BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47504
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6602 Sala Primera. Sentencia 56/2021, de 15 de marzo de 2021. Recursos de 
amparo  3546-2019  y  3560-2019  (acumulados).  Promovidos  por  Penrei 
Inversiones, S.L., y Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto 
de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera  instancia  e 
instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización 
de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:56
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En los recursos de amparo acumulados núms. 3546-2019 y 3560-2019, promovidos, 
respectivamente, por Penrei Inversiones, S.L., representada por la procuradora de los 
tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección de la letrada doña Anju 
Nirmala  Benavent  Rodríguez,  y  por  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L., 
representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la 
dirección del letrado don Marcelino Gilabert García, contra los autos dictados por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria núm. 372-2018 en fechas 21 de septiembre de 2018 y 23 de abril 
de 2019 por los que, respectivamente, se inadmiten por extemporáneas las oposiciones 
a la ejecución hipotecaria y se confirman estas últimas decisiones al desestimarse los 
recursos de reposición interpuestos frente a ellas. Ha sido parte la entidad Pera Assets 
Designated  Activity  Company,  representada  por  la  procuradora  doña  Blanca  María 
Grande Pesquero y por la procuradora doña María Claudia Munteanu, (en el recurso 
núm. 3560-2019) y defendida por el letrado don Alejandro Ingram Solís. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el presidente don Juan José González Rivas.
I. Antecedentes e.
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 6 de junio de 2019, la entidad  02ww
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conocimiento correspondió a la Sección Primera de este tribunal.
2.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 7 de junio de 2019, la entidad 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la procuradora de los 
tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección del letrado don Marcelino 
Gilabert García, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones referidas en el 
encabezamiento. La presentación de dicho escrito dio lugar al recurso de amparo núm. 
3560-2019, cuyo conocimiento correspondió a la Sección Primera de este tribunal.
3.  Los  hechos  relevantes  para  la  resolución  de  los  recursos  de  amparo  son, 
sucintamente expuestos, los siguientes:
a)  En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca se sigue 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 372-2018 promovido por la entidad Banco 
de Sabadell, S.A., frente a las sociedades Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
en calidad de prestataria e hipotecante, y Penrei Inversiones, S.L., en calidad de titular 
registral de un derecho de uso y disfrute sobre el inmueble hipotecado.
b)  Por auto de 8 de junio de 2018 se acordó despachar ejecución frente a las 
sociedades demandadas. El citado auto y el decreto de la misma fecha que le sigue 
fueron comunicados a las citadas entidades a través de la sede judicial electrónica el 
día 13 de junio de 2018.
c)  La entidad Penrei Inversiones, S.L., y la entidad Euroinversiones Inmobiliarias 
Costa  Sur,  S.L.,  presentaron  escritos  de  oposición  a  la  ejecución  despachada  con 
fecha  31  de  julio  de  2018.  Por  auto  de  21  de  septiembre  de  2018  se  acordó  su 
inadmisión por presentación extemporánea, tomando como fecha de notificación el 13 de 
junio de 2018. Al pie de dicho auto figuraba la indicación de que podía impugnarse por 
medio de recurso de reposición.
d)  Las  sociedades  mercantiles  recurrentes  interpusieron  recurso  de  reposición 
contra los autos de inadmisión alegando, en síntesis, que las actuaciones de notificación 
y requerimiento no habían sido realizadas el día 13 de junio de 2018, sino el día 24 de 
julio  de  2018  y  que  la  comunicación  remitida  a  través  de  la  dirección  electrónica 
habilitada no puede entenderse más que un aviso de puesta a disposición o descarga de 
su contenido durante un plazo determinado (en el caso desde el 13 de junio hasta el 29 
de julio de 2018) y entenderlo de otro modo, además de infringir los arts. 135, 152, 160, 
162 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), vulnera el art. 24 CE.
e)  Tras su tramitación, los recursos fueron desestimados por auto de 23 de abril 
de 2019. Según esta resolución, las recurrentes tiene la condición de persona jurídica y, 
por tanto, están obligados a relacionarse con la administración de justicia por medios 
electrónicos, de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la 
Ley  42/2015,  de  5  de  octubre,  de  reforma  de  la  Ley  1/2000,  de  7  de  enero,  de 
enjuiciamiento civil, así como en los arts. 14.2 de la Ley 39/2015 y 273.3 a) LEC. Según 
el  auto,  «consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las  recurrentes  en 
fecha 13/06/2018 no accediendo al contenido hasta el día 24/07/2018 (fuera de los tres 
días que establece la normativa procesal), presentando los escritos de oposición a la 
ejecución en fecha 31/07/2018 claramente fuera del plazo legalmente establecido en el 
art. 556.1 de la LEC (dentro de los diez días siguientes al de la notificación del auto 
despachando ejecución)».
4.  Las  partes  recurrentes  aducen  en  sus  demandas  de  amparo  que  las 
resoluciones impugnadas vulneran su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso al proceso. En síntesis, argumentan que la  s
interpretación ofrecida en el auto objeto de impugnación, que se apoya en la Ley del  oe.
procedimiento administrativo eludiendo las garantías exigibles para las notificaciones de  w.
auddneu l pcdreoencr eeqcsuhoeo j u sadig icfuioaierlm,r ocunela rclrae  noliapte oersali cldidieóarned c ehdnoe   aula nlsa   pitnurostectrleuasc jocu idodinceei asel  ejcefocenuctcteiivónanid  aahl sipp reoivntea crs aearn ilaad. o rseA c cutoarrrler enfoitnes,    2021-6602n https://ww
electrónicos  que  recibieron  procedentes  del  servicio  de  notificaciones  electrónicas,
accediendo al contenido de la notificación dentro del plazo establecido en el mismo. Los 
citados correos tienen el siguiente contenido:
«Ha recibido una Notificación del órgano emisor Juzgados y Tribunales (SGAJ) en la 
Dirección Electrónica Habilitada del titular […]
La Notificación estará disponible en su Dirección Electrónica Habilitada única desde 
el 13-06-2018 hasta el 29-07-2018. Si no procediera a su lectura en el plazo indicado se 
producirán los efectos correspondientes, según la normativa aplicable.
Para que conste como leída, por favor acceda a
http://notificaciones060.es.
Asunto: "Jdo. 1 Inst. e Instr. n. 5 de Lorca EHJ/000000372/2018".»
Concluyen la entidades recurrentes afirmando que las resoluciones impugnadas no 
han «dado cumplimiento a las exigencias constitucionales reconocidas para los actos de 
notificación  procesal,  donde  los  órganos  judiciales  no  han  de  limitarse  al  formal 
cumplimiento de los requisitos legales, sino que para asegurar la efectividad del derecho 
fundamental,  la  interpretación  de  las  normas  reguladoras  del  emplazamiento  debe 
hacerse  tratando  de  asegurar  que  el  acto  de  comunicación  cumple  su  finalidad 
constitucional, es decir, la efectividad real del emplazamiento, pues el artículo 24.1 de la 
Constitución Española contiene un mandato no solo dirigido al legislador, sino también al 
intérprete,  obligándole  a  promover  la  defensa  mediante  la  correspondiente 
contradicción».
En las demandas se solicita por medio de otrosí la suspensión del procedimiento de 
ejecución hipotecaria alegando que la continuación de la ejecución «con la celebración 
de subasta y la eventual adjudicación a terceros, pueden hacer perder al recurso de 
amparo su finalidad».
5.  Mediante providencias de 30 de septiembre de 2019 y 15 de junio de 2020 la 
Sección  Primera  de  este  tribunal  acordó  admitir  a  trámite  los  recursos  de  amparo 
apreciando que concurre en los mismos especial trascendencia constitucional [art. 50.1 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque plantean un problema o 
afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre la que no hay doctrina de este 
tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de 
nuestra Ley Orgánica reguladora, dirigir comunicación al Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 5 de Lorca, a fin de que, en el plazo de diez días, remitiera certificación 
o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los autos de ejecución 
hipotecaria núm. 372-2018 y emplazara a quienes hubieran sido parte en el proceso del 
que traen causa los presentes recursos de amparo. Por providencias de la misma fecha, 
la Sección acordó formar las oportunas piezas para la tramitación del incidente de 
suspensión y, conforme a lo dispuesto en el art. 56 LOTC, concedió un plazo común de 
tres  días  a  las  partes  recurrentes  y  al  Ministerio  Fiscal  para  que  alegaran  lo  que 
estimasen  pertinente  sobre  dicha  suspensión.  Por  AATC  65/2020,  de  29  de  junio, 
y 78/2020, de 20 de julio, se acordó denegar la suspensión cautelar solicitada y ordenar 
la anotación preventiva de las demandas de amparo en el registro de la propiedad.
6.  En el recurso núm. 3546-2019, por diligencia de ordenación del secretario de 
justicia de la Sección Primera de este tribunal de fecha 8 de noviembre de 2019 se 
acordó tener por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, y tener por personada y parte a la  e.e
entidad Pera Assets Designated Activity Company, representada por la procuradora doña  b
Blanca María Grande Pesquero. También se resolvió, con arreglo al art. 52 LOTC,  02ww
pcoanrac eqdueer,  cao lna sv isptaar tdees  lapse rascotnuaadcaiosn ey sa, lf oMrminuislatesreion  Faliescgaalc ieoln pelsa.zo común de veinte días
7.  En fecha 3 de diciembre de 2019 la procuradora de los tribunales doña Blanca
María Grande Pesquero, en nombre y representación de Pera Assets Designated Activity
Company, presentó escrito en el que se opone al otorgamiento del amparo. Tras invocar 
los  artículos  43  de  la  Ley  del  procedimiento  administrativo  común  de  las 
administraciones públicas y 162.2 de la Ley de enjuiciamiento civil, argumenta en el 
citado escrito que no se ha causado indefensión a la recurrente, pues consta que el auto 
despachando ejecución se puso a disposición de la misma en fecha 13 de junio de 2018, 
presentando escrito de oposición a la ejecución el 31 de julio de ese mismo año, 
«claramente fuera del plazo legalmente establecido en el artículo 556.1 de la LEC 
(dentro  de  los  diez  días  siguientes  al  de  la  notificación  del  auto  despachando 
ejecución)».
8.  En fecha 12 de diciembre de 2019 la entidad recurrente, por medio de su 
representación procesal, presentó escrito en el que se remite a su demanda y hace 
mención a la STC 47/2019, de 8 de abril, que trascribe en parte, a propósito del empleo 
de la dirección electrónica habilitada para el primer emplazamiento del demandando.
9.  En fecha 16 de diciembre de 2019, el Ministerio Fiscal presentó su escrito de 
alegaciones en el que termina solicitando que se estime el recurso, se declare vulnerado 
el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) de la demandante, se 
declare la nulidad de todo lo actuado desde la notificación efectuada electrónicamente 
del auto despachando ejecución, y se ordene retrotraer las actuaciones al momento 
inmediatamente  anterior  a  dicha  notificación  «para  que  se  le  dé  al  recurrente  la 
posibilidad de formular oposición a la ejecución».
Tras relatar los antecedentes fácticos y resumir las alegaciones formuladas por la 
parte recurrente, argumenta la fiscal ante el Tribunal Constitucional que las resoluciones 
judiciales impugnadas vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la 
demandante de amparo. Se refiere a los preceptos legales aplicables de la Ley de 
enjuiciamiento civil, tras las reformas operadas por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, y 
Ley 42/2015, de 5 de octubre; en concreto a los arts. 553, 135, 152.2, 155 y 273 y 
reproduce el contenido del FJ 4 de la STC 47/2019. A juicio del ministerio público, al 
optar por la notificación en la dirección electrónica habilitada y computar el plazo de 
oposición a la ejecución desde su remisión, se causó indefensión a la parte recurrente, 
situación que fue perpetuada al rechazarse el recurso de reposición.
10.  En el recurso núm. 3560-2019, por diligencia de ordenación del secretario de 
justicia de la Sección Primera de este tribunal de fecha 4 de noviembre de 2020 se 
acordó tener por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, y tener por personada y parte a la 
entidad Pera Assets Designated Activity Company, representada por la procuradora doña 
María Claudia Munteanu. También se resolvió, con arreglo al art. 52 LOTC, conceder a 
las partes personadas y al Ministerio Fiscal el plazo común de veinte días para que, con 
vista de las actuaciones, formulasen alegaciones.
11.  En fecha 23 de noviembre de 2020, el Ministerio Fiscal presentó su escrito de 
alegaciones en el que termina solicitando que se estime el recurso, se declare vulnerado 
el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (at. 24.1 CE) de la demandante, se 
declare la nulidad de todo lo actuado desde la notificación efectuada electrónicamente 
del auto despachando ejecución, y se ordene retrotraer las actuaciones al momento 
inmediatamente anterior a dicha notificación «para que se le dé al recurrente posibilidad 
de formular oposición a la ejecución».
Tras relatar los antecedentes fácticos y resumir las alegaciones formuladas por la  e.
parte recurrente, argumenta la fiscal ante el Tribunal Constitucional que las resoluciones  w.
judiciales impugnadas vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la  02ww
fdijeamdaa nedna nltaes  dSe SaTmCp a4ro0.  yP a4r3a/ 2ju0s2ti0fi,c adre l a2 p7r odpeu efestbar eersot imy a9to rdiae,  smea rrzeom, iteq uae  lare dsoucetlrvinean 
struapnusecrsitboes  pqaurtee  dper essue cnotannte nidideon.tidad  fáctica  y  jurídica  con  el  presente,  de  las  que  BOE-A-cable e
12.  En fecha 8 de diciembre de 2020 la entidad recurrente, por medio de su 
representación procesal, presentó escrito en el que se remite a su demanda y hace 
mención a la STC 40/2020, de 27 de febrero, que trascribe en parte, a propósito de «un 
asunto prácticamente igual al del presente recurso de amparo». La entidad demandada 
no presentó alegaciones.
13.  Después de que los referidos recursos de amparo quedaron conclusos para 
sentencia, previa audiencia al Ministerio Fiscal y a las partes, por auto de esta misma 
fecha, se acordó su acumulación.
14.  Por providencia de 11 de marzo de 2021 se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto de los recursos de amparo acumulados y posiciones de las partes.
Los recursos de amparo se dirigen contra el auto dictado por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca en el procedimiento de ejecución hipotecaria 
núm. 372-2018, en fecha 21 de septiembre de 2018, que inadmitió las oposiciones a la 
ejecución hipotecaria formuladas por las entidades demandantes, dueña y titular registral 
de un derecho de uso y disfrute sobre el inmueble hipotecado, respectivamente, al 
considerar que habían sido presentadas fuera del plazo legalmente establecido; y contra 
el auto de 23 de abril de 2019 que confirma aquella decisión al desestimarse los 
recursos de reposición interpuestos frente a ella.
Como  con  más  detalle  se  ha  indicado  en  el  apartado  de  antecedentes,  las 
mercantiles demandantes sostienen que en el procedimiento de ejecución hipotecaria se 
ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) a 
consecuencia de una defectuosa notificación del auto que despachó la ejecución, ya que 
actuaron de acuerdo con las instrucciones contenidas en un correo electrónico que 
recibieron procedente del servicio de notificaciones electrónicas, accediendo al contenido 
de la notificación dentro del plazo establecido en tal correo y presentando los escritos de 
oposición dentro de los diez días siguientes a contar desde la apertura. En el trámite de 
alegaciones del art. 52 LOTC hicieron mención de la STC 47/2019, de 8 de abril, a 
propósito del empleo de la dirección electrónica habilitada para el primer emplazamiento 
del demandando, y de la STC 40/2020, de 27 de febrero, a propósito de «un asunto 
prácticamente igual al del presente recurso de amparo».
El Ministerio Fiscal, con sustento en los argumentos expuestos más arriba, propone la 
estimación de los recursos de amparo al entender que ha sido vulnerado el derecho 
fundamental de las demandantes a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), 
mientras que la entidad demandada interesa su desestimación por entender que no 
existe dicha vulneración.
2.  Doctrina constitucional y aplicación al supuesto enjuiciado.
La STC 47/2019, de 8 de abril, con remisión a lo declarado por el Pleno de este 
tribunal en la STC 6/2019, de 17 de enero, FJ 4, sobre la utilización de los medios 
electrónicos para la realización de los actos procesales de comunicación, estimó el 
recurso de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE), al apreciar inadecuada la utilización de la dirección electrónica habilitada,  e
de manera exclusiva, como único cauce de comunicación a fin de efectuar el primer  bo
emplazamiento  de  la  persona  jurídica  demandada.  De  acuerdo  con  tales  02ww
perso enlu dnecli aamrti.e 1n5to5s.1, ,e 2l  ryé g3i mLEenC  jyu rdídeilc aor et.s 2p7e3c.í4fi,c apmáreranftoe  2a,p LliEcaCb,l eq uael  perximigeern  elam «prlaezmaimsióienn taol 
ddeo mmiceidlioio sd ee lleocst rlóitnigicaonste.s» (art. 155.1 LEC), lo que se estima incompatible con el empleo
Muestra de la vinculación de los poderes públicos a la doctrina constitucional, de la 
que se ha hecho eco la STC 19/2020, de 10 de febrero, es que, tras la publicación de la 
citada STC 47/2019, en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de mayo de 2019, la 
Secretaría  General  de  la  Administración  de  Justicia  del  Ministerio  de  Justicia,  con 
fecha 21 de mayo de 2019, dirigió una comunicación a las secretarías de gobierno del 
Tribunal  Supremo,  Audiencia  Nacional  y  tribunales  superiores  de  justicia  de  las 
comunidades autónomas, citando la STC 47/2019, en su fundamento jurídico 4, para que 
cuiden «que la doctrina interpretativa de las normas procesales reguladoras del primer 
emplazamiento  de  personas  jurídicas  sentada  por  el  Tribunal  Constitucional,  cuyo 
obligado acatamiento impone la Ley Orgánica del Poder Judicial, sea observada en 
todas las oficinas judiciales del territorio».
La doctrina establecida en las citadas SSTC 6/2019 y 47/2019, a cuyos fundamentos 
jurídicos nos remitimos, ha sido ya aplicada por este tribunal para censurar el empleo de 
la  dirección  electrónica  habilitada  para  el  primer  emplazamiento  de  entidades 
demandadas  en  procesos  laborales  (SSTC  102/2019,  de  16  de  septiembre,  FJ  2; 
150/2019,  de  25  de  noviembre,  FJ  3,  y  7/2020,  de  27  de  enero,  FJ  2),  civiles 
(SSTC 122/2019, de 28 de octubre, FJ 3, y STC 19/2020, de 10 de febrero, FJ 2) y 
concursales (STC 129/2019, de 11 de noviembre, FJ 4). Finalmente, la STC 40/2020, 
de 27 de febrero, ha hecho aplicación de esta doctrina en el recurso de amparo que 
encabeza  una  serie  de  recursos  promovidos  por  las  dos  entidades  demandantes 
respecto  de  procedimientos  de  ejecución  hipotecaria  dirigidos  contra  ellas  en  los 
juzgados de primera instancia e instrucción de Lorca, serie a la que pertenecen los 
asuntos acumulados que nos ocupan. A la citada STC 40/2020 le han seguido otras 
muchas.
La doctrina constitucional reseñada, aplicable al supuesto examinado, determina que 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca debió haber efectuado el 
primer  emplazamiento  de  las  entidades  demandadas,  aún  no  personadas  en  el 
procedimiento de ejecución hipotecaria, mediante remisión al domicilio designado por la 
demandante, en lugar de realizarla por medios telemáticos a través de la dirección 
electrónica habilitada. Al no haberlo hecho así, con la consecuencia para las mercantiles 
demandantes de amparo más arriba expresada, vulneró su derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
3.  Conclusión.
Los razonamientos precedentes conducen a la conclusión de que los recursos de 
amparo han de ser estimados en aplicación de la doctrina de la STC 47/2019, de 8 de 
abril, y de la STC 40/2020, de 27 de febrero, y en consecuencia, debe declararse la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) de las 
entidades demandantes.
De conformidad con lo establecido en el art. 55 LOTC, procede declarar la nulidad de 
los autos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca de 21 de 
septiembre  de  2018  y  23  de  abril  de  2019,  así  como  de  todo  lo  actuado  en  el 
procedimiento de ejecución hipotecaria desde el momento en que se proveyó a su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones hasta este momento a fin de que el juzgado proceda a efectuar dicho 
emplazamiento de manera respetuosa con el derecho fundamental de las demandantes 
de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  los  recursos  de  amparo  interpuestos  por  la  representación  procesal  de 
Penrei Inversiones, S.L., y Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerles en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los autos de 21 
de septiembre de 2018 y 23 de abril de 2019 dictados por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca en el procedimiento de ejecución hipotecaria 
núm.  372-2018,  así  como  la  nulidad  de  las  actuaciones  realizadas  a  partir  del 
emplazamiento  de  las  entidades  recurrentes  a  través  de  la  dirección  electrónica 
habilitada.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de efectuarse 
el emplazamiento de las demandadas para que se les comunique el despacho de 
ejecución en legal forma.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de marzo de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.