BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Viernes 21 de febrero de 2020 Sec. I.   Pág. 16253
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
2509 Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar 
el acceso a la vivienda.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
El artículo 67.6.a) del Estatuto  prevé  que los Decreto-ley son promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Generalidad de Cataluña, haciendo uso de la competencia exclusiva que le 
atribuye el artículo 137.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña en materia de vivienda, 
aprobó  la  Ley  18/2007,  de  28  de  diciembre,  del  derecho  a  la  vivienda.  Esta  Ley 
constituye el eje vertebrador de las políticas públicas en materia de vivienda que, en 
algunos aspectos concretos, ha sido complementada posteriormente por otras normas 
con rango de ley y desplegado reglamentariamente.
La actividad legislativa y reglamentaria posterior a la Ley del derecho a la vivienda se 
ha orientado a poner en marcha instrumentos ya previstos en esta Ley y a regular 
nuevas herramientas jurídicas para dar respuesta adecuada a los nuevos requerimientos 
derivados de los cambios producidos en materia de acceso a la vivienda, provocados 
fundamentalmente por el impacto de la crisis económica iniciada poco después de su 
entrada en vigor. Por eso, la actividad normativa mencionada se ha centrado de manera 
muy  especial  en  la  atención  a  las  personas  en  situación  de  riesgo  de  exclusión 
residencial y de emergencia social en esta materia.
A  pesar  de  las  medidas  legales  adoptadas,  el  acceso  a  una  vivienda  digna  y 
adecuada para una parte significativa de la población sigue siendo extremadamente 
dificultosa.  Se  constata  que  la  mejora  de  los  datos  macroeconómicos  no  se  ha 
trasladado a la situación económica de esta población, ni se avista que se acabe 
trasladando por sí misma a corto plazo. A esta incertidumbre se añade la de la misma 
evolución de la coyuntura económica. En este momento, en que todavía se sufren los 
efectos de la crisis económica pasada, ni siquiera se puede descartar la temida recaída 
que agrave todavía más la situación en materia de acceso a la vivienda.
Los  instrumentos  ordinarios  que  ofrece  la  legislación  en  materia  de  vivienda  y 
también de urbanismo se muestran insuficientes para resolver la situación extrema que 
se sufre actualmente en este ámbito. Estos instrumentos se tienen que reforzar, redefinir 
o ampliar de forma urgente con el fin de encararla con varios elementos que permitan, en 
conjunto,  incrementar  de  manera  efectiva  la  oferta  general  de  viviendas  a  precios 
moderados y, en especial, de viviendas de protección pública en régimen de alquiler, así 
como facilitar el acceso a estas a la población con recursos económicos insuficientes.
Las  previsiones  de  este  Decreto-ley  emanan,  al  mismo  tiempo,  de  diferentes  e
mandatos del Parlamento de Cataluña, como la Moción 4/XII sobre políticas de vivienda,  bo
aprobada  por  el  Pleno  del  Parlamento  en  sesión  de  5  de  julio  de  2018,  la  09ww
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ocupación  de  viviendas,  aprobada  por  la  Comisión  de  Territorio  del  Parlamento  de 
Cataluña en la sesión de 31 de octubre de 2018.
La urgencia de las medidas a que hace referencia este Decreto-ley resulta del 
análisis  del  contexto  sobre  el  cual  actúa,  fundamentalmente  sobre  la  vivienda  de 
protección pública y sobre la vivienda en régimen de alquiler.
En este sentido, se constata el nivel bajo en la promoción de vivienda protegida 
existente desde el año 2007, tanto con respecto a los promotores públicos como a los 
promotores privados, paralelamente con lo que sucede con la promoción de vivienda 
libre.  Desde  el  2014,  se  observa  que  la  promoción  pública  y  privada  se  está 
recuperando, sin embargo, situada en los niveles más bajos desde el año 1992.
La urgencia de las medidas previstas en la norma se pone de manifiesto si se 
compara el nivel bajo de promoción de vivienda protegida con su demanda elevada, 
reflejada en el Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección Oficial (RSHPO), de 
la Generalidad y de Barcelona, las inscripciones en la cual experimentan un incremento 
constante de solicitantes. En menos de cinco años, los solicitantes se han incrementado 
en  100.000  personas,  y  se  han  sobrepasado  los  189.000  inscritos  en  el  mes  de 
septiembre de 2019 con respecto a los RSHPO de Cataluña.
Al  mismo  tiempo,  la  necesidad  de  establecer  medidas  urgentes  que  fomenten  la 
promoción  de  vivienda  protegida  también  se  pone  de  manifiesto  al  detectarse  una 
disminución de las posibilidades que las Administraciones públicas tienen para ampliar el 
parque público de viviendas, más allá de la promoción pública de viviendas de protección 
pública. Por ejemplo, a través del ejercicio del derecho de tanteo y retracto previsto en el 
Decreto-ley  1/2015,  de  24  de  marzo,  de  medidas  extraordinarias  y  urgentes  para  la 
movilización de las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria. Esta 
disminución de las posibilidades de ejercicio del derecho de tanteo y retracto a corto plazo, 
tal como está planteado actualmente en el Decreto-ley 1/2015, resulta del análisis de los 
datos del Registro de viviendas vacías y ocupadas sin título habilitante, ya que, en tan sólo 
cuatro años, ha pasado de casi 50.000 viviendas registradas a 23.000 el mes de febrero 
de 2019. Esta reducción significativa ha sido consecuencia de las políticas de movilización 
hacia el alquiler social de este tipo de inmuebles y, sobre todo, de las dinámicas de 
incorporación de estas viviendas al mercado libre de compraventa y alquiler. Aunque esta 
tendencia, aisladamente considerada, es un dato positivo, no lo es tanto cuando resulta que 
muchas de estas viviendas son ocupadas por personas que no tienen el título habilitante y, 
por lo tanto, que pueden ser desahuciadas sin tener una alternativa residencial.
Aunque el parque de vivienda destinado a políticas sociales de que dispone la 
Administración de la Generalidad de Cataluña se ha incrementado los últimos años, si se 
adiciona el parque correspondiente que gestionan los municipios, se observa que el 
conjunto se sitúa en torno al 2 por ciento del parque de vivienda existente en Cataluña y, 
por lo tanto, lejos de la media de los principales países de la Unión Europea. Lo cual 
pone de relieve el déficit acumulado de vivienda con precio asequible de que se dispone, 
que justifica la necesidad de adoptar medidas de choque inmediatas para hacerles frente 
que no admiten demora.
Con respecto al comportamiento general del mercado de la vivienda por efecto de la 
crisis económica, se constata la caída repentina que sufrió el crédito hipotecario y, 
consecuentemente, el acceso a la vivienda en régimen de propiedad. Sin perjuicio que el 
saneamiento del sector financiero permita recuperar la concesión prudente de créditos 
hipotecarios para la compra de viviendas, claro está que el acceso a la vivienda en 
régimen de alquiler, o cualquier otra forma de cesión del uso equivalente, adquiere más  s
relevancia  en  una  situación  desfavorable,  caracterizada  por  los  precios  de  alquiler  oe.
elevados y crecientes. En este sentido, se aprecia la necesidad de llevar a cabo medidas  w.
inmediatas para moderar estos precios a través del aumento general de la oferta de este  09ww
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los precios de alquiler, o la promoción de vivienda protegida, elaborados por los servicios 
de estudios de la Administración de la Generalidad y otras instituciones y organismos 
académicos  y  económicos  de  prestigio,  así  como  los  estudios  y  los  trabajos  de 
elaboración del plan territorial sectorial de vivienda, en tramitación en este momento.
Este plan territorial tiene que ser la hoja de ruta que inspire las políticas de vivienda que 
se pongan en marcha los próximos quince años en Cataluña, con la finalidad de garantizar 
el derecho a la vivienda a las nuevas generaciones de jóvenes y a los nuevos hogares que 
se formen. Por eso, propone establecer las bases para conseguir tres objetivos ambiciosos: 
incrementar hasta el 15 por ciento el parque de vivienda social en 152 municipios de fuerte 
demanda residencial, donde vive cerca del 80 por ciento de la población catalana; ayudar a 
las personas y las familias potencialmente excluidas del mercado de la vivienda a acceder a 
esta en unas condiciones asumibles; y que el 5 por ciento de las viviendas principales de 
todo el país sean destinadas a alquiler social, para acercar Cataluña a las medias de países 
europeos equivalentes en población y potencial económico.
Este Decreto-ley afronta los retos inmediatos, que no admiten demora, vista la 
gravedad de la situación descrita. Lo hace mediante medidas de refuerzo urgentes para 
mejorar el acceso a la vivienda, fundamentalmente, mediante el incremento del parque 
de vivienda protegida y de la oferta general de las viviendas en régimen de alquiler.
II
El Decreto-ley se estructura en quince artículos repartidos en dos capítulos, seis 
disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 
siete disposiciones finales.
El capítulo 1 se divide en cuatro secciones y engloba los artículos 1 a 9. Hace referencia 
a una serie de medidas en materia de vivienda que requieren la modificación de algunas 
disposiciones de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, del Decreto-
ley 1/2015, de 24 de marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de 
las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria, de la Ley 24/2015, del 29 
de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la 
pobreza energética, de la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del 
derecho  a  la  vivienda  de  las  personas  en  riesgo  de  exclusión  residencial,  y  de  la 
Ley 13/1996, de 29 de julio, del Registro y el depósito de fianzas de los contratos de alquiler 
de fincas urbanas y de modificación de la Ley 24/1991, de la vivienda.
Con  las  medidas  urgentes  de  este  capítulo,  se  enfatiza  la  directriz  para  el 
planeamiento urbanístico relativa a la calificación en el medio urbano de suelo adecuado 
y suficiente para el uso de vivienda destinada a domicilio habitual de la población, se 
refuerzan las herramientas destinadas a la disminución de las viviendas vacías, a la 
gestión de las situaciones de emergencia social, a la calificación de viviendas con 
protección oficial y a la moderación de los precios del alquiler de las viviendas libres.
En  la  sección  1,  relativa  a  las  medidas  ante  la  desocupación  permanente  de 
viviendas, se regula esta situación constitutiva de un incumplimiento de la función social 
de la propiedad de la vivienda. En este sentido, se ajustan las definiciones de vivienda 
vacía y las relativas a los incumplimientos referidos a la desocupación y a la falta de 
destino de las viviendas en residencia habitual y permanente de las personas usuarias. 
Estos incumplimientos se consideran al mismo tiempo un incumplimiento del deber de 
propiedad de las edificaciones de dedicarlas a usos compatibles con la ordenación 
territorial y urbanística a efectos de aplicar, si procede, los medios de ejecución forzosa  s
regulados en la legislación en materia de suelo. Esta situación de incumplimiento no  e.
resulta alterada aunque las viviendas se transmitan de una propiedad a otra o hayan  w.
estado  ocupadas  eventualmente  por  personas  sin  título  habilitante.  Asimismo,  se  09ww
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de los parques inmobiliarios de las personas jurídicas privadas, cuya utilización por parte
de los Ayuntamientos ha sido cuestionada jurisdiccionalmente al considerar insuficiente 
la regulación establecida.
La  situación  de  desocupación  permanente  de  las  viviendas  se  amplía,  por 
asimilación, a la de los edificios que permanecen inacabados permanentemente en la 
fase final de las obras de construcción.
Se regulan las competencias para declarar la utilización o la situación anómala de las 
viviendas  y  para  requerir  a  las  personas  responsables  que  adopten  las  medidas 
necesarias para corregirlas, así como para ordenar su ejecución forzosa en caso de 
incumplimiento del requerimiento y, si procede, para sancionar la utilización o la situación 
anómala cuando sea constitutiva de una infracción administrativa en la materia.
Los derechos de tanteo y retracto regulados en el Decreto-ley 1/2015, de 24 de 
marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas 
provenientes de procesos de ejecución hipotecaria, atribuidos a la Generalidad en los 
municipios incluidos en áreas de demanda residencial fuerte y acreditada respecto de las 
transmisiones de las viviendas adquiridas en un proceso de ejecución hipotecaria o 
mediante compensación o pago de deuda con garantía hipotecaria, se extienden a todos 
los municipios y se refieren tanto a la primera como a las posteriores transmisiones que 
se lleven a cabo durante la vigencia del Decreto-ley 1/2015, la cual se amplía, por lo que 
se refiere al ejercicio de esta medida, hasta doce años desde su entrada en vigor.
En la sección 2, relativa a las medidas para resolver situaciones de emergencia 
social, se define el alojamiento dotacional en sustitución de las viviendas dotacionales 
públicas. La definición es consecuencia de la modificación que el mismo Decreto-ley 
opera  sobre  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  urbanismo  para  integrar  el  sistema 
urbanístico  de  viviendas  dotacionales  públicas  en  el  sistema  urbanístico  de 
equipamientos  comunitarios.  Se  trata  de  abrir  este  tipo  de  alojamiento  hacia  una 
tipología más diversa, más adaptable a las necesidades de residencia temporal de 
colectivos diversos y, por lo tanto, más funcional.
Por otra parte, se amplían los supuestos en que las viviendas tienen que ser inscritas 
en el Registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título habilitante, ya que 
se  prevé  que  se  incluyan  también  viviendas  desocupadas  permanentemente  no 
procedentes de ejecuciones hipotecarias o de dación en pago propiedad de personas 
jurídicas privadas, que son las que mayoritariamente han acumulado un gran patrimonio 
residencial a raíz de la grave crisis financiera que ha sacudido la economía en la última 
década y que, injustificablemente, mantienen ocioso aunque una parte significativa de la 
población tenga importantes dificultades para acceder a una vivienda digna y adecuada 
en unas condiciones económicas razonables. Esto comporta que también se puedan 
expropiar estas viviendas de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 4/2016, de 23 de 
diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo 
de exclusión residencial, en el cual se introducen varios cambios.
Entre los cambios introducidos en el artículo 15 de la Ley 4/2016, cabe destacar la 
ampliación de la facultad de expropiar, que no sólo abarca el uso temporal de las 
viviendas inscritas o susceptibles de estarlo, sino también su dominio; así como la 
reducción del contenido del derecho de propiedad ante el incumplimiento de la obligación 
de  ocupar  legal  y  efectivamente  la  vivienda  en  un  50  por  ciento  de  su  valor, 
correspondiendo  la  diferencia  a  la  Administración  expropiante  de  acuerdo  con  la 
legislación sobre suelo y rehabilitación urbana, puesto que comporta el incumplimiento 
del deber de propiedad de las edificaciones de dedicarlas a usos compatibles con la 
ordenación  territorial  y  urbanística.  Por  otra  parte,  se  establecen  las  entidades  de  s
Derecho público y privado que pueden ser beneficiarias de la expropiación. oe.
En relación con el alojamiento de personas afectadas por situaciones de emergencia  w.
social, se regula la adjudicación provisional de alojamiento a los afectados, que se podrá  09ww
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anterioridad a su incorporación al parque gestionado por las Administraciones, siempre 
que se cumplan determinadas condiciones.
Con respecto a las modificaciones que afectan a la Ley 24/2015, de 29 de julio, de 
medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza 
energética, se establece que las propuestas de alquiler social obligatorio, además de 
comunicarlas al municipio en que se sitúa la vivienda, se comuniquen también a la 
Agencia de la Vivienda de Cataluña. Por otra parte, se establece que las personas 
jurídicas pasan a ser consideradas mayores tenedores de vivienda cuando tengan más 
de 15 de viviendas, en lugar de la previsión actual de disponer de más de 1.250 metros 
cuadrados de superficie habitable.
También  se  regula  la  renovación  obligatoria  de  los  contratos  de  alquiler  social 
cuando, finalizada su duración máxima, los ocupantes se encuentren todavía dentro de 
los parámetros legales de exclusión residencial.
Por otra parte, se hace extensiva la obligación de hacer una propuesta de alquiler 
social antes de interponer una demanda judicial con relación a cualquier acción ejecutiva 
derivada de la reclamación de una deuda hipotecaria y otras demandas de desahucio 
por vencimiento de la duración máxima del título que legitima la ocupación o por la falta 
de este título en circunstancias determinadas. Se amplía la duración mínima de los 
contratos de alquiler social y se hace extensiva la definición de gran tenedor al fondo de 
capital riesgo y de titulización de activos y a las personas físicas que dispongan de más 
de 15 viviendas. También se regulan las condiciones económicas de la cesión obligatoria 
de viviendas.
En la sección 3, relativa a las medidas para articular un nuevo modelo de vivienda 
con protección oficial, se religa la definición con la de vivienda de protección pública de 
la legislación en materia de suelo y de urbanismo. Tanto la calificación de vivienda con 
protección oficial como la calificación urbanística de vivienda de protección pública que 
establezca  el  planeamiento  urbanístico  tienen  que  concretar  si  se  trata  de  una 
calificación genérica o específica, según el acceso a la vivienda de las personas usuarias 
pueda estar en régimen de propiedad, de arrendamiento u otro régimen de cesión del 
uso sin transmisión de la propiedad, o exclusivamente en régimen de arrendamiento. La 
calificación urbanística del suelo de vivienda de protección pública, de carácter genérico 
o específico, vincula en los mismos términos la calificación de vivienda con protección 
oficial.
Asimismo, se religa uno de los pilares básicos de las viviendas con protección oficial, 
como es la duración de su calificación, con la duración indefinida de las determinaciones 
del  planeamiento  urbanístico  que  califican  suelo  destinado  al  uso  de  vivienda  de 
protección pública. Al mismo tiempo, se refuerza el carácter excepcional de la reducción 
del  techo  calificado  con  esta  destinación  y  la  permanencia  de  estos  suelos  en  el 
patrimonio público de suelo y de vivienda cuando forman parte de este patrimonio.
Con respecto a la determinación de los precios de venta y rentas máximos de las 
viviendas  con  protección  oficial,  se  configura  un  sistema  desagregado  del  nivel  de 
ingresos de los posibles usuarios y, por lo tanto, sin modalidades fundamentadas en 
estos. Para configurar este nuevo sistema, se parte de la premisa de que el nuevo 
modelo de viviendas con protección oficial tiene que satisfacer las necesidades de la 
población más desfavorecida económicamente y, progresivamente, de las clases medias, 
y que se tiene que potenciar el acceso en régimen de arrendamiento con ayudas 
públicas para la población más vulnerable económicamente.
El precio de venta máximo de una vivienda de protección oficial es el resultado de  s
aplicar un factor de localización y un factor de características al precio de venta básico,  oe.
representativo del valor de una vivienda de características estándares en cualquier punto  w.
del  territorio  calculado  a  partir  de  un  valor  mínimo  del  suelo  no  transformado  09ww
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básico a la baja o al alza en función de la eficiencia energética, aspecto que se incorpora 
para potenciar la promoción de viviendas con protección oficial energéticamente más 
eficientes, y en función de la antigüedad y el estado de conservación respecto de las 
viviendas usadas. Tanto el precio de venta básico como el factor de localización se 
tienen  que  establecer  periódicamente  por  orden  del  Consejero  o  consejera  del 
Departamento competente en materia de vivienda.
La renta máxima de una vivienda con protección oficial es el resultado de aplicar a su 
precio de venta máximo una tasa anual de rentabilidad razonable. De entrada, esta tasa 
se fija en el 4,8 por ciento, sin perjuicio de que se pueda actualizar, también, mediante la 
ley de acompañamiento a la Ley de presupuestos de la Generalidad. Los déficit entre la 
renta máxima y la que podrían asumir razonablemente los usuarios más desfavorecidos 
tendrán  que  ser  cubiertos  mediante  ayudas  públicas  a  la  promoción  que  permitan 
reducirla o mediante bonificaciones a la renta en función de su nivel de ingresos.
Los precios de venta y renta máximos se tienen que determinar cuando se califique 
la  vivienda  con  protección  pública  y  cada  vez  que  se  formalice  un  contrato  de 
transmisión de su propiedad o de cesión del uso, sin perjuicio de la actualización de la 
renta durante la vigencia del contrato.
Por  otra  parte,  se  introducen  cambios  que  afectan  a  la  gestión  del  Registro  de 
Solicitantes de Viviendas con Protección Oficial. Así, se disminuye de tres años a un año el 
periodo para la renovación de la inscripción, con el fin de garantizar que el mencionado 
Registro responda lo mejor posible a la realidad de la demanda de vivienda de protección 
pública en Cataluña, y reforzar así la operatividad del Registro, aspecto necesario para 
hacer posible el cumplimiento de las finalidades pretendidas por el Decreto-ley.
Con respecto a las adjudicaciones de viviendas con protección oficial de promoción 
privada, se regulan en función de la existencia de ayudas públicas a la promoción, de su 
destinación  al  régimen  de  alquiler  o  de  la  calificación  del  suelo  como  vivienda  de 
protección  pública.  Siempre  que  concurran  las  dos  primeras  circunstancias,  la 
adjudicación se tiene que hacer por orden de preferencia según la antigüedad mayor de 
la inscripción en el Registro de Solicitantes de Viviendas con Protección Oficial.
En la sección 4, relativa a las medidas para propiciar una moderación de los precios del 
alquiler de las viviendas libres, se regula el índice de referencia de precios del alquiler de 
viviendas, entre las cuales la obligación de incluir los datos del Índice en la publicidad y en 
las ofertas de viviendas de alquiler y en los contratos que se firmen, y se tipifica como 
infracción administrativa el incumplimiento de estas obligaciones. Mediante el Decreto-ley se 
delimita la función de este Índice y la competencia para elaborarlo y se fija, como fuente de 
los datos que permiten obtenerlo, el Registro de Fianzas de los Contratos de Alquiler de 
Fincas Urbanas, en el cual tienen que hacerse constar los datos que se consideran útiles 
para ejercer las políticas públicas relativas a los inmuebles en régimen de alquiler y, en 
particular, para elaborar el índice mencionado. La Administración de la Generalidad tiene 
que tener en cuenta este Índice en el desarrollo de sus políticas públicas y la arrendadora 
de una vivienda no puede recibir ayudas públicas dirigidas al fomento del alquiler cuando la 
renta sea superior al índice mencionado.
El capítulo 2 del Decreto-ley comprende los artículos 10 a 15, que modifican el texto 
refundido de la Ley de urbanismo con relación a medidas diversas.
El artículo 10 se refiere a las medidas para incrementar el patrimonio público de 
suelo  y  de  vivienda  con  destino  a  viviendas  de  protección  pública  y  hacer  más 
transparente la gestión. Se trata de garantizar las finalidades que la Administración 
gestora tiene que perseguir, entre las cuales, la de hacer efectivo el derecho de la  s
ciudadanía a acceder a una vivienda digna y adecuada. En este sentido, se establecen  oe.
los datos que se tienen que hacer constar en el inventario de este patrimonio separado y,  w.
para los municipios incluidos en áreas de demanda residencial fuerte y acreditada, se  09ww
eUsrbtaabnleíscteic ol ad e oCblaigtaalduañ a.i nLsocsri pbcieiónne sd neol  sinev epnuteadreion  eenna jeenl aRr eegni sctraos od dee  Pqulaen enaom eiestnétno 
iRnevegnisttarori amdeonsc iaodneacduoa.damente  o,  si  procede,  si  el  inventario  no  está  inscrito  en  el  BOE-A-cable e
Como medida para incrementar el patrimonio público de suelo y de vivienda, se 
regulan las áreas destinadas a este patrimonio con el fin de dar forma y contenido a un 
solo instrumento jurídico, homogéneo y eficaz, para la adquisición de terrenos para los 
patrimonios públicos de suelo y de vivienda, tanto a través de su expropiación forzosa 
como  en  ejercicio  del  derecho  de  tanteo.  Se  hace  un  llamamiento  especial  a  la 
posibilidad de incluir en las áreas mencionadas terrenos que tengan la condición de solar 
para destinar las viviendas que se puedan construir, o que ya estén construidas, al uso 
de vivienda de protección pública, aunque el planeamiento no las reserve para este uso 
específico de vivienda.
Con la misma finalidad, se establece el derecho legal de tanteo a favor de la 
Administración de la Generalidad respecto de las transmisiones onerosas que afecten a 
los suelos que el planeamiento urbanístico reserva al uso de vivienda de protección 
pública  y,  de  acuerdo  con  las  posibilidades  que  ofrece  la  legislación  estatal  de 
arrendamientos urbanos, las que afecten a las viviendas arrendadas que se transmitan 
conjuntamente con el resto de viviendas o locales que formen parte del mismo inmueble. 
Este  derecho  legal  de  tanteo  se  reconoce  también  al  Ayuntamiento  de  Barcelona 
respecto de los bienes situados en su término.
Por otra parte, se regula sobradamente el ejercicio de los derechos de tanteo y 
retracto mencionados.
El  artículo  11  hace  referencia  a  las  medidas  para  incrementar  el  parque  de 
alojamientos  dotacionales.  Con  esta  finalidad,  el  sistema  urbanístico  de  viviendas 
dotacionales públicas se integra en el de equipamientos comunitarios para reforzar su 
carácter  eminentemente  asistencial  en  situaciones  de  la  vida  de  las  personas  que 
necesitan alojamiento temporal.
Este cambio clasificatorio se acompaña de una modificación de su denominación 
para poner énfasis en la perspectiva correcta de que las necesidades temporales de 
habitación de las personas, según cuál sea su situación, se pueden satisfacer mediante 
una vivienda de uso independiente o en alojamientos colectivos, compartiendo espacios 
habitables con otras personas que no forman parte de la misma unidad de convivencia. 
Teniendo en cuenta que estos alojamientos tienen que jugar un papel fundamental en la 
solución de situaciones de emergencia social, se eliminan las limitaciones cuantitativas 
para establecer este sistema en sustitución total o parcial de la reserva de equipamientos 
públicos, de manera que la concreción del uso de alojamiento dotacional sobre suelos 
calificados de equipamiento tiene que venir avalada únicamente, como cualquier otro 
uso, por la justificación adecuada de su necesidad preferente con respecto a otros usos 
de equipamiento.
El  régimen  transitorio  establecido  en  relación  con  estas  medidas  permite  la 
construcción de alojamientos dotacionales de titularidad pública en terrenos calificados 
de equipamientos comunitarios, sin necesidad de adaptar previamente el planeamiento 
urbanístico  a  las  determinaciones  de  este  Decreto-ley,  cuando  el  planeamiento 
mencionado no concrete el uso o como ampliación de equipamientos existentes de 
acuerdo con las condiciones de integración en el entorno que se establezcan.
También  se  regula  la  posibilidad  de  que  los  particulares  puedan  promover  un 
equipamiento  de  alojamiento  dotacional  en  los  terrenos  calificados  de  sistema 
urbanístico  de  equipamientos  comunitarios  que  el  planeamiento  urbanístico  general 
determine, siempre que se acredite el interés público o social del alojamiento dotacional 
mediante la concertación con una Administración competente en materia de vivienda de 
determinadas características del alojamiento. Entre otras características concertadas, las  s
relativas a los colectivos concretos a que se destina el alojamiento y al baremo de  oe.
precios que los usuarios tienen que satisfacer como máximo. Mientras el planeamiento  w.
urbanístico general no determine los ámbitos en que se pueden situar los equipamientos  09ww
mdee daialonjatem uienn tpol adno etascpioenciaall  duerb ainniícsiatictiova q uperi vjaudstaif,i qluoes  lpaa irdtiocnuelaidreasd  pduee dlae np ropproumesotvae crloons 
relación a las reservas de suelo disponibles en el barrio para la implantación de nuevos
equipamientos comunitarios y a la existencia de otros alojamientos dotacionales en el 
mismo ámbito.
El artículo 12 hace referencia a las medidas para incrementar el parque público de 
viviendas  de  protección  pública  de  alquiler.  Se  trata  de  ampliar  en  este  caso  la 
disponibilidad de suelo para la promoción de vivienda de protección pública. A tal efecto, 
determina que la cesión obligatoria de suelo con aprovechamiento urbanístico a la 
Administración  urbanística  actuante,  en  las  actuaciones  con  reserva  de  terrenos 
destinados  a  viviendas  de  protección  pública,  se  tiene  que  emplazar  sobre  la 
mencionada reserva con obligación de la Administración adjudicataria de construirlos en 
plazo. En caso de que la Administración no disponga de recursos económicos suficientes 
para hacerlo, el emplazamiento del suelo de cesión tiene que ser en parte sobre la 
reserva mencionada con el fin de construir las viviendas con los ingresos obtenidos por 
la enajenación de la parte de cesión situada fuera de la reserva o por la sustitución de 
esta parte por su equivalente por techo construido.
Asimismo,  respecto  de  los  suelos  provenientes  de  las  mencionadas  cesiones 
obligatorias y gratuitas, se establece la obligación de mantener, con carácter general, la 
titularidad pública de los suelos destinados a vivienda de protección pública provenientes 
de las mencionadas cesiones para configurar un parque público estable de viviendas de 
protección pública destinado al régimen de alquiler.
El artículo 13 hace referencia a las medidas en materia de reservas para vivienda de 
protección pública. Se trata fundamentalmente de ajustar el redactado de varios artículos 
del texto refundido de la Ley de urbanismo al nuevo modelo de viviendas con protección 
oficial.
Por otra parte, se regula la posibilidad de que la calificación urbanística del suelo 
residencial destinado a vivienda de protección pública pueda afectar a una parte de los 
edificios plurifamiliares, refiriéndola al supuesto de edificios de nueva construcción, al de 
obras de ampliación y de reforma generales, siempre que tengan como objetivo alojar 
mayoritariamente nuevos residentes.
En  el  caso  de  modificaciones  de  planeamiento  urbanístico  en  suelo  urbano 
consolidado que no comporten incremento de la edificabilidad, la destinación parcial a 
vivienda  de  protección  pública  no  puede  afectar  a  los  solares  resultantes  de  un 
procedimiento de reparto equitativo de beneficios y cargas si los plazos para edificar los 
solares resultantes todavía no se han agotado. En estos casos, se establece que el 
parámetro urbanístico de la zona que regula la densidad del uso residencial sólo se 
aplica a la parte del techo que no se destina a vivienda de protección pública y que el 
número máximo de viviendas de protección pública es el resultado de aplicar al techo 
construido con esta destinación la ratio de 70 m2 por vivienda. Se trata de favorecer en 
estos casos una oferta variada de estas nuevas viviendas.
El artículo 14 hace referencia a una medida para incrementar el parque privado de 
viviendas de alquiler. En este sentido, se habilita el planeamiento urbanístico para que, 
de acuerdo con la memoria social y teniendo en cuenta las líneas de actuación de los 
planes locales de vivienda, pueda reservar suelo para un producto inmobiliario destinado 
al  uso  de  viviendas  por  pisos,  sin  posibilidad  de  dividirlos  horizontalmente,  con  la 
finalidad de que se ceda su uso a terceras personas. En definitiva, se pretende que esta 
medida sirva para incrementar la oferta privada de viviendas en arrendamiento para 
contrarrestar la evolución al alza de las rentas del alquiler.
Finalmente, el artículo 15 hace referencia a una medida para facilitar la ejecución de 
actuaciones  de  rehabilitación  edificatoria  en  el  medio  urbano.  Se  pretende  encajar  s
adecuadamente en la legislación urbanística las actuaciones de rehabilitación edificatoria  oe.
en  el  medio  urbano  a  que  hace  referencia  la  legislación  estatal  sobre  suelo  y  w.
vrdeievhsieapnblidieliagtasuc eeió xdnise t ueernbstaetan ysa  p.a acLrtaau  afmicjaieord nlaied sap  otapbnrlae ctneieóncnde erse aseriivdaietsan rpt eal.ara  inesl emguarnidteandi mjuiernídtoic ad eal cptuaarql ueen  deel   2020-2509n https://ww
El Decreto-ley incorpora varias disposiciones adicionales, la primera de las cuales
para reforzar las medidas urgentes en materia de fomento de la promoción de vivienda  Bc
de  protección  oficial  de  alquiler.  En  este  sentido,  los  arrendadores  de  viviendas 
protegidas promovidas con ayudas públicas ven reforzadas las garantías de cobro de las 
rentas ante eventuales impagos, mientras que en el caso de los arrendatarios de este 
tipo de viviendas, se establece la prioridad en el acceso a las prestaciones al pago del 
alquiler que convoca la Generalidad de Cataluña.
La tercera establece que el factor de localización aplicable para la determinación de 
los precios de venta y rentas máximos de las viviendas con protección oficial sea único 
para todo el ámbito del Área Metropolitana de Barcelona.
La cuarta fija un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del Decreto-ley para 
que los municipios incluidos en las áreas de demanda residencial fuerte y acreditada 
inscriban en el Registro de Planeamiento Urbanístico de Cataluña el inventario de bienes 
y derechos que integran el patrimonio público de suelo y de vivienda respectiva y su 
balance de situación.
La quinta regula la obligación que tienen el Departamento competente en materia de 
vivienda y los municipios de más 50.000 habitantes, y de todos los comprendidos en el 
ámbito del Área Metropolitana de Barcelona, de coordinar sus actuaciones en materia de 
vivienda mediante la suscripción de un programa de actuación concertada en el plazo de 
dos años desde la entrada en vigor del Decreto-ley para detallar las líneas de actuación 
principales con el fin de hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada. En el 
resto de municipios incluidos en áreas de fuerte y acreditada demanda, la suscripción del 
programa es potestativa y, en todos los casos, tiene que servir de base para movilizar los 
patrimonios públicos de suelo y de viviendas respectivos, con la prioridad de poner a 
disposición de los usuarios viviendas con protección oficial en régimen de alquiler. En el 
ámbito territorial del Área Metropolitana de Barcelona, los programas son el instrumento 
idóneo para que esta entidad ejerza sus funciones de coordinación, y se reconoce que, 
en el municipio de Barcelona, la gestión conjunta con la Generalidad en esta materia se 
lleva a cabo mediante el Consorcio de Vivienda de Barcelona.
Las disposiciones transitorias regulan las diversas situaciones jurídicas producidas o 
iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto-ley. Con respecto a la 
vigencia de la calificación de las viviendas con protección oficial en los expedientes en 
tramitación y el aprobado definitivamente antes de la entrada en vigor de este Decreto-
ley, cabe destacar que se establece la aplicación inmediata de la nueva regulación 
cuando se trate de viviendas que forman parte de un patrimonio público de suelo y de 
vivienda, con la finalidad de preservar una parte importante del parque de viviendas con 
precio intervenido. Por otra parte, la disposición transitoria cuarta establece el régimen 
jurídico aplicable a la calificación de viviendas con protección oficial mientras no se haya 
aprobado el nuevo plan para el derecho a la vivienda ni la orden que permita determinar 
los precios de venta y rentas máximos.
La disposición derogatoria afecta explícitamente a varias disposiciones de la Ley del 
derecho a la vivienda, del plan para el derecho a la vivienda y del Reglamento de la Ley 
de urbanismo que son incompatibles con las determinaciones de este Decreto-ley.
Las disposiciones finales comprenden determinadas modificaciones legislativas y 
mandamientos de contenido normativo, además de la entrada en vigor del Decreto-ley el 
día siguiente al de la publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya». 
Las  modificaciones  legislativas  afectan  a  la  Ley  18/2007,  de  28  de  diciembre,  del 
derecho a la vivienda, para hacer una referencia instrumental a la legislación urbanística 
en materia de delimitación de áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto, y regular 
un régimen especial del Área Metropolitana de Barcelona en materia de conservación y  s
rehabilitación  en  el  medio  urbano  de  interés  metropolitano.  También  afectan  a  la  oe.
disposición transitoria primera de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del  w.
texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3  09ww
adsep aegcotos tore, lay ceiol naardtíoc ucloo n1 2l odse  elaq uLipeaym 1i2e/n2t0o1s 7,d ed ea 6lo jdaem ijeunlioto,  ddeo tlaac iaornqaul itedcet utriatu, laernid audn 
pública.
Entre los mandamientos, cabe destacar el que hace referencia a la aprobación del 
plan territorial sectorial de vivienda en el plazo de un año desde la entrada en vigor del 
Decreto-ley. Este Plan tiene que concretar, para los municipios incluidos en áreas de 
demanda residencial fuerte y acreditada con dificultades especiales de acceso a la 
vivienda,  los  estándares  de  reserva  mínima  de  suelo  para  viviendas  de  protección 
pública, superiores a los que establece la Ley de urbanismo, que, como mínimo, tienen 
que ser del 50 por ciento del techo que se califique para el uso residencial de nueva 
implantación en suelo urbanizable delimitado y del 40 por ciento del techo mencionado 
en suelo urbano no consolidado, a menos que, en este último caso, sea necesario 
mantenerlo en el 30 por ciento para garantizar la viabilidad económica de la actuación. 
La mitad, como mínimo, de estas reservas se tienen que destinar al régimen de alquiler.
Los otros mandamientos hacen referencia al inicio inmediato de los trabajos de 
elaboración de la disposición reglamentaria que establezca las condiciones mínimas de 
habitabilidad de los alojamientos dotacionales y otras formas de vivienda compartida, y a 
la aprobación de la orden que establezca el precio de venta básico de las viviendas con 
protección oficial y el factor de localización asignado a cada municipio en el plazo de seis 
meses desde la entrada en vigor del Decreto-ley.
Por todo ello, en uso de la autorización concedida en el artículo 64 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, a propuesta del Consejero de Territorio y Sostenibilidad, y de 
acuerdo con el Gobierno, decreto:
CAPÍTULO 1
Modificaciones de la legislación en materia de vivienda
Artículo 1.  Directriz para el planeamiento urbanístico en materia de vivienda.
Se modifica el apartado 1 del artículo 16 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del 
derecho a la vivienda, que queda redactado de la manera siguiente:
«1.  El planeamiento urbanístico, en coherencia con las determinaciones de la 
planificación y la programación en materia de vivienda, tiene que calificar en el 
medio urbano suelo adecuado y suficiente para el uso de vivienda destinado al 
domicilio habitual de la población residente.»
Sección 1. Medidas ante la desocupación permanente de viviendas
Artículo 2.  Modificaciones de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la 
vivienda.
2.1  Se modifica la letra d) del artículo 3 de la Ley del derecho a la vivienda, que 
queda redactada de la manera siguiente:
«d)  Vivienda  vacía:  la  vivienda  que  permanece  desocupada 
permanentemente, sin causa justificada, por un plazo de más de dos años. A este 
efecto, son causas justificadas el traslado por razones laborales, el cambio de 
domicilio por una situación de dependencia, el abandono de la vivienda en una 
zona rural en proceso de pérdida de población y el hecho de que la propiedad o la 
posesión de la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución. La 
ocupación  sin  título  legítimo  no  impide  que  se  pueda  considerar  vacía  una  e.
vivienda, salvo en el caso de que la persona propietaria acredite haber iniciado las  w.
acciones judiciales oportunas para la recuperación efectiva de la posesión antes  09ww
de cumplirse el plazo para considerar la vivienda vacía.»
2.2  Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 5 de la Ley del derecho a la 
vivienda, que queda redactada de la manera siguiente:
«b)  Permanezcan desocupadas de manera permanente e injustificada por un 
plazo de más de dos años. Ni la ocupación de estas viviendas sin título habilitante 
ni la transmisión de su titularidad alteran la situación de incumplimiento de la 
función social de la propiedad.»
2.3  Se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 5 de la Ley del derecho a la 
vivienda, que queda redactada de la manera siguiente:
«d)  No se destine a residencia habitual y permanente de personas, si es una 
vivienda  con  protección  oficial  o  una  vivienda  reservada  por  el  planeamiento 
urbanístico a este tipo de residencia.»
2.4  Se añade un apartado 2 bis al artículo 5 de la Ley del derecho a la vivienda, con 
la redacción siguiente:
«2 bis.  Los supuestos de las letras b) y d) del apartado 2 suponen un 
incumplimiento del deber de propiedad de las edificaciones de dedicarlas a usos 
compatibles con la ordenación territorial y urbanística.»
2.5  Se añade un párrafo, el segundo, al apartado 3 del artículo 5 de la Ley del 
derecho a la vivienda, con la redacción siguiente:
«Sin  embargo,  las  Administraciones  competentes  pueden  declarar  el 
incumplimiento de la función social de la propiedad de las viviendas cuando, 
requeridos los propietarios para que adopten las medidas necesarias para cumplir 
con la función mencionada, estos incumplan el requerimiento en el plazo que se 
establezca.  La  declaración  del  incumplimiento  de  la  función  social  puede 
comportar la adopción de las medidas de ejecución forzosa que la legislación en 
materia  de  vivienda  establece  y,  en  los  supuestos  del  apartado  2  bis,  las 
establecidas en la legislación en materia de suelo, incluida la expropiación forzosa 
en los casos establecidos legalmente.»
2.6  Se modifica el apartado 2 del artículo 8 de la Ley del derecho a la vivienda, que 
queda redactado de la manera siguiente:
«2.  Además de las competencias de promoción y gestión que les reconoce la 
legislación de régimen local y las competencias de control, inspección, ejecución 
forzosa, sanción y otros que les reconoce esta ley, los entes locales pueden 
concertar políticas propias de vivienda con la Administración de la Generalidad, en 
el  marco  de  los  instrumentos  locales  y  supralocales  de  planificación  que 
establecen esta ley y la legislación urbanística, y pueden pedir la creación de 
consorcios u oficinas locales de vivienda para la gestión conjunta de funciones y 
servicios vinculados a la vivienda.»
2.7  Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 41 de la Ley del derecho a la 
vivienda, que queda redactada de la manera siguiente:
«a)  La desocupación permanente e injustificada a que hace referencia el 
artículo 5.2.b.  Se asimila a esta utilización anómala la de los edificios inacabados  e.
con destinación final a vivienda, con más del ochenta por ciento de las obras de  w.
construcción ejecutadas, después de que hayan transcurrido más de dos años  09ww
desde la conclusión del plazo máximo para acabarlos.»
2.8  Se modifica el apartado 3 del artículo 41 de la Ley del derecho a la vivienda, 
que queda redactado de la manera siguiente:
«3.  El Departamento competente en materia de vivienda y los municipios son 
competentes para:
a)  Instruir los procedimientos para comprobar si una vivienda o un edificio de 
viviendas se utilizan de una manera anómala o están en una situación anómala y, 
con la audiencia previa de las personas interesadas, declarar la utilización o 
situación  anómala  y  requerir  a  la  persona  responsable  para  que  adopte  las 
medidas necesarias para corregir esta utilización o situación en el plazo que se 
establezca. En el requerimiento se tiene que advertir a la persona responsable de 
las posibles medidas a adoptar frente al incumplimiento, entre ellas, la imposición 
de las multas coercitivas previstas en esta ley.
b)  Ordenar la ejecución forzosa de las medidas necesarias para corregir la 
utilización o situación anómala y determinar el medio de ejecución.
c)  Sancionar a la persona responsable cuando la utilización o la situación 
anómalas sean constitutivas de una infracción en materia de vivienda de acuerdo 
con esta Ley.
Los  procedimientos  mencionados  caducan,  una  vez  transcurrido  el  plazo 
máximo de seis meses para dictar la resolución, si esta no ha sido dictada y 
notificada. Este plazo queda interrumpido en los supuestos a que se refiere la 
legislación de procedimiento administrativo común, y por todo el tiempo que haga 
falta para hacer las notificaciones mediante edictos, si procede.
A menos que un municipio manifieste su voluntad de ejercer, con carácter 
general  y  preferente,  las  competencias  mencionadas,  el  ejercicio  de  la 
competencia  por  parte  de  las  Administraciones  mencionadas  se  concreta  y 
coordina de manera concertada.»
2.9  Se modifica el apartado 1 del artículo 42 de la Ley del derecho a la vivienda, 
que queda redactado de la manera siguiente:
«1.  La Generalidad, en coordinación, si procede, con las Administraciones 
locales, tienen que impulsar políticas de fomento para potenciar la incorporación al 
mercado, preferentemente de alquiler, de las viviendas vacías o permanentemente 
desocupadas.  Con  esta  finalidad,  deben  velar  para  evitar  situaciones  de 
desocupación permanente de viviendas y aprobar los programas de inspección 
correspondientes.»
2.10  Se añaden tres nuevos apartados, el 6, el 7 y el 8, al artículo 42 de la Ley del 
derecho a la vivienda, con la redacción siguiente:
«6.  Sin embargo, en el caso de viviendas titularidad de personas jurídicas 
privadas, cuando la Administración requiera a la persona responsable que adopte 
las medidas necesarias para ocupar legal y efectivamente una o varias viviendas 
con el fin de que constituyan la residencia de personas, tiene que advertirle en la 
misma resolución que, si la vivienda no se ocupa legal y efectivamente en el plazo 
que establezca, se podrá exigir la ejecución forzosa de las medidas requeridas 
mediante la imposición de una multa coercitiva de mil euros por cada vivienda por  s
lapsos de tiempo de un mes mientras permanezcan desocupadas, con un importe  oe.
máximo total del 50 por ciento del precio estimado de la vivienda. En la situación  w.
asimilada  relativa  a  los  edificios  de  viviendas  inacabadas,  el  requerimiento  09ww
mobernacsi odnea eddoi fidcaecbieó ni.ncluir las medidas necesarias para acabar previamente las
refe7re. ncEian  elol s aspuaprutaedsoto s 6e sttiaebnlee cidqouse  leingcalulmire nltae , plao saibdilvideartde ncdiea  ad eqculaer ahr aceel   BOE-A-cable e
incumplimiento  de  la  función  social  de  la  propiedad  a  efectos  de  iniciar  el 
procedimiento para su expropiación forzosa.
8.  En el caso de transmisión de la vivienda, el nuevo propietario se subroga 
en  la  posición  del  anterior  a  efectos  de  asumir  las  consecuencias  del 
incumplimiento de la función social de la propiedad, con independencia de cuándo 
se inició la desocupación.»
2.11  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 113 de la Ley del derecho a la 
vivienda, que quedan redactados de la manera siguiente:
«1.  La Administración que requiera a la persona obligada para que lleve a 
cabo  o  deje  de  hacer  una  acción  de  acuerdo  con  esta  Ley,  en  caso  de 
incumplimiento del requerimiento en el plazo que se establezca, puede imponer 
multas coercitivas para su ejecución forzosa, reiteradas por lapsos de tiempo que 
sean  suficientes  para  cumplir  lo  que  haya  ordenado.  La  multa  coercitiva  es 
independiente y compatible con la sanción que corresponda por la infracción 
administrativa en materia de vivienda que se haya podido cometer.
2.  El importe máximo total de las multas coercitivas relacionadas con la 
ejecución forzosa de obras no puede superar el 50 por ciento del coste estimado 
para ejecutarlas. En otros supuestos, el importe mencionado no puede superar 
el 50 por ciento de la multa sancionadora establecida para el tipo de infracción 
cometida, sin perjuicio del supuesto a que hace referencia el artículo 42.6.»
2.12  Se modifica la letra h) del apartado 1 del artículo 123 de la Ley del derecho a 
la vivienda, que queda redactada de la manera siguiente:
«h)  Incumplir un requerimiento para que se ocupe legal y efectivamente una 
vivienda con el fin de que constituya la residencia de personas.»
Artículo  3.  Modificaciones  del  Decreto-ley  1/2015,  de  24  de  marzo,  de  medidas 
extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas provenientes de 
procesos de ejecución hipotecaria.
3.1  Se  modifica  el  apartado  1  del  artículo  2  del  Decreto-ley  de  medidas 
extraordinarias  y  urgentes  para  la  movilización  de  las  viviendas  provenientes  de 
procesos de ejecución hipotecaria, que queda redactado de la manera siguiente:
«1.  La transmisión de las viviendas adquiridas en un proceso de ejecución 
hipotecaria o mediante compensación o pago de deuda con garantía hipotecaria 
que hayan sido adquiridos después de la entrada en vigor de la Ley 18/2007, 
de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, está sujeta al derecho de tanteo y 
retracto de la Administración de la Generalidad. Este derecho de adquisición 
preferente afecta a la primera y posteriores transmisiones de las viviendas durante 
la vigencia de este Decreto-ley.»
3.2  Se añade una nueva letra, la g), al apartado 2 del artículo 2 del Decreto-ley de 
medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas provenientes de 
procesos de ejecución hipotecaria, con la redacción siguiente:
«g)  El plazo para formalizar la adquisición de las viviendas es de tres meses 
a contar desde la notificación al titular transmisor de la resolución de ejercicio del  e.e
derecho de tanteo o del retracto.» w.b
3.3  Se modifica el primer párrafo de la disposición final primera del Decreto-ley de 
medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas provenientes de 
procesos de ejecución hipotecaria, que queda redactado de la manera siguiente: 
«Las medidas de intervención previstas en los artículos 2 y 4 se establecen 
con carácter temporal y se limita su ejercicio a los 12 años siguientes a la entrada 
en vigor de este Decreto-ley.»
Sección 2. Medidas para resolver situaciones de emergencia social
Artículo 4.  Modificaciones de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la 
vivienda.
4.1  Se modifica la letra j) del artículo 3 de la Ley del derecho a la vivienda, que 
queda redactada de la manera siguiente:
«j)  Alojamiento dotacional: el alojamiento que, de acuerdo con la legislación 
urbanística, se destina a satisfacer las necesidades temporales de habitación de 
las  personas,  en  régimen  de  uso  compartido  de  todos  o  una  parte  de  los 
elementos del alojamiento con otros usuarios, o en régimen de uso privativo de 
una  vivienda  completa,  por  razón  de  dificultades  de  emancipación,  de 
requerimientos de acogimiento o asistencia sanitaria o social, de trabajo o estudio, 
o  de  afectación  por  una  actuación  urbanística.  En  este  sentido,  requieren 
asistencia residencial, entre otros, las personas jóvenes, las personas mayores, 
las personas con discapacidad, las mujeres víctimas de la violencia de género, los 
inmigrantes, las personas separadas o divorciadas que hayan perdido el derecho 
al uso de la vivienda compartida, las personas pendientes de realojamiento por 
operaciones públicas de sustitución de viviendas o por actuaciones de ejecución 
del planeamiento urbanístico o las personas sin hogar. La superficie de estos 
alojamientos es determinada por las necesidades que se tienen que satisfacer. 
Pueden ser considerados alojamientos dotacionales los destinados a estancias de 
corta duración de personas con necesidad de acompañamiento para asegurar la 
inserción social, con tipologías y diseños que permitan el uso compartido por 
personas sin lazos familiares.»
4.2  Se modifica la letra f) del apartado 2 del artículo 5 de la Ley del derecho a la 
vivienda, que queda redactada de la manera siguiente:
«f)  se incumpla la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler social 
antes  de  interponer  una  demanda  judicial  en  los  términos  que  establece  la 
Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en 
el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.»
4.3  Se deroga la letra g) del apartado 2 del artículo 5 de la Ley del derecho a la 
vivienda.
4.4  Se modifica el artículo 18 de la Ley del derecho a la vivienda, que queda 
redactado de la manera siguiente:
«Artículo 18.  Los equipamientos comunitarios de alojamiento dotacional.
1.  Los municipios que están obligados, según la legislación urbanística, a  oe.
hacer reservas para la construcción de viviendas de protección pública también  w.
adtieceun aeelrnod jaoqm uceioe nen ftleoac  dMtuoeatamrlcaoisori napa asl rodace iea tlli .tsuilsatreidmaad  uprúbbalnicías tqicuoe d ees teaqbuleipcaem diiecnhtao sle cgoismlaucnióitna,r idoes   2020-2509n https://ww
2.  Tanto  los  Ayuntamientos  como  la  Administración  de  la  Generalidad, 
mediante el Instituto Catalán del Suelo, pueden ser titulares de suelos calificados 
como sistema de equipamientos comunitarios de alojamiento dotacional.
3.  En  aplicación  de  la  legislación  urbanística,  los  Ayuntamientos  pueden 
obtener  suelo  de  titularidad  privada  destinado  al  sistema  de  equipamientos 
comunitarios de alojamiento dotacional de titularidad pública por cesión obligatoria 
y gratuita, por expropiación o por cesión onerosa acordada con el propietario o 
propietaria. En este último caso, como contraprestación de la cesión, se tiene que 
constituir un derecho de superficie o de concesión administrativa a favor del 
cedente para construir y explotar los equipamientos comunitarios de alojamiento 
dotacional. La Administración de la Generalidad puede adquirir, por expropiación 
forzosa y en ejecución del planeamiento urbanístico, suelos con destino al sistema 
de equipamientos comunitarios de alojamiento dotacional de titularidad pública, los 
cuales quedan incorporados directamente al patrimonio propio del Instituto Catalán 
del Suelo.
4.  El Instituto Catalán del Suelo puede adquirir bienes a título oneroso y 
puede recibir terrenos por cesión gratuita directamente de otras Administraciones 
públicas para su patrimonio propio, los cuales se tienen que destinar al sistema de 
equipamientos comunitarios de alojamiento dotacional para construir y explotar 
alojamientos dotacionales de titularidad pública.
5.  Los  equipamientos  comunitarios  de  alojamiento  dotacional  se  pueden 
promover en régimen de alquiler, sometidos al régimen jurídico de las viviendas 
con protección oficial, y se pueden acoger a las medidas de financiación de 
actuaciones protegidas en materia de vivienda.
6.  La Administración o el ente público titular del suelo puede construir y 
gestionar directamente los alojamientos dotacionales públicos o puede otorgar un 
derecho de superficie o una concesión administrativa a terceros para que los 
construyan y gestionen.»
4.5  Se modifican las letras y) y j) del apartado 2 del artículo 124 de la Ley del 
derecho a la vivienda, que quedan redactadas de la manera siguiente:
«y)  No formular la propuesta obligatoria de alquiler social en los supuestos 
en que lo requiere la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para 
afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
j)  Incumplir en la formulación de la propuesta obligatoria de alquiler social los 
requisitos que establece la definición del alquiler social del artículo 5.7 y del 
apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de 
medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la 
pobreza energética.»
4.6  Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional vigesimocuarta de la Ley 
del derecho a la vivienda, que queda redactado de la manera siguiente:
«1.  Se crea el Registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título 
habilitante, con carácter administrativo, que depende de la Agencia de la Vivienda 
de Cataluña, en la cual tienen que ser objeto de inscripción las viviendas que se 
indiquen por reglamento y, en todo caso, las viviendas siguientes:
a)  Las  adquiridas  en  un  proceso  de  ejecución  hipotecaria  o  mediante  e.e
compensación o pago de deuda con garantía hipotecaria que no estén ocupadas  b
por personas con título habilitante. 09ww
Ley,b )s e Leansc duee ntittruelanr ideand  sditeu apceirósno ndaes  juutriíldizicaacsió pnr ivaandóamsa qlau ep, odre  sauc udeerdsoo ccuopna ecisótna 
paertrímcualon e4n1t.e1 .ao.  en  situación  de  utilización  asimilada  de  acuerdo  con  el
La  inscripción  se  tiene  que  llevar  a  cabo  en  la  forma  y  los  plazos  que 
determine el reglamento que regule el funcionamiento del Registro.»
Artículo 5.  Modificación de la Ley 24/2015, del 29 de julio, de medidas urgentes para 
afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
5.1  Se modifica el apartado 4 del artículo 5 de la Ley de medidas urgentes para 
afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que queda 
redactado de la manera siguiente:
«4.  La  oferta  obligatoria  de  alquiler  social  a  que  hacen  referencia  los 
apartados 1 y 2 se tiene que comunicar, en un plazo de tres días hábiles desde su 
realización, al ayuntamiento del municipio en que se encuentra situada la vivienda 
y a la Agencia de la Vivienda de Cataluña.»
5.2  Se deroga la letra c) del apartado 7 del artículo 5 de la Ley de medidas 
urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
5.3  Se deroga el apartado 8 del artículo 5 de la Ley de medidas urgentes para 
afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
5.4  Se modifica la letra b) del apartado 9 del artículo 5 de la Ley de medidas 
urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, 
que queda redactada de la manera siguiente:
«b)  Las personas jurídicas que, por sí solas o por medio de un grupo de 
empresas, sean titulares de más de 15 viviendas, con las excepciones siguientes:
1.º   Los promotores sociales a que hacen referencia las letras a y b del 
artículo 51.2 de la Ley 18/2007, del 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
2.º  Las  personas  que  tengan  más  de  un  15  por  ciento  de  la  superficie 
habitable  de  la  propiedad  calificado  como  viviendas  con  protección  oficial 
destinadas a alquiler.»
5.5  Se añade una letra c) al apartado 1 del artículo 7 de la Ley de medidas 
urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, 
con la redacción siguiente:
«c)  Que  el  propietario  haya  incumplido  el  requerimiento  relativo  a  la 
obligación de que la vivienda esté ocupada legalmente para constituir la residencia 
de las personas, en que se advertía que, si no acreditaba la ocupación en un plazo 
máximo de un mes, se podría declarar el incumplimiento de la función social de la 
vivienda a efectos de iniciar el procedimiento para su cesión obligatoria en los 
términos que regula este artículo.»
5.6  Se añade un nuevo artículo, el 10, a la Ley de medidas urgentes para afrontar 
la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, con la redacción 
siguiente:
«Artículo 10.  Renovación de los contratos de alquiler social obligatorio.
En los casos de alquiler social que lleguen al fin del plazo contractual marcado, 
las personas o unidades familiares afectadas tienen derecho a la formalización,  es
por una única vez, de un nuevo contrato según las condiciones que establece la  o
ley, siempre que se sigan encontrando dentro de los parámetros de exclusión  09ww
rcpaeuafesaricadtrt eaoqnd mucoeisea .sl p Aerese se satsaentbnetelt eeescnf eid dceloat osl a ,d  eefoenlc c uthietmual le aadnrre tta díecceuxi óplloanir   av5qci.vu7ióiee nyn   lddoaae s lc tício eosrnrneoetabr  aqoaturocee.r » ercedoqitnau deuorni ra pa o alron stloe aslaf ecpcirótoanpd idooess    OE-A-2020-25able en https://
5.7  Se añade una disposición adicional, la primera, a la Ley de medidas urgentes 
para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, con la 
redacción siguiente:
«Primera.  Oferta de propuesta de alquiler social.
1.  La  obligación  a  que  hace  referencia  el  artículo  5.2,  de  ofrecer  una 
propuesta  de  alquiler  social  antes  de  interponer  determinadas  demandas 
judiciales, se hace extensiva en los mismos términos a cualquier acción ejecutiva 
derivada  de  la  reclamación  de  una  deuda  hipotecaria  y  a  las  demandas  de 
desahucio siguientes:
a)  Por vencimiento de la duración del título jurídico que habilita la ocupación 
de la vivienda. La propuesta de alquiler social es exigible durante un periodo de 
tres años contadores a partir de la entrada en vigor del Decreto-ley de 23 de 
diciembre de 2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.
b)  Por falta de título jurídico que habilite la ocupación, cuando el demandante 
tenga la condición de gran tenedor de acuerdo con la letra a) del apartado 9 del 
artículo 5 y con la letra a) del apartado 3 de esta disposición, siempre que 
concurran las circunstancias siguientes:
1.º  Que la vivienda se encuentre en la situación de utilización anómala a que 
hace referencia el artículo 41.1.a de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del 
derecho a la vivienda.
2.º  Que los ocupantes acrediten por cualquier medio admitido en derecho 
que la ocupación sin título se inició, como mínimo, seis meses antes de la entrada 
en vigor del Decreto-ley de 23 de diciembre de 2019, de medidas urgentes para 
mejorar el acceso a la vivienda.
3.º  Que los ocupantes no hayan rechazado ninguna opción de realojamiento 
social en los últimos dos años ofrecida por cualquier Administración pública o de 
acuerdo con el artículo 5.2.
4.º  Que  los  servicios  municipales  informen  favorablemente  sobre  el 
cumplimiento,  por  parte  de  los  ocupantes,  de  los  parámetros  de  riesgo  de 
exclusión residencial y sobre el arraigo y la convivencia en el entorno vecinal.
2.  La duración mínima de los contratos de alquiler social a suscribir de 
acuerdo con lo que establece esta Ley tiene que ser como mínimo igual que la 
prevista en la legislación de arrendamientos urbanos y, en cualquier caso, no 
puede ser inferior a cinco años, en caso de que el titular de la vivienda sea una 
persona física, y a siete años si lo es una persona jurídica.
3.  La definición de gran tenedor a que hace referencia el artículo 5.9 se hace 
extensiva en los mismos términos a:
a)  Los fondos de capital riesgo y de titulización de activos.
b)  Las  personas  físicas  que  dispongan  de  la  titularidad  de  más  de  15 
viviendas, con las mismas excepciones que para las personas jurídicas prevé la 
letra b) del artículo 5.9.»
5.8  Se añade una disposición adicional, la primera, a la Ley de medidas urgentes 
para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, con la  es
redacción siguiente: o
«Disopbolisgiacitóonri a daed ivciivoineanld ass.egunda.  Condiciones  económicas  de  la  cesión  2020-2509n https://ww
cesiAón e dfeec ltao sv ivdieeln daap aar talad oA d3m dineisl traarctíicóunl os e7 ,c olarrse scpoonnddiceino nceosn  elacso nqóume iclaass  pdaert elas   BOE-A-cable e
acuerden atendiendo a los criterios de alquiler social del artículo 5.7. Si no hay 
acuerdo, la compensación económica se corresponde con el 40 por ciento de la 
renta  máxima  que  correspondería  a  la  vivienda  si  estuviera  calificada  con 
protección oficial, teniendo en cuenta que, mientras no se dicte la orden a que 
hace referencia el apartado 5 del artículo 83 bis de la Ley 18/2007, de 28 de 
septiembre,  del  derecho  a  la  vivienda,  la  renta  mencionada  es  la  que  le 
correspondería si la calificación fuera de régimen especial.»
Artículo  6.  Modificación  de  la  Ley  4/2016,  de  23  de  diciembre,  de  medidas  de 
protección  del  derecho  a  la  vivienda  de  las  personas  en  riesgo  de  exclusión 
residencial.
6.1  Se deroga la letra j) del artículo 4 de la Ley de medidas de protección del 
derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.
6.2  Se modifica el título del artículo 15 de la Ley de medidas de protección del 
derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, que queda 
redactado de la manera siguiente:
«Artículo 15.  Expropiación forzosa de viviendas.»
6.3  Se modifican los apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 15 de la Ley de medidas 
de  protección  del  derecho  a  la  vivienda  de  las  personas  en  riesgo  de  exclusión 
residencial, que quedan redactados de la manera siguiente:
«1.  Se puede aplicar la expropiación forzosa por causa de interés social a 
efectos de dotar las Administraciones competentes en la materia de un parque 
social de viviendas asequibles de alquiler para atender con carácter preferente las 
necesidades de vivienda de las personas que se encuentran o están en riesgo de 
encontrarse en situación de exclusión residencial. Con esta finalidad, es causa de 
interés social el incumplimiento de la función social de la propiedad, relativa a la 
ocupación legal y efectiva de la vivienda para que constituya la residencia de las 
personas. Cuando la expropiación forzosa sea sólo del uso de la vivienda, su 
duración tiene que ser por un periodo de diez años como máximo.
2.  Para  aplicar  la  expropiación  forzosa  por  incumplimiento  de  la  función 
social  de  la  propiedad  a  que  hace  referencia  el  apartado  1,  hace  falta  la 
concurrencia de los requisitos siguientes:
a)  Que  los  inmuebles  estén  situados  en  las  áreas  indicadas  por  el 
artículo 12.5 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, o 
en  los  municipios  que  el  Gobierno  declare  por  decreto  atendiendo  a  las 
necesidades de vivienda y al parque de viviendas disponibles. Para determinar 
estos municipios, se tiene que dar audiencia a las entidades locales afectadas y 
tener  en  cuenta  la  participación  del  Consejo  de  Gobiernos  Locales  o  de  las 
organizaciones asociativas de los entes locales más representativos.
b)  Que las viviendas estén inscritas en el Registro de viviendas vacías y 
viviendas ocupadas sin título habilitante, o sean susceptibles de estar inscritas, o 
pertenezcan  a  personas  jurídicas  que  las  hayan  adquirido  de  un  titular  de 
viviendas inscritas en el Registro en primera o ulteriores transmisiones, aunque el 
titular actual sea un fondo de titulización de activos o la adquisición se haya 
efectuado mediante la transmisión de acciones o participaciones de sociedades  e.
mercantiles. w.b
expr3o.p iaEnnte esl  slousp uemsuton iac ipqiuoes  hya cee lr eDfeerpeanrctiaam eel natpoa rctaodmop 1e,t esnotne  Aednm inmisattrearciaio ndees 
vgievsietinodnae.n  Pelu epdaerqnu es esro cbiael ndeefi cviaivriiaesn dalass  y elansti deandteidsa ddees  pDreivraedcahso  spinú bálniciom oq duee 
lucro que, de acuerdo con la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la
vivienda, gestionen viviendas de inserción o tengan la condición de promotor 
social  de  viviendas.  Las  Administraciones  expropiantes  o,  si  procede,  las 
beneficiarias quedan obligadas a cumplir con la función social de las viviendas 
adquiridas  en  el  plazo  de  un  mes  a  partir  del  momento  en  que  estén  en 
condiciones de uso efectivo y adecuado.
4.  Es requisito para iniciar el procedimiento de expropiación a que hace 
referencia el apartado 2 requerir previamente a la persona titular de la vivienda 
afectada para que cumpla con la obligación que sea ocupada legalmente para 
constituir la residencia de las personas, con la advertencia de que, si no acredita la 
ocupación en un plazo máximo de un mes, se podrá declarar el incumplimiento de 
la función social de la vivienda a efectos de iniciar el procedimiento para su 
expropiación y que, de conformidad con el artículo 49.3 del texto refundido de la 
Ley de suelo y de rehabilitación urbana, el contenido del derecho de propiedad se 
reducirá en un 50 por ciento de su valor, correspondiendo la diferencia a la 
Administración expropiante. La Administración y la persona titular de la vivienda 
pueden convenir la adquisición de la vivienda o de su uso temporal libremente y 
por acuerdo mutuo para destinarlo al alquiler social en el plazo de tres meses, 
supuesto en el cual concluye el procedimiento de expropiación que se hubiera 
iniciado y la cesión se vuelve amistosa.
5.  Atendiendo a la necesidad urgente que haya que satisfacer, la resolución 
de inicio del expediente de expropiación forzosa lleva implícita la declaración de 
ocupación urgente, a los efectos de lo que establece el artículo 52 de la Ley sobre 
expropiación forzosa.
6.  Para determinar el precio justo mediante el acuerdo de las partes, se 
deben  tener  en  cuenta  los  criterios  de  alquiler  social  establecidos  por  el 
artículo 5.7 de la Ley 24/2015. Si no hay acuerdo, el precio justo tiene que ser 
fijado por el Jurado de Expropiación de Cataluña de acuerdo con su normativa 
reguladora. En la determinación del precio justo se debe tener en cuenta el coste 
de la adecuación de la vivienda para conservarla en las condiciones exigibles, de 
acuerdo con el artículo 30 de la Ley 18/2007.»
6.4  Se modifica el apartado 8 del artículo 15 de la Ley de medidas de protección del 
derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, que queda 
redactado de la manera siguiente:
«8.  El plazo a que hace referencia el apartado 1 en caso de expropiación 
temporal del uso cuenta a partir de la ocupación efectiva de la vivienda, una vez 
este se ha adecuado.»
6.5  Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 16 de la Ley de medidas de 
protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, 
que queda redactada de la manera siguiente:
«b)  La ejecución hipotecaria o de otro tipo derivada de la reclamación de una 
deuda hipotecaria y el desahucio por impago de las rentas de alquiler.»
6.6  Se modifica el apartado 3 del artículo 16 de la Ley de medidas de protección del 
derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, que queda 
redactado de la manera siguiente:
«3.  Están obligados, como última medida, a ofrecer a los ocupantes que se  o
encuentren  en  las  condiciones  a  que  hace  referencia  el  apartado  1  el  09ww
irpunelrsaabtzlaaoonnj aotiemsgs uie eanndl  teofa u  nleolacnsi  ó dunpun rradoa eccvle iióvtsinipoe osnm  ddjíauen d idmaicerair ae slnepudsr e ativtdduioselatr a,r e ildojeeasncd  ua,l cdaeiq ónlune ir gréehigsnilpitameocsetieó ndcn ea d rdeliaae s a  laoqvr uirvdeiileeennr d daoyamt rspoi eo ynr t itlpuooonss     OE-A-2020-25able en https://
derivada de la reclamación de una deuda hipotecaria, o de desahucio por impago
de rentas de alquiler a que hacen referencia las letras a) y b) que, al mismo 
tiempo, sean, de acuerdo con la Ley 24/2015, del 29 de julio, de medidas urgentes 
para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, 
grandes tenedores titulares de viviendas inscritas en el Registro de viviendas 
vacías  y  de  viviendas  ocupadas  sin  título  habilitante,  o  susceptibles  de  ser 
inscritas, o personas jurídicas titulares de viviendas que hayan adquirido de un 
titular de viviendas inscritas en el Registro en primera o ulteriores transmisiones, 
aunque el titular actual sea un fondo de titulización de activos o que la adquisición 
se  haya  efectuado  mediante  la  transmisión  de  acciones  o  participaciones  de 
sociedades mercantiles.»
6.7  Se modifica el apartado 6 del artículo 16 de la Ley de medidas de protección del 
derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, que queda 
redactado de la manera siguiente:
«6.  La vigencia de las medidas establecidas por este artículo se establece 
con un carácter temporal máximo de cinco años a partir del día siguiente al de la 
entrada en vigor de esta ley, sin perjuicio de la duración de los contratos de 
alquiler concertados al amparo de este artículo.»
6.8  Se  añade  una  nueva  disposición  adicional,  la  decimotercera,  a  la  Ley  de 
medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión 
residencial, con la redacción siguiente:
«Disposición adicional decimotercera.  Alojamiento provisional en situaciones de 
emergencia social en materia de vivienda.
1.  En  situaciones  de  emergencia  social  de  las  personas  en  riesgo  de 
exclusión residencial, de acuerdo con la Ley 24/2015, del 29 de julio, de medidas 
urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza 
energética, el alojamiento de estas personas se efectúa, con carácter provisional, 
en  un  alojamiento  dotacional  que  forme  parte  del  sistema  urbanístico  de 
equipamientos  comunitarios  o,  si  no  hay  alojamiento  de  este  tipo,  en  otros 
alojamientos gestionados por las Administraciones competentes en las mismas 
condiciones de temporalidad reguladas para los alojamientos dotacionales.
2.  Las resoluciones sobre la adjudicación de alojamiento provisional a que 
hace  referencia  el  apartado  1,  a  propuesta  de  las  mesas  de  valoración  de 
situaciones de emergencia social y económica, tienen que tener en cuenta:
a)  Las situaciones de convivencia vecinal pacífica. A este efecto, se tienen 
que  valorar  los  informes  emitidos  por  los  órganos  competentes  de  los 
Ayuntamientos correspondientes o de los cuerpos policiales y, si procede, las 
alegaciones hechas por las comunidades de propietarios interesadas.
b)  La disponibilidad, por parte de las personas afectadas, de otra vivienda o 
inmueble por cualquier título que habilite su ocupación.
3.  En situaciones de emergencia social de las personas ocupantes sin título 
habilitado  de  viviendas  adquiridas  o  gestionadas  por  las  Administraciones 
competentes, su alojamiento se puede efectuar en las mismas condiciones a que 
hacen referencia los apartados 1 y 2. Sin embargo, en el caso de ocupaciones  es
anteriores a la adquisición o gestión de la vivienda por parte de la Administración,  o
saseilgo ujpaiuemenideteens t:oc onesni delar arm lias mpoas ibviivlidieandd ad eo actuepnaddear  psrio vsisei oncaulmmpelnetne  llaa sn eccoensdidicaiodn dees   2020-2509n https://www.
valoara) cióQnu dee l as iutunaidcaiodn efasm dielia erm oecrugpeannctiea  tseoncgiaal  rye seoclouncóiómni cfaav.orable de la mesa de  BOE-A-cable e
b)  Que no se haya iniciado el procedimiento para la adjudicación definitiva de 
las viviendas ocupadas.
c)  Que su ocupación sea, como mínimo, seis meses anterior a la fecha de 
adquisición  de  las  viviendas  o  de  inicio  de  su  gestión  por  parte  de  la 
Administración. Esta circunstancia se debe acreditar por cualquier medio admitido 
en derecho.
d)  Que  no  hayan  renunciado  a  la  adjudicación  de  una  vivienda  de 
emergencia social los últimos dos años.
4.  La situación de alojamiento provisional de conformidad con este artículo 
no da a las personas adjudicatarias preferencia por sí misma en el procedimiento 
de adjudicación definitiva de vivienda del parque público o gestionado por las 
Administraciones públicas.
5.  Con el fin de hacer efectivas las resoluciones de adjudicación definitiva de 
las viviendas de las Administraciones públicas o gestionadas por estas que tengan 
ocupantes sin título habilitante, se pueden utilizar los mecanismos de ejecución 
forzosa de los actos administrativos u otros mecanismos legales que permitan la 
ocupación de la vivienda por parte de las personas adjudicatarias.»
6.9  Se derogan los apartados 2 a 5 de la disposición final cuarta de la Ley de 
medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión 
residencial.
Sección 3. Medidas para articular un nuevo modelo de vivienda con protección oficial
Artículo 7.  Modificaciones de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la 
vivienda.
7.1  Se añade un nuevo apartado, el 2 bis, en el artículo 8 de la Ley del derecho a la 
vivienda, con la redacción siguiente:
«2 bis.  En el marco de las competencias de promoción y gestión de la 
vivienda de protección pública a que hace referencia el apartado 2, los entes 
locales ejercen las funciones siguientes:
a)  El encargo de los proyectos de edificación sobre suelos de titularidad 
municipal o sobre los que tenga disponibilidad para la construcción de viviendas 
de protección pública, la licitación y la ejecución de las obras.
b)  La definición de los criterios y procedimientos de adjudicación de las 
viviendas  promovidas  por  los  entes  locales  y  la  selección  de  las  personas 
adjudicatarias de las viviendas.
c)  La gestión de las viviendas promovidas por los entes locales en régimen 
de alquiler y su mantenimiento.
d)  La ejecución de los programas y líneas de actuación que define este Ley o 
los planes de vivienda, con la finalidad de incrementar el parque de viviendas de 
titularidad o gestión municipal.»
7.2  Se modifica el apartado 1 del artículo 17 de la Ley del derecho a la vivienda, 
que queda redactado de la manera siguiente:
«1.  El  planeamiento  urbanístico,  mediante  el  establecimiento  de  la  oe.
calificación urbanística de vivienda de protección pública y la determinación de los  w.
rpqeousreec revenastrat ajpe asl ready e e settseatc adhbeoles tcqineua,e c idóloens ,  cvsoiennccftuoolrarmensi d eadl des  ucpeollaonn  aellaa rm égileeimngtiseoln a dcdeióerni vp arudoroteb catcnieiíónsntei cnoa f,iq cuieaell    2020-2509n https://ww
planeamiento territorial y la memoria social. La calificación urbanística del suelo de
vivienda de protección pública, de carácter genérico o específico, que establezca  Bc
el planeamiento urbanístico vincula en los mismos términos la calificación de 
vivienda con protección oficial.»
7.3  Se modifican los apartados 5 y 6 del artículo 17 de la Ley del derecho a la 
vivienda, que quedan redactados de la manera siguiente:
«5.  El planeamiento urbanístico general de nueva implantación, sin perjuicio 
del cumplimiento de los estándares de reserva mínima destinada a viviendas de 
protección pública que establece la legislación urbanística, tiene que garantizar y 
justificar que no se reduce en el conjunto del plan el total de techo calificado de 
vivienda de protección pública por el planeamiento anterior, a menos que se 
justifique adecuadamente en la memoria social que se han producido cambios 
estructurales  en  la  demanda  de  vivienda  que  permitan  reconsiderar  las 
calificaciones con esta destinación y, en los municipios incluidos en un área de 
demanda residencial fuerte y acreditada, que se cumple el objetivo de solidaridad 
urbana. Esta última posibilidad tiene carácter excepcional y siempre se tiene que 
respetar la duración de la sujeción al régimen jurídico de protección establecida en 
la calificación de las viviendas con protección oficial que estén edificadas.
6.  Las modificaciones puntuales del planeamiento urbanístico general que 
afecten a la calificación urbanística del suelo de vivienda de protección pública y 
que  comporten  la  reducción  del  techo  con  esta  destinación  tienen  carácter 
excepcional  y  se  deben  justificar  adecuadamente,  sea  por  la  necesidad  de 
creación de sistemas urbanísticos de titularidad pública, sea por los cambios 
estructurales producidos en la demanda de vivienda. En este último caso, si se 
trata  de  un  municipio  incluido  en  un  área  de  demanda  residencial  fuerte  y 
acreditada, se debe justificar que se cumple el objetivo de solidaridad urbana. En 
todo caso, estas modificaciones tienen que respetar la duración de la sujeción al 
régimen jurídico de protección establecida en la calificación de las viviendas con 
protección oficial que estén edificadas.»
7.4  Se modifica el artículo 77 de la Ley del derecho a la vivienda, que queda 
redactado de la manera siguiente:
«Artículo 77.  Definición de vivienda con protección oficial.
1.  Es vivienda con protección oficial la que, de acuerdo con esta Ley, los 
reglamentos que la despliegan y los planes de vivienda, se sujeta a un régimen de 
protección pública que permite establecer como mínimo el precio máximo de 
venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, y que un acto administrativo 
dictado por el Departamento competente en materia de vivienda califica como tal 
de  acuerdo  con  el  procedimiento  específico  establecido  por  reglamento.  La 
protección oficial se puede extender a garajes, anexos, trasteros y otros elementos 
diferentes  de  la  vivienda,  pero  que  estén  vinculados.  Esta  extensión  de  la 
protección oficial se tiene que regular por reglamento.
2.  La función esencial de las viviendas con protección oficial es satisfacer la 
necesidad de vivienda de las personas usuarias que las ocupan legalmente para 
que constituyan la residencia habitual.
3.  La calificación de vivienda con protección oficial es:
a)  Genérica, cuando el acceso a la vivienda de las personas usuarias pueda  e.e
estar en régimen de propiedad, de arrendamiento u otro régimen de cesión del uso  b
sin transmisión de la propiedad. 09ww
sólob e) n rEésgpimeceínfi cdae,  acruraennddoa meli eanctoce.so a la vivienda de las personas usuarias esté
4.  Los promotores tienen que inscribir en el Registro de la Propiedad la
calificación definitiva genérica o específica de las viviendas con protección oficial.»
7.5  Se derogan los apartados 1 y 5 del artículo 78 de la Ley del derecho a la 
vivienda.
7.6  Se modifica el artículo 79 de la Ley del derecho a la vivienda, que queda 
redactado de la manera siguiente:
«Artículo 79.  Vigencia de la calificación de las viviendas con protección oficial.
1.  La calificación de las viviendas con protección oficial es vigente mientras 
concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a)  Que  el  planeamiento  urbanístico  las  reserve  al  uso  de  vivienda  de 
protección pública.
b)  Que estén integradas en un patrimonio público de suelo y de vivienda.
2.  En otros supuestos a que hace referencia el apartado 1, la vigencia de la 
calificación  de  las  viviendas  con  protección  oficial  puede  ser  de  duración 
determinada  de  acuerdo  con  lo  que  se  establezca  reglamentariamente, 
considerando si se han otorgado ayudas públicas o no para su promoción y la 
naturaleza de estas, incluida la cesión gratuita del suelo o el vuelo afectados o por 
un precio inferior a su valor.
3.  Mientras  se  den  las  circunstancias  legales  y  reglamentarias  que 
determinan la vigencia de la calificación de vivienda con protección oficial, sólo se 
puede descalificar a iniciativa de la misma Administración por razones de interés 
público vinculadas a las necesidades de la vivienda y siempre que la calificación 
urbanística del suelo no la destine al uso de vivienda de protección pública.
4.  La resolución que, si procede, autorice la descalificación conforme a lo que 
se prevé en el apartado 3 puede fijar como condición la necesidad de devolución 
de todas o de parte de las ayudas percibidas.»
7.7  Se modifica el artículo 83 de la Ley del derecho a la vivienda, que queda 
redactado de la manera siguiente:
«Artículo 83.  Precios de venta y rentas máximos de las viviendas con protección 
oficial.
1.  Las viviendas con protección oficial se sujetan al régimen de precios de 
venta  y  de  rentas  que  corresponde  abonar  a  los  usuarios  como  máximo, 
determinados de acuerdo con los artículos 83 bis en 83 ter.
2.  Corresponde a la Administración competente para calificar las viviendas 
con protección oficial determinar el precio o la renta máximos en el momento de 
calificarlos. Cada vez que se formalice un contrato que permita a los usuarios 
ocupar una vivienda con protección oficial, las partes tienen que hacer constar en 
el contrato el precio y la renta máximos vigentes en aquel momento, sin perjuicio 
de que puedan pactar un precio o una renta inferiores.»
7.8  Se añaden dos artículos nuevos, el 83 bis y el 83 ter, con la redacción siguiente:
«Artículo 83 bis.  Determinación del precio de venta máximo.
1.  El precio de venta máximo de  una vivienda con protección oficial se 
determina aplicando al precio de venta básico los factores de localización y de  e.
características de la vivienda. w.
2.  El  precio  de  venta  básico  de  las  viviendas  con  protección  oficial,  09ww
etexrprirteosriaod yo  seen d eeuterroms inpao ra tmenedtrioe ncduoa:drado de superficie útil, es único para todo el
a)  El  valor  mínimo  de  los  terrenos  no  transformados  urbanísticamente
próximos  a  núcleo  de  población,  que  se  establece  en  7,5  euros  por  metro
cuadrado  de  suelo.  Este  valor  se  puede  actualizar  mediante  la  ley  de 
acompañamiento a la Ley de presupuestos de la Generalidad.
b)  Los gastos ordinarios para la urbanización de los terrenos mencionados.
c)  Los costes de construcción de una vivienda en un edificio plurifamiliar, de 
calidad media y de características estándares.
3.  El factor de localización permite corregir al alza el precio de venta básico 
atendiendo a la demanda residencial existente en cada municipio.
4.  El  factor  de  características  de  la  vivienda  pondera  sus  condiciones 
específicas en materia de eficiencia energética y, con respecto a las viviendas 
usadas, las circunstancias de antigüedad así como su estado de conservación, 
que,  valoradas  en  su  conjunto,  influyan  significativamente  en  el  precio. 
Corresponde a este factor un valor entre 0,9 y 1,1 teniendo en cuenta que el 
valor 1 se corresponde con una vivienda de características estándar.
5.  Corresponde al Consejero o consejera del Departamento competente en 
materia de vivienda establecer periódicamente el precio de venta básico y el factor 
de localización mediante orden.
«Artículo 83 ter.  Determinación de la renta máxima y bonificaciones a la renta.
1.  La renta máxima de una vivienda con protección oficial se determina 
aplicando al precio de venta máximo obtenido una tasa anual de rentabilidad 
del  4,8  por  ciento.  Esta  tasa  se  puede  actualizar  mediante  la  ley  de 
acompañamiento a la Ley de presupuestos de la Generalidad. La renta máxima 
obtenida  se  tiene  que  reducir  en  función  de  lo  que  establezcan  las  ayudas 
públicas, incluida la cesión de suelo, que se hubieran obtenido para la promoción 
de la actuación si procede.
2.  En los contratos se puede pactar la actualización anual de la renta, sin que 
se pueda prever un incremento superior a lo que resultaría de aplicar la variación 
porcentual experimentada por el índice de precios al consumo en la fecha de la 
actualización.
3.  Las  Administraciones  públicas  competentes  pueden  establecer 
bonificaciones a la renta en función del nivel de ingresos de los usuarios. En el 
caso  de  promociones  privadas  de  las  viviendas,  las  bonificaciones  que  se 
establezcan se tienen que compensar a la cedente del uso de la vivienda. Estas 
bonificaciones  son  revisables  anualmente  de  acuerdo  con  la  variación  de  la 
situación económica de las personas usuarias.»
7.9  Se añade un nuevo apartado, el 9, al artículo 95 de la Ley del derecho a la 
vivienda, con la redacción siguiente:
«9.  La inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección 
Oficial caduca, previa advertencia de la Administración que gestiona el Registro, 
en el plazo de un año, a menos que sea renovada antes del transcurso de este 
plazo  mediante  la  presentación  de  una  declaración  responsable  sobre  el 
cumplimiento de los requisitos exigidos.»
7.10  Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 96 de la Ley del derecho a la 
vivienda, que queda redactada de la manera siguiente:
«c)  La  renuncia  a  participar  en  un  procedimiento  de  adjudicación  y  la  o
7.1rc1ea nuusSnaec j iuaas ñtaiaf idcleaa  duvani.v»aie nnduae vcao lne trpar,o tleac fc)i,ó na l oafpicaiartla daod ju1d idceald aa,r típcourlo  u9n6a  dseo lala  vLeezy,  dseinl   2020-2509n https://www.
derecho a la vivienda, con la redacción siguiente:
«f)  La caducidad de la inscripción por falta de renovación.»
7.12  Se modifica el apartado 1 del artículo 101 de la Ley del derecho a la vivienda, 
que queda redactado de la manera siguiente:
«1.  Los promotores de viviendas con protección oficial gestionan el proceso 
de adjudicación de acuerdo con este artículo, considerando las particularidades 
del artículo 101 bis y sin perjuicio de los regímenes especiales regulados en los 
artículos 102 y 103 y del derecho de realojamiento de las personas afectadas por 
la ejecución de una actuación urbanística.»
7.13  Se añade un nuevo apartado, el 2 bis, en el artículo 101 de la Ley del derecho 
a la vivienda, con la redacción siguiente:
«2  bis.  En  el  caso  de  promociones  públicas  de  vivienda  con  protección 
oficial, corresponde a la Administración promotora aprobar las bases y gestionar el 
procedimiento de adjudicación. En caso de que la mencionada Administración 
promotora no sea la municipal, las bases se tienen que elaborar teniendo en 
cuenta los criterios y necesidades que indique la Administración municipal.»
7.14  Se añade un nuevo artículo, el 101 bis de la Ley del derecho a la vivienda, con 
la redacción siguiente:
«Artículo 101 bis.  Adjudicación de viviendas con protección oficial de promoción 
privada.
1.  En el supuesto de promociones privadas de viviendas con protección 
oficial con ayudas públicas, el proceso de adjudicación se rige por las condiciones 
y los criterios de selección de los adjudicatarios que establezca la Administración 
otorgante de la ayuda. Si esta Administración no se reserva para sí la gestión del 
proceso de adjudicación de las viviendas, corresponde a los promotores privados 
gestionarlo.
En el caso de viviendas en régimen de alquiler, las primeras y posteriores 
adjudicaciones se tienen que llevar a cabo por orden de preferencia según la 
mayor antigüedad de la inscripción en el Registro de Solicitantes de Viviendas con 
Protección Oficial de acuerdo con la lista proporcionada por la Administración 
competente.
2.  En el supuesto de promociones privadas de viviendas con protección 
oficial en régimen de alquiler, sin ayudas públicas, sobre terrenos destinados 
urbanísticamente al uso de vivienda de protección pública, corresponde a los 
promotores  privados  gestionar  el  proceso  de  adjudicación  a  partir  de  la  lista 
proporcionada  por  la  Administración  competente  de  personas  inscritas  en  el 
Registro de Solicitantes de Viviendas con Protección Oficial de acuerdo con el 
procedimiento que se establezca por reglamento. En caso de que se produzcan 
vacantes o renuncias, la adjudicación posterior de las viviendas afectadas a otros 
solicitantes se tiene que efectuar de acuerdo con el artículo 103.
3.  Para obtener la lista de personas inscritas en el Registro de Solicitantes de 
Viviendas  con  Protección  Oficial,  los  promotores  privados  que  gestionen  el 
proceso de adjudicación lo tienen que solicitar ante el órgano gestor del Registro, 
indicando las condiciones relativas a los ingresos económicos u otros que, si 
procede, sean exigibles a las adjudicatarias de conformidad con esta Ley. La 
Administración dispone de un plazo máximo de un mes para facilitar este listado,  e.e
que tiene que estar integrado por la relación de las personas inscritas que reúnan  b
las  condiciones  exigidas  para  ser  adjudicatarias  y,  si  procede,  ordenada  por  09ww
antigüedad de su inscripción al Registro.»
7.15  Se modifica el primer párrafo del artículo 103 de la Ley del derecho a la 
vivienda, que queda redactado de la manera siguiente:
«Las viviendas con protección oficial promovidas sin ayudas públicas y sin que 
la calificación urbanística del suelo imponga esta destinación son adjudicadas por 
los promotores por el procedimiento que libremente escojan, respetando en todo 
caso los requisitos que sean exigidos por reglamento para acceder a viviendas 
con protección oficial. Asimismo, hay que respetar los criterios siguientes:»
Sección 4. Medidas para propiciar una moderación de los precios del alquiler de las 
viviendas libres
Artículo 8.  Modificaciones de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la 
vivienda.
8.1  Se añade una nueva letra, la g), al artículo 59 de la Ley del derecho a la 
vivienda, con la redacción siguiente:
«g)  El índice de referencia de precios de alquiler de viviendas, cuando el 
anuncio incluya el precio del alquiler de la vivienda.»
8.2  Se añaden dos nuevas letras, la f) y la g), al apartado 2 del artículo 61 de la Ley 
del derecho a la vivienda, con la redacción siguiente:
«f)  El  índice  de  referencia  de  precios  de  alquiler  de  viviendas  que 
corresponda, justificado mediante el documento acreditativo obtenido al efecto 
mediante  el  sistema  de  consulta  pública  del  índice  establecido  por  el 
Departamento competente en materia de vivienda.
g)  Los datos previstos por la legislación civil.»
8.3  Se modifica el apartado 2 del artículo 66 de la Ley del derecho a la vivienda, 
que queda redactado de la manera siguiente:
«2.  En el contrato de arrendamiento se tienen que hacer constar el Índice de 
referencia del precio del alquiler aplicable a la vivienda y el resto de datos que 
pueda recoger la legislación civil. Con la formalización del contrato, los ocupantes 
tienen derecho a la entrega del documento acreditativo del índice de referencia del 
precio de alquiler aplicable a la vivienda, obtenido al efecto mediante sistema de 
consulta  pública  del  índice  establecido  por  el  Departamento  competente  en 
materia  de  vivienda,  así  como  la  entrega  de  la  cédula  de  habitabilidad  o  la 
acreditación equivalente y, si procede, el certificado de eficiencia energética.»
8.4  Se añade un nuevo artículo, el 68 bis, de la Ley del derecho a la vivienda, con 
la redacción siguiente:
«Artículo 68 bis.  Índice de referencia de precios de alquiler de viviendas.
1.  El Departamento competente en materia de vivienda tiene que elaborar el 
Índice de referencia de precios de alquiler de viviendas a partir de los datos que 
constan en el Registro de Fianzas de los Contratos de Alquiler de Fincas Urbanas. 
El Índice de referencia informa sobre la media del precio del alquiler de una  e
vivienda de características similares en el mismo entorno urbano. El sistema de  bo
cálculo y los elementos o factores correctores que influyen en la determinación de  09ww
lcoosm  mpeátregneten eesn  mdeal teínridai cdee  vsievi eensdtaa.blecen  por  orden  del  Consejero  o  consejera
cuen2t.a  eLla í nAdidcme idneis trreafceiórenn cdiae  dlae  pGreecnieorsa ldidea adl qdueile rC daeta vluivñiae ntdieanse e nq ueel  dteesnaerrr oellno 
de sus políticas públicas en esta materia. La arrendadora de una vivienda no se
puede beneficiar de las ayudas públicas dirigidas al fomento del alquiler cuando la 
renta pactada sea superior al índice mencionado.»
8.5  Se añade una nueva letra, la f), al apartado 2 del artículo 125 de la Ley del 
derecho a la vivienda, con la redacción siguiente:
«f)  No  hacer  constar  el  Índice  de  referencia  de  precios  de  alquiler  de 
viviendas en la publicidad de viviendas para alquilar que incluya el precio del 
alquiler, en las ofertas de arrendamientos urbanos de viviendas o en los contratos 
de arrendamientos urbanos de viviendas.»
Artículo 9.  Modificación de la Ley 13/1996, de 29 de julio, del Registro y el depósito de 
fianzas  de  los  contratos  de  alquiler  de  fincas  urbanas  y  de  modificación  de  la 
Ley 24/1991, de la vivienda.
Se modifica el apartado 2 del artículo 1 de la Ley del Registro y el depósito de 
fianzas  de  los  contratos  de  alquiler  de  fincas  urbanas  y  de  modificación  de  la 
Ley 24/1991, de la vivienda, que queda redactado de la manera siguiente:
«2.  En el Registro de Fianzas de los Contratos de Alquiler de Fincas Urbanas 
se tienen que hacer constar los datos relativos a:
a)  La situación de la finca arrendada, que tiene que incluir la dirección postal, 
la titularidad, la referencia catastral, el año de construcción, el año y el tipo de 
reforma, si procede, la superficie construida de uso privativo por usos, la cédula de 
habitabilidad y el certificado de eficiencia energética.
b)  La  identificación  de  las  partes  contratantes,  que  tiene  que  incluir  los 
domicilios respectivos a efectos de practicar las notificaciones.
c)  Las  características  del  contrato,  que  tiene  que  incluir  la  fecha  de 
formalización, la duración, la renta, el sistema de actualización de la renta, las 
garantías adicionales a la fianza, el pago de los suministros básicos y si la finca se 
alquila amueblada o no.
d)  El importe de la fianza y la fecha de depósito.
e)  Los otros datos que, para elaborar el Índice de referencia de precios de 
alquiler de viviendas, se determinen por orden del Consejero o consejera del 
Departamento competente en materia de vivienda.»
CAPÍTULO 2
Modificaciones del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto
Artículo 10.  Medidas para incrementar el patrimonio público de suelo y de vivienda con 
destino a viviendas de protección pública y hacer más transparente su gestión.
10.1  Se modifica la letra c del apartado 1 del artículo 110 del texto refundido de la 
Ley de urbanismo, que queda redactada de la manera siguiente:
«c)  Para la adquisición de terrenos comprendidos en áreas destinadas al 
patrimonio  público  de  suelo  y  de  vivienda  y  para  la  adquisición  de  terrenos 
destinados a vivienda de protección pública, si lo determina el planeamiento.» e.
10.2  Se deroga el capítulo II del título quinto del texto refundido de la Ley de  09ww
urba1n0is.3m oS. e derogan los artículos 161 y 162 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
10.4  Se añaden tres apartados nuevos, el 4, el 5 y el 6, al artículo 164 del texto 
refundido de la Ley de urbanismo, con la redacción siguiente:
«4.  Las Administraciones competentes para gestionar el patrimonio municipal 
de suelo y de vivienda tienen que inventariar separadamente de otros bienes y 
derechos  patrimoniales  los  que  integren  este  patrimonio.  Entre  otros  datos 
necesarios para gestionar los bienes y los derechos del patrimonio municipal de 
suelo y de vivienda, tienen que constar en este inventario los relativos a:
a)  La identificación precisa.
b)  El título y el precio de adquisición.
c)  La situación jurídica y urbanística.
d)  El uso a que se dedican efectivamente.
e)  Las  operaciones  que  tengan  que  ser  anotadas  en  el  instrumento  de 
contabilidad pública correspondiente.
f)  Su  vinculación,  si  procede,  a  las  expresas  finalidades  que  prevén  los 
artículos 46.2.c y 46.4 en materia de viviendas de protección pública.
5.  El inventario y el balance de situación del patrimonio municipal de suelo y 
de vivienda se tiene que actualizar permanentemente. No se puede enajenar 
ningún bien o derecho del patrimonio municipal de suelo y de vivienda si no está 
inventariado adecuadamente y, si procede, el inventario inscrito en el Registro de 
Planeamiento Urbanístico de Cataluña.
6.  Los municipios incluidos en las áreas de demanda residencial fuerte y 
acreditada  tienen  que  aprobar  anualmente  el  inventario  de  los  bienes  y  los 
derechos que integran el patrimonio municipal de suelo y de vivienda, así como el 
balance de situación de este patrimonio, y enviarlos al Registro de Planeamiento 
Urbanístico de Cataluña para su inscripción.»
10.5  Se modifica el capítulo IV del título quinto del texto refundido de la Ley de 
urbanismo, que queda redactado de la manera siguiente:
«CAPÍTULO IV
Medios para incrementar el patrimonio público de suelo y de vivienda
Artículo 172.  Áreas destinadas al patrimonio público de suelo y de vivienda.
1.  Se pueden delimitar, en cualquier clase de suelo, áreas para adquirir 
bienes y derechos determinados comprendidos en estas con el fin de integrarlos 
en el patrimonio público de suelo y de vivienda para cualquiera de las finalidades 
que prevé el artículo 160.5. En suelo urbano, entre otras finalidades, estas áreas 
pueden comprender terrenos destinados al uso de vivienda con la finalidad de 
construir viviendas de protección pública o de destinar las que se construyan a 
este  régimen  de  protección,  aunque  el  planeamiento  urbanístico  no  reserve 
específicamente al régimen de protección pública el uso de vivienda a que las 
destina.
2.  El  proyecto  de  delimitación  de  las  áreas  a  que  hace  referencia  el 
apartado 1, aprobado separadamente o como aparte de un plan urbanístico, tiene 
que especificar la finalidad concreta que justifique la adquisición de bienes y  e
derechos y establecer: bo
dinecll udaie)d raesEc hl loas issd teeq mutaean  tdeseeo   aqldlueqevu asisnei c ciaóo nnc smatibetuody iaamn rteeeds ilpaaen ectetxo p rldaoe p ialaadcsqi óutrnias nficosirómznois siado eno e sae cnoc neioejenrorecssiac isoo,    2020-2509n https://ww
participaciones sociales a cambio de la aportación de la titularidad del inmueble
afectado. Bc
b)  El plazo máximo para iniciar el procedimiento de expropiación, que no 
puede ser superior a seis años, o la duración máxima del derecho real de tanteo, 
que no puede ser superior a doce años.
c)  La relación de bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa o, 
en el caso del derecho de tanteo, la identificación de los terrenos y edificios que 
forman parte del área con indicación de las calles, polígonos, sectores o parajes 
afectados.
Cuando la delimitación del área a efectos del derecho de tanteo afecte a todo 
el término municipal o a una clase o categoría de suelo, se tiene que prever en el 
planeamiento general.
3.  Son  Administraciones  competentes  para  aprobar  separadamente  los 
proyectos de delimitación de áreas destinadas al patrimonio público de suelo y de 
vivienda las que lo sean para constituir este patrimonio.
4.  Son trámites esenciales del procedimiento de aprobación de los proyectos 
de delimitación de áreas destinadas al patrimonio público del suelo y de vivienda 
el de información pública y, en el caso de expropiación forzosa, el de audiencia de 
los titulares de los bienes y derechos afectados.
5.  La constitución del derecho real de tanteo a que hace referencia este 
artículo se puede inscribir en el Registro de la Propiedad de acuerdo con la 
legislación en la materia.
Artículo 173.  Derecho legal de tanteo.
1.  La Administración de la Generalidad tiene el derecho de tanteo sobre las 
transmisiones onerosas que afecten a los bienes siguientes:
a)  Los  suelos  de  titularidad  privada  reservados  al  uso  de  vivienda  de 
protección pública por el planeamiento urbanístico.
b)  Las viviendas arrendadas cuando, de acuerdo con la legislación sobre 
arrendamientos urbanos, se transmitan conjuntamente con el resto de viviendas o 
locales que formen parte del mismo inmueble.
2.  El derecho de tanteo a que hace referencia el apartado 1 se puede ejercer 
mediante el Instituto Catalán del Suelo en el supuesto de la letra a, y mediante el 
Departamento competente en materia de vivienda, o las entidades de Derecho 
público con personalidad jurídica propia competentes en materia de vivienda, en el 
supuesto de la letra b.
Artículo 174.  Ejercicio de los derechos de tanteo y de retracto.
1.  El derecho de tanteo a que hace referencia este capítulo comporta la 
obligación de quien quiere enajenar onerosamente el bien afectado de comunicar 
a la Administración titular del derecho las condiciones de transmisión del bien. El 
ejercicio del derecho de tanteo implica que la Administración o los beneficiarios 
adquieren el bien en las condiciones comunicadas. Pueden ser beneficiarios del 
derecho de tanteo:
a)  El Instituto Catalán del Suelo, cuando se trate de terrenos destinados al 
uso de vivienda. s
b)  Los Ayuntamientos. o
c)  Los  promotores  sociales  y  los  otros  sujetos  a  que  hacen  referencia,  w.
dreesrpedec)hc toivL aao msla e ovncitvueipe, anlondstae .asr tílecuglaolse s5 1d ey  8la7 .v3i vdieen ldaa L eoyb j1e8to/2 d0e0l7 ,e djeerc 2ic8i od ed edli cdieemrebcrheo,  ddeel   2020-2509n https://ww
tanteo o de cualquier otra vivienda del inmueble donde se ubique esta, siempre
que cumplan las condiciones de acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda 
con Protección Oficial.
El ejercicio del derecho de tanteo puede dar lugar a la adquisición del bien 
conjuntamente  por  la  Administración  titular  y  por  cualquiera  de  los  posibles 
beneficiarios.
2.  El derecho de tanteo caduca si, a partir de la comunicación a que hace 
referencia el apartado 1, la Administración no lo ejerce en el plazo de dos meses. 
Cuando la Administración requiera a los tenedores para inspeccionar el estado de 
conservación de un edificio afectado o a los propietarios para aportar información 
sobre los ocupantes y sus títulos, el plazo mencionado queda suspendido entre la 
notificación  del  requerimiento  y  la  práctica  de  la  actuación  inspectora  o  la 
recepción  de  la  documentación,  sin  que  la  suspensión  del  plazo  pueda  ser 
superior a quince días si la actuación se practica más allá de este plazo por 
causas imputables sólo a la Administración. Si la Administración ejerce el derecho 
de tanteo, el plazo para formalizar la adquisición del bien afectado es de tres 
meses contadores desde la notificación correspondiente a la persona transmisora. 
Cuando  la  Administración  no  ejerce  el  derecho  de  tanteo,  el  efecto  de  la 
comunicación decae si transcurren seis meses desde que se efectuó sin que se 
produzca la transmisión del bien.
3.  La transmisión del bien afectado sin cumplir la obligación de comunicación 
o, cumplida esta, antes de que caduque el derecho de tanteo o en condiciones 
menos onerosas a las comunicadas, implica el derecho de retracto. El plazo para 
ejercer este derecho es de tres meses a partir de la inscripción de la transmisión 
en el Registro de la Propiedad o del momento en que la Administración tenga 
conocimiento de la enajenación. El ejercicio del derecho de retracto implica que la 
Administración o la beneficiaria adquieren el bien afectado por el mismo precio y 
en las mismas condiciones que lo hizo el adquirente.
4.  No obstante lo que establecen los apartados 2 y 3 sobre la comunicación y 
el ejercicio de los derechos de tanteo y de retracto, es aplicable a estos efectos la 
legislación sobre arrendamientos urbanos con relación al supuesto a que hace 
referencia la letra b del apartado 1 del artículo 173.
5.  Si,  con  relación  a  la  misma  transmisión  de  un  bien,  proceden  varios 
derechos de tanteo a favor de Administraciones diferentes, la parte transmisora 
puede  comunicar  las  condiciones  de  la  transmisión  a  cualquiera  de  ellas 
indistintamente. La Administración receptora de la comunicación queda obligada a 
enviarla  al  resto  de  Administraciones  implicadas  a  efectos  de  coordinar  su 
actuación en el ejercicio del derecho de tanteo. Son preferentes los derechos de 
tanteo a que hace referencia el artículo 173 sobre el derecho de tanteo a que hace 
referencia el artículo 172.»
10.6  Se añade un segundo párrafo a la disposición adicional decimosexta del texto 
refundido de la Ley de urbanismo, con el redactado siguiente:
«El Ayuntamiento de Barcelona tiene también los derechos de tanteo y retracto 
del artículo 173.1 respecto de los bienes situados en el municipio de Barcelona.»
Artículo 11.  Medidas para incrementar el parque de alojamientos dotacionales.
11.1  Se deroga el apartado 3 del artículo 34 del texto refundido de la Ley de  e.
urbanismo. w.b
11.2  Se modifica el apartado 5 del artículo 34 del texto refundido de la Ley de  09ww
urbanismo, que queda redactado de la manera siguiente:
cent«ro5s.   pEúl bsliicsotesm, alo su rbeaqnuíisptaicmo iedneto se qudiep amcaieránctotesr  croemliguionsitoa,r iocsu lctuormalp, rednodcee nltoes, 
deportivo,  sanitario,  asistencial,  de  servicios  técnicos  y  de  transporte,  de
alojamiento dotacional y los otros equipamientos que sean de interés público o de 
interés social. A este efecto, es equipamiento de alojamiento dotacional el que se 
destina a satisfacer las necesidades temporales de habitación de las personas, en 
régimen de uso compartido de todos o una parte de los elementos del alojamiento 
con otros usuarios, o en régimen de uso privativo de una vivienda completa, en 
razón de:
a)  Dificultad de emancipación.
b)  Requerimientos de acogimiento, de asistencia sanitaria o de asistencia 
social.
c)  Trabajo o estudio.
d)  Afectación por una actuación urbanística.»
11.3  Se añade un nuevo apartado, el 5 ter, en el artículo 34 del texto refundido de la 
Ley de urbanismo, que queda redactado de la manera siguiente:
«5  ter.  Para  que  los  particulares  puedan  promover  un  equipamiento  de 
alojamiento  dotacional  en  terrenos  calificados  de  sistema  urbanístico  de 
equipamientos comunitarios, se requiere:
a)  Que esta Ley o el planeamiento urbanístico no exijan la titularidad pública 
del equipamiento.
b)  Que el planeamiento urbanístico general determine para el conjunto del 
municipio los ámbitos en que se pueden situar los equipamientos de alojamiento 
dotacional de iniciativa privada y la cantidad máxima de suelo que se puede 
destinar.
c)  Que, a efectos de acreditar el interés público o social del alojamiento 
dotacional, concierten con una Administración competente en materia de vivienda 
como mínimo:
1.º  Los colectivos concretos de personas a que se destina.
2.º  Los criterios de selección de los usuarios, el régimen de uso temporal o 
rotatorio del alojamiento y el baremo de precios que los usuarios tienen que 
satisfacer como máximo.
3.º  Las características fundamentales del alojamiento, incluidos los servicios 
comunes o asistenciales de que tiene que disponer.
4.º  La constitución e inscripción al Registro de la Propiedad del derecho de 
tanteo y retracto a favor de la Administración que formaliza el concierto sobre el 
suelo y la edificación destinados al equipamiento, por tiempo indefinido para la 
primera  transmisión  onerosa  y  por  diez  años  en  segundas  y  ulteriores 
transmisiones onerosas.
d)  Que el plan especial urbanístico que corresponde elaborar para desarrollar 
el equipamiento de alojamiento dotacional de iniciativa privada justifique el interés 
público  o  social  y  la  idoneidad  de  la  localización  y,  con  carácter  normativo, 
contenga  los  aspectos  esenciales  del  alojamiento  concertados  con  la 
Administración, así como la prohibición de dividir horizontalmente la edificación 
afectada.»
11.4  Se modifica el apartado 5 del artículo 57 del texto refundido de la Ley de  s
urbanismo, que queda redactado de la manera siguiente: oe.
«5.  Los alojamientos dotacionales integrados en el sistema urbanístico de  09ww
ceuqmuipplaimmiieennttoo sd ec oloms uensittáanridoas renso  dceo rmespeurtvaan  mcoínmimoa t escighuoie rnetesisd:encial a efectos del
a)  De  vivienda  de  protección  pública,  en  los  términos  regulados  en  el
apartado 3 de este artículo y el apartado 3 de la disposición transitoria tercera.
b)  De sistemas urbanísticos de espacios libres públicos y de equipamientos 
comunitarios, en los términos regulados en los artículos 58.1.f, 5 y 7, 65.3 y 5, 70.7 
y 8 y 100.»
11.5  Se deroga la letra g del apartado 1 del artículo 58 del texto refundido de la Ley 
de urbanismo.
11.6  Se modifica la letra b del apartado 3 del artículo 65 del texto refundido de la 
Ley de urbanismo, que queda redactada de la manera siguiente:
«b)  Para equipamientos de titularidad pública, el valor inferior resultante de 
las proporciones siguientes: 20 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo o 20 m2 de 
suelo por cada vivienda; con un mínimo, en todos los casos, del 5 por ciento de la 
superficie del ámbito de actuación urbanística, además del suelo destinado a 
servicios técnicos, si procede.»
11.7  Se modifica la letra b del apartado 2 bis del artículo 97 del texto refundido de la 
Ley de urbanismo, que queda redactada de la manera siguiente:
«b)  no se puede reducir, en un ámbito de actuación urbanística, la superficie 
de los suelos calificados de sistema de espacios libres públicos o de sistema de 
equipamientos públicos en cumplimiento de los estándares mínimos legales.»
11.8  Se  modifica  el  apartado  2  de  la  disposición  adicional  segunda  del  texto 
refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado de la manera siguiente:
«2.  Las actuaciones aisladas sobre suelos urbanos sujetas únicamente a 
cesión obligatoria y gratuita de vialidad para adquirir la condición de solares, y las 
actuaciones de alcance limitado para el ajuste, la ampliación o la mejora de la 
vialidad o de los espacios libres en suelo urbano no se consideran actuaciones de 
transformación urbanística a efectos de la aplicación de la Ley estatal de suelo, sin 
perjuicio de su sujeción a los deberes de cesión de suelo para sistemas que 
establece la legislación urbanística.»
11.9  Se añade una nueva disposición transitoria, la vigésima, al texto refundido de 
la Ley de urbanismo, con la redacción siguiente:
«Vigésima.  Equipamientos de alojamiento dotacional de iniciativa privada.
Al  efecto  que  establece  el  artículo  34.5  ter.b),  mientras  el  planeamiento 
urbanístico  general  no  determine  los  ámbitos  en  que  se  pueden  situar  los 
equipamientos de alojamiento dotacional de iniciativa privada, los particulares 
pueden  promover  un  equipamiento  de  alojamiento  dotacional  en  terrenos 
calificados de sistema urbanístico de equipamientos comunitarios siempre que se 
cumpla  el  resto  de  requisitos  que  se  establecen  y  que,  en  el  plan  especial 
urbanístico  que  desarrolle  el  equipamiento,  se  justifique  la  idoneidad  de  la 
propuesta con relación a las reservas de suelo disponibles en el barrio para la 
implantación de nuevos equipamientos comunitarios y a la existencia de otros 
alojamientos dotacionales en el mismo ámbito.»
Artículo 12.  Medidas para incrementar el parque público de viviendas de protección 
pública de alquiler. e.e
12.1  Se derogan los apartados 2 y 3 del artículo 43 del texto refundido de la Ley de  09ww
uurrbbaa1nn2iiss.2mm ooS.. e derogan los apartados 2 y 3 del artículo 45 del texto refundido de la Ley de  OE-A-2020-25able en https://
12.3  Se modifica el título del artículo 46 del texto refundido de la Ley de urbanismo, 
que queda redactado de la manera siguiente:
«Artículo 46.  «Condiciones de la cesión de suelo con aprovechamiento, reglas 
de emplazamiento y destinación.»
12.4  Se añaden cuatro apartados nuevos, los 2, 3, 4 y 5, al artículo 46 del texto 
refundido de la Ley de urbanismo, con la redacción siguiente:
«2.  Corresponde  a  la  Administración  actuante  fijar  el  emplazamiento  del 
suelo  con  aprovechamiento  urbanístico  de  cesión  obligatoria  y  gratuita  en  el 
proceso de reparcelación de conformidad con las reglas siguientes:
a)  Cuando el suelo de cesión obligatoria, en razón de los usos del ámbito, no 
se pueda destinar a la construcción de viviendas de protección pública, se puede 
sustituir esta cesión por la de otros terrenos equivalentes fuera del ámbito de la 
actuación si estos terrenos están destinados a viviendas de protección pública.
b)  Cuando,  de  acuerdo  con  el  objeto  del  plan  urbanístico,  no  haya 
alternativas de ordenación razonables que permitan materializar la cesión de suelo 
obligatoria  en  una  o  varias  parcelas  de  resultado  que  se  puedan  adjudicar 
individualmente a la Administración competente, se puede sustituir esta cesión por 
la de otros terrenos equivalentes fuera del ámbito la actuación o, subsidiariamente, 
por su equivalente en techo edificado o en metálico para destinarlo a conservar, 
administrar o ampliar el patrimonio público de suelo y de vivienda.
c)  En  las  actuaciones  urbanísticas  con  reserva  de  suelo  destinado  a 
viviendas de protección pública, el suelo con aprovechamiento urbanístico de 
cesión obligatoria se tiene que emplazar sobre la reserva mencionada, con la 
obligación  de  la  Administración  adjudicataria  de  construir  las  viviendas  de 
protección pública en los plazos exigidos. Sin embargo, el emplazamiento sobre la 
reserva  mencionada  ha  ser  parcial  cuando  la  Administración  adjudicataria  no 
disponga de recursos económicos suficientes para construir las viviendas, con la 
finalidad de poder hacerlo con los ingresos que obtenga por la enajenación del 
suelo de cesión obligatoria emplazado fuera de la reserva o con la sustitución de 
la obligación de ceder este suelo fuera de la reserva por su equivalente en techo 
ya construido de las viviendas mencionadas. Si procede, la parte de la cesión de 
suelo con aprovechamiento urbanístico que recaiga sobre suelos que no forman 
parte  de  la  reserva  para  viviendas  de  protección  pública  se  integra  en  el 
patrimonio público de suelo y de vivienda con la expresa finalidad de destinar los 
ingresos obtenidos para su enajenación a la construcción de las mencionadas 
viviendas en los suelos de reserva cedidos.
3.  Los terrenos cedidos a que hace referencia la letra c del apartado 2 que 
estén destinados al uso de vivienda de protección pública tienen que permanecer 
en el patrimonio público de suelo y de vivienda de la Administración adjudicataria 
mientras el planeamiento urbanístico mantenga esta destinación, sin perjuicio de 
poder constituir un derecho real de superficie sobre estos terrenos. No obstante, la 
Administración titular de estos terrenos puede enajenarlos excepcionalmente en 
los supuestos siguientes:
a)  Para transmitirlos a otra Administración titular de bienes y derechos del  e.e
patrimonio público de suelo y de vivienda. b
b)  Para permutarlos por otros terrenos equivalentes con la misma destinación  09ww
que cs)e  tCenugaannd oq usee ain nteegcreasra ernio  edl epsattinriamrolonsi oa p vúivbileicnod adse  psuaeralo e yl  rdeea lvoivjaiemnidean.to de los
afectados por la actuación urbanística en régimen de propiedad privada.
4.  Se tienen que destinar al régimen de alquiler las viviendas de protección 
pública construidas sobre los terrenos de titularidad pública a que hace referencia 
el apartado 3.
5.  A efectos de calcular la cesión de suelo con aprovechamiento del ámbito 
de actuación en el caso de las actuaciones urbanísticas a que hace referencia el 
apartado 3, hay que tener en cuenta que el aprovechamiento urbanístico de los 
terrenos afectados se corresponde con el mejor uso que asigne el planeamiento 
urbanístico en la reserva de viviendas de protección pública. Es decir, cuando se 
trate de una calificación de vivienda de protección pública genérica, se tiene que 
valorar según el mejor uso que permita con independencia de la obligación de la 
Administración adjudicataria de destinar las viviendas al régimen de alquiler.»
Artículo 13.  Medidas en materia de reservas para vivienda de protección pública.
13.1  Se  modifica  el  párrafo  primero  del  apartado  3  del  artículo  57  del  texto 
refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado de la manera siguiente:
«3.  Los planes de ordenación urbanística municipal y sus modificaciones y 
revisiones tienen que reservar para la construcción de viviendas de protección 
pública suelo suficiente para el cumplimiento de los objetivos definidos en la 
memoria social y, como mínimo, el suelo correspondiente al 30 por ciento del 
techo que se califique para el uso residencial de nueva implantación, destinados a 
venta, alquiler o a otras formas de cesión de uso. Quedan exentos de esta 
obligación mínima los planes de ordenación urbanística municipal siguientes, a 
menos que el planeamiento territorial o director urbanístico determine otra cosa»:
13.2  Se modifican los apartados 6 y 7 del artículo 57 del texto refundido de la Ley 
de urbanismo, que quedan redactados de la manera siguiente:
«6.  Las reservas para la construcción de viviendas de protección pública se 
tienen que emplazar evitando la concentración excesiva de este tipo de viviendas 
con el fin de favorecer la cohesión social y evitar la segregación territorial de los 
ciudadanos en razón de su nivel de renta. Estas reservas tienen que atender a la 
diversidad de demanda de viviendas de diferentes dimensiones. El plan tiene que 
determinar la localización de estas reservas mediante la calificación de suelo de 
vivienda de protección pública en suelo urbano consolidado, o no consolidado no 
incluido en sectores de planeamiento derivado. En sectores en suelo urbano no 
consolidado o urbanizable delimitado, el plan tiene que determinar el porcentaje de 
techo que el planeamiento derivado debe destinar a las reservas mencionadas. El 
planeamiento  tiene  que  establecer  los  plazos  para  iniciar  y  para  acabar  la 
construcción de las viviendas.
7.  La calificación del suelo que establezca el plan de ordenación urbanística 
municipal o su planeamiento derivado para localizar las reservas a que hace 
referencia el apartado 6 puede prever la destinación total o parcial de la edificación 
en viviendas de protección pública. Esta destinación afecta tanto a los edificios 
plurifamiliares  de  nueva  construcción,  aunque  conserven  algún  elemento 
arquitectónico  de  una  edificación  anterior,  como  a  los  edificios  plurifamiliares 
existentes  en  que  se  pretenda  llevar  a  cabo  obras  generales  de 
acondicionamiento, conservación, mejora o ampliación, cuando estas actuaciones 
edificatorias tengan como objetivo alojar mayoritariamente nuevos residentes en  e.
las viviendas resultantes. En el caso de destinación parcial, si la calificación  w.b
urbanística  no  concreta  las  unidades  de  vivienda  sobre  las  cuales  recae,  el  09ww
coatolirfgicaamciióenn top rdoev islaio nliacel ndceia  ldaes  ovbivraiesn dqause dcao nco npdroictieocncaiódno  ao filcai aol btye nlcai ónp ridmee rlaa 
ocupación de la edificación a la obtención de la calificación definitiva.»
13.3  Se añade un nuevo apartado, el 8, al artículo 57 del texto refundido de la Ley 
de urbanismo, con la redacción siguiente:
«8.  La calificación del suelo de vivienda de protección pública que establezca 
el planeamiento urbanístico tiene que concretar si se destina a la calificación 
genérica  que  permite  el  acceso  a  la  vivienda  en  régimen  de  propiedad, 
arrendamiento u otro régimen de cesión del uso sin transmisión de la propiedad o 
a  la  calificación  específica  que  permite  sólo  el  acceso  en  régimen  de 
arrendamiento. Es aplicable si ocurre lo que establece el artículo 57 bis en los 
suelos destinados a vivienda de protección pública.
La calificación de vivienda de protección pública genérica o específica se tiene 
que hacer constar en los proyectos de reparcelación, en las declaraciones de obra 
nueva  y  en  las  constituciones  y  modificaciones  del  régimen  de  propiedad 
horizontal a efectos de inscripción en el Registro de la Propiedad.»
13.4  Se añade un nuevo apartado, el 2 bis, en el artículo 100 del texto refundido de 
la Ley de urbanismo, con la redacción siguiente:
«2 bis.  En suelo urbano consolidado, la modificación del planeamiento que, 
sin incrementar la edificabilidad, comporta la destinación parcial de la edificación 
de  suelos  residenciales  plurifamiliares  a  viviendas  de  protección  pública  de 
conformidad con el artículo 57.7 se sujeta a los requisitos siguientes:
a)  No  puede  afectar  a  los  solares  adjudicados  en  un  procedimiento  de 
reparto equitativo de beneficios y cargas entre los propietarios afectados mientras 
no haya transcurrido el plazo para instruirlos establecido por el planeamiento 
previamente ejecutado o, si este no lo estableció, tres años desde que adquirieron 
la condición legal mencionada.
b)  El  parámetro  urbanístico  de  la  zona  que  regula  la  densidad  del  uso 
residencial sólo se aplica en la parte del techo que no se destina a vivienda de 
protección pública. El número máximo de viviendas de protección pública es el 
resultado de aplicar al techo construido con esta destinación la ratio de 70 m2 por 
vivienda.»
Artículo 14.  Medida para incrementar el parque privado de viviendas de alquiler.
Se añade un nuevo artículo, el 57 bis, al texto refundido de la Ley de urbanismo, con 
el redactado siguiente:
«Artículo 57 bis.   Reservas de viviendas por pisos sin división horizontal.
1.  Los  planes  de  ordenación  urbanística  municipal  y  el  planeamiento 
derivado, de acuerdo con la memoria social y teniendo en cuenta las líneas de 
actuación  de  los  planes  locales  de  vivienda,  pueden  reservar  suelo  para  la 
construcción  de  edificios  de  viviendas  por  pisos  sin  posibilidad  de  dividirlos 
horizontalmente, destinados exclusivamente a la cesión del uso de cada piso o 
local susceptible de aprovechamiento independiente a terceras personas.
2.  La condición de indivisibilidad se tiene que hacer constar en los proyectos 
de reparcelación y en las licencias de edificación.»
Artículo  15.  Medida  para  facilitar  la  ejecución  de  actuaciones  de  rehabilitación 
edificatoria en el medio urbano.
Se añade una nueva disposición adicional, la quinta, al texto refundido de la Ley de 
urbanismo, con el redactado siguiente:
«Quinta.  Rehabilitación edificatoria en el medio urbano.
1.  Son actuaciones de rehabilitación edificatoria en el medio urbano las que 
tienen por objeto ejecutar obras de intervención sobre edificios existentes, sus 
instalaciones y espacios comunes para conservarlos en las condiciones exigidas 
por las leyes para que sirvan de apoyo al uso correspondiente, para obtener 
mejoras de interés general por motivos turísticos o culturales o para mejorar la 
calidad y la sostenibilidad del medio urbano, siempre que requieran la elaboración 
de  un  proyecto  técnico  de  acuerdo  con  la  legislación  de  ordenación  de  la 
edificación. Estas actuaciones pueden comportar el derribo de un edificio y la 
sustitución por otro de nueva planta en algunos de los supuestos siguientes:
a)  Cuando el edificio amenace ruina.
b)  Cuando el planeamiento urbanístico someta la edificación a derribo por la 
necesidad de renovar el parque edificado obsoleto o inadecuado al entorno y la 
sustitución del edificio comporte significativamente la materialización de un mejor 
aprovechamiento urbanístico respecto a lo que se pretenda derribar.
2. Las personas propietarias de los edificios afectados por una actuación de 
rehabilitación edificatoria están obligadas a:
a)  Participar en la ejecución de la actuación en un régimen de distribución 
equitativa entre los afectados de las cargas y, si procede, de los beneficios de la 
actuación.
b)  Consentir las obras de intervención sobre el edificio, sus instalaciones y 
los espacios comunes, incluida la construcción de nuevas plantas y cualquier otra 
alteración de la estructura o fábrica del edificio o de las cosas comunes y, si 
procede, la constitución de complejos inmobiliarios de carácter urbanístico.
c)  Costear las obras de rehabilitación hasta el límite del deber legal de 
conservación de las edificaciones que establece la legislación en materia de suelo 
y rehabilitación urbana, sin perjuicio de que las personas propietarias afectadas 
puedan repercutir legal o contractualmente el coste soportado por las obras de 
rehabilitación a los titulares del derecho de uso del edificio.
d)  Garantizar el derecho de realojamiento y, si procede, de retorno de los 
ocupantes legales de las viviendas, que constituyan su residencia habitual, que 
tengan que ser desalojadas.
e)  Indemnizar a los titulares de los derechos sobre las edificaciones que se 
tengan que derribar, otros que las personas propietarias de los edificios que 
amenacen  ruina,  y  sobre  los  elementos  privativos  de  los  edificios  sujetos  al 
régimen de la propiedad horizontal que se tengan que ocupar para constituir 
elementos comunes.
3.  La Administración urbanística actuante puede acordar la iniciativa pública 
para delimitar y gestionar las actuaciones de rehabilitación edificatoria de oficio o a  es
petición de los propietarios afectados u otros sujetos legitimados. En este caso,  o
copclaoo u irnAnertddedriaesmrpetnoioc nsetnia sjdetmdreraece clean ir óts leanlea   cs Alotienodsgirm cú cinaipon túniiasvbvltagelri acunpocniaoi.aó rs an Ldp  oegmas erle aasnp stlicrl oeominovpanoaieradr ltdalaaaalsrisdi  o gaaase dcc setayutsib oa oalnco.dia soAmr n sloieatimits dre oaiysjses m p cpsuuoouec, rjidle óaletan onA  sld des imgruleeissicngcltaiirasticibmtmiróiarean cncd ioódtoennes,      OE-A-2020-2509able en https://www.
urbanística  actuante  puede  acordar  con  la  delimitación  de  la  actuación  o
posteriormente, siguiendo la tramitación que prevé el artículo 119, que la gestión 
de iniciativa pública o privada se efectúe mediante alguno de los sistemas de 
actuación urbanística que prevé el título cuarto y, en este caso, son de aplicación 
las normas de este título que correspondan en función de las características de la 
actuación.
4.  Las actuaciones de rehabilitación edificatoria tienen que ser delimitadas 
mediante alguno de los instrumentos siguientes:
a)  El planeamiento urbanístico.
b)  La declaración de áreas de conservación y rehabilitación a que hace 
referencia el artículo 36 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la 
vivienda.
c)  El procedimiento de tramitación de los instrumentos de gestión urbanística 
a que hace referencia el artículo 119.
5.  En caso de que la declaración de área de conservación y rehabilitación no 
concrete las diversas actuaciones de rehabilitación edificatoria que comprende, 
estas  se  pueden  delimitar  mediante  el  planeamiento  urbanístico  o  por  el 
procedimiento de tramitación de los instrumentos de gestión urbanística a que 
hace referencia el artículo 119.
6.  El proyecto de delimitación de las actuaciones de rehabilitación edificatoria 
tiene que incorporar una memoria justificativa, la evaluación económica de la 
actuación y la representación gráfica del ámbito que comprende, el cual puede ser 
discontinuo y referirse a una única finca o incluir un conjunto de fincas cuando los 
beneficios y las cargas sean comunes a todas ellas.
7.  La autorización del proyecto de las obras de rehabilitación requiere la 
audiencia previa de las personas interesadas y puede comportar la autorización 
para  ocupar,  mientras  subsista  la  edificación,  suelos  reservados  a  sistemas 
urbanísticos  o  terrenos  privados  inedificables  en  los  supuestos  a  que  hace 
referencia el artículo 9 bis.
8.  El proyecto de distribución de los beneficios y cargas de la actuación se 
rige, con respecto a los aspectos formales y sustantivos, por las normas que 
regulan los proyectos de reparcelación que les puedan ser aplicables en razón de 
las características de la actuación, con las particularidades siguientes en caso de 
edificios en propiedad horizontal:
a)  Los costes derivados de la actuación y los beneficios imputables a ella, 
incluidas  las  ayudas  públicas  de  carácter  colectivo,  y  los  demás  ingresos 
vinculados de esta naturaleza, se tienen que repartir en proporción a la cuota 
respectiva de participación en la comunidad de propietarios.
b)  En caso de que la actuación comporte la ampliación del edificio para 
construir nuevos pisos o locales, la adjudicación del dominio sobre los nuevos 
elementos privativos se puede hacer:
1.º  Si los nuevos elementos privativos se destinan al pago de los gastos 
urbanísticos con el producto obtenido por su venta a terceros, a favor de la 
Administración o de la comunidad de propietarios promotora de la actuación o de 
los propietarios en proporción a su cuota de participación en la comunidad. En 
este último supuesto, la promotora queda facultada a título de fiduciaria para 
vender los elementos privativos mencionados. e.
2.º  Si los nuevos elementos privativos se destinan al pago en especie, total o  w.
parcial, de las obras de rehabilitación, a favor de la constructora que las ejecute. 09ww
9.  Las  ayudas  públicas  para  el  pago  o  financiación  de  las  cuotas
cAodrmreisnpisotrnadciieónnt esso bare  lloas b acsoes tdees  ladse c olansd icaiocntueasc sioonceiose cqouneó meisctaésn  defi jaladsa ps erpsoorn alas 
afectadas, aunque puedan servir para la justificación de la viabilidad económica de 
la actuación, no pueden ser objeto de equidistribución.
La Administración en su régimen de ayudas puede condicionar la subvención 
de la cuota de rehabilitación a la obligación de la persona propietaria de no 
transmitir ni ceder de manera onerosa el uso de las fincas o de no incrementar la 
renta en un plazo concreto en los términos que se establezcan.
10.  Las  cuotas  correspondientes  a  los  costes  de  las  actuaciones  de 
rehabilitación edificatoria se liquidan y son exigibles de acuerdo con la regulación 
que para las cuotas de urbanización del sistema de actuación por reparcelación 
establece el título cuarto.
11.  En caso de que una actuación de transformación urbanística en suelo 
urbano comprenda actuaciones de rehabilitación edificatoria, los proyectos de 
obras  de  rehabilitación  y  de  distribución  de  beneficios  y  cargas  pueden  ser 
aprobados separadamente de acuerdo con lo que prevé esta disposición, sin 
perjuicio del cumplimiento, por parte de los propietarios del resto de deberes 
inherentes a la actuación de transformación urbanística.
12.  Las  obras  de  rehabilitación  edificatoria  no  incluidas  en  los  ámbitos 
delimitados de acuerdo con el apartado 4 se tienen que ejecutar de conformidad 
con la legislación civil.
13.  Cuando la ejecución de obras de rehabilitación edificatoria requiera la 
desocupación de las viviendas afectadas, así como en caso de obras de derribo 
de  un  edificio  de  viviendas,  es  condición  necesaria  para  otorgar  el  título 
administrativo que habilite para ejecutar las obras mencionadas que la persona 
promotora, conjuntamente con la solicitud del título, aporte el programa para hacer 
efectivos los derechos legales de alojamiento provisional y de retorno de los 
ocupantes  legales  de  las  viviendas  que  constituyan  la  residencia  habitual,  a 
ejercer ante la propiedad del edificio.»
Disposición adicional primera.  Viviendas con protección oficial de alquiler.
En caso de viviendas con protección oficial calificadas a partir de la entrada en vigor 
de este Decreto-ley que sean promovidas con ayudas públicos, incluidos la cesión 
gratuita del suelo o el vuelo afectados o por un precio inferior a su valor, para ponerlos a 
disposición de los usuarios en régimen de alquiler:
a)  Los arrendadores se pueden beneficiar del régimen de coberturas de cobro de 
las rentas a que hacen referencia los artículos 66 y siguientes del Decreto 75/2014, 
de 27 de mayo, del Plan del derecho a la vivienda. Sin embargo, mientras sea vigente el 
régimen  mencionado,  la  cobertura  abarca  las  rentas  impagadas  a  partir  de  la 
interposición de la demanda judicial correspondiente sin ninguna otra limitación temporal. 
Si la demanda se interpone dentro del plazo máximo de seis meses desde el primer 
impago  de  la  renta,  la  cobertura  también  abarca  las  rentas  impagadas  hasta  su 
interposición.
b)  Los arrendatarios tienen prioridad para acceder a las prestaciones para el pago 
del alquiler que convoca a la Generalidad de Cataluña.
Disposición  adicional  segunda.  Referencias  al  sistema  urbanístico  de  viviendas 
dotacionales públicas.
Las referencias que la legislación vigente hace al sistema urbanístico de viviendas  oe.
dotacionales públicas se tienen que entender sustituidas por las correspondientes al  w.
sistema urbanístico de equipamiento comunitario de alojamiento dotacional. 2020-2509n https://ww
Disposición  adicional  tercera.  Factor  de  localización  en  el  Área  Metropolitana  de 
Barcelona.
En el ámbito del Área Metropolitana de Barcelona el factor de localización aplicable 
al precio de venta básico para calcular el precio de venta máximo de una vivienda con 
protección oficial a que hace referencia el artículo 83 bis de la Ley 18/2007, de 28 de 
diciembre, del derecho a la vivienda, tiene que ser único.
Disposición adicional cuarta.  Inscripción del Inventario de los bienes y los derechos que 
integran el patrimonio municipal de suelo y de vivienda.
Los municipios incluidos en las áreas de demanda residencial fuerte y acreditada, 
dentro del plazo de un año desde la entrada en vigor de este Decreto-ley, tienen que 
enviar al Registro de Planeamiento Urbanístico de Cataluña el inventario de los bienes y 
los derechos que integran el patrimonio municipal de suelo y de vivienda para su 
inscripción, así como su balance de situación. La falta de presentación del inventario y el 
balance de situación dentro del plazo mencionado impide enajenar los bienes y los 
derechos patrimoniales mientras no se inscriban.
Disposición adicional quinta.  Programas de actuación concertada.
1.  El Departamento competente en materia de vivienda y los municipios de más 
de  50.000  habitantes,  así  como  los  comprendidos  en  el  ámbito  territorial  del  Área 
Metropolitana  de  Barcelona  tienen  que  coordinar  sus  actuaciones  en  materia  de 
vivienda. A este efecto y en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de 
este Decreto-ley tienen que suscribir un programa de actuación concertada que detalle 
las líneas de actuación principales para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y 
adecuada. Pueden participar en la concertación de estos programas los entes locales 
supramunicipales. En el ámbito territorial del Área Metropolitana de Barcelona, estos 
programas son el instrumento idóneo para que esta entidad ejerza sus funciones de 
coordinación;  sin  embargo,  el  resto  de  municipios  incluidos  en  áreas  de  demanda 
residencial fuerte y acreditada pueden concertar sus actuaciones en materia de vivienda 
con protección oficial con el Departamento competente mediante la suscripción también 
de un programa de actuación concertada.
2.  Los programas de actuación concertada a que hace referencia el apartado 1 
tienen que servir de base para movilizar los patrimonios públicos de suelo y de vivienda 
respectivos en esta materia. Su prioridad tiene que ser poner a disposición de los 
usuarios viviendas con protección oficial en régimen de alquiler, mediante cualquier 
forma  de  gestión  directa  o  indirecta.  Los  programas  también  pueden  concretar  las 
políticas de adquisición de suelo, de promoción de alojamientos dotacionales públicos, 
de intervención sobre pisos vacíos, de renovación y de rehabilitación urbana y cualquier 
otra política pública que pueda mejorar el acceso a la vivienda. Los programas tienen 
que contener, como mínimo, los apartados siguientes:
a)  La  diagnosis  de  la  situación  de  la  vivienda  en  el  municipio,  con  especial 
referencia a las necesidades de vivienda con protección oficial.
b)  El  análisis  sobre  las  posibilidades  de  movilizar  los  bienes  y  los  derechos 
patrimoniales para la construcción de viviendas con protección oficial en escenarios a 
dos y a cinco años vista.
c)  La programación de actuaciones a llevar a cabo. e.
d)  La relación de bienes y derechos de los patrimonios públicos del suelo y de  w.b
vivienda afectos a la ejecución de las actuaciones concertadas. 09ww
interev)e ncLiaó n csoonbcrree pciiósons  yv accíooosr pdoinra pcaiórtne  ddee  lalsa sA dmmeindisidtraasc ioan easd coopmtapre teenn tems.ateria  de
atenfd) ienLdao  Ma elomso rreiac uerscoosn ódmisipcoan ibsolebsr ea  plaa rtviria dbeil ildaasd a ydued alas sp úabclitcuaasc ieosnteasb leccoindcaesr teand aloss, 
planes de vivienda, de los ingresos derivados del impuesto sobre las viviendas vacías,
del Fondo de Solidaridad Urbana previsto en el artículo 76 de la Ley 18/2007, de 28 de 
diciembre, del derecho a la vivienda, de otras líneas de financiación que establezca el 
Gobierno de la Generalidad de acuerdo con el artículo 13.3 de la mencionada Ley, de las 
fuentes de financiación local, así como de los recursos que se tengan que obtener de la 
venta de parte de las viviendas con protección oficial para garantizar la viabilidad de la 
misma actuación.
3.  Las determinaciones de los apartados 1 y 2 no son de aplicación al municipio de 
Barcelona, donde la gestión conjunta en materia de vivienda con la Generalidad se lleva 
a cabo mediante el Consorcio de Vivienda de Barcelona, de acuerdo con la Ley 22/1998, 
de la Carta municipal de Barcelona.
4.  El programa de actuación concertada tiene que priorizar la construcción de las 
viviendas con protección oficial en los suelos destinados por la ordenación urbanística a 
este uso y que hayan sido adquiridas gratuitamente en el marco de una actuación 
urbanística. El propio programa de actuación concertada tiene que identificar estos 
suelos y establecer la previsión temporal necesaria para alcanzar este objetivo en el 
caso de municipios incluidos en las áreas de demanda residencial fuerte y acreditada.
Disposición adicional sexta.  Régimen especial aplicable a los municipios integrados en 
el área metropolitana de Barcelona en materia de reservas de vivienda de protección 
pública.
1.  Cuando el planeamiento urbanístico de los municipios integrados en el ámbito 
territorial del área metropolitana de Barcelona deban establecer reservas de vivienda de 
protección pública de conformidad con el artículo 57.3 y la disposición transitoria tercera 
del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de urbanismo, son exigibles los porcentajes mínimos del techo que se califique 
para el uso residencial de nueva implantación siguientes:
a)  El 40% en suelo urbanizable delimitado.
b)  El 40% en sectores de suelo urbano no consolidado que tengan por objeto la 
transformación global de los usos principales al uso residencial.
Estos porcentajes se pueden reducir hasta el 30% cuando no se pueda garantizar la 
viabilidad económico financiera de las actuaciones.
2.  La mitad como mínimo de las reservas de vivienda de protección pública a que 
hace referencia el apartado 1 debe destinarse específicamente el régimen de alquiler.
3.  El régimen especial que establece esta disposición es aplicable al planeamiento 
urbanístico general de los municipios afectados y a sus revisiones y modificaciones, así 
como  a  los  planes  urbanísticos  derivados  y  sus  modificaciones,  que  se  aprueben 
inicialmente en plazo de 45 días hábiles contados desde la entrada en vigor del Decreto-
ley de 23 de diciembre de 2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la 
vivienda.
Disposición transitoria primera.  Obligación de ofrecer un alquiler social.
La obligación de ofrecer un alquiler social a que hacen referencia la disposición 
adicional primera y el artículo 10 de la Ley 24/2015, del 29 de julio, de medidas urgentes 
para  afrontar  la  emergencia  en  el  ámbito  de  la  vivienda  y  la  pobreza  energética, 
añadidos  por  este  Decreto-ley,  es  de  aplicación  también  en  caso  de  que  los  e
procedimientos judiciales correspondientes se hayan iniciado antes de la entrada en  bo
vigor de este Decreto-ley y estén todavía en tramitación. 09ww
Disposición  transitoria  segunda.  Viviendas  con  protección  oficial  calificadas 
definitivamente antes de la entrada en vigor de este Decreto–ley.
1.  Son aplicables a las viviendas con protección oficial calificadas definitivamente 
antes de la entrada en vigor de este Decreto-ley la vigencia de la calificación y los 
precios de venta y rentas máximos determinados de acuerdo con el régimen jurídico 
vigente cuando se calificaron, a menos que se trate de viviendas que formen parte de un 
patrimonio público de suelo y de vivienda, supuesto en el cual se aplica el nuevo régimen 
con  respecto  a  la  vigencia  de  la  calificación.  En  cualquier  caso,  las  viviendas 
mencionadas sólo se pueden descalificar a iniciativa de la misma Administración en los 
términos regulados en el artículo 79.3 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del 
derecho a la vivienda.
2.  En el caso de viviendas calificadas definitivamente antes de la entrada en vigor 
de este Decreto-ley que, de acuerdo con la calificación urbanística del suelo, se tengan 
que destinar al uso de vivienda de protección pública, se tiene que hacer constar esta 
circunstancia en las escrituras públicas de transmisión de su propiedad y en el Registro 
de la Propiedad.
Disposición transitoria tercera.  Instrumentos urbanísticos en tramitación.
Se siguen tramitando y se aprueban definitivamente de conformidad con el régimen 
jurídico urbanístico anterior los instrumentos urbanísticos siguientes:
a)  Los de iniciativa pública aprobados inicialmente con anterioridad a la entrada en 
vigor de este Decreto-ley, excepto con respecto a las disposiciones relativas al sistema 
urbanístico de equipamientos comunitarios de alojamiento dotacional, que se aplican a 
los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  que  no  hayan  sido  aprobados 
provisionalmente a la entrada en vigor de este Decreto-ley.
b)  Los  de  iniciativa  privada  presentados  completos  ante  la  Administración 
urbanística competente con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto-ley.
Disposición  transitoria  cuarta.  Vigencia  de  la  calificación  de  las  viviendas  con 
protección oficial en los expedientes en tramitación.
Los expedientes de calificación de viviendas con protección oficial que estén en 
tramitación a la entrada en vigor de este Decreto-ley se sujetan al régimen anterior con 
respecto a la vigencia de la calificación, excepto si se trata de viviendas que forman 
parte de un patrimonio público de suelo y de vivienda, supuesto en el cual se aplica el 
régimen establecido por este Decreto-ley.
Disposición transitoria quinta.  Régimen de precios de venta y rentas máximos.
1.  Mientras no se establezcan el precio de venta básico de las viviendas con 
protección oficial y el factor de localización asignado a cada municipio a que hace 
referencia el artículo 83 bis de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la 
vivienda, ni se apruebe un nuevo plan por el derecho a la vivienda adaptada a las 
determinaciones de este Decreto-ley, es aplicable el sistema de determinación de los 
precios de venta y de las rentas máximos de acuerdo con el régimen anterior.
2.  El sistema de determinación de los precios de conformidad con el régimen que 
establece este Decreto-ley es aplicable a las viviendas con protección oficial respecto a  e
las cuales el procedimiento para su calificación se inicie con posterioridad a que el nuevo  bo
sistema de precios máximos sea aplicable. Sin embargo, es aplicable el sistema de  09ww
determinación de los precios máximos de conformidad con el régimen anterior respecto a 
las viviendas con protección oficial siguientes:
a)  Cuando se sitúen en un ámbito de reparcelación en los supuestos siguientes:
1.º  Que el proyecto de reparcelación se haya aprobado con anterioridad a que sea 
aplicable el nuevo sistema de determinación de los precios máximos.
2.º  Que, en ejecución del planeamiento urbanístico aprobado de conformidad con el 
régimen anterior, el proyecto de reparcelación se apruebe definitivamente antes de que 
transcurran cuatro años desde la entrada en vigor de este Decreto-ley.
En ambos supuestos es requisito que no haya transcurrido el plazo fijado por el 
planeamiento urbanístico para acabar la edificación de los solares y, si no lo fija, que no 
hayan transcurrido tres años desde que los terrenos afectados adquirieron la condición 
de solar.
b)  Cuando la Administración competente haya programado su promoción pública o 
concertada con particulares con anterioridad a que el nuevo sistema de los precios 
máximos sea aplicable, mientras no hayan transcurrido cinco años desde la entrada en 
vigor de este Decreto-ley y la Administración o la persona que solicite la calificación opte 
por la aplicación del régimen anterior.
Disposición  transitoria  sexta.  Renovación  de  las  inscripciones  al  Registro  de 
Solicitantes de Viviendas con Protección Oficial.
A efectos del apartado 9 del artículo 95 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del 
derecho a la vivienda, añadido por este Decreto-ley, las personas inscritas en el Registro 
de Solicitantes de Viviendas con Protección Oficial en el momento de su entrada en vigor 
disponen de un plazo de un año a partir de este momento para renovar su solicitud.
Disposición  transitoria  séptima.  Planes  directores  urbanísticos  de  delimitación  y 
ordenación de las áreas residenciales estratégicas.
Con relación a los planes directores urbanísticos de delimitación y ordenación de las 
áreas residenciales estratégicas aprobados de acuerdo con el régimen jurídico anterior a 
la  entrada  en  vigor  de  este  Decreto-ley,  la  obligación  de  emplazar  el  suelo  con 
aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria sobre la reserva de suelo destinado a 
viviendas de protección pública y de mantener la titularidad del suelo a que hacen 
referencia los artículos 46.2.c y 46.3 del texto refundido de la Ley de urbanismo no es 
exigible cuando las determinaciones de los planes mencionados, de acuerdo con el 
artículo 56.5.c de esta Ley, hayan establecido que el producto obtenido de la enajenación 
del  suelo  de  cesión  mencionado  se  destine  a  cumplir  la  obligación  de  costear  la 
construcción de los equipamientos
Disposición transitoria octava.  Terrenos del patrimonio público de suelo y de vivienda 
que forman parte de una reserva de viviendas de protección pública.
Es de aplicación el apartado 3 del artículo 46 del texto refundido de la Ley de 
urbanismo, añadido por este Decreto-ley, en los terrenos del patrimonio público de suelo 
y de vivienda adjudicados gratuitamente en la ejecución de una actuación urbanística 
efectuada antes de la entrada en vigor de este Decreto-ley cuando, de acuerdo con el  s
planeamiento  urbanístico,  formen  parte  de  una  reserva  de  viviendas  de  protección  oe.
pública, a menos que en el momento de entrada en vigor de este Decreto-ley: w.
régima)e nS juer ídhiacyoa a ninteicriioard.o  el  procedimiento  para  enajenarlos  de  conformidad  con  el
una bs) ocSieed ahda yamnix atap roob avdinoc ulalasd baa sae sc uoa lloqsu ieprli eogtoras  pfoarrma ae ndaeje ngaerslotisó,n o  insdui raepcotart adceió nlo as   BOE-A-cable e
servicios públicos, y se inicie el procedimiento para enajenarlos en el plazo de cuatro 
años desde la entrada en vigor de este Decreto-ley.
Disposición transitoria novena.  Planeamiento urbanístico no adaptado.
1.  Los terrenos que el planeamiento urbanístico no adaptado a las determinaciones 
de este Decreto-ley califica de sistema urbanístico de viviendas dotacionales públicas se 
integran  en  el  sistema  urbanístico  de  equipamientos  comunitarios  con  destino  a 
alojamiento  dotacional  de  titularidad  pública.  Con  respecto  a  los  terrenos  que  el 
planeamiento mencionado califica de sistema urbanístico de equipamientos comunitarios 
de titularidad pública, se pueden destinar al uso de alojamiento dotacional de titularidad 
pública de conformidad con el planeamiento urbanístico de desarrollo que se formule con 
esta finalidad en las circunstancias siguientes:
a)  Si el planeamiento no adaptado no concreta el uso, siempre que se acredite que 
no hay que destinarlos a otro uso de equipamiento público.
b)  Si el equipamiento de titularidad pública está construido, se puede ampliar de 
acuerdo  con  las  condiciones  de  integración  en  el  entorno  que  establezca  el  plan 
urbanístico de desarrollo para destinar la ampliación al uso de alojamiento dotacional de 
titularidad pública, siempre que se acredite la compatibilidad del alojamiento con el 
programa  funcional  del  equipamiento  existente  y  que  no  hay  que  ampliar  este 
equipamiento.
2.  En caso de que el planeamiento urbanístico no adaptado a este Decreto-ley 
califique suelo destinado a la construcción de viviendas con un régimen específico de 
protección oficial, será de aplicación el párrafo primero del apartado 3 del artículo 57 del 
texto refundido de la Ley de urbanismo, modificado por este Decreto-ley, sin que los 
instrumentos urbanísticos que lo desarrollen o lo ejecuten, que se aprueben inicialmente 
a partir de que sea aplicable el sistema de determinación de los precios de venta y renta 
máximos que establece este Decreto-ley, queden vinculados por las determinaciones 
relativas a los regímenes específicos mencionados.
3.  Cuando  el  planeamiento  urbanístico  no  adaptado  a  este  Decreto-ley  no 
determina el régimen de acceso de las personas usuarias a las viviendas de protección 
pública, se entiende que estas pueden acceder de conformidad a cualquiera de los 
regímenes que se corresponden con su calificación genérica. Eso no obsta para que, 
mediante el planeamiento de desarrollo o la modificación del planeamiento, se puedan 
calificar para destinarlos específicamente al régimen de arrendamiento.
Disposición derogatoria.
Se derogan todas las normas del mismo rango o inferior que se opongan a lo que 
establece este Decreto-ley y, específicamente, las disposiciones siguientes:
a)  El artículo 17.3 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
b)  Los artículos 41.2, 43.1, 49, 50, 51 y 52 del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del 
Plan para el derecho a la vivienda.
c)  Los artículos 33.4, 66.1.b, 66.1.c, 66.2, 66.5, 221.3, 226, 227 y el apartado 3 de 
la disposición transitoria novena del Reglamento de la Ley de urbanismo, aprobado por 
el Decreto 305/2006, de 18 de julio.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del 
derecho a la vivienda.
1.  Se modifica el apartado 8 del artículo 15 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, 
del derecho a la vivienda, que queda redactado de la manera siguiente:
«8.  Es aplicable la legislación urbanística al procedimiento de delimitación de 
las áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto a que hace referencia este 
artículo, así como al ejercicio de estos derechos.»
2.  Se añade una disposición adicional a la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del 
derecho a la vivienda, con la redacción siguiente:
«El Área Metropolitana de Barcelona es competente para declarar, con la 
audiencia  previa  de  los  municipios  afectados,  las  áreas  de  conservación  y 
rehabilitación  a  que  hace  referencia  el  artículo  36,  incluso  para  delimitar 
actuaciones  de  rehabilitación  edificatoria  en  el  medio  urbano  de  interés 
metropolitano  y  de  alcanzar  la  condición  de  administración  actuante  para  la 
gestión urbanística de las actuaciones mencionadas.»
Disposición  final  segunda.  Modificación  de  la  Ley  3/2012,  del  22  de  febrero,  de 
modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto 
legislativo 1/2010, del 3 de agosto.
Se modifican los apartados 1, 2 y 3 de la disposición transitoria primera de la 
Ley  3/2012,  del  22  de  febrero,  de  modificación  del  texto  refundido  de  la  Ley  de 
urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, del 3 de agosto, que quedan 
redactados de la manera siguiente:
«1.  Las personas titulares de licencias de obras caducadas a partir del 1 de 
enero de 2008, otorgadas de conformidad con la normativa técnica en materia de 
edificación y de vivienda anterior a la normativa aplicable a la entrada en vigor de 
esta ley, pueden solicitar la rehabilitación y la prórroga de la vigencia cuando 
concurran las circunstancias siguientes:
a)  Si, después de haber iniciado la ejecución de las obras autorizadas, no 
pudieron finalizarlas en los plazos fijados por causa de la coyuntura de crisis 
económica en el sector de la construcción.
b)  Si se ha iniciado la estructura del edificio y la adaptación de las obras 
ejecutadas a las exigencias derivadas de la normativa técnica en materia de 
edificación y de vivienda aplicable a la entrada en vigor de esta ley resulta inviable 
económicamente.
c)  Si las obras autorizadas son conformes a la legislación y el planeamiento 
urbanísticos vigentes en el momento de solicitar la rehabilitación y la prórroga en 
todos los aspectos no relacionados con las exigencias especificadas por la letra b.
2.  Las personas titulares de licencias a que hace referencia el apartado 1 
disponen de un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del Decreto-ley 
de 23 de diciembre de 2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la 
vivienda, para solicitar la rehabilitación y la prórroga. Transcurrido este plazo sin 
haber presentado la solicitud, o transcurrido el plazo de prórroga de la licencia  e.e
rehabilitada sin haber finalizado las obras de edificación autorizadas, las personas  w.b
mencionadas  quedan  obligadas  a  derribar  el  edificio  inacabado,  para  lo  cual  09ww
dcoisrpreosnpeonn ddieen teu nc onp lalaz oa dmveárxteimncoi a ddee  uqnu e,a sñio  nod elosd hea cqeune,  sfein apluiceed e eel jepcluatzaor 
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realidad física alterada y el orden urbanístico vulnerado. Todo lo cual se entiende
sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  obtener  nueva  licencia  sobre  un  proyecto 
rectificado que incorpore los ajustes necesarios para que sean autorizables las 
obras de acuerdo con la normativa técnica aplicable.
3.  El plazo máximo de prórroga de las licencias de obras a las cuales hace 
referencia el apartado 1 es el 31 de diciembre de 2022.»
Disposición  final    tercera.  Modificación  de  la  Ley  12/2017,  del  6  de  julio,  de  la 
arquitectura.
Se añade un nuevo apartado, el 3, al artículo 12 de la Ley 12/2017, del 6 de julio, de 
la arquitectura, con la redacción siguiente:
«3.  Las especificidades de las modalidades de contratación establecidas en 
el artículo 18 no son exigibles cuando se trate de la contratación de los servicios 
del  proceso  arquitectónico  relativos  a  la  construcción  de  equipamientos 
comunitarios de alojamiento dotacional de titularidad pública.»
Disposición  final    cuarta.  Aprobación  del  plan  territorial  sectorial  de  vivienda  e 
incremento  de  los  estándares  de  reserva  de  suelo  destinado  a  viviendas  de 
protección pública.
El Gobierno tiene que aprobar el plan territorial sectorial de vivienda en el plazo de 
un año a partir de la entrada en vigor de este Decreto-ley. Este Plan tiene que determinar 
los estándares de reserva de suelo destinado a viviendas de protección pública en los 
municipios incluidos en las áreas de demanda residencial fuerte y acreditada que, por las 
especiales  dificultades  de  acceso  a  la  vivienda  de  la  población,  requieren  unos 
estándares superiores a los establecidos por el texto refundido de la Ley de urbanismo. 
Estos estándares tienen que ser, como mínimo, el 50 por ciento del techo que se 
califique para el uso residencial de nueva implantación en suelo urbanizable delimitado y 
el 40 por ciento en suelo urbano no consolidado, con posibilidad de reducir, en este 
último caso, hasta el 30 por ciento cuando sea necesario para garantizar la viabilidad 
económica de la actuación. La mitad, como mínimo, de estas reservas se tienen que 
destinar específicamente al régimen de arrendamiento.
Disposición  final  quinta.  Condiciones  mínimas  de  habitabilidad  de  los  alojamientos 
dotacionales y otras formas de vivienda compartida.
Corresponde al Gobierno establecer reglamentariamente las condiciones mínimas de 
habitabilidad para los alojamientos dotacionales y otras formas de vivienda compartida. 
Con esta finalidad, el Departamento competente en materia de vivienda tiene que iniciar 
los trabajos para elaborar la disposición reglamentaria inmediatamente a partir de la 
entrada en vigor de este Decreto-ley.
Disposición final sexta.  Plazo para establecer el precio de venta básico de las viviendas 
con protección oficial y el factor de localización asignado a cada municipio.
En  el  plazo  de  seis  meses  desde  la  entrada  en  vigor  de  este  Decreto-ley,  el 
Consejero o Consejera competente en materia de vivienda tiene que aprobar la orden 
para establecer el precio de venta básico y el factor de localización asignado a cada 
municipio a que hace referencia el apartado 5 del artículo 83 bis de la Ley 18/2007,  es
de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda. bo
Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entra en vigor el día siguiente al de la publicación en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya».
Por  lo  tanto,  ordeno  que  todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas  a  los  cuales  sea 
aplicable este Decreto-ley cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales y las 
autoridades a los cuales corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 23 de diciembre de 2019.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, 
Joaquim Torra i Pla.–El Consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet i Valera.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8032, de 30 de diciembre de 2019. 
Convalidado por Resolución 732/XII del Parlamento de Cataluña, de 5 de febrero de 2020, publicada en el 
«Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8062, de 12 de febrero de 2020)