BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 76  Martes 30 de marzo de 2021  Sec. I.   Pág. 35952
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
4908 Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención 
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:
PREÁMBULO
I
Desde que el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara 
pandemia internacional la situación de emergencia ocasionada por el brote epidémico 
de COVID-19, el Consejo de Ministros, reunido en sesión extraordinaria el jueves 12 de 
marzo, adoptó las primeras medidas urgentes para hacer frente a la propagación de la 
pandemia, en particular el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
A partir de ese momento, la articulación jurídica de la respuesta a la pandemia se ha 
estructurado en torno a dos instrumentos constitucionales, de un lado la declaración del 
estado de alarma, y las medidas adoptadas en su virtud, y de otro la adopción de sucesivos 
reales decretos-leyes, fundamentalmente dirigidos a paliar las consecuencias y efectos 
negativos que en el ámbito socioeconómico está suponiendo la pandemia y las medidas 
de contención adoptadas para contenerla.
En este sentido, a diferencia de otros países de nuestro entorno, nuestro ordenamiento 
constitucional prevé, en el artículo 116 de la Constitución Española, la declaración del 
estado de alarma bajo determinadas circunstancias reguladas en la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. En virtud de la habilitación que 
dicha ley orgánica otorga al Gobierno y de los supuestos de hecho previstos en su artículo 
cuarto, apartado b) («crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación 
graves») y d) («situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad») el 
Gobierno aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.
Según su propio preámbulo, las medidas previstas en esta disposición se encuadran 
en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, 
contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.
Esta norma incluía además de medidas limitativas de la libertad de circulación, que 
como dispone la ley quedaba condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos, una  s
variedad de medidas de contención en distintos ámbitos, desde el ámbito educativo y de  oe.
la formación, al de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y  w.
alacst ivcNiedorae domebossn traieancstr ece,ia vdtiileveassds y,e  ra elcalti givciioadslaiafdisce.asc idóen  hpoosrt elale rOíar gya rneisztaacuiróanc iMónu,n od ilaols  dlueg laar eSsa dlued c cuoltmo oy   2021-4908n https://ww
pandemia internacional y la posterior declaración del estado de alarma, la situación de
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 evolucionó, tanto a nivel  Bc
nacional como mundial, con enorme rapidez.
Se trata de una crisis sanitaria sin precedentes y de una extraordinaria amplitud y 
gravedad, tanto por el extraordinario riesgo de contagio y el alto número de ciudadanos 
afectados, con la consiguiente presión sobre los servicios sanitarios, como por el elevado 
coste social y económico derivado de las medidas extraordinarias de contención y 
distanciamiento adoptadas por los distintos Estados.
Esta evolución ha exigido la adopción de sucesivas medidas adicionales para hacer 
frente a la pandemia. No obstante, el artículo sexto de la citada Ley Orgánica 4/1981, de 1 
de junio, establece que la duración y los efectos del estado de alarma no podrá exceder de 
quince días, y que solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los 
Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes 
durante la prórroga.
Por ello, ante la rápida y devastadora evolución de la pandemia, a fin de garantizar la 
eficaz gestión de dicha emergencia sanitaria, contener la propagación de la enfermedad y 
preservar y garantizar la respuesta del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno ha 
solicitado del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar hasta en seis 
ocasiones el estado de alarma, así como la vigencia de las medidas en él contenidas.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en las sesiones celebradas el 25 de marzo, 9 
de abril, 22 de abril, 6 de mayo, 20 de mayo y 3 de junio de 2020, acordó conceder las 
mencionadas autorizaciones para prorrogar el estado de alarma de manera sucesiva hasta 
las 00:00 horas del 21 de junio de 2020.
Desde la adopción del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, dicha norma y las 
medidas en él contenidas, así como las establecidas en los sucesivos reales decretos de 
prórroga del estado de alarma, han constituido el marco regulador básico de la normativa 
adoptada para hacer frente a la emergencia provocada por la pandemia.
Esta normativa, de acuerdo con lo sentado por el Tribunal Constitucional, en la única 
ocasión en la que había tenido ocasión de pronunciarse con carácter previo sobre la 
declaración del estado de alarma, en su Sentencia 83/2016, de 28 de abril de 2016, «(d)ebe 
entenderse que queda configurada en nuestro ordenamiento como una decisión o 
disposición con rango o valor de ley. Y, en consecuencia, queda revestida de un valor 
normativo equiparable, por su contenido y efectos, al de las leyes y normas asimilables 
cuya aplicación puede excepcionar, suspender o modificar durante el estado de alarma», 
sin que pueda «ser distinta la conclusión en relación con el rango o valor del decreto por el 
que se prorroga el estado de alarma», en este caso además con «la peculiaridad de que el 
decreto de prórroga constituye una formalización ad extra de la previa autorización del 
Congreso de los Diputados».
La normativa mediante la que se han venido adoptando medidas adicionales al amparo 
del estado de alarma encuentra su fundamento jurídico en las habilitaciones que, a tal 
efecto, contienen dichas disposiciones en favor de los Ministros designados como 
autoridades competentes delegadas para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones 
e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean 
necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, 
en orden a la protección de personas, bienes y lugares, tanto con carácter general, como 
de manera específica para distintos ámbitos.
Evidentemente, las necesarias medidas de contención adoptadas han tenido un 
impacto económico y social muy relevante, ya que han supuesto reducir la actividad 
económica y social de forma temporal, restringiendo la movilidad y paralizando la actividad 
en numerosos ámbitos; con las consiguientes pérdidas de rentas para trabajadores y 
hogares, así como para las diferentes empresas y sectores de la economía española. Por  es
ello, desde un primer momento, se han venido adoptando medidas económicas y sociales  o
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vulnerables.
En todo caso, tras la publicación de la Comunicación «Hoja de ruta común europea 
para el levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19», presentada el 
pasado 15 de abril de 2020 por la Presidenta de la Comisión Europea y el Presidente del 
Consejo Europeo, los distintos Estados miembros de la Unión Europea comenzaron a 
planificar las distintas fases que permitan reanudar las actividades económicas y sociales, 
de modo que se minimice cualquier repercusión sobre la salud de las personas y no se 
sobrecarguen los sistemas sanitarios, atendiendo a las orientaciones de la Organización 
Mundial de la Salud.
En ese contexto, a la luz de los principales indicadores disponibles, la experiencia 
adquirida a nivel nacional, y las mejores prácticas en otros países, mediante Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020, se aprobó el Plan para la Transición hacia 
una Nueva Normalidad, que concibe el levantamiento de las medidas de contención de 
modo gradual, asimétrico, coordinado con las comunidades autónomas y adaptable a los 
cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos 
y del impacto de las medidas adoptadas.
El Plan, que fue remitido al Congreso de los Diputados el 29 de abril de 2020 en 
cumplimiento de lo previsto por la disposición adicional sexta del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, tiene como objetivo fundamental conseguir que, manteniendo como 
referencia fundamental la protección de la salud pública, se recupere paulatinamente la 
vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia 
para la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de 
Salud se puedan desbordar.
En aplicación de dicho Plan, desde la aprobación del Real Decreto 514/2020, de 8 de 
mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, y de acuerdo con lo previsto en la autorización otorgada por el Congreso 
de los Diputados, se habilitó al Ministro de Sanidad, para poder acordar, en el ámbito de 
su competencia y a propuesta, en su caso, de las comunidades autónomas y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla la progresión de las medidas aplicables en un determinado 
ámbito territorial, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, 
sociales, económicos y de movilidad establecidos en el Plan.
A su vez, el artículo 4 del Real Decreto citado, establecía que «(e)n el proceso de 
desescalada de las medidas adoptadas como consecuencia de la emergencia sanitaria 
causada por el COVID-19, el Gobierno podrá acordar conjuntamente con cada Comunidad 
Autónoma la modificación, ampliación o restricción de las unidades de actuación y las 
limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas, de las medidas de 
contención y de las de aseguramiento de bienes, servicios, transportes y abastecimientos, 
con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria en cada comunidad 
autónoma».
En su virtud, y en aplicación de la normativa dictada al respecto por el Ministro de 
Sanidad, los distintos territorios han venido progresando de fase, de manera asimétrica y 
gradual, con el consiguiente levantamiento y modulación de las distintas medidas 
inicialmente establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta el momento 
actual.
Por su parte, el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establecía, en 
su artículo 5, que «la superación de todas las fases previstas en el Plan para la desescalada 
de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, 
aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 28 de abril de 2020, determinará  es
que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en  o
lfedaasesstc eaclEa doInrIor a rd ee deelse ll pm  Peaoosllnaatmdarnmide,e onean tl t oddev eeisag c aceplatlnrauortraaevmdl i,nR oaec e npipaa oasle rr,Dl a  eiqe sll ulacRaer sege  tteaooosl d  ut5Dionó5e in5edc /lard 2etde0eteo 2rlsr a0i4 t ,to6s edri3rtierou/i2 t a5on0c ra2diióac0enli, eo j dusnden»ae i.l o1 ch,4r aip sd oiaserl   csemaal annqrziuztaaeodr ,iso ape  oao prlc  rmeaolsr eriqonounogeasa d s leaael     OE-A-2021-4908able en https://www.
por el COVID-19, además de mantener esta última previsión, dispone que la autoridad
competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas 
correspondientes a la fase III del Plan de desescalada será, en ejercicio de sus 
competencias, exclusivamente quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma, 
salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la 
unidad territorial determinada para cada comunidad autónoma.
Además, se prevé que serán las comunidades autónomas las que puedan decidir, con 
arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase III en las diferentes 
provincias, islas o unidades territoriales de su comunidad y que, en consecuencia, queden 
sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en sus respectivos 
territorios.
En este estado de situación del proceso de desescalada y en el marco de estas 
previsiones, durante la vigencia de esta última prórroga se pretende culminar dicho 
proceso con el gradual levantamiento y definitiva pérdida de eficacia de las medidas en 
todos los territorios si, como es previsible, todos ellos superan todas las fases del proceso 
de desescalada.
Se ha querido así acompasar el proceso final de desescalada de las medidas de 
contención con el mantenimiento del estado de alarma, de manera que el levantamiento 
gradual y coordinado de las mismas, tal y como se prevé en el Plan para la Transición 
hacia una Nueva Normalidad, permitiera no comprometer el logro de los objetivos de 
contención de la pandemia fijados desde el inicio de la situación de emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. A este respecto, debe destacarse la favorable evolución de 
la situación registrada ya durante la quinta prórroga.
A la vista de los distintos indicadores y parámetros examinados en relación con las 
capacidades estratégicas de asistencia sanitaria, vigilancia epidemiológica, contención de 
las fuentes de contagio y protección colectiva, el avance favorable en la contención de la 
pandemia y de las cadenas de transmisión permite en el momento actual que, una vez 
expirada la vigencia de la última prórroga, y superadas todas las fases del proceso de 
desescalada, queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de 
alarma en todo el territorio nacional.
Sin embargo, la actual evolución favorable en la contención de la pandemia no exime 
a los poderes públicos de su deber de «organizar y tutelar la salud pública a través de 
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios» establecido en el 
artículo 43.2 de la Constitución Española para garantizar el derecho a la protección de la 
salud que reconoce este artículo en su primer apartado.
Por ello, aunque los efectos de la pandemia han sido notablemente controlados gracias 
a las medidas de contención adoptadas, su naturaleza y evolución imprevisible, así como 
«el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes» y la 
«incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos» a los que 
alude el Tribunal Constitucional en su Auto de 30 de abril de 2020 (FJ 4), en relación con 
las formas de contagio y con la propagación del virus, aconsejan la adopción de una serie 
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, que permitan seguir 
haciendo frente y controlando la pandemia, una vez expire la vigencia del estado del 
alarma y decaigan las medidas derivadas de su adopción.
En este sentido, es esencial distinguir entre la expiración de las medidas limitativas de 
contención adoptadas durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas sucesivas 
para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la 
crisis sanitaria propiamente dicha, provocada por la pandemia, la cual subsiste, aunque 
notablemente atenuada en nuestro país, y cuya superación aún no ha sido oficialmente  es
declarada ni en el ámbito nacional, ni en el internacional, por los organismos y autoridades  o
caccooaumndtotePpemnoenaártc estiieó ncdlnatloee  d, ds t.eeraa  nldnaties cpm hlaoaisnssid ó pmenom esndiioabid ,li eadpsseo  nrrpi tealiafsirc agaa opldasaa  rfsqaic uvqieóou nrepa  dubcedloe ime nerupaveronovl muodcseei rótbiivnerao reartesnnes  el  aedl  pelgoi adglarerao mnp dtéioíearldó  ldiogdesiac   looadsb e ijny evt teniivgguoeresindv cdaaieads     OE-A-2021-4908able en https://www.
física y la salud de las personas y que situasen de nuevo bajo una enorme presión
asistencial los recursos sanitarios disponibles, desde la óptica del deber constitucional de 
los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, 
se hace urgente y necesaria la adopción de dichas medidas preventivas, mientras no sea 
declarada oficialmente la finalización de la situación de crisis sanitaria.
A ese fin responde la presente Ley con el establecimiento de un deber general de 
cautela y protección que afiance comportamientos de prevención en el conjunto de la 
población, y con la adopción de una serie de medidas urgentes de prevención, contención 
y coordinación, dirigidas a garantizar el derecho a la vida y a la protección de salud 
mientras perdure la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez expirada la 
vigencia del estado de alarma y de las medidas extraordinarias de contención, incluidas 
las limitativas de la libertad de circulación, establecidas al amparo de aquel.
Adicionalmente, la amplitud y gravedad de esta crisis sanitaria han puesto de 
manifiesto determinadas carencias en la regulación contenida en nuestra legislación 
ordinaria, al margen de la declaración del estado de alarma, para hacer frente a crisis 
sanitarias de esta o similar naturaleza. Por ello se considera también necesario acometer 
una serie de modificaciones puntuales de la legislación sanitaria de modo que se garantice 
a futuro la articulación de una respuesta eficaz y coordinada de las autoridades sanitarias 
ante este tipo de crisis.
El carácter urgente de dichas modificaciones se justifica, de un lado en la pervivencia 
actual de la situación de crisis derivada de la pandemia oficialmente declarada como tal, y 
de otro, en la naturaleza y evolución imprevisible de la misma, en los términos antes 
reseñados, que aconsejan la inmediata modificación de aquellos preceptos previstos en la 
legislación en vigor para hacer frente a este tipo de situaciones, a fin de garantizar una 
mayor eficacia y coordinación en la adopción de medidas para afrontarlas, no solo a futuro, 
con carácter general, sino también, en el momento actual, ante la contingencia que 
supondría la aparición de eventuales rebrotes de transmisión comunitaria del COVID-19.
A tal efecto, dichas modificaciones permitirán que a través de la figura de las 
«actuaciones coordinadas en salud pública», se puedan elaborar o activar planes y 
estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias. Asimismo, se pretende 
garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el 
funcionamiento del conjunto del sistema nacional de salud, ante crisis sanitarias.
II
La Ley se estructura en siete capítulos, 31 artículos, siete disposiciones adicionales, 
una disposición derogatoria, ocho disposiciones finales y un anexo.
El capítulo I, artículos 1 a 5, recoge las disposiciones generales, esto es, el objeto y el 
ámbito de aplicación del Real Decreto-ley, los órganos competentes, así como las medidas 
que se deben adoptar para evitar la generación de riesgos de propagación de la 
enfermedad COVID-19. Asimismo, se prevé la adopción de planes y estrategias de 
actuación para afrontar emergencias sanitarias, mediante actuaciones coordinadas en 
salud pública, para el desarrollo de las distintas actividades que se contemplan en los 
capítulos siguientes.
El capítulo II está integrado por los artículos 6 a 16 y recoge el mantenimiento de 
determinadas medidas de prevención e higiene, como son el uso obligatorio de mascarillas 
en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se 
encuentren abiertos al público, así como en los transportes. Asimismo, a este respecto, se 
contempla la posibilidad de que las mascarillas puedan ser adquiridas de manera unitaria  s
en las oficinas de farmacia, lo que facilita su acceso a la población. Esta medida, junto con  oe.
la modificación establecida en el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de  w.
ldeoecso  2mn4óe mddeiicc ajaumsli oen,n otpo easrb myu ispteirvo aqdsuu.ec  Itegolus  aasclamcneeitsnaotre ioa, s el,a nas p emrsoatbesa cdcaoari plplíaotsur  lopR ueseaedl  aDc oerencatreelimztoap rLlsaee g leaisn laa ctdiovonopd c1iic/ó2ion0n 1de5es,    2021-4908n https://ww
determinadas medidas de prevención en el entorno de trabajo, tales como la ordenación
de los puestos de trabajo o la organización de los turnos para evitar aglomeraciones, así  Bc
como el mantenimiento de medidas de prevención e higiene básicas en los establecimientos
comerciales, en los centros residenciales de carácter social, en los hoteles y alojamientos 
turísticos o en las actividades de hostelería y restauración, entre otras. En el ámbito 
deportivo, por su parte, se reconoce la competencia del Consejo Superior de Deportes 
para aplicar estas medidas en determinadas competiciones profesionales, una vez oído el 
organizador, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas; y en función de las 
circunstancias concurrentes y la necesaria protección de deportistas y público.
El capítulo III, artículos 17 y 18, recoge diversas disposiciones que habilitan para 
regular la oferta de plazas y el volumen de ocupación en los servicios de transporte de 
viajeros por vía marítima, por ferrocarril y por carretera, todos ellos de competencia estatal. 
Los operadores de transporte con número de asiento preasignado deberán conservar, a 
disposición de las autoridades de salud pública, la información de contacto de los pasajeros 
durante un mínimo de cuatro semanas, con la finalidad de realizar la trazabilidad de los 
contactos. Asimismo, se habilita al titular de la Dirección General de la Marina Mercante 
para ordenar, a propuesta del Ministerio de Sanidad, la adopción de medidas sanitarias 
para el control de buques, incluidos los de tipo crucero, que realicen viajes internacionales 
y naveguen por aguas del mar territorial con objeto de entrar en puertos españoles.
El capítulo IV, artículos 19 a 21, contiene medidas relativas a medicamentos, productos 
sanitarios y productos necesarios para la protección de la salud. Entre otros aspectos, 
cabe señalar, en materia de medicamentos, la necesidad de dar continuidad a las medidas 
de suministro de información, abastecimiento y fabricación de aquellos considerados 
esenciales para la gestión sanitaria del COVID-19. Igualmente, para proteger la salud 
pública, se debe garantizar su abastecimiento en centros y servicios sanitarios, y ello 
requiere una distribución capaz de cubrir el consumo con la agilidad necesaria.
Por lo que respecta a los productos sanitarios y a los biocidas, se incorporan las 
medidas imprescindibles para garantizar la fabricación y puesta a disposición de 
mascarillas quirúrgicas, batas quirúrgicas, soluciones y geles hidroalcohólicos para la 
desinfección de manos y antisépticos de piel sana a un ritmo adecuado para atender el 
considerable volumen de demanda existente.
El capítulo V, artículos 22 a 27, prevé medidas para la detección precoz de la 
enfermedad y el control de las fuentes de infección y vigilancia epidemiológica. De este 
modo, se señala de manera específica que el COVID-19, enfermedad producida por la 
infección por el virus SARS-CoV-2, es una enfermedad de declaración obligatoria urgente, 
calificación que en la práctica ya tenía por ser un subtipo de la familia SARS (Síndrome 
Respiratorio Agudo Grave), y estar prevista en los anexos I. 48 y II.1.B del Real 
Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia 
epidemiológica. Asimismo, se da continuidad a una serie de obligaciones de recogida, 
tratamiento y remisión de información, de los datos de relevancia epidemiológica y 
sanitaria que sean pertinentes, siempre salvaguardando los derechos de protección de 
datos personales, así como al sistema establecido para la recogida y remisión de 
información con el resultado de pruebas diagnósticas COVID-19 mediante PCR u otras 
pruebas de diagnóstico de COVID-19 realizadas por los laboratorios, públicos y privados, 
así como por los centros, servicios y establecimientos sanitarios que realicen dichas 
pruebas en España, como complemento al sistema de vigilancia individualizada de los 
casos de COVID-19.
El capítulo VI, artículos 28 a 30, dispone una serie de medidas para garantizar las 
capacidades del sistema sanitario en materia de recursos humanos, planes de contingencia 
y obligaciones de información.
El capítulo VII, que se integra por el artículo 31, regula el régimen sancionador  es
aplicable al incumplimiento de las medidas de prevención y de las obligaciones  o
ecdposiustnepatrLobrtoaoslel siecdc sidiiósd enspa a oisanns dteiietcinacri éóireoisnosn  stgaaa eldy  Lns icoeeeipogyra.enulran.ald tpiavr oiinmsc eeornrap  aoceroarno ltapiesun eperr tepovrsei sgvioiesnsioetinose nesan de mosspa etpecorírifai cA daEesN  seAan,n  rmiedliaaedcn iteóraxnts ec rqoiounre  l eolnas    OE-A-2021-4908able en https://www.
La disposición adicional tercera recoge la autorización a la Administración General del 
Estado para otorgar avales por importe máximo de 2.817.500.000 euros en el año 2020 
para cubrir los costes y las pérdidas en las operaciones de financiación que realice el 
Grupo Banco Europeo de Inversiones a través del Fondo Paneuropeo de Garantías en 
repuesta a la crisis del COVID-19, habilitando a tal efecto a la Vicepresidenta Tercera y 
Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital para la firma de los 
correspondientes acuerdos con el Banco Europeo de Inversiones, complementando las 
medidas nacionales adoptadas por el Gobierno.
La disposición adicional cuarta establece que en el ámbito de las Fuerzas Armadas 
será la Inspección General de Sanidad de la Defensa, quien realice las acciones necesarias 
para el cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley dando cuenta de 
las mismas al Ministerio de Sanidad.
La disposición adicional quinta establece de manera coyuntural, y ante la situación de 
crisis sanitaria, la posibilidad de incorporar al proceso de dispensación la aplicación de las 
tecnologías de la información y la comunicación para garantizar una atención y seguimiento 
farmacoterapéutico óptimo y acercar la medicación al paciente cuando situaciones como 
las que se han producido en esta crisis de salud pública o bien en el caso de personas en 
especial situación de vulnerabilidad, personas mayores, enfermas y dependientes, lo 
aconsejen.
La experiencia trasladada por todas las comunidades autónomas en el seno de la 
Comisión Permanente de Farmacia evidenció de forma unánime que esta medida impulsada 
en el estado de alarma ha supuesto un progreso en la gestión de la prestación farmacéutica 
actual con efectos positivos en la población y es necesario mantenerla mientras perviva 
esta situación de crisis sanitaria no solo para colectivos vulnerables que no tengan visitas 
programadas en el hospital, sino extenderla también a aquellas personas cuya situación 
clínica, de dependencia, vulnerabilidad, riesgo o de distancia al centro lo requiera.
La disposición derogatoria única deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
La disposición final primera modifica la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación 
Aérea, introduciendo una nueva disposición adicional sexta, que habilita al Director de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en el marco de sus competencias y bajo ciertas 
condiciones, para conceder, en los ámbitos de la aviación civil sujetos a normativa 
nacional, exenciones específicas, equivalentes a las previstas en la normativa de aviación 
civil de la Unión Europea, en los ámbitos no regulados por la misma, cuando se produzcan 
circunstancias urgentes imprevistas o necesidades operativas urgentes. De este modo, se 
permite mantener y prolongar las medidas de flexibilidad aprobadas para el mantenimiento 
de dichos títulos, habilitaciones o autorizaciones adoptadas durante el estado de alarma, 
y graduarlas en tanto se recupera la normalidad, y permitir el establecimiento de las que 
sean precisas para una recuperación escalonada que evite el colapso y permita la 
recuperación de la normalidad en el sector.
La disposición final segunda modifica la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud. En primer lugar, se modifica la figura de las 
«actuaciones coordinadas en salud pública», prevista en el artículo 65, permitiendo que a 
través de este instrumento se puedan elaborar o activar planes y estrategias de actuación.
En segundo lugar, se introduce en un nuevo artículo 65 bis un deber de suministro de 
información por parte de las comunidades autónomas en situaciones de emergencia para 
la salud pública, a fin de garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades 
sanitarias y reforzar el funcionamiento del conjunto del Sistema Nacional de Salud. es
La disposición final tercera modifica el artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de  o
gaelCasa o ctrpmaoardmniosottpií eóadlecnsetc   aIyainór lt uanelasr rm omdy eaarina   clircaseoit oanesnl riaoizaalbalul j ddeddaet eo p  dl Pooderbsele  l aamcpipcooeiadsodre nitdcraa eadfli m.jola oA ers2 sn e Mdítl, oep esm rd eeyiescc dtapioeimra  odmnedetniu seatcmo qtlsoaou s l eaap ls lrroaateísdncs ouipetpalrnoocrt iideodóu sunLc.r  dateEoenyssl t  tespna ere loar cecr evefeosisdgraemiermrinovaiceas iv na piate aod nr leaaael      OE-A-2021-4908able en https://www.
seguir para la fijación de dicho precio.
La disposición final cuarta modifica el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, con la finalidad de extender hasta el 31 de diciembre de 2020 la 
posibilidad de que, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, las sesiones de los 
órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y 
mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las 
fundaciones, puedan celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple 
y así también que sus acuerdos puedan celebrarse por escrito y sin sesión siempre que lo 
decida el presidente o cuando lo soliciten, al menos, dos de los miembros del órgano. En 
este sentido, esta medida es coherente con la configuración de la nueva situación, siendo 
aconsejable que el tránsito al tráfico jurídico y social ordinario, se acompañe de las 
máximas precauciones entre las que sin duda se encuentra la de evitar reuniones y 
aglomeraciones de múltiples personas en espacios reducidos como pudieran ser las 
sesiones de los órganos de gobierno y administración de las personas jurídicas.
La disposición final quinta modifica el artículo 36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19, relativo al derecho de resolución de 
determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios, con el 
fin de extender la aplicación del artículo 36.1 a aquellos contratos que puedan resultar de 
imposible ejecución como consecuencia de las medidas impuestas por las diferentes 
administraciones durante las fases de desescalada o nueva normalidad, una vez que haya 
dejado de estar vigente el estado de alarma decretado mediante Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. Asimismo, con posterioridad a la aprobación del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, con fecha 13 de mayo de 2020 la Comisión Europea emitió la 
Recomendación (UE) 2020/648, relativa a los bonos ofrecidos a los pasajeros y a los 
viajeros como alternativa al reembolso de viajes combinados y servicios de transporte 
cancelados en el contexto de la pandemia de COVID-19, resultando preciso adaptar el 
apartado 4 del artículo 36 de dicho Real Decreto-ley al contenido de la Recomendación. A 
tales efectos, se modifica este artículo en un doble sentido, en primer lugar, para 
circunscribir la posibilidad de emisión de los bonos a la aceptación voluntaria con carácter 
previo por parte del pasajero o viajero, y, en segundo lugar, para establecer el plazo 
automático de 14 días para el reembolso del importe del bono a la finalización de su 
periodo de validez, si este no ha sido canjeado.
Asimismo, se deroga el artículo 37 del citado Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por coherencia con la mayor flexibilización en materia de juego establecida durante 
las fases II y III del Plan para la Transición hacia una nueva normalidad.
La disposición final sexta relaciona los títulos competenciales que amparan al Estado 
para dictar la Ley, y la disposición final séptima introduce una habilitación para su desarrollo 
reglamentario, a favor de los Ministros de Sanidad y de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Por último, la disposición final octava determina el momento de entrada en vigor de la 
Ley, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 respecto del ámbito de aplicación.
III
Esta Ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  s
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos se  oe.
pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el  w.
icpnortiemnrcoéip sfi iogn e dúnele tpirmarolo pe olnar c epiolr noqatueleicd casideó  naf uld ncedo anlamte esnaneltrua ldna   rdlaeesg  ulmala epcdioóibdnal aismc iqpóurnee.s  Lcsaien  denisobtrlaemb palea ceraes n laa,  cyco oqrnduseee  cctiuoecnni óeennl    2021-4908n https://ww
de los objetivos previamente mencionados, ya que las medidas que ahora se regulan
resultan proporcionadas al bien público que se trata de proteger. Igualmente, se ajusta al  Bc
principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico. En
relación con el principio de eficiencia, esta Ley no impone cargas administrativas que no 
estén justificadas para la consecución de sus fines.
Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, que 
atribuye al Estado la competencia en materia de sanidad exterior, bases y coordinación 
general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos.
Adicionalmente, los artículos 17 y 18 se dictan al amparo del artículo 149.1.21.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre ferrocarriles y 
transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma, 
y 149.1.20.ª, sobre marina mercante.
Las  disposiciones  adicionales  primera  y  segunda  se  dictan  al  amparo  del 
artículo 149.1.16.ª y 149.1.20.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia en materia de sanidad exterior y sobre aeropuertos de interés general y 
puertos de interés general, respectivamente.
La  disposición  adicional  tercera  se  dicta  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 149.1.13.ª y 14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica, y hacienda general y Deuda del Estado, respectivamente.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
La presente Ley tiene por objeto establecer las medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes, con vistas a la superación de la 
fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad por parte de algunas 
provincias, islas y unidades territoriales y, eventualmente, la expiración de la vigencia del 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1.  Lo establecido en esta Ley será de aplicación en todo el territorio nacional.
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las medidas contempladas en los 
capítulos II, III, IV, V, VI y VII y en la disposición adicional quinta únicamente serán de 
aplicación en aquellas provincias, islas o unidades territoriales que hayan superado la 
fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, y en las que hayan 
quedado sin efecto todas las medidas del estado de alarma, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 5 del Real Decreto, 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, a excepción de lo 
dispuesto en el artículo 15.2 que será de aplicación desde el momento de la entrada en 
vigor del Real Decreto-ley en todo el territorio nacional.
3.  Una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real 
Decreto 555/2020, de 5 de junio, las medidas contenidas en los capítulos II, III, IV, V, VI 
y VII y en la disposición adicional quinta serán de aplicación en todo el territorio nacional 
hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica  e
disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias,  bo
la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 08ww
IsnittuearEtceli órGrnito odbreiiae clr rndisoeis l c Ssoaisnntseituamlrtaiaa r Náa  aqacu ioelan ssae l c rdoeemf ieSuraneli udedal  pdcáeorsnr a acfoua rtaóánncttoeermri oapr.sre veino  ae l las efinnoa lidzealc iCóno ndsee jloa   OE-A-2021-49able en https://
Artículo 3.  Órganos competentes.
1.  Con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria 
gravedad o urgencia, la Administración General del Estado promoverá, coordinará o 
adoptará de acuerdo con sus competencias cuantas medidas sean necesarias para 
asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, con la colaboración de las 
comunidades autónomas.
2.  Corresponderá a los órganos competentes de la Administración General del 
Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto 
cumplimiento de las medidas establecidas en esta Ley.
Artículo 4.  Deber de cautela y protección.
Todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación 
de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a 
dichos riesgos, con arreglo a lo que se establece en esta Ley. Dicho deber de cautela y 
protección será igualmente exigible a los titulares de cualquier actividad regulada en esta Ley.
Artículo 5.  Planes y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias.
Con arreglo a lo previsto por el artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se procederá a la adopción de planes 
y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias, mediante actuaciones 
coordinadas en salud pública, atendiendo a los distintos niveles de riesgo de exposición y 
de transmisión comunitaria de la enfermedad COVID-19 para el desarrollo de las distintas 
actividades contempladas en esta Ley.
CAPÍTULO II
Medidas de prevención e higiene
Artículo 6.  Uso obligatorio de mascarillas.
1.  Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en 
los siguientes supuestos:
a)  En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso 
público o que se encuentre abierto al público.
b)  En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así 
como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de 
hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no 
conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, 
no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote.
2.  La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas 
que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada 
por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no 
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de 
conducta que hagan inviable su utilización. es
Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en  o
ldiionnesdd  iiscvl3auai.ds pcu iuoaaLenclasmett iosvev sinded dtenaee tdl aa sef usosu el,aonr uz eittsaloa e mrru iidpasaaoo yddd oederrá se o   m srsleaaiatan uslimaticzacaaaririósrai lncsleaa .dnsre i ll laqnasue  rcioreeúfssircuigdilnitaceada s sio n d ccqeuou amfean prdnmaoot,ai  bpceloieasr,t   légacna op rnraeo nmpatiirpazra aenqngaudltoueo r taaaul dnelaaazasss     OE-A-2021-4908able en https://www.
condiciones de higiene adecuadas que salvaguarden la calidad del producto.
Artículo 7.  Centros de trabajo.
1.  Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 
y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, el titular de la actividad 
económica o, en su caso, el director de los centros y entidades, deberá:
a)  Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las 
características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos 
que se establezcan en cada caso.
b)  Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad para la limpieza de manos.
c)  Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo 
y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se 
garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 
metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los 
trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.
d)  Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto 
trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas 
horarias de previsible mayor afluencia.
e)  Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los 
puestos de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la 
actividad laboral sea posible.
2.  Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en 
aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en 
periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 
con COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo.
3.  Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se 
contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o 
centro de salud correspondiente, y, en su caso, con los correspondientes servicios de 
prevención de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocará una 
mascarilla y seguirá las recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación 
médica sea valorada por un profesional sanitario.
Artículo 8.  Centros, servicios y establecimientos sanitarios.
La administración sanitaria competente garantizará que se adoptan las medidas 
organizativas, de prevención e higiene para asegurar el bienestar de los trabajadores y los 
pacientes. Asimismo, garantizará la disponibilidad de los materiales de protección 
necesarios en las ubicaciones pertinentes, la limpieza y desinfección de las áreas utilizadas 
y la eliminación de residuos, así como el mantenimiento adecuado de los equipos e 
instalaciones.
Artículo 9.  Centros docentes.
Las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de 
los centros docentes, públicos o privados, que impartan las enseñanzas contempladas en 
el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de las normas de 
desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros que aquellas  e.e
establezcan. w.b
En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que  08ww
rpeuseudltaenn  nceucmepslairr ialass p ianrdai ceavictaiorn aegslo dmee rdaicsitoannecsia y  og alrimanittaizcaiór qnu dee e lc aolnutmanctaodso,  ya tsría bcaojmadoo rlaess 
medeudciadtaivsa sd.e prevención personal, que se indiquen por las autoridades sanitarias y
Artículo 10.  Servicios sociales.
1.  Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los 
titulares de centros de servicios sociales de carácter residencial y centros de día de las 
normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de las instalaciones, que 
aquellas establezcan.
En particular, velarán por que su normal actividad se desarrolle en condiciones que 
permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio.
2.  Las autoridades competentes deberán garantizar la coordinación de los centros 
residenciales de personas con discapacidad, de personas mayores y de los centros de 
emergencia, acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género y otras formas 
de violencia contra las mujeres, con los recursos sanitarios del sistema de salud de la 
comunidad autónoma en que se ubiquen.
3.  Los titulares de los centros han presentar a la autoridad sanitaria que la comunidad 
autónoma determine en virtud de sus competencias, un Plan de Contingencia COVID-19 
orientado a la identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores y sus 
contactos, activando en su caso los procedimientos de coordinación con la estructura del 
servicio de salud que corresponda.
4.  La prestación del resto de servicios recogidos en el Catálogo de Referencia de 
Servicios Sociales, aprobado por Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia el 16 de enero de 2013, y en el 
artículo 3.1 del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia 
de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, deberá realizarse asegurando 
que se adoptan las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.
Artículo 11.  Establecimientos comerciales.
Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares 
de los establecimientos comerciales de venta minorista o mayorista de cualquier clase de 
artículos de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que 
aquellas determinen.
En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que 
resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que clientes y trabajadores 
mantengan una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible 
mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas 
para prevenir los riesgos de contagio.
Las administraciones competentes prestarán especial atención a las particularidades 
de los centros y parques comerciales y de los mercados que desarrollan su actividad en la 
vía pública al aire libre o de venta no sedentaria, comúnmente denominados mercadillos.
Artículo 12.  Hoteles y alojamientos turísticos.
Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares 
de hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos, residencias universitarias y 
similares, y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas 
y otros establecimientos similares, de las normas de aforo, desinfección, prevención y 
acondicionamiento que aquellas determinen.
En particular, se asegurará que en las zonas comunes de dichos establecimientos se 
adoptan las medidas organizativas oportunas para evitar aglomeraciones y garantizar que 
clientes y trabajadores mantengan una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5  e
metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las  bo
medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. 08ww
Artículo 13.  Actividades de hostelería y restauración.
de bLaarse sa,d mreisntiasturaracniotense sy c doemmpáeste netsetsa bdleebceimráienn atoses gduera hr oesl tceulemrpíali my ierenstota puorar cloiósn t itduela rlaess 
normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que se determinen.
En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que 
resulten necesarias para evitar aglomeraciones tanto dentro del establecimiento como en 
los espacios de terrazas autorizados y garantizar que clientes y trabajadores mantengan 
una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener 
dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para 
prevenir los riesgos de contagio.
Artículo 14.  Equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras actividades recreativas.
Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares 
de equipamientos culturales, tales como museos, bibliotecas, archivos o monumentos, así 
como por los titulares de establecimientos de espectáculos públicos y de otras actividades 
recreativas, o por sus organizadores, de las normas de aforo, desinfección, prevención y 
acondicionamiento que aquellas determinen.
En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para 
garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como el debido control para 
evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se 
observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.
Artículo 15.  Instalaciones para las actividades y competiciones deportivas.
1.  Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los 
titulares de las instalaciones en las que se desarrollen actividades y competiciones 
deportivas, de práctica individual o colectiva, de las normas de aforo, desinfección, 
prevención y acondicionamiento que aquellas establezcan.
En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para 
garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como el debido control para 
evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se 
observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.
2.  En el caso de la Liga de Fútbol Profesional y la Liga ACB de baloncesto, la 
administración competente para la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior será 
el Consejo Superior de Deportes, previa consulta al organizador de la competición, al 
Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas. Las decisiones adoptadas por 
dicho órgano atenderán de manera prioritaria a las circunstancias sanitarias así como a la 
necesidad de proteger tanto a los deportistas como a los ciudadanos asistentes a las 
actividades y competiciones deportivas.
Artículo 16.  Otros sectores de actividad.
Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares 
de cualquier otro centro, lugar, establecimiento, local o entidad que desarrolle su actividad 
en un sector distinto de los mencionados en los artículos anteriores, o por los responsables 
u organizadores de la misma, cuando pueda apreciarse riesgo de transmisión comunitaria 
de COVID-19 con arreglo a lo establecido en el artículo 5, de las normas de aforo, 
desinfección, prevención y acondicionamiento que aquellas establezcan.
En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para 
garantizar una distancia interpersonal mínima de, al menos, 1,5 metros, así como el debido 
control para evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de 
seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de 
contagio.
CAPÍTULO III w.
Medidas en materia de transportes
Artículo 17.  Transporte público de viajeros.
1.  En los servicios de transporte público de viajeros de competencia estatal  Bc
ferroviario y por carretera que estén sujetos a un contrato público o a obligaciones de
servicio público, los operadores deberán ajustar los niveles de oferta a la evolución de la 
recuperación de la demanda, con objeto de garantizar la adecuada prestación del 
servicio, facilitando a los ciudadanos el acceso a sus puestos de trabajo y a los servicios 
básicos, y atendiendo a las medidas sanitarias que puedan acordarse para evitar el 
riesgo de contagio del COVID-19.
En cualquier caso, deberán evitarse las aglomeraciones, así como respetarse las 
medidas adoptadas por los órganos competentes sobre el volumen de ocupación de 
vehículos y trenes.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el titular de la Dirección 
General de Transporte Terrestre podrá adecuar la oferta de tales servicios para garantizar 
su correcto funcionamiento, cuando existan razones de interés general que así lo 
aconsejen.
3.  Los operadores de transporte aéreo y terrestre interprovinciales con número de 
asiento preasignado deberán recabar información para contacto de todos los pasajeros y 
conservar los listados un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al viaje. Asimismo, 
deberán facilitar estos listados a las autoridades de salud pública cuando se requieran con 
la finalidad de realizar la trazabilidad de contactos.
Artículo 18.  Transporte marítimo.
1.  En los servicios de las líneas regulares de transporte marítimo de pasaje y pasaje 
y carga rodada, con independencia de que estén o no sujetos a un contrato público o a 
obligaciones de servicio público, el titular de la Dirección General de la Marina Mercante 
podrá modular los niveles de prestación de los citados servicios, de tal forma que se 
garantice una adecuada prestación de los mismos, atendiendo a las medidas sanitarias 
que puedan acordarse para evitar el riesgo de contagio del COVID-19.
Los operadores marítimos darán cumplimiento a las medidas preventivas y de control 
que se establezcan por las autoridades competentes.
2.  Los operadores de transporte marítimo cuyos buques y embarcaciones dispongan 
de número de asiento preasignado deberán recabar información de contacto para todos 
los pasajeros y conservar los listados un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al 
viaje. Asimismo, deberán facilitar estos listados a las autoridades de salud pública cuando 
se requieran con la finalidad de realizar la trazabilidad de contactos.
3.  Se habilita al titular de la Dirección General de la Marina Mercante para ordenar, a 
propuesta del Ministerio de Sanidad, la adopción de las medidas sanitarias que procedan 
para el control de los buques de pasaje de transbordo rodado y buques de pasaje, incluidos 
los de tipo crucero, que realicen viajes internacionales y naveguen por aguas del mar 
territorial con objeto de entrar en los puertos españoles abiertos a la navegación 
internacional.
CAPÍTULO IV
Medidas relativas a medicamentos, productos sanitarios y productos necesarios 
para la protección de la salud
Artículo 19.  Medidas en materia de medicamentos.
1.  Los fabricantes y los titulares de autorizaciones de comercialización, con 
independencia de que estén actuando por si mismos o a través de entidades de distribución  e
por contrato, de aquellos medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis  bo
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y que así determine el titular de la Dirección de la  08ww
Acsiniugtcameludniynace iisAnatd grEaoed snlapacsa iae ñf,eno c elalhna a  dslúoe lys tiM  mctéaearnd mtisicdieanammodsaee nsnq atueo seyst   iemylas a Ptapdr aroeesdvs.uitsacibtóolnes z dSceaa ,n liiebtale rsriaotocsci,ó kdn ed ybis eprreoácnnei bpclcoeim,ó lnua n dciceaa nrlot iadte alsad,    OE-A-2021-49able en https://
2.  Los sujetos a los que se refiere el apartado anterior deberán establecer las 
medidas necesarias y habilitar los protocolos que permitan garantizar el abastecimiento de 
los medicamentos que determine el titular de la Dirección de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios a los centros y servicios sanitarios de acuerdo con 
sus necesidades. Asimismo, dichas medidas deberán asegurar el abastecimiento suficiente 
durante periodos vacacionales y fines de semana.
3.  El Ministro de Sanidad podrá ordenar la priorización de la fabricación de los 
medicamentos a los que se refiere el apartado 1. Asimismo, la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios podrá recabar de los fabricantes de medicamentos 
información sobre las operaciones de fabricación previstas.
Artículo 20.  Otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y 
puesta en funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE.
1.  La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá otorgar, 
previa solicitud del interesado, antes del 31 de julio de 2020, una licencia excepcional 
previa de funcionamiento de instalaciones o una modificación temporal de la licencia previa 
de funcionamiento de instalaciones existente, para la fabricación de mascarillas quirúrgicas 
y batas quirúrgicas en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 tras la 
valoración en cada caso de las condiciones generales de las instalaciones, su sistema de 
calidad y documentación del producto fabricado.
2.  Cuando en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 1591/2009, 
de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios expida una autorización expresa para la utilización 
de mascarillas quirúrgicas y batas quirúrgicas en la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 que no hayan satisfecho los procedimientos de evaluación de la 
conformidad de acuerdo con el artículo 13 de dicho Real Decreto, con carácter excepcional, 
en función del producto y previa valoración en cada caso de las garantías ofrecidas por el 
fabricante, podrá establecer qué garantías sanitarias de las previstas en el artículo 4 del 
Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, resultan exigibles.
3.  La eventual responsabilidad patrimonial que pudiera imputarse por razón de la 
licencia excepcional previa de funcionamiento de instalaciones, el uso de productos sin 
el marcado CE, en aplicación del artículo 15 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de 
octubre, o de las garantías sanitarias no exigidas a los productos a los que se refieren 
los apartados anteriores será asumida por la Administración General del Estado, de 
acuerdo con las disposiciones aplicables de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, siempre que dicho producto sanitario haya sido entregado al 
Ministerio de Sanidad con la finalidad de atender a los afectados por la pandemia 
ocasionada por el COVID-19 o ayudar a su control, sin la obtención de ningún tipo de 
beneficio empresarial por parte de la persona física o jurídica autorizada para su 
fabricación y puesta en funcionamiento o de cualesquiera otras que intervengan en dicho 
proceso. Las autorizaciones que se expidan en aplicación de la presente Ley invocarán 
expresamente este artículo y dejarán constancia de las circunstancias a que se refiere 
el mismo.
Artículo 21.  Medidas en materia de biocidas.
1.  Se autoriza el uso de bioetanol que cumpla las especificaciones recogidas en el 
anexo para la producción de geles y soluciones hidroalcohólicas de desinfección de  e.e
manos. b
2.  La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá autorizar la  08ww
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Ecounro lpaes ae sdpee cSiuficsatacniocniaess  ye sMtaebzlcelcaisd aQsu eímn ilcaa Fsa, rsmieamcoppree aq uEeu reospteaa s.ustancia activa cumpla
CAPÍTULO V
Detección precoz, control de fuentes de infección y vigilancia epidemiológica
Artículo 22.  Declaración obligatoria de COVID-19.
El COVID-19, enfermedad producida por la infección por el virus SARS-CoV-2, es una 
enfermedad de declaración obligatoria urgente, a efectos de lo previsto en el Real 
Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia 
epidemiológica.
Artículo 23.  Obligación de información.
1.  Se establece la obligación de facilitar a la autoridad de salud pública competente 
todos los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica del COVID-19 
que le sean requeridos por esta, en el formato adecuado y de forma diligente, incluidos, en 
su caso, los datos necesarios para la identificación personal.
2.  La obligación establecida en el apartado anterior es de aplicación al conjunto de 
las administraciones públicas, así como a cualquier centro, órgano o agencia dependiente 
de estas y a cualquier otra entidad pública o privada cuya actividad tenga implicaciones en 
la identificación, prevención, diagnóstico, seguimiento o manejo de los casos COVID-19.
En particular, será de aplicación a todos los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios y servicios sociales, tanto del sector público como del privado, así como a los 
profesionales sanitarios que trabajan en ellos.
Artículo 24.  Detección y notificación.
1.  Los servicios de salud de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta 
y Melilla garantizarán que, en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial en la 
atención primaria de salud, a todo caso sospechoso de COVID-19 se le realizará una 
prueba diagnóstica por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) u otra técnica de 
diagnóstico de infección COVID-19, tan pronto como sea posible desde el conocimiento de 
los síntomas, y que toda la información derivada se transmita en tiempo y forma según se 
establezca por la autoridad sanitaria competente.
2.  Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y de las ciudades de 
Ceuta y Melilla comunicarán al Ministerio de Sanidad la información de casos y brotes 
según se establezca en los protocolos aprobados en el seno del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud.
3.  Los protocolos de vigilancia aprobados en el seno del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud serán de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, sin 
perjuicio de que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla puedan 
adaptarlos a sus respectivas situaciones, manteniendo siempre los objetivos mínimos 
acordados.
En los protocolos se incluirán las definiciones necesarias para garantizar la 
homogeneidad de la vigilancia, las fuentes de información, las variables epidemiológicas 
de interés, el circuito de información, la forma y periodicidad de captación de datos, la 
consolidación y el análisis de la información.
Artículo 25.  Comunicación de datos de pruebas diagnósticas.
Los  laboratorios,  públicos  y  privados,  así  como  los  centros,  servicios  y  b
establecimientos sanitarios que realicen las pruebas de diagnóstico COVID-19 mediante  08ww
PauCtoRr iuda odt rsaasn titéacrniaic daes  ldae c doimagunnóidsatidc oa udteó nionmfeacc eiónn l,a d qeubee rsáen  erencmuietinr tdreianr ilaoms ednatteo sa  dlae 
taoddmaisn ilsatsra pcrióune breassp reecatilvizaa.das a través del Sistema de Información establecido por la
Las Consejerías con competencias en materia sanitaria de las comunidades 
autónomas recogerán los datos de las pruebas diagnósticas COVID-19 indicadas en su 
ámbito territorial, que permitan el seguimiento epidemiológico, y remitirán los mismos al 
Ministerio de Sanidad a través del sistema de información que este establezca al efecto.
Artículo 26.  Provisión de información esencial para la trazabilidad de contactos.
Los establecimientos, medios de transporte o cualquier otro lugar, centro o entidad 
pública o privada en los que las autoridades sanitarias identifiquen la necesidad de realizar 
trazabilidad de contactos, tendrán la obligación de facilitar a las autoridades sanitarias la 
información de la que dispongan o que les sea solicitada relativa a la identificación y datos 
de contacto de las personas potencialmente afectadas, sin perjuicio del derecho legal a la 
protección de sus datos.
Artículo 27.  Protección de datos de carácter personal.
1.  El tratamiento de la información de carácter personal que se realice como 
consecuencia del desarrollo y aplicación de la presente Ley se hará de acuerdo a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en lo establecido en los 
artículos ocho.1 y veintitrés de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. En 
particular, las obligaciones de información a los interesados relativas a los datos obtenidos 
por los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley se ajustarán a lo 
dispuesto en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, teniendo en cuenta las excepciones y obligaciones 
previstas en su apartado 5.
2.  El  tratamiento  tendrá  por  finalidad  el  seguimiento,  vigilancia  y  control 
epidemiológico del COVID-19 para prevenir y evitar situaciones excepcionales de especial 
gravedad, atendiendo a razones de interés público esencial en el ámbito específico de la 
salud pública, y para la protección de intereses vitales de los afectados y de otras personas 
físicas al amparo de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. Adicionalmente, los datos podrán ser 
utilizados, en su caso, para la emisión por la autoridad sanitaria competente de certificados 
de pruebas diagnósticas o de vacunación, previa solicitud expresa e inequívoca del 
interesado o su representante legal. Los datos recabados serán utilizados exclusivamente 
para las finalidades descritas.
3.  Los responsables del tratamiento serán las comunidades autónomas, las ciudades 
de Ceuta y Melilla y el Ministerio de Sanidad, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
que garantizarán la aplicación de las medidas de seguridad preceptivas que resulten del 
correspondiente análisis de riesgos, teniendo en cuenta que los tratamientos afectan a 
categorías especiales de datos y que dichos tratamientos serán realizados por 
administraciones públicas obligadas al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.
El Ministerio realizará una evaluación de impacto relativa a la protección de datos que 
dan lugar a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 35.10 del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
4.  El intercambio de datos con otros países se regirá por el Reglamento (UE) 2016/679  e.e
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, teniendo en cuenta la  b
Decisión n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre  08ww
dSea n2it0a1ri3o,  Isnotebrrnea lcaiso naaml e(2n0a0z5a)s  rtervainssafdroon, taedriozpatsa dgora pvoers  lap a5r8a. ªla A ssaalmudb leya e Ml Runedgilaalm deen tloa 
Salud celebrada en Ginebra el 23 de mayo de 2005.
CAPÍTULO VI
Medidas para garantizar las capacidades del sistema sanitario
Artículo 28.  Recursos humanos.
Las administraciones competentes velarán por garantizar la suficiente disponibilidad 
de profesionales sanitarios con capacidad de reorganización de los mismos de acuerdo 
con las prioridades en cada momento. En particular, garantizarán un número suficiente de 
profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico 
temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica.
Artículo 29.  Planes de contingencia ante COVID-19.
Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas deben tener planes de 
contingencia que garanticen la capacidad de respuesta y la coordinación entre los servicios 
de Salud Pública, atención primaria y atención hospitalaria.
Asimismo, los centros de atención primaria y hospitalarios, de titularidad pública o 
privada, deben contar con planes internos para hacer frente a la gestión de situaciones de 
emergencia relacionadas con COVID-19. Dichos planes deberán garantizar la capacidad 
para responder ante incrementos importantes y rápidos de la transmisión y el consiguiente 
aumento en el número de casos. Para ello, se debe disponer, o tener acceso o capacidad 
de instalar en el plazo preciso los recursos necesarios para responder a incrementos 
rápidos de casos en base a las necesidades observadas durante la fase epidémica de la 
enfermedad.
Estos planes deberán incluir también las actuaciones específicas para la vuelta a la 
normalidad.
Artículo 30.  Obligaciones de información.
Las comunidades autónomas deberán remitir al Ministerio de Sanidad la información 
sobre la situación de la capacidad asistencial y de necesidades de recursos humanos y 
materiales, en los términos que se establezcan por el titular de la Dirección General de 
Salud Pública, del Ministerio de Sanidad, previa consulta a las comunidades autónomas.
CAPÍTULO VII
Régimen sancionador
Artículo 31.  Infracciones y sanciones.
1.  El incumplimiento de las medidas de prevención y de las obligaciones establecidas 
en esta Ley, cuando constituyan infracciones administrativas en salud pública, será 
sancionado en los términos previstos en el título VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública.
La vigilancia, inspección y control del cumplimiento de dichas medidas, así como la 
instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores que procedan, corresponderá 
a los órganos competentes del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades 
locales en el ámbito de sus respectivas competencias.
2.  El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas establecido en el  e
artículo 6 será considerado infracción leve a efectos de lo previsto en el artículo 57 de la  bo
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y sancionado con multa de hasta  08ww
ccaiorernens3g et.li otuu rayEoa sll on.i n dicnisufrpmaucpeclsiimotonie eensnt o al addsme l ienlayisset srma steievdcaitdsoa reisan lp eersle  ácvomisrtbraeistso pe donen lld otirsea nnatesrtpsíc.ourtloes,  s1e7r.á2  sya n1c8i.o1n, acduoa ncdoon   OE-A-2021-49able en https://
4.  Se habilita a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
integrantes del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y del 
Cuerpo de Subinspectores Laborales, escala de Seguridad y Salud Laboral para vigilar y 
requerir, y en su caso, extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento por 
parte del empleador de las medidas de salud pública establecidas en los párrafos a), b), c) 
del artículo 7.1, y en el párrafo d) del mismo, cuando afecten a las personas trabajadoras.
Dicha habilitación se extiende a los funcionarios habilitados por las comunidades 
autónomas para realizar funciones técnicas comprobatorias, a los que se refiere el 
artículo 9.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, de 
acuerdo con las facultades que tienen atribuidas.
5.  El incumplimiento por el empleador de las obligaciones a las que se refiere el 
apartado anterior constituirá infracción grave, que será sancionable en los términos, por 
los órganos y con el procedimiento establecidos para las infracciones graves en materia 
de prevención de riesgos laborales, por el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto.
En el caso de incumplimientos de las administraciones públicas, se procederá 
conforme al procedimiento especial previsto en el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de 
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas 
correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito 
de la Administración General del Estado, o en la normativa autonómica de aplicación.
6.  El régimen previsto en los apartados 4 y 5 se podrá adaptar en lo que las 
comunidades autónomas determinen dentro de su ámbito de competencias.
Disposición adicional primera.  Controles sanitarios y operativos en aeropuertos gestionados 
por Aena.
1.  Aena S.M.E., S.A. (en adelante, Aena), como gestora de la red de aeropuertos de 
interés general, pondrá a disposición de los servicios centrales y periféricos de Sanidad 
Exterior de modo temporal los recursos humanos, sanitarios y de apoyo, necesarios con el 
fin de garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales 
en los aeropuertos gestionados por Aena, en los términos que, de común acuerdo, se 
dispongan entre Aena y el Ministerio de Sanidad.
A tal efecto, ambas partes formalizarán, con carácter previo al inicio de su colaboración, 
un convenio en el que se detallen los medios necesarios, aeropuertos en los que existirá 
el  servicio,  los  procedimientos  de  coordinación,  los  derechos,  obligaciones  y 
responsabilidades de las partes. Las contrataciones que Aena realice en ejecución de ese 
convenio deberán utilizar el procedimiento de emergencia.
En todo caso, los datos de salud y cualquier otro conexo obtenidos en el ejercicio de 
estas funciones de control sanitario serán de exclusiva titularidad del Ministerio de Sanidad, 
no pudiendo, en ningún caso, Aena almacenar, acceder ni tratarlos por cuenta del 
Ministerio de Sanidad.
2.  Aena tendrá derecho a recuperar los costes en los que incurra como consecuencia 
de la colaboración con las autoridades sanitarias prevista en este artículo y de las restantes 
medidas operativas de seguridad e higiene que deban adoptar como consecuencia de la 
pandemia COVID-19.
A estos efectos, en el cálculo de la recuperación de los costes efectivamente incurridos 
por la colaboración en la realización de los controles de sanidad en el entorno aeroportuario  e.
y las medidas operativas de seguridad e higiene adoptadas, se descontarán las posibles  w.
subvenciones u otro tipo de ayudas económicas que eventualmente pueda recibir Aena  08ww
paraD lilcehvoasr  aco csatebso  sees traesc uapcetirvaidráand eesn. el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria
(MDeOrcRaAd)o sy ,y  plao rC eolmlop seeternácni aa dnuarliaznatdeo esl  pyr oscuepseor vdisea tdraonss ppaorre lnac iCa oym ciosniósnu ltNaa rceicoongaidl od ee nlo las   BOE-A-cable e
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia.
Si estos costes no pudieran recuperarse en el marco del DORA 2017-2021, con el 
objetivo de minimizar el impacto de su aplicación sobre el sector, podrán ser recuperados, 
debidamente capitalizados, en cualquiera de los siguientes DORAs. En este último caso, 
a los costes que se traspasen a los siguientes DORAs no les será de aplicación lo previsto 
en el apartado 1, 2.b) y 3.c) de la disposición transitoria sexta de la Ley 18/2014, de 15 de 
octubre.
Disposición adicional segunda.  Sanidad exterior en puertos de interés general.
Las Autoridades Portuarias, como gestoras de los puertos de interés general, pondrán 
a disposición de los servicios centrales y periféricos de Sanidad Exterior los recursos 
necesarios con el fin de garantizar la valoración sanitaria y epidemiológica en los puertos 
de interés general, en los términos que, de común acuerdo, se dispongan entre Puertos 
del Estado y el Ministerio de Sanidad. A tal efecto, en el marco de la recíproca leal 
colaboración entre ambos organismos públicos, con el fin de cumplir con los procedimientos 
establecidos en materia de Sanidad Exterior, ambas partes formalizarán un convenio en el 
marco del cual se facilitarán recíprocamente la información que precisen sobre la actividad 
que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias, se detallen los medios 
necesarios, la lista inicial de los puertos de interés general en los que ha de existir el 
servicio, los procedimientos de coordinación, los derechos y obligaciones de las partes, así 
como los requisitos de la solución tecnológica a desarrollar para los puertos de interés 
general, con el fin de gestionar los datos de salud de los pasajeros internacionales. En 
todo caso, los datos de salud de los pasajeros obtenidos en el ejercicio de estas funciones 
de control serán de exclusiva titularidad del Ministerio de Sanidad en la materia objeto de 
inspección, no pudiendo, en ningún caso, las Autoridades Portuarias o Puertos del Estado 
almacenar, acceder ni tratarlos por cuenta del Ministerio de Sanidad.
En caso de que los gastos del ejercicio del control sanitario de pasajeros en régimen 
de pasaje internacional no fueran sufragados por fondos asignados al Ministerio de 
Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana procedentes de la Unión Europea para compensar 
los gastos derivados de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, los costes que 
impliquen el ejercicio de estas funciones se recuperarán conforme a los mecanismos 
establecidos en el Real Decreto-ley 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Las Autoridades Portuarias podrán utilizar el procedimiento de emergencia para las 
contrataciones de los recursos sanitarios necesarios con el fin de garantizar la valoración 
sanitaria y epidemiológica a la entrada de pasajeros internacionales en los puertos de 
interés general.
Disposición adicional tercera.  Autorización para el otorgamiento de avales a las 
operaciones de financiación que realice el Banco Europeo de Inversiones a través del 
Fondo Paneuropeo de Garantías en respuesta a la crisis del COVID-19.
1.  Al amparo de lo establecido en el artículo 114 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, se autoriza a la Administración General del Estado a 
otorgar avales por importe máximo de 2.817.500.000 euros en el año 2020 para cubrir los 
costes y las pérdidas en las operaciones de financiación que realice el Grupo Banco 
Europeo de Inversiones a través del Fondo Paneuropeo de Garantías en repuesta a la  e.e
crisis del COVID-19. Los avales serán incondicionales, irrevocables y a primera demanda  b
del Banco Europeo de Inversiones y con renuncia al beneficio de excusión establecido en  08ww
el ar2tí.c uSloe 1 .h8a3b0il idtae l aC lóad iMgoin Cisitvrail. de Asuntos Económicos y Transformación Digital para
ddiec tIanrv elorss iaocnteoss  enne cloess aqruioes s ey  peastraab fliermzcaarn e llo asc tuéermrdion oos l oesn  aqcuuee srdeo ost ocrognu eenl  Bloasn acvoa Eleusr oyp leaos 
condiciones de pago. La Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá
convenir las cláusulas que resulten usuales en los mercados financieros, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, mediante la firma 
de un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones.
3.  Se autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a realizar los 
pagos correspondientes a los gastos y ejecuciones del aval mediante operaciones de 
tesorería con cargo a los conceptos específicos que se creen a tal fin.
Con posterioridad a la realización de los pagos, la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera procederá a la aplicación al presupuesto de gastos de los pagos 
realizados en el ejercicio. Los pagos efectuados en el mes de diciembre de cada año se 
aplicarán al presupuesto de gastos en el trimestre inmediatamente siguiente.
4.  Los importes correspondientes a las ejecuciones de los avales otorgados se 
atenderán desde la partida presupuestaria del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital 27.04.923O.351 «Cobertura de riesgos en avales prestados por el 
Tesoro, incluidos los riesgos de ejercicios anteriores». Este crédito tiene el carácter de 
ampliable, según el anexo II «Créditos ampliables» de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2018, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y le será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, en lo relativo a estos avales.
5.  Los importes correspondientes a los costes, gastos o comisiones en relación con 
el Fondo Paneuropeo de Garantías que devengue el Banco Europeo de Inversiones se 
atenderán desde la partida presupuestaria 27.04.923O.359 «Otros gastos financieros».
Disposición adicional cuarta.  Fuerzas Armadas.
En el ámbito de las Fuerzas Armadas, la Inspección General de Sanidad de la Defensa, 
realizará las acciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones previstas en la 
presente Ley dando cuenta de las mismas al Ministerio de Sanidad.
Disposición adicional quinta.  Gestión de la prestación farmacéutica.
1.  Hasta que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.3 de la presente 
Ley, la custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso humano 
corresponderá, además de a los sujetos previstos en el artículo 3.6 del texto refundido de 
la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, a los servicios de farmacia de los 
centros de asistencia social, de los centros psiquiátricos y de las instituciones 
penitenciarias, para su aplicación dentro de dichas instituciones.
2.  Asimismo, hasta el momento que se declare la citada finalización, cuando exista 
una situación excepcional sanitaria, con el fin de proteger la salud pública, o bien cuando 
la situación clínica, de dependencia, vulnerabilidad, riesgo o de distancia física del paciente 
a los centros indicados en los párrafos b) y c) del artículo 3.6 del texto refundido de la Ley 
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios así lo requiera, los 
órganos, o autoridades competentes de la gestión de la prestación farmacéutica de las 
comunidades autónomas podrán establecer las medidas oportunas para la dispensación 
de medicamentos en modalidad no presencial, garantizando la óptima atención con la 
entrega, si procede, de los medicamentos en centros sanitarios o, en establecimientos 
sanitarios autorizados para la dispensación de medicamentos próximos al domicilio del  s
paciente, o en su propio domicilio. oe.
El suministro de los medicamentos hasta el lugar de destino, así como el seguimiento  w.
ftnraoar nmssuapfcroeor ttneei nryag peunéntuaret iagcloate  rdsaeeclr ióámn e rndeiis cmpaoemnremsnaatbo di ledid esabude c ráad leirdel aasdlei.zravrisceio d dee m faanremraa cqiau ed sisep aesnesgaudroer .q uEel   2021-4908n https://ww
Disposición adicional sexta.  Reglas aplicables a los contratos de trabajo suscritos con 
cargo a financiación de convocatorias públicas de recursos humanos en el ámbito de la 
investigación y a la integración de personal contratado en el Sistema Nacional de Salud.
1.  Las entidades que hubieran suscrito contratos de trabajo de duración determinada 
con cargo a la financiación procedente de convocatorias de ayudas de recursos humanos 
realizadas por agentes de financiación del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, bajo cualquier modalidad laboral y en el marco de la Ley 14/2011, de 1 de 
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, podrán prorrogar la vigencia de los 
mismos en las condiciones previstas en esta disposición adicional, por un periodo máximo 
de 5 meses.
2.  La eventual prórroga se aplicará a los contratos que tengan prevista su finalización 
entre el día 2 de abril de 2021 y el día 1 de abril de 2023.
3.  La duración total del contrato de trabajo y de su eventual prórroga podrá exceder 
los límites temporales máximos previstos en la Ley 14/2011, de 1 de junio. En todo caso, 
la prórroga no dará lugar a la adquisición de la naturaleza fija de los correspondientes 
contratos laborales sujetos a la misma por parte del personal contratado.
En el caso de los contratados predoctorales, el tiempo de permanencia en el programa 
de doctorado podrá asimismo exceder los límites previstos en el artículo 3 del Real 
Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado.
4.  Los costes laborales y sociales derivados de dicha prórroga serán financiados con 
cargo a los presupuestos del órgano, organismo o entidad convocante del Ministerio de 
Ciencia e Innovación y del Ministerio de Universidades, en las mismas condiciones 
económicas que la convocatoria correspondiente. Se autoriza a los titulares de los órganos 
superiores y directivos, presidentes y directores de los organismos convocantes la 
realización de las modificaciones y variaciones presupuestarias que resulten necesarias 
para dar lugar a dicha financiación, así como la reanualización de los expedientes de gasto 
correspondientes.
5.  Los órganos y entidades convocantes podrán dictar las resoluciones que resulten 
precisas para adaptar las condiciones previstas en sus correspondientes convocatorias de 
ayudas contempladas en esta disposición adicional, pudiendo modificar mediante las 
mismas las condiciones y plazos de la ejecución y justificación de las ayudas, así como 
cuantas cuestiones pudieran afectar al adecuado desarrollo de los contratos en sus 
distintas modalidades y otros conceptos de gasto por motivo de la aplicación de lo 
dispuesto en esta disposición.
6.  Aquellos contratos de trabajo de duración determinada que hubieran prorrogado 
su vigencia con arreglo a lo señalado en la Disposición adicional decimotercera del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, no 
podrán beneficiarse de una segunda prórroga en virtud de lo indicado en esta disposición 
adicional.
Disposición adicional séptima.  Suspensión del visado de inspección médica para el 
acceso a la triple terapia en la EPOC durante la vigencia de la emergencia sanitaria de 
la COVID-19.
El Ministerio de Sanidad, en el ejercicio de sus competencias y de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 618/2007, de 11 de mayo, suspenderá, con carácter  e.e
excepcional y vigencia hasta la finalización de la emergencia sanitaria ocasionada por  b
la COVID-19 en los términos previstos en esta Ley, el visado de inspección médica  08ww
rCerqóuneicraid o(E ePnO lCa)  pcroens clari pficniaólnid adde  dlae  tervipitlaer  tlear aepxipao seinc iólan  Ednef eesrmtoesd paadc iPeunltmeso naal Sr AORbSst-rCuoctViv-2a 
qhousep iptauleedsa o  pcreonvtroocsa dr ee ssatalu dm.ayor presencia en lugares de riesgo de contagio como
Asimismo, por acuerdo del Consejo de Ministros podrá extenderse esta suspensión del 
visado de inspección médica en relación con otras patologías, a los mismos efectos de 
evitar la exposición de los pacientes que las padezcan al contagio de SARS-CoV-2.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en esta Ley.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre 
Navegación Aérea.
Se modifica la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, para adicionarle 
una nueva disposición final sexta del siguiente tenor:
«Sexta.
Se habilita a la persona titular de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, en el marco de sus competencias, para conceder de oficio a los titulares o 
solicitantes de licencias, certificados, habilitaciones o autorizaciones, exenciones 
específicas al cumplimiento de la normativa aplicable en materia de aviación civil en 
los ámbitos no regulados por la normativa de la Unión Europea, cuando se 
produzcan circunstancias urgentes imprevistas o necesidades operativas urgentes, 
siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
a)  Que no sea posible hacer frente a esas circunstancias o necesidades de 
forma adecuada cumpliendo los requisitos aplicables.
b)  Que se garantice la seguridad en caso necesario mediante la aplicación de 
las correspondientes medidas de mitigación.
c)  Que se mitigue cualquier posible distorsión de las condiciones del mercado 
como consecuencia de la concesión de la exención en la medida de lo posible.
d)  Que el alcance y la duración de la exención estén limitados a lo que resulte 
estrictamente necesario y que esta se aplique sin ocasionar discriminación.
Asimismo, dichas exenciones se podrán emitir, si se cumplen todas las 
condiciones mencionadas en el párrafo anterior, previa solicitud de los interesados 
en la que se motive adecuadamente su cumplimiento, se especifiquen las 
circunstancias urgentes imprevistas o las necesidades operativas urgentes y que 
incluya, por parte del solicitante, las medidas de mitigación que permitan establecer 
un nivel de seguridad operacional equivalente.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión 
y calidad del Sistema Nacional de Salud.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, 
queda modificada como sigue:
Uno.  El artículo 65 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 65.  Actuaciones coordinadas en salud pública y en seguridad alimentaria.
1.  La declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá  e
al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema  bo
Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas,  08ww
sqmauelevd oisd eeaansn  as idetuosaptrctiaciodtanamess.e ndtee  unrgeecentsea rniaesc eys isdea dle,  einn focurmyoa rcáa sdoe  sme atnomeraar áunrg leans tme eddei dlaass   OE-A-2021-49able en https://
2.  La declaración de actuaciones coordinadas obliga a todas las partes 
incluidas en ella y deberán encuadrarse en alguno de los supuestos siguientes:
1.º  Responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública.
2.º  Dar cumplimiento a acuerdos internacionales, así como a programas 
derivados de las exigencias de la normativa emanada de la Unión Europea, cuando 
su cumplimiento y desarrollo deba ser homogéneo en todo el Estado.
Para la realización de las actuaciones coordinadas podrá acudirse, entre otros, 
a los siguientes mecanismos:
a)  Utilización común de instrumentos técnicos.
b)  Coordinación y refuerzo de la Red de Laboratorios de Salud Pública.
c)  Definición de estándares mínimos para el análisis e intervención sobre 
problemas de salud.
d)  Refuerzo de los sistemas de información epidemiológica para la toma de 
decisiones y de los correspondientes programas de promoción, prevención y control 
de enfermedades, cuando sus efectos trasciendan el ámbito autonómico.
e)  Activación o diseño de planes y estrategias de actuación para afrontar 
emergencias sanitarias.
3.  La declaración de actuaciones coordinadas en materia de seguridad 
alimentaria corresponderá a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2001, de 5 de julio.»
Dos.  Se añade un nuevo artículo 65 bis, que queda redactado del modo siguiente:
«Artículo 65 bis.  Aportación de información al Ministerio de Sanidad en situaciones 
de emergencia para la salud pública.
Los órganos competentes en materia de salud pública de las comunidades 
autónomas deberán, en el caso de una situación de emergencia para la salud 
pública y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 65 de esta ley, aportar con 
carácter inmediato al Ministerio de Sanidad la información epidemiológica y la 
relativa a la capacidad asistencial que se requiera y la identificación de las personas 
responsables de la misma, así como las medidas de prevención, control y contención 
adoptadas por las comunidades autónomas y las entidades locales comprendidas 
en su ámbito territorial, en los términos que se establezcan por el Ministerio de 
Sanidad. Cuando se trate de las entidades locales, dicha información será recabada 
por el órgano competente en materia de salud pública de la correspondiente 
comunidad autónoma, que deberá transmitirla al Ministerio de Sanidad.
En todo caso, el Ministerio de Sanidad convocará con carácter urgente el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para informar de lo actuado.»
Disposición final tercera.  Modificación del texto refundido de la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2015, de 24 de julio.
Se modifica el apartado 3 del artículo 94 del texto refundido de la Ley de garantías y 
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2015, de 24 de julio, que queda redactado en los siguientes términos: s
«3.  El Gobierno podrá regular el mecanismo de fijación de los precios de los  w.
medicamentos y productos sanitarios no sujetos a prescripción médica, así como de  08ww
oetnr oesl  tperrorditourcitoo se snpeacñeosla, rsioigsu pieanrad ola u pnr orétegcimcióenn  dgee nlae sraall uodb jpeotibvola cyi otrnaanls qpuaer esnet ed.ispensen
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fijar el importe máximo de venta al público de los medicamentos y productos a que
se refiere el párrafo anterior por el tiempo que dure dicha situación excepcional. El 
procedimiento para la fijación del importe máximo de venta al público será acordado 
en el seno de la citada Comisión.»
Disposición final cuarta.  Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19 y medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho 
privado.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19:
Uno.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 40, que quedan redactados en los 
siguientes términos:
«1.  Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma 
y, una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, las sesiones de los 
órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades 
civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del 
patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia o por 
conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano 
dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su 
identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de 
correo electrónico de cada uno de los concurrentes. La misma regla será de 
aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o 
voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el 
domicilio de la persona jurídica.
Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y, 
una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, las juntas o 
asambleas de asociados o de socios podrán celebrarse por vídeo o por conferencia 
telefónica múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho de 
asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios, el 
secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que 
remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.
2.  Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma 
y una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, los acuerdos de los 
órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades 
civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del 
patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin 
sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo 
solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de 
aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o 
voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el 
domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el 
artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles.»
Dos.  Se deroga el artículo 42. s
Tres. oe.
1.  Excepcionalmente, durante el año 2021, a las sociedades de capital previstas en el  08ww
arertfíucnudloid 1o  ddee l laR eLaely D deec Sreotcoi eLdeagdiselsa tdiveo  C1a/2p0it1a0l,,  sdee l e2s d aep ljiuclaior,á pno lar se ls qiguueie snete asp mrueedbiad aesl: texto
a)  En el caso de las sociedades anónimas, aunque los estatutos no lo hubieran
previsto, el consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general
la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en los 
artículos 182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y del artículo 521 del 
mismo texto legal, en el caso de las sociedades anónimas cotizadas, así como la 
celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional. Además, el órgano de 
administración podrá acordar en el anuncio de convocatoria la celebración de la junta por 
vía exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física de los socios o de sus 
representantes, siempre que se acompañe de garantías razonables para asegurar la 
identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y se ofrezca la posibilidad de participar 
en la reunión por todas y cada una de estas vías: (i) asistencia telemática; (ii) representación 
conferida al Presidente de la Junta por medíos de comunicación a distancia y (iii) voto 
anticipado a través de medios de comunicación a distancia. Los administradores podrán 
asistir a la reunión, que se considerará celebrada en el domicilio social con independencia 
de donde se halle el Presidente de la Junta, por audioconferencia o videoconferencia.
b)  En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y comanditaria por 
acciones, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, podrán celebrar la junta general 
por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todas las personas 
que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios 
necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, 
que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.
2.  Excepcionalmente, durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran 
previsto, las juntas o asambleas de asociados o de socios del resto de personas jurídicas 
de Derecho privado (asociaciones, sociedades civiles y sociedades cooperativas) podrán 
celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple siempre que todas 
las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de 
los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese 
en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.
3.  Excepcionalmente, durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran 
previsto, las reuniones del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por 
videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros 
del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su 
identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo 
electrónico de cada uno de los concurrentes.
4.  Excepcionalmente durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran 
previsto, las sesiones de los órganos de administración de las asociaciones, de las 
sociedades civiles y mercantiles, y del consejo rector de las sociedades cooperativas 
podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que 
todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del 
órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las 
direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. La misma regla será 
de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o 
voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de 
la persona jurídica.
Excepcionalmente durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, 
los acuerdos de los órganos de administración de las asociaciones, de las sociedades 
civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de 
las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que 
lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los  s
miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a  e.
las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se  w.
entenderá celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo  08ww
easptraubelebcai deol  eRne egll aamrtíecnutloo  1d0e0l  Rdeelg Risetraol  DMeecrrceaton t1il7, 8a4u/1n9q9u6e,  dneo  1s9e  dtera jtueli od, ep osro ecil eqduaed eses 
mercantiles.
Disposición final quinta.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19:
Uno.  Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 36 que quedan redactados como 
sigue:
«1.  Si como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades 
competentes durante la vigencia del estado de alarma o durante las fases de 
desescalada o nueva normalidad, los contratos suscritos por los consumidores y 
usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos 
los de tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el consumidor y 
usuario tendrá derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días desde la 
imposible ejecución del mismo siempre que se mantenga la vigencia de las medidas 
adoptadas que hayan motivado la imposibilidad de su cumplimiento. La pretensión 
de resolución solo podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la propuesta o 
propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las partes, sobre la base de la 
buena fe, una solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato. Las 
propuestas de revisión podrán abarcar, entre otras, el ofrecimiento de bonos o vales 
sustitutorios al reembolso, que en todo caso quedarán sometidos a la aceptación 
por parte del consumidor o usuario. A estos efectos, se entenderá que no cabe 
obtener propuesta de revisión que restaure la reciprocidad de intereses del contrato 
cuando haya transcurrido un periodo de 60 días desde la solicitud de resolución 
contractual por parte del consumidor o usuario sin que haya acuerdo entre las partes 
sobre la propuesta de revisión.»
«4.  En el supuesto de que se trate de contratos de viaje combinado, que hayan 
sido cancelados con motivo del COVID-19, el organizador o, en su caso el minorista, 
podrán entregar al consumidor o usuario, previa aceptación por parte de este, un 
bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del 
estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera 
correspondido. Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, 
el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado 
que deberá abonarse, a más tardar, en 14 días. En cualquier caso, el eventual 
ofrecimiento de un bono sustitutorio temporal deberá contar con el suficiente 
respaldo financiero que garantice su ejecución.»
Dos.  Se deroga el artículo 37.
Disposición final sexta.  Título competencial.
1.  Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, 
que atribuye al Estado la competencia en materia de sanidad exterior, bases y coordinación 
general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos.
2.  Los artículos 17 y 18 se dictan al amparo del artículo 149.1.21.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia sobre ferrocarriles y transportes terrestres 
que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma, y 149.1.20.ª, sobre  e.
marina mercante. w.b
3.  Las disposiciones adicionales primera y segunda se dictan al amparo del  08ww
acortmícpuelot e1n4c9ia.1 e.1n6 .mª ayt e1r4ia9 .d1e.2 0sa.ªn didea dla  eCxotenrsiotirt uyc isóonb Eres paaeñrooplau,e qrtuoes  adteri binutyeer éasl  Egesntaedroa l lay 
puer4to. s dLea  indtiesrpéoss giceiónner aald, riceisopneaclt ivtearmceernate s.e dicta al amparo de lo dispuesto en el
artículo 149.1.13.ª y 14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la
competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica, y hacienda general y Deuda del Estado, respectivamente.
Disposición final séptima.  Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno y a los Ministros de Sanidad y de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta Ley.
Disposición final octava.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 respecto del ámbito de 
aplicación.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Madrid, 29 de marzo de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO
Especificaciones del bioetanol para su uso en soluciones y geles hidroalcohólicos 
de desinfección de manos
El bioetanol para su uso en soluciones y geles hidroalcohólicos de desinfección de 
manos deberá satisfacer las siguientes especificaciones:
– Metanol < 200 ppm (V/V).
– Acetaldehído < 50 ppm (V/V).
– Benceno < 2 ppm (V/V).
– Total, de otras impurezas* < 3000 ppm.
*  Junto a la solicitud de autorización se presentará un certificado con las impurezas presentes en el 
bioetanol justificativo de esta especificación. Este certificado se evaluará por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios de forma previa a la concesión de la autorización de las soluciones y geles 
hidroalcohólicos que empleen bioetanol en su fabricación.
Además, independientemente de lo anterior, la mezcla de componentes carcinogénicos 
total presentes en el bioetanol debe ser < 0,1 %.
La desnaturalización deberá hacerse con los desnaturalizantes establecidos en el 
artículo 15 de la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban 
determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación 
con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas 
de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo, 
por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el 
Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, 
forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento 
para su presentación por medios telemáticos.
Si se identifica un desabastecimiento de los desnaturalizantes establecidos en el 
párrafo anterior, la desnaturalización podrá realizarse con los desnaturalizantes específicos 
aprobados para el alcohol parcialmente desnaturalizado de acuerdo con el apartado 1 del 
artículo 75 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real 
Decreto 1165/1995, de 7 de julio.