BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119 Miércoles 19 de mayo de 2021 Sec. TC.   Pág. 60128
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8355 Sala Segunda. Sentencia 89/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de 
amparo 1914-2020. Promovido por Fuentes y Rebellín, S.L., en relación con 
las  actuaciones  llevadas  a  cabo  por  un  juzgado  de  primera  instancia  e 
instrucción de Molina de Segura (Murcia) en procedimiento de ejecución 
hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: STC 
47/2019 (inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como 
cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal).
ECLI:ES:TC:2021:89
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1914-2020, promovido por la entidad Fuentes y 
Rebellín, S.L., contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de 
Molina de Segura (Murcia), de 27 de febrero de 2020, que desestimó el incidente de 
nulidad de las actuaciones llevadas a efecto en el curso del procedimiento de ejecución 
hipotecaria  núm.  112-2018,  promovido  por  la  Sociedad  de  Gestión  de  Activos 
Procedentes  de  la  Reestructuración  Bancaria,  S.A.,  (en  adelante,  SAREB,  S.A.) 
personada en estas actuaciones. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el 
magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 15 de abril 
de 2020, el procurador de los tribunales don Eduardo Moya Gómez, actuando en nombre 
y representación de la mercantil Fuentes y Rebellín, S.L., asistida por el letrado don 
Manuel  Muñiz  Bernuy,  interpuso  demanda  de  amparo  contra  la  resolución  ya 
mencionada.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  La entidad SAREB, S.A., interpuso demanda de ejecución hipotecaria contra la 
mercantil Fuentes y Rebellín, S.L., en reclamación de 6.132.529,96 € de principal, así  s
como la cantidad de 1.839.758,99 € por intereses, gastos y costas, cuyo conocimiento  e.
correspondió al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Molina de Segura  w.
(Murcia), que incoó el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 112-2018, en cuyo  55ww
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b)  La  notificación  del  auto,  y  el  consiguiente  requerimiento  y  emplazamiento,  se 
produjeron a través del servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, más en concreto, a través de la dirección electrónica habilitada. Según las 
certificaciones obrantes en las actuaciones, consta que la notificación de la cédula de 
emplazamiento tenía como número de referencia el «Acto 30027410000000001910/2019». 
Fue enviada el 9 de enero de 2019, a las 9:53 horas, y recibida en destino el día 11 de enero 
de 2019, a las 17:40 horas, sin que conste fecha de retirada por el destinatario.
c)  Con posterioridad, el día 6 de mayo de 2019, la representación de la sociedad 
Fuentes y Rebellín, S.L., presentó un escrito en el juzgado promoviendo incidente de 
nulidad de actuaciones. En ese escrito manifestaba haber tenido conocimiento de que se 
seguía un procedimiento de ejecución hipotecaria contra ella en reclamación del pago de 
un préstamo con garantía hipotecaria constituido sobre determinados bienes inmuebles 
de su titularidad, sin que le hubiere constado el emplazamiento para personarse en las 
actuaciones, por lo que entendía que se había producido una vulneración de su derecho 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). En el escrito se argumentaba que no se había 
«respetado la forma prevista para el primer emplazamiento del demandado, cuando aún 
no se encuentra personado en autos, el cual debe ser personal», según dispone el 
artículo 155 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC). Con amplia reseña jurisprudencial 
sobre la relevancia de la corrección de los actos de comunicación con las partes, en el 
suplico del escrito solicitaba que se le tuviera por parte personada en las actuaciones, 
por instado el incidente y que el juzgado declarara la nulidad de todas las actuaciones 
«en base a la falta de tasación de los bienes gravados con la hipoteca que hoy se 
ejecuta con la consecuencia de declarar la improcedencia de la acción hipotecaria 
instada, o subsidiariamente, declarar la nulidad de actuaciones judiciales realizadas 
desde la presentación de la demanda» y otorgarle plazo para ejercitar los derechos de 
oposición legalmente previstos.
d)  Una  vez  admitido  a  trámite  el  incidente,  la  ahora  demandante  de  amparo 
presentó un escrito el día 20 de mayo de 2019, en el que puso de manifiesto que este 
tribunal había dictado una sentencia, en concreto la STC 47/2019, de 8 de abril, cuya 
copia aportaba, en la que se establecía como doctrina la necesidad de que el primer 
emplazamiento realizado a las personas jurídicas fuera de carácter personal.
e)  En fecha 27 de febrero de 2020, el juzgado dictó el auto que es objeto de este 
recurso de amparo. En su fundamento jurídico primero, con apoyo en el artículo 152.2, 
en  relación  con  los  artículos  173  y  162.2  LEC,  y  el  artículo  11.1  del  Real 
Decreto  1065/2015,  de  27  de  noviembre,  sobre  comunicaciones  electrónicas  en  la 
administración de justicia, el órgano judicial consideró que la entidad recurrente estaba 
obligada a comunicarse por medios electrónicos con la administración de justicia, y que 
disponía de una dirección electrónica habilitada a tal efecto, que estaba operativa. En 
consecuencia, el incidente de nulidad de actuaciones fue desestimado, al entender que 
el  acto  de  notificación  realizado  a  través  de  la  dirección  electrónica  habilitada  era 
correcto.
3.  La demanda de amparo alega que la resolución impugnada vulnera el derecho a 
la tutela judicial efectiva, sin indefensión (art. 24.1 CE).
Tras  exponer  los  antecedentes  de  hecho  que  considera  de  interés,  la 
fundamentación del recurso se basa en la amplia reseña de la doctrina expuesta en la 
STC 47/2019, de 8 de abril, y en la jurisprudencia allí citada. El recurrente afirma que el 
órgano judicial incumplió la normativa procesal (art. 155.1 LEC), al haber notificado 
telemáticamente el primer emplazamiento, cuando la norma exige que se haga de forma  e.
personal y con entrega de la documentación anexa. Esta infracción procesal le ha  w.b
causado indefensión, porque le ha privado del conocimiento de la existencia del proceso  55ww
yd,e fpeonrs alo  yt apnotdoe, r doepl odneerresceh ao  lad ee jaecccuecsióon  ah iplao tjeucriasrdiaic dcieósnp apcahraa ddae.splegar su derecho de
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tribunal, lo que permite tener por cumplido el requisito exigido en el artículo 49.1 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
La  demanda  finaliza  solicitando  su  estimación,  y  la  consiguiente  nulidad  de  la 
resolución impugnada.
Por otrosí digo se solicitó la medida cautelar de suspensión de la ejecución del auto 
recurrido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 56 LOTC, argumentando la apariencia 
de buen derecho, basada en el precedente jurisprudencial, y el riesgo de generar una 
situación  irreversible  mediante  la  ejecución  y  consiguiente  subasta  de  los  bienes 
hipotecados, ofreciendo finalmente una fianza de 1000 € para garantizar los posibles 
perjuicios frente a terceros.
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este tribunal dictó 
providencia el 16 de noviembre de 2020 por la que acordó: (i) admitir a trámite el 
recurso,  «apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia 
constitucional (art. 50.1 LOTC) como consecuencia de que el órgano judicial pudiera 
haber incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de 
este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)]»; (ii) dirigir atenta comunicación al Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Molina de Segura, a fin de que proceda a 
«emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento» de origen, excepto a la 
«recurrente en amparo», para poder comparecer en el presente proceso constitucional 
en el plazo de diez días; y (iii) formar la correspondiente pieza separada «para la 
tramitación de la suspensión interesada».
5.  En el marco de la pieza separada de suspensión, la entidad recurrente presentó 
escrito de alegaciones en fecha 26 de noviembre de 2020, reiterando los argumentos 
expuestos  en  la  demanda;  mientras  que  el  Ministerio  Fiscal  formuló  alegaciones 
mediante  dictamen  fechado  el  2  de  diciembre  de  2020,  interesando  la  anotación 
preventiva de la demanda, conforme permite el artículo 56.3 LOTC.
Por medio del ATC 168/2020, de 14 de diciembre, la Sala Segunda de este tribunal 
acordó denegar la suspensión cautelar solicitada, ordenando en cambio la anotación 
preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 56 LOTC.
6.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 9 de diciembre de 2020, 
la procuradora de los tribunales doña Paula Bonafuente Escalada, actuando en nombre y 
representación de la entidad SAREB, S.A., bajo la dirección letrada de don Francisco 
Moreno Sabater, solicitó que se le tuviera por personada en este recurso, entendiéndose 
con esa representación las sucesivas diligencias y notificaciones que se produjeran.
7.  Con fecha 1 de febrero de 2021, la secretaría de justicia de la Sala Segunda de 
este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que se acordó, de un lado, tener por 
personado y parte a la entidad SAREB, S.A., a través de la procuradora mencionada, y 
de otro, dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por 
plazo  común  de  veinte  días,  a  fin  de  que  pudieran  presentar  las  alegaciones  que 
estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el artículo 52.1 LOTC.
8.  La fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 18 de 
febrero de 2021, por el que interesó de este tribunal que dictara sentencia otorgando el 
amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial  efectiva  sin  indefensión  (art.  24.1  CE)  y  su  restablecimiento  mediante  la  e.e
declaración  de  nulidad  de  «todo  lo  actuado  desde  la  notificación  efectuada  b
electrónicamente del auto despachando ejecución acordado por el Juzgado de Primera  55ww
Ihnipstoatnecciaar iae  1I1n2s-t2ru0c1c8ió»n,  ansúí mc. om4 od ela  Mreotlrinoaa ccdióen  Sdeeg urlaas,   eanc tuealc iojuniceiso  «dael   emjeocmuecnióton 
pinomseibdiliiadtaadm deen tfeo rmanutlearri oorp oas icdióicnh aa  lan oetjieficcuacciióónn» .para  que  se  le  dé  al  recurrente  [la]
En su escrito, la fiscal comienza con una reseña de los antecedentes que consideró 
de interés, para continuar señalando que nos encontramos ante el mismo supuesto que 
ya fue resuelto en sentido estimatorio mediante las SSTC 40/2020, de 27 de febrero 
y 43/2020, de 9 de marzo, cuyo contenido extracta parcialmente. En estas resoluciones 
se concedió el amparo solicitado por aplicación de la doctrina expuesta, a su vez, en las 
SSTC 6/2019, de 17 de enero  y 47/2019,  de 8  de abril, de las que se deriva la 
obligatoriedad de que el primer emplazamiento se realice de manera personal y con 
entrega en papel de la documentación, conforme a lo dispuesto en el artículo 155.2 LEC. 
Una doctrina que, para la fiscal, es plenamente aplicable al presente supuesto.
9.  Por la secretaría de justicia se ha dictado diligencia el 11 de marzo de 2021, 
dejando constancia de la presentación del escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal, 
«no habiendo efectuado alegación alguna […] las partes personadas», quedando el 
asunto concluso y pendiente para deliberación cuando por turno corresponda.
10.  Mediante providencia de fecha 15 de abril de 2021, se señaló para deliberación 
y votación de la presente sentencia el día 19 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
La presente demanda plantea un supuesto de hecho idéntico a los ya resueltos en 
anteriores precedentes de este tribunal en los que se impugnaba la actuación judicial 
consistente en la inadmisión de incidentes de nulidad de actuaciones, por considerar 
realizados conforme a Derecho las notificaciones de la admisión de una demanda y el 
consiguiente emplazamiento para personación a través del servicio de notificaciones 
electrónicas y de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre.
La demanda de amparo alega, en esencia, la vulneración del derecho fundamental a 
la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  en  su  vertiente  de  derecho  a  no  padecer 
indefensión, al no haberse efectuado aquel emplazamiento de manera personal y con 
entrega  en  papel  de  la  documentación  correspondiente,  tal  y  como  establecen  las 
normas de la Ley de enjuiciamiento civil.
El  Ministerio  Fiscal,  por  su  parte,  interesa  la  estimación  del  amparo.  La  parte 
contraria en el procedimiento judicial de origen no ha formulado alegaciones.
2.  Aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la cuestión planteada.
Planteado el debate en los términos descritos, debe indicarse que el Pleno de este 
tribunal ha dictado la STC 47/2019, de 8 de abril, en la que ha tenido la oportunidad de 
resolver un recurso de amparo donde se dio respuesta a los mismos argumentos que 
aquí se postulan, con fallo estimatorio de la demanda. El pronunciamiento contenido en 
la citada STC 47/2019, ha sido ulteriormente reiterado en las SSTC 40/2020, de 27 de 
febrero; 43/2020, de 9 de marzo; 55/2020, de 15 de junio; 76/2020, de 29 de junio, 
o 176/2020, de 30 de noviembre, por citar algunas de las más recientes.
Descartada en este caso la concurrencia de algún elemento distintivo que obligue a 
una fundamentación o resultado diferente a lo declarado entonces, procede por tanto 
que hagamos aplicación de la doctrina expuesta en los citados precedentes.
Así, en la STC 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en un proceso de amparo, con  e
cita de la STC 6/2019, de 17 de enero, FJ 4 a), dictada en sede de cuestión de  bo
inconstitucionalidad, se afirma la «garantía del emplazamiento personal del demandado  55ww
sou pelejetocuritaamdoe nteen),  clooms o pprroimceesroas c ormeguindiocas cióenn  coens teal  ómrgaatenroia ju dpicoira l lcao mLpEeCte n(ted,ir esicnt aq ueo 
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exige en el artículo 155.1 LEC, y lo complementa la regla del artículo 273.4 LEC sobre la
presentación en papel de las copias de los escritos y documentos para ese primer 
emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano judicial «acarrea por tanto la 
conculcación  [del]  derecho  fundamental»  a  la  tutela  judicial  efectiva,  como  ya  ha 
declarado este tribunal en varios recursos de amparo referidos a procesos laborales, 
civiles y concursales, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia (ver, en tal 
sentido, las SSTC 102/2019, de 16 de septiembre, FJ 2; 150/2019, de 25 de noviembre, 
FJ 3; 7/2020, de 27 de enero, FJ 2; 122/2019, de 28 de octubre, FJ 3, y STC 129/2019, 
de 11 de noviembre, FJ 4).
En el presente caso, el juzgado optó por un emplazamiento a través del servicio de 
notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, que no está previsto en la normativa procesal para estos casos. Ese 
sistema de notificación determinó que el procedimiento se siguiera a espaldas de la 
entidad ahora recurrente, que no pudo ejercer las acciones que tuviera por conveniente. 
Una vez tuvo conocimiento del proceso, y planteado el correspondiente incidente de 
nulidad de actuaciones, este fue indebidamente desestimado porque, una vez invocada 
la doctrina de este tribunal, el juzgado debió aplicarla en el caso concreto a fin de reparar 
la vulneración alegada, lo que no hizo.
En consecuencia, procede la estimación del amparo por vulneración del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con 
reconocimiento de tal derecho.
Procede,  igualmente,  el  restablecimiento  del  derecho  vulnerado,  acordando  la 
nulidad de la resolución impugnada y de todo lo actuado en el procedimiento de origen, 
desde  el  momento  en  que  se  proveyó  al  emplazamiento  a  través  de  la  dirección 
electrónica habilitada, con retroacción de las actuaciones para que el juzgado practique 
dicho emplazamiento en los términos exigidos por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de 
manera respetuosa con el derecho fundamental de la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la entidad Fuentes y Rebellín, S.L., y, 
en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de 27 de 
febrero de 2020, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de 
Molina de Segura (Murcia) en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 112-2018, así 
como la nulidad de las actuaciones realizadas a partir del decreto de 8 de enero 2019, 
por el que se acordó la ejecución del auto de la misma fecha, que admitió a trámite de la 
demanda y el consiguiente despacho de la ejecución.
3.º  Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente posterior al dictado del 
decreto de 8 de enero de 2019, debiendo llevarse a cabo de nuevo por el juzgado el  s
trámite de notificación y emplazamiento a la parte demandada, de forma que resulte  e.
respetuosa con el derecho fundamental reconocido. w.
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Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.