BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Lunes 18 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 127035
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
16929 Resolución,  de  16  de  septiembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación de la registradora de la propiedad interina de Sort, por la que se 
suspende la inscripción de la venta de un edificio refugio que se encuentra en 
una finca registral más amplia consistente en una línea de transporte de 
energía eléctrica.
En el recurso interpuesto por don J. L. F., en nombre y representación de la sociedad 
«Puerto de la Bonaigua, S.L.», contra la nota de calificación de la registradora de la 
Propiedad interina de Sort, doña María Cruz Borlado Palomino, por la que se suspende 
la inscripción de la venta de un edificio refugio que se encuentra en una finca registral 
más amplia consistente en una línea de transporte de energía eléctrica.
Hechos
I
Mediante  escritura,  autorizada  el  día  9  de  febrero  de  2015  por  la  notaria  de 
Barcelona,  doña  Berta  García  Prieto,  la  entidad  «Sociedad  Productora  de  Fuerzas 
Motrices, S.A.», hoy «Endesa, S.A.», vendió a la entidad «Puerto de la Bonaigua, S.L.» 
un edificio refugio destinado al servicio de la línea, que se encontraba dentro de la finca 
registral número 1.044 del Registro de la Propiedad de Sort.
II
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Sort, fue objeto de la 
siguiente nota de calificación:
«Entrada: 2021/537.
Asiento: 665/68.
Notario: Berta García Prieto Notario de Barcelona.
Protocolo: 555.
Fecha documento: 09/02/2015.
De conformidad con los artículos 18, 19 y 19 bis de la Ley Hipotecaria, así como los 
artículos 97 a 102 y 434 del Reglamento Hipotecario, por la presente, pongo en su 
conocimiento  los  defectos  observados  en  la  calificación  registral  del  documento 
relacionado que impiden el acceso del mismo a los libros del Registro, por los siguientes:
Hechos:
Con fecha veintinueve de marzo de dos mil veintiuno se presenta en el Registro de la 
Propiedad  de  Sort  la  escritura  referenciada  anteriormente,  por  la  que  la  entidad 
Productora de Fuerzas Motrices SA, hoy Endesa SA, vende a la entidad Puerto de la  e
Bonaigua SL, un edificio refugio destinado al servicio de la línea, que se encuentra  bo
dentro de la finca registral 1044, sin que se lleve a cabo previamente la operación  929ww
sqreuug eiins Snnteroea  crls eedeiste eaa rrspaieeo gdretralae d dgl aepa focecircóo ltnraor  e dadsedpe mo dlniaincd ihscieatarn laeitfceidci ióafainccu iatcóoconrinói zncnaee cngdiióae sntnie vtae aad. cmdreein d2isi3tter  adltaeiv  aaau bdtroeilr  isdzeaegc 2iróe0ng1 a8dc,e ió rlenas  opv eeencnttoa s  oau    OE-A-2021-16able en https://
caso declaración de innecesariedad, con la representación gráfica georreferenciada de 
los vértices de la porción segregada.
Fundamentos de Derecho:
– Artículos 9, 10 LH y Artículo 31 RH.
– Artículo 26 de la Ley del Suelo de 2015.
– Artículo 187 decreto legislativo 1/2010 de 3 de agosto por el que se aprueba el 
Texto Refundico [sic] de la Ley de Urbanismo.
La anterior nota de calificación negativa podrá (…).
Sort, a 21 de abril de 2021. Este documento ha sido firmado con firma electrónica 
reconocida por María Cruz Borlado Palomino.»
III
Contra la anterior nota calificación, don J. L. F., en nombre y representación de la 
sociedad «Puerto de la Bonaigua, S.L.», interpuso recurso el día 17 de junio de 2021 
mediante  escrito,  que  parecía  dirigido  a  la  «Direcció  General  de  Dret  i  D’entitats 
Juridiques. Departament de Justícia» de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pero 
presentado ante el Ministerio de Justicia, en los siguientes términos:
«I.  (…)
II.  Que  considerando  que  la  calificación  negativa  infringe  lo  previsto  en  el 
artículo 187 del Texto refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto (TRLUC), en relación a los artículos 191 a 193 del 
mismo y normas de desarrollo reglamentario, y éstos en relación con lo previsto en el 
artículo 26.1 del Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TRLS) y los artículos 31 y 44, 
ordinado 4.º, del Reglamento Hipotecario (RH).
III.  Que se considera como órgano directivo competente para el conocimiento y 
resolución del presente recurso la “Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques” 
integrado  en  el  Departament  de  Justícia  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  por 
fundamentarse, de forma exclusiva o junto con otros motivos, en una infracción de la [sic] 
normas  de  derecho  autonómica  catalán,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ley 
catalana, 4/2005, de 8 de abril.
IV.  Que el recurso se fundamenta en los siguientes
Motivos:
Primero.  Se deniega la inscripción de la escritura de compraventa presentada en el 
Registro de la Propiedad de Sort por considerarse que adolece del siguiente defecto:
“Se reitera el defecto de la calificación negativa de 23 de abril de 2018, respecto a 
que no se aporta la correspondiente autorización administrativa de segregación o en su 
caso declaración de innecesariedad, con la representación gráfica georreferenciada de 
los vértices de la porción segregada.”
El defecto se fundamenta en las siguientes normas, relacionadas en los fundamentos 
de derecho de la nota de calificación impugnada: es
“– Artículos 9, 10 LH y Artículo 31 RH. w.
– Artículo 26 de la Ley del Suelo de 2015. 929ww
Text–o  RAertfíucnudloid 1o8 d7e  dlae cLreeyto d ele gUirsblaatnivisom 1o/2.”010 de 3 de agosto por el que se aprueba el
Como se ha indicado en la transcripción del defecto, la nota de calificación ahora 
impugnada se refiere expresamente a otra nota de calificación negativa anterior, emitida 
el día 23/04/2018 (…).
Segundo.  Según  la  nota  de  calificación  impugnada,  el  defecto  que  motiva  la 
denegación de la inscripción se fundamenta única y exclusivamente en la falta de 
aportación junto al título a inscribir de la autorización administrativa de segregación –o su 
innecesariedad– a que se refiere el artículo 187 TRLUC, cuyo apartado 1.º, letra b), 
indica que están sujetas a licencia urbanística “b) Las parcelaciones urbanísticas.”
La definición de qué debe entenderse por “parcelación urbanística” está contenida en 
el artículo 191.1 TRLUC, cuya letra a) sería la aplicable a supuestos de “segregación”, 
como un tipo de “parcelación”, precepto que dice:
“1.  Se entiende por parcelación urbanística:
Toda división simultánea o segregación sucesiva de terrenos en dos o más lotes, en 
cualquier clase de suelo, que, en razón de las características físicas de los terrenos, de 
la delimitación de éstos por viales existentes o de nueva creación, de la implantación de 
servicios o de la edificabilidad descrita por la operación de división, facilite o tenga por 
finalidad facilitar la construcción de edificaciones o de instalaciones para destinarlas a 
usos urbanos”.
Como puede observarse, el precepto trata a las operaciones de “parcelación” como 
actuaciones de “división” o “segregación” de “terrenos”, es decir, de una porción física de 
suelo, de modo que el terreno originario se vería alterado po [sic]
Siguiendo esta  definición,  el  resultado  de una  operación de “parcelación” es la 
formación  física  de  “parcelas”,  en  la  definición  que  del  concepto  “parcela”  da  el 
artículo 26.1, letra b), del TRLS, norma de carácter básico, cuando dice que constituye 
“parcela: la unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que 
tenga atribuida edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente”, de modo que 
dicha “unidad de suelo” constituirá a su vez finca en los términos de la letra a) del mismo 
artículo, y como se indica en la mención final de éste tendrá la consideración de “finca 
registral” “cuando, conforme a la legislación hipotecaria, pueda abrir folio en el Registro 
de la Propiedad”.
De modo que, según las legislaciones de suelo y urbanística, toda porción física de 
terreno que se segregue de una finca preexistente y que cuente con autorización de 
parcelación (o su innecesariedad) constituirá una parcela y a su vez si causa inscripción 
constituirá una finca registral, pero no toda finca registral constituirá a su vez una 
parcela, porque la legislación hipotecaria permite que cause inscripción una “finca” que 
no constituyan a su vez en puridad una “parcela”, como sería el caso del derecho de 
aprovechamiento urbanístico o las concesiones administrativas.
Tercero.  En este sentido, entendemos que la finca registral n.º 1044 de Sorpe, que 
tendría la consideración de finca matriz respecto de la operación dominical objeto de 
inscripción, se trata de una concesión administrativa, y no se trata en puridad de una 
parcela a los efectos de la legislación urbanística, sino de un conjunto de bienes y 
derechos que tienen la condición de “explotación industrial” destinada a la distribución de 
energía eléctrica que tiene su origen en una concesión administrativa, en los términos 
del artículo 67 RH.
La nota de calificación impugnada trata a la finca registral n.º 1044 de Sorpe como si 
a efectos urbanísticos se tratara de una porción de suelo físico que constituye una  s
“parcela”, de la cual la edificación objeto de la escritura de compraventa que se pretende  oe.
ndcinouesreccrlveraiasbra piprco aicnórodcnnei edslantei tt yeuin  ifrnaiínaecc ctauue nasaaca i erópifeneod crcaatoiddós)mn. r iedngeisi sttretarratrilveeans o, d yae  p sfoeisrg ceraelllogiz aaercxsiieóg nefí  sldaice na empcaeerncsteiedl aapcdai ordane e ccsoo nn(slitctaietru ncirco iunan  laoa    2021-16929n https://www.
La inscripción de la finca registral n.º 1044 de Sorpe se practicó como una concesión
administrativa al amparo de los artículos 43 y 57-5.º del Reglamento Hipotecario de 1915
(Gaceta n.º 227), que equivaldrían a los artículos 31 y 44.sexto del vigente RH, al que se 
tendría que añadir el artículo 67 RH (modificado por el Real Decreto 3125/1982, de 12 de 
noviembre)  específicamente  dirigido  a  las  inscripciones  “en  hoja  especial”  de  “las 
explotaciones industriales destinadas a la producción o distribución de energía eléctrica 
que disfruten de la correspondiente concesión administrativa”, en este caso se trata de 
una  línea  de  transporte  de  energía  eléctrica  establecida  mediante  concesión  de  la 
Administración competente en la materia.
En este sentido, la operación tendría que inscribirse sin necesidad de ningún acto de 
fiscalización por la Administración urbanística competente, por cuanto la finca inscrita 
constituye una línea de transporte de energía eléctrica que disfruta de una concesión 
administrativa, y no de una porción de terreno o suelo como espacio físico que constituya 
una parcela, y el edificio vinculado que se describe en la inscripción de la finca registral 
n.º 1044 de Sorpe como “un edificio destinado a servicio de la línea”, que en los términos 
del artículo 67 RH constituye un “elemento de la explotación”, y que en sí mismo ya 
constituye una porción de terreno separado o autónomo respecto de la línea eléctrica, 
que  por  naturaleza  no  constituye  una  porción  de  terreno  que  pueda  tener  la 
consideración de parcela, sino una servidumbre legal de paso de energía eléctrica que la 
legislación eléctrica reconoce.
Y todo ello al amparo de lo previsto en el artículo 31 RH, cuyo párrafo 5.º indica que 
“Cuando resultasen parcelas o fincas sobrantes de una concesión y no deban revertir al 
concedente, el concesionario podrá hacer constar en el Registro aquella circunstancia y 
su desafectación de la concesión mediante certificación librada por el Organismo que 
otorgó la concesión, en la que se exprese la fecha de la resolución que haya declarado 
la desafectación, la circunstancia de no haber lugar a la reversión y el derecho del 
concesionario a disponer libremente de la finca.”
Precisamente la ausencia de la autorización de desafectación del edificio objeto de 
compraventa por parte de la Administración competente a que se refiere el artículo 31 
RH, párrafo 5.º, motivó que en la nota de calificación negativa emitida con anterioridad el 
día 23/04/2018 (…) se indicara ese defecto, el cual ahora no ha sido apreciado por 
haberse aportado junto al título a calificar la resolución emitida en fecha 17/08/2020 por 
el  Jefe  de  la  Sección  de  Actividades  Radioactivas  y  Extractivas  y  Energía  de  los 
Servicios Territoriales a Lleida del Departamento de Empresa y Conocimiento de la 
Generalitat de Catalunya, que declara expresamente la innecesariedad de autorización 
administrativa para llevar a cabo la enajenación del edificio objeto de compraventa (acto 
administrativa [sic] aportado en copia auténtica con código seguro de verificación, CSV, 
n.º […]).
Con la obtención de la citada declaración de innecesariedad de autorización de 
enajenación por parte de la Administración sectorial competente en materia de líneas 
eléctricas, entendemos que se han cumplido los requisitos exigibles para practicar la 
segregación del edificio objeto de enajenación, no en cuanto a porción de terreno que se 
segrega de una porción de terreno mayor, sino de un “elemento de la explotación” 
inscrita como concesión administrativa del que se separa como elemento desafectado de 
la misma.
Cuarto.  A mayor abundamiento, y sin perjuicio de lo anterior, para el caso de que se 
constate la necesidad de contar la operación objeto de inscripción con la autorización 
administrativa de parcelación en los términos del artículo 187.1-b), en relación con el 
artículo 193, ambos del TRLUC (o su declaración de innecesariedad), invocamos la 
improcedencia de su exigencia en el caso concreto a tenor de la doctrina del acceso al  s
Registro de la Propiedad los actos de segregación por antigüedad, contenida, entre  oe.
otras, en la reciente resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe  w.
Pública de 19/10/2020 (BOE n.º 291 del día 04/11/2020, páginas 95953 a 95963). 929ww
inscEribni re csoten sctaas od,a dcao ndseta a cltoam eon  lae l eCdaifticaasctrioó nd eo brjúestoti cdae c loam eon apjaerncaeclaió nin dqeupee sned ipernetete ncodne 
referencia catastral 25299A003006380001JO, y a tal efecto se acompañó junto al título
inscribible  la  certificación  catastral  descriptiva  y  gráfica,  a  los  efecto  [sic]  de  los 
artículos 9, letras a) y b), 198 y 199 de Ley Hipotecaria.
En este sentido, en la citada certificación catastral se expresa que la edificación data 
de 1920, y según el título inscrito se corresponde con “edificio destinado a servicio de la 
línea sito en este término de Sorpe, de superficie dieciocho metros de largo por trece de 
ancho”,  lo  que  significa  que  la  porción  de  terreno  ocupada  por  esta  edificación, 
constituye  una  porción  segregada  respecto  de  los  terrenos  circundantes  que  vino 
propiciada por el otorgamiento en su día de la concesión administrativa de implantación 
de la línea eléctrica y el edificio en cuestión como “elemento de la explotación” a que se 
refiere el actual artículo 67 RH, y como parcela sobrante de la concesión que no deba 
revertir a la Administración concedente según el artículo 31 RH, último párrafo.
Por ello consideramos de aplicación la doctrina contenida en la citada resolución de 
la DGSJFP, y otras que se citan, cuando expresa lo siguiente:
“Este último caso de parcelaciones de cierta antigüedad, según se razona, presenta 
semejanzas con la situación jurídica en que se encuentran las edificaciones que acceden 
registralmente por la vía del artículo 28.4 de la actual Ley de Suelo que, como prevé el 
propio precepto, no requiere previa declaración municipal, mas no pueden equipararse 
completamente, dada la realidad fáctica que presenta la edificación existente, acreditada 
por certificación técnica, municipal o acta notarial, que por sí demuestra la no ejecución 
de medidas de restablecimiento de legalidad urbanística y el carácter eminentemente 
jurídico de la división o segregación, carente en principio de tal apariencia, y que pudo 
motivar ya un pronunciamiento expreso de la Administración descartando la incidencia 
de los plazos de restablecimiento de legalidad, sin que pueda constatarse a efectos 
registrales.
Por ello, la aplicación analógica del artículo 28.4 de la Ley de Suelo a los actos de 
división  o  segregación  debe  ser  matizada  diferenciando  entre  los  actos  relativos  a 
edificaciones o elementos integrantes de edificaciones y los actos afectantes al suelo, la 
parcelación propiamente dicha.
Son estos últimos a los que se refiere la doctrina de la Resolución de 17 de octubre 
de 2014, seguida por las de 5 y 26 de mayo de 2015 y la más reciente de 19 de febrero 
de 2018, en el sentido de que para inscribir escrituras públicas de división o segregación 
de fincas es preciso acreditar a los efectos del artículo 26 de la Ley estatal de Suelo 
norma  registral  temporalmente  aplicable-  la  oportuna  licencia  o  declaración  de 
innecesariedad  o,  para  el  supuesto  de  parcelaciones  de  antigüedad  acreditada 
fehacientemente, podrá estimarse suficiente, como título administrativo habilitante de la 
inscripción,  la  declaración  administrativa  municipal  del  transcurso  de  los  plazos  de 
restablecimiento de legalidad o su situación de fuera de ordenación o similar, conforme a 
la respectiva normativa de aplicación, por lo que así debe entenderse la aplicación 
analógica matizada del artículo 28.4 de la Ley de Suelo.”
En consecuencia, consideramos que, en atención a la doctrina expuesta, aplicable al 
presente  caso,  implica  la  innecesaridad  de  exigir  acreditar  el  otorgamiento  de  la 
correspondiente autorización administrativa de segregación conforme a la legislación 
urbanística (o su declaración expresa de innecesariedad).
Quinto.  Por  último,  y  respecto  de  la  aportación  de  la  representación  gráfica 
georreferencia de los vértices de la porción segregada que exige la nota de calificación 
negativa: tratándose según el título que el objeto de enajenación es el edificio de 
constante referencia sin porción de terreno no ocupada por la edificación, resulta que  e
existe una total coincidencia entre la porción segregada y la edificación declarada, de  bo
modo que los vértices georreferenciados de la ocupación de la edificación que constan  929ww
idnec osrupeolora odbojse teon d eel  iCnsactarisptcrioó,n s ceorámno a p osurc ivóenz  sleogs rveégratidcae sd eg elao rfrinecfear emnactiraizd.os de la porción
georPreofre reenllcoi adsae  dec olan spidoercriaó n idnen etecerrseanroio  seegxreiggira dala  cucaonndsot alan cmiai smdae  yala c odnesstac rdipec ilóons 
datos incorporados en el Catastro respecto de la ocupación de la edificación dada de alta
como parcela con referencia independiente, al ser coincidente la descripción de ésta con 
la porción de terreno sobre el que se asienta objeto de segregación.»
IV
Mediante escrito, la registradora de la Propiedad se ratificó en su calificación, emitió 
informe y remitió el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, 20, 29 y 98 de la Ley Hipotecaria; 31 y 60 y siguientes del 
Reglamento Hipotecario; 26 y 28 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; 192 
y 193 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de urbanismo; la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de 
enero de 2014 en el recurso de inconstitucionalidad número 107/2010; la Resolución 
de 26 de octubre de 2015, conjunta de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado y de la Dirección General del Catastro, por la que se regulan los requisitos 
técnicos para el intercambio de información entre el Catastro y los Registros de la 
Propiedad, y la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 19 de febrero de 2018 y las en ella citadas.
1.  El  presente  expediente  tiene  por  objeto  la  inscripción  de  una  escritura  de 
elevación a público de documento privado, por la que la entidad «Endesa, S.A.» vende a 
la mercantil «Puerto de la Bonaigua, S.L.» un edificio-refugio que forma parte, según se 
manifiesta en la escritura, de una concesión administrativa.
Son circunstancias a tener en cuenta en la resolución del presente expediente, las 
siguientes:
– La finca registral 1.044 se describe de la siguiente forma: «Urbana: Línea de 
Transporte de energía eléctrica desde la Central de Cledes, en término municipal de Les 
a Pobla de Segur, comenzando en el poste transformador emplazado junto a aquella en 
el cual aparecen instalados los aparatos que se especifican en la inscripción primordial y 
siguiendo la salida de la línea, de las condiciones técnicas que en la primordial resultan 
especificadas. La línea tiene una capacidad transformadora hasta quince mil kilovoltios y 
por cada circuito y una longitud de ciento un kilómetros siguiendo en general la carretera 
de Balaguer a la frontera francesa, de esta forma: Desde Cledes hasta la torre ciento 
noventa y uno, kilómetros treinta y dos, marcha paralela al río Garona, sube luego en 
acusada pendiente hasta el puerto de la Bonaigua, torre doscientos once, kilómetro 
treinta y cuatro y después se ajusta al curso de los ríos Bonaigua y Noguera Pallaresa 
hasta la Pobla de Segur. Atraviesa en total, esta y treinta términos municipales más 
correspondiendo al presente una extensión aproximada de línea de ocho mil cuarenta 
metros. Asimismo, atraviesa determinados montes de utilidad pública y uno poseído 
proindiviso por particulares y un terreno en iguales condiciones, correspondiendo a este 
término municipal los montes “Port de la Bonaigua”, en parte, “Boscos, Solana de 
Boixos, Pinara y Pineda” “Jorda, Coma, Jorda Puig propios de Sorpe, el primero también 
propio de otros municipios. Aneja a la línea va otra de comunicación telefónica sistema 
de alta frecuencia por ondas dirigidas con estaciones en Cledes, Puerto de la Bonaigua y 
Pobla de Segur, encontrándose instalada la segunda en un edificio destinado a servicio  es
de la línea sito en este término de Sorpe, de superficie dieciocho metros de largo por  o
nntSrúoe.Amtca.e–»er  i rodvEo ee n d5na e5dlna 5ec  B hedyoas et»rc rc.rpaeitrnuloosrtmnaoa citd,oe el oda ,oe  «sñlePeav  uaeeBclerietóvornat a d a ae  G plpaaúú rbBbcllioíicacno oa  Peidgrl euied atodo, co,Su c.mduLem.e» ne fltnaeot c ocph arapisv raai9v-dr aeoddf uoepg  oaifroeu  ebtqolr ureqeizru oase de d«a deE ea nsn2dct0eer1is b5aee,,l     OE-A-2021-16929able en https://www.
de la siguiente forma: «Las partes manifiestan que en el interior de la finca reseñada con
anterioridad, se encuentra un edificio-refugio compuesto de dos plantas y una buhardilla, 
grafiado en el plano que difusa anexo en el contrato al que con posterioridad se hará 
mención, calificado como edificio destinado al servicio de la línea eléctrica como taller y 
refugio de las brigadas».
La  registradora  suspende  la  inscripción  de  la  venta  del  edificio  refugio  que  se 
encuentra dentro de la finca registral 1.044 de Sorpe por no aportase la correspondiente 
autorización administrativa de segregación o, en su caso, declaración de innecesariedad, 
con la representación gráfica georreferenciada de los vértices de la porción segregada.
La entidad compradora recurre alegando, resumidamente:
– Que  la  operación  tendría  que  inscribirse  sin  necesidad  de  ningún  acto  de 
fiscalización por la Administración urbanística competente, por cuanto la finca inscrita 
constituye una línea de transporte de energía eléctrica que disfruta de una concesión 
administrativa, y el edificio vinculado que se describe en la inscripción de la finca registral 
número 1.044 de Sorpe como «un edificio destinado a servicio de la línea», es un 
«elemento de la explotación» y que en sí mismo ya constituye una porción de terreno 
separado o autónomo respecto de la línea eléctrica” y que con la obtención de la 
declaración  de  innecesariedad  de  autorización  de  enajenación  por  parte  de  la 
Administración sectorial competente en materia de líneas eléctricas se han cumplido los 
requisitos exigibles para practicar la segregación del edificio objeto de enajenación como 
elemento desafectado de la concesión.
– Subsidiariamente, para el caso de que se constate la necesidad autorización 
administrativa  de  parcelación  o  su  declaración  de  innecesariedad,  invoca  la 
improcedencia de su exigencia en el caso concreto a tenor de la doctrina del acceso al 
Registro de la Propiedad los actos de segregación por antigüedad porque la edificación 
objeto de la enajenación que se pretende inscribir consta dada de alta en el Catastro de 
rústica  como  parcela  independiente  con  referencia  catastral  propia  y  en  la  citada 
certificación catastral se expresa que la edificación data de 1920, de modo que, en 
aplicación analógica matizada del artículo 28.4 de la Ley de Suelo, podrá estimarse 
suficiente,  como  título  administrativo  habilitante  de  la  inscripción,  la  declaración 
administrativa municipal del transcurso de los plazos de restablecimiento de legalidad o 
su situación de fuera de ordenación o similar.
– Y,  finalmente,  alega  «los  vértices  georreferenciados  de  la  ocupación  de  la 
edificación  que  constan  incorporados  en  el  Catastro,  serán  a  su  vez  los  vértices 
georreferenciados de la porción de suelo objeto de inscripción como porción segregada 
de la finca matriz».
2.  Como cuestión previa, de orden competencial, debe tenerse en cuenta que el 
recurrente, tanto en el encabezado como en el suplico de su recurso, y conforme a la 
motivación  jurídica  que  esgrime,  dirige  su  recurso  a  la  Direcció  General  de  Dret  i 
D’entitats Juridiques. Departament de Justícia, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, 
a la que considera competente «por fundamentarse, de forma exclusiva o junto con otros 
motivos, en una infracción de la norma de derecho autonómica catalán, de conformidad 
con lo previsto en la Ley catalana, 4/2005, de 8 de abril».
Sin embargo, el recurso lo presenta ante el Ministerio de Justicia.
Todo ello obliga a analizar y determinar previamente cuál sea el órgano competente 
para su resolución.
A tal efecto, como se expresó en la Resolución 29 de agosto de 2019, de la Dirección  s
General de los Registros y del Notariado, «la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16  oe.
cdddoeeenll   teEprnasree talcraode  oLpd,et oeqy   ucc2eoa0 mtn1ao4pla  epnetueanen  5dce/ei2la  0slr e0eec9rs u mtearsnetuotnet oandsrdeicoi aó ib cnqaocudnoeasn t stiatotui dtpyuoaec r ilotocirn o nadmoleidp  ilaenadtc ec lunonicmdúioamp  eeeetrnxeo cn llocu1sis0a i7 tvéd/a2re m0 el1ai n0 ioCn sdop imlseapsnuottnreniicdaibtadoldeos     2021-16929n https://www.
Autónoma para la conservación, modificación y desarrollo de su Derecho civil propio, aun
cuando hubiera sido objeto de regulación en el Derecho civil catalán; por lo que se
concluye  que  la  competencia  para  resolver  recursos  mixtos,  es  decir,  basados  en 
cuestiones específicas de derecho catalán comprendiendo, además, otras cuestiones de 
derecho común u otro tipo de derecho –registral, consumo, etc.–, corresponde a esta 
Dirección General de los Registros y del Notariado. Por tanto, cuando las calificaciones 
impugnadas o los recursos se fundamenten, de forma exclusiva, en normas de Derecho 
catalán o en su infracción, los registradores deberán remitir el expediente formado a la 
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de Cataluña, aun cuando se hayan 
interpuesto  ante  esta  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado.  Por  el 
contrario, cuando la calificación impugnada o los recursos se fundamenten, además, o 
exclusivamente, en otras normas o en motivos ajenos al Derecho catalán, como es el 
caso presente, el registrador deberá dar al recurso la tramitación prevista en la Ley 
Hipotecaria y remitir el expediente formado a esta Dirección General de los Registros y 
del Notariado en cumplimiento del artículo 324 de la Ley Hipotecaria».
En el caso que ahora nos ocupa, el recurso no se fundamenta de forma exclusiva en 
normas de Derecho catalán o en su infracción, sino que también invoca normas de 
Derecho estatal, por lo que tratándose de un «recurso mixto», la competencia para 
resolverlo corresponde al Estado a través de esta Dirección General.
3.  El artículo 334 del Código Civil en su apartado décimo califica como bienes 
inmuebles «las concesiones administrativas de obras públicas y las servidumbres y 
demás derechos reales sobre bienes inmuebles».
La posibilidad de inscribir la concesión administrativa como bien inmueble, en sí 
misma considerada, viene prevista en el artículo 31 del Reglamento Hipotecario al 
determinar que «las concesiones administrativas que afecten o recaigan sobre bienes 
inmuebles, se inscribirán a favor del concesionario con la extensión y condiciones que 
resulten del título correspondiente».
Como resulta del precepto, deben afectar o recaer sobre bienes inmuebles, por lo 
que se excluyen las concesiones de servicios públicos, que se califican en el artículo 336 
del Código Civil como bienes muebles.
La concesión administrativa regulada en el artículo 31 del Reglamento Hipotecario 
constituye lo que se suele denominar como una «finca especial» que abre folio registral. 
Constituye en sí misma una finca registral, diferente de los inmuebles sobre las que 
recaiga.
El artículo 67 del Reglamento Hipotecario prevé que «las explotaciones industriales 
destinadas  a  la  producción  o  distribución  de  energía  eléctrica  que  disfruten  de  la 
correspondiente concesión administrativa se inscribirán en hoja especial, y bajo un solo 
número, conforme al artículo 31. Bajo el mismo número se expresarán las concesiones, 
presas,  pantanos  o  saltos  de  agua  que  exploten  o  les  pertenezcan;  las  centrales 
térmicas  o  hidráulicas  de  que  dispongan;  las  líneas  aéreas  o  subterráneas  de 
transmisión o distribución de corriente y sus características; las casetas distribuidoras o 
transformadoras y demás elementos de la explotación, así como las servidumbres de 
paso de energía establecidas voluntaria o forzosamente y las autorizaciones, permisos o 
licencias que se disfruten para la explotación, con arreglo a las Leyes y Reglamentos 
administrativos sobre la materia. Si las diversas suertes de tierra estuvieren situadas en 
territorio de dos o más Registros, se hará una inscripción principal en aquél en que 
estuviere situada la central productora y distribuidora, e inscripciones de referencia en 
los demás, observándose en cuanto fuera posible lo dispuesto en el artículo 62».
Debe, en este sentido, diferenciarse la finca registral que constituye la concesión 
administrativa, de las fincas registrales constituidas por los inmuebles adquiridos por el  s
concesionario. oe.
A  estas  fincas  se  refiere  el  apartado  segundo  del  artículo  31  del  Reglamento  w.
Hipotecario cuando dispone que «la adquisición por expropiación forzosa o por cualquier  929ww
ointsroc rtibítiurálo  ad efa vfionrc adse lo c odnecreecshioonsa irnios,c hriatocsié qnudeo shea cyoanns qtaure edna dlaos a ifnescctorisp caio lnae cso rnecsepseicótniv ases 
msua ragfeincatal. cTióanm, byi éenn  slae  ihnasrcár ipccoinósnt adre e lna  lcaosn cinessciórinp cliao ninecso ryp onroatacisó nm daerg ainqauleésll orse,s ppoerc tnivoatas   BOE-A-cable e
que las fincas incorporadas quedan gravadas con las cargas a que esté sujeta o se 
sujete en el futuro la concesión. Sobre las fincas o derechos inscritos afectos a una 
concesión no se podrán inscribir otras cargas o gravámenes que los que recaigan sobre 
ésta  y  hayan  sido  autorizados  por  la  Administración  concedente»  (cfr.,  igualmente, 
artículos 60 y siguientes del Reglamento Hipotecario, según redacción dada por Decreto 
de 14 de febrero de 1947).
El  artículo  61  del  Reglamento  Hipotecario  regula  el  título  inscribible,  las 
circunstancias de la inscripción y la forma de practicarse la inscripción, posibilitando una 
inscripción principal en el punto de arranque e inscripciones concisas en los demás 
términos municipales por donde pueda discurrir la concesión, pero siempre entendido 
que se refiere a la inscripción de la concesión.
Por el contrario, la inscripción de las fincas adquiridas por el concesionario se regula 
en el artículo 31 en la forma antes expuesta.
Además, siendo la concesión administrativa un derecho temporal, el Reglamento 
Hipotecario dedica algunas disposiciones a la cancelación de la concesión y el destino 
de las fincas del concesionario.
Así, el artículo 31 dispone: «Extinguida la concesión, si las fincas deben revertir a la 
Administración concedente, se inscribirán a favor de ésta, cancelándose los asientos 
contradictorios, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 175. Cuando resultasen 
parcelas o fincas sobrantes de una concesión y no deban revertir al concedente, el 
concesionario  podrá  hacer  constar  en  el  Registro  aquella  circunstancia  y  su 
desafectación de la concesión mediante certificación librada por el Organismo que otorgó 
la concesión, en la que se exprese la fecha de la resolución que haya declarado la 
desafectación,  la  circunstancia  de  no  haber  lugar  a  la  reversión  y  el  derecho  del 
concesionario a disponer libremente de la finca. Si la parcela o finca hubiese sido 
adquirida en virtud de expropiación forzosa, la constancia registral de la desafectación no 
perjudicará el derecho de reversión que asista al propietario expropiado, y en caso de 
practicarse segregación, se hará constar en la nueva inscripción la adquisición originaria 
por expropiación».
4.  En el presente expediente consta inscrita una concesión administrativa, siendo la 
finca principal la inscrita en el Registro de la Propiedad de Vielha, e inscripción de 
referencia la practicada en el Registro de la Propiedad de Sort.
No consta en el expediente, por el contrario, que el edificio-refugio esté inmatriculado 
como  finca  registral  afecta  a  la  concesión,  por  lo  que  para  poder  practicarse  la 
inscripción de la compraventa será preciso que con carácter previo se inmatricule dicha 
finca  a  favor  del  concesionario,  como  integrante  de  la  concesión,  cumpliendo  la 
normativa registral general y la contenida en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como en las normas reguladoras del 
título de la concesión, según exige el principio de tracto sucesivo (artículo 20 de la Ley 
Hipotecaria). Solo en tal caso, una vez inmatriculada separadamente como integrante de 
la  concesión,  la  inscripción  de  la  compraventa  no  requeriría  licencia  administrativa 
urbanística.
Ciertamente en la inscripción de la concesión consta lo siguiente: «Aneja a la línea 
va otra de comunicación telefónica sistema de alta frecuencia por ondas dirigidas con 
estaciones en Cledes, Puerto de la Bonaigua y Pobla de Segur, encontrándose instalada 
la segunda en un edificio destinado a servicio de la línea sito en este término de Sorpe, 
de  superficie  dieciocho  metros  de  largo  por  trece  de  ancho».  Sin  embargo,  esta 
descripción debe considerarse a efectos registrales como una mera mención (artículo 29  s
y 98 de la Ley Hipotecaria), ya que no consta la inscripción separada y especial como  oe.
finca afecta a la concesión, en los términos del artículo 31 del Reglamento Hipotecario,  w.
según ha quedado expuesto. 929ww
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y
confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 16 de septiembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.