BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 113 Miércoles 12 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 56880
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7873 Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por  la  que  se  publica  el  Acuerdo  de  la  Conferencia  Sectorial  de 
Administración  de  Justicia,  por  el  que  se  formalizan  los  criterios  de 
distribución,  así  como  el  reparto  resultante  para  las  Comunidades 
Autónomas,  del  crédito  asignado  en  el  año  2021  por  el  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia en el Ministerio de Justicia, y se formalizan los 
compromisos financieros resultantes.
La Conferencia Sectorial de Justicia, en su reunión el día 30 de abril de 2021, ha 
aprobado el acuerdo por el que se distribuye el crédito destinado a las Comunidades 
Autónomas, para la financiación del Proyecto 0 Justicia 2030, dentro de las inversiones 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Justicia dispone recoger en 
una única resolución de manera conjunta:
Primero.
La publicación del citado acuerdo como anexo a la presente Resolución.
Segundo.
Acordar  la  efectiva  distribución  de  los  créditos  a  las  respectivas  Comunidades 
Autónomas conforme al apartado primero y formalizar en la presente Resolución los 
compromisos  financieros  contenidos  entre  los  apartados  segundo  y  octavo,  ambos 
incluidos, del citado acuerdo de la Conferencia Sectorial, todo ello, una vez cumplidos los 
trámites preceptivos previos y de acuerdo con la regla cuarta del artículo 86.2 de la 
citada Ley 47/2003, General Presupuestaria, los artículos 62 y 151 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Orden JUS/1037/2020, de 4 
de noviembre, sobre fijación de límites para administrar los créditos para gasto.
Madrid, 10 de mayo de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero Miguel.
ANEXO
Acuerdo de la Conferencia Sectorial por el que se formalizan los criterios de distribución a 
las Comunidades Autónomas, así como la distribución resultante del crédito destinado en 
el año 2021 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Ministerio de Justicia
El instrumento financiero Next Generation EU, aprobado por el Consejo Europeo el 
pasado 21 de julio de 2020, incluye, como elemento central, un Mecanismo para la 
Recuperación y la Resiliencia (MRR) cuya finalidad es apoyar la inversión y las reformas 
en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo 
permitirá una serie de reformas de Justicia tanto a nivel Nacional como en cogobernanza 
con las CC. AA. con competencias transferidas. Dentro de las reformas se sitúa el  e.
«Proyecto 0» Justicia 2030, en el que, entre otras, se van a llevar a cabo inversiones  w.b
para las siguientes medidas: 73ww
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(4)  Ciberseguridad.
De  conformidad  con  el  párrafo  primero  del  apartado  2.a)  del  artículo  86  de  la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en ejecución de los créditos 
que hayan de distribuirse territorialmente a favor de las Comunidades Autónomas, para 
su  gestión  y  administración,  se  tendrán  en  cuenta,  entre  otras  reglas,  los  criterios 
objetivos que sirven de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios 
y su distribución que se fijarán por la Conferencia Sectorial correspondiente al comienzo 
del ejercicio económico.
Para llevar a cabo la distribución del crédito por Comunidades Autónomas se han 
tenido en cuenta los indicadores que se citan a continuación y que constituyen los 
siguientes  criterios  para  la  determinación  de  los  importes  correspondientes  a  cada 
Comunidad Autónoma:
1.  Número de expedientes judiciales de entrada en el respectivo ámbito territorial. 
Este criterio supone el 70 % del total de puntuación del reparto y se calcula de manera 
proporcional en función de la entrada de asuntos en el último año, de acuerdo con los 
datos del Consejo General del Poder Judicial para 2019.
2.  Pendencia, partidos judiciales y densidad de población. Este criterio supone 
un 20 % del total de puntuación de reparto, y se calcula de la siguiente manera:
– Pendencia1: se asigna una puntuación de la pendencia de manera proporcional, 
atribuyendo una escala de valor entre 1-20 de manera gradual, asignando el valor de 20 
a la Comunidad Autónoma con mayor pendencia y 1 a la Comunidad Autónoma con 
menor pendencia.
1  Los datos de la pendencia y partidos judiciales se encuentran en la «Estadística Judicial. La Justicia 
dato a dato año 2019», del Consejo General del Poder Judicial.
– Partidos judiciales: se asigna una puntuación en función de los partidos judiciales 
existentes en la Comunidad Autónoma, atribuyendo una escala de valor entre 1-20 de 
manera  gradual,  asignando  20  puntos  a  la  CC.  AA.  con  mayor  número  y  1  a  la 
Comunidad Autónoma con menor número de partidos judiciales.
– Densidad de población: a partir de la densidad de población, entendida esta como 
población por superficie de la Comunidad Autónoma, atribuyendo una escala de valor 
entre 1-20 de manera gradual, asignándole un valor de 20 puntos a la Comunidad 
Autónoma con menor densidad de población y 1 a la CC. AA. con mayor densidad de 
población.
La suma de las anteriores puntuaciones, arrojará el valor del total del criterio 2, y se 
asignará a cada Comunidad Autónoma su respectivo valor en proporción directa de su 
puntuación obtenida respecto al sumando de todas las Comunidades Autónomas.
3.  Reparto a partes iguales para cada CC. AA. Este criterio supone el 10 % de los 
fondos y se asigna la misma cantidad a cada Comunidad Autónoma.
El apartado 2 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria establece que cuando el importe total a distribuir fuera superior a 12 
millones  de  euros,  deberá  recabarse  con  carácter  previo  a  la  convocatoria  de  la 
Conferencia Sectorial, la autorización del Consejo de Ministros. La citada autorización no 
conllevará la aprobación del gasto, que corresponderá al órgano competente en cada 
caso. A efectos de recabar la autorización, se remitirá propuesta de distribución a 
someter a la Conferencia Sectorial. La aprobación del gasto deberá realizarse por el 
órgano competente con carácter previo a la celebración de la Conferencia Sectorial. Por  e.
ello, con fechas de 27 y 28 de abril de 2021, fue recabada la autorización de Consejo de  w.
Ministros y aprobado el gasto respectivamente. 73ww
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las Comunidades Autónomas «... será sustituido por una comunicación preceptiva y 
previa al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos, que incorpore la información relativa a la actuación a realizar». Con base en lo 
anterior, con fecha de 15 de abril de 2021 se comunicó a Hacienda a través de la 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos los criterios de distribución de créditos y 
la distribución de créditos a realizar con motivo de la Conferencia Sectorial que se 
convocaría a esos efectos.
Por todo lo anterior señalado anteriormente, y de acuerdo con el apartado 1 del 
artículo 14 del Reglamento de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia, el 
Pleno de la Conferencia Sectorial, acuerda:
Primero.
Aprobar los criterios de distribución, así como efectuar la distribución del crédito 
de 20.604.610,00 euros del servicio 50 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
incluidos en el presupuesto de gastos del Ministerio de Justicia para 2021 conforme a los 
criterios de distribución expuestos anteriormente, y resultando la siguiente distribución:
Importes asignados
Administración prestacional
A. criterio proporcional B. Criterio variable por circunstancias 
C. Criterio importe fijo (€) Total importe asignado (€)
por carga de trabajo (€) concretas (€)
Andalucía. 3.822.928 404.140 135.000 4.362.068
Aragón. 473.920 257.962 135.000 866.882
Principado de Asturias. 427.525 240.764 135.000 803.290
Canarias. 1.121.139 206.369 135.000 1.462.509
Cantabria. 234.316 214.968 135.000 584.284
Cataluña. 3.046.048 369.745 135.000 3.550.793
Comunitat Valenciana. 1.982.666 309.554 135.000 2.427.220
Galicia. 991.451 395.541 135.000 1.521.993
Comunidad de Madrid. 2.661.056 232.166 135.000 3.028.222
Comunidad Foral de Navarra. 193.724 189.172 135.000 517.896
País Vasco. 643.229 197.771 135.000 976.000
La Rioja. 84.695 283.758 135.000 503.453
  Subtotal (ámbito CC. AA.). 15.682.699 3.301.911 1.620.000 20.604.610
Segundo.
Los créditos que corresponda gestionar a cada Comunidad Autónoma se librarán de 
una sola vez y se harán efectivos de acuerdo con lo previsto por la Ley 47/2003, de 26 
de  noviembre,  General  Presupuestaria,  la  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y el Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de  e.e
la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación  b
y Resiliencia y de conformidad con los compromisos financieros que se describen a  73ww
Jcuosnttiicniuaa.ción, que se formalizarán mediante Resolución de la Secretaría de Estado de
Tercero.
Será obligatorio que los créditos estén comprometidos antes del 31 de diciembre 
de 2021 y totalmente ejecutados antes del 1 junio del 2022.
Cuarto.
Las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Justicia, adoptan los siguientes 
compromisos financieros a los efectos de ejecución de la presente línea de financiación.
a)  Los ingresos que las Comunidades Autónomas procedentes de esta línea de 
financiación  están  legalmente  afectados  a  financiar  alguna  de  las  cuatro  medidas 
previstas (inmediación digital, puesto de trabajo deslocalizado, atención ciudadana / cita 
previa y/o ciberseguridad), previéndose el reintegro total o parcial de los mismos en caso 
de no ejecutarse materialmente el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de 
los objetivos previstos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37.4 del Real Decreto-
ley 36/2020.
b)  Las  Comunidades  Autónomas  serán  responsables  del  seguimiento  de  las 
inversiones a través del seguimiento contable de los gastos imputados a las medidas 
financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (artículo 46 del  Real 
Decreto-ley 36/2020).
c)  Las Comunidades Autónomas deberán ejecutar y mantener una adecuada pista 
de auditoría de la ejecución del gasto, los respectivos objetivos, hitos e indicadores que 
se vaya fijando para la correcta ejecución de los créditos.
d)  Las Comunidades Autónomas tendrán la obligación de suministro y publicación 
periódica relativa la ejecución del gasto, hitos, objetivos y/o indicadores en los términos 
que se establezcan por el Ministerio de Hacienda de conformidad con la normativa 
nacional y comunitaria.
e)  Para  facilitar  el  seguimiento  en  su  conjunto  las  Comunidades  Autónomas 
deberán enviar, al menos, trimestralmente información sobre el estado de tramitación de 
los  expedientes,  donde  se  incluya  entre  otros,  información  sobre  la  ejecución, 
cumplimiento  de  hitos  y  objetivos,  coste  real  esperado  respecto  del  inicialmente 
estimado, coste individualizado por inversión y coste individualizado por media, manera 
de implementación y mecanismos de control para su correcta ejecución. Además, deberá 
presentar un informe justificativo final, a efectos de la liquidación donde se evalúen los 
anteriores datos, así como otros que sean solicitados por las autoridades nacionales y 
comunitarias.
Quinto.
En  caso  de  cualquier  incumplimiento  de  la  Comunidad  Autónoma  puesto  de 
manifiesto en el desarrollo de las actuaciones de control de la autoridad nacional o de 
instituciones comunitarias que dé lugar a una merma en el retorno de Fondos, esta se 
trasladará a la Comunidad Autónoma en aplicación de lo señalado en el artículo 7 de la 
Ley General de Subvenciones, relativa a la Responsabilidad financiera derivada de la 
gestión de fondos procedentes de la Unión Europea.
Sexto.
Procederá el reintegro, total o parcial, de los fondos recibidos por parte de las  e
Comunidades Autónomas, cuando: bo
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2.  Cualquier  irregularidad  que  afecte  a  medidas  bajo  la  responsabilidad  de  la 
Comunidad Autónoma determinada en cualquier control desarrollado por autoridades 
nacionales o comunitarias que recaiga sobre aquellas.
3.  La no utilización de las cantidades recibidas para las medidas para las que se 
transfirieron.
Séptimo.
Tanto las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Justicia tienen la obligación de 
adoptar las medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la 
corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
Octavo.
Tanto las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Justicia tienen la obligación de 
sometimiento a las actuaciones de la autoridad de control o de las entidades que actúen 
bajo su coordinación o responsabilidad.