BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 7 Sábado 8 de enero de 2022 Sec. III.   Pág. 1580
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
331 Orden ICT/1519/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de ayudas para proyectos de digitalización de «última milla» en 
empresas del sector turístico y se procede a su convocatoria correspondiente 
al  año  2021,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia.
I
La actividad turística supone más del 12,4 % del PIB y cerca del 12,9 % del empleo y 
contrarresta en gran medida el déficit comercial español. Nuestro país ocupaba en 2019 
el segundo puesto mundial en gasto realizado por turistas, con 89.856 millones de euros 
y también el segundo país del mundo en número de turistas extranjeros recibidos, con 
más de 83 millones de turistas internacionales. Además, desde 2015, España ostenta el 
título del país más competitivo del mundo en turismo, según el World Economic Forum.
Sin embargo, la drástica reducción de la actividad turística que ha supuesto la 
pandemia de la COVID-19 durante 2020, y la incertidumbre que continúa dominando el 
horizonte de 2021 hace que el sector turístico español se enfrente a la situación más 
delicada de su historia apuntando al fin de un ciclo económico con un riesgo significativo 
que podría lastrar a toda la economía.
Ante dicho impacto es imprescindible abordar medidas que activen un punto de 
inflexión, deteniendo el declive y activando un crecimiento sobre bases sólidas que 
permitan asegurar el liderazgo y la competitividad de nuestro modelo y que conduzcan a 
la modernización y la mejora de la competitividad turística preparando al sector para las 
grandes transformaciones pendientes, especialmente en el ámbito de la sostenibilidad y 
la digitalización.
II
El Plan España Digital 2025 busca acelerar la digitalización del modelo productivo 
mediante  proyectos  tractores  de  transformación  digital  en  sectores  económicos 
estratégicos  como  el  turístico.  Dicho  sector  afronta  como  una  de  sus  principales 
debilidades la brecha digital conforme se describe en la Estrategia de Turismo Sostenible 
de España 2030. La digitalización del sector turístico es clave para seguir atrayendo a 
turistas  cada  vez  más  hiperconectados  y  con  estancias  de  mayor  valor  añadido. 
Además, es uno de los ámbitos donde el margen de mejora es más amplio, pues España 
ocupa el vigésimo séptimo puesto en el apartado «ICT readiness» de acuerdo con el 
informe sobre competitividad turística del World Economic Forum.
Estamos, pues, en un momento en el cual el refuerzo de la competitividad del sector 
necesariamente deberá estar ligado al desarrollo de las capacidades digitales para atraer 
a los clientes y mejorar su experiencia.
III s
La Unión Europea ha desarrollado nuevos instrumentos de financiación diseñados  w.b
para combatir los efectos adversos causados por la pandemia del COVID-19. 1w
esteE mn oemfeectnot,o e hl iCstoónrisceoj od Eeu uronp eeosf udeerl z2o1  sdien gjuulliaor  dye  d2e0 2u0n,  cpolannscteieanmteie dneto l ain nneocveasdidoar dq ueen 
iumnp pualsqeune tlae  cdoen mveerdgiednacsi ad, ela g rreasni liaelnccainac ye ,l ac otrnaoncsidfoor mcoamcióon I nesnt rluam Uennitóon  dEeu rRoepceuap, earcaocriódnó 
de la Unión Europea (Next Generation EU) por un importe de 750.000 millones de euros,
compuesto por dos instrumentos: el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, y 
la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU).
Como  consecuencia  de  esos  acuerdos,  la  Unión  Europea  ha  adoptado  el 
Reglamento (UE) n.º 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se 
establece  un  Instrumento  de  Recuperación  de  la  Unión  Europea  para  apoyar  la 
recuperación tras la crisis de la COVID-19 y el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Dicho Mecanismo es el eje central de las 
medidas extraordinarias de recuperación de la Unión Europea.
La  financiación  ayudará  a  los  Estados  miembros  a  hacer  frente  a  los  efectos 
económicos y sociales de la pandemia provocados por la COVID-19, garantizando, 
asimismo, que sus economías emprendan las transiciones ecológica y digital para ser 
más sostenibles y resilientes, con inversiones que aceleren la recuperación y refuercen 
el crecimiento a largo plazo para que el mercado interior funcione correctamente con 
pequeñas  y  medianas  empresas  sólidas,  que  puedan  aumentar  la  capacidad  de 
respuesta y afrontar otros retos.
Con base en lo anterior, el Gobierno de España ha elaborado el Plan Nacional de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  de  España  (en  adelante,  Plan  de 
Recuperación) «España Puede», que incluye diez políticas tractoras o palancas que van 
a  incidir  directamente  en  aquellos  sectores  productivos  con  mayor  capacidad  de 
transformación del tejido económico y social. El Plan de Recuperación fue aprobado por 
Decisión de Ejecución del Consejo de 13 de julio de 2021, relativa a la aprobación de la 
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, conforme a lo previsto en 
los artículos 18 y 20 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 12 de febrero de 2021.
Los  proyectos  que  constituyen  dicho  Plan  de  Recuperación,  alineados  con  los 
objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las transiciones verde y digital, 
permitirán  la  realización  de  reformas  estructurales  en  los  próximos  años,  mediante 
cambios normativos e inversiones que permitan, por un lado, un cambio del modelo 
productivo  para  la  recuperación  de  la  economía  tras  la  pandemia  causada  por  la 
COVID-19  y,  por  otro,  una  transformación  hacia  una  estructura  más  resiliente  que 
permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en 
el futuro.
De las diez políticas tractoras, la quinta, «Modernización y digitalización del tejido 
industrial y de la PYME, recuperación del turismo e impulso a una España nación 
emprendedora», se centra esencialmente en la competitividad industrial. Las ayudas 
reguladas por estas bases reguladoras podrán financiarse con cargo a las partidas 
presupuestarias consignadas al componente 14 de dicho Plan que, titulado «Plan de 
modernización y competitividad del sector turístico», recoge un conjunto de reformas e 
inversiones orientadas modernizar el sector turístico español desde una perspectiva 
integral.
Dentro del componente  14,  las  actuaciones reguladas en la presente orden se 
inscriben en la inversión 2, «Programa de digitalización e inteligencia para destinos y 
sector  turístico»,  que  tiene  por  objeto  implementar  actuaciones  de  impulso  de  la 
digitalización  de  los  destinos  turísticos  y  de  las  empresas  turísticas  y  abordar  la 
construcción de un sistema de inteligencia turística basado en la economía del dato y la 
interoperabilidad.
Las  actuaciones  a  desarrollar  están  contempladas  en  el  proyecto  2,  Plan  de  s
Transformación Digital de Empresas de la cadena de valor turística a través de la  oe.
Inteligencia  Artificial  y  otras  tecnologías  habilitadoras,  cuyo  objetivo  es  desarrollar  w.
nuevas actividades y servicios de alto valor añadido basados en los espacios de datos y  1w
el foEmsetan toa cdteu alac ióinnn ocvoancsióisnte d iesnru putniv ap reong real mseac tdoer  tuaryíusdticaos. de «última milla» dirigidas a
qeumep rpeesrams itya na sboecniaecfiiocinaer sa o  uenn tnidúamdeerso  aessoccaialatibvales  dvein ceumlapdraess aas .p rSoec etsraotsa  ddee  inpnroovyaeccitóons   BOE-A-cable e
innovadores de base tecnológica relacionados con internet de las cosas, 5G, big data, 
ciberseguridad o aplicaciones móviles, sin carácter limitativo, que mejoren los procesos 
de gestión de las empresas en su relación con clientes, en la gestión de sus beneficios o, 
por ejemplo, en su posicionamiento de marca.
Asimismo, han de contribuir de manera integral a cumplir los compromisos adquiridos 
en materia de etiquetado digital, pues el coeficiente que resulta de aplicación a las 
inversiones correspondientes a la inversión 2 proyecto 2 del componente 14 es del 100 
por 100. Esta exigencia resulta coherente con el hecho de que las dos líneas de 
actuación  contempladas  en  los  artículos  4,  5  y  6  de  esta  orden,  que  definen  las 
actuaciones subvencionables, son el desarrollo directo de los objetivos perseguidos en el 
Plan de Recuperación en relación con la digitalización e inteligencia para destinos y 
sector turístico.
IV
La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 13.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia, respectivamente, sobre 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. En primer 
lugar, la competencia estatal sobre la base del artículo 149.1.13.ª tiene un «carácter 
transversal»,  en  el  sentido  recogido  en  la  jurisprudencia  constitucional  (por  todas, 
STC 74/2014, de 8 de mayo, FJ 3) de manera que «aun existiendo una competencia 
sobre  un  subsector  económico  que  una  Comunidad  Autónoma  ha  asumido  como 
“exclusiva” en su Estatuto, esta atribución competencial no excluye la competencia 
estatal para establecer las bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio 
autonómico  de  esta  competencia  exclusiva  puede  estar  condicionado  por  medidas 
estatales,  que  en  ejercicio  de  una  competencia  propia  y  diferenciada  pueden 
desplegarse autónomamente sobre diversos campos o materias», siempre que el fin 
perseguido responda efectivamente a un objetivo de planificación económica.
Este título responde a la «necesaria coherencia de la política económica», que 
«exige  decisiones  unitarias  que  aseguren  un  tratamiento  uniforme  de  determinados 
problemas en orden a la consecución de dichos objetivos (de política económica global o 
sectorial) y evite que, dada la interdependencia de las actuaciones llevadas a cabo en 
las  distintas  partes  del  territorio,  se  produzcan  resultados  disfuncionales  y 
disgregadores» (STC 186/1988, FJ II; más recientemente, STC 141/2014, de 11 de 
septiembre, FJ 5). El título ampara todas aquellas normas y actuaciones, sea cual sea su 
naturaleza y forma de instrumentación, orientadas a garantizar la «unidad de mercado» 
(SSTC 118/1996, de 27 de junio, FJ 10, y 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 6) o la 
«unidad económica» (SSTC 152/1988, de 20 de julio, FJ 2; 186/1988, de 17 de octubre, 
FJ 2; 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3, y 146/1992, de 16 de octubre, FJ 2).
En su seno, se enmarcan tanto las normas estatales que fijan las líneas directrices y 
los criterios globales de la economía o referidos a la ordenación de un sector concreto, 
como  aquellas  acciones  o  medidas  singulares  necesarias  para  alcanzar  los  fines 
propuestos dentro de dichos ámbitos. Por ejemplo, líneas de ayudas como las reguladas 
en esta orden, destinadas a actualizar y modernizar los destinos turísticos en todas 
aquellas infraestructuras, herramientas y soluciones digitales relacionadas con la gestión 
de servicios turísticos por parte de las entidades locales.
La competencia transversal del Estado concurre, en el caso que nos ocupa, con la 
atribución  estatutaria  de  las  comunidades  autónomas  en  materia  de  promoción  del  s
turismo. Por otro lado, los municipios son competentes en materia de Información y  e.
promoción de la actividad turística de interés y ámbito local, dentro de los márgenes de  w.
la ley estatal y autonómica (artículo 25.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de  1w
ltaítsu loBsa sceosm dpeelt eRnécgiaimlees nd eLlo Ecsatla).d Soe,  latrsa tcao mdeu nuind aádmesb iatou,t ópnoor mloa sta yn tloa,s  eenn teidl aqduees  cloocnacluersr.en
comEusnpideacdífeicsa amuetónnteo,m eans  eeln e eslq eujeemrcaic idoe d dei slatr ipboutceisótna dc osmubpveetnecnicoinaal le, nyt rdee  eal cEusetraddoo c oy nl alas   BOE-A-cable e
consolidada jurisprudencia recogida por primera vez en la STC 13/1992, de 6 de febrero 
(FJ 8), cabe la posibilidad de que «no obstante tener las Comunidades Autónomas 
competencias  exclusivas  sobre  la  materia  en  que  recaen  las  subvenciones,  éstas 
pueden ser gestionadas, excepcionalmente, por un órgano de la Administración del 
Estado u organismo de ésta dependiente, con la consiguiente consignación centralizada 
de  las  partidas  presupuestarias  en  los  Presupuestos  Generales  del  Estado».  No 
obstante, eso solo es posible «cuando el Estado ostente algún título competencial, 
genérico o específico, sobre la materia y en las circunstancias ya señaladas en nuestra 
doctrina anterior, a saber: Que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad 
de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas 
posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el 
territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los 
fondos estatales destinados al sector. Su procedencia en cada caso habrá de aparecer 
razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la 
medida de fomento de que se trate».
La apreciación de la necesidad de esa centralización es, por otra parte, competencia 
del Estado, único competente para establecer los casos en los que concurren esas 
circunstancias  y  para  valorar  la  participación  en  ese  proceso  de  las  comunidades 
autónomas (STC 31/10, FJ 62).
A estos efectos, y, en primer lugar, la situación crítica que vive el sector como 
consecuencia de la pandemia, a la que ya se ha hecho referencia con anterioridad y la 
urgencia requerida en el despliegue homogéneo de las ayudas en todo el territorio en el 
menor plazo de tiempo posible, justifican fundadamente el carácter imprescindible de la 
presente orden de bases reguladoras y convocatoria de ayudas para garantizar la plena 
efectividad de las medidas en el sector.
Por  todo  ello,  concurren  en  este  caso  las  circunstancias  para  centralizar  la 
convocatoria de las ayudas por el Estado: la grave crisis en la que se encuentra inmerso 
el sector turístico como consecuencia de la COVID-19 que hace imperativo un revulsivo 
inmediato que le permita recobrar su actividad, reactivando las economías municipales y 
el propio pulso de los ecosistemas locales, también desde el punto de vista social. La 
gestión centralizada también contribuye a garantizar que no se sobrepasan los importes 
máximos de ayudas establecidos por la normativa europea, a los que están sujetas las 
subvenciones establecidas en esta orden.
El esquema centralizado para la asignación de los fondos es imprescindible para la 
efectividad inmediata por varias razones.
Por un lado, se garantizaría el despliegue simultáneo de las ayudas, contribuyendo a 
una acción única, homogénea y sincronizada de revitalización del turismo y se evitaría la 
potencial falta de sincronía por posibles diferencias en plazos de tramitación entre las 
diecisiete comunidades autónomas.
La  necesidad  de  un  despliegue  inmediato  y  sincronizado,  que  refuerce  la 
competitividad del sector turístico en el corto plazo en todo el territorio, exige que los 
plazos y criterios aplicados sean idénticos en todo el territorio nacional, lo que se alcanza 
con una tramitación de la recepción de solicitudes, selección y pago única. El enfoque 
adoptado permite poner en marcha un procedimiento homogéneo que haga frente a la 
situación de urgencia actual de forma unívoca.
Por otro lado, esta propuesta de gestión permite alcanzar de manera inmediata el 
objetivo perseguido, limitando los retrasos que pudieran derivarse de las dificultades de 
establecer  unos  criterios  de  reparto.  Se  pretende  reforzar  la  competitividad  de  las  s
empresas turísticas en todo el territorio, independientemente de su pertenencia a una u  oe.
otra comunidad, basándose tan sólo a las cualidades de los proyectos que presenten  w.
estas.  Este  objetivo  entra  en  conflicto  con  la  necesidad  de  definir  un  criterio  de  1w
cdaisstorib duec ióqnu eo sbeje tpivrooc eendtirees ela as  lcao mgeusntiiódna dteesrr iatourtióanlizoamdaas,  pqoureq useir veiel sneiv eall  dmeils mreop afrinto  epna real 
cdueafinntirit alati vcoasn ltiigdaaddo ass aigl náamdbai toa  acuatdoan óumnaic od e(s éesat aesl  PdIeBb, elarí ap ofibjalarsceió ne,n l ofsu ndcaiótons  dtuer ícsrtiitceorsio os   BOE-A-cable e
el número de mercados en el territorio, lo que no se puede hacer corresponder con 
proyectos de modernización, que no se pueden conocer a priori) siendo además un 
requisito imprescindible el de la rapidez en el despliegue de las ayudas para maximizar 
el impacto de las medidas, clave en el actual contexto económico.
Esto último enlaza precisamente con el segundo elemento al que hace referencia la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional: el carácter imprescindible de la presente orden 
de bases reguladoras y convocatoria de ayudas para garantizar las mismas posibilidades 
de obtención y disfrute por los posibles beneficiarios en todo el territorio nacional y, por 
ende, para revitalizar el turismo local de forma sincronizada en todo el Estado. Ninguna 
otra  opción  de  las  posibles  permitiría  atender  mejor  a  ese  objetivo  primordial.  Los 
potenciales  beneficiarios  de  las  subvenciones  presentan  características  diversas  y 
variadas en sus dimensiones y estructura, así como en el grado tecnológico alcanzado 
en el sector turístico, lo que aconseja un procedimiento de tramitación y valoración único.
La supraterritorialidad como criterio de atribución de competencias al Estado queda 
justificada  en  la  STC  27/2014,  de  13  de  febrero,  FJ  4:  «…  la  utilización  de  la 
supraterritorialidad como criterio determinante para la atribución o el traslado de la 
titularidad  de  competencias  al  Estado  en  ámbitos,  en  principio,  reservados  a  las 
competencias  autonómicas  tiene,  según  nuestra  doctrina,  carácter  excepcional,  de 
manera  que  sólo  podrá  tener  lugar  “cuando  no  quepa  establecer  ningún  punto  de 
conexión que permita el ejercicio de las competencias autonómicas o cuando además 
del carácter supraautonómico del fenómeno objeto de la competencia, no sea posible el 
fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre él y, aun en este caso, siempre 
que dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperación o 
de  coordinación  y,  por  ello,  requiera  un  grado  de  homogeneidad  que  sólo  pueda 
garantizar  su  atribución  a  un  único  titular,  forzosamente  el  Estado,  y  cuando  sea 
necesario  recurrir  a  un  ente  supra-ordenado  con  capacidad  de  integrar  intereses 
contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro inminente de daños 
irreparables, que nos sitúa en el terreno del estado de necesidad (STC 102/1995, de 26 
de junio, FJ 8)” (STC 35/2012, FJ 5, con cita de la STC 194/2011, FJ 5)».
No cabe en este caso establecer ningún punto de conexión territorial que permita el 
ejercicio de competencias autonómicas por cuanto pueden ser no solo empresas que 
tomen  como  punto  de  conexión  territorial  su  sede  social  sino  que  también  caben 
agrupaciones  de  empresas,  de  distintas  comunidades  autónomas,  de  forma  que 
imposibilitaría fijar ese punto de conexión territorial y tampoco es viable, en este caso, 
establecer mecanismos de cooperación o de coordinación pues las ayudas tienen por 
principal objeto digitalizar empresas turísticas y su objeto solo sería viable con una 
gestión centralizada.
En  resumen,  la  necesaria  coherencia  de  la  política  económica  en  las  actuales 
circunstancias  económicas  excepcionales  y  la  gravedad  y  urgencia  de  la  situación 
aconsejan el que se articule un sistema que permita una actuación rápida y uniforme en 
todo  el  territorio,  garantizando  la  plena  efectividad  de  las  medidas  dentro  de  la 
ordenación básica del sector y las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte 
de todos sus potenciales destinatarios, lo que justifica el que de manera excepcional se 
haya articulado un mecanismo que asegura la homogeneidad y la plena información y 
coordinación en un sistema de concurrencia competitiva, que prima la agilidad, pero al 
mismo  tiempo  garantiza  la  debida  coherencia  de  los  proyectos  con  las  políticas 
sectoriales de cada comunidad o ciudad autónoma, a través de los órganos de gobierno 
diseñados al efecto. s
Se trata, además, de una medida de fomento puntual, justificada por la gravedad de  oe.
la crisis y la necesidad de una respuesta inmediata, que no afecta al espacio normativo  w.
de las comunidades autónomas, que pueden llevar a cabo sus políticas sectoriales  1w
ppreorpmiaasn,e nycaia  qsuineo  qeul eE asdtoapdtoa  unnoa  emsetadbidleac sei nguunlaa r, rpeugnutluaaciló yn  aibsálasdicaa,  qcuoen s ev aogcaoctaióran  codne 
slouc aeljeesc udceió cno menp eetle mncairacso p dreolp Pialsa nd ed ea cRueecrduop ecroanc ilóan L, eyy p 7a/r1a9 8e5l ,e djeer c2ic dioe  paobrr illa.s entidades  BOE-A-cable e
V
Estas ayudas se otorgan de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado, en concreto en el artículo 29 del citado reglamento.
Asimismo, las ayudas contempladas en la presente orden se incardinan en el Plan 
actualizado  2021  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  del  Ministerio  de  Industria, 
Comercio y Turismo, elaborado en un contexto condicionado por la crisis sanitaria y 
marcado desde el punto de vista presupuestario por la aprobación de los Presupuestos 
Generales  del  Estado  para  2021  por  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  y  por  la 
aprobación del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de  febrero  de  2021,  en  el  marco  del  Instrumento  Europeo  de  Recuperación  (Next 
Generation). Dicha incardinación se efectúa a través de la primera de las cinco líneas 
estratégicas del Plan que tiene como objetivo fomentar la digitalización y la innovación 
en los sectores productivos competencia del Departamento.
Por otro lado, la presente orden prevé la participación como entidad colaboradora en 
esta línea de ayudas de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y 
las  Tecnologías  Turísticas,  S.A.M.P.  (SEGITTUR),  sociedad  mercantil  estatal 
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y adscrita a la Secretaría de 
Estado de Turismo. Esta entidad, integrante del sector público estatal y medio propio de 
la Administración General del Estado, es la responsable de impulsar la innovación (I+D
+i) en el sector turístico español, tanto en el sector público (nuevos modelos y canales de 
promoción, gestión y creación de destinos inteligentes, entre otros) como en el sector 
privado  (apoyo  a  emprendedores,  nuevos  modelos  de  gestión  sostenible  y  más 
competitivo, exportación de tecnología española), de ahí que sea la más adecuada para 
desarrollar este papel, conforme con las normas.
Además, en atención a la necesaria urgencia para otorgar ayudas en el marco de los 
fondos europeos «Next Generation EU» y de conformidad con el artículo 61.1 del Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la  modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  esta  orden  de  bases  incorpora  la 
convocatoria de las ayudas.
Por otro lado, en cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el 
Reglamento (UE) 2021/241 de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en 
particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio 
de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución 
del  Consejo  relativa  a  la  aprobación  de  la  evaluación  del  plan  de  recuperación  y 
resiliencia  de  España,  todas  las  actuaciones  financiadas  en  el  ámbito  del  Plan  de 
Recuperación,  deben  de  respetar  el  llamado  principio  de  no  causar  un  perjuicio 
significativo  al  medioambiente  (principio  DNSH  por  sus  siglas  en  inglés,  «Do  No 
Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas 
en la Componente 14, Inversión 2.3 en la que se enmarca, tanto en lo referido al 
principio DNSH, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento 
del Componente del Plan.
Esta orden se estructura por razones sistemáticas en tres capítulos. En el primer 
capítulo se contiene una disposición de carácter general referente al objeto de las 
ayudas. El segundo capítulo contiene las bases reguladoras de las ayudas que incluyen  e.
las disposiciones de carácter general y el procedimiento de gestión de las ayudas. El  w.b
tercer capítulo regula la convocatoria de ayudas para el año 2021. 1w
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intereses que se persiguen.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación 
imprescindible para lograr el objetivo de garantizar los fines perseguidos, imponiendo 
solo las condiciones que establece la normativa europea y la española.
Cumple el principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el derecho de la 
Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios de claridad y 
de certidumbre,  que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 
actuación y toma de decisiones de las empresas.
Por lo demás, la norma es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que la 
norma asegura la máxima eficacia de sus postulados para garantizar que las ayudas 
llegan  de  una  manera  ágil  a  todos  los  beneficiarios.  En  cuanto  al  principio  de 
transparencia, esta norma establece unos criterios de evaluación de las solicitudes que 
son objetivos, públicos y conocidos previamente, y garantiza una amplia participación a 
sus potenciales destinatarios en su elaboración.
En  la  elaboración  de  esta  orden  han  emitido  informe  el  Servicio  Jurídico  y  la 
Intervención  Delegada  en  el  Departamento,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  por  el 
artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 61.2 del Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre. En virtud de todo lo expuesto, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  Constituye el objeto de esta orden la aprobación de las bases reguladoras de la 
concesión  de  ayudas,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  para  proyectos  de 
digitalización de «última milla» a agrupaciones de entidades cuya actividad, bien sea 
directa o verticalizada, esté orientada al sector turístico en general o a cualquiera de sus 
subsectores productivos, así como la convocatoria correspondiente de 2021 en el marco 
del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  (en  adelante,  Plan  de 
Recuperación).
En concreto se pretende movilizar aquellos proyectos singulares y transformadores 
que cubran procesos y productos fácilmente escalables y replicables con una clara 
orientación al usuario final y que contengan, entre otros, mejoras en la digitalización e 
inteligencia aplicados a la gestión, promoción, puesta en valor y difusión para destinos y 
sector turístico.
2.  Dichas ayudas se otorgan de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 651/2014 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado.
Artículo 2.  Encaje en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las ayudas reguladas en esta orden de bases estarán financiadas por el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, «Plan de Recuperación») del 
Gobierno de España, integrándose en la inversión 2, del componente 14 («Programa de 
digitalización  e  inteligencia  para  destinos  y  sector  turístico»  y  en  concreto  en  el 
proyecto 2, «Plan de Transformación digital de Empresas de la cadena de valor turística 
a través de la Inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras», contribuyendo al  es
cumplimiento de los objetivos asociados a la misma, de acuerdo con la normativa  o
reguladora del mecanismo de recuperación y resiliencia y del Plan de Recuperación a  ww.
tRnítievuseloill  ieequnurcoeiap »es.oe  yr enaalcizioanna l.« eEnn  eesl em caarscoo,  ladse lc oPnlavno cadteo riRase ceufepcetruaacdióans,  eTsrpaencsiffiocramráanc ióenn  eyl   OE-A-2022-331able en https://w
Artículo 3.  Definiciones.
