BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 29 Jueves 3 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 14984
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
1755 Resolución de 24 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que  se  publica  el  Convenio  con  la  Generalidad  de  Cataluña,  para  el 
funcionamiento del Registro de Empresas Acreditadas en el sector de la 
construcción.
Suscrito  el  Convenio  entre  el  Ministerio  de  Trabajo  y  Economía  Social  y  el 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalidad de Cataluña, 
para  el  funcionamiento  del  Registro  de  Empresas  Acreditadas  en  el  sector  de  la 
construcción, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el 
«Boletín  Oficial  del  Estado»  del  citado  Convenio,  que  figura  como  anexo  de  esta 
resolución.
Madrid,  24  de  enero  de  2022.–La  Secretaria  General  Técnica,  Consolación 
Rodríguez Alba.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Departamento de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalidad de Cataluña, para el 
funcionamiento del Registro de Empresas Acreditadas en el sector de la 
construcción
21 de enero de 2022.
REUNIDOS
De  una  parte,  la  Excma.  Sra.  doña  Yolanda  Díaz  Pérez,  en  su  condición  de 
Vicepresidenta Segunda del Gobierno nombrada por el Real Decreto 523/2021, de 10 de 
julio, y Ministra de Trabajo y Economía Social, nombrada por Real Decreto 8/2020, de 12 
de enero, y en uso de sus atribuciones conferidas en virtud del artículo 61.k) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y, de otra, el Muy Hble. Sr. Roger Torrent i Ramió, en su condición de Consejero de 
Empresa  y  Trabajo,  que  actúa  en  representación  del  Departamento  de  Empresa  y 
Trabajo de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 22/2021, de 26 de mayo, por el que se 
nombran,  el  Vicepresidente  del  Gobierno  y  los  consejeros  y  consejeras  de  los 
Departamentos de la Generalidad de Cataluña (DOGC número 8418A, de 26 de mayo 
de 2021). Con la preceptiva autorización del Gobierno de la Generalidad de Cataluña 
de 22 de junio de 2021.
Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad para obligarse y convenir.
EXPONEN e
Primero. 55ww
InmiEgnra fceióchna y  1la7  Cdoem juulnioid daed  2A0u0tó8n soem sau dsecr iCbaiót,a leunñtare,  uenl  econntovnecneios  dMei nciostlaebrioor adcei óTnr apbaarjao  eel 
funcionamiento  del  Registro  de  Empresas  Acreditadas  (REA)  para  intervenir  en  el
proceso de contratación en el sector de la construcción, cuya finalidad era establecer las  Bc
bases de colaboración para el intercambio de datos entre la aplicación electrónica del 
citado Ministerio, que da soporte al Registro de Empresas Acreditadas como base de 
datos general y la aplicación propia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que da 
soporte a su propio Registro de Empresas Acreditadas en base a la disposición adicional 
cuarta  del  Real  Decreto  1109/2007,  de  24  de  agosto,  por  el  que  se  desarrolla  la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción, que permite esta posibilidad a las diferentes Comunidades Autónomas.
Segundo.
El funcionamiento de estas aplicaciones informáticas ha permitido la creación de una 
base de datos general en la que constan los datos de todas las empresas inscritas en los 
registros dependientes de todas las autoridades laborales, con independencia de que 
usen  la  aplicación  informática  puesta  a  disposición  por  el  Ministerio  de  Trabajo  y 
Economía  social,  o  por  la  propia  comunidad  autónoma,  como  es  el  caso  de  la 
Comunidad Autónoma de Cataluña que dispone de una aplicación propia del REA, 
desde el mes de marzo de 2008 creado por el Decreto 102/2008, de 6 de mayo de 
creación  del  Registro  de  Empresas  Acreditadas  de  Cataluña  para  intervenir  en  el 
proceso de contratación en el sector de la construcción.
Tercero.
Con ello se consigue la intercomunicación entre todos los registros de empresas 
acreditadas del Estado, al facilitar tanto la consulta de las inscripciones existentes en 
cualquiera de ellos como el acceso público a sus datos, con la salvedad de los relativos 
a la intimidad de las personas, con lo que posibilita disponer de una base de datos 
general de acuerdo a la normativa vigente.
Cuarto.
Por ello aquellas comunidades autónomas que tienen una aplicación informática 
propia como soporte de su Registro, deben en cumplimiento de la normativa vigente, 
agregar los datos identificativos obrantes en el mismo a la base de datos general, como 
es el caso de la Comunidad Autónoma de Catalunya.
Quinto.
Con esa finalidad la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1109/2007, prevé 
la elaboración de un protocolo de colaboración entre el entonces Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y las comunidades autónomas para el funcionamiento de los Registros 
de  Empresas  Acreditadas.  Dicho  protocolo  había  de  garantizar  la  adecuada 
intercomunicación  de  los  registros  y  el  acceso  público  a  los  datos  contenidos  en 
cualquiera de ellos desde el registro de cualquier autoridad laboral. De esta forma, el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración y las comunidades autónomas, tanto las que utilicen 
la aplicación informática elaborada por ese Ministerio como soporte informático de sus 
registros de empresas acreditadas en el sector de la construcción, como aquellas que 
opten  por  el  desarrollo  de  una  aplicación  informática  propia,  tienen  garantizada  la 
adecuada intercomunicación de los registros y el acceso público a los datos contenidos 
en cualquiera de ellos desde el registro de cualquier autoridad laboral.
Sexto. w.b
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edset a1b ldeec eor cetunb rleo,s  dceo nRvéegniimose nu nJ upríedriicood od edl eS veicgteonr cPiaú blilmicoita, ddoe,t eor mqiunea  csoem por oocbeldigaa tao riloa 
adaptación de los convenios con una vigencia indefinida.
Séptimo.
Mediante el Acuerdo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 22 de junio 
de 2021 se aprobó la suscripción de este Convenio de colaboración.
Por ello, en virtud de lo anterior, las partes arriba indicadas acuerdan suscribir el 
presente Convenio que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del Convenio.
En  cumplimiento  de  lo  previsto  en  la  disposición  adicional  cuarta  del  Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, este Convenio 
tiene  por  objeto  el  establecimiento  de  las  bases  para  la  gestión  y  coordinación 
necesarias que garanticen la comunicación del Registro de Empresas Acreditadas de 
Cataluña, que tiene una aplicación informática propia, con la aplicación electrónica del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, que da soporte al Registro de Empresas 
Acreditadas como base de datos general, de manera que se garantice la adecuada 
intercomunicación entre los mismos y el acceso público a los datos contenidos en 
cualquiera de ellos.
Segunda. Obligatoriedad del registro.
De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, las 
empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de 
construcción, deberán estar inscritas, con carácter previo al inicio de su intervención en 
el proceso de subcontratación en el Sector de la Construcción como contratistas o 
subcontratistas, en el Registro de Empresas Acreditadas que depende de la autoridad 
laboral correspondiente al territorio donde radique su domicilio social.
A tal efecto, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Comunidad Autónoma de 
Cataluña de acuerdo con sus respectivas competencias, mantendrán la interconexión 
entre las dos aplicaciones, de manera que en el Registro de Empresas Acreditadas de 
Cataluña podrán inscribirse las empresas domiciliadas en esta Comunidad Autónoma y 
con dicha finalidad se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el carácter 
único de la inscripción y su validez en todo el territorio nacional.
Tercera. Base de datos general.
1. A fin de asegurar la adecuada intercomunicación de los registros existirá una 
base de datos general en la que se harán constar los datos de las empresas inscritas en 
los registros dependientes de todas las autoridades laborales.
