BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 49 Miércoles 26 de febrero de 2020 Sec. III.   Pág. 17318
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2696 Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del 
registrador de la propiedad de Alcobendas n.º 2, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.
En el recurso interpuesto por don Norberto González Sobrino, notario de Madrid, 
contra la calificación del registrador de la Propiedad de Alcobendas número 2, don José 
Antonio Jordana de Pozas Gonzálbez, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de préstamo con garantía hipotecaria.
Hechos
I
Mediante escritura otorgada el día 17 de julio de 2019 ante el notario de Madrid, don 
Norberto González Sobrino, con número 1.376 de protocolo, se formalizó un préstamo 
para financiar la adquisición de una vivienda habitual de la parte prestataria; y en 
garantía del mismo se constituyó hipoteca sobre dicha finca.
En tal escritura el notario expresaba que el contrato contiene condiciones generales 
de contratación que habían sido depositadas en el Registro de Condiciones Generales 
de la Contratación, y que había comprobado mediante consulta telemática que la entidad 
prestamista  había  depositado  en  ese  Registro  las  condiciones  generales  de  la 
contratación.
II
Presentada el día 1 de julio de 2019 copia autorizada de dicha escritura en el 
Registro de la Propiedad de Alcobendas número 2, fue objeto de la siguiente nota de 
calificación:
«El Registrador de la Propiedad que suscribe, previo examen y calificación del 
documento presentado el día 17/07/2019, bajo el asiento número 1257 del Diario 81 y 
número de entrada 4803, que corresponde al documento otorgado por el Notario de 
Madrid  Norberto  González  Sobrino,  número  1376/2019  de  su  protocolo,  de 
fecha 17/07/2019, ha resuelto no practicar el asiento solicitado en base a los siguientes 
hechos y fundamentos de Derecho:
Comprobación del depósito previo.
– Imposibilidad de comprobación del depósito previo del modelo o formulario del 
préstamo o crédito. No se incorpora en la escritura adjunta el Código Identificador del 
modelo de contrato de préstamo o crédito que se ha utilizado, acreditativo de su depósito 
en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, ni otros datos que permitan 
comprobar  la  efectividad  de  su  depósito  con  anterioridad  a  la  comercialización  del  e.
préstamo. w.b
Fundamento  de  Derecho.  El  artículo  11.2  de  la  LCGC,  que  ha  sido  objeto  de  96ww
pmroédstifaicmaoc ióyn  ceréxpdriteos ah ippootre lcaa driios peons icqiuóen  sfien acl o4n.ªte dneg alan  LcConI,d liocsio mneosd egleonse drael ecso netsratatobsle dcee 
Rexepgriesstraom aenntetes  d“eel  edmeppeózsaitro s uo bcloigmaetorcriioa lizdaec isóuns”.  formularios  para  el  prestamista  en  el
Por su parte, el artículo 7 de la LCI que ratifica esa obligatoriedad del depósito de los 
modelos de condiciones generales, lo configura expresamente en su título como “una 
obligación  de  transparencia  de  los  contratos”,  por  lo  que,  de  conformidad  con  el 
artículo 83 de la LGDCU (modificado por la disposición final 8.ª de la LCI), que ahora 
dice:  “las  condiciones  incorporadas  de  modo  no  transparente  en  los  contratos  en 
perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho”, no es posible la inscripción 
de un préstamo o crédito hipotecario sin el previo depósito en el RCGC del modelo 
contractual que le sirve de soporte.
La necesidad de comprobación del depósito previo resulta también de la Instrucción 
de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre 
el depósito de condiciones generales de la contratación, la cual, en su párrafo último 
resume que “en el contrato de préstamo debe hacerse constar que las condiciones 
generales han sido objeto de depósito, y comprobarse por el notario y el registrador que 
dicho depósito se ha practicado”.
– Falta de aseveración por el notario de la coincidencia entre las estipulaciones de la 
escritura y las condiciones de la oferta vinculante. El notario autorizante no manifiesta 
que  no  existen  discrepancias  entre  las  condiciones  de  la  oferta  vinculante  y  las 
estipulaciones de la adjunta escritura, ni se acompaña la Ficha Europea de Información 
Normalizada –FEIN– al objeto de poder realizar dicha comprobación.
Fundamento  de  derecho.  Según  el  artículo  29  de  la  Orden  EHA  2899/11:  “las 
cláusulas de los documentos contractuales no podrán, en perjuicio del cliente, desvirtuar 
el contenido de la FEIN”; añadiendo su artículo 30.3.ª que “el notario debe comprobar y 
advertir antes de autorizar la escritura si existen discrepancias entre las condiciones de 
la oferta vinculante y el documento contractual finalmente suscrito”, por lo que la falta de 
dicha  constancia  deberla  implicar  la  suspensión  del  despacho  ya  que  conforme  al 
artículo 83 de la LGDCU son nulas las cláusulas incorporadas de modo no transparente 
en perjuicio de los consumidores.
El hecho que el artículo 15.7 de la LCI, al hablar del contenido del acta notarial de 
transparencia, no exija que se indique esa concordancia, no es óbice para que se haga 
constar en la escritura de préstamo hipotecario porque los antes citados artículos se 
refieren a la escritura de formalización del crédito no a la resurja del acta, en la cual tal 
comprobación no ha podido hacerse al ser previa.
Y por considerarlo un defecto subsanable se procede a la suspensión del asiento 
solicitado del documento mencionado.
No se toma anotación preventiva por defectos subsanables por no haberse solicitado 
(…)
La anterior nota de calificación negativa podrá
Alcobendas, veintiuno de agosto del año dos mil diecinueve. El Registrador. Fdo: 
José Antonio Jordana de Pozas Gonzalbez.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don Norberto González Sobrino, notario de 
Madrid,  interpuso  recurso  día  9  de  septiembre  de  2019  mediante  escrito  con  los 
siguientes fundamentos jurídicos:
«Primero.–En la escritura calificada se constituye una hipoteca sobre una finca en 
garantía de un préstamo que concede un Banco y, según la calificación registral, la  es
escritura es defectuosa y no puede inscribirse en el Registro de la Propiedad porque no  bo
se hace constar en ella el Código Identificador del depósito registral de las Condiciones  96ww
GinescnSAreipinr acltaelieó sLsn ed  ddyeee  5 l alu/a2 n e0Can1o th9rnai,pt drdoaaette a e1ccn5aió   vqdniue.ge om rs adere ze oxla,p  hrLeuesbyai er5ar/a 2e 0inn1 tl9rao,  dedusecc ir1dit5ou  rdeaen e  mnseua erCzsoótr,do in gDooe  sIrdeee cenhxtoiifg ipcíaao dspiotairvr.ao  leal   OE-A-2020-26able en https://
requisito de que en las escrituras de préstamo hipotecario se consigne ese Código
Identificador al que se refiere la calificación registral lo lógico es que la ley lo hubiera 
establecido de una forma expresa, clara y terminante, tal como se hace al exigir la 
reseña del acta notarial de comprobación del cumplimiento del principio de transparencia 
material.
El artículo 15.7 de la LCCI establece que “en la escritura pública de préstamo el 
notario autorizante insertará una reseña identificativa del acta a la que se refieren los 
apartados anteriores”. Es decir, cuando se introduce un nuevo requisito de las escrituras 
de préstamo hipotecario la ley lo establece de una manera expresa, clara y terminante.
Sin embargo, la Ley 5/2019, de 15 de marzo, no establece la exigencia de que se 
consigne en la escritura de préstamo hipotecario el Código Identificador al que se refiere 
la calificación registral.
Ninguno de los preceptos legales que cita la Registradora como fundamento de 
derecho de su calificación negativa exige que en la escritura de préstamo hipotecario se 
exprese ese Código Identificador.
Segundo.–La calificación registral recaída cita también la Instrucción de la DGRN 
de 13 de junio de 2019 como un fundamento de derecho que impide la inscripción de la 
escritura de préstamo hipotecario.
Sin  embargo,  a  juicio  de  este  Notario,  de  una  lectura  desapasionada  de  esa 
instrucción  del  centro  directivo  resulta,  más  bien,  que  la  falta  del  depósito  de  las 
condiciones generales de la contratación en el Registro de Bienes Muebles no constituye 
un defecto que impida la inscripción en el Registro de la Propiedad de una escritura de 
préstamo hipotecario. Tampoco parece que sea obstáculo para la autorización de la 
escritura de préstamo y para la inscripción registral de la hipoteca el hecho de que 
existan discrepancias entre las estipulaciones del contrato celebrado y las condiciones 
generales depositadas en el Registro de Bienes Muebles, ya que tales cláusulas pueden 
ser  válidas  como  condiciones  particulares  del  contrato  o  como  pactos  objeto  de 
negociación individual.
Tercero.–El Registrador de la Propiedad dice que la escritura es defectuosa porque 
no se expresa por el Notario la coincidencia entre las estipulaciones de la escritura y las 
de las condiciones de la oferta vinculante.
Este hecho al que hace referencia la nota de calificación recaída no es exacto, ya 
que en la parte final de la escritura, concretamente en el apartado del otorgamiento, el 
Notario autorizante hace consta de una manera expresa que no existen discrepancias 
entre las condiciones contenidas en la FEIN entregada por la entidad prestamista y las 
que constan en la escritura de préstamo hipotecario. Todo ello consta en el apartado del 
“otorgamiento” de la escritura de préstamo hipotecario donde se dice literalmente lo 
siguiente:
“De conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Orden EHA/2899/2011, de 
fecha veintiocho de octubre, yo, el Notario, he informado al cliente del valor y alcance de 
las obligaciones que asume en virtud de las cláusulas contenidas en esta escritura. He 
hecho  todas  las  comprobaciones  prevenidas  en  la  normativa  reguladora  de  la 
transparencia de las condiciones financieras de los préstamos y he hecho al cliente 
todas las advertencias a las que se refiere el artículo 30 de la Orden EHA/2899/2011, de 
fecha veintiocho de octubre, haciéndose constar que el otorgamiento de esta escritura 
tiene lugar en el despacho del Notario autorizante y que el cliente ha tenido ocasión de 
examinar en mi Notaría, tal como resulta del acta autorizada conforme al artículo 15 de la 
Ley de fecha quince de marzo de dos mil diecinueve, el proyecto de esta escritura antes 
de la fecha de su otorgamiento, sin que existan discrepancias entre las condiciones  e.
contenidas en la FEIN entregada por la entidad prestamista y las que constan en esta  w.b
escritura. También hago constar que he comprobado que ninguna de las cláusulas no  96ww
finincalunicdioe reans  ldaesl  ccloánutsrualtaos i mfinpalincaci epraarsa. el cliente comisiones o gastos que debieran haberse
los Aqudevi esreto  rdeefi eqruee  leal  teipxop rdeesa indtae rOésrd deen ,r eafesríe cnocmia op adcet aqduoe e se lu ntiop od ed elo sin ttieproéss o aficpilaicleasb lae 
durante el periodo inicial es superior al que resultaría de aplicar a dicho periodo inicial el
tipo de interés variable pactado. Yo, el Notario, hago constar que no se han fijado límites 
a la variación del tipo de interés (Cláusulas suelo o techo), aunque, conforme a la Ley, el 
interés remuneratorio del préstamo no podrá ser negativo.”
Por ello, se niega la realidad del hecho en que se funda este supuesto segundo 
defecto de la escritura de préstamo hipotecario que, por ello, no adolece de este defecto 
que expresa el Registrador en su nota de calificación negativa de dicha escritura.»
IV
El registrador de la Propiedad de Alcobendas número 2, don José Antonio Jordana 
de Pozas Gonzálbez, emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. En 
dicho informe expresaba lo siguiente: «En cuanto al segundo de los defectos señalados 
en la nota de calificación, en concreto el relativo a la falta de aseveración por el Notario 
de la coincidencia entre las estipulaciones de la escritura y las de la oferta vinculante, el 
Registrador que informa acepta las manifestaciones realizadas por el Notario recurrente 
y  rectifica  la  calificación  en  el  sentido  señalado  por  el  citado  Notario  autorizante, 
dejándola sin efecto exclusivamente en cuanto al citado defecto».
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18, 21 y 114 de la Ley Hipotecaria; 3, 7, 14, 15, 25 y 45 de 
Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario; 83 del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias; 1, 17 bis y 24 de la Ley del Notariado; 5, 7, 11, 23 y 24 de la 
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación; 28.3 de la 
Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de febrero de 2014 
sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles 
de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010; 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 
abril  de  1993,  sobre  las  cláusulas  abusivas  en  los  contratos  celebrados  con 
consumidores; 147 del Reglamento Notarial; 29 y 30 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 
de  octubre,  de  transparencia  y  protección  del  cliente  de  servicios  bancarios;  las 
Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de junio de 2009 (As. 
C-243/08), 14 de marzo de 2013 (As. C-415/11) y 26 de marzo de 2019 (Ass. C-70/17 y 
C-179/17); las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2001, 4 de julio y 12 
de diciembre de 2008, 16 de diciembre de 2009, 9 de mayo, 13 de septiembre y 18 de 
noviembre de 2013 y 26 de mayo, 30 de junio y 8 de septiembre de 2014; la Instrucción 
de 13 de junio de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre el 
depósito de condiciones generales de la contratación, y el reflejo del mismo en las 
escrituras de préstamo y en el Registro de la Propiedad, desde la entrada en vigor de la 
Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, y las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de enero 
y 8 de junio de 2011, 23 de enero, 16 y 27 de febrero, 20 y 28 de junio y 18, 26 y 27 de 
julio de 2012, 2 de enero, 2 de marzo, 1 de junio, 1 y 11 de julio y 6 y 13 de septiembre 
de 2013, 5 de febrero, 23 de julio y 29 de septiembre de 2014, 22 de enero y 12 de 
marzo de 2015, 19 de julio de 2018 y 13 y 27 de junio de 2019.
1.  Mediante la escritura que es objeto de la calificación impugnada se formaliza un  o
cCgpoaroénrnastEtrtnraanattmí taataaoc cdli  óiepóenlans  mr,cq ariui sytfeum in rqaahou na esecnel i  a nschroio adltna aos r caitdooidte muqepyuxpoepirss orhiietbciapsiaódoadnat oe qsd c ueeame n  usee ondel bailca r oRnevnit evedtgri ieacisncthotodar ona cf s oindhuncealtta ibaeC.i ntuoteean llcde odimcneioád lntiocicesioas pn  Greqeseus netgae etralnaarel ieoreassn l;e dtysied   dealenad     OE-A-2020-2696able en https://www.
prestamista ha depositado en ese Registro condiciones generales de la contratación.
2.  Según el único de los dos defectos expresados en la nota impugnada que es 
mantenido por el registrador, éste suspende la inscripción solicitada porque «no se 
incorpora en la escritura adjunta el Código Identificador del modelo de contrato de 
préstamo o crédito que se ha utilizado, acreditativo de su depósito en el Registro de 
Condiciones Generales de la Contratación, ni otros datos que permitan comprobar la 
efectividad de su depósito con anterioridad a la comercialización del préstamo».
El notario recurrente alega que ni en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, ni en los 
preceptos legales que cita el registrador como fundamento de su calificación negativa 
exigen que en la escritura de préstamo hipotecario se exprese ese código identificador 
del modelo del contrato de préstamo que se ha utilizado, acreditativo del depósito en el 
Registro  de  Condiciones  Generales  de  la  Contratación;  y  añade  que,  según  la 
Instrucción de esta Dirección General de 13 de junio de 2019, la falta del depósito de las 
condiciones generales de la contratación en el referido Registro no constituye un defecto 
que impida la inscripción en el Registro de la Propiedad de una escritura de préstamo 
hipotecario.
3.  En la Instrucción de 13 de junio de 2019, de esta Dirección General, sobre el 
depósito de condiciones generales de la contratación, y el reflejo del mismo en las 
escrituras de préstamo y en el Registro de la Propiedad, a la que procede remitirse por la 
presente,  se  analizan  tres  cuestiones  en  relación  con  todo  el  conjunto  normativo 
examinado: la necesidad, o no, de que en cualquier escritura pública de préstamo 
hipotecario, así como en su inscripción registral, se controle y haga constar que se ha 
producido el previo depósito de las condiciones generales de la contratación empleadas 
en la misma; la forma o contenido que debe tener ese depósito; y el tratamiento que 
debe darse al hecho de que en una cláusula contenida en el contrato de préstamo 
formalizado  en  escritura  pública  exista  alguna  diferencia  con  la  cláusula  que  fue 
depositada en el Registro de Condiciones Generales.
Respecto de la primera cuestión, que es la que interesa en este expediente, dicha 
Instrucción ya estableció con toda claridad que, al imponerse en el artículo 11 de la 
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, a todas las 
entidades  la  obligación  concreta  y  terminante  de  depositar  los  formularios  de  los 
préstamos y créditos hipotecarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la propia 
Ley antes de empezar su comercialización, es indudable que «el notario deberá controlar 
al autorizar la escritura de préstamo hipotecario, y el registrador de la propiedad al 
inscribirla, el mero hecho de que efectivamente la entidad financiera haya procedido 
previamente  a  practicar  dicho  depósito».  Añade  que:  «Se  trata  de  un  control  de 
cumplimiento  de  la  legalidad  que  el  notario  y  el  registrador  de  la  propiedad  están 
obligados a realizar, como ocurre con otros supuestos de obligaciones legales cuyo 
cumplimiento, con independencia de si afectan o no a la validez y eficacia del negocio, 
debe resultar de la escritura y en su caso hacerse constar al practicar su inscripción: 
ocurre así con la entrega del certificado energético, la declaración del movimiento de 
metálico, la justificación de los medios de pago, la obtención de una licencia urbanística, 
etc.».  Y  termina  insistiendo  en  «la  carga  o  deber  de  diligencia  del  notario  y  del 
registrador, quienes, en cuanto autoridades, podrán acceder al citado Registro de forma 
inmediata y gratuita, y realizar de esta forma la comprobación del previo depósito de las 
condiciones generales». Cuestión distinta es la relativa a la actuación que hayan de 
seguir el notario y el registrador cuando en una cláusula contenida en el contrato de 
préstamo formalizado en escritura pública exista alguna diferencia con la cláusula que 
fue depositada en el Registro de Condiciones Generales, cuestión que, como se ha  s
indicado anteriormente, también es analizada en dicha Instrucción, teniendo en cuenta  oe.
que la flexibilidad que requiere el tráfico jurídico debe permitir la adaptación a las  w.
necesidades que se planteen en cada supuesto concreto (por especialidades en relación  96ww
cpoanc tolas  feinsapleidcaiadl edse lq pureé sstaem  hoa, yealn  oabljceaton,z alodso ,s uejetct.o)s, , yl al ar eilnaccliuósni óenn teren  loesl  csounjetrtoasto,  ldoes 
dcleápuossuiltaasd o,e sppreecciisaalemse nqtuee p osreq uea ppaorrt esnu  edsep elcaisa lidcaodn dpircoiopniae sn o gceonnesrtaitlueyse nq ucoen dsiec iohnaens   BOE-A-cable e
generales, sino condiciones particulares o pactos que han sido objeto de negociación 
individual. Por ello concluye que «si bien en el contrato de préstamo debe hacerse 
constar que las condiciones generales han sido objeto de depósito, y comprobarse por el 
notario y el registrador que dicho depósito se ha practicado, ello no impide que en la 
configuración  del  contrato  se  hayan  acordado  modificaciones  respecto  de  esas 
condiciones generales, lo que es una exigencia de la flexibilidad que la contratación y el 
tráfico inmobiliario deben tener para adecuarse a las necesidades de las partes en cada 
caso particular».
En cualquier caso, las entidades financieras con frecuencia suelen indicar en sus 
modelos o minutas los números de identificación de las cláusulas depositadas en el 
Registro de Condiciones Generales de la Contratación, lo que tiene la finalidad de que 
dichos números aparezcan también reseñados en las escrituras de préstamo, para 
facilitar en su día la comprobación de ese depósito. En tales supuestos, parece claro 
que, en la facultad de configuración del contrato que tienen las partes, siempre dentro de 
los límites legales, se debe entender incluida la de la reseña de ese número identificador, 
con la finalidad de facilitar la comprobación de la efectividad del depósito al notario, al 
registrador y eventualmente al juez que debiera pronunciarse sobre los efectos del 
negocio documentado. En consecuencia, en los supuestos en que ese número sea 
indicado por la entidad financiera, el notario respetando su voluntad negocial, deberá 
consignarlos en la escritura. No obstante, la carencia de ese reflejo por la entidad 
financiera no impide la autorización de la escritura ni su inscripción registral, puesto que 
siempre es posible el cotejo de la escritura con el conjunto de cláusulas depositadas por 
la  entidad  financiera,  algo  que,  por  lo  demás,  las  modernas  herramientas  digitales 
facilitan sobremanera.
Ahora bien, de todos los razonamientos anteriores se desprende inequívocamente 
que es requisito ineludible para la autorización de la escritura del préstamo hipotecario 
que  el  notario  haya  comprobado  que  se  ha  producido  el  previo  depósito  de  las 
condiciones generales de la contratación empleadas en la misma, de modo que, como 
establece la mencionada Instrucción, en el supuesto de que se compruebe, por el notario 
o  por  el  registrador,  que  una  condición  general  no  ha  sido  depositada,  deberán 
notificárselo  al  Ministerio  de  Justicia,  en  cumplimiento  de  su  deber  general  de 
colaboración con la Administración, para que éste proceda en la forma establecida en el 
artículo 24 de la Ley 7/1998, de Condiciones Generales de la Contratación, según el 
cual: «La falta de inscripción de las condiciones generales de la contratación en el 
Registro  regulado  en  el  capítulo  III  cuando  sea  obligatoria  o  la  persistencia  en  la 
utilización  o  recomendación  de  condiciones  generales  respecto  de  las  que  ha 
prosperado una acción de cesación o retractación, será sancionada con multa del tanto 
al duplo de la cuantía de cada contrato por la Administración del Estado, a través del 
Ministerio de Justicia, en los términos que reglamentariamente se determinen (…)».
En  el  presente  caso  el  notario  expresa  que  la  escritura  contiene  condiciones 
generales de contratación que han sido depositadas en el Registro de Registro de 
Condiciones Generales de la Contratación, advierte de la aplicabilidad de la citada 
Ley 7/1998, de 13 de abril, así como de la obligación de inscribir en dicho Registro los 
formularios de los préstamos y créditos; asimismo, añade que ha comprobado, mediante 
consulta  telemática,  que  la  entidad  prestamista  ha  depositado  en  ese  Registro 
condiciones  generales  de  la  contratación,  habiendo  cumplido  dicho  notario,  según 
afirma, todas las obligaciones que, respecto de dichas condiciones generales, establece 
el  artículo  23  y  demás  concordantes  de  la  Ley  7/1998.  Por  todo  ello,  el  defecto  s
expresado en la calificación impugnada no puede ser mantenido. oe.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación  96ww
impugnada.
anteC eoln Jturaz geasdtao  rdees ololu Cciióvnil  ldoes  llae gcaalpmiteanl tdee l elag iptirmovaidnocsia p dueel dluegna rre dcounrrdire m raeddiicaan teel  dinemmuaenbdlae 
en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del
juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley 
Hipotecaria.
Madrid,  5  de  diciembre  de  2019.–El  Director  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.