BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52 Sábado 29 de febrero de 2020 Sec. I.   Pág. 21278
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
2903 Orden TMA/178/2020, de 19 de febrero, por la que se modifica la Orden de 
16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras 
del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio.
I
La Orden de accesos de 16 de diciembre de 1997 fue aprobada para desarrollar los 
preceptos  del  Reglamento  General  de  Carreteras,  aprobado  por  Real 
Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, relativos al régimen jurídico y condiciones 
técnicas sobre el otorgamiento, modificación y suspensión, temporal o definitiva, de las 
autorizaciones de accesos a las carreteras cuya gestión está atribuida a la Dirección 
General de Carreteras, así como a la construcción de instalaciones de servicios y 
suministros, y de sus correspondientes accesos, en las márgenes de las carreteras 
estatales y sus vías de servicio, fuera de las áreas de servicio.
La tecnología avanza siempre por delante del Derecho positivo; el marco normativo 
vigente,  y  la  Orden  de  accesos  en  particular,  no  contemplaba  de  forma  expresa 
determinadas cuestiones que se han suscitado con posterioridad. En particular se ha 
planteado en tiempos recientes la necesidad de llevar a cabo un importante despliegue 
de puntos de recarga eléctrica junto a las carreteras estatales. Se trata de instalaciones 
de servicios y suministros, tal como las define el punto 1 del anexo de esta orden, ya que 
satisfacen necesidades de los usuarios de las carreteras, y por tanto, su autorización se 
halla disciplinada por lo dispuesto en esta orden ministerial.
El artículo 67 del Reglamento General de Carreteras establece que son estaciones 
de servicio las definidas como tales por la normativa vigente ordenadora del sector 
petrolero. La Orden de accesos incluye dentro de la categoría de instalaciones de 
servicios y suministros a las estaciones de servicio y unidades de suministro definidas 
como  tales  en  el  Reglamento  para  la  distribución  al  por  menor  de  carburantes  y 
combustibles petrolíferos, aprobado por el Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre.
Este Real Decreto fue derogado por el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el 
que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 «Instalaciones para 
suministro a vehículos» y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de 
instalaciones petrolíferas. En este Real Decreto de 2017 ya no se incluye una definición 
expresa  de  «estación  de  servicio»  y,  por  el  contrario,  se  dirige  en  general  a  las 
«instalaciones para suministro a vehículos». Su objeto es establecer las prescripciones 
técnicas  a  las  que  han  de  ajustarse  las  instalaciones  destinadas  al  suministro  de 
combustibles y carburantes, así como las instalaciones mixtas con otras formas de 
energía técnicamente disponibles para el suministro a vehículos. En el capítulo XI trata 
las instalaciones para el suministro de energía eléctrica a vehículos eléctricos.
En consecuencia podía parecer razonable, en el marco jurídico existente, tratar 
conjuntamente  todas  las  instalaciones  para  suministro  a  vehículos  y  subsumir  las 
instalaciones de recarga eléctrica dentro de la regulación para estaciones de servicio, 
habida cuenta que en éstas se suministra carburante a un vehículo y en aquéllas  s
electricidad, por lo que estaría justificada la aplicación del artículo 4.1 del Código Civil,  e.
según  el  cual  «procederá  la  aplicación  analógica  de  las  normas  cuando  éstas  no  w.
contemplen  un  supuesto  específico,  pero  regulen  otro  semejante  entre  los  que  se  03ww
apreSciine  iedmenbtaidrgaod  dlae  rreagzóunla»c.ión contenida en la Orden de accesos en relación con las
tinasnt anlaocvieodnoessa dse y s ecorvnic eios pneoc eiaslteasb as inpgeunlsaariddaa deens a, bcsoomluot om páasr aa edsetlea ntitpeo s dee  einxpstoanlaec, ioyn neos   BOE-A-cable e
resulta plenamente adecuada para permitir el despliegue de una amplia red de puntos de 
recarga  eléctrica.  Por  este  motivo  se  hace  necesario  introducir  algunos  preceptos 
específicos en la Orden de accesos, aprobada hace más de veinte años, que amplíen su 
ámbito de aplicación a la nueva categoría de instalaciones singulares.
