BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 322 Jueves 10 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 112983
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
15916 Resolución  de  23  de  noviembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa 
de  la  registradora  mercantil  de  Madrid  n.º  XVII  a  inscribir  determinadas 
cláusulas de los estatutos sociales de una entidad.
En el recurso interpuesto por don P.J.H.A., como administrador único de la sociedad 
«Herráiz Salmerón, S.L.», contra la negativa de la registradora mercantil de Madrid 
número XVII, doña Carmen de Grado Sanz, a inscribir determinadas cláusulas de los 
estatutos sociales de dicha entidad.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el 21 de mayo de 2020, por la notaria de Alcalá de 
Henares doña Nieves Romero Ortega, en sustitución, por imposibilidad accidental de su 
compañero don José María Moreno González, con número 491 de protocolo, se elevaron 
a público los acuerdos adoptados por unanimidad en junta general universal de la 
sociedad  «Herráiz  Salmerón,  S.L.»,  el  día  16  de  marzo  de  2020,  por  los  que  se 
modificaban los Estatutos Sociales, de modo que en el apartado II del artículo 6 de los 
mismos se dispone lo siguiente:
«(…)
II.  Trasmisiones forzosas.
El embargo de participaciones sociales, en cualquier procedimiento de apremio, 
deberá  ser  notificado  inmediatamente  a  la  sociedad  por  el  Juez  o  Autoridad 
administrativa que lo haya decretado, haciendo constar la identidad del embargante, así 
como  las  participaciones  embargadas.  La  sociedad  precederá  a  la  anotación  del 
embargo en el libro registro de socios, remitiendo de inmediato a todos los socios copia 
de la notificación recibida.
La Sociedad, a través del Órgano de Administración, podrá adquirir una parte o la 
totalidad de las participaciones embargadas, debiendo ejercitar el derecho en un plazo 
máximo de tres meses a contar desde la notificación a la sociedad del procedimiento de 
embargo. En tal caso, podrá la Sociedad a través de su Órgano de Administración 
adquirirlas  para  sí  misma  siempre  que  se  cumplan  los  requisitos  legales  de 
participaciones en autocartera, o bien adquirirlas con el fin de amortizarlas en un acuerdo 
de reducción de capital.
Si la Sociedad no hubiera ejercitado este derecho, el órgano de administración, en un 
plazo máximo de cinco días a contar desde el acuerdo por el que rehúse la adquisición 
en los términos anteriormente establecidos, o desde el vencimiento del plazo reseñado 
en el párrafo anterior, pondrá en conocimiento de todos los socios su derecho a adquirir 
una parte o el total de las participaciones embargadas, quienes dispondrán de un plazo  e.
máximo de veinte (20) días a contar desde la notificación efectuada por el órgano de  w.
administración para notificar a la sociedad el ejercicio de dicho derecho. Si todos o  916ww
atolgduon oo  edne p laorst es, oecsiotass  csoem audnjuicdaicna sráun i netne npcroiópno rdceió na daq usuir irp alartsic cipitaacdiaósn  epna retilc icpaapciitoanl esos ceianl 
rpeacratilcciuplaacdioon esisn  dceo lmosp suotacri olsa sn op ianrtteicreipsaacdioons eesn  olab ajedtoq udiseic ieómn.bargo ni, en su caso, las  BOE-A-cable e
En caso de adquisición de las participaciones sociales por la propia Sociedad o por 
los socios a tenor de lo dispuesto en los párrafos anteriores, el precio de la trasmisión se 
corresponderá con el valor razonable de las participaciones, entendiéndose por valor 
razonable  el  valor  contable  que  resulte  del  último  balance  aprobado  por  la  Junta; 
aceptando el pago de las mismas, de manera aplazada en un periodo máximo de cinco 
años.
En caso de que ni la Sociedad ni ninguno de los socios ejercitasen su derecho de 
adquisición preferente, se estará a lo dispuesto en el pacto de socios en materia de 
exclusión de socios. De no seguirse el procedimiento de exclusión indicado, el órgano de 
administración  podrá  en  conocimiento  de  la  autoridad  judicial  o  administrativa  esta 
circunstancia, a fin de que proceda a la adjudicación de las participaciones en los 
términos legalmente previstos».
II
El 24 de junio de 2020 se presentó en el Registro Mercantil de Madrid la referida 
escritura, y fue objeto de calificación negativa por la registradora mercantil doña Carmen 
de Grado Sanz que, en lo que interesa en este expediente, tiene el contenido siguiente:
«Carmen de Grado Sanz, registradora mercantil de Madrid, previo el consiguiente 
examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 
del Reglamento del Registro Mercantil, y habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 15.2 de dicho Reglamento, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
Hechos (…)
Fundamentos de derecho (Defectos)
1.  Calificado el precedente documento:
(…) se practicará la inscripción sin recoger en ella la modificación del artículo 6.II de 
los estatutos relativa a la transmisión forzosa de las participaciones sociales, por los 
siguientes hechos y fundamentos de derecho:
Hechos:
Se pretende la inscripción de la modificación introducida en el artículo 6.II de los 
estatutos  relativa  a  la  “transmisión  forzosa  de  las  participaciones  sociales”.  En  la 
regulación estatutaria se establece, para el caso de embargo de todas o parte de las 
participaciones sociales, un derecho de adquisición preferente a favor de la sociedad y 
de los socios mediante el pago de su valor contable, pago que podrá ser aplazado hasta 
un periodo máximo de cinco años. En el caso de que ni la sociedad ni ninguno de los 
socios ejercite el derecho de adquisición preferente, «se estará a lo dispuesto en el pacto 
de socios en materia de exclusión».
La modificación estatutaria permite que, antes de la fase de apremio, pueda ser 
modificado el objeto de embargo que, recayendo inicialmente sobre las participaciones 
sociales, podrá ser sustituido totalmente o en parte, por el valor contable de las mismas, 
aun cuando dicho importe sea inferior a lo reclamado por el actor en el procedimiento de 
ejecución y cuyo pago podrá ser aplazado, con la consecuencia de imponer al juez el 
alzamiento de la traba respecto de las participaciones adquiridas. e.
Esta regulación vulnera normas básicas que afectan a la ejecución cuya regulación  w.
legal es materia de orden público, impidiendo alcanzar el objetivo esencial de la misma,  916ww
que Leas  nlao rrmeaal izeasctaiótunt adreial p erisn cmipuioy  jsuimrídiliacro  ad ela rse sqpuoen fsuaebriolind aodb jpeatotr idmeo nainaál luisnisiv eyr sreasl.olución
Jfauvroídriacbal ey  aF lea  Pinúsbclriicpac idóen  e9n y r e2s3o lduec imonaeyso  ddicet a2d0a1s9 p yo r6 l ay  D2i7re dceci ófenb Greernoe drael  2d0e2 S0e, gpuerriod alda   BOE-A-cable e
regulación estatutaria introduce, en este caso, circunstancias especiales que agravan la 
posición del actor en el procedimiento, al permitir que puedan ser adquiridas, en ejercicio 
del derecho de adquisición preferente, sólo parte de las participaciones sociales y que su 
valor razonable con independencia de que sea el valor contable u otro que se determine 
lo que aquí no se discute, sea pagado de forma aplazada.
Fundamentos de derecho:
La libertad de configuración de los estatutos que alega la Dirección General en las 
resoluciones dictadas, reconocido en el artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital 
no permite, a juicio de esta registradora, el alzamiento del embargo antes de la fase de 
apremio mediante la entrega al actor de un importe inferior a lo debido. No se discute 
que pueda pactarse en estatutos que el embargo de participaciones sociales de un socio 
sea causa para que la sociedad o los demás socios puedan adquirir las participaciones 
embargadas, mediante el ejercicio de un derecho de adquisición preferente y por el valor 
contable, siempre y cuando la transmisión forzosa se produzca sin perjuicio de la traba, 
de modo que el embargo siga recayendo sobre las participaciones adquiridas teniendo el 
adquirente que pasar por la continuación del procedimiento ejecutivo y su consiguiente 
remate, salvo pago previo del importe de lo debido al actor por todos los conceptos. La 
libertad contenida en el artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital está limitada por 
el respeto a las normas imperativas, y la Ley de Enjuiciamiento Civil no prevé causas de 
alzamiento o modificación del embargo antes del inicio de la fase de apremio. Una vez 
practicado el embargo, queda sujeto al poder decisorio del órgano jurisdiccional, de 
modo que no podrá alzarse ni modificarse salvo por decisión de éste (artículos 545.4, 
594, 603, 610, 612, 621, 623……. de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y sólo en los 
supuestos  legalmente  previstos  que  son:  estimación  de  causa  de  oposición 
(artículo 561.2 L.E.C.); estimación de tercería de dominio (artículos 601 y 604 L.E.C.); 
sobreseimiento de la ejecución en el caso del artículo 566.3 L.E.C.; si el procedimiento 
termina  por  renuncia,  desistimiento,  sometimiento  a  arbitraje  o  transacción  o  por 
cualquier  modo  de  satisfacción  del  actor.  El  deudor  o  tercer  poseedor  del  bien 
embargado no puede obtener el alzamiento de la traba sino abonando al actor todo lo 
adeudado hasta este momento (artículos 613; 650.6; 662.1; 670.7 y 689 L.E.C.). Mucho 
menos se puede fundar en la libertad de regulación que ampara el artículo 28 de la Ley 
de Sociedades de Capital la pretensión de que el derecho de adquisición preferente 
pueda recaer sólo sobre parte de las participaciones embargadas y que el pago de su 
importe pueda ser aplazado.
Es  de  esencia  del  ejercicio  del  derecho  de  adquisición  preferente  que  exista 
identidad entre el objeto afectado por el derecho y el objeto sobre el que se ejercita el 
mismo. El artículo 108 de la Ley de Sociedades de Capital declara la nulidad de las 
cláusulas  estatutarias  que,  en  caso  de  transmisión  voluntaria  de  participaciones, 
obliguen al socio a transmitir un número distinto de las ofrecidas. El hecho de que no 
sólo el importe pagado pueda ser inferior al debido al actor, sino que, además, como 
sucede en este supuesto, se pueda aplazar el pago, carece de fundamento en un 
procedimiento de ejecución, cualquiera que sea la fase en la que se encuentre, ya que 
se rige por normas que protegen los intereses del acreedor y de los deudores.
El carácter subordinado de las normas procesales que también alega la Dirección 
General como fundamento de sus resoluciones, no determina que estas normas deban 
ceder siempre ante la regulación de los derechos sustantivos, sobre todo cuando la 
regulación de los mismos es de origen convencional, caso en el que la regulación  e
estatutaria ha de respetar las normas procesales. bo
El artículo 635.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula la enajenación, “realización”  916ww
sdoecl ibaile, nin deimcabnadrgoa qduoe,  csuea hnadroá  saete tnradtiean ddeo  uan laa sa dccisiópno snicoio cnoetsiz aebstlea tuot adreia us nya l epgaartliecsip saocbióren 
aednqaujeisniaccióiónn p rdeefe rleanst ea.cciones  y  participaciones  y,  en  especial,  a  los  derechos  de
Este  precepto,  a  juicio  de  la  Dirección  General,  también  ofrece  cobertura  a  la 
posibilidad  de  que  los  socios,  mediante  previsión  estatutaria,  puedan  obtener  el 
alzamiento de la traba antes del apremio, depositando el valor de las participaciones 
embargadas, sea el contable u otro que se determine, aunque no cubra el importe de lo 
debido  al  actor  hasta  ese  momento.  Sin  embargo,  atendiendo  al  tenor  literal  del 
precepto, el mismo regula la realización o enajenación del bien trabado. Es de aplicación 
en la fase de apremio por lo que no pueda amparar regulaciones estatutarias que hayan 
de operar antes de entrar el procedimiento en la fase indicada.
El precepto admite la autonomía de la voluntad en el ámbito de la enajenación dentro 
de  la  fase  de  apremio,  permitiendo  la  adopción  de  disposiciones  sobre  el 
desenvolvimiento de dicha enajenación en tanto que trámite del propio procedimiento de 
ejecución,  indicando  que  a  falta  de  regulación  estatutaria  el  medio  subsidiario  de 
enajenación forzosa será la subasta notarial. De igual modo el artículo 635.2 establece 
que  la  enajenación  se  realizará  respetando  los  derechos  de  adquisición  preferente 
establecidos en los estatutos con la finalidad de impedir la entrada en la sociedad 
limitada de personas extrañas. De acuerdo con ello el artículo 109.2 de la Ley de 
Sociedades de Capital regula este derecho de los socios en la fase de apremio a 
subrogarse en el lugar del rematante pagando el precio del remate más los gastos de 
ejecución.
En los estatutos también se hace referencia a que en el caso de que ni la sociedad, 
ni ninguno de los socios ejercitase el derecho de adquisición preferente, "se estará a lo 
dispuesto en el pacto de socios en materia de exclusión", remisión que no puede ser 
objeto  de  inscripción  dado  el  carácter  extraestatutario  del  pacto,  no  oponible  a  la 
sociedad y de eficacia vinculante solo para quienes lo suscriben (29LSC) Conforme a lo 
dispuesto en 350 y 351 LSC sólo se podrá proceder a la exclusión del socio por causa 
legal o por causa prevista en los estatutos.
Por  las  razones  expuestas  se  suspende  la  inscripción  de  la  modificación  del 
artículo 6.II de los estatutos.
Sin perjuicio de proceder a la subsanación de los defectos anteriores y a obtener la 
inscripción del documento, en relación con la presente calificación: (…)
Madrid, a 10 de julio de 2020. La Registradora.»
Esta calificación fue notificada a la notaria autorizante de la escritura referida el 23 de 
julio de 2020.
III
Mediante escrito que causó entrada en el referido Registro Mercantil el 24 de agosto 
de 2020, don P.J.H.A., como administrador único de la sociedad «Herráiz Salmerón, 
S.L.», interpuso recurso contra la anterior calificación, en el que alega los siguientes 
fundamentos jurídicos:
«I.  Sobre  el  acuerdo  de  transmisión  forzosa  de  las  participaciones  sociales 
adoptado en Junta Universal y por unanimidad.
En primer lugar, esta parte considera que es esencial entender el contexto de la 
sociedad  en  el  que  ha  tenido  lugar  la  mencionada  modificación  estatutaria  y, 
especialmente, el cómo ha sido aprobada la misma.
Herráiz Salmerón es una sociedad de responsabilidad limitada y eminentemente de  e.
carácter familiar. Pues bien, el acuerdo de modificación estatutaria fue acordado en  w.b
Junta Universal y por unanimidad de todos los socios, esto es, mediante la expresa  916ww
apparroticbiapcaicóino nye sc osnofocriamleidsa de nd eq utoed oses  yh aclalad ad iuvnidoid doe e llo sc aspoitcaiol ss otictuialal,r eess  ddeel c1ir0 0e%xi sdtíea  la–sy 
eexsitsatteu t–o su ndae  cllaa ras oec iiendcuaeds teiosnpaebcliea lmvoelunnteta ldo  dree llaat itvoota laidl ardé gdiem elons  sdoec itorasn dsem misoiódnif icdaer  lloass 
participaciones sociales en caso de un concreto acontecimiento como puede ser el
embargo de las participaciones a uno de los socios, lo que tiene su sustento legal en los 
artículos, no sólo en el artículo 28 LSC, sino también en los artículos 175.2.b) y 188.3 del 
Reglamento del Registro Mercantil, como se desarrollará en el siguiente apartado.
Ahora bien, que la modificación estatutaria persiga la protección de la sociedad frente 
a la entrada de terceros no significa que el procedimiento que se pretende establecer no 
proteja los intereses de los acreedores, sino que la consecuencia es todo lo contrario: 
agiliza la satisfacción de los acreedores, como se verá más adelante, a diferencia de lo 
alegado por la Sra. Registradora.
II.  El  acuerdo  de  transmisión  forzosa  de  participaciones  es  conforme  a  los 
artículos 175.2.b) y 188.3 RRM, 28 y 109 LSC y 635 LEC.
A.  Conformidad con los artículos 175.2.b) y 188.3 del Reglamento del Registro 
Mercantil y 109 de la Ley de Sociedades de Capital.
A juicio de la Sra. Registradora Mercantil, el artículo 28 de la Ley de Sociedades de 
Capital, pilar fundamental del principio de autonomía de la voluntad, no admite "el 
alzamiento del embargo antes de la fase de apremio mediante la entrega al actor de un 
importe inferior al debido", debido en parte, a una interpretación restrictiva y, a todas 
luces, contraria tanto a la numerosas Resoluciones de la Dirección General como a la 
práctica societaria actual que se realiza.
Si bien es cierto que el artículo 109 LSC establece un procedimiento a seguir en el 
caso de que haya sido notificada a la sociedad por parte de la autoridad administrativa o 
judicial el embargo de las participaciones (subrogación de la sociedad en lugar del 
remanente mediante la consignación integra del importe rematado), el mismo no tiene, 
en ningún caso, carácter imperativo, en tanto en cuanto nada impide que, conforme al 
artículo 28 LSC, pueda recogerse en los estatutos sociales procedimientos alternativos 
como el establecido en los estatutos objeto de la calificación negativa impugnada, de tal 
manera que, en caso de inicio de un procedimiento de embargo –en una fase previa a la 
suspensión del remate o adjudicación a que se refiere el citado artículo 109 LSC– se 
atribuya a la sociedad y a los socios el derecho de adquirir tales participaciones por su 
valor razonable, con la sucesiva obligación del socio de transmitirlas establecida en el 
artículo 188.3 RRM. Este enfoque ha sido avalado por multitud de resoluciones de la 
Dirección General entre la que podemos destacar la Resolución de 23 de mayo de 2019.
Así, a tener de lo anterior, el procedimiento que se establece y que se pretende 
inscribir es totalmente acorde a lo establecido en los artículos 175.2.b) y 188.3 RRM, en 
tanto en cuanto se establece de manera clara y precisa cuando surge (1) el derecho de 
los socios a adquirir las participaciones, (2) la obligación del socio a transmitirlas; esto 
es: cuando se notifica por parte del Juez o Autoridad Administrativa el embargo de las 
participaciones. Es decir, no sólo el procedimiento acordado en caso de embargo es 
conforme a los artículos antes mencionados, sino que además tienen un objetivo legítimo 
como es cercar al máximo una sociedad familiar para impedir la entrada de terceros 
ajenos a la familia y que, además, tiene como consecuencia directa un beneficio para el 
acreedor, como es, la agilización el procedimiento de satisfacción sin que los intereses 
del acreedor se vean afectados, a diferencia de lo afirma la Sra. Registradora Mercantil.
B.  Conformidad con el artículo 623 y 635 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y demás 
normas en materia de embargo.
Afirma la Resolución aquí impugnada que la pretendida modificación estatutaria  e.e
"vulnera las normas básicas que afectan a la ejecución" así como "agrava la posición del  b
actor en el procedimiento" debido a que "el importe pagado pueda ser inferior al debido". 916ww
sociPosu efrse nbtiee na,  uqnuae p olas ibmleo deinfictraacdiaó nd ed ete recsetraotsu teons  late snogcai ecdoamd,o n ofi ntiaelnidea dp opr rqouteég seigr naif icloasr 
qcounet rlaar imo isdme al os ea hdaugciad oe ne nd eltari mreesnotolu dcieó nu naohso prao siimblpeusg yn afudtau,r oesl  apcrroeceeddoimreise,n ytoa  fqauceil,i taa,l 
agiliza y economiza la satisfacción de los acreedores –siendo totalmente acorde a la
legislación en materia de embargos–, ya que el procedimiento estatutario prevé una 
mayor rapidez en el pago de la deuda del que, a día de hoy, ofrece el procedimiento 
judicial o administrativo.
Es decir, es público y notorio que un procedimiento de ejecución judicial se puede 
demorar  años  (Según  datos  oficiales  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  las 
ejecuciones judiciales pueden a llegar a tener una duración media de entre 41 meses 
y 62.5 meses), mientras que, tal y como se establece en los estatutos de forma clara y 
precisa, la transmisión se produce a la sumo en 4 meses desde la notificación del 
embargo, ya que aunque se pueda fijar un pago aplazado de 5 años, en todo caso 
máximo y como última ratio –pudiendo no pactarse o pactarse uno mucho inferior–, éste 
sería aún menor al que en la actualidad nos encontramos en la práctica judicial forense, 
abaratando, además, costes al acreedor que no deberá hacer frente a ningún gasto.
Por lo tanto, es claro que el contenido estatutario que se pretende implantar se 
adapta al artículo 623 LEC:
"Artículo 623.  Garantía del embargo de valores e instrumentos financieros.
3.  Si  se  embargaren  participaciones  en  sociedades  civiles,  colectivos, 
comanditarias, en sociedades de responsabilidad limitada o acciones que no cotizan en 
mercados secundarios oficiales, se notificará el embargo a los administradores de la 
sociedad, que deberán poner en conocimiento del tribunal la existencia de pactos de 
limitación a la libre transmisión de acciones o cualquier otra cláusula estatutaria o 
contractual que afecte o las acciones embargadas."
Como se desprende del precepto anterior, en las sociedades de responsabilidad 
limitada se abona el precio al acreedor ejecutante con la finalidad de que su deuda sea 
satisfecha, ya sea total o parcialmente, permitiéndose pactos societarios para que, en 
ningún caso el acreedor se pueda convertir en propietario de la acción y pueda entrar así 
a  formar  parte  de  sociedades  eminentemente  cerradas,  ya  que  de  lo  contrario  se 
atentaría por completo contra los principios configuradores de la sociedad limitada.
Es decir, la Ley de Enjuiciamiento Civil permite, conforme al principio de autonomía 
de la voluntad, establecer una transmisibilidad forzosa o cualquier tipo de restricción a la 
misma  en  el  caso  de  las  participaciones  embargadas.  Así,  en  el  caso  de  Herráiz 
Salmerón S.L: en el supuesto de un embargo, se inicia un procedimiento interno en la 
sociedad que genera el nacimiento de un derecho de adquisición preferente por la 
sociedad o los socios y que, en caso de no ejercitarse, se procederá por el cauce 
legalmente previsto.
Como  se  puede  apreciar,  el  mencionado  artículo,  no  sólo  habla  de  cláusulas 
estatutarias, sino incluso de pactos, esto es, ni tan siquiera de artículos estatutarios 
inscritos  en  el  Registro  Mercantil,  sino  que  permite  y  contempla  expresamente  la 
posibilidad de pactos privados. En caso aquí tratado, la Sra. Registradora no sólo niega 
la inscripción de la modificación estatutaria que se pretende inscribir en el Registro 
Mercantil por entender que es contraria a la legislación en materia de embargo, si no que 
también, deniega la inscripción, en parte, por la existencia de pacto de socios en materia 
de exclusión, afirmando que dicha "remisión no puede ser objeto de inscripción dado el 
carácter extraestatutario del pacto", pacto que, a todas luces, sería válido e inscribible 
conforme al artículo 623 LEC, siendo incompresible que no se admita su inclusión 
estatutaria acordada por unanimidad por la Registradora Mercantil.
Con respecto al artículo 635 LEC: s
2.  Si lo embargado fueren acciones o participaciones societarios de cualquier clase,  w.
que  no  coticen  en  Bolsa,  la  realización  se  hará  atendiendo  a  las  disposiciones  916ww
eas ltoast udtearreiacsh oy sle dgea laedsq suoisbicreió enn parjeefnearecinótne .de los acciones o participaciones y, en especial,
corrAed ofarl tdae  dceo mdeisrcpioos cicoiolengeiasd eos".peciales, la realización se hará a través de notario o  BOE-A-cable e
Pues bien, el citado artículo redunda de nuevo en lo ya apreciado en el mencionado 
artículo 623 LEC, a saber: en el caso de embargo de participaciones sociales se habrá 
de estar a lo dispuesto en los estatutos de dicha sociedad con especial atención a los 
derechos de suscripción preferente (lo que establece la modificación estatutaria cuya 
inscripción se pretende).
De  tal  manera  que,  si  la  Ley  en  materia  de  embargo  prevé  expresamente  la 
posibilidad  de  cláusulas  estatutarias  en  las  sociedades  limitadas  que  restrinjan  su 
transmisibilidad y que incluso establezcan sistemas de valoración económica, carece de 
todo sentido que la Sra. Registradora no lo permita en el caso de la sociedad Herráiz 
Salmerón S.L.
Por otro lado, y en lo que respecta a la valoración realizada de las particiones 
sociales, la misma no sólo ha sido fijada por unanimidad y por tanto conforme al 
artículo 175.2. b) RRM ("El establecimiento por pacto unánime de los socios de los 
criterios y sistemas para la determinación del valor razonable de las participaciones 
sociales previstas para el caso de transmisiones inter vivos o mortis causa o bien para la 
concurrencia de obligación de transmitir de conformidad con el artículo 188.3 de este 
Reglamento"), sino que, a más abundamiento, se ha decidido establecer un sistema de 
valoración objetivo, al entender que el valor razonable puede coincidir con el valor 
contable resultante del último balance. Sistema de valoración totalmente acorde a la 
doctrina de la Dirección General desde la resolución de 15 de noviembre de 2015, así 
como a las leyes, ya que no existe ninguna que prohíba pactar como precio o valor de 
las participaciones –que vayan a ser objeto del Derecho de adquisición preferente– el 
valor contable que resulte del último balance aprobado por unanimidad por la Junta.
En conclusión, a diferencia de lo afirmado por la Sra. Registradora, el sistema de 
transmisión forzosa propuesto por la Sociedad atestigua una satisfacción más rápida 
para los acreedores sin que tengan que hacer frente a gasto alguno, de tal manera que 
se puede afirmar que el procedimiento se ha diseñado respetado tanto los intereses de 
los socios como de los posibles acreedores, protegiendo a estos últimos, además, el 
principio de responsabilidad patrimonial universal configurado en el artículo 1911 del 
Código  Civil  para  aquellos  casos  en  los  que  la  enajenación  de  las  participaciones 
embargadas en favor de otro socio no satisfaga la deuda del embargante.
A mayor abundamiento, el Registrador reconoce en la nota de calificación que "la 
norma  estatutaria  es  muy  similar  a  las  que  fueron  objeto  de  análisis  y  resolución 
favorable a la inscripción en resoluciones dictadas por la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública de 9 y 23 de mayo de 2018 y 6 y 27 de febrero de 2020"; pese a lo 
cual la calificación sigue siendo negativa.
III.  Conclusiones.
1.  El acuerdo ha sido aprobado por unanimidad por la Junta General Universal, sin 
ello conllevar un posible perjuicio para los acreedores.
2.  El procedimiento de transmisión forzosa establecido en los estatutos tiene los 
siguientes objetivos legítimos y conformes a la ley especial en materia de embargo:
a.  la continuidad de la sociedad sin contar con un socio embargado; y
b.  la plena satisfacción del acreedor, a quien se le pondrá a disposición del importe 
resultante de la transmisión de las participaciones.
3.  La  ley  especial  del  embargo  (LEC)  permite  expresamente  la  existencia  de 
cláusulas estatutarias en las Sociedades de responsabilidad limitada e, incluso pactos de  e.
socios, que restrinjan la transmisibilidad de las participaciones en casos de embargo,  w.
pudiendo  fijar  la  propia  sociedad  la  valoración  económica  de  las  mismas  y  el  916ww
proc4e.d imEile pnrtooc ae dsiemgiueinr.to de embargo establecido en la LEC no tiene carácter imperativo,
en tanto en cuanto nada impide que, conforme al artículo 28 LSC, pueda recogerse en
los estatutos sociales procedimientos alternativos como el establecido en los estatutos 
objeto de la calificación negativa impugnada.
5.  El procedimiento fijado en los estatutos no perjudica a los acreedores, ya que el 
mismo asegura una satisfacción de estos sin que tengan que hacer frente a más gastos 
derivados del procedimiento judicial. Es decir, el procedimiento se ha diseñado respetado 
sus intereses. No siendo contrario a la legislación vigente que la deuda se satisfaga en 
parte  y  no  totalmente,  ya  que  en  ese  caso  entraría  en  juego  el  principio  de 
responsabilidad patrimonial universal dispuesto en el artículo 1911 del Código Civil.»
IV
El día 11 de septiembre de 2020 la notaria autorizante de la escritura, doña Nieves 
Romero Ortega, formuló las siguientes alegaciones:
«I.  La propia Exposición de Motivos del Real Decreto Legislativo 1/2020 de 2 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital, en su 
apartado IV.
En el plano teórico la distinción entre las sociedades anónimas y las sociedades de 
responsabilidad limitada descansa en una doble característica, mientras que las primeras 
son sociedades naturalmente abiertas, las sociedades de responsabilidad limitada son 
sociedades esencialmente cerradas, mientras que las primeras son sociedades con un 
rígido sistema de defensa del capital social, cifra de retención y, por ende, de garantía 
para los acreedores sociales, las segundas, en ocasiones, sustituyen estos mecanismos 
de defensa a veces más formales que efectivos, por regímenes de responsabilidad, con 
la consiguiente flexibilidad de la normativa.
En  este  ámbito  es  donde  debe  ser  contemplado  el  verdadero  espíritu  de  la 
modificación estatutaria llevada a cabo.
El carácter cerrado y marcadamente familiar de la sociedad que nos ocupa plasmado 
en voluntad unánime vertida en junta general universal.
II.  El art. 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, habla 
expresamente de la nulidad de cláusulas estatutarias a la libre transmisión voluntaria de 
las participaciones sociales [sic]. Estableciendo una numeración exhaustiva de cláusulas 
nulas. Dentro de esas cláusulas, no so encuentra contemplada la que nos ocupa que es 
objeto del recurso planteado.
Y debemos entender que los supuestos de nulidad deben ser objeto de interpretación 
restrictiva, nunca debe ser interpretada analógicamente a supuestos distintos de los 
estrictamente tasados por la ley.
III.  Que la transmisión forzosa de esas participaciones sociales en su resolución 
definitiva  lo  que  supondría  es  la  exclusión  del  socio  titular  de  las  participaciones 
embargadas y en consecuencia debería ser llamado a colación el art 351 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
El referido artículo 351, permite que se fije por vía estatuaria las causas de exclusión 
del  socio,  la  transmisión  forzosa  derivada  del  embargo  de  participaciones  encierra 
implícitamente una futura y posible exclusión del socio titular de las participaciones 
embargadas.  En  consecuencia,  el  propio  art.  351,  permite  de  nuevo  a  la  voluntad 
estatuaria un mecanismo de defensa, frente a cualquier agresión externa que pudiera 
mermar ese carácter cerrado y familiar de la sociedad limitada.
IV.  Que en ningún momento el acreedor tendría perjudicados sus derechos, con el 
pacto de transmisión forzosa de las participaciones embargadas, sino todo lo contrario  e.e
se le dotaría de una mayor celeridad al procedimiento y a la realización de su crédito,  b
que el previsto en el art. 109 del referido texto refundido, que articula un procedimiento  916ww
mcruécdhitoo  dmeál sa clreenetdoo, r ceonn  eul ntiae mcpaod eyn ma ádse i nnsoetgifuicraidcaiodn qeus eq luae q udeil abtrainrídaa  lala  rceoanlisziagcniaódna  deenl 
ylo st opdroo peiollso  essinta tquutoes  qsuoecdiaele sa ltceorna deal ;p reosc eddeicmiri esnutob sdiset aT raenl spmriniscióipnio F odrez orseas pdoenl saarbt.i lIidI.a6d.; 
personal e ilimitada del titular de las participaciones embargadas del art. 1911 del c.c.».
V
Mediante  escritos  de  10  y  17  de  septiembre  de  2020,  la  registradora  elevó  el 
expediente, con su informe, a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 33 y 117 de la Constitución Española; 1, 57 y 174 del Código de 
Comercio; 7, 348, 1255, 1256, 1258, 1281 a 1289, 1291, 1787, 1789 y 1911 del Código 
Civil; 23.f), 28, 73.2, 74.2 83, 93, 94, 107, 108, 109, 123.2, 124, 125, 206.4, 275, 346, 
350, 351, 352, 353, 356, 389 y 392.1 de la Ley de Sociedades de Capital; 15 y 16 de la 
Ley  3/2009,  de  3  de  abril,  sobre  modificaciones  estructurales  de  las  sociedades 
mercantiles; 1, 551, 587, 621 y siguientes, 635, 637 y 570 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil; 74 y 75 de la Ley del Notariado; disposición final cuarta de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social; 123.6, 175.2.b) y 188 del Reglamento del 
Registro Mercantil; artículo 80.6 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  General  de  Recaudación;  artículo  99  del  Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación  de  la  Seguridad  Social;  Sentencias  del  Tribunal  Supremo  de  30  de 
septiembre de 1997, 29 de mayo de 2012, 27 de mayo de 2013 y 12 de noviembre 
de 2014; y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 6 de junio de 1990, 30 de marzo, 17 de mayo y 20 de agosto de 1993, 7 de junio 
de 1994, 9 de enero de 1995, 13 de octubre de 1998, 30 de marzo y 8 y 28 de julio 
de 1999, 21 de marzo de 2001, 15 de octubre y 1 de diciembre de 2003, 4 de mayo 
de 2005, 28 de julio de 2009, 2 de noviembre de 2010, 19 de agosto de 2011, 28 de 
enero de 2012, 23 de abril y 23 de julio de 2015, 15 de noviembre de 2016, 9 y 23 de 
mayo de 2019; y la Resolución de esta Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública de 6 y 27 de febrero de 2020.
1.  Mediante  la  escritura  objeto  de  la  calificación  impugnada  se  modifican  los 
estatutos  sociales  de  una  sociedad  de  responsabilidad  limitada  para  disponer  que, 
notificado  el  embargo  de  las  participaciones  sociales  a  la  sociedad  por  el  Juez  o 
Autoridad administrativa que lo haya decretado, la sociedad, a través del órgano de 
administración, podrá adquirir una parte o la totalidad de las participaciones embargadas, 
debiendo ejercitar el derecho en un plazo máximo de tres meses a contar desde la 
notificación a la sociedad del procedimiento de embargo; y si la sociedad no ejercita este 
derecho, todos los socios podrán adquirir las participaciones embargadas, en el plazo 
máximo de veinte días. Además, se dispone que, en todos los casos anteriores, «el 
precio de la transmisión se corresponderá con el valor razonable de las participaciones, 
entendiéndose por valor razonable el valor contable que resulte del último balance 
aprobado por la Junta; aceptando el pago de las mismas, de manera aplazada en un 
periodo máximo de cinco años». Se añade también que «En caso de que ni la Sociedad 
ni ninguno de los socios ejercitasen su derecho de adquisición preferente, se estará a lo 
dispuesto en el pacto de socios en materia de exclusión de socios. De no seguirse el 
procedimiento de exclusión indicado, el órgano de administración podrá en conocimiento 
de la autoridad judicial o administrativa esta circunstancia, a fin de que proceda a la 
adjudicación de las participaciones en los términos legalmente previstos».
La registradora resuelve no practicar la inscripción de dichas disposiciones porque –a 
su juicio– permiten que, antes de la fase de apremio, pueda ser modificado el objeto de  es
embargo al sustituir, totalmente o en parte, las participaciones sociales embargadas por  bo
su valor contable, aun cuando dicho importe sea inferior a lo reclamado por el actor en el  916ww
aipAmnruopáncolqiesnudieseirm   yraie elrc neojtusonoe olzduc eece i óleq njaue leczfa ualvcamoi óirnenaon brytlmoe  c adau e yel osal ta api ntatusrgtacaobrr iaippa co rieódesnrsá p m eesncue tyrol  a assdip melRa ilezlaaasrs od alopu ,ac laicrostoin cnqeip uslaa ec d icfoeuon eneersssoet naca  udoDeqbinrujeecirtciaoidc  iadódsene.     OE-A-2020-15able en https://
General de 9 y 23 de mayo de 2019 y 6 y 27 de febrero de 2020, considera que «la
regulación estatutaria introduce, en este caso, circunstancias especiales que agravan la 
posición del actor en el procedimiento, al permitir que puedan ser adquiridas, en ejercicio 
del derecho de adquisición preferente, sólo parte de las participaciones sociales y que su 
valor razonable con independencia de que sea el valor contable u otro que se determine 
lo que aquí no se discute, sea pagado de forma aplazada». Por último, considera que la 
disposición según la cual, en el caso de que ni la sociedad, ni ninguno de los socios 
ejercitase el derecho de adquisición preferente, «se estará a lo dispuesto en el pacto de 
socios en materia de exclusión», no puede ser objeto de inscripción dado el carácter 
extraestatutario del pacto y la exigencia legal de que la exclusión del socio se base en 
una causa legal o en causa prevista en los estatutos.
El recurrente, en esencia, alega: a) Que se trata de una sociedad de carácter familiar 
y la modificación estatutaria se ha aprobado en junta general universal por unanimidad, 
con la finalidad de protegerla frente a la entrada de terceros, pero sin perjudicar los 
intereses de los acreedores, pues agiliza la satisfacción de sus derechos sin que tengan 
que hacer frente a más gastos derivados del procedimiento judicial, no siendo contrario a 
la legislación vigente que la deuda se satisfaga en parte y no totalmente; y b) Que el 
procedimiento de transmisión se ajusta a lo dispuesto en los artículos 175.2.b) y 188.3 
del Reglamento del Registro Mercantil, 109 de la Ley de Sociedades de Capital y 635 de 
la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  pues  estos  dos  últimos  preceptos  legales  no  son 
imperativos, como resulta del artículo 28 de la propia Ley de Sociedades de Capital y del 
citado precepto de la Ley procesal, que permite expresamente la existencia de cláusulas 
estatutarias,  e  incluso  pactos  de  socios,  que  restrinjan  la  transmisibilidad  de  las 
participaciones en casos de embargo, pudiendo fijar la propia sociedad la valoración 
económica de las mismas y el procedimiento a seguir.
2.  En relación con el derecho de adquisición preferente en caso de inicio o apertura 
de un procedimiento administrativo o judicial de embargo de las participaciones sociales, 
este Centro Directivo, en las citadas Resoluciones de 9 y 23 de mayo de 2019 y 6 y 27 
de febrero de 2020, ha afirmado que debe tenerse en cuenta que, respecto del régimen 
de transmisión de participaciones sociales en caso de procedimiento administrativo o 
judicial de embargo, el artículo 109 de la Ley de Sociedades de Capital establece la 
suspensión del remate y de la adjudicación de las participaciones sociales embargadas y 
el derecho de los socios y, en su defecto –sólo si los estatutos le atribuyen en su favor el 
derecho de adquisición preferente–, de la sociedad, a subrogarse en lugar del rematante 
o, en su caso, del acreedor, mediante la aceptación expresa de todas las condiciones de 
la  subasta  y  la  consignación  íntegra  del  importe  del  remate  o,  en  su  caso,  de  la 
adjudicación al acreedor y de todos los gastos causados. Pero este régimen legal no 
impide que, con base en el principio de autonomía de la voluntad –cfr. artículos 28 de la 
Ley de Sociedades de Capital y 175.2.b) y 188 del Reglamento del Registro Mercantil–, 
puedan prevenirse en los estatutos sociales sistemas alternativos que, en caso de un 
procedimiento  de  embargo  –en  una  fase  anterior  a  la  suspensión  del  remate  o 
adjudicación a que se refiere el citado artículo 109 de la Ley de Sociedades de Capital– 
atribuye a la sociedad y a los socios el derecho de adquirir tales participaciones por su 
valor razonable (con la correlativa obligación del socio de transmitirlas –cfr. artículo 188.3 
del Reglamento de Registro Mercantil–), incluso, y aunque en el presente supuesto no 
ocurra así, con la previsión añadida de que, en defecto de ejercicio de tal derecho de 
adquisición, pueda la junta general adoptar el acuerdo de excluir al socio afectado por el 
inicio de ese procedimiento de embargo de las participaciones, con la consiguiente 
amortización de las participaciones del socio afectado por la exclusión. s
No puede desconocerse la peculiar naturaleza jurídica de la participación social en  oe.
cuanto que no representa una realidad física económicamente autónoma, sino una  w.
compleja posición social cuyo contenido y características vienen definidos por la norma  916ww
edsicthaatu tnaoriram rae cptoerram daen elazc vaid dae yn tfruon cdieo nlaoms iceanutoc edse  lleag saolecsie dparede, sdtea bmleocdidoo qsu, ea  seiellma pdreeb qeureá 
ae stlaar sheo praa rad ere sdoeltveerrm liansa rin cloid eqnuceia sd eqbuee  sqeu epdlaanrt eeenn  eenl  sáum abcittou apcrióonp ioy  trdáefilc op r(iyn ctaipmiob idéen   BOE-A-cable e
responsabilidad universal por las deudas con todos los bienes y derechos del obligado al 
pago, atendiendo a los diferentes intereses en juego).
Así lo puso de relieve este Centro Directivo en Resolución de 13 de octubre de 1998 
(reiterando el criterio de la Resolución de 6 de junio de 1990), según la cual, aunque es 
cierto que las normas procesales no tienen, en principio, carácter dispositivo y que no 
pueden alterarse por vía convencional los trámites del procedimiento de apremio, es 
también  cierto  que  no  puede  afirmarse  la  ejecutabilidad  incondicionada  de  la 
participación con menoscabo de su contenido jurídico específico; y añade que «Del 
mismo modo que en las Sociedades personalistas la posición del socio colectivo, al ser 
intransmisible sin el conocimiento de los demás (artículo 143 del Código de Comercio), 
no resulta embargable por deudas particulares suyas, sino que la traba ha de contraerse 
a los beneficios y a la cuota de liquidación (artículo 174 del Código de Comercio), si bien 
el acreedor, por la vía subrogatoria, puede solicitar la disolución anticipada si la Sociedad 
se constituye por tiempo indefinido (artículo 224 del Código de Comercio), y la quiebra 
del socio colectivo provoca la disolución de la Sociedad (artículo 222.3. o del Código de 
Comercio), en las Sociedades de capital en las que al amparo de la previsión legal (vid. 
artículos 46 de la Ley de Sociedades Anónimas, de 17 de julio de 1951, y 20 de la Ley 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada) se estipule estatutariamente el derecho de 
la Sociedad y de los socios a evitar el ingreso de nuevos miembros mediante el abono 
del valor de las acciones o participaciones, tal previsión, en cuanto contribuye a definir el 
contenido jurídico de la posición social representada por la participación social, deberá 
tener las consiguientes repercusiones en el ámbito procedimental, de modo que su 
respeto quede garantizado en el caso de ejecución de acciones por deudas del socio (sin 
que pueda estimarse que en esos supuestos y dado el orden procesal vigente, el 
derecho de adquisición preferente haya de operar siempre "a posteriori", como derecho 
de subrogación en el lugar del adjudicatario) pues, por una parte, el mismo ordenamiento 
jurídico compatibiliza el derecho de adquisición de carácter previo con los casos de venta 
judicial –así, el artículo 1.640 del Código Civil, posibilita al dueño útil o al directo, la 
adquisición por el tipo fijado para la subasta evitándole quebranto que le ocasionaría si el 
tanteo cediese en favor del retracto y el remate lo fuera por un importe superior al tipo de 
salida; igualmente el artículo 592 del Código de Comercio–, y especialmente, aunque por 
razón temporal no sea aplicable al caso debatido, el propio artículo 31.2 de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1995 y, por otra, no puede desconocerse el 
carácter  subordinado  del  ordenamiento  procesal  en  cuanto  ha  de  dar  cauces  de 
actuación judicial de los derechos sustantivos … ».
La previsión estatutaria como la debatida en el presente caso, que establece el 
derecho de la sociedad y de los socios a evitar el ingreso de nuevos miembros mediante 
el abono del valor de las participaciones, contribuye a definir el contenido jurídico de la 
posición social representada por aquéllas, y no resulta incompatible con las normas 
procedimentales (cfr., especialmente, el artículo 635.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
según el cual –y para la fase propiamente de realización de bienes embargados–, si lo 
embargado  fueren  participaciones  sociales,  la  realización  se  hará  atendiendo  a  las 
disposiciones estatutarias y legales sobre enajenación de participaciones y, en especial, 
a los derechos de adquisición preferente; vid., también, la disposición final cuarta de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social –«En lo no previsto en 
esta Ley regirá como supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil…»–; artículo 80.6 del Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación; y artículo 99 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se  s
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social). De este modo,  oe.
en  un  caso  como  el  presente,  ejercitado  el  derecho  de  adquisición  sobre  las  w.
participaciones afectadas por un procedimiento de embargo, el precio de la transmisión  916ww
Rsuesstoitluuyceió na  dlea s1 3p adrteic iopcatcuibornee sd es o1c9i9a8le, se lo ebmjetboa rdgeo  deem blaasr gpoa. rtCicoipmacoi oinnedsic ós oclaia lceista dsea 
Ccoonmtrearecriáo  ar elsopse cdteor edcheol ss oeccioon ócmolieccotsiv o(a)  qquuee , see nr ecfiaesreo  edl ea retíjceurcloic i1o7 4d edl eld eCróedcihgoo  ddee   BOE-A-cable e
adquisición por la sociedad o por los socios, recaerá sobre el derecho del socio deudor al 
valor de aquéllas (su valor razonable cuya determinación –como afirma la registradora– 
«aquí no se discute»). Debe advertirse que, al gozar los estatutos de publicidad registral, 
el acreedor instante de la ejecución tiene conocimiento del verdadero objeto de la 
realización por la vía de apremio.
3.  Admitido en la forma expuesta el juego del derecho de adquisición preferente 
para el caso de embargo de las participaciones sociales, deben analizarse ahora los 
reparos que opone la registradora por el hecho de que la cláusula estatutaria debatida 
permita que, en ejercicio de aquel derecho, puedan ser adquiridas sólo parte de las 
participaciones sociales y que su valor razonable sea pagado de forma aplazada.
Esta objeción debe ser confirmada, pues, por una parte, el artículo 108.2 de la Ley 
de Sociedades de Capital sanciona con la nulidad cualquier cláusula estatutaria por la 
que el socio que ofrezca la totalidad o parte de sus participaciones quede obligado a 
transmitir un número diferente al de las ofrecidas. Este precepto tiene la finalidad de 
impedir que por el ejercicio parcial del derecho de adquisición preferente (o, en su caso, 
por  el  hecho  de  que  la  preceptiva  autorización  sea  concedida  por  la  sociedad 
únicamente respecto de parte de las participaciones sociales) se vea abocado el socio 
transmitente a conservar, en contra de su voluntad y de sus intereses, un número 
determinado  de  participaciones,  cuyo  valor  quede  acaso  menguado,  sobre  todo  si 
disminuye o desaparece el poder de control atribuido al conjunto de las participaciones 
objeto  de  enajenación  (cfr.  Resoluciones  de  20  de  agosto  de  1993  y  9  de  enero 
de  1995).  Y,  por  otra  parte,  aunque  la  exigencia  de  que  el  precio  o  valor  de  las 
participaciones  se  pague  al  contado  se  establece  únicamente  respecto  de  las 
transmisiones «mortis causa» y no en relación con las transmisiones forzosas (cfr., 
respectivamente, artículos 109 y 110 de la Ley de Sociedades de Capital) ello se debe a 
que para estas últimas se contempla –con carácter supletorio– un sistema consistente en 
la atribución de un derecho de subrogación por el adquirente en lugar del rematante o, 
en su caso, del acreedor, mediante la aceptación expresa de todas las condiciones de la 
subasta  y  la  consignación  íntegra  del  importe  del  remate  o,  en  su  caso,  de  la 
adjudicación al acreedor y de todos los gastos causados. Además, dadas las analogías 
de la transmisión forzosa con la exclusión del socio, debe tenerse en cuenta que un 
aplazamiento de cinco años en el pago del precio del valor de las participaciones 
embargadas resulta también incompatible con el plazo establecido en el artículo 356.1 
de la Ley de Sociedades de Capital para reembolsar al socio excluido el valor de sus 
participaciones, del cual resulta que, en vía de principio, no puede imponerse a los 
socios dilaciones a la hora de realizar el valor patrimonial de sus participaciones; algo 
que, además, es acorde con el interés de los acreedores.
4.  Por último, debe también confirmarse la calificación registral en cuanto rechaza 
la disposición según la cual, en el caso de que no se ejercite el derecho de adquisición 
preferente por la sociedad o por ninguno de los socios, «se estará a lo dispuesto en el 
pacto de socios en materia de exclusión». Es indudable que únicamente cabe excluir al 
socio por las causas legal tasadas o por las establecidas expresamente en los estatutos 
(cfr. artículos 350 y 351 de la Ley de Sociedades de Capital).
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso en los 
términos que resultan de los anteriores fundamentos jurídicos.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de  e
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal,  bo
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001,  916ww
27 dMe addicriide,m 2b3r ed,e y  nloosv iaermtícburelo ds e3 2250 2y0 3.–2L8a d De ilrae cLteoyra H Gipeonteecraalr idae. Seguridad Jurídica y Fe
Pública, Sofía Puente Santiago.