BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 189 Lunes 9 de agosto de 2021 Sec. I.   Pág. 97276
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
13605 Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
A todos los que la presente vieren, sabed: Que el Parlamento de Andalucía ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y 
el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley de 
Infancia y Adolescencia de Andalucía.
Título I.  Disposiciones generales.
Capítulo I.  Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 1.  Objeto.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Capítulo II.  Principios rectores.
Artículo 3.  Interés superior del menor.
Artículo 4.  Valor social de la infancia.
Artículo 5.  Participación.
Artículo 6.  Fomento de valores.
Artículo 7.  Equidad.
Artículo 8.  Intergeneracionalidad.
Artículo 9.  Promoción, prevención, protección y apoyo a la familia.
Artículo 10.  Prevención y protección integral contra cualquier forma de violencia.
Artículo 11.  Garantías procedimentales.
Artículo 12.  Políticas integrales.
Artículo 13.  Perspectiva de género.
Artículo 14.  Perspectiva intercultural.
Artículo 15.  Prioridad presupuestaria.
Capítulo III.  Planificación.
Artículo 16.  Planificación de actuaciones, recursos y evaluación.
Artículo 17.  Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía.
Capítulo IV.  Gestión del conocimiento e investigación.
Artículo 18.  Sistema de información e indicadores sobre infancia y adolescencia.
Artículo 19.  Investigación y gestión del conocimiento.
Artículo 20.  Cualificación de las personas profesionales.
Artículo 21.  Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.
Título II.  De la distribución de competencias, de la colaboración, coordinación y  es
participación. o
Capítulo I.  De la distribución de competencias en la Comunidad Autónoma de  605ww
Andalucía.
AArrttííccuulloo  2223..   CCoommppeetteenncciiaass  ddee  llaa sA Ednmtiidnaisdtreasc iLóonc daele sla. Junta de Andalucía.
Capítulo II.  De la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Artículo 24.  Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.
Artículo 25.  Funciones de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.
Artículo 26.  El Ministerio Fiscal.
Capítulo III.  De la colaboración y coordinación.
Artículo 27.  Colaboración y coordinación con las Entidades Locales.
Artículo 28.  Colaboración y coordinación con otras administraciones.
Artículo 29.  Comisiones de infancia y adolescencia.
Artículo 30.  La iniciativa social.
Artículo 31.  Entidades prestadoras de servicios sociales en materia de infancia y 
adolescencia.
Artículo 32.  Familias acogedoras y familias colaboradoras.
Artículo 33.  Colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Artículo 34.  Medios de comunicación social.
Artículo 35.  Universidades de Andalucía.
Capítulo IV.  Órganos consultivos y de participación.
Artículo 36.  Consejo Asesor de Infancia y Adolescencia de Andalucía.
Artículo 37.  Consejo Andaluz de Niñas, Niños y Adolescentes.
Título III.  De la promoción del bienestar de la infancia y adolescencia
Capítulo I.  Disposiciones generales.
Artículo 38.  Promoción y divulgación de derechos y deberes.
Artículo 39.  Protección de derechos.
Artículo 40.  Defensa de los derechos.
Artículo 41.  Fomento del desarrollo personal y pleno.
Artículo 42.  Día de la Infancia en Andalucía.
Capítulo II.  De los derechos.
Artículo 43.  Derecho a la identidad.
Artículo 44.  Derecho a la identidad de género.
Artículo 45.  Derecho al desarrollo y crecimiento en el seno de la familia.
Artículo 46.  Derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.
Artículo 47.  Derecho de la persona menor a ser oída y escuchada.
Artículo 48.  Derecho de información.
Artículo 49.  Derecho a la salud y a la atención sanitaria.
Artículo 50.  Derecho a la educación y a la atención educativa.
Artículo 51.  Derecho a los servicios sociales y a la atención social.
Artículo 52.  Derecho al desarrollo de la competencia digital.
Artículo 53.  Derecho a la cultura.
Artículo 54.  Derecho al deporte.
Artículo 55.  Derecho a un entorno seguro.
Artículo 56.  Derecho a la participación infantil y al asociacionismo.
Artículo 57.  Derecho a un medioambiente saludable. s
Artículo 58.  Derecho al juego, descanso, esparcimiento y actividades recreativas,  oe.
culturales y artísticas. 605www.
Capítulo III.  De los deberes de las niñas, niños y adolescentes.
AArrttííccuulloo  5690..   LDoesb edreebse rreelsa tdiveo lsa sa ln áiñmabsi,t on ifñaomsi lyia ar,d eodleusccaetinvtoe sy. social.
Capítulo IV.  De las limitaciones y reservas sobre determinadas actividades, medios 
y productos.
Artículo 61.  Alcance general.
Artículo 62.  Espectáculos públicos y actividades recreativas.
Artículo 63.  Publicidad.
Artículo 64.  Publicaciones y material audiovisual.
Artículo 65.  Consumo.
Artículo 66.  Protección frente a adicciones.
Título IV.  De la prevención.
Capítulo I.  Prevención y parentalidad positiva
Artículo 67.  Concepto y ámbito de aplicación de la prevención.
Artículo 68.  Finalidad de la prevención.
Artículo 69.  Parentalidad positiva.
Artículo 70.  De la atención a la persona menor agresora.
Capítulo II.  De las actuaciones de prevención.
Artículo 71.  Sensibilización e información.
Artículo 72.  Medidas preventivas de apoyo al desarrollo integral de la infancia y la 
adolescencia.
Artículo 73.  Mediación familiar e intergeneracional.
Artículo 74.  Actuaciones en el ámbito de la salud.
Artículo 75.  Actuaciones en el ámbito educativo.
Artículo 76.  Actuaciones en el ámbito de los servicios sociales.
Artículo 77.  Atención a la pobreza infantil.
Artículo 78.  Prevención y atención ante la violencia sexual.
Artículo 79.  Recursos y servicios para la prevención.
Título V.  De la protección.
Capítulo I.  Disposiciones generales.
Artículo 80.  Protección.
Artículo 81.  Criterios de actuación.
Artículo  82.  Deber  de  colaboración  ante  situaciones  de  violencia,  riesgo  y 
desprotección.
Artículo 83.  Deber de reserva.
Artículo  84.  De  las  personas  interesadas  en  procedimientos  relacionados  con 
actuaciones y medidas de protección.
Artículo 85.  Expediente de actuación de protección de niñas, niños y adolescentes.
Artículo  86.  Coordinación  y  colaboración  con  la  Administración  de  Justicia  en 
situaciones de riesgo social y desamparo.
Capítulo II.  De las actuaciones de protección.
Sección 1.ª del riesgo y de la declaración de situación de riesgo.
Artículo 87.  Situación de riesgo. e.e
Artículo 88.  Declaración de la situación de riesgo. b
Artículo 89.  Cese de la declaración de la situación de riesgo. 605ww
AArrttííccuulloo  9901..   AVacltouraaccioiónne ds ed ela  uErgnetidnacida  Peúnb sliictuaa.ciones de riesgo.
Sección 2.ª de la guarda y el desamparo.
Artículo 92.  Atención inmediata.
Artículo 93.  Guarda provisional.
Artículo 94.  Situación de desamparo.
Artículo 95.  Procedimiento para la declaración de situación de desamparo.
Artículo 96.  Guarda.
Artículo 97.  Plan individualizado de protección.
Artículo 98.  Cese de la tutela y guarda.
Capítulo III.  De las medidas de protección.
Sección 1.ª del acogimiento familiar.
Artículo 99.  El acogimiento familiar.
Artículo 100.  Ofrecimientos para el acogimiento familiar.
Artículo  101.  Presentación  de  ofrecimientos  para  el  acogimiento  por  la  familia 
extensa.
Artículo 102.  Declaración de idoneidad para el acogimiento familiar.
Artículo 103.  Selección de las personas declaradas idóneas para el acogimiento 
familiar.
Artículo 104.  Programas de respiro al acogimiento familiar.
Artículo 105.  Apoyo al acogimiento familiar.
Artículo 106.  Estatuto de la persona o familia acogedora, adoptiva y colaboradora.
Artículo 107.  Prestaciones económicas para menores en acogimiento familiar.
Sección 2.ª del acogimiento residencial.
Artículo 108.  El acogimiento residencial.
Artículo 109.  Centros de protección de menores.
Artículo 110.  Colaboración social.
Artículo 111.  Perspectiva e igualdad de género y respeto a la diversidad LGTBI.
Artículo  112.  Ingreso  en  centros  de  protección  específicos  de  menores  con 
problemas de conducta.
Sección 3.ª de la guarda con fines de adopción y la propuesta de adopción.
Artículo 113.  La adopción.
Artículo 114.  Ofrecimientos para la adopción.
Artículo 115.  Declaración de idoneidad para la adopción.
Artículo 116.  Selección de personas declaradas idóneas para la adopción.
Artículo 117.  Guarda con fines de adopción y propuesta de adopción.
Artículo 118.  Requisitos para la guarda con fines de adopción y propuesta de 
adopción.
Artículo 119.  Adopción abierta.
Artículo 120.  Tratamiento de la información.
Capítulo IV.  De la adopción internacional.
Artículo 121.  La adopción internacional.
Artículo  122.  Ofrecimientos  y  declaración  de  idoneidad  para  la  adopción  s
internacional. oe.
Artículo 123.  Costes necesarios para la tramitación de un ofrecimiento de adopción. 605www.
Capítulo V.  Actuaciones posadoptivas.
AArrttííccuulloo  112245..   OSebrlivgicaicoiso ndees a pteonsacidóonp ptiovasas ddoep ltaivsa p.ersonas adoptantes.
Capítulo VI.  Acciones específicas para las niñas, niños y adolescentes con medida 
de protección.
Artículo 126.  Trato preferente para las niñas, niños y adolescentes con medida de 
protección.
Artículo 127.  Seguimiento posterior a la mayoría de edad.
Artículo 128.  Atención psicoterapéutica.
Artículo 129.  Atención sanitaria.
Artículo 130.  Atención educativa.
Artículo 131.  Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
Artículo 132.  Preparación para la vida independiente.
Capítulo VII.  Sistema de información.
Artículo 133.  Sistema de información de protección a la infancia y adolescencia.
Artículo 134.  Registro de las Declaraciones de Riesgo de la Infancia y Adolescencia 
en Andalucía.
Artículo 135.  Registro de Tutelas y Guardas de Andalucía.
Artículo 136.  Registro de Idoneidad para el Acogimiento Familiar y la Adopción de 
Andalucía.
Título VI.  Del régimen sancionador.
Capítulo I.  Disposiciones generales.
Artículo 137.  De las infracciones y sanciones y de los sujetos responsables.
Artículo 138.  Prescripción de infracciones y sanciones.
Capítulo II.  Infracciones.
Artículo 139.  Clasificación de las infracciones.
Artículo 140.  Infracciones leves.
Artículo 141.  Infracciones graves.
Artículo 142.  Infracciones muy graves.
Capítulo III.  Sanciones.
Artículo 143.  Sanciones.
Artículo 144.  Graduación de las sanciones.
Artículo 145.  Reincidencia.
Artículo 146.  Reducción de las sanciones.
Artículo 147.  Publicidad de las sanciones.
Capítulo IV.  Del procedimiento sancionador.
Artículo 148.  Procedimiento sancionador.
Artículo 149.  Órganos competentes.
Artículo 150.  Medidas provisionales.
Artículo 151.  Relación con la jurisdicción civil y penal.
Disposición adicional primera.  Utilización del término Entidad Pública.
Disposición adicional segunda.  Coordinación con otras comunidades autónomas. es
Disposición adicional tercera.  Estancias de menores extranjeros. o
Disposición  adicional  cuarta.  De  la  atención  residencial  o  familiar  de  personas  605www.
mccaoernnádDocuitrseceptrsa o t.eesxricatirpóaénnu jaetidrcaiocs i ooen nrae ele lqd áuumicnabtatiit.vo o t Decroerni tlo oarsti aeeln sdcteaió bnlale  rCceisomimdieeunnntcoidisaa lqd au A emu detóennsooarmerrsoa lc ldeoenn   Appnrroodgbarlleaummcíaaass.  ddee   OE-A-2021-13able en https://
Disposición adicional sexta.  Ordenación, garantía y sostenibilidad del sistema de 
protección a la infancia y adolescencia.
Disposición adicional séptima.  Formación en infancia y adolescencia.
Disposición adicional octava.  Adaptación de los contenidos de la ley a lectura fácil, 
adaptada a la infancia y adolescencia.
Disposición adicional novena.  Denominación de órgano institucional.
Disposición adicional décima.  Asistencia letrada en los procedimientos sobre delitos 
de odio.
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio de los procedimientos y vigencia 
del desarrollo reglamentario.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas.
Disposición  final  segunda.  Modificación  de  la  Ley  1/2009,  de  27  de  febrero, 
reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del 
Defensor del Pueblo Andaluz.
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de 
Servicios Sociales de Andalucía.
Disposición final quinta.  Garantías para el cumplimiento del derecho de la persona 
menor a ser oída y escuchada.
Disposición final sexta.  Desarrollo reglamentario.
Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificada por 
España el 30 de noviembre de 1990, norma fundamental en los planos social y jurídico 
en lo que se refiere a infancia y adolescencia, significó la adecuación de las legislaciones 
internas de los Estados a la misma, incorporando sus principios y garantizando su 
desarrollo y seguimiento.
La Constitución española, en su artículo 39, dice que los poderes públicos aseguran 
la protección social, económica y jurídica de la familia, resaltando en el apartado 4 que 
los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por 
sus derechos.
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación  del  Código  Civil  y  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  siguiendo  estos 
mandatos, recogió esos principios, reguló los derechos que niñas, niños y adolescentes 
debían tener como parte de la ciudadanía activa del s. XX y configuró un marco jurídico 
integral de protección del menor.
La  Ley  Orgánica  8/2021,  de  4  de  junio,  de  Protección  Integral  a  la  Infancia  y 
Adolescencia frente a la Violencia desarrolla actuaciones de sensibilización, detección 
precoz, prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de violencia y opera 
importantes modificaciones en el ordenamiento jurídico.
Muchos  son  los  acuerdos  internacionales  que  han  conformado  el  ordenamiento 
jurídico: el Tratado de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, ratificada el 13 de diciembre de 2007, el Convenio Europeo sobre el  e.e
Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996 y  b
ratificado por España el 18 de diciembre de 2014, entró en vigor el 1 de abril de 2015, el  605ww
cRoemglpaemteennctoia ,( CeEl ) renc.ºo 2n2o0c1im/2ie0n0t3o  dye l laC oenjesecujoc,i ódne  2d7e  dree snooluvcieiomnberse  jdued i2ci0a0le3s,  reenla tmivoa tae rilaa 
1m3a4tr7im/2o0n0i0a,l  lya  dRe erceosmpoennsdaabciilóidna dR peac re(2n0ta0l6, )p o1r9 e dl eqlu eC osme idtée rdoeg aM eiln Risetrgolsa mae lnotso  E(CsEta)d no.sº 
Miembros, sobre políticas de apoyo al ejercicio positivo de la parentalidad o el protocolo
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 
que  complementa  la  Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Delincuencia 
Organizada Transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000.
En el ámbito de la Unión Europea especial mención merece la Estrategia de la Unión 
Europea de los Derechos del Niño, de 24 de marzo de 2021, a partir de las Conclusiones 
de los Niños en el 13 Foro Europeo de los Derechos del Niño, 2020, cuyo objetivo es 
«asumir nuestra responsabilidad compartida de aunar fuerzas para respetar, proteger y 
hacer realidad los derechos de todos los niños, para construir, junto con los niños, 
sociedades más sanas, resilientes, más justas e igualitarias para todos.»
Con la aprobación de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y la adolescencia, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia se adaptó la 
normativa estatal a los acuerdos y compromisos internacionales adquiridos y a los 
cambios que la sociedad ha ido manifestando en una evolución natural.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía dentro del título de los derechos, deberes y 
políticas públicas, en el artículo 17, dice: «se garantiza la protección social, jurídica y 
económica de la familia.
La ley regulará el acceso a las ayudas públicas para atender a las situaciones de las 
diversas modalidades de familia existentes según la legislación civil», y en el artículo 18 
apartado 1 establece: «las personas menores de edad tienen derecho a recibir de los 
poderes públicos de Andalucía la protección y la atención integral necesarias para el 
desarrollo de su personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, 
así como a percibir las prestaciones sociales que establezcan las leyes».
En el artículo 61, apartado 3, del Estatuto de Autonomía para Andalucía se regula la 
competencia que corresponde en materia de menores a la Junta de Andalucía.
La Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor en desarrollo 
de  las  competencias  autonómicas  configuró  el  marco  jurídico  que  garantizaba  el 
bienestar de la infancia y su desarrollo integral. Además, a lo largo de estas dos décadas 
se han ido aprobando sucesivamente otras normas que han atendido las necesidades de 
este sector de la población: Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la mediación 
familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de 
Servicios Sociales de Andalucía, Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la 
Atención  a  las  Personas  con  Discapacidad,  Ley  7/2017,  de  27  de  diciembre,  de 
Participación Ciudadana de Andalucía.
No es la obsolescencia de la Ley 1/1998, de 20 de abril, lo que ha motivado su 
modificación y la redacción de esta nueva ley, sino más bien aprovechar la oportunidad 
que  proporciona  el  nuevo  escenario  legislativo,  surgido  tanto  a  nivel  estatal  como 
autonómico, para incorporar los cambios sociales y la evolución de la propia sociedad, 
así como las circunstancias y realidades que la Administración Pública en su trabajo y 
dedicación a la infancia y adolescencia se ha ido encontrando a lo largo de estos años.
Esta  ley  nace  con  la  vocación  de  garantizar  una  protección  a  la  infancia  y 
adolescencia en el ámbito del territorio andaluz, atender tanto a las necesidades que ya 
venían existiendo, como a las que han ido surgiendo en tiempos más recientes, además 
es una ley basada en la promoción de los derechos y en la prevención, con especial 
atención a las situaciones de riesgo y a las personas menores en situación de mayor 
vulnerabilidad. Esta ley también incorpora la regulación de los derechos y deberes que 
asisten  a  las  personas  menores  de  edad  y  define  el  ámbito  competencial  de  la 
Administración de la Junta de Andalucía en esta materia, creando escenarios para la  s
participación infantil y definiendo un sistema de información e indicadores sobre infancia  oe.
y adolescencia. Además, esta ley dedica una parte importante de su articulado pensando  w.
en la corresponsabilidad de la sociedad en su conjunto, para que todas las niñas, niños y  605ww
daed ovleidsac eennte cso qnudeic ciorneeces nd ye  sigeu daeldsaadrr odllea no peonr tAunndidaaludceísa,  pcuoendcaitna nlldeov alra  ac coaobpoe rsauc ipórno yeenctrteo 
instituciones y ciudadanía para un apoyo conjunto.
Las  administraciones  públicas  de  Andalucía  tienen  un  mandato  destacado,  el 
planteamiento  de  unas  políticas  públicas  que  proyecten  una  atención  integral  que 
contemple los ámbitos que nos constituyen como personas y que aborden nuestras 
necesidades  en  el  plano  físico,  psicológico,  emocional,  social  y  en  el  entorno 
medioambiental,  para  lo  cual  dichas  administraciones  deben  estar  vigilantes  en  la 
prevención y ser diligentes en la protección, pero no solo con la infancia y adolescencia, 
sino también con sus familias, al ser ejes principales y primordiales para su desarrollo.
La ley se compone de ciento cincuenta y un artículos distribuidos en seis títulos, diez 
disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y siete 
disposiciones finales.
II
El  título  I,  estructurado  en  cuatro  capítulos,  tras  señalar  el  objeto  y  ámbito  de 
aplicación  de  la  ley,  desarrolla  los  principios  rectores  que  regirán  las  políticas  y 
actuaciones  de  las  administraciones  públicas  de  Andalucía  en  el  ejercicio  de  las 
competencias exclusivas en materia de protección de menores, de promoción de las 
familias  y  de  la  infancia  y  en  materia  de  juventud  que  le  atribuye  el  Estatuto  de 
Autonomía para Andalucía.
El segundo de los capítulos regula los principios rectores de la ley, siendo el primero 
de ellos el interés superior del menor. La Convención sobre los Derechos del Niño lo 
recoge en el artículo 3, párrafo 1, y el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas,  en  la  Observación  general  n.º  14  (2013),  subraya  la  triple  dimensión  del 
concepto: un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental y una 
norma de procedimiento. Si se estudia la evolución de este principio desde que aparece 
en nuestro ordenamiento jurídico cuando se aprueba la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de 
modificación  del  Código  Civil  en  materia  de  filiación,  patria  potestad  y  régimen 
económico del matrimonio hasta la regulación última de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, que fue modificada en el artículo segundo, se advierte cómo ha pasado de ser 
un concepto jurídico indeterminado a tener su concreción en la normativa, regulando 
criterios y elementos generales que ayudan a su definición.
En las primeras etapas de la vida se pueden acumular desigualdades sociales que 
repercuten en la morbilidad, mortalidad y el bienestar en la edad madura y la vejez. Y 
más aún, los efectos acumulativos en el desarrollo y el bienestar se transmiten a las 
generaciones sucesivas. De modo que en las primeras etapas de la infancia existen 
oportunidades de desarrollo y aprendizaje que no se repiten en momentos posteriores 
del ciclo vital, y un adecuado desenvolvimiento permite a las niñas, niños y adolescentes 
organizar  por  sí  mismos  las  experiencias  necesarias  y  adquirir  una  autonomía 
progresiva,  filosofía  que  esta  ley  recoge  a  partir  de  los  principios  de  participación, 
equidad,  intergeneracionalidad,  protección  contra  cualquier  forma  de  violencia,  la 
promoción, prevención, protección y apoyo a la familia, y la prioridad presupuestaria.
Novedad importante en este título es el sistema de información e indicadores que 
proyecta a partir de fuentes primarias, como son el sistema educativo y el sistema de 
salud entre otras, lo que va a permitir, en colaboración con el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía, medir y conocer el bienestar real de la infancia y adolescencia 
de Andalucía, esto es, detectar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.
III s
El título II organiza la estructura sobre la que se va a desarrollar la ley. Además de  w.b
respetar  las  competencias  ya  establecidas  para  la  Junta  de  Andalucía  y  para  las  605ww
oEbnltiigdaacdióens  Ldoec atloedsa,  al ap asroticr ieddea lods:  pernintidciapdioess  ddee c oinlaicbiaotriavcai ósno yc iadle  yc ocoornd ináancimióno,  dseeñ laulcar ola, 
Afanmdialialusc,í aF,u eenrz caosn ytr ibCuuier repno sla  daete Snecigóunr iad alad ,i nmfaendcioias  yd aed coolemsucenniccaiaci.ón y universidades de
La infancia y adolescencia son responsabilidad de toda la sociedad, no solo de las 
administraciones públicas, y esa es una de las intencionalidades de esta ley, retratar a la 
sociedad dentro del marco de la infancia y adolescencia para que asuma un papel activo 
en el desarrollo, crecimiento y bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes.
La participación está presente a lo largo del articulado de esta norma. En este título II 
se  configura  el  escenario  para  la  participación  infantil  y  adolescente  por  la  que  el 
Gobierno andaluz apuesta con firmeza. Uno de los grandes retos de la Convención 
sobre los Derechos del Niño era la participación de la infancia y adolescencia, reto que 
aún no se ha conseguido de modo pleno, si bien la Administración de la Junta de 
Andalucía lo quiere abordar sin más demora. Las personas menores de edad tienen que 
ser las protagonistas de sus derechos e iniciarse como ciudadanos y ciudadanas que 
participen en la sociedad. Tienen que asumir un rol activo y participativo, y para ello se 
les reconoce capacidad y se propicia que adquieran autonomía.
Por ello, y de acuerdo con el mandato del artículo 54 de la Ley 7/2017, de 27 de 
diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, se crea un órgano de participación 
de la infancia y adolescencia, el Consejo Andaluz de Niñas, Niños y Adolescentes, 
donde estos puedan expresar sus opiniones, intercambiar ideas, reflexionar sobre los 
problemas que les atañen, adoptar acuerdos y efectuar propuestas.
IV
Los niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los derechos humanos y es 
vital considerar que los derechos de la infancia ocupan una posición propia. En este 
sentido,  cabe  señalar  que  hay  determinados  derechos  que  se  aplican  de  manera 
exclusiva  a  la  infancia,  como  el  derecho  a  la  educación  y  el  derecho  a  mantener 
relaciones con ambos progenitores. Los derechos y necesidades de la infancia han de 
considerarse juntos; en estos términos se recoge en la Estrategia de la Unión Europea 
sobre los Derechos del Niño.
El título III recoge los derechos consolidados de la Ley 1/1998, de 20 de abril, con el 
mismo espíritu que entonces, si bien con mayores garantías sociales y familiares, con la 
finalidad de que su ejercicio sea real, tanto en el seno de la sociedad como en el seno de 
su propia familia. La novedad de este título es que se regulan sus deberes, y ello, 
porque, aunque su dimensión sea más moral que jurídica, lo que se pretende es educar 
a la infancia y adolescencia en la asunción de sus responsabilidades, y se regulan 
limitaciones y reservas en relación con determinadas actuaciones que pueden colisionar 
con los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
La Administración de la Junta de Andalucía garantiza la universalización de los 
derechos para todas las personas menores que se encuentran en el territorio de la 
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  y  ello,  con  independencia  de  su  situación 
socioeconómica,  su  situación,  o  no,  de  vulnerabilidad,  de  exclusión  social,  de  su 
nacionalidad o procedencia, de modo que se establezcan los mecanismos necesarios, 
no  solo  para  garantizar  su  ejercicio,  sino  también  para  garantizar  su  restitución, 
superando las causas que puedan incidir en esa vulneración de derechos.
Esta ley recoge, como primer derecho de la infancia y adolescencia, su derecho a 
desarrollarse  de  manera  personal  y  plena  en  el  seno  familiar,  procurando  evitar 
desigualdades y situaciones discriminatorias. La institución de la familia y el desarrollo 
integral de la persona en un contexto familiar no admite argumento en contrario. El 
desarrollo y la conformación de la personalidad, la socialización, las pautas educativas o  s
las relaciones afectivas, donde mejor se conforman y se adquieren, es, sin duda, en el  e.
seno de una familia, y es ésta otra de las máximas que reside en esta norma y hacia la  w.
que van dirigidas las políticas públicas de prevención y de protección. Así se recoge en  605ww
dlae Cscarribtae  Sao claia fla Emuirlioap ecoam, hoe cuhnaa  eunn iTduardín f uenl d1a8m deen otaclt udber ela d es o1c9ie6d1a, dq uqeu,e e ntie snue a drteícreucloh o1 6a, 
recibir una protección económica, jurídica y social, y en el preámbulo de la Convención
sobre los Derechos del Niño, que define a «la familia» como grupo fundamental de la 
sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de sus miembros.
Se regula y se protege el derecho a la identidad de las personas menores de edad. 
Todas  las  niñas,  niños  y  adolescentes  tienen  derecho  a  tener  un  nombre,  una 
nacionalidad, y unos padres y madres que se ocupen de ellos. Especial mención se 
hace, como sujetos de este derecho, a las personas menores inmigrantes y refugiadas 
que se encuentren residiendo o en situación de tránsito por el territorio andaluz.
La protección del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen en el 
ordenamiento jurídico es una de las más complejas, dada la rápida evolución de los 
distintos escenarios de comunicación y de la cultura de la difusión de imágenes que hoy 
en día está tan asumida por las personas jóvenes y las que no son tanto, y ello, unido a 
la necesidad de contar con las capacidades suficientes y consentimientos que prestan 
los y las menores cuando difunden su imagen sin ser conscientes de la identidad digital 
que se están creando, así como de su propio histórico digital, que se queda archivado 
sin caducidad en el tiempo.
Las personas menores de edad son creativas e innovadoras, nativas digitales, en 
cuanto  que  han  nacido  en  la  sociedad  del  conocimiento  y  de  la  información.  Es 
importante que se aprovechen sus mentes intuitivas, receptivas y flexibles, pero no hay 
que olvidar que no conocen cuáles son sus derechos y deberes en Internet. Internet es 
un entorno en el que se convive, pero que, lejos de percibirlo como algo hostil y 
peligroso,  debe  ser  visto  como  un  espacio  seguro  donde  se  creen  escenarios  de 
interactividad y conectividad para las personas menores de edad. Por todo ello, la 
Administración de la Junta de Andalucía adquiere el compromiso de diseñar estrategias 
que ayuden tanto a los padres y madres, como a la comunidad educativa, a afrontar y 
gestionar las situaciones que se derivan de estos espacios virtuales, las relaciones entre 
personas que se forman en las redes sociales, las nuevas maneras de consumir, los 
espacios para juegos de azar y apuestas, para el ocio, a través de los videojuegos, 
etcétera.
La ley aborda igualmente el derecho fundamental a ser oído y escuchado que la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, modificó con la inclusión, como novedad, del derecho 
a ser escuchado. Los interlocutores del menor deben interpretar y atender lo que este 
tiene que decir, y ello, en función de su suficiente madurez y, en todo caso, cuando se 
tengan doce años de edad.
Es quizás la determinación de la capacidad de las personas menores de edad para 
determinadas actuaciones donde más dificultades se pueden encontrar los profesionales 
con los cuales tienen relación, porque para valorarla se requiere un diálogo serio con la 
persona menor de edad, que debe tener como marco una relación respetuosa, y es en 
este punto donde este nuevo texto normativo quiere incidir a la hora de regular este 
derecho, de modo que no solo se reconozca el derecho en sí a ser oído y escuchado, 
sino que se garantiza su ejercicio, de manera que cuando en las decisiones que se 
adopten  no  confluyan  los  deseos  u  opiniones  de  las  personas  menores  de  edad, 
aquellas se motiven sin bastar consideraciones generales.
V
El título IV, sobre prevención, fortalece el reconocimiento a la familia como institución 
fundamental en nuestra sociedad para el desarrollo de la persona.
En este sentido, la Administración de la Junta de Andalucía viene realizando en los  s
últimos años una apuesta firme y continuada en la prevención, con el convencimiento de  e.
que  es  una  inversión  acertada  y  orientada  a  adelantarse  a  las  circunstancias  y  w.
situaciones que pudieren comprometer el crecimiento de las personas menores de edad  605ww
deemnotcroio dnea l syu s eonctiaolr ndoe  flaams inliiañra. sL, an ifñaomsi lyia  aedso leels pcerinntceipsa, ls iceonndtoe xetol  mdeej odre asgaerrnotlelo p creovgennittivivoo, 
para un desarrollo sano, positivo y equilibrado de la infancia y adolescencia.
Todas las administraciones públicas de Andalucía, tanto en el ámbito autonómico 
como en el local, comprometen en esta ley sus políticas a mejorar y perfeccionar 
acciones  de  promoción  de  la  salud,  de  la  educación  y  de  los  servicios  sociales. 
Actuaciones  que,  en  el  ámbito  de  la  salud,  se  inician  en  el  embarazo,  velando 
especialmente por la salud prenatal, interviniendo en las situaciones de riesgo prenatal y 
continuando con la promoción de acciones que fomenten una cultura de la salud. En el 
ámbito  educativo,  entre  sus  actuaciones,  se  destaca  el  compromiso  de  las 
administraciones públicas de disponer de plazas gratuitas para menores con edades 
comprendidas entre los cero a tres años y que se encuentren en zonas de exclusión 
social, de modo que se promueva la función compensatoria de la educación. En el 
ámbito de los servicios sociales se introduce la mediación familiar como herramienta de 
prevención  de  situaciones  de  riesgo,  así  como  de  promoción  de  las  habilidades 
parentales en la gestión de conflictos, que de forma complementaria a otras técnicas de 
intervención pueden contribuir a desbloquear las dificultades y lograr una convivencia 
más satisfactoria. Igualmente, se apuesta por la creación de nuevos instrumentos que 
identifiquen precozmente situaciones que afectan a necesidades vitales básicas y de 
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, que pudieran evolucionar hacia situaciones 
más graves.
En  el  ámbito  de  los  servicios  sociales  se  destaca  que,  para  trabajar  desde  la 
prevención, es necesario que se creen instrumentos que identifiquen situaciones de 
carencias o de riesgos que afectan a necesidades vitales, de manera que se pueda 
intervenir cuando las situaciones están aún en un momento inicial.
Completando esas acciones se integra el enfoque de la parentalidad positiva en la 
atención  a  la  infancia  y  adolescencia,  para  que  padres  y  madres  adquieran  las 
habilidades y las capacidades adecuadas para la educación de sus hijos e hijas, y ello, 
de acuerdo con la Recomendación Rec (2006) 19 del Comité de Ministros a los Estados 
Miembros sobre políticas de apoyo al ejercicio positivo de la parentalidad.
El concepto de «parentalidad positiva» se apoya en una serie de principios básicos: 
atención a las hijas e hijos, estructura y orientación a estos, ofreciéndoles un escenario 
de seguridad y reconocimiento, mediante la escucha y la valoración, potenciando y 
reforzando el control personal del menor y educación sin violencia, excluyendo el castigo 
corporal o psicológico.
En la norma se recoge como instrumento de resolución de conflictos la mediación 
familiar  que  tiene  su  propio  régimen  jurídico  en  la  Ley  1/2009,  de  27  de  febrero, 
reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
VI
El título V, dedicado a la protección, es el más amplio de la ley y se desarrolla en 
torno a las tres actuaciones de protección que se recogen en el artículo 12 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, esto es, la detección, prevención y reparación del 
riesgo, el ejercicio de la guarda y la declaración de la situación de desamparo con la 
asunción de la tutela.
Las actuaciones de protección se regirán de acuerdo a unos criterios tasados y unos 
procedimientos reglados, de manera que las decisiones estén revestidas de todas las 
garantías jurídicas. Las decisiones sobre protección que se tomen se adoptarán de 
acuerdo a instrumentos técnicos validados por profesionales y procurarán, primero, que 
la persona menor permanezca en su familia y su entorno, y si esto no fuera adecuado, la  s
medida que la proteja será familiar frente a residencial, estable, y si es posible se  e.
procurará que el recurso esté en su propia familia. w.
En la toma de decisiones se trabajará contando con la colaboración de la familia de  605ww
pourigeedna  pdreo slap epraerr sdoen ala  mmeannoerr, au mnaá sv eazd eacduoapdtaa,d dae l am modeod iqduae,  plaa rpae rqsuoen ae smtae nionrte nrvoe tnecnigóan 
clao nnfuliecvtoas f adme illieaa altcaodgeesd coorna .su propia familia y pueda generar un vínculo y un apego con  BOE-A-cable e
En la sección 1.ª del capítulo II se aborda una de las principales novedades que 
recoge este texto, la declaración de la situación de riesgo, cuyo encuadre legal está en la 
Ley 26/2015, de 28 de julio, y sin duda es una novedad respecto a la Ley 1/1998, de 20 
de abril.
En  las  situaciones  en  las  que  el  bienestar  de  niñas,  niños  y  adolescentes  se 
encuentra comprometido por determinadas circunstancias familiares y, a fin de preservar 
su superior interés, y evitar que la situación se agrave o derive en la separación de su 
familia y de su entorno, se establece que la valoración e intervención de esta situación 
de riesgo corresponde a la Administración Pública competente.
En  la  sección  2.ª  de  este  capítulo  II  se  regulan  las  otras  dos  actuaciones  de 
protección, esto es, la declaración de situación de desamparo y el ejercicio de la guarda, 
con especial referencia a la figura de la guarda provisional.
La declaración de una situación de desamparo y, en consecuencia, la asunción de la 
tutela responderá a la instrucción de un procedimiento administrativo reglado, siendo un 
avance en esta ley el establecimiento de plazos concretos y muy delimitados.
La otra actuación de protección que se recoge es la guarda que se ejerce por la 
Entidad Pública como consecuencia de la asunción de una tutela, o bien por decisión 
judicial o a solicitud de sus progenitores.
Como novedad, y al hilo de la Ley 26/2015, de 28 de julio, se destaca la nueva figura 
de la guarda provisional, que es asumida por la Entidad Pública, cuando así lo estime, 
para ejercer la protección de un menor, o cuando considere que es necesario mantenerlo 
fuera del contexto familiar para determinar las circunstancias que inciden en la situación 
de desprotección en la que pudiera encontrarse. Los plazos para acordarla y mantenerla 
vigente son especialmente cortos, como corresponde a una situación cautelar que se 
tiene que resolver con diligencia para no conculcar derechos de las personas implicadas, 
tanto padres como hijos.
Se define un modelo de atención residencial donde priman la calidad y la calidez de 
las actuaciones, el seguimiento de modelos de excelencia en la gestión de los centros de 
protección de menores y la importancia de la colaboración social para ofrecer a las 
personas menores de edad experiencias positivas de convivencia familiar y disfrute del 
ocio y tiempo libre. Además, se establecen unos límites mayores que en la normativa 
estatal, y ello, en coherencia con la apuesta decidida desde esta comunidad autónoma 
por el acogimiento familiar.
De manera que la Entidad Pública no podrá acordar esta medida cuando se trate de 
menores de trece años, salvo que excepcionalmente no sea posible una alternativa 
familiar, en cuyo caso no podrá tener una duración superior a tres meses para los 
menores de siete años, ni de seis meses para los mayores de siete años, debiendo 
priorizarse durante esos plazos las actuaciones tendentes a su integración en un núcleo 
familiar. Reforzando este planteamiento, se limita la edad para el ingreso en centros de 
protección específicos de menores con problemas de conducta, estableciendo que, en 
ningún caso, se podrá ingresar en estos centros con una edad inferior a los trece años.
Finalmente,  en  este  título  V  se  da  cumplimiento  al  mandato  señalado  en  los 
artículos 11.4 y 22 bis de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, donde se establece 
que  las  Entidades  Públicas  ofrecerán  programas  de  preparación  para  la  vida 
independiente para menores que se encuentren con una medida de protección, y que 
comenzarán al menos dos años antes de la fecha en la que se alcance la mayoría de 
edad. Serán actuaciones destinadas a potenciar su formación, se extenderán hasta los 
veinticinco  años  con  un  compromiso  por  parte  de  la  persona  beneficiaria  de  s
aprovechamiento del programa. oe.
Es una regulación novedosa la obligatoriedad de los seguimientos posadoptivos,  w.
tanto en adopción nacional como internacional, con una periodicidad al menos semestral.  605ww
Eornig aedno dpecli ómne inntoerr naadcoipotnaadlo,  ensoto psr esveegau ilma ireenatolizsa tceinódnr ádne  liungfoarrm eens  eol  csaus noú dmee qrou es eeal  pinafíesr idoer 
paul eedseta cbolenclliedvoa. r Elal  idnecculmarpalcimióine ndteo  neon  idlao nreeiadlaizda cpiaórna  dpero cloess osse dgeu imadieonptcoiós np oo sinacdloupstoiv does   BOE-A-cable e
acogimiento  familiar  para  los  que  se  ofrecieran  posteriormente,  además  de  ser 
considerado una infracción administrativa.
Capítulo  aparte  merece  en  este  título  la  regulación  de  acciones  específicas 
destinadas a las personas menores de edad que se encuentran bajo la tutela o la guarda 
de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  en  dos  ámbitos  clave  para  una 
intervención ágil con estos menores, esto es, educación y salud. Son medidas de acción 
positiva cuya finalidad es que, cuando se adopte una medida de protección por la 
entidad  pública,  la  integración  de  la  persona  menor  de  edad,  bien  en  la  familia 
acogedora, bien en el centro de protección de menores donde va a ingresar, sea lo más 
rápida posible. En el ámbito educativo es importante la formación y la sensibilización de 
la comunidad educativa hacia el conocimiento de los posibles trastornos emocionales 
que pueden presentar las personas menores que han sido acogidas y adoptadas, porque 
sus experiencias vitales no son como las de las demás personas menores con los que 
comparten aprendizaje. Es muy importante que se trabaje desde la perspectiva de una 
educación  inclusiva  y  emocional,  teniendo  presente  las  necesidades  educativas 
especiales de todos ellos.
En el título VI se articula el régimen sancionador dividido en tres capítulos. La 
regulación de las infracciones y sanciones, de forma tan extensa, viene motivada por la 
insuficiencia de regulación que en la Ley 1/1998, de 20 de abril, dificultó en ocasiones el 
ejercicio de la potestad sancionadora.
Por lo que respecta a las disposiciones adicionales cabe destacar que se dispone la 
ordenación,  garantía  y  sostenibilidad  del  sistema  de  protección  a  la  infancia  y 
adolescencia de Andalucía, la elaboración en un plazo de doce meses de un programa 
especializado en infancia y adolescencia para las personas empleadas públicas que 
trabajan en el ámbito de menores, la adaptación en un plazo de seis meses de los 
contenidos de la presente ley a lectura fácil y la asistencia letrada en los procedimientos 
sobre delitos de odio.
Por último, la ley contiene una disposición transitoria, una derogatoria y concluye con 
siete  disposiciones  finales  entre  las  que  están  comprendidas  la  modificación  de  la 
Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, con el objetivo 
de ampliar el ámbito de los informes de evaluación del enfoque de derechos de la 
infancia en la tramitación de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de 
la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, estableciendo que la mediación sea gratuita para los conflictos 
surgidos entre las personas acogidas y las familias de origen o acogedoras.
TÍTULO I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1.  Objeto.
Es objeto de la presente ley:
a)  Promover en la sociedad andaluza y en sus instituciones los valores de la  s
infancia y adolescencia. o
aaddoollbcee))ss  cceeRAnnedctgaeiaups  lteayan rre   elAsalt n aeadbjcealetrluuccaiceccíriaio óp,  nrdgo eadc reelao dnsloit midsz ieaeprnnoedtdcoohes oru eysn s raq e puecúeusb prllseeicoscos iass po l aapn rr laroae tsfeca ocnccneilioicótacenirs.d isodusa  deaej elsar csdi ceni oilña.a isn,f anniñcoias  yy   2021-13605n https://www.
d)  Regular  los  deberes  de  las  niñas,  niños  y  adolescentes  que  tienen  como 
ciudadanas y ciudadanos de la sociedad de la que forman parte en el ámbito familiar, 
educativo y social.
e)  Determinar el ámbito competencial de la atención a la infancia y adolescencia en 
Andalucía.
f)  Regular la actuación de las administraciones públicas de Andalucía, en materia 
de prevención y protección de la infancia y adolescencia.
g)  Promover y regular la participación de las niñas, niños y adolescentes como 
actores sociales.
h)  Crear un sistema de información sobre protección de la infancia y adolescencia 
complementario al sistema de información estatal.
i)  Promover la infancia y la adolescencia como un valor de la sociedad andaluza.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Esta ley es de aplicación a todas las personas menores de dieciocho años que se 
encuentren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo que, en virtud 
de la ley que les sea aplicable, hayan alcanzado anteriormente la mayoría de edad.
CAPÍTULO II
Principios rectores
Artículo 3.  Interés superior del menor.
1.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  ordenamiento  jurídico,  el  interés 
superior  de  la  persona  menor  es  el  principio  inspirador  en  todas  las  políticas  y 
actuaciones de las administraciones públicas de Andalucía.
2.  La  normativa  andaluza  será  elaborada  y  aplicada  bajo  el  enfoque  y  la 
perspectiva de la infancia y adolescencia, las decisiones serán tomadas valorando el 
impacto  en  las  niñas,  niños  y  adolescentes,  y  todas  las  políticas  públicas  estarán 
dirigidas hacia ellos y ellas, primando siempre su interés superior sobre cualquier otro 
interés legítimo con el que pueda concurrir y hubiera conflicto.
Artículo 4.  Valor social de la infancia.
Se reconoce el valor social de las niñas, niños y adolescentes como personas que 
realizan  un  aporte  afectivo,  cultural  y  ético  al  caudal  social,  y  cuyo  protagonismo, 
creatividad y posicionamiento activo enriquecen la vida colectiva. Su presencia en los 
espacios  públicos  y  en  las  organizaciones  representa  un  indicador  fundamental  de 
calidad  del  entorno  social.  El  valor  social  de  la  infancia,  no  solo  se  basará  en  la 
consideración de que serán personas adultas, sino que se refiere a la vivencia presente 
de ser niños, niñas y adolescentes y disfrutar vitalmente de su condición.
Artículo 5.  Participación.
Se fomentará la participación de las niñas, niños y adolescentes en la construcción 
de una sociedad más justa, solidaria y democrática, el conocimiento de la realidad y el 
descubrimiento de los problemas que les afecten y sus posibles soluciones en todos los 
ámbitos, especialmente en el ámbito familiar, social, educativo y sanitario. e.e
Artículo 6.  Fomento de valores. 605ww
audiLoavsis uaadlm foinmisetrnatcairoánne se np úlabsl icnaiñsa ds,e n Aiñnodsa ylu caídao lye, secne netsepse, cyi aeln,  eslu ásm fabmitoil iaesd,u lcoast ivvaol oyr eesl 
de tolerancia, solidaridad, respeto, igualdad y, en general, los principios democráticos de
convivencia y de interculturalidad.
Artículo 7.  Equidad.
Las administraciones públicas de Andalucía llevarán a cabo políticas inclusivas que 
posibiliten que todas las niñas, niños y adolescentes se desarrollen en condiciones de 
igualdad, apoyando intervenciones tendentes a romper los ciclos intergeneracionales de 
desigualdad y discriminación, para lo cual deben atender y compensar todo tipo de 
carencias y la diversidad de cualquier índole y naturaleza.
Artículo 8.  Intergeneracionalidad.
Las administraciones públicas de Andalucía impulsarán en sus políticas, programas y 
acciones  intergeneracionales  que  aporten  experiencias  a  mayores  y  menores, 
propiciando  la  interculturalidad,  la  diversidad,  el  aprendizaje  conjunto  y  el 
enriquecimiento mutuo.
Artículo 9.  Promoción, prevención, protección y apoyo a la familia.
1.  Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a crecer en un entorno familiar 
adecuado para su desarrollo, por lo que esta ley primará la permanencia en su entorno 
familiar, salvo que esta permanencia sea contraria al interés superior de la persona 
menor.
2.  Los padres, madres y las personas tutoras, guardadoras o acogedoras en primer 
término y simultánea o subsidiariamente, todas las administraciones públicas, entidades 
y  ciudadanía  en  general,  han  de  contribuir  con  las  obligaciones,  competencias  y 
responsabilidades que el ordenamiento jurídico les asigna, en los ámbitos personal, 
familiar y social.
3.  Las administraciones públicas de Andalucía integrarán en sus políticas, planes y 
acciones  para  la  promoción,  prevención  y  el  apoyo  a  las  familias  y  otorgarán  la 
protección  y  atención  necesarias  para  que  estas  puedan  asumir  plenamente  sus 
responsabilidades como grupo y medio natural para el adecuado crecimiento y bienestar 
de las niñas, niños y adolescentes.
Artículo 10.  Prevención y protección integral contra cualquier forma de violencia.
1.  Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán 
que todos los ámbitos sean entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes, y los 
protegerán contra cualquier forma de violencia.
2.  A los efectos de esta ley, se entiende por violencia toda acción, omisión o trato 
negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que 
amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia 
de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación, especialmente la violencia digital.
En  cualquier  caso,  se  entenderá  por  violencia  el  maltrato  físico,  psicológico  o 
emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, 
las amenazas, injurias y calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la 
corrupción, la pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el acoso sexual, el 
ciberacoso, la violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres humanos con 
cualquier fin, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, el acceso no solicitado a 
pornografía, la extorsión sexual, la difusión pública de datos privados, así como la 
presencia de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar. e.
3.  Se entiende por buen trato a los efectos de la presente ley aquel que, respetando  w.b
los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, promueve activamente  605ww
lsoosl upciróinnc ippiaocsí fidcea  rdees pecoton flmicutotuso, , ddeirgencidhaod  ad eigl usael r phruomteacncioó,n  codnev ivlae nlceiya,  digeumaoldcarádt icdae, 
opor4t.u niSdaed eesst ayb plerocehribáinc iómne ddeid daiss cdreim pinroatceicócni ódne  ilnotse gnriañlo sp,a nraiñ parse yv eandior,l edsecteecnttaers, .atender,
reparar sancionar y erradicar cualquier forma de violencia.
Artículo 11.  Garantías procedimentales.
La toma de decisiones que afecten a las niñas, niños y adolescentes se realizará 
mediante procedimientos eficaces y ágiles, de acuerdo con los principios de economía 
procedimental y transparencia, adaptados a las características y necesidades de la 
persona menor, a sus circunstancias y a sus derechos, evitando las duplicidades y los 
procesos de revictimización.
Artículo 12.  Políticas integrales.
1.  Las administraciones públicas de Andalucía, en los ámbitos que les son propios, 
articularán políticas públicas integrales encaminadas al pleno desarrollo de la infancia y 
adolescencia.
2.  Las  administraciones  públicas  de  Andalucía  deberán  tener  en  cuenta  las 
necesidades de las niñas, niños y adolescentes al ejercer sus competencias y establecer 
los mecanismos de control y seguimiento en todos los sectores que les son propios, 
especialmente,  alimentación  saludable  y  equilibrada,  consumo,  vivienda,  educación, 
sanidad, servicios sociales, justicia, seguridad ciudadana, cultura, deporte, espectáculos, 
ocio  y  tiempo  libre,  medios  de  comunicación,  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación, publicidad, diseño urbanístico, transportes y espacios libres.
3.  Las administraciones públicas de Andalucía introducirán la diversidad funcional 
en la planificación, desarrollo y la evaluación de las medidas que adopten en relación 
con las personas menores de edad, teniendo en cuenta las necesidades específicas en 
todas las actuaciones y los programas dirigidos a las mismas.
4.  Las administraciones públicas de Andalucía deberán hacer posible la implicación 
de la ciudadanía y sus asociaciones en la elaboración, aplicación y seguimiento de las 
políticas públicas integrales y de los planes transversales sobre infancia y adolescencia.
Artículo 13.  Perspectiva de género.
Las administraciones públicas de Andalucía introducirán la perspectiva de género en 
la planificación, desarrollo y la evaluación de las medidas que adopten en relación con 
las niñas, niños y adolescentes, en todas las actuaciones y los programas dirigidos a 
personas menores de edad y con especial atención a la desigualdad y/o discriminación 
por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género.
Artículo 14.  Perspectiva intercultural.
Las administraciones públicas de Andalucía introducirán la perspectiva intercultural 
en la planificación, desarrollo y la evaluación de las medidas que adopten en relación 
con las niñas, niños y adolescentes, en todas las actuaciones y los programas dirigidos a 
personas menores de edad y con especial atención a la desigualdad y/o discriminación 
por razón de nacionalidad, origen o situación administrativa, tanto de los niños, niñas y 
adolescentes como de sus familiares, en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito 
familiar, sanitario, social, educativo y en el sistema de protección.
Artículo 15.  Prioridad presupuestaria.
Las actuaciones en materia de promoción, prevención, protección, formación, ocio e 
integración de la infancia y adolescencia tendrán un carácter prioritario, con especial  es
atención a la erradicación de la violencia y la lucha contra la pobreza en la infancia y  bo
adolescencia. 605ww
spuúfbiclAiice anfsitne  sad pnead ragalau lrzaaa fnsint iazcanorc nialsocigsió nnad redárene  echsetoanss   asreucctsuo anpcoircoeindseuosps. ueesnt oess talo sle yc, réladsit oasd mneincisetsraarciioosn eys   OE-A-2021-13able en https://
CAPÍTULO III
Planificación
Artículo 16.  Planificación de actuaciones, recursos y evaluación.
1.  La actuación de las administraciones públicas de Andalucía en el ámbito de la 
atención y protección a la infancia y adolescencia se desarrollará de acuerdo con una 
planificación  de  sus  políticas,  definiendo  los  objetivos  que  se  pretenden  alcanzar, 
señalando  indicadores  geográficos,  poblacionales  y  sociales  a  tener  en  cuenta  y 
trazando los procesos a seguir para conseguir esos objetivos.
2.  Esta  planificación  atenderá  a  los  criterios  de  transversalidad  e 
interdisciplinariedad y estará sujeta a los principios y obligaciones de la transparencia 
pública.
3.  Los recursos de los que disponen las administraciones públicas de Andalucía se 
gestionarán de acuerdo a los criterios de descentralización y/o desconcentración, de 
manera  que  se  favorezca  la  participación  y  las  buenas  prácticas  de  las  distintas 
instituciones,  sean  públicas  o  privadas,  y  la  proximidad  de  la  Administración  a  la 
ciudadanía.
4.  La planificación de las Administraciones Públicas será sometida a evaluación con 
la finalidad de valorar y analizar la eficacia de los programas y de las políticas públicas 
diseñadas, la participación conseguida de este colectivo, el impacto logrado, la eficiencia 
alcanzada  y  el  nivel  de  respeto  a  la  igualdad  y  no  discriminación,  evaluando  los 
resultados obtenidos a partir de los objetivos asignados y de los recursos puestos a su 
disposición, debiendo contar con indicadores para su correcta evaluación y seguimiento.
5.  Los niños, niñas y adolescentes deberán participar en la planificación y en la 
evaluación.
Artículo 17.  Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía.
1.  La Consejería de la Administración de la Junta de Andalucía con competencias 
en materia de infancia y adolescencia y de acuerdo con el principio rector establecido en 
esta  ley  de  planificación  de  las  actuaciones,  dispondrá  un  Plan  de  Infancia  y 
Adolescencia que determine las políticas públicas para lograr el bienestar y calidad de 
vida de las niñas, niños y adolescentes. Este Plan se hará público y su evaluación 
deberá ser tenida en cuenta para la elaboración de las políticas públicas.
2.  La inclusión de la perspectiva de la infancia y adolescencia en las políticas 
públicas y el refuerzo de medidas para garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes serán el fundamento del Plan de Infancia y Adolescencia de 
Andalucía.
3.  La transversalidad de la infancia y adolescencia y la corresponsabilidad de la 
sociedad en esta materia, supone que este Plan contará con la colaboración de todas las 
administraciones  públicas  de  Andalucía  y  con  la  participación  de  la  ciudadanía, 
entidades de iniciativa social, y especialmente con la infancia y adolescencia. Este plan 
abordará, con especial interés los ámbitos familiar, educativo, sanitario, de los servicios 
sociales, los sistemas públicos de protección a la infancia, las nuevas tecnologías, el 
deporte y el ocio.
4.  El Plan de Infancia y Adolescencia tendrá una duración de cuatro años y será 
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, junto con la previsión  s
presupuestaria, será sometido a seguimiento y evaluación, y remitido al Parlamento de  oe.
Andalucía para su debate en el Pleno de la Cámara. w.
CAPÍTULO IV
Gestión del conocimiento e investigación
Artículo 18.  Sistema de información e indicadores sobre infancia y adolescencia.
1.  La Administración de la Junta de Andalucía se dotará de un sistema único de 
información e indicadores sobre las diferentes esferas de la vida de las niñas, niños y 
adolescentes que incluirán tanto el impacto en la calidad de vida y desarrollo positivo, 
como la identificación de necesidades y problemas.
2.  Este sistema de indicadores, como instrumento esencial para la planificación y 
desarrollo de políticas transversales, incorporará la visión específica de las niñas, niños y 
adolescentes, y tendrá como finalidad la toma de decisiones políticas y estratégicas 
sobre la infancia y adolescencia.
3.  En la definición del sistema de indicadores se tendrá en cuenta la información 
estadística  y  cartográfica  generada  por  el  Sistema  Estadístico  y  Cartográfico  de 
Andalucía. Reglamentariamente se determinará la organización, fuentes de información, 
gestión y forma de acceso del sistema.
Artículo 19.  Investigación y gestión del conocimiento.
1.  Las  administraciones  públicas  de  Andalucía,  en  su  ámbito  de  actuación, 
fomentarán el desarrollo de investigaciones y estudios generadores de conocimiento en 
materia de infancia y adolescencia y la creación fundamentada de estrategias y métodos 
de intervención para el desarrollo de programas basados en la evidencia científica, así 
como  la  supervisión,  evaluación  y  la  divulgación  de  conocimientos  sobre  materias 
relativas a la infancia y adolescencia que promuevan su óptimo desarrollo.
2.  Las administraciones públicas de Andalucía, incluirán entre las prioridades de 
sus planes y estrategias de I+D, innovación y desarrollo, el impulso del bienestar y 
calidad  de  vida  de  las  niñas,  niños  y  adolescentes,  con  especial  atención  a  las 
estrategias de mejora de calidad de vida de aquellos menores que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad.
Artículo 20.  Cualificación de las personas profesionales.
1.  Las administraciones públicas de Andalucía garantizarán la formación inicial y 
permanente, y fomentarán la formación de las personas profesionales de todas las áreas 
y sistemas que atienden e intervienen con la infancia y adolescencia para lograr su 
cualificación específica y fortalecer su capacidad innovadora.
2.  La Administración de la Junta de Andalucía, en coordinación con la Consejería 
competente en materia de infancia, contemplará programas formativos dirigidos a todo el 
personal de las administraciones públicas que atiendan a esta población, incorporando 
en la misma la perspectiva de género, e incidiendo en ellos sobre la prevención y 
protección frente a la violencia.
3.  Las pruebas de acceso a la Función Pública en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía incluirán materias en las que se contemple la perspectiva de los derechos de 
infancia y adolescencia.
4.  Se promoverá la formación especializada en materia de infancia y adolescencia 
en los colegios profesionales, las entidades de ámbito científico, y los entes públicos y/o 
privados cuyos fines estén relacionados con el objeto de la presente ley. e.
Artículo 21.  Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía. 605ww
ccoomle1gp.ie atdeEonl t edO ebe snce armvráaacttoteerriroi a  pdrdeoe s plaien cfaItninvfocai naca, inada elyíst iacAorrd oolylla erscáco enlnascusi lati avcdote,u  aaAcdinosdncareiltsuo c ídaae,   lcaino vmCeoso tnigósaregcjeaiórnníoa,    OE-A-2021-13able en https://
formación, documentación y seguimiento estadístico de los temas relacionados con la
infancia y adolescencia, así como la gestión de fuentes de información que permitan el 
adecuado  conocimiento,  análisis  técnico,  seguimiento  y  evolución  de  los  asuntos 
relacionados con los derechos y la atención a este grupo social.
2.  El Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía participará en la 
ejecución, desarrollo y evaluación del Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía.
3.  El Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía desarrollará informes 
sobre el estado de la infancia y adolescencia en Andalucía en diferentes áreas de interés 
que afectan a la infancia y adolescencia, con especial referencia a la violencia y la 
pobreza infantil.
TÍTULO II
De la distribución de competencias, de la colaboración, coordinación y 
participación
CAPÍTULO I
De la distribución de competencias en la Comunidad Autónoma de Andalucía
Artículo 22.  Competencias de la Administración de la Junta de Andalucía.
La Administración de la Junta de Andalucía ejercerá las siguientes funciones:
a)  Propuesta, desarrollo, coordinación y evaluación de iniciativas que garanticen el 
buen trato a la infancia y adolescencia.
b)  Diseño, fomento, coordinación y evaluación de las políticas preventivas para 
evitar  la  exclusión  y  la  pobreza  infantil,  así  como  la  identificación  y  aplicación  de 
estrategias para su afrontamiento y reducción.
c)  Planificación, financiación, evaluación y control de los recursos destinados a la 
infancia y adolescencia.
d)  Elaboración de planes en los que se determinen las actuaciones de apoyo 
psicosocial, de ayudas económicas, inserción y acceso al empleo de la unidad familiar.
e)  Desarrollo de estrategias y medidas para garantizar el derecho a la efectiva 
participación de la infancia y adolescencia.
f)  Protección de menores y desempeño de las actuaciones previstas en el título V, 
en materia de protección de la infancia y adolescencia.
g)  Ejecución de las medidas judiciales impuestas por los juzgados de menores, así 
como en las actuaciones de mediación en el ámbito penal de menores.
h)  Protección  de  la  juventud  y  la  infancia  en  relación  con  el  contenido  de  la 
programación  de  los  medios  de  comunicación,  tanto  públicos  como  privados,  de 
Andalucía y de las comunicaciones audiovisuales de Andalucía, según lo establecido en 
la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía.
i)  Promoción  y  gestión  de  convenios,  contratos  y  conciertos  sociales  de  los 
contemplados en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, 
y demás acuerdos con entidades de iniciativa social y entidades con ánimo de lucro 
necesarios para la colaboración de estas en la atención a la infancia y adolescencia, y en 
la investigación y divulgación del conocimiento adquirido.
j)  Establecimiento de las medidas necesarias para el desarrollo y la ejecución de 
las  disposiciones  y  acuerdos  que  se  establezcan  en  los  distintos  instrumentos  s
internacionales en materia de prevención y protección de la infancia y adolescencia. o
Artíc1u. lo L2a3s.  ECntoidmapdeetse nLcoiacsa ldees  ldaes  Elan tCidoamdeusn iLdoacda Aleust.ónoma de Andalucía ejercerán las  2021-13605n https://ww
competencias propias en materia de servicios sociales que les atribuyen el Estatuto de
Autonomía para Andalucía, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía y la Ley 9/2016, de 27 de diciembre.
2.  Las  Entidades  Locales  son  las  competentes  para  la  prevención,  detección, 
valoración, intervención y finalmente para la formalización de la declaración de situación 
de riesgo de acuerdo con los artículos 87 a 91 de esta Ley.
3.  Las  Entidades  Locales  desarrollarán  planes  integrales  y  transversales  de 
atención a la infancia y adolescencia en el ámbito de su territorio y de sus competencias.
4.  Las Entidades Locales desarrollarán actuaciones para incorporar la participación 
infantil y adolescente en su ámbito territorial y competencial.
5.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  Ley  9/2016,  de  27  de  diciembre,  de 
Servicios Sociales de Andalucía, las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía  desarrollarán  el  mapa  de  recursos,  el  plan  estratégico  y  el  catálogo  de 
prestaciones que den respuesta a las competencias asignadas por esta Ley.
CAPÍTULO II
De la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
Artículo 24.  Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.
1.  La institución de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía tiene 
como  misión  desarrollar  con  eficacia  las  funciones  que  tiene  asignadas  como 
comisionado del Parlamento de Andalucía para la defensa y promoción de los derechos 
y libertades de las personas menores de edad.
2.  La persona titular de la institución del Defensor del Pueblo Andaluz ejercerá 
también las funciones de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, 
conforme a lo establecido en la presente Ley.
Artículo 25.  Funciones de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.
1.  Corresponde a la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía las 
siguientes funciones:
a)  Velar por el respeto de los derechos de las personas menores de edad, a cuyo 
efecto supervisará la actuación de las administraciones públicas de Andalucía y de 
cuantas  otras  entidades  públicas  o  privadas  presten  servicios  a  la  infancia  y 
adolescencia en la Comunidad Autónoma, y orientará sus actuaciones en pro de la 
defensa de los mismos.
b)  Recibir  y  tramitar  denuncias  sobre  posibles  situaciones  de  riesgo  de  los 
derechos  de  las  personas  menores  de  edad,  trasladando  estas  situaciones  a  las 
correspondientes administraciones públicas de Andalucía para que adopten medidas 
destinadas a su protección.
c)  Promover el conocimiento, la divulgación y el ejercicio de los derechos de la 
infancia y adolescencia.
d)  Proponer fórmulas de mediación, conciliación o acuerdos que faciliten la solución 
de conflictos de trascendencia social que afectan a las personas menores de edad.
2. Para el desempeño de sus funciones, la persona titular de la Defensoría o las 
personas al servicio de la institución en las que aquella delegue tendrán acceso sin 
reserva alguna a todos los expedientes que afecten a las personas menores de edad. e.e
3. Cuando las niñas, niños y adolescentes hayan estado en guarda y tutela por la  w.b
Administración de la Junta de Andalucía, estas funciones se extenderán al periodo de  605ww
pseregpuaimraiecinótno  ppaoras tlear ivoidr aa i ndlae pmenadyioerníate .de  edad  y  la  participación  en  programas  de
sobr4e.  lLaa g Deestfieónns roeraíali zparedsae. nAtsairmá isamnuoa, lpmoednrtáe  parnetsee netl aPr ainrlfaomrmeensto e dsep eAcniadlaelsu cdíea  cuonn itnefnoirdmoes 
específicos sobre aquellas situaciones que considere necesarias para la mejor defensa
de los derechos de las personas menores de edad y, cuando la urgencia o gravedad de 
los hechos lo aconseje, podrá presentar un informe extraordinario.
Artículo 26.  El Ministerio Fiscal.
De conformidad con lo recogido en el ordenamiento jurídico, el Ministerio Fiscal es el 
depositario de la obligación de actuar en defensa de los intereses de las personas 
menores de edad, conociendo de todas aquellas situaciones y actuaciones que atenten o 
puedan atentar contra los derechos y la integridad física o moral de estas. Además, 
ejerce  la  superior  vigilancia  de  las  actuaciones  protectoras  de  las  niñas,  niños  y 
adolescentes adoptadas por las administraciones públicas de Andalucía.
CAPÍTULO III
De la colaboración y coordinación
Artículo 27.  Colaboración y coordinación con las Entidades Locales.
1.  La Administración de la Junta de Andalucía y las Entidades Locales de Andalucía 
establecerán mecanismos de colaboración para garantizar una actuación coordinada en 
materia de promoción, prevención y protección de las niñas, niños y adolescentes.
2.  A tal fin, desarrollarán protocolos de actuación conjuntos y articularán los medios 
materiales, técnicos y profesionales necesarios que favorezcan una atención integral a 
las necesidades de la infancia, la adolescencia y de las familias.
3.  Esta  colaboración  incluirá  el  intercambio  de  información  entre  las  distintas 
administraciones públicas.
4.  Las entidades locales podrán facilitar el emplazamiento de nuevos recursos 
preventivos, residenciales y de acogida, mediante el ofrecimiento de suelo o de viviendas 
dotacionales de uso público, u otros medios, de acuerdo con el planeamiento urbanístico 
y la normativa vigente.
Artículo 28.  Colaboración y coordinación con otras administraciones.
1.  La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  establecerá  instrumentos  y 
procedimientos  de  colaboración  y  coordinación  con  la  Administración  General  del 
Estado, la Administración de Justicia y con las administraciones de las comunidades 
autónomas, para la gestión y el cumplimiento de las competencias relativas a la atención 
de la infancia y adolescencia.
2.  La colaboración y la coordinación proporcionará una actuación eficaz en los 
ámbitos de la prevención, detección precoz, atención integral inmediata y reparación 
frente a la violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.
3.  La  Administración  Pública  andaluza  impulsará  acciones  de  intercambio  de 
información, conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre las administraciones 
públicas.
Artículo 29.  Comisiones de infancia y adolescencia.
1.  Con  el  fin  de  promover  la  coordinación  y  colaboración  entre  las  distintas 
administraciones públicas y las entidades de iniciativa social que intervienen en esta 
materia,  se  constituirán  las  comisiones  de  infancia  y  adolescencia,  en  los  ámbitos  e.e
provincial y local. b
2.  Se  constituirán  como  órganos  colegiados  y  estarán  compuestos  por  605ww
cporonf elas ioanteanlecsió nd ea  llaas i nafadnmciinai sytr aacdioolneessc eyn claias,  ceonnti dlaasd efusn dcieo nineisc ipartiivnac ipsaolceisa ld ree ldaecsioanrraodllaasr 
cpalarnáectse r y parecvtueanctiivoon eys  einl teimgrpaulelsso,  cdoeol rdminoadre, loim  dpeull sabru eyn  ptrroamtoo vae rl arse dneiñs aslo, canlieñso s dey 
adolescentes.
3.  La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  en  el  ámbito  provincial  y  las 
Entidades  Locales  en  el  ámbito  municipal  determinarán  reglamentariamente  su 
delimitación territorial, composición y funcionamiento.
4.  La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  promoverá  la  coordinación 
interprovincial, impulsando aquellos planes, actuaciones y modelos de actuación de las 
comisiones provinciales y locales que tengan una evaluación positiva con criterios de 
calidad, agilidad y eficacia.
Artículo 30.  La iniciativa social.
1.  Las Administraciones Públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, 
fomentarán la iniciativa social para el desarrollo de actividades en el ámbito de la 
promoción, prevención, atención y protección de la infancia y adolescencia.
2.  Se establecerán los cauces necesarios para una acción coordinada y conjunta, 
entre las distintas administraciones públicas y las entidades relacionadas con la atención 
a la infancia, adolescencia y familias.
Artículo  31.  Entidades  prestadoras  de  servicios  sociales  en  materia  de  infancia  y 
adolescencia.
Las entidades de iniciativa social y las entidades con ánimo de lucro definidas en el 
artículo 3 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, para colaborar con las administraciones 
públicas  de  Andalucía  en  la  prestación  de  servicios  en  materia  de  infancia  y 
adolescencia,  deben  estar  constituidas  legalmente  e  inscritas  en  el  Registro  de 
Entidades,  Centros  y  Servicios  Sociales  y  reunir  los  requisitos  que  a  tal  fin  se 
establezcan reglamentariamente.
Artículo 32.  Familias acogedoras y familias colaboradoras.
1.  Las familias acogedoras y colaboradoras cooperarán con la Administración de la 
Junta de Andalucía en el ejercicio de sus funciones de protección, procurando una 
atención integral y la mejora de la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes que 
se encuentren bajo la tutela o la guarda de la Administración de la Junta de Andalucía, 
mediante su integración en un núcleo familiar de forma temporal o estable.
2.  La Administración Pública garantizará el asesoramiento y apoyo profesional, así 
como  la  formación  continuada,  a  las  familias  acogedoras  y  colaboradoras  para  el 
correcto desarrollo de sus funciones, y así responder a las específicas necesidades de 
las personas menores acogidas.
3.  La Administración Pública fomentará la participación de las asociaciones que 
representan a estas familias.
Artículo 33.  Colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
1.  La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía prestará la colaboración y el auxilio policial necesarios en la instrucción y en la 
ejecución de los actos dictados por la Entidad Pública en materia de protección de 
menores.
2.  La citada Unidad se podrá integrar en los programas y protocolos de actuación 
de los servicios sociales, sanitarios, educativos y judiciales en los ámbitos de promoción 
y prevención del bienestar de las niñas, niños y adolescentes. e.e
Artículo 34.  Medios de comunicación social. 605ww
edsetbae1 Lr. áenyL  ceoonsn  amtrqiebudueiilorlo sas ld  pfeor omcgoermanmtuona disce ad cliorióisgn idv saoolsoc raiea lsla,   eliondsfua cdnaect iiaev onyst rl aey t aefodnroimmleiaestcnivetoons cy iq alua.es  sreed iensc lusoyecina leens   OE-A-2021-13able en https://
2.  Se fomentará con las administraciones públicas de Andalucía el desarrollo de 
contenidos y campañas de sensibilización que faciliten una visión positiva de la infancia y 
adolescencia y de su diversidad, que promuevan el buen trato, la parentalidad positiva, y 
que  fomenten  el  conocimiento  del  acogimiento  familiar  y  la  captación  de  familias 
acogedoras, colaboradoras y adoptivas de niñas, niños y adolescentes.
3.  Deberán  prestar  especial  atención  a  no  difundir  contenidos  violentos  o  que 
puedan suponer procesos de revictimización de las niñas, niños y adolescentes.
4.  En  las  franjas  horarias  de  programación  infantil  no  se  emitirán  escenas  o 
mensajes que fomenten la violencia, el odio, el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia, la 
disfobia, el machismo o cualquier otro tipo de discriminación, o que perjudiquen su 
desarrollo físico, mental y moral. La emisión de estos contenidos, tanto en programas 
como en espacios dedicados a la promoción de la propia programación, debe advertirse 
con claridad, mediante una indicación auditiva y visual.
5.  Las  administraciones  públicas  fomentarán  la  celebración  de  acuerdos  de 
formación para toda la profesión periodística.
Artículo 35.  Universidades de Andalucía.
1.  Las universidades de Andalucía desarrollarán iniciativas para la formación del 
alumnado en el conocimiento de las necesidades de la infancia y adolescencia y la 
promoción de sus derechos, promoviendo la incorporación de estas competencias en los 
planes de estudio de los grados y postgrados en los que resulte procedente.
2.  Asimismo, fomentarán, en colaboración con el resto de las administraciones 
públicas de Andalucía, la realización de investigaciones e informes sobre la situación 
social de la infancia y adolescencia, sobre la promoción, prevención y la protección de 
las personas menores de edad, formación de profesionales y el diseño y evaluación de 
las mejores estrategias de intervención.
CAPÍTULO IV
Órganos consultivos y de participación
Artículo 36.  Consejo Asesor de Infancia y Adolescencia de Andalucía. .
1.  El Consejo Asesor de Infancia y Adolescencia es un órgano de participación 
administrativa colegiado, consultivo y de asesoramiento de las administraciones públicas 
de Andalucía en asuntos referidos a la infancia y adolescencia adscrito a la Consejería 
competente  en  materia  de  infancia  y  adolescencia,  que  informará  sobre  asuntos 
referidos a la infancia y adolescencia sometidos a su consideración, elaborará informes y 
efectuará propuestas a iniciativa propia.
2.  El Consejo Asesor de Infancia y Adolescencia tendrá entre sus funciones:
a)  Analizar periódicamente la situación de los menores en Andalucía.
b)  Asesorar sobre la planificación de las políticas públicas referidas a la infancia y la 
adolescencia y sus familias.
c)  Proponer y participar en el desarrollo de líneas de investigación en materia de 
infancia y adolescencia.
d)  Formular recomendaciones y sugerencias en asuntos de infancia y familias.
e)  Realizar funciones de asesoramiento a los medios de comunicación sobre la  s
violencia que afecta a las personas menores, con el fin de determinar los contenidos  e.
adecuados en los mismos. w.
f)  Cualesquiera otras funciones que se le atribuyan reglamentariamente. 605ww
3.  Su  composición,  donde  estarán  personas  de  reconocido  prestigio  y  amplia
efuxnpceiorineanmciaie ntpor osfee sdieotnearlm  ineanr ánm raetegrlaiam edneta riianmfaennctiae . y  adolescencia,  y  régimen  de
Artículo 37.  Consejo Andaluz de Niñas, Niños y Adolescentes.
1.  El  Consejo  Andaluz  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes,  es  un  órgano  de 
participación ciudadana y estará adscrito a la Consejería competente en materia de 
infancia y adolescencia.
2.  El  Consejo  Andaluz  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  tendrá  las  siguientes 
funciones:
a)  Asesorar a la Dirección General con competencias en materia de infancia y 
adolescencia.
b)  Proponer proyectos normativos que desarrollen sus derechos y que garanticen 
su bienestar.
c)  Sugerir  líneas  de  investigación  que  sean  de  interés  para  la  infancia  y  la 
adolescencia.
d)  Colaborar en la elaboración y seguimiento del Plan de Infancia y Adolescencia 
de Andalucía.
e)  Contribuir a la divulgación de los valores democráticos y constitucionales, en 
especial de la libertad y de la igualdad.
f)  Denunciar desigualdades y diferencias que se visualicen en la sociedad.
g)  Canalizar quejas, sugerencias y recomendaciones de la infancia y adolescencia 
a la que representan.
h)  Cualquier otra que se le atribuya reglamentariamente.
3.  Reglamentariamente  la  Consejería  competente  en  materia  de  infancia  y 
adolescencia determinará su composición, conformado por niñas, niños y adolescentes y 
su régimen de funcionamiento, así como el plazo para su constitución. Se habilitarán 
recursos  y  mecanismos  de  participación  inclusivos,  adaptados  a  las  limitaciones, 
capacidades y madurez personal de las personas menores integrantes de este órgano 
de participación ciudadana.
4.  Personas representantes de este órgano podrán acudir como miembros de pleno 
derecho  a  las  sesiones  del  Consejo  Asesor  de  Infancia  y  Adolescencia  y  de  las 
comisiones  de  la  infancia  y  adolescencia,  tanto  por  iniciativa  propia,  como  a 
requerimiento de cualquiera de estos últimos.
TÍTULO III
De la promoción del bienestar de la infancia y adolescencia
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 38.  Promoción y divulgación de derechos y deberes.
1.  Se  entiende  por  promoción  del  bienestar  de  la  infancia  y  adolescencia  el 
desarrollo  de  acciones  que  tienen  por  objeto  impulsar  el  conocimiento,  difusión  y 
ejercicio  de  sus  derechos,  sensibilizar  a  la  sociedad  sobre  las  necesidades  de  la 
población infantil y adolescente, y favorecer su participación en todas las decisiones que 
les afecten.
2.  La promoción de estos derechos y deberes se llevará a cabo contando con la  e.e
colaboración de las entidades de iniciativa social, los agentes económicos y sociales, y  b
los medios de comunicación social. 605ww
o pe3r.s onSaes  rqeuceo nmocáesr ás ep úhbalyicaanm deisnttien glau idlaob oern  dlae  dloivsu mlgeadciióons , dree scpoemtou nyi cparocitóenc,c ieónnt iddea dleoss 
derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Artículo 39.  Protección de derechos.
De conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, las 
administraciones  públicas  de  Andalucía,  en  el  ámbito  territorial  y  funcional  que  les 
corresponda, velarán para que las niñas, niños y adolescentes gocen, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de todos los derechos y libertades que tienen 
reconocidos por la Constitución, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Convención 
sobre los Derechos del Niño y demás acuerdos internacionales ratificados por España, 
así como por el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 40.  Defensa de los derechos.
1.  Las niñas, niños y adolescentes, para la defensa de sus derechos, podrán 
personalmente, a través de su representante legal, o acompañados de una persona 
mayor  de  edad  de  su  confianza,  además  de  las  actuaciones  recogidas  en  la  Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero:
a)  Dirigirse a las administraciones públicas, en demanda de la protección y la 
asistencia  que  precisen,  y  solicitar  de  las  mismas  los  recursos  sociales  que  sean 
necesarios.
b)  Poner  en  conocimiento  del  Ministerio  Fiscal  todas  aquellas  situaciones  y 
actuaciones que atenten contra sus derechos y contra su integridad física o moral.
c)  Denunciar o pedir auxilio y protección ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
o ante cualquier autoridad competente.
d)  Presentar quejas, peticiones o sugerencias ante las Oficinas del Defensor del 
Pueblo o de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía.
e)  Presentar quejas, peticiones o sugerencias ante la Oficina de Defensa de la 
Audiencia del Consejo Audiovisual de Andalucía.
2.  Las  administraciones  públicas,  para  garantizar  el  derecho  a  ser  oído  y 
escuchado, contarán con personal formado en derechos de infancia.
Artículo 41.  Fomento del desarrollo personal y pleno.
1.  Las administraciones públicas de Andalucía fomentarán la crianza en el marco 
familiar  de  las  niñas,  niños  y  adolescentes,  procurarán  el  pleno  desarrollo  de  sus 
potencialidades a nivel psicofísico, emocional, ético y social, y velarán para que las 
familias  dispongan  de  los  recursos,  medios  y  competencias  necesarios.  Para  ello, 
actuarán de manera activa con los colectivos de riesgo, a fin de evitar desigualdades y 
situaciones discriminatorias para lograr su bienestar integral y el conocimiento pleno de 
sus derechos y responsabilidades.
2.  Al mismo tiempo las administraciones públicas de Andalucía procurarán las 
condiciones necesarias que permitan a la infancia y adolescencia establecer y mantener 
relaciones sociales y personales entre iguales y en el marco de todos sus entornos de 
desarrollo.
Artículo 42.  Día de la Infancia en Andalucía.
En conmemoración de la aprobación, por la Asamblea General de Naciones Unidas, 
de  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño  en  1989,  se  declara  el  día  20  de  s
noviembre  de  cada  año  como  Día  de  la  Infancia  en  la  Comunidad  Autónoma  de  oe.
Andalucía. 605www.
CAPÍTULO II
De los derechos
Artículo 43.  Derecho a la identidad.
1.  Toda persona menor de edad tiene derecho a tener su identidad y a que le sea 
reconocida mediante su inscripción en el Registro Civil. Asimismo, los centros sanitarios 
públicos  y  privados  donde  tienen  lugar  nacimientos  establecerán  las  garantías 
necesarias para la inequívoca identificación de las niñas y niños recién nacidos y su 
inscripción en el registro administrativo correspondiente.
2.  Cuando quienes tienen la obligación de inscribir el nacimiento de una niña o niño 
en el Registro Civil no lo hicieran, la Administración de la Junta de Andalucía realizará 
las actuaciones oportunas para lograr tal inscripción.
3.  Toda persona menor de edad que se encuentre viviendo o en situación de 
tránsito en el territorio andaluz tiene derecho a su identidad, especialmente los menores 
inmigrantes y refugiados, de los que serán garantes las administraciones públicas, el 
Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
4.  Cuando un menor tutelado por la Administración autonómica no contara con 
nacionalidad,  la  Entidad  Pública  de  protección  procederá  a  instar  la  nacionalidad 
española, según la legislación vigente.
Artículo 44.  Derecho a la identidad de género.
1.  Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a preservar y desarrollar su 
propia identidad personal e idiosincrasia, incluida su identidad y expresión de género.
2.  Las niñas, niños y adolescentes cuya identidad de género o la forma en que la 
expresan no coincida con el sexo asignado al nacer, tienen derecho a desarrollarse 
física, mental y socialmente en forma saludable plena, así como en condiciones de 
libertad y dignidad. Ello incluye la determinación y el desarrollo evolutivo de su propia 
identidad de género y el derecho a utilizar libremente el nombre que hayan elegido en los 
términos previstos en la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por 
motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas 
transexuales en Andalucía y de conformidad con la normativa estatal vigente. Para ello 
los padres, madres, personas tutoras o representantes legales facilitarán y colaborarán 
con las administraciones competentes.
3.  La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  velará  por  el  ejercicio  de  este 
derecho y la especial protección que necesitan estas niñas, niños y adolescentes en 
relación  con  sus  circunstancias  específicas  para  asegurar  su  adecuado  desarrollo 
personal y social de acuerdo con su identidad de género.
Artículo 45.  Derecho al desarrollo y crecimiento en el seno de la familia.
1.  Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser cuidados y a desarrollarse, 
de forma sana y positiva, en su familia de origen, para lo que ésta recibirá el apoyo y los 
recursos profesionales necesarios que le permitan ejercer sus funciones parentales, con 
atención  especial  a  las  familias  en  situaciones  de  dependencia,  discapacidad, 
vulnerabilidad, alta adversidad, o exclusión social.
2.  Las administraciones públicas de Andalucía procurarán el derecho de las niñas, 
niños y adolescentes a vivir con su familia de origen y a relacionarse con ella, siempre  e.
que no suponga un riesgo para su integridad física y/o emocional, prevaleciendo su  w.b
interés superior sobre cualquier otro interés legítimo, de manera que, en los casos de  605ww
avadloopracrióánn  dlea  upnoas imbieliddiadda  ddee  psrout ercecuiónnifi cqauceió imn pflaiqmuieli alar  ssei psaer acdiióenra dne  lsaus  ncúirccleuon sfatamnicliiaars, 
favo3ra. blSesi  vpaalorara edllaos. las circunstancias de la niña, niño o adolescente no fuera posible su
reunificación en el seno de su familia de origen, se le procurará una alternativa familiar a
través de la medida de integración familiar más adecuada a sus necesidades. En caso 
de no existir una alternativa familiar viable, se adoptará una medida de acogimiento 
residencial, procurando que sea provisional y por el menor tiempo de duración posible, 
siempre supeditando los intereses de la infancia y adolescencia.
