BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 67 Viernes 19 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 31598
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
4319 Decreto-ley  17/2020,  de  29  de  octubre,  de  medidas  extraordinarias  en 
materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica 
producida por la pandemia ocasionada por la COVID-19.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto 
ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia turística para 
afrontar  los  efectos  de  la  crisis  sanitaria  y  económica  producida  por  la  pandemia 
ocasionada por la COVID-19, ordenando a la ciudadanía y a las autoridades que lo 
cumplan y lo hagan cumplir.
I
La  Constitución  Española,  en  su  artículo  51  exige  a  los  poderes  públicos  que 
garantice  la  defensa  de  los  consumidores  y  usuarios,  protegiendo,  mediante 
procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de 
los mismos. Por otro lado, establece en su artículo 148.1.18.ª, que las Comunidades 
Autónomas puedan asumir competencias en materia de promoción y ordenación del 
turismo  en  su  ámbito  territorial.  En  este  sentido,  el  artículo  129  del  Estatuto  de 
Autonomía de Canarias atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia 
exclusiva en materia de turismo, que incluye, entre otros aspectos, la planificación y la 
ordenación del sector turístico. Asimismo, el artículo 141 del Estatuto de Autonomía, 
atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo 
y de ejecución de la legislación estatal en materia de sanidad interior, que incluye, en 
todo caso, la de ordenación y la ejecución de las medidas destinadas a preservar, 
proteger  y  promover  la  salud  pública  en  todos  los  ámbitos.  A  este  respecto,  la 
habilitación para la adopción de medidas por parte de las autoridades sanitarias en 
situaciones  de  riesgo  para  la  salud  de  las  personas  se  encuentra  en  Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y 
en las Leyes 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública. Por su parte, el artículo 37 del Estatuto reconoce como uno de 
los principios rectores que deben orientar las políticas públicas en Canarias el fomento 
de  la  actividad  turística  y  su  ordenación,  con  el  objetivo  de  lograr  un  modelo  de 
desarrollo sostenible, especialmente respetuoso con el medio ambiente, el patrimonio 
cultural canario y el territorio.
El turismo se ha convertido desde hace años en una de las principales actividades 
generadoras de empleo y riqueza en Canarias, siendo un sector estratégico que impulsa 
el crecimiento económico en nuestra Comunidad.
El archipiélago registró en 2019 una llegada de turistas de 15,11 millones. Este 
sector da empleo a prácticamente 250.000 canarios. Ese año los turistas extranjeros 
gastaron un total de 16.278 millones de euros en Canarias. Estas cifras vienen a poner  s
de  manifiesto  la  importancia  del  turismo  como  elemento  para  la  cohesión  social  y  oe.
territorial de nuestra Comunidad Autónoma. Conforme a la tendencia de los últimos  w.
años,  su  peso  en  el  PIB  canario  se  sitúa  en  torno  al  35%  y  este  supone  19ww
aproLxaim aacdtiavimdaedn tteu reíls 4tic0a% e dne el el marpclheiop iétolataglo r,e sgiino neaml.bargo, se ha visto interrumpida por la
irrupción de la COVID-19 que, desde que el día 11 de marzo de 2020 fuera elevada a
pandemia global por la Organización Mundial de la Salud, originó una situación de 
emergencia de salud pública y de crisis socioeconómica sin precedentes.
Tras el proceso de desescalada y el fin de la vigencia del estado de alarma, el país 
entró en una etapa de nueva normalidad, durante la cual los poderes públicos y las 
autoridades sanitarias continuaron tomando medidas dirigidas a controlar los brotes y 
frenar los contagios.
En  ese  contexto  se  dictan,  en  el  ámbito  estatal,  entre  otros,  el  Real  Decreto-
ley  21/2020,  de  9  de  junio,  de  medidas  urgentes  de  prevención,  contención  y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; el Plan 
de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia y las declaraciones de 
actuaciones  coordinadas  en  salud  pública  acordadas  en  el  seno  del  Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Por la Comunidad Autónoma de Canarias, a su vez, se dicta el Acuerdo del Gobierno 
de Canarias de 19 de junio, por el que se establecen medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del 
plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas 
propias del estado de alarma; la Orden conjunta de las Consejerías de Sanidad y de 
Turismo, Industria y Comercio de 4 de agosto de 2020, por la que se establece un 
protocolo de actuación para facilitar la elaboración de los planes de contingencia de 
medidas  de  prevención  para  hacer  frente  a  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el 
COVID-19 en el ámbito turístico y comercial de la Comunidad Autónoma de Canarias; el 
Decreto ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se establece el régimen sancionador 
por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19 en 
la Comunidad Autónoma de Canarias y el Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre, de 
medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de 
Canarias.
Este conjunto de medidas, dirigido a prevenir situaciones de riesgo, intensificar las 
capacidades  de  seguimiento  y  vigilancia  de  la  epidemia  y  reforzar  los  servicios 
asistenciales  y  de  salud  pública,  ha  permitido,  hasta  ahora,  ofrecer  respuestas 
apropiadas y proporcionales en función de las distintas etapas de evolución de la onda 
epidémica en Canarias.
No obstante, en el momento actual, tanto en España como en la mayoría de países 
europeos, se registra una tendencia ascendente en el número de casos de SARS-CoV-2. 
Este incremento se ha traducido, salvo en las Islas Canarias, en un aumento importante 
de la Incidencia Acumulada en catorce días, hasta situarse en España, con fecha 22 de 
octubre,  en  349  casos  por  100.000  habitantes,  muy  por  encima  de  los  60  casos 
por 100.000 habitantes que marca el umbral de alto riesgo de acuerdo a los criterios del 
Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.
Por ese motivo, el Gobierno de la Nación, mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre,  declara  de  nuevo  el  estado  de  alarma  para  contener  la  propagación  de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Con excepción de esta Comunidad Autónoma, las actuales incidencias sitúan a todo 
el  territorio  en  un  nivel  de  riesgo  alto  o  muy  alto  de  acuerdo  a  los  estándares 
internacionales y a los nacionales establecidos en el documento de Actuaciones de 
respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19, aprobado en el 
pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado día 22 de 
octubre de 2020.
En  este  contexto,  con  niveles  muy  preocupantes  de  los  principales  indicadores  s
epidemiológicos  y  asistenciales,  se  deben  considerar  medidas  de  control  de  la  oe.
transmisión desde diferentes ámbitos materiales que permitan reducir las incidencias  w.
actuales, mantener la tendencia descendente en el archipiélago y evitar alcanzar el nivel  19ww
de eEsntr élas  gqeuset ieóxnp pearirma ehnatcóe er lf rseisntteem aa l as acnriistaisr ios acnaintaarriaio,  deucorannótme iecla p ya ssaodcoia lm peros vdoec aadgao sptoor.
alac tCuaOcVioIDne-1s9 y  sme ehdaid pause estno  ddifee rmenatneisfi eásmtob, itdoes  mloa nqeurea  preercmuritree nuten,  mquaey oer sc olan tsroulm dae  dlea   BOE-A-cable e
epidemia y, por ende, un mayor grado de éxito en la aplicación de las mismas. La 
efectividad  de  cualquier  intervención  aislada  puede  ser  limitada,  requiriendo  la 
combinación  de  varias  intervenciones  para  tener  un  impacto  significativo  en  dicha 
gestión.
En este sentido, se ha observado que los movimientos de personas, desde unidades 
territoriales de alta incidencia a otras de menor incidencia, suponen un riesgo muy 
elevado de difusión geográfica de la transmisión del SARS-CoV-2 y que ello, a su vez, 
tiene un impacto directo en la actividad turística. El aislamiento geográfico de Canarias, 
unido al mayor control de acceso a su territorio, derivado de su condición insular, ha 
supuesto una ventaja latente en la referida difusión cuyos efectos pueden ser un aliciente 
para el mantenimiento de la actividad turística en el archipiélago.
En este sentido, la experiencia de meses anteriores confirma cómo la adopción de 
medidas restrictivas en ciertos establecimientos y actividades, no solamente tiene un 
impacto directo en la reducción drástica de los brotes epidémicos y los casos asociados 
vinculados a tales contextos, sino que además, ha ayudado a fortalecer la imagen de 
Canarias como destino turístico garante de unos altos estándares de protección de la 
salud de sus visitantes.
Canarias presenta una evolución favorable de la epidemia con indicadores que la 
sitúan en niveles de riesgo medio, muy por debajo del resto del territorio nacional. Por 
ello, y sin perjuicio de la habilitación contenida en el referido Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, se hace necesario incorporar a la regulación de la actividad turística 
alojativa los aspectos que garanticen, también en este contexto, la debida protección de 
la salud de sus usuarios. Con ello se pretende evitar la situación de parálisis vivida 
durante la vigencia del estado de alarma declarado mediante Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, y el gran impacto perjudicial que tuvo en la sociedad del archipiélago.
Y siendo el turismo una actividad dinámica que se ve afectada por los cambios y 
tendencias que se producen en su entorno, especialmente sensible a una serie de 
condicionantes externos como la situación económica y medioambiental, la estabilidad y 
seguridad del destino o las condiciones de salud pública, la pandemia mundial del 
Coronavirus COVID-19 ha corroborado la especial vulnerabilidad del sector, al basarse 
en desplazamientos y el contacto entre personas, limitados por los gobiernos de todos 
los estados para evitar la propagación de dicha pandemia.
El descenso que se ha producido en el número de turistas en las Islas Canarias es 
consecuencia directa de la reducción experimentada en la llegada de estos provenientes 
de los principales países emisores, Alemania y Reino Unido, los cuales representan, 
conjuntamente, el 46,8% de la llegada de turistas al archipiélago. El 22 de octubre 
de 2020, los Gobiernos de dichos países permiten de nuevo los viajes a las Islas 
Canarias sin restricciones lo que justifica la urgencia en la entrada en vigor de las 
normas turísticas que se exponen en este articulado, en la medida en se prevé un 
importante incremento del número de turistas que llegarán a las islas desde dicha fecha.
La actividad turística, estratégica en Canarias, ha sufrido durante los primeros seis 
meses de 2020 un importante descenso, habiendo sido registrada una cifra de llegada 
de turistas internacionales de 2,7 millones, lo que supone una reducción del 58,6% frente 
a  las  cifras  registradas  en  2019.  Asimismo,  se  ha  producido  un  descenso  sin 
precedentes en el gasto turístico semestral experimentado en el archipiélago al reducirse 
en un 99,8% respecto al primer semestre del año pasado, poniendo más de 50.000 
puestos de trabajo en riesgo.
La recuperación no va a ser rápida y las expectativas apuntan que se puede perder  s
una importante cantidad de los turistas recibidos y de los ingresos generados en el  oe.
conjunto del año y esto llevaría a reducir drásticamente el PIB canario. w.
El cambio de modelo que está experimentando y que experimentará la actividad  19ww
etunr ísmtiactae reian  dtoed tau rsisum eox,t ecnosni óens preeqciuaile rreel elav ainntceiarv eennc nióune sdterac isCivoam duen idlaasd  pAoulíttóicnaosm paú pbolicr aesl 
señalado papel que la industria turística desempeña dentro de la economía canaria.
La situación provocada por la evolución del virus desde que se procediera a su 
declaración  como  emergencia  de  salud  pública  de  importancia  internacional,  ha 
generado la urgente necesidad de adoptar medidas extraordinarias en diversos ámbitos 
para hacer frente a la misma, y proteger la salud pública.
En este sentido, el Gobierno canario ha manifestado su compromiso para mantener 
negocios y puestos de trabajo del sector turístico ante las graves consecuencias que la 
pandemia del COVID-19 va a tener en la Comunidad Autónoma y la necesidad urgente 
de su reactivación. Ello ha hecho imprescindible articular estrategias y mecanismos para 
el impulso de la actividad del sector turístico tales como el Plan para la Reactivación 
Social y Económica de Canarias (Plan Reactiva Canarias); el Laboratorio Global de 
Seguridad Turística y el Proyecto Canarias Fortaleza que han sido el marco de referencia 
de los operadores para, a partir de la identificación de riesgos y la evaluación de 
situaciones de conflicto, llevar a cabo actuaciones de prevención y protección de la 
salud, y de implementación de las mejores prácticas.
II
El presente Decreto ley se compone de un artículo único, una disposición transitoria 
y cuatro disposiciones finales.
El artículo único establece un régimen transitorio de condiciones de acceso a los 
establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias aplicable mientras subsista la 
crisis  sanitaria  ocasionada  por  la  COVID-19  y  hasta  que  la  autoridad  sanitaria 
competente declare su innecesaridad. Conforme a dicho régimen, para acceder a los 
establecimientos turísticos de alojamiento será preciso demostrar la realización del test 
de diagnóstico de infección activa que establezcan las autoridades sanitarias y que 
acredite que el usuario turístico no ha dado positivo como transmisor de la COVID-19. 
De  esta  manera  se  promueve  la  realización  del  test  diagnóstico  en  el  lugar  de 
procedencia de cada usuario, sin perjuicio de la posibilidad de someterse al referido test 
diagnóstico en los espacios que, para tal fin, pongan a su disposición las autoridades 
canarias con carácter previo a su entrada al establecimiento turístico de alojamiento. La 
norma contempla una regulación específica para aquellas personas que acrediten la 
permanencia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias en los 15 días 
previos a su llegada al establecimiento, a los que se exige la acreditación, mediante 
declaración responsable, de tal extremo, quedando esta a disposición de las autoridades 
sanitarias. Este distinto tratamiento se sustenta en que dichas personas no suponen un 
riesgo potencial para la capacidad asistencial de los centros sanitarios canarios. No 
obstante, ante la incertidumbre que pudiera darse respecto a la evolución de la situación 
epidemiológica,  no  solo  en  los  territorios  de  origen  de  los  usuarios  turísticos,  sino 
también en la propia Comunidad Autónoma de Canarias, se considera necesario habilitar 
al Consejo de Gobierno Autonómico, a propuesta de la Autoridad Sanitaria, para que 
pueda modificar lo regulado en esta norma acerca de la obligatoriedad o no de la 
realización de test de diagnóstico de infección activa.
La responsabilidad de los establecimientos turísticos de alojamiento, de este modo, 
queda limitada a la verificación de los certificados que se aporten en el acceso a sus 
instalaciones, así como al deber de facilitar la información relativa a los lugares en los 
que los usuarios turísticos pueden someterse a los test diagnósticos.
Se utiliza la denominación de test de diagnóstico de infección activa, por ser el 
nombre genérico de este tipo de pruebas diagnósticas utilizado oficialmente, dado lo  s
cambiante que está resultando la investigación en este campo para definir distintos tipos  e.
de pruebas de mayor fiabilidad diagnóstica y facilidad en su realización w.
El Decreto ley contiene una disposición transitoria en la que se contempla el régimen  19ww
vtriagnosr itqourieo,  acpolnicfaobrmlee d ae risvua ddois dpeo slaic iaópnl icfiancailó cnu daert ala, st emneddráid alusg parre evli sdtaías  sciognu iseun teen atrla ddea  esun 
publicación en el «Boletín Oficial de Canarias».
En la disposición final primera se aborda la modificación de la Ley 7/1995, de 6 de 
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, para introducir el derecho de los usuarios 
turísticos a que se adopten medidas adecuadas para la protección de su salud. De igual 
forma se reflejan las potestades de intervención para la protección de la salud y la 
prevención de la enfermedad, que la legislación sectorial confiere a las autoridades 
sanitarias por razón de salud pública. Potestades de intervención que, evidentemente, 
tienen su incidencia en la actividad turística alojativa como en cualquier otro sector y que, 
si bien no se reflejaban en la normativa turística, se ponen ahora de manifiesto por razón 
de seguridad jurídica y de transparencia frente a los usuarios de dichos establecimientos.
Por otro lado, se define la forma en que los usuarios turísticos pueden acceder y 
prestar el consentimiento respecto a la información relativa a las medidas que, para la 
protección de su salud, puedan ser impuestas en su acceso o permanencia a los 
referidos establecimientos, así como las obligaciones para su divulgación.
La disposición final segunda modifica la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, 
con el fin de habilitar al Gobierno de Canarias a regular por decreto las condiciones 
objetivas en que puede ser ejercido el derecho de admisión, y recoger asimismo la 
posibilidad de establecer restricciones al acceso por las autoridades sanitarias, en el 
ejercicio de sus competencias, por razones de salud pública.
Las  disposiciones  finales  tercera  y  cuarta,  establecen,  respectivamente,  una 
habilitación para el desarrollo reglamentario y ejecución del Decreto ley, y su entrada en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
III
Con base en la previsión contenida en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de 
Canarias, el Decreto ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre 
que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido 
nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 
de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 de julio, F. 3), subvenir a 
una  situación  concreta,  dentro  de  los  objetivos  gubernamentales,  que  por  razones 
difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el 
requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la correspondiente 
tramitación normativa que resulte de aplicación.
La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto ley se inscribe en el 
juicio político o de oportunidad que corresponde a este Gobierno (STC 93/2015, de 14 de 
mayo,  FJ  6)  y  esta  decisión,  sin  duda,  supone  una  ordenación  de  prioridades  de 
actuación que la situación de emergencia acreditada demanda (STC, de 30 de enero 
de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019).
Como señala el Tribunal Constitucional, generalmente se ha venido admitiendo el 
uso del Decreto ley en situaciones que se han calificado como «coyunturas económicas 
problemáticas», para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente 
lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la 
legislación de urgencia, que no es otro que subvenir a «situaciones concretas de los 
objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes» 
(SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012,  s
de 8 de mayo, FJ 8). e.
En el presente caso, el fin que justifica la legislación de urgencia es el subvenir a una  w.
situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de  19ww
pproerv lear  vríeaq nuoiermrea ul,n rae sauclctaiónnd on oinrmcoamtivpaa tiinbmlee adciaotma peans aurn  epl lparzooc medáims ibernetvoe l eqguies laetli vreoq cuoemriúdno 
cCoanntaermiapsl,a dcoo ne nl aT íatuplore mViIa ndteel  tneexctoe scidoands odlidea daop rdoebla rR  elagsla mmeendtiod adse l dPe arglaamraenntítao  ddee   BOE-A-cable e
protección de la salud de los usuarios en el ejercicio de la actividad turística alojativa, de 
tal forma que la misma sólo puede abordarse con la urgencia que la figura del Decreto 
ley permite.
Las previsiones contenidas en este Decreto ley, en concreto, responden al mandato 
constitucional  de  garantía  de  la  seguridad,  la  salud  y  los  legítimos  intereses  de 
consumidores y usuarios de su artículo 51. El Tribunal Constitucional ha sentado que los 
poderes públicos deben garantizar la eficacia en los procedimientos de protección de la 
seguridad  y  la  salud  de  los  consumidores  y  usuarios  exigida  por  la  Constitución 
(STC 87/1985 del 16 de julio) y que el cumplimiento de este mandato corresponde al 
Estado  o  a  las  Comunidades  Autónomas  en  función  del  reparto  de  competencias 
establecido  en  el  Título  VIII  de  la  Constitución  y  en  los  respectivos  Estatutos  de 
autonomía (SSTC 62/1991 y 202/1992).
En consonancia con lo expuesto, se puede asegurar que existe una conexión directa 
entre la urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella, teniendo 
en cuenta las medidas que ya han sido previamente adoptadas y que requieren ser 
complementadas de manera urgente. Estas medidas que se adoptan ahora no pueden 
esperar  a  una  tramitación  ordinaria  dado  el  efecto  gravoso  que  provocaría  en  la 
ciudadanía al perder su esperada eficacia en el fin último de las mismas en la lucha 
contra la evolución del virus COVID-19 y el impacto de este en la economía.
Por último, este Decreto ley cumple con los límites fijados por las competencias 
autonómicas para acometer una regulación legal en esta materia. Cuando concurre, 
como en este caso, una situación de extraordinaria y urgente necesidad todos los 
poderes  públicos  que  tengan  asignadas  facultades  de  legislación  provisional  y 
competencias sustantivas en el ámbito material en que incide tal situación de necesidad 
pueden reaccionar normativamente para atender dicha situación, siempre, claro está, 
que lo hagan dentro de su espectro competencial (STC 93/2015, de 14 de mayo FJ11).
Estas mismas razones que determinan la urgente necesidad son las que conducen a 
que el presente instrumento normativo se erija en el instrumento de que dispone este 
Gobierno para dar respuesta, en tiempo, a una situación que requiere de una actuación 
inmediata,  dando  con  ello  cumplimiento  a  los  principios  de  necesidad,  eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.
A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad 
y eficacia en el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, 
siendo el Decreto ley no solo el instrumento más adecuado sino el único que puede 
garantizar su consecución y eficacia.
Del mismo modo, es proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para 
conseguir su objetivo, limitando sus efectos a la concurrencia de la situación temporal y 
extraordinaria descrita. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico.
En cuanto al principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de 
consulta pública, audiencia e información pública que no son aplicables a la tramitación y 
aprobación de decretos-leyes, sin perjuicio de la debida publicidad que se dará al mismo 
a través de los boletines oficiales.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, y teniendo en cuenta la propia 
naturaleza de las medidas adoptadas este Decreto ley no impone carga administrativa 
alguna adicional. s
Debe señalarse también que este Decreto ley no afecta al ordenamiento de las  oe.
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos  w.
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen electoral, ni a las instituciones de la  19ww
ComPuonri dtaodd oA uetlólon, oemna  edjee rCciacnioa rdiaes .la facultad conferida por los artículos 46 y 129 del
AEdstmatinuitsot radceio nAeust oPnoúmbliícaa sd, eJ uCsatinciaar iays ,S eag uprridoapdu eys tad ec oSnajnuindtaad ,d ye  dloes  laC Conosnesjeejreorsa  ddee   BOE-A-cable e
Turismo,  Industria  y  Comercio,  y  previa  deliberación  del  Gobierno  en  su  reunión 
celebrada el día 29 de octubre de 2020, dispongo:
Artículo único.  Condiciones de acceso a los establecimientos turísticos de alojamiento 
de Canarias durante la pandemia COVID-19.
1.  Para acceder a los establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias será 
preciso que los usuarios turísticos mayores de seis años, que no provengan del territorio 
de la Comunidad Autónoma de Canarias demuestren la realización, en el plazo máximo 
de las 72 horas previas a su llegada, del test de diagnóstico de infección activa que 
establezcan las autoridades sanitarias y que acredite que el usuario turístico no ha dado 
positivo como transmisor de la COVID-19.
2.  Con  carácter  previo  a  la  formalización  de  la  reserva  o  contratación  de  los 
servicios de alojamiento turístico en cualquiera de los establecimientos turísticos de 
Canarias, se informará de que entre las condiciones de acceso al mismo se incluye la de 
acreditar la realización del referido test diagnóstico.
3.  No resultará de aplicación la condición de acceso a la que se refiere el párrafo 
primero a quien acredite la condición de residente en Canarias, y declare bajo su 
responsabilidad que no ha abandonado el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Canarias en los 15 días previos a su llegada al establecimiento y que además en dicho 
período no ha tenido síntomas compatibles con la COVID-19.
Tampoco  será  necesaria  la  demostración  de  la  realización  del  referido  test 
diagnóstico a los no residentes que acrediten mediante su documento de viaje haber 
permanecido en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias los 15 días previos 
a la fecha de acceso al establecimiento turístico de alojamiento, y que además declaren 
bajo su responsabilidad que en dicho período no ha tenido síntomas compatibles con la 
COVID-19.
4.  Las condiciones establecidas en los apartados 1 y 3 para los usuarios turísticos, 
podrán  modificarse  mediante  Acuerdo  del  Gobierno  a  propuesta  de  la  Autoridad 
Sanitaria, en función de la evolución de la situación epidemiológica en los territorios de 
origen o en la propia Comunidad Autónoma de Canarias.
5.  En el momento de formalización de la reserva o contratación de los servicios de 
alojamiento turístico cada cliente habrá de prestar su aceptación a la condición de 
acceso que, conforme a los apartados anteriores, le resulte de aplicación.
6.  El establecimiento turístico de alojamiento denegará el acceso a la persona que 
no cumpla las condiciones que le sean de aplicación conforme a los apartados 1 y 3. No 
obstante lo anterior, y cuando el motivo para denegar el acceso sea carecer del referido 
test diagnóstico, deberá informar de los lugares próximos al establecimiento en que 
podría  someterse  a  esa  prueba,  o  bien  ofrecer  dicha  posibilidad  en  el  propio 
establecimiento a coste del usuario turístico.
Excepcionalmente,  en  el  supuesto  de  que  el  usuario  turístico  no  acredite  su 
sometimiento al test diagnóstico, pero demuestre su disponibilidad para realizárselo, 
podrá autorizarse su acceso y pernoctación el tiempo imprescindible para obtener los 
resultados. En este caso, el usuario turístico no podrá abandonar la habitación salvo 
para realizar el test y recoger los resultados.
7.  Todo establecimiento turístico de alojamiento deberá colocar en su recepción, al 
menos en cinco idiomas comunitarios, carteles indicativos e informativos relativos a las 
condiciones de acceso a las que se refiere este artículo.
8.  El  usuario  turístico  podrá  acreditar  libremente  la  realización  de  dicho  test  e.
diagnóstico en el plazo indicado mediante la aportación de certificado, telemático o en  w.b
soporte papel, en el que conste la fecha y hora de celebración del test, la identidad de la  19ww
npaetrusoranleaz faís, iacsaí  scoommeot iedla r eas ulalt amdois mneag, aetilv ola.boratorio responsable de su verificación y su
aloja9m. ieEnnto  elol sp luaszuoa mrioásx imtuorí sdtiec olsa sc u4y8o  hluograasr  pdree vdieasst inao l ae xsiajali dpaa rdae sl ue srteatbolrencoi,m bieiennto u dnea 
prueba negativa en COVID-19, o bien la realización de una cuarentena, deberán ser
informados por el propio establecimiento de los lugares en los que poder someterse a los 
test diagnósticos que cuenten con la homologación de las autoridades sanitarias según 
exija el destino de retorno, en los que se expida certificación acreditativa de la realización 
de dicha prueba, sus condiciones y el resultado.
10.  Los establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias deberán conservar a 
disposición del Servicio Canario de la Salud la información contenida en las hojas de 
registro a que hace referencia la Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, junto con la 
documentación acreditativa del cumplimiento por el cliente de las condiciones de acceso 
a al establecimiento a que hacen referencia los apartados anteriores.
El  tratamiento  de  la  información  de  carácter  personal  que  se  realice  como 
consecuencia del desarrollo y aplicación del presente artículo se hará de acuerdo a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y 
en lo establecido en los artículos ocho.1 y veintitrés de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad.
El  tratamiento  tendrá  por  finalidad  garantizar  el  derecho  a  la  seguridad  y 
protección de la salud del usuario turístico en los términos del artículo 18 de la 
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias; atendiendo a 
razones de interés público esencial en el ámbito específico del turismo, y para la 
protección de intereses vitales de los afectados y de otras personas físicas al amparo 
de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016.
Cada establecimiento turístico de alojamiento será responsable del tratamiento de los 
datos que recabe de las personas que hayan reservado o contratado sus servicios. 
Dichos  establecimientos  garantizarán  la  aplicación  de  las  medidas  de  seguridad 
preceptivas que resulten del correspondiente análisis de riesgos, teniendo en cuenta que 
los tratamientos afectan a categorías especiales de datos.
11.  Con carácter previo a la formalización de la reserva o contratación de los 
servicios de alojamiento turístico en cualquiera de los establecimientos turísticos de 
alojamiento  de  Canarias,  se  informará  a  los  clientes  de  que  deberán  descargar  y 
mantener activa durante su estancia en las islas, así como los 15 días inmediatamente 
posteriores a su regreso a su lugar de origen, la aplicación móvil de alerta de contagios 
Radar Covid.
Todos los establecimientos deberán colocar en su recepción, al menos en cinco 
idiomas comunitarios, carteles indicativos e informativos al respecto.
12.  Las condiciones de acceso a los establecimientos turísticos de alojamiento de 
Canarias durante la pandemia COVID-19 reguladas en este artículo se mantendrán 
vigentes hasta que la autoridad sanitaria competente del Gobierno de Canarias, en uso 
del artículo 15.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, 
declare su innecesaridad y/o la sustituya por otro tipo de disposiciones.
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio.
La acreditación de la realización del test diagnóstico previsto en el apartado 1 del 
artículo único y la obligación de aportar la declaración responsable a que se refiere el 
apartado 3 del mismo artículo, serán exigibles a los 10 días hábiles de la entrada en  e.
vigor del Decreto ley. w.b
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación 
del Turismo de Canarias.
Se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en 
los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el artículo 15, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 15.  Consideración general.
1.  Se entiende por usuario turístico o turista a la persona que utiliza los 
establecimientos y bienes turísticos o recibe los servicios que le ofrezcan las 
empresas de esa naturaleza y que como cliente los demanda y disfruta.
2.  Como tal, y con independencia de los derechos que le asisten en cuanto 
consumidor conforme a la normativa general, el usuario turístico tendrá, en los 
términos previstos en esta Ley, los siguientes derechos:
a)  A recibir información veraz, previa y completa sobre los bienes y servicios 
que se le oferten.
b)  A recibir del establecimiento turístico elegido bienes y servicios acordes, 
en naturaleza y calidad, con la categoría que aquel ostenta.
c)  A tener garantizada, en el establecimiento, su seguridad, su tranquilidad e 
intimidad personal y que se adopten las medidas adecuadas para la protección de 
su salud.
d)  A formular quejas y reclamaciones.
3.  El acceso a los establecimientos turísticos a que esta Ley se refiere será 
libre, sin más limitaciones que las derivadas de las reglamentaciones específicas 
de  cada  actividad,  que  determinarán  expresamente  los  casos  en  que  podrá 
exigirse contraprestación por el acceso. Ello sin perjuicio de las limitaciones al 
acceso  derivadas  de  las  medidas  que  puedan  establecer  las  autoridades 
sanitarias, por razones de salud pública.»
Dos.  Se modifica el artículo 16, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 16.  Derecho a información veraz.
1.  Todas las empresas y entidades sometidas a la presente Ley tienen la 
obligación de facilitar a los usuarios turísticos la información exigida en el artículo 
anterior, acerca de los bienes y servicios que oferten, antes de contratar los 
mismos sobre modalidades, condiciones, precios y riesgos del usuario, así como 
de las eventuales responsabilidades a que pueda dar lugar la actividad turística 
que despliegan.
La información relativa a los requisitos que limiten, condicionen o impidan el 
acceso a los establecimientos turísticos o su permanencia en los mismos, deberá 
constar de forma íntegra y accesible en las ofertas de servicios turísticos, de forma 
tal que se garantice que el usuario turístico ha tenido acceso a la misma con 
carácter previo a la formalización de la reserva o contratación de los servicios 
turísticos.
En la formalización de la reserva o contratación del correspondiente servicio 
deberá quedar constancia de la recepción y aceptación expresa por los usuarios  e.
turísticos de la información sobre las condiciones de acceso y permanencia en el  w.
establecimiento a que se refiere el párrafo anterior. 19ww
bien2e.s  yL ase irnvfiocriomsa ecnió nco, nindcicluiosnoe sla  mpeujbolriecista qriuae,  lqause r efaallseese,  dlaar áv edredraedc hpor easle unstaunadrioo 
tduarñísotisc oy  pae rrejucicibioirslo osc eansi olansa dcoosn.diciones anunciadas o a la indemnización por los  BOE-A-cable e
3.  Con independencia de lo previsto en el número 2 anterior, la publicidad 
turística engañosa, las ofertas equívocas, la omisión de la información relativa a 
los requisitos que limiten, condicionen o impidan el acceso a los establecimientos 
turísticos o su permanencia en los mismos, así como cualquier otra forma de 
captación de la que se deduzca una mayor calidad en el servicio que la real, se 
considerará  infracción  turística  grave  y  será  sancionada  como  tal  según  las 
prescripciones de esta Ley.
4.  La  Consejería  con  competencias  en  materia  turística  determinará  las 
características de la información turística, teniendo en cuenta las previsiones de 
este artículo y demás normativa de aplicación, así como los casos en que esa 
información deba exhibirse.»
Tres.  Se modifica el artículo 18, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo  18.  Derecho  a  la  seguridad  y  protección  de  la  salud  del  usuario 
turístico.
1.  Los proyectos técnicos y los establecimientos turísticos de alojamiento 
deberán cumplir la normativa técnica aplicable a la edificación y a la protección 
contra incendios, de conformidad con su uso específico.
2.  Las empresas deberán informar inequívocamente al usuario turístico de 
las instalaciones o servicios que supongan algún riesgo y de las medidas de 
seguridad adoptadas.
3.  Igualmente, informarán de la edad mínima para la práctica de actividades 
con riesgo, quedando prohibida la oferta a menores de entretenimientos que 
supongan algún peligro para su integridad física o salud mental.
4.  En aquellos lugares públicos que estuvieran señalizados o incluidos en 
una red de senderos oficial, se indicará expresamente los eventuales riesgos que 
puedan comportar.
5.  Con el horario y en las playas que reglamentariamente se determine 
existirá un servicio de socorrismo y señales sobre la peligrosidad del mar en cada 
momento.
6.  En todo núcleo turístico deberá existir una señalización especial de los 
servicios  de  asistencia  médica  disponibles  en  caso  de  urgencia,  y  en  todo 
establecimiento se dispondrá de un plano fácilmente comprensible que señale la 
ruta más corta de acceso a aquéllos.
Todo  establecimiento  turístico  deberá  contar  con  paneles  o  carteles 
informativos destinados a divulgar las medidas que, en su caso, establezcan las 
autoridades sanitarias por razones de salud pública.
7.  Los  establecimientos  turísticos  que  reglamentariamente  se  determine, 
deberán tener capacitado a su personal en la práctica de primeros auxilios, lucha 
contra incendios y evacuación de personas hacia salidas de emergencia. Tales 
establecimientos indicarán estas circunstancias en la información impresa sobre 
sus sistemas de seguridad.
Todos los establecimientos turísticos de alojamiento deberán proporcionar a su 
personal la formación adecuada para garantizar el cumplimiento por estos y los 
usuarios turísticos de las medidas sanitarias precisas para la protección de la 
salud que, en su caso, se adopten conforme a lo establecido en el apartado 3 del 
artículo 15 de esta Ley. e
8.  En  las  zonas  turísticas,  se  establecerán  dispensarios  médicos  y  bo
farmacéuticos, con los requisitos y en el porcentaje por usuarios turísticos que  19ww
cdoemteprmetiennetne,s  ecno mnjuantetarimase dnete s, anlaidsa d Cy odnes teujreisrímaso .»del  Gobierno  de  Canarias
Cuatro.  Se modifica el artículo 76, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 76.  Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves a la normativa turística:
1.  No disponer de las instalaciones, sistemas o servicios obligatorios, según 
la normativa turística, o tenerlos en mal estado de conservación o funcionamiento.
2.  Las  deficiencias  manifiestas  y  generalizadas  en  la  prestación  de  los 
servicios, decoro de los establecimientos y funcionamiento o limpieza de sus 
locales, instalaciones y enseres, así como el incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el artículo 17.2 de esta ley.
3.  El mal trato de palabra, obra u omisión al usuario turístico.
4.  Carecer de las hojas de reclamación obligatorias, no facilitarlas a los 
clientes o no tramitarlas en tiempo y forma.
5.  No expedir o no hacer entrega al usuario turístico de las facturas por los 
servicios prestados.
6.  La contratación de personal que carezca de la titulación o cualificación 
preceptiva para prestar los servicios que la requieran.
7.  La obstaculización o resistencia a la actuación de la inspección de turismo, 
que no llegue a impedirla.
8.  La falta de comparecencia de los empresarios o sus representantes a las 
citaciones efectuadas por los inspectores de turismo en la forma determinada en 
esta ley.
9.  Carecer o no facilitar el libro de inspección cuando una norma prevea el 
deber de disponer del mismo.
10.  La obstaculización o resistencia a la actuación de comprobación, que no 
llegue a impedirla, llevada a cabo por la Administración turística de conformidad 
con lo establecido en los artículos 24.1 y 32.4, siempre que no se encuentre 
comprendida en el número 6 del artículo anterior.
11.  La publicidad turística engañosa, las ofertas equívocas, la omisión de la 
información relativa a los requisitos que limiten, condicionen o impidan el acceso a 
los establecimientos turísticos o su permanencia en los mismos, o cualquier forma 
de sugestión que haga inferir una mayor calidad en las instalaciones o servicios de 
la que es real.
12.  El uso de sistemas de promoción de ventas agresivos que perturben la 
tranquilidad  de  los  usuarios  turísticos,  en  los  términos  contemplados  en  el 
artículo 19.1 de esta ley.
13.  La sobrecontratación de plazas que origine exceso de reservas que no 
pueda  ser  atendido,  salvo  que  se  acredite  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
previstos en los números 2 y 3 del artículo 37 de esta ley y que la estancia se ha 
desarrollado a satisfacción del usuario turístico.
14.  El incumplimiento de las normas sobre reservas y cancelaciones de 
plazas y la falta de prestación de un servicio convenido, cuando suponga un 
perjuicio manifiesto para el cliente.
15.  El ejercicio profesional realizado con incumplimiento de las normas sobre 
prestación de servicios turísticos.
16.  La falsedad en las comunicaciones previas y declaraciones responsables 
en los supuestos no contemplados en el apartado 9 del artículo anterior. e
17.  El incumplimiento de los deberes de conservación de la calidad de los  bo
establecimientos prevista en esta ley. 19ww
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19.  No presentar el informe de la inspección técnica de establecimientos 
turísticos, habiendo sido sancionado previamente por haber cometido la infracción 
contemplada en el artículo 77.9 de la presente ley.
20.  El incumplimiento de las disposiciones que se adopten sobre limitaciones 
de  acceso  al  establecimiento  turístico  de  alojamiento  por  razones  de  salud 
pública.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 
clasificadas  y  espectáculos  públicos  y  otras  medidas  administrativas 
complementarias.
Se modifica la disposición adicional tercera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de 
actividades  clasificadas  y  espectáculos  públicos  y  otras  medidas  administrativas 
complementarias, que queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional tercera.  Protección del consumidor y del usuario.
Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente sobre disciplina de 
mercado y defensa del consumidor y del usuario, corresponderá al Gobierno de 
Canarias, a propuesta del consejero competente, regular por decreto:
a)  Los libros y las hojas de reclamaciones, que deberán estar a disposición 
del público en los establecimientos o locales.
b)  Las condiciones de venta de las localidades o los billetes, y de los abonos.
c)  Las características de la publicidad para que no distorsione la capacidad 
electiva del usuario o espectador.
d)  Las condiciones objetivas en que se podrá ejercer el derecho de admisión, 
que deberán ser publicadas y conocidas para que el derecho de acceso a los 
locales y establecimientos de pública concurrencia sometidos a la presente ley no 
pueda ser negado de manera arbitraria o improcedente.
Dicha reglamentación deberá tener como criterio objetivo impedir el acceso a 
personas  que  manifiesten  actitudes  violentas  que  puedan  producir  peligro  o 
molestias a otros espectadores o usuarios, o bien dificulten el desarrollo normal de 
un espectáculo o actividad recreativa.
Asimismo, se podrán establecer restricciones al acceso por las autoridades 
sanitarias, en el ejercicio de sus competencias, por razones de salud pública.
e)  Los supuestos en que se impone la obligación de devolución del importe 
de  las  localidades,  sin  perjuicio  de  las  reclamaciones  a  que  se  pueda  tener 
derecho, de acuerdo con la legislación civil y mercantil.»
Disposición final tercera.  Desarrollo reglamentario y ejecución.
Se habilita a las personas titulares de las Consejerías competentes en materia de 
sanidad  y  de  turismo  para,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  dictar  cuantas 
disposiciones,  resoluciones  e  instrucciones  interpretativas  sean  necesarias  para  el 
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto ley.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente Decreto ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Canarias».
Canarias, 29 de octubre de 2020.–El Presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres 
Pérez.–El Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Manuel 
Pérez Hernández.–El Consejero de Sanidad, Blas Gabriel Trujillo Oramas.–La Consejera 
de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla Herrera.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 223, de 31 de octubre de 2020. Convalidado por 
Acuerdo del Parlamento de Canarias, publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 256, de 14 de 
diciembre de 2020)