BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Sábado 31 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 93400
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13020 Sala Segunda. Sentencia 136/2021, de 29 de junio de 2021. Recurso de 
amparo  2606-2018.  Promovido  por  don  Jaber  El  Ghali  respecto  de  las 
resoluciones dictadas por el letrado de la administración de justicia de un 
juzgado de vigilancia penitenciaria de Cataluña. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución que, aplicando el 
precepto legal anulado por la STC 151/2020, de 22 de octubre, impide la 
revisión judicial del decreto del letrado de la administración de justicia.
ECLI:ES:TC:2021:136
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados, don Juan Antonio Xiol Ríos, 
don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2606-2018, promovido por don Jaber El Ghali, contra 
el  decreto  del  letrado  de  la  administración  de  justicia  del  Juzgado  de  Vigilancia 
Penitenciaria núm. 3 de Cataluña de 3 de abril de 2018, por el que se desestima el 
recurso de reposición interpuesto contra la diligencia de ordenación de 20 de enero 
de  2018,  pronunciados  en  el  expediente  especial  núm.  526-2017.  Ha  intervenido 
el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  Don Jaber El Ghali, representado por el procurador de los tribunales don José 
Carlos Naharro Pérez, bajo la asistencia de la letrada doña María Concepción Díaz 
Gómez, formalizó recurso de amparo contra las resoluciones que se mencionan en el 
encabezamiento de esta sentencia mediante escrito registrado en este tribunal el 16 de 
julio de 2018.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  El letrado de la administración de justicia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 
núm.  3  de  Cataluña,  mediante  diligencia  de  ordenación  de  20  de  enero  de  2018 
pronunciada  en  el  expediente  especial  núm.  526-2017,  denegó  la  solicitud  del 
demandante de amparo de la obtención de la copia completa de lo actuado en dicho 
expediente con suspensión de los plazos para la interposición de recursos.
b)  El demandante de amparo interpuso recurso de reposición, que fue desestimado  s
por decreto del mismo letrado de la administración de justicia de 3 de abril de 2018, en el  e.
que se indicaba la firmeza de la resolución por no caber recurso alguno, de conformidad  w.
con lo dispuesto en el art. 238 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim). 020ww
3.  El demandante de amparo alega que las resoluciones impugnadas han vulnerado
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determinadas decisiones del letrado de la administración de justicia, tal como es exigible
de acuerdo con lo establecido en la STC 58/2106, de 17 de marzo, en relación con el 
art. 102 bis, apartado 2, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa. Afirma que la circunstancia de que la vulneración provenga de 
la ley, dota de especial transcendencia constitucional al recurso de amparo y justifica el 
planteamiento  de  una  cuestión  interna  de  inconstitucional  contra  el  citado  precepto. 
También  se  invoca  el  art.  24.1  CE  en  relación  con  la  decisión  del  letrado  de  la 
administración de justicia de no suspender los plazos de recurso tras la obtención de las 
copias del expediente por resultar lesivo del derecho de acceso al recurso.
4.  La Sección Tercera del tribunal, por providencia de 10 de marzo de 2021, acordó 
admitir  a  trámite  el  recurso  de  amparo  apreciando  que  concurre  una  especial 
trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), como consecuencia de que la posible 
vulneración  del  derecho  fundamental  que  se  denuncia  pudiera  provenir  de  la  ley 
[STC 155/2009, FJ 2 c)]; y dirigir atenta comunicación al órgano judicial para la remisión 
de testimonio de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en 
el procedimiento para que puedan comparecen en el recurso de amparo.
5.  La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda del tribunal, por diligencia de 
ordenación de 13 de abril de 2021, tuvo por personada y parte a la abogacía del Estado 
y acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por 
plazo común de veinte días, a fin de que, conforme con lo previsto en el art. 52 LOTC, 
pudieran presentar alegaciones.
6.  El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 17 de mayo de 2021, presentó 
sus alegaciones interesando la estimación del recurso de amparo, declarando vulnerado 
el art. 24.1 CE, la nulidad del decreto impugnado en el extremo en que declara que es 
irrecurrible y firme, y la retroacción de actuaciones al momento del pronunciamiento del 
citado decreto. El Ministerio Fiscal destaca que el art. 238 bis LECrim, en el que la 
resolución impugnada fundamenta su firmeza, ha sido anulado por la STC 151/2020, 
de 22 de octubre, por lo que, tal como se ha acordado en la STC 179/2020, de 14 de 
diciembre, respecto de otro recurso de amparo planteado por el demandante de amparo, 
procede la estimación del recurso.
7.  La  abogacía  del  Estado,  mediante  escrito  registrado  18  de  mayo  de  2021, 
presentó  sus  alegaciones,  solicitando  que  se  declarara  la  improcedencia  del 
planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, al haberse ya declarado la nulidad 
del art. 238 bis LECrim por la STC 151/2020, de 22 de octubre. En cuanto al fondo de la 
invocación del art. 24.1 CE por la no suspensión de plazos para recurrir contenido en las 
resoluciones impugnadas, insta su desestimación por no suponer una decisión lesiva del 
derecho de acceso al recurso.
8.  El demandante de amparo presentó sus alegaciones el 13 de mayo de 2021 
poniendo de manifiesto que en asuntos que planteaban la misma cuestión se había 
estimado su recurso de amparo (SSTC 164/2020, de 16 de noviembre, y 179/2020, 
de 14 de diciembre).
9.  Por providencia de 24 de junio de 2021, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 29 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos e
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del art. 238 bis LECrim, que establece que contra «el decreto del secretario judicial que 
resuelva el recurso de reposición no cabrá interponer recurso alguno».
La STC 151/2020, de 22 de octubre, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del 
citado precepto por vulnerar el art. 24.1 CE, con fundamento en que excluye todo control 
jurisdiccional del decreto del letrado de la administración de justicia que resuelve el 
recurso de reposición, cerrando la posibilidad de una tutela de derechos e intereses 
legítimos que la Constitución contempla que sea siempre dispensada por los jueces y 
tribunales, creando un sector de inmunidad que no se compadece con el art. 24.1 CE ni 
con lo previsto en el art. 117.3 CE.
En aplicación de esta jurisprudencia, y a consecuencia de la anulación del citado 
precepto en las SSTC 164/2020, de 16 de noviembre, y 179/2020, de 14 de diciembre, 
sendos recursos de amparo interpuestos por el mismo demandante que el presente, en 
los que se planteaba la misma cuestión, fueron estimados. A la misma conclusión debe 
llegarse también en este caso con los efectos inherentes de anulación del decreto 
impugnado en el extremo en que se declara su firmeza y de retroacción de actuaciones 
para que se pronuncie otro sobre ese particular y se confiera la posibilidad de interponer 
recurso  de  revisión  frente  al  referido  decreto,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en 
la STC 151/2020, FJ 4.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Jaber El Ghali, y, en consecuencia:
1.º  Declarar  que  ha  sido  vulnerado  su  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del decreto del 
letrado de la administración de justicia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 
de  Cataluña  de  3  de  abril  de  2018,  pronunciado  en  el  expediente  especial  núm. 
526-2017, en cuanto que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno y era firme.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento del pronunciamiento del decreto para 
que se provea su reparación confiriendo la posibilidad de interponer recurso de revisión 
frente al mismo.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–
Firmado y rubricado.