II
Este despliegue de puntos de recarga eléctrica se enmarca dentro de la orientación 
general que, desde la Unión Europea y el Gobierno de la Nación, se está planteando 
para minimizar la dependencia de los transportes respecto del petróleo y mitigar el 
impacto medioambiental del transporte. Como hitos más recientes y significativos de este 
proceso cabe destacar los siguientes:
La  Estrategia  «Europa  2020:  Una  estrategia  para  un  crecimiento  inteligente, 
sostenible  e  integrador»,  donde  la  Comisión  se  fijó  el  objetivo  de  reforzar  la 
competitividad y la seguridad energética mediante una utilización más eficiente de los 
recursos y de la energía.
La «Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico», con horizonte 2014, 
presentada por el Gobierno el 6 de abril de 2010, incluía diferentes programas para la 
aplicación de medidas que contemplan el fenómeno desde sus distintas facetas: fomento 
de la demanda, industrialización e I+D+i, actuaciones horizontales y fomento de la 
infraestructura de recarga y gestión de la demanda energética.
El Libro Blanco de la Comisión de 28 de marzo de 2011, titulado «Hoja de ruta hacia 
un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y 
sostenible», que pedía una reducción en la dependencia de los transportes respecto del 
petróleo, en particular mediante la elaboración de una estrategia sostenible en materia 
de combustibles alternativos y el desarrollo de la infraestructura adecuada. Asimismo 
proponía una reducción, desde entonces a 2050, de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de los transportes de un 60 % con respecto a los niveles 
de 1990.
La Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre 
de  2014,  relativa  a  la  implantación  de  una  infraestructura  para  los  combustibles 
alternativos, que dispone que los Estados miembros deben garantizar que se construya 
la infraestructura de acceso público a la recarga de electricidad de vehículos de motor. 
Esta directiva está parcialmente traspuesta por el Real Decreto 639/2016, de 9 de 
diciembre, por el que se establece un marco de medidas para la implantación de una 
infraestructura para los combustibles alternativos.
En  2016  la  Comisión  Europea  presentó  el  denominado  «paquete  de  invierno» 
«Energía limpia para todos los europeos», COM(2016) 860 final, que se ha traducido en 
diversas propuestas legislativas sobre eficiencia energética, energías renovables, diseño 
de mercado eléctrico, seguridad de suministro y reglas de gobernanza para la Unión de 
la  Energía,  todo  ello  con  el  objetivo  de  reducir  las  emisiones  de  gases  de  efecto 
invernadero, aumentar la proporción de renovables en el sistema y mejorar la eficiencia 
energética en la Unión en el horizonte 2030.
La Comunicación de la Comisión, COM(2018) 773 final, «Un planeta limpio para 
todos. La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, 
competitiva  y  climáticamente  neutra»,  que  actualiza  la  hoja  de  ruta  hacia  una 
descarbonización sistemática de la economía con la intención de convertir a la Unión 
Europea en neutra en carbono en 2050. s
En cumplimiento de la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,  e.
de 22 de octubre de 2014, se ha desarrollado el Marco de Acción Nacional de Energías  w.
Alternativas en el Transporte con objeto de establecer las medidas necesarias para su  03ww
icmopnu Elsnoe.r gEínatsre A eltsearnsa mtiveadsid (aVsE dAe)  eimn pEuslspoa ñdae s2t0a1c4a- 2la0 2«0E»s.trategia de Impulso del Vehículo
ClimEan 2 e0s2te1 -c2o0n3t0e x(tPoN EIEspCa) ñcao ne setál  odbejseatirvroo lldaen daov aenl zPalar ne nN alac idoensacl aInrbteognriazdaoci ódne,  Esneenrtagníad oy   BOE-A-cable e
unas bases firmes para consolidar una trayectoria de neutralidad en carbono de la 
economía en el horizonte 2050.
El entonces Ministerio de Fomento ya indicó en sus comentarios al Documento Inicial 
Estratégico  y  Borrador  del  PNIEC  que  «este  Plan  tendría  que  tratar  de  ser  más 
ambicioso en cuanto a la disminución de emisiones y mejora de la eficiencia energética 
en el ámbito del transporte por carretera». Y en particular abogaba expresamente por 
«dar impulso al uso del vehículo eléctrico en los trayectos interurbanos (…) sobre todo 
desplegando una extensa red de recarga eléctrica, así como la infraestructura eléctrica 
necesaria asociada a esta red».
Este Ministerio, fiel a lo que ha sido siempre su razón de ser y seña de identidad, desde 
los lejanos tiempos de su creación hace más de 150 años, desea impulsar la modernización 
del país, promoviendo decididamente la creación de una infraestructura para combustibles 
alternativos ―en este caso la electricidad― a fin de reducir al mínimo la dependencia de los 
transportes respecto del petróleo y mitigar el impacto medioambiental del transporte. En 
consecuencia, procede dictar las disposiciones necesarias para adecuar el marco normativo 
a los nuevos retos planteados recientemente.
III
La consideración normativa de las instalaciones de recarga eléctrica debe partir de la 
circunstancia de que se trata de instalaciones con ciertas peculiaridades específicas, 
derivadas fundamentalmente del tiempo de recarga, considerablemente superior, en las 
condiciones actuales de la técnica, al de repostaje en una estación de servicio, que se 
traduce en un menor tráfico generado por cada punto de recarga en comparación con 
cada punto de suministro de carburante, en la necesidad de disponer de plazas de 
aparcamiento específicas para estacionar el vehículo durante el tiempo que dura la 
carga, y en que la solicitud de instalación de los puntos de recarga eléctrica vaya 
generalmente asociada a instalaciones de servicios ya existentes junto a la carretera, 
como restaurantes, cafeterías, hoteles o estaciones de servicio.
Sensu stricto la instalación de recarga eléctrica supone un cambio de uso de los 
accesos a las carreteras estatales o sus vías de servicio; ahora bien, por las razones que 
se acaban de indicar, el nuevo uso no es autónomo sino complementario del principal, y 
sin repercusión cuantitativa en las condiciones de explotación de la carretera. Puede 
darse  la  circunstancia  de  que  los  accesos  a  la  instalación  principal  hubieran  sido 
autorizados con arreglo a la ley o a normativa técnica que han sido modificadas con 
posterioridad.  En  el  caso  de  que  la  instalación  de  recarga  se  plantee  como 
complementaria de la principal –y a diferencia de aquél en que la instalación se plantea 
de forma autónoma, en que la nueva autorización debe imponer el pleno respeto a la 
legislación y normativa en vigor– parece razonable que no deba exigirse la adecuación 
de los accesos a la normativa posterior (como establece ahora, con carácter general, la 
disposición adicional primera de la Orden de accesos), toda vez que la instalación de 
recarga  eléctrica  es  un  servicio  adicional  o  complementario  a  los  usuarios  de  la 
instalación principal ya existente, y que apenas genera tráfico añadido, por lo que –en las 
condiciones actuales, se insiste– no tiene generalmente afección negativa significativa 
en el nivel de servicio y de seguridad viaria de las carreteras. Si se impusiera a los 
solicitantes de este tipo de instalaciones complementarias la carga de adecuar los 
accesos a la legislación y la normativa vigentes, se disuadiría a muchos particulares de 
promover la implantación de puntos de recarga públicos en sus negocios, contradiciendo  s
el  compromiso  del  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana  con  el  e.
despliegue de una amplia infraestructura de combustibles alternativos. w.
Sin perjuicio de lo anterior, la regulación que se introduzca ahora debe garantizar que  03ww
cnaos pou, esduapno naguatno ruiznaars aef eacqcuióenll anse agcattuivaac iao nlae ss eqguuer,i dpaodr  vlaiasr icai ryc uan slata andceiacsu apdaart iecxuplaloretasc dióenl 
deen  lqau cea errl eatecrcae.s Eo natr ela se sianss taploasciibolneess c isrecu unbsitqaunec iaesn  puanr ttircaumlaore dse d eelbeev addeas taacccairdseen ataqliudéaldla.   BOE-A-cable e
En este caso, y en todos aquellos en que pueda producirse una afección negativa, los 
accesos deberán ajustarse plenamente a lo dispuesto en la legislación y la normativa 
técnica en vigor, sin perjuicio de que pueda resultar necesario proponer las medidas de 
acondicionamiento oportunas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36.9 de la 
Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.
Asimismo debe tenerse presente que la movilidad eléctrica es un ámbito en rápido 
desarrollo y que en breve plazo pueden estar disponibles otras tecnologías, como la 
recarga  ultrarrápida,  la  recarga  inalámbrica  o  el  cambio  de  batería,  que  cambien 
sustancialmente  uno  de  los  supuestos  de  partida  de  la  regulación  que  ahora  se 
introduce, que es el mayor tiempo de recarga en comparación con las estaciones de 
servicio tradicionales. Así pues, cuando se produzca una afección negativa significativa a 
la  seguridad  viaria  y  a  la  correcta  explotación  de  la  carretera,  podrá  exigirse  la 
adecuación de los accesos a la legislación y normativa técnica vigentes y la implantación 
a costa del solicitante de las medidas de acondicionamiento necesarias.
También  se  facilita  la  implantación  de  las  instalaciones  de  recarga  eléctrica 
acogiéndolas a las cláusulas excepcionales en relación con las zonas de protección de 
las carreteras que prevé el Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real 
Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. En particular, de acuerdo con el artículo 78.3.f) 
del Reglamento, en la zona de servidumbre de la carretera podrán autorizarse zonas 
pavimentadas para viales o aparcamiento. Y de conformidad con el artículo 87.4 del 
Reglamento, entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea límite de 
edificación  podrán  autorizarse  aquellos  elementos  de  las  instalaciones  de  recarga 
eléctrica que tengan carácter provisional o sean fácilmente desmontables. En todo caso, 
deberá garantizarse que no resultan perjudicadas la seguridad en general, y viaria en 
particular, ni la adecuada explotación de la vía. Cuando los puntos de recarga se 
planteen en una estación de servicio existente, deberán respetar las distancias mínimas 
a  los  elementos  de  almacenamiento  y  suministro  de  combustible  que  exijan  las 
instrucciones técnicas de aplicación.
Por razones obvias se excluyen de la aplicación de la nueva regulación que ahora se 
introduce aquellas instalaciones de recarga que dispongan de un generador propio 
alimentado con combustibles fósiles, ya que resultan contrarias con el propósito del 
PNIEC de avanzar hacia la descarbonización de la economía y la promoción de las 
fuentes de energía alternativas.
Se introducen también algunas previsiones para reforzar la seguridad jurídica en las 
relaciones entre los interesados y la Administración. La autorización de instalar puntos de 
recarga eléctrica en una instalación ya existente impone obligaciones tanto al titular de la 
instalación de recarga eléctrica como al titular de la instalación principal. La autorización podrá 
otorgarse a cualquiera de los dos, pero siempre –dada su especial vinculación jurídica con los 
terrenos afectados– deberá acreditarse la conformidad de este último. Cuando la instalación 
principal tenga acceso a la carretera o vía de servicio estatal, la autorización de la instalación 
de  recarga  conllevará  la  integración  de  la  autorización  del  acceso  existente  con  las 
obligaciones dimanantes de la nueva autorización.
El  Reglamento  General  de  Carreteras  distingue  en  su  regulación  de  las 
autorizaciones entre el caso de que impliquen una ocupación del dominio público por 
tener  acceso  a  una  vía  estatal  (artículos  67  a  72  para  estaciones  de  servicio 
específicamente, y 101 a 106 para accesos en general), del caso de que no se produzca 
dicha  ocupación  (artículos  92  a  96).  En  el  primer  caso  establece  requisitos  más 
exigentes (artículos 70 y 104), como la acreditación de la propiedad, o cualquier otro  s
derecho real o personal que lleve aparejada la posesión de los terrenos a los que se  oe.
pretende acceder, mediante documento público debidamente inscrito en el Registro de la  w.
Propiedad. De la misma manera, en la regulación que ahora se introduce se incrementan  03ww
laacsc eesxoig ean ucniaas  vaía l odse  stiotuliclaitraidnateds e esnta teall  cua osocu epne  qeul ed olma iinnisot aplúabcilóicno ,p ariunncqipuael  sciune nlleteg acro na 
pimreptoennedre  leas  ccaormgap ledme elan tainrsiac rdipec liaó np rrinecgiipsatrla.l ya que la instalación cuya autorización se  BOE-A-cable e
Se refuerzan las garantías ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana estableciendo que el titular de la instalación principal siempre responderá frente 
a  la  Dirección  General  de  Carreteras  de  todas  las  obligaciones  dimanantes  de  la 
autorización, admitiéndose que los titulares de la instalación principal y de la instalación 
de recarga eléctrica puedan pactar la responsabilidad solidaria de este último ante la 
Dirección General de Carreteras. Asimismo, cuando se pretenda transmitir a un tercero 
la titularidad, ya de la autorización principal, ya de la autorización de la instalación de 
recarga  eléctrica,  deberá  acreditarse  fehacientemente  que  el  transmisario  conoce  y 
acepta las obligaciones que le impone la autorización.
Se ha considerado conveniente la intervención de notario en los casos en que la 
instalación principal tenga acceso directo a una vía de titularidad estatal o en cualquier 
otro caso en que ocupe el dominio público, en los contratos de asunción solidaria de las 
responsabilidades dimanantes de la nueva autorización, así como en las transmisiones 
de la titularidad de la autorización principal o de la autorización de la instalación de 
recarga eléctrica. Los notarios, en su consideración de funcionarios públicos, velan por la 
regularidad no sólo formal sino también material de los actos o negocios jurídicos que 
autoricen o intervengan; su intervención es garantía de la identidad de los otorgantes, de 
su capacidad y legitimación, de la validez del consentimiento y de la adecuación de los 
contratos a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes. La 
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, les atribuye 
un  control  de  legalidad  más  intenso  en  contratos  de  adhesión  o  que  contengan 
condiciones  generales  de  contratación,  aunque  también  otras  leyes  establecen,  o 
pueden establecer en el futuro, facultades de control por parte de los notarios acerca de 
los actos o negocios jurídicos que pretendan acceder a su autorización.
La  Dirección  General  de  Carreteras  podrá,  en  cualquier  momento,  modificar  o 
suspender temporal o definitivamente la autorización de acceso a las instalaciones por 
los motivos previstos en el artículo 106 del Reglamento General de Carreteras, sin que 
pueda obstar a ello ningún litigio ni controversia entre el titular de la instalación principal 
y el de la instalación de recarga eléctrica. Asimismo, la Dirección General de Carreteras 
podrá,  por  causa  justificada,  modificar  o  suspender  temporal  o  definitivamente  la 
autorización de la instalación de recarga, debiendo los interesados retirar todas las 
instalaciones que se encuentren dentro de la zona de limitación a la edificabilidad a su 
costa y sin derecho a ninguna indemnización.
Por  todo  ello  y  en  uso  de  la  facultad  conferida  al  Ministro  de  Obras  Públicas, 
Transportes  y  Medio  Ambiente,  que  debe  entenderse  referida  hoy  al  Ministro  de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la disposición final del Reglamento General de 
Carreteras  para  dictar  las  disposiciones  necesarias  para  su  aprobación  y  desarrollo, 
dispongo:
Artículo único.  Modificación de la Orden del Ministerio de Fomento de 16 de diciembre 
de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de 
servicio y la construcción de instalaciones de servicios.
