BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71 Miércoles 24 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 33928
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
4617 Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial,  por  la  que  se  publica  el  Acuerdo  de  la  Subcomisión  de 
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión 
Bilateral Generalitat-Estado, en relación con la Ley 5/2020, de 29 de abril, de 
medidas  fiscales,  financieras,  administrativas  y  del  sector  público  y  de 
creación  del  impuesto  sobre  las  instalaciones  que  inciden  en  el  medio 
ambiente.
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 3 de marzo de 2021.–La Secretaria General de Coordinación Territorial, 
Miryam Álvarez Páez.
ANEXO
Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la 
Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del 
sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el 
medio ambiente
La Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de 
la Comisión Bilateral Generalitat-Estado ha adoptado el siguiente acuerdo:
1.  De conformidad con las negociaciones previas mantenidas por el Grupo de 
Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Subcomisión de 
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral 
Generalitat-Estado  de  24  de  agosto  de  2020,  para  resolver  las  discrepancias 
competenciales suscitadas respecto de los artículos 5, 88, 96, 101.2, 101.4, 123.5, 
144.1, 147.2, 148.7 y 152.2 de la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, 
financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las 
instalaciones que inciden en el medio ambiente, ambas partes consideran solventadas 
las mismas en lo que a los preceptos objeto de este acuerdo se refiere, en los siguientes 
términos:
A)  En relación con el artículo 96 de la Ley 5/2020, ambas partes convienen que el 
plazo de un mes para presentar e ingresar la autoliquidación complementaria se refiere 
únicamente a aquellos tributos cedidos respecto de los cuales la Generalitat de Cataluña 
tiene atribuidas las competencias para su gestión y liquidación.
B)  En relación con el artículo 101.2 de la Ley 5/2020, por el que se añade el 
apartado 4 al artículo 9 del Texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalitat de  e.
Cataluña,  aprobado  por  Decreto  legislativo  1/2002,  de  24  de  diciembre,  si  bien  la  w.
Generalitat de Cataluña considera que únicamente expresa un mandato reflexivo para la  17ww
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pro futuro y sin perjuicio de la regulación estatal específica de los bienes de la Seguridad
Social, se compromete a impulsar una modificación de este precepto a fin de precisar su 
alcance en ese sentido.
C)  En relación con el artículo 101.4 de la Ley 5/2020, por el que se añade el 
artículo 12.ter al Texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalitat de Cataluña, 
aprobado por Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, ambas partes consideran 
que las referencias que en el mismo se contienen al suministro de información de la que 
disponen otras Administraciones u organismos públicos, han de entenderse formuladas 
únicamente en el marco de la debida colaboración interadministrativa y sin perjuicio de la 
debida  observancia  de  la  legislación  vigente  en  materia  de  protección  de  datos 
personales y la legislación específica de la Seguridad Social. Además, lo previsto en 
dicho artículo 12.ter respecto del archivo de los procedimientos de abintestato, se llevará 
a efecto en las fases de gestión y liquidación de la herencia, de conformidad con las 
prescripciones de carácter básico de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de  las  Administraciones  Públicas,  y  esta  interpretación  se  llevará  al  desarrollo 
reglamentario que se adopte de ese precepto legal.
D)  En relación con el artículo 123.5 de la Ley 5/2020, por el que se modifica la letra 
b del apartado 1 de la Disposición adicional cuarta del Texto refundido de la Ley del 
Instituto  Catalán  de  Finanzas,  aprobado  por  Decreto  legislativo  4/2002,  de  24  de 
diciembre, ambas partes coinciden en considerar que la referencia que ese precepto 
hace a la Ley de Presupuestos ha de ser interpretada en el sentido que se trata de la Ley 
de Presupuestos de la propia Generalitat de Cataluña y sin perjuicio de la legislación 
estatal básica que en esta materia resulte de aplicación.
E)  En relación con el artículo 147.2 de la Ley 5/2020, por el que se añade la 
disposición adicional cuarta al Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos, cuyo 
texto refundido fue aprobado por el Decreto legislativo 1/2009, de 21 de julio, ambas 
partes coinciden en interpretar que la prescripción que se impone para el fomento de la 
utilización de áridos reciclados no afecta las obras públicas de competencia estatal en 
Cataluña.
F)  En relación con el art. 148.7 de la Ley 5/2020, por el que se añade el apartado.4 
al  art.  28  del  Texto  refundido  de  la  legislación  en  materia  de  aguas  de  Cataluña, 
aprobado por Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, ambas partes coinciden en 
interpretar que dicho apartado no es de aplicación a las obras públicas de competencia 
estatal que se ejecuten en Cataluña.
G)  En relación con el artículo 152.2 de la Ley 5/2020, por el que se modifica el 
artículo  42  de  la  Ley  14/2009,  de  22  de  julio,  de  aeropuertos,  helipuertos  y  otras 
infraestructuras  aeroportuarias,  ambas  partes  coinciden  en  considerar  que  las 
prescripciones de ese precepto han de ser interpretadas sin perjuicio de la obtención 
previa por el órgano de la Generalitat de Cataluña competente, de los informes y 
certificados sectoriales que exige la normativa estatal.
2.  Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya».