BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 206 Jueves 30 de julio de 2020 Sec. I.   Pág. 60036
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
8754 Decreto-ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia 
social y de carácter fiscal y administrativo.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos-ley son promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En  fecha  14  de  marzo  de  2020  fue  declarado  el  estado  de  alarma  como 
consecuencia de la pandemia sanitaria ocasionada por la COVID-19 mediante el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y actualmente prorrogado hasta el día 21 de junio 
por el Real decreto 555/2020, de 5 de junio. Desde aquella fecha, el Gobierno de la 
Generalidad ha aprobado diferentes medidas en varios ámbitos con el fin de paliar los 
efectos desfavorables que ha ocasionado esta crisis, medidas que es necesario ampliar 
con la adopción de un nuevo Decreto-ley que se estructura en dos títulos, divididos en 
dos capítulos cada uno de ellos, veintidós artículos, cinco disposiciones adicionales, dos 
disposiciones transitorias y dos disposiciones finales.
A pesar de que la normativa estatal y la de la Generalidad de Cataluña ha introducido 
medidas generales para la adaptación de las políticas públicas en materia de igualdad, 
migraciones y ciudadanía, se hace necesario el establecimiento de medidas específicas 
que  permitan  actuar  en  estos  ámbitos  para  paliar  de  manera  urgente  los  efectos 
desfavorables provocados por la COVID-19 a las personas a las que van dirigidas estas 
políticas. La situación es especialmente urgente y relevante en el ámbito de las políticas 
migratorias  y  de  ciudadanía,  dado  que  el  impacto  de  la  crisis  económica  y  social 
derivada de la pandemia está castigando de manera especialmente cruda a las personas 
extranjeras, ya que la pérdida de puestos de trabajo y la afectación de los ERTE tiene 
especial incidencia en sectores económicos intensivos en mano de obra, sectores que 
ocupan en muchos casos las personas extranjeras. Una situación que se hace mucho 
más grave para las personas extranjeras en situación irregular, ya que el paro de 
cualquier actividad económica, también aquellas que se producen dentro del ámbito de 
la economía irregular, las lleva a una situación límite de la cual no pueden salir sin una 
intervención social de emergencia. La urgencia que requiere la atención a todas estas 
necesidades justifica la elaboración de una norma, en forma de Decreto-ley, que dé 
cobertura al despliegue de los programas y servicios necesarios para atenderlas de 
manera urgente. Por lo mismo y una vez finalizada la situación de excepcionalidad 
derivada del estado de alarma y en aquello referido a los procedimientos de ayudas y 
subvenciones, se debe poner fin al uso de este mecanismo normativo, que a partir de 
ahora se debe producir, respecto de la aprobación de sus bases, mediante las vías 
normativas ordinarias.
Asimismo, a los efectos de centralizar la gestión de las prestaciones del ámbito social  e.
en el órgano especializado en esta materia, con el fin de hacerla más eficiente, se hace  w.b
necesaria y urgente la atribución de la tramitación y la resolución de determinados  54ww
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condición de catalán retornado, dado que el carácter global de la crisis vivida también 
hará crecer previsiblemente la demanda.
Por todo lo expuesto se introducen en el título 1 medidas de carácter social, una 
regulación que da respuesta a la problemática antes citada. Así en el capítulo 1, se 
regulan unas subvenciones de carácter extraordinario para la creación de nuevo empleo 
en el ámbito de trabajo domiciliario de cuidados dirigidas a facilitar la contratación de las 
trabajadoras  y  trabajadores  de  los  cuidados  que  se  necesitan  para  hacer  atención 
domiciliaria  de  personas  mayores  o  en  situación  de  dependencia,  mientras  los 
equipamientos residenciales estén afectados por la COVID-19.
En el capítulo 2, se regulan unas subvenciones también de carácter extraordinario, 
para  programas  que  se  requieren  para  abordar  la  lucha  contra  la  exclusión  social 
derivada de la crisis sanitaria, tanto en el ámbito laboral, educativo y de la acogida como 
en el ámbito de la igualdad hombre-mujer en el trabajo.
En las disposiciones transitorias primera y segunda, a los efectos de centralizar la 
gestión integral de las prestaciones del ámbito social en el órgano especializado en esta 
materia, con el fin de mejorar la eficiencia, se atribuye la tramitación y resolución de los 
procedimientos de algunas prestaciones, indemnizaciones y subvenciones en el ámbito 
de  las  políticas  de  igualdad,  migraciones  y  ciudadanía,  a  la  Dirección  General  de 
Prestaciones Sociales.
Por otra parte, el título 2 del Decreto-ley adopta diferentes medidas de carácter fiscal, 
en el capítulo 1 y administrativas, en el capítulo 2.
El capítulo 1, referido a las medidas tributarias, en el artículo 20 introduce una 
medida relacionada con el tratamiento de importes de canon del agua incluidos en 
recibos convertidos en incobrables. Como consecuencia del impacto en la economía, y, a 
su vez en las familias, de la situación derivada de la declaración del estado de alarma 
provocado por la COVID-19, se ha incrementado el impago de facturas de todo tipo de 
servicios, de manera tal que se incrementa también el importe de lo que se vuelve 
incobrable por las entidades suministradoras correspondiendo a los clientes vulnerables 
y no vulnerables. A la espera de cómo se resuelve esta problemática social, se han 
adoptado, mediante los diferentes decretos-leyes aprobados desde la declaración de la 
pandemia, diferentes medidas que puedan compensar, en la medida de lo posible, los 
efectos sociales y económicos que tiene y puede tener más adelante esta situación. Así, 
el mencionado artículo 20 adopta una medida más en el sector de actividad económica 
como es el del abastecimiento de agua y se propone la posibilidad que, de manera 
transitoria, durante dos años, que es el plazo que se considera que el impacto de la 
vulnerabilidad de las familias y de la situación de crisis empresarial puede afectar al pago 
de las facturas del servicio que incluyen el canon del agua, las entidades afectadas 
puedan declarar a la Agencia Catalana del Agua (ACA), estos importes convertidos en 
incobrables y no ingresar el importe correspondiente, como correspondería hacer por su 
papel de sustitutas.
El capítulo 2 introduce en sus dos artículos medidas de carácter administrativo. 
El artículo 21 afecta al Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del 
Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación 
pública,  de  salud  y  gestión  de  residuos  sanitarios,  de  transparencia,  de  transporte 
público  y  en  materia  tributaria  y  económica,  y  de  adopción  de  otras  medidas 
complementarias, que prevé medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas 
de  derecho  público  del  ámbito  del  sector  público  de  la  Generalidad  de  Cataluña. 
En concreto, se modifica el artículo 7 del Decreto-ley mencionado. s
El artículo 7.1 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo, suspende de las entidades  oe.
previstas en el artículo 81 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas, aprobado  w.
por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, durante el estado de alarma, el  54ww
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raeqsupeollnas faebclheas .de la auditoría, reanudándose de nuevo para tres meses, a contar desde  BOE-A-cable e
Asimismo, se determina en el artículo 7.2, que en caso de que, en la fecha de 
declaración  del  estado  de  alarma,  el  órgano  de  gobierno  o  administración  de  una 
persona jurídica del sector público de la Generalidad de Cataluña ya hubiera formulado 
las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de estas cuentas, 
cuando la auditoría resulte obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar 
desde que finalice el estado de alarma.
El artículo 7.3 establece que el plazo para tramitar las cuentas anuales previsto en el 
artículo 81.3 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, queda 
suspendido hasta que finalice el estado de alarma. Estas entidades tendrán que enviar 
las  cuentas  anuales  debidamente  aprobadas  por  el  órgano  correspondiente  con  el 
informe de auditoría, dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el 
plazo para comunicar las cuentas formuladas a la Intervención General y a la Sindicatura 
de Cuentas.
Finalmente, el artículo 7.4 establece que el plazo para presentar la Cuenta General 
por  parte  de  la  Intervención  General  a  la  Sindicatura  de  Cuentas,  previsto  en  el 
artículo  81.4  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  finanzas  públicas  de  Cataluña  y  el 
artículo 39.2 de la Ley 18/2010, del 7 de junio, de la Sindicatura de Cuentas, queda 
suspendido hasta que finalice el estado de alarma. No obstante, a la vista de la evolución 
favorable de la pandemia, se está produciendo la desescalada de las medidas tomadas 
hasta la actualidad y en consecuencia hay que tomar otras que permitan avanzar en la 
reactivación de la economía. También el Estado, mediante el Real decreto-ley 21/2020, 
de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, modifica la regulación anterior 
relativa a la forma de celebración de las sesiones de los órganos de gobierno y de 
administración de las asociaciones, sociedades civiles y mercantiles, consejo rector de 
las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones, así como de la forma de 
llevar a cabo las votaciones. De acuerdo con el anterior, se considera necesario proceder 
a modificar el artículo 7.1 mencionado en el sentido de establecer que el plazo para 
formular las cuentas anuales de las entidades previstas en el artículo 81 del texto 
refundido  de  la  Ley  de  finanzas  públicas  y  el  resto  de  documentación  legalmente 
empezará a contar desde el 1 de junio y no desde la finalización del estado de alarma 
dado que este es un plazo susceptible de ser variado. En este mismo sentido, también 
se considera conveniente modificar el plazo para enviar las cuentas anuales. De esta 
manera se dota de mayor seguridad jurídica a las actuaciones de las personas jurídicas 
de derecho público del ámbito del sector público de la Generalidad de Cataluña.
Finalmente,  el  artículo  22  prevé  que  las  medidas  excepcionales  en  materia  de 
subvenciones  previstas  en  el  capítulo  2  del  Decreto-ley  8/2020,  de  24  de  marzo, 
alarguen su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, con el fin de permitir mantener el 
mismo  régimen  jurídico  al  que  se  sometieron  y  coadyuvaron  en  la  reactivación 
económica.
En cuanto a la parte final del Decreto-ley, las disposiciones adicionales prevén la 
posibilidad,  si  procede,  de  ampliar  los  importes  máximos  que  se  destinan  a  las 
subvenciones extraordinarias regulados en este Decreto-ley, se habilita la persona titular 
del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para aprobar las resoluciones 
de convocatorias correspondientes a las medidas que se prevén, se da carácter de 
urgencia  a  la  tramitación  de  las  modificaciones  presupuestarias  necesarias  para 
desplegar las medidas, se establece el rango reglamentario de las disposiciones del 
título 1 y se establece el alcance de la protección de datos de carácter personal. s
En último término, la disposición final primera establece determinadas modificaciones  oe.
en la Ley 25/2002, de 25 de noviembre, de medidas de apoyo al retorno de los catalanes  w.
emigrados y sus descendientes, y de segunda modificación de la Ley 18/1996 y del  54ww
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y social, como consecuencia de su aplicación práctica. Finalmente, la disposición final 
tercera establece la entrada en vigor inmediata del Decreto-ley.
De  acuerdo  con  el  artículo  38  de  la  Ley  13/2008,  del  5  de  noviembre,  de  la 
presidencia de la Generalidad y del Gobierno, el Gobierno puede dictar disposiciones 
legislativas  provisionales  bajo  la  forma  de  decreto-ley.  En  el  presente  supuesto,  el 
carácter extraordinario y excepcional de la situación deriva de la declaración del estado 
de alarma provocada por la situación sanitaria que requiere adoptar de manera urgente 
medidas  que  palíen,  tanto  como  se  pueda,  la  situación  creada  y  que  no  pueden 
aplazarse,  incluso,  mediante  la  utilización  de  medios  legislativos  de  urgencia  a  un 
momento posterior.
En uso de la autorización que concede el artículo 64 del Estatuto de autonomía de 
Cataluña, a propuesta del vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y 
Hacienda y con la deliberación previa del Gobierno, decreto:
TÍTULO 1
Medidas de carácter social
CAPÍTULO 1
Subvención para la creación de nuevo empleo en el ámbito del trabajo domiciliario 
de cuidados
Artículo 1.  Objeto de la subvención.
Se crea la subvención para la creación de nuevo empleo en el ámbito del trabajo de 
cuidados,  que  consiste  en  una  prestación  económica  dirigida  a  las  personas 
empleadoras o las entidades sin ánimo de lucro, con el objetivo de promover el empleo 
en el ámbito de la atención a las personas mayores o dependientes.
Artículo 2.  Finalidad.
La finalidad de esta subvención es, por una parte, promover el empleo con contrato 
en un sector donde la economía sumergida tiene un peso muy importante y, por la otra, 
que el sector del trabajo de los cuidados pueda responder a las necesidades derivadas 
de la afectación de la COVID-19 en los centros residenciales de atención a las personas 
mayores, con el fin de evitar la desatención de estas personas y ayudar a la creación de 
nuevo empleo en este sector.
Artículo 3.  Personas y entidades beneficiarias.
3.1  Pueden ser beneficiarias de esta subvención las personas empleadoras o las 
entidades sin ánimo de lucro que ofrezcan un contrato laboral para hacer trabajos de 
cuidado de personas mayores o dependientes por un mínimo de 12 meses a personas 
que no hayan sido dadas de alta en la Seguridad Social en los últimos 2 años contados 
desde  la  fecha  de  firma  del  contrato  o  a  personas  que  cumplan  los  requisitos 
establecidos en el artículo 124.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por 
el Real decreto 557/2011, de 20 de abril.
3.2  Los contratos de trabajo mencionados en el punto anterior tendrán siempre una  e.
retribución igual o superior al salario mínimo interprofesional para jornada completa y en  w.b
cómputo anual. También se aceptarán varias solicitudes de contrataciones a tiempo  54ww
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lcaosm soo lliaci tdued elas  ssuem haa rdáe d eto mdoasn elorsa  cinodnetrpaetonsd iepnretes.entados y la tramitación de cada una de
3.3  La  persona  o  entidad  empleadora  se  compromete  a  garantizar  el  pleno 
cumplimiento de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del trabajo del 
hogar familiar previstos en la legislación vigente y está obligado a adoptar las medidas 
necesarias  para  procurar  que  el  trabajo  de  estos  trabajadores  se  realice  en  las 
condiciones  de  seguridad  e  higiene  debidas,  tal  como  prevé  el  artículo  3.4  de  la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
3.4  Las  personas  o  entidades  empleadoras  deben  estar  al  corriente  del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y, si procede, con la Seguridad Social.
3.5  En el caso de que la persona empleadora sea una persona física, los ingresos 
brutos  anuales  de  la  unidad  familiar  de  esta  tendrán  que  ser  superiores,  una  vez 
descontado el pago del salario convenido, al 25% del salario medio de Cataluña, fijado 
en 25.180,44 euros anuales, si no tiene familiares a cargo. Si la unidad familiar incluye 
dos miembros, el 50% del índice mencionado. Y si la unidad familiar incluye a más de 
dos personas, se tendrá que añadir un 15% del salario medio de Cataluña más por cada 
miembro adicional.
3.6  En el caso de que la persona empleadora sea una persona física, los ingresos 
brutos  anuales  de  la  unidad  familiar  de  esta  tendrán  que  ser  inferiores,  una  vez 
descontado el pago del salario convenido, a 2,5 veces el salario medio de Cataluña en 
cómputo anual, si no tiene familiares a cargo. Si la unidad familiar incluye dos miembros, 
los ingresos deben ser inferiores a 4,5 veces el salario medio de Cataluña. Y si la unidad 
familiar incluye a más de dos personas, los ingresos de la unidad familiar tendrán que 
ser inferiores, adicionalmente, en 1,5 veces el salario medio de Cataluña por cada 
miembro adicional.
3.7  A los efectos del cumplimiento de los requisitos de los apartados 3.5 y 3.6, la 
unidad familiar se entiende como una unidad de convivencia formada exclusivamente por 
los cónyuges o parejas de hecho registradas y los ascendientes y descendientes en 
primer grado y línea directa.
Artículo 4.  Importe de la subvención y limitación de contratos.
4.1  La subvención consiste en el pago de parte de los costes laborales de las 
personas trabajadoras contratadas, hasta un máximo de dos contratos por persona o 
entidad empleadora.
4.2  La cuantía de la subvención a otorgar es de 2.685 euros si el contrato es de 
jornada completa. Si corresponde a una contratación a tiempo parcial, la cuantía de la 
ayuda será directamente proporcional a la jornada laboral contratada.
Artículo 5.  Pago y compatibilidad.
5.1  El pago de la subvención se debe hacer mediante un adelanto del 60% del 
importe total de la subvención, que se hará efectiva a partir del momento que se notifique 
la resolución definitiva de otorgamiento, sin necesidad de aportar ningún aval o garantía. 
El 40% restante de la subvención se debe pagar una vez que la persona empleadora 
haya justificado debidamente la ejecución total de la actuación. En caso de muerte de la 
persona beneficiaria de la subvención o de la persona mayor o dependiente atendida a 
través de la contratación, el importe de la subvención y el periodo a justificar se ajustarán 
a la ejecución real de la contratación correspondiente y, si procede, se procederá a la 
revocación parcial de la subvención otorgada por la parte abonada y no ejecutada del 
adelanto. es
5.2  Estas subvenciones son compatibles con cualquier otra ayuda o subvención  bo
concedidas con la misma finalidad que esté financiada por otras administraciones o  54ww
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costes laborales anuales de cada trabajador o trabajadora.
Artículo 6.  Solicitudes, procedimiento de concesión y de justificación.
6.1  La persona titular del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 
debe aprobar una o más resoluciones de la convocatoria que se debe publicar en el 
«Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya», la cual debe concretar el procedimiento de 
tramitación y concesión de la subvención, así como el plazo para presentar la solicitud.
6.2  Las solicitudes y otros trámites asociados al procedimiento de concesión de las 
subvenciones y su justificación se deben presentar según modelos normalizados.
6.3  El procedimiento de concesión de las subvenciones es el de concurrencia no 
competitiva.
6.4  El  plazo  para  dictar  la  resolución  de  otorgamiento  o  denegación  de  la 
subvención es de 30 días hábiles a contar desde la finalización del plazo de presentación 
de las solicitudes. Las solicitudes se resolverán por orden de entrada y el otorgamiento 
de la subvención está sometido a disponibilidad presupuestaria.
6.5  Transcurrido el plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, 
las personas y entidades solicitantes podrán entender desestimada la subvención por 
silencio  administrativo,  sin  perjuicio  del  deber  de  resolver  de  las  administraciones 
públicas.
6.6  El órgano competente para la tramitación y resolución de las solicitudes de la 
subvención para la creación de nuevo empleo en el ámbito del trabajo domiciliario de 
cuidados es la Secretaría de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía del Departamento de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
6.7  La  justificación  de  los  gastos  de  personal  y  el  cumplimiento  del  resto  de 
requisitos se debe hacer mediante la documentación que especifique la resolución de 
convocatoria.
6.8  El plazo de presentación de la documentación justificativa acaba el 31 de 
octubre  del  año  siguiente  al  de  la  publicación  de  la  resolución  de  otorgamiento  o 
denegación de las subvenciones. No obstante, a medida que las contrataciones objeto 
de  estas  subvenciones  lleguen  al  final  de  su  periodo  de  vigencia,  las  personas 
empleadoras  o  las  entidades  beneficiarias  de  la  subvención  podrán  presentar  la 
documentación justificativa para la tramitación del cierre económico y administrativo del 
expediente.
6.9  Las personas o entidades beneficiarias podrán solicitar la ampliación del plazo 
de ejecución o justificación de la subvención antes del vencimiento del plazo de que se 
trate y por razones debidamente justificadas.
Artículo 7.  Aplicación presupuestaria y financiación.
7.1  El  importe  máximo  correspondiente  al  otorgamiento  de  la  subvención  para  la 
creación  de  nuevo  empleo  en  el  ámbito  del  trabajo  domiciliario  de  cuidados  es 
de 2.333.333,33 euros de los cuales, 1.400.000,00 euros irán a cargo de las partidas 
presupuestarias D/480000100/314/0000, D/481000100/314/0000 y D/482000100/314/0000 
en la anualidad 2020 y 933.333,33 euros en la anualidad 2021.
7.2  Las actuaciones previstas en esta medida se enmarcan en la prioridad de 
inversión descrita al artículo 3 a, v del Reglamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo 
Social  Europeo,  a  través  del  Programa  operativo  FSE  de  Cataluña  2014-2020, 
n.º CCI2014ES05SFOP007 del Fondo Social Europeo.
CAPÍTULO 2
Subvenciones para programas de apoyo a la lucha contra la exclusión social y la 
desigualdad agravada por la crisis social derivada de la COVID-19
Artículo 8.  Objeto de la subvención.
Se crea una línea de subvenciones para programas de apoyo a la regularidad 
administrativa de las personas extranjeras a través del arraigo social y de la mejora de la 
empleabilidad de las personas extranjeras, de apoyo de emergencia al éxito educativo 
del  alumnado  de  familias  de  origen  migrante,  de  acogida  de  personas  migrantes, 
refugiadas o retornadas y de promoción de la igualdad hombre-mujer en el ámbito 
laboral, para combatir la exclusión social agravada por la crisis social derivada de la 
COVID-19.
Artículo 9.  Ámbitos y tipologías de subvenciones.
9.1  Las subvenciones para programas de apoyo a la lucha contra la exclusión 
social y la desigualdad agravada por la crisis social derivada de la COVID-19, se otorgan 
para  el  fomento  de  acciones  en  los  ámbitos  siguientes:  apoyo  a  la  regularidad 
administrativa a través del acceso al mundo laboral, educativo, acogida de personas 
migrantes, refugiadas o retornadas e igualdad hombre-mujer en el ámbito del trabajo.
9.2  En el ámbito del apoyo a la regularidad administrativa a través del acceso al 
mundo laboral, se establecen cinco tipologías de acciones diferentes:
A1 (COVID-19).  Proyectos de asesoramiento jurídico especializado de apoyo a los 
procesos de arraigo social que deben incluir obligatoriamente la oferta de asesoramiento 
jurídico en materia de extranjería y el acompañamiento personalizado para la tramitación 
de la documentación laboral, penal y de extranjería, ya sea ante cualquier instancia 
necesaria para alcanzar el arraigo social.
A2 (COVID-19).  Proyectos de apoyo técnico a la preparación de proyectos de 
autoempleo de personas en situación de irregularidad administrativa para que puedan 
alcanzar el arraigo social mediante el trabajo por cuenta propia.
A3 (COVID-19).  Proyectos de apoyo a la mejora de la empleabilidad de personas 
extranjeras en situación de irregularidad administrativa mediante el cooperativismo que 
podrán  incluir  el  diseño  del  proyecto  cooperativo,  el  apoyo  a  la  gestión  técnica  y 
administrativa de las cooperativas y el apoyo a la creación de nuevos puestos de trabajo.
A4  (COVID-19).  Proyectos  de  apoyo  a  la  formación  para  la  mejora  de  la 
empleabilidad de personas extranjeras en situación de irregularidad administrativa en el 
sector  del  trabajo  de  cuidados  y  del  hogar  con  prácticas  en  centros  formativos, 
incluyendo formación para la prevención de la violencia machista en el ámbito laboral.
A5 (COVID-19).  Apoyo a proyectos de formación para la mejora de la empleabilidad 
de personas extranjeras en riesgo de caer en la irregularidad sobrevenida, que tendrán 
que incluir necesariamente la mejora de las competencias lingüísticas básicas en lengua 
catalana, el conocimiento de la sociedad catalana y de su marco jurídico, incluyendo la 
igualdad hombre-mujer y la prevención de la violencia machista y formación práctica no 
laboral propia del sector al cual se dirigen, con el fin de dar lugar a informes de 
extranjería útiles para evitar la irregularidad administrativa.
9.3  En el ámbito educativo, se establecen tres tipologías de acciones diferentes: e
B1 (COVID-19).  Promoción de la red de apoyo social al aprendizaje para los niños  w.
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B2 (COVID-19).  Promoción de la formación de familiares de alumnos de origen
cultural diverso, con actuaciones que se realizarán en centros educativos de máxima
complejidad y por medio de una programación anual de actividades formativas en las 
cuales actuarán como formadores o formadoras alumnado voluntario del centro, con 
conocimiento en las culturas de origen de estas familias.
B3  (COVID-19).  Formación  en  programación  TIC  para  alumnado  de  centros 
educativos de alta complejidad mayor de 14 años y para sus familiares adultos. Esta 
formación  tendrá  que  estar  estructurada  por  niveles,  permitiendo  el  acceso  con 
independencia  del  nivel  competencial  previo  de  los  participantes,  tendrá  que  estar 
orientada a la adquisición de competencias profesionales y tendrá que ser motivadora 
para la continuidad educativa. La oferta de estas actividades se tendrá que hacer en 
horario no lectivo y se tendrá que impartir en centros educativos públicos de secundaria.
9.4  En el ámbito de la acogida de personas migrantes, refugiadas o retornadas, se 
establecen tres tipologías de acciones diferentes:
C1 (COVID-19).  Prestación de los módulos formativos A.1, B y C del Servicio de 
Primera Acogida en formato presencial, con un mínimo de 90, 15 y 15 horas lectivas, 
respectivamente.
C2 (COVID-19).  Prestación de los módulos formativos A.1, B y C del Servicio de 
Primera Acogida en formato no presencial, con un mínimo de 90, 15 y 15 horas lectivas, 
respectivamente, y con un máximo de 15 horas de formación en competencia digital, si 
procede.
C3  (COVID-19).  Prestación  del  módulo  A.3  de  alfabetización  en  formato  no 
presencial, con un mínimo de 120 horas lectivas y con un máximo de 15 horas de 
formación en competencia digital, si procede.
9.5  En el ámbito de la igualdad hombre-mujer en el ámbito del trabajo, se establece 
una única actuación:
D1 (COVID-19).  Planes de igualdad hombre-mujer en empresas u organizaciones, 
de acuerdo con lo previsto en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 10.  Entidades beneficiarias.
10.1  Se pueden acoger a las subvenciones de las acciones A1 (COVID-19) a 
C3 (COVID-19) las entidades constituidas legalmente que no tengan ánimo de lucro y 
con establecimiento operativo en Cataluña.
10.2  Se  pueden  acoger  a  las  subvenciones  de  la  acción  D1  (COVID-19)  las 
empresas u organizaciones constituidas legalmente en Cataluña con una plantilla de 
hasta 149 personas trabajadoras, que no hayan recibido previamente ningún tipo de 
subvención o de ayuda para elaborar un plan de igualdad.
10.3  En  ningún  caso  pueden  obtener  la  condición  de  beneficiarias  de  estas 
subvenciones las entidades en las cuales las normas de acceso, funcionamiento o 
utilización  de  medios  e  instalaciones  impliquen  de  hecho  o  de  derecho  una 
discriminación por razón de sexo o cualquiera otra condición o circunstancia personal o 
social.
10.4  Si las personas beneficiarias son agrupaciones de personas sin personalidad 
jurídica, cada una de las integrantes debe cumplir los requisitos que exige el artículo 11.3 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
Artículo 11.  Solicitudes, gestión y procedimiento de la concesión. bo
dOefibce1ia1 al. 1pd reo bLlaaa r G pueennrasesor anola imt atiátt usdl eare r Csdoaeltula cDluioennpyeaasr» t,da emla ce conuntoav lo dtcieea ntToerra iaqb uaqejuo ec,  oAsnesc udrneettboaesr   epSlu opbcrliioacclaeers de iynm  Feiela n«mtDoil iiadaresi    2020-8754n https://ww
tramitación y concesión de las subvenciones, así como el plazo para presentar las
solicitudes.
11.2  Las solicitudes y otros trámites asociados al procedimiento de concesión y su 
justificación se deben presentar según modelos normalizados.
11.3  La resolución de las subvenciones reguladas en este capítulo corresponde a la 
persona titular de la Secretaría General del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias.
11.4  La instrucción, gestión y tramitación de las subvenciones reguladas en este 
capítulo corresponde a la Secretaría de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía.
11.5  El procedimiento de concesión de estas subvenciones es el de concurrencia 
competitiva. Las prioridades de las entidades y acciones subvencionables y los criterios 
de valoración de las solicitudes se regularán en la resolución de convocatoria. Para 
poder acceder a las ayudas, los proyectos presentados deben haber superado el 50% de 
la puntuación prevista en la resolución de convocatoria.
11.6  El plazo máximo para dictar la resolución es de 30 días hábiles a partir del día 
siguiente al día que finalice el plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido este 
plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, las entidades o personas 
solicitantes podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin 
perjuicio del deber de resolver de las administraciones públicas.
Artículo 12.  Periodo de ejecución.
El periodo de ejecución de las acciones objeto de la subvención es de un año natural 
a partir de la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020.
Artículo 13.  Cuantía máxima subvencionable.
Se podrá subvencionar hasta un importe máximo del 100% del coste de la acción, de 
acuerdo con el presupuesto presentado. En el caso que no se financie el 100%, el resto 
del coste de la acción subvencionada irá a cargo de la entidad beneficiaria, con fondos 
propios o con cargo a otros fondos de financiación.
En cualquier caso, el importe total subvencionado con fondos públicos no podrá 
superar el 100% del coste de la acción.
Artículo 14.  Pago.
Se concederá un anticipo del 95 por ciento del importe de la ayuda, que se realizará 
en  la  misma  resolución  de  otorgamiento,  sin  necesidad  de  aportar  ningún  aval  o 
garantía, atendiendo la urgencia y la necesidad de paliar los efectos provocados por la 
crisis sanitaria de la COVID-19.
Artículo 15.  Limitación de solicitudes.
Una misma entidad no se puede presentar a recibir subvenciones en tres o más 
acciones diferentes de entre las previstas en el artículo 9.
Artículo 16.  Determinación del importe de las subvenciones.
16.1  Para  las  acciones  A3  (COVID-19),  A4  (COVID-19),  A5  (COVID-19)  y 
B3 (COVID-19) la cuantía de las subvenciones tendrá un importe máximo de:
30.000 euros para la acción A3 (COVID-19). s
30.000 euros para la acción A4 (COVID-19). oe.
20.000 euros para la acción A5 (COVID-19). w.
100.000 euros para la acción B3 (COVID-19). 54ww
Estos importes serán modulables a la baja de acuerdo con los criterios de prioridad y
punt1u6a.c2i ónP qaurae  sela ds etearcmciionneens e nA la1  re(sCoOluVcIióDn-1 d9e) ,c oAnv2o c(aCtoOriVaI.D-19),  B1  (COVID-19),
B2 (COVID-19), C1 (COVID-19), C2 (COVID-19), C3 (COVID-19) y D1 (COVID-19) las
solicitudes  presentadas  se  ordenarán  de  manera  decreciente  de  acuerdo  con  las 
puntuaciones obtenidas y el importe se determinará por aplicación de un módulo fijo 
hasta que se agote la disponibilidad presupuestaria. Estos módulos serán:
Para la acción A1 (COVID-19), 500 euros por persona usuaria que haga el itinerario 
completo de tramitación, con un máximo de 150.000 euros por proyecto.
Para la acción A2 (COVID-19), 200 euros por persona usuaria que haga el itinerario 
completo de tramitación, con un máximo de 100.000 euros por proyecto.
Para la acción B1 (COVID-19), 240 euros por alumno o alumna atendido en la red en 
un periodo mínimo de 6 meses, con un máximo de 100.000 euros por proyecto.
Para  la  acción  B2  (COVID-19),  240  euros  por  familiar  incluido  en  el  proyecto 
formativo por un periodo mínimo de 6 meses, con un máximo de 100.000 euros por 
proyecto.
Para la acción C1 (COVID-19), 50 euros por hora de formación y con un máximo 
de 120.000 euros por proyecto.
Para la acción C2 (COVID-19), 30 euros por hora de formación y con un máximo 
de 540.000 euros por proyecto.
Para la acción C3 (COVID-19), 30 euros por hora de formación y con un máximo 
de 54.000 euros por proyecto
Para la acción D1 (COVID-19), la cuantía de la subvención a otorgar para cada uno 
de los solicitados se establecerá por tramos, en función del número de personas de la 
plantilla, y será de 2.000 euros si la plantilla es de 10 a 19 personas trabajadoras, 
de 3.000 euros si la plantilla es de 20 a 49 personas trabajadoras, de 4.000 euros si la 
plantilla es de 50 a 99 personas trabajadoras y de 5.000 euros si la plantilla es de 100 
a 149 personas trabajadoras.
Artículo 17.  Justificación de las subvenciones.
El plazo y la documentación a presentar para la justificación de la aplicación de los 
fondos percibidos, se debe determinar en la convocatoria correspondiente.
La falta de justificación comporta la imposibilidad de percibir la subvención o su 
extinción y la obligación de reintegrar las cantidades percibidas.
Artículo 18.  Aplicación presupuestaria y financiación.
18.1  El importe correspondiente al otorgamiento de las subvenciones definidas en 
el artículo 9 es el siguiente:
Para  la  acción  A1  (COVID-19),  300.000,00  euros,  a  cargo  de  las  partidas 
presupuestarias D/481000100/314/0000 y D/482000100/314/0000.
Para  la  acción  A2  (COVID-19),  100.000,00  euros,  a  cargo  de  las  partidas 
presupuestarias D/481000100/314/0000 y D/482000100/314/0000.
Para  la  acción  A3  (COVID-19),  100.000,00  euros,  a  cargo  de  las  partidas 
presupuestarias D/481000100/314/0000 y D/482000100/314/0000.
Para  la  acción  A4  (COVID-19),  100.000,00  euros,  a  cargo  de  las  partidas 
presupuestarias D/481000100/314/0000 y D/482000100/314/0000.
Para  la  acción  A5  (COVID-19),  200.000,00  euros,  a  cargo  de  las  partidas 
presupuestarias D/481000100/314/0000 y D/482000100/314/0000.
Para  la  acción  B1  (COVID-19),  200.000,00  euros,  a  cargo  de  las  partidas 
presupuestarias D/481000100/314/0000 y D/482000100/314/0000. e.
Para  la  acción  B2  (COVID-19),  425.000,00  euros,  a  cargo  de  las  partidas  w.b
presupuestarias D/481000100/314/0000 y D/482000100/314/0000. 54ww
presPuapruae sltaa riaasc cDió/4n8 1B030 01(C00O/3V1ID4/-01090),0  y1 0D0/.4080200,0000 10e0u/r3o1s4, /0a0 00c.argo  de  las  partidas
presPuapruae sltaa riaasc cDió/4n8 1C010 01(C00O/3V1ID4/-01090),0  y2 5D0/.4080200,0000 10e0u/r3o1s4, /0a0 00c.argo  de  las  partidas
Para la acción C2 (COVID-19), 1.000.000,00 de euros, a cargo de las partidas 
presupuestarias D/481000100/314/0000 y D/482000100/314/0000.
Para  la  acción  C3  (COVID-19),  100.000,00  euros,  a  cargo  de  las  partidas 
presupuestarias D/481000100/314/0000 y D/482000100/314/0000.
Para  la  acción  D1  (COVID-19),  450.000,00  euros,  a  cargo  de  las  partidas 
presupuestarias D/470000100/316F/0000, D/481000100/316F/0000 y D/482000100/316F/0000.
18.2  Las actuaciones previstas en las acciones A1 (COVID-19), A2 (COVID-19), 
A3  (COVID-19),  A4  (COVID-19),  A5  (COVID-19),  C1  (COVID-19),  C2  (COVID-19), 
C3 (COVID-19) y D1 (COVID-19) se enmarcan en la prioridad de inversión descrita en el 
artículo 3 a) v) del Reglamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Social Europeo, a 
través del Programa operativo FSE de Cataluña 2014-2020, n.º CCI2014ES05SFOP007 
del Fondo Social Europeo.
18.3  En caso de que el importe previsto para el otorgamiento de alguna acción 
prevista  en  el  artículo  9  no  se  agote  con  las  solicitudes  presentadas,  se  pueden 
reasignar los recursos disponibles para atender las solicitudes de otras acciones donde 
haya solicitudes que no se hayan podido atender.
Artículo 19.  Normativa aplicable.
En todo aquello no previsto en este Decreto-ley, las subvenciones establecidas en 
este título se rigen supletoriamente por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de 
subvenciones y el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado 
por  el  Decreto  legislativo  3/2002,  de  24  de  diciembre,  teniendo  en  cuenta  las 
singularidades derivadas del impacto económico y social del COVID-19.
A los procedimientos de solicitud, concesión, ejecución, pago y justificación de las 
acciones subvencionables se aplicará también supletoriamente la Orden TSF/127/2019, 
de 27 de junio, por la que se aprueban las bases que deben regir la convocatoria 
ordinaria de subvenciones de proyectos y actividades para entidades del ámbito de 
políticas sociales del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, excepto los 
artículos 2, 5.1, 8.2, 18, 19.3, 19.4 y 25.7 del anexo 1.
TÍTULO 2
Medidas fiscales y administrativas
CAPÍTULO 1
Medidas tributarias
Artículo  20.  Tratamiento  de  importes  de  canon  del  agua  incluidos  en  recibos 
convertidos en incobrables.
Durante  los  años  2020  y  2021,  las  entidades  suministradoras  de  agua  pueden 
justificar y deducir de sus autoliquidaciones los importes de canon del agua repercutidos 
por factura sobre sus abonados convertidos en incobrables, siempre que las facturas 
hayan sido emitidas a partir del día 1 de enero de 2019 y haya pasado más de un año 
desde su emisión sin obtener el cobro. Las entidades suministradoras que acrediten 
importes de canon del agua convertidos en incobrables deben seguir el procedimiento 
siguiente para su deducción: e.
– En la primera autoliquidación de cada año natural pueden declarar todos los  54ww
areñcoib aonst ecroionrs, iddeer aadcuoes ridnoc ocborna belle ms,o rdeelaloc iqounea nsdeo a eplr suaelbdeo  pimorp raegsaodluoc aió 3n1 d dee la d diciireemccbióren  ddeel 
la A–g eEncl iaim Cpaotartlea naa  deinl gArgeusaar.  en  la  autoliquidación  corresponde  a  las  cantidades
repercutidas de canon del agua durante el periodo, una vez consideradas las diferencias
entre  el  saldo  justificado  el  año  anterior  y  el  saldo  acumulado  declarado  en  la 
autoliquidación.
CAPÍTULO 2
Medidas administrativas
Artículo 21.  Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de derecho 
público del ámbito del sector público de la Generalidad de Cataluña.
Se modifica el artículo 7 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación 
parcial del Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de 
transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas 
complementarias, que queda redactado en los términos siguientes:
«Artículo 7.
7.1  El plazo para formular y comunicar las cuentas anuales a la Intervención 
General y ponerlas a disposición de los responsables de la auditoría, previsto en el 
artículo 81.2 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, 
aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, queda suspendido 
hasta el 1 de junio de 2020, reprendiéndose de nuevo por otros tres meses a 
contar desde esta fecha.
7.2  En caso de que, en la fecha de declaración del estado de alarma, el 
órgano de gobierno o administración de una persona jurídica del sector público de 
la Generalidad de Cataluña ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, 
el plazo para la verificación contable de estas cuentas, cuando la auditoría resulte 
obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el 
estado de alarma.
7.3  El plazo para tramitar las cuentas anuales previsto en el artículo 81.3 del 
texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el 
Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, queda suspendido hasta el 1 de 
junio  de  2020.  Estas  entidades  tendrán  que  enviar  las  cuentas  anuales 
debidamente aprobadas por el órgano correspondiente con el informe de auditoría, 
dentro de los dos meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para 
comunicar las cuentas formuladas a la Intervención General y a la Sindicatura de 
Cuentas.
7.4  El plazo para presentar la Cuenta General por parte de la Intervención 
General  a  la  Sindicatura  de  Cuentas,  previsto  en  el  artículo  81.4  del  texto 
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto 
legislativo 3/2002, de 24 de diciembre y el artículo 39.2 de la Ley 18/2010, del 7 de 
junio, de la Sindicatura de Cuentas, queda suspendido hasta que finalice el estado 
de  alarma.  La  Intervención  General,  debe  presentar  la  Cuenta  General  a  la 
Sindicatura de Cuentas dentro del mes siguiente a contar desde que finalice el 
plazo por el que las entidades mencionadas anteriormente envíen las cuentas 
anuales debidamente aprobados a la Intervención General.»
Artículo 22.  Medidas en materia de subvenciones. s
La vigencia de las medidas excepcionales en materia de subvenciones previstas en  w.
el  capítulo  2  del  Decreto-ley  8/2020,  de  24  de  marzo,  de  modificación  parcial  del  54ww
pDúebclriecato, -ldeey  7s/a2l0u2d0 ,y  dgee 1s7tió dne  dmea rrzeos,id dueo sm  seadniditaasr iousr,g ednete str aenns pmaaretenrciaia ,d ed ec otnratrnastapcoirótne 
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actividad  subvencional  del  ejercicio,  para  permitir  a  los  órganos  concedentes  la 
valoración de las medidas a aplicar.
Disposición adicional primera.  Ampliación de importes máximos.
Los  importes  máximos  destinados  a  las  líneas  de  subvención  extraordinarias 
reguladas en los capítulos 1 y 2 del título 1 de este Decreto-ley, se podrán ampliar 
mediante resolución de la persona titular del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias, una vez se hayan tramitado las modificaciones presupuestarias necesarias.
Disposición adicional segunda.  Aprobación de las convocatorias.
Se  habilita  la  persona  titular  del  Departamento  de  Trabajo,  Asuntos  Sociales  y 
Familias para aprobar las resoluciones de convocatorias correspondientes a las medidas 
previstas en los capítulos 1 y 2 del título 1.
Disposición  adicional  tercera.  Tramitación  de  modificaciones  presupuestarias  y 
plurianualidades.
Las modificaciones presupuestarias y plurianualidades que sean necesarias para el 
efectivo despliegue de las medidas previstas en este Decreto-ley se tramitarán con el 
carácter urgente que la situación requiere.
Disposición adicional cuarta.  Disposiciones de rango reglamentario.
Las previsiones del título 1 de este Decreto-ley mantienen rango reglamentario a los 
efectos de su despliegue, modificación y derogación.
Disposición adicional quinta.  Tratamiento de datos de carácter personal.
Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán 
con estricta sujeción a lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas con respecto al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y al resto de la normativa sobre protección de datos personales.
Disposición transitoria primera.  Tramitación y resolución de los procedimientos para el 
reconocimiento de la prestación económica para las personas catalanas retornadas.
Mientras  no  se  apruebe  una  nueva  disposición  reglamentaria  que  modifique  o 
sustituya el Decreto 268/2003, de 4 de noviembre, de despliegue de la Ley 25/2002, 
de 25 de noviembre, de medidas de apoyo al retorno de los catalanes emigrados y sus 
descendientes, la tramitación y resolución de los procedimientos para el reconocimiento 
de la prestación económica para las personas catalanas retornadas, creada por el 
artículo 9 de la Ley 25/2002, de 25 de noviembre, de medidas de apoyo al retorno de los 
catalanes emigrados y sus descendientes, y de segunda modificación de la Ley 18/1996, 
se  atribuye  a  la  Dirección  General  de  Prestaciones  Sociales  del  Departamento  de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
Disposición transitoria segunda.  Tramitación y resolución de los procedimientos para el  s
reconocimiento de las indemnizaciones y ayudas para mujeres víctimas de violencia  e.
machista. w.
sustMituieynat reals  Dneoc resteo  a8p0r/2u0e1b5e,  udnea 2 6n udeev am adyisop, odseic iólans  rinedgelammneiznatacrioian eqsu ey  amyouddiafisq upea rao 
mdeu je2r4e sd eví catibmrial,s  ddeel  vdioelreencchioa  mdea clhaiss tam quujeer eess taab leercraedni ceal ra rlatí cuvilool e4n7c idae  mlaa Lcheiys t5a/,2 0y0 8e,l 
artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección
integral contra la violencia de género, la tramitación y resolución de los procedimientos 
para el reconocimiento de las indemnizaciones y ayudas que prevé esta norma, se 
atribuye a la Dirección General de Prestaciones Sociales del Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias.
Disposición final primera.  Modificaciones de la Ley 25/2002, de 25 de noviembre, de 
medidas de apoyo al retorno de los catalanes emigrados y sus descendientes, y de 
segunda modificación de la Ley 18/1996 y del Decreto 268/2003, de 4 de noviembre, 
de despliegue de la Ley 25/2002, de 25 de noviembre.
1.  Las referencias que la Ley 25/2002, del 25 de noviembre, de medidas de apoyo 
al retorno de los catalanes emigrados y sus descendientes, y de segunda modificación 
de la Ley 18/1996, y el Decreto 268/2003, del 4 de noviembre, de despliegue de la 
Ley 25/2002 hacen a la Oficina de Gestión Unificada del Plan de Ayuda al Retorno y en 
el  Consejo  Asesor  del  Plan  de  Ayuda  al  Retorno  se  deben  entender  hechas, 
respectivamente,  a  la  Dirección  General  de  Prestaciones  Sociales  y  a  la  Mesa  de 
Ciudadanía e Inmigración.
2.  Las referencias que la Ley 25/2002, de 25 de noviembre y el Decreto 268/2003, 
de 4 de noviembre hacen al gerente o la gerente de la Oficina de Gestión Unificada del 
Plan de Ayuda al Retorno se deben entender hechas al director o directora general de 
Prestaciones Sociales.
3.  Se modifica el artículo 10.1 de la Ley 25/2002, de 25 de noviembre, que queda 
redactado de la manera siguiente:
«La  Dirección  General  de  Prestaciones  Sociales  debe  gestionar  las 
actuaciones que establece esta ley y coordinar las que la Administración de la 
Generalidad debe llevar a cabo en aplicación de lo que determina el Plan de 
ayuda al retorno.»
Disposición final segunda.  Modificaciones del Decreto-ley 21/2020, de 2 de junio, de 
medidas urgentes de carácter económico, cultural y social.
1.  Se modifica el párrafo segundo del artículo 32 del Decreto-ley 21/2020, de 2 de 
junio, que queda redactado de la manera siguiente:
«La Agencia Catalana de la Juventud aprobará una resolución de convocatoria 
extraordinaria, en concurrencia competitiva, de las ayudas correspondientes al 
presente  capítulo,  la  cual  debe  fijar  los  criterios  para  la  selección  de  los 
proyectos.»
2.  Se modifica el párrafo tercero del artículo 33 del Decreto-ley 21/2020, de 2 de 
junio, que queda redactado de la manera siguiente:
«La distribución de personas destinatarias entre las entidades beneficiarias se 
realizará de acuerdo con los criterios que se establezcan en la resolución de 
convocatoria, y cada empresa o entidad sin ánimo de lucro con personalidad 
jurídica propia podrá seleccionar un máximo de cuatro personas beneficiarias, a 
excepción de aquellas entidades de educación en el ocio inscritas en el censo de 
entidades juveniles en el ámbito de actuación “coordinación de entidades”, las 
cuales podrán seleccionar un máximo de cuatro personas beneficiarias para cada  s
una de sus secciones efectivamente registradas en el censo mencionado.» o
DispEosstiec ióDne cfirneatol t-eleryc eernat.r a Eennt rvaigdoar  eenl  mvigisomr.o día de su publicación en el «Diari Oficial de  2020-8754n https://ww
la Generalitat de Catalunya».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación este Decreto-
ley  cooperen  en  su  cumplimiento  y  que  los  tribunales  y  autoridades  a  los  que 
corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 16 de junio de 2020.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, 
Joaquim  Torra  i  Pla.–El  Vicepresidente  del  Gobierno  y  Consejero  de  Economía  y 
Hacienda, Pere Aragonès i Garcia.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8157, de 18 de junio de 2020. 
Convalidado por Resolución 846/XII del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña» número 8176, de 14 de julio de 2020)