BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83 Jueves 26 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 27433
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4123 Pleno. Sentencia 38/2020, de 25 de febrero de 2020. Recurso de amparo 
5222-2018. Promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol, don Jordi Turull i 
Negre y don Josep Rull i Andreu en relación con los autos del magistrado 
instructor de causa especial y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
comunicando  su  suspensión  automática  en  los  cargos  públicos  que 
ostentaban.  Supuesta  vulneración  de  los  derechos  a  la  participación  y 
representación políticas: resoluciones judiciales que adoptaron, de manera 
suficientemente razonada y proporcionada, una medida cautelar suspensiva 
del ejercicio del cargo parlamentario (STC 71/1994); inadmisión parcial del 
recurso de amparo.
ECLI:ES:TC:2020:38
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente,  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías,  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo 
Enríquez Sancho y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5222-2018, promovido por don Jordi Sànchez i 
Picanyol, don Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i Andreu, representados por el 
procurador de los tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro, y asistidos por el letrado don 
Jordi Pina Massachs, contra el auto de 30 de julio de 2018, dictado por la Sala de 
Recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por el que se desestimó el 
recurso de apelación interpuesto contra el auto de 9 de julio de 2018, dictado por el 
magistrado instructor de la causa especial núm. 20907-2017. Han intervenido el partido 
político VOX, representado por la procuradora de los tribunales doña María del Pilar 
Hidalgo López, doña Carme Forcadell i Lluis y doña Anna Simó i Castelló, representadas 
por el procurador de los tribunales don Emilio Martínez Benítez, don Oriol Junqueras 
Vies y don Raül Romeva Rueda, representados por la procuradora de los tribunales doña 
Celia López Ariza, el abogado del Estado y el ministerio fiscal. Ha sido ponente el 
magistrado don Alfredo Montoya Melgar.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 8 de  e
octubre de 2018, don Aníbal Bordallo Huidobro, procurador de los tribunales, en nombre  bo
y representación de don Jordi Sànchez i Picanyol, don Jordi Turull i Negre y don Josep  23ww
eRlu elln ic Aanbderzeaum, iienntetorp.usieron recurso de amparo contra la resolución judicial que se cita en
2.  Los  hechos  relevantes  para  el  examen  de  la  pretensión  de  amparo  son, 
sucintamente expuestos, los siguientes:
a)  En fecha 30 de octubre de 2017, el fiscal general del Estado presentó dos 
querellas por unos mismos hechos que consideraba que podían ser constitutivos de 
delitos  de  rebelión  [art.  472  del  Código  Penal  (CP)],  sedición  (art.  544  CP)  y 
malversación (art. 432 CP):
(i)  Una de las querellas se presentó ante el Juzgado Central de Instrucción de 
guardia de la Audiencia Nacional contra «todos los que fueron miembros del Consell 
Executiu del Govern de la Generalitat, en la actualidad cesados», entre ellos los ahora 
recurrentes de amparo, don Jordi Turull i Negre que había desempeñado el cargo de 
Conseller de Presidencia, y don Josep Rull i Andreu, que había sido Conseller de 
Territorio  y  sostenibilidad,  ambos  diputados  del  Parlamento  de  Cataluña  hasta  el 
momento de su cese en tales cargos, producido el 28 de octubre de 2017 por efecto del 
acuerdo del Pleno del Senado del día anterior por el que se aprobaban «las medidas 
requeridas por el Gobierno al amparo del art. 155 de la Constitución» («BOE» de 27 de 
octubre de 2017). Esta querella fue acumulada a las diligencias previas núm. 82-2017, 
que ya se seguían ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia 
Nacional por un posible delito de sedición relativo a hechos parcialmente coincidentes, 
ocurridos en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre de 2017, en las que figuraba 
como investigado, entre otras personas, don Jordi Sànchez i Picanyol. En el seno de 
estas diligencias, el juzgado central dictó autos de 16 de octubre y de 2 de noviembre 
de 2017 en los que acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza de don Jordi 
Sànchez  i  Picanyol,  y  de  don  Jordi  Turull  i  Negre  y  don  Josep  Rull  i  Andreu, 
respectivamente.
(ii)  La otra querella se presentó ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
contra la presidenta del Parlamento de Cataluña y cinco miembros de la mesa de dicha 
cámara que conservaban, salvo uno de ellos, la condición de aforados por pertenecer a 
la diputación permanente de la aludida asamblea legislativa, disuelta por efecto del ya 
citado acuerdo del Senado. Dicha querella dio lugar, tras su admisión, a la causa 
especial núm. 20907-2017, designándose ponente.
b)  Por auto dictado en fecha 31 de octubre de 2017 por la sala de admisión del 
tribunal de causas especiales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se acordó: (i) 
declarar la competencia de la Sala para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento por 
los delitos de rebelión, sedición y malversación contra determinadas personas frente a 
las que se dirigió la querella precedente; (ii) «hacer extensiva esa competencia, para el 
caso en que el magistrado instructor así lo considere oportuno, respecto de aquellas 
otras  causas  penales  actualmente  en  tramitación  y  que  puedan  referirse  a  hechos 
inescindibles respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los querellados»; y 
(iii) designar instructor, conforme al turno establecido, al magistrado de la Sala don Pablo 
Llarena Conde.
c)  Por auto del instructor de fecha 24 de noviembre de 2017, se acordó, en la citada 
causa especial núm. 20907-2017, ampliar el espacio subjetivo de la investigación y 
reclamar  al  Juzgado  Central  de  Instrucción  núm.  3  de  la  Audiencia  Nacional  las 
actuaciones  obrantes  en  sus  diligencias  previas  núm.  82-2017,  acumulándose  este 
procedimiento a la causa especial.
d)  El magistrado instructor dictó auto en fecha 4 de diciembre de 2017, que, entre  s
otros pronunciamientos, acordó mantener la prisión provisional comunicada y sin fianza  oe.
de don Jordi Sànchez i Picanyol y sustituir la medida cautelar de prisión provisional,  w.
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Parlamento de Cataluña, celebradas el 21 de diciembre de 2017, y resultaron elegidos
diputados.
f)  Mediante auto del magistrado instructor de 21 de marzo de 2018, don Jordi 
Sànchez i Picanyol, don Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i Andreu, junto con otras 
personas,  fueron  procesados,  entre  otros,  por  delito  de  rebelión  del  art.  472  y 
concordantes del Código Penal en la citada causa especial núm. 20907-2017, seguida 
ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
g)  Por auto de 23 de marzo de 2018, previa celebración de la comparecencia 
prevista en el art. 505 Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim), se acordó la situación de 
prisión provisional incondicional, entre otros, de don Jordi Turull i Negre y a don Josep 
Rull i Andreu.
h)  Mediante  auto  del  magistrado  instructor  de  9  de  mayo  de  2018  fueron 
desestimados  los  recursos  de  reforma  interpuestos  contra  el  citado  auto  de 
procesamiento de 21 de marzo de 2018; y por auto de la Sala de Recursos de la tantas 
veces mencionada Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2018 fueron 
desestimados los recursos de apelación interpuestos contra las anteriores resoluciones.
i)  Por auto del magistrado instructor de 9 de julio de 2018, se acordó, por lo que 
afecta al presente recurso de amparo, comunicar a la mesa del Parlamento de Cataluña 
que los ahora recurrentes don Jordi Sànchez i Picanyol, don Jordi Turull i Negre y don 
Josep Rull i Andreu, entre otras personas, procesados y miembros de ese Parlamento, 
«han quedado suspendidos –automáticamente y por imperio del artículo 384 bis de la 
LECrim– en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando, habiendo de 
proceder  la  mesa  del  Parlamento  a  adoptar  las  medidas  precisas  para  la  plena 
efectividad de la previsión legal».
Asimismo, el citado auto dispuso comunicar también a tal mesa que «cualquier 
alteración  procesal  que  suponga  la  desaparición  de  alguno  de  los  presupuestos 
normativos determinantes de la suspensión de estos procesados, se participará a la 
cámara legislativa, también a los efectos oportunos» y que «no existe impedimento 
procesal para que los cargos y funciones públicas que corresponden a los procesados, 
puedan  ser  ejercidos  de  manera  plena,  pero  limitada  al  tiempo  de  la  eventual 
suspensión, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si el Parlamento 
contemplara adoptar tal decisión».
La adopción de esta decisión fue justificada en el fundamento de derecho segundo 
de dicho auto en los siguientes términos literales:
«El artículo 384 bis de la LECrim, en su redacción dada por la L.O. 4/1988, de 25 de 
mayo, […] configura así una medida cautelar de naturaleza pública y extraordinaria, que 
no  tiene  por  objeto  una  sujeción  personal  al  proceso  o  garantizar  los  eventuales 
pronunciamientos económicos del procedimiento, sino preservar el orden constitucional 
impidiendo que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado 
de  forma  grave  el  orden  de  convivencia  democrática  mediante  determinados 
comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan 
continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad cuando 
concurren además en ellos los elementos que justifican constitucionalmente su privación 
de  libertad.  Sin  perjuicio  de  otros  supuestos  en  los  que  proceda  suspender 
provisionalmente  del  ejercicio  de  funciones  públicas  a  quienes  se  encuentren 
encausados en procedimientos penales, la previsión cautelar que ahora analizamos 
resulta ser de aplicación ex lege y ha sido refrendada por nuestro Tribunal Constitucional 
que, en su sentencia 71/1994, de 3 de marzo […].
En todo caso, la medida prevista por el legislador se ajusta a la provisionalidad de los  e
elementos que determinan su aplicación. Por más que el artículo 384 bis de la LECrim  bo
no vulnera el derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la  23ww
pCrEo c(epsuaems ielan tpor,e ys uennc iómno ddoe  ainlgoucneon csiae  pceornmdaicnioencae  pvoivra l ac uaadnodpoc isóen  hdae  dlaic tmadeod iduan  caauutote ldaer 
dreec opnriosicóidno),  econm eol  anrotí ccuolnot r2a3v ideen ela t acmarptao cmoa egl ndae r(eScThCo  7a1 p/1a9rt9ic4i)p,a er l eTnr iblousn aasl uCnotonss tiptuúcbiloicnoasl 
ha  destacado  que  el  derecho  a  acceder  y  ejercer  funciones  y  cargos  públicos
representativos de elección popular, es un derecho fundamental que no se agota en su 
propio titular sino que permite que a través de él se manifieste el orden democrático de la 
comunidad. Por ello nuestro máximo intérprete constitucional expresa que, desde una 
perspectiva constitucional, sólo es aceptable la restricción del derecho de representación 
política mientras se mantengan los legítimos presupuestos de los que se hace depender 
la suspensión en este caso, esto es, concurriendo la imputación formal y provisional de 
criminalidad realizada y mientras dure la decisión de prisión provisional del procesado.
A  diferencia  de  lo  que  ocurre  con  ocasión  de  la  imposición  de  una  pena  que 
comporte  la  privación  del  derecho  de  representación  (inhabilitación  absoluta, 
inhabilitación especial o suspensión de los artículos 41 a 43 del Código Penal, o cuando 
se imponga una pena privativa de libertad y el Parlamento de Cataluña entienda por ello 
oportuna la suspensión (art. 25.1 b de su Reglamento), el artículo 384 bis de la LECrim 
contempla  una  medida  de  eficacia  meramente  provisional.  De  este  modo,  la  final 
atribución de otras infracciones penales que resulten de menor lesividad para el colectivo 
social,  o  la  modificación  de  la  prisión  provisional  de  los  procesados,  supondría  la 
inmediata reactivación del derecho a representar a sus electores, lo que resultaría 
ineficaz si la lógica y legítima aspiración de mantener la mayoría parlamentaria obtenida 
en  los  comicios,  forzara  a  los  procesados  suspendidos  a  renunciar  de  manera 
irrevocable a una representación que la ley les limita sólo temporalmente. La suspensión 
provisional del escaño no puede imponer que los grupos parlamentarios en los que se 
integran los procesados, hayan de renunciar a su mayoría parlamentaria durante el 
periodo de la suspensión de los cargos; como tampoco resulta coherente que una 
suspensión  provisional  imponga,  como  única  manera  de  mantener  la  mayoría 
parlamentaria, que los suspensos renuncien definitivamente al derecho de representar a 
sus electores.
Lo expuesto obliga a comunicar a la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña, 
que los procesados y miembros de ese Parlamento: Carles Puigdemont i Casamajó, 
Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull i Negre, Raúl Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu y 
Jordi Sànchez Picanyol, han quedado suspendidos –automáticamente y por imperio del 
artículo  384  Bis  de  la  LECrim–  en  las  funciones  y  cargos  públicos  que  estaban 
desempeñando, debiendo de proceder la Mesa del Parlamento a adoptar las medidas 
precisas para dar plena efectividad a la previsión legal.
También habrá de comunicarse a la Mesa del Parlamento, que cualquier alteración 
procesal  que  suponga  la  desaparición  de  alguno  de  los  presupuestos  normativos 
determinantes de la suspensión, se participará a la cámara legislativa a los efectos 
igualmente oportunos.
Particípese igualmente que no existe impedimento procesal para que los cargos y 
funciones públicas que corresponden a los procesados, puedan ser ejercidos de manera 
plena,  pero  temporal,  por  otros  integrantes  de  sus  respectivas  candidaturas,  si  tal 
decisión se contemplara por el Parlamento.»
j)  Contra este auto de 9 de julio de 2018 los recurrentes en amparo interpusieron 
recurso de reforma y subsidiario de apelación, que finalmente fue tramitado como de 
apelación directa, junto al interpuesto por otros de los procesados, al haberse declarado 
concluso el sumario. El escrito de interposición del recurso de los ahora demandantes, 
tras defender la recurribilidad de la decisión y someter a crítica que las decisiones de 
conclusión del sumario y de adopción de la medida cautelar se adoptasen en una misma 
resolución, señalaba que se vulneran los arts. 23 y 24 CE, 5.1 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y 384 bis LECrim, al cuestionar la interpretación del término «individuos  e.
rebeldes» que, a su juicio, es contraria a la STC 199/1987, de 16 de diciembre, cuestión  w.b
que desarrolla extensamente. En segundo lugar, denuncia la vulneración reiterada del  23ww
ddeerreecchhoo s dheu mdeafneonss ay  [daert sl.a s2 4li bCeErta dy e6s  fCunodnavemneion taeluerso p(CeoE DpHa)r]a  dlea  lporso tiencteciróens addeo s loasl 
lhaa ibnésrtsrueclecsió rne.ducido injustificadamente los plazos procesales para recurrir durante toda
k)  Contra  el  mismo  auto  interpuso  la  representación  procesal  de  don  Oriol 
Junqueras  Vies  y  don  Raül  Romeva  Rueda  recurso  de  reforma.  Por  diligencia  de 
ordenación de 18 de julio de 2018 se acordó su tramitación como recurso directo de 
apelación conjuntamente con el interpuesto por otros de los procesados, ante la pérdida 
de competencia del instructor como consecuencia del auto de conclusión del sumario y 
conforme a lo ordenado en el mismo. El escrito de interposición de este recurso, en 
síntesis, declaraba que no resulta de aplicación el art. 384 bis LECrim por ausencia de 
firmeza del procesamiento y porque los procesados no están integrados en banda 
armada, argumento para el que también traía a colación la STC 199/1987. Se refería 
finalmente  a  la  importancia  del  derecho  de  representación  política  (art.  23  CE),  al 
derecho al mantenimiento en el ejercicio del cargo representativo sin perturbaciones 
ilegítimas (art. 23.2 CE), calificaba de «fórmula imaginativa» la posibilidad de sustitución 
a que alude el auto recurrido y concluía afirmando la desproporción de la medida 
impuesta. Al darse traslado del referido recurso a los ahora demandantes de amparo don 
Jordi Sànchez i Picanyol, don Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i Andreu, por escrito 
de su representación procesal de 24 de julio de 2018, se adhirieron al mismo.
l)  El recurso de apelación fue desestimado en su integridad mediante auto de la 
Sala de Recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 30 de julio de 2018 
que  en  su  fundamento  jurídico  segundo,  contiene  los  siguientes  razonamientos, 
literalmente transcritos:
«Segundo.
Parten los recurrentes de un razonamiento contenido en la STC 199/1987 que no 
puede ser interpretado fuera de su contexto.
1.  En ese sentido, ha de tenerse en cuenta, en primer lugar, que en esa sentencia 
se examinaban recursos de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 9/1984, que se 
dictó en desarrollo del artículo 55.2 CE, el cual, de un lado, se refiere solamente a los 
derechos fundamentales reconocidos en los artículos 17.2 y 18.2 y 3; no, por lo tanto, a 
los  reconocidos  en  el  artículo  23.2.  Y,  de  otro  lado,  menciona  exclusivamente  “las 
investigaciones  correspondientes  a  la  actuación  de  bandas  armadas  o  elementos 
terroristas”, lo cual obligaba a analizar si los individuos rebeldes podían considerarse 
comprendidos  en  una  u  otra  figura,  cuestión  que  no  necesariamente  plantea  la 
interpretación del artículo 384 bis.
En la sentencia citada también se dice que el constituyente “ha introducido en el 
art.  55.2  una  habilitación  al  legislador,  para  establecer  un  régimen  específico  de 
suspensión de determinados derechos fundamentales con la finalidad de facilitar las 
investigaciones  correspondientes  a  la  actuación  de  bandas  armadas  o  elementos 
terroristas,  posibilidad  de  suspensión  de  derechos  que  la  CE  ha  estimado  como 
necesaria para el propio sostenimiento del Estado democrático de Derecho”.
En el párrafo transcrito en el recurso, recogido más arriba, el Tribunal Constitucional 
responde a una alegación según la cual la inclusión de los “rebeldes” en el ámbito de 
aplicación de la ley, en cuanto se refiere a la suspensión de los derechos reconocidos en 
los artículos 17.2 y 18.2 y 3, va más allá de los límites impuestos por el artículo 55.2 CE. 
Así, señala el Tribunal que “Se suscita la cuestión relativa a si esa genérica inclusión 
queda dentro del ámbito de aplicación previsto en el art. 55.2 de la Constitución”. Ello 
permite entender que la limitación del concepto de “rebeldes” a aquellos casos en que 
pueda identificarse o considerarse coincidente con el de “banda armada”, solo tiene  s
virtualidad en el marco del artículo 55.2 CE. Es decir, que, a esos efectos, la inclusión de  oe.
los rebeldes no es porque puedan ser así considerados, sino porque teniendo en cuenta  w.
asurms Dafidena an”l iocd oasmdeerp sra esyní ,de indl oag  rpdaoevdnert íraaot  aadqdeuml eái tmiarsbl eiot oru ddnee ndl  eaclriottíonc sudtlieotu  5rce5iob.2ne alCiól Enq .usein  raerpmreasse, nlota ncu, aslo rne s“ublatanrdíaa   2020-4123n https://ww
contradictorio con la previsión según la cual el mero hecho de esgrimirlas constituye un
elemento de agravación del tipo básico, como ya hemos puesto de relieve en el Auto 
de 26 de junio de 2018, dictado en esta misma causa.
2.  En segundo lugar, los recurrentes obvian en su exposición otros aspectos de la 
referida  sentencia  del  Tribunal  Constitucional  que  no  son  irrelevantes.  Así,  en  ella 
también se dice, en relación con las alegaciones relativas a la inconstitucionalidad de 
toda la ley, que “Si bien la Ley Orgánica 9/1984 desarrolla la habilitación constitucional 
del art. 55.2 CE, su contenido no se ha agotado en el desarrollo normativo de aquel 
precepto, sino que también ha abordado otras materias o cuestiones relativas a la 
regulación  penal  y  procesal  de  determinadas  figuras  delictivas  relacionadas  con  la 
actuación de bandas armadas o elementos terroristas, cosa que de por sí no supone 
ninguna infracción constitucional. Por ello no puede alegarse el art. 55.2 CE como 
referencia única para tratar de argumentar la inconstitucionalidad de la totalidad de la 
Ley, sino, en su caso, de unos concretos y determinados artículos de la misma que 
tienen que ver con ese precepto constitucional”.
Y ya hemos recordado más arriba que ese precepto solamente se refiere a la 
suspensión  de  los  derechos  reconocidos  en  los  artículos  17.2  y  18.2  y  3  CE,  y, 
solamente en relación a “las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas 
armadas o elementos terroristas”.
No afecta, pues, a la suspensión de los derechos reconocidos en el artículo 23.2. De 
este modo, la constitucionalidad de la suspensión de los derechos reconocidos en este 
último precepto no se vincula a las limitaciones impuestas por el artículo 55.2 de la CE, 
sino a otras consideraciones. De otro lado, en la STC 199/1987 no se examina la 
constitucionalidad  de  la  suspensión  de  cargos  públicos  procesados  al  haber  sido 
derogada ya esa norma en el momento del dictado de la sentencia, por lo que las 
consideraciones generales relativas a los derechos reconocidos en los artículos 17.2 
y 18.2 y 3 no son aplicables a la suspensión de los derechos del artículo 23.
3.  En tercer lugar, ha de recordarse nuevamente que la constitucionalidad del 
artículo 384 bis, por razones obvias, y, en general, la posibilidad de suspender en 
determinadas circunstancias los derechos reconocidos en el artículo 23.2 CE, no ha sido 
examinada en la STC 199/1987, sino en la STC 71/1994, que consideró constitucional 
dicho precepto sin hacer restricciones en cuanto a su ámbito subjetivo en relación con la 
mención a los individuos rebeldes y sin vincularlo al artículo 55.2 CE.
[…]
Ha de rechazarse, por lo tanto, que la suspensión de los derechos reconocidos en el 
artículo 23.2 CE prevista en el artículo 384 bis de la LECrim, cuya constitucionalidad ha 
sido declarada por el Tribunal Constitucional, se refiera solamente a los casos de delitos 
de rebelión cometidos por bandas armadas.
4.  En cuanto a la desproporción de la medida, no se aprecia si se tiene en cuenta la 
gravedad de los hechos, que atentan a la misma esencia del Estado democrático, en 
palabras del Tribunal Constitucional. En este aspecto, relativo a la gravedad de los 
hechos  imputados,  damos  por  reiteradas  las  consideraciones  que  esta  Sala  de 
apelaciones ha venido haciendo desde el Auto de 5 de enero de 2018.
Por otro lado, la adopción de la misma no es fruto de una decisión discrecional, 
aunque motivada, del instructor, pues está prevista en la ley como una consecuencia 
automática de la concurrencia de los dos presupuestos cuya existencia no niegan los 
recurrentes. Aunque pudiera entenderse que, a pesar de ese carácter automático es  s
necesaria  alguna  justificación  que  excluya  cualquier  apariencia  de  absoluta  oe.
desproporción,  en  el  caso,  la  gravedad  de  los  hechos,  a  la  que  ya  se  ha  hecho  w.
urenfae rmenoctiivaa, cyió qnu iem palpícairtae,c eq ueen r eesl uAltuatroía  impeprucgenpatibdloe,  preosr uclutaa lqduei etaral .e»videncia que autoriza  2020-4123n https://ww
repr3e.s enLtaa cidóenm paonldítaic ad ye  aal mapcaceros o aale gcaa rgvousln peúrabcliicóons  d(aerl t. d2e3re CchEo)  efunn drealmaceiónnta lc oan  elal   BOE-A-cable e
derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24 CE) y vulneración del derecho 
fundamental a un proceso con todas las garantías (art. 24 CE).
Aduce  la  demanda  que  las  resoluciones  impugnadas  amplían  de  manera 
desproporcionada  y  contraria  a  la  propia  jurisprudencia  constitucional  la  previsión 
contenida en el art. 384 bis LECrim.
Más allá del claro forzamiento del tipo penal de la rebelión y del uso absolutamente 
desproporcionado  de  la  prisión  preventiva  –quejas  que  dicen  los  recurrentes  no 
denunciar aquí por haber sido objeto de demandas de amparo previas–, alegan que el 
art. 384 bis LECrim nunca debió aplicarse al presente caso, por no concurrir la exigencia 
de que los procesados sean considerados «individuos rebeldes» tal como este término 
ha sido interpretado por la doctrina constitucional, en especial, por la STC 199/1987. A 
su  juicio,  la  interpretación  literal  llevada  a  cabo  por  el  instructor  desconoce  los 
precedentes  constitucionales,  lleva  a  un  resultado  desproporcionado  y  vulnera  la 
presunción de inocencia.
Los  recurrentes  insisten  en  que  la  exégesis  literalista  del  Tribunal  Supremo 
contradice  la  exigencia  constitucional  de  interpretación  restrictiva  de  la  expresión 
«individuos  rebeldes»  derivada  de  la  STC  199/1987.  Argumentan  que  en  dicha 
Sentencia el Tribunal consideró sinónimas la condición de «rebelde» y la de pertenencia 
a «banda armada», lo que evidencia que el art. 384 bis LECrim no sea aplicable al caso, 
«en el que incuestionablemente no se ha empleado ningún tipo de violencia consistente 
en empleo de armas o explosivos». Subrayan que la STC 71/1994 no entró en absoluto 
a tratar la cuestión de qué debía entenderse por «individuos rebeldes» a los efectos del 
citado precepto y en modo alguno desautorizó la previa STC 199/1987 que, por el 
contrario, citó expresamente (FJ 3) como precedente vinculante.
Argumenta la demanda que la medida produce unos efectos desproporcionados no 
solo sobre los derechos fundamentales de los diputados demandantes y de quienes les 
votaron, sino sobre otros valores constitucionales: de un lado puede alterar las mayorías 
existentes y la composición del Parlamento de Cataluña y, de otro, no puede afirmarse 
que sea necesaria para evitar nuevos delitos, pues los diputados en prisión únicamente 
pueden votar por delegación siendo impensable –dicen– que por emitir el voto puedan 
incurrir en nuevos delitos.
En relación con la presunción de inocencia, los recurrentes solicitan del Tribunal el 
planteamiento de cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca 
de la compatibilidad del art. 384 bis LECrim con el art. 48 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y el art. 3 de la Directiva (UE) 2016/343 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el 
proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar 
presente en el juicio.
Recuerdan  los  demandantes  la  condición  de  «último  tribunal»  del  Tribunal 
Constitucional a los efectos del el art. 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión 
Europea.
Por lo que se refiere a la vulneración del derecho fundamental a un proceso con 
todas las garantías (art. 24 CE), alega la demanda que la presencia en la Sala de 
Apelaciones del magistrado don Francisco Monterde Ferrer vulnera el derecho de los 
demandantes a un tribunal imparcial, pues dicho magistrado es vicepresidente ejecutivo 
de una asociación judicial que, a través de la red social twitter, ha difundido decenas de 
mensajes en los que prejuzga la culpabilidad de los recurrentes y se refiere a ellos en 
tono de burla. Se remite a la demanda del recurso de amparo núm. 2633-2018. s
La  demanda  justifica  la  especial  trascendencia  constitucional  en  un  apartado  oe.
específico (págs. 8-10), en el que, tras enumerar los supuestos contemplados en la  w.
STC 155/2009, con cita de la STC 216/2013, de 19 de diciembre, indica lo siguiente,  23ww
literalmente transcrito:
reso«luEcl ieosnpeesc aiaqlu iín cteureésst icoonnasdtaitsu cdioenl Tarl idbeuln parl eSsuepnrteem reoc suers por oranduinccai aenn  peol rh veeczh op rdime eqruae – leans 
lo que alcanza esta defensa– sobre la posibilidad de aplicar la suspensión cautelar del
art. 384 bis LECrim a diputados electos en parlamentos autonómicos y lo hacen en clara 
contradicción con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional sobre el alcance del 
citado precepto en su Sentencia 199/1987, ampliando de modo desproporcionado sus 
efectos.  Concurren,  en  consecuencia,  los  supuestos  a)  y  f)  de  trascendencia 
constitucional.»
Por otrosí la demanda solicitó la medida cautelar consistente en la suspensión de los 
efectos de las resoluciones cuestionadas en relación con los derechos políticos de los 
diputados demandantes, pretensión cautelar que fundamenta a continuación. Agrega 
que «se solicita que la presente medida cautelar se acuerde al amparo del art. 56.6 
LOTC en la misma resolución de admisión a trámite, que deberá dictarse a la mayor 
brevedad posible, solicitándose a tal efecto que se habiliten si es necesario para ello 
sábados o días festivos, como ya ha hecho el Tribunal en ocasiones anteriores cuando 
se  ha  tratado  de  decidir  acerca  de  los  derechos  políticos  de  los  diputados  en  el 
Parlament de Cataluña».
4.  Mediante providencia de 30 de octubre de 2018, el Pleno de este Tribunal, a 
propuesta del presidente, acordó recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo, 
conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  10.1  n)  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC) y admitirlo a trámite, «por apreciar que concurre en el mismo una 
especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) dado que el recurso plantea un 
problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina 
de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]». Asimismo, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 51 LOTC, acordó dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo, a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, remita certificación o 
fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al auto de 30 de julio de 2018 
dictado por la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo en la causa especial núm. 
20907-2017,  debiendo  previamente  emplazarse  para  que  en  el  plazo  de  diez  días 
puedan comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo a quienes hubieran sido parte 
en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.
En relación con la solicitud de suspensión de las resoluciones recurridas formuladas 
en la demanda de amparo mediante otrosí, el Pleno no apreció la urgencia excepcional a 
la que se refiere el art. 56.6 LOTC, que justificaría su adopción inaudita parte inmotivada, 
por lo que, a fin de resolver sobre la misma acordó formar la oportuna pieza separada.
5.  Mediante providencia de igual fecha se formó la correspondiente pieza separada 
de suspensión y, de conformidad con lo previsto en el art. 56 LOTC, se concedió un 
plazo común de tres días al ministerio fiscal y al solicitante de amparo para que pudieran 
alegar lo que estimaran pertinente en relación con la petición de suspensión interesada. 
Evacuado el trámite, mediante ATC 13/2019, de 26 de febrero, se acordó denegar la 
petición de suspensión de las resoluciones impugnadas.
6.  Una vez emplazadas las partes, por diligencia de ordenación de 26 de noviembre 
de 2018 se tuvo por personado y parte en el procedimiento al abogado del Estado; al 
partido político VOX, representado legalmente por don Francisco Javier Ortega Smith-
Molina, procesalmente por la procuradora doña María del Pilar Hidalgo López y asistido 
por el abogado don Pedro Fernández Hernández; a doña Carme Forcadell i Lluis y doña 
Anna Simó i Castelló, representadas por el procurador don Emilio Martínez Benítez y 
asistidas por la abogada doña Olga Arderiu Ripoll; a don Oriol Junqueras Vies y don Raül 
Romeva Rueda representados por la procuradora doña Celia López Ariza. Asimismo se  e.
les concedió a los citados y al ministerio fiscal el plazo común de veinte días para que  w.
presentaran las alegaciones que a su derecho conviniera. 23ww
7.  La  representación  procesal  del  partido  político  VOX  formalizó  su  escrito  de
alegaciones ante este Tribunal el 17 de diciembre de 2018.
Se alega en primer término la inadmisibilidad del recurso presentado por no haberse 
agotado la vía judicial previa, incumpliendo el requisito del artículo 44.1 a) LOTC, pues 
los  recurrentes  no  han  planteado  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  frente  a  las 
resoluciones  impugnadas  que  consideran  vulneradoras  del  art.  24  CE.  Asimismo, 
entienden que el recurso tampoco cumple con el requisito del art. 44.1 c) LOTC por falta 
de  invocación  previa  del  derecho  cuya  vulneración  se  denuncia  y  afirman  que  la 
demanda no expone con claridad y concisión, tal y como exige el art. 49.1 LOTC, los 
hechos que la fundamentan al utilizar una forma telegráfica y excesivamente sucinta 
para la descripción de la lesión de los derechos invocados.
En segundo lugar, afirma que no hay vulneración del derecho de participación y 
representación política como sostiene la parte recurrente. Alega que la Constitución 
Española no reconoce un derecho fundamental ni de otro tipo del reo a poder disfrutar y 
exigir una salida extraordinaria del centro penitenciario, sea para el ejercicio de derechos 
reconocidos en el art. 23 CE u otros de rango fundamental. Lo que ha destruido la 
posibilidad de dichos derechos del recurrente ha sido la comisión de los tipos penales de 
rebelión, sedición y malversación en el grado que determine a la postre la sentencia. 
Además, señala la representación procesal del partido político VOX que, como muestra 
el auto del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2018, y como garantía de los derechos 
políticos del recurrente, el magistrado instructor ha posibilitado que éste pueda incluso 
seguir realizando sus objetivos políticos por vía de delegación de voto, de conformidad al 
art. 93.1 del Reglamento del Parlamento de Cataluña.
Además, considera que la concesión de licencias especiales al preso, sobre la base 
de circunstancias subjetivas y de oportunidad, significaría la concesión de prerrogativas 
al reo no permitidas en el art. 14 CE.
Tras reproducir el contenido de los AATC 82/2018, de 17 de julio, 98/2018, de 18 de 
septiembre y 128/2018, de 11 de diciembre, afirma que no hay lugar a reconocer la 
vulneración de los derechos representativos del recurrente (art. 23 CE), sino volver a 
reconocer conforme a derecho la aplicación de lo dispuesto en el art. 384 bis LECrim y 
su suspensión cautelar del ejercicio de sus respectivos cargos de diputados.
Señala  que  si  la  representación  de  los  recurrentes  tenía  claras  dudas  de  la 
compatibilidad  del  término  «rebelde»  con  la  jurisprudencia  anterior  del  Tribunal 
Constitucional desde la STC 199/1987 y de que este precepto sólo es aplicable a 
aquellos que integren el concepto de banda armada, lo que tenía que haber hecho desde 
el principio es plantear al órgano judicial la oportunidad de instar una cuestión de 
inconstitucionalidad.
En tercer lugar, considera la representación procesal del partido político VOX que no 
hay vulneración de los derechos a un tribunal imparcial y a las garantías básicas del 
procedimiento penal (art. 24 CE). Afirma que el rechazo del Tribunal Supremo de la 
petición de recusación de la representación de los recurrentes se basa en defectos 
formales: primero, por incumplimiento del deber de prueba del art. 223.2 Ley Orgánica 
del Poder Judicial (LOPJ); segundo, por incumplimiento del deber de cuidado de la 
defensa de presentar los recursos e instrumentos procesales en el plazo debido del 
art. 223.1. Se trata, a su juicio, de inadmisión por incumplimiento de requisitos de forma 
donde nada tiene que ver los pensamientos de los magistrados y tampoco los supuestos 
mensajes en Twitter que haya podido decir el magistrado don Francisco Monterde. Por 
todo ello, considera que no es el Tribunal Supremo el que en este caso ha vulnerado los 
derechos de los recurrentes, sino su propia defensa que fue la que a la postre no 
presentó  los  debidos  recursos  en  tiempo  y  forma,  de  conformidad  con  las  leyes  s
aplicables. Señala que en el caso de que las peticiones del recurrente tuvieran visos de  oe.
reconocerse, esto sería no sobre la base de derechos fundamentales reconocidos en la  w.
sección primera del capítulo segundo del título primero, de conformidad con el art. 53.2  23ww
CdeE ,f osrimnoa ,r ercaoznóonc ipdoors  laco cnu raal negxoc eddee l edgea lildaa pdo osribdiilnidaarida  doe r eegnlatrmare nat asruia ,c opnoor cciumeiestnioton eesl 
Tribunal Constitucional.
Por último, alega que no hay vulneración del art. 48 de la Carta de derechos 
fundamentales de la Unión Europea ni del art. 3 de la Directiva 2016/343 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso 
penal  determinados  aspectos  de  la  presunción  de  inocencia  y  el  derecho  a  estar 
presente en el juicio.
Afirma que no se cumplen en este caso los requisitos mínimos para que se produzca 
el planteamiento por parte del Tribunal Constitucional de cuestión prejudicial al Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea. En primer lugar, porque en este caso se trata de la 
interpretación de normas jurídicas nacionales, y no de normas de la Unión Europea. En 
segundo lugar, porque de la somera descripción que hace la parte recurrente en el 
recurso no se puede afirmar que quede claro en qué contrarían los autos impugnados los 
arts. 48 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea y el art. 3 de la 
Directiva 2016/343. En tercer lugar, porque la apelación del art. 48 de la Carta de 
derechos fundamentales de Niza es del todo inconsistente, pues este precepto habilita a 
restricciones extraordinarias en el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en 
la  Carta.  Y,  en  cuarto  lugar,  porque  el  art.  51.1  de  la  Carta  de  los  derechos 
fundamentales  de  la  Unión  Europea  exige  que  el  planteamiento  de  una  decisión 
prejudicial, en relación con un derecho de la Carta, requiere de algún modo la invocación 
paralela de una norma de derecho de la Unión Europea que perfile el sentido de la 
lesión, sin la cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no puede determinar la 
interpretación o validez del derecho de la Unión Europea. En el recurso de amparo solo 
se invoca el art. 48 de la Carta que reconoce el derecho a la presunción de inocencia y el 
derecho  de  defensa,  y,  como  norma  de  cobertura,  solamente  el  art.  3  de  la 
Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016, que 
simplemente reproduce con otras palabras el reconocimiento del derecho de presunción 
de inocencia, pero luego no determina ningún precepto más de derecho de la Unión que 
determine en qué grado y hasta qué punto el art. 384 bis LECrim está en contradicción 
con el Derecho de la Unión Europea.
Por medio de otrosí, se solicita la celebración de vista, al amparo de lo dispuesto en 
el art. 52.2 LOTC.
8.  El ministerio fiscal presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el 26 de 
diciembre  de  2018,  en  el  que  solicitó  la  denegación  del  amparo.  Tras  exponer 
extensamente los antecedentes del caso, considera necesario, ante la pluralidad de 
invocaciones realizadas y el distinto efecto y alcance que tendría su eventual estimación, 
reordenar su análisis, comenzando por la vulneración del derecho a la imparcialidad 
judicial (art. 24.2 CE) por afectar a la constitucionalidad de la propia conformación del 
órgano  judicial,  procediendo  después  al  examen  de  la  afectación  de  los  derechos 
políticos de los recurrentes (art. 23 CE) en relación con la presunción de inocencia 
(art. 24.2 CE).
a)  Por lo que se refiere a la vulneración del derecho fundamental a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE) por causa de la presencia del magistrado Monterde en 
la sala de apelaciones del Tribunal Supremo en cuanto la misma conculca el derecho de 
los recurrentes a un tribunal imparcial, a juicio del fiscal, lo procedente con carácter 
principal es inadmitir en sentencia este motivo, sin perjuicio de que si dicho criterio no se 
comparte por el Tribunal, subsidiariamente se desestime el mismo en todos sus términos 
por carecer de contenido de fondo atendible desde la perspectiva constitucional.
El ministerio fiscal considera que la alegación de falta de imparcialidad se plantea  e
respecto de la resolución judicial dictada en apelación en este recurso, el auto de 30 de  bo
julio de 2018, sin adecuada invocación formal previa y con carácter prematuro. No  23ww
pcoensastra d uen qau ien vpoocra lcoisó nn ufomremraols oas t rraevcéusr sdoes  ldae p aropmeloacciióónn  idnete urpnu iensctiodse nctoen d aen rteecriuosriadcaidó np, oar 
lTorsib urencaul rreSnutepsre mcoon ociníacnlu ssoo brcaodna mebnatseta lnat ec omanptoicsiipcaiócnió nd e ala  slaa la ndoeti fiacpaecliaócni ondees  dseul 
procesamiento. Además, señala el fiscal, no se ha agotado la vía judicial previa antes de
venir en amparo. El proceso penal seguido en única instancia ante el Tribunal Supremo 
aún no ha finalizado, encontrándose en su fase intermedia tras la conclusión de la fase 
de instrucción o investigación previa. Señala que la alegación de vulneración del derecho 
al juez imparcial se produce, por tanto, en un proceso penal todavía en curso al tiempo 
de presentarse la demanda, por lo que procede comprobar si el ordenamiento jurídico 
ofrece  aun  vía  para  la  alegación,  apreciación  y  reparación  de  la  conculcación  del 
derecho fundamental ante la jurisdicción ordinaria.
Insiste en que no estamos ante un caso en que la alegada vulneración del derecho 
fundamental procesal involucrado haya sido resuelta y solventada de modo firme y 
definitivo en la vía judicial, sino que puede ser reparada aun en el proceso judicial en 
curso.  En  definitiva,  señala  el  fiscal,  no  concurre  en  el  supuesto  una  situación  de 
impugnación  a  resoluciones  interlocutorias  que  resulte  habilitante  de  un  trato  de 
excepción. Por ello, entiende que no cabe sino concluir que no ha sido respetado el 
principio de subsidiariedad que rige el proceso constitucional de amparo, en la medida 
en que se plantea una queja relativa a un derecho de naturaleza procesal frente a 
resoluciones interlocutorias, el proceso penal está en curso y la cuestión no ha sido 
solventada de forma definitiva en éste, puesto que todavía cabe su alegación y, en su 
caso, su apreciación y reparación en la vía jurisdiccional ordinaria.
Sobre  el  fondo  de  la  alegación  de  falta  de  imparcialidad,  el  fiscal  reproduce 
determinados  apartados  que  considera  ilustrativos  de  la  STEDH  de  15  de  octubre 
de 2009 (asunto Micallef contra Malta), y distintas sentencias del Tribunal Constitucional 
sobre la regla de imparcialidad del juez. A su juicio, de la argumentación desplegada en 
la justificación de este motivo de amparo se desprende que el sustento tanto de la 
recusación que pretendió el recurrente en el curso del procedimiento penal como del 
motivo  de  amparo  que  articula  es  un  supuesto  de  hetero-responsabilidad  o 
responsabilidad por un hecho ajeno, puesto que simplemente imputa al magistrado 
reseñado el contenido de los mensajes sin elemento de acreditación alguno que refrende 
que el mismo sea su autor o que haya concretado un acto individualizado revelador de 
ausencia  de  imparcialidad  en  el  magistrado,  de  modo  que  no  estamos  ante 
manifestaciones  públicas  procedentes  del  juzgador  de  la  causa.  Por  consiguiente, 
considera que no cabe sino concluir que no existen elementos de mínima consistencia 
como para afirmar que las sospechas o dudas de parcialidad se hallen objetiva y 
legítimamente justificadas, de manera que permanece absolutamente indemne la regla y 
presunción de imparcialidad en el magistrado cuestionado y del órgano jurisdiccional en 
que éste se integra, máxime tomando en consideración su conformación colegiada.
En todo caso, el fiscal entiende necesario hacer dos observaciones. En primer lugar, 
recuerda que el Tribunal Constitucional ha excluido entre la causas de recusación, 
incluso como indicador verosímil de amistad o enemistad, los meros sentimientos de 
inclinación  o  rechazo  deducidos  del  hecho  de  la  pertenencia  a  asociaciones, 
corporaciones o grupos sociales, así como en relación a la asunción de creencias 
religiosas  e  ideologías  de  signo  diverso,  mientras  no  se  hayan  traducido  en  actos 
individualizados. Y, en segundo lugar, señala que en relación con la atribución al Tribunal 
Supremo de un «trato discriminatorio» hacia determinadas opciones políticas, efectuada 
ya en varios recursos de amparo, hay que significar que en nuestro sistema jurídico no 
existe  ninguna  prohibición  o  limitación  para  sostener  tesis  independentistas  en  los 
distintos territorios del Estado, ni para constituir partidos políticos que acojan un ideario 
independentista, ni para su expresión pública, lo que resulta de toda evidencia, dada la 
ideología del partido político al que pertenece el demandante y con el que ha concurrido  s
con éxito a las elecciones al Parlamento catalán, partido que despliega su actividad sin  oe.
ningún  tipo  de  cortapisa  fuera  del  Parlamento  y  dentro  del  mismo  como  grupo  w.
parlamentario que dispone de plenas facultades para actuar conforme al reglamento de  23ww
las cbá) maProars .lo que se refiere a la alegada vulneración de los derechos políticos de los
raencáulirsreisn pteosr  é(asrtet.  ú2l3tim CoE q) uye  dsee  csoul igpare as ulan cviuólnn edrea ciinóonc deen cdiear e(acrhto. s2 4p.o2lí tCicEo)s,.  cPoamraie enl zfais csaul   BOE-A-cable e
la alegada vulneración del derecho a la presunción de inocencia de los recurrentes está 
escasamente fundamentada y no aparece desarrollada puesto que la demanda se limita 
en este punto a efectuar la asociación entre su vulneración y la del derecho sustantivo 
del art. 23 CE.
Señala el fiscal que de la doctrina europea e internacional en materia de derechos 
humanos se desprende que la presunción de inocencia despliega sus efectos en el 
proceso penal en una triple dimensión: como regla de juicio –probatoria– del proceso, de 
manera que se ha de partir de la verdad interina de la ausencia de atribución del hecho y 
se requiere para destruirla prueba de cargo legítima suministrada por la acusación; como 
garantía del proceso penal, que se erige en un límite al legislador que va destinado a 
impedir el establecimiento de normas que impliquen una presunción de culpabilidad y 
carguen la prueba de la inocencia sobre el inculpado; y como regla de tratamiento del 
imputado durante el proceso penal, lo que conllevaría la reducción al mínimo de las 
medidas restrictivas del encausado durante el proceso.
Pues bien, para el fiscal la queja de los recurrentes concierne sobre todo a esta 
tercera dimensión en la medida en que se reclama en esencia el pleno goce y ejercicio 
de sus derechos políticos. Y si bien la doctrina constitucional afirma desde antiguo esta 
tercera dimensión, lo cierto, afirma el fiscal, que también ha acogido el postulado básico 
de  que  la  presunción  de  inocencia  es  compatible  con  la  aplicación  de  medidas 
cautelares, ello siempre que se adopten por resolución fundada en derecho que se 
basen en un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y las circunstancias 
concurrentes.
En el caso concreto, señala el fiscal que no puede olvidarse que los recurrentes se 
hallan en situación de prisión provisional y, por ende, internos en un centro penitenciario, 
de modo que la medida restrictiva está vinculada a una suspensión del derecho a la 
libertad no estableciéndose de modo autónomo a la permanencia en dicha situación; y 
tanto la prisión provisional como la suspensión de sus cargos y funciones públicas tienen 
su fundamento en conductas de extrema gravedad.
Tras reproducir parte del contenido de la STC 71/1994, de 3 de marzo, FJ 7, reitera 
que la queja referida al derecho a la presunción de inocencia en el concreto marco en 
que se formula carece claramente de sentido y contenido constitucional. Y de acuerdo 
con ello, considera que resulta carente de fundamento la pretensión contenida en la 
demanda de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, máxime cuando la propia jurisprudencia constitucional admite que los derechos 
políticos sustantivos implicados no tienen el carácter de absolutos y así se entiende por 
la jurisprudencia europea dictada en torno al art. 3 del Protocolo adicional 1 al Convenio 
europeo de derechos humanos, que es a su vez elemento interpretativo de primer orden 
sobre el alcance y nivel de protección de la Carta de derechos fundamentales de la 
Unión Europea ex arts. 52.3 y 53 de ésta.
c)  A  continuación  el  ministerio  fiscal  hace  alusión  a  la  supuesta  falta  de 
presupuestos para la aplicación del art. 384 bis LECrim. En cuanto a la imposibilidad de 
entender a los demandantes como responsables de hechos relacionados con «individuos 
rebeldes» por no estar integrados en una banda armada, recuerda que los demandantes 
vienen a sostener que lo razonable y proporcionado es entender que la aplicación del 
art. 384 bis LECrim, atendidos sus antecedentes normativos, los debates parlamentarios 
legislativos y las conclusiones derivadas de la STC 199/1987, únicamente es posible 
respecto de aquellos individuos rebeldes que hubieran utilizado armas de guerra o 
explosivos, con la finalidad de producir la destrucción o eversión del orden constitucional,  s
de modo que exclusivamente a éstos es posible suspenderles del ejercicio del cargo o  oe.
función pública. Pero frente a esta tesis, el ministerio fiscal entiende que cabe oponer las  w.
siguientes consideraciones: 23ww
– la STC 199/1987 no se refirió en realidad a la norma procesal que estableció la
Lsuesyp Oenrgsáiónnic aa  9la/ 1q9u8e4 ,s eel  rTerfiibeuren ael lC doenmstaitnudcaionntea,l  appureesctoió  qlau ed eressappeacritcoi ódne sl oabrtr.e v2e2n.1id dae d elal 
objeto del recurso de inconstitucionalidad:
– la medida del art. 22.1 de la Ley Orgánica 9/1984 iba exclusivamente referida a los 
delitos comprendidos en dicha ley específicamente relacionados con la actuación de 
bandas armadas y elementos terroristas en su tipificación al tiempo de su vigencia y 
desde la óptica de desarrollo del art. 55.2 CE, precepto que va referido a los arts. 17.2 
y 18.2 y 3 CE;
– el objeto de la STC 199/1987 era determinar si la inclusión de los rebeldes en el 
ámbito  aplicativo  de  la  ley  podía  responder  al  mismo  fundamento  habilitante  de 
excepción del art. 55.2 CE;
– en la actualidad es perfectamente posible la comisión de un delito de rebelión sin 
armas, como se desprende del subtipo agravado que se establece en atención a su 
empleo en el núm. 2 del art. 473 CP, y se castiga con penas de prisión de quince a 
veinticinco años;
– el referente de doctrina constitucional en lo que concierne al art. 384 bis LECrim es 
la STC 71/1994, de 3 de marzo, FFJJ 6 y 7, que ha considerado constitucionalmente 
legítima la medida de suspensión del ejercicio de función o cargo público contemplada 
en dicho precepto.
Señala que el art. 384 bis LECrim no podría ser inaplicado ni cuestionado por los 
órganos jurisdiccionales sin incurrir en un reprobable exceso de jurisdicción, dada su 
proclamada legitimación constitucional y la afección que también provocarían, en un 
sentido contrario al esgrimido en la demanda, de los derechos de los diputados y 
ciudadanos del cuerpo electoral que están sometidos a una serie de condiciones que 
conforman el status legal para el acceso, ejercicio y mantenimiento de sus derechos 
políticos, entre las que se halla, en su dimensión o faceta negativa, no encontrarse en la 
situación  contemplada  en  aquel  precepto  legal,  lo  que  comporta  consecuencias  de 
afectación del ius in officium del resto de los diputados del Parlamento de Cataluña.
Concluye  el  fiscal  afirmando  que  la  aplicación  de  la  medida  de  suspensión 
establecida en el art. 384 bis LECrim se ajusta a la legalidad, no desatiende la doctrina 
constitucional y en absoluto puede calificarse como materialmente desproporcionada.
9.  Por escrito registrado el 28 de diciembre de 2018 presentó sus alegaciones el 
abogado del Estado.
Tras delimitar el objeto del recurso de amparo, señala que el órgano jurisdiccional no 
ha mezclado confusamente el tipo penal que tiene que ver con la actuación de bandas 
armadas o terroristas (arts. 571 y ss. CP) y el de rebeldía previsto en el art. 472 CP, en la 
medida en que además tampoco el ordenamiento jurídico los confunde o identifica ni 
establece una equivalencia entre ambas figuras delictivas, ni ha utilizado un precepto 
que posea otra finalidad de política legislativa para aplicar, supuestamente, una medida 
de gravamen adicional, punitiva, de suspensión de cargo público a los procesados en la 
causa especial. La rebeldía que se les imputa a los encausados en la causa especial 
núm. 20907-2017 es la incluida en la definición del art. 472 CP.
Para el abogado del Estado la motivación de los actos recurridos en cuanto a la 
correcta aplicación del art. 384 bis LECrim no se puede calificar de irracional o arbitraria. 
Además, indica que la aplicación de este precepto, cuando se den las circunstancias 
procesales  en  él  previstas,  respecto  de  los  procesados  por  rebeldía,  aunque  no 
necesariamente integrados en bandas armadas o elementos terroristas, fue resuelta ya 
desde la STC 71/1994, de 3 de marzo.
Señala que la STC 199/1987, de 16 de diciembre, invocada por los recurrentes, no  s
analizaba  la  constitucionalidad  del  art.  384  bis  LECrim  bajo  la  perspectiva  de  su  oe.
compatibilidad  con  la  Constitución,  como  sí  hizo  de  manera  explícita  la  posterior  w.
cgSaaTrrCgao n te7izl1ea/cd1to9iv 9po4o. r ye l aerst.p 2e3cí fCicEa mene nstue  vesrut iecnotem dpea tdibeirliedcahdo  aclo mn anetle ndimerieecnhtoo  y feujnedrcaimcioe ndtaell   2020-4123n https://ww
El  escrito  del  abogado  del  Estado  reproduce  determinados  párrafos  de  la 
STC 71/1994 y afirma que esta doctrina constitucional es recogida por el auto del 
Tribunal Supremo de 30 de julio de 2018, que también reproduce.
Insiste en que en modo alguno se vulnera, como los recurrentes pretenden, el art. 23 
CE por la aplicación o efectividad jurídica de lo dispuesto en el art. 384 bis LECrim a los 
procesados en la causa especial a los que se les ha aplicado, como tampoco cabe 
apreciar vicio o lesión respecto del derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto a una 
segunda motivación irrazonable o errónea en la resolución judicial impugnada.
En cuanto a la alegada desproporción de la medida de prisión y su correlativa 
suspensión de derechos de participación política, el abogado del Estado reproduce lo 
que señala el Tribunal Supremo en los autos recurridos, acerca de que esa pretendida 
desproporción no se aprecia si se tiene en cuenta la gravedad de los hechos, que 
atentan a la misma esencia del Estado democrático.
Por lo que se refiere al hipotético planteamiento de una cuestión prejudicial ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobra la base de lo dispuesto en el art. 28 de la 
Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, a su juicio no sería procedente 
pues  no  existe  duda  en  cuanto  a  que  el  art.  384  bis  LECrim  resulta  un  precepto 
adecuado a la Constitución, en la medida en la que ya por el Tribunal Constitucional se 
resolvió la cuestión. Además, considera que tampoco, desde una perspectiva general, 
resulta  contrario  al  régimen  de  derechos  fundamentales  en  el  ámbito  europeo  la 
compatibilidad de la presunción de inocencia con la adopción de medidas cautelares o 
efectos provisionales respecto de los procesados, según la clase de delito investigado, 
los indicios obrantes y las circunstancias que puedan resultar concurrentes, durante la 
tramitación de los procesos penales.
En síntesis, señala el abogado del Estado que existe una seguridad de doctrina por 
parte del máximo órgano judicial interno en materia de garantías constitucionales, como 
es el Tribunal Constitucional, asumida por el Tribunal Supremo conforme a lo previsto en 
el art. 5 LOPJ, respecto de la adecuación del art. 384 bis LECrim a la Constitución, y no 
hay duda sobre incompatibilidad alguna con el Derecho europeo en materia de derechos 
fundamentales, con lo cual no hay lugar al planteamiento de cuestión prejudicial alguna.
10.  Por escrito registrado el 28 de diciembre de 2018 doña Celia López Ariza, 
procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de don Raül Romeva Rueda 
y don Oriol Junqueras Vies, presentó alegaciones solicitando que se reconozca la lesión 
de los derechos fundamentales invocados con anulación de las resoluciones recurridas.
Mediante este escrito se adhieren íntegramente al presente recurso de amparo y se 
remiten  al  contenido  de  su  recurso  de  amparo,  turnado  con  el  núm.  4855-2018, 
interpuesto  también  contra  el  auto  de  30  de  julio  de  2018  dictado  por  la  sala  de 
apelaciones del Tribunal Supremo en la causa especial núm. 20907-2017.
Consideran que el Tribunal Supremo ha aplicado de forma totalmente indebida la 
suspensión de cargos prevista en el art. 384 bis LECrim, lo cual supone una vulneración 
directa de los derechos fundamentales a la libertad ideológica y de expresión, al juez 
ordinario predeterminado por la ley, a la legalidad, a la representación y participación 
políticas, al juez imparcial, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las 
garantías.
A su juicio el Tribunal Supremo no tiene competencia para investigar ni enjuiciar los 
hechos atribuidos a los recurrentes, ni por lo tanto para determinar la aplicación del 
art. 384 bis LECrim, pues no se describe la comisión por ninguno de los encausados de 
ningún delito cometido fuera del territorio catalán que justifique la competencia del  e.
Tribunal Supremo. w.b
Además, afirma que el art. 384 bis LECrim ha sido aplicado de forma totalmente  23ww
perrirmóneeroa , epsu eqsu en on os ee xcisutmíap luenn  aduotso  rdeeq upisroitoces sfaumndieanmtoe nfitramlees  eenx igeild moso mpoern tloa  enno rmquae.  Eell 
vTerirbsuanr aslo Sburep rheemchoo tso mcoón slati tduetivcoissió dne  adqeuliít od irseclauctiidoan,a yd oe cl osne gbuannddoa se as rmquaed alas  coa iunsdaiv iddeuboes 
terroristas o rebeldes.
Concluyen señalando que la medida adoptada supone una indebida sanción a la 
ideología de los recurrentes, a sus creencias y orientación política.
11.  Mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha 9 de enero de 2019, la 
representación del recurrente solicitó que se diera el máximo impulso procesal a la 
resolución del presente recurso de amparo. Por diligencia de ordenación de la secretaria 
de justicia del Pleno de 10 de enero de 2019 se acordó unir el anterior escrito a las 
actuaciones, dar cuenta y entregar copia de este a las partes personadas. La misma 
solicitud se formuló mediante escritos de 6 de septiembre, 4 de noviembre de 2019 y 11 
de febrero de 2020, de los que se dio cuenta.
12.  Por providencia de 25 de febrero de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia este mismo día, en el que ha tenido lugar.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y posiciones de las partes.
El presente recurso de amparo se dirige contra el auto de la Sala de Recursos de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 30 de julio de 2018, que desestimó el recurso 
de apelación interpuesto contra el dictado por el magistrado instructor de la causa 
especial núm. 20907-2017, en fecha 9 de julio de 2018, que acordó comunicar a la mesa 
del Parlamento de Cataluña la suspensión de los recurrentes don Jordi Sànchez i 
Picanyol, don Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i Andreu, entre otras personas, 
diputados  en  ese  parlamento,  en  el  ejercicio  de  los  cargos  públicos  que  estaban 
desempeñando, en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal 
(LECrim).
Cabe recordar que el citado precepto establece que «firme un auto de procesamiento 
y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada 
con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere 
ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio 
del mismo mientras dure la situación de prisión». El contenido de las resoluciones 
judiciales  impugnadas  consiste  en  constatar,  y  confirmar  en  grado  de  apelación, 
respectivamente, la concurrencia de los presupuestos legales de la norma aplicada –
firmeza del procesamiento por delito de rebelión y la situación de prisión provisional de 
los  ahora  recurrentes,  diputados  del  Parlamento  de  Cataluña–  y  comunicar  la 
consecuencia  prevista  en  la  ley  al  citado  Parlamento.  De  todo  ello  se  ha  dejado 
constancia detallada en el apartado de antecedentes de esta sentencia.
En  la  demanda,  los  recurrentes  invocan  la  vulneración  de  los  derechos 
fundamentales a la representación política y al acceso a cargos públicos (art. 23 CE), en 
relación con el derecho a la presunción de inocencia (art. 24 CE), y la lesión del derecho 
fundamental a un proceso con todas las garantías (art. 24 CE).
Tanto  el  fiscal  ante  este  Tribunal  Constitucional  como  el  partido  político  VOX, 
personado en este proceso, han opuesto óbices de admisibilidad, que serán examinados 
en primer lugar. Subsidiariamente interesan la desestimación del recurso de amparo, al 
igual que el abogado del Estado.
Conviene despejar, de entrada, que la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo  de  14  de  octubre  de  2019,  dictada  en  la  citada  causa  especial  núm. 
20907-2017, ha dejado sin efecto la medida que se cuestiona en el presente recurso de  s
amparo, lo que, sin embargo, no provoca la extinción del mismo por pérdida sobrevenida  oe.
de su objeto. La razón, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal, es que la citada  w.
csfuoennndctearenmtcaeia na tanl lome soh maq uesenu tposue te eisnmtvopo oclaraa nlr  edcpeoa mfroaorc mivóuunll anpceoiróarn de odl sep  erloanp  daioem móparagnraodn.a o N dujeue dasitcmrioap la edrnoej,u  ialcotisea nmddieeiernentcdoho os eas    2020-4123n https://ww
las  circunstancias  concurrentes  en  esa  ocasión  a  efectos  de  dilucidar  si  existió
vulneración de tales derechos fundamentales (por todas, STC 83/2019, de 17 de junio, 
FJ 8, con cita de la STC 167/2005, de 20 de junio).
También hemos de poner de manifiesto, desde este mismo momento inicial, que las 
resoluciones judiciales contra las que se dirige el presente recurso fueron también 
impugnadas en amparo por otros procesados. Así, un primer recurso (recurso de amparo 
núm. 4855-2018), cuyo objeto coincide sustancialmente con el del presente, ha sido 
resuelto por la STC 11/2020, de 28 de enero, a la que ahora debemos remitirnos en su 
integridad. Muestra de tal semejanza, ya desde el origen de la controversia, es el hecho 
de que los aquí demandantes se adhirieron al recurso de apelación interpuesto por los 
allí recurrentes frente al auto del magistrado instructor, agotando conjuntamente, de esta 
forma, la vía judicial que precedió a ambos recursos de amparo.
2.  Requisitos para la admisibilidad.
Con carácter previo al examen de fondo de las pretensiones de la demanda de 
amparo,  debemos  pronunciarnos  sobre  la  concurrencia  de  los  requisitos  para  su 
admisibilidad establecidos en la LOTC, pues, como hemos declarado en otras ocasiones 
(STC 154/2016, de 22 de septiembre, FJ 2, y más recientemente en STC 130/2018, 
de 12 de diciembre, FFJJ 3 a 5), los defectos insubsanables de que pudiera estar 
afectado el recurso de amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente 
admitido a trámite (por todas, SSTC 18/2002, de 28 de enero, FJ 3, y 158/2002, de 16 de 
septiembre, FJ 2), de forma que la comprobación de los presupuestos procesales para la 
viabilidad de la acción puede ser objeto de reconsideración en la sentencia, de oficio o a 
instancia de parte, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por la falta de tales 
presupuestos,  sin  que  sea  obstáculo  para  ello  el  carácter  tasado  de  los 
pronunciamientos previstos en el art. 53 LOTC (por todas, STC 69/2004, de 19 de abril, 
FJ 3; o SSTC 89/2011, de 6 de junio, FJ 2, y 174/2011 de 7 de noviembre, FJ 2).
Entre los requisitos de admisibilidad de toda demanda se encuentra, como expresión 
del carácter subsidiario del recurso de amparo, que se hayan agotado las posibilidades 
que el ordenamiento proporciona para lograr tal protección ante los órganos de la 
jurisdicción ordinaria [art. 44.1 a) LOTC], así como que se haya puesto de manifiesto 
(«denunciado formalmente») la lesión del derecho fundamental en el proceso, si hubo 
oportunidad, tan pronto como hubiera sido conocida por la parte [art. 44.1 c) LOTC]; lo 
que  también  contribuye  a  la  efectividad  del  carácter  subsidiario  del  amparo 
constitucional.
3.  Falta de agotamiento de la vía judicial previa.
Como ha quedado reseñado, el partido político VOX aduce que el recurso incurre, 
respecto de las quejas referidas al art. 24 CE, en el óbice de falta de agotamiento de la 
vía previa [art. 44.1 a) LOTC], al no haber acudido la parte recurrente al incidente de 
nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ frente al auto de la Sala de Recursos de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 30 de julio de 2018.
A lo anterior añade el ministerio fiscal que la queja relativa a la vulneración del 
derecho fundamental a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), motivada por 
la presencia de un determinado magistrado en la Sala de Apelaciones del Tribunal 
Supremo, incurre en ausencia de adecuada invocación formal previa, por no haberse 
promovido un incidente de recusación, y resulta, además, prematura, pues el proceso 
penal aún no había finalizado, de modo que la reparación de la lesión del derecho 
fundamental sería jurídicamente posible. e.
A continuación abordaremos por separado estos óbices. w.
expuae) stoT ael ny  lac oSmTCo,  5e0n/2 0re1l9a,c idóen  9c odne  aebstreil,  mFJis m2 aa ),c ayu rseait edraed oin aednm lais iSbiTliCda d1,5 5h/2e0m1o9s, 
adcet u2a8c iodnee ns ocvoienmstbitruey,e F uJn 4 i,n shtaru dmee nteton eprrsoec eesna l cquueen,t ae nq ulea  evíl ai njcuirdisednitcec iodnea ln uolriddianda rdiae, 
sirve para remediar aquellas lesiones de derechos fundamentales del art. 53.2 CE que
no hayan «podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y 
siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario» 
(art.  241.1  LOPJ),  de  modo  que  su  función  en  materia  de  tutela  de  derechos  es 
esencialmente la misma que cumple la propia interposición de un recurso ordinario 
(STC 153/2012, de 16 de julio, FJ 3). En consecuencia, en el caso de que la ley conceda 
recurso, ordinario o extraordinario, frente a la resolución que la parte estime lesiva de su 
derecho, es este medio de impugnación el que deberá ser interpuesto por el interesado, 
sin que, tras el agotamiento de la cadena de recursos que legalmente quepan frente a la 
decisión adoptada, sea ya necesario que el recurrente reitere la queja a través de un 
incidente de nulidad que, por referirse a una vulneración ya denunciada con anterioridad 
en el procedimiento, deviene manifiestamente improcedente a tenor del propio art. 241 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial (ATC 293/2014, de 10 de diciembre, FJ 2).
Como señaló el citado ATC 293/2014, FJ 3, «la determinación en cada caso del 
remedio legalmente posible y, por tanto, exigible a los efectos del debido agotamiento de 
la vía judicial previa dependerá de la concreta vulneración que el recurrente denuncie en 
amparo y a qué resolución atribuya su causación». A estos efectos debe recordarse que 
corresponde estrictamente a la demanda la fijación del objeto procesal del recurso de 
amparo, tanto en cuanto a la individualización del acto o la disposición cuya nulidad se 
pretenda, como respecto de la razón para pedirla o causa petendi (SSTC 235/1994, 
de 20 de julio, FJ 1; 26/1995, de 6 de febrero, FJ 3; 124/1999, de 28 de junio, FJ 1; 
205/1999, de 8 de noviembre, FJ 4, y 224/2007, de 22 de octubre, FJ 2).
Por  consiguiente,  y  con  la  excepción  que  se  dirá,  en  cuanto  imputadas  las 
vulneraciones de derechos fundamentales originariamente a la resolución dictada por el 
magistrado instructor, el agotamiento de la vía judicial previa al recurso de amparo exigía 
la interposición de recurso de apelación. Así lo hizo la parte recurrente, según se ha 
dejado  constancia  en  los  antecedentes,  haciendo  efectivo  el  requisito  de  la 
subsidiariedad al permitir que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre las infracciones 
denunciadas con ocasión de aquel recurso.
Ahora bien, el hecho de no haber promovido incidente de nulidad de actuaciones 
contra el auto de la Sala de Recursos tiene relevancia, pues determina que las quejas 
ahora formuladas sólo resulten admisibles en cuanto que la lesión de los derechos 
fundamentales que denuncian fuera imputable inmediatamente al auto del magistrado 
instructor [art 44.1 a) LOTC en relación con el citado art. 241.1 LOPJ]. Es decir, la 
constatación anterior condiciona la amplitud de nuestro análisis, que debe circunscribirse 
al  examen  de  la  vulneración  de  derechos  fundamentales  con  origen  «inmediato  y 
directo» [art. 44.1 b) LOTC] en el auto del magistrado instructor y, sólo en la medida en 
que dichas lesiones no fueron reparadas, en el auto que resolvió el recurso de apelación 
interpuesto frente a aquel. Así pues, no cabría esgrimir queja autónoma alguna respecto 
del auto de la sala de recursos del Tribunal Supremo de 30 de julio de 2018.
Debe  añadirse  que  lo  anterior  aparece  respetado  por  la  demanda  rectora  del 
presente proceso constitucional, y, excepción hecha de la queja relativa a la composición 
de la sala de recursos, que analizaremos separadamente en cuanto incurre en causa de 
inadmisibilidad de preferente apreciación, no puede acogerse el óbice procesal de no 
haberse formalizado el incidente de nulidad de actuaciones.
b)  Distinta es la conclusión a la que debemos llegar en relación con el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad respecto a la queja que denuncia la vulneración del 
derecho a un juez imparcial, vertiente del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), dado que se ha acudido a la vía de amparo sin que conste haber  s
intentado la recusación del magistrado integrante de la sala de recursos. A ello hay que  oe.
añadir que tampoco la resolución judicial que hubiera puesto fin a ese incidente habría  w.
cerrado el paso a la posibilidad de volver a plantearla ante el Tribunal de enjuiciamiento  23ww
[art.C 2o2n8 .i3n ddeep lean Ldeeyn cOiarg dáenli ccao ndteeln Pidood edre J luad cicuieasl t(iLóOn PdJe) ]f.ondo planteada en el recurso, el
scua uecxea pmroecne seanl  uetsiltiez apdroo cpeasroa  ddeen uanmcpiaarr ola;  scuopnucelusstiaó nv uplnaerara cllieógna er na  lala v ícau ajul dtiacimalb iiménp idees   BOE-A-cable e
relevante el momento procesal en el que ha sido presentado el presente recurso, como 
lo ha sido en los analizados en las SSTC 129/2018; 130/2018; 131/2018, de 12 de 
diciembre; 20/2019, de 12 de febrero; 38/2019 y 39/2019 de 26 de marzo (todas del 
Pleno).
Tal y como se analizó en la STC 147/1994, de 12 de mayo, nos encontramos ante un 
supuesto en el que, sin haber finalizado el proceso a quo, se acude ante este Tribunal en 
demanda de amparo por una aducida vulneración de derechos fundamentales producida 
en el seno de un proceso penal que se hallaba aún en curso en el momento de 
presentarse la demanda. En la Constitución (art. 53.2) y en la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional [arts. 41.1, 43.1 y 44.1 a)], el amparo constitucional se configura como 
una específica vía de protección de determinados derechos y libertades fundamentales 
«sin perjuicio de su tutela general, encomendada a los tribunales de justicia» (art. 41.1 
LOTC), esto es, de forma subsidiaria a la actuación de los órganos judiciales, a quienes 
ha de otorgarse, en todo caso, la posibilidad de reparar las presuntas violaciones de 
derechos fundamentales. De esta manera: «[E]l principio de subsidiariedad que rige el 
proceso de amparo constitucional, y que lo hace necesariamente final, obliga a que sólo 
pueda ser intentado cuando se hayan hecho valer ante los tribunales ordinarios los 
derechos que se estiman vulnerados y se hayan agotado ‘todos los recursos utilizables’ 
[art. 44.1 a) LOTC]» (ATC 64/1991, de 21 de febrero). Se trata así de evitar que los 
jueces  y  tribunales  ordinarios  queden  privados  de  la  función,  constitucionalmente 
atribuida, de tutelar los derechos e intereses legítimos y, señaladamente, los derechos 
fundamentales  consagrados  en  la  Constitución.  No  respetar  la  subsidiariedad  del 
proceso de amparo, pronunciándose este Tribunal antes que los tribunales ordinarios, 
sería tanto como «advertir a los ciudadanos de que no pueden esperar que los jueces y 
tribunales ordinarios protejan sus derechos fundamentales, y que sólo en este Tribunal 
pueden confiar a este respecto, lo que no es compatible con el dictado constitucional» 
(ATC 173/1995, de 6 de junio, FJ 2). Al mismo tiempo, con esta previsión se evita que 
quede abierta una vía de intersección de la jurisdicción constitucional con la ordinaria, 
que, de forma indirecta, provocaría una indeseable inseguridad jurídica: de una parte, en 
cuanto se residenciarían ante el Tribunal Constitucional cuestiones aún no solventadas 
definitivamente en la vía judicial; de otra, porque finalizado el proceso de amparo, 
proseguiría  la  vía  judicial,  en  cuyo  curso  no  sería  imposible  un  pronunciamiento 
contradictorio con lo resuelto en vía de amparo.
En lo que se refiere al proceso penal, hemos venido manteniendo una regla general, 
a tenor de la cual, «en aquellos casos en los que el proceso aún no ha concluido por 
decisión que se pronuncie sobre la condena o absolución, e incluso en los que la 
celebración del juicio oral no ha tenido lugar, resulta prematura la invocación de lesiones 
que podrían ser examinadas ulteriormente en el curso del proceso» (STC 20/2019, de 20 
de febrero, FJ 3, y las resoluciones que en ella se citan).
Pues bien, ya en las citadas SSTC 129/2018, 130/2018 y 131/2018, se dijo que son 
prematuras e incurren en causa de inadmisión por falta de agotamiento de la vía judicial 
previa  las  quejas  de  amparo  que  expresan  dudas  sobre  la  imparcialidad  de  un 
magistrado antes de finalizar el proceso en el que se plantean, máxime si –como ocurre 
en este caso– se acude a esta vía de amparo sin intentar su recusación previa, con lo 
que la invocación de la vulneración en la vía judicial no se produce a través del cauce 
procesal  legalmente  establecido  tan  pronto  como  es  procesalmente  posible 
(fundamentos jurídicos 6 y 7).
Debemos reiterar ahora que el cauce procesal adecuado a través del cual han de  s
hacerse valer las dudas sobre la imparcialidad judicial es el incidente de recusación  oe.
previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (SSTC 178/2014, de 3 de noviembre,  w.
FJ 2; 44/2009, de 12 de febrero, FJ 3; 28/2007, de 12 de febrero, FJ 3, o 140/2004,  23ww
edxei g1id3o ,d ep osr erapztióenm bdree l,o  FdJis p4u).e sDteo  emna enle arart íceuslpoe 4c4íf.ic1a c, ) lLoO qTuCe,  neus eqsutrea  laju irnisvporcuadceiónnc iean h eal 
pcoroncoecsidoa  julad ivcuialnl edraecl iódne,r e«chhuob iefuran dluagmaern ptaalr av uellnloe»ra. dAo  los ee xppruoedsutozc sae  thaan  dpero anñtoa dciro qmuoe,   BOE-A-cable e
este Tribunal ha concluido, de forma reiterada y continua, que tampoco supone el 
agotamiento de la vía judicial previa la resolución judicial que en una causa penal pone 
término al incidente de recusación, pese a su finalidad e importancia sobre el desarrollo 
del proceso penal. Y ello, no solo porque la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 228.3) 
prevea expresamente que «contra la decisión del incidente de recusación no se dará 
recurso alguno, sin perjuicio de hacer valer, al recurrir contra la resolución que decida el 
pleito o causa, la posible nulidad de ésta por concurrir en el juez o magistrado que dictó 
la resolución recurrida, o que integró la sala o sección correspondiente, la causa de 
recusación alegada», sino porque, además, si se llegara a decretar la apertura del juicio 
oral, en su fase preliminar, tanto en el procedimiento abreviado, como en el proceso 
ordinario por delito a través de las cuestiones de previo pronunciamiento –según ha 
entendido la jurisprudencia del Tribunal Supremo desde 1982–, sería posible hacer valer 
y obtener la reparación de las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales 
alegadas por las partes (ATC 173/1995, de 6 de junio, FJ 2).
A esta última conclusión de prematuridad hemos llegado al dictar sentencia en el 
recurso de amparo núm. 2633-2018, al que se remite la demanda del presente. En aquel 
proceso  constitucional  se  cuestiona  la  providencia  de  12  de  febrero  de  2018  que 
inadmitió a limine la recusación del mismo magistrado al considerarla extemporánea.
4.  Falta de invocación previa del derecho fundamental alegado.
El partido político VOX entiende que el recurso tampoco cumple con el requisito del 
art. 44.1 c) LOTC por falta de invocación previa de los derechos cuya vulneración se 
denuncia.
Cabe  recordar  que,  para  que  puedan  examinarse  los  motivos  que  integran  la 
demanda de amparo, es requisito indispensable, conforme al art. 44.1 c) LOTC, que «se 
haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del 
derecho constitucional, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere lugar 
para ello». En el caso, como se anticipaba, el recurso de apelación constituyó el trámite 
procesal idóneo para invocar los derechos fundamentales que se reputaban lesionados, 
dando así ocasión a que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre tales vulneraciones. 
Sólo de este modo quedaría preservado el carácter subsidiario del recurso de amparo, 
«evitando que el acceso a esta jurisdicción constitucional se produzca per saltum, es 
decir, sin brindar a los órganos judiciales la oportunidad de pronunciarse y, en su caso, 
remediar la lesión invocada como fundamento del recurso de amparo constitucional» 
(por todas, SSTC 42/2010, de 26 de julio, FJ 2; 91/2010, de 15 de noviembre, FJ 3, 
y 12/2011, de 28 de febrero, FJ 2).
La finalidad apuntada de preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo, 
carácter que se desprende claramente del art. 53.2 CE, ha guiado la interpretación de 
este Tribunal, que ha rechazado un entendimiento excesivamente formalista, aunque, 
lógicamente, sin llegar a un vaciamiento del precepto legal. Por ello, el titular del derecho 
fundamental debe hacer posible, con su invocación ante el órgano judicial, que este 
remedie la presunta violación de dicho derecho.
Por  ello,  en  numerosas  resoluciones,  que  constituyen  doctrina  jurisprudencial 
consolidada, este Tribunal ha declarado que, si bien la invocación formal exigida por el 
art. 44.1 c) LOTC no supone, necesaria e inexcusablemente, la cita concreta y numérica 
del  precepto  de  la  Constitución  en  el  que  se  proclaman  el  derecho  o  derechos 
supuestamente vulnerados, ni siquiera la mención de su nomen iuris, tal invocación ha 
de efectuarse, sin embargo, de manera que se cumpla la finalidad perseguida con aquel  e
requisito,  ofreciendo  base  suficiente  para  que,  en  la  vía  judicial,  pueda  entrarse  a  bo
conocer de las concretas vulneraciones que después puedan ser aducidas en el recurso  23ww
sdee  faomrmpualreon.  Aesní ,l as ev íah aju sdeicñiaalla, ddoe  qlouse  télor mdeincoissi veon  eqsu eq usee,  haa t rpalvaénste daed ola esl  adleebgaatceio enne sla q vuíae 
pdreorceecshaol  fou nddea mla ednetaslc roip cdieóln a dgera lvoiso  ddaetlo sm ios mciorc, usnes tpaenrcmiaista d ae  lhoesc hóorg daen olsa  jvuiodliacicaiólens  dseul 
conocimiento en orden a que, de un lado, puedan argumentar y pronunciarse sobre la
cuestión, y, de otro, reparen, en su caso, la vulneración aducida (SSTC 53/2012, de 29 
de marzo, FJ 2, y 117/2014, de 8 de julio, FJ 3).
Aplicando esta doctrina, a la vista del contenido del escrito de interposición del 
recurso de reforma y subsidiario de apelación de los demandantes de amparo y de aquel 
al  que  se  adhirieron  los  mismos,  cuyo  contenido  ha  quedado  reseñado  en  los 
antecedentes de esta sentencia, procede acoger este óbice, en relación con la queja 
relativa al derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). En dichos 
escritos no solo no aparece enunciado tal derecho fundamental ni el precepto de la 
Constitución (ni de ningún otro texto) en que está proclamado, sino que tampoco el 
contenido  de  las  alegaciones  comprendidas  en  los  mismos  da  pie  a  su  toma  en 
consideración por la Sala de Recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
Como puede observarse, el contenido del primer escrito, en lo que aquí importa, versa 
sobre  la  interpretación  del  término  «individuos  rebeldes»  del  art.  384  bis  LECrim, 
invocándose como vulnerados los arts. 23 y 24 CE, y 5.1 LOPJ, al haberse apartado el 
órgano judicial de la doctrina plasmada en la STC 199/1987, de 16 de diciembre. 
Contenía también ese escrito una denuncia de vulneración del derecho de defensa a lo 
largo de toda la causa, con cita de los arts. 24 CE y 6 CEDH, basada en la afirmación de 
que los plazos procesales para recurrir se habían reducido injustificadamente durante 
toda la instrucción; motivo que, sin embargo, no se traslada a la demanda de amparo. 
Tampoco  el  segundo  de  los  citados  escritos  contiene  expresión  ni  citas  algunas 
relacionadas con el derecho a la presunción de inocencia. En él se volvía a cuestionar la 
aplicación el art. 384 bis LECrim por ausencia de firmeza del procesamiento y porque los 
procesados  no  estaban  integrados  en  banda  armada,  argumento  para  el  que 
nuevamente se traía a colación la STC 199/1987, se destacaba la importancia del 
derecho de representación política (art. 23 CE) y se afirmaba que la medida impuesta 
resultaba desproporcionada.
De este modo, es con la demanda de amparo cuando, ex novo, se formaliza la queja 
objeto de este recurso, sustrayendo así al tribunal ordinario competente su conocimiento 
y consiguiente posibilidad de reparación.
Procede declarar, por tanto, la inadmisión del recurso, ex art. 50.1 a) LOTC, con 
relación a los motivos de la demanda referidos a la lesión de los derechos a un proceso 
con todas las garantías (art. 24.2 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
Por esta razón primordial se descarta de entrada la solicitud de planteamiento de 
cuestión  prejudicial  al  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  acerca  de  la 
compatibilidad  del  art.  384  bis  LECrim  con  el  art.  48  de  la  Carta  de  derechos 
fundamentales de la Unión Europea y el art. 3 de la Directiva (UE) 2016/343, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el 
proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar 
presente en el juicio.
5.  Encuadramiento de la queja principal.
Aun cuando ya hemos descartado su examen por causa de inadmisibilidad, se 
advierte que el desarrollo en la demanda de amparo de las quejas relativas al derecho a 
la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías, basadas en la 
composición de la Sala de Recursos, es prácticamente inexistente. La única queja que 
se desarrolla es la referida a la indebida aplicación del artículo 384 bis LECrim.
Según la demanda, de la que ha quedado constancia detallada en los antecedentes 
de  esta  sentencia,  la  exégesis  literalista  seguida  por  las  resoluciones  impugnadas  e
contradice  la  exigencia  constitucional  de  interpretación  restrictiva  de  la  expresión  bo
«individuos  rebeldes»  derivada  de  la  STC  199/1987,  que  consideró  sinónimas  la  23ww
csoienmdpicrieó ns edgeú n« rleobs erledceu»r rye nltae sd–e  qpueer teeln aernt.c i3a8 4a  b«ibsa LnEdaC riamrm naod are»s, ullota  qduee  aepvliicdaecnicóina  a–l
dcaessop.r oPproorsciigouneand oas rgnuom esnotalon dsoo blorse  relocsu rrdeenrteecsh oqsu e fulan dmamedeindtaa lepsro dduec e lousn odsi peufteacdtooss 
demandantes y de quienes les votaron, sino sobre otros valores constitucionales: de un
lado,  puede  alterar  las  mayorías  existentes  y  la  composición  del  Parlamento  de 
Cataluña; y, de otro, no puede afirmarse que dicha medida sea necesaria para evitar 
nuevos delitos, pues los diputados en prisión únicamente pueden votar por delegación, 
siendo, a su juicio, impensable que por emitir el voto puedan incurrir en nuevos delitos.
La queja así enunciada se refiere a derechos reconocidos en el art. 23 CE. Como 
señalamos en la STC 11/2020, de 28 de enero, FJ 6, «en cuanto la medida incide 
directamente en el derecho al ejercicio de cargo público representativo (art. 23.2 CE), la 
verificación de la concurrencia de los presupuestos legales de la misma, esto es, de los 
previstos  en  el  art.  384  bis  LECrim,  concierne  exclusivamente  a  dicho  derecho 
fundamental, quedando sin sustantividad propia la queja relativa al derecho a obtener 
una resolución fundada en Derecho ex art. 24.1 CE. Así lo viene entendiendo con 
carácter  general  este  Tribunal  al  abordar  el  enjuiciamiento  de  la  adecuación 
constitucional de las resoluciones, cualquiera que sea su naturaleza, que acuerdan 
medidas limitativas de derechos fundamentales sustantivos [STC 29/2019, de 28 de 
febrero, FJ 6, con cita, por todas, STC 66/2008, de 29 de mayo, FJ 4 d)]».
6.  Remisión a la STC 11/2020, de 28 de enero.
La queja principal del presente recurso de amparo coincide sustancialmente con la 
que fue abordada en la STC 11/2020, a cuyos fundamentos jurídicos 7, 8 y 9 nos 
remitimos, teniéndolos por reproducidos en su integridad.
En  dichos  fundamentos  jurídicos  expusimos  la  doctrina  constitucional  sobre  el 
art. 384 bis LECrim, fijamos el canon de control constitucional aplicable y resolvimos la 
queja  en  sentido  desestimatorio.  A  fin  de  ofrecer  una  respuesta  completa  a  los 
planteamientos  formulados  por  los  recurrentes,  traemos  a  colación  los  siguientes 
aspectos de la tan citada sentencia.
A)  Doctrina constitucional sobre el art. 384 bis LECrim.
De la STC 71/1994, de 3 de marzo, que examinó la constitucionalidad del tan 
repetido art. 384 bis LECrim, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
a)  El  precepto  legal  no  configura  una  suspensión  del  derecho  fundamental 
reconocido en el art. 23.2 CE en el sentido del art. 55 CE, en cualquiera de sus dos 
apartados. Por el contrario, se engarza directamente en los derechos del art. 23.2 CE 
como derechos de configuración legal («los requisitos que señalen las leyes»), pues 
«[e]n definitiva, la regla enjuiciada no viene sino a prescribir, en negativo, uno de los 
‘requisitos’  para  el  mantenimiento  en  el  ejercicio  de  una  función  o  cargo  público, 
concretamente el no encontrarse en situación de prisión provisional como consecuencia 
del procesamiento por delito por persona integrada o relacionada con bandas armadas o 
individuos terroristas o rebeldes».
b)  La medida en cuestión no es autónoma sino que surge de la confluencia de dos 
factores: la situación de prisión provisional; y el procesamiento por delito cometido por 
persona  integrada  o  relacionada  «con  bandas  armadas  o  individuos  terroristas  o 
rebeldes».
(i)  Respecto del primer factor, se razona que la medida «se hace depender de algo 
que no es sino, materialmente, una suspensión del goce de la libertad personal». En 
efecto, la suspensión en el ejercicio de la función o cargo público solo tiene lugar una vez 
«decretada la prisión provisional», de tal modo que, además, aquélla solo se mantiene  es
«mientras dure la situación de prisión». o
(ii)  Respecto del segundo factor, se dice: «no cabe […] hacer abstracción de la  23ww
jpnmuraieoctducioeird asoalaer adzdloa–es   dc syeou  msploproese  sinndosteseiól igtqnoru asqed ue olenos    eeohln a rcjyeuoaliacnncit aeisomxindtooaos d d poheosa r c  “acudpoyeana ra  bepfeaceecnrstrda ea–rc,ss u ipnacr rieómpcneai sredjausa itcsyai  o oem  xdineceddl uilivodsi aidvq uausomees  e irntenesstreeur,orl ttraaeis.   dtlLoaeassl     OE-A-2020-41able en https://
o  rebeldes”,  es  decir,  previa  la  “imputación  formal  y  provisional  de  criminalidad”
(STC 218/1989, fundamento jurídico 4) por delitos que conllevan “un desafío mismo a la 
esencia del Estado democrático” (STC 89/1993, fundamento jurídico 3), tal como ha 
encontrado reflejo en el propio texto constitucional. La excepcional amenaza que esta 
actividad criminal conlleva para nuestro Estado democrático de Derecho justifica, sin 
duda, una medida provisional como lo es la prevista en el precepto impugnado, dirigida 
frente a quienes –sin perjuicio de lo que resulte del juicio oral– han sido objeto de un acto 
firme de procesamiento».
(iii) Finalmente, la STC 71/1994 concluye reconociendo la legitimidad constitucional 
de la medida en función de la conjunción de los dos elementos o factores referidos. Y 
señala que «el supuesto contemplado en el art. 384 bis LECrim, por tanto, bien puede 
ser visto por el legislador como inconciliable con la permanencia del procesado por estos 
delitos en el desempeño de funciones o cargos públicos o, más sencillamente, como 
incompatible con la concesión de cualquier permiso de salida de prisión para la eventual 
realización  de  actos  concretos  que  supongan  ejercicio  de  tal  función  o  cargo».  El 
requisito negativo de no hallarse en situación de prisión provisional por aquellos delitos 
es «una condición, en suma, cuya legitimidad y proporcionalidad no la hace contraria al 
contenido de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 23.2 CE».
B)  Canon de control constitucional.
La delimitación del ámbito aplicativo del art. 384 bis LECrim y la imposición de la 
consecuencia legalmente prevista en cada caso concreto compete en exclusiva a los 
órganos destinatarios de la norma y que tienen encomendada su aplicación, lo que es 
ajeno, en principio, a los cometidos de este Tribunal.
Con  carácter  general,  este  Tribunal  ha  venido  señalando  que  la  aplicación  de 
medidas legales que implican la restricción de un derecho fundamental sustantivo exige 
un  deber  reforzado  de  motivación  que  incluya,  además  de  una  fundamentación 
razonable, no arbitraria ni incursa en error patente, un juicio de adecuación al fin (por 
todas SSTC 62/1996, de 15 de abril, FJ 2; 34/1997, de 25 de febrero, FJ 2; 175/1997, 
de 27 de octubre, FJ 4; 200/1997, de 24 de noviembre, FJ 4; 83/1998, de 20 de abril, 
FJ 3; 116/1998, de 2 de junio, FJ 4, y 2/1999, de 25 de enero, FJ 2, entre otras). De ahí 
que se haya venido exigiendo también ese deber específico de motivación en relación 
con las limitaciones del ejercicio de cargos públicos representativos (ius in officium ex 
art. 23.2 CE). Como recuerda la STC 10/2018, de 5 de febrero, FJ 3, la naturaleza de la 
representación y la igualdad de representantes «imponen una interpretación restrictiva 
de todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aquellos 
derechos  o  atribuciones  que  integran  el  estatuto  constitucionalmente  relevante  del 
representante público y a motivar las razones de su aplicación, bajo pena, no sólo de 
vulnerar el derecho fundamental del representante de los ciudadanos a ejercer su cargo 
(art. 23.2 CE), sino también de infringir el de estos a participar en los asuntos públicos ex 
art.  23.1  CE  (SSTC  38/1999,  FJ  2,  y  107/2001,  FJ  3,  40/2003,  FJ  2,  entre  otras 
muchas)» (SSTC 1/2015, de 19 de enero, FJ 3, y 23/2015, de 16 de febrero, FJ 3). Es 
exigible,  por  tanto,  un  deber  de  «motivar  expresa,  suficiente  y  adecuadamente  la 
aplicación de las normas cuando pueda resultar de la misma una limitación al ejercicio 
de aquellos derechos y facultades que integran el estatuto constitucionalmente relevante 
de los representantes políticos (SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FJ 2; 107/2001, de 23 
de abril, FJ 7; 203/2001, de 15 de octubre, FJ 3; 277/2002, de 14 de octubre, FJ 5, y 
ATC 188/1999, de 10 de mayo, FJ 5)» (STC 40/2003, de 27 de febrero, FJ 6).
La peculiaridad que presenta la medida que ahora nos ocupa reside en que surge  e
automáticamente ex lege, sin dejar margen alguno en su aplicación más allá de la  bo
verificación de la concurrencia de los presupuestos a los que la norma liga tal medida. La  23ww
leoxsi gqeunec ian adcee p lrao proersctiroicncaiólidna (dS sTeC  c7u1m/1p9le9 4e,n  FlaJ  c6o)n. fDigiucrhaoc iódne  loetgraol  mdeo dloos,  seunp ueel sctaosso a ndteel 
aarpta. r3e8c4e  bisin LdEecClirnimab, lleam limenittaec ióunn dideal  ejae rcilcai o dceoln ccaurrgreon pcúiab licdoe q ulea  imspitluicaac liaó ns usdpeefinnsidióan: 
procesamiento firme y prisión provisional por razón de los delitos señalados. De ello se
sigue que la exigencia de motivación de los actos aplicativos se proyecta únicamente 
sobre el juicio relativo a la existencia de dichos presupuestos legales.
Las resoluciones judiciales impugnadas se limitan a constatar la concurrencia de los 
presupuestos legales de la norma aplicada, esto es, la firmeza del procesamiento por un 
delito de los previstos en la norma y la situación de prisión provisional de los ahora 
recurrentes. El contenido de las resoluciones judiciales recurridas se detiene ahí, pues, 
como  decíamos,  la  consecuencia  jurídica  prevista  en  el  art.  384  bis  LECrim  –la 
suspensión del ejercicio del cargo público– surge automáticamente por ministerio de la 
ley, sin que los órganos llamados a aplicarla o a hacerla cumplir puedan incidir en ella o 
modularla.  Por  tanto,  partiendo  de  que  la  medida  nace  ope  legis  adecuada 
proporcionalmente  a  la  finalidad  perseguida  por  el  legislador  y  que  consideramos 
legítima (STC 71/1994, FJ 6), únicamente el pronunciamiento sobre la existencia de los 
presupuestos legales determinantes de la suspensión que llevan a cabo las resoluciones 
recurridas puede ser sometido al control de este Tribunal. Y ese control constitucional es 
meramente externo, limitado, por la razón antes señalada, a la comprobación de si la 
motivación existe, es suficiente y no incurre en error material patente, en arbitrariedad o 
en  manifiesta  irrazonabilidad.  Naturalmente,  la  función  que  compete  al  Tribunal  de 
supervisión de la motivación impone aquí tomar en consideración la doctrina dimanante 
de la STC 71/1994 y el criterio de interpretación restrictiva inherente al principio de 
mayor efectividad de los derechos fundamentales (por todas STC 32/1987, de 12 de 
marzo, FJ 3).
C)  Resolución de la queja.
El punto controvertido en el presente recurso de amparo coincide con el abordado en 
el fundamento jurídico 9 B) de la STC 11/2020, de reiterada cita, que se refiere al 
presupuesto legal consistente en que el procesamiento y la prisión provisional tengan su 
causa en la imputación de un «delito cometido por persona integrada o relacionada con 
bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes». Reiteramos aquí su contenido:
La respuesta dada por el auto de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo de 30 de julio de 2018 supera el canon de control constitucional 
aplicable.
La argumentación empleada por los recurrentes decae enteramente en cuanto se 
constata que la constitucionalidad del artículo 384 bis LECrim no fue examinada por la 
STC 199/1987, de 16 de diciembre, en cuyas declaraciones se apoya la conclusión que 
postulan, sino por la tantas veces citada STC 71/1994, de 3 de marzo.
Es más, la STC 199/1987 ni tan siquiera examinó la constitucionalidad del precepto 
que los recurrentes consideran inmediato antecedente normativo del 384 bis LECrim y 
que, en todo caso, estaría constituido por el art. 22 de la Ley Orgánica 9/1984 y no por el 
art. 8, citado por error en la demanda, que se refería a los «delitos de terrorismo» y que, 
por otra parte, tampoco fue objeto de análisis individualizado en aquella sentencia. En su 
fundamento  jurídico  tercero  se  aprecia  que,  al  haber  perdido  su  vigencia  una  vez 
transcurridos dos años, de acuerdo con la disposición adicional segunda de la propia Ley 
Orgánica, se había producido la desaparición sobrevenida del objeto del recurso de 
inconstitucionalidad dirigido, entre otros, contra el art. 22, afectado por dicha disposición 
y referido a la suspensión de cargos públicos. Consecuencia de ello es que el examen 
quedó  limitado  a  los  arts.  1,  2.3,  11,  13,  15.1,  16,  17  y  21  de  la  referida  Ley 
Orgánica 9/1984 (STC 199/1987, FJ 3, último párrafo). s
Por  el  contrario,  la  STC  71/1994  resolvió  el  recurso  de  inconstitucionalidad  oe.
interpuesto por el Parlamento del País Vasco contra la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de  w.
mamraát.ys 3o 8a, 4rdr eibb iasre ,e focnro mlnaaf icr idmtaeód  laala  lLe eyay dp edroceuc eeanscjaiuóli.nc  Siadume fliu enpndrteoac mcerepimntotio n laejulg,r aícdlu icyaool   saaerrtxtí.tc ou2,l 3oq  u1Ce Ei nh.t aroE sdsidu ojloa  r eedls ouncmutreiidnvoao    2020-4123n https://ww
dimanante de esta última sentencia la que, de acuerdo con el mandato establecido en el
artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha de inspirar la interpretación y 
aplicación judicial del mencionado precepto legal.
Las  resoluciones  judiciales  impugnadas  ofrecen  una  respuesta  a  esta  cuestión 
respetuosa con la doctrina constitucional y que cumple con las exigencias de suficiencia 
y razonabilidad que hemos señalado:
a)  Toman en consideración el contenido ya reseñado de la STC 71/1994, para 
destacar, de su fundamento jurídico sexto, que la medida limitativa de que se trata no se 
engarza, como pretenden los recurrentes, en el art. 55.2 CE, sino en el art. 23.2 CE, y 
que este Tribunal Constitucional no hizo restricciones en cuanto al ámbito subjetivo de 
aplicación en relación con la mención a «individuos rebeldes». Destaca el instructor que 
la finalidad de esta medida provisional es «preservar el orden constitucional impidiendo 
que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma 
grave el orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos 
delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el 
desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad cuando concurren 
además  en  ellos  los  elementos  que  justifican  constitucionalmente  su  privación  de 
libertad».  Y  la  Sala  confirma  lo  anterior  para  rechazar,  tras  el  análisis  de  los 
pronunciamientos de este Tribunal Constitucional, que la suspensión prevista en el 
artículo  384  bis  LECrim  «se  refiera  solamente  a  los  casos  de  delitos  de  rebelión 
cometidos por bandas armadas». (FJ 3 del auto de la sala de recursos de la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo, de 30 de julio de 2018).
b)  Al incluir dentro del ámbito de protección de la norma a los recurrentes, en tanto 
que procesados por su presunta participación en un delito de rebelión, las resoluciones 
judiciales cuestionadas no se apartan del tenor literal y del significado gramatical de la 
norma, respetan el contenido de la STC 71/1994, y no incurren en aplicación extensiva 
del precepto legal. Ya hemos visto que la citada sentencia no vincula la restricción legal 
del derecho fundamental de que se trata con el empleo de armas o explosivos por la 
persona procesada o por el grupo u organización en la que presuntamente se integra o 
con la que se relaciona. Lo determinante [subapartado ii), apartado b), del fundamento 
jurídico 7] es que la medida se inserta en la persecución de «delitos que conllevan un 
desafío mismo a la esencia del Estado democrático tal como ha encontrado reflejo en el 
propio texto constitucional». A partir de aquí, el juicio de subsunción efectuado por el 
Tribunal Supremo, al entender incluidos a los procesados por el delito de rebelión al que 
provisionalmente  apuntaban  los  indicios,  delito  en  cuya  definición  legal  aparece  en 
primer lugar la finalidad de «derogar, suspender o modificar total o parcialmente la 
Constitución» (art. 472.1 del Código penal), no puede calificarse de arbitrario, irrazonable 
ni incurso en error patente.
Las resoluciones impugnadas se refieren extensamente al delito de rebelión y a la 
gravedad  de  los  hechos  indiciaria  y  provisionalmente  fijados  en  el  auto  de 
procesamiento, hechos que, en palabras del instructor, «atentan a la misma esencia del 
Estado democrático». Sobre este punto cabe destacar que el auto dictado por la Sala de 
Recursos de lo Penal del Tribunal Supremo, se remite, a fin de valorar provisionalmente 
estos hechos a «las consideraciones que esta Sala de apelaciones ha venido haciendo 
desde el auto de 5 de enero de 2018», y destaca que su gravedad «resulta de tal 
evidencia  que  autoriza  una  motivación  implícita,  que  resultaría  perceptible  por 
cualquiera». Insiste en ello la Sala cuando en el razonamiento jurídico cuarto del auto 
recurrido declara, a propósito de la pérdida de los derechos políticos de los recurrentes 
don Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva Rueda, que la reacción del Estado es  e.
proporcionada  a  la  gravedad  de  «unos  hechos  que  pretendían,  con  el  auxilio  de  w.b
previsibles actos de violencia, alterar los límites territoriales, no solo de España, sino de  23ww
«las eUrianmióne ntEeu arotapceaad»o. s Ddeesstdaec ap ofsinicaiolmneens ted e qeujeer cliocsio  pdreinl cpiopdioesr  pdoelmíticooc ráatuictoonsó mhaicno , sciodno 
elan f inuanlaid apda rdtee  ddeecl laterarrri tuonriiola tnearaclimoneanl,t el ala  Cinodnespteituncdieónnc, iae»l ; Eqsutea t«ustoe  hdae  inAtuetnotnaodmo ídae rdoeg alar, 
Comunidad  Autónoma,  que  garantiza  un  amplísimo  autogobierno,  y  el  resto  del
ordenamiento  jurídico,  el  cual  ha  sido  aprobado  en  su  integridad  mediante 
procedimientos democráticos generalmente aceptados»; y que «se ha actuado, según 
los hechos imputados y la valoración indiciaria y provisional que cabe hacer en relación 
con los mismos, acudiendo a vías de hecho e incluso incitando o aceptando, al menos, la 
provocación de episodios de violencia o de tumultos», con remisión a lo señalado en 
resoluciones precedentes.
Por tanto, la argumentación empleada sobre este presupuesto legal, relativo a la 
causa o razón del procesamiento, respeta la literalidad de la norma y atiende a la 
naturaleza e importancia del delito en el contexto de cuya persecución se inserta esta 
medida provisional, delito que conlleva «un desafío mismo a la esencia del Estado 
democrático» (STC 71/1994, FJ 6), que era imputado a algunas de las personas que 
ostentaban los más altos cargos públicos en la Comunidad Autónoma de Cataluña y 
cuya lesividad ha sido destacada en múltiples resoluciones a las que se remite el propio 
Tribunal Supremo, lo que cumple con el canon constitucional que resulta aplicable.
De  todo  lo  anterior  se  desprende  que  la  interpretación  llevada  a  cabo  por  las 
resoluciones judiciales impugnadas respetó la exigencia constitucional ex art. 23.2 CE de 
motivación suficiente y razonable.
7.  Conclusión.
Los razonamientos expuestos conducen a la conclusión de que la demanda de 
amparo debe ser inadmitida en cuanto a las quejas sobre los derechos a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE) y a la presunción de inocencia (art 24.2), y que la 
impugnación que invocaba el derecho de representación y participación políticas (art. 23 
CE) debe ser desestimada.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Inadmitir  las  quejas,  contenidas  en  el  recurso  de  amparo  núm.  5222-2018 
interpuesto por don Jordi Sànchez i Picanyol, don Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i 
Andreu, relativas a las vulneraciones de los derechos fundamentales a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE) y a la presunción de inocencia (art 24.2).
2.º  Desestimar  el  recurso  en  lo  que  concierne  al  derecho  fundamental  de 
participación y representación políticas (art. 23. 1 y 2 CE).
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de febrero de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.–
Santiago  Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-
Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo 
Enríquez Sancho.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.