BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 332 Martes 22 de diciembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 118504
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
16811 Sala Primera. Sentencia 164/2020, de 16 de noviembre de 2020. Recurso de 
amparo  2524-2018.  Promovido  por  don  Jaber  El  Ghali  respecto  de  las 
resoluciones dictadas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de 
Cataluña en expediente sobre permiso de salida. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resoluciones que impiden 
la  revisión  judicial  en  aplicación  del  precepto  legal  anulado  por  la  STC 
151/2020, de 22 de octubre.
ECLI:ES:TC:2020:164
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón; y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  2524-2018,  promovido  por  don  Jaber  El  Ghali, 
representado por la procuradora de los tribunales doña Gemma Gómez Córdoba y 
asistido por el abogado don César Manuel Pinto Cañón, contra el auto de 7 de diciembre 
de 2017 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Cataluña, así como frente a 
las diligencias de ordenación de 29 de enero y 13 de febrero de 2018 y el decreto de 12 
de  marzo  de  2018,  del  letrado  de  la  administración  de  justicia  de  dicho  juzgado; 
resoluciones todas ellas recaídas en el expediente núm. 807-2017, sobre denegación de 
permiso de salida. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don 
Andrés Ollero Tassara.
I. Antecedentes
1.  El demandante de amparo dirigió escrito a este tribunal, que tuvo entrada en su 
registro general el 9 de mayo de 2018, comunicando su voluntad de interponer recurso 
de amparo contra las resoluciones anteriormente indicadas.
2.  Mediante diligencia de ordenación de 17 de mayo de 2018 de la Secretaría de 
Justicia de la Sala Primera de este tribunal se tuvo por recibido el anterior escrito. Se 
acordó librar despacho al Colegio de Abogados de Madrid para que se designara al 
citado recurrente procurador y letrado del turno de oficio que le represente y defienda, 
respectivamente, en el presente recurso de amparo, así como requerir al Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Cataluña para que remitiera testimonio del expediente  es
núm. 807-2017. o
3.  Recibidos los anteriores despachos y las actuaciones, se tuvo, por diligencia de  811ww
doordñean aGceiómnm dae  G8ó dmee zju Cnióor ddoeb a2,0 1p8a,r ap olar  rdeepsriegsneandtoasc ióan l ad epl roreccuurarrdeonrtae , dye  alol sle ttrraibduon adloens 
fCoérmsaurl aPr ilnat oc oCrreasñpóonn, dpieanrate  sdue mdaenfednas ad,e  caomnpcaerdoi.éndoles un plazo de treinta días para  BOE-A-cable e
4.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 16 de julio 
de 2018, la procuradora de los tribunales indicada, en nombre y representación de don 
Jaber El Ghali, formalizó la demanda de amparo contra las resoluciones a las que se ha 
hecho mención en el encabezamiento de esta sentencia.
5.  Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo, relevantes para la 
resolución del asunto, son los que a continuación se exponen sucintamente.
a)  El recurrente en amparo, interno en el centro penitenciario de Mas d’Enric (El 
Catllar, Tarragona), solicitó permiso ordinario de salida. La solicitud fue rechazada por el 
centro por haber sido presentada fuera del plazo establecido («fuera plazo del 10 al 20 
de meses pares»).
b)  El  recurrente  formuló  queja  contra  la  referida  decisión  ante  el  Juzgado  de 
Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Cataluña, que rechazó la queja mediante auto de 7 de 
diciembre de 2017 (expediente núm. 807-2017). En este auto se razona que procede la 
inadmisión  a  trámite  del  escrito  del  interno,  «por  cuanto  no  hay  resolución  alguna 
recurrible  dado  que  no  se  estudió  su  petición  al  haberse  presentado  fuera  de  los 
temporales para las peticiones del permiso. Debe advertirse que las normas del régimen 
interior sobre la forma y tiempo en que deben presentarse los escritos de los internos no 
tienen una naturaleza arbitraria sino que pretende ordenar el régimen para una ordenada 
convivencia y permitir un adecuado estudio por los profesionales que deben informar a la 
junta de tratamiento». Se indica en el auto que cabe presentar recurso de reforma en el 
plazo de tres días.
c)  El recurrente en amparo, mediante escrito fechado el 27 de diciembre de 2017, 
solicitó al juzgado de vigilancia penitenciaria copia de toda la documentación obrante en 
diversos expedientes referidos a su persona, entre ellos el núm. 807-2017. Interesó la 
suspensión  del  plazo  para  interponer  recurso  de  reforma  contra  el  auto  de  7  de 
diciembre de 2017 hasta la recepción de la documentación solicitada.
d)  Mediante diligencia de ordenación de la letrada de la administración de justicia, 
de 29 de enero de 2018, se acordó remitir al interno «copia de lo actuado en el 
expediente especial 482-2017» y denegar la suspensión del plazo para recurrir en 
reforma, «habida cuenta de que no acredita justa causa […] de conformidad con el 
art. 134 LEC, en relación con el art. 202 LECrim».
e)  Al serle notificada dicha resolución, el interno, mediante escrito fechado el 4 de 
febrero de 2018, solicitó de nuevo al juzgado la entrega de toda la documentación 
requerida en su anterior escrito, alegando que de otra manera se conculcaría su derecho 
a la defensa.
f)  Por  diligencia  de  ordenación  de  13  de  febrero  de  2018,  la  letrada  de  la 
administración de justicia acordó estar a lo acordado en la diligencia de ordenación de 29 
de enero de 2018.
g)  Notificada que le fue esa resolución, el interno la recurrió en reposición mediante 
escrito de fecha 11 de febrero de 2018. Alegó, entre otros extremos, la vulneración de 
sus derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a la defensa y al juez ordinario 
predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), así como su derecho a la reinserción social 
(art. 25.2 CE).
h)  Por decreto de 12 de marzo de 2018, la letrada de la administración de justicia 
acordó desestimar el recurso de reposición. Razona, con cita de la STC 1/1989, de 16 de 
enero, y de varios autos del Tribunal Supremo, que los plazos son improrrogables y no 
pueden quedar a disposición de las partes; que las normas que determinan los plazos  e
son de carácter imperativo y de orden público; y que el automatismo de los plazos es  bo
una necesidad de la recta tramitación de los procesos. Asimismo se indica expresamente  811ww
econn e llo d deicsrpeuteos qtou ee nn oe l caarbt.e 2 3in8te brpiso dnee rl ac oLnetyra d eel  emnijsumicioa mreiecnutros oc raimlgiunnaol ,( LdEeC croimn)fo, rsmieinddaod 
por tanto firme.
6.  La demanda de amparo se dirige contra el auto de 7 de diciembre de 2017 del 
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Cataluña, así como frente a las diligencias 
de ordenación de 29 de enero y 13 de febrero de 2018 y el decreto de 12 de marzo 
de 2018, del letrado de administración de justicia de dicho juzgado.
La demanda de amparo cita la STC 58/2016, de 17 de marzo, que estimó la cuestión 
interna  de  inconstitucionalidad  planteada  en  relación  con  el  art.  102  bis.2  de  la 
Ley  29/1998,  reguladora  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa,  declarando  la 
inconstitucionalidad de dicho precepto, porque excluía la revisión judicial de los decretos 
del letrado de la administración de justicia resolutorios del recurso de reposición contra 
sus propias diligencias de ordenación. En este sentido se argumenta que el último 
párrafo del art. 238 bis LECrim, en el que se excluye de manera absoluta la posibilidad 
de recurso judicial contra los decretos de los letrados de la administración de justicia 
resolutorios de la reposición, debe reputarse, como en aquel caso, lesivo del derecho a 
la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y del principio de exclusividad de la potestad 
jurisdiccional (art. 117.3 CE). En consecuencia, se solicita que se admita a trámite el 
recurso de amparo y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55.2 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional (LOTC), se eleve al Pleno del Tribunal Constitucional una 
cuestión  interna  de  inconstitucionalidad  respecto  del  último  inciso  del  art.  238  bis 
LECrim, en la redacción dada al mismo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de 
reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.
Se razona asimismo en la demanda de amparo que la denegación, por la letrada de 
la administración de justicia, de la solicitud de suspensión del plazo para interponer el 
recurso de reforma interesado por el interno frente al auto de 7 de diciembre de 2017, 
vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en la vertiente de acceso al 
recurso, pues es patente que esa petición del interno se basa en la necesidad de 
conocer todas las actuaciones del expediente para poder formular su recurso de reforma 
con plenas garantías de defensa.
Se alega, en fin, que el auto de 7 diciembre de 2017 por el que se acordó inadmitir la 
queja del interno en relación con el rechazo del centro penitenciario a tramitar su 
solicitud de permiso ordinario de salida, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a la jurisdicción.
En la demanda se razona asimismo que cabe apreciar que el contenido de este 
recurso  de  amparo  justifica  una  decisión  sobre  el  fondo  en  razón  de  su  especial 
trascendencia constitucional, porque en este caso se está ante el supuesto configurado 
en la STC 155/2009, FJ 2 c), toda vez que una de las vulneraciones que se denuncia del 
derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, proviene 
de la ley, en concreto del último inciso del 238 bis LECrim, en la redacción dada al mismo 
por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre.
Se añade que también cabe apreciar que el contenido de este recurso de amparo 
justifica  una  decisión  sobre  el  fondo  en  razón  de  su  especial  trascendencia 
constitucional,  porque  en  este  caso  se  está  ante  el  supuesto  configurado  en  la 
STC 155/2009, FJ 2 a). Se plantea en efecto un problema o una faceta del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción en 
materia  penitenciaria,  sobre  el  que  no  hay  doctrina  del  Tribunal  Constitucional.  En 
concreto, por la falta de una regulación específica y completa de los mecanismos de 
impugnación  de  las  decisiones  de  los  centros  penitenciarios  ante  los  juzgados  de 
vigilancia  penitenciaria  y  la  falta  de  unificación  de  criterios  según  los  respectivos 
juzgados competentes por razón de la competencia territorial. s
7.  La  Sección  Segunda  de  este  tribunal  acordó,  por  providencia  de  16  de  w.b
septiembre de 2019, admitir a trámite el recurso de amparo, al apreciar que concurre en  811ww
ecol nsmeicsumeon ciau ndae  qeusep elac iaplo sitbrales cveunlndeernacciiaó n cdoenl sdtieturecciohnoa lf un(daartm. e5n0ta.1l  quLeO sTeC d),e ncuonmcioa 
pudiAesraim pisromvoe,n ciro dnes tlaan ldeoy  [ySaT eCn  1e5s5te/2 t0ri0b9u,n FaJl  l2a sc )a].ctuaciones remitidas por el Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Cataluña, acordó dar vista de las mismas al recurrente
y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, para presentar las alegaciones que 
estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52.1 LOTC.
8.  El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones ante este tribunal el 8 de octubre 
de 2019. Tras recordar los antecedentes del asunto y exponer los argumentos en los que 
el recurrente fundamenta las vulneraciones de su derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), el fiscal señala que la pretensión de que se eleve al Pleno del Tribunal 
Constitucional una cuestión interna de inconstitucionalidad, respecto del último párrafo 
del art. 238 bis LECrim, en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, 
debe ser acogida, a la vista de que este tribunal ya ha declarado la inconstitucionalidad 
de  otros  preceptos  de  contenido  similar,  que  excluían  en  diferentes  órdenes 
jurisdiccionales la posibilidad de recurso judicial contra los decretos de los letrados de la 
administración de justicia resolutorios del recurso de reposición (SSTC 58/2016, de 17 
de marzo; 72/2018, de 21 de junio, y 34/2019, de 14 de marzo).
Entiende asimismo el fiscal que le asiste la razón al recurrente en amparo cuando 
alega que las diligencias de ordenación y el decreto de la letrada de la administración de 
justicia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Cataluña han vulnerado su 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en la vertiente de acceso al recurso. 
Mediante esas resoluciones se ha denegado inmotivadamente al interno, que además no 
gozaba de asistencia técnica, la entrega de la documentación relativa al expediente en el 
que se había dictado el auto que pretendía recurrir en reforma, en relación con un 
permiso de salida. Al propio tiempo se le deniega, igualmente de manera inmotivada, la 
petición de suspensión del plazo para interponer ese recurso de reforma hasta la entrega 
de la documentación solicitada.
En fin, considera el fiscal que el auto de 7 de diciembre de 2017 no respeta el canon 
de motivación reforzada exigible, al haber inadmitido el juzgador la queja del interno de 
manera apodíctica, sin analizar ninguno de los pedimentos del interno en relación con la 
negativa del centro penitenciario a tramitar su solicitud de permiso de salida, por lo que 
esa resolución vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en la 
vertiente de acceso a la jurisdicción.
Por todo ello, el fiscal interesa que, con suspensión del plazo para dictar sentencia, 
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 55.2 y 35.2 LOTC, por la Sala Primera se 
eleve al Pleno de este tribunal cuestión interna de inconstitucionalidad respecto del 
último párrafo del art. 238 bis LECrim, a cuyo tenor «[c]ontra el decreto del secretario 
judicial que resuelva el recurso de reposición no cabrá interponer recurso alguno», por 
vulneración de los arts. 24.1 y 117 CE.
Asimismo  interesa  el  fiscal  que,  tras  la  resolución  de  esa  cuestión  interna  de 
inconstitucionalidad, se dicte sentencia en el presente recurso de amparo, por la que se 
otorgue al recurrente el amparo solicitado, declarando que ha sido vulnerado su derecho 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y anulando en consecuencia el auto de 7 de 
diciembre de 2017 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Cataluña, así como 
las diligencias de ordenación de 29 de enero y 13 de febrero de 2018 y el decreto de 12 
de marzo de 2018, del mismo juzgado.
9.  La representación procesal del recurrente, mediante escrito registrado en este 
tribunal el 9 de octubre de 2019, reiteró las alegaciones contenidas en la demanda de 
amparo,  solicitando  que  se  eleve  al  Pleno  de  este  tribunal  cuestión  interna  de 
inconstitucionalidad  respecto  del  último  párrafo  del  art.  238  bis  LECrim  y,  tras  la 
resolución de esa cuestión, se dicte sentencia por la que se otorgue al recurrente el  e
amparo solicitado. bo
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de octubre, estimó dicha cuestión (núm. 1231-2020), declarando la inconstitucionalidad y
nulidad  del  último  párrafo  del  art.  238  bis  LECrim,  en  la  redacción  dada  por  la
Ley  13/2009,  de  3  de  noviembre,  de  reforma  de  la  legislación  procesal  para  la 
implantación de la nueva oficina judicial.
11.  Mediante providencia de 12 de noviembre de 2020, se señaló para deliberación 
y votación de la presente sentencia el día 16 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El presente recurso de amparo se dirige frente al auto de 7 de diciembre de 2017 
del  Juzgado  de  Vigilancia  Penitenciaria  núm.  3  de  Cataluña,  así  como  contra  las 
diligencias de ordenación de 29 de enero y 13 de febrero de 2018 y el decreto de 12 de 
marzo de 2018 del letrado de la administración de justicia de dicho juzgado; resoluciones 
todas ellas recaídas en el expediente núm. 807-2017, sobre denegación de permiso de 
salida.
Alega el recurrente, interno en el centro penitenciario de Mas d’Enric (El Catllar, 
Tarragona), que el auto de 7 de diciembre de 2017, por el que se acordó inadmitir la 
queja formulada frente a la decisión del centro penitenciario de no tramitar la solicitud de 
permiso ordinario de salida, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), 
en  la  vertiente  de  acceso  a  la  jurisdicción.  Alega  también  que  las  diligencias  de 
ordenación del letrado de la administración de justicia vulneran el derecho a la tutela 
judicial efectiva, en la vertiente de acceso al recurso, porque esas resoluciones rechazan 
su solicitud de suspensión del plazo para interponer recurso de reforma contra el auto 
referido.
Sostiene asimismo el recurrente, en relación con el decreto de 12 de marzo de 2018, 
que el último párrafo del art. 238 bis LECrim, en el que se excluye de manera absoluta e 
incondicionada la posibilidad de recurso judicial contra los decretos de los letrados de la 
administración de justicia resolutorios de la reposición, debe reputarse lesivo del derecho 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y del principio de exclusividad de la potestad 
jurisdiccional  (art.  117.3  CE).  Por  ello  interesa  que  se  eleve  al  Pleno  del  Tribunal 
Constitucional cuestión interna de inconstitucionalidad (art. 55.2 LOTC) respecto de 
aquel precepto procesal.
El  Ministerio  Fiscal  apoya  la  pretensión  del  recurrente  con  argumentos 
sustancialmente coincidentes con los expuestos por este, conforme ha quedado reflejado 
en el relato de antecedentes. Interesa la suspensión de la resolución del presente 
recurso de amparo hasta que el Pleno del tribunal hubiera dictado sentencia sobre la 
cuestión interna respecto del último párrafo del art. 238 bis LECrim y solicita que, una 
vez resuelta esta cuestión, se estime el recurso de amparo, declarando la vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva y anulando las resoluciones impugnadas.
2.  El último párrafo del art. 238 bis LECrim, en la redacción dada por la Ley 13/2009, 
de 3 de noviembre, establece que contra «el decreto del secretario judicial que resuelva el 
recurso de reposición no cabrá interponer recurso alguno». La STC 151/2020, de 22 de 
octubre, del Pleno de este tribunal, estima la cuestión interna núm. 1231-2020, declarando 
la inconstitucionalidad y nulidad de dicho precepto, por vulnerar el derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva garantizado por el art. 24.1 CE.
Se concluye en la STC 151/2020, FJ 4, que «el último párrafo del art. 238 bis LECrim 
excluye todo control jurisdiccional del decreto del letrado de la administración de justicia 
que resuelve el recurso de reposición y cierra la posibilidad de una tutela de derechos e 
intereses legítimos que la Constitución contempla que sea siempre dispensada por los  es
jueces y tribunales, creando un sector de inmunidad que no se compadece con el  bo
art. 24.1 CE, ni con lo previsto en el art. 117.3 CE. […] En definitiva, el precepto  811ww
cdrgéueegebnismeet rieadonden ocadlrdae or dia mevr  uplualunn ge innercaaso cpeniaóls cntdii otdeu ercie nilocamnhsuao dnl iedaeca  iladsal i  oytcnu onetenusltl airddo eajlu  dljdou idsrcie silaeld lt pircearcefdiecoocenstpai vdtlao.e   E c(laanu r eatc.sd ot2miho4ienn.1raies)d,nt orcay,i acapi  órqcenuoc ednis e ace njruleldosao,t  i,c usaienal     OE-A-2020-16able en https://
igual que se hizo en las SSTC 58/2016, FJ 7; 72/2018, FJ 4; 34/2019, FJ 7, y 15/2020,
FJ  3,  que,  en  tanto  el  legislador  no  se  pronuncie  al  respecto,  el  recurso  judicial 
procedente frente al decreto del letrado de la administración de justicia resolutivo de la 
reposición sea el directo de revisión».
La declaración de inconstitucionalidad y nulidad del último párrafo del art. 238 bis 
LECrim por la STC 151/2020 determina la estimación de la queja del recurrente referida 
al decreto de la letrada de la administración de justicia de 12 de marzo de 2018, que 
desestima el recurso de reposición interpuesto contra la diligencia de ordenación de 13 
de febrero de 2018 y señala que contra ese decreto no cabe interponer recurso alguno, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 bis LECrim. En efecto, los mismos 
razonamientos que han conducido en la STC 151/2020 a declarar la inconstitucionalidad 
y nulidad del último párrafo de esta norma deben llevar en el presente caso a apreciar 
que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1) del recurrente y a 
anular, en consecuencia, el decreto de 12 de marzo de 2018.
3.  La estimación del recurso de amparo debe extenderse a las diligencias de 
ordenación de la letrada de la administración de justicia de 29 de enero y 13 de febrero 
de 2018, por las que se deniega al recurrente la entrega de la documentación relativa al 
expediente en el que se había dictado el auto que pretendía recurrir en reforma, así 
como la suspensión del plazo para interponer dicho recurso hasta que se le facilitase la 
documentación requerida.
Tales  resoluciones,  confirmadas  en  reposición  por  el  decreto  de  12  de  marzo 
de 2018, vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en la vertiente de 
acceso a los recursos legalmente establecidos.
Apreciada la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por las resoluciones 
dictadas por la letrada de la administración de justicia, bastará, en orden a restablecer al 
recurrente en la integridad de su derecho, con anular las diligencias de ordenación de 29 
de enero y 13 de febrero de 2018 y el decreto de 12 de marzo de 2018. De este modo, el 
recurrente se verá reintegrado en su derecho con la posibilidad de interponer recurso de 
revisión frente al referido decreto, de acuerdo con lo establecido en la STC 151/2020, 
FJ 4. La eventual estimación de dicho recurso por el titular del Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria núm. 3 de Cataluña determinará que el recurrente pueda formular recurso 
de reforma contra el auto de 7 de diciembre de 2017, previo acceso a las actuaciones 
obrantes en el expediente núm. 807-2017, en el que el centro penitenciario le denegó el 
permiso de salida que había solicitado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por don Jaber El Ghali y, en 
su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en la integridad de su derecho y, en consecuencia, declarar la 
nulidad de las diligencias de ordenación de 29 de enero y 13 de febrero de 2018 y del  s
decreto de 12 de marzo de 2018, de la letrada de la administración de justicia de dicho  e.
juzgado, resoluciones dictadas todas ellas en el expediente núm. 807-2017. w.
decr3e.tºo  dRee 1tr2o tdraee mr alarsz oa dcteu a2c0i1o8n,e psa aral  mquoem eeln Jtou zignamdeod diaeta Vmigeinlatnec piao sPteenriioter nacl iadriicat andúom d. e3l 
qduee C saet aeluspñeac pifricoavne ae na  elal  fruenpdaarmaceiónnto d juerl íddiecroe c3h doe f uensdtaa mseenntetanl cviau.lnerado, en los términos
4.º  Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciséis de noviembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.