BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 32918
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4510 Pleno. Sentencia 35/2021, de 18 de febrero de 2021. Recurso de amparo 
1265-2018. Promovido por don Jerry Aroon-Kumar Rustveld respecto de las 
sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Baleares y un juzgado de 
lo penal de Palma de Mallorca, que le condenaron por un delito de amenazas 
leves. Vulneración de los derechos a la defensa y a un proceso con todas las 
garantías: privación del derecho a la última palabra, a cuyo ejercicio no se 
había  renunciado  expresamente;  matización  de  la  doctrina  de  la  STC 
258/2007, de 18 de diciembre.
ECLI:ES:TC:2021:35
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido  Tourón  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1265-2018, promovido por don Jerry Aroon-Kumar 
Rustveld, contra la sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Palma de Mallorca, 
de  19  de  diciembre  de  2016,  y  contra  la  sentencia  de  la  Sección  Segunda  de  la 
Audiencia Provincial de Baleares, de 18 de enero de 2018, que desestimó el recurso de 
apelación interpuesto contra la anterior resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha 
sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 8 de marzo 
de 2018, la procuradora de los tribunales doña Isabel Alfonso Rodríguez, actuando en 
nombre y representación de don Jerry Aroon-Kumar Rustveld, bajo la defensa del letrado 
don Jaime Campaner Muñoz, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones 
arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  El Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Palma de Mallorca abrió  e.
diligencias previas de procedimiento abreviado núm. 1062-2015 contra el aquí recurrente  w.
de amparo, en virtud de la denuncia presentada por doña Miranda Ivonne Stienstra, por  10ww
loac tcuobmreis dióen  2d0e1 5lo, sd picrheos ujnutzogsa ddoe lidtoicst ód ea uatcoo scou,y aa mpaerntaez adsis peo sinitjiuvraia sfu. eC: o«nS efe cphroah 3íb0e  dael 
iMmiprauntaddao I vJoenrrnye A Srotieonns-Ktruam, daer  Rsuu sdtvoemldic ailipor osxitiom eanrs [e…-a]c, edrec asrus elu ag amr edneo str adbea 5jo0,0 y m ceutarolqsu dieer   BOE-A-cable e
otro de esparcimiento, o donde la misma pudiere encontrarse, así como comunicarse 
con la misma por cualquier medio y ello aun cuando mediare el expreso consentimiento 
de aquella. La duración de esta medida será mientras dure la tramitación de la causa y 
en tanto recaiga resolución definitiva que le ponga fin».
El letrado de la administración de justicia (entonces, secretario judicial) del juzgado 
referido, dictó diligencia de notificación el 10 de noviembre de 2015 (obrante al folio 105 
de las actuaciones del procedimiento a quo de este amparo), del siguiente tenor: «Yo, 
secretario judicial, teniendo a mi presencia a Jerry Aroon Kumar Rustveld, acompañado 
de su letrado, le notifiqué la resolución arriba reseñada [auto de 30 de octubre de 2015] 
mediante lectura íntegra y entrega de copia literal de la misma, en prueba de ello firma 
conmigo de lo que doy fe»; y en la que aparecen dos firmas (ilegibles).
b)  El mismo Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Palma de Mallorca 
abrió con posterioridad diligencias previas de procedimiento abreviado núm. 1102-2015 
contra el aquí recurrente por la comisión del presunto delito de quebrantamiento de 
medida cautelar, en virtud de denuncia interpuesta por doña Miranda Ivonne Stienstra. 
En la misma se refiere que el 10 de noviembre de 2015, sobre las 14:30 horas (esto es, 
unos diez minutos después de haber salido de la sede del juzgado donde se le notificó el 
auto de 30 de octubre de 2015), el recurrente se dirigió a la tienda donde trabajaba la 
denunciante y una vez allí, se asomó a su interior y dirigiéndose a ella le dijo en idioma 
holandés: «puta, voy a ir a por ti».
Entre las diligencias practicadas por el juzgado instructor figura la declaración del 
investigado asistido de intérprete en idioma inglés, conforme al acta levantada el 10 de 
diciembre de 2015 (folios 76 a 78 de las actuaciones). Preguntado sobre los hechos de 
la  denuncia,  negó  que  estos  hubieran  sucedido,  constando  a  renglón  seguido  lo 
siguiente: «A continuación por S.S.ª se informa a las partes y al investigado que no se 
celebra  la  comparecencia  prevista  en  el  art.  505  de  la  LECrim  toda  vez  que  el 
investigado no fue requerido en forma por este juzgado al tiempo de la notificación del 
auto que acordó el alejamiento y prohibición de comunicación el 10.11.15, sin perjuicio 
de lo cual requiere de nuevo y formalmente al investigado comparecido para que cumpla 
estrictamente  los  términos  de  las  prohibiciones  acordadas  y  apercibiéndole 
expresamente de que en caso de incumplimiento podrá acordarse la medida de prisión».
c)  Con fecha 7 de marzo de 2016, el juzgado instructor dictó auto por el que acordó 
continuar la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento 
abreviado, con traslado al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para que pudieran 
solicitar la apertura a juicio oral o de contrario el sobreseimiento de la causa. Formulado 
escrito  de  acusación  por  el  fiscal  calificando  los  hechos  como  un  delito  de 
quebrantamiento de medida cautelar, y por la representación procesal de doña Miranda 
Ivonne Stienstra, actuando como acusadora particular, que los calificó como un delito de 
quebrantamiento de medida cautelar y otro de amenazas, el letrado de la administración 
de justicia del juzgado instructor dictó diligencia de ordenación el 28 de junio de 2016, 
acordando dar traslado de tales escritos al acusado para que pudiera presentar su 
escrito de defensa. En este último, la representación procesal del aquí recurrente negó 
los hechos de la acusación, dado que «el señor Rutsveld no sabía que la tienda de la 
señora Stienstra se encontraba en la ruta que él hizo después de salir del juzgado en 
día 10 de noviembre de 2015», que no se produjo el encuentro antes referido y que no 
ha cometido delito alguno.
El escrito no hace ninguna mención a un posible desconocimiento por el recurrente 
del contenido del auto de 30 de octubre de 2015, que le había sido notificado el 10 de  s
noviembre siguiente. oe.
d)  El juzgado instructor remitió lo actuado al Juzgado de lo Penal núm. 4 de Palma  w.
de Mallorca, que asumió la competencia para el enjuiciamiento y fallo de la causa  10ww
(procedimiento abreviado núm. 297-2016). La vista oral se celebró el 13 de diciembre
de 2016. En la grabación que obra en las actuaciones de dicho acto, en lo que importa a 
este recurso de amparo, cabe destacar lo siguiente:
(i)  Interrogado en primer término el acusado, se le preguntó si se le había notificado 
el auto dictado por el juzgado de violencia sobre la mujer que acordaba una medida de 
protección por la que se le prohibía comunicarse o acercarse a la víctima, a lo que 
respondió –siempre en idioma inglés, asistido de intérprete– que «me lo comunicaron 
el 10 de noviembre cuando estaba aquí» (minuto 03:51 de la grabación), añadiendo 
luego que «me dijeron solo dónde vivía, que no podía acercarme» (minuto 04:08). A la 
pregunta de la fiscal actuante, reformulada por la magistrada-juez, de si sabía que tenía 
prohibido acercarse a doña Miranda Ivonne también a su lugar de trabajo, contesto: «no 
me explicó con exactitud, se me dijo que no me podía acercar a menos de 500 metros de 
ella […]; y el 13 de diciembre me enteré por escrito y me dijeron qué ponía en el 
documento […] antes de esa fecha no estaba consciente de esos hechos» (minuto 05:57 
de la grabación).
(ii)  Una vez practicada la prueba (interrogatorio del acusado y testificales) y abierto 
el trámite de conclusiones finales, la abogada de la defensa interesó la absolución de su 
cliente alegando que faltaba el elemento subjetivo del delito, porque se había tratado de 
un encuentro fortuito con su ex pareja, que no se dirigió a ella y que por tanto no se 
había  desvirtuado  su  presunción  de  inocencia  (minuto  1:00:02  de  la  grabación). 
Respecto de la prueba de cargo, se limitó a señalar supuestas contradicciones en el 
dicho de las testigos que declararon, indicando que al recurrente «se le acababa de 
notificar el auto», por lo que «es absurdo pensar que nada más salir del juzgado se fuera 
a la tienda de la víctima» (minuto 1:05:16).
(iii)  Tras el trámite de conclusiones finales, la magistrada-juez dijo: «Levántese por 
favor el acusado, voy a dictar sentencia» (minuto 1:06:45 de la grabación), procediendo 
a  continuación  y  conforme  a  la  facultad  prevista  en  el  art.  789.2  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento criminal (LECrim), a adelantar oralmente el fallo y su motivación. En el 
relato de hechos probados, afirmada su convicción de que el acusado conocía el lugar 
de trabajo de doña Miranda Ivonne, hecho acreditado por la declaración de esta última a 
la que otorgaba «plena credibilidad» por estar corroborada por el dicho de otras dos 
testigos, la magistrada-juez afirmó que, tras salir el recurrente del juzgado el 10 de 
noviembre de 2015 y pasar por delante de la tienda: «podría admitir inicialmente que se 
podía tratar de un encuentro casual y fortuito, pero el hecho de que se hubiese parado 
delante de la tienda y el hecho de haber hablado con ella y dirigiéndose a la misma […]». 
En ese momento el acusado intentó pronunciar unas palabras, siendo reconvenido por la 
magistrada-juez:  «guarde  silencio,  no  le  pregunto  a  usted»  (minuto  1:08:46  de  la 
grabación), continuando aquella con el resumen de los restantes fundamentos de su 
decisión, tras lo cual advirtió que la sentencia era recurrible y dio por finalizado el acto.
La magistrada-juez no preguntó al acusado si este tenía algo que manifestar al 
tribunal, en ejercicio del derecho a la última palabra que antes de la conclusión de la 
vista oral concede el art. 739 LECrim.
e)  Dentro del plazo legalmente establecido (art. 789.1 LECrim), el 19 de diciembre 
de 2016 el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Palma de Mallorca dictó por escrito la 
sentencia núm. 456/2016, con la siguiente dispositiva:
«Que  debo  condenar  y  condeno  a  Jerry  Aroon-Kumar  Rustveld,  como  autor 
responsable de un delito de amenazas leves de género quebrantando una medida  s
cautelar,  sin  la  concurrencia  de  circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad  oe.
criminal, y le impongo la pena de doce (12) meses de prisión, la inhabilitación especial  w.
dpaeaprrreaoc xehimlo e da ea r eluacn htaeo n ddeisent acsinauc firyaa  gdpieoo r 5tpe0a 0ds iemv o.a  drdmeu arMasni rtdaeun rdeaaln  ttIieveo mdnponose   dSaeñti oelsna,s  tclraoa n, pddreeon hsaibu, i cldaioó mnp riicdvieali ocqi,ó udnee   dsseeul    2021-4510n https://ww
lugar  de  trabajo  y  de  cualquier  otro  lugar  frecuentado  por  la  misma,  así  como  la
prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante cinco años. Pago de las 
costas procesales, incluidas las de la acusación particular.»
Como hechos probados hace constar la sentencia:
«Único.  Probado y así se declara que en fecha 30 de octubre de 2015, el Juzgado 
de  Violencia  sobre  la  Mujer  número  1  de  Palma  dictó  auto  –en  el  procedimiento 
abreviado diligencias previas 1062-2015 seguidas por un presunto delito de acoso 
amenazas e injurias– por el que prohibió al acusado Jerry Aroon-Kumar Rustveld, 
acercarse a menos de 500 m. de Miranda Ivonne Stienstra (que había sido su pareja 
sentimental) de su domicilio sito en la calle Bellpuig número 65, 1.º de Calviá, de su 
lugar de trabajo, y de cualquier otro lugar de esparcimiento o donde la misma pudiera 
encontrarse, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, 
durante la tramitación de la causa y en tanto recayera resolución definitiva que le 
pusiera fin.
El acusado fue notificado personalmente de dicha resolución el día 10 de noviembre 
de 2015, acompañado de su letrado mediante lectura íntegra y entrega de copia literal 
del citado auto.
Pese a tener conocimiento de dicha resolución, el acusado alrededor de las 14:00 
horas  del  mismo  día  10  de  noviembre  de  2015,  haciendo  caso  omiso  a  dichas 
prohibiciones, se dirigió al lugar de trabajo de Miranda, sito en las inmediaciones de la 
Plaza des Mercat, y cuando la vio se dirigió a la misma y a la vez que gesticulaba con la 
mano y con el dedo señalándola, le dijo en holandés "puta, voy a ir a por ti" marchándose 
seguidamente del lugar.»
En el apartado de fundamentos de Derecho de la sentencia, el primero de ellos 
desgrana el juicio de valoración de la prueba que sustenta la decisión, debiendo aquí 
destacarse los pasajes que interesan a efectos del presente amparo:
«La declaración de los hechos declarados probados obedece a la valoración en 
conciencia de la prueba practicada en el acto del juicio oral tal y como preconiza el 
artículo 741 de nuestra Ley procesal penal.
Y de la misma ha quedado absoluta e indiscutiblemente acreditado que el Juzgado 
de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Palma dictó un auto en fecha 30 de octubre 
de 2015 por el que se prohibió al acusado acercarse a menos de 500 m. de su ex pareja 
sentimental, Miranda Ivonne, de su domicilio, de su lugar de trabajo y de cualquier otro 
de esparcimiento o donde se encontrare la misma pudiera encontrarse, y la prohibición 
de comunicarse con ella mientras durara la tramitación de la causa seguida contra el 
acusado por hechos presuntamente constitutivos de amenazas, coacciones y delito 
contra la integridad moral. A los folios 18,19 y 20 consta el testimonio de la citada 
resolución.
Igualmente  resulta  indiscutiblemente  acreditado  que  el  acusado  tuvo  cabal 
conocimiento de dicha resolución el día 10 de noviembre de 2015, tal como se acredita 
por el contenido del folio 105 y concretamente de la diligencia de notificación realizada 
en la citada fecha por el secretario judicial el cual teniendo a su presencia al acusado, 
acompañado de su letrado, le notificó el auto indicado mediante lectura íntegra y entrega 
de copia literal de la misma. Le fue exhibido al acusado dicho folio y reconoció su firma 
en  él.  De  ahí  que  deba  concluirse,  sin  riesgo  de  dudas,  que  el  acusado  conocía 
personalmente el contenido de dicha resolución en la fecha en que consta realizada la 
notificación, esto es el día 10 de noviembre de 2015. e.
El acusado declaró en el juicio que no se acercó al lugar de trabajo de Miranda,  w.
porque no sabía que trabajara en la Plaza des Mercat; que pensaba que en el mes de  10ww
fnootovigermafbíares  otobdraanvtíeas  tara lboas jaforíliao se 5n7  uyn 5a8  t[iteonmdaad adse  elna  apqluaeyla m  [o…m].e nStoe  ploer  leax hvíibctieimroan,  ulnaas 
rveeczo neol caióc;u esxapdloic óa qbuaen dsoun aób olag atdieon dlea d iyjo  scilgauraióm seun tec aqmuein noo]  peond ílaa sir  qau vee re al  Maciruasnaddao.» se  BOE-A-cable e
Tras desgranar la testifical practicada (la de doña Miranda Ivonne y otras dos testigos 
de cargo, y una de la defensa), la sentencia continúa diciendo:
«Expuesto cuanto antecede se llega a la conclusión de que el acusado cometió 
intencionadamente  el  delito  de  quebrantamiento  de  medida  cautelar  y  el  delito  de 
amenazas, y ello por los siguientes razonamientos.
– En primer lugar se rechaza completamente la afirmación efectuada por el acusado 
de que se enteró de que no podía acercarse al lugar de trabajo de Miranda el día 10 de 
diciembre [sic] de 2015 por cuanto, como queda dicho, la diligencia de notificación del 
auto fue practicada en fecha 10 de noviembre de 2015 según consta al folio 105. La 
parte dispositiva del auto no deja lugar a dudas, es medianamente claro y diáfano al 
establecer la prohibición de acercarse a menos de 500 m. de Miranda, de su domicilio, 
de su lugar de trabajo y de cualquier otro lugar en el que se encuentre. La notificación se 
realizó estando presente su letrado, y por tanto ninguna confusión ni problema idiomático 
existió.
– En segundo lugar, se llega al convencimiento de que el acusado sabía dónde 
trabajaba Miranda por la declaración de esta y por los comentarios que colgó el acusado 
en Instagram. Y también por el simple hecho de que para ir al bar Capuccino del paseo 
marítimo, lugar en el que el acusado había quedado con su amiga Felicitie, resulta 
completamente innecesario pasar por la calle lateral de la iglesia de San Nicolás, donde 
está ubicada la tienda denominada Miss Sophie, en la que trabajaba Miranda […].
Pese a la negativa del acusado de que no la vio ni habló con su ex pareja, la 
declaración testifical de Miranda, de Izabella y de María del Carmen, desmiente aquella 
versión. Estas dos últimas testigos no tenían, ni tienen, ninguna relación con el acusado 
y  por  ello  no  se  advierte  en  sus  declaraciones  ningún  motivo  para  mentir  ni  para 
perjudicarle no existe ningún motivo espurio, ni de enemistad, odio, o venganza. Es por 
ello que la declaración de las mismas es plenamente creíble, verosímil y además está 
corroborada por la prueba documental consistente en las fotografías obrantes a los 
folios 57, 58, 90, en las cuales se observa al acusado caminando hacia la calle San 
Nicolás, una vez pasada la tienda [...].
La letrada defensora hizo hincapié en las contradicciones en las que incurrieron las 
testigos, por un lado, M.ª del Carmen, y por otros Izabella y Miranda. Como se ha dicho y 
pese a reconocer que existen algunas discordancias entre lo manifestado por la primera 
frente a las otras dos (aquella dijo que el tiempo en que el acusado se dirigió a Miranda 
no fue más de cinco minutos y que lo vio apoyado en la pared de la iglesia, en cambio 
las otras dos dijeron que fueron unos segundos y que no lo vieron apoyado sino que solo 
se detuvo) lo cierto es que ello carece de importancia pues, en lo sustancial, hay plena 
coincidencia: el acusado estaba delante de la tienda donde trabaja Miranda, se paró 
frente a ella, le habló a la vez que realizaba gestos desafiantes con las manos.
Así pues el hecho de que exista alguna discrepancia no resulta relevante porque lo 
ha sido sobre aspectos accesorios o secundarios que no afectan al núcleo esencial […].
En la sentencia in voce ya se explicó que si bien, en mera hipótesis, hubiera podido 
admitirse que el encuentro del acusado con Miranda fue casual e inesperado (tesis que 
no se acogió) lo que supondría la inexistencia de dolo, lo cierto es que el acusado, en 
lugar de marcharse deprisa, sin dilación del lugar al ver a su ex pareja, se detuvo frente a 
ella, se dirigió amenazándola, realizando de este modo la conducta prohibida que exige 
precisamente que en caso de coincidencia, el que tiene prohibición de alejarse y de 
comunicarse  no  realice  ninguna  conducta  que  suponga  un  peligro  para  los  bienes  e
jurídicos protegidos de la víctima. bo
En conclusión, el encuentro no fue casual ni fortuito, sino que buscado de propósito,  10ww
y adPeomsátesr isoer mapernoteve, cluheóg poa rdae a mcaelinfiaczaar r.j»urídicamente los hechos como constitutivos de
«un único delito de amenazas leves de género agravadas por cometerse quebrantando
una pena de prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima del art. 171.4 y 5
del CP» (fundamento segundo), y de atribuir su autoría al acusado (fundamento tercero), 
la  sentencia  individualizó  en  el  fundamento  de  Derecho  cuarto  la  pena  a  aplicar, 
razonando que:
«En este caso concreto, dentro del marco punitivo (de nueve a doce meses de 
prisión), se estima adecuado imponer la pena máxima de doce meses de prisión habida 
cuenta de la gravedad de la conducta del acusado, por cuanto incumplió la prohibición 
nada más salir del juzgado de violencia, inmediatamente después de ser notificado del 
auto, se dirigió directamente, sin solución de continuidad, al lugar de trabajo de la 
beneficiaria de la orden y la amenazó, hecho que demuestra el nulo respeto por las leyes 
y el deprecio a los mandamientos y órdenes judiciales. En segundo lugar, la amenaza no 
fue inocua ni trivial, sino que fue de muerte, lo que generó una tremenda conmoción, 
temor  y  angustia  en  la  víctima  que  todavía  perdura  en  la  actualidad.  Por  ello  es 
merecedor del máximo previsto por la ley.»
Notificada  la  sentencia,  la  representación  procesal  de  la  acusación  particular 
presentó escrito interesando su aclaración, lo que fue denegado por auto del juzgado 
de 14 de marzo de 2017.
f)  Contra dicha sentencia la defensa del acusado interpuso recurso de apelación, el 
cual fundamentó por escrito en cinco motivos, importando a los efectos de este amparo 
únicamente  los  dos  primeros,  que  tenían  el  siguiente  enunciado:  (i)  «Primero. Por 
vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión, del 
derecho a la defensa y del derecho a un proceso con todas las garantías reconocidos en 
los artículos 24.1 y 24.2 de la CE. Infracción del art. 739 LECrim»: se alega que esos 
derechos fundamentales se conculcaron al no haber otorgado la magistrada-juez el 
derecho a la última palabra al acusado al final de la vista oral, precisando que cuando 
intentó  tomar  la  palabra  mientras  aquella  pronunciaba  sentencia  in  voce,  fue  para 
intentar  rebatir  la  afirmación  como  hecho  probado  –con  base  en  las  declaraciones 
testificales– de que se había «parado delante de la tienda y el hecho de haber hablado» 
con su ex pareja; (ii) «Segundo. Por vulneración del derecho fundamental a un proceso 
con todas las garantías y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Preterición del 
derecho de traducción e interpretación en lo que respecta al auto de medidas cautelares 
de 30 de octubre de 2015 e inexistencia de prueba del elemento subjetivo del delito de 
quebrantamiento corolario de lo anterior»: se queja el recurrente de que su condena por 
quebrantamiento de la medida cautelar de prohibición de acercarse a su ex pareja, 
acordada en el auto de 30 de octubre de 2015 del juzgado de violencia sobre la mujer, 
presupone que él conocía el contenido y alcance de dicha resolución judicial, hecho que 
sin embargo niega porque no habla castellano, el auto no le fue traducido ni estuvo 
asistido de intérprete durante su notificación el 10 de noviembre de 2015, y tampoco se 
le requirió sobre su cumplimiento.
g)  El recurso de apelación fue turnado a la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Baleares (rollo de apelación núm. 2-2018), la cual, una vez tramitado, dictó 
la sentencia 28/2018, el 18 de enero de 2018, con la siguiente dispositiva:
«Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación del 
acusado Jerry Aroon-Kumar Rustveld, contra la sentencia de fecha 19 de diciembre 
de 2016, dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Palma, recaída en la causa de 
procedimiento abreviado 297-2016, la cual se confirma. Se declaran de oficio las costas 
de esta alzada.» s
En lo que importa a este recurso de amparo, es en el fundamento jurídico segundo  w.
de la sentencia donde se da respuesta al primer motivo de la apelación (omisión del  10ww
tsriágmueitne: de última palabra al acusado), razonando su denegación en los términos que
«Ciertamente, el Tribunal Supremo al respecto de la infracción de este derecho, en la
medida  en  que  está  contemplado  como  un  derecho  fundamental  regulado  en  la
normativa  internacional  que  forma  parte  de  nuestro  ordenamiento  jurídico  (Pacto 
internacional de los derechos civiles y políticos en su artículo 14.3 d) y en el artículo 6.3 
c) del Convenio europeo de protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales) y que se materializa en el artículo 739 de la LECrim, referido a la 
posibilidad que la Ley concede al acusado de auto-defenderse y que se manifiesta en la 
posibilidad que tiene para, una vez finalizado el juicio y después de haber presenciado la 
prueba practicada a su presencia, realizar aquellas manifestaciones que, al hilo de la 
misma o de las alegaciones de las partes, considerase oportuna en su descargo, a juicio 
del Tribunal Supremo encierra una de las expresiones más genuinas del derecho de 
autodefensa, que se configura independiente de la asistencia letrada y que guarda 
relación con el de derecho a la contradicción y a la igualdad de armas; no se trata de un 
recurso rigorista y meramente formalista, venía entendiendo, de modo unánime (por 
todas STS de 5 de abril de 2000; 849/2003, de 9 de junio, y 745/2004 de 10 de junio), 
que su incumplimiento, cuando se producía, comportaba la consiguiente indefensión y la 
nulidad de la sentencia, con obligación de repetir el juicio y con el objeto de garantizar la 
unidad de acto.
Este criterio que de modo unánime venía manteniendo el Tribunal Supremo en 
diversas  resoluciones,  sin  embargo,  ha  variado  sustancialmente  a  partir  de  la 
STC 258/2007 y de otra anterior 13/2006 (recaída en el procedimiento de menores –
SSTS 209/2008, de 28 de abril; 566/2015, de 9 de octubre, y 583/2017 de 19 de julio)–.
En esta sentencia el Tribunal Constitucional nos recuerda que el incumplimiento de 
este derecho no determina por sí solo y sin más la nulidad del juicio y de la sentencia. 
Esta consecuencia anulatoria se producirá en aquellos casos en los que esa omisión 
padecida  haya  producido  una  efectiva  y  material  indefensión  en  el  acusado  con 
consecuencias negativas reales para su derecho a la defensa.
Esto se traduce en la exigencia de que ha de justificarse en el recurso hasta qué 
punto dicha omisión puede ser determinante para alterar el sentido del fallo y cuál sería 
la trascendencia y relevancia que podría tener en la posición defensiva del acusado. Con 
todo, este cambio de posición en la doctrina exige, como es lógico, tener en cuenta las 
circunstancias de cada caso, huyendo de automatismos, a fin de establecer si en el 
supuesto concreto la omisión de este trámite esencial ha producido o no indefensión 
constitucionalmente relevante.
A este respecto, la Sala ha tenido la oportunidad de revisar el acta grabada del juicio 
y hemos podido comprobar que el acusado, de nacionalidad holandesa, que estaba 
asistido de intérprete por no entender el castellano y que lo tuvo a su lado en todo 
momento, no mostró el más mínimo interés en ser asistido de intérprete a fin de que le 
fuera traduciendo y narrando las declaraciones de los testigos de cargo. Esto sí ocurrió, 
en cambio, con los informes del fiscal y de las partes.
En tales condiciones, nos preguntamos hasta qué punto podía tener el recurrente 
interés en hacer uso de su derecho a la última palabra y qué virtualidad tendrían sus 
manifestaciones, dado que si no se había mostrado voluntad en conocer lo declarado por 
los  testigos,  no  estaba  en  condiciones  de  aclarar  o  matizar  sus  manifestaciones, 
teniendo en cuenta que ello podía ser lo únicamente relevante, dado que el resto de las 
cuestiones trascendentes para su defensa, en punto al desconocimiento del alcance de 
la prohibición y su efectividad y al carácter fortuito del encuentro con su ex pareja, 
habían sido ya puestas de manifiesto por el acusado en su declaración y por su defensa 
con ocasión de su interrogatorio.
Siendo así y aunque es verdad que la juez a quo omitió flagrantemente conceder al  s
recurrente el derecho a la última palabra al prescindir de dicho trámite final, pasando  oe.
directamente a anunciarle la sentencia in voce, no apreciamos que de esa omisión se le  w.
hubiera causado efectiva indefensión. 10ww
cuálPeos rs eortríaan  plaasrt em, aetinz aecli orneecsu rqsuoe  lah adberífae nhseac,h op usdui ernedpore sheancteardloo,  on oq ueex hpulicbaie rnai  qruaezroidnoa 
apñaaladbirr ao,  nai lleag tarra ssci esned elen chiau bqiueera t adleasd oa lleag aocpioorntuens idteandd rdíaen e pjearrcae ar lteel radre erel csheon taid ola d eú ltfiamllao   BOE-A-cable e
condenatorio, pues su defensa pivotó, esencialmente, sobre el desconocimiento que 
albergaba el recurrente de la prohibición de acercamiento y que el encuentro con su ex 
pareja había sido puramente casual y sin que llegase a coincidir con ella, extremo este 
que según la juzgadora resultó contradicho por la declaración de la víctima y de las 
testigos que corroboraron la presencia del acusado en las inmediaciones de la tienda de 
su ex pareja y el que no hubiera mostrado extrañeza por coincidir con la víctima en el 
comercio en donde trabaja, de cuya existencia era ya conocedor a través de información 
comunicada en Instagram en la que se comunicó la apertura del negocio al público.
A mayor abundamiento, si cabe, y en rechazo de que la infracción de procedimiento 
cometida haya causado efectiva y real indefensión al recurrente en sus posibilidades de 
defenderse en el juicio, tampoco su defensa técnica ha solicitado que su representado, 
en aras de suplir la omisión padecida, pudiera en trámite de apelación ante esta Sala 
acudir a una vista a presencia del tribunal encargado de revisar la sentencia para realizar 
las manifestaciones que en su descargo quisiera y que no pudo hacer por haberle 
negado  el  derecho  a  la  última  palabra,  manifestaciones  que  además  se  habrían 
producido una vez conocido el sentido del fallo.»
Por su parte, el fundamento jurídico tercero de la sentencia de alzada resuelve el 
segundo motivo del recurso de apelación, sobre el desconocimiento del contenido y 
alcance del auto de 30 de octubre de 2015, de nuevo con resultado desestimatorio. La 
audiencia lo explica así:
«La parte apelante confunde el derecho que pudiera tener el recurrente de que se 
tradujera la orden de alejamiento, si es que por ser extranjero que desconoce el idioma 
precisase esa traducción, por tratarse de un documento esencial para su defensa, con el 
derecho a la presunción de inocencia que despliega sus efectos tanto respecto a los 
elementos objetivos como subjetivo del delito de que se trate. En este caso del de 
quebrantamiento de medida cautelar.
Y aquí la presunción de inocencia se ha respetado escrupulosamente, habida cuenta 
de que si la juzgadora declara que el acusado tenía conocimiento de la prohibición de 
acercamiento y de las consecuencias de su incumplimiento fue porque se le notificó la 
resolución en que se acordaba y porque dicha notificación, valiendo como requerimiento 
de su ejecutividad, se produjo en presencia de su abogado, sin que en ningún momento 
este, ni su representado, hubieran solicitado la traducción de dicha resolución, en prueba 
de que tuvo conocimiento de la misma y de su contenido y alcance. No se derivó pues 
indefensión.
Ocurre, además, que el acusado conocía dónde trabajaba la víctima y la declaración 
de aquella y de las testigos de cargo permitieron deducir que el recurrente no se vio 
sorprendido cuando coincidió con la víctima en las inmediaciones de su comercio, a la 
que además dijo algo y realizó gestos con las manos, considerado por ello la juzgadora 
que tales manifestaciones y gestos, por no ser amistosos y haberlos realizado de modo 
airado, debían de tratarse de las amenazas que refirió la víctima, y de ahí que su 
declaración la estimase creíble.
No puede pasarse por alto, de otra parte, que el acusado negó el encuentro con la 
víctima  o  cuando  menos  su  aproximación  a  ella  y  a  su  lugar  de  trabajo  y  esta 
circunstancia resultó inobjetable a partir de las fotografías tomadas por la víctima, cuya 
versión  vino  corroborada  por  la  prueba  testifical  y  la  existencia  de  información 
comunicada en Instagram sobre el lugar de trabajo de la perjudicada, razón por la que el 
recurrente debía de conocer este extremo y por ello acudió a dicho lugar. e
Ese dato objetivo y la negativa del acusado a reconocerlo, no hizo sino restar  bo
credibilidad a su versión y apoyar y dar refuerzo a la versión de la víctima y la de las  10ww
testiLgao str daesc ceanrdgeon.cia que tiene el derecho a la traducción y a la interpretación estriba en
iqduioem eal  aecnu esla dqou ee xster adnejesraor rsoollamne tliadso  aac tuunaaci ocnaeuss,a t iepneen adl eqrueec hnoo a c osenro cinef oor meandtioe nedne  seul 
idioma y a tomar conocimiento de las acusaciones que se vierten en su contra y de los
elementos de prueba en los que se sustenta la misma a los efectos de poder ejercer su 
derecho a la defensa, de ahí, que haya de disponer de un intérprete y acceso a la 
traducción de los documentos esenciales para su defensa.
En ningún momento el acusado planteó ni alegó indefensión por habérsele notificado 
el auto de alejamiento en castellano y no haberle facilitado la traducción, ni tampoco su 
letrado  realizó  queja  en  tal  sentido.  No  puede  por  ello  admitirse  que  el  acusado 
desconociera la medida cautelar acordada y su contenido y alcance.
Hay que tener en cuenta que la notificación de la resolución se produjo estando un 
abogado presente y que el acusado además de tener domicilio en Palma, ha otorgado 
poderes a varios letrados y procuradores. A uno de estos abogados, a la señora Regidor 
Mateo, en concreto, le ha conferido la cualidad de poder actuar como intérprete suyo. 
Dicha letrada intervino en su toma de declaración y es posible, al menos nada se ha 
dicho en contra, que fuera ella también quien compareció con él a la hora de notificarle el 
auto  de  alejamiento.  En  todo  caso,  desconocemos  qué  letrado  fue  el  que  estaba 
acompañando  al  acusado  en  el  momento  de  la  notificación  del  auto  acordando  la 
prohibición y nada dijo su defensa de que dicho letrado no hubiera podido ilustrar a su 
representado acerca del contenido y alcance del auto y consecuencias que comportaba. 
Y dado que el auto estaba en castellano cabe entender que fue el letrado quien se lo 
tradujo ya que en caso contrario al recibir la notificación hubiera solicitado la traducción.
Por  otro  lado,  el  acusado  admitió  sin  ambages  en  su  declaración  que  tenía 
conocimiento  de  la  prohibición,  pero  que  no  la  incumplió  pues  no  se  acercó  a  la 
perjudicada, ni sabía dónde trabajaba, porque hasta entonces creía que estaba en un 
comercio en la playa de Palma, de modo que su defensa se basó en que se trató de un 
encuentro casual y no intencionado. Nada tiene que ver ese planteamiento con el 
desconocimiento de la prohibición o de su contenido exacto.
Su propia defensa ya admite y reconoce en el recurso que en realidad su defendido 
sí que conocía la prohibición, aunque podía tener dudas al respecto de su alcance, en 
cuanto a que sabía que no podía acercarse a la perjudicada, pero no a su lugar de 
trabajo, si bien desconocía que fuera en un comercio de la calle Mercat, pero ello se 
contradice con la información de Instagram y con la circunstancia de que el acusado 
hubiera transitado por la calle en la que está situada la tienda de su ex pareja, cuando no 
era  necesario  pasar  por  allí  para  desplazarse  hasta  Zara  Home  y  la  cafetería  del 
Capuchino del paseo marítimo y que no mostrase extrañeza alguna, ni sorpresa, al 
encontrarse con su ex pareja justo el día en que venía del juzgado después de habérsele 
comunicado la prohibición de acercamiento y de comunicación, y que además en lugar 
de pasar de largo y marcharse por otro lugar o pedir disculpas, entró en comunicación 
con ella y le dirigió unas palabras y unos gestos que según los testigos no fueron 
amistosos, pero cuyo contenido exacto no supieron decir cual fue por haberse expresado 
el acusado en idioma holandés, el cual sí entendía la perjudicada por tener esa misma 
nacionalidad.
En suma, la juez a quo en la sentencia ha explicado de modo razonable el por qué 
estimó probado que el acusado, a pesar de que la resolución disponiendo el alejamiento 
no fue traducida, tuvo conocimiento de ella y de su contenido y a lo que le obligaba, por 
lo que al acercarse al lugar de trabajo de su ex pareja y aproximarse a la misma llegando 
a hacerle unas manifestaciones en tono amenazador y una señas con ese mismo objeto, 
cometió el delito de quebrantamiento de medida cautelar.
En su recurso la defensa hace alusión a que el mismo juez de violencia al recibir 
declaración al acusado hizo constar que no había sido requerido en forma acordando a  s
tal efecto que dicho requerimiento se verificase. La defensa utiliza esa referencia para  oe.
indicar que el juez asume y admite que su representado no tenía conocimiento exacto de  w.
la prohibición de acercamiento. Ello no es así, lo que el juez de violencia quiere significar  10ww
eesx pqreuseo  edle  aqcuues alad oe jeacl untoivtiidfiacadr ldee le ml iasumtoo  cdoenb ióe l doeb jehtaob déers ealsee ghuercahr oq uuen  srie lqou ienrciummiepnlítao 
podía incurrir en un delito de quebrantamiento.
Ello no obstante, el delito de quebrantamiento no exige un requerimiento expreso y 
terminante al destinatario de la medida de que su falta de acatamiento podría dar lugar a 
la comisión del delito, sino que lo que se precisa es que el destinatario de la medida 
conozca  su  ejecutividad  y  las  consecuencias  negativas  que  comporta  y  esto, 
perfectamente, puede estar contenido en la misma notificación de la resolución, siempre 
que de ella quepa deducir, sin duda alguna, esa consecuencia.
En el caso presente al acusado se le notificó la prohibición de acercamiento y de 
comunicación hacia la víctima y su lugar de trabajo y en ella ya se contenía que su 
incumplimiento podía comportar la comisión de un delito, si bien de desobediencia y no 
de quebrantamiento, lo cual no resulta transcendente a los efectos de cometer el delito 
de  quebrantamiento,  ya  que  lo  relevante  es  que  el  acusado  fue  informado  de  la 
efectividad de la medida y que su no acatamiento podía derivar en responsabilidad penal 
y en la comisión de otro delito, aunque la mención al tipo penal no fuera la correcta.
Lo importante es que la medida cautelar hubiera comenzado a ejecutarse y el 
penado conociera su ejecutividad y pese a ello decidiera quebrantarla, habiendo sido 
informado de las consecuencias negativa de su acción.
En el caso presente al acusado se le notificó el auto de prohibición de acercamiento 
y a partir de ese momento fue consciente de la ejecutividad de la medida adoptada y de 
las consecuencias negativas que comportaba su no acatamiento. No hacía falta, pues, 
realizar un nuevo requerimiento independiente. En dicha resolución se expresaba que la 
prohibición era de acercamiento y de comunicación, tanto a la víctima como a su lugar 
de trabajo y a una distancia no inferior a 500 metros. Se aludía también a que el 
incumplimiento podía dar lugar a responsabilidad penal, aunque se citara erróneamente 
el delito que se cometería y a la adopción de medidas cautelares más gravosas.
En tales circunstancias si el acusado conocía la ejecutividad de la prohibición y de 
sus consecuencias y pese a ello se aproximó a la víctima, descartando la juzgadora, y 
explicando las razones de ello, que no se trató de un encuentro casual sino voluntario y 
buscado por el recurrente, que era conocedor del lugar de trabajo de la víctima y a él se 
encaminó nada más salir del juzgado de violencia, y que además no se limitó a procurar 
ese  encuentro  sino  que  se  dirigió  a  la  víctima  con  gestos  y  manifestaciones 
amenazadoras, es claro que incurrió en el delito de quebrantamiento por el que ha 
resultado  condenado  y  sin  que  su  condena  se  hubiera  producido  infringiendo  la 
presunción  de  inocencia,  habida  cuenta  de  para  su  enervación  tuvo  en  cuenta  la 
juzgadora de instancia prueba válidamente practicada y valorada de modo razonable, tal 
que así, la probabilidad de que los hechos hubieran sucedido, conforme a la versión 
judicial que narra el factum de la sentencia, es mucho mayor y más elevada a que se 
hubieran desarrollado de acuerdo con la tesis de la defensa, esto es, que el acusado 
ignoraba  con  exactitud  el  alcance  de  la  prohibición,  que  su  presencia  en  las 
inmediaciones de la tienda en la que trabajaba la apelada fue puramente casual y fortuita 
y que nada le dijo ni le manifestó al no haber llegado a hablar con ella.»
h)  Firme así la sentencia de instancia, obra en las actuaciones remitidas a este 
Tribunal Constitucional que, abierta la ejecutoria núm. 1909-2018 por el Juzgado de lo 
Penal núm. 8 de Palma de Mallorca al efecto competente, este dictó auto el 19 de junio 
de 2018 por el que, de un lado y respecto de la pena de doce meses de prisión, «visto 
que no existe pronunciamiento en la sentencia en relación a la suspensión» de la misma, 
acordó  abrir  trámite  de  audiencia  a  las  partes  para  que  pudieran  alegar  sobre  su 
procedencia. De otro lado, requirió al condenado para el cumplimiento de las penas de 
privación del derecho de tenencia y porte de armas por tiempo de dos años, y de  e.
prohibición de aproximación a 500 metros y de comunicación con doña Miranda Ivonne  w.b
Stienstra, por tiempo de cinco años. 10ww
noviUemnab rvee dz es 2u0st1a8n cpioard oe l eqlu ter ásmuistep edned ióa ulad iepnecniaa ,d eel  djuozcgea mdoe sdeisc tdóe n pureisvioó na iumtop ueel s8ta  dael 
reefecuctrore ensteta, bqleuceiddaasn deon  clao npdroicpiioan raedsao luscui óvnig.encia al cumplimiento de las condiciones al
3.  La  demanda  de  amparo  plantea  dos  quejas  constitucionales  de  fondo, 
coincidentes en lo sustancial con los dos primeros motivos del recurso de apelación:
a)  «Primero.  Por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión, del derecho a la defensa y del derecho a un proceso con todas las 
garantías reconocidos en los artículos 24.1 y 24.2 de la CE: flagrante privación del uso 
del derecho a la última palabra del demandante de amparo (flagrancia reconocida por la 
resolución de la Audiencia Provincial)».
Luego de reproducir el art. 739 LECrim, se recuerda en la demanda que en la vista 
oral de la causa, una vez terminadas las intervenciones de la acusación y la defensa, la 
magistrada-juez no preguntó al acusado si tenía algo que manifestar al tribunal, pasando 
a dictar sentencia in voce, en cuyo transcurso mandó guardar silencio al acusado quien 
deseaba decir algo. Esta omisión se impugnó en el recurso de apelación, aclarando qué 
era lo que quería contradecir el recurrente: «el hecho de haberse parado delante de la 
tienda y el hecho de haber hablado con ella», lo que «a no dudar, era determinante en el 
sentido del fallo». Se recogen luego los argumentos de la Audiencia Provincial para no 
acoger este motivo del recurso, y ya en el plano de la doctrina constitucional afirma que 
«ninguna de las dos sentencias del Tribunal Constitucional que analizan en profundidad 
el  derecho  a  la  última  palabra  (SSTC  núm.  13/2006  y  núm.  258/2007)  exigen  la 
restrictiva carga impuesta por la Audiencia Provincial, siguiendo la interpretación dada en 
la STS núm. 490/2014, de 17 de junio: qué concretas alegaciones iba a realizar el 
acusado al que se le ha privado del derecho a la última palabra».
Considera que tal exigencia no es de recibo, pues «la sentencia impugnada no 
puede exigir una suerte de avance de los argumentos que el acusado iba a utilizar en su 
defensa, pues, además de que el tribunal ad quem carece de inmediación, no es quien 
debe valorar la prueba en primera instancia, y, a su vez, que ninguna dirección letrada 
puede subrogarse en el papel de una fuente de prueba personal como es el acusado, de 
facto  se  estaría  obligando  al  acusado  a  desnudar  su  línea  de  defensa  cuando  la 
estimación del motivo deriva, precisamente, en la repetición del juicio». Alega asimismo 
que «[p]royectando los rasgos fundamentales de la doctrina constitucional expuesta 
tanto en la STC núm. 13/2006 como en la STC núm. 258/2007 al supuesto planteado en 
la presente demanda de amparo, debe concluirse la vulneración del derecho a la última 
palabra del demandante, toda vez que el acusado fue privado del ejercicio del expresado 
derecho,  aun  cuando  quiso  hacer  uso  del  mismo  y  este  hubiera  contradicho  una 
alegación nuclear en su defensa y en el sentido del fallo: "el hecho de haberse parado 
delante de la tienda y el hecho de haber hablado con ella" […]».
Con relación a lo que entiende como contradicciones en el dicho de las testigos de 
cargo que declararon en la vista, dice la demanda que «[l]a última palabra era el único 
medio  del  demandante  para  contradecir  toda  la  prueba  practicada  y,  por  lo  tanto, 
exculparse de toda acusación, pronunciándose sobre todos los aspectos fácticos que le 
fueron traducidos al final del juicio oral […]; era la única oportunidad de contradecir de un 
modo personal y directo las –como vemos, inciertas– alegaciones que habían realizado 
la denunciante y su entorno en la vista oral […]. Tampoco puede perderse de vista que, 
en virtud del derecho fundamental a la presunción de inocencia, toda condena penal 
requiere una convicción o certeza objetiva sobre las conductas delictivas enjuiciadas, y 
que, por tanto, la última palabra es imprescindible por ser la única defensa directa del 
acusado sobre todos los medios de prueba practicados, pues dicho trámite puede derivar 
en el surgimiento de dudas razonables que el juzgador está obligado a atender».
Finaliza esta primera queja alegando la demanda, que su estimación en sentencia  e.
por este tribunal ha de comportar la nulidad de las resoluciones impugnadas, «con  w.b
retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al comienzo del  10ww
vjueiczi oq uoera el sa  rfianz odnea qbulee  tseem ceerl eqburee  lnau emvaag visistrtaad aan ttietu ulanr  jduezlg aJudzog daed olo d pee nloa lP deisntainl tnoú, mto.d a4 
ceosntév icpcreiódnis npou eysat ap reetnir ielan dmo eedl iddear eecnh oq uae la  púrletismean cpióa lalab rap rdáeclt iaccau sdaed ola s ipnrou enbeag áyn dfoosrmeloó 
sin ambages».
b)  «Segundo.  Por vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas 
las garantías (art. 24.2 CE). Preterición del derecho de traducción e interpretación en lo 
que respecta al auto de medidas cautelares de 30 de octubre de 2015, como resolución 
que se estima deliberadamente incumplida por el acusado».
Refiere la demanda que en la sentencia del juzgado de lo penal se fijó como hecho 
probado que el recurrente fue notificado personalmente del auto de 30 de octubre 
de 2015, en fecha 10 de noviembre del mismo año, hallándose en ese momento en 
compañía de su letrado, «mediante lectura íntegra y entrega de copia literal» de la 
resolución,  pese  a  lo  cual  «haciendo  caso  omiso  a  dichas  prohibiciones»  en  él 
contenidas, de las que «tuvo cabal conocimiento» de manera «personal», decidió pasar 
por la tienda donde trabajaba doña Miranda Ivonne y proferirle la amenaza verbal ya 
indicada; lo cual después confirma la sentencia de apelación. Partiendo entonces de que 
la  condena  por  quebrantamiento  de  aquella  medida  cautelar  «tiene  como  sostén 
precisamente la notificación y requerimiento» del auto citado, la demanda rechaza su 
validez porque «el demandante de amparo no solo no ha renunciado de forma expresa a 
su derecho a la traducción, siendo esta una exigencia del art. 126 LECrim (precepto, por 
cierto, sobre el que tribunal guarda un espeso silencio, aun cuando es de ineludible 
observancia), sino que siempre ha manifestado no tener exacto conocimiento del sentido 
de las prohibiciones contenidas en el citado auto de 30 de octubre de 2015». Añade que 
el acusado «no tenía conocimiento alguno del castellano», el auto mencionado no fue 
objeto de traducción, y aunque se reconoce que aquel acudió al juzgado y se le notificó 
la resolución acompañado de un abogado, se reitera que no se le entregó un ejemplar 
traducido de ella, ni se le habilitó un intérprete, sin que pueda suplirse la asistencia de 
este último con la que a su vez le prestaba su abogado. Que el recurrente únicamente 
comprendió el contenido de aquel auto cuando se le tomó declaración por el instructor 
el 10 de diciembre de 2015, una vez abiertas las nuevas diligencias por el juzgado de 
violencia sobre la mujer, y que en el acta de esa declaración consta que no se celebró la 
comparecencia del art. 505 LECrim por no haber sido requerido en forma por el juzgado 
cuando se le notificó el auto. Incluso la propia sentencia había sido traducida al holandés 
para su entendimiento, al igual que la citación a juicio, y que dispuso de la asistencia de 
un intérprete durante la vista. La demanda reconoce que el 10 de noviembre de 2015 el 
recurrente tuvo conocimiento de la existencia del auto de 30 de octubre, pero no de su 
contenido y alcance.
Alega más adelante el escrito que el derecho a la traducción e interpretación del 
investigado y acusado se contiene en los arts. 123 a 127 LECrim, previendo el art. 126 
que la renuncia a esos derechos debe ser expresa y libre. Cita además el Convenio para 
la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH), en su 
art. 6.3 e) (derecho a ser asistido gratuitamente de intérprete si no comprende o no habla 
la lengua utilizada en la audiencia); la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción 
en los procesos penales, en sus arts. 2.4, 2.8, 3.1, y 3.7; y la Directiva 2012/13/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 relativa al derecho a la 
información en los procesos penales, en su art. 3.1. Finaliza la queja diciendo: «Cuanto 
antecede, por lo demás, sin perder de vista que la Unión Europea constituye un espacio 
único de libertad, seguridad y Justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales 
y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros. En suma, 
pues, con estimación del presente motivo, procederá declarar vulnerado el derecho 
fundamental a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y, consecuentemente,  s
revocar y dejar sin efecto las resoluciones impugnadas». oe.
c)  El  suplico  de  la  demanda  interesó  que  dictáramos  sentencia  declarando  w.
vulnerados  los  derechos  fundamentales  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  indefensión  10ww
((aarrtt..  2244..21  CCEE) )d, eal  relac udrreefnetnes,a a c(oarrdt.á n2d4o.2s eC lEa )n uyl idaa du nd ep lraosc edsoos  sceonnt etnocdiaass  ilmasp ugganraadnatísa.s
4.  Antes  de  proveer  a  la  admisión  a  trámite  del  recurso,  por  diligencia  de
ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda, Sección Cuarta, de este
Tribunal Constitucional, de 11 de julio de 2018, se acordó requerir al Juzgado de lo Penal 
núm. 4 de Palma de Mallorca y a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 
Baleares, a fin de que remitieran certificación o fotocopia adverada, respectivamente, de 
las actuaciones correspondientes al procedimiento abreviado núm. 297-2016, incluyendo 
el CD o DVD de la grabación de la vista oral; y del rollo de apelación núm. 2-2018, 
incluyendo el CD o DVD de la vista en apelación, «si tal vista se hubiere realizado».
Por nueva diligencia de ordenación de la Sección Cuarta, de 17 de septiembre 
de 2018, y a la vista de lo informado por el Juzgado núm. 4, se acordó requerir al 
Juzgado de lo Penal núm. 8 de Palma de Mallorca, a fin de que remitiera certificación o 
fotocopia adverada «de las actuaciones correspondientes a la ejecutoria núm. 1909-2018 
con el procedimiento abreviado núm. 297-2016 que fue remitido por el Juzgado de lo 
Penal n.º 4 de Palma de Mallorca». La misma se reiteró por diligencia de 8 de enero 
de 2019.
5.  Una vez recibidas todas las actuaciones, la Sección Cuarta de este tribunal dictó 
providencia  el  8  de  abril  de  2019  por  la  que  acordó  admitir  a  trámite  el  recurso, 
«apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
[art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso puede 
dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un 
proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)]». En la misma resolución se acordó 
dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Penal núm. 8 de Palma de Mallorca, a fin de 
que «en méritos a la ejecutoria núm. 1909-2018 dimanante del procedimiento abreviado 
núm. 297-2016 del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Palma de Mallorca, proceda a 
emplazarse, para que en el plazo de diez días puedan comparecer, si lo desean, en el 
recurso de amparo a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte 
recurrente en amparo».
No se produjeron personaciones en el plazo otorgado.
6.  Con fecha 26 de junio de 2019, la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de 
este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que acordó dar vista de las actuaciones 
a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que 
pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto 
en el art. 52.1 LOTC.
7.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó su escrito de alegaciones 
el 23 de julio de 2019, por el que interesó que dictáramos sentencia estimando la primera 
queja de la demanda de amparo, declarando haberse vulnerado el derecho de defensa 
del recurrente (art. 24.2 CE), con nulidad de las dos sentencias impugnadas y orden de 
retrotraer las actuaciones «al momento inmediatamente anterior a la celebración del 
juicio oral».
a)  Luego de hacer referencia y reproducir parte de la fundamentación jurídica de las 
dos sentencias impugnadas (antecedentes), de resumir las dos quejas de la demanda de 
amparo (fundamento de Derecho I), y reproducir los fundamentos jurídicos 4 y 5 de la 
STC 13/2006, de 16 de enero (fundamento de Derecho II del escrito), la fiscal analiza la 
primera queja en el fundamento de Derecho III de sus alegaciones. En él, luego de 
recordar la vulneración denunciada, lo sucedido al final de la vista oral ante el juzgado de 
lo penal a quo al no otorgarse al acusado el derecho a la última palabra, interrumpido 
materialmente cuando se dirigió a la juez, y la ulterior respuesta desestimatoria que dio 
la Sección de la Audiencia Provincial al motivo de apelación interpuesto por este hecho,  e.
en cuanto a dar por incumplida la exigencia impuesta por la STC 258/2007, de 18 de  w.
diciembre, de haber acreditado la importancia de aquello que el acusado pretendía  10ww
mdoacntrifiensat aqru, ee la ehsí csreit oin ddeic aa,l epguaecsio «neels  redceu lrare fnisteca hl acboínas pidreertae nqduideo e hl accaesro  usseo  atepmarptao rdáen eloa 
jdues tsifuic laedgoít iambo i nditeiore qcuheo  sae l ale a huatobdíae fceanussaa yd oq upee rsjuei cleio »h.abía impedido, con lo que ya había  BOE-A-cable e
El criterio de la audiencia sobre el trámite del art. 739 LECrim, prosigue diciendo el 
escrito, es «reduccionista y margina su contenido constitucional, al entender que en el 
mismo el acusado solo puede referirse a discrepar con los testimonios de cargo, cuando 
ello carece de toda base pues el acusado puede exponer, como de manera inconcusa 
subraya la jurisprudencia tanto constitucional como penal, todo cuanto estime de interés 
en relación con el asunto, tras conocer los informes de las distintas partes procesales, 
sin que su exposición deba circunscribirse a la discrepancia con los testigos de cargo». 
Discrepa también de la exigencia de alegar la trascendencia de lo que hubiera podido 
decirse en orden a poder alterar el fallo: «ello tampoco tiene un sentido válido, pues 
parece claro que ni el abogado defensor puede reconstruir un alegato que ignora, 
pudiendo en todo caso, redactar el que estime más conveniente, sin que de ninguna 
manera pueda constatarse que era eso lo que iba a exponer su defendido, ni mucho 
menos puede justificar que ello hubiera convenido a la juzgadora de instancia y alterado 
el sentido del fallo».
Y niega que la omisión padecida se pudiera salvar arbitrando una vista en apelación, 
«pues el trámite debe necesariamente producirse al finalizar el plenario para que cumpla 
su finalidad constitucional y la exposición que la Sala sugiere de forma alguna puede 
subsanar la quiebra del derecho de defensa padecida pues es sabido que, con carácter 
general todos los derechos procesales constitucionales deben ser respetados en todas 
las fases e instancias procesales y, en el caso concreto del derecho a la última palabra, 
la jurisprudencia es constante en reiterar que su vulneración comporta la nulidad del 
juicio  y  la  retroacción  procedimental  pertinente,  como  la  propia  Sala  de  apelación 
reconoce».
b)  Por lo que respecta al segundo y último motivo de la demanda de amparo, la 
denuncia de vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE) del recurrente, por haber desconocido el contenido y alcance del auto del 
Juzgado de Violencia sobre la Mujer de 30 de octubre de 2015, al habérsele notificado 
personalmente el 10 de noviembre del mismo año pero sin la correspondiente traducción 
y sin contar en ese acto con la asistencia de un intérprete, auto que le imponía la 
prohibición de comunicarse con su ex pareja doña Miranda Yvonne o el de acercarse a 
ella o a los lugares que frecuenta a menos de 500 metros de distancia, el escrito de la 
fiscal, tras resumir los términos de la queja formulada en la demanda (fundamento de 
Derecho IV de sus alegaciones), entiende correcta la respuesta desestimatoria dada a 
esta  cuestión  en  la  sentencia  de  apelación,  achacando  negligencia  a  dicha  parte 
procesal, pues «en ningún momento ha solicitado la traducción del auto […], ni tampoco 
reclamó  la  presencia  de  intérprete  específico  a  su  comparecencia  de  fecha  10  de 
noviembre de 2015 que se efectuó en presencia de su abogado dándose la circunstancia 
de  que  alguno  de  sus  defensores  estaba  habilitado  por  él  para  que  actuara  de 
intérprete»; y tampoco lo hizo, en fin, «cuando posteriormente compareció nuevamente 
al juzgado asistido por su letrado y a presencia de intérprete designado por el juzgado, 
para hacerle el requerimiento en forma manifestó que no hubiera tenido conocimiento 
exacto de lo que implicaba la resolución judicial ni mucho menos solicitó que le fuese 
traducida. Tampoco cuando se confeccionó su escrito de defensa se adujo que no se 
tuviera cabal conocimiento de la prohibición de aproximación a la víctima, dejándose 
sentado, por el contrario, que tal conocimiento se tenía al habérsele explicado por el juez 
de violencia».
El escrito añade la cita de la STC 258/2007, FJ 3, en cuanto al derecho a no padecer 
indefensión, entendiendo que, pese a lo alegado por el recurrente en la demanda, no se  s
afirma ni constata que el derecho de interpretación y traducción le hubiere sido negado  oe.
«en ninguna de las fases procedimentales, ni en ningún acto procesal». Concluye así  w.
sobre esta segunda y última queja de la demanda, que la «vulneración del derecho al  10ww
dperoscperosovi sctoo nd et otoddaas  blaasse  gy aproarn etílalos  nqou dee baeh oserar  asceo geidsag»ri.men  [sic]  aparece,  por  tanto,
8.  Con fecha 29 de julio de 2019 se presentó escrito de la representante procesal 
del recurrente, manifestando que «nos ratificamos en las alegaciones contenidas en 
nuestro recurso de amparo».
9.  Por la Secretaría de Justicia se dictó diligencia «para hacer constar haberse 
recibido los precedentes escritos de alegaciones del Ministerio Fiscal y de la procuradora 
doña Isabel Alonso Rodríguez, quedando el presente recurso de amparo pendiente para 
deliberación cuando por turno corresponda».
10.  El Pleno de este Tribunal Constitucional dictó providencia el 5 de septiembre 
de 2019 del siguiente tenor: «El Pleno, en su reunión de esta fecha y conforme establece 
el artículo 10.1 n) de la Ley Orgánica del Tribunal, a propuesta de la Sala Segunda, 
acuerda recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo que se tramita en dicha 
Sala bajo el número 1265-2018, interpuesto por Jerry Aroon-Kumar Rustveld».
11.  Mediante  providencia  de  fecha  16  de  febrero  de  2021,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 18 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto  del  proceso.  Delimitación  de  las  quejas  de  la  demanda  y  orden  de 
enjuiciamiento.
a)  Se interpone demanda de amparo contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 
núm.  4  de  Palma  de  Mallorca,  de  19  de  diciembre  de  2016  (procedimiento 
abreviado 297-2016), que condenó al recurrente como autor de un delito de amenazas 
leves de género quebrantando una medida cautelar, a las penas de doce meses de 
prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos 
años, y la prohibición de que se aproxime a una distancia de 500 metros de su ex pareja 
doña  Miranda  Ivonne  Stienstra,  de  su  domicilio,  lugar  de  trabajo  o  cualquier  otro 
frecuentado por esta última, o de comunicarse con ella por cualquier medio, durante 
cinco años.
Alega el recurrente que en el proceso de primera instancia se produjo la vulneración 
de los siguientes derechos fundamentales: (i) a la tutela judicial efectiva sin padecer 
indefensión (art. 24.1 CE), a la defensa (art. 24.2 CE) y a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE), debido a la falta de ofrecimiento del derecho a la última palabra 
por parte de la magistrada-juez, al final de la vista oral, llegando incluso a interrumpirle 
cuando  aquel  intentó  dirigirse  al  tribunal;  y  (ii)  la  vulneración  del  mismo  derecho 
fundamental  a  un  proceso  con  todas  las  garantías  (art.  24.2  CE),  por  fundarse  la 
condena en el hecho probado de que el recurrente conocía el contenido y alcance de la 
orden de protección dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Palma 
de Mallorca el 30 de octubre de 2015, y notificada el 10 de noviembre del mismo año, sin 
que la autoridad judicial hubiera proveído a la traducción de dicha resolución judicial, o a 
la asistencia al recurrente de intérprete cuando se le notificó, negando a fin de cuentas 
su conocimiento del auto porque no habla castellano y ha necesitado intérprete a lo largo 
del proceso, lo que impide a su vez apreciar como acreditado el elemento subjetivo del 
delito de quebrantamiento de medida cautelar que se le atribuye.
La demanda de amparo se dirige también contra la sentencia dictada el 18 de enero 
de 2018 (rollo de apelación 2-2018), por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial  e.
de Baleares, que, al desestimar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia  w.b
del juzgado, no habría reparado las vulneraciones constitucionales aducidas. 10ww
alegLaac iofinsecsa l eann teel  etrsátme itTer ibduenl aal rtC. o5n2s tiLtuOcTioCn,a lp ohra  epl rqeuseen itnatdeore psao r esl uo tloardgoa mesiecnrittoo  ddeel 
acimerptaa rloa  pleosri óenl,  pdraimdae rloa  pdaes ilvoisd addo sm mosotrtiavdoas ,p coor nla  ddeesfeesntsima aacl inóon  sdoelilc siteagr ulan dtroa dpuocrc inóon  sdeerl 
auto o la intervención del intérprete, a estos concretos efectos.
b)  Así planteado el debate, no plantea problemas de intelección la primera de las 
quejas, referente a las consecuencias de no habérsele ofrecido al recurrente el ejercicio 
del derecho a la última palabra por el juzgado a quo.
Deben hacerse en cambio algunas precisiones en torno a la delimitación de la 
segunda  queja,  que  gravita  alrededor  del  derecho  del  acusado  a  la  traducción  e 
interpretación de una resolución judicial, por no conocer el idioma español.
(i)  Ciertamente, el derecho del sujeto pasivo del proceso penal a ser asistido por un 
intérprete, goza de anclaje en los derechos fundamentales a no padecer indefensión 
(art. 24.1 CE) y a la defensa (art. 24.2 CE), tal y como reconoce nuestra doctrina (entre 
otras, SSTC 188/1991, de 3 de octubre, FJ 3; 181/1994, de 20 de junio, FJ 2; 35/1995, 
de 6 de febrero, FJ 2; 32/2003, de 13 de febrero, FFJJ 8 a 10, –en procedimiento de 
extradición–, y 21/2018, de 5 de marzo, FJ 4; también ATC 166/2005, de 19 de abril, 
FJ 6). Su ejercicio en las distintas fases del proceso penal se regula actualmente en los 
arts. 118.1 f); 123 a 127; y 520.2 apartados h) y j) LECrim, tras la reforma de estos 
preceptos por la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, (por la que se modifican la Ley de 
enjuiciamiento criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para 
transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a 
interpretación y a traducción en los procesos penales, y la Directiva 2012/13/UE, de 22 
de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales) y por la 
Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, (de modificación de la Ley de enjuiciamiento 
criminal  para  el  fortalecimiento  de  las  garantías  procesales  y  la  regulación  de  las 
medidas de investigación tecnológica).
Ahora bien, en el presente caso, de haberse producido la vulneración por los hechos 
que se alegan, no lo habría sido en el procedimiento del que traen causa las sentencias 
aquí impugnadas (a saber, las diligencias del procedimiento abreviado núm. 1102-2015; 
el procedimiento abreviado 297-2016, o el rollo de apelación núm. 2-2018, de los que se 
ha hecho mención en los antecedentes); sino en un proceso distinto, las diligencias 
seguidas con el núm. 1062-2015 por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de 
Palma de Mallorca, en cuyo devenir fue que se adoptó en fecha 30 de octubre de 2015 el 
auto con la medida de protección varias veces mencionada.
Pero ni ese auto, ni lo sucedido durante su notificación personal al recurrente el 
día 10 de noviembre de 2015 dentro de esas mismas diligencias 1062-2015, son objeto 
de impugnación en este amparo, ni consta siquiera que se hubiere presentado iniciativa 
alguna al juzgado instructor para reparar alguna falta relacionada con ello, por lo que 
estamos ante actuaciones procesales ajenas a este proceso constitucional y respecto de 
las que ni siquiera se sabe si se ha cumplido con la subsidiariedad exigible por esta 
jurisdicción [art. 44.1 a) LOTC].
(ii)  La lectura de las actuaciones remitidas a este tribunal evidencia, en lo que 
concierne al proceso a quo del que sí dimanan las sentencias aquí recurridas, que 
durante la primera instancia nada se dijo por la defensa del acusado aquí recurrente, ni 
ante el juzgado instructor, ni en el escrito de defensa presentado durante la llamada fase 
intermedia del proceso, ni ante el juzgado de lo penal al inicio, durante o al final de la 
vista oral en el trámite de conclusiones definitivas, en relación con una supuesta lesión 
del derecho a la defensa o a un proceso con todas las garantías o a cualquier otro 
derecho fundamental, derivado de la falta de traducción del auto de 30 de octubre 
de 2015, o de la no actuación de intérprete el día de su notificación al recurrente.
Es en el escrito de apelación cuando se introduce este motivo de impugnación, lo 
que implica, si se aceptara la tesis de vulneración de una garantía formal que parece  e.
proponer  la  demanda  de  amparo,  que  se  estaría  ante  un  motivo  en  todo  caso  w.b
inadmisible, por no haber cumplido con el requisito del art. 44.1 c) LOTC, esto es, no  10ww
dhuarbaenrt ed elnau pnrciimadeora  lain estxaisntceinac idae ld ep rloac elessoi ópne tnaanl,  parlo nintog rceosmaro e el satau tos ey  plrao dduiljiog,e qnuciea  fudee 
neont ilfoic qauceió nla  ad olacst raincatu raecitieornaedsa d dee l aess tdei ltigriebnucniaals c parliefivciaa sc onmúmo .u 1n1a0 2d-e2n0u1n5c.i aS eta irndcíau ryr,ir ícao masoí 
tal, extemporánea, de la lesión constitucional, en cuyo examen no cabría por tanto entrar.
Entre otras, SSTC 171/1992, de 26 de octubre, FJ 4; 190/2006, de 19 de junio, FJ 2, 
y 95/2018, de 17 de septiembre, FJ 2 c); así como el ATC 83/2018, de 25 de julio, FJ 2 (y 
las resoluciones que en aquellas y este se citan).
(iii)  En  realidad,  el  propósito  buscado  con  la  deducción  de  esta  queja  en  la 
demanda de amparo, no es ciertamente lograr que se repare el derecho a la traducción e 
interpretación de la resolución judicial que se dice inobservado (cosa que en ningún 
momento se pide), sino negar la eficacia del acto de notificación del auto de 30 de 
octubre  de  2015  llevado  a  cabo  el  10  de  noviembre  de  2015,  como  fuente  de 
conocimiento por el entonces investigado, de la orden de protección dictada en su contra 
y en favor de su ex pareja, y de las consecuencias que suponía su incumplimiento en 
cuanto a incurrir en el delito de quebrantamiento de medida cautelar. Lo pretendido por la 
demanda no es otra cosa sino cuestionar el valor como prueba de cargo de aquella 
notificación respecto de la acreditación del elemento subjetivo del tipo del art. 171.4 CP 
aplicado, lo que enlaza más propiamente con una denuncia de vulneración del derecho a 
la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Este enfoque de la queja acertadamente se 
aducía en el escrito de apelación, pero se suprimió en su traslación a la demanda de 
amparo, resultando del resto sustancialmente coincidente la argumentación planteada en 
ambos escritos.
Siendo ello así, y a fin de colmar las posibilidades de tutela constitucional del 
recurrente  en  este  amparo,  cabe  calificar  materialmente  la  queja  deducida  como 
vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), teniendo reconocido 
este tribunal, de manera reiterada, la facultad que en todo caso resulta respetuosa con el 
principio dispositivo que rige el proceso de amparo, de poder «ajustar el encuadramiento 
constitucional de la pretensión formulada acogiendo el criterio de flexibilidad en la tutela 
de los derechos fundamentales reiterado en nuestra doctrina (SSTC 17/1989, de 30 de 
enero, FJ 3; 184/1992, de 16 de noviembre, FJ 2; 99/2000, de 10 de abril, FJ 6; 19/2001, 
de 29 de enero, FJ 3; 35/2006, de 13 de febrero, FJ 2, y 63/2009, de 9 de marzo, FJ 4)» 
(STC 191/2011, de 12 de diciembre, FJ 6).
c)  Delimitadas las dos quejas de la demanda de amparo, procede establecer el 
orden de examen de cada una. A tal efecto debemos traer a colación nuestra doctrina ya 
inveterada, en cuya virtud, «[e]n cuanto al orden desde el que han de examinarse las 
vulneraciones alegadas, adoptaremos el criterio de la mayor retroacción tomando en 
consideración tanto ‘las exigencias de tutela subjetiva de la posición jurídica del actor’ 
[arts. 53.2 y 161.1 b) CE y art. 41 LOTC], como ‘la función objetiva que, tras la reforma 
operada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, cumple el proceso constitucional de 
amparo’ [art. 50.1 b) LOTC].
Conforme a este criterio, debe priorizarse el estudio de aquellas quejas que, en caso 
de prosperar, habrían de determinar la retroacción a un momento procesal anterior, 
haciendo innecesario el pronunciamiento sobre las restantes (SSTC 90/2010, de 15 de 
noviembre, FJ 2; 25/2012, de 27 de febrero, FJ 2, y las que en ellas se citan), sin 
menoscabar por ello la subsidiariedad característica del amparo. Así lo afirman también 
las SSTC 152/2015, de 6 de julio, FJ 3; 180/2015, de 7 de septiembre, FJ 3; 83/2018, 
de 16 de julio, FJ 2; 101/2018, de 1 de octubre, FJ 2, o 124/2019, de 28 de octubre, FJ 2, 
que aplican la lógica de la mayor retroacción con el fin de asegurar la más amplia tutela 
de los derechos fundamentales» [STC 47/2020, de 15 de junio, FJ 2; en el mismo 
sentido SSTC 49/2020, de 15 de junio, FJ 2; 87/2020, de 20 de julio, FJ 4 B); 102/2020, 
de 21 de septiembre, FJ 2, y 125/2020, de 21 de septiembre, FJ 3, así como las 
anteriores que en ellas se citan]. e.
Con aplicación de esta doctrina, procede que analicemos las quejas en el mismo  w.b
orden que se exponen en la demanda de amparo, puesto que la que produciría una  10ww
mdeanyeogr acreiótrno adcecl iódne redcehl op aro clae dúimltimienat op aelanb rcaa asol  adceu saedsoti,m eanrs ec,u asnetroí ap rload urecifdeari daal  fain alal, 
ainusntaqnucei at.odavía dentro, de la vista oral de la causa, y por ello del proceso en primera
2.  Doctrina sobre el derecho a la última palabra como manifestación del derecho a 
la autodefensa del acusado en el proceso penal.
La demanda de amparo, se ha dicho ya, alega que se han vulnerado los derechos 
del recurrente a la defensa en juicio y a un proceso con todas las garantías, al no haber 
dispuesto de la posibilidad de dirigirse al tribunal sentenciador en ejercicio del derecho a 
la última palabra que garantiza el art. 739 LECrim, precepto inserto en la regulación del 
proceso por delitos graves pero que resulta de aplicación al proceso abreviado aquí 
seguido, dada la cláusula de supletoriedad del art. 758 de la misma LECrim.
El referido art. 739 dispone que una vez practicada la prueba en la vista oral de la 
primera o única instancia, así como los trámites de conclusiones finales e informes:
«Terminadas la acusación y la defensa, el presidente preguntará a los procesados si 
tienen algo que manifestar al tribunal.
Al que contestare afirmativamente le será concedida la palabra.
El presidente cuidará de que los procesados, al usarla, no ofendan la moral ni falten 
al respeto debido al tribunal ni a las consideraciones correspondientes a todas las 
personas, y que se ciñan a lo que sea pertinente, retirándoles la palabra en caso 
necesario.»
Resulta indiscutido que la magistrada-juez del órgano a quo no se dirigió al acusado 
aquí demandante de amparo para advertirle –y en esa medida ofrecerle su ejercicio– de 
su derecho a manifestar lo que tuviera por conveniente, antes de poner fin al acto del 
juicio. Antes bien, le conminó a guardar silencio cuando aquel intentó decir algunas 
palabras  mientras  aquella  pronunciaba  sentencia  in  voce.  Así  se  evidencia  de  la 
reproducción de la grabación audiovisual de la vista oral, lo reconoce expresamente la 
sentencia de apelación, y están de acuerdo las partes aquí personadas (recurrente y 
fiscal ante este tribunal). No suscitando debate pues el presupuesto fáctico sobre el que 
se asienta la queja, lo que ha de dilucidarse es precisamente la efectiva relevancia 
constitucional del trámite omitido al que se hace referencia, la del derecho a la última 
palabra.
Varias han sido las ocasiones en las que nos hemos pronunciado acerca de dicha 
relevancia, y en todas ellas el criterio rector ha sido siempre considerarla una garantía 
esencial para asegurar la autodefensa del acusado en el proceso penal, de modo que su 
sola denegación comporta la vulneración de derechos fundamentales del art. 24 CE, en 
cuanto se verifique tal circunstancia, sin otra exigencia añadida. Este criterio rector, que 
solo se ha modulado en un único aspecto por la STC 258/2007 a la que haremos 
referencia en el próximo fundamento jurídico, se desglosa en varios enunciados que 
guardan relación entre sí, los cuales cabe ordenar como sigue:
A)  El derecho a la última palabra se integra en el derecho fundamental a la defensa 
y a la asistencia de letrado (art. 24.2 CE), y en el derecho a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE).
a)  La doctrina de este tribunal ha venido interpretando que la cláusula del art. 24.2 
CE, en cuya virtud «todos tienen derecho […] a la defensa y a la asistencia de letrado», 
goza de un contenido amplio en cuanto la misma «tiene por finalidad la de asegurar la 
efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción, que 
imponen a los órganos judiciales el deber positivo de evitar desequilibrios entre la 
respectiva posición procesal de las partes o limitaciones en la defensa que puedan  e.e
generar a alguna de ellas la indefensión prohibida por el art. 24.1 CE (por todas,  b
SSTC 71/1999, de 26 de abril, FJ 3; 217/2000, de 18 de septiembre, FJ 2; 101/2002,  10ww
FdeJ  26) .de mayo, FJ 2, y 130/2003, de 30 de junio, FJ 2)» (STC 141/2005, de 6 de junio,
entrDe eenl tdroe rdeec heos ea  clao natuetnoiddeof eanmspal idoe,  yla esn p laor tqeuse d aeqnutrío i mdep otortdao,  cparobcee dsios,t incugyuairs d ceo unncr elatdaos 
manifestaciones y alcance modula en cada caso la ley, y de otro lado el derecho de
aquellas a contar con representación procesal y asesoramiento jurídico en todo estado y 
grado de la causa, lo que a su vez y por lo que atañe al acusado en el proceso penal, 
salvo  excepciones  (procedimiento  para  el  enjuiciamiento  de  delitos  leves)  resulta 
además una intervención preceptiva e indisponible.
En palabras de la STC 181/1994, de 20 de junio, FJ 3, que reiteran las posteriores 
SSTC 93/2005, de 18 de abril, FJ 3, y 13/2006, de 16 de enero, FJ 4:
«El derecho a la defensa comprende, en este aspecto, no solo la asistencia de 
letrado libremente elegido o nombrado de oficio, en otro caso, sino también a defenderse 
personalmente [arts. 6.3 c) y 14.3 d) del Convenio y del Pacto más arriba reseñados] en 
la medida en que lo regulen las leyes procesales de cada país configuradoras del 
derecho. Es el caso que la nuestra en el proceso penal (art. 739 LECrim) ofrece al 
acusado el "derecho a la última palabra" (sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio 
de 1984).»
b)  A partir de esta distinción, hemos identificado el ejercicio del derecho a la última 
palabra del acusado como una manifestación de su derecho a la autodefensa, incluido 
por tanto en aquella cláusula del art. 24.2 CE:
(i)  En  la  STC  181/1994,  FJ  3,  ya  citada,  se  dice  (reiterándolo  luego  las 
SSTC 29/1995, FJ 6; 93/2005, FJ 3, y 13/2006, FJ 4) que el ofrecimiento del derecho de 
palabra al acusado al final del juicio opera:
«[N]o como una mera formalidad, sino –en palabras del fiscal que la Sala asume– 
"por  razones  íntimamente  conectadas  con  el  derecho  a  la  defensa  que  tiene  todo 
acusado al que se brinda la oportunidad final para confesar los hechos, ratificar o 
rectificar sus propias declaraciones o las de sus coimputados o testigos, o incluso 
discrepar de su defensa o completarla de alguna manera". La raíz profunda de todo ello 
no es sino el principio de que nadie pueda ser condenado sin ser oído, audiencia 
personal que, aun cuando mínima, ha de separarse como garantía de la asistencia 
letrada, dándole todo el valor que por sí misma le corresponde. La viva voz del acusado 
es un elemento personalísimo y esencial para su defensa en juicio.»
(ii)  Con  más  detalle,  la  STC  29/1995,  de  6  de  febrero,  FJ  3,  desgrana  las 
principales manifestaciones del derecho a la defensa propia en nuestro proceso penal, 
entre las cuales se incluye la última palabra del acusado ante el tribunal que le juzga:
«El derecho a la defensa privada o derecho a defenderse por sí mismo, aun en el 
contexto de una cultura jurídica como la nuestra, caracterizada por el predominio de la 
defensa técnica, forma parte, ciertamente, del derecho más genérico, reconocido en el 
art. 24.2 CE, "a la defensa", algunas de cuyas manifestaciones instrumentales aparecen 
expresamente en el propio precepto: así los derechos a ser informado de la acusación, a 
utilizar  los  medios  de  prueba,  a  no  declarar  contra  sí  mismo,  o  el  derecho  a  no 
confesarse  culpable.  Este  tribunal  ha  tenido  ocasión  de  proclamarlo,  con  el  apoyo 
interpretativo, dispuesto por la propia Constitución, del art. 6.3 c) CEDH, asumiendo la 
declaración  contenida  en  la  referida  sentencia  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos 
Humanos de 25 de abril de 1983 ("caso Pakelli") según la cual dicho precepto "garantiza 
tres derechos al acusado: a defenderse por sí mismo, a defenderse mediante asistencia 
letrada  de  su  elección  y,  en  determinadas  condiciones,  a  recibir  asistencia  letrada 
gratuita", sin que la opción en favor de una de esas tres posibles formas de defensa  es
implique la renuncia o la imposibilidad de ejercer alguna de las otras, siempre que sea  o
necesario, para dar realidad efectiva en cada caso a la defensa en un juicio penal  10ww
dpl(iSbeerTrreesCmoc hne3oan7 ltm/ea1e  9lne8atl8 ee,dg  [eifadufreontsn d.soa 6a m. n3eco nocmtm)o by pr jaru1edr4nío.dd3 iec ddo,e )   e6don)ef. i lc eMCisooát,e ns e varenesn cpioioeet crnyott o ed,cm eanle soPno at,es co,st oliohn  meolm aát soaa smas ribssreiitbéeñanna  clraaeiad s oded eñecfae ódnlmeodtsore]a  r"edseenol     OE-A-2021-45able en https://
la medida en que lo regulen las leyes procesales de cada país configuradoras del 
derecho" (STC 181/1994, fundamento jurídico 3).
Con arreglo a este entendimiento o interpretación del art. 24.2 CE en relación con el 
art.  6.3  c)  CEDH,  el  derecho  a  defenderse  por  sí  mismo  no  se  agota,  aun 
comprendiéndolo en determinados supuestos, en su dimensión de derecho alternativo al 
derecho  a  la  asistencia  técnica,  sino  que  posee  siempre  un  contenido  propio, 
relativamente autónomo, en cuanto expresión del carácter, en cierto modo, dual de la 
defensa penal, integrada normalmente por la concurrencia de dos sujetos procesales, el 
imputado y su abogado defensor, con independencia del desigual protagonismo de 
ambos.  Expresiones  o  manifestaciones  de  esta  defensa  personal  o  privada  se 
encuentran en nuestra Ley de enjuiciamiento criminal tanto en el proceso penal ordinario 
como en el abreviado y, singularmente, en el juicio de faltas.
Así cabe citar, en la fase instructora, la proposición verbal de la recusación del juez 
instructor por parte del procesado privado de libertad en régimen de incomunicación 
(art. 58 LECrim); la asistencia personal a la diligencias de investigación (art. 302 LECrim) 
y, en particular, la posibilidad de formular observaciones en la diligencia de inspección 
ocular (art. 333 LECrim) y en las diligencias sobre el "cuerpo del delito" (art. 336.2 
LECrim); la posibilidad de nombramiento de peritos (arts. 350.2, 356 y 471.2 LECrim); la 
solicitud de práctica de la diligencia de identificación (art. 368 LECrim); la posibilidad de 
oponerse personalmente al auto de elevación de la detención a prisión provisional 
(art. 501 LECrim), o finalmente, y como posibilidad más significativa, la de declarar 
cuantas veces quiera y cuanto estime pertinente para su defensa a lo largo del sumario 
(arts. 396 y 400 LECrim). Por su parte, en la fase de juicio oral, cabe señalar cómo 
previamente al desarrollo de los debates el acusado puede plantear su conformidad a la 
pena solicitada por la acusación (arts. 655 y 793.3 LECrim), así como ejercitar su 
"derecho a la última palabra" (art. 739 LECrim).»
Y en el fundamento jurídico 6 de la misma STC 29/1995:
«Igualmente, por lo que hace a la posterior fase de juicio oral, conviene destacar la 
importancia del "derecho a la última palabra", con independencia de otras expresiones 
del derecho a la autodefensa contenidas en los arts. 655, 708, 713 y 793.3 LECrim.»
(iii)  También respecto de la fase de juicio oral, han destacado la importancia del 
derecho a la última palabra como vertiente de la autodefensa, la STC 91/2000, de 30 de 
marzo, FJ 13, y el ATC 86/2011, de 9 de junio, FJ 5 a) y c):
«En el proceso penal, el derecho del acusado a estar presente en la vista oral no es 
únicamente una exigencia del principio de contradicción, sino el instrumento que hace 
posible el ejercicio del derecho de autodefensa para contestar a las imputaciones de 
hechos que, referidas a su propia conducta, conforman la pretensión acusatoria. Solo 
mediante  la  presencia  física  en  el  acto  del  juicio  puede  prestarse  o  negarse  la 
conformidad a la acusación, puede convertirse la declaración del acusado en un acto de 
defensa, puede interrogarse a los testigos y ser examinado por estos, puede coordinarse 
la defensa que se ejerce a través de la asistencia técnica del letrado, y, en fin, puede 
ejercerse  el  derecho  a  la  última  palabra  que,  en  nuestro  ordenamiento,  hemos 
reconocido como una manifestación del derecho de autodefensa (STC 181/1994, de 20 
de junio). La vista oral no es una simple secuencia del proceso penal, sino el momento 
decisivo  en  el  que  con  publicidad  y  plena  contradicción  se  debate  acerca  de  la 
fundamentación de las pretensiones de condena y la fuerza de convicción de las pruebas  e.
aportadas por la acusación y la defensa.» w.
del acc) usEald doe ar escehro o íad ola e únl tiinmtear rpoaglaabtorraio t.iene un contenido propio, separable del derecho
Señalamos en este punto en la STC 13/2006, FJ 4, que:
«El derecho a la última palabra constituye así una nueva garantía del derecho de 
defensa que entronca con el principio constitucional de contradicción y que posee un 
contenido y cometido propio bien definido. Se trata de una regla del proceso que, 
enmarcada dentro del derecho de defensa, no se confunde con este, por cuanto no solo 
constituye  una  garantía  añadida  a  la  defensa  letrada,  al  tratarse  de  la  posibilidad 
procesal de autodefensa del acusado (STC 91/2000, de 30 de marzo, FJ 13), sino que 
debe  igualmente  diferenciarse  del  derecho  a  ser  oído  mediante  la  posibilidad  de 
interrogación o confesión cuya realización se habrá ya realizado al inicio del juicio. El 
interrogatorio permite al acusado hacer las manifestaciones que estime pertinentes en 
defensa  de  sus  intereses.  Pero  en  ese  momento  desconoce  cuál  va  a  ser  el 
comportamiento de los demás coimputados que declaren a continuación, de los testigos 
de cargo y de descargo, y el resultado de las pericias practicadas. Incluso desconoce 
cuál va a ser la vía argumental de las acusaciones y las defensas en sus respectivos 
alegatos,  por  lo  que  su  postura  inicial  puede  verse  reafirmada  o,  por  el  contrario, 
necesitada de actualización y matización. El acusado ha de tener la oportunidad de 
contradecir o someter a contraste todo el proceso probatorio, añadiendo todo aquello 
que estime pertinente para su mejor defensa, por lo que ha de tener la oportunidad de 
ser el último en intervenir en el proceso, de modo que esta facultad se encuadra dentro 
del  derecho  de  defensa  que,  en  estas  circunstancias,  ha  de  realizarse  de  manera 
personal y directa por el interesado.
Este necesario deslinde entre la autodefensa que significa el derecho a la última 
palabra y otras posibles manifestaciones o proyecciones del derecho de defensa, como 
por ejemplo el trámite del informe oral de defensa (STC 33/2003, de 13 de febrero), 
provoca que pueda haberse tenido defensa efectiva y realizarse la prueba de confesión e 
interrogatorio, sin que nada de ello pueda suplir la quiebra del derecho adicional a la 
última palabra que en el ámbito internacional, como derecho de presencia y defensa 
personal, se erige como una garantía "mínima" de todo acusado [art. 14.3 d) del Pacto 
internacional de derechos civiles y políticos] en el marco de un "proceso equitativo" 
donde se reconoce, también como derecho mínimo, el de "defenderse por sí mismo" 
[art. 6.3 c) CEDH]. Defensa personal esta que deberá realizarse según la configuración 
que de la misma realicen las concretas leyes procesales.
En nuestra Ley de enjuiciamiento criminal se regula en el art. 739. Esta garantía, a 
decir  de  dicho  precepto,  tiene  lugar  a  continuación  de  que  las  acusaciones  y  las 
defensas  hubieran  terminado  sus  respectivos  alegatos,  momento  en  el  cual  el 
"presidente preguntará a los procesados si tienen algo que manifestar al tribunal". Se 
trata de un derecho potestativo, que se ejercita tras la preceptiva pregunta del presidente 
del tribunal. Nuestra doctrina en la materia hasta el momento ha venido referida a 
procesos penales en los que los imputados son mayores de edad. Pero la misma se 
proyecta igualmente en los procesos penales de menores.»
d)  Derecho a la última palabra y derecho fundamental a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE).
Se desprende de lo que se viene exponiendo, que el derecho a la última palabra no 
comporta una garantía del acusado dimanante ex Constitutione, sino que es un derecho 
de configuración legal que requiere por ello de una previa regulación, bien sea directa o 
en su caso aplicable por vía supletoria, en los distintos procesos de este orden de  s
jurisdicción. oe.
Bajo tal entendimiento, la doctrina constitucional, como ahora veremos, también ha  w.
prgeruocaocrendsoaoc u idncooa n lra e tlocaodcbaióesn rt luaerssa tr geqacurheaa np tcíraeossn t aed le adl  esaruret .ce hf2eo4c .td2ive oC d Eee.jfe eNrncosica id ode, ebele la  dcoeulvrseiadcdahoros  eefu nqn judueaic mieoes, ntcetoa múl laoti m uynoa    2021-4510n https://ww
advertimos en nuestra temprana STC 16/1981, de 18 de mayo, FJ 6: «La finalidad de
esa exigencia de un proceso con todas las garantías como condición a la imposición de
una pena es doble. De una parte, el juicio oral supone dar a los acusados y, en general, 
a las partes que intervienen la plena posibilidad de exponer sus razonamientos y de 
defender sus derechos. Para el acusado en particular, en el juicio oral se manifiesta 
especialmente su derecho de defensa, al comunicarle plenamente la acusación de que 
es objeto y al facilitarle el ejercicio de los medios de defensa que considere oportunos. 
La segunda finalidad es que el tribunal disponga de todos los elementos de juicio 
necesarios para dictar su sentencia» (en parecidos términos también, la STC 130/2002, 
de 3 de junio, FJ 8).
De este modo, «desde la perspectiva del derecho a un proceso con todas las 
garantías  (art.  24.2  CE),  hemos  afirmado  reiteradamente  (entre  otras  muchas, 
SSTC 161/1985, de 29 de noviembre, FJ 5; 48/1986, de 23 de abril, FJ 1; 32/1994, de 31 
de enero, FJ 5; 41/1998, de 24 de febrero, FJ 27; 14/1999, de 22 de febrero, FJ 6; 
97/2000, de 18 de mayo, FJ 3; 228/2000, de 2 de octubre, FJ 1; 87/2001, de 2 de abril, 
FJ 3, y 174/2001, de 26 de julio, FJ 4) que las infracciones de las normas o reglas 
procesales solo constituyen una lesión del derecho a un proceso con todas las garantías 
si  con  ellas  se  ocasiona  una  merma  relevante  de  las  posibilidades  de  defensa» 
(STC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 8, en relación con un proceso penal. Más 
recientemente, STC 26/2020, de 24 de febrero, FJ 5, a propósito de un proceso civil 
ejecutivo).
(i)  Por lo que atañe al proceso en primera o única instancia, la STC 13/2006, ya 
citada, ha dicho expresamente en el fundamento jurídico 5 que el derecho a la última 
palabra reviste el carácter de «garantía del proceso justo».
(ii)  En los supuestos de revocación en grado superior de una sentencia absolutoria 
(o que agrava la pena impuesta en primera instancia), mediante la revisión de los hechos 
que fundan la culpabilidad del acusado con valoración de pruebas de carácter personal, 
el  respeto  al  derecho  a  un  proceso  con  todas  las  garantías  (art.  24.2  CE)  exige, 
conforme a nuestra doctrina instaurada por la STC 167/2002, de 18 de septiembre, 
FFJJ 9 a 11, la celebración de una vista oral con publicidad, inmediación y contradicción 
para la práctica de dicha prueba. Pero también, desde nuestra STC 88/2013, de 11 de 
abril, FJ 9, el derecho del acusado a ser oído y a defenderse ante ese mismo tribunal 
superior (garantía inicialmente incardinada por la STC 184/2009, de 7 de septiembre, 
FJ  3,  como  inherente  al  derecho  de  defensa).  Con  posterioridad,  entre  otras, 
SSTC 105/2016, de 6 de junio, FJ 5; 172/2016, de 17 de octubre, FJ 7; 125/2017, de 13 
de noviembre, FJ 5, y 35/2020, de 25 de febrero, FJ 2.
Aunque esa audiencia del acusado debe producirse al principio o durante la vista oral 
de apelación, hemos aceptado en la STC 105/2016, FJ 7, que a los efectos de satisfacer 
el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), dicha 
audiencia se materialice a través del derecho a la última palabra, al final de esa vista 
oral. Si se permite en ese momento al acusado «contradecir o someter a contraste todo 
el proceso probatorio, añadiendo todo aquello que estime pertinente para su mejor 
defensa, característica del derecho a la última palabra, sirve al derecho a ser oído 
personalmente y al derecho de defensa contradictoria».
B)  Contenido del derecho a la última palabra.
Este tribunal ha formulado asimismo algunos pronunciamientos sobre el contenido 
del derecho a la última palabra, que han de ser objeto de salvaguarda por la jurisdicción 
ordinaria: e.
a)  En primer lugar, el derecho a la última palabra atiende a la narración de aquellos  10ww
qhueech ocso nqcuiee rpnueend aanl  taecnuesra rdeola. ciEónn  csoenn tloidso q uceo nstera erinoj uyic iadne  amntaen eelr atr ibeusnpael ccíoficmap, etheenmteo sy 
creuceosntioocniadro  ucno mcaom líbmioit ee nd ela e csateli fidcearceióchno j uerlí duictializ daers elo sa qhueecl htorásm, liote  qpuoer  ae l sauc uvseazd roe spualrtaa 
cometido propio de su defensa letrada: STC 33/2003, de 13 de febrero, FJ 8.
b)  En segundo lugar, hemos dicho que lo alegado libremente por el acusado no 
puede convertirse a su vez en objeto de un trámite de contradicción por las demás 
partes. Aclaramos así en la STC 13/2006, ya citada, FJ 4, que:
«Se trata, por lo tanto, de que lo último que oiga el órgano judicial, antes de dictar 
sentencia y tras la celebración del juicio oral, sean precisamente las manifestaciones del 
propio acusado, que en ese momento asume personalmente su defensa. Por ello su 
propia naturaleza impide que esas manifestaciones sean sometidas a debate por las 
partes, pues si fuera así, es claro que lo dicho por el acusado dejaría de ser la última 
palabra  para  convertirse  en  una  más  de  sus  declaraciones  ante  el  tribunal.  Es 
precisamente la palabra utilizada en el momento final de las sesiones del plenario la que 
mejor expresa y garantiza el derecho de defensa, en cuanto que constituye una especie 
de  resumen  o  compendio  de  todo  lo  que  ha  sucedido  en  el  debate,  público  y 
contradictorio, que constituye la esencia del juicio oral. El acusado conoce mejor que 
nadie todas las vicisitudes, que pueden influir en la mejor calificación y enjuiciamiento de 
los hechos que constituyen la base de la acusación.»
Lo dicho lo es sin perjuicio, claro está, de la facultad que solo corresponde apreciar 
en ese momento al tribunal de la causa (art. 117.3 CE) de, si lo declarado por el acusado 
durante su última palabra comporta «revelaciones o retractaciones inesperadas [que] 
produzcan  alteraciones  sustanciales  en  los  juicios,  haciendo  necesarios  nuevos 
elementos de prueba», incluso con suspensión de la vista (actualmente, arts. 746.6 
y 747 LECrim).
C)  Condiciones para el ejercicio del derecho.
Dos cuestiones resultan relevantes en este apartado:
a)  La primera, que el ejercicio de esta manifestación de la autodefensa no está 
supeditado a su previa petición por el acusado, ni este o su letrado tienen la carga de 
formular protesta en la vista si se silencia y se acuerda el cierre del acto; lógicamente sí 
de impugnar la sentencia si esta es desfavorable. Como hemos declarado al respecto en 
nuestra STC 13/2006, FJ 5:
«[H]abida cuenta de su carácter de garantía del proceso justo, el hecho de que no se 
solicite por el propio recurrente o por su asistencia letrada no empece que el órgano 
judicial tenga el deber de ofrecer esta garantía y porque su carácter autónomo respecto 
de otras manifestaciones del derecho de defensa enerva la exigencia de una concreta 
indefensión material […]; no hemos considerado óbice procesal para la admisión de las 
demandas de amparo los supuestos de ‘protestas no formuladas en un acto ya fenecido’ 
que, por ello, podrían no constar en el acta, cuando la defensa interpone a continuación 
el  recurso  pertinente  alegando  vulneración  del  derecho  a  la  última  palabra 
(STC 181/1994, de 20 de junio, FJ 1) y es esta, por lo demás, la doctrina jurisprudencial 
constante que mantiene, con loable sensibilidad constitucional, que la falta de protesta 
por parte de la defensa del acusado no puede afectar a la subsistencia de un derecho de 
defensa que, por su trascendencia y autonomía, no está a merced de una rigurosa e 
inmediata diligencia reclamatoria del letrado que le asiste (SSTS 9 de junio de 2003; 13 
de julio de 2004, y 9 de diciembre de 1997).»
b)  Y la segunda, que hasta la STC 258/2007 a la que se hará referencia en el  s
próximo  fundamento  jurídico,  este  tribunal  no  exigía  que  el  acusado  acreditase  la  oe.
repercusión efectiva, a efectos probabilísticos, que la denegación del uso de la palabra  w.
hubiera podido tener en el sentido de la sentencia dictada. Solo la carga de acreditar el  10ww
htreibcuhnoa lq),u ye  sdieemsepnrec aqdueen nao l ah ulebsieióran  re(nnou nocfiraedcoe rale s ula  epjeorsciibciiloid.ad de manifestarse ante el
Esta específica dispensa de acreditar la relevancia de lo que se iba a decir, acorde 
con la naturaleza y finalidad del trámite en examen, deviene implícita en las anteriores 
sentencias y se vuelve expresa en la STC 13/2006, FJ 5, al decirse que:
«El hecho de configurarse como una obligación legal, solo potestativa en su ejercicio 
para el acusado, como una garantía del proceso con contenido autónomo y propio dentro 
del derecho de defensa y que se conecta, de este modo, a su vez, con el derecho a un 
proceso con todas las garantías constitucionalmente reconocido en el art. 24.2 CE, ha 
llevado a este tribunal a no exigir carga adicional probatoria en torno a la repercusión 
efectiva que su pleno ejercicio hubiera hipotéticamente producido aunque sí respecto a 
la total ausencia de la posibilidad de que el acusado haya podido defenderse por sí 
mismo. Sin que, como se dijo en las SSTC 181/1994, de 20 de junio, y 93/2005, de 18 de 
abril, el hecho de que el recurrente haya estado asistido de letrado obste en modo 
alguno  al  ejercicio  del  derecho  a  la  última  palabra  (ya  que  la  audiencia  personal 
constituye una garantía autónoma e independiente de la relativa a la asistencia letrada) y 
con independencia, como también se ha afirmado, de que se hayan podido realizar con 
todas  las  garantías  otras  manifestaciones  de  defensa  existentes  en  el  decurso  del 
proceso. Máxime si se tiene en cuenta que la autodefensa, una vez ofrecida, constituye 
una última posibilidad de exculpación de los hechos objeto de la acusación, pero que 
puede ser rechazada por el acusado en virtud de su derecho a permanecer en silencio.»
D)  Modo de reparación del derecho vulnerado.
Finalmente,  diversas  resoluciones  han  indicado  que  en  el  supuesto  en  que  se 
deniegue el ejercicio del derecho a la última palabra del acusado, las medidas para la 
reparación de los derechos fundamentales vulnerados del art. 24.2 CE incluyen, no 
solamente la nulidad de la sentencia dictada en la instancia y en su caso superiores 
grados de jurisdicción, sino también la retroacción de las actuaciones para que vuelva a 
repetirse el acto de la vista oral desde el principio; no simplemente que se le formule el 
ofrecimiento de audiencia al acusado: así, SSTC 109/2002, de 6 de mayo, FJ 3; 93/2005, 
FJ 4, y 13/2006, FJ 6.
3.  Doctrina de la STC 258/2007, de 18 de diciembre.  La exigencia de acreditar la 
indefensión material sufrida por la denegación del derecho a la última palabra.
Sobre  la  antedicha  doctrina  que  acaba  de  resumirse,  la  STC  258/2007,  que 
desestimó un recurso de amparo fundado en la lesión del derecho a la defensa por 
haberse negado el trámite de última palabra al acusado en un juicio de faltas (hoy, 
procedimiento aplicable al enjuiciamiento de delitos leves), introdujo dos modulaciones a 
las que ahora ha de hacerse mención. De un lado, afirmó en su fundamento jurídico 2 
que la relevancia constitucional de aquel derecho solamente se había analizado como 
ratio decidendi de la decisión en la entonces reciente STC 13/2006, revistiendo, por el 
contrario, (i) o bien el carácter de mero obiter dictum lo expresado anteriormente en las 
SSTC 181/1994, 29/1995 y 93/2005, (ii) o bien pronunciamientos formulados en un 
contexto distinto, como el de la presencia del acusado en juicio (STC 91/2000).
De otro lado, la STC 258/2007 vino a exigir (FFJJ 3 y 5) aquello que justamente la 
STC 13/2006 había descartado, imponiendo al recurrente la carga de acreditar de qué 
modo podía haber repercutido en el resultado de la sentencia (de condena), el no haber 
contado el órgano judicial con los datos que habría aportado el acusado de habérsele 
concedido la última palabra. La STC 258/2007, construye este último derecho, así, como  e.e
una manifestación más del derecho a no padecer indefensión material, asimilando su  b
tratamiento al de la lesión del derecho a la utilización de la prueba pertinente, del que  10ww
hpauceed– e eF xurpenrdedusaocmi rresenect oorl adju artgíodariricoao:n 3tí:a  «[d…e ] Plau eúslt ibmiean , peasl anbercae sinacrioon pdriecicoisnaarlm qeunet,e a uan  cuunaan dmoe nroa   OE-A-2021-45able en https://
infracción  formal  desvinculada  de  la  comprobación  de  que  se  ha  generado  una
indefensión material, dicha garantía exige, al menos desde el plano constitucional un 
desarrollo argumental en la demanda de amparo acerca de la existencia de una lesión 
material que permita a este tribunal valorar la concurrencia de la misma.
En efecto, este tribunal ya desde la STC 48/1984, de 4 de abril, destacó, por un lado, 
que "la idea de indefensión engloba, entendida en un sentido amplio, a todas las demás 
violaciones de derechos constitucionales que pueden colocarse en el marco del art. 24" 
(FJ 1) y, por otro, que "[e]l concepto jurídico-constitucional de indefensión que el art. 24 
de la Constitución permite y obliga a construir, no tiene por qué coincidir enteramente 
con la figura jurídico-procesal de la indefensión [...]. La conclusión que hay que sacar de 
ello es doble: por una parte, que no toda infracción de normas procesales se convierte 
por sí sola en indefensión jurídico-constitucional y por ende en violación de lo ordenado 
por el art. 24 de la Constitución; y, por otra parte, que la calificación de la indefensión con 
relevancia  jurídico-constitucional  o  con  repercusión  o  trascendencia  en  el  orden 
constitucional ha de llevarse a cabo con la introducción de factores diferentes del mero 
respeto –o, a la inversa, de la infracción de las normas procesales y del rigor formal del 
enjuiciamiento" (FJ 1). Así, en la STC 48/1986, de 23 de abril, se señaló que "una 
indefensión  constitucionalmente  relevante  no  tiene  lugar  siempre  que  se  vulneren 
cualesquiera normas procesales, sino solo cuando con esa vulneración se aparejan 
consecuencias prácticas consistentes en la privación del derecho de defensa y en un 
perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por ella" (FJ 1). Este tribunal sigue 
reiterando que para que "una irregularidad procesal o infracción de las normas de 
procedimiento alcance relevancia constitucional debe producir un perjuicio real y efectivo 
en las posibilidades de defensa de quien las denuncie" (por todas, SSTC 233/2005, 
de 26 de septiembre, FJ 10, o 130/2002, de 3 de junio, FJ 4).
En relación con lo anterior, se viene afirmando de manera continuada la exigencia de 
la indefensión material no solo respecto de la vulneración del art. 24.1 CE –por ejemplo, 
en supuestos de omisión del trámite de audiencia (por todas, STC 156/2007, de 2 de 
julio, FJ 4) o defectuosos emplazamientos (por todas, STC 199/2006, de 3 de julio, 
FJ 5)– sino, específicamente, respecto de derechos expresamente reconocidos en el 
art. 24.2 CE, como los derechos al juez ordinario predeterminado por la ley y a la 
imparcialidad  judicial,  en  relación  con  las  incidencias  en  las  composiciones  de  los 
órganos  judiciales  (por  todas,  STC  215/2005,  de  12  de  septiembre,  FJ  2),  o 
determinadas garantías contenidas en el derecho a un proceso con todas las garantías, 
como pueden ser la de contradicción en la práctica de diligencias de entrada y registro 
domiciliario, respecto de su valor probatorio (por todas, STC 219/2006, de 3 de julio, 
FJ 7), o la de inmediación, respecto de dar por reproducido en juicio las pruebas 
documentales sin proceder a su lectura (por todas, STC 233/2005, de 26 de septiembre, 
FJ 10).
El derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa 
consagrado en el art. 24.2 CE es especialmente significativo y paradigmático en cuanto a 
la exigencia de indefensión material. En efecto, este tribunal ha destacado de manera 
reiterada que el alcance de dicha garantía queda condicionado por su carácter de 
derecho constitucional de carácter procedimental, lo que exige que, para apreciar su 
vulneración,  quede  acreditada  la  existencia  de  una  indefensión  constitucionalmente 
relevante,  resultando  necesario  demostrar  que  la  actividad  probatoria  que  no  fue 
admitida o practicada era decisiva en términos de defensa, esto es, que hubiera podido 
tener una influencia decisiva en la resolución del pleito, potencialmente trascendentales 
para el sentido de la resolución. Igualmente se ha sostenido que "tal situación de  s
indefensión  […]  debe  de  ser  justificada  por  el  propio  recurrente  en  amparo  en  su  oe.
demanda, pues la tarea de verificar si la prueba es decisiva en términos de defensa y,  w.
por tanto, constitucionalmente trascendente, no puede ser emprendida por este Tribunal  10ww
Ccaosnos titcuocniocnreatlo m, esdiinaon teq uune  exeaxmigeen  qduee o fiecilo  dsoel ilcaista cnitrec undset anacmiapsa croo nchuaryrean teasle egna dcoa day 
fduen dqaume,e cnotamdoo  aeds encoutaodriaom, elan taer gduicmhean itnadceiófenn rseiócna em saotebrriea l eeln r elac udreremnaten dean,  haambpidaar oc.u Eensttaa   BOE-A-cable e
carga de la argumentación se traduce en la doble exigencia de que el demandante de 
amparo acredite, tanto la relación entre los hechos que se quisieron, y no se pudieron 
probar, y las pruebas inadmitidas o no practicadas, como el hecho de que la resolución 
judicial  final  podría  haberle  sido  favorable  de  haber  admitido  y  practicado  dichas 
pruebas, quedando obligado a probar la trascendencia que la inadmisión o la ausencia 
de la práctica de la prueba pudo tener en la decisión final del proceso, ya que solo en tal 
caso, comprobando que el fallo pudo, acaso, haber sido otro, si la prueba se hubiera 
admitido o practicado, podrá apreciarse también un menoscabo efectivo del derecho de 
defensa. De no constatarse la circunstancia de que la prueba inadmitida o no practicada 
era decisiva en términos de defensa, resultará ya evidente ab initio, sin necesidad de 
ulterior análisis, que no habría existido la lesión denunciada, puesto que, como hemos 
señalado, el ámbito material protegido por el derecho fundamental a utilizar los medios 
de prueba pertinentes no abarca las meras infracciones de la legalidad procesal que no 
hayan generado una real y efectiva indefensión" (STC 185/2007, de 10 de septiembre, 
FJ 2).
Este  tribunal  ha  exigido,  también,  la  concurrencia  de  indefensión  material  para 
considerar vulnerado el propio derecho a la defensa (art. 24.2 CE) en los supuestos de 
denegación del derecho a la asistencia letrada de oficio en los procedimientos penales 
en que no sea un requisito estructural. […]
En conclusión, y como se ha dicho antes, la vulneración del derecho a la última 
palabra, en tanto que manifestación del derecho a la autodefensa, como una de las 
garantías contenidas en el derecho a la defensa previsto en el art. 24.2 CE, no se debe 
configurar como una mera infracción formal desvinculada de la comprobación de que se 
ha generado una indefensión material, cuya argumentación es una carga procesal del 
recurrente en amparo.»
– Fundamento jurídico 5: «[…] lo cierto, desde la perspectiva constitucional, que es 
la única que cabe analizar en esta jurisdicción de amparo, es que el que no se otorgara a 
los recurrentes la posibilidad de que tomaran la palabra en último lugar no implica en el 
presente caso que se haya producido la vulneración del derecho a la defensa (art. 24.2 
CE) aducida por los recurrentes. Como se ha adelantado, no resulta posible apreciar que 
dicha omisión haya generado a los recurrentes una indefensión material. Si se parte de 
la base ya referida de que el sentido constitucional del derecho a la última palabra, como 
manifestación del derecho de autodefensa, radica en que el acusado, una vez que ha 
tenido pleno conocimiento de toda la actividad probatoria realizada y de los argumentos 
vertidos en los alegatos de las acusaciones y de su propia defensa, pueda contradecir o 
someter  a  contraste  el  desarrollo  de  la  vista,  añadiendo  todo  aquello  que  estime 
pertinente para su mejor defensa, solo cabrá considerar que se le ha generado una 
indefensión material con relevancia constitucional cuando no se pueda descartar que el 
trámite omitido hubiera sido decisivo en términos de defensa, en el sentido de que 
hubiera podido determinar un fallo diferente. Ello exigiría, al menos, que se indicara por 
los  recurrentes  en  la  demanda  de  amparo  qué  concreta  actividad  probatoria  o 
alegaciones  efectuadas  en  fase  de  informe  son  las  que  se  pretendían  contradecir, 
someter a contraste o, simplemente, refutar o matizar en el ejercicio del derecho a la 
última palabra, a los efectos de que este tribunal pudiera realizar el juicio de certeza 
sobre su eventual incidencia en la resolución impugnada.
En el presente caso, no solo es que no se ha cumplido con dicha carga procesal, 
imposibilitando que este tribunal pueda desarrollar el control constitucional que se le 
solicita, sino que, además, incluso acudiendo directamente a las actuaciones tampoco  e.
resulta posible ni a partir del desarrollo del propio juicio de faltas ni, especialmente,  w.b
atendiendo  a  lo  razonado  en  los  recursos  de  apelación  planteados,  en  que  los  10ww
preocduerrr enatperse csiaer  limquitéa nc ao nlcar edteans unccuieasr tiloan einsf rahcucbióienr afonr mpaold iddeo  las eorm  pislaiónnte daedla str ápmoitre ,l oesl 
rseuc ucrarreánctteesr  edne cdisicivhoo.  trEálmlo itees,  pdaerma oas tpraartitviro d dee e lqlause  ploods erre aclucrarennzaters u hnaan c oancvuidcicdióon a s oebsrtee 
amparo invocando el mero incumplimiento formal de un trámite procesal que, a pesar de
su evidente conexión con el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la 
defensa (art. 24.2 CE), no permite concluir su vulneración al no ponerse de manifiesto en 
ningún caso indefensión material alguna a derivar de dicha omisión».
La STC 258/2007 contó con un voto particular de un magistrado del tribunal y un voto 
particular concurrente de otro magistrado, al que se adhirió un segundo, en los que se 
defendía la continuidad del tratamiento dado a esta institución del proceso penal hasta la 
STC 13/2006.
Luego del dictado de la STC 258/2007, este tribunal sin embargo no ha dispuesto de 
una nueva ocasión para pronunciarse en sentencia sobre la adecuación o no de las 
modulaciones entonces introducidas.
4.  Matizaciones a la doctrina de la STC 258/2007, de 18 de diciembre.
Como se ha indicado en los antecedentes, el presente recurso de amparo fue 
admitido a trámite al apreciarse en él una especial trascendencia constitucional, en 
cuanto  daba  la  ocasión  a  este  tribunal  de  aclarar  o  cambiar  su  doctrina  como 
consecuencia de un proceso de reflexión interna, en referencia precisamente con la 
fijada en la STC 258/2007. La exigencia introducida por esta, de tener que convencer 
dialécticamente al tribunal de la causa en todo caso y, en vía de impugnación, a los 
tribunales superiores al de primera instancia –y, eventualmente como ahora, a este 
Tribunal Constitucional–, acerca de la repercusión efectiva de lo que en hipótesis el 
acusado podía o no haber dicho al órgano de enjuiciamiento para obtener una sentencia 
más favorable (absolutoria, o con imposición de pena inferior en función de los hechos 
declarados probados), debe ser matizada no solo por los problemas prácticos que 
plantea en su aplicación por los órganos de la jurisdicción ordinaria, sino en atención a 
razones de índole constitucional de innegable relevancia que ahora se resumen:
a)  De entrada, procede hacer una aclaración, y es que si bien es cierto que algunas 
de las sentencias que se citan en la indicada STC 258/2007 no llegaron a estimar la 
demanda de amparo por denegación del derecho a la última palabra, ello no significa sin 
embargo que sus pronunciamientos sobre la relevancia de tal derecho como expresión 
de la autodefensa del acusado, fueran de naturaleza obiter dicta, en el sentido estricto 
conferido a esta expresión –esto es, ajena a la verdadera razón de decidir–. En realidad, 
salvo en la STC 91/2000, en las demás la doctrina a la que se hace referencia en el 
fundamento jurídico 2 sí integraba la ratio decidendi para resolver la queja planteada en 
todo o en parte, solo que al ser aplicada al supuesto concreto no condujo al resultado de 
apreciar la lesión: (i) ya porque no podía asegurarse con certeza que la última palabra le 
hubiera sido denegada al recurrente en ese caso (STC 181/1994, FJ 3), (ii) ya porque la 
parte solicitaba defenderse a sí misma en la totalidad del proceso a quo, siendo que tal 
autodefensa le era garantizada, también con el derecho a la última palabra, aunque con 
la necesaria asistencia técnica de letrado (STC 29/1995, FJ 6).
La STC 93/2005 sí concedió el amparo al reconocer que al recurrente se le coartó su 
autodefensa durante la vista oral de un juicio de faltas, incluyendo la denegación del 
derecho a la última palabra. En concreto sobre esta se dijo que el acusado: «Tampoco 
pudo ejercer el derecho a la última palabra, que no le fue ofrecido una vez que el fiscal y 
las denunciantes hubieron formulado sus conclusiones finales en que solicitaban su 
condena» (FJ 4).
Igualmente se concedió el amparo por denegación del derecho a la última palabra, 
aquí considerada exclusivamente, en la STC 13/2006, FJ 6, como reconoce la propia  s
STC 258/2007. oe.
No resulta intrascendente añadir, en fin, que en la STC 91/2000 se trataba de un  w.
aEpcrsoupcsaeañsdaoo,   deeenn t erlaex  tvoraitsrdtoaics i oóernla ,dl  eerenres euclhl taqobu aae   lnlaau  úcclloteinmasra id( ppeaararlaac bipóronad  d–eefru  enlajde airmcmepero,n rsttoai  nsjcueir aíhd udicbeoi e las1 e3p –rr)ee,as yeli znpacodirao  e delelnol    2021-4510n https://ww
se apreció entonces que la falta de garantías por el Estado requirente, en un supuesto
de juicio en ausencia, de que podría pedir la revisión de la condena ante este, vulneraba 
su derecho de defensa (FJ 16).
Por tanto, la STC 13/2006 no contenía una doctrina aislada, sino que esta se había 
consolidado a través de los años.
b)  Condicionar el ejercicio del derecho a la última palabra, a la exigencia de una 
indefensión material en los términos que explicita la STC 258/2007, resalta sin duda el 
papel como fuente probatoria del dicho del acusado pero, a la par que con esa sola 
perspectiva  se  descuida  la  función  que  cumple  tal  trámite  como  expresión  de  la 
autodefensa, su situación se equipara con la del derecho a la utilización de la prueba 
pertinente (art. 24.2 CE), cuyo contenido esencial solo comprende conforme a nuestra 
jurisprudencia –que recuerda la STC 258/2007–, la prueba «decisiva en términos de 
defensa» [más recientes, entre otras, las SSTC 212/2013, de 16 de diciembre, FJ 4; 
128/2017, de 13 de noviembre, FJ 4 d), y 107/2019, de 30 de septiembre, FJ 5].
Distintamente, la última palabra por su  naturaleza  deviene de por sí pertinente 
siempre, existiendo en todo caso la facultad del juez de dirigirse al acusado si este abusa 
de su derecho, sea por referirse a hechos ajenos a los que se enjuician, o por el empleo 
de palabras o expresiones ofensivas o carentes de sentido.
c)  La importancia del derecho a la última palabra como expresión de la autodefensa 
del  acusado  en  el  proceso  penal,  encuentra  su  reconocimiento  además  en  la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en interpretación de lo 
dispuesto en el art. 6.3 c) del Convenio de Roma («Todo acusado tiene, como mínimo, 
los siguientes derechos: […] c) a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un 
defensor de su elección y, si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido 
gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la Justicia así lo 
exijan»).
Ciertamente, el Tribunal Europeo no ha erigido este trámite en garantía necesaria de 
todo proceso penal, puesto que en realidad y como ahora se verá, la decisión sobre si el 
proceso es o no equitativo a los efectos del art. 6 CEDH, se alcanza siempre mediante 
una ponderación global de las oportunidades de contradicción y defensa de las que 
dispone el acusado dentro del procedimiento, conforme a la ley del Estado miembro. Lo 
que sí ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es reconocer la aportación 
que ofrece el ejercicio del derecho a la última palabra, ahí donde está regulado, como 
manifestación del derecho a la autodefensa, la cual queda garantizada a su vez por 
aquel art. 6.3 c) CEDH, si bien no necesariamente con exclusión del derecho a la 
defensa técnica.
Concretamente, en la sentencia de 4 de abril de 2018 dictada por la Gran Sala, 
asunto Correia de Matos c. Portugal, se examina el alcance del derecho a la autodefensa 
del acusado, que incluye un estudio de derecho comparado entre los ordenamientos de 
los países firmantes del Convenio (§ 81). Partiendo, según precisa la sentencia, de la 
«libertad  considerable  que  la  jurisprudencia  constante  del  tribunal  reconoce  a  los 
Estados en cuanto a elegir los medios adecuados para garantizar que sus sistemas 
judiciales son conformes a la exigencia del art. 6.3 c) de proveer a la defensa del 
acusado ya sea por sí mismo o de contar con la asistencia de un defensor, el fin 
intrínseco  de  esta  disposición  es  el  de  contribuir  a  preservar  la  equidad  del 
procedimiento penal en su conjunto» (§ 137). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
se reserva el papel, primero, de «verificar si concurren razones ‘pertinentes y suficientes’ 
para apoyar la elección legislativa aplicada», y en segundo lugar, si «las jurisdicciones 
nacionales,  al  aplicar  la  norma  en  conflicto,  también  han  suministrados  razones  s
pertinentes y suficientes para apoyar sus decisiones» (§ 143). oe.
En lo que ahora nos importa, examina entonces el tribunal las manifestaciones de la  w.
autodefensa  del  acusado  en  el  proceso  penal  portugués,  entre  las  que  incluye  de  10ww
amrat.n e3r6a1 .e1x pdreel sCa óedli gdoe rdeec hpor oac elad imúiletimntao  ppaelnaablr a( §q u1e5 6a).l líC toanmcbluiéyne  seel  tgriabruannatli zaq ueen  laesl 
rcaoznosnideesr aodfore «ceidl acso netenx toa pporyooc esdael »,la f ueorboling a«cpióenrt inleengtael s ay  slau ficaiseinstteesn»c ia(§  d1e5 9a),b eosg audnoa,   BOE-A-cable e
previsión «equitativa» (§ 166) y no produce por tanto la vulneración del art. 6.3 c) del 
Convenio (§ 169).
d)  Asumiendo que los argumentos que el escrito de impugnación a la sentencia 
pueda alegar en cada caso, son en efecto los mismos que los que realmente el acusado 
hubiera podido expresar si se le hubiera concedido el derecho a la última palabra al final 
de la vista oral (correspondencia que, de facto, es imposible de verificar), la exigencia 
por tanto y en esa lógica, de que hubiere tenido que escoger solamente los datos 
decisivos o relevantes para una sentencia favorable, obliga al acusado en tiempo real a 
hacer un cálculo técnico de probabilidades que resulta propio más bien del saber jurídico 
de su defensor, tal y como este despliega justamente cuando ha de fundar la propuesta 
de admisión de una prueba pertinente (art. 24.2 CE) o al impugnar su denegación.
El derecho a la última palabra del acusado no lo es a verbalizar al tribunal los hechos 
relevantes para asegurar su mejor posición en la sentencia, sino el derecho a transmitir 
al tribunal aquello que a su criterio este último debe conocer para dictar una resolución 
justa, sea o no decisivo para su absolución o menor condena.
En atención a todo ello, la doctrina de la STC 258/2007, de 18 de diciembre, FFJJ 3 
y 5, debe matizarse en el sentido de que ha de considerarse vulnerado el derecho a la 
defensa del art. 24.2 CE en todos los casos en los que, no habiendo renunciado 
expresamente a su ejercicio, se haya privado al acusado del derecho a la última palabra, 
sin que para ello deba este acreditar en vía de impugnación contra la sentencia, la 
repercusión o relevancia hipotética de cómo lo que hubiera podido expresar al tribunal, 
habría supuesto la emisión de un fallo distinto.
5.  Resolución de la queja planteada.
La aplicación de la doctrina sobre la relevancia constitucional del derecho a la última 
palabra contenida en el fundamento jurídico 2, así como en la STC 258/2007 con la 
matización que acaba de efectuarse en el fundamento jurídico anterior, conduce a la 
estimación de la primera queja de la demanda de amparo. En efecto, indiscutido como 
ya se dijo el hecho de que la magistrada-juez no concedió al acusado el referido trámite 
al final de la vista oral, desde el instante en el que aquella dio inicio a la exposición de su 
sentencia in voce, resultaba ya cercenado el derecho de autodefensa indicado, no 
quedando tampoco claro, ni es necesario que lo esté, lo que intentó decir el aquí 
recurrente cuando oía el relato de hechos probados, al margen de la explicación que 
ofrece la demanda.
Conforme a la doctrina de referencia, no le era exigible formular protesta él o su 
letrado en ese instante, toda vez que ya la vista y el trámite de última palabra habían 
precluido y se estaba en el acto de sentencia, bastando con que así lo haya incluido 
como uno de los motivos de su recurso de apelación.
La respuesta dada a su vez por la Audiencia Provincial para desestimar este último 
no puede resultar convincente. Primero, porque insiste en la exigencia de la carga de 
acreditar la repercusión material de lo que iba a argumentarse, en aplicación de la 
STC 258/2007 ya aquí matizada (no, por cierto, en aplicación de la STC 13/2006, que 
erróneamente cita también la sentencia de apelación). Y segundo, porque tampoco 
resultaba subsanable aquella omisión de la magistrada-juez a quo, a la que por cierto la 
audiencia  califica  de  «omisión  flagrantemente»,  pidiendo  la  práctica  de  esa  última 
palabra mediante la celebración de una vista en apelación, lo que supondría entre otras 
cosas convalidar la actuación vulneradora, privando al acusado de una sentencia de 
primera  instancia  dictada  con  ponderación  de  las  manifestaciones  que  deseaba  e
transmitir al juzgado competente. bo
Ha de estimarse por tanto la demanda de amparo en este punto, por vulneración de  10ww
lgoasr adnetríaesc h(oasrt .d 2e4l .r2e cCuErr)e, nlote q au el ar edleevfean dsae  a(acrot.m 2e4te.2r  eCl Ea)n yá lias isu nd ep rlao cseesgou ncodna  qtoudeajas  dlaesl 
escrito, relativa a la presunta vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar  la  demanda  presentada  por  don  Jerry  Aroon-Kumar  Rustveld,  por 
vulneración de sus derechos fundamentales a la defensa (art. 24.2 CE) y a un proceso 
con todas las garantías (art. 24.2 CE), con reconocimiento de tales derechos.
2.º  Declarar la nulidad de la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2016 por el 
Juzgado de lo Penal núm. 4 de Palma de Mallorca (procedimiento abreviado núm. 
297-2016), y la nulidad de la sentencia dictada el 18 de enero de 2018 por la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares (rollo de apelación núm. 2-2018).
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
celebración de la vista oral de primera instancia ante el juzgado referido, para que se 
provea de manera respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido 
Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.