Artículo 46.  Derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.
1.  Las  administraciones  públicas  de  Andalucía  velarán,  en  el  ejercicio  de  sus 
competencias, por que se respete el derecho al honor, a la intimidad personal y a la 
propia imagen de las niñas, niños y adolescentes. Especialmente se tendrán en cuenta 
aquellas personas menores que se encuentren en situación de vulnerabilidad y en 
situación de desprotección.
2.  En la protección de este derecho se prestará especial cuidado en sus datos 
personales, siendo exigible un deber de reserva por parte de las personas profesionales 
que son conocedoras de los mismos en el ejercicio de su función profesional, de las 
personas acogedoras o de las personas colaboradoras con la Entidad Pública, así como 
por parte de los medios de comunicación.
3.  Quien conozca de la difusión de información o de imágenes personales relativas 
a niñas, niños y adolescentes, así como de su almacenamiento por parte de medios de 
comunicación, redes sociales o cualquier otro medio que se considere una intromisión 
ilegítima en este derecho, deberá ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.
4.  En interés superior del menor, se promoverán campañas de información a las 
familias ante el uso de vídeos o fotografías de personas menores en internet y redes 
sociales, a fin de erradicar la mala praxis de compartir la imagen de niñas, niños o 
adolescentes y que puede dar lugar a malos usos.
5.  En los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia, se pondrá especial 
énfasis en el respeto y la protección de este derecho fundamental de las víctimas y otras 
personas  menores  familiares  o  allegados,  incluso  en  los  casos  de  fallecimiento  o 
desaparición traumática. La difusión de la imagen de la persona o personas menores 
deberá autorizarse expresamente por sus progenitores o sus herederos.
Artículo 47.  Derecho de la persona menor a ser oída y escuchada.
1.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código  Civil  y  en  la  Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, toda niña, niño o adolescente tiene derecho a ser oído 
y escuchado en todas las cuestiones que le afecten en su ámbito personal, familiar y 
social, garantizándoles a tales efectos cuando corresponda el derecho a una asistencia 
jurídica gratuita.
2.  Las administraciones públicas garantizarán este derecho y que su opinión sea 
tenida en cuenta en todos aquellos asuntos y decisiones que les afecten y que se 
diriman en procedimientos administrativos o judiciales.
3.  El ejercicio de este derecho tendrá una dimensión individual. No es necesario 
que la niña, niño o adolescente tenga conocimiento exhaustivo del asunto planteado, 
basta con que tenga una comprensión suficiente que le permita discernir y manifestar su 
opinión con libertad. Las administraciones públicas competentes velarán para que, en el 
ejercicio  de  este  derecho,  se  respeten  las  necesarias  condiciones  de  discreción, 
intimidad, seguridad, ausencia de presión y adecuación a la situación.
4.  Las  niñas,  niños  y  adolescentes  con  discapacidad  dispondrán  de  todos  los 
medios necesarios para facilitar su comunicación ya sea verbal o no verbal. es
5.  La Administración Pública dispondrá de los sistemas o medios que permitan oír y  bo
escuchar la opinión de a quien su idioma le suponga una barrera que dificulte o impida el  605ww
tmeojeomrteic6vi .ac liacoi Eó ddln eed c eeriesrsesitóeocn hldu oeeti vnraea  cs lohedsore  .ebtésercnmu icqnhuoaesdd oma ria mnrpeiflfeilcesajtaa qdduaoess   cptuooadrna ldsa o l nanisño a sc,e irn caiuñdnoos ptoat ena cldaiao msle esrdceeifdenarte eon,  tneeosn   slaael    OE-A-2021-13able en https://
caso, con la argumentación de esta postura, no bastando consideraciones generales.
Artículo 48.  Derecho de información.
1.  Las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía tienen derecho a acceder a toda información veraz y plural que afecte a 
sus intereses, derechos, bienestar personal, emocional y social en un lenguaje que sea 
adecuado, comprensible y adaptado a su edad y capacidad.
2.  Las administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, 
fomentarán la producción y difusión de materiales informativos, así como promoverán y 
garantizarán actuaciones tendentes a informarles de cuantos deberes y derechos les 
asistan.
3.  El Consejo Audiovisual de Andalucía potenciará el cumplimiento de este derecho 
en el ámbito de sus competencias, fomentando la educación en valores y la creatividad 
de niños, niñas y adolescentes.
Artículo 49.  Derecho a la salud y a la atención sanitaria.
1.  Las administraciones públicas de Andalucía garantizarán el derecho a la salud 
de las niñas, niños y adolescentes, fomentando la educación para la salud, incluyendo el 
derecho al acceso a una correcta información a una vida saludable y una alimentación 
equilibrada  y  nutricionalmente  adecuada,  y  proporcionando  la  necesaria  asistencia 
sanitaria.
2.  La atención sanitaria para cada niña, niño o adolescente que se encuentre en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía será integral y adaptada a sus necesidades y 
circunstancias  específicas,  teniendo  garantizado  el  acceso  a  las  especialidades  y 
recursos del propio sistema sanitario público de Andalucía, en especial las vacunas que 
sean necesarias para prevenir enfermedades. Tendrán derecho a la reducción del dolor y 
del sufrimiento, con la aplicación de cuidados paliativos adaptados a la infancia.
3.  Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir una asistencia sanitaria 
con respeto a las creencias éticas, culturales y religiosas conforme a lo dispuesto en la 
legislación básica estatal y el resto de normativa de aplicación vigente.
4.  Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir una asistencia sanitaria 
diferenciada en espacios amigables separados de las personas adultas y adaptados a 
sus necesidades y características derivadas de su edad, etapa de desarrollo y naturaleza 
de sus problemas de salud.
5.  Las niñas, niños o adolescentes que hayan sufrido cualquier forma de violencia, 
violencia de género, trata de seres humanos y mutilación genital femenina recibirán por 
parte  del  sistema  sanitario  público  las  atenciones  necesarias  para  su  recuperación 
integral, estableciéndose, por parte de la Administración de la Junta de Andalucía, los 
medios necesarios para ello.
6.  Las niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental tienen derecho a 
una atención específica, que será prestada por personas profesionales especialistas en 
el ámbito del sistema sanitario público. Para ello la Administración de la Junta de 
Andalucía  se  dotará  de  los  recursos  necesarios.  Asimismo,  el  ámbito  del  sistema 
sanitario público abordará la formación y las mejoras de las capacidades y habilidades 
de las familias y los hijos e hijas con problemas de salud mental y trastornos de 
conducta.
7.  Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir información sobre su 
salud y los procesos asistenciales que se adopten de acuerdo con el diagnóstico y el 
tratamiento que conlleve la patología que padezca. La información se transmitirá en un  e
lenguaje adecuado a su capacidad y teniendo en cuenta su estado emocional. bo
8.  Los  padres,  madres,  personas  tutoras,  guardadoras,  acogedoras  o  605ww
qraeu peers 9ent.sae erc nDeatsaucionrtaamte nlpaste a nl ñesiñaguada i,oln ensgs irñ,pe osos eoro r  ásahnudo sosi nplepfitosaacrdlmearenraistode,,o ,  lmsaa ssadí d encr ieoñtosmad,s oo,p   denloeriñs l oqonsuniv eaye s ls  adutduepot ooglenrrasagcsvae e onlda tae gdasu.t,ea tnridecaniódenon r sadasen reiotac ehrinoa    OE-A-2021-13able en https://
quienes  deleguen,  salvo  en  aquellas  situaciones  en  que  el  acompañamiento  esté 
desaconsejado por los protocolos sanitarios.
10.  Las  niñas,  niños  y  adolescentes  tienen  derecho  a  proseguir  su  formación 
educativa tanto en el ámbito hospitalario como en el tratamiento domiciliario.
11.  Se  habilitarán  espacios  en  los  centros  hospitalarios  donde  se  puedan 
desarrollar actividades educativas culturales, de juego o de entretenimiento que sean 
adecuadas a su edad.
12.  La Consejería competente en materia de salud habilitará los mecanismos y los 
canales de comunicación que recojan y canalicen cualquier tipo de iniciativa, sugerencia, 
recomendación o queja que las niñas, niños y adolescentes realicen al ámbito de la 
salud y de la atención sanitaria.
Artículo 50.  Derecho a la educación y a la atención educativa.
1.  Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho, a través de una educación 
inclusiva y emocional de calidad, a alcanzar el máximo desarrollo posible de todas sus 
capacidades individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales, y en centros 
educativos seguros y confortables que fomenten el aprendizaje.
2.  La Consejería competente en materia de educación garantizará el acceso a la 
misma de las niñas, niños y adolescentes en condiciones de equidad y arbitrará, en 
función  de  sus  necesidades,  las  medidas  oportunas  para  que  el  alumnado  con 
necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  disponga  de  los  recursos  educativos 
necesarios.
3.  Será uno de los objetivos fundamentales de la educación la formación para el 
ejercicio de la ciudadanía, en el marco de los principios de libertad, de tolerancia, 
solidaridad, equidad y no discriminación por razón de edad, sexo, orientación sexual, 
etnia, clase social, religión, discapacidad y diversidad cultural, y el fomento del respeto a 
todas las personas.
4.  Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que sus padres, madres y 
personas tutoras, guardadoras, acogedoras o representantes legales los escolaricen en 
un centro del sistema educativo de Andalucía.
5.  Se promoverá la creación en los centros educativos de programas que fomenten 
la adquisición de competencias parentales y las escuelas de familias para reflexionar 
sobre la educación de los hijos e hijas y las características diferenciales de cada etapa 
evolutiva.
6.  Se promoverá la participación del alumnado en su comunidad y la asunción de 
sus responsabilidades en el ámbito educativo, familiar y social.
7.  La Consejería competente en materia de educación habilitará los mecanismos y 
los  canales  de  comunicación  que  recojan  y  canalicen  cualquier  tipo  de  iniciativa, 
sugerencia, recomendación o queja que las niñas, niños y adolescentes realicen en el 
ámbito de la educación.
8.  La Consejería competente en materia de educación, en colaboración con las 
distintas administraciones y agentes sociales, fomentarán la escolarización a partir de 
cero años universal y gratuita. En todo caso, se dará prioridad a las zonas de menor 
nivel socioeconómico y, en general, al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo.
9.  El sistema educativo andaluz promoverá la formación de las niñas, niños y 
adolescentes en el conocimiento y ejercicio de sus derechos, así como de los deberes 
que los acompañan. e.
10.  La  Consejería  competente  en  materia  de  educación,  en  los  supuestos  de  w.b
alteración o ruptura del proceso educativo proveerá una orientación educativa acorde a  605ww
esta1s1 c. ircLuan sctoannvciivaesn.cia escolar será eje transversal en todas y cada una de sus etapas
eedduuccaatcivióans ,d ein ccaluliydeandd oco malo  ppearrsao ndaelt epcrtoafre lsaiso ndaifl icnueltcaedseasr idoe  tdaenstoa rrpoallroa,  ag afirna ndteiz aorf reucnear 
una intervención temprana con la niña, el niño y el adolescente.
Artículo 51.  Derecho a los servicios sociales y a la atención social.
1.  Las administraciones públicas de Andalucía garantizarán a todas las personas 
menores el derecho a los servicios sociales y su atención en el sistema público de 
servicios  sociales  de  Andalucía.  Esta  atención  se  prestará  en  espacios  amigables 
adaptados a los niños, niñas y adolescentes.
2.  Las personas menores de edad tienen derecho a recibir información sobre su 
situación  social  y  los  procesos  asistenciales  y  de  intervención  que  se  adopten  de 
acuerdo con el diagnóstico y el tratamiento que conlleve su situación sociofamiliar. La 
información se transmitirá en un lenguaje claro, adecuado a su edad. Se contará en la 
comunicación de la información con la opinión de sus padres, madres, personas tutoras 
o guardadoras o acogedoras, salvo que sea contrario al interés superior del menor.
Los padres, madres, personas tutoras o guardadoras o acogedoras serán informados 
de todo lo que suponga la atención social que necesita la persona menor, siempre que 
no sea contrario a los intereses de la persona menor.
3.  Las personas menores de edad que hayan sido declaradas en situación de 
riesgo o de desamparo y sus familias recibirán, por parte de los servicios sociales, las 
atenciones  necesarias  para  su  recuperación  e  integridad  plena,  procurando  las 
administraciones públicas de Andalucía los medios necesarios para ello y a través de 
procedimientos ágiles y con la máxima celeridad posible.
4.  Las administraciones públicas de Andalucía proporcionarán a los niños, niñas y 
adolescentes una atención social integral y deberán adoptar las medidas de coordinación 
necesarias para ello, todo los cual será desarrollado reglamentariamente.
5.  Los servicios sociales destinados a personas menores que sean prestados por la 
iniciativa privada se llevarán a cabo conforme a lo establecido en la Ley 9/2016, de 27 de 
diciembre.
Artículo 52.  Derecho al desarrollo de la competencia digital.
1.  Las  administraciones  públicas  de  Andalucía  promoverán  e  impulsarán  la 
alfabetización digital y mediática de las niñas, niños y adolescentes, hacia los nuevos 
escenarios de interactividad y conectividad.
2.  Los órganos competentes en materia de infancia y adolescencia, de educación, 
de tecnologías de la información y comunicación, y en medios de comunicación social 
fomentarán medidas de acompañamiento y desarrollarán estrategias de intervención que 
garanticen los conocimientos necesarios para una navegación segura por Internet, y que 
eduquen  a  menores,  padres,  madres,  personas  tutoras  y  profesorado  en  un  uso 
responsable de las tecnologías y de sus contenidos.
3.  Las  administraciones  públicas  de  Andalucía,  en  colaboración  con  el  sector 
privado y la sociedad, fomentarán los contenidos positivos en línea y adaptados a las 
necesidades de los diferentes grupos de edad, impulsando entre la industria códigos de 
corregulación  para  el  uso  seguro  y  responsable  de  Internet  y  en  el  desarrollo  de 
productos y servicios destinados al público infantil y adolescente.
Artículo 53.  Derecho a la cultura.
1.  Las administraciones públicas de Andalucía competentes en materia de cultura 
promoverán y garantizarán el acceso a la cultura desde la infancia y adolescencia en 
condiciones de equidad, adaptado a las diferentes etapas del desarrollo evolutivo y  s
capacidades. oe.
2.  Las administraciones públicas de Andalucía adoptarán medidas que promuevan  w.
yhp iasftatróicmriilciotoen,ni o  aebrl tibíaslcitoiccgeors,á of imcdooe n ylua mdso epcneutarmsl,oe nncataiesl ,n dtaíufsircía onc,t oemi nsodu u asi ntrcfiauanal,c lqiaau rieqyr u aeodotorlóoleg seiccqoeu,n ipceaiatmn oaielló npgtoaic torci umlytou nraaioll    2021-13605n https://ww
que contribuya al desarrollo de sus capacidades cognitivas, artísticas y creativas, y el
acercamiento desde edades tempranas a la cultura. Bc
3.  Las administraciones públicas de Andalucía adoptarán medidas específicas de 
fomento de la lectura y estímulo de la creación literaria, de difusión y conocimiento de las 
artes plásticas y combinadas, del teatro, la música, la danza y el flamenco, el cine y las 
artes audiovisuales. Asimismo, adoptarán medidas que faciliten el acceso y conocimiento 
de  su  cultura  a  las  niñas,  niños  y  adolescentes  que  residan  o  se  encuentren 
temporalmente en Andalucía y sean de otra nacionalidad u origen.
4.  Las administraciones públicas de Andalucía realizarán una labor de difusión de la 
cultura, del conocimiento, los valores y la historia de Andalucía y de las diversas formas 
de expresión artística, especialmente dirigida a las niñas, niños y adolescentes, a través 
de los diferentes medios de comunicación.
Artículo 54.  Derecho al deporte.
1.  Las  niñas,  niños  y  adolescentes  tienen  derecho  una  educación  física  y  a 
practicar deporte, en un entorno seguro, en condiciones de equidad y sin ningún tipo de 
discriminación, entendiéndose como un hábito esencial para la salud, la mejora de la 
calidad de vida, el bienestar social, la formación y su desarrollo integral.
2.  Las  administraciones  públicas  de  Andalucía  fomentarán  la  práctica  de 
actividades deportivas, especialmente de aquellos grupos más desfavorecidos o en 
situación de exclusión social, de modo que pueda suponer un mecanismo de apoyo para 
la inclusión.
3.  En los planes y programas de actividades deportivas destinados a las niñas, 
niños  y  adolescentes  tendrán  como  principios  de  actuación  el  respeto  mutuo,  la 
solidaridad, la equidad y la no violencia y promoverán la igualdad de género en la 
práctica deportiva.
4.  Las administraciones públicas de Andalucía velarán por la protección de los 
derechos de la infancia frente a los intereses económicos o de otra índole de las 
entidades deportivas y garantizarán métodos, horarios y dedicación compatibles con las 
características, necesidades para el desarrollo integral y, en general, para los intereses 
de la persona menor.
5.  Las administraciones públicas de Andalucía velarán por la conciliación de la 
práctica del deporte con las actividades de aprendizaje y de integración familiar y social 
de la persona menor de edad.
6.  Las administraciones públicas de Andalucía dispondrán de espacios urbanos 
para el ejercicio de las actividades deportivas, con los equipamientos y las instalaciones 
necesarias y adaptadas a las necesidades de la infancia y adolescencia según su edad y 
su diversidad funcional.
Artículo 55.  Derecho a un entorno seguro.
1.  Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a entornos seguros adecuados y 
adaptados, por lo que las administraciones públicas de Andalucía deben prever en sus 
planeamientos urbanísticos la concepción, el aprovechamiento y el mantenimiento de 
estos espacios y de aquellos otros que les permitan la reunión, el esparcimiento, el 
recreo  y  el  ejercicio  de  actividades  lúdicas  con  los  equipamientos  e  instalaciones 
necesarias,  adaptadas  a  las  necesidades  según  su  edad  y  sus  capacidades  y 
potenciando, en estos espacios, el desarrollo de acciones saludables.
2.  Las administraciones públicas de Andalucía promoverán el trazado de itinerarios 
que permitan los desplazamientos habituales de las niñas, niños y adolescentes, de  es
manera autónoma y en condiciones de seguridad. bo
3.  Las  administraciones  públicas  de  Andalucía  contemplarán,  en  sus  605ww
ppelalaimrntiitcneiapacamicóiienón ndt odese  c cuuuarablqlaqunuieíisert rit cigporosu  pdoye . beanr reerla , mfísainctae noi mcuieltnutroa l,d qeu elo lsim  ietes plaasc iopso sipbúilibdlaicdoess,  dlea   OE-A-2021-13able en https://
4.  En el diseño y la configuración de estos espacios seguros, las niñas, niños y 
adolescentes  tendrán  derecho  a  ser  escuchados,  mediante  los  organismos  de 
participación autonómica y local correspondientes.
Artículo 56.  Derecho a la participación infantil y al asociacionismo.
1.  Las administraciones públicas de Andalucía, y las entidades de iniciativa social 
relacionadas con las niñas, niños y adolescentes, fomentarán la participación efectiva de 
estos como elemento de su desarrollo social y democrático.
2.  Las administraciones públicas de Andalucía crearán procedimientos y habilitarán 
espacios que, de un lado, garanticen la participación responsable en la vida social, 
cultural y artística de su entorno y, de otro, recojan sus demandas y propuestas.
3.  Las administraciones públicas de Andalucía fomentarán la creación de espacios 
de participación virtual accesibles a las personas menores, donde además de expresar 
sus opiniones puedan realizar propuestas de mejora y sugerencias sobre la actuación de 
las diferentes administraciones públicas.
4.  La Administración de la Junta de Andalucía promoverá y colaborará en las 
investigaciones y estudios encaminados al análisis de nuevas estrategias y herramientas 
de participación infantil y adolescente, y su influencia en la mejora de las políticas 
públicas.
5.  Las  administraciones  públicas  de  Andalucía  promoverán  el  asociacionismo 
infantil y juvenil, que comprenderá el derecho tanto a la constitución de asociaciones 
como la pertenencia a las mismas, y velarán para que se respete el ordenamiento 
jurídico y se facilite el aprendizaje de los principios y valores democráticos.
6.  El ejercicio de este derecho de participación se desarrollará en el marco de lo 
regulado  por  la  Ley  7/2017,  de  27  de  diciembre,  de  Participación  Ciudadana  de 
Andalucía.
Artículo 57.  Derecho a un medioambiente saludable.
1.  Las administraciones públicas de Andalucía fomentarán el pleno ejercicio del 
derecho de las niñas, niños y adolescentes al disfrute de un medioambiente saludable y 
no deteriorado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para ello 
promoverán y adoptarán las adecuadas medidas para su protección, conservación y 
mejora.
2.  La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  con  el  fin  de  promover  una 
educación orientada hacia el respeto al medioambiente y la corresponsabilidad en el 
cuidado del entorno, fomentará cauces adecuados de colaboración y el compromiso de 
las distintas administraciones públicas y otros sectores implicados en Andalucía.
3.  La  Consejería  competente  en  materia  de  educación  incluirá  en  el  currículo 
educativo contenidos de educación medioambiental.
Artículo  58.  Derecho  al  juego,  descanso,  esparcimiento  y  actividades  recreativas, 
culturales y artísticas.
1.  Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al juego como elemento esencial 
para  su  desarrollo  evolutivo  y  proceso  de  socialización.  Es  por  ello  que  las 
administraciones  públicas  de  Andalucía  velarán  por  que  se  den  las  condiciones 
materiales y sociales para que pueda ser ejercido por estos. s
2.  La Administración de la Junta de Andalucía garantizará y promoverá el derecho  oe.
de niños y niñas al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la  w.
vida cultural y las artes, incluidos los niños y niñas con discapacidad y los niños y niñas  605ww
qeune s itsueaacnio nseesg udrea se, xaclcucseiósnib lseosc iea l, inpcaluras ivpaasrt,i ceipna r luegna raecst ivaid alodse sq luúed icsaes  py ureedcare allteivgaasr 
utilizando el transporte público y que sean apropiados para su edad.
CAPÍTULO III
De los deberes de las niñas, niños y adolescentes
Artículo 59.  Los deberes de las niñas, niños y adolescentes.
1.  De acuerdo con lo recogido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, las 
niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su edad, madurez y capacidad, deberán 
asumir y cumplir los deberes, obligaciones y responsabilidades inherentes al ejercicio de 
los derechos que tienen reconocidos en todos los ámbitos de la vida, tanto familiar, 
educativo  como  social,  mostrando  un  comportamiento  basado  en  los  principios  de 
tolerancia, igualdad, solidaridad, respeto mutuo, libertad y pluralismo.
2.  Las  personas  menores  deberán  respetar  las  leyes  y  normas  que  les  sean 
aplicables, y los derechos y libertades fundamentales de las otras personas, y asumir 
una actitud responsable y constructiva en la sociedad.
3.  Las administraciones públicas de Andalucía promoverán cuantas actuaciones 
sean  necesarias  para  fomentar  el  conocimiento  y  cumplimiento  de  los  deberes  y 
obligaciones  de  las  personas  menores  de  edad  en  condiciones  de  igualdad,  no 
discriminación y accesibilidad universal.
Artículo 60.  Deberes relativos al ámbito familiar, educativo y social.
1.  De conformidad con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, las niñas, niños y 
adolescentes  deben  participar  en  la  vida  familiar,  respetar  a  sus  padres,  madres, 
personas tutoras, guardadoras o acogedoras, hermanas y hermanos, así como a otros 
familiares, y colaborar en el cuidado del hogar y las tareas domésticas, en función de su 
edad y con independencia de su sexo.
2.  Deben  respetar  las  normas  de  convivencia  de  los  centros  educativos,  al 
profesorado,  a  los  compañeros  y  compañeras,  al  personal  empleado  y  a  las 
instalaciones del centro, así como tener una actitud colaborativa y positiva para el 
aprendizaje durante todas las etapas educativas.
3.  De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, deben 
respetar la dignidad, integridad e intimidad de las personas con las que se relacionan, 
con independencia de su edad, nacionalidad, etnia, religión, sexo, orientación, identidad 
sexual y de género, características físicas o sociales o cualquier otra circunstancia 
personal o social.
4.  Deben colaborar en la protección de sus iguales frente a cualquier forma de 
violencia y facilitar su integración en el contexto familiar, educativo y social.
5.  De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, deben 
cuidar y hacer un buen uso de los recursos y equipamientos de su entorno, así como del 
medioambiente, colaborar en su conservación para un desarrollo sostenible y respetar a 
todos los seres vivos.
CAPÍTULO IV
De las limitaciones y reservas sobre determinadas actividades, medios y 
productos
Artículo 61.  Alcance general.
Las  limitaciones  que  se  recogen  en  este  capítulo  constituyen  actuaciones  de  b
protección para la infancia y adolescencia en orden a prevenir situaciones o perjuicios  605ww
lqouse  apfaedcrteesn,  am saud dreess,a rrpoellros oinntaesg ratul tyo raadse, cugaudaord, aaduonr acsu,a nadcoo mgeeddoiera esl  coo nrseepnrteimseienntaton tdees 
legales.
Artículo 62.  Espectáculos públicos y actividades recreativas.
1.  Se limita el acceso y la permanencia de las personas menores de edad en los 
establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas en los términos 
regulados por la normativa específica.
2.  No podrán participar de manera activa las personas menores de dieciséis años 
de edad en espectáculos y festejos públicos que conlleven situaciones de peligro para 
los propios menores, sin perjuicio de lo previsto en la normativa específica.
3.  Durante la celebración de espectáculos públicos que tengan lugar en espacios 
abiertos o al aire libre, o en cualquier establecimiento público, se establecerán las 
medidas de protección que sean necesarias para garantizar la seguridad de las niñas, 
niños y adolescentes que acudan como espectadores.
4.  Los establecimientos públicos que tengan dispositivos informáticos con acceso a 
Internet dispondrán de un sistema de seguridad y control, de acuerdo con las medidas 
establecidas reglamentariamente, en orden a garantizar la protección de las personas 
menores de edad y sus derechos.
Artículo 63.  Publicidad.
1.  Las administraciones públicas de Andalucía velarán para que los medios de 
comunicación social, ya sean escritos, audiovisuales, o telemáticos, así como las redes 
sociales, no difundan publicidad contraria a los derechos de la infancia y adolescencia, y 
en  particular  se  atendrán  a  que  no  contengan  elementos  discriminatorios, 
estereotipados, sexistas, racistas, xenófobos, pornográficos, violentos o engañosos que 
inciten a adicciones.
2.  Las administraciones públicas de Andalucía promoverán cuantas acciones sean 
necesarias para evitar que las imágenes de las niñas, niños y adolescentes aparezcan 
en espacios o anuncios publicitarios en los que se vulneren sus derechos o atenten 
contra su dignidad e, igualmente, impedirán que su participación en los mismos pueda 
perjudicarles moral o físicamente, o los expongan a situaciones peligrosas.
3.  La utilización de personas menores de edad en anuncios publicitarios evitará que 
la escenificación publicitaria en la que participen emita mensajes que inciten al consumo 
compulsivo. Asimismo, se prohíbe el uso de su imagen para el anuncio de productos, 
bienes o servicios que les estén prohibidos.
4.  Los mensajes publicitarios en los medios de comunicación social no perjudicarán 
moral o físicamente a las niñas, niños y adolescentes, debiendo respetar a tal efecto la 
legislación específica sobre la materia.
5.  La publicidad o comunicaciones comerciales de actividades de juego de azar, 
apuestas, esoterismo y paraciencia no podrá estar dirigida a las personas menores de 
edad  y,  por  tanto,  no  estará  destinada  a  provocar  cualquier  tipo  de  incitación  o 
persuasión sobre ellas, ni a perjudicarles en su formación moral o física.
