BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 198 Jueves 19 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 101708
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
14052 Resolución de 13 de agosto de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por  la  que  se  publica  el  Convenio  con  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura, para la formación sanitaria especializada en ciencias de la 
salud en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz y 
de Cáceres.
Con fecha 30 de julio de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Ministerio de 
Justicia  y  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  para  la  formación  sanitaria 
especializada en Ciencias de la Salud en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de Badajoz y de Cáceres.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 13 de agosto de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel. 
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para la formación sanitaria especializada en ciencias de la salud en los Institutos 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz y de Cáceres
REUNIDOS
De una parte, la Ministra de Justicia, doña María Pilar Llop Cuenca, de acuerdo con 
el  Real  Decreto  526/2021,  de  10  de  julio,  y  en  uso  de  las  competencias  que  le 
corresponden en virtud del artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
Y de otra, don José María Vergeles Blanca, Vicepresidente Segundo y titular de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, en virtud de 
nombramiento efectuado por Decreto del Presidente 18/2019, de 1 de julio (DOE núm. 126, 
de 2 de julio), actuando en virtud de la delegación de competencias efectuada mediante 
Decreto del Presidente 27/2019, de 25 de julio (DOE núm. 160, de 20 de agosto), y don 
Ceciliano Franco Rubio, Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), en virtud 
de nombramiento efectuado por Decreto 194/2015, de 17 de julio (DOE extraordinario 
núm. 2 de 18 de julio de 2015), y cuya facultad para la suscripción de Convenios viene 
expresamente reconocida en el artículo 4.d) del Decreto 221/2008, de 24 de octubre, por el 
que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud, 
actuando en representación del SES, debidamente autorizados para la suscripción del 
presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de noviembre de 2020.
Intervienen en función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las facultades que 
a cada uno le están conferidas, reconociéndose entre sí la capacidad legal necesaria  e.
para suscribir el presente Convenio y a tal efecto w.
MANIFIESTAN
Primero.
Que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia, 
de acuerdo con el artículo 149.1.5 de la Constitución Española.
Segundo.
Que  el  Ministerio  de  Justicia  tiene  asumidas,  en  el  territorio  de  la  Comunidad 
Autónoma de Extremadura, las competencias en materia de personal al servicio de la 
Administración  de  Justicia  correspondiéndole  la  organización  y  supervisión  de  los 
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante IMLCF) de Badajoz y de 
Cáceres y de sus medios técnicos.
Tercero.
Que  los  IMLCF  son  órganos  técnicos,  cuya  misión  principal  es  auxiliar  a  la 
Administración  de  Justicia  en  el  ámbito  de  su  disciplina  científica  y  técnica  de 
conformidad con dispuesto en el artículo 479.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del  Poder  Judicial  y  en  el  artículo  1  de  su  Reglamento,  aprobado  por  Real 
Decreto 386/1996, de 1 de marzo, que en su artículo 13, determina además, que el 
Ministerio de Justicia podrá establecer conciertos con entidades sanitarias públicas y 
privadas, así como con otras instituciones, dirigidas a la utilización de locales, servicios y 
medios tecnológicos de interés médico legal para el normal funcionamiento de dichos 
Institutos.
Cuarto.
Que  la  Orden  JUS/511  y  la  Orden  JUS/512  de  26  de  febrero  de  2003  crean 
respectivamente los Institutos de Medicina Legal de Badajoz y Cáceres, atribuyéndole, 
entre otras, las siguientes funciones:
a)  La práctica de pruebas periciales médicas, tanto tanatológicas, como clínicas y 
de laboratorio.
b)  La realización de actividades de docencia e investigación relacionadas con la 
medicina forense.
Quinto.
Que la modificación del artículo 475 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, por la 
Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, conlleva la exigencia, como requisito necesario para 
el  acceso  al  Cuerpo  de  Médicos  Forenses,  del  título  de  especialista  en  Medicina 
Forense. El acceso a este título de especialista debe articularse a través del sistema de 
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
Sexto.
Que el Real Decreto 704/2020 de 28 de julio, por el que se establece el acceso al 
título de médico/a especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia, 
establece que el acceso al título comprenderá una formación tanto teórica como práctica  e.e
e  implicará  una  participación  personal  y  progresiva  del  residente  en  la  actividad  y  w.b
responsabilidades propias de la especialidad y se adaptará a los criterios recogidos en el  052ww
asartnícitualroia 2s0..3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones
Séptimo.
Que,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  4  apartado  3  del  Real 
Decreto 704/2020, de 28 de julio, por el que se establece el acceso al título de médico/a 
especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia, la dirección del 
IMLCF remitirá solicitud de acreditación como unidad docente (en adelante UD) a la 
Dirección  General  de  Ordenación  Profesional  del  Ministerio  de  Sanidad  para  su 
instrucción, acompañada del correspondiente Convenio o acuerdo adoptado al respecto 
con las autoridades sanitarias competentes de las comunidades autónomas, para la 
realización del período de rotación de dos años a que se refiere el artículo 3.3 del 
mencionado Real Decreto.
Octavo.
Que el Real Decreto 704/2020, de 28 de julio, por el que se establece el acceso al 
título de médico/a especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia, 
contempla que el sistema de residencia comprenderá un período formativo de cuatro 
años que serán cursados en las unidades docentes acreditadas de los IMLCF. No 
obstante, los residentes tienen la obligación de realizar períodos de rotación en los 
dispositivos docentes con los que exista un Convenio previo del Sistema Nacional de 
Salud, en las especialidades en Ciencias de la Salud que presenten un contenido cuyo 
conocimiento resulte de utilidad para una mejor y más completa formación de aquellos, 
pudiendo acceder a sus medios de formación, investigación y consulta. En su totalidad, 
estos períodos de rotación se desarrollarán durante un período de dos años dentro del 
período formativo de cuatro años de la especialidad.
Noveno.
Que los IMLCF de Badajoz y de Cáceres están dotados de personal cualificado y de 
los medios apropiados para la constitución de unidades docentes para la formación 
sanitaria  especializada  (en  adelante  FSE)  en  Ciencias  de  la  Salud  que  le  permita 
desarrollar el programa formativo de la especialidad de Medicina Legal y Forense en 
aquellas  materias  acordes  con  las  competencias  y  actividades  que  los  Institutos 
desempeñan, así como colaborar en la FSE de otras especialidades en Ciencias de la 
Salud.
Décimo.
Que la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura dispone que la 
estructura asistencial del Sistema Sanitario Público de Extremadura debe reunir los 
requisitos que permitan su utilización para la docencia pregraduada y posgraduada; de 
igual manera, todos sus centros, servicios y establecimientos deben estar en disposición 
de favorecer la investigación.
Undécimo.
Que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura 
ostenta  competencias  en  el  establecimiento  de  políticas  en  materia  de  formación 
especializada y continuada y acceso a las fuentes de conocimiento de los profesionales 
en los ámbitos de las Ciencias de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el  es
Decreto 163/2019, de 29 de octubre, por el que se establece su estructura orgánica. bo
Que el Servicio Extremeño de Salud (en adelante SES), es un organismo autónomo  052ww
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Estatutos.
Que el SES dispone de centros formativos, asistenciales, de investigación, unidades 
administrativas y dispositivos docentes acreditados para la FSE en Ciencias de la Salud.
Duodécimo.
Que la situación antes descrita determina la conveniencia de suscribir el presente 
Convenio  con  el  que  se  pretende  sentar  las  bases  para  canalizar  las  necesarias 
relaciones de colaboración que deben existir entre las unidades docentes de los IMLCF 
de Badajoz y de Cáceres y las del Servicio Extremeño de Salud, que actuarán como 
dispositivos docentes asociados.
En  virtud  de  lo  expuesto,  las  partes  estiman  conveniente  la  formalización  del 
presente Convenio, que regula las relaciones de colaboración que deben existir entre 
todos los intervinientes, por lo que estipulan las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
Constituye el objeto del presente Convenio establecer el compromiso escrito de 
colaboración  entre  el  Ministerio  de  Justicia,  la  Consejería  de  Sanidad  y  Servicios 
Sociales de la Junta de Extremadura y el Servicio Extremeño de Salud para el desarrollo 
de  la  formación  sanitaria  especializada  en  Medicina  Legal  y  Forense  y  otras 
especialidades en ciencias de la Salud.
Segunda.  Obligaciones de las partes.
1.  Obligaciones comunes.
Sin perjuicio de las obligaciones que se derivan de lo dispuesto en la legislación 
vigente sobre FSE, son obligaciones comunes a todos los firmantes de este Convenio:
– Colaborar en la impartición de los programas oficiales de las especialidades en 
Ciencias  de  la  Salud  posibilitando  la  inclusión  de  las  unidades  y/o  los  dispositivos 
dependientes de cada una de ellas en los distintos programas formativos.
– Garantizar el cumplimiento tanto del programa formativo como del Plan de Gestión 
de  la  Calidad  Docente  (PGCD)  de  la  Entidad  Titular  en  cuanto  a  la  planificación, 
seguimiento y evaluación del residente.
– Impulsar la coordinación de las unidades y dispositivos acreditados de cada una 
de las partes informándose mutuamente sobre las actividades laborales y formativas de 
los residentes, a fin de decidir conjuntamente sobre su adecuada integración con la 
actividad asistencial del Instituto o dispositivo docente de que se trate.
2.  Obligaciones del Ministerio de Justicia.
En virtud del presente Convenio el Ministerio de Justicia se compromete a:
– Promover la acreditación de las unidades docentes según los requisitos generales 
de acreditación establecidos por la Dirección General de Ordenación Profesional del 
Ministerio de Sanidad.
– Colaborar en la FSE de todas aquellas especialidades a las que pueda resultar de  e
interés, poniendo a disposición de los servicios de salud de la comunidad autónoma de  bo
Extremadura  las  unidades  y  dispositivos  docentes  dependientes  del  Ministerio  de  052ww
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– Informar a los residentes de Medicina Legal y Forense de sus obligaciones con la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el SES 
durante sus rotaciones, que serán las siguientes:
• Cumplir la normativa vigente establecida por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales de la Junta de Extremadura y el SES para sus residentes.
• Cumplir el horario y las actividades previstas en el programa de rotaciones y 
respetar  las  normas  de  funcionamiento  interno,  seguridad  y  prevención  de  riesgos 
laborales de la misma.
• Colocar en lugar visible de su uniforme la tarjeta identificativa que le será facilitada, 
que será devuelta una vez finalizado su período formativo.
• Guardar confidencialidad en relación con la información interna del centro y guardar 
secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y una vez finalizada ésta. 
La confidencialidad será extensible incluso en caso de fallecimiento del paciente.
• Presentar al inicio de su estancia la certificación negativa del Registro Central de 
Delincuentes Sexuales.
3.  Obligaciones de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de 
Extremadura y el Servicio Extremeño de Salud.
En virtud del presente Convenio, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y el 
SES se comprometen a:
a)  Posibilitar el acceso de los/las médicos/as residentes de la especialidad de 
Medicina Legal y Forense a:
– los medios de formación, investigación y consulta de que disponen la Consejería y 
el SES, de acuerdo con las directrices que se establezcan en el programa formativo 
elaborado por la Comisión Nacional de la Especialidad.
– los recursos del programa de FSE de la Consejería y del SES, incluidas las 
actividades del programa transversal y complementario del residente (PTCR).
b)  Colaborar con los IMLCF en la elaboración de la Guía o itinerario formativo.
c)  Velar por la adecuada integración del residente en el centro sanitario de que se 
trate, posibilitando la realización de guardias en las condiciones previstas legalmente 
para el personal residente.
Tercera.  Capacidad de la unidad docente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 183/2008, de 8 de 
febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud 
y se desarrollan determinados aspectos del sistema de FSE, la capacidad de la UD, 
entendida como el número máximo de residentes que pueden formarse a un mismo 
tiempo en la misma, será la que se determine en la resolución definitiva de acreditación 
que dicte el Ministerio de Sanidad, dadas las características docentes, asistenciales e 
investigadoras de la unidad.
Cuarta.  Control de calidad de la formación impartida.
Las unidades competentes de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la 
Junta de Extremadura y del SES velarán por la calidad de la formación impartida en  e.e
las UD, pudiendo acordar la realización de auditorías para conocer, evaluar y adoptar las  b
medidas que se estimen necesarias, con vistas a garantizar el adecuado funcionamiento  052ww
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Quinta.  Financiación.
El  presente  Convenio  no  conlleva  obligaciones  financieras  o  contraprestación 
económica para ninguna de las partes.
Sexta.  Relación Laboral de Residencia.
De conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto 704/2020, de 28 de 
julio, por el que se establece el acceso al título de médico/a especialista en Medicina 
Legal y Forense por el sistema de residencia, durante el período formativo de residencia 
para el acceso al título de especialista en Medicina Legal y Forense, los residentes 
quedarán sometidos a la relación laboral de carácter especial regulada en el Real 
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de 
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, sin perjuicio de la 
normativa específica de la Administración de Justicia que les sea de aplicación.
Esta relación laboral quedará establecida, durante todo el período formativo de 
residencia entre el Ministerio de Justicia y el residente.
Las  retribuciones  del  residente,  incluyendo  las  correspondientes  a  la  atención 
continuada, serán financiadas directamente por el Ministerio de Justicia.
Séptima.  Protección de Datos de Carácter Personal.
Todos  los  afectados  por  el  presente  Convenio  vendrán  obligados  por  las 
disposiciones  y  exigencias  establecidas  por  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás disposiciones vigentes 
sobre la materia.
Octava.  Comisión de seguimiento y control.
1.  Para  el  adecuado  seguimiento,  coordinación,  control  e  interpretación  de  lo 
establecido en el presente Convenio, se crea una comisión de seguimiento y control 
integrada por 3 miembros designados por el Ministerio de Justicia, 2 de los cuales serán 
quienes ostenten la Dirección del IMLCF de Badajoz y la Dirección del IMLCF de 
Cáceres y 3 miembros designados por el Servicio Extremeño de Salud, siendo uno de 
ellos el titular del órgano competente en formación sanitaria especializada o persona en 
quien delegue. No obstante, podrán asistir, con voz, pero sin voto el personal cualificado 
que determinen la partes.
2.  Sus funciones serán:
a)  Interpretar y resolver cuantas dudas puedan surgir en la ejecución del presente 
Convenio.
b)  La  aprobación  de  protocolos  operativos  para  la  ejecución  de  concretos 
programas de colaboración que se vayan demandando a instancia de cualquiera de las 
partes signatarias, que permitan la colaboración entre el SES y los IMLCF de Badajoz y 
de Cáceres, para conseguir un mayor progreso técnico y científico de los trabajos de 
unos y otros equipos; y también en el uso del material, instrumental y maquinaria  e
electrónica  disponible  por  parte  del  personal  de  ambas  entidades,  dentro  de  los  bo
cometidos asignados a cada una de ellas. 052ww
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e)  Las propuestas de corrección y/o mejora de los programas de formación.
La comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las reuniones 
y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el capítulo II del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el 
funcionamiento de los órganos colegiados.
Novena.  Efectos y modificación del Convenio.
1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Convenio se perfecciona 
con el consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro 
Electrónico  Estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de  Cooperación  del  Sector  Público 
Estatal en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, y será objeto de publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización.
2.  Tendrá una vigencia de 4 años y podrá ser prorrogado a su término mediante 
acuerdo expreso por igual período de cuatro años, que deberá formalizarse con un mes 
de antelación a la expiración del Convenio.
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa 
con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.
3.  Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente Convenio en 
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
4.  La plena efectividad de este Convenio se supeditará a la acreditación definitiva 
de las UD por el órgano competente del Ministerio de Sanidad, actuación que será 
debidamente notificada a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de 
Extremadura  y  al  SES.  No  obstante,  la  inscripción  del  Convenio  en  el  Registro 
Electrónico  Estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de  Cooperación  del  Sector  Público 
Estatal,  momento  en  el  cual  el  Convenio  adquiere  eficacia,  permitirá  adoptar  las 
decisiones previas a la acreditación que se estimen necesarias para la puesta en marcha 
y organización de las mencionadas Unidades.
Décima.  Causas de extinción.
1.  Son causas de extinción del presente Convenio las establecidas en el artículo 51 
de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. De conformidad con lo 
dispuesto  en  el  artículo  mencionado,  el  presente  Convenio  se  extingue  por  el 
cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de 
resolución, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto a sus efectos se refiere.
Se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
comisión de seguimiento y control de la ejecución del Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la  s
parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de  oe.
resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta  w.
pcareuvsdias) t op.Poodrr ád eccoisnilólenv ajurd ilcai ailn ddeecmlanriaztaocriióan d ed ela  lnous lidpaedrj udiceilo Cs ocnavuesnaiod.os si así se hubiera  2021-14052n https://ww
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en
otras leyes. Bc
En  todo  caso,  la  resolución  del  Convenio  no  afectará  a  la  finalización  de  las 
actividades que estuvieran en ejecución, estableciéndose por las partes, a propuesta de 
la Comisión de seguimiento y control, un plazo improrrogable para su finalización.
2.  En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las 
partes firmantes, se procederá de conformidad con lo previsto en los artículos 49.e) 
y 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no 
se prevé ningún tipo de indemnización.
Undécima.  Naturaleza del Convenio y resolución de controversias.
El presente Convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
lo previsto en el capítulo VI título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las 
partes de la manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula séptima.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre 
las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente 
corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las Instituciones que 
representan, suscriben electrónicamente el presente Convenio, tomándose como fecha de 
formalización del mismo, la fecha del último firmante.–La Ministra de Justicia, María Pilar 
Llop Cuenca.–El Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de 
la Junta de Extremadura, José María Vergeles Blanca.–El Director Gerente del Servicio 
Extremeño de Salud, Ceciliano Franco Rubio.