BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 198 Jueves 19 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 101757
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
14059 Resolución de 9 de agosto de 2021, del Fondo Español de Garantía Agraria, 
O.A., por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio 
de  2021,  por  el  que  se  modifica  la  responsabilidad  financiera  de  la 
Comunidad  de  Castilla  y  León  en  el  procedimiento  de  repercusión  de 
responsabilidades  por  incumplimiento  del  derecho  de  la  Unión  Europea, 
establecida en los Acuerdos de Consejo de Ministros de 17 de febrero de 
2017 y de 24 de noviembre de 2020, dejando estos sin efecto, en virtud de lo 
dispuesto en las Sentencias del Tribunal Supremo n.º 1538/2020 de 18 de 
noviembre de 2020, y n.º 1563/2020 de 19 de noviembre de 2020.
El Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de julio de 2021, ha aprobado, a 
propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Acuerdo por el que se 
modifica la responsabilidad financiera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en 
el procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho 
de la Unión Europea establecida en los Acuerdos de Consejo de Ministros de 17 de 
febrero de 2017 y de 24 de noviembre de 2020, dejando estos sin efecto, en virtud de lo 
dispuesto en las Sentencias del Tribunal Supremo n.º 1538/2020 de 18 de noviembre 
de 2020, y n.º 1563/2020 de 19 de noviembre de 2020.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2 del Real Decreto 515/2013, de 5 de 
julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las 
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, se dispone la 
publicación del citado Acuerdo, que figura como anexo a la presente resolución.
Madrid, 9 de agosto de 2021.–El Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, 
O.A., Miguel Ángel Riesgo Pablo.
ANEXO
Acuerdo por el que se modifica la responsabilidad financiera de la Comunidad de 
Castilla y León en el procedimiento de repercusión de responsabilidades por 
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea establecida en los Acuerdos de 
Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017 y de 24 de noviembre de 2020, 
dejando estos sin efecto, en virtud de lo dispuesto en las Sentencias del Tribunal 
Supremo n.º 1538/2020 de 18 de noviembre de 2020, y n.º 1563/2020 de 19 de 
noviembre de 2020
Primero.
Vistas las Sentencias del Tribunal Supremo n.º 1538/2020 de 18 de noviembre 
de 2020, y 1563/2020 de 19 de noviembre de 2020 de los recursos contenciosos 
administrativos interpuestos contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero 
de 2017, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de la repercusión de 
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, y cuyos fallos  es
deciden  estimar  una  responsabilidad  financiera  concurrente  al  50  %  entre  la  bo
Administración  General  del  Estado  y  las  Comunidades  Autónomas  recurrentes,  se  059ww
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las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. El mismo ha
dado  lugar  a  la  liquidación  realizada  sobre  la  deuda  contraída  de  once  millones 
novecientos  doce  mil  novecientos  sesenta  y  dos  euros  con  setenta  y  ocho 
céntimos (11.912.962,78 €), de los cuales once millones setecientos cuarenta y ocho mil 
ciento veinte euros con un céntimo (11.748.120,01 €) son con cargo al Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía (FEAGA), ayudas por superficie debido a la inadmisibilidad de los 
pastos permanentes, y ciento sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y dos euros con 
setenta y siete céntimos (164.842,77 €) son con cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA), resto de ayudas por superficie.
Segundo.
Por cumplimiento de sentencia, con el presente Acuerdo se revocan los importes 
resueltos mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2020, 
dictando una responsabilidad financiera mancomunada al 50 %. Por consiguiente, la 
deuda  del  procedimiento  iniciado  a  la  citada  Comunidad  Autónoma  resultante  es 
de  11.748.120,01  euros  con  cargo  al  FEAGA,  ayudas  por  superficie  debido  a  la 
inadmisibilidad de los pastos permanentes, y 164.842,77 euros con cargo al FEAGA, 
resto de ayudas por superficie. La deuda atribuida al Organismo Pagador de Castilla y 
León en concepto de pastos permanentes ha sido extinguida al haber efectuado un 
abono  en  la  cuenta  habilitada  del  Banco  de  España  por  el  importe 
de 23.496.240,01 euros. Por ello procede la devolución del 50 % de dicho importe 
consistente en 11.748.120,01 euros. La deuda referente al resto de ayudas por superficie 
de  164.842,77  euros,  se  compensará  del  importe  de  la  devolución  tal  y  como  ha 
solicitado  el  organismo  pagador  de  Castilla  y  León,  en  virtud  del  artículo  15.1  del 
Real  Decreto  515/2013  de  5  de  julio,  por  tanto,  se  procede  a  la  devolución 
de 11.583.277,24 euros.
Tercero.
El presente acuerdo de Consejo de Ministros será publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado»,  modificando  y  revocando  el  Acuerdo  de  Consejo  de  Ministros  de  24  de 
noviembre de 2020, dado que pone fin al procedimiento para determinar y repercutir las 
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea reconocidas por 
la  Comisión  Europea  mediante  su  Decisión  de  Ejecución  (UE)  2019/1835,  de  la 
Comisión, de fecha 30 de octubre de 2019, por la que se excluyen de la financiación de 
la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo 
al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER).
Asimismo el Acuerdo, en su parte expositiva indica:
La Decisión de Ejecución (UE) 2016/1059 de 20 de junio de 2016 (Decisión Ad 
Hoc 51) excluyó de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por el 
Reino de España, por no ajustarse a las normas comunitarias, en relación con las 
debilidades  encontradas  en  el  marco  de  las  ayudas  por  superficie  debido  a  la 
inadmisibilidad de los pastos permanentes y la vinculación con la gestión de los pagos 
así como a deficiencias en el procedimiento de recuperación de pagos indebidos como 
consecuencia de un cambio de la superficie admisible en el SIGPAC.
En aplicación del apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, 
por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las  s
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea y al abrigo del  oe.
apartado 1 de la Disposición Adicional Quinta, se propuso imputar el 100 % de la  w.
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febrero de 2017 en el que se determinaba la repercusión al Organismo Pagador de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León un importe total de 57.945.425,36 euros, de los 
que correspondían por fondos:
– FEAGA,  ayudas  por  superficie  debido  a  la  inadmisibilidad  de  los  pastos 
permanentes, 57.615.739,82 euros.
– FEAGA resto de ayuda, 329.685,54 euros.
Dicho Organismo Pagador no pagó la deuda correspondiente a FEAGA, ayudas por 
superficie  debido  a  la  inadmisibilidad  de  los  pastos  permanentes,  por  importe 
de 57.615.739,82 euros, ni la correspondiente a FEAGA resto de ayuda, por un importe 
de 329.685,54 euros, quedando una deuda total pendiente de 57.945.425,36 euros.
No obstante, sobre el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017 
incidió una circunstancia esencial y es la propia actuación del Reino de España que instó 
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) la anulación parcial 
de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1059.
Fruto  del  proceso  ante  la  curia  comunitaria  europea,  el  TJUE  en  la 
Sentencia  T-459/16  de  29  de  noviembre  de  2018  estimó  parcialmente  el  recurso 
interpuesto por el Estado Español y procedió a la anulación de la Decisión impugnada.
De  esta  forma,  la  Comisión  Europea  publicó  una  nueva  Decisión  de 
Ejecución  (UE)  2019/1835  (Ad  hoc  61),  de  fecha  30  de  octubre  de  2019,  con  la 
devolución parcial a España de una parte correspondiente a FEAGA en el caso de 
ayudas  por  superficie,  inadmisibilidad  de  los  pastos  permanentes,  por  un  importe 
de 172.163.315,09 euros, el 5 de febrero de 2020. Por ello, la corrección financiera total 
de FEAGA pastos que ascendía a 262.887.429,57 euros, descontando la devolución de 
la Comisión supone ahora un total de 90.724.114,48 euros.
De esta forma, mediante el Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de noviembre 
de  2020  se  culminó  la  terminación  del  procedimiento  de  responsabilidad  financiera 
iniciado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León el 9 de junio de 2020 por la que 
recalculó la corrección financiera que afectaba al importe FEAGA ayudas por superficie 
inadmisibilidad de pastos permanentes como consecuencia de la Sentencia del TJUE y 
de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1835 dictada por la Comisión el 30 de octubre 
de 2019.
Así, para el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la 
deuda  de  FEAGA,  ayudas  por  superficie  debido  a  la  inadmisibilidad  de  los  pastos 
permanentes, se modificó a 23.496.240,01 euros.
Las sentencias del Tribunal Supremo n.º 1538/2020 de 18 de noviembre de 2020, y 
n.º 1563/2020 de 19 de noviembre de 2020, de los recursos contencioso-administrativos 
interpuestos  por  las  Comunidades  Autónomas  de  Extremadura  y  Cantabria 
respectivamente, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017, 
establecen en sus fallos estimar una responsabilidad financiera concurrente al 50 % 
entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas indicadas, 
anulando el citado Acuerdo.
Con el fin de cumplir con las citadas sentencias del alto tribunal, y en base a lo 
dispuesto en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  el  FEGA  inició  de  oficio, 
mediante  acuerdo  de  23  de  abril  de  2021,  el  procedimiento  de  determinación  de 
responsabilidades en base al artículo 8.1 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, que 
fue notificado el día 26 de abril de 2021 y recepcionado por el Organismo pagador de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León ese mismo día. e
El Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma presentó un documento el 21 de  bo
mayo del 2021 sin alegaciones al acuerdo de inicio, con arreglo a lo establecido en el  059ww
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de pastos permanentes ha sido extinguida al haber efectuado con fecha 21 de enero
de  2021  un  abono  en  la  cuenta  habilitada  del  Banco  de  España  por  el  importe 
de 23.496.240,01 euros.
La deuda resultante del procedimiento iniciado a la citada Comunidad Autónoma, 
consistente en 164.842,77 euros con cargo al FEAGA, resto de ayudas por superficie, se 
declarará extinguida con la compensación del importe de la devolución tal y como ha 
solicitado el organismo pagador de Castilla y León.
Con el presente Acuerdo se revocan los importes resueltos mediante en los Acuerdos 
de Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017 y de 24 de noviembre de 2020, dejando 
estos sin efecto, en virtud de lo dispuesto en las Sentencias del Tribunal Supremo n.º
1538/2020 de 18 de noviembre de 2020, y n.º 1563/2020 de 19 de noviembre de 2020, y se 
dicta una responsabilidad financiera mancomunada al 50 %.
Consta en las actuaciones el informe preceptivo de la Abogacía del Estado previsto 
en el artículo 12.1 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio.
Con carácter potestativo se podrá formular al Consejo de Ministros el requerimiento previo, 
previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Dicho requerimiento deberá producirse en el plazo de dos meses, contados 
desde que la Administración requirente haya recibido la notificación del acuerdo.
Contra este acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, 
contados  desde  el  día  siguiente  al  de  la  notificación  del  mismo.  Cuando  hubiera 
precedido el requerimiento previo el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en el 
que  se  reciba  la  comunicación  del  acuerdo  expreso,  o  se  entienda  presuntamente 
rechazado [artículos 12.1.a), 46.6 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio].