BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 302 Sábado 18 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 155177
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
20877 Real  Decreto-ley  28/2021,  de  17  de  diciembre,  por  el  que  se  adoptan 
medidas complementarias de carácter urgente para la reparación de los 
daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la recuperación 
económica y social de la isla de La Palma.
I
El pasado día 19 de septiembre de 2021 se inició una erupción volcánica en la isla 
de La Palma, en la zona de Montaña Rajada, dentro del término municipal de El Paso. 
Esta situación excepcional derivada de la mencionada erupción, unida a la manifestación 
de numerosos movimientos sísmicos en la isla, ha provocado la evacuación preventiva y 
realojo de miles de personas que han perdido su hogar o que se encuentra en zonas de 
exclusión, daños en infraestructuras y bienes públicos y privados, centros educativos, 
sociales y culturales, en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y 
otras instalaciones productivas, con las consiguientes repercusiones negativas en la vida 
personal, social, económica y cultural de las poblaciones afectadas.
Ante esta catástrofe natural, el Gobierno de la Nación emprendió la adopción de un 
paquete de medidas de respuesta inmediata y sostenida para atender a la población 
afectada de la isla de La Palma.
En primer lugar, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de septiembre 
de 2021, se declaró a la isla de La Palma zona afectada gravemente por una emergencia 
de protección civil (ZAEPC), permitiéndose así a todos los Departamentos ministeriales 
determinar las ayudas necesarias que permitieran recuperar todos los daños provocados 
por el volcán.
Asimismo,  y  en  la  misma  fecha,  el  Consejo  de  Ministros  adoptó  el  Real 
Decreto 820/2021, de 28 de septiembre, por el que se aprueba la concesión directa a la 
Comunidad Autónoma de Canarias de una subvención para financiar la adquisición de 
viviendas y enseres de primera necesidad destinados a las familias afectadas por la 
erupción volcánica en la zona de Montaña Rajada, en la isla de La Palma (Santa Cruz de 
Tenerife), por valor de 10,5 millones de euros.
Con posterioridad, se aprobó el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el 
que  se  adoptan  medidas  urgentes  de  apoyo  para  la  reparación  de  los  daños 
ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social 
de la isla de La Palma.
Dicha norma, que fue convalidada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 
pasado día 18 de noviembre de 2021, está permitiendo movilizar más de 213 millones de 
euros con el fin de hacer frente de forma transversal, específica y suficiente a los 
acontecimientos, para lograr una reconstrucción sólida, rápida e integral de la isla de La 
Palma.
No obstante, es indudable que esta situación de crisis, que dura ya más de tres 
meses, unida a su carácter impredecible, y que ha provocado la alteración e interrupción 
de todo tipo de actividades en la zona (educativas, sociales, culturales, entre otras), está  s
produciendo  un  impacto  sostenido  en  el  tiempo  que  sigue  requiriendo  de  toda  la  e.
determinación y prioridad de la acción del Gobierno de la Nación. w.
Por todo ello, y en atención a la persistencia de la catástrofe natural que sigue  877ww
anseocleasniddaod a q ulae  ihsalab idlitea nL aa l PGaolmbiae,r ncoo, ndceu rcroennf ocrimrciudnasdt acnocnia lso  pdree veisxttora eonrd einl aarriatí cyu lou r8g6e ndtee 
la Constitución Española, a adoptar las medidas que se recogen en este real decreto-ley.
II
El presente real decreto-ley consta de una parte expositiva y una parte dispositiva 
estructurada  en  cuatro  capítulos,  cinco  artículos,  una  disposición  adicional,  una 
disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
En el capítulo I, el artículo 1 modifica el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, 
por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños 
ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social 
de la isla de La Palma.
De este modo, en primer lugar, se da una nueva redacción al artículo 4.2, párrafo d) 
de la referida norma, relativo a las cuantías máximas de ayudas para los supuestos de 
destrucción o daños en viviendas habituales causados como consecuencia directa o 
indirecta de las erupciones volcánicas. Los graves efectos de la erupción volcánica han 
puesto  de  manifiesto  que  los  importes  de  las  ayudas  para  contribuir  desde  la 
Administración General del Estado a paliar los daños ocasionados en las viviendas son 
insuficientes, pese a haber sido incrementados en el citado real decreto-ley, que duplicó 
los  importes  del  régimen  ordinario  de  este  tipo  de  ayudas  previsto  en  el  Real 
Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a 
determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza 
catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión. Por ello, se duplican, 
con carácter inmediato, las ayudas respecto de las ya incrementadas en el mencionado 
Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre.
En segundo lugar, y en atención a la singularidad de esta emergencia de protección 
civil y la necesidad apremiante de los perjudicados de acceder de manera inmediata a 
las ayudas, especialmente en los casos de destrucción de viviendas, se introduce la 
posibilidad  de  obtener  anticipos  a  cuenta  de  las  mismas,  facilitando  una  gestión 
singularmente rápida, sin perjuicio del reintegro correspondiente, si se constatara la 
inexactitud de la declaración que dio lugar a la concesión.
Este  artículo  incorpora  asimismo  la  modificación  de  los  apartados  1  y  3  del 
artículo 27 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, estableciendo, por una parte, 
la prórroga del plazo de vigencia previsto en el referido artículo 27.1 hasta el día 2 de 
mayo de 2022, y, de otra parte, identificando de modo directo el ámbito territorial donde 
deba estar ubicado el domicilio fiscal del deudor.
Ambas medidas se adoptan en atención a la extraordinaria duración de la situación 
de crisis y la impredecibilidad de la misma, que mantiene la alteración e interrupción de 
todo tipo de actividades, incluidas las económicas, lo que aconseja la prórroga de la 
disposición en su día aprobada a través del citado Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de 
octubre, en relación con la concesión de un aplazamiento extraordinario de determinadas 
deudas tributarias.
Asimismo,  en  el  artículo  1  se  opera  una  modificación  del  artículo  36  del  Real 
Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, en el que se autorizó a la Administración General 
del Estado, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a adoptar 
las medidas que se estimasen más adecuadas para el apoyo a la Comunidad Autónoma 
de  Canarias  en  la  búsqueda  de  soluciones  para  el  restablecimiento  de  las 
infraestructuras en la red de carreteras afectadas por la erupción del volcán y posterior 
ejecución de las obras.
En el referido precepto no se determinó la forma en la que se materializaría dicha 
colaboración, habiéndose visto necesario que la misma se concrete a través de la 
creación de un grupo de trabajo que se instrumentará mediante la suscripción de un  e.
convenio entre ambas administraciones. w.b
Hay que recordar que la situación generada por el fenómeno volcánico ha supuesto  877ww
uanccae csriibsiilsid daed  lqause c eosm uurngiceancteio rneesso vlviaerr.ia Esn d ceo lnac irselato, , guennae rdaen dlaos  imcaprorerttaenratess m párosb alefemcatasd daes 
phear jsuidicoio l ad Ce alrorse tedraañ LoPs -2a c«aCeicrciduonsv aelanc ioótnra ssu rd»e,  dteitu tliaturildaaridd adde d eels Gtao baidemrnion isCtraancaiórino.,  sEins 
preciso, por tanto, que comiencen a trabajar de manera coordinada, a la mayor brevedad
posible,  la  Administración  General  del  Estado  y  la  autonómica  para  restablecer  la 
situación y estudiar las posibles soluciones a la movilidad de la isla en las condiciones 
resultantes fruto del fenómeno volcánico.
Es necesario, por tanto, modificar la redacción del citado artículo para completar las 
determinaciones del mismo, a la mayor brevedad posible, dada la urgencia existente y la 
necesidad de su cometido, al concretar la forma de coordinar la colaboración entre 
ambas administraciones.
Por su parte, el capítulo II, que comprende los artículos 2 y 3, recoge medidas de 
apoyo  al  sector  agrario  y  pesquero,  estableciéndose,  por  un  lado,  ayudas 
complementarias  dirigidas  a  paliar  los  efectos  de  la  colada  y  las  cenizas  en  las 
explotaciones agrarias, y por otro, medidas de publicidad institucional que fomenten el 
consumo de los productos agrarios o pesqueros afectados por la erupción volcánica.
En relación con las primeras, se trata de ayudas directas para la compensación de 
los perjuicios producidos en explotaciones, producciones e instalaciones agrícolas y 
ganaderas, que completan las subvenciones directas previstas en el título VII del Real 
Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, desarrollado mediante la Orden de 3 de noviembre 
de 2021 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se concede una 
subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias para instrumentar dichas 
ayudas. Dada la evolución de los acontecimientos y a la luz de los nuevos datos 
disponibles, se incluyen de forma complementaria estas nuevas medidas que tienen 
como fin paliar los efectos que la colada y las cenizas puedan provocar, ya sea de forma 
directa o indirecta. Se contempla igualmente que estas ayudas deberían ser compatibles 
con cualesquiera medidas impulsadas en el marco de las ayudas de Estado.
Del  mismo  modo,  se  promueve  la  celebración  de  campañas  institucionales  de 
publicidad y comunicación que fomenten el consumo y la posición en el mercado de los 
productos agrarios o pesqueros afectados por la erupción.
El capítulo III, conformado por el artículo 4, establece medidas dirigidas al sector 
cultural, concediéndose al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., una subvención 
directa  por  importe  máximo  de  150.000  euros  para  la  financiación  de  actividades 
culturales y artísticas destinadas a la población damnificada y afectada. Con ello se 
pretende  contribuir  a  mitigar  el  impacto  negativo  que  este  fenómeno  natural  está 
ocasionando en el sector, así como en la vida y la salud de las personas de la isla de La 
Palma, apoyando la petición del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias para 
la financiación de actividades culturales y artísticas destinadas a la población afectada.
En el capítulo IV, su único artículo 5 contempla medidas en materia de seguridad 
social, modificando el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas 
urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del 
mercado de trabajo, para establecer la exoneración de la obligación de cotizar para los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos del Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar, en el supuesto de que los mismos perciban las 
ayudas por paralización de la flota, previa acreditación de tal extremo. En ese sentido, es 
necesario impulsar desde el ámbito estatal mecanismos que permitan atemperar los 
efectos devastadores que, sobre la actividad de estos trabajadores autónomos o por 
cuenta propia está teniendo la prohibición de faenar en las aguas de la isla de La Palma. 
No en vano, esta situación hace que el colectivo no disponga de medios para subsistir 
hasta el restablecimiento del medio marino y la reparación de las embarcaciones y 
aparejos de pesca.
La parte final de la norma comprende una disposición adicional, una disposición  s
transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. oe.
La  disposición  adicional  única  prevé  la  realización  de  las  modificaciones  w.
presupuestarias  que  resulten  necesarias,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  877ww
Lmeeyd i4d7a/s2 0c0o3n,t edneid 2a6s  deen  ensotveie rmeablr dee, cGreetnoe-rleayl .Presupuestaria, para dar cumplimiento a las
La disposición transitoria única establece la aplicación retroactiva de las nuevas 
cuantías máximas de las ayudas tanto a las solicitadas como a las concedidas con 
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
La disposición derogatoria única deroga cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.
Mediante la disposición final primera se modifica el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 
de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta 
a la pandemia de la COVID-19, en virtud del cual se creó la Línea COVID de ayudas 
directas a autónomos y empresas, dirigida a apoyar la solvencia del sector privado, 
mediante la provisión a empresas y autónomos de ayudas directas de carácter finalista.
La gestión y el control de esta Línea, con una dotación total de 7.000 millones de 
euros, se encomendó a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de 
Ceuta  y  Melilla,  encargándose,  por  consiguiente,  de  la  realización  de  las 
correspondientes convocatorias para la concesión de las ayudas, su tramitación, la 
gestión y resolución de las solicitudes, el abono de las ayudas, así como la realización 
de los controles previos y posteriores al pago. Para poder acceder a estas ayudas, las 
empresas beneficiarias tienen que asumir, entre otros, el compromiso de mantener la 
actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022.
La catástrofe natural provocada por la erupción volcánica registrada en la isla de La 
Palma puede dificultar el cumplimiento de dicho compromiso por parte de las empresas 
que operan en la isla. Por ello, se modifica el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, 
con el objetivo de exceptuar de su cumplimiento a las empresas beneficiarias radicadas 
en la isla de La Palma.
La disposición final segunda contempla los títulos competenciales de la Constitución 
Española que amparan al Estado para aprobar las distintas medidas recogidas en este 
real decreto-ley.
Por último, la disposición final tercera se refiere a la entrada en vigor de esta norma.
III
El  artículo  86  de  la  Constitución  Española  de  1978  permite  al  Gobierno  dictar 
decretos-leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad, siempre que no afecten 
al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y 
libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las 
comunidades autónomas ni al Derecho electoral general».
En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha precisado que la 
utilización  de  la  figura  constitucional  del  real  decreto-ley  resulta  un  instrumento 
constitucionalmente lícito siempre que el fin que justifique emplear la legislación de 
urgencia  sea  el  de  subvenir  a  una  situación  concreta,  dentro  de  los  objetivos 
gubernamentales,  y  que  por  razones  difíciles  de  prever,  requiere  de  una  acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes,  máxime 
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno (por todas, 
sentencias 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, 137/2003, de 3 
de julio, FJ 3, y 189/2005, de 7 julio, FJ 3; 68/2007, F. 10; y 137/2011, FJ 7). Tales 
extremos quedan suficientemente explicitados ante la situación de erupción volcánica de 
la isla de La Palma.
Así, por lo que se refiere a las medidas que se adoptan en materia de daños en  s
viviendas, se mantiene la justificación contenida en el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de  e.
octubre, dada la persistencia y magnitud de los efectos adversos de la catástrofe natural  w.
y  el  escaso  tiempo  transcurrido  desde  la  aprobación  del  mismo.  Es  más,  las  877ww
ccuoannsetícause ndceia sl adse  laay eurduapsc,i óna l hasne rr evloesla deof epcrteocsi sadme enetset ela  nfeencóemsiednaod  dpea artuicmuelanrtmare nlates 
ldoesv aafsetcatdaodroess ;a acscíe cdoemr coo dne u hrgaebnilictaiar  ala l acso nmciessmióans .de anticipos a cuenta, a fin de permitir a  BOE-A-cable e
La misma consideración cabe hacer respecto a las medidas tributarias y para el 
restablecimiento de infraestructuras en la red de carreteras. El próximo vencimiento del 
término previsto en el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, para el aplazamiento 
extraordinario de determinadas deudas tributarias, hace necesario prorrogar sin demora 
su ámbito temporal, ante la persistencia de la situación de crisis.
Por lo que se refiere al restablecimiento de infraestructuras en la red de carreteras, la 
efectividad  de  la  colaboración  entre  las  administraciones  estatal  y  autonómica, 
implicadas  en  el  logro  de  dicho  objetivo,  requiere  articular  de  forma  inmediata  los 
mecanismos necesarios para ello.
En  cuanto  a  las  medidas  en  el  ámbito  del  sector  agrario  y  pesquero,  el 
mantenimiento de actividad volcánica ha continuado generando importantes daños en 
las producciones agropecuarias, lo que se ve agravado por el hecho de que el riesgo de 
volcán no resulta asegurable por el sistema del seguro agrario, quedando además 
expresamente excluido de la posibilidad de cobertura de los riesgos extraordinarios del 
Consorcio de Compensación de Seguros. Estas circunstancias se han mantenido y 
agravado con el paso de los días y la expansión de la actividad volcánica, que ha 
sepultado nuevas superficies agrarias y que ha perjudicado con mayor intensidad a las 
producciones afectadas, entre otras cosas, por el corte de los suministros de agua para 
riego  y  por  la  disminución  del  valor  de  ciertas  producciones  deterioradas  por  la 
persistente lluvia de cenizas.
En  efecto,  se  ha  constatado  la  destrucción  de  numerosas  parcelas  de  cultivos 
esenciales en la isla, tales como viña, aguacate, olivos, hortalizas, cítricos, frutales, 
plataneros y huertos, algunos en producciones al aire libre y otros en invernaderos, con 
un  creciente  número  de  hectáreas  afectadas  y  la  imposibilidad  de  retorno  de  los 
animales a las explotaciones en peligro o destruidas, con el consiguiente mantenimiento 
de las pérdidas económicas por imposibilidad para los agricultores y ganaderos de 
retomar  su  labor  profesional.  Estas  circunstancias  no  sólo  no  se  han  detenido  o 
controlado aún, sino que se espera que continúen durante un tiempo indeterminado 
creando nuevas necesidades, bien por la ampliación de las zonas afectadas, bien por la 
continuidad en el tiempo de la situación excepcional dada.
Por  ello  concurren  causas  de  urgente  y  extraordinaria  necesidad,  conforme  al 
artículo 86 de la Constitución Española, que justifican la adopción de las medidas 
recogidas en este real decreto-ley para la población agraria, puesto que dicha población 
requiere de la intervención inmediata de los poderes públicos con el fin de compensar, 
con urgencia, por un lado, la pérdida de la renta que sufren desde que se adoptaron las 
medidas de seguridad, la destrucción de su medio de vida en algunos casos, y por otro 
el coste de la reparación de infraestructuras y parcelas con el fin de retomar cuanto 
antes su actividad. Esta urgencia impide acudir a los medios ordinarios de provisión de 
ayudas por cuanto de no optarse por esta fórmula, la finalidad de las ayudas devendría 
ineficaz y se desprotegería a la población afectada. En similares términos se puede 
describir la urgencia de acometer medidas en el ámbito publicitario, de modo que los 
poderes públicos lancen un mensaje decidido y de inmediata eficacia en apoyo de los 
productos locales afectados por la erupción. Como es lógico, el descenso abrupto en los 
ingresos y en la actividad económica de los operadores de la zona ha repercutido de 
modo imprevisible y grave en el entramado económico de la isla. Por consiguiente es 
imprescindible una actividad de fomento de determinadas conductas en el lado de la 
demanda que potencien la recuperación económica y de la actividad productiva, que se 
vienen a sumar a otras medidas relacionadas con la comercialización de tales productos,  s
como la reciente Orden APA/1219/2021, de 8 de noviembre, por la que se dispone la  oe.
inaplicación temporal de determinados requisitos de la norma de comercialización de los  w.
plátanos originarios de la isla de La Palma dañados por la ceniza con motivo de la  877ww
erupJcuiónnto d ecol vno llcaásn  adyeu Cdausm bdrees Vtinieajad.as  a satisfacer las  necesidades materiales de la
peombolacicoiónna,le ns oy  spes icpouleódgeic aoslv iqduaer  ulan  ufergneónmtee nnoe cdees iedsatda sd ec aaratecntedreísrt iclaass  cporondseuccuee ennci alas   BOE-A-cable e
población. A ello se orientan las medidas de apoyo a la cultura, que, además, pretenden 
coadyuvar a la recuperación de un sector, el cultural, especialmente vulnerable y que se 
encontraba ya debilitado por la crisis de la COVID-19.
Por otro lado, a la vista de las circunstancias descritas, así como de la necesidad de 
amortiguar las pérdidas y efectos sobre la actividad económica y el empleo que la 
erupción volcánica está ocasionando en el sector de los trabajadores autónomos o por 
cuenta  propia  incluidos  en  el  Régimen  Especial  de  la  Seguridad  Social  de  los 
Trabajadores del Mar, de manera que se mantenga su viabilidad, se hace prioritaria la 
adopción de medidas en este ámbito. Para dicho fin, se compatibiliza la exoneración de 
cotizaciones a la Seguridad Social de tales trabajadores con las ayudas concedidas por 
la Comunidad Autónoma de Canarias, durante el tiempo que las perciban, de manera 
que se amortigüen las pérdidas y efectos sobre la actividad económica y el empleo que 
la erupción volcánica está ocasionando en el sector.
Finalmente, en cuanto a las medidas relativas a la Línea COVID de ayudas directas a 
autónomos y empresas, regulada en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, la 
modificación de una norma con rango de ley exige, obviamente, norma del mismo rango, 
por lo que el recurso al Real Decreto ley queda plenamente justificado. También se 
mantienen las mismas razones de extraordinaria y urgente necesidad que legitimaron en 
su momento la aprobación, por esta vía excepcional, de la norma cuya modificación se 
pretende; debiendo tenerse en cuenta, además, que las empresas beneficiarias de la isla 
de La Palma cuya actividad ha resultado afectada por la erupción del volcán ya han 
recibido la subvención y por tanto están obligadas al cumplimento de las condiciones 
establecidas, o en caso contrario a la devolución de la ayuda. Por ello, no sería posible 
que,  por  la  vía  ordinaria  o  por  el  procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación 
parlamentaria de las leyes, pudiera alcanzarse el fin perseguido, debiendo ofrecer a los 
destinatarios de las subvenciones las mayores garantías de certidumbre jurídica sobre 
las exigencias relativas al mantenimiento de su actividad hasta el 30 de junio de 2022.
Además de lo anterior, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real 
decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; y 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta 
decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, 
de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019). Las razones 
expuestas demuestran que, en ningún caso, el presente real decreto-ley constituye un 
supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, 
de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 
y 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5).
Igualmente, la doctrina constitucional sostiene que esa situación de extraordinaria y 
urgente necesidad puede deducirse «de una pluralidad de elementos», entre ellos, «los que 
quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma» (STC 6/1983, de 4 de febrero).
Por su parte, entre la situación de extraordinaria y urgente necesidad que habilita el 
empleo  de  la  herramienta  del  real  decreto-ley  y  las  medidas  contenidas  en  él,  debe 
apreciarse una «relación directa o de congruencia». Debe quedar, por tanto, acreditada «la 
existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida 
concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, 
de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4)». En el presente caso, la regulación 
que se propone está justificada por las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad 
que se han referido, las cuales justifican la concurrencia de los requisitos constitucionales que 
habilitan  al  Gobierno  para  aprobar  el  presente  real  decreto-ley  dentro  del  margen  de  s
apreciación  que,  en  cuanto  órgano  de  dirección  política  del  Estado,  le  reconoce  el  oe.
artículo 86.1 de la Constitución (STC 142/2014, FJ 3 y STC 61/2018, FFJJ 4 y 7). w.
Debe  señalarse  también  que  este  real  decreto-ley  respeta  los  límites  877ww
acofencsttait uacl ioorndaelmnaemntieen etos tdaeb lleacsi dinosst itpuacrioan eels  ubsáos icdaes  edsetle E isntsatdruom, ae nlotos  dneorremcahtoivso, ,d epbueerse sn oy 
lCiboemrtuandiedsa ddees l oAsu ctóiundoamdaasn onsi  arle Dguelraedcohso  eenle eclt otírtaull og eI ndeer alal. Constitución, al régimen de las  BOE-A-cable e
Finalmente, el real decreto-ley atiende al cumplimiento y respeto de los principios de 
buena  regulación,  exigibles  en  todo  texto  normativo,  y  que  se  contemplan  en  el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
Así, atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, existe un claro y evidente 
interés general que sustenta las medidas que se aprueban en la norma, siendo así el real 
decreto-ley el instrumento más inmediato y eficaz para garantizar su consecución. Se 
respeta  asimismo  el  principio  de  proporcionalidad,  dado  que  contiene  la  regulación 
meramente imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados.
A  su  vez,  la  norma  resulta  coherente  con  el  vigente  ordenamiento  jurídico, 
ajustándose, por ello, al principio de seguridad jurídica. Y, por último, en cuanto al 
principio de transparencia, esta norma, si bien está exenta de los trámites de consulta 
pública, audiencia e información pública por tratarse de un decreto-ley, tal y como 
autoriza el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, define 
claramente sus objetivos, reflejados tanto en su parte expositiva como en la Memoria 
que lo acompaña. Por último, en relación con el principio de eficiencia, en este real 
decreto-ley se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas 
para los ciudadanos.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de los Ministros de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática; del Interior; de Agricultura, Pesca y Alimentación; de 
Cultura y Deporte; y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y de las Ministras de 
Asuntos  Económicos  y  Transformación  Digital;  de  Hacienda  y  Función  Pública;  de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; y de Política Territorial, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de diciembre de 2021,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas de apoyo para paliar daños en materia de vivienda, tributarias, 
y para el restablecimiento de infraestructuras en la red de carreteras
Artículo 1.  Modificación del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se 
adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados 
por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla 
de La Palma.
El  Real  Decreto-ley  20/2021,  de  5  de  octubre  por  el  que  se  adoptan  medidas 
urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones 
volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, queda 
modificado como sigue:
Uno.  El párrafo d) del artículo 4.2 queda redactado en los siguientes términos:
«d)  Las cuantías máximas de las ayudas previstas en el artículo 17 del Real 
Decreto 307/2005, de 18 de marzo, serán las siguientes:
1.º)  Por destrucción total de la vivienda habitual: 60.480 euros.
2.º)  Por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual: 41.280 euros. e.
3.º)  Por daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual: 20.640 euros. w.
4.º)  Por daños en elementos comunes de uso general de las comunidades  877ww
de propietarios en régimen de propiedad horizontal: 36.896 euros.»
Dos.  Se adiciona un artículo 4 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 4 bis.  Anticipos a cuenta.
1.  Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4.2, los solicitantes podrán, 
asimismo,  suscribir  una  declaración  responsable  en  la  que  manifiesten  que 
cumplen con todos los requisitos establecidos por el Real Decreto 307/2005, de 18 
de marzo, y por este real decreto-ley, y en la que autoricen a la Delegación del 
Gobierno a acceder al sistema de verificación de datos de identidad y, en su caso, 
de residencia para comprobar que la vivienda afectada constituye el domicilio de 
residencia habitual del solicitante, tal y como exige la normativa vigente.
2.  Dicha declaración habilitará también a la concesión de la subvención, que 
conllevará el pago de un anticipo a cuenta de las ayudas concedidas por un 
importe de hasta el cincuenta por cien de la ayuda máxima, siempre y cuando los 
afectados  no  hubieran  recibido  compensación  alguna  de  subvenciones, 
indemnizaciones, ayudas, ingresos o recursos, procedentes de sistemas públicos 
o privados, nacionales o internacionales o por parte de cualquier otro sistema de 
cobertura de daños, público o privado, nacional o internacional, del que puedan 
ser beneficiarios.
3.  El pago del resto de la subvención procederá una vez verificada por la 
administración  la  concurrencia  de  los  requisitos  exigidos.  Si  se  constatara  la 
inexactitud de la declaración que dio lugar a la concesión de la subvención, 
procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  de  conformidad  con  lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4.  En atención a la especial naturaleza de las ayudas previstas en este real 
decreto-ley, no será de aplicación a los anticipos la exigencia de garantías.»
Tres.  Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 27, que quedan redactados, 
respectivamente, de la siguiente forma:
«1.  En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del 
Estado, a los efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la 
Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  se  concederá  el 
aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas 
declaraciones-liquidaciones  y  autoliquidaciones  cuyo  plazo  de  presentación  e 
ingreso finalice desde el día siguiente a la entrada en vigor de esta norma hasta el 
día 2 de mayo de 2022, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas 
hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la 
citada ley.»
«3.  Será  requisito  necesario  para  la  concesión  del  aplazamiento  que  el 
deudor sea una persona o entidad que tenga su domicilio fiscal en la isla de La 
Palma (Santa Cruz de Tenerife).»
Cuatro.  Se modifica el artículo 36, que queda redactado de la siguiente manera:
«Se autoriza a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a adoptar las medidas que se estimen 
más adecuadas para el apoyo a la Comunidad Autónoma de Canarias en la 
búsqueda de soluciones para el restablecimiento de las infraestructuras en la red  es
de carreteras afectadas por la erupción del volcán y posterior ejecución de las  o
CTotrbraaarbnanPaassjar.opira oasdr t,eee l s pcd,a oerMmsaa oprvorlaoisl ilidlcocai óoddnoe  r ydpla iansAra iptgcareireóniavndi  saiind otenUe egrbslraa asddn eoalm  ,p peáyodr rri darreafeopsp r areendssteeee nrnitrotaearns nsttteaeesb sc l erddeceeaimllr  áiMGe unoinntboi sig etrerdunrepioo o   ldddaeees     OE-A-2021-20877able en https://www.
infraestructuras en la red de carreteras de La Palma afectadas por la erupción del
volcán  de  Cumbre  Vieja,  que  sean  competencia  de  las  Administraciones 
integrantes del grupo de trabajo.
La creación del grupo de trabajo se instrumentará mediante la suscripción de 
un  convenio  entre  ambas  partes,  formalizándose  las  medidas  de  apoyo  y 
cooperación  que  se  acuerden  en  el  seno  del  mismo,  a  través  de  los 
correspondientes  instrumentos  jurídicos,  de  acuerdo  con  la  Ley  de  Régimen 
Jurídico del Sector Público y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.»
CAPÍTULO II
Medidas de apoyo al sector agrario y pesquero
Artículo  2.  Ayudas  directas  para  la  compensación  de  los  perjuicios  producidos  a 
titulares de explotaciones agrarias.
1.  Se concederán nuevas ayudas en los términos contemplados en los artículos 38 
y 40 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, con el fin de compensar nuevos 
perjuicios y daños adicionales que se puedan haber producido en dichos sectores con 
ocasión de la continuación de la actividad volcánica.
2.  El importe máximo total de estas ayudas adicionales será de hasta 10 millones 
de euros. La concesión de una nueva subvención directa al Gobierno de Canarias por el 
importe citado quedará condicionada a la previa justificación por parte de la comunidad 
autónoma de los gastos efectuados con cargo a la subvención directa por importe 
de  18.833.060  €  concedida  mediante  orden  del  Ministro  de  Agricultura,  Pesca  y 
Alimentación de 3 de noviembre de 2021 en la forma prevista en la misma y a la previa 
determinación de los nuevos perjuicios y daños adicionales producidos.
Las nuevas ayudas adicionales podrán emplearse como aportación nacional de la 
medida de «Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres 
naturales  y  catástrofes  e  implantación  de  medidas  preventivas»,  del  programa  de 
desarrollo rural de Canarias.
Artículo 3.  Publicidad institucional.
1.  El  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación  organizará  campañas 
institucionales de publicidad y comunicación que fomenten el consumo y la posición en el 
mercado de los productos agrarios o pesqueros procedentes de las zonas afectadas de 
La Palma por la erupción.
2.  Conforme al artículo 13 de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y 
Comunicación  Institucional,  se  declara  que  en  estas  campañas  concurren  motivos 
sobrevenidos que les eximen de estar previstas en el correspondiente Plan anual de 
publicidad y comunicación institucional.
3.  El importe máximo total de estas campañas será de hasta 2 millones de euros.
CAPÍTULO III
Medidas de apoyo al sector cultural
Artículo 4.  Medidas de apoyo para la realización de actividades culturales y artísticas. s
1.  Se concederá al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, SA, entidad vinculada y  w.b
adscrita al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, una subvención directa  877ww
dpeo rl aim Lpeoyr t3e8 /m20á0xi3m, od ed 1e7 1 d5e0 .n0o0v0i eemubrores,. de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.b)
pobl2a.c ioSneersá anf eocbtjaedtoa sd ep ofirn laan ecriuapcicóiónn l avso laccátnivicidaa edne sla c iuslltau rdaele Lsa y P aarltmísati.cas dirigidas a las
3.  La concesión de esta subvención se llevará a cabo mediante orden del Ministro 
de  Cultura  y  Deporte,  que  se  dictará  previa  presentación,  por  parte  de  la  entidad 
beneficiaria, del programa de actividades culturales y artísticas junto con un presupuesto 
desglosado, así como una declaración responsable por la cual acredite el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario, en los términos 
establecidos por el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La  orden  recogerá,  en  todo  caso,  el  objeto,  las  actuaciones  concretas 
subvencionables  y  el  plazo  para  su  realización,  el  procedimiento  de  pago  y  el 
procedimiento para la justificación de la subvención, con base a lo establecido en este 
artículo.
4.  La propuesta de pago de la subvención se efectuará, con carácter anticipado a 
su  justificación,  tras  la  orden  de  concesión  de  la  subvención.  De  acuerdo  con  el 
artículo 42.2.a) del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, SA 
queda exonerado de la constitución de garantías.
5.  El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, SA deberá justificar, ante el Ministerio 
de  Cultura  y  Deporte,  los  gastos  realizados  mediante  la  presentación  de  cuenta 
justificativa, que contendrá una memoria de actuación justificativa de la realización de las 
actividades  objeto  de  subvención  y  una  memoria  económica  de  los  desembolsos 
realizados con el contenido que se regula en el artículo 72.2 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
6.  Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y no justificadas en los 
términos y por las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III de su Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será la 
persona titular del Ministerio de Cultura y Deporte.
7.  Esta subvención será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  6  del  Real 
Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, y en el 
artículo 30 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
8.  El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, SA deberá dar la adecuada publicidad 
del carácter público de la financiación de las actividades mediante la inclusión de la 
imagen institucional del Ministerio de Cultura y Deporte en carteles, placas, materiales 
impresos,  medios  electrónicos  o  audiovisuales,  o  bien  en  menciones  realizadas  en 
medios de comunicación.
9.  El importe de la subvención se abonará con cargo al crédito que se habilite en el 
presupuesto de gastos del Ministerio de Cultura y Deporte.
CAPÍTULO IV
Medidas en materia de seguridad social
Artículo  5.  Modificación  del  Real  Decreto-ley  18/2021,  de  28  de  septiembre,  de 
medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la  e.
mejora del mercado de trabajo. w.
comSoe s miguoed:ifica el apartado 5 de la disposición adicional sexta.dos, que queda redactado
«5.  El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una
retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, con el desempeño de
otra actividad por cuenta propia, con la percepción de rendimientos procedentes 
de una sociedad y con la percepción de una prestación de Seguridad Social, salvo 
aquella  que  el  beneficiario  viniera  percibiendo  por  ser  compatible  con  el 
desempeño de la actividad que desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el 
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad 
será además incompatible con las ayudas por paralización de la flota. Sin perjuicio 
de ello, en el supuesto de percepción de tales ayudas, y previa acreditación de tal 
extremo,  los  trabajadores  autónomos  también  quedarán  exonerados  de  la 
obligación de cotizar en los términos señalados en el apartado 4.»
Disposición adicional única.  Modificaciones presupuestarias.
Para  dar  cumplimiento  a  lo  previsto  en  este  real  decreto-ley  se  realizarán  las 
modificaciones presupuestarias que sean necesarias, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
La tramitación de las ayudas establecidas en el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de 
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los 
daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y 
social de la isla de La Palma, quedan exceptuadas de las fechas establecidas para la 
recepción  y  tramitación  de  expedientes  y  documentos  contables  en  la  Orden 
HFP/1246/2021, de 15 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del 
ejercicio 2021 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias.
Disposición transitoria única.  Aplicación retroactiva de las cuantías máximas de las 
ayudas destinadas a paliar daños materiales en viviendas.
Las cuantías máximas establecidas por el artículo 1.uno de este real decreto-ley 
resultarán aplicables tanto a las solicitudes que se encuentren en tramitación como a las 
ayudas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, lo que deberá ser, 
en su caso, apreciado de oficio.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia de la COVID-19.
El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a 
la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, queda modificado 
como sigue:
Uno.  El artículo 4.5 queda redactado en los siguientes términos:
«5.  La empresa beneficiaria de estas ayudas deberá justificar ante el órgano 
concedente el mantenimiento de la actividad que da derecho a las ayudas a 30 de 
junio de 2022. En caso contrario, procederá el reintegro de las ayudas percibidas  s
al amparo de este título. oe.
Se exceptúa de dicha obligación a las empresas beneficiarias radicadas en la  w.
isla de La Palma.» 2021-20877n https://ww
Dos.  El párrafo a) del apartado 2 de la disposición adicional cuarta queda redactado 
en los siguientes términos:
«a)  Deberán mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 
de junio de 2022, con la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 4.5 
del presente Real Decreto-ley.»
Disposición final segunda.  Títulos competenciales.
El capítulo II se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución Española, que establece que el Estado tiene competencia exclusiva en 
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
El  capítulo  III  se  dicta  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  149.2  de  la 
Constitución Española, que establece que, sin perjuicio de las competencias que podrán 
asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como 
deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades 
Autónomas, de acuerdo con ellas.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 17 de diciembre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN