BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 12 Martes 14 de enero de 2020 Sec. I.   Pág. 3117
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
443 Ley 10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de transporte en aguas 
marítimas y continentales.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Los  artículos  65  y  67  del  Estatuto  prevén  que  las  leyes  de  Cataluña  son 
promulgadas, en nombre del Rey, por el presidente o presidenta de la Generalidad. De 
acuerdo con lo anterior promulgo la siguiente Ley.
Preámbulo
I
La Generalidad tiene competencia exclusiva sobre los puertos situados en territorio 
de Cataluña que no tengan la calificación legal de interés general, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 140 del Estatuto de autonomía.
Esta competencia incluye en todo caso el régimen jurídico, la planificación y gestión 
de todos los puertos e instalaciones portuarias; la gestión del dominio público necesario 
para prestar el servicio; el régimen económico de los servicios portuarios, especialmente 
las potestades tarifaria y tributaria, y la delimitación de la zona de servicios de los 
puertos y la determinación de los usos, equipamientos y actividades complementarias 
dentro del recinto portuario.
El Estatuto refuerza, así, la competencia exclusiva que el artículo 9.15 del Estatuto 
de 1979 atribuía a la Generalidad en esta materia y al amparo de la cual se aprobó la 
Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Cataluña, la primera manifestación normativa 
en esta materia, que se promulgó para el desarrollo de la competencia asumida en el 
Estatuto,  para  constituir  el  marco  de  ordenación  tanto  de  los  puertos  gestionados 
directamente  por  la  Administración  de  la  Generalidad  como  de  los  construidos  y 
explotados en régimen de concesión administrativa.
La  Ley  5/1998  fue  desarrollada  mediante  el  Reglamento  de  policía  portuaria, 
aprobado por el Decreto 206/2001, de 24 de julio; el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Cataluña, aprobado por el Decreto 258/2003, 
de 21 de octubre, y el Reglamento de marinas interiores de Cataluña, aprobado por el 
Decreto 17/2005, de 8 de febrero. Este conjunto de normas, que constituyen el corpus 
legislativo portuario, ha ordenado el sistema portuario de Cataluña durante los últimos 
años. A pesar de que, en términos generales, los resultados han sido satisfactorios, 
actualmente existen razones importantes que aconsejan reformar el régimen jurídico de 
los puertos, a fin de optimizar este sector clave de las infraestructuras.
En  primer  lugar,  cabe  mencionar  las  circunstancias  territoriales,  económicas  y 
sociales, derivadas de la fuerte vinculación de Cataluña con el mar, materializada en la 
existencia de puertos deportivos, pesqueros, comerciales, industriales y mixtos, con un 
notable desarrollo económico vinculado al turismo de calidad.
En todos estos ámbitos hay datos objetivos que revelan la transformación del sector  e
portuario desde la aprobación de la Ley 5/1998, con especial incidencia en el hecho de  bo
que actualmente es preciso dar prioridad a la prestación de servicios respecto a la  w
consAt rumccoidóon  ddee n ueejevmasp lion,f ralae stnreuccetusriadsa.d  de  un  tratamiento  adecuado  de  la  náutica
fdaecptoorr tievsat,r aqtuéeg icsoin  ednu dloas  epsr óuxnim eolse maeñnotso  yd irneaqmuiizeared ourn tau raísctcicióon d teeln pdaeínst,e  sae  psoitútean ccioamr oy 
optimizar la utilización de los espacios portuarios y su rentabilidad, con una gestión
adecuada que permita contar con un número mayor de operadores y de usuarios que 
desarrollen  actividades  generadoras  de  valor  mediante  unos  servicios  portuarios 
eficientes.
El tráfico portuario pesquero también presenta signos que evidencian un proceso de 
cambio. Un descenso significativo de las capturas de pesca fresca descargadas en los 
puertos de Cataluña ha motivado un proceso integral de modernización de las lonjas 
pesqueras, dirigido y coordinado por la Administración portuaria de la Generalidad, para 
aportar valor al proceso de comercialización y fomentar una gestión profesionalizada y 
adecuada al interés del sector pesquero.
Respecto al tráfico portuario comercial e industrial, se constata que en los últimos 
años el número total de pasajeros y mercancías que ha transitado por los puertos de 
Cataluña  ha  evolucionado  muy  positivamente,  de  forma  que  estas  infraestructuras 
portuarias pueden convertirse en un instrumento destacado en el desarrollo económico 
del país por su aportación a la economía productiva.
Este incremento generalizado de la actividad económica en los puertos catalanes ha 
conllevado una mayor presencia de la iniciativa privada en estas infraestructuras, lo que 
ha provocado una mejora en la cantidad y la calidad de los servicios y actividades 
ofrecidos al público y un refuerzo notable en los niveles de competencia.
Por otra parte, en este período también se han producido cambios de carácter 
cualitativo en los tránsitos portuarios asociados a los buques, a los pasajeros y a las 
mercancías. En efecto, las instalaciones portuarias de Cataluña empiezan a ser destino y 
base de embarcaciones de recreo de grandes esloras, de entre 20 y 60 metros, un 
mercado que hasta hoy era ajeno a los puertos catalanes. La presencia de este tipo de 
embarcaciones  exige  importantes  obras  de  remodelación  en  las  infraestructuras 
portuarias para satisfacer esta demanda incipiente.
Asimismo,  los  puertos  de  Cataluña  son  un  punto  de  referencia  en  el  mercado 
internacional de cruceros turísticos. Esta nueva modalidad de tráfico portuario reclama 
dotar los puertos de estaciones marítimas modernas y seguras para prestar un servicio 
eficiente a los pasajeros.
El transporte de mercancías también se consolida progresivamente en los puertos 
comerciales,  lo  que,  sin  duda,  conlleva  nuevas  necesidades  de  espacio  para  las 
empresas del sector.
Esta suma de circunstancias aconseja reformar la legislación portuaria de Cataluña 
para dar respuesta a los nuevos retos que presenta este sector y reforzar la concepción 
de los puertos como operadores económicos y prestadores de servicios.
La reforma y actualización del corpus legislativo catalán en materia portuaria se 
inscribe también en un contexto de cambio que la hace necesaria e inaplazable.
Es el caso, por ejemplo, de la regulación de las tarifas por servicios portuarios. Como 
consecuencia de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el concepto de prestación 
patrimonial de carácter público y sus relaciones con el principio de reserva de ley, se 
promulgó  el  texto  articulado  de  las  tasas  aplicables,  aprobado  por  el  Decreto 
legislativo 2/2010, de 3 de agosto, que regula dichas prestaciones de acuerdo con los 
conceptos y principios rectores del derecho tributario, cuyo contenido se incorpora a 
modo de codificación, y prácticamente de forma íntegra, a la presente ley.
En este mismo sentido, otras reformas  normativas,  que afectan a materias tan 
vinculadas con la ordenación de los puertos como las relativas al patrimonio de las 
administraciones públicas, la contratación pública, la protección del medio ambiente y la 
seguridad de los  puertos, en  especial las promulgadas en el ámbito europeo, han  s
superado el marco establecido por la Ley 5/1998. oe.
En el ámbito portuario, la promulgación dIIe la presente ley debe permitir actualizar los  2020-443n https://w
principios  de  la  política  portuaria  de  la  Generalidad  para  adecuarlos  a  la  realidad
presente y proyectarlos a la futura, de forma que quede garantizada una adecuada 
ordenación de la materia.
En este respecto, los objetivos de la ordenación portuaria en Cataluña son varios. En 
primer lugar, y con carácter general, la articulación de un sistema portuario adaptado a 
las nuevas realidades socioeconómicas, de forma que las infraestructuras portuarias se 
pongan al servicio de la promoción económica, industrial, turística y social del país.
En segundo término, el objetivo de fijar un régimen jurídico contractual adecuado 
para el fomento de las inversiones en las infraestructuras y los servicios portuarios sin 
perder de vista la necesidad de simplificar, desde el punto de vista administrativo, la 
relación entre los operadores del sector y la Administración portuaria.
En esta misma línea de actuación, es un objetivo de la Ley establecer medidas que 
impulsen la promoción de las actividades náuticas, de recreo y deportivas.
Y  como  último  objetivo,  igualmente  importante,  la  Ley  aspira  a  garantizar  la 
sostenibilidad ambiental de las infraestructuras portuarias y de las actividades que se 
desarrollan en las mismas, en cumplimiento de la legislación aplicable en materia de 
cambio climático.
III
La presente ley, con 250 artículos, se estructura sistemáticamente en cuatro libros, 
divididos en títulos, capítulos y secciones: el libro primero contiene las disposiciones 
generales; el segundo está dedicado al sistema portuario; el tercero regula el transporte 
en  aguas  marítimas  y  continentales,  y  el  cuarto  recoge  el  régimen  de  policía  y 
sancionador.
La  parte  final  contiene  trece  disposiciones  adicionales,  ocho  disposiciones 
transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
IV
El libro primero, relativo a las disposiciones generales, contiene uno de los elementos 
más novedosos de la Ley. Se trata del concepto de sistema portuario, configurado por 
todas las infraestructuras portuarias situadas en el territorio de Cataluña y los servicios y 
actividades  que  regula  la  Ley  como  prestaciones  que  se  ofrecen  al  público  para 
satisfacer las operaciones y necesidades marítimas y portuarias.
Esta categorización, en términos de sistema, al margen de ayudar a definir con 
precisión el ámbito de aplicación de la Ley, en cuanto al aspecto portuario, dota las 
infraestructuras y los servicios portuarios de un elemento cohesionador y al mismo 
tiempo vertebrador de las políticas que se proyectan sobre este sistema portuario.
El ámbito de aplicación de la Ley se completa con la referencia a los servicios de 
transporte en aguas marítimas y continentales prestados a título oneroso a través de 
embarcaciones  dotadas  de  medios  mecánicos  de  propulsión  que  transcurran 
íntegramente por Cataluña.
Otro  de  los  elementos  destacables  del  libro  primero  es  la  enumeración  de  los 
objetivos que deben satisfacer las políticas que se apliquen en Cataluña en materia de 
puertos y transporte de pasajeros en aguas marítimas y continentales, en los términos 
expresados en el presente preámbulo.
Finalmente, cabe mencionar otro de los aspectos que la Ley aporta como novedad: 
se trata del hecho de que los puertos deportivos se identifican por categorías, de 
acuerdo con el nivel y la calidad de sus instalaciones y de los servicios que ofrecen. e.
Se trata, en suma, de aplicar a los puertos deportivos un sistema de clasificación  w.b
análogo al de los establecimientos hoteleros. Esta cuestión, meramente enunciada en la  3w
lLoesy  pyu peertnodsi endteep odret ivsous d, eesna rrtoélrlmo ipnoors  redgela mcaelindtaod,  dye bsee srveirc iuons  eale mloesn tuos udainraioms,iz ayd odre bdee 
incentivar la competencia entre instalaciones de estas características.
V
El libro segundo constituye el núcleo central de la Ley, por su extensión y, muy 
especialmente,  por  el  hecho  de  que  configura  los  distintos  aspectos  del  sistema 
portuario.  De  acuerdo  con  los  cinco  títulos  en  los  que  se  estructura,  trata  de  la 
planificación, ordenación y construcción; de la organización administrativa portuaria de la 
Generalidad; del régimen demanial y contractual; de los servicios en el sistema portuario, 
y, finalmente, del régimen económico y financiero del sistema portuario.
Como se ha señalado anteriormente, una vez consolidado un sistema portuario con 
un número suficiente de infraestructuras, la Ley debe centrar su atención no tanto en la 
eventual  construcción  de  nuevas  instalaciones  sino,  fundamentalmente,  en  la 
planificación, ordenación y gestión de las ya existentes.
En cuanto a la planificación, la Ley consolida la figura del plan de puertos como el 
instrumento  a  través  del  cual  se  determinan  las  grandes  líneas  de  planificación  y 
ordenación de las infraestructuras y los servicios del sistema portuario, en el marco de 
las directrices que establece el planeamiento territorial general.
Por otra parte, en cuanto a los aspectos urbanísticos, el planteamiento es novedoso, 
ya que la Ley crea la figura del plan director urbanístico portuario. Mediante este plan 
director se ordena la zona de servicio de un puerto y tiene una doble naturaleza: 
urbanística pero también de plan portuario.
La organización administrativa portuaria de la Generalidad se regula en el título 
segundo de este libro, que dispone que las competencias en materia de puertos se 
ejercen mediante el departamento competente en materia de puertos y transportes y la 
entidad de derecho público Puertos de la Generalidad, ambos con consideración de 
Administración portuaria.
Este es otro de los elementos destacables de la Ley, puesto que define una nueva 
organización administrativa portuaria. Esta nueva organización debe hacer posible la 
implantación  de  un  modelo  único  de  gestión  portuaria,  a  cargo  de  Puertos  de  la 
Generalidad, sin perjuicio de las especificidades propias que deben preverse en función 
de la distinta tipología portuaria y de gestión.
Asimismo, se crea el Consejo de Puertos, como órgano de consulta y asesoramiento 
en materia portuaria adscrito al departamento competente en materia de puertos, que 
está llamado a ser el ente que garantice un grado de relación permanente entre el sector 
y la Administración portuaria.
El título tercero, dedicado al régimen demanial y contractual, agrupa, por una parte, 
los preceptos que constituyen el marco jurídico del dominio público portuario y, por otra, 
los contratos administrativos para la construcción de obras portuarias y la concesión de 
servicios de las infraestructuras portuarias.
Hay que tener en cuenta que el dominio público portuario se configura en base a dos 
premisas:  la  titularidad  pública  de  los  bienes  y  su  afectación  al  desarrollo  de  las 
operaciones portuarias, con una gestión que debe basarse en principios de eficiencia y 
rentabilidad,  sin  olvidar  que  deben  preservarse  su  integridad  y  sus  características 
naturales, como dominio inscrito en el ámbito del dominio público marítimo-terrestre, es 
decir, en un patrimonio público natural de alto valor ambiental.
La Ley configura este dominio público de forma que, una vez definidos los bienes 
que lo integran, se centra en la gestión de dicho dominio público, en virtud de los títulos 
demaniales propios de este ámbito de actuación, como son especialmente la concesión 
demanial y la autorización, siempre basándose en criterios de utilización rentable y 
eficiente. e.
En la línea de la necesaria simplificación de trámites, se incorpora un sistema de  w.b
licencias,  comunicaciones  y  declaraciones  responsables  para  ejercer  actividades  3w
erécgoinmóemni cdaes  econm lapse teinnfcraiae srteruacl tuyr aesf epcotirvtau aprioars  cbuaajolq ulaie rp rpeemrissoan ad eflí seicjear coic ioju rlíidbircea  yq eune 
cumpla los requisitos establecidos.
El capítulo cuarto del título tercero del libro segundo contiene las determinaciones de 
la Ley en materia de contratos administrativos para la construcción de obras públicas 
portuarias o la concesión de servicios de las infraestructuras portuarias.
El  punto  de  partida  es  la  consideración  de  las  actividades  reguladas  como 
operaciones de obra pública o de servicio público, en los términos establecidos por la 
Ley, con la remisión necesaria a las normas de contratación del sector público.
En cuanto a las especialidades establecidas por la Ley, estas responden al objetivo 
de fijar las bases de un sistema concesional más flexible que incentive las inversiones. 
Uno  de  los  objetivos  estratégicos  de  la  presente  ley  es  configurar  un  régimen 
concesional para los puertos deportivos y las dársenas deportivas que, siempre en el 
marco  de  la  normativa  sobre  contratos  del  sector  público,  aporte  soluciones  a  las 
problemáticas que puedan generar las distintas coyunturas.
En el caso de los plazos concesionales, por ejemplo, se prevé, tanto en este ámbito 
contractual como en el demanial, su adecuación no solamente para los casos en los que 
esté prevista en el título concesional, sino, especialmente, cuando la empresa gestora 
aborda inversiones relevantes, y siempre para garantizar la viabilidad de la instalación.
También  merecen  especial  mención  los  aspectos  ambientales.  Por  un  lado,  la 
referencia al cambio climático. En concreto, al hecho de que la Administración portuaria, 
de acuerdo con lo que determine la normativa en esta materia, pueda requerir a las 
entidades gestoras de las infraestructuras portuarias la elaboración de estudios técnicos 
sobre la modificación del clima marítimo y su efecto sobre las infraestructuras, los 
servicios y las operaciones portuarias, y pueda adoptar las medidas adecuadas en cada 
caso.
Y, por otro lado, el tratamiento en el ámbito de este dominio público portuario de 
aspectos como los dragados, los vertidos o la gestión de los desechos y otros elementos 
contaminantes.
El título cuarto se ocupa de los servicios en el sistema portuario, de forma que 
reclasifica  los  servicios  portuarios  en  generales  y  específicos,  y  conceptúa  como 
generales las operaciones portuarias a las que la Ley atribuye este carácter y cuya 
titularidad se reserva la Administración portuaria.
En este sentido, la Ley también innova, en la medida en que dota de un adecuado 
marco jurídico a estas operaciones portuarias, configuradas como las que existen de 
forma permanente en todas las instalaciones portuarias, que son prestadas directamente 
por la Administración portuaria o por la persona que explota la instalación portuaria, con 
independencia  de  que  sean  solicitadas  o  no  por  los  usuarios,  y  que  se  financian 
directamente a cargo del presupuesto de Puertos de la Generalidad o a través de las 
cuotas de mantenimiento en los casos de gestión indirecta.
Los servicios portuarios específicos se caracterizan por el hecho de que deben estar 
presentes en todas las instalaciones portuarias, y porque en las instalaciones portuarias 
gestionadas  por  la  Administración  portuaria  son  prestados  por  personas  físicas  o 
jurídicas o por entidades sin personalidad jurídica distintas de las encargadas de la 
explotación  portuaria,  sin  perjuicio  de  que  en  circunstancias  excepcionales  la 
Administración portuaria pueda asumir su prestación efectiva. En cualquier caso, quien 
presta el servicio es retribuido directamente por el destinatario, ya que estos servicios se 
prestan previa petición de los usuarios.
Cabe destacar, en este sentido, la detallada regulación de servicios, como los del 
practicaje, el amarre y desamarre de embarcaciones, el remolque portuario, la recepción 
de desechos generados por buques y embarcaciones y de residuos de carga, y la carga,  s
la estiba, la descarga, la desestiba y el transbordo de mercancías. oe.
Por  tanto,  la  Ley  define  el  régimen  jurídico  de  los  servicios  portuarios,  sus  w.
características principales y las formas de prestación, y reconoce la libertad de acceso a  3w
cpuroahlqibuiiceiór np eexrsporensaa  qduee u nd irsépgoinmgean  ddee  eloxsc lurseiqvuideardim oie mntoonso pleogliaol.mente establecidos, con
Dentro de este título también se regula la cesión de cualquier tipo de elementos 
portuarios y el régimen específico de los puntos de amarre y en tránsito, entre otros, así 
como el chárter náutico.
Se  trata,  en  suma,  en  un  marco  de  activación  económica,  de  un  elemento 
fundamental para la promoción de la náutica deportiva, como actividad sometida a reglas 
de mercado, en la que hay que arbitrar medidas que faciliten una correcta gestión de la 
oferta.
En este respecto, cabe destacar que estos contratos se rigen por el derecho privado, 
en cuanto a las relaciones entre las partes contractuales, sin perjuicio de que deben 
sujetarse a la normativa vigente en materia portuaria.
En el caso concreto de la cesión de los puntos de amarre, es, como se ha señalado, 
un elemento portuario esencial cuando se trata de náutica deportiva, que se configura en 
términos de derecho de uso preferente. En cuanto al régimen de uso, la Ley da cobertura 
expresa a la estancia de las tripulaciones en la embarcación, como complemento de su 
actividad principal, que es la navegación, siempre que se comunique a la dirección del 
puerto.
Por  el  contrario,  la  Ley  prohíbe  expresamente  el  uso  de  artefactos  para  usos 
habitacionales, residenciales, hoteleros o para otras tipologías de usos y actividades 
turísticas. De esta forma se evita que se desvirtúe la finalidad para la que se pone en 
servicio una infraestructura portuaria.
El  último  capítulo  del  título  cuarto  se  destina  a  dar  cobertura  a  determinadas 
singularidades del sector pesquero, de forma que, por un lado, se garantiza que los 
puertos  con  instalaciones  portuarias  destinadas  al  sector  pesquero  dispongan  de 
instalaciones  para  el  amarre  y  la  descarga  de  los  productos  pesqueros  y  de  las 
instalaciones para la manipulación, preparación, comercialización y distribución de los 
productos pesqueros, y, por otro lado, se garantiza que las naves de clasificación y venta 
de pescado, las tradicionales lonjas, se configuren como bienes afectos al servicio 
portuario de titularidad pública destinadas a la primera venta de los productos de la 
pesca y centros de control y comercialización con las necesarias garantías.
El régimen tributario del sistema portuario establecido en el título quinto de este libro 
recoge en buena parte el contenido del texto articulado de las tasas aplicables, aprobado 
por el Decreto legislativo 2/2010, de 3 de agosto, y lo hace extensivo a todo el sistema 
portuario. Asimismo, se introducen en él algunas modificaciones con el fin de simplificar 
y mejorar su aplicación a los diferentes sectores portuarios.
Este régimen tributario se rige por criterios de equidad y de suficiencia financiera. En 
cuanto al primero, se adopta en la medida en que las actividades económicas que se 
desarrollan al amparo de la Ley, y que, de una forma u otra, son beneficiarias de un 
aprovechamiento  privativo  o  especial  del  dominio  público  o  de  la  actividad  de  la 
Administración portuaria, deben aportar una contraprestación económica adecuada al 
sistema. En cuanto al segundo, la suficiencia financiera de la Administración portuaria 
reside en el hecho de que sus ingresos deben permitirle, en régimen de autonomía 
económica,  afrontar  los  gastos  de  explotación,  conservación,  depreciación  y 
amortización, las obligaciones legalmente exigibles y el mantenimiento y la mejora de las 
condiciones medioambientales y de seguridad de las instalaciones y los servicios que 
gestiona o presta directamente, todo ello de un modo compatible con la obtención de un 
rendimiento razonable en la explotación que permita la financiación de los gastos e 
inversiones destinados a la creación, ampliación y mejora de las infraestructuras y las 
superestructuras portuarias. s
Para posibilitarlo, la señal económica del beneficio obtenido o del coste del servicio  oe.
prestado se traslada a los titulares de las actividades destinatarias mediante las tasas,  w.
los cánones y otras figuras reguladas en el título quinto por la utilización privativa o el  3w
aacptriovvideacdheasm qieunet olle evsap ae cciaabl od leal  Addommiinniisot rapcúibólnic op oprtouraturiaar.io, así como por los servicios y
Ley Peasrtaab alelccaen qzuaer  elol sp irningcriepsioo sd eec sounfóicmieicnocsia d fein laan Acidemrain diset rlaacsi óonp peorartcuioanrieas d peobretnu apraiassa,r  laa   BOE-A-cable e
ser parte del presupuesto de ingresos de Puertos de la Generalidad, de forma que estos 
recursos están afectados íntegramente al cumplimiento de los objetivos y las finalidades 
de la empresa en régimen de autonomía financiera.
Mención especial merece la creación de la tasa por el servicio portuario de recepción 
obligatoria  de  los  desechos  generados  por  los  buques,  aplicable  a  los  buques  o 
embarcaciones que acceden por vía marítima o fluvial a una infraestructura portuaria de 
competencia de la Generalidad, que es consecuencia de la Directiva 2000/59/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre, sobre instalaciones portuarias 
receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga.
Finalmente, en cuanto a este ámbito tributario, la Ley regula también el canon por 
prestación de servicios portuarios y el ejercicio de actividades comerciales e industriales 
con usos lucrativos. Para las materias en las que la Administración portuaria actúa bajo 
el régimen de libre competencia y en las que las actividades no sean de solicitud o 
recepción obligatoria para los particulares, la Ley establece el régimen jurídico de los 
correspondientes precios privados.
VI
El libro tercero contiene la regulación de los servicios de transporte de pasajeros, su 
régimen  de  prestación  y  los  requisitos  de  prestación  mediante  un  sistema  de 
comunicaciones previas.
Esta regulación, que tiene como antecedente la de la Ley 10/2000, de 7 de julio, de 
ordenación del transporte en aguas marítimas y fluviales, se proyecta en dos ámbitos, el 
del transporte en aguas marítimas y el del transporte en aguas continentales, de forma 
que comprende tanto los transportes con finalidades turísticas como el desplazamiento a 
lugares para realizar prácticas deportivas, y, en general, cualquier actividad comercial 
que  implique  el  transporte  de  personas  en  embarcaciones  provistas  de  medios 
mecánicos de propulsión.
Se exceptúa de su ámbito de aplicación el alquiler de embarcaciones de recreo, con 
patrón o sin patrón, que no tiene la consideración, a efectos de la presente ley, de 
transporte de personas.
Estos servicios de transporte de personas se clasifican en líneas regulares, que son 
las que están sujetas a itinerarios, frecuencia de escalas, precios y demás condiciones 
de  transporte  previamente  establecidas  y  que  se  prestan  con  una  periodicidad 
predeterminada, y las líneas no regulares u ocasionales, que son todas las que, por sus 
características, no puedan considerarse regulares.
En este ámbito rige el principio de libertad de prestación, de forma que cualquier 
persona que cumpla los requisitos establecidos por la Ley puede ejercer, en régimen de 
competencia real y efectiva, los servicios de transporte de personas.
La principal novedad en esta materia reside en el hecho de que, en un contexto de 
simplificación administrativa, se pasa de un sistema de autorización a un régimen de 
comunicación, para dar cumplimiento a las disposiciones de la normativa europea.
VII
El libro cuarto se ocupa del régimen de policía portuaria con el fin de garantizar el 
adecuado  desarrollo  de  las  operaciones  portuarias  y  la  seguridad  de  los  espacios 
portuarios, de forma que se perfecciona la tipificación de las infracciones administrativas, 
tanto en el ámbito portuario como de transporte marítimo, de acuerdo con el principio de  e.
reserva de ley. w.b
Por otra parte, sin perjuicio de mantener los aspectos generales en materia de  3w
einl spréegcicmióenn  yd vei glialasn cóirad, esnee se sipnedcivifiidcuaanl easd,i cqiounea lrmefeunetrez alans  lma epdoidteasst adde  ppoolritcuíaar ipao retuna reias tey 
ámbito.
La regulación se refuerza en algunos aspectos, como el abandono de buques y las 
medidas provisionales o cautelares, y se incorporan otras cuestiones, como el embargo y 
la retención judicial o administrativa, la negativa a la entrada y a la prestación de 
servicios y actividades y la inspección de los servicios de transporte.
VIII
La parte final de la Ley está integrada por trece disposiciones adicionales, ocho 
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
Cabe destacar, en primer lugar, la disposición adicional primera, que articula un 
procedimiento de renovación de concesiones y contratos de concesión de servicios de 
las infraestructuras portuarias, con el objetivo de permitir anticipar este proceso de 
renovación contractual sin tener que esperar a la finalización del plazo concesional, con 
los problemas que eso supone a veces.
En cualquier caso, se garantiza que la decisión última queda en el ámbito de la 
Administración portuaria, como no podía ser de otro modo, ya que puede decidir si 
gestiona la infraestructura portuaria directa o indirectamente, si estima que es necesario 
diferir el proceso hasta una nueva licitación en el momento en que finalice la vigencia del 
título administrativo o si opta por iniciar el correspondiente expediente de contratación.
Por otra parte, en un contexto de promoción de las actividades que se desarrollan en 
el  entorno  portuario,  la  disposición  adicional  tercera  contiene  un  mandato  para  la 
Administración portuaria, que, con la colaboración de las entidades representativas del 
sector,  debe  promover  las  acciones  que  sean  pertinentes  para  el  fomento  de  la 
navegación deportiva, especialmente la navegación a vela.
En una línea análoga, la disposición adicional sexta establece que la Administración 
portuaria debe velar por que el sistema portuario ofrezca un número razonable de 
amarres destinados a la náutica popular, entendiendo como tal la que se desarrolla en 
embarcaciones  que  no  superan  los  7  metros  de  eslora,  y  preferentemente  en  las 
embarcaciones de un bajo nivel de emisiones.
Con el fin de reforzar el marco de ejercicio de las funciones de policía administrativa 
de los espacios portuarios, y, dentro del mismo, el papel de las entidades concesionarias 
que gestionan infraestructuras y servicios portuarios en los términos que establece la 
Ley, la disposición adicional quinta atribuye la consideración de agentes de la autoridad a 
los  empleados  de  dichas  entidades,  cuando  sean  designados  para  el  ejercicio  de 
funciones internas de vigilancia de la actividad.
La disposición adicional séptima tiene una importancia singular, ya que contiene el 
marco jurídico aplicable a las marinas interiores de Santa Margarida y Empuriabrava.
La Ley opta, a diferencia de normas anteriores, por regular estas dos realidades 
portuarias de forma específica, como infraestructuras portuarias singulares, situadas en 
una urbanización marítimo-terrestre.
En  este  contexto  regulador  se  otorga  un  papel  importante  a  los  respectivos 
ayuntamientos, de forma que ejercen las funciones de conservación, mantenimiento y 
vigilancia del conjunto de la urbanización marítimo-terrestre, incluidos los canales o 
viales navegables.
LIBRO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto. w.b
pasaEjle orobsje eton  adgeu laas p mreasreítnimtea lse yy  ceosn ltain reengtuallaecsi óqnu ed esol nsi sctoemmpae pteonrctuiaa rdioe  yla  eGl etrnaenrsapliodrated .de
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
La presente ley es aplicable:
a)  Al sistema portuario que es competencia de la Generalidad.
b)  Al transporte de pasajeros en aguas marítimas y continentales, prestado a título 
oneroso mediante embarcaciones dotadas de medios mecánicos de propulsión, que 
transcurre íntegramente por Cataluña.
Artículo 3.  Objetivos.
Las políticas de la Generalidad en materia de puertos y de transporte en aguas 
marítimas y continentales deben satisfacer los siguientes objetivos:
a)  Articular  un  sistema  portuario  que  ponga  las  infraestructuras  portuarias  al 
servicio de la promoción económica, industrial, logística, náutico-deportiva, pesquera, 
turística y social de Cataluña.
b)  Establecer  la  organización  administrativa  y  de  gestión  que  se  plantee  para 
ponerla al servicio de los operadores del sector, con especial atención a la transparencia 
y la simplificación administrativa en la relación entre estos operadores y la Administración 
portuaria, con criterios de eficacia y eficiencia.
c)  Fijar  un  régimen  jurídico  contractual  adecuado  para  el  fomento  de  la 
colaboración  pública  y  privada  que  se  materialice  en  las  inversiones  en  las 
infraestructuras y los servicios portuarios.
d)  Promover actividades náuticas, de recreo, deportivas, de investigación científica 
y culturales asociadas.
e)  Integrar  los  puertos  en  su  entorno  territorial  y  vincularlos  al  resto  de 
infraestructuras de movilidad.
f)  Velar por la sostenibilidad ambiental de la infraestructura y de las actividades que 
se realizan en ella, en un contexto de cambio climático.
g)  Velar por que las actividades de transporte de pasajeros en aguas marítimas y 
continentales se realicen de forma sostenible y segura para los usuarios.
h)  Establecer un régimen tributario del sistema portuario justo y proporcionado que 
garantice su viabilidad y sostenibilidad desde el punto de vista económico y financiero, y 
la generación de recursos susceptibles de ser reinvertidos en la mejora de dicho sistema 
portuario.
Artículo 4.  Sistema portuario.
El sistema portuario está configurado por las infraestructuras portuarias cuya gestión 
es competencia de la Generalidad y por los servicios y las actividades que regula la 
presente ley como prestaciones que se ofrecen al público para satisfacer las operaciones 
y las necesidades marítimas y portuarias.
Artículo 5.  Tipología de infraestructuras portuarias.
1.  A efectos de la presente ley, se entiende por:
a)  Puerto: el conjunto de aguas abrigadas y de aguas exteriores adyacentes de 
aproximación y fondeo, de espacios terrestres contiguos a las mismas y de instalaciones 
y  accesos  terrestres  que  tienen  las  condiciones  físicas  naturales  o  artificiales  y,  si  e.
procede, de organización necesarias para realizar las operaciones propias de cada  w.
puerto y requeridas, por razón del uso particular al que se destine, por la flota mercante,  3w
pcoemsqou eerl ac oon djuenptoor tdivea o yb rpaosr  cloivsil euss udaer iionsfr.a Iensctlruuycetu lraas,  idnes teadlaifcicioanceiósn p oo rdtuea sriuapse, reenstteruncdtiudraas, 
eals pí ucoemrtoo  ye ld ceosntijnuandtoa sd ea  ifnasctialitlaarc ieoln terásn msietoc ápnoirctausa ryio r.edes técnicas de servicio situadas en  BOE-A-cable e
b)  Instalación marítima menor: el conjunto de espacios, obras e instalaciones fijos o 
desmontables para el servicio de las embarcaciones o las personas y para la carga que, 
por  su  naturaleza  menor,  no  puede  ser  considerado  puerto  marítimo  y  que  ocupa 
espacios de dominio público marítimo-terrestre no incluidos en la zona de servicio de los 
puertos. Tienen tal consideración los embarcaderos, los muelles de pilotes, los varaderos 
y otras instalaciones análogas que no formen parte de un puerto ni estén adscritas a 
uno.
2.  Los puertos se clasifican en:
a)  Puertos marítimos o fluviales, por razón del carácter de las aguas abrigadas.
b)  Puertos artificiales o naturales, por razón del origen del abrigo, según requieran 
la ejecución de obras de abrigo. En particular, son puertos naturales los constituidos por 
las aguas abrigadas por la misma disposición natural del terreno o los parcialmente 
abrigados que se destinan al anclaje de temporada de embarcaciones de pesca y 
deportivas o de recreo.
c)  Puertos comerciales, industriales, pesqueros, deportivos o mixtos, por razón de 
su uso o destino, según se destinen, exclusiva o principalmente, a una o varias de estas 
actividades.
d)  Puertos base o de invernada o puertos de temporada, por razón del nivel de 
abrigo y de servicios que ofrecen.
Artículo 6.  Definiciones.
A los efectos de la presente ley, se entiende por:
a)  Aguas portuarias: las superficies de agua incluidas dentro de la zona de servicio 
de un puerto o instalación portuaria menor.
b)  Arqueo bruto: el tonelaje de la embarcación, expresado en GT (gross tonnage), 
que  consta  en  el  certificado  internacional  expedido  de  acuerdo  con  el  Convenio 
internacional sobre arqueo de buques de 1969. Si un buque no dispone de dicho 
certificado, puede recurrirse al valor que conste en el Lloyd’s Register of Shipping. Si el 
buque presenta un certificado de su arqueo bruto medido según el procedimiento del 
Estado de su bandera, expresado como tonelaje de registro bruto (TRB), o si es este el 
que consta en el Lloyd’s Register of Shipping, la Administración portuaria debe asignarle 
un nuevo arqueo a partir de las dimensiones básicas del buque. Esta asignación debe 
realizarse aplicando la siguiente fórmula: GT (Londres provisional) = 0,4 × E x M × P, 
donde: E = eslora máxima total en metros, M = manga máxima total en metros y P = 
puntal de trazado en metros. En el supuesto de construcción, el arqueo bruto es el 
correspondiente al buque terminado; en el caso de desguace, el arqueo bruto es la mitad 
del original.
c)  Atraque: la operación portuaria que consiste en acercar unas embarcaciones a 
otras o a elementos fijos de amarre y defensa.
d)  Atraque en punta: la disponibilidad de un puesto de amarre en pantalán o muelle, 
de modo que la embarcación queda sensiblemente perpendicular a este y fijando uno de 
los extremos (proa o popa) de aquella al pantalán o muelle y el otro extremo a un fondeo 
permanente o al ancla.
e)  Calado máximo: el calado de trazado definido según la regla 4.2 del Reglamento 
para la determinación de los arqueos bruto y neto de los buques, que figura como anexo 
I del Convenio internacional sobre arqueo de buques de 1969, o, en su defecto, el que  e.
consta en el Lloyd’s Register of Shipping. w.b
f)  Capitán o patrón: la persona que, estando en posesión del correspondiente título,  3w
elajes rdceem eál sm faunndcoio yn elas  dpiúrebclicciaósn  yd eplr ibvuaqduaes  qou eem leb aartcriabcuiyóan  lean n toordmoast isvuas v aigsepnetcet.os, así como
g)  Carga de mercancías: la operación portuaria de intercambio del modo terrestre al 
marítimo que consiste en la entrada de mercancías a la zona de servicio por vía terrestre 
y la salida de estas o de sus productos derivados por vía marítima.
h)  Consignatario del buque: la persona física o jurídica que actúa en nombre y 
representación del naviero o propietario del buque.
i)  Crucero: buque de personas que entra en un puerto y es despachado con este 
carácter por las autoridades competentes y que, además, tiene un número de pasajeros 
en régimen de crucero que supera el 50% del total de pasajeros.
j)  Dársena: el conjunto de superficies de tierra y agua incluidas en la zona de 
servicio de un puerto, destinadas de forma preferente al servicio de la flota mercante, 
pesquera o deportiva o a las actividades turísticas o recreativas complementarias.
k)  Descarga  de  mercancías:  la  operación  portuaria  de  intercambio  del  modo 
marítimo al terrestre que consiste en la entrada de mercancías a la zona de servicio por 
vía marítima y la salida de estas o de sus productos derivados por vía terrestre.
l)  Embarcación de recreo: el buque civil de cualquier tipo, con independencia del 
medio de propulsión, destinado a actividades de recreo y ocio sin ánimo de lucro o a la 
pesca no profesional.
m)  Embarcación de base: la que tiene autorizada su estancia en la infraestructura 
portuaria por un período igual o superior a seis meses.
n)  Embarcación transeúnte: la que, sin ser de base, tiene autorizada su estancia en 
la infraestructura portuaria por un período limitado e inferior a seis meses.
o)  Entrada: la operación portuaria consistente en el acceso del buque a la zona de 
servicio por vía marítima.
p)  Eslora máxima: la longitud máxima de un buque, desde la proa hasta la popa, 
que consta en el Lloyd’s Register of Shipping, en la documentación del buque o, en su 
defecto,  la  que  resulte  de  la  medición  que  realice  directamente  la  Administración 
portuaria. En el caso de embarcaciones de recreo, debe tomarse la máxima distancia 
entre los extremos de los elementos más salientes de proa y popa de la embarcación y 
sus medios auxiliares.
q)  Estancia: la operación portuaria consistente en el fondeo o la permanencia del 
buque en las aguas portuarias.
r)  Instalación desmontable: la que requiere, como máximo, obras puntuales de 
cimentación,  que  en  todo  caso  no  sobresalgan  del  terreno;  está  constituida  por 
elementos de serie prefabricados, módulos, paneles o similares, sin elaboración de 
materiales en obra ni utilización de soldaduras; se monta y desmonta mediante procesos 
secuenciales; permite proceder a su levantamiento sin derribo, y está compuesta por un 
conjunto de elementos que resulta fácilmente transportable.
s)  Instalación portuaria receptora de desechos: la instalación fija, flotante o móvil 
capaz de recibir desechos generados por buques y residuos de carga.
t)  Lugar de fondeo de anclaje con amarre a muerto: la disponibilidad de un amarre 
sujeto a un punto fijo del fondo que permita fijar la proa o la popa del buque, de modo 
que este quede a la gira.
u)  Lonja: la instalación destinada a la exposición y primera venta de los productos 
pesqueros  frescos,  situada  en  la  zona  de  servicio  y  autorizada  por  los  órganos 
competentes en materia de ordenación del sector pesquero.
v)  Manga máxima: la anchura máxima del buque, excluidos sus miembros, medida 
en la línea de máxima carga de compartimentado o por debajo de la misma.
w)  Marina seca: el conjunto de obras e instalaciones terrestres autorizadas por la  s
Administración portuaria para almacenar en ellas embarcaciones de recreo y, en su caso,  oe.
realizar las actividades de vararlas, encallarlas, custodiarlas o repararlas. w.
x)  Navegación exterior a la Unión Europea: la que se efectúa entre puertos o  3w
psoubnetoras nsíiatu, addeores cehno sz osnoabse reann olass o q juueri slodsic ecsiótand yo sp umeiretomsb oro psu dneto lsa  sUitnuiaódno Es ufruoepreaa d eej eerscteans 
zonas.
y)  Navegación de recreo o deportiva: la navegación cuyo objeto exclusivo es el 
recreo, la práctica del deporte sin propósito lucrativo o la pesca no profesional, por parte 
de su propietario o de otras personas, a través del arrendamiento, el contrato de pasaje, 
la cesión o cualquier otro título, siempre que en estos casos el buque o la embarcación 
no sea utilizado por más de doce personas, sin contar la tripulación.
z)  Navegación interior a la Unión Europea: la que se efectúa entre puertos o puntos 
situados en zonas en las que los estados miembros de la Unión Europea ejercen 
soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.
a') Naviero: la persona física o jurídica que, utilizando buques mercantes propios o 
ajenos, realiza su explotación, aunque no constituya su actividad principal, bajo cualquier 
modalidad admitida por los usos internacionales.
b')  Operaciones  portuarias:  el  conjunto  de  servicios,  suministros,  actividades  y 
modalidades de utilización de los bienes, equipos e instalaciones destinadas a facilitar, 
coordinar y controlar, en condiciones de seguridad, salubridad, eficiencia e indemnidad 
medioambiental, el acceso, estancia, tránsito y salida de los buques, embarcaciones, 
pasajeros, tripulantes, vehículos, mercancías y productos de la pesca de la zona de 
servicio de los puertos e instalaciones marítimas menores.
c') Pasajeros en régimen de crucero turístico: las personas en régimen de transporte, 
bien porque el puerto de embarque coincide con el destino final de su viaje o bien porque 
están en tránsito en un puerto, que debe estar amparado por un mismo contrato de 
transporte.
d’) Pasajeros en régimen de transporte: las personas que viajan a bordo de un 
buque,  incluidos  los  conductores  de  vehículos,  y  que  no  tienen  la  condición  de 
tripulantes.
e') Propietario del buque: la persona titular dominical o la persona titular del derecho 
a disfrutar y disponer del buque.
f') Transbordo de mercancías: la operación portuaria que consiste en el traslado de 
las mercancías de un buque a otro sin detenerse en los muelles, y con la presencia 
simultánea de ambos buques durante las operaciones.
g') Tránsito marítimo: la operación portuaria que consiste en la transferencia de 
mercancías  o  elementos  de  transporte  en  el  modo  marítimo,  en  la  que  estas  son 
descargadas de un buque al muelle y, posteriormente, vuelven a ser cargadas a otro 
buque, o al mismo buque en distinta escala, sin salir de la zona de servicio del puerto.
h') Tránsito terrestre: la operación portuaria que consiste en la transferencia de 
mercancías o elementos de transporte en el modo terrestre, en la que la entrada y la 
salida de la zona de servicio del puerto se realizan por vía terrestre.
i') Transporte marítimo de corta distancia: el movimiento de mercancías y personas 
por mar entre puertos situados en territorio de la Unión Europea o entre estos puertos y 
los situados en países no europeos con una línea de costa en los mares ribereños que 
rodean Europa.
j') Urbanización marítimo-terrestre: la integrada por una marina interior y los terrenos 
de la urbanización, que deben constituir un sector de planeamiento urbanístico vinculado 
a la marina, de uso preferentemente residencial.
k')  Buque:  cualquier  embarcación,  plataforma  o  artefacto  flotante,  con  o  sin 
desplazamiento, apto para la navegación.
l') Buque pesquero: el buque civil de cualquier tipo utilizado comercialmente para la 
captura de peces u otros recursos vivos del mar.
m') Buque turístico local: el buque que realiza excursiones con finalidad turística, con  s
o sin escalas, a una distancia máxima de cincuenta millas desde el puerto base. oe.
Artículo 7.  Elementos y características técnicas de las infraestructuras portuarias. 3w
1.  Las características técnicas, los elementos, los servicios, las actividades y otros
rdeeqteurismitionsa rqsuee p, ocro rne gclaarmáectnetro ,m teínniimenod, oh aenn  cduee tnetnae sru l ansa tiunrfaraleezsatr uoc dtuersatisn op.ortuarias deben
2.  Los puertos base o de invernada deben garantizar durante todo el año las 
condiciones que se determinen como mínimas.
Artículo 8.  Categorías de puertos deportivos.
Los puertos deportivos se identifican por categorías, de acuerdo con el nivel y la 
calidad de sus instalaciones y de los servicios que ofrecen, en los términos que se 
determinen por reglamento.
LIBRO SEGUNDO
Sistema portuario
TÍTULO I
Planificación, ordenación y construcción
CAPÍTULO I
Plan de puertos
Artículo 9.  Objeto y naturaleza.
1.  El plan de puertos es el instrumento a través del cual se determinan las grandes 
líneas de planificación y ordenación de las infraestructuras y los servicios del sistema 
portuario  que  es  competencia  de  la  Generalidad,  en  el  marco  de  las  directrices 
establecidas por el planeamiento territorial general.
2.  El plan de puertos tiene carácter de plan territorial sectorial, de acuerdo con la 
Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de política territorial, y debe tramitarse y aprobarse de 
acuerdo con lo dispuesto por la presente norma.
Artículo 10.  Contenido.
1.  El plan de puertos debe tener, como mínimo, los siguientes contenidos:
a)  La determinación de los objetivos y las bases del plan.
b)  La prognosis estratégica de la actividad futura, basada en un estudio de la 
demanda y de las previsiones de evolución de los distintos sectores de actividad.
c)  La determinación, en el período de vigencia del plan, de las directrices y de las 
actuaciones que es necesario llevar a cabo de acuerdo con los objetivos del artículo 3.
d)  La  determinación  de  los  medios  económicos,  financieros  y  organizativos 
necesarios para el desarrollo y la ejecución del plan.
e)  La definición de los indicadores de seguimiento del plan y los criterios para su 
revisión.
f)  El establecimiento de los criterios para la sostenibilidad ambiental, económica y 
social del sistema portuario de Cataluña, que incorpore una evaluación sobre el número 
de instalaciones portuarias existentes  y sus  eventuales ampliaciones, así como las 
limitaciones al establecimiento de nuevos puertos.
g)  La definición de las actividades de servicio público de acuerdo con la presente 
ley. es
2.  El Gobierno debe concretar por reglamento el contenido del plan de puertos. w.
CAPÍTULO II
Ordenación sectorial y urbanística de la zona de servicio portuaria
Artículo 11.  Zona de servicio portuaria.
1.  Los puertos y las instalaciones marítimas menores deben disponer de una zona 
de servicio formada por las superficies de tierra y agua necesarias para el desarrollo de 
las operaciones portuarias, los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de 
desarrollo  de  la  actividad  portuaria  y  los  que  puedan  destinarse  a  usos  portuarios 
complementarios. Las superficies de agua incluidas dentro de la zona de servicio son las 
aguas portuarias interiores protegidas o delimitadas por instrumentos de señalización, 
las exteriores inmediatamente adyacentes a las obras de abrigo y de bocana y las que 
son necesarias para realizar las operaciones de aproximación al puerto y de fondeo, en 
los términos que se establezcan por reglamento.
2.  Los usos admisibles en la zona de servicio portuaria pueden ser básicos y 
complementarios:
a)  Son  usos  portuarios  básicos  los  relacionados  con  el  desarrollo  de  las 
operaciones portuarias y la red básica de distribución de servicios y viaria. Los usos 
portuarios básicos, en función de la vinculación al destino propio de cada puerto, se 
clasifican en comerciales, náutico-deportivos, pesqueros, industriales y logísticos.
b)  Son usos portuarios complementarios los usos que el planeamiento urbanístico 
considera compatibles con las operaciones y actividades portuarias que contribuyen a la 
sostenibilidad y al equilibrio económico y social del puerto. Tienen, en todo caso, tal 
consideración los usos destinados a integrar el sistema portuario con su entorno urbano, 
como  los  turísticos,  de  estancia  de  la  tripulación,  de  restauración,  comerciales, 
deportivos, de servicios, culturales, recreativos, feriales y de exposiciones.
3.  Dentro de la zona de servicio portuaria, las zonas correspondientes a viales de 
acceso al puerto, viales interiores de libre acceso y cualquier zona donde no exista 
restricción para el acceso peatonal, así como las obras de defensa no utilizables, tienen 
la consideración de zonas de aprovechamiento público y gratuito. Estas zonas no están 
sujetas al impuesto de bienes inmuebles, de conformidad con la normativa reguladora de 
las finanzas locales.
Artículo 12.  Ordenación portuaria dentro de la zona de servicio.
1.  Corresponde a la Administración portuaria, en el ejercicio de sus potestades de 
administración y policía del espacio portuario, distribuir los siguientes ámbitos:
a)  Los servicios, las actividades y las instalaciones sobre la superficie de agua.
b)  Los servicios, las actividades y las instalaciones sobre la superficie de tierra que 
carezcan de componente edificatorio.
c)  Las obras de infraestructura que no impliquen su modificación sustancial.
2.  La distribución de los ámbitos portuarios a la que se refiere el apartado 1 debe 
reflejarse documentalmente de acuerdo con lo que se establezca por reglamento.
3.  Deben establecerse por reglamento las condiciones de dimensionado y demás 
parámetros de la dotación de aparcamientos de acuerdo con la ordenación urbanística 
de la zona de servicio. Este dimensionado debe tener en cuenta la movilidad generada y  e.
su contribución a la sostenibilidad económica de la explotación portuaria. w.
4.  La superficie máxima permitida para los usos previstos en la zona de servicio  3w
deben determinarse por reglamento.
Artículo 13.  Coordinación con el planeamiento urbanístico.
1.  Los instrumentos de planeamiento urbanístico general y derivado aprobados 
inicialmente que afecten a la zona litoral de Cataluña deben someterse a informe de la 
Administración portuaria en cuanto a las materias en las que tiene competencia, sin 
perjuicio de los demás informes exigibles.
2.  El régimen jurídico aplicable a los informes a los que se refiere el apartado 1 es 
el que regula la legislación urbanística para las administraciones sectoriales que deben 
informar sobre los instrumentos de planeamiento.
Artículo 14.  Plan director urbanístico portuario.
1.  La ordenación urbanística de la zona de servicio se realiza mediante la figura del 
plan director urbanístico portuario.
2.  Los planes directores urbanísticos portuarios deben:
a)  Delimitar con precisión la zona de servicio, que puede tener carácter discontinuo.
b)  Calificar la zona de servicio portuaria como sistema general portuario.
c)  Establecer las determinaciones básicas relativas a la accesibilidad exterior e 
interior, y a la edificabilidad y la volumetría y sus usos, coherentemente con el modelo 
territorial y la estructura general y orgánica del municipio.
3.  El plan director urbanístico portuario tiene naturaleza urbanística y también de 
plan portuario. En aquello que no regula de forma expresa la presente ley, le son de 
aplicación el régimen jurídico y las determinaciones de los planes directores urbanísticos, 
de conformidad con la normativa aplicable en materia de urbanismo.
4.  El plan director urbanístico portuario se formula, se tramita y se aprueba de 
acuerdo con lo establecido por la legislación urbanística. En la tramitación del plan, este 
debe someterse al informe de la Administración general del Estado, en los términos 
establecidos por la legislación en materia de costas, y al trámite de evaluación ambiental 
propio  de  los  planes  directores  urbanísticos,  de  acuerdo  con  lo  establecido  por  la 
legislación sectorial aplicable.
5.  Los planes directores urbanísticos portuarios deben contener, además de la 
documentación establecida por la legislación urbanística, los siguientes documentos:
a)  Los estudios técnicos justificativos, si procede.
b)  La memoria económica y social, que debe incluir un apartado sobre el impacto 
de género de las actuaciones.
c)  El documento en el que se determine la ordenación detallada del suelo, con 
especial mención a los usos admisibles en la zona de servicio con el nivel de detalle 
propio de un plan urbanístico derivado, así como la concreción de las características de 
las obras de urbanización.
d)  El documento en el que consten las comunicaciones terrestres necesarias para 
asegurar el acceso adecuado a la infraestructura y la conectividad con el resto del 
territorio.
e)  El estudio de evaluación de la movilidad generada, de acuerdo con su normativa 
reguladora.
f)  El informe de sostenibilidad ambiental, que debe tener en cuenta la evaluación 
ambiental del plan de puertos.
g)  Los demás documentos que se determinen por reglamento. e.e
6.  La aprobación de un plan director urbanístico portuario conlleva la declaración de  ww.
puertl iilsvidiasadtedam  spaiút ubdaleidc aoacs, t uada eceniftóeronc  tpdooesr  l daee xz polrano ape idaxepci rósonep.riavicciióon,  sdieem lporse  bqiueen eess tye  pdlearne cdhiroesc todre  etsittualbalreidzacad   OE-A-2020-443able en https://w
7.  La Generalidad, aparte de los planes directores urbanísticos de cada uno de los 
puertos,  puede  promover  planes  directores  urbanísticos  para  delimitar  y  ordenar 
aspectos concretos en un conjunto de puertos determinado.
Artículo 15.  Obras en la zona de servicio portuaria.
1.  Las  obras  vinculadas  a  los  usos  portuarios  básicos  que  realicen  la 
Administración portuaria y los particulares en la zona de servicio no sometidas a licencia 
o a cualquier otro acto de control preventivo municipal solo pueden ser suspendidas por 
los tribunales competentes. Las obras ordinarias y las actividades vinculadas a los usos 
portuarios complementarios están sometidas a control municipal.
2.  Las demás obras que se realicen en la zona de servicio están sometidas a 
control municipal.
TÍTULO II
Organización administrativa portuaria de la Generalidad
CAPÍTULO I
Organización
Artículo 16.  Estructura administrativa.
1.  Las competencias en materia de puertos que corresponden a la Generalidad son 
ejercidas por el Gobierno, a través del departamento competente en materia de puertos y 
de la entidad Puertos de la Generalidad, de acuerdo con lo que establecen la presente 
ley y las normas reglamentarias que la desarrollen.
2.  A  efectos  de  la  presente  ley,  son  Administración  portuaria  el  departamento 
competente en materia de puertos y la entidad Puertos de la Generalidad.
Artículo 17.  Órganos competentes.
1.  Corresponde al Gobierno definir la política portuaria mediante el establecimiento 
de los principios y objetivos del sistema portuario.
2.  Corresponden al departamento competente en materia de puertos las siguientes 
funciones:
a)  Impulsar y desarrollar la política portuaria del Gobierno.
b)  Dirigir y coordinar el sistema portuario.
c)  Elaborar y aprobar la planificación estratégica de las infraestructuras portuarias.
d)  Llevar a cabo la ordenación general de las infraestructuras portuarias y elaborar 
la normativa necesaria para desplegarlas correctamente.
e)  Participar, con los trámites previos establecidos por la normativa aplicable, con 
los organismos de alcance supraautonómico que cumplen funciones relacionadas con 
las infraestructuras portuarias de titularidad estatal situadas en Cataluña.
f)  Aprobar definitivamente los proyectos y otorgar los contratos que conlleven la 
construcción de nuevas infraestructuras portuarias y de los proyectos de ampliación que 
conlleven la adscripción de nuevas superficies de dominio público marítimo-terrestre.
g)  Aprobar  la  forma  concreta  de  gestión  de  cada  una  de  las  infraestructuras  e
portuarias de la Generalidad. bo
h)  Llevar a cabo la inspección de las infraestructuras portuarias. w
inveis) tigParcoiomnoecsi oenna mr alatse riiansfr areelsatcruiocntuardaass  yc olons l as aecrvtiivciidoasd p poorrtutuaarrioias. y realizar estudios e
3.  Corresponden a Puertos de la Generalidad las siguientes funciones:
a)  Dirigir  y  administrar  las  infraestructuras  portuarias  que  gestione  directa  o 
indirectamente, y la respectiva zona de servicio, incluidas las funciones administrativas 
relativas, entre otros, al otorgamiento de las concesiones y las autorizaciones oportunas 
y a la defensa del dominio público portuario.
b)  Contratar  las  obras  de  construcción  y  conservación  de  las  infraestructuras 
portuarias cuya gestión directa tiene encomendada.
c)  Gestionar y percibir las tasas, los cánones y los precios públicos y privados en 
los términos que establece la presente ley.
d)  Ordenar los usos dentro de las zonas portuarias y formular los instrumentos de 
planeamiento  portuario  establecidos  por  la  presente  ley  que,  de  acuerdo  con  la 
planificación urbanística, prevean su desarrollo.
e)  Facilitar  a  las  empresas  dedicadas  al  transporte  de  pasajeros  en  aguas 
marítimas y continentales el desarrollo de sus operaciones comerciales poniendo a su 
disposición los bienes, elementos y equipos existentes en las infraestructuras portuarias.
f)  Ejercer, de acuerdo con la normativa aplicable, las funciones de policía y de 
coordinación  de  los  servicios  portuarios  y  de  las  actividades  económicas  en  las 
infraestructuras portuarias.
g)  Garantizar la prestación de los servicios portuarios específicos y desarrollar 
actividades  económicas,  en  régimen  de  libre  competencia,  para  satisfacer  las 
necesidades de los usuarios de las infraestructuras portuarias.
h)  Formular los planes de autoprotección de los puertos, conjuntamente con los 
municipios y de conformidad con la normativa sectorial aplicable.
i)  Gestionar la señalización portuaria y otorgar las concesiones para la retirada de 
desechos de acuerdo con el Convenio internacional para prevenir la contaminación 
causada por buques, de 2 de noviembre de 1973, modificado por el Protocolo de 
Londres de 17 de febrero de 1978 (MARPOL 73/78).
j)  Participar en el fomento del uso de las infraestructuras portuarias situadas en 
territorio  de  Cataluña,  incidiendo  directamente  en  las  actividades  económicas  que 
puedan generar sinergias.
k)  Garantizar la protección ambiental del dominio público portuario.
l)  Realizar estudios e investigaciones en materias relacionadas con la actividad 
portuaria.
m)  Cualquier otra función necesaria para facilitar el tráfico marítimo portuario y 
conseguir la rentabilidad y productividad de la explotación del dominio público portuario.
n)  Cualquier otro cometido que le sea encargado por el departamento competente 
en materia de puertos.
CAPÍTULO II
Puertos de la Generalidad
Sección primera. Naturaleza jurídica
Artículo 18.  Naturaleza jurídica.
1.  Puertos de la Generalidad es una entidad de derecho público, de acuerdo con el 
artículo 1.b.1 del texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la  e
empresa  pública  catalana,  aprobado  por  el  Decreto  legislativo  2/2002,  de  24  de  bo
diciembre,  que  tiene  por  finalidad  gestionar  las  infraestructuras  portuarias  que  son  w
cnoomrmpaeste qnuceia l ad dee lsaa rGroelnlaenr.alidad, en los términos establecidos por la presente ley y las
puer2to. s yP useer troigse  dpeo rl ala  Gleegniselraacliiódna de sepsetác ífaicdas cernit am aalt edrieap daert apmueerntotos  cyo pmopr estuesn tees teantu tmosa;t eproiar  ldaes 
normas del derecho civil, mercantil y laboral; por la normativa reguladora de las empresas
públicas de la Generalidad, y, en aquello que le sea de aplicación, por la normativa reguladora de 
las finanzas públicas y de patrimonio de la Generalidad.
3.  Puertos de la Generalidad dispone de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
autonomía administrativa y económica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de las 
funciones establecidas por el artículo 17.3. Como regla general, somete sus actividades al 
derecho privado, salvo en el ejercicio de las funciones de poder público que el ordenamiento le 
atribuye,  como,  entre  otras,  las  relativas  al  régimen  de  contratación  pública,  la  potestad 
sancionadora  y  sus  relaciones  con  los  departamentos  de  la  Generalidad  y  con  otras 
administraciones y entes públicos.
4.  Puertos de la Generalidad puede adquirir, de acuerdo con las normas por las que se 
rige, incluso como beneficiario de expropiación forzosa, poseer, reivindicar, permutar, gravar o 
enajenar toda clase de bienes y derechos, concertar créditos, suscribir contratos, establecer y 
explotar obras y servicios, obligarse, interponer recursos, ejercer acciones judiciales y ejecutar 
las actividades reguladas por las leyes.
Sección segunda. Organización
Artículo 19.  Órganos.
1.  Los órganos de gobierno de Puertos de la Generalidad son la presidencia y el 
Comité Ejecutivo.
2.  El órgano de gestión de Puertos de la Generalidad es la Dirección General.
Artículo 20.  Presidencia.
1.  El presidente y el vicepresidente de Puertos de la Generalidad son nombrados 
por el Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de puertos.
2.  El vicepresidente del Comité Ejecutivo de Puertos de la Generalidad sustituye al 
presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad y ejerce las funciones que le 
encarga o delega el presidente.
3.  El presidente de Puertos de la Generalidad es asimismo presidente del Comité 
Ejecutivo, y le corresponden las siguientes funciones:
a)  Ejercer la representación de Puertos de la Generalidad y del Comité Ejecutivo.
b)  Convocar las reuniones del Comité Ejecutivo, con la fijación del lugar, la fecha, la 
hora y el orden del día.
c)  Presidir y dirigir las sesiones del Comité Ejecutivo y dirimir los empates con su 
voto de calidad.
d)  Autorizar con su firma el acta de sesiones y de certificaciones.
e)  Actuar como órgano de contratación de Puertos de la Generalidad y ejercer las 
funciones que le son propias.
f)  Suscribir convenios y acordar el ejercicio de las acciones y los recursos que 
corresponden  a  la  entidad  en  defensa  de  sus  intereses  ante  las  administraciones 
públicas y los tribunales de justicia.
g)  Las demás funciones que pueda delegarle el Comité Ejecutivo.
h)  Cualquier otra función que no sea asignada por la presente ley a los demás 
órganos de la entidad.
4.  El presidente de Puertos de la Generalidad puede delegar sus funciones en el  s
vicepresidente o en el director general. e.
Artículo 21.  Comité Ejecutivo. 3w
1.  El Comité Ejecutivo es el órgano rector colegiado de Puertos de la Generalidad,
y está constituido por los siguientes miembros:
a)  El presidente.
b)  El vicepresidente.
c)  El director general, con voz y sin voto.
d)  Un número de vocales que debe determinar el Gobierno, entre los cuales debe 
haber  necesariamente  personas  en  representación  de  la  Administración  de  la 
Generalidad, de las administraciones locales y de las entidades cuya actividad esté 
relacionada con las competencias de Puertos de la Generalidad.
2.  Las personas que representan a las administraciones locales deben ser como 
mínimo dos, en representación de los municipios en cuyo término municipal se halle un 
puerto gestionado por Puertos de la Generalidad.
3.  La  composición  del  Comité  Ejecutivo  debe  responder  a  criterios  de 
representación equilibrada de mujeres y hombres con relación a las personas que no 
sean miembros del mismo por razón del cargo.
4.  A las reuniones del Comité Ejecutivo asiste un secretario, con voz y sin voto, 
designado por el presidente.
5.  Si el orden del día de la sesión incluye la consideración específica de una 
cuestión que pueda afectar a un colectivo determinado, deben consultarse las entidades 
más representativas de dicho colectivo.
6.  Corresponde al Comité Ejecutivo:
a)  Fijar las directrices generales de actuación de la entidad, de conformidad con los 
objetivos generales de política portuaria del Gobierno de la Generalidad.
b)  Aprobar  el  anteproyecto  de  programa  de  actuación,  de  inversiones  y  de 
financiación de Puertos de la Generalidad correspondiente al siguiente ejercicio.
c)  Aprobar  el  anteproyecto  de  presupuesto  de  explotación  y  de  capital  de  la 
entidad, el balance anual y la memoria de Puertos de la Generalidad.
d)  Proponer al presidente la licitación de los contratos.
e)  Autorizar  la  inscripción  en  el  censo  de  Puertos  de  la  Generalidad  de  las 
empresas consignatarias, de las empresas de estiba y de las comercializadoras de 
pescado, teniendo en cuenta el censo actual.
f)  Aprobar la plantilla y el régimen retributivo del personal.
g)  Acordar la constitución de consorcios, previa autorización del Gobierno de la 
Generalidad.
h)  Otorgar los títulos habilitantes correspondientes para la ocupación de superficie 
de dominio público en las zonas de servicio portuarias y para el derecho de utilización de 
las instalaciones, y proceder a la modificación, el rescate, la reversión y la caducidad o la 
extinción  de  estos  títulos,  de  acuerdo  con  los  pliegos  de  condiciones  generales 
aprobados por el departamento competente en materia de puertos.
i)  Aprobar provisionalmente, de acuerdo con la normativa urbanística aplicable, los 
proyectos de obras que ejecute Puertos de la Generalidad.
j)  Adoptar acuerdos en materia de tributos portuarios y precios privados.
k)  Proponer al departamento competente en materia de puertos la aprobación de 
nuevas normas relativas a los servicios portuarios.
l)  Emitir un informe sobre las normas generales relativas a los servicios portuarios.
m)  Formular y proponer al consejero competente en materia de puertos, previo 
informe municipal, la aprobación del plan de delimitación de la zona de servicio portuaria 
y, si procede, el plan director urbanístico portuario.
n)  Ejercer la potestad de policía que sea necesaria para el cumplimiento de sus 
fines y controlar, en la operativa portuaria que es competencia de la Generalidad, el  e
cumplimiento de los reglamentos de mercancías peligrosas, los de seguridad e higiene y  bo
los de los sistemas de seguridad y contra incendios, sin perjuicio de las competencias  w
que 7c.o rrEels pCoonmdiatén  aE joetcruotsiv doe ppauretdaem ednetloesg adre e lan  Gele dniereracltiodra dg.eneral y en el presidente las
funciones que tiene atribuidas, salvo aquellas que por ley sean indelegables.
8.  El  Comité  Ejecutivo  se  reúne  en  sesiones  ordinarias  con  una  periodicidad 
trimestral. También puede reunirse en sesiones extraordinarias siempre que lo acuerde 
el presidente o a petición de, por lo menos, una tercera parte de sus miembros.
Artículo 22.  Dirección General.
1.  La  Dirección  General  lleva  a  cabo  la  gestión  ordinaria  de  Puertos  de  la 
Generalidad, bajo la dirección de la presidencia y del Comité Ejecutivo.
2.  El director general es nombrado por el consejero competente en materia de 
puertos, a propuesta de la presidencia de Puertos de la Generalidad.
3.  Corresponde al director general el ejercicio de las siguientes funciones:
a)  Gestionar y dirigir Puertos de la Generalidad en los aspectos administrativos y 
técnicos.
b)  Dirigir los recursos humanos y organizar el funcionamiento interno de Puertos de 
la Generalidad y ejecutar los acuerdos del Comité Ejecutivo en esta materia.
c)  Gestionar los recursos económicos y ordenar los gastos y los pagos, dentro de 
los límites establecidos por el Comité Ejecutivo.
d)  Proponer al Comité Ejecutivo la aprobación de la plantilla y el régimen retributivo 
del personal.
e)  Aprobar en los aspectos técnicos los proyectos de obras.
f)  Proponer  al  presidente,  a  petición  del  Comité  Ejecutivo,  la  formalización  de 
contratos y de convenios.
g)  Elaborar y presentar al Comité Ejecutivo el anteproyecto de presupuesto de 
explotación y de capital, las cuentas y la memoria anual de Puertos de la Generalidad.
h)  Elaborar  y  presentar  al  Comité  Ejecutivo  el  anteproyecto  de  programa  de 
actuación, inversión y financiación.
i)  Elaborar y proponer al Comité Ejecutivo las normas generales de los servicios 
portuarios.
j)  Proponer al Comité Ejecutivo la constitución de consorcios.
k)  Impulsar los expedientes sancionadores que en el ámbito de Puertos de la 
Generalidad puedan tramitarse y elevar la correspondiente propuesta de resolución a los 
órganos competentes para imponer sanciones.
l)  Ejercer las facultades que le sean delegadas por el Comité Ejecutivo y por la 
presidencia.
Sección tercera. Régimen económico
Artículo 23.  Recursos.
1.  Los recursos económicos de Puertos de la Generalidad están constituidos por:
a)  Los productos y rentas de su patrimonio, así como los recursos procedentes de 
la enajenación de sus activos.
b)  Los tributos portuarios.
c)  Los ingresos que tengan el carácter de recursos de derecho privado obtenidos 
en el ejercicio de sus funciones.
d)  Las ayudas y subvenciones de cualquier procedencia.
e)  Los  recursos  procedentes  de  los  créditos,  préstamos  y  otras  operaciones  s
financieras que pueda concertar. e.
f)  El producto de la aplicación del régimen sancionador establecido por la presente  w.
ley. 3w
privagd) asL.as donaciones, los legados y otras aportaciones de particulares o entidades
h)  El  importe  de  las  penalizaciones  contractuales,  las  multas  coercitivas,  las 
garantías  adquiridas  por  prescripción  o  confiscación  y  cualquier  otra  prestación 
patrimonial de carácter público adquirida en el ejercicio de sus funciones.
i)  Cualquier otro recurso que le sea atribuido por el ordenamiento jurídico.
2.  Los recursos de la entidad tienen carácter finalista, ya que se destinan a la 
consecución de sus objetivos y, por tanto, a la autofinanciación del sistema portuario.
Artículo 24.  Régimen presupuestario y de contabilidad.
1.  El presupuesto de la entidad es anual y está sujeto a las disposiciones sobre 
presupuestos de las entidades de derecho público que deben ajustar su actividad al 
ordenamiento jurídico privado, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa reguladora 
de las empresas públicas de la Generalidad.
2.  La entidad ordena su contabilidad de acuerdo con el plan general de contabilidad 
y queda sometida al control financiero mediante auditorías, de acuerdo con lo que 
dispone la normativa reguladora de las finanzas públicas de Cataluña.
Sección cuarta. Régimen jurídico
Artículo 25.  Contratación.
La contratación de Puertos de la Generalidad se rige por la normativa aplicable al 
sector  público  y  debe  garantizar  los  principios  de  publicidad,  libre  concurrencia, 
transparencia, igualdad y no discriminación.
Artículo 26.  Personal.
1.  Las relaciones entre Puertos de la Generalidad y su personal se rigen por el 
derecho laboral.
2.  La selección del personal de Puertos de la Generalidad debe realizarse dentro 
de los límites presupuestarios, de acuerdo con los principios de igualdad, incluida la 
igualdad  de  oportunidades  de  mujeres  y  hombres,  mérito  y  capacidad,  mediante 
procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia.
3.  Debe  velarse  por  garantizar  la  eliminación  de  estereotipos  de  género  con 
relación a la promoción y la atribución de tareas laborales.
Artículo 27.  Régimen patrimonial.
1.  El patrimonio de Puertos de la Generalidad está constituido por el conjunto de 
sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y sea cual sea el título de 
adquisición o aquel en virtud del cual le hayan sido atribuidos.
2.  La gestión y la administración de los bienes y derechos patrimoniales de Puertos 
de la Generalidad, así como los del patrimonio de la Generalidad que le sean adscritos 
para el cumplimiento de sus finalidades, debe ajustarse a la legislación portuaria, a lo 
dispuesto para este tipo de entidades por la normativa reguladora de las entidades que 
integran el sector público de la Generalidad y, en aquello que le sea aplicable, a la 
normativa reguladora del patrimonio de la Generalidad y a los preceptos de carácter 
básico de la legislación estatal reguladora del patrimonio de todas las administraciones 
públicas. Las normas generales de derecho administrativo y, en su defecto, las de  e.e
derecho privado, deben aplicarse como derecho supletorio. b
Artíc1u. lo L2o8s.   aRcetocus rsaodsm y inreisctlraamtivaocsio naedso apdtamdionsis trpaotivr aslo.s  órganos  de  Puertos  de  la
Generalidad pueden ser revisados y recurridos de conformidad con lo establecido por la
legislación  sobre  régimen  jurídico  del  sector  público,  de  procedimiento  de  las 
administraciones públicas y de contratos del sector público.
2.  Los actos y las actuaciones de aplicación de los tributos portuarios y los actos de 
imposición de sanciones tributarias pueden ser revisados y recurridos de conformidad 
con la legislación tributaria.
3.  El  presidente  de  Puertos  de  la  Generalidad  tiene  la  condición  de  órgano 
jerárquicamente  superior  del  Comité  Ejecutivo  y  de  la  Dirección  General,  y  sus 
resoluciones agotan la vía administrativa.
CAPÍTULO III
Consejo de Puertos
Artículo 29.  Consejo de Puertos.
1.  Se crea el Consejo de Puertos, como órgano de consulta y asesoramiento en 
materia portuaria, a fin de cooperar en la consecución de los objetivos que le son 
propios.
2.  El Consejo de Puertos funciona en Pleno, en comisiones, entre las cuales debe 
crear una comisión de innovación, y en grupos de trabajo.
3.  El Consejo de Puertos queda adscrito al departamento competente en materia 
de puertos.
Artículo 30.  Composición y régimen de funcionamiento.
1.  El Consejo de Puertos está integrado por personas en representación de las 
administraciones competentes en la materia y de todos los sectores interesados en el 
ámbito portuario: representantes de la Administración local, del sector pesquero, del 
sector náutico-deportivo, del sector del transporte de viajeros, del sector de actividades 
económicas, del sector del transporte de mercancías, de los cuerpos de seguridad y 
salvamento marítimo, de los trabajadores, de los colectivos ecologistas y de todas las 
personas  que  representen  intereses  legítimos  de  los  colectivos  afectados,  en  los 
términos que se determinen por reglamento.
2.  La representación de cada entidad en el Consejo de Puertos corresponde al 
vocal nombrado, sin que pueda designarse ningún suplente. Sin embargo, los miembros 
del Consejo de Puertos pueden delegar en otro miembro del consejo su representación y 
sus votos para una sesión concreta.
3.  El Consejo de Puertos debe reunirse en sesión ordinaria por lo menos dos veces 
al año, y en tantas sesiones extraordinarias como sea necesario, a propuesta de la 
presidencia o de un tercio de sus miembros.
4.  El funcionamiento del Consejo de Puertos se rige por las normas aplicables a los 
órganos colegiados de la Generalidad.
Artículo 31.  Funciones.
Corresponden al Consejo de Puertos las siguientes funciones:
a)  Actuar como órgano permanente de consulta entre el sector y la Administración 
portuaria.
b)  Emitir un informe sobre los proyectos de disposiciones generales que se dicten  e.e
en desarrollo de la presente ley. b
c)  Colaborar con la Administración portuaria para conseguir la mejora progresiva  w
del sdi)s tePmrae speonrttaura riao .la  Administración  portuaria  las  propuestas  y  sugerencias  que
consei)d erCeu aadlqeuciuear doatsra p afuran cmióenj oqraure e pl useedctao rs peorlretu aatrriiob ueind aC adtea luañcuae.rdo con la legislación
vigente.
Artículo 32.  Consejos portuarios.
1.  La Administración portuaria puede constituir, en cada una de las infraestructuras 
portuarias del sistema portuario de Cataluña, un consejo portuario, que debe actuar 
como órgano consultivo en el ámbito del puerto correspondiente.
2.  La  composición,  las  competencias  y  el  régimen  de  funcionamiento  de  los 
consejos portuarios deben regularse por el reglamento que establezca su creación.
TÍTULO III
Régimen demanial y contractual
CAPÍTULO I
Régimen jurídico del dominio público portuario
Artículo 33.  Concepto de dominio público portuario.
1.  El dominio público portuario está constituido por las superficies de agua, los 
terrenos,  los  bienes  y  los  derechos  de  titularidad  de  la  Administración  portuaria  y 
afectados a los servicios y usos portuarios y, en particular:
a)  Las  superficies  de  agua,  los  terrenos,  las  obras  y  las  instalaciones  fijas 
traspasados a la Generalidad mediante el Real decreto 2876/1980, de 12 de diciembre.
b)  Las obras y las instalaciones fijas que la Administración portuaria realice sobre el 
dominio público portuario y sobre el dominio público marítimo-terrestre adscrito, así como 
los terrenos, las obras y las instalaciones fijas que adquiera conforme a derecho, y las 
obras  y  las  instalaciones  fijas  de  ayuda  a  la  navegación  cuya  construcción  y 
conservación se realice con cargo a recursos propios.
c)  Las obras y las instalaciones fijas construidas por los concesionarios sobre el 
dominio público portuario y sobre bienes de dominio público marítimo-terrestre adscrito, 
así como los terrenos, las obras y las instalaciones fijas adquiridos para ser anexionados 
a  dichos  dominios,  cuando  reviertan  a  la  Administración  portuaria.  Hasta  que  se 
produzca la reversión, y sin perjuicio de su naturaleza y titularidad, quedan sometidos a 
las  potestades  propias  del  dominio  público  portuario  en  aquello  que  les  sea  de 
aplicación.
d)  Los terrenos, las obras y las instalaciones adscritos o que en el futuro se 
adscriban a la Generalidad para usos portuarios.
2.  Los bienes de dominio público portuario son imprescriptibles, inalienables e 
inembargables.
3.  La inscripción en el Registro de la Propiedad del dominio público portuario y de 
los derechos otorgados sobre ese dominio, así como la cancelación de los respectivos 
asentamientos, deben realizarse de acuerdo con la legislación hipotecaria.
Artículo 34.  Delimitación e investigación.
1.  La  Administración  portuaria  puede  delimitar  los  bienes  de  dominio  público 
portuario respecto a otros que pertenezcan a terceras personas cuando los límites sean 
imprecisos o existan indicios de usurpación. es
2.  Una vez iniciado el procedimiento de delimitación, y mientras dure su tramitación,  o
no puede promoverse ningún procedimiento judicial con la misma pretensión. ww.
bdieetne3er.ms  inyLa ard  seAurde mtcithuinolaissr tirdqaaucdeió  ynp  drpeeo sarutcumuaearr iadq out ieceo nnpe e larlatse  nnfaeoccrmuelntaa sda d l dede po rmioncivneeidosi tmigpiaúerbn ltilocao  a spiptluiocaratcubiaólernsio .d, ep aloras   OE-A-2020-44able en https://
4.  En la tramitación del procedimiento de delimitación, la Administración portuaria 
debe requerir el informe del municipio donde se ubiquen los bienes y derechos del 
dominio público portuario afectados por la delimitación.
Artículo 35.  Técnicas de garantía de la integridad del dominio público portuario.
1.  En las infraestructuras portuarias de competencia de la Generalidad no son de 
aplicación las limitaciones de la propiedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del 
mar por razones de protección del dominio público marítimo-terrestre establecidas por la 
legislación de costas.
2.  La  Administración  portuaria  puede  recuperar  por  sí  misma  y  en  cualquier 
momento la posesión de los bienes de dominio público portuario. En el procedimiento de 
recuperación debe requerir el informe del municipio donde se ubiquen los bienes.
3.  La Administración portuaria puede recuperar en vía administrativa la posesión de 
los bienes de dominio público portuario, cuando decaigan o desaparezcan el título, las 
condiciones o las circunstancias que legitimaban la ocupación por parte de terceros.
CAPÍTULO II
Normas comunes sobre utilización del sistema portuario
Sección primera. Principios generales de la utilización del sistema portuario
Artículo 36.  Régimen de utilización del sistema portuario.
1.  La utilización del sistema portuario debe realizarse con sujeción a criterios de 
racionalidad, rentabilidad, eficiencia y sostenibilidad, previo otorgamiento, si procede, del 
correspondiente título habilitante, por parte de la Administración portuaria, cuando la 
utilización  del  sistema  portuario  requiera  o  conlleve  exclusividad,  intensidad, 
peligrosidad, rentabilidad económica o la ejecución de obras o instalaciones.
2.  Son títulos habilitantes, de acuerdo con la presente ley, la autorización y la 
concesión  demanial,  la  autorización  para  la  prestación  de  servicios  específicos,  la 
licencia,  la  comunicación  de  actividades,  las  declaraciones  responsables  y 
comunicaciones previas, y los contratos para la construcción de obras portuarias o de 
concesión  de  servicios  de  las  infraestructuras  portuarias  sujetos  a  la  normativa 
reguladora de los contratos del sector público.
3.  Los títulos que habilitan para la ocupación o utilización del sistema portuario 
tienen carácter temporal y no eximen a las personas titulares de obtener los permisos, 
las licencias, las autorizaciones y otros títulos habilitantes que sean exigidos por otras 
disposiciones  legales.  Sin  embargo,  cuando  estos  se  obtengan  antes  del  título 
administrativo exigible de acuerdo con la presente ley, su eficacia queda demorada hasta 
el otorgamiento del título.
4.  Si la ocupación o la utilización del sistema portuario deriva de un contrato, la 
habilitación se entiende otorgada implícitamente en el mismo. Sin embargo, los títulos 
destinados  a  la  prestación  de  un  servicio  que  implican  ocupación  demanial  deben 
cumplir,  además  de  las  condiciones  derivadas  de  la  prestación  del  servicio,  las 
obligaciones y condiciones que conlleva la ocupación de un bien demanial.
5.  La obtención de cualquiera de los títulos no atribuye al titular facultades de tutela 
o policía sobre el dominio público portuario, salvo que se haga constar expresamente en  e
el título habilitante qué facultades se le delegan. Asimismo, la obtención de un título no  bo
implica en ningún caso la transmisión de las facultades dominicales de la Administración  w
tepitsoutrlata6ubr.a l edriceaLild, a don eosi rc lepauco pahra solcau ia nóp cnlrai eó yson ecl apnu otpuerat  icllpeiziaóyarn tciem ioó p dnale i cdt eaeer slcl tasea ir osadtbeseli m gpreaeascr sppióooonnrn tadsusaea.b ruiioltii dleiaznad r v diyret uc nodin ndsgeeú rnuv natiorp  lodo esr e blsoiepsne tecíttsuo l doaesl    OE-A-2020-44able en https://
conformidad con lo que, en cada momento y según el progreso de la ciencia, disponga la
normativa  técnica,  medioambiental,  de  accesibilidad,  de  supresión  de  barreras 
arquitectónicas y de seguridad que resulte de aplicación. El titular es responsable de los 
daños y perjuicios que puedan ocasionar las obras, los servicios y las actividades al 
dominio público y al privado.
7.  Los titulares habilitados están obligados a suscribir y mantener una póliza de 
seguro que cubra los riesgos de daños a terceros y los supuestos de incendio, entre 
otros.
8.  Las funciones de coordinación de actividades empresariales corresponden a 
Puertos de la Generalidad, si el sistema portuario se gestiona directamente, y a la 
persona física o jurídica encargada de gestionarlo, si se acuerda su gestión indirecta, de 
acuerdo con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
Sección segunda. Cambio climático
Artículo 37.  Medidas para la adaptación de las infraestructuras portuarias y para la 
mitigación de los efectos del cambio climático.
1.  La  Administración  portuaria,  en  caso  de  que,  en  coordinación  con  la 
administración competente en materia de cambio climático, realice una diagnosis sobre 
los efectos del cambio climático en el sistema portuario, puede requerir a los gestores de 
las  infraestructuras  portuarias  que  evalúen  cuáles  son  dichos  efectos  en  la 
infraestructura, los servicios y las operaciones portuarias.
2.  La Administración portuaria, de acuerdo con la normativa en materia de cambio 
climático, debe requerir a los gestores de las infraestructuras portuarias que elaboren 
estudios técnicos sobre el cambio del clima marítimo y su efecto en las infraestructuras, 
los servicios y las operaciones portuarias.
3.  Si de los estudios a los que se refiere el apartado 2 se deriva la necesidad de 
efectuar  obras  o  actuaciones  esenciales  para  garantizar  la  seguridad  de  la 
infraestructura,  los  servicios  y  las  operaciones  no  previstas  en  el  título  o  contrato 
concesional original, el departamento competente en materia de puertos debe exigir a la 
empresa concesionaria su ejecución, con el correspondiente reequilibrio económico, si 
procede, de acuerdo con la inversión prevista.
4.  En caso de que la empresa concesionaria no realice las obras o actuaciones que 
se  consideren  esenciales  para  la  seguridad  de  la  infraestructura,  la  Administración 
portuaria  debe  extinguir  anticipadamente  el  título  o  el  contrato,  con  los  efectos 
establecidos por la normativa aplicable en cada caso.
CAPÍTULO III
Títulos demaniales
Sección primera. Normas comunes para la tramitación, formalización, modificación, 
unificación y extinción de títulos
Artículo 38.  Procedimiento de otorgamiento.
1.  Los  títulos  se  otorgan  a  solicitud  de  la  persona  interesada  o  en  virtud  del 
procedimiento iniciado de oficio por la Administración portuaria.
2.  La persona interesada en obtener un título debe dirigir, si procede, una solicitud a  e.e
la  Administración  portuaria  en  la  forma  establecida  por  la  legislación  sobre  el  b
procedimiento  administrativo  común,  acompañada  de  la  documentación  que  se  w
dete3r.m inEen p coar sreog dlaem iennictoio. a solicitud de la persona interesada, el procedimiento para
olat oprgearsro enla t ítiunltoe rheasbaidliata netne  edle p alauztoor idzaec sióenis o m dees ceosn. cEels vióenn cdiembiee nrteos odlevle rpslaez yo  neostitfaicbalersceid ao 
para dictar y notificar la resolución expresa determina la desestimación de la petición.
4.  La Administración portuaria puede convocar concursos para otorgar los títulos 
habilitantes.
Artículo 39.  Formalización.
1.  El  título  debe  formalizarse  en  documento  administrativo,  en  el  cual  deben 
constar, por lo menos:
a)  La identidad y el domicilio de la persona titular y de la persona que la represente.
b)  El objeto.
c)  La superficie de dominio público portuario afectada, si procede.
d)  Las condiciones específicas de prestación del servicio y las obligaciones que 
deben cumplirse ante la Administración.
e)  El régimen económico al que queda sujeto.
f)  Los seguros y el depósito que deben constituirse.
g)  Las instalaciones desmontables autorizadas, si procede.
h)  Las obras y las instalaciones fijas o no desmontables autorizadas, con referencia 
al respectivo proyecto, y el plazo de inicio y finalización de las mismas.
i)  Las tarifas o los precios máximos que pueden percibirse del público y los criterios 
para su actualización, si procede.
j)  La facultad de la persona titular de impedir el uso de los bienes a los usuarios que 
no abonen la correspondiente tarifa, si procede.
k)  La facultad de cesión total o parcial de la explotación, formalizada de acuerdo 
con la normativa aplicable.
l)  Las facultades de policía que se delegan en la persona que posea el título 
correspondiente o el régimen de colaboración en las tareas de seguridad del puerto y 
salvamento, entre otros, si procede.
m)  El plan o los planes que debe elaborar preceptivamente la persona titular, 
incluido el plan de negocio, y el plazo de presentación a la Administración portuaria.
n)  Las condiciones de protección del medio ambiente.
o)  La asunción de los gastos de conservación y mantenimiento.
p)  El compromiso de utilizar el bien según su naturaleza y de entregarlo en el 
estado en que se reciba.
q)  El compromiso de obtención previa de las licencias y los permisos exigidos por 
otras administraciones públicas.
r)  La reserva de la Administración portuaria de inspeccionar los bienes afectados.
s)  El plazo de vigencia y las condiciones para su ampliación.
t)  Las causas de extinción.
u)  Los efectos de la extinción del título.
2.  El título produce, con carácter general, efectos a partir de la fecha de notificación 
del otorgamiento, salvo que se disponga lo contrario.
Artículo 40.  Modificación de los títulos habilitantes.
1.  Los títulos habilitantes pueden modificarse en los siguientes casos:
a)  Si se han alterado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
b)  Por fuerza mayor.
c)  Si lo exige su adecuación a los correspondientes planes o normas. e
d)  Por mutuo acuerdo entre la Administración portuaria y la persona titular, siempre  bo
que  no  conlleve  una  alteración  sustancial  del  contenido,  en  los  términos  que  se  w
estaeb)l ezScai ens p noer creegsalarmioe pnatora. asegurar la correcta prestación del servicio.
2.  En el caso de las autorizaciones, la modificación no puede provocar la división, la 
agrupación o la segregación de la superficie de dominio público que haya sido objeto de 
las mismas.
Artículo 41.  Unificación de los títulos habilitantes.
1.  La  persona  titular  de  dos  o  más  títulos  habilitantes  puede  solicitar  a  la 
Administración portuaria que se le unifiquen en uno solo, siempre que las instalaciones 
sean contiguas o estén unidas por una instalación común.
2.  La Administración portuaria puede autorizar la unificación en el supuesto de que 
los títulos unificables puedan formar una unidad de explotación que conlleve una mejora 
en la gestión del sistema portuario. A tal efecto, se entiende que puede existir unidad de 
explotación si se lleva a cabo la misma actividad y si se dispone o se puede disponer de 
elementos  comunes  necesarios  para  su  correcta  explotación,  de  forma  que  la 
explotación conjunta sea más eficiente que la explotación independiente.
3.  El plazo del título unificado resultante no puede ser superior al de la media 
aritmética de los plazos pendientes de cada uno de los anteriores, ponderado, a criterio 
de la Administración portuaria, por su superficie, el volumen de negocio y de inversión 
pendiente de amortizar, con la correspondiente actualización.
4.  El procedimiento debe resolverse y notificarse a la persona interesada en el 
plazo de seis meses. El vencimiento del plazo establecido para dictar y notificar la 
resolución expresa determina la desestimación de la petición.
Artículo 42.  Extinción.
1.  El título habilitante se extingue en los siguientes supuestos:
a)  El vencimiento del plazo de otorgamiento.
b)  La revisión de oficio en los casos establecidos legalmente.
c)  La revocación y la caducidad en los supuestos establecidos por la presente ley.
d)  El mutuo acuerdo entre la Administración portuaria y la persona titular, que solo 
puede producirse si no concurre otra causa de extinción imputable a la persona titular y 
siempre que no existan razones de interés público que hagan necesario o conveniente el 
mantenimiento del título.
e)  La desafectación del bien de dominio público.
f)  La incapacidad sobrevenida de la persona titular.
g)  La disolución o extinción de la persona jurídica o de la entidad sin personalidad 
jurídica que sea titular del mismo.
h)  La desaparición del bien o el agotamiento de la posibilidad de aprovechamiento 
del mismo.
i)  La  renuncia  de  la  persona  titular  aceptada  por  la  Administración  portuaria, 
siempre que no tenga incidencia negativa en el dominio público o su utilización y no 
cause perjuicios a terceras personas.
j)  La expropiación forzosa del derecho amparado por el título.
k)  La anulación mediante resolución judicial firme.
2.  La revocación del título habilitante es procedente en los siguientes casos:
a)  Si dificulta el correcto desarrollo de las operaciones portuarias.
b)  Si impide la ocupación o utilización del dominio público portuario para otras  e
finalidades de interés portuario mayor. bo
c)  Si resulta opuesto de forma sobrevenida a la ordenación sectorial y urbanística  w
dpeo rtlau azroian ao  dae  nsoerrmvicaiso  jpuorírdtuicaarsia ,y  an por oeyse cptoossi bdlee  ocobrrraesg airu etosrtiaz acdirocsu npsotra lnac Aiad mmeindisiatrnatcei ólan 
modificación del título.
d)  Si se han alterado los supuestos o las condiciones físicas existentes en el 
momento del otorgamiento o en supuestos de fuerza mayor cuando, en ambos casos, no 
sea posible modificar el título.
3.  El título habilitante puede ser declarado caducado si se incumple cualquiera de 
sus condiciones esenciales y, singularmente, si concurren las siguientes circunstancias:
a)  El impago, en la forma y los supuestos establecidos por reglamento, de los 
tributos portuarios legalmente exigibles.
b)  La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento.
c)  La no iniciación, la paralización o la no finalización de las instalaciones u obras 
injustificadamente durante el plazo que se fije en las condiciones del título.
d)  La alteración del destino de los bienes afectados.
e)  La falta de utilización, durante un período de tres años o superior a la mitad del 
plazo otorgado, si este segundo fuese inferior, de los bienes de dominio público, salvo 
que obedezca a justa causa.
f)  La modificación o ampliación de las instalaciones u obras durante la vigencia del 
título, sin la previa autorización de la Administración portuaria.
g)  La falta de constitución o de renovación de los seguros exigibles.
h)  La falta de reposición, sustitución o complemento de la garantía exigible, previo 
requerimiento de la Administración portuaria.
i)  La ocupación o utilización de superficie de dominio público no autorizada.
j)  Cualquier  otro  incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  establecidas  por  la 
presente ley o contenidas en el título.
Artículo 43.  Procedimiento y efectos de la extinción.
1.  La extinción del título debe realizarse de conformidad con el procedimiento que 
se establezca por reglamento.
2.  La extinción del título se produce siempre sin perjuicio de terceras personas ni 
del  interés  público.  La  Administración  portuaria  puede  imponer  las  condiciones 
adecuadas para evitar tales perjuicios. La persona titular del derecho está obligada al 
cumplimiento  de  las  prescripciones  que  se  establezcan  y  que  pueden  exigirse  de 
acuerdo con la normativa general de procedimiento administrativo, incluida la imposición 
de multas coercitivas.
3.  Extinguido  el  título,  la  Administración  portuaria  no  asume  ningún  tipo  de 
obligación económica, laboral, de seguridad social o fiscal de la persona titular de la 
actividad afectada. La persona interesada tiene derecho a retirar todos los materiales, 
instalaciones, equipos y utensilios de su propiedad y tiene la obligación de hacerlo en la 
forma y el plazo que sean establecidos por la Administración portuaria.
4.  La extinción conlleva la resolución, desde la misma fecha, de los contratos de 
suministro de energía eléctrica, agua, gas, telecomunicaciones y cualquier otro servicio o 
suministro en red.
5.  No es procedente indemnización alguna si la revocación o la anulación del título 
obedece a causas imputables a la persona interesada.
6.  La extinción del título conlleva la reversión a la Administración portuaria de las 
obras e instalaciones existentes o que hayan sido construidas en el dominio público y 
que sean susceptibles de explotación futura, según resulte del mismo título y en los  s
términos fijados por reglamento. oe.
Sección segunda. Garantías para las autorizaciones y concesiones demaniales
Artículo 44.  Garantía provisional.
1.  Las personas interesadas en utilizar u ocupar el dominio público portuario deben 
constituir ante la Administración portuaria una garantía provisional.
2.  La  cuantía  de  la  garantía  provisional  es  el  2%  del  valor  de  las  obras  e 
instalaciones fijas o desmontables que la persona interesada tenga proyectado llevar a 
cabo en el dominio público portuario.
Artículo 45.  Garantía definitiva.
1.  En  los  quince  días  siguientes  a  la  notificación  del  otorgamiento  del  título 
habilitante debe constituirse una garantía definitiva ante la Administración portuaria.
2.  La cuantía de la garantía definitiva se fija en un porcentaje situado entre el 5 % y 
el 30 % del más alto de los siguientes valores:
a)  El de la base imponible de la tasa por ocupación privativa del dominio público 
portuario.
b)  El de las obras e instalaciones fijas o desmontables que deban realizarse en el 
dominio público portuario.
3.  A falta de los valores a los que se refiere el apartado 2, la cuantía de la garantía 
definitiva es fijada por la Administración portuaria, motivadamente, en función de las 
circunstancias concurrentes en cada caso. No pueden formalizarse los títulos habilitantes 
sin la previa constitución de la garantía definitiva.
4.  La garantía definitiva responde de los siguientes conceptos:
a)  El importe de las sanciones y multas coercitivas impuestas al titular.
b)  El importe de los tributos portuarios legalmente exigibles.
c)  El importe de los daños y perjuicios causados por el titular en el dominio público 
portuario no cubiertos por los seguros obligatorios.
d)  El coste de conservación de las obras, instalaciones y terrenos concedidos.
e)  El coste de reparación o del levantamiento y la retirada, parcial o total, de las 
obras y de las instalaciones fijas o desmontables.
Artículo 46.  Constitución de las garantías.
Las garantías provisional y definitiva deben constituirse en la forma establecida por la 
normativa aplicable a la Administración de la Generalidad.
Artículo 47.  Devolución de las garantías.
1.  La devolución de la garantía provisional es procedente si el solicitante no resulta 
finalmente titular o si se constituye la garantía definitiva.
2.  La devolución de la garantía definitiva es procedente tras la extinción del título, si 
no quedan responsabilidades de las cuales deba responder la garantía y siempre que se 
haya constituido el depósito legalmente exigible en cuantía suficiente.
3.  En caso de transmisión de la concesión, no es procedente la devolución o 
cancelación  de  la  garantía  definitiva  prestada  por  el  titular  anterior  hasta  que  esté 
formalmente constituida la del nuevo titular. e.
4.  El derecho a la devolución de las garantías constituidas prescribe en los términos  w.b
establecidos por la normativa en materia de finanzas públicas de Cataluña. 3w
Artículo 48.  Confiscación de las garantías.
1.  Es procedente la confiscación de la garantía provisional si la persona interesada 
desiste o renuncia injustificadamente a su solicitud o proposición antes del otorgamiento 
o la formalización del título habilitante.
2.  Es procedente la confiscación de la garantía definitiva si el título habilitante se 
extingue por caducidad o renuncia.
Sección tercera. Autorización
Artículo 49.  Objeto de la autorización.
La autorización es el título administrativo que permite:
a)  La utilización temporal del dominio público portuario en el caso de buques, 
embarcaciones, pasajeros, vehículos, mercancías y productos de la pesca.
b)  La ocupación del dominio público portuario con instalaciones desmontables o 
con bienes muebles.
c)  Cualquier otra forma de utilización u ocupación del dominio público portuario que 
no requiera obras ni instalaciones, pero en la que concurran circunstancias especiales de 
intensidad, peligrosidad o rentabilidad y cuya duración no exceda los cuatro años, de 
conformidad con lo que se determine por reglamento.
Artículo 50.  Duración y características de la autorización.
1.  La autorización demanial puede concederse por un plazo no superior a cuatro 
años, con carácter improrrogable.
2.  La autorización demanial no es susceptible de negocios jurídicos por actos entre 
vivos o por causa de muerte ni de inscripción en el Registro de la Propiedad.
3.  En caso de que la ocupación del dominio público lleve causa de la prestación de 
un servicio portuario específico, el plazo de la ocupación debe ser el mismo que el que 
quede de la autorización del servicio.
Sección cuarta. Concesión demanial
Artículo 51.  Objeto de la concesión.
La concesión es el título administrativo que permite:
a)  La ocupación del dominio público portuario con obras o instalaciones fijas o no 
desmontables.
b)  Cualquier otra forma de utilización u ocupación del dominio público portuario por 
un plazo superior a cuatro años.
Artículo 52.  Duración de la concesión.
1.  El plazo de la concesión es el que se determina en el correspondiente título 
habilitante, en el cual debe constar su duración y, si procede, la posibilidad de prórroga.
2.  El plazo de la concesión no puede exceder los veinticinco años, salvo en el 
supuesto de que deban realizarse obras de singular importancia, en cuyo caso puede  s
alcanzar hasta los cincuenta años. En cualquier caso, en la fijación del plazo de cada  oe.
concesión debe tenerse en cuenta la inversión a realizar, el período de amortización, el  w.
ap larezaol idzaer e yje eclu imciópna cdtoe  elacso noóbmraisc oe  pinresvtaislaibclieo nseosb rqeu lea  eelx tpitluoltaarc icóonn pceosrtiuoanraial .se compromete  2020-443n https://w
Artículo 53.  Prórroga del plazo de la concesión.
1.  El  plazo  de  una  concesión  es  improrrogable,  excepto  en  los  siguientes 
supuestos:
a)  Si en el título de otorgamiento se ha previsto la posibilidad de prórroga. En 
cualquier  caso,  esta  prórroga  debe  vincularse  con  la  realización  de  inversiones 
adicionales.
b)  Si, no habiéndose previsto en el título de otorgamiento la posibilidad de prórroga, 
el titular concesional se obliga a efectuar una inversión relevante no prevista en la 
concesión originaria que, a juicio de la Administración portuaria, es de interés para 
mejorar la eficiencia o la calidad ambiental de las operaciones portuarias, siempre que 
sea superior al 40% del valor actualizado de la inversión ejecutada al amparo del título 
concesional vigente.
c)  Si la concesión es de interés estratégico o relevante para la Administración 
portuaria.
2.  Las prórrogas posibles de acuerdo con el presente artículo deben ser solicitadas 
por la persona titular de la concesión, y la Administración portuaria debe valorar en 
cualquier caso la conveniencia de su autorización, de acuerdo con los términos y plazos 
establecidos en el título concesional, sin que en ningún caso la duración de la prórroga 
pueda exceder de la mitad del plazo inicial.
3.  La prórroga de la concesión debe suponer la modificación del título concesional y 
de los cánones y las tasas que tienen que satisfacerse a la Administración portuaria.
4.  En el otorgamiento de cualquier tipo de prórroga, la Administración portuaria 
debe valorar la calidad de la gestión efectuada por el titular concesional durante el 
tiempo transcurrido.
Artículo 54.  Otorgamiento y formalización de la concesión.
1.  El otorgamiento de concesiones sobre el dominio público portuario se efectúa 
con carácter general en régimen de concurrencia. Sin embargo, el título concesional 
puede adjudicarse sin ningún otro trámite en los siguientes casos:
a)  Si  la  Administración  portuaria  convoca  un  concurso  y  este  queda  desierto, 
siempre que no haya transcurrido más de un año desde la resolución que lo declaró 
desierto.
b)  Si  la  superficie  de  dominio  público  afectada  no  excede  los  100  metros 
cuadrados.
c)  Si quien lo solicita es una administración pública territorial o institucional, un 
consorcio o una persona jurídica de derecho privado en cuyo capital tengan participación 
mayoritaria una o varias administraciones públicas o personas jurídicas de derecho 
público para el ejercicio de las competencias propias.
d)  Si la concesión se adjudica en pago de la compensación por el rescate de otra 
concesión.
e)  Si la concesión se adjudica para satisfacer una indemnización por daños y 
perjuicios determinada de forma convencional.
f)  Si  la  concesión  tiene  por  objeto  instalaciones  lineales,  como  tuberías  de 
suministro, emisarios submarinos, líneas telefónicas o aéreas, conducciones de gas, 
entre otros, que sean de uso público o aprovechamiento general. e.e
2.  El documento de formalización de la concesión es título suficiente para inscribir  ww.
ldaaed ccqolu3ani.rs caieccLisióóaiónn n  r dedeesen o  ueludtl icelRiidróeeangcd ihs dotpresúo  b dolciecoto arlarr ge yPas pmrloaoip ennindeetideocan edtsde.ieds  adlaa   dlecao son ccfueinpsaiaólcindió andd eeusbr eg ednellte eve adxrpe r aoloppsaia rcebijióaendn,ae  sd leay    OE-A-2020-443able en https://w
ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres. La relación de
bienes  y  derechos  afectados  de  expropiación,  ocupación  temporal  o  imposición  de 
servidumbres  tiene  que  ser  sometida  a  información  pública  con  carácter  previo  al 
otorgamiento de la concesión.
4.  La declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación deben referirse 
también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las 
modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente.
5.  El  titular  de  la  concesión  tiene  la  condición  de  persona  beneficiaria  de  la 
expropiación forzosa.
Artículo 55.  Transmisión de la concesión.
1.  La concesión puede transmitirse por actos entre vivos y por causa de muerte.
2.  La transmisión por actos entre vivos a través de un negocio jurídico o derivada 
de un proceso de transformación o sucesión de la persona titular está sujeta a la 
autorización de la Administración portuaria, que debe verificar el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:
a)  Que el titular de la concesión que transmite esté al corriente de todas las 
obligaciones ante la Administración portuaria.
b)  Que el adquiriente no esté sujeto a ninguna de las causas de prohibición de 
contratar con el sector público establecidas por la legislación de contratos del sector 
público.
c)  Que  el  adquiriente  tenga  la  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o 
profesional exigida en su momento a la persona que transmite.
d)  Que el adquiriente, si es una persona jurídica, se dedique a una actividad que 
coincida con el objeto o el destino de la concesión.
e)  Que la concesión no esté sometida a una causa de extinción.
f)  Que el titular de la concesión que la transmite haya ejecutado todas las obras e 
instalaciones fijas previstas en el título. En caso de que no hayan sido ejecutadas, la 
transmisión puede autorizarse si el adquiriente se compromete a llevar a cabo dicha 
ejecución.
g)  Que  haya  transcurrido  por  lo  menos  una  tercera  parte  del  plazo  inicial  de 
vigencia de la concesión.
h)  Que no implique situaciones de dominio en el mercado susceptibles de afectar la 
libre competencia.
3.  La  solicitud  de  autorización  debe  resolverse  en  el  plazo  de  un  mes;  el 
vencimiento  del  plazo  establecido  para  dictar  y  notificar  la  resolución  determina  la 
desestimación de la petición.
4.  Una  vez  autorizada  la  transmisión,  el  adquiriente  se  subroga  en  todos  los 
derechos y obligaciones del titular de la concesión y transmitente.
5.  En los demás supuestos, la transmisión por actos entre vivos debe comunicarse 
previamente a la Administración portuaria, que puede oponerse a la misma, en el plazo 
de un mes, si considera que puede afectar la eficacia de la gestión del dominio público 
portuario.
6.  En toda transmisión por actos entre vivos la Administración portuaria puede 
ejercer los derechos de tanteo y retracto. El derecho de tanteo puede ejercerse en el 
plazo de tres meses, y el de retracto, en el de un año, ambos a contar desde la 
correspondiente  comunicación,  que  debe  incluir  las  condiciones  esenciales  de  la  s
transmisión. oe.
7.  La transmisión por causa de muerte requiere una resolución expresa de la  w.
Attritadunmlasirmneissis tiróadnce i póolnor s pc oarruetusqaaur iidsaei,t o pmsr ueelveiragte ac ldeoesm  lpaer xociobgnaibccleieóssni.ó  dnEe dll  ecpburemoncp edlidmeitmieerinmetnoint opa orsyre  p plaoorstre  r eedfgeel calotmosse  nnudtoee.v olas   2020-443n https://w
Artículo 56.  Modificaciones.
1.  En  el  caso  de  las  concesiones,  la  modificación  puede  ser  sustancial  o  no 
sustancial. Es sustancial si la modificación afecta a alguna de las siguientes cuestiones:
a)  El objeto o el destino de la concesión.
b)  La superficie de dominio público ocupada en más de un 25%.
c)  Las obras e instalaciones fijas o no desmontables inicialmente autorizadas.
d)  El cambio de ubicación de la concesión.
e)  La división, agrupación y segregación de la concesión.
2.  Si la modificación de la concesión tiene carácter sustancial, en el procedimiento 
debe acordarse la apertura de un período de información pública por un plazo no inferior 
a quince días ni superior a un mes.
3.  Las modificaciones no sustanciales se tramitan de acuerdo con el procedimiento 
que se establezca por reglamento.
4.  La persona titular de una concesión puede solicitar a la Administración portuaria 
que se divida en dos o más concesiones, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos:
a)  Que se mejore la gestión eficaz del dominio público portuario.
b)  Que las nuevas concesiones pertenezcan al mismo titular.
c)  Que  las  nuevas  concesiones  sean  susceptibles  de  aprovechamiento 
independiente.
5.  En el expediente de división de la concesión, las concesiones resultantes quedan 
sujetas al plazo previsto en el título inicial.
6.  El titular de dos o más concesiones puede solicitar a la Administración portuaria 
que se agrupen en una sola concesión, siempre que:
a)  Se mejore la gestión eficaz del dominio público portuario.
b)  Sean complementarias entre sí.
c)  Sean físicamente continuas.
7.  En el expediente de agrupación de las concesiones, el plazo de la concesión 
única es el que resulte de la media ponderada de los plazos que quede por finalizar a 
cada una de las concesiones agrupadas, en función de las inversiones pendientes de 
amortización y de la cifra de negocios de cada una de las concesiones afectadas.
8.  La persona titular de dos o más concesiones puede solicitar a la Administración 
portuaria la segregación de una parte de una concesión para anexionarla a otra, siempre 
que:
a)  Se mejore la gestión eficaz del dominio público portuario.
b)  Sean físicamente continuas.
c)  No exceda del 25% de la superficie de la concesión a la que se agrega.
9.  La parte de dominio público segregada queda sujeta al régimen contenido en el 
título de la concesión a la que se agrega.
Artículo 57.  Constitución de derechos reales.
1.  Pueden  constituirse  derechos  reales  sobre  los  derechos  dimanantes  de  la  oe.
concesión, previa autorización de la Administración portuaria. w.
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b)  La concesión no esté sometida a causa de extinción.
c)  El plazo de constitución de los derechos reales no exceda de lo que falte para la 
extinción de la concesión.
d)  Los derechos reales tengan una finalidad análoga o complementaria al objeto de 
la concesión.
e)  Las condiciones de la concesión no se opongan de forma sobrevenida a las 
determinaciones de la ordenación sectorial y urbanística de la zona de servicio portuaria.
3.  En el caso del derecho real de hipoteca, solo se autoriza si esta, además, se 
constituye como garantía de préstamos u otras formas de crédito contraídos por la 
persona  titular  de  la  concesión  para  financiar  la  adquisición  o  para  la  realización, 
modificación o ampliación de las obras, construcciones o instalaciones de carácter fijo 
situadas  sobre  la  dependencia  demanial  ocupada.  Estas  hipotecas  no  pueden 
constituirse por un plazo superior al de vigencia de la concesión y deben cancelarse 
cuando esta se extinga.
4.  La Administración portuaria no reconoce la existencia de los derechos reales 
constituidos sobre los derechos dimanantes de la concesión sin previa autorización. 
Además, si en la escritura de constitución del derecho real no consta la autorización de 
la  Administración  portuaria,  el  registrador  de  la  propiedad  tiene  que  denegar  su 
inscripción.
Artículo 58.  Caducidad de la concesión.
Las concesiones pueden declararse caducadas por las causas generales comunes a 
todos los títulos y, además:
a)  Si el titular incurre de forma sobrevenida en alguna de las causas de prohibición 
de contratar con el sector público establecidas por la legislación de contratos del sector 
público.
b)  Si,  por  causa  imputable  al  titular  y  de  forma  injustificada,  las  obras  o 
instalaciones fijas no están terminadas en el plazo que se fije en las condiciones del 
título.
c)  En  caso  de  transmisión  por  actos  entre  vivos  de  la  concesión  sin  previa 
autorización  de  la  Administración  portuaria  o  sin  previa  notificación  a  dicha 
administración.
d)  En  caso  de  constitución  de  derechos  reales  sobre  la  concesión  sin  previa 
autorización de la Administración portuaria.
e)  Por la falta o imposibilidad de formalización de la concesión por causa imputable 
a la persona interesada, previo fehaciente requerimiento.
Artículo 59.  Rescate de la concesión.
1.  La  Administración  portuaria  puede  acordar  la  extinción  anticipada  de  la 
concesión mediante rescate.
2.  En el supuesto al que se refiere el apartado 1, debe indemnizarse a la persona 
titular y otros titulares de derechos reales que no sean el de hipoteca de la concesión por 
el perjuicio material derivado de la extinción anticipada. Los derechos de las personas o 
entidades acreedoras con su garantía inscrita en el Registro de la Propiedad en la fecha 
del  rescate  deben  ser  tomados  en  consideración  para  determinar  el  importe  y  los 
eventuales receptores de la indemnización.
Artículo 60.  Valor del rescate. w.b
vpaolrot12ur ..ad  reiaLAl  ra se fisgaAcultdaaiemt endi.ndeios  atlrocasuc eisórigndu opi,e onerttle uvsaa rcilaori rt eyd rileoolss :r etistuclaatree sd edbee l as ecro nficjaedsoió np opr ulead eAnd mcionnisvteranciri óenl   OE-A-2020-44able en https://
a)  El valor de las obras, los terrenos y las instalaciones rescatadas que hayan sido 
adquiridas o construidas por el titular concesional al amparo del título concesional, sin 
incluir en ningún caso las obras e instalaciones que no figuren en el título o no hayan 
sido autorizadas previamente por la Administración portuaria.
b)  La pérdida de beneficios de la actividad que sea imputable al rescate durante el 
período pendiente de cumplir, con un máximo de tres anualidades.
3.  El  pago  del  valor  de  rescate  puede  efectuarse  en  dinero,  mediante  el 
otorgamiento de otra concesión o, en el supuesto de que correspondiera un rescate 
parcial, mediante una modificación de las condiciones de la concesión.
Sección quinta. Licencia portuaria para actividades económicas y comunicación
Artículo 61.  Actividades económicas en las infraestructuras portuarias.
1.  El  ejercicio  de  actividades  económicas  en  las  infraestructuras  portuarias 
gestionadas por la Administración portuaria que conlleven, de forma no permanente, el 
aprovechamiento o el uso intensivo del dominio público, o bien obtener un rendimiento 
del mismo, está sujeto a licencia previa y a la obligación de obtener el título habilitante 
municipal que corresponda.
2.  Las actividades económicas a las que se refiere el apartado 1, que deben tener 
un interés portuario, pueden ejercerse, con carácter general, en régimen de competencia 
real y efectiva por persona física o jurídica o por entidad sin personalidad jurídica que 
cumpla los requisitos establecidos por la legislación aplicable, salvo que, a criterio de la 
Administración portuaria, y en base a la intensidad de la utilización del dominio público 
portuario, tenga que determinarse el número de operadores que las pueden ejercer.
Artículo 62.  Situaciones jurídicas particulares y responsabilidad.
1.  Las licencias se otorgan sin perjuicio de terceras personas, y con abstracción de 
los demás permisos, licencias, autorizaciones o concesiones que el solicitante necesite 
para ejercer la actividad.
2.  No puede invocarse el otorgamiento de una licencia para excluir o disminuir la 
responsabilidad  civil,  penal  o  administrativa  en  que  hayan  incurrido  las  personas 
beneficiarias en el ejercicio de sus actividades.
Artículo 63.  Control de la actividad.
1.  No pueden otorgarse licencias que se opongan a las determinaciones contenidas 
en el plan director urbanístico portuario o en cualquier otro instrumento de planeamiento 
territorial y urbanístico aplicable.
2.  Si, por efecto de la aprobación de una disposición de carácter general, se 
modifican las condiciones para el ejercicio de la actividad realizada, el titular de la 
licencia debe adaptar la actividad a las nuevas condiciones.
Artículo 64.  Otorgamiento de la licencia.
1.  La licencia se otorga a solicitud de la persona interesada. La solicitud debe ir 
acompañada de la documentación que se determine por reglamento.
2.  La solicitud debe resolverse en el plazo de tres meses. El vencimiento del plazo  e.e
establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa determina la  b
estimación de la solicitud y el otorgamiento de la licencia. w
debe3n.  cLoan sltiacre, npcoiar  lod embeen ofosr:malizarse en documento administrativo. En el documento
a)  La identidad de la persona interesada y su domicilio.
b)  El objeto de la actividad que pretende ejercerse.
c)  El lugar de realización de la actividad.
d)  El plazo de otorgamiento.
e)  Los tributos portuarios exigibles.
f)  Los seguros que tienen que constituirse.
g)  Las condiciones y los medios para garantizar la seguridad y la calidad ambiental 
de la actividad.
h)  El horario de ejercicio de la actividad.
i)  La  información  que  debe  suministrarse  periódicamente  a  Puertos  de  la 
Generalidad.
j)  Los recursos humanos y los medios materiales necesarios para el ejercicio de la 
actividad.
k)  Las causas de extinción.
l)  Otras condiciones que sean razonables y proporcionadas en función del tipo de 
actividad que pretende ejercer la persona interesada.
Artículo 65.  Plazo y renovación de licencia.
1.  El período de vigencia de la licencia es de cinco años como máximo, que puede 
ampliarse, excepcionalmente, hasta diez años en el supuesto de que la actividad para la 
que se solicite implique una inversión cuya relevancia justifique dicha ampliación.
2.  La renovación de la licencia debe solicitarse un mes antes de la fecha de 
expiración del plazo de vigencia. La solicitud debe resolverse en el plazo de un mes 
desde su entrada en el registro del órgano competente para resolver. El vencimiento del 
plazo establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa determina la 
obtención de la renovación.
Artículo 66.  Modificación y transmisión de la licencia.
1.  La licencia puede modificarse en los supuestos establecidos en el artículo 40.
2.  La licencia es transmisible por actos entre vivos y por causa de muerte, previa 
comunicación a la Administración portuaria. La comunicación debe efectuarse con una 
antelación mínima de un mes a contar desde la fecha de efectividad de la transmisión o, 
si  procede,  desde  la  defunción.  Sin  embargo,  la  Administración  portuaria  puede 
oponerse a la transmisión de la licencia en los siguientes casos:
a)  Si el titular de la actividad no está al corriente de sus obligaciones con la 
Administración portuaria.
b)  Si la licencia está sometida a una causa de extinción.
c)  Si no ha transcurrido por lo menos un año desde la fecha de otorgamiento de la 
licencia, salvo en caso de defunción del titular.
d)  Si aquel a quien se cede no cumple los requisitos exigidos para el ejercicio de la 
actividad en la zona de servicio.
3.  Si se carece de autorización, los sujetos que intervengan en la transmisión son 
responsables solidarios de los daños que puedan derivarse de ello.
Artículo 67.  Extinción y caducidad de la licencia.
1.  Son causas de extinción de la licencia las indicadas en el artículo 42.1.a, b, c, d, h y k.
2.  Son causas de caducidad de la licencia, además de las establecidas en el  e
artículo 42.3.a, b, g, h y j, las siguientes: bo
un pabe))r  íoLEdaol  i nfsaculutpame rdpioelir m eajieel qrncutioce i godr eadtveee rl mad eian calat islva ic dloiacnded noicc iilaoa.n ienste errsutapbcilóenci dinajsu sptoifirc laad laic ednec eias.ta durante  2020-443n https://w
3.  El procedimiento para declarar la extinción de una licencia debe tramitarse en el 
plazo de seis meses. Si el procedimiento es iniciado por la Administración portuaria, el 
vencimiento del plazo establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución 
expresa determina su caducidad. Si el procedimiento se inicia a petición de la persona 
interesada, el vencimiento del plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución 
expresa determina la desestimación de la petición.
Artículo 68.  Comunicación.
1.  El ejercicio de actividades en los espacios portuarios que no impliquen actividad 
económica ni un uso intensivo del dominio público queda sujeto a comunicación previa, 
sin  perjuicio  de  la  obligación  de  obtener  el  título  habilitante  municipal  que  exija  la 
legislación sectorial.
2.  La comunicación debe presentarse a la Administración portuaria diez días antes 
del  inicio  de  la  actividad.  El  ejercicio  de  la  actividad  queda  condicionado  a  su 
compatibilidad con los servicios portuarios que se quieren prestar, la operativa del puerto 
y la disponibilidad de la zona de servicio afectada.
3.  La suma de jornadas de la actividad no puede exceder de un total de quince días.
CAPÍTULO IV
Contratos administrativos para la construcción y gestión portuaria
Artículo 69.  Régimen jurídico de los contratos.
1.  La preparación, la adjudicación, el cumplimiento, los efectos y la extinción de los 
contratos se rigen fundamentalmente por la normativa de contratos del sector público, 
con las especialidades establecidas en la presente ley y en sus normas de desarrollo, y 
por los preceptos de la Ley 3/2007, de 4 de julio, de la obra pública, que sean de 
aplicación. Si existe transferencia a la empresa del riesgo operacional en la explotación 
de las obras o de los servicios, el contrato debe calificarse como de concesión.
2.  Los contratos para la construcción y la gestión portuaria facultan a la empresa 
contratista para ocupar el dominio público que resulte necesario para ejecutarlos, en los 
términos de la presente ley en materia del régimen económico y de utilización del 
dominio público portuario.
Artículo 70.  Plazo.
1.  El plazo de duración de los contratos de concesión para la construcción de obra 
portuaria es el que fija el pliego de cláusulas administrativas particulares, sin que pueda 
exceder de lo que sea razonablemente necesario para que la empresa concesionaria 
recupere las inversiones, con un máximo de cuarenta años.
2.  El  plazo  de  los  contratos  de  concesión  de  servicios  de  las  infraestructuras 
portuarias es el que fija el pliego de cláusulas administrativas particulares, sin que pueda 
exceder de lo que sea razonablemente necesario para que la empresa concesionaria 
recupere las inversiones, con la siguiente duración máxima:
a)  Cuarenta  años,  en  los  contratos  que  incluyan  la  ejecución  de  obras  y  la 
explotación del servicio público.
b)  Veinticinco años, en los contratos de explotación del servicio público. e.e
3.  Los plazos establecidos en el presente artículo se entienden sin perjuicio de los  w
que fije en cada momento la normativa en materia de contratación pública.
Artículo 71.  Prórroga.
1.  El plazo de los contratos a los que se refiere el artículo 70 puede prorrogarse en 
los siguientes supuestos:
a)  Si en el título de otorgamiento se ha previsto expresamente la posibilidad de 
prórroga vinculada a la realización de inversiones adicionales.
b)  Por resolución de la Administración portuaria otorgada a petición del contratista, 
siempre que este realice una inversión relevante no prevista en el contrato originario y 
que, conjuntamente:
1.o  Sea superior al 20% del valor actualizado de la inversión que esté obligado a 
ejecutar en cumplimiento de la concesión.
2.o  Sea de interés para la Administración portuaria para mejorar la eficiencia o la 
calidad ambiental de las operaciones portuarias, y quede así justificado razonablemente 
en la resolución que lo autorice.
c)  Si constituye una medida para el restablecimiento del equilibrio económico del 
contrato, en los términos y condiciones establecidos por la normativa de contratos del 
sector público.
2.  Las prórrogas a las que se refiere el apartado 1.a y b requieren la petición del 
titular  del  contrato.  La  Administración  portuaria  debe  valorar  en  cualquier  caso  la 
conveniencia de autorizarlas de acuerdo con los términos y plazos establecidos en el 
título concesional y la normativa de contratos del sector público, sin que en ningún caso 
la duración pueda exceder de la mitad del plazo inicial.
3.  El  Gobierno,  atendiendo  circunstancias  de  interés  público  y  a  través  del 
departamento  competente  en  materia  portuaria,  puede  instar  a  los  titulares  de  los 
contratos  a  realizar  las  inversiones  necesarias  para  llevar  a  cabo  las  actuaciones 
previstas en el Plan de puertos, así como las obras necesarias de adaptación al cambio 
climático o medidas correctoras de impacto ambiental u otras acciones estratégicas no 
previstas en el título concesional. La modificación del título concesional puede suponer 
una prórroga de su plazo hasta que se alcance el equilibrio económico del contrato. En 
este supuesto, la falta de aceptación del titular concesional faculta a la Administración 
portuaria para instar la extinción de la concesión por razones de interés público.
4.  La prórroga de la concesión debe implicar la modificación del título concesional y 
de los cánones y tasas que hay que satisfacer a la Administración portuaria.
5.  Para el establecimiento de todos los supuestos de prórroga, la Administración 
portuaria debe valorar la calidad de la gestión del titular concesional.
Artículo 72.  Preparación, adjudicación y formalización del contrato de concesión de 
obras públicas portuarias.
1.  En el caso de la concesión de obra pública portuaria, el estudio de viabilidad o, si 
procede, de viabilidad económica y financiera debe contener, en cualquier caso, los 
datos, análisis, informes o estudios que procedan sobre los siguientes puntos:
a)  Justificación de la demanda y oferta de puntos de amarre en el lugar donde se 
pretende construir la obra pública.
b)  Estudio de dinámica del litoral, si la obra pública tiene que construirse en el mar  s
o en la zona marítimo-terrestre, referida a la correspondiente unidad fisiográfica costera,  e.
y de los efectos de las actuaciones previstas. w.
c)  Adecuación al plan de puertos. 3w
puerdt)o  cComumo pulnim eielenmtoe ndtoe  mtoádsa dse nlatrso  geal eracnotsíaisst emama bcioesnttearleos.  y  climáticas,  entendido  el
2.  Las  obras  públicas  portuarias  que  se  construyan  mediante  el  contrato  de
concesión,  incluidas  las  zonas  complementarias  de  explotación  comercial,  deben
observar las disposiciones normativas que sean de aplicación en materia de supresión 
de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad, de modo que se asegure su 
uso en condiciones de comodidad y seguridad para las personas con discapacidad y 
personas mayores con problemas de movilidad o comunicación.
3.  El documento administrativo es título suficiente para inscribir la concesión en el 
Registro de la Propiedad. El titular concesional debe inscribir el título en el Registro de la 
Propiedad en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la formalización.
Artículo 73.  Unificación de contratos.
1.  Las concesiones de obra pública o para la gestión portuaria son unificables, si el 
interés público así lo justifica, de oficio o a instancia del titular.
2.  El titular de dos o más concesiones de obra pública o para la gestión portuaria 
puede  solicitar  a  la  Administración  portuaria  su  unificación  en  una  sola  concesión 
siempre que se trate de concesiones contiguas o estén unidas por una instalación 
común.
3.  La Administración portuaria puede autorizar la unificación en el supuesto de que 
las concesiones que se pretende unificar puedan formar una unidad de explotación que 
suponga una mejora en la gestión del sistema portuario. A tal efecto, se entiende que 
puede existir unidad de explotación si las concesiones llevan a cabo la misma actividad, 
y disponen o pueden disponer de elementos comunes necesarios para su correcta 
explotación, de modo que la explotación conjunta sea más eficiente que la explotación 
independiente de cada una de ellas.
4.  El plazo de la concesión unificada no puede ser superior al resultante de la 
media de los plazos pendientes de cada una de ellas, ponderado, a criterio de la 
Administración  portuaria,  por  la  superficie,  el  volumen  de  negocio  y  de  inversión 
pendiente de amortizar, con la correspondiente actualización.
5.  En caso de que la solicitud de unificación se formule con motivo de la realización 
de una inversión relevante de acuerdo con el artículo 71, el plazo de la concesión 
unificada debe determinarlo motivadamente la Administración portuaria en función de la 
superficie,  de  la  cifra  de  negocios,  de  la  inversión  pendiente  de  amortizar,  con  la 
correspondiente actualización, y de la inversión prevista en infraestructura y mejora de 
servicio que acompañe la solicitud de unificación.
Artículo 74.  Cesión de los contratos y constitución de derechos reales.
1.  Los derechos y obligaciones derivados del contrato pueden cederse a terceras 
personas en la forma y los términos establecidos legalmente. Si la cesión pretendida 
cumple los requisitos exigibles, la Administración portuaria puede ejercer los derechos de 
tanteo y retracto, en los mismos plazos que fija la presente ley para la concesión 
demanial.
2.  Las personas titulares de concesiones pueden constituir derechos reales de 
garantía de las obligaciones derivadas del contrato.
CAPÍTULO V
Regulación ambiental
Sección primera. Disposición común e
Artículo 75.  Protección ambiental del dominio público. w
de la1 .a ctLivai dAaddm yi nlais tsroasctióenn ibpiolirdtuaadr diae dl seibsete vmeala pr oprotur alari om. iAni mtailz eafceióctno ,d deel bimep aapcltioca ar mcrbitieenritoasl 
de prevención, control y lucha contra la contaminación, de ahorro de recursos, de
protección del entorno, de reducción y reciclaje de desechos, de educación ambiental y  Bc
de promoción de sistemas de gestión ambiental en sus instalaciones y las distintas áreas 
de la actividad, así como de adaptación al cambio climático.
2.  Con carácter obligatorio, debe presentarse junto a la documentación exigida para 
el otorgamiento del correspondiente título, un programa de protección ambiental del 
dominio público con el contenido y la tramitación que se fijen por reglamento, que en 
cualquier caso debe incluir las medidas para la protección de la calidad de las aguas y 
del fondo del dominio público portuario, sin perjuicio de la intervención integral de la 
Administración ambiental dentro del procedimiento de otorgamiento de licencia ambiental 
de actividad.
3.  Con carácter obligatorio, debe realizarse una evaluación ambiental estratégica 
de cada una de las nuevas actividades portuarias con potencial contaminante, que 
cuantifique  el  aumento  de  emisiones  derivado  de  las  mismas,  con  la  finalidad  de 
autorizarlas o no en función de las afectaciones en una zona de especial protección del 
ambiente atmosférico y de la calidad del aire de las poblaciones de las zonas próximas al 
puerto.
Sección segunda. Dragados en el dominio público portuario
Artículo 76.  Autorización de dragado.
1.  La ejecución de obras de dragado y el vertido de los productos de dragado en el 
dominio público portuario a solicitud de la persona interesada están sometidos a una 
evaluación ambiental estratégica y a la autorización de la Administración portuaria en los 
términos y las condiciones que se establezcan por reglamento.
2.  El material dragado debe devolverse a la dinámica litoral si sus características 
físicas, químicas y biológicas lo permiten. En cualquier caso, la disposición final del 
material requiere la autorización del órgano administrativo competente por razón de su 
destino,  con  el  informe  preceptivo  previo  de  los  municipios  afectados  y  de  la 
Administración marítima.
Sección tercera. Vertidos en el dominio público portuario
Artículo 77.  Prohibición de vertidos.
1.  Quedan prohibidos los vertidos o emisiones contaminantes, sólidos, líquidos o 
gaseosos, en el dominio público portuario.
2.  No tienen la consideración de vertidos los rellenos con materiales y los depósitos 
para la ejecución de obras portuarias.
3.  La  Administración  portuaria  debe  dictar  órdenes  específicas  para  que  los 
responsables de un vertido no autorizado procedan a su recogida o limpieza.
4.  Los titulares de buques y embarcaciones, incluidos los cruceros, con sistemas de 
propulsión o de mantenimiento que puedan afectar a la calidad del aire deben adoptar 
medidas técnicas y de operación para reducir las emisiones de gases y partículas 
contaminantes.
5.  La Administración portuaria, en el ámbito de sus competencias, debe ordenar la 
suspensión de las actividades que den origen a vertidos no autorizados, sin perjuicio de 
la responsabilidad civil, penal o administrativa en la que puedan incurrir los causantes.
6.  Con carácter previo al otorgamiento del título administrativo habilitante para la 
utilización u ocupación del dominio público portuario, debe quedar garantizado el sistema  e.
de eliminación de aguas residuales, de acuerdo con las disposiciones aplicables para el  w.b
vertido de estos tipos de aguas. 3w
perju7i.c ioL ad eA dlmasin iqsutrea,c iódne  paocrutueardrioa  ecjoenrc ela l ans ocrommaptievate nsceiacsto rreialal, tivcaosrr eas epsotned aerntí cau loo,t rsains 
aredgmlainmisetnratoc.i onEens ,c cuoanlq luaise rq ucea sdoe, bed ecboeo rdpionnaersr ee enn  cloosn otécrimmiineonsto  qudee l sea yeusntatabmleizecnaton  pdoerl 
municipio donde esté situado el puerto todas las actuaciones que lleve a cabo.
Artículo 78.  Medios para la prevención y la lucha contra la contaminación.
1.  Los puertos de la Generalidad deben cumplir la legislación aplicable en materia 
de cambio climático en cuanto a la prevención y la lucha contra la contaminación.
2.  Todo aquel que disponga de un título habilitante para llevar a cabo actividades en 
el dominio público portuario debe contar con medios suficientes para la prevención y 
lucha  contra  la  contaminación  accidental,  en  las  condiciones  establecidas  por  la 
Administración portuaria en los títulos habilitantes otorgados.
Artículo 79.  Medios para prevenir y regular las emisiones de buques.
1.  Los  puertos  de  titularidad  de  la  Generalidad  deben  tener  una  regulación 
obligatoria que limite, controle y sancione las emisiones de los buques, de acuerdo con 
la  Directiva  2012/33/UE  y  la  Directiva  2008/50/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo.
2.  Los  puertos  de  titularidad  de  la  Generalidad  deben  tener  una  regulación 
obligatoria que limite y controle el contenido de azufre de los combustibles de uso 
marítimo en 0,1 %, y que sancione su incumplimiento.
Sección cuarta. Desechos en el dominio público portuario
Artículo 80.  Instalaciones portuarias receptoras y planes de recepción y manipulación 
de desechos.
1.  Los puertos y las instalaciones marítimas menores deben estar dotados de 
instalaciones adecuadas para la recepción de los desechos generados por los buques y 
las embarcaciones y de los residuos de carga, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación sectorial.
2.  Corresponde a la Administración portuaria, a propuesta de la entidad gestora 
portuaria, la aprobación, modificación y revisión del plan de recepción y manipulación de 
los desechos, teniendo como referencia las líneas estratégicas y los objetivos de gestión 
de residuos aprobados por la Generalidad.
3.  Los  titulares  habilitados  deben  adoptar  todas  las  medidas  de  protección 
ambiental establecidas por la legislación sectorial aplicable en función de la explotación.
4.  Los propietarios de buques y embarcaciones deben entregar los desechos que 
puedan generar en los términos que estén establecidos por parte de quien gestione el 
servicio de recepción de los mismos.
Artículo 81.  Instalaciones especiales.
1.  Las  refinerías  de  petróleo,  las  factorías  químicas  y  petroquímicas,  las 
instalaciones para el almacenaje y distribución de productos químicos y petroquímicos, 
las  instalaciones  para  el  abastecimiento  de  combustibles,  y  los  astilleros  y  las 
instalaciones  de  reparación  naval  o  de  desguace,  situadas  en  la  zona  de  servicio 
portuario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80, deben disponer de instalaciones 
para la recepción y el tratamiento de los residuos de carga de los buques con destino a 
dichas instalaciones, y de las aguas de limpieza de bodegas, de lastre o de sentinas.
2.  El sistema portuario debe disponer de instalaciones adecuadas para la gestión 
de los residuos de carga de los buques y de las aguas de limpieza de bodegas, de lastre 
o de sentinas. e.
3.  La disponibilidad de las instalaciones debe exigirse por parte la Administración  w.
portuaria para autorizar el funcionamiento en las mismas de las actividades a las que se  3w
refiere el apartado 1.
Sección quinta. Ruidos y emisiones a la atmósfera en el dominio público portuario
Artículo 82.  Prevención y control de la contaminación atmosférica y acústica.
1.  La  zona  de  servicio  portuario  tiene  la  consideración  de  infraestructura  de 
transporte en cuanto a la previsión de emisiones acústicas. En los procedimientos de 
elaboración, aprobación y revisión de los mapas de ruido, de delimitación de las zonas 
de servidumbre acústica, de los planes de acción en materia de contaminación acústica, 
de ordenanzas municipales sobre el ruido y, en general, de actos y disposiciones en 
materia  de  contaminación  acústica  que  afecten  a  las  infraestructuras  portuarias  de 
competencia de la Generalidad o se refieran a ellas, debe solicitarse un informe a la 
Administración portuaria.
2.  En  las  operaciones  de  carga,  descarga,  manipulación  y  almacenaje  de 
hidrocarburos, de materiales y productos sólidos pulverulentos y de otros productos que 
puedan afectar la calidad del aire, las empresas habilitadas deben adoptar las medidas 
técnicas de prevención adecuadas y las medidas específicas que se establezcan por 
reglamento.
3.  En  la  red  portuaria  de  Cataluña  debe  evaluarse  la  contaminación  acústica 
submarina y deben adoptarse medidas para su reducción, dada la importancia de la 
zona como corredor de cetáceos.
Sección sexta. Suelos y fondos marinos contaminados en el dominio público portuario
Artículo  83.  Medidas  para  prevenir  la  contaminación  de  los  terrenos  y  los  fondos 
marinos de dominio público portuario.
1.  La Administración portuaria debe incluir, si procede, en los títulos habilitantes 
para la utilización o la ocupación del dominio público portuario condiciones específicas 
que impliquen la adopción de medidas destinadas a prevenir la contaminación de los 
terrenos y los fondos marinos situados en la zona de servicio portuaria, incluida la 
emisión de informes de carácter preliminar y periódicos de situación.
2.  La declaración de un suelo o fondo marino como contaminado obliga al sujeto 
responsable a llevar a cabo las actuaciones necesarias para proceder a su recuperación 
ambiental  en  los  términos  y  plazos  determinados  por  el  órgano  competente  de  la 
Generalidad o la Administración portuaria, según los casos.
3.  La  Administración  portuaria  debe  iniciar  un  proceso  sancionador  contra  los 
responsables de procesos de contaminación.
Sección séptima. Trasvases de arena
Artículo 84.  Actuaciones de trasvase de arena y de conservación de la costa.
1.  La Administración portuaria debe promover la minimización de los efectos de las 
infraestructuras portuarias sobre las playas y el transporte de sedimentos, en el marco 
de la gestión integrada del litoral y del conjunto de agentes que actúan en él.
2.  Corresponde a la Administración portuaria, en los términos que se establezcan 
por reglamento, la autorización y el control de las operaciones de gestión de sedimentos 
litorales  del  entorno  portuario  y  de  sus  trasvases,  incluidos  los  dragados  de 
mantenimiento de las bocanas por efecto de la dinámica litoral que efectúen los titulares  es
de la gestión de las infraestructuras portuarias de acuerdo con los correspondientes  bo
títulos  concesionales  y  contractuales.  En  la  tramitación  de  estas  actuaciones  debe  w
addgyeeaumlr anaántyastui mzanaidteram nmlationi ecsisno tdtrooear  cdldoiionesnal  mecmsióuu nann cicicctiuopipanioino slt oe ddssoe  ane lydnaue sen  plet allsaimttoyáair eassnl i,att uoyfeas d cddetoaeb d eela ol isnsp. cumoerurptnooi rcacipro imuonso  ,ia nfsfeoi crptmarodeco pesrd eyev ,ic odo etna  nlloatoss    OE-A-2020-44able en https://
3.  La Administración portuaria puede impulsar actuaciones de mantenimiento de 
playas y protección de los tramos de costa en el entorno portuario, complementarias o 
sustitutivas del trasvase de arena, que incrementen su efectividad.
CAPÍTULO VI
Dominio público portuario y seguridad
Sección primera. Protección civil y mercancías peligrosas
Artículo 85.  Plan de autoprotección portuario.
1.  Los  puertos  y  las  instalaciones  marítimas  menores  de  competencia  de  la 
Generalidad deben estar provistos de un plan de autoprotección, en la forma establecida 
por la legislación sobre protección civil.
2.  Independientemente del necesario cumplimiento de la normativa en materia de 
protección civil y seguridad de las personas, la autoridad portuaria debe establecer 
mecanismos de información, coordinación y cooperación mutua con el ayuntamiento del 
municipio donde está situado el puerto.
Artículo 86.  Situaciones excepcionales.
1.  En caso de tormenta, grave riesgo, catástrofe o calamidad pública o cualquier 
otro  estado  de  necesidad,  urgencia  o  concurrencia  de  situaciones  anómalas  o 
excepcionales,  la  Administración  portuaria  puede  disponer,  inmediatamente  y  sin 
tramitación ni indemnización previa, del dominio público ocupado y de las obras e 
instalaciones concedidas o autorizadas, en la medida en que lo juzgue necesario para la 
protección y la seguridad de las personas y los bienes afectados, sin perjuicio de la 
aplicación de la normativa de protección civil.
2.  La Administración portuaria puede cerrar temporalmente el dominio público al 
uso público o privativo si las circunstancias así lo aconsejan, para evitar riesgos para la 
vida, la integridad física o la seguridad de los usuarios, o en otras situaciones anómalas 
o excepcionales.
Artículo 87.  Mercancías peligrosas.
1.  Corresponde  a  la  Administración  portuaria  controlar  el  cumplimiento  de  la 
normativa sobre admisión, manipulación y almacenaje de mercancías peligrosas en los 
puertos  y  las  instalaciones  marítimas  menores,  bajo  el  régimen  de  coordinación  y 
cooperación con las demás autoridades competentes en la materia.
2.  En  las  operaciones  de  manipulación,  almacenaje  y  transporte  interno  de 
mercancías peligrosas, debe disponerse de un estudio de seguridad, de un plan de 
emergencia interior y de un plan de emergencia exterior en la forma establecida por la 
legislación sectorial. Asimismo, debe disponerse de un centro de control de emergencias 
con  las  funciones,  la  organización  y  el  equipamiento  que  establece  la  legislación 
sectorial.
Sección segunda. Protección portuaria
Artículo 88.  Protección portuaria. o
1.  Corresponde a la Administración portuaria, sin perjuicio de lo dispuesto por la  3w
normativa en materia de protección de las infraestructuras críticas:
estaab)l ecEidjear pceorr  lala lse gifsulancciióonn esse ctdoer iaal usotobrridea md ejdoera  dpero ltae cpcroiótenc cpióonrt upaorritau,a riean.  la  forma
b)  Efectuar y aprobar las evaluaciones de protección portuaria, y aprobar, modificar 
o revisar los planes de protección portuaria, previo informe vinculante del departamento 
competente en materia de seguridad.
c)  Nombrar a los oficiales de protección portuaria.
d)  Coordinar, ejecutar y supervisar la aplicación de las medidas establecidas por la 
legislación sobre mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias 
ante la amenaza de actos ilícitos deliberados, sin perjuicio de las competencias de la 
Policía de la Generalidad-Mossos d'Esquadra y otros órganos de las administraciones 
públicas y de las responsabilidades que en esta materia corresponden a los usuarios y a 
los concesionarios.
2.  La autoridad de protección portuaria debe constituir, para cada uno de los 
puertos que gestiona, un comité consultivo de protección del puerto con el objetivo 
de prestar asesoramiento en el desarrollo de los procedimientos o las directrices 
tendentes a la mejora de la implantación de las medidas de protección del puerto, de 
conformidad con las normas organizativas que apruebe la Generalidad. La Policía de 
la  Generalidad  -  Mossos  d'Esquadra  debe  formar  parte  del  mismo,  dadas  sus 
funciones de policía integral, incluidas la protección y la custodia que ejerce en las 
infraestructuras del sistema portuario, así como la policía local del municipio donde se 
encuentra  situado  el  puerto,  de  acuerdo  con  las  competencias  que  le  reconoce  la 
legislación reguladora de las policías locales.
3.  La autoridad de protección portuaria debe denegar la entrada a todo buque que 
no suministre la información sobre protección establecida en la legislación sectorial, 
excepto  si  el  buque  está  exento  de  ello  por  resolución  del  órgano  administrativo 
competente.
TÍTULO IV
Servicios en el sistema portuario
CAPÍTULO I
Servicios portuarios
Artículo 89.  Concepto, clases y régimen jurídico de los servicios portuarios.
1.  Son  servicios  portuarios  las  prestaciones  que  se  ofrecen  al  público  para 
satisfacer  las  necesidades  marítimas  y  portuarias  mínimas  para  un  funcionamiento 
adecuado.
2.  Los servicios portuarios se clasifican en generales y específicos.
3.  Los servicios portuarios generales son de titularidad pública y comprenden las 
siguientes operaciones:
a)  La inspección, la ordenación y el control del tráfico de buques, mercancías, 
personas, equipajes, vehículos y conductores en la zona de servicio.
b)  La conservación y el mantenimiento de las aguas, las infraestructuras y las 
superestructuras portuarias de la zona de servicio.
c)  La seguridad y la vigilancia de los espacios comunes de la zona de servicio, así 
como la prevención de incendios y la prevención y el control de emergencias en la zona, 
sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras administraciones públicas. e.
d)  La  instalación  y  el  mantenimiento  de  señales,  balizas  y  otras  ayudas  a  la  w.
navegación que sirvan de aproximación y acceso del buque o las embarcaciones al  3w
pueret)o , aLsaí  cliommpoie szua  bdael izlaasm aiegnutaos i nyte drieo r.los espacios terrestres comunes de la zona de
servicio y el alumbrado de los espacios comunes de esa misma zona.
f)  La recogida de residuos en la zona de servicios, sin perjuicio de las competencias 
de otras administraciones públicas.
g)  La puesta a disposición del usuario del uso de una rampa para el lanzamiento y 
la recogida de las embarcaciones, en función de la disponibilidad.
4.  Los servicios portuarios específicos son de interés general y comprenden las 
siguientes operaciones:
a)  El practicaje.
b)  El amarre y desamarre de buques y embarcaciones cuando sea preceptivo.
c)  El remolque portuario.
d)  La recepción de los desechos generados por buques y embarcaciones y de 
residuos de carga, de acuerdo con lo establecido en los artículos 80 y 101.
e)  La carga, la estiba, la descarga, la desestiba y el transbordo de mercancías.
5.  Los servicios portuarios, en tanto están destinados a satisfacer el interés general, 
son de utilización general, salvo en el supuesto de que en el título se establezca un uso 
restringido.
CAPÍTULO II
Servicios portuarios generales
Artículo 90.  Prestación de los servicios portuarios generales.
1.  En los puertos y las instalaciones portuarias gestionados directamente por la 
Administración  portuaria,  los  servicios  portuarios  generales  deben  ser  prestados 
preferentemente con recursos personales y materiales propios, sin perjuicio de que 
puedan ser objeto de contratación en los términos establecidos por la normativa vigente.
2.  La Administración portuaria, sin perjuicio del apartado 1, puede encargar la 
realización  de  algún  servicio  portuario  general  a  otros  órganos  o  entidades  de  la 
Generalidad o a otras administraciones públicas, por razones de eficacia o si no posee 
los medios técnicos idóneos para llevarlos a cabo, siempre que no tengan por objeto 
ninguno de los contratos sujetos a la normativa sobre contratación pública.
3.  En  los  puertos  y  las  instalaciones  portuarias  gestionados  indirectamente,  la 
prestación de los servicios portuarios generales es responsabilidad de la persona o 
entidad gestora en la forma especificada en el título habilitante, la cual puede contratar 
tales servicios a un tercero, en los términos establecidos por la normativa vigente.
CAPÍTULO III
Servicios portuarios específicos
Artículo 91.  Prestación de los servicios portuarios específicos.
1.  En las instalaciones portuarias gestionadas directamente por la Administración 
portuaria, los servicios portuarios específicos deben ser prestados por personas físicas o 
jurídicas  o  por  entidades  sin  personalidad  jurídica  mediante  el  otorgamiento  de  la 
correspondiente autorización, que permite que el autorizado ceda la prestación de tales 
servicios a un tercero, en los términos establecidos por la normativa aplicable. es
2.  La autorización destinada a la gestión del servicio portuario específico tiene una  o
duración inicial máxima de cinco años. Si el plazo inicial fuese insuficiente para amortizar  ww.
lAlaad  fimno3vrim.ne irsasLt iryóoa nscc  oieósncne o lrapvn oiódcrmuitourisaac carpii aóop nrrot eue vbasiisrteaitonabs ,la  ele actsi rdAapavedsécm sípfi niocdirose rts ere agpnclucaióaemnrdge eponno t eorstn.ue arla rip afro eprsmuteaadd eeo ssat amdbiprleelicacitrda eams petean rtpeal  alpozoosr   edlnea    OE-A-2020-44able en https://
carácter general, si no hay personas físicas o jurídicas interesadas en prestar el servicio 
del que se trate o si circunstancias sobrevenidas exigen su prestación.
Artículo 92.  Libertad de acceso y prohibición de monopolio.
1.  Se reconoce la libertad de acceso a la prestación de los servicios portuarios 
específicos a cualquier persona física o jurídica o entidad sin personalidad jurídica que 
cumpla los requisitos establecidos por la normativa aplicable.
2.  Las autorizaciones que otorgue la Administración portuaria para la prestación de 
los servicios portuarios específicos tienen carácter reglado y no otorgan derecho a la 
realización del servicio en régimen de exclusiva o monopolio. El número máximo de 
prestadores de servicio puede limitarse por razones de disponibilidad de espacios y 
capacidad  de  las  instalaciones,  por  seguridad  o  por  otras  razones  debidamente 
motivadas.
3.  En una misma infraestructura portuaria, una persona física o jurídica o entidad 
sin personalidad jurídica no puede prestar más de un servicio portuario específico. Sin 
embargo, si existe una situación de clara insuficiencia en la demanda de los servicios de 
remolque o amarre y desamarre de buques y embarcaciones, la Administración portuaria 
puede autorizar que una misma persona física o jurídica o entidad sin personalidad 
jurídica pueda prestar ambos servicios.
Artículo 93.  Régimen de solicitud de los servicios.
1.  Los servicios portuarios específicos deben prestarse a solicitud de los usuarios. 
Sin  embargo,  la  utilización  de  los  servicios  de  practicaje  y  remolque  portuario  es 
obligatoria cuando así lo determine la Administración marítima o portuaria conforme a lo 
establecido en la legislación sectorial.
2.  El servicio de recepción de desechos generados por buques y embarcaciones y 
de residuos de carga es de uso obligatorio, excepto en los supuestos establecidos en la 
legislación sectorial.
3.  Aunque la utilización de un servicio portuario específico no sea obligatoria, la 
Administración portuaria puede exigirla por razones de seguridad o de protección del 
medioambiente debidamente motivadas.
CAPÍTULO IV
Autorización de la prestación de servicios portuarios específicos
Artículo 94.  Derechos, deberes y obligaciones.
1.  La  persona  que  presta  un  servicio  portuario  específico  tiene  los  siguientes 
derechos:
a)  Percibir las tarifas correspondientes de los usuarios y, si procede, someterlas a 
actualización y revisión con sujeción a lo establecido por el ordenamiento jurídico y en la 
forma que especifique la autorización.
b)  Suspender  temporalmente  la  prestación  del  servicio  al  usuario,  previa 
comunicación  a  la  Administración  portuaria,  en  los  supuestos  y  plazos  fijados  por 
reglamento.
c)  Percibir  las  contraprestaciones  económicas  que  corresponda  como  e.e
consecuencia de la cooperación en la prestación de servicios de seguridad, salvamento,  b
lucha contra la contaminación, emergencias y extinción de incendios, o en virtud de  w
cualquier otra cooperación o colaboración.
2.  La  persona  que  presta  el  servicio  portuario  específico  tiene  los  siguientes 
deberes y obligaciones:
a)  Prestar el servicio con sujeción a lo establecido por el ordenamiento jurídico y en 
la forma especificada en la autorización.
b)  Someterse a las tarifas máximas fijadas por la Administración portuaria.
c)  Satisfacer los tributos portuarios legalmente exigibles y concertar y mantener en 
vigor los seguros y las garantías exigidas legalmente.
d)  Suministrar a la Administración portuaria la información que corresponda para la 
correcta  prestación  del  servicio,  incluidas  la  comunicación  de  las  incidencias,  las 
reclamaciones o los cambios en la composición accionarial o de participación.
e)  Admitir  la  utilización  del  servicio  por  cualquier  usuario  de  acuerdo  con  los 
principios de igualdad, universalidad y no discriminación.
f)  Los demás deberes y obligaciones que se determinen por reglamento.
3.  La Administración portuaria puede dictar órdenes a la persona autorizada con la 
finalidad de instar al cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Las órdenes deben 
ajustarse a lo establecido por las normas reguladoras del dominio público portuario.
Artículo 95.  Modificación y extinción.
1.  La modificación y la extinción de la autorización para la prestación de un servicio 
portuario específico puede producirse por alguna de las causas establecidas en los 
artículos 40 y 42, respectivamente. La revocación y la caducidad, además de las causas 
establecidas en el artículo 42, pueden producirse por las siguientes causas:
a)  La transmisión por actos entre vivos de la autorización sin haber sido autorizada 
o comunicada a la Administración portuaria es causa de revocación.
b)  No haber alcanzado el rendimiento o tráfico mínimo fijado en la autorización 
durante dos años consecutivos es causa de caducidad.
2.  En  el  servicio  portuario  específico  de  carga,  estiba,  descarga,  desestiba  y 
transbordo de mercancías es causa de revocación de la autorización el incumplimiento 
de las obligaciones que corresponden a la empresa estibadora.
Artículo 96.  Procedimiento de modificación y extinción.
1.  El procedimiento para modificar la autorización debe tramitarse y resolverse en el 
plazo de un mes. Si el procedimiento se hubiese iniciado a solicitud de la persona 
interesada, el vencimiento del plazo establecido para dictar y notificar la resolución 
expresa determina la desestimación de la petición. Si se hubiese promovido de oficio, 
determina la caducidad del procedimiento.
2.  A excepción de la extinción por resolución judicial firme, el procedimiento para 
declarar la extinción de la autorización debe tramitarse en el plazo de nueve meses. Si el 
procedimiento es iniciado de oficio por la Administración portuaria, el vencimiento del 
plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa determina su caducidad. 
Si el procedimiento se inicia a petición de la persona autorizada, el vencimiento del plazo 
sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa determina la desestimación de 
la petición.
3.  Iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver puede adoptar las  s
medidas  provisionales  que  considere  necesarias  para  asegurar  la  eficacia  de  la  o
resolución que pueda recaer. Entre dichas medidas puede adoptarse la suspensión  w.
temporal de la prestación del servicio. 2020-443n https://w
Artículo 97.  Transmisión.
1.  La autorización destinada a la gestión de un servicio portuario específico puede 
transmitirse  en  las  condiciones  establecidas  por  el  artículo  55,  siempre  que  hayan 
transcurrido dos años, por lo menos, desde la fecha de otorgamiento de la autorización.
2.  La  solicitud  de  transmisión  debe  resolverse  en  el  plazo  de  tres  meses.  El 
vencimiento del plazo establecido para dictar y notificar la resolución expresa determina 
que quede estimada la petición.
3.  Una  vez  autorizada  la  transmisión,  el  cesionario  se  subroga  en  todos  los 
derechos y obligaciones del cedente.
4.  La  autorización  de  prestación  de  un  servicio  portuario  específico  no  puede 
transmitirse por causa de muerte.
CAPÍTULO V
Reglas particulares de los servicios portuarios específicos
Artículo 98.  Servicio de practicaje.
1.  A  efectos  de  la  presente  ley,  se  entiende  por  practicaje  el  servicio  de 
asesoramiento  a  los  capitanes  o  patrones  de  buques  y  artefactos  flotantes,  para 
facilitarles la entrada y salida a puerto y las maniobras náuticas dentro del mismo, en 
condiciones de seguridad y en los términos establecidos por la presente ley, por la 
reglamentación  general  que  regule  dicho  servicio  y  por  las  demás  disposiciones 
normativas que sean de aplicación. Durante el servicio, corresponde al capitán o patrón 
del buque el mando y la dirección de cualquier maniobra.
2.  El  servicio  de  practicaje  se  presta  a  bordo  de  los  buques,  e  incluye  las 
instrucciones impartidas por la persona que presta el servicio de practicaje desde el 
momento en que salgan de la estación de practicaje para velar por la seguridad de la 
navegación, de los buques, de la tripulación, de las instalaciones portuarias y de los 
usuarios del servicio.
3.  No están comprendidas en el ámbito del servicio de practicaje las actividades 
privadas  de  practicaje,  siempre  que  se  den  las  circunstancias  establecidas  por  la 
normativa  aplicable.  En  cualquier  caso,  corresponde  a  la  Administración  portuaria 
autorizar el ejercicio de la actividad privada de practicaje en la forma establecida para las 
restantes actividades económicas.
4.  Las actividades incluidas en el servicio de practicaje deben ser realizadas por 
trabajadores que estén en posesión de la cualificación adecuada. La empresa debe 
garantizar que cada trabajador ha recibido la formación adecuada, tanto la requerida por 
la  especificidad  del  puesto  de  trabajo  como  en  materia  de  prevención  de  riesgos 
laborales.
5.  Corresponde a la Administración portuaria el nombramiento de aquellos que 
deben prestar el servicio de practicaje entre las personas debidamente habilitadas para 
prestarlo, su revocación y la habilitación temporal como personal para prestar el servicio 
de  practicaje  en  las  infraestructuras  portuarias  de  competencia  de  la  Generalidad. 
Asimismo,  corresponde  a  la  Administración  determinar  el  número  de  personas 
necesarias para la prestación del servicio en la forma establecida por la normativa 
aplicable.
6.  La Administración portuaria puede establecer un servicio de practicaje común  es
para todos los puertos con el número de personas que considere adecuado a las  o
necesidades del servicio. w
Artículo 99.  Servicio de remolque portuario.
obje1to.  eAs  elafe ocptoesr adceió lna  npáreustiecnat ed ele ya, ysued ae nati elonsd em poovri mreiemnotolqsu ed ep ourntu bauriqou eel,  sdeervniocmioi ncaudyoo   BOE-A-cable e
remolcado, siguiendo las instrucciones del capitán o patrón del buque, mediante el 
auxilio de otro u otros buques, denominados remolcadores, que proporcionan la fuerza 
motriz o, si procede, el acompañamiento o su puesta a disposición dentro de los límites 
de las aguas incluidas en la zona de servicio del puerto.
2.  El servicio de remolque portuario comienza cuando el remolcador procede a 
ejecutar la orden inicial dada por la persona que dirige el buque remolcado o por la 
persona que presta el servicio de practicaje con el consentimiento de quien dirige el 
buque remolcado que guarde relación con el servicio que se llevará a cabo, y acaba en 
el momento de haberse cumplido la orden final dada por el mencionado mando o por la 
persona que presta el servicio de practicaje con su consentimiento.
3.  Durante el servicio de remolque portuario, corresponden al capitán o al patrón 
del buque remolcado el mando y la dirección de cualquier maniobra.
4.  Las actividades incluidas en el servicio de remolque portuario deben realizarse 
por trabajadores que estén en posesión de la calificación adecuada. La empresa debe 
garantizar que cada trabajador ha recibido la formación adecuada, tanto la requerida por 
la  especificidad  del  puesto  de  trabajo  como  en  materia  de  prevención  de  riesgos 
laborales.
Artículo 100.  Servicio de amarre.
1.  A efectos de la presente ley, se entiende por amarre de buques el servicio cuyo 
objeto  consiste  en  recoger  los  amarres  de  un  buque,  acarrearlos  y  fijarlos  en  los 
elementos dispuestos a tal fin, siguiendo las instrucciones del capitán o patrón del 
buque, en el sector de amarre designado por la entidad o persona encargada de la 
gestión de la instalación portuaria, en el orden conveniente para facilitar las operaciones 
de atraque, desamarre y desatraque.
2.  A efectos de la presente ley, se entiende por desamarre de buques el servicio 
cuyo objeto consiste en soltar los amarres de un buque de los elementos de fijación a los 
que está amarrado siguiendo las instrucciones del capitán o patrón sin afectar las 
condiciones de amarre de los buques contiguos.
3.  Durante el servicio de amarre y desamarre de buques corresponden al capitán o 
patrón del buque el mando y la dirección de cualquier maniobra.
4.  Las actividades incluidas en el servicio de amarre deben ser realizadas por 
trabajadores que estén en posesión de la cualificación adecuada. La empresa debe 
garantizar que cada trabajador ha recibido la formación adecuada, tanto la requerida por 
la  especificidad  del  puesto  de  trabajo  como  en  materia  de  prevención  de  riesgos 
laborales.
Artículo 101.  Servicio de recepción de desechos.
1.  A efectos de la presente ley, se entiende por servicio de recepción de desechos 
generados por buques y embarcaciones y de residuos de carga el servicio que consiste 
en la recogida de los desechos y los residuos y, si procede, el almacenaje, clasificación y 
preparación previa de estos en la zona de servicio del puerto para su transporte a una 
instalación de tratamiento autorizada por la administración competente en la materia. En 
cualquier caso, en el servicio de recepción de desechos debe garantizarse una recogida 
selectiva y debe priorizarse la reducción y la reutilización de los desechos generados.
2.  Son desechos generados por buques todos los residuos, incluidos las aguas 
residuales y los desechos distintos de los residuos de carga, producidos durante el  es
servicio del buque y que están regulados en los anexos I, IV y V o VI del Convenio  bo
MARPOL 73/78, así como los residuos relacionados con la carga, tal y como definen las  w
cedonirmecuc3pte.lr enictteaSresros  npae a  rlbroeaoss r ilddapou rao opecslen icd dabiemco idcióeeanngr tgdaoaess l   lddaoeens  e dcrxeeaossr gtcVoaa sd r goeda  edt a yiccn hluqaoaus le cqosoup niyeev rreqa mnuciieoao .tnpeeersira mld aedn elielm zcpcaairegnza apm,r eeinsncetloun itdqeouss et  rlosaess    OE-A-2020-44able en https://
residuos resultantes de las operaciones de carga y descarga y los derrames.
4.  Los desechos generados por buques y embarcaciones y los residuos de carga 
se consideran residuos a efectos de la legislación sectorial. Las aguas residuales que 
cumplan los parámetros establecidos por la normativa de aguas tienen la consideración 
de aguas residuales urbanas.
5.  Los interesados en prestar el servicio de recepción de desechos y de aguas 
residuales deben cumplir, además de los requisitos establecidos con carácter general, 
los siguientes requisitos:
a)  Para  las  tareas  de  recogida,  transporte,  manipulación  o  tratamiento  de  los 
desechos generados por buques y embarcaciones o de residuos de carga, hay que estar 
en posesión de las autorizaciones exigidas por la normativa de aplicación en materia de 
residuos. Para las tareas de recogida y tratamiento de las aguas residuales, hay que 
estar en posesión de las autorizaciones y los permisos establecidos por la legislación de 
aguas.
b)  Para utilizar medios flotantes en la prestación del servicio, hay que estar en 
posesión de un certificado de aptitud expedido por la administración competente en la 
materia en la forma establecida por la legislación sectorial.
c)  Debe acreditarse documentalmente que se está en disposición de entregar los 
desechos y residuos recogidos a una instalación de tratamiento o eliminación autorizada 
por la administración competente en la materia.
d)  Deben acreditar, en todos los casos, que están al corriente de las obligaciones 
tributarias municipales relativas a la tasa de recogida de residuos.
6.  Los  titulares  de  una  autorización  para  prestar  el  servicio  de  recepción  de 
desechos deben llevar un registro de los servicios que prestan a los buques y las 
embarcaciones, en el que deben constar, como mínimo, los siguientes datos:
a)  La fecha y hora de inicio de la prestación del servicio.
b)  La fecha y hora de finalización del servicio.
c)  El nombre y la bandera del buque o embarcación.
d)  La cantidad y el tipo de residuo recibido.
e)  Las incidencias acaecidas durante la prestación del servicio.
7.  El registro debe documentarse en un libro foliado.
8.  Las actividades incluidas en el servicio de recepción de desechos deben ser 
realizadas por trabajadores que estén en posesión la calificación adecuada. La empresa 
debe  garantizar  que  cada  trabajador  ha  recibido  la  formación  adecuada,  tanto  la 
requerida por la especificidad del puesto de trabajo como en materia de prevención de 
riesgos laborales.
Artículo  102.  Servicio  de  carga,  estiba,  descarga,  desestiba  y  transbordo  de 
mercancías.
1.  Son servicio de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo de mercancías 
las operaciones objeto de tráfico marítimo que permitan la transferencia de mercancías 
entre buques, o entre buques y tierra u otros medios de transporte, en la zona de servicio 
portuaria.
2.  A  efectos  exclusivos  del  servicio  de  carga  y  estiba  de  mercancías,  dichas 
operaciones comprenden:
a)  La recogida de la mercancía en el puerto y su transporte horizontal hasta el  o
costado del buque en operaciones relacionadas con la carga. ww.
edsirteecbc,t ))aa  ml cELeoaln s itztaeaap,dd lioooc   adodce eitlór sbandun edqs efuee elrc .eumnauclqieaul liede,er   hdlaais bmpieoensrdcitaiovn osc iíqdauo ye   pspruee vrcmioailmtoace ainzctaeiór  ndo e etpnrao lnsais tbafeodrdaire  olga a am ope ilarac dbaaon rcedínao    OE-A-2020-443able en https://w
del buque.
d)  El embarque de la mercancía por medios rodantes en el buque.
e)  La estiba de la mercancía en bodega o a bordo del buque.
3.  A  efectos  exclusivos  del  servicio  de  desestiba  y  descarga,  las  operaciones 
comprenden:
a)  La desestiba de mercancías en la bodega del buque, comprendiendo todas las 
actividades necesarias para la partición de la carga y su colocación al alcance de los 
medios de izado o transferencia.
b)  La aplicación de cualquier dispositivo que permita izar o transferir la mercancía.
c)  El  izado  o  transferencia  de  la  mercancía  y  su  colocación  en  un  medio  de 
transporte o en el muelle al costado del buque.
d)  El desembarque de la mercancía del buque por medios rodantes.
e)  La descarga de la mercancía, bien sobre vehículos de transporte terrestre, bien 
sobre el muelle para recogerla con vehículos o medios de transporte que la trasladen a 
la zona de almacenaje o depósito dentro del puerto, así como las tareas de depositar y 
apilar la mercancía en dicha zona.
4.  A  efectos  exclusivos  del  servicio  de  transbordo,  la  operación  comprende  la 
desestiba en el primer buque, la transferencia de la mercancía directamente desde un 
buque a otro y la estiba en el segundo buque.
5.  A  efectos  exclusivos  del  servicio  de  carga,  estiba,  descarga,  desestiba  y 
transbordo de mercancías, no tienen la consideración de mercancía objeto de tráfico 
marítimo:
a)  Los bienes propiedad de la Administración portuaria.
b)  La pesca fresca y los productos de la misma elaborados a bordo.
c)  Los desechos y los residuos generados por el buque, y los desechos y los 
residuos de carga procedentes de los buques.
6.  A  efectos  exclusivos  del  servicio  de  carga,  estiba,  descarga,  desestiba  y 
transbordo, no quedan comprendidas en el mismo las siguientes operaciones:
a)  Las  operaciones  en  puertos  o  instalaciones  portuarias  bajo  el  régimen  de 
concesión  o  autorización,  siempre  que  estas  instalaciones  estén  directamente 
relacionadas con plantas de transformación o procesamiento industrial y las operaciones 
no sean realizadas por una empresa estibadora.
b)  Las operaciones relativas a los equipajes y efectos personales de los pasajeros y 
de la tripulación.
c)  Las actividades complementarias de sujeción y suelta de la carga a bordo del 
buque, si son realizadas por las tripulaciones de los buques.
d)  Las operaciones de carga, descarga y transbordo, si se realizan por tubería, 
siempre que no haya que contratar personal.
e)  Las operaciones de carga, descarga y transbordo para el avituallamiento o 
aprovisionamiento de buques, si, para esta última operación, no hay que contratar 
personal, así como la carga o descarga de piezas y recambios para la reparación del 
buque y la maquinaria y herramientas necesarias para dichos trabajos. Se consideran 
operaciones  de  avituallamiento  las  referidas  a  los  siguientes  productos:  agua, 
combustibles, carburantes, lubricantes y demás aceites de uso técnico.
7.  Los titulares de una autorización de un servicio portuario específico de carga,  oe.
estiba, descarga, desestiba y transbordo de mercancías deben cumplir los requisitos que  w.
determine la autoridad portuaria para dicho servicio en cada puerto en materia de  3w
dvoislpuomseicni ónm ídneim laos  doep etrraátfiivcaos,  pdoer tusaergiausr,id aasdí  ceonm  oe qluaisp odse myá 0d0e7 3m oabqluiginaacrioian epsu qeustea  sea 
ddeetneormmiinnaenn  epmopr reresagsla emsetinbtaod. oAra st.ales  efectos,  los  titulares  de  las  autorizaciones  se  BOE-A-cable e
8.  Las actividades incluidas en el servicio de carga, estiba, descarga, desestiba y 
transbordo  de  mercancías  deben  ser  realizadas  por  trabajadores  debidamente 
cualificados.  La  empresa  debe  garantizar  que  los  trabajadores  han  recibido  una 
formación adecuada a su puesto de trabajo, tanto específica por la especialidad del 
puesto de trabajo como en materia de prevención de riesgos laborales.
Artículo 103.  Garantía de las actividades sindicales.
La Administración portuaria debe garantizar la libertad sindical de los trabajadores en 
la zona portuaria y que en ella puedan llevarse a cabo las actividades de representación 
sindical.
CAPÍTULO VI
Régimen jurídico de los elementos portuarios
Sección primera. Régimen general
Artículo 104.  Cesión de elementos portuarios.
1.  Los distintos elementos y espacios de tierra y agua de la zona de servicio 
portuario pueden ser objeto de cesión temporal de uso y disfrute a través de contratos 
concertados entre las empresas que gestionan el puerto y otras personas físicas o 
jurídicas. Estos contratos se rigen por el derecho privado en cuanto a las relaciones 
entre las partes contractuales y deben sujetarse a la normativa vigente en materia 
portuaria y al título habilitante, sin que puedan superar el plazo establecido en el contrato 
de gestión del puerto.
2.  La cesión temporal de uso y disfrute de los elementos portuarios y de los 
espacios de tierra y agua de la zona de servicio portuario puede ser por todo el plazo 
establecido en el contrato de gestión del puerto o por plazos parciales, según lo que se 
acuerde en contrato privado.
3.  En caso de que la Administración lleve la gestión directa de los elementos 
portuarios, la utilización de los mismos se articula a través de los títulos habilitantes 
establecidos en el artículo 36.
4.  La cesión temporal no altera en ningún caso la responsabilidad única del titular 
del contrato de gestión del puerto ante la Administración portuaria, que está facultada 
para imponer cláusulas mínimas en los títulos habilitantes que garanticen los legítimos 
intereses de aquellas personas a quienes se cede.
5.  Los contratos de cesión que concierten las empresas que gestionan los puertos 
no generan obligación alguna para la Administración y las relaciones laborales que 
puedan implicar se extinguen al extinguirse el contrato de cesión o, si procede, el título 
habilitante portuario.
6.  La transmisión del derecho de uso y disfrute sobre cualquier elemento portuario 
debe comunicarse fehacientemente a quien gestiona el puerto, que debe verificar que se 
dan en él las condiciones necesarias y, si procede, debe autorizarlo. En el caso de 
transmisión entre vivos, quien gestiona el puerto puede ejercer el derecho de tanteo en 
el plazo de un mes. En caso de ejecución forzosa, puede ejercer el derecho de tanteo o 
retracto.
7.  Los contratos de cesión temporal pueden formalizarse en escritura pública e  e
inscribirse en el Registro de la Propiedad, en la forma establecida por la legislación  bo
hipotecaria. w
Sección segunda. Régimen específico
Artículo 105.  Régimen de los puntos de amarre y las plazas de aparcamiento en tierra.
1.  La ocupación de los puntos de amarre por parte de las embarcaciones se ajusta 
a los criterios técnicos y condiciones recogidos en las recomendaciones oficiales de 
navegabilidad y de seguridad en materia portuaria y en la ordenación de la zona de 
servicio, bajo la dirección y responsabilidad de la persona que gestiona el puerto.
2.  La  cesión  temporal  del  uso  y  disfrute  de  puntos  de  amarre  y  plazas  de 
aparcamiento en tierra no reservados al uso público se rige por el derecho privado en 
cuanto a las relaciones entre las partes contractuales. Estos contratos deben sujetarse a 
las disposiciones de la presente ley, a sus normas de desarrollo y a las cláusulas del 
correspondiente título habilitante.
3.  Los contratos de cesión de puntos de amarre y plazas de aparcamiento en tierra, 
sin perjuicio de las cláusulas de carácter privado que se acuerden entre las partes, 
confieren un derecho de uso preferente. Este derecho se ajusta a los términos que 
establezca el reglamento general de explotación y policía de los puertos. La dirección del 
puerto, de forma justificada, puede variar temporalmente la ubicación de los puntos de 
amarre y de aparcamiento.
4.  La Administración portuaria debe fijar los importes máximos exigibles, en función 
de la zona donde esté situado el puerto, de la temporada, del período de estancia y del 
tipo de embarcación. Las tarifas deben hacerse públicas y estar a disposición de los 
usuarios.
5.  Las embarcaciones amarradas en cualquier puerto o instalación portuaria deben 
destinarse habitualmente a la navegación. Es responsabilidad del armador acreditar en 
cada momento que la embarcación dispone de la documentación exigible y de los 
correspondientes  seguros.  En  ausencia  del  armador,  esa  obligación  corresponde  al 
titular del correspondiente derecho de amarre, que es su responsable.
6.  Queda prohibido el uso de artefactos para usos habitacionales, residenciales, 
hoteleros  u  otros  tipos  de  usos  y  actividades  turísticas,  excepto  en  el  caso  de 
autorización expresa concedida por la autoridad portuaria. El plan director urbanístico 
portuario  puede  establecer,  además,  otras  limitaciones,  requisitos  o  prohibiciones 
relativos al uso de las embarcaciones amarradas en el correspondiente puerto, teniendo 
en cuenta sus características singulares.
7.  La estancia de las tripulaciones en la embarcación, como complemento de la 
actividad  principal,  que  es  la  navegación,  requiere  comunicación  a  la  dirección  del 
puerto, que debe oponerse a la misma si la instalación no dispone de los servicios 
necesarios o si la embarcación no puede garantizar de forma autónoma el cumplimiento 
en materia de seguridad, residuos, vertidos y medioambiente.
8.  El ejercicio de las facultades de inspección y disciplina y de las sancionadoras 
por  el  incumplimiento  de  las  disposiciones  contenidas  en  los  apartados  6  y  7 
corresponden, por razón de la materia, y de forma coordinada, a la Administración 
portuaria y al ayuntamiento del término municipal donde esté situado el puerto, en los 
respectivos ámbitos competenciales.
Artículo 106.  Chárter náutico.
1.  Las embarcaciones destinadas a contrato de arrendamiento náutico conforme a 
la normativa sobre navegación marítima deben utilizar los puntos de amarre en las  es
mismas condiciones que las demás embarcaciones deportivas, siendo responsables  bo
solidarios tanto el patrón de la embarcación como el arrendador. w
para2 .la sL aac taivcitdivaiddaeds  edne  rcéhgáimrteern n dáeu tcicoom suen iacsaicmióilna. al régimen establecido en el artículo 68
Artículo 107.  Puntos de amarre en tránsito.
1.  Debe garantizarse la disponibilidad de puntos de amarre y prestación de los 
servicios portuarios a las embarcaciones en tránsito que se ajusten a las características 
de  la  instalación  portuaria.  Los  títulos  habilitantes  para  la  gestión  de  puertos  e 
instalaciones portuarias deben establecer los términos y las condiciones para garantizar 
dicho servicio teniendo en cuenta el número y los tipos de amarraderos existentes y las 
características del puerto.
2.  La ocupación de un puesto de amarre en tránsito implica la obligación de abonar 
la correspondiente tarifa.
Artículo 108.  Cesión de otros elementos portuarios.
1.  La  cesión  de  los  locales  comerciales  y  de  ocio  debe  realizarse  previa 
comunicación al ayuntamiento y debe establecer que el ejercicio de cualquier actividad 
que se lleve a cabo en los mismos debe cumplir la normativa portuaria y el reglamento 
de explotación y policía portuaria, además de la normativa sectorial en materia de 
actividades, y que cualquier incumplimiento conlleva la rescisión del contrato. También 
debe realizarse la comunicación previa al ayuntamiento en el caso de transmisión de la 
titularidad de las actividades que se llevan a cabo en dichos locales.
2.  La ampliación o reforma de los locales comerciales y de ocio objeto de cesión a 
terceras  personas  debe  disponer  de  autorización  del  gestor  del  puerto  y  del  título 
habilitante que corresponda.
3.  Las actividades vinculadas a los usos portuarios complementarios en los locales 
comerciales y de ocio se rigen por la normativa sectorial de actividades, sin perjuicio de 
las condiciones que se incorporen en los títulos habilitantes derivados del apartado 1.
CAPÍTULO VII
Sector pesquero
Artículo 109.  Instalaciones portuarias con actividad pesquera.
1.  Los puertos con instalaciones portuarias destinadas al sector pesquero tienen 
que disponer, como mínimo, de instalaciones destinadas al amarre y la descarga de los 
productos  pesqueros  y  de  instalaciones  destinadas  a  la  manipulación,  preparación, 
comercialización y distribución de los productos pesqueros.
2.  El desembarque de los productos pesqueros debe realizarse en los muelles 
delimitados a tal efecto por la Administración portuaria.
3.  En todos los expedientes para el establecimiento o el cambio de base fija o 
temporal y actividades de acuicultura es preceptivo y de carácter vinculante el informe de 
la Administración portuaria sobre la disponibilidad de amarre para la actividad pesquera, 
su adecuación a las necesidades de la embarcación y de la disponibilidad de servicios 
de comercialización y de prestación de servicios portuarios.
4.  Deben  establecerse  por  reglamento  las  condiciones  de  las  instalaciones 
portuarias destinadas al sector pesquero.
Artículo  110.  Naves  de  comercialización  de  productos  pesqueros  y  actividades 
complementarias.
1.  Las naves de clasificación y venta de pescado son bienes afectos al servicio  b
portuario de titularidad pública destinados a la primera venta de los productos de la  w
pneescceas aryia sc epnatrrao sll evdaer  ac ocnatbrool  suy  fucnocmióenrc.ialización  que  disponen  de  las  instalaciones
pesq2u. erLoas  sper irmeearliaz a ceonm learsc inaalizvaecsi ódne  cdlaesl ifipceasccióand oy  vdeensteam dbea rpceasdcoa doe.n  Lalo gs esptiuóenr teoss 
indirecta, a través del otorgamiento de la correspondiente concesión que habilite a su
gestión y aprovechamiento. La concesión otorgada para la explotación puede autorizar la 
realización por parte de la empresa concesionaria de actividades complementarias de 
apoyo  a  la  actividad  pesquera  del  correspondiente  puerto.  El  procedimiento  de 
otorgamiento de la concesión se halla regulado en el libro segundo.
3.  Las actividades complementarias que el sector pesquero lleva a cabo en los 
puertos  con  actividad  pesquera  autorizada  deben  disponer  de  la  correspondiente 
autorización de la Administración portuaria. Debe garantizarse la compatibilidad de esas 
actividades con los servicios portuarios, la operativa del puerto y la disponibilidad de la 
zona de servicio afectada.
4.  Las actividades de transferencia de productos pesqueros en la zona de servicio 
portuaria se llevan a cabo en las zonas habilitadas por la Administración portuaria.
TÍTULO V
Régimen económico y financiero del sistema portuario
CAPÍTULO I
Normas generales sobre el régimen económico y financiero
Artículo 111.  Principio de autosuficiencia financiera.
El régimen económico y financiero del sistema portuario se rige por el principio de 
autosuficiencia financiera. De acuerdo con este principio, los ingresos económicos de la 
Administración portuaria deben ser suficientes para hacer frente a:
a)  Los gastos de explotación, conservación, depreciación y amortización.
b)  Las obligaciones legalmente exigibles.
c)  El  mantenimiento  y  la  mejora  de  las  condiciones  medioambientales  y  de 
seguridad.
d)  La obtención de un rendimiento razonable en la explotación que permita la 
financiación de las inversiones y los gastos destinados a la creación, ampliación y mejora 
de las infraestructuras y superestructuras portuarias.
Artículo 112.  Ingresos económicos de la Administración portuaria.
1.  Los ingresos económicos de la Administración portuaria están constituidos, entre 
otros, por:
a)  Los recursos legalmente asignados a Puertos de la Generalidad.
b)  El  producto  de  los  tributos,  precios,  penalizaciones  contractuales,  multas 
coercitivas y pecuniarias, intereses y demás prestaciones patrimoniales de carácter 
público exigidas en las instalaciones portuarias sometidas al control y la tutela del 
departamento competente en materia de puertos.
c)  Los  ingresos  derivados  de  las  operaciones  patrimoniales  efectuadas  por  el 
departamento competente en materia de puertos, en procedimientos relacionados con 
sus funciones y competencias en materia portuaria.
d)  El  importe  de  las  garantías  adquiridas  por  el  departamento  competente  en 
materia  de  puertos  a  través  de  la  prescripción  o  confiscación  en  procedimientos 
relacionados con sus funciones y competencias en materia portuaria. e.e
2.  Los  ingresos  económicos  de  la  Administración  portuaria  forman  parte  del  ww.
aplr ecsuumppuleimstioe ndtoe  dinegl rpersinocsi pdioe  dPeu earuttooss udfeic ilean Gciean feinraalnidcaiedr.a .Estos recursos están afectados
CAPÍTULO II
Normas generales sobre los tributos portuarios
Artículo 113.  Tributos portuarios.
Los tributos portuarios que regula la presente ley corresponden a tasas portuarias.
Artículo 114.  Concepto de tasas portuarias.
1.  Las  tasas  portuarias  son  los  tributos  cuyo  hecho  imponible  consiste  en  la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público portuario, así 
como la prestación de servicios portuarios generales o la realización de actividades 
administrativas de competencia de la Administración portuaria que afectan o benefician 
particularmente a los contribuyentes o se refieren a ellos.
2.  Se  entiende  que  la  actividad  administrativa  o  servicio  afecta  o  beneficia  al 
contribuyente, o se refiere a él, si ha sido motivada, directa o indirectamente, por este, 
por el hecho de que sus actuaciones u omisiones obliguen a la Administración portuaria 
a llevar a cabo actividades o a prestar servicios de su competencia.
Artículo 115.  Clases de tasas portuarias.
1.  Las tasas portuarias se clasifican en:
a)  Tasas por la utilización privativa del dominio público portuario.
b)  Tasas por el aprovechamiento especial del dominio público portuario.
c)  Tasas  por  la  prestación  de  servicios  o  la  realización  de  actividades 
administrativas.
2.  Son tasas por la utilización privativa del dominio público portuario:
a)  La tasa de ocupación privativa del dominio público portuario.
b)  La tasa de almacenaje de mercancías.
c)  La tasa por la ocupación del dominio público portuario con bienes muebles 
destinados  a  la  prestación  de  servicios  portuarios  específicos  o  al  ejercicio  de 
actividades económicas.
d)  La tasa por la estancia de buques en la zona de varada.
3.  Son tasas por el aprovechamiento especial del dominio público portuario:
a)  La tasa de entrada y estancia de buques.
b)  La tasa de atraque de buques.
c)  La tasa de carga, descarga, transbordo y tránsito de mercancías.
d)  La tasa de embarque, desembarque y tránsito de pasajeros y vehículos bajo 
régimen de pasaje.
e)  La tasa de la pesca fresca.
f)  La tasa de las embarcaciones deportivas o de tiempo libre.
g)  La tasa de estacionamiento de vehículos.
4.  Son  tasas  por  la  prestación  de  servicios  o  realización  de  actividades 
administrativas: s
a)  La tasa por la utilización de la báscula. w.b
b)  La tasa de seguridad portuaria. 3ww
genec)r adLoas  ptaosr alo sp bour qeule ss.ervicio  portuario  de  recepción  obligatoria  de  los  desechos
Artículo 116.  Importe de las tasas portuarias.
1.  Los  criterios  metodológicos  que  se  siguen  para  valorar  cada  tasa  son  los 
siguientes:
a)  Para las tasas de utilización privativa del dominio público portuario: el valor de 
mercado del bien –terrenos, espejo de agua y edificios por zona de servicio portuaria– y 
en función de la clase e intensidad de los usos del dominio público portuario.
b)  Para las tasas de aprovechamiento especial del dominio público portuario: el 
valor de mercado del bien –terrenos, espejo de agua y edificios por zona de servicio 
portuaria– y el valor de la utilidad obtenida.
c)  Para las tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades 
administrativas: coste del servicio o actividad.
2.  El  valor  de  mercado  del  bien  ocupado  o  aprovechado  se  determina 
específicamente del siguiente modo:
a)  Ocupación de terrenos: consiste en el valor de los terrenos, que se determina 
según criterios de mercado. A tal efecto, la zona de servicio debe dividirse en áreas 
funcionales y debe asignarse a los terrenos incluidos en cada una de ellas un valor, 
tomando  como  referencia  otros  terrenos  del  término  municipal  destinados  a  usos 
similares,  especialmente  aquellos  que  están  calificados  como  usos  comerciales  o 
industriales. En la valoración final deben tenerse presentes las obras de infraestructura 
portuaria y el grado de urbanización de los terrenos y de las superficies, y debe reflejar 
asimismo el grado de centralidad y de conexión con los demás medios e infraestructuras 
de transporte y su localización.
b)  Ocupación de las aguas del puerto: es el valor del espejo de agua, que se 
determina por referencia a los terrenos contiguos o, si procede, a las áreas de la zona de 
servicio con una finalidad o uso similar. En la valoración deben tomarse en consideración 
las condiciones de abrigo, profundidad y ubicación.
c)  Ocupación de obras y de instalaciones: es el valor constituido por los conceptos 
de la anualidad contable de amortización, el valor del suelo ocupado y el valor de las 
obras e instalaciones.
d)  Aprovechamiento del dominio público portuario: es el valor de los materiales 
aprovechados en relación con la media de los precios de mercado.
3.  La valoración de los terrenos y del espejo de agua puede ser revisada cada 
cinco años, o antes si se producen modificaciones en la zona de servicio del puerto. 
Puertos  de  la  Generalidad  debe  remitir  al  departamento  competente  en  materia 
portuaria,  con  el  informe  preceptivo  del  departamento  competente  en  materia  de 
finanzas, la valoración de los terrenos y del espejo de agua. Esta valoración debe 
publicarse en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
4.  El importe de las tasas por la prestación de un servicio o la realización de una 
actividad no puede exceder, en conjunto, del coste real o previsible del servicio o la 
actividad de que se trate o, en cualquier caso, del valor de la prestación recibida.
5.  Para determinar el importe de las tasas se toman en consideración los costes 
directos e indirectos, incluidos los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, 
si procede, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un ejercicio razonable del 
servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa.
Artículo 117.  Modulación de la cuota líquida de las tasas portuarias. b
ecpoqonurt i1ulic.ab arriraaPársc a tlrdaeae r  o gcafaeonrrmautanap tle idzteeael rn  beclaiisea ten adfebeeslce ,tl caivsi maeG riaeevpinnclteiioocr aasd lcidyeió a nadin c,dc tPeirvelu imdpearreitdnonecstosi p sdieo en o dl  aelr a eGasd ueudtncoiescsrtiuaoinflniitcdaeiasesd  ni scnpoifaurba erfeiedns eatl rnaauc ccicoetuurrdraoaa tasyr     OE-A-2020-443able en https://w
líquida que hay que ingresar de todas o algunas de las tasas por aprovechamiento
especial y utilización privativa del dominio público portuario exigibles en una determinada 
infraestructura portuaria, con el límite máximo del 20%.
2.  Para garantizar el equilibrio territorial del sistema portuario catalán, promoviendo 
el desarrollo empresarial con el objetivo de generar un impacto económico y social 
sostenido en determinadas infraestructuras portuarias infrautilizadas por actividades de 
nueva creación, Puertos de la Generalidad puede acordar, para el cálculo de la tasa de 
ocupación privativa del dominio público portuario, en función de la inversión que deba 
efectuar el promotor de la actividad, aplicar una reducción de como máximo el 50 % de la 
base imponible de la tasa, determinada, en el último estudio de valoración de terrenos y 
espejo de agua, como media del total de instalaciones portuarias, siempre que el valor 
resultante sea superior o igual al valor de la base imponible obtenido para la instalación 
en dicho estudio y por un plazo que no supere el número de años necesarios para 
recuperar la mitad de la inversión efectuada.
3.  Las  dos  modulaciones  a  las  que  se  refiere  el  presente  artículo  no  pueden 
aplicarse de forma simultánea.
Artículo 118.  Repercusión.
Si los tributos portuarios se cuantifican por el método de estimación objetiva, los 
sujetos pasivos pueden repercutirlos a terceros usuarios de las instalaciones portuarias 
con el límite del importe que les corresponda en el mencionado régimen.
Artículo 119.  Competencia en materia de gestión, recaudación y revisión de los tributos 
portuarios.
Corresponde a Puertos de la Generalidad la gestión, recaudación y revisión de los 
tributos  portuarios  exigidos  en  las  infraestructuras  portuarias  de  competencia  de  la 
Generalidad.
Artículo 120.  Reglas especiales de gestión en materia tributaria.
1.  Las exenciones y bonificaciones establecidas por la presente son aplicadas por 
Puertos de la Generalidad previa solicitud de las personas obligadas tributariamente. Se 
exceptúa, no obstante, la bonificación para acogerse al método de estimación objetiva en 
la determinación de la cuota íntegra, que Puertos de la Generalidad aplica de oficio.
2.  La Administración hidráulica está exenta del pago de las tasas portuarias por las 
instalaciones o actividades que lleve a cabo cuando se haya declarado formalmente una 
situación  de  escasez  de  recursos  hídricos  para  gestionar  un  abastecimiento  de 
emergencia  o  cuando  participe  en  actividades  para  hacer  frente  a  situaciones  de 
contaminación portuaria o marítima.
Artículo 121.  Recaudación de los tributos portuarios.
1.  Corresponde  a  Puertos  de  la  Generalidad  la  recaudación  de  los  tributos 
portuarios en período voluntario, en la forma establecida por la normativa tributaria.
2.  Corresponde al departamento competente en materia tributaria la recaudación de 
los tributos portuarios en período ejecutivo. A excepción de los recargos del período 
ejecutivo y de las costas del procedimiento de apremio, las cantidades recaudadas 
deben transferirse a las cuentas de Puertos de la Generalidad y deben formar parte de 
su presupuesto de ingresos. e.e
3.  El procedimiento de apremio puede concluir con la adjudicación de bienes a  w.b
Puertos de la Generalidad cuando se trata de bienes cuya adquisición pueda interesar a  3ww
llaa  epnrotipduaeds yta n yo  lsae r ehsaoylaunc iaódnj usdoibcraed ola e and ejul dpicroacceiódnim diee nbtoie ndees e cnoarjreensapcoiónnd.e En na e lsotso só rcgaasnooss, 
acocomrpdeatdeon,t eass íd ceo mPuoe rlotoss  ddoec ulma eGnteonse rnaelicdeasda. riLooss  pbairean essu  cinusycar ipacdiójund iecanc ilóons  rseeg ihstaryoas 
públicos, deben entregarse o, si procede, ponerse a disposición de la entidad.
Artículo 122.  Garantías de la deuda tributaria.
1.  Los buques, las embarcaciones de recreo, las mercancías y las unidades de 
carga, los vehículos de tracción mecánica y los bienes muebles de apoyo al ejercicio de 
actividades  económicas  que  las  personas  obligadas  tributariamente  utilizan  para 
aprovechar o utilizar el dominio público portuario o que motivan la solicitud o recepción 
de servicios o actividades de competencia de la Administración portuaria están afectados 
al pago de los tributos portuarios.
2.  Los adquirientes de todos los bienes a los que se refiere el apartado 1 responden 
subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si no se paga la deuda. 
Los bienes y derechos transmitidos quedan afectos a la responsabilidad del pago de las 
cantidades,  liquidadas  o  no,  correspondientes  a  los  tributos  que  graven  las 
transmisiones, adquisiciones o importaciones, sea cual sea su poseedor, salvo que este 
resulte ser una tercera persona protegida por la fe pública registral o se justifique la 
adquisición de los bienes con buena fe y justo título, en establecimiento mercantil o 
industrial, en el caso de bienes muebles no inscribibles.
3.  Puertos  de  la  Generalidad  tiene  derecho  a  retener,  con  preferencia  sobre 
cualquiera, los buques, las embarcaciones de recreo, las mercancías y las unidades de 
carga, los vehículos de tracción mecánica y los bienes muebles de apoyo al ejercicio de 
actividades económicas para el pago de los tributos portuarios, si este pago no resulta 
suficientemente garantizado.
Artículo 123.  Aplazamientos y fraccionamiento.
1.  Las deudas tributarias que se hallan en período voluntario o ejecutivo pueden 
aplazarse o fraccionarse en los términos establecidos en la normativa tributaria.
2.  Quedan dispensadas de la obligación de aportar garantía con motivo de la 
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento las personas cuyas deudas, en conjunto, no 
excedan  los  18.000  euros.  A  efectos  de  la  determinación  de  esa  cuantía,  deben 
acumularse en el momento de la solicitud tanto las deudas a las que se refiere la misma 
solicitud como cualquier otra del mismo deudor para el cual se haya solicitado y no 
resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de las deudas aplazadas 
o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas.
3.  Corresponde  a  Puertos  de  la  Generalidad  acordar  el  aplazamiento  o 
fraccionamiento de las deudas tributarias en período voluntario de pago y establecer las 
normas de desarrollo.
Artículo 124.  Reembolso del coste de las garantías.
Corresponde a Puertos de la Generalidad acordar el reembolso del coste de las 
garantías en materia de tributos portuarios en los casos y mediante el procedimiento 
establecidos por la legislación tributaria.
CAPÍTULO III
Tasas portuarias por la utilización privativa del dominio público portuario
Sección primera. Tasa por ocupación privativa del dominio público portuario (T01)
Artículo 125.  Hecho imponible. oe.
El hecho imponible de la tasa por ocupación privativa del dominio público portuario  3w
ocotonrsgiastdeo  epno re slata A odcmuipnaisctiróanc,i óenn  pvoirrttuuda rdiae.  Qunuae daaunto erixzeanctiaósn ,l ausn as ucpoenrcfiecsieiósn d eo  uusno c poúnbtrlaictoo 
como los accesos, viales y zonas verdes.
Artículo 126.  Sujeto pasivo.
Tienen la condición de sujetos pasivos de la tasa por ocupación privativa del dominio 
público portuario las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley general tributaria que ocupen el dominio público portuario en 
virtud de una autorización, una concesión o un contrato.
Artículo 127.  Exenciones.
Están exentos de la tasa por ocupación privativa del dominio público portuario:
a)  La Cruz Roja respecto a las actividades propias que tiene encomendadas esta 
institución  en  materia  de  salvamento  marítimo  y  otras  organizaciones  no 
gubernamentales en casos de ocupación temporal vinculada a acciones concretas de 
rescate de personas u otras tareas humanitarias.
b)  Las entidades sin finalidades lucrativas legalmente constituidas cuya actividad 
esté exclusivamente vinculada a la atención de tripulantes y pasajeros.
c)  Los  órganos  y  entidades  de  las  administraciones  públicas  que  ejercen 
actividades de vigilancia, de represión del contrabando, de salvamento y de lucha contra 
la contaminación marina, las relacionadas con la defensa nacional, la inspección y 
protección del medio marino y costero, la protección de los recursos pesqueros, la lucha 
contra el tráfico ilícito de drogas y la seguridad pública.
Artículo 128.  Acreditación y exigibilidad.
1.  El período impositivo de la tasa por ocupación privativa del dominio público 
portuario coincide con el año natural. No obstante, el período impositivo debe ser inferior 
al año en los siguientes casos:
a)  Si la ocupación del dominio público portuario tiene una duración inferior al año. 
En este caso, el período impositivo coincide con el determinado en el correspondiente 
título habilitante.
b)  Si el primer año de ocupación del dominio público portuario la ocupación no se 
inicia el 1 de enero o si, en el año de cesación en la ocupación del dominio público 
portuario, la cesación se produce en un momento anterior al 31 de diciembre. En estos 
dos casos, el período impositivo debe comprender el período de tiempo durante el que 
se ocupe el dominio público portuario en el año de referencia.
2.  La tasa se acredita en el momento en que se inicia la ocupación de los bienes de 
dominio público portuario, momento que, a tales efectos, se entiende que coincide con la 
fecha de formalización del correspondiente título habilitante. No obstante, cuando la 
ocupación haya sido autorizada durante más de un año, la acreditación del segundo y 
siguientes ejercicios tiene lugar el 1 de enero de cada año.
3.  Cuando empieza la ocupación del dominio público portuario una vez iniciado el 
año natural, debe liquidarse la cuota proporcional correspondiente al número de meses 
que queden para finalizar el período impositivo, incluido el de la fecha de ocupación. 
Asimismo, si el plazo de vigencia del título habilitante es inferior a un año debe liquidarse 
la cuota proporcional correspondiente al número de meses autorizados.
4.  En  caso  de  cesación  de  la  ocupación  antes  de  la  finalización  del  período 
impositivo, la cuota debe prorratearse por meses naturales, excluido el mes en el que se  s
produzca esta circunstancia. A tal efecto, debe considerarse como fecha de cesación la  o
de la resolución que decreta la extinción del título habilitante para la ocupación del  w.
dhdoaemsvtoainlu iocei ló pn3ú 1bd leicd olea   pdpoiarctriuteeam rdiboer,e  ly.a   Elcasusto apt aem rcsiosormnreaass p rooebngldliagie anddtaeesb  aet  rlioabspu ltimacraeiarssmeese  nentnea  tupcrauaseleods e dnqe us eoe lxiqctuiitneacdri óalann    2020-443n https://w
anticipada de los títulos habilitantes cuya duración sea inferior al año.
5.  La cuota íntegra de la tasa debe determinarse de acuerdo con los elementos de 
cuantificación vigentes en el momento de la acreditación. Si la ocupación del dominio 
público portuario ha sido autorizada durante más de un año, la cuota íntegra de la tasa 
en  el  segundo  y  los  siguientes  ejercicios  debe  determinarse  de  acuerdo  con  los 
elementos de cuantificación vigentes el 1 de enero de cada año.
6.  El pago de la deuda tributaria debe efectuarse por adelantado. Si la duración del 
título habilitante de la ocupación del dominio público portuario excede el año, la deuda 
debe satisfacerse con periodicidad semestral. No obstante, Puertos de la Generalidad 
puede autorizar pagos a cuenta.
Artículo 129.  Elementos de cuantificación de la tasa.
1.  El valor de mercado de los bienes de dominio público portuario ocupados por 
zonas de servicio portuarias y tomando en consideración la modalidad de bien demanial 
afectado es el siguiente:
Modalidad del bien de dominio público portuario ocupado
Valor del metro  Valor del metro  Valor del metro cuadrado o 
Zona de servicio 
cuadrado o lineal del  cuadrado o lineal de  lineal de las obras o 
portuaria  
terreno lámina de agua instalaciones
- - -
Euros Euros Euros
Zona de servicio 
412,24 16,77 875,75
portuaria norte.
Zona de servicio 
617,52 21,61 1.057,21
portuaria centro.
Zona de servicio 
363,93 10,94 843,98
portuaria sur.
2.  La  base  imponible  de  la  tasa  por  ocupación  privativa  del  dominio  público 
portuario está constituida por la media del valor de mercado de los bienes de dominio 
público portuario de las zonas de servicio portuarias en los siguientes términos:
a)  Valor medio del metro cuadrado o lineal del terreno: 455,83 euros.
b)  Valor medio del metro cuadrado o lineal de lámina de agua: 16,56 euros.
c)  Valor medio del metro cuadrado o lineal de las obras e instalaciones: 886,52 
euros.
3.  La  superficie  de  dominio  público  portuario  ocupada  se  computa  en  metros 
cuadrados. No obstante, cuando la ocupación se efectúa mediante tuberías, líneas, 
canalizaciones y otros elementos similares, se computa en metros lineales.
4.  El tipo de gravamen de la tasa se establece en función de la clase de uso 
portuario asignado al bien de dominio público portuario ocupado y de la modalidad del 
bien afectado, de acuerdo con lo establecido en el siguiente cuadro:
Tipo de gravamen
-
Clase de uso   Porcentaje (%) s
Terrenos Agua Obras e instalaciones b
CInodmusetrrciaial.l. 33,,0000 33,,0000 33,,6600 2020-443n https://w
Logístico. 3,00 3,00 3,60
Náutico-deportivo. 3,00 3,00 3,60
Tipo de gravamen
-
Clase de uso   Porcentaje (%)
Terrenos Agua Obras e instalaciones
Pesquero. 2,00 2,00 2,40
Atípico. 5,00 5,00 6,00
Puerto deportivo íntegro bajo el régimen de concesión. 3,00 3,00 3,60
Artículo 130.  Cuota tributaria primaria.
1.  La cuota íntegra primaria de la tasa por ocupación privativa del dominio público 
portuario se determina multiplicando el valor del metro cuadrado o lineal de la modalidad 
de dominio público portuario por el número de metros cuadrados o lineales realmente 
ocupados y por el tipo de gravamen. Cuando la base imponible y el tipo de gravamen 
aplicables a los bienes ocupados sean diferentes, debe calcularse la cuota íntegra 
correspondiente a cada uno de modo independiente y debe sumarse el resultado.
2.  Sobre la cuota íntegra, que denominamos primaria, deben aplicarse de forma 
sucesiva y multiplicadora las reducciones y bonificaciones que le correspondan. A tales 
efectos,  la  cuota  íntegra  primaria  debe  multiplicarse,  sucesivamente,  por  los 
correspondientes coeficientes reductores, entendiendo por coeficiente reductor la unidad 
menos el valor de la reducción o bonificación en tanto por uno.
3.  Se establecen las siguientes reducciones de la cuota íntegra primaria:
a)  La cuota íntegra de la tasa se reduce en un 50 % si solo se ocupa el vuelo o 
subsuelo de los terrenos, espacios sumergidos o zonas de playa. Esta reducción no es 
aplicable si se impide la utilización de la superficie.
b)  La cuota íntegra primaria de la tasa, si procede, reducida es reducible en un 20 
% en ocupaciones de superficie superiores a los 5.000 metros cuadrados destinadas a la 
actividad náutica deportiva y a la reparación y conservación de embarcaciones.
4.  Se establecen las siguientes bonificaciones:
a)  Bonificación  por  inversión:  los  contribuyentes  que  realicen  una  inversión 
económica  en  el  dominio  público  portuario  consistente  en  obras  vinculadas  a  la 
potenciación de la actividad náutica deportiva que afecten a la infraestructura portuaria y 
la superestructura para potenciar la mejora y la calidad del servicio pueden solicitar la 
aplicación de una bonificación del 1% de la cuota íntegra primaria y, si procede, reducida 
de la tasa por cada 200.000 euros objeto de inversión. Esta bonificación puede aplicarse 
durante  todo  el  plazo  concesional,  siempre  que  se  haya  acordado  y  documentado 
previamente el plazo de ejecución.
b)  Bonificaciones para potenciar prácticas medioambientales e incentivar la calidad 
en la prestación de servicios: los contribuyentes que acrediten la implantación de un 
sistema de gestión y auditoría medioambiental, de acuerdo con el Reglamento (CE) núm. 
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo 
a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) núm. 
761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión, o dispongan de  es
un sistema de gestión medioambiental según la norma internacional ISO 14001 pueden  o
solicitar la aplicación de una bonificación de la cuota íntegra primaria y, si procede,  w.
arsee d ladusics ipdaoann tyee r bdiooern eliafsic . caeEdrsatit faidc eab cloainó tinfai csISaacO dió e9nl0  10d51e% bd eeo   cadapelllii dc1aa0dr%s, el,a  r debusorpnaeinfcitcteiav catiomódneo ne tsee l,d  nepoll a5 za%oc u, cmaocunulcametiusvliaao.bn Slaeil    2020-443n https://w
siempre que las certificaciones estén en vigor.
c)  En  el  caso  de  contribuyentes  que  correspondan  a  puertos  gestionados 
totalmente bajo el régimen de concesión que para la gestión de toda la instalación 
portuaria  dispongan  del  sistema  de  gestión  y  auditoría  medioambiental  según  el 
reglamento EMAS o dispongan de un sistema de gestión medioambiental o de calidad 
según las normas internacionales también referidas, pueden solicitar la aplicación de una 
bonificación de la cuota íntegra primaria y, si procede, reducida y bonificada de la tasa 
del 40%, del 30% o del 5%, respectivamente, no acumulativa. Esta bonificación debe 
aplicarse durante todo el plazo concesional, siempre que las certificaciones estén en 
vigor.
d)  Bonificación por fomento de la náutica ligera o sin motor: los contribuyentes que 
destinen espacios para el fomento de la náutica ligera o sin motor pueden solicitar la 
aplicación de una bonificación del 90% del cómputo de los metros cuadrados destinados 
a esta actividad, con la obligación de repercutir en la misma la bonificación. Se aplica 
sobre la parte de la cuota íntegra primaria y, si procede, reducida y bonificada que 
corresponda. Para obtener esta bonificación, es necesario que la federación deportiva 
correspondiente certifique la actividad llevada a cabo.
e)  Bonificación  a  la  pesca  artesanal  en  los  puertos  deportivos  gestionados 
íntegramente bajo el régimen de concesión: los contribuyentes que destinen espacios al 
mantenimiento  de  la  actividad  tradicional  de  pesca  artesanal  pueden  solicitar  la 
aplicación de una bonificación del 90% del cómputo de los metros cuadrados destinados 
a esta actividad, con la obligación de repercutir la bonificación en las cuotas que se giren 
por ocupación a los pescadores debidamente acreditados. Se aplica sobre la parte de la 
cuota íntegra primaria y, si procede, reducida y bonificada que corresponda.
f)  Bonificación a las superficies destinadas a áreas técnicas o rampas de varada en 
los puertos deportivos gestionados íntegramente bajo el régimen de concesión: los 
contribuyentes correspondientes a puertos deportivos gestionados totalmente bajo el 
régimen de concesión pueden solicitar la aplicación de una bonificación del 50% en el 
cómputo de la superficie no edificada que corresponda a área técnica o rampa de varada 
y  que  se  destine  al  mantenimiento  y  reparación  de  embarcaciones  como  actividad 
complementaria del puerto. Se aplica sobre la parte de la cuota íntegra primaria y, si 
procede, reducida y bonificada que corresponda.
5.  Se  limita  la  aplicación  de  reducciones,  bonificaciones  o  reducciones  y 
bonificaciones de forma conjunta:
a)  Las reducciones y bonificaciones pueden aplicarse en cascada simultáneamente 
con el límite máximo, junto con las reducciones aplicadas, del 50% de la cuota íntegra 
primaria.
b)  En el caso de las bonificaciones aplicables a los puertos deportivos gestionados 
íntegramente  bajo  el  régimen  de  concesión,  la  acumulación  de  las  bonificaciones 
establecidas por las letras a y c del apartado 4 no puede exceder el 50% de la cuota 
íntegra primaria.
Sección segunda. Tasa de almacenaje de mercancías (T02)
Artículo 131.  Hecho imponible.
1.  El hecho imponible de la tasa de almacenaje de mercancías consiste en la 
ocupación de cualquier bien de dominio público portuario, efectuada por la mercancía, en  es
ocasión de alguna de las operaciones portuarias de almacenaje o depósito. o
2.  Si el almacenaje o depósito de vehículos se realiza en infraestructuras portuarias  w
yAcc uodoanmtltrqrioanustiisoe t brra aiedcfnomióerinmsn  ipasdo terrad tutdeiavo ormib,a ii.enlanio et asps úabd lesico olod  opemosri tnueiaoxr igioipb úelebn l iecrnoé  geigml ecesantsi oodn ead deao uqstu oerdi zilraaec cmitóanem,r cecanontneccí aep suoiótrin lic laoe    OE-A-2020-44able en https://
Artículo 132.  Supuestos de no sujeción.
No está sujeta a la tasa de almacenaje de mercancías la utilización del dominio 
público portuario en zona de tráfico descubierta, efectuada por las mercancías cargadas 
o descargadas utilizando medios no rodantes, durante el mismo día de carga o descarga 
y el inmediato anterior o posterior, respectivamente.
Artículo 133.  Sujeto pasivo.
1.  Tienen la condición de sujeto pasivo de la tasa de almacenaje de mercancías, en 
concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria propietarias de la mercancía.
2.  Tienen la condición de sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de sustituto del 
contribuyente:
a)  Si la mercancía está consignada, la parte consignataria, transitaria u operadora 
logística representante de la mercancía, de forma solidaria.
b)  Si la mercancía no está consignada, la persona física o jurídica que preste el 
servicio portuario específico de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo de las 
mercancías.
Artículo 134.  Exenciones.
Están exentas de la tasa de almacenaje de mercancías las mercancías a las que se 
refiere el artículo 167.
Artículo 135.  Acreditación.
1.  La tasa de almacenaje de mercancías se acredita cuando se inicia la ocupación 
del  dominio  público  portuario  mediante  las  operaciones  de  almacenaje  o  depósito, 
momento que, a tales efectos, se entiende que coincide con el del otorgamiento de la 
correspondiente autorización.
2.  Si  se  hubiese  producido  la  ocupación  del  dominio  público  portuario  sin  solicitar 
autorización, la acreditación de la tasa tiene lugar en el momento de inicio de dicha ocupación.
Artículo 136.  Elementos de cuantificación de la tasa.
1.  Los elementos de cuantificación de la tasa de almacenaje de mercancías son:
a)  La  superficie  de  dominio  público  portuario  ocupada  computada  en  metros 
cuadrados.
b)  El tiempo de ocupación del dominio público portuario.
c)  El tipo de bien de dominio público portuario ocupado.
2.  La superficie de dominio público portuario ocupada debe computarse tomando como 
referencia el rectángulo circunscrito exteriormente a la partida total de mercancías depositadas 
o almacenadas, definido de modo que dos de sus lados sean paralelos al cantil del muelle si 
este es recto; si no lo es, se define de modo que dos lados sean normales de la tangente de la 
curva del muelle. El resultado debe redondearse para obtener, en metros cuadrados sin 
decimales, el número inmediato anterior, si la fracción de metro cuadrado es inferior a 0,5, o 
posterior, si la fracción es superior. Se procede análogamente con tarimas, almacenes, locales  e
e instalaciones, cuyos lados sirven de referencia. bo
3.  A efectos del pago de la tasa, la superficie ocupada debe irse reduciendo, por cuartas  w
pdea rtleas s, uap mereficdiied ao qcuupea ldaas  mmeiercnatrnacsí anso  ssee v haayayan  raectliararanddoo . eAl  2ta5l %fin ,d ed elbae m ciosmmpau; tealr s7e5 %la ,t octuaalidndaod 
deilc h7a5  s%up, eyr fiecile 2 a5lc a%n,c ec ueal n2d5o % s esain  dsuepl e7r5a r %el  5h0a s%ta;  elal  5c0o %mp, lceutaa nddeos soecau pdaecl ió5n0  %de s ilno sa lcbaiennzeasr 
demaniales.
4.  El  tiempo  de  ocupación  del  dominio  público  portuario  se  computa  por  días 
completos.  Como  regla  general,  los  plazos  inicial  y  final  del  período  de  ocupación 
coinciden con las fechas de otorgamiento y extinción de la correspondiente autorización. 
No obstante, cuando la ocupación del dominio público portuario se ha efectuado sin 
solicitar  la  autorización,  dichos  plazos  se  corresponden  con  los  días  de  inicio  y 
finalización de la ocupación. El primer día de ocupación siempre se considera completo. 
El último día, en cambio, solamente se considera completo si se cesa en la ocupación 
después de las doce del mediodía.
5.  Los bienes demaniales se clasifican en zonas de tráfico y de almacenaje. Estas, 
a su vez, se ordenan en superficies cubiertas y descubiertas.
Artículo 137.  Cuota tributaria.
1.  La  cuota  íntegra  de  la  tasa  de  almacenaje  de  mercancías  se  determina 
multiplicando  las  cuantías  fijas  de  la  tarifa  incluidas  en  el  siguiente  cuadro  por  la 
superficie de dominio público portuario ocupada y por los días de ocupación utilizados.
Importe por metro cuadrado
Tipo del bien demanial Días de ocupación -
Euros
1.  Zona de tráfico.  
1 a 3 días. 0,00000
4 a 10 días. 0,02500
 1.1  Superficie descubierta. 11 a 17 días. 0,05000
18 a 30 días. 0,075005
Más de 30 días. 0,10000
1 a 3 días. 0,05000
4 a 10 días. 0,07500
 1.2  Superficie cubierta. 11 a 17 días. 0,10000
18 a 30 días. 0,15000
Más de 30 días. 0,20000
2.  Zona de almacenaje.  
1 a 3 días. 0,00000
4 a 10 días. 0,01300
 2.1  Superficie descubierta. 11 a 17 días. 0,02500
18 a 30 días. 0,03800
Más de 30 días. 0,05000
1 a 3 días. 0,01500
4 a 10 días. 0,02500
 2.2  Superficie cubierta. 11 a 17 días. 0,05000
18 a 30 días. 0,07500 o
Más de 30 días. 0,10000 w
2.  Para determinar la cuota íntegra de la tasa, la tarifa debe aplicarse de modo
escalonado.
Sección tercera. Tasa por la ocupación del dominio público portuario con bienes 
muebles destinados a la prestación de servicios portuarios específicos o al desarrollo de 
actividades económicas (T03)
Artículo 138.  Hecho imponible.
1.  El hecho imponible de la tasa por la ocupación del dominio público portuario con 
bienes  muebles  destinados  a  la  prestación  de  servicios  portuarios  específicos  o  al 
desarrollo de actividades económicas consiste en la utilización privativa de cualquier bien 
de dominio público portuario mediante:
a)  El depósito de objetos y materiales utilizados en la manipulación de mercancías, 
suministro  o  avituallamiento  a  buques,  embarque  y  desembarque  de  pasajeros, 
equipajes y vehículos y, en general, para la prestación de cualquier tipo de servicio 
portuario o actividad económica en el puerto.
b)  El depósito de materiales de construcción, vallas, puntales, caballetes, andamios 
y otras instalaciones análogas.
c)  El depósito de aparatos de venta automática.
d)  El depósito de utensilios de pesca.
e)  La  ocupación  del  dominio  público  portuario  con  sillas,  mesas,  tribunas, 
entarimados y otros bienes muebles similares.
2.  Si la utilización privativa tiene lugar en infraestructuras portuarias y otros bienes 
de  dominio  público  portuario  en  régimen  de  autorización,  concesión  o  contrato 
administrativo, la tasa solamente es exigible si los bienes muebles utilizan de cualquier 
forma  bienes  de  dominio  público  gestionados  directamente  por  la  Administración 
portuaria.
Artículo 139.  Supuestos de no sujeción.
No están sujetas a la tasa por la ocupación del dominio público portuario con bienes 
muebles destinados a la prestación de servicios portuarios específicos o al desarrollo de 
actividades económicas:
a)  La ocupación del dominio público portuario mediante el depósito de materiales 
de construcción, vallas, puntales, caballetes, andamios y otras instalaciones análogas 
efectuada por empresas contratadas por la Administración portuaria para la ejecución de 
obras de su competencia.
b)  La ocupación del dominio público portuario en zona de tráfico descubierta con 
las mercancías cargadas o descargadas utilizando medios no rodantes durante el mismo 
día de carga o descarga y el inmediato anterior o posterior, respectivamente.
c)  La ocupación del dominio público portuario con bienes muebles sujetos y no 
exentos de las tasas de entrada y estancia de buques, atraque de buques, carga, 
descarga, transbordo y tráfico de mercancías, embarque, desembarque y tránsito de 
pasajeros  y  vehículos  bajo  el  régimen  de  pasaje,  de  la  pesca  fresca,  de  las 
embarcaciones  de  recreo,  de  estacionamiento  de  vehículos,  de  almacenaje  de 
mercancías, de instalación de señales informativas y rótulos indicadores y de estancia de 
buques en la zona del varadero.
Artículo 140.  Sujeto pasivo. e
Tienen la condición de sujetos pasivos de la tasa por ocupación del dominio público  w.
eplasospr teeucnaítrfiiidocao dsce oosn   aal b ladiesen sqeausr reo mlsloeu  edrbeelf eieasrc eti dveeidls aatidrnteíacsdu oelosc  o3na5ó .4mla di ceap srlae l saLtsae cypi óegnres nodeneraa sl  stfreíisbrivcuiactaisor isoa   ajpu orfíardtvuicoaarr sido eys    2020-443n https://w
las cuales se otorgue la autorización para utilizar el dominio público portuario con bienes
muebles o, en su defecto, que se beneficien de la utilización si se ha procedido sin la 
pertinente autorización.
Artículo 141.  Exenciones.
Están exentos de la tasa por ocupación del dominio público con bienes muebles 
destinados  a  la  prestación  de  servicios  portuarios  específicos  o  al  desarrollo  de 
actividades económicas:
a)  La  Administración  general  del  Estado,  las  comunidades  autónomas  y  los 
municipios en ejercicio de sus competencias.
b)  La Cruz Roja, respecto a las actividades propias que tiene encomendadas esta 
institución  en  materia  de  salvamento  marítimo,  y  otras  organizaciones  no 
gubernamentales en casos de ocupación temporal vinculada a acciones concretas de 
rescate de personas u otras tareas humanitarias.
c)  Las entidades sin finalidades lucrativas legalmente constituidas cuya actividad 
esté exclusivamente vinculada a la atención de tripulantes y pasajeros.
Artículo 142.  Acreditación y exigibilidad.
1.  La tasa por ocupación del dominio público con bienes muebles destinados a la 
prestación de servicios portuarios específicos o al desarrollo de actividades económicas 
se  acredita  cuando  se  inicia  la  utilización  privativa  del  dominio  público  portuario, 
momento que, a tales efectos, se entiende que coincide con el del otorgamiento de la 
pertinente autorización.
2.  Si se hubiese producido la utilización privativa del dominio público portuario sin 
solicitar autorización, la acreditación de la tasa tiene lugar en el momento de inicio de 
dicha utilización.
3.  El  pago  de  la  deuda  tributaria  debe  efectuarse  por  adelantado.  Las  partes 
tributarias  obligadas  deben  satisfacer  la  deuda  con  periodicidad  mensual  o  anual, 
cuando el plazo de duración de la autorización se ha establecido por meses, o, si 
procede, por el plazo de vigencia máximo establecido por la ley.
4.  Si, por causa no imputable al sujeto pasivo, no se llega a consumir íntegramente 
el  período  de  utilización  autorizado,  los  obligados  tributarios  pueden  solicitar  la 
devolución de la parte de la cuota correspondiente a los días o meses que quedan para 
completar dicho período.
Artículo 143.  Elementos de cuantificación de la tasa.
1.  Los elementos de cuantificación de la tasa por ocupación del dominio público con 
bienes  muebles  destinados  a  la  prestación  de  servicios  portuarios  específicos  o  al 
desarrollo de actividades económicas son:
a)  La superficie de dominio público portuario ocupada.
b)  El tiempo de ocupación del dominio público portuario.
2.  La  superficie  de  dominio  público  portuario  ocupada  se  computa  en  metros 
cuadrados.
3.  El tiempo de utilización del dominio público portuario se computa en días, meses 
o años, según los casos. s
4.  Como regla general, los plazos inicial y final del período de ocupación coinciden  oe.
con  las  fechas  de  otorgamiento  y  extinción  de  la  correspondiente  autorización  w.
sfsiinimna pls lsoifeliic ccaitodararr e.s sNup ooa noudbtoesrntiaz cnaotcenió,  lnso,is   elaml  oopmceureíponadtcoois ó dnde edb eienl  iccdiooomm yp infuinitoaa rlpiszúeab cpliicóoonr   dpdíoear stlau  yao rciloou sps aepc lahiózano .esf eincitcuiaald oy   2020-443n https://w
5.  Si el período de ocupación se computa por días, estos se entienden completos.
A tal fin, el primer día de utilización siempre se considera completo. El último día, sin  Bc
embargo, sólo se considera completo si se cesa en la utilización a partir de las doce del 
mediodía.
Artículo 144.  Cuota tributaria.
La cuota íntegra de la tasa por ocupación del dominio público con bienes muebles 
destinados  a  la  prestación  de  servicios  portuarios  específicos  o  al  desarrollo  de 
actividades económicas se determina multiplicando las cuantías fijas de la tarifa incluidas 
en el siguiente cuadro por la superficie de dominio público portuario ocupada y por el 
tiempo de ocupación previsto.
Importe del 
Importe del  Importe del 
metro por 
metro por día metro por año
Concepto mes
- -
-
Euros Euros
Euros
Depósito de objetos y materiales utilizados en la 
manipulación de mercancías, suministro o 
0,1400 3,7400 41,2100
avituallamiento a buques, embarques y 
desembarques de pasajeros, equipajes y vehículos.
Depósito de materiales de construcción, vallas, 
puntales, caballetes, andamios y otras instalaciones  0,1700 4,7000 51,2300
análogas.
Depósito de utensilios de pesca. 0,1200 3,3400 36,4600
Depósito de aparatos de venta automática y 
ocupación del dominio público portuario con sillas, 
0,3200 8,6900 94,7800
mesas, tribunas, tarimas y otros bienes muebles 
similares.
Depósito de objetos y materiales utilizados en la 
0,1500 4,1900 45,7400
prestación de cualquier otro servicio o actividad.
Sección cuarta. Tasa por la estancia de buques en la zona de varadero (T04)
Artículo 145.  Hecho imponible.
1.  El hecho imponible de la tasa por la estancia de buques en la zona de varadero 
consiste en la utilización privativa del dominio público portuario en ocasión de la estancia 
de  los  buques  o  embarcaciones  en  los  espacios  terrestres  de  la  zona  de  servicio 
destinados a varadero.
2.  Si la utilización privativa tiene lugar en infraestructuras portuarias y otros bienes 
de  dominio  público  portuario  en  régimen  de  autorización,  concesión  o  contrato 
administrativo, la tasa sólo es exigible en caso de que los buques o las embarcaciones 
utilicen de cualquier forma bienes de dominio público gestionados directamente por la 
Administración portuaria.
Artículo 146.  Sujeto pasivo.
1.  Tienen la condición de sujetos pasivos de la tasa por la estancia de buques en la  es
zona de varadero, en concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las  bo
entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria a favor de las  w
cesuimna bll2aea. sr ac usaTetcoi eiorónitznoea rnocg ,iuló aeen n c lp oasen uardt uiidncteoeiófrneinztc eadt.ocei, ó slnau sjpe aqtoruase  u pstaielsi zibvaeor nse eld fdeico ieemsnit nadi oeta  plsaúa b,u letiiclnioz  capoconiórctnue apsrtiio os  dece oh nsa u epsl rtbiotuucqteoud edid eool    OE-A-2020-44able en https://
contribuyente:
a)  En los buques pesqueros, si están consignados, el consignatario. De lo contrario, y de 
forma solidaria, las personas físicas o jurídicas que llevan a cabo la actividad de reparación o 
mantenimiento del buque en la zona del varadero, el propietario y el armador del buque si, en 
este segundo caso, se trata de personas físicas, jurídicas o entidades sin personalidad jurídica 
distintas.
b)  En los buques que no son de pesca, si están consignados, el consignatario. De 
lo contrario, y de forma solidaria, las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la 
actividad  de  reparación  o  mantenimiento  del  buque  en  la  zona  del  varadero,  el 
propietario, el naviero y el capitán o patrón del buque.
Artículo 147.  Acreditación y exigibilidad.
1.  La tasa por la estancia de buques en la zona de varadero se acredita cuando se 
inicia la utilización privativa del dominio público portuario, momento que, a tales efectos, 
se entiende que coincide con el del otorgamiento de la pertinente autorización.
2.  Si se hubiese producido la utilización privativa del dominio público portuario sin 
solicitar autorización, la acreditación de la tasa tiene lugar en el momento de inicio de 
dicha utilización.
3.  El pago de la deuda tributaria debe efectuarse por adelantado.
4.  Si por causa no imputable al sujeto pasivo no se llega a consumir íntegramente 
el período de utilización autorizado, puede solicitarse la devolución de la parte de la 
cuota correspondiente a los días que quedan para completar dicho período.
Artículo 148.  Elementos de cuantificación de la tasa.
1.  Los elementos de cuantificación de la tasa por la estancia de buques en la zona 
de varadero son:
a)  La superficie de dominio público portuario utilizada.
b)  El tiempo de utilización del dominio público portuario.
c)  La clase de buque o embarcación.
2.  La superficie de dominio público portuario utilizada se computa en metros cuadrados y 
se calcula multiplicando la eslora máxima del buque o embarcación por la manga máxima.
3.  El tiempo de utilización del dominio público portuario se computa por días completos. 
Como regla general, los plazos inicial y final del período de utilización coinciden con las fechas de 
otorgamiento y extinción de la autorización pertinente. No obstante, cuando la utilización del 
dominio público portuario se haya efectuado sin solicitar la autorización, dichos plazos se 
corresponden con los días de inicio y finalización de la ocupación.
4.  El primer día de ocupación siempre se considera completo. El último día, sin embargo, 
solamente se considera completo si la ocupación cesa después de las doce del mediodía.
5.  Los buques o embarcaciones se clasifican en pesqueros y el resto.
Artículo 149.  Cuota tributaria.
1.  La cuota íntegra de la tasa por la estancia de buques en la zona de varadero se 
determina multiplicando las cuantías fijas de la tarifa incluidas en el siguiente cuadro por 
la superficie de dominio público portuario ocupada y por el tiempo de ocupación utilizado.
Valor del metro cuadrado por día e.e
Tipo de buque   bo
Día 1 Día 2 a 7 Día 8 a 30 Día 31 en adelante w.
BRueqstuoe ds ep ebsuqquueerso.s. 00,,15960601  €€ 00,,13262562  €€ 00,,02739516  €€ 00,,01551200  €€
2.  Para determinar la cuota íntegra de la tasa, la tarifa debe aplicarse de modo 
escalonado.
3.  Si el buque o la embarcación que utiliza la zona de varadero está destinado a la 
prestación  de  un  servicio  portuario,  las  personas  obligadas  tributariamente  pueden 
solicitar la aplicación de una bonificación del 20% de la cuota íntegra de la tasa.
CAPÍTULO IV
Tasas portuarias por el aprovechamiento especial del dominio público portuario
Sección primera. Tasa de entrada y estancia de buques (TA1)
Artículo 150.  Hecho imponible.
1.  El hecho imponible de la tasa de entrada y estancia de buques consiste en la 
utilización de cualquier bien de dominio público portuario, efectuada por el buque, en 
ocasión de las operaciones portuarias de entrada y estancia, incluidas las aguas del 
puerto, los canales de acceso y las zonas de fondeo o anclaje.
2.  Si  las  operaciones  portuarias  de  entrada  y  estancia  tienen  lugar  en 
infraestructuras portuarias y otros bienes de dominio público portuario en régimen de 
autorización, concesión o contrato administrativo, la tasa solamente es exigible si el 
buque utiliza de cualquier forma bienes de dominio público gestionados directamente por 
la Administración portuaria.
Artículo 151.  Supuestos de no sujeción.
No están sujetos a la tasa por la estancia de buques en la zona de varadero los 
buques sujetos y no exentos de las tasas de la pesca fresca y de las embarcaciones de 
recreo.
Artículo 152.  Sujeto pasivo.
1.  Tienen la condición de sujetos pasivos de la tasa por la estancia de buques en la 
zona de varadero, en concepto de contribuyente y, además, de forma solidaria, el 
propietario, el naviero y el capitán o patrón del buque.
2.  Tiene la condición de sujeto pasivo de esta tasa, en concepto de sustituto del 
contribuyente, el consignatario del buque cuando este se encuentra consignado.
Artículo 153.  Exenciones.
Están exentos de la tasa por la estancia de buques en la zona de varadero:
a)  Los buques cuya titularidad corresponde a la Administración general del Estado, 
de  las  comunidades  autónomas  o  de  los  municipios  que  estén  destinados 
exclusivamente a la prestación de servicios oficiales de su competencia bajo el régimen 
de gestión directa.
b)  Los buques en servicio oficial de la Unión Europea o de uno de los estados 
miembros de la Unión Europea que estén destinados exclusivamente a la prestación de 
servicios de su competencia bajo el régimen de gestión directa.
c)  La Cruz Roja, respecto a las actividades propias que tiene encomendadas esta  e
institución  en  materia  de  salvamento  marítimo,  y  otras  organizaciones  no  bo
gubernamentales en casos de ocupación temporal vinculada a acciones concretas de  w
rescate de personas u otras tareas humanitarias.
Artículo 154.  Acreditación y exigibilidad.
1.  La tasa por la estancia de buques en la zona de varadero se acredita cuando el 
buque entra en las aguas de la zona de servicio del puerto, momento que, a tales 
efectos,  se  entiende  que  coincide  con  el  del  otorgamiento  de  la  correspondiente 
autorización.
2.  Si se hubiese producido la utilización del dominio público portuario sin solicitar 
autorización, la acreditación de la tasa tiene lugar en el momento de inicio de dicha 
utilización.
3.  El pago de la deuda tributaria se efectúa por adelantado. No obstante, cuando 
resulta  aplicable  la  reducción  por  estancia  prolongada,  las  personas  obligadas 
tributariamente deben pagar la deuda con periodicidad mensual.
4.  Si el período de estancia autorizado tiene que ampliarse, las personas obligadas 
tributariamente deben formular una nueva solicitud y abonar nuevamente por adelantado 
el correspondiente importe.
5.  Si, por causa no imputable al sujeto pasivo, no se llega a consumir íntegramente 
el período de estancia autorizado, las partes tributarias obligadas pueden solicitar la 
devolución de la parte de la cuota correspondiente a las horas que faltan para completar 
dicho período.
Artículo 155.  Elementos de cuantificación de la tasa.
1.  Los elementos de cuantificación de la tasa por la estancia de buques en la zona 
de varadero son:
a)  El arqueo bruto del buque.
b)  El tiempo de utilización del dominio público portuario.
2.  El tiempo de utilización del dominio público portuario se computa en horas y 
minutos. El tiempo de utilización efectiva se calcula a partir del momento de la puesta a 
disposición o reserva del puesto de atraque o anclaje hasta que el buque abandona la 
zona de servicio. El tiempo de utilización se computa al 50% si la entrada y la estancia 
del buque tienen lugar en días festivos y fines de semana mientras se espera el inicio del 
conjunto de operaciones comerciales en día laborable.
Artículo 156.  Cuota tributaria.
1.  La cuota íntegra de la tasa por la estancia de buques en la zona de varadero se 
determina multiplicando la cuantía fija de 0,50 euros por cada 100 toneladas de registro 
bruto (o por cada 100 unidades de arqueo) o fracción y por el tiempo de utilización del 
dominio público portuario. La cantidad así obtenida se modula mediante la aplicación de 
los siguientes coeficientes:
a)  Para buques de 0 a 10 GT: 0,80.
b)  Para buques de más de 10 a 100 GT: 0,85.
c)  Para buques de más de 100 a 400 GT: 0,90.
d)  Para buques de más de 400 a 4.000 GT: 0,95.
e)  Para buques de más de 4.000 a 6.000 GT: 1,05.
f)  Para buques de más de 6.000 GT: 1,15.
2.  La cuota íntegra de la tasa, modulada de acuerdo con los coeficientes referidos  e.
en  el  apartado  1,  se  reduce  en  la  proporción  que  corresponda  en  alguna  de  las  w.
siguientes circunstancias: 3w
a)  El tipo de navegación, atendiendo a las emisiones emitidas.
admbin) istLraat ivuat.ilización  de  instalaciones  en  régimen  de  autorización  o  concesión
c)  Estancias prolongadas.
d)  Arribada forzosa.
e)  Cruceros turísticos, siempre que cumplan los estándares ambientales.
f)  Transporte  marítimo  de  corta  distancia,  siempre  que  cumpla  los  estándares 
ambientales.
3.  La cuota de la tasa solamente puede ser objeto de una reducción. En caso de 
que se den los requisitos para aplicar dos o más reducciones, debe aplicarse la que 
resulte más favorable a la persona obligada tributariamente.
4.  En consideración al tipo de navegación, la cuota íntegra de la tasa se reduce en 
un 10% en el caso de buques con bandera de un estado miembro de la Unión Europea 
registrados en el territorio de la Unión y que efectúen navegación interior a la Unión 
Europea.
5.  La cuota íntegra de la tasa se reduce en un 40% si las operaciones portuarias de 
entrada y estancia tienen lugar en infraestructuras portuarias u otros bienes de dominio 
público portuario en régimen de autorización o concesión administrativa, siempre que se 
cumplan los estándares ambientales.
6.  Teniendo en cuenta una estancia prolongada, la cuota íntegra de la tasa se 
reduce en un 50% en los siguientes casos:
a)  Buques turísticos locales.
b)  Buques destinados al dragado y al avituallamiento.
c)  Buques  destinados  a  la  prestación  de  servicios  portuarios  generales  o 
específicos.
d)  Buques destinados a la acuicultura o a constituir viveros flotantes.
e)  Embarcaciones profesionales dedicadas al alquiler, con o sin patrón.
f)  Buques en construcción, reparación, transformación y desguace.
g)  Buques pesqueros cuya última operación de descarga o transbordo se haya 
realizado en el puerto y se encuentren en paro biológico o veda.
h)  Buques en depósito judicial.
i)  Buques, incluidos los pesqueros, inactivos.
j)  Otros buques cuya estancia sea superior a un mes.
7.  En los casos de las letras i y j, a partir del segundo mes de estancia la reducción 
es del 40%; el tercer mes, del 30%; el cuarto mes, del 20%, y el quinto mes, del 10%. 
Transcurridos  seis  meses  desde  la  entrada  y  estancia,  no  debe  aplicarse  ninguna 
reducción.
8.  La cuota íntegra de la tasa se reduce en un 50% si la entrada y la estancia del 
buque  se  produce  por  arribada  forzosa.  Esta  reducción  solamente  debe  aplicarse 
durante los primeros siete días de estancia del buque.
9.  La  cuota  íntegra  de  la  tasa  se  reduce  en  un  50%  si  el  buque  tiene  la 
consideración de crucero turístico y cumple los estándares ambientales.
10.  La cuota íntegra de la tasa se reduce en un 50% si el buque efectúa transporte 
marítimo de corta distancia y cumple los estándares ambientales. Para el transporte 
marítimo de corta distancia, hay que atenerse a lo que determine el derecho marítimo 
comunitario e internacional.
11.  La cuota íntegra de la tasa, reducida en la forma establecida en el apartado 2, 
puede ser objeto de alguna bonificación por protección del medio ambiente.
12.  La cuota íntegra de la tasa solamente puede ser objeto de una bonificación. En 
caso de que se den los requisitos para aplicar dos o más bonificaciones, solamente se  s
aplica la que resulte más favorable al obligado tributario. oe.
13.  Si los buques operados por un mismo naviero o de crucero turístico, o, en su  w.
cdcaousmraopn, atderet ie ddla if,ae ñrreoen antleiazstau ncrao lmm, pyá ascñ uídamesp  nldeaonvc ileeor sae ses scptaeálranosd q aureeens  d uaisnmpaob niemgnaitsanml edase ,  ialnocfsrua eoerbsdtloirgusac ddtueor sae  xtrppibloourtttauacariióroinas    2020-443n https://w
pueden solicitar la aplicación de las bonificaciones detalladas en la siguiente tabla:
Número de escalas al año
Tipo de buque  
13 a 18 19 a 24 25 a 40 41 a 60 De 61 en adelante
Buques de arqueo de hasta 15.000 GT. 10 % 25 % 40 % 50 % 55 %
Buques de arqueo superior a 15.000 GT. 15 % 30 % 45 % 55 % 60 %
14.  Si el capitán o el patrón de un buque comercial acredita ante Puertos de la 
Generalidad el cumplimiento de condiciones de respeto al medio ambiente que mejoran 
las que exigen las normas y los convenios internacionales, y, además, tiene suscrito un 
acuerdo  con  la  autoridad  portuaria  en  materia  de  buenas  prácticas  ambientales 
asociadas a las operaciones y a la estancia de los buques en el puerto, las personas 
obligadas tributariamente pueden solicitar la aplicación de una bonificación del 50%.
15.  Si el capitán o el patrón de un buque de menos de 24 metros de eslora y 
autorizado para un máximo de doce pasajeros acredita ante Puertos de la Generalidad la 
entrega de todo su rechazo a una empresa autorizada para prestar el servicio portuario 
específico de recepción del rechazo generado por buques y embarcaciones y residuos 
de carga en la infraestructura portuaria de base, las personas obligadas tributariamente 
pueden solicitar la aplicación de una bonificación del 50%.
16.  Si un buque ha obtenido el certificado distintivo verde (Green Award) otorgado 
por la Fundación Distintivo Verde (Green Award Foundation) de Rotterdam, las partes 
tributarias obligadas pueden solicitar la aplicación de una bonificación del 10%.
Sección segunda. Tasa de atraque de buques (TA2)
Artículo 157.  Hecho imponible.
1.  El hecho imponible de la tasa de atraque de buques consiste en la utilización de 
cualquier bien de dominio público portuario efectuada por el buque en ocasión de la 
operación portuaria de atraque, incluidos las obras de atraque y los elementos fijos de 
amarre.
2.  Si la operación portuaria de atraque tiene lugar en infraestructuras portuarias y 
otros bienes de dominio público portuario en régimen de autorización, concesión o 
contrato administrativo, la tasa solamente es exigible si el buque utiliza de cualquier 
forma  bienes  de  dominio  público  gestionados  directamente  por  la  Administración 
portuaria.
Artículo 158.  Supuestos de no sujeción.
No queda sujeto a la tasa el atraque de los buques sujetos a las tasas de la pesca 
fresca y de las embarcaciones de recreo que no estén exentos de la misma.
Artículo 159.  Sujeto pasivo.
1.  Tienen la condición de sujetos pasivos de la tasa de atraque, en concepto de 
contribuyente y, además, de forma solidaria, el propietario, el naviero y el capitán o 
patrón del buque.
2.  Tiene la condición de sujeto pasivo de la tasa de atraque, en concepto de 
sustituto del contribuyente, el consignatario del buque, cuando está consignado. es
Artículo 160.  Exenciones. w.
Están exentos de la tasa de atraque:
de  al)a s Locso mbuuqnuideasd ceusy a atuitutólanroidmaads  coorr esdpeo ndloes  a lma uAndicmipinioisst raqciuóen  geesnteérna l ddeels Etisntaaddoos, 
exclusivamente a la prestación de servicios oficiales de su competencia bajo el régimen 
de gestión directa.
b)  Los buques en servicio oficial de la Unión Europea o de uno de los estados 
miembros de la Unión Europea que estén destinados de forma exclusiva a la prestación 
de servicios de su competencia bajo el régimen de gestión directa.
c)  La Cruz Roja, respecto a las actividades propias que tiene encomendadas esta 
institución  en  materia  de  salvamento  marítimo,  y  otras  organizaciones  no 
gubernamentales en casos de ocupación temporal vinculada a acciones concretas de 
rescate de personas u otras tareas humanitarias.
Artículo 161.  Acreditación y exigibilidad.
1.  La tasa de atraque de buques se acredita cuando el buque realiza la operación 
de  atraque,  momento  que,  a  tales  efectos,  se  entiende  que  coincide  con  el  del 
otorgamiento de la correspondiente autorización.
2.  Si se hubiese producido la utilización del dominio público portuario sin solicitar 
autorización, la acreditación de la tasa tiene lugar en el momento de inicio de dicha 
utilización.
3.  Si, por causa no imputable al sujeto pasivo, no se llega a consumir todo el 
período  de  atraque  autorizado,  las  partes  tributarias  obligadas  pueden  solicitar  la 
devolución de la parte de la cuota correspondiente a las horas que faltan para completar 
dicho período.
4.  El pago de la deuda tributaria debe efectuarse por adelantado. No obstante, 
cuando resulte aplicable la reducción por atraque prolongado, las personas obligadas 
tributariamente deben pagar la deuda con periodicidad mensual.
5.  Si el período de atraque autorizado debe ser ampliado, las personas obligadas 
tributariamente deben formular una nueva solicitud y abonar nuevamente por adelantado 
el correspondiente importe.
Artículo 162.  Elementos de cuantificación de la tasa.
1.  Los elementos de cuantificación de la tasa de atraque de buques son:
a)  La eslora máxima del buque medida en metros lineales.
b)  El tiempo de utilización del dominio público portuario.
2.  El tiempo de utilización del dominio público portuario se computa en horas y 
minutos. Este período se calcula desde la hora para la que se ha reservado el atraque 
hasta el momento en el que el buque larga la última amarra. El tiempo de utilización se 
computa al 50% cuando el atraque del buque tiene lugar en días festivos y fines de 
semana mientras se espera el inicio del conjunto de operaciones comerciales en día 
laborable.
3.  Si un buque transporta mercancías peligrosas y necesita disponer de zonas de 
seguridad en proa, en popa, o en ambas a la vez, para el cálculo de la cuota íntegra 
debe tomarse en consideración, junto a la eslora máxima del buque, la longitud de 
dichas zonas.
Artículo 163.  Cuota tributaria.
1.  La cuota íntegra de la tasa de atraque de buques se determina multiplicando la  e
cuantía fija de 0,070 euros por la eslora máxima del buque medida en metros lineales y  bo
por el tiempo de utilización del dominio público portuario. La cantidad así obtenida se  w
modau)l a mBueqduiaenst ed ela c aaplalidcoa cdióen h daes tlao s3  smigeutrieonst:e 0s, 5c0o.eficientes:
b)  Buques de calado superior a 3 metros y de hasta 8 metros: 1.
c)  Buques de calado superior a 8 metros: 2. Bc
2.  La  cuota  íntegra  de  la  tasa,  modulada  de  acuerdo  con  los  coeficientes 
establecidos en el artículo 162, se reduce en la proporción que corresponda cuando se 
dé alguna de las siguientes circunstancias:
a)  Tipo de atraque.
b)  Atraques prolongados.
c)  Transporte  marítimo  de  corta  distancia,  siempre  que  cumpla  los  estándares 
ambientales.
3.  La cuota de la tasa solamente puede ser objeto de una reducción. En caso de 
que se den los requisitos para aplicar más de una reducción, solamente debe practicarse 
la que resulte más favorable a la parte tributaria obligada.
4.  En consideración al tipo de atraque, la cuota íntegra de la tasa se reduce en 
un 50% en los siguientes casos:
a)  Buques  atracados  de  punta  en  los  muelles  o  pantalanes,  excepto  los 
catamaranes (barcos de doble o triple casco).
b)  Buques abarloados a otro ya atracado de costado en el muelle o a otros buques 
abarloados, siempre que su eslora máxima sea igual o inferior a la del buque atracado 
en el muelle o a la de los otros buques abarloados a este. Si la eslora máxima es 
superior, debe abonar, además, el exceso, de acuerdo con lo establecido por el cálculo 
de la cuota íntegra.
5.  En consideración a un atraque prolongado, la cuota íntegra de la tasa se reduce 
en la forma indicada en la tasa de entrada y estancia de buques (TA1).
6.  La cuota íntegra de la tasa se reduce en un 50% si el buque realiza transporte 
marítimo de corta distancia y cumple los estándares ambientales.
Sección tercera. Tasa de carga, descarga, transbordo y tráfico de mercancías (TA3M)
Artículo 164.  Hecho imponible.
1.  El  hecho  imponible  de  la  tasa  de  carga,  descarga,  transbordo  y  tráfico  de 
mercancías consiste en la utilización de cualquier bien de dominio público portuario, 
efectuada por la mercancía y sus elementos de transporte, en ocasión de alguna de las 
operaciones portuarias de carga, descarga, transbordo y tráfico terrestre o marítimo.
2.  Si alguna de las operaciones portuarias de carga, descarga, transbordo y tráfico 
terrestre o marítimo tiene lugar en infraestructuras portuarias y otros bienes de dominio 
público portuario en régimen de autorización, concesión o contrato administrativo, la tasa 
solamente es exigible si la mercancía y sus elementos de transporte utilizan de cualquier 
forma  bienes  de  dominio  público  gestionados  directamente  por  la  Administración 
portuaria.
3.  Esta  tasa  comprende  el  derecho  del  contribuyente  a  que  las  mercancías 
cargadas  o  descargadas  utilizando  medios  no  rodantes  ocupen  la  zona  de  tráfico 
portuaria descubierta o se queden en esta durante el mismo día de carga o descarga y el 
inmediato anterior o posterior, respectivamente. Del mismo modo, incluye la utilización 
de las rampas fijas y el cantil para las operaciones de carga y descarga efectuada por los 
vehículos que transportan las mercancías por medios rodantes. Esta tasa no comprende 
la utilización de la maquinaria, rampas mecánicas, pasarelas y otros elementos móviles 
para efectuar las operaciones portuarias. e.
Artículo 165.  Supuestos de no sujeción. 3ww
pmriosdmNuaoc. teosst ápne ssquujeetrooss a s luaj etatossa  ad el ac atargsaa,  ddee slcaa rpgeas,c tara fnrsebsocard oq uye t rnáofi ceos dtéen m eexrecnatnocsí adse l olas   OE-A-2020-44able en https://
Artículo 166.  Sujeto pasivo.
1.  En las operaciones portuarias de carga, descarga, transbordo y tráfico marítimo, 
tienen la condición de sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyente y, 
además, de forma solidaria, el naviero, el propietario de la mercancía y el capitán o 
patrón del buque.
2.  En la operación portuaria de tráfico terrestre, tienen la condición de sujetos 
pasivos de la tasa, en concepto de contribuyente y, además, de forma solidaria, el 
propietario de la mercancía y la parte transitaria o el operador logístico que represente la 
mercancía.
3.  En las operaciones portuarias de carga, descarga, transbordo y tráfico marítimo, 
tienen  la  condición  de  sujetos  pasivos  de  la  tasa,  en  concepto  de  sustituto  del 
contribuyente:
a)  En las infraestructuras portuarias o cualquier bien de dominio público portuario 
en  régimen  de  autorización  o  concesión  administrativa,  la  persona  autorizada  o 
concesionaria.
b)  En las infraestructuras portuarias gestionadas directamente por Puertos de la 
Generalidad, si la mercancía está consignada, la parte consignataria, transitaria o el 
operador  logístico  representante  de  la  mercancía,  o  bien,  si  la  mercancía  no  está 
consignada, la parte consignataria del buque, si está consignado.
4.  En la operación portuaria de tráfico terrestre, si la mercancía tiene por destino 
una instalación en concesión o autorización, la condición de sujeto pasivo, en concepto 
de sustituto del contribuyente, corresponde al concesionario o a la persona autorizada 
que las expida o reciba.
Artículo 167.  Exenciones.
Están exentos de la tasa de carga, descarga, transbordo y tráfico de mercancías:
a)  La Cruz Roja, respecto a las actividades propias que tiene encomendadas esta 
institución  en  materia  de  salvamento  marítimo,  y  otras  organizaciones  no 
gubernamentales en casos de ocupación temporal vinculada a acciones concretas de 
rescate de personas u otras tareas humanitarias.
b)  Las mercancías enviadas con finalidad humanitaria a zonas o regiones en crisis 
o de emergencia por entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas.
c)  El  material  de  la  Administración  general  del  Estado,  de  las  comunidades 
autónomas y de los municipios que esté destinado exclusivamente a la prestación de 
servicios oficiales de su competencia bajo el régimen de gestión directa.
d)  El material de la Unión Europea o de uno de los estados miembros de la Unión 
Europea que esté destinado exclusivamente a la prestación de servicios oficiales de su 
competencia bajo el régimen de gestión directa.
Artículo 168.  Acreditación y exigibilidad.
1.  La tasa de carga, descarga, transbordo y tráfico de mercancías se acredita en el 
momento en que la mercancía y sus elementos de transporte inician el paso por la zona 
de  servicio,  momento  que,  a  tales  efectos,  se  entiende  que  coincide  con  el  del 
otorgamiento de la correspondiente autorización. s
2.  Si se hubiese producido la utilización del dominio público portuario sin solicitar  o
autorización, la acreditación de la tasa se produce en el momento de inicio de la  w.
utiliz3a. cióEnl. pago de la deuda tributaria debe efectuarse por adelantado. 2020-443n https://w
Artículo 169.  Elementos de cuantificación de la tasa.
1.  Los elementos de cuantificación de la tasa de carga, descarga, transbordo y 
tráfico de mercancías son:
a)  El tipo de mercancía.
b)  El peso de la mercancía medido en toneladas.
c)  El tipo de operación portuaria.
2.  Las mercancías se clasifican en cinco grupos, en la forma prevista en el anexo 
sobre asignación de grupos de mercancías contenidas en el texto refundido de la Ley de 
puertos  del  Estado  y  de  la  marina  mercante,  aprobado  por  el  Real  decreto 
legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
3.  El peso de las mercancías se computa en toneladas métricas.
4.  Las operaciones portuarias se dividen en:
a)  Carga.
b)  Descarga.
c)  Transbordo.
d)  Tráfico marítimo.
e)  Tráfico terrestre.
Artículo 170.  Cuota tributaria.
1.  La  cuota  íntegra  de  la  tasa  de  carga,  descarga,  transbordo  y  tráfico  de 
mercancías se determina multiplicando la cuantía de las tarifas incluidas en el cuadro 
siguiente  según  el  grupo  de  mercancía  por  el  peso  de  la  mercancía  medido  en 
toneladas.
Grupos de mercancías Precio tonelada (€)
1 0,72
2 0,90
3 1,38
4 2,03
5 3,14
2.  A los envases, embalajes, contenedores, cisternas u otros elementos, tengan o 
no el carácter de perdidos o efímeros, que se utilicen para contener las mercancías en el 
transporte,  así  como  a  los  camiones,  a  los  remolques,  cabezas  tractoras  y 
semirremolques que como tales elementos terrestres se embarquen o desembarquen, 
vacíos o no de mercancías, se les debe aplicar la cuantía fija de 3 euros por unidad 
equivalente  de  20  pies  TEU,  aparte  de  la  correspondiente  tasa  de  mercancías,  si 
procede.
3.  Si  se  trata  de  mercancías  y  elementos  de  transporte  en  operaciones  de 
transbordo y las de tráfico marítimo o terrestre la cuota íntegra es el 50% de la obtenida 
por la aplicación de la cuantía establecida en el apartado 2.
4.  La cuota íntegra de la tasa se reduce en la proporción que corresponde si se da  s
alguna de las siguientes circunstancias: oe.
a)  Utilización de instalaciones portuarias en régimen de autorización o concesión  3w
admbin) istVraotliuvma.en manipulado.
5.  La cuota de la tasa solamente puede ser objeto de una reducción. En caso de 
que  se  den  los  requisitos  para  aplicar  más  de  una  reducción,  solamente  hay  que 
practicar la que resulte más favorable a la parte tributaria obligada.
6.  La cuota íntegra de la tasa se reduce en un 50% si alguna de las operaciones 
portuarias de carga, descarga, transbordo, tráfico marítimo o terrestre tienen lugar en 
infraestructuras portuarias u otros bienes de dominio público portuario en régimen de 
autorización o concesión administrativa.
7.  La cuota íntegra de la tasa se reduce en función del volumen de mercancía anual 
manipulada para cada código o grupos de código asociados a un tráfico según determine 
Puertos de la Generalidad, de acuerdo con las siguientes tablas:
  Descuento Grupo 1/2 (a granel) Grupo 3/4/5 - Grupo 1-2 (unitizada)
-
Porcentaje (%) De toneladas hasta De toneladas hasta
5 0 10.000 0 5.000
10 10.001 20.000 5.001 10.000
15 20.001 40.000 10.001 20.000
20 40.001 80.000 20.001 40.000
30 80.001 120.000 40.001 60.000
40 120.001 160.000 60.001 80.000
50 más de 160.000 más de 80.000
8.  La cuota íntegra de la tasa, reducida del modo que determina el apartado 7, 
puede ser objeto de bonificaciones por las siguientes circunstancias:
a)  Fomento de la exportación.
b)  Captación, consolidación y crecimiento de tráficos o tráfico especial.
9.  Para  fomentar  la  exportación,  las  mercancías  embarcadas  tienen  una 
bonificación del 10% de la cuota íntegra de la tasa.
10.  El Comité Ejecutivo de Puertos de la Generalidad, para incentivar la captación, 
la consolidación y el crecimiento de tráficos o de tráfico especial de grupos 3, 4 y 5 
considerados de interés estratégico para un determinado puerto o territorio, debe fijar 
una bonificación, con carácter anual, de un máximo del 40% de la cuota íntegra de la 
tasa, para el tráfico o tránsito que se califique como prioritario o estratégico para el 
puerto  o  territorio,  y  debe  determinar  las  condiciones  aplicables  atendiendo  las 
singularidades  del  tráfico  o  tránsito.  El  contribuyente  puede  solicitar  anualmente  la 
aplicación de esta bonificación.
Sección cuarta. Tasa de embarque, desembarque y tránsito de pasajeros en régimen 
de pasaje (TA3P)
Artículo 171.  Hecho imponible.
1.  El  hecho  imponible  de  la  tasa  de  embarque,  desembarque  y  tránsito  de 
pasajeros en régimen de pasaje consiste en la utilización de cualquier bien de dominio  es
público portuario, efectuada por el pasajero en régimen de pasaje en ocasión de alguna  o
de las operaciones portuarias de embarque, desembarque o tránsito. w
teriéel gncieam2 s.el oun gS dadier e  a eqlagnuuu etinon larfari za dmaeecse itólrracunsac,  ntcoucopríanaesc rya ep cssoiioóurtnnsue  aoesr l iecapmoson reyttnur aotaottrorsioa  assdd  ebdm ieterin aneinesmsstrp badoateirrvt qeodu ,o eulma,t i liditncaeieossna ep  mdsúeobb llaoiccr uoqea usple qoe urxoiteiu gtrair bárfoilnoers  meeitonan     OE-A-2020-44able en https://
bienes de dominio público gestionados directamente por la Administración portuaria.
3.  La tasa de embarque, desembarque y tránsito de pasajeros en régimen de 
pasaje no comprende la utilización de la maquinaria, rampas mecánicas, pasarelas y 
otros elementos móviles necesarios para las operaciones portuarias de embarque y 
desembarque.
Artículo 172.  Sujeto pasivo.
1.  Tiene la condición de sujeto pasivo de la tasa de embarque, desembarque y 
tránsito de pasajeros en régimen de pasaje, en concepto de contribuyente, el pasajero.
2.  Tiene la condición de sujeto pasivo de esta tasa, en concepto de sustituto del 
contribuyente y, además, de forma solidaria, el naviero y el capitán o patrón del buque, o 
la parte consignataria, en este último caso, si el buque está consignado.
Artículo 173.  Exenciones.
Están exentos de la tasa de embarque, desembarque y tránsito de pasajeros en 
régimen de pasaje:
a)  Los menores de cuatro años.
b)  El  personal  de  la  Administración  general  del  Estado,  de  las  comunidades 
autónomas y de los municipios en servicio oficial.
c)  El personal de la Unión Europea o de uno de los estados miembros de la Unión 
Europea en servicio oficial.
Artículo 174.  Acreditación y exigibilidad.
1.  La tasa de embarque, desembarque y tránsito de pasajeros en régimen de 
pasaje, si la cuota íntegra se calcula conforme al método de estimación directa, se 
acredita al iniciarse la operación de embarque, desembarque o tránsito de los pasajeros, 
momento que, a tales efectos, se entiende que coincide con el del otorgamiento de la 
correspondiente autorización.
2.  Si se hubiera producido la utilización del dominio público portuario sin solicitar 
autorización, la acreditación de la tasa se produce en el momento de inicio de dicha 
utilización.
3.  Si la cuota íntegra se calcula conforme al método de estimación objetiva, la tasa 
se acredita el 1 de enero de cada año. En este caso, su período impositivo coincide con 
el año natural.
4.  El pago de la deuda tributaria debe efectuarse por adelantado, salvo en el caso 
de los buques turísticos locales que determinen la cuota tributaria por el método de 
estimación directa.
5.  En el caso de los buques turísticos locales, si la cuota tributaria se determina por 
el método de estimación directa, las personas obligadas tributariamente deben pagar la 
deuda tributaria con periodicidad mensual. En cambio, si se determina por el método de 
estimación objetiva, la deuda debe pagarse con periodicidad anual.
Artículo 175.  Elementos de cuantificación de la tasa.
1.  Los elementos de cuantificación de la tasa de embarque, desembarque y tránsito 
de pasajeros en régimen de pasaje son:
a)  La clase de buque. oe.
b)  El tipo de navegación. w.
cd))   LEal  nmúomdearloid adde  dpeals paajesraojse.. 2020-443n https://w
32..   ELol sti pbou qduee nsa svee gcalacsióifnic asne  eonrd oerndain eanri oinst eyr itourr íos teicxotes rlioocr aal elas .Unión Europea.
4.  La modalidad del pasaje se divide en:
a)  Crucero turístico en embarque o desembarque.
b)  Crucero turístico en tránsito.
c)  Régimen de transporte.
Artículo 176.  Cuota tributaria.
1.  La cuota íntegra de la tasa de embarque, desembarque y tránsito de pasajeros 
en régimen de pasaje puede calcularse por los métodos de estimación directa y de 
estimación objetiva.
2.  La cuota íntegra de la tasa debe determinarse con carácter general por el 
método de estimación directa. No obstante, previa solicitud de la persona obligada 
tributariamente,  la  cuota  íntegra  de  la  tasa  debe  determinarse  por  el  método  de 
estimación objetiva.
3.  No  pueden  aplicarse  simultáneamente  los  métodos  de  estimación  directa  y 
objetiva.
4.  En el método de estimación directa, la cuota íntegra de la tasa se determina 
multiplicando las cuantías fijas de la tarifa incluidas en el siguiente cuadro por el número 
de pasajeros y vehículos.
Navegación interior  Navegación exterior 
en la Unión Europea en la Unión Europea
- -
Euros Euros
1.  Buques ordinarios.  
  A) Pasajero:  
    a) Pasajero de crucero en embarque o 
3,19 3,99
desembarque.
    b) Pasajero de crucero en tránsito. 2,55 3,19
    c) Pasajero en régimen de transporte. 1,91 2,39
  B) Vehículo.  
    a) Motos y vehículos o remolques de dos 
1,74 2,18
ruedas.
    b) Coches de turismo y demás vehículos 
6,96 8,70
automóviles.
    c) Autocares y demás vehículos de transporte 
27,84 34,80
colectivo.
    d) Otros vehículos de tracción mecánica. 12,18 15,23
2.  Buques turísticos locales.  
  A) Pasajero: 0,051  
  B) Vehículo:  
    a) Motocicleta. 1,30  
    b) Automóvil. 5,22  
5.  El método de estimación objetiva solo es aplicable en el caso de los buques  bo
turísticos locales. w
mcpionurcl t6o3ip. 6 lin5ci Ea dnnsídu aeopsl .e  lmraAio  écrtt auoalade nosct  íiaede fenef i.cj eatCso dtsoime,r r eae0lcs, 0ippó4orno0n m doeebeu jderaoitoi sv  Padpu,eo e lrapr t eaoclss uan ojúdetamero  eíslnra ota e lGgm dreeaínad ed ionrea o dll iadep a utpdaea sdsdaeae  jstseeeerro rmd sie innatfaeel rrrd mioícairon  naay     OE-A-2020-44able en https://
carácter anual el promedio de pasajeros aplicable a cada infraestructura portuaria. A tal
efecto, los acuerdos que adopte Puertos de la Generalidad deben ir precedidos de un 
período de información pública por un plazo no inferior a veinte días y de un estudio que 
justifique su procedencia. Para su eficacia, dichos acuerdos deben publicarse en el 
«Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» antes del 1 de enero de cada año. Si en un 
ejercicio concreto Puertos de la Generalidad no adopta este acuerdo, debe entenderse 
tácitamente prorrogado el adoptado para el ejercicio anterior.
7.  La cuota íntegra de la tasa determinada por el método de estimación directa se 
reduce en un 50% cuando las operaciones portuarias de embarque, desembarque o 
tránsito de pasajeros en régimen de pasaje tengan lugar en infraestructuras portuarias u 
otros  bienes  de  dominio  público  portuario  en  régimen  de  autorización  o  concesión 
administrativa.
8.  Los contribuyentes que se acojan al método de estimación objetiva disfrutan de 
una bonificación del 10% de la cuota íntegra de la tasa. Esta bonificación debe aplicarla 
de oficio Puertos de la Generalidad.
Sección quinta. Tasa de la pesca fresca (TA4)
Artículo 177.  Hecho imponible.
1.  El hecho imponible de la tasa de la pesca fresca consiste en la utilización por los 
buques pesqueros en actividad de las obras e instalaciones portuarias que permiten el 
acceso marítimo al puerto y su estancia en el puesto de atraque, punto de amarre o lugar 
de anclaje que les haya sido asignado, y en la utilización por los productos de la pesca 
de las zonas de manipulación y servicios generales del puerto.
2.  Si alguna de las operaciones portuarias de entrada, estancia, atraque, descarga, 
transbordo y tránsito terrestre tiene lugar en las infraestructuras portuarias y otros bienes 
de  dominio  público  portuario  en  régimen  de  autorización,  concesión  o  contrato 
administrativo, la tasa solo es exigible si los buques pesqueros en actividad y los 
productos de la pesca utilizan de cualquier forma bienes de dominio público gestionados 
directamente por la Administración portuaria.
3.  Los productos de la pesca comprenden cualquier tipo de recurso pesquero, 
inclusive los procedentes del marisqueo, la transformación en centros de engorde cuyos 
productos  se  descarguen  en  el  puerto,  la  acuicultura  y  la  extracción  de  coral.  Se 
exceptúan, sin embargo, aquellos productos de la acuicultura a los que se da acceso a la 
zona de servicio por vía terrestre para su envasado y manipulación y no han sido 
vendidos  en  lonja  o  en  centros  o  establecimientos  autorizados  por  la  comunidad 
autónoma ubicados en las infraestructuras portuarias de competencia de la Generalidad, 
que quedan sujetos a la tasa de la mercancía en el grupo 5 y no están exentos de la 
misma.
4.  Para que los buques pesqueros queden sujetos a la tasa de pesca fresca es 
necesario que el valor de la pesca descargada o transbordada exceda de los 18.000 
euros en cómputo anual. En caso de que no queden sujetos a ella, deben abonar la 
correspondiente tasa de entrada, estancia y atraque de buques, con el límite de 800 
euros por buque y año en el caso de la flota de artes menores y palangre de fondo.
5.  Los buques dedicados a la extracción de coral quedan siempre sujetos a la tasa 
de la pesca fresca.
6.  El pago de la tasa de la pesca fresca a Puertos de la Generalidad autoriza a los 
buques pesqueros a permanecer en la infraestructura portuaria durante el plazo de un 
mes desde la fecha de inicio de las operaciones de descarga y transbordo. Transcurrido  e.
dicho plazo sin que se efectúen nuevas operaciones de esta clase en las infraestructuras  w.
portuarias de la Generalidad, los buques pesqueros quedan sujetos a las tasas de  3w
eensttarabdleac iyd oess tpaonrc liaa  ayd mdein aisttrraaqcuióen  dceo mbpueqtueenst,e  cqoune  esxucpeeprceinó ne sdtee  plolasz op,e rcíoond ousn  dmeá vxeimdao 
de tres meses, y en el caso de los buques que descarguen productos de la pesca que se
venden  en  las  lonjas  o  en  centros  o  establecimientos  autorizados  situados  en  las 
infraestructuras portuarias de competencia de la Generalidad.
Artículo 178.  Sujeto pasivo.
1.  Tienen la condición de sujetos pasivos de la tasa de la pesca fresca, en concepto 
de contribuyente:
a)  El armador del buque de pesca, si los productos de la pesca acceden a la zona 
de servicio por vía marítima, o el naviero y el propietario de la pesca, de forma solidaria, 
si se trata de un buque mercante.
b)  El propietario de los productos de la pesca, si estos acceden a la zona de 
servicio por vía terrestre.
2.  Tienen la condición de sujetos pasivos de la tasa de la pesca fresca, en concepto 
de sustituto del contribuyente:
a)  La parte concesionaria o autorizada, si los productos de la pesca son vendidos 
en  lonja  o  en  centros  o  establecimientos  autorizados  por  la  comunidad  autónoma 
otorgados en concesión o autorización, ubicados en las infraestructuras portuarias de 
competencia de la Generalidad.
b)  La persona que, en representación del propietario, efectúe la primera venta, si 
los productos de la pesca no son vendidos en lonja o en centros o establecimientos 
autorizados  por  la  comunidad  autónoma  otorgados  en  concesión  o  autorización, 
ubicados en las infraestructuras portuarias de competencia de la Generalidad.
c)  La parte concesionaria o autorizada, si los productos de la pesca acceden a la 
zona de servicio por vía terrestre, tienen por destino una instalación en concesión o 
autorización y no son vendidos en lonja o en centros o establecimientos autorizados por 
la comunidad autónoma, situados en las infraestructuras portuarias de competencia de la 
Generalidad.
3.  El sujeto pasivo de la tasa de la pesca fresca debe repercutir importe de la 
misma  al  primer  comprador  de  los  productos  de  la  pesca.  La  repercusión  debe 
formalizarse  en  la  factura  o  documento  análogo  que  incorpore  el  tributo  y  el  tipo 
aplicable.
Artículo 179.  Exenciones.
Están exentos de la tasa de la pesca fresca los productos de la pesca que el armador 
entregue a sus trabajadores para su consumo personal, con el límite máximo de tres 
kilogramos por persona y día, o bien lo que establezca la normativa de comercialización.
Artículo 180.  Acreditación y exigibilidad.
1.  La tasa de la pesca fresca se acredita cuando el buque de pesca o los productos 
de la pesca inician su paso por la zona de servicio, momento que, a tales efectos, se 
entiende que coincide con el del otorgamiento de la correspondiente autorización.
2.  Si se hubiera producido la utilización del dominio público portuario sin solicitar 
autorización, la acreditación de la tasa de la pesca fresca se produce en el momento de 
inicio de la utilización.
3.  Las partes tributarias obligadas deben pagar la deuda tributaria con periodicidad  e.
mensual. w.
Artículo 181.  Elementos de cuantificación de la tasa.
pesc1a. . ELsat eb avaselo rim speo dneibtelerm dien ala d teals sai gdueie lan tpee mscoad ofr:esca es el valor de los productos de la
a)  El que se obtenga por la venta de los productos de la pesca mediante subasta 
en las lonjas o en centros o establecimientos autorizados por la comunidad autónoma, 
ubicados en las infraestructuras portuarias de competencia de la Generalidad.
b)  Si  los  productos  de  la  pesca  no  fueran  vendidos  mediante  subasta,  debe 
determinarse  con  el  valor  medio  obtenido  en  las  subastas  de  la  misma  especie 
realizadas el mismo día o, en su defecto y sucesivamente, en la semana o el mes 
anterior.
c)  En los demás casos, debe determinarse teniendo en cuenta las condiciones 
habituales del mercado. A tales efectos la Administración pesquera debe publicar el 
precio de referencia anual del coral.
2.  El tipo de gravamen de la tasa, de carácter no acumulativo, es:
a)  Del 1% en los casos de productos de la acuicultura y productos procedentes de 
operaciones de transferencia o de centros de engorde.
b)  Del 1% en los casos de productos de la pesca autorizados por Puertos de la 
Generalidad  a  entrar  en  la  zona  de  servicio  por  vía  terrestre  para  su  subasta  o 
clasificación, salvo que provengan de otro puerto gestionado por la entidad.
c)  Del 2% si los productos de la pesca se venden en las lonjas o en centros o 
establecimientos  autorizados  por  la  comunidad  autónoma  ubicados  en  las 
infraestructuras portuarias de competencia de la Generalidad.
d)  Del 4% en los demás casos.
3.  La cuota íntegra de la tasa se determina aplicando el tipo de gravamen a la base 
imponible.
Sección sexta. Tasa de las embarcaciones deportivas o de recreo (TA5)
Artículo 182.  Hecho imponible.
1.  El hecho imponible de la tasa de las embarcaciones deportivas o de recreo 
consiste en la utilización por las embarcaciones deportivas o de tiempo libre de las aguas 
del puerto, canales de acceso, obras de abrigo y, si procede, de las zonas de anclaje o 
de las instalaciones de amarre, atraque en muelles o en muelles de pilotes del puerto, 
accesos terrestres y vías de circulación.
2.  Si alguna de las operaciones portuarias de entrada, estancia, atraque, descarga 
y desembarque tiene lugar en las infraestructuras portuarias y demás bienes de dominio 
público portuario en régimen de autorización, concesión o contrato administrativo, la tasa 
solo es exigible en caso de que los buques de recreo y su tripulación utilicen de cualquier 
forma  bienes  de  dominio  público  gestionados  directamente  por  la  Administración 
portuaria.
Artículo 183.  Supuestos de no sujeción.
No están sujetos a la tasa de las embarcaciones deportivas o de recreo los buques 
turísticos locales, los cruceros turísticos, las embarcaciones profesionales dedicadas al 
alquiler con o sin patrón y las que realizan transporte de mercancías.
Artículo 184.  Sujeto pasivo.
1.  Tienen  la  condición  de  sujetos  pasivos  de  la  tasa  de  las  embarcaciones  o
deportivas o de recreo, en concepto de contribuyente y, además, de forma solidaria, el  w
pcpoaronrtpt2eriae.  cttooaEn riaocnde  yms liaeionsln i csaatirrnpiaafirtt iaáoven oas ,ou trt tiupoecarnittzeuraó raldnasa  d .ceop nloadr tieucmiaórbniaa sdrc ea ocstiuoósrngt.iatudtaos d eel nc oanutrtiobruizyaecnitóen ,d ec eosntcae staiósna  lao   OE-A-2020-44able en https://
Artículo 185.  Acreditación y exigibilidad.
1.  La tasa de las embarcaciones deportivas o de recreo, si la cuota íntegra se 
calcula conforme al método de estimación directa, se acredita cuando la embarcación de 
recreo entra en las aguas portuarias o cuando se produce la puesta a disposición del 
atraque o puesto de anclaje, momento que, a tales efectos, se entiende que coincide con 
el del otorgamiento de la correspondiente autorización.
2.  Si se hubiera producido la utilización del dominio público portuario sin solicitar 
autorización, la acreditación de la tasa tiene lugar en el momento de inicio de dicha 
utilización.
3.  Si la cuota íntegra se calcula conforme al método de estimación objetiva, la tasa 
se acredita el 1 de enero de cada año. En este caso, su período impositivo coincide con 
el año natural.
4.  En las infraestructuras portuarias gestionadas directamente por Puertos de la 
Generalidad, el pago de la deuda tributaria es exigible por adelantado, de acuerdo con 
los siguientes criterios:
a)  Para las embarcaciones transeúntes, la cantidad que corresponde por el período 
de estancia que se autorice. Si dicho período debe ampliarse, el sujeto pasivo debe 
formular nueva solicitud y abonar otra vez por adelantado el importe correspondiente al 
plazo ampliado.
b)  Para las embarcaciones de base, la cantidad que corresponde por períodos no 
inferiores a seis meses ni superiores a un año.
5.  Si  por  causa  no  imputable  al  sujeto  pasivo  no  se  llega  a  consumir  en  su 
integridad el período de estancia autorizado, las partes obligadas tributariamente pueden 
solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los días que quedan para 
completar dicho período.
6.  En las infraestructuras portuarias en régimen de concesión o autorización, el 
pago de la deuda tributaria es exigible de acuerdo con los siguientes criterios:
a)  En  el  método  de  estimación  directa,  el  pago  de  la  deuda  tributaria  debe 
efectuarse con periodicidad mensual.
b)  En  el  método  de  estimación  objetiva,  el  pago  de  la  deuda  tributaria  debe 
efectuarse por adelantado con periodicidad anual.
Artículo 186.  Elementos de cuantificación de la tasa.
1.  Los elementos de cuantificación de la tasa de las embarcaciones deportivas o de 
recreo son:
a)  La superficie de dominio público portuario utilizada.
b)  El tiempo de utilización del dominio público portuario.
c)  La clase de embarcación de recreo.
d)  La disponibilidad de los servicios de suministro de agua y energía eléctrica.
e)  La modalidad de fondeo, atraque o estancia.
2.  La  superficie  de  dominio  público  portuario  utilizada  se  computa  en  metros 
cuadrados y se calcula multiplicando la eslora máxima de la embarcación por la manga 
máxima. s
3.  El  tiempo  de  utilización  del  dominio  público  portuario  se  computa  por  días  e.
completos. Los plazos inicial y final del período de utilización coinciden con las fechas de  w.
otorgamiento y extinción de la correspondiente autorización. 3w
auto4r.iz aSciió nla,  luotsil izpalcaizóons  dseel  dcoomrreinsipoo pnúdbelnic oc opno rltousa rdioía sse  dhea  ineicfeioc tuya dfion asliizna csioólnic itdaer  llaa 
utilización.
5.  El primer día de utilización se considera siempre completo. El último día, en 
cambio, solo se considera completo si se cesa en la utilización después de las doce del 
mediodía.
6.  Las embarcaciones se clasifican en:
a)  Embarcaciones de base.
b)  Embarcaciones transeúntes.
7.  El fondeo, el atraque o la estancia pueden adoptar alguna de las siguientes 
modalidades:
a)  Anclaje con amarre a muerto.
b)  Anclaje con medios propios.
c)  Atraque de costado.
d)  Atraque en punta.
e)  Estancia en seco.
8.  La estancia en seco se clasifica en:
a)  Marina seca.
b)  Zona de explanada.
c)  Otros lugares en seco.
Artículo 187.  Cuota tributaria.
1.  En las infraestructuras portuarias gestionadas directamente por Puertos de la 
Generalidad, la cuota íntegra de la tasa de las embarcaciones deportivas o de recreo se 
determina multiplicando las cuantías fijas de la tarifa incluidas en el siguiente cuadro por 
la superficie de dominio público portuario utilizada y el número de días de utilización.
Modalidad de fondeo, atraque o estancia
Tipo de embarcación 
Anclaje con  Anclaje con 
  Atraque de  Atraque en  Estancia en 
amarre a  medios 
costado punta seco
muerto propios
  Euros
Embarcación de 
0,166 0,106 0,437 0,191 0,106
base.
Embarcación 
0,425 0,340 0,765 0,595 0,850
transeúnte.
2.  Si la infraestructura portuaria dispone de toma de agua, las cuantías fijas de la 
tarifa incluidas en el cuadro anterior deben incrementarse en 0,023 euros; si dispone de 
toma de energía eléctrica, deben incrementarse en 0,036 euros; si dispone de toma de 
agua y energía eléctrica, deben incrementarse en 0,059 euros; si dispone de muerto 
para el atraque, deben incrementarse en 0,059 euros, y si dispone de servicio adicional 
de temporada, deben incrementarse en 0,047 euros.
3.  En las infraestructuras portuarias en régimen de concesión o autorización, la 
cuota íntegra de la tasa puede calcularse por los métodos de estimación directa y de 
estimación objetiva. es
4.  La cuota íntegra de la tasa debe determinarse con carácter general por el  bo
método de estimación directa. No obstante, previa solicitud de la persona obligada  w
oterbsibtjeium5ttia.av raciai.Nómnoe  onpbtuejee, tdivleaan . caupolticaa rísnete gsrima udlteá nelaa mtaesnat e dleobse  mdéettoedrmosin adres ee sptiomr aeciló nm édtioredcot ad ey   OE-A-2020-44able en https://
6.  En el método de estimación directa, la cuota íntegra de la tasa se determina 
multiplicando  las  cuantías  fijas  que  se  señalan  a  continuación  por  la  superficie  de 
dominio público portuario utilizada y por el número de días de utilización.
a)  Embarcaciones de base: 0,040 euros.
b)  Embarcaciones transeúntes: 0,061 euros.
7.  Los buques con una superficie ocupada superior a 100 metros cuadrados están 
sujetos a estimación directa.
8.  En el método de estimación objetiva, la cuota íntegra de la tasa se determina 
multiplicando la cuantía fija de 0,020 euros por los metros de amarre disponible y por 365 
días.
9.  Los metros de amarre disponible se calculan multiplicando el número de amarres 
utilizados por la superficie de dominio público portuario utilizada por una embarcación 
tipo.
10.  La superficie ocupada por una embarcación tipo no puede ser inferior a 10 
metros cuadrados ni superior a 100 metros cuadrados. Corresponde a Puertos de la 
Generalidad determinar anualmente la superficie ocupada por una embarcación tipo en 
cada infraestructura portuaria en régimen de concesión o autorización. A tal efecto, los 
acuerdos que adopte Puertos de la Generalidad deben ir precedidos de un período de 
información pública por un plazo no inferior a veinte días y de un estudio que justifique su 
procedencia. Para su eficacia, dichos acuerdos deben publicarse en el «Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya» antes del 1 de enero de cada año. Si en un ejercicio 
concreto  Puertos  de  la  Generalidad  no  adopta  dicho  acuerdo,  debe  entenderse 
tácitamente prorrogado el adoptado en el ejercicio anterior.
11.  La cuota íntegra de la tasa puede ser objeto de alguna de las siguientes 
bonificaciones:
a)  Acogerse al método de estimación objetiva.
b)  Fomentar la náutica popular.
12.  Las  personas  obligadas  tributariamente  que  se  han  acogido  al  método  de 
estimación objetiva disfrutan de una bonificación del 50% de la cuota íntegra de la tasa. 
Esta bonificación debe ser aplicada de oficio por Puertos de la Generalidad.
13.  Si las embarcaciones de recreo de eslora máxima inferior a 7 metros fondean o 
atracan en espacios de la zona de servicio destinados a la náutica popular, las personas 
obligadas tributariamente pueden solicitar la aplicación de una bonificación del 20% de la 
cuota íntegra de la tasa.
14.  En  los  muelles  destinados  a  personas  jubiladas  del  sector  pesquero,  la 
bonificación  que  puede  aplicarse  debe  ser  del  50%  para  los  propietarios  de 
embarcaciones en edad legal de jubilación, previa acreditación de su condición de 
persona jubilada de la pesca por parte de la cofradía de pescadores. Esta bonificación 
solo es aplicable a las infraestructuras portuarias gestionadas directamente por Puertos 
de la Generalidad.
Sección séptima. Tasa de estacionamiento de vehículos (TA6)
Artículo 188.  Hecho imponible.
1.  El hecho imponible de la tasa de estacionamiento de vehículos consiste en la  e.
utilización de cualquier bien del dominio público portuario en ocasión del estacionamiento  w.b
de vehículos de tracción mecánica dentro de las zonas habilitadas a tal efecto por la  3w
Adm2i.n isStrai ceiló ne sptoarctiuoanraiam.iento de vehículos tiene lugar en infraestructuras portuarias y
ocotrnotsr atboie andems indies trdaotimvoin, iloa  tpaúsbal icsoo lop oerstu eaxriiog ibelen  srié geilm veenh ícduelo  auuttiolizriaz adceió ncu, aclqouniceers fioórnm oa 
bienes de dominio público gestionados directamente por la Administración portuaria.
Artículo 189.  Sujetos pasivos.
1.  Tienen  la  condición  de  sujetos  pasivos  de  la  tasa  de  estacionamiento  de 
vehículos, de forma solidaria, las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria, los propietarios del vehículo y el 
conductor que lo estaciona en las zonas de dominio público portuario habilitadas a tal 
efecto.
2.  A efectos de la presente ley, se entiende por propietario del vehículo el que figura 
como titular del mismo en el Registro de Vehículos de la Dirección Central de Tráfico o 
en un registro administrativo equivalente.
Artículo 190.  Exenciones.
Están exentos de la tasa de estacionamiento de vehículos:
a)  Los vehículos utilizados por personas con discapacidad que cuentan con la 
pertinente autorización especial.
b)  Los vehículos en servicio oficial de la Administración general del Estado, de las 
comunidades autónomas, de los municipios y de los servicios de rescate y salvamento 
marítimo que estén destinados de forma exclusiva a la prestación de servicios oficiales 
de su competencia en régimen de gestión directa.
Artículo 191.  Acreditación y exigibilidad.
1.  La tasa de estacionamiento de vehículos, si la cuota íntegra se calcula conforme 
al método de estimación directa, se acredita cuando se efectúa el estacionamiento del 
vehículo de tracción mecánica en las zonas de dominio público portuario habilitadas a tal 
efecto. En el supuesto de que no se presente el tique de aparcamiento en el momento de 
la retirada del vehículo, se aplica una tarifa de 20 euros.
2.  Si la cuota íntegra de la tasa se calcula conforme al método de estimación 
objetiva, la tasa se acredita el primer día de cada mes o el 1 de enero de cada año, 
según corresponda. En este caso, el período impositivo de esta tasa coincide con el mes 
natural o el año natural, según corresponda.
3.  En  el  método  de  estimación  objetiva,  el  pago  de  la  deuda  tributaria  debe 
efectuarse por avanzado con periodicidad mensual o anual, según corresponda. En este 
caso, si por causa no imputable al sujeto pasivo no se llega a consumir en su integridad 
el período de estacionamiento autorizado, las partes obligadas tributariamente pueden 
solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los días o meses que 
quedan para completar dicho período.
Artículo 192.  Elementos de cuantificación de la tasa.
1.  Los elementos de cuantificación de la tasa de estacionamiento de vehículos son:
a)  El tiempo de utilización del dominio público portuario.
b)  El tipo de vehículo.
2.  El tiempo de utilización del dominio público portuario se computa por minutos 
completos.  Los  plazos  inicial  y  final  del  período  de  utilización  coinciden  con  los 
momentos de entrada y salida del vehículo de las zonas de estacionamiento.
3.  Los vehículos se clasifican en: e.
a)  Motocicletas y vehículos o remolques de dos ruedas. w
cb))   ACuotcohceasre dse y t udreismmáos  yv edheímcuálso sa uptroomyeócvtialedso.s para el transporte colectivo.
d)  Otros vehículos de tracción mecánica.
Artículo 193.  Cuota tributaria.
1.  La cuota íntegra de la tasa de estacionamiento de vehículos puede calcularse 
por los métodos de estimación directa y de estimación objetiva.
2.  La cuota íntegra de la tasa debe determinarse con carácter general por el 
método de estimación directa. No obstante, previa solicitud de la persona obligada 
tributariamente,  la  cuota  íntegra  de  la  tasa  debe  determinarse  por  el  método  de 
estimación objetiva.
3.  No  pueden  aplicarse  simultáneamente  los  métodos  de  estimación  directa  y 
objetiva.
4.  En el método de estimación directa, la cuota íntegra de la tasa se determina 
multiplicando las cuantías fijas recogidas en las siguientes tarifas por el tiempo de 
utilización del dominio público portuario calculado en minutos.
Precio por minuto Precio máximo diario
Tipo de vehículo - -
Euros Euros
Motocicletas y vehículos o remolques de dos ruedas. 0,010   2,02
Coches de turismo y demás automóviles. 0,020   8,08
Autocares y demás vehículos proyectados para el 
0,040 32,31
transporte colectivo.
Otros vehículos de tracción mecánica. 0,030 14,13
5.  En  el  método  de  estimación  objetiva,  la  cuota  íntegra  de  la  tasa  debe 
determinarse multiplicando las cuantías fijas recogidas en las tarifas adjuntas por el 
tiempo de utilización del dominio público portuario calculado en meses y años.
Precio por mes Precio por año
Tipo de vehículo - -
Euros Euros
Motocicletas y vehículos o remolques de dos ruedas. 33,78 368,54
Coches de turismo y demás automóviles. 135,13 1.474,15
Autocares y demás vehículos proyectados para el transporte 
538,05 5.896,60
colectivo.
Otros vehículos de tracción mecánica. 236,49 2.579,16
6.  La cuota íntegra de la tasa determinada por el método de estimación directa se 
reduce  en  la  proporción  que  corresponda  si  concurre  alguna  de  las  siguientes 
circunstancias:
a)  El estacionamiento prolongado.
b)  El estacionamiento de vehículos del personal que presta servicio en los puertos.
7.  La  cuota  de  la  tasa  solo  puede  ser  objeto  de  una  reducción.  En  caso  de 
cumplirse  los  requisitos  para  la  aplicación  de  más  de  una  reducción,  solo  debe 
practicarse la que resulte más favorable al obligado tributario. e
8.  La cuota íntegra de la tasa determinada por el método de estimación directa se  bo
reduce en un 10% si el estacionamiento tiene una duración superior a tres días. w
erend eu9mc.e p reLenas  aucsnu  uo1 toa0r %gína tsneiig sermal  oedsse tsa licatui otaandsaoams  dieeennt teloar m dzieonlna avde adh eípc osuerl orev lli ocmi orée ptaooldirztoua andr eipa ee.rsstiomnaacsi óqnu ed irtreacbtaa jasen   OE-A-2020-44able en https://
10.  A  efectos  de  la  aplicación  de  la  reducción,  las  personas  obligadas 
tributariamente  deben  acreditar  esa  circunstancia  mediante  la  exhibición  de  la 
correspondiente tarjeta de identificación expedida por la Administración portuaria.
11.  Los contribuyentes que se acogen al método de estimación objetiva disfrutan de 
una bonificación del 30% de la cuota íntegra de la tasa, que Puertos de la Generalidad 
debe aplicar de oficio.
CAPÍTULO V
Tasas portuarias por prestación de servicios o realización de actividades 
administrativas
Sección primera. Tasa por utilización de la báscula (TP1)
Artículo 194.  Hecho imponible.
El  hecho  imponible  de  la  tasa  por  utilización  de  la  báscula  consiste  en  la 
determinación del peso de las mercancías y los vehículos mediante las básculas de 
titularidad de la Administración portuaria.
Artículo 195.  Sujeto pasivo.
1.  Tienen la condición de sujetos pasivos de la tasa por utilización de la báscula, en 
concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria propietarias de las mercancías o de los 
vehículos  cuyo  peso  se  determina  mediante  las  básculas  de  titularidad  de  la 
Administración portuaria.
2.  Tienen la condición de sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de sustituto del 
contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley general tributaria que soliciten o motiven la realización de la 
actividad en la que consiste el hecho imponible.
Artículo 196.  Acreditación y exigibilidad.
1.  La tasa por utilización de la báscula se acredita cuando se solicita la prestación 
de la actividad en la que consiste el hecho imponible.
2.  El pago de la deuda tributaria debe efectuarse por adelantado.
Artículo 197.  Elementos de cuantificación de la tasa.
1.  Los elementos de cuantificación de la tasa por utilización de la báscula son:
a)  El tipo de objeto pesado.
b)  La procedencia o el destino de la mercancía.
c)  El número de ocasiones en que se realiza la actividad.
2.  Los objetos pesados se clasifican en:
a)  Mercancías.
b)  Vehículos con mercancías.
c)  Otros objetos. e.
3.  La procedencia o el destino de las mercancías es la instalación portuaria donde  w
se produce el pesaje u otra instalación.
Artículo 198.  Cuota tributaria.
La cuota íntegra de la tasa por utilización de la báscula se determina multiplicando 
las cuantías fijas de la tarifa incluidas en el siguiente cuadro por el número de ocasiones 
en las que se realiza la actividad en la que consiste el hecho imponible.
Tipo específico por pesaje
Tipo de objeto pesado -
Euros
Pesaje con mercancías procedentes de la instalación portuaria o con 
3,89
destino a la misma.
Pesaje con mercancías ajenas a la instalación portuaria. 4,08
Otros objetos. 4,18
Sección segunda. Tasa de seguridad portuaria (TP2)
Artículo 199.  Hecho imponible.
El hecho imponible de la tasa de seguridad portuaria consiste en la prestación por 
parte  de  la  Administración  portuaria  del  servicio  portuario  general  de  inspección, 
ordenación y control del tráfico de pasajeros y equipajes en la zona de servicio portuaria 
de competencia de la Generalidad.
Artículo 200.  Sujeto pasivo.
1.  Tienen la condición de sujetos pasivos de la tasa de seguridad portuaria, en 
concepto de contribuyente y, además, de forma solidaria, el propietario, el naviero y el 
capitán del buque.
2.  Tiene la condición de sujeto pasivo de esta tasa, en concepto de sustituto del 
contribuyente, la parte consignataria del buque, cuando este se encuentra consignado.
Artículo 201.  Acreditación y exigibilidad.
1.  La tasa de seguridad portuaria se acredita cuando se inician las operaciones 
portuarias de embarque, desembarque o tránsito de los pasajeros y equipajes.
2.  El pago de la deuda tributaria debe efectuarse por adelantado.
Artículo 202.  Elementos de cuantificación de la tasa.
1.  El elemento de cuantificación de la tasa de seguridad portuaria es el número de 
pasajeros.
2.  La modalidad de pasaje es en régimen de crucero turístico.
Artículo 203.  Cuota tributaria.
La cuota íntegra de la tasa de seguridad portuaria se determina multiplicando la tarifa 
de 0,67 euros al día por el número de pasajeros en régimen de crucero turístico.
CAPÍTULO VI
Tasa por el servicio portuario de recepción obligatoria de los desechos generados 
por los buques
Artículo 204.  Hecho imponible.
1.  El hecho imponible de la tasa por la recepción obligatoria de los desechos 
generados por los buques consiste en la prestación del servicio de recepción obligatoria 
de los desechos generados por los buques o las embarcaciones que acceden por vía 
marítima o fluvial a una infraestructura portuaria de competencia de la Generalidad de 
Cataluña.
2.  Esta tasa solo es exigible en las zonas de servicios portuarias de competencia 
de la Generalidad.
Artículo 205.  Supuestos de no sujeción.
No están sujetos a la tasa por la recepción obligatoria de los desechos generados 
por los buques:
a)  Los buques pesqueros.
b)  Las embarcaciones de recreo autorizadas para un máximo de doce pasajeros.
Artículo 206.  Sujeto pasivo.
1.  Tienen la condición de sujetos pasivos de la tasa por la recepción obligatoria de 
los desechos generados por los buques, en concepto de contribuyente y, además, de 
forma solidaria:
a)  En el caso de buques, el propietario, el naviero y el capitán o patrón.
b)  En el caso de embarcaciones de recreo, el propietario de la embarcación y el 
capitán o patrón.
2.  Tienen la condición de sujetos pasivos de la tasa, en concepto de sustituto del 
contribuyente:
a)  En  el  caso  de  buques,  el  consignatario,  cuando  el  buque  se  encuentra 
consignado.
b)  En el caso de embarcaciones de recreo, el titular de la concesión o autorización 
o el contratista, si el acceso se efectúa a una infraestructura portuaria gestionada en 
régimen de autorización, concesión o contrato.
Artículo 207.  Exenciones.
Están exentos de la tasa por la recepción obligatoria de los desechos generados por 
los buques:
a)  Los buques cuya titularidad corresponda a la Administración general del Estado, 
a las comunidades autónomas o a los municipios que estén destinados exclusivamente a 
la prestación de servicios oficiales de su competencia en régimen de gestión directa.
b)  Los buques en servicio oficial de la Unión Europea o de uno de los estados  s
miembros de la Unión Europea que estén destinados exclusivamente a la prestación de  e.
servicios de su competencia en régimen de gestión directa. w.
Artículo 208.  Acreditación y exigibilidad.
los d1e. seEclh opse rgíoednoe riamdpooss pitoivro l oys  lbau aqcureesd iqtauceiódna nd ees ltaa btalescaid poosr  dleal  rseigceupiecnióten  moobdligoa:toria de
a)  En el caso de buques y embarcaciones que tienen su base en infraestructuras 
portuarias de competencia de la Generalidad, el período impositivo coincide con el mes 
natural y la tasa se acredita el día 1 de cada mes.
b)  En el caso de buques y embarcaciones transeúntes o que no tienen su base en 
infraestructuras portuarias de competencia de la Generalidad, la tasa se acredita cuando 
el buque o la embarcación entra en las aguas de la zona de servicio de la infraestructura 
portuaria en cuestión.
2.  El pago de la deuda tributaria se produce del siguiente modo:
a)  En el caso de buques y embarcaciones de base, la autoliquidación e ingreso se 
efectúan por adelantado y pueden referirse a uno o varios períodos de devengo, con un 
máximo de seis meses.
b)  En  el  caso  de  buques  y  embarcaciones  transeúntes  o  asimilados,  la 
autoliquidación  e  ingreso  deben  efectuarse  antes  de  abandonar  la  infraestructura 
portuaria.
3.  El producto de la recaudación de la tasa de recepción obligatoria queda afectado 
íntegramente a sufragar el coste del servicio de recepción de desechos generados por 
buques que prestan las instalaciones portuarias de titularidad de la Generalidad, hagan o 
no uso del mismo, con el fin de reducir los vertidos al mar de los desechos generados 
por los buques y las embarcaciones.
Artículo 209.  Cuota tributaria.
1.  La cuota de la tasa por la recepción obligatoria de los desechos generados por 
los buques queda fijada y es aplicable de acuerdo con las siguientes modalidades:
a)  Los buques y embarcaciones que tienen su base en infraestructuras portuarias 
de competencia de la Generalidad: 125,38 euros al mes.
b)  Los buques y embarcaciones transeúntes: 125,38 euros por escala.
2.  El pago de la cuota da derecho a descargar por medios de recogida terrestre un 
volumen máximo de 2 metros cúbicos de residuos incluidos en el anexo V del Convenio 
MARPOL 73/78, por cada mes o escala.
3.  La recogida de volúmenes superiores o de residuos incluidos en otros anexos del 
Convenio MARPOL 73/78 se sujeta a las condiciones técnicas y económicas que regulen 
la prestación del correspondiente servicio.
4.  A la cuota fijada le son de aplicación las reducciones fijadas por el presente 
artículo,  en  la  proporción  que  corresponda  si  concurre  alguna  de  las  siguientes 
circunstancias:
a)  La posesión de un certificado de exención total en vigor.
b)  La posesión de un certificado de exención parcial en vigor.
c)  La generación de cantidades reducidas de desechos.
d)  El tipo de buque.
e)  La entrega de todos los desechos generados por el buque.
f)  La entrega parcial de los desechos generados por el buque.
5.  La cuota de la tasa solo puede ser objeto de una reducción. Si concurren los 
requisitos  para  aplicar  dos  o  más  reducciones,  solo  se  aplica  la  que  resulte  más  e.e
favorable al sujeto pasivo. w.b
6.  La cuota de la tasa se reduce en el 100% cuando el capitán o patrón del buque o  3ww
ólar geamnob aarcdamciiónnis tdraistipvoon gcao mdpee utennat ec eernti fimcaactieórnia  ddee e xmeanrcinióan  mtoetarcl avnigtee nyte ,a pelmiciatibdlae  peonr  elal 
iennfrtareegsatr udcetu rsau pso rdtueasreiach does  lac oqrurees speo ntrdaieten,t eos a car eldoiste  aannetex oPsu eI,r toIsV  dye  lVa  Gdeenl eCraolindvaedn iloa 
MARPOL 73/78 a una empresa autorizada para prestar el servicio portuario específico
de recepción de desechos generados por buques y embarcaciones y residuos de carga 
en la infraestructura portuaria de la que se trate.
7.  La cuota de la tasa se reduce en el 75% si el capitán o patrón del buque o la 
embarcación disponga de una certificación de exención parcial vigente, emitida por el 
órgano administrativo competente en materia de marina mercante y aplicable en la 
infraestructura portuaria de la que se trate, o acredite ante Puertos de la Generalidad la 
entrega parcial de sus desechos correspondientes a los anexos I, IV y V del Convenio 
MARPOL 73/78 a una empresa autorizada para prestar el servicio portuario específico 
de recepción de desechos generados por buques y embarcaciones y residuos de carga 
en la infraestructura portuaria de la que se trate.
8.  La cuota de la tasa se reduce en el 25% en el caso de:
a)  Buques turísticos locales.
b)  Buques destinados al dragado y al avituallamiento.
c)  Buques  destinados  a  la  prestación  de  servicios  portuarios  generales  o 
específicos.
d)  Buques destinados a la acuicultura o a viveros flotantes.
e)  Embarcaciones profesionales dedicadas al alquiler con o sin patrón.
CAPÍTULO VII
Canon por la prestación de servicios portuarios específicos y desarrollo de 
actividades comerciales o industriales y realización de usos lucrativos
Artículo 210.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del canon por la prestación de servicios portuarios 
específicos y el ejercicio de actividades comerciales o industriales y la realización de 
usos  lucrativos  la  prestación  de  los  servicios,  el  ejercicio  de  las  actividades  o  la 
realización de los usos citados en la infraestructuras portuarias en virtud de autorización, 
concesión  o  contrato.  No  se  incluyen  las  actividades  formativas  y  de  competición 
deportiva llevadas a cabo por entidades náutico-deportivas.
Artículo 211.  Sujeto pasivo.
Es sujeto pasivo del canon por la prestación de servicios portuarios específicos y 
desarrollo de actividades comerciales o industriales y realización de usos lucrativos la 
persona física o jurídica titular de la autorización de actividad, la concesión o el contrato 
habilitante.
Artículo 212.  Acreditación y exigibilidad.
1.  El canon por la prestación de servicios portuarios específicos y desarrollo de 
actividades  comerciales  o  industriales  y  realización  de  usos  lucrativos  se  acredita 
anualmente, en los plazos y condiciones que señala el título habilitante.
2.  En el supuesto de que el canon sea exigible por adelantado, la cuantía del primer 
ejercicio debe calcularse de acuerdo con las estimaciones efectuadas sobre el volumen 
de negocio y, en los ejercicios sucesivos, sobre los datos reales de los años anteriores.
Artículo 213.  Importe. e.e
El importe del canon por la prestación de servicios portuarios específicos y desarrollo  ww.
ddsfuoeenb  lcaoriecós t neibv ledi dvneaoe dllfuoiecmssi o etcsipno po mdrsee edv rliecasi staao lcaestc.sivt iiovdi adindad,d uedsset  resianul e uisnn taey  rcéreusaa plnizotíaratcu idaóerni o hd,a eds etua sl aoe slc  7ulu%acn rtdaíaeti  vldaoe s f alasce tiu nervasectraisóbinóle nec eny    OE-A-2020-44able en https://
CAPÍTULO VIII
Precios privados por la realización de actividades económicas y servicios varios
Artículo 214.  Precios privados.
Corresponde a Puertos de la Generalidad determinar y revisar el precio exigible a los 
particulares en contraprestación por las actividades económicas y los servicios varios 
que presta a solicitud de los mismos.
Artículo 215.  Exigibilidad.
1.  Puertos de la Generalidad puede exigir el pago del precio de las actividades 
económicas y servicios varios desde el momento en que recibe la petición de la persona 
interesada. A tal efecto, debe expedirse la correspondiente factura. El solicitante debe 
hacerla efectiva en el plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha de su 
notificación.
2.  Para garantizar el cobro de las facturas emitidas puede exigirse un depósito 
previo o la constitución de avales por el correspondiente importe.
3.  Transcurrido el plazo de pago sin que el solicitante haya hecho efectivo el precio 
exigido,  la  dirección  general  de  la  entidad  portuaria  tiene  que  certificar  dicha 
circunstancia y notificarlo a la persona obligada al pago. La cantidad debida genera el 
interés legal del dinero vigente incrementado en dos puntos durante el período en el que 
se haya incurrido en mora.
4.  Si  la  persona  obligada  al  pago  ha  constituido  alguna  garantía,  la  entidad 
portuaria, previo apercibimiento a la persona interesa, debe proceder al cobro de la 
cantidad debida con cargo a dicha garantía. De no ser así, Puertos de la Generalidad 
debe reclamar la cantidad debida ante los órganos de la jurisdicción ordinaria.
5.  El certificado emitido por la dirección general de Puertos de la Generalidad tiene 
la consideración de título ejecutivo a efectos de la acción ejecutiva, de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 517 de la Ley de enjuiciamiento civil, y permite la promoción 
del correspondiente proceso de ejecución, con independencia del importe efectivamente 
reclamado.
6.  La falta de pago de los intereses devengados durante el período en el que se ha 
incurrido en mora habilita igualmente a Puertos de la Generalidad para el ejercicio de la 
acción ejecutiva en la forma establecida en el presente artículo.
Artículo 216.  Reclamaciones de precios privados.
En materia de  precios privados  por  la realización de actividades económicas y 
servicios varios, las personas interesadas pueden plantear en defensa de sus intereses 
las  reclamaciones  que  consideren  pertinentes  de  acuerdo  con  la  normativa  sobre 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común.
CAPÍTULO IX
Tarifas máximas de los servicios portuarios específicos
Artículo 217.  Importe máximo de las tarifas. e.e
1.  Corresponde a Puertos de la Generalidad fijar las tarifas máximas exigibles por  ww.
sslaoesnr v p2ipce.r ireosssSot napi adolosorst suf  íasdseriiicrroeavscisc te aioosm spj ueeprncíodítferiitcc upaoaossrr .io oPs ul aeessr tpeoensct idídfeiac dolaes  sGs soeinnn e dpraeel rissdooalndica, iltliuoddsa  duo s jurueraícrdeioicpsac  idóqenub eeo nbp lripegasagttaoanrri  alloa oss    OE-A-2020-44able en https://
correspondientes tarifas.
LIBRO TERCERO
Transporte de pasajeros en aguas marítimas y continentales
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 218.  Servicios de transporte de personas.
1.  Los servicios de transporte objeto de la presente ley son los destinados al 
transporte de personas y, si procede, de sus equipajes, en los ámbitos siguientes:
a)  Transporte en aguas marítimas: el que se realiza íntegramente entre puertos y 
lugares del litoral de Cataluña y el que se realiza entre estos y los puntos situados en los 
márgenes de los ríos que transcurren por el territorio de Cataluña hasta el lugar donde 
sean navegables o donde resulte evidente el efecto de las mareas.
b)  Transporte en aguas continentales: el que se realiza íntegramente entre puntos 
situados en los márgenes de los ríos que transcurren por el territorio de Cataluña y de 
los lagos.
2.  Se entiende que están comprendidos dentro de esta modalidad los transportes 
con fines turísticos y el desplazamiento a lugares para realizar prácticas deportivas, así 
como, en general, cualquier actividad comercial que suponga el transporte de personas 
en embarcaciones provistas de medios mecánicos de propulsión, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el apartado 3.
3.  El  alquiler  de  embarcaciones  de  recreo,  con  o  sin  patrón,  no  tiene  la 
consideración, a efectos de la presente ley, de transporte de viajeros, y queda excluido, 
por consiguiente, de su ámbito de aplicación. También queda excluido de su ámbito de 
aplicación el desplazamiento en embarcaciones que sean propiedad de empresas que 
realizan una actividad principal distinta de la de transporte, de la cual este resulta 
complementario.
Artículo 219.  Clasificación.
Los servicios de transporte objeto de la presente ley, de acuerdo con las condiciones 
de prestación, se clasifican en:
a)  Líneas regulares: las que están sujetas a itinerarios, frecuencia de escalas, 
precios y otras condiciones de transporte previamente establecidas y que se prestan con 
una periodicidad predeterminada.
b)  Líneas no regulares u ocasionales: son todas las que, por sus características, no 
pueden considerarse regulares.
Artículo 220.  Competencias administrativas.
La regulación, la ordenación y el control del transporte de pasajeros en aguas 
marítimas y continentales y de las actividades relacionadas con el mismo corresponden 
al departamento competente en materia de transportes, de acuerdo con la presente ley.
TÍTULO II
Servicios de transporte de pasajeros
CAPÍTULO I
Régimen de prestación de los servicios
Artículo 221.  Libertad de prestación.
Toda persona física o jurídica que cumpla los requisitos establecidos por la presente 
ley y demás normativa que le sea de aplicación puede prestar los servicios de transporte 
que son objeto de la presente ley, en régimen de competencia real y efectiva.
Artículo 222.  Buques.
Los servicios de transporte a los que se refiere la presente ley que tienen finalidad 
mercantil  quedan  reservados  a  buques  abanderados  en  cualquiera  de  los  estados 
miembros de la Unión Europea o pertenecientes al Espacio Económico Europeo.
Artículo 223.  Prestación de los servicios.
La prestación de los servicios de transporte objeto de la presente ley queda sujeta al 
cumplimiento  de  las  prescripciones  establecidas  por  la  normativa  vigente  sobre 
transporte y seguridad de buques, así como a los requerimientos u órdenes que emanen 
de los órganos administrativos competentes en esta materia.
CAPÍTULO II
Requisitos para la prestación de los servicios
Artículo 224.  Comunicación.
1.  Las personas interesadas en prestar los servicios de transporte a los que se 
refiere  la  presente  ley  deben  notificarlo  fehacientemente  a  la  dirección  general 
competente en materia de transportes con una antelación mínima de un mes al inicio de 
la actividad, acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio 
de la actividad.
2.  A  efectos  de  lo  establecido  por  el  apartado  1,  la  comunicación  debe  ir 
acompañada de la documentación relativa a las siguientes circunstancias:
a)  Los  datos  identificativos  de  las  personas  físicas  o  entidades  comunicantes, 
debidamente registradas como empresas navieras, de conformidad con la normativa de 
aplicación.
b)  La documentación acreditativa de que el buque que se pretende emplear en la 
prestación del servicio cumple los requisitos exigidos por la normativa vigente para poder 
navegar y los requerimientos técnicos y de seguridad, en función de las características 
del transporte que se desea prestar, en la que debe constar el número máximo de 
pasajeros que puede transportar, emitido por la administración competente en la materia.
c)  El seguro de responsabilidad civil de la persona prestadora de los servicios de 
transporte,  que  cubra  los  daños  a  terceras  personas  derivados  del  ejercicio  de  la  e.
actividad, en los términos que se determinen por vía reglamentaria. La suscripción del  w.
seguro se entiende sin perjuicio de otros que deban ser formalizados en función de la  3w
clasde)  deL tara cnlsapsoer dtee  qsueer vsicei od:e ssie sae p trreastata dr.e servicios regulares, deben constar el itinerario
osi  istien etrraartiao sd,e l osse rpvuicnitooss  ndoe  rpeagrutildaare ys ,l lleag azodnaa y  dloesl  lliutograarl eos  ldaosn adgeu saes  rceoanlitzinaenn ltaasle es sdcoanladse;   BOE-A-cable e
se prevea prestar el servicio de transporte, los puntos de partida y llegada y la previsión 
de escalas.
e)  Los precios aplicables por la prestación de los servicios.
f)  Una declaración responsable de no tener deudas con la Administración de la 
Generalidad, y de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social, 
con  una  autorización  expresa  para  que  pueda  comprobarse  la  veracidad  de  la 
declaración.
g)  El título de patrón de aguas fluviales o continentales, si se trata de prestar 
transporte exclusivamente en aguas continentales.
h)  Cualquier otra documentación que se determine por reglamento.
3.  La documentación a la que se refiere el apartado 2.b y c puede sustituirse, en los 
servicios que se presten con buques de nueva adquisición, respectivamente, por una 
memoria justificativa de sus condiciones técnicas, que especifique el número máximo de 
pasajeros permitido, y por el compromiso de formalizar el correspondiente seguro de 
responsabilidad civil.
4.  Los navieros deben comunicar a la dirección general competente en materia de 
transportes, cada tres años, a contar desde el inicio de la actividad, si tienen intención de 
continuar  prestando  el  servicio.  La  comunicación  debe  ir  acompañada  de  una 
declaración responsable sobre el mantenimiento de las condiciones exigidas para el 
ejercicio de esa actividad.
5.  El  cese  en  la  prestación  del  servicio  regular  debe  comunicarse  al  órgano 
competente de la Generalidad con quince días de antelación.
6.  La comunicación de inicio de actividad lo es sin perjuicio de la obtención de los 
títulos habilitantes que exijan la normativa municipal y el resto de legislación vigente.
Artículo 225.  Incumplimiento de los requisitos.
1.  En el supuesto de que la dirección general competente en materia de transportes 
constate que la comunicación no incorpora todos los documentos que acrediten el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 224, y haya transcurrido el 
plazo legal de subsanación otorgado a tal efecto, debe dictar resolución motivada en la 
que ordene la inmediata paralización del servicio o la prohibición de su inicio hasta que 
sea subsanada la omisión, sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan.
2.  Las personas interesadas no pueden hacer efectiva ninguna modificación de los 
servicios  prestados  hasta  que  hayan  transcurrido  al  menos  diez  días  desde  su 
comunicación, salvo que, por razones de interés general, sean autorizadas de forma 
expresa antes de que el plazo haya finalizado.
Artículo 226.  Cese de la actividad.
1.  Las siguientes causas determinan la imposibilidad legal de seguir prestando la 
actividad de transporte:
a)  Extinción de la personalidad del transportista.
b)  Sanción administrativa firme.
c)  Falta de notificación preceptiva de la intención de seguir llevando a cabo la 
actividad y del mantenimiento de las condiciones.
d)  Impago reiterado de los tributos portuarios legalmente exigibles.
e)  Comprobación,  por  parte  de  la  administración  competente  en  materia  de  e.
transporte, de la inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento de  w.b
carácter  esencial  que  se  hubiera  aportado  o  del  incumplimiento  de  los  requisitos  3w
establecidos por la legislación aplicable.
com2p.e teSnit ee le nc emsaet edriea  dlae  tarcatnivsipdoardte ,s ee stper osdeu caec uae rdinas mtaendciiaasn ted ere slao luacdiómni,n iusntraa cvióenz 
tramitado un procedimiento que debe dar audiencia al transportista afectado.
LIBRO CUARTO
Régimen de policía y sancionador
TÍTULO I
Régimen de policía
CAPÍTULO I
Potestad inspectora
Artículo 227.  Inspección y vigilancia.
1.  Corresponde a la Administración portuaria, sin perjuicio de las competencias 
municipales y de las competencias de la Agencia Catalana del Agua, la potestad de 
inspección y vigilancia con relación a las infraestructuras portuarias incluidas en el 
ámbito de aplicación de la presente ley, así como con relación a las operaciones y los 
servicios  que  en  ellas  se  prestan,  cualesquiera  que  sean  el  régimen  de  gestión  y 
utilización del dominio público portuario y de la zona de servicio del puerto y la forma de 
prestación de los servicios.
2.  La policía portuaria de Barcelona y de Tarragona es el cuerpo policial con 
competencias en los servicios de vigilancia, seguridad y policía en las zonas comunes de 
dichos  puertos,  sin  perjuicio  de  las  competencias  que  corresponden  a  otras 
administraciones, de conformidad con el texto refundido de la Ley de puertos del Estado 
y de la marina mercante.
3.  La actuación inspectora es llevada a cabo por el personal designado por la 
Administración  portuaria.  En  los  puertos  gestionados  mediante  contrato  sujeto  a  la 
normativa  sobre  contratación  pública,  la  Administración  portuaria  puede  designar,  a 
propuesta de los órganos representativos de la empresa contratista, a una persona que 
ejerza dichas funciones en el ámbito de la concesión.
4.  La potestad de inspección y vigilancia de los servicios de transporte marítimo 
corresponde a los órganos de inspección del departamento competente en materia de 
transportes, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas.
5.  En  cualquier  caso,  el  personal  encargado  de  la  inspección  y  vigilancia  de 
acuerdo con los apartados 3 y 4 tiene la consideración de agente de la autoridad en el 
ejercicio de sus funciones y los hechos constatados que se formalizan en un documento 
público tienen valor probatorio, en los términos establecidos por la legislación sobre 
procedimiento administrativo común.
6.  Las actas levantadas por los servicios de inspección deben reflejar con claridad 
las  circunstancias  de  los  hechos  o  actividades  que  pueden  ser  constitutivos  de 
infracción, los datos personales del presunto infractor y de la persona inspeccionada y la 
conformidad  o  disconformidad  motivada  de  las  personas  interesadas,  junto  con  la 
indicación de las normas que se reputen infringidas.
7.  La potestad inspectora comprende, entre otras, las siguientes facultades:
a)  Acceder a la totalidad de los espacios comprendidos en la zona de servicio 
portuario, incluidas las edificaciones y las instalaciones, con independencia del tipo de 
gestión y de la titularidad.
b)  Acceder a la documentación administrativa, financiera, contable o de cualquier  e.
otra naturaleza que sea necesaria para el ejercicio de la función inspectora, y requerir a  w.
tales efectos los informes, documentos y antecedentes que, de forma justificada, se  3w
estimc)e n Cpoemrtipnreonbtaers .el cumplimiento de las condiciones del título habilitante y, en general,
de las exigencias de las normativas sectoriales de aplicación.
d)  Verificar que las obras, las actividades y los servicios se lleven a cabo de 
acuerdo con la normativa de aplicación.
e)  Acceder,  en  los  términos  establecidos  por  la  legislación  vigente,  a  las 
instalaciones de propiedad privada cuando sea necesario para realizar las pertinentes 
comprobaciones.
f)  Formalizar las actas de denuncia.
8.  Las empresas de transporte marítimo y los capitanes o patrones deben facilitar al 
personal de los servicios de inspección toda la documentación que les requieran, y 
deben permitirles el acceso a las embarcaciones destinadas a los servicios de transporte 
marítimo y en las instalaciones de apoyo, siempre que resulte necesario para verificar el 
cumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  por  la  presente  ley  y  por  los  títulos 
correspondientes.
9.  El personal de guardamuelles y el personal de vigilancia en los ámbitos sujetos a 
título habilitante tienen la misión de prevenir, evitar y denunciar las infracciones que 
puedan cometerse con relación a lo dispuesto por la presente ley, y deben informar a las 
distintas autoridades competentes por razón de la materia de las actuaciones que hayan 
realizado.
10.  La inspección y vigilancia de la zona de servicio portuaria debe ejercerse 
respetando las competencias municipales y actuando de forma coordinada con la Policía 
de la Generalidad - Mossos de Esquadra y la policía local. El personal de inspección 
puede solicitar, para un cumplimiento eficaz de su función, el apoyo necesario de las 
fuerzas de seguridad. A tales efectos, la Administración portuaria debe solicitarlo en cada 
caso a la autoridad competente.
11.  Con el objetivo de conseguir una mayor eficacia y coordinación y de optimizar el 
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales disponibles en las tareas de 
control e inspección, la Administración portuaria puede suscribir acuerdos y convenios de 
colaboración con el departamento competente en materia de seguridad pública y con las 
demás administraciones públicas al efecto de prever, en su caso, el intercambio de 
información y la intervención en materias de su competencia.
CAPÍTULO II
Medidas de policía
Artículo 228.  Facultades de policía.
1.  Corresponde  a  la  Administración  portuaria  la  adopción  de  las  medidas 
necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de las operaciones portuarias. Esta 
potestad la faculta para acordar:
a)  La recuperación de cualquier espacio o elemento incluido en el dominio público 
portuario ocupado sin título suficiente o sin ajustarse al título otorgado o a la normativa 
sobre usos, actividades o servicios, incluidos edificios e instalaciones, embarcaciones, 
vehículos y mercancías.
b)  La declaración de la situación de abandono de barcos, vehículos, mercancías y, 
en general, cualquier otro equipamiento.
c)  La adopción de las medidas de seguridad exigibles cuando un buque presente 
peligro de hundimiento en la zona de servicio portuaria y el armador o la persona  s
responsable no atienda las instrucciones recibidas de la Administración portuaria. oe.
2.  La  Administración  portuaria  puede  ordenar  la  paralización  inmediata  de  las  3w
oabctriavsid, adeel sp rqeucein tnoo  ddei splaosn ginasnt adlaecl iocnoerrse syp olnad iseunstep etnítsuiólon  addem ilnoiss trasetivrvoi cioo sq uye  dneo  lsaes 
aadjumstiennis traa cliaosn esc odned ilcaiso nceosm pdeetle ntcítiualso  qouteo rtgeandgoa,n  rseinc onpoecrjiudiacsio  podre ll a enjeorrcmicaitoiv ap oser cototrraiasl 
de aplicación.
3.  La  Administración  portuaria  puede  acordar  la  inmovilización  de  buques, 
embarcaciones, vehículos, mercancías o cualquier objeto que se encuentre en la zona 
de servicio portuaria sin autorización o en un lugar distinto al autorizado, así como su 
traslado  donde  estime  más  conveniente,  sin  perjuicio  del  pago  de  la  tasa  o  tarifa 
procedente y de la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador, si procede. 
Esta inmovilización debe mantenerse en los supuestos de transmisión del bien, que 
queda, en cualquier caso, afecto al pago de la deuda resultante de la estancia en la zona 
de servicio portuaria.
Artículo 229.  Órdenes individuales.
1.  La Administración portuaria puede dictar órdenes a los usuarios de la zona de 
servicio portuaria que impongan el deber de hacer, no hacer o tolerar, con el fin de 
garantizar:
a)  La correcta y normal explotación del dominio público portuario y el desarrollo de 
las operaciones portuarias.
b)  La limpieza y salubridad de las aguas, terrenos, obras e instalaciones existentes 
en la zona de servicio de los puertos e instalaciones marítimas menores y la protección 
del medio ambiente.
c)  La seguridad en el dominio público portuario.
2.  El contenido de las órdenes que dicte la Administración portuaria debe ajustarse, 
en cualquier caso, a los principios de igualdad de trato y de congruencia con los motivos 
y fines que las justifican y, en caso de existir varias opciones, debe optarse siempre por 
la menos restrictiva de la libertad individual.
Artículo 230.  Abandono de buques, embarcaciones, vehículos y otros objetos.
1.  La  Administración  portuaria  puede  adoptar  las  medidas  necesarias  para 
garantizar el correcto desarrollo de las operaciones portuarias y la disponibilidad de los 
espacios portuarios, elementos de atraque y puntos de amarre. A tales efectos, puede 
adoptar la declaración de situación de abandono del buque o embarcación, que debe 
permitir  su  traslado,  fondeo  o  tratamiento  como  residuo.  La  adopción  del  acuerdo 
mencionado exige, con carácter previo, la audiencia del propietario, el naviero o el 
consignatario, y la tramitación del procedimiento que corresponda.
2.  La  Administración  portuaria  puede  solicitar  a  la  Administración  marítima  su 
auxilio para garantizar la navegación en la zona de servicio portuaria, así como la 
seguridad de los buques, en los supuestos en que un buque o embarcación se declare 
en situación de abandono.
3.  En las situaciones que requieran una intervención urgente por necesidades de 
las operaciones portuarias y la navegación, así como en los casos en que el fondeo o la 
localización de un buque o embarcación en las aguas portuarias obstaculice el acceso al 
canal de navegación, impida el paso por la bocana o conlleve un riesgo cierto para los 
demás buques y embarcaciones, la Administración portuaria puede adoptar las medidas 
provisionales de urgencia necesarias.
4.  A efectos de la presente ley, se consideran abandonados:
a)  Los  buques  y  embarcaciones  que  permanezcan  atracados,  amarrados  o 
fondeados en el mismo lugar de la zona de servicio portuaria durante más de seis meses  e
consecutivos,  sin  actividad  exterior,  si  no  se  han  abonado  las  tasas  y  tarifas  bo
correspondientes a estos períodos. w
suficbi)e ntLeoss p abruaq uideesn, tieficmabr aar csauc ipornoepsie tya rvioe hoí ccuolonss igcnaaretanrtieos,  yd qeu me aster íhcuallale no  edne l alo zso ndaa tdoes 
servicio portuaria sin autorización.
5.  Los vehículos, maquinaria y objetos en general que permanezcan en el mismo 
sitio dentro de la zona de servicio portuaria, por un período superior a un mes, y 
presenten desperfectos que permitan presumir racionalmente su situación de abandono 
deben ser tratados como residuos.
6.  El procedimiento de declaración de situación de abandono se inicia mediante 
acuerdo publicado y notificado en los términos establecidos por reglamento. Una vez 
realizada la declaración de situación de abandono, los bienes deben ser enajenados en 
subasta pública, en los términos que se establezcan por reglamento.
7.  Corresponde  a  Puertos  de  la  Generalidad  la  propiedad  de  los  buques, 
embarcaciones, vehículos y otros objetos que hayan sido declarados en situación de 
abandono de conformidad con la presente ley.
8.  Las cantidades obtenidas en caso de enajenación mediante subasta pública 
deben  aplicarse,  deducidos  los  gastos  de  gestión,  al  resarcimiento  de  las  deudas 
incurridas con la Administración portuaria o con la persona que gestiona el puerto con 
relación al abandono.
9.  El impago de las tasas aplicables y de los gastos ocasionados por el traslado, 
fondeo, depósito y otros análogos como consecuencia del abandono, una vez notificada 
esta  situación  y  previa  advertencia  a  la  persona  deudora,  debe  permitir  a  la 
Administración portuaria iniciar el procedimiento administrativo de apremio.
Artículo 231.  Embargo y retención judicial o administrativa.
La Administración portuaria puede, en los casos de embargo o retención judicial o 
administrativa  de  buques  u  otros  equipamientos,  siempre  que  sea  necesario  para 
garantizar la operatividad o la seguridad de las operaciones portuarias, determinar su 
ubicación en la zona de servicio portuaria, informando a la autoridad que haya decretado 
el embargo o retención.
Artículo 232.  Negativa a la entrada y a la prestación de servicios y actividades.
1.  Los  responsables  de  la  gestión  de  una  infraestructura  portuaria  quedan 
facultados para denegar la entrada, la prestación de servicios portuarios o la realización 
de actividades económicas, en los siguientes supuestos:
a)  Por  ausencia  de  solicitud  formalizada  de  acuerdo  con  los  requisitos  que 
establezca la legislación vigente.
b)  Si la entrada, prestación de servicios o realización de actividades económicas 
puede  poner  en  peligro  la  seguridad  de  la  instalación,  de  los  usuarios  o  de  otras 
embarcaciones.
c)  Por falta del preceptivo seguro de responsabilidad civil que responda de los 
daños y perjuicios que pueda ocasionar a otros buques o personas usuarias, o cualquier 
elemento de la zona de servicio portuaria.
d)  En el supuesto de buques abanderados en países en los que no se exija el 
seguro  obligatorio,  se  puede  solicitar  que  depositen  una  cantidad  suficiente  para 
responder de los daños y perjuicios que puedan ocasionar durante el período de escala.
e)  Si  resulta  procedente  de  acuerdo  con  las  indicaciones  formuladas  por  la 
autoridad marítima.
2.  No obstante lo establecido por el apartado 1, es obligatorio prestar los servicios 
correspondientes cuando la embarcación se encuentre en situación de peligro para la  e.
navegación o la seguridad de la vida humana, o en caso de emergencia o fuerza mayor. w.b
3.  El incumplimiento de las obligaciones del titular o el usuario de un derecho de  3w
uy sgoe psrtieófne roe ndtee,  laassí  tcaormifaos  lad ef allotas  dsee rpvaicgioos d ye  alacsti vciudoatdaess d qeu ceo snes eprvreasctieónn , om uatnilticeennim, ioe ndteo 
rceuqaulqeuriimeri eonttroa  pcoarn etidscardit oe xpiogrib plea rdtee  daeclu geerdsoto rc odne  llaa  innosrtmalaactiivóan  vpigaeran tqeu, ed ae l lutitgualar r ao  uenl 
usuario rectifique su conducta o se ponga al corriente del pago, en un plazo no inferior a
treinta días, con la advertencia expresa de que, en caso contrario, debe denegarse la 
prestación de servicios y actividades.
4.  Si el requerimiento no es atendido en el plazo fijado, el gestor de la instalación 
debe comunicarlo a la Administración portuaria, que puede autorizar al gestor de la 
instalación para que, si procede, pueda inmovilizar la embarcación en su puesto de 
amarre, o, si las circunstancias lo aconsejan y siempre de forma motivada, la pueda 
retirar de la lámina de agua.
TÍTULO II
Infracciones y sanciones
CAPÍTULO I
Infracciones administrativas
Sección primera. Disposiciones generales
Artículo 233.  Tipificación.
1.  Son  infracciones  administrativas  las  acciones  u  omisiones  tipificadas  por  la 
presente ley.
2.  Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
Artículo 234.  Prescripción de las infracciones.
1.  El plazo de prescripción de las infracciones tipificadas por la presente ley es de 
tres años para las muy graves, dos años para las graves y un año para las leves.
2.  Los  plazos  comienzan  a  computarse  a  partir  de  la  fecha  en  la  que  se  ha 
cometido la infracción o a partir de la consumación de la conducta constitutiva de la 
infracción.
3.  En el caso de infracciones continuadas, el plazo de prescripción se computa a 
partir del momento de la finalización de la actividad o del último acto con el cual la 
infracción se consuma.
4.  Si los hechos, actos u omisiones constitutivos de infracción son desconocidos 
por ausencia de signos externos, el plazo empieza a contar a partir de la fecha en la que 
estos se manifiesten.
5.  Independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la infracción, 
la Administración puede exigir la restitución y la reposición de los bienes a su estado 
anterior.
Sección segunda. Infracciones en materia portuaria
Artículo 235.  Tipificación.
1.  Son infracciones leves:
a)  Cualquier acción u omisión que cause daños o perjuicios a los bienes de dominio 
público, a las instalaciones y equipamientos, a las mercancías, a los contenedores o a 
cualquier otro elemento situado en la zona de servicio portuaria, así como la utilización  e.
indebida o sin autorización de dichos elementos cuando esta sea necesaria, siempre que  w.
no impida el normal desarrollo de las operaciones portuarias. 3w
incubm) pliLmai eenjteoc duec ilóans  cdoen doibciroanse so  dienls ttíatulaloc ioontoersg aedno .la zona de servicio portuaria con
c)  La ocupación y el uso de cualquier elemento de la zona de servicio portuaria sin 
el correspondiente título, o en condiciones distintas a las establecidas por el mismo, 
siempre que no se obstaculice la actividad normal propia de la instalación portuaria.
d)  El ejercicio de actividades económicas en la zona de servicio portuaria sin previa 
obtención de licencia o sin efectuar su comunicación.
e)  El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la autorización de gestión de 
servicios portuarios específicos.
f)  El hecho de depositar utensilios y materiales de las embarcaciones, incluidas las 
redes de pesca, en zonas no habilitadas.
g)  La tenencia a bordo de los buques y embarcaciones de materiales inflamables, 
explosivos  o  peligrosos,  a  excepción  de  los  cohetes  y  bengalas  de  señalización 
reglamentarios,  de  las  reservas  de  combustible  y  de  las  bombonas  de  gas 
imprescindibles para el suministro de los equipamientos y su funcionamiento.
h)  La realización de trabajos o actividades en los buques y embarcaciones, tanto en 
dársena como en seco, que puedan resultar peligrosos o molestos para otros usuarios, 
incumpliendo los requerimientos y órdenes de suspensión.
i)  El estacionamiento de vehículos fuera de los espacios destinados para este uso o 
con incumplimiento de las condiciones o de la señalización que lo regula.
j)  La publicidad no autorizada en la zona de servicio portuaria.
k)  La omisión o aportación de forma defectuosa, voluntariamente o por negligencia 
inexcusable,  de  cualquier  información  que  deba  suministrarse  a  la  Administración 
portuaria, a requerimiento de esta o por prescripción legal.
l)  La negativa a colaborar con la Administración portuaria en el ejercicio de las 
funciones de tutela y policía.
m)  La realización de actividades no autorizadas en la zona de servicio portuaria.
n)  El incumplimiento de las normas de utilización de los distintos servicios, áreas y 
actividades y, en su caso, de las franjas de horario de utilización establecidas.
o)  El  incumplimiento  injustificado  de  las  órdenes  verbales  dictadas  por  la 
Administración portuaria en los términos establecidos por el artículo 227.
p)  El  encendido  de  fuegos  u  hogueras  en  la  zona  de  servicio  portuaria, 
especialmente durante las operaciones de suministro de carburante.
q)  La  pesca  con  caña  dentro  de  la  zona  de  servicio  salvo  en  los  espacios 
expresamente autorizados.
r)  El desembarco irregular de la pesca y el transporte de la misma sin la preceptiva 
autorización.
s)  La falta de entrega de los desechos o las aguas sucias o residuales en las 
instalaciones que el gestor de la instalación ponga a disposición de los usuarios y que 
pueda conllevar contaminación o daños en las aguas portuarias o en el recinto portuario 
en general, así como la falta de justificación de la entrega de toda clase de residuos a 
una empresa gestora del servicio de recepción de desechos generados por buques y de 
residuos de carga cuando ello sea preceptivo.
t)  La  falta  de  un  plan  interior  de  contingencias  por  contaminación  marítima 
accidental o de un plan marítimo cuando resulte preceptivo.
u)  El  hecho  de  no  disponer  de  las  instalaciones  especiales  o  de  los  medios 
suficientes, con equipos propios o contratados, para la prevención y la lucha contra la 
contaminación,  de  conformidad  con  lo  establecido  por  la  legislación  sectorial  y, 
especialmente, en las operaciones de suministro de carburantes.
v)  El vertido de productos contaminantes líquidos, sólidos o gaseosos en la zona de  s
servicio portuaria. oe.
w)  El incumplimiento de las medidas de protección ambiental obligatorias. w.
x)  La  ejecución  de  obras  de  dragado  con  incumplimiento  de  alguna  de  las  3w
condyi)c ioEnle sin ecustmabplleimciideansto e dne l al aasu tcoornizdaicciióonn.es relativas al régimen de uso de los puntos
de amarre.
2.  Son infracciones graves:
a)  Las infracciones tipificadas como leves si provocan lesiones a las personas o 
motivan su baja laboral por tiempo inferior a siete días, o bien causan daños y perjuicios 
que impidan parcialmente el funcionamiento de los bienes o instalaciones.
b)  El  falseamiento  de  cualquier  información  aportada  a  requerimiento  de  la 
Administración portuaria en cumplimiento de una obligación legal.
c)  La obstrucción de las funciones de control y de policía de la Administración.
d)  La  falta  de  suscripción  y  de  mantenimiento  en  vigor  de  los  seguros  de 
responsabilidad civil o de cobertura de incendios y robos exigidos por la legislación 
vigente.
e)  La  ejecución  de  obras  o  instalaciones  en  la  zona  de  servicio  portuaria  sin 
disponer del título habilitante establecido por la presente ley, sin perjuicio de que sea 
aplicable el régimen sancionador establecido para las infracciones relacionadas con la 
ejecución de obras o instalaciones sometidas a la normativa urbanística o normativas 
sectoriales distintas de la portuaria.
f)  La ocupación y uso del dominio público sin el correspondiente título o el hecho de 
perturbar  la  actividad  normal  de  la  zona  de  servicio  portuaria  o  de  desatender  un 
requerimiento expreso de la Administración portuaria para el cese de la conducta.
g)  La gestión o conservación inadecuada de las infraestructuras portuarias, si no 
constituye infracción muy grave.
h)  El aumento de la superficie ocupada o el volumen y altura construidos hasta 
un 20% respecto del proyecto autorizado, sin perjuicio de la caducidad o resolución del 
título habilitante.
e)  El  incumplimiento  de  la  normativa  reguladora  del  uso  de  embarcaciones  y 
artefactos flotantes.
l)  La reincidencia en cualquiera de las faltas leves antes de que transcurra el plazo 
de prescripción.
3.  Son infracciones muy graves:
a)  Las infracciones tipificadas como leves o graves si provocan en las personas 
lesiones determinantes de baja laboral por un tiempo superior a siete días, o bien si 
causan daños y perjuicios que impidan totalmente el funcionamiento o la utilización del 
bien o la instalación.
b)  La gestión o conservación inadecuadas de la infraestructura portuaria si afecta 
negativamente a la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente.
c)  El aumento de la superficie ocupada o el volumen y altura construidos en más de 
un 20% respecto del proyecto autorizado, sin perjuicio de la caducidad o resolución del 
título habilitante.
d)  La ejecución de obras de dragado sin autorización.
e)  La emisión de vertidos o sustancias contaminantes líquidas, sólidas o gaseosas 
y cualquier otra incidencia o actuación negativa para el entorno terrestre, marítimo o 
fluvial incluido en la zona de servicio portuaria que implique riesgo grave para la salud de 
las personas o para el medio ambiente.
f)  La emisión de vertidos o sustancias contaminantes líquidas, sólidas o gaseosas, 
y cualquier otra incidencia o actuación negativa para un entorno terrestre, marítimo o 
fluvial incluido en la zona de servicio portuaria que implique un riesgo muy grave para la 
salud de las personas o para el medio ambiente. s
g)  La reincidencia en cualquiera de las faltas graves antes de que transcurra el  oe.
plazo de prescripción. w.
Artículo 236.  Infracciones en materia de tributos portuarios.
En materia de tributos portuarios se aplica el régimen de infracciones y sanciones 
establecido por la Ley general tributaria y por las disposiciones que la desarrollen o 
complementen.
Artículo 237.  Responsables.
1.  Son responsables de las infracciones administrativas tipificadas por la presente 
ley las siguientes personas físicas o jurídicas y entidades sin personalidad jurídica:
a)  Con carácter solidario, el autor o responsable de la acción u omisión y, en su 
caso, la empresa con la que tiene relación de dependencia, si la infracción es cometida 
en cumplimiento de sus funciones.
b)  Si las infracciones son imputables a una persona jurídica, son consideradas 
responsables subsidiarias las personas físicas que integran sus órganos rectores o de 
dirección, excepto aquellas que hayan votado en contra de los acuerdos adoptados.
c)  En caso de incumplimiento de las condiciones de un contrato o de un título 
administrativo, el contratista o titular del mismo.
d)  En el caso de infracciones relacionadas con las embarcaciones, el armador con 
carácter solidario y, subsidiariamente, el capitán o patrón. Si se trata de infracciones 
relacionadas con la estancia del buque en el puerto, el consignatario es responsable 
solidario con el armador.
e)  En el caso de obras, instalaciones o actividades realizadas o ejercidas sin título 
suficiente, quien promueva la actividad, la persona física o jurídica que la ejecuta, quien 
desarrolle la dirección técnica y el cesionario del derecho de uso preferente sobre 
elementos portuarios, si procede.
f)  En  el  caso  de  infracciones  por  manipulación  de  mercancías,  con  carácter 
solidario, el personal que la manipula y la empresa estibadora responsable de estas 
operaciones y, subsidiariamente, el consignatario de las mercancías.
2.  Las sanciones impuestas a los distintos sujetos a raíz de una misma infracción 
tienen carácter independiente entre sí.
Sección tercera. Infracciones en materia de transporte en aguas marítimas y 
continentales
Artículo 238.  Infracciones administrativas.
1.  Son infracciones leves:
a)  Cobrar precios distintos de los puestos en conocimiento de la Administración.
b)  No mantener las embarcaciones en las condiciones necesarias de limpieza y 
conservación para garantizar la correcta prestación del servicio de transporte.
c)  Negarse injustificadamente a satisfacer las demandas de los usuarios en el 
acceso a las líneas regulares de transporte.
2.  Son infracciones graves:
a)  Prestar servicios de transporte en condiciones distintas de las comunicadas, a 
menos que la infracción sea calificada de muy grave de acuerdo con el apartado 3.b. e.
b)  Incumplir reiteradamente y sin justificación los itinerarios y frecuencias de las  w.b
líneas regulares. 3w
infracc)c ióNne sgeaar scea laifi claa daac tcuoamcioó nm duey  glorsa vsee rdveic cioosn fdoerm inidsapde cccoiónn e, l ua poabrstatrduoir l3a.,c s.alvo que la
presde)n teIn lecuy.mplir los requerimientos y las obligaciones de información que establece la
e)  Reincidir en las infracciones tipificadas como leves, antes de que transcurra el 
plazo de prescripción.
3.  Son infracciones muy graves:
a)  Prestar servicios de transporte sin haber efectuado su comunicación.
b)  Prestar servicios de transporte en condiciones que puedan afectar a la seguridad 
de las personas, por el hecho de que puedan entrañar peligro grave o directo, o daños al 
medio ambiente.
c)  Negarse a la actuación de los servicios de inspección u obstruirla, de forma que 
impida o retrase el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas.
d)  No suscribir los seguros obligatorios establecidos por la presente ley, si no 
constituye infracción penal o no ha sido objeto de sanción por la jurisdicción penal; no 
estar al corriente del pago de los seguros obligatorios establecidos por la presente ley, o 
suscribirlos con cobertura o importe insuficientes.
e)  Prestar el transporte de personas en número superior al comunicado.
f)  Modificar  las  características  técnicas  y  de  seguridad  de  la  embarcación 
acreditadas por la administración competente en materia de seguridad en el transporte y 
de  la  vida  humana  en  el  mar,  y  en  materia  de  inspección  técnica  y  operativa  de 
embarcaciones,  tripulaciones  y  mercancías,  de  acuerdo  con  las  que  se  efectuó  la 
comunicación.
g)  Reincidir en las infracciones calificadas como graves.
Artículo 239.  Responsables.
La responsabilidad administrativa por las infracciones cometidas en la prestación de 
los servicios de transporte corresponde:
a)  Al responsable de la prestación del servicio, cuando la actividad haya sido 
comunicada, y, subsidiariamente, al armador, al naviero y al capitán de la embarcación.
b)  Al armador, al naviero y al capitán de la embarcación, si se trata de infracciones 
tipificadas por la presente ley sin haber efectuado la comunicación.
CAPÍTULO II
Sanciones administrativas
Sección primera. Disposiciones generales
Artículo 240.  Principios generales.
1.  Las  acciones  y  omisiones  constitutivas  de  infracción  administrativa  son 
sancionadas de conformidad con las disposiciones de la presente ley.
2.  Si un mismo hecho u omisión es constitutivo de dos o más infracciones o si de la 
comisión de una infracción se deriva necesariamente otra, se impone únicamente la 
sanción correspondiente a la infracción más grave de las cometidas.
3.  La sanción penal excluye la imposición de sanción administrativa, siempre que 
entre el ilícito penal y la infracción administrativa concurra identidad de sujeto, de objeto 
y de fundamento.
4.  Si la infracción puede ser constitutiva de delito o falta, el órgano administrativo  e.e
debe  dar  traslado  de  la  misma  al  Ministerio  Fiscal  y  acordar  la  suspensión  del  b
procedimiento sancionador hasta que la autoridad judicial haya dictado sentencia firme o  w
arepsroelcuiaci ólna  qeuxeis tpeonncgiaa  dfien  adle lpitroo coe dfiamltiae,n tloa  pAednmailn. iSstir aecni ólna sp arocstuigauceio nceosn  peel neaxlepse dnioe nstee 
ósargnacnioon jauddoicr,ia tle cnoiemnpdeot eennte c.uenta los hechos declarados probados en la resolución del
5.  La suspensión del procedimiento administrativo sancionador por razón de la 
tramitación del proceso penal no obsta la obligación de cumplir de forma inmediata las 
medidas administrativas adoptadas para la salvaguardia del correcto desarrollo de las 
operaciones portuarias.
Artículo 241.  Sanciones principales y accesorias.
1.  Las  sanciones  que  pueden  imponerse  por  la  comisión  de  las  infracciones 
tipificadas por la presente ley son:
a)  Apercibimiento, únicamente en caso de infracciones leves.
b)  Multa.
c)  Suspensión total o parcial del ejercicio de las actividades económicas en la zona 
de servicio portuaria por un plazo no superior a dos años, o de la prestación de los 
servicios de transporte de personas en aguas marítimas y continentales.
d)  Inhabilitación  del  infractor  para  ser  titular  de  autorizaciones,  licencias  y 
concesiones, por un plazo no superior a dos años en caso de infracciones graves y hasta 
cuatro años en las muy graves, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada 
caso.
2.  La multa constituye la sanción principal, mientras que las demás sanciones 
establecidas por el apartado 1 tienen el carácter de accesorias.
3.  Las multas pueden ser objeto de pago fraccionado.
4.  El Gobierno, a propuesta del departamento competente en materia de puertos y 
transportes, puede actualizar o modificar justificadamente la cuantía de las multas.
Artículo 242.  Criterios de graduación de las sanciones.
1.  La cuantía de las multas y la extensión temporal de las sanciones accesorias se 
determina en función de los siguientes criterios:
a)  Los daños y perjuicios causados.
b)  El riesgo objetivo causado a las personas o los bienes.
c)  El grado de culpabilidad y existencia de intencionalidad.
d)  El beneficio obtenido por la comisión de la infracción.
e)  La relevancia externa de la conducta infractora.
f)  La gravedad del hecho constitutivo de la infracción.
g)  La reincidencia.
h)  La continuidad y la persistencia.
i)  La realización de actos para ocultar el descubrimiento de la infracción.
j)  El uso de violencia o cualquier otro tipo de coacción sobre el personal al servicio 
de  la  Administración  en  ejercicio  de  sus  funciones,  sobre  los  gestores  de  las 
instalaciones portuarias o sobre el personal encargado de la inspección y vigilancia, en 
los términos establecidos por el artículo 227.2 y 3, si los hechos no son constitutivos de 
ilícito penal.
2.  Al efecto de graduar las sanciones, se considera reincidencia la comisión en el 
plazo de un año de más de una infracción de la misma naturaleza si así ha sido 
declarado por resolución firme en vía administrativa.
3.  El reconocimiento voluntario de la propia responsabilidad por parte del infractor,  s
comunicado al órgano instructor con anterioridad a la notificación de la propuesta de  o
resolución sancionadora, reduce hasta un 40% la cuantía de la multa en las infracciones  w.
lgervaevse,s h.asta un 30% en las infracciones graves y hasta un 20% en las infracciones muy  2020-443n https://w
Artículo 243.  Prescripción de las sanciones.
1.  Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescriben al cabo de tres años; 
las impuestas por infracciones graves, al cabo de dos años, y las impuestas por infracciones 
leves, al cabo de un año.
2.  El plazo de prescripción de las sanciones se inicia al día siguiente de aquel en 
que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o del día en que haya 
finalizado el plazo establecido para presentar recurso.
Sección segunda. Sanciones en materia portuaria
Artículo 244.  Multas.
Las infracciones en materia portuaria son sancionables con las siguientes multas:
a)  Las infracciones leves, hasta 30.000 euros.
b)  Las infracciones graves, hasta 300.000 euros.
c)  Las infracciones muy graves, hasta 600.000 euros.
Sección tercera. Sanciones en materia de transporte de pasajeros en aguas marítimas 
y continentales
Artículo 245.  Multas.
1.  Las infracciones en materia de transporte de personas en aguas marítimas y 
continentales son sancionables con las siguientes multas:
a)  Las infracciones leves, hasta 6.000 euros.
b)  Las infracciones graves, hasta 60.000 euros.
c)  Las infracciones muy graves, hasta 120.000 euros.
2.  La comisión de las infracciones vinculadas al ejercicio de actividades supone, 
además de la sanción pecuniaria que corresponda, la suspensión de la actividad.
CAPÍTULO III
Competencia y medidas provisionales o cautelares
Artículo 246.  Órganos competentes.
1.  La competencia para imponer las sanciones en materia portuaria establecidas 
por la presente ley corresponde a los siguientes órganos:
a)  El director general competente en materia de puertos y el presidente de Puertos de la 
Generalidad, en función de su ámbito competencial, en el caso de las multas de hasta 30.000 
euros.
b)  El  consejero  competente  en  la  materia,  a  propuesta  del  director  general 
competente en materia de puertos o del presidente de Puertos de la Generalidad, en el 
caso de las multas de hasta 300.000 euros, de las sanciones accesorias de suspensión 
de hasta dos años y de la inhabilitación del infractor hasta dos años.
c)  El Gobierno, a propuesta del consejero competente en la materia, en el caso de multas a  e.
partir de 300.000 euros y de la sanción accesoria de inhabilitación del infractor a partir de dos  w.b
años. 3w
2.  La  competencia  para  imponer  las  sanciones  en  materia  de  transporte  de 
personas  en  aguas  marítimas  y  continentales  establecidas  por  la  presente  ley 
corresponde a los siguientes órganos:
a)  El director de los servicios territoriales competentes en materia de transporte, en 
el caso de las sanciones por la comisión de infracciones leves y graves.
b)  El director general competente en materia de transporte, en el caso de las 
sanciones por la comisión de infracciones muy graves.
3.  El  órgano  competente  para  imponer  las  sanciones  por  la  comisión  de 
infracciones  en  materia  de  tributos  portuarios,  y  en  el  caso  de  las  sanciones  no 
pecuniarias de carácter accesorio, es el presidente de Puertos de la Generalidad, sin 
perjuicio de las sanciones accesorias que establece el apartado 1.
4.  La cuantía de las sanciones que, en cada caso, corresponda aplicar puede 
condonarse  parcialmente  mediante  acuerdo  motivado  del  órgano  competente  para 
imponer la multa, siempre que se hayan justificado las razones objetivas que aconsejan 
la adopción de esta medida. En cualquier caso, es requisito indispensable para la 
adopción de esta medida que el infractor, previo requerimiento de la Administración y en 
el plazo otorgado al efecto, haya corregido la situación alterada por la comisión de la 
infracción.
Artículo 247.  Medidas provisionales.
1.  Una  vez  iniciado  el  procedimiento  sancionador,  el  órgano  competente  para 
resolver puede adoptar, a propuesta del instructor del expediente y mediante acuerdo 
motivado, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la 
resolución  que  pudiera  recaer,  si  existiesen  elementos  de  juicios  suficientes,  para 
preservar los intereses generales o para evitar el mantenimiento de los efectos de la 
infracción,  de  acuerdo  con  los  principios  de  proporcionalidad,  efectividad  y  menor 
onerosidad.
2.  Antes de la iniciación del procedimiento sancionador, el órgano competente para 
su inicio o instrucción, de oficio o a instancia de parte, en casos de urgencia inaplazables 
y para la protección provisional de los intereses implicados, puede adoptar de forma 
motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas.
3.  Las medidas provisionales deben ser confirmadas, modificadas o levantadas en 
el acuerdo de iniciación del procedimiento, que debe efectuarse en los quince días 
siguientes a la fecha de su adopción, y puede ser objeto del recurso que corresponda. 
Estas medidas quedan sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o si el 
acuerdo de inicio no contiene un pronunciamiento expreso al respecto.
4.  La Administración portuaria puede ordenar la paralización inmediata de las obras 
y la suspensión de los usos, de las actividades o de los servicios que no dispongan del 
correspondiente título administrativo o que no se ajusten a las condiciones del título 
otorgado o de la comunicación efectuada. Asimismo, puede acordar el precinto de las 
obras o de las instalaciones y la retirada de los materiales, de la maquinaria o los 
equipos que se utilicen en las obras, servicios o actividades a cargo de la persona 
interesada para garantizar la efectividad de la resolución sancionadora. A tales efectos, 
puede requerir la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
5.  La Administración puede ordenar la retirada de buques y embarcaciones del 
puesto de amarre que ocupen sin disponer de la preceptiva autorización administrativa o  s
que no se ajusten a las condiciones del título otorgado. Asimismo, la Administración  oe.
puede ordenar la adopción inmediata de las medidas necesarias para evitar los daños  w.
qsTiautumea bcpiiéuónen d padu eep drcoeav uoosrcdaaerr n dauarn ñ laob sui nqamu ee bduiiea ntoaet srar,e  teeelmnecmbióaenrnc,t aopcsoi órnp c oaertunus aapr ieojulsigs truiofi  codatedr aahs,  udneedm ilmobsaie rcbnautocq iuooen see sny.    2020-443n https://w
embarcaciones  para  garantizar  las  posibles  responsabilidades  administrativas  o
económicas  de  los  propietarios,  de  sus  representantes  debidamente  autorizados,  Bc
capitanes o patrones, sin perjuicio de que esta medida cautelar pueda ser sustituida por 
la constitución de un aval suficiente.
6.  La  Administración  puede  ordenar  la  adopción  inmediata  de  las  medidas 
necesarias para evitar la contaminación generada por todo tipo de vertidos.
7.  La  adopción  de  las  medidas  cautelares  o  provisionales  establecidas  por  el 
presente  artículo  corresponde  al  órgano  competente  para  la  resolución  del 
correspondiente procedimiento sancionador.
CAPÍTULO IV
Medidas de carácter no sancionador
Artículo 248.  Otras medidas no sancionadoras.
1.  Las acciones u omisiones que sean constitutivas de infracción pueden dar lugar, 
con independencia de la sanción que corresponda, a la adopción de las siguientes 
medidas:
a)  La imposición de multas coercitivas.
b)  La  restitución  de  los  bienes,  la  reposición  de  la  situación  alterada  y  la 
indemnización por los daños y perjuicios causados.
c)  La caducidad o resolución del título administrativo habilitante.
d)  La  denegación  de  entrada  a  la  infraestructura  portuaria,  así  como  de  la 
prestación de servicios y actividades económicas.
e)  La obligación de pago de las tasas y tarifas correspondientes a los servicios 
obtenidos sin autorización o con desobediencia de la orden de salida.
2.  Las  medidas  establecidas  por  el  presente  artículo  no  tienen  carácter 
sancionador.
Artículo 249.  Multas coercitivas.
1.  Para la ejecución de los actos administrativos que impliquen una obligación de 
los destinatarios, de acuerdo con la presente ley, la Administración portuaria puede 
imponer multas coercitivas, en cumplimiento de la legislación administrativa general y 
con los requerimientos y advertencias previos que correspondan.
2.  Las multas coercitivas pueden ser impuestas de modo reiterado y la cuantía de 
cada una de ellas no puede ser superior a 3.000 euros.
3.  La  imposición  de  multas  coercitivas  es  independiente  y  compatible  con  la 
imposición de multas en concepto de sanción.
4.  Si las multas coercitivas se imponen para exigir el cumplimiento de una sanción 
económica, la competencia para fijarlas corresponde al órgano administrativo que ha 
dictado la resolución en el expediente sancionador, y el importe de cada una de ellas no 
puede ser superior al 20% de la cuantía de la sanción económica.
Artículo  250.  Restitución  de  los  bienes  y  reposición  de  la  situación  alterada  e 
indemnización por los daños y perjuicios causados.
1.  La  imposición  de  sanciones  es  independiente  de  la  obligación,  exigible  en 
cualquier momento, de restituir los bienes y de reponer la situación alterada al estado  es
anterior a la comisión de la infracción, y de la obligación de indemnizar por los daños y  o
perjuicios causados. w
aibncustetuan2al .ac fcuioinEóncnnei  osedn dlea ebms uerieep pnuaatesorsua tmdocei iórd  nleas  y uqi  nrueefersjae teilctasuu tccrriueióócpnnta u drrsaeaucl  bipdósoanidrñ tdiuoaea rclir aaiad u,ay sñ eaolrd e ogsa.ee lisEzatan oru r c,r ugdpaeeúln qbtfuleoici reompr  aaocr a apsi nrogmiv,a aerloaddsnoi at,gi tzaada sertl  oaelassl     OE-A-2020-44able en https://
correspondientes  van  a  cargo  de  la  persona  responsable  de  la  infracción.  En  los
supuestos de cesión de elementos objeto de una concesión o contrato, si no es posible 
determinar el responsable de la realización de las obras o instalaciones no autorizadas, 
la  reparación  debe  correr  a  cargo  del  cesionario  en  concepto  de  responsabilidad 
subsidiaria, sin perjuicio de las acciones de retorno que puedan corresponder.
3.  Si la restitución y la reposición al estado anterior no es posible y, en todo caso, 
cuando  se  han  producido  daños  y  perjuicios,  los  infractores  deben  abonar  las 
indemnizaciones que correspondan. La cuantía de la indemnización, que en ningún caso 
puede ser inferior al valor del beneficio obtenido por el infractor, debe fijarse según los 
siguientes criterios, aplicando aquel que proporcione el valor más alto:
a)  El valor teórico de la restitución y la reposición.
b)  El valor de los bienes afectados.
c)  El beneficio obtenido por el infractor con la actividad ilegal.
4.  Corresponde al mismo órgano competente para imponer la sanción la facultad de 
exigir el cumplimiento de la obligación de restituir y reponer la situación alterada a su 
estado anterior, así como fijar el importe de la indemnización, previa instrucción del 
correspondiente expediente administrativo. El alcance de la restitución también puede 
determinarse en un expediente independiente, respetando los principios y las garantías 
del procedimiento administrativo.
5.  La acción de la Administración para exigir al responsable la reposición de los 
bienes al estado anterior al de la comisión de la infracción y para reclamar los daños y 
perjuicios causados es imprescriptible.
6.  El importe de las multas coercitivas y de los gastos ocasionados por la ejecución 
subsidiaria de las actuaciones de restitución y de reposición de los bienes al estado 
anterior a la comisión de la infracción, así como el importe de las indemnizaciones por 
daños  y  perjuicios,  puede  ser  exigido  mediante  el  procedimiento  administrativo  de 
apremio.
7.  La suspensión de las resoluciones definitivas dictadas en esta materia exige que 
el interesado garantice su importe mediante la constitución de una fianza o depósito 
suficiente.
Disposición adicional primera.  Procedimiento específico de adjudicación de contratos 
de concesión de servicios de las infraestructuras portuarias existentes.
1.  La persona física, jurídica o entidad sin personalidad jurídica que, en la fecha de 
entrada en vigor de la presente ley, gestione la infraestructura portuaria en régimen de 
autorización, concesión o contrato administrativo, puede solicitar la adjudicación de un 
nuevo  contrato  de  concesión  de  servicios  de  las  infraestructuras  portuarias  en  los 
términos de la presente disposición.
2.  A tal efecto, la persona o entidad interesada debe manifestar su voluntad de 
acogerse al régimen que establece la presente disposición mediante la presentación de 
una solicitud de inicio del procedimiento para la adjudicación del contrato de concesión 
de  servicios  de  las  infraestructuras  portuarias  que  le  permita  seguir  explotando  la 
infraestructura portuaria de que se trate.
3.  La solicitud solo puede presentarse en el último tercio del plazo de vigencia del 
título habilitante y, en cualquier caso, dos años antes de que finalice el plazo que indica 
el título administrativo.
4.  La solicitud debe ir acompañada de una memoria justificativa, en la que deben  s
hacerse constar las siguientes circunstancias: oe.
a)  Una  declaración  expresa  de  querer  seguir  gestionando  la  infraestructura  3w
portbu)a riaL aa  ljau sqtiufiec ascei órne fideere l aesl  tíntuelcoe asiddmadineisst raa tsivaot.isfacer, los factores sociales, técnicos,
ceocrorneósmpoicnodsie, ntems,e yd isoua madbeiecnutaacleiósn,  al Pdela n dien tpeugerartcoiósn v igetnetreri.torial  y  administrativos
c)  Las relativas al régimen previsto de utilización y explotación, tipología de flota y 
usos genéricos previstos y clases de amarre y servicios portuarios (cesiones por plazos 
determinados, alquileres, chárteres y transeúntes). A tales efectos, debe incluirse una 
relación de las personas titulares de derechos de uso preferente en el momento de 
presentar la solicitud, con certificación de su situación y de las obligaciones concretas.
d)  Los estados financieros, auditados, del último ejercicio de la entidad.
e)  Un informe técnico detallado del estado de las instalaciones, infraestructuras y 
superestructuras portuarias, tanto del espacio terrestre como de la parte sumergida, 
junto con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo del último año.
f)  Las  relativas  a  los  aspectos  ambientales  vinculados  a  la  gestión  de  la 
infraestructura portuaria.
5.  La Administración portuaria debe valorar la correspondiente solicitud y, en el 
plazo de tres meses a partir de la recepción de la petición, debe emitir resolución con 
alguno de los siguientes contenidos:
a)  Decidir si gestiona la infraestructura portuaria directa o indirectamente.
b)  Deferir el proceso a una nueva licitación en el momento en el que finalice la 
vigencia del título administrativo.
c)  Decidir la iniciación del correspondiente expediente de contratación.
d)  Desestimar la petición de la persona solicitante.
6.  La decisión de desestimación es procedente en los siguientes casos:
a)  Si la infraestructura portuaria ha visto alterada su identidad física o los elementos 
que  la  configuraban,  como  consecuencia  de  modificaciones  o  reordenaciones 
sustanciales aprobadas por la Administración portuaria.
b)  Si  el  solicitante  ha  incumplido  las  condiciones  del  título  administrativo  o  la 
normativa portuaria durante la vigencia del mismo, o no ha reparado la situación alterada 
en los plazos y términos establecidos por la Administración portuaria.
7.  Dicha  solicitud  no  otorga  ningún  derecho  a  la  persona  interesada  y  el 
vencimiento del plazo establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución 
expresa determina su desestimación.
8.  La preparación y la adjudicación del contrato de concesión de servicios de las 
infraestructuras portuarias deben llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido por la 
presente ley.
9.  La adjudicación del contrato se realiza mediante el procedimiento restringido.
10.  Para valorar las proposiciones y determinar la oferta económicamente más 
ventajosa, deben seguirse los criterios objetivos establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas  particulares  del  procedimiento  restringido.  Estas  condiciones,  como 
mínimo, han de versar sobre los siguientes aspectos:
a)  La adecuación de la propuesta a los criterios establecidos en el Plan de puertos.
b)  El interés público y social de la propuesta.
c)  La integración de la infraestructura portuaria en el municipio en el que se ubica.
d)  La propuesta de gestión ambiental de la infraestructura portuaria.
e)  La promoción de la náutica deportiva.
11.  El  cumplimiento,  los  efectos  y  la  extinción  del  contrato  de  concesión  de  s
servicios  de  las  infraestructuras  portuarias  adjudicado  de  acuerdo  con  la  presente  oe.
disposición se rige por lo establecido por la presente ley, sin que en ningún caso pueda  w.
plantearse una nueva solicitud al amparo de la presente disposición adicional. 3w
Disposición adicional segunda.  Categorías de los puertos deportivos.
El reglamento que debe regular la forma y los efectos de las categorías de los 
puertos deportivos a que se refiere el artículo 8 debe aprobarse en el plazo de un año a 
contar de la fecha de entrada en vigor de la presente ley.
Disposición adicional tercera.  Fomento de la navegación deportiva a vela.
La  Administración  portuaria,  con  la  colaboración  de  las  federaciones  deportivas 
representativas de cada actividad, debe promover las acciones que resulten pertinentes, 
en desarrollo de lo establecido por la presente ley, a fin de fomentar las actividades 
náutico-deportivas, y de modo especial la navegación deportiva a vela.
Disposición adicional cuarta.  Régimen aplicable a las autorizaciones de transporte de 
pasajeros en aguas marítimas y continentales preexistentes.
A partir de la entrada en vigor de la presente ley, los servicios de transporte de 
pasajeros  en  aguas  marítimas  y  continentales  que  se  prestan  al  amparo  de 
autorizaciones otorgadas con anterioridad mantienen su vigencia, y quedan sometidos al 
régimen  de  la  presente  ley,  sin  necesidad  de  que  la  empresa  efectúe  una  nueva 
comunicación.
Disposición adicional quinta.  Funciones internas de vigilancia de la actividad.
Los empleados de las entidades concesionarias que gestionan infraestructuras y 
servicios  portuarios  en  los  términos  establecidos  por  la  presente  ley  que  sean 
designados para el ejercicio de funciones internas de vigilancia de la actividad mediante 
la habilitación establecida por reglamento tienen la consideración de agentes de la 
autoridad en el ejercicio de las funciones de vigilancia inmediata de la observancia, por 
los usuarios y por terceras personas en general, de las normas de policía establecidas 
legalmente.
Disposición adicional sexta.  Náutica popular.
1.  La Administración portuaria debe velar porque el sistema portuario ofrezca un 
número razonable de amarres destinados a la náutica popular sobre el número total de 
amarres que se ofrecen, destinados preferentemente a la progresiva incorporación de 
embarcaciones de bajo nivel de emisiones, en los términos que se establezcan por 
reglamento,  que  debe  especificar  el  porcentaje  sobre  el  número  total  de  amarres 
ofrecidos.
2.  A efectos de la presente disposición se considera náutica popular la que se 
practica en embarcaciones que no superan los 7 metros de eslora.
Disposición adicional séptima.  Marinas interiores de Santa Margarida y Empuriabrava.
1.  Las marinas interiores son infraestructuras portuarias singulares, situadas en una 
urbanización marítimo-terrestre, construidas a partir de la inundación artificial de terrenos 
no incluidos en el dominio público marítimo-terrestre, que se regulan por la presente 
disposición adicional y, en su caso, por las normas que la desarrollan y por los demás 
preceptos de aplicación de la presente ley. s
2.  Tienen la consideración de marinas interiores los enclaves de Santa Margarida,  oe.
en el término municipal de Roses, y Empuriabrava, en el término municipal de Castelló  w.
d'Empúries, sin perjuicio de lo establecido por la disposición transitoria primera. 3w
d'Em3p. úrLieas , msea rriingae  pinotre lraio Or rddeen  Emminpisutreiaribarl advea 2, 4e dne  jeull iot édrem 1in9o8 0m, puonri claip aqlu ed see  Cauatsotreizllóó 
su construcción y explotación, por un plazo de cincuenta años.
4.  La marina interior de Santa Margarida, en el término municipal de Roses, se 
configura como sistema viario navegable, en los términos que se establezcan en los 
correspondientes  instrumentos  de  ordenación  territorial  o  urbanística.  El  régimen 
aplicable  a  su  gestión  debe  ser  acordado  entre  la  Administración  portuaria  y  el 
Ayuntamiento de Roses, especialmente en cuanto a las funciones de conservación, 
mantenimiento y vigilancia del conjunto de la urbanización marítimo-terrestre, incluidos 
los canales o viales navegables.
5.  El Ayuntamiento de Roses puede establecer, en sus ordenanzas municipales, en 
el marco de la legislación vigente en materia de haciendas locales, las tasas y otros 
tributos exigibles como contraprestación de las tareas y funciones que pueda alcanzar de 
acuerdo con lo que establecido en la presente ley, respecto a la marina de Santa 
Margarita,  así  como  los  derivados  de  actuaciones  extraordinarias  de  conservación, 
reparación  o  rehabilitación  de  los  elementos  de  la  urbanización  marítimo-terrestre, 
incluidos los canales o viales navegables.
6.  El Ayuntamiento de Castelló d'Empúries, atendiendo a la consideración de la 
marina de Empuriabrava como sistema viario navegable integrado en el correspondiente 
instrumento de ordenación territorial o urbanística, ejerce las funciones de conservación, 
mantenimiento y vigilancia del conjunto de la urbanización marítimo-terrestre, incluidos 
los canales o viales navegables, en los términos que se acuerden con la Administración 
portuaria.
7.  El Ayuntamiento de Roses, en el caso de la marina de Santa Margarida, y el 
Ayuntamiento de Castelló d'Empúries, en el caso de la marina de Empuriabrava, deben 
establecer en sus respectivas ordenanzas municipales, en el marco de la legislación 
vigente en materia de haciendas locales, las tasas y demás tributos exigibles como 
contraprestación de las tareas y funciones que la presente ley les atribuye, así como los 
derivados de actuaciones extraordinarias de conservación, reparación o rehabilitación de 
los  elementos  de  la  urbanización  marítimo-terrestre,  incluidos  los  canales  o  viales 
navegables.
8.  Los titulares de las dársenas y de las parcelas colindantes con los canales 
tienen, de acuerdo con su cuota de participación aprobada por la Administración, la 
obligación de contribuir a los gastos de conservación, vigilancia y mantenimiento del 
conjunto de la marina.
9.  Las obras de construcción de nuevas dársenas en las urbanizaciones marítimo-
terrestres de Santa Margarida y Empuriabrava, y cualquier ampliación o modificación de 
las existentes, requieren el informe de la Administración portuaria, que es vinculante en 
cuanto a las condiciones técnicas que garanticen la seguridad de los canales y demás 
elementos infraestructurales.
Disposición adicional octava.  Planeamiento urbanístico.
1.  Las infraestructuras portuarias que en el momento de la entrada en vigor de la 
presente ley no dispongan de planeamiento derivado deben ordenarse a través de la 
figura del plan director urbanístico portuario, que puede incluir una o varias ya existentes.
2.  El planeamiento urbanístico vigente en el momento de la entrada en vigor de la 
presente ley puede modificarse sin introducir en el mismo alteraciones sustanciales, 
entre las cuales se incluye la modificación del perímetro de la zona de servicio portuario. 
En los demás supuestos, la ordenación urbanística requiere un plan director urbanístico 
portuario.
Disposición adicional novena.  Seguridad pública. b
acduceusl te1osr.did siotaeL  mcado eanP   olplaoloisc r eítamus atidasrebimo le alacss iu,dG soee  nnfeu enncr ocalailloai dnbpaeordesr-as Mecdioneóst nes p olyoes ly iccd oíy’aEo  ersdinqni nutelaaagcd rliraeóalgn,  i esicjnleaocrcnclui óeildn aea sens n  pl laoamsl ic apiítnareofsrrti aaele ocdsccteiaró ulnepc sotu,yl ir cdaílaeas     OE-A-2020-44able en https://
local, y sin detrimento de las competencias que tiene asignadas por ley la policía 
portuaria en los puertos de Barcelona y Tarragona.
2.  En los casos en los que resulte necesario, deben habilitarse espacios en la zona 
de servicio portuario para ubicar las instalaciones que sean necesarias para el ejercicio 
de las funciones de policía integral.
3.  Las policías locales, de acuerdo con la legislación en materia de policía local, 
deben colaborar también en las tareas de seguridad pública en las infraestructuras del 
sistema portuario.
Disposición adicional décima. Programa de actuación, inversiones y financiación.
Debe incluirse un plan de electrificación progresiva para la conexión a la red eléctrica 
local  en  el  programa  de  actuación,  inversiones  y  financiación  de  Puertos  de  la 
Generalidad. La electrificación para la conexión a la red eléctrica local debe incluirse 
también en los nuevos proyectos de infraestructuras portuarias.
Disposición adicional undécima.  Régimen especial para el municipio de Barcelona.
1.  De conformidad con la normativa reguladora del régimen especial del municipio 
de Barcelona, la aprobación y la modificación de todos los instrumentos de planeamiento 
establecidos en el título I del libro segundo que afecten a puertos situados en su término 
municipal, y las actuaciones de delimitación, investigación y técnicas de garantía de la 
integridad del dominio público portuario, deben someterse a informe previo y preceptivo 
del Ayuntamiento de Barcelona.
2.  El departamento competente en esta materia debe establecer mecanismos de 
participación con el Ayuntamiento de Barcelona en el proceso de elaboración de los 
instrumentos de planeamiento a los que se refiere el apartado 1.
3.  La  Generalidad,  en  ejercicio  de  sus  competencias,  puede  delegar  en  el 
Ayuntamiento  de  Barcelona,  en  los  términos  que  se  acuerden  entre  ambas 
administraciones, las competencias relacionadas con la gestión de las infraestructuras 
portuarias situadas en dicha ciudad.
Disposición adicional duodécima.  Gestión de las lonjas pesqueras.
El otorgamiento de concesiones sobre el dominio público portuario que tengan por 
objeto la gestión y el uso de lonjas pesqueras se rige por lo que determina la presente 
ley y por la normativa aplicable en materia de cofradías de pescadores.
Disposición adicional decimotercera.  Creación de un área de control de emisiones de 
azufre en el Mediterráneo.
El Gobierno debe impulsar, con los países del Mediterráneo, la creación de un área 
de  control  de  emisiones  (ECA)  de  azufre  en  el  mar  Mediterráneo,  para  limitar  el 
contenido de azufre de los combustibles de uso marítimo.
Disposición transitoria primera.  Procedimientos administrativos iniciados antes de la 
entrada en vigor de la Ley.
1.  Los procedimientos administrativos que se hallen en proceso de tramitación 
pasan a regirse por la presente ley a partir de la fecha de su entrada en vigor, con la  es
excepción de lo establecido en el apartado 2. Los actos de trámite dictados al amparo de  o
la  legislación  anterior  y  bajo  su  vigencia  conservan  su  validez,  siempre  que  su  w
cmuarabnnaa2tnle.e ínssit Lmicooaie ss nu tnppoara on rcaoúe  npdlairicom adii meulnzápctmloaasni nu taane c neidó feent c rátdaomeg c uitouaenn  taqraa u rmeiionda saartin nal aanss c uiidanjei tsetpdorioesos, r i cphciroaoonsnmetsaost i ttdouseriude  lasar   eppdsroeoer ls ueaucncnióttaeun  a,l receayido.  nldaeess    OE-A-2020-44able en https://
disposiciones de la Ley 5/1998, de puertos de la Generalidad, y del Decreto 17/2005,
que  aprueba  el  reglamento  de  marinas  interiores  de  Cataluña,  que  les  sean  de 
aplicación. Las mismas disposiciones constituyen el régimen jurídico de las obras e 
instalaciones resultantes y de su explotación, en los términos de la concesión que se 
otorgue y durante el plazo en el que estén vigentes.
Disposición transitoria segunda.  Planeamiento urbanístico.
La planificación urbanística de las infraestructuras portuarias que haya sido aprobada 
inicialmente en el momento de la entrada en vigor de la presente ley puede seguir su 
tramitación excepto si, por razones motivadas, la Administración portuaria decide iniciar 
la tramitación de un plan director urbanístico portuario; en los demás casos, se mantiene 
vigente el planteamiento aprobado.
Disposición transitoria tercera.  Plan de puertos.
Hasta la aprobación del plan de puertos, de acuerdo con el artículo 9, sigue vigente 
el Plan de puertos aprobado mediante el Decreto 41/2007, de 20 de febrero, en todo 
cuanto no contradiga la presente ley.
Disposición transitoria cuarta.  Infracciones y sanciones.
1.  La presente ley es de aplicación a las infracciones cometidas con anterioridad a 
su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el sujeto 
infractor y la sanción impuesta no haya adquirido firmeza.
2.  La revisión de las sanciones no firmes y la aplicación de la nueva normativa quedan 
encomendadas a los órganos administrativos que en el momento de la entrada en vigor de la 
presente ley conozcan los recursos, previa audiencia a la persona interesada.
3.  Los procedimientos sancionadores relativos a materias reguladas por la presente ley 
iniciados antes de su entrada en vigor deben seguir tramitándose de acuerdo con la legislación 
anterior, salvo que el contenido de la presente ley sea más beneficioso para los afectados.
Disposición transitoria quinta.  Personal y medios.
1.  Se habilita a Puertos de la Generalidad para adaptar su estructura al nuevo 
modelo de Administración portuaria, de acuerdo con el título II del libro segundo.
2.  Dicha  adaptación  no  está  sujeta  a  las  limitaciones  genéricas  que  puedan 
establecer las leyes de presupuestos en materia de personal destinadas al conjunto del 
sector público de la Generalidad, a efectos de poder prestar el servicio público portuario 
asignado y ejercer las funciones que se atribuyen para la consecución de los objetivos 
establecidos con los recursos necesarios.
3.  El cambio a la nueva organización administrativa de la Administración portuaria debe 
hacerse efectivo en un plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley.
Disposición transitoria sexta.  Régimen transitorio de autorizaciones y concesiones.
1.  Las autorizaciones y concesiones vigentes en el momento de la entrada en vigor 
de la presente ley mantienen las condiciones establecidas en el título de otorgamiento, 
incluidas las relativas a su plazo.
2.  En cuanto al régimen tributario de aplicación, los titulares de las autorizaciones y 
concesiones vigentes en el momento de la entrada en vigor de la presente ley deben  es
manifestar de forma expresa a la Administración portuaria, en el plazo de seis meses, si  o
optan por mantener el régimen jurídico que les sea de aplicación o por adaptarlo a lo  w
dpcoirsónpr 3ruao.e ngstaetSo rai inoe l ronpid  eelaarsd jtpua riacbe ilsoelae c dniedetneo t l rloeea nydd. alios pse unae rvstíitcgouo lero nsd  e5e 3l la ay p p7ar1ret,sa sedenogt eú2 n,l e lcoyos rd rteeítbsupeloonsn  sdhoaam beeinlti tecaran edtela s rc éoagtsiomor.geand does   OE-A-2020-44able en https://
Disposición transitoria séptima.  Moratoria para la construcción de nuevos puertos.
Se determina una moratoria de siete años para la construcción de nuevos puertos, a 
contar desde la entrada en vigor de la presente ley.
Disposición transitoria octava.  Medidas para la electrificación.
Los puertos que son  competencia de  la  Generalidad deben tomar las medidas 
necesarias para la electrificación antes del fin del año 2024.
Disposición derogatoria.
1.  Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  disposición  transitoria  primera,  quedan 
derogadas las siguientes normas:
a)  La Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Cataluña.
b)  La Ley 10/2000, de 7 de julio, de ordenación del transporte en aguas marítimas y 
fluviales.
c)  El artículo 22 de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas financieras.
d)  Los artículos 25.11, 25.12, 25.13, 25.14, 25.21 y 25.22 del texto refundido de la 
Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto 
legislativo 3/2008, de 25 de junio.
e)  El  texto  articulado  de  las  tasas  aplicables  por  Puertos  de  la  Generalidad, 
aprobado por el Decreto legislativo 2/2010, de 3 de agosto.
2.  Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a lo establecido por la presente ley o que la contradigan.
Disposición final primera.  Habilitación.
1.  Se faculta al Gobierno y al consejero competente en materia de puertos para que 
dicten  las  disposiciones  necesarias  para  desarrollar  y  aplicar  la  presente  ley,  y, 
especialmente, para dictar un reglamento de explotación y policía aplicable al conjunto 
de las instalaciones integradas en el sistema portuario catalán y que tenga en cuenta las 
especificidades de cada una de las zonas de gestión.
2.  Se  autoriza  al  consejero  competente  en  materia  de  puertos  para  dictar  las 
disposiciones de desarrollo que procedan en materia de tributos portuarios, en los casos 
establecidos por la presente ley.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
1.  La presente ley entra en vigor al cabo de tres meses de su publicación en el 
«Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya», salvo el título V del libro segundo, sobre 
régimen económico-financiero del sistema portuario, que entra en vigor el 1 de enero 
de 2020.
2.  Los preceptos que eventualmente puedan comportar gastos con cargo a los 
presupuestos de la Generalidad producen efectos a partir de la entrada en vigor de la ley 
de presupuestos correspondiente al ejercicio presupuestario inmediatamente posterior a 
la entrada en vigor de la presente ley.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley  e
cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la  bo
hagan cumplir. w
de CPaatlaalcuiñoa d, eJ olaa qGueimne Traolrirdaa id P, 2la3. de diciembre de 2019.–El Presidente de la Generalidad
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 8032, de 30 de diciembre de 2019) BOE-A-cable e