BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Viernes 31 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 62350
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8958 Sala  Primera.  Sentencia  77/2020,  de  29  de  junio  de  2020.  Recurso  de 
amparo 3542-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:77
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente, y los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  3542-2019,  promovido  por  la  sociedad 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la procuradora de los 
tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección del letrado don Marcelino 
Gilabert García, contra el auto de 21 de septiembre de 2018, dictado por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 293-2018, y contra el auto del mismo juzgado, de 23 de abril de 2019, 
que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución. Ha sido 
parte  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  representada  por  la 
procuradora  doña  Blanca  María  Grande  Pesquero  y  defendida  por  el  letrado  don 
Alejandro  Ingram  Solís.  Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  el 
magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el 6 de junio de 2019, la entidad 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la procuradora de los 
tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección del letrado don Marcelino 
Gilabert García, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones reseñadas en el  e
encabezamiento, dictadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de  bo
Lorca, que acordaron por extemporánea la inadmisión de la oposición a la ejecución  58ww
hai pdoictheaca dreiac idseiósnp adceh iandaad,m yis liaó nd.esestimación del recurso de reposición interpuesto frente
2.  Sucintamente expuestos, son antecedentes fácticos y procesales relevantes para 
la resolución del recurso de amparo, los siguientes:
a)  En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca se sigue 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 293-2018 promovido por la entidad Banco 
de Sabadell, S.A., frente a las sociedades Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
en calidad de prestataria e hipotecante, y Penrei Inversiones, S.L., en calidad de titular 
registral de un derecho de uso y disfrute sobre el inmueble hipotecado (finca de Lorca, 
Murcia, sección 1, núm. 43292, calle Eras de San José).
b)  Por auto de 9 de mayo de 2018 el juzgado acordó despachar ejecución frente las 
sociedades demandadas. El citado auto y el decreto de la misma fecha que le sigue, 
acordando las medidas de ejecución y el requerimiento de pago al ejecutado, fueron 
comunicados a las citadas entidades a través de la sede judicial electrónica el día 11 de 
mayo de 2018; fecha en la que recibió en su dirección electrónica habilitada un mensaje 
del servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
avisándole de que hasta el 26 de junio siguiente tendría disponible una notificación del 
juzgado de Lorca relacionada con el procedimiento EHJ 0293-2018, a la que, para que 
constase  como  leída,  debía  acceder  a  través  de  un  enlace  adjunto  (http://
notificaciones.060.es). La ejecutada accedió a dicho enlace el 26 de junio de 2018.
c)  La entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., presentó el 10 de julio 
de 2018 escrito de oposición a la ejecución despachada. Por auto de 21 de septiembre 
de 2018, el órgano judicial acordó la inadmisión de la oposición formulada por entender 
extemporánea su presentación, tras tomar como fecha de emplazamiento el 11 de mayo 
de 2018. Al pie de dicha resolución figuraba la indicación de que podía impugnarse en el 
plazo de cinco días por medio de recurso de reposición.
d)  La sociedad mercantil recurrente interpuso recurso de reposición contra el auto 
de inadmisión. En síntesis, alegó que las actuaciones de notificación y requerimiento no 
habían de entenderse realizadas el día 11 de mayo de 2018, sino el 26 de junio 
siguiente, y que la comunicación remitida a través de la dirección electrónica habilitada 
no constituye sino un aviso de puesta a disposición para descarga de su contenido 
durante un plazo determinado (en este caso desde el 11 de mayo hasta el 26 de junio 
de 2018). Adujo que, entenderlo de otro modo, además de infringir los arts. 135, 152, 
160 y 162 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), vulneraría el art. 24 CE.
e)  Tras su tramitación, el recurso fue desestimado por auto de 23 de abril de 2019. 
Según esta resolución, las entidades ejecutadas tienen la condición de persona jurídica 
y, por tanto, están obligadas a relacionarse con la administración de justicia por medios 
electrónicos, de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la 
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, así como en 
los arts. 14.2 a) de la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, y 273.3 LEC. Según el auto, la dicción del art. 162.2 LEC 
impone que ha de entenderse que la comunicación electrónica surte efecto trascurridos 
tres  días  desde  que  fue  efectuada  sin  que  el  destinatario  acceda  a  su  contenido. 
Concluye que «en el presente caso, consta que la notificación se puso a disposición de 
las recurrentes en fecha 11 de mayo de 2018 no accediendo al contenido hasta el día 16 
de  junio  de  2018  (fuera  de  los  tres  días  que  establece  la  normativa  procesal), 
presentando los escritos de oposición a la ejecución en fecha 10 de julio de 2018, 
claramente fuera del plazo legalmente establecido en el art. 556.1 LEC (más allá de los 
diez días siguientes al de la notificación del auto despachando ejecución,) y siendo que, 
conforme al art. 136 LEC, transcurrido o pasado el término señalado para la realización  e.
de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de  w.b
realizar el acto de que se trate, es claro que dichas oposiciones son extemporáneas,  58ww
siendo la consecuencia legal la inadmisión».
impu3g. naLdaa sre chuarnre nvtuel naefriramdao  esnu  sdue dreecmhaon daa  ldae  taumteplaa rjou dqiuciea ll aesf erecstiovalu csioinn eisn djuedfeicnisailóens 
(art. 24.1 CE), impidiéndole de forma indebida acceder en tiempo y oponerse en el
proceso de ejecución hipotecaria seguido en su contra. A tal fin, aduce que se limitó a 
seguir la literalidad de las instrucciones contenidas en el correo electrónico recibido 
procedente del servicio de notificaciones electrónicas, y accedió al contenido de la 
notificación  judicial  dentro  del  plazo  establecido  en  el  mismo.  El  citado  mensaje 
electrónico tiene el siguiente contenido:
«Ha recibido una Notificación del órgano emisor Juzgados y Tribunales (SGAJ) en la 
Dirección Electrónica Habilitada del titular Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L. 
[…]
La Notificación estará disponible en su Dirección Electrónica Habilitada única desde 
el 11-05-2018 hasta el 26-06-2018. Si no procediera a su lectura en el plazo indicado se 
producirán los efectos correspondientes, según la normativa aplicable.
Para que conste como leída, por favor acceda a http://notificaciones060.es. Asunto: 
JDO. 1 INST. E INSTR. N 5 DE LORCA EHJ/000000293/2018»
Concluye la demanda señalando que «con la interposición del presente recurso de 
amparo, lo que se está tratando es que el Tribunal Constitucional español se pronuncie 
en cuanto a los requisitos que han de revestir las notificaciones electrónicas, muy 
concretamente las dirigidas a personas jurídicas destinatarias de un primer acto de 
comunicación procesal o emplazamiento, donde las normas procesales civiles, resultan 
contradictorias, introduzca los criterios interpretativos concretos, fijando las requisitos 
que han de atribuirse a ‘la constancia de la remisión y recepción’, de sus fechas, o del 
contenido íntegro de las comunicaciones, y si un simple correo electrónico cumple tales 
requisitos». En apoyo de su pretensión, transcribe en parte la fundamentación de la 
STC 47/2019, de 8 de abril, que considera plenamente aplicable a la resolución de este 
caso.
En la demanda –por medio de otrosí– se solicitó la suspensión del procedimiento de 
ejecución hipotecaria alegando que la continuación de la ejecución «con la celebración 
de subasta y la eventual adjudicación a terceros, pueden hacer perder al recurso de 
amparo su finalidad». Tramitada la petición de suspensión, fue resuelta por ATC 8/2020, 
de 27 de enero, por el que, tras desestimarla, se acordó cautelarmente la anotación 
preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad.
4.  Por diligencia de ordenación de fecha 3 de julio de 2019 del secretario de justicia 
de la Sección Primera de este tribunal, se acordó requerir al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca a fin de que remitiera certificación acreditativa de 
la interposición o no de recurso de apelación contra el auto de 23 de abril de 2019, por el 
que se resolvió el recurso de reposición presentado para el caso de que, de haber sido 
presentado y haber recaído resolución, se certificara sobre su contenido. El 18 de julio 
de 2019 se recibió certificación del letrado de la administración de justicia indicativa de 
que no fue presentado recurso alguno.
5.  Mediante providencia de 30 de septiembre de 2019 la Sección Primera de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que concurre en el 
mismo  una  especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del 
Tribunal Constitucional (LOTC)] porque plantea «un problema o afecta a una faceta de 
un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, 
FJ 2, a)]».  De conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de nuestra Ley Orgánica 
reguladora (LOTC), se acordó dirigir comunicación al Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 5 de Lorca, a fin de que, en el plazo de diez días, remitiera certificación  e.
o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los autos de ejecución  w.
hipotecaria núm. 293-2018 y emplazara a quienes hubieran sido parte en el proceso del  58ww
que trae causa el presente recurso de amparo.
proc6u.r adPoorra e dsec rliotos  ptrribeusennatleasd od oeñna e Bl rlaengcisatr Mo adreí ae sGtera tnrdibeu nPaels eqlu 1e6ro d, ea cotcutaunbdreo  deen  2n0o1m9b, rlae 
y representación de la entidad Pera Assets Designated Activity Company, manifestó ser
cesionaria a título oneroso de determinados créditos hipotecarios de los que era titular 
Banco de Sabadell, S.A. (entre ellos el que grava la finca hipotecada que es objeto del 
proceso judicial previo), así como haber sido emplazada por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca para comparecer ante este Tribunal, por lo que 
solicitó que se le tuviera por personada como parte recurrida, entendiéndose con dicha 
procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
A través de diligencia de ordenación de 30 de octubre de 2019, la secretaría de 
justicia de la Sala Primera de este tribunal tuvo por personada y parte a la procuradora 
doña  Blanca  María  Grande  Pesquero  en  la  representación  acreditada  y,  asimismo, 
acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por 
plazo común de veinte días, a fin de que, conforme con lo previsto en el art. 52 LOTC, 
pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
7.  El 3 de diciembre de 2019 la representante procesal de la entidad Pera Assets 
Designated Activity Company presentó escrito oponiéndose al otorgamiento del amparo 
pretendido. Tras invocar los artículos 43 de la Ley de procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas y 162.2 LEC, argumenta en los citados escritos 
que  no  se  ha  causado  indefensión  a  las  recurrentes,  pues  consta  que  el  auto 
despachando ejecución se puso a disposición de las mismas en fecha 11 de mayo 
de 2018, presentando el escrito de oposición a la ejecución el 10 de julio siguiente, 
«claramente fuera del plazo legalmente establecido en el artículo 556.1 LEC (dentro de 
los diez días siguientes al de la notificación del auto despachando ejecución)».
La entidad recurrente presentó sus alegaciones el 12 de diciembre de 2019. En ellas 
se remite a lo expuesto en la demanda, haciendo de nuevo mención adicional a los 
pronunciamientos de la STC 47/2019, de 8 de abril, a propósito del uso indebido de la 
dirección electrónica habilitada para realizar el primer emplazamiento del demandado.
8.  El 16 de diciembre de 2019 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal. En 
ellas solicita la estimación del recurso de amparo y, en consecuencia, que se declare 
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la demandante, y la 
nulidad de todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto que despachó la 
ejecución solicitada, con retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente 
anterior a dicha notificación «para que se le dé al recurrente posibilidad de formular 
oposición a la ejecución».
Tras relatar los antecedentes fácticos y resumir las alegaciones formuladas en la 
demanda de amparo, descarta en primer lugar que no haya sido debidamente agotada la 
vía  judicial  previa  [art.  44.1  a)  LOTC].  Entiende  que  no  era  preciso  en  este  caso 
interponer incidente de nulidad de actuaciones, ni agotar el proceso de ejecución hasta 
su  finalización,  por  cuanto  el  seguimiento  exhaustivo  de  dicho  incidente  procesal 
supondría un gravamen adicional sobre el derecho fundamental alegado. Al analizar la 
queja  planteada  expone  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  sobre  los  actos  de 
comunicación procesal con expresa referencia a las SSTC 6/2019, de 17 de enero 
y 47/2019, de 8 de abril, de las que transcribe parte de su contenido. A continuación, se 
refiere a los preceptos legales aplicables de la Ley de enjuiciamiento civil, tras las 
reformas operadas por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, y Ley 42/2015, de 5 de 
octubre; en concreto a los arts. 553, 135, 152.2, 155 y ss, y 273. Finalmente, transcribe 
el contenido del FJ 4 de la citada STC 47/2019 y concluye que tanto por haber optado el 
órgano judicial por la notificación telemática en vez de la personal en el domicilio de la 
demandada, como por la forma de computar el plazo para formular oposición frente a la  e
ejecución ya despachada, ha resultado infringido el derecho a la tutela judicial sin  bo
indefensión de la demandante. Considera el fiscal que aunque en nuestra regulación  58ww
mpraoncteiesnael nc ounnvai veexnc elpacsi ónn ogtiefincearcaiol nceusa ndpoe rsseo ntaraletas  dceol np rilmase r teemlemplaáztiacamsi,e nétos;t apso rú lloti mquaes 
ólar gaapnlioc ajcuiódnic icaol naju natpal icdaer  lola e sútlatibmleac iddeo  eens tlaoss  aprrtesv. i1si3o5n,e 1s5 2le.2g ayle 1s5, 5c LoEnfCo rdmeeb ióa  llleav acru aall 
«cuando se trata del primer emplazamiento o citación del demandado, los actos de 
comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes».
9.  Por providencia de fecha 25 de junio de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 29 de julio del mismo año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
En el presente recurso de amparo la sociedad Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., impugna el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de 
Lorca, de 21 de septiembre de 2018 que, en el procedimiento de ejecución hipotecaria 
núm. 293-2018, inadmitió, por extemporánea, la demanda de oposición a la ejecución 
formulada por dicha mercantil, y el posterior auto de 23 de abril de 2019 que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto contra aquella resolución. Para el órgano judicial, el 
plazo que la demandada tenía para formular oposición a la ejecución ya despachada ha 
de computarse desde la fecha (11 de mayo de 2018) en la que recibió en su dirección 
electrónica habilitada una comunicación del servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre avisándole de que hasta el 26 de junio de 2018 
tendría disponible una notificación del juzgado de Lorca relacionada con el procedimiento 
EHJ 0293-2018 a la que, para que constase como leída, debía acceder a través de un 
enlace adjunto (http://notificaciones.060.es). La mercantil recurrente no accedió al enlace 
adjunto hasta el último día del plazo de disponibilidad que le fue indicado; esto es, el 26 
de junio de 2018, y presentó su escrito de oposición el siguiente día 10 de julio, por lo 
que considera que lo hizo dentro del plazo de diez días hábiles legalmente previsto.
La demandante de amparo alega la vulneración de su derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), como consecuencia de no haberse 
efectuado aquel emplazamiento inicial en el proceso de ejecución de manera personal y 
con entrega en papel de la documentación correspondiente, tal y como establecen las 
normas de la Ley de enjuiciamiento civil. Por su parte, la entidad Pera Assets Designated 
Activity  Company,  personada  en  este  proceso  como  adquirente  del  crédito  cuya 
ejecución se insta en la instancia, solicita la desestimación del recurso alineando sus 
argumentos con los contenidos en las resoluciones impugnadas. Por último, el Ministerio 
Fiscal, con sustento en las razones que se han expuesto en los antecedentes, solicita la 
estimación del recurso de amparo, al considerar que se ha producido la vulneración 
denunciada en la demanda.
Este recurso de amparo se inscribe en la serie de recursos interpuestos por dos 
entidades,  una  de  ellas  la  aquí  recurrente,  demandadas  en  procesos  ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, han 
inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquéllas, al 
considerarlos extemporáneos mediante el descrito cómputo del plazo de oposición que 
ha sido realizado con arreglo a normas del procedimiento administrativo común. El 
Recurso  de  Amparo  núm.  5377-2018  promovido  también  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., constituye la cabecera de la serie, y ha sido resuelto en 
sentido estimatorio por la reciente STC 40/2020, de 27 de febrero, del Pleno, a cuyas 
consideraciones nos remitiremos en lo que sigue. es
2.  Aplicación de la doctrina establecida por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020. w.
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aplicación la doctrina de este Tribunal plasmada en las SSTC 6/2019, de 17 de enero,
FJ  4  a),  (iii),  dictada  al  resolver  una  cuestión  de  inconstitucionalidad  planteada  en 
relación con el último inciso del artículo 152.2 LEC, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), 
recaída en proceso de amparo, en relación con la garantía de emplazamiento personal 
inicial del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta materia por la Ley de 
enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente). En ellas hemos concluido que no procede 
efectuar por medios electrónicos la citación o emplazamiento del demandado aún no 
personado en el procedimiento, dado que esos actos deben realizarse por remisión a su 
domicilio, sin que dicha forma de comunicación pueda ser sustituida por otra electrónica, 
como puede ser el caso de la efectuada a través de la dirección electrónica habilitada. 
Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 LEC, exigencia de la que es 
complemento por la regla establecida en el art. 273.4 LEC sobre la presentación en 
papel  de  las  copias  de  los  escritos  y  documentos  que  sustenten  la  acción.  El 
incumplimiento de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de 
aquel derecho fundamental», tal y como ya ha declarado este Tribunal en varios recursos 
de amparo referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el 
mismo fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Lo  expuesto  permite  concluir  ahora,  al  igual  que  hemos  establecido  en  la 
STC 40/2020 (FJ 4), que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la recurrente, por no proceder a su 
emplazamiento  personal  en  el  proceso  a  quo  a  efectos  de  requerirla  de  pago  o, 
alternativamente, permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando, en cambio, el 
órgano judicial por un emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones 
electrónicas  y  dirección  electrónica  habilitada  de  la  Fábrica  Nacional  de  Moneda  y 
Timbre.  Además,  el  plazo  para  presentar  el  escrito  de  oposición  fue  computado 
invocando normas del procedimiento administrativo común que son ajenas al ámbito 
jurisdiccional en el que nos encontramos.
3.  Conclusión.
El presente recurso de amparo ha de ser estimado en aplicación de la doctrina fijada 
en las SSTC 47/2019 y 40/2020 y, en consecuencia, debe declararse la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la entidad demandante (art. 24.1 
CE). De conformidad con lo establecido en el art. 55 LOTC, procede declarar la nulidad 
de los autos impugnados del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de 
Lorca, así como de todo lo actuado en el procedimiento de ejecución hipotecaria desde 
que se proveyó a su emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con 
retroacción de las actuaciones hasta este momento a fin de que el juzgado proceda a 
efectuar dicho emplazamiento de manera respetuosa con el derecho fundamental de la 
demandante de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., y, en consecuencia: es
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente a la  w.
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). 58ww
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los autos de 21 de
ese Ipntsietrmucbcrieó nd en ú2m01. 85  yd e2 3L odrec aa bernil  edle p 2ro0c1e9s,o d diceta edjoesc upcoiór ne lh Jipuoztgeacdaori ad en úPmri.m 2e9r3a- 2In0s1t8a,n acsiaí 
como de las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a 
través de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
último de forma que resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintinueve de junio de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado.