BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 66 Jueves 18 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 31250
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
4249 Decreto-ley 9/2020, de 7 de mayo, de modificación del Decreto-ley 6/2020, de 
17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas 
en  situación  de  vulnerabilidad  como  consecuencia  de  la  crisis  sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto 
ley 9/2020, de 7 de mayo, de modificación del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de 
medidas  urgentes  de  carácter  social  dirigidas  a  las  personas  en  situación  de 
vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
ordenando a la ciudadanía y a las autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social 
dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, publicado en el BOC número 79 de 22 de abril, y 
con entrada en vigor el lunes 27 de abril siguiente establece, entre otros, un título I para 
la creación del Ingreso Canario de Emergencia (ICE) y otro título II de medidas de 
flexibilización en la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), para aquellas 
solicitudes que se hallaren registradas en la Dirección General de Derechos Sociales e 
Inmigración a la entrada en vigor de dicho Decreto ley y contaren con informe social 
municipal favorable.
El ICE se crea a los de efectos ser un instrumento de apoyo extraordinario para 
aquellas personas que constituyan unidades de convivencia y que por no tener ningún 
tipo de ingreso económico concurran circunstancias que las coloque en situación de 
extrema necesidad derivada del COVID-19, siendo un instrumento diferente al de la 
Prestación Canaria de Inserción que es una ayuda creada a los efectos de ofrecer 
cobertura a las necesidades básicas de la vida a quienes, por carecer de recursos 
materiales,  se  encuentran  en  situación  de  mayor  desigualdad  social  respecto  al 
promedio de la población canaria, para paliar una situación de exclusión social que las 
coloca en un estado grave de carencia personal y familiar, por cuanto no pueden cubrir 
sus necesidades básicas de alimentación y vivienda, dado que no perciben ningún 
recurso  económico  y  que  hayan  agotado,  igualmente  el  resto  de  prestaciones  del 
sistema público por razones de desempleo y no derivada de forma coyuntural por una 
crisis sanitaria y social como la del COVID-19, sino por una situación de emergencia 
social.
Por todo ello, la PCI se diferencia del ICE por ser una ayuda económica básica de 
carácter subsidiario y complementario regulado en el artículo 6 de la Ley de la Prestación 
Canaria de Inserción y en el artículo 7 del Reglamento que la desarrolla, de abono con  e.
carácter periódico. Lo que implica por un lado que tiene carácter subsidiario de las  w.b
pensiones que pudieran corresponder a la persona solicitante y a los demás miembros  49ww
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así como de las prestaciones económicas a que pudieran tener derecho.
El artículo 11 del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, referido a la tramitación de 
solicitudes de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) durante el estado de alarma, 
establece que serán resueltas de manera favorable siempre que se cumplan, entre otros 
requisitos, con lo dispuesto en el artículo 3 del mismo Decreto ley.
Este artículo 3 hace referencia a una prestación no complementaria (ICE) y limitada 
en el tiempo (1 mes) frente a una prestación que tiene una duración mayor de 12 meses, 
más 2 prórrogas de 6 meses cada una y la permanencia en el sistema, siempre y cuando 
cumpla las condiciones establecidas en la ley para garantizar el cobro de la ayuda 
económica básica que si es complementaria como la PCI.
La propia Exposición de motivos del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, se refiere a la 
naturaleza de la Prestación Canaria de Inserción, mencionando: «Por ello, y de manera 
excepcional, y por causas objetivamente justificadas en el expediente por los servicios 
sociales de atención primaria mediante el correspondiente informe social, podrán ser 
beneficiarias  de  la  ayuda  PCI  aquellas  personas  que  constituyan  unidades  de 
convivencia en las que, aun no cumpliendo todos los requisitos enunciados en los 
apartados 1 y 2 del artículo 7 de la Ley de la PCI, concurran circunstancias que las 
coloquen en situación de extrema necesidad como consecuencia de la situación de la 
crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19,  por  carecer  de  recursos  económicos 
suficientes para subsistir.»
A los efectos de comprobar la carencia de los recursos en la tramitación de las 
solicitudes de la PCI se ha de estar a lo dispuesto en el apartado 2.º del artículo 7.1 de la 
Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 de la misma Ley que regula dicha 
prestación y no por lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, 
que resulta más restrictivo y contrario al espíritu que anima la norma de urgencia, a fin 
de flexibilizar los requisitos para la concesión favorable de las prestaciones de la PCI por 
las actuales circunstancias derivadas de la pandemia del COVID-19.
En  consecuencia,  procede  modificar  los  apartados  1  y  2  del  artículo  11  del 
Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, dando otro contenido en concreto a su letra d), a 
los efectos de evitar los perjuicios que la regulación contenida en el mismo podría 
ocasionar en la resolución de las solicitudes de la PCI y derivando la comprobación de 
la  suficiencia  económica  de  las  solicitudes  no  resueltas  a  lo  que  dispone  el 
Reglamento de la PCI.
Por  ello,  de  conformidad  con  la  modificación  de  dichos  apartados,  para  la 
determinación de los requisitos y carencia de los recursos económicos se estará a lo 
dispuesto en el artículo 7.1.2.º y artículo 8 de la Ley de la PCI en concordancia con los 
artículos  9  y  10  del  Reglamento  que  la  desarrolla,  con  la  redacción  dada  por  el 
Decreto 153/2017, de 8 de mayo, respetando el carácter complementario y subsidiario 
de  la  ayuda  en  los  términos  establecidos  en  los  artículos  6  de  la  Ley  y  7  de  su 
Reglamento.
Por otra parte, se ha detectado un error en el reenvío normativo efectuado en el 
artículo 6 de este mismo Decreto ley, pues la remisión que se hace al artículo 15 debe 
ser hecha al artículo 14, y por ello, para mayor seguridad jurídica de la norma, se 
procede a dar nueva redacción al citado artículo 6.
II
Este Decreto ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 142.1, letra a) del  s
Estatuto  de  Autonomía  de  Canarias,  que  atribuye  a  la  Comunidad  Autónoma  la  e.
competencia exclusiva sobre la regulación de los servicios sociales, y en particular la  w.
ordenación de las prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementaria  49ww
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de los poderes públicos de Canarias, entre ellos, el de transversalidad, principio que 
comporta aplicar la perspectiva de género en las fases de planificación, ejecución y 
evaluación  de  todas  las  políticas  con  la  finalidad  de  eliminar  las  desigualdades  y 
promover la igualdad entre mujeres y hombres. Desde esa perspectiva, el presente 
Decreto ley, aunque se trata de una norma modificativa de otra anterior del mismo rango 
y carácter de medidas urgentes para paliar situaciones de vulnerabilidad social, ha tenido 
en cuenta la perspectiva de género en su análisis previo y haciendo un uso no sexista 
del lenguaje utilizado en las expresiones utilizadas.
Por otra parte, el Decreto ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, 
siempre  que,  tal  como  reiteradamente  ha  exigido  nuestro  Tribunal  Constitucional 
(sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5, 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 
de julio, F. 3, 189/2005, de 7 julio, F. 3, 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el fin que 
justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los 
objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes,  máxime 
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Debe quedar, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, 
de 3 de julio, FJ 4)».
Además, este Decreto ley no afecta a los supuestos excluidos en el artículo 45.1 en 
relación con el 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, ni a la regulación esencial de 
los derechos establecidos en dicho Estatuto.
En definitiva, de todo lo anterior resulta que, en este caso, el Decreto ley representa 
un  instrumento  constitucional  y  estatutariamente  lícito,  en  tanto  que  pertinente  y 
adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es 
otro, tal como reiteradamente, ha exigido nuestro Tribunal Constitucional, que subvenir a 
una  situación  concreta,  dentro  de  los  objetivos  gubernamentales,  que  por  razones 
difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el 
requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 
parlamentaria de las Leyes.
Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, 
por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad 
que exige el artículo 86 de la Constitución Española y el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía  de  Canarias  como  presupuestos  habilitantes  para  la  aprobación  de  un 
Decreto ley.
Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el 
presente Decreto ley se ajusta a los principios de buena regulación.
Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa se fundamenta 
en el interés general que supone atender a las circunstancias sociales y económicas 
excepcionales derivadas de la crisis de salud pública provocada por el COVID-19, tanto 
en los sectores productivos como en los colectivos más desfavorecidos, siendo este el 
momento  de  adoptar  medidas  adicionales  para  subvenir  a  estas  necesidades  y 
constituyendo  este  Decreto  ley  el  instrumento  más  adecuado  para  garantizar  su 
consecución.
El Decreto ley consta, pues, de un artículo único de modificación de los artículos 6  s
y 11.1 y 2 del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, a los solos efectos de salvar las  oe.
incoherencias y errores señalados. w.
En  su  virtud,  a  propuesta  de  la  Consejera  de  Derechos  Sociales,  Igualdad, 
Diversidad y Juventud, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el 
día 7 de mayo de 2020, dispongo:
Artículo  único.  Modificación  del  Decreto  ley  6/2020,  de  17  de  abril,  de  medidas 
urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad 
como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. .
El Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social 
dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, queda modificado en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 6 que queda con la siguiente nueva redacción:
«Artículo 6.  Importe del Ingreso Canario de Emergencia (ICE).
El importe de esta prestación será el 75% de las cuantías previstas en el 
artículo 14 de este Decreto ley y se tendrán en cuenta las cuantías asignadas por 
número de miembros de la unidad de convivencia para una mensualidad.»
Dos. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 11 que quedan con la siguiente 
nueva redacción:
«1.  Las solicitudes de la PCI que se hallen sin resolver, serán resueltas 
favorablemente siempre que cumplan con los requisitos siguientes:
a)  Hayan sido registradas por los ayuntamientos en la aplicación informática 
de gestión de la PCI de la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración 
a la fecha de entrada en vigor de este Decreto ley.
b)  Estén pendientes de resolución.
c)  Cuenten  con  informe  favorable  emitido  por  los  servicios  sociales 
municipales y registrado en la aplicación correspondiente.
d)  Para la determinación de los requisitos y carencia de recursos económicos 
se estará a lo dispuesto en el artículo 7.1.2.º, y artículo 8 de la Ley de la PCI.
2.  La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud 
comprobará la suficiencia económica de dichas solicitudes de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 9 y 10 del Reglamento de la PCI.»
Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente Decreto ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Canarias».
Canarias, 7 de mayo de 2020.–El Presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres 
Pérez.–La Consejera de Derechos, Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí 
Santana Perera.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 90, de 8 de mayo de 2020. Convalidado por Acuerdo del 
Parlamento de Canarias, publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 131, de 1 julio de 2020)