Común.
De las conclusiones a que se llega en dicho documento destaca que entre las 
principales debilidades recogidas en materia de I+D+i en acuicultura, está la dificultad de 
las pequeñas y medianas empresas para acceder a la I+D+i o la falta de coordinación 
entre los distintos agentes de I+D+i y las empresas. Se identifica como fortaleza la 
existencia de un elevado número de centros de I+D+i con potencial investigador en 
acuicultura, y entre las oportunidades destaca la creciente implicación de las empresas 
en el planteamiento y desarrollo de la I+D+i, reflejado en la elaboración de líneas 
estratégicas claras y bien definidas a través de las plataformas tecnológicas europea y 
nacional.
Viendo la necesidad de poner en marcha una serie de medidas para reducir la 
debilidad indicada, se propone articular una  línea  de ayudas que tengan un papel 
relevante para «reforzar la competitividad del sector a través de la Investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación, incrementando la financiación disponible y el 
número de proyectos, y el estrechamiento de las relaciones entre la comunidad científica 
y el sector productor», mediante acciones «que cuenten con el interés y apoyo de las 
organizaciones representativas del sector y las empresas y se desarrollen en más de 
una comunidad autónoma». Tomando como punto de partida las prioridades y objetivos 
que emanan del marco europeo, y considerando las prioridades definidas por el sector 
europeo y nacional en materia de I+D+i, se establecen las bases reguladoras para la 
convocatoria de ayudas en materia de innovación y desarrollo tecnológico en acuicultura 
bajo la denominación de Planes Nacionales de Acuicultura, que estarán orientados a 
fomentar la competitividad y la viabilidad de las empresas acuícolas.
Con estas ayudas se podrán financiar actuaciones de carácter innovador y de interés 
colectivo enfocadas a conseguir efectos positivos para el desarrollo del sector y el 
conjunto de sus empresas. El refuerzo de las capacidades de los organismos científicos 
y técnicos que vienen trabajando conjuntamente con el sector de la acuicultura, permitirá 
potenciar estos vínculos a lo largo del territorio nacional, contribuyendo a la consecución 
de los objetivos establecidos para la acuicultura en el Programa Operativo del FEMP y 
en el Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española.
Los  posibles  beneficiarios  de  estas  ayudas  serán  aquellos  agentes  públicos  y 
privados,  sin  ánimo  de  lucro,  de  ámbito  nacional  que  desarrollen  actividades  de 
innovación y desarrollo tecnológico en el sector acuícola, siendo uno de los requisitos de  s
los  proyectos  que  sean  desarrollados  en  distintas  comunidades  autónomas,  oe.
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Teniendo  en  cuenta  el  periodo  trascurrido  desde  la  publicación  de  la  Orden
AAA/957/2016, de 9 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las  Bc
ayudas a la investigación en los Planes Nacionales de Acuicultura, y a la vista de los 
cambios significativos producidos, en las exigencias del Fondo Europeo Marítimo y 
Pesquero (FEMP), en lo que a documentación justificativa de las ayudas se refiere, se 
hace necesario actualizar el texto con el objetivo de simplificación administrativa o 
adaptación del procedimiento a las necesidades prácticas de gestión y tramitación de 
estas ayudas.
La puesta en marcha de estas ayudas se realizará por el Estado, dado que cuenta 
con  competencias  exclusivas  en  materia  de  fomento  y  coordinación  general  de  la 
investigación científica y técnica, siguiendo la doctrina sentada por la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional en relación al alcance material y funcional de la competencia que 
el artículo 149.1.15.ª de la Constitución reserva al Estado.
Por todas, en las Sentencias del Tribunal Constitucional 53/1988, F 1, y 103/1989, 
F  10,  ya  se  declaró  que  el  fomento  de  la  investigación  científica  y  técnica  puede 
proyectarse sobre cualquier sector material, tanto si el Estado tiene competencias sobre 
el sector como si no las tiene. En la STC 64/1989, F3, el Alto Tribunal declararía que con 
base en este título competencial el Estado puede ejercer tanto funciones normativas 
como ejecutivas. Y en la STC 90/1992, F 2. A a) y b), señaló la perfecta concurrencia 
competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en esta materia dado que 
nos hallamos ante una línea de fomento de la investigación científica y técnica, además 
desplegada por entidades de ámbito nacional con determinadas características que 
aseguren su implantación en todo el territorio y su dedicación a fines estrictamente 
vinculados  al  sector  acuícola.  Es  más,  esta  misma  jurisprudencia  –SSTC  53/1989 
y 90/1992– tiene señalado que su ámbito es particularmente amplio, extendiéndose al 
organizativo o servicial, y al mero apoyo o estímulo, sin necesidad de circunscribirse al 
apoyo  de  las  actividades  directamente  conducentes  a  descubrimientos  científicos  o 
avances técnicos, pues incluye su divulgación, por ser un medio conducente al fomento y 
coordinación de la investigación.
El Tribunal Constitucional ha determinado desde la temprana Sentencia 53/1988, 
FJ 1, que «este título competencial es, como determinado en razón de un fin, susceptible 
de ser utilizado respecto de cualquier género de materias con independencia de cuál sea 
el titular de la competencia para la ordenación de éstas. De otro modo, en efecto, por la 
simple sustracción de las materias sobre las que las Comunidades Autónomas han 
adquirido competencia el título competencial que reserva al Estado, como competencia 
exclusiva, el fomento de la investigación científica y técnica quedaría, como dice el 
Abogado del Estado, vaciado de todo contenido propio, sin que quepa tampoco restringir 
en modo alguno el concepto de ‘‘fomento de la investigación’’ al apoyo de actividades 
directamente conducentes a descubrimientos científicos o a avances técnicos, pues 
también la divulgación de los resultados obtenidos es, sin duda, un medio de fomentar y 
coordinar la investigación». Como corolario de esta posición, la citada Sentencia del 
Tribunal  Constitucional  90/1992  dictaminó  que  «al  atribuirse  constitucionalmente  al 
Estado la competencia para el fomento de la actividad investigadora y científica, tampoco 
cabe  duda  de  que  el  titular  de  la  competencia  asume  potestades,  tanto  de  orden 
normativo  como  ejecutivo,  para  el  pleno  desarrollo  de  la  actividad  de  fomento  y 
promoción». Por consiguiente, tratándose de un mecanismo de apoyo a esta actividad 
investigadora  su  amparo  constitucional  en  dicha  regla  15.ª  resulta  plenamente 
acreditado.
En la elaboración de esta orden se han observado los principios de buena regulación 
previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  s
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los principios de necesidad y  oe.
eficacia puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que  w.
se persiguen, en concreto, subvenir la situación coyuntural ya descrita a través de una  426ww
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Europea. Por lo demás, la norma es coherente con los principios de eficiencia, en tanto 
que la norma asegura la máxima eficacia de sus postulados con los menores costes 
posibles inherentes a su aplicación al servirse de la infraestructura estatal ya creada para 
estos fines, y transparencia al haberse garantizado una amplia participación pública en 
su tramitación.
Esta  orden  se  dicta  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  artículo  149.1.15.ª  de  la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva estatal en materia de 
fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
En la elaboración de esta orden se ha consultado a las comunidades autónomas y 
las entidades representativas de la acuicultura y han emitido el preceptivo informe el 
Servicio Jurídico del Estado y la Intervención Delegada.
En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Función 
Pública, dispongo:
Artículo 1.  Objeto.
La  presente  orden  tiene  por  objeto  establecer  las  bases  reguladoras  para  la 
concesión, de subvenciones en Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), en el 
ámbito  de  los  Planes  Nacionales  de  Acuicultura,  a  las  entidades  señaladas  en  el 
artículo 4, para la realización de proyectos de investigación en esta materia, para el 
fomento  de  la  competitividad  y  viabilidad  de  las  empresas  acuícolas,  conforme  al 
objetivo 5 a) del Reglamento 508/2014 de 15 de mayo, en lo relativo al fomento de una 
acuicultura  competitiva,  medioambientalmente  sostenible,  económicamente  viable  y 
socialmente  responsable  así  como  conforme  a  los  objetivos  estratégicos  del  Plan 
Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2020, favoreciendo asimismo el 
estrechamiento de las relaciones entre la comunidad científica y el sector productor.
Artículo 2.  Régimen jurídico.
Estas subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de 
acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación y 
eficacia  y  eficiencia  establecidos  en  el  artículo  8.3  de  la  Ley  38/2013,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones.
Se regirán, además de por lo dispuesto en la presente orden, por lo establecido en el 
Reglamento (UE) n.º 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo 
de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y por el que se derogan 
los Reglamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) n.º 1198/2006 y (CE) n.º 
791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 1255/2011 del Parlamento Europeo y 
del  Consejo,  en  el  Reglamento  (UE)  n.º  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo  de  17  de  diciembre  de  2013  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión 
y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 
1083/2006 del Consejo, así como por lo dispuesto en el Programa Operativo para 
España del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, aprobado por la Decisión de Ejecución 
(UE) 2015/2058 de la Comisión, de 13 de noviembre de 2015, que modifica y corrige la 
Decisión de Ejecución (UE) 2015/144 y el Reglamento de Ejecución (UE) 1243/2014,  es
de 20 de noviembre relativo a normas sobre la información que deben enviar los Estados  bo
miembros, así como sobre las necesidades de datos y las sinergias entre las fuentes  426ww
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a lo dispuesto en el artículo 47 relativo a «Innovación» del citado Reglamento (UE) n.º
508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, en los 
porcentajes señalados en el artículo 9.
Artículo 3.  Finalidad y áreas temáticas.
Las  ayudas  se  dirigen  a  la  realización  de  proyectos  en  investigación,  para  el 
desarrollo de conocimientos técnicos, científicos u organizativos en las explotaciones 
acuícolas, tanto en cultivos animales como vegetales en alguna de las siguientes áreas 
temáticas (líneas de ayudas):
a)  Alimentación y nutrición:
1.º  Mejoras en la alimentación animal.
2.º  Optimización de piensos.
3.º  Fuentes alternativas de alimentos.
b)  Sanidad y bienestar animal:
1.º  Mejoras de los métodos de sacrificio: procesos e indicadores de calidad.
2.º  Patologías  emergentes  y  recurrentes,  estudios  epidemiológicos,  profilaxis  y 
control sanitario.
3.º  Mejoras del bienestar animal: procesos y bioindicadores.
c)  Genética y genómica:
1.º  Mejora genética de especies establecidas.
2.º  Genética y genómica de nuevas especies.
d)  Fisiología y reproducción:
1.º  Fisiología de especies nuevas y establecidas, adaptación y resiliencia.
2.º  Fisiología del crecimiento y la nutrición.
e)  Ingeniería y manejo:
1.º  Estructuras de cultivo y materiales nuevos o mejorados, resistentes al cambio 
climático y con bajo impacto ambiental.
2.º  Acuicultura off-shore.
3.º  Sistemas de recirculación (RAS) y acuicultura Multitrófica (IMTA) y aquaponia.
4.º  Estimación de biomasa.
f)  Medioambiente y mitigación o adaptación al cambio climático:
1.º  Interacciones ambientales de la actividad, incluyendo evaluación del impacto del 
cambio climático y aumento de la resiliencia frente a eventos extremos.
2.º  Eficiencia en el uso sostenible de los recursos, nuevos métodos de producción 
sostenible.
3.º  Prevención y gestión de escapes.
4.º  Protección frente a depredadores.
5.º  Economía circular y energías alternativas.
6.º  Cultivos vegetales. Aprovechamiento de macro y micro algas.
g)  Aspectos económicos y sociales: e.
1.º  Nuevos modelos de negocio. 426ww
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información y la comunicación.
5.º  Nuevas presentaciones, nuevos envases, nuevas vías de comercialización.
h)  Producción de cianobacterias, microalgas y angiospermas
1.º  Mejora biotecnológica en productividad de cultivos de productores primarios en 
fotobiorreactores.
2.º  Optimización del cultivo de productores primarios en el medio natural.
3.º  Optimización del cosechado y procesado de biomasa.
4.º  Bioproductos para su uso en diversos sectores agroindustriales.
Artículo 4.  Entidades beneficiarias.
1.  Podrán  ser  beneficiarios  de  estas  subvenciones  las  siguientes  entidades 
válidamente constituidas en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda:
a)  Organismos  públicos  de  investigación  definidos  en  el  artículo  47  de  la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, incluyendo los 
centros nacionales integrantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
b)  Universidades públicas.
c)  Entidades públicas instrumentales del sector público autonómico que desarrollen 
actividades de I+D+i.
d)  Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación 
tecnológica de ámbito estatal válidamente inscritos en el momento de la presentación de 
la solicitud en el registro de centros regulado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de 
diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la 
Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales Centros.
2.  Para poder concurrir a estas subvenciones las entidades mencionadas en el 
apartado anterior deberán constituirse en una única agrupación compuesta al menos por 
dos de ellas, pertenezcan o no al mismo tipo de entidad, y en concordancia con lo 
establecido en artículo 6.3.c), en relación con los proyectos presentados.
Asimismo, al menos dos de las entidades que compongan la agrupación deberán 
tener  domicilio  social  o  establecimiento  permanente  en  diferentes  comunidades 
autónomas.
3.  La agrupación solicitante deberá contar con un representante o apoderado único 
según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, que deberá ostentar poderes bastantes para cumplir con las obligaciones 
que, como beneficiario, corresponden a la agrupación, y de conformidad con el contenido 
del acuerdo indicado en el apartado 4.
4.  La agrupación se formalizará a través de un acuerdo que contendrá, al menos, la 
siguiente información:
a)  Descripción  de  las  características  y  objetivos  generales  de  la  agrupación, 
incluyendo la identificación y caracterización de cada una de las entidades que participan 
en la misma.
b)  Identificación  de  la  persona  que  actuará  como  representante  del  proyecto, 
señalada en el apartado precedente, así como las funciones que le son asignadas; entre 
ellas deberán estar las de relacionarse en exclusiva con la Administración, presentar la 
solicitud y las correspondientes justificaciones económicas del proyecto, actuando como 
responsable  a  efectos  de  dicha  justificación  y  durante  todo  el  procedimiento  de  es
concesión de la subvención, así como las de asegurar el cumplimiento de los objetivos  o
ppsdeaaegrrl ttuceicpi) mi rpdoaieyeDr en,e lctaafotis on íya,i c  cgpiocórruomenpos odare decsnii untólaosanr sr ,p l  oocdlsasoe simrtb ealpeslalrauscon lttcmuadoadoilscao oibseoso nn drq eeauqsld  eupo érrraeo edlyasaqec.tiuctviitvaeoisrd.e a adc easéd sapt eeri,nn tceidiplaaabdleo bsrae rnd eelofl icspi aroirniyafeo acrmtl ofe osvr mad aaer    OE-A-2021-12426able en https://www.
d)  Distribución del presupuesto asignado a cada entidad.
e)  Disposiciones para la resolución, en su caso, de litigios internos.
f)  Acuerdos  sobre  responsabilidad,  indemnización  y  confidencialidad  entre  los 
participantes. Los resultados derivados del proyecto tendrán carácter público.
g)  Duración de la agrupación, que se extenderá como mínimo a los cuatro años 
posteriores a la fecha en la que venza el plazo para presentar la última justificación por 
parte de los beneficiarios. Así mismo la agrupación debe cumplir lo previsto en el 
artículo 11.3 párrafo segundo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no pudiendo 
disolverse hasta que no hayan transcurrido el plazo de prescripción previsto en los 
artículos  39  y  65  de  dicha  Ley,  respecto  al  reintegro  y  a  la  prescripción  de  las 
infracciones y sanciones.
5.  El acuerdo de agrupación deberá estar firmado bien electrónicamente o bien en 
soporte papel, por todos los representantes legales de todas las entidades participantes 
en el momento de su presentación, sin que se puedan combinar las dos modalidades de 
firma.
Artículo 5.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1.  Las entidades beneficiarias de estas subvenciones deberán:
a)  Cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y 
en particular las recogidas en su artículo 14 y las incluidas en el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, deberán cumplir con lo establecido en el 
artículo 10 del citado Reglamento (UE) n.º 508/2014, de 15 de mayo de 2014.
b)  Responder de las obligaciones de reintegro o de las sanciones que se puedan 
imponer como consecuencia del incumplimiento de sus compromisos, en los términos 
establecidos en los artículos 40.2 y 53.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c)  Dar publicidad a las ayudas recibidas en los contratos de servicios y laborales, 
ayudas,  publicaciones,  ponencias,  equipos,  material  inventariable  y  actividades  de 
difusión de resultados financiadas con ellas, mencionando expresamente el apoyo del 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
d)  Mantener un sistema de contabilidad aparte y especifico en relación con estas 
subvenciones, o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones 
relacionadas con los gastos subvencionables que permita el seguimiento de los gastos 
financiados  a  través  de  estas  ayudas,  sin  perjuicio  del  cumplimiento  debido  de  lo 
establecido por las normas de contabilidad.
e)  Cumplir con lo establecido en el artículo 140 del citado Reglamento (UE) n.º 
1303/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  17  de  diciembre  de  2013 
colaborando en los controles necesarios para el correcto seguimiento y control de estas 
ayudas, poniendo a disposición todos los documentos justificativos durante un plazo de 
dos años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de cuentas en las que 
estén los gastos definitivos de la operación concluida.
f)  Dar cumplimiento a lo recogido en el artículo 10.2 del Reglamento (UE) n.º 
508/2014,  de  15  de  mayo  de  2014,  en  relación  a  la  necesidad  de  seguir  dando 
cumplimiento a las condiciones contempladas en el apartado 1 letras a), b),c) y d), de 
dicho precepto del Reglamento después de presentar la solicitud, durante todo el periodo 
de  ejecución  de  la  operación  y  durante  un  periodo  de  cinco  años  después  de  la 
realización del pago final a los beneficiarios.
2.  No podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas las agrupaciones  e.
en quienes concurra alguna de las circunstancias descritas en los apartados 2 y 3 el  w.b
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ni las entidades que se encuentren  426ww
idnecculrasraasd ase nil eguanl eps reo cinecdoimmipeanttiob ledse p orre clau pCeormacisióiónn  Edeu roapyeuad.as,  por  haber  sido  éstas
artíc3u.l o A7s1í  dmeils mReog, llaoms epnrotoy e(UctEos)  nd.eº b1e3rá0n3 /2cu0m13p ldire, le Pn asrula mcaesnot,o  cEounr olop eeos tay bdleecl idCoo nesne jeol 
de 17 de diciembre de 2013 de disposiciones comunes en lo relativo a la durabilidad de 
las operaciones.
Artículo 6.  Características de los proyectos.
1.  Todos los proyectos, deberán tener un interés colectivo, un beneficiario colectivo 
y aportar, algún tipo de innovación bien en el ámbito de actuación del proyecto o a nivel 
nacional. Las definiciones de estos conceptos se encuentran recogidas en el documento 
de «Criterios de selección para la concesión de las ayudas en el marco del Programa 
Operativo del FEMP», aprobado por el Comité́ de Seguimiento del FEMP. 
2.  El contenido de los proyectos presentados deberán adecuarse a los objetivos y 
áreas temáticas establecidas en el artículo 3 en los términos que fije cada convocatoria.
3.  Las propuestas presentadas deberán referirse a alguna de las áreas temáticas, 
indicadas en el artículo 3; aunque el contenido del proyecto sea susceptible de dar 
respuesta a más de un área, o tener un carácter transversal, deberá elegirse una de 
ellas, que será en la que se incluya el expediente para su análisis y evaluación.
4.  Los proyectos presentados deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)  De cuantía: el presupuesto mínimo del proyecto será el que se indique en la 
respectiva convocatoria.
b)  De duración: los proyectos deberán realizarse como máximo en dos años desde 
la publicación de la resolución de concesión.
c)  De participación:
1.º  El  proyecto  deberá  realizarse  con  la  participación  de  un  mínimo  de  dos 
entidades de las recogidas en el artículo 4, que constituirán una agrupación.
2.º  Para  el  cómputo  de  participantes  y  cumplimiento  de  los  requisitos  de 
participación  establecidos,  sólo  se  considerarán  aquellas  entidades  que  presenten 
presupuesto y soliciten ayuda en, al menos, una anualidad. La participación mínima por 
entidad será del 20 % del presupuesto total del proyecto.
3.º  Podrán colaborar en el proyecto otras entidades que no incurran en gastos. El 
alcance y contenido de estas colaboraciones deberán reflejarse en la propuesta.
d)  De aplicabilidad: los proyectos deberán contemplar entre sus actividades la 
validación o prueba del producto, equipo, proceso, técnica o sistema de gestión u 
organización en una o varias empresas que operen en condiciones reales. Este aspecto 
deberá  recogerse  expresamente  en  la  propuesta,  detallando  las  actuaciones  y  el 
presupuesto previsto.
e)  De  resultados:  con  el  objetivo  de  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el 
Reglamento de Ejecución (UE) 1243/2014, de 20 de noviembre relativo a normas sobre 
la información que deben enviar los Estados miembros, así como sobre las necesidades 
de datos y las sinergias entre las fuentes potenciales de datos, los proyectos deberán 
incluir los indicadores de resultados esperados derivados de la ejecución del proyecto.
Artículo 7.  Gastos subvencionables.
1.  Las ayudas se destinarán a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo y 
ejecución  de  las  actividades  para  las  que  hayan  sido  concedidas,  en  los  términos 
previstos  en  el  artículo  31  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  teniendo  las 
características recogidas en los siguientes apartados. e
2.  Podrán ser subvencionables los siguientes costes: bo
a1).º   PSeer sfoinnaanl:ciarán los gastos del personal de nueva contratación exclusivamente  2021-12426n https://ww
para la realización del proyecto, quedando excluidos el personal propio del centro.
2.º  Se financiarán las becas asociadas al proyecto, siendo elegibles las horas de 
dedicación exclusiva al proyecto.
3.º  Para determinar el coste de personal, la tarifa por hora aplicable se calculará 
dividiendo los costes brutos de empleo anuales por 1.720 horas.
4.º  Podrán ser objeto de ayuda, los costes indirectos de personal, a un tipo fijo de 
hasta el 15% de los costes directos subvencionables.
5.º  En todo caso, los costes elegibles de personal sólo serán subvencionables 
hasta el límite de las retribuciones fijadas para los correspondientes profesionales en el 
Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado.
6.º  En  ningún  caso,  el  personal  objeto  de  las  actuaciones  subvencionables, 
establecerá relación laboral con la Administración General del Estado.
b)  Aparatos y equipos:
1.º  Serán financiables los costes derivados de la compra de aparatos, equipos o 
instrumentos, así como los gastos de material fungible y consumibles directamente 
derivados del proyecto incluidos el material de oficina y los consumibles informáticos.
2.º  No se financiará la adquisición de dispositivos informáticos de uso genérico, 
como PC, ordenadores portátiles, impresoras, etc.
c)  Gastos  vinculados  a  la  experimentación  y  estabulación:  serán  elegibles  los 
gastos directos de la estabulación de los animales o algas vinculados al desarrollo del 
proyecto, siempre que el gasto esté debidamente justificado.
d)  Gastos de subcontratación: la subcontratación estará sujeta a las características 
establecidas en el artículo 8.
e)  Viajes  y  dietas:  se  financiarán  los  viajes  estrictamente  necesarios  para  la 
realización del proyecto considerando viajes, dietas y alojamiento. Se admitirán viajes 
referidos a trabajadores imputados en el apartado de costes de personal, de nueva 
contratación y aquellos que aparezcan nominativamente identificados en la solicitud de 
ayuda, como parte de equipo científico del proyecto del propio centro. Las cuantías se 
ajustarán al nivel equivalente de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, 
de  24  de  mayo,  sobre  indemnizaciones  por  razón  del  servicio,  y  en  ningún  caso 
superarán las fijadas para el grupo 2 y con un importe máximo, considerando viajes, 
dietas y alojamiento, de 3.000 euros por entidad beneficiaria y año.
f)  Impuestos (IVA, IGIC, IPSI): según lo establecido por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, no son elegibles, en la medida en que sean susceptibles de recuperación o 
compensación. El montante del impuesto que soporten las entidades beneficiarias de 
carácter privado y que no resulte recuperable podrá ser justificado como gasto, debiendo 
remitir la documentación acreditativa correspondiente.
Artículo 8.  Subcontratación.
1.  Podrán ser objeto de subcontratación, en los términos del artículo 29 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aquellas actividades del proyecto que forman parte de 
la  actuación  subvencionada  pero  que  no  puedan  ser  realizadas  por  la  entidad 
beneficiaria por sí misma, extremo que habrá de acreditarse en la memoria técnica del 
proyecto, indicando la actividad objeto de subcontratación, el importe aproximado y el 
procedimiento previsto para la adjudicación.
2.  El presupuesto total de la actividad subcontratada por participante no podrá ser  e.
superior al 50 % del presupuesto de dicho participante y la subcontratación estará  w.b
condicionada a que el contrato se celebre por escrito, se remita y sea previamente  426ww
auto3r.iz aEdon  pnoinr geúl nó rcgaasnoo  pinosdtrráunc tsour.bcontratarse actividades que, aumentando el coste de
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4.  Cuando el importe de la prestación de un servicio o entrega de un bien supere 
las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector 
público, para el contrato menor se aplicará los dispuesto en el artículo 31.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Las empresas que presten servicios deberán a su vez 
cumplir lo dispuesto en el artículo 10 d) 1.º del Reglamento (UE) n.º 508/2014, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014.
5.  En el caso de entidades beneficiarias que por su naturaleza se encuentren 
dentro del ámbito subjetivo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre deberán cumplir las 
normas que en dicha Ley se establecen.
6.  No podrá subcontratarse con las mismas entidades beneficiarias que forman 
parte de la agrupación, ni en ninguno de los casos especificados en el artículo 29.7 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en caso de que no se cumpla con lo dispuesto en el 
artículo  10.1  d)  del  Reglamento  (UE)  n.º  508/2014  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo.
Artículo 9.  Cuantía, intensidad de las ayudas y cofinanciación.
1.  La cuantía individualizada de las ayudas se determinará en función del coste 
elegible del proyecto y de las disponibilidades presupuestarias, respetando los límites de 
intensidad de ayuda establecido en el artículo 95 del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014.
2.  La  intensidad  de  la  ayuda  podrá  ascender  hasta  el  100%  de  los  costes 
subvencionables teniendo en cuenta que los proyectos cumplen con las características 
de interés colectivo, beneficiario colectivo y carácter innovador a escala nacional.
3.  La cofinanciación de la ayuda será del 75 % con cargo al Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP) y el 25% restante como contribución del Ministerio de 
Agricultura Pesca y Alimentación, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 94 del 
citado Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
mayo de 2014.
Artículo 10.  Compatibilidad con otras ayudas.
1.  Un proyecto podrá recibir ayuda de uno o varios Fondos estructurales y de 
Inversión Europeos (Fondos EIE) o de uno o varios programas y de otros instrumentos 
de la Unión, a condición de que la partida de gasto incluida en una solicitud de pago para 
el reembolso por uno de los Fondos EIE no esté subvencionada por otro Fondo o 
instrumento de la Unión, ni por el mismo Fondo conforme a un programa distinto.
2.  El  importe  de  las  ayudas  en  ningún  caso  podrán  ser  de  tal  cuantía  que, 
aisladamente o en concurrencia competitiva con otras ayudas, ingresos, subvenciones o 
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
3.  Las  entidades  beneficiarias  deberán  dar  a  conocer  mediante  declaración 
responsable todas las ayudas, nacionales o de la Unión europea, ingresos o recursos 
que hayan obtenido para la actividad subvencionada tanto al presentar la solicitud de 
ayudas, como en cualquier momento ulterior en el que se produzca esta circunstancia. 
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
la justificación anual de la ayuda.
Artículo 11.  Iniciación del procedimiento y comunicación.
1.  El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria,  oe.
cuyo extracto se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)  w.
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias,  así  como  su  extracto  426ww
ceonn cerle c«iBóno ledteín lo sO rfiecqiauli sditeols  dEes tlaad coo»n, cceosnió ni nyd liac adcoiócnu mdeenl taimciópno rqteu et odteabl edráis paopnoirbtaler sey.  la
Proc2e. dimCioennftoor mAed ma ilnoi sptrreavtiivsoto  Ceonm eúl na rtdíceu lloa s1 4A.2d mdein liast rLaecyio 3n9e/s2 0P1ú5b, ldicea 1s,  dees o cotbulbigraet,o drieol   BOE-A-cable e
que los solicitantes se relacionen por medios electrónicos con la administración, en las 
comunicaciones  de  todas  las  actuaciones  que  se  realicen  en  el  procedimiento  de 
concesión  de  las  ayudas,  en  su  justificación  y  seguimiento  y  en  los  eventuales 
procedimientos de reintegro que se puedan iniciar.
3.  La presentación de las solicitudes se realizará, a través del Registro Electrónico 
General (REG-AGE), disponible en el Punto de Acceso General electrónico (PAGe), así 
como en la sede electrónica asociada (https://sede.mapa.gob.es) conforme al modelo o 
formulario  normalizado  de  solicitud  que  se  acompaña  en  la  correspondiente 
convocatoria, que estará disponible en dicha sede.
4.  El plazo de presentación de las solicitudes se establece en 15 días hábiles, 
contado a partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del 
extracto de la convocatoria.
5.  Las  solicitudes  se  presentarán  por  los  representantes  legales  de  las 
agrupaciones constituidas, debidamente acreditados, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6.  La solicitud incluirá los elementos necesarios para llevar a cabo las dos fases de 
evaluación de las solicitudes en los términos establecidos en los artículos 14 y 15 de 
esta orden. Dichos elementos son los siguientes:
a)  Formulario  de  solicitud,  debidamente  cumplimentado  y  firmado  por  el 
representante de la agrupación solicitante, conforme al modelo que se establecerá en la 
convocatoria correspondiente.
b)  Documento  de  declaraciones  responsables  debidamente  cumplimentado  y 
firmado por cada una de las entidades que forman parte de la agrupación solicitante, 
conforme  al  modelo  que  se  establecerá  en  la  convocatoria  correspondiente.  Dicho 
documento incluye las siguientes declaraciones responsables:
1.º  Declaración responsable de no ser deudor por resolución de procedencia de 
reintegro por las causas recogidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
2.º  Declaración responsable de no haber sido sancionado con la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones por incumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
3.º  Declaración responsable sobre el cumplimiento de todos los requisitos indicados 
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, necesarios para obtener la 
condición de beneficiario.
4.º  Declaración del responsable relativo a las subvenciones concedidas con la 
misma finalidad.
5.º  Declaración  responsable  de  no  estar  incluido  dentro  de  ninguno  de  los 
supuestos del artículo 10 apartados 1 y 3 del RFEM y compromiso de comunicar el 
incumplimiento de estos supuestos si se produjesen durante la ejecución de la operación 
y durante los cinco años siguientes a la fecha de recepción del último pago.
6.º  Declaración  responsable  de  no  estar  incurso  en  un  procedimiento  de 
recuperación de ayudas, por haber sido éstas declaradas ilegales e incompatibles por la 
Comisión Europea.
7.º  Certificado  de  antecedentes  penales  de  la  persona  jurídica  emitido  por  el 
Registro Central de Penados.
8.º  Declaración responsable relativa a la fecha de comienzo de las actividades del 
proyecto. e
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d)  Acuerdo de agrupación, conforme a la información que establece el artículo 4, 
que deberá estar firmado por los representantes legales de las entidades que formen 
parte de la agrupación solicitante.
e)  Copia de los estatutos de constitución de las entidades que forman parte de la 
agrupación solicitante y relación nominal de los miembros de los órganos ejecutivos y de 
dirección de las mismas en el momento de la presentación de la solicitud.
f)  Memoria técnica del proyecto, cuyo contenido se realizará conforme al modelo 
que se establecerá en la convocatoria correspondiente.
g)  Acuerdos de colaboración con empresas y cartas de interés, en su caso.
7.  Si  la  solicitud  o  el  resto  de  documentos  que  la  acompañen  no  reúne  los 
requisitos  establecidos  en  esta  Orden  y  en  la  convocatoria,  el  órgano  competente 
requerirá al interesado para que la subsane o acompañe los documentos preceptivos en 
el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, indicándole que, si no lo hiciese, 
se le tendrá por desistido de su solicitud, de conformidad con el artículo 23.5 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21, en 
relación con el artículo 68, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
8.  La presentación de la solicitud implica:
a)  La autorización al órgano instructor para recabar de la Tesorería General de la 
Seguridad  Social  información  relativa  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  la 
Seguridad Social en los términos previstos en el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 
de  noviembre.  No  obstante,  el  solicitante  podrá  denegar  expresamente  el 
consentimiento, debiendo aportar los correspondientes certificados junto con la solicitud 
en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio. A estos efectos, cuando la cuantía de la subvención concedida no supere los 3.000 
euros, el solicitante podrá presentar declaración responsable de encontrarse al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, que substituirá a la 
presentación de las certificaciones. En este caso, con anterioridad a la propuesta de 
resolución de concesión de la subvención se deberá requerir la presentación de la 
documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, 
en un plazo no superior a 15 días.
b)  La potestad de comprobar los datos de identidad del representante de la entidad 
o  de  la  persona  física,  mediante  consulta  al  Sistema  de  Verificación  de  Datos  de 
Identidad previsto en el artículo único, apartado 3, del Real Decreto 522/2006, de 28 de 
abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en 
los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus 
organismos  públicos  vinculados  o  dependientes.  No  obstante,  el  interesado  podrá 
denegar expresamente el consentimiento debiendo aportar entonces copia del DNI, NIF 
o pasaporte o documento equivalente en caso de extranjeros, de acuerdo con lo previsto 
en el citado artículo.
c)  Asimismo, el interesado podrá dar su conformidad expresa para que el órgano 
instructor recabe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria información relativa 
al  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  en  los  términos  previstos  en  el 
artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No obstante, el solicitante podrá 
denegar  expresamente  el  consentimiento,  debiendo  aportar  los  correspondientes 
certificados  junto  con  la  solicitud  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  22  del  e
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  bo
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 426ww
Artículo 12.  Ordenación e instrucción.
1.  La instrucción y ordenación del procedimiento corresponderá a la Subdirección
General  de  Acuicultura,  Comercialización  Pesquera  y  Acciones  Estructurales,  de  la  Bc
Dirección  General  de  Ordenación  Pesquera  y  Acuicultura,  que  realizará  todas  las 
actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales haya de formularse la propuesta de resolución.
2.  Asimismo, el órgano instructor comprobará de oficio las condiciones y requisitos 
exigibles  para  la  obtención  de  la  subvención,  así  como  aquellos  requisitos  cuya 
justificación  por  parte  de  los  solicitantes  se  contemple  expresamente  en  las 
convocatorias.
Artículo 13.  Evaluación de las solicitudes y Comisión de Evaluación.
1.  El procedimiento de evaluación se realizará sobre el conjunto de las solicitudes 
presentadas, a las que se aplicarán los criterios de evaluación establecidos para las dos 
fases  de  que  consta  el  proceso  de  evaluación,  tal  y  como  se  especifica  en  los 
artículos 14 y 15 de esta orden.
2.  La Comisión de Evaluación tendrá la siguiente composición:
a)  Presidente:  un  Jefe  de  Área  de  la  Subdirección  General  de  Acuicultura, 
Comercialización Pesquera y Acciones Estructurales.
b)  Vocales: designados por acuerdo de la Junta Nacional Asesora de Cultivos 
Marinos y Continentales:
1.º  Dos  expertos  pertenecientes  a  la  Secretaría  General  de  Pesca,  con  nivel 
mínimo 26, a propuesta del Presidente.
2.º  Dos representantes de las comunidades autónomas, a propuesta de dichas 
comunidades autónomas, con nivel mínimo 24.
c)  Secretario, sin la condición de miembro, que será un funcionario del órgano 
instructor, a propuesta del Presidente, con nivel mínimo 24, que actuará con voz, pero 
sin voto.
3.  El funcionamiento de la comisión de evaluación se regirá por lo establecido en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, así como lo previsto 
en esta orden.
4.  La Secretaría General de Pesca nombrará los miembros de la comisión de 
valoración, así como a quienes pudieran ser sus suplentes, en caso de necesidad, y que 
tendrán el mismo rango que el de los miembros titulares.
5.  El funcionamiento de la comisión de evaluación será atendido con los medios 
personales, técnicos y presupuestarios asignados a la Secretaría General de Pesca, y no 
implicará incremento de dotaciones.
6.  De acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, todos los 
gestores incluidos los miembros de la comisión evaluación presentaran una declaración 
de ausencia de conflicto de intereses previa a la evaluación.
Artículo 14.  Primera fase de la evaluación.
La  comisión  de  evaluación  evaluará  las  solicitudes  presentadas,  aplicando  los 
criterios establecidos para esta primera fase, en base a la propuesta técnica presentada 
según lo establecido en el artículo 11.
Criterio 1.  Contribución a los objetivos del Programa Operativo del FEMP.
Para la evaluación de este criterio se puntuará la propuesta técnica de 0 a 10 puntos  b
considerando los siguientes aspectos: 426ww
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b)  Valoración sobre la aportación del proyecto a la consecución de los indicadores 
de resultado: 0 a 2 puntos.
c)  Valoración  sobre  la  implicación  del  proyecto  en  otras  prioridades,  objetivos 
específicos o indicadores de resultado, así como en el Plan Estratégico Plurianual de la 
Acuicultura Española: 0 a 5 puntos.
La valoración del Criterio 1 Fase 1 se incluirá en el informe de Fase 1.
Los proyectos cuya calificación sea igual o inferior a 4 puntos se rechazarán.
Criterio 2.  Garantía de ejecución del proyecto, de sus objetivos y resultados.
Para la evaluación de este criterio se puntuará de 0 a 10 puntos considerando los 
siguientes aspectos:
a)  Evaluación técnica del proyecto. Calidad científico-técnica, relevancia y viabilidad 
de la propuesta: se valorará la definición, contenido, calidad, originalidad, y adecuación 
de las actividades a desarrollar para la consecución de los objetivos: 0 a 4 puntos.
b)  Carácter innovador: se evaluará el grado de mejora o novedad que suponen los 
productos, sistemas, procesos, métodos o prácticas que se quieren desarrollar en la 
propuesta: 0 a 4 puntos.
c)  Aspectos ambientales: se valorará el cumplimiento de objetivos ambientales 
establecidos en los ámbitos internacional, nacional o autonómico y la existencia de 
resultados ambientales cuantificables: 0 a 1 puntos.
d)  Aspectos sociales: se valorará el interés colectivo de la propuesta a través de la 
participación  de  organismos  de  distintas  comunidades  autónomas,  el  número  de 
beneficiarios de los resultados e innovaciones obtenidas en el proyecto, la creación de 
empleo y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres (existencia de planes o 
medidas de igualdad): 0 a 1 puntos.
La valoración del Criterio 2 Fase 1 se incluirá en el informe de Fase 1.
Los proyectos cuya calificación sea igual o inferior a 4 puntos se rechazarán.
Criterio 3.  Implicación de empresas, asociaciones o agrupaciones sectoriales y 
orientación aplicada del proyecto.
Para la evaluación de este criterio se puntuará de 0 a 10 puntos considerando los 
siguientes aspectos:
a)  Grado de implicación de empresas, asociaciones o agrupaciones sectoriales en 
el desarrollo del proyecto, mediante cartas de apoyo al mismo: 0 a 5 puntos.
b)  Presupuesto destinado a la aplicación de los resultados en la empresa: 0 a 5 
puntos.
La valoración del Criterio 3 Fase 1 se incluirá en el informe de Fase 1.
Los proyectos cuya calificación sea igual o inferior a 4 puntos se rechazarán.
Pasarán a la segunda fase de evaluación aquellos proyectos cuya puntuación en los 
criterios 1, 2 y 3 sea superior a 4.
Artículo 15.  Segunda fase de evaluación.
La comisión de evaluación evaluará las solicitudes que hayan superado la primera  e.
fase de evaluación, aplicando los criterios establecidos para esta segunda fase, en base  w.b
a la Memoria técnica establecida en el artículo 11 de esta Orden. 426ww
autoPriadraad leas  eavuatlounaócimónic adse  lyo sa  clraitse reionsti d4a yd e5s,  esle ócrtgoarinaole sin, srteruscpteocr tsivoalimcietanrtáe ,i nqfourem deesb ae rláans 
eevmaitluiralocsió enn  peal rap laszuo  daen ádliiseizs  dyía sc.o Dnsicidheorsa ciniófonr. mDese  sneorá ne mreimtiristied osta lae sl a incfoomrmiseiósn,  dsee 
proseguirán las actuaciones.
Criterio  4.  Calidad  científico-técnica,  relevancia  y  viabilidad  de  la  propuesta 
completa.
a)  Se valorará la definición, el contenido, la calidad, la originalidad y la adecuación 
de las actividades a los objetivos propuestos: 0 a 13 puntos.
b)  Se  valorará  la  planificación,  la  disponibilidad  de  recursos,  el  cronograma 
establecido, los indicadores de ejecución y de evaluación, el presupuesto detallado y 
desglosado y costes ajustados: 0 a 12 puntos.
La valoración del Criterio 6 Fase 2 se incluirá en el informe de Fase 2, en el que se 
calificará el proyecto sobre 25 puntos.
Criterio 5.  Interés de la actuación en el ámbito autonómico.
En la evaluación de este criterio se considerarán los siguientes aspectos:
a)  Oportunidad estratégica de la actuación en el ámbito autonómico: se valorará 
que  la  propuesta  esté  alineada  con  las  estrategias  definidas  por  las  comunidades 
autónomas para el desarrollo de la acuicultura: 0 a 13 puntos.
b)  Impacto socioeconómico en el ámbito autonómico: se valorará que la propuesta 
pueda contribuir a la creación de empleo y nuevas empresas acuícolas: 0 a 12 puntos.
La valoración del Criterio 4 Fase 2 se incluirá en el informe de Fase 2, en el que se 
calificará la propuesta sobre 25 puntos, en función del grado de interés que tenga la 
propuesta para las autoridades autonómicas competentes en acuicultura.
La  puntuación  media  obtenida  por  cada  proyecto  en  este  criterio  se  calculará 
dividiendo  la  puntuación  total,  obtenida  del  sumatorio  de  las  valoraciones  de  las 
comunidades autónomas, entre el número de comunidades autónomas que han valorado 
cada proyecto.
Criterio 6.  Impacto sobre la actividad y competitividad de las empresas acuícolas.
En la evaluación de este criterio se considerarán los siguientes aspectos:
a)  Interés técnico y económico:
Valorándose el interés y la viabilidad técnica y económica que posee el proyecto 
sobre la actividad de las empresas del sector: 0 a 10 puntos.
b)  Aportación de soluciones a los retos y mejora del posicionamiento:
Valorándose la justificación de la forma en que el proyecto aporta soluciones a los 
retos productivos y de los mercados que se hayan identificado, y como ello puede 
mejorar el posicionamiento de las empresas frente a competidores exteriores: 0 a 10 
puntos.
La valoración del Criterio 5 Fase 2 se incluirá en el informe de Fase 2, en el que se 
calificará la propuesta sobre 20 puntos, en función del grado de interés que tenga la 
propuesta para las empresas acuícolas.
La  puntuación  media  obtenida  por  cada  proyecto  en  este  criterio  se  calculará 
dividiendo  la  puntuación  total,  obtenida  del  sumatorio  de  las  valoraciones  de  las 
asociaciones del sector, entre el número de asociaciones del sector que han valorado  es
cada proyecto. o
Criterio 7.  Explotación de resultados esperados y orientación al mercado. 426ww
a)  Se valorarán los Planes de difusión y actuaciones de transferencia: 0 a 15
puntbo)s . Se valorará la Incorporación de estudios de análisis y previsión de mercados: 0
a 5 puntos.
La valoración del Criterio 8 Fase 2 se incluirá en el informe de Fase 2, en el que se 
calificará el proyecto de 0 a 20 puntos
Criterio 8.  Calidad, trayectoria y adecuación del equipo de trabajo.
a)  Se  valorará  la  competencia  y  adecuación  del  equipo  investigador  y  la 
complementariedad entre equipos: 0 a 5 puntos.
b)  Se  valorará  la  realización  previa  de  proyectos  desarrollados  en  el  sector 
relacionado, así como la trayectoria científica técnica y los resultados previos que se 
encuadren en la misma área temática: 0 a 5 puntos.
La valoración del Criterio 7 Fase 2 se incluirá en el informe de Fase 2, en el que se 
calificará el proyecto de 0 a 10 puntos.
Artículo 16.  Puntuación final.
Para cada proyecto se calculara la puntuación total resultante de las puntuaciones 
obtenidas en cada uno de los criterios 4, 5, 6, 7 y 8. Hecho esto, se seleccionaran los 
proyectos por orden de puntuación hasta que la suma de sus cuantías subvencionables 
superen el crédito disponible.
La diferencia entre la suma de todas las cuantías subvencionables de los proyectos 
seleccionados y el crédito disponible podrá prorratearse, si éste es inferior a dicha suma, 
reduciéndose proporcionalmente cada una de las cuantías de ayuda destinada a cada 
proyecto, para igualar ambos importes.
Artículo 17.  Resultados de los informes de evaluación.
1.  La  comisión  de  evaluación,  con  arreglo  a  los  criterios  establecidos  en  los 
artículos 14 y 15 anteriores, emitirá un informe motivado en que se concrete el resultado 
de  la  evaluación  de  ambas  fases,  que  justifique  la  puntuación  obtenida  por  cada 
solicitud, por orden de puntuación, remitiendo al órgano instructor la lista de solicitudes 
que merezcan ser financiadas, al objeto de que éste formule propuesta de resolución 
provisional.
2.  En los casos de solicitudes con igualdad de puntuación, se tendrá en cuenta, a 
efectos de resolver el empate, la puntuación obtenida en los criterios establecidos para la 
segunda fase de la evaluación, empezando por el primero hasta que se produzca el 
desempate. En caso de haber agotado los criterios y mantenerse el empate, este se 
resolverá atendiendo al orden de presentación de solicitudes.
3.  Los documentos, informes y certificados que sirvan para la evaluación de las 
solicitudes formarán parte del expediente correspondiente.
Artículo 18.  Propuesta de resolución provisional y definitiva.
1.  El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de 
evaluación, emitirá una propuesta de resolución provisional debidamente motivada en la 
que se expresará, la relación de entidades solicitantes, los criterios de evaluación y el 
resultado de la misma, la cuantía de ayuda que cada beneficiario pueda percibir y las 
condiciones y obligaciones derivadas de la concesión. Dicha propuesta de resolución 
provisional será objeto de publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica 
asociada https://sede.mapa.gob.es, surtiendo la misma los efectos de la notificación  s
conforme al artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, concediéndose un plazo  oe.
deepensret  asdcbciueilneezdcn iitdrda oíd a eosel,t  rntord áseem sl hidtaeeerc  dthísecouu sa l oup ndu2iib e4lonic.4tcari aacdsi óc enu a,all aenp gdaaLorcea niy oo pn 3refei8gss/ u2ery0ne 0tnap3 rre, u naed lebeela g psa1r c7oqi coudeneede  ismln.a ioseDv neiaet odma uncbciu risedee,ar adssno e  pt ecoponro nidd loorloáss     2021-12426n https://www.
interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá carácter de
definitiva. Bc
2.  Excepcionalmente,  y  atendiendo  a  lo  recogido  en  el  artículo  55.1  del  Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se podrá prescindir del orden de prelación entre los 
beneficiarios que reúnan los requisitos establecidos, para el caso de que el crédito 
consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una 
vez finalizado el plazo de presentación..
3.  Examinadas  las  alegaciones  aducidas  en  su  caso  por  los  interesados,  se 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la 
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su 
cuantía,  especificando  su  evaluación  y  los  criterios  de  valoración  seguidos  para 
efectuarla, así como las solicitudes desestimadas, la cual se publicará igualmente en 
dicho tablón de anuncios.
4.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto frente a la Administración.
5.  Cuando el importe de la ayuda de la propuesta de resolución provisional sea 
inferior a los gastos elegibles incluidos en la solicitud presentada, se podrá instar al 
beneficiario a la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones 
a la ayuda otorgable, en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 
de  noviembre,  y  en  el  artículo  61  del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, así como a lo establecido en esta orden en relación a los requisitos de 
participación.
Artículo 19.  Resolución.
1.  Corresponde  al  titular  del  Departamento,  o  el  órgano  en  quien  delegue,  la 
concesión o denegación de las subvenciones.
2.  La  resolución  del  procedimiento  de  concesión  se  publicará  conforme  al 
artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el «tablón de anuncios» de la 
sede  electrónica  asociada  https://sede.mapa.gob.es/,  surtiendo  los  efectos  de 
notificación.
3.  El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento no 
podrá  exceder  de  seis  meses  a  computar  desde  la  publicación  del  extracto  de  la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que la posponga sus efectos a una 
fecha posterior de acuerdo con el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse publicado la resolución, los interesados estarán 
legitimados para entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.
4.  La resolución estará debidamente motivada, con referencias a la presente orden, 
a los informes del órgano instructor, así como al proceso de evaluación. La resolución de 
concesión deberá contener, al menos:
a)  La relación de los solicitantes a los que se concede la ayuda, en la que figure la 
identificación de la actuación o actuaciones, la cantidad concedida a cada solicitante y la 
modalidad de ayuda, así como la desestimación expresa, en su caso, de las restantes 
solicitudes,  atendiendo  a  la  puntuación  o  prioridad  alcanzada,  en  los  términos 
establecidos en el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b)  Las condiciones generales y las condiciones particulares establecidas para la 
concesión de cada ayuda, en especial los requisitos específicos relativos a los productos 
o servicios que deban obtenerse con ella, el plan financiero y el calendario de ejecución.
c)  El presupuesto total aprobado y sus anualidades, la cuantía total de la ayuda  e
concedida, el periodo de elegibilidad de los costes y el plan de pago. bo
d)  El régimen de recursos. 426ww
e5).   EMne nccaiósno  ad lea  frineannucnicaicai óan  cloan  sFuobnvdeonsc iEósnt,r ueclt uórargleasn.o  concedente  acordará,  sin
necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o
solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la  Bc
renuncia por parte de alguno de los beneficiarios se haya liberado crédito suficiente para 
atender al menos una de las solicitudes desestimadas. El órgano concedente de la 
subvención  comunicará  esta  opción  a  los  interesados  que  procedan  por  orden  de 
puntuación, a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable 
de diez días. Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes, el 
órgano concedente dictará acto de concesión y procederá a su publicación.
6.  La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma 
podrá recurrirse, potestativamente, en reposición ante el titular del Departamento, en el 
plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el 
citado tablón de anuncios del Departamento, o ser impugnada directamente ante la sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo máximo de dos 
meses, también contado desde el día siguiente al de su publicación, sin que puedan 
simultanearse ambas vías de impugnación.
Artículo 20.  Firma del documento que establece las condiciones de la ayuda (DECA). 
Plazos y forma de justificación.
El órgano instructor, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 125.3 c) y d) del 
citado Reglamento (UE) n ° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre facilitará a los beneficiarios el Documento que Establece las Condiciones de la 
Ayuda (DECA) para cada operación, en especial los requisitos específicos relativos a los 
productos o servicios que deban obtenerse con ella, el plan financiero y el calendario de 
ejecución, la obligación de aportar y actualizar la información relativa al proyecto al 
órgano intermediario de gestión (OIG) y colaborar con las autoridades implicadas, la 
necesidad de llevar una contabilidad separada o asignar un código contable adecuado 
en los gastos relacionados con la operación subvencionada, la adopción de medidas 
adecuadas contra el fraude y la necesidad de mantener la condición de beneficiario 
establecidas en el artículo 5 de esta orden.
Asimismo,  este  documento  recogerá,  en  su  caso,  la  utilización  de  costes 
simplificados y la naturaleza del gasto al que se aplican.
Una  vez  resuelta  la  convocatoria,  y  pudiendo  ir  acompañando  a  la  resolución 
individual, se remitirá el DECA al representante de la agrupación para que proceda a su 
firma y remisión al órgano concedente. Dicho documento, una vez firmado, será remitido 
también a cada una de las entidades beneficiarias participantes en un mismo proyecto.
El plazo de justificación de las ayudas por parte de los beneficiarios no excederá de 
dos años desde la comunicación de la resolución positiva de las ayudas concedidas.
Dichos plazos se recogen tanto en la resolución definitiva como en el documento 
relativo a las condiciones de la ayuda (DECA).
Artículo 21.  Modificación de la resolución.
1.  Las actuaciones deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se determine en 
las resoluciones de concesión y el DECA correspondiente.
2.  No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones 
técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, se podrá 
solicitar la modificación de la resolución de concesión en la forma que establezca la 
convocatoria.  Cualquier  cambio  en  el  contenido  de  la  resolución  requerirá 
simultáneamente:
a)  Que el mismo sea solicitado como mínimo con dos meses de antelación a la  oe.
fecha de finalización del plazo de ejecución del proyecto establecido en la resolución de  w.
ceoxnpcrbee)s saiómQnue eno tee,  l pceoanrm  ebls óiuor  gnacona osao fce,o cntdece ea d leloans t eoa.bnjueatilvidoasd p ecrsoerrgeusipdoonsd cieonnt ela,  ayy udsae,a  incaluutiodroizsa ldoos   2021-12426n https://ww
de finalidad regional, a sus aspectos fundamentales o que hayan sido determinantes
para la concesión de la ayuda, a la determinación del beneficiario, ni dañe derechos de 
terceros.
c)  Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron 
preverse en el momento de la solicitud.
3.  La solicitud de modificación se acompañará de una memoria en la que se 
expondrán los motivos de los cambios y se justificará la imposibilidad de cumplir las 
condiciones impuestas en la resolución de concesión y el DECA y el cumplimiento de los 
requisitos expuestos en el apartado a).
4.  Se podrán autorizar, de forma genérica para todos los beneficiarios, cambios en 
las  partidas  presupuestarias,  que  no  podrá  superar  el  20  %,  en  los  subconceptos 
susceptibles de ayuda que figuren en la resolución de concesión, que se compensen con 
disminuciones de otros, y siempre que no se altere el importe total de la ayuda, y que el 
beneficiario justifique adecuadamente el cambio en la documentación de seguimiento o 
de justificación.
Dichos cambios serán justificados por las entidades beneficiarias y autorizados por el 
órgano concedente de la ayuda, no siendo necesario la modificación de la Resolución de 
concesión.
5.  Se podrán autorizar prórrogas del plazo de ejecución del proyecto por un plazo 
máximo  igual  a  la  mitad  del  periodo  de  ejecución  del  proyecto  establecido  en  la 
resolución de concesión y siempre que la causa no sea imputable a los beneficiarios, 
que exista crédito suficiente y adecuado en el ejercicio o ejercicios posteriores a que 
hubiera de imputarse esos pagos y siempre y cuando dicho plazo no supere el plazo 
establecido en la convocatoria.
6.  No se aceptarán las solicitudes de modificación de resolución referidas a una 
disminución del importe de la ayuda cuando éstas se presenten con posterioridad a la 
concesión de un pago anticipado.
7.  No  se  admitirán  trasvases  de  los  conceptos  de  costes  directos  a  costes 
indirectos reflejados en la resolución de concesión.
8.  La  convocatoria  podrá  establecer  un  número  máximo  de  solicitudes  de 
modificación de contenido económico por año y proyecto.
Artículo 22.  Pago.
1.  La correspondiente convocatoria determinará si el pago se realizará en forma de 
pago único previa justificación, pago anticipado o pago fraccionado.
2.  Los pagos quedan condicionados a:
a)  Que exista constancia, por parte del órgano gestor, de que el beneficiario cumple 
todos los requisitos señalados en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b)  La presentación de la documentación que se exija en la convocatoria o en las 
resoluciones de concesión.
c)  Para  el  último  o  único  pago,  además,  a  la  finalización  satisfactoria  de  la 
justificación  económica,  una  vez  efectuadas  todas  las  comprobaciones  necesarias 
respecto a la elegibilidad de los gastos imputados.
d)  En  su  caso,  a  la  presentación  de  la  documentación  requerida  para  el 
seguimiento o justificación de la actuación, o, eventualmente, a su evaluación positiva, 
en la forma y circunstancias que se especificaren en la convocatoria.
3.  Para la primera anualidad, la  subvención  se  podrá  abonar con carácter de  e.
anticipo, que se entregará, con carácter previo a la justificación y no podrá ser superior  w.b
al 50 por ciento del total de la subvención concedida. 426ww
la  aLsai guntializcaiócnió ny d eu ltail izfiagcuiróan d edl ep agloos a nrteiccipuarsdoos  sep aújbulsictoasrá  aclo pnrtienmcippliaod doe  eefnic ielnac iaL eeny 
OFirngaánnciciear a.2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
4.  El pago de la ayuda se realizará, individualmente, a cada una de las entidades 
participantes en cada proyecto, para lo que será necesario que cada miembro de la 
agrupación disponga de una cuenta reconocida por el Tesoro Público.
Artículo 23.  Justificación de las subvenciones.
1.  Los gastos justificados deberán guardar coherencia con el objetivo de la ayuda, 
ajustándose estrictamente al objetivo y las actividades expuestos en la memoria del 
proyecto y de acuerdo con la tipología de gastos subvencionables establecida en el 
artículo 7.
2.  Las  entidades  beneficiarias,  deberán  custodiar  todas  las  facturas  y  demás 
documentos que acrediten los gastos y pagos objeto de la subvención en que hayan 
incurrido,  y  tenerlos  a  disposición  del  órgano  concedente  y  de  los  órganos  de 
comprobación  y  control,  que  podrán  requerirlos  para  su  comprobación.  Esta 
documentación deberá conservarse durante un periodo de dos años a partir del 31 de 
diciembre del año en el que se presenten las cuentas del gasto que se justifique.
3.  Se  considerará  gasto  realizado  el  que  ha  sido  efectivamente  pagado  con 
anterioridad a la finalización del período de justificación. No se admitirán trasvases de los 
conceptos  de  costes  directos  a  costes  indirectos  reflejados  en  la  resolución  de 
concesión. La justificación económica se realizará siguiendo la modalidad de cuenta 
justificativa  con  aportación  de  justificantes  de  gasto,  incluyendo  una  memoria  de 
actuaciones y una memoria económica, según lo establecido en el artículo 30 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 72 de su Reglamento de desarrollo y, 
en su caso, en la normativa aplicable de la Unión Europea. Ambas memorias se firmarán 
por el representante legal de la agrupación.
4.  La memoria económica incluirá:
a)  Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con indicación 
del acreedor, concepto subvencionable, número de factura, importe, fecha de emisión y 
fecha de pago.
b)  Informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial 
de  Auditores  de  Cuentas  dependiente  del  Instituto  de  Contabilidad  y  Auditoría  de 
Cuentas, en virtud del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y artículo 74 
de su Reglamento de desarrollo.
c)  Copia autenticada de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente 
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación a 
que se hace referencia la letra anterior, así como la documentación acreditativa del pago 
por alguno de los siguientes medios: transferencia bancaria o documento mercantil en 
los que se indique el emisor, el receptor y la fecha. Los extractos bancarios obtenidos a 
través de internet deberán contar con sello de la entidad o un código de verificación.
d)  Para justificar los costes de personal se presentarán los contratos laborales en 
los que de forma específica se vincule la persona contratada con el proyecto, las 
nóminas correspondientes al período en el que se han realizado los trabajos, así como 
los justificantes de pago a la Seguridad Social. El gasto de los becarios que intervengan 
en el proyecto se acreditará mediante la credencial de la beca y con el certificado de 
retenciones.
e)  La justificación del gasto de los aparatos y equipos se efectuará mediante la 
factura de compra del equipo y el justificante bancario del pago.
f)  En el caso de que el beneficiario haya contratado a empresas para la prestación  e
de servicios o asistencias técnicas, se deberán presentar los tres presupuestos que, en  bo
aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba de haber  426ww
asoplliiccgiat)a ddoEos ,ne a l ssbuíe  cncoeamfsicooi ,ad rleiao  l.ocsa rintate drees epsa gdoe ridvea droesin dteeg lroos  emni seml ossu.puesto de remanentes no  OE-A-2021-12able en https://
h)  En su caso, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado  la  actividad  beneficiaria  de  la  ayuda  con  indicación  del  importe  y  su 
procedencia.
5.  Las actividades a las que se refieran los justificantes presentados deberán haber 
sido realizadas y estar efectivamente pagadas antes de que finalice el correspondiente 
plazo para la justificación de la ayuda.
6.  En el caso de inversiones en activos tangibles deberá acreditarse que:
a)  Se empleará exclusivamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda.
b)  Se considerarán activos amortizables.
c)  Se adquirirán, en condiciones de mercado, a terceros no relacionados con el 
comprador.
d)  Figurarán en el activo de la empresa y permanecerán en el establecimiento 
beneficiario de la ayuda durante un periodo mínimo de tres años.
7.  La forma de justificación deberá realizarse por los medios y en los formatos que 
se establezcan al efecto en la correspondiente convocatoria. Toda la documentación se 
presentará en formato digital.
8.  A  efectos  de  la  justificación  de  las  subvenciones,  el  representante  de  la 
agrupación  será  el  responsable  de  presentar  la  documentación  requerida  para  la 
justificación  de  las  subvenciones,  actuando  como  interlocutor  único  con  la 
Administración.
9.  Una  vez  recibidos  los  pagos  en  concepto  de  anticipo  o  pagos  anuales 
contemplados, el representante de la agrupación deberá remitir, para cada uno de los 
beneficiarios que integran el proyecto, los justificantes oportunos donde se refleje el 
cobro de la ayuda en un plazo máximo de 30 días desde su cobro efectivo.
Artículo 24.  Seguimiento de las actuaciones.
1.  El órgano que determine la convocatoria o, en su defecto, el órgano instructor, 
llevará a cabo el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la actuación.
2.  Asimismo, la convocatoria deberá establecer la frecuencia y el procedimiento de 
seguimiento, durante la ejecución de las actuaciones y también una vez finalizada la 
misma (evaluación ex post). El seguimiento deberá ser eficaz, transparente y basado en 
la  calidad  y  el  impacto  científico-técnico  y  socioeconómico  de  las  actuaciones 
financiadas, para lo cual podrán prever la creación de cuantas comisiones estimen 
necesario.
3.  El  seguimiento  deberá  basarse  en  la  documentación  o  información  que  se 
solicite al beneficiario, así como en presentaciones presenciales y públicas con quien 
determine el órgano instructor.
4.  La  convocatoria  podrá  establecer  la  forma  en  la  que  los  resultados  de  las 
evaluaciones intermedias, en su caso, y ex post de las actuaciones financiadas puedan 
tenerse en consideración cuando el interesado solicite una nueva ayuda en el marco de 
estas bases.
5.  La convocatoria podrá establecer mecanismos que permitan proceder a una 
minoración de la ayuda concedida en los casos en que las actividades de seguimiento 
pongan  de  manifiesto  un  grado  de  incumplimiento  de  los  objetivos  de  la  ayuda 
establecidos en la resolución de concesión que en ningún caso superen el 50 %.
Artículo 25.  Actuaciones de comprobación y control. w.b
el ó1rg. anEol  bceonnecfeicdiaerniote e, satasrí ác soommoe taid ola as  ladse  accotunatrcoiol npeosr  dlae  cIonmteprvreonbcaicóinó nG ae enfeercatlu adre p olar 
AEdumroipneisat reanc ióvinrt udde ld Eels atardtíocu ylo p 1o0r8 e.1l  Tdreibl uTnraatla ddeo  dCeu eFnutnacsi oyn, aemni esnut oc adseo l,a  pUonr iólan  CEoumroipseióan, 
relativo a ayudas estatales, y a lo establecido en concordancia con la normativa relativa
a la gestión de las ayudas financiadas con los fondos de la Unión Europea, y a cualquier 
otra normativa aplicable.
2.  El  órgano  concedente  podrá  realizar  las  acciones  de  comprobación  que 
establezca para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas al beneficiario, así 
como la realización por parte de los beneficiarios de la actuación objeto de ayuda.
3.  La comprobación formal para la liquidación de la ayuda se realizará sobre las 
cuentas  justificativas  presentadas.  Las  facturas  o  documentos  de  valor  probatorio 
análogo que sustenten dichos informes serán objeto de comprobación en los cuatro años 
siguientes, o diez años cuando haya financiación con fondos procedentes de la Unión 
Europea, a cuyo fin el órgano gestor podrá requerir a los beneficiarios la remisión de los 
justificantes, así como realizar los controles recogidos en cada uno de los planes anuales 
de actuación mencionados en el artículo 85 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
4.  Los  beneficiarios  deberán  disponer  de  los  libros  contables,  registros 
diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación aplicable al 
beneficiario, así como de las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio 
equivalente y los correspondientes justificantes de pago.
5.  Este conjunto de documentos que constituye el soporte justificativo de la ayuda 
concedida y que garantiza su adecuado reflejo en la contabilidad del beneficiario, deberá 
estar disponible en un plazo de al menos dos años a partir del 31 de diciembre a la 
presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos definitivos de la 
operación concluida, con el objeto de garantizar la pista de auditoría.
6.  Cualquier  persona  que  tenga  conocimiento  de  hechos  que  pudieran  ser 
constitutivos  de  fraude  o  irregularidad  en  relación  con  proyectos  u  operaciones 
financiadas total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en 
el marco de cualquiera de las convocatorias para la concesión de ayudas objeto de estas 
bases,  podrá  poner  dichos  hechos  en  conocimiento  del  Servicio  Nacional  de 
Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, en 
los términos establecidos en la Comunicación 1/2007, de 3 de abril, del citado Servicio, a 
través de la dirección: https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/fondos-europeos/femp/
default.aspx.
Artículo 26.  Publicidad de las subvenciones, derechos de la información y protección de 
datos.
1.  La publicidad de las subvenciones se realizará de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Por su parte, el órgano instructor, para garantizar la transparencia relativa a 
estas ayudas mantendrá una lista de carácter público y accesible a través de internet 
según lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento (UE) 508/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014.
3.  Asimismo, los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas 
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
4.  En relación a los derechos de uso de la información generada en los proyectos, 
toda  la  información  técnica  y  material  audiovisual  derivado  de  los  proyectos 
cofinanciados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá ser empleada 
por éste para ser difundida a través de sus canales (página web, redes sociales, otros) y 
en aquellos otros usos que se determine al objeto de garantizar su difusión, general  e.
conocimiento y puesta en valor. w.b
5.  Así mismo, se deberá cumplir con las disposiciones en materia de información,  426ww
Rpuebglliacmidaedn toy  c(UomE)u n5ic0a8c/2ió0n1 4F EdMelP ,P daerl acmonefnotrom iEduardo pceoon  lyo  deestl aCbloencsideojo e, nd ee l 1A5n edxeo  mV adyeol 
ddeis p2o0s1ic4i,o yn esse gdúen  aepl lRiceagcilóanm ednetlo  Rdeeg Elajmeceunctioó n( U(UEE) )5 70683/2/2001144, ,e pno rlo e lq quuee r esesp eescttaab lae cleans 
características técnicas de medidas de información y publicidad y las instrucciones para 
crear el emblema de la Unión.
6.  Así mismo, el órgano instructor, en relación a los datos recabados, se encargara 
de  garantizar  el  cumplimiento  de  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre  de 
Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
Artículo 27.  Incumplimiento y reintegro.
1.  Procederá el reintegro de la ayuda percibida, así como los intereses de demora 
correspondientes, en los casos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y éste se regirá por lo dispuesto en el título II de la misma, y en el 
título  III  de  su  Reglamento  de  desarrollo,  previo  el  oportuno  expediente  de 
incumplimiento.
2.  Asimismo, procederá al reintegro de la ayuda, así como los intereses de demora, 
que  será  el  interés  legal  del  dinero  incrementado  en  los  términos  previstos  en  el 
artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones o, en su lugar, el establecido en la ley 
de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  ejercicio  correspondiente  (3,75  % 
para 2021), si concurren uno o varios de los siguientes incumplimientos:
a)  El incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en resolución 
de la ayuda y DECA.
b)  El incumplimiento de los objetivos científicos y técnicos o de las actividades para 
las que se aprobó la ayuda, determinado a través de los mecanismos de seguimiento 
científico-técnico y comprobación de la justificación, será causa de reintegro total de la 
subvención. Especialmente, se considerarán incumplidos los objetivos cuando no se 
hubiera alcanzado el 50% de los objetivos, actividades, gastos o inversiones previstos en 
el proyecto.
c)  El  incumplimiento  de  los  objetivos  parciales  o  actividades  concretas  de  la 
actuación  conllevará  la  devolución  de  aquella  parte  de  la  ayuda  destinada  a  tales 
objetivos o actividades o, en el caso de que así se establezca en la convocatoria, a la 
pérdida del derecho a cobro total o parcial.
d)  La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable 
supondrá la devolución de las cantidades desviadas.
e)  La falta de presentación, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente 
convocatoria, de los informes de seguimiento anual o final, tanto técnico-científicos como 
económicos, dará lugar, pasados quince días hábiles tras el requerimiento del órgano 
concedente, al reintegro de la totalidad de la ayuda no justificada, de acuerdo con el 
artículo 70.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
f)  La no aportación de las tres ofertas en los casos previstos en el artículo 31.3 de 
la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  será  causa  de  reintegro  de  la  ayuda 
correspondiente al gasto en cuestión.
g)  El  incumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  durante  los  cinco  años 
siguientes al último pago de la ayuda dará lugar al reintegro de las ayudas en proporción 
al tiempo en que hubiera tenido lugar ese incumplimiento. Para ello se calculará el 
periodo de tiempo transcurrido desde el último pago y la fecha de comisión de la 
infracción grave y se descontará del periodo de cinco años, obteniéndose así el periodo 
de tiempo de ayuda a devolver. El importe total de la ayuda se prorratea en el periodo de 
cinco años y el importe a reintegrar será la parte de ayuda correspondiente al periodo de 
tiempo calculado según el párrafo anterior. e
h)  El incumplimiento de la obligación de dar publicidad a la ayuda concedida, en los  bo
términos del artículo 31.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de  426ww
novi3e.m  bEren,  esle rcáa scoa udsea  qdueel  reeli nintetegrreos paadroc ianlo d reel aimlicpeo retel  1a0s0o%ci addeo  laa  daiccthivoi dinacdu mobpjelimtoi ednet ol.a
ayuda, fuera de los casos anteriores, sólo percibirá la parte proporcional correspondiente
a la actividad realizada. Bc
Artículo 28.  Infracciones y sanciones.
El incumplimiento de lo dispuesto en la presente orden se sancionará conforme a lo 
establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 29.  Financiación.
1.  Estas  subvenciones  serán  cofinanciadas  en  la  prioridad  2  del  fondo  FEMP, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 47 relativo a «Innovación» del Reglamento (UE) n.º 
508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, en los 
porcentajes señalados en el artículo 9.
2.  La financiación de las ayudas contenidas en esta orden se realizará a través de 
la partida presupuestaria que determine la convocatoria.
3.  La cuantía individualizada de las ayudas se determinará por el órgano instructor, 
en función del informe emitido por la comisión de evaluación de acuerdo al artículo 15.3 
considerando el coste elegible del proyecto y las disponibilidades presupuestarias.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogada la Orden AAA/957/2016, de 9 de junio, por la que se aprueban las 
bases  reguladoras  de  las  ayudas  a  la  investigación  en  los  Planes  Nacionales  de 
Acuicultura y su correspondiente orden de convocatoria de ayudas a la investigación en 
los Planes Nacionales de acuicultura.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta  orden  se  dicta  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  artículo  149.1.15.ª  de  la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva estatal en materia de 
fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 21 de julio de 2021.–El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas Puchades.