BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 24 Jueves 28 de enero de 2021 Sec. I.   Pág. 8230
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
1195 Decreto-ley 28/2020, de 21 de julio, por el que se modifica la Ley 14/2017, de 
20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía, y se adoptan medidas 
urgentes para armonizar prestaciones sociales con el ingreso mínimo vital.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
El artículo 67.6.a) del Estatuto de autonomía de Cataluña prevé que los Decretos-ley 
son promulgados, en nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El artículo 24.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña prevé que las personas o las 
familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una 
renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de 
acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen.
Vista  la  situación  de  crisis  económica  y  de  emergencia  social  en  Cataluña,  se 
impulsó una iniciativa legislativa popular sobre la renta garantizada de ciudadanía para 
promover una ley que diera cumplimiento al artículo 24.3 del Estatuto de autonomía de 
Cataluña.
En este sentido, el 20 de julio de 2017, el Parlamento de Catalunya aprobó la 
Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía, con la finalidad de 
asegurar los mínimos de una vida digna a las personas y unidades familiares que se 
encuentran en situación de pobreza, para promover su autonomía y participación activa 
en la sociedad.
El  desarrollo  normativo  de  la  renta  garantizada  de  ciudadanía  concluyó  con  la 
aprobación del Decreto 78/2019, de 2 de abril, de creación y regulación de la Comisión 
de  Gobierno  de  la  Renta  Garantizada  de  Ciudadanía,  y,  recientemente,  del 
Decreto 55/2020, de 28 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2017, 
de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía y se modifica el Decreto 123/2007, 
de 29 de mayo, por el que se determina el régimen aplicable a la solicitud y concesión de 
las prestaciones sociales de carácter económico de derecho subjetivo, y se concretan los 
requisitos para el reconocimiento del derecho a las prestaciones creadas, en desarrollo 
de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico.
Por otra parte, la irrupción de la pandemia generada por la COVID-19 ha provocado 
un nuevo crecimiento en la tasa de riesgo a la pobreza, tanto en Cataluña como en el 
resto del Estado español, que obliga a las administraciones públicas a adoptar de forma 
urgente nuevas medidas para paliar sus efectos.
A  raíz  de  la  situación  descrita,  se  está  produciendo  un  deterioro  del  contexto 
macroeconómico y los organismos internacionales como la OCDE revisan a la baja las 
previsiones de las principales economías europeas para el 2020 y, en especial, de la  e.e
economía española, una de las más afectadas por la pandemia y con un confinamiento  b
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Actualmente, la competencia y gestión de las rentas mínimas es de las comunidades 
autónomas y Cataluña tiene la prestación de la renta garantizada de ciudadanía (en 
adelante, RGC) como última red de protección con unos umbrales propios más elevados. 
La irrupción del IMV en un escenario descentralizado y heterogéneo puede provocar 
inseguridad jurídica a los ciudadanos porque representa una nueva prestación de la cual 
el  resto  de  las  rentas  mínimas  son  subsidiarias.  El  IMV  aparece  con  sus  propios 
requisitos, valoración de criterios, procedimientos e importes. Este Decreto-ley, en primer 
lugar, pretende conseguir, en el momento actual, una coordinación eficiente entre las 
administraciones públicas que tienen competencias en materia de rentas mínimas en 
Cataluña. En segundo lugar, este Decreto-ley quiere alcanzar una normativa coherente 
en materia de renta garantizada que dé cumplimiento al principio de seguridad jurídica a 
la ciudadanía. En tercer lugar, el Decreto-ley quiere favorecer la correcta implantación 
del IMV en Cataluña, velando por la subsidiariedad de la RGC.
El Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, entró en vigor el mismo día de su 
publicación y las solicitudes de acceso al IMV se pueden presentar desde el 15 de junio 
de 2020. No obstante, no todas las disposiciones que establece el Real Decreto-ley se 
están aplicando de modo inmediato. Uno de los motivos por los que no se puede aplicar 
el IMV inmediatamente consiste en el hecho de que, a día de hoy, todavía no se ha 
publicado ninguna norma reglamentaria que desarrolle el Real Decreto-ley 20/2020, 
de 29 de mayo, y no se conoce como se concretarán aspectos clave del IMV como son 
el cómputo de patrimonio o la compatibilidad de los contratos laborales. En el mismo 
sentido, tampoco se ha suscrito ninguno de los convenios previstos en la norma que son, 
en  primer  lugar,  para  la  presentación  de  las  solicitudes  de  inicio  y  tramitación  del 
expediente y, en segundo lugar, para la colaboración en el procedimiento administrativo, 
en el desarrollo de estrategias de inclusión con las comunidades autónomas. Asimismo, 
todavía no se han habilitado los protocolos telemáticos de intercambio de información 
que el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, establece como necesarios para que 
las comunidades autónomas comuniquen al Instituto Nacional de la Seguridad Social los 
datos de las personas beneficiarias de las rentas mínimas, en este caso, de la renta 
garantizada de ciudadanía establecida por la Generalidad de Cataluña.
El Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, prevé varios momentos y casuísticas, 
que no están del todo concretadas ni son llevadas a cabo, que tienen impacto en la 
normativa de la RGC. Son las tres siguientes:
1.  La transformación de oficio de las prestaciones por hijo a cargo al IMV de todos 
los titulares de los cuales el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
tenga todos los datos necesarios. En cambio, el resto de titulares de las prestaciones por 
hijo a cargo de los que el Ministerio no disponga de todos los datos tienen la obligación 
de presentar la solicitud de acceso al IMV a partir del 15 de junio de 2020. A 31 de 
diciembre de 2020, si no han presentado la documentación requerida, volverán a percibir 
el mismo importe de la prestación anterior, es decir, la prestación por hijo a cargo y la 
renta garantizada de ciudadanía si también cumplen los requisitos de la RGC. Estos dos 
escenarios descritos tienen un fuerte impacto en los beneficiarios de la RGC, tanto en los 
nuevos como en los que ya la perciben actualmente. Si no se cambia la normativa actual 
de  la  RGC  de  modo  urgente,  la  Generalidad  de  Catalunya  deberá  resarcir  las 
mensualidades pagadas, lo cual provocará que los ciudadanos afectados tengan deudas 
importantes, que difícilmente se podrán reintegrar.
2.  Las personas que presenten la solicitud desde el 15 de junio de 2020 hasta el 15 
de septiembre de 2020 percibirán el IMV con efectos económicos desde el 1 de junio  e.
de 2020. Si la solicitud la presentan a partir del 16 de septiembre de 2020, los efectos  w.b
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del IMV por parte del INSS puede derivar en un mantenimiento presupuestario temporal 
porque se debe seguir pagando la prestación de la RGC.
3.  La prestación extraordinaria para las personas que hayan visto reducido el nivel 
de ingresos. La norma del IMV permite incluir como una excepción por la cual también 
podrán tener derecho al IMV los casos que este año 2020 hayan visto disminuido su 
nivel de ingresos debido a la COVID-19. Esta circunstancia también tendrá un impacto 
en los beneficiarios de la RGC, ya que también puede provocar cobros indebidos de 
difícil resarcimiento si ya eran beneficiarios de la prestación de la RGC.
Por todos estos motivos, la aplicación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, 
es todavía muy parcial y falta concretar cómo se desarrollará, ya que hasta la publicación 
de la norma de desarrollo reglamentario se mantendrán muchas dudas sobre cómo 
acabará siendo el alcance real del IMV y, por lo tanto, también el impacto que tendrá en 
el presupuesto de la Generalidad de Cataluña. La no concreción de estos aspectos 
puede provocar que los ciudadanos de Cataluña en situación de mayor vulnerabilidad 
con menos recursos se vean sometidos a agravios importantes.
Por las diferencias entre prestaciones descritas, hay que facilitar el encaje de las dos 
prestaciones a fin de que los ciudadanos de Cataluña no se vean perjudicados por la 
modificación de la normativa existente en materia de renta garantizada de ciudadanía.
Este Decreto-ley pretende regular el tránsito de la RGC hacia el IMV y al revés, 
minimizando la afectación a la ciudadanía mientras no sea posible un convenio de 
gestión por parte de la Generalidad de Cataluña. En lo referente a este punto, se regula 
la reducción de plazos de resolución emitida por la Generalidad de Cataluña y se 
garantiza  que  los  ciudadanos  no  se  vean  perjudicados  por  la  gestión  de  las  dos 
administraciones. En este sentido, se adoptan las medidas siguientes:
a)  Reducir el plazo de resolución de la RGC de los solicitantes del IMV que han 
visto denegada la solicitud del INSS. La reducción en el plazo de resolución para las 
personas que solicitan la RGC y que hayan solicitado también el IMV se hace necesaria 
para no hacer esperar a las familias en situación económica vulnerable los tres meses de 
la resolución del IMV, y que después tengan que esperar tres meses hasta que se 
resuelva la RGC. Por este motivo, solo en caso de que hayan solicitado el IMV y la RGC 
de forma casi paralela, se prevé la medida con el fin de poder evitar este periodo de 
tiempo.
b)  Reducir el plazo de resolución de la prestación complementaria a las ayudas, 
pensiones y prestaciones estatales al ingreso mínimo vital por parte de los solicitantes 
del IMV que han visto aprobada su solicitud de IMV. La reducción del plazo de resolución 
para las personas que solicitan la prestación complementaria a las ayudas, pensiones y 
prestaciones estatales al ingreso mínimo vital es necesaria para que las familias en 
situación económica vulnerable no tengan que esperar tres meses hasta la resolución 
del IMV, y tres meses más hasta que se resuelva la prestación complementaria a las 
ayudas, prestaciones y pensiones estatales. Por este motivo, solo en caso de que hayan 
solicitado el IMV y la prestación complementaria a las ayudas, pensiones y prestaciones 
estatales de forma casi paralela, se prevé la medida con el fin de poder evitar este 
periodo de tiempo.
c)  No tener que devolver el importe percibido de la RGC máximo hasta tres meses, 
dado el carácter subsidiario de la RGC con el IMV, por parte de los ya perceptores de 
la RGC que tengan derecho al IMV. El silencio negativo del IMV puede provocar que, a 
pesar de que a los tres meses se pueda considerar denegado, pueda haber resoluciones  e
posteriores con cobro de meses de efecto anterior. bo
Este Decreto-ley también pretende regular dos casuísticas concretas para evitar  w
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a  las  ayudas,  pensiones  y  prestaciones  estatales  vigentes  y  reconocidas  hasta  el
momento en que se estime el IMV, para las solicitudes presentadas hasta el 15 de
diciembre de 2020. Se prevé por parte del IMV el pago con efectos retroactivos desde 
el 1 de junio de 2020 para todas las solicitudes realizadas hasta el 15 de septiembre 
de 2020.
e)  La suspensión del plazo de resolución y notificación de la RGC o la prestación 
complementaria a las ayudas, pensiones y prestaciones estatales hasta la notificación de 
la resolución del IMV para las solicitudes de la RGC pendientes de resolver antes del 15 
de junio 2020. La ampliación de plazos para resolver aquellos a los que se ha hecho un 
requerimiento de resolución del IMV se hace imprescindible para no hacer recaer el 
retraso en las resoluciones del INSS sobre los ciudadanos.
Finalmente, la necesidad de armonizar elementos técnicos y procedimentales entre 
la RGC y el IMV para dar seguridad jurídica al ciudadano se prevé con las medidas 
siguientes:
f)  La  armonización  de  los  métodos  de  presentación  de  la  solicitud  y  la 
documentación correspondiente a través de declaraciones responsables. De este modo, 
se incluye un sistema de declaración responsable, tal como se establece en la normativa 
del IMV, con el fin de facilitar la comprensión a la ciudadanía y generar espacios 
comunes entre la RGC y el IMV.
g)  La armonización del sistema de acceso a la RGC con la modificación del plazo 
de resolución de la prestación de cuatro a tres meses y el mantenimiento del silencio 
positivo. Se reduce el plazo que tiene la Generalidad de Cataluña para resolver y 
notificar con la finalidad de equiparar todos los tipos de prestaciones.
h)  La armonización del compromiso de acordar y suscribir un plan de activación y/o 
de  inclusión  social  también  para  perceptores  del  IMV  que  perciban  la  prestación 
complementaria a las ayudas, pensiones y prestaciones estatales correspondiente.
Este  Decreto-ley  afronta  los  retos  inmediatos  que  no  admiten  demora,  incluso 
mediante la utilización de medios legislativos de urgencia, a un momento posterior. Estos 
retos consisten en dar seguridad jurídica a la población y a evitar perjuicios a los 
beneficiarios de ambas prestaciones, ya que puede conllevar tener que devolver las 
cantidades indebidas durante este periodo y el despilfarro de recursos públicos.
Es urgente tener una garantía jurídica que permita no perjudicar a los ciudadanos en 
la aplicación del IMV. A partir del mes de junio, el IMV hace que muchos beneficiarios de 
la prestación de la RGC o de la prestación complementaria a las ayudas, pensiones y 
prestaciones estatales pasen a percibir una nueva prestación de oficio, que impacta 
directamente en su derecho a seguir percibiendo la RGC.
Este Decreto-ley pretende dar una respuesta inmediata a la necesidad de adecuar la 
regulación vigente de la renta garantizada de ciudadanía ante la aprobación del IMV, y 
también pretende dotar a los órganos competentes del tiempo suficiente para hacer una 
buena diagnosis de las reformas requeridas con vistas al futuro. Como se ha dicho, uno 
de  los  objetivos  del  Decreto-ley  es  favorecer  la  correcta  implantación  del  IMV  en 
Cataluña, velando por la subsidiariedad de la RGC.
II
Con respecto a la estructura de este Decreto-ley, aparte del preámbulo, se ha 
distribuido en dos capítulos, uno para cada una de las prestaciones que se modifican, y 
una disposición final.
A este respecto, hay que tener en cuenta que para adecuar la regulación vigente de  es
la  renta  garantizada  de  ciudadanía  ante  la  aprobación  del  IMV  es  necesaria  la  bo
modificación de la normativa que afecta a la prestación de la renta garantizada de  w
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económico,  para  crear  una  prestación  económica,  de  derecho  subjetivo,  para 
complementar las ayudas, las pensiones y las prestaciones estatales.
Así pues, el capítulo 1 recoge las medidas para armonizar la prestación de la RGC y 
el IMV. La sección 1 de este capítulo recoge la modificación de la Ley 14/2017, de 20 de 
julio, de la renta garantizada de ciudadanía, y la sección 2 regula las modificaciones del 
Decreto 55/2020, de 28 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2017, 
de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía.
El capítulo 2 desarrolla las medidas para armonizar la prestación complementaria a 
las ayudas, las pensiones y las prestaciones estatales al IMV. En la sección 1 recoge la 
modificación de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter 
económico, y en la sección 2 las modificaciones del Decreto 123/2007, de 29 de mayo, 
por  el  que  se  determina  el  régimen  aplicable  a  la  solicitud  y  concesión  de  las 
prestaciones sociales de carácter económico de derecho subjetivo, y se concretan los 
requisitos para el reconocimiento del derecho a las prestaciones creadas en el desarrollo 
de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico.
Vista la situación planteada y, de acuerdo con artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de 
noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, el Gobierno, ante la 
necesidad extraordinaria y urgente que puede suscitar la entrada en vigor del ingreso 
mínimo vital, puede dictar  disposiciones  legislativas provisionales, bajo la forma de 
Decreto-ley, en los términos del artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña.
La norma del Decreto-ley es un recurso extraordinario del Gobierno y, por lo tanto, se 
debe hacer un uso prudente y limitado a las situaciones que realmente merecen la 
consideración urgentes y convenientes.
A  propuesta  del  Consejero  de  Trabajo,  Asuntos  Sociales  y  Familias  y  con  la 
deliberación previa del Gobierno, decreto:
CAPÍTULO 1
Medidas urgentes para armonizar la prestación de la renta garantizada de 
ciudadanía al ingreso mínimo vital
Sección 1. Modificación de la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de 
ciudadanía
Artículo 1.  Modificación del artículo 25.
Se añaden al artículo 25 dos apartados, el 5 y 6, que quedan redactados de la 
manera siguiente:
«5.  En el supuesto de que en el momento de la solicitud no se pueda aportar 
documentación que no esté en poder de la Administración y sea necesaria para 
acreditar los requisitos de acceso, la persona solicitante realizará una declaración 
responsable  en  que  se  obliga  a  presentar  esta  documentación  durante  la 
tramitación del procedimiento.
6.  Si, con posterioridad a la solicitud, la persona solicitante no aportara la 
documentación a la que se obligó en la declaración responsable, con carácter 
previo a dictar una resolución, el órgano gestor la requerirá a tal efecto. En este 
caso, quedará suspendido el procedimiento durante  el plazo máximo de tres  s
meses. Si transcurrido este plazo no se presenta la documentación requerida, se  o
producirá la caducidad del procedimiento.» w.
2021-1195n https://w
Artículo 2.  Modificación del artículo 26.
Se  modifica  el  apartado  1  del  artículo  26,  que  queda  redactado  de  la  manera 
siguiente:
«Artículo 26.
1.  La  administración  pública  competente  tiene  que  dictar  una  resolución 
expresa denegando u otorgando la prestación en el plazo de tres meses a contar 
desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro.
En el supuesto de que a la unidad familiar se le haya denegado la prestación 
prevista en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el 
ingreso mínimo vital, de manera excepcional, el plazo para dictar la resolución 
expresa es de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación, 
por parte del solicitante al órgano técnico de la prestación de la renta garantizada 
de ciudadanía, de la resolución de denegación del ingreso mínimo vital, siempre y 
cuando la solicitud de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía se haya 
efectuado como máximo dentro de los 10 días hábiles posteriores a la solicitud de 
la prestación estatal del ingreso mínimo vital.»
Artículo 3.  Nueva disposición adicional.
Se añade una disposición adicional, la décima, con el redactado siguiente:
«Disposición adicional décima.
1.  Los beneficiarios de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía 
que pueden tener derecho al ingreso mínimo vital regulado en el Real Decreto-
ley 20/2020, de 29 de mayo, deben solicitar el acceso, atendiendo al carácter 
subsidiario de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía previsto en el 
artículo 4 de esta Ley.
De acuerdo con el apartado 10 de la disposición transitoria primera del Real 
Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, hasta el 31 de diciembre de 2020 el órgano 
técnico de la renta garantizada de ciudadanía comunicará al Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, mediante los protocolos telemáticos de intercambio de 
información habilitados a tal efecto, los datos necesarios de los perceptores de la 
renta  garantizada  de  ciudadanía  para  identificar  las  personas  beneficiarias 
potenciales y verificar los requisitos de acceso a las prestaciones estatales a los 
efectos de su reconocimiento.
Visto  el  carácter  compatible  y  complementario  de  la  renta  garantizada  de 
ciudadanía con el ingreso mínimo vital, el reconocimiento de los efectos retroactivos 
de la prestación estatal, previsto en la disposición transitoria segunda del Real 
Decreto-ley  20/2020,  de  29  de  mayo,  será  compatible  y  no  deducible  con  la 
prestación de la renta garantizada de ciudadanía, como máximo tres meses, a partir 
de la fecha de la solicitud del ingreso mínimo vital hasta la fecha de notificación, por 
parte de la persona beneficiaria, al órgano técnico de la renta garantizada de 
ciudadana de la resolución de otorgamiento de la prestación estatal.
A partir del reconocimiento del derecho al ingreso mínimo vital, la dirección 
general competente en materia de renta garantizada debe acordar, si procede, que 
la persona titular reintegre, total o parcialmente, las prestaciones que ha percibido  e.
indebidamente,  de  acuerdo  con  el  procedimiento  previsto  reglamentaria  y  w.b
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dispuesto en el artículo 20.4 del Real decreto 20/2020, de 29 de mayo, con la
finalidad de facilitar la información estrictamente necesaria para el reconocimiento 
y  el  control  de  las  prestaciones  de  cada  administración  pública  competente. 
La información facilitada no puede ser utilizada para ninguna otra finalidad si no es 
con el consentimiento de la persona interesada. Todo eso en aplicación de los 
artículos 5.1.b), 5.1.c) y 6 del Reglamento (UE) núm. 2016/679, y del artículo 8 de 
la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales. En estas condiciones se pueden comunicar las 
resoluciones de las prestaciones de renta garantizada de ciudadanía a otras 
administraciones públicas, para llevar a cabo las actividades que, en el marco de 
la  colaboración  y  la  cooperación,  deban  efectuar  estas  administraciones  en 
materia de gestión y control de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía 
o el ingreso mínimo vital.
Asimismo, en los mismos términos, la dirección general competente en materia 
de renta garantizada de ciudadanía, mediante los órganos competentes, puede 
comunicar  telemáticamente,  sin  el  consentimiento  previo  del  titular,  los  datos 
personales y la información que resulte necesaria sobre la prestación de la renta 
garantizada de ciudadanía a las instituciones y los organismos públicos que lo 
soliciten para que puedan efectuar, dentro del ámbito de sus competencias, las 
actuaciones derivadas de la aplicación del ingreso mínimo vital o de la prestación 
de renta garantizada de ciudadanía.»
Artículo 4.  Adición de disposición transitoria.
Se adiciona una disposición transitoria, la octava, con el redactado siguiente:
«Disposición transitoria octava.
Para los perceptores de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía 
vigente y reconocidos hasta el 15 de diciembre del 2020, en el caso de ser 
titulares  del  ingreso  mínimo  vital  con  posterioridad  al  reconocimiento  de  la 
prestación de la renta garantizada de ciudadanía, el reconocimiento de los efectos 
retroactivos de la prestación estatal previsto en la disposición transitoria segunda 
del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, será compatible y no deducible con 
la prestación de la renta garantizada de ciudadanía, como máximo cuatro meses, 
a partir de la fecha de la solicitud del ingreso mínimo vital hasta la fecha de 
notificación, por parte de la persona beneficiaria, al órgano técnico de la renta 
garantizada de ciudadanía de la resolución en la que se otorga la prestación 
estatal.»
Artículo 5.  Adición de disposición transitoria.
Se adiciona una disposición transitoria, la novena, con el redactado siguiente:
«Disposición transitoria novena.
1.  El plazo de resolución para las solicitudes de la renta garantizada de 
ciudadanía que se encuentren pendientes de resolución en la fecha de entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el 
ingreso mínimo vital, de personas beneficiarias que podrían tener derecho a la 
prestación estatal, quedará suspendido hasta la resolución del ingreso mínimo vital. e.e
2.  En los supuestos establecidos en el apartado anterior, y una vez se haya  w.b
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3.  En  cualquier  caso,  los  efectos  económicos  de  la  prestación  de  la 
renta  garantizada  de  ciudadanía  se  aplican  desde  la  fecha  de  la  solicitud, 
independientemente de la modalidad de la prestación de la renta garantizada de 
ciudadanía.»
Sección 2. Modificación del Decreto 55/2020, de 28 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía, y 
se modifica el Decreto 123/2007, de 29 de mayo, por el que se determina el régimen 
aplicable a la solicitud y concesión de las prestaciones sociales de carácter económico 
de derecho subjetivo, y se concretan los requisitos para el reconocimiento del derecho a 
las prestaciones creadas, en desarrollo de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de 
prestaciones sociales de carácter económico
Artículo 6.  Modificación del artículo 43.
Se añaden al artículo 43 dos apartados, el 6 y el 7, que quedan redactados de la 
manera siguiente:
«6.  En el supuesto de que en el momento de la solicitud no se pueda aportar 
documentación que no esté en poder de la Administración y sea necesaria para 
acreditar los requisitos de acceso, la persona solicitante realizará una declaración 
responsable  en  la  que  se  obliga  a  presentar  esta  documentación  durante  la 
tramitación del procedimiento.
7.  En  el  supuesto  de  que,  con  posterioridad  a  la  solicitud,  la  persona 
solicitante  no  aporte  la  documentación  a  la  que  se  obligó  en  la  declaración 
responsable, con carácter previo a dictar una resolución, el órgano gestor la 
requerirá a tal efecto. En este caso, el procedimiento quedará suspendido durante 
el plazo máximo de tres meses. Si transcurrido este plazo no se presenta la 
documentación requerida, se producirá la caducidad del procedimiento.»
Artículo 7.  Modificación del artículo 45.
Se modifica el apartado 4 del artículo 45, que queda con el redactado siguiente:
«4.  En  todo  caso,  el  solicitante  dispone  de  un  plazo  de  15  días  para 
completar la solicitud en el sentido requerido, con la advertencia que, si no lo 
realiza, se entenderá desistida su solicitud mediante resolución previa, en la que 
se deben declarar la circunstancia que se presenta, los hechos producidos y las 
normas  aplicables.  Se  exceptúa  de  lo  dispuesto  en  este  apartado  la 
documentación  que  la  persona  solicitante  se  obligó  a  presentar  mediante 
declaración  responsable,  de  acuerdo  con  lo  regulado  por  los  artículos  43.6 
y 43.7.»
Artículo 8.  Modificación del artículo 47.
Se modifica el apartado 1 del artículo 47, que queda con el redactado siguiente:
«Artículo 47.  Plazo para dictar y notificar la resolución, y silencio administrativo.
1.  La persona titular de la dirección general competente en materia de renta  es
garantizada dictará una resolución expresa en la que otorgará o denegará la  o
prestación, y la notificará en el plazo de tres meses a contar des de la fecha de  ww.
entrada de la solicitud en el registro.» 2021-1195n https://w
CAPÍTULO 2
Medidas urgentes para armonizar las prestaciones económicas complementarias a 
las ayudas, las pensiones y las prestaciones estatales al ingreso mínimo vital
Sección 1. Modificación de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de 
carácter económico
Artículo 9.  Modificación del artículo 21.
Se añaden al artículo 21 dos apartados, el 5 y el 6, que quedan redactados de la 
manera siguiente:
«5.  En  el  supuesto  de  solicitud  de  la  prestación  complementaria  a  las 
ayudas, las pensiones y las prestaciones estatales de beneficiarios del ingreso 
mínimo vital, regulada por el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, el plazo 
para resolver y notificar la resolución será de 30 días hábiles a contar desde la 
notificación, por parte de la persona beneficiaria, al órgano competente en materia 
de prestaciones complementarias a las ayudas, las pensiones y las prestaciones 
estatales de la resolución que otorga la prestación estatal del ingreso mínimo vital, 
siempre y cuando la solicitud de la prestación complementaria a las ayudas, las 
pensiones y las prestaciones estatales se haya efectuado como máximo dentro de 
los 10 días hábiles posteriores a la solicitud de la prestación estatal del ingreso 
mínimo vital.
6.  Las personas destinatarias de la prestación complementaria a las ayudas, 
las pensiones y las prestaciones estatales y derivada del derecho a percibir el 
ingreso  mínimo  vital  deben  comprometerse,  previamente  a  la  resolución,  al 
seguimiento de un plan de activación laboral y/o de inclusión social, dependiendo 
de sus circunstancias personales y de conformidad con la Ley en materia de renta 
garantizada de ciudadanía.»
Artículo 10.  Nueva disposición adicional.
Se adiciona una disposición adicional, la cuarta, con el redactado siguiente:
«Disposición adicional cuarta.
1.  Las personas beneficiarias de la prestación complementaria a las ayudas, 
las pensiones y las prestaciones estatales que regula el artículo 21.2 de esta Ley 
que podrían tener derecho al ingreso mínimo vital previsto en el Real Decreto-
ley 20/2020, de 29 de mayo, deben solicitar el acceso a la nueva prestación del 
ingreso mínimo vital.
2.  La cuantía de la prestación complementaria a las ayudas, las pensiones 
y las prestaciones estatales de personas beneficiarias perceptoras del ingreso 
mínimo  vital  es  la  que  se  derive  de  la  aplicación  de  las  condiciones, 
circunstancias y cuantías que establece la disposición transitoria tercera de la 
Ley en materia de renta garantizada de ciudadanía, y debe ser la necesaria 
para llegar a la cuantía de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía 
vigente en cada momento, incluida la prestación complementaria de activación 
e inserción. e.e
3.  A los efectos de valorar los requisitos de acceso del ingreso mínimo  b
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estrictamente necesaria para el reconocimiento y el control de las prestaciones
de cada administración pública competente. La información facilitada no podrá 
ser utilizada para ninguna otra finalidad si no es con el consentimiento de 
la persona interesada. Todo eso en aplicación de los artículos 5.1.b), 5.1.c) 
y  6  del  Reglamento  (UE)  núm.  2016/679,  y  del  artículo  8  de  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. En estas condiciones se podrán comunicar 
las resoluciones de estas prestaciones a otras administraciones públicas, para 
llevar  a  cabo  las  actividades  que,  en  el  marco  de  la  colaboración  y  la 
cooperación, deban efectuar estas administraciones, en materia de gestión y 
control de la prestación de renta garantizada de ciudadanía o ingreso mínimo 
vital.
4.  Asimismo, en los mismos términos, la dirección general competente en 
materia de prestaciones complementarias a las ayudas, las pensiones y las 
prestaciones estatales, mediante los órganos competentes, podrá comunicar 
telemáticamente, sin el consentimiento previo del titular, los datos personales 
y  la  información  que  resulte  necesaria  sobre  estas  prestaciones  a  las 
instituciones y los organismos públicos que lo soliciten para que puedan llevar 
a cabo, dentro del ámbito de sus competencias, las actuaciones derivadas de 
la aplicación del ingreso mínimo vital o de la prestación de renta garantizada 
de ciudadanía.»
Artículo 11.  Nueva disposición transitoria.
Se adiciona una disposición transitoria, la décima, con el redactado siguiente:
«Disposición transitoria décima.
1.  El plazo de resolución para las solicitudes de la prestación complementaria 
a  las  ayudas,  las  pensiones  y  las  prestaciones  estatales  que  se  encuentren 
pendientes  de  resolución  en  la  fecha  de  entrada  en  vigor  del  Real  Decreto-
ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, de 
personas beneficiarias que podrían tener derecho a la prestación estatal, quedará 
suspendido hasta la resolución del ingreso mínimo vital.
2.  En los supuestos establecidos en el apartado anterior, y una vez se haya 
dictado y notificado la resolución del ingreso mínimo vital a la persona beneficiaria, 
el  plazo  de  resolución  de  la  prestación  complementaria  a  las  ayudas,  las 
pensiones y las prestaciones estatales será de 30 días hábiles a contar desde la 
notificación, por parte de la persona beneficiaria a la dirección general competente 
de esta prestación complementaria, de la resolución que otorga o deniega la 
prestación estatal del ingreso mínimo vital.
3.  En  cualquier  caso,  los  efectos  económicos  de  la  prestación 
complementaria  a  las  ayudas,  las  pensiones  y  las  prestaciones  estatales  se 
aplicarán desde la fecha de la solicitud de esta prestación.»
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Sección 2. Modificación del Decreto 123/2007, de 29 de mayo, por el que se determina 
el régimen aplicable a la solicitud y concesión de las prestaciones sociales de carácter 
económico de derecho subjetivo, y se concretan los requisitos para el reconocimiento del 
derecho a las prestaciones creadas, en desarrollo de la Ley 13/2006, del 27 de julio, de 
prestaciones sociales de carácter económico
Artículo 12.  Modificación del artículo 24.
Se añaden al artículo 24 tres apartados, el 5, el 6 y el 7, que quedan redactados de 
la manera siguiente:
«5.  En las solicitudes y en los expedientes de la prestación complementaria a 
las ayudas, las pensiones y las prestaciones estatales solo se debe acompañar la 
documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos que no 
se encuentre en poder de la administración actuante o no haya sido elaborada por 
cualquier otra administración.
6.  En el supuesto de que en el momento de la solicitud no se pueda aportar 
documentación que no esté en poder de la Administración y sea necesaria para 
acreditar los requisitos de acceso, la persona solicitante realizará una declaración 
responsable  donde  se  obliga  a  presentar  esta  documentación  durante  la 
tramitación del procedimiento.
7.  Si con posterioridad a la solicitud, la persona solicitante no aporta la 
documentación a la que se obligó en la declaración responsable, con carácter 
previo a dictar una resolución, el órgano gestor la requerirá a tal efecto. En este 
caso, el procedimiento quedará  suspendido durante  el plazo máximo de tres 
meses. Si transcurrido este plazo no se presenta la documentación requerida, se 
producirá la caducidad del procedimiento.»
Artículo 13.  Modificación del artículo 26 bis.
Se añaden al artículo 26 bis dos apartados, el 4 y el 5, que quedan redactados de la 
manera siguiente:
«4.  En el supuesto concreto de la prestación complementaria al ingreso 
mínimo vital, el plazo para resolver y notificar la resolución será de 30 días hábiles 
a  contar  desde  la  notificación  al  órgano  gestor,  por  parte  de  la  persona 
beneficiaria, de la resolución en la que se deniega u otorga la prestación estatal, 
siempre  que  el  solicitante  haya  efectuado  la  solicitud  de  la  prestación 
complementaria dentro de los 10 días hábiles siguientes a la solicitud del ingreso 
mínimo vital. A este efecto, en caso de aprobación del ingreso mínimo vital, el 
órgano  gestor  de  la  renta  garantizada  de  ciudadanía  da  por  acreditados  los 
requisitos de acceso a la renta garantizada equivalentes a la prestación estatal. En 
todos los casos, si no se lleva a cabo la concesión y la notificación en el plazo 
establecido, la solicitud se entiende desestimada.
5.  Las personas destinatarias de la prestación complementaria a las ayudas, 
las pensiones y las prestaciones estatales y derivada del derecho a percibir el 
ingreso  mínimo  vital  se  deben  comprometer,  previamente  a  la  resolución,  al 
seguimiento de un plan de activación laboral y/o de inclusión social, dependiendo 
de sus circunstancias personales y de conformidad con la Ley en materia de renta 
garantizada de ciudadanía.» e.
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Disposición final primera.  Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos y ciudadanas a los que les sea de 
aplicación este Decreto-ley cooperen en su cumplimiento, y que los tribunales y las 
autoridades competentes lo hagan cumplir.
Barcelona,  21  de  julio  de  2020.–El  Presidente  de  la  Generalidad  de  Cataluña, 
Joaquim Torra i Pla.–El Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El 
Homrani Lesfar.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8184, de 23 de julio de 2020. Derogado 
por Acuerdo del Parlamento de Cataluña, publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» en el 
número 8201, de 14 de agosto de 2020)
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