A los efectos de esta orden, se incluyen las siguientes definiciones:
1.  Se entenderá por PYMES las que cumplan los siguientes requisitos:
a)  Que empleen a menos de 250 personas.
b)  Que su volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros, o su 
balance general anual no exceda de 43 millones de euros.
c)  Que el cómputo de los efectivos y límites en el caso de empresas asociadas o 
vinculadas se efectúe como disponen los artículos 3 a 6 del anexo I del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
2.  Pequeña empresa: una PYME que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen 
de negocio anual, o cuyo balance general anual, no supera los 10 millones de euros.
3.  Microempresa: una PYME que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen 
de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros, 
computándose los límites de acuerdo con el mencionado anexo I del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
4.  Gran empresa: toda empresa que no cumpla los criterios establecidos en el 
apartado 1.a) de este artículo.
5.  Empresas de nueva creación: a los efectos de esta orden se entiende por 
empresas de reciente creación las que han sido constituidas como máximo en los cinco 
años anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes de ayuda de 
cada  convocatoria,  a  contar  desde  la  fecha  de  otorgamiento  de  la  escritura  de 
constitución de la empresa y siendo ésta, al menos seis meses anteriores a la fecha de 
cierre de plazo de presentación de solicitudes de ayuda.
6.  Riesgo tecnológico bajo: se trata de proyectos de poca complejidad técnica y 
tecnológica, con pequeño número de sistemas implicados, con integración simple, que 
precisan de tiempos de ejecución cortos.
7.  Riesgo tecnológico alto: se trata de proyectos de alta complejidad técnica y 
tecnológica, con un gran número de sistemas implicados, con posible dificultad en la 
integración, que precisan de tiempos de ejecución más largos y requerimientos de 
formación específica en los recursos que los operan.
8.  TRL 6-8 (technology readiness level): tecnologías validadas en entornos no 
reales, a nivel de prototipo en laboratorio y pruebas en sistemas hardware/software ya 
operativos.
9.  TRL 8-9: tecnologías validadas, certificadas y disponibles en entornos reales, a 
nivel sistema final, y probado en escenarios y entornos reales.
CAPÍTULO II
Bases reguladoras
Artículo 4.  Régimen de concesión y financiación.
1.  Las ayudas reguladas por esta orden se concederán en régimen de concurrencia 
competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, y de acuerdo con 
los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así 
como los de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y de eficiencia en la  e
asignación y utilización de los recursos públicos, establecidos en el artículo 8.3, 22.1  bo
y 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. w
cRpaúerbgal2licac.t mae,re Eíssnlt etipoc ra aostace qpenurddoeirmbá ea iesdanto at lobo l pedeocesre  tncae obelnl sectcRaeidsse ioaób lna e,s nDeq esula cer re eLsgteeouy  lai n8d3ic8o8i7r/a2a/r20sá0.0 0d36e, , d oefdi ce1i o7 2 md1ee d dniaeon vtiejeu mlcioob,n revc ooycn aa to lrasiuas    OE-A-2022-33able en https://
3.  La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS) y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
y a su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, con las 
características que establecen estas bases reguladoras.
4.  La financiación de estas ayudas se imputará a las aplicaciones que para cada 
año se determinen en los correspondientes Presupuestos Generales del Estado, que 
incluirán, en su caso, las correspondientes a los fondos del Plan de Recuperación, 
conforme a lo indicado en el artículo 2 de la presente orden.
5.  La fijación de las cuantías de las subvenciones se establecerá de conformidad 
con los criterios establecidos en los artículos 6 y 7.
Artículo 5.  Tipos de actuaciones y etiquetado digital.
1.  Los tipos de actuaciones y proyectos susceptibles de recibir las ayudas del 
programa serán los siguientes:
a)  Línea  1:  Proyectos  de  desarrollo  tecnológico  innovadores  que  incorporarán 
tecnologías  emergentes  o  de  nuevo  desarrollo  con  riesgo  tecnológico  medio/bajo 
regulados en el artículo 6.
b)  Línea  2:  Proyectos  de  implantación  y  adopción  de  nuevas  tecnologías  que 
incorporarán tecnologías testadas previamente en el mercado con riesgo tecnológico 
bajo reguladas en el artículo 7.
2.  Las líneas de ayudas descritas en el apartado anterior se refieren a procesos de 
innovación en materia de organización o de procesos, suponiendo, bien la aplicación de 
un nuevo método organizativo a las prácticas comerciales, la organización del centro de 
trabajo o las relaciones exteriores de una empresa; bien la aplicación de un método de 
producción  o  suministro  nuevo  o  significativamente  mejorado,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el Reglamento (UE) n.° 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
3.  La inversión 2.2 del componente 14 del Plan de Recuperación en la que se 
integra  esta  líneas  de  ayudas  tiene  por  objeto  implementar  actuaciones  de 
transformación  digital  de  empresas  de  la  cadena  de  valor  turística  a  través  de  la 
Inteligencia  artificial  y  otras  tecnologías  habilitadoras,  teniendo  atribuida  la  etiqueta 
digital 010, Digitalización de pymes (incluidos el negocio y el comercio electrónicos y los 
procesos empresariales en red, los polos de innovación digital, los laboratorios vivientes, 
los  ciberemprendedores,  las  empresas  emergentes  basadas  en  TIC,  el  comercio 
electrónico entre empresas), con un coeficiente del 100 por cien. Para cumplir con dicho 
etiquetado, los proyectos que se financien pertenecerán a los ámbitos de conocimiento 
científico tecnológico y digital del sector turístico recogidos en los artículos 6 y 7.
Artículo  6.  Condiciones  aplicables  a  los  proyectos  de  desarrollo  tecnológico 
innovadores (Línea 1).
1.  Los  proyectos  presentados  en  esta  modalidad  deberán  ser  proyectos  de 
desarrollo con carácter aplicado, muy cercanos al mercado (niveles de madurez de la 
tecnología  TRL  6-8),  con  riesgo  tecnológico  medio/bajo,  que  permitan  mejorar  la 
competitividad del sector turístico mediante la incorporación de tecnologías emergentes 
o de nuevo desarrollo en el ámbito del internet de las cosas, 5G, big data, ciberseguridad 
o aplicaciones móviles, sin carácter limitativo. La finalidad última de los proyectos será  e.
promover la transformación digital de las empresas que los llevan a cabo en el marco de  w.b
las siguientes categorías gestión de las empresas en su relación con clientes, en la  1w
gest2ió. n dLeo ss upsro byeencetofisc ioobsj eot oe nd es ue sptoas liícnioenaa dmeibeenrtáon d ree umnairr claas. siguientes condiciones:
a)  De participación: los proyectos de desarrollarán bajo la modalidad de agrupación
de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de
diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, y el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b)  De cuantía: el presupuesto mínimo del proyecto será de 500.000 euros y el 
presupuesto máximo será de 5.000.000 de euros.
c)  De duración: los proyectos tendrán una ejecución máxima de 18 meses.
Artículo  7.  Condiciones  aplicables  a  los  proyectos  de  implantación  y  adopción  de 
nuevas tecnologías (Línea 2).
1.  Los  proyectos  presentados  en  esta  modalidad  deberán  ser  proyectos 
demostradores  de  conocimientos  y/o  tecnologías  testadas  previamente  en  mercado 
(niveles de madurez de la tecnología TRL 8-9), con riesgo tecnológico bajo, que permitan 
mejorar la competitividad del sector turístico mediante la implantación y adopción de 
tecnologías  existentes  en  el  ámbito  del  internet  de  las  cosas,  5G,  big  data  y 
ciberseguridad o aplicaciones móviles, sin carácter limitativo. La finalidad última de los 
proyectos será promover la transformación digital de las empresas que los llevan a cabo 
en el marco de las siguientes categorías gestión de las empresas en su relación con 
clientes, en la gestión de sus beneficios o en su posicionamiento de marca.
2.  Los proyectos objeto de esta línea deberán reunir las siguientes condiciones:
a)  De participación: los proyectos se desarrollarán bajo la modalidad de agrupación, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, y el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b)  De cuantía: el presupuesto mínimo del proyecto será de 300.000 euros y el 
presupuesto máximo será de 750.000 euros.
c)  De duración: los proyectos tendrán una ejecución máxima de 12 meses.
Artículo 8.  Beneficiarios y requisitos de los beneficiarios.
1.  Podrán ser beneficiarios de estas ayudas, en la forma de agrupación prevista en 
el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre:
a)  Las empresas del sector turístico definidas en el artículo 3 siempre que estén 
válidamente  constituidas,  tengan  personalidad  jurídica  propia  y  domicilio  fiscal  en 
España. Se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad económica 
independientemente de su forma jurídica y de su financiación y que entre sus fines y 
actividades recojan la gestión, promoción, puesta en valor y difusión de los recursos 
turísticos clasificadas bajo alguno de los siguientes códigos de Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE):
1.º  493 Otro transporte terrestre de pasajeros.
2.º  4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.
3.º  4932 Transporte por taxi.
4.º  4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros NCOP.
5.º  511 Transporte aéreo de pasajeros.
6.º  5110 Transporte aéreo de pasajeros.
7.º  5221 Actividades anexas al transporte terrestre.
8.º  5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores.
9.º  5223 Actividades anexas al transporte aéreo. e
10.º  551 Hoteles y alojamientos similares. bo
11.º  5510 Hoteles y alojamientos similares. w
1123..ºº   555522 0A Aloljoajmamieinetnotso stu truírsítsictiocso sy  yo tortorso sa laoljoajmamieinetnotso sd ed ec ocortrata e estsatanncicaia..
1154..ºº   555593  OCatrmosp ianlgosja ym aiepnatrocsa.mientos para caravanas.
16.º  5590 Otros alojamientos.
17.º  56 Servicios de comidas y bebidas.
18.º  561 Restaurantes y puestos de comidas.
19.º  5610 Restaurantes y puestos de comidas.
20.º  5621 Provisión de comidas preparadas para eventos.
21.º  5629 Otros servicios de comidas.
22.º  7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
23.º  7721 Alquiler de artículos de ocio y deportes.
24.º  7911 Actividades de las agencias de viajes.
25.º  7912 Actividades de los operadores turísticos.
26.º  799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
27.º  7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
28.º  855 Otra educación.
29.º  91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales.
30.º  9004 Gestión de salas de espectáculos.
31.º  9102 Actividades de museos.
32.º  9103 Gestión de lugares y edificios históricos.
33.º  9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.
34.º  9329 Actividades recreativas y entretenimiento.
b)  Empresas cuya actividad les permita constituirse en socios tecnológicos y con 
experiencia demostrable en el ámbito turístico.
c)  Podrán ser beneficiarias en los términos que establezcan las correspondientes 
convocatorias  y  siempre  que  cumplan  con  los  requisitos  exigidos,  las  asociaciones 
profesionales y empresariales, incluyendo federaciones, confederaciones y uniones de 
éstas,  legalmente  constituidas  y  dadas  de  alta  en  el  Registro  Correspondiente  de 
Asociaciones  y  cuyo  objeto  social  y  actividad  tenga  relación  directa  con  el  sector 
turístico.
2.  Antes de concurrir las entidades se constituirán en agrupación, formalizando un 
documento que contendrá el contenido mínimo que establece el artículo 67.2 del Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
3.  No podrán ser beneficiarias:
a)  Las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias relacionadas en 
el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b)  Las entidades que tengan deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la 
Administración, o estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión 
previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con 
el mercado común.
c)  Las empresas en crisis, de acuerdo con el artículo 1.4.c) del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, tal y como vienen definidas en su 
artículo 2.18.
4.  Las cuantías e intensidades de las ayudas se computarán individualmente para 
cada beneficiario, sin perjuicio de que formen parte de una agrupación.
Artículo 9.  Obligaciones de los beneficiarios.
1.  Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y concordantes de su Reglamento de desarrollo,  e.e
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como las que se establezcan  b
en las convocatorias y en las resoluciones de concesión. Entre otras, deberán cumplir  w
ccoomn aula)n si csEaignr u leiael  nrcteaenssuo on bcdlieiag  anacol i oepnxoepdsee:dr ierenateli zsaor liecli tapdrooy eecnt oe lp amrao meel nctuoa le sne q cuoen cseed ipór olad uazycuad ala,   OE-A-2022-33able en https://
certeza de la no ejecución y, en todo caso, en el plazo máximo de tres meses desde la
resolución  de  concesión,  procediendo  a  la  devolución  voluntaria  conforme  con  lo 
establecido  en  el  artículo  90  del  Reglamento  de  la  ley  General  de  Subvenciones, 
aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio, y abonando los intereses de demora 
calculados de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
b)  Los beneficiarios de las inversiones estarán obligados a crear en España todo el 
empleo necesario para la realización de la actividad, que se realizará con personal 
contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de 
este requisito tendrá que justificarse documentalmente.
c)  Las  entidades  beneficiarias  deberán  contribuir  al  objetivo  de  autonomía 
estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena 
de  suministro  teniendo  en  cuenta  el  contexto  internacional  y  la  disponibilidad  de 
cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la 
solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y 
software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
d)  Deberán dar publicidad, en los términos previstos en el artículo 29, de las ayudas 
concedidas y del órgano concedente en los contratos de servicios y laborales, así como 
en cualquier otro tipo de contrato relacionado con la ejecución de la operación, incluida la 
subcontratación, en convenios, publicaciones, ponencias, equipos, material inventariable, 
actividades de difusión de resultados y otras análogas, mencionando expresamente, al 
menos, la convocatoria y la referencia de identificación de la solicitud.
2.  Las  entidades  beneficiarias  deberán  cumplir,  además,  con  las  obligaciones, 
europeas y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a)  En el diseño y ejecución de las actuaciones subvencionadas, las entidades 
beneficiarias garantizarán el respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo», 
conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) n.º 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se regula el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la 
Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no 
causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del 
Consejo, de 13 de julio de 2021.
b)  Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en 
virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 12 de febrero.
c)  Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato 
electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del 
Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero. 
Dichos datos serán incorporados en una base de datos única.
d)  Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las 
actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel 
de consecución de cada actuación.
e)  Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar 
por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros 
aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los 
indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación. e
f)  Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones  bo
realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la  w
edsotcaubmleeznctaa ceiló Mn isnoisptoerrtieo.  dEel  Hsuamciiennisdtaro y d Feu lnac iinófno rPmúabcliicóan  dsee  creoanlfiozramráid eand  lcoosn t élar mnionromsa qtiuvea 
nacigo)n alC yo dnes elarv Uarn ilóons  Eduorcoupmeean.tos en formato electrónico durante un periodo de cinco
años a partir de la operación (3 años si la financiación no supera 60.000 euros), de
acuerdo con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al 
presupuesto  general  de  la  Unión,  por  el  que  se  modifican  los  Reglamentos  (UE) 
n.º  1296/2013,  (UE)  n.º  1301/2013,  (UE)  n.º  1303/2013,  (UE)  n.º  1304/2013,  (UE) 
n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión 
n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.
h)  Tienen  la  obligación  de  asegurar  la  regularidad  del  gasto  subyacente  y  la 
adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la 
corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
Artículo 10.  Entidad colaboradora.
1.  Para la gestión de las subvenciones se designa a la Sociedad Estatal para la 
Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S. A. (SEGITTUR) como entidad 
colaboradora, que deberá cumplir con los requisitos y obligaciones y desempeñar las 
funciones establecidas en los artículos 13 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  SEGITTUR intervendrá en las labores de estudio y evaluación técnica de los 
proyectos  presentados  con  las  solicitudes,  y  en  la  recepción  y  estudio  de  la 
documentación  remitida,  de  la  justificación  de  los  gastos  y  de  la  ejecución  de  las 
actuaciones o proyectos objeto de financiación, sin que se produzca la previa entrega y 
distribución de fondos, y conforme a lo establecido en el convenio que se suscriba con 
esta.
En  dicho  convenio  se  establecerán  medidas  para  la  prevención  del  fraude  y 
situaciones de conflictos de intereses tanto en la fase de evaluación como de revisión de 
las justificaciones.
3.  No se requieren condiciones específicas y adicionales de eficacia y solvencia a 
las que se refiere en el artículo 17.3.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El 
necesario cumplimiento de las condiciones del artículo 13 de dicha ley es condición 
suficiente de solvencia y eficacia económica y financiera.
Artículo 11.  Gastos subvencionables.
1.  Las ayudas previstas en la presente orden se destinarán a cubrir los gastos que 
estén directamente relacionados con el desarrollo del proyecto o actuación para el que 
se hayan concedido.
2.  Dichas ayudas se aplicarán a los siguientes costes directos:
a)  Gastos de personal técnico directamente involucrado en la ejecución de las 
actuaciones o proyectos, con vinculación laboral con los beneficiarios e incluido en los 
grupos de cotización a la Seguridad Social del 1.º al 3.º, ambos incluidos, o de autónomo 
económicamente dependiente de la entidad solicitante conforme a la Ley 20/2007, de 11 
de julio, del Estatuto de Trabajo Autónomo y al Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, 
por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del 
trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro 
Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos. En todos los casos, 
deben poseer una titulación que se encuentre entre las siguientes: Titulación Superior, 
Titulación  Media,  Titulación  de  Grado,  Titulación  de  Máster  o  Titulación  en  Ciclo 
Formativo  de  Grado  Superior.  En  toda  actuación  se  nombrará  obligatoriamente  un 
Director Técnico del proyecto y será único. s
El coste/hora individual del personal participante en el proyecto se calculará de  oe.
acuerdo con la siguiente fórmula: w.
Salario bruto+Coste SS 365   OE-A-2022-33able en https://
  Coste/ hora=(Horas anuales por convenio)∗Días trabajados al año
 
(no escribir al dorso) 
Coste SS es el coste de Seguridad Social desembolsado por la empresa por el 
participante  en  el  período  contemplado.  Las  cuotas  de  Seguridad  Social  de  los 
trabajadores autónomos no serán financiables, salvo que exista una norma de rango 
legal que declare el coste de SS del autónomo exento de la base imponible del IRPF y 
que sea la entidad solicitante la que realice el ingreso de las cuotas en lugar del 
trabajador.
El coste/hora individual máximo financiable se determinará en cada convocatoria.
Asimismo, se podrán incluir los gastos de personal administrativo cuyo coste/hora 
individual del personal participante en el proyecto se calculará según la fórmula del 
apartado a) anterior. El coste/hora individual máximo financiable se determinará en cada 
convocatoria.
Se requerirá la confección de partes horarios firmados por los propios empleados a 
efectos de evitar la doble financiación, salvo que la normativa europea prevea otras 
formas de acreditación para las subvenciones financiadas con fondos europeos.
b)  Los costes de instrumental y material inventariable en la medida y durante el 
período en que se utilicen para el proyecto. En caso de que estos no se utilicen en toda 
su vida útil para el proyecto, únicamente se considerarán financiables los costes de 
amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo con los 
principios contables generalmente aceptados.
c)  Gastos generales y otros gastos de explotación adicionales, incluidos los costes 
de material, suministros y productos similares, que se deriven directamente del proyecto.
d)  Costes  de  investigación  contractual,  conocimientos  técnicos  y  patentes 
adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas a precios de mercado.
e)  Se  permite  imputar  como  gasto  subvencionable  los  gastos  asociados  a  los 
informes de auditoría externa exigidos.
3.  Los conceptos de gasto, para ser considerados financiables, deberán detallarse 
individualmente en la solicitud. Solo podrán considerarse financiables aquellos conceptos 
que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad a financiar y resulten 
estrictamente necesarios, con base en la descripción de las actuaciones aportada en la 
memoria de la actuación.
4.  En ningún caso se considerarán subvencionables los gastos financieros, así 
como cualquier tipo de impuesto, tasa o licencia.
5.  La  subcontratación  no  podrá  superar  el  30  %  del  importe  de  la  actividad 
subvencionable de cada beneficiario individual. En caso de que la entidad beneficiaria de 
la ayuda subcontrate parte o la totalidad de la actividad objeto de esta subvención, habrá 
de  prever  los  mecanismos  para  asegurar  que  los  subcontratistas  cumplan  con  el 
principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente».
6.  No serán subvencionables aquellos proyectos que no respeten plenamente las 
normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el 
principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio 
de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
7.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 22/2021, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y en el artículo 37 
del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación correspondiente a 
estas ayudas estará vinculada al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de 
Recuperación, así como a la estimación de costes vinculada al mismo. e.
Artículo 12.  Compatibilidad con otras ayudas e intensidad máxima. 1ww
caoymud1oa.   cpoLúnab slic cuaaa,y lusqdiueaimesr p rroeetg rqauu laaedy sauesd  aree nfpi eúerbasli tcaaa   coocrosdtreerenss  fppinooandndrcáieinan btaelec su– mpidauerlcnaitraisfli ecoa  bctoloentsa  ldcmuifeeanrlqeteun–itee rsa , o altorsasí    OE-A-2022-33able en https://
mismos costes financiables, únicamente si tal acumulación no supera la intensidad de
ayuda máxima (o el importe de ayuda más elevado) aplicable a dicha ayuda en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
No obstante, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, los proyectos que se 
financien con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia solo podrán recibir 
ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra 
el mismo coste.
2.  Esta compatibilidad estará condicionada a las siguientes reglas:
a)  Que el importe de las ayudas percibidas con cargo a otras convocatorias en 
ningún caso pueda ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras, 
supere el coste de la actividad subvencionada.
b)  Que cuando en la financiación de una o varias de las ayudas contempladas en 
esta orden concurrieran, junto con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, otras 
Administraciones públicas en calidad de cofinanciadoras de las mismas, la financiación 
aportada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en ningún caso podrá 
superar el 90 por ciento de la financiación pública total que reciban.
c)  Que, si la entidad beneficiara pretende aplicar la bonificación prevista en el Real 
Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad 
Social del personal investigador, deberá acumular ambas ayudas y la concurrencia de 
ambos beneficios debe ser inferior al 60 % del coste salarial anual establecido en dicho 
real decreto.
3.  El solicitante deberá declarar las ayudas que haya obtenido o solicitado para las 
actuaciones reguladas por esta orden, tanto al presentar la solicitud como en cualquier 
momento ulterior en que se produzca esta circunstancia, lo que podrá originar las 
correspondientes minoraciones en el importe de la ayuda concedida, o podrá dar lugar 
incluso a la supresión de la ayuda concedida, a la renuncia, o al desistimiento de la 
ayuda solicitada.
4.  La intensidad máxima de las ayudas será de hasta el 50% del presupuesto total 
del proyecto, en el caso de PYMEs.
No  obstante,  en  aquellos  supuestos  en  que  participen  grandes  empresas,  la 
intensidad máxima será del 15 %. Las ayudas a grandes empresas únicamente serán 
compatibles con el mercado interior si colaboran de manera efectiva con PYME en la 
actividad objeto de ayuda y si las PYME con las que colaboran corren con un mínimo 
del 30 % de los costes subvencionables.
La intensidad de la ayuda deberá computarse a nivel de cada empresa beneficiaria, 
sin perjuicio de que forme parte de una agrupación.
Artículo 13.  Efecto incentivador.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, 
de 17 de junio de 2014, las ayudas reguladas en esta orden sólo serán financiables si 
tienen un efecto incentivador.
Se considerará que las ayudas tienen efecto incentivador si, antes de comenzar la 
actividad, el beneficiario ha presentado una solicitud de ayuda a la correspondiente 
convocatoria, con el contenido señalado en el artículo 18.
Artículo 14.  Plazo de realización de las actuaciones. s
El plazo para la realización de las actuaciones subvencionadas se especificará en  w.b
cada una de las convocatorias que deriven de la presente orden de bases y en todo caso  1w
se respetarán los límites establecidos en los artículos 6.2.c) y 7.2.c).
Artículo  15.  Órganos  competentes  para  instruir  y  resolver  el  procedimiento  de 
concesión.
1.  El órgano competente para convocar será el titular del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo.
2.  El órgano competente para la instrucción y ordenación del procedimiento será la 
Subdirección General de Cooperación y Competitividad Turística, dependiente de la 
Secretaría  de  Estado  de  Turismo.  Ese  mismo  órgano  será  el  responsable  del 
seguimiento de las actuaciones financiadas.
3.  Será competente para resolver la concesión de las ayudas reguladas en esta 
orden, el titular de la Secretaría de Estado de Turismo, sin perjuicio de las delegaciones 
vigentes sobre la materia.
4.  Con  carácter  general  y  de  acuerdo  con  las  normas  establecidas  para  la 
prevención del fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de 
selección de beneficiarios y verificación del cumplimiento de condiciones reforzarán su 
implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de 
intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique 
la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá participar en el 
procedimiento. A estos efectos, y en el caso de que la convocatoria se financie en el 
marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se utilizará el modelo previsto en 
el anexo IV.A de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura 
el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Artículo 16.  Tramitación electrónica.
1.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  la  tramitación 
electrónica  será  obligatoria  en  todas  las  fases  del  procedimiento.  Las  solicitudes, 
comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que concurran a este 
apoyo financiero, serán presentadas en el registro electrónico del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo (https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico).
2.  El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud, a 
la  sede  electrónica  del  ministerio  (https://sede.serviciosmin.gob.es),  donde  podrá 
consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
3.  La  práctica  de  notificaciones  electrónicas  se  ajustará  a  lo  previsto  en  el 
artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4.  Adicionalmente,  se  pondrá  a  disposición  del  interesado  un  sistema 
complementario de alertas por medio de correo electrónico. En la sede del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo los interesados, tras identificarse electrónicamente de 
forma segura, podrán consultar los actos del procedimiento que les sean notificados y 
efectuar la presentación de la documentación adicional que pudiera ser requerida por el 
órgano actuante.
5.  La publicación de las propuestas de resolución provisional y definitiva, así como 
de las resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modificaciones y 
demás actos del procedimiento, tendrán lugar en la sede electrónica del Ministerio 
(https://sede.serviciosmin.gob.es), y surtirá todos los efectos de la notificación practicada 
según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con 
los procedimientos de concurrencia competitiva.
6.  En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las  e
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de  bo
notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 43 de la  w
edLlieesypc 7to3r.nó9 in/b2Lilc0eoo1sss5   ,e fdnoae r m la1cu  udlsmaeer pidooleicsm t,u eebllneartecsa.t rr ódneeicncl aa rlaaycs i doendbeifeesr ráernne tsespseo rn fsoaabsbleiglsea st odryei al mlopesrn otcdeee dmuimtáilisize anddtooo,cs u emcsuetaannrtádonos    OE-A-2022-33able en https://
proceda.
8.  En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación 
administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada  documentación,  dichas  declaraciones  deberán  presentarse  en  formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
9.  Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren 
en poder del órgano competente para la concesión, de conformidad con lo previsto en el 
artículo  23.3.de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  debiéndose  cumplimentar 
específicamente en el cuestionario de solicitud en qué momento y ante qué órgano 
administrativo presentó los citados documentos, para lo cual indicará el número del 
expediente que le fue comunicado entonces, siempre que no hayan transcurrido más de 
cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
10.  En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE, se solicitará el consentimiento expreso para el 
tratamiento por parte del ministerio, de los datos incluidos en el cuestionario por el 
beneficiario. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento o 
cuando el interesado manifestara la negativa para la consulta de sus datos de carácter 
personal, el órgano competente requerirá al solicitante su presentación, o, en su defecto, 
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
Artículo 17.  Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes desde la publicación del 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 18.  Formalización y presentación de solicitudes.
1.  Se deberá presentar una solicitud por beneficiario miembro de la agrupación por 
cada actuación, conformada por los siguientes elementos:
a)  Formulario de solicitud de ayuda cumplimentado y firmado electrónicamente por 
el representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para 
cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
b)  Memoria de la actuación con el contenido y estructura que figura en el anexo I de 
esta orden.
c)  Acreditación válida del poder de representación del firmante de la solicitud.
d)  Acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social sólo en el caso en el que el participante no autorice que el órgano concedente 
obtenga  de  forma  directa  dicha  acreditación  a  través  de  certificados  electrónicos, 
conforme a lo establecido en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e)  Estado de ingresos y gastos del último ejercicio cerrado de cada uno de los 
participantes firmado electrónicamente por su representante legal.
f)  Compromiso por escrito de conceder los derechos y los accesos necesarios para 
garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude («OLAF»), el 
Tribunal  de  Cuentas  Europeo,  la  Fiscalía  Europea  y  las  autoridades  nacionales 
competentes ejerzan sus competencias.
g)  Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas  s
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de  oe.
conformidad con la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y  w.
Ogardraehnn)t  íHaE FdnPe / e1lol0 sc3 ad0se/2ore0 dc2eh1 o,l asds ed  ai2gc9itt audlaeecs si,o ecnpoetnisef omrerbmarleeiz .aadl amso edne loré egsimtaebnle cdied oa gernu peal acinoenxeos  IpVr.Bev diset alas   2022-331n https://w
en el artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, descritas en los
artículos 6 y 7 (Líneas 1 y 2) se deberá aportar, además, los documentos previstos en el 
citado artículo, en especial el acuerdo.
i)  Las siguientes declaraciones responsables, firmadas electrónicamente por su 
representante legal:
1.º  Declaración de ayudas públicas recibidas o solicitadas para la ejecución de la 
actuación objeto de la solicitud durante el ejercicio fiscal en curso y los dos anteriores. 
Además, deberá actualizar esta declaración si en cualquier momento ulterior de la 
instrucción se produce una modificación de lo inicialmente declarado.
2.º  Declaración de no tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la 
Administración, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión 
previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con 
el mercado común.
3.º  Declaración de estar al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de 
cualesquiera otros préstamos, anticipos o ayudas concedidas anteriormente con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado.
4.º  Declaración de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se 
refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo 
establecido  en  los  artículos  26  y  27  del  Reglamento  aprobado  por  el  Real 
Decreto 887/5006, de 21 de julio.
5.º  Declaración de que entre los gastos para los que se solicita financiación no 
existen operaciones con personas o entidades vinculadas al solicitante.
6.º  Declaración responsable de ser conocedor de que la financiación, en forma de 
subvención, a la que se accede, procede del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
de la Unión Europea y que asume todas las obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, y de las 
demás normas de la Unión sobre la materia y por las normas estatales de desarrollo o 
trasposición de estas.
7.º  Declaración responsable de no causar perjuicio significativo a los seis objetivos 
medioambientales, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.º 2019/2088 según el modelo establecido en el anexo II de la presente orden de 
bases.
8.º  Declaración  responsable  relativa  al  compromiso  de  cumplimiento  de  los 
principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación y que pudieran afectar 
al ámbito objeto de gestión, conforme al modelo establecido en el anexo IV.C de la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
9.º  Otras  declaraciones  responsables  cuyos  modelos  sean  aprobados  por  las 
autoridades  competentes  conforme  a  la  normativa  nacional  y  europea  dando 
cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del Plan de Recuperación, las 
cuales serán determinadas en la convocatoria o, en su defecto, a las que se haya dado 
la  debida  publicidad  normativa  con  anterioridad  a  la  finalización  del  plazo  de 
presentación de solicitudes.
2.  La presentación de la solicitud se realizará a través del portal web del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y deberá estar firmada electrónicamente mediante 
firma electrónica avanzada.
3.  El  certificado  electrónico  con  el  que  se  realice  la  firma  electrónica  deberá  e
corresponder al representante legal de la entidad solicitante de la ayuda. bo
4.  Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al  w
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octubre, y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5.  A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será 
obligación de las entidades solicitantes informar a los órganos actuantes de los cambios 
en la representación de la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo 
para aquellas notificaciones que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la 
comunicación del cambio de representante de la entidad. Se considerarán correctamente 
practicadas las notificaciones anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure 
en el expediente.
Artículo 19.  Subcontratación.
1.  El beneficiario podrá subcontratar hasta el 30 por ciento del proyecto, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  El solicitante deberá presentar el contrato para autorización con carácter previo a 
la resolución de concesión, en cuyo caso la autorización se entenderá concedida si en 
dicha resolución es declarado beneficiario. En el caso de que no sea posible presentar el 
contrato con carácter previo a la resolución de concesión, el beneficiario solicitará la 
autorización previa al órgano concedente, que resolverá sobre la misma en el plazo de 
diez días. En el caso de que el órgano concedente no resuelva en ese plazo, la solicitud 
se entenderá desestimada.
3.  Se imputarán a este concepto los gastos de subcontratación exclusivamente 
derivados del proyecto o actuación que se ajusten a lo establecido en el artículo 29 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No podrá realizarse la subcontratación con personas 
o  entidades  en  quienes  concurra  alguna  de  las  circunstancias  consignadas  en  el 
artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las establecidas en el 
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
4.  En  el  contrato  o  convenio  suscrito  para  acordar  la  subcontratación,  deberá 
acreditarse que se recogen las garantías precisas para el tratamiento de datos de 
carácter  personal,  debiendo  incluir  las  cláusulas  necesarias  para  su  cumplimiento 
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
5.  En caso de que la entidad beneficiaria de la ayuda subcontrate parte de la 
actividad objeto de esta subvención, habrá de prever los mecanismos para asegurar que 
los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al 
medio ambiente» y las medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el 
fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
Artículo 20.  Criterios a tener en cuenta en el proceso de evaluación.
1.  La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el 
solicitante en la fase de admisión de solicitudes.
2.  Cada solicitud de ayuda propuesta resultará calificada de forma global de 0 
a 100 puntos. Atendiendo a las puntuaciones obtenidas, ordenadas de mayor a menor, y 
hasta  donde  alcance  el  crédito  presupuestario  disponible,  podrán  ser  objeto  de 
concesión de ayuda las solicitudes cuyas propuestas superen o igualen la calificación 
de 50 puntos.
3.  Esta calificación resultará de evaluar los criterios establecidos para cada una de 
las líneas de actuación según los artículos 21 y 22, y agregar la puntuación obtenida en 
cada uno de ellos.
4.  En los casos de solicitudes con igual puntuación, se atenderá a lo previsto en los  es
artículos siguientes. bo
Artículo  21.  Criterios  de  evaluación  aplicables  a  los  proyectos  señalados  en  el 
artículo 6.
1.  Los criterios y baremos de puntuación a utilizar para evaluar las solicitudes 
referidas  en  el  artículo  6  de  esta  orden,  «Proyectos  de  desarrollo  tecnológico 
innovadores» (Línea 1), serán los siguientes:
a)  Calidad científico-técnica: Se valorará la calidad técnica del proyecto analizando 
si  es  adecuado  para  su  propósito  y  resuelve  las  necesidades  expresadas,  la 
metodología, analizando la descripción de las fases en las que se divide, las técnicas de 
gestión utilizadas y herramientas para la difusión y comunicación de los resultados, la 
adecuación de la planificación de las actividades propuestas y el grado de innovación de 
la propuesta mediante avances respecto del estado del arte de otros productos/servicios, 
procesos. Puntuación máxima 20. Umbral del criterio: 10 puntos.
b)  Oportunidad  estratégica  de  la  actuación:  Se  valorará  la  alineación  de  la 
propuesta con las prioridades objeto de la convocatoria («vinculadas a procesos de 
innovación de base tecnológica, dirigidas a asociaciones o entidades asociativas de 
empresas, preferentemente PYMES, en el que la solución a financiar beneficié a un 
número escalable de empresas, que mejoren los procesos de gestión de las empresas 
en su relación con clientes, en la gestión de sus beneficios o, por ejemplo, en su 
posicionamiento  de  marca,  el  impacto  en  los  destinatarios  de  la  actuación  a  nivel 
económico, en el empleo, en competitividad, ganancia de visibilidad en el sector y la 
contribución efectiva, tanto cualitativa mediante la capacidad de transformación de su 
sector como cuantitativa mediante el número de empresas involucradas en la iniciativa, 
para el estímulo de la competitividad empresarial y la transición hacia la digitalización del 
sector turístico. Puntuación máxima del criterio: 20. Umbral del criterio: 10 puntos.
c)  Capacidad de gestión y calidad de los medios aportados: Se valorará la capacidad de 
gestión técnica de los solicitantes a partir de las herramientas para la gestión de la agrupación 
en cuanto a comunicación interna, mecanismos de coordinación, planes de contingencia a la 
hora de abordar riesgos no previstos y la calidad de los medios materiales y humanos, 
infraestructuras disponibles, balance de género del equipo humano, aportados a la propuesta. 
Puntuación máxima del criterio: 20. Umbral del criterio: 10 puntos.
d)  Viabilidad económica y financiera de la propuesta: Se valorará la coherencia de 
las  necesidades  financieras  de  la  propuesta,  la  estructura  de  financiación,  la 
sostenibilidad  en  el  tiempo,  la  dimensión  económica  del  proyecto  en  relación  a  la 
adecuación del proyecto a la capacidad financiera de los beneficiarios y la adecuación 
del presupuesto presentado a las actividades propuestas. Se valorará negativamente el 
sobredimensionamiento del presupuesto. Puntuación máxima del criterio: 20. Umbral del 
criterio: 10 puntos.
e)  Estrategia, mercado y explotación de resultados: Se valorará la necesidad del 
mercado y mercado potencial, el posicionamiento competitivo y estrategia comercial, los 
mecanismos que garanticen una adecuada gestión la gestión de la propiedad industrial e 
intelectual y el plan de difusión, explotación e internacionalización de los resultados. 
Puntuación máxima del criterio: 20. Umbral del criterio: 10 puntos.
2.  En los casos de solicitudes con igual puntuación de proyectos Línea 1, tendrá 
preferencia:
a)  El que tenga mayor puntuación en el Criterio «Calidad Científico-técnica».
b)  En caso de tengan la misma puntuación en el apartado a), el que tenga mayor  e.
puntuación en el Criterio «Oportunidad estratégica de la actuación». w.
c)  En caso de tengan la misma puntuación en los apartados anteriores, el que  1w
taepnograta dmoasy»o.r puntuación en el Criterio «Capacidad de gestión y calidad de los medios
maydo)r  puEnnt ucaacsióon  deen  teel nCgraitne riloa  «mViisambialid paudn etucaocnióómn icean  yl ofisn aanpcaiertraad does  laa nptreorpioureess,t ae»l. que tenga  BOE-A-cable e
e)  En caso de tengan la misma puntuación en los apartados anteriores, el que tenga 
mayor puntuación en el Criterio «Estrategia, mercado y explotación de resultados».
f)  En el caso de que se mantenga el empate, se considerará la solicitud que agrupe 
más empresas.
Artículo  22.  Criterios  de  evaluación  aplicables  a  los  proyectos  señalados  en  el 
artículo 7.
1.  Los criterios y baremos de puntuación a utilizar para evaluar las solicitudes 
referidas en el artículo 7 de esta orden, «Proyectos de implantación y adopción de 
nuevas tecnologías» (Línea 2), serán los siguientes:
a)  Calidad científico-técnica. Se valorará la calidad técnica del proyecto analizando 
si es adecuado para su propósito y resuelve las necesidades expresadas, la metodología 
analizando la descripción de las fases en las que se divide, las técnicas de gestión 
utilizadas  y  herramientas  para  la  difusión  y  comunicación  de  los  resultados,  la 
adecuación de la planificación de las actividades propuestas y el carácter diferenciador 
de  la  propuesta  analizando  el  nivel  de  originalidad  respecto  a  otras  soluciones 
existentes. Puntuación máxima del criterio 20. Umbral del criterio 10 puntos.
b)  Oportunidad  estratégica  de  la  actuación.  Se  valorará  la  alineación  de  la 
propuesta con las prioridades objeto de la convocatoria valorando si se encuentran 
vinculadas a procesos de innovación de base tecnológica, dirigidas a asociaciones o 
entidades asociativas de empresas, preferentemente PYMES, en el que la solución a 
financiar beneficié a un número escalable de empresas, que mejoren los procesos de 
gestión de las empresas en su relación con clientes, en la gestión de sus beneficios o, 
por ejemplo, en su posicionamiento de marca, el impacto en los destinatarios de la 
actuación económico, en el empleo, en competitividad, ganancia de visibilidad en el 
sector  y  la  contribución  efectiva,  tanto  cualitativa  mediante  la  capacidad  de 
transformación  de  su  sector  como  cuantitativa  mediante  el  número  de  empresas 
involucradas en la iniciativa, para el estímulo de la competitividad empresarial y la 
transición hacia la digitalización del sector turístico. Puntuación máxima del criterio: 20. 
Umbral del criterio: 10 puntos.
c)  Capacidad de integración de los agentes del sistema. Se valorará el grado y 
número  de  empresas  participantes,  la  estructura  y  organización  de  la  actuación 
propuesta, la integración y representatividad de todos los agentes del sistema, así como 
las medidas sobre igualdad de género y de generación o mantenimiento del empleo. 
Puntuación máxima del criterio: 20. Umbral del criterio: 10 puntos.
d)  Capacidad de gestión del equipo y colaboración. Se valorará la capacidad de 
gestión técnica de los solicitantes valorando las herramientas para la gestión de la 
agrupación en cuanto a comunicación interna, los mecanismos de coordinación, planes 
de contingencia a la hora de abordar riesgos no previstos y la colaboración con terceros 
mediante  un  adecuado  dimensionamiento  de  las  tareas  por  cada  integrante  de  la 
agrupación. Puntuación máxima del criterio 20. Umbral del criterio 10 puntos.
e)  Viabilidad económica y financiera de la propuesta. Se valorará la coherencia de 
las  necesidades  financieras  de  la  propuesta,  la  estructura  de  financiación,  la 
sostenibilidad  en  el  tiempo,  la  dimensión  económica  del  proyecto  en  relación  a  la 
capacidad financiera de los beneficiarios y la adecuación del presupuesto presentado a 
las actividades propuestas. Se valorará negativamente el sobredimensionamiento del 
presupuesto. Puntuación máxima del criterio 20. Umbral del criterio 10 puntos. e
2.  En los casos de solicitudes con igual puntuación de proyectos Línea 2, tendrá  w.
prefae)r enEcila q:ue tenga mayor puntuación en el Criterio «Oportunidad estratégica de la  2022-331n https://w
actuación».
b)  En caso de tengan la misma puntuación en el apartado a), el que tenga mayor 
puntuación en el Criterio «Capacidad de integración de los agentes del sistema».
c)  En caso de tengan la misma puntuación en los apartados a) y b), el que tenga 
mayor puntuación en el Criterio «Calidad Científico-técnica».
d)  En caso de tengan la misma puntuación en los apartados anteriores, el que 
tenga  mayor  puntuación  en  el  Criterio  «Viabilidad  económica  y  financiera  de  la 
propuesta».
e)  En caso de tengan la misma puntuación en los apartados anteriores, el que 
tenga  mayor  puntuación  en  el  Criterio  «Estrategia,  mercado  y  explotación  de 
resultados».
f)  En el caso de que se mantenga el empate, se considerará la solicitud que agrupe 
más empresas.
Artículo 23.  Comisión de evaluación.
1.  Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de evaluación cuya ejecución 
se encomienda a la comisión de evaluación, que tendrá como función emitir un informe 
en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, según lo establecido en el 
artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  La Comisión de evaluación estará compuesta por:
a)  El titular de la Subdirección General de Cooperación y Competitividad Turística, 
que la presidirá. En caso de ausencia, la Presidencia corresponderá al vocal de la citada 
subdirección citado en el apartado d).
b)  Un vocal designado por la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo.
c)  Un vocal de la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de 
la Secretaria de Estado de Turismo.
d)  Un vocal de la Subdirección General de Cooperación y Competitividad Turística 
de la Secretaria de Estado de Turismo.
e)  Un vocal de SEGITTUR designado por la Secretaría de Estado de Turismo.
f)  Un funcionario de la Secretaría General de Instituto de Turismo de España 
(Turespaña) actuará como secretario, con voz, pero sin voto.
La Comisión de evaluación podrá solicitar la asistencia de expertos terceros que 
podrán actuar con voz y sin voto para asesorar a la misma, si se considera necesario.
3.  El  funcionamiento  de  la  Comisión  de  evaluación  se  ajustará  al  régimen 
establecido para los órganos colegiados en el capítulo II del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4.  Los miembros de la Comisión de evaluación no percibirán remuneración alguna 
por el ejercicio de sus funciones en el mismo.
5.  De acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, los 
miembros de la Comisión de evaluación reforzarán su implicación en este objetivo a 
través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a 
mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la 
declaración original, pasando a cesar como vocal. A estos efectos, en el caso de la 
convocatoria se financie en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se 
utilizará el modelo previsto en el anexo IV.A de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre. s
Artículo 24.  Instrucción del procedimiento y resolución. w.
actu1a.c ioEnle só ergsatimnoe  nceocmepsaerteianst ep arpaa rlaa  dleat erimnsintrauccicóinó,n c orneoacliizmaireán, to dye  coomficpiroo,b accuióann tdaes 
lcoosn d loa teosst aebnl evciritduod  edne  elol sa rctíucaulleos 2 d4e dbee  lfao rLmeuy la3r8s/e2 0la0 3p,r doep u1e7s tdae  dneo vreiesmolburceió.n, de acuerdo
2.  Una vez efectuada la evaluación que suministrará la entidad colaboradora, el 
órgano instructor, a la vista de la propuesta de concesión acordada por la comisión de 
evaluación, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que 
se notificará a los interesados para que, en el plazo de diez días hábiles, formulen las 
alegaciones que estimen convenientes aportando, en su caso, los documentos formales 
que se requieran en la citada propuesta.
3.  Una vez examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, por los interesados, el 
órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva que será notificada a los 
beneficiarios para que, en el plazo de 10 días hábiles, comuniquen su aceptación o renuncia 
a la ayuda otorgada. La ausencia de respuesta expresa por parte del interesado, en el plazo 
establecido, determinará que se le tenga por desistido de la solicitud.
4.  Además de la aceptación el interesado, en caso de ser requerido, deberá aportar un 
Informe emitido por una entidad de certificación acreditada en el que se acredite que el 
proyecto cumple con el principio de «no causar un perjuicio significativo».
5.  En cualquier momento del procedimiento, el solicitante deberá comunicar al órgano 
instructor, en su caso y tan pronto como tenga conocimiento de ello, la obtención de otra 
financiación pública para la ejecución de las actividades para las que solicita la ayuda.
6.  Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente 
para  resolver  dictará  la  correspondiente  resolución  estimatoria  o  desestimatoria  de 
concesión de la ayuda solicitada. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa, de 
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  63  del  Reglamento  aprobado  por  Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
7.  Las listas de resoluciones estimatorias o desestimatorias de la concesión de las 
ayudas se publicarán en el portal web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Adicionalmente, cada beneficiario recibirá aviso de tales publicaciones mediante correo 
electrónico, según los datos consignados en el formulario de solicitud surtiendo todos los 
efectos de notificación según lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.
8.  La  ayuda  concedida  se  publicará  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones,  de  acuerdo  con  lo  estipulado  en  el  artículo  30  del  Reglamento  de 
subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en el artículo 20 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, que 
regula la BDNS y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
9.  El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación será de 
seis meses, contados desde el día siguiente al de la fecha final de presentación de 
solicitudes. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese 
notificado  dicha  resolución,  los  interesados  estarán  legitimados  para  entender 
desestimada su solicitud, de acuerdo con el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, sin que ello exima de la obligación legal de resolver.
10.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor  del  beneficiario  propuesto  frente  a  la  Administración  mientras  no  se  le  haya 
notificado la resolución de concesión.
Artículo 25.  Modificaciones.
1.  Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma que 
se establezca en las resoluciones de concesión de acuerdo con lo establecido en cada 
convocatoria.  No  obstante,  cuando  surjan  circunstancias  concretas,  debidamente  e.
justificadas, que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la  w.b
concesión de la ayuda, el beneficiario podrá solicitar la modificación de las condiciones  1ww
psirgeuviiesntates se cno nlas idreesroalcuiocinóens :de concesión siempre que se cumplan simultáneamente las
a)  Que  el  cambio  no  afecte  a  los  objetivos  perseguidos  con  la  ayuda,  a  sus
aspectos  fundamentales,  a  la  determinación  del  beneficiario,  ni  dañe  derechos  de
terceros.  No  obstante,  serán  alegables  las  alteraciones  relacionadas  con  la  fusión, 
absorción y escisión de sociedades.
b)  Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron 
preverse en el momento de la solicitud.
c)  Que  el  cambio,  sea  solicitado  2  meses  antes  de  que  finalice  el  plazo  de 
ejecución del proyecto, y sea aceptado expresamente.
d)  Que el cambio no suponga un incremento de la ayuda concedida.
e)  Que el cambio no suponga un incremento de la fecha límite establecida en la 
resolución de concesión para la aceptación de los gastos subvencionables.
f)  Que la modificación no afecte al cumplimiento del principio de «no causar un 
perjuicio significativo».
2.  No se requerirá una solicitud expresa de modificación en los siguientes casos:
a)  La sustitución de personal técnico y/o administrativo imputado en el proyecto o 
actuación, siempre que se mantenga la categoría profesional y funciones.
b)  Las que se determinen adicionalmente en las convocatorias.
3.  Las solicitudes de modificación de las condiciones previstas en la resolución de 
concesión  se  dirigirán  a  la  Subdirección  General  de  Cooperación  y  Competitividad 
Turística y se presentarán por vía electrónica ante el registro electrónico del Ministerio de 
Industria,  Comercio  y  Turismo  (https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico) 
firmadas electrónicamente mediante firma electrónica avanzada.
4.  La solicitud de modificación se acompañará de una memoria en la que se 
expondrán la motivación de los cambios y el cumplimiento de los requisitos expuestos en 
el apartado 1 anterior. Dicha memoria deberá incluir al menos una relación de los 
objetivos y actividades afectadas, y el gasto financiable implicado.
5.  La aceptación o denegación de las modificaciones solicitadas se realizará de 
forma expresa y se notificará al interesado.
Artículo 26.  Pago.
1.  El pago de la subvención se realizará con carácter anticipado, limitado por 
anualidades presupuestarias, por el 100 por ciento de la ayuda concedida salvo que la 
convocatoria,  por  motivos  fundados,  no  prevea  estas  limitaciones  por  anualidades 
presupuestarias. Dicho pago podrá realizarse sin que sea precisa la constitución de 
garantías.
2.  El pago de la ayuda quedará condicionado a que exista constancia por parte del 
órgano gestor de que el beneficiario cumple los requisitos establecidos en la presente 
orden, así como los señalados en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
entre ellos el de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social. En el caso de que no conste la situación del beneficiario 
respecto a tales obligaciones, se le requerirá para que, en el plazo máximo de diez días 
hábiles desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, aporte los oportunos 
certificados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.2.d).
Asimismo, y en virtud de lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 
2021/241,  de  12  de  febrero  de  2021,  y  el  artículo  129  del  Reglamento  Financiero 
(Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio 
de 2018) la percepción de fondos del Plan de Recuperación está condicionada a que los 
perceptores finales se comprometan por escrito a conceder los derechos y los accesos  e.
necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la  w.b
Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias. 1w
34..   EClo pnafogrom see a hl aarrátí ceunl ola 6 c1u.3e ndteal  fRaceialilt aDdeac preotro c-laedya 3 m6/i2e0m2b0r,o d dee 3 l0a  daeg rduipciaecmióbnr.e, para
qlause s usbev eenncciouneenstr afinn anacl iacbolerrsie cnoten  fdoenld opsa eguor odpee osla, sl oso bbleignaecfiiocinaeriso sd dee breereámn baoclsreod itdaer 
cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los 
créditos  específicamente  consignados  para  la  gestión  de  fondos  europeos  en  los 
Presupuestos  Generales  del  Estado.  Corresponde  al  órgano  gestor  comprobar  el 
cumplimiento de tales condiciones con anterioridad al pago, exigiendo a tal efecto, 
cuando no pueda acreditarse de otro modo, una certificación de la entidad beneficiaria.
Artículo 27.  Justificación, seguimiento y control de la realización de las actuaciones.
1.  Una vez finalizada la ejecución de la actuación, la justificación de las actividades 
y gastos subvencionados deberá efectuarse en el plazo máximo de tres meses desde la 
fecha límite establecida en la resolución de concesión.
Transcurrido  el  plazo  establecido  sin  haberse  presentado  la  documentación 
justificativa ante el órgano competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo 
improrrogable de 15 días hábiles sea presentada, con apercibimiento de que la falta de 
presentación  dará  lugar  a  la  exigencia  del  reintegro  y  demás  responsabilidades 
establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en su caso, en la normativa 
aplicable de la Unión Europea.
2.  El beneficiario hará declaración expresa del importe de ayudas o subvenciones 
concedidas o solicitadas para la misma actuación por cualquier Administración o ente público.
3.  La justificación y pago efectivo de los gastos subvencionados, así como la 
declaración de actividades realizadas objeto de ayuda, las fuentes de financiación del 
proyecto y su aplicación, se acreditarán con la presentación de la correspondiente 
cuenta justificativa, en la que se especificarán los citados elementos y el desglose de 
cada uno de los gastos incurridos.
4.  Los  gastos  se  acreditarán  mediante  facturas  y  demás  documentos  de  valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
5.  La justificación se ajustará también a las exigencias de la normativa de la Unión 
Europea y nacional relativa al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Plan de 
Recuperación y al artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
6.  Se  podrá  requerir  documentación  justificativa  complementaria  para  la 
justificación del gasto realizado, así como para dar cumplimiento al adecuado sistema de 
gestión y seguimiento del Plan de Recuperación, informando de lo que sea preciso para 
alimentar dicho sistema, así como las aplicaciones informáticas o bases de datos que la 
normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de la 
financiación y los objetivos.
7.  Tanto en la fase de concesión de las ayudas como en la de pago de las mismas o 
con  posterioridad  a  éste,  el  órgano  concedente,  así  como  los  órganos  de  control 
competentes, incluidos los recogidos en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, 
de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 de 18 de julio de 2018, podrán realizar todos aquellos controles e 
inspecciones que consideren convenientes, con el objeto de asegurar el buen fin de la ayuda 
concedida, estando los solicitantes obligados a prestar colaboración y proporcionar cualquier 
otra  documentación  e  información  que  se  estime  necesaria  para  la  verificación  del 
cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en  la  presente  orden.  Asimismo,  los 
beneficiarios se comprometen a facilitar las inspecciones y comprobaciones que, en su caso, 
se efectúen. La oposición a la realización de estas comprobaciones e inspecciones podrá 
constituir causa de reintegro de la ayuda, sin perjuicio de la tramitación del correspondiente 
procedimiento sancionador.
El  órgano  concedente  de  la  subvención  aplicará  medidas  dirigidas  a  prevenir,  e.
detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de intereses  w.b
y la doble financiación. 1ww
artíc8u.l o L2a2  dAedl mRiengisltarmaceiónnto  y(U cEu)a 2lq0u2i1e/r2 4o1tr,o d eó r1g2a ndoe  fdeeb reernotr ed el o2s0 2c1o, npteomdrpálna daocsc eedne r eal 
olat rain fboarsmea dcieó nd actoosn tdeen idlaa A ednm einl isRtreagciisótnro a d qeu eT iptuulaerdidaand seusm Rineisatlreasr,  daicshí ocso mdaot oas  scoubarlqeu lioesr 
titulares reales.
A efectos de información y control de estas ayudas, se cederá la información entre 
los sistemas establecidos para la gestión y control de estas subvenciones con los 
Sistemas de los Fondos Europeos, de conformidad con las previsiones contenidas en la 
normativa europea y nacional aplicable.
9.  Toda la documentación justificativa de la ejecución de la actuación subvencionada se 
dirigirá a la Subdirección General de Cooperación y Competitividad Turística y se presentará 
por vía electrónica ante el registro de en el registro electrónico del Ministerio de Industria, 
Comercio  y  Turismo  (https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico)  firmada 
electrónicamente mediante firma electrónica avanzada, de acuerdo con lo establecido en la 
Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo de medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos en la justificación de las subvenciones.
10.  La presentación electrónica de la documentación justificativa se entenderá que 
afecta tanto a la presentación inicial, en el plazo indicado anteriormente, como a las 
posibles subsanaciones que sean solicitadas a los beneficiarios por el órgano gestor.
La  presentación  electrónica  de  la  documentación  justificativa  no  exime  a  los 
beneficiarios de conservar los originales de los justificantes de gasto y pago, informes de 
auditoría, etc., por si les fueran requeridos posteriormente por el órgano gestor de las 
ayudas o, al realizar las actividades de control legalmente previstas, por la Intervención 
General de la Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas.
11.  El órgano competente verificará el cumplimiento de los objetivos establecidos 
en la resolución de concesión, la adecuada justificación de la ayuda y la aplicación de los 
fondos a los fines para los que se concedió la ayuda, así como el resto de obligaciones 
del beneficiario recogidas en el artículo 9 de estas bases reguladoras, emitiendo una 
certificación acreditativa como resultado de dichas actuaciones de comprobación. Dicha 
certificación determinará, en su caso, el acuerdo de la procedencia de reintegro a los 
efectos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
12.  La justificación de las ayudas deberá contener siempre, independientemente de 
la acción realizada, la siguiente documentación:
a)  Memoria de actuación justificativa firmada del cumplimiento de las condiciones y 
la finalidad para la que se concedió la subvención, en la que se describan de manera 
detallada  cada  una  de  las  acciones  realizadas  indicando  el  correspondiente  gasto 
incurrido, los resultados obtenidos y los medios de comprobación del cumplimiento.
b)  Facturas o certificaciones conformadas debidamente y aprobadas que acrediten 
la realización en tiempo y forma de la inversión subvencionable. Las facturas deberán 
estar  fechadas  dentro  del  plazo  de  ejecución  del  proyecto,  siendo  necesaria  la 
conformidad de estas y su correspondiente aprobación por el órgano competente.
c)  Justificación de pago efectivo de los gastos realizados, mediante certificado de 
los pagos realizados, en el que deberá especificarse la identificación del acreedor, la 
fecha de liquidación del gasto, número de factura e importe o justificantes bancarios de 
salida de fondos, todo ello acompañado de las facturas u otros documentos acreditativos 
del pago.
13.  Se podrá requerir cualquier otra documentación justificativa complementaria 
para la justificación del gasto realizado, así como para dar cumplimiento al adecuado 
sistema de gestión y seguimiento del Plan de Recuperación, informando de lo que sea 
preciso para alimentar dicho sistema, así como las aplicaciones informáticas o bases de 
datos que la normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y 
control de la financiación y los objetivos. e
14.  Tras  la  correspondiente  comprobación  técnico-económica,  la  Secretaría  de  bo
Estado de Turismo emitirá una certificación acreditativa del cumplimiento de los fines que  w
ajucsutiefircdaor odne  lala c pornocceesdióenn cdiae  dlae f irneainntceigarcoió an .l oDsi cehfae ccteorst ifeicsatacbiólenc dideotesr menin ealr áa,r teícnu slou  3c7a sdoe,  elal 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 28.  Incumplimientos, reintegros y sanciones.
1.  En los supuestos en que la entidad beneficiaria incumpliera cualesquiera de las 
obligaciones  establecidas  en  estas  bases  reguladoras,  en  el  artículo  37  de  la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  y  demás  normas  de  aplicación,  así  como  si 
incumpliera  las  condiciones  que,  en  su  caso,  se  establezcan  en  la  resolución  de 
concesión, el órgano competente declarará la obligación de reintegro de las ayudas 
percibidas, así como los intereses de demora que correspondan.
2.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 22/2021, de 28 de 
diciembre, y el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en caso de 
no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos 
previstos,  las  entidades  beneficiarias  deberán  reintegrar  los  fondos  recibidos.  El 
procedimiento de reintegro a estos efectos se regulará por Orden de la Ministra de 
Hacienda y Función Pública.
3.  El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el artículo 42 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el título III del Reglamento de dicha Ley aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4.  El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la 
causa  que  determina  su  inicio,  las  obligaciones  incumplidas  y  el  importe  de  la 
subvención afectado.
Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado podrá 
presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes en un plazo de 15 
días hábiles.
Corresponderá  dictar  la  resolución  del  expediente  al  órgano  concedente  de  la 
subvención, debiendo ser notificada al interesado en un plazo máximo de doce meses 
desde la fecha del acuerdo de inicio. La resolución indicará quién es la entidad obligada 
al reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa del reintegro y el importe de la 
subvención a reintegrar junto a los intereses de demora.
5.  Las  notificaciones  relacionadas  con  dicho  procedimiento  de  reintegro  se 
realizarán bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica, según lo 
establecido  en  el  artículo  43  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre.  El  régimen  de 
infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido en el título IV de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título IV de del Reglamento de dicha Ley 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 29.  Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
1.  El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de los gastos financiables, o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago 
hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.
2.  No se considerará que existe incumplimiento de los fines para los que se concedió la 
ayuda el supuesto en el que no se aporten en la fase de justificación las tres ofertas exigidas y 
el importe total de la colaboración externa para un mismo proveedor supere las cuantías 
establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para el 
contrato menor, si bien no se considerará justificada dicha colaboración.
En estos casos, se requerirá el reintegro de la subvención recibida en el porcentaje 
correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada más los correspondientes 
intereses de demora. e
3.  Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al  bo
cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la  w
tseantidsrfáa cecnió cnu ednet as uloss c soimgupieronmteiss ocsr itye rdioes :las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se
a)  El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la
realización de la inversión financiable, o de la obligación de justificación, dará lugar al  Bc
reintegro  del  pago  anticipado  más  los  intereses  de  demora,  en  el  porcentaje 
correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.
b)  A  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  se  considerará 
incumplimiento total el equivalente a un porcentaje inferior al 60 por 100 de realización 
de la inversión financiable, y cumplimiento aproximado de modo significativo al total el 
equivalente a un 60 por 100 o superior.
A efectos de calcular el anterior porcentaje, se entiende como inversión no realizada 
la que no esté acreditada documentalmente, la que acredite conceptos no financiables, 
la que no respete el desglose de partidas de la orden de concesión, y la no facturada y/o 
pagada.
4.  En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos:
a)  El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el 
beneficiario que hayan servido de base para la concesión.
b)  Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.
c)  La no inscripción en los registros oficiales exigidos por la legislación para el 
desarrollo de la actividad financiada.
Artículo 30.  Publicidad.
1.  Los beneficiarios de la ayuda deberán cumplir con las siguientes obligaciones en 
materia de publicidad e información:
a)  Las relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  9  de  la  Orden  HFP/1030/2021,  de  29  de 
septiembre.  En  particular,  en  las  medidas  de  información  y  comunicación  de  las 
actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones 
impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en 
prensa, certificados, entre otros), se deberán incluir los siguientes logos:
1.º  El emblema de la Unión Europea.
2.º  Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión 
Europea-Next Generation EU».
Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en 
el  anexo  II  del  Reglamento  de  Ejecución  n.º  821/2014,  por  el  que  se  establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión 
de  las  contribuciones  del  programa,  la  presentación  de  información  sobre  los 
instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y 
comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de 
datos.  También  se  puede  consultar  la  siguiente  página  web:  http://
publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm  y  descargar  distintos  ejemplos  del 
emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.
3.º  Toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas 
deberá usar como medio de difusión el logo del Plan de Recuperación, disponible en el 
link http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.
b)  Las establecidas en artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En este 
sentido, toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas  es
deberá  incluir  que  han  sido  financiadas  por  el  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  o
Turismo. ww.
reflecja) rsEe ne nc laas pou bdleic idcaodfi ndaenl cpiarocyióenc top.or  otra  administración,  tal  circunstancia  deberá  2022-331n https://w
con 2e. l aErtlí cinuclou m56p.lcim) ideen tola  dLee ye s3ta8 /2o0b0lig3a, cdieó n1 7se d ceo nnosvidieemrabráre i,n yfr ascec isóann cleiovnea dráe  caocnu eurndao   BOE-A-cable e
multa fija en los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley. Asimismo, podrá ser 
causa  de  reintegro  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  37.1.d)  de  la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  y  artículo  93  de  su  Reglamento  de  desarrollo, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3.  Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien 
visible y de acceso al público.
Artículo 31.  Normativa aplicable.
1.  Las ayudas a que se refiere esta orden se regirán, además de por lo dispuesto 
en la misma, por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, y las demás disposiciones que resulten 
de aplicación, así como en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles 
con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
2.  Asimismo, serán de aplicación también las siguientes normas:
a)  Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el 
que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la 
recuperación tras la crisis de la COVID-19.
b)  Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
así como el resto de normas de la Unión Europea sobre la materia y estatales de 
desarrollo o trasposición de aquellas.
c)  Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema 
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
d)  Orden  HFP/1031/2021,  de  29  de  septiembre,  por  la  que  se  establece  el 
procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector 
Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y 
objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y demás disposiciones que 
resulten de aplicación.
CAPÍTULO III
Convocatoria correspondiente al ejercicio 2021
Artículo 32.  Objeto.
1.  Se convocan ayudas para el año 2021, en los términos establecidos en las bases 
reguladoras  incluidas  en  el  capítulo  II  de  esta  orden,  destinadas  al  apoyo  a  la 
competitividad de las empresas cuya actividad, bien sea directa o verticalizada, estén 
orientadas al sector turístico en general y cualquiera de sus subsectores productivos. En 
concreto se pretende movilizar aquellos proyectos singulares y transformadores que 
cubran  procesos  y  productos  fácilmente  escalables  y  replicables  con  una  clara 
orientación al usuario final y que contengan, entre otros, mejoras en la digitalización e  s
inteligencia aplicados a la gestión, promoción, sostenibilidad, puesta en valor y difusión  e.
para destinos y sector turístico. w.
2.  La convocatoria se enmarca en la inversión 2, proyecto 2 del componente 14  1w
«coPnlatrnib duey emnoddoe arnl iczuamcipólnim yi ecnotmo pdeet iltoivsid oabdj edtievlo sse actsoorc tiuardíostsic ao »la,  dmeils Pmlaan,  ddee  aRceuceurdpoe rcaocnió nla, 
nRoercmuapteivraac iróeng au landivoerla e udreolp emo eyc naancisiomnoa l.de  recuperación  y  resiliencia  y  del  Plan  de  BOE-A-cable e
3.  La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la orden de concesión.
Artículo 33.  Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la publicación del 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 34.  Tipo de proyectos objeto de ayuda y plazo de ejecución.
1.  Según lo establecido en el artículo 5, las actuaciones susceptibles de ser objeto 
de las ayudas contempladas en esta convocatoria serán las siguientes:
a)  Proyectos  de  desarrollo  tecnológico  innovadores  (Línea  1),  descritos  en  el 
artículo 6.
b)  Proyectos de implantación y adopción de nuevas tecnologías (Línea 2), descritos 
en el artículo 7.
2.  La fecha de inicio de la actuación no podrá ser anterior al día siguiente de la 
fecha de presentación de la solicitud. El plazo de ejecución máximo será de 18 meses 
para los proyectos de Línea 1 y de 12 meses para los proyectos de Línea 2.
Artículo 35.  Beneficiarios.
1.  Podrán  ser  beneficiarias  de  estas  ayudas  las  empresas  previstas  en  el 
artículo 8.1 apartados a) y b) que deberán concurrir a la misma adoptando la forma de 
agrupación, conforme a lo establecido en el artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, y el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  En todo caso, los beneficiarios deberán reunir los requisitos establecidos en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se presentarán en la forma que 
señala el artículo 34 atendiendo a la línea de ayuda que se solicite.
3.  No podrán ser beneficiarias aquellas entidades referidas en el artículo 8.3.
Artículo 36.  Composición de los proyectos.
Para la presentación de proyectos tanto de la Línea 1, como de la Línea 2, las 
agrupaciones estarán compuestas por una o más empresas con capacidad técnica para 
convertirse en socio tecnológico y con demostrada experiencia en el ámbito turístico, 
junto  con  empresas  turísticas,  siempre  que  el  70  %  del  total  de  los  costes 
subvencionables estén asignados a PYMEs, de acuerdo con la definición del anexo I del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
Artículo 37.  Obligaciones de los Beneficiarios.
Las entidades beneficiarias habrán de cumplir con las obligaciones referidas en el 
artículo 9 de esta orden y deberán aportar la documentación prevista en el artículo 18.
Artículo 38.  Gastos subvencionables.
Se  estará  a  lo  previsto  en  el  artículo  11  con  los  siguientes  límites  máximos 
correspondientes para esta convocatoria: es
a)  Gastos de personal técnico (Grupos de Cotización I, II o III): Máximo 45 €/h,  w.
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seguridad social a cargo de la empresa. No se podrán superar las 1.800 h/año.
c)  Gastos de colaboraciones externas: Máximo el 30% de la base subvencionable 
de cada participante en la actuación.
d)  Gastos de alojamiento: Máximo 120 €/día.
Artículo 39.  Intensidad y cuantías máximas de las ayudas.
1.  Se asignan 25 millones de euros, repartidos de la siguiente forma:
a)  Para proyectos de Línea 1: 20 millones de euros.
b)  Para proyectos de Línea 2: 5 millones de euros.
2.  La intensidad máxima por tipología de proyecto será:
Para los proyectos de Línea 1 y 2: Una intensidad máxima de la ayuda de hasta 
el 50 % del presupuesto total del proyecto.
No  obstante,  en  aquellos  supuestos  en  que  participen  grandes  empresas,  la 
intensidad máxima será del 15 %. Las ayudas a grandes empresas únicamente serán 
compatibles con el mercado interior si colaboran de manera efectiva con PYME en la 
actividad objeto de ayuda y si las PYME con las que colaboran corren con un mínimo 
del 30 % de los costes subvencionables.
La intensidad máxima se referirá individualmente a cada beneficiario, sin perjuicio de 
su participación en una agrupación.
Artículo 40.  Financiación.
1.  La financiación de las ayudas correspondientes a esta convocatoria se imputará 
a  la  aplicación  presupuestaria  del  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y 
Turismo 20.50.04.430A.770 de los Presupuestos Generales del Estado.
2.  La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión. La cuantía máxima 
destinada a financiar esta convocatoria será 25.000.000 de euros.
Artículo 41.  Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
Por  lo  que  se  refiere  a  los  órganos  competentes  para  instruir  y  resolver  el 
procedimiento se estará a lo dispuesto en el artículo 15.
Artículo 42.  Formalización de la solicitud.
1.  La formalización y presentación de solicitudes se regirá por lo dispuesto en el 
artículo 18.
2.  La solicitud deberá acompañarse de la documentación indicada en el artículo 18 
de la orden de bases.
Artículo 43.  Evaluación y criterios de valoración de las solicitudes.
1.  La  evaluación  de  las  solicitudes  se  realizará  en  régimen  de  concurrencia 
competitiva con base a la documentación aportada, y conforme a las consideraciones 
establecidas en los artículos 21 y 22.
2.  La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el 
solicitante en la fase de admisión. e
Artículo 44.  Plazo de resolución y notificación. w
artícPuolor  2lo4 q duee  esseta r eofriedreen .al plazo de resolución y notificación se estará a lo previsto en el
Artículo 45.  Pago de la ayuda.
El beneficiario recibirá el abono anticipado del cien por ciento de la ayuda concedida 
sin limitaciones presupuestarias con anterioridad a la justificación de la realización del 
proyecto, sin que sea precisa la constitución de garantías.
Artículo 46.  Ejecución y justificación de los gastos.
1.  Las  actuaciones  subvencionadas  podrán  realizarse  desde  la  fecha  de 
publicación del extracto de la convocatoria y el 31 de diciembre de 2023, y deberán 
ejecutarse en el tiempo y forma que se establezcan en las resoluciones de concesión.
2.  El plazo de justificación de las actividades y gastos realizados será de tres 
meses a contar desde la finalización del plazo de ejecución y se realizará según las 
prescripciones del artículo 27.
3.  De conformidad con el artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, la documentación justificativa de las actividades y 
gastos subvencionados deberá estar disponible durante diez años a partir de la fecha de 
concesión de la ayuda.
Artículo 47.  Normativa aplicable.
Esta convocatoria se regirá por lo establecido en el artículo 31.
Artículo 48.  Acumulación con otras ayudas.
Se aplicará lo dispuesto en el artículo 12 de la presente orden.
Artículo 49.  Recursos.
1.  De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  contra  las  resoluciones  del  procedimiento,  que  pondrán  fin  a  la  vía 
administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación y se presentarán por vía 
electrónica ante el registro electrónico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
(https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico) firmada electrónicamente mediante 
firma electrónica avanzada.
2.  Sin perjuicio de lo anterior, contra dichas resoluciones cabe interponer recurso 
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de la mencionada notificación. En el caso 
de  presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca la desestimación presunta del mismo.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta  orden  se  dicta  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  149.1.13.ª  de  la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda.  Salvaguarda del rango no reglamentario. s
Las  disposiciones  incluidas  en  el  capítulo  III  de  la  presente  orden,  sobre  la  w.b
convocatoria de ayudas para el ejercicio de 2021, no tienen naturaleza reglamentaria  1ww
sino de acto administrativo.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 30 de diciembre de 2021.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
María Reyes Maroto Illera.
ANEXO I
Contenido y estructura de la memoria de la actuación
La Memoria de la solicitud de ayuda incluirá dos apartados:
– Apartado 1. Memoria técnica: Descripción de la acción propuesta.
– Apartado 2. Memoria económica: Coste de realización de la acción y financiación 
de la misma.
ANEXO II
Declaración responsable del cumplimiento del principio de «No causar perjuicio 
significativo» a los seis objetivos medioambientales en el sentido el artículo 17 del 
reglamento (UE) 2020/852 de las Ayudas para la Transformación Digital y 
Modernización de las Entidades Locales que forman parte de la Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes
Información sobre la actuación en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(Plan de Recuperación)
[Nombre de la subvención/convenio/contrato, a 
Identificación de la actuación.
completar por la Administración concedente].
Componente del Plan de Recuperación al que  [Según el Plan de Recuperación, a completar 
pertenece la actividad. por la Administración concedente].
Medida (Reforma o Inversión) del Componente 
[Según el Plan de Recuperación, a completar 
Plan de Recuperación al que pertenece la 
por la Administración concedente].
actividad indicando, en su caso, la submedida.
Etiquetado climático y medioambiental  [Según el Plan de Recuperación, a completar 
asignado a la medida (Reforma o Inversión) o,  por la Administración concedente.
en su caso, a la submedida del Plan de  Nota: Si la medida no dispone de una etiqueta 
Recuperación (anexo VI, Reglamento  asignada que reconozca contribución climática 
2021/241). y medioambiental, indicar: «Sin etiqueta».]
Don/Doña  ....................................................................................................................., 
con NIF ........................................................., por sí mismo/a o en representación de la 
entidad.................................................................................................................................., 
con  CIF  ............................................  en  calidad  de  .................................................., 
DECLARA Que ha presentado solicitud a la actuación arriba indicada para el proyecto 
denominado ......................................................................... y éste cumple lo siguiente:
A.  Las  actividades  que  se  desarrollan  en  el  mismo  no  ocasionan  un  perjuicio  e.e
significativo  a  los  siguientes  objetivos  medioambientales,  según  el  artículo  17  del  b
Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las  1ww
i«ntvaexrosnioonmeísa »s) odsete lansib alecst ivmideaddieasn teec olan ómimicpalasn mtaecdióiona mdeb ieunnt aslmisetenmtea s odsete ncilbalseifsic:ación  (o
– Mitigación del cambio climático.
– Adaptación al cambio climático.
– Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.
– Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos.
– Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo.
– Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
B.  Las actividades se adecúan, en su caso, a las características y condiciones 
fijadas para la medida y submedida de la Componente y reflejadas en el Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia.  Destacando:  [a  completar  por  la 
Administración concedente con las condiciones específicas de la medida que se desee 
destacar  que  deberán  cumplirse,  si  las  hubiere  según  los  apartados  3,  6  y  8  del 
documento  del  Componente  dentro  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia].
C.  Las  actividades  que  se  desarrollan  en  el  proyecto  cumplirán  la  normativa 
medioambiental  vigente  que  resulte  de  aplicación.  Entre  otras:  [a  completar  por  la 
Administración concedente con la normativa cuyo cumplimiento se desee destacar].
D.  Las actividades que se desarrollan no están excluidas para su financiación por el 
Plan conforme a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un 
perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia (2021/C 58/01), a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo 
relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España 
y a su correspondiente anexo.
1.  Construcción de refinerías de crudo, centrales térmicas de carbón y proyectos 
que impliquen la extracción de petróleo o gas natural, debido al perjuicio al objetivo de 
mitigación del cambio climático.
2.  Actividades  relacionadas  con  los  combustibles  fósiles,  incluida  la  utilización 
ulterior  de  los  mismos,  excepto  los  proyectos  relacionados  con  la  generación  de 
electricidad y/o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte 
y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la 
Guía Técnica de la Comisión Europea.
3.  Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de 
gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los 
parámetros de referencia pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de 
efecto  invernadero  provocadas  por  la  actividad  subvencionada  no  van  a  ser 
significativamente  inferiores  a  los  parámetros  de  referencia,  deberá  facilitarse  una 
explicación motivada al respecto.
4.  Compensación de los costes indirectos del RCDE.
5.  Actividades  relacionadas  con  vertederos  de  residuos  e  incineradoras,  esta 
exclusión no se aplica a las acciones en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento 
de  residuos  peligrosos  no  reciclables,  ni  en  las  plantas  existentes,  cuando  dichas 
acciones tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de 
escape para su almacenamiento o utilización, o recuperar materiales de las cenizas de 
incineración, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de 
tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil; estos 
pormenores deberán justificarse documentalmente para cada planta.
6.  Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecánico-biológico, esta 
exclusión no se aplica a las acciones en plantas de tratamiento mecánico-biológico 
existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia energética  e
o su reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos separados, como el  bo
compostaje y la digestión anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no  w
cporonllolenvgeanc iuónn  aduem seun tovi ddae  lúat icl;a epsatcoids apdo drme etrnaotaremsi ednetob edreá nre jsuidstuifoicsa drsee l adso pcluamnteanst aol ma eunntea 
para7 .c adAac tpivlaidnatad.es en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar
daños al medio ambiente.
E.  Las  actividades  que  se  desarrollan  no  causan  efectos  directos  sobre  el 
medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo 
como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizada la 
actividad. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente 
declaración  dará  lugar  a  la  obligación  de  devolver  las  cantidades  percibidas  y  los 
intereses de demora correspondientes.
Fecha:
Firmado: