BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95411
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13440 Sala Segunda. Sentencia 111/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso 
de amparo 6037-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de 
las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción 
de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho 
a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020  [inadecuada  utilización  de  la 
dirección  electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:111
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, en el recurso de amparo 
núm. 6037-2018, promovido por Penrei Inversiones, S.L., ha dictado ha dictado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6037-2018, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
contra los autos de fecha 10 de julio de 2018 y 28 de septiembre de 2018, dictados por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, en los autos del proceso 
de ejecución hipotecaria 96-2018. Han intervenido el Ministerio Fiscal y la entidad Pera 
Assets Designated Activity Company. Ha sido ponente la magistrada doña Encarnación 
Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  El 16 de noviembre de 2018, la mercantil Penrei Inversiones, S. L., representada 
por la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, y bajo la dirección del 
letrado don Benavent Rodríguez Anju, interpuso ante este tribunal recurso de amparo 
contra las resoluciones mencionadas en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  Los hechos relevantes para resolver el presente recurso de amparo son los 
siguientes:
a)  Ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca se tramita, a  s
instancia  de  Banco  de  Sabadell,  S.A.,  frente  a  las  sociedades  Euroinversiones  e.
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.  L.,  y  Penrei  Inversiones,  S.L.,  proceso  de  ejecución  w.
hipotecaria núm. 96-2018. 440ww
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Inversiones, S.L., NIF B73836173. La notificación estará disponible en su dirección 
electrónica habilitada única desde el 08-05-2018 hasta el 23-06-2018. Si no procediera a 
su lectura en el plazo indicado se producirán los efectos correspondientes, según la 
normativa  aplicable.  Para  que  conste  como  leída,  por  favor  acceda  a  http://
notificaciones.060.es. Asunto: Jdo. 1 Inst. e Instr. n.º 3 de Lorca EJH/00000096/2018».
c)  El 9 de julio de 2018 la sociedad Penrei Inmobiliaria, S.L., formuló oposición a la 
ejecución despachada.
d)  Por auto de 10 de julio de 2018 se acordó su inadmisión por presentación 
extemporánea, tomando como fecha de notificación el 8 de mayo de 2018.
e)  La sociedad ejecutada interpuso recurso de reposición en la consideración de que 
las diligencias de notificación y requerimiento no habían sido realizadas el día 8 de mayo 
de 2018 sino el 23 de junio de 2018, y que la comunicación remitida a través de la dirección 
electrónica habilitada no podía entenderse más que un aviso de puesta a disposición o 
descarga de su contenido durante un plazo determinado (en el caso desde 28 de abril al 13 
de mayo de 2018). Entenderlo de otro modo, además de infringir los arts. 135, 152, 160 
y 162 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), vulneraba el art. 24 CE.
f)  El recurso fue resuelto por auto desestimatorio de 28 de septiembre de 2019, al 
entender el órgano judicial que dada su condición de persona jurídica, tiene obligación 
de relacionarse con la administración de justicia por medios electrónicos, de conformidad 
con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de 
reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, así como en los arts. 
14.2 Ley 39/2015 y del art. 373.3 LEC. Sostiene igualmente que la ejecutada y determina 
que la recurrente yerra en el plazo en el que puede acceder a su contenido a efectos de 
la práctica de la notificación, «el cual es de diez días naturales desde el puesta a su 
disposición y ello por imperativo del art. 43 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas» que reproduce.
3.  La demanda de amparo atribuye a los autos de 10 de julio de 2018 y de 28 de 
septiembre de 2018, impugnados la vulneración del derecho fundamental de la sociedad 
recurrente a la tutela judicial efectiva y a un proceso con garantías y sin indefensión 
(art. 24, apartados 1 y 2 CE). La interpretación de la legislación procesal habría privado 
injustamente  a  la  recurrente  de  su  derecho  a  formular  oposición  a  la  ejecución 
hipotecaria.  Tratándose  de  un  primer  emplazamiento,  debió  realizarse  del  modo 
tradicional (art. 273 LEC). El órgano judicial habría incumplido su obligación de asegurar, 
no ya la legalidad formal de los actos de comunicación, sino el cumplimiento efectivo de 
su finalidad constitucional. La demandante  de  amparo solicita, en consecuencia, la 
anulación de las resoluciones indicadas, así como la retroacción al momento procesal 
oportuno, previo al dictado del auto de 10 de julio de 2018, a fin de que el juzgado admita 
a trámite su oposición al despacho de ejecución. El recurso pide también por otrosí la 
suspensión del proceso de ejecución.
4.  Mediante providencia de 28 de octubre de 2019, la Sección Segunda de este 
Tribunal  acuerda  admitir  a  trámite  el  recurso,  apreciando  que  reviste  especial 
trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC)], toda vez que plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho 
fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]. 
Acuerda  igualmente  dirigir  atenta  comunicación  al  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 3 de Lorca, a fin de que, en el plazo de diez días, remita certificación o 
fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a la ejecución hipotecaria núm.  e
96-2018 y emplace a quienes hubieran sido parte en el proceso del que trae causa el  bo
presente recurso de amparo. 440ww
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la Sala Segunda de este Tribunal, mediante ATC 171/2019, de 16 de diciembre, deniega
la suspensión cautelar solicitada y ordena la anotación preventiva de la demanda de 
amparo en el registro de la propiedad.
6.  Mediante escrito de 3 de diciembre de 2019, la entidad Pera Assets Designated 
Activity Company, hace constar que la entidad Banco Sabadell, S.A., le ha cedido el 
crédito hipotecario y que, en virtud del régimen de sucesión procesal, las actuaciones 
deben continuarse con ella. Solicita que se la tenga por parte en tiempo y forma y que se 
entiendan con ella las diligencias sucesivas del presente recurso de amparo.
7.  Mediante diligencia de ordenación de 17 de febrero de 2020, el secretario de 
justicia de la Sala Segunda tiene por personada y parte en el presente proceso a la 
mercantil Pera Assets Designated Activity Company y, conforme al art. 52 LOTC, da un 
plazo de veinte días al Ministerio Fiscal y a las partes para la vista del expediente y la 
formulación de las alegaciones que a su derecho convengan.
8.  El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones en este tribunal con fecha 
de 18 de marzo de 2020. Solicita el otorgamiento del amparo, el reconocimiento de la 
vulneración del derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión y la 
nulidad de todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la 
ejecución, con retroacción de las actuaciones al momento anterior.
Señala, en primer lugar, que si bien a este tribunal no le corresponde determinar los 
medios de comunicación procesal admitidos, lo que sí debe comprobar es que ofrezcan 
las garantías suficientes para acreditar que cumplen su cometido, que no es otra que la 
de procurar el acceso de las partes al procedimiento (STC 6/2019, de 17 de enero). Tras 
analizar las distintas normas procesales en materia de actos de comunicación (arts. 553, 
135, 152.2, 155, 156, 158, 163 y 273 de la Ley de enjuiciamiento civil), concluye que las 
comunicaciones y aportaciones de documentos, tanto desde el órgano judicial hacia las 
partes como a la inversa, se realiza como una obligación para algunas partes como los 
profesionales de la justicia y las personas jurídicas, y como un derecho para los que 
pudiendo optar lo hacen así. Sin embargo, esa obligación no es tan radical que no 
admita excepciones, la más relevante de las cuales es que se trate de la primera 
notificación,  pues  en  este  caso  lo  que  está  en  juego  es  la  más  elemental  de  las 
manifestaciones de la tutela judicial efectiva, y en este caso, el legislador no ha sido 
ajeno  a  esta  importancia  y  ha  establecido  la  excepción,  que  se  traduce  en  la 
obligatoriedad de la notificación personal en el domicilio, y respecto a las copias, su 
aporte en papel (STC 6/2019).
En definitiva, de acuerdo con la STC 47/2019, el art. 155 LEC contempla una 
especialidad: cuando se trata del primer emplazamiento o citación del demandado, los 
actos  de  comunicación  deben  realizarse  mediante  su  remisión  al  domicilio  de  los 
litigantes.  En  esta  norma  se  establece  una  excepción  al  régimen  general  de  las 
notificaciones telemáticas, sin distinguir entre obligados y optantes. Esta interpretación 
se correspondería con el apartado segundo del art. 273.4 LEC, que especifica que 
«únicamente los escritos y documentos que se presenten vía telemática o electrónica 
que den lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado o 
ejecutado, se deberán aportar en soporte papel, en los tres días siguientes, tantas copias 
literales cuantas sean las otras partes». Como indica la STC 47/2019, FJ 4, la finalidad 
que racionalmente se infiere de ese mandato no es otra que la de trasladar al referido 
demandado las copias presentadas en papel. A la vista de tales preceptos y de la 
referida  STC  47/2019,  el  fiscal  concluye  que  el  juzgado  no  debió  prescindir  de  la  s
notificación personal, por lo que habría vulnerado el art. 24.1 CE. En tal sentido, parece  oe.
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contenido siempre que conste la correcta remisión del acto de comunicación, y, en el
bien entendido de que, esta norma, sólo es aplicable a aquellos supuestos en los que la
comunicación  telemática  es  admitida  legalmente  y,  por  tanto,  no  al  supuesto  aquí 
analizado en el que, al tratarse de la primera notificación, debió realizarse personalmente 
en el domicilio del demandado.
El órgano judicial erró no sólo al desconocer la aplicabilidad de los arts. 155 y 273.4 
LEC, sino al seleccionar de forma errónea el art. 43.2 de la Ley 39/2015 para resolver 
dicho recurso.
Por  último,  advierte  que  si  la  juez,  una  vez  tuvo  conocimiento  a  través  de  la 
interposición del recurso de reposición de la forma en que se llevó a cabo el aviso, 
hubiera estimado el recurso y, en consecuencia, hubiera admitido a trámite la oposición, 
habría subsanado la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ocasionado al no 
haberse efectuado la notificación en el domicilio del ejecutado de conformidad con el 
art. 155.2 LEC. Sentada la existencia de vulneración del citado derecho, ha de concluirse 
que esta se perpetuó con la desestimación del recurso de reposición.
Por  todo  ello  –como  se  ha  dicho–  interesa  el  otorgamiento  del  amparo  y  la 
retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la notificación 
telemática para que se le dé a la recurrente la posibilidad de contestar a la demanda.
9.  El 19 de marzo de 2020, tiene entrada en el registro de este tribunal escrito de la 
recurrente en amparo, que ratifica las alegaciones expuestas en la demanda y trascribe 
en parte los fundamentos jurídicos de la STC 40/2020, de 27 de febrero.
10.  Por providencia de 17 de septiembre de 2020 se señala para votación y fallo del 
presente recurso el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.
El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación de los autos de 10 de 
julio de 2018 y 28 de septiembre de 2018 dictados por el Juzgado de Primera Instancia 
núm. 3 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 96-2018. Según la entidad 
mercantil  demandante  de  amparo,  una  interpretación  irrazonable  de  la  legislación 
procesal  le  habría  privado  injustamente  de  su  derecho  a  formular  oposición  a  la 
ejecución hipotecaria. Tratándose de un primer emplazamiento, el requerimiento de pago 
y alternativo derecho a oponerse a la demanda ejecutiva debió realizarse de manera 
personal en su domicilio social con entrega en papel de la documentación, y no mediante 
el  servicio  de  notificaciones  electrónicas  y  de  dirección  electrónica  habilitada  de  la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El órgano judicial habría incumplido su obligación 
de  asegurar,  no  ya  la  legalidad  formal  de  los  actos  de  comunicación,  sino  el 
cumplimiento  efectivo  de  su  finalidad  constitucional.  Todo  ello  constituiría  una 
vulneración del derecho fundamental de la demandante de amparo a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24 CE). Solicita, en consecuencia, la anulación de las 
resoluciones indicadas, así como la retroacción al momento procesal oportuno, previo al 
dictado del auto de 10 de julio de 2018, a fin de que el juzgado admita a trámite su 
oposición al despacho de ejecución.
El Ministerio Fiscal solicita la estimación de la demanda de amparo y la nulidad de 
todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la ejecución 
con retroacción de las actuaciones al momento anterior.
La reciente STC 40/2020, de 27 de febrero, del Pleno, ha estimado un recurso de  es
amparo basado en los mismos motivos, interpuesto por la misma entidad mercantil y  o
dirigido contra autos de contenido muy similar de otro juzgado de primera instancia e  440ww
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amparo (art. 24.1 CE). Como en aquel caso, la estimación del amparo trae consigo la
nulidad  de  los  autos  recurridos,  así  como  de  todo  lo  actuado  en  el  procedimiento 
hipotecario a quo desde el momento en que se proveyó al emplazamiento de la entidad 
mercantil solicitante de amparo a través de la dirección electrónica habilitada.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la mercantil Penrei Inversiones, S. L., y, 
en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente en 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de los 
autos de 10 de julio de 2018 y 28 de septiembre de 2018 dictados por el Juzgado de 
Primera Instancia núm. 3 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 96-2018, 
así como la nulidad de las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la 
entidad recurrente a través de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
último  por  el  juzgado  ejecutor  de  forma  que  resulte  respetuoso  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–
Firmado y rubricado.