BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 62 Sábado 13 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 29242
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
3964 Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del Estado, por la que se publica el Convenio 
de asistencia jurídica con la Universidad de Valladolid.
Con fecha 2 de marzo de 2021 se ha suscrito el Convenio de Asistencia Jurídica 
entre la Administración General del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y la Universidad de Valladolid.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 3 de marzo de 2021.–La Abogada General del Estado-Directora del Servicio 
Jurídico del Estado, Consuelo Castro Rey.
ANEXO
Convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado 
(Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado) y la Universidad de Valladolid
REUNIDOS
De una parte, la Sra. doña Consuelo Castro Rey, en su condición de Abogada 
General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, cargo para el que fue 
nombrada por Real Decreto 716/2018, de 29 de junio, BOE n.° 158; en virtud de Orden 
JUS/987/2020, de 20 de octubre, por la que se delegan competencias, actuando en 
nombre y representación de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 61 k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
De  otra  parte,  el  Sr.  don  Antonio  Largo  Cabrerizo,  actuando  en  nombre  y 
representación de la Universidad de Valladolid, con domicilio social en Valladolid, Plaza 
Santa  Cruz,  n.º  8,  y  NIF  Q4718001C,  en  su  condición  de  Rector  Magnífico  de  la 
Universidad de Valladolid, cargo para el que fue nombrado por Acuerdo 30/2018, de 10 
de  mayo,  de  la  Junta  de  Castilla  y  León  (BOCYL  n.º  90  de  11  de  mayo),  cuya 
competencia para firmar convenios deriva de lo dispuesto en los artículos 85 y 88.i de los 
Estatutos de la Universidad de Valladolid, aprobados por Acuerdo 111/2020, de 30 de 
diciembre, de la Junta de Castilla y León (BOCYL núm. 269 de 31 de diciembre).
MANIFIESTAN
Primero.
Que la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado es el  s
Centro Directivo que tiene legalmente atribuidas las competencias de asistencia jurídica  e.
al Estado y sus Organismos autónomos y a los Órganos Constitucionales. Para el resto  w.
de entidades y organismos que constituyen el sector público estatal, se prevé legalmente  64ww
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Segundo.
Que  la  Universidad  de  Valladolid  es  una  Institución  de  derecho  público  de  las 
previstas en el artículo 2.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 2.2.c) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, teniendo por 
objeto la prestación del servicio público de educación superior a la que le corresponde 
las actividades de docencia, estudio y la investigación; tiene personalidad jurídica propia 
y  plena  capacidad  pública  y  privada,  que  ejerce  sus  funciones  con  autonomía  e 
independencia respecto de las Administraciones Públicas.
Tercero.
Que la Universidad de Valladolid, de acuerdo con lo establecido en la Ley 52/1997, 
de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y en el 
Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 
Jurídico del Estado, está interesada en que el Servicio Jurídico del Estado le preste 
asistencia jurídica, con la misma extensión y en los mismos términos en que se le 
proporciona al Estado.
Cuarto.
Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la asistencia jurídica 
a la Universidad de Valladolid, ambas partes consideran conveniente la designación por 
el Abogado General del Estado de uno o más Abogados del Estado en activo que actúen 
como coordinadores directos de la asistencia jurídica.
Quinto.
Que el texto del «convenio tipo», de asistencia jurídica ha sido informado por la 
Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia.
Sexto.
Que, con el fin de regular las condiciones de prestación de esa asistencia jurídica en 
la forma prevista en el ordenamiento jurídico, los comparecientes suscriben el presente 
Convenio, de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
De conformidad con lo establecido en la citada Ley 52/1997, de 27 de noviembre, en 
la disposición adicional quinta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y en el Real 
Decreto 997/2003, de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 
Jurídico del Estado, éste podrá prestar asistencia jurídica a la Universidad de Valladolid 
por medio de los Abogados del Estado integrados en aquél. La asistencia Jurídica 
comprenderá tanto el asesoramiento jurídico como la representación y defensa ante 
cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales en los mismos términos previstos 
para la asistencia jurídica a la Administración General del Estado. es
La Universidad de Valladolid colaborará con los Abogados del Estado para la mejor  o
defensa de los intereses en litigio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la  w.
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entre  la  Universidad  de  Valladolid  y  los  Abogados  del  Estado  que  le  presten  esa
asistencia.
Segunda.  Facultad de elección de representación y defensa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, la Universidad de Valladolid se 
reserva la facultad de ser asesorada, representada y defendida por Abogado y, en su 
caso, procurador especialmente designado al efecto conforme a las normas procesales 
comunes.
Se entenderá que se renuncia a la asistencia jurídica por parte del Abogado del 
Estado, para toda la tramitación del procedimiento judicial, desde el momento en que la 
entidad convenida comparezca o se dirija al órgano jurisdiccional mediante cualquier otra 
representación.
Tercera.  Contraposición de intereses.
La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado integrados 
en  éste,  no  se  prestará  cuando  exista  contraposición  entre  los  intereses  de  la 
Universidad de Valladolid y del Estado o sus Organismos Autónomos. En este caso, la 
Universidad de Valladolid será asesorada, representada y defendida por abogado y, en 
su  caso,  procurador,  especialmente  designados  al  efecto  conforme  a  las  normas 
procesales comunes.
Cuando exista contraposición de intereses entre la Universidad de Valladolid y otra 
entidad convenida, por regla general, la Abogacía General del Estado se abstendrá de 
intervenir en el proceso judicial en defensa y representación de una u otra entidad. Los 
Abogados del Estado antes de personarse en estos supuestos elevarán consulta a la 
Abogacía General del Estado.
Cuarta.  Designación de Abogado del Estado coordinador.
La Abogada General del Estado designará a uno o más Abogados del Estado en 
activo para que actúen como coordinadores de la Asistencia Jurídica convenida tanto en 
los asuntos consultivos como, en su caso, contenciosos.
Corresponde a los coordinadores de los convenios de asistencia jurídica mantener 
una relación actualizada sobre el estado de tramitación de los procesos judiciales en los 
que intervenga la Abogacía del Estado y sea parte la entidad convenida. A tal fin la 
entidad convenida deberá elaborar una relación de dichos pleitos.
Quinta.  Duración.
El presente Convenio tiene una duración de un año. Sin embargo, se entenderá 
prorrogado anualmente, hasta el máximo permitido en el artículo 49.h de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, mediante acuerdo expreso de 
las partes adoptado antes de la finalización de dicho período de vigencia.
Este Convenio surtirá efectos una vez que sea inscrito en el Registro Electrónico 
estatal de órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado».
Sexta.  Contraprestación.
Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el 
Convenio, la Universidad de Valladolid satisfará a la Abogacía General del Estado-
Dirección  del  Servicio  Jurídico  del  Estado  la  cantidad  anual  de  veinte  mil  euros  es
(20.000,00 euros) más IVA, que se abonará por terceras partes correspondiendo a los  bo
períodos: enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre. 64ww
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recepción  de  la  factura  y  del  modelo,  en  cualquier  entidad  colaboradora  o
telemáticamente,  debiendo,  una  vez  efectuada  la  operación,  remitir  a  la  Secretaria 
General de la Abogacía General del Estado, copia del mismo.
Séptima.  Costas.
En los procesos en los que existan condenas en costas se aplicarán las reglas 
siguientes:
1.ª  Cuando la condenada en costas sea la Universidad de Valladolid corresponderá 
a ésta el abono de las causadas a la parte contraria.
2.ª  Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a favor de 
la Universidad de Valladolid.
Octava.  Modificación.
El presente Convenio solo puede modificarse por acuerdo expreso de las partes 
durante su vigencia o de las sucesivas prórrogas.
Igualmente en cualquier momento de la vigencia del Convenio se podrá ampliar o 
reducir la asistencia jurídica convenida siempre que exista acuerdo expreso de las 
partes.
Cualquier  modificación  se  formalizará  mediante  la  correspondiente  adenda  al 
Convenio.
Novena.  Control y vigilancia de la ejecución del Convenio.
Para la vigilancia y control de la ejecución de este convenio de asistencia jurídica y 
de los compromisos adquiridos con su firma se establece una comisión de seguimiento 
del  mismo  formada  por  dos  miembros  de  cada  una  de  las  partes.  Esta  comisión 
resolverá cualquier problema de interpretación o cumplimiento que pudiera plantearse. 
Las normas de funcionamiento de dicha comisión se regirán por la normativa reguladora 
del régimen de órganos colegiados de las Administraciones Públicas.
Las partes determinarán mediante anexo la composición de la comisión que, al 
menos, deberá reunirse una vez al año.
Décima.  Causas de resolución.
Son causas de resolución del Convenio:
a)  El transcurso del plazo de vigencia del Convenio o, en su caso, la prórroga 
acordada expresamente
b)  El mutuo acuerdo.
c)  El incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas en este Convenio.
En este caso, se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla 
en el plazo de 30 días naturales, la obligación incumplida. Este requerimiento será 
comunicado a los responsables de la Comisión prevista en la cláusula novena y a la 
entidad firmante.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra, la concurrencia de la causa de resolución y se 
podrá entender resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá 
conllevar la indemnización de los perjuicios causados, de acuerdo con los criterios que  s
se determinen por la comisión de seguimiento. oe.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio. w.
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Undécima.  Naturaleza del Convenio y Jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa quedando sometido al régimen 
jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio serán 
resueltas en el seno de la comisión de seguimiento en el caso de que no fuera posible, el 
orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  para  resolver  las 
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.
Y para que conste, y en prueba de conformidad, firman digitalmente el presente 
Convenio.–La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, 
Consuelo Castro Rey.–El Rector Magnífico de la Universidad de Valladolid, Antonio 
Largo Cabrerizo.
ANEXO
En virtud de lo dispuesto en la cláusula Novena del Convenio, la comisión de 
seguimiento del mismo está formada por los siguientes miembros:
• Por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado:
– La Subdirectora General y el Subdirector Adjunto de Coordinación, Auditoría y de 
Gestión del Conocimiento. En defecto de uno de ellos, un Gestor de Apoyo Jurídico de la 
referida Subdirección.
• Por la Universidad de Valladolid:
– La Secretaria General. En la actualidad, la Sra.doña Helena Villarejo Galande.
– El Gerente. En la actualidad, el Sr. don Julio Ignacio García Olea. En defecto del 
Gerente, la Letrada Jefe de los Servicios Jurídicos.