La Orden del Ministerio de Fomento de 16 de diciembre de 1997 queda modificada 
como sigue:
Uno.  Se  añade  un  segundo  párrafo  a  la  disposición  adicional  primera,  con  la 
siguiente redacción:
«No obstante, cuando se trate de instalar puntos de recarga eléctrica en  oe.
instalaciones de servicios ya existentes y en explotación debidamente autorizadas,  w.
nenolo  rnmsueaertáviv oan  eutcéseocsn adicreaio   raaepjcuraosrbtgaaard  laeoslsé  ccaotcrnicc eaps oovssate yeraixo irsaitdseaondctie aasd  doai  calhola  pu arseuovt oisprtriozina cecinipó anlal,   asleuiegtmoisrlpiazrcaeid óqonu  eyy    2020-2903n https://ww
quede acreditado que no se produce una afección negativa significativa a la
seguridad viaria y a la adecuada explotación de la carretera.» Bc
Dos.  Se añade una nueva disposición adicional tercera, que tendrá la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional tercera.
Las  autorizaciones  de  instalación  de  puntos  de  recarga  eléctrica  en 
instalaciones de servicios ya existentes y en explotación debidamente autorizadas 
por la Dirección General de Carreteras (en lo que sigue, "instalación de servicios 
principal") se ajustarán a las condiciones expresadas en los siguientes párrafos, 
además  de  a  la  regulación  general  contenida  en  la  Ley  37/2015,  de  29  de 
septiembre, de Carreteras, el Reglamento General de Carreteras, aprobado por 
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, el Anexo de esta orden ministerial, y 
el  resto  de  normativa  de  aplicación.  Esta  disposición  adicional  no  será  de 
aplicación a aquellas instalaciones de recarga que dispongan de un generador 
propio alimentado con combustibles fósiles, a las que será de total aplicación la 
normativa de estaciones de servicio y unidades de suministro.
a)  La  autorización  podrá  otorgarse  al  titular  de  la  autorización  de  la 
instalación principal o al titular de la instalación de recarga eléctrica. En todo caso 
deberá acreditarse tanto la titularidad de la autorización de la instalación principal 
como la conformidad de su titular con la actuación solicitada, mediante un contrato 
con  el  titular  de  la  instalación  de  recarga  en  que  queden  reflejadas  las 
obligaciones de las partes y, en particular, la asunción por el titular de la instalación 
principal de las obligaciones dimanantes de la nueva autorización. Cuando la 
instalación principal tenga acceso directo a una vía de titularidad estatal o en 
cualquier  otro  caso  en  que  ocupe  el  dominio  público,  este  contrato  deberá 
instrumentarse en documento público.
b)  Cuando el acceso a las instalaciones de recarga se ubique en un tramo de 
elevada accidentalidad, como un Tramo de Concentración de Accidentes (TCA) 
catalogado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana u otros 
similares, o los que conceptualmente los sustituyan en el futuro, no será de 
aplicación lo previsto en el segundo párrafo de la disposición adicional primera, 
debiendo ajustarse plenamente dicho acceso a lo dispuesto en la legislación y 
normativa técnica en vigor.
c)  A los efectos de autorizar la colocación de elementos de las instalaciones 
de recarga eléctrica entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea 
límite de edificación, deberá quedar acreditado en la documentación presentada 
que tienen carácter provisional o son fácilmente desmontables. En todo caso, 
deberá  garantizarse  que  no  resultan  perjudicadas  la  seguridad  viaria  y  la 
adecuada explotación de la vía. Cuando los puntos de recarga se planteen en una 
estación de servicio existente, deberán respetar las distancias mínimas a los 
elementos  de  almacenamiento  y  suministro  de  combustible  que  exijan  las 
instrucciones técnicas de aplicación.
d)  Cuando la instalación principal tenga acceso a una carretera o vía de servicio 
estatal,  el  hecho  de  autorizarse  la  instalación  de  recarga  comportará  que  deba 
entenderse  integrada  la  autorización  del  acceso  existente  con  las  condiciones 
expresadas en esta disposición, sin perjuicio de que, de oficio o a instancia de parte, el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pueda extender testimonio de la 
autorización original completada con las nuevas condiciones.
e)  El  titular  de  la  instalación  principal  siempre  responderá  frente  a  la  e.
Dirección  General  de  Carreteras  de  todas  las  obligaciones  dimanantes  de  la  w.b
autorización, en particular, de la de retirar a su costa, en caso de ser requerido por  03ww
dcaeunstrao  judseti filcaa dzao npao r dlae  cliitmaditaa cDióirne caci ólna  Geednifeicraabl,i ltioddaads,  lya sd ien stlaal adceio nseosp uobrtiacra dlaass 
roe doerd aedneaccuioandeas  edxep laoctacceisóons d qeu lea  sceaarrne tneerac.e sPaordiarás  ppaocr traarzsoen eenst rdee l osse gtiuturliadraeds  vdiaer liaa 
instalación principal y de la instalación de recarga eléctrica la responsabilidad
solidaria  de  éste  ante  la  Dirección  General  de  Carreteras  para  todas  las 
obligaciones dimanantes de la autorización, lo que deberá acreditarse mediante 
documento público.
f)  La transmisión a un tercero de la titularidad de la autorización principal o de 
la  autorización  de  la  instalación  de  recarga  eléctrica  deberá  notificarse 
previamente  a  la  Dirección  General  de  Carreteras  aportando  el  compromiso, 
manifestado  en  documento  público,  por  el  que  el  transmisario  acepta 
expresamente subrogarse en las obligaciones del transmitente que dimanan de la 
autorización. De lo contrario la autorización será revocada por faltar uno de los 
supuestos determinantes de su otorgamiento.
g)  La  Dirección  General  de  Carreteras  podrá,  en  cualquier  momento, 
modificar o suspender temporal o definitivamente la autorización de acceso a las 
instalaciones por los motivos previstos en el artículo 106 del Reglamento General 
de Carreteras, sin que pueda obstar a ello ningún litigio ni controversia entre el 
titular de la instalación principal y el de la instalación de recarga eléctrica y sin 
perjuicio de las resoluciones que pudiera adoptar la autoridad judicial.
h)  La  Dirección  General  de  Carreteras  podrá,  en  cualquier  momento, 
modificar o suspender temporal o definitivamente la autorización de la instalación 
de recarga eléctrica, debiendo entonces el titular de la instalación principal y, en su 
caso, el titular de la instalación de recarga retirar todas las instalaciones que se 
encuentren dentro de la zona de limitación a la edificabilidad a su costa y sin 
derecho a ninguna indemnización:
1.º  Si resultara incompatible con normas aprobadas con posterioridad.
2.º  Si produjera daños en el dominio público o impidiera su utilización para 
actividades de interés público.
3.º  Si se hubieran alterado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
4.º  Por incumplimiento de las cláusulas de la autorización o modificación del 
uso y características del acceso, previo requerimiento al titular para que regularice 
su situación.
5.º  Cuando,  como  consecuencia  del  planeamiento  de  las  carreteras 
estatales, así se requiriera para su ampliación, mejora o desarrollo.
i)  Cualquier cambio, cualitativo o cuantitativo, en las instalaciones de recarga 
autorizadas  en  virtud  de  esta  disposición  adicional  deberá  ser  nuevamente 
autorizado  por  la  Dirección  General  de  Carreteras,  que  podrá  denegar  la 
autorización si, como consecuencia de un incremento en el tráfico generado, o por 
cualquier  otro  motivo,  se  afecta  negativamente  a  la  seguridad  viaria  o  a  la 
adecuada explotación de la carretera. En su caso podrá exigirse la adecuación de 
los accesos a la legislación y normativa técnica vigentes y la implantación a costa 
del solicitante de las medidas de acondicionamiento necesarias.»
Disposición final primera.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Disposición final segunda.  Referencias a órganos suprimidos.
Las referencias que en la Orden de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan  e.
los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de  w.b
instalaciones de servicios se hacen al Ministro o Ministerio de Fomento se entenderán  03ww
hechas al Ministro o Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
UrbaMnaad, rJido,s é1 9L udise  Áfbeablroesr oM edceo .2020.–El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda