BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119 Miércoles 19 de mayo de 2021 Sec. TC.   Pág. 60001
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8344 Sala Segunda. Sentencia 78/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de 
amparo 541-2019. Promovido por don Clemente Cerros Díez de Baldeón en 
relación  con  las  sentencias  de  un  juzgado  de  lo  penal  y  la  Audiencia 
Provincial de Madrid que le condenaron por un delito de quebrantamiento de 
medida  cautelar.  Vulneración  del  derecho  a  la  legalidad  penal:  condena 
impuesta por el incumplimiento de una medida adoptada en un proceso penal 
que se había sobreseído.
ECLI:ES:TC:2021:78
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 541-2019, promovido por don Clemente Cerros Díez 
de Baldeón, representado por la procuradora de tribunales doña Isabel Rufo Chocano y 
asistida por la letrada doña Marta Mendoza Alonso, contra las siguientes resoluciones: 
sentencia núm. 46/2018, de 1 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 33 de 
Madrid,  en  cuya  virtud  el  demandante  resultó  condenado  por  los  delitos  que  más 
adelante  se  indican;  sentencia  núm.  254/2018,  de  4  de  abril,  de  la  Sección 
Vigesimosexta  de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid,  que  desestimó  el  recurso  de 
apelación interpuesto por aquel; auto núm. 1096/2018, de 6 de septiembre, en cuya 
virtud  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  inadmitió  el  recurso  de  casación 
formulado por el demandante y auto de 29 de noviembre de 2018, dictado por el órgano 
judicial  último  citado,  que  deniega  la  aclaración  interesada  respecto  del  auto  de 
inadmisión.  Ha  comparecido  doña  Lucía  Isabel  Diego  Camargo.  Ha  intervenido  el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado el día 25 de enero de 2019, doña Isabel Rufo 
Chocano, procuradora de los tribunales, en nombre y representación de don Clemente 
Cerros Díez de Baldeón, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones indicadas 
en el encabezamiento.
2.  Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son los siguientes: o
a)  El día tres de mayo de 2015, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.  44ww
2d edneu nCcioal mfoernmaurl aVdiae joc oinntcrao óe ll adse mdialingdeanncitaes p uorrg leonst emsa lnoúsm tr.a 2to7s- 2c0a1u5s,a dcoons  am dootivñoa  Lduec ílaa 
aIscaobredló  Dlaie mgoe dCidaam caarugtoe.l aPr odre  apurotoh ibdiec iófenc dhea  a3p rdoex immaacyioó nd ae lm 2e0n1o5s,  deel  tjruezsgcaiednot oins smtruectrtoosr   BOE-A-cable e
y de comunicarse por cualquier medio con aquella. Según reza la referida resolución, la 
medida cautelar «se mantendrá durante toda la tramitación del proceso, hasta que 
recaiga sentencia firme o, en el caso de que fuera condenatoria, hasta que se le requiera 
para el cumplimiento de la condena; y ello sin perjuicio de lo que ulteriormente pueda 
acordarse en sentencia o pueda modificarse en atención a la alteración sustancial de las 
circunstancias o el cese de la situación de riesgo».
b)  Las  referidas  diligencias  urgentes  fueron  inhibidas  a  favor  del  Juzgado  de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Colmenar Viejo, que en fecha 4 de mayo 
de 2015 incoó las diligencias urgentes núm. 59-2015, ulteriormente trasformadas en la 
diligencias previas núm. 647-2015.
c)  Mediante comparecencia efectuada el 29 de junio de 2015, doña Lucía Isabel 
Diego  Camargo  solicitó  «retirar  la  orden  de  alejamiento  y  que  se  archive  el 
procedimiento». Por auto de fecha 4 de agosto de 2015 se acordó el sobreseimiento 
provisional y archivo de las actuaciones, al amparo de lo dispuesto en el art. 641.1 de la 
Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim). En la fundamentación jurídica de la citada 
resolución consta lo siguiente «[i]nsiste en negar la evaluada haber sufrido cualquier 
agresión física por el denunciado, desacreditando las voces que afirman lo contrario». 
Contra la referida resolución no se interpuso recurso alguno.
d)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Colmenar Viejo dictó 
auto, de fecha 11 de noviembre de 2015, en cuya virtud dejó sin efecto las medidas 
cautelares a que se ha hecho referencia. En esencia, el motivo de lo resuelto fue que 
«habiéndose dictado auto de sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones 
procede dejar sin efecto la orden de protección dictada […] en fecha 3 de mayo de 2015 
por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Colmenar Viejo».
e)  Las diligencias previas núm. 647-2015 fueron acumuladas, por auto de fecha 1 
de marzo de 2016, a las diligencias previas núm. 482-2015 del Juzgado de Instrucción 
núm. 4 de Colmenar Viejo, las cuales también se habían sobreseído provisionalmente 
por auto de fecha 23 de abril de 2015.
f)  Posteriormente, con motivo de denuncia formulada el día 23 de febrero de 2016, 
por las presuntas lesiones causadas por el demandante a doña Lucía Isabel Diego 
Camargo, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Alcobendas abrió las 
diligencias urgentes núm. 42-2016, que posteriormente fueron transformadas en las 
diligencias previas 104-2016. Por auto de 26 de febrero de 2016, se acordó la inhibición 
a favor del Jugado de Instrucción núm. 4 de Colmenar Viejo, quien mediante auto de 
fecha 1 de marzo de 2016 resolvió acumularlas a las diligencias previas núm. 482-2015, 
cuya reapertura también fue decidida.
g)  En  la  declaración  que  como  perjudicada  prestó  doña  Lucía  Isabel  Diego 
Camargo ante el órgano judicial indicado, en fecha 16 de marzo de 2016, expresamente 
manifestó que ella y el demandante «estuvieron conviviendo desde septiembre de 2015 
hasta enero de 2015» (rectius: enero de 2016).
h)  Por auto de fecha 18 de octubre de 2016 se dispuso continuar la tramitación de 
las  diligencias  previas  núm.  482-205  «como  procedimiento  abreviado»,  que  fue 
registrado con el núm. 584-2015. Por escrito de fecha 30 de noviembre de 2016, el 
Ministerio Fiscal interesó la apertura del juicio oral contra el demandante de amparo, 
entre otros, por los hechos que consideró constitutivos de un delito continuado de 
quebrantamiento de medida cautelar de los arts. 468.2 y 74, ambos del Código penal 
(CP). Respecto de estos hechos, en dicho escrito se afirma que la orden de protección 
que imponía al demandante la prohibición de acercamiento y comunicación mantuvo su  s
vigencia desde el 3 de mayo hasta el 11 de noviembre de 2015; y, pese a ello, «[a]  oe.
sabiendas y con voluntad de hacer caso omiso de aquellas, estuvo conviviendo con  w.
Lucia Isabel Diego Camargo en su propio domicilio, que compartían con la madre de él,  44ww
dsieto 2 e0n1 6[»....], desde los meses de septiembre de 2015 hasta mediados del mes de enero
Una  vez  remitido  el  procedimiento  a  los  juzgados  de  lo  penal,  en  concreto  le 
correspondió  conocer  al  Juzgado  de  lo  Penal  núm.  33  de  Madrid,  que  registró  el 
procedimiento con el núm. 355-2017.
i)  En virtud de sentencia núm. 46/2018, de 1 de febrero, el demandante de amparo 
fue condenado como autor de las siguientes infracciones penales: dos delitos de maltrato 
de obra en el ámbito familiar del artículo 153.1 CP; un delito de quebrantamiento de 
medida cautelar del artículo 468.2 CP; y un delito de lesiones del artículo 147.1 CP. 
Interesa destacar que en la referida sentencia se declara probado que:
«En fecha 3 de mayo de 2015, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. 2 de Colmenar Viejo, se dictó un auto de medidas cautelares frente al acusado por 
el cual se le prohibía entre otras cosas, aproximarse a menos de quinientos (rectius 
trescientos) metros de su pareja doña. Lucía Isabel Diego Camargo. Así, consta probado 
que en el mes de octubre y parte de noviembre de 2015, y estando en vigor el citado 
auto, el acusado convivió con su pareja en el domicilio de la madre del mismo, sito en la 
calle [...]. Las anteriores medidas cautelares fueron dejadas sin efecto por auto de 
fecha 11 de noviembre de 2015.»
También se consideró acreditado que:
«Sobre la 1:10 horas del día 23 de febrero de 2016 y en la avenida de Cantabria de 
San Sebastián de los Reyes, mantuvo una discusión con su pareja afectiva, en el curso 
de la cual y obrando con el ánimo de menoscabar su integridad física, le dio varios 
golpes con un casco de moto en la cara y la tiró al suelo y una vez en el suelo le propinó 
varias patadas, procediendo a sustraerle el teléfono móvil y 180 euros. A causa de la 
agresión, la perjudicada sufrió lesiones consistentes en rotura parcial del incisivo lateral 
superior izquierdo, heridas escoriativas en el labio inferior, hematomas en ambas nalgas, 
hematoma en el polo superior de la rodilla derecha, y en la cara externa del muslo 
derecho, lesiones que para su curación precisaron además de una primera asistencia 
facultativa de tratamiento médico posterior, consistente en la reparación del incisivo 
parcialmente roto, y que tardaron en sanar diez días, dos de los cuales estuvo la 
perjudicada impedida para sus ocupaciones habituales, quedándote como secuela la 
pérdida incompleta de la pieza dental núm. 21.»
Los hechos transcritos sustentaron la condena por el delito de lesiones y el delito de 
quebrantamiento  de  medida  cautelar.  En  relación  con  esta  última  infracción,  en  el 
fundamento jurídico cuarto se razona del siguiente modo:
«El tercer hecho es el supuesto quebrantamiento de medida cautelar. Al respecto, y 
no poniéndose en duda la existencia del auto de medidas cautelares obrante al folio 131 
y siguientes de la causa, así como su notificación y requerimiento al acusado para que lo 
cumpliera, debemos de decir que si bien la testigo denunciante no ha sido capaz de 
concretar cuándo estuvo viviendo con el acusado una vez dictado el auto, ni tampoco 
sus padres, lo cierto es que la madre del acusado, la testigo María Lourdes Díez de 
Baldeón  sí  que  ha  declarado  con  total  claridad  que  Lucía  y  su  hijo,  el  acusado, 
estuvieron viviendo juntos con la declarante en la casa de la declarante desde octubre 
de 2015 hasta enero de 2016. Como quiera que el auto de medidas cautelares de 
fecha 3 de mayo de 2015 no fue dejado sin efecto sino hasta el día 11 de noviembre 
de 2015, podemos afirmar que en el mes de octubre y en parte del mes de noviembre 
de 2015, el acusado vivió con su pareja afectiva a pesar de que una resolución judicial  e.e
se lo prohibía. Por ello es autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar, si  b
bien no en su modalidad de delito continuado, pues lo que ocurrió en definitiva es que el  44ww
adcisutisnagduoir  qaucetobsr aanistalabdao sd ed em qauneebrraa nptearmmieannteon, teu nlaa  prleusroalluidcaiódn d eju deilcloiasl,  nqou es mieen dpoe rpmoistiiebrlae 
efectuar una calificación de delito continuado.»
j)  La referida sentencia fue recurrida en apelación por el demandante. En síntesis, 
respecto del delito de quebrantamiento de medida cautelar, alegó que en fecha 4 de 
agosto de 2015 se acordó el sobreseimiento provisional de la causa en la que se dictó la 
orden de protección, si bien, hasta el dictado del auto de 11 de noviembre de 2015, el 
órgano judicial no dejó sin efecto la referida medida. Por ello, descarta que cometiera el 
indicado delito, toda vez que la efectividad de la orden de protección estaba subordinada 
a la tramitación y vigencia del procedimiento; y en la fecha en que ocurrieron los hechos 
determinantes de la condena, la causa en que se había acordado la medida cautelar ya 
estaba archivada.
k)  Por sentencia núm. 254/2018, de 4 de abril, la Sección Vigésimo Sexta de la 
Audiencia  Provincial  de  Madrid  resolvió  el  recurso  de  apelación,  que  fue  estimado 
parcialmente al no considerar aplicable la agravante de reincidencia. Respecto del delito 
de quebrantamiento de medida cautelar, la sentencia dictada en apelación confirmó la 
condena, con base en el siguiente razonamiento:
«[C]onforme cumplidamente se explica en la resolución recurrida, las mencionadas 
medidas cautelares no fueron dejadas sin efecto sino el día 11 de noviembre de 2015 a 
medio  de  la  correspondiente  resolución  que  así  lo  acordaba.  Y  consta  acreditado 
también que la propia Lucía Isabel Diego señaló que durante un periodo de tiempo 
convivió con el acusado en la casa de la madre de este, aunque no podía precisar las 
fechas con exactitud. Sin embargo, la propia doña María Lourdes Díez de Baldeón, 
madre del acusado, confirmó en el acto del juicio oral que Lucía vivió en la casa de ella 
en octubre de 2015 y con su hijo también, fecha en la que las mencionadas medidas 
cautelares se encontraban vigentes.
Frente a los anteriores razonamientos, expone la recurrente que, tras ser dictado el 
auto que establecía las mencionadas medidas cautelares, se acordó la inhibición en 
favor del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Colmenar Viejo, en cuyo seno se acordó el 
sobreseimiento provisional de la causa con fecha 4 de agosto de 2015 (folio 180 de las 
actuaciones), razonando que, desde ese momento, debían reputarse sin efecto alguno 
las medidas cautelares adoptadas.
Es verdad, indudablemente que, con carácter general, cuando se adopta en un 
procedimiento la decisión de sobreseerlo provisionalmente al amparo del artículo 641.1 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de ordinario el instructor adoptará también la 
decisión de dejar sin efecto las medidas cautelares que pudieran haber sido adoptadas 
en el procedimiento. Sin embargo, no sucedió así en el supuesto presente, siendo 
además que la causa se reabrió con posterioridad, como lo evidencia el hecho de que 
también haya sido enjuiciado en este procedimiento (aunque finalmente absuelto) por los 
hechos que dieron lugar al dictado de las referidas medidas cautelares. Así las cosas, las 
medidas  cautelares  adoptadas,  no  habían  sido  dejadas  sin  efecto  por  el  órgano 
jurisdiccional que las adoptó y se hallaban, en consecuencia, vigentes. Pudo, desde 
luego, la defensa del acusado recurrir la resolución que acordaba el sobreseimiento 
provisional si, como ahora sostiene, entendía que debió adoptar también la decisión de 
dejar sin efecto las mencionadas medidas cautelares. Pero no lo hizo. Y lo cierto es que 
hasta la ya citada resolución de fecha 11 de noviembre de 2015, las mismas siguieron en 
vigor.
Argumenta la recurrente que, en cualquier caso, la referida situación pudo provocar 
en  el  acusado  la  existencia  de  un  error  relevante  acerca  de  la  vigencia  de  las 
mencionadas medidas cautelares que después quebrantó. Sin embargo, el hecho cierto 
es que, como también resulta del relato de hechos probados de la sentencia que ahora  e.
se recurre, el acusado ha sido condenado como autor de tres delitos de quebrantamiento  w.b
de condena, por lo que, evidentemente, conoce por propia experiencia la existencia de  44ww
easdteam  iánsfr, accocmióon  ycar ismei nhaal  sye ñlaolsa daos, pael cmtoissm  eos ennoc siaolleos l eq fuuee  nlao ticfiocnafdoor mela anu. toP eerno  eel qs uqeu see, 
taacmorbdiéanb aenx plalísc imtaemdeidnates  pcaaurate elal rceusm qpuleim pieonstteor idoerm laesn tme isqmueabsr ayn stóe,  lsei naod qviurteió s, eta lem breiéqnu idrieó 
forma expresa, de las eventuales consecuencias de su vulneración.
Por eso, considera la Sala que no puede ahora sostenerse con éxito que el mismo 
tuviera un conocimiento equivocado acerca de la vigencia de las medidas cautelares 
controvertidas, habida cuenta de que ninguna resolución recaída en sentido contrario le 
había sido notificada cuando resolvió reanudar la convivencia, en casa de su madre, con 
la persona de Lucía Isabel. Pero es que, además, cualquier duda que pudiera haber 
albergado al respecto, pudo haberla disipado por sencillos procedimientos que siempre 
se encontraron a su alcance, tales como consultar la vigencia de dichas medidas con su 
propio  letrado  o,  incluso,  dirigirse  al  órgano  jurisdiccional  que  las  adoptó,  si 
verdaderamente  albergaba  alguna  duda  sobre  este  particular,  para  conocer  si  las 
mismas se encontraban vigentes o no.
Lejos de desplegar la más mínima diligencia para sobreponerse a la duda que ahora 
invoca,  el  acusado,  colocándose  en  una  posición  de  "ignorancia  deliberada", 
desentendido de las prohibiciones judicialmente establecidas, resolvió, pese a conocer 
oficialmente la existencia de las mismas, el requerimiento que se le hizo para cumplirlas, 
y las consecuencias de su posible vulneración, reanudar la convivencia con Lucía Isabel, 
en casa de su madre, haciéndose así acreedor a la condena que se le impuso por este 
delito de quebrantamiento de medida cautelar.»
l)  Mediante escrito de 19 de junio de 2018, el demandante interpuso recurso de 
casación por infracción de ley y doctrina legal (art. 849.1 LECrim) contra la sentencia que 
puso fin al recurso de apelación. En dicho recurso impugnó su condena por el delito de 
lesiones y por el quebrantamiento de medida cautelar.
m)  Por auto núm. 1096/2018, de 6 de septiembre, la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo resolvió inadmitir el recurso de casación interpuesto con base en el siguiente 
razonamiento:
«Se trata de una sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial de 
Madrid, que desestimó el recurso de apelación formulado por Clemente Cerros Díez de 
Baldeón, contra una sentencia dictada por un juzgado de lo penal de Madrid.
Para abordar esta cuestión, se hace necesario partir de una premisa esencial, cual 
es que la redacción actual del artículo 847.1 b) de la Ley de enjuiciamiento criminal, es la 
otorgada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre ("BOE" del 6 de octubre), de modificación 
de  la  Ley  de  enjuiciamiento  criminal  para  la  agilización  de  la  justicia  penal  y  el 
fortalecimiento de las garantías procesales.
Dicha reforma entró en vigor el seis de diciembre de 2015 (disposición final cuarta de 
la  Ley  41/2015),  siendo  determinante  que  en  la  disposición  transitoria  única  de  la 
Ley 41/2015, se establezca que se aplicará "a los procedimientos penales incoados con 
posterioridad a su entrada en vigor".
Por lo tanto, la modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal, al amparo de la 
cual, son recurribles en casación las sentencias dictadas en apelación por las audiencias 
provinciales, no puede incidir, en virtud de la disposición transitoria referida, sobre un 
proceso, como el que nos ocupa, cuya incoación empezó el día 3 de mayo de 2015, 
antes de la entrada en vigor de la Ley 41/2015.
En conclusión, la modificación legal operada por la Ley 41/2015 no puede tener 
efectos retroactivos sobre el presente procedimiento, al no estar previsto expresamente 
en su disposición transitoria, única posibilidad que posibilitaría que esta Sala conociese 
sobre el fondo del recurso de casación interpuesto. No pudiéndose acudir, ante dicha 
falta de previsión, al principio de retroactividad de la ley penal más favorable, ya que no 
estamos en el ámbito de la normatividad penal sustantiva, sino de la procesal penal,  e
donde la redacción del artículo 792.3 de la Ley de enjuiciamiento criminal, vigente y  bo
aplicable al procedimiento del que estamos tratando, establecía que "contra la sentencia  44ww
dictaPdrao ceend ea,p epluaecsió, nin naod mcaitbirr áe lr ereccuursrsoo a ilngtuenrpou".esto, de conformidad con el artículo 884.2
de la Ley de enjuiciamiento criminal.»
n)  Mediante escrito de fecha 11 de octubre de 2018, el recurrente solicitó aclaración 
del auto de inadmisión. En dicha solicitud advirtió al órgano judicial de haber padecido un 
error involuntario, por inadmitir el recurso de casación respecto del delito de lesiones por 
el que fue condenado. Y ello porque entendió que la fecha de comisión de los hechos, 
concretamente, el 23 de febrero de 2016, es posterior a la entrada en vigor de la reforma 
de la Ley de enjuiciamiento criminal operada por la Ley 41/2015, a saber el 6 de 
diciembre del 2015, por lo que resulta imposible que la incoación del proceso penal por 
esos hechos fuera anterior a esta última data. A fin reforzar este aserto, el demandante 
formuló el siguiente alegato:
«[T]al y como se desprende de la simple lectura de la causa, en concreto a los 
folios 282 y 283, los hechos acaecidos el 23 de febrero de 2016 dieron lugar al dictado 
de un auto de misma fecha, mediante el cual se incoaron diligencias urgentes a los 
efectos de celebración del juicio rápido 42-2016, por lo que esta parte entiende que el 
punto en que la Excma. Sala alega que la incoación del procedimiento fue anterior a 
diciembre  de  2015  ha  de  ser  objeto  de  aclaración.  Cosa  bien  distinta  es  que, 
posteriormente, tal y como obra al folio 437, las diligencias urgentes incoadas el 23 de 
febrero  de  2016  son  transformadas  en  diligencias  previas  para  la  continuación  del 
proceso por los trámites del procedimiento abreviado, siendo que, a los folios 504 y 505 
de la causa, obra auto de 25 de febrero de 2016, mediante el cual el Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Alcobendas incoa diligencias previas 119-2016 en 
relación a estos hechos de febrero de 2016, acordándose a su vez en la referida 
resolución la acumulación de estas diligencias previas a las diligencias previas 104-2016, 
seguidas ante el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Colmenar Viejo.
Acumulación la señalada anteriormente que, a juicio de esta representación y en 
términos constitucionales, nunca puede suponer una privación a mi mandante de ejercer 
su derecho fundamental a una tutela judicial efectiva del art. 24 CE, en cuanto al derecho 
a los recursos legalmente establecidos, desde el momento en que los hechos objeto de 
condena son posteriores a la entrada en vigor de una reforma legal que permita la 
interposición del recurso de casación.
Con motivo de lo anterior, esta representación interesa se aclare la fecha en que tuvo 
lugar  la  comisión  e  incoación  de  las  diligencias  previas  derivadas  de  la  presunta 
comisión  del  delito  de  lesiones  por  el  que  ha  sido  condenado  mi  representado, 
procediéndose a dictar nueva resolución mediante la que se admita a trámite el recurso 
presentado, al menos en lo referente al delito de lesiones, al no caber duda de que la 
incoación del procedimiento referente al mismo se produjo con posterioridad a la entrada 
en vigor de la reforma de la ley, todo ello, sin perjuicio de que, a consideración de esta 
Sala no quepa recurso de casación por el delito de quebrantamiento de condena, en 
base a la argumentación jurídica plasmada en el auto de 6 de septiembre de 2018 y que 
se ha sido reproducida al inicio del cuerpo del presente escrito.»
ñ) Por auto de fecha 29 de noviembre de 2018, la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo  acordó  no  haber  lugar  a  lo  interesado,  al  considerar  que  la  pretendida 
aclaración ya fue contestada en los razonamientos jurídicos del auto precedente:
«No ha lugar a la solicitud de aclaración. El recurrente pretende una aclaración que 
ya ha sido contestada con los razonamientos jurídicos de nuestro auto de inadmisión. No 
plantea, pues, que se aclare algún concepto oscuro o que se supla alguna omisión de 
relevancia  para  la  decisión  adoptada,  o  que  rectifiquemos  alguno  de  los  errores  s
mencionados en el artículo 267 LOPJ. oe.
En cualquier caso, cabe indicar lo siguiente. Las diligencias previas 119/2016 fueron  w.
Craecócudumirgrueoln aptdeea nsha aal,   seuisndt oed  ecpolritonocd ededeni amqduioee nbptrooa rpn letoansma dli,ee nilnittcooo sda edd eoc  oamnnadteletrsna adto ed  delael   aLorebtyírc au4 l1do/e 24l0 6a18r5t.í,2c  yuC leoPn ,1  ue5nl3 q .d1ue edl iteeoll    2021-8344n https://ww
de lesiones del artículo 147.1 CP y un delito intentado de robo con violencia.»
3.  En la demanda de amparo, el recurrente alega la vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en la vertiente del derecho de acceso 
al recurso y del derecho al principio de legalidad en materia penal, en la faceta del 
derecho a no ser condenado por acciones que no constituyen delito (art. 25.1 CE).
En relación con la primera queja, el demandante sintetizó la doctrina constitucional 
que consideró de aplicación en relación con el derecho de acceso a los recursos, para a 
continuación exponer que el razonamiento  dado por el tribunal de apelación en el 
ATS 1097/2018, a fin de inadmitir el recurso de casación, atenta frontalmente contra el 
referido derecho fundamental. Sostiene que esta resolución justifica la inadmisón en 
base a que el procedimiento incoado por el delito de lesiones fue acumulado a unas 
diligencias previas iniciadas el día el 3 de mayo de 2015. Añade que esta decisión ha 
supuesto que ninguno de los motivos en que fundó el recurso de casación haya obtenido 
respuesta,  pues  aunque  el  auto  cuestionado  se  refiere  al  delito  de  lesiones, 
implícitamente  también  impide  la  admisión  del  motivo  relativo  al  delito  de 
quebrantamiento de medida cautelar, de todo lo cual infiere que se ha producido una 
incongruencia omisiva.
A continuación, el demandante sintetizó los acontecimientos procesales que estimó 
de interés, entre los que destaca que, por el delito de lesiones se incoaron las diligencias 
urgentes núm. 42-2016, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Alcobendas, 
y que por el hecho de haber vuelto a convivir con doña Lucía Diego Camargo se acordó 
la apertura de las diligencias previas 119-2016, en fecha 25 de febrero de 2016. De todo 
ello, el recurrente colige que los procedimientos seguidos por los hechos en cuya virtud, 
a la postre, resultó condenado por delitos de lesiones y quebrantamiento de medida 
cautelar  fueron  iniciados  con  posterioridad  a  la  fecha  de  entrada  en  vigor  de  la 
Ley 41/2015, por lo que, de conformidad con lo establecido en su disposición transitoria 
única, el recurso de casación debió de ser admitido. Sin embargo, el órgano judicial 
entendió, como circunstancia determinante de la inadmisión, que esos procedimientos 
fueron acumulados en las diligencias previas núm. 482-2015, incoadas por los hechos 
presuntamente acaecidos el día 3 de mayo de 2015. Ese extremo, sin embargo, no 
constituye una circunstancia legalmente impeditiva de la admisión a trámite del recurso 
de casación, por lo que la decisión de órgano casacional es absolutamente rigorista, 
inflexible y contraria al derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE, toda vez que 
una «acumulación de procedimientos nunca puede suponer una privación del derecho de 
acceso a los recursos legalmente establecidos».
En relación con la lesión del derecho a la legalidad en materia penal reconocido en el 
art. 25.1 CE, el demandante trae a colación la doctrina constitucional que consideró de 
aplicación. Y sitúa la vulneración producida en el dato de que fue condenado por una 
conducta no tipificada por el art. 468 CP, pues cuando ocurrieron los hechos tenidos en 
cuenta por el órgano sentenciador, la medida cautelar ya no se hallaba vigente. Según el 
relato histórico de la sentencia condenatoria, el recurrente convivió con doña Lucía 
Isabel Diego Camargo «en el mes de octubre y parte de noviembre del 2015»; y si bien 
la indicada sentencia afirma que la medida cautelar fue dejada sin efecto en fecha 11 de 
noviembre de 2015, realmente esa medida dejó de estar vigente desde el momento en 
que se dictó el auto de sobreseimiento provisional; esto es, el 4 de agosto de 2015.
Censura el razonamiento dado por el tribunal de apelación para justificar la condena, 
al  entender  que  choca  frontalmente  con  el  principio  de  legalidad  reconocido  como 
derecho fundamental en el art. 25.1 CE. Afirma que, para que pueda adoptarse una 
medida  cautelar,  la  ley  exige  como  presupuesto,  y  también  para  su  efectividad,  la  s
vigencia del procedimiento penal en el que fue acordada. Por tanto, deviene imposible su  oe.
subsistencia una vez que el procedimiento se ha sobreseído por falta de indicios. Siendo  w.
así, en el presente caso los órganos judiciales han conferido vigencia a una medida que,  44ww
deenc aeíl dmo.o Am leon etox pquuees toe,l  sdee amñaanddea enlt ed arteoa dneu dqóu el ae l cpornovpiivoe anuctiao  qcuoen  ascuo rpdaór leajsa ,m yead idhaa bdíea 
protección señala que esta se mantendría durante «toda la tramitación del proceso», por
lo  que  medida  de  protección  carecía  de  eficacia  desde  el  momento  en  que  el 
procedimiento se sobreseyó provisionalmente.
En  contra  de  lo  afirmado  por  el  tribunal  de  apelación,  el  recurrente  rechaza, 
asimismo, que tuviera que haber recurrido el auto de sobreseimiento provisional, a fin de 
que se acordase dejar sin efecto la medida de alejamiento. Entiende que la vigencia ya 
había sido acotada por la propia resolución que la acordó, al condicionar su duración a la 
tramitación del procedimiento. También refuta que la ulterior reapertura del proceso fuera 
relevante,  pues  esa  decisión  obedeció  a  que  se  inició  la  investigación  de  hechos 
posteriores.
Finalmente, el recurrente interesa, con carácter principal, la estimación del primer 
motivo referido al derecho a la lesión del derecho a la tutela judicial, en la vertiente del 
derecho de acceso al recurso legal (art. 24.1 CE); y de manera subsidiaria, para el caso 
de que no se estime ese motivo, solicita que se «ha de resolver el presente recurso 
revocando las sentencias y el auto objeto del mismo, acordando la absolución del señor 
Cerros respeto del delito de quebrantamiento de medida cautelar del art. 468.2 del 
Código penal, por haber llegado los órganos jurisdiccionales de primera y segunda 
instancia a una conclusión condenatoria en la cual se ha conculcado de manera patente 
el derecho fundamental a la legalidad penal del art. 25.1 de la Constitución Española».
4.  Por  providencia  de  9  de  marzo  de  2020,  la  Sección  Cuarta  del  Tribunal 
Constitucional acordó la admisión a trámite del recurso, al apreciar que concurre en el 
mismo una especial trascendencia constitucional, ya que el recurso plantea un problema 
o afecta a una faceta del derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este 
tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)].
Al haberse remitido con anterioridad las actuaciones correspondientes al recurso de 
casación 10259-2018 y al procedimiento abreviado núm. 355-2017, en aplicación de lo 
dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica de este tribunal, solamente se acordó dirigir 
atenta comunicación al Juzgado de lo Penal núm. 32 de Madrid/Ejecutorias/Violencia, a 
fin de que, en plazo que no excede de diez días, proceda a emplazar a quienes hubieran 
sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que, si lo 
desean, puedan comparecer en el presente recurso.
5.  Mediante escrito presentado el día 15 de julio del 2020, doña Lucía Isabel Diego 
Camargo, representada por el procurador de tribunales don Jorge Andrés Pajares Moral 
y asistida por la letrada doña Sonia Gómez Carballo, interesó que se la tuviera por 
comparecida en el presente recurso.
6.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de la Sección Cuarta de este 
tribunal, de fecha 17 de julio de 2020, se tuvo por personado y parte en el procedimiento 
al  procurador  de  los  tribunales  don  Jorge  Andrés  Pajares  Moral,  en  nombre  y 
representación de doña Lucía Isabel Diego Camargo. Asimismo, se resolvió dar vista de 
las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte 
días, dentro de los cuales podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley Orgánica de este tribunal.
7.  En fecha 26 de agosto de 2020, a través de su representación procesal presentó 
sus  alegaciones  doña  Lucía  Isabel  Diego  Camargo.  Afirma  que,  en  contra  de  lo 
sostenido por el demandante, la medida cautelar acordada se mantuvo y este último 
«nada hizo en aquel momento cuando de no haber estado debiera hacerlo». Por otro 
lado, indica que el sobreseimiento provisional se adoptó por no poder localizar a la  e.
víctima, «que estaba completamente anulada por la violencia del recurrente». Por tanto,  w.
el auto de sobreseimiento solo supuso el archivo del procedimiento hasta la localización  44ww
dhea blear sveíc tpimroad.u Pciodro  tload vou elnlleor,a acfióirnm dae ql udee rneoc hpor ofucneddaem eesntitmala qr ueel  reel cduermsoa nddea anmtep raerfoie, rea.l no
8.  En fecha 14 de septiembre de 2020 presentó sus alegaciones el Ministerio
Fiscal. En primer lugar, resume los acontecimientos procesales más relevantes de la
tramitación  llevada  a  cabo  durante  las  fases  de  instrucción,  enjuiciamiento  y 
sustanciación de los recursos de apelación y casación interpuestos. Seguidamente, 
analiza la queja relativa a la lesión del derecho de acceso al recurso legal, que se 
incardina  dentro  del  ámbito  del  art.  24.1  CE,  a  cuyo  fin  transcribe  parte  de  la 
fundamentación  jurídica  dada  por  el  órgano  casacional  y  de  las  alegaciones  del 
recurrente, así como también trae a colación la doctrina de este tribunal respecto del 
referido derecho fundamental.
Tras ello, para ilustrar sobre lo que debe entenderse por «fecha de incoación del 
procedimiento» a que se refiere la disposición transitoria única de la Ley 41/2015, 
reproduce parte del fundamento jurídico quinto del ATC 110/2018, de 16 de octubre, 
resolución esta que recoge la doctrina establecida por la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo en diferentes resoluciones, de cuyo contenido colige que la fecha a tomar en 
consideración, de cara a la aplicación de la reiterada disposición transitoria, es la de la 
causa que inicia la investigación de unos hechos concretos, ya se trate de diligencias 
urgentes o de diligencias previas.
Descendiendo al caso analizado, afirma que los hechos ocurridos el 23 de febrero 
de  2016  dieron  lugar  a  la  incoación,  en  esa  misma  fecha,  de  las  diligencias 
urgentes 42-2016 a que se ha hecho mención. De ahí que los avatares posteriores 
derivados de la aplicación de las normas de la competencia territorial (la inhibición a 
favor del juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Colmenar Viejo o de 
acumulación procesal a diligencias incoadas con anterioridad por razón de la conexidad 
establecida en el art. 17.3 LECrim), no pueden dar lugar a la pérdida del derecho de 
acceso al recurso de casación regulado en el art. 847 LECrim, respecto de unos hechos 
que son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 41/2015 y que dieron lugar a la 
incoación de un procedimiento estando vigente ya la citada norma.
Cuestiona  la  decisión  adoptada  por  el  tribunal  de  casación,  que  estimó  que  la 
acumulación de un procedimiento a otro incoado con anterioridad al 6 de diciembre 
del 2015 determina la pérdida del recurso de casación. Estima que este criterio no solo 
resulta contrario al principio de interpretación favorable al derecho de acceso al recurso, 
sino también a la propia letra de la ley (art. 3 del Código civil), pues la fecha de incoación 
del procedimiento no puede referirse más que a aquella en la que se incoa la causa que 
originó «la noticia de los hechos objeto de instrucción y enjuiciamiento». Por ello, aunque 
tras la inhibición al Juzgado de Instrucción núm. 4 de Colmenar Viejo, la causa se 
acumuló a las diligencias previas 104-2016, que tuvieron su origen en unas diligencias 
urgentes incoadas el 3 de mayo de 2015, sin embargo, «esa fecha de incoación no muta 
la de la incoación del procedimiento por los hechos de 23 de febrero de 2016, cuya 
condena se recurre en casación».
Por lo demás, afirma que el auto de 6 de septiembre de 2018 es manifiestamente 
irrazonable,  al  partir  de  la  errónea  premisa  antes  mencionada  y,  en  consecuencia, 
vulnera el derecho de acceso al recurso que consagra el art. 24.1 CE.
A  continuación,  la  fiscal  considera  necesario  analizar  la  segunda  vulneración 
denunciada, toda vez que los hechos que dieron lugar a la condena por el delito de 
quebrantamiento de medida fueron anteriores a la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 
modo que la condena por ese delito no es recurrible en casación. Por otro lado, señala 
que esa lesión se imputa a las sentencias dictadas por el juzgado de lo penal y la 
audiencia  provincial,  pues  contra  estas  resoluciones  también  se  dirige  el  recurso. 
Seguidamente, refleja los acontecimientos procesales que estima trascendentes para la 
solución de la queja, así como la argumentación dada por el tribunal de apelación para  s
desestimar el motivo planteado por el recurrente, para posteriormente centrar el aspecto  oe.
nuclear  de  la  cuestión  en  los  siguientes  términos:  «si  pese  a  que  no  exista  w.
pronunciamiento  expreso  al  respecto,  las  medidas  cautelares  cesan  cuando  el  44ww
pcoronctreadriimo,i esnutbos ihsate cno hnacslutaid oq,u een s ee sptreo cnausnoc ipao erl  sjuozbgreasdeoi msoiebnreto s pur ocveisseio.nal o firme, o por el
tribuPnaarla e rne sloal vSeTr Cso b1r6e/ 2e0l 1o2b, jedteo  d1e3  lad eq ufeebjar,e lrao ,f isqcuael  itnravojoc ac alau sreas pduee ustnaa  dcaodnad peonra  epsoter   BOE-A-cable e
quebrantamiento de medida cautelar tras el dictado de una sentencia absolutoria que no 
había  adquirido  firmeza.  En  relación  con  el  presente  recurso,  afirma  que  el 
sobreseimiento provisional fue acordado por no resultar acreditada la perpetración del 
delito y que esta resolución devino firme al no haber sido recurrida. Señala también que 
el auto de sobreseimiento provisional no se pronunció sobre el cese o el mantenimiento 
de  la  medida  cautelar;  pero  al  no  apreciarse  los  indicios  incriminatorios  contra  el 
investigado, la consecuencia lógica debió ser el levantamiento de la orden de protección, 
dada la afectación que comporta sobre los derechos fundamentales del imputado.
A  lo  expuesto  añade  que,  cuando  el  sobreseimiento  alcanza  la  firmeza,  el 
decaimiento de la medida deviene automático, pues resulta inaceptable, por ser contrario 
a su naturaleza, entender que la medida cautelar puede mantenerse sine die hasta que 
el juez considere conveniente pronunciarse sobre su cese, lo que en este caso se 
produjo el 11 de noviembre de 2015. También considera destacable que, como motivo 
del cese de la medida el órgano judicial se remitiera, exclusivamente, al sobreseimiento 
de las actuaciones previamente acordado.
A la vista de lo expuesto, la fiscal concluye que el demandante fue condenado por 
convivir con su ex compañera en un periodo de tiempo en que ya no estaba en vigor la 
medida cautelar de prohibición de aproximación; por ello, la condena por este motivo, al 
amparo del art. 468.2 CP, «es contraria a la esencia y características propias de las 
medidas cautelares y discrepante con las pautas interpretativas al uso en la comunidad 
jurídica» y ha vulnerado el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE), en relación con el principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), resultando también 
contraria al derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), como regla probatoria, 
al no haberse acreditado por los órganos judiciales la vigencia objetiva y efectiva de la 
medida cautelar.
9.  El demandante de amparo no ha presentado alegaciones.
10.  Por providencia de fecha de 15 de abril de 2021 se señaló para votación y fallo 
del presente recurso el día 19 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El presente recurso se interpone contra las siguientes resoluciones: la sentencia 
núm. 46/2018, de 1 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 33 de Madrid, en 
cuya virtud el demandante resultó condenado por los delitos que más adelante se 
indican; la sentencia núm. 254/2018, de 4 de abril, de la Sección Vigésimo sexta de la 
Audiencia Provincial de Madrid, que desestimó el recurso de apelación interpuesto por 
aquel; el auto núm. 1096/2018, de 6 de septiembre, en cuya virtud la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación formulado por el demandante; y el 
auto de 29 de noviembre de 2018, dictado por el órgano judicial último citado, que 
deniega la aclaración interesada respecto del auto de inadmisión.
Resumidamente, el demandante alega la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso al recurso, por 
la indebida inadmisión del recurso de casación contra la sentencia dictada por el tribunal 
de apelación. También alega la vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 
CE),  al  haber  sido  condenado  por  quebrantar  una  medida  cautelar  en  un  periodo 
temporal  en  que  la  misma  ya  no  estaba  en  vigor,  por  haberse  acordado  el 
sobreseimiento provisional de las actuaciones. es
La  parte  comparecida  interesa  la  desestimación  del  recurso  de  amparo,  en  la  bo
consideración de que la medida cautelar por cuyo quebrantamiento fue condenado el  44ww
srdeuessmotPelauonncrtdio óas nune. tnep  aslroít ses e, a ehrlga Mullaminbeiasn tvteoirgsioe  ndFteeist aeclanlal  ldaina ftmeecreehnsatae d  lerae  cfeloesmjtaimidsoiaóscn i ódenen l d hleoels c rheaocn.uterscoe ddeen taems pdaero  ecsotan   OE-A-2021-83able en https://
2.  Aunque ninguno de los intervinientes ha suscitado la existencia de óbices de 
admisión, que tampoco fueron apreciados por este tribunal en el trámite de admisión, ello 
no es obstáculo para que, en este momento procesal, nos pronunciemos sobre la 
concurrencia de los requisitos para la admisibilidad del recurso, «pues, como venimos 
declarando  (así  en  la  STC  154/2016,  de  22  de  septiembre,  FJ  2),  los  defectos 
insubsanables  de  que  pudiera  estar  afectado  el  recurso  de  amparo  no  resultan 
subsanados  porque  haya  sido  inicialmente  admitido  a  trámite  (entre  otras, 
SSTC 18/2002, de 28 de enero, FJ 3 y 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 2), de forma 
que la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción 
puede volverse a abordar o reconsiderar en la sentencia, de oficio o a instancia de parte, 
dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por la falta de tales presupuestos, sin 
que para ello constituya obstáculo el carácter tasado de los pronunciamientos previstos 
en el art. 53 LOTC» (entre otras, SSTC 69/2004, de 19 de abril, FJ 3; 89/2011, de 6 de 
junio, FJ 2; 174/2011 de 7 de noviembre, FJ 2, y 166/2020, de 16 de noviembre, FJ 2).
Como así se ha reflejado en los antecedentes de esta resolución, frente al auto que 
acuerda  la  inadmisión  del  recurso  de  casación  el  demandante  formuló  solicitud  de 
aclaración, en la que interesa que el tribunal advierta el error padecido sobre la fecha de 
la incoación del procedimiento por el delito de lesiones que resultó condenado y que 
rectifique  lo  resuelto,  al  menos  en  relación  con  el  referido  delito,  toda  vez  que  el 
procedimiento  seguido  por  tales  hechos  fue  posterior  a  la  entrada  en  vigor  de  la 
Ley  41/2015,  sin  que,  a  estos  efectos,  resulte  relevante  la  acumulación  a  otro 
procedimiento iniciado con anterioridad a la vigencia de la indicada norma. A dicha 
solicitud, el órgano judicial respondió, en esencia, que: i) la aclaración pretendida ya 
había sido contestada en el auto de inadmisión; ii) el solicitante realmente no interesó la 
aclaración  de  ningún  concepto  oscuro,  la  subsanación  de  alguna  omisión  o  la 
rectificación  de  algún  error  material;  iii)  en  cualquier  caso,  afirma  que  las 
diligencias  119-2016  fueron  acumuladas  a  un  procedimiento  penal  incoado  con 
anterioridad a la Ley 41/2015.
Dado  que  frente  al  auto  que  acordó  la  inadmisión  del  recurso  de  casación,  el 
demandante  interpuso  la  solicitud  de  aclaración  ya  aludida,  procede  determinar  la 
incidencia que sobre la admisibilidad del presente recurso supone el empleo de ese 
remedio. La STC 186/2014, de 17 de noviembre, FJ 2 a), compila la doctrina de este 
tribunal  sobre  los  supuestos  en  que  la  solicitud  de  aclaración  puede  provocar  la 
extemporaneidad del recurso de amparo por prolongación indebida de la vía judicial:
«En concreto, por lo que se refiere a la formulación de la solicitud de aclaración, 
reconocida en el art. 267 de la Ley Orgánica del poder judicial, este tribunal ha afirmado 
que "su interposición hace extemporáneo el recurso de amparo interpuesto una vez 
transcurrido  el  plazo  de  veinte  días  previsto  en  el  art.  44.2  LOTC,  cuando  resulte 
injustificada produciendo una prolongación artificial del plazo de interposición del amparo 
o pueda calificarse como un remedio manifiestamente improcedente contra la resolución 
judicial" (SSTC 131/2004, de 19 de julio, FJ 2; y 77/2005, de 4 de abril, FJ 2), lo que, por 
ejemplo, sucede cuando se utiliza para volver a analizar el objeto del recurso o para 
pretender alterar la fundamentación jurídica de la resolución o el sentido del fallo. No 
concurriendo  tales  circunstancias,  el  tiempo  que  transcurra  entre  la  petición  de 
aclaración y el auto correspondiente (aclare o no) ha de ser excluido en el cómputo del 
plazo de cualquier recurso en sentido propio, cuyo dies a quo o hito inicial ha de situarse 
en el de la notificación de aquel auto (ATC 45/1995, de 13 de febrero, FJ 1); en cambio la 
utilización del instrumento de la aclaración para un fin distinto del que le es propio  e.
provoca una ampliación artificial del plazo para interponer el amparo, lo que determina la  w.b
inadmisibilidad de la demanda de éste por extemporánea (por todas, SSTC 233/2005,  44ww
de 23 de septiembre, FJ 2; y 94/2006, de 27 de marzo, FJ 3).»
Por otro lado, en la letra b) del referido fundamento jurídico, analiza la idoneidad de 
la solicitud de aclaración como medio apto para agotar la vía judicial:
«Conforme a reiterada doctrina de este tribunal, "el requisito de agotar todos los 
recursos utilizables en la vía judicial ordinaria que establece el art. 44.1 a) LOTC deriva de la 
necesidad de respetar la subsidiariedad del recurso de amparo, dado que, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 53.2 CE, la tutela general de los derechos y libertades corresponde, en 
primer lugar, a los órganos del poder judicial. Consecuencia de lo anterior es que, cuando 
existe un recurso susceptible de ser utilizado y adecuado por su carácter y naturaleza para 
tutelar la libertad o derecho que se entiende vulnerado, tal recurso ha de interponerse antes 
de acudir a este tribunal; es preciso, por tanto, que se apuren las posibilidades que los 
cauces procesales ofrecen en la vía judicial para la reparación del derecho fundamental que 
se estima lesionado, de suerte que cuando aquellas vías no han sido recorridas, el recurso 
de amparo resultará inadmisible (entre muchas otras, SSTC 133/2001, de 13 de junio, FJ 3; 
190/2001, de 1 de octubre, FJ 2; 39/2003, de 27 de febrero, FJ 3; 192/2003, de 27 de 
octubre, FJ 2; 36/2004, de 8 de marzo, FJ 2; 103/2004, de 2 de junio, FJ 2; 151/2004, de 20 
de septiembre, FJ 5; 60/2005, de 14 de marzo, FJ 2; 288/2005, de 7 de noviembre, FJ 1; 
313/2005, de 12 de diciembre, FJ 2, y 85/2006, de 27 de marzo, FJ 2)" (STC 144/2007, 
de 18 de junio, FJ 2). […]
[H]emos declarado respecto de la aclaración de sentencia regulada en el art. 267 
LOPJ que no puede utilizarse como remedio de la fundamentación jurídica, para corregir 
errores judiciales de calificación jurídica o para subvertir las conclusiones probatorias 
previamente mantenidas, resultando igualmente inadecuada para anular y sustituir una 
resolución judicial por otra de signo contrario, salvo que excepcionalmente el error 
material consista en un mero desajuste o contradicción patente e independiente de 
cualquier juicio valorativo o apreciación jurídica entre la doctrina establecida en sus 
fundamentos jurídicos y el fallo de la resolución judicial (por todas, SSTC 218/1999, 
de 29 de noviembre, FJ 3; 305/2006, de 23 de octubre, FJ 5, y 19/2008, de 31 de enero, 
FJ 2). Esto es, el cauce excepcional de la aclaración que arbitra el art. 267 LOPJ debe 
limitarse a la función específica reparadora para la que se encuentra establecido, toda 
vez que el órgano judicial, al explicar el sentido de sus palabras o adicionar lo que 
faltase, o al rectificar un error material, debe moverse en el marco interpretativo de lo 
anteriormente manifestado o razonado, sin realizar una nueva apreciación de valoración 
o  interpretación  en  Derecho,  en  cuyo  caso,  de  llevarla  a  efecto,  se  produciría  un 
desbordamiento de los límites de ese mecanismo que no permite un juicio valorativo, ni 
operaciones de calificación jurídica o nuevas y distintas apreciaciones de la prueba, ni 
supone resolver cuestiones discutibles u opinables (por todas, STC 31/2004, de 4 de 
marzo, FJ 6).
Por tanto, la aclaración regulada en el art. 267 LOPJ no constituye un auténtico 
medio de impugnación que pueda servir como instrumento para agotar la vía judicial 
previa cuando, como es el caso, se denuncia la irrazonabilidad en los argumentos de la 
sentencia,  supuesto  en  el  que,  manifestando  la  actora  su  desacuerdo  con  la 
fundamentación de la misma, que entendía vulneradora de su derecho a la tutela judicial 
efectiva, debería haber acudido al incidente de nulidad de actuaciones del art. 241.1 
LOPJ para agotar en debida forma la vía judicial previa, puesto que era el remedio 
procesal  adecuado  para  reparar  la  lesión  del  derecho  fundamental  invocado  en  la 
demanda de amparo. Al no haberlo hecho así, la actora no ha dado debido cumplimiento 
al requisito del agotamiento de los recursos utilizables establecido en el art. 44.1 a) 
LOTC, ni, por consiguiente, brindó a la Sala la posibilidad de reparar el vicio denunciado,  e.
salvaguardando, de este modo, el carácter subsidiario del recurso de amparo al que,  w.b
como hemos señalado, responde dicho requisito.» 44ww
En el supuesto presente, la aclaración instada por el demandante fue reputada
ampaunniftiaedsotasm. Seni taes uimmpiérroacmedoes netel  cprioterr ipoa drteel  ódregla ntroib juundaicl iadle,  ccoansvaecniódnrí apmoor sl oqsu em eol tirveocsu rsyoa 
de amparo se interpuso extemporáneamente, de acuerdo con la consolidada doctrina de
este tribunal. Ahora bien, aun cuando considerásemos que la reiterada aclaración no fue 
absolutamente impertinente, lo que no admite duda es que esa petición, por sí sola, no 
es un instrumento adecuado para intentar remediar, en sede judicial, la vulneración de 
los derechos fundamentales denunciada en la demanda.
Conforme a la argumentación reflejada en la STC 186/2014, ni la aclaración de 
sentencia puede ser considerada un auténtico medio de impugnación apto para modificar 
el sentido de la resolución principal ni, menos aún, puede equipararse al incidente de 
nulidad de actuaciones previsto en el art. 241 LOPJ pues, dada su naturaleza, no 
permite reparar las vulneraciones de derechos fundamentales que se atribuyen al propio 
órgano judicial. En el presente caso, pese a que el órgano judicial persistió en su 
decisión  de  inadmitir  el  recurso  de  casación,  el  demandante  debió  interponer  el 
mencionado incidente de nulidad de actuaciones, a fin de poner explícitamente de 
manifiesto la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su 
vertiente de acceso al recurso legal, para intentar obtener la reparación de esa eventual 
lesión  antes  de  acceder  a  esta  sede  constitucional.  Al  no  obrar  de  ese  modo, 
constatamos que la vía judicial no ha sido debidamente agotada, por lo que la queja de 
lesión atribuida a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debe ser inadmitida.
3.  Ahora bien, en el presente recurso también se invoca otra lesión, si bien de 
manera subsidiaria, concretamente asociada al derecho a la legalidad penal reconocido 
en el art. 25.1 CE que el recurrente atribuye al Juzgado de lo Penal núm. 33 de Madrid y 
al tribunal de apelación; esto es, a órganos judiciales distintos del que inadmitió a trámite 
el recurso de casación.
Este tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre lo que cabría definir como el 
«efecto reflejo» o «efecto arrastre» producido por las decisiones de inadmisibilidad de un 
recurso de amparo, fundadas en la falta de agotamiento de la vía judicial. Sobre ese 
particular la STC 101/2018, de 1 de octubre FJ 2, rechazó el referido «efecto arrastre», al 
concluir:
«En suma, la posición según la cual la falta de denuncia de la última vulneración (por 
lo común procesal) consumada debe arrastrar todas las anteriores se funda en un criterio 
rigorista que no tiene asiento en el sistema de nuestra ley orgánica, ya que (y solo de 
ese  supuesto  nos  ocupamos)  las  lesiones  previamente  acaecidas  han  sido 
temporáneamente denunciadas y se ha agotado la vía judicial respecto de ellas. Por todo 
ello, la decisión que corresponde en estos casos [...] es la de apreciar el óbice de falta de 
interposición de incidente de nulidad de actuaciones del artículo 241 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial solo para dichas quejas [...]. Una circunstancia que implica de modo 
derivado, por tanto, una posible decisión de admisión del recurso en lo que atañe a las 
demás denuncias, ya que nada impide, descartado el efecto arrastre en los términos 
descritos y como se desprende del artículo 50.1 LOTC, la admisión de la demanda para 
la sustanciación de las vulneraciones adicionales aducidas, conforme a lo dispuesto en 
tal precepto y siempre que se cumplan los requisitos de admisibilidad del elenco que esa 
previsión normativa contiene, al ser posible la admisión del recurso de amparo "en todo o 
en parte", dice la Ley Orgánica (ATC 233/2009, de 10 de septiembre, FJ 2).»
En aplicación de la doctrina transcrita, la queja asociada al art. 25.1 CE no debe 
resultar afectada por el óbice de admisibilidad anteriormente detectado, habida cuenta 
de que: i) la lesión se atribuye a órganos judiciales diferentes del que vetó la posibilidad 
de acceder a la casación; ii) en la solicitud de aclaración se efectúa la salvedad de que el  s
recurso de casación podría ser admitido solamente respecto del motivo asociado al delito  oe.
de lesiones; iii) con carácter subsidiario, en la demanda de amparo se denuncia la lesión  w.
qduee baraqnuteal mideenrteoc dheo  mfeudniddaam ceanuttaell,a r c(aornt.  4m68o.t2iv Co P)d.e  la  condena  por  el  delito  de  2021-8344n https://ww
refle4ja. r eAl netseqsu edme aa dael qnutrea rnnooss  veanm oesl  aan sáulijseitsa rd pea rlaa  lale rseiósno luecnióunn cdiaed laa,  rerefesruidltaa  qoupeojart.u Enno   BOE-A-cable e
primer  lugar,  resumiremos  los  aspectos  relevantes  de  la  medida  cautelar  que  se 
consideró quebrantada para, seguidamente, sintetizar las razones dadas por los órganos 
judiciales para fundar la condena del demandante por el referido delito. A continuación 
determinaremos qué vertiente o faceta del derecho a la legalidad penal concierne al 
presente recurso, con el correspondiente reflejo de la doctrina estatuida por este tribunal 
al respecto; y finalmente, nos pronunciaremos sobre lo que constituye el fondo de la 
queja.
a)  Del relato consignado en los antecedentes se desprende que: i) la medida 
cautelar adoptada por auto, de fecha 3 de mayo de 2015, del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 2 de Colmenar Viejo, impuso al recurrente la prohibición de 
aproximación, a menos de trescientos metros, y de comunicación con quien fue su 
pareja; ii) su vigencia se concretó en los términos que figuran en el antecedente a) de 
esta  resolución;  iii)  pese  a  haber  recaído  resolución  de  sobreseimiento  provisional 
prevista en el art. 641.1 LECrim, en fecha 4 de agosto de 2015, hasta el 11 de noviembre 
de 2015 la medida cautelar no se dejó formalmente sin efecto, por auto de la misma 
fecha; iv) que el único motivo tenido en cuenta por el auto que acordó el cese de la 
reiterada medida fue que, previamente, se había dictado el sobreseimiento provisional y 
archivo de las actuaciones.
b)  Como se refleja en la fundamentación jurídica de la sentencia dictada en la 
instancia, la única razón tenida en cuenta para condenar por el delito previsto en el 
art. 468.2 CP fue que el demandante convivió, con su entonces pareja, desde octubre 
de  2015  hasta  enero  del  2016;  esto  es,  con  posterioridad  al  dictado  del  auto  de 
sobreseimiento provisional, pero con anterioridad a que se dejase sin efecto la medida 
cautelar de prohibición de aproximación y comunicación.
Por su parte, la sentencia que puso fin al recurso de apelación confirmó la condena 
impuesta en la instancia, por las siguientes razones: i) En la fecha en que el demandante 
pasó a residir con su pareja, la medida cautelar aún se hallaba en vigor, pese a haberse 
acordado el sobreseimiento provisional  con anterioridad; ii) la causa sobreseída se 
reabrió con posterioridad; iii) el demandante debió recurrir la resolución que acordaba el 
sobreseimiento provisional, a fin de que también se dejara sin efecto la medida cautelar; 
iv) el recurrente no puede pretextar error o ignorancia, toda vez que ya había sido 
condenado anteriormente como autor de tres delitos de quebrantamiento de condena, y 
por tanto, conocía los aspectos esenciales de esta infracción; v) el demandante fue 
expresamente  requerido  para  que  acatara  las  medidas  acordadas  y  debidamente 
informado de las consecuencias de su incumplimiento.
5.  Frente a las consideraciones dadas por los órganos judiciales, el recurrente 
opone en su demanda que en la fecha en que comenzó a convivir con su anterior pareja, 
la  orden  de  protección  ya  no  estaba  vigente,  puesto  que,  al  ser  acordado  el 
sobreseimiento provisional del procedimiento, la medida cautelar adoptada en el mismo 
perdió su razón de ser y efectividad. El argumento compendiado lleva a entender que la 
queja que al amparo del art. 25.1 CE formula al recurrente, trae causa de su condena por 
unos hechos cuya certeza no niega; pero sí refuta que los mismos sean constitutivos del 
delito  previsto  en  el  art.  468.2  CP.  Por  tanto,  la  denuncia  de  lesión  cuestiona  la 
subsunción de los hechos en la norma penal por parte de los órganos judiciales.
Una vez identificada la faceta del derecho reconocido en el art. 25.1 CE que el 
recurrente estima vulnerada, resulta de interés reflejar la doctrina fijada por este tribunal 
en relación con la subsunción de los hechos en la norma penal realizada por los  e
juzgados y tribunales, así como el control que en sede constitucional cabe efectuar al  bo
respecto. La STC 129/2008, de 27 de octubre, FJ 3, ofrece así una detallada recopilación  44ww
dreef elraid ad oac ltari ninat ecrpornestatitcuiócnio nya al psliocabcreió ne ld ed elares cnhoor maa sla p elengaalelisd apdo r ploesn aólr,g apnrionsc ipjuadlmicieanletes 
y, por otro lado, al parámetro de fiscalización por parte de este tribunal:
«En el examen de razonabilidad de la subsunción de los hechos probados en la 
norma penal el primero de los criterios está constituido por el respeto al tenor literal de la 
norma, ‘pues el legislador expresa el mensaje normativo con palabras y con palabras es 
conocido  por  sus  destinatarios.  Este  respeto  no  garantiza  siempre  una  decisión 
sancionadora acorde con las garantías esenciales de seguridad jurídica o de interdicción 
de la arbitrariedad, pues, entre otros factores, el lenguaje es relativamente vago y 
versátil, las normas son necesariamente abstractas y se remiten implícitamente a una 
realidad normativa subyacente, y dentro de ciertos límites (por todas, STC 111/1993, 
de 25 de marzo), el propio legislador puede potenciar esa labilidad para facilitar la 
adaptación de la norma a la realidad (ya en la STC 62/1982, de 15 de octubre; […] 
STC 53/1994, de 24 de febrero). Debe perseguirse, en consecuencia, algún criterio 
añadido que, a la vista de los valores de seguridad y de legitimidad en juego, pero 
también  de  la  libertad  y  la  competencia  del  juez  en  la  aplicación  de  la  legalidad 
(SSTC 89/1983, de 12 de marzo; 75/1984, de 27 de junio, y 111/1993, de 25 de marzo), 
distinga entre las decisiones que forman parte del campo de decisión legítima de este y 
las que suponen una ruptura de su sujeción a la ley […] La seguridad jurídica y el 
respeto  a  las  opciones  legislativas  de  sanción  de  conductas  sitúan  la  validez 
constitucional de la aplicación de las normas sancionadoras desde el prisma del principio 
de legalidad tanto en su respeto al tenor literal del enunciado normativo, que marca en 
todo  caso  una  zona  indudable  de  exclusión  de  comportamientos,  como  en  su 
razonabilidad. Dicha razonabilidad habrá de ser analizada desde las pautas axiológicas 
que informan nuestro texto constitucional (SSTC 159/1986, 59/1990, 111/1993) y desde 
modelos de argumentación aceptados por la propia comunidad jurídica […] Dicho de otro 
modo, no solo vulneran el principio de legalidad las resoluciones sancionadoras que se 
sustenten en una subsunción de los hechos ajena al significado posible de los términos 
de  la  norma  aplicada.  Son  también  constitucionalmente  rechazables  aquellas 
aplicaciones  que  por  su  soporte  metodológico  –una  argumentación  ilógica  o 
indiscutiblemente extravagante– o axiológico –una base valorativa ajena a los criterios 
que  informan  nuestro  ordenamiento  constitucional–  conduzcan  a  soluciones 
esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles 
para sus destinatarios’ (STC 137/1997, de 21 de julio, FJ 7; también, entre otras, 
SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7; 13/2003, de 28 de enero, FJ 3; 138/2004, 
de 13 de septiembre, FJ 3; 242/2005, de 10 de octubre, FJ 4; 9/2006, de 16 de enero, 
FJ 4, y 262/2006, de 11 de septiembre, FJ 4).
No compete pues a este tribunal la determinación de la interpretación última, en 
cuanto más correcta, de un enunciado penal, ni siquiera desde los parámetros que 
delimitan los valores y principios constitucionales. Y tampoco le compete la demarcación 
de las interpretaciones posibles de tal enunciado. De un modo mucho más restringido, y 
desde la perspectiva externa que le es propia como tribunal no inserto en el proceso 
penal, nuestra tarea se constriñe a evaluar la sostenibilidad constitucional de la concreta 
interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales. Tal sostenibilidad se refiere, 
como se señalaba en el fundamento anterior, al respeto a los valores de la seguridad 
jurídica y de la autoría parlamentaria de la definición de los delitos y las penas, y se 
traduce en la razonabilidad semántica, metodológica y axiológica de la interpretación 
judicial de la norma y de la subsunción legal de los hechos en la misma. Por ello forma 
parte  del  objeto  de  nuestro  análisis  la  motivación  judicial  de  tales  interpretación  y 
subsunción, pero no la argumentación del recurrente en favor de una interpretación 
alternativa, cuya evaluación de razonabilidad per se nos es ajena y sólo podrá ser  s
tomada en cuenta en la medida en que incida en la irrazonabilidad de la interpretación  oe.
judicial impugnada.» w.
reco6n.o cCidoom eon  heal  aqrtu. e2d5a.d1o C rEe fldeejaridvoa,  dpea rlaa  ceol nddeemnaa nddea nqtuee  lafu ev uolnbejeratoc,i ócno mdoe l aduetorer cdheol 
sdaenlitcoio dnea dqoure dbirsapnotanme iqeuneto « d[se] em iemdpidoan dcraáu teenla tro pdroe vciasstoo  elan  peel naart .d 4e6 p8r.2is iCónP .d Ees stee ipsr emceespetos 
a un año a los que quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este
Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en 
procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se 
refiere el artículo 173.2, así como a aquellos que quebrantaren la medida de libertad 
vigilada».
Dado que el recurrente no cuestiona aspectos tales como la realidad de la medida 
cautelar  acordada,  la  convivencia  que  mantuvo  con  su  pareja  desde  el  mes  de 
septiembre del 2015 hasta el mes de enero de 2016 o la fecha en que aquella medida 
fue formalmente dejada sin efecto, el núcleo esencial de su impugnación se focaliza 
frente a la argumentación del tribunal de apelación, que consideró que hasta en tanto no 
se acordó judicialmente el cese de la medida cautelar esta permanecía en vigor, con 
independencia  de  que  en  el  procedimiento  que  recayó  se  hubiera  sobreseído  con 
anterioridad.
La primera conclusión que cabe extraer, visto el tenor del precepto penal, es que la 
argumentación judicial no lleva a cabo una interpretación extensiva o analógica in malam 
partem,  toda  vez  que  la  orden  de  protección  estaba  formalmente  en  vigor  cuando 
ocurrieron los hechos. Ahora bien, como ha quedado reflejado al transcribir la doctrina 
constitucional, el hecho de que la exégesis judicial respete el tenor literal del tipo penal 
no exonera de valorar si la interpretación realizada resulta ilógica, manifiestamente 
extravagante o parte de una base valorativa que no se acomoda los criterios que 
informan nuestro ordenamiento constitucional, o conduce a soluciones esencialmente 
opuestas a la orientación material de la norma y, por ello, resulta imprevisible para sus 
destinatarios. Por tanto, a continuación procede dirimir si la respuesta dada por los 
órganos judiciales incurre o no en las deficiencias señaladas.
Oportunamente, la fiscal invoca en sus alegaciones la STC 16/2012, de 13 de marzo. 
En el supuesto analizado en esta resolución consta que el entonces demandante de 
amparo fue absuelto en el procedimiento en el que se acordó la medida cautelar de 
prohibición de aproximación a la presunta víctima, sin que la resolución absolutoria, que 
ulteriormente  fue  recurrida  por  la  acusación  particular,  se  pronunciara  sobre  la 
subsistencia o cese de la referida medida cautelar. No obstante ello, resultó condenado 
como autor de un delito del art. 468.2 CP, pues según razonó el órgano judicial, al no ser 
dejada sin efecto la medida cautelar esta continuaba en vigor, de manera que el contacto 
que aquel mantuvo con su ex pareja determinó la condena como autor del delito antes 
indicado. En relación con ese supuesto, la sentencia dictada por este tribunal apreció la 
lesión del derecho a la presunción de inocencia del demandante (art. 24.2 CE), al 
considerar irrazonable la conclusión alcanzada respecto de la vigencia de la medida 
cautelar:
«Así las cosas, dado que bajo la expresión "las medidas de este capítulo" se incluye 
la medida de alejamiento impuesta al recurrente (vid. art. 64.3 de la Ley Orgánica 1/2004 
citada) y que por sentencia "definitiva" debe entenderse, no la sentencia firme –lo que 
sería  contradictorio  con  la  posibilidad  de  recurso–,  sino  la  sentencia  dictada  en  la 
instancia, es evidente que la ausencia de mención expresa sobre el mantenimiento de la 
medida cautelar en la sentencia absolutoria del juzgado de lo penal (hecho aceptado por 
las propias resoluciones ahora impugnadas) conlleva la finalización de la vigencia de 
dicha medida en el momento en que tal sentencia fue dictada. En consecuencia, la falta 
de este pronunciamiento por parte del juzgado determina el decaimiento de la referida 
medida de protección y, por ello, su pérdida de eficacia, aunque la sentencia dictada no 
fuera firme y estuviera pendiente de recurso o no hubiera transcurrido el plazo legal 
previsto para su interposición. e.
Es por tanto de concluir que la argumentación utilizada por los órganos judiciales  w.b
intervinientes, en los términos expuestos, que viene a ligar de manera no justificada la  44ww
faaleltaja mdeie fnirtmo,e rzeas udleta l air rsaeznotneanbcliea  aalb sqouleubtorarinat adre e iln sctoanntceinai dcoo nd elal  cpirtaódrroo gaart .d 6e9 la,  smieenddiod au dnea 
interYp reesta qcuióen e inna ecle pprteasbelen tdee csadseo l ala p ceorsnpceucrrtievnac ciao ndset itlau csioitnuaalc.ión típica de la que dimana
la prohibición judicial de aproximación constituye el elemento específico de este delito,
del  que  surge  la  prohibición  de  la  conducta  de  acercamiento.  La  inexistencia  del 
presupuesto típico hace decaer la relevancia penal del comportamiento».
Y en relación con el aspecto que principalmente concierne al presente recurso, en el 
fundamento jurídico quinto figura la siguiente argumentación:
«Por otra parte, tal modo de razonar de los órganos judiciales, además de ser 
contrario al tenor de los preceptos estudiados (art. 468.2 CP en relación con el art. 69 de 
la Ley Orgánica 1/2004), puede considerarse divergente de las pautas de interpretación 
comúnmente aceptadas, a la vista de los intereses y valores constitucionales en juego. 
En efecto, la orden de protección, de acuerdo con su naturaleza de medida cautelar, 
tiene como presupuesto, entre otros, la razonada previsión de un hecho punible a una 
persona determinada, pudiéndose mantener por el juez en tanto en cuanto subsistan las 
condiciones que la han justificado, en el caso de los delitos de violencia doméstica ante 
la existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima (544.ter de la Ley de 
enjuiciamiento criminal). Por ello, esta medida está sometida al principio de variabilidad, 
como instrumental del proceso penal en curso, de tal modo que el órgano judicial debe 
dejarla  sin  efecto  cuando  se  modifiquen  las  circunstancias  que  aconsejaron  su 
imposición.
Y  es  incuestionable  que  el  momento  en  que  se  procede  por  el  juez  al 
pronunciamiento de una sentencia absolutoria representa un acontecimiento relevante 
en el proceso, al desaparecer en principio los indicios incriminatorios contra el acusado, 
por lo que la consecuencia lógica ha de ser el levantamiento de la expresada medida de 
protección, máxime cuando dicha medida afecta a derechos y libertades del imputado 
también  constitucionalmente  protegidos.  Por  ello,  el  mantenimiento  de  la  orden  de 
protección  en  este  supuesto  de  sentencia  absolutoria  se  supedita  por  el  legislador 
(art.  69  de  la  Ley  Orgánica  1/2004),  como  hemos  visto,  a  que  se  haga  constar 
expresamente en dicha resolución, lo que requerirá un plus de motivación al órgano 
judicial, desde el canon de la proporcionalidad, para justificar las razones por las que se 
acuerda en tales circunstancias la prórroga de la medida.»
En el presente supuesto, el órgano judicial que adoptó la medida cautelar puso fin al 
procedimiento penal, al acordar el sobreseimiento provisional previsto en el art. 641.1 
LECrim por no resultar justificada la perpetración del delito que dio lugar a la formación 
de la causa. Esa decisión supuso, necesariamente, que la presunta infracción penal que 
motivó el dictado de la orden de protección se tuviera por no acreditada, de manera que, 
al no constar la comisión de delito alguno que perseguir, tampoco existía víctima del 
delito a la que proteger mediante el mantenimiento de la referida orden. La medida 
cautelar impuesta en el proceso penal tuvo por objeto brindar efectiva protección a la 
presunta víctima del delito; por tanto, si el procedimiento en el que se adoptó concluye 
por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento, el sustrato necesario para que la 
referida  medida  pueda  adoptarse  decae  materialmente,  de  suerte  que  también  su 
perpetuación carece ya de razón de ser.
Las anteriores consideraciones se ven reforzadas por las razones adicionales que a 
continuación se expresan. En primer lugar, el auto de sobreseimiento provisional no 
contiene pronunciamiento alguno para justificar el mantenimiento de la medida cautelar 
en su día adoptada; y en segundo término, el auto que expresamente resolvió dejarla sin 
efecto se fundó, exclusivamente, en el sobreseimiento provisional del procedimiento 
penal acordado en su día. La conjunción de ambas circunstancias lleva a colegir que el  s
órgano judicial no apreció razón alguna que autorizara la vigencia de la orden de  oe.
protección más allá del sobreseimiento acordado, precisamente porque solo tuvo en  w.
ccsuoinen nceltfuaes cióetons t hepa lasúutlatsi mibeolle   1qd1ua etdo e c apnbaoerva ie exmdterbajareerrl a de ese  xl2ap0 rs1ei5sg aupmieoenr nteltae:   loasm imnis eieódfnied caint ocv.ao ulAutnesítla arrp iaun eods fe,u l elaj u dzeúgjnaaiddcaoa    2021-8344n https://ww
instructor.
La argumentación dada por el tribunal de apelación no controvierte los extremos que 
se han puesto de relieve. En esencia, lo que sustentó la confirmación de la condena del 
recurrente como autor de un delito previsto en el art. 468.2 CP fue, por un lado, la 
demora  en  dejar  sin  efecto  la  medida  cautelar,  lo  que  determinó  que  formalmente 
perdurara durante parte del tiempo en que el recurrente convivió more uxorio; y, por otro, 
que este último no se condujera de manera diligente, a fin de advertir al instructor que la 
referida medida no había sido anulada. Sin embargo, tal argumentación no resulta 
conforme con el derecho reconocido en art. 25.1 CE pues, por las razones anteriormente 
expuestas, se basa en una interpretación del precepto penal que no se acomoda los 
criterios  que  informan  nuestro  ordenamiento  constitucional  y  conduce  a  soluciones 
opuestas a la orientación material del tipo penal, por lo que resulta imprevisible para su 
destinatario.
Corrobora  la  anterior  conclusión,  la  preterición  del  derecho  a  la  presunción  de 
inocencia (art. 24.2 CE) que la interpretación de los órganos judiciales comporta. El 
recurrente  se  vio  favorecido  por  una  decisión  de  sobreseimiento  provisional  que, 
conforme a nuestra doctrina «por su propia naturaleza no puede jurídicamente afectar a 
la presunción de inocencia y, en consecuencia, el sobreseído ha de ser tenido como 
inocente a todos los efectos, incluido por supuesto el ejercicio de sus derechos dado que 
no se ha producido una decisión condenatoria en forma de sentencia» (STC 34/1983, 
de 6 de mayo, FJ 4).
En el presente caso, la condena por quebrantamiento de medida cautelar trajo causa 
del incumplimiento de una obligación, por parte del demandante, que le fue impuesta en 
un proceso penal y que se consideró subsistente pese a que el referido proceso había 
sido sobreseído. De ello se desprende que aquel estaba obligado a soportar una severa 
restricción de su derecho a la libertad de circulación reconocida en el art. 19 CE, so 
riesgo –que en el presente caso se materializó– de sufrir condena penal por incumplir las 
referidas limitaciones de este derecho fundamental, con la consiguiente postergación de 
la efectividad del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) que ello supuso.
7.  En virtud de lo expuesto, procede estimar parcialmente el presente recurso de 
amparo por vulneración del derecho a la legalidad penal reconocido en el art. 25.1 CE, 
por lo que procede declarar nulidad del pronunciamiento condenatorio por el delito de 
quebrantamiento de medida cautelar previsto y penado en el art. 468.2 CP, de las 
sentencias dictadas por el Juzgado de lo Penal núm. 33 de Madrid y por la Sección 
Vigésimo Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por don Clemente Cerros 
Díez de Baldeón y, en su virtud,
1.º  Declarar vulnerado su derecho fundamental a la legalidad penal (art. 25.1 CE).
2.º  Restablecerle  en  su  derecho,  a  cuyo  fin  se  acuerda  la  nulidad  de  los  s
pronunciamientos de condena relativos al quebrantamiento de medida cautelar previsto  e.
en el art. 468.2 del Código penal, tanto de la sentencia núm. 46/2018 del Juzgado de lo  w.
Penal núm. 33 de Madrid, de 1 de febrero, como de la sentencia núm. 254/2018 de la  44ww
dSeescecsiótinm óV ieglé rseicmuors oS deext aa pedlea cliaó nA cuodniternac liaa  pPrimroevrinac siaeln tdeen ciMa acditraidd,a .de  4  de  abril,  que
3.º  Inadmitir el recurso de amparo en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.