BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 275 Miércoles 17 de noviembre de 2021 Sec. I.   Pág. 141667
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
18817 Real Decreto 989/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la 
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y 
Melilla  de  ayudas  para  la  ejecución  del  programa  de  emisión  de  bonos 
digitales para colectivos vulnerables, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
La  Agenda  España  Digital  2025  recoge  un  conjunto  de  medidas,  reformas  e 
inversiones, articuladas en diez ejes estratégicos alineados con las políticas digitales 
marcadas por la Comisión Europea para el nuevo periodo. Las acciones de la Agenda 
están orientadas a impulsar un crecimiento más sostenible e inclusivo, impulsado por las 
sinergias de las transiciones digital y ecológica, que llegue al conjunto de la sociedad, 
marcándose  como  uno  de  sus  objetivos  el  de  garantizar  una  conectividad  digital 
adecuada para el 100 por ciento de la población, promoviendo la desaparición de la 
brecha digital entre zonas rurales y urbanas (meta 2025: 100 por ciento de la población 
con cobertura 100 Mbps).
Aunque se han hecho grandes progresos, sigue constatándose la existencia de una 
diferencia  significativa  en  la  cobertura  entre  campo  y  ciudad,  pequeñas  y  grandes 
empresas, y entre los diferentes grupos sociales. Las comunicaciones de muy alta 
velocidad dan acceso potencial a oportunidades económicas, sociales y personales, pero 
sólo el uso de dichas infraestructuras fomenta el surgimiento de nuevos modelos de 
negocio y de prosperidad y bienestar, siendo uno de los factores que ayudan a fijar la 
población, contribuyendo a vertebrar el territorio venciendo las distancias. Además, son 
motor de progreso. Según la UE, las inversiones en TIC han generado en los últimos 
años un incremento del 50 por ciento de la productividad en Europa. La pandemia 
COVID-19  ha  puesto  de  manifiesto  la  importancia  y  la  necesidad  de  llevar  esas 
oportunidades a todas las personas. Para garantizar esa dotación de servicios –económicos, 
sociales, administrativos, médicos– se requiere dotar de conectividad suficiente a aquellos 
colectivos  especialmente  vulnerables  a  fin  de  que  puedan  acceder  a  los  servicios 
básicos y no quedarse atrás.
La brecha digital de acceso y capacidad de uso de redes actúa cada vez más como 
vector para una nueva causa de exclusión social, afectando especialmente a aquellos 
colectivos más vulnerables. Durante la crisis de la COVID-19, la necesidad de continuar 
de manera remota con la actividad económica, las labores de enseñanza o el acceso a 
servicios  médicos  o  sociales,  entre  otros,  han  evidenciado  este  nuevo  factor  de 
desigualdad. El teletrabajo se ha mostrado como una gran oportunidad para favorecer 
una menor concentración de la población, siempre y cuando se acompañe del acceso a 
una serie de servicios sociales y económicos disponibles en las grandes concentraciones 
urbanas.  La  fijación  de  la  población  en  las  zonas  menos  habitadas  o  en  declive 
demográfico, ya sea de edad avanzada o joven, requiere la disponibilidad de acceso a 
servicios esenciales en formato digital. Consecuentemente, resulta necesario plantear la  s
conectividad en un sentido amplio, como aquella que permite acceder desde todos los  e.
territorios y a cualquier colectivo social a servicios educativos y culturales, socio-sanitarios  w.
y de comercio de bienes y servicios. 817ww
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social para los colectivos más vulnerables, vinculados con otros programas orientados a 
cerrar las brechas sociales e impulsar la integración.
La magnitud de la crisis económica, social y sanitaria provocada por la pandemia 
COVID-19 ha exigido una respuesta común a escala europea que se ha materializado 
con la puesta en marcha del el nuevo Fondo de Recuperación «Next Generation EU», 
cuyo objeto es contribuir al proceso de recuperación de las economías de la Unión a 
partir de 2021. Dentro de este Fondo, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(MRR), establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  permitirá  a  España  movilizar  un  volumen  de 
inversión sin precedentes.
Con el fin de canalizar estas inversiones, contribuyendo a una recuperación sólida 
y sostenible de la economía española, el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR), informado favorablemente por la Comisión Europea el 16 de junio 
de 2021 y aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 6 de julio de 2021, traza la 
agenda para la modernización de la economía española haciendo uso de los recursos 
económicos que provendrán de este Fondo.
El PRTR es un proyecto de país que requiere de la implicación de todos los agentes 
económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos 
de  la  administración  pública.  Los  proyectos  que  constituyen  el  PRTR  permitirán  la 
realización de reformas estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e 
inversiones,  y,  por  lo  tanto,  supondrán  un  cambio  del  modelo  productivo  para  la 
recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19. Además, 
la aplicación de estos fondos guiará una transformación de la estructura económica, 
convirtiéndola  en  más  resiliente  e  inclusiva,  de  especial  relevancia,  para  el  interés 
público, social y económico.
Con el objeto facilitar el diseño y la ejecución de las actuaciones financiables con 
fondos europeos, así como la implementación del Plan, mediante el Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, se han aprobado medidas urgentes para 
la  modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación Transformación y Resiliencia.
Dentro de las diez políticas palanca que contempla el PRTR, una de las treinta líneas 
de  acción  que  se  identifican  es  la  componente  15  (Conectividad  digital,  impulso  a 
la ciberseguridad y despliegue del 5G) que tiene entre sus objetivos el impulso a la 
trasformación digital, apostando porque el 100 por ciento de la población disponga de 
una conectividad adecuada, promoviendo así la desaparición de la brecha digital entre 
zonas rurales y urbanas.
En línea con el citado Plan para la Conectividad, dentro de esta componente 15 del 
PRTR  se  contempla  la  inversión  C15.I3  «Bonos  digitales  para  pymes  y  colectivos 
vulnerables», que prevé la financiación de inversiones y gastos derivados de la conexión 
a banda ancha de colectivos vulnerables.
De acuerdo con lo previsto en el PRTR, dicha inversión, que incluye la concesión 
de al menos 125.000 bonos de conectividad para personas o familias calificadas de 
vulnerables para adquirir un paquete de conexión de banda ancha con la tecnología más 
adecuada, deberá haberse implementado a más tardar el 31 de diciembre de 2023.
De acuerdo con lo anterior, este real decreto tiene por objeto la puesta en marcha de 
un programa de bonos digitales orientados a potenciar la conectividad de colectivos  s
vulnerables. oe.
A tal efecto, a través de esta norma se regula la concesión directa, con carácter  w.
extraordinario y por razones de interés público, social y económico, de conformidad con  817ww
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vduel naeyraubdlaess .destinadas  a  potenciar  la  conectividad  de  banda  ancha  para  colectivos  BOE-A-cable e
En este sentido, entre las razones que justificarían acudir a la concesión directa 
(y no a otro mecanismo para la distribución de los fondos), estriba en que al Estado 
le  corresponde,  en  exclusiva,  la  competencia  sobre  las  telecomunicaciones 
(artículo 149.1.21.ª CE), por lo que el mejor sistema para garantizar la coexistencia de 
dicha exclusividad y una gestión eficaz de los fondos europeos contemplados en el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es el de acudir a la concesión directa de 
las ayudas a las comunidades autónomas, para que éstas, a su vez, concedan dichas 
ayudas a los destinatarios últimos y ello siempre bajo las disposiciones establecidas por 
el Estado, al tener atribuida, en exclusiva, la competencia sobre las telecomunicaciones.
En definitiva, se estima que el sistema de concesión directa, bajo las prescripciones 
del Estado, establecido en el real decreto, es el mecanismo más acorde para cohesionar 
la exclusividad competencial del Estado, respecto a las telecomunicaciones, con la 
necesidad de agilizar la puesta en marcha de las ayudas, contando para ello con 
la colaboración de las comunidades autónomas.
Las razones de interés público, económico y social quedan acreditadas tanto por el 
impacto que la extensión y asequibilidad de las redes de telecomunicaciones para un 
mayor  número  de  ciudadanos  tiene  en  la  reducción  de  la  desigualdad  y  en  la 
contribución a una mayor cohesión social, como por el hecho de que favorecer la fijación 
de la población proporcionando oportunidades laborales y vitales a los jóvenes para 
poder desarrollar sus proyectos en zonas rurales o pequeñas ciudades contribuye a la 
desaparición de la brecha digital entre los ciudadanos y entre zonas rurales y urbanas, 
haciendo frente al reto demográfico.
En  este  sentido,  las  actuaciones  a  realizar  tendrán  también  en  cuenta 
consideraciones medioambientales, debiendo en todo caso respetarse el principio de no 
causar  un  perjuicio  significativo  (principio  DNSH  por  sus  siglas  en  inglés,  «Do  No 
Significant Harm») a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo, de 18 de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. También tendrán en cuenta la mejora del 
impacto de género conforme a las recomendaciones contenidas en la Guía para las 
Administraciones Públicas para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones 
financiables  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia, 
publicada por el Ministerio de Igualdad.
Asimismo, las subvenciones reguladas por este real decreto tienen carácter singular 
derivado  de  la  urgencia  de  reactivar  la  economía  y  aprovechar  la  oportunidad 
que  supone  la  financiación  de  las  actuaciones  subvencionables,  incluidas  en  el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con los fondos del Mecanismo 
de  Recuperación  y  Resiliencia  (MRR),  así  como  de  la  necesidad  de  impulsar 
la  transformación  digital  como  uno  de  los  principales  motores  de  crecimiento  y 
transformación  de  la  economía  española  en  los  próximos  años.  Dentro  de  la 
transformación digital, la conectividad de banda ancha de muy alta capacidad constituye 
un  factor  clave  para  el  desarrollo  de  la  actividad  económica,  el  aumento  de  la 
productividad, el impulso a la innovación y la vertebración territorial y social.
Este real decreto regula también la distribución y entrega de las ayudas a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, en las cuantías y términos 
que figuran en el anexo I, conforme a los criterios que han sido consensuados en la 
Conferencia  Sectorial  para  la  Transformación  Digital  celebrada  el  día  6  de  octubre 
de 2021. s
Con esta regulación, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla  oe.
quedarán sujetas a las obligaciones que se establezcan en el Plan de Recuperación,  w.
Transformación y Resiliencia en relación a esta inversión y a los mecanismos de gestión  817ww
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como lo previsto en la Orden 
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato 
de  la  información  a  proporcionar  por  las  Entidades  del  Sector  Público  Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de 
ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El buen desarrollo del PRTR se evalúa mediante los hitos y objetivos asignados a 
cada inversión y componente, aprobados en el marco del mismo, lo que constituye 
condición indispensable para el libramiento de los correspondientes fondos a nuestro 
país.  Por  ello,  a  través  de  sus  convocatorias  de  bonos  digitales,  las  comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán contribuir al cumplimiento de los 
hitos y objetivos asignados por la Componente 15 del PRTR, según se especifica en el 
anexo I con la identificación del número mínimo de actuaciones a realizar, en la parte 
proporcional  a  los  fondos  que  le  hayan  sido  asignados  inicialmente,  así  como  las 
posibles  ampliaciones  del  mismo  que  puedan  llevarse  a  cabo  con  arreglo  a  lo 
establecido en este real decreto. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla,  al  diseñar  su  respectivo  programa  de  bonos  digitales,  deberán  asegurar  el 
cumplimiento del número mínimo de actuaciones que para cada una de ellas consta 
especificado en el anexo I.
Asimismo, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, en la 
gestión económica de los fondos recibidos con cargo a este real decreto, deberán 
garantizar el correcto seguimiento presupuestario de los compromisos y las obligaciones 
reconocidas, estableciendo sistemas de gestión contable independientes que permitan la 
total trazabilidad de los créditos en todo momento.
Adicionalmente, las ayudas estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos 
en la normativa en materia de ayudas de Estado. De acuerdo con lo anterior, este real 
decreto ha sido notificado a la Comisión Europea, de acuerdo con lo previsto en el 
Reglamento 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen 
normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea. Por tanto, el pago de estas subvenciones no podrá llevarse a efecto 
hasta que la Comisión Europea adopte una decisión por la que considere que son 
compatibles con el mercado interior. Al efecto, la disposición adicional tercera recoge la 
cláusula  de  salvaguarda  que  establece  que  en  tanto  no  se  reciba  declaración  de 
conformidad o de no formulación de observaciones por parte de la Comisión Europea no 
podrá procederse a la concesión de bonos digitales.
La coordinación y el seguimiento de este programa de bonos digitales para colectivos 
vulnerables  será  realizada  por  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e 
Infraestructuras Digitales.
Este real decreto se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación que 
establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y se ha sometido a consulta de 
las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Cumple por tanto con los principios de necesidad y eficacia, en el sentido enunciado 
en los párrafos anteriores, donde se explican la necesidad y fines perseguidos con su 
aprobación, que son la necesidad de reforzar la conectividad de toda la población y de 
modo  muy  concreto  de  los  colectivos  vulnerables,  en  el  marco  de  los  objetivos 
perseguidos por el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por el 
Plan para la Conectividad. El dictado de esta norma es, por tanto, el instrumento más  s
adecuado para garantizar la consecución de estos objetivos. oe.
Es conforme también con el principio de proporcionalidad dado que no contiene  w.
restricciones de derechos, conteniendo la regulación imprescindible para atender la  817ww
neceSseid aadde ac úcau,b riigr.ualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la
norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente con los planes y normativa
vigente en materia de Agenda Digital y establece estímulos económicos que facilitarán 
su mejor cumplimiento.
La  norma  cumple  con  el  principio  de  transparencia  habiéndose  acordado  la 
distribución y entrega de las ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla conforme a los criterios consensuados en la Conferencia Sectorial para la 
Transformación Digital celebrada el día 6 de octubre de 2021, en ejecución de los cuales 
se dicta este real decreto. Además, define claramente sus objetivos, reflejados en esta 
exposición de motivos y en la memoria que acompaña a la norma.
También  se  encuentra  acreditado  el  principio  de  eficiencia  porque  la  iniciativa 
normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en 
su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Por último, en la elaboración y tramitación de este real decreto se ha tenido en 
cuenta  que  deberá  asegurarse  el  cumplimiento  del  principio  de  «no  causar  daño 
significativo» (principio do no significant harm-DNSH), de forma que las beneficiarias 
garantizarán el pleno cumplimiento de dicho principio, de acuerdo con lo previsto en el 
PTRR, y por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera 
individual para cada actuación.
También garantizarán el cumplimiento de las obligaciones de etiquetado climático y 
digital, con un porcentaje del 0 por ciento y del 100 por ciento respectivamente, de 
acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el  Reglamento  (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Por tanto, no 
cabe esperar ninguna contribución específica a la transición verde y sí una contribución 
íntegra a la transición digital.
Asimismo, se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia,  con  la  finalidad  de  acometer  un  proceso  de  modernización  de  la 
Administración Pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la 
ejecución del Plan y la mejor gestión de fondos, impulsando la colaboración público-
privada entre las administraciones públicas y el sector privado.
Por ello, en la tramitación de este real decreto, adoptado para la ejecución del Plan 
de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  se  ha  aplicado  lo  previsto  por  los 
artículos 47 y 60 del citado Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, habiéndose 
emitido informe de la Abogacía del Estado, siéndole además de aplicación lo establecido 
en los artículos 60 y siguientes de dicho real decreto-ley, relativos a las medidas de 
agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el 
artículo  149.1.13.ª  y  21.ª  de  la  Constitución  Española,  que  atribuye  al  Estado  la 
competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de 
la actividad económica y las telecomunicaciones, respectivamente.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra 
de Asuntos Económicos y Trasformación Digital, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 16 de noviembre de 2021,
DISPONGO: es
Artículo 1.  Objeto y finalidad. 817www.
extra1o. rdEinsateri or ey apl odr eraczreotnoe sti ednee i npteorré so bpjúebtoli croe,g suolacira ll ay  eccoonncóemsióicno , ddiree cutnaa,  scuobnv ecnacráiócnte ar 
las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, para la ejecución de un
programa de emisión de bonos de conectividad digital (bonos digitales) para colectivos 
vulnerables.
El bono digital contribuirá a financiar la contratación de nuevos servicios de conexión 
a  banda  ancha  o  el  incremento  de  la  velocidad  de  los  ya  contratados  desde  una 
ubicación fija con una velocidad mínima de 30 Mbit por segundo en sentido descendente 
con la tecnología más adecuada en cada caso para personas o unidades familiares 
identificadas como vulnerables, según se determine por cada comunidad autónoma y las 
ciudades de Ceuta y Melilla.
2.  Asimismo, este real decreto tiene por objeto la regulación de la distribución y 
entrega de las ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, 
en las cuantías y términos que figuran en el anexo I.
3.  Este real decreto tiene por finalidad la ejecución parcial de la inversión C15.I3 
«Bonos de conectividad para pymes y colectivos vulnerables» de la componente 15 del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Programa UNICO-Bono Social).
Por  ello,  con  estas  ayudas  se  pretende  contribuir  parcialmente  al  objetivo  total 
cuantitativo  del  CID  #239  de  la  inversión  C15.I3,  que  incluye  la  concesión  de  al 
menos  125.000  bonos  de  conectividad  para  personas  o  familias  calificadas  de 
vulnerables para la adquisición de un paquete de conexión de banda ancha con la 
tecnología más adecuada.
De acuerdo con el PRTR, el plazo máximo para la ejecución del programa de bonos 
digitales es el 31 de diciembre de 2023.
Artículo 2.  Ámbito territorial de aplicación.
Lo establecido por este real decreto será de aplicación en todo el territorio nacional, 
de conformidad con lo consensuado con las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla en la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital celebrada el 
día 6 de octubre de 2021.
Artículo 3.  Régimen jurídico aplicable.
1.  El régimen jurídico, normativa específica aplicable, requisitos y obligaciones, 
serán los establecidos en este real decreto, así como en lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en su Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio; en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas; en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera;  en  la  Ley  9/2017,  de  8  de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las 
subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta ley, y demás legislación 
que resulte de aplicación. También es de aplicación la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2021, en relación a la vinculación legal a 
finalidad  de  los  fondos  recibidos  para  la  ejecución  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
Asimismo, son de aplicación las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de 
intereses contenidas en la Directiva (UE) 2017/1371, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses  es
financieros de la Unión a través del Derecho Penal (Directiva PIF), y en el Reglamento  bo
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018,  817ww
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y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.
2.  Estas ayudas estarán asimismo sometidas al Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como a la normativa interna aplicable a la 
gestión,  seguimiento  y  control  que  se  establezca  para  el  Plan  de  Recuperación, 
Trasformación y Resiliencia de España, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia,  cuya  aplicación  será  de  obligado  cumplimiento.  En  particular,  es  de 
aplicación lo previsto en sus artículos 37 y 46 en relación, respectivamente, con la 
afectación legal de los ingresos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y 
Resiliencia, y las obligaciones de información para el seguimiento de los proyectos 
financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera otras disposiciones tanto del 
derecho  nacional  como  de  la  Unión  Europea  que  pudieran  resultar  de  aplicación, 
particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión de los fondos 
provenientes  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En particular, será de 
aplicación lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
así como lo previsto en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades 
del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de 
hitos  y  objetivos  y  de  ejecución  presupuestaria  y  contable  de  las  medidas  de  los 
componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3.  Esta normativa será de aplicación a los procedimientos para la emisión de bonos 
digitales que efectúen las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, 
con arreglo a lo establecido por este real decreto.
Artículo 4.  Vigencia del programa.
El programa de bonos digitales para colectivos vulnerables que instrumenta este real 
decreto, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estará en 
vigor desde el día siguiente al de la publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial 
del Estado» hasta el día 31 de diciembre de 2023.
Artículo 5.  Beneficiarias.
1.  Podrán  ser  beneficiarias  de  las  ayudas  previstas  en  este  real  decreto  las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, que deberán destinar el 
importe  de  las  mismas  al  cumplimiento,  ejecución  y  consecución  de  los  objetivos, 
acciones y condiciones establecidas en este real decreto.
2.  Las beneficiarias podrán proceder a la ejecución, total o parcial, del programa de 
emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables a través de encargos a medios 
propios.
Artículo 6.  Observancia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y otros 
criterios.
1.  Las ayudas están sujetas al cumplimiento, ejecución y realización del objetivo  oe.
y los hitos fijados en el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia para la  w.
inversión  C15.I3  «Bonos  de  conectividad  para  pymes  y  colectivos  vulnerables»  de  817ww
la co2m. poLnaes ntbee 1n5e fdiceial rPialasn  sdee  Rcoemcupproemraectióenn,  Tar aenjescfourtmara claiósn  ay cRtueasciliioennecsia, .cuyo  número
mínimo se especifica para cada una de ellas en el anexo I, en plazo y adecuándose a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán incluir estas 
obligaciones  en  los  encargos  a  medios  propios  que,  en  su  caso,  realicen  para  la 
ejecución de este programa. Deberán, asimismo, incluir en los instrumentos jurídicos que 
a tal efecto se otorguen, medidas para prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y 
la corrupción, prevenir el conflicto de intereses y la doble financiación.
De acuerdo con lo anterior, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla se asegurarán que los beneficiarios últimos de los fondos procedentes del PRTR, 
los contratistas y subcontratistas así como medios propios, en su caso, cumplan con la 
normativa  europea  y  nacional  que  les  resulte  aplicable,  y  en  particular,  con  las 
obligaciones que se derivan del Reglamento del MRR, especialmente en materia de 
etiquetado climático y digital, principio de no causar daño significativo, evitar conflictos de 
intereses, fraude, corrupción, no concurrencia de doble financiación, cumplimiento de la 
normativa  en  materia  de  ayudas  de  Estado,  comunicación,  publicación  obligatoria, 
cuando corresponda, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones («BDNS») y/o en 
la Plataforma de Contratos del Sector Público («PLACSP») y transferencia de datos, 
entre otros.
En particular, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán 
incluir en las convocatorias de bonos digitales para colectivos vulnerables al menos, los 
siguientes requerimientos en relación con la identificación de los beneficiarios con la 
finalidad de ser incluidos en una base de datos única para dar adecuado cumplimiento al 
mandato establecido en la letra d) del apartado 2 del artículo 22 del Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y de 
conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  8.1  de  la  Orden  HFP/1030/2021,  de  29 
de septiembre:
a)  NIF del beneficiario.
b)  Nombre de la persona física beneficiaria.
c)  Domicilio fiscal de la persona física.
d)  Aceptación de la cesión de datos entre las administraciones públicas implicadas 
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de 
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.
e)  Declaración  responsable  relativa  al  compromiso  de  cumplimiento  de  los 
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto 
de gestión.
3.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán incluir 
asimismo criterios para mejorar el impacto de género, en particular, incorporando la 
perspectiva  de  género  interseccional  para  incluir  grupos  de  mujeres  especialmente 
vulnerables:  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género,  mujeres  con  discapacidad, 
paradas  de  larga  duración,  familias  monomarentales,  mujeres  mayores  en  hogares 
unipersonales, mujeres migrantes, incluidas las temporeras, refugiadas y pertenecientes 
a minorías, entre otros.
4.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla garantizarán el 
pleno cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» (principio do no 
significant harm-DNSH), así como las condiciones específicas vinculadas a este principio 
para  la  inversión  C15.I3,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Plan  de  Recuperación,  e
Transformación  y  Resiliencia  y  por  el  Reglamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  bo
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en todas las fases del diseño y  817ww
ejecAusciimónis dmeo l,o gsa prraonyteizcatroásn. el cumplimiento de las obligaciones de etiquetado climático y
daicguitearld, oc ocno nu lno  pporercveisntota jeen  deel l P0la pno dr ec iRenetcou pye rdaecli ó1n0, 0T rpaonrs fcoiremnatoc iórens py eRcteivsailimenecnitae ,y  deel 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el  Reglamento  (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
5.  Además, y en virtud de lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento 
(UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero 
(Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
julio  de  2018,  las  comunidades  autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla 
condicionarán el pago de los bonos de conectividad al compromiso por escrito de los 
beneficiarios de conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la 
Comisión,  la  OLAF,  el  Tribunal  de  Cuentas  Europeo,  la  Fiscalía  Europea  y  las 
autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
6.  En caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de 
los hitos fijados para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de la contribución 
comprometida para la inversión C15.I3 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán 
reintegrar  los  fondos  recibidos  al  Tesoro  Público  consecuencia  de  eventuales 
incumplimientos de conformidad con lo establecido para el Mecanismo de Recuperación 
y  Resiliencia  en  el  artículo  7  séptima  de  la  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de 
Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2021,  y  el  artículo  37.4  del  Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. El procedimiento de reintegro a estos efectos 
se regulará por Orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda.
Artículo  7.  Procedimiento  para  la  concesión  de  la  subvención  directa  a  las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla.
1.  Las  ayudas  serán  objeto  de  publicidad  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad 
de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2.  La aprobación y el compromiso del gasto se efectuará en los términos previstos 
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. Para su tramitación, les serán de aplicación las medidas de 
agilización previstas en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
3.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, a partir de la 
entrada en vigor de este real decreto, deberán solicitar y aceptar de forma expresa e 
inequívoca las ayudas mediante escrito dirigido a la persona titular de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ajustadas en su integridad a 
lo dispuesto en este real decreto.
En caso de que alguna comunidad autónoma o las ciudades de Ceuta y Melilla no 
solicitaran la ayuda, o no cumplieran los requisitos para ser beneficiaria de la misma, las 
cantidades correspondientes se destinarán íntegramente a incrementar la dotación del 
fondo para distribución por éxito previsto en el anexo I, con el objeto de que quede 
garantizada la plena ejecución del presupuesto previsto.
4.  Con la solicitud deberá aportarse certificación acreditativa de las circunstancias 
previstas  en  los  artículos  18  y  19  del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, en los términos previstos en el artículo 22 del citado Reglamento. A efectos de la 
acreditación de la circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias, los 
beneficiarios de las subvenciones podrán autorizar al órgano gestor para consultar dicha 
información con la Agencia Tributaria. En caso de que no se autorice dicha consulta,  e.
deberán presentar el correspondiente certificado acreditativo de que se encuentran al  w.b
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 817ww
acueArddeom cáosn,  leols s moloicditealonste e dsetabbelreác iaddojsu netna re al  asnue sxool iIcVit udde  llaas O sridgeunie HntFePs /d1e0c3l0a/r2a0c2io1n, edse,  2d9e 
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia:
a)  Ausencia de conflicto de interés.
b)  Cesión y tratamiento de datos.
c)  Compromiso de cumplimiento de principios transversales.
Por último, la solicitud deberá incluir la aceptación expresa del cumplimiento de los 
hitos que figuran en el anexo I.
5.  La  persona  titular  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e 
Infraestructuras Digitales dictará la resolución de concesión de las ayudas correspondientes 
a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, y ordenará el pago de 
las mismas conforme a lo previsto en este real decreto en las cuantías del anexo I, a las 
cuentas corrientes y titulares que aquéllas determinen.
6.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.2 del Reglamento de desarrollo 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla quedan exoneradas 
de la constitución de garantías por su condición de administración pública.
7.  El pago de estas ayudas quedará condicionado a la previa autorización de la 
Comisión Europea.
Artículo 8.  Obligaciones de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla.
1.  Las  cantidades  que  se  transfieran  por  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales  deberán  ser  destinadas  por  las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla exclusivamente a financiar 
un programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables con sujeción 
estricta a lo establecido en este real decreto.
2.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán cumplir, 
para  la  ejecución  de  su  respectivo  programa  de  bonos  digitales  para  colectivos 
vulnerables, con los requisitos y límites establecidos en la normativa en materia de 
ayudas de Estado.
3.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, a través de sus 
respectivas convocatorias, deberán asegurar y garantizar el cumplimiento por parte de 
los beneficiarios, no sólo de los requisitos previstos en este real decreto, sino también de 
las obligaciones contempladas para los beneficiarios de subvenciones en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo, así como en la normativa nacional o 
europea  que  pudiera  resultar  de  aplicación  para  la  ejecución  y  gestión,  tanto  del 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  como  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
4.  El presupuesto transferido a las comunidades autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla deberá mantenerse diferenciado a todos los efectos de gestión, ejecución 
presupuestaria, contabilidad y justificación. Las comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla, a efectos de garantizar la trazabilidad del gasto, deberán establecer 
sistemas de seguimiento contable teniendo en cuenta los criterios, directrices y periodicidad 
de reporte que pueda determinar la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales a fin de garantizar el correcto seguimiento presupuestario de 
los fondos, de acuerdo con las directrices dictadas tanto por los órganos competentes de  s
la Administración General del Estado como de la Unión Europea en relación con el Plan  oe.
pyd oeRr R e5lase.  iclqiueuSpneeec rrisaáae, c  daicóeson ína ,c fpTioglrimucaarnoacs  ilfeóooln r pms lrioesa tvcpeiirsmóetnova  i ysed tnReo   elgeasen iOls iletraidnó Oecnni radd .HeeFln PP Hl/a1Fn0P 3d/11e0/ 23R00e2/c21u0, p2de1er, a 2dc9ei ó dn2e,9  s Tdereap ntsiseefmpotrbimerema,c bpiróoenr,    2021-18817n https://www.
la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las
Entidades  del  Sector  Público  Estatal,  Autonómico  y  Local  para  el  seguimiento  del  Bc
cumplimiento  de  hitos  y  objetivos  y  de  ejecución  presupuestaria  y  contable  de  las 
medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
6.  El saldo no ejecutado ni comprometido a la fecha de finalización del plazo de 
vigencia del programa previsto en el artículo 4 deberá reintegrarse al Tesoro Público, si 
bien se establecen dos hitos de control de la ejecución del presupuesto a los doce y 
dieciocho meses desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto, a efectos de 
poder  valorar  el  grado  de  ejecución  correspondiente  y,  en  su  caso,  una  eventual 
ampliación del presupuesto recibido o el reintegro anticipado del saldo no ejecutado ni 
comprometido, sin perjuicio de las posibles ampliaciones de presupuesto de acuerdo con 
el artículo 11.3.
Además de lo dispuesto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la 
que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, se establecen los siguientes hitos de control, referidos al número mínimo de 
actuaciones  a  realizar  según  se  especifica  para  cada  comunidad  autónoma  y  las 
ciudades de Ceuta y Melilla en el anexo I:
a)  A los 12 meses: haber registrado solicitudes por el número de actuaciones a realizar.
b)  A los 18 meses: haber dictado resoluciones de concesión por el número de 
actuaciones a realizar.
En consecuencia, a los efectos de poder determinar el grado de ejecución del 
presupuesto y absorción de los fondos correspondientes, las comunidades autónomas y 
las ciudades de Ceuta y Melilla deberán remitir un informe de sus respectivos órganos de 
gestión  en  las  fechas  que  se  determinen  por  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y en todo caso, con las periodicidades 
dispuestas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para cada 
uno de los hitos de control establecidos.
El presupuesto se considerará que queda comprometido mediante la convocatoria 
del correspondiente programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables 
y el posterior registro de las solicitudes.
Asimismo, el presupuesto se considerará ejecutado mediante la aceptación de la 
justificación de la concesión de bonos digitales a colectivos vulnerables.
7.  A los efectos de garantizar el cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos 
para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, podrá exigirse el reintegro 
total o parcial por anticipado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y 
Melilla, según lo dispuesto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que 
se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En el caso de ampliaciones de presupuesto llevadas a cabo de acuerdo con el 
artículo  11.3  se  podrá  establecer  un  sistema  de  seguimiento  para  el  presupuesto 
ampliado que procure el cumplimiento de los correspondientes hitos y objetivos, alineado 
con lo dispuesto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Dicho reintegro anticipado deberá producirse en el plazo máximo de un mes desde la 
fecha en que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales 
efectúe la correspondiente notificación a la comunidad autónoma o a la ciudad de Ceuta 
y Melilla afectada.
Asimismo, podrá exigirse el reintegro anticipado del presupuesto en caso de no  e
facilitarse  por  las  comunidades  autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  bo
beneficiarias los informes correspondientes a los hitos de control establecidos, previo  817ww
rTeeqleuceorimmuiennictoa cieoxnperse seo  Indfer aelosstr umctiusrmaso sD  ipgoitra lepsa.r teE l dree inltae gSroe carenttaicriípaa ddoe  sEersáta dpoo r dlae 
Ctoetaultiad ady  dMele lpilrlae subpeuneesfitcoi arreiacsib, iddoe  ponro  lafas cciloitamrusen idnaidnegsú na uitnófnoormmea s dye  laesje cciuucdiaódne, sc doen 
independencia de su grado de ejecución y/o compromiso.
Las  cantidades  objeto  de  reintegro  anticipado  conforme  a  lo  previsto  en  este 
apartado se destinarán a incrementar la dotación del fondo para distribución por éxito 
previsto en el anexo I con el objeto de que quede garantizada la plena ejecución del 
presupuesto previsto.
8.  A efectos de efectuar un seguimiento adecuado del programa objeto de este real 
decreto, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán remitir 
anualmente a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales 
una memoria elaborada por sus respectivos órganos de control acerca del número de 
actuaciones  realizadas,  cuyo  número  mínimo  se  especifica  para  cada  comunidad 
autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla en el anexo I, sin perjuicio del informe final 
definitivo que emitan dichos órganos de intervención y control sobre el presupuesto total 
ejecutado, a fin de liquidar todas las obligaciones que se deriven del programa regulado 
en este real decreto.
9.  Para acordar una eventual ampliación del presupuesto inicialmente asignado a 
cada  comunidad  autónoma  o  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  beneficiarias,  según 
distribución del anexo I, será condición indispensable cumplir con las obligaciones de 
información y seguimiento previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.
Artículo 9.  Otras obligaciones de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta 
y Melilla.
1.  Con  objeto  de  que  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e 
Infraestructuras Digitales, como órgano encargado de la gestión de los fondos de los 
programas aprobados por este real decreto, en el contexto del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pueda 
certificar  o  acreditar  la  debida  ejecución  de  los  mismos  ante  las  autoridades 
competentes,  las  comunidades  autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla 
beneficiarias  deberán,  además  de  cumplir  con  las  obligaciones  de  información  y 
seguimiento previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
remitir cuanta información y documentos la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
e Infraestructuras Digitales pudiera requerirles, así como cumplir puntualmente con lo 
que pudiera disponerse por cualquier norma o reglamentación aplicable.
2.  Asimismo,  las  comunidades  autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla 
quedarán  comprometidas  expresamente,  con  la  aceptación  del  presupuesto 
correspondiente,  a  cumplir  las  instrucciones  que  tanto  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales  como  cualquier  órgano  o  autoridad 
competente les dirija en aplicación de cualquier normativa, tanto europea como nacional, 
que pudiera aprobarse, particularmente la relativa a la ejecución o gestión tanto del 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el  Reglamento  (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, como del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como cualesquiera otras que 
pudieran considerarse necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto y finalidad 
de este real decreto.
En  particular,  las  comunidades  autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla 
quedarán comprometidas a cumplir con lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación,  e.
Transformación y Resiliencia, así como con lo previsto en la Orden HFP/1031/2021,  w.b
de  29  de  septiembre,  por  la  que  se  establece  el  procedimiento  y  formato  de  la  817ww
iLnofocraml apcaióran  ae lp rsoepgouricmioiennatro p odre lla sc uEmnptildimadieenst od edl eS ehcittoors  Pyú bolicboje tEivsotast ayl,  Aduet oenjóemcuiccoió ny 
Tprreasnuspfouremsatacriióan y y c Ronetsailbielen cdiea .las medidas de los componentes del Plan de Recuperación,
En este contexto, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas por 
el artículo 8, los órganos responsables de la gestión del programa de bonos digitales 
para colectivos vulnerables en cada comunidad autónoma y de las ciudades de Ceuta y 
Melilla deberán:
a)  Comprobar que se han ejecutado las actuaciones objeto de las ayudas.
b)  Comprobar que no se da el caso de doble financiación del gasto con otros 
regímenes de financiación, comunitarios o nacionales. A tal efecto, y sin perjuicio de 
otras  formas  de  comprobación,  requerirán  una  declaración  responsable  sobre  otras 
fuentes de financiación.
c)  Aplicar medidas para asegurar la regularidad del gasto subyacente y para evitar 
el fraude y la corrupción, los conflictos de intereses o la doble financiación, eficaces y 
proporcionadas en función de los riesgos detectados y en todo caso, aquellas que 
resulten necesarias en aplicación de las instrucciones, directrices y normas que las 
autoridades nacionales competentes o de la Unión Europea pudieran dictar en relación al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En particular, en el supuesto de que cualquiera de sus empleados públicos considere 
que en su labor de gestión de fondos «Next Generation EU» se pueda plantear un 
conflicto de interés, aquél deberá abstenerse de continuar con su labor, de conformidad 
con el artículo 53.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y con el 
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
d)  Establecer  los  procedimientos  para  garantizar  que  se  dispone  de  la 
documentación sobre el gasto y las auditorías necesarias para contar con una pista de 
auditoría apropiada y conservar la documentación soporte conforme a lo estipulado en el 
artículo  132  del  Reglamento  Financiero,  el  cual  establece  la  obligación  de  los 
perceptores de conservar los documentos justificativos, en formato electrónico, durante 
un período de 5 años a partir de la operación. Este período será de 3 años si la 
financiación no supera los 60.000 euros.
e)  Realizar  las  oportunas  verificaciones  administrativas  de  la  totalidad  de  las 
operaciones que se vayan a incluir en solicitudes de pago, que garanticen la regularidad 
del gasto, la realidad de los pagos y su adecuación a las condiciones de las ayudas.
f)  Realizar las oportunas verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas 
seleccionadas a través de un método de muestreo que garantice su representatividad.
g)  Asumir el riesgo de las irregularidades que se puedan detectar.
h)  Realizar un seguimiento detallado y particularizado del presupuesto recibido 
aplicando cualquier norma o reglamentación que resulte aplicable para la gestión y 
ejecución,  tanto  al  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  como  al  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
i)  Establecer un sistema de seguimiento de los presupuestos asignados.
j)  Comprobar que se hace mención al origen de esta financiación y velarán por 
darle visibilidad, incluido, cuando proceda, mediante el emblema de la Unión y una 
declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU», en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, 
facilitando  información  coherente,  efectiva  y  proporcionada  dirigida  a  múltiples 
destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.
k)  Garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar daño significativo», 
de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el  Reglamento  (UE)  e.
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en todas las  w.b
fases  del  diseño  y  ejecución  de  los  proyectos  y  de  manera  individual  para  cada  817ww
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Demográfico.
Para ello, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla preverán 
mecanismos de verificación del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras 
para asegurar su implementación.
Asimismo, garantizarán el cumplimiento de las obligaciones de etiquetado climático y 
digital, con un porcentaje del 0 por ciento y del 100 por ciento respectivamente, de acuerdo 
con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
l)  Garantizar la aplicación de la perspectiva de género en todas sus actuaciones, 
siguiendo  las  recomendaciones  contenidas  en  la  Guía  para  las  Administraciones 
Públicas para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones financiables en el 
marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  publicada  por  el 
Ministerio de Igualdad.
En  particular,  tendrán  en  cuenta  en  sus  actuaciones  la  perspectiva  de  género 
interseccional  para  incluir  grupos  de  mujeres  especialmente  vulnerables:  mujeres 
víctimas de violencia de género, mujeres con discapacidad, paradas de larga duración, 
familias  monomarentales,  mujeres  mayores  en  hogares  unipersonales,  mujeres 
migrantes, incluidas las temporeras, refugiadas y pertenecientes a minorías, entre otros.
m)  Recopilar, de conformidad con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  la  información 
relativa  a  la  ejecución  del  respectivo  programa  de  ayudas  de  una  manera  clara, 
estructurada y entendible por la ciudadanía, con el objetivo de cumplir con los principios 
de accesibilidad, interoperabilidad y reutilización de acuerdo con los parámetros fijados 
por la Oficina del Dato, dependiente de la Secretaria de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial.
3.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla a las que se haya 
transferido presupuesto deberán remitir cuanta información y documentos les requiera la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. La Secretaría 
de  Estado  de  Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales  podrá  requerir  a  los 
órganos responsables de la gestión del programa de bonos digitales para colectivos 
vulnerables en cada comunidad autónoma y en las ciudades de Ceuta y Melilla, la 
aportación de cualquier documentación justificativa adicional para verificar la efectiva 
adecuación de la actuación ejecutada objeto de ayuda. La información requerida se 
entregará en un plazo máximo de 10 días desde la recepción del requerimiento.
4.  Los órganos responsables de la gestión del programa de bonos digitales en cada 
comunidad  autónoma  y  en  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  deberán  someterse  a 
cualesquiera actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la Secretaría 
General de Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el 
Tribunal de Cuentas, los órganos de control y fiscalización de la Unión Europea, y a 
cualesquiera  otras  actuaciones  de  comprobación  y/o  control  financiero  que  puedan 
realizar los órganos o autoridades de control competentes, tanto nacionales, como de la 
Unión Europea, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las 
ayudas financiadas con fondos europeos, aportando para ello cuanta información le sea 
requerida y cooperando plenamente en la protección de los intereses financieros, tanto 
nacionales,  como  de  la  Unión  Europea,  concediendo  los  derechos  y  el  acceso 
necesarios a tales órganos o autoridades.
Asimismo, estos órganos responsables de la gestión aplicarán procesos de control  e.
interno  apropiados  en  los  niveles  de  gestión,  diseñados  para  ofrecer  garantías  w.b
razonables de la consecución de los siguientes objetivos: eficacia, eficiencia y economía  817ww
idnefo rlamsa coiópne;r agceiostnióens ; adfiaebcuiliaddaad  ddee l olso sri eisngfoorsm reesla; tisvaolsv aag luaa lredgiaa liddaed  loys r eagcutliavroids ady  ddee  lalas 
oep irerreagcuiolanreidsa sduebsy.acentes, y prevención, detección, corrección y seguimiento de fraudes
5.  El incumplimiento por parte de las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores podrá dar 
lugar, en caso de no subsanarse, al inicio de un procedimiento de reintegro por la 
totalidad  de  las  cantidades  percibidas,  y  a  la  exigencia  del  interés  de  demora 
correspondiente desde el momento  del  pago  de la  subvención, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 10.  Coordinación y seguimiento.
1.  El órgano competente para realizar la coordinación y el seguimiento de este 
programa es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
2.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla remitirán a la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales la información 
que ésta le solicite, para realizar el seguimiento del programa. Dicha información será 
puesta  a  disposición  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e 
Infraestructuras Digitales, así como, en su caso, de cualquier otra autoridad competente 
para la evaluación de la gestión y ejecución tanto del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Artículo 11.  Financiación y costes indirectos imputables.
1.  Este programa está dotado con una cuantía inicial de treinta 30 millones de 
euros que será objeto de financiación con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, al estar incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
2.  El presupuesto disponible con cargo a la aplicación presupuestaria 27.50.460C.754 
se distribuirá entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla según se 
indica en el anexo I.
3.  El presupuesto del programa podrá ser ampliado, si existiese disponibilidad 
presupuestaria para esta misma finalidad, y siempre que no hubiera expirado su plazo de 
vigencia, tanto con fondos que provengan de los presupuestos generales del Estado, 
como de otros orígenes, siempre que hayan sido transferidos o reconocidos los créditos 
en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
La ampliación del presupuesto para aquellas comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla que expresamente lo soliciten estará condicionada al adecuado 
cumplimiento por parte de las beneficiarias de los correspondientes hitos y objetivos de 
compromiso  y  ejecución,  así  como  las  obligaciones  de  reporte  de  información, 
establecidos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4.  Conforme a lo establecido en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, así como en el artículo 83.3 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el 
Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  se  prevé  un  máximo  del  4  por  ciento  del 
presupuesto asignado a cada comunidad autónoma y a las ciudades de Ceuta y Melilla 
en el anexo I como costes indirectos imputables a las actuaciones subvencionadas.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán imputar al 
presupuesto del programa de bonos digitales aprobado por este real decreto, como 
costes indirectos, en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con los 
principios  y  normas  de  contabilidad  generalmente  admitidas,  y  siempre  que  se 
correspondan o estén relacionados con el período en que efectivamente tengan que  es
realizarse las actuaciones subvencionables, y con el límite establecido en el párrafo  bo
anterior, los costes indirectos que se detallan en el apartado siguiente. 817ww
prog5r.a mTae, nlodsrá snig ulaie ncotenss igdaesrtaocsió dne  dgee sctioósnt:es indirectos imputables al presupuesto del
a)  El coste de la tramitación de los expedientes de solicitud de bonos digitales con
su evaluación administrativa y técnica, así como su resolución; Bc
b)  El  coste  de  la  prestación  de  servicios  específicos  correspondientes  a  las 
actuaciones de control y verificación, y pago de los bonos e inspección del proceso, así 
como, en su caso, la revocación y reintegro de los bonos;
c)  El coste de las herramientas informáticas que específicamente se desarrollen o 
adapten para la gestión telemática de las solicitudes, control y seguimiento del programa;
d)  El coste de la prestación de servicios específicos de atención a consultas de los 
solicitantes;
e)  El coste de las actividades específicas de promoción y difusión del programa. 
No tendrán esta consideración las campañas de comunicación.
Se incluyen, asimismo, como costes indirectos imputables los costes de contratación 
de nuevo personal, conforme a la normativa que resulte de aplicación, y sin que en 
ningún caso pueda deducirse la existencia de una relación laboral indefinida entre la 
administración  pública  y  el  personal  adscrito  a  la  gestión  de  las  ayudas.  Esta 
contratación podrá formalizarse mediante contratos por obra o servicio determinado o a 
través de cualquier otra modalidad legal de incorporación de personal con contratos de 
duración determinada a la que pudieran acogerse las comunidades autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias. Los costes de contratación de personal, tanto 
técnico  como  administrativo,  en  los  que  se  incurra  para  prestar  los  servicios 
especificados en este apartado 5, incluirán la cuota patronal de la seguridad social y 
otros  costes  similares  de  los  contratos,  siempre  que  este  personal  esté  dedicado 
exclusivamente a la gestión temporal de las ayudas.
6.  No tendrán la consideración de costes indirectos imputables al presupuesto del 
programa los gastos de gestión recurrentes, entre otros, los correspondientes a gastos 
de constitución, funcionamiento o estructura permanente o habitual de las entidades 
colaboradoras, agencias u otros organismos de las comunidades autónomas y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla que se encarguen de la gestión del programa de bonos 
digitales aprobado por este real decreto, ni tampoco los que no se encuentren dentro del 
horizonte temporal de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
7.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias 
tendrán que aportar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales  una  declaración  de  los  costes  indirectos  imputados  a  las  actuaciones 
subvencionadas en su ámbito territorial de aplicación, mediante un informe de sus 
respectivos órganos de intervención y control, de manera que dicha declaración refleje 
todos los datos que permitan verificar que no se ha superado la parte proporcional que le 
resulte atribuible a cada una de ellas del porcentaje total del presupuesto disponible del 
programa, así como la cantidad imputada y su correspondencia, tanto con los costes 
considerados,  como  con  el  período  en  que  efectivamente  tengan  que  realizarse  la 
actuación  subvencionable,  sin  perjuicio  de  las  demás  obligaciones  de  justificación 
establecidas por este real decreto y por la normativa aplicable. Asimismo, la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá solicitar cuantas 
aclaraciones o información adicional precise en relación a dichos costes indirectos.
8.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán asignar, 
a través de las convocatorias que efectúen, el presupuesto que les haya correspondido 
de acuerdo con la distribución establecida al respecto por el anexo I, sin perjuicio de lo 
previsto, en su caso, para los costes indirectos imputables.
Artículo 12.  Limitación de los bonos digitales a la unidad familiar. e.
1.  Sólo se podrá conceder un bono digital por persona física y por unidad familiar. 817ww
Ley 23.5 /2S0e0 6e,n dteen 2d8e rdáe  pnoorv iuenmidbared,  dfaeml Iimliapr,u essetgoú sno blor ee lsat aRbelenctaid doe e lna se Pl earrstíocnualos  F8í2s icdaes  lay 
de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta 
de no Residentes y sobre el Patrimonio:
a)  La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera:
1.º  Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los 
padres, vivan independientes de éstos.
2.º  Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad 
prorrogada o rehabilitada. 
b)  En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la 
formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y que 
reúnan los requisitos a que se refiere la letra a) de este artículo.
Artículo 13.  Elementos definitorios del bono digital para colectivos vulnerables.
1.  El bono digital contribuirá a financiar la contratación de nuevos servicios cubrirá 
un paquete de conexión a banda ancha o el incremento de la velocidad de los ya 
contratados desde una ubicación fija con una velocidad mínima de 30 Mbit por segundo 
en sentido descendente, suministrado con la tecnología más adecuada en cada caso a 
fin de respetar el principio de neutralidad tecnológica, e irá destinado a personas físicas 
de unidades familiares que hayan sido identificadas como vulnerables.
2.  El  bono  digital  se  entregará  al  solicitante  que  forme  parte  de  colectivos 
vulnerables por un importe anual total de 240 euros a repartir en doce mensualidades, de 
tal manera que se aplique una minoración mensual de 20 euros en la factura emitida por 
el operador-colaborador del programa previsto en el artículo siguiente.
3.  El reconocimiento del derecho a recibir el bono digital a una unidad familiar y 
la cuantía de dicho bono es independiente del número de miembros integrantes de la 
misma.
Artículo 14.  Operadores-colaboradores del programa del bono digital para colectivos 
vulnerables.
1.  Podrán colaborar con el programa bonos digitales para colectivos vulnerables 
aquellos operadores que presten, en todas o en alguna de las comunidades y ciudades 
de Ceuta y Melilla beneficiarias, servicios de conexión a Internet en redes de banda 
ancha con una velocidad de al menos 30 Mbit por segundo en sentido descendente, y 
que  cumplan  el  resto  de  los  requisitos  exigidos  por  la  legislación  en  materia  de 
telecomunicaciones, pudiendo ser colaboradores en una, varias o todas las comunidades 
autónomas y ciudades autónomas.
Se excluyen aquellos operadores que estén sujetos a una orden de recuperación 
pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una 
ayuda  ilegal  e  incompatible  con  el  mercado  interior,  o  se  encuentren  en  situación 
de crisis con arreglo a lo que establecen las Directrices sobre ayudas estatales de 
salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).
2.  Aquellos operadores que deseen colaborar con el programa del bono digital para 
colectivos vulnerables deberán inscribirse en el Registro de operadores-colaboradores 
de este programa que será habilitado al efecto en cada comunidad autónoma y en las 
ciudades de Ceuta y Melilla.
3.  En  el  momento  de  su  inscripción,  cada  operador  realizará  una  declaración  e
responsable de estar en posesión de los títulos habilitantes necesarios para la prestación  bo
de los servicios descritos, en el ámbito territorial de la comunidad autónoma y de las  817ww
ceisutdea rdeeasl  ddeec rCeetou.ta y Melilla, y que cumple con las velocidades de descarga exigidos en
Artículo 15.  Ejecución del programa del bono digital para colectivos vulnerables.
Las comunidades autónomas y ciudades autónomas beneficiarias de estas ayudas 
diseñarán los sistemas, procedimientos y elementos para la adjudicación, verificación y 
control que resulten necesarios para la adecuada ejecución del programa de bono digital 
para colectivos vulnerables, tanto en lo que se refiere a:
a)  La determinación de los colectivos vulnerables, la comprobación de la veracidad 
de los datos suministrados por los solicitantes y el reconocimiento del derecho a la 
emisión del bono digital a las personas físicas o unidades familiares solicitantes.
b)  La inscripción de operadores en el Registro de operadores-colaboradores de 
cada comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla, la verificación de los títulos 
habilitantes necesarios para la prestación de los servicios y del cumplimiento de los 
niveles de servicio y velocidades de descarga exigidos, así como los supuestos de 
posible revocación de la inscripción en el citado Registro.
c)  La  articulación  de  un  adecuado  sistema  de  transferencia  de  las  cantidades 
debidas  a  los  operadores-colaboradores  suscritos  al  programa,  que  permita  una 
tramitación ágil, transparente, segura y fiable de todas las fases de su ejecución.
Artículo 16.  Compatibilidad de los bonos digitales para colectivos vulnerables.
Los bonos digitales concedidos en el ámbito de este real decreto serán compatibles 
con  cualquier  otra  ayuda  de  otros  programas  o  instrumentos  de  cualesquiera 
administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, 
particularmente de la Unión Europea, en tanto que dicha ayuda no cubra los mismos 
costes, de acuerdo con el principio de no duplicidad en la financiación previsto en el 
artículo 9 Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero
Artículo 17.  Justificación.
1.  La justificación se realizará conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y, en particular, en la disposición adicional novena de su Reglamento de 
desarrollo, así como en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En la justificación se verificará que los fondos concedidos se han utilizado para los 
fines previstos y se han gestionado de conformidad a todas las normas aplicables y, en 
particular, a las normas relativas a la prevención de conflicto de interés, de fraude, de 
corrupción y de la doble financiación procedente del Mecanismo de Reconstrucción y 
Resiliencia. En particular, se atenderá a lo previsto en el anexo a la Decisión de la 
Comisión que aprueba los Acuerdos Operacionales (OA) entre la Comisión Europea y 
España conforme al Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021.
2.  En todo caso, la justificación constará de la siguiente documentación:
a)  Certificado emitido por el titular del órgano que ha percibido la subvención, por el 
que se acredite la ejecución del programa y el cumplimiento de su finalidad y de los 
compromisos asumidos.
b)  El expediente íntegro del encargo a medio propio debidamente foliado y sellado 
que garantice la integridad del mismo, en su caso. En caso de que el expediente se  e
remita en formato electrónico, deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 70 de la  bo
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  817ww
Admci)n isUtrancai omneesm Porúiab lieccaosn.ómica justificativa del programa, que contendrá una relación
clasdif)ic adInaf odrem leo s egmasittidoos  ep ionrv eersl ioónregsa nyo l asd ec eirntitfeicravceinocnieósn  ayc recdointatrtiovla sd ed ell ap acgoom. unidad
autónoma  correspondiente  o  de  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla,  que  acredite  la
veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención. Dicha 
declaración, además, deberá reflejar todos los datos que permitan verificar que no se ha 
superado la cantidad relativa a los gastos indirectos y su correspondencia tanto con los 
costes considerados, con el importe total ejecutado como con el período en que se ha 
realizado el programa de bonos digitales, sin perjuicio de las demás obligaciones de 
justificación establecidas por este real decreto y por la normativa aplicable.
3.  Toda la documentación necesaria para la justificación del programa de bonos 
digitales objeto de este real decreto será presentada por las beneficiarias en el plazo 
máximo de tres meses contados a partir de la fecha de concesión de bonos digitales en 
las sucesivas convocatorias del programa, teniendo en cuenta la fecha límite de 31 de 
diciembre de 2023.
4.  Adicionalmente a lo previsto en los apartados anteriores, procederá cualquier 
otro  mecanismo  de  justificación  de  los  proyectos  que  en  el  marco  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia pudieran ser desarrollados tanto a nivel 
nacional como de la Unión Europea.
Artículo 18.  Inspección y control.
1.  Todas las actuaciones estarán sometidas a lo establecido en el título III de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en materia de control financiero.
2.  Asimismo, estarán sometidas al seguimiento y control que se establezca para el 
Plan  de  Reconstrucción,  Trasformación  y  Resiliencia,  así  como  las  obligaciones 
específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento y 
demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE se establezcan y cuya aplicación 
sea de obligado cumplimiento.
3.  La  Secretaria  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales 
podrá  realizar  cuantas  inspecciones  sean  precisas  para  comprobar  y  verificar  el 
cumplimiento de las condiciones, requisitos y objetivos a que están sometidas las ayudas 
reguladas en este real decreto.
4.  A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2.d) del Reglamento 
(UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, la 
Administración y cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del citado Reglamento 
podrán  acceder  a  la  información  contenida  en  el  Registro  de  Titularidades  Reales 
(disposición adicional tercera de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo), o el acceso a otras bases de 
datos de la Administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares 
reales. También será posible la cesión de información entre estos sistemas y el Sistema 
de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y 
nacional aplicable.
Artículo 19.  Reintegro y criterios de graduación de incumplimientos.
1.  Tal y como se establece en el artículo 8, el saldo no ejecutado ni comprometido a 
la fecha de finalización del plazo establecido en el artículo 4 deberá reintegrarse al 
Tesoro Público.
2.  Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8 para los supuestos de reintegro 
anticipado, se procederá el reintegro de las cantidades percibidas cuando se produzca  s
un incumplimiento por las administraciones beneficiarias de las obligaciones establecidas  oe.
en  este  real  decreto,  así  como  por  las  causas  previstas  en  el  artículo  37  de  la  w.
Ley L3o8s/2 c0r0ite3r, iodse  d1e7  gdrea dnuoaviceiómnb dree. incumplimientos serán los siguientes: 2021-18817n https://ww
ayudaa) ,  Eo l cinucaulqmupielirm ioetnrtao  itroretaglu lya rmidaandi fiqeusteo  pdreel seonbtjeet ivcoa rpáactrear  esl isqtéume icsoe  coo nacfeedcitóe  laa 
elementos esenciales del programa, será causa de reintegro total de la ayuda.
b)  El incumplimiento parcial del objetivo o que afecte a actividades concretas, o 
cualquier  otra  irregularidad  que  únicamente  afecte  a  elementos  no  esenciales  del 
programa, conllevará la devolución de aquella parte de la ayuda destinada a los mismos.
3.  A efectos de lo establecido en el artículo 37.1.i) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, se considerarán también causas de reintegro las siguientes:
a)  Se  procederá  al  reintegro  total  de  la  ayuda  si  se  constata,  durante  las 
actuaciones  de  comprobación,  que  los  objetivos,  productos,  servicios  o  gastos 
justificados no se corresponden con lo establecido en este real decreto, o que hubieran 
sido  desarrollados  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  esta  noma,  lo  que 
evidenciaría la no aplicación de la ayuda a los fines para los que fue concedida.
b)  La falta de presentación de la documentación justificativa.
4.  A efectos de lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, se considerarán también causas de reintegro las siguientes:
a)  El incumplimiento del principio de DNSH.
b)  El incumplimiento de las obligaciones de información y publicidad.
c)  El incumplimiento de las obligaciones en materia de etiquetado digital.
d)  El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la citada 
Orden.
5.  El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio.
6.  El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será la 
persona titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales.
Artículo 20.  Publicidad.
1.  Toda referencia a las ayudas reguladas por este real decreto, en publicaciones, 
material inventariable, actividades de difusión, páginas web y otros resultados, y en 
general, en cualesquiera medios de difusión, debe cumplir con los requisitos que figuren 
en el Manual de Marca del PRTR, de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Comunicación, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática en el que figurarán el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital como entidad financiadora, y el logotipo del presente Programa UNICO-Bono 
Social,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  y  el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, todo ello conforme a lo que se establezca al 
respecto, en particular lo establecido en el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en los términos 
previstos en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 31 
de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 
gestión  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  deberá  exhibirse  es
de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación  o
llavaoidssgeu occ2atiiu.lup .adoda Aadds eeimqsl u idsPeme R doCTi,Rge eau, n ta d«t iofysidn pMaaosnne cillbiailallased   oape cantpru aoa erlc al i olaleinn jeekUcs nu hqicótuitónpen s  r:E/de/upearl laoiscnpuede nrea erl-saeNpscee uxccptotGeimvreoaun cnpeiiorrdoanagt.digroeaonsmbE .aaeUu s»dt/,óied n ejeuonmnmtitidoasa siód any-l    OE-A-2021-18817able en https://www.
de bonos digitales para colectivos vulnerables deberá mencionarse el Programa UNICO-
Bono Social, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  y  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia. En particular, todas las convocatorias del programa deberán contener, tanto 
en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo, la siguiente referencia «Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia-Financiado  por  la  Unión  Europea-
NextGenerationEU».
Disposición adicional primera.  Gastos de personal.
Las  medidas  previstas  en  este  real  decreto  no  podrán  suponer  incremento  de 
dotaciones, ni de retribuciones, ni otros gastos de personal salvo lo establecido en el 
artículo 11 de este real decreto en relación a los costes indirectos reconocidos a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla como beneficiarias directas 
de las ayudas.
Disposición adicional segunda.  Modificaciones presupuestarias.
Para  dar  cumplimiento  a  lo  previsto  en  este  real  decreto  se  realizarán  las 
modificaciones presupuestarias que sean necesarias de conformidad con lo establecido 
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Disposición adicional tercera.  Autorización de la Comisión Europea.
Este  real  decreto  ha  sido  notificado  a  la  Comisión  Europea  el  día  de  20  de 
septiembre de 2021. En tanto no se reciba la declaración de conformidad o de no 
formulación de observaciones por parte de la Comisión Europea, no podrá procederse a 
la concesión de bonos digitales.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 21.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre 
las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las 
telecomunicaciones, respectivamente.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 16 de noviembre de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA
ANEXO I
Distribución territorial del presupuesto y número mínimo de actuaciones a realizar
El criterio de distribución de los presupuestos se basa en los datos del INE relativos a 
la población en riesgo de pobreza.
Se ha reservado el 17,50 por ciento de los fondos totales del período 2021-2023 para 
su  distribución  en  la  anualidad  2023  entre  aquellas  comunidades  autónomas  y  las 
ciudades de Ceuta y Melilla que hayan alcanzado un porcentaje mínimo del 90 por ciento 
del número de actuaciones acumuladas correspondientes a 2021 y 2022. Se entenderá 
alcanzada la actuación cuando se haya resuelto la convocatoria correspondiente y se 
hayan  resuelto  las  solicitudes  presentadas.  El  fondo  se  distribuirá  entre  el  número 
de CC. AA. y ciudades de Ceuta y Melilla que hayan alcanzado dicho porcentaje mínimo 
en  función,  dentro  de  éstas,  del  criterio  de  reparto  antes  señalado  (datos  del  INE 
relativos  a  la  población  en  riesgo  de  pobreza),  en  función  de  las  comunidades 
autónomas y ciudades autónomas que hayan entrado en este reparto adicional.
En el caso de que ninguna comunidad autónoma o las ciudades de Ceuta y Melilla 
alcanzara el citado porcentaje mínimo, el fondo para distribución por éxito se distribuirá 
entre las cinco comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla que hayan 
alcanzado  los  mayores  porcentajes  del  número  de  actuaciones  acumuladas 
correspondientes a 2021 y 2022, y dentro de éstas, conforme al criterio de reparto 
señalado (datos del INE relativos a la población en riesgo de pobreza).
Criterio Reparto 
Actuaciones 
CC. AA.
  2021 2022 2023 Dotación total % total presup. a realizar
–
(Bonos)
(Porcentaje)
Andalucía. 27,17 2.717.000 2.717.000 1.290.560 6.724.560 22,42 28.019
Aragón. 2,44 244.000 244.000 115.840 603.840 2,01 2.516
Asturias, Principado de. 2,18 218.000 218.000 103.520 539.520 1,80 2.248
Balears, Illes. 1,42 142.000 142.000 67.360 351.360 1,17 1.464
Canarias. 6,33 633.000 633.000 300.720 1.566.720 5,22 6.528
Cantabria. 1,04 104.000 104.000 49.520 257.520 0,86 1.073
Castilla y León. 3,19 319.000 319.000 151.600 789.600 2,63 3.290
Castilla-La Mancha. 5,49 549.000 549.000 260.880 1.358.880 4,53 5.662
Cataluña. 11,01 1.101.000 1.101.000 522.960 2.724.960 9,08 11.354
Comunitat Valenciana. 12,23 1.223.000 1.223.000 580.880 3.026.880 10,09 12.612
Extremadura. 3,47 347.000 347.000 164.960 858.960 2,86 3.579
Galicia. 5,57 557.000 557.000 264.560 1.378.560 4,60 5.744
Madrid, Comunidad de. 10,31 1.031.000 1.031.000 489.680 2.551.680 8,51 10.632
Murcia, Región de. 4,27 427.000 427.000 202.720 1.056.720 3,52 4.403
Navarra, Comunidad Foral de. 0,52 52.000 52.000 24.640 128.640 0,43 536
País Vasco. 2,28 228.000 228.000 108.240 564.240 1,88 2.351 e.e
Rioja, La. 0,40 40.000 40.000 19.120 99.120 0,33 413 w.
CMeeuliltlaa.. 00,,3362 3362..000000 3362..000000 1175..024000 8799..024000 00,,3206 337310
  100,00 10.000.000 10.000.000 4.750.000 24.750.000 82,50 103.125
  2021 2022 2023 Dotación total % total Actuaciones
Fondo para distribución por éxito. 0 0 5.250.000 5.250.000 17,50 21.875
  Total Fondos. 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000 100 125.000