BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 170 Jueves 18 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 41648
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
6344 Resolución de 15 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador 
de la propiedad de Zaragoza n.º 9, por la que se suspendió la inscripción de 
una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.
En el recurso interpuesto por don Fermín Moreno Ayguadé, notario de Zaragoza, 
contra la calificación del registrador de la Propiedad de Zaragoza número 9, don Juan 
José Ortín Caballé, por la que se suspendió la inscripción de una escritura de aceptación 
y adjudicación de herencia.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 29 de abril de 2019 por el notario de Zaragoza, 
don Fermín Moreno Ayguadé, se formalizó la aceptación y adjudicación de herencia por 
fallecimiento  de  don  F.  C.  M.  y  doña  A.  B.  G.  Por  haber  fallecido  los  causantes 
intestados,  se  acompañaba  a  dicha  escritura  sendas  actas  «de  declaración  de 
notoriedad de hechos para llamamiento legal de herederos» autorizadas por el mismo 
notario el día 28 de febrero de 2018, con los números 200 y 201 de protocolo.
En la primera de ellas el notario hizo constar, entre otros extremos, lo siguiente:
«Primero.  Que el día 28 de enero de 2019, número 83, fue instada ante mí la 
tramitación de acta para la declaración de notoriedad de hechos en los que se basa la 
condición de herederos por don F. J. C. B. mayor de edad, (…), vecino de (…), con 
domicilio en la calle (…), con DNI/NIF (…), y de vecindad civil aragonesa.
Ello respecto de su padre, don F. C. M., titular que fue del DNI (…), y que habiendo 
nacido en La Puebla de Alfindén (Zaragoza) el día (…), falleció en Zaragoza el día (…), 
habiendo tenido su último domicilio en la calle (…)
Era hijo de P. y P., ambos fallecidos.
Al  momento  de  su  fallecimiento,  tenía  nacionalidad  española  y  vecindad  civil 
aragonesa.
Y no había otorgado disposición alguna de última voluntad.
Falleció casado bajo régimen de consorcio conyugal aragonés con doña A. B. G. 
(fallecida el 8 de noviembre de 2018), habiendo sido éste el único matrimonio por él 
contraído, sin que existiere entre los cónyuges separación de hecho, legal o divorcio.
Tuvo dos únicos hijos:
Doña M. P. C. B., mayor de edad, (…), de vecindad civil aragonesa (…), vecina de 
(…), con domicilio en (…), con DNI/NIF (…).
Y don F. J. C. B., cuyos han [sic] sido expresados.
Segundo.  Que aseveró el requirente que no existen otros parientes de igual o mejor 
grado, y que todo ello era notorio en el círculo familiar y social del fallecido. e.
Tercero.  En el mismo acto comparecieron como testigos: w.
(…),D coonn  ED.N AI/.N SIF.  D(…., )m. ayor de edad, (…), vecino de Zaragoza, con domicilio en la calle
(…),Y c oDno ñDaN CI/N. VIF.  (M….,) .mayor de edad, (…) vecina de Zaragoza, con domicilio en la calle
Los cuales, habiendo sido advertidos de las incompatibilidades para serlo, por sus 
manifestaciones, y considerados idóneos indicaron bajo su responsabilidad y bajo pena 
de  falsedad  en  documento  público,  previa  advertencia  de  la  trascendencia  de  sus 
declaraciones, que por su conocimiento del causante, cónyuge e hijos, de ciencia propia 
sabían que eran absolutamente ciertos los hechos positivos y negativos sometidos a 
notoriedad.
Cuarto.  Fue  practicada,  además,  la  preceptiva  prueba  documental,  como 
consecuencia de la cual constan incorporados en el requerimiento:
– Certificado de defunción del causante, de cuyo original obtuve testimonio en papel 
timbrado notarial que dejé unido.
– Certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, de cuyo original 
obtuve testimonio en papel timbrado notarial que dejé unido.
– Libro de familia del que en lo pertinente extendí fotocopia en dos folios de papel 
timbrado notarial, que dejé incorporada.
– Documento Nacional de Identidad, de cuyo original obtuve testimonio en un folio 
de papel timbrado notarial que dejé unido.
Todo ello previa consulta del Archivo existente en el Colegio Notarial, que asimismo 
quedó unida.
Quinto.  Habiendo transcurrido el plazo reglamentariamente previsto, yo, Fermín 
Moreno  Ayguadé,  a  la  vista  de  las  pruebas  practicadas,  considero  acreditada  la 
notoriedad pretendida, de tal modo que, sobre la base de ella, y atendida la ley sucesoria 
aplicable,  aragonesa,  pues  tenía  el  causante  tal  vecindad  civil  al  momento  del 
fallecimiento, el llamamiento como herederos legales de don F. C. M. quedó deferido, por 
partes iguales, a favor de sus hijos:
Doña M. P. C. B.
Y don F. J.C. B.
Ello  sin  perjuicio  del  usufructo  de  viudedad  que,  con  la  extensión  universal  y 
facultades legalmente previstas a favor de doña A. G. G. (…).»
En la segunda de las referidas actas, número 201 de protocolo, el notario también 
hizo constar, entre otros extremos, lo siguiente:
«Primero.  Que el día 28 de enero de 2019, número 84, fue instada ante mí la 
tramitación de acta para la declaración de notoriedad de hechos en los que se basa la 
condición de herederos por don F. J. C. B. mayor de edad, (…), vecino de (…), con 
domicilio en la calle (…), con DNI/NIF (…), y de vecindad civil aragonesa.
Ello respecto de su madre, doña A. B. G., titular que fue del DNI (…), y que habiendo 
nacido en Paniza (Zaragoza) el día (…), falleció en Zaragoza el día (…), habiendo tenido 
su último domicilio en la calle (…)
Era hija de D. y A., ambos fallecidos.
Al  momento  de  su  fallecimiento,  tenía  nacionalidad  española  y  vecindad  civil 
aragonesa.
Y no había otorgado disposición alguna de última voluntad.
Falleció viuda de su único matrimonio con don F. C. M., que estuvo sujeto al régimen 
consorcial supletoriamente vigente en Aragón.
Tuvo dos únicos hijos: es
Doña M. P. C. B., mayor de edad, (…), de vecindad civil aragonesa (…), vecina de  w.
(…), con domicilio en (…), con DNI/NIF (…). 44ww
Y don F. J. C. B., cuyos han [sic] sido expresados.
gradSoe, gyu qnudeo .t odQou eell oa seervae nróo teolr iroe qeuni reel nctíerc quuloe  fnaom eilixaisr tye ns ooctiraols d peal rfiaelnletceisd od.e igual o mejor
Tercero.  En el mismo acto comparecieron como testigos:
Don E. A. S. D., mayor de edad, (…), vecino de Zaragoza, con domicilio en la calle 
(…), con DNI/NIF (…).
Y doña C. V. M., mayor de edad, (…) vecina de Zaragoza, con domicilio en la calle 
(…), con DNI/NIF (…).
Los cuales, habiendo sido advertidos de las incompatibilidades para serlo, por sus 
manifestaciones, y considerados idóneos indicaron bajo su responsabilidad y bajo pena 
de  falsedad  en  documento  público,  previa  advertencia  de  la  trascendencia  de  sus 
declaraciones, que por su conocimiento de la causante, cónyuge e hijos, de ciencia 
propia  sabían  que  eran  absolutamente  ciertos  los  hechos  positivos  y  negativos 
sometidos a notoriedad.
