BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 34 Martes 9 de febrero de 2021 Sec. I.   Pág. 14391
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNITAT VALENCIANA
1859 Ley  3/2020,  de  30  de  diciembre,  de  medidas  fiscales,  de  gestión 
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021.
Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que Les 
Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto 
de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley:
ÍNDICE
Preámbulo.
Título I.  Medidas fiscales.
Capítulo I.  Tributos propios.
Sección  primera.  Modificación  de  la  Ley  20/2017,  de  28  de  diciembre,  de  la 
Generalitat, de tasas.
Sección segunda.  Modificación de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas 
fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, 
relativo  al  Impuesto  sobre  la  eliminación,  incineración,  coincineración  y  valorización 
energética de residuos.
Sección tercera.  Modificación de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Generalitat, 
de Tarifas Portuarias.
Sección cuarta.  Modificación de la Ley 2/2014, de 13 de junio, de Puertos de la 
Generalitat.
Sección quinta.  Impuesto sobre viviendas vacías.
Sección sexta.  Modificación de la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de medidas 
fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
Capítulo II.  Tributos cedidos.
Sección  primera.  Modificación  de  la  Ley  13/1997,  de  23  de  diciembre,  de  la 
Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos.
Sección  segunda.  Modificación  del  Decreto  Ley  1/2020,  de  27  de  marzo,  del 
Consell,  de  medidas  urgentes  de  apoyo  económico  y  financiero  para  las  personas 
trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de simplificación administrativa para 
hacer frente al impacto de la Covid-19.
Sección tercera.  Modificación del régimen fiscal aplicable a las Estructuras Agrarias 
de la Comunitat, previsto en la Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de 
la Comunitat Valenciana.
Título II.  Medidas administrativas.
Capítulo I.  Modificaciones legislativas en materias competencia de la Presidencia  e.
de la Generalitat. w.
SSeecccciióónn  pserigmuenrdaa. . MPaunbcloicmiduandi dInasdteitsu.cional.
Sección tercera.  Administración local.
Capítulo  II.  Modificaciones  legislativas  en  materias  competencia  de  la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Sección primera.  Servicios Sociales Inclusivos.
Sección segunda.  Personas con Discapacidad.
Sección tercera.  Personas Inmigrantes.
Sección cuarta.  Igualdad de las personas LGTBI.
Sección quinta.  Procedimientos de emergencia ciudadana.
Sección sexta.  Renta Valenciana de Inclusión.
Sección séptima.  Violencia sobre la mujer.
Sección octava.  Juventud.
Sección novena.  Infancia y adolescencia.
Capítulo  III.  Modificaciones  legislativas  en  materias  competencia  de  la 
Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.
Sección primera.  Vivienda.
Sección segunda.  Ampliación de la vivienda pública mediante el derecho de tanteo 
y retracto.
Capítulo IV.  Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Hacienda y Modelo Económico.
Sección primera.  Exención al régimen de garantías en subvenciones en materia de 
innovación.
Sección segunda.  Juego y prevención de la ludopatía.
Sección tercera.  Patrimonio.
Capítulo V.  Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Justicia, Interior y Administración Pública.
Sección primera.  Mediación.
Sección segunda.  Función pública.
Sección tercera.  Protección civil y gestión de emergencias.
Capítulo VI.  Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Sanidad Universal y Salud Pública.
Sección única.  Ordenación Farmacéutica.
Capítulo VII.  Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Sección primera.  Ferias Comerciales.
Sección  segunda.  Cámaras  Oficiales  de  Comercio,  Industria,  Servicios  y 
Navegación de la Comunidad Valenciana.
Capítulo VIII.  Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.
Sección primera.  Ganadería.
Sección segunda.  Calidad y Control ambiental de actividades. es
Sección tercera.  Saneamiento de aguas residuales e infraestructuras de recursos  o
hidráulicos. 59www.
SSSeeecccccciiióóónnn   cqsueuaxintrattaa. ..   GCPeeossntcitóaanm. Finoarceisótna lA yc púrsetivcean.ción de incendios. OE-A-2021-18able en https://
Capítulo IX.  Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.
Sección primera.  Movilidad.
Sección segunda.  Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje.
Sección tercera.  Taxi.
Capítulo X.  Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática.
Sección primera.  Transparencia y Buen Gobierno.
Sección segunda.  Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con 
Cargos Públicos no Electos.
Sección tercera.  Memoria Democrática.
Capítulo XI.  Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Educación, Cultura y Deporte.
Sección única.  Infraestructuras educativas.
Capítulo XII.  Servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de 
titularidad de la Generalitat.
Título III.  Medidas de organización administrativa y de reestructuración de entes del 
sector público instrumental de la Generalitat.
Capítulo I.  Medidas organizativas relativas a órganos adscritos a la Presidencia de 
la Generalitat.
Sección única.  Comité Valenciano para asuntos europeos.
Capítulo II.  Medidas organizativas en entes del sector público instrumental adscritos 
a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
Sección única.  Institut Valencia de Finances.
Capítulo III.  Medidas organizativas relativas a entes del sector público instrumental 
de la Generalitat adscritos a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.
Sección primera.  Institut Valencià d’Art Modern.
Sección segunda.  Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat 
Valenciana, SA.
Capítulo IV.  Medidas organizativas relativas a entes del sector público instrumental 
de  la  Generalitat  adscritos  a  la  Conselleria  de  Economía  Sostenible,  Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo.
Sección única.  Instituto Valenciano de Estadística.
Capítulo V.  Medidas organizativas relativas a entes del sector público instrumental 
de la Generalitat adscritos a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad.
Sección única.  Seguridad Ferroviaria. oe.
Disposiciones adicionales. 59ww
Primera.  Órganos competentes en el procedimiento sancionador en materia de
induSsetrgiau,n ednae. rgíEax yp rmopiniaacsi.ones  derivadas  de  nuevas  actuaciones  en  Infraestructuras
Públicas.
Tercera.  Medidas extraordinarias y específicas del procedimiento de admisión del 
alumnado e inicio de curso 2021-2022.
Cuarta.  Publicación.
Quinta.  Fondos para la reconstrucción COVID-19.
Sexta.
Disposición transitoria única.  Régimen de concesión de prórrogas de vigencia de 
las  declaraciones  ambientales  estratégicas  sobre  instrumentos  de  planificación 
urbanística.
Disposición derogatoria única.  Normativa que se deroga.
Disposiciones finales.
Primera.  Delegación legislativa en materia de vivienda.
Segunda.  Modificación  de  la  Disposición  Final  Primera  de  la  Ley  9/2019,  de 
medidas  fiscales,  de  gestión  administrativa  y  financiera  y  de  organización  de  la 
Generalitat, para aprobar un texto refundido de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat,  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje  de  la  Comunidad 
Valenciana.
Tercera.  Estatuto del Instituto Valenciano de Estadística.
Cuarta.  Habilitación para desarrollo reglamentario.
Quinta.  Entrada en vigor.
PREÁMBULO
I
La presente Ley recoge una serie de medidas referentes a aspectos tributarios, de 
gestión administrativa y de carácter organizativo, como complemento a la consecución 
de  determinados  objetivos  de  política  económica  que  se  contienen  en  Ley  de 
Presupuestos de la Generalitat para el año 2021.
La competencia de la Generalitat para aprobar la presente ley deriva de los títulos 
competenciales, ya sea con carácter exclusivo o para el desarrollo legislativo de la 
legislación básica del estado, que se prevén en los artículos 49, 50, 52, 54 y 67, del 
Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunitat  Valenciana,  en  materia  de  hacienda  de  la 
Generalitat, residuos, régimen local, publicidad institucional, servicios sociales, igualdad, 
vivienda, subvenciones, juego, mediación, ordenación farmacéutica, ferias comerciales, 
cámaras de comercio, ganadería, aguas residuales, contaminación acústica, gestión 
forestal,  pesca,  urbanismo,  transparencia,  incompatibilidades  y  organización  de  sus 
instituciones de autogobierno.
II
En cuanto a la estructura de la presente Ley de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, se ha dividido en Tres 
Títulos, con sus correspondientes Capítulos, Secciones y Artículos.
Así en el Título I, se contienen las medidas referentes a aspectos tributarios y 
fiscales.
En  el  Título  II,  se  contienen  las  medidas  de  acción  administrativa  que  como  es
complemento a la planificación económica que se contiene en la Ley de Presupuestos  bo
para 2021, exigen abordar modificaciones legislativas de aquellas leyes que regulan las  59ww
lemassae tCneEcroniiana sslem elq leluenTertííe tasu,s olao ne  a ncIl IgloIa,um sn spoqeesu t eedc nesoc enlio atosi er dgEneaen nntleai zs amP d rleaeed ls AiSidddeaemcsnt iconidrias eP,t  rúlaacbc aliViórcáinocc e dtIpenerrs e ltarsou iGrdmgeeaennnnceitizaraaal  ltydiitv eado tl.e a  qcGuaeedn ae arufaenlciatta adtn ey,    OE-A-2021-18able en https://
que exigen la modificación de algunas disposiciones legales que regulan su régimen 
jurídico.
Por último, dada su extensión y heterogeneidad, se incorpora a la ley un índice con 
su estructura, con el fin de simplificar y manejar su análisis.
III
La  Ley  responde  a  los  principios  de  buena  regulación  de  necesidad,  eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, de conformidad con el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
A  estos  efectos,  se  pone  de  manifiesto  el  cumplimiento  de  los  principios  de 
necesidad y eficacia, dado el interés general en que se fundamentan las medidas que se 
establecen.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulación 
imprescindible para la consecución de determinados objetivos de política económica del 
Consell de la Generalitat que exigen la aprobación de diversas normas. Igualmente, se 
ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico. En cuanto al principio de transparencia, la mayoría de sus medidas, se han 
sometido a los trámites de consulta pública, audiencia e información pública que son 
aplicables a la tramitación de normas con rango de ley. Por último, en relación con el 
principio de eficiencia, esta Ley no impone cargas administrativas para los ciudadanos.
IV
En  la  sección  Primera  del  capítulo  I,  del  Título  I,  de  esta  ley  se  incluyen  las 
modificaciones a la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, que 
afectan a diversos preceptos de dicha norma. Las modificaciones introducidas en la 
citada ley son las siguientes:
a)  En el capítulo IV del título I, aplicación de las tasas, se modifica el artículo 
correspondiente a los modelos de autoliquidación u otros impresos relativos a tasas, 
introduciendo  un  nuevo  apartado  3  al  artículo  1.4-5  con  la  finalidad  de  dotar  de 
competencia  en  el  ámbito  de  aprobación  de  modelos  de  declaraciones, 
autoliquidaciones, etc o en la determinación de programas informáticos para la aplicación 
de las tasas, entre otras, a otros entes de derecho público dependientes de la Generalitat 
en cuanto la recaudación de las tasas constituya uno más de los recursos de su propio 
presupuesto.
b)  En las tasas en materia de adopción internacional se modifica el apartado b del 
artículo 2.1-2 correspondiente a las exenciones con el objetivo de clarificar y especificar 
los conceptos que se encuentran incluidos en el término las rentas», a los efectos de 
determinar cuándo procede aplicar la exención contenida en el referido apartado de ese 
artículo.
c)  En las tasas por servicios relativos a la producción agrícola, se modifica la 
denominación de la tasa por Inscripción en el registro de productores de Semillas y 
Plantas  de  Vivero  así  como  la  tasa  Inscripción  en  el  Registro  de  Productores, 
Comerciantes e Importadores de Vegetales por Inscripción en el Registro de Operadores 
Profesionales de Vegetales como productor de semillas y plantas de vivero (ROPVEG) e 
Inscripción en el Registro de Operadores Profesionales de Vegetales como comerciante  e.e
de semillas y plantas de vivero (ROPVEG), respectivamente. b
d)  En las tasas por autorización y control de vertidos en aguas marítimas litorales  59ww
psea gaoñ addee l au ntaas nau ae vloas e vxeernticdioósn  pqruoec emdoednitfeicsa  deel  aprltaícnutalos  4d.e1 -d2e csoanlin laiz aficniaólnid, aedn  dlae  epxairmtei rq dueel 
csourmreinsipsotrnod, ad ea al cuuseor dpoa crao nr elogsa odbíoje, tcivoons  deel  flian  pdlaen ipfioctaecniócnia rh iedsroteló guiscoa .como garantía de
e)  En las tasas en materia de enseñanza universitaria, regulada en el Capítulo III 
del Título XIV, se minora el precio del crédito en primera matrícula en enseñanzas de 
grado, manteniendo invariable el resto de matrículas con el fin de adecuarlo a los límites 
máximos fijados en la Conferencia General de Política Universitaria, de conformidad con 
el artículo 81.3.b de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su 
redacción dada por Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban 
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-2019, determina el marco-jurídico legal para que las 
Comunidades Autónomas fijen los precios públicos por servicios académicos y demás 
derechos que legalmente se establezcan dentro de los cuales estarán relacionados con 
los costes de prestación del servicio de la universidad.
f)  En las tasas en materia de educación, por servicios relativos a la inscripción en 
pruebas selectivas para el acceso al cuerpo docente, se incrementa el importe de los 
epígrafes  correspondientes  a  los  grupos  A1  y  A2,  a  fin  de  ajustarlo  a  los  costes 
soportados por la Administración para la realización de las mismas.
g)  En las tasas en materia de industria, energía y minas del título XX, se crea una 
nueva tasa con la finalidad de cubrir los costes derivados del servicio de traslado y 
custodia por el personal técnico de los Servicios Territoriales de Industria y Energía de 
punzones de contraste a laboratorios de empresas dedicadas a la fabricación de oro y 
plata para la realización de ensayos y contrastación de garantía, como prueba y control 
de idoneidad, previa al tráfico o comercialización posterior.
h)  En las tasas en materia de juego, se modifica la tasa de instalación de salones 
de juego, distinguiendo por un lado la solicitud de instalación al objeto de verificar el 
cumplimiento  del  requisito  de  distancias  exigido  por  el  Reglamento  de  Salones 
Recreativos y Salones de Juego y por otro lado su posterior autorización.
Así mismo, como consecuencia de la modificación anterior se introducen dos nuevos 
apartados en el artículo correspondiente a su devengo y exigibilidad al objeto de clarificar 
en qué momento ha de realizarse el pago de las tasas.
Por otro lado, se modifica el cuadro del artículo 23.1-4 correspondiente a la cuota 
íntegra introduciendo nuevos subconceptos en el epígrafe correspondiente a trámites 
relativos a la titularidad, explotación o instalación de máquinas recreativas y de azar.
i)  Se  crea  una  nueva  tasa  por  la  prestación  de  servicios  relativos  a  los 
procedimientos incoados a instancia de parte para el deslinde y replanteo de vías 
pecuarias  y  montes  de  utilidad  pública  en  la  Comunitat  Valenciana.  Dicha  tasa  se 
encuadra en un nuevo capítulo V denominado: «Tasas por servicios relativos a deslinde 
y replanteo en vías pecuarias y montes de utilidad pública» en el actual Título XXVI de la 
Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de Tasas.
j)  En el título XXIX, tasas en materia de sanidad:
En el capítulo I, tasa por prestación de asistencia sanitaria, se han introducido 
modificaciones en los artículos referentes a los sustitutos del contribuyente, con la 
finalidad de facilitar en determinados casos específicos la exigencia del pago de las 
tasas, y a los responsables, en coherencia con los cambios operados en los anteriores 
obligados tributarios.
Se  han  introducido  dos  nuevas  tasas  sanitarias  sobre  dos  actividades  de  la 
especialidad de radiología que se realizan con una frecuencia creciente en los hospitales 
valencianos y todavía no se recogen en el texto legal. Esto supone incluirlas en el 
apartado 3 del artículo 29.1-10 para el cálculo de la cuota íntegra por procedimientos 
diagnósticos  y  terapéuticos.  Y,  en  el  apartado  24  del  artículo  29.1-10  relativo  a  e.
procedimientos  en  Medicina  nuclear  se  introducen  tres  nuevas  tasas  sobre  tres  w.b
actividades de esta especialidad. 59ww
TranEsnfu esli ócna pdíetu lloa  IIC, otamsuan rietalat tiVvaal ean lcoias npar,o dsuec tionstr oyd suecrevnic idooss p rtaessatasd odse  pnour eevla C cernetaroc iódne 
rteejsiduolt aonctuelsa rd aedl anputaedvoo  ap lroosc epsaor ádmee tdroosn adcei ócna,l ideavda leuxaicgiiódno,s  pproorc leas aOdrog ayn izdaisctiróibnu Nciaócnio ndaell 
de Trasplantes (ONT) en el Plan Nacional de Córneas. Se suprimen varias tasas debido
a  que  existen  otras  tasas  similares  para  utilizar  en  dichos  casos.  Se  modifica  la 
denominación de las tasas que se introdujeron en la última de las propuestas de este 
Centro, que están valoradas por el Registro Español de Donantes de Médula Ósea 
(REDMO).
En el capítulo IV, tasa por otras actuaciones administrativas en materia de sanidad, 
se modifica el texto descriptivo y/o se reducen los importes de varias tasas del cuadro de 
cuantías para el cálculo de la cuota íntegra por actuaciones administrativas relativas a 
empresas alimentarias, alimentos y establecimientos alimentarios con la finalidad de 
adaptarla a los conceptos del nuevo marco normativo comunitario y autonómico en 
materia de controles oficiales aplicables a las empresas y establecimientos alimentarios. 
Por  otro  lado,  la  habilitación  telemática  a  lo  largo  de  2019  de  diversos  trámites  y 
procedimientos administrativos en la sede GVA ha supuesto una reducción significativa 
del tiempo y recursos necesarios para su gestión, haciendo necesaria una revisión de las 
cuantías que se perciben por razón de los diferentes servicios recogidos en el citado 
artículo 29.4-5 de la Ley 20/2017, con motivo de la reducción de los costes de los 
servicios asociados.
k)  Se suprimen las tasas por la consulta o el acceso a la información de los 
registros de fundaciones y colegios profesionales debido a la entrada en vigor de la 
normativa en materia de transparencia en la actividad pública, tanto estatal (Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno); 
como valenciana (Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana y Decreto 105/2017, 
de  28  de  julio,  del  Consell,  de  desarrollo  de  la  Ley  2/2015,  de  2  de  abril,  de  la 
Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del Consell de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno). Se produce un cambio radical 
respecto del acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, pasando del 
tradicional derecho de acceso por parte de los interesados a sus propios expedientes, a 
un acceso universal por parte de todos y todas a la información pública sin necesidad de 
acreditar un interés legítimo ni de motivar la solicitud, nada más con las limitaciones 
previstas en la ley.
De este modo, con esta normativa se establece que con carácter general este 
acceso será gratuito, tanto el suministro de esta información por medios electrónicos 
como el acceso a la información en el lugar donde se localice. Solamente podrá haber 
exacciones en casos de expedición de copias o de transposición de la información a un 
formato diferente del original.
l)  Se introduce el Capítulo III del título XXX, correspondiente a tasas en materia de 
urbanismo, que incluye una nueva tasa con la finalidad de gravar determinados actos en 
relación  con  el  registro  de  entidades  colaboradoras  de  verificación  y  control  de 
actuaciones urbanísticas ECUVs como consecuencia de la Disposición Adicional 9.ª 
(DA 9.ª) de la Ley 5/2014, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje (LOTUP), introducida por la Ley 1/2019, de modificación de esta, ha establecido 
que los ayuntamientos podrán ejercer determinadas funciones en materia urbanística a 
través de las denominadas Entidades Colaboradoras de la Administración (ECUV), o de 
los distintos Colegios Profesionales. Dicha previsión legal ha sido desarrollada, conforme 
a  lo  dispuesto  en  la  propia  DA  9.ª,  mediante  la  aprobación  y  publicación  del 
Decreto  62/2020,  del  Consell,  de  regulación  de  las  entidades  colaboradoras  de  la 
Administración municipal en la verificación de las actuaciones urbanísticas y de creación 
de su registro (DOGV 20/5/20). En el artículo 14 de esta disposición se crea el Registro  e.
de  entidades  colaboradoras  de  verificación  y  control  de  actuaciones  urbanísticas  w.b
(RECUV), registro de naturaleza administrativa y carácter público, en el que deben  59ww
tinasl cinrisbcirrsipec liaósn ,p teiersnoen caasr áy cetenrt idcaodnessti tuqtuiveo d, ecsoenefonr mcoen sat itluoi risned iecna dEoC eUnV .e El na retísctuelo s e1n9t iddoe,l 
DecErent o la6 2S/2e0c2c0ió.n  Segunda  del  mismo  capítulo  se  introducen  modificaciones  en  el
Impuesto sobre la eliminación, incineración, coincineración y valorización energética de
residuos,  regulado  en  el  artículo  9  de  la  Ley  21/2017,  de  28  de  diciembre,  de  la 
Generalitat Valenciana, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de 
organización de la Generalitat, con el fin de acomodar la normativa tributaria a las 
nuevas exigencias derivadas de la normativa europea en el ámbito de la valorización y 
tratamiento de los residuos domésticos.
En las Secciones Tercera y Cuarta del Capítulo I del Título I, se modifican algunas 
bonificaciones a las tarifas portuarias, el hecho imponible y los tramos, de la Ley 1/1999, 
de  31  de  marzo,  de  la  Generalitat,  de  Tarifas  Portuarias,  y  las  bonificaciones  y 
exenciones previstas en la Ley 2/2014, de 13 de junio, de puertos de la Generalitat.
En el capítulo II del Título I, de la presente ley se introducen modificaciones en la 
Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el 
tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes 
tributos cedidos, en los ámbitos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF en adelante), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD).
En primer lugar, se crea una deducción de importe fijo para contribuyentes que 
residan habitualmente en municipios con riesgo de despoblamiento. Su importe, además, 
se modula en función del número de descendientes o personas asimiladas con derecho 
a la aplicación del mínimo por descendientes establecido en la legislación estatal del 
impuesto.  En  el  Seminario  de  Gobierno-Verano  2019  celebrado  en  Montanejos  se 
aprobó el objetivo del establecimiento de un nuevo escenario de tributación autonómica 
en zonas despobladas o en peligro de despoblamiento. Esta declaración es congruente 
con el Acuerdo Botánico 2 en que se declara que se promoverán beneficios fiscales para 
iniciativas sociales y empresariales que decidan establecerse en las comarcas de interior 
en riesgo de despoblamiento. Entre las distintas medidas tributarias posibles la opción de 
introducir una deducción aplicable sobre la cuota íntegra autonómica del IRPF aporta 
como ventaja su visibilidad, progresividad y modularidad para establecer un marco fiscal 
favorable que permita revertir los profundos procesos de despoblamiento que afectan a 
amplias zonas del territorio valenciano.
Por  otro  lado,  en  cumplimiento  de  los  objetivos  del  Pacto  valenciano  contra  la 
violencia de género y machista firmado el 18 de septiembre de 2017, se equipara el 
tratamiento otorgado a las mujeres víctimas de violencia de género al de otros colectivos 
que ya gozaban de beneficios fiscales destinados a facilitar su acceso a su vivienda 
habitual  tanto  en  el  ámbito  del  IRPF  como  del  Impuesto  sobre  Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas. Asimismo se introduce una reducción en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones dirigida a incentivar las donaciones que tengan por finalidad 
ayudar a estas contribuyentes en la adquisición de su vivienda habitual. También se 
reconocen  beneficios  para  el  acceso  a  su  vivienda  habitual  en  el  Impuesto  sobre 
Transmisiones  Patrimoniales  Onerosas  a  las  familias  monoparentales,  dando  así 
cumplimiento al compromiso adquirido por el Consell, en el Decreto 19/2018, de 9 de 
marzo, por el que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en 
la Comunitat Valenciana.
También en el IRPF se modifica la regulación de la deducción autonómica por 
donaciones con finalidad ecológica para aumentar al 25 por ciento su porcentaje, en 
línea con los otros incentivos autonómicos establecidos en el impuesto en favor de 
deducciones beneficiosas para el interés general. No obstante, la modificación no es 
ajena a la reciente elevación de un 5 por ciento operada en los porcentajes de la 
deducción estatal prevista en el artículo 19 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de  s
régimen  fiscal  de  las  entidades  sin  fines  lucrativos  y  de  los  incentivos  fiscales  al  oe.
mecenazgo, merced a la aprobación del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el  w.
que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer  59ww
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objeto persiguen las modificaciones técnicas operadas en la regulación de las demás 
deducciones por donaciones existentes en la Ley 13/1997, que operarán en cuanto 
pudiera  existir  un  solapamiento  en  la  aplicación  de  las  desgravaciones  estatal  y 
autonómica,  lo  que  sucederá  en  todo  caso,  en  las  deducciones  reguladas  en  los 
apartados q) y r) del apartado uno del artículo 4 de la Ley y en algunos supuestos en la 
regulada en el apartado s).
En el marco de la política del Consell de lucha contra el cambio climático, se 
pretende mantener el apoyo a la adquisición o electrificación de bicicletas o de vehículos 
eléctricos de transporte individual mediante la creación, con efectos desde el uno de 
enero de 2021, de una deducción permanente en el tramo autonómico del IRPF.
Como medida de incentivo a la actividad económica y la creación de empleo se 
introduce una deducción aplicable a los adquirentes de acciones o participaciones en el 
capital de entidades. A diferencia de otros beneficios ya existentes en otras comunidades 
autónomas, se limita la concesión del beneficio a las empresas que desarrollen una 
actividad  genuinamente  nueva,  evitando  así  incentivar  aquellos  actos  de  mera 
transformación jurídica de explotaciones económicas ya existentes en perjuicio de otras 
formas de emprendedurismo. Por otra parte, el beneficio se incrementa cuando las 
sociedades tienen carácter innovador e investigador, que son empresas que merecen 
especial protección e interés y que, en muchos casos, podrían operar en cualquier lugar 
gracias a las nuevas tecnologías; o cuando su domicilio fiscal radica en un municipio con 
riesgo de despoblamiento, en coherencia con la declaración contenida en el Acuerdo 
Botánico 2 de promoción de beneficios fiscales para iniciativas sociales y empresariales 
que decidan establecerse en las comarcas de interior en riesgo de despoblamiento.
Se modifica el texto normativo correspondiente a los límites de renta con la intención 
de equiparar el tratamiento otorgado en el requisito de renta a las deducciones por 
arrendamiento contenidas en las letras n y ñ, relativas a la deducción por arrendamiento 
de la vivienda habitual del contribuyente y al arrendamiento de una vivienda como 
consecuencia de la realización de una actividad en municipio distinto de aquel en el que 
el contribuyente residía con anterioridad, respectivamente, al otorgado con carácter 
general a las otras deducciones aprobadas por aplicación de renta, en la línea del eje 6 
del Pacto del Botánico 2 de consolidar la reforma tributaria para configurar un sistema 
tributario progresivo. Asimismo, se incorporan las referencias a las nuevas deducciones 
y se corrige alguna referencia incorrecta.
La modificación de la Disposición adicional novena adapta los requisitos para la 
acreditación de la presentación de documentos sujetos al Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados  y  al  Impuesto  sobre  Sucesiones  y 
Donaciones para los supuestos contemplados en la letra c del artículo 6 de la Ley 
Hipotecaria, en los cuales el interesado en la inscripción no ostenta la condición de 
sujeto pasivo por la adquisición de un derecho previamente no inscrito.
En la Disposición adicional décima se crea una nueva obligación formal dirigida a las 
administraciones públicas que otorguen concesiones administrativas, así como otros 
actos  y  negocios  administrativos  fiscalmente  equiparables,  en  atención  a  que  la 
información que la administración tributaria valenciana puede obtener tanto del Registro 
de Contratos del Sector Público como del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat 
no es completa ni suficiente para poder llevar a cabo de forma adecuada y eficiente sus 
labores de gestión, liquidación y control de las obligaciones tributarias derivadas del 
otorgamiento de este tipo de documentos que pudieran contener actos constitutivos de 
hechos imponibles sujetos. s
Por último, las nuevas desgravaciones establecidas en la presente norma, en cuanto  oe.
recaigan en actos que supongan la entrega de importes dinerarios se someten a la  w.
regulación sobre medios de pago contenida en la disposición adicional decimosexta y se  59ww
dcoicrireigmeb lrae ,r eddoancdceió nn od esle a phaarltlaabdao  tdeercbeidroa mdeenl taer tírceuflleoj a1d0o b iesl  daeu mlae Lnetoy  1d3e/l1 9p9o7rc, edneta 2je3  ddee 
eremdpurcecsióan f aaml il9ia9r .por ciento existente en las demás reducciones relacionadas con la  BOE-A-cable e
Como  respuesta  a  la  crisis  sanitaria  de  la  Covid-19,  el  Consell  ha  promovido 
múltiples medidas a lo largo del ejercicio 2020. Entre ellas cabe señalar las ayudas 
contenidas tanto en el Decreto Ley 3/2020, de 10 de abril, de adopción de medidas 
urgentes para establecer ayudas económicas en los trabajadores y las trabajadoras 
afectados por un ERTE y a los cuales han reducido la jornada laboral por conciliación 
familiar  con  motivo  de  la  declaración  del  estado  de  alarma  por  la  crisis  sanitaria 
provocada por la Covid-19, como en la Orden 5/2020, de 8 de junio, de la Conselleria de 
Política  Territorial,  Obras  Públicas  y  Movilidad,  por  la  cual  se  aprueban  las  bases 
reguladoras para el otorgamiento de subvenciones para la adquisición o electrificación 
de bicicletas urbanas y vehículos eléctricos de movilidad personal. Dado que están 
legalmente sujetas a tributación en el IRPF como rendimientos del trabajo personal o 
ganancias patrimoniales incluidas en la renta general, el Consell se comprometió a 
establecer, atendiendo a las posibilidades de su marco competencial, las deducciones en 
el tramo autonómico del IRPF que permitieran compensar la mayor carga tributaria que, 
en  otro  caso,  tendrían  que  soportar  sus  beneficiarios.  En  la  Disposición  Adicional 
decimoséptima se incorporan dichas deducciones, que producirán sus efectos para el 
periodo impositivo 2020.
Por otro lado, la actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de 
incentivar aquellas actuaciones realizadas en el campo del tratamiento y prevención de 
la  referida  pandemia.  Por  tal  motivo  se  introducen,  también  en  la  disposición 
decimoséptima y con los mismos efectos temporales, sendas deducciones para las 
donaciones dirigidas a las entidades públicas y privadas que desarrollan en la Comunitat 
Valenciana programas de investigación, innovación y desarrollo científico o tecnológico 
para  luchar  contra  los  efectos  de  la  Covid-19,  así  como  para  recompensar  las 
aportaciones  recibidas  por  la  administración,  sea  en  metálico  o  en  especies,  para 
contribuir a la financiación de los gastos ocasionados por la crisis sanitaria, de acuerdo 
con el artículo 4 del Decreto Ley 4/2020, de 17 de abril, del Consejo, de medidas 
extraordinarias de gestión económico-financiera para hacer frente a la crisis producida 
por la Covid-19.
En la sección Segunda del Capítulo II del Título I, se modifica, con efectos desde la 
entrada en vigor de la norma original, el artículo 10 del Decreto Ley 1/2020, de 27 de 
marzo, del Consell, de medidas urgentes de apoyo económico y financiero para las 
personas  trabajadoras  autónomas,  de  carácter  tributario  y  de  simplificación 
administrativa para hacer frente al impacto de la Covid-19. Se trata de evitar la pérdida 
de la bonificación del 100 por cien sobre la cuota íntegra devengada por la explotación 
de máquinas y aparatos automáticos durante el estado de alarma, máquinas de tipos B o 
recreativas con premio, destinadas a ser instaladas en locales de hostelería o similares, 
cuya autorización caduque durante el segundo semestre del año 2020 y no sea posible 
su  prórroga,  con  independencia  de  la  voluntad  del  operador.  La  aprobación  de 
Ley 1/2020, de 11 de junio, de la Generalitat, de regulación del juego y de prevención de 
la ludopatía en la Comunitat Valenciana sobrevino a la del Decreto Ley, por lo que se 
pretende continuar con la moratoria.
En la sección Tercera del Capítulo II, del Título I, se modifica el régimen fiscal 
aplicable a las Estructuras Agrarias de la Comunitat, previsto en la Ley 5/2019, de 28 de 
febrero, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana, para establecer una nueva 
definición de las parcelas con vocación agraria y una nueva redacción del régimen de 
bonificaciones y reducciones fiscales a su transmisión, arrendamiento o permuta.
V o
Como complemento para la planificación de la actividad económica de la Comunitat  59ww
seonc iuanl oys e ccaosnoósm yic ae no  ao trlao sn, oprmora tlaiv an ebcáessicidaa eds tdaeta la vdiagpetnatre ,a rlgeusunlatas  nneocrmesaasr ioa  alap rorebaalrid laads 
morogdainfiiczaac liao nAedsm leingisatlreasc ieónn  adleg ulan aGse nmearatelirtiaats,  qcuoem spee tceonnctiiae ndeen  leans  eCl oTnístuellole IrIi.as en que se  BOE-A-cable e
En  el  ámbito  de  las  competencias  en  materia  de  régimen  local  atribuidas  a  la 
Presidencia de la Generalitat, se modifica la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de la 
Generalitat,  de  Mancomunidades  de  la  Comunitat  Valenciana,  para  aclarar  la 
interpretación de algunos preceptos que regulan las mancomunidades como los relativos 
a  la  adhesión  de  municipios  incluidos  en  otras  demarcaciones  territoriales  y  la 
composición  de  los  órganos  de  gobierno  para  adecuarlos  a  la  realidad  del 
asociacionismo  local  mancomunado,  facilitando  su  funcionamiento  y  otorgando  la 
máxima seguridad jurídica a las entidades que inician este proceso.
En el ámbito de la Publicidad Institucional, se modifica la Ley 12/2018, de 24 de 
mayo,  de  la  Generalitat,  de  Publicidad  Institucional  para  el  interés  ciudadano  y  la 
concepción colectiva de las Infraestructuras Públicas, para adaptar sus previsiones en 
cuanto a la regulación del período electoral y en materia de contratación, a la normativa 
estatal de carácter básico.
En el ámbito de las competencias en materia de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
destacamos la modificación de varios artículos de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de 
servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, para regular el uso de la marca 
del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, en el ámbito de las gestiones 
indirectas  de  centros  y  servicios  de  titularidad  de  la  Comunitat  Valenciana,  para 
armonizar  el  régimen  de  prestaciones  del  Sistema  Público  de  Servicios  Sociales 
regulado en la ley con la legislación en materia de diversidad funcional y de infancia y así 
evitar que surjan discrepancias e interpretaciones a las que puedan acogerse quienes no 
estén de acuerdo con la modificación, haciendo referencia a la necesaria coordinación 
con otros recursos sociales, sanitarios y educativos. Asimismo, en la acción concertada, 
se observa la necesidad de acompasar y mejorar sus fórmulas de justificación, al igual 
que en otras legislaciones de concierto social de carácter autonómico, siendo el fin 
último homogeneizar el sistema de gestión y justificación de las entidades en aras de 
una mejora del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
También se modifica, la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el 
Estatuto  de  las  Personas  con  Discapacidad,  para  cambiar  las  actuales  líneas 
nominativas de subvención a las Entidades Locales, que incluyen pequeñas partidas 
para  el  desarrollo  de  programa  de  servicios  especializados  para  personas  con 
discapacidad o diversidad funcional, y su sustitución, mediante al contrato programa, que 
se elabore por el órgano competente de la Conselleria, para el mantenimiento de las 
personas con diversidad funcional y con problemas de salud mental en su domicilio o 
entorno social, a desarrollar por los Ayuntamientos o mancomunidades de municipios, 
dentro de una zona básica de servicios sociales.
En  este  ámbito,  además  se  modifica  la  Ley  9/2016,  de  28  de  octubre,  de  la 
Generalitat,  de  Regulación  de  los  Procedimientos  de  Emergencia  Ciudadana  en  la 
Administración  de  la  Comunitat  Valenciana,  para  incluir  en  su  Anexo,  como 
procedimientos de emergencia ciudadana, los contratos específicos en el ámbito de 
servicios sociales.
En el ámbito de las competencias en materia de vivienda, se modifica la Ley 8/2004, 
de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana, en concreto su artículo 57, 
a fin de evitar el vacío de regulación en cuanto a las viviendas de parque público de la 
Generalitat que no tengan calificación «viviendas de promoción pública» (bien por haber 
finalizado el periodo de protección asociado a su calificación o porque nunca han estado 
calificadas de promoción pública) asimilando su régimen jurídico al de las «viviendas de 
promoción pública». s
En  el  ámbito  de  las  competencias  en  materia  de  Hacienda,  se  modifica  la  oe.
Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público  w.
Instrumental y de Subvenciones, con el fin de promover que entidades sin ánimo de lucro  59ww
edle saarrtírcoullleon  1p7ro1y.5e,c taops aor tpardoog rfa mdea sd vicinhcau laledyo, sp aa rian nqouvaec itóanm, bai écnu yqouse edfeenc toesx,e sneto ms oddeif iclaa 
cdoicnhsatistu ecniótind addee sg.arantías las subvenciones en materia de innovación que se concedan a  BOE-A-cable e
En  materia  de  Juego,  la  recientemente  aprobada  Ley  1/2020,  de  11  de  junio, 
reguladora del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunidad Valenciana, ha 
contemplado el régimen de silencio aplicable a los procedimientos iniciados a solicitud de 
las personas interesadas en el sector del juego, disponiendo en el apartado 2 de su 
artículo 24 que, transcurrido el plazo para dictar resolución, tienen que entenderse como 
desestimadas; aclarando, en su exposición de motivos, que aquel puede ser modificado 
en vía reglamentaria.
A pesar de su reflejo en este artículo y exposición de motivos, razones de técnica 
jurídica aconsejan plasmar el régimen del silencio, de forma integrada y específica, como 
una  disposición  de  la  ley,  a  fin  de  limitar  posibles  polémicas  técnicas  y,  muy 
especialmente, de reforzar la seguridad jurídica para las personas con intereses en el 
sector e, incluso, para la propia administración del Consell.
Sobre  la  justificación  de  la  modalidad  del  silencio,  no  cabe  sino  repetir  ahora, 
aclaratoriamente, la motivación que la citada ley 1/2020, de 11 de junio, reguladora del 
juego y de prevención de la ludopatía en la Comunidad Valenciana, ya señaló: «la 
especial protección a la salud y seguridad de las personas consumidoras de los juegos, 
la protección de los derechos –en particular, de las personas menores de edad–, la 
garantía del orden público e impedir el fraude en la actividad del juego, son razones 
imperiosas de interés general […].
Estas  mismas  razones  justifican  los  efectos  desestimatorios  del  silencio 
administrativo […]».
En el ámbito de las competencias en materia de Sanidad, se modifica la Ley 6/1998, 
de 22 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunitat Valenciana, para conseguir 
los objetivos referentes al ámbito de la optimización de la terapéutica y de la integración 
de  estructuras  de  Atención  Primaria,  Atención  Especializada  y  Sociosanitaria, 
incorporando un nuevo artículo, el 5 bis, para crear el Programa de optimización e 
integración terapéutica en el ámbito de la prestación farmacéutica y ortoprotésica.
En el ámbito de las competencias en materia de Economía, Sectores Productivos 
Comercio y Trabajo, destaca la inclusión de una Disposición Adicional en la presente ley, 
para establecer claramente los órganos competentes de la Administración del Consell de 
la Generalitat para iniciar, instruir y sancionar en las materias de industria, energía y 
minas, pues en la actualidad se viene aplicando, por analogía, lo que establece la 
normativa sectorial estatal.
En  el  ámbito  competencial  de  la  Conselleria  de  Agricultura,  desarrollo  rural, 
emergencia climática y transición ecológica, se modifica la Ley 6/2003, de 4 de marzo, 
de  ganadería  de  la  Comunitat  Valenciana,  para  precisar  que  ante  un  cambio  de 
titularidad del terreno o de las instalaciones, sea posible revisar los compromisos que se 
hayan adquirido y estén vigentes entre el titular de la explotación y el propietario del 
terreno  o  de  las  instalaciones,  se  adapta  el  término  «condiciones  generales  de 
bienestar» a la normativa comunitaria y nacional, se añaden y tipifican dos infracciones 
graves más.
En este ámbito también se modifica, la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, 
Calidad y Control Ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, en relación con 
las actividades en materia de gestión hidráulica de interés comunitario sometidas al 
régimen de licencia ambiental como consecuencia de la modificación de la Ley 2/1992, 
de 26 de marzo, de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
Por  último,  en  el  Capítulo  VIII,  del  Título  II,  destacamos,  la  modificación  de  la 
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat  s
Valenciana, para definir la llamada «Zona de Influencia Forestal», las limitaciones y  oe.
prohibiciones aplicables en dicha Zona, los usos y actividades sometidos a autorización  w.
administrativa.  Así  mismo,  establece  las  limitaciones  aplicables  a  los  terrenos  59ww
iinncdeenmdniaizdaocsio. nePso rd erúivltaimdoo,s  dinet rinocdeuncdei osla f orreesgtuallaecsi.ón  sobre  reparación  de  daños  e
Ley E5n/2 0m1a4t,e rdiae  1d4e  doer djuelnioa,c idóen  lad eGl eTneerrraitloitraiot,,  ddee sotradcean alcai óenx tdeenl stae rrmitoordioif,i cuarcbióann isdmeo  lay   BOE-A-cable e
paisaje, de la Comunitat Valenciana, destacando la introducción de aspectos novedosos 
en la regulación de las construcciones en zonas rurales, favoreciendo la implantación de 
usos industriales y terciarios en los municipios del sistema rural, admitiendo la posibilidad 
de eximir de la reserva del 5% de dotaciones públicas. Por otro lado, se facilita la 
prestación de garantías para la promoción de programas de actuación integrada por las 
sociedades urbanísticas de titularidad pública, se prevé la posibilidad de subrogación de 
la Generalitat ante la inactividad de los Ayuntamientos en las actuaciones de edificación 
forzosa destinadas a uso residencial.
En el ámbito de las competencias de la Conselleria de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Democrática, se modifica por un lado, la Ley 2/2015, de 2 de abril, de 
la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat 
Valenciana,  para  que  en  la  participación  de  la  ciudadanía  en  los  diferentes  procesos 
participativos que se van implementando en la Generalitat, se puedan comprobar algunos 
requisitos específicos según el nivel de participación, como por ejemplo la edad y la vecindad 
administrativa, se impulsará la creación de un carné de participante a través del nuevo Portal 
de Participación Ciudadana que está desarrollándose junto con el órgano competente en 
materia de Tecnologías de Información y la Comunicaciones.
Con  motivo  de  la  publicación  de  la  Guía  de  participación  ciudadana  de  la 
administración de la Generalitat y su sector público se considera necesario imponer un 
porcentaje mínimo de representación de la ciudadanía en los órganos de participación 
para asegurar su presencia real y repercusión efectiva en la toma de decisiones.
Por último, se crea un registro telemático de órganos de participación para validar 
aquellos  que  cumplen  con  los  requisitos  que  tendrán  que  desarrollarse 
reglamentariamente, para ir configurando foros de debate de las políticas públicas que 
vayan configurando un modelo de gobernanza que cuenta con la voz de la ciudadanía.
También  se  modifica  la  Ley  8/2016,  de  28  de  octubre,  de  la  Generalitat,  de 
Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos No Electos, 
para entre otros, aclarar que sólo los miembros del Consell pueden ser diputados de les 
Corts,  para  sustituir  el  término  «dieta»  por  «cualquier  percepción»,  en  cuanto  a  las 
percepciones  incompatibles,  para  adecuar  la  incompatibilidad  de  los  miembros  de  las 
Corporaciones Locales a la doctrina sentada por el Dictamen 728/2019 del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana, de 27 de diciembre de 2019, para sustituir la mención 
al límite previsto para el IRPF por el previsto por la normativa aplicable al cargo, así como 
otros aspectos para mejorar la sistemática, clarificar y evitar reiteraciones en la norma.
VI
En el título III, la Ley contiene medidas de Organización Administrativa que afectan, 
en su mayor parte, a órganos administrativos o a entes del Sector Público Instrumental 
de la Generalitat adscritos a las diferentes Consellerias.
De  las  medidas  que  constan  en  este  Título,  en  primer  lugar,  se  modifica  la 
composición y las normas de funcionamiento del Comité Valenciano para los Asuntos 
Europeos, órgano consultivo en materia de asuntos europeos, cuya existencia está 
prevista en el artículo 62.5 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat, con el fin de 
hacer  de  éste,  un  auténtico  órgano  consultivo  con  plena  participación  de  actores 
relevantes de la Comunitat Valenciana y facilitar al máximo la presencia activa y sin 
interrupciones  de  profesionales  de  reconocido  prestigio  dentro  del  ámbito  político, 
académico,  parlamentario,  diplomático  y  económico  que  hayan  destacado  por  su  s
contribución y actividad relacionada con la Unión Europea, o por razón de su cargo en  e.
instituciones públicas u organizaciones de la sociedad civil de la Comunitat Valenciana. w.
En segundo lugar, se modifica el régimen jurídico del Institut Valencià de Finances,  59ww
cdoen Gteensidtióon e An deml ianritsíctrualtoiv 1a7 y1  Fdinea lnac Lieerya  5y/ 2d0e1 O3,r gdaen 2iz3a cdieó nd idceie lma bGree,n deera Mlitaetd, ipdaarsa F aisdceaclueasr, 
snue censaitduaradleesz ad ejtuercídtaicdaa,s  aesní  ecl oemjeroc icsiuo  dréeg laim aecnti vjiudraíddi ccore dyi ticfuian.ciones  atendiendo  a  las  BOE-A-cable e
En el ámbito de la Conselleria competente en materia de Cultura se modifica el 
régimen jurídico de los órganos rectores del Institut Valencià d’Art Modern, para adecuar 
sus funciones, atribuir a la Gerencia, las competencias en gestión de personal y de 
contratación de la entidad, con el fin de obtener una mayor eficacia y eficiencia en la 
gestión de la entidad por sus órganos rectores. Así mismo se incorporan en la Ley, por 
su importancia, alguna de las funciones del Consejo Rector que se contienen en el 
Reglamento del IVAM.
En el ámbito de la Conselleria de Economía, Sectores Productivos Comercio y 
Trabajo, se reordenan las funciones y competencias en materia de Estadística, que 
prevé la Ley 5/1990, de 7 de junio de 1990, de la Generalitat Valenciana, de estadística 
de la Comunitat Valenciana y se crea el Instituto Valenciano de Estadística, la Comisión 
Interdepartamental de Estadística y el Consejo Valenciano de Estadística, como órgano 
consultivo y de participación social en esta materia.
También se modifica la Ley 7/2018, de 26 de marzo, de Seguridad Ferroviaria, para 
permitir que se puedan nombrar suplentes de los miembros del Consejo Rector de la 
Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria y garantizar el funcionamiento normal del 
citado órgano colegiado del Organismo Autónomo.
Por  último,  la  parte  final  del  proyecto,  contiene  las  disposiciones  adicionales, 
transitorias, derogatoria y finales complementan la ley recogiendo diversas previsiones 
que por razones de técnica legislativa, no se consideran susceptibles de incluir en los 
títulos anteriormente aludidos.
Entre estas disposiciones se encuentra la Disposición Adicional segunda relativa a 
las expropiaciones para nuevas actuaciones en materia de infraestructuras públicas, 
cuya justificación se encuentra en la existencia de necesidades inaplazables en materia 
de seguridad vial, así como en la necesidad de cumplir con los compromisos derivados 
de las actuaciones cofinanciadas por los fondos FEDER.
TÍTULO I
Medidas fiscales
CAPÍTULO I
Tributos propios
Sección primera. Modificación de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, 
de Tasas
Artículo 1.
Se modifica el artículo 1.4-5 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, 
de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«1.  No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, en el ámbito de la 
aplicación de las tasas corresponde a la Conselleria competente en materia de 
hacienda:
a)  La  aprobación  de  los  modelos  de  declaraciones,  declaraciones-
liquidaciones  o  autoliquidaciones,  comunicaciones,  solicitudes  o  cualesquiera  s
otros documentos o impresos que se deban utilizar. oe.
b)  La impresión, distribución o venta de los documentos o impresos previstos  w.
eansí  lacc )ol emtrLoaa   alad ase ntecteramrriaoincr.atecriíósnti cdaes  lotésc snoicpaosr tedse,  persotogsra, mqause  od eabpalinca sceiorn eusti liiznafodromsá eticna sla,   2021-1859n https://ww
aplicación de las tasas.
d)  El desarrollo o venta de programas o aplicaciones informáticas destinadas 
a  la  generación  por  vía  telemática  de  las  declaraciones,  declaraciones-
liquidaciones o autoliquidaciones que deban ser utilizadas.
2.  Las competencias a que se refieren los apartados anteriores se atribuyen 
a la Conselleria competente en materia de hacienda en régimen exclusivo, sin 
perjuicio de que esta pueda ejercerlas directamente o por medio de contrato o 
convenio.
3.  Se exceptúa de lo establecido en los dos apartados anteriores las tasas 
cuyos ingresos estuvieran afectados al presupuesto de otros entes de derecho 
público dependientes de la Generalitat, en cuyo caso las competencias anteriores 
corresponderán a su director o presidente del Consejo de Administración. Sin 
perjuicio de los demás informes que resultaran preceptivos, la aprobación de los 
modelos precisará de informe favorable de la dirección general competente en 
materia de tributos.»
Artículo 2.
Se modifica el apartado b) del artículo 2.1-2, que queda redactado como sigue:
«b)  Los  contribuyentes  integrados  en  una  unidad  familiar  que,  en  su 
conjunto, no haya obtenido en el ejercicio fiscal anterior a la peritación unos 
rendimientos  del  trabajo,  actividad  económica,  empresarial  y  profesional, 
superiores al triple del salario mínimo interprofesional (SMI) en el cómputo anual.
A  este  efecto,  se  entiende  por  unidad  familiar  la  unidad  de  convivencia 
integrada por una persona sola o al grupo de personas que, conviviendo en un 
mismo  domicilio,  estén  unidas  entre  sí  por  vínculos  matrimoniales  o  relación 
permanente análoga a la conyugal, por adopción, por consanguineidad o afinidad 
hasta el segundo grado, tutela, guarda o acogimiento.»
Artículo 3.
Se  modifican  los  epígrafes  que,  a  continuación,  se  indican  del  cuadro  del 
artículo 3.10-4 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, que 
pasa a tener la siguiente redacción:
Importe 
«Tipo de servicio
(euros)
Inscripción en el Registro de Operadores Profesionales de Vegetales 
1.1 180 €
como productor de semillas y plantas de vivero (ROPVEG).
Inscripción en el Registro de Operadores Profesionales de Vegetales 
1.2 12,50 €»
como comerciante de semillas y plantas de vivero (ROPVEG).
Artículo 4.
Se modifica el artículo 4.1-2 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, 
de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 4.1-2  Exenciones. e.e
1.  Están exentos del pago de la tasa, en el supuesto de la letra b del  59ww
calqoorustneí cd usvueeloc rc pt4iiudó.do1nis- e1d r,ea d l eovae sp rlativcigdeauorrta, i adsc o oesnps t lduainev cd iaalealgpesuesean  dsdye e d nvefcre eirraátei dttdiocoerasn sl oop,  sad rareae   qlrtiimrueaigsivtoiaétosrs ,s s ,au dc  eator fnaecdvcuéiccasiióol qndnu eeai esla r my z aetnirdpobioreom s.,da esy    OE-A-2021-18able en https://
2.  La exención anterior no ampara los vertidos indirectos que utilicen las anteriores 
infraestructuras, o cualquier otra que no esté sujeta al canon de control de vertido al 
dominio público hidráulico, y que puedan afectar al medio litoral, por tener diferente 
calidad a la de las aguas pluviales, freáticas o de riegos, aunque la conexión se realice 
fuera del dominio público marítimo terrestre o de su zona de servidumbre. A tal efecto, la 
persona titular de la conducción o azarbe correspondiente deberá declarar la existencia 
de dicha conexión ante el órgano competente para la autorización de vertidos al mar.
En  la  exención  de  vertidos  de  aguas  freáticas  no  están  incluidas  las 
procedentes de obras de excavación durante la ejecución de obras.
3.  Están exentos, así mismo, del pago de la tasa, en el supuesto de la letra b 
del artículo 4.1.1, los vertidos procedentes de plantas de desalinización, solo en la 
parte correspondiente al uso de las aguas desalinizadas destinado a regadío.»
Artículo 5.
Se modifica el epígrafe f del artículo 4.1-8. de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de 
la Generalitat, de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«f)  Vertidos de plantas de desalinización: la cuota se calculará a partir del 
volumen de salmuera vertida, teniendo en cuenta la exención del artículo 4.1.2-3, 
sin tener en cuenta los volúmenes de dilución que pudieran mezclarse con el 
vertido final, a un precio básico de 0,010201 euros por metro cúbico. Asimismo, 
cuando  la  procedencia  del  agua  bruta  sea  continental  –caso  de  las  plantas 
desalobradoras– se aplicará un sumando aparte y según el precio básico al que se 
refiere la letra a anterior, la repercusión de la carga contaminante, incluyendo 
nutrientes, que contenga el afluente.
En circunstancias excepcionales, como las de sequía, el Consell podrá acordar 
mediante decreto la reducción o la exención de esta tasa, a fin de promover el uso 
de  aguas  desalinizadas  para  sustituir  recursos  hídricos  convencionales  o 
garantizar la satisfacción de la demanda.»
Artículo 6.
Se  modifican  los  epígrafes  que,  a  continuación,  se  indican  del  cuadro  del 
artículo 14.3-5 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, que 
pasa a tener la siguiente redacción:
Importe 
«Tipo de servicio
(euros)
1.1.4 Nivel de experimentalidad 4 19,27
1.1.5 Nivel de experimentalidad 5 20,00»
Artículo 7.
Se  modifican  los  epígrafes  que,  a  continuación,  se  indican  del  cuadro  del 
artículo 14.4-5 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, que 
pasa a tener la siguiente redacción:
Importe  o
«Tipo de servicio (euros) w.b
1.1.1 Ignrsucproip Aci1ó n(p eonr  pprruueebbaa)s selectivas para el acceso al cuerpo docente del  35,00
1.1.2 Ignrsucproip Aci2ó n(p eonr  pprruueebbaa)s selectivas para el acceso al cuerpo docente del  35,00»
Artículo 8.
Se modifica el artículo 20.1-4, «Cuota íntegra», del capítulo único, «Tasa para la 
ordenación  de  instalaciones  y  actividades  industriales,  energéticas  y  mineras»,  del 
título XX, «Tasas en materia de industria, energía y minas», de la Ley 20/2017, de 28 de 
diciembre, de la Generalitat, de tasas, en el sentido de añadir una fila 14, con el 
contenido siguiente:
Importe 
  «Tipo de servicio
(euros)
Por el desplazamiento del personal del servicio territorial competente 
en materia de industria desde el servicio territorial hasta los 
laboratorios autorizados de empresas dedicadas a la fabricación de 
14 objetos con metales preciosos, puesta a disposición de los  82,00»
laboratorios de empresa de los punzones (traslado y custodia), 
permanencia en estos mientras se realicen labores de contrastación y 
retorno al servicio territorial.
Artículo 9.
Se introducen los apartados número 3 y 4 en el artículo 23.1-2 de la Ley 20/2017, 
de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«3.  En los supuestos previstos en el apartado 1.4.1.1 del artículo 23.1-4 de la 
presente Ley, Solicitud de instalación de salones de juego (fase de verificación de 
distancias), no se tendrán por presentadas aquellas solicitudes en las que no se 
haya realizado el pago completo de esta fase del servicio.
4.  En los supuestos previstos en el apartado 1.4.1.2, del artículo 23.1-4 de la 
presente  Ley,  Autorización  de  instalación  de  salones  de  juego  (fase  de 
comprobación de documentación, informes y autorización), la exigibilidad de la 
tasa se realizará en el momento en que se aporte la documentación requerida por 
los  Servicios  Territoriales  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  9.3  del 
Reglamento  de  Salones  Recreativos  o  Salones  de  Juego,  o  norma  que  lo 
sustituya.»
Artículo 10.
Se  modifican  los  epígrafes  que,  a  continuación,  se  indican  del  cuadro  del 
artículo 23.1-4 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, que 
pasa a tener la siguiente redacción:
Importe 
«Tipo de servicio
(euros)
1.4.1. De instalación de salones de juego.  
Solicitud de instalación de salones de juego (fase de verificación 
1.4.1.1 100,00
de distancias).
Autorización de instalación de salones de juego (fase de 
1.4.1.2 250,00
comprobación de documentación, informes y autorización). es
2 Otros trámites.   b
Trámites relativos a la titularidad, explotación o instalación de  59ww
222...222..12 ABmlaátajqa ud diene ae esxx prpelolcotrateacacióitóinvna d sde ey m  mdáeáq qauuzinianara. r reeccrreeaattivivaa  oo  ddee  aazzaarr.. 3322 ,,0000 OE-A-2021-18able en https://
Importe 
«Tipo de servicio
(euros)
Levantamiento de suspensión de explotación de máquina 
2.2.3 32,00
recreativa o de azar.
2.2.4 Alta de instalación de máquina recreativa o de azar. 32,00
2.2.5 Baja de instalación de máquina recreativa o de azar. 32,00
2.2.6 Cambio de modelo de máquina recreativa o de azar. 32,00
2.2.7 Alta o baja de máquina recreativa o de azar (canje fiscal). 32,00
2.2.8 Cambio de titularidad de máquina recreativa o de azar. 32,00
32 por el alta 
Alta y baja por traslado de máquina de juego de otra demarcación 
2.2.9 y 32 por la 
territorial.
baja
2.2.10 Renovación máquina de juego. 32,00
2.2.11 Autorización o baja de terminal de apuestas. 32,00
2.2.12 Cambio de modelo de terminal de apuestas. 32,00
2.2.13 Autorización o baja de máquina auxiliar de apuestas. 32,00
2.2.14 Cambio de modelo de máquina auxiliar de apuestas. 32,00
Otros trámites relativos a la titularidad, explotación o instalación 
2.2.15 32,00»
de máquinas recreativas y de azar.
Artículo 11.
Se introduce un nuevo capítulo V en el título XXVI en la Ley 20/2017, de 28 de 
diciembre, de la Generalitat, de tasas, con la siguiente redacción:
«TÍTULO XXVI
Tasas en materia de medio ambiente
CAPÍTULO V
Tasa por servicios relativos a deslinde y replanteo en vías pecuarias y 
montes de utilidad
Artículo 26.5-1  Hecho imponible.
Constituye  el  hecho  imponible  de  esta  tasa,  la  prestación  por  el  órgano 
competente  en  materia  forestal  de  la  Conselleria  con  competencia  en  medio 
ambiente, de los siguientes servicios administrativos: deslinde de vía pecuaria, 
replanteo de vía pecuaria, deslinde de monte de utilidad pública y replanteo de 
monte de utilidad pública.
Artículo 26.5-2  Devengo y exigibilidad.
1.  El devengo se producirá en el momento en que se presente la solicitud  b
que inicie la actuación. 59ww
mom2e. ntLoa d eel xdigeivbeilnidgaod.  de  la  cuota  o  cantidad  a  ingresar  se  producirá  en  el
Artículo 26.5-3  Contribuyentes.
Son contribuyentes de esta tasa los solicitantes de los servicios a los que se 
refiere el hecho imponible.
Artículo 26.5-4  Cuota íntegra.
La cuota íntegra se obtendrá aplicando la cantidad fija señalada en el siguiente 
cuadro:
Tipo de servicio Importe (euros)
2.044,58 € por km
1 Deslinde de vía pecuaria.
(tasa mínima de 1.022,29 €).
343,10 € por km
2 Replanteo de vía pecuaria.
(tasa mínima de 343,10 €).
1.828,24 € por km
3 Deslinde de monte de utilidad pública.
(tasa mínima de 914,12 €).
544,64 € por km
4 Replanteo de monte de utilidad pública.
(tasa mínima de 272,32 €).»
Artículo 12.
Se modifican los siguientes apartados del artículo 29.1-1 de la Ley 20/2017, de 28 de 
diciembre, de la Generalitat, de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios de 
asistencia  sanitaria  y  farmacéutica  que  se  detallan  en  los  artículos  29.1-7  y 
siguientes: [...]
6.  Por accidentes acaecidos con ocasión de eventos festivos, espectáculos 
públicos, en establecimientos abiertos al público o por cualquier otro supuesto en 
que,  en  virtud  de  norma  legal  o  reglamentaria,  deba  existir  un  seguro  de 
responsabilidad frente a terceros por lesiones o enfermedades.
8.  Cualquier  otro  supuesto  en  que,  en  virtud  de  normas  legales  o 
reglamentarias, o suscripción de seguros sanitarios, el importe de las atenciones o 
prestaciones sanitarias deba ser a cargo de entidades aseguradoras.
9.  Cualquier otro supuesto en que, en virtud de responsabilidad, legal o 
judicialmente reconocida, por las lesiones o enfermedades causadas a la persona 
asistida el importe de las atenciones o prestaciones sanitarias deba ser a cargo de 
los terceros correspondientes.»
Artículo 13.
Se  modifica  el  artículo  29.1-4  de  la  Ley  20/2017,  de  28  de  diciembre,  de  la 
Generalitat, de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Son contribuyentes de esta tasa las personas a quienes se presten los 
servicios sanitarios a que se refiere el artículo 29.1-7 y siguientes.»
Artículo 14.
Se  modifica  el  artículo  29.1-5  de  la  Ley  20/2017,  de  28  de  diciembre,  de  la 
Generalitat, de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Son sustitutos del contribuyente:
1.  En el supuesto contemplado en el apartado 1 del artículo 29.1-1, la entidad 
aseguradora concertada con la mutualidad a la que pertenece el asegurado o 
beneficiario y por la que este haya optado para la cobertura de su asistencia 
sanitaria, respecto a aquellas prestaciones incluidas en el concierto.
2.  En  el  supuesto  contemplado  en  el  apartado  2  del  artículo  29.1-1,  la 
empresa colaboradora.
3.  En el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 29.1-1, la entidad 
o la mutua de accidentes de trabajo y enfermedad profesional que deba asumir la 
cobertura de las prestaciones sanitarias, farmacéuticas y recuperadoras derivadas 
de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Cuando no pueda ser determinada la entidad o la mutua de accidentes de 
trabajo y enfermedad profesional porque el empresario incumpla la obligación de 
comunicar a la autoridad laboral o sanitaria, a requerimiento de ésta o en virtud de 
normativa aplicable, el parte de accidente de trabajo o enfermedad profesional, así 
como los datos identificativos de la entidad o la mutua de accidentes de trabajo y 
enfermedad  profesional,  será  sustituto  del  contribuyente  el  empresario  que 
incumpla la obligación de suministrar tal información.
4.  En el supuesto contemplado en el apartado 4 del artículo 29.1-1, las 
personas o entidades aseguradoras de los riesgos derivados de la circulación de 
vehículos a motor.
En el caso de entidades aseguradoras que actúen en territorio español en 
régimen de libre prestación de servicios y que aseguren los riesgos a que se 
refiere  el  párrafo  anterior,  será  sujeto  pasivo  sustituto  del  contribuyente  el 
representante o representantes que tengan designado en este territorio.
5.  En los supuestos contemplados en el apartado 5 del artículo 29.1-1, las 
personas o entidades aseguradoras de los riesgos que motiven la prestación de 
los servicios sanitarios. Cuando se trate de personas o entidades aseguradoras 
domiciliadas en el extranjero serán sustitutos del contribuyente sus representantes 
en España de acuerdo con la normativa del seguro.
6.  En los supuestos contemplados en el apartado 6 del artículo 29.1-1, las 
personas o entidades aseguradoras de los riesgos que motiven la prestación de 
los servicios sanitarios. En caso de no tener suscrito el seguro de responsabilidad 
o  no  comunicarlo  a  requerimiento  de  la  Administración,  serán  sustitutos  del 
contribuyente los organizadores de los eventos festivos o espectáculos públicos, 
titulares de los establecimientos abiertos al público, así como, en su caso, los 
titulares de las actividades obligadas a la suscripción del seguro.
7.  En el supuesto contemplado en el apartado 7 del artículo 29.1-1, las 
personas, físicas o jurídicas, que sean titulares de la actividad que se desarrolle en 
los locales, establecimientos o inmuebles de pública concurrencia donde se realice 
la actividad.
8.  En los supuestos contemplados en el apartado 8 del artículo 29.1-1, las 
personas, físicas o jurídicas, obligadas legal o reglamentariamente, o por fórmulas  s
contractuales, a asumir el coste de las prestaciones sanitarias. oe.
Cuando se trate de personas o entidades aseguradoras domiciliadas en el  w.
aecxutrea9rn.d jeoEr ocno  snloe lsraá  nsnuo psrmuuseatstiittvuoatso  dsce old nseteel gmcuoprnolat.rdibousy eenn tee l saupsa rrteapdroe s9e ndtealn atertsí ceunlo  E2s9p.1a-ñ1a,  ldaes   2021-1859n https://ww
personas, físicas o jurídicas, obligadas a asumir el coste de las prestaciones
sanitarias  en  virtud  de  la  responsabilidad  de  terceros  por  las  lesiones  o 
enfermedades causadas a la persona asistida.
10.  En los supuestos contemplados en el apartado 10 del artículo 29.1-1, las 
personas, físicas o jurídicas, obligadas legal o reglamentariamente, a asumir el 
coste de las prestaciones sanitarias.»
Artículo 15.
Se  modifica  el  artículo  29.1-6  de  la  Ley  20/2017,  de  28  de  diciembre,  de  la 
Generalitat, de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Son responsables solidarios del pago de la tasa:
1.  En el supuesto a que se refiere el apartado 6 del artículo 29.1-1, cuando 
en el festejo, espectáculo público o actividad recreativa el riesgo asegurado sea 
inferior al importe de la asistencia, los organizadores del festejo, espectáculo 
público  o  actividad  recreativa  correspondiente,  por  el  importe  de  la  tasa  no 
cubierto por el seguro.
2.  En el supuesto a que se refiere el apartado 10 del artículo 29.1-1, las 
personas físicas o jurídicas que, no reuniendo la condición legal de contribuyente 
o sustituto del contribuyente, acepten expresamente a su cargo la obligación de 
pagar  el  importe  de  los  servicios  de  asistencia  sanitaria  y  farmacéuticas 
prestados.»
Artículo 16.
Se introducen dos nuevas tasas sanitarias sobre dos actividades que, a continuación, 
se indican en el apartado 3 del artículo 29.1-10 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, 
de la Generalitat, de tasas, que pasan a tener la siguiente redacción:
«Tomografía computarizada (TC)
Código Descripción Importe (€)
P01519 TC colonoscopia 235,98
Tomografía computarizada (TC), pediatría
Código Descripción Importe (€)
P01520 TC colonoscopia pediatría 422,99»
Artículo 17.
Se introducen tres nuevas tasas que, a continuación, se indican en el apartado 24 del 
artículo 29.1-10 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, que 
pasan a tener la siguiente redacción:
«Procedimientos en Medicina nuclear
Código Descripción Importe (€) e.
PR3286 SPECT-TC receptores de somatostatina 99 mTc octreótido. 329,82 59www.
PPRR33228878 SSPPEECCTT- rTeCc eópsteoore cso dne 9 s9o mmTacto-HstDaPti.na 99 mTc octreótido. 226767,,2488»
Artículo 18.
Se introducen dos tasas de nueva creación que, a continuación, se indican en el 
capítulo  II-  Tasa  relativa  a  los  productos  y  servicios  prestados  por  el  Centro  de 
Transfusión  de  la  Comunidad  Valenciana  del  cuadro  del  artículo  29.2-5.  de  la 
Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas:
«Código Descripción Importe (€)
421 Córnea conservada a 4° C. 412,45
422 Córnea criopreservada. 661,50»
Artículo 19.
Se suprimen las tasas que, a continuación, se indican en el capítulo II, Tasa relativa a 
los productos y servicios prestados por el Centro de Transfusión de la Comunidad 
Valenciana, del cuadro del artículo 29.2-5 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la 
Generalitat, de tasas:
«Código Descripción Importe (€)
Procedimiento de alicuotado de plasma y hematíes para uso 
2 4,60
pediátrico.
5 Anticuerpos anti VIH-1/VIH-2. 7,12
18 Anticuerpos HBc. 7,83
19 Anticuerpos HBe. 14,25
20 Anticuerpos HBs. 7,83
27 Anticuerpos VHC. 7,12
28 Prueba de confirmación de anticuerpos HCV (inmunoblot). 56,90
30 Antígeno HBe. 14,25
31 Antígeno HBs. 5,70
38 Procedimiento de filtración de hematíes. 27,86
59 Hemograma. 3,54
61 Selección celular inmunomagnética (cd34, linfocitos etc). 4.268,18
63 Prueba de confirmación serología de lues. 14,25
66 Detección de RNA VHC analítica de paciente. 36,91
67 Detección de RNA VIH analítica de paciente. 36,91
71 Cultivo de queratinocitos por centímetro cuadrado. 3,47
87 Serología lues. 2,13
90 Test de confirmación de anticuerpos VIH (inmunoblot). 56,90
104 Lavado de hematíes para uso trasfusional. 116,04 s
218 Procedimiento de atenuación viral de plasma. 32,00 bo
219 REcóxerpgnaiesnatrssoió. dne e dxa vtoivso  yd ceo unnsae ravlaíccuióonta d dee s perreocteucrsao drees t rasplante de  21,35 2021-1859n https://ww
236 hcietomcaintoaps oyy céutilctiovso  ddee  c1o4r ddóíans u.mbilical, mediante estimulación de  3.556,82 BOE-A-cable e
«Código Descripción Importe (€)
Cultivo celular autólogo condrocitos, fibroblastos, etc. (cada 
237 1.743,53
procedimiento).
241 Procedimientos de cuarentena. 13,92
251 Procedimiento de filtración de plaquetas. 23,20
252 Procedimiento de irradiación. 11,59
Selección (CD34+) y expansión de alícuota de sangre de cordón 
318 5.221,79
umbilical para trasplante.
320 Congelación de islotes pancreáticos humanos con crioprotector. 1.392,49
359 Anticuerpos anti Trypanosoma cruzi. 16,30
361 Detección de ADN de VHB. 36,91
383 Identificación de la clase de inmunoglobulina. 32,44
Prueba multiplex para la detección simultánea de ácidos 
392 45,72
nucleicos de VHC, VIH y VHB.
419 Obtención unidad de cordón umbilical. 23.000,00
420 Obtención unidad de cordón umbilical con reserva. 21.570,00»
Artículo 20.
Se modifica la denominación de las tasas que, a continuación, se indican en el 
capítulo II- Tasa relativa a los productos y servicios prestados por el centro de transfusión 
de la Comunidad Valenciana del cuadro del artículo 29.2-5 de la Ley 20/2017, de 28 de 
diciembre, de la Generalitat, de tasas que pasan a tener la siguiente redacción:
«Código Descripción Importe (€)
238 Genotipado eritocitario extendido. 145,45
398 Locus A, B o C baja resolución. REDMO. 50,00
399 Locus A+B o A+C o B+C baja resolución. REDMO. 90,00
400 Locus A+B+C baja resolución. REDMO. 145,00
401 Locus DR o DQ baja resolución. REDMO. 170,00
402 Locus A, B o C alta resolución. REDMO. 150,00
403 Locus A+B o A+C o B+C alta resolución. REDMO. 270,00
404 Locus A+B+C alta resolución. REDMO. 400,00
405 DRB 1 alta resolución. REDMO. 270,00
406 DRB 1 + DQB1 alta resolución. REDMO. 290,00
407 DRB 1 + DRB3/4/5 alta resolución. REDMO. 290,00
408 DRB1 + DRB3/4/5 + DQB1. REDMO. 400,00
409 Alelo adicional. REDMO. 150,00 e.
441110 EmMxautrercasactrdcaioó rpner sem -sdueoernsoatlrócagi ódicneo  sssi)an. n RagnEraeDl í(MtiincOcal..u RyeE DdeMteOr.minación de 5  20800,,0000 2021-1859n https://ww
412 Determinación aislada de CMV. REDMO. 30,00
413 Determinación completa enfermedades infecciosas. REDMO. 150,00
«Código Descripción Importe (€)
414 Examen físico del donante. REDMO. 300,00
415 Extracción de progenitores hematopoyéticos. REDMO. 8.500,00
Extracción de linfocitos no estimulados (incluye test 
416 2.000,00
enfermedades infecciosas y examen físico del donante). REDMO.
417 Ampliación de tipaje a otros Servicios de Salud. REDMO. 50,00
418 Obtención MO/SP para trasplante. REDMO. 4.000,00»
Artículo 21.
Se modifican los epígrafes que, a continuación, se indican del cuadro del apartado 
número 6 del capítulo número IV. Tasa por otras actuaciones administrativas en materia 
sanidad, artículo 29.4-5 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de 
tasas que pasan a tener la siguiente redacción:
«Código Tipo de servicio Importe (€)
Emisión de certificado de libre venta de los productos alimenticios 
6.1 de empresa inscrita en el Registro General Sanitario de  15,30
Empresas Alimentarias y Alimentos.
Emisión de certificado de libre venta de los productos alimenticios 
de empresa inscrita en el Registro General Sanitario de 
6.2 30,60
Empresas Alimentarias y Alimentos, que requiere visita de control 
oficial.
Emisión de certificado de inscripción de empresa inscrita en el 
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos 
6.3 15,30
y en el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios 
Menores.
Emisión de certificado sanitario para la exportación de los 
6.4 30,60
productos alimenticios.
Emisión de copia compulsada del documento de autorización e 
inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas 
6.5 15,30
Alimentarias y Alimentos y en el Registro Sanitario de 
Establecimientos Alimentarios Menores.
Solicitud de inscripción en el Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos, ampliación de actividad, 
6.6 cambio de domicilio de la actividad o anotación de almacén de  107,10
productos envasados para uso propio de la empresa cuyo 
establecimiento está sujeto a autorización.
Comunicación de inicio de actividad de empresas y 
establecimientos alimentarios para su inscripción en el Registro 
6.7 General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos y de  45,90
modificación de los datos de inscripción, cuando no proceda una 
autorización previa.
Comunicación de inicio de actividad de empresas y  s
establecimientos alimentarios para su inscripción en el Registro  oe.
6.8 Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores y de  30,60 w.
modificación de los datos de inscripción, cuando no proceda una  59ww
autorización previa.
«Código Tipo de servicio Importe (€)
Notificación de primera puesta en el mercado español de 
complementos alimenticios y comunicación de primera puesta en 
6.9 91,80
el mercado español de alimentos para grupos específicos de 
población.
Notificación de modificaciones significativas de datos de la puesta 
en el mercado español de complementos alimenticios y 
comunicación de modificaciones significativas de datos de la 
puesta en el mercado español de alimentos para grupos 
específicos, entendiéndose como modificaciones significativas las 
6.10 61,20
relativas al cambio de composición o ingredientes, cambio de 
forma de presentación, nueva información nutricional, inclusión 
de declaraciones nutricionales y/o de propiedades saludables y 
cambio de nombre comercial que sugiere declaraciones 
nutricionales y/o de propiedades saludables.
Notificación de modificaciones menores de datos de la puesta en 
el mercado español de complementos alimenticios y 
comunicación de modificaciones menores de datos de la puesta 
en el mercado español de alimentos para grupos específicos, 
6.11 entendiéndose como modificaciones menores (sin modificar  30,60
composición, ni forma de presentación) las relativas al cambio de 
razón social, cambio de domicilio, cambio de diseño de la 
etiqueta, cambio de marca, adición de otras marcas y cambios en 
los elementos relativos a la forma de presentación.
Control oficial no previsto originalmente por seguimiento, 
evaluación del alcance, impacto y comprobación de la 
subsanación de incumplimientos; control oficial por reclamación 
6.12 72,71»
formulada contra una empresa o establecimiento alimentario con 
resultado final de un incumplimiento, o control oficial a petición de 
la razón social titular de empresa alimentaria.
Artículo 22.
Se modifica el apartado e) del artículo 30.1-1 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, 
de la Generalitat, de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«e)  Emisión de certificados y emisión de copias en papel (o que conlleven la 
transformación de la información a un formato diferente) de expedientes obrantes 
en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos Valencianos de Colegios 
Profesionales de la Comunitat Valenciana.»
Artículo 23.
Se  modifica  el  artículo  30.1-2  de  la  Ley  20/2017,  de  28  de  diciembre,  de  la 
Generalitat, de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Están  exentos  del  pago  de  la  tasa,  en  los  supuestos  de  emisión  de 
certificados y emisión de copias en papel (o que conlleven la transformación de la 
información a un formato diferente) de expedientes obrantes en el Registro de  s
Colegios Profesionales y Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la  e.
Comunitat Valenciana, cuando actúen en el ejercicio propio de sus funciones: w.
ab))   LLoas S jiunzdgicaadtousra y  dtreib Cuonmalpetse.s.
cd))   EEll  TSríinbduinca dl ed eG Creuuegnetsa.s.
e)  El Defensor del Pueblo.
f)  Las Corts Valencianes.
g)  Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
h)  Las administraciones públicas.»
Artículo 24.
Se  modifican  los  apartados  6  y  7,  y  se  suprime  el  apartado  8  del  cuadro 
correspondiente  al  artículo  30.1-5  de  la  Ley  20/2017,  de  28  de  diciembre,  de  la 
Generalitat, de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Código Descripción Euros (€)
1 Inscripción de colegio profesional o consejo valenciano. 102,01
Inscripción o modificación de estatutos de colegio profesional o 
2 61,20
colegio valenciano.
Inscripción o modificación de reglamento de régimen interior de 
3 61,20
colegio profesional o consejo valenciano.
Modificación de la composición de órgano de gobierno de colegio 
4 20,40
profesional o consejo valenciano (por cada expediente).
Emisión de certificados (incluida certificación negativa de 
5 6,12
inscripción).
Emisión de copias en papel (o que conlleven la transformación de 
6 la información a un formato diferente) de un expediente (por cada  0,10
hoja).
7 Inscripción de la apertura o cambio de delegaciones. 20,40»
Artículo 25.
Se modifica el apartado d) del artículo 30.2-1 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, 
de la Generalitat, de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Constituye el hecho imponible […] d) Emisión de certificados y emisión de 
copias en papel (o que conlleven la transformación de la información a un formato 
diferente) de expedientes obrantes en el Registro de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana.»
Artículo 26.
Se modifica el apartado primero del artículo 30.2-2 de la Ley 20/2017, de 28 de 
diciembre, de la Generalitat, de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«1.  Están exentos del pago de la tasa, en los supuestos de emisión de 
certificados  y  solicitud  de  obtención  de  copias  en  papel  (o  que  conlleven  la 
transformación de la información a un formato diferente) de expedientes obrantes 
en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, cuando actúen en el 
ejercicio propio de sus funciones:
a)  Los juzgados y tribunales. es
b)  La Sindicatura de Comptes. o
efcd))))     LEEEalll s  TDS Críeinbofdeurtinncssa  dVol eard  ldeGee nCrlec uPiuaeugnneeetbsasl.s.o.. 2021-1859n https://www.
g)  Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
h)  Las administraciones públicas.»
Artículo 27.
Se modifican los apartados 5 y 7 del cuadro correspondiente al artículo 30.2-5 de la 
Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, que pasa a tener la 
siguiente redacción:
«Código Descripción Euros (€)
1 Inscripción de una fundación. 81,60
Modificación de estatutos de una fundación (incluidas las 
2 20,40
adaptaciones de estatutos a las leyes).
Modificación de cada patrono en el patronato de una fundación 
3 15,30
(por cada miembro)
Emisión de certificados (incluida la certificación negativa de 
4 6,12
denominación).
Emisión de copias en papel (o que conlleven la transformación de 
5 la información a un formato diferente) de un expediente (por cada  0,10
hoja).
Inscripción de la apertura o cambio de delegación, en la 
6 30,60
Comunitat Valenciana, de una fundación extranjera.
Inscripción de la apertura o cambio de delegación, en la 
7 Comunitat Valenciana, de una fundación inscrita en otro  15,30»
protectorado del territorio español.
Artículo 28.
Se introduce un nuevo capítulo III en el título XXX Tasa por servicios administrativos 
relativos al Registro Autonómico de Inscripción de las ECUV, RECUV en la Ley 20/2017, 
de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, con la siguiente redacción:
«Artículo 30.3-1  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa, la prestación por la Dirección 
General de Urbanismo, de los siguientes servicios administrativos:
a)  Habilitación de las ECUV, e inscripción de la ECUV en el RECUV.
b)  Modificación de la inscripción inicial en el RECUV.
c)  Realización de auditorías de calidad a las ECUV.
d)  Inspección y vigilancia de las actuaciones realizadas por las ECUV.
e)  Emisión de certificado de inscripción en el RECUV.
Artículo 30.3-2  Devengo y exigibilidad.
1.  El devengo se producirá en el momento en que se preste el servicio que 
constituye el hecho imponible.
2.  La  exigibilidad  de  la  cuota  o  cantidad  a  ingresar  se  producirá  con 
antelación al devengo, en el momento en que se produzca la solicitud.
Artículo 30.3-3  Cuota íntegra. o
La cuota íntegra se obtendrá aplicando la cuota fija señalada en el cuadro  59ww
siguiente:
Importe 
  Tipo de servicio unitario 
(euros)
1 Habilitación de las ECUV, e inscripción de la ECUV en el RECUV. 79,15
2 Modificación de la inscripción inicial en el RECUV. 52,77
3 Realización de auditorías de calidad a las ECUV. 422,13
Inspección y vigilancia de las actuaciones realizadas por las 
4 211,06
ECUV.
5 Emisión de certificado de inscripción en el RECUV. 263,83
Artículo 30.3-4  Cuota Líquida.
La cuota líquida coincide con la cuota íntegra.
Artículo 30.3-5  Contribuyentes.
Son contribuyentes de esta tasa los solicitantes de los servicios a los que se 
refiere el hecho imponible.»
Artículo 29.
Se introduce un nuevo título con el número XXXV denominado Tasas en materia de 
LABORA-Servicio Valenciano de Empleo y Formación, que contiene dos nuevas tasas, 
una por la utilización privativa de las instalaciones y espacios de los centros LABORA 
Formación  y  otra  por  la  participación  en  el  procedimiento  de  reconocimiento  de 
competencias profesionales, en la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de 
tasas, con la siguiente redacción:
«TÍTULO XXXV
Tasas en materia de LABORA-Servicio Valenciano de Empleo y Formación
CAPÍTULO I
Tasa por la utilización privativa de las instalaciones y espacios de los 
centros LABORA Formación
Artículo 35.1-1  Hecho imponible.
Constituye  el  hecho  imponible  de  esta  tasa  la  utilización  privativa  de  las 
siguientes instalaciones de los centros LABORA Formación:
a)  Salón de actos.
b)  Aulas de formación teórico-prácticas.
Artículo 35.1-2  Exenciones.
Están exentos del pago de la tasa los organismos o entes pertenecientes al  es
sector público de la Generalitat. bo
Artíc1u. lo E3l5 .d1e-3ve nDgoe vseen gpor oyd euxciigráib ielidna edl. momento en que comience la utilización
efectiva de las instalaciones correspondientes.
2.  La exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar se producirá con anterioridad 
al devengo, en el momento en que se formalice la autorización del uso.
Artículo 35.1-4  Contribuyentes.
Son contribuyentes de esta tasa las personas, físicas o jurídicas, que sean 
usuarias de los espacios a los que se refiere el hecho imponible.
Artículo 35.1-5  Sustitutos del contribuyente.
En los casos en los que la persona que sea usuaria de los espacios y la 
persona que solicita la autorización no coincidan, esta última será sustituto del 
contribuyente.
Artículo 35.1-6  Cuota íntegra.
La cuota íntegra se obtendrá aplicando la cantidad fijada señalada en el 
siguiente cuadro:
Código Descripción Importe (euros)
35.1.1 Tasa por utilización salón de actos (por sesión de mañana o de tarde). 284,11
35.1.2 Tasa por utilización de aulas teórico-prácticas (por hora). 6,23
En los importes previstos en el cuadro anterior, se incluye: mobiliario y medios 
materiales audiovisuales y/o informáticos existentes en el salón de actos/aulas, 
iluminación fija, climatización, limpieza y seguridad.
Artículo 35.1-7  Cuota líquida.
La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra una bonificación 
del veinte por ciento de la cuota íntegra, en caso de que los contribuyentes que sean 
organizaciones  sindicales,  agrupaciones  empresariales,  organizaciones  no 
gubernamentales, asociaciones fundaciones debidamente acreditadas.
CAPÍTULO II
Tasa por participación en el procedimiento de reconocimiento de 
competencias profesionales
Artículo 35.2-1  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la participación en el procedimiento 
de reconocimiento de las competencias profesionales, adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Artículo 35.2-2  Exenciones.
Están exentos del pago de la tasa:
a)  Los  contribuyentes  que  sean  miembros  de  una  familia  numerosa  de  e.
categoría especial o de una familia monoparental de categoría especial. w.
b)  Los contribuyentes que estén en situación de exclusión social y que esta  59ww
aseyu natcarmedieitnet o pdoer  reesl idóerngcaian.o  competente  en  materia  de  bienestar  social  del
c)  Los  contribuyentes  que  se  encuentren  inscritos  como  demandantes 
legales de empleo, con una antigüedad mínima de tres meses, referida a la fecha 
de la respectiva inscripción.
Artículo 35.2-3  Devengo y exigibilidad.
1.  El devengo se producirá en el momento en que se preste el servicio que 
constituya el hecho imponible.
2.  La  exigibilidad  de  la  cuota  o  cantidad  a  ingresar  se  producirá  con 
anterioridad  al  devengo,  en  el  momento  en  que  se  formule  la  solicitud  de 
inscripción  en  la  fase  de  asesoramiento  de  reconocimiento  de  competencias 
profesionales o en la fase de evaluación de reconocimiento de competencias 
profesionales.
Artículo 35.2-4  Contribuyentes.
Son  contribuyentes  de  estas  tasas  los  solicitantes  de  los  servicios  que 
constituyen el hecho imponible.
Artículo 35.2-5  Cuota íntegra.
La cuota íntegra se obtendrá aplicando la cantidad fija señalada en el siguiente 
cuadro:
Importe 
Código Descripción
(euros)
Inscripción en la fase de asesoramiento de reconocimiento de 
35-2-1 competencias profesionales, en el ámbito de la administración  25,76
laboral.
Inscripción en la fase de evaluación de reconocimiento de 
35-2-2 competencias profesionales, en el ámbito de la administración  12,36
laboral (por cada una de las unidades de competencia).
Artículo 35.2-6  Cuota líquida.
La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, salvo 
que se opere un supuesto de exención, una bonificación del cincuenta por 
ciento de la cuota íntegra, en los casos de contribuyentes que sean personas 
con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres 
por ciento.»
Sección segunda. Modificación de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas 
fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat
Artículo 30.
Se modifica el artículo 9 de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, 
de  gestión  administrativa  y  financiera,  relativo  al  Impuesto  sobre  la  eliminación, 
incineración, coincineración y valorización energética de residuos, que pasa a tener la  e
siguiente redacción: bo
«Artículo 9.  Impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos e incineración, 
coincineración y valorización energética.
Se  crea  el  impuesto  sobre  eliminación  de  residuos  en  vertederos  e 
incineración,  coincineración  y  valorización  energética,  que  se  regirá  por  las 
disposiciones incluidas en los siguientes apartados:
Uno.  Naturaleza, objeto, ámbito de aplicación y afectación del impuesto.
1.  El impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos e incineración, 
coincineración y valorización energética es un tributo propio de la Generalitat, cuyo 
fin  es  fomentar,  en  el  ámbito  de  la  Comunitat  Valenciana,  el  reciclado  y  la 
valorización de los residuos, así como la disminución del impacto sobre el medio 
ambiente derivado de su eliminación en vertedero e incineración, coincineración 
sin valorización de energía y valorización energética.
El impuesto aplicado al vertido e incineración de los residuos y rechazos de 
residuos  domésticos  tiene  asimismo  como  finalidad  penalizar  su  depósito  en 
vertedero fomentando en el ámbito de la Comunitat Valenciana una mejor y más 
adecuada planificación de los residuos domésticos por parte de las entidades 
locales competentes, acorde con la jerarquía de gestión de residuos domésticos y 
con la economicidad necesaria.
2.  Los ingresos procedentes de este impuesto se encuentran afectados a 
gastos de la Generalitat en el ámbito de la planificación, el control, la gestión y la 
eliminación de los residuos, en la forma que establezca la ley de presupuestos de 
la Generalitat.
3.  Este impuesto es compatible con cualquier tasa o contribución especial 
aplicable a las operaciones gravadas.
4.  A efectos del impuesto, el concepto de residuo, en sus distintos tipos, así 
como el de valorización, eliminación y demás términos propios de la legislación 
medioambiental  serán  los  establecidos  en  la  normativa  comunitaria,  estatal  y 
autonómica sobre residuos. A este respecto, se entenderá por residuo municipal o 
doméstico, de manera indistinta, el definido en las diferentes normas sectoriales 
sobre residuos.
Dos.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del impuesto:
a)  El  depósito  de  residuos  y  rechazos  de  residuos  en  vertederos,  de 
titularidad  pública  o  privada,  situados  en  la  Comunitat  Valenciana  para  su 
eliminación,  así  como  la  gestión  a  través  de  instalaciones  y  equipamientos 
industriales instalados en la Comunitat Valenciana, de gestión de residuos para su 
incineración, coincineración sin valorización de energía o valorización energética, 
dispongan o no de autorización administrativa para ello.
b)  El almacenamiento de residuos y rechazos de residuos por un período 
superior a los plazos previstos en el artículo 2, apartado i, del Decreto 646/2020, 
de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero.
c)  El  abandono  de  residuos  y  rechazos  de  residuos  en  lugares  no 
autorizados por la normativa de residuos. es
Lo anterior se entiende sin perjuicio del régimen de infracciones y sanciones  o
establecido en la normativa sectorial aplicable. 59ww
Tres.  Supuestos de no sujeción.
No estarán sujetos al impuesto:
1.  El depósito de residuos inertes adecuados, efectuado de conformidad con 
el Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se 
regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, 
acondicionamiento y relleno o con fines de construcción.
2.  El depósito de las materias a las que se refiere el apartado 1 del artículo 2 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, como 
excluidas  de  su  ámbito  de  aplicación  y  aquéllas  a  las  que  se  refieren  los 
apartados 2, 3 y 4 del artículo 2 de la citada ley.
3.  La incineración, coincineración sin valorización de energía o valorización 
energética de biomasa y de harinas cárnicas, incluidos aquellos porcentajes de 
estos residuos que, estando dentro de otros mixtos, la empresa consiga acreditar 
ante la administración.
4.  El depósito en vertedero de los residuos de amianto.
5.  Las tecnologías de valorización material.
6.  Las  tecnologías  debidamente  regladas  de  reutilización,  reciclado,  o 
autosuficiencia energética en las propias instalaciones de producción, siguiendo 
los principios de proximidad y autosuficiencia en la gestión.
Cuatro.  Exenciones.
Estarán exentos del impuesto:
1.  El  depósito  en  vertederos  de  residuos  domésticos,  así  como  la 
valorización  energética  con  tratamiento  previo  de  rechazos  de  residuos 
domésticos no peligrosos cuya gestión integral sea competencia del Estado o de 
la Comunidad Autónoma. Se entenderán incluidos en este supuesto los residuos 
similares a los domésticos generados en las industrias.
No  estarán  exentos  los  residuos  y  rechazos  de  residuos  domésticos 
competencia de las entidades locales para los servicios de eliminación, que sean 
sometidos  a  las  operaciones  de  eliminación  en  depósito  controlado,  bien 
generados  en  la  Comunitat  Valenciana,  bien  eliminados  en  la  Comunitat 
Valenciana, según sea el caso.
2.  El  depósito  en  vertederos  de  residuos  generados  en  el  proceso  de 
valorización  energética  de  residuos  urbanos  (cenizas  y  escorias)  o  de 
combustibles sustitutivos a partir de residuos.
3.  El depósito en vertederos de residuos ordenado por autoridades públicas 
en situaciones de fuerza mayor o catástrofe.
4.  El depósito de cualquier residuo no municipal que no sea valorizable con 
una opción de gestión jerárquicamente prevalente, según la Orden 3/2013, de 25 
de febrero, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por 
la que se publica la relación de residuos susceptibles de valorización a los efectos 
del impuesto de valorización en vertederos o norma que la modifique o sustituya. 
Igualmente, quedará exento el depósito de cualquier residuo inerte no municipal, 
tras haber formado parte de un proceso completo de gestión en unas instalaciones 
de  valorización  de  residuos  legalmente  autorizadas  y  que  haya  superado  su 
periodo  de  almacenamiento  de  residuos  y  posibles  ampliaciones  conforme  la  e.e
legislación vigente. b
5.  La  valorización  energética  de  residuos  no  peligrosos  con  tratamiento  59ww
prev6io. . La valorización energética de cualquier residuo no municipal que no sea
vinafloorrmizea bdlee  lcao nco nusneal leorpiac icóonm  dpee tegnetset ióenn  mjearáterqriuai cdaem reenstied uporse, voa leunntae ,d escelgaúranc ióunn 
responsable del productor o gestor intermedio que cuente con la conformidad de la
conselleria competente en materia de medio ambiente, o informes estadísticos de 
la Comisión Europea, o norma específica que se cree al respecto.
A los efectos del presente apartado, el residuo se considerará no valorizable si 
no  existe  un  tratamiento  alternativo  distinto  a  la  valorización  energética 
debidamente instalada y autorizada en la Comunitat Valenciana.
Cinco.  Sujetos pasivos y responsables.
1.  Serán sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas, físicas o 
jurídicas y los entes sin personalidad jurídica a los que se refiere el apartado 4 del 
artículo 35 de la Ley general tributaria que depositen los residuos en vertedero, 
planta incineradora o coincineradora sin valorización de energía o de valorización 
energética.
2.  Tendrán la consideración de sujetos pasivos, a título de sustitutos del 
contribuyente, las personas, físicas o jurídicas y los entes sin personalidad jurídica 
a los que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la Ley general tributaria que 
sean  titulares  de  la  explotación  de  los  vertederos,  plantas  incineradoras  o 
coincineradoras sin valorización de energía o de valorización energética en los 
que se depositan los residuos.
También tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente las personas, 
físicas  o  jurídicas  y  los  entes  sin  personalidad  jurídica  a  que  se  refiere  el 
apartado 4 del artículo 35 de la Ley general tributaria que sean perceptores de los 
importes económicos correspondientes a la gestión adecuada del residuo por 
parte de los productores del mismo, de acuerdo con una norma legal, según el 
principio de responsabilidad ampliada del productor.
Los sustitutos del contribuyente quedan obligados a comprobar el peso o 
volumen de los residuos que se entreguen en vertedero, planta incineradora, 
coincineradora sin valorización de energía o de valorización energética, antes de 
su gestión en estos. A tales efectos, deberán instalar y mantener mecanismos de 
pesaje o cubicaje.
3.  Tendrán la consideración de responsables subsidiarios los poseedores de 
residuos, propietarios, usufructuarios, arrendatarios o poseedores por cualquier 
título de terrenos o inmuebles donde se efectúan los abandonos de residuos en 
lugares no autorizados por la normativa de residuos.
No obstante, no procederá la derivación de responsabilidad a la que hace 
referencia  este  apartado  cuando  el  poseedor  de  los  residuos  abandonados 
hubiese comunicado dicho abandono a la Administración responsable en materia 
de Medio Ambiente con carácter previo a la emisión del documento administrativo 
donde se constate dicho abandono y se formalice la retirada a gestor autorizado 
de los residuos abandonados.
Seis.  Base imponible.
La base imponible estará constituida, según proceda, de conformidad con lo 
establecido en el apartado Ocho, por el peso, expresado en toneladas métricas, o 
el volumen, expresado en metros cúbicos, de los residuos.
Siete.  Determinación de la base imponible.
La base imponible se determinará: es
a)  Por estimación directa, con carácter general, mediante sistemas de pesaje  w.
o cubicaje que cumplan los requisitos establecidos por la conselleria competente  59ww
en mba) tePriao rd ee smtimedaioci óanm biniednirteec.ta, además de los supuestos previstos en la Ley
general tributaria, cuando se produzca el incumplimiento de la obligación del
sustituto  del  contribuyente  de  verificar  el  peso  o  volumen  de  los  residuos 
depositados a la que se refiere el apartado Cinco, punto 2.
En este caso, para la determinación de la base imponible, la administración 
podrá tener en cuenta cualquier dato, circunstancia o antecedente que pueda 
resultar  indicativo  del  peso,  volumen  y  caracterización  de  los  residuos 
depositados, con determinación de su densidad y composición.
Ocho.  Cuota íntegra y tipos de gravamen.
1.  La cuota íntegra del impuesto será el resultado de multiplicar la base 
imponible por los tipos impositivos del apartado 2.
A estos efectos:
a)  Los tipos de gravamen se diferenciarán para cada operación y tipo de 
residuo.
b)  Se  entenderá  por  susceptible  de  valorización  la  realización  sobre  el 
residuo  de  técnicas  de  valorización  adicionales  donde  no  se  contempla  la 
incineración  ni  la  coincineración  sin  recuperación  de  energía,  debidamente 
autorizadas  conforme  a  la  legislación  vigente,  que  reduzcan  las  cantidades 
destinadas a la eliminación.
c)  La aplicación del tipo de gravamen se justificará mediante la emisión de 
una  declaración  responsable  del  titular  de  la  instalación  autorizada  para  la 
valorización previa (o del titular del residuo, en caso de que sea este el que haya 
realizado el proceso de valorización), que se entregará al titular de la instalación 
de gestión final, con aceptación expresa de su contenido por ambos.
d)  Se prorrateará la parte correspondiente a cada fracción de tonelada (t) o 
metro cúbico (m3) según corresponda.
2.  En su virtud, la tabla de gravámenes, para cada operación de gestión de 
residuos y tipos de residuo, es la siguiente:
a)  En el caso de residuos no peligrosos, excluidos los residuos procedentes 
de la construcción y demolición, cuando sean susceptibles de valorización, 20 
euros por tonelada métrica, y se prorrateará la parte correspondiente a cada 
fracción de tonelada, para las operaciones de vertido de residuos no peligrosos 
excluidos los residuos procedentes de la construcción y demolición, así como 
incineración y coincineración sin recuperación de energía.
b)  En el caso de residuos procedentes de construcción y demolición, 3 euros 
por metro cúbico, y se prorrateará la parte correspondiente a cada fracción de 
metro cúbico, para las operaciones de vertido.
Quedan excluidos íntegramente de este gravamen los residuos incluidos en el 
código LER 10 12 08, «testillos» procedentes del sector cerámico. Quedando 
destinados a su tratamiento, valorización y reutilización en las mismas empresas 
productoras de estos residuos, empresas destinadas para la realización de tales 
procesos concretos de estos residuos o vertederos controlados autorizados y 
adecuados para su tratamiento, reciclaje, valorización y reutilización.
c)  En  el  caso  de  residuos  peligrosos,  cuando  sean  susceptibles  de 
valorización,  30  euros  por  tonelada  métrica,  y  se  prorrateará  la  parte 
correspondiente a cada fracción de tonelada, para las operaciones de vertido de  es
residuos  peligrosos  excluidos  los  residuos  procedentes  de  la  construcción  y  o
demolición, así como incineración y coincineración sin recuperación de energía. 59ww
opproerrdraa)c teioaEnrnáe  se ldla e c apvsaaolrot erdi zeac coreirórsenids eupnooesnr dgpiéeetnliicgtear o dsaeo  srce, as2did0au  eofusra.rocsc iópno r dteo netolandeala dmaé, tripcaar,a y  lases   OE-A-2021-18able en https://
3.  Tipos impositivos para los residuos y rechazos de residuos domésticos de 
competencia municipal:
a)  A  pagar  por  los  consorcios  y  entes  locales  y  supramunicipales 
competentes de los servicios de eliminación de rechazos de residuos domésticos 
procedentes de la fracción resto, en euros por tonelada métrica, para las toneladas 
depositadas desde la tonelada 1 hasta la tonelada del límite anual respecto de las 
entradas en planta de fracción resto, según la siguiente tabla:
  2020 2021 2022 2023 2024 2025
A   - 2 3 4 5
Límite de pago.   44 % 44 % 43 % 42 % 41 %
Siendo el límite de pago el porcentaje de rechazo a vertederos totales respecto 
de entradas en planta. Se considerarán en este gravamen todas las tipologías de 
toneladas vertidas, de todo tipo: rechazos de fracción resto, residuos voluminosos, 
podas, recogida selectiva bioresiduos y otros.
b)  A pagar por las empresas gestoras-operadores de los distintos vertederos 
que gestionen residuos domésticos de la Comunitat Valenciana, en euros por 
tonelada métrica, para las toneladas por encima de los límites de pago del tipo 
impositivo a anterior.
  2020 2021 2022 2023 2024 2025
B   20 40 60 76 80
Se considerarán en este gravamen todas las tipologías de toneladas vertidas, 
de todo tipo.
c)  Gravamen de autosuficiencia en la gestión. A pagar por los consorcios y 
entes locales y supramunicipales competentes de los servicios de valorización de 
residuos domésticos, en euros por tonelada métrica, en caso que no dispongan de 
instalaciones en sus propias áreas de gestión para valorizar al menos el 60 por 
ciento de los biorresiduos producidos en su área geográfica:
  2020 2021 2022 2023 2024 2025
C       2 3 4
Se considerarán en este gravamen todas las tipologías de toneladas vertidas, 
de todo tipo.
d)  Gravamen de gestión de ecoparques. A pagar por los Consorcios y entes 
locales  y  supramunicipales  competentes  de  los  servicios  de  valorización  de 
residuos  domésticos,  en  euros  por  tonelada  métrica,  que  no  tengan  su  red 
consorciada de ecoparques informatizada:
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
D     5 5 5 5 5 e
Se considerarán en este gravamen todas las tipologías de toneladas vertidas,  59ww
de toed) o Atip aob.onar en euros por tonelada métrica por particulares o empresas, bien
sinedau stdriea lesre soi drueocsh azdoo mdeé srtiecsoisd,u osre cinhdauzsot riadlees  erens iedsutoes  cadsoom, éqsuteic oesli,m  irneesnid usuoss 
residuos o rechazos de residuos otras comunidades autónomas o territorios de 
fuera de la Comunitat Valenciana, tengan canon de penalización de vertido o no.
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
E   45 45 55 60 65 65
Se considerarán en este gravamen todas las tipologías de toneladas vertidas, 
de todo tipo.
Disposición transitoria.
A partir de la última anualidad de gravamen, permanecerá el tipo impositivo de 
la última anualidad, salvo que se modifique en normativa posterior.
Nueve.  Repercusión.
1.  El sustituto del contribuyente deberá repercutir íntegramente el importe del 
impuesto sobre el contribuyente, quedando este obligado a soportarlo, siempre 
que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en la presente ley y en su normativa de 
desarrollo.
2.  La repercusión del impuesto deberá efectuarse en documento específico, 
en la forma y plazos que se fijen por orden de la conselleria competente en 
materia de hacienda
3.  Las controversias que puedan producirse con referencia a la repercusión 
del impuesto, tanto respecto a la procedencia como a su cuantía, se considerarán 
de naturaleza tributaria a efectos de las correspondientes reclamaciones en la vía 
económico-administrativa.
Diez.  Devengo.
El impuesto se devengará en el momento en que se produzca el depósito de 
los residuos en el vertedero o en el momento de la incineración, coincineración sin 
valorización de energía o valorización energética de los residuos.
Once.  Autoliquidación.
Los  sujetos  pasivos,  por  cada  vertedero  o  instalación  de  eliminación, 
incineración coincineración o valorización energética y trimestre natural, estarán 
obligados a autoliquidar el impuesto y a ingresar el importe de la deuda tributaria 
en los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre, en el 
lugar y forma que se establezca por orden de la conselleria competente en materia 
de hacienda.
Dicha autoliquidación comprenderá todos los hechos imponibles realizados 
durante el trimestre natural al que se refiera, incluidas las operaciones exentas, y 
se presentará incluso en el caso de no haberse producido ningún hecho imponible 
durante el período.
Salvo que legislación estatal lo prohíba expresamente, los Consorcios de 
residuos y entidades locales competentes para la valorización y eliminación de 
residuos domésticos de la Comunitat, para hacer frente al coste o al pago de los 
importes de los gravámenes indicados para residuos y rechazos de residuos  e.
domésticos competencia de las entidades locales, podrán hacer uso en primera  w.
instancia de los remanentes de tesorería consolidados de la entidad, así como, en  59ww
esun tceass oc,o dneso larc iaapdroosb auc ióont rdoes  ninugerveosso isn gdrees oostr am eínddiaonlete,  csuieontadso  adreiccioomnaelneds adbele s ulas 
dreet rliabsu cailótenr ndaetli vcaoss tpea ara l ah aucneidr afrde nfitsec aa l lotrsib puatagroias  ddee l liamsp eunetsidtoa.des locales, la última  BOE-A-cable e
En  caso  de  que  la  empresa  concesionaria  o  explotadora  del  vertedero 
establezca  un  procedimiento  contencioso  contra  el  consorcio  de  residuos  o 
entidad local competente de los servicios de valorización y eliminación de residuos 
domésticos por el pago de los presentes tributos, igualmente resultará obligatoria 
la presentación y pago por parte de la empresa de la autoliquidación pertinente 
establecida en los párrafos 1.º y 2.º de este apartado once, y esta tiene que ser 
satisfecha en su totalidad.
Doce.  Liquidación.
La  administración  tributaria  podrá  dictar  la  liquidación  que  proceda  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley general tributaria.
Trece.  Gestión, recaudación e inspección.
1.  La gestión, inspección y recaudación de este impuesto corresponden a la 
Agencia Tributaria Valenciana.
2.  A los efectos de este impuesto y con independencia de la obligación de 
autoliquidación, se establecerá un censo de titulares de la explotación de los 
vertederos  o  instalaciones  de  eliminación,  incineración,  coincineración  o 
valorización energética. Su organización y funcionamiento, así como la regulación 
de la obligación de los contribuyentes del impuesto de realizar declaraciones de 
alta, modificación de datos y baja en este censo, se establecerán mediante una 
orden de la conselleria competente en materia de hacienda.
Catorce.  Infracciones y sanciones.
Las infracciones tributarias relativas al presente impuesto serán calificadas y 
sancionadas de conformidad con lo previsto en la Ley general tributaria.
Quince.  Desarrollo reglamentario.
1.  Se autoriza al conseller competente en materia de hacienda para que 
determine, mediante orden, los supuestos y condiciones en los que los obligados 
tributarios y las entidades a las que se refiere el artículo 92 de la Ley general 
tributaria  podrán  presentar  por  medios  telemáticos  autoliquidaciones, 
comunicaciones y cualquier otro documento con trascendencia tributaria a los 
efectos de este impuesto, así como los supuestos y condiciones en que dicha 
presentación deberá realizarse mediante medios telemáticos.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 1 de este apartado, se faculta al 
Consell de la Generalitat para dictar cuantas disposiciones reglamentarias resulten 
necesarias para el desarrollo y aplicación de este impuesto.
Dieciséis.  Fondo autonómico para la mejora de la gestión de residuos.
1.  Se crea el fondo autonómico para la mejora de la gestión de residuos con 
el objeto de favorecer los procesos de prevención en la generación de residuos, 
reutilización y reciclado de alta calidad, recogida en origen y compostaje de la 
fracción orgánica, procesos de implantación de infraestructuras de triaje previo y 
valorización material de residuos, así como de economía circular en el ámbito de 
la UE, en colaboración con los entes locales de la Comunidad Valenciana y los  s
operadores privados de gestión. oe.
2.  Este  fondo  se  nutrirá  de  la  recaudación  total  del  impuesto  sobre  la  w.
ienlcimin3ine. araccLióioónsn   drseeicn u rverassoliodsru idzoaesc  deióincn h vdoee fr oteennddeeorrg osísea   ydy  eleasl t viinmaalporáurinez saatc ofió insnao nebcnreiea rrlg,a ét oitnitcacali n.oe praacricóianl,m lae nctoe-,  2021-1859n https://ww
inversiones y otros gastos en virtud de las previsiones del artículo 4 del Real
Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos  Bc
mediante depósito en vertedero, atendiendo así a los previsto en la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, conforme anualmente apruebe 
el Consell, en el proyecto anual de presupuestos.»
Sección tercera. Modificación de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Generalitat, de 
Tarifas Portuarias
Artículo 31.
Se añade un nuevo apartado tres al artículo 11 y se modifica el artículo 30 de la 
Ley  1/1999,  de  31  de  marzo,  de  la  Generalitat,  de  tarifas  portuarias,  que  quedan 
redactados como sigue:
«Artículo 11.  Tarifas generales y normas de aplicación 1.
Tres.  Bonificaciones.
1.  A los buques que utilicen como combustible gas natural, biogás, sistemas 
híbridos o eléctricos u otros combustibles ecológicos para su propulsión en alta 
mar, así como a los buques que durante su estancia en puerto utilicen gas natural, 
biogás,  sistemas  híbridos  o  eléctricos  u  otros  combustibles  ecológicos  o 
electricidad  suministrada  desde  muelle  para  la  alimentación  de  sus  motores 
auxiliares se les aplicará una bonificación del 50 por ciento de la cantidad a abonar 
por el acceso y estancia en interior de las aguas portuarias.
2.  Esta  bonificación  no  se  aplicará  a  los  buques  que  se  dediquen  al 
transporte  de  gas  natural,  salvo  que  durante  su  estancia  en  puerto  utilicen 
electricidad  suministrada  desde  muelle  para  la  alimentación  de  sus  motores 
auxiliares.
3.  Esta bonificación será compatible con cualquier otra prevista en esta ley.»
«Artículo 30.  Hecho imponible.
Uno.  Constituye el hecho imponible de esta tasa.
– La utilización o el aprovechamiento, por las embarcaciones deportivas y de 
recreo, de las aguas del puerto, de las obras e instalaciones portuarias en los 
puertos de gestión directa, incluyendo canales de acceso fluviales y marítimos, 
que permiten el acceso marítimo al puerto, su estancia en el atraque, punto de 
amarre  o  puesto  de  fondeo  que  le  haya  sido  asignado;  y  de  los  servicios 
específicos  disponibles,  independientemente  de  su  posterior  facturación  por 
consumo de los mismos mediante la tarifa E-3.
– La utilización, por sus tripulantes y pasajeros, de los muelles y pantalanes 
del puerto, accesos terrestres, vías de circulación y de los centros de estancia y 
recepción de titularidad de la administración portuaria, si los hubiere.
Se entenderá, a efectos de lo establecido en este artículo, por puertos de 
gestión directa aquellos cuya titularidad ostente la Generalitat y no hayan sido 
entregados en su totalidad en concesión. Dentro de los mismos puede haber 
instalaciones  deportivas  en  concesión,  las  cuales  están  también  sujetas  a  la 
presente tarifa en los términos establecidos en el artículo 33 de la presente ley.
Dos.  La presente tasa está compuesta por los siguientes tramos: o
Tramo A)  Por utilización de las aguas del puerto, por el aprovechamiento de  59ww
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estas.
Tramo B)  Por servicios utilizados de atraque, fondeo, o estancia en seco de 
embarcaciones fuera de las zonas deportivas en concesión.
Tramo C)  Por aprovechamiento, fuera de las zonas deportivas en concesión, 
de servicios, en la proximidad del punto de atraque a muelle o pantalán, de toma 
de agua, toma de energía eléctrica, recipiente de basura, varada y botadura y 
vigilancia  general  de  la  zona,  con  independencia  del  pago  de  los  consumos 
efectuados.
Se entiende por vigilancia general de la zona, a efectos de la aplicación del 
tramo C) anterior, aquella que presta la autoridad portuaria para la generalidad de 
la zona de servicio del puerto, sin asignación específica de personal o medios a la 
zona náutico-deportiva, ni garantía respecto de la integridad de las embarcaciones 
o sus contenidos.
La tarifa G-5 total aplicable a las embarcaciones vendrá constituida, en su 
caso, por la suma de los importes parciales de las tarifas A), B) y C) establecidos 
en el artículo 33.
Tres.  Están sujetas a esta tarifa, además de las embarcaciones propiamente 
deportivas o de recreo, todas aquellas que, como las embarcaciones auxiliares de 
pesca, atraquen o fondeen en las áreas portuarias destinadas a embarcaciones 
deportivas.
Cuatro.  Es condición indispensable para la aplicación de esta tarifa que la 
embarcación no realice transporte de mercancías y que los pasajeros no viajen 
sujetos a cruceros o excursiones turísticas; en cuyo caso serían de aplicación las 
tarifas G-2 y G-3.»
Sección cuarta. Modificación de la Ley 2/2014, de 13 de junio, de Puertos de la 
Generalitat
Artículo 32.
Se modifican los artículos 82 y 83 de la Ley 2/2014, de 13 de junio, de puertos de la 
Generalitat, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 82.  Bonificaciones.
1.  Cuando el título administrativo habilite para la ocupación o utilización del 
subsuelo o espacios sumergidos, el tipo a aplicar para tal ocupación o utilización 
será el 50 por ciento del previsto en el artículo 67, excepto en aquellos casos en 
que su uso impida la utilización de la superficie, en los que no es procedente 
ninguna reducción.
2.  En las concesiones o autorizaciones otorgadas a Ayuntamientos relativas 
a espacios sitos en su término municipal, el tipo a aplicar únicamente será el 
previsto en el artículo 67, siempre que se den las circunstancias siguientes:
a)  Las  actividades  autorizadas  sean  exclusivamente  de  restauración, 
mercados ambulantes, quiosco y tiendas al por menor.
b)  Los espacios objeto del título sean contiguos a la línea de delimitación del 
dominio  público  portuario  y  estén  separados  de  zonas  susceptibles  de  usos 
propiamente portuarios mediante un vial urbano de tránsito rodado. e.e
3.  Las autorizaciones para el ejercicio de actividades que sean de interés  59ww
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incluida  en  un  Plan  Estratégico  de  Emprendimiento,  de  Competitividad,  de
Inversiones, o similares características, susceptible de ser realizado en el ámbito 
de los puertos de la competencia de la Generalitat, por tener como objetivo 
impulsar  medidas  relativas  a  la  educación,  investigación,  formación,  empleo, 
medio  ambiente,  innovación,  entre  otras,  cuya  finalidad  sea  la  creación  de 
empresas  o  puestos  de  trabajo,  el  desarrollo  y  consolidación  de  iniciativas 
emprendedoras en todas sus formas, la promoción cultural y turística del entorno, 
en atención a las inversiones realizadas en las instalaciones, podrán aplicarse 
bonificaciones singulares con carácter anual consistentes en el 50 por ciento de la 
cuota correspondiente a la tasa de ocupación y el 50 por ciento de la cuota 
correspondiente por la tasa de actividad, siempre que el solicitante ostente la 
cualidad de ser una entidad de cualquiera de las administraciones públicas o una 
persona jurídica que ostente la condición de utilidad pública, debidamente inscrita 
en cualquier registro público.
Artículo 83.  Exenciones.
1.  Están exentos del pago de las tasas de ocupación y por actividad:
a)  Los órganos y entidades de las administraciones públicas que lleven a 
cabo  en  el  ámbito  portuario  o  marítimo  actividades  de  vigilancia,  inspección, 
investigación y protección del medio ambiente marino y costero, de protección de 
recursos pesqueros, represión del contrabando, seguridad pública y control de 
pasajeros,  salvamento,  lucha  contra  la  contaminación  marina,  enseñanzas 
marítimas y aquellas relacionadas con la defensa nacional.
b)  Las entidades declaradas de utilidad pública con sede o delegación en la 
Comunitat  Valenciana,  para  aquellas  actividades  vinculadas  con  la  actividad 
portuaria, así como los buques que sean de titularidad o estén fletados por ONG 
dedicadas  al  salvamento  marítimo,  previa  solicitud  expresa  de  exención  a  la 
Autoridad portuaria. Esta actividad estará licitada en el plazo máximo de un mes.
2.  Están exentos del pago de la tasa de actividad:
Las personas físicas o jurídicas que soliciten efectuar alguna actividad de 
carácter  excepcional,  que  por  su  interés  general,  naturaleza,  objetivos,  o 
especiales características de la misma, obtengan la resolución estimatoria de la 
Administración Portuaria al respecto.
Será requisito necesario que la actividad a desarrollar carezca de finalidad 
lucrativa y que su fin sea la proyección económica o cultural del puerto y de su 
zona de influencia.»
Sección quinta. Impuesto sobre viviendas vacías
Artículo 33.  Impuesto sobre viviendas vacías.
Se crea el impuesto sobre las viviendas vacías de la Generalitat Valenciana, que se 
regirá por las disposiciones incluidas en los siguientes apartados:
«Uno.  Naturaleza y objeto.
El impuesto sobre las viviendas vacías es un tributo propio de la Generalitat  s
Valenciana, de naturaleza directa, que graba las viviendas deshabitadas, como  oe.
instrumento para incentivar la oferta de alquiler en el ámbito de aplicación del  w.
impuDeosst.o  yÁ gmarbaitnot itzearrr iltao rfiuanl cdieó na psloiccaiacli ódne. la propiedad de una vivienda. 2021-1859n https://ww
El impuesto sobre las viviendas vacías es aplicable en el ámbito territorial de la
Comunidad Valenciana.
Tres.  Afectación.
El impuesto sobre las viviendas vacías tiene carácter finalista. Los ingresos 
que  deriven  de  estos  estarán  afectados  a  la  financiación  de  las  actuaciones 
protegidas por los planes de vivienda, especialmente en los municipios donde se 
hayan obtenido estos ingresos.
Cuatro.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del impuesto sobre las viviendas vacías la 
tenencia de viviendas vacías no ocupadas en los términos de la Ley 2/2017, de 3 
de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda de la Comunitat 
Valenciana.
A los efectos de este impuesto se entiende por vivienda vacía aquella que:
a)  No se destine de forma efectiva al uso residencial legalmente previsto.
b)  Se encuentre permanentemente desocupada por un periodo superior a 
dos años, sin causa justificada.
Cinco.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos del impuesto, a título de contribuyentes, las personas 
jurídicas  que  tengan  la  condición  de  grandes  tenedores  de  viviendas  en  los 
términos del artículo 16 de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la 
función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana.
Seis.  Base imponible.
Constituye  la  base  imponible  del  impuesto  sobre  las  viviendas  vacías  el 
número total de metros cuadrados construidos, incluidas las zonas comunes, de 
las viviendas inscritas en el Registro de viviendas vacías del que sea titular el 
sujeto pasivo en la fecha de devengo del impuesto.
Siete.  Cuota íntegra.
La cuota íntegra del impuesto sobre las viviendas vacías se obtiene de aplicar 
en la base imponible los tipos de gravamen de la escala siguiente:
Base imponible hasta  Cuota íntegra Resto base imponible  Tipo aplicable
(número de m2) (euros) hasta (número de m2) (euros /m2)
0 0 5.000 7,5
5.000 37.500 20.000 11,25
20.000 225.000 40.000 15
40.000 600.000 en adelante 22,5
Ocho.  Devengo.
El impuesto se merita el 31 de diciembre de cada año y afecta al parque de 
viviendas del que es titular el sujeto pasivo en esta fecha.
Nueve.  Autoliquidaciones.
Los sujetos pasivos del impuesto sobre las viviendas vacías están obligados a 
presentar la autoliquidación del impuesto y a efectuar el ingreso en el formato, 
plazos  y  con  el  contenido  que  se  establezca  mediante  orden  del  conseller 
competente en materia de hacienda, teniéndose que llevar a cabo en soporte 
directamente legible por ordenador o mediante transmisión por vía telemática.
Diez.  Gestión, recaudación e inspección.
1.  La gestión, recaudación e inspección del impuesto sobre las viviendas 
vacías corresponden a la Agencia Tributaria Valenciana.
2.  La conselleria con competencia en materia de vivienda tendrá que facilitar 
dentro de los tres primeros meses del año natural posterior a la finalización del 
periodo impositivo la relación de titulares e inmuebles inscritos en el registro de 
viviendas vacías en el formato, plazos y con el contenido que se establezca 
mediante orden del conseller competente en materia de hacienda.
Once.  Infracciones y sanciones.
El régimen de infracciones y sanciones en materia del impuesto sobre las 
viviendas vacías es el vigente en la Ley general tributaria y sus normas de 
desarrollo,  sin  perjuicio  de  las  sanciones  administrativas  establecidas  por  la 
Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda 
de la Comunitat Valenciana.
Doce.  Recursos y reclamaciones.
Los actos de gestión, de inspección y de recaudación dictados en el ámbito del 
impuesto sobre las viviendas vacías pueden ser objeto de reclamación economico-
administrativa  ante  el  Jurado  Economico-administrativo,  sin  perjuicio  de  la 
interposición previa, con carácter potestativo, del recurso de reposición ante el 
órgano que haya dictado pacto impugnado.
Trece.  Compensación a favor de los ayuntamientos.
1.  La  Generalitat  tiene  que  adoptar  las  medidas  compensatorias  o  de 
coordinación pertinentes a favor de los ayuntamientos que hayan aprobado en 
ordenanza municipal el recargo previsto en el artículo 72.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las haciendas locales.
2.  Las medidas compensatorias o de coordinación a las que hace referencia 
el apartado 1 se tienen que ajustar a los siguientes términos:
a)  Se tienen que referir a las viviendas vacías situadas en el correspondiente 
municipio que hayan sido efectivamente grabados por el impuesto establecido por 
esta ley, y tienen que tener en cuenta el importe del recargo sobre el impuesto 
sobre bienes inmuebles que habría grabado estas viviendas.
b)  Tienen que tener carácter anual y se tienen que adoptar después de la 
acreditación de los importes del recargo del impuesto sobre bienes inmuebles que 
correspondería haber aplicado a estas viviendas en el año natural en que se ha  s
meritado el impuesto. oe.
c)  Se tiene que establecer por reglamento el procedimiento, los términos y  w.
las condiciones.» 2021-1859n https://ww
Sección sexta. Modificación de la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de medidas 
fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat
Artículo 34.
Se modifica el artículo 154 de la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de medidas 
fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, 
relativo al impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente, que queda 
redactado como sigue:
«Uno.  Naturaleza, objeto, ámbito de aplicación y afectación del impuesto.
1.  El impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente es un 
tributo propio de la Generalitat que grava la incidencia, alteración o riesgo de 
deterioro que sobre el medio ambiente ocasiona la realización de determinadas 
actividades, a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales a 
efectos a aquellas que se encuentren radicadas en el territorio de la Comunitat 
Valenciana, con el fin de contribuir a compensar a la sociedad el coste que soporta 
y a frenar el deterioro del entorno natural.
2.  Los ingresos procedentes de este impuesto se encuentran afectados a 
gastos de la Generalitat en el ámbito de la conservación y mejora del medio 
ambiente, en la forma que establezca la ley de presupuestos de la Generalitat.
Dos.  Hecho imponible.
1.  Constituyen  el  hecho  imponible  del  impuesto  los  daños,  impactos, 
afecciones y riesgos para el medio ambiente derivados de la realización en el 
territorio  de  la  Comunitat  Valenciana,  mediante  las  instalaciones  y  demás 
elementos patrimoniales a los que se refiere el apartado uno.1 de cualquiera de 
las actividades siguientes:
a)  La producción, almacenamiento o transformación de energía eléctrica, 
mediante elementos patrimoniales afectos.
b)  La  actividad  de  transporte  de  energía  eléctrica  efectuada  por  los 
elementos fijos del suministro de energía eléctrica.
c)  La  producción,  tenencia,  depósito  y  almacenamiento  de  sustancias 
consideradas  peligrosas  de  acuerdo  con  el  anexo  I,  parte  1,  Relación  de 
sustancias, y parte 2, Categorías de sustancias y preparados no denominados 
específicamente en la parte 1 del Real decreto 1.254/1999, de 16 de julio, por el 
que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervienen sustancias peligrosas, siempre y cuando la cantidad 
presente en la instalación de que se trate supere, en cualquier momento del 
periodo impositivo, el 10 % de las que figuran en la columna 3 del anexo I, parte 1 
y parte 2 del Real decreto 1.254/1999, o el 5 % si se trata de instalaciones 
situadas en terrenos calificados como suelo urbano.
d)  Las que emitan a la atmósfera óxidos de nitrógeno (NO) o dióxido de 
azufre (SO ).
2
2.  Las actividades de producción de energía eléctrica a las que se refiere la 
letra  a  del  número  1  de  este  apartado  que  impliquen  producción,  tenencia:  s
depósito  o  almacenamiento  de  sustancias  consideradas  peligrosas,  en  los  oe.
términos previstos en la letra b) de dicho apartado, tributarán exclusivamente  w.
caopnafr3ot.ar mdoLe a asq  ulaoec  etisvimtiadpballdieqecusied ano , l eanas  dlqaeu mlee átsrsae,   arel.afi eeremni slaiósn l etdrea s gaa) sye bs)  dceoln ntaúmmienraon 1te dse  ae stlea   2021-1859n https://ww
atmósfera en los términos previstos en la letra c) de dicho apartado, tributarán por
ambos conceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2 de este apartado. Bc
4.  Los conceptos y términos con sustantividad propia que aparecen en la ley, 
salvo los definidos en esta, tendrán el contenido que les otorgue la normativa 
comunitaria, estatal y autonómica sobre contaminación atmosférica, sustancias 
peligrosas o energía.
Tres.  Exenciones.
Está exenta del impuesto la incidencia en el medio ambiente ocasionada por:
1)  Las siguientes actividades:
a)  La producción de energía eléctrica en instalaciones que utilicen como 
energía  primaria  la  energía  solar  o  eólica,  o  en  centrales  que  utilicen  como 
combustible principal la biomasa o el biogás, salvo que alteren de modo grave y 
evidente  el  medio  ambiente  cuando  así  se  establezca  en  la  correspondiente 
declaración de impacto ambiental.
b)  La  producción  de  energía  eléctrica  incluida  en  el  régimen  especial 
regulado en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, inscritas en 
el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Régimen Especial, 
salvo que alteren de modo grave y evidente el medio ambiente cuando así se 
establezca en la correspondiente declaración de impacto ambiental.
c)  La producción de energía eléctrica para el autoconsumo, salvo que alteren 
de modo grave y evidente el medio ambiente cuando así se establezca en la 
correspondiente declaración de impacto ambiental.
2)  Las actividades a las que se refiere el apartado dos.1, cuando se realicen 
por  el  Estado,  la  Generalitat  y  las  corporaciones  locales,  así  como  por  sus 
organismos autónomos.
3)  Las actividades que se lleven a cabo mediante instalaciones destinadas 
exclusivamente a la potabilización de aguas.
4)  Las actividades que se lleven a cabo mediante instalaciones y estructuras 
que se destinen a la circulación de ferrocarriles.
Cuatro.  Sujetos pasivos y responsables solidarios.
1.  Son sujetos pasivos del impuesto, a título de contribuyentes, las personas, 
físicas o jurídicas, y los entes sin personalidad jurídica a los que se refiere el 
apartado 4 del artículo 35 de la Ley general tributaria que realicen cualquiera de 
las actividades a las que se refiere el apartado dos.1.
2.  Son  responsables  solidarios  de  la  deuda  tributaria  de  este  impuesto, 
además de los establecidos en el artículo 42 de la Ley general tributaria, los 
propietarios de las instalaciones en las que se realizan las actividades señaladas 
en el apartado dos.1.
Cinco.  Base imponible.
La base imponible del impuesto está constituida:
1)  En el caso de las actividades a las que se refiere la letra a del apartado 
dos.1, por la producción bruta de electricidad en el periodo impositivo, expresada 
en kilovatios hora. s
2)  En el caso de las actividades a las que se refiere la letra b del apartado  oe.
dos.1,  por  la  longitud  de  las  instalaciones  y  demás  elementos  patrimoniales  w.
adfoesc.3t1o), s p eEoxrn p lraee l sccaaadnsatoid e adnde  k millaóesmd aieact rtdoivesid  lsainudeseatsale nasc .ilaass  pqruees esnet erse feienr ela l ain lsettarala cci ódne ld uarpaanrttea deol   2021-1859n https://ww
periodo impositivo, expresada en kilogramos.
4)  En el caso de las actividades a las que se refiere la letra d del apartado 
dos.1,  por  la  cantidad  emitida  durante  el  período  impositivo,  expresada  en 
toneladas métricas, resultado de la suma de las cantidades emitidas de óxidos de 
nitrógeno (NO), expresadas en toneladas métricas equivalentes de dióxido de 
nitrógeno (NO ), multiplicadas por el coeficiente 1,5, y de las cantidades emitidas 
2
de dióxido de azufre (SO ).
2
Seis.  Determinación de la base imponible.
1.  La base imponible se determinará, para cada instalación en la que se 
realicen las actividades señaladas en el apartado dos.1, de forma independiente.
2.  La base imponible se determinará, como regla general, por el método de 
estimación directa. Se aplicará el método de estimación objetiva en los supuestos 
previstos en la letra b) del número 3 de este apartado. El método de estimación 
indirecta se aplicará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 
general tributaria.
3.  En el caso de las actividades descritas en la letra c del apartado dos.1, la 
base imponible de la instalación se determinará, para cada uno de sus focos 
emisores, de la siguiente forma:
a)  Por  el  método  de  estimación  directa,  en  los  focos  emisores  de  la 
instalación que dispongan de sistemas de medida y registro en continuo de las 
mencionadas sustancias (sistemas automáticos de medida) que estén conectados 
con  los  centros  de  control  gestionados  por  los  órganos  competentes  de  la 
Generalitat en materia de medio ambiente. En este caso, el tiempo de pérdida de 
datos por operaciones de mantenimiento, calibraciones y averías de equipos de 
medida se computará teniendo en cuenta la concentración y caudal promedios por 
hora del periodo impositivo.
b)  En los supuestos no previstos en la letra a, por el método de estimación 
objetiva, a partir de los datos resultantes de la última medición anterior a la fecha 
de devengo del impuesto que hubiera sido realizada, en cada uno de los focos, 
por  una  entidad  colaboradora  de  la  administración  en  materia  de  calidad 
ambiental, con independencia de que dicha medición se haya realizado en el 
período impositivo o en ejercicios anteriores.
Para calcular las cantidades emitidas de óxidos de nitrógeno o de dióxido de 
azufre  por  cada  foco  emisor  en  el  período  impositivo,  se  multiplicarán  las 
concentraciones  horarias  de  los  compuestos  citados  por  el  caudal  de  gases 
emitidos  y  por  el  número  de  horas  de  actividad  que  corresponda  al  período 
impositivo.  El  resultado  se  expresará,  según  proceda,  en  toneladas  métricas 
equivalentes de dióxido de nitrógeno y en toneladas métricas de dióxido de azufre.
Siete.  Base liquidable.
1.  En el caso de las actividades a las que se refiere la letra c del apartado 
dos.1, la base liquidable es el resultado de practicar en la base imponible las 
siguientes reducciones, sin que, como consecuencia de ello, la base liquidable 
pueda resultar negativa:
a)  150 toneladas métricas de base imponible derivadas de emisiones de 
óxidos de nitrógeno. e.e
b)  150 toneladas métricas de base imponible derivadas de emisiones de  b
dióxido de azufre. 59ww
liqui2d.a blEen s eerlá  riegsutaol  ad ela  lbaass ea cimtivpidoandibeles. descritas en el apartado dos.1, la base  OE-A-2021-18able en https://
Ocho.  Cuota íntegra y tipos de gravamen.
1.  La cuota tributaria íntegra, que se obtendrá por cada modalidad del hecho 
imponible a las que se refiere el apartado dos.1, será el resultado de multiplicar la 
base liquidable respectiva por los siguientes tipos impositivos:
a)  En el caso de las actividades a las que se refiere la letra a del apartado 
dos.1:
a.1)  En el caso de la energía de origen termonuclear: 0,0018 euros por 
kilovatio hora.
a.2)  En el caso de energía cuyo origen no sea termonuclear ni hidroeléctrico: 
0,0008 euros por kilovatio hora.
a.3)  En el caso de energía de origen hidroeléctrico: 0,0004 euros por kilovatio 
hora.
b)  En el caso de las actividades a las que se refiere la letra b del apartado 
dos.1:
b.1)  700 euros por cada kilómetro de longitud de la línea de transporte de 
energía eléctrica de tensión igual o superior a 220 kV y menor de 400 kV.
b.2)  1200 euros por cada kilómetro de longitud de la línea de transporte de 
energía eléctrica de tensión igual o superior a 400 kV.
c)  En el caso de las actividades a las que se refiere la letra c del apartado 
dos.1, el resultado, expresado en euros, de dividir 1.000 por las cantidades, 
expresadas en kilogramos que figuran en la columna 3 del anexo I, parte 1 y 
parte 2, del Real decreto 1.254/1999, de 16 de julio, sin que, en el caso de las 
sustancias peligrosas no denominadas específicamente a las que se refiere la 
parte 2 del citado anexo I, el tipo resultante pueda exceder de 0,002 euros/
kilogramo.
d)  En el caso de las actividades a las que se refiere la letra d del apartado 
dos.1:
Tramos de base liquidable:
Tipo (E/Tm).
Hasta 1.000 toneladas anuales 9.
Entre 1.000,01 y 3.000 toneladas anuales 12.
Entre 3.000,01 y 7.000 toneladas anuales 18.
Entre 7.000,01 y 15.000 toneladas anuales 24.
Entre 15.000,01 y 40.000 toneladas anuales 30.
Entre 40.000,01 y 80.000 toneladas anuales 38.
Más de 80.000 toneladas anuales.
2.  En las leyes anuales de presupuestos de la Generalitat se podrá modificar 
el importe de los tipos de gravamen regulados en este apartado.
Nueve.  Bonificaciones en la cuota.
1.  El  contribuyente  puede  aplicar  en  la  cuota  correspondiente  a  las  e.e
actividades de transporte de energía eléctrica la siguiente bonificación por cada  b
kilómetro  de  longitud  de  cable  que  haya  enterrado  durante  los  doce  meses  59ww
aen intefaer)iro iorer5 s0a  a e1 1ula0r o fkesVc ph.oar  dcea ddae vkeilónmgoe tdreol  dime plounegsittou:d en tensión igual o superior a 30 kV  OE-A-2021-18able en https://
b)  87,50 euros por cada kilómetro de longitud en tensión igual o superior 
a 110 kV e inferior o igual a 220 kV.
c)  150 euros por cada kilómetro de longitud en tensión superior a 220 kV.
2.  En el caso de focos emisores de compuestos oxigenados del azufre o del 
nitrógeno sujetos al método de estimación directa, se aplicará una bonificación 
del 7 por cien de la parte de la cuota íntegra correspondiente a dichos focos, 
siempre que el rendimiento de los sistemas automáticos de medida, excluyendo 
sus períodos de calibración o mantenimiento, sea igual o superior al 90 por cien. 
Cuando el rendimiento de los analizadores automáticos sea igual o superior al 80 
por 100 e inferior al 90 por cien, la bonificación prevista en el número 1 de este 
apartado será del 5 por cien de la cuota íntegra.
3.  El rendimiento de los sistemas automáticos de medida se obtendrá del 
cociente resultante de dividir el número de datos válidos trasmitidos a los centros 
de control gestionados por los órganos competentes de la Generalitat en materia 
de medio ambiente entre el número de datos totales del periodo, excluyendo los 
correspondientes a calibraciones y mantenimiento de los equipos.
4.  De la aplicación de las bonificaciones no pueden resultar en ningún caso 
autoliquidaciones con cuotas negativas.
Diez.  Cuota líquida.
La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra el importe 
de las bonificaciones a las que se refiere el apartado nueve.
Once.  Periodo impositivo y devengo.
1.  El período impositivo será el año natural.
2.  El período impositivo será inferior al año natural en los supuestos en los 
que el inicio o cese de las actividades a las que se refiere el apartado dos.1 no 
coincida con el primer o el último día del año natural, respectivamente. A tales 
efectos,  no  se  considerarán  los  casos  de  sucesión  en  la  realización  de  las 
actividades  o  de  cambio  de  la  denominación  del  sujeto  pasivo  cuando  no 
impliquen un cese de la actividad en la instalación, sin perjuicio de lo dispuesto en 
los artículos 40 y 42 de la Ley general tributaria.
3.  El impuesto se devengará el último día del período impositivo.
Doce.  Autoliquidación y pago.
1.  Los sujetos pasivos, por cada una de las actividades gravadas a las que 
se refiere el apartado dos.1, estarán obligados a autoliquidar el impuesto en el 
lugar y forma que se establezcan por orden de la conselleria competente en 
materia de hacienda y a ingresar el importe de la deuda tributaria en los siguientes 
plazos:
a)  Con carácter general, en el de los veinte primeros días naturales del mes 
siguiente al fin del periodo impositivo.
b)  En el supuesto de las actividades a las que se refiere la letra c) del 
apartado dos.1, en el de los dos meses siguientes al fin del periodo impositivo.
2.  En el caso de las actividades de la letra c) del apartado dos.1, los sujetos  e
pasivos no estarán obligados a presentar las autoliquidaciones a las que se refiere  bo
el número 1 de este apartado cuando la base liquidable de la actividad en el  59ww
pasiecetrtiíve3oi..dd1 ao.d Niemos p eodxseeitnbivteaors á snde eal p imrceepsrueoen, stadtore.  caountfoolirqmuiiddaadc iocnoens  lol odsi spsuuejsettoo se np aesl ivaopsa rtapdoor   OE-A-2021-18able en https://
4.  Durante el período impositivo, los sujetos pasivos deberán efectuar pagos 
fraccionados en concepto de pagos a cuenta, referidos a trimestres naturales, por 
cada una de las actividades gravadas a las que se refiere el apartado dos.1, en los 
primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio y octubre de cada año 
natural,  en  el  lugar  y  forma  que  se  establezcan  por  orden  de  la  conselleria 
competente en materia de hacienda.
El importe de los pagos fraccionados se realizará:
a)  En los casos de actividades a las que se refiere la letra a del apartado 
dos.1,  atendiendo  a  la  cuota  correspondiente  al  valor  de  las  magnitudes 
determinantes de la base liquidable durante el respectivo trimestre natural.
b)  En los casos de actividades a las que se refiere la letra b) del apartado 
dos.1, por la totalidad de kilómetros de longitud de la línea el primer día de cada 
período impositivo.
c)  En los casos de actividades a las que se refiere la letra c del apartado 
dos.1, dividiendo por cuatro el importe de la cuota líquida anual que resultaría 
atendiendo al valor de las magnitudes determinantes de la base liquidable durante 
el respectivo trimestre natural.
d)  En los casos de actividades a las que se refiere la letra d del apartado 
dos.1,  atendiendo  a  la  cuota  correspondiente  al  valor  de  las  magnitudes 
determinantes  de  la  base  liquidable  durante  la  parte  del  periodo  impositivo 
transcurrida  hasta  el  último  día  del  respectivo  trimestre  natural,  deducido  el 
importe de los pagos fraccionados anteriores del periodo impositivo.
5.  En el caso de actividades a las que se refiere la letra c del apartado dos.1, 
los sujetos pasivos no estarán obligados a efectuar pagos fraccionados cuando la 
base liquidable de la actividad en el periodo impositivo precedente hubiese sido 
igual a cero, de conformidad con lo dispuesto en el apartado siete.1.
6.  En el caso de las actividades exentas del impuesto no se deberán efectuar 
pagos fraccionados.
7.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los números 5 y 6 de este apartado, 
cuando, de conformidad con lo dispuesto en el número 4 de este apartado, no 
resulten  cantidades  a  ingresar  por  el  pago  fraccionado,  los  sujetos  pasivos 
presentarán una declaración negativa.
8.  Los  pagos  fraccionados  realizados  durante  el  periodo  impositivo  se 
deducirán de la cuota líquida de la autoliquidación a la que se refiere el número 1 
de este apartado.
Trece.  Devoluciones.
Cuando la cuota diferencial resultante de la autoliquidación prevista en el 
apartado doce.1 fuese negativa, por ser la cuota líquida inferior a los pagos 
fraccionados  efectuados,  la  conselleria  competente  en  materia  de  hacienda 
abonará las cantidades correspondientes en la forma y plazos establecidos en el 
artículo 31 de la Ley general tributaria.
Catorce.  Liquidación.
La  administración  tributaria  podrá  dictar  la  liquidación  que  proceda  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley general tributaria. es
Quince.  Gestión, recaudación e inspección. w.
Age1n.c iaL Tar ibguetsatriióan V, arleecnacuiadnaac.ión e inspección del impuesto corresponden a la
com2p.u eEstno s poaxritgiceunlaard, osp adreal  nlait rócgoemnpor oyb adceiló dni ódxeid ol adse  aacztuivfridea, dloess  óergmainsoosra ds e dlae 
Generalitat competentes en materia de calidad ambiental elaborarán, para cada
instalación y período impositivo, un informe que se referirá necesariamente a las 
emisiones de óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre que hayan sido superiores a 
las  cantidades que, conforme  a lo dispuesto  en el apartado siete, gozan de 
reducción en la base imponible, estimadas de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado seis, así como la indicación de la persona o entidad cuya actividad las 
haya generado.
3.  Cuando  se  trate  de  instalaciones  sometidas  al  método  de  estimación 
directa de la base imponible, el informe deberá recoger también el rendimiento de 
los  sistemas  automáticos  de  medición  de  las  emisiones  a  los  efectos  de  la 
aplicación de las bonificaciones previstas en el apartado nueve.
4.  Asimismo, los órganos de la Generalitat competentes en materia de medio 
ambiente podrán realizar las inspecciones y controles que se estimen precisos, 
directamente o a través de los organismos de control autorizados.
5.  A los efectos de este impuesto y con independencia de la obligación de 
autoliquidación, se establecerá un censo de instalaciones y contribuyentes del 
impuesto.  Su  organización  y  funcionamiento,  así  como  la  regulación  de  la 
obligación de los contribuyentes del impuesto de realizar declaraciones de alta, 
modificación de datos y baja en este censo, se establecerán mediante orden de la 
conselleria competente en materia de hacienda.
Dieciséis.  Infracciones y sanciones.
Las infracciones tributarias relativas al presente impuesto serán calificadas y 
sancionadas de conformidad con lo previsto en la Ley general tributaria.
Diecisiete.  Desarrollo reglamentario.
1.  Se autoriza al conseller competente en materia de hacienda para que 
determine, mediante orden, los supuestos y condiciones en los que los obligados 
tributarios y las entidades a las que se refiere el artículo 92 de la Ley general 
tributaria  podrán  presentar  por  medios  telemáticos  autoliquidaciones, 
comunicaciones y cualquier otro documento con trascendencia tributaria a los 
efectos de este impuesto, así como los supuestos y condiciones en que dicha 
presentación deberá realizarse mediante medios telemáticos.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 1 de este apartado, se faculta al 
Consell de la Generalitat para dictar cuantas disposiciones reglamentarias resulten 
necesarias para el desarrollo y aplicación de este impuesto.»
CAPÍTULO II
Tributos cedidos
Sección primera. Modificación de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat 
Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y restantes tributos cedidos
Artículo 35.
Se modifica el apartado 1 del artículo 2 y las letras n y o del artículo 4.Uno de la 
Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la cual se regula el  e.e
tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos  b
cedidos, quedando redactados como sigue: 59ww
Artículo 2.  Escala autonómica.
1.  La escala autonómica de tipo de gravamen aplicable a la base liquidable
general es la siguiente:
Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros
euros hasta euros porcentaje
0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 4.550,00 11,00
17.000,00 1.745,50 13.000,00 13,90
30.000,00 3.552,50 20.000,00 18,00
50.000,00 7.152,50 15.000,00 23,50
65.000,00 10.677,50 15.000,00 24,50
80.000,00 14.352,50 40.000,00 25,00
120.000,00 24.352,50 20.000,00 25,50
140.000,00 29.452,50 35.000,00 27,50
175.000,00 39.077,50 En adelante 29,50
n)  Por arrendamiento de la vivienda habitual, sobre las cantidades pagadas 
en el periodo impositivo:
– El 20 %, con el límite de 700 euros.
– El 25 %, con el límite de 850 euros si el arrendatario reúne una de las 
siguientes condiciones, o del 30 %, con el límite de 1.000 euros, si reúne dos o 
más:
Tener una edad igual o inferior a 35 años.
Ser discapacitado físico o sensorial, con un grado de discapacidad igual o 
superior al 65 %, o psíquico, con un grado de discapacidad igual o superior 
al 33 %.
Tener la consideración de víctima de violencia de género según lo dispuesto 
en la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra la violencia 
sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
Serán requisitos para el disfrute de esta deducción los siguientes:
1.º  Que se trate del arrendamiento de la vivienda habitual del contribuyente, 
ocupada efectivamente por este, siempre que la fecha del contrato sea posterior 
al 23 de abril de 1998 y su duración sea igual o superior a un año. A estos efectos, 
se ajustará al concepto de vivienda habitual recogido en la normativa estatal 
reguladora del impuesto.
2.º  Que, durante al menos la mitad del periodo impositivo, ni el contribuyente 
ni ninguno de los miembros de su unidad familiar sean titulares, del pleno dominio 
o de un derecho real de uso o disfrute, de otra vivienda distante a menos de 100 
kilómetros de la vivienda arrendada. En el caso de tratarse de una mujer víctima 
de  violencia  de  género,  a  efectos  de  la  aplicación  de  esta  deducción,  se 
considerará que no forma parte de la unidad familiar el cónyuge agresor no 
separado  legalmente.  Tampoco  computará  el  inmueble  que  la  contribuyente 
compartía con la persona agresora como residencia habitual
3.º  Que el contribuyente no tenga derecho por el mismo periodo impositivo a 
ninguna deducción por inversión en vivienda habitual. e.
4.º  Que la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del  w.b
ahorro  no  sea  superior  a  los  límites  establecidos  en  el  párrafo  primero  del  59ww
apartado 4 de este artículo.
aparEtasdtao .deducción resultará compatible con la establecida en la letra ñ) de este
El límite de esta deducción se prorrateará por el número de días en los que 
permanezca vigente el arrendamiento dentro del periodo impositivo y en los que 
se cumplan las circunstancias personales requeridas para la aplicación de los 
diferentes porcentajes de deducción y, además, cuando dos o más contribuyentes 
declarantes del impuesto tengan derecho a la aplicación de esta deducción por 
una misma vivienda, el límite se prorrateará entre ellos a partes iguales.
o)  Los  contribuyentes  podrán  deducirse  un  40  %  del  importe  de  las 
cantidades  invertidas  en  instalaciones  realizadas  en  la  vivienda  habitual  del 
contribuyente o en instalaciones colectivas del edificio donde este figure, si están 
destinadas a alguna de las finalidades que se indican a continuación:
a)  Instalaciones  de  autoconsumo  eléctrico,  según  lo  establecido  en  el 
artículo 9.1 de la Ley 24/2013, de 16 de diciembre, del sector eléctrico y la 
normativa que la desarrolla.
b)  Instalaciones de producción de energía térmica a partir de la energía solar, 
de la biomasa o de la energía geotérmica para generación de agua caliente 
sanitaria, calefacción o climatización.
c)  Instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de energía solar 
fotovoltaica o eólica, para electrificación de viviendas aisladas de la red eléctrica 
de distribución y cuya conexión a esta sea inviable desde el punto de vista técnico, 
medioambiental o económico.
No darán derecho a practicar esta deducción aquellas instalaciones que sean 
de carácter obligatorio en virtud de la aplicación del Real decreto 314/2006, de 17 
de marzo, por el qué se aprueba el Código técnico de la edificación (CTE).
Esta deducción podrá aplicarse a las inversiones realizadas en las viviendas 
que  constituyan  segundas  residencias,  siempre  que  estas  no  se  encuentren 
relacionadas con el ejercicio de una actividad económica, de conformidad con la 
normativa estatal reguladora del impuesto, si bien en este supuesto el porcentaje 
de deducción será del 20 %.
A efectos de esta deducción, se tendrá que ajustar al concepto de vivienda 
contenida en la normativa autonómica reguladora de la vivienda.
Las viviendas tendrán que estar  situadas  en el  territorio de la Comunitat 
Valenciana.
Las actuaciones objeto de deducción deberán ser realizadas por empresas 
instaladoras que cumplan los requisitos establecidos reglamentariamente.
La base de esta deducción estará constituida por las cantidades efectivamente 
satisfechas en el ejercicio por el contribuyente, mediante los medios de pago 
relacionados en la disposición adicional dieciséis de esta ley. En el caso de pagos 
provenientes  de  financiación  obtenida  de  entidad  bancaria  o  financiera,  se 
considerará que forma parte de la base de deducción la amortización de capital de 
cada ejercicio, con excepción de los intereses.
La base máxima anual de esta deducción se establece en 8.000 euros. La 
base indicada tendrá igualmente la consideración de límite máximo de inversión 
deducible para cada vivienda y ejercicio. La parte de la inversión apoyada, en su 
caso, con subvenciones públicas no dará derecho a deducción.
Las cantidades correspondientes al periodo impositivo no deducidas podrán 
aplicarse en las liquidaciones de los periodos impositivos que concluyan en los 
cuatro años inmediatos y sucesivos. e
En el caso de conjuntos de viviendas en régimen de propiedad horizontal en  bo
las que se lleven a cabo estas instalaciones de forma compartida, siempre que  59ww
tpernogpaienta crioobse rtiunrdaiv liedguaall,m eesnttae  desdeugcúcni óne lp ocdoreáf isceiern atep licdaed a ppaortri ccipaadcai óunn oq duee  loles 
corresponda, siempre que cumpla con el resto de requisitos establecidos.
Para aplicar la deducción se tendrán que conservar los justificantes de gasto y 
de  pago,  los  cuales  tendrán  que  cumplir  lo  dispuesto  en  su  normativa  de 
aplicación.
La deducción establecida en este apartado requiere el reconocimiento previo 
de  la  administración  autonómica.  A  tales  efectos,  el  Instituto  Valenciano  de 
Competitividad  Empresarial  (Ivace)  expedirá  la  certificación  acreditativa 
correspondiente.
El Ivace determinará la tipología, requisitos técnicos, costes de referencia 
máximos y el resto de características de los equipos e instalaciones a las que les 
resulte aplicable la deducción establecida en este apartado. El Ivace podrá llevar a 
cabo  las  actuaciones  de  control  y  comprobación  técnica  sobre  los  equipos 
instalados que considere oportunas.»
Artículo 36.
Se modifica la letra p) del artículo 4.Uno de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, que queda redactado como 
sigue:
«p)  Por  donaciones  con  finalidad  ecológica:  El  20  por  ciento  para  los 
primeros 150 euros y el 25 por ciento para el resto del importe de las donaciones 
efectuadas durante el período impositivo en favor de cualquiera de las siguientes 
entidades:
1)  La Generalitat y las Corporaciones Locales de la Comunitat Valenciana. A 
estos efectos, cuando la donación consista en dinero las cantidades recibidas 
quedarán afectas en el presupuesto del donatario a la financiación de programas 
de gasto que tengan por objeto la defensa y conservación del medio ambiente. De 
conformidad con ello, en el estado de gastos del presupuesto de cada ejercicio se 
consignará crédito en dichos programas por un importe como mínimo igual al de 
las donaciones percibidas durante el ejercicio inmediatamente anterior.
2)  Las  entidades  públicas  dependientes  de  cualquiera  de  las 
Administraciones Territoriales citadas en el número 1) anterior cuyo objeto social 
sea la defensa y conservación del medio ambiente. Las cantidades recibidas por 
estas entidades quedarán sometidas a las mismas reglas de afectación recogidas 
en el citado número 1.
3)  Las entidades sin fines lucrativos reguladas en los apartados a y b del 
artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, siempre 
que su fin exclusivo sea la defensa del medio ambiente y se hallen inscritas en los 
correspondientes registros de la Comunitat Valenciana.»
Artículo 37.
Se modifica la letra q) del artículo 4.Uno de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, que queda redactado como 
sigue:
«q)  Por donaciones relativas al patrimonio cultural valenciano el 20 por ciento  bo
para los primeros 150 euros y el 25 por ciento para el resto del valor de: 59ww
de  1b)ie nLeas s qduoen,a cfoiornmeasn dpou rapsa ryt es imdepll eps aetrfeimctounaiod asc udltuurraanl tev aelle npceiraíondoo,  ismep ohsaitllievon 
inscritos  en  el  inventario  general  del  citado  patrimonio,  de  acuerdo  con  la
normativa legal autonómica vigente, siempre que se realicen a favor de cualquiera
de las entidades contempladas en el apartado a), siempre que estas entidades 
persigan fines de interés cultural, b), c), d), e) y f) del apartado primero del 
artículo 3 de la Ley 20/2018, de 25 de julio, del mecenazgo cultural, científico y 
deportivo  no  profesional  en  la  Comunitat  Valenciana  y  de  las  objetivamente 
comparables del apartado 2 del mencionado artículo.
2)  Las cantidades dinerarias donadas a cualquiera de las entidades a las que 
se refiere el número 1 anterior para la conservación, reparación y restauración de 
los  bienes  que,  formando  parte  del  patrimonio  cultural  valenciano,  se  hallen 
inscritos en su inventario general, siempre que se trate de donaciones para la 
financiación  de  programas  de  gasto  o  actuaciones  que  tengan  por  objeto  la 
conservación,  reparación  y  restauración  de  los  mencionados  bienes.  A  estos 
efectos, cuando la persona donataria sea la Generalitat o una de sus entidades 
públicas de carácter cultural, el importe recibido en cada ejercicio quedará afecto, 
como crédito mínimo, al programa de gastos de los presupuestos del ejercicio 
inmediatamente posterior que tengan por objeto la conservación, reparación y 
restauración de obras de arte y, en general, de bienes con valor histórico, artístico 
y cultural.
3)  Las cantidades dinerarias destinadas por las personas titulares de bienes 
pertenecientes al patrimonio cultural valenciano, inscritos en el inventario general 
del mismo, a la conservación, reparación y restauración de los citados bienes.»
Artículo 38.
Se modifica la letra r) del artículo 4.Uno de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, que queda redactado como 
sigue:
«r)  Por donaciones destinadas al fomento de la lengua valenciana: el 20 por 
ciento para los primeros 150 euros y el 25 por ciento para el resto del importe de 
las donaciones de importes dinerarios efectuadas durante el periodo impositivo en 
favor de las siguientes entidades:
1)  La Generalitat, los organismos públicos y el sector público instrumental de 
la Generalitat.
2)  Las  entidades  locales  de  la  Comunitat  Valenciana,  sus  organismos 
públicos, fundaciones y consorcios de ellas dependientes.
3)  Las  universidades  públicas  y  privadas  establecidas  en  la  Comunitat 
Valenciana.
4)  Los institutos y centros de investigación de la Comunitat Valenciana o que 
tengan sede en ella.
5)  Los  centros  superiores  de  enseñanzas  artísticas  de  la  Comunitat 
Valenciana.
6)  Las entidades sin fines lucrativos enumeradas en la letra a del apartado 1 
del artículo 3 de la Ley 20/2018, de 25 de julio, del mecenazgo cultural, científico y 
deportivo no profesional en la Comunitat Valenciana, y cuyo fin exclusivo sea el 
fomento de la lengua valenciana.
7)  Las objetivamente comparables del apartado 2 del mencionado artículo 3 
y cuyo fin exclusivo sea el fomento de la lengua valenciana. s
A estos efectos, cuando la persona donataria sea la Generalitat o una de sus  oe.
entidades públicas, el importe recibido en cada ejercicio quedará afecto, como  w.
civnraméledenitdcoiia atnamamí.n»eimntoe,  pao stperroiogrr amquaes   tdeen gagna stpoo r deo bjleotso  perle sfuopmueensttoo s ded ell a ejleerncgicuiao   2021-1859n https://ww
Artículo 39.
Se modifica el apartado s) del artículo 4. Uno de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, 
de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto 
sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  y  restantes  tributos  cedidos,  que  queda 
redactado como sigue:
«s)  Por donaciones o cesiones de uso o comodatos para otros fines de 
carácter cultural, científico o deportivo no profesional:
1)  Se establece una deducción del 25 por ciento de las cuantías en que se 
valoren  las  donaciones  o  los  préstamos  de  uso  o  comodato  efectuadas  a 
proyectos  o  actividades  culturales,  científicas  o  deportivas  no  profesionales 
declarados o considerados de interés social, distintas a las descritas en las letras 
q) y r), realizadas a favor de las personas y entidades beneficiarias del artículo 3 
de la Ley 20/2018, de 25 de julio, del mecenazgo cultural, científico y deportivo no 
profesional en la Comunitat Valenciana.
No obstante, en el caso de que el contribuyente se aplique la deducción 
prevista en la letra a) del apartado 3 del artículo 68 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los primeros 150 
euros del valor de la donación disfrutarán de una deducción del 20 por ciento.
2)  La base de las deducciones por donaciones realizadas será:
a)  En las donaciones dinerarias, su importe.
b)  En las donaciones de bienes o derechos, el valor contable que tuviesen en 
el momento de la transmisión y, en su defecto, el valor determinado conforme a las 
normas del impuesto sobre el patrimonio.
c)  En  la  constitución  de  un  derecho  real  de  usufructo  sobre  bienes 
inmuebles, el importe anual que resulte de aplicar, en cada uno de los períodos 
impositivos  de  duración  del  usufructo,  el  4  por  ciento  del  valor  catastral, 
determinándose proporcionalmente al número de días que corresponda en cada 
período impositivo.
d)  En  la  constitución  de  un  derecho  real  de  usufructo  sobre  valores,  el 
importe anual de los dividendos o intereses percibidos por la persona usufructuaria 
en cada uno de los períodos impositivos de duración del usufructo.
e)  En  la  constitución  de  un  derecho  real  de  usufructo  sobre  bienes  y 
derechos, el importe anual resultante de aplicar el interés legal del dinero de cada 
ejercicio al valor del usufructo determinado en el momento de su constitución 
conforme a las normas del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados.
f)  En las donaciones de bienes de interés cultural, bienes inventariados no 
declarados de interés cultural, bienes de relevancia local o de obras de arte de 
calidad garantizada, la valoración efectuada por la Junta de Valoración de Bienes 
del Patrimonio Cultural Valenciano. En el caso de los bienes culturales que no 
formen parte del patrimonio cultural valenciano, la junta valorará, asimismo, la 
suficiencia de la calidad de la obra.
3)  El valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, 
tendrá como límite máximo el valor normal en el mercado del bien o derecho 
transmitido en el momento de su transmisión. e.e
4)  La base de las deducciones por préstamos de uso o comodato será el  b
importe anual que resulte de aplicar, en cada uno de los periodos impositivos de  59ww
dVuarloarcaiócnió nd eld per ésBtiaemneos,  eld e4l%   Paa ltari mvaolnoiroa ciCónu ltdueral lb ieVna leenfecciatunaod, a dpeotre rlam iJnuánntdao dsee 
pimroppoosritcivioon.almente  al  número  de  días  que  corresponda  en  cada  período
En el caso de que se trate de préstamos de uso o de comodato de locales 
para la realización de proyectos o actividades, se aplicará el 4 % por ciento del 
valor catastral, proporcionalmente al número de días que corresponda de cada 
período impositivo.»
Artículo 40.
Se crea una nueva letra, la y), en el apartado Uno del artículo 4 de la Ley 13/1997, 
de 23 de diciembre, por la cual se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, con la siguiente redacción:
«y)  El  10  por  ciento  de  las  cantidades  destinadas  por  el  contribuyente 
durante el periodo impositivo a la adquisición de vehículos nuevos pertenecientes 
a las categorías incluidas en la Orden 5/2020, de 8 de junio, de la Consellería de 
Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la cual se aprueban las bases 
reguladoras  para  el  otorgamiento  de  subvenciones  para  la  adquisición  o 
electrificación de bicicletas urbanas y vehículos eléctricos de movilidad personal 
siempre que la suma de su base liquidable general y de su base liquidable del 
ahorro  no  sea  superior  a  los  límites  establecidos  en  el  párrafo  primero  del 
apartado cuatro de este artículo.
La base máxima de la deducción estará constituida por el importe máximo 
subvencionable  para  cada  tipo  de  vehículo,  de  acuerdo  con  la  mencionada 
Orden 5/2020, de 8 de junio.
Por  periodo  impositivo  cada  contribuyente  podrá  deducirse  las  cantidades 
destinadas a la adquisición de un único vehículo.»
Artículo 41.
Se crea una nueva letra, la z, en el apartado Uno del artículo 4 de la Ley 13/1997, 
de 23 de diciembre, por la cual se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, con la siguiente redacción:
«1.  Los contribuyentes podrán deducir en la cuota íntegra autonómica, y con 
límite de 6.000 euros, el 30 % de las cantidades invertidas durante el ejercicio en 
la  suscripción  y  desembolso  de  acciones  o  participaciones  sociales  como 
consecuencia  de  acuerdos  de  constitución  o  de  ampliación  de  capital  de 
sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y sociedades laborales o de 
aportaciones voluntarias u obligatorias efectuadas por los socios a las sociedades 
cooperativas, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a)  No ha de tratarse de acciones o participaciones en una entidad a través de 
la  cual  se  ejerza  la  misma  actividad  que  se  venía  ejerciendo  anteriormente 
mediante otra titularidad.
b)  La entidad en la cual hay que materializar la inversión tiene que cumplir 
los siguientes requisitos:
1.  Tiene que tener el domicilio social y fiscal en la Comunidad Valenciana y 
mantenerlo durante los tres años siguientes a la constitución o ampliación.
2.  Tiene  que  ejercer  una  actividad  económica  durante  los  tres  años 
siguientes a la constitución o ampliación. A tal efecto, no tiene que tener por  s
actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo  o
con lo dispuesto en el artículo 4.8.° Dos.a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del  w.
liambpou3rea. sl tyoT  iaes onjoberr neqa uedela  p cacotornmimtaporl,en ctioao.,m doa dmaí ndiem aol,t ac oenn  uenl aré pgeimrseonn ag eonceurpaal ddae  lcao nS ecgounrtirdaatod   2021-1859n https://ww
Social durante los tres años siguientes a la constitución o ampliación.
4.  En caso de que la inversión se hubiera realizado mediante una ampliación 
de capital o de nuevas aportaciones, la sociedad debe de haber sido constituida 
en los tres años anteriores a la fecha de esta ampliación, siempre que, además, 
durante  los  veinticuatro  meses  siguientes  a  la  fecha  del  inicio  del  periodo 
impositivo del impuesto sobre sociedades en que se hubiera realizado la inversión, 
su plantilla media se incremente, al menos, en una persona respecto a la plantilla 
media existente los doce meses anteriores y que este incremento se mantuviera 
durante un periodo adicional otros veinticuatro meses.
Para el cálculo de la plantilla media total de la empresa y de su incremento, se 
tomarán las personas empleadas, en los términos en que disponga la legislación 
laboral,  teniendo  en  cuenta  la  jornada  contratada  en  relación  con  la  jornada 
completa.
Los requisitos contenidos en los números 3 y 4 no serán exigibles para las 
sociedades laborales ni para las sociedades cooperativas de trabajo asociado.
c)  Las  operaciones  en  que  sea  aplicable  la  deducción  tienen  que 
formalizarse en escritura pública, en la cual tiene que especificarse la identidad de 
los inversores y el importe de la inversión respectiva.
d)  Las participaciones adquiridas tienen que mantenerse en el patrimonio del 
contribuyente  durante  un  periodo  mínimo  de  los  tres  años  siguientes  a  la 
constitución o ampliación.
2.  La deducción regulada en el número 1 podrá incrementarse en un 15% 
adicional, con límite de 9.000 euros, cuando, además de cumplir los requisitos 
anteriores, las entidades receptoras de fondos cumplan alguna de las siguientes 
condiciones:
– Acrediten ser pequeñas y medianas empresas innovadoras a los efectos del 
Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización a la 
Seguridad Social del personal investigador, o estén participadas por universidades 
u organismos de investigación.
– Tengan su domicilio fiscal en algún municipio en riesgo de despoblamiento.
3.  En  el  supuesto  de  que  el  contribuyente  carezca  de  cuota  íntegra 
autonómica suficiente para aplicarse la totalidad o parte de la presente deducción 
en el periodo en que se genere el derecho a su aplicación, el importe no deducido 
podrá aplicarse en los tres períodos impositivos siguientes hasta agotar, en su 
caso, su importe total.»
Artículo 42.
Se crea una nueva letra, la aa), en el apartado Uno del artículo 4 de la Ley 13/1997, 
de 23 de diciembre, por la cual se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, con la siguiente redacción:
«aa)  Por residir habitualmente en un municipio en riesgo de despoblamiento: 
300 euros.
El importe anterior se incrementará en 120, 180 o 240 euros en el caso de que 
el contribuyente tenga derecho a la aplicación del mínimo por descendientes 
establecido por la normativa estatal reguladora del impuesto por una, dos o tres o  es
más personas, respectivamente. La aplicación de estos importes adicionales será  o
cepuinosancntraoatt emrbmisblpe uiiacsgyimtudeibaaanlles tee ,ps ese. pnrtsa elornaangs a ae lnele  tsrdmateosirss ea mci)hmo, o pb do)a er ytslea csc e a) napdddleiiciecla nipocterinóe anslo ee dsnea telss  eimma ípipnlaarimordtroaor,ad  tpoeco.a orCrn ád uneala snescd neotndr eded idoeeusnlc ltoecosis o m nppeáoossrr     OE-A-2021-1859able en https://www.
A estos efectos se estará al concepto de residencia habitual recogido en la 
normativa estatal reguladora del impuesto.»
Artículo 43.
Se modifica el apartado cuarto del artículo 4 de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, 
de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, que pasa a tener la 
siguiente redacción:
«Cuatro.  A los efectos de lo dispuesto en los subapartados 1 y 2 del párrafo 
primero de la letra a), en el párrafo primero de la letra b), en el párrafo primero de 
la letra c), en el párrafo primero de la letra d), cuando el contribuyente pertenezca 
a una familia numerosa o monoparental de categoría general; en el punto 2 del 
párrafo segundo de la letra e), en el punto 3 del párrafo segundo de la letra f), en 
el párrafo primero de la letra g), en el párrafo primero de la letra h), en el punto 4 
del párrafo segundo de las letras n) y ñ), en el punto 3 del párrafo segundo de la 
letra v), en el párrafo segundo de la letra w) y en el párrafo primero de la letra y) 
del apartado uno del artículo cuarto de esta ley, la suma de la base liquidable 
general y de la base liquidable del ahorro no podrá ser superior a 25.000 euros, en 
tributación individual, o a 40.000 euros, en tributación conjunta.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo primero de la letra d del apartado 
uno del artículo cuarto de esta ley, cuando el contribuyente pertenezca a una 
familia numerosa o monoparental de categoría especial, la suma de la base 
liquidable general y de la base liquidable del ahorro no podrá ser superior a 30.000 
euros, en tributación individual, o a 50.000 euros, en tributación conjunta.
A los efectos de lo dispuesto en el punto 1.º del párrafo tercero de la letra i) del 
apartado uno del artículo cuarto de esta ley, la suma de las bases liquidables de la 
unidad familiar no podrá ser superior a 25.000 euros.»
Artículo 44.
Se crea un nuevo apartado, el sexto, en el artículo 4.Uno de la Ley 13/1997, de 23 de 
diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, que queda 
redactado como sigue:
«Sexto.  A los efectos de la consideración en esta ley de un municipio como 
en riesgo de despoblamiento deberá ser beneficiario del Fondo de Cooperación 
Municipal  para  la  lucha  contra  el  despoblamiento  de  los  municipios  de  la 
Comunitat Valenciana en el ejercicio presupuestario en el que se produzca el 
devengo  del  impuesto  o  en  el  anterior  por  cumplir,  al  menos,  cinco  de  los 
siguientes requisitos:
a)  Densidad de población. Número de habitantes: inferior o igual a los veinte 
habitantes por kilómetro cuadrado.
b)  Crecimiento  demográfico.  Tasa  de  crecimiento  de  la  población  en  el 
periodo comprendido en los últimos veinte años: menor o igual al cero por ciento.
c)  Tasa  de  crecimiento  vegetativo.  Porcentaje  que  representa  el  saldo 
vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) sobre la población en el  e
periodo comprendido entre los últimos veinte años: menor o igual a -10%. bo
d)  Índice de envejecimiento. Porcentaje que representa la población mayor  59ww
dcien c6u4e natñao pso rs ocibernet ola. población menor de 16 años: mayor o igual al doscientos
meneo)r esÍn ddeic 1e6  daeñ osd eyp menadyeonrecsia d. eC 6o4c iye nlate p oebnlatrcei ónla d es u1m6 aa  6d4e  alñao sp, ombulaltcipiólinc addeo 
por 100: mayor o igual al sesenta por ciento.
f)  Tasa  migratoria.  Porcentaje  que  representa  el  saldo  migratorio  en  el 
periodo comprendido entre los últimos diez años (diferencia entre las entradas y 
salidas de población por motivos migratorios) sobre la población total del último 
año: menor o igual a cero.
Estos  datos  se  determinarán  de  conformidad  con  las  cifras  de  población 
aprobadas por el Gobierno que figuren en el último padrón municipal vigente, y de 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, por el Instituto 
Valenciano de Estadística y datos oficiales de las administraciones públicas.
2.  También ostentarán dicha condición los municipios que, aún sin cumplir los 
requisitos señalados, pertenezcan a áreas funcionales con una densidad demográfica 
igual o inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Las áreas funcionales se 
determinarán de conformidad con los datos oficiales sobre demarcaciones territoriales 
inscritos en el Registro de Entidades Locales de la Comunitat Valenciana, creado por 
Decreto 15/2011, de 18 de febrero, del Consell.»
Artículo 45.
Se modifica el apartado tercero del artículo 10 Bis de la Ley 13/1997, de 23 de 
diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, que pasa 
a tener la siguiente redacción:
«3.º)  En el supuesto de transmisión de una empresa individual agrícola a favor 
de los hijos o adoptados o, cuando no existan hijos o adoptados, de los padres o 
adoptantes del donante, la base imponible del impuesto se reducirá en el 99 por 100 
del valor neto de los elementos patrimoniales afectos a la empresa transmitida, 
siempre  que  se  cumplan,  simultáneamente,  los  siguientes  requisitos:  1)  Que  la 
actividad no constituya la principal fuente de renta del donante; 2) Que el donante haya 
ejercido dicha actividad de forma habitual, personal y directa; 3) Que la empresa, por 
esta vía adquirida, se mantenga en el patrimonio del adquirente durante los cinco años 
siguientes a la donación, salvo que aquel fallezca dentro de dicho plazo.
Esta misma reducción se aplicará a los nietos, con los mismos requisitos, 
siempre  que  su  progenitor,  que  era  hijo  del  donante,  hubiera  fallecido  con 
anterioridad al momento del devengo.
En  el  caso  de  que  el  donante  se  encontrara  jubilado  de  la  actividad 
empresarial  agrícola  en  el  momento  de  la  donación,  dicha  actividad  deberá 
haberse ejercido de forma habitual, personal y directa por el donatario. En tal 
caso, la reducción se aplicará únicamente al donatario que ejerza la actividad y 
que cumpla los demás requisitos establecidos con carácter general. Si, en el 
momento de la jubilación, el donante hubiera cumplido los 65 años, la reducción 
aplicable será la general del 99 por 100, siendo del 90 por 100 si, en aquel 
momento, el donante tuviera entre 60 y 64 años cumplidos.
En caso de no cumplirse el requisito al que se refiere el epígrafe 4 del primer 
párrafo de este apartado, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiera 
dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada, así como sus 
intereses de demora.»
Artículo 46. s
Se introduce un nuevo apartado, el séptimo, en el artículo 10 bis de la Ley 13/1997,  w.b
de  23  de  diciembre,  de  la  Generalitat  Valenciana,  por  la  que  se  regula  el  tramo  59ww
aceudtoidnoósm, iccoon  dlae ls Iigmupieunetset or esdoabcrceió lna: Renta de las Personas Físicas y restantes tributos
«7.º) En el supuesto de donaciones de dinero realizadas a favor de mujeres
víctimas de violencia de género con la finalidad de adquirir una vivienda habitual
situada en la Comunitat Valenciana se aplicará una reducción sobre el importe 
donado del 95 por 100 siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
– La base máxima de la reducción no podrá superar los 60.000 euros por 
contribuyente, sea en una donación o en donaciones sucesivas.
– Deberá adquirirse la vivienda en los 12 meses siguientes a la donación. En 
caso de haber varias donaciones, el plazo se computará desde la fecha de la 
primera donación. La reducción no se aplicará a donaciones de dinero posteriores 
a la compra de la vivienda, salvo en los supuestos de adquisición con precio 
aplazado o financiación ajena, siempre que se acredite que el importe del dinero 
donado se ha destinado en el mismo plazo de un año al pago del precio pendiente 
o a la cancelación total o parcial del crédito.
– El donatario no podrá ser titular de otra vivienda, salvo que sea la que 
compartía con la persona agresora.
– La donación deberá formalizarse en escritura pública en la que se exprese la 
voluntad de que el dinero donado se destine a la adquisición de la vivienda o, en 
su caso, al pago del precio pendiente o a la cancelación total o parcial del crédito.
La  acreditación  de  la  situación  de  violencia  de  género  se  hará  según  lo 
dispuesto en Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la 
Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana.»
Artículo 47.
Se modifica el número 2 del apartado cuarto del artículo 13 de la Ley 13/1997, de 23 
de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la cual se regula el tramo autonómico del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, con la 
siguiente redacción:
«2)  En las adquisiciones de viviendas que tengan que constituir la vivienda 
habitual de una familia numerosa o monoparental, siempre que la suma de la base 
liquidable general y de la base liquidable del ahorro del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas del sujeto pasivo, su cónyuge, los descendentes y los 
ascendientes de los anteriores que convivan con ellos, así como de las otras 
personas  que  habitaron  la  vivienda,  correspondiendo  al  periodo  impositivo 
inmediatamente  anterior,  con  plazo  de  presentación  vencido  en  la  fecha  del 
devengo, no exceda, en conjunto, de 45.000 euros.
La  familia  deberá  ostentar  el  título  de  familia  numerosa  o  monoparental 
expedido por órgano competente en materia de servicios sociales, en la fecha de 
devengo del impuesto. No obstante lo anterior, también podrán aplicar este tipo 
reducido los contribuyentes que, reuniendo las condiciones para la obtención del 
título de familia numerosa o monoparental a la fecha de devengo del impuesto, 
hayan presentado con anterioridad a dicha fecha una solicitud ante el órgano 
competente.»
Artículo 48.
Se introduce un nuevo número, el 5, en el apartado cuatro del artículo 13 de la 
Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el 
tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes  e
tributos cedidos, que queda redactado como sigue: bo
sdiee mm«p5ur)je e rqeEusne  vl aílac at idmsquaumsis aid cedió env  ilodale eb nvacivsiaiee  ndlideqa usgid éqanubeeler ov ,ga eypanoner  raala l  cypo andrstetei t ulqairu  belaa  esvesivt iaelisqn udaiadd aqhbualibeei rtadunea,ll    2021-1859n https://ww
ahorro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del sujeto pasivo no
exceda  de  25.000  euros,  en  tributación  individual,  o  de  40.000  euros,  en
tributación conjunta. La acreditación de la situación de violencia de género se hará 
según lo dispuesto en Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral 
contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana.»
Artículo 49.
Se  añade  un  nuevo  apartado,  el  4,  en  la  Disposición  adicional  novena  de  la 
Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el 
tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes 
tributos cedidos, con la siguiente redacción:
«4.  En  los  casos  previstos  en  el  apartado  c  del  artículo  6  de  la  Ley 
Hipotecaria,  a  los  efectos  de  acreditar  la  presentación  de  documentos  será 
suficiente certificación acreditativa de tal extremo emitida por la Administración 
tributaria de la Generalitat.»
Artículo 50.
Se modifica la redacción de la disposición adicional décima de la Ley 13/1997, de 23 
de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, que pasa 
a tener la siguiente redacción:
«1.  Las administraciones públicas que otorguen concesiones administrativas, 
dicten actos o celebren negocios administrativos, sea cual sea su modalidad o 
denominación, por los que, como consecuencia del otorgamiento de facultades de 
gestión  de  servicios  públicos  o  de  la  atribución  del  uso  privativo  o  del 
aprovechamiento especial de bienes de dominio o uso público, se origine un 
desplazamiento patrimonial en favor de particulares, cuando la totalidad o parte 
del  territorio  donde  radiquen,  se  ejecuten  o  se  presten  los  mismos  sea  la 
Comunidad Valenciana, están obligadas a poner en conocimiento de la Agencia 
Tributaria Valenciana dichas concesiones, actos o negocios otorgados.
2.  Mediante Orden del Conseller competente en materia de hacienda se 
aprobará el modelo, los datos, plazos y formato en que las administraciones 
públicas que otorguen concesiones, actos o negocios administrativos deban remitir 
a la Agencia Tributaria Valenciana la información exigible de acuerdo con este 
artículo.»
Artículo 51.
Se modifica la disposición adicional 16 de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, con la siguiente redacción:
«La aplicación de las deducciones en la cuota y de las reducciones en la base 
imponible a las que se refieren las letras e), k), l), m), n), ñ), o), p), q), r), s), v), w), 
x), y) y z) del apartado uno del artículo cuarto; los números 1.º, 2.º, 6.º y 7.º del 
artículo diez bis y las letras c) y d) de la disposición adicional 17 de la presente ley 
queda condicionada a que la entrega de los importes dinerarios derivada del acto 
o negocio jurídico que de derecho a la aplicación de aquéllas se realice mediante  s
tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en  oe.
cuentas en entidades de crédito.» w.
Artículo 52.
Se introduce la disposición adicional 17 de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, con la siguiente redacción:
«Con  efectos  desde  el  1  de  enero  de  2020  los  contribuyentes  podrán 
deducirse de la cuota íntegra autonómica:
a)  La cantidad que resulte de aplicar el tipo medio de gravamen general 
autonómico sobre la cuantía de las cantidades procedentes de las ayudas públicas 
concedidas por la Generalitat en virtud del Decreto Ley 3/2020, de 10 de abril, de 
adopción  de  medidas  urgentes  para  establecer  ayudas  económicas  en  los 
trabajadores  y  las  trabajadoras  afectados  por  un  ERTE,  y  a  los  cuales  han 
reducido la jornada laboral por conciliación familiar con motivo de la declaración 
del estado de alarma por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19
b)  La  cantidad  que  resulte  de  aplicar  el  tipo  medio  de  gravamen  general 
autonómico sobre la cuantía de las cantidades procedentes de las ayudas públicas 
concedidas por la Generalitat en virtud de la Orden 5/2020, de 8 de junio, de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la cual se aprueban 
las bases reguladoras para el otorgamiento de subvenciones para la adquisición o 
electrificación de bicicletas urbanas y vehículos eléctricos de movilidad personal.
c)  El 20 % para los primeros 150 euros y el 25% del valor restante para las 
donaciones de importes dinerarios efectuadas durante el periodo impositivo dirigidas a 
financiar programas de investigación, innovación y desarrollo científico o tecnológico 
en el campo del tratamiento y prevención de las infecciones producidas por el Covid-19 
que sean efectuadas en favor de las siguientes entidades:
a.  La  Administración  de  la  Generalitat  Valenciana  y  las  entidades 
instrumentales que dependen de esta.
b.  Las entidades sin finalidad lucrativa a que hacen referencia los artículos 2 
y 3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
finalidades lucrativas y de los incentivos fiscales al mecenazgo, siempre que el fin 
exclusivo o principal que persigan sea la investigación, el desarrollo científico o 
tecnológico, o la innovación, en el territorio de la Comunidad Valenciana.
c.  Las universidades públicas, los institutos públicos de investigación y los 
centros tecnológicos situados en la Comunidad Valenciana.
d)  El 20 % para los primeros 150 euros y el 20 % para el importe restante de 
las donaciones efectuadas durante el periodo impositivo, sea en metálico o en 
especie, para contribuir a la financiación de los gastos ocasionados por la crisis 
sanitaria, de acuerdo con el artículo 4 del Decreto Ley 4/2020, de 17 de abril, del 
Consejo, de medidas extraordinarias de gestión económico-financiera para hacer 
frente a la crisis producida por la Covid-19.»
Artículo 53.
Se modifican los artículos octavo y noveno de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana, por la cual se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas y restantes tributos cedidos, quedando redactados como sigue: es
«Artículo octavo.  Mínimo exento. w.
que Lrae sbidaasne  himapboitunaiblmle ednet elo esn s luaj eCtoosm puansitiavot sV aploern coibalnigaa csieó nre pdeurcseo,n eanl  dceoln icmepputoe sdtoe 
mínimo exento, en 500.000 euros.
Sin embargo, para contribuyentes con discapacidad psíquica, con un grado de 
minusvalía igual o superior al 33 por 100, y para contribuyentes con discapacidad 
física o sensorial, con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, el 
importe del mínimo exento se eleva a 1.000.000 de euros.
Artículo noveno.  Escala del impuesto.
La base liquidable resultante de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 
anterior se graba a los tipos de la escala siguiente:
Base liquidable Cuota Resto base liquidable Tipo aplicable
hasta euros euros hasta euros porcentaje
0,00 0 167.129,45 0,25
167.129,45 417,82 167.123,43 0,37
334.252,88 1.036,18 334.246,87 0,62
668.499,75 3.108,51 668.499,76 1,12
1.336.999,51 10.595,71 1.336.999,50 1,62
2.673.999,01 32.255,10 2.673.999,02 2,12
5.347.998,03 88.943,88 5.347.998,03 2,62
10.695.996,06 229.061,43 En adelante 3,5»
Sección segunda. Modificación del Decreto-ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de 
medidas urgentes de apoyo económico y financiero a las personas trabajadoras 
autónomas, de carácter tributario y de simplificación administrativa, para hacer frente al 
impacto de la Covid-19
Artículo 54.
Con efectos desde el 30 de marzo de 2020, se modifica el artículo 10 del Decreto-
ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de apoyo económico y 
financiero  a  las  personas  trabajadoras  autónomas,  de  carácter  tributario  y  de 
simplificación administrativa, para hacer frente al impacto de la Covid-19, cuyo contenido 
pasa a ser el siguiente:
«Se bonificará en el 100 por ciento de la cuota íntegra del tributo sobre los 
juegos de suerte, envite o azar, en la modalidad de explotación de máquinas y 
aparatos automáticos a que se refiere el artículo 15.Uno de la Ley 13/1997, de 23 
de  diciembre,  de  la  Generalitat  Valenciana,  por  la  cual  se  regula  el  tramo 
autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el resto de 
tributos  cedidos,  en  la  parte  que  corresponda  proporcionalmente  a  los  días 
transcurridos desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, hasta la fecha 
de finalización de la vigencia de este estado de alarma.
Será  requisito  para  la  aplicación  de  la  bonificación  que  se  mantenga  en 
explotación la máquina durante, al menos, los dos trimestres naturales posteriores 
a aquel en el cual finalizó el estado de alarma. Este requisito no será de aplicación  s
a las máquinas de tipos B o recreativas con premio, destinadas a ser instaladas en  oe.
locales de hostelería o similares, cuya autorización de explotación deje de estar  w.
vigente durante el mencionado periodo.» 2021-1859n https://ww
Sección tercera. Modificación del régimen fiscal aplicable a las Estructuras Agrarias de 
la Comunitat, previsto en la Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la 
Comunitat Valenciana
Artículo 55.
Se modifica el artículo 4, apartado 22, el artículo 32, el artículo 71, apartado 5, el 
artículo 79, el artículo 80, el artículo 81, el artículo 82, el artículo 83 y la disposición 
adicional segunda, de la Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la 
Comunitat Valenciana, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 4.  Definiciones.
A efectos de esta ley, se entiende por:
[...]
22.  Parcelas  con  vocación  agraria:  todos  aquellos  terrenos  que  sean 
susceptibles de tener un aprovechamiento agrícola, forestal, ganadero o mixto por 
sus aptitudes agronómicas y que no tengan la calificación urbanística de urbanos, 
incluidas las construcciones de cualquier naturaleza en ellos enclavadas que sean 
necesarias para el desarrollo de una explotación agraria.
Salvo que expresamente se establezca otra cosa, a efectos de lo previsto en la 
Ley se equiparará a la transmisión total o parcial del pleno dominio de las parcelas 
con vocación agraria, la de los derechos reales que recaigan sobre las mismas.
[...]»
«Artículo 32.  Bonificaciones fiscales de las transmisiones y arrendamientos.
1.  Disfrutarán de una bonificación de la cuota tributaria del 99 % en el 
impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados:
a)  Las transmisiones de parcelas con vocación agraria.
b)  Los contratos por los que se ceda temporalmente la explotación o uso de 
una  o  varias  parcelas  con  vocación  agraria,  o  parte  de  ellas,  para  su 
aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal a cambio de un precio, renta o 
porcentaje de los resultados.
2.  La aplicación de los anteriores beneficios fiscales quedará condicionada al 
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a)  Que las transmisiones o cesiones se realicen por mediación de oficinas 
gestoras de la Red de Tierras y, a través de los mecanismos previstos en esta ley.
b)  Que se mantenga la actividad agraria o actividad complementaria durante 
los cinco años siguientes, salvo fallecimiento del adquirente o arrendatario dentro 
del citado plazo, o salvo supuestos de expropiación forzosa o concurran otras 
causas de fuerza mayor debidamente acreditadas que imposibiliten el ejercicio de 
una actividad agraria o complementaria.
c)  Que la transmisión se documente en escritura pública, donde se hará 
mención al incentivo aplicado.
d)  Que si las fincas transmitidas estuviesen inscritas en el Registro de la 
Propiedad se haga constar en el mismo la nota marginal de afección a que hace  e.
referencia el apartado 2 del artículo 9 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de  w.
Modernización de Explotaciones Agrarias o normativa que la sustituya. 59ww
3.  En caso de incumplimiento de las condiciones relativas al destino de la
ipnatercreeslae,s e dl es udjeetmo opraas.»ivo habrá de ingresar el importe del beneficio disfrutado y los
«Artículo 71.  Procedimiento especial de reestructuración parcelaria a través de 
permutas voluntarias.
[...]
5.  Las  permutas  autorizadas  por  este  procedimiento  no  precisarán  de 
permisos ni licencias de segregación o agregación y, cuando no se encuentren 
exentas por aplicación de la legislación sectorial del Estado, se beneficiarán de 
una  bonificación  del  99  %  en  la  modalidad  de  transmisiones  patrimoniales 
onerosas  del  impuesto  de  transmisiones  patrimoniales  y  actos  jurídicos 
documentados.»
«TÍTULO V
Beneficios fiscales
Artículo 79.  Disposiciones generales.
1.  En  el  marco  de  la  normativa  estatal  sobre  cesión  de  tributos  a  las 
comunidades autónomas, se establecen los incentivos fiscales aplicables a las 
transmisiones de dominio y demás actos relativos a las parcelas con vocación 
agraria definidas en los términos del artículo 4 de la presente Ley.
2.  Para  que  procedan  dichos  beneficios  se  hará  constar  en  la  escritura 
pública de adquisición el incentivo aplicado, y en el Registro de la Propiedad, si las 
fincas transmitidas estuviesen inscritas en el mismo, la nota marginal de afección a 
que hace referencia el apartado 2 del artículo 9 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 
Modernización de Explotaciones Agrarias o normativa que la sustituya.
3.  En caso de incumplimiento del requisito del destino agrario de la parcela 
transmitida  o  si  esta  fuera  transmitida  por  causas  distintas  a  los  supuestos 
amparados por la Ley, la persona beneficiaria habrá de ingresar el importe del 
beneficio disfrutado y los intereses de demora.
Artículo 80.  Reducciones de la base imponible en adquisiciones por causa de 
muerte.
1.  Con el carácter de reducción propia de la Comunitat, en los casos en los 
que en la base imponible de una adquisición «mortis causa» que corresponda al 
cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y colaterales, 
por  consanguinidad  hasta  el  tercer  grado  inclusive,  de  la  persona  fallecida, 
estuviese incluido el valor de una explotación agraria o de elementos de una 
explotación agraria, para obtener la base liquidable se aplicará en la imponible una 
reducción del 99 por 100 del mencionado valor, siempre que el adquirente:
a)  Tenga en el momento del devengo la condición de persona agricultora 
profesional según la definición de esta ley.
b)  Mantenga en su patrimonio la explotación agraria o afecte a la explotación 
los elementos adquiridos, durante los cinco años siguientes al fallecimiento del 
causante, salvo que fallezca dentro de dicho plazo o en caso de expropiación 
forzosa de los mismos o concurran otras causas de fuerza mayor debidamente 
acreditadas  que  imposibiliten  el  ejercicio  de  una  actividad  agraria  o 
complementaria. e.e
2.  Con el carácter de reducción propia de la Comunitat, en los casos en los  59ww
cqepóusonteru y vecuionegn selesa, a  dibnneagcssluuceiiend niiodmd apeiedol n nvtheaibaslolse rto  add  eaee d uluo nnptaaeta  rafcdinedocrqs au, g israrúaiscsdcitóeoicnn a di»,n iemcpnlauotrseratisiv s oe obc,  taeadundeseo arp»l atl aa q nupbteeea rsssc eooy nrl irqaceuo silfpdaaoatlelnberdlaceail de saase,,l     OE-A-2021-18able en https://
aplicará en la imponible una reducción del 99 por 100 del mencionado valor,
siempre que dichas fincas sean transmitidas en el plazo de un año, a una persona 
agricultora profesional, según la definición de esta ley, y sea:
– Bien titular de una explotación agraria a la que quedarán afectas las fincas.
–  O  bien,  socia  de  una  sociedad  agraria  de  transformación,  cooperativa, 
sociedad civil o de una agrupación registrada como IGC, y que la entidad sea 
titular de una explotación agraria a la que quedarán afectas las fincas.
También se aplicará esa misma reducción del 99 % en la base imponible, 
siempre  que  dichas  fincas  sean  transmitidas  en  el  plazo  de  un  año  a  una 
agrupación registrada como IGC.
A estos efectos, se equipara la transmisión a la cesión por cualquier título que 
permita a la parte cesionaria la ampliación de su explotación agraria. También se 
tendrá derecho a la reducción si las parcelas están ya cedidas a la fecha de 
devengo  y  si  dicha  cesión  se  mantiene  en  las  condiciones  señaladas 
anteriormente.
Las parcelas transmitidas deberán afectarse a la explotación agraria durante 
los cinco años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que dentro del citado 
plazo fallezca la persona adquirente o las parcelas se vean afectadas por un 
expediente expropiatorio o concurran otras causas de fuerza mayor debidamente 
acreditadas  que  imposibiliten  el  ejercicio  de  una  actividad  agraria  o 
complementaria.
Artículo 81.  Reducciones en la base imponible en adquisiciones lucrativas inter 
vivos.
Con el carácter de reducción propia de la Comunitat, en los casos en los que 
en la base imponible de una donación u otro negocio jurídico a título gratuito, 
"'inter vivos", estuviese incluido el valor de una explotación agraria o de parcelas 
con vocación agraria, para obtener la base liquidable se aplicará una reducción 
del  99  por  100  del  mencionado  valor,  siempre  que  concurran  las  siguientes 
condiciones:
a)  Que la persona donante tenga sesenta y cinco o más años o esté en 
situación de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez.
b)  Que la adquisición corresponda al cónyuge, personas descendientes o 
adoptadas y colaterales, por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, de la 
persona donante.
c)  Que en la fecha del devengo las personas adquirentes o sus cónyuges 
tengan la condición de personas agricultoras profesionales, según la definición de 
esta ley, y sean:
– Bien titulares de una explotación agraria a la cual quedarán afectos los 
elementos que se adquieren,
– o bien, socias de una sociedad agraria de transformación, cooperativa, 
sociedad civil o de una agrupación registrada como IGC, y que la entidad sea 
titular de una explotación agraria a la que queden afectos los elementos que se 
adquieren.
También se aplicará esa misma reducción del 99% en la base imponible para  es
las transmisiones, cuando el adquiriente sea una agrupación registrada como IGC. o
cddaieudta rqadu2lnooi.r t seep n Lllatoeaezsl  eo amm cpfiaanelinlccnletoateoz cnscaióg añna oal  asdld  oqespsui e gilrreuasidli oeeornmnesatd ee unsaoct d ocaqsilcó u odniarne edcvqnqueutuerneri,rgad idosnaoe  rdás ope  tralcr oaofiemdsncu dptjoeiuccsseaio esuan tsol aaa,ld a ssea  ax edlpaxver poo ql opquftiuuaeaeec cir ilóóazdnn ae p  nfaeotmrgrroszra aooydrnsoieaaarl      OE-A-2021-1859able en https://www.
debidamente acreditadas que imposibiliten el ejercicio de una actividad agraria o 
complementaria.
Artículo 82.  Transmisiones y arrendamientos de terrenos con vocación agraria.
1.  Se establece una bonificación en la cuota del 99 % en las modalidades de 
transmisiones  patrimoniales  onerosas  y  actos  jurídicos  documentados  del 
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para 
las transmisiones y arrendamientos de parcelas con vocación agraria ubicadas en 
la Comunitat Valenciana, cuando los adquirientes o arrendatarios sean personas 
agricultoras profesionales, según la definición de esta ley, y sean:
–  Bien  titulares  de  una  explotación  agraria  a  la  cual  queden  afectos  los 
elementos que se adquieren o alquilan.
– O bien, socias de una sociedad agraria de transformación, cooperativa, 
sociedad civil o de una agrupación registrada como IGC, y que la entidad sea 
titular de una explotación agraria a la que queden afectos los elementos que se 
adquieren o alquilan.
También se establece esa misma bonificación en la cuota del 99%, para las 
transmisiones y arrendamientos de parcelas con vocación agraria ubicadas en la 
Comunitat Valenciana, cuando el adquiriente o arrendatario sea una agrupación 
registrada como IGC.
2.  La aplicación de la bonificación quedará condicionada al mantenimiento de 
la actividad agraria o actividad complementaria durante los cinco años siguientes, 
salvo fallecimiento del adquirente o arrendatario dentro del citado plazo, o salvo 
supuestos de expropiación forzosa o concurran otras causas de fuerza mayor 
debidamente acreditadas que imposibiliten el ejercicio de una actividad agraria o 
complementaria.
Artículo 83.  Agrupaciones de parcelas con vocación agraria.
A las agrupaciones de parcelas con vocación agraria se les aplicará una 
bonificación  del  99  %  en  la  cuota  gradual  de  la  modalidad  actos  jurídicos 
documentados del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados.»
«Disposición adicional segunda.  Beneficios Fiscales.
Con carácter de reducción autonómica de mejora de la normativa estatal, 
cuando en la transmisión a título oneroso de una parcela con vocación agraria le 
sea de aplicación alguna de las reducciones previstas en la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de modernización de las explotaciones agrarias, será de aplicación una 
reducción del 99 % de su valor.»
TÍTULO II
Medidas administrativas
CAPÍTULO I
Modificaciones legislativas en materias competencia de la Presidencia de la 
Generalitat
Sección primera. Mancomunidades
Artículo 56.
Se modifican el apartado 3 del artículo 2; los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12; las 
letras a) y b) del apartado 4 del artículo 20; el apartado 2 del artículo, y el apartado 2 del 
artículo 24, y se adiciona una disposición transitoria segunda, en la Ley 21/2018, de 16 
de octubre, de la Generalitat, de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana, que 
quedan redactados como sigue:
«Artículo 2.  Concepto y naturaleza jurídica de las mancomunidades.
[...]
3.  Las mancomunidades de la Comunitat Valenciana podrán solicitar ser 
calificadas de ámbito comarcal, siempre que su ámbito territorial se inscriba dentro 
de una de las demarcaciones territoriales contenidas en el anexo de esta ley, o la 
que determine la legislación sobre delimitación comarcal, en su caso, que las 
regule, cumpliendo el resto de requisitos y procedimientos previstos, y salvo la 
previsión excepcional del apartado 1 del artículo 12 de esta Ley.»
«Artículo 12.  Calificación como mancomunidad de ámbito comarcal.
1.  Las mancomunidades de municipios de la Comunitat Valenciana que se 
circunscriban a una de las demarcaciones territoriales y que cumplan los requisitos 
que prevé esta ley, las normas que se dicten para desarrollarla y el resto de la 
normativa  que  sea  aplicable,  las  podrá  calificar  a  iniciativa  suya  como 
mancomunidades  de  ámbito  comarcal  el  departamento  del  Consell  con 
competencias en materia de administración local. Las demarcaciones territoriales 
son las incluidas en el anexo de esta ley, o las que determine la legislación sobre 
delimitación comarcal, en su caso.
Excepcionalmente, previa instrucción de un expediente en el que se justifiquen 
razones  de  continuidad  geográfica  y  eficiencia  en  la  gestión  de  servicios,  el 
departamento competente en materia de régimen local podrá autorizar la adhesión 
a  mancomunidades  de  ámbito  comarcal  a  municipios  pertenecientes  a  otra 
demarcación territorial de la correspondiente a dicha mancomunidad, sin que 
ningún  municipio  pueda  pertenecer  a  más  de  una  mancomunidad  de  ámbito 
comarcal simultáneamente
2.  Para  obtener  la  calificación  de  ámbito  comarcal  y  para  conservar  la 
calificación  como  tal,  las  mancomunidades  deberán  cumplir  los  siguientes 
requisitos:
a)  Determinar expresamente en sus estatutos que asumen entre sus fines la  bo
gestión mancomunada de ejecución de obras y prestación de servicios comunes  59ww
daedseacruraodlloo slo pcaarla. los intereses supramunicipales de su territorio y el fomento de su
dedibc)a ciPóno speleern ap laan teilllala ,d ey  ploesr scoonrarel spproopnidoi eanlt esse rpviuceios todse  lrae smeravnacdooms uan idpaedrs, ocnoanl 
funcionario de habilitación nacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 
de esta ley.
c)  Incluir  todas  las  entidades  locales  solicitantes  dentro  de  una  misma 
demarcación territorial, excepto en el supuesto excepcional previsto en el apartado 
anterior, siendo los municipios mancomunados, al menos, la mitad más uno de los 
municipios pertenecientes a dicha demarcación territorial.
[...]
3.  A  las  mancomunidades  de  ámbito  comarcal,  referidas  siempre  a  una 
determinada  demarcación  territorial,  sólo  podrán  incorporarse  municipios  cuyo 
territorio se encuentre en esa misma demarcación territorial, salvo en el supuesto 
excepcional previsto en el apartado 1 de este artículo.»
«Artículo 20.  Miembros de los órganos colegiados.
[…]
4.  Especialidades de la representación en las mancomunidades de ámbito 
comarcal:
a)  Cada uno de los municipios y entidades locales menores integrantes de 
una mancomunidad de ámbito comarcal estará representado en el pleno de esta 
por  el  alcalde  o  alcaldesa  junto  con  los  correspondientes  representantes 
adicionales, en su caso, elegidos en atención a la población del municipio.
b)  El  número  de  representantes  adicionales  elegidos  en  atención  a  la 
población que corresponderá a cada entidad local se asignará según la siguiente 
escala de tramos de habitantes:
– Hasta 5.000: 1.
– De 5.001 a 15.000: 2.
– De 15.001 a 30.000: 3.
– A partir de 30.001 habitantes, por cada tramo adicional de 20.000 habitantes: 
1 representante más.
[...]»
«Artículo 22.  Constitución tras las elecciones.
[...]
2.  Tras cada proceso electoral municipal y una vez que los ayuntamientos 
hayan comunicado a la mancomunidad su representación en ésta, la presidencia 
en funciones convocará la sesión plenaria para la constitución y la elección de los 
órganos  de  gobierno,  todo  ello,  de  conformidad  con  lo  que  establecen  los 
estatutos. Esta sesión tendrá lugar dentro de los tres meses siguientes a la 
constitución de los ayuntamientos. Si no se convoca dentro del plazo señalado, 
quedará automáticamente convocada a las doce horas del primer sábado posterior 
al último día hábil del mencionado plazo, en el lugar donde habitualmente se 
celebren las sesiones constitutivas.»
«Artículo 24.  Junta de gobierno.
[...] s
2.  Los estatutos aprobados por la mancomunidad garantizarán la presidencia  oe.
de la junta de gobierno por la presidenta o presidente de la mancomunidad.» w.
«Disposición transitoria primera.
[...].
Disposición transitoria segunda.  Régimen Transitorio de los puestos reservados 
personal  funcionario  con  habilitación  de  carácter  nacional,  en  las 
mancomunidades de ámbito comarcal.
Desde la fecha de obtención de la calificación de mancomunidad de ámbito 
comarcal, estas mancomunidades dispondrán de un plazo de dos años en el que 
podrán  ser  eximidas  de  la  obligación  de  mantener  los  puestos  reservados  a 
personal funcionario con habilitación de carácter nacional.»
Sección segunda. Publicidad Institucional
Artículo 57.
Se modifican la letra g) del apartado 1 del artículo 2, el apartado 1 del artículo 9 y el 
artículo  11  de  la  Ley  12/2018,  de  24  de  mayo,  de  la  Generalitat,  de  publicidad 
institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva de las infraestructuras 
públicas, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 2.  Definiciones.
1.  Es  publicidad  institucional  la  promovida  por  las  administraciones  y 
realizada para:
[...]
g)  Difundir los procesos electorales.
[...]»
«Artículo 9.  Contratación.
1.  Los  contratos  relativos  a  la  publicidad  institucional  se  rigen  por  la 
legislación de contratos del sector público, y se adjudicarán mediante cualquiera 
de los procedimientos y de acuerdo con los principios previstos en ésta, y por el 
resto de disposiciones que les sean de aplicación.
2.  Queda  prohibido  el  pago  en  paraísos  fiscales  y  la  contratación  de 
empresas que hagan uso de estos.»
«Artículo 11.  Período electoral.
1.  La realización de publicidad institucional en el período electoral se ajustará 
a lo dispuesto por la legislación electoral.
2.  Con el objetivo de no influir en la intención de voto de la ciudadanía, la 
publicidad objeto de la presente ley no puede llevarse a cabo en el período 
comprendido entre el día en que se publica en el DOGV el decreto del President 
de disolución de les Corts y convocatoria de las elecciones autonómicas y el día 
en que se celebren las mismas.
3.  Lo dispuesto en el punto 2 no es aplicable a las actividades publicitarias 
relacionadas con la difusión del proceso electoral, ni las que afecten a la actividad 
ordinaria de la administración de acuerdo con lo establecido en la normativa 
electoral, ni a las actividades publicitarias imprescindibles para anunciar medidas 
de prevención de riesgo, de orden o de seguridad públicos o de evitación o  es
reparación de daños que afecten a las personas, su salud o sus bienes, y al medio  o
natural. 59www.
ccalouaatroal4incm.ói oemnnEeitcnesa   syid, l aaensgno rtu ifcippcauaamecbidlpoeeansnñe  ascu sodt nilei zi nuaesnrlest icteput aocerritoesidnlsóoa.g  lLeaposno  eldístipis,c aposru,ai em fsebtdionoe flooeragrnmcí aieoa snrot ee s esa olepdbmaerr eetpa nadtlrooatsi sdt  aopmseu blbepilécoiccnliítit oaiscnreoioersáss,     OE-A-2021-18able en https://
aplicable en el caso de que la Generalitat realice una campaña institucional para 
informar sobre las elecciones municipales o a entes locales supramunicipales.
Asimismo,  las  entidades  políticas  concurrentes  a  las  elecciones  tampoco 
pueden utilizar durante la campaña electoral eslóganes, simbología o elementos 
publicitarios identificables con las campañas institucionales.
5.  Lo dispuesto en el punto 2 no es aplicable al artículo 2.1.m) de la 
presente ley.»
Sección tercera. Administración local
Artículo 58.
Se modifica el artículo 85 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la 
Comunitat Valenciana, que queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 85.  Recursos económicos de las áreas metropolitanas de la Comunitat 
Valenciana.
La  hacienda  de  las  entidades  metropolitanas  de  la  Comunitat  Valenciana 
estará integrada por los siguientes ingresos:
1.  Los procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
2.  Tasas, contribuciones especiales y precios públicos, de conformidad con lo 
previsto en la normativa de haciendas locales.
3.  Prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario. En el caso 
de los servicios públicos sujetos a tarifas estas deberán diferenciar entre cuotas 
fijas,  que  irán  destinadas  a  garantizar  la  correcta  implantación  de  las 
infraestructuras  y  aquellos  costes  que  permanecen  invariables,  y  las  cuotas 
variables, que responderán al uso o frecuentación del servicio público.
4.  Aportaciones de los municipios integrados en la entidad, que serán fijadas 
por la asamblea de acuerdo con los criterios señalados en el presente título.
5.  Participación,  en  su  caso,  en  tributos  del  Estado  y  de  la  comunidad 
autónoma.
6.  Transferencias de la Generalitat, así como otras subvenciones e ingresos 
de derecho público.
7.  El producto de las operaciones de crédito.
8.  El producto de las multas y sanciones, en el ámbito de sus competencias.
9.  Los  recursos  contemplados  para  la  financiación  de  las  áreas 
metropolitanas en la Ley reguladora de las haciendas locales, sin perjuicio de que 
el recargo sobre el impuesto de bienes inmuebles previsto en la citada ley no 
pueda  exceder  del  tipo  máximo  permitido,  aunque  coexista  más  de  un  ente 
metropolitano en la misma demarcación territorial.
10.  Cualquier otro recurso que le corresponda de acuerdo con la legislación 
de régimen local.»
Artículo 59.
Se modifica el apartado 3 del epígrafe uno de la disposición adicional única de la 
Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, que queda 
redactado de la forma siguiente: e.
«3.  La  organización,  funcionamiento  y  régimen  económico  de  la  entidad  59ww
mdireetrcotap ooli tianndair escotanm loesn tep rae vliossto sse ervnic iloas  ppreúsbelicnotes  ldeey . cLoamsp eintefrnaceisat rduec tuersatas  eanfeticdtaads 
lmoceatrloeps opliutaendaa,n n iom pqouneedra rpáonr  rsauzjeótna sd ea  stua staitus,la rpidreacdio, su soo , caáfneocnceiosn eqsu, ea clotisv ideandte os 
rendimiento. Tampoco quedarán sujetas a subsidios, pagos o compensaciones por
externalidad alguna, sin perjuicio de las indemnizaciones que las leyes sectoriales 
pudieran establecer.»
CAPÍTULO II
Modificaciones legislativas en materias competencia de la vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Sección primera. Servicios Sociales Inclusivos
Artículo 60.
Se modifica el artículo 7, apartados 1 y 2; el artículo 36, apartado 1, letra v); el 
artículo 62); el artículo 87, apartado 2, letra g); el artículo 138, letra n); el artículo 139, 
letra k), y se añade la letra v); el artículo 147, apartados 2, 3 y 4; la disposición transitoria 
primera, apartado 3, y se añaden dos nuevos apartados 4 y 5; se modifica la disposición 
transitoria quinta, apartado 2, y la disposición adicional séptima de la Ley 3/2019, de 18 
de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, que quedan 
redactados como sigue:
«Artículo 7.  Reserva de denominación y símbolo distintivo.
1.  Queda  reservada  a  las  administraciones  públicas  de  la  Comunidad 
Valenciana y a las entidades que conforman su sector público instrumental la 
denominación «Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales». En función de 
su vinculación jurídica con el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, 
las entidades de iniciativa privada que forman parte identificarán la pertenencia del 
servicio  o  centro  de  que  se  trate,  seguido  de  la  expresión  «colaborador  del 
Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales». A tal objeto, se arbitrará el 
procedimiento y los logotipos autorizados para consolidar su imagen y propiciar el 
conocimiento de su existencia.
2.  Las empresas y entidades de iniciativa privada que tengan una vinculación 
administrativa o contractual con centros y servicios de titularidad de la Generalitat, 
identificarán la inclusión del centro o del servicio prestado en el Sistema Público 
Valenciano de Servicios Sociales, tal y como se preceptúa en la normativa de 
desarrollo de ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales.»
«Artículo 36.  Prestaciones profesionales.
1.  El Catálogo de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios 
Sociales incluye las siguientes prestaciones profesionales garantizadas:
[...]
v)  Atención temprana.
Intervención y prevención que pretende atender tan pronto como sea posible 
las necesidades transitorias o permanentes de la población infantil de 0 a 6 años 
con trastornos del desarrollo, discapacidad o diversidad funcional, siempre que no 
estén atendidos con otros recursos sociales, sanitarios o no se disponga de los 
recursos necesarios en el centro escolar. Esta prestación ambulatoria tiene que 
ser garantizada y gratuita. e.
[…]» w.b
l«aA drteSíccinula lorlaa 6 ca2ióu. nto rrFeizasalptcaoi óndnse a dabeule tuo dnrie zc auecnni ótsrnoe  rodv eidc eisoce,l arnvriianccgioiúósnn  s croeecsnipatroloen sos a osb eslerinv.i claio  pproedserán teanctiróanr  edne   OE-A-2021-18able en https://
funcionamiento,  y  se  acordará  el  cierre  oportuno  del  centro  y  el  cese  de  la
actividad  del  servicio,  así  como  sancionarse  la  conducta  contraria,  según  se 
determina en el título VIII de esta ley.»
«Artículo 87.  Concepto, régimen general y principios de la acción concertada.
[...]
2.  Las administraciones públicas valencianas ajustarán su acción concertada 
con terceros para la prestación de servicios sociales, a los principios siguientes:
[...]
g)  Eficiencia  presupuestaria,  fijando  contraprestaciones  económicas  a 
percibir por las entidades concertadas de acuerdo con las tarifas máximas o 
módulos que se establezcan, que cubrirán, como máximo, los costes variables, 
fijos y permanentes de prestación del servicio, sin incluir beneficio industrial. Las 
convocatorias de los acuerdos de acción concertada, así como los documentos de 
formalización deberán de prever mecanismos para garantizar el equilibrio entre la 
compensación y los gastos financiables, y poder corregir los desequilibrios que se 
produzcan con una periodicidad no superior a dos años. La entidad concertada 
tendrá la obligación de reembolsar cualquier compensación excesiva recibida. El 
cálculo de la compensación se determinará mediante las memorias económicas 
que presente la entidad como justificación del acuerdo de concierto.
[…]»
«Artículo 138.  Infracciones leves.
Son infracciones leves las siguientes:
[...]
n)  Incumplir  con  los  requisitos,  condiciones  u  obligaciones  exigidos  para 
acceder a la acción concertada y a las subvenciones, así como con los contenidos 
de  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  cláusulas  administrativas  de  los 
contratos.»
«Artículo 139.  Infracciones graves.
Son infracciones graves las siguientes:
[...]
k)  No  disponer  o  no  aplicar  el  reglamento  de  régimen  interior,  no  tener 
subscrito el contrato asistencial con la persona usuaria o incumplir sus pactos, o 
que éste no se ajuste a la normativa. No disponer, incumplir o no aplicar los 
protocolos y los programas exigibles para cada tipo de servicio.
[...]
v)  Omitir o no prestar la atención sanitaria y farmacéutica adecuadas, de 
forma  que  se  incumplan  los  procedimientos  y  protocolos  normalizados,  y  la 
adecuada  práctica  clínica,  que  incluye  la  inadecuada  administración  de  los 
tratamientos prescritos o el uso de medidas de contención no homologadas o no 
prescritas por el personal facultativo.»
«Artículo 147.  Procedimiento sancionador. s
[...] w.b
2.  El procedimiento sancionador se iniciará mediante un acuerdo motivado  59ww
ddee l lace pnetrros oon as etirtvuilcaior  dae lt róarvgéasn od eq ulaes  ovsítaesn tsei gluai ecnotmesp:e pteonrc iinai cpiaatriav al ap arouptoiar,iz caocmióon 
consecuencia de orden superior; por denuncia, a petición razonada otros órganos 
administrativos; o en virtud de las actuaciones previas practicadas.
3.  Para la incoación del expediente sancionador, la persona titular del órgano 
que ostente la competencia para la autorización del centro o servicio nombrará 
instructor o instructora a un funcionario o funcionaria del departamento en función 
de  la  materia  que  se  trate.  Con  el  fin  de  preservar  la  imparcialidad  del 
procedimiento sancionador y dotar de una mayor garantía al presunto infractor o 
infractora, en ningún caso podrán actuar como instructores o instructoras del 
expediente aquellas personas que tengan atribuidas funciones de investigación, 
averiguación e inspección, y las actuaciones de la cual hayan servido de base 
para la iniciación del procedimiento.
4.  La  resolución  del  expediente  sancionador,  así  como  la  imposición  de 
sanciones, en su caso, corresponderá a la persona titular del órgano que ostente 
la competencia para la autorización del centro o servicio. Cuando la sanción se 
imponga por haber cometido una falta muy grave, la resolución corresponderá 
dictarla a la persona titular del órgano superior de la conselleria competente en 
materia de servicios sociales.
[...]»
«Disposición  transitoria  primera.  Transferencia  de  infraestructuras, 
equipamientos,  personal  y  contratos  de  atención  primaria  y  de  atención 
secundaria entre administraciones públicas.
[...]
3.  En el caso de las infraestructuras y equipamientos mencionados en el 
apartado primero de titularidad de las diputaciones provinciales, el proceso de 
transferencia en la Generalitat Valenciana se coordinará en las mesas técnicas de 
cooperación social de la Generalitat Valenciana con cada una de las diputaciones. 
Este proceso de transferencias se producirá progresivamente y, en cualquier caso, 
tendrá que estar finalizado antes del 31 de diciembre de 2022.
4.  En el caso de traspasos de las personas empleadas públicas adscritas a 
las competencias y servicios públicos objeto de transferencia se someterán al 
régimen  establecido  en  la  legislación  vigente  en  materia  de  función  pública 
valenciana.
5.  En la subrogación de los contratos subscritos por las entidades locales 
para la gestión de servicios sociales incursos en traspasos de servicios en la 
Generalitat Valenciana, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones:
a)  Los contratos administrativos para la prestación de servicios sociales que, 
habiendo sido subscritos por entidades locales, sean afectados por el traspaso de 
servicios en materia de Servicios Sociales previsto en la presente ley, serán 
subrogados por la Generalitat en los derechos y obligaciones de la Administración 
Local en relación con estos.
b)  Para la prestación de los servicios afectados, la Generalitat podrá optar 
por  gestionarlos  directamente,  previa  resolución  del  contrato  vigente,  o  bien 
mantener la continuidad del contrato existente previa adaptación de las cláusulas 
contractuales que sean necesarias.
c)  Tanto la resolución como la modificación de los contratos administrativos 
afectados tendrán que ajustarse a lo que se establece en sus pliegos así como en  e
la normativa que sea aplicable en cada contrato. bo
d)  Las responsabilidades que pudieran derivarse para la Generalitat de las  59ww
ryce ocqnluafoemr masciediaoannd e cismo qnpu ulaeta  nblleolevrsma naa t civlaaaus sa aep nlidctiead baeldeset.o»ss  lococanlterast,o sse dráen g epsotrió cnu deen tsae drveic ieos tpaúsb, liecon   OE-A-2021-18able en https://
«Disposición transitoria quinta.  Financiación de las prestaciones.
[…]
2.  Para  la  financiación  de  las  prestaciones  de  atención  primaria,  no 
integradas en el apartado anterior que serán como mínimo las prestaciones de 
prevención,  ayuda  a  domicilio  de  carácter  social,  intervención  y  participación 
comunitaria, promoción de la animación comunitaria y de la participación y las 
prestaciones económicas destinadas a cubrir las necesidades básicas y paliar las 
situaciones de urgencia social y desprotección, así como promover la autonomía 
personal, en los primeros cinco ejercicios a partir de la entrada en vigor de esta 
ley,  cada  administración  pública  de  la  Comunitat  Valenciana  financiará  un 
porcentaje del coste total de las prestaciones, de acuerdo con la distribución 
siguiente y de conformidad con lo dispuesto en la disposición final segunda:
[...]»
«Disposición adicional séptima.  Delegación de competencias en las entidades 
locales en materia de servicios sociales de titularidad de la Generalitat.
1.  La Generalitat podrá delegar, de conformidad con la normativa de régimen 
local, como también con la normativa de ámbito estatal y autonómico que sea 
aplicable, los servicios de atención diurna y nocturna, de atención ambulatoria y de 
alojamiento alternativo de la atención primaria de carácter específico regulados en 
los apartados d, e y f del artículo 18.2 de esta ley, en las entidades locales en cuyo 
territorio estén situadas o se vayan a situar.
2.  Esta  delegación  requerirá  aceptación  por  parte  de  la  entidad  local 
interesada y se acompañará de los recursos económicos suficientes para que sea 
efectiva, de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre régimen local 
vigente.
3.  La delegación se realizará por la totalidad de las plazas autorizadas o por 
la totalidad de la capacidad de actuación del servicio. Esta delegación no afectará 
la capacidad de ordenación, planificación, diseño de los criterios generales de 
funcionamiento y asignación de plazas que residen en la Generalitat de acuerdo 
con el artículo 28 de esta Ley.»
Artículo 61.
Se añade una nueva disposición transitoria a la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de 
servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, que queda redactada como 
sigue:
«Disposición  transitoria  décima.  Centros  de  servicios  sociales  del  espacio 
sociosanitario.
Tendrán  el  carácter  de  sociosanitarios  los  centros  de  servicios  sociales 
orientados a dar respuesta a situaciones de necesidad compleja que requieren 
intervención de naturaleza mixta, social y sanitaria, de manera simultánea, o 
también secuencial, en todo caso, complementaria y estrechamente articulada.
Hasta que se produzca el desarrollo reglamentario del decreto de tipologías de 
centros y servicios del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, tendrán  e
esta consideración los centros residenciales  y  de atención diurna o nocturna  bo
dirigidos a las personas mayores, personas con diversidad funcional y personas  59ww
con enfermedad mental.»
Sección segunda. Personas con discapacidad
Artículo 62.
Se  modifican  el  artículo  32  y  el  título  del  artículo  37  y  su  apartado  2,  de  la 
Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con 
Discapacidad, que quedan redactado como sigue:
«Artículo 32.  Atención domiciliaria y servicios de apoyo personal.
Cuando la situación individual o familiar de la persona con discapacidad sea 
de  especial  necesidad,  las  Entidades  Locales  de  la  Comunidad  Valenciana 
efectuarán  prestaciones  personalizadas  asistenciales  gratuitas  de  carácter 
doméstico,  psicológico,  de  mediación  para  garantía  de  la  autodeterminación, 
rehabilitador,  social,  educativo  y  laboral  que  estando  dirigidas  a  facilitar  la 
permanencia de la persona en su núcleo familiar o convivencial, sirvan de apoyo a 
las personas con discapacidad, familias o personas encargadas de su cuidado.
Estos servicios de apoyo personal se articularán en un programa o servicio de 
intervención para el mantenimiento de las personas con diversidad funcional y con 
problemas de salud mental en su domicilio o entorno social, en coordinación con el 
sistema sanitario y los equipos profesionales de servicios sociales de atención 
primaria de carácter básico, para valorar las necesidades y la provisión de los 
servicios.»
«Artículo 37.  Centros de atención diurna o ambulatoria.
[...]
2.  De acuerdo con su finalidad concreta, los centros de atención diurna o 
ambulatoria podrán ser:
a)  Centros de Atención Temprana: son recursos destinados a la prevención e 
intervención en niños y niñas con alteraciones o trastornos de desarrollo o riesgo 
de padecerlos por causas de origen prenatal, perinatal o postnatal, con edades 
comprendidas entre los 0 a 6 años, siempre que no estén atendidos con otros 
recursos sociales, sanitarios o educativos.
La atención global que brindan estos centros se encuentra encaminada a 
potenciar  y  desarrollar  al  máximo  sus  capacidades,  mediante  programas 
sistemáticos y secuenciados que abarcan todas las áreas del desarrollo infantil. Su 
actuación se coordinará con el sistema sanitario y educativo.
[...]»
Sección tercera. Personas Inmigrantes
Artículo 63.
Se modifica el artículo 15 de la Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de 
integración  de  las  personas  inmigrantes  en  la  Comunidad  Valenciana,  que  queda 
redactado como sigue:
«Artículo 15.  Oficinas Pangea de atención a personas migrantes. e
1.  Las oficinas Pangea de atención a personas migrantes son oficinas de la  w.
Acpoedmrmsooin ntiasatmsr abmciéiiógnnr a dlneot cedasel  sdsaeor brionrelfloo l rodmsea  prcerióocnuy,er scmotoses dd idaeec  ilóiann tAe, radcsmuelitsnuoirsratarliamdcaiieódnn.t oy  yd oer ileanst aecniótind aad elass,   2021-1859n https://ww
2.  La Red Pangea es un instrumento de coordinación de las políticas de 
atención  a  las  personas  migrantes  con  los  entes  locales  de  la  Comunitat 
Valenciana que disponen de oficinas.
3.  La Generalitat, en colaboración con las entidades locales, fomentará la 
creación de oficinas Pangea, y determinará los servicios mínimos que estas tienen 
que cubrir.
4.  Las oficinas Pangea podrán ser creadas y financiadas por la Generalitat y 
las  entidades  locales  mediante  contrato-programa  de  carácter  plurianual. 
Reglamentariamente  se  desarrollará  la  organización  y  funcionamiento  de  las 
citadas oficinas, como también de la Red Pangea.»
Sección cuarta. Igualdad de las personas LGTBI
Artículo 64.
Se  modifica  el  apartado  5  del  artículo  8  y  la  disposición  final  segunda  de  la 
Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI, 
que queda redactado como sigue:
«Artículo 8.  Reconocimiento y apoyo institucional.
[...]
5.  La  Generalitat,  en  colaboración  y  coordinación  con  las  diferentes 
administraciones, debe ofrecer a los municipios asesoramiento para que puedan 
elaborar y llevar adelante sus planes locales LGTBI y debe proponer los recursos 
técnicos  para  llevar  a  cabo,  coordinadamente,  actividades,  campañas  de 
sensibilización  y  cuantas  acciones  resulten  necesarias  para  erradicar  las 
situaciones  de  discriminación  por  razón  de  orientación  sexual,  identidad  de 
género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar, incluidas las 
denuncias en las fuerzas y cuerpos de seguridad y ante el órgano administrativo 
que corresponda. Esta colaboración se debe realizar a través de los contratos 
programa indicados en el artículo 110 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de 
servicios  sociales  inclusivos  de  la  Comunitat  Valenciana.  A  su  vez,  se  debe 
establecer reglamentariamente un sistema de ayudas económicas para apoyar a 
aquellas iniciativas.»
«Disposición final segunda.  Modificación del artículo 35 de la Ley 17/2017, de 13 
de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la 
Comunitat Valenciana, y establecimiento de plazo de cumplimiento con una 
disposición transitoria.
Se modifica el artículo 35 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la 
Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, con la 
incorporación de un punto 5 y se añade una nueva disposición transitoria con el 
siguiente contenido:
35.5  La policía local de municipios de más de 50.000 habitantes contará con 
un grupo especializado en la prevención de los delitos de odio.»
«Nueva disposición transitoria. e.
Los grupos policiales a los que hace referencia el artículo 35.5 de la presente  59ww
lmeya rdcoe bdeer álan  ceoslatabro crarecaiódno cso ann ltoess  cdueelr p1o sd ey  efuneerrzoa sd ed e2 s0e2g3u ryi dsaed  cdoenl sEtsittuairdáon.» en el
Sección quinta. Procedimientos de Emergencia ciudadana
Artículo 65.
Se añade un apartado 1 bis y un apartado 4 en el artículo 3 y se añade un Punto 4 
en el Anexo de la Ley 9/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de Regulación de los 
Procedimientos  de  Emergencia  Ciudadana  en  la  Administración  de  la  Comunitat 
Valenciana, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 3.  Tramitación de urgencia del procedimiento.
1.  Los procedimientos declarados de emergencia ciudadana por razones de 
interés público establecidos en esta ley se tramitarán con carácter de urgencia. A 
tal efecto se entienden reducidos a la mitad los plazos máximos establecidos para 
resolver y notificar el correspondiente procedimiento, salvo para la presentación de 
solicitudes y recursos.
1 bis.  En el caso de los procedimientos declarados de emergencia sujetos a 
la  legislación  de  contratación  del  sector  público  del  Estado,  se  tramitarán 
siguiendo el procedimiento urgente previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público.
[...]
4.  En el caso de los contratos de obras de procedimientos incluidos en el 
anexo de esta ley podrán licitarse conjuntamente con la redacción de su proyecto 
de ejecución cuando ya exista al menos un proyecto básico elaborado y cuando 
concurran circunstancias de interés público de carácter técnico y/o social.»
«ANEXO
Procedimientos administrativos declarados de emergencia ciudadana
[…]
Punto 4.
a)  Contratos  de  servicios  de  gestión  integral  y  contratos  de  servicios 
específicos  tales  como  lavandería,  transporte,  limpieza  y  otros  vinculados  al 
normal desarrollo de la atención social en centros del sistema público valenciano 
de servicios sociales.
b)  Contratos de obras de construcción, ampliación, reforma y mejora de 
centros  del  sistema  público  valenciano  de  servicios  sociales  licitados  por  la 
Generalitat  o  cualquier  otra  administración  pública  siempre  que  cuente  con 
financiación de la Generalitat.
c)  Contratos de servicios vinculados a la redacción de proyectos, estudios de 
seguridad, direcciones de obra y otros servicios profesionales relacionados con la 
ejecución de obras en el ámbito de los servicios sociales.»
Artículo 66.
Hay que modificar el artículo 59, punto 4, del anexo de la Ley 9/2016, de 28 de 
octubre, de la Generalitat, de regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana  s
en la administración de la Comunitat Valenciana. oe.
Donde dice: 59ww
cGeennt«reobrsa)  litdaCeto l nost riascttueoamsl qadu eipe úro bbolriactrosa   dvaead lemcnoincniisasttnrruoac ccidóióenn  ,sp eaúrmbvliipccilaoia sc sióisenom,c ipraerleefo sr qmluiace i tyac dumoesen jtopero ar c odlane    OE-A-2021-18able en https://
financiación de la Generalitat.»
Debe decir:
«b)  Contratos de obras de construcción, ampliación, reforma y mejora de 
centros  del  sistema  público  valenciano  de  servicios  sociales  licitados  por  la 
Generalitat  o  cualquier  otra  administración  pública,  siempre  que  cuenten  con 
financiación de la Generalitat o alguna diputación provincial.»
Sección sexta. Renta Valenciana de Inclusión
Artículo 67.
Se modifica el artículo 17 de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, 
de Renta Valenciana de Inclusión, que queda redactado como sigue:
«Artículo 17.  Complementos de la prestación económica.
1.  En los términos que se establezcan reglamentariamente, el importe a 
percibir en concepto prestación económica de renta valenciana de inclusión se 
podrá  incrementar  hasta  el  25%  de  su  importe  reconocido  para  dichas 
prestaciones, para sufragar los gastos derivados del alquiler o del pago de cuota 
hipotecaria de la vivienda habitual de la persona titular de la vivienda y para 
garantizar su acceso a los suministros energéticos básicos, siempre que ninguna 
persona beneficiaria reciba ninguna cuantía por el mismo concepto procedente de 
cualquier administración.
Respecto de las rentas complementarias de ingresos, el incremento antes 
referido por dichos conceptos se determinará reglamentariamente, con la voluntad 
de hacer compatible este incremento con otras ayudas que puedan recibir de otras 
administraciones por dichos conceptos y de llegar a incrementos de la cuantía 
total recibida de un 25 %.
2.  Para unidades de convivencia conformadas por más de seis personas, el 
importe reconocido de la prestación económica de renta valenciana de inclusión 
se incrementará en 60 euros por cada persona miembro adicional.
3.  En el caso de las personas prostituidas, víctimas de explotación sexual o 
trata que se comprometan a un itinerario de inclusión social que incluya salir de la 
situación  de  prostitución,  el  importe  reconocido  mensual  de  la  prestación 
económica  de  la  modalidad  de  renta  de  garantía  de  inclusión  social  se 
incrementará en 320 euros.»
Artículo 68.
Se modifica el punto 2 de la disposición transitoria sexta de la Ley 19/2017, de 20 de 
diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana de inclusión, que queda redactado 
como sigue:
«Disposición  transitoria  sexta.  Régimen  transitorio  para  las  personas 
destinatarias de la renta valenciana de inclusión.
2.  Sin perjuicio del anterior, se establece un régimen transitorio para todas 
las personas destinatarias de la renta valenciana de inclusión que reúnan los 
requisitos para el acceso a la prestación del ingreso mínimo vital regulado por el  e.e
Real decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, para que aporten una justificación de la  b
solicitud del ingreso mínimo vital ante la dirección general competente en materia  59ww
de rEennt ae lv acalesnoc idaen an doe a ipnocrlutasrisóen  ceosnte a jnutsetrifiiocraidnated  ya l e3n1  vdiert umda dyoe  dloe  d2i0s2p1u.esto en el
daurtríacucilóon 1 1d.2e. cl)a r epsrpeesctatoc ióan l,a  coubaliglqaucieiórn  ddeer e«crheoc laemcaorn, ódmuircaon,t ei ntoclduoid eol  peel riiondgore dseo 
mínimo vital o cualquier otra prestación de garantía de ingresos mínimos de
carácter estatal que pueda sustituirla, que le pueda corresponder a cualquier 
persona miembro de la unidad de convivencia por cualquier título y ejercer las 
acciones correspondientes para hacerlo efectivo», se procederá a la suspensión 
de la renta valenciana de inclusión con fecha 30 de junio de 2021.»
Artículo 69.
Se modifica el apartado c del artículo 42 de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la 
Generalitat, de renta valenciana de inclusión, que queda redactado como sigue:
«Artículo 42.  Procedimiento de urgencia.
c)  En los supuestos en que la extinción o la modificación del derecho a la 
renta valenciana de inclusión implique, según el parecer del equipo profesional de 
los servicios sociales de atención primaria de referencia, perjuicio manifiesto al 
resto de personas integrantes de la unidad de convivencia, con especial atención 
a aquellas unidades de convivencia con personas menores de edad o personas 
con discapacidad o en situación de dependencia.»
Artículo 70.
Se modifica la disposición final segunda de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la 
Generalitat, de renta valenciana de inclusión, que queda redactada como sigue:
«Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el "Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana". Sin embargo, las previsiones relativas a la 
modalidad de renta complementaria de ingresos por prestaciones tendrán efectos 
a partir del año de la entrada en vigor de la ley, y las relativas a la modalidad de 
renta complementaria de ingresos del trabajo, a los cuatro años de la entrada en 
vigor de la ley y, en todo caso, seis meses después de la entrada en vigor del 
reglamento estatal que desarrolle la nueva prestación del ingreso mínimo vital.
Mientras no se haya implementado la modalidad de renta complementaria de 
ingresos del trabajo de la renta valenciana de inclusión no se aplicarán, con 
carácter  retroactivo  al  momento  de  entrada  en  vigor  de  la  norma,  los 
artículos 11.2.1.ºf) y 35 de la presente ley.»
Sección séptima. Violencia sobre la mujer
Artículo 71.
Se  añaden  dos  nuevos  artículos,  el  53  bis  y  el  55  bis,  así  como  una  nueva 
disposición adicional, a la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, integral contra la violencia 
sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, con la siguiente redacción:
«Artículo 53 bis.
Al menos los cuerpos policiales de municipios de más de 20.000 habitantes 
dispondrán  de  un  grupo  especializado  en  materia  de  violencia  de  género  y  s
agresiones sexuales.» oe.
«ArtLícausl op 5e5rs boinsa. s Fdoentadlola ddaes e mene regle nacrtiíacsu.l oA y1u6d acso mpoor  dpeofsuibnlceisó nb.eneficiarias de la  2021-1859n https://ww
indemnización a causa de muerte pueden solicitar una ayuda para sufragar los
gastos derivados de traslado o repatriación, inhumación o incineración de las 
mujeres y sus hijos que mueran a consecuencia de la violencia de género.
Nueva disposición adicional. Modificación del artículo 35 de la Ley 17/2017, 
de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la 
Comunitat  Valenciana  y  establecimiento  de  plazo  de  cumplimiento  con  una 
disposición transitoria.
Se modifica el artículo 35 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la 
Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, con la 
incorporación de un punto 6 y se añade una nueva disposición transitoria con el 
siguiente contenido:
6.  La policía local de municipios de más de 20.000 habitantes dispondrán de 
un grupo especializado en la atención a mujeres víctimas de violencia de género y 
agresiones sexuales.»
«Nueva disposición transitoria.
Los grupos policiales a los que hace referencia el artículo 35.6 de la presente 
ley deberán estar creados antes del 1 de enero de 2023 y se constituirán en el 
marco de la colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado.»
Artículo 72.
Se añade una disposición adicional tercera a la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, 
integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, con la 
siguiente redacción:
«Disposición adicional tercera.  Títulos de transporte.
La  Generalitat,  mediante  el  departamento  competente  en  materia  de 
transporte,  autoridades  de  transporte  y  los  operadores  integrantes  del  sector 
público instrumental de la Generalitat, desarrollará las medidas necesarias para 
garantizar que las víctimas de la violencia sobre la mujer recogidas en esta ley 
disponen  de  títulos  de  transporte  personalizados  gratuitos  o,  en  su  caso, 
bonificados, o descuentos que garantizan esta gratuidad en los términos que se 
regulan; se requiere para su expedición que los medios de pruebas previstas en el 
artículo  9  de  la  presente  ley  justificativos  del  derecho  a  la  gratuidad  sean 
acreditados por un organismo público competente en materia de violencia sobre la 
mujer.»
Sección octava. Juventud
Artículo 73.
Se modifica el artículo 1 de la Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, 
políticas integrales de juventud, que queda redactado como sigue:
«Artículo 1.  Objeto.
1.  El objeto de esta ley es establecer un marco normativo que coordine las  es
políticas de juventud, construyendo la Xarxa Jove, el sistema público valenciano  o
de servicios a la juventud, dado su carácter de interés general para la Comunitat  w.
Vjiónavdleievnnidecusiaa, nlc ao,y n y  ecql ouflieen c rdteivego ug laecr aolonmstio zd aerm reqiceuhmeo bpsr uoyes d laad nce od rerlfeains iprc oyon mscaoubnnisilditdraauddir,   sdufeo  mplareosn ytpeaecntrdoso ov niatlaasl    2021-1859n https://ww
participación activa en el desarrollo político, social, económico y cultural.
2.  La Xarxa Jove, el sistema público valenciano de servicios a la juventud, 
tiene  carácter  de  servicio  público  esencial,  porque  se  derivan  prestaciones 
indispensables para satisfacer las necesidades básicas personales y mejorar las 
condiciones de la calidad de vida de la juventud.»
Artículo 74.
Se modifica el artículo 35 de la Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, 
de políticas integrales de juventud, que queda redactado como sigue:
«Artículo 35.  Competencias de los ayuntamientos.
1.  Los  ayuntamientos  de  la  Comunitat  Valenciana,  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en la normativa básica de régimen local y la autonómica que pueda 
desarrollarla, y dentro de sus posibilidades, y como parte de la Xarxa Jove, tienen 
atribuidas, a los efectos de lo establecido en esta ley, las competencias siguientes:
[…]»
Artículo 75.
Se modifica el artículo 17 de la Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, 
de políticas integrales de juventud, que queda redactado como sigue:
«Artículo 17.  Entidades juveniles.
A efectos de esta ley, son entidades juveniles:
1.  Las asociaciones juveniles y sus federaciones, confederaciones y uniones.
2.  Las  asociaciones  de  alumnado  universitario  y  no  universitario,  y  sus 
federaciones, confederaciones y uniones cuyas personas asociadas sean jóvenes.
3.  Las  secciones,  áreas,  departamentos  y  organizaciones  juveniles  otras 
entidades sociales, como por ejemplo asociaciones de carácter general, secciones 
juveniles  de  partidos  políticos,  sindicatos,  asociaciones  de  consumidores, 
culturales,  deportivas,  festivas,  de  juventud  empresaria  o  de  confesiones 
religiosas, y de sus federaciones, confederaciones y uniones.
4.  Las entidades prestadoras de servicios a la juventud sin ánimo de lucro, 
entendidas como las entidades legalmente constituidas en cuyos estatutos se 
establezca de forma clara y explícita que entre sus fines sociales se encuentra el 
de llevar a término, de manera continuada, programas y actuaciones dirigidas de 
forma exclusiva a personas jóvenes.»
Sección novena. Infancia y adolescencia
Artículo 76.
Se modifica la disposición adicional tercera de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, 
de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y adolescencia, que queda 
redactado como sigue:
«Disposición adicional tercera.  Cobertura de puestos de trabajo de atención a la  e.
infancia y a la adolescencia en la Generalitat. w.
adolPeasrcae nhcaiace, ry  edfee caticvuae lrad og acroann tlíoa  pdree vuisntao  eante necl iaórnt ícduel oc a8l8id daed  eas ltaa  ilnefya nrecsiap eyc tlao 
ddee  laat ecnocbieórntu drair edcet ap uae slato sin dfaen tcriaab ya jola,  eand oelle ásmcebnitcoi ad eto ldao Gs elnoesr apluiteast tsoes  cdoen stirdaebraajno 
relacionados con la protección de personas menores de edad o con la atención
socioeducativa de personas menores de edad en conflicto con la ley, o con la 
tramitación y expedición de los títulos de familias numerosas o monoparentales, 
adscritos tanto a servicios centrales como territoriales.»
CAPÍTULO III
Modificaciones legislativas en materias competencia de la vicepresidencia 
segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática
Sección primera. Vivienda
Artículo 77.
Se modifica el artículo 57 y se adiciona una Disposición Adicional Novena en la 
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana, con la 
siguiente redacción:
«Artículo 57.  Adjudicación y gestión del patrimonio público de vivienda.
1.  Las condiciones de adjudicación y cesión de las viviendas que integran el 
patrimonio público de vivienda se realizará por los procedimientos establecidos 
reglamentariamente.
Podrán atenderse preferencialmente, en su caso, las situaciones diferenciadas 
y singularidades en función de las personas, familias y colectivos a los que van 
dirigidas, así como las posibles medidas de acompañamiento social a adoptar.
2.  La  formalización  de  la  adjudicación  se  efectuará  en  un  contrato  de 
naturaleza administrativa, aprobado por la Generalitat.
3.  La  gestión  del  patrimonio  público  de  vivienda  correrá  a  cargo  de  la 
Conselleria  competente  en  materia  de  vivienda,  que  podrá  llevarla  a  cabo 
directamente, mediante la adscripción a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo 
o mediante Convenio o contratos administrativos conforme a la legislación vigente 
con entidades públicas o privadas de capital público.
Para  la  adecuada  gestión  se  podrán  establecer  programas  para  la 
normalización y regularización de las ocupaciones irregulares, situaciones de falta 
de pago o de falta de residencia habitual y permanente, y las Administraciones 
Públicas podrán recuperar la titularidad o disponibilidad de las viviendas mediante 
procedimientos de carácter administrativo, singularmente de desahucio, resolución 
administrativa de contratos de compraventa, recaudación ejecutiva por vía de 
apremio  y  desalojo  de  ocupaciones  sin  título  o  expropiación  forzosa  por 
incumplimiento de función social.
Estos  programas  podrán  establecer  sistemas  de  aplazamiento  de  pago  y 
cambios del régimen de uso de las viviendas, y cuantas medidas se consideren 
oportunas para el mejor aprovechamiento del parque de viviendas que integran el 
patrimonio público de vivienda.
4.  Expropiación.
1)  Sin perjuicio de las sanciones que procedan, respecto de las viviendas de 
promoción pública que se integraron en el patrimonio de la Generalitat como 
consecuencia  de  transferencias  estatales,  así  como  de  las  construidas  s
directamente por esta u otros entes públicos territoriales y de otras viviendas que  oe.
integran el patrimonio público de vivienda y que han sido cedidas en propiedad,  w.
elax ipsrtoirpái ecdaauds ae nd elo se xspigroupieiancteiósn c afosrozso:sa por incumplimiento de la función social de  2021-1859n https://ww
uso ad)e  laD emdisicmara ,l ae svtiavbielencdiad oa e uns loas c néod ualau tdoeri zcaadlioficsa oc iólan  adletefirnaictiivóan. del régimen de  BOE-A-cable e
b)  No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente o mantenerla 
deshabitada sin justa causa durante un plazo superior a tres meses.
c)  Cuando sus adquirentes utilicen otra vivienda construida con financiación 
pública,  salvo  cuando  se  trate  de  titulares  de  familia  numerosa  en  el  marco 
normativo regulador de esta situación.
d)  Cuando sus adquirentes incurrieran en falsedad de cualquier hecho que 
fuese  determinante  de  la  adjudicación  en  las  declaraciones  y  documentación 
exigidas para el acceso a la vivienda.
2)  En tales casos, se incoará el oportuno expediente con audiencia de los 
interesados a efectos de acreditar, en su caso, la existencia de infracciones. Si del 
expediente resultara la comisión de una de las faltas referidas, la Generalitat a 
través  de  sus  órganos  competentes  acordará  la  expropiación  forzosa  de  la 
vivienda afectada.
3)  Cuando el expediente expropiatorio corresponda a viviendas construidas 
por otros entes públicos territoriales, se iniciará este a petición de los mismos, que 
financiarán íntegramente la expropiación.
4)  El justiprecio de la vivienda será determinado por la Generalitat, en base al 
precio en que fue cedida, del cual se descontarán las cantidades aplazadas no 
satisfechas por el adjudicatario, así como las subvenciones y demás cantidades 
entregadas al adquirente como ayudas económicas directas.
La cifra resultante se corregirá teniendo en cuenta los criterios de valoración 
para  las  segundas  transmisiones  de  viviendas  previstas  en  sus  normas 
específicas.
El pago y la ocupación se realizarán conforme a lo dispuesto en la Ley de 
expropiación forzosa.
5)  Las viviendas expropiadas conforme a esta Ley se destinarán a cubrir las 
necesidades de tipo social, estando para su nueva adjudicación a lo dispuesto en 
la normativa vigente.
5.  Desahucio o pérdida del derecho de uso.
1)  Los propietarios de las viviendas de protección pública y de viviendas que 
integren el patrimonio público de vivienda, sin perjuicio de las sanciones que 
procedan,  podrán  instar  al  desahucio  de  los  beneficiarios,  arrendatarios  u 
ocupantes  de  estas  viviendas  por  las  mismas  causas  y  con  arreglo  a  los 
procedimientos establecidos en la legislación común.
2)  También podrá promoverse dicho desahucio por las causas especiales 
siguientes:
a)  La falta de pago de las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento o 
de las cantidades a que esté obligado el cesionario en el acceso diferido a la 
propiedad y de las cuotas complementarias que sean exigibles por servicios, 
gastos comunes o cualquier otra que se determine reglamentariamente.
b)  La ocupación de la vivienda sin título legal para ello.
c)  La realización de obras que alteren la configuración de la vivienda o 
menoscaben la seguridad del edificio, así como causar el ocupante, beneficiario, 
arrendatario o personas que con él convivan deterioros graves en los mismos, sus 
instalaciones o servicios complementarios.
d)  El incumplimiento de la obligación de conservación y mantenimiento de la  e.
vivienda. w.
e)  Infracción  grave  o  muy  grave  de  las  prescripciones  legales  y  59ww
reglaf)m  eNnota drieasst ivniagre nlat evsiv eienn mdaa tae rdiao mdeic viliivoi ehnadbait uparol tye gpiedram.anente del beneficiario o
arregn)d atEalr isou ub aorcruiepnadnot eos  cpeosri ócnu atolqtauli eor  ptíaturcloia.l de la vivienda. BOE-A-cable e
h)  El desarrollo en el piso o local o en el resto del inmueble de actividades 
prohibidas en los estatutos de la comunidad que resulten dañosas para la finca o 
que  contravengan  las  disposiciones  generales  sobre  actividades  molestas, 
insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
3)  Los órganos competentes en materia de vivienda de la Generalitat podrán 
acordar, previa tramitación del correspondiente expediente administrativo que se 
determine reglamentariamente, y supletoriamente con arreglo a lo establecido en 
la normativa sobre viviendas de protección oficial, el desahucio y, en su caso, el 
lanzamiento de los ocupantes, arrendatarios o beneficiarios de las viviendas de su 
propiedad.»
«Disposición adicional novena.  Normativa reglamentaria aplicable al patrimonio 
público de vivienda.
Las referencias contenidas en la normativa de desarrollo reglamentario del 
artículo 57 de la presente ley a promoción pública deberán entenderse realizadas 
al patrimonio público de vivienda.»
Sección segunda. Ampliación de la vivienda pública mediante el derecho de tanteo y 
retracto
Artículo 78.
Se modifica el artículo 10 y la disposición transitoria segunda del Decreto-ley 6/2020, 
de 5 de junio, del Consell, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat 
Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto, que quedan redactados como 
sigue:
«Artículo 10.  Titularidad, competencia y transmisiones de viviendas sujetas a los 
derechos de adquisición preferente.
1.  La Generalitat es titular de los derechos de tanteo y retracto respecto de 
las siguientes transmisiones de vivienda:
a)  Derecho de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas y sus 
anejos que hubieren sido adquiridas mediante dación en pago de deuda con 
garantía hipotecaria.
b)  Derecho de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas y sus 
anejos  que  hubieren  sido  adquiridas  en  un  proceso  judicial  de  ejecución 
hipotecaria o en un procedimiento de venta extrajudicial en sede notarial.
c)  Derecho de tanteo y retracto en las transmisiones de edificios, con un 
mínimo de cinco viviendas, cuyo destino principal sea el residencial, cuando se 
transmita un porcentaje igual o superior al 80 % de dicho edificio y aun cuando 
dicha  operación  se  realice  mediante  la  venta  de  acciones  o  participaciones 
sociales  de  mercantiles  cuyo  objeto  social  esté  vinculado  con  la  actividad 
inmobiliaria.
d)  Derecho de tanteo y retracto en las transmisiones referidas a diez o más 
viviendas y sus anejos, y aun cuando dicha operación se realice mediante la venta 
de acciones o participaciones sociales de mercantiles cuyo objeto social esté  e.e
vinculado con la actividad inmobiliaria. b
cporemsL2peo.en stte eScn tiettíeat ue dlxeoocn.sl  udmyeear eteeclr hieaoj sed rdceei c vitoiav nideteen odlo ays   drceeitt aracdcootnsof  odpreomrdeidrcáahndo  escj eoernnc  eclraassse o dp idoserp  olcaso iccnioconunsreresel lnedcreiiaal    OE-A-2021-18able en https://
con otros derechos de adquisición preferente de carácter legal cuando estos
fueren ejercidos por otras administraciones o personas a cuyo favor estuvieran 
establecidos.  Si  estas  administraciones  o  personas  decidieran  no  ejercitar  su 
derecho en el plazo legalmente establecido para ello, la Generalitat podrá optar 
por el ejercicio del propio en el plazo de sesenta días a contar a partir de aquél en 
que finalice el plazo del derecho legal concurrente.
3.  Como requisito esencial para la procedencia de los citados derechos, las 
viviendas sobre las que se podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto 
deberán estar ubicadas en los municipios incluidos en las áreas de necesidad de 
vivienda o, en su caso, en sus áreas de influencia.
4.  Este derecho de adquisición preferente afecta a la primera y posteriores 
transmisiones  de  las  viviendas  y  edificios  previstos  en  el  apartado  primero 
mientras los municipios en los que se ubiquen continúen incluidos en las áreas de 
necesidad de vivienda declaradas por la Generalitat, o en sus áreas de influencia 
si han sido declaradas, o en las áreas de necesidad de vivienda declaradas por los 
municipios.
5.  Los  derechos  de  adquisición  preferente  recogidos  en  este  artículo  se 
ejercitarán conforme a las previsiones del presente título y, en todo lo no previsto, 
les será de aplicación lo dispuesto para el ejercicio de los derechos de tanteo y 
retracto de viviendas de protección pública en la medida en dicha regulación 
resulte  compatible.  En  particular,  resultará  de  aplicación  lo  dispuesto  en  los 
artículos cinco, seis, siete, ocho y nueve de este decreto ley.»
«Disposición  transitoria  segunda.  Régimen  transitorio  de  los  derechos  de 
adquisición preferente regulados en este decreto ley.
1.  Los derechos de adquisición preferente regulados en el título primero, tras 
la entrada en vigor del presente decreto ley, se aplicarán directa e íntegramente a 
las segundas y sucesivas transmisiones de viviendas de protección pública de 
promoción privada, cuya fecha de calificación definitiva sea posterior a la entrada 
en vigor de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad 
Valenciana.
En el caso de las viviendas de protección pública de promoción pública, los 
derechos de adquisición preferente regulados en el título primero, tras la entrada 
en  vigor  del  presente  decreto  ley,  se  aplicarán  directa  e  íntegramente  a  las 
segundas y sucesivas transmisiones de viviendas, durante todo el periodo de 
vigencia del régimen de protección que corresponda y aun cuando su cédula de 
calificación definitiva fuera anterior a la entrada en vigor de la Ley 8/2004, cuando 
el citado régimen, legal o contractual, estableciera los derechos de adquisición 
preferente a favor de la administración.
2.  Los procedimientos de adquisición preferente iniciados al amparo de la 
Ley 8/2004, que no hubieren finalizado, continuarán su tramitación conforme a las 
disposiciones  de  este  decreto  ley,  incluidas  las  disposiciones  relativas  a  la 
calificación permanente de las viviendas adquiridas mediante el ejercicio de tales 
derechos.
3.  Los procedimientos de adquisición preferente iniciados y concluidos al 
amparo de la Ley 8/2004, en caso de impugnación de la firmeza de dichos actos 
jurídicos,  se  regirán  por  el  régimen  legal  que  resultó  de  aplicación  en  dicho 
procedimiento,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  complementaria  de  la  regulación 
contenida en el presente decreto ley, en lo que no sea contraria al citado régimen  e.
legal. w.b
4.  Desde la entrada en vigor de esta norma, cualquier referencia realizada  59ww
pLoery  u8n/a2 0d0is4p, odseic i2ó0n  dneo rmocattuivbare a,  ldoe d liasp Vueivsieton dean  dloes  laar tíCcoumlosu n5id0a, d5 1V, a5l2e nyc i5a3n ad,e  slae 
entenderá realizada a lo dispuesto en el presente decreto-ley.»
CAPÍTULO IV
Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria de Hacienda 
y Modelo Económico
Sección primera. Exención al régimen de garantías en subvenciones en materia de 
innovación
Artículo 79.
Se modifica el artículo 171, apartado 5, letra f), de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de 
Hacienda  Pública,  del  Sector  Público  Instrumental  y  de  Subvenciones,  que  queda 
redactado como sigue:
«Artículo 171.  Régimen de abonos a cuenta, pagos anticipados y garantías.
[…]
5.  El  régimen  de  las  garantías,  medios  de  constitución,  depósito  y 
cancelación que tengan que constituir las personas beneficiarias o las entidades 
colaboradoras se establecerá reglamentariamente.
Quedan  exonerados  de  la  constitución  de  garantías,  salvo  previsión  en 
contrario de las bases reguladoras:
[...]
f)  Las entidades sin ánimo de lucro, así como las federaciones o agrupaciones de 
estas, siempre que desarrollen proyectos o programas vinculados a las siguientes 
áreas de actuación: acción social y atención sociosanitaria; desarrollo en el ámbito 
rural,  agrario  y  pesquero;  empleo;  formación  y  cualificación  profesional;  como 
cooperación internacional al desarrollo, así como innovación.»
Sección segunda. Juego y prevención de la ludopatía
Artículo 80.
Se añade una disposición adicional sexta a la Ley 1/2020, de 11 de junio, de 
regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana, con la 
redacción que sigue:
«Disposición adicional sexta.  Efectos del silencio administrativo.
En los procedimientos relativos a las materias objeto de esta ley los efectos del 
silencio administrativo se entenderán desestimatorios, salvo que en la reglamentación 
específica de cada juego o apuesta se prevea lo contrario para algún tipo de ellos.»
Sección tercera. Patrimonio
Artículo 81.
Se añade una Disposición Adicional Quinta bis, en la Ley 14/2003, de 10 de abril, de 
Patrimonio de la Generalitat Valenciana, con la siguiente redacción: es
«DisaEpgnor sailrcaiai ósnC d oaemd iinuctineoirntéaastl   gqVeuaninleetnraac lbi adisne.a  l,a I nClafor ameCusontnriutsacett lulVeraarilsae  ndcceioa rmneapg.eatdeínotse  e einnf ramesattreurciatu rdaes   2021-1859n https://www.
alegyr icau lltau raC oyn, seenl lesruia c acsoom, pdeet ernetgea deíno sm eajetercriiata rdáe  lapsa tfraimcuoltnaiod eesn a trreiblaucidióans  ceonn e slatas   BOE-A-cable e
infraestructuras de regadíos e infraestructuras agrarias de interés general de la 
Comunitat Valenciana, ajustándose a lo prevenido en la legislación especial y 
supletoriamente en esta ley, comunicando a la Conselleria competente en materia 
de patrimonio las actuaciones realizadas para su constancia en el inventario e 
inscripción en el Registro de la Propiedad tanto de los terrenos donde se actúe 
como de las instalaciones ejecutadas.»
CAPÍTULO V
Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria de Justicia, 
Interior y Administración Pública
Sección primera. Mediación
Artículo 82.
Se modifican el apartado 1 del artículo 37, el apartado 2 del artículo 10, el apartado 5 
del artículo 19 y el apartado 4 del artículo 41 de la Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de la 
Generalitat, de Mediación de la Comunitat Valenciana, que queda redactado como sigue:
«Artículo 10.
Punto 2.
Se suprime el inciso inicial: Con carácter general.»
«Artículo 37.  Acta final de la mediación y contenido y validez de los acuerdos.
1.  Cuando concluya el procedimiento de mediación se levantará un acta final, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.»
«Artículo 19.
Punto 5.
El punto 5 queda redactado como sigue:
"5.  El  Registro  contará  con  diversas  secciones  y  serán  de  naturaleza 
homóloga a la del resto de registros señalado en el apartado 6 de este artículo. 
Cada  persona  o  entidad  mediadora  estará  inscrita  en  la  sección  que 
corresponda."»
«Artículo 41.
Punto 4.
Se suprime el inciso final: excepto en aquellos casos en que el inicio de una 
nueva mediación pueda favorecer a las personas beneficiarias del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita.»
Sección segunda. Función pública
Artículo 83.
Se modifica el apartado 3 del artículo 40; se modifica el punto 4 del artículo 129 y el 
anexo I Cuerpos y escalas de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de 
ordenación  y  gestión  de  la  función  pública  valenciana  (LOGFPV),  que  quedan 
redactados como sigue:
«Artículo 40.  Supuestos especiales de clasificación de puestos de trabajo.
3.  En  las  consellerias  que  tengan  atribuidas  competencias  en  materia 
sanitaria, educativa y de justicia, las relaciones de puestos de trabajo podrán 
prever, en puestos con el rango de subdirección general o jefatura de servicio, la 
clasificación de puestos para su provisión por personal sanitario, docente y de la 
administración de justicia respectivamente, atendiendo a la especificidad de las 
funciones que deban desempeñarse.
Asimismo, las relaciones de puestos de trabajo podrán prever que los puestos 
con rango de subdirección general de Presidencia y las consellerias u organismos 
puedan ser clasificados para su provisión por personal docente, incluyendo el 
universitario. En este supuesto, con carácter previo a la cobertura del puesto, 
deberá quedar acreditado que la titulación de la persona propuesta, se adecua a la 
especificidad de las funciones que deban desempeñarse.
No  obstante  lo  anterior,  en  las  consellerias  que  tengan  atribuida  las 
competencias en materia sanitaria, en materia educativa y en materia de justicia, 
las relaciones de puestos de trabajo podrán prever, en puestos con rango de 
jefatura de sección que guarden relación directa con las competencias sustantivas 
del sector sanitario, educativo y de justicia, la clasificación de puestos para su 
provisión  por  personal  sanitario,  docente  o  de  la  administración  de  justicia, 
atendiendo a la especificidad de las funciones que deban desempeñarse.
En tanto desempeñen estos puestos, les será aplicable el contenido de esta 
ley y sus normas de desarrollo, quedando en la situación administrativa que 
corresponda de acuerdo con su normativa específica.»
«Artículo 129.
4.  En la situación de excedencia voluntaria automática no se devengarán 
retribuciones, ni será computable el tiempo de permanencia en la misma a efectos 
de promoción profesional, antigüedad y derechos en el régimen de Seguridad 
Social que les sea aplicable.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y con ocasión del reingreso al 
servicio activo, se computará a efectos de antigüedad el periodo de prestación de 
servicios en organismos o entidades del sector público, con la excepción de los 
prestados en sociedades mercantiles o en fundaciones públicas a los que se 
refiere el apartado 3 de este artículo.
En todo caso, con ocasión del reingreso al servicio activo, se computará, a 
efectos  de  carrera  profesional  horizontal,  el  tiempo  de  permanencia  en  esta 
situación de excedencia voluntaria automática para el personal funcionario de 
carrera  que,  estando  desempeñando  funciones  en  la  administración  de  la  s
Generalitat, hayan pasado a desempeñar las mismas en algún organismo público  oe.
de  la  Generalitat  al  que  se  le  hayan  atribuido  legalmente  tales  funciones,  w.
habiéndose amortizado, al propio tiempo, sus respectivos puestos de trabajo en la  59ww
administración de la Generalitat.»
«ANEXO I
Cuerpos y escalas
Donde dice:
"Administración especial.
Cuerpo: Superior técnico de administración cultural de la administración de la 
Generalitat. A1-21.
Requisitos:  Licenciatura  universitaria  en  Bellas  Artes,  Geografía,  Historia, 
Humanidades, Sociología, Antropología Social y Cultural.
Título oficial de grado que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, 
habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las 
funciones asignadas al cuerpo.
Grupo/subgrupo profesional: A1.
Funciones:  Dirigir,  programar,  estudiar,  proponer,  coordinar,  gestionar, 
controlar, inspeccionar, asesorar, y en general, aquellas de nivel superior propias 
de la profesión, relacionadas con las actividades culturales";
Debe decir:
"Administración especial.
Cuerpo: Superior técnico de administración cultural de la administración de la 
Generalitat. A1-21.
Requisitos:  Licenciatura  universitaria  en  Bellas  Artes,  Geografía,  Historia, 
Humanidades, Sociología, Antropología Social y Cultural e Historia del Arte. Título 
oficial de grado que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para 
ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones 
asignadas al cuerpo.
Grupo/subgrupo profesional: A1.
Funciones:  Dirigir,  programar,  estudiar,  proponer,  coordinar,  gestionar, 
controlar, inspeccionar, asesorar, y en general, aquellas de nivel superior propias 
de la profesión, relacionadas con las actividades culturales."»
Sección tercera. Protección civil y gestión de emergencias
Artículo 84.
Se modifica el punto 1 del artículo 10 y el apartado d), 3.º, del artículo 12.2 y se 
añade un punto 4 nuevo al artículo 12 de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la 
Generalitat, de protección civil y gestión de emergencias, con la redacción siguiente:
«Artículo 10.
1.  Aprobar las disposiciones de carácter general que se elaboren en materia 
de protección civil y gestión de emergencias.
En el caso de que se declare la situación de emergencia catastrófica, según lo 
establecido en el artículo 12.4, podrá dictar normas de urgencia con el fin de 
afrontar las necesidades de la emergencia.»
«Artículo 12. oe.
"Punto 2.d). 59ww
ipnetersr3vo.enº nacsDi,ó enltoe.sr mbiineanre sl,a se l mmeeddiiod aasm  bdiee ntper oyt epcacrióan e l mpáesrs ocnoanl vdeen ielonste sse rpviacriao s ldaes   OE-A-2021-18able en https://
Las medidas de protección a la población comprenden: control de accesos, 
avisos  a  la  población,  medidas  de  autoprotección  personal,  confinamiento, 
disgregación  o  aislamiento  por  motivos  sanitarios  (epidemias),  alejamiento  o 
evacuación."
"4.  Cuando la situación de peligro o los daños ocurridos por su especial 
extensión o intensidad particularmente graves, y en tanto no sea declarado por el 
Estado el interés nacional o uno de los estados previstos en el artículo 116 de la 
Constitución,  el  presidente  de  la  Generalitat  podrá  declarar  la  situación  de 
emergencia catastrófica. Dicha declaración supondrá la asunción por el presidente 
del mando único y la dirección de todas las actividades de la emergencia, pasando 
a  su  directa  dependencia  la  estructura  organizativa  del  plan  territorial  de 
emergencia de la Comunitat Valenciana. En este plan se establecerá el trámite a 
seguir para la declaración de emergencia catastrófica y la asunción de la dirección 
por el presidente. El Consell y el presidente podrán dictar normas de urgencia con 
el  fin  de  afrontar  las  necesidades  de  la  emergencia,  las  cuales  deberán  ser 
motivadas y publicarse en 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'."»
CAPÍTULO VI
Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública
Sección única. Ordenación Farmacéutica
Artículo 85.
Se  añade  un  artículo  5  bis  en  la  Ley  6/1998,  de  22  de  junio,  de  Ordenación 
Farmacéutica de la Comunitat Valenciana, con la siguiente redacción:
«Artículo 5 bis.  Programa de optimización e integración terapéutica en el ámbito 
de la prestación farmacéutica y ortoprotésica.
1.  Se  crea  el  Programa  de  optimización  e  integración  terapéutica  en  el 
ámbito de la prestación farmacéutica y ortoprotésica del Sistema Sanitario Público. 
Cuyos objetivos son:
a)  La optimización de la terapéutica, basada en la evidencia científica y en 
los resultados en salud, para lograr mayor eficiencia y mayor seguridad en el uso 
de medicamentos y productos sanitarios.
b)  La integración funcional de los órganos y estructuras del Sistema Sanitario 
Público  Valenciano,  basada  en  la  transversalidad  asistencial,  la  continuidad 
asistencial, el trabajo en red y colaborativo y la equidad.
2.  Los principios troncales, en que se basa la estrategia del Programa, son:
a)  La política farmacéutica orientada al paciente y a la ciudadanía.
b)  La optimización, que engloba e incluye eficiencia, sostenibilidad, seguridad 
y orientación a resultados en salud.
c)  La coordinación e integración de los órganos y las estructuras del sistema  es
sanitario público de la Comunitat Valenciana. o
3.  La  Conselleria  competente  en  materia  de  sanidad  establecerá  59ww
reglamentariamente las funciones y estructura del Programa.»
CAPÍTULO VII
Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
Sección primera. Ferias Comerciales
Artículo 86.
Se añade una disposición adicional cuarta en la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la 
Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional cuarta.  Comunicación.
En los procedimientos que incoen los departamentos de la Generalitat y el 
resto  de  entes  públicos  y  privados  dependientes  o  a  ellos  vinculados,  de 
elaboración de disposiciones de carácter general, de aprobación de convenios, 
convocatorias  de  ayudas  o  subvenciones  y  el  resto  de  procedimientos 
administrativos  en  que  sean  destinatarias,  beneficiarias  o  partes  interesadas 
cualesquiera de las Instituciones feriales de la Comunitat Valenciana o cualquiera 
de las ferias comerciales oficiales, es preceptiva la puesta en conocimiento de ello 
a la Conselleria competente en materia de Comercio.»
Sección segunda. Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de la Comunidad Valenciana
Artículo 87.
Se añade una disposición adicional única en la Ley 3/2015, de 2 de abril, de la 
Generalitat, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la 
Comunidad Valenciana, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional única.  Comunicación.
En los procedimientos que incoen los departamentos de la Generalitat y el 
resto  de  entes  públicos  y  privados  dependientes  o  a  ellos  vinculados,  de 
elaboración de disposiciones de carácter general, de aprobación de convenios, 
convocatorias  de  ayudas  o  subvenciones  y  el  resto  de  procedimientos 
administrativos  en  que  sean  destinatarias,  beneficiarias  o  partes  interesadas 
cualesquiera  de  las  Cámaras  Oficiales  de  Comercio,  Industria,  Servicios  y 
Navegación de la Comunitat Valenciana, así como el Consell de Cámaras Oficiales 
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana, es 
preceptiva la puesta en conocimiento de ello a la Conselleria competente en 
materia de tutela de las Cámaras.»
CAPÍTULO VIII
Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
Sección primera. Ganadería w.b
eAnrt íecSlu elao rm t8íco8ud.liofi c4a4n,  lsoes  aapñaardtea deols a 1p ayr t2a ddoe l3 a0r teícnu leol  2a7rt,í csuel om 1o5d0if icya sne l odse jaap sairnta cdoonst e2n, i3d oy  la5   OE-A-2021-18able en https://
disposición adicional segunda de la Ley 6/2003, de 4 de marzo, de ganadería de la 
Comunitat Valenciana, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 27.  Explotaciones no registradas.
1.  Cuando se tenga conocimiento de cualquier lugar en los que se tengan, 
críen o manejen animales o se expongan al público, con o sin fines lucrativos, que 
no se encuentre inscrito como una explotación o una unidad productiva en el 
Registro de Explotaciones Ganaderas, se determinará la adopción, sin perjuicio de 
la responsabilidad administrativa que pueda exigirse de acuerdo con el título IX de 
esta  ley,  de  las  siguientes  medidas  por  la  administración  pecuaria  de  la 
Generalitat:
a)  Los servicios veterinarios oficiales correspondientes a la comarca afectada 
dejarán constancia en acta de inspección del censado e identificación de animales 
de cada una de las especies observadas, comprobarán la identificación de los 
animales  o  ausencia  de  la  misma,  la  documentación  de  procedencia  de  los 
animales o ausencia de la misma y la comprobación del estado sanitario y de las 
condiciones de bienestar animal.
b)  Se procederá a la inmovilización cautelar de los animales por los servicios 
veterinarios oficiales, sin perjuicio de las autorizaciones especiales de traslado que 
puedan  concederse  por  estos  mismos  servicios  por  razones  sanitarias  o  de 
bienestar animal y a la adopción de las medidas cautelares que se consideren 
oportunas para corregir las deficiencias graves en materia de sanidad y bienestar 
animal.
c)  El  servicio  veterinario  oficial  otorgará  un  plazo  de  2  días  para  la 
presentación  de  la  documentación  que  considere  oportuna  y  en  caso  de 
deficiencias en la identificación o carencia de control sanitario de los animales, 
concederá un plazo de 10 días para proceder a la identificación y a la realización 
de un control sanitario de los animales bajo su supervisión.
d)  El  director  o  directora  general  competente  en  materia  de  producción 
animal o la persona en la que se delegue la función del Registro de Explotaciones 
Ganaderas,  le  dirigirá  requerimiento  de  su  inscripción  en  el  Registro  de 
Explotaciones Ganaderas en el plazo máximo de 1 mes prorrogable a 2 meses a 
solicitud del interesado.
e)  Estas actuaciones serán comunicadas al ayuntamiento correspondiente y 
a la Conselleria competente en materia medio ambiental y se procederá a incoar 
los  oportunos  expedientes  sancionadores  en  función  de  las  infracciones 
constatadas.
2.  La resolución de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas 
comportará  el  levantamiento  de  la  medida  de  inmovilización  salvo  que  se 
considere  por  motivos  sanitarios  u  otros  que  se  determine,  mantener  la 
inmovilización.
[...]»
«Artículo 44.  Condiciones generales de bienestar.
[…]
2.  En todo caso, se imponen las siguientes obligaciones de carácter general  e.
y de acuerdo con la normativa nacional y comunitaria que sea de aplicación en  w.b
cada caso: 59ww
a)  Suministrar a los animales agua y alimento de calidad suficiente y en la
cantbid) adU nbeiccaers aari a,l odse  faonrmimaa aledse ceuna daa ma blaiesn nteesc esaiddeacdueasd does ,c apdrao veesypéencdieo.les  de
refugios  y  de  áreas  de  descanso,  con  suficiente  espacio,  luz  y  ventilación,
conforme  con  las  necesidades  fisiológicas  y  etológicas  de  los  animales,  de 
acuerdo con la experiencia adquirida y los conocimientos científicos.
3.  Cuando se detecte el incumplimiento de las condiciones de bienestar 
animal,  sin  perjuicio  de  responsabilidad  administrativa  que  pueda  exigirse  de 
acuerdo con el título IX de esta ley, los servicios veterinarios oficiales dictarán una 
orden de su restitución, concretando las medidas a adoptar y el plazo para ello.
[...]
5.  Cuando existan indicios o se valore, por parte de los servicios veterinarios 
oficiales,  que  se  dan  las  condiciones  de  un  ilícito  penal,  por  haber  maltrato 
injustificado que cause lesiones que menoscaben gravemente la salud de los 
animales o les pueda causar la muerte, además de ordenar la inmediata adopción 
de cuantas medidas se consideren necesarias para la inmediata restitución de las 
condiciones de bienestar animal, se dará traslado urgente de las actuaciones con 
la documentación pertinente a la Fiscalía.»
«Artículo 150.  Infracciones graves.
Son infracciones graves:
[...]
30.  La  entrada  de  persona  o  personas,  no  consentida  por  el  titular,  en 
explotaciones ganaderas que altere el cumplimiento en las mismas de las medidas de 
prevención y control de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias de los 
animales o de bienestar animal, o las condiciones higiénicas y sanitarias impuestas por 
la normativa vigente en materia de sanidad animal y bienestar animal.»
«Disposición adicional segunda.  Lista de explotaciones.
Se deja sin contenido.»
Sección segunda. Calidad y Control ambiental de actividades
Artículo 89.
Se modifican la disposición adicional cuarta y los epígrafes 5.1, 5.2, 9.5, 9.6, 12.1, 
13.1.1 y 13.4.18 del anexo II y se añade una nueva disposición adicional novena.de la 
Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en 
la Comunitat Valenciana, que quedan redactados como sigue:
«Disposición  adicional  cuarta.  Procedimiento  de  estimación  de  impacto 
ambiental.
1.  Para los proyectos incluidos en el ámbito de la presente ley no será de 
aplicación el procedimiento de estimación de impacto ambiental establecido en la 
sección III del capítulo III del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se 
aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de 
impacto ambiental, o normas que los sustituyan, salvo aquellos que pudieran estar 
incluidos en la legislación básica estatal en materia de impacto ambiental con los 
umbrales especificados en esta. es
2.  No obstante lo previsto en el apartado anterior, en cuanto al análisis y  o
evaluación de los proyectos técnicos presentados de instalaciones ganaderas  59www.
pinosrtcailnaacsio, nsees ,d meboedrifáicna cteionneer se on  acmuepnliatac iopnaeras , llaa sa suitgouriizeancteiósn c oon ldiciceinocnieas :de nuevas
las aa)g uaEsn  pmour nnicitirpaitooss  dpersoicgendaednotse sc odme of uzeonntaess  vauglnraerriaabsl epso ra  plaa rcteo ndtaeml oinragcainóins mdoe   BOE-A-cable e
competente autonómico, únicamente se podrán ampliar instalaciones existentes o 
autorizar nuevas en los siguientes casos:
i.  Cuando los estiércoles generados se destinen a un gestor autorizado de 
residuos.
ii.  Cuando  practique  la  autogestión  si  se  dispone  de  parcelas  agrícolas 
suficientes para asumir la producción total de estiércoles, de acuerdo con la 
normativa vigente al objeto de no agravar la vulnerabilidad de la zona.
iii.  Cuando  se  produzca  la  valorización  de  los  estiércoles  mediante 
agrocompostaje, producción de biogás u otros similares.
iv.  Cuando concurra más de una de las causas anteriores.
b)  En municipios distintos de los designados como zonas vulnerables a la 
contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias por parte 
del organismo competente autonómico, se podrán ampliar instalaciones existentes 
o autorizar nuevas, aplicando las mejores técnicas disponibles de tratamiento de 
los estiércoles generados.
3.  La conselleria competente en materia de ganadería, adoptará las medidas 
necesarias para incentivar la implantación de sistemas de geolocalización por 
GPS o similar en las cubas de aplicación de purines, así como el desarrollo de una 
aplicación de sistema de información geográfica para el ámbito de la Comunitat 
Valenciana que permita su seguimiento.
4.  La administración de la Generalitat, en el ámbito de sus competencias, 
promoverá  el  incremento  de  gestores  autorizados  de  residuos  que  permitan 
valorizar  de  manera  adecuada  los  estiércoles  de  la  cabaña  porcina  en  la 
Comunitat  Valenciana,  de  forma  sostenible  desde  la  perspectiva  ambiental  y 
económica.
Los estiércoles podrán gestionarse de manera combinada con otros efluentes 
y residuos compatibles, de modo que generen las economías de escala suficientes 
que permitan el sostenimiento de las nuevas instalaciones de gestión de residuos, 
así como la sostenibilidad del sector ganadero porcino en la Comunitat Valenciana.
5.  Las condiciones indicadas en el apartado 2 de esta disposición resultarán 
exigibles a partir del 1 de enero de 2023, con el fin de permitir la adaptación de los 
ganaderos a dichas restricciones.
[…]»
«ANEXO II
Categorías de actividades sujetas a licencia ambiental
5.  Gestión de residuos.
5.1  Instalaciones de valorización y/o eliminación de residuos peligrosos y/o 
no peligrosos no incluidos en el anexo I, excluyendo las incluidas en el Real 
Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
5.2  Instalaciones  para  el  almacenamiento  de  residuos,  peligrosos  y/o  no 
peligrosos, no incluidas en el anexo I, excluido el almacenamiento temporal en 
espera de recogida en el lugar en que el residuo es generado (almacenamiento en  e
el ámbito de la producción). bo
Se  excepcionan  de  lo  anterior  las  instalaciones  denominadas  «áreas  de  59ww
aalpmoartcaecnióanm»i enptore tveismtapso rale nd e rlae sidnuoorsm naoti vpae ligsreocstoosri ael n edsep errae sdideu roesc ogpidaara,  coenl 
ruensap ocanpsaabcildea adm mbáiexnimtaal. de almacenamiento de 60 m3, que se sujetan a declaración
[...]
9.  Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas.
[...]
9.5  Instalaciones para la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que 
dispongan:
a)  entre 2.000 y hasta 40.000 plazas para aves de corral si se trata de 
gallinas ponedoras o del número equivalente para otras orientaciones productivas 
de aves;
b)  de más de 800 y hasta 2.000 plazas para cerdos de cría de más de 30 kg;
c)  de más de 800 y hasta 2.500 plazas para cerdos de cría de más de 20 kg;
d)  de más de 280 y hasta 750 plazas para cerdas;
e)  de más de 200 y hasta 530 plazas para cerdas en ciclo cerrado (530 
cerdas en ciclo cerrado equivalen a las 750 reproductoras);
f)  de más de 75 UGM
(1 UGM = 1 plaza de vacuno de leche).
En el caso de explotaciones mixtas, en las que coexistan animales de los 
apartados b) a e) de este epígrafe, el número de animales para considerar la 
inclusión de la instalación en este anexo se determinará de acuerdo con las 
equivalencias en Unidad Ganadera Mayor (UGM) de los distintos tipos de ganado 
porcino, recogidas en el anexo I del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el 
que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, o 
norma que le sustituya.
9.6  Instalaciones para la cría intensiva de otros animales que alberguen:
– Plazas de lechones a partir de 1.500 plazas inclusive.
– Plazas de vacuno de engorde por encima de 100 plazas.
– Plazas de vacuno de leche por encima de 75 plazas.
– Plazas de ovino y/o caprino por encima de 500 plazas.
– Plazas de equino por encima de 75 plazas.
– Plazas de conejos por encima de 10.000 plazas.
– Plazas de cualquier otra especie animal, incluso instalaciones mixtas de la 
misma o diferente especie, no especificadas en los anteriores epígrafes, a partir 
de 75 unidades ganaderas mayores (UGM)
(1 UGM = 1 plaza de vacuno de leche).
[...]
12.  Proyectos de gestión del agua.
12.1  Instalaciones de desalación o desalobración de agua excluyendo las de 
interés comunitario.
[…]
13.  Otras actividades.
13.1  Aquellas actividades que requieran autorización sectorial, de cualquier 
otra administración, previa a la apertura, como las siguientes:
13.1.1  Las actividades sujetas a previa evaluación de impacto ambiental de 
acuerdo con los dispuesto en la normativa estatal y autonómica, a excepción de  e
las infraestructuras hidráulicas de interés comunitario. bo
[…] 59ww
1[.3...]4  Otras actividades.
13.4.18  Depuradoras  de  aguas  residuales  no  incluidas  en  el  anexo  I, 
excluidas las estaciones depuradoras de aguas residuales de interés comunitario.
[...]»
«Disposición adicional novena.
Cuando la vigilancia y control de las instalaciones sujetas a autorizaciones 
ambientales integradas y a licencias ambientales a las que se hace referencia en 
el artículo 75, se ejerzan por entidades colaboradoras en materia de calidad 
ambiental, debidamente inscritas en el Registro de Entidades Colaboradoras en 
Materia de Calidad Ambiental de la Comunitat Valenciana y acreditadas para el 
ejercicio de tales funciones, en conformidad con el Decreto 22/2015, de 13 de 
febrero, del Consell, por el que se regulan las funciones y el Registro de Entidades 
Colaboradoras en Materia de Calidad Ambiental de la Comunitat Valenciana o 
normativa sectorial que lo sustituya, esta lo comunicará al menos con siete días de 
antelación, por los medios telemáticos que correspondan, al órgano autonómico 
con  competencia  en  la  materia,  y  a  la  administración  local  en  cuyo  ámbito 
territorial se sitúe la instalación, que podrán designar funcionario público para 
supervisar su actividad.»
Artículo 90.
Se añaden dos nuevas disposiciones adicionales a la Ley 6/2014, de 15 de julio, de 
prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, que 
quedan redactadas como sigue:
«Disposición adicional séptima.  Ejecución de obras para la reconstrucción pos-
COVID-19 gestión de residuos.
a)  Durante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19, 
la  gestión  de  residuos  domésticos  e  industriales  ha  sido  declarada  servicio 
esencial.
b)  Para todo tipo de instalaciones de entre las relacionadas en el presente 
que se promuevan durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023, o bien en caso de 
que  la  Comunitat  Valenciana  disponga  de  financiación  europea  para  la 
reconstrucción por la crisis sanitaria del COVID-19 y que se asigne financiación a 
la mejora de los servicios de valorización de residuos domésticos o residuos 
asimilables, las administraciones públicas competentes vendrán facultadas a la 
ejecución  directa  de  las  obras  de  mejora  y  ampliación  en  las  siguientes 
infraestructuras de servicio público básico esencial o servicio esencial, existentes 
o en proceso de construcción, del conjunto de instalaciones de la Comunitat 
Valenciana siguiente:
– Planta de valorización de residuos domésticos de Cervera del Maestre.
– Planta de valorización de residuos domésticos de Onda.
– Planta de valorización de residuos domésticos de Algimia de Alfara.
– Planta de valorización de residuos domésticos de Manises.
– Planta de valorización de residuos domésticos de Quart de Poblet.
– Planta de valorización de residuos domésticos de Llíria.
– Planta de valorización de residuos domésticos de Caudete de las Fuentes. e.
– Planta de valorización de residuos domésticos de Guadassuar. w.b
– Planta de valorización de residuos domésticos de El Campello. 59ww
––  PPllaannttaa  ddee  vvaalloorriizzaacciióónn  ddee  rreessiidduuooss  ddoommééssttiiccooss  ddee  JViijlolennaa..
––  PPllaannttaas  ddee  vvaalloorriizzaacciióónn  ddee  reressididuuooss d odmomésétsictiocso sd ey  Aclilcaasnifitcea.ción de envases
ligeros de Elche.
– Planta de clasificación de envases ligeros de Castellón de la Plana.
– Planta de clasificación de envases ligeros de Picassent.
– Planta de clasificación de envases ligeros de Alzira.
– Planta de clasificación de envases ligeros de Benidorm.
– Planta de transferencia de Villafranca del Cid.
– Planta de transferencia de Benlloc.
– Planta de transferencia de Alcalà de Xivert.
– Planta de transferencia de Almassora.
– Planta de transferencia de Segorbe.
– Planta de transferencia de Chiva.
– Planta de transferencia de Rótova.
– Planta de transferencia de Bufali.
– Planta de transferencia de Dénia.
– Planta de transferencia de Benidorm.
– Planta de transferencia de Villena.
– Planta de transferencia de Dolores.
–  El  parque  de  ecoparques  fijos  y  móviles  dependientes  de  las  distintas 
entidades competentes en la valorización de residuos domésticos.
– Instalaciones de compostaje comunitario y agrocompostaje de la Comunitat 
Valenciana.
–  Instalaciones  de  residuos  agrícolas,  ganaderos  o  agroganaderos  en  la 
Comunitat Valenciana.
a)  Los objetivos y finalidades de las obras y equipamientos a ejecutar, tanto 
en las instalaciones descritas en el apartado anterior como en otras nuevas que se 
pudieran  plantear  para  la  mejora  global  del  parque  de  instalaciones  de  la 
Comunitat  Valenciana,  deberán  estar  contempladas  en  los  objetivos  del  Plan 
integral de residuos de la Comunitat Valenciana.
b)  Si la actividad que se pretende ampliar, mejorar u optimizar, se encuentra 
entre las categorías de actividades sujetas a autorización ambiental integrada del 
anexo I de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental 
de actividades en la Comunitat Valenciana, tanto en el caso de que sea una 
modificación considerada como sustancial como si es considerada no sustancial 
de acuerdo con la citada ley, se acuerda, por razón de interés público, la aplicación 
de  la  tramitación  de  urgencia  al  procedimiento,  reduciendo  los  plazos 
administrativos  a  la  mitad,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  33  de  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones  públicas,  ordenando  asimismo  prioridad  en  su  despacho 
respecto a asuntos de homogénea naturaleza. Esta previsión será de aplicación 
tanto para el procedimiento sustantivo como para los actos de trámite preceptivos.
c)  En el caso que la actividad que se pretenda ampliar, mejorar u optimizar, 
no  se  encuentre  entre  las  categorías  de  actividades  sujetas  a  autorización 
ambiental integrada del anexo I de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, 
calidad  y  control  ambiental  de  actividades  en  la  Comunitat  Valenciana,  el 
instrumento de intervención ambiental será la declaración responsable. Igualmente 
se  acuerda,  por  razón  de  interés  público,  la  aplicación  de  la  tramitación  de 
urgencia  al  procedimiento,  reduciendo  los  plazos  administrativos  a  la  mitad, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ordenando  e.
asimismo prioridad en su despacho respecto a asuntos de homogénea naturaleza.  w.b
Esta previsión será de aplicación tanto para el procedimiento sustantivo como para  59ww
los adc) tosP daera t rláam eitjee cpurceicóenp tdiveo sn uoe avuatso riinzfaraceiosntreusc stuercatso rciaolens c.argo a los fondos de
dreecboenrsátnru ecsctióanr  cConOteVmIDp-l1a9d,a ss eerná  lopsre ocbejpettiivvoo sq dueel  Psela ntr aintete gdrea l idnes tarelascidiounoess d eq ulae 
Comunitat Valenciana y prioritariamente en cuanto a la valorización de la fracción
orgánica para el caso de los residuos domésticos. A tal efecto, se deberá incluir de 
manera previa la referida infraestructura en el proyecto de gestión de residuos 
domésticos del consorcio o entidad local responsable, o bien tramitar un proyecto 
de gestión de residuos para la instalación de que se trate, de acuerdo a las 
previsiones del Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana. En cuanto al 
procedimiento de tramitación del instrumento de intervención ambiental, para las 
nuevas infraestructuras, serán de aplicación las mismas prescripciones que para 
las instalaciones existentes que se han descrito en los apartados anteriores.
e)  La entidad local responsable de los servicios de valorización de residuos 
domésticos podrá acordar mediante convenio con la Generalitat Valenciana la 
ejecución de las obras, a través de medio propio de esta, de acuerdo a las 
previsiones de los artículos 6 y 8 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de 
residuos de la Comunidad Valenciana.
f)  Para la ejecución de las obras e instalaciones, la entidad local responsable 
de  los  servicios  de  valorización  de  residuos  domésticos  deberá  aprobar  el 
correspondiente proyecto de ejecución de obras y se tramitará mediante una 
declaración responsable ante la autoridad municipal competente. Asimismo, se 
deberá abonar en el ayuntamiento el correspondiente impuesto de construcción y 
obras, sin más trámite, pudiendo iniciarse las obras una vez cumplidos los trámites 
expuestos en el presente apartado.
g)  La entidad local titular de instalaciones preexistentes de valorización de 
residuos ganaderos o agroganaderos podrá acordar mediante convenio con la 
Generalitat Valenciana la ejecución de las obras, a través de medio propio de esta, 
de acuerdo a las previsiones de los artículos 6 y 8 de la Ley 10/2000, de 12 de 
diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana.
h)  No se contemplan en la financiación europea para la reconstrucción por la 
crisis sanitaria de la COVID-19 la ejecución de vertederos de gestión de rechazos 
de ningún tipo.
i)  En cuanto a la ejecución de los proyectos de mejora de los servicios de 
valorización  de  residuos  domésticos  con  financiación  europea  para  la 
reconstrucción por la crisis sanitaria de la COVID-19, no serán de aplicación las 
disposiciones de igual o inferior rango normativo que se opongan o contradigan la 
presente.
Disposición adicional octava.  Aportaciones económicas de las entidades locales 
integrantes de los consorcios de residuos de la Comunitat Valenciana para el 
periodo 2021-2027 con el objetivo de poder ejecutar adecuadamente las obras 
necesarias con cargo a los fondos europeos o fondos de reconstrucción pos-
COVID-19.
1.  Los entes locales consorciados deberán consignar en sus presupuestos 
las cantidades necesarias para atender en los sucesivos ejercicios económicos las 
obligaciones derivadas de los compromisos contraídos con los consorcios de 
residuos a los que pertenezcan.
2.  Las aportaciones de los entes locales consorciados a los consorcios de 
residuos, tienen la consideración de pagos obligatorios y preferentes para las 
entidades consorciadas. La misma consideración tendrán las aportaciones que 
deban hacer los entes locales consorciados como consecuencia de que hayan 
establecido que la mejor opción técnica y económica sean las aportaciones, en  e.
sustitución de la tasa supramunicipal, tal como indica el decreto de aprobación del  w.b
Plan  integral  de  residuos  de  la  Comunidad  Valenciana.  El  ingreso  de  tales  59ww
aapcuoertradcoiosn aedso pstea dreoas lipzoarr ála sd eju nlat afso rgmean eyr aelens  ldoes  lpolsa zcoosn sqoureci osse. determinen en los
por 3e.l  eUntnea  lovceazl  tcraonnsscourcrriaiddoo  ello  phlaazyoa  ehsetcahbole ceifdeoc tpivaor,a  peafreac tluaa cr oebl raabnozan od esi ne sqtuaes 
aportaciones los consorcios de residuos ostentarán las prerrogativas establecidas
legalmente para la hacienda del Estado, y actuarán, en su caso, conforme a los 
procedimientos  administrativos  correspondientes.  Si  así  lo  deciden  las  juntas 
generales de los consorcios, se podrán imponer recargos e intereses de demora 
sobre las aportaciones de los entes locales consorciados no ingresadas dentro de 
los plazos establecidos, todo ello para garantizar la sostenibilidad financiera de los 
consorcios.
4.  Las  aportaciones  económicas  de  ámbito  local,  a  los  consorcios  de 
residuos, vencidas, líquidas y exigibles podrán ser objeto de retención, una vez 
transcurrido el plazo de pago previsto en los acuerdos de las juntas generales, 
respecto de las que tengan pendientes de percibir de la Generalitat o de las 
diputaciones  provinciales.  A  tal  efecto  las  presidencias  de  los  consorcios 
realizarán  la  previa  solicitud,  con  audiencia  previa  al  ente  local  consorciado 
afectado.»
Sección Tercera. Saneamiento de aguas residuales e infraestructuras de recursos 
hidráulicos
Artículo 91.
Se modifica el artículo 2 y se añade una nueva disposición adicional tercera a la 
Ley 2/1992, de 26 de marzo, de Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunitat 
Valenciana, con la siguiente redacción:
«Artículo 2.  Interés comunitario.
1.  Son de interés comunitario la planificación, la construcción, la gestión y la 
explotación de las obras e instalaciones a que se refiere el artículo 1.
2.  Las obras hidráulicas de interés comunitario y las obras y actuaciones 
hidráulicas de ámbito supramunicipal, incluidas en la planificación hidrológica, así 
como su gestión y explotación, no estarán sujetas a licencia ni a cualquier acto de 
control preventivo municipal a los que se refieren los artículos 84 y siguientes de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el párrafo b 
del apartado 1 del artículo 13 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, 
Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.
No obstante, el órgano que promueva la actuación establecerá un trámite de 
audiencia previo a las entidades locales afectadas por la propuesta de proyecto de 
ejecución de las obras de interés comunitario y supramunicipal y, en su caso, a los 
efectos pertinentes en la adaptación del planeamiento urbanístico.
3.  La aprobación de la planificación, la construcción de las obras hidráulicas 
y, en su caso, de la explotación de las actuaciones de interés comunitario se 
someterán al procedimiento de evaluación ambiental de acuerdo con la legislación 
vigente,  debiéndose  aprobar  el  proyecto  definitivo  que  recoja  las  exigencias 
ambientales correspondientes por el órgano que promueva la actuación.»
«Disposición adicional tercera.  Del plazo de duración de los convenios.
Los  convenios,  entendidos  como  los  instrumentos  de  formalización  de  la 
actividad convencional de la Generalitat con otras administraciones que tengan 
por  objeto  la  amortización  de  infraestructuras  hidráulicas  relacionadas  con  el  s
objeto de esta Ley, así como aquellos cuyo objeto sea el abastecimiento o la  o
reutilización  de  las  aguas;  podrán  prever  un  plazo  determinado  de  duración  w.
asuctpuearcioior nae s cau adtersoa raroñlolasr,  aes í ilnof eerxioijar .»a  veinticinco,  cuando  la  naturaleza  de  las  2021-1859n https://ww
Artículo 92.
Se modifica el punto 1 de la disposición adicional única a la Ley 8/2010, de 23 de 
junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, que queda redactada con el siguiente 
texto:
«1.  Se mantiene vigente la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos 
creada  por  la  Ley  2/2001,  de  11  de  mayo,  de  creación  y  gestión  de  áreas 
metropolitanas en la Comunitat Valenciana, en el área territorial integrada por los 
municipios de Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alcàsser, 
Aldaia, Alfafar, Alfara del Patriarca, Almàssera, Benetússer, Beniparrell, Bonrepòs i 
Mirambell, Burjassot, Catarroja, Emperador, Foios, Godella, Llocnou de la Corona, 
Manises, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, Moncada, 
Montserrat, Montroy, Museros, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, La Pobla de 
Farnals,  Puçol,  El  Puig  de  Santa  María,  Quart  de  Poblet,  Rafelbunyol,  Real, 
Rocafort, San Antonio de Benagéber, Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Torrent, 
València, Vinalesa y Xirivella.»
Sección cuarta. Pesca
Artículo 93.
Se modifican el artículo 5, el artículo 16, apartado 4, se añade un apartado 3 al 
artículo  45,  se  añade  una  letra  f)  bis  al  apartado  2  del  artículo  79,  refunden  los 
artículos 87 y 88, dejando sin contenido el artículo 88 y se modifica el apartado 2 de la 
Disposición Transitoria Segunda de la Ley 5/2017, de 10 de febrero, de pesca marítima y 
acuicultura de la Comunitat Valenciana, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 5.  Régimen general.
La  pesca  en  las  aguas  marítimas  interiores  del  litoral  de  la  Comunidad 
Valenciana se realizará de conformidad con la reglamentación de la pesca en el 
Mediterráneo adoptada por la Unión Europea que sea de aplicación, y con lo 
dispuesto  en  la  presente  Ley,  en  especial  en  este  título  II,  y  su  desarrollo 
reglamentario, y, en lo no previsto especialmente, de acuerdo con la regulación del 
régimen, condiciones y características que el Estado establezca para las aguas 
exteriores.»
«Artículo 16.  Reglamentación.
[...]
4.  Para  obstaculizar  la  venta  ilegal  de  pescado,  se  marcarán  todos  los 
ejemplares de las especies que figuran en el anexo 1 una vez capturadas durante 
la actividad de la pesca de recreo. La marca consistirá en un corte en la base de 
las dos aletas pectorales y en el lóbulo inferior de la aleta caudal, tal como se 
indica en el anexo 2, dichos cortes se realizarán en cuanto se haya capturado 
cada ejemplar. El marcaje no impedirá medir la talla total de la captura.»
«Artículo 45.  Comercialización.
1.  Sin  perjuicio  de  las  autorizaciones  o  concesiones  por  parte  de  las  o
autoridades competentes de conformidad con la normativa vigente, la conselleria  59www.
comap)e teAnuteto erinz amr atlear iaa dcteiv pideasdc a dmea ríptirmimae yra a cvueicnutaltu rean d elbaesr ál:onjas  o  en  otros
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ordenación del sector pesquero. Esta autorización será necesaria tanto para la 
directa explotación de la lonja por la administración portuaria como para su gestión 
por un tercero concesionario. En este último supuesto la autorización se instará 
con carácter posterior a la convocatoria del procedimiento de adjudicación del 
contrato de gestión, a tenor de lo dispuesto en los pliegos de prescripciones 
técnicas y económicas. Para la adjudicación tendrán prioridad tanto las cofradías 
de  pescadores  como  las  organizaciones  de  productores  de  pescado  y  otras 
organizaciones  representativas  del  sector  oficialmente  reconocidas.  La 
administración  portuaria  competente  comunicará  a  la  administración  pesquera 
autonómica la identidad del responsable de la explotación de la lonja pesquera de 
que se trate.
b)  Controlar la declaración de datos y resto de documentación requerida por 
la normativa vigente para la primera venta y el transporte.
c)  Velar  por  el  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  materia  de 
trazabilidad  y  etiquetado,  así  como  por  el  cumplimiento  de  las  normas  de 
ordenación pesquera vigentes, en particular las relativas a especies protegidas, 
vedadas y las referentes al tamaño mínimo establecido.
d)  El etiquetado podrá especificar la modalidad de pesca para diferenciar 
claramente las modalidades de pesca artesanal.
2.  Se prohíbe la comercialización de los productos extraídos en el ejercicio 
de la pesca marítima de recreo.
3.  Queda  prohibida  la  tenencia  injustificada,  transporte,  tránsito, 
almacenamiento, transformación, exposición y venta de productos pesqueros de 
cualquier origen y procedencia, que sean de talla o peso inferior a lo reglamentado 
en el ámbito internacional, comunitario, estatal y autonómico.»
«Artículo 79.  Infracciones graves.
Serán infracciones graves:
[...]
2.  En lo relativo a las especies:
a)  La  realización  de  cualquier  actividad  que  perjudique  la  gestión  y 
conservación  de  los  recursos,  así  como  de  las  actividades  subacuáticas  sin 
disponer de autorización en aquellas zonas en las que sea exigible conforme a la 
normativa vigente.
b)  La repoblación marina sin la correspondiente autorización o cuando se 
incumplan las condiciones establecidas en la misma.
c)  El  incumplimiento  grave  en  lo  relativo  a  la  tenencia,  transbordo, 
desembarque,  custodia  o  almacenamiento,  antes  de  su  primera  venta,  de 
especies pesqueras cuya procedencia no esté acreditada conforme a la normativa 
en vigor.
d)  El incumplimiento grave en lo relativo a la captura, tenencia, transbordo, 
desembarque,  custodia  o  almacenamiento,  antes  de  su  primera  venta,  de 
especies pesqueras sin contar con las autorizaciones necesarias o en condiciones 
distintas de las establecidas en las mismas.
e)  El incumplimiento grave en lo relativo a la captura, tenencia, transbordo,  e.e
desembarque,  custodia  o  almacenamiento,  antes  de  su  primera  venta,  de  b
especies pesqueras no autorizadas o de las que se hubieran agotado los totales  59ww
admfi)s ibElel si ndceu cmappltiumriaesn t(oT AgCra) voe c euno talos .relativo a la captura, tenencia, transbordo,
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cuando se superen los márgenes permitidos para determinadas especies.
f)  bis  El  incumplimiento  grave  en  lo  relativo  a  la  tenencia  injustificada, 
transporte,  tránsito,  almacenamiento,  transformación,  exposición  y  venta  de 
productos pesqueros de cualquier origen y procedencia, que sean de talla o peso 
inferior  a  lo  reglamentado  en  el  ámbito  internacional,  comunitario,  estatal  y 
autonómico.
g)  El incumplimiento de la normativa sobre topes máximos de captura o 
desembarque permitidos.»
«Artículo 87.  Reducción de la sanción pecuniaria en materia de pesca marítima y 
requisitos y efectos de dicha reducción pecuniaria.
1.  Los responsables de una infracción en materia de pesca, dispondrán de 
un plazo de veinte días hábiles para realizar el pago voluntario con reducción de la 
sanción pecuniaria de un 50% en los términos y condiciones siguientes:
a)  El pago voluntario realizado bajo las condiciones y plazos fijados en la 
presente ley, conllevará la reducción del 50 por ciento del importe de la multa 
impuesta  únicamente  en  aquellos  procedimientos  finalizados  conforme  a  lo 
dispuesto en el artículo 29.1 del Real Decreto 182/2015, de 13 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de procedimiento del régimen sancionador en 
materia de pesca marítima en aguas exteriores.
b)  El pago voluntario con reducción de la sanción pecuniaria será aplicable a 
las  multas  impuestas  por  infracciones  administrativas  en  materia  de  pesca 
marítima en aguas interiores de carácter leve o grave cuyo importe no supere 
los 15.000 euros.
c)  En el supuesto de procedimientos sancionadores seguidos por la comisión 
de más de una infracción, no será aplicable esta reducción a ninguna de las 
sanciones pecuniarias si la suma de las mismas supera los 20.000 euros.
d)  En ningún caso será aplicable esta reducción, cuando en la resolución 
sancionadora se hayan asignado puntos, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 88.  (Se deja sin contenido.)»
«Disposición transitoria segunda.  Zonas actualmente protegidas.
1.  Sin perjuicio de la adopción de las disposiciones o resoluciones necesarias 
para su mejor adecuación a lo dispuesto en el capítulo III del título II de la presente 
ley, se considerarán zonas protegidas de interés pesquero del litoral marítimo de la 
Comunitat Valenciana las zonas siguientes:
a)  La zona de reserva marina sobre las aguas próximas circundantes a la isla 
de Tabarca.
b)  La zona de reserva marina en el entorno del cabo de San Antonio.
c)  Las zonas declaradas por el Decreto 219/1997, de 12 de agosto, del 
Consell, por el que se declaran zonas protegidas de interés pesquero.
d)  Las zonas de los arrecifes artificiales autorizados en las aguas interiores 
de la Comunitat Valenciana en las que estén vigentes las medidas limitativas de la 
actividad pesquera.
e)  La zona de aguas interiores comprendida en la reserva natural marina de 
Irta (Decreto 108/2002, de 16 de julio, del Consell). e.
f)  Las zonas vedadas para el marisqueo en el marco de aplicación del Plan  w.b
de gestión del marisqueo de moluscos bivalvos. 59ww
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Sección quinta. Contaminación Acústica
Artículo 94.
Se añade una Disposición Adicional Cuarta en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de 
la  Generalitat  Valenciana,  de  Protección  contra  la  contaminación  acústica,  con  la 
siguiente redacción:
«Disposición adicional cuarta.  Normativa aplicable.
En la consideración de los límites establecidos para la protección acústica de 
conformidad  con  la  presente  ley  habrán  de  aplicarse  los  que  resulten  más 
exigentes en cualquier caso a la vista de la normativa básica y autonómica, salvo 
en  el  caso  de  los  que  resulten  de  aplicación  al  ruido  ocasionado  como 
consecuencia del funcionamiento de las infraestructuras de la competencia del 
Estado, al que se aplicará en cualquier caso lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, y la normativa reglamentaria estatal de desarrollo.»
Sección sexta. Gestión Forestal y prevención de incendios
Artículo 95.
Se añaden dos nuevos artículos 49 bis y 59 bis, y se modifican el artículo 57, el 
artículo 59, el artículo 62 y el artículo 75 de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana, que quedan redactados 
como sigue:
«Artículo 49 bis.
1.  Los terrenos forestales de titularidad privada se gestionan por su titular.
2.  En los términos previstos en la presente ley, son actuaciones de carácter 
obligatorio  para  los  titulares  de  terrenos  forestales  la  ejecución  de  obras  o 
cualquier otra actuación destinada al cumplimiento de los deberes establecidos en 
el artículo 49.2, especialmente las destinadas a la gestión forestal sostenible de 
sus  fincas  y  aprovechamientos,  y  la  adopción  de  medidas  en  materia  de 
prevención de incendios forestales.
La propiedad privada forestal tendrá que mantener su parcela en condiciones 
de seguridad, funcionalidad y aprovechamiento forestal, haciendo los trabajos y 
obras necesarias para conservar estas condiciones y/o uso efectivo.
3.  Los titulares de estos terrenos podrán ceder su gestión a personas físicas 
o jurídicas de derecho público o privado, a la conselleria competente en materia 
forestal e incluso a los ayuntamientos en los que se engloban sus fincas.
Los propietarios que lleven a cabo esta gestión tendrán que formalizar su 
relación en un contrato escrito, voluntario y debidamente documentado, utilizando 
para  ello  cualquier  fórmula  legalmente  admitida  en  derecho  que  garantice  el 
compromiso de las partes respecto a la gestión forestal conjunta y activa de las 
fincas objeto de la relación y que estipule las condiciones en las que se realizarán 
las acciones de gestión.
Cuando la titularidad de la propiedad fuera desconocida o el paradero de sus 
titulares fuera desconocido, el ayuntamiento podrá asumir con carácter fiduciario la  e.
gestión de la parcela hasta que sus propietarios comparezcan y acrediten la  w.
propiedad. 59ww
instr4u.m  eLnat og teésctnióicno  ddee  geesstotisó nm foonretessta ls aep raojubsatdaorá., si procede, al correspondiente
5.  La administración fomentará la gestión conjunta de fincas particulares a 
través de ayuntamientos, dando apoyo técnico en la redacción de los instrumentos 
de gestión forestal necesarios.
6.  La  administración  priorizará  la  gestión  forestal  conjunta  de  predios 
colindantes  pertenecientes  a  diferentes  propietarios,  especialmente  en  las 
situaciones en las que, al menos, uno de ellos tenga una superficie inferior a la 
superficie administrativa mínima.
7.  La  conselleria  competente  en  materia  forestal  creará  un  registro  de 
naturaleza administrativa y carácter público, en el que podrán inscribirse todas las 
empresas que hagan trabajos o aprovechamientos forestales en los montes y 
terrenos forestales de la Comunitat Valenciana, que se actualizará en el momento 
que se presente una nueva solicitud de inclusión. Esta lista se podrá utilizar para 
elegir empresas adjudicatarias de contratos menores, en caso de adjudicación de 
contratos por tramitación urgente de expedientes, o tramitación de emergencia, así 
como para realizar las invitaciones en procedimientos negociados, en los casos en 
que la legislación de contratos lo permita. También podrá ser utilizada por los 
ayuntamientos para la ejecución de obras y trabajos de naturaleza forestal.»
«Artículo 59 bis.
1.  EL  acceso  público  a  los  montes  será  objeto  de  regulación  por  las 
administraciones públicas competentes.
2.  Reglamentariamente se definirán las condiciones en que se permite la 
circulación de vehículos de motor por pistas forestales.
3.  En ningún caso podrá limitarse la circulación en las servidumbres de paso 
para  la  gestión  agroforestal  y  las  labores  de  vigilancia,  de  prevención  y  de 
extinción de incendios de las administraciones públicas competentes.
4.  El  acceso  al  monte  o  a  terrenos  forestales  de  personas  ajenas  a  la 
vigilancia, prevención, extinción y gestión agroforestal podrá limitarse, por las 
administraciones con competencias en la materia, en las zonas de alto riesgo de 
incendio o cuando el riesgo de incendio forestal así lo aconseje, haciéndose 
público este extremo.
5.  La conselleria competente en prevención de incendios forestales, con el fin 
de  no  crear  discontinuidades  constructivas,  podrá  ejecutar  obras  de 
acondicionamiento,  mejora  y  mantenimiento  de  pistas  forestales  que  no 
transcurran íntegramente por montes de utilidad pública o montes gestionados por 
la Generalitat, siempre que la titularidad de la pista forestal o camino rural sea 
pública, transcurra en una longitud superior al 70 % por terreno forestal y que esta 
pista forestal se encuentre incluida en alguno de los instrumentos de planificación 
de  infraestructuras  de  prevención  de  incendios  forestales  aprobados  por  la 
conselleria competente en prevención de incendios forestales.»
«Artículo 57.
1.  A  los  efectos  de  prevención  de  incendios  forestales,  la  superficie 
constituida por la franja circundante a los terrenos forestales, que tendrá una 
anchura de hasta 500 metros, se denominará en adelante Zona de Influencia 
Forestal.
2.  Queda prohibido encender fuego en terrenos forestales y en la Zona de  es
Influencia Forestal, fuera de los supuestos expresamente previstos o autorizados  bo
reglamentariamente y con arreglo a la presente ley, así como arrojar o abandonar  59ww
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forestales y Zona de Influencia Forestal, como las prohibiciones que resulten 
necesarias.
4.  Reglamentariamente se determinarán los usos y actividades sometidos a 
autorización  administrativa  previa  o  declaración  responsable,  así  como  las 
condiciones de excepción, los períodos de riesgo, los sistemas y precauciones 
exigidos para hacer uso del fuego en terrenos forestales y en la Zona de Influencia 
Forestal, por cuanto puedan afectar al riesgo de incendio.
5.  La autorización administrativa referida en el párrafo anterior se otorgará 
conforme al procedimiento que reglamentariamente se establezca e impondrá las 
condiciones que se consideren necesarias para el ejercicio de la actividad. Esta 
autorización administrativa se podrá sustituir por una declaración responsable en 
los casos que reglamentariamente así se determine.»
«Artículo 59.
1.  Los  terrenos  forestales  que  hayan  sufrido  los  efectos  de  un  incendio 
quedan sujetos a las prohibiciones de clasificación o reclasificación urbanística 
preceptuadas en la normativa reguladora del suelo no urbanizable.
2.  Los terrenos forestales que hayan sufrido los efectos de un incendio no se 
podrán  destinar  al  pastoreo  en  los  cinco  años  siguientes;  tampoco  podrán 
dedicarse o transformarse en suelos agrícolas hasta transcurridos, al menos, 
veinte años, ni a  actividades  extractivas hasta transcurridos diez años, salvo 
autorización expresa y motivada de la administración forestal, previo informe de la 
Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana.
3.  Al objeto de lo previsto en el presente artículo, se crea, quedando adscrito 
a la conselleria competente en prevención de incendios forestales, el Registro de 
Terrenos Forestales Incendiados en el que se inscribirán, con el suficiente detalle, 
las superficies y perímetro de los montes siniestrados. Este Registro tendrá el 
carácter de público. En todo caso, las Administraciones competentes deberán 
solicitar certificación del mismo antes de realizar o autorizar cualquiera de las 
actuaciones previstas en este artículo.
4.  Los  terrenos  forestales  incendiados  deberán  ser  restaurados,  por  sus 
propietarios  directamente  o  en  la  forma  y  condiciones  que  se  establezcan, 
restaurándose  la  cubierta  vegetal  cuando  no  sea  previsible  su  regeneración 
natural  a  medio  plazo.  Reglamentariamente  se  establecerá  un  Protocolo  de 
actuaciones de restauración ambiental post-incendio, que será de aplicación en 
los terrenos forestales que sufran incendios mayores de cien hectáreas, salvo que 
estudios  de  mayor  detalle  derivados  de  la  normativa  sectorial  de  incendios 
establezcan su necesidad de aplicación en incendios de menor superficie.»
«Artículo 62.
1.  La administración forestal emitirá informe preceptivo previo a la aprobación 
de  cualquier  instrumento  de  planificación  que  afecte  a  montes  o  terrenos 
forestales, y a la autorización administrativa que corresponda sobre cualquier 
proyecto o actuación pública o privada que tenga por objeto la ejecución de 
proyectos  o  la  realización  de  obras  o  instalaciones  que  afecten  a  montes  o 
terrenos forestales, salvo que los instrumentos de planificación o la obra, proyecto 
o  actuación  se  encuentren  sometidos,  según  la  normativa  vigente  en  cada  es
momento, al procedimiento de estimación o evaluación de impacto ambiental, y en  bo
este caso bastará este último. 59ww
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de prevención de incendios forestales aprobado por la administración competente.
Esta  declaración  responsable  tendrá  que  presentarla  el  promotor  de  la 
actuación y contendrá, al menos, la identificación en relación con la planificación 
aprobada, el tipo de actuación, así como la información suficiente respecto a 
ubicación, ámbito de actuación y fechas previstas de ejecución. Este trámite de 
declaración responsable se realizará ante la dirección territorial de la conselleria 
competente en materia de prevención de incendios forestales.
La conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales 
desarrollará y facilitará un modelo de declaración responsable.
Esta declaración responsable no exime de la obligación de obtener otras 
autorizaciones o permisos que puedan ser necesarios para otros departamentos o 
administraciones públicas por razón de la naturaleza o ubicación de la actuación.
Con el fin de garantizar la vigencia y utilidad del plan local de prevención de 
incendios  forestales,  una  vez  finalizados  los  trabajos,  el  promotor  habrá  de 
informar de las actuaciones realizadas en el municipio en el que se localizan.
Los  municipios  tendrán  que  remitir  a  la  dirección  general  competente  en 
prevención de incendios forestales, con carácter anual y antes del 31 de marzo de 
cada año, un informe sobre las actuaciones realizadas en materia de prevención 
de incendios forestales en su municipio, acompañado por cartografía digital y 
relacionándolo con el estado de desarrollo de su plan local de prevención de 
incendios.»
«Artículo 75.  Reparación del daño e indemnizaciones.
1.  Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso 
procedan, las infracciones previstas en esta ley llevarán aparejada, en todo caso y 
siempre que sea posible, la reparación del daño causado y la reposición de las 
cosas  a  su  estado  original,  en  la  forma  y  condiciones  fijadas  por  el  órgano 
competente  en  materia  sancionadora  o  restauradora.  Esta  obligación  es 
imprescriptible en el caso de daños al dominio público forestal.
2.  La  reparación  tendrá  como  objetivo  la  restauración  del  monte  o 
ecosistema  forestal  a  la  situación  previa  a  los  hechos  constitutivos  de  las 
infracciones previstas en esta ley. A los efectos de esta ley se entiende por 
restauración la vuelta del monte a su estado anterior al daño, y por reparación las 
medidas que se adoptan para lograr su restauración. El causante del daño vendrá 
obligado a indemnizar la parte de los daños que no puedan ser reparados, así 
como los perjuicios causados.
3.  Podrá requerirse asimismo indemnización en los casos en que el beneficio 
económico  del  infractor  sea  superior  a  la  máxima  sanción  prevista.  Esta 
indemnización será como máximo el doble de la cuantía de dicho beneficio y en el 
caso  de  montes  declarados  de  utilidad  pública  se  ingresará  en  el  fondo  de 
mejoras.
4.  Los  daños  ocasionados  al  monte  y  el  plazo  para  su  reparación  o 
restauración se determinarán según criterio técnico debidamente motivado en la 
resolución sancionadora o restauradora.
5.  En el caso de acciones u omisiones que puedan constituir infracciones a la 
normativa en materia de prevención de incendios forestales, y sin perjuicio de las 
sanciones y demás obligaciones que con arreglo a dicha normativa procedan, se 
podrán  repercutir  los  costes  derivados  de  la  movilización  de  los  recursos 
necesarios para atenderlas, tanto si han producido un incendio forestal como si no,  e.
en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Se deben entender incluidos  w.b
en este apartado los recursos movilizados para atender la sofocación de una  59ww
pquudeimenad oo  rdeep eurcnu tiinr cloesn dcioo stneos  fdoer elsotsa lr,e cauurnsqouse m noov ilaizfaedcotes , at otdeor reenlloo ss info rpeesrtjaulieciso, 
rdeeg lalamse nstaanricaimoneenste  qeul per oecne dicmaidean toc.aso  procedan,  para  lo  que  se  habilitará
6.  La  repercusión  de  costes,  a  través  de  la  indemnización  de  daños  y 
perjuicios  a  que  se  refieren  los  apartados  anteriores,  se  aplicará  de  forma 
ponderada en función de la gravedad de la infracción, la alarma social provocada, 
la cantidad de recursos movilizados, así como el riesgo que haya comportado para 
los recursos que han intervenido.»
CAPÍTULO IX
Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria de Política 
Territorial, Obras Públicas y Movilidad
Sección primera. Movilidad
Artículo 96.
Se  modifican  el  artículo  21,  apartado  2,  letra  b),  el  artículo  40,  se  añade  un 
apartado 5 al artículo 66, se modifican el artículo 72 y el artículo 80 y se añade una 
disposición final tercera, en la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad 
de la Comunitat Valenciana, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 21.  Transporte de viajeros.
[...]
2.  Los transportes de viajeros se clasifican en:
a)  Servicio  público  de  transporte,  entendido  como  tal  el  ofertado  a  la 
ciudadanía, de acuerdo con un calendario y horario previamente establecidos.
b)  Transportes públicos regulares de uso especial.
c)  Transporte discrecional de viajeros.
d)  Servicio de taxi prestado en turismos.
[...]»
«Artículo 40.  Transportes públicos regulares de uso especial.
1.  Tendrán  la  consideración  de  transportes  públicos  regulares  de  uso 
especial, a los que hace referencia el apartado 2.b del artículo 21, aquellos que 
suponiendo  una  oferta  permanente  de  transporte  se  ciñan  a  atender  las 
necesidades concretas de un colectivo determinado, homogéneo y específico de 
las  personas  usuarias,  caracterizado  porque  su  origen  o  destino  sea  un 
determinado servicio, centro de formación, ocio o trabajo, edificio o conjunto de 
edificios.  En  particular,  tendrán  tal  consideración  el  transporte  escolar, 
universitario,  laboral,  de  personas  usuarias  de  servicios  sociales  o  de  una 
determinada instalación de ocio, y similares.
2.  Los servicios de transporte público regular de viajeros de uso especial 
únicamente  podrán  prestarse  cuando  se  cuente  con  la  correspondiente 
autorización  especial  que  habilite  para  ello  otorgada  por  la  Administración 
competente.
3.  El otorgamiento de dicha autorización se llevará a cabo de conformidad 
con  lo  que  reglamentariamente  se  establezca  y  estará  supeditado  a  que  la 
empresa  transportista  haya  convenido  previamente  con  los  usuarios  o  sus  e.
representantes la realización del transporte a través del oportuno contrato. w.b
4.  Cuando el transporte sea contratado por alguno de los entes, organismos,  59ww
yto deon ticduaadnetso  qnuoe s feo remnacune pnatrrete p dreevl issetoc teonr  peúsbtali cLoe, ye yl  ceonn tlraast on odrembaesrá d aictetandearss ep, aeran 
psuú bdliecsoa.rrollo, a las reglas contenidas en la legislación sobre contratos del sector
5.  La autorización solo podrá ser otorgada a una persona, física o jurídica, 
que previamente sea titular de autorización para el transporte público de viajeros 
de  ámbito  suficiente,  obtenida  en  los  mismos  términos  establecidos  en  la 
legislación del Estado en la materia.
6.  Las autorizaciones para la realización de transportes regulares de uso 
especial se otorgarán por el plazo a que se refiera el contrato con los usuarios, sin 
perjuicio de que la Administración pueda exigir su visado con una determinada 
periodicidad a fin de constatar el mantenimiento de las condiciones que justificaron 
su otorgamiento.
7.  Los transportes a los que se refiere este artículo podrán realizarse, cuando 
resulten insuficientes los vehículos propios, utilizando los de otros transportistas 
que cuenten con la autorización de transporte público de viajeros referida en el 
apartado 5, de conformidad con lo que reglamentariamente se establezca.
8.  Excepcionalmente, en los servicios de transporte regular de uso especial 
contratados por la Administración de la Comunitat Valenciana que discurran por 
itinerarios con tráficos no atendidos por servicios regulares de uso general por no 
ser  viable  su  establecimiento  o,  aun  estando  dichos  tráficos  atendidos  por 
servicios  regulares  de  uso  general  no  estuviera  garantizada  una  adecuada 
prestación de estos servicios, se podrá autorizar a que dicho transporte de uso 
especial pueda también ser utilizado por otras personas usuarias en los términos 
que reglamentariamente se establezcan.»
«Artículo 66.  Proyecto básico y constructivo.
1.  Los  proyectos  básicos  y  de  construcción  de  las  infraestructuras  de 
transporte  se  formularán  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  su  caso  en  el 
correspondiente estudio informativo, y, su contenido obedecerá tanto a lo previsto 
en esta ley como a lo establecido en la normativa básica de contratación de las 
administraciones  públicas  a  fin  de  poder  formar  parte  del  correspondiente 
expediente de licitación y ejecución de las obras.
2.  Los proyectos básicos y constructivos podrán introducir variaciones no 
sustanciales en relación con el estudio informativo previamente aprobado, como 
consecuencia de la concreción de sus determinaciones con el nivel de precisión 
propio de un proyecto. En tales casos, el órgano administrativo encargado de la 
redacción  del  proyecto  instará  al  competente  en  la  formulación  del  estudio 
informativo para la convalidación de tales variaciones y, en su caso, para la 
correspondiente modificación de la resolución aprobatoria.
3.  La aprobación del correspondiente proyecto básico o del de construcción 
de las actuaciones reguladas por esta ley que requieran la utilización de nuevos 
terrenos, supondrá la declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad 
de ocupación y la declaración de urgencia de la misma, a los efectos de la 
expropiación forzosa de aquellos en los que deba construirse la línea, el tramo o el 
elemento de la infraestructura ferroviaria, o que sean necesarios para modificar las 
preexistentes, según lo previsto en la legislación expropiatoria.
4.  Cuando corresponda al administrador de la infraestructura la construcción 
de las infraestructuras ferroviarias, la potestad expropiatoria será ejercida por la 
administración de la Generalitat y el beneficiario de la expropiación será el propio 
administrador, que abonará el justiprecio de las expropiaciones.
5.  Las ejecución y conservación de las infraestructuras de transporte de  e.
titularidad pública, por constituir infraestructuras de interés comunitario, no estarán  w.b
sometidas a la obtención de licencia municipal, siempre que se refieran a obras  59ww
cuyoL atr ainyiecciatoc ioó nin dteer élsa sp úobblircaos  cyo mlap lpeutoe sstuap eenre  mela árcmhbai tod em duincihcaipsa li.nfraestructuras
adceobmereátne ns peor r cootrmasu naidcmadinaiss trparceiovniaems eon eten tiad aldoess .a»yuntamientos  afectados,  si  se
«Artículo 72.  Paradas de transporte público.
1.  Como regla general, y salvo acuerdo distinto entre partes, corresponde a 
la administración titular de la vía el acondicionamiento de las paradas, incluyendo 
sus accesos y conexiones con la red peatonal existente, así como las medidas de 
seguridad necesarias para el cruce de los viales en los que se ubiquen dichas 
paradas. Corresponde, por otra parte, a la administración titular del servicio de 
transporte la implantación y mantenimiento de marquesinas, postes, señales y los 
elementos de información al usuario.
2.  Las paradas se ejecutarán con lo que se prevé en la normativa aplicable en 
materia de accesibilidad universal al transporte público y en materia de accesibilidad al 
medio urbano. Contarán en todo caso con los elementos de protección climática, 
información y comodidad en la espera que faciliten el uso del transporte público a 
todas las personas, incluidas las que tengan movilidad reducida.
3.  Para la ubicación de las paradas, se atenderá a los siguientes criterios:
a)  Número  de  personas  usuarias  afectadas  y  centros  de  atracción  de 
demanda que afecte (centros sanitarios, educativos, de trabajo y otros centros de 
actividad).
b)  Incidencia en la prestación del servicio.
c)  Repercusión sobre la circulación urbana y la seguridad vial.
d)  Accesibilidad a otros modos de transporte, incluidos los urbanos.
4.  Cuando las paradas se ubiquen en plataformas o carriles reservados al 
transporte  público  de  frecuencia  elevada  de  paso,  su  diseño  permitirá  el 
adelantamiento  entre  diversas  unidades  para  permitir  un  elevado  nivel  de 
velocidad comercial y regularidad.
5.  En las poblaciones que dispongan de estación de viajeros establecida 
siguiendo lo dispuesto en los artículos 80 y 81 de la presente Ley, será preceptiva 
su utilización por las líneas de transporte interurbano. No obstante, la conselleria 
competente en materia de transporte podrá autorizar, alternativa o adicionalmente, 
otros lugares de parada diferentes en función de las características del servicio y 
las necesidades de movilidad de la ciudadanía.
6.  Lo establecido en este artículo se entiende referido también a los servicios 
de transporte de viajeros en vehículos de turismo.»
«Artículo 80.  Planificación.
1.  Los apeaderos, estaciones y terminales se diseñarán y explotarán bajo el 
principio general de permitir el acceso a los servicios de transporte en condiciones 
de calidad y seguridad, favorecer la intermodalidad mediante un adecuado acceso 
desde otros modos de transporte, el vehículo privado, a pie y en bicicleta, y 
facilitar en general a quienes los utilicen la espera, la información de los servicios y 
la adquisición de los títulos de transporte. Mediante su adecuado entronque con 
los tejidos urbanos a los que sirve y mediante el desarrollo de las funciones 
urbanas  en  su  interior  que  procedan,  constituirán  en  cada  caso  un  hito  de 
referencia básico en relación con los núcleos a los que sirvan.
Para  tener  la  consideración  de  estación  de  viajeros  deberá  contribuir  al 
desarrollo adecuado de la actividad de transporte de viajeros.
2.  Serán  criterios  básicos  de  diseño  de  los  elementos  antes  señalados  e.
facilitar el acceso y los intercambios entre modos, tener capacidad suficiente para  w.b
los flujos esperables, y tratar de minimizar los costes energéticos. En su diseño se  59ww
ainscíl uciroámno a qauqeulelollso ss eortvroicsio ss eervsiecniocsia loe se qpuairpaa mdaier nutons a dqeuceu caodnov seenrgvaic ieom apl lapzúabrl iceon, 
rael lmacaióyno rc noúnm lae raoc dcees pibeirlisdoanda sd ep olas iibnlset.alación y la posibilidad de atender desde ella
3.  El planeamiento urbanístico de los municipios establecerá, de manera 
concertada  con  la  conselleria  competente  en  materia  de  transportes,  las 
ubicaciones  idóneas  para  las  terminales  de  los  servicios  de  transporte  por 
carretera. Las terminales centrales de cada municipio se ubicarán preferentemente 
en los correspondientes centros urbanos, en localizaciones que permitan un rápido 
acceso a los servicios allí establecidos, la intermodalidad con el resto de servicios 
de transporte, la atención al mayor número posible de personas, y un acceso 
adecuado para los propios vehículos de transporte.
4.  La planificación y ejecución de los apeaderos, estaciones y terminales se 
ajustará  al  proceso  genérico  señalado  en  esta  ley  para  el  conjunto  de  las 
infraestructuras de transporte.
5.  La dimensión de los diversos elementos funcionales, edificatorios y de 
urbanización que los conformen se adecuará a las necesidades funcionales a 
satisfacer, sin perjuicio de las determinaciones que en tal sentido establezca el 
planeamiento urbanístico municipal.»
«Disposición  final  tercera.  Supletoriedad  de  la  legislación  estatal  para  los 
servicios públicos de transporte de viajeros por carretera y las estaciones y 
terminales de viajeros.
En  lo  no  previsto  en  la  presente  ley  o  en  las  normas  dictadas  para  su 
desarrollo será de aplicación supletoria a los servicios públicos de transporte de 
viajeros  por  carretera  y  las  estaciones  y  terminales  de  viajeros,  el  régimen 
establecido en la legislación estatal en la materia.»
Sección segunda. Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje
Artículo 97.
Se modifica la rúbrica de la sección II del libro II, título I, capítulo I; se modifican los 
apartados 4 y 5 del artículo 36 y se añaden nuevos apartados 6 y 7; se modifican los 
apartados 1 y 2 del artículo 70; se modifica el apartado 8 del artículo 72; se modifica el 
artículo 101; se modifica el apartado 3 del artículo 203, se modifican los apartados 3 y 4 
y se añade un nuevo apartado 5 al artículo 211 bis y se añade una disposición transitoria 
nueva de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, 
urbanismo y paisaje, que quedan con la redacción siguiente:
«Sección II. Actuaciones de transformación urbanística y de edificación y 
rehabilitación en suelo urbano»
«Artículo 36.  Red secundaria de dotaciones y estándares de calidad urbana.
[…]
4.  En suelo urbano, cuando la edificabilidad residencial media preexistente 
en la subzona de ordenación pormenorizada o en el área homogénea por usos y 
tipologías ya supere el metro cuadrado edificable por metro cuadrado de suelo, el 
nuevo planeamiento no podrá aumentar la edificabilidad residencial aplicable a 
cada parcela con respecto a las previsiones del planeamiento anterior.
No obstante, en actuaciones de dotación, rehabilitación, renovación o regeneración  es
urbana, por razones justificadas en la memoria de viabilidad económica y siempre que  bo
sea compatible con la racionalidad, la calidad y el paisaje de la ordenación urbana del  59ww
pámlanbeitoa meienn teol  aqnuteer iosre,  enp lalonst eseignu, iepnotedsrá t éirnmcirneomse:ntarse  la  edificabilidad  respecto  al
a)  En unidades de ejecución, el índice de edificabilidad bruta residencial de la
unidad  de  ejecución  no  podrá  superar  en  más  de  un  50  %  el  índice  de  Bc
edificabilidad bruta residencial de la subzona de ordenación o del área homogénea 
correspondiente, sin que en ningún caso pueda superar el máximo de dos metros 
cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo residencial.
b)  En parcelas urbanas o solares, el índice de edificabilidad neta residencial 
de la parcela no podrá superar en más de un 50 % el índice de edificabilidad neta 
residencial medio de las parcelas urbanas o solares ubicados en la subzona de 
ordenación o del área homogénea correspondiente.
c)  En los supuestos previstos en las dos letras anteriores, la densidad de 
viviendas  resultantes  no  podrá  superar  en  más  de  un  50  %  la  densidad  de 
viviendas media del ámbito de referencia utilizado, con el límite del duplo de la 
establecida en el apartado 3 de este artículo.
d)  El incremento de suelo dotacional público que exija un incremento de 
edificabilidad, se determinará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.3 
de esta ley y en su anexo IV, en lo relativo al cálculo del estándar dotacional 
global, y con carácter general se realizará en función de las necesidades del 
entorno con zonas verdes o equipamientos públicos en la proporción adecuada 
para atender las necesidades de la nueva ordenación.
5.  En  suelo  urbano,  para  los  usos  terciario  o  industrial  sometidos  a 
actuaciones de dotación, rehabilitación, renovación o regeneración urbana, por 
razones justificadas en la memoria de viabilidad económica y siempre que sea 
compatible con la racionalidad, la calidad y el paisaje de la ordenación urbana del 
ámbito en el que se planteen, podrá incrementarse la edificabilidad atribuida al 
planeamiento  anterior  al  suelo  objeto  de  modificación  en  los  términos  que 
reglamentariamente se establezcan, sin que en ningún caso se pueda superar el 
duplo del índice medio de edificabilidad neta de estos usos en parcelas urbanas o 
solares  ubicados  en  la  subzona  de  ordenación  o  del  área  homogénea 
correspondiente, o de dos metros cuadrados de techo por metro cuadrado de 
suelo de índice de edificabilidad bruta de estos usos en unidades de ejecución.
El  incremento  de  suelo  dotacional  público  que  exija  el  incremento  de 
edificabilidad se determinará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.3 
de esta ley y en su anexo IV, en lo relativo al cálculo del estándar dotacional 
global, y con carácter general se realizará en función de las necesidades del 
entorno con zonas verdes o equipamientos públicos en la proporción adecuada 
para atender las necesidades de la nueva ordenación.
6.  No obstante, en los ámbitos de referencia utilizados tanto para el uso 
residencial como el terciario o el industrial, cuando el estándar dotacional global en 
su  situación  de  origen  ya  fuera  superior  a  15  metros  cuadrados  de  suelo 
dotacional público por cada 100 metros cuadrados de techo, no será necesario el 
incremento de suelo dotacional público, siempre que se mantenga como mínimo el 
indicado estándar dotacional global.
7.  En los supuestos de los apartados anteriores, cuando sea imposible la 
cesión en terrenos en el propio ámbito de la actuación, las dotaciones públicas 
podrán  materializarse  mediante  la  cesión  en  superficie  edificada  de  valor 
equivalente,  que  se  integrará  en  complejos  inmobiliarios  definidos  en  la 
legislación estatal de suelo, o bien se compensarán económicamente. En este 
caso, el importe de la compensación tendrá como única finalidad la adquisición 
de suelo dotacional o la mejora de calidad urbana de los suelos dotacionales 
públicos existentes.» e.
«Artículo  70.  Actuaciones  de  transformación  urbanística  y  de  edificación  y 
rehabilitación en suelo urbano.
1.  En  los  términos  establecidos  por  la  legislación  estatal  de  suelo,  se 
entienden por actuaciones de transformación urbanística las siguientes:
a)  Las actuaciones de urbanización que incluyen:
1.º) Las actuaciones de reforma y regeneración urbana cuyas determinaciones 
tienen por objeto la mejora del medio urbano, la renovación y mejora de los 
equipamientos  y  demás  dotaciones  urbanísticas,  incluida  la  rehabilitación  o 
sustitución del patrimonio edificado, cuando existan situaciones de obsolescencia 
o vulnerabilidad de áreas urbanas delimitadas con esa finalidad.
Se considerarán actuaciones de regeneración urbana aquellas que incorporen 
medidas  sociales  y  económicas  enmarcadas  en  una  estrategia  administrativa 
globalizada.
La ordenación de estas actuaciones se llevará a cabo mediante la formulación 
de planes de reforma interior en los términos establecidos en el artículo 72 de esta 
ley y su gestión se desarrollará tomando en consideración el régimen aplicable a 
las actuaciones aisladas o integradas, tal como se regula en el citado artículo de la 
ley.
2.º)  Las actuaciones de renovación urbana tendrán por objeto la demolición y 
sustitución de la totalidad o de parte de las edificaciones preexistentes, cuando 
concurran circunstancias singulares de deterioro físico y ambiental que lo hagan 
necesario, sin perjuicio de satisfacer cualesquiera actuaciones de rehabilitación de 
edificios o la mejora del medio urbano contempladas en este artículo.
La ordenación de estas actuaciones se llevará a cabo mediante la formulación 
de planes de reforma interior en los términos establecidos en el artículo 72 de esta 
ley, y la gestión se desarrollará mediante la delimitación de unidades de ejecución 
en régimen de actuaciones integradas, en virtud de lo establecido en esta ley.
b)  Las actuaciones de dotación cuyas determinaciones tienen por objeto 
prever los suelos dotacionales y el porcentaje público de plusvalías que se deriven 
de la atribución de un incremento de aprovechamiento consistente en un aumento 
de edificabilidad, de densidad o de un cambio de uso de diferente rentabilidad 
económica asignado sobre el otorgado por el planeamiento anterior, atribuido a 
parcelas concretas localizadas en una zona o subzona de suelo urbano, sin que la 
actuación requiera la reforma o renovación de la urbanización preexistente. El 
desarrollo  de  estas  actuaciones  se  llevará  a  cabo  mediante  el  régimen  de 
actuaciones aisladas, salvo en el supuesto que afectara a varios propietarios y se 
requiriera la ejecución de nuevas obras de urbanización, en cuyo caso se podrán 
gestionar en régimen de actuaciones integradas.
2.  Se entienden como actuaciones de edificación o de rehabilitación aquellas 
que tienen por objeto la edificación o la rehabilitación de edificios, incluidas sus 
instalaciones, sus espacios privativos vinculados y, en su caso, el suelo dotacional 
público necesario para otorgarles la condición de solar. El desarrollo de estas 
actuaciones se llevará a cabo en régimen de actuaciones aisladas.
[…]»
«Artículo 72.  Planes de reforma interior de las actuaciones de renovación y  b
regeneración urbana. 59ww
urba[8…n. o] Ldae sotibntaednocsió na ld euls sou edloot accoiorrneaslp opnúdbileicnote,  aas aí cctuoamcoio nlae s fianiasnlacdiaacsi óenn  dseu elloa   OE-A-2021-18able en https://
ejecución de las reservas dotacionales destinadas a equipamientos públicos o de
los costes derivados de las obras de urbanización aisladas, sin perjuicio de las 
ayudas públicas aplicables, se podrán ejecutar con cargo a los incrementos de 
aprovechamiento  adicional  que  pudieran  atribuirse  con  ese  fin,  bien  en 
determinadas parcelas aisladas edificables o bien en los ámbitos correspondientes 
a aquellas unidades de ejecución urbanizadora localizadas en suelo urbano o en 
urbanizable o a aquellos complejos inmobiliarios que así se delimiten, en los 
términos establecidos en el plan de reforma interior o en el plan general, justificada 
en el resultado de la preceptiva memoria de viabilidad económica. En todo caso, 
este aprovechamiento adicional le corresponde a la administración con carácter 
fiduciario para satisfacer las finalidades señaladas.
[…]»
«Artículo 101.  Constitución de complejos inmobiliarios.
1.  El  planeamiento  podrá  prever  en  única  parcela  superficies  edificadas 
superpuestas tanto en la rasante como en el subsuelo o en el vuelo, destinadas a 
usos lucrativos privados y a usos de dominio público constituidos en complejo 
inmobiliario de carácter urbanístico, pudiendo establecerse tanto en edificaciones 
ya realizadas como en suelos no edificados, en los términos establecidos en la 
legislación estatal de suelo y cumpliendo los requisitos señalados en el apartado 3 
del anexo XIII de esta ley.
2.  En todo caso, la edificabilidad destinada a uso lucrativo privado computará 
a  efectos  de  la  determinación  de  los  estándares  de  la  red  secundaria  de 
dotaciones y de la calidad urbana en virtud de lo establecido en el artículo 36 de 
esta ley. En el supuesto contemplado en el apartado 5 de dicho artículo, se podrá 
sustituir la cesión de suelo dotacional por la entrega de superficie edificada en los 
términos establecidos en el apartado 3 del anexo XIII de esta ley.»
«Artículo 203.  Régimen general de la declaración de interés comunitario.
[…]
3.  La autorización de usos y aprovechamientos en suelo no urbanizable 
mediante su declaración de interés comunitario requerirá la elaboración de un 
instrumento de paisaje, cuyo contenido se adaptará al tipo de actuación propuesta 
y al paisaje donde se ubica. Si, de acuerdo con la legislación ambiental, fuera 
necesaria la evaluación de impacto ambiental del proyecto, esta se realizará en la 
tramitación de la licencia sustantiva del proyecto que corresponda, de acuerdo con 
lo que establezca en su legislación sectorial. Además, en aquellos supuestos en 
que la actuación conlleve una mayor concentración de población, de vehículos 
pesados, con remolque, autocaravanas o similares, deberán efectuar un análisis 
de los efectos que generan y proponer soluciones que las mitiguen, mejorando la 
movilidad sostenible de la actuación con el entorno.
[…]»
«Artículo 211 bis.
3.  El  otorgamiento  de  la  licencia  quedará  sometido  al  régimen  general 
establecido en el artículo 201 de la presente ley.
4.  Precisará  informe  previo  y  vinculante  de  las  administraciones  con  s
competencias afectadas, el otorgamiento de licencia a edificaciones, respecto de  oe.
las cuales quepan acciones de restablecimiento de la legalidad urbanística, que se  w.
encuentren: 59ww
a)  Situadas  en  suelo  que  goce  de  cualquier  tipo  de  protección  por  sus
espebc) ialAesfe vcatalodraess  paomrb liiemnittaalceios.nes de uso específicas derivadas de la aplicación
de  la  normativa  sectorial  de  minas,  costas,  aguas,  riesgo  de  inundación  o
infraestructuras, o por la existencia de actividades implantadas legalmente o en 
proceso de legalización.
5.  El  acto  de  otorgamiento  de  estas  licencias  contendrá  el  conjunto  de 
condicionantes establecidos, que deberán verificarse por parte del ayuntamiento. 
Asimismo, el ayuntamiento comunicará a la Agencia Valenciana de Protección del 
Territorio  tanto  el  acto  de  otorgamiento  de  dichas  licencias  como  las 
correspondientes licencias de ocupación.»
Se crea una nueva disposición transitoria sobre Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje:
«1.  Durante  la  emergencia  sanitaria  derivada  de  la  pandemia  de  la 
COVID-19, las instalaciones de gestión de residuos domésticos e industriales han 
sido  declaradas  servicio  esencial  para  aquellas  personas  que  se  promuevan 
durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023, o bien que dispongan de financiación 
europea para la reconstrucción por la crisis sanitaria de la COVID-19 y que se 
asigne financiación europea para la mejora de los servicios de valorización de 
residuos  domésticos  o  residuos  asimilables.  Para  ello,  las  administraciones 
públicas vendrán facultadas a la ejecución directa de las obras de mejora y 
ampliación en las infraestructuras de servicio público básico esencial o servicio 
esencial, existentes o en proceso de construcción, del conjunto de instalaciones 
de la Comunitat Valenciana.
2.  La ejecución de las obras e instalación de ampliación y mejora dentro de la 
superficie  ya  autorizada  del  complejo  de  valorización,  una  vez  aprobado  el 
proyecto  de  ejecución  de  obras,  podrá  tramitarse  mediante  una  declaración 
responsable, conforme a lo establecido en el artículo 214 de esta ley, debiendo 
autoliquidar en el ayuntamiento el correspondiente impuesto de construcción y 
obras antes de iniciar las obras.
3.  La  ejecución  de  las  obras  e  instalaciones  de  nueva  construcción  se 
tramitarán conforme a lo establecido en el artículo 224 de esta ley.»
Artículo 98.
Se modifican los apartados 1 y 5 del artículo 17 y se añade una nueva disposición 
transitoria a la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje, y se modifica la disposición transitoria octava y se añade una nueva disposición 
adicional a la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la 
Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, que quedan 
con la redacción siguiente:
En la Ley 5/2014 de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje:
«Artículo  17.  Proyectos  de  inversiones  estratégicas  sostenibles.  Definición  y 
requisitos.
1.  Los proyectos de inversiones estratégicas sostenibles tienen por objeto la 
ordenación, gestión y desarrollo de intervenciones territoriales de interés general y 
estratégico, de relevancia supramunicipal, que así sean declaradas por el Consell. 
También  podrán  tener  esta  consideración  aquellas  actividades  legalmente  s
implantadas, pero cuyo carácter se hubiera planteado originariamente de modo  o
temporal, conlleven fijación o incremento del empleo y adopten soluciones que  w.
gaaprliacnatcicióenn  doe  msoelujocrieonn essu s ionstetegnraibcleiósn b eans aldaa isn ferane last rnuacttuurraale vzear.d [e.. .]del territorio y la  2021-1859n https://ww
5.  Debe justificarse la dificultad de llevar a cabo su desarrollo por alguno de 
los siguientes mecanismos:
a)  Los instrumentos de ordenación establecidos en la sección IV del capítulo 
III del título II,  libro 1, de esta  ley, por no  ser necesaria la previsión en su 
ordenación de suelos o dotaciones de destino público constituyentes de un tejido 
urbano propio de la trama de los polígonos industriales o terciarios, salvo los 
estrictamente precisos para garantizar su conexión con las redes generales, al 
vincularse la totalidad de su suelo al uso o actividad a la que se destina el 
proyecto de inversión estratégica sostenible.»
«Disposición transitoria nueva de la Ley 5/2014.
Las  instalaciones  ganaderas  avícolas  existentes  en  suelo  no  urbanizable 
común a la entrada en vigor de esta disposición y que no resulten plenamente 
ajustadas al planeamiento urbanístico podrán ser objeto de regularización por una 
sola vez, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:
1.  Que el linde de las instalaciones esté, al menos, a 200 metros del casco 
urbano.
2.  La regularización quedará ceñida a aquellas instalaciones que no cumplan 
con los parámetros del planeamiento urbanístico relativos a la altura, superficie y 
volumen  edificable  sobre  la  parcela,  en  particular,  ocupación  máxima  sobre 
parcela libre.
3.  La  instalación  deberá  contar  con  autorización  ambiental  integrada,  de 
forma  que  no  pueda  procederse  a  la  modificación  o  renovación  de  esta 
únicamente por razones de compatibilidad con el planeamiento municipal.
El procedimiento para la regularización seguirá los siguientes trámites:
1.  Se presentará ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud, en el 
plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta disposición, 
acompañada  de  un  proyecto  básico  que  incluya  las  medidas  correctoras  de 
carácter ambiental, paisajístico y de bienestar animal, cuando procedan.
2.  El ayuntamiento someterá la solicitud a información pública por el plazo de 
veinte días y recabará un informe de las administraciones cuyas competencias 
puedan resultar afectadas, por el mismo período.
3.  El expediente se elevará al órgano ambiental y territorial estratégico. Si 
este informa que puede producir efectos significativos sobre el medio ambiente, 
propondrá que sean corregidos mediante las oportunas medidas correctoras en el 
posterior procedimiento de modificación de la autorización ambiental integrada.
4.  El expediente se devolverá al ayuntamiento, quien dictará una resolución 
definitiva de regulación urbanística, acordando, en su caso, la remisión de las 
medidas correctoras a la autorización municipal integrada. Si la incorporación de 
estas medidas correctoras o las incluidas en el proyecto básico de regularización 
lo requiere, deberá presentarse el correspondiente proyecto de ejecución que 
desarrolle el proyecto básico y defina la actuación en su totalidad sin que en él se 
rebajen las condiciones referidas al proyecto básico.»
En la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, se modifica la disposición 
transitoria octava y se añade una nueva disposición adicional de la Ley 1/2019, de 5 de 
febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación 
del territorio, urbanismo y paisaje, que queda con la redacción siguiente:
«Disposición transitoria octava.  Pérdida de vigencia y cese en la producción de 
efectos de las memorias ambientales.
Las memorias ambientales emitidas al amparo de la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos 
que les son propios, si no se hubiera procedido a la aprobación del plan antes 
del 8 de febrero de 2022.
No obstante, las memorias ambientales también podrán perder su vigencia y 
cesarán en la producción de los efectos que les son propios, si su contenido entra 
en  conflicto  con  alguna  norma  ambiental  o  territorial  que  pudiera  aprobarse 
durante su vigencia y no fuera posible su mero ajuste.»
Se añade la disposición adicional nueva a la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de 
modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje de la Comunitat Valenciana, con la redacción siguiente:
«Disposición adicional nueva.  Tramitación de los instrumentos y modificaciones 
de planeamiento tras la pérdida de vigencia de pronunciamientos ambientales.
1.  A  los  efectos  de  esta  disposición  adicional,  son  pronunciamientos 
ambientales las memorias aprobadas al amparo de la Ley 9/2006, de evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas, así como las declaraciones 
ambientales y territoriales estratégicas aprobadas al amparo de la Ley 5/2014 de 
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.
2.  La caducidad o pérdida de vigencia de los pronunciamientos ambientales 
indicados en el apartado anterior implicará la suspensión de la tramitación de los 
expedientes de planificación correspondiente. No obstante, se podrá reanudar la 
tramitación del expediente hasta su aprobación definitiva si, en un plazo inferior a 
un año desde la fecha de caducidad o pérdida de vigencia del pronunciamiento 
ambiental, la parte promotora del plan presenta una nueva solicitud de evaluación 
ambiental  y  obtiene  posteriormente  un  nuevo  pronunciamiento  del  órgano 
competente.
3.  Superado  un  año  desde  la  caducidad  o  pérdida  de  vigencia  del 
pronunciamiento ambiental sin que la parte promotora del plan hubiera aportado 
una nueva solicitud de evaluación ambiental, se procederá a dictar resolución de 
archivo definitivo del expediente.
4.  Para poder realizar una nueva solicitud de evaluación ambiental y obtener 
un nuevo pronunciamiento ambiental, la parte promotora del plan deberá:
a)  Elaborar un nuevo expediente que contendrá el texto refundido del plan 
que  se  pretenda  aprobar  con  todos  los  documentos  adjuntos  que  resulten 
legalmente exigibles y todos los informes sectoriales, urbanísticos y ambientales 
recibidos anteriormente ordenados.
b)  Exponer públicamente el nuevo expediente, con toda la documentación  e.
adjunta, a que se refiere la letra a, durante un plazo mínimo de 45 días hábiles.  w.b
Durante dicho periodo, solicitará a las administraciones afectadas que ratifiquen o  59ww
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tramitado.
c)  Aprobar provisionalmente la nueva propuesta de plan y de los documentos 
adjuntos, una vez introducidas aquellas modificaciones exigibles de acuerdo con el 
resultado de las nuevas consultas y alegaciones.
d)  Realizar  la  solicitud  de  evaluación  ambiental  y  remitir  el  documento 
aprobado  al  órgano  ambiental  competente  para  que  emita  un  nuevo 
pronunciamiento ambiental.
5.  El órgano ambiental, de forma razonada y tomando en consideración la 
documentación obrante en el expediente en el momento procesal descrito en la 
letra d del apartado 4, deberá decidir si el documento de alcance emitido en su 
momento sigue cumpliendo su función y permite una evaluación ambiental con 
todas las garantías, o si de lo actuado se deduce la necesidad inevitable de emitir 
un nuevo documento de alcance de los regulados en la letra a del apartado 2 del 
artículo 51 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo 
y paisaje de la Comunitat Valenciana, a los efectos de redactar y exponer una 
nueva propuesta de planeamiento, todo ello con el fin de dar cumplimiento al 
artículo  27.3,  in  fine,  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación 
ambiental.
6.  Desde el punto de vista estrictamente urbanístico, al instrumento tramitado 
le continuará resultando de aplicación la legislación vigente en el momento de su 
exposición pública inicial, resultando únicamente obligatoria la adaptación a la 
normativa  vigente  en  la  actualidad  en  los  términos  y  condiciones  ordinarios 
establecidos por las disposiciones transitorias de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana.
7.  Desde el punto de vista de los condicionantes ambientales, territoriales y 
sectoriales, se aplicará la normativa vigente en el momento de la exposición 
pública contemplada en la letra b del apartado 4 de esta disposición adicional de 
acuerdo con las disposiciones transitorias de las respectivas normas de aplicación, 
lo cual ha de reflejarse en los informes de ratificación o complemento que se 
emitan, y en el nuevo pronunciamiento ambiental.
8.  Si  el  pronunciamiento  ambiental  emitido  como  consecuencia  de  la 
reanudación del procedimiento, según lo dispuesto en la presente disposición 
adicional, perdiera su vigencia, se procederá al archivo definitivo del expediente de 
planificación.
9.  El procedimiento regulado en esta disposición adicional será de aplicación 
una vez agotados los plazos establecidos en la disposición transitoria octava de 
esta ley y en la disposición transitoria única de la Ley 3/2020, de medidas fiscales, 
de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat.»
Artículo 99.
En la Ley 5/2014, anexo IV, apartado III, se modifican los apartados 4.4, 5.4 y 6.2, 
que quedan redactados como sigue:
«ANEXO IV
Apartado III.
[…] s
4.4  La  reserva  de  plazas  de  aparcamiento  diferenciará  entre  plazas  de  oe.
aparcamiento privadas, situadas en el interior de las parcelas privadas, y plazas  w.
de  aparcamiento  públicas,  dispuestas  en  los  viales  públicos  o  en  zonas  59ww
ecospmeoc ífliacsa sp dúeb liacpaas rcpaomdrieánnt oe sptúabr licsoit.u aTdaansto  slaosb rpel aoz abs adjoe  arapsaarncatem. ieCnotno  pcraivráacdtaesr 
hgaebnietaranlt es ey  0re,2s5e rpvalarzáa su nd em aínpiamrcoa mdeie n0t,o5  dpel auzsaos  pdúeb liacpoa prcoarm hiaebnittoa npteri,v apduadsie npdoor   BOE-A-cable e
minorar justificadamente dicha reserva cuando la superficie correspondiente a esa 
disminución  se  destine  a  actuaciones  que  favorezcan  una  movilidad  más 
sostenible, una mayor superficie de infraestructuras verdes urbanas o un uso 
público más inclusivo y coherente con la red de espacios comunes definida en el 
anexo XII de esta ley. En cualquier caso, entre los criterios que justifiquen la 
reducción  de  dicha  reserva  se  deberá  garantizar  que  las  necesidades  de 
desplazamiento de la población afectada quedarán en cualquier caso satisfechas 
con otras alternativas de aparcamiento para medios de transporte no motorizados 
o con transporte público.
[…]
5.4  Con carácter general la reserva mínima de plazas de aparcamiento en 
parcela privada estará en función del uso concreto al que, en desarrollo del plan, 
se destinen las parcelas, conforme a los siguientes estándares:
a)  Para  usos  comerciales  o  recreativos,  una  plaza  por  cada  25  metros 
cuadrados construidos.
b)  Para  usos  hosteleros  y  similares,  una  plaza  por  cada  50  metros 
construidos.
c)  Para otros usos terciarios distintos a los anteriormente regulados, una 
plaza por cada 100 metros construidos.
d)  En complejos terciarios que ocupen manzanas completas, en los que no 
sea posible determinar de modo exacto las diferentes proporciones de usos, por 
tratarse de locales polivalentes, la reserva exigible será de una plaza por cada 40 
metros cuadrados construidos.
Se  podrá  minorar  justificadamente  dicha  reserva  cuando  la  superficie 
correspondiente a esa disminución se destine a actuaciones que favorezcan una 
movilidad más sostenible, una mayor superficie de infraestructuras verdes urbanas 
o un uso público más inclusivo y coherente con la red de espacios comunes 
definida en el anexo XII de esta ley. En cualquier caso, entre los criterios que 
justifiquen la reducción de dicha reserva se deberá garantizar que las necesidades 
de  desplazamiento  de  la  población  afectada  quedarán  en  cualquier  caso 
satisfechas con otras alternativas de aparcamiento para medios de transporte no 
motorizados o con transporte público.
[…]
6.2  Con  carácter  general  la  reserva  mínima  de  plazas  de  aparcamiento 
públicas  será  de  una  plaza  para  turismo  por  cada  200  metros  cuadrados,  o 
fracción, de edificabilidad industrial, y de una plaza para vehículos pesados por 
cada 1.500 metros cuadrados, o fracción, de edificabilidad industrial. La reserva 
mínima de plazas de aparcamiento en parcela privada será de una plaza por 
cada 100 metros cuadrados, o fracción, de edificabilidad industrial. Parte de la 
reserva  de  aparcamiento  para  vehículos  pesados  puede  establecerse, 
justificadamente, en parcela privada. Se podrá minorar justificadamente dicha 
reserva cuando la superficie correspondiente a esa disminución se destine a 
actuaciones que favorezcan una movilidad más sostenible, una mayor superficie 
de infraestructuras verdes urbanas o un uso público más inclusivo y coherente con 
la red de espacios comunes definida en el anexo XII de esta ley. En cualquier 
caso, entre los criterios que justifiquen la reducción de dicha reserva se deberá 
garantizar  que  las  necesidades  de  desplazamiento  de  la  población  afectada  e
quedarán en cualquier caso satisfechas con otras alternativas de aparcamiento  bo
para medios de transporte no motorizados o con transporte público.» 59ww
Sección tercera. Taxi
Artículo 100.
Se modifica el apartado 3 del artículo 7, el apartado 2 del artículo 9, el apartado 1 del 
artículo 13, los apartados 1 y 3 del artículo 14, y se añade una disposición adicional 
quinta en la ley 13/2017, de 8 de noviembre, de la Generalitat, del taxi, de la Comunitat 
Valenciana, con la redacción siguiente:
«Artículo 7.  Nuevas autorizaciones.
[...]
3.  A las nuevas autorizaciones se adscribirá un vehículo de hasta cuatro 
años de antigüedad.»
«Artículo 9.  Vigencia y suspensión de las autorizaciones.
[...]
2.  Se podrá solicitar la suspensión de la autorización por un plazo de dos 
años,  prorrogables  otros  dos  años,  si  se  acreditaran  causas  justificadas  de 
carácter personal que impidieran ejercer la actividad. En áreas o municipios de 
más de 50.000 habitantes, esta suspensión podrá serlo por un plazo de tres años, 
prorrogables otros tres años, si se acreditaran causas justificadas de carácter 
personal que impidieran ejercer la actividad.
[...]»
«Artículo 13.  Vehículos.
1.  Con  carácter  general,  el  transporte  público  de  taxi  se  realizará  con 
vehículos de entre cinco y siete plazas incluido el conductor, si bien podrá ser 
ampliable hasta nueve plazas en supuestos excepcionales.
Tanto en municipios como en áreas de prestación conjunta, situados en zonas 
rurales del interior, podrán autorizarse vehículos de hasta nueve plazas, siempre 
que concurran razones de interés público para ello. A los efectos de determinar el 
interés público, se valorará el nivel de oferta de transporte público colectivo de 
viajeros de que se disponga.
Asimismo, se autorizarán vehículos de hasta nueve plazas, incluido conductor 
y plaza o plazas adaptadas, en un municipio o área de prestación conjunta. Estos 
vehículos adaptados deberán ir identificados mediante los distintivos o anagramas 
en la forma que la conselleria o los ayuntamientos competentes regulen a tal 
efecto. La autorización administrativa para disponer de vehículos adaptados de 
nueve plazas adscritos a una determinada autorización de taxi comportará la 
obligada  adaptación  de,  al  menos,  una  plaza  para  personas  con  movilidad 
reducida para viajar en su propia silla de ruedas.
Artículo 14.  Antigüedad y sustitución de vehículos.
1.  La antigüedad de los vehículos de turismo que presten servicio de taxi no 
excederá,  con  carácter  general,  de  doce  años,  contados  desde  su  primera 
matriculación, u otra inferior que pueda establecer la conselleria o el ayuntamiento  es
competente. Podrá admitirse, salvo disposición en contrario, que los vehículos  o
eléctricos, híbridos, los que utilicen como fuente de energía el hidrógeno, los  59ww
pbqreaiuodrecau afcaírinbddiuamcor ieatsann, n tees usls   igplelaarnos   pdunienaa a tsru uiprlelaraodl,,p a peosul r ceegidnóaa nsnl  als isscue upqgaeuudreiioro   rppd raueelel s 1dpta0aen nt%rd óov,le  iaslooeja sryrv   cilcpooieomsr  sbhvouaensshattíiacsb u lleolcososs  n s1 ai4nmd taaéoñptviotcialosidd sado desy     OE-A-2021-18able en https://
antigüedad. En áreas o municipios de más de 200.000 habitantes o con más
de 200 taxis, la antigüedad máxima será de 10 años, o de 12 años para vehículos 
eléctricos, híbridos, los que utilicen como fuente de energía el hidrógeno, los 
biocarburantes en una proporción superior al 10 %, los combustibles sintéticos y 
parafínicos, el gas natural, el gas licuado del petróleo y los vehículos adaptados 
que admitan silla de ruedas en las que puedan viajar personas con movilidad 
reducida en su propia silla.
[...]
3.  La antigüedad de los vehículos que se adscriban a nuevas autorizaciones, 
o para la reactivación de las mismas, no será superior a cuatro años, u otra inferior 
que pueda establecerse por el Estado, conselleria o el ayuntamiento competente.»
«Disposición  transitoria  quinta.  Prórroga  de  antigüedad  de  los  vehículos 
adscritos a autorizaciones de taxi vigentes en 2020.
La  antigüedad  de  todos  los  vehículos  adscritos  a  autorizaciones  de  taxi 
vigentes durante 2020, se prorroga por un año más para todos los supuestos de 
antigüedad máxima contemplados en el artículo 14 de esta ley. Dicha prórroga 
únicamente podrá utilizarse en la primera sustitución de vehículo que realice su 
titular, no siendo de aplicación a siguientes sustituciones que puedan producirse 
en el futuro.»
CAPÍTULO X
Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria de 
Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática
Sección primera. Transparencia y Buen Gobierno
Artículo 101.
Se modifica el artículo 46 y se añade un nuevo artículo 46 bis en la Ley 2/2015, de 2 
de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana 
de la Comunitat Valenciana, con la siguiente redacción:
«Artículo 46.  Instrumentos de participación ciudadana.
1.  Los  instrumentos  de  participación  y  colaboración  ciudadanas  son  los 
mecanismos utilizados por la Generalitat para hacer efectiva la participación y 
colaboración de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin discriminación, en los 
asuntos públicos.
2.  La participación y colaboración ciudadanas se podrán hacer efectivas por 
medio de cualquier mecanismo que sirva para favorecer la implicación de la 
ciudadanía en los asuntos públicos y, especialmente, por medio del uso de las 
nuevas tecnologías.
A este efecto, la Generalitat:
a)  Promoverá el diálogo electrónico con los ciudadanos y las ciudadanas y 
participará en las redes sociales y otros instrumentos de comunicación social en 
internet.
b)  Promoverá  el  acceso  a  las  herramientas,  conocimientos  y  recursos  e.
tecnológicos necesarios para el desarrollo de este enfoque. w.b
c)  Escuchará  proactivamente,  tanto  por  los  canales  electrónicos  como  59ww
pteeleticfóionniceoss , cloans  ocpeilneiroidnaeds  dye  elofisc acciuiad ayd avnaolso rya rláa ss cuisu doapdiannioanse, sr eespno nlad etroám aa  sdues 
deciAsi oensetes. efecto, se podrá promover sobre determinadas actividades públicas,
cuando así se considere oportuno, la realización de encuestas.
d)  Promoverá la comunicación y la interacción con la ciudadanía a través de 
dispositivos  de  telecomunicaciones  móviles,  e  impulsará  la  utilización  en  sus 
relaciones con la administración.
3.  En  los  procesos  participativos  que  se  realicen  a  través  de  medios 
tecnológicos, con el fin de comprobar la identidad de las personas que participan, 
así como los diferentes requisitos de edad, vecindad administrativa o cualquier 
otro que se disponga en las disposiciones normativas, la ciudadanía prestará su 
autorización expresa a la Generalitat para la verificación de los datos requeridos.
4.  En las iniciativas de participación y colaboración ciudadana que afecten a 
los derechos de grupos con especial protección, se elegirá el instrumento de 
participación que resulte más adecuado para cada uno de ellos, y se pondrá a su 
disposición la información de apoyo en formato accesible.
Artículo 46 bis.  Órganos de participación ciudadana.
1.  La  Generalitat  y  su  sector  público  promoverán  la  participación  de  la 
ciudadanía a través de los órganos de participación ciudadana, que son los foros 
creados  para  la  consulta  o  cogestión  de  políticas  públicas.  En  su  creación 
garantizarán  una  presencia  mínima  del  40  %  de  mujeres,  así  como  una 
representación de la ciudadanía no inferior a un 60 % de la composición total del 
órgano en cuestión. La elección  de las  personas representantes se realizará 
mediante sistemas de elección democráticos y transparentes.
2.  Se creará un registro electrónico de órganos de participación ciudadana, 
gestionado  por  la  dirección  general  competente  en  materia  de  participación 
ciudadana.  El  registro  de  órganos  de  participación  se  desarrollará 
reglamentariamente.»
Sección segunda. Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con 
Cargos Públicos no Electos
Artículo 102.
Se modifican el artículo 3, el artículo 4, el artículo 7, el artículo 9, el artículo 10, el 
artículo 12, el artículo 13 y el artículo 17 de la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de la 
Generalitat, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos 
Públicos no Electos, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 3.  Régimen de dedicación.
1.  El ejercicio de un alto cargo, cuando sea con carácter remunerado, deberá 
desarrollarse en el régimen de dedicación absoluta y exclusiva. Es incompatible 
con el desarrollo, por sí mismo o mediante sustitución, de cualquier otro cargo, 
profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos 
mediante sueldo, arancel, participación o cualquier otra forma especial, con las 
excepciones establecidas en esta ley.
2.  De acuerdo con lo establecido en el punto 1 de este artículo, no podrá 
percibirse  más  de  una  retribución  con  cargo  a  los  presupuestos  de  las 
administraciones  públicas,  ni  de  los  organismos,  entidades  y  empresas 
dependientes o con cargo a los órganos institucionales. e.
Artículo 4.  Incompatibilidades directas o indirectas durante el mandato. 59ww
1.  Se declara incompatible cualquier percepción, indemnización por asistencia o
nreattruibruacleiózna  cduea lnodso a lletoss c coarrregsopso pnodra  fcoormn acra rpáacrtteer  dines tliotusc óiorngaaln oo sp acroale lgoisa dcousa leos d feu eortoran 
designados de acuerdo con el cargo que ocupan, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 sobre compatibilidades con el ejercicio del cargo.
2.  Durante su mandato o nombramiento, las personas con cargo público no 
podrán suscribir contratos por sí mismas o a través de sociedades o empresas 
participadas por ellas o sus familias hasta el tercer grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, directamente o indirectamente, que afecten el sector en el 
que presta servicios.
3.  Las personas sometidas a esta ley, durante el mandato, no podrán ser 
propietarias  por  sí  mismas  o  junto  al  o  a  la  cónyuge  o  pareja  de  hecho  o 
situaciones  de  análoga  convivencia,  descendientes  dependientes  o  personas 
tuteladas  o  a  través  de  persona  interpuesta,  de  participaciones  directas  o 
indirectas que superen el 10 % en empresas que tengan conciertos o contratos de 
cualquier naturaleza en el sector público o que sean subcontratistas de estas 
empresas  o  que  reciban  subvenciones  provenientes  del  sector  público,  o 
participaciones que, sin llegar al 10 %, supongan una posición en el capital social 
de  la  empresa  que  pueda  condicionar  de  forma  relevante  su  actuación.  Las 
mismas limitaciones y de la misma manera serán de aplicación a las personas con 
cargo público titulares de obligaciones de una sociedad mercantil.
4.  Se exceptúan del punto anterior las acciones o participaciones de las que 
la  persona  sea  propietaria  por  formar  parte  de  un  establecimiento  mercantil 
familiar y que hayan estado en su poder por lo menos los cinco años anteriores a 
su nombramiento o, si la transmisión se produce por causa de muerte, en un 
período inferior o durante el mismo mandato. En este caso, la persona afectada 
durante el mandato no podrá ejercer ningún cargo de gerencia o administración de 
la empresa, se limitará únicamente a mantenerse como propietaria de las acciones 
y estará sujeta a los deberes del artículo 6 y del apartado 2 de este artículo.
5.  No será de aplicación el punto 3 de este artículo a las cooperativas de 
trabajo asociado ni cooperativas agrícolas, de consumo o de aprovechamiento 
energético.»
«Artículo 7.  Compatibilidad.
1.  El  ejercicio  del  cargo  será  compatible  con  las  siguientes  actividades 
privadas, siempre que estas no comprometan la imparcialidad o independencia del 
cargo ni vayan en detrimento del estricto cumplimiento de los deberes públicos:
a)  La  participación  no  lucrativa  en  seminarios,  jornadas  o  conferencias 
organizadas  por  centros  oficiales  destinados  a  la  formación,  siempre  que  no 
tengan carácter permanente y que su participación se deba a la condición de 
cargo público o a su especialidad profesional.
b)  La  participación  no  lucrativa  en  medios  de  comunicación  y  difusión 
audiovisuales o escritos.
c)  La  producción  y  creación  literaria,  artística,  científica  o  técnica  y  las 
publicaciones derivadas de estas, siempre que no sean consecuencia de una 
relación laboral o de prestación de servicios o supongan merma en el estricto 
cumplimiento de los deberes públicos.
d)  Las derivadas de la simple administración de su patrimonio personal o 
familiar, con las limitaciones establecidas en el artículo 4.
e)  El ejercicio de actividades y cargos en partidos políticos, siempre que no  e
perciban ningún tipo de retribución por dicha participación. bo
f)  La participación en entidades sin ánimo de lucro, siempre que no perciban  59ww
uanbast ernectriióbnu cdieóln a rntií ceujleor z6a.n cargos directivos en estas y se cumpla el deber de
2.  El ejercicio de las funciones del cargo de las personas afectadas será 
compatible con las siguientes actividades públicas:
a)  El  ejercicio de los cargos que  les correspondan con carácter legal o 
institucional o para los cuales sean designadas por su condición.
b)  La representación de la administración de la Generalitat en los órganos 
colegiados  y  en  los  consejos  de  administración  u  órganos  de  gobierno  de 
organismos o empresas con capital público o de entidades u organismos de 
derecho público. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley no 
podrán  pertenecer  a  más  de  dos  consejos  de  administración  u  órganos  de 
gobierno de empresas o entidades, salvo que una norma lo establezca por razón 
del cargo o lo autorice de manera excepcional el Consell.
c)  La participación, en representación de la administración de la Generalitat, 
como miembros de instituciones, organismos y empresas públicas del Estado.
d)  La colaboración con fundaciones públicas.
e)  El  cumplimiento  de  misiones  temporales  de  representación  en 
organizaciones o conferencias nacionales e internacionales.
f)  Con la condición de miembro de corporaciones locales, siempre que no 
tenga dedicación exclusiva o parcial.
3.  Los y las miembros del Consell podrán compatibilizar su cargo con la 
condición de diputado o diputada de Les Corts, sin que se tenga derecho a 
ninguna retribución por dicha condición.
4.  Las personas sujetas a esta ley tendrán derecho a la percepción de gastos 
de locomoción o dietas por las actividades compatibles, con el límite previsto por 
la normativa aplicable al cargo público.»
«Artículo 9.  Registro de Control de Conflictos de Intereses.
1.  Se crea el Registro de Control de Conflictos de Intereses que incluirá los 
datos sobre actividades, bienes y patrimonio de las personas que ejerzan un cargo 
público conforme el artículo 2 de esta ley. Este registro será de acceso público.
2.  El  registro  estará  adscrito  a  la  conselleria  competente  en  materia  de 
transparencia.
Artículo 10.  Oficina de Control de Conflictos de Intereses.
1.  Se  crea  la  Oficina  de  Control  de  Conflictos  de  Intereses,  que  estará 
adscrita a la conselleria competente en materia de transparencia y gozará de 
autonomía funcional.
2.  Son funciones de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses:
a)  Gestionar el Registro de Control de Conflictos de Intereses y recibir y 
custodiar  las  declaraciones  y  la  documentación  que  las  personas  con  cargo 
público del ámbito subjetivo del artículo 2 de esta ley presenten al registro.
b)  Gestionar  el  régimen  de  incompatibilidades  e  informar  sobre  la 
compatibilidad entre las actividades, el patrimonio y los bienes y el ejercicio del 
cargo público de cada persona con cargo público con obligación de declarar.
c)  Requerir a las personas afectadas el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en esta ley. e
d)  Instar a la incoación de procedimientos sancionadores cuando se requiera  bo
en aplicación de los preceptos de esta ley. 59ww
situaec) ionReesa lidzea r cuonm pinafotibrmilied aadn uea l,i nqcuoem peant ibtioliddoa dc, asinoc idseenrác iapsú, blaicpol,ic ascoibórne  dlaesl 
régimf) enA djuissctaipr linsaursio  yin cfouramlqeusi ery  hescuhso  rpeulebvlicaancteio enne ss ua gl esretisópne.to  al  derecho  de
protección de datos de carácter personal, siempre garantizando la transparencia
en la gestión pública y el derecho de la ciudadanía a conocer la situación de 
compatibilidad o incompatibilidad de las personas con cargo público.
g)  Ejercer la labor inspectora cuando tenga conocimiento de cualquier indicio 
de irregularidad en materia de incompatibilidades o conflictos de intereses de las 
personas incluidas en el artículo 2, por denuncia, petición razonada de otros 
órganos o entidades o a iniciativa propia, así como informar al resto de órganos 
que  tengan  atribuidas  funciones  de  inspección  cuando  se  detecte  alguna 
irregularidad de su competencia, y en caso de situaciones de aparente ilícito 
penal, informar al Ministerio Fiscal inmediatamente.
h)  Cualesquiera  otras  que  le  otorguen  esta  ley  o  el  reglamento  que  la 
desarrolle.
3.  La Oficina de Control de Conflictos de Intereses estará coordinada con los 
órganos de control o prevención y lucha contra la corrupción existentes.»
«Artículo  12.  Obligaciones  al  nombramiento  y  durante  el  ejercicio  del  cargo 
público.
1.  Las  personas  nombradas  para  desempeñar  cargos  públicos  deben 
presentar declaración de actividades que incluirá las siguientes:
a)  Actividades  ejercidas  durante  los  dos  años  anteriores  a  la  toma  de 
posesión. Incluirá todas las actividades públicas y privadas, de tipo profesional, 
mercantil o laboral por cuenta propia o ajena.
b)  Otras  actividades  que  vayan  a  ejercer  durante  el  tiempo  en  el  que 
desarrolle su mandato como cargo público. Incluirá las siguientes actividades:
1.º  Actividades públicas, en la que se reflejarán las actividades en relación 
con otros cargos de representación popular y demás cargos públicos distintos de 
los que les correspondan con carácter institucional o para los cuales han resultado 
designadas por razón de su cargo.
2.º  Actividades privadas.
2.  Las personas cargos públicos deben presentar la declaración de bienes, 
derechos y obligaciones patrimoniales, que incluirá el detalle de todos los bienes, 
derechos  y  obligaciones  patrimoniales,  valores  y  activos  financieros, 
participaciones u obligaciones societarias que posee la persona con cargo público. 
Igualmente, deberán informar sobre la denominación y el objeto social de las 
sociedades en que tengan intereses. A esta declaración se podrá acompañar, con 
el respectivo consentimiento, la relativa a la participación de su cónyuge o su 
pareja de hecho, los hijos e hijas dependientes o las personas tuteladas y las 
personas con quien conviva.
3.  Asimismo, la persona con cargo público debe aportar anualmente durante 
el ejercicio de su cargo, copia de la última declaración tributaria correspondiente al 
Impuesto  de  la  Renta  sobre  las  Personas  Físicas,  y  al  Impuesto  sobre  el 
Patrimonio, si existe la obligación legal de presentarlas de conformidad con la 
legislación tributaria. Podrá sustituir su aportación por la autorización a la Oficina 
de  Control  de  Conflictos  de  Intereses  para  que  los  datos  necesarios  sean 
consultados o recabados directamente de la administración ante la que presentó la 
declaración. e.e
4.  Si  una  persona  con  cargo  público  es  designada  para  nombramientos  b
sucesivos, deberá presentar una nueva declaración de actividades referente al  59ww
cnauregvoo  yc aerl gpoo.s Steer ioern ntieonmdber apmorie nnotom ebnra omtrioe nntoo  hsauycae stirvaon sccuuarnriddoo  emnátrse d eel  ucne sme eesn. un
dato5s.  triLbau taorbiolisg ancaiócen  ddees dfoer lma ufelacrh ad edcela erafecciotonse sd eyl  ndoem sburamminieisnttroa.r  Lian fodremclaacraiócnió ny 
de  actividades  y  la  última  declaración  presentada  de  bienes,  derechos  y
obligaciones  patrimoniales  se  tendrán  en  cuenta  para  dictar  la  resolución  en 
materia de compatibilidad.
6.  Deberá presentarse una declaración modificativa cuando se produzca una 
variación relevante de la información recogida en las declaraciones efectuadas.
7.  La oficina emitirá un informe sobre la compatibilidad entre la declaración 
de actividades y la declaración de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, y 
el ejercicio del cargo público de cada persona con cargo público con obligación de 
declarar.
Artículo 13.  Obligaciones al cese.
1.  Las personas cesadas de cargos públicos deberán presentar declaración 
las de actividades que se van a desempeñar tras el cese con la información que 
se determine reglamentariamente.
2.  También  deben  presentar  nueva  declaración  de  bienes,  derechos  y 
obligaciones  patrimoniales,  con  la  información  actualizada  al  momento  de  su 
presentación.
3.  Deberá presentarse una declaración modificativa cuando se produzca una 
variación relevante de la información recogida en las declaraciones efectuadas.
4.  Asimismo,  deberán  aportar  anualmente  ante  el  registro  copia  de  las 
declaraciones  tributarias,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  12.3  de  la 
presente ley.
5.  La obligación de formular declaraciones y de suministrar información y 
datos tributarios finaliza transcurridos tres años desde el cese, contados de fecha 
a  fecha.  Todo  ello,  sin  perjuicio  de  la  exigencia  de  responsabilidades  por 
infracciones que se hubieran cometido antes del trascurso de dicho plazo.
6.  La oficina emitirá un informe sobre la compatibilidad entre la declaración 
de actividades y la declaración de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, y 
la actividad que se pretende realizar tras el cese de cada persona con cargo 
público con obligación de declarar.»
«Artículo 17.  Tramitación del expediente sancionador.
1.  Para la tramitación del expediente sancionador se aplicará el régimen 
sancionador de los empleados y de las empleadas públicos.
2.  El órgano competente para ordenar la incoación cuando el o la cargo 
público tenga la condición de miembro del Consell será el Consell. En el resto de 
casos  la  incoación  del  expediente  corresponderá  a  la  persona  titular  de  la 
conselleria competente en materia de transparencia, siempre que el o la cargo 
público no dependa de ella. En caso de depender de esta última consellería, la 
incoación corresponderá  a la  persona titular de la  conselleria competente en 
materia de administración pública y, en el caso de que las competencias en 
materia  de  transparencia  y  de  administración  pública  recaiga  en  la  misma 
conselleria,  la  persona  titular  de  la  Presidencia  de  la  Generalitat  atribuirá  la 
competencia a un miembro del Consell. Antes de incoar el procedimiento se 
podrán realizar actuaciones de carácter informativo y reservado, dando audiencia 
a  la  persona  interesada,  para  determinar  si  concurren  circunstancias  que 
justifiquen la incoación.
La Oficina de Control de Conflictos de Intereses y los órganos de control o  es
prevención y lucha contra la corrupción, cuando constaten conductas o hechos  bo
susceptibles de ser calificados como alguna de las infracciones previstas en esta  59ww
Olpeafyir,ct 3eipn. o add edrLlá eaón  rC giinonasnsntttroaruo rcc l ocadim óelan pC  eidonteencno fltliaocects osi ósecn rod ádre rpee Irlsn epptceroeornepcdsteiievedsanim..teiesn etox.p Eedni eensttees c alas oll elav airnác oaa cciaóbno p olar   OE-A-2021-18able en https://
4.  Corresponde al Consell la imposición de sanciones por infracciones muy 
graves y graves y, en todo caso, cuando el o la alto cargo tenga la condición de 
miembro del Consell. La imposición del resto de sanciones corresponde a la 
persona titular de la conselleria competente en materia de transparencia, siempre 
que el o la cargo público no dependa de ella. Cuando la persona con alto cargo 
dependa de la Conselleria con competencias en transparencia corresponderá a la 
persona titular de la conselleria competente en materia de administración pública 
y,  en  el  caso  de  que  las  competencias  en  materia  de  transparencia  y  de 
administración pública recaiga en la misma conselleria, la persona titular de la 
Presidencia de la Generalitat atribuirá la competencia a un o una miembro del 
Consell.»
Sección tercera. Memoria Democrática
Artículo 103.
Se añade el apartado 6 del artículo 10, se modifica el apartado 3 del artículo 12, se 
modifica el apartado 1 y el título del artículo 39, se añaden las letras h) e i) al apartado 3 
del artículo 61 y se añade una disposición adicional octava, de la Ley 14/2017, de 10 de 
noviembre,  de  la  Generalitat,  de  memoria  democrática  y  por  la  convivencia  de  la 
Comunitat Valenciana, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 10.  Acceso a los espacios y terrenos.
[…]
6.  En el caso que se trate de terrenos de titularidad pública, las autoridades 
competentes autorizarán, salvo causa justificada de interés público, la ocupación 
temporal de los terrenos.
[…]»
«Artículo 12.  Traslado de restos y pruebas genéticas.
[…]
3.  La  Generalitat  realizará  pruebas  bioantropológicas  y  genéticas  que 
permitan  la  identificación  de  los  restos  óseos  exhumados.  Con  este  fin,  la 
conselleria  competente  en  memoria  democrática  establecerá  y  gestionará  un 
sistema de banco de datos de ADN, en el que se registrarán los datos de los 
perfiles genéticos de los restos humanos obtenidos en las exhumaciones que se 
realicen en el territorio de la Comunitat Valenciana.»
«Artículo  39.  Elementos  conmemorativos  y  actos  contrarios  a  la  memoria 
democrática y dignidad de las víctimas.
1.  En virtud de esta ley se considera contrario a la memoria democrática y a 
la dignidad de las víctimas:
a)  La  exhibición  pública  de  escudos,  insignias,  placas  y  otros  objetos  o 
menciones,  como  el  nomenclátor  de  calles,  inscripciones  y  otros  elementos 
adosados  a  edificios  públicos  o  situados  en  la  vía  pública  realizados  en 
conmemoración,  exaltación  o  enaltecimiento  individual  o  colectivo  de  la  e.e
sublevación  militar  de  1936  y  del  franquismo,  de  sus  dirigentes  o  de  las  b
organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial. 59ww
tengba)n  Lcao mcoe lefbinraalcidióand  dlae   caocntoms emy/uo rahcoiómne, nalaje se xdaelt acciuóanl quoi ere l neantuarlateleczima ieqnuteo 
dinirdigiveidnuteasl  oo  dceo lelacst ivoorg adnei zlaa csiounbelesv qaucieó ns umstielintatar rdoen  1e9l r3é6g iym deenl  dfircatnaqtouriisaml.o, de sus
c)  Promover  distinciones  o  reconocimientos  de  personas,  entidades  u 
organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial.
[…]»
«Artículo 61.  Infracciones.
[…]
3.  Son infracciones graves:
[…]
h)  La celebración de actos y/u homenajes de cualquier naturaleza efectuados 
en público contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas y 
sus  familiares,  los  que  entrañen  la  exaltación  individual  o  colectiva  de  la 
sublevación militar o del franquismo, o la promoción de distinciones a las personas 
físicas o jurídicas que apoyaron la sublevación militar y la dictadura.
i)  La utilización de expresiones ofensivas, vejatorias o atentatorias contra la 
dignidad  de  las  víctimas  o  de  sus  familiares,  así  como  cualquier  tipo  de 
manifestación que suponga la exaltación individual o colectiva de la sublevación 
militar o del franquismo en cualquier medio de comunicación, en discursos o 
intervenciones públicas o en plataformas digitales.
[…]»
«Disposición adicional octava.  Crímenes contra la humanidad y comparecencia 
del Consell ante los órganos judiciales.
De acuerdo con el carácter masivo o sistemático que presente el hallazgo de 
restos humanos con signos de violencia en las fosas de la Guerra Civil y de la 
dictadura franquista, el Consell, a través de la conselleria competente en materia 
de memoria democrática, directamente o a través de la abogacía de la Generalitat, 
denunciará ante la Fiscalía la existencia de indicios de la comisión de posibles 
crímenes  contra  la  humanidad  de  naturaleza  imprescriptible  y  efectos 
permanentes, conforme a la legislación vigente.»
CAPÍTULO XI
Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte
Sección única. Infraestructuras educativas
Artículo 104.
Se modifica el artículo 10.7 del Decreto-ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por 
el  cual  se  establece  el  régimen  jurídico  de  cooperación  entre  la  Generalitat  y  las 
administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, la ampliación, 
la  adecuación,  la  reforma  y  el  equipamiento  de  centros  públicos  docentes  de  la 
Generalitat, que queda redactado tal como sigue:
«Artículo 10.  Gestión económica y control interno.
7.  Los municipios o, si procede, las entidades locales que actúen como  bo
sujetos receptores de la delegación, preferentemente, cederán a favor de los  59ww
tGpererecnseSeerirno atsnlei ot ad cteos ecner tnerpa troetoi-sjedlteacuyusc. cei lóolnas   dmcereé ndlacitsioo snd aeodle ag daceceriesocinóhenos,s   tdedene d crocámo bqprueoet e qnsueceira  sct oiepmnreeuvnni isctcaaodsna te raan   ellaal    OE-A-2021-18able en https://
conselleria competente en materia de educación.»
Artículo 105.
Se modifica el artículo 3.1 del Decreto ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por 
el  cual  se  establece  el  régimen  jurídico  de  cooperación  entre  la  Generalitat  y  las 
administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, la ampliación, 
la  adecuación,  la  reforma  y  el  equipamiento  de  centros  públicos  docentes  de  la 
Generalitat, que queda redactado como sigue:
«Artículo 3.  Actuaciones susceptibles de delegación.
1.  Atendiendo  a  las  circunstancias  concurrentes,  podrán  delegarse  todos 
aquellos trámites previos, actuaciones técnicas y actos administrativos, relativos a 
viabilidad de parcelas, direcciones facultativas y asistencias técnicas, redacción de 
proyectos, supervisión y aprobación de estos, servicios auxiliares necesarios para 
la ejecución de la obra, y como consecuencia de la misma, construcción de 
nuevos  centros  docentes,  así  como  obres  de  ampliación,  reforma,  mejora  y 
sustitución; seguimiento de las inversiones y recepción de estas y equipamientos 
de los centros educativos.»
CAPÍTULO XII
Servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad 
de la Generalitat
Artículo 106.  Modificación de la Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del 
servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la 
Generalitat.
Se modifica el texto de la Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del servicio 
público  de  radiodifusión  y  televisión  de  ámbito  autonómico,  de  titularidad  de  la 
Generalitat, en los términos siguientes:
Uno.  Se modifica el apartado 3 del artículo 11 que queda redactado del siguiente 
modo:
«3.  Recibida la propuesta, el Pleno de las Corts Valencianes elegirá por 
mayoría de dos tercios a la persona que debe ostentar la presidencia de la 
corporación.
De no obtenerse en primera votación la mayoría necesaria, se procederá a 
una segunda votación en una nueva sesión plenaria, que ya solo requerirá una 
mayoría tres quintos. En caso de no obtenerse esta última mayoría en la segunda 
votación, se realizará una tercera votación de la persona propuesta en la siguiente 
sesión plenaria y bastará con que dicha candidatura obtenga mayoría absoluta.»
Dos.  Se modifica el artículo 15, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 15.  Estatuto personal.
1.  La  persona  titular  de  la  presidencia  del  Consejo  Rector  podrá  tener 
dedicación  exclusiva,  en  cuyo  caso  su  retribución  y  categoría  serán  las 
correspondientes a las secretarías autonómicas de la Generalitat y estará sujeta al  e.
régimen de incompatibilidades que establece la Ley 8/2016, de la Generalitat, de  w.b
incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no  59ww
erelesctoto dse.  Slois  nmoi etmuvbieroras  ddeel dCicoancsióenjo  eRxecclutosriv ya  qpueerdcaibriárá e xincdluesmivnaimzaecnioten essu jectoam ao  laesl 
inco2m. paLtiobsil idmaideemsb erostsa bdleecl idCaosn esne joe l aRpeacrttoard op etercrcibeirroá nd ella psr einsdeenmten aizrtaíccuiolon.es que
correspondan de acuerdo con lo que prevea su reglamento de funcionamiento.
Tales indemnizaciones, o cualquier otro concepto que percibiesen en el ejercicio 
de sus funciones como miembros del Consejo Rector, deberán ser de carácter 
público.
3.  La  condición  de  miembro  del  Consejo  Rector  es  incompatible  con 
cualquier vinculación directa o indirecta, a empresas o entidades relacionadas con 
el suministro, servicios, dotación de materiales, equipamiento o programas a la 
corporación. Asimismo, tal condición será incompatible con la de ser miembro de 
cualquier  órgano  de  administración  o  gestión  empresarial  de  otros  medios 
privados o públicos de comunicación social, así como del Consejo del Audiovisual 
o del Consejo de Informativos.
Si un miembro del Consejo Rector se encuentra en alguno de los supuestos de 
incompatibilidad especificados por el presente artículo, dispone de tres meses 
para adecuar su situación a lo que establece la ley, periodo durante el cual no 
podrá integrarse en el consejo ni tomar parte en sus decisiones y actividades.
Transcurrido dicho plazo sin expresar formalmente su opción por incorporarse 
o mantenerse en el consejo acreditando de manera fehaciente el cese en las 
circunstancias constitutivas de la incompatibilidad, se entenderá que renuncia a 
formar parte del Consejo Rector.
Igualmente, la condición de miembro del Consejo Rector es incompatible con 
ser miembro de las Corts Valencianes o del Consell, así como con el ejercicio de 
cualquier cargo de elección o designación políticas y con el ejercicio de funciones 
de alta dirección en partidos políticos.
4.  En el ejercicio de sus funciones, los conselleres y conselleras actuarán 
con absoluta independencia y transparencia sin que puedan recibir instrucciones, 
directrices o cualquier clase de indicación imperativa de ninguna administración u 
otras  instituciones  o  entidades,  salvo  lo  dispuesto  en  la  legislación  para 
situaciones de emergencia y para periodos electorales.
5.  Los miembros del Consejo Rector ejercerán su cargo con sujeción a los 
deberes de diligente administración, fidelidad, lealtad, secreto y responsabilidad 
establecidos en la legislación. Asimismo, ajustarán su actuación a los principios de 
legalidad, objetividad y buen gobierno y la defensa de los valores constitucionales 
y estatutarios.»
Artículo 107.  Modificación de la Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del 
servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la 
Generalitat.
Se modifica el texto de la Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del servicio 
público  de  radiodifusión  y  televisión  de  ámbito  autonómico  de  titularidad  de  la 
Generalitat, en los términos siguientes:
Uno.  Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 36, que queda redactado del 
siguiente modo:
«2.  El presupuesto de la corporación tiene que elaborarse y gestionarse de 
acuerdo con los principios de equilibrio presupuestario. Los costes del capítulo I no 
podrán superar un tercio del presupuesto total de la corporación.
3.  Como garantía de la independencia de la corporación, se adoptarán las 
medidas y compromisos presupuestarios plurianuales que doten a la misma de un  s
modelo de financiación ajustado, estable, suficiente y viable para el cumplimiento  oe.
de los objetivos establecidos en la presente ley.» w.
Artículo 108.  Modificación de la Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del 
servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de 
la Generalitat.
Se modifica el texto de la Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del servicio 
público  de  radiodifusión  y  televisión  de  ámbito  autonómico,  de  titularidad  de  la 
Generalitat, en los términos siguientes:
Uno.  Se modifica el artículo 39.1, que queda redactado del siguiente modo:
«1.  La Corporación tiene la plena capacidad para explotar comercialmente su 
oferta de programación y sus contenidos. La publicidad institucional se regirá por 
lo dispuesto en la normativa específica, siendo parte de los ingresos previstos en 
el artículo 37.1.b).»
Artículo 109.  Modificación de la Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del 
servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la 
Generalitat.
Se modifica el texto de la Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del servicio 
público  de  radiodifusión  y  televisión  de  ámbito  autonómico  de  titularidad  de  la 
Generalitat, en los términos siguientes:
Uno.  La disposición adicional octava queda redactada de la manera siguiente:
«Disposición  adicional  octava.  Limitaciones  en  el  caso  de  insuficiencia  de 
aportaciones.
La limitación de los costes del capítulo I de no superar en un tercio el total de 
presupuesto, prevista en el artículo 36 de esta ley, no se debe aplicar en el 
ejercicio presupuestario 2021 y los de duración del segundo contrato programa de 
la CVMC. En este sentido, la limitación tampoco se aplicará en lo que respeta a 
los instrumentos de ordenación del personal.»
TÍTULO III
Medidas de organización administrativa y de restructuración de entes del sector 
público instrumental de la Generalitat
CAPÍTULO I
Medidas organizativas relativas a órganos adscritos a la Presidencia de la 
Generalitat
Sección única. Comité Valenciano para asuntos europeos
Artículo 110.
Se modifican los artículos 7, 8, 10 y 11 de la Ley 10/2009, de 20 de noviembre, de 
creación del Comité Valenciano para los asuntos europeos, que quedan redactados del 
siguiente modo: e.
«Artículo 7.  Composición. 59ww
plae Prs1roe.n saidEse l nnCcoimoam,b uritanéda o Vpsae lpresonorc niDaaen qcour eept oae rjeadr ezllo aCs l oaAn Vssiuecnlel,tp oersen stErideue renolclpoieaso,  usun neaas  ptpáee rrsfsooornmnaaa  qdquoue e p eeojjree rr1zzaa5    OE-A-2021-18able en https://
la Secretaría y doce vocalías.
2.  La persona secretaria del Comité, que actuará con voz y voto, será la 
titular de la secretaría autonómica competente en materia de relaciones con la 
Unión Europea. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.3, el apoyo material y 
de  medios  personales  se  realizará  asimismo  por  la  mencionada  secretaría 
autonómica.
3.  Las personas titulares de la presidencia, la vicepresidencia y las vocalías 
serán  elegidas  entre  profesionales  de  reconocido  prestigio  dentro  del  ámbito 
político,  académico,  parlamentario,  diplomático,  socio-económico  y  de  la 
cooperación al desarrollo, que hayan destacado por su contribución y actividad 
relacionada con la Unión Europea, por su experiencia, competencia académica o 
conocimiento  de  la  realidad  europea,  así  como  por  razón  de  su  cargo  en 
instituciones  públicas  y  organizaciones  de  la  sociedad  civil  de  la  Comunitat 
Valenciana. Excepcionalmente, y por razón de la especialidad de la materia a 
tratar, podrán incorporarse a este comité personas miembros del Consell y titulares 
de altos cargos de la administración de la Generalitat.
4.  La composición del Comité se hará en función del mérito y la capacidad de 
sus integrantes. Esta composición, deberá respetar el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres, entendiéndose, a los efectos de esta ley cuando haya una 
presencia mínima del 50% de mujeres.
Artículo  8.  Nombramiento,  mandato  y  cese  de  las  personas  integrantes  del 
Comité.
1.  Las personas integrantes del Comité serán nombradas por Decreto del 
Consell, a propuesta del miembro del Consell a quien corresponda el ejercicio de 
las competencias en materia de relaciones con la Unión Europea.
2.  Serán nombradas por un período de cinco años, pudiendo ser renovadas 
hasta un máximo de tres períodos. En el caso de producirse alguna vacante 
durante la duración del mandato, la nueva persona designada lo será por el tiempo 
que reste el mandato.
3.  El presidente, vicepresidente y los titulares de las vocalías, durante el 
periodo para el que fueron elegidos, son inamovibles, y cesarán en su condición 
en los siguientes casos:
a)  Por defunción.
b)  Por renuncia expresa.
c)  Por  extinción  del  periodo  para  el  que  fueron  elegidos.  No  obstante, 
seguirán ejerciendo plenamente sus funciones hasta la toma de posesión de los 
nuevos miembros.
d)  Por inhabilitación declarada por resolución judicial firme
4.  La persona titular de la secretaría, en su calidad de alto cargo de la 
Generalitat, será miembro del Comité en tanto en cuanto su mandato siga vigente. 
El cese como titular de la secretaría autonómica en materia de relaciones con la 
Unión Europea conllevará automáticamente el cese como miembro del Comité. De 
igual modo procederá en el caso excepcional de las personas titulares de las 
vocalías del Comité que sean alto cargo de la administración autonómica, y en el 
caso de las restantes vocalías cuyo nombramiento se deba a su condición de 
persona representante de una institución u organización. En todos estos casos el  s
cese conllevará su sustitución automática como vocal del Comité por la persona  oe.
que la sustituya.» w.
«Artículo 10.  Funcionamiento.
apro1b. adEals  pCoorm eilt éP lesneo .regirá  en  su  funcionamiento  por  las  normas  al  efecto
2.  El  funcionamiento  del  Comité  estará  regido  por  lo  dispuesto  para  los 
órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y por las normas que, en su marco, adopte el Comité.
3.  Las  personas  miembros  del  Comité  tendrán  derecho  a  percibir  la 
gratificación por asistencia y la indemnización por gastos de transporte a las 
sesiones  en  las  que  deban  participar,  previstas  en  la  normativa  aplicable  al 
personal  de  la  Generalitat  sobre  indemnizaciones  por  razón  de  servicio  y 
gratificaciones. Este apartado no será de aplicación a las personas que ostenten la 
condición de miembro del Consell, alto cargo o personal de la administración de la 
Generalitat.
Artículo 11.  El observatorio de políticas europeas.
1.  El Observatorio de Políticas Europeas, cuya presidencia corresponde a la 
persona titular de la secretaría del Comité, estará compuesto por personal técnico 
de  los  departamentos,  organismos  o  entidades  dependientes  del  Consell, 
designados al efecto por la persona titular de la presidencia del Observatorio, en 
función de las competencias asignadas al órgano al que pertenecen, o de su 
probada competencia en asuntos europeos y demás requisitos que, en su caso, se 
establezcan reglamentariamente. En todo caso será miembro del observatorio una 
persona de la dirección general con competencias en materia de fondos europeos, 
a propuesta de la misma dirección general.
2.  El  Observatorio  podrá  acordar  la  asistencia  a  sus  reuniones  de  otro 
personal experto dentro de la Generalitat y su sector público, o de personas 
expertas externas que puedan contribuir al mejor cumplimiento de las funciones 
que tiene encomendadas el Observatorio. En este último caso, tendrán derecho a 
las compensaciones económicas referidas en el artículo 10.3.
3.  Las normas de organización y funcionamiento del Observatorio las fija el 
Pleno del Comité.»
CAPÍTULO II
Medidas organizativas relativas a entes del sector público instrumental de la 
Generalitat adscritos a la Consellería de Hacienda y Modelo Económico
Sección única. Institut Valencià de Finances
Artículo 111.
Se modifican el apartado I.6, el apartado II.3.iii), el apartado III.5, el apartado III.6, y 
el apartado IV, del artículo 171 de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, que 
quedan redactados como sigue:
«Artículo 171.  Régimen jurídico del Institut Valencià de Finances.
El régimen jurídico del Institut Valencià de Finances (IVF) será el siguiente:
I.  Naturaleza y principios generales.
[…] e.
6.  En el ejercicio de sus funciones, el Institut Valencià de Finances (IVF), en  59ww
slou  tcaonntod,ic itóenn ddreá  inqtueerm geedsiatiorinoa frisnea nccoienr op, rsinec ripeigoisrá  dpeo ra curtiotesruiofisc iednec mia efricnaadnoc iye,r ap oyr 
vaicaubeilriddaod c oenco lnoós moibcjae tsivino sp edreju liac ipoo dlíeti cqau ee,c oennó eml iácma,b liato G deen esurasl itcaotm, ap etrtaevnécsia sd ey  ldaes 
distintas  consellerias,  puedan  bonificar  mediante  subvenciones  de  capital  las
cuotas de interés y amortización, que se deriven de los préstamos otorgados por 
el Institut Valencià de Finances (IVF).
II.  Régimen jurídico.
[…]
3.  No obstante, le será de aplicación:
[...]
(iii)  El  Institut  Valencià  de  Finances  (IVF)  podrá  conceder  ayudas  a  los 
titulares de los préstamos que así lo soliciten en el marco de las correspondientes 
convocatorias. Estas ayudas consistirán en la reducción del tipo de interés con 
respecto a las condiciones de mercado, o el reconocimiento de un tramo no 
reembolsable del préstamo por importe no superior al 30% del capital.
Las ayudas tendrán necesariamente que responder a un programa de estímulo 
económico financiado por un organismo de la Generalitat Valenciana, mediante 
aportaciones al Institut Valencià de Finances en forma de subvenciones de capital. 
El Consejo General del IVF podrá destinar los beneficios del ejercicio anterior a 
dotar un fondo para completar la bonificación de las operaciones otorgadas en el 
marco de estos programas de estímulo.
A efectos del artículo 159 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda de la 
Generalitat, no tendrán la consideración de subvenciones los créditos sin interés, 
con interés inferior al de mercado, o con tramo no reembolsable hasta el límite 
del 30% del capital, concedidos por el Institut Valencia de Finances y los entes a 
los cuales se refiere el artículo 2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda de 
la Generalitat, cuya gestión haya sido encomendada al IVF. Estas operaciones 
financieras se regirán por su normativa específica y estarán sujetas a derecho 
privado.
A  estos  efectos,  tendrán  la  consideración  de  normativa  específica  las 
instrucciones o acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno, que en todo 
caso tendrán que prever, con carácter previo a su formalización, los requisitos y 
obligaciones de los beneficiarios y entidades colaboradoras y el procedimiento de 
aprobación. Estas instrucciones deberán respetar los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
Igualmente,  el  Institut  Valencià  de  Finances  podrá  conceder  ayudas 
consistentes en la bonificación del coste de los avales otorgados por entidades 
financieras  a  las  pequeñas  y  medianas  empresas,  así  como  a  las  personas 
trabajadoras  en  régimen  de  autónomo  con  domicilio  social  u  operativo  en  la 
Comunitat Valenciana.
Estas  ayudas  se  regirán  por  los  preceptos  de  carácter  básico  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y la disposición 
adicional sexta de esta ley, y se entiende por su normativa específica los acuerdos 
adoptados por el Consejo General del IVF.
[…]
III.  Fines y funciones.
[…]
5.  El  IVF  podrá  financiar  las  necesidades  operativas  de  fondos  de  las 
organizaciones  sindicales  y  empresariales  representativas  en  la  Comunitat  e.e
Valenciana,  entendiendo  por  tales  aquellas  que  sean  beneficiarias  de  b
subvenciones al amparo de la Ley 7/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de  59ww
EPmarptirceipsaacriiaólne sy R eCporleasbeonratactiióvna s Ienns tliatu Ccioomnaul nidtaet  Vlaasle nOcrigaannai zya dceio lnae Os rdSeinnd 2ic8a/2le0s1 6y, 
dPero d2u8c tidvoes ,n Coovimemerbcrioe , y dTera blaa joC, opnosr elalle qriuae  dsee  eEsctaobnloemceían  laSso sbtaesneibsl ere, gSuleacdtoorraess 
para la concesión de subvenciones a los sindicatos y organizaciones sindicales, 
en proporción a su representatividad, en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
La financiación otorgada por el IVF a las distintas organizaciones sindicales y 
empresariales no superará en ningún caso el importe total de las subvenciones 
reconocidas  a  su  favor  por  la  Generalitat  Valenciana,  previa  resolución  de 
adjudicación por el órgano competente. El IVF pignorará los derechos de cobro 
futuros derivados de dichas subvenciones como garantía de pago de la operación.
6.  En concreto, para el cumplimiento de estas finalidades el Institut Valencià 
de Finances (IVF) desarrollará las siguientes funciones:
a)  Conceder créditos, préstamos, avales y otras cauciones a favor de las 
empresas y entidades de naturaleza privada, colaborar, prestar apoyos financieros 
y participar en el capital y en los órganos de gobierno, tanto en nombre propio 
como  en  representación  de  la  Generalitat,  de  sociedades  que  faciliten  la 
financiación  o  la  promoción  de  empresas  no  financieras,  así  como  efectuar 
aportaciones  y  gestionar  fondos  de  capital  riesgo  constituidos  con  la  misma 
finalidad, siguiendo las directrices generales de la política crediticia establecidas 
por la conselleria competente en materia de economía.
b)  Anticipar las subvenciones otorgadas por la Generalitat al amparo del 
Decreto 193/2015 que aprueba el Reglamento de la Ley 7/2015, de participación y 
colaboración  institucional  de  las  organizaciones  sindicales  y  empresariales 
representativas en la Comunitat Valenciana, modificado por el 46/2018, de 13 de 
abril, del Consell.
c)  Cualesquiera otras que le atribuyan las leyes o que le encomiende el 
Consell de la Generalitat en el ámbito de sus competencias.
d)  Excepcionalmente podrá:
i.  Financiar proyectos de obras y servicios públicos. En este sentido, podrán 
ser beneficiarias aquellas empresas, organismos y entidades de cualquier tipo o 
naturaleza que, directa o indirectamente, de modo mayoritario, estén financiadas o 
participadas por la administración pública, o que sus actos estén sujetos directa o 
indirectamente al poder de decisión de ésta.
ii.  Conceder créditos y préstamos, a favor del sector público instrumental de 
la Generalitat o de cualquier otra entidad de carácter público.
[...]
IV.  Órganos de gobierno.
Los órganos de gobierno del Institut Valencià de Finances (IVF) son el Consejo 
General  y  la  Dirección  General.  Los  consejeros  independientes  del  Consejo 
General percibirán las indemnizaciones que correspondan de acuerdo con lo que 
prevea el reglamento orgánico. Tales indemnizaciones, o cualquier otro concepto 
que percibiesen en el ejercicio de sus funciones, deberán ser de carácter público.»
CAPÍTULO III
Medidas organizativas relativas a entes del sector público instrumental de la 
Generalitat adscritos a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte
Sección primera. Institut Valencià d’Art Modern e.
Artículo 112. 59ww
Se modifican el artículo 4, el artículo 5, el artículo 6, el artículo 8, el artículo 9, el
aGretínceurloa lit1a1t,,  reelg ualratdícourlao  d1e2 l,’I nys tietul t aVratílceunlcoi à1 d4’ Adrte M Loedye rn1./2018, de 9 de febrero, de la
«Artículo 4.  La Presidencia.
1.  La Presidencia del IVAM, que lo será también de su Consejo Rector, la 
ostentará la persona titular de la conselleria con competencia en materia de 
cultura.
2.  La  persona  que  ocupe  la  Presidencia  del  IVAM  tendrá  las  siguientes 
atribuciones:
a)  Ostentar la representación del instituto, que podrá delegar en la persona 
titular de la Vicepresidencia.
b)  Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la 
fijación del orden del día del Consejo Rector.
c)  Presidir y dirigir las deliberaciones del Consejo Rector.
d)  Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo Rector.
e)  La autorización del gasto, la disposición del crédito, el reconocimiento de 
obligaciones  y  la  ordenación  de  los  pagos.  Estas  facultades  podrán 
desconcentrarse o delegarse.
f)  Cualesquiera  otras  que  le  atribuya  el  Consejo  Rector,  excepto  las 
reservadas al mismo.
g)  Cualesquiera otras funciones no atribuidas expresamente a otro órgano.
Artículo 5.  El Consejo Rector.
1.  El  Consejo  Rector  es  el  órgano  superior  de  gobierno  del  IVAM,  y  le 
corresponden,  con  carácter  general,  las  facultades  de  dirección,  control  y 
supervisión de este.
2.  Además de la Presidencia del IVAM, formarán parte del Consejo Rector:
a)  La Vicepresidencia.
La Vicepresidencia recaerá en la persona titular de la secretaría autonómica 
que ostente las competencias en materia de cultura. Sustituirá al titular de la 
Presidencia del IVAM en casos de ausencia, vacante o enfermedad.
b)  Vocales.
Serán vocales natos:
1.  La persona que ostente la dirección del IVAM, que se abstendrá de su 
derecho de voto en aquellos temas en los que se valore su gestión.
2.  La persona titular de la dirección general con competencias en materia de 
museos o patrimonio cultural.
3.  La persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias 
en materia de cultura.
Serán vocales designados:
1.  Una persona representante del ministerio con competencias en materia de 
cultura.
2.  Una persona representante de la conselleria competente en materia de 
hacienda y del sector público instrumental designada por su titular y con el rango  s
mínimo de director general. oe.
3.  Tres  personas  vocales  designadas  por  la  Presidencia  del  IVAM,  a  w.
pmruonp4du.o e sdHtaea l dsateratle  Cu.no nmseállx iVmaole ndcei àc dinec oC upleturrsao,n eanst rree ppreersseonntaasn tceosn  dveinscigunlaacdiaósn  cpoonr  leal   2021-1859n https://ww
Presidencia del IVAM, a propuesta de la Dirección del IVAM, entre personas
procedentes del mundo del arte y de la cultura, teniendo en cuenta el Código de  Bc
buenas prácticas en la cultura valenciana, elaborado y publicado por la conselleria 
con competencias en materia de cultura, y, subsidiariamente, el código de buenas 
prácticas de ámbito estatal y el código de deontología del ICOM para los museos.
Estos vocales ejercerán el mandato durante cinco años y se podrán renovar 
una vez por un período de la misma duración. Su cese se producirá al final de su 
mandato o anticipadamente por renuncia, defunción, incapacidad para ejercer sus 
funciones, o incumplimiento de las buenas prácticas o del código deontológico a 
los que se deben. En este último caso, será necesario informe previo de la 
Dirección o Presidencia y aprobación de la mayoría absoluta del Consejo Rector.
Para la elección de las vocalías designadas se aplicará la presencia paritaria 
de mujeres y hombres en cumplimiento de la legislación valenciana en la materia.
4.  La  persona  que  ostente  la  Secretaría  del  Consejo  Rector,  que  será 
designada por el mismo de entre el personal laboral que preste sus servicios en el 
IVAM  y  asistirá  a  las  reuniones  con  voz  pero  sin  voto.  Corresponderá  a  la 
Secretaría velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del Consejo 
Rector, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y 
reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetados.
5.  A las reuniones del Consejo Rector asistirá, en tareas de asesoramiento 
jurídico, con voz pero sin voto, una persona representante de la Abogacía de la 
Generalitat.
6.  Asistirán también a las reuniones, con voz pero sin voto, la persona titular 
de la Gerencia y la que ejerza la auditoría interna del IVAM.
Artículo 6.  Funciones del Consejo Rector.
Corresponde al Consejo Rector:
1.  Aprobar el plan anual de actividades.
2.  Aprobar  los  estados  de  ejecución  del  presupuesto,  la  memoria  y  las 
cuentas anuales de la entidad.
3.  Aprobar los anteproyectos de presupuesto.
4.  Aprobar la compra de obras de arte y aceptar donaciones y legados.
5.  Informar favorablemente sobre la norma de organización y funcionamiento 
del IVAM, que aprobará el Consell, así como sobre la aprobación o el desarrollo de 
la organización interna de la entidad, conforme a lo dispuesto en esta norma 
organizativa.
6.  Aprobar la gestión anual realizada por la Dirección y por la Gerencia.
7.  Designar a los miembros del Consejo Asesor, a propuesta de la Dirección.
8.  Autorizar la suscripción de los convenios y protocolos en los que participe 
el IVAM, los cuales firmará la Presidencia. Podrá delegarse en la Dirección o en la 
Gerencia en virtud de esta autorización.
9.  Aprobar los ingresos de derecho privado a propuesta de la Gerencia.
10.  Autorizar previamente los contratos por cuantía superior a 300.000 euros.
11.  Aprobar, a propuesta de la Gerencia, la organización funcional y las 
directrices básicas en materia de recursos humanos de la entidad, incluyendo la 
aprobación de las relaciones de puestos de trabajo y el régimen de retribución del 
personal propio de la entidad, dentro de las limitaciones legales y presupuestarias, 
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de la Generalitat. s
12.  Determinar anualmente, a propuesta de la Gerencia, las necesidades de  oe.
recursos humanos con asignación presupuestaria, que deben proveerse mediante  w.
clao rri1en3scp.o orpnLodaria ecaniptóernso  bcdaoecni vóonpc eadrsteoo rnilaaassl . cdoen vnouceavtoor iains gdrees op,r upeabraas  sdue  aindcmluissiióónn  peanr a lalas   2021-1859n https://ww
selección del personal propio al servicio de la entidad y las de provisión de los
puestos de trabajo de la misma, a propuesta de la Gerencia. Bc
14.  Tomar  razón  de  todos  los  contratos  laborales  suscritos  desde  la 
celebración del último Consejo.»
«Artículo 8.  El Consejo Asesor.
1.  El  Consejo  Asesor  estará  formado  por  siete  miembros,  incluida  la 
Presidencia y la Secretaría.
2.  La Presidencia del Consejo Asesor, la ostentará la persona que ejerza la 
Dirección del IVAM, que se abstendrá de su derecho a voto en aquellos temas 
sobre los que informe el Consejo Asesor y que posteriormente tenga que decidir el 
Consejo Rector.
3.  El resto de miembros del Consejo Asesor serán nombrados por el Consejo 
Rector entre personas procedentes del mundo del arte y de la cultura, teniendo en 
cuenta  el  Código  de  buenas  prácticas  en  la  cultura  valenciana,  elaborado  y 
publicado  por  la  conselleria  con  competencias  en  materia  de  cultura,  y, 
subsidiariamente, el código de buenas prácticas de ámbito estatal y el código de 
deontología del ICOM para los museos:
Un miembro a propuesta de la conselleria competente en el ámbito de la 
cultura, un miembro a propuesta de las universidades públicas valencianas, un 
miembro a propuesta del Consell Valencià de Cultura y dos miembros a propuesta 
de entidades de reconocido prestigio y trayectoria en el mundo del arte.
La Secretaría será nombrada entre el personal laboral que preste los servicios 
en el IVAM y asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto.
Los miembros desempeñarán su mandato durante cinco años, pudiéndose 
renovar el mismo hasta una vez por un periodo de igual duración. El cese se 
producirá  al  final  del  mandato  o  anticipadamente  por  renuncia,  defunción, 
incapacidad para ejercer sus funciones, o incumplimiento de las buenas prácticas 
o del código deontológico a los que se deben. En este último caso, será necesario, 
informe previo de la Dirección o Presidencia y aprobación de la mayoría absoluta 
del Consejo Rector.
Para la elección de los vocales designados, se aplicará la Ley de igualdad 
entre mujeres y hombres, de la Generalitat, y también se tendrá en cuenta la 
vertebración y cohesión del territorio.
4.  En  los  casos  de  vacante,  ausencia  o  enfermedad,  se  establece  el 
siguiente régimen de suplencias: la Presidencia, en cualquiera de los miembros 
del Consejo Asesor, y la Secretaría, en el personal laboral que preste sus servicios 
en el IVAM.
Artículo 9.  Funciones del Consejo Asesor.
El Consejo Asesor es un órgano con funciones consultivas, correspondiéndole 
informar sobre la programación y adquisición de obras de arte, la propuesta de 
aceptación de donaciones o cesiones al IVAM, la valoración de las obras a adquirir 
por compraventa o donación, así como sobre todas aquellas cuestiones que le 
sean  planteadas  por  el  Consejo  Rector  o  la  Dirección,  en  relación  con  las 
cuestiones artísticas que puedan derivarse de la actividad principal del IVAM.»
«Artículo 11.  La Dirección y la Gerencia. e.
La Dirección será nombrada y cesada por decreto del Consell, a propuesta de  59ww
Cildaoo pnneLseraeisd jooasn dRea. le eStcictetuco lliraló.ernv  daeraá tle aan  cdcoaenbrsáoe  mllpeerriidnaic acipnoitones  cp orodmcepe edmtieménirecitinoat so sye  nq cumaepa gateacrriiadana dtdiec e ycn u llcatur iprtaeu,rb iooliícsdi doad edel    OE-A-2021-18able en https://
y concurrencia, teniendo en cuenta el Código de buenas prácticas en la cultura
valenciana, elaborado y publicado por la conselleria con competencias en materia 
de cultura.
La Gerencia será nombrada y cesada por decreto del Consell, a propuesta de 
la persona titular de la conselleria con competencias en materia de cultura.
La  selección  atenderá  principios  de  mérito  y  capacidad  y  criterios  de 
idoneidad. Se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad 
y concurrencia, teniendo en cuenta el Código de buen gobierno.
Artículo 12.  Funciones de la Dirección y de la Gerencia.
1.  Funciones de la Dirección.
Corresponderá a la Dirección del IVAM la gestión ordinaria del instituto. En 
concreto, le corresponderán las siguientes funciones:
a)  La dirección artística del instituto de conformidad con lo acordado por el 
Consejo Rector.
b)  La ejecución de los acuerdos del Consejo Rector y del Consejo Asesor.
c)  La preparación del plan anual de actividades y la presentación de la 
memoria anual.
d)  De acuerdo con los términos establecidos en la normativa de patrimonio 
cultural valenciano, la aprobación de la salida temporal, sea cual sea el destino, de 
las obras artísticas que sean titularidad del IVAM fuera de las instalaciones del 
museo.
e)  La aceptación de los depósitos de obras artísticas de otra titularidad al 
museo. La Dirección informará de estas actuaciones al Consejo Rector en el pleno 
siguiente a adoptarlas.
f)  El  mantenimiento  de  las  relaciones  protocolarias  e  institucionales  del 
museo, sin perjuicio de las competencias del presidente.
g)  Todas las otras que el Consejo Rector o la Presidencia le encomiende o 
delegue.
2.  Funciones de la Gerencia.
a)  La dirección económico-administrativa del instituto de conformidad con lo 
acordado por el Consejo Rector.
b)  La ejecución de los acuerdos del Consejo Rector y del Consejo Asesor.
c)  La dirección del personal del ente y su gestión. Esta competencia incluye 
la negociación colectiva, la propuesta de la relación de puestos de trabajo y del 
organigrama y de la oferta de empleo público. Proponer al Consejo Rector los 
criterios que tienen que regir el desarrollo de los procesos selectivos de personal 
laboral propio de la entidad. La ejecución de los procesos selectivos, así como la 
contratación y despido del personal laboral propio de la entidad.
d)  La ejecución de las facultades, como órgano de contratación, ordinarias de 
la entidad en los contratos, sin perjuicio de las autorizaciones preceptivas y el 
deber de suministro de la información previstos en la normativa de aplicación.
e)  La preparación del anteproyecto de presupuesto y la presentación ante el 
Consejo  Rector  para  su  aprobación.  La  formulación  de  las  cuentas  anuales 
comprensivas del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria 
e informe de gestión para que los apruebe el Consejo Rector. La administración de 
los  ingresos  del  instituto  y  la  política  de  mecenazgo.  La  autorización  de  las  e.
modificaciones presupuestarias que le correspondan, de acuerdo con los términos  w.b
previstos en la normativa vigente de hacienda pública y presupuestos. 59ww
fg))   LLaa p osleítgicuar iddea dre syp onesl abcoilindtarodl  soacdiaml,i ntrisatnrastpivaore ndceia  ylo sso sbteiennibeislid ayd .valores
constitutivos del patrimonio del ente.
h)  La  resolución  de  aquellas  reclamaciones  que  puedan  plantearse  en 
materia de responsabilidad patrimonial. La resolución de recursos administrativos 
de reposición y extraordinario de revisión, cuando proceda dentro de su ámbito de 
competencia.
i)  Todas las otras que el Consejo Rector, la Presidencia o la Dirección le 
encomiende o delegue.»
«Artículo 14.  Régimen presupuestario.
1.  El régimen presupuestario de la entidad se ajustará a lo establecido por la 
Generalitat para las entidades de derecho público y a las previsiones de las leyes 
de presupuestos de la Generalitat.
2.  Siguiendo los criterios artísticos y de programación de la Dirección, el 
anteproyecto de presupuesto será presentado por la Gerencia para su aprobación 
por el Consejo Rector y se remitirá a la conselleria competente en materia de 
cultura, para su posterior elevación a la conselleria competente en materia de 
hacienda, a los efectos de su integración en el presupuesto de la Generalitat, y 
ello sin perjuicio de las competencias asignadas a la conselleria competente en 
materia del sector público.»
Sección segunda. Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat 
Valenciana, SA
Artículo 113.
Se modifica el artículo 29 de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de 
medidas  de  reestructuración  y  racionalización  del  sector  público  empresarial  y 
fundacional de la Generalitat, que queda redactado como sigue:
«Artículo  29.  Construcciones  e  Infraestructuras  Educativas  de  la  Generalitat 
Valenciana, SA (CIEGSA).
En atención a las obligaciones contractuales existentes, la extinción de la 
mercantil  Construcciones  e  Infraestructuras  Educativas  de  la  Generalitat 
Valenciana, SA, por cualquier de las formas previstas en la legislación sobre 
sociedades  mercantiles  y  modificaciones  estructurales  de  estas  sociedades, 
deberá llevarse a cabo como máximo hasta el 31 de diciembre de 2023. Sin 
embargo, de manera transitoria, la mercantil mencionada asumirá los encargos de 
gestión  que,  por  necesidades  expresamente  justificadas  en  el  respectivo 
expediente, realice la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 
en  cuanto  a  la  instalación  y  conservación  de  las  aulas  prefabricadas  de 
escolarización provisional y la adecuación y actualización normativas de proyectos 
constructivos ya contratados por CIEGSA a petición de la administración.»
CAPÍTULO IV
Medidas organizativas relativas a entes del sector público instrumental de la 
Generalitat adscritos a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo s
Sección única. Instituto Valenciano de Estadística 59www.
Artículo 114.
artícSuelo m 3o6d; isfiec aanñ aedl aer tuícnu nlou e4v, oa paartrítcaudloo  T36re bs;is e; ls aer tmícoudloif i9c,a anp ealr taardtíoc uUlon o3;7 e, la apratírctaudloo 3 U3n; oe;l   BOE-A-cable e
el  artículo  43  apartado  Uno,  y  se  añaden  una  disposición  adicional  única  y  una 
disposición transitoria única, en la Ley 5/1990, de 7 de junio de 1990, de la Generalitat 
Valenciana, de estadística de la Comunitat Valenciana, con la siguiente redacción:
«Artículo 4.
[...]
Tres.  La  elaboración  del  Anteproyecto  del  Plan  corresponde  al  Instituto 
Valenciano de Estadística, será elevado al Consell a efectos de aprobarlo por la 
persona titular de la conselleria competente en materia estadística, previo informe 
de la Comisión Interdepartamental de Estadística y del Consejo Valenciano de 
Estadística.»
«Artículo 9.
Uno.  En relación con cada una de las estadísticas protegidas por esta Ley, la 
Comisión  Interdepartamental  de  Estadística  aprobará  las  normas  reguladoras. 
Estas determinarán:
a)  Los objetivos.
b)  El ámbito territorial.
c)  La periodicidad.
d)  Los  organismos  que,  con  carácter  ejecutor  o  colaborador,  tienen  que 
intervenir en la elaboración, así también como a quien corresponden las facultades 
para reclamar la información, cuando esta sea obligatoria.
e)  Los sujetos obligados a suministrar información y la forma y los plazos en 
los cuales tienen que cumplir esta obligación.
f)  El derecho, si procede, a obtener compensación económica por los gastos 
que se derivan del suministro de la información.
g)  La forma y plazo de difusión del resultado estadístico.»
«Artículo 33.
Las  Entidades  Locales  podrán  solicitar  la  inclusión  de  estadísticas  de  su 
interés en el Plan Valenciano de Estadística. La solicitud se dirigirá a la persona 
titular  de  la  Dirección  del  lnstituto  Valenciano  de  Estadística  acompañando 
memoria  explicativa  del  interés  público  de  la  Estadística  así  como  de  sus 
características, memoria económica y propuesta de esta financiación y proyecto 
de normas reguladoras.»
«Artículo 36.
La organización estadística de la Comunitat Valenciana estará constituida por:
1.  El  Instituto  Valenciano  de  Estadística  es  el  organismo  autónomo  de 
gestión de la actividad estadística de interés de la Generalitat.
2.  La Comisión Interdepartamental de Estadística es el órgano colegiado 
encargado del impulso estratégico, la coordinación y ordenación general de la 
actividad pública de interés de la Generalitat a desplegar por la organización 
estadística de la Comunitat Valenciana. Se adscribe a la conselleria competente  s
en  materia  estadística.  Su  composición  y  régimen  de  funcionamiento  se  oe.
determinarán reglamentariamente. Le corresponde el ejercicio de las siguientes  w.
funcaio) neFsi:jar las directrices y orientaciones generales para la planificación de la  2021-1859n https://ww
actividad estadística de interés de la Generalitat.
b)  Estudiar e informar el Anteproyecto del Plan Valenciano de Estadística y 
aprobar la propuesta de los Programas Anuales de actividades estadísticas para 
su desarrollo.
c)  Establecer las líneas estratégicas para la coordinación de la organización 
estadística de la Comunitat Valenciana orientadas a garantizar la ejecución y 
desarrollo de los planes y programas aprobados y su adecuación a los principios 
que rigen la actividad estadística pública.
d)  Formular propuestas en materia estadística para su elevación al Consell.
e)  Aprobar el Balance anual de actividades estadísticas desarrolladas por la 
organización estadística de la Comunitat Valenciana.
f)  Fijar  las  orientaciones  y  recomendaciones  generales  relativas  a  la 
normalización en materia de archivos y registros administrativos para su uso 
posterior a efectos estadísticos.
g)  Impulsar la cooperación en materia estadística con otras administraciones 
públicas  y  con  otras  instituciones  públicas  y  privadas  para  la  mejora  de  las 
sinergias en el ámbito de la producción de estadísticas oficiales y la mejora del 
conocimiento  de  la  realidad  demográfica,  socio-económica  y  cultural  de  la 
Comunitat Valenciana.
h)  Informar sobre cualquier otra cuestión en materia estadística que le sea 
formulada.
3.  El  Consejo  Valenciano  de  Estadística  es  el  órgano  consultivo  y  de 
participación social de productores y usuarios de las estadísticas de interés de la 
Generalitat. Se adscribe a la conselleria competente en materia estadística Su 
composición y régimen de funcionamiento se determinarán reglamentariamente. 
Le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
a)  Informar  el  Anteproyecto  del  Plan  Valenciano  de  Estadística  y  los 
Programas anuales de actividades estadísticas para su desarrollo.
b)  Canalizar las relaciones entre órganos estadísticos, informantes y usuarios 
y  realizar  recomendaciones  para  su  mejora  permanente  orientada  a  la 
racionalización  de  los  procesos  de  elaboración  y  difusión  de  información 
estadística, sin perjuicio de las competencias del apartado 2.g que corresponden a 
la Comisión Interdepartamental de Estadística.
c)  Velar por el estricto cumplimiento de los principios que rigen la actividad 
estadística pública valenciana en su ámbito de actuación.
d)  Aprobar el informe de evaluación del Plan Valenciano de Estadística al 
final de su periodo de vigencia.
e)  Emitir  informe  en  el  procedimiento  de  elaboración  de  proyectos  de 
disposiciones  de  carácter  general  que  regulan  la  actividad  estadística  de  la 
Comunitat Valenciana.
f)  Informar sobre cualquier otra cuestión en materia estadística que le sea 
formulada  por  el  Consell,  la  Comisión  Interdepartamental  de  Estadística  o  el 
Instituto Valenciano de Estadística.
4.  Las comisiones estadísticas de la Presidencia de la Generalitat y de las 
consellerias son los órganos de coordinación de toda la actividad estadística que 
realicen las respectivas consellerias, así como los organismos y las empresas 
dependientes de las mismas. Su composición y régimen de funcionamiento se  s
determinarán reglamentariamente. Desarrollarán las siguientes funciones: oe.
a)  La colaboración, en su ámbito de actuación, con el Instituto Valenciano de  59ww
sEus taddeíssatircroal leon e lna  eplraobgoraramcaiósn  adneul aAlenste pdreo yaecctitvoi ddaedl ePsl aens tVaadlíesnticciaasn oy  dseu  Eesvtaadluíastcicióan, 
cInotnetridneupaa yrt aemstreanttéagl idcae,  Edset aadcíuseticrdao. con las directrices establecidas por la Comisión  BOE-A-cable e
b)  La coordinación, en colaboración con el Instituto Valenciano de Estadística 
de la actividad desarrollada, en el marco de ejecución del Plan Valenciano de 
Estadística vigente, por las unidades estadísticas de la Generalitat, adscritas al 
departamento.
c)  La garantía de la ejecución y cumplimiento de los acuerdos de la Comisión 
Interdepartamental de Estadística en el ámbito de la conselleria.
d)  La formulación de planes estadísticos sectoriales en materias propias de 
su departamento.
e)  La vigilancia en el cumplimiento de los principios que rigen la actividad 
estadística pública y la observancia de las buenas prácticas en la materia de 
acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión Interdepartamental de 
Estadística.
f)  El impulso a la utilización con fines estadísticos de los datos de origen 
administrativo derivados de la gestión del departamento, incluida la formación de 
directorios sectoriales en su concepción de infraestructura estadística básica.
g)  La publicación y difusión de los resultados y características metodológicas 
de las estadísticas que tengan encomendadas en los planes y programas en vigor.
h)  Cualesquiera  otras  funciones  estadísticas  que  las  normas  les 
encomiendan.
5.  Las unidades estadísticas de la Generalitat integradas en la Presidencia, 
consellerias, organismos y empresas de la Generalitat. Su marco funcional se 
establece en el artículo 37 de esta ley.
6.  Las unidades estadísticas de las entidades locales. Su marco funcional se 
establece en el artículo 38 de esta ley.
Artículo 36 bis.  Del Instituto Valenciano de Estadística.
1.  Creación.
Se crea el Instituto Valenciano de Estadística, como organismo autónomo de la 
Generalitat, de los previstos en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, 
de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, con 
personalidad  jurídica  propia,  patrimonio  y  tesorería  propios,  y  autonomía  de 
gestión, adscrito a la conselleria competente en materia estadística y que tiene 
como objetivo la gestión de la actividad estadística de interés de la Generalitat en 
el marco previsto de esta ley.
Disfrutará de la capacidad funcional necesaria para garantizar su neutralidad 
operativa en el desarrollo de la metodología estadística, la publicación y difusión 
de  resultados,  el  diseño  de  normas  reguladoras  de  las  estadísticas  y  en  la 
preservación del secreto estadístico.
2.  Funciones y competencias.
Ejercerá las siguientes funciones:
a)  Elaborar el Anteproyecto del Plan Valenciano de Estadística y la propuesta 
de Programas anuales de actividades estadísticas de desarrollo en colaboración 
con las comisiones estadísticas de la Presidencia y las consellerias; y con las 
unidades estadísticas de las entidades locales. es
b)  Coordinar la ejecución y desarrollo de los planes y programas aprobados,  o
avtdeaseríl re idcctnoao)c rtmiioaasEolne, la assy ,buy  o  scaaruulad  aCreil decóeusndnqaoigtucrifomiiióec danraaes c a  ibóo ultntoére,osc nsn npa oicqrsmia unpseecr ni ápcccgiooltaeisnctn utaerqrsirbua adue, leey dra sielga nfeis nsna ieoc  sblihaotroa enamd ecísostui,gtv nicceiiddaónaasded diiegz eeuoassrsr o t,a ypecd eslníaastoasstirdi.cmfiíacsa atpilccizúiaoabsnrl i celaasy     OE-A-2021-1859able en https://www.
actividad estadística pública de la Comunidad Valenciana, ajustadas a las de la
Administración  General  del  Estado  y  a  las  normas  técnicas  internacionales 
vigentes, especialmente a las de la Unión Europea.
d)  Representar  a  la  Generalitat  en  materia  estadística  ante  las  otras 
administraciones públicas.
e)  Establecer instrumentos de cooperación en materia estadística con otras 
administraciones públicas o con entes privados.
f)  Formar  y  mantener  sistemas  integrados  de  resultados  de  estadísticas 
demográficas, sociales y económicas para todos los niveles territoriales de la 
Comunitat Valenciana.
g)  Elaborar  la  propuesta  de  Balance  de  actividades  estadísticas 
desarrolladas por la organización estadística de la Comunitat Valenciana.
h)  Cualquier  otra  función  estadística  que  las  normas  no  atribuyan 
específicamente  a  otro  organismo  y  las  otras  que  se  le  encomienden 
expresamente.
3.  Régimen jurídico.
El Instituto se regirá por lo que se dispone en la presente ley y su normativa de 
desarrollo, por la Ley 1/2015 y por la legislación general de administraciones 
públicas  o  de  organismos  autónomos  que  le  sea  aplicable.  Los  actos  y 
resoluciones del Instituto Valenciano de Estadística serán susceptibles de los 
recursos  administrativos  previstos  en  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
4.  Organización del Instituto.
La estructura del Instituto estará constituida por el Consejo Rector del Instituto 
Valenciano de Estadística y la Dirección del Instituto Valenciano de Estadística.
5.  El Consejo Rector del Instituto Valenciano de Estadística es el órgano 
colegiado de supervisión general de la actividad del Instituto. Está formado por la 
Presidencia, la vicepresidencia y una vocalía:
a)  La Presidencia del Consejo Rector la asumirá la persona titular de la 
consellería competente en materia estadística.
b)  La  Vicepresidencia  corresponde  a  la  persona  titular  de  la  secretaría 
autonómica con competencias en materia estadística.
c)  La vocalía le corresponde a la persona titular de la Dirección del Instituto 
Valenciano de Estadística que ejercerá de secretaría del Consejo Rector.
Le corresponden las funciones siguientes:
a)  Aprobar la propuesta de anteproyecto de presupuestos del Instituto.
b)  Aprobar las cuentas anuales del Instituto
c)  Aprobar la memoria anual de actividades del IVE.
d)  Todas las otras que correspondan a la materia competencial del Instituto 
Valenciano de Estadística que no sean atribuidas a otros órganos.
6.  La Dirección del Instituto.
El nombramiento de la persona titular de la Dirección del Instituto Valenciano  s
de  Estadística  recaerá  en  persona  de  reconocida  capacidad  y  competencia  oe.
relacionadas  con  esta  actividad.  Será  nombrada  por  decreto  del  Consell,  a  w.
pLreo cpourerestsap odned lean p learss oantraib tuitcuiolanre dse s liag ucieonntseesll:eria a la cual esté adscrito el Instituto.  2021-1859n https://ww
a)  La representación legal y extrajudicial del Instituto.
b)  La dirección y gestión de las actividades del Instituto en el ámbito de sus 
competencias.
c)  La dirección del personal.
d)  Dictar resoluciones en su ámbito competencial, así como la resolución en 
vía administrativa de los recursos de cualquier acto o resolución dictada por la 
persona titular de la Dirección. Los recursos que ponen fin a la vía administrativa 
serán resueltos por la persona titular de la consellería competente en materia 
estadística.
7.  Recursos económicos.
El Instituto Valenciano de Estadística dispondrá para su funcionamiento de los 
siguientes recursos:
a)  Las dotaciones consignadas a su favor con cargo en los presupuestos de 
la Generalitat.
b)  Los ingresos ordinarios y extraordinarios generados por el ejercicio de sus 
actividades y por la prestación de sus servicios.
c)  Los créditos, préstamos, empréstitos y otras operaciones financieras que 
pueda concertar.
d)  Las subvenciones y aportaciones que por cualquier título sean concedidas 
a su favor por entidades públicas o privadas, o por particulares.
e)  Los  productos  y  rentas  de  los  bienes  y  valores  que  constituyen  su 
patrimonio.
f)  Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.
8.  Bienes y derechos.
El patrimonio del Instituto Valenciano de Estadística estará integrado por los 
bienes y derechos que le sean adscritos por la Generalitat, que conservarán su 
calificación jurídica originaria, así como por aquel que adquiera y los que le sean 
incorporados  y  adscritos  en  el  futuro  por  cualquier  entidad  o  persona  y  por 
cualquier título.
9.  Personal.
El Instituto podrá contar con personal funcionario y laboral en los términos que 
prevé la legislación de función pública y se regirá, a todos los efectos, por las 
normas de derecho administrativo o laboral que le sean de aplicación.
10.  Régimen presupuestario.
El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención 
y de control financiero del Instituto Valenciano de Estadística será el establecido 
en la Ley 1/2015.
Artículo 37.1.
1.  Las  unidades  estadísticas  de  la  Generalitat,  distintas  del  lnstituto 
Valenciano de Estadística, desarrollarán las funciones siguientes:
a)  Elaboración  de  sus  propias  estadísticas,  previo  informe  del  lnstituto  e.
Valenciano de Estadística. w.b
b)  Elaboración de las estadísticas o fases de estas que les encomienden el  59ww
Planc )V alCenoclaiabnoora dr ec Eosnt aedlí sltnicsati tou teol  PVarolegnracmianao A nduea lE dseta Adcístitvicidaa deens .todos aquellos
tCraobmaujonsit ayt  eVsatluednicoisa nqau peu seedaann  ndeecseasrraorliloasr,  spuasr afu nqcuieo nloess .órganos estadísticos de la
d)  Analizar sus propias necesidades estadísticas.»
«Artículo 43.
Uno.  Es órgano competente para la imposición de sanciones por infracciones 
leves la persona que ostente la Dirección del Instituto Valenciano de Estadística y 
para las restantes la persona titular de la consellería competente en materia 
estadística.»
«Disposición adicional única.  Integración de personal en el IVE.
El personal que ocupe puestos de trabajo adscritos al ámbito competencial 
que resulte coincidente con el organismo autónomo que se crea por la presente 
ley pasará a integrarse en el Instituto Valenciano de Estadística, mantendrá su 
relación jurídica con la administración de la Generalitat y la misma situación 
administrativa en la que se encuentre en el momento del cambio de adscripción, 
sin mengua de sus derechos.
Así mismo, los puestos de trabajo adscritos a la Consellería de Economía 
Sostenible,  Sectores  Productivos,  Comercio  y  Trabajo  cuyas  funciones  se 
correspondan con el ámbito competencial del IVE pasarán a estar adscritos a este 
organismo autónomo.
Disposición  transitoria  única.  Ejercicio  de  las  competencias  del  Instituto 
Valenciano de Estadística hasta su puesta en funcionamiento.
Las competencias asignadas por la presente ley continuarán siendo ejercidas 
por los órganos de la administración de la Generalitat que actualmente ostentan 
competencias inherentes a las mismas hasta la efectiva puesta en funcionamiento 
del Instituto Valenciano de Estadística con la aprobación de su Estatuto.»
CAPÍTULO V
Medidas organizativas relativas a entes del sector público instrumental de la 
Generalitat adscritos a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad
Sección única. Seguridad Ferroviaria
Artículo 115.
Se modifica el apartado 3 del artículo 14 y el apartado 7 del artículo 18 de la 
Ley 7/2018, de 26 de marzo, de Seguridad Ferroviaria, que quedan redactados como 
sigue:
«Artículo 14.  El Consejo Rector.
1.  El Consejo Rector es el órgano superior de la Agència Valenciana de 
Seguretat  Ferroviària,  que  gobierna  la  entidad  y  establece  las  directrices  de 
actuación de la misma.
2.  Se compone de cinco vocalías, cuyo nombramiento se realizará entre 
personas de reconocida competencia, experiencia y prestigio profesional en el 
sector ferroviario o en la gestión de emergencias, garantizándose la composición  e
equilibrada por un periodo de cinco años, con la posibilidad de reelección por otro  bo
periodo de igual duración. 59ww
3a.)   LTare esl ecpceirósno nsaes l leevlaergái daa csa bpoo rs eLgeúsn  eCl soirgtsu,i enat ep prroopcueedsimtai endteo :los  grupos
parlamentarios.
Para la elección de personas que corresponda elegir a Les Corts, los grupos 
parlamentarios, mediante propuestas suscritas por un mínimo de dos grupos, 
podrán  presentar,  ante  la  comisión  parlamentaria  competente,  candidaturas 
concretas, acompañadas de los respectivos currículos que justifiquen la idoneidad 
de  las  personas  propuestas,  o  solicitar  a  cualesquiera  de  las  diversas 
administraciones, organismos y entidades públicas vinculadas al sector ferroviario 
o a la gestión de emergencias que propongan, en representación de las mismas, 
el nombramiento de personas cualificadas para dicha función. Dicha comisión, una 
vez  celebradas  las  comparecencias  pertinentes,  valorará  la  idoneidad  de  los 
candidatos y candidatas propuestos y elevará una propuesta al pleno de Les Corts 
que, en todo caso, observará el principio de paridad.
El Pleno de Les Corts elegirá a las tres personas que tiene asignadas por 
mayoría  de  tres  quintas  partes  aplicable  a  cada  una  de  las  candidaturas 
propuestas. En caso de que alguna de las personas propuestas no obtenga la 
mayoría necesaria en primera votación, se procederá a una segunda votación, en 
distinta sesión plenaria a celebrar dentro del plazo de un mes subsiguiente a la 
primera y en la que será suficiente con una mayoría absoluta para la elección de 
cada persona propuesta.
b)  Dos  personas,  a  título  individual  o  en  representación  de  cualquier 
administración,  organismo  o  entidad  pública  vinculada  al  sector  ferroviario  o 
gestión de emergencias, elegidas por el Consell, a propuesta de la conselleria 
competente en materia de transportes.
c)  El nombramiento de las personas que deban integrar el Consejo Rector se 
realizará por decreto del presidente de la Generalitat y se publicará en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana.
Los nombramientos efectuados por el Consell y Les Corts podrán disponer de 
sus respectivos suplentes.
4.  Las personas designadas como vocales, de entre las que se elegirá a la 
persona  titular  de  la  presidencia  del  órgano,  gozarán  de  independencia  y 
autonomía,  siendo  su  cargo  incompatible  con  el  ejercicio  de  aquellas  otras 
actividades,  tanto  públicas  como  privadas  cuyo  ejercicio  pueda  producir  un 
conflicto de intereses con las funciones de la agencia.
El cargo de vocal de la agencia será incompatible con el desempeño de 
funciones  directivas  o  ejecutivas  en  Partidos  Políticos,  Centrales  Sindicales, 
Asociaciones Empresariales y Colegios Profesionales.
5.  Al Consejo Rector le corresponde ejercer, sin otras limitaciones que las 
establecidas en la legislación vigente y sin perjuicio de las atribuciones de la 
presidencia, cuantas facultades y poderes, en general, sean precisos para el 
cumplimiento de sus fines y, en particular:
a)  Definir las directrices generales y líneas de actuación de la agencia.
b)  Nombrar y separar a la persona titular de la presidencia.
c)  Aprobar, a propuesta de la Dirección General de la agencia, el plan anual 
de actividades de la entidad.
d)  Aprobar  y  elevar  al  departamento  de  adscripción  el  anteproyecto  de 
presupuesto de la agencia.
e)  Aprobar  los  estados  de  ejecución  del  presupuesto,  la  memoria  y  las 
cuentas anuales. e
f)  Aprobar la plantilla, la organización funcional y el régimen de retribución de  bo
todo el personal de la entidad, dentro de las limitaciones legales y presupuestarias  59ww
y sing )p erLjuai ciaop droeb laacsi ócno mdpee telansc iacos navtoricbautiodraias sa  odter osp róuregbaanso sd dee  alad mGeisnióenra lpitaart.a  la
selehc)c ióFn odreml uplearrs olan apl rloapbuoeraslt aa l dsee rvaipciroo bdaec liaó na gdeenlc ieas.tatuto de la agencia, cuya
aprobación corresponde al Consell.
i)  Aprobar la metodología para la evaluación y valoración de los riesgos 
asociados a la operación ferroviaria.
6.  Los miembros del Consejo Rector podrán compatibilizar el cargo con otras 
actividades externas al ente, en todo caso compatibles conforme se prescribe en 
el  apartado  4  del  presente  artículo,  retribuyéndose  su  labor  mediante 
indemnizaciones o dietas acordes con la responsabilidad de sus funciones, por 
asistencia a las sesiones del Consejo Rector.
La cuantía de las indemnizaciones o dietas a percibir se establecerán por 
acuerdo del Consejo Rector. Las indemnizaciones o dietas que percibiesen en el 
ejercicio de sus funciones como miembros del consejo Rector, deberán ser de 
carácter público, y estarán sujetas a lo establecido en las sucesivas leyes de 
presupuestos anuales de la Generalitat. Su aprobación requerirá, en todo caso, 
informe previo y preceptivo de la conselleria competente en materia de hacienda.»
«Artículo  18.  Condiciones  y  requisitos  generales  de  seguridad  de  los 
subsistemas del sistema ferroviario.
[.…]
7.  Todos los elementos fijos y móviles, citados en los apartados anteriores, 
deberán cumplir con las especificaciones técnicas que se indiquen en el desarrollo 
reglamentario de la presente Ley. Este desarrollo podrá tomar como referencia 
todo o parte de alguna normativa que no sea de obligado cumplimiento en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana.»
Disposición  adicional  primera.  Órganos  competentes  para  el  inicio,  instrucción  y 
resolución de procedimientos sancionadores en las materias de industria, energía y 
minas.
En los procedimientos sancionadores en las materias de industria, energía y minas, 
son órganos competentes:
1.  Para su iniciación, las personas titulares de los Servicios Territoriales de Industria 
y Energía a los que corresponda el conocimiento del asunto por razón de territorio, 
correspondiendo  igualmente  a  dichos  Servicios  Territoriales  la  instrucción  del 
procedimiento.
2.  Para su resolución:
2.1  En el caso de infracciones muy graves, la persona titular de la Conselleria 
competente por razón de la materia.
2.2  En el caso de infracciones graves, la persona titular de la Dirección General 
competente por razón de la materia.
2.3  En el caso de infracciones leves, la persona titular de la Dirección Territorial 
competente por razón de la materia.
Disposición adicional segunda.  Expropiaciones derivadas de nuevas actuaciones en 
Infraestructuras Públicas.
Se declara la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados de 
expropiación forzosa como consecuencia de la ejecución de las obras: s
– Acondicionamiento carril bici CR-700 Pego-El Verger. w.
– Actuaciones de mejora de la movilidad en la estación de metro de Faitanar en  59ww
Qua–rt  Vdíea  Pveorbdleet .del Serpis. Tramo Muro de Alcoy-Lorcha. Alicante.
––  VPíaas avererdlae s doeblr eS elarp Vis-.2 T1.r aLma oP Loobrlac hdae- VFialarlnloanlsg.a. BOE-A-cable e
– Mejora seguridad vial CV-10, acceso sur a Les Coves de Vinromà.
–  Mejora  seguridad  vial  CV-800  y  ampliación  sección  transversal.  PK  8+500 
al 11+125. Jijona.
– Estabilización de taludes CV-755. Guadalest.
– Mejora de la seguridad vial, intersección CV-15/CV-124. Albocàsser.
– Mejora de la seguridad vial CV-70/CV-790. Benilloba.
– Mejora de la seguridad vial CV-70/CV-710. Benilloba.
– Vinaròs. Playa de Les Deveses.
– Vinaròs. Cala de las Llanetes y de las Timbes.
– Peñíscola. Mirador de la torre de la Badum.
– Chilches. Playa de Chilches. Lagunas sur.
– Chilches. Playa de Chilches. Lagunas de Almenara norte.
– Sagunto. Estacionamiento en la desembocadura del Palancia, margen de Canet 
d’en Berenguer.
– Sagunt. Aparcamiento en el parque empresarial.
– El Puig. Playa del Puig. Torre vigía.
– Cullera. Playa del Marenyet, puerto sur.
– Gandía. Playa de Els Marenys de Rafalcaid.
– Dénia. Estacionamiento de la playa de Els Molins. L’Estanyó.
– Benitachell. Mirador de la cala Moraig.
– Altea. Desembocadura del río Algar, m. izq.
– Alicante. Cala Cantalars.
– Villajoyosa. Cala del Xarco.
Disposición adicional tercera.  Medidas extraordinarias y específicas del procedimiento 
de admisión del alumnado e inicio de curso 2021-2022.
1.  En el procedimiento de admisión del alumnado para el curso 2021-2022, la 
Inspección General de Educación, en colaboración con los servicios competentes de la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y con el apoyo de los ayuntamientos, 
asumirá  las  funciones  atribuidas  a  las  comisiones  de  escolarización,  de  distritos  y 
sectoriales por el Decreto 40/2016, de 15 de abril, del Consell, y por la Orden 7/2016, 
de 19 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, sin 
perjuicio de las facultades atribuidas por la normativa básica estatal a las comisiones de 
escolarización. Para el cumplimiento de las funciones que la Ley orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de educación, atribuye a las comisiones de escolarización, se habilitarán, en su 
caso, los medios tecnológicos para que puedan hacerlo telemáticamente.
2.  El procedimiento de admisión a las enseñanzas de educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional básica, 
formación profesional de grado medio y formación profesional de grado superior para el 
curso  2021-2022,  se  tramitará  de  forma  electrónica.  La  administración  educativa 
habilitará puntos de atención al usuario para aquellas personas que no disponen de 
medios electrónicos.
2.1  Cada persona solicitante formulará una única solicitud, que contendrá una 
declaración responsable de cada una de las circunstancias requeridas para la admisión.
2.2  En el momento de formular la solicitud no se requerirá la aportación de la 
documentación acreditativa de las circunstancias declaradas.
2.3  Los resultados en los procesos de admisión en los centros docentes sostenidos  e
con fondos públicos se comunicarán a través de la sede electrónica de la Conselleria de  bo
Educación, Cultura y Deporte. 59ww
adm2is.4ió n Ldae l afolurmmunlaadcoió nse  dreea lirzeacrláa mpoarc imoneedsio sa el lercetsróunltaicdoos . provisional  y  definitivo  de
2.5  En el procedimiento de admisión en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos las personas interesadas podrán usar los siguientes sistemas de verificación de 
identidad a fin de formular la solicitud de admisión:
a)  Certificado  digital  emitido  por  la  Agencia  de  Tecnología  y  Certificación 
Electrónica de la Generalitat (ACCV).
b)  Sistema de identidad electrónica para las administraciones Cl@ve.
c)  eDNI, con su respectivo lector.
d)  Combinación del DNI e IDESP o número de apoyo, junto con la aceptación de 
comprobación ante el Ministerio del Interior.
e)  Combinación del NIE e IXESP, junto con la aceptación de comprobación ante el 
Ministerio del Interior.
f)  Número de certificado de registro de ciudadanía de la Unión Europea, precedido 
por la letra C, junto con la aceptación de comprobación ante el Ministerio del Interior.
Disposición adicional cuarta.  Publicación.
La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico regulará la publicación, dentro del 
ámbito de las competencias de la Generalitat, del listado que comprende los deudores a 
la hacienda pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, general tributaria, en cuanto a los tributos propios y cedidos por el 
Estado cuya aplicación corresponde a la Generalitat.
Disposición adicional quinta.  Fondos para la reconstrucción COVID-19.
Las actuaciones que se realicen con cargo a los fondos de reconstrucción COVID-19, 
se  considerarán  de  emergencia  a  los  efectos  previstos  en  el  artículo  120  de  la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen 
al  ordenamiento  jurídico  español  las  directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Bimensualmente, el Consell remitirá la relación de los contratos suscritos al amparo 
de la presente disposición a la Junta Superior de Contratación, sin perjuicio de las 
publicaciones legalmente establecidas a través del portal de transparencia.
Disposición adicional sexta.
Se modifica el punto 1 del artículo 104, Ley 27/2018, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat para el año 2019 donde se 
establece  el  objeto  social  de  la  sociedad  mercantil  Infraestructuras  y  Servicios  de 
Telecomunicaciones y Certificación, quedando con el siguiente contenido:
«El objeto social es:
a)  Prestación  de  servicios  de  transporte,  acceso,  difusión,  alojamiento, 
operación, mantenimiento y explotación de las redes de telecomunicaciones de la 
Generalitat, así como los recursos asociados a los servicios de radio y televisión y 
de emergencia, dentro del ámbito de responsabilidad de la Generalitat, así como 
cualquier otro servicio que la Generalitat se pueda comprometer a prestar en el 
futuro sobre estas infraestructuras.
La sociedad se constituirá como operador de telecomunicaciones y proveerá  s
servicios de comunicaciones electrónicas con las condiciones que establece la  oe.
legislación vigente para los operadores controlados por administraciones públicas. w.
lealse cbtrc)ó onmiPcuraenssi,c taaaccsiiíoó cnnoe dmse,o  s ldeaer v picrosioevsigs uaiórsindo,ac oidap deoyrsa  cadió elan s y ct oemncanfinaotnloezgnaíim asiee dnne to ll aad sien  flootrrsam nsasiscaticóecnmi oayn sde esy    2021-1859n https://ww
las infraestructuras físicas necesarias para la prestación de estos servicios.»
Disposición transitoria única.  Régimen de concesión de prórrogas de vigencia de las 
declaraciones  ambientales  estratégicas  sobre  instrumentos  de  planificación 
urbanística.
Aquellas DATE (declaración ambiental territorial estratégica) emitidas a instancias de 
entidades locales a instancia del artículo 25 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, y referidas a instrumentos de planificación urbanística que hayan 
perdido vigencia durante el primer estado de alarma de 2020 y hasta 120 días a contar 
desde el final de este (oficialmente el 21 de junio de 2020), finalizado este podrán 
solicitar de forma motivada la prórroga para la vigencia de la DATE hasta 60 días 
después de la publicación de esta disposición. La duración de las prórrogas concedidas 
al amparo de esta disposición se contabilizará desde el momento de su pérdida de 
vigencia, y los días del estado de alarma mencionado serán contabilizables a efectos de 
la caducidad.
Disposición derogatoria única.  Normativa que se deroga.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan 
a la presente ley y, en particular, las siguientes:
– Los capítulos I, II y III del Decreto-ley 2/2013, de 1 de marzo, del Consell, de 
actuaciones urgentes de gestión y eficiencia en prestación farmacéutica y ortoprotésica.
Disposición final primera.  Delegación legislativa en materia de vivienda.
Se autoriza al Consell para que, en el plazo de 12 meses a contar desde la entrada 
en vigor de la presente Ley, elabore y apruebe, a propuesta de la persona titular de la 
conselleria competente en materia de vivienda, un texto refundido de los contenidos de 
la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda de la 
Comunitat Valenciana, y del resto de disposiciones normativas vigentes con rango de ley 
que abarquen las materias de vivienda y arquitectura, así como para que se proceda a 
regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que deban ser refundidos hasta el 
momento de la aprobación del texto refundido por el Consell.
Disposición final segunda.  Autorización al Consell para aprobar un texto refundido de la 
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Paisaje de la Comunidad Valenciana.
Se autoriza al Consell para aprobar, hasta el 30 de junio de 2021, un texto refundido 
que  consolide  e  integre  en  un  texto  único,  debidamente  regularizado,  aclarado  y 
armonizado,  las  modificaciones  incorporadas  desde  su  entrada  en  vigor  en  la 
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje, de la Comunitat Valenciana.
Disposición final tercera.  Estatuto del Instituto Valenciano de Estadística.
Se faculta al Consell para que apruebe mediante decreto el Estatuto del Instituto 
Valenciano de Estadística en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta 
disposición.
Disposición final cuarta.  Habilitación para desarrollo reglamentario. oe.
Se autoriza al Consell para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el  59ww
desarrollo de lo previsto en esta ley.
Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2021.
No obstante, la modificación del apartado 4 del artículo 129 de la Ley 10/2010, de 9 
de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, 
efectuada  por  el  artículo  correspondiente  de  esta  ley,  se  aplicará  retroactivamente 
cuando se den las circunstancias que se indican en el citado precepto.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, tribunales, 
autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta 
Ley.
València, 30 de diciembre de 2020.–El President de la Generalitat, Ximo Puig i 
Ferrer.
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 8.987, de 31 de diciembre de 2020)