BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 177 Viernes 26 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 44749
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
6778 Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de la propiedad de Bilbao n.º 7, por la que se suspende la 
extensión de una anotación preventiva de embargo.
En el recurso interpuesto por doña M. M. B. B. contra la nota de calificación del 
registrador de la Propiedad de Bilbao número 7, don Antonio Fernández Martín, por la 
que se suspende la extensión de una anotación preventiva de embargo.
Hechos
I
En el procedimiento de ejecución forzosa en procesos de familia número 9810012/2014, 
seguido ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Barakaldo, sobre la finca registral 
número 13.584 del Registro de la Propiedad de Bilbao número 7, siendo demandado don M. 
I. R., se decretó el embargo de los derechos hereditarios que puedan corresponder al 
demandado sobre dicha finca registral inscrita a nombre de don M. A. I. A. y doña A. R. S., 
para  su  sociedad  conyugal,  ordenándose  extender  anotación  preventiva  mediante 
mandamiento expedido el día 27 de septiembre de 2019.
II
Presentado el indicado mandamiento en  el Registro de la Propiedad de Bilbao 
número 7, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Previo examen y calificación del precedente documento se suspende la práctica de 
la anotación preventiva de embargo solicitada, por no acreditarse en cuanto a la parte 
demandada la condición de heredero.
Hechos:
El precedente documento consiste en:
1.  Un  mandamiento  judicial  de  anotación  preventiva  de  embargo  expedido  en 
Barakaldo,  el  día  27  de  septiembre  de  2019,  por  el  Servicio  Común  Procesal  de 
Ejecución,  Sección  Civil  de  Barakaldo,  Ejecución  Forzosa  en  procesos  de 
familia 9810012/2014, y de otro ampliatorio de fecha dos de octubre, el cual se presentó 
en este Registro por fax por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Barakaldo, UPAD 
Penal de Barakaldo, el día 30 de septiembre de 2019, a las 09:00 horas, bajo el 
número 1371 del Diario 57, consolidándose el día 1 de octubre de 2019.
2.  En  dicho  mandamiento,  se  embargan  los  derechos  hereditarios  que 
correspondan al demandado don M. I. R., en la finca 13584 de (…), finca inscrita a 
nombre de los cónyuges don M. A. I. A. y doña A. R. S., para su sociedad conyugal. e
3.  Se aporta certificado de defunción de don M. A. I. A. bo
F1.uºn) daPmaeran tporso dcee dDeer rae cthaol :anotación se ha de acreditar la condición de heredero del  2020-6778n https://ww
dReemglaanmdeandtoo,  Hreipsopteecctaor idoe,  plaá rfrinaafod a1 .aº,n atepsa ritnaddicoa sdeag, udned oco.nformidad con el artículo 166 del  BOE-A-cable e
Por los referidos hechos y fundamentos de Derecho, se suspende la anotación del 
documento reseñado.
La presente calificación negativa, determina la prórroga del asiento de presentación 
por el plazo que señala el artículo 323.1.º LH.
Las calificaciones negativas del registrador podrán (…)
Este  documento  ha  sido  firmado  con  firma  electrónica  cualificada  por  Antonio 
Fernández Martín registrador/a de Registro Propiedad de Bilbao 7 a día veintiocho de 
Octubre del año dos mil diecinueve.»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña M. M. B. B interpuso recurso el día 15 de 
noviembre de 2019 alegando lo siguiente:
«(...) Alegaciones:
Única.–Que se acredita la condición de heredero de don M. I. R., demandado, ya que 
el fallecido Don M. A. I. A., padre de este, no otorgó testamento, y, por consiguiente, 
siguiendo lo establecido en el artículo 807 del Código Civil, a este le corresponde la 
condición de heredero forzoso. Se acompaña (…) certificación que demuestra que don 
M. A. no otorgó testamento, y (…) certificado de nacimiento de don M. mediante el que 
se acredita su condición de hijo (heredero forzoso) del causante.
Además, la parte recurrente, siguiendo con lo establecido en el artículo 1005 del 
Código Civil, acreditando su condición de acreedora del demandado, acudió ante el 
Notario Don Andrés Juan Ramón Manzano Malaxechevarria, a fecha de 2 de agosto 
de 2019, para que se le notificase a don M. I. R. que disponía de un plazo máximo de 30 
días  naturales  a  contar  desde  la  notificación  para  aceptar  pura  y  simplemente,  a 
beneficio de inventario o, en su caso, repudie la herencia de su causante padre. En caso 
de no manifestar su voluntad de repudiarla, se le comunicó que transcurrido el plazo se 
entendería aceptada la herencia pura y simplemente (…)
No habiendo manifestado su negativa, se entiende que don M. I. R. ha aceptado la 
herencia, lo cual le hace poseedor de la herencia de su padre, siendo esto motivo 
suficiente para acreditar su condición de heredero.»
IV
El registrador emitió informe, manteniendo su calificación, y formó expediente que 
elevó a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 3, 14, 20, 38, 42, 44 y 326 de la 
Ley Hipotecaria; 34, 78, 100 y 166 del Reglamento Hipotecario, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 3 de octubre de 2000, 23 de 
noviembre de 2006, 5 de octubre de 2015, 6 de julio y 11 de octubre de 2016 y 17 de 
marzo, 6 de abril, 10 de julio y 19 de diciembre de 2017.
1.  Este expediente tiene por objeto dilucidar si es posible practicar una anotación 
de embargo sobre los derechos hereditarios que correspondan al demandado don M. I. 
R en la herencia de su padre, don M. A. I. A. respecto de la finca 13.584 inscrita en el  e.
Registro de la Propiedad de Bilbao número 7 a nombre de doña A. R. S. y de su difunto  w.
esposo  y  padre  del  demandado,  don  M.  A.  I.  A.,  para  su  sociedad  conyugal  de  78ww
ganaEnl cúianliecso. defecto alegado por el registrador en su nota es que no se acredita la
condición de heredero del demandado.
Por  su  parte,  la  recurrente  sostiene  que  sí  resulta  acreditada  la  condición  de 
heredero de don M. I. R. al haberse aportado certificado de defunción del titular registral, 
don M. A. I. A., certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad del que 
resulta que no otorgó testamento, certificado de nacimiento del demandado y acta 
notarial por la que se requiere a don M. I. R. para que acepte la herencia de su difunto 
padre y entiende que habiendo transcurrido 30 días sin haber manifestado su negativa 
se considera aceptada.
2.  Debe señalarse que de conformidad con el artículo 326 de la Ley Hipotecaria «el 
recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e 
inmediatamente  con  la  calificación  del  Registrador,  rechazándose  cualquier  otra 
pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y 
forma».
Consecuentemente,  no  se  tendrán  en  cuenta  en  la  resolución  del  presente 
expediente la documentación aportada por la recurrente en el recurso, sin perjuicio de 
poder ser aportada al registro de la Propiedad al objeto de obtener una nueva calificación 
registral.
3.  En primer lugar, en cuanto al alcance de la calificación del registrador respecto a 
documentos judiciales y el principio de tracto sucesivo.
Como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo, es principio básico de 
nuestro sistema registral el de que todo título que pretenda su acceso al Registro ha de 
venir  otorgado  por  el  titular  registral  o  en  procedimiento  seguido  contra  él  (cfr. 
artículos 20 y 40 de la Ley Hipotecaria), alternativa esta última que no hace sino 
desenvolver  en  el  ámbito  registral  el  principio  constitucional  de  salvaguardia 
jurisdiccional de los derechos e interdicción de la indefensión (cfr. artículo 24 de la 
Constitución Española) y el propio principio registral de salvaguardia judicial de los 
asientos registrales (cfr. artículo 1 de la Ley Hipotecaria).
Este  principio  deriva  a  su  vez  de  la  legitimación  registral  pues  si  conforme  al 
artículo 38 de la Ley Hipotecaria la inscripción implica una presunción «iuris tantum» de 
exactitud  de  los  pronunciamientos  del  Registro  a  todos  los  efectos  legales,  la 
consecuencia  subsiguiente  es  el  cierre  del  Registro  a  los  títulos  otorgados  en 
procedimientos seguidos con persona distinta de dicho titular o sus herederos, y que 
esta circunstancia debe ser tenida en cuenta por el registrador, al estar incluida dentro 
del ámbito de calificación de documentos judiciales contemplado en el artículo 100 del 
Reglamento Hipotecario.
El respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a los jueces y 
tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos por ende los 
registradores de la Propiedad, la obligación de cumplir las resoluciones judiciales. Pero 
no es menos cierto, conforme doctrina reiterada de este Centro Directivo, apoyada en la 
de  nuestro  Tribunal  Supremo  en  la  Sentencias  relacionadas  en  «Vistos»,  que  el 
registrador  tiene,  sobre  tales  resoluciones,  la  obligación  de  calificar  determinados 
extremos, entre los cuales no está el fondo de la resolución, pero sí el de examinar si en 
el procedimiento han sido emplazados aquellos a quienes el Registro concede algún 
derecho que podría ser afectado por la sentencia, con objeto de evitar su indefensión 
proscrita, como se ha dicho, por nuestra Constitución (cfr. artículo 24 de la Constitución 
Española), ya que precisamente el artículo 100 del Reglamento Hipotecario permite al 
registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro», y 
entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido 
parte o ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento judicial. s
En este sentido recuerda la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo  oe.
de 21 de octubre de 2013, el registrador «(...) debía tener en cuenta lo que dispone el  w.
art. 522.1 LEC, a saber, todas las personas y autoridades, especialmente las encargadas  78ww
dcoen lsotsit uRtievgaiss tryo sa tpeúnbelricsoes ,a ld eebsetand oa coa tasri tuya ccuiómnp ljiur rlíod icqouse  qseu ed issuprojan gdae e ne lllaass,  sseanlvteon cqiuaes 
ceoxmistoa nti eonbes tápcrouclolasm daedriov aedsotas  dSeall ap,r oppoiro  tRodeagsis,t rloa  cSoTnSfo rnmúme .a  2s9u5 /le2g0i0s6la, cdióen  2e1s pdeec ímficaarz. oY,   BOE-A-cable e
“(…) no puede practicarse ningún asiento que menoscabe o ponga en entredicho la 
eficacia de los vigentes sin el consentimiento del titular o a través de procedimiento 
judicial en que haya sido parte”».
Esta misma doctrina se ha visto reforzada por la Sentencia número 266/2015, de 14 
de diciembre, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que reconoce el derecho a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 de la Constitución Española) y al 
proceso  con  todas  las  garantías  (artículo  24.2  de  la  Constitución  Española)  de  la 
demandante,  titular  registral,  en  los  siguientes  términos:  «(...)  el  reconocimiento  de 
circunstancias  favorables  a  la  acusación  particular,  (...)  no  puede  deparar  efectos 
inaudita parte respecto de quien, ostentando un título inscrito, no dispuso de posibilidad 
alguna de alegar y probar en la causa penal, por más que el disponente registral pudiera 
serlo o no en una realidad extra registral que a aquél le era desconocida. El órgano 
judicial venia particularmente obligado a promover la presencia procesal de aquellos 
terceros que, confiando en la verdad registral, pudieran ver perjudicados sus intereses 
por  la  estimación  de  una  petición  acusatoria  que  interesaba  hacer  valer  derechos 
posesorios en conflicto con aquéllos, con el fin de que también pudieran ser oídos en 
defensa de los suyos propios» (Resolución de 14 de marzo de 2018).
Esta  es  la  razón  por  la  cual,  el  artículo  100  del  Reglamento  Hipotecario  (en 
consonancia con el artículo 18 de la propia ley) extiende la calificación registral frente a 
actuaciones judiciales a la competencia del juez o tribunal, la adecuación o congruencia 
de  su  resolución  con  el  procedimiento  o  juicio  en  que  se  hubiere  dictado,  a  las 
formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del 
Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción.
Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral 
afectado por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido 
parte  o  haya  tenido,  al  menos  la  posibilidad  de  intervención,  en  el  procedimiento 
determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea incumbencia del registrador 
calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva desde el punto de 
vista procesal apreciada por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites 
seguidos en el procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe 
alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya 
sido emplazado de forma legal en el procedimiento (Resolución de 11 de noviembre 
de 2014).
Es por ello indispensable controlar por parte del registrador, bien que el título que se 
presenta a inscripción se apoya en la titularidad registral del dominio o del derecho que 
se  modifica,  altera,  transmite  o  cancela  porque  de  manera  voluntaria  su  titular  ha 
otorgado  el  documento  en  que  se  opera  la  mutación  jurídico-real,  bien  porque  se 
reconoce la misma en una resolución judicial o administrativa seguida contra dicho titular 
registral o sus causahabientes.
4.  Centrándonos en el objeto del recurso, el único problema que se plantea en este 
expediente es si, siendo las deudas propias del heredero, se puede anotar un embargo 
sobre los derechos que pudieran corresponder al deudor en la herencia de su padre, 
respecto de un bien concreto inscrito a nombre de éste, en este supuesto con carácter 
ganancial, aportando el certificado de defunción del titular registral.
El  artículo  166.1.ª2.º  del  reglamento  Hipotecario  dispone:  «Si  las  acciones  se 
hubieren ejercitado contra persona en quien concurra el carácter de heredero o legatario 
del titular, según el Registro, por deudas propias del demandado, se harán constar las 
circunstancias  del  testamento  o  declaración  de  herederos  y  de  los  certificados  del  s
Registro General de Actos de Ultima Voluntad y de defunción del causante. La anotación  oe.
se practicará sobre los inmuebles o derechos que especifique el mandamiento judicial en  w.
la parte que corresponda el derecho hereditario del deudor». 78ww
RegTlaramtáenndtoo sHei pdoete cdaeruiod apso spirboilpitiaa sq udee l shee rteodmeer oa ndoetmacainódna dpore, veeln taivrtaíc uúlnoi c1a6m6e.1n.tªe2 .eº nd elal 
pparertvee nqtiuvae  pcuoerrdeas phoancdears ee le xdteenrescibhloe  ahle dreedreitcahrioo  hdeerle dditeauridoo rq, ues inp uqeudea  ceosrare sapnoontdaeciró na   BOE-A-cable e
otros posibles herederos, cuya existencia no queda excluida con la documentación 
presentada. En este caso, además, dado el carácter ganancial de la finca, es evidente la 
concurrencia  de  los  hipotéticos  derechos  hereditarios  del  demandante  con  los 
ostentados por el cónyuge viudo en la previa disolución de la sociedad de gananciales 
que determinará la definitiva composición del haber hereditario del causante.
Por  ello,  es  imprescindible  conocer  el  derecho  hereditario  correspondiente  al 
heredero deudor demandado pues sólo y exclusivamente ese derecho puede ser objeto 
de la anotación preventiva de embargo. Y, para ello, será imprescindible aportar el título 
sucesorio correspondiente.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la 
nota de calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble 
en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del 
juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley 
Hipotecaria.
Madrid, 4 de febrero de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.