BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 186 Jueves 5 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 96480
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
13477 Resolución de 30 de julio de 2021, de la Secretaría General de Consumo y 
Juego, por la que se publica el Convenio con la Junta de Andalucía y la 
Diputación Provincial de Córdoba, para la constitución de la Junta Arbitral 
Provincial de Consumo de Córdoba.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo, la Consejería de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Córdoba, en fecha 30 de julio de 2021, 
Convenio para la constitución de la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Córdoba, 
que figura como anexo a esta resolución, procede su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Madrid, 30 de julio de 2021.–El Secretario General de Consumo y Juego, Rafael 
Escudero Alday.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo, la Consejería de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Córdoba, para la constitución de 
la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Córdoba
REUNIDOS
De  una  parte,  don  Alberto  Carlos  Garzón  Espinosa,  Ministro  de  Consumo,  de 
acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el 
que se nombran Ministros del Gobierno, y en uso de la competencia atribuida por el 
artículo 61 letra k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
De otra parte, don Jesús Ramón Aguirre Muñoz, Consejero de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía, nombrado para este cargo por Decreto del Presidente 4/2019, de 21 
de enero, por el que se designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta de 
Andalucía (BOJA núm. 14, de 22 de enero de 2019, y corrección de errores en BOJA 
Extraordinario núm. 1, de 22 de enero de 2019), actuando en ejercicio de las facultades 
que le vienen conferidas por Decreto del Presidente 2/2019, de 22 de enero, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 105/2019, de 12 
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
Familias y del Servicio Andaluz de Salud.
Y de otra, don Antonio Ruiz Cruz, Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, 
elegido en sesión plenaria constitutiva el día 28 de junio de 2019, correspondiéndole 
representar a la Diputación según el artículo 34.1.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de 
abril, por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, y por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de medidas para la modernización del gobierno local, y siendo aprobada la firma del  s
Convenio por Acuerdo del Pleno de la Diputación del día 26 de mayo de 2021. oe.
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo, 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la Diputación Provincial de Córdoba.
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y
EXPONEN
El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa 
de  los  consumidores  y  usuarios,  protegiendo,  mediante  procedimientos  eficaces,  la 
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
En cumplimiento del mandato constitucional, el Capítulo II, del Título V, del Libro 
Primero, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno 
para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así 
como el procedimiento de resolución de conflictos.
De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el 
cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter 
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las 
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente,  la  Ley  7/2017,  de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  incorpora  al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la 
ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a 
través de la Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la letra b del 
artículo  3  del  Real  Decreto  495/2020,  de  28  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Consumo  y  se  modifica  el  Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.
Mediante Convenio de fecha trece de octubre de mil novecientos noventa y ocho, se 
constituyó la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Córdoba (en adelante, la Junta 
Arbitral), realizando desde entonces una importante labor para la resolución de conflictos 
de consumo en su ámbito territorial.
Así  pues,  el  Ministerio  de  Consumo,  la  Consejería  de  Salud  y  Familias  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y la Diputación Provincial de Córdoba, conscientes 
de  la  necesidad  de  facilitar  a  los  consumidores  un  medio  eficaz  de  resolución  de 
conflictos y teniendo en cuenta la experiencia positiva desde su constitución, consideran 
aconsejable dar continuidad a la Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
Capítulo VI, del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y de su Disposición Adicional Octava,
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
El  objeto  de  este  Convenio  es  determinar  que  la  Junta  Arbitral  Provincial  de  bo
Consumo de Córdoba, con sede en Córdoba, cuyo ámbito territorial viene determinado  477ww
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regula el Sistema Arbitral de Consumo o disposición que lo sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  La Diputación Provincial de Córdoba impulsará, en su ámbito territorial, la gestión 
y  administración  del  arbitraje  institucional  de  consumo  por  la  Junta  Arbitral, 
comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de 
Consumo, en el plazo de un año desde la fecha de eficacia del presente convenio, su 
acreditación  como  entidad  de  resolución  alternativa  de  litigios  de  consumo,  de 
conformidad con lo previsto en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora 
al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo.
2.  El  Ministerio  de  Consumo  establecerá  en  colaboración  con  la  Diputación 
Provincial de Córdoba, un sistema de información recíproco para el buen funcionamiento 
del Sistema Arbitral de Consumo, en cooperación con la Consejería de Salud y Familias.
3.  La Diputación Provincial de Córdoba facilitará información sobre la designación 
de la Presidencia y la Secretaría de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato 
referente a la actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se 
determinen.
4.  El Ministerio de Consumo y la Consejería de Salud y Familias facilitarán el 
asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema Arbitral de 
Consumo en el ámbito territorial de la provincia de Córdoba.
5.  Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de Seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión 
de Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a 
través de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución 
firmante, correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de 
Consumo del Ministerio de Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en lo 
no previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la 
Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en Adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio. e.e
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo  477ww
aadcuiceiordnoa ledse,  qlause  psaer ftoersm, aalniztaersá  dmee dsuia nfitnea alidzaecnidóan  apl oprr eusne npteer Cíoodnov ednei oh.asta cuatro años
El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde 
su  formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de diez 
días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las 
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como las siguientes:
a)  Por el transcurso del plazo previsto para solicitar la acreditación de la Junta 
Arbitral como Entidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud 
o su denegación.
b)  La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser 
comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de tres 
meses.
c)  La disolución o supresión de alguna de las partes.
d)  Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes está 
incumpliendo los compromisos adquiridos en el  presente Convenio, se lo notificará 
mediante  comunicación  fehaciente  e  indicará  las  causas  que  originan  dicho 
incumplimiento. Este requerimiento será comunicado igualmente a los representantes de 
la Comisión de Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no 
superior a un mes, a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la 
Comisión de Seguimiento podrá decidir sobre la adopción inmediata de las medidas 
correctoras oportunas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el presente Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la 
Comisión  de  seguimiento,  persistiera  el  incumplimiento,  se  entenderá  resuelto  el 
Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se 
comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento 
las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las 
cuestiones  litigiosas  que  en  la  ejecución  y  cumplimiento  pudieran  aparecer  y  no 
quedasen resueltas por la Comisión de Seguimiento, se someterán a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la citada jurisdicción. e.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal. 477ww
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de  2016  relativo  a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y a la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes o por sus representantes acreditados.–El Ministro de Consumo, Alberto Carlos 
Garzón Espinosa.–El Consejero de Salud y Familias, Jesús Ramón Aguirre Muñoz.–El 
Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Antonio Ruiz Cruz.