6.  Para el cumplimiento y seguimiento de lo previsto en el presente artículo, se 
establecerá la necesaria colaboración entre las administraciones públicas de Andalucía y 
los medios de comunicación social, especialmente en aquellos supuestos en que pueda 
producir un grave perjuicio para la adecuada formación de las personas menores de 
edad receptoras de la información o publicidad.
Artículo 64.  Publicaciones y material audiovisual.
Las  administraciones  públicas  de  Andalucía  llevarán  a  cabo  las  actuaciones  oe.
necesarias  para  detectar  y  sancionar  la  venta,  alquiler,  exposición,  difusión  y  el  w.
aomcfarteitveciirdmiaailde enastuo dd iaeo lvimcisteiuvnaaols r,eq asu  ecd oeinn edcdiutaecd taa sd  elda e p vuribioellisecgnaocc iiqaou,n eete sg,r revonírdeisermeonso ,,a  vddiidecescopiojruneeecgisoo,  sod  eocl u casuleqarul qiheuurie mfro aormntrooa,    2021-13605n https://ww
de discriminación, o bien tengan contenido pornográfico.
Artículo 65.  Consumo.
1.  Las administraciones públicas de Andalucía promoverán la educación para el 
consumo responsable, con la finalidad de fomentar en las niñas, niños y adolescentes 
hábitos  de  consumo  saludables.  Asimismo,  realizarán  cuantas  actuaciones  fuesen 
convenientes para la defensa de éstos frente a prácticas abusivas.
2.  Los productos, bienes o servicios destinados a las niñas, niños y adolescentes 
contarán con información suficiente sobre la composición, características, uso y edad 
recomendada en la etiqueta del producto, bien o servicio, de acuerdo con lo establecido 
reglamentariamente.
3.  Estos productos, bienes o servicios no inducirán a error o engaño, ni contendrán 
sustancias que impliquen un riesgo para la salud de las personas menores de edad. Las 
administraciones públicas de Andalucía ejercerán una especial vigilancia para garantizar 
el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad establecidas.
Artículo 66.  Protección frente a adicciones.
1.  Las administraciones públicas de Andalucía velarán por el cumplimiento de lo 
establecido en la normativa vigente relativa a la publicidad y acceso de las personas 
menores de edad a las bebidas alcohólicas, el tabaco, las tecnologías, los juegos de 
azar y otras sustancias tóxicas psicoactivas y/o adictivas.
2.  Las administraciones públicas de Andalucía y las entidades de iniciativa social 
desarrollarán actuaciones informativas y educativas para prevenir el consumo de alcohol, 
tabaco, el uso no responsable de las tecnologías, juegos de azar y otras sustancias 
tóxicas psicoactivas y/o adictivas entre las personas menores de edad.
3.  Los  recursos  y  servicios  asistenciales  que  atienden  a  las  niñas,  niños  o 
adolescentes que presenten problemas en materia de drogodependencia y adicciones 
deben garantizar que las intervenciones terapéuticas se ajusten al perfil y características 
de las personas menores de edad, enfoque en los factores psicosociales, especialmente 
en aquellos menores de edad que presentan problemas de salud mental.
TÍTULO IV
De la prevención
CAPÍTULO I
Prevención y parentalidad positiva
Artículo 67.  Concepto y ámbito de aplicación de la prevención.
1.  Se entiende por «prevención» el conjunto de actuaciones encaminadas a evitar 
que aparezcan factores y circunstancias que puedan dificultar el adecuado desarrollo 
físico, cognitivo, emocional y social de las niñas, niños y adolescentes, y, en caso de 
producirse, eliminarlas o mitigar sus consecuencias y cronificación de estas.
2.  Las administraciones públicas de Andalucía, directamente o en colaboración con 
las entidades de iniciativa social, desarrollarán actuaciones de prevención y promoción 
de la infancia y adolescencia que estarán dirigidas a toda la sociedad en general y, de 
manera  prioritaria,  a  las  familias,  a  las  niñas,  niños  y  adolescentes,  medios  de 
comunicación de titularidad pública o privada y a las personas profesionales de los  e.
servicios  públicos,  especialmente  de  salud,  educación  y  servicios  sociales  que  w.
intervengan  con  familias  y  menores,  o  en  el  diseño  de  políticas  de  infancia  y  605ww
acudlotulerascl econmciao.  loLsa dsi feardemntiensis tmraocdioenloess  dep úfabmlicialias  qtueen derxáinst eenn e nc ulae nretaa lidtaandt oa nldaa lduizvae.rsidad
Artículo 68.  Finalidad de la prevención.
Las actuaciones en materia de prevención tendrán como finalidad:
a)  Promover el buen trato y la integración del enfoque de parentalidad positiva en la 
atención a la infancia y adolescencia en los ámbitos social, familiar e institucional.
b)  Impulsar  que  los  códigos  que  regulan  los  contenidos  de  los  medios  de 
comunicación social y las tecnologías de la información y la comunicación de titularidad 
pública o privada incluyan la promoción de los derechos de la infancia y adolescencia, y 
la trasmisión de modelos positivos de parentalidad.
c)  Consensuar criterios de interpretación e indicadores de evaluación del bienestar 
infantil, riesgo de exclusión social, vulnerabilidad, perfiles familiares que permitan un 
marco  de  intervención  y  actuación  interadministrativo  común,  y  coordinado  de  las 
políticas preventivas, así como su seguimiento y evaluación.
d)  Identificar  situaciones  de  vulnerabilidad  en  las  que  existen  dificultades 
personales, familiares o sociales, y desarrollar las actuaciones necesarias para evitar la 
aparición de daños en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.
e)  Identificar y detectar cualquier forma de violencia, incorporando las herramientas 
oportunas de prevención y, en todo caso, mediante campañas de sensibilización social.
f)  Detectar  situaciones  en  las  que  las  niñas,  niños  y  adolescentes  no  tengan 
cubiertas  adecuadamente  sus  necesidades  básicas,  desarrollando  un  proyecto  de 
intervención familiar dirigido a preservar la unidad familiar, capacitando a las familias y 
reparando los posibles daños sufridos por las niñas, niños y adolescentes.
g)  Garantizar la actuación coordinada, corresponsable, interadministrativa y en red, 
en la promoción del buen trato y la prevención y protección a la infancia y adolescencia. 
Se  considera  necesario  tener  en  consideración  las  buenas  prácticas  de  diferentes 
territorios en cuanto a atención y protección a la infancia y adolescencia.
h)  Evitar la revictimización de las niñas, niños y adolescentes en cualquiera de las 
experiencias de maltrato en las que se vean involucrados.
Artículo 69.  Parentalidad positiva.
1.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  26.3  a)  de  la  Ley 
Orgánica  8/2021,  de  4  de  junio,  se  entiende  por  «parentalidad  positiva»  el 
comportamiento de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o 
acogimiento,  fundamentado  en  el  interés  superior  del  niño,  niña  o  adolescente  y 
orientado a que la persona menor de edad crezca en un entorno afectivo y sin violencia 
que incluya el derecho a expresar su opinión, a participar y ser tomado en cuenta en 
todos los asuntos que le afecten, la educación en derechos y obligaciones, favorezca el 
desarrollo de sus capacidades, ofrezca reconocimiento y orientación, y permita su pleno 
desarrollo en todos los órdenes.
2.  Las administraciones públicas de Andalucía promoverán acciones para fomentar 
la  parentalidad  positiva  dirigidas  hacia  la  población  en  general,  basada  en  las 
necesidades y derechos de la infancia y adolescencia, con un enfoque preventivo, 
positivo, equitativo, intersectorial y ecológico, atendiendo a la diversidad.
3.  Se llevarán a cabo programas de formación dirigidos a toda la sociedad andaluza 
en general, y en especial atención para profesionales y familias, en educación parental, 
orientación,  acompañamiento  y  apoyo  a  las  familias  en  el  desarrollo  de  sus 
responsabilidades, capacidades y habilidades, a fin de aumentar sus conocimientos  s
sobre los contenidos relacionados con las niñas, niños y adolescentes, y a asumir  oe.
sqaoudceei c4ahu.la  ayyd Eacanunm l rteuelnoraatslielz ,  ayscd uasosse  oe ressev tsoapdsluoe pan rrsoásagintbru aislaimudcsaiao dsrnee efssosu r mpltaadardeteio vnsotr asiyel. esesgl  one invy e llo ddse eá ssmaambtisiptfoaasrco ce ióddnue cd aetmi vlaeosn,  opsreaernssi,to anrlaaioss,    2021-13605n https://www.
administraciones públicas ofrecerán cursos de formación de parentalidad positiva, que
deberán  estar  especialmente  presentes  en  los  proyectos  de  intervención  familiar  y 
planes de intervención de los servicios sociales.
Artículo 70.  De la atención a la persona menor agresora.
1.  Las  personas  menores  de  edad  que  hayan  cometido  actos  de  violencia  y 
aquellos menores que presenten conductas disruptivas recibirán apoyo especializado, 
especialmente educativo, a fin de prevenir nuevas conductas agresoras o reincidentes.
2.  Se fomentará el apoyo a la familia y el desarrollo de la parentalidad positiva para 
abordar las situaciones que lo precisen.
CAPÍTULO II
De las actuaciones de prevención
Artículo 71.  Sensibilización e información.
1.  Las administraciones públicas de Andalucía, directamente o en colaboración con 
la  iniciativa  social,  llevarán  a  cabo  acciones  de  sensibilización  dirigidas  a  toda  la 
población, que promuevan la dignidad y bienestar de la infancia y adolescencia y los 
valores de respeto, convivencia y la no violencia.
2.  Las  administraciones  públicas  de  Andalucía  facilitarán  la  información  a  la 
ciudadanía en materia de infancia y adolescencia a través de distintos medios y soportes 
técnicos.
3.  La Administración de la Junta de Andalucía dispondrá de líneas de atención 
telefónica y de cualquier otro medio técnico que permitan la colaboración ciudadana en 
la comunicación sobre posibles situaciones de violencia y, específicamente, aquellas 
dirigidas a la comunicación, atención y orientación a las niñas, niños y adolescentes.
Artículo 72.  Medidas preventivas de apoyo al desarrollo integral de la infancia y la 
adolescencia.
1.  Las administraciones públicas de Andalucía desarrollarán servicios y programas 
específicos de calidad para la atención y orientación familiar, social, sanitaria, educativa 
y de conciliación de la vida laboral y familiar, dirigidos a las familias con hijos e hijas 
menores a su cargo.
2.  Con objeto de reducir la inequidad, la exclusión social y evitar el deficiente 
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, la Administración de la Junta de Andalucía 
otorgará a las familias que carezcan de recursos económicos una ayuda económica para 
atender las necesidades básicas de los mismos. La cuantía, requisitos y procedimiento 
para su disposición se establecerán reglamentariamente. Estas ayudas se concederán, 
en su caso, de forma coordinada con las ayudas familiares y de emergencia con las que 
cuentan los servicios sociales y el resto de recursos públicos existentes.
3.  Se proveerán las ayudas y recursos comunitarios específicos de apoyo a las 
familias con hijas e hijos menores a su cargo en situación de especial vulnerabilidad o 
dificultad social, que estarán vinculados en su caso al proyecto de intervención familiar.
4.  Se impulsarán programas que establezcan relaciones positivas entre los padres 
y madres con hijos e hijas, bajo los principios de parentalidad positiva, empoderando a 
los niños y niñas como sujetos de derechos, reforzando la participación infantil como 
herramienta principal de protección. e.
Artículo 73.  Mediación familiar e intergeneracional. 605ww
1.  La mediación familiar e intergeneracional, como recurso preventivo y extrajudicial
pcoanrafl iclato sa tqeuneci ólens  ap elarms itfaa malicliaans zqaur ea cdueesredeons  dpea rftoicrimpaar  ceonn suenn spuraodcae,s otie dnee  creosmoolu ocibójne tidveo 
contribuir a instaurar una cultura de paz, desbloquear dificultades relacionales, favorecer
competencias personales, promover la responsabilización y lograr una convivencia más 
satisfactoria entre los miembros de una familia o grupo convivencial.
2.  Para  el  fomento  de  la  mediación  familiar  e  intergeneracional,  las 
administraciones públicas, directamente o en colaboración con las entidades de iniciativa 
social, llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
a)  Promoción,  difusión,  publicidad  e  información  de  la  mediación  familiar  e 
intergeneracional.
b)  Realización de programas de formación específica y continua en esta materia 
para profesionales que intervengan en el ámbito familiar.
3.  Las administraciones públicas de Andalucía, directamente o en colaboración con 
las entidades de iniciativa social, podrán promover servicios y recursos de mediación 
familiar de conformidad con las prioridades y necesidades detectadas.
Artículo 74.  Actuaciones en el ámbito de la salud.
1.  Las administraciones públicas de Andalucía desarrollarán acciones de promoción 
de la salud en la atención del embarazo, parto y puerperio y primera infancia con criterios 
de calidad, humanización, equidad y perspectiva de género, fomentando la lactancia 
materna, el vínculo afectivo y el apego.
2.  En el caso de las menores que estén embarazadas o en proceso de lactancia, 
éstas recibirán el asesoramiento, apoyo y los recursos necesarios para poder continuar 
su formación educativa, orientación o inserción profesional.
3.  Se velará por la salud prenatal, especialmente en las situaciones de exclusión 
social  y  vulnerabilidad  y  se  establecerán  medidas  que  garanticen  la  prevención, 
intervención y seguimiento de las situaciones de posible riesgo prenatal y la notificación 
en caso de sospecha de maltrato y, en su caso, se instará ante la autoridad judicial o 
cualquier otra competente, la aplicación de las actuaciones necesarias cuando no se 
cuente con la colaboración de la gestante o de su entorno.
4.  Las administraciones públicas de Andalucía promoverán acciones de educación 
en salud fomentando una cultura de la salud pública como fuente de desarrollo personal 
y autocuidados y la adquisición de hábitos y comportamientos saludables y se llevará a 
cabo en todos los ámbitos en los que se desenvuelve la vida de las niñas, niños y 
adolescentes.
5.  Las intervenciones de prevención se centrarán prioritariamente en las siguientes 
áreas:
a)  La  promoción  del  bienestar  emocional  y  la  autoestima  en  la  infancia  y 
adolescencia, fomentando estándares de apariencia física realistas y favorecedores de la 
diversidad corporal y estética.
b)  La  prevención  del  sobrepeso,  la  obesidad  y  de  hábitos  relacionados  con 
trastornos alimentarios, a través de programas de alimentación saludable e información 
nutricional.
c)  La prevención de la accidentalidad.
d)  El  consumo  y  el  ocio  saludables  de  las  niñas,  niños  y  adolescentes  y  la 
protección frente a la publicidad de alimentos y bebidas de bajo valor nutritivo y de alto 
valor energético.
e)  La prevención del consumo de alcohol, tabaco, uso no responsable de las 
tecnologías, juegos de azar y otras sustancias tóxicas psicoactivas y adictivas, entre las  e.
personas menores de edad. w.b
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alimenticios y de salud mental, con personal especializado y formado en la atención a 
menores de edad.
Artículo 75.  Actuaciones en el ámbito educativo.
1.  Los centros educativos, desde su consideración como espacios seguros para la 
infancia, impulsarán programas que fomenten la adquisición de competencias parentales 
en las familias y el conocimiento de las características diferenciales y las necesidades de 
cada etapa evolutiva.
2.  Igualmente, llevarán a cabo acciones que favorezcan los buenos tratos a la 
infancia, los valores de convivencia y resolución pacífica de los conflictos, la educación 
emocional, la educación en valores, la educación afectivo-sexual, la coeducación, el 
trabajo cooperativo, la educación física, y la educación alimentaria y nutricional, como 
vías de desarrollo de competencias personales y sociales que mejoren el éxito educativo 
y la convivencia.
3.  La Administración educativa promoverá el diseño y la implementación de un 
currículo  y  entornos  de  enseñanza  y  aprendizaje  inclusivos  que  acojan  y  presten 
atención a la diversidad de intereses, ritmos, necesidades, tratamientos terapéuticos y 
capacidades de cualquier niña, niño o adolescente.
4.  Con objeto de promover la función compensatoria de la educación en los tres 
primeros años de vida, las administraciones públicas, a través de la creación y gestión 
de los recursos necesarios, velarán por que se dispongan plazas gratuitas para la 
atención a las niñas y niños de cero a tres años, con especial referencia a las personas 
menores en riesgo de exclusión social.
5.  Las administraciones públicas velarán por el acceso a los recursos tecnológicos 
de las personas menores en situación de vulnerabilidad.
6.  La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  en  coordinación  con  la 
Administración  local  desarrollará  planes  de  prevención,  control  y  seguimiento  del 
absentismo escolar.
7.  La Administración de la Junta de Andalucía deberá tener en cuenta la diversidad 
cultural asociada a movimientos migratorios e implementará programas de mediación 
social intercultural en los centros educativos que lo requieran para garantizar una gestión 
positiva de la diversidad cultural.
8.  La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará protocolos de detección 
temprana,  identificación  e  intervención  con  las  niñas,  niños  y  adolescentes  que 
presentan  problemas  o  trastornos  psicológicos,  cognitivos  y/o  de  conducta  o  de 
adaptación escolar y social.
9.  Asimismo, desarrollarán acciones de sensibilización, formación, prevención y 
atención a las niñas, niños y adolescentes ante las situaciones de maltrato infantil, acoso 
escolar, violencia de género u otros conflictos derivados de la orientación sexual o de la 
identidad de género y la discriminación en el ámbito educativo.
Artículo 76.  Actuaciones en el ámbito de los servicios sociales.
1.  El sistema público de servicios sociales de Andalucía implementará programas 
de  orientación,  intervención  y  tratamiento  familiar,  con  el  objetivo  de  apoyar  a  las 
familias, promover sus competencias parentales a favorecer su desarrollo personal y 
social, garantizando el bienestar de la infancia y adolescencia en sus distintos contextos 
de desarrollo, considerando los procesos migratorios en las estructuras familiares y la  es
diversidad cultural, y con especial atención a las personas menores que se encuentren  bo
en situaciones de vulnerabilidad, y de conformidad con los principios de financiación  605ww
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3.  Se promoverán acciones y crearán instrumentos para la identificación y atención 
de aquellas situaciones que afecten a la cobertura de necesidades vitales básicas de 
alimentación,  vivienda,  pobreza  energética,  o  cualquier  otra  de  índole  material  que 
puedan incidir negativamente en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, así 
como  de  aquellas  otras  situaciones  de  riesgo  psicológico  y  social  que  puedan 
comprometer su desarrollo, particularmente en sus primeros años de vida.
Artículo 77.  Atención a la pobreza infantil.
1.  La Administración de la Junta de Andalucía elaborará acciones y estrategias a fin 
de reducir la pobreza infantil que serán incluidas en los diferentes planes de acción de 
las consejerías implicadas para la erradicación de la pobreza infantil.
2.  A  fin  de  realizar  un  seguimiento  pormenorizado  de  la  pobreza  infantil  en 
Andalucía,  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  en  colaboración  con  el 
Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía elaborará un informe anual 
coordinado con los agentes implicados. Este informe será presentado en el Pleno del 
Parlamento de Andalucía.
3.  La  pobreza  infantil  tendrá  la  máxima  prioridad  como  objetivo  preferente  en 
organismos  e  instituciones  como  la  Defensoría  de  la  Infancia  y  Adolescencia  de 
Andalucía, el Consejo Asesor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía y la Comisión 
Parlamentaria para la protección de la Infancia en Andalucía.
Artículo 78.  Prevención y atención ante la violencia sexual.
1.  Las  administraciones  públicas  de  Andalucía  desarrollarán  actuaciones  de 
detección, prevención, atención e intervención ante la violencia sexual en niñas, niños y 
adolescentes que serán desarrolladas reglamentariamente.
2.  Se impulsará la formación especializada a personas profesionales del ámbito 
sanitario, educativo, judicial, de los servicios sociales y de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad  y  se  fomentará  el  intercambio  de  buenas  prácticas  en  la  prevención  y 
tratamiento de las víctimas.
Artículo 79.  Recursos y servicios para la prevención.
En el mapa de servicios sociales de Andalucía se incluirán los recursos y servicios en 
materia de prevención y apoyo a las familias, se actualizará periódicamente y permitirá 
conocer la oferta y cobertura de los servicios públicos, así como identificar nuevas 
necesidades.
TÍTULO V
De la protección
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 80.  Protección.
1.  A  fin  de  garantizar  el  bienestar  y  desarrollo  integral  de  las  niñas,  niños  y  e
adolescentes, la protección comprenderá el conjunto de actuaciones destinadas a la  bo
intervención en situaciones de riesgo, en el ejercicio de la guarda y en la asunción de  605ww
ltaaud teeelc2axu.i  spatodeLrona smc  Aiaiqnd uimsyet  ienaerisilso et mrgdaueacr nileóatnne l  neldaiyme.s  ileaanc Jttouu andctaeio  dnleeo ssA  dnsede arpvluricocitoíeasc  ycp iólúanbs l dieceno tsmid eanndeoecrese slsao rcrieaoclseo,s g sigduaafirsca ineetnnizt eaesrsá tany    OE-A-2021-13able en https://
ley,  en  el  marco  de  las  dotaciones  presupuestarias  que  se  asignen  y  aprueben 
anualmente.
3.  Las actuaciones de protección serán desarrolladas reglamentariamente.
Artículo 81.  Criterios de actuación.
Para el logro de los objetivos previstos en esta ley, las administraciones públicas de 
Andalucía, en el ámbito de sus respectivas competencias y respetando la primacía del 
interés superior del menor, actuarán bajo los principios de objetividad, imparcialidad, 
coordinación, prioridad, confidencialidad y seguridad jurídica. A este respecto se regirán 
por los siguientes criterios de actuación:
a)  Se  promoverán  actuaciones  preventivas  y  reparadoras  que  potencien  los 
factores protectores de las familias, procurando la permanencia de las niñas, niños y 
adolescentes en su familia de origen, salvo que no sea conveniente para su desarrollo 
personal, en cuyo caso se les proporcionará la alternativa familiar más adecuada.
b)  Se  procurarán  intervenciones  mínimas,  conforme  a  las  cuales  se  otorgará 
prioridad a la actuación en su entorno familiar, evitando duplicidades y la victimización 
secundaria.
c)  Para  la  valoración  y  toma  de  decisiones  respecto  a  las  niñas,  niños  y 
adolescentes, se aplicarán los instrumentos técnicos validados al efecto y se promoverán 
los mecanismos de coordinación que permitan agilizar las actuaciones administrativas y 
garantizar  la  coherencia  entre  todas  las  intervenciones  que  repercutan  directa  o 
indirectamente sobre ellos.
d)  Se  reconoce  el  derecho  de  las  niñas,  niños  y  adolescentes  a  ser  oídos  y 
escuchados en la toma de decisiones que les afectan.
e)  Se garantizará la adecuación de las actuaciones de protección a la situación de 
cada niña, niño o adolescente y la proporcionalidad entre la problemática planteada, la 
decisión tomada y la aplicación de la medida de protección.
f)  Se priorizará la adopción de medidas familiares frente a las residenciales, las 
estables  frente  a  las  temporales,  y  las  consensuadas  frente  a  las  impuestas, 
garantizando la continuidad de las relaciones personales con su familia de origen y su 
familia extensa, siempre que no vaya en contra de su interés superior, perjudique su 
desarrollo integral, ni la adopción de una medida estable.
g)  En el proceso de adopción de las medidas de protección, se favorecerá la 
participación y la colaboración de la familia de origen de la persona menor de edad en la 
toma de decisión, de manera que esta también acepte la medida de protección adoptada 
y facilite la intervención.
h)  Se procurará mantener unidos a los hermanos y hermanas en las medidas de 
protección que se adopten, siempre que ello no suponga una limitación para acordar una 
medida de integración familiar y garantizando el mantenimiento del contacto entre ellos 
cuando no se haya determinado que este contacto perjudique a alguna de las partes.
i)  La existencia de relaciones personales de la niña, niño o adolescente con su 
familia de origen no será impedimento para una posible propuesta de guarda con fines 
de adopción.
j)  Cuando se establezca un régimen de relaciones personales con la familia de 
origen, se realizarán las intervenciones oportunas para preparar tanto a la familia de 
origen como a la acogedora o adoptiva, con objeto de que estas relaciones favorezcan el 
desarrollo de la persona menor. e
k)  A cada niña, niño o adolescente, sujeto a medida de protección, se le asignará  bo
un o una profesional al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, al que  605ww
pppprorrooodctpreeáocd ncaigmiócanuine d;nq irtvuo iegss ii slecaemor árhpr aerleoys sapq  oteuinesedmt aielpbonol etcseco siddn; eosl e;id e yejf earccecoui,ll aictqaibóuronáer   ayllrae á e  calc oocdmonem pslarape rafnraoñsmlailóorilná iad  d eeaeln c  polallgaasesn  d maioneurdaddi,vii deigdanuuscaa iarqldisuza aeddd eoso re al do loees     OE-A-2021-13able en https://
personal educador en la elaboración interna de su historia de vida.
l)  Se revisarán periódicamente las medidas de protección adoptadas, de acuerdo 
con  lo  establecido  en  el  ordenamiento  jurídico  a  través  de  las  actuaciones  de 
seguimiento oportunas.
m)  Se priorizará la reunificación familiar cuando la actuación protectora implique la 
separación de su entorno familiar, siempre que las condiciones familiares y situación de 
la niña, niño o adolescente así lo permitan, y el tiempo necesario para ello no vaya en 
contra de su interés.
n)  Se garantizará el acceso a la información sobre los orígenes biológicos a las 
personas  que  hayan  sido  adoptadas,  incluso  si  son  menores  de  edad.  Asimismo, 
dispondrán de un servicio especializado de asesoramiento y ayuda.
ñ)  Las niñas, niños y adolescentes, bajo la tutela o guarda de la Administración de 
la Junta de Andalucía, tendrán acceso al catálogo de derechos y deberes que los 
asisten,  el  cual  será  accesible  y  adecuado  a  la  diversidad  de  cualquier  índole  o 
naturaleza a su diferente formación o estadio evolutivo, y muy singularmente se les 
informará de las fórmulas de quejas a presentar ante la Administración Pública, el 
Ministerio Fiscal, y el Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.
o)  Las  administraciones  públicas  adoptarán  medidas  de  discriminación  positiva 
para  las  niñas,  niños  y  adolescentes  que  estén  o  hayan  estado  bajo  tutela  de  la 
Administración de la Junta de Andalucía, a fin de facilitar su plena integración familiar, 
educativa, social y laboral, potenciando su autonomía y pertenencia a la sociedad en que 
se desenvuelven.
Artículo  82.  Deber  de  colaboración  ante  situaciones  de  violencia,  riesgo  y 
desprotección.
1.  Cualquier persona o entidad y, en especial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
el personal de los servicios sociales, los servicios de salud y de los centros educativos 
que tengan conocimiento de la existencia de una situación de riesgo o desprotección de 
una niña, niño o adolescente, deberán prestarle el auxilio inmediato que precise y 
ponerlo  en  conocimiento  de  la  Administración  pública  competente,  de  la  autoridad 
judicial, o del Ministerio Fiscal, así como colaborar con los mismos para evitar y resolver 
tales situaciones en su interés. En caso de particulares, se adoptarán las necesarias 
garantías de confidencialidad.
2.  Las administraciones públicas de Andalucía establecerán los mecanismos de 
coordinación  necesarios,  especialmente  en  los  ámbitos  judicial,  policial,  sanitario, 
educativo y de servicios sociales, para la detección, notificación y valoración de las 
situaciones  de  violencia,  riesgo  y  desprotección  infantil,  cuyo  procedimiento  se 
determinará reglamentariamente. Para ello se habilitarán los medios personales técnicos 
y telemáticos necesarios y adecuados.
3.  Para el ejercicio de estas actuaciones llevarán a cabo programas de formación 
obligatoria y universal para quienes intervengan en dichos ámbitos.
Artículo 83.  Deber de reserva.
1.  Las administraciones públicas de Andalucía, las entidades de iniciativa social y 
cualquier otra entidad actuarán con la obligada reserva en el ámbito de la atención y 
protección  de  la  infancia  y  adolescencia,  adoptando  las  medidas  oportunas  para 
garantizar, en aplicación del derecho a la intimidad, el tratamiento confidencial de la 
información con la que dispongan y de la contenida en los ficheros o registros en los que  es
conste dicha información, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la  bo
protección de datos de carácter personal. 605ww
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Artículo  84.  De  las  personas  interesadas  en  procedimientos  relacionados  con 
actuaciones y medidas de protección.
1.  Las personas interesadas en un procedimiento relacionado con actuaciones de 
protección son quienes sean titulares de un derecho o un interés legítimo y, en todo 
caso, la persona menor de edad, los padres, madres, personas tutoras, así como sus 
familias acogedoras.
2.  De  acuerdo  con  lo  recogido  en  el  apartado  4  del  artículo  2  de  la  Ley 
Orgánica  1/1996,  de  15  de  enero,  los  derechos  de  las  personas  interesadas  en 
procedimientos  relacionados  con  actuaciones  y  medidas  de  protección  serán  los 
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, si bien estarán sujetos al interés superior del 
menor y a los intereses de terceras personas dignos de protección.
Artículo 85.  Expediente de actuación de protección de niñas, niños y adolescentes.
1.  El expediente de actuación de protección de niñas, niños y adolescentes es de 
titularidad  pública  y  estará  compuesto  de  documentos,  actuaciones  y  diligencias, 
conformados  por  el  personal  de  las  administraciones  públicas  de  Andalucía  en  el 
ejercicio de sus competencias, que serán responsables de su guarda y custodia, y todo 
ello, de conformidad con lo regulado en el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2.  La guarda y custodia se realizará mediante su archivo, garantizando su puesta a 
disposición de las Entidades Públicas o autoridades judiciales que lo requieran para el 
ejercicio de sus competencias, y de la persona titular de este expediente cuando lo 
solicite.
3.  El acceso al expediente de actuación de protección se ajustará a lo dispuesto en 
el ordenamiento jurídico estatal y autonómico y al interés superior del menor, y se 
ejercitará mediante solicitud.
4.  El acceso a datos de carácter personal que contenga el expediente de actuación 
de  protección  necesita  el  consentimiento  explícito  de  su  titular,  si  son  datos 
especialmente protegidos, de acuerdo con lo regulado en la normativa en materia de 
protección de datos y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22 quater de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
5.  El ejercicio del derecho de acceso al expediente de actuación de protección, así 
como  la  obtención  de  copias  de  los  documentos  que  obren  en  el  expediente 
administrativo está sujeto a lo regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Artículo  86.  Coordinación  y  colaboración  con  la  Administración  de  Justicia  en 
situaciones de riesgo social y desamparo.
1.  Las  medidas  de  protección  acordadas  por  las  administraciones  públicas 
competentes serán compatibles con las medidas cautelares y de aseguramiento que se 
puedan adoptar en los procesos civiles y penales.
2.  Cuando existan indicios de la comisión de un posible delito, se pondrán en 
conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del juzgado correspondiente, a 
fin de que puedan valorar la adopción de medidas cautelares para la protección del 
menor.
3.  Los  servicios  sociales  y  la  Entidad  Pública  colaborarán,  para  evitar  la  s
victimización secundaria, en los términos de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto  oe.
de  la  Víctima  del  Delito,  a  fin  de  reducir  el  número  de  actos  administrativos  que  w.
procedan. 2021-13605n https://ww
CAPÍTULO II
De las actuaciones de protección
Sección 1.ª Del riesgo y de la declaración de situación de riesgo
Artículo 87.  Situación de riesgo.
1.  La  actuación  protectora  en  las  situaciones  de  riesgo  tendrá  por  objeto 
salvaguardar y restituir los derechos de la persona protegida, mediante una actuación en 
su  propio  medio  que  permita  disminuir  los  factores  de  riesgo  y  potenciar  los  de 
protección, de manera que pueda continuar en su entorno familiar sin menoscabo de su 
bienestar ni de su desarrollo.
2.  Las  Entidades  Locales  de  Andalucía  son  las  administraciones  públicas 
competentes para detectar, valorar, intervenir, declarar y llevar a cabo las actuaciones 
oportunas, en las situaciones de riesgo definidas en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero.  La  valoración  y  la  intervención  se  realizarán  por  los  servicios  sociales 
correspondientes de la Entidad Local competente por razón del territorio, y conllevará el 
diseño y el desarrollo de un proyecto de intervención familiar temporalizado en función 
de la edad y vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes.
3.  A  los  efectos  de  esta  ley,  serán  indicadores  de  riesgo  los  previstos  en  el 
artículo 17.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
4.  En aquellos casos en los que, por las circunstancias familiares o la gravedad de 
la situación, además de la actuación realizada por los servicios sociales se requiera de 
una  intervención  más  específica  e  integradora,  corresponderá  a  los  equipos  de 
tratamiento  familiar  la  elaboración  y  ejecución  de  un  proyecto  de  tratamiento 
interdisciplinar con la familia.
5.  Los  servicios  sociales  de  la  Entidad  Local  deberán  contar  con  recursos 
complementarios dirigidos a satisfacer las necesidades básicas de la familia, además del 
apoyo técnico y de la coordinación con otros servicios municipales, sanitarios, educativos 
y cualquier otro medio que se estime necesario para la consecución de los objetivos y el 
proyecto propuesto.
6.  Los  servicios  sociales  de  la  Entidad  Local  podrán  requerir  el  apoyo  de  la 
autoridad judicial a través del Ministerio Fiscal, en virtud del artículo 158 del Código Civil, 
para  promover  actuaciones  que  posibiliten  la  intervención  familiar  a  personas 
profesionales de estos servicios, cuando no sea pertinente la propuesta de declaración 
de desamparo y exista negativa de alguno de los padres, madres, personas tutoras, 
guardadoras o acogedoras, para poder llevar a cabo dicha intervención.
7.  Para su conocimiento, los servicios sociales remitirán información al órgano 
competente  para  la  declaración  de  la  situación  de  riesgo,  sobre  los  proyectos  de 
intervención familiar que se estén llevando a cabo, así como de las propuestas de 
separación del núcleo familiar que se realicen a la Entidad Pública.
Artículo 88.  Declaración de la situación de riesgo.
1.  Los padres, madres, personas tutoras, guardadoras o acogedoras, dentro de sus 
respectivas funciones, participarán y colaborarán activamente, según su capacidad, en la 
ejecución de las medidas indicadas en el proyecto de intervención familiar.
2.  La declaración de situación de riesgo procederá cuando, la falta de colaboración  es
por parte de los padres, madres, personas tutoras, guardadoras o acogedoras en el  o
pLppuoorodcr yai3leeal.,rc   aqtEo uLrn eeatdqi  dlesuoa ie tdpiurn irartLee closarióicv dsaenierln ,ádp c,qeai óyu rn raepi ec ofeisaórsg mnptoa eid lrriseáase  ros,rc náuoca  medosnel poptcuoqrleoarunsfreeaot osd af iaaop  mnlopaario l lielpraa sere . racls uuóotarnoglairfaii dcnmaaodde  cancosool reym g eepianxed pteuoenn rtctaaer se sd,a ieatdu lo alma ca eiEló nneno ftseiqd cudateeod     OE-A-2021-13605able en https://www.
los ámbitos de los servicios sociales, sistema público sanitario y educativo, y Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, estos últimos en los casos en que proceda, que conformen un 
grupo técnico y multidisciplinar. Las Entidades Locales determinarán su composición y 
régimen  de  funcionamiento  reglamentariamente.  En  ausencia  de  la  normativa  de 
régimen local que determine la competencia, corresponderá a la persona titular de la 
Entidad Local competente por razón del territorio.
4.  La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  pondrá  a  disposición  de  las 
Entidades Locales un protocolo de detección, valoración e intervención en situaciones de 
riesgo que garantice la unidad de criterio en el ejercicio de la acción protectora en todo el 
territorio.
5.  La resolución administrativa que declare la situación de riesgo estará motivada y 
será dictada previa audiencia a los padres, madres, personas tutoras, guardadoras o 
acogedoras, y a la niña o niño o adolescente, si tiene suficiente madurez y, en todo caso, 
a partir de los doce años. La audiencia de personas menores contará con recursos y 
herramientas inclusivas, adaptadas a su desarrollo cognitivo y madurez personal.
6.  La interposición de recurso de oposición no suspenderá las actuaciones garantes 
del bienestar de la persona menor que se estén llevando a cabo por las Entidades 
Locales en interés de la niña, niño o adolescente.
7.  La declaración de situación de riesgo incluirá un plan de intervención familiar en 
el que se recogerán las medidas y actuaciones necesarias para corregir la situación de 
riesgo de la niña, niño o adolescente, y tendrá una duración máxima de doce meses, 
prorrogables por un máximo de otros seis meses si se considera oportuno, para alcanzar 
los objetivos del mismo. Dicha prórroga será acordada por el órgano colegiado que 
declaró  la  situación  de  riesgo,  a  propuesta  de  los  servicios  sociales  que  estén 
interviniendo con la familia.
8.  En los casos en que no se consigan los objetivos del plan de intervención 
familiar, ni los cambios necesarios en el desempeño de los deberes de guarda que 
garanticen la adecuada atención de la niña, niño o adolescente, los servicios sociales 
emitirán informe motivado proponiendo que se valore la declaración de una situación de 
desamparo, y se elevará al órgano colegiado de la Entidad Local a fin de que éste derive 
el expediente a la Entidad Pública competente por razón del territorio.
9.  En los casos en que se hayan conseguido los objetivos señalados en el plan de 
intervención familiar de manera suficiente, los servicios sociales elevarán un informe 
motivado al órgano colegiado de la Entidad Local, quien emitirá resolución de cese de la 
situación de riesgo. Dicho informe contendrá en su caso las pautas para el seguimiento o 
acompañamiento profesional respecto a las niñas, niños y adolescentes, y su familia, 
para garantizarles la continuidad de una adecuada atención.
Artículo 89.  Cese de la declaración de la situación de riesgo.
1.  La declaración de la situación de riesgo cesará por mayoría de edad de la 
persona menor de edad, traslado de municipio de la familia, cumplimiento de objetivos 
del  plan  de  intervención  familiar,  por  resolución  de  la  declaración  de  situación  de 
desamparo  o  guarda,  por  el  transcurso  del  plazo  máximo  con  la  posible  prórroga 
establecido  en  el  apartado  7  del  artículo  88,  sin  que  se  hubiera  emitido  ninguna 
resolución  acordando  su  cese  o  se  hubiera  emitido  un  informe  con  propuestas  de 
intervención a la Entidad Pública u otras circunstancias sobrevenidas, debidamente 
motivadas, que hagan variar su situación.
2.  A fin de preservar la continuidad de la intervención en interés superior de la niña, 
niño  o  adolescente,  en  los  casos  de  traslado  de  municipio,  deberán  coordinarse  e.
previamente los servicios sociales del municipio de origen y de destino para el traspaso  w.b
de la información, antes del cese de la declaración de situación de riesgo, a fin de  605ww
apdreosleesrvcaern tela.  continuidad  de  la  intervención  en  interés  superior  de  la  niña,  niño  o
cole3g.i adEol  dcee slae  Ednet idlaa dd eLcolcaaral cqiuóen  ldae d iscittóu,a scaiólvno d leo sr iceassgoos  sdeer ám caoymorpíae tdeen ceiad adde, lt róarsglaadnoo 
de municipio de la familia, o cuando se haya dictado resolución, declarando la situación
de  desamparo  o  de  guarda,  que  se  podrá  delegar  en  la  persona  adscrita  a  la 
organización municipal que se considere.
Artículo 90.  Actuaciones de urgencia en situaciones de riesgo.
Para aquellas situaciones en las que, durante el proceso de valoración o ejecución 
del proyecto de intervención familiar o una vez declarada la situación de riesgo, se 
considere necesaria y urgente la separación inmediata de la niña, niño o adolescente de 
su núcleo familiar para salvaguardar su integridad, los servicios sociales realizarán la 
propuesta de separación directamente a la Entidad Pública, poniéndolo además en 
conocimiento del órgano colegiado de la Entidad Local y del Ministerio Fiscal. Cuando 
existan indicios de la comisión de un posible delito, se pondrán en conocimiento de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del juzgado correspondiente.
Artículo 91.  Valoración de la Entidad Pública.
1.  La  Entidad  Pública  valorará,  en  un  plazo  de  veinte  días,  la  situación  de 
desprotección en los supuestos contemplados en los artículos 88, apartado 8, y 90 de 
esta ley, a fin de determinar el inicio de un procedimiento de desamparo, la adopción de 
una  medida  cautelar  de  separación  del  entorno  familiar,  o  bien  la  intervención  y 
tratamiento  específico  en  el  medio.  Si  concluyese  que  no  procede  el  inicio  del 
procedimiento de desamparo, lo pondrá en conocimiento, mediante informe motivado, al 
órgano  colegiado  de  la  Entidad  Local  que  derivó  el  caso,  a  los  servicios  sociales 
proponentes de situaciones de urgencia y al Ministerio Fiscal.
2.  La  derivación  del  caso  a  la  Entidad  Pública  para  la  adopción  de  medida 
protectora no supondrá la suspensión de las actuaciones que se estén llevando a cabo 
por la Entidad Local en beneficio de la niña, niño o adolescente.
Sección 2.ª De la guarda y el desamparo
Artículo 92.  Atención inmediata.
1.  La  Entidad  Pública  intervendrá  con  inmediatez  cuando  la  situación  de 
desprotección de la persona menor de edad lo requiera, proporcionándole la atención 
que precise de forma preferente mediante su acogimiento familiar o, en su defecto, 
residencial.
2.  En caso de pérdida temporal de contacto de la niña, niño o adolescente con sus 
padres, madres o representantes legales, se le prestará la atención inmediata que 
precise, mientras se lleva a cabo su identificación y se realizan las gestiones oportunas 
para comunicar esta situación a sus padres, madres o representantes legales, y se 
valora si ésta viene provocada por el incumplimiento de los deberes que la ley les asigna 
a estos.
3.  Si en el plazo de tres meses desde que se le proporcionó la atención, a través 
del  acogimiento  familiar  o  residencial,  no  se  hubiera  podido  clarificar  la  situación, 
procedería el inicio del procedimiento de declaración de situación de desamparo.
Artículo 93.  Guarda provisional.
1.  La Administración de la Junta de Andalucía podrá asumir la guarda provisional 
de la niña, niño o adolescente, cuando así lo considere necesario para ejercer su  e.
protección, teniendo un plazo máximo de siete días naturales, a partir de la fecha en que  w.
la persona menor pasa a su disposición, para formalizarla mediante la correspondiente  605ww
reso2lu. cióLna  agdumarindias trpartoivvais.ional se declarará por la Entidad Pública mediante resolución
administrativa, que será comunicada al Ministerio Fiscal; a los progenitores; a quienes
vayan  a  acoger  a  la  niña,  niño  o  adolescente;  a  estos,  cuando  tengan  suficiente 
capacidad, y, en todo caso, al mayor de doce años.
3.  La  resolución  administrativa  que  declare  la  guarda  provisional  supondrá  la 
suspensión inmediata y provisional de los derechos inherentes a su guarda y custodia a 
los titulares de la patria potestad o a quien ejerza la tutela de la persona menor.
4.  Asumida  la  guarda  provisional,  la  Entidad  Pública  practicará  las  diligencias 
precisas que permitan la identificación de la niña, niño o adolescente y la determinación 
de  las  circunstancias  que  inciden  en  la  situación  de  desprotección  en  la  que  se 
encuentre, en un plazo no superior a veinte días naturales. A tal fin, se solicitará 
información a los organismos y entidades que procedan, quienes darán respuesta a la 
mayor  brevedad.  Resueltas  las  diligencias,  la  Entidad  Pública  procederá  a  la 
reunificación familiar o a iniciar el procedimiento de desamparo.
Artículo 94.  Situación de desamparo.
1.  La Administración de la Junta de Andalucía asume la tutela de todas aquellas 
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de desamparo.
2.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del Código Civil, serán situaciones 
de desamparo las circunstancias recogidas en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
3.  Las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en una situación de guarda 
de  hecho  no  serán  declarados  en  desamparo  si  se  constata  que  se  les  presta  la 
adecuada atención y no concurren circunstancias que requieran la adopción de medidas 
de protección. En estos casos la Entidad Pública lo pondrá en conocimiento del juzgado 
correspondiente a los efectos previstos en el artículo 303 del Código Civil.
Artículo 95.  Procedimiento para la declaración de situación de desamparo.
1.  Cuando  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código  Civil  y  en  la  Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, la Entidad Pública tenga conocimiento, por cualquier 
medio, de que una niña, niño o adolescente pudiera encontrarse en una situación de 
desprotección,  incoará  de  oficio  procedimiento  de  declaración  de  la  situación  de 
desamparo.
2.  Durante  la  instrucción  del  procedimiento  administrativo  será  preceptivo  un 
informe diagnóstico de la situación del menor que incluya propuesta motivada de medida 
de  protección,  que  se  fundamentará  en  cuantos  informes  sociales,  sanitarios  o 
educativos o de otra índole fuesen precisos.
3.  Cuando existan circunstancias que pongan en grave riesgo su integridad física o 
psíquica, la Entidad Pública podrá declarar la situación de desamparo provisional como 
medida cautelar.
4.  La resolución del procedimiento se adoptará por un órgano colegiado en materia 
de protección de menores, previa propuesta motivada del servicio especializado en 
materia de protección de menores.
5.  El órgano colegiado estará compuesto por profesionales cualificados en materia 
de protección de menores y pertenecientes al ámbito de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de la Administración local.
Su régimen de organización y funcionamiento se desarrollará reglamentariamente.
6.  El plazo máximo para dictar la resolución será de tres meses.
7.  La ejecución y seguimiento de las resoluciones administrativas adoptadas en 
materia de protección de menores le corresponden al personal funcionario adscrito al  es
servicio con competencias en materia de protección de menores. bo
Artíc1u. lo L9a6 .A  dGmuinairsdtara.ción de la Junta de Andalucía asumirá la guarda de las personas
menores en los siguientes casos:
a)  En aquellos casos en que haya asumido la tutela.
b)  En aquellos en que los padres, madres o personas tutoras se encuentren en una 
situación de enfermedad o en circunstancias que les impidan transitoriamente hacerse 
cargo de su atención y cuidado y así lo soliciten.
c)  En que se determine por resolución judicial.
2.  Cuando la madre, padre o persona tutora soliciten a la Administración de la Junta 
de Andalucía la asunción de la guarda de menores a su cargo, se formará expediente 
con arreglo a lo previsto en el artículo 172 bis del Código Civil:
a)  La  decisión  sobre  la  asunción  de  la  guarda  será  adoptada  por  el  órgano 
colegiado, referido en el artículo 95.4, pudiendo estimar o denegar la solicitud.
b)  El  procedimiento  y  requisitos  para  la  solicitud  y  asunción  de  la  guarda  se 
determinará reglamentariamente.
Artículo 97.  Plan individualizado de protección.
1.  Cuando la Administración de la Junta de Andalucía asuma la tutela o guarda de 
una niña, niño o adolescente, elaborará en un plazo no superior a un mes, y de forma 
coordinada con los servicios sociales de la Administración local, un plan individualizado 
de  protección  que  establecerá  los  objetivos,  previsión  y  plazo  de  las  medidas  de 
intervención a adoptar con su familia de origen, incluido en su caso el programa de 
reintegración familiar. Dicho plan no podrá tener una duración superior a un año. Se 
determinarán reglamentariamente los requisitos técnicos para la elaboración de dicho 
plan.
2.  Para  acordar  el  retorno  con  su  familia  de  origen  será  imprescindible  el 
cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  19  bis  3  de  la  Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero. En cualquier caso, se entenderá que no es factible la 
reintegración cuando, existiendo tal posibilidad, esta requiriera de un plazo de tiempo tan 
prolongado o tan imprevisible que ocasionaría un mayor deterioro psicológico y social en 
el desarrollo evolutivo de la niña, niño o adolescente.
3.  Cuando se proceda a la reintegración familiar, la Entidad Pública realizará un 
seguimiento de apoyo a la familia y al hijo o hija, a través de los servicios sociales de la 
Administración Local durante un periodo mínimo de un año desde el cese de la medida, 
para lo cual se desarrollará un proyecto de tratamiento familiar.
4.  En los casos en que la reintegración no sea posible se propondrán medidas de 
integración familiar de carácter estable de acuerdo a las necesidades y características de 
las niñas, niños y adolescentes, preferentemente la adopción.
Artículo 98.  Cese de la tutela y guarda.
La asunción de la tutela o la guarda por la Administración de la Junta de Andalucía 
cesará, en los términos previstos en el Código Civil, por las circunstancias siguientes:
a)  La  desaparición  de  las  causas  que  motivaron  la  declaración  de  situación 
desamparo y asunción de la tutela.
b)  La guarda voluntaria por cumplimiento del plazo previsto, salvo que el interés 
superior del menor aconseje excepcionalmente la prórroga de la medida.
c)  Resolución judicial firme.
d)  Adopción de la niña, niño o adolescente.
e)  Mayoría de edad o emancipación, a menos que con anterioridad se hubiera  e
resuelto judicialmente la incapacidad. bo
f)  Fallecimiento. 605ww
hg))   CTruaasnladdoo  vlao lunniñtaar,i on aiñ oot roo  paaídso.lescente  se  encuentra  en  el  territorio  de  otra
dcoem suitunaidcaiódn a duetó dneosmaam cpuayrao  Ey natsiduamdi dPoú sbulic tau theulab ioe rme eddicidtaad doe r epsrootleucccióiónn s coobrrree sdpeocnladriaecnióten, 
o entendiere que ya no es necesario adoptar medidas de protección a tenor de la 
situación de la persona menor.
i)  Por  el  transcurso  de  doce  meses  desde  que  la  niña,  niño  o  adolescente 
abandonó  voluntariamente  el  centro  de  protección  de  menores,  encontrándose  en 
paradero desconocido.
CAPÍTULO III
De las medidas de protección
Sección 1.ª Del acogimiento familiar
Artículo 99.  El acogimiento familiar.
1.  El  acogimiento  familiar  tiene  por  objetivo  lograr  la  plena  integración  y 
participación de las niñas, niños y adolescentes en un núcleo familiar, adecuado a sus 
necesidades, para ofrecerles un entorno afectivo de convivencia. Implica el ejercicio de 
la guarda por parte de las familias acogedoras.
2.  La  Administración  Pública  velará  por  la  adecuada  selección,  formación 
continuada  y  seguimiento  periódico  de  las  familias  acogedoras  en  todas  sus 
modalidades, con recursos humanos y materiales necesarios.
3.  El procedimiento administrativo para la constitución del acogimiento familiar se 
desarrollará reglamentariamente.
Artículo 100.  Ofrecimientos para el acogimiento familiar.
1.  Las  personas  interesadas  en  el  acogimiento  familiar  deberán  presentar  su 
ofrecimiento ante la Entidad Pública y asistir a las sesiones informativas, formativas y de 
preparación  organizadas  por  esta  o  por  la  entidad  autorizada  a  tal  fin.  En  dichas 
sesiones se informará y se formará a las personas interesadas sobre la finalidad de las 
modalidades de acogimiento, con especial referencia a las características de las niñas, 
niños y adolescentes a acoger, la mejor manera de responder a sus necesidades, así 
como los criterios de idoneidad y de selección de las familias acogedoras.
2.  Las sesiones informativas tendrán lugar con carácter obligatorio y previo a la 
presentación del ofrecimiento para el acogimiento familiar.
3.  Las sesiones formativas o de preparación se realizarán en un plazo no superior a 
tres meses desde la presentación del ofrecimiento. La Entidad Pública emitirá una 
acreditación a las familias que hayan participado en estas sesiones.
4.  Las personas interesadas que se ofrecen para el acogimiento familiar podrán ser 
valoradas y, si corresponde, ser declaradas idóneas simultáneamente para la adopción, 
siendo  compatible  la  tramitación  de  su  ofrecimiento  para  los  dos  ámbitos.  Estos 
ofrecimientos  son  también  compatibles  con  la  participación  en  el  programa  de 
colaboración social.
Artículo 101.  Presentación de ofrecimientos para el acogimiento por la familia extensa.
En atención al interés superior del menor y para evitar demoras en la toma de 
decisión que pudieran perjudicar a la persona menor, se establece un plazo máximo de 
tres meses desde la efectiva asunción de la guarda por la Administración de la Junta de  s
Andalucía  para  que  la  familia  extensa  pueda  presentar  su  ofrecimiento  para  el  oe.
acogimiento familiar. Transcurrido dicho plazo, la Entidad Pública podrá desestimar los  w.
ofrecimientos que se presenten. 2021-13605n https://ww
Artículo 102.  Declaración de idoneidad para el acogimiento familiar.
1.  El proceso de declaración de idoneidad se iniciará de oficio por la Administración 
de la Junta de Andalucía para las personas que acrediten haber participado en la fase 
formativa y de preparación.
2.  El  inicio  del  proceso  de  declaración  de  idoneidad  atenderá  al  orden  de 
presentación  de  ofrecimientos  y  a  criterios  de  necesidad,  en  función  del  perfil  y 
características de las personas menores que se encuentren bajo la tutela o guarda de la 
Administración de la Junta de Andalucía.
3.  La declaración de idoneidad de las personas requerirá la valoración psicosocial 
de su situación personal, familiar, relacional y social, la edad, así como su capacidad 
para establecer vínculos estables y seguros, para facilitar las relaciones con la familia de 
origen de la persona menor, sus habilidades educativas y su aptitud para atender a una 
niña, niño o adolescente en función de sus necesidades y singulares circunstancias. En 
el caso de la edad se tendrá en cuenta su adecuación para atender las necesidades de 
toda índole de la persona a acoger hasta, al menos, los dieciocho años. Además, en los 
casos de valoración de familia extensa se valorará la vinculación afectiva previa. La 
valoración psicosocial tendrá carácter de informe preceptivo.
4.  La Entidad Pública formalizará dicha declaración de idoneidad en un plazo no 
superior a tres meses, mediante la correspondiente resolución, que será notificada a la 
persona o personas interesadas. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución 
expresa, se podrá entender que el ofrecimiento ha sido desestimado. La declaración de 
idoneidad en ningún caso supondrá el derecho a acoger y otorgará exclusivamente el 
derecho a la inscripción en la sección correspondiente del Registro de Idoneidad para el 
Acogimiento Familiar y la Adopción de Andalucía.
5.  La vigencia de la declaración de idoneidad se determinará reglamentariamente.
Artículo  103.  Selección  de  las  personas  declaradas  idóneas  para  el  acogimiento 
familiar.
1.  La Administración de la Junta de Andalucía seleccionará a la persona o personas 
que se consideren más adecuadas para el acogimiento familiar de cada niña, niño o 
adolescente entre las personas que se encuentren inscritas en el Registro de Idoneidad 
para el Acogimiento Familiar y la Adopción de Andalucía.
2.  Los criterios de selección se establecerán reglamentariamente atendiendo a la 
aptitud que resulte de la declaración de idoneidad, según la modalidad de acogimiento 
familiar,  la  relación  y  composición  familiar  y  aquellas  otras  condiciones  que  se 
determinen teniendo en cuenta, primordialmente, el interés superior de la niña, niño o 
adolescente.
3.  Se propondrá la constitución del acogimiento familiar, por la Entidad Pública, a la 
persona o personas que ofrezcan mayores posibilidades para la integración familiar y el 
óptimo desarrollo de la niña, niño o adolescente.
Artículo 104.  Programas de respiro al acogimiento familiar.
La Administración de la Junta de Andalucía a través de la Consejería competente en 
materia de protección de menores desarrollará programas de respiro para las familias 
acogedoras, al objeto de atender las necesidades que pudieran surgir a las mismas 
durante el proceso del acogimiento, mediante familias alternativas. s
Artículo 105.  Apoyo al acogimiento familiar. w.
conc1e. rtaLdaoss a, dpmreisntiasrtáranc aio nlaess p peúrbsolicnaass  dmee Annodreaslu dceía e, ddairde,c ata lmase nfatem oili aas t raacvoégse ddeo rsaesr vyi cai olas 
foabmjeiltiiav odse  doerilg aecno lgai minifeonrmtoa. cAió ne,s ftoorsm eafceicótno sy  csoel adbeoterarmcióinna rnáenc elosas riaapso pyaorsa  neel cloegsraor idoes  ldoes 
carácter especializado, económico, jurídico, psicológico y social precisos en función de 
las necesidades, características del acogimiento y dificultades de su desempeño.
2.  La Consejería competente en materia de protección de menores, directamente o 
en colaboración con los servicios concertados, habilitará herramientas y canales de 
comunicación que permitan  a las personas menores  acogidas en familias expresar 
cualquier tipo de iniciativa, sugerencia, recomendación, queja o formular denuncia.
Artículo 106.  Estatuto de la persona o familia acogedora, adoptiva y colaboradora.
1.  La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  a  través  de  la  Consejería 
competente en materia de protección de menores, establecerá de forma reglamentaria 
un Estatuto de la persona o familia acogedora, adoptiva y colaboradora.
2.  En el mismo se determinarán los derechos y deberes de las familias, y se 
estipularán las ayudas y los apoyos que se les ofrecen.
Artículo 107.  Prestaciones económicas para menores en acogimiento familiar.
1.  Todas las personas menores con una medida de protección de acogimiento 
familiar  tienen  el  derecho  público  subjetivo  a  las  prestaciones  para  atender  sus 
necesidades de alimentación, cuidado y educación.
2.  Estas  prestaciones  se  establecerán  en  función  de  las  modalidades  de 
acogimiento familiar y de las distintas necesidades que puedan presentar las personas 
menores que se encuentran bajo la tutela de la Administración de la Junta de Andalucía.
3.  Las  cuantías  de  las  prestaciones  se  determinarán  reglamentariamente  y  se 
abonarán a la persona o personas en quienes haya sido delegada la guarda, y estarán 
vinculadas a la medida de protección desde el inicio efectivo de la convivencia, y se 
extinguirán cuando tenga lugar el cese efectivo de la convivencia con la familia de 
acogimiento familiar o al alcanzar la mayoría de edad o emancipación.
4.  Las prestaciones no tienen naturaleza de ingreso en la unidad familiar, por lo que 
no computarán a los efectos de la obtención de cualquier ayuda o subvención pública de 
la Administración de la Junta de Andalucía a la que pueda tener derecho cualquiera de 
sus miembros.
Sección 2.ª Del acogimiento residencial
Artículo 108.  El acogimiento residencial.
1.  La Entidad Pública y el personal de los centros de protección de menores 
actuarán conforme a los principios y obligaciones establecidos en el capítulo I del título II 
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, con pleno respeto a los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes acogidos.
2.  El acogimiento residencial se acordará por la Entidad Pública o por decisión 
judicial.
3.  El  acogimiento  residencial  tendrá  carácter  provisional  y  la  menor  duración 
posible dependiendo de la evolución personal de la niña, niño o adolescente y de las 
posibilidades de integración familiar.
4.  El acogimiento residencial sólo se acordará en aquellos casos en los que se 
acredite que no es posible una medida de protección de tipo familiar.
5.  El acogimiento residencial no se acordará para los menores de trece años, salvo  s
que no sea posible una alternativa familiar, en cuyo caso no podrá tener una duración  o
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interés  superior  de  las  personas  acogidas,  la  calidad  técnica  y  la  calidez  de  las
actuaciones profesionales y una dinámica de funcionamiento basada en el modelo de
convivencia de la familia, garantizando la satisfacción de las necesidades básicas de la 
infancia y adolescencia.
7.  El procedimiento administrativo para la constitución del acogimiento residencial 
se desarrollará reglamentariamente.
Artículo 109.  Centros de protección de menores.
1.  Los centros de protección de menores deberán tender a un número reducido de 
plazas en función de su tipología, para favorecer la calidad de la atención que se presta 
y el ambiente de calidez que debe inspirar la convivencia similar a un núcleo familiar. 
Además, deberán existir estándares de calidad y accesibilidad para cada tipo de servicio 
de forma que su organización y funcionamiento incorporen modelos de excelencia en la 
gestión.
2.  La atención en los centros de protección de menores contemplará la diversidad 
cultural de las personas acogidas, fomentado tanto el conocimiento mutuo de culturas 
como la competencia cultural, llevando a cabo una adecuada gestión de dicha diversidad 
en términos de igualdad y justicia social. A tal fin, se fomentarán los programas de 
mediación intercultural en el sistema de protección de menores. Asimismo, la atención 
en  los  centros  de  protección  de  menores  contemplará  la  diversidad  en  cuestiones 
relativas a circunstancias personales como la discapacidad o de cualquier otra índole.
3.  Se velará desde los centros de protección de menores por las personas menores 
acogidas con especial situación de vulnerabilidad ante delitos de abuso y/o explotación 
sexual, y trata de seres humanos.
Artículo 110.  Colaboración social.
1.  Las niñas, niños y adolescentes en acogimiento residencial tendrán la posibilidad 
de  compartir  momentos  de  ocio  y  salidas  temporales  y  vacacionales  con  familias 
colaboradoras que les permitan disfrutar de una convivencia familiar que promueva su 
conocimiento y disfrute de relaciones afectivas positivas.
2.  La Administración de la Junta de Andalucía pondrá en marcha actuaciones de 
promoción y de apoyo para la sensibilización social, información, captación y formación 
de las familias que deseen colaborar con menores en protección, y se facilitarán los 
recursos necesarios para fomentar el desarrollo de esas relaciones. Dichas actuaciones 
se podrán realizar en colaboración con entidades autorizadas.
3.  Las personas interesadas en la colaboración social deberán llevar a cabo, y de 
forma obligatoria, un proceso de formación inicial previo a la formalización de la relación 
de colaboración.
4.  La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  establecerá  los  requisitos  y 
procedimientos  para  prestar  esta  modalidad  de  colaboración  social,  regulando  los 
derechos y deberes de las familias colaboradoras, así como los recursos y apoyos que 
tendrán a su disposición.
5.  La Administración de la Junta de Andalucía podrá acordar con las entidades de 
voluntariado,  y  siguiendo  los  principios  establecidos  en  la  normativa  aplicable,  la 
participación solidaria de personas voluntarias en los centros de protección de menores, 
a través de actividades complementarias a las desarrolladas por personas profesionales 
que contribuyan a un enriquecimiento y mayor calidad de la atención a las niñas, niños y 
adolescentes.
6.  Las administraciones públicas de Andalucía prestarán a las personas menores  es
de edad, a las familias colaboradoras y a la familia de origen la información, formación y  bo
acompañamiento necesarios para el logro de los objetivos de la colaboración social. 605ww
Artículo 111.  Perspectiva e igualdad de género y respeto a la diversidad LGTBI.
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objetivo de construir relaciones igualitarias entre niñas y niños que ayuden a prevenir, 
identificar y eliminar las situaciones de discriminación por razón de sexo y la violencia de 
género.
2.  De igual forma, el funcionamiento de los centros de protección de menores y la 
atención residencial respetará los derechos y la igualdad de trato y no discriminación de 
las personas LGTBI acogidas en los mismos. En este sentido, se deberá trabajar la 
orientación sexual e identidad de género, con el objetivo de que todas las personas 
acogidas puedan tener un desarrollo pleno y poder ayudar a prevenir, identificar y 
eliminar las situaciones de discriminación que les afecten.
Artículo 112.  Ingreso en centros de protección específicos de menores con problemas 
de conducta.
1.  De conformidad con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, el acogimiento 
residencial en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta 
se utilizará, como último recurso, cuando no sea posible la intervención a través de otra 
medida de protección por el tiempo estrictamente necesario para alcanzar los objetivos 
del proceso terapéutico y educativo individualizado.
2.  Está  dirigido  a  menores  que  se  encuentren  bajo  la  tutela  o  guarda  de  la 
Administración de la Junta de Andalucía que presenten graves problemas de conductas 
disociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y los derechos de terceros, 
y se justifique por sus necesidades de protección y se determine por una valoración 
psicosocial especializada.
3.  En ningún caso podrán ingresar menores de trece años, ni aquellos menores con 
enfermedades o trastornos mentales que requieran un tratamiento específico y una 
atención integral por parte de los servicios sanitarios competentes en salud mental o de 
atención a personas con discapacidad, la cual se prestará a través de recursos de 
carácter especializado.
4.  El acogimiento en estos centros comprende tanto la atención residencial como la 
intervención terapéutica y socioeducativa dirigida a la reeducación del comportamiento, 
que  se  concretará  a  través  de  un  plan  de  intervención  con  objetivos  revisables 
periódicamente.
Sección 3.ª De la guarda con fines de adopción y la propuesta de adopción
Artículo 113.  La adopción.
La adopción se promoverá por la Administración de la Junta de Andalucía cuando las 
circunstancias aconsejen la separación definitiva de la niña, niño o adolescente de su 
familia  de  origen,  carezca  de  ella,  se  desconozca  su  existencia,  o  se  acredite  la 
imposibilidad de la reunificación familiar. En estos casos, la adopción se propondrá de 
forma prioritaria para las niñas y niños menores de siete años.
Artículo 114.  Ofrecimientos para la adopción.
1.  Las personas que se ofrezcan para la adopción deberán solicitar su participación 
en sesiones informativas y formativas o de preparación, organizadas por la Entidad 
Pública o por la entidad autorizada para tal fin. En dichas sesiones se informará y se 
formará a las personas interesadas sobre el procedimiento y efectos de la adopción, con  s
especial referencia a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, los criterios de  o
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tres meses desde la presentación del ofrecimiento. La Administración de la Junta de
Andalucía  emitirá  una  acreditación  a  las  familias  que  hayan  participado  en  estas 
sesiones.
4.  Cuando las circunstancias lo determinen, la Entidad Pública podrá inadmitir 
nuevos ofrecimientos para la adopción, mediante resolución administrativa.
Artículo 115.  Declaración de idoneidad para la adopción.
1.  El proceso de declaración de idoneidad se iniciará de oficio por la Entidad 
Pública para las personas que hayan completado la fase formativa y de preparación.
2.  El  inicio  del  proceso  de  declaración  de  idoneidad  atenderá  al  orden  de 
presentación de ofrecimientos, y de acuerdo a las necesidades de las personas menores 
de edad tuteladas por la Administración de la Junta de Andalucía, y susceptibles de 
adopción.
3.  De acuerdo con lo regulado en el Código Civil, la declaración de idoneidad de las 
personas requerirá la valoración psicosocial de su situación personal, familiar, relacional 
y  social,  así  como  su  capacidad  para  establecer  vínculos  estables  y  seguros,  sus 
habilidades educativas y su aptitud para atender a una niña, niño o adolescente, en 
función de sus necesidades y singulares circunstancias. La valoración psicosocial tendrá 
carácter de informe preceptivo.
4.  La Entidad Pública formalizará dicha declaración de idoneidad en un plazo no 
superior a tres meses, mediante la correspondiente resolución, que será notificada a la 
persona o personas interesadas. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución 
expresa,  las  personas  interesadas  podrán  entender  que  su  ofrecimiento  está 
desestimado. Esta declaración de idoneidad no reconoce derecho alguno a formalizar la 
adopción de una persona menor de edad, otorgando exclusivamente el derecho a su 
inscripción en el Registro de idoneidad para el Acogimiento Familiar y la Adopción de 
Andalucía. La vigencia de la declaración de idoneidad será de tres años.
Artículo 116.  Selección de personas declaradas idóneas para la adopción.
1.  La Entidad Pública realizará la selección de la persona o personas que se 
consideren más adecuadas para la adopción de cada niña, niño o adolescente de entre 
las que se encuentren inscritas en el Registro de Idoneidad para el Acogimiento Familiar 
y la Adopción de Andalucía.
2.  Los criterios de selección se establecerán reglamentariamente atendiendo a la 
aptitud que resulte de la declaración de idoneidad, según la modalidad de adopción, la 
relación y composición familiar y aquellas otras condiciones que se determinen, teniendo 
en cuenta primordialmente el interés superior de la niña, niño o adolescente.
3.  Para garantizar el éxito del proceso adoptivo se propondrá a quienes ofrezcan 
mayores posibilidades, para la integración familiar y el óptimo desarrollo de la niña, niño 
o adolescente, en función de su historial y características personales.
Artículo 117.  Guarda con fines de adopción y propuesta de adopción.
La Administración de la Junta de Andalucía formulará la propuesta de adopción ante 
la autoridad judicial competente. Con anterioridad a la misma podrá delegar la guarda 
con fines de adopción en la persona o personas seleccionadas, y todo ello, de acuerdo 
con los requisitos y procedimientos establecidos en la presente ley, el Código Civil y 
demás normativa aplicable. s
Artículo 118.  Requisitos para la guarda con fines de adopción y propuesta de adopción. w.
cuenAtdae lmosá ssi gduei elonste rse:quisitos previstos en el artículo 175 del Código Civil, se tendrán en
a)  Que la adopción atienda al interés superior de la niña, niño o adolescente.
b)  Cuando no haya sido posible o no se prevea la reunificación en su familia de 
origen en un plazo razonable, en función de la edad, y compatible con las necesidades 
de la niña, niño o adolescente.
c)  Que las personas que se propongan como adoptantes hayan sido declaradas 
idóneas y seleccionadas para esta adopción.
d)  Que se constate la conformidad de la persona a adoptar mayor de doce años. Si 
tiene menos edad se valorará su opinión.
Artículo 119.  Adopción abierta.
Se facilitará la continuidad de las relaciones y contacto entre la persona adoptada y 
algún miembro de la familia de origen, cuando el interés de la persona menor así lo 
aconseje, a propuesta de la Entidad Pública o del Ministerio Fiscal, siempre que haya 
sido acordado por el juez en la constitución de la adopción, y todo ello, de conformidad 
con la legislación vigente.
Artículo 120.  Tratamiento de la información.
En  los  procedimientos  de  adopción,  las  actuaciones  se  desarrollarán  con  la 
necesaria reserva y confidencialidad, al objeto de proteger los datos de identificación y 
localización  de  la  familia  adoptiva,  evitando  que  la  familia  de  origen  conozca  a  la 
adoptiva.
CAPÍTULO IV
De la adopción internacional
Artículo 121.  La adopción internacional.
La Administración de la Junta de Andalucía llevará a cabo las actuaciones en materia 
de adopción internacional con sujeción a la normativa estatal e internacional que resulte 
aplicable, velando por el interés superior de la persona menor y el pleno respeto de sus 
derechos.
Artículo 122.  Ofrecimientos y declaración de idoneidad para la adopción internacional.
1.  El proceso de declaración de idoneidad se iniciará a instancia de parte mediante 
la  presentación  por  parte  de  las  personas  interesadas  de  su  ofrecimiento,  previa 
participación en las sesiones informativas, formativas y de preparación, organizadas por 
la Entidad Pública.
2.  La  tramitación  del  proceso  atenderá  al  orden  de  presentación  de  los 
ofrecimientos.
3.  La valoración psicosocial para la declaración de idoneidad se llevará a cabo 
conforme a lo establecido en los artículos 5.1 d) y 10 de la Ley 54/2007, de 28 de 
diciembre, de adopción internacional, y tendrá carácter de informe preceptivo.
4.  El plazo para resolver el procedimiento de declaración de idoneidad no será 
superior a tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución expresa, las 
personas interesadas podrán entender que sus solicitudes han sido desestimadas.
5.  La declaración de idoneidad tendrá una vigencia máxima de tres años y se 
formalizará mediante resolución de la Entidad Pública, que será notificada a la persona o  e.e
personas interesadas, y será objeto de inscripción en el Registro habilitado a tal efecto. b
ArtícDuelo c 1o2n3fo. rmCidoasdte cso nne lcoe rseagruiolas dpoa rean l ala t rLaemy it5a4c/i2ó0n0 d7e,  duen  2o8fr edceim diiecinetmo bdree ,a ddoep Acdióonp.ción
Internacional, y en el Real Decreto 165/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento  de  Adopción  Internacional,  los  organismos  acreditados  para  la
intermediación en la adopción internacional no podrán repercutir a las personas que se 
ofrecen para la adopción importes o gastos distintos de aquellos que estén autorizados 
en la correspondiente resolución de acreditación.
CAPÍTULO V
Actuaciones posadoptivas
Artículo 124.  Obligaciones posadoptivas de las personas adoptantes.
1.  Las  personas  adoptantes  deberán  facilitar  a  la  Entidad  Pública,  entidades 
autorizadas u organismos acreditados para la adopción internacional, la información, 
documentación, entrevistas y visitas domiciliarias que se precisen para la elaboración de 
los informes de seguimiento posadoptivo exigidos por la Administración de la Junta de 
Andalucía  o  por  la  autoridad  competente  del  país  de  origen  de  la  niña,  niño  o 
adolescente.
2.  En la adopción nacional, la Administración de la Junta de Andalucía realizará 
seguimientos con una periodicidad al menos semestral durante los dos años siguientes a 
la firmeza de la sentencia por la que se constituye la adopción.
3.  En  la  adopción  internacional,  quienes  hayan  adoptado  deberán  cumplir  los 
trámites  posadoptivos  de  acuerdo  a  los  compromisos  adquiridos  por  las  personas 
adoptantes con el país de origen de la niña, niño o adolescente adoptado y con la 
Administración de la Junta de Andalucía. Cuando el país de origen no prevea informes 
de seguimiento, o su periodicidad sea inferior a la señalada en el apartado anterior, las 
personas  adoptantes  cumplirán  esta  obligación  con  la  duración  y  periodicidad 
establecidas para la adopción nacional.
4.  En la adopción internacional, las personas adoptantes deberán encontrarse al 
corriente  en  el  cumplimiento  de  todas  las  obligaciones  posadoptivas  adquiridas, 
habiendo abonado los importes que en su caso se determinen para la elaboración de los 
informes de seguimiento, así como los que se precisen para su traducción y tramitación y 
recepción de los mismos por la autoridad competente extranjera.
5.  El  incumplimiento  de  estas  obligaciones  conllevará  la  declaración  de  no 
idoneidad en cualquier otro proceso de adopción o acogimiento familiar, además de las 
sanciones previstas en el artículo 143 de esta ley.
Artículo 125.  Servicios de atención posadoptiva.
1.  Con el fin de ayudar a resolver las dificultades que puedan presentarse con el 
proceso  adoptivo,  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  ofrecerá  servicios 
especializados en adopción, que desarrollarán actuaciones de orientación y apoyo a las 
personas adoptadas y a las familias adoptivas.
2.  Los servicios posadoptivos ofrecerán la mediación y el apoyo técnico necesarios 
para hacer efectivo el derecho de las personas adoptadas a conocer los datos sobre sus 
orígenes biológicos, conocer su historial personal o iniciar contactos con su familia 
biológica.
3.  Asimismo, llevarán a cabo actuaciones destinadas a difundir entre las personas 
profesionales que atienden a estas familias en el ámbito de la educación, la sanidad o la 
acción social, un conocimiento adecuado de la realidad de la adopción.
CAPÍTULO VI
Acciones específicas para las niñas, niños y adolescentes con medida de 
protección
Artículo 126.  Trato preferente para las niñas, niños y adolescentes con medida de 
protección.
La Administración de la Junta de Andalucía, a través de su ámbito competencial, 
deberá  ofrecer  los  recursos  y  servicios  de  forma  preferente  a  las  niñas,  niños  y 
adolescentes con medida de protección en Andalucía.
Artículo 127.  Seguimiento posterior a la mayoría de edad.
Tras alcanzar la mayoría de edad, durante al menos un año la Administración de la 
Junta de Andalucía, en colaboración con los servicios sociales de las Entidades Locales, 
realizarán un seguimiento del proceso de integración social de las personas que hayan 
estado bajo su tutela o guarda, ofreciéndoles los apoyos necesarios para facilitar un 
adecuado ajuste a su nueva situación personal y familiar.
Artículo 128.  Atención psicoterapéutica.
1.  La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  garantizará  el  diagnóstico  y 
tratamiento psicoterapéutico a las personas menores que se encuentren bajo su tutela o 
guarda, cuando manifiesten problemas psicológicos, emocionales o comportamentales, 
como consecuencia del daño sufrido por cualquier forma de violencia o por problemas de 
la vinculación afectiva o trastornos del apego.
2.  Esta atención se podrá prestar hasta que las personas cumplan los veinticinco 
años de edad.
Artículo 129.  Atención sanitaria.
1.  Las niñas, niños y adolescentes con medida de protección tendrán prioridad en 
la realización de analíticas, estudios y pruebas facultativas establecidas en los protocolos 
sociales y sanitarios para no retrasar la integración en la familia de acogida o centro de 
protección de menores.
2.  Cuando  estén  hospitalizados,  el  centro  hospitalario,  en  coordinación  con 
personas  profesionales  del  centro  de  protección  de  menores  del  que  provengan, 
garantizarán los servicios de acompañamiento y vigilancia necesarios, pudiendo recurrir 
para dicha atención al personal voluntario del propio centro hospitalario o del centro de 
protección de menores.
3.  El historial clínico de las niñas, niños y adolescentes con medida protectora 
estará especialmente protegido, garantizándose que la información se traslada solo a 
quien corresponda, con especial cautela en aquellos casos en los que padres y madres 
no tengan permitido el acceso al mismo. La Entidad Pública trasladará a las autoridades 
sanitarias información de menores en tal situación, debiendo aparecer estos con algún 
distintivo diferenciador en el sistema informático de la red sanitaria.
4.  Asimismo, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el derecho de la 
persona  menor  de  edad  a  la  conservación  y  consulta  de  sus  datos  clínicos  y 
antecedentes  genéticos,  así  como  de  sus  familiares  biológicos,  aun  cuando  fuere  es
adoptada y se modifiquen sus datos personales. bo
5.  Se facilitará a la familia de acogida o guardadora, acreditada por la Entidad  605ww
ePpnaú rbaali ccpoarge, ismlae ireivnnaftoro rs,m ud aeidcbeióiennnt iddsaoad na ityda olraipa ts aderigssuepr,o idenanibd lc eda essloo ab cdreoe g lsaime nrie inñneatoc, .ensiñaori oo,  aladso lmesecdeidnates  qoupeo rtteunngaas   OE-A-2021-13able en https://
6.  Las niñas, niños y adolescentes con medida de protección tienen derecho a la 
gratuidad de los recursos y prestaciones del sistema sanitario, así como los tratamientos 
farmacológicos necesarios para el restablecimiento de la salud.
7.  Las niñas, niños y adolescentes con medida de protección que lo requieran 
recibirán, con carácter preferente, la atención terapéutica especializada y reparadora del 
área de salud mental.
8.  Los menores y las jóvenes bajo tutela de la Junta de Andalucía, o participantes 
en programas de preparación para la vida independiente que estén embarazadas o en 
proceso de lactancia, recibirán el asesoramiento y apoyo adecuados a su situación. Se 
les ofrecerán los recursos necesarios para poder continuar su formación educativa, 
orientación o inserción laboral.
Artículo 130.  Atención educativa.
1.  La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  garantizará  la  escolarización 
ordinaria o en periodo tardío de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo 
la tutela o guarda de la Junta de Andalucía o que procedan de adopción, en el centro 
más cercano al domicilio familiar o al puesto de trabajo de la persona o personas que 
ostenten la guarda y custodia.
2.  En  aquellos  casos  de  niñas,  niños  y  adolescentes,  en  los  que  existan 
circunstancias personales asociadas a su situación de discapacidad y/o dependencia, se 
priorizará  la  escolarización  en  el  centro  educativo  próximo  al  domicilio  del  centro 
residencial o de la familia acogedora, dotando a dicho centro educativo de los recursos 
adecuados para dar cobertura a las necesidades de la niña, niño o adolescente.
3.  Las niñas, niños y adolescentes en protección serán considerados alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. Esta consideración se hará extensiva a 
quienes hayan sido adoptados durante el tiempo que se requiera en función de sus 
necesidades.
Los servicios especializados del sistema educativo llevarán a cabo la evaluación 
psicopedagógica de las niñas, niños y adolescentes en protección, a fin de determinar 
las medidas de atención educativa que precisen, así como la detección y atención 
temprana de posibles trastornos de desarrollo.
4.  La Administración educativa de la Junta de Andalucía garantizará la necesaria 
adaptación curricular y recurso de adaptación lingüística para la atención educativa de 
menores extranjeros que se encuentren bajo la tutela o guarda de la Junta de Andalucía.
5.  La Administración de la Junta de Andalucía destinará recursos específicos para 
apoyar la continuidad de los estudios de educación secundaria, bachillerato, formación 
profesional y universitaria de quienes hayan estado bajo una medida de acogimiento 
familiar o residencial y que no dispongan de medios para ello.
Las universidades de Andalucía les darán prioridad en el acceso a los recursos y 
ayudas de que dispongan para la comunidad de estudiantes.
Se promoverá la colaboración de otros organismos e instituciones, tanto de ámbito 
público como privado, para el desarrollo de programas de prácticas profesionales y 
ayudas de carácter económico o técnico.
6.  La  Administración  educativa  deberá  adoptar  las  medidas  necesarias  para 
preservar la identidad y circunstancias personales de las niñas, niños y adolescentes 
bajo la tutela y guarda de la Junta de Andalucía.
7.  Las administraciones públicas de Andalucía realizarán las actuaciones oportunas 
para  la  sensibilización  y  formación  de  la  comunidad  educativa  en  relación  con  las  e.
necesidades y características de las niñas, niños y adolescentes en acogimiento familiar,  w.b
guarda con fines de adopción, adopción y acogimiento residencial. 605ww
de  8lo. s Lsae rAvdicmioisn isctroamcipólne mdeen lata Jriuonst ad dee  aAunldaa lmucaíatin gaal,r acnotimzaerdáo lra  persiocroidlaard  yy  laa cgtirvaidtuaiddaeds 
ebxatjroa seus ctoultaerlae so  dgeul acrednat.ro educativo, a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren
Artículo 131.  Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
1.  La protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados 
garantizará los derechos que les corresponden como menores de edad y se posibilitará 
su integración social plena independientemente de las posibilidades que existan para 
regresar con su familia.
2.  Los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados bajo la protección 
de la Administración de la Junta de Andalucía tendrán derecho al acceso a todos los 
servicios y prestaciones cuya competencia tenga atribuida la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, independientemente del estado de tramitación de su residencia o asilo, y en 
especial,  en  materias  relacionadas  con  salud,  educación,  servicios  y  prestaciones 
sociales básicas, empleo, formación profesional y ocupacional.
3.  Los profesionales que atienden a los niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados  además  deberán  estar  formados  en  interculturalidad  y  sobre  las 
necesidades  que  puedan  tener  estas  personas  menores  para  recibir  la  protección 
especializada que necesitan.
4.  Las  administraciones  competentes  adoptarán  las  medidas  necesarias  para 
garantizar  que  se  tramiten  las  solicitudes  de  autorización  de  residencia  y/o  de  la 
nacionalidad española de las personas bajo tutela o guarda de la Junta de Andalucía, de 
conformidad con la legislación de extranjería.
Artículo 132.  Preparación para la vida independiente.
1.  La consecución de la autonomía personal, plena integración social y laboral, y 
preparación para la vida independiente son de máxima prioridad en el proceso de 
atención integral de adolescentes y jóvenes en acogimiento residencial y familiar.
2.  Los programas de preparación para la vida independiente irán destinados tanto a 
la población menor de edad con una medida de protección como a las personas que han 
estado bajo la tutela de la Junta de Andalucía como máximo hasta los veinticinco años.
3.  A partir de los dieciséis años se planificarán y pondrán en marcha actuaciones 
destinadas a potenciar su formación educativa, orientación e inserción profesional, así 
como sus habilidades personales y sociales, y a capacitarles para gestionar su economía 
doméstica  y  alcanzar  la  autonomía  para  la  vida  independiente.  Especialmente  se 
desarrollarán medidas de sensibilización y concienciación destinadas a los y las jóvenes 
para lograr su participación activa en estos programas.
4.  Las personas beneficiarias de estos programas manifestarán un compromiso 
expreso de aprovechamiento a fin de lograr el éxito de los recursos.
5.  Las  personas  menores  que  se  encuentren  bajo  la  tutela  de  la  Junta  de 
Andalucía, una vez alcanzada la mayoría de edad, hasta los veinticinco años, se podrán 
beneficiar como destinatarios preferentes de las prestaciones de carácter contributivo o 
no contributivo y de empleo, ayuda al alquiler y al acceso a la vivienda, con el fin de 
complementar estos programas de preparación para la vida independiente.
6.  Las  actuaciones  se  realizarán  siempre  desde  una  perspectiva  de  género, 
impulsando la autonomía y la inserción sociolaboral de los y las jóvenes que han estado 
o están bajo la tutela de la Junta de Andalucía. Se establecerán medidas de acción 
positiva que potencien el acceso y el aprovechamiento de los y las jóvenes en dichos 
programas.
7.  La Administración de la Junta de Andalucía establecerá vías de colaboración con 
las  universidades  de  Andalucía  para  promover  y  facilitar  el  acceso  y  formación  e
académica y profesional de jóvenes estudiantes que hayan estado bajo su tutela. bo
8.  Cuando quienes participen en estos programas sean jóvenes que tengan alguna  605ww
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extutelados en el mercado laboral, como un criterio de índole social en las prescripciones 
técnicas de los contratos que celebre.
10.  Para favorecer la inserción de las personas jóvenes extuteladas en el mercado 
laboral las administraciones públicas podrán conceder ayudas y subvenciones a las 
empresas y entidades para la contratación de estos jóvenes.
CAPÍTULO VII
Sistema de información
Artículo 133.  Sistema de información de protección a la infancia y adolescencia.
1.  Con carácter complementario al sistema de información estatal sobre protección 
de menores, se crea el sistema de información de protección a la infancia y adolescencia 
para  conocimiento  y  seguimiento  de  la  situación  de  la  protección  de  la  infancia  y 
adolescencia de Andalucía, con fines estadísticos y de seguimiento concreto de las 
actuaciones y las medidas de protección adoptadas respecto a cada menor, así como la 
eficacia y calidad del sistema de protección en su conjunto y de los recursos humanos y 
materiales de que dispone y de las personas que se ofrecen para el acogimiento y la 
adopción.
2.  Este  sistema  respetará  en  todo  momento  el  principio  de  confidencialidad, 
seguridad e integridad de sus datos en cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de protección de datos de carácter personal.
3.  El sistema de información integrará:
a)  Registro  de  las  Declaraciones  de  Riesgo  de  la  Infancia  y  Adolescencia  en 
Andalucía.
b)  Registro de Tutelas y Guardas de Andalucía.
c)  Registro de Idoneidad para el Acogimiento Familiar y la Adopción de Andalucía.
4.  La  información  del  sistema  que  se  utilice  en  la  confección  de  estadísticas 
oficiales quedará sometida a la preservación del secreto estadístico en los términos 
establecido en los artículos 9 al 13 y 25 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de 
Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 134.  Registro de las Declaraciones de Riesgo de la Infancia y Adolescencia en 
Andalucía.
1.  El Registro de las Declaraciones de Riesgo de la Infancia y Adolescencia en 
Andalucía será único para toda la comunidad autónoma, sin perjuicio de su gestión por 
las  Entidades  Locales,  y  en  él  se  inscribirán  los  datos  relativos  a  niñas,  niños  y 
adolescentes sobre los que hayan recaído declaraciones de riesgo, tanto a efectos de 
seguimiento, como a efectos estadísticos.
2.  La  organización  y  funcionamiento  de  este  registro  se  determinará 
reglamentariamente.
Artículo 135.  Registro de Tutelas y Guardas de Andalucía.
1.  El  Registro  de  Tutelas  y  Guardas  de  Andalucía  será  único  para  toda  la 
comunidad  autónoma,  sin  perjuicio  de  su  gestión  descentralizada  en  los  servicios  es
periféricos de la Consejería competente en materia de protección de menores, y en él se  o
inscribirán todos los datos relativos a las niñas, niños y adolescentes sujetos a tutela o  605ww
rgeugalar2dm. ae.Lnata riaomrgeannteiz.ación  y  funcionamiento  de  este  registro  se  determinará  OE-A-2021-13able en https://
Artículo 136.  Registro de Idoneidad para el Acogimiento Familiar y la Adopción de 
Andalucía.
1.  El Registro de Idoneidad para el acogimiento familiar y la adopción de Andalucía 
será único para toda la comunidad autónoma, sin perjuicio de su gestión descentralizada 
en los servicios periféricos de la Consejería competente en materia de protección de 
menores, y en él se inscribirán todas las personas que hayan sido declaradas idóneas 
para el acogimiento familiar y la adopción nacional o internacional por la Entidad Pública.
2.  La  organización  y  funcionamiento  de  este  registro  se  determinará 
reglamentariamente.
TÍTULO VI
Del régimen sancionador
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 137.  De las infracciones y sanciones y de los sujetos responsables.
1.  Se consideran infracciones administrativas de la presente ley, las acciones u 
omisiones tipificadas y sancionadas en este título, sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles, penales o de otro orden en que se pueda incurrir.
2.  Serán sujetos responsables de las infracciones administrativas a título de dolo o 
de culpa las personas físicas o jurídicas, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 28.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
los  grupos  de  afectados,  las  uniones  y  entidades  sin  personalidad  jurídica  y  los 
patrimonios independientes o autónomos, cuando una ley les reconozca capacidad de 
obrar, a las que sean imputables las acciones u omisiones tipificadas como tales en la 
presente ley.
Artículo 138.  Prescripción de infracciones y sanciones.
1.  Las infracciones previstas en esta ley prescribirán al año, en el caso de las 
infracciones leves; a los tres años, en el caso de las graves, y a los cinco años, en el 
caso de las infracciones muy graves.
2.  Las sanciones previstas en esta ley prescribirán al año, las de tipo leve; a los tres 
años, las de tipo grave, y a los cinco años, las de tipo muy grave.
3.  De conformidad con lo regulado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el plazo de 
prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción 
se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo 
comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, 
del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente 
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la 
persona presunta responsable.
4.  El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 
siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o 
haya transcurrido el plazo para recurrirla. e.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada,  w.
del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado  605ww
duraEnnte e ml ácsa sdoe  duen  mdeesse psotimr caacuiósna  npore ismupnutata dbelel  are lcau prseors odnea a inlzfaradcat oirnate.rpuesto contra la
resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción
comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente 
previsto para la resolución de dicho recurso.
CAPÍTULO II
Infracciones
Artículo 139.  Clasificación de las infracciones.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
Artículo 140.  Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves:
a)  Las  acciones  u  omisiones  calificadas  como  graves  en  el  artículo  siguiente 
cuando se hayan cometido por imprudencia y no comporten un perjuicio directo para las 
niñas, niños y adolescentes.
b)  Todas  aquellas  irregularidades  de  carácter  formal  que  se  atribuyan  a  las 
personas titulares de los centros de protección de menores, de las entidades prestadoras 
de servicios destinados a la infancia y adolescencia, y que no estén tipificadas como 
graves o muy graves.
c)  No  informar  a  la  Administración  competente  de  cualquier  variación  que  se 
produzca en datos aportados a esta y que hayan de ser tenidos en cuenta para la 
aplicación de las medidas y beneficios regulados en esta ley.
Artículo 141.  Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves las acciones u omisiones siguientes siempre que no 
deban  ser  calificadas  como  muy  graves  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  artículo 
siguiente:
a)  La comisión de más de dos infracciones leves en el plazo de un año.
b)  El incumplimiento de los deberes relativos a las necesidades de las personas 
menores, por los titulares de los centros de protección de menores y las entidades 
prestadoras de servicios destinados a la infancia y adolescencia.
c)  El incumplimiento por las personas titulares de los centros de protección de 
menores  o  de  las  entidades  prestadoras  de  servicios  destinados  a  la  infancia  y 
adolescencia  de  la  normativa  sobre  autorización,  registro,  actualización  de  datos, 
acreditación e inspección y funcionamiento de los mismos, así como de las directrices 
fijadas por la Administración de la Junta de Andalucía, siempre que impliquen una 
conducta de carácter doloso o sean materialmente dañosas para las personas menores 
o destinatarias de aquellos.
d)  Impedir, obstruir o dificultar de cualquier modo las funciones de inspección y 
control de los centros de protección de menores o servicios de atención a menores tanto 
por parte de los titulares de los mismos como del personal a su servicio.
e)  La  no  inscripción  en  el  Registro  Civil  del  nacimiento  de  una  niña,  niño  o 
adolescente por quien estuviera obligado a ello.
f)  No solicitar, por parte de los padres, madres, personas tutoras o guardadoras, 
plaza escolar para la persona menor de edad a su cargo en periodo de escolarización  es
obligatoria. o
g)  No procurar o impedir, por parte de los padres, madres, personas tutoras o  605ww
Fegsuiscacorhadl)ala , rdilzaNoa rocpa iosóp snodi bneole ebmr l isgeeianntut ooacrroceiainsó,o  nddc eiidsm peeio edrnnaieitdeos,n g ddqoeou   eodla  eed  sEeptsnloaptszird aoaa tsydei  cssPctianiúón bcn laa iceul ansc,a  eqa nquuturetooe  r pieldouda djuudices arjtuaitfidi vqeiocun ieaec.lon on p trMearriinsoieds otue dnrieao    OE-A-2021-13able en https://
persona menor de edad por parte de aquellas personas que por su cargo, profesión o 
actividad, conocieran de esas situaciones.
i)  Incumplir las resoluciones administrativas dictadas por la Entidad Pública en el 
ejercicio de sus competencias.
j)  No poner inmediatamente a disposición de la autoridad, o en su caso de su 
familia, a la niña, niño o adolescente que se encuentre abandonado, extraviado o fugado 
de su hogar.
k)  Recibir a una niña, niño o adolescente ajeno a la familia con la intención de su 
futura adopción, sin la intervención del órgano competente de la Entidad Pública.
l)  La intervención en funciones de intermediación en la adopción internacional sin 
estar acreditado para ello.
m)  No facilitar, quienes han adoptado, a la Entidad Pública, a los equipos técnicos 
por ella autorizados o a los organismos acreditados para la adopción internacional la 
información, documentación y entrevistas necesarias para la emisión de los informes de 
seguimiento  posadoptivo  o  incumplir  las  obligaciones  económicas  o  materiales 
necesarias para la emisión de dichos informes y trámites, así como para la recepción de 
los mismos por la autoridad competente extranjera en el tiempo y la forma establecidos 
en el plan de seguimiento.
n)  No  encontrarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  todas  las  obligaciones 
posadoptivas a que estén obligadas las personas adoptantes por la legislación del país 
de origen de la niña, niño o adolescente en adopción.
ñ)  La  percepción  por  parte  de  los  organismos  acreditados  para  la  adopción 
internacional,  en  el  ámbito  territorial  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  de 
cantidades no autorizadas como contraprestación por los servicios de intermediación en 
la adopción internacional.
o)  La  no  disposición,  por  los  centros  de  protección  de  menores  o  entidades 
prestadoras de servicios destinados a la infancia y adolescencia u organismos, del 
certificado negativo del registro de delincuentes sexuales correspondiente al personal 
que  preste  allí  sus  servicios  y  que  tenga  contacto  habitual  con  niñas,  niños  o 
adolescentes o de las personas con las que convivirá la niña, niño o adolescente en los 
programas de estancia temporal de menores extranjeros.
p)  La  publicidad  y  promoción  de  hábitos  y  comportamientos  no  saludables  o 
peligrosos para la salud física o mental de los niños, niñas y adolescentes, en especial 
aquellos relacionados con el consumo de sustancias tóxicas, o la apología de la anorexia 
o la bulimia, entre otros.
Artículo 142.  Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves:
a)  La comisión de más de dos infracciones graves en el plazo de un año.
b)  Las acciones y omisiones previstas en el artículo anterior, cuando de ellas se 
deriven daños o perjuicios de difícil o imposible reparación para los derechos de la niña, 
niño o adolescente.
c)  Permitir  por  parte  de  las  personas  promotoras  de  espectáculos  y  festejos 
públicos la participación activa de personas menores de dieciséis años de edad en 
actividades que conlleven situaciones de peligro.
d)  La  acción  u  omisión  tipificada  en  la  letra  k)  del  artículo  anterior,  habiendo 
mediado precio o engaño, o con peligro manifiesto para la integridad física o psíquica de  e
la persona menor. bo
CAPÍTULO III
Sanciones
Artículo 143.  Sanciones.
La comisión de alguna o algunas de las infracciones recogidas en esta norma será 
sancionada de la siguiente manera:
a)  Infracciones leves, amonestación por escrito o multa hasta 3.000 euros.
b)  Infracciones graves, multa desde 3.001 euros hasta 30.000 euros.
c)  Infracciones muy graves, multa desde 30.001 euros hasta 600.000 euros.
Artículo 144.  Graduación de las sanciones.
1.  En la graduación de las sanciones se guardará la debida adecuación entre la 
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, y además se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a)  La  gravedad  del  riesgo  o  perjuicio  causado,  tomando  en  consideración  la 
madurez, edad y vulnerabilidad de la persona menor afectada.
b)  El grado de culpabilidad o intencionalidad de la persona infractora.
c)  La repetición de la conducta y la reincidencia en la comisión de una infracción de 
la misma naturaleza en el plazo de un año.
d)  El beneficio obtenido por la persona infractora.
e)  El interés social del establecimiento afectado.
f)  El incumplimiento de advertencias o requerimientos previos realizados por la 
Administración Pública.
g)  La trascendencia económica y social de la infracción.
Asimismo, se tendrá en cuenta la reparación espontánea de los daños causados, el 
cumplimiento voluntario de la legalidad, o la subsanación de las deficiencias por la 
persona infractora, a iniciativa propia, antes de la resolución del expediente sancionador, 
así como lo dispuesto en el artículo 29.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2.  Si el beneficio económico que resulta de una infracción tipificada por la presente 
ley es superior a la sanción pecuniaria que le corresponde, esta se incrementará con la 
cuantía equivalente al beneficio obtenido.
Artículo 145.  Reincidencia.
A  efectos  de  la  valoración  de  la  reincidencia  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el 
artículo 29.3 d) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Artículo 146.  Reducción de las sanciones.
Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una 
sanción  pecuniaria  y  otra  de  carácter  no  pecuniario,  pero  se  haya  justificado  la 
improcedencia de la segunda, se podrá aplicar una reducción de al menos el 20% sobre 
el importe de la sanción propuesta, de conformidad con lo regulado en el artículo 85 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 147.  Publicidad de las sanciones. bo
daeco lr1ad. a Jru Eennnta  el ald  erce asAsoonl uddcaeilóu ncin íafdr eaolc  ceeixonpn eelodssi e gnmrtaeev desiaso nsoc  idomen uacydo omgrr ualanv iecpsau,c beilóilc naó crsgioóacnni,a oel , ncd oeeml  plBaeostl eesntaítnen  cOpioofincdeiraásl    2021-13605n https://ww
impuestas una vez hayan adquirido firmeza. El coste de la publicación correrá a cargo de
la persona o entidad sancionada. Bc
2.  Dicha publicación debe dar referencia de los nombres, apellidos, denominación o 
razón social de los sujetos responsables, así como de la clase y naturaleza de las 
infracciones.
CAPÍTULO IV
Del procedimiento sancionador
Artículo 148.  Procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador de las infracciones tipificadas en la presente ley se 
regirá por lo previsto en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre.
Artículo 149.  Órganos competentes.
1.  Los órganos competentes para acordar el inicio de un procedimiento sancionador 
serán  las  personas  titulares  de  las  delegaciones  territoriales  o  provinciales  de  la 
Consejería con competencia en materia de menores, en cuyo ámbito ha tenido lugar la 
infracción, en todos los casos, a excepción de las infracciones graves recogidas en las 
letras f) y g) del artículo 141, que serán competentes las delegaciones territoriales o 
provinciales de la Consejería con competencias en materia de educación, y la infracción 
muy grave, letra c) del artículo 142, que será competencia de la Delegación que tenga la 
competencia en materia de espectáculos y festejos públicos en el territorio.
2.  En el acuerdo de inicio se nombrará el órgano que debe instruir, ateniéndose a lo 
preceptuado en el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.  Los órganos competentes para resolver el procedimiento sancionador serán:
a)  La persona titular de la Delegación territorial o provincial de la Consejería con 
competencias en materia de menores, en el caso de las infracciones leves.
b)  La persona titular del centro directivo con competencias en materia de menores, 
en el caso de infracciones graves. Cuando se trate de las infracciones recogidas en las 
letras f) y g), la competencia será del centro directivo que tenga atribuidas funciones 
relacionadas con la escolarización y la asistencia al centro educativo.
c)  La persona titular de la Consejería con competencias en materia de menores, 
cuando se trate de la comisión de infracciones muy graves. Las derivadas de la comisión 
de dos infracciones graves en un periodo de un año, de las letras f) y g) del artículo 141, 
exclusivamente serán competencia del titular de la Consejería con competencias en 
materia de educación, y en el caso de la infracción muy grave, regulada en la letra c) del 
artículo  142,  será  competencia  de  la  Consejería  con  competencias  en  materia  de 
espectáculos y festejos públicos.
d)  El Consejo de Gobierno, cuando la sanción propuesta sea superior a 300.000 
euros.
Artículo 150.  Medidas provisionales.
1.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  ordenamiento  jurídico,  el  órgano 
competente para resolver el procedimiento sancionador podrá, una vez iniciado este,  e.e
adoptar las medidas provisionales que estime necesarias y sean proporcionadas para  b
asegurar la eficacia de la resolución administrativa que pudiera recaer, el buen fin del  605ww
lporso cinetdeirmesieenst og,e enveirtaarle esl. mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de
del 2p. roDceed aimcuieenrtdoo  csoann cloio dniasdpoure, steol  enó rlgaa Lneoy  3co9m/2p0e1t5e,n dtee  1p daera o citnuibciraer,  aon teisn sdterul iirn icuino 
procedimiento, de oficio o a instancia de parte, podrá adoptar de forma motivada las 
medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas.
3.  En  todo  caso,  deberán  adoptarse  aquellas  medidas  provisionales  que 
salvaguarden la integridad física y moral de las niñas, niños y adolescentes.
Artículo 151.  Relación con la jurisdicción civil y penal.
1.  Cuando el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador tuviera 
indicios de que el hecho pudiera constituir también una infracción penal, con identidad de 
hechos,  sujetos  y  fundamento,  lo  pondrá  en  conocimiento  del  órgano  jurisdiccional 
competente, absteniéndose de proseguir el procedimiento, una vez incoado, hasta tanto 
no exista un pronunciamiento jurisdiccional.
2.  Cuando  el  mencionado  órgano  tuviera  conocimiento,  una  vez  incoado  el 
procedimiento sancionador, de la existencia de diligencias penales con identidad de 
hechos, sujetos y fundamento, se abstendrá asimismo de proseguir el procedimiento 
hasta que exista pronunciamiento judicial.
3.  Si una vez resuelto el procedimiento sancionador se derivasen responsabilidades 
administrativas para los padres, madres, personas tutoras o guardadoras, se pondrá en 
conocimiento de la Fiscalía de Menores por si pudieran deducirse responsabilidades 
civiles.
Disposición adicional primera.  Utilización del término Entidad Pública.
Todas las referencias que la ley recoge sobre «Entidad Pública» se refieren a la 
Administración de la Junta de Andalucía que ejerce la competencia en materia de 
protección de menores a través del órgano competente.
Disposición adicional segunda.  Coordinación con otras comunidades autónomas.
La Administración de la Junta de Andalucía se coordinará con otras comunidades 
autónomas para la búsqueda de familias para niñas, niños y adolescentes que presenten 
características especiales y para quienes no existan ofrecimientos de familias para el 
acogimiento o la adopción en su comunidad autónoma.
Disposición adicional tercera.  Estancias de menores extranjeros.
La Administración de la Junta de Andalucía establecerá la necesaria colaboración 
con la Administración General del Estado para que los desplazamientos temporales de 
personas menores extranjeros a Andalucía, ya sea a través de programas promovidos 
por personas físicas o personas jurídicas, se autoricen y desarrollen conforme a los fines 
y requisitos establecidos en la regulación reglamentaria española sobre extranjería.
Disposición adicional cuarta.  De la atención residencial o familiar de personas menores 
extranjeras en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Los servicios de atención residencial o familiar a personas menores extranjeras que 
se presten en territorio de Andalucía, como parte de un proceso reeducativo y de 
separación del entorno conflictivo, acordado y autorizado por la autoridad competente de 
su país de origen, deberán acreditar ante la Entidad Pública competente por razón del 
territorio que cuentan con las autorizaciones y habilitaciones que les sean de aplicación,  es
así como que se realiza un seguimiento periódico de las personas menores atendidas. o
Disposición adicional quinta.  De los establecimientos que desarrollen programas de 
carácter terapéutico o reeducativo con atención residencial a menores con problemas 
de conducta.
Los establecimientos en los que se desarrollen programas de carácter terapéutico o 
reeducativo con atención residencial a menores con problemas de conducta sujetos a 
patria potestad, deberán ser autorizados por la Administración sanitaria o educativa que 
les sea de aplicación, según la naturaleza de la intervención que se desarrolle en ellos.
Disposición  adicional  sexta.  Ordenación,  garantía  y  sostenibilidad  del  sistema  de 
protección a la infancia y adolescencia.
La Administración de la Junta de Andalucía elaborará, en el plazo de un año, un plan 
de ordenación del sistema de protección a la infancia y adolescencia en Andalucía que 
incluya el modelo organizativo, los recursos y servicios y las garantías de sostenibilidad, 
para lo que deberá contar con agentes sociales del ámbito de la infancia y adolescencia 
y con los colegios profesionales de Educación Social, Psicología y Trabajo Social.
Disposición adicional séptima.  Formación en infancia y adolescencia.
La  Consejería  con  competencias  en  materia  de  infancia,  junto  con  el  Instituto 
Andaluz de Administración Pública, elaborará un programa formativo especializado en 
infancia y adolescencia para las personas empleadas públicas que trabajan en el ámbito 
de menores, en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la 
presente ley.
Disposición adicional octava.  Adaptación de los contenidos de la ley a lectura fácil, 
adaptada a la infancia y adolescencia.
A los seis meses de la entrada en vigor de la presente ley, se llevará a cabo la 
adaptación en un lenguaje sencillo y claro para que pueda ser conocida y comprendida 
por las personas menores andaluzas.
Disposición adicional novena.  Denominación de órgano institucional.
El Defensor del Menor de Andalucía creado por la Ley 1/1998, de 20 de abril, pasa a 
denominarse «Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía».
Disposición adicional décima.  Asistencia letrada en los procedimientos sobre delitos de 
odio.
1.  La Administración de la Junta de Andalucía deberá personarse, de acuerdo con 
la legislación procesal vigente, en los procedimientos sobre delitos de odio a los que se 
refiere el artículo 510 y el 510 bis del Código Penal, cometidos en Andalucía, en los que 
se cause la muerte a personas por razón de su pertenencia a uno de los grupos 
previstos en este precepto legal, o en los procedimientos de especial gravedad o con 
gran repercusión social, de forma debidamente justificada.
2.  La Administración de la Junta de Andalucía podrá personarse, de acuerdo con la 
legislación procesal vigente, en los restantes procedimientos sobre delitos de odio a los 
que se refiere el artículo 510 del Código Penal, cometidos en Andalucía. s
3.  La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la formación y apoyo  oe.
técnico adecuado, en materia de delitos de odio, a los letrados y letradas del Gabinete  w.
Jurídico  de  la  Junta  de  Andalucía,  a  fin  de  asegurar  la  calidad  en  la  atención,  y  605ww
cfoomn elan taatreán claió fno ram laasc ivóínc tiemna es.sta materia a los profesionales directamente relacionados
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de la Junta de Andalucía en estos procedimientos y la coordinación e interlocución con el 
Gabinete Jurídico en las actuaciones administrativas que sean necesarias para promover 
esta asistencia letrada.
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio de los procedimientos y vigencia del 
desarrollo reglamentario.
1.  Los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta ley se regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio.
2.  Las disposiciones reglamentarias aprobadas en desarrollo de la Ley 1/1998, 
de 20 de abril, continuarán en vigor en lo que no se oponga esta ley hasta la entrada en 
vigor del nuevo desarrollo reglamentario.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan  derogadas  cuantas  normas  de  igual  o  inferior  rango  se  opongan  a  lo 
establecido en esta ley y, expresamente, la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y 
la Atención al Menor, excepto el título III de la Ley 1/1998, de 20 de abril, que se 
mantiene vigente.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas.
Se modifica el apartado 1 del artículo 139 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas, y queda redactado como sigue:
«1.  Todos  los  proyectos  de  ley,  disposiciones  de  carácter  general  que 
apruebe el Consejo de Gobierno y las demás disposiciones generales dictadas en 
desarrollo de las anteriores deberán tener en cuenta, de forma efectiva, el objetivo 
de la igualdad por razón de género y del respeto a los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, según la Convención de los Derechos del Niño de Naciones 
Unidas, de 20 de noviembre de 1989, y su concreción en el resto de la normativa 
internacional, así como en la estatal y la autonómica que son aplicables en materia 
de menores. A tal fin, en la tramitación de las citadas disposiciones, deberá 
emitirse  un  informe  de  evaluación  del  impacto  por  razón  de  género  y  de 
evaluación de enfoque de los derechos de la infancia y la adolescencia sobre el 
contenido de las mismas.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora 
de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 27 de la Ley 1/2009, de 27 de 
febrero, cuya redacción es la siguiente:
«4.  La mediación será gratuita para los conflictos surgidos entre las personas 
acogidas y sus familias de origen o acogedoras.»
Disposición  final  tercera.  Modificación  de  la  Ley  9/1983,  de  1  de  diciembre,  del 
Defensor del Pueblo Andaluz.
Se modifica el apartado 1 del artículo 8 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, y queda  e.
redactado como sigue: w.b
aDlede jafue«unn1xtsai.l oiser  aEee nld n e lDae lseal  f eeqInjnuefsearoc npircc oiioadd  reyádl   eAdP deluaoleesleg bsfaluocrn  escnAuiconsinda fea.u»slnu cqzi uoene esltsea  rycá o ernaretursexpi lloioansdd oqe unpe oc dro emtsroieg snD aeprfáee rnasslo oqnrua oes    OE-A-2021-13able en https://
Disposición  final  cuarta.  Modificación  de  la  Ley  9/2016,  de  27  de  diciembre,  de 
Servicios Sociales de Andalucía.
Se adiciona una letra o) en el apartado 2 del artículo 42 de la Ley 9/2016, de 27 de 
diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, cuya redacción queda como sigue:
«o)  Las prestaciones económicas para menores en acogimiento familiar.»
Disposición final quinta.  Garantías para el cumplimiento del derecho de la persona 
menor a ser oída y escuchada.
La Consejería competente en materia de justicia llevará a cabo, en el plazo de un 
año, las medidas que garanticen el derecho reconocido en el artículo 47 de la presente 
ley.
Disposición final sexta.  Desarrollo reglamentario.
Se faculta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que, en el plazo de 
dieciocho  meses  desde  su  entrada  en  vigor,  dicte  las  disposiciones  que  resulten 
necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley.
Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía».
Sevilla, 27 de julio de 2021.–El Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel 
Moreno Bonilla.
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 146, de 30 de julio de 2021)