Cuarto.  Fue  practicada,  además,  la  preceptiva  prueba  documental,  como 
consecuencia de la cual constan incorporados en el requerimiento:
– Certificado de defunción de la causante, de cuyo original obtuve testimonio en 
papel timbrado notarial que dejé unido.
– Certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, de cuyo original 
obtuve testimonio en papel timbrado notarial que dejé unido.
– Libro de familia del que en lo pertinente extendí fotocopia en dos folios de papel 
timbrado notarial, que dejé incorporada.
– Documento Nacional de Identidad, de cuyo original obtuve testimonio en un folio de 
papel timbrado notarial que dejé unido.
Todo ello previa consulta del Archivo existente en el Colegio Notarial, que asimismo 
quedó unida.
Quinto.  Habiendo transcurrido el plazo reglamentariamente previsto, yo, Fermín 
Moreno  Ayguadé,  a  la  vista  de  las  pruebas  practicadas,  considero  acreditada  la 
notoriedad pretendida, de tal modo que, sobre la base de ella, y atendida la ley sucesoria 
aplicable,  aragonesa,  pues  tenía  el  causante  tal  vecindad  civil  al  momento  del 
fallecimiento, el llamamiento como herederos legales de doña A. B. G. quedó deferido, 
por partes iguales, a favor de sus hijos:
Doña M. P. C. B.
Y don F. J. C. B. (…).»
II
Presentada el día 10 de septiembre de 2019 la referida escritura en el Registro de la 
Propiedad de Zaragoza número 9, acompañada de las citadas actas de fecha 28 de 
febrero de 2019, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Nota de calificación.
Hechos:
El día 10 de septiembre de 2019 se presentó con el número de asiento 1885 del 
Tomo 78 del Libro Diario, escritura otorgada en Zaragoza, el veintinueve de abril del año 
dos  mil  diecinueve,  ante  el  notario  don  Fermín  Moreno  Ayguadé,  número  426  de 
protocolo, por la que al fallecimiento de don F. C. M. y doña A. B. G., sus hijos don F. J. y  e.e
doña M. P. C. B. aceptaron la herencia de los causantes y se adjudicaron la finca  b
registral 39949 de Zaragoza (…) Se acompañan actas de declaración de notoriedad de  44ww
ceal dciata udnoo f eddea ltoasri ofa dlloenci dFoesrm aíunt oMriozarednaos  Aeyl gvueaindtéio.cho de febrero de dos mil diecinueve por
Calificado el precedente documento, por las causas y motivaciones jurídicas que 
resultan de los siguientes:
Fundamentos de Derecho:
Primero.  El artículo 18 de la Ley Hipotecaria y los artículos 98 y siguientes –que 
establecen  el  ámbito  de  la  calificación  por  el  registrador  de  la  propiedad  de  los 
documentos públicos, judiciales y administrativos–.
Segundo.  Los artículos 55 y 56 de la Ley del Notariado, 209 último párrafo y 209 bis 
del Reglamento Notarial; artículos 14 de la Ley Hipotecaria y 76, 78 y 99 del Reglamento 
Hipotecario, y resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 
fechas 02 de octubre de 2013, 12 de noviembre de 2015, 11 de enero de 2017 y 20 de 
diciembre de 2017, de los que resulta, que es necesario que se aporten las respectivas 
actas de requerimiento para la declaración de herederos abintestato por el fallecimiento 
de don F. C. M. y doña A. B. G. autorizadas por el notario don Fermín Moreno Ayguadé 
el 18 de febrero de 2019, números 83 y 84 de su protocolo, que se reseñan en las 
referidas actas de declaración de notoriedad aportadas, dado que ambos documentos 
forman unidad documental conforme a los citados artículos 55 y 56 de la Ley del 
Notariado,  209  último  párrafo  y  209  bis  del  Reglamento  Notarial,  debiendo  quedar 
incorporados en la declaración de herederos abintestato todos los documentos que ha 
tenido en cuenta el notario tanto para aceptar el requerimiento como para declarar la 
notoriedad pretendida conforme determina el propio artículo 209 bis del Reglamento 
Notarial en sus reglas 4.ª y 5.ª, y el artículo 56 de la Ley del Notariado, sin que uno 
pueda  tener  eficacia  independiente  respecto  del  otro  con  arreglo  a  la  legislación 
expresada, y constituyendo dicho documento el título inscribible conforme a los citados 
artículos  14  de  la  Ley  Hipotecaria  y  76,  78  y  99  del  Reglamento  Hipotecario.  El 
procedimiento previsto por la Ley para la declaración de herederos por parte del notario 
arranca de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria que desjudicializa la mayoría de los 
procedimientos de este tipo de jurisdicción por lo que en cuanto al alcance de su 
calificación  no  están  sometidos  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  100  del  Reglamento 
Hipotecario y 22 de la Ley de jurisdicción voluntaria sino que están sujetos a lo dispuesto 
en el artículo 99 del Reglamento Hipotecario lo que implica que el registrador pueda 
controlar los trámites esenciales del procedimiento y revisar el juicio de notoriedad si 
llega a la conclusión de que no se han seguido dichos trámites esenciales y no reflejan 
tan siquiera parcialmente el contenido esencial del certificado del Registro General de 
Actos  de  Última  Voluntad.  No  aportar  el  acta  de  requerimiento  inicial,  es  también 
incumplir un trámite esencial, puesto que en ella se determina el alcance del juicio de 
notoriedad que se pretende, por lo que sin su aportación no se puede apreciar si el juicio 
de notoriedad es coherente con lo requerido.
En  definitiva,  en  el  presente  caso  el  notario  autorizante  no  incorpora  las 
certificaciones  de  defunción  de  los  causantes  tampoco  certificaciones  del  Registro 
General de Actos de Última Voluntad, sin que se sepa el contenido de éstas, ni si el 
hecho de fallecer intestados los causantes a que se refiere el notario en el otorgamiento 
primero  de  la  escritura  le  resulta  de  las  referidas  certificaciones,  única  forma  de 
documentarlo:
Por  todo  ello,  en  razón  de  los  hechos  y  fundamentos  de  derecho  expresados, 
acuerdo suspender la inscripción de la aceptación de herencia, por los motivos antes 
expresados. s
Medios de impugnación (sin perjuicio de que el interesado ejercite en su caso  oe.
cualquier otro que estime procedente): (…) w.
OrtínZ aCraagboazlléa.,» a 27 de septiembre de 2019. El Registrador (firma ilegible) Fdo. Juan José
III
Contra la anterior nota de calificación, don Fermín Moreno Ayguadé, notario de 
Zaragoza, interpuso recurso el día 15 de octubre de 2019 mediante escrito en el que 
alegaba los siguientes fundamentos jurídicos:
«Primero.  Sobre la competencia judicial, notarial y registral.
Afirma el Registrador en cuanto al ámbito o alcance de la calificación registral en 
relación con el procedimiento mediante el que el notario declara notorios los hechos de 
los que la norma colige la condición de herederos:
“...El procedimiento previsto por la Ley para la declaración de herederos por parte del 
notario arranca de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria que desjudicializa la mayoría de 
los procedimientos de este tipo de jurisdicción por lo que en cuanto al alcance de su 
calificación  no  están  sometidos  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  100  del  reglamento 
hipotecario y 22 de la Ley de jurisdicción voluntaria sino que están sujetos a lo dispuesto 
en el artículo 99 del Reglamento Hipotecario lo que implica que el registrador pueda 
controlar los trámites esenciales de procedimiento y revisar el juicio de notoriedad...”.
Frente a lo que entiende este notario que debe entenderse dicha cuestión resuelta en 
términos del todo incompatibles con dichas afirmaciones.
En cuanto a la naturaleza de la actuación notarial en el procedimiento de referencia, 
efectivamente, cualquier duda que pudiera haber existido en cuanto a una eventual 
“alternatividad” de dicha competencia notarial y judicial bajo la vigencia de la norma 
anterior quedó definitivamente resuelta por la Ley de Jurisdicción Voluntaria (en adelante 
LJV). Deducir de ello que el Registrador, mediante el tránsito del artículo 100 al 99 del 
Reglamento Hipotecario pueda revisar el juicio de notoriedad es conclusión, a juicio de 
este notario, radicalmente equivocada. Ilustrativa resulta, en este sentido, la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de  Barcelona  de 12  de julio de 2018 al afirmar que la 
competencia notarial para la declaración de herederos es exclusiva tras la Ley de 
Jurisdicción Voluntaria, así como que las normas de atribución de competencia son de 
orden público y alude a la derogación por la Ley de Jurisdicción Voluntaria de las normas 
de la LEC 1881 sobre declaración de herederos así como al espíritu, expresado en la 
Exposición de Motivos de la LJV, de desjudicializar estos expedientes, de lo que son 
reflejo los nuevos artículos 55 y 56 de la Ley del Notariado para concluir que “no son los 
tribunales  sino  los  notarios,  los  competentes  para  la  declaración…”.  Pero  dicha 
“desjudicialización” en modo alguno permite sostener la particular interpretación que 
hace el calificante de los artículos 99 y 100 del Reglamento Hipotecario, antes bien, debe 
ser interpretada en relación con los claros y reiterados pronunciamientos del Centro 
Directivo (Resoluciones de 25 de junio de 1997, 13 de septiembre de 2001, 11 de marzo 
de 2003 y 17 de julio de 2006) en el sentido de que la apreciación de la notoriedad de un 
hecho  es  competencia  exclusiva  del  Notario,  que  no  puede  ser  revisada 
extrajudicialmente y así en cuanto a las actas de declaración de notoriedad de hechos en 
que se basa el llamamiento abintestato tiene dicho: “Se trata pues, de un documento 
notarial singular que, por mandato legal participa de la misma naturaleza de jurisdicción 
voluntaria que gozaba el pronunciamiento judicial sustituido y en consecuencia, los 
efectos de ese documento notarial, son los mismos que en su momento tuvieron los 
documentos judiciales en relación al título sucesorio abintestato. Por ello, debe participar, 
también,  congruentemente,  del  mismo  orden  de  revisión  en  el  juicio  de  notoriedad 
declarado. Es decir, no tratándose de un documento judicial, por identidad de razón y  s
aplicación directa del artículo 979 LEC, la calificación registral abarcará la congruencia  oe.
del acta con el grupo de parientes declarados herederos, sus formalidades extrínsecas,  w.
Rco.HnfC)o, ormmnácesl u ans ioóla ne  llq efuogenis,dl aloóc gdióiecnla  jmnuoiectinaotr eida,e l e ynn o lnotoasrd ieoadb sasetdá  acúlunteliocrasa, m qneui nect oesn us lruajaj ernet ogd uael lac cRoinóetngro isdlt erjuo ld a(i cetrixaa lm.a”ritta. c1i0ó0n   2020-6344n https://ww
en  documentos  sucesivos,  requerimiento  y  cierre,  que  estableció  la  reforma
reglamentaria de 2007, ni con la LJV, y en este sentido no cabe sino sostener, con la
Resolución de 7 de noviembre de 2008, que el juicio de notoriedad únicamente está 
sujeto al control judicial.
Segundo.  De la petición de la copia autorizada del acta de requerimiento y del 
Certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad.
Causa perplejidad a este Notario que el Sr. Registrador cite en apoyo de su nota 
Resoluciones como la de 12 de noviembre de 2015 o 20 de diciembre de 2017, cuando 
una lectura, siquiera sea rápida, de ellas o de cualquiera otra de las que serán citadas, 
permite apreciar que indican justamente lo contrario.
Sostiene el calificante:
“…Los artículos 55 y 56 de la Ley del Notariado, 209 último párrafo y 209 bis del 
Reglamento Notarial; artículos 14 de la Ley Hipotecaria y 76, 78 y 99 del Reglamento 
Hipotecario, y resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 
fechas 02 de octubre de 2013, 12 de noviembre de 2015, 11 de enero de 2017 y 20 de 
diciembre de 2017, de los que resulta, que es necesario que se aportan las respectivas 
actas de requerimiento ‘…’ dado que ambos documentos forman unidad documental 
conforme a los citados artículos 55 y 56 de la Ley del Notariado, 209 último párrafo y 209 
bis  del  Reglamento  Notarial,  debiendo  quedar  incorporados  en  la  declaración  de 
herederos abintestato todos los documentos que ha tenido en cuenta el notario tanto 
para aceptar el requerimiento como para declarar la notoriedad pretendida conforme 
determina el propio artículo 209 bis del Reglamento Notarial en sus reglas 4.ª y 5.ª, y el 
artículo 56 de la Ley del Notariado, sin que uno pueda tener eficacia independiente 
respecto  del  otro  con  arreglo  a  la  legislación  expresada,  y  constituyendo  dicho 
documento el título inscribible conforme a los citados artículos 14 de la Ley Hipotecaria 
y 76 del Reglamento Hipotecario”.
Frente a lo cual se debe considerar que según la citada por el calificante Resolución 
de 20 de diciembre de 2017: “…cabe tener en cuenta la doctrina de esta Dirección 
General sobre calificación registral de la declaración judicial de herederos como acto de 
jurisdicción  voluntaria,  predicable  igualmente  respecto  del  acta  de  notoriedad  sobre 
declaración de herederos abintestato (vid. las Resoluciones de 12 de noviembre de 2011 
y 12 de junio de 2012, cuyo criterio ha sido reiterado en las Resoluciones de 12 y 16 de 
noviembre de 2015). La vigente Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria, confirma lo 
expuesto. En su artículo 22.2, delimita claramente el ámbito de la calificación registral 
respecto de los expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante los órganos 
jurisdiccionales, al manifestar, que ‘la calificación de los registradores se limitará a la 
competencia  del  Juez  o  Secretario  judicial,  a  la  congruencia  del  mandato  con  el 
expediente en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas de la resolución y a 
los obstáculos que surjan del Registro”.
La también citada Resolución de 12 de noviembre de 2015 establece de modo 
explícito, y con concreta referencia al trámite notarial, que no es dado pedir el Acta de 
requerimiento inicial si la de cierre incorpora:
Los datos relativos a la apertura de la sucesión.
Los particulares de la prueba en que se apoya la declaración de notoriedad.
La competencia del notario.
Fecha de nacimiento y fallecimiento del causante.
Ley reguladora de la sucesión, estado civil y cónyuge.
Y el número e identificación de los hijos, último domicilio del causante, con expresión 
de los parientes concretos que gozan de la preferencia legal de órdenes y grados de  e
sucesión con específica y nominativa declaración de herederos. bo
qpuaelm Lasare ino o litmeal i tqacu oean  tsepene iiddmiorp  uddgeen  amla no odR ome segonelucnciéoiórnincao.  l aPe efla rloAta c etdase   iqnnuiicneiga ula,n uolun eqdgueoe e  sdloteo sshc upobaniroeticsceeu  ladhreee csmh, oso idnlaoo    2020-6344n https://ww
calificación debiera haber sido igualmente positiva, pues el Acta presentada incorpora los
mismos elementos, todos los apuntados en la Resolución anterior por cierto, que la que
motivó el Recurso que dio lugar a la Resolución de 16 de noviembre de 2015 interpuesto 
por el Notario que suscribe el presente y que cumplía, reitera, cuanto ha sido indicado.
Esto nos conduce a otro aspecto de la nota que se cuestiona, que también en este 
punto es inexacta (o se pide el Acta inicial o se piden los Certificados, pero si cupiese 
pedir la primera no haría falta pedir los segundos), y que es el que a continuación se 
transcribe:
“...En el presente caso el notario autorizante no incorpora la certificación del Registro 
General de Actos de Última Voluntad, sin que se sepa el contenido de ésta, ni si el hecho 
de fallecer intestado el causante a que se refiere el notario en el otorgamiento primer de 
la escritura le resulta de la referida certificación, única forma de documentarlo…”.
La copia que a este Recurso se acompaña del Acta de Cierre que hubo sido 
presentada  permite  comprobar  lo  inexacto  de  tan  insólita  afirmación  que  parece 
cuestionar no ya el propio juicio de notoriedad sino la raíz misma de la fe pública notarial 
en cuanto entre esos particulares que se relacionan se encuentra no solo, obvio es, el 
referido  al  carácter  intestado  de  la  sucesión  sino  a  su  acreditación  debidamente 
constatada en el apartado prueba documental mediante la referencia al original aportado 
que se encuentra debidamente testimoniado.
Que no puede, en fin, el Registrador pedir que se le aporten dichos Certificados lo 
indica de modo tan claro que resulta innecesario el comentario, la citada Resolución 
de 16 de noviembre de 2.015 cuando indica que “...el notario manifiesta que dichos 
certificados se encuentran incorporados al acta, constatando de este modo un hecho que 
queda amparada por la fe pública notarial –cfr. artículos 1 y 17 bis de la Ley del 
Notariado y 1 y 143 de su Reglamento–…”.
En  este  punto  la  consideración  de  la  actuación  notarial  como  partícipe  de  la 
naturaleza de la jurisdicción voluntaria y su exclusividad respecto de la competencia 
judicial debe guiar la interpretación conjunta de los artículos 76 a 78 del Reglamento 
Hipotecario. El artículo 78 debe ponerse en relación con el citado artículo 76 cuyo 
párrafo segundo dice, frente a lo exigido en el primero para el caso de la sucesión 
testada,  que  “…En  la  inscripción  de  bienes  adquiridos  por  herencia  intestada  se 
consignaran los particulares de la declaración de herederos…”. Conviene recordar que el 
texto resulta del RD 3215/1982 y no toma en cuenta la sustancial modificación que data 
de 1992 del artículo 97 9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que habilitó la tramitación 
notarial en determinados supuestos. Del mismo modo que no es dado pedir el desglose 
de los Certificados ahora solicitados del expediente judicial, no ha de serlo en cuanto al 
que notarialmente se tramita bajo el primer número de Protocolo. La previsión del 
artículo 78 del Reglamento Hipotecario ha quedado cumplida en cuanto el Certificado 
que se solicita ha sido relacionado en el título.
Estas últimas consideraciones las resume y expone con claridad la Dirección General 
en la Resolución de 16 de enero de 2019 que sistematiza la doctrina que a juicio de este 
Notario  ha  desconocido  el  Sr.  Registrador  por  lo  que  considera  conveniente  su 
transcripción: “…En el caso de las sucesiones ‘mortis causa’, el artículo 14 de la Ley 
Hipotecada en su párrafo primero establece que ‘el título de la sucesión hereditaria, a los 
efectos del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, el acta de notoriedad para 
la declaración de herederos abintestato y la declaración administrativa de heredero 
abintestato a favor del Estado, así como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al 
que se refiere el capítulo VI del Reglamento (UE) n.º 650/2012’. Esta Dirección General 
(cfr. las Resoluciones de 3 de abril de 1995, 8 y 22 de julio de 2005, 12 de noviembre 
de 2011, 12 y 16 de noviembre de 2015 y 1 de junio de 2018, entre otras citadas en los  e.
‘Vistos’  de  la  presente)  ha  puesto  de  relieve  la  sustancial  diferencia,  como  títulos  w.b
sucesorios  atributivos  o  sustantivos,  entre  el  testamento  y  acta  de  notoriedad  de  44ww
decl“a..r.aDciisótnin tdoe  shigenreifdiceardoos  atiebninete lsat adteoc..l.a”r.ación de herederos en la sucesión intestada. No
pcounesdteit ucyoen seidl etírtaurlsoe m tíatutelor iafol rdmea ll ae ns uccueasnitóon s iinrvtees dtaed vae, hpícuuelso  ddiocchuom teítnutlaol  epsa rlaa  elle ay.c cSeósloo 
al Registro y prueba o justificación de la individualización en la persona del heredero
atendiendo a los diferentes órdenes y grados de llamamiento. Como se afirmó en la 
citada Resolución de 12 de noviembre de 2011, en la declaración judicial o en el acta 
notarial de declaración de herederos abintestato lo relevante es la constatación de 
determinados hechos –fallecimiento, filiación, estado civil, cónyuge, etc.– de los que 
deriva la atribución legal de los derechos sucesorios. La Sentencia del Tribunal Supremo 
de 11 de diciembre de 1964 señaló que «la declaración judicial de herederos abintestato 
no  es  más  que  algo  individualizador  de  un  llamamiento  hereditario  operado  por 
virtualidad de una norma legal, carente de eficacia jurídico-material y meramente limitado 
a  justificar  formalmente  una  titularidad  sucesoria  preexistente  ‘ope  legis’.  Por  ello, 
concluía esta Dirección General que, en definitiva, el llamamiento al heredero lo hace la 
ley (cfr., artículo 657 del Código Civil); mientras que la resolución judicial o el acta 
notarial se limita a concretar una delación ya deferida...”.
“...en el ámbito de la sucesión intestada, esta Dirección General ha entendido que 
puede inscribirse la partición si en la escritura se realiza un testimonio en relación de los 
particulares del documento necesarios para la calificación e inscripción en el Registro de 
la Propiedad, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública notarial, satisfaciéndose 
con ello la exigencia de documentación auténtica para la inscripción establecida en el 
artículo 3 de la Ley Hipotecaria. En efecto, la doctrina de este Centro Directivo es que 
‘basta con que el Notario relacione los particulares del documento, los básicos para la 
calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad’ (cfr. Resolución de 8 de julio 
de 2005, confirmada por la sentencia firme número 220/2008 de 18 de diciembre, de la 
Audiencia Provincial de Teruel). Como añadió la citada Resolución de 12 de noviembre 
de 2011, de todo ello se deduce que frente al testamento, en las resoluciones judiciales o 
actas de declaración de herederos abintestato el registrador, si bien debe contar para su 
calificación e inscripción con todos los particulares necesarios para ésta –incluyendo 
todos los que permitan alcanzar el corolario de la determinación individualizada de los 
llamamientos  hereditarios  operados  por  la  ley–,  ello  no  impide  que  la  constatación 
documental de tales particulares pueda ser realizada por el notario autorizante, bien 
mediante una trascripción total o parcial de los mismos o bien mediante un testimonio en 
relación, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública notarial, satisfaciéndose con 
ello  la  exigencia  de  documentación  auténtica  para  la  inscripción  establecida  en  el 
artículo 3 de la Ley Hipotecaria (cfr. Resolución de 3 de abril de 1995)...”.
Tercero.  De la pretendida unidad documental.
Cabe aquí volver a reproducir uno de los aspectos de la nota, en concreto el que 
afirma:
“…que  ambos  documentos  forman  unidad  documental  conforme  a  los  citados 
artículos 55 y 56 de la Ley del Notariado, 209 último párrafo y 209 bis del Reglamento 
Notarial, debiendo quedar incorporados en la declaración de herederos abintestato todos 
los documentos que ha tenido en cuenta el notario tanto para aceptar el requerimiento 
como para declarar la notoriedad pretendida conforme determina el propio artículo 209 
bis del Reglamento Notarial en sus reglas 4.ª y 5.ª, y el artículo 56 de la Ley del 
Notariado, sin que uno pueda tener eficacia independiente respecto del otro con arreglo 
a la legislación expresada…”.
Desconoce dicha afirmación que el Centro Directivo, Servicio del Sistema Notarial, 
tuvo ocasión de pronunciarse en la muy importante Resolución de 24 de noviembre 
de 2016 que analiza precisamente la compatibilidad del sistema de doble acta con la 
nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria: «…la interpretación auténtica por esta Dirección 
General en sus resoluciones, que, si bien no ha tratado específicamente de esta cuestión  e.
instrumental, en otras resoluciones en las que interviene una declaración de herederos  w.b
instrumentada en doble acta, no ha hecho mención alguna a la improcedencia de este  44ww
spiosdteríma ah, ayb aesrsí,e p ovirs ctoit aar feucntaa,d loa  dae c 1o2n sdeec uneonvcieiam bdree  ldae  L2e0y1 11. 5S/2in0 1e5m, bdaerg 2o , dloe  ejxupliou,e sdteo 
Jduerl iscdaipccítiuólno  VIIoI,l udnetal rniau,e vyo q utíetu leon  VsIuI  ddeis plao sLiceiyó nd efiln aNl outanrdiaédcoim qau ien trboadjou jola  larú sbericccai ó‘nd e1 .lªa, 
declaración de herederos abintestato’, recoge dos nuevos artículos sobre la materia,
el 55 y el 56, cuya redacción, no del todo agraciada, podría hacer pensar que el 
legislador  podría  haber  vuelto  al  sistema  de  tramitación  anterior  a  la  reforma  del 
Reglamento Notarial de 2007. Pero la falta de una prohibición expresa en la nueva 
normativa a la utilización del sistema de dable acta, así como el mantenimiento del 
mismo en otros supuestos también introducidos de nuevo en la Ley del Notariado por la 
Ley de Jurisdicción Voluntaria (como el de la sección dedicada a la formación del 
inventario  y  sus  artículos  67  y  68,  que  distinguen  entre  requerimiento  inicial  y  el 
inventario y su protocolización), inciden en el criterio de que deba mantenerse el actual 
sistema».
Quiere en fin este Notario indicar que no es argumento menor el de sustraer al tráfico 
documentos  de  los  que  en  alguna  ocasión  pudieran  resultar  datos  especialmente 
sensibles cuando no personalísimos; no se hará con ello, se ha dicho, sino contribuir a la 
imperativa protección de los datos personales y de la intimidad de los interesados.
El juicio notarial se emite, claro es, sin perjuicio de tercero y bajo la responsabilidad 
del Fedatario y dichos documentos y el trámite en su conjunto se encuentra a disposición 
de quien acredite interés legítimo en el Protocolo a su cargo.
En atención a todo lo cual, solicita pronunciamiento de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado sobre las cuestiones objeto de este recurso. Ello atendido lo 
dicho por el Centro Directivo en Resolución de 21 de abril de 2014 con cita de las de 14 
de julio y 15 de octubre de 2007 y referencia al Tribunal Supremo en Sentencia de 22 de 
mayo de 2000 de modo que la subsanación del defecto y la práctica en su caso de la 
inscripción  solicitada  no  son  obstáculo  para  la  interposición  del  recurso  contra  la 
calificación del Registrador y ello aunque tras la reforma de la legislación hipotecaria por 
Ley 24/2001 se haya suprimido la posibilidad de interponer recurso a efectos doctrinales, 
pues  la  tramitación  del  recurso  debe  admitirse  considerando  la  antedicha  doctrina 
jurisprudencial según la cual «el objeto del recurso no es el asiento registral sino el acto 
de calificación del registrador» y que se declare si dicha calificación fue o no ajustada a 
Derecho, lo cual “es posible jurídicamente aunque el asiento se haya practicado”».
IV
Mediante escrito, de fecha 29 de octubre de 2019, el registrador de la Propiedad 
informó y elevó el expediente a esta Dirección General. En su informe hizo constar que 
el día 21 de octubre de 2019 se aportó el acta de inicio de declaración de herederos 
abintestato del causante y el documento de la liquidación del Impuesto de Sucesiones.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 658, 1216, 1217, 1218 y 1259 del Código Civil; 321 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil; 978 y 979 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881; 3, 14, 18, 21, 
33, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria; 1, 17 bis, 24, 55 y 56 de la Ley del Notariado; 33, 51, 
76, 78, 99 y 100 del Reglamento Hipotecario; 1, 162, 209, 209 bis, 237 y 251 del 
Reglamento Notarial; las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 11 de 
diciembre de 1964 y 20 de marzo de 2012, y, Sala Tercera, de 24 de octubre de 2000; la 
sentencia de 18 de diciembre de 2008 de la Audiencia Provincial de Teruel, y las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de diciembre 
de 1945, 15 de enero de 1960, 3 de abril de 1995, 11 de marzo de 2003, 8 y 22 de julio 
de 2005, 10 y 12 de noviembre y 2 de diciembre de 2011, 3 de febrero, 4 y 12 de junio 
y 2 de octubre de 2012, 27 de febrero y 14 de marzo de 2013, 6 de mayo de 2014, 12  e.
y 16 de noviembre de 2015, 11 de enero y 20 de diciembre de 2017, 22 de enero y 1 de  w.b
junio de 2018 y 16 de enero de 2019. 44ww
1.  Por el presente recurso se pretende la inscripción de una escritura de aceptación
ay caodmjupdaicñaac isóenn ddea sh earcetnacsi a« ddee  ddoesc lcaaraucsiaónnt edse a  nlao tqouriee,d paodr  dhea bheer cfhaolles cpidaor ain tlleasmtaadmoise,n stoe 
legal de herederos» autorizadas por el mismo notario el día 28 de febrero de 2019, cuyo
contenido  se  transcribe  en  el  apartado  I  de  los  antecedentes  de  hecho  de  esta 
Resolución. Interesa hacer constar que en dichas actas figuran los datos relativos a la 
fecha de nacimiento y de fallecimiento de los causantes, estado civil y cónyuge, número 
e identificación de hijos, último domicilio de los fallecidos, la inexistencia de otros hijos, y 
la declaración relativa a quiénes son los herederos abintestato de tales causantes.
El registrador suspendió la inscripción solicitada porque, a su juicio, «es necesario 
que se aporten las respectivas actas de requerimiento para la declaración de herederos 
abintestato (…) autorizadas por el notario don Fermín Moreno Ayguadé el 18 de febrero 
de 2019, números 83 y 84 de su protocolo, que se reseñan en las referidas actas de 
declaración  de  notoriedad  aportadas,  dado  que  ambos  documentos  forman  unidad 
documental conforme a los citados artículos 55 y 56 de la Ley del Notariado, 209 último 
párrafo  y  209  bis  del  Reglamento  Notarial,  debiendo  quedar  incorporados  en  la 
declaración de herederos abintestato todos los documentos que ha tenido en cuenta el 
notario tanto para aceptar el requerimiento como para declarar la notoriedad pretendida 
conforme determina el propio artículo 209 bis del Reglamento Notarial en sus reglas 4.ª 
y  5.ª,  y  el  artículo  56  de  la  Ley  del  Notariado,  sin  que  uno  pueda  tener  eficacia 
independiente respecto del otro con arreglo a la legislación expresada, y constituyendo 
dicho documento el título inscribible conforme a los citados artículos 14 de la Ley 
Hipotecaria  y  76,  78  y  99  del  Reglamento  Hipotecario».  Y  añade  que  «el  notario 
autorizante no incorpora las certificaciones de defunción de los causantes tampoco 
certificaciones del Registro General de Actos de Última Voluntad, sin que se sepa el 
contenido de éstas, ni si el hecho de fallecer intestados los causantes a que se refiere el 
notario  en  el  otorgamiento  primero  de  la  escritura  le  resulta  de  las  referidas 
certificaciones, única forma de documentarlo».
El  notario  recurrente,  en  su  escrito  de  impugnación,  alega  en  síntesis  que  la 
calificación impugnada es contraria a la doctrina de esta Dirección General según la cual 
es suficiente la presentación del acta en que se formaliza el juicio de notoriedad, con 
reseña de las pruebas practicadas, sin que sean necesario incorporar las certificaciones 
de fallecimiento y del Registro General de Actos de Última Voluntad del causante si éstas 
se han incorporado al acta inicial de requerimiento para la declaración de herederos 
reseñada en el acta de cierre en que se verifique dicha declaración de herederos.
2.  Para resolver la cuestión planteada debe aplicarse la doctrina de este Centro 
Directivo sentada en las Resoluciones de 12 y 16 de noviembre de 2015, así como en 
las de 3 de abril de 1995, 8 y 22 de julio de 2005, 12 de noviembre de 2011, 20 de 
diciembre de 2017, 22 de enero y 1 de junio de 2018 y 16 de enero de 2019, entre otras.
Según el artículo 14 de la Ley Hipotecaria en su párrafo primero (modificado por la 
disposición final duodécima de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, 
y por la disposición final primera de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación 
jurídica internacional en materia civil): «El título de la sucesión hereditaria, a los efectos 
del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la 
declaración  de  herederos  abintestato  y  la  declaración  administrativa  de  heredero 
abintestato a favor del Estado, así como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al 
que se refiere el capítulo VI del Reglamento (UE) n.º 650/2012». La citada Resolución 
de 12 de noviembre de 2011 puso de relieve que la diferencia entre el testamento o el 
contrato  sucesorio  y  la  declaración  judicial  o  acta  de  declaración  de  herederos 
abintestato, como títulos sucesorios atributivos o sustantivos, es sustancial. En estas 
últimas, lo relevante es la constatación de determinados hechos –fallecimiento, filiación, 
estado  civil,  cónyuge,  etc.–  de  los  que  deriva  la  atribución  legal  de  los  derechos  s
sucesorios. La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1964 afirmó que  oe.
«la declaración judicial de herederos abintestato no es más que algo individualizador de  w.
un llamamiento hereditario operado por virtualidad de una norma legal, carente de  44ww
seuficceascoiar iaju rpírdeiceox-ismteanteteri a«l oyp em leergaism»e»n. teP olirm eitllaod, oc oan cjulusítaif iceasrt af oDrmireaclmcióenn teG eunnear atli tuqluaeri,d aedn 
dmeiefinntitriavsa ,q eule  lllaam reasmoileunctióon a jlu hdeicrieadl eor oe l laoc htaa cneo talar ialel ys e( clfimr. iatar tíac ucloon c6r5e7ta dr euln Ca óddeiglaoc iCóniv yil)a;   BOE-A-cable e
deferida. Y todo aquello que las separe de esta finalidad resultará incongruente con esta 
clase de procedimientos y podrá ser calificado por el registrador. Así lo entendió ya la 
Resolución de esta Dirección General de 5 de diciembre de 1945.
Por  el  contrario,  en  la  delación  testamentaria  lo  prevalente  es  la  voluntad  del 
causante. El testamento es un negocio jurídico y, en tanto que tal, se constituye en ley de 
la sucesión (cfr. artículo 658 del Código Civil). El mismo, como título sustantivo de la 
sucesión hereditaria (cfr. artículo 14 de la Ley Hipotecaria), junto, en su caso, con el título 
especificativo o particional, serán los vehículos para que las atribuciones hereditarias 
sobre bienes o derechos concretos puedan acceder al Registro. Desde esta perspectiva, 
la calificación del título sucesorio, con arreglo al artículo 18 de la Ley Hipotecaria y 
conforme a los medios y límites fijados en el mismo, ha de ser integral, como la de 
cualquier otro título inscribible, incluyendo en el caso del testamento, por su condición de 
negocio  jurídico,  no  sólo  la  legalidad  de  las  formas  extrínsecas,  sino  también  la 
capacidad del otorgante, y la validez de las cláusulas testamentarias.
Por otra parte, desde el punto de vista formal, este Centro Directivo admite (vid. 
Resoluciones citadas en los «Vistos» de la presente) como suficiente a los efectos del 
Registro, en las inscripciones basadas en escrituras públicas de partición de herencia, la 
presentación de las primeras copias, testimonios por exhibición y traslados directos del 
testamento, o bien que figuren insertos en la escritura. Al ser el testamento, como se ha 
indicado, el título fundamental de la sucesión, de donde se derivan los derechos de los 
herederos, y sobre el que el registrador ha de realizar su función calificadora, no basta 
con relacionar en el cuerpo de la escritura sucintamente las cláusulas manifestadas por 
el causante en su última voluntad, sino que tiene que expresarse formalmente por el 
fedatario la afirmación de exactitud de concepto en lo relacionado, con la constancia de 
no existir otras cláusulas que amplíen o modifiquen lo inserto. Ahora bien, en el ámbito 
de la sucesión intestada, esta Dirección General ha entendido que puede inscribirse la 
partición si en la escritura se realiza un testimonio en relación de los particulares del 
documento necesarios para la calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad, 
los cuales quedan de este modo bajo la fe pública notarial, satisfaciéndose con ello la 
exigencia de documentación auténtica para la inscripción establecida en el artículo 3 de 
la Ley Hipotecaria. En efecto, la doctrina de este Centro Directivo es que «basta con que 
el Notario relacione los particulares del documento, los básicos para la calificación e 
inscripción en el Registro de la Propiedad» (cfr. Resolución de 8 de julio de 2005, 
confirmada por la sentencia firme de 18 de diciembre de 2018 de la Audiencia Provincial 
de Teruel).
Como añadió la citada Resolución de 12 de noviembre de 2011, de todo ello se 
deduce que frente al testamento, en las resoluciones judiciales o actas de declaración de 
herederos abintestato el registrador, si bien debe contar para su calificación e inscripción 
con todos los particulares necesarios para ésta -incluyendo todos los que permitan 
alcanzar el corolario de la determinación individualizada de los llamamientos hereditarios 
operados por la ley-, ello no impide que la constatación documental de tales particulares 
pueda ser realizada por el notario autorizante, bien mediante una trascripción total o 
parcial de los mismos o bien mediante un testimonio en relación, los cuales quedan de 
este  modo  bajo  la  fe  pública  notarial,  satisfaciéndose  con  ello  la  exigencia  de 
documentación  auténtica  para  la  inscripción  establecida  en  el  artículo  3  de  la  Ley 
Hipotecaria (cfr. Resolución de 3 de abril de 1995).
3.  No puede entenderse que esta doctrina se aparte en modo alguno de la que 
había resumido la Resolución de 15 de enero de 1960 (y no de 13 de enero, como por  s
error figura citada en las de 4 de junio y 2 de octubre de 2012 referidas en la calificación  oe.
ahora impugnada), pues en un caso en que el notario se limitó a relacionar sucintamente  w.
en una escritura de partición de herencia las cláusulas de un testamento –sin expresar  44ww
dfoer mnaol mexeinstteir  «oltar aasf ircmláaucsióunla sd eq ueexa acmtitpuldíe dne  oc omnocdeipfitqou eenn  lloo  rterlaascliaodnaaddoo» c–o) nc olan sciodnesrtóa nqcuiae 
dcoicmhao  rseulfaicciieónnt en,o a e lroas  beafesctatonste ,d e«lc Ronesgiidsetrroa,n deon  lqause  inessc rdipoccitorinneas  dbea seasdtea sC eenn teros caridtumraitisr   BOE-A-cable e
públicas de partición de herencia, la presentación de las primeras copias, testimonios por 
exhibición y traslados directos del testamento, o bien que figuren insertos en la escritura, 
por ser aquél, según el artículo 14 de la Ley, el título fundamental de la sucesión, de 
donde se derivan los derechos de los herederos, y sobre el que el funcionario del 
Registro ha de realizar su función calificadora».
4.  Por  otra  parte,  cabe  recordar  la  doctrina  de  esta  Dirección  General  sobre 
calificación de la declaración judicial de herederos como acto de jurisdicción voluntaria, 
predicable igualmente respecto del acta de notoriedad sobre declaración de herederos 
abintestato. Las Resoluciones de 12 de noviembre de 2011 y 12 de junio de 2012 
expresaron lo siguiente:
«(…)  no  puede  olvidarse  que  el  procedimiento  de  declaración  de  herederos 
abintestato pertenece al ámbito de la jurisdicción voluntaria, en la que el juez en rigor no 
realiza funciones de carácter propiamente jurisdiccional, que es el ámbito en el que actúa 
la estricta interdicción para la revisión del fondo de la resolución judicial, fuera del cauce 
de los recursos establecidos por la ley, por exigencias del principio de exclusividad 
jurisdiccional, y por lo tanto el ámbito de calificación registral en relación con aquellos 
procedimientos de jurisdicción voluntaria ha de ser similar al de las escrituras públicas, 
conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria, en el sentido indicado. En efecto, de los 
apartados 3 y 4 del artículo 117 de la Constitución resulta que a los órganos judiciales les 
corresponde  en  exclusiva  el  ejercicio  de  la  potestad  jurisdiccional  en  todo  tipo  de 
procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, y, además, pero sin carácter de 
exclusividad,  el  ejercicio  de  aquellas  otras  funciones  que  expresamente  les  sean 
atribuidas  por  la  ley  en  garantía  de  cualquier  derecho  (cfr.  Autos  del  Tribunal 
Constitucional 599/1984, de 17 de octubre, y 5856/2005, de 13 de diciembre). Dentro de 
esta segunda esfera se sitúa la impropiamente denominada jurisdicción voluntaria, que 
encuentra su amparo en el apartado 4 del citado precepto constitucional, como función 
expresamente atribuida a los juzgados y tribunales en garantía de derechos que se ha 
considerado oportuno sustraer de la tutela judicial que otorga el proceso contencioso, 
amparado en el artículo 117.3. Ambos tipos de procedimientos, los contenciosos o 
propiamente  jurisdiccionales,  y  los  de  jurisdicción  voluntaria,  tienen  un  ámbito  de 
aplicación  y  unas  características  claramente  diferenciadas,  siendo  los  respectivos 
principios rectores de cada uno de dichos procedimientos también distintos. De este 
modo, el principio de igualdad de partes, esencial en el proceso contencioso, está 
ausente en la jurisdicción voluntaria, puesto que los terceros no están en pie de igualdad 
con  el  promovente  o  solicitante.  Tampoco  está  presente  en  los  procedimientos  de 
jurisdicción voluntaria el principio contradictorio, habida cuenta que propiamente no hay 
partes, sino meros interesados en el procedimiento. En fin, también está ausente en los 
procedimientos de jurisdicción voluntaria el efecto de cosa juzgada de la resolución, ya 
que la participación o intervención del juez no tiene carácter estrictamente jurisdiccional.
En definitiva, en los procedimientos de jurisdicción voluntaria un particular solicita la 
intervención de un tercero investido de autoridad sin que exista conflicto o contraposición 
de intereses, según resulta con claridad de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, 
conforme  a  la  cual  los  actos  de  jurisdicción  voluntaria  son  «aquellos  en  que  sea 
necesaria, o se solicite la intervención del juez sin estar empeñada, ni promoverse 
cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas» (cfr. artículo 1811). Y como dijo 
este Centro Directivo en su Resolución de 1 de febrero de 2007 (recaída en recurso en 
materia  de  Registro  Civil),  la  jurisdicción  voluntaria  pertenece  a  ese  «agregado  de 
actividades que se ha dado en llamar la Administración pública del Derecho privado,  e.
también  identificada  genéricamente  como  función  legitimadora,  y  cuyas  actividades  w.b
vienen atribuidas por la Ley ya a órganos jurisdiccionales, ya a órganos administrativos,  44ww
yEas taad on oyta ricoosn  oa uretognisotrmaídao reess.p eEcsíftiac af udnecinótnro  ledgeit imlaa daodram, inciostmraot ivcaa, tepgeorroía  cplarorapmiae ndteel 
pdrifeecriesniócnia. dAas í dsee  alaf irmjuari sqduicec iloan mali,s ióhna  dseidl oE steaxdpoli ceand ao rdpeonr  ala l a crievailílsiztaiccaió nm doedle Drnear ecchoon 
no sólo supone formular abstractamente la norma jurídica, tarea que entraña la función
legislativa, y declarar el Derecho en los casos de violación de la norma, actividad 
consistente  en  la  función  jurisdiccional,  sino  que  exige,  además,  coadyuvar  a  la 
‘formación,  demostración  y  plena  eficacia’  de  los  derechos  en  su  desenvolvimiento 
ordinario y pacífico, no litigioso, mediante instituciones que garanticen su legitimidad, 
confieran autenticidad a los hechos y actos jurídicos que les dan origen y faciliten la 
publicidad de los derechos que tales actos originen».
Y no hay duda de que los procedimientos de declaración de herederos abintestato 
participan de la naturaleza jurídica de la jurisdicción voluntaria. En los mismos no hay 
propiamente partes procesales, ni actúa el principio de contradicción, ni generan efectos 
de cosa juzgada. Así lo confirma la propia naturaleza de la función concreta de las 
resoluciones  judiciales  de  declaración  de  herederos  abintestato.  La  Sentencia  del 
Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1964 la define con claridad: «la declaración 
judicial de herederos abintestato no es más que algo individualizador de un llamamiento 
hereditario operado por virtualidad de una norma legal, carente de eficacia jurídico-
material  y  meramente  limitado  a  justificar  formalmente  una  titularidad  sucesoria 
preexistente ‘ope legis’». De tal manera que todo aquello que las separe de esta finalidad 
resultará incongruente con esta clase de procedimientos y podrá ser calificado por el 
registrador. Así lo entendieron ya la Resolución de esta Dirección General de 5 de 
diciembre de 1945, el auto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
de 26 de julio de 1993 y la Resolución de la Dirección General de Derecho y Entidades 
Jurídicas de Cataluña de 11 de julio de 2007».
En la vigente Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria, el artículo 22.2, párrafo 
segundo,  delimita  claramente  el  ámbito  de  la  calificación  registral  respecto  de  los 
expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales, 
al establecer que «la calificación de los Registradores se limitará a la competencia del 
Juez o Secretario judicial, a la congruencia del mandato con el expediente en que se 
hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos que 
surjan del Registro». En relación con la calificación registral de las actas de declaración 
de  herederos  abintestato,  no  hay  precepto  semejante,  pero  debe  tomarse  en 
consideración dicho artículo 22.2 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria puesto que el 
notario ejerce aquí la función de jurisdicción voluntaria -hasta entonces atribuida también 
a  los  jueces-  en  exclusiva,  como  órganos  públicos,  diferentes  de  los  órganos 
jurisdiccionales (vid., entre otros, los apartados IV, último párrafo, y VIII, párrafo cuarto, 
del preámbulo de dicha ley), y armonizarse con los artículos 17 bis de la Ley del 
Notariado y 18 de la Ley Hipotecaria.
Debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 17 bis, número 1, apartado a), de la 
Ley del Notariado, el notario dar fe de que «el otorgamiento se adecua a la legalidad», lo 
que implica según el apartado b) que «los documentos públicos autorizados por Notario 
en soporte electrónico, al igual que los autorizados sobre papel, gozan de fe pública y su 
contenido se presume veraz e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en esta u otras 
leyes». Y según el artículo 24 de la misma Ley, reformado por la Ley 36/2006, de 29 de 
noviembre, «los notarios en su consideración de funcionarios públicos deberán velar por 
la  regularidad  no  sólo  formal  sino  material  de  los  actos  o  negocios  jurídicos  que 
autorice[n] o intervenga[n]».
En  virtud  de  lo  expuesto,  la  calificación  registral  de  las  actas  notariales  de 
declaraciones  de  herederos  abintestato  abarcará  la  competencia  del  notario,  la 
congruencia  del  resultado  del  acta  con  el  expediente  –incluyendo  la  congruencia 
respecto del grupo de parientes declarados herederos–, las formalidades extrínsecas y  s
los obstáculos que surjan del Registro. En este sentido, debe recordarse que al Registro  oe.
sólo pueden acceder títulos en apariencia válidos y perfectos, debiendo ser rechazados  w.
los títulos claudicantes, es decir los títulos que revelan una causa de nulidad o resolución  44ww
sduesl cCeópdtiibgloe  dCeiv iilm). pSuóglnoa caisóín p (ucefrd. ea rgtíacrualonsti z1a8rs, e3 3la,  3s4e gyu 3ri8d adde  jular ídLiecya  Hpirpeovteenctaivriaa  qyu 1e2 e5n9 
dneu elsat rPor ospisiteedmaad .j uYr íedsic oq utiee,n ceo smuo a ypao yeox pbraessialarra  eenl  eTlr iibnusntraulm Seunptroe mpúob leicno  Sye ennte enlc Riae dgeis t2r4o   BOE-A-cable e
de  octubre  de  2000,  Sala  Tercera,  «a  notarios  y  registradores  les  incumbe  en  el 
desempeño de sus funciones un juicio de legalidad, que, recae, respectivamente, sobre 
los  negocios  jurídicos  que  son  objeto  del  instrumento  público,  o  sobre  los  títulos 
inscribibles». Pero debe también tomarse en consideración que el artículo 18 de la Ley 
Hipotecaria  delimita  el  ámbito  objetivo  de  la  calificación  al  establecer  que  los 
registradores calificarán «(…) la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos 
de toda clase, (…) así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos 
dispositivos contenidos en las escrituras públicas (…)». Ciertamente, en el procedimiento 
registral no se ejerce una función de carácter judicial respecto de la cual el título 
presentado sea un mero medio de prueba sino que se trata de hacer compatible la 
efectividad del derecho a la inscripción del título con la necesidad de impedir que los 
actos que estén viciados accedan al Registro, dada la eficacia protectora de éste.
5.  En  el  presente  caso  se  ha  presentado  al  Registro  copia  completa  de  la 
correspondiente acta de cierre de la declaración de herederos abintestato a que se 
refiere el párrafo final del artículo 209 bis del Reglamento Notarial el artículo 55.3 de la 
Ley del Notariado, modificada por la disposición final undécima Ley 15/2015, de la 
Jurisdicción Voluntaria, conforme al cual, concluida la tramitación del acta, se incorporará 
al  protocolo  como  instrumento  independiente  en  la  fecha  y  bajo  el  número  que 
corresponda en el momento de su terminación.
Las actas presentadas incorporan todos los datos necesarios para la calificación e 
inscripción relativos a la apertura de la sucesión respectiva, los particulares de la prueba 
practicada en que se apoya la declaración de notoriedad, la competencia del notario, 
fecha de nacimiento y de fallecimiento del causante, la ley reguladora de la sucesión, 
estado civil y cónyuge, número e identificación de los hijos, último domicilio del causante, 
con expresión de los parientes concretos que gozan de la preferencia legal de órdenes y 
grados de sucesión con la específica y nominativa declaración de herederos abintestato, 
siendo congruente el acta respecto del grupo de parientes declarados herederos, por lo 
que, según las consideraciones antes expuestas, no puede mantenerse la calificación 
impugnada en cuanto exige que se aporte, además, el acta previa en que se documentó 
el  inicial  requerimiento  al  notario  autorizante;  y  tampoco  en  cuanto  exige  que  se 
incorporen las certificaciones de defunción y del Registro General de Actos de Última 
Voluntad de los causantes, pues el notario manifiesta que dichas certificaciones se 
encuentran incorporados a esa acta previa, constatando de este modo un hecho que 
queda amparada por la fe pública notarial (cfr. artículos 1 y 17 bis de la Ley del Notariado 
y 1 y 143 de su Reglamento).
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 15 de enero de 2020.–El Director General de los Registros y del Notariado, 
Pedro José Garrido Chamorro.