La configuración de esta base de datos permite que desde cualquiera de los registros 
pueda realizarse la consulta y darse acceso público a los datos incorporados a los 
mismos, con la salvedad de los referentes a la intimidad de las personas; igualmente, 
garantiza que las certificaciones solicitadas a los registros puedan expedirse con la 
máxima brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo de diez días naturales desde la 
recepción de la solicitud por el órgano competente para emitirla.
2. El Ministerio de Trabajo y Economía Social se obliga a la interconexión de sus  e.
respectivas aplicaciones informáticas de forma que se garantice la existencia de la base  w.b
de datos general en la que consten los datos de las empresas inscritas en los registros  55ww
dependientes de todas las autoridades laborales.
Cuarta. Utilización de la base de datos general por las Comunidades Autónomas.
1. La  Comunidad  Autónoma  de  Cataluña  albergará  los  datos  obrantes  en  su 
Registro, en su aplicación informática propia, y tendrá acceso a la base de datos general 
que  podrá  utilizarla  para  realizar  consultas  y  expedir  certificaciones  relativas  a  las 
empresas inscritas en otros registros.
2. Sin perjuicio de la competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña para 
organizar su propio Registro, si modifica su configuración, deberá comunicarlo a la 
Comisión de Seguimiento de este Convenio, a la que se refiere la Cláusula Undécima 
con, al menos, dos meses de antelación.
En todo caso, la modificación de la configuración interna del Registro no deberá 
afectar al actual formato de intercambio de datos, cuya modificación requerirá un nuevo 
acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Comunidad Autónoma de 
Cataluña.
Quinta. Incorporación de los datos a la base general.
1. La  Comunidad  Autónoma  de  Cataluña  deberá  agregar  a  la  base  de  datos 
general, los datos identificativos de las empresas inscritas en su territorio
2. Así mismo deberá garantizar que los datos que obran en su Registro respecto de 
las empresas con domicilio social en su territorio se incorporen a la base de datos 
general y se mantengan actualizados. A tal fin, actualizará los datos incorporados desde 
su Registro a la base de datos general con periodicidad mínima diaria.
3. La Comunidad Autónoma de Cataluña, cuando así se requiera por otra autoridad 
laboral o por el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
deberá facilitar en castellano los datos que figuren en catalán en su registro. Se excluye 
de dicha obligación la traducción de los documentos aportados por la empresa junto con 
sus solicitudes.
4. El  intercambio  de  datos  entre  la  aplicación  informática  de  la  Comunidad 
Autónoma de Cataluña y aquellas que utilicen la aplicación informática del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social seguirá las especificaciones técnicas que se consensuaron 
entre las partes en el anterior convenio y que ahora se incorporan como anexos al nuevo 
convenio.
Sexta. Acceso externo a la base de datos general.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social se obliga a mantener un sitio de Internet a 
través del cual se realizará el acceso externo a la base de datos general.
Séptima. Asignación de perfiles de acceso.
El  acceso  a  la  base  de  datos  general  se  realizará  según  el  perfil  informático 
correspondiente al usuario, que en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña le 
corresponderá el perfil de autoridad laboral con aplicación informática propia, por lo 
tanto, le permitirá el acceso a todos los datos obrantes en la base general, así como su 
explotación informática, de acuerdo con las posibilidades de la aplicación, así como la 
realización de peticiones a las autoridades laborales respecto de la incorporación de 
datos a la base general.
Octava. Asistencia a los usuarios de la aplicación. b
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Novena. Protección de datos.
La gestión de los datos obrantes en cada registro se llevará a cabo de acuerdo con lo 
previsto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales.
Décima. Ausencia de coste.
Este convenio no comporta contraprestación económica alguna por las partes. Las 
actividades de colaboración no supondrán para el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, ni para la Comunidad Autónoma de Cataluña incurrir en gasto alguno ni darán 
lugar a repercusión presupuestaria de ningún tipo.
Undécima. Comisión de Seguimiento.
1. Para velar por el cumplimiento del presente convenio se constituirá una Comisión 
de Seguimiento formada por la persona titular de la dirección de Relaciones Laborales, 
Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral del Departamento de Empresa y Trabajo 
de la Comunidad Autónoma de Cataluña, la persona titular de la dirección General de 
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, o por las personas en que los 
mismos  deleguen,  así  como  por  otros  dos  vocales  representantes  de  cada 
Administración. En calidad de asesores, con derecho a voz, pero sin voto, podrán 
incorporarse otros técnicos.
2. La Comisión de Seguimiento se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y 
se regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no establecido 
expresamente en la presente cláusula, por lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo II 
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
3. Funciones:
a) Efectuar un seguimiento del sistema, evaluar el funcionamiento de la base de 
datos general y del Registro de la Comunidad Autónoma de Cataluña y, en su caso, 
proponer la introducción de cambios en la aplicación informática que supongan una 
mejora en su gestión, siempre que ello no suponga contravenir la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, ni el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.
b) Velar por el cumplimiento del presente instrumento de colaboración y resolver los 
problemas de interpretación y cumplimiento que se pudieran plantear con motivo de la 
aplicación del mismo.
Duodécima. Régimen jurídico aplicable y orden jurisdiccional competente.
Este  convenio  tiene  naturaleza  administrativa  conforme  a  lo  que  se  establece, 
especialmente  para  los  convenios,  en  el  título  preliminar,  capítulo  VI,  de  la  citada 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, mencionada.
Por  otro  lado,  y  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  cláusula  Undécima,  las 
cuestiones litigiosas que puedan surgir en la ejecución del presente Convenio serán de 
conocimiento  y  competencia  del  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo,  de 
conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Decimotercera. Vigencia del convenio. b
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plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado»,
conforme lo dispuesto en la disposición final segunda del Real Decreto 36/2020, de 30 
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. Asimismo, será inscrito en el Registro de convenios de colaboración y 
cooperación de Cataluña.
Los firmantes también pueden acordar, antes del vencimiento del plazo de vigencia 
una prórroga expresa por un período de hasta cuatro años.
Decimocuarta. Modificación, extinción y resolución del convenio.
1.º La modificación del Convenio solo podrá realizarse por acuerdo unánime de 
cada una de las partes. En todo caso, es necesario atenerse a lo que se establece en la 
cláusula cuarta apartado segundo, de este convenio.
2.º El  Convenio  se  extinguirá  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución las siguientes:
1. El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes, en las condiciones que ambas estipulen.
3. Por imposibilidad justificada de realizar el objeto del Convenio.
4. Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en virtud de 
este Convenio por una de las partes. En este caso, la parte interesada debe notificar a la 
otra parte la existencia del incumplimiento. La parte incumplidora debe, en un plazo de 
treinta días hábiles, subsanar el incumplimiento denunciado o justificar debidamente el 
incumplimiento.
Transcurrido este plazo, si persiste el incumplimiento, la parte interesada trasladará 
el asunto a la Comisión de Seguimiento prevista en la Cláusula Undécima.
Si reunida la Comisión de Seguimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo 
dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá  resuelto  el  convenio.  La  resolución  del  Convenio  por  esta  causa  podrá 
conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
5. Por la denuncia de cualquiera de los firmantes. Esta denuncia deberá realizarse 
por escrito, expresando las causas que la motivan y notificarse a la otra parte con una 
antelación mínima de tres meses.
6. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
7. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
otras leyes.
No obstante, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio 
existen actuaciones en curso de ejecución, las partes a propuesta de la comisión de 
seguimiento,  prevista  en  la  Cláusula  Undécima,  podrán  acordar  la  continuación  y 
finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un 
plazo improrrogable para su finalización.
En prueba de conformidad de lo acordado anteriormente, las partes firman este 
Convenio, en dos ejemplares, uno en castellano y otro en catalán.–La Vicepresidenta 
Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez.–El 
Consejero de Empresa y Trabajo de la Generalidad de Cataluña, Roger Torrent i Ramió. s