BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 24 Jueves 28 de enero de 2021 Sec. III.   Pág. 8359
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
1222 Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad de Cartagena n.º 3, por la que se deniega 
la  presentación  e  inscripción  de  un  documento  judicial  firmado 
electrónicamente por el Letrado de la Administración de Justicia, con código 
seguro de verificación.
En el recurso interpuesto por Don A.S.C.C.A., contra la nota de calificación de Doña 
María del Carmen García-Villalba Guillamón, registradora de la propiedad de Cartagena 
n.º 3, por la que se deniega la presentación e inscripción de un documento judicial 
firmado electrónicamente por el Letrado de la Administración de Justicia, con código 
seguro de verificación, y remitido al Registro por el Procurador de los tribunales ahora 
recurrente.
Hechos
I
En el Registro de la propiedad de Cartagena, bajo el número 2.242/2020, se dio 
entrada al documento firmado electrónicamente el día 16 de octubre de 2020, con código 
seguro de verificación, por el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 
Primera  Instancia  n.º  3  de  Inca,  relativo  a  procedimiento  ejecución  de  títulos  no 
judiciales 109/2012. El documento fue recibido por vía telemática en el Registro, siendo 
el remitente el Procurador de los Tribunales Don A.S.C.C.A., no habiendo sido enviado 
por la Autoridad Judicial.
II
El citado documento fue objeto de la siguiente nota de calificación: «1.º  Por haber 
accedido el documento judicial por vía telemática con firma electrónica de un particular, 
no habiendo sido remitido por el funcionario judicial, ya que, aunque se prevé en el 
artículo  112  de  la  Ley  24/2001,  de  27  de  diciembre  la  posible  presentación  de 
documentos por vía telemática remitidos por particulares, se refiere tan sólo a supuestos 
excepcionales y a documentos privados, pero en ningún caso a documentos judiciales. 
Dispone el artículo 112.5 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre: "5. Respecto de la 
presentación de documentos judiciales, administrativos o privados que puedan causar 
inscripción en los diferentes Registros se estará a las siguientes reglas: 1.ª Tratándose 
de documentos judiciales, su presentación se realizará a través del punto neutro judicial 
o sistema de información telemático que lo sustituya, para lo cual deberá conectarse con 
el sistema telemático de información del Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España. En lo relativo a la acreditación de la condición del firmante, la 
vigencia, revocación y suspensión del certificado de firma electrónica del funcionario 
judicial remitente se estará a lo dispuesto en su legislación específica. 2.ª En el caso de  e.e
documentos administrativos, la Administración Pública que pretenda inscribir aquéllos  b
deberá utilizar técnicas y medios electrónicos informáticos y telemáticos que garanticen  22ww
clau aidlqeuniteifri ccaacsióon,  ldoes  lpar oAgdrmaminaisst rayc iaópnl icaacctuioannetse  ey leecl treójneirccoicsi,o  indfeo rsmuást iccoosm pye tteenlecmiaást.i cEons 
euxticlizeapdcoiosn dael by esróálno  seenr  laops rcoabsaodso sy  pcoonr  llao sA dremqiuniissittroasc ieóxnp creosrraemspeonnted ipernetvei.s t3o.sª  Ceno nla csa Lráecyteesr 
y los Reglamentos Hipotecario y del Registro Mercantil para los documentos privados en
soporte papel, podrá practicarse la inscripción de documentos electrónicos con firma 
electrónica  reconocida  que  sean  soporte  de  documentos  privados  presentados 
telemáticamente en los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. 4.ª 
Los  documentos  electrónicos  que  sean  soporte  de  documentos  privados  que  se 
presenten deberán estar firmados con firma electrónica reconocida amparada en un 
certificado  reconocido  conforme  a  la  Ley  59/2003,  de  19  de  diciembre,  de  firma 
electrónica”. En virtud de lo expuesto, deniego la presentación a Diario del documento, 
sin perjuicio de que pueda ser presentado por el remitente por correo o en persona, 
conforme a lo dispuesto en la vigente legislación hipotecaria. Contra el acuerdo de no 
proceder a la presentación al Libro Diario de dicho documento caben las siguientes 
actuaciones:  (…)  Cartagena,  a  veintiséis  de  noviembre  de  dos  mil  veinte.  La 
registradora, María del Carmen García-Villalba Guillamón.»
III
Contra la anterior nota de calificación, Don A.S.C.C.A., interpone recurso en virtud de 
escrito  de  fecha  9  de  diciembre  de  2020  en  base  entre  otros  a  los  siguientes 
argumentos: que el documento fue remitido con código seguro de verificación a través de 
la página web del Colegio de Registradores, cumpliendo todos los requisitos legales; que 
el  recurrente  no  es  un  particular  sino  el  Procurador  de  los  Tribunales  en  un 
procedimiento  judicial;  que  conforme  al  artículo  543  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 
Judicial el procurador de los tribunales ejerce su profesión representando en exclusiva a 
los particulares en todo tipo de procesos y les corresponde la realización de los actos de 
comunicación que la ley les autorice; que la profesión de Procurador de los Tribunales 
requiere colegiación obligatoria y como tales están obligados a realizar los actos de 
comunicación que se les encomienda por medios telemáticos; que como profesional 
representa los intereses de una parte procesal en un proceso judicial en trámite y que 
está obligado a la realización de los actos de comunicación procesal que encomienden 
juzgados y tribuales; que los mandamientos tienen el carácter de actos de comunicación 
conforme al artículo 149.5 de la ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil.
IV
El registrador emitió informe el día 22 de diciembre de 2020, mantuvo su nota de 
calificación y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos el artículo 149.5.º de la ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil; 
artículo 14.2.c) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las Administraciones Públicas; artículos 230, 543 y 544.2 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial; artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos; artículo 12 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, 
reguladora  del  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  la 
Administración de Justicia; artículos 20 y 21 del Real Decreto 1.671/2009, de 6 de 
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos; la sentencia del Tribunal 
Supremo 2869/2009, de 19 de mayo, relativa a la aplicación de la Ley 11/2007; la 
instrucción de esta Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 19 de junio  e.
de 2019 sobre presentación por fax de documentos electrónicos con código seguro de  w.b
verificación; así como las resoluciones de este Centro directivo de 14 de enero y 6 de  22ww
mjulaiorz yo  1d ey  21031 d2e,  2o3ct udber ee ndeer o2,0 31 5d,e 1 3m adrez oe nye r1o3  (d1e.ª )o,1c1tu (b1r.eª,  d2e.ª ,2 30.1ª4 y,  149.ª )d ye  1e6n edreo ,f e1b7r edreo 
my 1a4rz doe,  2d1ic dieem jburlieo  dye 1 290 1d6e,  s2e5p, t3ie0m yb r3e1  ddee  2e0n1e7ro y,  75,  d1e0 , f1e4b,r e1r7o,,  2216  yd 2e8 j udneio f eyb r1e1r oy,  3213  ddee 
octubre de 2018.
1.  Se debate en el presente recurso si es susceptible de asiento de presentación en 
el Registro de la Propiedad –y por tanto de inscripción en caso de calificación registral 
favorable–,  un  mandamiento  dictado  en  procedimiento  ejecutivo  firmado 
electrónicamente,  y  con  código  seguro  de  verificación,  por  el  Letrado  de  la 
Administración  de  Justicia,  que  es  remitido  por  vía  telemática  al  Registro  por  el 
Procurador de los Tribunales del ejecutante. La registradora deniega la presentación por 
tratarse de un documento presentado por un particular y no remitido telemáticamente 
conforme a la legislación específica registral. El recurrente, como Procurador de los 
Tribunales, entiende que a los procuradores les corresponden legalmente los actos de 
comunicación procesal y por tanto considera que tiene legitimación para realizar la 
presentación en el Registro del mandamiento con código seguro de verificación dictado 
en el procedimiento.
2.  En relación con el fondo del asunto, esta Dirección General ya viene admitiendo 
como documentos auténticos a efectos de presentación en el Registro el traslado a papel 
de  los  mismos  cuando  contengan  un  Código  Seguro  de  Verificación  que  permita 
contrastar  su  autenticidad.  Por  tanto,  aunque  la  presentación  de  documentos 
electrónicos puede hacerse por vía telemática, nada impide también la presentación en 
papel cuando tienen un código seguro de verificación.
Así se manifestó en cuanto a documentos administrativos en la resolución de este 
Centro de fecha 6 de marzo de 2012, doctrina que recogida en otras muchas más 
recientes (véase las recogidas en los “vistos”), debe ser ahora reiterada.
El  «código  generado  electrónicamente»  permite  contrastar  la  autenticidad  del 
documento, de conformidad con el artículo 30.5 de la Ley 11/2007. Éste constituye la 
simple  referencia  lógica  –alfanumérica  o  gráfica–  que  identifica,  dentro  de  la  sede 
electrónica,  cada  documento  electrónico,  previamente  autorizado,  también  en  forma 
electrónica. Es una referencia o identificador que hace posible «contrastar la autenticidad 
del documento, mediante el acceso a los (correspondientes) archivos electrónicos», 
siempre que el documento haya sido objeto de autorización, mediante alguno de los 
sistemas de firma previsto por la Ley.
Según la citada resolución «(…) el Código Seguro de Validación se convierte en 
firma  electrónica,  y  en  consecuencia,  en  medio  autónomo  de  comprobación  de  la 
autenticidad del documento (cfr. artículo 30.5 de la Ley de acceso electrónico), siempre y 
cuando  el  documento  haya  sido  generado  con  carácter  electrónico  por  la  propia 
Administración  –titular,  se  entiende,  de  la  sede  de  que  se  trate–,  autorizado  por 
funcionario, que dentro de dicha Administración, tenga legalmente la competencia que se 
ejercita (cfr. artículo 3.6 de la Ley de firma electrónica), mediante la utilización de 
cualquier  sistema  adecuado  de  firma  electrónica  (incluidos,  en  su  caso,  el  sello 
electrónico  y  el  Código  Seguro  de  Validación),  y  se  haya  trasladado  a  papel,  con 
impresión de aquella referencia o identificador lógico. En consecuencia, debe estimarse 
que el Código Seguro de Validación está previsto legalmente como firma electrónica 
tanto para actos automatizados como para aquellos que requieran la identificación del 
autor, pudiendo configurarse en este último caso como firma electrónica de autenticación 
personal,  que  permite  vincular  la  firma  electrónica  con  un  determinado  funcionario 
público teniendo el soporte del documento electrónico carácter de prueba documental, e 
imponiéndose  la  presunción  general  del  carácter  real  y  auténtico  del  documento 
electrónico, al igual que rige esa presunción para los documentos en papel, conforme a 
los artículos 3 de la Ley de Firma Electrónica, 319, 320 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y especialmente en esta materia, a la vista de la presunción de legalidad del  s
artículo 57 de la Ley 30/1992 [actualmente, artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de  oe.
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas]». w.
Y añade que «de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, las  22ww
mcoepdiaioss r eealelicztardóansic oesn  syo pfiormrtea dpoasp eell edcet rdóoncicuammeenntotes  tpeúnbdlircáons  laad mcoinnissitdraetriavcoisó ne mdieti dcoosp piaosr 
aoutrtoésn tisciastse smieams pdree  qvueer ifiniccaluciyóann  qlau eim ppreersmióitna nd ec uonn trcaósdtiagro  sgue naeuratednot iecildeactdr ómniceadmiaenntete  eul   BOE-A-cable e
acceso  a  los  archivos  electrónicos  de  la  Administración  Pública,  órgano  o  entidad 
emisora». En la actualidad esta previsión referida a documentos administrativos se 
recoge en la letra c) del apartado 3 del artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La previsión del código seguro de verificación como uno de los sistemas específicos 
de  firma  electrónica  de  las  administraciones  públicas  en  supuestos  de  actuación 
automatizada –cfr. artículo 42.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre–), no excluye la 
posibilidad de utilización de sistemas de firma electrónica del personal al servicio de las 
Administraciones  Públicas  que  permitan  la  verificación  mediante  código  seguro  de 
verificación de las copias en soporte papel de los documentos firmados electrónicamente 
(cfr. artículo 27 de Ley 39/2015, de 1 de octubre). Concretamente en el ámbito de la 
Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  han  sido  dictadas,  entre  otras,  dos 
Resoluciones: la primera, de 29 de diciembre de 2010, en la que se aprueban las 
aplicaciones  informáticas  que  se  van  a  utilizar  para  la  producción  de  determinada 
actuación administrativa automatizada de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
no encontrándose el presente supuesto entre de los considerados como de actuación 
administrativa automatizada; y fundamentalmente la Resolución de 4 de febrero de 2011, 
de la Presidencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sobre uso de 
código seguro de verificación y por la que se crean sellos electrónicos del organismo, 
publicada  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»  de  12  de  febrero  de  2011.  En  esta 
Resolución se define el código seguro de verificación como «sistema de firma electrónica 
vinculado a la Administración Pública, órgano o entidad y, en su caso, a la persona 
firmante del documento, que permite comprobar la integridad del documento mediante el 
acceso a la sede electrónica correspondiente»; se establece el concepto de «Catálogo» 
como «conjunto de elementos del sistema de información de la Agencia Tributaria que 
almacena documentos electrónicos, junto con sus métodos asociados, y genera CSV 
vinculados con los documentos electrónicos y con los firmantes de forma inalterable»; se 
regula  la  firma  de  personal  de  la  Agencia  Tributaria  mediante  código  seguro  de 
verificación, señalando que la Agencia Tributaria utilizará para la producción de firmas 
electrónicas de sus empleados públicos un sistema de código seguro de validación 
vinculado al empleado público actuante, y que el Catálogo genera el código seguro de 
validación mediante un algoritmo aleatorio y lo vincula al documento electrónico que con 
él se firma y al funcionario firmante, de modo que la vinculación de la firma electrónica al 
funcionario actuante se realizará a través de la intervención en la generación de la firma 
electrónica de los datos de creación de firma asociados a la identidad del firmante, que 
éste debe mantener bajo su exclusivo conocimiento; además, se señala que el código 
seguro de validación vinculado al firmante y al documento firmado se almacena en el 
Catálogo, que no admitirá la duplicidad de un código seguro de validación, impidiendo el 
alta en catálogo de un documento con un código seguro de validación coincidente con 
otro ya existente y podrá ser utilizado para cualesquiera actos resolutorios o de trámite 
que requieran su firma por empleado público, de modo que los documentos así firmados 
no requerirán la incorporación de la firma digitalizada del firmante.
El registrador, en el ámbito de su competencia, está obligado a llevar a cabo la 
verificación de la autenticidad del documento presentado mediante el acceso a la sede 
electrónica correspondiente mediante el código seguro de verificación incorporado al 
propio documento. Esta obligación es plenamente coherente con la general que impone 
al registrador calificar la autenticidad y vigencia de la firma electrónica de un documento 
presentado mediante la oportuna consulta al correspondiente prestador de servicios de  s
certificación o, la calificación de autenticidad de una carta de pago electrónica, o de  oe.
cualquier otro documento remitido de forma telemática al Registro. Como ha reiterado  w.
esta Dirección General (por todas, Resolución 17 de julio de 2015), el registrador de la  22ww
Pquroep iteiednaed ,a Mcceercsaon tpilo yr  draez Bóine ndees  Msuu ecbalregso p cuoend ee cl ofnins udltea re amqiutier lluansa b acsaelisfi cdaec idóant ocse art elaras 
eavcittuaancdióon d dilaec cioonnessu ltoa  terásm initcelsu sinon oebcleigsaatroiorisa  eenn  ealq cuuerllsoos  dseulp uperosctoesd imenie qnutoe  rseug itsotrmaal.  Lean   BOE-A-cable e
consideración directa por el registrador viene exigida en cumplimiento estricto de los 
deberes que resultan de la Constitución y que obligan, desde su publicación a todas las 
Administraciones Públicas. Y ello no solo cuando se busca depurar datos confusos sino 
también para asegurarse, a la vista de la documentación presentada, de la legalidad de 
los asientos cuya inscripción se pide (vid. Resolución de 14 de diciembre de 2016).
3.  De lo anterior resulta, como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 19 
de junio de 2019, que: «…teniendo el soporte del documento electrónico carácter de 
prueba documental, e imponiéndose la presunción general del carácter real y auténtico 
del documento electrónico, al igual que rige esa presunción para los documentos en 
papel, conforme a los artículos 3 de la Ley de Firma Electrónica, 319, 320 y 326 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y especialmente en esta materia, a la vista de la presunción 
de legalidad del artículo 57 de la Ley 30/1992.» –hoy ley 39/2015–.
Para finalizar afirmando que: «De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.5 de la 
Ley  11/2007,  las  copias  realizadas  en  soporte  papel  de  documentos  públicos 
administrativos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la 
consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código 
generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su 
autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, 
órgano o entidad emisora». En la actualidad dicha previsión referida a documentos 
administrativos se recoge en la letra c) del apartado 3 del artículo 27 de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas.
4.  Igual criterio se ha mantenido en resoluciones de 25, 30, 31 de enero y 7, 10, 14, 
17, 21, 28 y 23 de febrero de 2017, en las que se afirmó que lo mismo resulta de plena 
aplicación  al  supuesto  de  los  documentos  judiciales  generados  electrónicamente  y 
dotados de código seguro de verificación.
Dispone el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: «1. Los Juzgados y 
Tribunales  y  las  Fiscalías  están  obligados  a  utilizar  cualesquiera  medios  técnicos, 
electrónicos, informáticos y telemáticos, puestos a su disposición para el desarrollo de su 
actividad y ejercicio de sus funciones. 2. Los documentos emitidos por los medios 
anteriores,  cualquiera  que  sea  su  soporte,  gozarán  de  la  validez  y  eficacia  de  un 
documento  original  siempre  que  quede  garantizada  su  autenticidad,  integridad  y  el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.»
Por su parte la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la Administración de Justicia, reitera dicha obligación 
en sus artículos 1.2, 6.3 y 8, garantizando el derecho tanto de los particulares como de 
los profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia (artículos 4.2 y 6.2 
de la propia Ley), a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que 
formen parte del expediente y a su conservación igualmente electrónica. La utilización 
del sistema informático se lleva a cabo por medio de la sede electrónica correspondiente 
(artículo  7),  a  través  de  la  que  deben  llevarse  a  cabo  todas  las  actuaciones  que 
requieran  de  autenticación  (artículo  10),  incluida  la  de  la  «Comprobación  de  la 
autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u organismos 
públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados mediante código seguro de 
verificación» (artículo 11.2.h).
Los documentos generados electrónicamente en el sistema de gestión procesal 
tienen la consideración de documentos judiciales y tendrán el carácter de documentos 
públicos siempre que hayan sido firmados con firma electrónica reconocida del secretario  s
(hoy, letrado de la Administración de Justicia), y reúnan los requisitos de competencia y  oe.
forma exigidos por la Ley (artículo 27). w.
También  establece  la  Ley  que  «Las  copias  realizadas  en  soporte  papel  de  22ww
dteoncdurmáne nlato cso jnusdiidceiarlaecsi óenle dcetr ócnoipcioass  ya ufitrémnatidcoass , esleiecmtrpórneic qaumee nintcel upyoarn e lla s eimcrperteasriióon j uddeic uianl 
acó lodsig aor scehgivuorso  edleec vtreórnifiiccoasc iódne  lqau Oe fpiceinrma ijtuad cicoianlt reamstiasro rsau  (aaurttíecnutlioc i2d8a.d5 )m».ediante el acceso  BOE-A-cable e
5.  A todo ello debe añadirse la condición de Procurador de los Tribunales de quien 
realiza la presentación del mandamiento judicial firmado electrónicamente y que dispone 
de  código  seguro  de  verificación.  Como  bien  señala  el  recurrente,  conforme  al 
artículo 543 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el procurador de los tribunales ejerce 
su profesión representando en exclusiva a los particulares en todo tipo de procesos y les 
corresponde la realización de los actos de comunicación que la ley les autorice; que la 
profesión de Procurador de los Tribunales requiere colegiación obligatoria y como tales 
están obligados a realizar los actos de comunicación que se les encomienda por medios 
telemáticos.
6.  Es  cierto  que  la  legislación  registral  específica  debe  prevalecer  frente  a  la 
legislación general, pues como dice el Tribunal Supremo, en su sentencia 2869/2009, 
de  19  de  mayo,  relativa  a  la  aplicación  de  la  Ley  11/2007  al  ámbito  registral,  la 
ley 24/2001 no resulta derogada ni sustituida por la Ley 11/2007, pero añade que eso es 
así «sin perjuicio de las manifestaciones que la aplicación de esta ley pueda añadir en 
las relaciones de los ciudadanos con el sistema notarial y registral».
En  efecto,  en  dicha  sentencia  expresa  lo  siguiente:  «Tampoco  se  comparte  la 
invocación de las previsiones de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos, con el carácter de norma de aplicación general y 
exclusiva que se deduce de las manifestaciones del recurrente, que de nuevo no tiene 
en cuenta una valoración sistemática del ordenamiento jurídico en la elección de la 
norma aplicable, que en este caso sigue siendo aquella que de forma específica regula 
la aplicación de las nuevas técnicas informáticas y telemáticas a la función notarial y 
registral, en el ámbito de la sociedad de la información, en los términos que ha hemos 
indicado al principio de este fundamento de derecho, normativa que no resulta derogada 
ni sustituida por la Ley 11/2007, sin perjuicio de las manifestaciones que la aplicación de 
esta Ley pueda añadir en las relaciones de los ciudadanos con el sistema notarial y 
registral».
De ahí se colige que no hay una exclusión absoluta de la presentación telemática de 
documentos judiciales y administrativos por particulares, siempre y cuando puedan ser 
verificados indubitadamente en cuanto a su integridad, veracidad y firma, como ocurre 
con aquéllos que vienen garantizados con código seguro de verificación.
Y  desde  luego  no  puede  ser  rechazada  la  realizada  por  el  Procurador  de  los 
Tribunales que representa a una de las partes en el procedimiento judicial en el que se 
ha  generado,  dada  la  atribución  legal  de  competencia  a  los  procuradores  para  la 
realización de los actos de comunicación procesal.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado la estimación del recurso y la 
revocación de la nota de calificación.
Contra  esta  Resolución  los  legalmente  legitimados  pueden  recurrir  mediante 
demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica 
el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 14 de enero de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.