BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 151  Viernes 25 de junio de 2021  Sec. I.   Pág. 76274
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
10584 Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación 
de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización 
del agua.
I
Desde finales de 2020 y, más intensamente, marzo de 2021, el precio del mercado 
mayorista de la electricidad en España está marcando precios inusualmente altos. Una 
situación que se ha agravado en las últimas semanas, con un precio medio en mayo 
de 67,12 €/MWh y de 86,56 €/MWh del 1 al 17 de junio, sin que, por otra parte, se hayan 
producido situaciones excepcionales de carácter meteorológico. Esta subida del precio de 
la electricidad incide directamente en la factura eléctrica de los consumidores españoles.
Esta situación no parece ser puntual, sino que amenaza con convertirse en estructural 
si se atiende al comportamiento de los mercados a plazo, ya que la cotización de los 
futuros de electricidad para la segunda parte de 2021 asciende a 83,32 €/MWh.
Estos precios están generando alarma social en España, ya que, si bien para la mayoría 
de consumidores minoristas estos precios mayoristas no afectan inmediatamente a su 
factura, sí existen modalidades contractuales en las que estos precios son de aplicación 
inmediata (como el precio regulado PVPC, Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, 
o los contratos en mercado libre basados en precios dinámicos, indexados al pool) e incluso 
para el resto de consumidores estos altos precios, si se mantienen lo suficiente en el 
tiempo, acaban por trasladarse también a sus contratos cuando estos se revisan.
De acuerdo con los datos de precios minoristas publicados por EUROSTAT 
correspondientes al segundo semestre de 2020, los precios finales para el segmento 
doméstico en España son los quintos más altos de la UE-27, por lo que las circunstancias 
referidas vienen a empeorar una ya de por sí situación de altos costes energéticos para los 
consumidores españoles.
Debe tenerse en cuenta que la fijación del precio del mercado mayorista de electricidad 
depende de muchos factores sobre los que es difícil actuar en el corto plazo, ya que los 
productores de energía eléctrica ofertan diferentes precios en función de sus tecnologías 
y es necesario conseguir un equilibrio entre la oferta y la demanda que determina el precio 
para cada hora con grandes oscilaciones en función de la demanda. Cuando la demanda 
es muy alta los precios se incrementan porque es necesario utilizar la oferta de los 
productores que usan tecnologías con costes más elevados, como los ciclos combinados 
de gas, sin que esta demanda pueda verse satisfecha solo con la oferta que utiliza 
tecnologías con menores costes variables, como las energías renovables. Por otra parte, 
los costes variables de las energías más caras han crecido coyunturalmente de forma 
notable debido al encarecimiento del gas natural y de la cotización de los derechos de 
emisión de CO  en los mercados internacionales.
2
En efecto, esta evolución de los precios mayoristas se debe fundamentalmente a la 
evolución del precio del gas natural (el índice MIBGAS ha pasado de 21,25 €/MWh el 1 de 
enero a 29,14 €/MWh el 16 de junio) y de los derechos de emisión de CO  (30,92 €/ton en  e.
2 bo
diciembre de 2009 y 51,78 €/ton en este mes de junio). w.
Para dar respuesta a esta situación en el marco de la transición ecológica y la eficiencia  584ww
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aprovechar de una manera eficiente el potencial renovable existente en nuestro país,
particularmente el solar y el eólico, que llevan aparejados menores costes variables para 
la producción de energía eléctrica y que redundan directamente en una reducción de la 
factura eléctrica.
Por otra parte, esta situación de precios crecientes en el mercado eléctrico se produce 
en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 que está teniendo un 
enorme impacto en la actividad económica, con una reducción muy significativa en el 
empleo y un aumento en el número de consumidores vulnerables.
Desde una perspectiva de equidad social, la estadística sobre gasto de los hogares y 
presupuestos familiares publicada por el INE muestra que la electricidad tiene un peso 
relativo mayor en la cesta de consumo de los hogares con menor renta, lo que significa que 
una subida de precios de la electricidad tiene efectos regresivos, perjudicando 
proporcionalmente más a los deciles de menor renta. Y ello con independencia de los 
esquemas de protección de los consumidores vulnerables existentes en la actualidad en 
España (bono social de electricidad), ya que se basan en un descuento sobre la factura final.
La situación descrita tiene efectos negativos de diversa índole: a la ya referida 
creciente alarma y malestar social, ha de añadirse que los altos precios de la electricidad 
inciden sobre la renta disponible de los hogares y suponen un freno para su recuperación 
en el escenario post-COVID-19.
A su vez, suponen una seria amenaza para la agenda de «descarbonización» asumida 
por España y la Unión Europea, al poner en peligro una de sus palancas principales: el 
proceso de electrificación de la economía como vía más eficiente y eficaz para reducir las 
emisiones asociadas a los usos energéticos.
Vinculado al éxito de la «descarbonización», los ciudadanos no entienden cómo con 
una penetración cada vez mayor de las energías renovables los precios de la electricidad 
son cada vez más caros, lo que está generando una desconfianza creciente en el proceso 
de transición energética en su conjunto.
Ante esta situación, el Gobierno de España está actuando sobre los distintos 
componentes que determinan el precio final de la electricidad, incluida la parte relativa a 
los costes regulados distintos a los impuestos (denominados «cargos»), para los que se 
está proponiendo su redistribución entre todos los combustibles a través del Fondo para la 
Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
También se ha propuesto un mecanismo de minoración del denominado «dividendo 
del CO », que perciben las centrales más antiguas no emisoras, y cuyos ingresos se 
2
destinarán a financiar parte de esos costes regulados (los destinados al fomento de las 
renovables, cogeneración y residuos) y a la lucha contra la pobreza energética.
Estas medidas, sin embargo, no estarán aprobadas en el corto plazo ya que se están 
tramitando como proyectos de ley y, por tanto, no surtirán efectos inmediatos. 
Adicionalmente, desde numerosos colectivos de la sociedad civil y por parte de los 
principales grupos políticos se está reclamando al Gobierno para que actúe sobre la 
fiscalidad de la electricidad, de manera que las reducciones en los precios finales sean de 
mayor cuantía y más inmediatas.
Por otra parte, otro de los elementos que forma parte de la factura eléctrica es la 
aplicación del tipo general del 21 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA, en 
adelante) a las entregas de electricidad.
No obstante, el artículo 102 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de 
noviembre, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, establece que, 
previa consulta del Comité consultivo del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, 
Comité del IVA), todo Estado miembro podrá aplicar un tipo impositivo reducido a las  es
entregas de electricidad. o
dmlcooe an crmfucCeaaaronilrd mzddaoooe a   tpsde lreeroem  sci2n iiEno0dass2ict  1iaaqn,dbu uoeaessl  u as pamnerlmte ieedcermaiinoonbt r ermdloa eaessll n t domcteesire ,,cf  rosducirentamussdaadtoac ei innó mfcmniniaa eqaysdulo eieqrasi uts sadetea e p h a ad2acre0o aa 2n gla0asrc  eaoyejv,aml aemndec áotthers aierc  cinuinde ntlaraea dsnu r  ssúeeaolbntm ia mdEjeeaans  sdlptae esa ,lefñ  atamaipc  pauoeanl stdraatteáidsrl      OE-A-2021-10584able en https://www.
IVA aplicable a determinados suministros de energía eléctrica y de esta forma garantizar la
plena eficacia de la medida. Por dicha razón, un procedimiento escrito ante el Comité del 
IVA parece lo más oportuno para dar cumplimiento al referido precepto de la Directiva.
En consecuencia, para dar respuesta a la situación generada por el incremento de los 
precios de la electricidad, dentro de los límites de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de 
noviembre,  se  establece  de  forma  excepcional  y  transitoria,  hasta  el  31  de 
diciembre de 2021, para los contratos de energía eléctrica cuyo término fijo de potencia no 
supere los 10 kW, una rebaja, desde el 21 al 10 por ciento, en el tipo impositivo del IVA que 
recae sobre todos los componentes de la factura eléctrica cuando el precio medio mensual 
del mercado mayorista en el mes anterior al de la facturación haya superado los 45 €/MWh, 
con el objeto de reducir su importe.
A estos efectos debe tenerse en cuenta que este umbral de 45 €/MWh se relaciona 
con la cotización media durante el mes de diciembre de 2020 de los contratos de entrega 
a plazo de electricidad en España para el año 2021, que, como se ha señalado, para la 
segunda mitad de 2021 se establece en 83,32 €/MWh situándose, por tanto, dicho umbral 
por debajo de las expectativas de precios futuros del mercado.
También debe señalarse que esta medida se aplica a todos los contratos de suministro 
de energía eléctrica siempre que la potencia contratada no supere los 10 kW, lo que 
supone, en realidad, su aplicación a la práctica totalidad de los hogares consumidores 
finales ya que la potencia media contratada por los consumidores domésticos es 
aproximadamente de 4,1 kW. Del mismo modo la medida permitirá que se beneficien de la 
misma un gran número de trabajadores autónomos.
Por otra parte, para paliar situaciones de pobreza energética de los consumidores más 
vulnerables también se rebaja al 10 por ciento el tipo impositivo del IVA aplicable a la factura 
eléctrica de los titulares de contratos de suministro de electricidad que sean perceptores del 
bono social y, además, tengan reconocida la condición de vulnerable severo o vulnerable 
severo en riesgo de exclusión social, durante el periodo de vigencia de este real decreto-ley, 
con independencia del precio de la electricidad del mercado mayorista.
Esta medida va a beneficiar aproximadamente a 612.000 hogares con esta condición 
que representan aproximadamente el 50 por ciento del total de hogares beneficiarios del 
bono social de electricidad.
Esta propuesta ha sido comunicada mediante procedimiento escrito al Comité del IVA 
el pasado 22 de junio.
Adicionalmente, al objeto de compensar los mayores costes que están soportando las 
empresas que determinan el precio de la electricidad en el mercado mayorista debido, 
como anteriormente se ha señalado, a la evolución del precio del gas natural y de los 
derechos de emisión del CO se considera oportuno reducir otro de los costes operativos 
2, 
como es el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
De esta forma podrán volver a ofertar precios más competitivos que redunden 
favorablemente en los consumidores.
Como consecuencia, de forma excepcional, durante el tercer trimestre de 2021, se 
procede a exonerar del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica a 
las instalaciones que producen electricidad y la incorporan al sistema eléctrico.
Ello conlleva modificar el cómputo de la base imponible y de los pagos fraccionados 
regulados en la normativa del tributo.
Esta suspensión, de acuerdo con las mejores estimaciones de ingresos y costes, es 
compatible con un cierre del ejercicio 2021 del sistema eléctrico en equilibrio, respetándose 
el principio de sostenibilidad económica y financiera consagrado en la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sistema Eléctrico. es
II 584ww
somEelt ipóa asla trdáom 7it ed ed eju anuiod,i eenl cMiain eis itnefroiorm paacraió nla p Túrbalnicsaic eiól np rEocyoelcótgoi cdae  yre eall  Rdeectore Dtoe pmoorg erlá qfiuceo 
se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) de las cinco
demarcaciones marinas españolas existentes. Los meritados POEM se desarrollarán según  Bc
lo establecido en el Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco
para la ordenación del espacio marítimo, normativa que traspuso al ordenamiento jurídico 
nacional la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 
2014, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo. Este 
nuevo marco de ordenación del espacio marino provocará que procedimientos de 
autorizaciones o concesiones que tuvieran como elemento común la adjudicación o reserva 
de zonas para el desarrollo de actividades en el espacio marino precisen ser revisados.
Tal es el caso del procedimiento administrativo vigente para la autorización de 
instalaciones de producción de energía eléctrica en el espacio marino, establecido 
mediante el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el 
procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de 
instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial. El citado real decreto desarrolla 
en su título II un procedimiento de autorización de instalaciones que conlleva, de manera 
previa a la tramitación de la autorización administrativa, una solicitud y otorgamiento 
mediante procedimiento de concurrencia competitiva de una reserva de zona.
A la luz de la nueva ordenación del espacio marítimo actualmente en tramitación, y en el 
marco que establezca la futura Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y las 
Energías del Mar en España, actualmente en elaboración, se hace necesario, a través de la 
disposición adicional tercera, no admitir nuevas solicitudes de autorización administrativa y de 
reserva de zona en el mar territorial al amparo del Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, 
hasta el desarrollo del nuevo marco que ajuste el procedimiento actual a la ordenación del 
espacio marítimo que resulte de la tramitación de los POEM y al contenido de la Hoja de Ruta.
III
El impacto de la crisis sanitaria y económica motivó la modificación de la Ley 19/2003, 
de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones 
económicas con el exterior, por medio del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que 
añadió un nuevo artículo 7 bis de suspensión del régimen de liberalización de determinadas 
inversiones extranjeras directas en España.
Conforme al artículo 7 bis, las inversiones extranjeras directas se definen como 
aquellas que realicen los residentes en países fuera de la UE y de la Asociación Europea 
de Libre Comercio (AELC), o por residentes en países de la UE o de la AELC en caso de 
que los titulares reales residan fuera de la UE o de la AELC y que lleven al inversor a 
ostentar un 10 por ciento o más de la compañía española o una participación efectiva en 
su gestión y control.
Dado el fuerte impacto económico de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de 
COVID-19 y su extensión en el tiempo, el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, 
de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en 
materia tributaria, amplía la protección establecida en el citado artículo 7 bis de la 
Ley 19/2003 a las inversiones proveniente de la Unión Europea y de la Asociación Europea 
de Libre Comercio en ciertas circunstancias. Así, a través de la disposición transitoria única, 
el citado real decreto-ley estableció un régimen transitorio, hasta el 30 de junio de 2021, por 
el que el régimen de suspensión de liberalización de determinadas inversiones extranjeras 
directas regulado en los apartados 2 y 5 del citado artículo 7 bis, se aplicará también a las 
inversiones realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la 
Asociación Europea de Libre Comercio sobre empresas cotizadas en España, o sobre 
empresas no cotizadas si el valor de la inversión supera los 500 millones de euros.
Estando ya próximo el vencimiento de la fecha prevista en la disposición transitoria  s
única del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo  oe.
aiqen untlrecaou  dsseuoencl tvmirrea aun tnncoit dainea uneveemívanop  e rapenúls anuaz nrolia a pqslr  uoycec ira eacls ulasonre gsdctuetaoe nrr ec eecisanutsaep  remqgruéaeetcdi ciimódona,o . tehivnaa smrtoaan et els r3uia1 a  dtdreiob pducitcaióireinam,,  byrr eelsa du eeltca 2o 0nn2eo1cm,e ídsaaa rdsieoo    2021-10584n https://www.
Mediante esta norma se prorroga la vigencia de esta medida transitoria para asegurar
la protección de la seguridad, salud y orden públicos de nuestro país, dado que todavía  Bc
nos encontramos inmersos en la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 cuya 
prolongación en el tiempo hace necesario adoptar este tipo de medidas.
Así, a través de la disposición final segunda de este real decreto-ley, se modifica la 
disposición transitoria única del referido Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, 
para prorrogar hasta la citada fecha de 31 de diciembre de 2021 el régimen transitorio por 
el que el régimen de suspensión de liberalización de determinadas inversiones extranjeras 
directas regulado en los apartados 2 y 5 del citado artículo 7 bis, se aplicará también a las 
inversiones extranjeras directas sobre empresas cotizadas en España, o sobre empresas 
no cotizadas si el valor de la inversión supera los 500 millones de euros, realizadas por 
residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre 
Comercio. A estos efectos, se considerarán sociedades cotizadas en España aquéllas 
cuyas acciones estén, en todo o en parte, admitidas a negociación en un mercado 
secundario oficial español y tengan su domicilio social en España.
Con la disposición final tercera se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación 
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para actualizar el límite absoluto de la 
deducción de 5,4 a 12,4 millones, siguiendo los cambios que se han introducido en el 
límite a nivel estatal de manera que Canarias mantenga el diferencial respecto al límite de 
deducción en la península.
Además, se introduce una modificación en el tercer párrafo por las siguientes razones:
Con anterioridad, el artículo 36.2 LIS no tenía dos letras [a) y b)]. Sin embargo, con 
posterioridad  al  Real  Decreto-ley  17/2020,  tuvo  que  modificarse  a  través  del 
Real Decreto-ley 34/2020 para ser adaptada a la Comunicación de la Comisión Europea 
sobre ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector 
audiovisual. Por ello, ahora, la redacción debería ser precisada para adaptarse a esta 
nueva regulación del artículo 36.2 LIS.
Se actualiza el término «servicios de postproducción» por «servicios de efectos 
visuales» por ser técnicamente equivalentes de acuerdo con lo establecido por el Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).
No se produce ningún cambio en la tributación efectiva que hay en la actualidad, 
únicamente una adaptación en la redacción.
Se limita la entrada en vigor de esa modificación a los periodos impositivos que se 
inicien durante 2020.
IV
El Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica, establece como criterio general del 
otorgamiento de acceso la prelación temporal. No obstante, en su capítulo V, recoge, como 
caso particular de otorgamiento de acceso, la celebración de concursos de capacidad de 
acceso que podrán convocarse en determinados nudos de la red de transporte con el 
objeto de conectar a la red instalaciones de generación de electricidad que utilicen fuentes 
de energía primaria de origen renovable y para instalaciones de almacenamiento. En este 
capítulo V, se establece que los nudos donde podrán celebrarse los concursos son nudos 
de la red de transporte en los que se cumplan unas condiciones concretas.
Asimismo, se regula el procedimiento de reserva y acumulación de la capacidad de 
acceso para un potencial concurso, así como las obligaciones de informe del operador del 
sistema a partir de las cuales se resolverá la celebración de un concurso. Adicionalmente, 
se incluye en este capítulo el plazo máximo para convocar un concurso. e.
El proceso de descarbonización y electrificación de la economía, previsto en el Plan  w.
Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), adoptado por el Acuerdo del  584ww
Capornosbeajdoa d peo rM eiln Aiscturoesrd doe d e1l6 C doen smejaor dzeo  Mdein i2s0tr2o1s ,d ye  l3a  dEes ntroavtieegmiab rae  dLea r2g0o2 0P, lacoznot e2m05p0la, 
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alcanzar un 42 % de penetración renovable sobre el consumo final de energía en 2030,
mediante el impulso de generación renovable tanto de autoconsumo en las cubiertas de 
viviendas e industrias, como en plantas de distinto tamaño a lo largo de toda la geografía 
nacional. De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la 
producción de energía eléctrica es una actividad liberalizada, no sometida a planificación 
vinculante y sujeta a un régimen reglado de autorizaciones y a evaluación de impacto 
ambiental de acuerdo con lo recogido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental. Asimismo, las plantas de producción deben obtener permisos de 
acceso y conexión a la red eléctrica para poder inyectar la energía generada.
Así, en lo relativo a ubicación de las plantas de producción de energías renovables y 
de almacenamiento, y teniendo que cuenta lo recogido en el párrafo anterior, la ubicación 
de las mismas necesariamente dependerá del análisis por parte del promotor de la 
existencia de recurso renovable, de la minimización del impacto ambiental y social y de la 
proximidad de nudos de las redes de transporte y distribución donde evacuar la energía 
generada, que se someterá al trámite ambiental correspondiente. Debido a la existencia 
en la geografía española de lugares en los que se da una excelente combinación de estos 
factores, podemos encontrarnos con que en determinadas zonas existe un fuerte apetito 
para el desarrollo de estos proyectos.
Los objetivos de política energética y penetración de renovables para España están 
establecidos en el PNIEC así como en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático 
y Transición energética, que establece en su artículo 2 que las actuaciones derivadas de la 
ley se regirán, entre otros, por los principios de descarbonización de la economía española, 
entendiendo por tal la consecución de un modelo socioeconómico sin emisiones de gases 
de efecto invernadero, así como criterios de cohesión social y territorial, garantizándose, en 
especial, la armonización y el desarrollo económico de las zonas donde se ubiquen las 
centrales de energías renovables respetando los valores ambientales.
En consecuencia, con el fin de conciliar el desarrollo de la implantación de generación 
renovable que conduzca a la descarbonización de la economía, con la compatibilidad 
ambiental y con la cohesión social y territorial, la disposición final cuarta modifica el 
Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, para que, en el otorgamiento de capacidad 
de acceso, se puedan considerar adicionalmente aspectos locales y ambientales de las 
zonas afectadas, con el objetivo de que los proyectos adjudicatarios de la capacidad de 
acceso otorgada por los concursos sean aquellos que maximicen los retornos generales y 
fomenten el desarrollo de las capacidades endógenas de cada territorio, contribuyendo así 
a la consecución de los objetivos de política energética y de penetración de renovables.
A tal fin se introduce un nuevo apartado 4.º) en el artículo 19.1.d) relativo a los criterios 
aplicables a los concursos que permite contemplar aspectos locales y ambientales en los 
mismos que impulsen una mayor aceptación en las zonas de ubicación de las plantas de 
generación renovable.
V
El Tribunal Supremo ha señalado de forma reiterada, en relación con el momento de 
aprobación del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, que el artículo 114.7 
del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
de julio (TRLA), contenía una retroactividad no permitida por lo que ha anulado, de forma 
constante, las liquidaciones de ambas tasas practicadas de acuerdo con el citado precepto 
que eran objeto de impugnación en vía contencioso-administrativa.
La disposición adicional novena, apartado 3, de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de  s
Presupuestos Generales del Estado para 2021 (LPGE), ha modificado el apartado 7 del  oe.
adlyo re dte ílecasu t laLlaobe  tly1ae 1rcd4iifeda  CoA d ageenun oau nesti s ldeitzeesa  tcaareirbótglínecu culdaileoecn,li ó ddanoeg  ytuleo atr a msariiginfnautae idersáen  d tlueaet:sli  l« icczEoualma cOniióertnígna azdson ea ilsd nameugloa ue leadjes edr  cdceiuelc ecli oicnt aacadna qoo, u ndtee ed x aestoec r u eraeegprfuudlilqnoaud cceiiódonnon,     2021-10584n https://www.
practicando las liquidaciones correspondientes durante el primer semestre del año natural
siguiente a aquel en que sean de aplicación». Bc
Esta nueva redacción del artículo 114.7 del TRLA, ha supuesto la deseada eliminación 
de la retroactividad prohibida por el ordenamiento jurídico señalada por la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo. En este sentido, la nueva redacción del precepto establece la obligación 
de aprobar los cánones y tarifas antes del comienzo del año en el que se aplican. Sin 
embargo, ha introducido una disfunción a efectos de su aplicación, en relación con la práctica 
anual de las liquidaciones de los cánones y tarifas. La aplicación literal de esta modificación, 
desde su entrada en vigor el día 1 de enero de 2021, implica a efectos prácticos, que los 
cánones y tarifas que deben ser liquidados en el año 2021 para la recuperación de los costes 
de los servicios prestados durante el 2021 por todas las Confederaciones Hidrográficas, no 
puedan ser liquidados en el año que les resulta de aplicación, es decir, el 2021, debiendo 
esperar dicha liquidación al primer semestre del año 2022.
Esta situación implica un quebranto del principio de recuperación de costes previsto en 
el artículo 111 bis TRLA para el Estado. Las Confederaciones Hidrográficas seguirán 
prestando los servicios a los usuarios durante el 2021 sin poder recuperar los costes de este 
año al estar privadas de los ingresos que perciben cada año por los servicios que prestan.
La disposición transitoria única prevé para la liquidación de los cánones de 
regulación y tarifas de utilización del agua correspondientes al año 2021 una ampliación 
del periodo liquidable que abarcará desde el inicio del año natural en el que resulte de 
aplicación, es decir el año 2021, hasta el primer semestre del año siguiente, y las 
disposiciones finales quinta y sexta amplían igualmente el periodo de recaudación para 
futuros ejercicios.
VI
El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso de 
extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al 
Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, 
tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, 
de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, 
de 7 julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el fin que justifica la legislación de urgencia 
sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por 
razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve 
que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 
parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no 
depende del Gobierno.
Debe quedar, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 
de julio, FJ 4)».
Ninguna duda ofrece que la situación que afrontan los consumidores y empresas de 
nuestro país por las fluctuaciones y el encarecimiento de los precios de la electricidad en 
el mercado, la necesaria transición del sector eléctrico y los hábitos de consumo para 
lograr un sistema más eficiente basado en las energías renovables y la «descarbonización», 
así como la situación socio-económica derivada del COVID-19 y el incremento de los 
hogares vulnerables que tienen serias dificultades para pagar una cantidad de energía  s
suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas, hacen necesaria la  oe.
adeAdxestolor apcrénciaigjóecinmrióa dense  ndE  ietruresratcoantpasse sitma or eerdiadoeli id zdLaaeisdb .ars eLsu o spC pmooermi nsresmeisróocidn iooe c,dn uetaer lrs leio bd bceejore aontolt irrz oedassec pp ióesacnaíst loved asedg  edud ealea lrta edp arUrmórn rilirnaóoa ngpd aEra oudstre eoic nplcavei eóavrn isgy i edodnenec e lilaaas     2021-10584n https://www.
seguridad, salud y orden público en nuestro país mientras se consolida la salida de la crisis
sanitaria y la recuperación económica. Bc
Igualmente, a la luz de la nueva normativa de ordenación del espacio marítimo resulta 
necesario realizar una reforma estructural de la normativa para la tramitación de 
instalaciones de generación de energía eólica marina, que tenga igualmente en cuenta la 
evolución del marco retributivo de las energías renovables y los avances tecnológicos. 
Actualmente se han registrado solicitudes de reserva de zona por más de 13 GW por lo 
que mientras se desarrolla dicha normativa es necesario evitar que las expectativas de 
este cambio normativo provoquen un incremento exponencial de las solicitudes, con la 
consiguiente inseguridad jurídica.
Para evitar esta situación es necesario actuar mediante un procedimiento legislativo 
urgente y extraordinario como el del real decreto-ley.
Por otra parte, de acuerdo con la Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología y 
condiciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las 
instalaciones de producción de energía eléctrica, los gestores de la red deberán tener 
publicadas el 1 de julio próximo las capacidades disponibles en los nudos de la red, 
calculadas de conformidad con las especificaciones de detalle aprobadas por la 
Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establecen las especificaciones de detalle para la 
determinación de la capacidad de acceso de generación a la red de transporte y a las 
redes de distribución.
El Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, prevé en los supuestos establecidos 
en su capítulo V, otorgar la capacidad de los nudos de la red de transporte mediante 
concursos que tengan en consideración otros criterios que prioricen la consecución de los 
objetivos de política energética y penetración de renovables.
Resulta necesario añadir a los criterios ya fijados en el artículo 19, otros relativos al 
desarrollo de las capacidades económicas endógenas y la minimización del impacto 
ambiental de los proyectos. Todo ello con el objetivo de garantizar un despliegue de las 
renovables que maximice el retorno sobre los territorios y su aceptación local, al objeto de 
cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, 
adoptado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2021.
Debido a que, ante la inminente publicación el 1 de julio de la información sobre las 
capacidades de acceso, la Secretaría de Estado de Energía deberá pronunciarse sobre 
la posibilidad de convocar concursos en los nudos de la red que cumplan los requisitos 
fijados en la normativa, e iniciar con ello el procedimiento para la convocatoria del que 
será el primer concurso de capacidad de acceso, resulta necesario modificar a la mayor 
brevedad el referido artículo 19 para incorporar dichos criterios, de manera que la decisión 
de convocar los concursos sea adoptada con el marco normativo que regirá los mismos.
Asimismo, la motivación material de la reforma de la legislación de aguas que se 
acomete en este real decreto-ley deriva de la necesidad de que las Confederaciones 
Hidrográficas puedan afrontar las graves consecuencias derivadas de la situación causada 
por la modificación introducida en el Texto Refundido de la Ley de Aguas por el la 
disposición final 9.ª, apartado 3.º, de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2021. La actual redacción del artículo 114.7 supondrá que las 
Confederaciones Hidrográficas dejarán de ingresar, en su conjunto, la cantidad de 216 
millones de euros, que no podrán percibir por otro procedimiento y que dará lugar no solo 
a un desequilibrio presupuestario muy acusado, sino a la paralización de una parte 
importante de sus actividades, en definitiva dejarán de prestar de manera significativa el 
servicio público que tienen atribuido por la Ley de Aguas. es
En consecuencia, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto- o
lcyoceue ryd7an e;nts rntea1oa d4 icnaó2issr/óg2c nea0r inn1bd o4eee ,  l de pdecnreu i od em1irlr ip1edjul caimdicdceiiieóeo nsns  p etppoopoo ltídllitíeíiettcimi coclaaa b o srds e eded, leg eF uE oJrasip dtc3aoat)drud toauy  jcn u(eiiSórdsíSndata idTc(  CaSqd, Tue 6leCca1i   /sc2g1ioó0a4rn1rr/a2e,8 n0s,s tp2ídiano0e  n, dd 7dedu e edd p eaar2 l,e  j8ucGs inuoodipsobe o,i e jnueFrsennFt eooJur Jsone  )na4y,      OE-A-2021-10584able en https://www.
competitivos a los ciudadanos y las empresas, y la protección de la seguridad, salud y
orden público en esta fase de recuperación económica. Los motivos de oportunidad que 
acaban de exponerse demuestran que, en ningún caso, el presente real decreto-ley 
constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de 
diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones 
expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la presente norma (SSTC 
29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de 
octubre, FJ 3).
Debe señalarse también que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni 
al Derecho electoral general.
La introducción de las modificaciones indicadas resulta de extraordinaria y urgente 
necesidad, dada la exigencia de plazos perentorios para la incorporación de las 
modificaciones expuestas y las consecuencias negativas que se producirían por un retraso 
en su aprobación.
Por todo lo expuesto, concurren de esta forma las circunstancias de «extraordinaria y 
urgente necesidad» que constituyen el presupuesto habilitante exigido al Gobierno por el 
artículo 86.1 de la Constitución para dictar reales decretos-leyes.
Además, como señala la STC 100/2012, de 8 de mayo, en su FJ 9, «del hecho de 
que la materia tributaria esté sujeta al principio de reserva de ley (arts. 31.3 y 133.1 
y 3 CE) y de que dicha reserva tenga carácter relativo y no absoluto “no se deriva 
necesariamente que se encuentre excluida del ámbito de regulación del Decreto-ley, que 
podrá penetrar en la materia tributaria siempre que se den los requisitos constitucionales 
del presupuesto habilitante y no ‘afecte’ en el sentido constitucional del término, a las 
materias excluidas» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 8; 137/2003, de 3 de julio, 
FJ 6; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 4; y 189/2005, 
de 7 de julio, FJ 7). (…) Y, sobre este particular, en la sección 2 del capítulo segundo del 
título I de la Constitución, bajo la rúbrica «De los derechos y deberes de los ciudadanos», 
se inserta el artículo 31.1 CE, precepto que establece «un auténtico mandato jurídico, 
fuente de derechos y obligaciones», del que «se deriva un deber constitucional para los 
ciudadanos de contribuir, a través de los impuestos, al sostenimiento o financiación de 
los gastos públicos» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 6; 245/2004, de 16 de 
diciembre, FJ 5; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7), siendo, en consecuencia, uno de «los 
deberes cuya afectación está vedada al Decreto-ley el deber de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 CE» (SSTC 137/2003, 
de 3 de julio, FJ 6; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 5; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7).
Pues bien, el artículo 31.1 CE «conecta el citado deber de contribuir con el criterio de 
la capacidad económica» y lo relaciona, a su vez, «no con cualquier figura tributaria en 
particular, sino con el conjunto del sistema tributario», por lo que queda claro «que el 
Decreto-ley no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los 
tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, afectando así al deber 
general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo 
con su riqueza mediante un sistema tributario justo» (SSTC 182/1997, de 18 de octubre, 
FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de 
julio, FJ 7). De manera que vulnerará el artículo 86 CE «cualquier intervención o innovación 
normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posición 
del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema  es
tributario» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004,  o
dcnaeuasleeíet  mu3cnr0oetaa mnlde t«oeoze  asej n,uld   negecisrola atm,rdd uaFoics J tmcuo a7r omas;   o–eyy e d e1lsiadn8e a 9fnuq /ce2nuina0cé li0 eqót5sunr,i e b oqd u iuennteo toe7   crc rvudeoimesenu ncpjluertleeal ie tnoodl ,  ea piFnlnrtiJetcnr rioc7dai )pedd.i  oeoPesl  lod  cpDero o ntecraj caunerpntseoatttoe,co   i-sddeleeeaxrylcdá  es  –eippscccrtooeeionncmnósisaatmoa l t itmrctaieabnon–udde,too arq   rudesiouéen,      OE-A-2021-10584able en https://www.
producción normativa– y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación
de que se trate» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, 
FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7).
A la luz de estas consideraciones, cabe afirmar que no se vulnera el citado artículo 31 
de la Constitución ya que, como se señala en la antes citada STC 100/2012 (FJ 9), «(…) 
no ha provocado un cambio sustancial de la posición de los ciudadanos en el conjunto del 
sistema tributario, de manera que no ha afectado a la esencia del deber constitucional de 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 CE» 
(SSTC 137/2003, de 3 de julio, FJ 7; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 8).
VII
Este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
De este modo, se cumple con el principio de necesidad que ha quedado plenamente 
justificado. Igualmente, se da cumplimiento a los principios de seguridad jurídica, 
proporcionalidad y eficacia, destacándose que las medidas que incorpora son congruentes 
con el ordenamiento jurídico e incorporan la mejor alternativa posible dada la situación de 
excepcionalidad al contener la regulación necesaria e imprescindible para la consecución 
de los objetivos previamente mencionados.
En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-ley, su 
tramitación se encuentra exenta de consulta pública previa y de los trámites de audiencia 
e información públicas, conforme al artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno.
Finalmente, respecto del principio de eficiencia, no se imponen más cargas que las 
estrictamente necesarias.
El presente real decreto-ley consta de un preámbulo y una parte dispositiva, 
estructurada en dos artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria y 
nueve  disposiciones  finales,  y  se  dicta  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 149.1.10.ª, 13.ª, 14.ª, 22.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al 
Estado la competencia en materia de comercio exterior, bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica, Hacienda general, legislación, ordenación 
y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando discurran por más de una 
comunidad autónoma y bases del régimen minero y energético, respectivamente.
Asimismo se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los Ministerios de 
Hacienda y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el ámbito de sus 
competencias, para dictar cuantas disposiciones y adoptar medidas que sean necesarias 
para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley, ya que es posible 
que por razones técnicas puedan ser necesarias algunas concreciones de lo previsto en 
este real decreto-ley por parte del Consejo de Ministros o por los titulares de los 
departamentos ministeriales competentes.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la Ministra de Hacienda, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de junio de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1.  Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido a determinadas  s
entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica. oe.
Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y vigencia hasta el 31  584ww
dAeleñé acdatdir)cii dcieaomT  eiabtfu erlelcaa tsrude aeesd  n2adt0sree2  ag1c ao,f asnsv,te or airma tdoppeslioc: rdateará c sieoulnm teiipsno isy td raeodl  dq1eu0 i sepiloceirco tcnriieecsnid taoind td,r eaclc uoIymmap uupneoitstaetorni acsisoa b dcreeo  neetnrl aeVtraagdloíaar    BOE-A-2021-10cable en https://
(término fijo de potencia) sea inferior a 10 kW, con independencia del nivel de tensión del
suministro y la modalidad de contratación, cuando el precio medio aritmético del mercado 
diario correspondiente al último mes natural anterior al del último día del periodo de 
facturación haya superado los 45 €/MWh.
b)  Titulares de contratos de suministro de electricidad que sean perceptores del bono 
social de electricidad y tengan reconocida la condición de vulnerable severo o vulnerable 
severo en riesgo de exclusión social, de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor 
vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos 
de energía eléctrica.
Artículo 2.  Determinación de la base imponible y del importe de los pagos fraccionados del 
Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica durante el ejercicio 2021.
Para el ejercicio 2021 la base imponible del Impuesto sobre el valor de la producción 
de energía eléctrica estará constituida por el importe total que corresponda percibir al 
contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, 
medida en barras de central, por cada instalación en el período impositivo minorada en las 
retribuciones correspondientes a la electricidad incorporada al sistema durante el tercer 
trimestre natural.
Los pagos fraccionados del tercer trimestre se calcularán en función del valor de la 
producción de energía eléctrica en barras de central realizada durante el período impositivo 
minorado en las retribuciones correspondientes a la electricidad incorporada al sistema 
durante dicho trimestre, aplicándose el tipo impositivo previsto en el artículo 8 de la 
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para sostenibilidad energética, y 
deduciendo el importe de los pagos fraccionados previamente realizados.
Los pagos fraccionados del cuarto trimestre se calcularán en función del valor de la 
producción de energía eléctrica en barras de central realizada durante el período impositivo 
minorado en las retribuciones correspondientes a la electricidad incorporada al sistema 
durante el tercer trimestre natural, aplicándose el tipo impositivo previsto en el artículo 8 de 
la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, y deduciendo el importe de los pagos fraccionados 
previamente realizados.
Disposición adicional primera.  Revisión de los parámetros retributivos aplicables a las 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos
1.  La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como organismo 
encargado de las liquidaciones, llevará a cabo la liquidación necesaria para la adaptación 
de la retribución procedente del régimen retributivo específico, detrayendo las cantidades 
no abonadas por las instalaciones como consecuencia de la suspensión del Impuesto sobre 
el valor de la producción de la energía eléctrica, según lo establecido en el artículo 2.
2.  Dicha adaptación tendrá lugar en la primera liquidación en la que se disponga de 
los ajustes correspondientes tras la entrada en vigor del citado artículo.
Disposición adicional segunda.  Destino del superávit del Sector Eléctrico en el ejercicio 2020.
No obstante lo previsto en el artículo 19 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, con 
carácter excepcional, si en el cierre del ejercicio 2020 se generase superávit de 
ingresos del sistema eléctrico, la totalidad del mismo se aplicará para cubrir los  es
desajustes temporales y las desviaciones transitorias entre ingresos y costes del  o
ejercicio 2021. 584www.
Disposición adicional tercera.  Solicitudes de autorización administrativa de instalaciones 
presentadas al amparo del Real Decreto 1028/2007, de 20 de junio, por el que se 
establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de 
autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial.
1.  Desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, y hasta la aprobación por el 
Gobierno de un nuevo marco normativo para las instalaciones de generación de energía 
eléctrica en el mar territorial, no se admitirán nuevas solicitudes de reserva de zona de 
instalaciones de generación eólicas marinas en el marco del procedimiento establecido en 
el título II del Real Decreto 1028/2007, de 20 de junio.
2.  Tampoco se admitirán nuevas solicitudes de autorización administrativa de 
instalaciones de generación eólicas marinas al amparo de lo establecido en el artículo 32 
del Real Decreto 1028/2007, de 20 de junio.
Aquellas solicitudes de autorización administrativa presentadas con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta disposición adicional continuarán con su tramitación según lo 
previsto en el Real Decreto 1028/2007, de 20 de junio.
Disposición transitoria única.  Pagos correspondientes al año 2021.
Lo dispuesto en este real decreto-ley en materia de cánones de regulación y de tarifas 
de utilización de agua será de aplicación desde el 1 de enero de 2021. A estos efectos, la 
puesta al cobro del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua 
correspondientes al ejercicio 2021 se hará desde el día de la entrada en vigor de este real 
decreto-ley hasta el 30 de junio de 2022.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este  real  decreto-ley  se  dicta  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 149.1. 10.ª, 13.ª, 14.ª, 22.ª y 25.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia en materia de comercio exterior, bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica, Hacienda general, legislación, ordenación y concesión 
de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando discurran por más de una comunidad 
autónoma y bases del régimen minero y energético, respectivamente.
Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de 
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector 
energético, y en materia tributaria.
Se modifica la disposición transitoria única del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de 
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector 
energético, y en materia tributaria, que queda redactada en los siguientes términos:
«El régimen de suspensión de liberalización de determinadas inversiones 
extranjeras directas en España regulado en los apartados 2 y 5 del artículo 7 bis de 
la Ley 19/2003, de 4 de julio, se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2021, a las 
inversiones extranjeras directas sobre empresas cotizadas en España, o sobre 
empresas no cotizadas si el valor de la inversión supera los 500 millones de euros, 
realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación 
Europea de Libre Comercio. A estos efectos, se considerarán sociedades cotizadas  es
en España aquellas cuyas acciones estén, en todo o en parte, admitidas a  bo
negociación en un mercado secundario oficial español y tengan su domicilio social  584ww
edani ro eEsActset apensafte añacartq o.uusne adll eap sae rsinttiecv ieprérasgcioiimónnee nsig  tcuroaamnl sooi t socuroipone,s rseieoc rue aenlnt e1cn0iad  pedoreár   lcpaioesr n ci nudvaeelle rcssai oepnli teainsl v seeoxrcstrioaarnl  dpjeear aslaes    OE-A-2021-10able en https://
sociedad española, o cuando como consecuencia de la operación societaria, acto
o negocio jurídico se adquiera el control de dicha sociedad de acuerdo con los 
criterios establecidos en el artículo 7.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia, tanto si se realizan por residentes de países de la 
Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio diferentes a 
España, como si se realizan por residentes en España cuya titularidad real 
corresponda a residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación 
Europea de Libre Comercio. Se entenderá que existe esa titularidad real cuando 
estos últimos posean o controlen en último término, directa o indirectamente, un 
porcentaje superior al 25 por cien del capital o de los derechos de voto del 
inversor, o cuando por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, del 
inversor.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación 
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien durante el año 2020, se 
modifica la disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que queda redactada del 
siguiente modo:
«Disposición adicional decimocuarta.  Límites de las deducciones por inversiones 
en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo 
de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias.
El importe de la deducción por inversiones en producciones españolas de 
largometrajes y cortometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, 
animación o documental a que se refiere el apartado 1 del artículo 36 de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, no podrá ser 
superior a 12,4 millones de euros cuando se trate de producciones realizadas en 
Canarias.
El importe de la deducción por gastos realizados en territorio español por 
producciones  extranjeras  de  largometrajes  cinematográficos  o  de  obras 
audiovisuales a que se refiere el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014 no 
podrá ser superior a 12,4 millones de euros cuando se trate de gastos realizados 
en Canarias.
Con respecto al importe mínimo de gasto que fija la letra a) del apartado 2 del 
artículo 36 de la Ley 27/2014, los gastos realizados en Canarias de animación de 
una producción extranjera deberán ser superiores a 200.000 euros. En relación con 
la ejecución de servicios de efectos visuales, será de aplicación lo dispuesto en la 
letra b) del apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014.
El importe de la deducción por gastos realizados en la producción y exhibición de 
espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales a que se refiere el apartado 3 
del artículo 36 de la Ley 27/2014 no podrá ser superior a 900.000 euros cuando se 
trate de gastos realizados en Canarias.»
Disposición final cuarta.  Modificación del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, 
de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
1.  Se  introduce  un  nuevo  apartado  4.º)  en  el  artículo  19.1.d),  del 
Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de  e
transporte y distribución de energía eléctrica, con la siguiente redacción: bo
«4.º)  Los concursos podrán incorporar los siguientes criterios socioeconómicos  584ww
ym aemdaiab) nietneImt uapnleaasc  mteone s tlooadcsoi ozloo-egncíaaos no dóbomjenitdcivoea   seyen c  uuebal inqáturifeeicana  ybla less  udinses  htaaaclbauicetairodnnotee csso:, nq luoe r esceorág idvoa leonra ldoos   OE-A-2021-10able en https://
siguientes apartados:
i.  Empleos directos generados en los municipios locales y adyacentes, tanto 
durante el proceso de construcción y puesta en marcha de las instalaciones de 
generación y/o almacenamiento, como durante la operación de las mismas.
ii.  Empleos indirectos generados en los municipios locales y adyacentes, tanto 
durante el proceso de construcción y puesta en marcha de las instalaciones, como 
durante la operación de las mismas. Se deberá distinguir por sectores o actividades 
relacionadas, compatibles o susceptibles de beneficiarse del desarrollo de 
renovables como consecuencia del proyecto.
iii.  Impacto económico en la cadena de valor industrial local, regional, nacional 
y comunitaria, medido en términos de inversión de los servicios y bienes adquiridos 
para el desarrollo del proyecto de generación y/o almacenamiento sobre la inversión 
total del proyecto.
iv.  Porcentaje de participación, medido en términos de inversión en el proyecto 
de generación y/o almacenamiento de inversores locales, y de empresas y 
administraciones de la zona en la que se ubicará la instalación.
v.  Presentación de mecanismos de reinversión de los ingresos obtenidos 
por las plantas de generación y/o almacenamiento en la zona en la que se 
ubicará la instalación.
b)  Se establecerá una puntuación en función del previsible grado de afección 
ambiental. A estos efectos se tendrá en cuenta la clasificación en distintas zonas en 
el mapa de “Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables: 
eólica y fotovoltaica” elaborado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.»
2.  Se introduce una nueva letra d) en el artículo 19.2 del Real Decreto 1183/2020, 
de 29 de diciembre:
«d)  Las penalizaciones que aplicarán por el incumplimiento de los compromisos 
a los que se refiere el apartado 4.º, letra a), del artículo 19.1.d).»
3.  Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 19.2 del Real Decreto 1183/2020, 
de 29 de diciembre:
«4.  A efectos de lo previsto en el apartado 2.d), cada participante deberá 
constituir una garantía ante la Caja General de Depósitos por el importe que se 
establezca en la orden a la que se refiere el artículo 18.1. El importe de esta garantía 
será proporcional a los criterios incluidos en el apartado 4.º, letra a), del artículo 
19.1.d) que sean de aplicación para esa orden en particular.»
Disposición final quinta.  Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
El  artículo  114.7  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Aguas,  aprobado  por 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, queda redactado como sigue:
«7. El Organismo de cuenca, de acuerdo con lo establecido en este artículo, 
determinará las cuantías anuales del canon de regulación y de la tarifa de utilización 
del agua antes del comienzo del ejercicio a que se apliquen, pudiendo practicarlas 
desde el inicio del año natural en el que resulte de aplicación hasta el último día del  s
primer semestre del año siguiente.» oe.
Disposición final sexta.  Modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico que 
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que se aprueba 
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
1.  Se modifica el primer párrafo del artículo 303 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, que se aprueba por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que queda redactado 
como sigue:
«Artículo 303.
El canon de regulación se pondrá al cobro desde el inicio del año natural en el 
que resulte de aplicación hasta el último día del primer semestre del año siguiente a 
aquel en el que sea de aplicación.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
2.  Se modifica el primer párrafo del artículo 310 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, que queda redactado como sigue:
«Artículo 310.
La tarifa de utilización del agua se pondrá al cobro desde el inicio del año natural 
en el que resulte de aplicación hasta el último día del primer semestre del año 
siguiente a aquel en el que sea de aplicación.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
3.  Se modifica el primer párrafo del artículo 311 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, del siguiente modo:
«Artículo 311.
Una vez aprobados los cánones de regulación y las tarifas de utilización de 
agua, el Organismo de cuenca formulará las correspondientes liquidaciones desde 
el 1 de enero del año natural en el que resulten de aplicación hasta el 30 de junio del 
año siguiente a aquel en el que sean de aplicación y las notificará a los interesados 
en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Disposición final séptima.  Salvaguardia del rango de ciertas disposiciones reglamentarias.
Las modificaciones que con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, 
puedan realizarse respecto a las normas reglamentarias que son objeto de modificación 
por el mismo, en particular de las disposiciones finales cuarta y sexta de este 
real decreto-ley, podrán efectuarse por normas con rango de real decreto.
Disposición final octava.  Habilitación normativa. es
Se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los Ministerios de Hacienda y para  w.
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Disposición final novena.  Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», con la excepción de la disposición adicional tercera que 
entrará en vigor el mismo día de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del 
presente real decreto-ley.
Dado en Madrid, el 24 de junio de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN