BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 270 Lunes 12 de octubre de 2020 Sec. TC.   Pág. 87403
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
12186 Pleno.  Sentencia  101/2020,  de  10  de  septiembre  de  2020.  Cuestión  de 
inconstitucionalidad 1022-2019. Planteada por la Sección Séptima de la Sala 
de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional  respecto  del 
artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que 
se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, 
que añadió una nueva disposición adicional decimocuarta a la Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades. Límites de los decretos 
leyes: pérdida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad que versaba 
sobre el precepto legal declarado inconstitucional y nulo por la STC 78/2020, 
de 1 de julio.
ECLI:ES:TC:2020:101
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares  García,  don  Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo 
Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1022-2019, promovida por la Sección 
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, respecto 
del artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se 
introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, que añadió una 
nueva disposición adicional decimocuarta (Modificaciones en el régimen legal de los 
pagos  fraccionados)  a  la  Ley  27/2014,  de  27  de  noviembre,  del  impuesto  sobre 
sociedades, por posible vulneración de los arts. 86.1 y 31.1, ambos de la Constitución. 
Han comparecido el abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, 
la procuradora de los tribunales doña Milagros Duret Argüello, en representación de 
Lafonia Sea Foods, S.A., y la fiscal general del Estado. Ha sido ponente el magistrado 
don Santiago Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  El día 19 de febrero de 2019 tuvo entrada en el registro general del Tribunal 
Constitucional  un  escrito  de  la  Sección  Séptima  de  la  Sala  de  lo  Contencioso- e
Administrativo de la Audiencia Nacional (recurso núm. 908-2016), al que se acompaña,  b
junto  al  testimonio  del  correspondiente  procedimiento,  el  auto  de  14  de  diciembre  186ww
rdeela 2ci0ó1n8 a, l paortrí ceull oq úunei csoe d ealc Roredaal bDae cprleatnot-eleayr  2u/n2a0 1c6u, edset ió3n0  ddee  sienpctoienmstbitruec,i opnoar leidl aqdu ec osen 
ninutreovdau cdeisnp moseicdiiódna sa tdriibciuotnaarila sd edcirimigoidcausa art ala ( r«eMdoudccifiiócanc dioenl edsé feicnit  eplú brélicgoim, eqnu el eagñaald dióe  ulnoas 
pagos  fraccionados»)  a  la  Ley  27/2014,  de  27  de  noviembre,  del  impuesto  sobre
sociedades, por posible vulneración de los arts. 86.1 (afectación del deber de contribuir) 
y 31.1 (violación del principio capacidad económica) de la Constitución española (en 
adelante, CE).
2.  Los antecedentes de hecho del planteamiento de la presente cuestión prejudicial 
son los siguientes:
a)  El artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se 
introducían medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, que entró en 
vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de conformidad 
con su disposición final segunda (lo que se llevó a efecto en el BOE núm. 237, de 30 de 
septiembre), añadió una nueva disposición adicional decimocuarta («Modificaciones en 
el régimen legal de los pagos fraccionados») a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
impuesto sobre sociedades (en lo sucesivo, LIS).
b)  En desarrollo de la anterior disposición adicional decimocuarta LIS se dictó la 
Orden HAP/1552/2016, de 30 de septiembre (BOE núm. 237, de 30 de septiembre 
de 2016), por la que se modificaba tanto la Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, que 
aprobaba el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del impuesto 
sobre sociedades en régimen de consolidación fiscal, como la Orden HAP/2055/2012, 
de 28 de septiembre, por la que se aprobaba el modelo 202 para efectuar los pagos 
fraccionados a cuenta del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de 
no residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen 
de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español.
c)  Como  consecuencia  de  las  anteriores  previsiones,  la  empresa  Lafonia  Sea 
Foods, S.A., se vio obligada al ingreso de una cuota tributaria en concepto de segundo 
pago fraccionado a cuenta del impuesto sobre sociedades, por los nueve primeros 
meses del ejercicio 2016, por importe de 11 396 742 €. Sin embargo, de no haberse 
aplicado la nueva previsión del Real Decreto-ley 2/2016 no hubiera tenido que ingresar 
cantidad alguna en concepto de segundo pago fraccionado.
d)  Con fecha de 29 de noviembre de 2016, la empresa Lafonia Sea Foods, S.A., 
interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la Orden HAP/1552/2016. Su 
conocimiento  le  correspondió  a  la  Sección  Séptima  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional (procedimiento ordinario núm. 900-2016). Una 
vez concluso el correspondiente procedimiento, mediante providencia con fecha de 4 de 
octubre de 2018, con suspensión del término para dictar sentencia, se dio traslado a las 
partes  y  al  Ministerio  Fiscal  para  que  alegasen  sobre  «la  constitucionalidad  de  la 
disposición  adicional  decimocuarta  ‘Modificaciones  en  el  régimen  legal  de  los  pagos 
fraccionados’ relativos al impuesto de sociedades del Real Decreto Ley 2/2016, de 30 de 
septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit 
público, por vulneración de lo dispuesto en los artículos 86.1 CE y artículo 31.1 CE».
e)  Evacuando el trámite de alegaciones por la parte actora, mediante escrito de 
fecha 22 de octubre de 2018, se manifestó conforme con el planteamiento de la cuestión. 
Posteriormente,  el  Ministerio  Fiscal,  por  informe  de  19  de  octubre  de  2018,  sin 
pronunciarse sobre la duda de constitucionalidad, no se opuso a su planteamiento al 
considerar que se había cumplimentado correctamente el trámite previsto en el art. 35 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Finalmente, el abogado del Estado, 
mediante escrito de fecha 29 de octubre de 2018, se opuso al mismo dado que, a su 
juicio, la disposición recurrida no vulnera ni el art. 86.1 CE (al concurrir una situación de 
extraordinaria y urgente necesidad), ni el art. 31.1 CE (al no existir vulneración del  e
principio de capacidad económica). bo
dhieccieh3mo. ,b reEexn c dleuely  e2a 0ud1toe8  ,d seeul s p ódlarugndateanaso m djiueedn ictcooia nld septi rtuolacp ioocnnueaenlsitdteiaó, dnt  rdtaaesn  tiponr celoacn issinatifrtr ualcocicsoi nóaannl itddeaecd e ldodesen  tl1eím9s  itddeees    2020-12186n https://ww
formales del decreto-ley, así como la vulneración de los principios de seguridad jurídica y
retroactividad (art. 9.3 CE) y de igualdad (art. 14 CE). Circunscribe sus dudas, pues, a la
infracción del límite material del decreto-ley (la afectación del deber de contribuir) y a la 
vulneración del principio de capacidad de económica (arts. 86.1 y 31.1 CE):
a)  La infracción del límite material del decreto-ley (art. 86.1 CE): la afectación del 
deber de contribuir por la forma de cálculo de los pagos fraccionados en el impuesto 
sobre sociedades. Considera el órgano judicial que el artículo único del Real Decreto-
ley 2/2016 podría haber vulnerado el límite material previsto en el art. 86.1 CE, conforme 
al cual los decretos-ley no pueden afectar «a los derechos, deberes y libertades de los 
ciudadanos regulados en el título I», entre los que se incluye el deber de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE). Y, a su juicio, esa afectación se 
produciría cuando la modificación normativa incida en los elementos esenciales de los 
impuestos sobre la renta de las personas físicas o sobre sociedades, piezas básicas del 
sistema tributario en el gravamen de uno de los índices de capacidad económica más 
importantes: la renta (SSTC 182/1997 y 73/2017).
Para  el  órgano  judicial,  la  obligación  de  pago  a  cuenta  de  un  tributo  (pago 
fraccionado) implica una anticipación del pago del impuesto que se devenga al final del 
período impositivo, determinándose de manera provisional la medida en la que debe 
cumplirse con la obligación de contribuir. Ello, sin perjuicio de que, una vez finalizado el 
ejercicio se proceda al cálculo definitivo y a la devolución del exceso, caso de que los 
pagos a cuenta se hayan efectuado por un importe superior al de la cuota tributaria 
finalmente devengada. Dicho esto, subraya que un mayor pago a cuenta respecto de la 
obligación finalmente devengada supone obligar al sujeto pasivo a efectuar una esfuerzo 
fiscal durante el ejercicio superior al necesario (obligándole a procurarse la liquidez 
necesaria con la que afrontarlo), que no desaparece luego por el mero hecho de que 
finalmente se le devuelva el exceso soportado.
Considera el órgano judicial que, puesto que la obligación de pago a cuenta de un 
tributo es considerada por el art. 23.1 Ley general tributaria (LGT) como independiente o 
autónoma de la obligación tributaria principal, si se alteran sus elementos esenciales, 
aunque sea temporalmente, se estaría alterando el deber de los ciudadanos de contribuir 
al sostenimiento de los gastos públicos. De este modo, si tal alteración se produjese 
mediante un decreto-ley, se estarían traspasando los límites materiales impuestos por el 
art. 86.1 CE. En fin, según su parecer, no desdice esta conclusión el hecho de que el 
pago fraccionado controvertido afecte exclusivamente a los sujetos pasivos con elevados 
resultados  contables  positivos  porque,  como  señaló  la  STC  182/1997,  no  puede 
admitirse  «que  una  modificación  de  un  elemento  esencial  de  un  impuesto  […]  no 
signifique una alteración esencial del deber de contribuir excluida del decreto-ley».
b)  La vulneración del principio de capacidad económica por la forma de cálculo de los 
pagos fraccionados en el impuesto sobre sociedades (art. 31.1 CE). Para el órgano judicial la 
disposición adicional cuestionada infringe también el principio de capacidad económica al 
establecer un régimen para determinar la obligación tributaria de pago a cuenta de las 
grandes empresas no solo distinto del previsto para las sociedades en general, sino diferente 
del establecido para calcular la obligación tributaria principal, al desconectarse de la posible 
cuota  tributaria  del  impuesto  de  sociedades  que  definitivamente  tenga  que  soportar  el 
contribuyente a la hora de practicar la liquidación final.
El carácter autónomo de la obligación tributaria de realizar pagos a cuenta en el 
impuesto sobre sociedades no puede justificar, según el órgano judicial, una profunda 
desconexión (más que evidente en el caso de la sociedad demandante) entre la renta 
que se considera indicio de capacidad económica del sujeto pasivo a efectos de la 
liquidación del impuesto y la que se toma a efectos del cálculo de los pagos a cuenta (el  e.
resultado contable), no solo incluyendo en la base de cálculo rentas que se consideran  w.b
exentas, sino desconociendo el efecto que el resultado de ejercicios anteriores tiene  186ww
sobrEen l ala c eaxppaocsidicaidó ne cdoen mómotiicvao sre dael ld Rele saul jDeteoc preatsoi-vleoy. 2/2016 solo se hacen referencias a
ltorast aonbdjoe tivdoes  aduem epnatliaarr  teelm dpéofricailtm deen tete slao relirqíau idmeez didaen tela  latess omreerdíiad.a sP eqruoe  csoen  aedlloapst asne, 
impone de manera arbitraria un incremento en los pagos a cuenta sin consideración a la
cuota tributaria que finalmente corresponda pagar a las sociedades y, por tanto, sin 
atender a su capacidad económica real. La prueba evidente de que el resultado contable 
no refleja la capacidad económica del sujeto pasivo –continúa el órgano judicial– es que 
mediante  el  posterior  Real  Decreto-ley  3/2016,  de  2  de  diciembre,  por  el  que  se 
adoptaron medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, se establecieron medidas limitativas 
de las reducciones de la base imponible, para ajustar la cuota tributaria al importe de los 
pagos a cuenta realizados por las grandes empresas y así reducir el importe de las 
devoluciones.
4.  Mediante providencia de fecha de 9 de abril de 2019, el Pleno de este tribunal 
acordó  admitir  a  trámite  la  cuestión  planteada  dando  traslado  de  las  actuaciones 
recibidas, conforme establece el art. 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados y al 
Senado, por conducto de sus presidentes, al Gobierno, por conducto de la ministra de 
Justicia, y al fiscal general del Estado, al objeto de que, en el improrrogable plazo de 
quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran 
convenientes, con publicación de la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del 
Estado» (lo que tuvo lugar en el BOE núm. 93, de 18 de abril de 2019).
5.  Mediante escrito registrado en este tribunal el día 17 de mayo de 2019, doña 
Milagros Duret Argüello, en representación de la mercantil Lafonia Sea Foods, S.A., 
solicitó  se  le  tuviese  por  personada  y  parte  en  la  presente  cuestión  de 
inconstitucionalidad, lo que fue así acordado por providencia del Pleno del tribunal de 
fecha 20 de mayo de 2019, con concesión de un plazo de quince días para formulación 
de alegaciones.
6.  El día 20 de mayo 2019 tuvo entrada en el registro un escrito de la presidenta del 
Congreso de los Diputados por el que se ponía en conocimiento de este tribunal el 
acuerdo de personación de esta Cámara en el procedimiento y de ofrecimiento de 
colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC, con remisión a la Dirección de Estudios, 
Análisis  y  Publicaciones,  y  a  la  Asesoría  Jurídica  de  la  Secretaría  General.  A 
continuación, el día 29 de mayo de 2019 se recibió otra comunicación del presidente del 
Senado por la que se trasladaba el acuerdo de personación de dicha Cámara y de 
ofrecimiento de colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
7.  El día 3 de junio de 2019 tuvo entrada en el registro de este tribunal un escrito 
del  abogado  del  Estado  en  el  que  solicitaba  que  se  le  tuviese  personado  en  el 
procedimiento y que se desestimase la cuestión de inconstitucionalidad. Arranca en sus 
alegaciones realizando dos precisiones previas: de un lado, que aun cuando el órgano 
judicial cuestiona el art. 3 del Real Decreto Ley 2/2016, de 30 de septiembre, lo cierto es 
que esta disposición solo contiene un artículo único que añade una disposición adicional 
decimocuarta en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades, 
que introduce una serie de modificaciones en el régimen legal de los pagos fraccionados 
de aquellos contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios, en los doce meses 
anteriores a la fecha en la que se inicie el periodo impositivo, sea al menos diez millones 
de euros. Y, de otro lado, que el auto de planteamiento no acredita ni razona que la 
norma cuestionada haya producido como efecto general el del adelantamiento de pagos 
indebidos, cuando los fraccionados superan la cuota líquida del ejercicio.
Para el abogado del Estado, el Real Decreto-ley 2/2016 no afecta al deber de 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, por lo que no vulnera los límites  e.
materiales del art. 86.1 CE, en relación con el artículo 31.1 CE. Entiende que cuando el  w.
art. 86.1 CE excluye del ámbito del decreto-ley a los deberes consagrados en el título I  186ww
ndoer mlaa Ctivoanss tqituueci óanfe, cútennic,a nmoe dnete c ueasltqáu iimerp midaiennedroa , asqinuoe ldlaes  foinrtmerav erenlceivoannetse  oo  isnunsotavancciioanl, easl 
(daerbt.e 3r 1c.o1n CstEit)u. cSioinn ael mdbea r«gtood, otosm» adned oc oennt rcibounirs idael rsaocsiótenn qimuiee netlo R deea l loDse cgraestoto-lse yp ú2b/2li0c1o6s   BOE-A-cable e
ha afectado exclusivamente a la obligación que ya tenían determinados contribuyentes 
de efectuar pagos a cuenta en el impuesto sobre sociedades, lo cierto es que ni puede 
considerarse anómalo el uso del resultado contable como indicador de la capacidad 
económica de los contribuyentes a efectos de determinar el importe mínimo del pago 
fraccionado,  ni  la  obligación  de  efectuar  pagos  fraccionados  constituye  uno  de  los 
elementos esenciales del impuesto. De esta manera, su modificación no puede alterar la 
capacidad de contribuir de los contribuyentes que solo viene determinada por la cuota 
tributaria del tributo principal. A su juicio, no puede considerarse, entonces, que el 
posible incremento provocado por el Real Decreto-ley 2/2016 en los pagos fraccionados 
haya  alterado  de  manera  relevante  la  presión  fiscal  que  deben  soportar  los 
contribuyentes y, por consiguiente, que haya provocado un cambio sustancial de la 
posición de los ciudadanos en el conjunto del sistema tributario que haya afectado a la 
esencia del deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos del 
art. 31.1 CE (STC 73/2017, de 8 de junio, FJ 2).
De hecho, según el abogado del Estado, a la misma conclusión ha llegado el 
Tribunal  Supremo  en  su  auto  del  pasado  10  de  octubre  de  2018 
(ECLI:ES:TS:2018:10654A), en el que ha señalado que no cabe afirmar que la elevación 
del pago fraccionado del impuesto sobre sociedades para tan reducido número de 
sujetos  pasivos  (las  grandes  empresas)  haya  alterado  sustancialmente  una  figura 
esencial de nuestro sistema tributario, en la medida que el Real Decreto-ley 2/2016 
únicamente ha modificado elementos del pago fraccionado, que no del impuesto sobre 
sociedades, que es el que constituye una pieza básica del sistema tributario. Para el 
Tribunal Supremo, afirmar lo contrario sería tanto como «concederle la naturaleza de 
tributo a la obligación de efectuar pagos fraccionados, algo totalmente contrario a lo 
dispuesto en la Ley general tributaria y en la Ley del impuesto de sociedades». En 
cualquier caso, el alcance de la medida controvertida es muy limitado, «puesto que en el 
caso de que las cantidades de pago fraccionado abonadas excedan de la cuota del 
impuesto estas serán objeto de devolución tras la presentación de la autoliquidación» 
(fundamento de Derecho 5, apartado 2.3).
Por  otra  parte,  respecto  de  la  eventual  vulneración  del  principio  de  capacidad 
económica (art. 31.1 CE) al calcularse el importe de los pagos a cuenta sobre el 
resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (determinada sobre la base de normas 
mercantiles  y  contables),  sin  tomar  en  consideración  los  ajustes  fiscales  sobre  los 
ingresos y los gastos previstos en la ley, señala que si bien la tributación en el impuesto 
se configura sobre «el importe de la renta obtenida en el período impositivo minorada por 
la compensación de bases imponibles negativas de períodos impositivos anteriores» 
(art. 10.1), calculado en función del «resultado contable» y corregido «mediante la 
aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley» (art. 10.3 LIS), la obligación de 
efectuar los pagos a cuenta se conecta con ese mismo resultado contable (el resultado 
de las cuenta de pérdidas y ganancias) el cual, cuando es positivo, representa un claro 
indicio de la capacidad económica del sujeto pasivo. De este modo, aun siendo cierto 
que para la determinación de la base imponible se establecen unas reglas especiales de 
valoración que determinan una diferencia entre el resultado contable y la cuota final del 
tributo, también lo es que el impuesto tiene como base para su cálculo el resultado 
contable. Por tanto, como razona el citado ATS de 10 de octubre de 2018, aun cuando la 
cuenta de pérdidas y ganancias no pueda equipararse a la base imponible del impuesto 
sobre  sociedades  (al  excluirse  algunas  cantidades  exentas  o  las  bases  imponibles 
negativas de ejercicios anteriores), no cabe duda de que los beneficios de la sociedad se  s
pueden  considerar  como  un  indicio  suficiente  de  la  capacidad  económica  de  las  oe.
sociedades llamadas a cumplir con tal obligación a cuenta (fundamento de Derecho 5,  w.
apartado 2.4). 186ww
supeErsa dcoie rltao  cqaunet,i dpaadra d loes  sceoisn trmibiulloyneenste sd ec ueyuor oims,p olar tec unaentotí ad ed elal  cpifargao d efr ancecgioonciaodso hsa syea 
mcuineonrtaa ráy  edne  elol si mppaogrotes  dfrea cdceiotenramdionsa deafesc btuoandifoicsa cdiuornaenst,e  deel  lpaesr iroedteon icmiopnoessit ievo i n(garret.s o4s0 .a3   BOE-A-cable e
LIS). También es cierto que, en el supuesto de los contribuyentes cuyo importe neto de 
cifra de negocios sea de al menos diez millones de euros, la cuantía del pago a cuenta 
solo podrá minorarse en el importe de los pagos a cuenta realizados durante el periodo 
impositivo. Y, en fin, es igual de cierto que la recurrente en el proceso a quo es una 
entidad residente en España que administra valores representativos de fondos propios 
de entidades no residentes en territorio español, que al estar acogida al régimen fiscal 
especial  previsto  para  este  tipo  de  empresas  (entidades  de  tenencia  de  valores 
extranjeros), disfruta de la exención de las rentas derivadas de sus participaciones en 
entidades  extranjeras  (tanto  de  los  dividendos  percibidos  como  de  las  ganancias 
obtenidas en la transmisión de dichas participaciones), estando obligada a la realización 
del ingreso mínimo (que se calcula sobre el resultado contable, en el que se incluyen los 
ingresos derivados de participaciones en los fondos propios de otras entidades, incluidos 
los  dividendos  y  plusvalías  exentas  fiscalmente,  aunque  también  las  pérdidas 
procedentes de tales participaciones que no son fiscalmente deducibles), que le supone 
que el importe de su pago fraccionado sea mayor que el importe de la cuota del 
impuesto sobre sociedades (en la medida que para el cálculo de la base imponible del 
impuesto se excluyen las rentas exentas, aunque también se incluyen gastos contables –
como los deterioros de activos– que no son fiscalmente deducibles).
Ahora bien, aun cuando el auto de planteamiento trata de justificar la vulneración del 
principio de capacidad económica partiendo del supuesto excepcional suscitado en el 
proceso a quo, en ningún momento justifica que dicha circunstancia se produzca con 
carácter general para todas las empresas y para todos los períodos impositivos. Por 
tanto, no es posible deducir que el pago fraccionado determinado sobre el resultado 
positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias haya de ser, en todos los casos, necesaria 
e inequívocamente superior al importe del pago fraccionado determinado sobre la base 
imponible. Si a esto se une la circunstancia de que la suma de los pagos fraccionados es 
luego deducible de la cuota del impuesto sobre sociedades (arts. 23.2 LGT y 41 LIS), se 
puede  concluir  con  que  no  existe  vulneración  alguna  del  principio  de  capacidad 
económica (art. 31.1 CE).
8.  Mediante escrito registrado en este tribunal el día 12 de junio de 2019, la 
procuradora  de  los  tribunales  doña  Milagros  Duret  Argüello,  en  representación  de 
Lafonia Sea Foods, S.A., presentó su escrito de alegaciones solicitando que se estime la 
cuestión de inconstitucionalidad y en consecuencia se declarase la inconstitucionalidad 
del  artículo  único  del  Real  Decreto-ley  2/2016  en  la  medida  en  que  infringe  los 
artículos 86.1, 31.1, 14 y 9.3 de la Constitución española.
a)  Inicia sus alegaciones refiriéndose al origen y evolución de la obligación tributaria 
de realizar pagos a cuenta en el impuesto de sociedades, desde su introducción por el 
artículo 38 de la Ley 43/1995, de 17 de diciembre del impuesto de sociedades, sus 
modificaciones en los artículos 45 –del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo–, 
9 –del Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto– y 40 –de la Ley 27/2014, de 27 de 
septiembre (LIS)– hasta llegar al Real Decreto-ley 2/2016. Destaca que esta última 
norma altera el método de cálculo del importe correspondiente a los pagos fraccionados 
al fijar el importe del pago fraccionado mínimo en el 23 por 100 del resultado positivo de 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en cuestión en los primeros tres, nueve y 
once meses del mismo, dependiendo del pago fraccionado que corresponda. Afirma que 
a partir de la entrada en vigor de dicha norma, el cálculo se desconecta de la cuota del 
periodo anterior o de la base imponible del impuesto de sociedades, obligando a tomar  e
en consideración como base el resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias  bo
de la compañía de que se trate, desvinculándose de la medida de capacidad económica  186ww
del cCoonmtrpibaurytee nctoen. la sala que promueve la cuestión los motivos por los que considera
aqfueec teaxr iaslt ed eubnear  cvounlnsetirtaucciióonn adl erel clíomgiitdeo  mena teelr iaarl tíecsutlaob 3le1c.1id oC Ee.n R eelc uaertrídcau loq u8e6 e.1l  dCeEcr eptoo-r
ley no puede afectar a los elementos esenciales de los tributos básicos del sistema
tributario, no puede cambiar el hecho determinante de la obligación de tributar, ni quien 
debe soportar la carga tributaria, ni el alcance de ésta. Refiere que el impuesto de 
sociedades  es  uno  de  los  pilares  fundamentales  del  sistema  tributario  español  y 
considera  que  la  obligación  de  efectuar  pagos  a  cuenta  es  uno  de  los  elementos 
esenciales del impuesto de sociedades, pues si no se considerase así se despreciaría el 
factor tiempo de la relación jurídico-tributaria. El Real Decreto-ley 2/2016, al regular los 
pagos fraccionados sobre bases distintas de las establecidas para la liquidación del 
impuesto determina sin duda alguna su configuración como elemento esencial del tributo 
y convierte el pago fraccionado en una financiación permanente y sin coste de la 
hacienda pública.
La modificación cuestionada dota al impuesto de una estructura dual consistente en 
la necesaria anticipación de una cantidad establecida conforme a reglas distintas de las 
propias  de  determinación  de  la  base  imponible  y  luego  deduciendo  de  una  cuota 
tributaria determinada conforme a diferentes reglas, con posterioridad a que se haya 
realizado –e ingresado– cuanto menos el primer pago fraccionado del ejercicio siguiente. 
La obligación tributaria de realizar pagos fraccionados es calificada por el art. 23.1 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, como de «tributaria» y «autónoma». 
De modo que, concluye, que se alteran los elementos esenciales de esa obligación 
tributaria de pagos a cuenta, al menos temporalmente.
b)  Examina en segundo lugar la vulneración del principio de capacidad económica 
derivada:(i) de que se emplea como base de cálculo no una estimación de la base 
imponible sino el resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en 
curso; (ii) se aumenta el tipo de gravamen del pago fraccionado y (iii) se impide la 
aplicación de determinadas deducciones en la cuota del pago fraccionado. Aspectos, 
estos, que se examina con detalle en las alegaciones, para alcanzar la conclusión de 
que  la  modificación  introducida  por  el  Real  Decreto-ley  supone  una  modificación 
sustancial  del  montante  de  la  carga  tributaria  que  deben  soportar  determinados 
contribuyentes  alterando  el  modo  de  reparto  de  la  carga  tributaria  a  la  que  debe 
contribuir la generalidad de las personas jurídicas en una figura crucial del sistema 
impositivo.
c)  Finalmente afirma que el Real Decreto-ley 2/2016, infringe los arts. 14 y 9.3 CE, 
en relación con el art. 31 CE, al establecer una diferencia subjetiva de trato injustificado 
entre  los  obligados  tributarios.  Esa  desigualdad  no  solo  existe  entre  las  grandes 
empresas como Lafonia y el resto de contribuyentes del impuesto de sociedades, sino 
que incluye entre empresas con la misma capacidad económica, dado que el Real 
Decreto-ley 2/2016 desvincula totalmente la base de cálculo del pago fraccionado de la 
capacidad  económica  real  del  contribuyente  afectado.  La  utilización  de  la  cifra  de 
negocios como elemento determinante del régimen diferenciado del pago fraccionado 
carece de justificación, al no encontrarse vinculado con una mayor capacidad económica 
o  con  la  liquidez  de  la  sociedad,  por  lo  que  esta  desconectada  de  la  medida  de 
capacidad económica que grava el impuesto de sociedades. Por muy legítima que sea la 
finalidad perseguida por el Gobierno al aprobar el Real Decreto-ley, no puede actuar 
como patente de corso que convalide la adopción de medidas que contravengan la 
Constitución española. Finalmente indica que además infringe el principio de seguridad 
jurídica en la medida en que modifica sustancialmente el régimen de pagos fraccionados 
del impuesto de sociedades de manera imprevisible.
9.  Mediante escrito registrado en este tribunal el día 13 de junio de 2019, la fiscal 
general de Estado presentó sus alegaciones solicitando la estimación de la presente  e.
cuestión de inconstitucionalidad y, en su virtud, que se declare la inconstitucional y  w.b
nulidad del artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por su  186ww
contCraodmiciecinózna c souns l oasl eagratsc.i o8n6e.1s  yp 3re1c.1is,a anmdob oqsu dee,  laau Cn ocnusatintudcoi óenn. la parte dispositiva del
aDuetcor edtoe- lepyla n2t/e2a0m16ie, ndteo  3s0e  died esnetpifticieam cborem, op onro erml qau ec usees mtioondaifdicaa  «lae l daisrptíocsuilcoi ó3n  addeilc iRoneaall 
decimocuarta de la Ley 27/2014», lo cierto es que el referido Real Decreto-ley 2/2016
está  integrado  por  un  «artículo  único»,  lo  que  supone  que  las  dudas  de 
inconstitucionalidad planteadas deben circunscribirse al contenido de este, que es el que 
modificó el régimen legal de los pagos fraccionados en el impuesto de sociedades. Y si 
bien posteriormente dicho régimen ha sido modificado luego por las Leyes 6/2018, de 3 
de julio, y 8/2018, de 5 de noviembre, ello no es óbice, como es doctrina reiterada de ese 
tribunal, para continuar con su enjuiciamiento, al resultar aplicable en el proceso judicial 
en  cuyo  seno  se  ha  suscitado  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  (por  todas, 
SSTC 81/2009, de 23 de marzo, FJ 2; y 116/2009, de 18 de mayo, FJ 2).
Una vez hechas las anteriores precisiones, pasa a analizar, en primer lugar, si el 
sistema de cálculo de los pagos fraccionados en el impuesto sobre sociedades ha 
afectado al deber de contribución al sostenimiento de los gastos públicos establecido en 
el art. 31.1 CE, transgrediendo los límites materiales del Decreto-ley (art. 86.1 CE). A tal 
fin, tomando como base la doctrina constitucional recogida en la STC 73/2017, de 8 de 
junio (FJ 2), considera necesario analizar tres elementos:
a)  El tributo en el que ha incidido la disposición impugnada: la obligación tributaria 
del pago fraccionado con las nuevas reglas de cálculo sobre su cuantía se establece 
para los sujetos pasivos del impuesto de sociedades, que es «otra de las piezas básicas 
del sistema tributario», esto es, «otro tributo global sobre la renta, aunque en este caso 
de las personas jurídicas, que, con su integración con el impuesto sobre la renta de las 
personas  físicas,  complementa  el  gravamen  de  uno  de  los  índices  de  capacidad 
económica más importantes: la renta» (STC 73/2017, FJ 3).
b)  Los elementos del tributo que han resultado alterados por la disposición adicional 
impugnada: las alteraciones introducidas por la norma cuestionada en la regulación de 
los pagos fraccionados del art. 40.3 LIS aplicables a los sujetos pasivos del impuesto de 
sociedades con cifra de negocios neta de al menos diez millones de euros afectaron a 
tres elementos esenciales: (i) el porcentaje del ingreso: que pasó de los cinco séptimos 
del tipo de gravamen a un tipo fijo del 23 o 25 por 100; (ii) la base de cálculo: que pasó 
de  ser  la  base  imponible  del  impuesto  de  los  tres,  nueve  u  once  meses,  a  estar 
constituida por el resultado contable positivo de esos tres, nueve u once meses sin tener 
la posibilidad de aplicar los ajustes fiscales extracontables que la normativa prevé para 
calcular la base imponible del impuesto; y (iii) la cuota derivada de aplicar el tipo: que 
pasó de poderse reducir en el importe de las exenciones, bonificaciones, retenciones e 
ingresos a cuenta y pagos fraccionados efectuados durante el periodo impositivo, a 
minorarse únicamente en el importe de estos últimos.
c)  La naturaleza y el alcance de la concreta regulación: el cambio efectuado 
comporta un nuevo modo de cálculo de los pagos fraccionados que se caracteriza por 
haber  pasado  de  un  pago  fraccionado  calculado  sobre  una  base  imponible  neta, 
después  de  ajustes  fiscales,  a  un  pago  fraccionado  determinado  sobre  una  base 
imponible bruta o íntegra, sin ajustes fiscales (el resultado contable). Con este cambio, 
la  incidencia  cuantitativa  sobre  la  recaudación  tributaria  y  sobre  la  carga  fiscal 
soportada  por  los  contribuyentes  durante  el  periodo  impositivo  ha  sido  notable, 
convirtiéndose los pagos fraccionados en el principal componente del impuesto de 
sociedades, como puede comprobarse en los datos obrantes en los Informes anuales 
de recaudación de la Agencia Tributaria. En este sentido, según el Informe de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria de recaudación anual del año 2016, el 
impacto contributivo respecto al año anterior fue de dos mil novecientos sesenta y siete 
millones (pág. 13), produciéndose un crecimiento del impuesto sobre sociedades de 
un 17,9 por 100 debido, en especial, a los pagos fraccionados (págs. 16 y 38). Y, según  e.
el Informe de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de recaudación anual  w.b
del año 2017, los pagos fraccionados constituyeron «el principal componente» del  186ww
impuSeesgtúon d leo  sqouceie adnatdeeces d(ep,á ag .j u1i6c)io. de la fiscal general del Estado, no cabe duda de que
elan  neule vdae bfóerrm duela  cdoen tcriáblucuirl oa ld es olosste npiamgioesn tfora cdcei olnoasd ogsa shtoas t epnúidboli cuons  eefsetcatbol escigidnoif iceant iveol 
art. 31.1 CE, afectándolo de manera trascendente al alterar el modo de reparto de la
carga  fiscal  involucrada,  una  vez  que:  (i)  el  tributo  concernido,  el  impuesto  de 
sociedades, es una de las piezas básicas del sistema tributario en la modalidad de la 
imposición directa (uno de los «pilares estructurales», según expresa la STC 73/2017); 
(ii) los elementos alterados no pueden sino calificarse de esenciales, puesto que la 
medida adoptada modifica el porcentaje del ingreso, la base de cálculo y la cuota 
derivada de aplicar el tipo; y (iii) se ha pasado de un pago fraccionado calculado sobre 
una base imponible neta, después de ajustes fiscales, a un pago fraccionado calculado 
sobre una base imponible bruta o íntegra, sin ningún tipo de ajuste fiscal, generando un 
impacto significativo en términos contributivos y de recaudación. En consecuencia, el 
régimen  legal  de  los  pagos  fraccionados  introducido  por  el  artículo  único  del  Real 
Decreto-ley 2/2016, por su entidad cualitativa y cuantitativa, ha afectado a la esencia del 
deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 
CE, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria, en términos 
prohibidos por el art. 86.1 CE, lo que debe conducir necesariamente a su declaración de 
inconstitucionalidad y nulidad.
Aunque la anterior conclusión haría innecesario entrar a conocer de la lesión del 
principio de capacidad económica que también propugna el órgano judicial, ello no es 
óbice  para  entrar  a  analizar  también  la  segunda  duda  de  constitucionalidad  por  si 
eventualmente el tribunal pudiera considerar que la referida afectación a la esencia del 
deber  de  contribuir  no  excluye  una  posible  infracción  sustancial  del  principio  de 
capacidad económica del art. 31.1 CE, dada la estrecha vinculación existente entre aquel 
deber y este principio. Pues bien, para dar respuesta a esta otra cuestión planteada, tras 
precisar la doctrina constitucional relativa al principio de capacidad económica, señala 
que, de la regulación que se hace en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria (en adelante LGT), tanto de la obligación principal como de la de realizar pagos 
a cuenta (arts. 19 a 23, y 49), se pueden extraer las siguientes ideas: a) Tanto la 
obligación principal definitiva como la provisional de pago a cuenta de la principal, son 
obligaciones tributarias y, como tales, prestaciones patrimoniales de carácter público de 
naturaleza tributaria e impositiva, siéndoles de aplicación los principios constitucionales 
establecidos en el art. 31.1 CE y, entre ellos, en el de capacidad económica, de manera 
que lo que es inconstitucional para la obligación principal lo es para la obligación a 
cuenta, no pudiendo apelarse al carácter provisional del pago a cuenta para eludir las 
exigencias  derivadas  de  aquellos  principios.  Por  consiguiente,  respecto  de  ambas 
obligaciones tributarias el deber de contribuir no puede llevarse a efecto de cualquier 
manera, sino única y exclusivamente «de acuerdo con» la capacidad económica y, en el 
caso de un impuesto como el de sociedades (STC 71/2014, de 6 de mayo, FJ 3), 
también «en función de» la capacidad económica (SSTC 96/2002, de 25 de abril, FJ 7, 
y 60/2015, de 18 de marzo, FJ 4), lo que supone que junto con el deber de pagar el 
impuesto de acuerdo con la capacidad económica existe, correlativamente, un derecho a 
que esa contribución sea configurada en cada caso por el legislador según aquella 
capacidad de la manera más precisa y exacta posible. b) Ambas obligaciones, principal y 
a cuenta de la principal, concurren en someter a gravamen a un idéntico sujeto pasivo, 
por una misma y única capacidad económica, por un mismo impuesto –en este caso, el 
de sociedades– y por un mismo periodo impositivo, aunque lo hagan en dos momentos 
temporales  distintos.  Esto  supone  que  estamos  ante  obligaciones  tributarias 
estrechamente  vinculadas  cuyos  elementos  de  cuantificación  debe  establecerse  de 
forma homogénea, con criterios idénticos y semejante incidencia, lo que exige que debe 
existir la máxima concordancia entre una y otra obligación y, por ende, entre la base  s
imponible del impuesto y la base para el cálculo de los pagos fraccionados. No puede  oe.
admitirse, entonces, desde la perspectiva del principio de capacidad económica, que la  w.
obligación anticipada de un impuesto no se someta a las mismas exigencias que la  186ww
obligPaacriaó nla p friisnccaipl agl ean lear aqlu dee sl irEvset.ado, la situación analizada no queda subsanada por la
cpuoesnibtiali dsai dla l ecguaol ta– efxin aalr td. e2l3 i.m2 pLuGeTst–o  dees  qinufee rsioer  pau lead ainng rdeesvaodlave ar nloticsi peaxdcaemsoesn tpea. gYa dnoos  lao   BOE-A-cable e
hace porque el pago a cuenta se ha convertido en un instrumento de financiación del 
Estado sin intereses (a tipo de interés «cero») a costa de que los sujetos pasivos, 
quienes se ven compelidos a procurarse la financiación necesaria para poder cumplir 
con su obligación a cuenta, con el consiguiente sobreesfuerzo y sobrecoste económico 
que  ello  conlleva,  pese  a  la  plena  conciencia,  propia  y  ajena,  de  la  desmesura  y 
significativa desproporción que tal exigencia comporta. Así se ha venido pronunciando la 
jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  (Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo)  en 
situaciones semejantes (respecto de los pagos a cuenta fraccionados y retenciones), en 
la que ha venido censurando (desde hace más de dos décadas), como contrarias al 
principio de capacidad económica del art. 31.1 CE, las situaciones en las que el abono 
anticipado no guardaba la debida relación con la renta real que se pretendía gravar 
(STS 7608/1993, de 12 de noviembre); rebasando sensiblemente las cuotas finales del 
impuesto y obligando a los sujetos pasivos a satisfacerlas con recursos diferentes de los 
rendimientos  de  su  actividad  (STS  4956/1999,  de  10  de  julio);  implicando  sufrir 
injustificadamente  la  lesión  financiera  que  tales  abonos  anticipados  suponían 
(STS 4067/2000, de 19 de mayo); operando a modo de préstamos o anticipos de 
tesorería, sin interés o a bajo interés exigido coactivamente; tergiversando los conceptos 
de ingresos públicos de naturaleza impositiva con ingresos públicos procedentes de un 
endeudamiento  público,  al  menos  encubierto  (STS  1662/2000,  de  2  de  marzo); 
aplicándose sobre rendimientos brutos en los que se integraban conceptos no tomados 
en consideración para determinar la base imponible (STS 2184/2000, de 18 de marzo); o 
estableciéndose  sin  existir  la  máxima  correspondencia  y  correlación  entre  la  base 
imponible del impuesto y la base para calcular los pagos fraccionados (STS 7771/2002, 
de 21 de noviembre).
Así las cosas, el ejemplo práctico de la entidad afectada en el caso subyacente al 
planteamiento de la presente cuestión es altamente ejemplificativo e ilustrativo de cara a 
visualizar el grado de desproporción, desfase y desajuste entre la obligación provisional 
de pago fraccionado a cuenta y la obligación principal, que incurre en la prohibición 
constitucional de establecer tributos gravando una capacidad económica irreal, virtual o 
ficticia. Aunque la entidad recurrente en el proceso a quo gozaba de un régimen especial 
de exención para evitar la doble imposición (entidad de gestión y administración de 
fondos propios de entidades no residentes en territorio español), sin embargo, tuvo que 
efectuar un pago anticipado a cuenta del impuesto de sociedades de más de seis 
millones y medio de euros, simplemente, porque no pudo dejar de computar en su base 
imponible las rentas exentas ni tampoco aplicar la compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores (cuando de no haber aplicado el nuevo régimen del 
artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, la cuantía del pago fraccionado habría sido 
tan solo de pocos más de trescientos mil euros), teniendo luego derecho, al liquidar el 
impuesto, a una devolución de unos seis millones de euros. De este modo, la cuantía del 
pago a cuenta excedió casi diez veces la cuota del impuesto. Y se trata, además, de una 
situación  que  se  produce,  de  manera  general,  en  toda  una  categoría  ordinaria  de 
supuestos (STC 37/2017, de 1 de marzo, FJ 4) y no de modo singular (STC 46/2000, 
de 14 de febrero, FJ 8).
Por todo lo anterior, coincide la fiscal general del Estado con el órgano jurisdiccional 
proponente en la existencia de una infracción del art. 31.1 CE, al imponer la norma 
controvertida de modo arbitrario un incremento de los pagos a cuenta del impuesto de 
sociedades sin consideración alguna a la cuota final del impuesto, en la medida que 
establece un régimen de cálculo de la obligación tributaria de pago a cuenta distinto del  s
previsto para la obligación tributaria principal, con clara desvinculación entre la renta que  oe.
se entiende indicio de capacidad económica para el impuesto y la que se toma en  w.
consideración para el cálculo de los pagos a cuenta, que incluye las rentas exentas,  186ww
beoxcnliufiycea clioosn erse sauplltiacdaobsle sn.e Cgaotniv eolslo ,d lea  oebjelirgcaiccioiósn  atrnibteurtiaorrieas d ey jas odsel aaytae nldaesr  dae ldau ccacpioanceidsa dy 
eficctoicnióam oi cirare raela, ll od eq uloes r essuujelttao sc opnatsraivroios  ad elal sim epxuigeesntoci,a psa drae rsivoamdeatse dr eal  tarirbt.u 3ta1c.1ió nC Eu.na base  BOE-A-cable e
Por  último  y  con  relación  al  alcance  de  una  eventual  declaración  de 
inconstitucionalidad y nulidad del artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, interesa el 
Ministerio  Fiscal  que  se  declaren  no  susceptibles  de  ser  revisadas  las  situaciones 
jurídico-tributarias  firmes  producidas  a  su  amparo,  por  exigencia  del  principio 
constitucional de seguridad jurídica del art. 9.3 CE (por todas, STC 189/2005, FJ 9).
10.  Por providencia de 8 de septiembre de 2020, se señaló para deliberación y fallo 
de la presente sentencia el día 10 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del proceso y pretensiones de las partes.
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional plantea una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo único 
del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas 
tributarias dirigidas a la reducción del déficit público –que añadió una nueva disposición 
adicional decimocuarta («Modificaciones en el régimen legal de los pagos fraccionados») 
a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades (en adelante, LIS) 
que podría ser contrario a los arts. 86.1 y 31.1, ambos de la Constitución por haberse 
aprobado mediante un instrumento normativo –el decreto-ley– que no puede afectar al 
deber de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado y por someter a tributación 
capacidades económicas irreales en los pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades. 
Tanto la fiscal general de Estado como la empresa Lafonia Sea Foods, S.A., coinciden 
con el planteamiento del órgano judicial. De la opinión contraria es, sin embargo, el 
abogado del Estado, para quien ni se ha producido una afectación del deber de contribuir 
ni se han sometido a tributación capacidades económicas inexistentes.
2.  Pérdida de objeto de la cuestión planteada.
Como se ha indicado, la presente cuestión de inconstitucionalidad se plantea en 
relación con el artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el 
que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público. Dado 
que este precepto ya ha sido declarado inconstitucional y nulo por la STC 78/2020, de 1 
de julio, la duda planteada por el órgano judicial ha quedado resuelta, por lo que la 
presente cuestión de inconstitucionalidad ha perdido su objeto, conforme a la reiterada 
doctrina de este tribunal [SSTC 47/2017, de 27 de abril, FJ 3 c); 49/2017, de 8 de mayo, 
FJ 4; 55/2017, de 11 de mayo, FJ 3 c); 60/2018, de 4 de junio, FJ 3, y 153/2019, de 25 
de noviembre, FJ único b)].
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Declarar  la  pérdida  sobrevenida  del  objeto  de  la  presente  cuestión  de 
inconstitucionalidad núm. 1022-2019.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». o
Dada en Madrid, a diez de septiembre de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.– 186ww
MEnacrtaínrneazc-Vióanr eRs oGcaar cíTar.í–aJsu.–aAn nAdnrétosn ioO Xlleiorol R  íToass.–sParead.–roF eJornsaén Gdoo nzVáaleldzé-sT reDvaijal-nRoé .S–áSnacnhtieazg.o–
CAnotnodneio-P Nuamrvpáideoz  TRooudróríng.u–eMza.–rAíal fLreudisoa M Boanlatogyuae rM Cealglleajró.–nR.–iFcairrmdoa dEon yrí qruuberzic aSdaon.cho.–Cándido  BOE-A-cable e