BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 303 Miércoles 18 de noviembre de 2020 Sec. I.   Pág. 100548
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
14372 Decreto-ley  35/2020,  de  20  de  octubre,  de  modificación  del  Decreto-ley 
19/2020, de 19 de mayo, y del Decreto-ley 29/2020, de 28 de julio, en materia 
de adopción de medidas sociales y sanitarias para paliar los efectos de la 
pandemia generada por la COVID-19.
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos-ley sean promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De conformidad con el que disponen el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, 
de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, y visto el 
Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del presidente de la Generalidad 
de Cataluña;
De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La pandemia de la COVID-19 ha generado una situación de excepcionalidad en los 
servicios sociales. Con el objetivo de prevenir futuros brotes y minimizar el riesgo de 
infección en los grupos de población más vulnerables, se requiere continuamente el 
desarrollo, la aplicación y la adaptación de las medidas que impactan directamente sobre 
las organizaciones y los profesionales de los servicios sociales, y en especial en los 
centros que conforman la Red de Servicios Sociales de Atención Pública.
Ante esta situación, el Decreto-ley 19/2020, de 19 de mayo, y el Decreto-ley 29/2020, 
de 28 de julio, adoptaron una serie de medidas sociales y sanitarias dirigidas a paliar los 
efectos de la pandemia generada por la COVID-19 en los servicios sociales, que se han 
mostrado eficaces para facilitar a estos servicios las actuaciones esenciales orientadas a 
la prevención de la aparición de la infección y la protección de los profesionales y de las 
personas usuarias, la intervención de salud pública, la atención sanitaria y la garantía de 
atención social, entre otras.
Con  el  fin  de  poder  aplicar  de  forma  inmediata  y  global  los  protocolos  y 
requerimientos  que  fija  la  autoridad  sanitaria,  resulta  imprescindible  la  modificación 
urgente de determinados artículos del Decreto-ley 19/2020, de 19 de mayo, de medidas 
complementarias en materia social y sanitaria para paliar los efectos de la pandemia 
generada por la COVID-19 y del Decreto.ley 29/2020, de 28 de julio, por el que se 
adoptan medidas presupuestarias en relación con el desarrollo de las actuaciones de 
atención social, ordenación y refuerzo de determinados servicios sociales de carácter 
residencial y de atención diurna que prevé el Plan de contingencia para residencias, para 
hacer frente a los brotes de la pandemia generada por la COVID-19.
Por ello, mediante este Decreto-ley se amplía la aplicación de las medidas en 
algunos servicios sociales que habían sido omitidos en el momento de aprobarse los 
decretos-ley que ahora se modifican, y se prevé que también queden cubiertas por las 
medidas otras modalidades de financiación pública de los servicios sociales, como son 
las plazas financiadas con prestación económica vinculada. s
También se aclara el ámbito de aplicación temporal de la medida que prevé el  oe.
artículo 1 del Decreto-ley 19/2020, relativa al abono del importe que prevé el instrumento  w.
de relación, concretando que esta medida tendrá vigencia mientras se apliquen las  372ww
cmriesdisid saasn ietaxrcieap.cionales de salud pública de restricción de la actividad derivadas de la
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el Decreto-ley 29/2020, de 28 de julio, en los centros residenciales y centros de atención 
diurna acreditados o con plazas colaboradoras o con plazas financiadas con prestación 
económica vinculada.
Todo lo que se ha expuesto determina que sea imprescindible esta intervención 
normativa inmediata del Gobierno, dado que la consecución de este objetivo necesario 
para satisfacer una necesidad social de primer orden con la celeridad requerida no 
puede alcanzarse recurriendo al procedimiento legislativo ordinario.
Por lo tanto, en uso de la autorización que concede el artículo 64 del Estatuto de 
autonomía de Cataluña, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de 
noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno;
A propuesta del consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, y de acuerdo con 
el Gobierno, decreto:
Artículo 1.
Se modifica el apartado 1 del artículo 1 del Decreto-ley 19/2020, de 19 de mayo, que 
queda redactado de la siguiente manera:
«1.1  Durante el periodo de estado de alarma o durante la aplicación de 
medidas excepcionales de salud pública de restricción de la actividad derivadas de 
la crisis sanitaria, para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo de 
los  proveedores  del  Sistema  Catalán  de  Servicios  Sociales  y  no  afectar  con 
carácter  general  la  actividad  económica,  compensar  las  actividades  no 
presenciales desarrolladas, así como la puesta a disposición de sus profesionales 
al servicio de la red de atención asistencial, y garantizar que en el momento que 
sea posible en virtud de la evolución de la crisis sanitaria se puedan volver a 
prestar los servicios sociales presenciales en las diferentes fases a las personas 
usuarias que tienen reconocida la prestación como derecho subjetivo, con los 
nuevos  requerimientos  de  protección  que  fijen  las  autoridades  sanitarias,  se 
autoriza a abonar como medida de fomento el importe previsto en el instrumento 
de relación.»
Artículo 2.
Se  modifica  el  artículo  1  del  Decreto-ley  29/2020,  de  28  de  julio,  que  queda 
redactado de la siguiente manera:
«Artículo 1.  Sistema de pago de los centros residenciales.
El sistema de pago de los centros residenciales, de hogar residencias para 
personas con discapacidades, de hogar con apoyo u hogar residencias para 
personas con problemática social derivada de enfermedad mental, de centros de 
día de personas mayores, centros de día de terapia ocupacional y centros de 
atención especializada para personas con discapacidades, y de los centros de día 
ocupacionales  de  inserción  (SOI)  para  personas  con  discapacidades  que 
configuran  el  Sistema  Catalán  de  Servicios  Sociales,  regulado  por  el 
Decreto 284/1996, de 23 de julio, de regulación del Sistema Catalán de Servicios 
Sociales, y la normativa que lo desarrolla, elaborados por el Departamento de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, dejan de aplicarse temporalmente a la 
actividad que se preste desde el 1 de septiembre de 2020 y mientras dure la  e.
situación de emergencia derivada de la COVID-19, en lo que contravengan lo  w.b
dispuesto en este Decreto-ley.» 372ww
Artículo 3.
Se  modifica  el  artículo  3  del  Decreto-ley  29/2020,  de  28  de  julio,  que  queda 
redactado de la siguiente manera:
«Artículo  3.  Incremento  mensual  para  hacer  frente  a  los  costes  adicionales 
generados  en  los  servicios  sociales  de  carácter  residencial  de  la  red  de 
atención pública.
Para hacer frente a los costes adicionales, los servicios sociales de carácter 
residencial de la red de atención pública de personas mayores y para personas 
con discapacidad física o intelectual con concierto social de la modalidad de 
gestión  delegada,  concertados,  colaboradores,  con  plazas  financiadas  con 
prestación económica vinculada y subvencionados del Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias –desde el 1 de julio de 2020 y mientras dure la 
situación  de  emergencia  derivada  de  la  COVID-19–  cobrarán  196,30  euros 
adicionales mensuales por plaza, que se destinarán al refuerzo del personal de 
atención directa, principalmente gerocultor y personal auxiliar, a la compra de EPI 
y a la intensificación de las medidas adicionales de higiene relacionadas con la 
COVID-19. Este importe se abona mensualmente durante el período establecido, 
de  acuerdo  con  las  instrucciones  que  dicte  el  órgano  competente  del 
Departamento.»
Artículo 4.
Se  modifica  el  artículo  4  del  Decreto-ley  29/2020,  de  28  de  julio,  que  queda 
redactado de la siguiente manera:
«Artículo  4.  Incremento  mensual  para  hacer  frente  a  los  costes  adicionales 
generados en los servicios sociales de hogar residencias para personas con 
discapacidades y hogar con apoyo u hogar residencias para personas con 
problemática social derivada de enfermedad mental de la red de atención 
pública.
Para hacer frente a los costes adicionales generados en los servicios sociales 
de hogar residencias para personas con discapacidades y hogar con apoyo u 
hogar residencias para personas con problemática social derivada de enfermedad 
mental  de  la  red  pública;  con  concierto  social  de  la  modalidad  de  gestión 
delegada, concertados, colaboradores y subvencionados del Departamento de 
Trabajo,  Asuntos  Sociales  y  Familias  –desde  el  1  de  septiembre  de  2020  y 
mientras  dure  la  situación  de  emergencia  derivada  de  la  COVID-19– 
cobrarán 62,80 euros  adicionales mensuales  por  plaza, que se destinarán al 
refuerzo del personal de atención directa, principalmente personal auxiliar, a la 
compra  de  EPI  y  a  la  intensificación  de  las  medidas  adicionales  de  higiene 
relacionadas con la COVID-19. Este importe se abonará mensualmente durante el 
período  establecido,  de  acuerdo  con  las  instrucciones  que  dicte  el  órgano 
competente del Departamento.»
Artículo 5.
Se  modifica  el  artículo  5  del  Decreto-ley  29/2020,  de  28  de  julio,  que  queda  bo
redactado de la siguiente manera: 372ww
«Artículo 5.  Reserva de plazas libres de ocupación.
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medidas de sectorización y la capacidad de aislar casos probables o confirmados 
de  COVID-19  desde  el  1  de  julio  del  2020  y  mientras  dure  la  situación  de 
emergencia derivada de la COVID-19, las residencias deben disponer de una 
reserva de plazas libres de ocupación que se deben acordar con los referentes del 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y del Departamento de 
Salud, por cada ámbito territorial de acuerdo con la situación y las características 
de las residencias. Estos centros, mientras estas plazas permanezcan vacías, 
percibirán  el  85%  del  precio  medio  ponderado  establecido  en  la  Cartera  de 
servicios sociales para los servicios de carácter residencial de personas mayores o 
discapacitado, a partir del 1 de septiembre para los de personas mayores y del 1 
de  noviembre  para  los  de  discapacidad,  y  mientras  dure  la  situación  de 
emergencia derivada de la COVID-19. Este importe se abonará de acuerdo con 
las instrucciones que dicte el órgano competente del Departamento.
En caso de necesidad, se podrán hacer reservas de plazas libres en centros 
privados no acreditados, que se concretarán mediante una resolución del órgano 
competente del Departamento.»
Artículo 6.
Se  modifica  el  artículo  7  del  Decreto-ley  29/2020,  de  28  de  julio,  que  queda 
redactado de la siguiente manera:
«Artículo  7.  Incremento  mensual  para  hacer  frente  a  los  costes  adicionales 
generados en los servicios sociales de centros de día de personas mayores de 
la red de atención pública.
Para hacer frente a los costes adicionales generados, los centros de día de 
personas mayores con concierto social de la modalidad de gestión delegada, 
concertados,  con  plazas  financiadas  con  prestación  económica  vinculada  y 
colaboradores  desde  el  1  de  julio  del  2020  y  mientras  dure  la  situación  de 
emergencia derivada de la COVID-19, percibirán 60,00 euros adicionales por 
usuario y mes correspondiente al refuerzo del personal auxiliar de atención directa 
y a la compra de EPI y medidas adicionales de higiene relacionadas con la 
COVID-19.  Este  importe  se  abonará  mensualmente  durante  el  periodo 
establecido, de acuerdo con las instrucciones que dicten los órganos competentes 
del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.»
Disposición transitoria.
La ampliación de la aplicación de las medidas de incremento mensual para hacer 
frente a los costes adicionales para las plazas financiadas con prestación económica 
vinculada recogida en los artículos 3 y 6 de este Decreto-ley se aplica con carácter 
retroactivo y, por lo tanto, tiene efectos económicos desde el 1 de julio de 2020.
Disposición final primera.
Se habilita el Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias a ordenar, mediante 
Resolución, el pago directo de las medidas previstas en el Decreto-ley 29/2020, de 28 de 
julio, en los centros residenciales y los centros de atención diurna acreditados con plazas 
colaboradoras o con plazas financiadas con prestación económica vinculada. e.e
Disposición final segunda. 372ww
la GEesnteer aDlietactr edteo -Cleayt aelunntryaa e»n. vigor el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de  OE-A-2020-14able en https://
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea aplicable este Decreto-ley 
cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda lo 
hagan cumplir.
Barcelona, 20 de octubre de 2020.–El Vicepresidente del Gobierno en sustitución de 
la presidencia de la Generalidad y Consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès i 
Garcia.–El Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani Lesfar.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8252, de 22 de octubre de 2020, 
convalidado por Resolución 1006/XII, del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña» número 8267, de 10 de noviembre de 2020)