BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Miércoles 23 de febrero de 2022 Sec. V-B.  Pág. 8867
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
5605 Resolución de 16 de febrero de 2022, de la Subdelegación del
Gobierno en Córdoba, de revocación de procedimientos sancionadores.
Vistos los procedimientos sancionadores que figuran relacionados en el Anexo
de la presente resolución y analizados los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Esta Subdelegación del Gobierno dictó en su momento resolución
sancionadora respecto de los procedimientos objeto de la presente resolución y
relacionados en el Anexo, por incumplimiento de los apartados 1, 3 o 5 del artículo
7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, de conformidad con las instrucciones cursadas por el Ministro del Interior a las
Delegaciones del Gobierno, en las que se consideraba que el incumplimiento de
tales preceptos constituía desobediencia a las órdenes del Gobierno y su
inobservancia subsumida dentro de la infracción grave del artículo 36.6 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
SEGUNDO.- En las mencionadas resoluciones se imponían sanciones de
multa.
Y teniendo en cuenta los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone
que ‘’El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquier que
haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte,
su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión,
siempre que sea el mismo órgano que deba tramitar y resolver el procedimiento.
Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno’’.
SEGUNDO.- La Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, número 148/
2021, de 14 de julio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad nº
2054-2020 interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y declaró inconstitucionales y nulos los
apartados 1, 3 y 5 de su artículo 7, con el alcance y efectos señalados por la propia
sentencia.
TERCERO.- El artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional establece que ‘’Las sentencias declaratorias de la
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no
permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa e.
juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos w.b
inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso- w
acodnmsienciusetrnactiiav odse  lrae nfeurleidnatde sde a la u nno rpmroac aepdliicmadiean, troes sualtnec uionan areddourc ecinón q duee ,la c poemnoa
o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad’’. E-B-20ble en 
CUARTO.- De acuerdo con el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
‘’Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el
plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal
revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico’’.
QUINTO.- La competencia para dictar la presente resolución sobre revocación
corresponde a este órgano, toda vez que la competencia para la resolución de
procedimientos administrativos sancionadores por infracciones graves corresponde
al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, competencia
que fue delegada, para los hechos ocurridos en la provincia, en el Subdelegado del
Gobierno en Córdoba por resolución de 21 de septiembre de 2015, relativa a la
delegación de competencias en materia sancionadora sobre seguridad ciudadana
(B.O.E. de 25 de septiembre de 2015), de conformidad con el artículo 32.1.c) de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
En consecuencia con todo lo anterior, vistos los antecedentes y fundamentos
mencionados y en uso de las facultades conferidas,
RESUELVO
PRIMERO.- Acordar la acumulación y la revocación de los procedimientos que
figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución, anulando las
resoluciones sancionadoras emitidas.
SEGUNDO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial del Estado de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, al apreciar razones de interés público.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa por lo que, de
acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe
interponer recurso de Alzada ante el Ministro del Interior, en el plazo máximo de
UN MES contado desde el día siguiente a aquél en que se publique la presente
resolución.
Expediente/Año Identificador Infractor
5602/2020 30426192K
5604/2020 44358213E
5605/2020 46266856X
5607/2020 30991877K
5608/2020 30942723H
5609/2020 46268022A
5612/2020 31015110R
5614/2020 30520826X
5617/2020 31010041S
5618/2020 49836137J e.e
5619/2020 45886567A b
5620/2020 49834431D w
55662237//22002200 4341385852719404ZG
5628/2020 77322315H 20n 
5634/2020 30437520X
5638/2020 30985859Y
5640/2020 30415710G
5644/2020 31014679F
5646/2020 46269620Z
5647/2020 Y4082845Z
5650/2020 30989679P
5652/2020 49032963E
5655/2020 46267807H
5656/2020 39671196Z
5657/2020 32734168Q
5659/2020 31890311Y
5661/2020 30519710K
5665/2020 32732736X
5669/2020 30942609L
5671/2020 54257821Q
5672/2020 30949819F
5673/2020 30205628G
5675/2020 80166683E
5679/2020 30533981D
5680/2020 31878420Y
5681/2020 30988888E
5684/2020 45942225R
5686/2020 20622061P
5687/2020 Y4553346G
5689/2020 50643718H
5690/2020 30832323H
5692/2020 44357414M
5693/2020 30405695V
5694/2020 30801782K
5695/2020 50615924P
5696/2020 30998736A
5697/2020 30473635S
5698/2020 46266082H
5700/2020 31007919D
5701/2020 31890497P
5704/2020 49164515Z
5705/2020 49506720W
5706/2020 45886693Z
5707/2020 46074906H
Córdoba, 16 de febrero de 2022.- La Subdelegada del Gobierno, Rafaela
Valenzuela Jiménez.
ID: A220006008-1