BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Viernes 20 de noviembre de 2020 Sec. I.   Pág. 102516
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
14544 Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos 
locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Parlamento de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 2/2020, 
de  14  de  octubre,  de  suspensión  de  títulos  habilitantes  de  nuevos  locales  y  otras 
medidas complementarias en materia de juego y apuestas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Mediante Decreto-ley 3/2020, de 5 de marzo, de suspensión de títulos habilitantes de 
nuevos locales de juegos y apuestas, publicado y con entrada en vigor el 6 de marzo, se 
acordó la suspensión de la vigencia de lo dispuesto en los artículos 6.4 a) y 11.5 de la 
Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, respecto a la instalación, apertura 
y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas 
externas, por un plazo no superior a dieciocho meses. Asimismo, se suspende por 
idéntico plazo el otorgamiento de nuevas autorizaciones de espacios de apuestas en 
casinos y salas de bingo.
A través de dicho instrumento, se dió cumplimiento a la resolución 10L/PNLP-0065, 
del Parlamento de Canarias, sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en 
Canarias contra las adicciones, en cuyos apartados primero y segundo de su parte 
dispositiva se instaba al Gobierno de Canarias a:
«1.  En el ámbito de su competencia, regular con eficacia la prohibición del acceso 
de los menores de edad a los diferentes establecimientos de juego, exigiendo a los 
mismos la instalación no solo de un servicio de recepción a la entrada del inmueble sino 
también de un sistema de bloqueo en los terminales de apuestas, similar al existente en 
las máquinas de tabaco. Todo con el objetivo de impedir el juego a menores de edad y a 
las personas que estén inscritas en el Registro General de Interdicciones de acceso al 
juego,  también  llamadas  “autoprohibidas”,  o  aquellas  que  tengan  restringida  esta 
actividad por sentencia judicial.»
2.  Paralizar, como medida cautelar, la concesión de nuevas licencias de apertura de 
locales de juego hasta la entrada en vigor de dicha normativa».
La resolución también instaba a una reforma reflexionada, consensuada y profunda 
del marco normativo referente al juego y a las apuestas, así como a la puesta en marcha 
de suficientes campañas de información, prevención y concienciación, debido, entre 
otras cuestiones, a la creciente preocupación por las consecuencias sociales y de salud 
derivadas del aumento de salones de juegos y locales de apuestas. La exposición de 
motivos aludía, al respecto, a los numerosos posicionamientos institucionales de las  s
distintas administraciones, reseñando las medidas de suspensión de títulos habilitantes  oe.
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II
Sin embargo, el contexto existente en el momento en que se aprobó y publicó el 
Decreto-ley 3/2020, de 5 de marzo, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos 
locales de juegos y apuestas, es considerablemente diferente al del momento en que se 
produjo la derogación del mismo por el Decreto-ley 5/2020, de 2 de abril.
Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud ha declarado 
pandemia internacional el denominado coronavirus (COVID-19). El Gobierno de España, 
mediante  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  declara  el  estado  de  alarma 
durante 15 días naturales y para todo el territorio nacional, en orden a la gestión de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Entre otras medidas, el artículo 10.3 del 
Real  Decreto  463/2020  suspendió  la  apertura  al  público  de  los  museos,  archivos, 
bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se 
desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el 
anexo del citado Real Decreto 463/2020. El referido anexo contemplaba expresamente 
los  establecimientos  de  juegos  y  apuestas  entre  la  relación  de  equipamientos  y 
actividades  cuya  apertura  al  público  quedaba  suspendida:  entre  otros,  casinos, 
establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar (salas de bingo), salones 
recreativos y de juegos, y locales específicos de apuestas.
Mediante Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, se prorrogó hasta las 00.00 horas 
del día 12 de abril de 2020 el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de  14  de  marzo.  La  evolución  del  COVID-19  ha  requerido  la  adopción  por  las 
autoridades sanitarias de medidas de contención extraordinarias que están teniendo un 
notable impacto social y económico, que se proyecta no solo sobre empresas y sectores 
de la economía española, sino también sobre los ciudadanos. Para responder a ese 
impacto sanitario, económico y social el Gobierno de la nación dictado, entre otras 
normas, los reales decretos leyes 6/2020, de 10 de marzo, 7/2020, de 12 de marzo, 
8/2020, de 17 de marzo, 9/2020, de 27 de marzo, 10/2020, de 29 de marzo, y 11/2020 
y 12/2020, de 31 de marzo. El Real Decreto 10/2020, de 29 de marzo, regulaba un 
permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no 
presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el 
escenario de la lucha contra el COVID-19. Si bien la adopción de dicha medida en el 
ámbito laboral es necesaria para profundizar en el control de la propagación del virus y 
evitar que el cúmulo de pacientes en las unidades de cuidados intensivos lleve a su 
saturación, lo cierto es que el carácter obligatorio de ese permiso entre los días 30 de 
marzo y 9 de abril de 2020, aumentará considerablemente la paralización de la mayor 
parte del tejido productivo, asistencial y de servicios de nuestro país.
La grave situación, sin precedentes en nuestra historia reciente, ha exigido de los 
poderes  públicos  un  conjunto  de  medidas  de  restricción  de  su  actividad,  a  fin  de 
garantizar sobre otras consideraciones la protección de la salud. Así, en el ámbito 
autonómico, puede señalarse el Acuerdo del Gobierno de Canarias, de 15 de marzo, 
sobre medidas a adoptar en materia de empleo de la Administración General y sus 
organismos autónomos, así como del sector público empresarial. A dicha coyuntura no 
ha sido ajeno el Parlamento de Canarias, que, por Acuerdo de su Mesa, de 16 de marzo 
de 2020, adoptó diversas medidas extraordinarias durante la vigencia del estado de 
alarma decretado por citado el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Entre dichas 
medidas destacaba la suspensión de la actividad parlamentaria y la reorganización de su 
actividad administrativa.
En  ese  extraordinario  contexto  de  crisis  sanitaria,  resultaba  del  todo  necesario  e.
reevaluar la oportunidad y acierto de la medida adoptada con carácter previo a su  w.b
convalidación, sin dejar de considerar la prioridad de la salvaguardia de la salud en un  544ww
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un escenario de profunda recesión económica a la que nuestra comunidad autónoma, la
nación española y la Unión Europea se verán abocadas, tal y como ha sido reconocido, 
entre otras normas, en la exposición de motivos del Real Decreto ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, debido a una caída abrupta tanto de la demanda de exportaciones, 
especialmente en el sector turístico, como de la propia demanda doméstica.
III
Como se recogía en el Decreto-ley 3/2020, de 5 de marzo, el vigente Estatuto de 
Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de igual 
forma  que  ya  lo  hacía  el  hoy  derogado  artículo  30.28  del  Estatuto  de  Autonomía 
aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, atribuye a nuestra comunidad 
autónoma, en su artículo 128, competencia exclusiva en materia de juego, de apuestas y 
casinos. En ejercicio de la misma se aprobó la vigente Ley 8/2010, de 15 de julio, de los 
Juegos y Apuestas (en adelante, LJA).
En esta línea, el artículo 3 de la LJA prohíbe a los menores de edad e incapaces el 
uso de las máquinas recreativas con premio y de las de azar, así como la participación 
en apuestas y juegos regulados en el citado texto legal. Dichas prohibiciones tienen un 
carácter preventivo: se trata de evitar que los niños y adolescentes lleguen a desarrollar 
adicción  por  el  juego.  Con  carácter  complementario,  el  artículo  5.1  a)  de  la  LJA 
contempla,  entre  los  principios  generales  que  informan  la  regulación,  organización, 
explotación y práctica del juego y de las apuestas en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, la prevención de perjuicios a terceros, especialmente a los sectores más 
vulnerables como menores o incapaces. Por último, el artículo 11.7 de la LJA prevé que 
reglamentariamente se determinará la zona de influencia en la que no podrán ubicarse 
establecimientos para la práctica del juego por la previa existencia de un centro de 
enseñanza o un centro permanente de atención a los menores. La concreción de esta 
medida se encuentra actualmente regulada en el Decreto 134/2006, de 3 de octubre, por 
el que se determina la zona de influencia de centros de enseñanza y de atención a 
menores en la que no podrán ubicarse establecimientos para la práctica del juego.
No podemos dejar de señalar que la potencial incidencia del juego sobre bienes 
jurídicamente protegidos por nuestro ordenamiento, como son la salud pública y el orden 
público, así como la prevención del fraude, permite apreciar la existencia de razones de 
interés general que no solo justifican, sino que hacen imprescindible la intervención de 
los  poderes  públicos  sobre  la  actividad  de  juego  y  que  permiten,  por  tanto,  su 
planificación para evitar ab initio posibles riesgos. En este sentido, la legislación de la 
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  asumió,  con  anterioridad  a  su  aprobación,  las 
políticas de juego responsable propugnadas por el Estado en el artículo 8.1 de la 
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que considera el juego desde una 
política  integral  de  responsabilidad  social  corporativa,  contemplándolo  como  un 
fenómeno  complejo,  en  el  cual  se  tienen  que  combinar  acciones  preventivas,  de 
sensibilización, intervención, control y reparación de los efectos negativos que de él se 
puedan derivar. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha admitido la 
necesidad de regulación de este sector económico y ha declarado que los objetivos 
perseguidos  por  las  legislaciones  nacionales  en  materia  de  juegos  y  apuestas, 
considerados en su conjunto, están relacionados en la mayoría de los casos con la 
protección de los destinatarios de los servicios correspondientes y de los consumidores 
en  general  y  con  la  protección  del  orden  social.  También  ha  subrayado  que  tales  s
objetivos  se  cuentan  entre  las  razones  imperiosas  de  interés  general  que  pueden  e.
justificar cortapisas a la libre prestación de servicios (entre otras, la Sentencia de 8 de  w.
septiembre de 2010). 544ww
IV
El artículo 24 de la LJA dispone que corresponde al Gobierno de Canarias aprobar la 
planificación de los juegos y las apuestas, la cual deberá incorporar unos aspectos 
mínimos  referidos  al  número  de  títulos  habilitantes,  duración  de  la  planificación  y 
particularmente su incidencia social, la posible acumulación de la oferta y la situación y 
distribución  geográfica,  atendiendo  preferentemente  a  diversos  factores  como  su 
localización en las zonas de mayor expectativa o densidad turística, calidad de las 
instalaciones y servicios complementarios o la generación de puestos de trabajo. En la 
actualidad,  dicha  planificación  se  encuentra  regulada  en  diversas  normas 
reglamentarias, referidas a cada sector. Respecto al sector de apuestas externas, su 
planificación fue aprobada por Decreto 98/2014, de 16 de octubre, a través del cual, 
entre otros extremos, se ha permitido tanto la instalación, apertura y funcionamiento de 
locales de apuestas externas, como la implantación de espacios (también denominados 
«corners») en casinos, salas de bingo y salones recreativos. Al amparo del mismo, 
actualmente se encuentran abiertos 36 locales específicos de apuestas externas en 
nuestra comunidad autónoma, pero dicho subsector se ha desarrollado con elevada 
intensidad en casinos, bingos y salones, con especial protagonismo de estos últimos. 
Así, el 75% de las salas de bingo autorizadas disponen de espacios de apuestas, 
porcentaje que se eleva hasta el 94,7% en los salones recreativos y de juegos tipo «B» o 
mixtos existentes. Un análisis temporal de la evolución del sector del juego en Canarias 
revela que, a partir de la entrada en vigor del Reglamento de apuestas externas, el 
sector de salones recreativos y de juegos ha experimentado una notable expansión con 
la apertura de 110 nuevos locales hasta alcanzar la cifra de 285 establecimientos, lo que 
supone un crecimiento del 63%, siendo extraordinariamente indicativo que prácticamente 
la mitad de dichas aperturas, 51 salones, se concentre durante el año 2019. A estas 
cifras,  hay  que  añadir  las  presentadas  durante  este  primer  trimestre,  antes  de  la 
suspensión, que han ascendido a 10 declaraciones responsables de salones recreativos, 
además de 3 declaraciones de locales de apuestas.
Entre las causas del incremento excepcional acontecido durante el último año se 
encuentra sin duda la modificación de la LJA operada por la Ley 7/2018, de 28 de 
diciembre,  de  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias 
para 2019, que sustituyó el régimen de autorización por el de declaración responsable, 
pasando además a tener dicha habilitación vigencia temporal indefinida. De este modo, 
el artículo 6.4 LJA dispone, en su apartado a), que está sujeto a declaración responsable 
«la instalación, apertura y puesta en funcionamiento de salones recreativos y de juegos, 
así como locales de apuestas externas, y sus modificaciones, conforme a lo establecido 
en la presente ley», mientras que el artículo 11.5 concreta que la instalación y apertura 
de estos establecimientos, así como la instalación de máquinas y terminales de apuestas 
en los mismos, se someterá al régimen de declaración responsable, dentro del marco 
general de planificación sectorial aplicable, la cual «tendrá vigencia temporal indefinida, a 
excepción  de  la  habilitación  de  espacios  para  apuestas  externas,  cuyo  periodo  de 
vigencia  estará  limitado  por  el  concedido  a  la  empresa  operadora  de  apuestas 
correspondiente».
En este punto procede reevaluar la medida de suspensión de títulos habilitantes 
adoptada a través del Decreto ley 3/2020, a la luz de una coyuntura excepcional surgida 
tras  la  irrupción  de  la  epidemia  del  COVID-19,  con  sus  previsibles  consecuencias 
económicas, en un sector estrechamente vinculado al turismo. Como se indicaba en la 
exposición de motivos de dicho decreto ley, tanto la reforma legal como la anunciada  e.
nueva planificación del juego y las apuestas en Canarias deben ser afrontadas a partir  w.b
de un análisis sosegado y riguroso de los datos disponibles, con la máxima participación  544ww
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vigencia de determinados preceptos de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y
Apuestas,  que  regulan  el  régimen  de  declaración  responsable  para  la  apertura  de 
nuevos salones recreativos y de juegos, de sus espacios de apuestas, y de locales de 
apuestas externas, lo que se traduce en la suspensión del derecho de los interesados a 
la presentación y tramitación de nuevos títulos habilitantes, así como para la autorización 
de espacios de apuestas externas en salas de bingo y casinos. A pesar de la situación 
derivada del estado de alarma, siguen existiendo las mismas razones para imponer la 
suspensión, como prueba el número de declaraciones recibidas este año 2020. Por ello, 
de  no  existir  la  misma,  dado  el  intenso  ritmo  de  crecimiento  del  número  de 
establecimientos y la vigencia indefinida de dichos títulos, se estrecharía, de manera 
definitiva e irreparable, el margen de decisión respecto a las determinaciones posibles de 
la  política  de  juego,  como  pudiera  ser  la  reducción  de  los  actuales  umbrales  de 
contingentación insular, la distancia entre locales de juego o la ampliación de las áreas 
de influencia de centros escolares y otros lugares de afluencia juvenil que la nueva 
regulación pretendiera implantar. Por ello, se constata la concurrencia de un caso de 
extraordinaria y urgente necesidad y de las razones que justifican la suspensión de los 
referidos títulos habilitantes a través de la figura del decreto ley, a fin de evitar la 
ineficacia  de  la  futura  determinación  de  la  política  de  juego  a  través  de  acciones 
especulativas impulsadas durante la tramitación del proyecto de ley, siquiera a través del 
procedimiento de urgencia, con el problema añadido de seguridad jurídica respecto de la 
vigencia indefinida de las declaraciones responsables y la posible consolidación de 
situaciones de hecho preexistentes a la futura regulación.
La aprobación del Decreto-ley 5/2020 y la posterior tramitación del proyecto de Ley 
que ha dado lugar a la presente ley ha permitido recoger las observaciones formuladas 
por  el  Consejo  Consultivo  en  sus  dictámenes  n.º  96/2020,  de  23  de  marzo  y  n.º 
101/2020, de 17 de abril, en relación con el Decreto-ley 3/2020 y el Decreto-ley 5/2020, 
respectivamente.  Adicionalmente  también  debe  modificarse  el  régimen  de 
funcionamiento de la Comisión del Juego y las Apuestas en Canarias, para permitir la 
celebración de sus sesiones por medios electrónicos y telemáticos, a la par que variar su 
composición para introducir en la misma la representación de entidades de lucha contra 
las adicciones, a fin de que no se dilate indebidamente el ejercicio de sus funciones de 
asesoramiento respecto del marco normativo y de planificación que se pretende iniciar.
El escenario de profunda incertidumbre económica también justifica que, en aras de 
evitar una presión añadida al sector, por la existencia de cargas indirectas que no tienen 
relación con los riesgos de salud pública percibidos y derivados de las apuestas, se 
proceda a excluir del ámbito de aplicación de la LJA las máquinas recreativas de tipo 
«A». Estas no ofrecen al jugador la posibilidad de obtener beneficio económico alguno, 
directo o indirecto, salvo la posibilidad, en función de su habilidad, de continuar jugando 
por el mismo importe inicial en forma de prolongación de la propia partida o de otras 
adicionales. En este sentido, en aplicación del artículo 17.2 la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, se considera que no concurre ninguna 
razón imperiosa de interés general que justifique exigir el cumplimiento de requisitos en 
el  caso  de  estas  máquinas  tipo  «A»  que,  además  no  encajan  en  la  definición  de 
actividades de juego y apuestas que ofrece la propia LJA en su artículo 2.1 a), toda vez 
que la persona usuaria de este tipo de máquinas no arriesga el precio de la partida, al no 
existir la posibilidad de obtener premio. Se trata de un servicio de ocio que, por tanto, 
debe excluirse del ámbito de aplicación de la LJA.
Por el contrario, y merece la oportuna justificación exigida por el Consejo Consultivo 
de Canarias, no se considera necesario extender la suspensión de títulos habilitantes a  s
la  instalación  de  máquinas  recreativas  y  de  azar  y  de  terminales  de  apuestas  en  oe.
establecimientos cuya actividad principal no sea el juego, como pueden ser los de  w.
hostelería y restauración, otro de los sectores gravemente perjudicados por esta crisis.  544ww
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en lo que concierne a las máquinas de tipo «A» especial, debe tenerse en cuenta que si 
bien las mismas conceden premio, este lo será en especie y de escaso valor, lo que 
unido a su escaso número, no justifica suspender el otorgamiento de sus autorizaciones 
de explotación. En lo que concierne a la instalación de terminales de apuestas en 
establecimientos de restauración, actualmente la misma no es posible en la Comunidad 
Autónoma  de  Canarias  habida  cuenta  que  los  términos  y  condiciones  para  dicha 
instalación no han sido objeto del preceptivo desarrollo reglamentario por parte del 
vigente Reglamento de apuestas externas, lo que no se encuentra entre los objetivos de 
este Gobierno. Asimismo, la eventual implantación de un sistema de bloqueo en los 
terminales de apuestas como consecuencia de la reforma normativa que se pretende 
acometer se podrá alcanzar estableciendo un plazo específico para la adaptación de 
dichos terminales.
Por último, en el plano tributario se adecua la fiscalidad de las máquinas recreativas 
al contexto derivado del estado de alarma a través de un simultáneo Decreto ley de 
medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas con 
efectos sobre la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar.
V
La presente ley está integrada por dos artículos, dos disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria y una disposición final.
El artículo 1 suspende la vigencia de los artículos 6.4 a) y 11.5 de la Ley 8/2010, 
de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, vedando la presentación de declaraciones 
responsables de instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y 
de juegos y locales de apuestas externas. Dicha suspensión resultará de aplicación 
mientras tiene lugar la tramitación de la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de 
los Juegos y Apuestas, y del nuevo Decreto de Planificación de Juegos y Apuestas en 
Canarias. Esta nueva medida de suspensión debe concretarse temporalmente a través 
de un nuevo plazo que permita asumir, por un lado, la paralización de la actividad 
provocada por el COVID-19 y, por otro, realizar una evaluación adecuada del estado del 
sector tras la crisis derivada del mismo, por lo que en aras de una mayor seguridad 
jurídica se establece como término final de la suspensión el 31 de diciembre de 2021, lo 
que se estima necesario para culminar la tramitación de ambos instrumentos.
El artículo 2 modifica diversos preceptos de la LJA con la finalidad de excluir las 
máquinas tipo «A» de su ámbito de aplicación. Asimismo, se permite expresamente la 
celebración a distancia de sesiones de la Comisión del Juego y las Apuestas, y se 
recoge la necesidad de que este órgano cuente con representación de las asociaciones 
o entidades de lucha contra las adicciones.
La disposición transitoria primera establece una serie de reglas para las solicitudes 
de autorización de espacios de apuestas externas en casinos y salas de bingo que se 
hubieran presentado con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto-ley 3/2020, y 
para las declaraciones responsables de apertura y funcionamiento de nuevos salones y 
locales  de  apuestas,  que  aun  presentadas  con  posterioridad,  traigan  causa  de 
declaraciones responsables de instalación presentadas con anterioridad, recogiendo en 
este punto las observaciones formuladas por el Consejo Consultivo de Canarias al 
Decreto-ley 3/2020, de 5 de marzo.
La disposición transitoria segunda contiene un mandato al Gobierno de Canarias 
para  que  formule  con  carácter  inmediato  una  iniciativa  legislativa  que  afronte  s
provisionalmente el régimen sancionador en lo que afecte a la presencia de menores y a  e.
la publicidad de la actividad del juego. w.
La disposición derogatoria deroga expresamente el Decreto-ley 5/2020, de 2 de abril,  544ww
edne  msuastpeerinas dióen j udeeg toít uyl oasp uheasbtialitsa.ntes de nuevos locales y otras medidas complementarias
con Peofer cútoltsim doe,  alap rdoisbpaocsióicni ódne lf iDnaelc rúentoic-ale ey s3ta/2b0le2c0e. la entrada en vigor de la presente ley  BOE-A-cable e
Esta ley se tramita después de la promulgación y convalidación parlamentaria del 
Decreto-ley 5/2020, de 2 de abril, publicado en el «Boletín Oficial de Canarias», de 3 de 
abril, toda vez que el Parlamento aprobó su tramitación por el procedimiento de urgencia 
como proyecto de ley.
Artículo 1.  Suspensión de la vigencia de los artículos 6.4 a) y 11.5 de la Ley 8/2010, 
de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, y de la concesión de nuevas autorizaciones 
de espacios de apuestas externas en casinos y salas de bingo.
1.  Se suspende la vigencia de lo dispuesto en los artículos 6.4 a) y 11.5 de la 
Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, respecto a la instalación, apertura 
y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas 
externas, hasta la entrada en vigor tanto de la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de 
julio, de los Juegos y Apuestas, como del nuevo decreto de Planificación de Juegos y 
Apuestas en Canarias.
La duración de la suspensión no podrá rebasar el 31 de diciembre de 2021.
Durante la referida suspensión no se podrá otorgar título habilitante alguno para la 
instalación, apertura y funcionamiento de dichos establecimientos de juego.
2.  Se  suspende,  por  idéntico  periodo  al  señalado  en  el  apartado  anterior,  la 
concesión de nuevas autorizaciones de espacios de apuestas externas en casinos y 
salas de bingo.
Artículo 2.  Modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas.
Se modifica la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, en los términos 
siguientes:
Uno.  Se añade una letra c) al apartado 2 del artículo 2, con la siguiente redacción:
«c) Las máquinas recreativas que no ofrecen al jugador o usuario beneficio 
económico  alguno,  directo  o  indirecto,  salvo  la  posibilidad,  en  función  de  su 
habilidad,  de  continuar  jugando  por  el  mismo  importe  inicial  en  forma  de 
prolongación de la propia partida o de otras adicionales y los establecimientos 
abiertos  al  público  destinados  a  la  instalación  y  explotación  de  las  citadas 
máquinas recreativas.»
Dos.  El apartado 4 del artículo 6 queda redactado con el siguiente tenor:
«4.  Está sujeto a declaración responsable:
a)  La instalación, apertura y puesta en funcionamiento de salones recreativos 
y  de  juegos,  así  como  locales  de  apuestas  externas,  y  sus  modificaciones, 
conforme a lo establecido en la presente ley.
b)  La organización y celebración de combinaciones aleatorias, cuando la 
participación  del  público  sea  gratuita  y  no  exista  sobreprecio  o  tarificación 
adicional.»
Tres.  El apartado 1 del artículo 14 queda redactado de la siguiente manera:
«1.  Son salones recreativos y de juegos todos aquellos establecimientos 
debidamente habilitados, destinados específicamente a la explotación, conjunta o  es
separadamente, de máquinas recreativas de tipo “A” especial y “B”. Igualmente  o
podrán  explotar  conjuntamente  cualesquiera  otros  juegos  y  apuestas  con  las  544ww
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premios en metálico deberán tener dependencias delimitadas para las de tipo ‘B’,
y para donde puedan desarrollarse aquellos otros juegos y apuestas con premio 
en metálico que reglamentariamente se autoricen, a las cuales no pueden acceder 
las personas que lo tienen prohibido conforme al artículo 3 de esta ley.»
Cuatro.  El artículo 17 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 17.  Establecimientos de restauración.
En los establecimientos de restauración, como cafeterías, bares, restaurantes 
y similares, con las condiciones que reglamentariamente se establezcan, tan solo 
podrán instalarse máquinas de juego de los tipos “A” especial y “B” y terminales de 
apuestas.  En  dichos  establecimientos  no  podrá  explotarse  o  desarrollarse  la 
realización de ningún otro tipo de juego o apuesta, presencial o telemático, en 
cualquiera de sus modalidades.
El número máximo de máquinas recreativas a instalar en cada establecimiento 
de este tipo no podrá exceder de dos. Asimismo, tan solo podrá permitirse una 
terminal de apuestas por establecimiento.
La instalación de dichas máquinas en los restaurantes se efectuará en zonas 
previamente acotadas y quedando las máquinas de cada tipo convenientemente 
separadas.»
Cinco.  El artículo 18 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 18.  Establecimientos hoteleros y buques de pasaje.
En zonas acotadas de establecimientos hoteleros y buques de pasaje, así 
como en el interior de los campamentos de turismo, parques de atracciones, 
recintos feriales y centros de entretenimiento familiar, podrán instalarse máquinas 
recreativas  de  tipo  “A”  especial,  en  número  y  con  las  condiciones  que 
reglamentariamente se determinen.»
Seis.  El apartado 2 del artículo 19 queda redactado de la siguiente manera:
«2.  A los efectos de su régimen jurídico, las máquinas se clasificarán en los 
siguientes tipos:
– Tipo “A” especial o con premio en especie, que a cambio del precio de la 
partida o jugada conceden al jugador un tiempo de uso de juego y, eventualmente, 
un premio en especie, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
– Tipo “B” o recreativas con premio en metálico, que a cambio del precio de la 
partida  o  jugada  conceden  al  jugador  un  tiempo  de  uso  o  de  juego  y, 
eventualmente,  premios  en  metálico,  en  las  condiciones  que  se  fijen 
reglamentariamente.
– Tipo “C” o de azar, que son aquellas que de acuerdo con las características y 
límites que se establezcan en su homologación conceden al usuario un tiempo de uso y 
eventualmente un premio en metálico, que dependerá siempre del azar. El precio máximo 
de  la  partida  será,  para  cada  modelo,  el  que  se  establezca  en  su  resolución  de 
homologación,  conforme  se  establezca  reglamentariamente.  Se  podrán  homologar 
modelos en los que puedan efectuarse varias apuestas en una misma partida.
Solo podrá autorizarse la explotación de máquinas de tipo “C” en los casinos 
de juego.» e.
Siete.  El apartado c) del artículo 22 queda redactado de la siguiente manera: 544ww
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Ocho.  Se  añade  un  nuevo  punto  al  artículo  25,  quedando  redactado  con  el 
siguiente tenor:
«Artículo 25.  Competencias de la consejería competente en materia de juegos y 
apuestas.
Corresponde a la consejería competente en materia de casinos, juegos y 
apuestas:
1.  La homologación de los materiales, componentes o elementos y aparatos 
de juego y apuestas a utilizar en Canarias.
2.  Conceder las autorizaciones para gestionar y explotar los juegos y las 
apuestas, con sujeción a la planificación aprobada por el Gobierno.
3.  El  control  de  los  aspectos  administrativos  y  técnicos  del  juego  y  las 
apuestas  y  de  las  empresas  y  establecimientos  que  se  dediquen  a  estas 
actividades.
4.  Actualizar el precio de las partidas en los términos previstos por cada uno 
de los reglamentos por los que se regulan los mismos.
5.  La  inspección  y  control  y,  consiguientemente,  las  funciones  de 
investigación y comprobación de las actividades relacionadas con el juego y las 
apuestas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
6.  La  iniciación  del  procedimiento  sancionador  en  materia  de  juegos  y 
apuestas.
7.  Imponer multas por la comisión de infracciones muy graves hasta el límite 
de 150.000 euros.
8.  La  realización  de  campañas  informativas  de  concienciación  sobre  las 
adicciones  del  juego  y  las  apuestas,  así  como,  la  adopción  de  medidas  de 
prevención en su ámbito competencial, que se ejecutarán en coordinación con los 
departamentos  competentes  de  las  consejerías  del  Gobierno  de  Canarias 
relacionadas, entre otras, con el ámbito de la educación y de la salud pública.
9.  Cualesquiera otras funciones no atribuidas expresamente al Gobierno de 
Canarias.»
Nueve.  El apartado 3 del artículo 26 queda redactado de la siguiente manera:
«3.  La inscripción en el Registro del Juego previo depósito de la garantía 
correspondiente, será requisito indispensable para el desarrollo de las actividades 
de los juegos y apuestas en la Comunidad Autónoma de Canarias.»
Diez.  Se modifica el apartado 2, y se añade un apartado 3, al artículo 41 con la 
siguiente redacción:
«2.  Deberán  formar  parte  de  la  comisión  representantes  sociales  y 
empresariales de cada uno de los sectores del juego y las apuestas, así como de 
las asociaciones o entidades de lucha contra las adicciones.
3.  La  Comisión  del  Juego  y  las  Apuestas  se  podrá  constituir,  convocar, 
celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos, emitir dictámenes e informes y remitir 
actas a distancia.
En  las  sesiones  que  se  celebren  a  distancia,  sus  miembros  podrán 
encontrarse  en  distintos  lugares  siempre  y  cuando  se  asegure  por  medios  es
electrónicos, considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la  o
emidd ueairnnnattinefidetrecas otdlaam c dsuioeenns iceilóoasnsc, . ie»ómln m ieeomnmtbreeron seto ll ooes n  peqenur esto ieenmsatasp so q srueee ap l rlooyd slu acs eudnpis,lp aaonsn,í i bceioll imdcaood nl atde einn itdleoorsa  cdmteive iddsiaoudss    OE-A-2020-14544able en https://www.
Once  Se añade una nueva disposición adicional tercera:
«Disposición adicional tercera.  Registro de Prohibidos de Acceso al Juego.
El  Registro  de  Prohibidos  de  Acceso  al  Juego  constituye  el  instrumento 
destinado a facilitar a los establecimientos de juegos colectivos la información 
necesaria para la efectividad del derecho subjetivo de los ciudadanos a que les 
sea prohibido la entrada en dichos establecimientos a sí mismos, a los terceros 
sobre cuyos actos de administración y disposición del patrimonio recayese un 
interés legítimo judicialmente establecido y aquellos otros para los que haya sido 
resuelta la prohibición de entrada en los mismos. La información de este registro 
se facilitará a los titulares tanto de los establecimientos de juego como de los 
títulos habilitantes vinculados a los mismos con la finalidad de impedir el acceso al 
juego de las personas inscritas en dicho registro.
Reglamentariamente se establecerán las condiciones de acceso al Registro de 
Prohibidos de Acceso al Juego. Asimismo, el Gobierno de Canarias podrá acordar, 
mediante  la  suscripción  del  oportuno  convenio  de  cooperación  con  la 
Administración General del Estado, la interconexión del mismo con el Registro 
General de Interdicciones de Acceso al Juego de la Administración General del 
Estado, con pleno respeto a la normativa reguladora de protección de datos de 
carácter personal.»
Disposición transitoria primera.  Procedimientos en tramitación
Las solicitudes de autorización de espacios de apuestas externas en casinos y salas 
de bingo presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se regirán por la 
legislación vigente al tiempo de su presentación.
La  suspensión  dispuesta  en  el  artículo  1  no  resultará  de  aplicación  a  las 
declaraciones responsables de apertura y funcionamiento de salones recreativos y de 
juegos  y  de  locales  de  apuestas  externas  que  traigan  causa  de  declaraciones 
responsables de instalación pm nresentadas con anterioridad a la entrada en vigor de 
esta ley.
Disposición  transitoria  segunda.  Regulación  contra  las  adicciones,  protección  de 
menores, y publicidad en materia de juego.
El Gobierno de Canarias impulsará, en el plazo máximo de tres (3) meses desde la 
entrada en vigor de la presente ley, una iniciativa legislativa que además de aprobar las 
determinaciones  derivadas  de  la  Resolución  del  Parlamento  de  Canarias  10L/
PNLP-0065, sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contra las 
adicciones,  revisará  tanto  el  régimen  sancionador  en  lo  que  afecta  a  la  eventual 
presencia de menores en establecimientos de juego como el régimen de publicidad, 
patrocinio y promoción aplicable al juego desarrollado en la Comunidad Autónoma de 
Canarias.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogado el Decreto ley 5/2020, de 2 de abril, de suspensión de títulos 
habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y 
apuestas, sin perjuicio de los efectos que hubiera podido producir durante su vigencia. e.e
Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor con efectos desde el 6 de marzo de 2020.
Por tanto, ordeno a la ciudadanía y a las autoridades que la cumplan y la hagan 
cumplir.
Canarias, 14 de octubre de 2020.–El Presidente, Ángel Víctor Torres Pérez.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 220, de 28 de octubre de 2020)