BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 38 Lunes 14 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 18922
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
2317 Resolución  de  8  de  febrero  de  2022,  de  la  Dirección  General  de 
Producciones y Mercados Agrarios, por la que se da cumplimiento a la 
Sentencia n.º 118/2020, de 10 de marzo de 2020, del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid sobre la Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se fija, 
para el año 2018, la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de 
nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, por la que se establecen las 
denominaciones  de  origen  protegidas  pluricomunitarias  donde  se  podrán 
aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes 
de  autorizaciones  de  replantación  y  de  conversión  de  derechos  de 
replantación,  y  por  la  que  se  publica  la  puntuación  asignada  por  las 
comunidades autónomas a cada tipo de explotación del criterio de prioridad 
relativo al titular de viñedo con pequeña o mediana explotación.
La Sentencia número 118/2020 de 10 de marzo de 2020, del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta 
de Extremadura contra la Resolución de 27 de diciembre de 2017 de la Dirección 
General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se fija, para el año 2018, la 
superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo 
a nivel nacional, por la que se establecen las denominaciones de origen protegidas 
pluricomunitarias  donde  se  podrán  aplicar  limitaciones  a  las  nuevas  plantaciones  y 
restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación y de conversión de 
derechos  de  replantación,  y  por  la  que  se  publica  la  puntuación  asignada  por  las 
comunidades autónomas a cada tipo de explotación del criterio de prioridad relativo al 
titular de viñedo con pequeña o mediana explotación, y contra su modificación posterior 
operada por la resolución del 13 de febrero de 2018 de la misma Dirección General, 
anulando los apartados Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto de la mencionada resolución, 
retrotrayendo  actuaciones  al  momento  anterior  al  acuerdo  previo  entre  las  partes 
representativas relevantes a efectos de una nueva redacción de los citados apartados 
atendiendo a la realidad que, en materia de inexistencia de riesgos de oferta, de riesgos 
de oferta excesiva o devaluación significativa, se razona en la propia Sentencia.
Así,  conforme  al  FJ  7  de  dicha  sentencia,  «se  acuerda  la  retroacción  de  las 
actuaciones para que por la Administración autora se dicte nueva resolución en los 
apartados  afectados,  respetando  los  requisitos  de  audiencia,  acuerdo  previo  y 
motivación expuestos en los términos que anteceden». En igual sentido, el fallo dispone 
la anulación de los referidos apartados «retrotrayendo las actuaciones al momento de 
audiencia  previa  obtención,  necesaria,  del  acuerdo  previo  de  todas  las  partes 
representativas relevantes en la zona geográfica de que se trata, a efectos de una nueva 
redacción  de  los  citados  apartados  atendiendo  a  la  realidad  que,  en  materia  de 
inexistencia de riesgos de oferta excesiva o devaluación significativa, se razona en el 
Fundamento Jurídico Quinto».
Por consiguiente, como corolario de esa obligada retrotracción de las actuaciones al  es
momento  inmediatamente  anterior  al  de  la  recomendación  por  parte  del  Consejo  o
Regulador  de  la  DOP  Cava  que  establece  la  primera  parte  de  la  Sentencia,  es  17ww
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apartados  Segundo  Cuarto,  Quinto  y  Sexto  anulados,  teniendo  en  cuenta  los 
razonamientos establecidos en el Fundamento Jurídico Quinto de la Sentencia.
Los artículos 63.2 y 66.3 del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre, establecen que los estados miembros puedan decidir 
limitar la concesión de autorizaciones de nueva plantación y restringir la concesión de 
autorizaciones de replantación, sobre la base de que se presente una recomendación 
para ello, como requieren los artículos 65 y 66.3 de dicho reglamento. Además, estas 
mismas disposiciones establecen que las decisiones que tomen los estados miembros 
para limitar o restringir deben hacerse públicas. Por consiguiente, en caso de que no se 
presente una recomendación por parte del Consejo Regulador de Cava, no se podrá 
decidir  sobre  la  aplicación  o  no  de  limitaciones  ni  restricciones  a  las  solicitudes 
presentadas  al  amparo  de  la  Resolución  de  27  de  diciembre  de  2017,  siendo  de 
aplicación de forma automática la norma general que establece el Reglamento (UE) 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre en la concesión 
de autorizaciones, que es la de no aplicar ni limitaciones ni restricciones, y por tanto, no 
se  podrá  iniciar  ningún  procedimiento  para  publicar  una  resolución  cuya  redacción 
sustituya a los apartados Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto de la Resolución de 27 de 
diciembre de 2017.
Por otro lado, es obligado establecer las condiciones en las que se resolverán las 
solicitudes presentadas en 2018 para la DOP Cava en cumplimiento de la segunda parte 
de la Sentencia en la que se dice que se atenderá a la realidad que, en materia de 
inexistencia de riesgos de oferta excesiva o devaluación significativa, se razona en el 
Fundamento Jurídico Quinto.
Por todo ello, esta Dirección General aprobará la presente resolución como primer 
paso  para  llevar  a  puro  y  debido  efecto  la  sentencia,  conforme  se  predica  en  el 
artículo 104 de la Ley 29/1998.
Los  apartados  Segundo,  Cuarto,  Quinto  y  Sexto  de  la  mencionada  resolución 
establecieron, para su aplicación en 2018, el número máximo de hectáreas disponibles a 
conceder de autorizaciones de nuevas plantaciones, de autorizaciones de replantaciones 
y de conversiones de derechos de replantación de viñedo para la DOP Cava en 2018.
El apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que 
se regula el potencial de producción vitícola, establece que se podrá limitar, pero no 
prohibir, la superficie disponible para autorizaciones de nuevas plantaciones en la zona 
geográfica delimitada de una denominación de origen protegida.
La determinación de las cuestiones anteriores, conforme al apartado 3 del artículo 6 
de dicho real decreto, deberá tener en cuenta los motivos recogidos en el apartado 3 del 
artículo 63 del Reglamento (UE) número 1308/2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la organización común de mercados de 
los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) número 922/72, 
(CEE) número 234/79, (CE) número 1037/2001 y (CE) número 1234/2007, y deberá 
basarse en un análisis de las perspectivas de mercado, la previsión del impacto de las 
nuevas superficies que van a entrar en producción y de los derechos de plantación y 
autorizaciones  concedidas  todavía  sin  ejercer,  y  las  recomendaciones  de  las 
organizaciones profesionales representativas recibidas.
Por otra parte, de acuerdo al artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) 2018/273 de 
la  Comisión,  de  11  diciembre  de  2017,  se  establece  en  el  artículo  17  del  Real 
Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, que se podrán restringir las replantaciones de 
viñedo  si  la  superficie  a  replantar  puede  optar  a  la  producción  de  vinos  con  una  es
Denominación  de  Origen  Protegida  (DOP)  donde  se  ha  aplicado  una  limitación  de  o
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pueden  estar  sometidas  a  las  mismas  restricciones  que  las  autorizaciones  de 
replantación.
El artículo 7.1 y el artículo 18 del mencionado Real Decreto 1338/2018, de 29 de 
octubre, disponen que podrán realizar recomendaciones sobre el artículo 6.2, sobre el 
artículo 17 y sobre el artículo 22, las organizaciones interprofesionales que operen en el 
sector vitivinícola reconocidas de acuerdo al artículo 157 Reglamento (UE) número 
1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, además de las 
que estén reconocidas de acuerdo a la legislación nacional y autonómica, así como los 
órganos de gestión de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOPs).
En cuanto a plazos, el apartado tercero del artículo 7 de dicho real decreto, establece 
que se presentarán las recomendaciones antes del 1 de noviembre del año anterior al 
que se pretenda surtan efectos en las autorizaciones concedidas. Asimismo, el apartado 
cuarto de dicho artículo dispone que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
enviará  la  documentación  presentada  en  una  recomendación  de  limitación,  a  las 
comunidades autónomas dónde esté ubicada la DOP supraautonómica y, a su vez, 
dichas comunidades remitirán un informe, que no será vinculante, en relación a dichas 
recomendaciones al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a más tardar el 20 
de noviembre. Por último, según el apartado séptimo del mismo artículo y del artículo 18, 
las decisiones sobre las recomendaciones de limitaciones y de restricciones referentes a 
DOPs supraautonómicas serán publicadas mediante Resolución de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrarios y entrarán en vigor desde el día de su publicación.
Por  consiguiente,  para  poder  dar  cumplimiento  a  la  Sentencia,  es  necesario 
establecer nuevos plazos, tanto para la presentación de la recomendación que se refiere 
a las solicitudes afectadas por la Sentencia, como para remitir los informes indicados en 
el artículo 7.4 de dicho real decreto, así como para publicar las decisiones referidas en 
los artículos 7.7 y 18.7 del meritado real decreto.
Como cuestión preliminar, con el fin de circunscribir la extensión de los efectos de 
esta retrotracción a los aspectos derivados de la sentencia, conviene delimitar el objeto 
afectado por la sentencia.
Así,  en  primer  lugar,  debe  destacarse  que  conforme  al  artículo  49.2  de  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, la nulidad en parte del acto administrativo no implicará la 
de las partes del mismo independientes de aquélla, lo que deja fuera de esta resolución 
los apartados no impugnados y declarados nulos de la citada Resolución de 27 de 
diciembre de 2017, que mantienen en todo su vigencia y efectos. Como es lógico, las 
resoluciones posteriores que apliquen dichos apartados tampoco ven en nada afectada 
su vigencia y efectos, como dispone el apartado 1 del citado artículo 49.
En segundo lugar, la retrotracción de las actuaciones que manda la sentencia supone 
la obligación de llevar el procedimiento al momento en que la sentencia ha apreciado la 
existencia del vicio que determinó su nulidad parcial. Las actuaciones previas a ese 
momento, por consiguiente, se reputan válidas, firmes y de pleno efecto en aplicación del 
artículo 49.2 de dicho cuerpo legal.
En tercer lugar, conforme al artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se 
dispone  la  conservación  de  aquellos  actos  y  trámites  cuyo  contenido  se  hubiera 
mantenido  igual  de  no  haberse  cometido  la  infracción.  Por  consiguiente,  procede 
recordar, que las solicitudes efectivamente resueltas y concedidas en su momento en 
aplicación de las restricciones y limitaciones acordadas en la citada Resolución de 27 de 
diciembre de 2017, son actos firmes y despliegan sus efectos al completo, sin que se 
vean afectados por la nulidad parcial de la resolución inicial de continua referencia. es
En  consecuencia,  las  resoluciones  en  que  se  estimaran  solicitudes  relativas  a  o
dacadoepuen ltsiocvporaelciizcertusaigóibcóanirnone  n ,pdd eleeses u  ndd laaecemsro e nencurntheeetoensvst iadrs i uocdpcs eli an oernonefet epachslcatu oinóbsytni,a e ,pc rlaaiiumó uenivtsto aa erccrinizoiao andlnacfooeiso rs mncz eooeasnn c a aodilsn rea dd drareteeídpclpiaeumlsanloi ntd aet5eadn1nca  cidsóila eanp    lodaycre   iLatll aaeurd yteDoa s3r Oui9zRPl/at2ae c0Cdsio1ooan5 lvue,da csde,i  eó de nle1an,      OE-A-2022-2317able en https://www.
sentencia. Consecuencia de ello, la aplicación de la Sentencia no implica la revocación
de las solicitudes ya concedidas respetando lo establecido en la Resolución de 27 de 
diciembre de 2017.
Asimismo, la aplicación de la Sentencia no implica la apertura de un nuevo plazo de 
presentación de solicitudes, siendo las presentadas al amparo de la Resolución de 27 de 
diciembre de 2017 las que se mantienen vivas en el nuevo procedimiento que ahora se 
incoa, si bien su tratamiento ulterior habrá de ajustarse al nuevo procedimiento que se 
abre con la presente resolución como ejecución de la meritada sentencia.
Por ello, procede con ocasión de este acto de retrotracción abrir un plazo para que 
los titulares de solicitudes con superficie admisible solicitada en su momento, pero no 
concedida, se reafirmen en la solicitud que hicieron en 2018 de cara a su resolución, 
considerando las nuevas decisiones sobre limitaciones y sobre restricciones en la DOP 
Cava derivadas de la aplicación de la Sentencia.
Esta solución permite conjugar, por un lado, la necesidad de mantener en todo lo 
anterior el procedimiento, reflejando en consecuencia en el nuevo procedimiento el statu 
quo existente en el momento al que se devuelven las actuaciones administrativas, 
respetando con ello las expectativas legítimas de los solicitantes parte del procedimiento 
originario, con la necesidad de ajustar este proceder al posible cambio en la voluntad de 
los solicitantes. En efecto, el paso del tiempo, más de tres años, puede haber generado 
cambios en la voluntad de los interesados. No ofrecer la posibilidad de manifestar la 
voluntad mantenida de integrar el nuevo procedimiento o bien alterar sus caracteres o 
incluso renunciar a participar en el mismo si así lo decidieran los interesados, podría 
suponer un perjuicio injustificado para la libre formación de la voluntad de los particulares 
afectados, que la Administración no puede presuponer inalterada después de tanto 
tiempo. El silencio será considerado negativo, en el sentido del desistimiento por parte 
del solicitante del interés manifestado en 2018.
Asimismo, con el fin de ajustar las peculiares circunstancias de este procedimiento 
que ahora se reinicia a la regulación general de la materia, conviene establecer un plazo 
de resolución de las referidas solicitudes, para dar seguridad jurídica a los administrados. 
En efecto, se ha intentado mantener en lo posible los plazos de resolución presentes en 
el  Real  Decreto  1338/2018,  por  lo  que  se  recoge  en  la  parte  dispositiva  de  esta 
resolución el plazo que figura de ordinario para las autorizaciones de replantación y de 
conversión (artículos 19.2 y 22.1) y se extiende, mutatis mutandis, a los supuestos de 
autorizaciones  de  nuevas  plantaciones.  La  singularidad  de  esta  situación  aconseja 
prever este mecanismo temporal específico.
Del mismo modo, la correcta ejecución de la sentencia exige que, en todo caso, las 
resoluciones sean favorables siempre que se cumplan el resto de requisitos, por lo que 
se prevé que la ausencia de respuesta por parte de la comunidad autónoma competente 
tenga efectos estimatorios, lo que además supone una protección de los intereses de los 
operadores afectados por el fallo judicial y su cumplimiento en sus estrictos términos.
Se recuerda que, una vez se resuelva este nuevo procedimiento, los interesados 
pasan a sujetarse por entero al corpus normativo aplicable al resto de operadores del 
sector, siéndoles por consiguiente de plena aplicación la regulación completa en materia 
de  potencial  vitícola.  Sólo  su  acceso  a  las  autorizaciones  de  nueva  plantación, 
autorizaciones  de  replantación  y  autorizaciones  de  conversión  de  derechos  de 
replantación en las zonas delimitadas por la DOP «Cava» será excepcional por motivos 
procedimentales, pero en nada han de diferir en cuanto a los aspectos sustantivos del 
resto de supuestos una vez se produzca la nueva resolución en ejecución de sentencia. 
En consecuencia, en cumplimiento del artículo 62.3 del Reglamento (UE) 1308/2013 del  es
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, a las autorizaciones  o
cDvcoaoemlncidcPrueeeonztdroi,di  d a1lúaed3lsste3i  ms8es /oen2,ar 0 áuv1cnit8roó t,nund d doee m o adb2apej9esl  i tcdeoases oc tdoaibóec rn etru e pblsaosrosdeul ue.pscrea irónfainccc iitoeuqnsau eleiszc  aonrrnoe c cleaosd egiaiiddnnaaf osser  mjeeeanncc u ietó2aln 0da 1arc8stío  cmeuenlnuo  n si2vcui6ar t.dpu1aed  dr ipeodolde roR   elldoaaessl     OE-A-2022-2317able en https://www.
artículos 27.1 y segundo párrafo del artículo 11.5, es necesario que estas remitan al
Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación  dicha  información  referente  a  las 
solicitudes concedidas en aplicación de la Sentencia.
Esta  Dirección  General  es  competente  para  dictar  la  presente  resolución,  de 
conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  6,  13  y  20,  del  meritado  Real 
Decreto 1338/2018, de 29 de octubre.
En su virtud,
RESUELVO
Primero. Retrotracción de las actuaciones.
En ejecución de la Sentencia número 118/2020 de 10 de marzo de 2020, del Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Madrid,  por  la  que  se  estima  el  recurso  contencioso-
administrativo interpuesto por la Junta de Extremadura contra la Resolución de 27 de 
diciembre de 2017 de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, se 
retrotraen  las  actuaciones  del  procedimiento  administrativo  que  dio  lugar  a  dicha 
resolución a la fase inmediatamente anterior a la emisión de la recomendación emitida 
por la DOP Cava.
Segundo. Recomendaciones DOP «Cava».
En el plazo de un mes desde la publicación de esta resolución se podrá presentar 
una recomendación para establecer una limitación en la concesión de autorizaciones de 
nueva plantación, y restricciones en la concesión de autorizaciones de replantación y de 
conversión  en  la  DOP  Cava  respecto  a  las  solicitudes  presentadas  en  2018,  que 
cumplan con lo establecido en los artículos 7 y 18 del Real Decreto 1338/2018, de 29 de 
octubre.
Posteriormente,  por  parte  de  la  Subdirección  General  de  Frutas,  Hortalizas  y 
Vitivinicultura, se solicitará, a las comunidades autónomas interesadas, de acuerdo con 
los artículos 7, 18 y 22 del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se 
regula  el  potencial  de  producción  vitícola,  el  informe  previsto  en  dichos  preceptos, 
respecto  de  la  recomendación  presentada  de  acuerdo  al  apartado  anterior,  la  cual 
adjuntará en su solicitud, concediendo a tal efecto un plazo de diez días desde la entrada 
en el registro de la comunidad autónoma.
En caso de que no se presente ninguna recomendación en virtud del primer párrafo 
de este apartado segundo, el segundo párrafo quedará sin efectos y la Subdirección 
General de Frutas, Hortalizas y Vitivinicultura informará de esta circunstancia a las 
comunidades autónomas en las que se hayan presentado en 2018 autorizaciones de 
nueva plantación, de replantación y de conversión, con superficie ubicada en la zona 
delimitada por la DOP Cava y que hubieron indicado en la solicitud que la producción de 
esa superficie se iba a destinar a la producción a elaborar vino con DOP Cava.
Tercero. Tramitación de la resolución.
Recibidos  los  citados  informes  de  las  comunidades  autónomas,  realizada  la 
valoración en base a lo establecido en el artículo 6.3 del Real Decreto 1338/2018, de 29 
de octubre, y teniendo en cuenta el mandato a este respecto de la mencionada sentencia 
del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Madrid,  la  Subdirección  General  de  Frutas  y 
Hortalizas y Vitivinicultura elevará la correspondiente propuesta de resolución a esta  es
autoridad. bo
De acuerdo con lo previsto en los artículos 21 y 25 de la Ley 39/2015, de 1 de  17ww
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octubre.  Si  transcurre  el  plazo  para  resolver  sin  que  se  haya  notificado  resolución 
expresa, se producirá la caducidad del procedimiento.
En caso de que no se presente ninguna recomendación, en virtud del primer párrafo 
del apartado segundo de esta resolución, este apartado tercero quedará sin efectos.
Cuarto. Solicitudes.
En el plazo de quince días tras la publicación de la resolución mencionada en el 
segundo párrafo del apartado tercero, las comunidades autónomas afectadas pedirán a 
los  interesados  que  solicitaron  en  2018  autorizaciones  de  nueva  plantación,  de 
replantación y de conversión con superficie ubicada en la zona delimitada por la DOP 
Cava y que hubieron indicado en la solicitud que la producción de esa superficie se iba a 
destinar a la producción a elaborar vino con DOP Cava, y que teniendo superficie 
admisible en su solicitud, no fuera concedida por aplicación de la Resolución de 27 de 
diciembre de 2017, que confirmen dichas solicitudes admisibles, pudiendo modificar a la 
baja la superficie admisible, en un plazo de quince días desde la notificación de dicha 
petición. En caso de no responder, se entenderá que el interesado retira su solicitud, 
presentada en 2018.
En  el  caso  de  que  no  se  presente  ninguna  recomendación,  el  primer  plazo 
mencionado  en  el  párrafo  primero  de  este  apartado,  para  que  las  comunidades 
autónomas afectadas pidan a los interesados que solicitaron en 2018 autorizaciones de 
nueva plantación, de replantación y de conversión con superficie ubicada en la zona 
delimitada por la DOP Cava, que confirmen dichas solicitudes admisibles, será de dos 
meses tras la publicación de esta resolución.
Las solicitudes admisibles confirmadas según el párrafo anterior, serán resueltas 
favorablemente por las comunidades autónomas en el plazo de tres meses a partir de la 
confirmación de solicitud. El sentido del silencio administrativo será estimatorio.
Para el caso de las solicitudes admisibles de autorizaciones de nueva plantación, las 
comunidades autónomas deberán proceder a resolver estimatoriamente aplicando a la 
superficie admisible el mismo prorrateo que se aplicó, en la concesión de autorizaciones 
de nueva plantación efectuada antes del 1 de agosto de 2018, a las solicitudes con el 
mismo grupo de puntuación que la solicitud de dicha superficie admisible.
Quinto. Comunicación de información sobre solicitudes.
Las comunidades autónomas afectadas comunicarán a esta Dirección General, a 
más tardar el 1 de octubre de 2022, la superficie que han concedido en virtud del 
apartado anterior, desglosada por tipo de autorización.
Esta Resolución será de aplicación desde el día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá recurrirse, en 
alzada, ante el Sr. Secretario General de Agricultura y Alimentación, en el plazo máximo 
de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 121 y concordantes de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas.
Madrid, 8 de febrero de 2022.–La Directora General de Producciones y Mercados 
Agrarios, Esperanza Orellana Moraleda. es