BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 158 Viernes 5 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 37876
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
5748 Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la 
Intervención  General  de  la  Administración  del  Estado,  sobre  cesión  de 
información.
El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Interventor 
General de la Administración del Estado, han suscrito un Convenio sobre cesión de 
información.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anejo a la 
presente Resolución.
Madrid, 26 de mayo de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEJO
Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Intervención 
General de la Administración del Estado sobre cesión de información
23 de abril de 2020.
REUNIDOS
De una parte, don Andrés Harto Martínez, Director General de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, nombrado mediante Real Decreto 132/2020, de 21 de enero 
(BOE de 22 de enero) actuando en virtud de lo establecido en el artículo 48.2 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y artículos 1 y 3 
del Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y 
competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social.
De otra parte, don Pablo Arellano Pardo, nombrado por el Real Decreto 618/2018, 
de 22 de junio (BOE n.º 152, de 23 de junio), en el ámbito de las funciones previstas en 
artículo 13.1.l) del Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda, que actúa, por delegación en 
virtud del artículo 7.2 de la Orden HAC/316/2019, de 12 de marzo, de delegación de 
competencias  y  por  la  que  se  fijan  los  límites  de  las  competencias  de  gestión 
presupuestaria y concesión de subvenciones y ayudas de los titulares de las Secretarías 
de Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las  partes  se  reconocen  con  capacidad  suficiente  para  suscribir  el  presente  s
Convenio y a tal efecto oe.
1.  La Tesorería General de la SegEuXriPdaOdN SEoNcial (en adelante TGSS) está adscrita a
lSao cSieacl reyt aMríaig rdaec ioEnsetasd. o Edse  ulan  SSeegruvriicdiaod  CSoomciúanl  ddeel  Mlain isSteergiou riddea dI ncSluosciióanl , dSoetagduori ddaed   BOE-A-cable e
personalidad jurídica propia, al que le compete la gestión de los recursos económicos y 
la administración financiera del sistema, en aplicación de los principios de solidaridad 
financiera y de caja única.
2.  El Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y 
competencias de la TGSS, atribuye en su artículo 1.a) las competencias en materia de 
inscripción de empresas y la afiliación, altas y bajas de los trabajadores, y en el 1.b) la 
gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas y demás recursos de 
financiación del sistema de la Seguridad Social, materias reguladas posteriormente por 
el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas y bajas de los 
trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de 
enero, por el Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la 
Seguridad Social aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre y por el 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de julio.
3.  Conforme el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales «El tratamiento de 
datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación 
legal  exigible  al  responsable,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  6.1.c)  del 
Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión 
Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales 
del  tratamiento  y  los  tipos  de  datos  objeto  del  mismo  así  como  las  cesiones  que 
procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma 
podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción 
de  medidas  adicionales  de  seguridad  u  otras  establecidas  en  el  capítulo  IV  del 
Reglamento (UE) 2016/679».
Además, el artículo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público regula expresamente la transmisión de datos entre administraciones 
públicas en desarrollo del artículo 3.1.k) de la propia Ley 40/2015.
4.  El artículo 77, punto 1.º, del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
establece que «los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la 
Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones tienen carácter reservado y solo podrán 
utilizarse para los fines encomendados a las distintas entidades gestoras y servicios 
comunes de la Seguridad Social, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, 
salvo  que  la  cesión  o  comunicación  tengan  por  objeto,  entre  otros  supuestos,  los 
recogidos en el apartado d) «la colaboración con cualesquiera otras Administraciones 
Públicas para la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o 
subvenciones a cargo de fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, así como 
en la obtención o percepción de prestaciones incompatibles en los distintos Regímenes 
del Sistema de la Seguridad Social».
5.  La Intervención General de la Administración del Estado (en adelante IGAE) es 
un  órgano  adscrito  a  la  Subsecretaría  del  Ministerio  de  Hacienda,  con  rango  de 
Subsecretaría, tal y como señala el Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda.
Dentro de las funciones y competencias que lleva a cabo la IGAE se encuentra el 
ejercer, en virtud de lo establecido en el artículo 141 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre,  General  Presupuestaria,  el  control  sobre  entidades  colaboradoras  y 
beneficiarias de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos del sector público  s
estatal y de los financiados con cargo a fondos comunitarios de acuerdo a lo establecido  oe.
en la Ley General de Subvenciones y en la normativa comunitaria. w.
A este respecto, el título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de  48ww
SubEvel nacrtiíocnuelos  4re4g duela l ae lL ceoyn Gtroeln feinraaln dceie Srou dbeve lansc iosunbevse ensctiaobnleesc.e:
«1.  El control financiero de subvenciones se ejercerá respecto de beneficiarios y, en
su caso, entidades colaboradoras por razón de las subvenciones de la Administración
General del Estado y organismos y entidades vinculados o dependientes de aquélla, 
otorgadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o a los fondos de la Unión 
Europea.
2.  El control financiero de subvenciones tendrá como objeto verificar:
a)  La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.
b)  El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus 
obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención.
c)  La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y 
entidades colaboradoras.
d)  La  realidad  y  la  regularidad  de  las  operaciones  que,  de  acuerdo  con  la 
justificación  presentada  por  beneficiarios  y  entidades  colaboradoras,  han  sido 
financiadas con la subvención.
e)  La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los 
términos establecidos en el apartado 3 del artículo 19 de esta Ley.
f)  La  existencia  de  hechos,  circunstancias  o  situaciones  no  declaradas  a  la 
Administración por beneficiarios y entidades colaboradoras y que pudieran afectar a la 
financiación de las actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, 
utilización, disfrute o justificación de la subvención, así como a la realidad y regularidad 
de las operaciones con ella financiadas.
3.  La  competencia  para  el  ejercicio  del  control  financiero  de  subvenciones 
corresponderá a la Intervención General de la Administración del Estado, sin perjuicio de 
las funciones que la Constitución y las Leyes atribuyan al Tribunal de Cuentas y de lo 
dispuesto en el artículo 6 de esta Ley.
4.  El control financiero de subvenciones podrá consistir en:
a)  El  examen  de  registros  contables,  cuentas  o  estados  financieros  y  la 
documentación que los soporte, de beneficiarios y entidades colaboradoras.
b)  El  examen  de  operaciones  individualizadas  y  concretas  relacionadas  o  que 
pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
c)  La comprobación de aspectos  parciales y  concretos  de una serie de actos 
relacionados o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
d)  La comprobación material de las inversiones financiadas.
e)  Las actuaciones concretas de control que deban realizarse conforme con lo que 
en cada caso establezca la normativa reguladora de la subvención y, en su caso, la 
resolución de concesión.
f)  Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesarias en atención a las 
características especiales de las actividades subvencionadas.
5.  El control financiero podrá extenderse a las personas físicas o jurídicas a las que 
se encuentren asociados los beneficiarios, así como a cualquier otra persona susceptible 
de presentar un interés en la consecución de los objetivos, en la realización de las 
actividades, en la ejecución de los proyectos o en la adopción de los comportamientos.»
El ejercicio del control financiero de subvenciones y ayudas públicas se adecúa al 
Plan de auditorías que aprueba anualmente la IGAE (art. 49.1 de la Ley General de 
Subvenciones) y entre los deberes del personal controlador se cita expresamente el de 
guardar la confidencialidad y el secreto respecto de los asuntos que conozca por razón 
de su trabajo (art. 48.1 de la Ley General de Subvenciones). e.e
El control financiero de subvenciones y ayudas es ejercido por la Oficina Nacional de  b
Auditoría, a la que según el artículo 13 del Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre,  48ww
cpoorrr eesl pqouned es ee jedrecsearr rloalsla  fulan ceiosntreusc tuartraib ouridgaásn icpao rb láas iLcae yd Gele Mneinraisl tedreio  Sdueb vHeancciieonndeas,;  elel 
Dcoivnitsriooln efisn ayn ceine reos pdeec isaul,b dvee nlaci oDnieviss ióyn  adyeu dAausd itpoúríbali cOaps ereast iveaj eyr cCidoon taro lt rFaivnéasn cdieer os dues 
Subvenciones Nacionales.
Además, el citado Real Decreto atribuye el ejercicio del control de subvenciones y 
ayudas públicas a las Intervenciones Delegadas en los departamentos ministeriales, a 
las  Intervenciones  Delegadas  en  los  organismos  públicos,  a  las  Intervenciones 
Delegadas regionales y a las Intervenciones Delegadas territoriales.
Por  otro  lado,  dentro  las  funciones  y  competencias  de  la  IGAE  se  encuentran 
también las que esta ejerce a través del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
Dicho  Servicio  se  encuentra  regulado  específicamente  en  la  disposición 
adicional 25.ª de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que 
establece en su apartado 1 que el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude estará 
integrado en la Intervención General de la Administración del Estado y coordinará las 
acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión Europea contra el 
fraude y dar cumplimiento al artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y al artículo 3.4 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude (OLAF), desarrollándose sus funciones en el apartado 2 de la 
citada disposición adicional.
En  virtud  de  lo  dispuesto  en  los  preceptos  anteriores,  el  Servicio  Nacional  de 
Coordinación Antifraude realiza actuaciones de investigación de posibles irregularidades 
y casos de fraude que afectan a los intereses financieros de la UE, tanto en el marco de 
las iniciativas propias adoptadas por dicho Servicio al amparo de las funciones que le 
atribuyen las letras a) y b) del apartado 2 y el último inciso del apartado 5 de la 
disposición  adicional  25.ª  de  la  LGS,  como  en  el  marco  de  las  investigaciones 
desarrolladas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude en territorio nacional.
A este respecto, las letras a) y b) del apartado 2 de la citada disposición adicional 
establecen que corresponde al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude «identificar 
las posibles deficiencias de los sistemas nacionales para la gestión de fondos de la 
Unión Europea» y «promover los cambios (…) administrativos necesarios para proteger 
los intereses financieros de la Unión Europea», debiendo señalarse que en el ejercicio 
de estas funciones dicho Servicio ha puesto en marcha un canal específico para que 
cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de 
fraude o irregularidad en relación con operaciones financiadas con fondos de la UE, lo 
pueda poner en conocimiento del citado Servicio a efectos de que este pueda realizar las 
actuaciones de investigación que correspondan y determinar el tratamiento que proceda 
dar a los mismos.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 3.4 del Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 establece que «A efectos del presente Reglamento, los Estados 
miembros  designarán  un  servicio  (en  lo  sucesivo  denominado  «el  servicio  de 
coordinación  antifraude»)  que  facilite  la  coordinación  efectiva  y  el  intercambio  de 
información con la Oficina, incluyendo información de carácter operativo».
Esto implica que, además de la información que el Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude necesita en el marco de sus propias actuaciones de investigación, dicho 
Servicio tiene la obligación de recabar y remitir a la OLAF la información que esta le 
requiera en el marco de las investigaciones que dicha Oficina lleva a cabo en territorio 
nacional,  siempre  que  resulte  necesaria  para  el  buen  desarrollo  de  dichas 
investigaciones.
6.  Por su parte, el artículo 145.2 de la Ley 47/2003, de 28 de noviembre, General 
Presupuestaria,  regula  en  los  siguientes  términos  el  deber  de  colaboración  que 
cualesquiera entidades integrantes del sector público estatal y las autoridades y personal  s
a su servicio deben prestar a la IGAE en el ejercicio de sus funciones de control en  oe.
cualquiera de sus modalidades: w.
públ«icLaass,  aloust odreid aladse esn, tciduaadlqeusie inrate qguraen steesa  dseul  nsaetcutroarl epzúab,l ilcoos  ejesfteasta ol  yd iqreucietonreess  edne  goefinceinraasl, 
eaj elorzsa fnu nfucinocnioanrieoss  peúnbcalicrgaasd oo sd edseal rcroolnletrno ls eul  tarapboayjoo,  ecno ndciuchrsaos,  eanutxidiliaod ye sc odleabbeorráanc iópnre qstuaer 
les sean precisos, facilitando la documentación e información necesaria para dicho 
control.»
Este deber general de colaboración es concretado en el ámbito específico del control 
financiero de subvenciones y ayudas públicas por el artículo 47.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que dispone lo siguiente:
«Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como los jefes o directores 
de oficinas públicas, organismos autónomos y otros entes de derecho público y quienes, 
en general, ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades 
deberán prestar la debida colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de la 
realización del control financiero de subvenciones.»
Por su parte, el deber de colaboración con el Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude en el ámbito de las actuaciones de lucha contra el fraude a los intereses 
financieros de la UE que le corresponden, se encuentra contemplado en el apartado 5 de 
la  disposición  adicional  25.ª  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones, que establece lo siguiente:
«Las autoridades, los titulares de los órganos del Estado, de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales, así como los jefes o directores de oficinas 
públicas, organismos y otros entes públicos y quienes, en general, ejerzan funciones 
públicas  o  desarrollen  su  trabajo  en  dichas  entidades  deberán  prestar  la  debida 
colaboración y apoyo al Servicio (…)»
Lo anterior debe completarse con el deber de colaboración con la OLAF. A este 
respecto, el artículo 3.3 del Reglamento (UE, Euratom) 883/2013, antes citado, establece 
lo siguiente:
«El Estado miembro afectado velará, de conformidad con el Reglamento (Euratom, 
CE) n.º 2185/96, por que el personal de la Oficina pueda tener acceso, en las mismas 
condiciones que sus autoridades nacionales y en cumplimiento de la legislación nacional, 
a toda la información y documentación relativa al asunto que esté siendo investigado que 
sean  necesarias  para  que  los  controles  y  verificaciones  in  situ  se  desarrollen 
efectivamente y con eficiencia.»
7.  Teniendo  en  cuenta  el  deber  de  colaboración  al  que  se  acaba  de  hacer 
referencia, a la IGAE le es necesario poder disponer de cierta información contenida en 
las bases de datos de la TGSS, a los efectos de poder desempeñar adecuadamente las 
labores de control financiero de subvenciones y ayudas públicas y sobre investigación de 
irregularidades y casos de fraude a los intereses financieros de la UE antes descritas. 
Por este motivo, se ha dirigido a la TGSS solicitando su cooperación.
La  colaboración  se  llevará  a  cabo  utilizando  las  nuevas  tecnologías  de  la 
información. Con este procedimiento se da un paso importante en el uso de las mismas, 
lo que conlleva la reducción de cargas y costes administrativos.
En consecuencia, dentro del espíritu de mutua colaboración para el cumplimiento de 
los fines públicos, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, de conformidad 
con las siguientes
CLÁUSULAS e.
Primera.  Objeto. 48ww
El  presente  Convenio  tiene  por  objeto  fijar  las  condiciones  y  términos  de  la
csoulbavbeonrcaicoinóens  dye  alayu dTaGsS Spú bcloicna sl,a  dIeG AaEcu eernd ol acso nfu nloc iopnreevsi sdtoe  ecno netrl oal pfainratandcoie r2o  ddeel 
artículo 47 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el
apartado  2  del  artículo  145  de  la  Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre,  General 
Presupuestaria, así como en las actuaciones de investigación de irregularidades y casos 
de  fraude  a  los  intereses  financieros  de  la  UE,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el 
apartado 5 de la disposición adicional 25.ª de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en los artículos 3.3 y 8.2 del Reglamento (UE, Euratom) 
883/2013, de 11 de septiembre, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Segunda.  Finalidad de la cesión de datos.
La cesión de información procedente de las bases de datos de la TGSS tiene como 
finalidad exclusiva el desarrollo de las concretas funciones sobre control financiero de 
subvenciones y ayudas públicas y sobre investigación de irregularidades y casos de 
fraude a los intereses financieros de la UE cuya competencia recae en la IGAE y que 
justifican su cesión.
La TGSS podrá dar por rescindido el presente Convenio, sin perjuicio del resto de 
acciones que puedan asistirle, en el caso de que advierta que se ha vulnerado la 
finalidad exclusiva de destino de la información al control financiero de subvenciones y 
ayudas  o  a  la  investigación  de  irregularidades  y  casos  de  fraude  a  los  intereses 
financieros de la UE, considerada como condición esencial del presente Convenio, y la 
IGAE  incumpla  los  compromisos  de  control  y  vigilancia  asumidos  en  el  presente 
Convenio. La rescisión del acceso deberá ser adoptada mediante acuerdo del Director 
General de la TGSS previa audiencia otorgada a la IGAE, sin perjuicio de mantener las 
obligaciones de colaboración y apoyo al control financiero de subvenciones y ayudas, y a 
la investigación de irregularidades y casos de fraude a los intereses financieros de la UE, 
que competen a la TGSS.
La información que sea objeto de cesión a la IGAE en virtud de los procedimientos 
contemplados  en  el  presente  convenio  tendrá  la  consideración  de  documento 
administrativo electrónico emitido por la TGSS, por lo que ésta se compromete a cumplir 
los requisitos exigidos para este tipo de documentos en los artículos 13 y siguientes de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas así como en los artículos 38 a 46 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público  y,  en  su  caso,  en  la  normativa 
reglamentaria de desarrollo.
Tercera.  Procedimientos de suministro de información.
Los procedimientos para el suministro de información entre la TGSS y la IGAE se 
realizarán de las maneras listadas a continuación:
– Mediante un acceso directo a la base de datos de la TGSS.
– Mediante suministro de información, a través de consulta a un servicio disponible 
en la Sede Electrónica de la TGSS.
A los exclusivos fines del control financiero de subvenciones y ayudas y de la 
investigación de irregularidades y casos de fraude a los intereses financieros de la UE, el 
suministro de información mediante ficheros se realizará a través del Servicio de la Sede 
Electrónica de la Seguridad Social (PIDO), facilitando la siguiente información:
– Informe de vida laboral de empresa. (Informe A002). e
– Consulta situación de cotización. (Informe R001). bo
cumLpali maieuntotori zdaec lioósn  redqeu iseistotes  esxeigrvidicoiso  ean  latr amviésms ad.e  la  Sede  Electrónica  supone  el  2020-5748n https://ww
Cuarta.  Acceso directo a la base de datos de la TGSS.
Debido a la frecuencia e intensidad con la que son necesarios los suministros de 
información  para  el  cumplimiento  de  las  finalidades  sobre  control  financiero  de 
subvenciones y ayudas públicas y sobre la investigación de irregularidades y casos de 
fraude a los intereses financieros de la UE, se permitirá a la IGAE la consulta de las 
transacciones que figuran en el ANEXO III.
La TGSS se reserva el derecho a modificar las condiciones técnicas en las que se 
prestará el acceso a la información que el presente Convenio autoriza sin que ello deba 
suponer, por sí solo, modificación de los términos del mismo.
Respecto a estos accesos directos la TGSS y la IGAE, deberán ajustarse a lo 
estipulado en los siguientes puntos:
1.º  La TGSS realizará la autorización inicial de acceso a los datos a que se refiere 
el presente Convenio.
2.º  La configuración del acceso objeto del presente Convenio habrá de cumplir los 
siguientes principios establecidos por la Orden de 17 de enero de 1996 sobre control de 
acceso al sistema informático de la Seguridad Social:
– Confidencialidad, de manera que se asegure que la información está disponible 
solamente para aquellos usuarios que estén debidamente autorizados para acceder a la 
misma y que se utiliza exclusivamente por aquéllos para sus cometidos concretos de 
gestión en la forma, tiempo y condiciones determinados en la autorización respectiva.
– Integridad, garantizando que únicamente los usuarios autorizados, y en la forma y 
con  los  límites  de  la  autorización,  puedan  crear,  utilizar,  modificar  o  suprimir  la 
información.
– Disponibilidad,  de  forma  que  los  usuarios  autorizados  tengan  acceso  a  la 
información en la forma y cuando lo requieran para los exclusivos cometidos de la 
gestión encomendada.
3.º  La  Administración  del  sistema  se  basará  en  la  asignación  de  perfiles  de 
autorización a los distintos usuarios de acuerdo con las funciones desempeñadas por los 
mismos. En este sentido, la TGSS asignará un perfil de usuario autorizador con nivel 4, 
en la Oficina Nacional de Auditoría de la IGAE y éste a su vez dará de alta tantos 
códigos de usuario como sean necesarios para la realización de las funciones de gestión 
encomendadas, en los propios Servicios Centrales y en las Intervenciones Delegadas, 
Territoriales y Regionales.
A los efectos del presente punto se denomina «usuario» a las personas autorizadas 
para acceder al sistema informático, pero sin facultad para dar de alta en SILCON a 
otros usuarios ni transferir autorización alguna. Estos serán identificados con el nivel U.
El usuario autorizador dado de alta realizará la asignación de perfiles, entendiéndose 
como tal la anotación en SILCON de las transacciones a las que puede acceder un 
determinado autorizado (usuario) por razón de su puesto de trabajo.
Dentro de los perfiles a contemplar, se recogerán también los correspondientes a los 
Auditores  Supervisores,  con  las  funciones  que  se  detallan  en  el  Anexo  II  de  este 
Convenio.  Dichas  funciones  auditoras  recaerán  sobre  personas  distintas  a  las 
autorizadas. Además, los procedimientos y requisitos de las auditorías serán facilitados 
por la TGSS y deberán cumplirse por los órganos designados de la IGAE.
4.º  El  usuario  administrador/autorizador  será  responsable  de  la  asignación  de 
perfiles de autorización a los usuarios, que deben corresponderse con las necesidades  e.
de gestión y vigilará la correcta utilización de las autorizaciones concedidas. w.
5.º  Todos  los  usuarios  autorizados  a  acceder  al  sistema  deberán  quedar  48ww
iudseunatirfiioc ayd looss  my oatiuvtoesn tpifoicra ldoos sq, udee s efo armccae dqióu ea  lean c otorrdeos pmonodmieenntteo  inpfuoermdaa cicóonn ococenrtesen ideal 
en el sistema. Para ello en el momento de autorizar un usuario se cumplimentarán todos
los campos exigidos tales como, características del puesto de trabajo e información 
complementaria, n.º de teléfono, fax, etc.
6.º  Cada usuario tendrá un único código de acceso y será responsable de los 
accesos que se realicen con su código y contraseña personal.
7.º  Cuando algún usuario, ya sea autorizador o autorizado, pase a desempeñar un 
nuevo puesto de trabajo en distinta unidad de gestión o cause baja en el trabajo de 
forma voluntaria, o sea objeto de suspensión de empleo, se procederá a la baja del 
código de usuario.
Por otra parte, se establecerán controles en cuanto al tiempo de inactividad de los 
usuarios que pasarán a la situación de cancelados una vez transcurridos tres meses sin 
acceder al Fichero de Afiliación e Inscripción o al Fichero General de Recaudación. 
También se dispondrá de la posibilidad de establecer fechas de caducidad de acceso al 
sistema por parte de usuarios y limitaciones en el horario de conexión.
8.º  En  todas  las  altas  de  usuarios  realizadas  se  deberá  cumplimentar  un 
documento donde se especificarán los compromisos adoptados por el usuario, que se 
adjunta como Anexo I. Dicho documento quedará en poder del autorizador de nivel 4, si 
bien podrá ser remitido a la TGSS.
9.º  Todos los usuarios identificados, así como sus responsables en la IGAE, deben 
tener el conocimiento de que la copia de programas y/o uso de datos de carácter 
personal  en  tareas  impropias  son  operaciones  ilegales  que  pueden  dar  lugar  a 
responsabilidades administrativas y, en concreto, las establecidas en el Título IX de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, así como a responsabilidades de cualquier otra naturaleza, 
incluso penales, razón por la cual cuando, por cualquier medio, se tengan indicios de la 
utilización de datos, antecedentes, registros o informes con finalidad distinta a la propia 
gestión asignada al usuario, o su difusión indebida, infringiendo así el deber de secreto 
profesional, se pondrán dichos hechos en conocimiento del interlocutor de la TGSS 
definido a estos efectos, al objeto de procurar la adopción de medidas pertinentes entre 
ambas partes.
10.º  La IGAE, como órgano cesionario deberá realizar las actividades de control 
que garanticen la debida custodia y adecuada utilización de los datos, tal y como se 
recoge en el Anexo II.
11.º  El acceso a la base de datos de la TGSS se efectuará solo por el personal 
autorizado, el cual será designado por la IGAE, la cual notificará a la TGSS dicho 
personal autorizado y los cambios o modificaciones en tales autorizaciones.
Quinta.  Control y seguridad de los datos.
El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, en el Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica, y en los 
documentos de seguridad aprobados por la TGSS.
La IGAE acepta y asume por el presente documento que la cesión de datos se 
produce a los fines exclusivos que se especifican en este Convenio, por lo que cualquier 
otro  uso  que  se  haga  de  dichos  datos  constituirá  un  incumplimiento  del  presente 
Convenio que facultará a la Tesorería para exigir las responsabilidades oportunas.
Si como consecuencia de las actuaciones de control o auditoría o por causa de 
denuncia o comunicación, se detectase cualquier tipo de irregularidad relacionada con la 
utilización de datos, antecedentes, registros o informes con finalidad distinta a la propia  e.
gestión del órgano cesionario, se abrirán de inmediato diligencias en orden al completo  w.b
esclarecimiento y, en su caso, a la exigencia de responsabilidades con traslado, si  48ww
procEeld oer,g aa nlais amuoto criedsaiodn juadriioc isael rcáo rrreessppoonnsdaiebnlete f.rente a la Tesorería y frente a terceros de
cduaatolqsu cieerd irdeocsla, mena clioósn  tédremrivinaodsa  yd ceol nu sloos  inredqeubiisditoo sq uees tasbel ehcaidgoas  peonr  llooss  aurstíucaurloioss  6d5e,  6lo7s, 
91 y 92 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas así como los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 36 de dicha Ley, en relación con la exigencia de oficio a sus autoridades y 
demás personal a su servicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o 
culpa o negligencia graves, eximiendo a la TGSS de cualquier responsabilidad a este 
respecto.  La  Tesorería  podrá  repetir  contra  el  organismo  cesionario  por  cualquier 
responsabilidad o indemnización en caso de condenas por responsabilidad patrimonial o 
sanciones que deba satisfacer derivada de dicho incumplimiento.
A tales efectos, se tendrá en cuenta la distribución de funciones, responsabilidades y 
autorizaciones establecidas en su ámbito interno por la IGAE.
Esta responsabilidad es independiente de la responsabilidad penal o administrativa, 
en particular disciplinaria, que, en su caso, corresponda exigir a los usuarios como 
consecuencia del acceso indebido a la información contenida en las bases de datos o de 
la utilización inadecuada de la misma.
Sexta.  Obligación de sigilo.
Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los 
datos o información suministrados en virtud de este Convenio estarán obligados al más 
estricto y completo sigilo respecto de ellos. La violación de esta obligación implicará 
incurrir  en  las  responsabilidades  penales,  administrativas  y  civiles  que  resulten 
procedentes,  así  como  el  sometimiento  al  ejercicio  de  las  competencias  que 
corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos.
Séptima.  Financiación.
Las actuaciones previstas en el presente convenio no generarán costes ni darán 
lugar a contraprestaciones financieras entre las partes firmantes.
Octava.  Vigencia.
Conforme al artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del  Sector  Público,  el  presente  Convenio  se  perfeccionará  por  la  prestación  del 
consentimiento  de  las  partes,  y  adquirirá  eficacia  una  vez  inscrito  en  el  Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación y publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, extendiendo su vigencia inicial durante cuatro años, plazo que se 
podrá prorrogar en los términos a los que se refiere el artículo 49. h) de la Ley 40/2015 
citada.
Novena.  Seguimiento.
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, se crea una Comisión de Control y Seguimiento 
con  el  fin  de  coordinar  las  actividades  necesarias  para  la  ejecución  del  presente 
Convenio,  así  como  para  llevar  a  cabo  su  supervisión,  seguimiento  y  control,  de 
composición paritaria y compuesta por un mínimo de 4 miembros, dos representantes 
nombrados por IGAE y otros dos nombrados por la TGSS. Sus acuerdos requerirán el 
voto favorable de todos los representantes. Asimismo, podrá incorporarse, con derecho a 
voz, cualquier otro personal al servicio de la Administración Pública que se considere 
necesario. e.e
En  concreto,  a  la  Comisión  de  Control  y  Seguimiento  se  le  encomiendan  las  w.b
siguientes funciones: 48ww
Cefoicnaavc)e ensiCo, ,ao seoísr dctaionbmalero c lilaeasns  dmaoce, tdeuinad capisoa nrqteiucseu  lngaear,cr aleonssta icprieraonsc  leapd apimrraoi etelnact cocisóo nrdr eed cect ealos seió jdenac dtuoecs iió nsnfuo mrdmeinla iscptirróeansd emonsát.es   OE-A-2020-57able en https://
b)  Adoptar las medidas de control pertinentes para asegurar la debida custodia y 
correcta utilización de la información recibida.
c)  Resolver las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y 
ejecución del presente Convenio.
d)  Establecer  los  criterios  adecuados  para  la  regulación  de  los  aspectos  no 
desarrollados en este convenio.
La Comisión de Control y Seguimiento se regirá en cuanto a su funcionamiento y 
régimen jurídico, en lo no establecido expresamente en la presente cláusula, por lo 
dispuesto para el funcionamiento de órganos colegiados en la sección 3.ª del capítulo II 
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 
público.
La Comisión de Control y Seguimiento se reunirá a instancia de cualquiera de las 
partes, siempre que los temas a tratar o las circunstancias lo aconsejen, y, al menos una 
vez al año para examinar los resultados e incidencias de la colaboración realizada. El 
funcionamiento ordinario de la Comisión se realizará a distancia según lo previsto en el 
artículo 17.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de que cualquiera de sus 
miembros solicite la convocatoria de sesiones presenciales cuando lo estime necesario.
Décima.  Modificación y carácter único.
La  modificación  del  contenido  del  Convenio,  en  todo  caso,  requerirá  acuerdo 
unánime de los firmantes y, para su formalización, se seguirán los trámites previos 
establecidos en el artículo 50 de la Ley 40/2015.
Este documento constituye el único Convenio vigente entre ambas partes referido a 
la colaboración prevista en el mismo.
Undécima.  Extinción.
Este Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyan 
su  objeto  o  por  incurrir  en  alguna  de  las  causas  de  resolución  previstas  en  el 
artículo 51.2. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
En caso de extinguirse el Convenio por mutuo acuerdo de las partes, por cualquier 
causa, será necesario que la parte interesada lo comunique por escrito a la otra parte 
con al menos seis meses de anticipación.
Si el Convenio se extingue por incumplimiento de las obligaciones y compromisos 
asumidos  por  una  de  las  partes  firmantes,  es  necesario  que  conste  una  previa 
comunicación fehaciente que inste a la parte incumplidora a modificar su actuación. Este 
requerimiento será comunicado a la Comisión de Control y Seguimiento. Pasado un mes 
tras la fecha de notificación del incumplimiento, y persistiendo la actuación denunciada, 
la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta 
causa  podrá  conllevar  para  la  parte  incumplidora  las  indemnizaciones  o  sanciones 
previstas en la normativa sobre protección de datos.
Duodécima.  Régimen jurídico.
El  presente  convenio  tiene  carácter  intradministrativo  de  conformidad  con  el 
artículo 47.2.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  e.
Público, siéndole de aplicación la restante normativa de dicho texto legal y en particular  w.b
lo dispuesto en el Capítulo VI, del Título Preliminar, de en concreto, los artículos 47 a 53. 48ww
Decimotercera.  Mecanismo de resolución de controversias.
Ambas  partes  consideran  que  el  objeto  del  presente  Convenio  es  de  esencial
relevancia para el interés público, por lo que las controversias que surjan serán resueltas
por la comisión de Control y Seguimiento. En el caso de que no haya acuerdo unánime, 
las cuestiones jurídicas relevantes que pudieran surgir serán resueltas de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Disposición Adicional Única de la Ley 11/2011, de 20 de 
mayo, de Reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación 
del arbitraje institucional en la Administración General del Estado, salvo los supuestos 
que pudieran estar excluidos de acuerdo con el número 6 de la Disposición Adicional 
Única de la citada Ley 11/2011.
Y  en  prueba  de  conformidad,  ambas  partes  firman  el  presente  documento.–El 
Director  General  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  Andrés  Harto 
Martínez.–El Interventor General de la Administración del Estado, Pablo Arellano Pardo.
ANEXO I
Compromiso de los usuarios
D./D.ª ....................................................................................... con DNI ......................
Y adscrito/a ...................................................................................................
Por el presente documento.
COMUNICA
Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, y 6 de la Orden de 17 de enero de 1996, sobre control de accesos al sistema 
informático de la Seguridad Social, en el caso de que las funciones que desarrolle o los 
trabajos que realice conlleven su alta como usuario del sistema informático, con los fines 
exclusivos de (señalar lo que corresponda).
□ control financiero de subvenciones y ayudas públicas,
□ investigación de irregularidades y casos de fraude a los intereses financieros de 
la UE,
adquiere el compromiso de utilizar las transacciones de acuerdo con las citadas 
normas, el Convenio suscrito entre la TGSS y la IGAE y demás Instrucciones que se 
dicten al efecto y está obligado a guardar el secreto profesional sobre los datos de que 
tenga conocimiento, siendo responsable de todos los accesos que se realicen a los 
ficheros informáticos mediante su contraseña personal y el código de acceso facilitado.
Que el incumplimiento de las obligaciones indicadas, el acceso a la información por 
usuario no autorizado, la asignación de procesos o transacciones no necesarios para la 
función encomendada y la falta de custodia o secreto de la identificación personal de 
acceso, dará lugar a la exigencia de responsabilidades administrativas, en concreto las 
establecidas en el Título IX de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, así como a 
responsabilidades de cualquier otra naturaleza, incluso penales.
Que ha sido informado acerca de que la Seguridad Social almacena rastro de todos 
los accesos que realicen.
El presente documento es firmado electrónicamente a través de los sistemas de 
firma electrónica habilitada por la Intervención General de la Administración del Estado.
ANEXO II b
La IGAE, como órgano cesiSoinsaterimo ad edbee aráu drietoalriízaasr las actividades de control que
goatrraa natcictievnid alad  deenbciadma incuasdtao dai ag ayr aandteizcaura ldaa c uotrirleizcatcai ófonr mdea  lyo sju dsatiftiocsa crieócni bdideol sa cyc ecsuoa lqau lioesr   BOE-A-cable e
ficheros  o  bases  en  que  aquellos  figuren  incluidos.  Para  ello  deberán  seguir  los 
procedimientos de auditoría implantados en la TGSS y que se remitirán a la IGAE, así 
como los que puedan implantarse en un futuro.
El órgano cesionario se compromete a que cada acceso quede justificado con la 
causa o expediente que lo hubiera motivado.
Las partes implicadas en el proceso de auditoria son las siguientes:
– Por parte de la TGSS:
• Unidad Nacional de Auditorias (UNA):
Serán funciones de la Unidad Nacional de Auditoria las siguientes:
○ Velar por la adecuada transmisión de instrucciones y contribuir a la aclaración de 
dudas sobre accesos indebidos, con el fin de que las auditorias se lleven a efecto por las 
unidades competentes, con unos criterios unificados.
○ Formular  propuestas  y  recomendaciones  en  materias  relacionadas  con  la 
adecuación de los accesos a los ficheros informáticos y bases de datos gestionados por 
la TGSS, en particular de:
1.  Propuesta de modificación de contenidos de las transacciones, si por razón de 
los mismos pudiera concurrir alguna situación de riesgo en la protección de datos 
personales.
2.  Control específico de las autorizaciones de los usuarios, pudiendo comportar su 
suspensión o retirada definitiva cuando se advierta un uso inadecuado de las mismas.
3.  Administrar las transacciones SILCON específicamente referidas al sistema de 
auditorías así como las diseñadas para la creación, mantenimiento y cese de auditores, 
activación y desactivación de perfiles y seguimiento de rastros de los accesos. A tal fin la 
Unidad Nacional de Auditorias elaborará las solicitudes y propuestas necesarias a la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
4.  Realizar  auditorías  específicas  de  accesos  indebidos  al  Sistema  de 
Confidencialidad  cuando  se  produzcan  denuncias  por  los  titulares  de  los  datos 
accedidos, cualquiera que sea su lugar de presentación y tramitar de forma centralizada 
todas las denuncias y comunicaciones que tengan entrada sobre cualquier forma de 
vulneración de protección de datos o accesos indebidos a los ficheros a cargo de la 
TGSS.
5.  Coordinar y preparar la información que requiera la Dirección General para su 
relación institucional centralizada con la Agencia Española de Protección de Datos. A 
este fin, deberá ser remitido a la Unidad Nacional de Auditorias cualquier escrito o 
solicitud que se reciba de dicha Agencia.
6.   Realizar auditorías específicas ante sospechas o indicios de mala praxis.
○ El procedimiento concreto de auditoria se pondrá en conocimiento del Organismo 
externo por parte de la TGSS antes del inicio de la auditoria mensual que proceda, la 
cual explicará dicho proceso y obtendrá el resultado de la auditoría elaborada por los 
Auditores Supervisores, mediante la consulta a la aplicación suministrada por la TGSS.
– Por parte de la IGAE:
• Auditor Coordinador:
El Auditor Coordinador estará adscrito a la División de Auditoría Operativa y Control  bo
Financiero de Subvenciones Nacionales de la Oficina Nacional de Auditoría (ONA). 48ww
E○ l SAeurdáit oerl  iCntoeorrlodcinuatodro cr otenn ldar áT GlaSsS s iegnu ieeln átemsb citoom dpee steun ccoiams:petencia.
○ Dirigirá la auditoria mensual que deben realizar los auditores supervisores a los
usuarios autorizados en cada Unidad. Bc
○ Actuará como Auditor Supervisor respecto a la auditoría mensual de la División de 
Auditoría Operativa y Control Financiero de Subvenciones Nacionales.
○ Actuará  como  Auditor  Supervisor  respecto  a  los  accesos  que  realicen  los 
Auditores Supervisores.
• Auditores Supervisores:
En cada División de la ONA, en el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, así 
como en cada Intervención Delegada, Regional o Territorial en donde se autoricen 
accesos a usuarios, deberá designarse un Auditor Supervisor.
Los Auditores Supervisores deberán realizar mensualmente la auditoría del personal 
de su Unidad de acuerdo con las instrucciones recibidas.(1)
(1) Las instrucciones las pueden recibir del Auditor Coordinador o directamente de la UNA.
• Auditores suplentes:
En  los  mismos  términos  indicados,  se  podrá  designar  un  Auditor  Coordinador 
Suplente y Auditores Supervisores Suplentes que desempeñarán las mismas funciones 
en caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular.
• Designación del Auditor Coordinador, de los Auditores Supervisores y de sus 
suplentes:
El  Auditor  Coordinador  y  los  Auditores  Supervisores,  tendrán  como  mínimo  un 
nivel 26 de complemento de destino, salvo que la Unidad Nacional de Auditorias autorice 
la excepción de nivel, previa petición justificada de la Oficina Nacional de Auditoría.
La función de Auditor no podrá recaer en el mismo funcionario que la de usuario 
administrador.
A cada Auditor Coordinador o Suplente se le asignará en SILCON el perfil de usuario 
auditor, adscribiéndole a la Unidad de la que sea responsable.
Las  altas  y  bajas  que  se  produzcan  en  el  Auditor  Coordinador  deberán  ser 
comunicadas a la mayor brevedad posible al Auditor Delegado de la TGSS quien lo 
pondrá en conocimiento de la Unidad Nacional de Auditorias.
• Procedimiento de auditoría.
Mensualmente, la Unidad Nacional de Auditorías-Inspección de Servicios de la TGSS 
señalará a los diferentes supervisores los accesos del personal que deben validar. 
Además,  para  el  caso  de  que  se  precise  realizar  comprobaciones  de  naturaleza 
estadística o general, el auditor supervisor deberá tener información acerca de los 
accesos realizados por el personal de su Unidad en el periodo correspondiente.
Todo el proceso, tanto el señalamiento como la validación y la remisión del informe, 
se efectuarán a través de la aplicación suministrada por la TGSS.
Una vez realizada la auditoría, cada Auditor Supervisor deberá informar al Auditor 
Coordinador sobre su resultado, para lo que empleará las aplicaciones de uso interno de 
la IGAE.
ANEXO III
1.  Del Fichero 2 Afiliación e Inscripción: e.
ACCT7000/ACCM7000: Consulta de empresas para AEAT/IGAE. 48ww
ATOT6200/ATIM6101: Consulta General de Trabajadores.
2.  Del Fichero 7 General de Recaudación:
RCUT0500/RCUM0000 Relación de deuda en un periodo.
RCUT0400/RCUM0000 Relación de cobros de un periodo.
3.  Del Fichero 13 Aplicaciones para el control de recaudación:
TCEA0 06/MCEA0 10: Consulta de datos Tc2 y Tc1.
4.  Del Fichero 17 General de Bases:
RBCNP006/RBCM0006 Consulta compensaciones/deducciones por C.C.C.
RBCNP009/RBCM0010 Consulta compensaciones/deducciones por N.A.F.
RBCNPB23/RBCMPB23 Consulta de bases de cotización por deuda.