BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 293 Viernes 6 de noviembre de 2020 Sec. I.   Pág. 96811
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN
13685 Convenio entre el Reino de España y la República de Azerbaiyán para evitar 
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre 
la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en Bakú el 23 de abril de 
2014.
CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE AZERBAIYÁN 
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN 
MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO
El Reino de España y la República de Azerbaiyán, deseando concluir un Convenio 
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre 
la renta y sobre el patrimonio, han acordado lo siguiente:
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación del Convenio
Artículo 1.  Personas comprendidas.
El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos 
Estados contratantes.
Artículo 2.  Impuestos comprendidos.
1.  El  presente  Convenio  se  aplica  a  los  impuestos  sobre  la  renta  y  sobre  el 
patrimonio  exigibles  por  cada  uno  de  los  Estados  contratantes,  sus  subdivisiones 
políticas o administrativo-territoriales o sus entidades locales, cualquiera que sea el 
sistema de su exacción.
2.  Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los que gravan la 
totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los 
impuestos  sobre  las  ganancias  derivadas  de  la  enajenación  de  bienes  muebles  o 
inmuebles,  los  impuestos  sobre  el  importe  de  sueldos  o  salarios  pagados  por  las 
empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías.
3.  Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en particular:
a)  en el Reino de España:
(i)  el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas;
(ii)  el Impuesto sobre Sociedades;
(iii)  el Impuesto sobre la Renta de no Residentes;
(iv)  el Impuesto sobre el Patrimonio; y
(v)  los impuestos locales sobre la renta y sobre el patrimonio; es
(denominados en lo sucesivo «impuesto español».) bo
(bi))   eeln I mlap Rueepsútob lsicoab rdee l aA zReernbtaai ydáen :las personas físicas; 2020-13685n https://ww
(ii)  el Impuesto sobre los beneficios de las personas jurídicas;
(iii)  el Impuesto sobre el Patrimonio; y
(iv)  el Impuesto sobre los Terrenos;
(denominados en lo sucesivo «impuesto azerbaiyano».)
4.  El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o 
análoga que se establezcan con posterioridad a la firma del mismo y que se añadan a 
los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes 
se comunicarán mutuamente las modificaciones sustanciales que se hayan introducido 
en sus respectivas legislaciones fiscales.
CAPÍTULO II
Definiciones
Artículo 3.  Definiciones generales.
1.  A los efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera una 
interpretación diferente:
a)  el  término  «España»  significa  el  Reino  de  España  y,  utilizado  en  sentido 
geográfico, significa el territorio del Reino de España, incluyendo las aguas internas, el 
espacio aéreo, el mar territorial y las áreas exteriores al mar territorial en las que, con 
arreglo al Derecho internacional y en virtud de su legislación interna, el Reino de España 
ejerza o pueda ejercer en el futuro jurisdicción o derechos de soberanía respecto del 
fondo marino, su subsuelo y aguas suprayacentes, y sus recursos naturales;
b)  el término «Azerbaiyán» significa el territorio de la República de Azerbaiyán, 
comprendido el sector azerbaiyano del mar Caspio, respecto del que la República de 
Azerbaiyán ejerce jurisdicción y derechos de soberanía en relación con el subsuelo, 
fondo marino y recursos naturales, el espacio aéreo sobre la República de Azerbaiyán, 
así como cualquier otra área que se haya determinado o pueda determinarse más 
adelante conforme al Derecho internacional y a la legislación interna de la República de 
Azerbaiyán;
c)  las  expresiones  «un  Estado  contratante»  y  «el  otro  Estado  contratante» 
significan España o Azerbaiyán, según el contexto;
d)  el término «persona» comprende las personas físicas, las sociedades y cualquier 
otra agrupación de personas;
e)  el término «sociedad» significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que 
se considere persona jurídica a efectos impositivos;
f)  el término «empresa» se aplica a la realización de cualquier actividad económica 
por cualquier persona;
g)  las  expresiones  «empresa  de  un  Estado  contratante»  y  «empresa  del  otro 
Estado  contratante»  significan,  respectivamente,  una  empresa  explotada  por  un 
residente de un Estado contratante y una empresa explotada por un residente del otro 
Estado contratante;
h)  la expresión «tráfico internacional» significa todo transporte efectuado por un buque 
o aeronave explotado por una empresa de un Estado contratante, salvo cuando el buque o 
aeronave se exploten únicamente entre puntos situados en el otro Estado contratante;
i)  la expresión «autoridad competente» significa:
i)  en España: el Ministro de Economía y Hacienda o su representante autorizado; s
ii)  en Azerbaiyán: el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Hacienda; oe.
j)  el término «nacional» significa: w.
i)  una persona física que posea la nacionalidad de un Estado contratante; 685ww
consiit)i tuiudnaa c opneforsrmonea a  laju rleídgiicsala, ciósonc vieigdeandt e edne  unp eErsstoandaos c o(nptararttnaenrtseh;ip)  o  asociación
profke)s iolnaa leexsp yre lasi órena l«izaacctiivóind adde  oetcroansó amcticivaid»a idnecslu dyee  ctaarmábctiéenr  inlad eppreenstdaiecinótne .de servicios  BOE-A-cable e
2.  Para  la  aplicación  del  Convenio  en  cualquier  momento  por  un  Estado 
contratante, cualquier expresión o término no definido en el mismo tendrá, a menos que 
de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento 
le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del 
Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal sobre el que 
resultaría de otras ramas del Derecho de ese Estado.
Artículo 4.  Residente.
1.  A los efectos del presente Convenio, la expresión «residente de un Estado 
contratante» significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté 
sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, 
lugar de registro o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a 
ese Estado y a sus subdivisiones políticas o administrativo-territoriales o sus entidades 
locales. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a 
imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas 
en el citado Estado, o por el patrimonio situado en el mismo.
2.  Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona física sea 
residente de ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente 
manera:
a)  se la considerará residente exclusivamente del Estado donde tenga una vivienda 
permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos 
Estados, se la considerará residente exclusivamente del Estado con el que mantenga 
relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);
b)  si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de 
sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en 
ninguno de los Estados, se la considerará residente exclusivamente del Estado donde 
viva habitualmente;
c)  si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, 
se la considerará residente exclusivamente del Estado del que sea nacional;
d)  si  fuera  nacional  de  ambos  Estados,  o  no  lo  fuera  de  ninguno  de  ellos,  las 
autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el caso de común acuerdo.
3.  Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona que no sea 
una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, se la considerará 
residente exclusivamente del Estado en que se encuentre su sede de dirección efectiva.
Artículo 5.  Establecimiento permanente.
1.  A los efectos del presente Convenio, la expresión «establecimiento permanente» 
significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de 
su actividad.
2.  La expresión «establecimiento permanente» comprende, en particular:
a)  las sedes de dirección;
b)  las sucursales;
c)  las oficinas;
d)  las fábricas;
e)  los talleres; e
f)  las instalaciones, estructuras o buques, o cualquier otro emplazamiento utilizado  bo
para la exploración de los recursos naturales; y 685ww
extragc) ciólans d me irneacsu, rlsooss  pnoaztousra dlees .petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de
3.  Una obra, un proyecto de construcción o instalación, o unas actividades de
supervisión  o  consultoría  relacionadas  con  ellos,  constituyen  un  establecimiento
permanente pero únicamente cuando tales obras, proyectos o actividades duren más de 
doce meses.
4.  No obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que la 
expresión «establecimiento permanente» no incluye:
a)  la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar 
bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;
b)  el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la 
empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;
c)  el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la 
empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;
d)  el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes 
o mercancías, o de recoger información, para la empresa;
e)  el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la 
empresa cualquier otra actividad de carácter auxiliar o preparatorio;
f)  el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier 
combinación  de  las  actividades  mencionadas  en  los  subapartados  a)  a  e),  con  la 
condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de esa 
combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio.
5.  No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando una persona, distinta de 
un agente independiente al que será aplicable el apartado 6, actúe por cuenta de una 
empresa y tenga y ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes que la 
faculten para concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa 
empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto de las actividades 
que dicha persona realice para la empresa, a menos que las actividades de esa persona 
se limiten a las mencionadas en el apartado 4 y que, de haber sido realizadas por medio 
de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración de dicho lugar fijo 
de negocios como un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de 
ese apartado.
6.  No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un 
Estado contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por 
medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, 
siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad.
No obstante, cuando ese agente realice todas o casi todas sus actividades en 
nombre de tal empresa, y esta y el agente estén unidos en sus relaciones comerciales o 
financieras  por  condiciones  aceptadas  o  impuestas  que  difieran  de  las  que  serían 
acordadas  por  personas  independientes,  no  se  le  considerará  como  agente 
independiente en el sentido del presente apartado.
7.  El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle una 
sociedad residente del otro Estado contratante, o esté controlada por esta, o de que 
realice  actividades  empresariales  en  ese  otro  Estado  (ya  sea  por  medio  de 
establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de 
estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.
CAPÍTULO III
Imposición de las rentas
Artículo 6.  Rentas inmobiliarias. o
1.  Las  rentas  que  un  residente  de  un  Estado  contratante  obtenga  de  bienes  685ww
iontmrou Eesbtlaeds o( icnocnlutridaatasn tlea sp ureendteans  sdoem eexteprlsoeta ac ioimnpeos saicgiórínc oelna se soe  footrreos tEasletasd) os.ituados en el
del E2.s taLdao  ecxopnrterastiaónnt e« beienn qeuse i nlomsu beibelneess»  etesntédnrá s eitul saidgonsif.i cDaidcoh aq ueex plere astiórinb ucyoam epl rDenedreec ehno   BOE-A-cable e
todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado 
en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean aplicables las 
disposiciones de Derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes 
inmuebles y el derecho a percibir pagos fijos o variables en contraprestación por la 
explotación, o la concesión de la explotación, de yacimientos minerales, fuentes y otros 
recursos naturales; los buques y aeronaves no tendrán la consideración de bienes 
inmuebles.
3.  Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a los rendimientos derivados de 
la utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de 
explotación de los bienes inmuebles.
4.  Cuando la propiedad de acciones o participaciones u otros derechos atribuyan 
directa o indirectamente al propietario de dichas acciones o participaciones o derechos, 
el derecho al disfrute de los bienes inmuebles, las rentas derivadas de la utilización 
directa, arrendamiento o aparcería, o uso en cualquier otra forma de tal derecho de 
disfrute, pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que los bienes 
inmuebles estén situados.
5.  Las disposiciones de los apartados 1, 3 y 4 se aplicarán igualmente a las rentas 
derivadas de los bienes inmuebles de una empresa.
Artículo 7.  Beneficios empresariales.
1.  Los beneficios de una empresa de un Estado contratante sólo pueden someterse 
a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro 
Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la 
empresa realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden 
someterse  a  imposición  en  el  otro  Estado,  pero  sólo  en  la  medida  en  que  sean 
imputables a ese establecimiento permanente.
2.  Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una empresa de un 
Estado contratante realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un 
establecimiento permanente situado en él, en cada Estado contratante se atribuirán a 
dicho establecimiento permanente los beneficios que el mismo hubiera podido obtener 
de  ser  una  empresa  distinta  y  separada  que  realizase  las  mismas  o  similares 
actividades, en las mismas o similares condiciones y tratase con total independencia con 
la empresa de la que es establecimiento permanente.
3.  Para la determinación del beneficio del establecimiento permanente se permitirá 
la deducción de los gastos realizados para los fines del establecimiento permanente, 
comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos 
fines,  tanto  si  se  efectúan  en  el  Estado  contratante  en  que  se  encuentra  el 
establecimiento permanente como en otra parte.
4.  Mientras  sea  usual  en  un  Estado  contratante  determinar  los  beneficios 
imputables  a  un  establecimiento  permanente  sobre  la  base  de  un  reparto  de  los 
beneficios  totales  de  la  empresa  entre  sus  diversas  partes,  lo  establecido  en  el 
apartado 2 no impedirá que ese Estado contratante determine de esta manera los 
beneficios imponibles; sin embargo, el método de reparto adoptado habrá de ser tal que 
el resultado obtenido sea conforme a los principios contenidos en este artículo.
5.  No se atribuirán beneficios a un establecimiento permanente por razón de la 
simple compra de bienes o mercancías por ese establecimiento permanente para la 
empresa.
6.  A  los  efectos  de  los  apartados  anteriores,  los  beneficios  imputables  al  e.
establecimiento permanente se determinarán cada año por el mismo método, a no ser  w.b
que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma. 685ww
artíc7u.l osC duea nedsote  loCso nbveenneiofi,c iloass  dciosmpopsreicniodnaens  rdeen taaqsu réellgousl andoa qs useedpaarárand aafmecetnatdea se np oort rlaoss 
del presente artículo.
Artículo 8.  Transporte marítimo y aéreo.
1.  Los  beneficios  de  una  empresa  de  un  Estado  contratante  derivados  de  la 
explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden someterse a 
imposición en ese Estado.
2.  A los efectos de este artículo, los beneficios de una empresa de un Estado 
contratante derivados de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional 
comprenderán igualmente:
a)  los beneficios del alquiler a casco desnudo de buques o aeronaves en tráfico 
internacional; y
b)  los beneficios de la utilización, mantenimiento o alquiler de contenedores en 
tráfico internacional (comprendidos los tráileres y equipos relacionados con el transporte 
de los contenedores),
cuando el alquiler, o la utilización, mantenimiento o alquiler, según corresponda, sean 
auxiliares a la explotación de los buques o aeronaves en tráfico internacional.
3.  Las disposiciones de los apartados 1 y 2 se aplican también a los beneficios 
procedentes de la participación en un «pool», en una explotación en común o en un 
organismo de explotación internacional.
Artículo 9.  Empresas asociadas.
1.  Cuando
a)  una empresa de un Estado contratante participe directa o indirectamente en la 
dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado contratante, o
b)  unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el 
control o el capital de una empresa de un Estado contratante y de una empresa del otro 
Estado contratante,
y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o 
financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían 
acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por 
una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han 
realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y 
someterse a imposición en consecuencia.
2.  Cuando un Estado contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese 
Estado –y someta, en consecuencia, a imposición– los beneficios sobre los cuales una 
empresa del otro Estado contratante ha sido sometida a imposición en ese otro Estado 
contratante y ese otro Estado reconozca que los beneficios así incluidos son beneficios 
que habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las 
condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen 
convenido entre empresas independientes, ese otro Estado practicará el ajuste que 
proceda a la cuantía del impuesto que ha gravado esos beneficios. Para determinar 
dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio y las 
autoridades competentes de los Estados contratantes se consultarán en caso necesario.
Artículo 10.  Dividendos.
1.  Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante a  e.
un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro  w.
Estado. 685ww
Esta2d. o Scoinn teramtabnatreg oe, nd icqhuoes  rdeisviiddae nldao ss opcuieeddaedn  sqoume epteargsae  tloasm bdiiévnid ean idmopso syi csióeng úenn  leal 
legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los dividendos es un 
residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del:
a)  5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una 
sociedad (distinta de una sociedad de personas) que posea directamente al menos el 25 
por ciento del capital de la sociedad que paga los dividendos y que haya invertido más 
de doscientos cincuenta mil (250.000) euros, o el importe equivalente en cualquier otra 
moneda, en la sociedad que paga los dividendos.
b)  10 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos.
Este apartado no afecta a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con 
cargo a los que se pagan los dividendos.
3.  El término «dividendos» en el sentido de este artículo significa los rendimientos 
de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, de las partes de fundador u otros 
derechos que permitan participar en los beneficios, excepto los de crédito, así como los 
rendimientos de otras participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal que los 
rendimientos de las acciones por la legislación del Estado del que la sociedad que 
realiza la distribución sea residente.
4.  Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario 
efectivo de los dividendos, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado 
contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad 
económica a través de un establecimiento permanente situado allí, y la participación que 
genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente. 
En tal caso, se aplicarán las disposiciones del artículo 7.
5.  Cuando una sociedad residente de un Estado contratante obtenga beneficios o 
rentas procedentes del otro Estado contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún 
impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos 
dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera 
los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente situado en 
ese otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto 
sobre  los  mismos,  aunque  los  dividendos  pagados  o  los  beneficios  no  distribuidos 
consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de ese otro Estado.
Artículo 11.  Intereses.
1.  Los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente 
del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el 
Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el 
beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado contratante, el 
impuesto así exigido no podrá exceder del 8 por ciento del importe bruto de los intereses.
3.  No obstante las disposiciones del apartado 2, los intereses procedentes de un 
Estado  contratante  y  pagados  a  un  residente  del  otro  Estado  contratante  pueden 
someterse  exclusivamente  a  imposición  en  ese  otro  Estado  si  el  perceptor  de  los 
intereses es su beneficiario efectivo y
a)  es  el  Estado  o  el  Banco  Central,  una  subdivisión  política  o  administrativo-
territorial o una entidad local del mismo;
b)  los intereses los paga el Estado del que proceden o una de sus subdivisiones 
políticas o administrativo-territoriales o entidades públicas o locales; e.
c)  los intereses se pagan por razón de un préstamo o crédito debido a ese Estado o  w.b
a una de sus subdivisiones políticas o administrativo-territoriales, entidades locales u  685ww
oprogra cnuisamlqou iedrea  cdreé dloitso  aan tlear ieoxrepso;rtación, o concedido, otorgado, garantizado o asegurado
d)  es una institución financiera pública;
4.  El termino «intereses» en el sentido de este artículo significa los rendimientos de 
créditos  de  cualquier  naturaleza,  con  o  sin  garantía  hipotecaria  o  cláusula  de 
participación en los beneficios del deudor, y en particular, los rendimientos de valores 
públicos y los rendimientos de bonos u obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos a 
esos títulos. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a 
efectos del presente artículo.
5.  Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo 
de  los  intereses,  residente  de  un  Estado  contratante,  realiza  en  el  otro  Estado 
contratante, del que proceden los intereses, una actividad económica por medio de un 
establecimiento permanente situado en ese otro Estado, y el crédito que genera los 
intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso 
se aplicarán las disposiciones del artículo 7.
6.  Los intereses se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el 
deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, 
sea  o  no  residente  de  un  Estado  contratante,  tenga  en  un  Estado  contratante  un 
establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la deuda por la 
que se pagan los intereses, y que soporte la carga de los mismos, dichos intereses se 
considerarán  procedentes  del  Estado  en  que  esté  situado  el  establecimiento 
permanente.
7.  Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el 
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los 
intereses, habida cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran 
convenido  el  deudor  y  el  beneficiario  efectivo  en  ausencia  de  tales  relaciones,  las 
disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, 
la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de 
cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente 
Convenio.
Artículo 12.  Cánones.
1.  Los cánones procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del 
otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  Sin embargo, dichos cánones pueden someterse también a imposición en el 
Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el 
beneficiario efectivo de los cánones es un residente del otro Estado contratante el 
impuesto así exigido no podrá exceder del:
a)  5 por ciento del importe bruto de los cánones pagados por el uso o la concesión 
de uso de programas informáticos, patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o 
modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por la información relativa a 
experiencias industriales, comerciales o científicas;
b)  10 por ciento del importe bruto de los cánones en todos los demás casos.
3.  El término «cánones» empleado en el presente artículo, significa las cantidades 
de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor sobre 
obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas o las 
películas o cintas u otros medios utilizados para la reproducción de la imagen o el 
sonido, de programas informáticos, patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o 
modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por el uso o la concesión de uso  s
de  equipos  industriales,  comerciales  o  científicos,  o  de  información  relativa  a  oe.
dceoexnp te4lrora.i seta nLnccatiáeasn,s  od dininesedpl suoq,ss utirecrieia osplneirdeose,sc n ecdtodeeme  nleod rselco  iasau plecnaás r tnoaEo dscnotieaessdn ,1ot í  ufyicnc a2aos  nn.atorca tsitvaeind ataepd,l  iceracenoa nlsiózi ame li cebane  npeoefrli  cmioaterriodo i oeE fdesectat iudvnoo    2020-13685n https://www.
establecimiento permanente situado en ese otro Estado y el derecho o bien por el que se
pagan los cánones está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. 
En tal caso se aplicarán las disposiciones del artículo 7.
5.  Los cánones se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el 
deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los cánones, 
sea  o  no  residente  de  un  Estado  contratante,  tenga  en  un  Estado  contratante  un 
establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la obligación de 
pago  de  los  cánones  y  que  soporte  la  carga  de  los  mismos,  dichos  cánones  se 
considerarán procedentes del Estado donde esté situado el establecimiento permanente.
6.  Cuando por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el 
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los 
cánones, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del 
que  habrían  convenido  el  deudor  y  el  beneficiario  efectivo  en  ausencia  de  tales 
relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplican más que a este último 
importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con 
la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones 
del presente Convenio.
Artículo 13.  Ganancias de capital.
1.  Las  ganancias  que  un  residente  de  un  Estado  contratante  obtenga  de  la 
enajenación de bienes inmuebles tal como se definen en el artículo 6, situados en el otro 
Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte 
del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante 
tenga  en  el  otro  Estado  contratante,  comprendidas  las  ganancias  derivadas  de  la 
enajenación  de  dicho  establecimiento  permanente  (solo  o  con  el  conjunto  de  la 
empresa), pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
3.  Las  ganancias  obtenidas  por  una  empresa  de  un  Estado  contratante  de  la 
enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico internacional, o de bienes 
muebles afectos a la explotación de tales buques o aeronaves, sólo pueden someterse a 
imposición en ese Estado.
4.  Las  ganancias  obtenidas  por  un  residente  de  un  Estado  contratante  de  la 
enajenación de acciones o participaciones, o derechos similares, cuyo valor proceda en 
más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en el 
otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
5.  Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones o participaciones u otros 
derechos que, directa o indirectamente, otorguen al propietario de dichas acciones, 
participaciones o derechos, el derecho al disfrute de bienes inmuebles situados en un 
Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese Estado.
6.  Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los 
mencionados en los apartados precedentes de este artículo sólo pueden someterse a 
imposición en el Estado contratante en que resida el transmitente.
Artículo 14.  Rentas del trabajo.
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15, 17 y 18, los sueldos, salarios y 
otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado contratante por 
razón de un empleo sólo pueden someterse a imposición en ese Estado a no ser que el 
empleo se realice en el otro Estado contratante. Si el empleo se realiza de esa forma, las  es
remuneraciones  derivadas  del  mismo  pueden  someterse  a  imposición  en  ese  otro  bo
Estado. 685ww
resid2e. ntNe od eo busnta Entseta ldoo d icsopnuterasttaon eten  peol ra praazrtóand od e1 ,u lans e rmempluenoe erajecricoindeos e onb teel noidtraos  Epsotra udno 
contratante pueden someterse exclusivamente a imposición en el Estado mencionado en 
primer lugar si:
a)  el perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya 
duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier período de doce meses que 
comience o termine en el año fiscal considerado, y
b)  las remuneraciones se pagan por un empleador que no sea residente del otro 
Estado, o en su nombre, y
c)  las  remuneraciones  no  las  soporta  un  establecimiento  permanente  que  el 
empleador tenga en el otro Estado.
3.  No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones 
obtenidas por razón de un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave explotado 
en tráfico internacional por una empresa de un Estado contratante, pueden someterse a 
imposición en ese Estado.
Artículo 15.  Participaciones de Consejeros.
Las participaciones y otras retribuciones similares que un residente de un Estado 
contratante obtenga como miembro de un consejo de administración u órgano similar de 
una sociedad residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en 
ese otro Estado.
Artículo 16.  Artistas y deportistas.
1.  No obstante lo dispuesto en los artículos 7 y 14, las rentas que un residente de 
un Estado contratante obtenga del ejercicio de su actividad personal en el otro Estado 
contratante en calidad de artista del espectáculo, actor de teatro, cine, radio o televisión, 
o en calidad de músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro 
Estado.
2.  No obstante lo dispuesto en los artículos 7 y 14, cuando las rentas derivadas de 
las actividades realizadas por un artista o deportista personalmente y en esa calidad se 
atribuyan no al propio artista o deportista sino a otra persona, tales rentas pueden 
someterse a imposición en el Estado contratante en el que se realicen las actividades del 
artista o deportista.
3.  No obstante las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este artículo, las rentas 
obtenidas  por  un  artista  o  deportista  estarán  exentas  de  imposición  en  el  Estado 
contratante en que se realicen dichas actividades cuando estas se financien total o 
básicamente con fondos públicos de uno o de ambos Estados y se realicen al amparo de 
un convenio de colaboración cultural entre los Estados contratantes.
Artículo 17.  Pensiones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18, las pensiones y 
remuneraciones análogas pagadas a un residente de un Estado contratante por razón de 
un empleo anterior sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
Artículo 18.  Función Pública.
1. s
a)  Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares pagados por un Estado  w.b
contratante o por una de sus subdivisiones políticas o administrativo-territoriales, o por  685ww
eusnea  Edset asduos,  esunbtiddaivdiseisó nlo oc aelnetsid, aad ,u snóal op peurseodnean  fsísoimcae tpeorsr er aaz iómnp doesi csieórnv iecnio ess per eEssttaaddoos. a
b)  Sin  embargo,  dichos  sueldos,  salarios  y  remuneraciones  similares  pueden 
someterse exclusivamente a imposición en el otro Estado contratante si los servicios se 
prestan en ese Estado y la persona física es un residente de ese Estado que:
(i)  es nacional de ese Estado; o
(ii)  no ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para prestar 
los servicios.
2.
a)  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las pensiones y otras remuneraciones 
similares pagadas por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o 
administrativo-territoriales, o por una de sus entidades locales, bien directamente o con 
cargo a fondos constituidos, a una persona física por razón de servicios prestados a ese 
Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
b)  Sin embargo, dichas pensiones y remuneraciones similares pueden someterse 
exclusivamente  a  imposición  en  el  otro  Estado  contratante  si  la  persona  física  es 
residente y nacional de ese Estado.
3.  Lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 se aplica a los sueldos, salarios, 
pensiones y otras remuneraciones similares, pagados por razón de servicios prestados 
en el marco de una actividad económica realizada por un Estado contratante o por una 
de  sus  subdivisiones  políticas  o  administrativo-territoriales,  o  una  de  sus  entidades 
locales.
Artículo 19.  Estudiantes.
Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o 
formación práctica un estudiante o un aprendiz o persona en prácticas que sea, o haya 
sido inmediatamente antes de llegar a un Estado contratante, residente del otro Estado 
contratante y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin 
de proseguir sus estudios o formación práctica, no pueden someterse a imposición en 
ese Estado siempre que procedan de fuentes situadas fuera de él.
Artículo 20.  Otras rentas.
1.  Las rentas de un residente de un Estado contratante, con independencia de su 
procedencia, no mencionadas en los anteriores artículos del presente Convenio, sólo 
pueden someterse a imposición en ese Estado.
2.  Lo dispuesto en el apartado 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las 
derivadas de bienes inmuebles en el sentido del apartado 2 del artículo 6, cuando el 
beneficiario de dichas rentas, residente de un Estado contratante, realice en el otro 
Estado  contratante  una  actividad  económica  por  medio  de  un  establecimiento 
permanente situado en ese otro Estado, y el derecho o bien por el que se pagan las 
rentas esté vinculado efectivamente con dicho establecimiento permanente. En tal caso, 
son aplicables las disposiciones del artículo 7.
CAPÍTULO IV
Imposición del patrimonio s
Artículo 21.  Patrimonio. w.
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contratante, puede someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  El patrimonio constituido por bienes muebles que formen parte del activo de un 
establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante posea en el otro 
Estado contratante puede someterse a imposición en ese otro Estado.
3.  El patrimonio constituido por buques y aeronaves explotados en tráfico internacional 
por una empresa de un Estado contratante, o por bienes muebles afectos a la explotación 
de tales buques o aeronaves, sólo puede someterse a imposición en ese Estado.
4.  El patrimonio constituido por acciones o participaciones u otros derechos en una 
sociedad u otra agrupación de personas, cuyo valor proceda en más de un 50 por ciento, 
directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en un Estado contratante o por 
acciones o participaciones u otros derechos que otorguen a su propietario el derecho de 
disfrute de bienes inmuebles situados en un Estado contratante, pueden someterse a 
imposición en el Estado contratante en que esté situado el bien inmueble.
5.  Todos  los  demás  elementos  patrimoniales  de  un  residente  de  un  Estado 
contratante sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
CAPÍTULO V
Métodos para eliminar la doble imposición
Artículo 22.  Eliminación de la doble imposición.
1.  En  España,  la  doble  imposición  se  evitará  bien  de  conformidad  con  las 
disposiciones de su legislación interna o de acuerdo con las siguientes disposiciones, de 
conformidad con la legislación interna española:
a)  Cuando  un  residente  de  España  obtenga  rentas  o  posea  elementos 
patrimoniales  que,  con  arreglo  a  las  disposiciones  del  presente  Convenio,  puedan 
someterse a imposición en Azerbaiyán, España permitirá:
i)  la deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por un importe igual al 
impuesto sobre la renta pagado en Azerbaiyán;
ii)  la deducción del impuesto sobre el patrimonio de ese residente por un importe 
igual al impuesto pagado en Azerbaiyán sobre esos elementos patrimoniales;
iii)  la  deducción  del  impuesto  sobre  sociedades  efectivamente  pagado  por  la 
sociedad que reparte los dividendos, correspondiente a los beneficios con cargo a los 
cuales dichos dividendos se pagan, de acuerdo con la legislación interna de España.
Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la 
renta  o  del  impuesto  sobre  el  patrimonio,  calculado  antes  de  la  deducción, 
correspondiente a la renta o a los elementos patrimoniales que puedan someterse a 
imposición en Azerbaiyán.
b)  Cuando con arreglo a cualquier disposición del presente Convenio las rentas 
obtenidas por un residente de España, o el patrimonio que posea, estén exentos de 
impuestos en España, España podrá, no obstante, tomar en consideración las rentas o el 
patrimonio exentos para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas o del patrimonio 
de ese residente.
2.  En Azerbaiyán, la doble imposición se evitará como sigue:
Cuando un residente de Azerbaiyán obtenga rentas o posea patrimonio que, con  s
arreglo a las disposiciones del presente Convenio, puedan someterse a imposición en  oe.
rEpeeslarpscSaoiñiónnana ,  e ceemonln b i Emadsripcgpohoara,ñt sead   ridsceeehn lat da iemsd deopud upcueiarcsátctr oiidmó ensolo  ninbmioorep.  uplaeo sdrtreoán  qteaux eco es dseoe lbre r dehe aely la imp aapptorliirmcteao dndoieo el  npim aAgpzauederobs taopiy oásr noe besrane    2020-13685n https://www.
dicha renta o patrimonio, calculados conforme a la legislación y normas tributarias de
Azerbaiyán. Bc
CAPÍTULO VI
Disposiciones especiales
Artículo 23.  No discriminación.
1.  Los nacionales de un Estado contratante no estarán sometidos en el otro Estado 
contratante a ningún impuesto ni obligación relativa al mismo que no se exijan o que 
sean  más  gravosos  que  aquellos  a  los  que  estén  o  puedan  estar  sometidos  los 
nacionales  de  ese  otro  Estado  que  se  encuentren  en  las  mismas  condiciones,  en 
particular con respecto a la residencia. No obstante lo dispuesto en el artículo 1, la 
presente disposición se aplicará también a las personas que no sean residentes de uno 
o de ninguno de los Estados contratantes.
2.  Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado contratante 
tenga en el otro Estado contratante no estarán sometidos a imposición en ese Estado de 
manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas 
actividades. Esta disposición no podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado 
contratante a conceder a los residentes del otro Estado contratante las deducciones 
personales,  desgravaciones  y  reducciones  impositivas  que  otorgue  a  sus  propios 
residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.
3.  A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 del artículo 9, del 
apartado 7 del artículo 11, o del apartado 6 del artículo 12, los intereses, cánones y 
demás gastos pagados por una empresa de un Estado contratante a un residente del 
otro  Estado  contratante  serán  deducibles  para  determinar  los  beneficios  sujetos  a 
imposición de dicha empresa, en las mismas condiciones que si se hubieran pagado a 
un residente del Estado mencionado en primer lugar. Igualmente, las deudas de una 
empresa  de  un  Estado  contratante  contraídas  con  un  residente  del  otro  Estado 
contratante serán deducibles para la determinación del patrimonio sometido a imposición 
de dicha empresa en las mismas condiciones que si se hubieran contraído con un 
residente del Estado mencionado en primer lugar.
4.  Las empresas de un Estado contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, 
poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro 
Estado contratante, no se someterán en el Estado mencionado en primer lugar a ningún 
impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que 
aquellos a los que estén o puedan estar sometidas otras empresas similares del Estado 
mencionado en primer lugar.
5.  No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las disposiciones del presente artículo 
se aplican a todos los impuestos cualquiera que sea su naturaleza o denominación.
Artículo 24.  Procedimiento amistoso.
1.  Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos 
Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté 
conforme  con  las  disposiciones  del  presente  Convenio,  con  independencia  de  los 
recursos previstos por el Derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la 
autoridad competente del Estado contratante del que sea residente o, si fuera aplicable 
el apartado 1 del artículo 23, a la del Estado contratante del que sea nacional. El caso 
deberá plantearse dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de la 
medida que implique una imposición no conforme a las disposiciones del Convenio. s
2.  La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si no puede por  oe.
sí misma llegar a una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión  w.
maa pefliidcnia abdnletee   euinvndi teaapcr euunendrdaieo n imatempmoisestnoictsieóo n dc eoq nul eola s  napoul taoszreoid saa djpu rscetovemi sapto esete spnteote r  Cdeeol ln Doveternorei oEc.h sotEa ld inoat cecuronenortd raodt eas neltoreás,    2020-13685n https://ww
Estados contratantes.
3.  Las autoridades competentes de los Estados contratantes harán lo posible por 
resolver  las  dificultades  o  las  dudas  que  plantee  la  interpretación  o  aplicación  del 
Convenio mediante un acuerdo amistoso. También podrán ponerse de acuerdo para 
tratar de evitar la doble imposición en los casos no previstos en el Convenio.
4.  A fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados anteriores, las 
autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse directamente, 
incluso  en  el  seno  de  una  Comisión  mixta  integrada  por  ellas  mismas  o  sus 
representantes.
Artículo 25.  Intercambio de información.
1.  Las  autoridades  competentes  de  los  Estados  contratantes  intercambiarán  la 
información que previsiblemente pueda resultar de interés para aplicar lo dispuesto en el 
presente Convenio o para la administración o la aplicación del Derecho interno relativo a 
los  impuestos  de  cualquier  naturaleza  o  denominación  exigibles  por  los  Estados 
contratantes, sus subdivisiones políticas o administrativo-territoriales, o sus entidades 
locales, en la medida en que la imposición así exigida no sea contraria al Convenio. El 
intercambio de información no está limitado por los artículos 1 y 2.
2.  La información recibida por un Estado contratante en virtud del apartado 1 se 
mantendrá en secreto en igual forma que la información obtenida en virtud del Derecho 
interno de ese Estado y sólo se comunicará a las personas o autoridades (incluidos los 
tribunales y órganos administrativos) encargadas de la gestión o recaudación de los 
impuestos a los que se hace referencia en el apartado 1, de su aplicación efectiva o de la 
persecución del incumplimiento relativo a dichos impuestos, de la resolución de los 
recursos  relativos  a  los  mismos,  o  de  la  supervisión  de  tales  actividades.  Dichas 
personas o autoridades sólo utilizarán esta información para dichos fines. Podrán revelar 
la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la información recibida por un Estado 
contratante podrá utilizarse para otros fines cuando, conforme al Derecho del Estado 
requirente, esa información pueda utilizarse para esos mismos otros fines.
3.  En ningún caso las disposiciones de los apartados 1 y 2 pueden interpretarse en 
el sentido de obligar a un Estado contratante a:
a)  adoptar  medidas  administrativas  contrarias  a  su  legislación  y  práctica 
administrativa, o a las del otro Estado contratante;
b)  suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia 
legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado 
contratante;
c)  suministrar información que revele un secreto empresarial, industrial, comercial o 
profesional, o un procedimiento industrial, o información cuya comunicación sea contraria 
al orden público (ordre public).
4.  Cuando un Estado contratante solicite información en virtud del presente artículo, el 
otro Estado contratante utilizará las medidas para recabar información de que disponga con 
el fin de obtener la información solicitada, aún cuando este otro Estado contratante pueda 
no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios. La obligación precedente 
está  limitada  por  lo  dispuesto  en  el  apartado  3,  pero  en  ningún  caso  los  Estados 
contratantes podrán interpretar tales limitaciones como base para denegar el intercambio de 
información exclusivamente por la ausencia de interés nacional en la misma. s
Artículo 26.  Miembros de Misiones Diplomáticas y de Oficinas Consulares. w.
que Ldaissf rduitsepno sloicsi omnieesm dberol sp drees elanst em Cisoionnveesn idoi pnloom aáfteiccatasr áon d ae  llaoss  opfricivinileagsi ocso nfsisuclaalreess  ddee 
daicsupeorsdioci ocnoens  dloes a cpurienrcdipoiso se spgeecniearlaelse.s  del  Derecho  internacional  o  en  virtud  de  las
CAPÍTULO VII
Disposiciones finales
Articulo 27.  Entrada en vigor.
1.  Cada  uno  de  los  Estados  contratantes  notificará  al  otro,  por  conducto 
diplomático, que se han cumplido los procedimientos internos necesarios para la entrada 
en vigor del presente Convenio.
2.  El Convenio entrará en vigor transcurrido un plazo de tres meses a partir de la 
fecha  de  recepción  de  la  última  notificación  a  que  se  refiere  el  apartado  1  y  sus 
disposiciones se aplicarán:
a)  en  relación  con  los  impuestos  retenidos  en  la  fuente,  a  las  rentas  que  se 
obtengan a partir del día 1 (uno) de enero, inclusive, del año civil siguiente a aquel en 
que el presente Convenio entre en vigor;
b)  en  relación  con  otros  impuestos  sobre  las  rentas  e  impuestos  sobre  el 
patrimonio, a los impuestos exigibles en los períodos impositivos que comiencen a partir 
del día 1 (uno) de enero, inclusive, del año civil siguiente a aquel en que el presente 
Convenio entre en vigor.
Artículo 28.  Denuncia.
El presente Convenio permanecerá en vigor hasta su denuncia por uno de los 
Estados  contratantes.  Cualquiera  de  los  Estados  contratantes  podrá  denunciar  el 
Convenio mediante notificación escrita, remitida por conducto diplomático, al menos 
con 6 (seis) meses de antelación al final de cualquier año civil transcurrido un plazo de 5 
(cinco) años desde la fecha en que el Convenio entre en vigor.
En tal caso, el Convenio dejará de surtir efecto en ambos Estados contratantes:
a)  en relación con los impuestos retenidos en la fuente, sobre las rentas que se 
obtengan a partir del día 1 (uno) de enero, inclusive, del año civil siguiente a aquel en 
que se notifique la denuncia;
b)  en relación con otros impuestos sobre la renta e impuestos sobre el patrimonio, 
sobre los impuestos exigibles en los períodos impositivos que comiencen a partir del 
día 1 (uno) de enero, inclusive, del año civil siguiente a aquel en que se notifique la 
denuncia.
En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el 
presente Convenio.
Hecho por duplicado en Bakú el 23 de abril de 2014, en las lenguas española, azerí e 
inglesa, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia entre 
cualquiera de los textos esta se resolverá conforme al texto escrito en lengua inglesa.
POR EL REINO DE ESPAÑA, POR LA REPÚBLICA DE AZERBAIYÁN,
José Manuel García-Margallo, Elmar Mammadyarov,
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Ministro de Asuntos Exteriores
PROTOCOLO
En el momento de proceder a la firma del Convenio entre el Reino de España y la 
República de Azerbaiyán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, los signatarios han convenido 
las siguientes disposiciones que se consideran parte integrante del Convenio:
I.  En relación con el artículo 5.
La expresión «establecimiento permanente» comprende asimismo un lugar fijo de 
negocios utilizado como almacén detallista a pesar de que, por otra parte, dicho lugar fijo 
de negocios se mantenga a los efectos de cualquiera de las actividades mencionadas en 
el apartado 4 de este artículo.
II.  En relación con el artículo 5 apartado 5.
Se entenderá que toda persona autorizada para negociar los términos y condiciones 
de un contrato de forma que vincule a la empresa, está ejerciendo esas facultades en el 
Estado contratante, aún cuando el contrato lo firme otra persona en el otro Estado 
contratante en el que esté situada la empresa.
III.  Derecho a acogerse a los beneficios del Convenio.
i)  Los Estados contratantes declaran que sus normas y procedimientos de Derecho 
interno respecto a los abusos de la norma (comprendidos los convenios fiscales) son 
aplicables para combatir tales abusos.
ii)  Se entenderá que los beneficios del presente Convenio no se otorgarán a una 
persona que no sea la beneficiaria efectiva de las rentas procedentes del otro Estado 
contratante o de los elementos de patrimonio allí situados.
En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el 
presente Protocolo.
Hecho por duplicado en Bakú el 23 abril de 2014, en las lenguas española, azerí e 
inglesa, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia entre 
cualquiera de los textos ésta se resolverá conforme al texto escrito en lengua inglesa.
POR EL REINO DE ESPAÑA, POR LA REPÚBLICA DE AZERBAIYÁN,
José Manuel García-Margallo, Elmar Mammadyarov,
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Ministro de Asuntos Exteriores
El presente Convenio entrará en vigor el 13 de enero de 2021, transcurrido un plazo 
de tres meses a partir de la recepción de la última notificación de las Partes informando 
del cumplimiento de sus requisitos internos, según se establece en su artículo 27.
Madrid, 28 de octubre de 2020.–El Secretario General Técnico, José María Muriel 
Palomino.