BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 41 Jueves 17 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 20368
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2590 Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la 
registradora de la propiedad de León n.º 3, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación parcial de herencia.
En el recurso interpuesto por doña M. O. R. F. contra la calificación de la registradora 
de la Propiedad de León número 3, doña María del Pilar Fernández Álvarez, por la que se 
suspende la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación parcial de herencia.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 13 de agosto de 2021 por el notario de Santiago 
de  Compostela,  don  Marcelino  Estévez  Fernández,  se  otorgaron  las  operaciones 
particionales ocasionadas por el óbito de doña O. F. M., quien falleció el día 23 de marzo 
de 2020 en estado de viuda, dejando una única hija llamada doña M. O. R. F. y dos 
nietos, doña I. y don M. R. L., hijos de otro hijo premuerto llamado don J. M. R. F.
En su último testamento, otorgado ante el citado notario el día 29 de noviembre 
de 2017, la testadora manifestaba ser aforada a Derecho civil común; ordenaba la 
disposición siguiente: «Lega a sus dos nietos, I. y M. R. L., la legítima individual que por 
Ley les corresponda, y en pago de la misma, o en su caso, mayor porción, les adjudica 
toda la parte o derechos correspondientes a la testadora en [relata una serie de fincas y 
participaciones en fincas urbanas y rústicas]», e instituía como única heredera a su 
mencionada hija, doña M. O. R. F., con sustitución tanto a legatarios como heredera por 
sus descendientes. También establecía que «para el supuesto de que el valor de los 
bienes adjudicados anteriormente a los legatarios no alcanzara para el pago de su 
legítima faculta especialmente a la heredera para pagar en dinero la diferencia».
En la escritura de fecha 13 de agosto de 2021, que se titulaba de aceptación y 
adjudicación  parcial  de  herencia,  intervenía  exclusivamente  la  hija  y  heredera,  quien 
aceptaba  la  herencia  de  su  madre  y  se  adjudicaba  el  pleno  dominio  de  los  bienes 
inventariados.
II
Presentada el día 22 de octubre de 2021 la referida escritura en el Registro de la 
Propiedad de León número 3, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los 
artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 a 100 de su Reglamento, así como de los 
antecedentes registrales, se emite calificación desfavorable con base en los siguientes.
Hechos y fundamentos de Derecho: es
– En la escritura presentada interviene exclusivamente la heredera de la causante  w.
fallecida, cuando del contenido del testamento resultan tres personas interesadas en la  90ww
nhieerteonsc diae:  laa )c alau shaenreted.era mencionada, hija de la causante; y b) otros dos legitimarios,
liquiLdoasc iótrne sy i nptearretiscaiódno,s ,d ae bfeanlta  cdoen cpuerrrsiro naa  ldaes siogpneardaac iopnoer sla  hteesretadditoarraia sp,a rnao e fpeucdtuieanr dlao   BOE-A-cable e
prescindir de los legitimarios en tanto no conste su renuncia, dada su especial cualidad
en nuestro derecho, artículos 658, 806, 807, 808 y 1058 del Código Civil, 80 y 81 del 
Reglamento Hipotecario, y RR. de la DGRN de fechas 14 de febrero y 15 de septiembre 
de 2019, entre otras.
Por lo que se suspende la inscripción hasta que se subsane el defecto advertido –
falta de intervención o ratificación de legitimarios–, que se considera subsanable.
La presente calificación puede ser (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por María Pilar 
Fernández Álvarez registrador/a de Registro Propiedad de León 3 a día nueve de 
noviembre del dos mil veintiuno».
III
Contra la anterior nota de calificación, doña M. O. R. F. interpuso recurso el día 2 de 
diciembre de 2021 en el que alegaba lo siguiente:
«Primera.–
El código civil dispone en su artículo 1.056:
Cuando el testador hiciere, por acto entre vivos o por última voluntad, la partición de 
sus bienes, se pasará por ella, en cuanto no perjudique a la legítima de los herederos 
forzosos.
Como consta en el testamento otorgado por doña O. F. M., ha sido esta, la testadora 
la que ha realizado en el testamento la partición de sus bienes; las adjudicaciones 
realizadas por la heredera lo han sido de bienes de los cuales ella es propietaria; los 
bienes dejados en proindiviso con sus sobrinos no han sido objeto de adjudicación (…)
Por su parte el artículo 1068 añade: “La partición legalmente hecha confiere a cada 
heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados” y el 
artículo 1075 concluye: “La partición hecha por el difunto no puede ser impugnada por 
causa de lesión, si o en el caso de que perjudique la legítima de los herederos forzosos o 
de que aparezca, o racionalmente se presuma, que fue otra la voluntad del testador”.
Por tanto, hay que pasar por la partición realizada por el testador, existan o no 
legitimarios y si éstos se consideran perjudicados en su legítima podrán pedir la rescisión 
de la misma, pero ningún precepto les atribuye la facultad de intervenir en la partición 
bloqueándola si no estuviesen conforme con la hecha por su causante.
El Tribunal Supremo en sentencia de 21 de diciembre de 1998, respecto a una 
partición realizada por el testador considera: “Indudable que sus efectos son los mismos 
que si se tratara de partición judicial o de partición extrajudicial, practicadas por los 
propios herederos o por albaceas o contadores-partidores, es decir, sus efectos (dice 
textualmente la sentencia de esta Sala de 21 de julio de 1986) son los de conferir a cada 
heredero la propiedad de los bienes que le hayan sido adjudicados, ello, claro es, sin 
perjuicio de las acciones de impugnación que el artículo 1075, en relación con el 1056, 
ambos del Código Civil, concede a los herederos forzosos en la hipótesis de que 
perjudique sus legítimas o de que aparezca o racionalmente se presuma que fue otra la 
voluntad del testador.
Segundo.–
El artículo 1068 del Código Civil dispone que “la partición legalmente hecha confiere 
a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados”.
Con la partición cesa la comunidad hereditaria y el derecho en abstracto de los 
comuneros  (herederos,  legatarios  y,  en  su  caso,  legitimarios)  se  transforma  en  el  e.e
derecho concreto sobre los bienes que le han sido adjudicados, conforme a la doctrina  b
especificativa de la partición. La partición o división del caudal hereditario se hace  90ww
ncaeucesasa dreia  ecxutianncidóon  dcoen lacu croremnu nmidáasd  dhee ruend ithaerirae.dero o legatario de parte alícuota; y es
TInedrcicearro .–que,  con  anterioridad  al  otorgamiento  de  la  escritura  de  aceptación  y
adjudicación parcial de herencia, la recurrente presenta demanda de testamentaria ante
el  Juzgado  de  Primera  instancia  n.º  cinco  de  Santiago,  procedimiento  división 
herencia 791/2021, el cual ha fallado lo que sigue:
Auto
En Santiago de Compostela, a 15 de abril de 2021.
Hechos
Primero.–En fecha 15 de diciembre de 2020 tuvo entrada en este juzgado demanda 
de  partición  judicial  de  herencia  presentada  por  el  Procurador  Sr.  R.  M.  en 
representación de Doña M. O. R. F.
En fecha 15 de febrero de 2021 se dicta Diligencia de Ordenación dando cuenta de 
dicha demanda para resolver sobre la admisión a trámite de la misma, quedando sobre 
la mesa para resolver.
Razonamientos jurídicos
Primero.–La partición o división de la herencia es el acto (negocial o judicial) que 
pone fin a la comunidad hereditaria mediante la adjudicación a los herederos de las 
titularidades activas que forman parte del contenido de la herencia. Por ello establece el 
artículo  1068  del  Código  Civil  que  “la  partición  legalmente  hecha  confiere  a  cada 
heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados”. Con la 
partición cesa la comunidad hereditaria y el derecho en abstracto de los comuneros 
(herederos, legatarios y, en su caso, legitimarios) se transforma en el derecho concreto 
sobre los bienes que le han sido adjudicados, conforme a la doctrina especificativa de la 
partición.  La  partición  o  división  del  caudal  hereditario  se  hace  necesaria  cuando 
concurren más de un heredero o legatario de parte alícuota; y es causa de extinción de 
la comunidad hereditaria.
El  efecto  que  produce  –conforme  a  la  doctrina  de  la  naturaleza  sustitutiva  o 
especificativa de la partición– es la determinación concreta de qué bienes corresponden a 
cada uno de los partícipes –herederos o legatarios de parte alícuotalo [sic] que significa la 
sustitución de la cuota por la titularidad exclusiva sobre los bienes concretos que le son 
atribuidos a cada uno. Esta doctrina es la imperante en la jurisprudencia más reciente.
La partición la puede realizar el propio testador o encomendarla a un tercero como a 
un contador partidor, tal como contempla el artículo 1057 del Código Civil, y la partición 
realizada por cualquiera de ellos pone fin a la comunidad hereditaria.
Segundo.–Como  vemos  pues,  uno  de  los  presupuestos  esenciales  que  han  de 
concurrir para la viabilidad de la acción de partición de herencia es que exista una 
pluralidad de coherederos o, si se quiere, una comunidad hereditaria integrada por varios 
herederos y/o legatarios de parte alícuota, pues solo en estos casos la necesidad de la 
partición cobra todo su valor en la medida en que es en esos casos en los que se hace 
preciso concretar los bienes que han de corresponder a cada heredero o legatario de 
parte alícuota.
Sin  embargo,  no  es  este  el  caso  que  aquí  nos  ocupa.  Según  se  deduce  del 
testamento que se acompaña con la demanda, la causante ha instituido como única 
heredera a su hija M. O. R. F., y si bien es cierto que establece un legado en favor de sus 
nietos, hijos de su otro hijo premuerto Don J. M. R. F., no estamos ante un legado de 
parte alícuota en sentido estricto pues la propia testadora ya concreta en su testamento 
los bienes y derechos que han de integrar sus respectivos legados, erigiéndose la  e
testadora en este caso en partidora de su propia herencia, lo que hace innecesaria una  bo
ulterior partición judicial. 90ww
hereEnnc iae seten  sleonst idcoa,s oesn  elon  qquuee  cnoon cihearny e vaa riloas  inhideorendeeidroasd  dsienlo p ruoncoe ssoo ldoe,  edli viTsrióibnu ndael 
SSuTpSr e1m27o7 /2tie0n0e4 ) yd e1c6la draed Foe, breenr o sdues  19s8e7n,t eqnuceia “sh udeelg a2 l6a  pdaert icfieóbnr ehreor eddieta r2ia0 0e4n  c(uRaOntJo: 
el testamento es, por sí sólo, título traslativo del dominio de los bienes relictos al
confundirse en tal supuesto el derecho abstracto sobre el conjunto patrimonial hereditario 
con el derecho concreto sobre cada uno de los bienes individualizados”.
En atención a lo expuesto,
Parte dispositiva
No ha lugar a la admisión a trámite de la demanda presentada por el Procurador Sr. R. M., 
en representación de Doña M. O. R. F., interesando la división judicial de la herencia causada 
por Doña O. F. M. (…)
Por lo antes expuesto, se entiende que la calificación de desfavorable realizada por 
el registro de la propiedad 3 de León no se ajusta a derecho, motivo por el cual se 
interpone el presente recurso».
IV
Mediante escrito, de fecha 23 de diciembre de 2021, la registradora de la Propiedad 
emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. Notificada la interposición del 
recurso al notario autorizante del título calificado, no se ha producido alegación alguna.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 657, 806, 818, 843, 847, 888, 988, 1056, 1058, 1068, 1075 y 1077 
del Código Civil; 9, 18, 19 bis y 326 de la Ley Hipotecaria; 81 del Reglamento Hipotecario; 
las Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de julio de 1986, 8 de marzo de 1989, 7 de 
septiembre de 1993, 7 de septiembre de 1998, 15 de julio de 2006 y 22 de octubre 
de 2014; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 
de octubre de 2001, 1 de marzo de 2006, 25 de febrero de 2008, 9 de marzo y 22 de mayo 
de 2009, 6 de marzo y 1 de agosto de 2012, 6 de marzo de 2013, 12 y 16 de junio, 4 de 
julio y 15 de septiembre de 2014, 3 de marzo y 13 y 16 de octubre de 2015, 12 de febrero, 
5 de abril, 5 de julio y 2 de agosto de 2016, 29 de junio de 2017, 29 de noviembre de 2018 
y 14 de febrero y 5 de abril de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública de 2 de junio y 28 de septiembre de 2020.
1. Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de 
aceptación y adjudicación parcial de herencia en la que concurren las circunstancias 
siguientes:
– La escritura es de fecha 13 de agosto de 2021; la causante falleció el día 23 de 
marzo de 2020 en estado de viuda, dejando una única hija y dos nietos, hijos de otro hijo 
premuerto.
– En  su  último  testamento,  de  fecha  29  de  noviembre  de  2017,  la  testadora 
manifiesta tener vecindad civil común; ordena la disposición siguiente: «Lega a sus dos 
nietos, I. y M. R. L., la legítima individual que por Ley les corresponda, y en pago de la 
misma,  o  en  su  caso,  mayor  porción,  les  adjudica  toda  la  parte  o  derechos 
correspondientes a la testadora en [relata una serie de fincas y participaciones en fincas 
urbanas y rústicas]»; instituye como única heredera a su citada hija, doña M. O. R. F., 
con sustitución tanto a legatarios como heredera por sus descendientes.
– También  establece  que  «para  el  supuesto  de  que  el  valor  de  los  bienes 
adjudicados anteriormente a los legatarios no alcanzara para el pago de su legítima 
faculta especialmente a la heredera para pagar en dinero la diferencia». e.
– En la escritura, que se titula de aceptación y adjudicación parcial de herencia,  w.
interviene exclusivamente la hija y heredera, quien acepta la herencia de su madre y se  90ww
adjudica el pleno dominio de los bienes inventariados.
cuanLdao  rdeegli sctroandteonraid os edñeal late sctoammoe ndtoe freecstuol taqnu etr einst eprevriseonnea se xincltuesreivsaamdaesn teen  lala  hheerreednecriaa:, 
a) la heredera mencionada, hija de la causante, y b) otros dos legitimarios, nietos de la
causante,  y  que,  a  falta  de  persona  designada  por  la  testadora  para  efectuar  la 
liquidación y partición, deben concurrir a las operaciones hereditarias, no pudiendo 
prescindir de los legitimarios en tanto no conste su renuncia.
La recurrente alega lo siguiente: que la testadora ha realizado en el testamento la 
partición de sus bienes; que las adjudicaciones realizadas por la heredera lo han sido de 
bienes  de  los  cuales  ella  es  propietaria  y  los  bienes  dejados  en  proindiviso  a  los 
legitimarios no han sido objeto de adjudicación; que previamente al otorgamiento de la 
escritura, se había presentado demanda de testamentaria ante el Juzgado de Primera 
Instancia en procedimiento de división herencia, que mediante auto determinó que no ha 
lugar a la admisión a trámite de la demanda presentada, lo que fundamenta en que no se 
trata de un legado de parte alícuota en sentido estricto pues la propia testadora ya 
concreta en su testamento los bienes y derechos que han de integrar sus respectivos 
legados, erigiéndose la testadora en este caso en partidora de su propia herencia, lo cual 
hace innecesaria una ulterior partición judicial.
2. Como cuestión previa, respecto de la referida demanda de testamentaria ante el 
Juzgado  de  Primera  instancia  en  procedimiento  de  división  herencia,  de  la  que 
acompaña  al  escrito  de  interposición  de  recurso  documentación  para  acreditar  tal 
circunstancia, se hace necesario recordar la doctrina reiterada de esta Dirección General 
según la cual el objeto del recurso no es la negativa a inscribir, sino la calificación 
negativa (vid. Resolución de 23 de febrero de 2017). En este sentido, la Resolución de 
este Centro Directivo de 2 de junio de 2020, conforme los artículos 9 y 326 de la Ley 
Hipotecaria y 51, 98 y 110 del Reglamento Hipotecario, las Resoluciones de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 19 de mayo de 2012, 13 de octubre de 2014 
y 19 de enero y 13 de octubre de 2015 y la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de 
mayo  de  2000,  indica  que  «conforme  al  artículo  326,  párrafo  primero,  de  la  Ley 
Hipotecaria,  el  recurso  debe  recaer  exclusivamente  sobre  las  cuestiones  que  se 
relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose 
cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en 
tiempo y forma (...)» y «el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de 
registradores de la Propiedad es exclusivamente determinar si la calificación es o no 
ajustada a Derecho. (...), el recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los 
defectos apreciados por el registrador». En consecuencia, la resolución del recurso debe 
serlo  atendiendo  únicamente  a  los  motivos  y  circunstancias  que  resulten  de  la 
documentación presentada al tiempo en que se produjo la calificación.
En el supuesto concreto, la existencia de un auto judicial firme que inadmite la 
demanda de división judicial de herencia por considerar efectuada por el causante la 
partición, no puede ser tenida en cuenta para la resolución de este expediente, al haber 
sido aportada la misma extemporáneamente en trámite del recurso. No obstante, cabe 
poner de relieve que, aun cuando se hubiera aportado en tiempo y forma dicho auto, en 
la documentación que del mismo acompaña al escrito de recurso, no consta que se haya 
dado traslado de la demanda a los interesados, y, si bien el registrador no puede calificar 
el fondo de la resolución, debe examinar –artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 100 de su 
Reglamento– si en el procedimiento han sido emplazados aquellos a quienes el Registro 
concede algún derecho que podría ser afectado por ellas, con objeto de evitar su 
indefensión, proscrita por el artículo 24 de la Constitución Española y su corolario 
registral del artículo 20 de la Ley Hipotecaria –Resolución de 25 de abril de 2017, 
además de otras que se citan en los «Vistos»–.
3. Como ha puesto de relieve este Centro Directivo (vid. «Vistos»), la necesaria  es
intervención del legitimario ha sido exigida, entre otras, por la Sentencia del Tribunal  o
phalSeresugacrpiceiteritdmeincemadarroedoios o ed s lle:f a oi sm r8pez pa odrorseetroidt cesmuió  cdandeer e zd e oleanl al   dl dceeaeag ctuí1etcdi9rmimaó8lna9 in  h, eadeqsreru tes rediicc  icottraaeam rcbcipooeol n eryloram,e c psepepono orltsa onitsb ad idnilaeiedtcno act,lde iaoa   ndanlee teecs gesa íq jtdeidumareec a hi cc ceioaoornenr rpodteeocesserrp  oruosd,n enepo d oa ehor n a clv oubaa áe qrnrliuoostoeess      OE-A-2022-2590able en https://www.
se puede producir una infracción del artículo 818 del Código Civil en relación con el
artículo 657 y aplicación indebida de los artículos 1075 y 1079 en relación con los 
artículos 1056 y 818. Incluso tratándose de partición hecha por contadores-partidores, en 
la ejecución de la misma «será cuando podrá saberse si alguno o algunos de los 
herederos individualmente considerados, no en la forma indiscriminada y global (…), ha 
percibido menos de lo que le corresponde por legítima estricta». Así pues, no es posible 
ejercer las acciones de rescisión o de complemento en su caso sino hasta saber el 
montante del «quantum» o valor pecuniario que, por legítima estricta, corresponda a 
cada  uno  de  los  herederos  forzosos  en  la  herencia  de  que  se  trate,  para  cuyo 
conocimiento y fijación han de tenerse en cuenta todos los bienes que quedaren a la 
muerte del testador, con la deducción de las deudas y de las cargas, salvo las impuestas 
en el testamento, según prescribe el artículo 818 del Código Civil, lo que permite la 
práctica de las pertinentes operaciones particionales. También la Sentencia de 18 de julio 
de 2012 pone de relieve que el legatario que es también legitimario debe intervenir y 
consentir la partición practicada por los herederos, pues lo contrario podría permitir que 
se repartiese la herencia sin tener en cuenta sus derechos legitimarios.
No cabe dejar al legitimario la defensa de su derecho a expensas de unas «acciones 
de rescisión o resarcimiento» o la vía declarativa para reclamar derechos hereditarios y 
el complemento de la legítima, ejercitables tras la partición hecha y consumada, lo que 
puede convertir la naturaleza de la legítima de Derecho común, que por reiteradísima 
doctrina y jurisprudencia es «pars bonorum», en otra muy distinta («pars valoris»), lo que 
haría que el legitimario perdiese la posibilidad de exigir que sus derechos, aun cuando 
sean reducidos a la legítima estricta y corta, le fueran entregados con bienes de la 
herencia y no otros. Y esta doctrina se aplicará aun cuando se haya citado a los 
legitimarios  fehacientemente  y  no  hayan  comparecido,  ya  que  conforme  reiterada 
doctrina de este Centro Directivo, la circunstancia de citación a los legitimarios para 
formación del inventario, no altera la necesidad de su consentimiento.
Como afirmó esta Dirección General en Resolución de 2 de agosto de 2016, cuando la 
legítima es «pars hereditatis», «pars bonorum» o «pars valoris bonorum», el legitimario, 
aunque no haya sido instituido heredero ni nombrado legatario de parte alícuota, puede 
interponer el juicio de testamentaria y participar en la partición hereditaria si el testador no la 
hubiere efectuado por sí mismo ni la hubiere encomendado a contador-partidor.
Así, no habiendo partición hecha por el testador o por contador-partidor designado, y 
pagándose la legítima mediante un legado de su cuota de legítima con asignación de 
una cosa, no es posible ejercer las acciones de rescisión o de complemento en su caso 
sino hasta saber el montante del «quantum» o valor pecuniario que por legítima estricta 
corresponda a cada uno de los herederos forzosos en la herencia de que se trate, para 
cuyo conocimiento y fijación han de tenerse en cuenta todos los bienes que quedaren a 
la muerte de la testadora, con la deducción de las deudas y de las cargas, salvo las 
impuestas en el testamento, según prescribe el artículo 818 del Código Civil, lo que 
permite la práctica de las pertinentes operaciones particionales.
4. Como afirmó en su Resolución de 1 de marzo de 2006, la especial cualidad del 
legitimario  en  nuestro  Derecho  común,  caso  de  que  exista  en  una  sucesión,  hace 
imprescindible su concurrencia para la adjudicación y partición de la herencia, a falta de 
persona designada por el testador para efectuar la liquidación y partición de la misma 
(artículo 1057, párrafo primero, del Código Civil), de las que resulte que no perjudica la 
legítima de los herederos forzosos. En efecto, la legítima en nuestro Derecho común (y a 
diferencia de otros ordenamientos jurídicos nacionales, como el catalán) se configura 
generalmente como una «pars bonorum», y se entiende como una parte de los bienes  es
relictos que por cualquier título debe recibir el legitimario, sin perjuicio de que, en ciertos  o
slnelaeule  gpicnaitueitvmeesaarsalvútrroeioiaosn  ,,c y tira ópemenacl irb dbaiceaé ál n psll ceruuepg lsvaioteari marldov aearl ra rei o lca leoae nn nletó irnglematíg atiipacmnao gar ditob iec isl i«ióodplnneaa, gd roads pda dveodearso al o qcs(riuuviosi ed nb l.eet oasgRnn íotteeiomrsnu oe amlll.u a »incs.Yiv  oD eqnneduet iesaca  hrhiedaoís,e   dtq áineu2 t ee5ibn r istevedeenre neei mcssfi,aeóp cdbnooor nem gereooasl      OE-A-2022-2590able en https://www.
de 2008, 9 de marzo de 2009, 6 de marzo de 2012 y 12 y 16 de junio y 4 de julio de 2014).
Esta misma doctrina ha sido mantenida en la Resolución de 15 de septiembre 
de 2014 para un caso de pago en dinero de la legítima, conforme a los preceptos legales 
que exigen la conformidad expresa de todos los interesados en la sucesión a fin de 
establecer la valoración de la parte reservada (artículos 843 y 847 del Código Civil).
Como ha puesto de relieve el Tribunal Supremo en la Sentencia de 22 de octubre 
de 2014, la posibilidad del pago de las legítimas en metálico, según artículos 841 a 847 del 
Código Civil, «se establece, también, conforme al cumplimiento de unos requisitos o 
condicionantes que tienen, como finalidad última, velar por la neutralidad, seguridad y 
equilibrio de la conmutación operada en el pago de la legítima, de forma que su mera 
aplicación no resulte perjudicial para los intereses de los legitimarios». Y añade el Alto 
Tribunal que «(…) conforme a la tutela o salvaguarda de la intangibilidad material de la 
legítima,  el  propio  artículo  843  del  Código  Civil  requiere,  sin  distinción  alguna,  la 
confirmación expresa de todos los hijos o descendientes respecto de la liquidación y 
adjudicación  de  la  partición  practicada,  pues  en  caso  contrario  será  necesaria  su 
aprobación judicial. De ahí, entre otros argumentos, que para la inscripción de los bienes 
hereditarios  deba  aportarse,  necesariamente,  dicha  confirmación  o,  en  su  caso,  la 
aprobación judicial de la partición hereditaria (artículo 80.2 del Reglamento Hipotecario)».
5. Alega la recurrente que, en el concreto supuesto, estamos ante un testamento 
particional, por lo que no es necesaria la intervención de los legatarios de legítima 
estricta. Señala la registradora que se ha realizado exclusivamente por le heredera, y en 
consecuencia es precisa la intervención de todos los legitimarios.
Por lo tanto, se trata de determinar si efectivamente estamos ante una partición 
hecha por el testador o ante una partición realizada por la heredera. Para ello, es 
necesario recordar la doctrina reiterada de este Centro Directivo (vid. «Vistos») que 
afirma que es preciso diferenciar la partición propiamente dicha de las llamadas normas 
de la partición. La partición hecha por el testador, propiamente dicha, es aquella en que 
el testador procede a adjudicar directamente los bienes a los herederos, y en buena 
lógica  implicaría  la  realización  de  todas  las  operaciones  particionales  –inventario, 
liquidación, formación de lotes con la adjudicación de los mismos–, mientras que en las 
normas para la partición el testador, se concreta en expresar la voluntad de que cuando 
se lleve a cabo la partición, ciertos bienes se adjudiquen en pago de su haber a ciertos 
herederos que indique.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de septiembre de 1998, ha establecido 
como principio general pero no exento de matizaciones, que para la distinción entre 
partición y operaciones particionales –normas para la partición– «existe una regla de oro 
consistente  en  que  si  el  testador  ha  distribuido  sus  bienes  practicando  todas  las 
operaciones (inventario, avalúo...) hay una verdadera partición hecha por el testador, 
pero cuando no ocurre así, surge la figura de las «normas particionales», a través de las 
cuales el testador se limita a manifestar su voluntad para que en el momento de la 
partición se adjudiquen los bienes en pago de su haber a los herederos que mencione». 
También en este sentido, las Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de septiembre 
de 1993 y 15 de julio de 2006, en las cuales, no son partición los simples ruegos, deseos 
recomendaciones y otras que no supongan adjudicación, hechos por el testador; en este 
caso estaríamos ante normas particionales y no ante una partición hecha por el testador.
La diferencia entre ambos supuestos es muy importante. La simple norma de la 
partición vincula a los herederos, o en su caso, al contador-partidor designado para 
hacerla, en el sentido de que al hacerse la partición habrán de tenerse en cuenta las 
normas dictadas por el testador y adjudicar, siempre que sea posible, al heredero o  es
herederos de que se trate los bienes a que la disposición testamentaria se refiere. Por el  o
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bienes que le hayan sido adjudicados».
Este Centro Directivo también se ha pronunciado, en Resolución de 1 de agosto 
de 2012, que ha sido reiterada por muchas posteriores (vid. «Vistos») en los siguientes 
términos: «Resumidos los antecedentes, procede analizar las distintas cuestiones que se 
plantean en este recurso. La primera cuestión es la de determinar si las asignaciones del 
testador constituyen una partición realizada por el mismo o si, por el contrario, éste se 
limita a establecer normas particionales en el testamento para que luego sean tenidas en 
cuenta  en  la  partición  que  habrían  de  realizar  los  herederos  una  vez  fallecido  el 
causante. La cuestión es fundamental a efectos de determinar el título de adjudicación, 
pues mientras en el primer caso, se trata de una partición que no sólo se pasará por ella, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1056 del Código Civil, sino que confiere la 
propiedad  de  los  bienes  adjudicados  como  cualquier  otra  partición,  conforme  a  lo 
dispuesto en el artículo 1068 del propio Código, mientras que si se tratase de meras 
normas particionales, el título de adjudicación haría tránsito de una pretendida partición 
del testador a una partición que habrían de realizar todos los herederos y no un solo 
grupo de ellos, teniendo en cuenta, eso sí, las normas particionales del testador».
6. Centrados en el supuesto de este expediente, se menciona literalmente en el 
testamento que «lega a sus dos nietos, I. y M. R. L., la legítima individual que por Ley les 
corresponda, y en pago de la misma, o en su caso, mayor porción, les adjudica toda la 
parte  o  derechos  correspondientes  a  la  testadora  en  [relata  una  serie  de  fincas  y 
participaciones en fincas urbanas y rústicas]».
Ciertamente no hay avalúo de los mismos ni se hace la adjudicación definitiva, sino 
que  se  marcan  unas  pautas  para  adjudicar  en  pago  de  la  legítima  estricta.  En 
consecuencia, se ordena un legado de cuota legitimaria asignándose una cosa para el 
pago de la misma. La determinación del alcance de esta cuota, exige un avalúo de todo 
el caudal hereditario. Por tanto, no nos encontramos ante una auténtica partición del 
testador,  por  lo  que  debemos  concluir  en  que  las  menciones  que  se  hacen  en  el 
testamento  son  unas  normas  de  partición.  Así  pues,  siendo  unas  «normas  de  la 
partición» no se produce ninguno de los efectos dichos antes para la partición del 
testador, y, por consiguiente, las operaciones de partición no son complementarias sino 
las  propias  de  la  partición  hecha  por  los  herederos  conforme  los  términos  del 
artículo 1058 del Código Civil. Así pues, sentado que la testadora no hizo la partición por 
no  figurar  ésta  en  el  testamento,  debemos  concluir  en  que  estableció  normas 
particionales  para  hacerla,  y  según  reiterada  doctrina  de  este  Centro  Directivo,  la 
intervención de todos los legitimarios en la partición, es inexcusable.
Así pues, en este supuesto concreto, interviene en la partición solo la heredera y no 
lo hacen los legatarios de legítima estricta ni hay contador-partidor designado. El legado 
que se ha realizado a favor de los legitimarios en pago de su legítima, es un legado de 
su cuota de legítima con asignación de cosa, por lo que para determinar si la cosa que 
se le entrega en pago de su cuota cubre o no su porción legítima, se hace necesario ese 
inventario  y  avalúo  del  caudal  hereditario.  En  consecuencia,  siendo  necesaria  la 
realización de inventario y avalúo a los efectos de determinar su cuota en el haber 
líquido del caudal relicto, debe intervenir en la partición los herederos forzosos en su 
calidad de legitimarios.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la 
calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el  e.e
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las  w.b
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de  90ww
Plaú LbeMliyca aHd, riSpidoo,t feí2ac6 aP rudiaee.n teen Seraon tdiaeg o2.022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe  OE-A-2022-25able en https://