BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 197 Lunes 20 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 54426
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
8208 Resolución  de  7  de  julio  de  2020,  de  la  Presidencia  del  Consejo  de 
Transparencia y Buen Gobierno, por la que se publica el Convenio con la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, por el que se atribuye al Consejo la competencia 
para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 
19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información 
pública y buen gobierno.
El  artículo  38,  número  2,  letra  c),  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), encomienda 
a la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función 
de conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación de su artículo 24. Por 
su parte, el número 3 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG prevé que las 
Ciudades  con  Estatuto  de  Autonomía  podrán  designar  sus  propios  órganos 
independientes o bien atribuir la competencia al Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, celebrando al efecto un convenio con la Administración General del Estado en 
el que se estipulen las condiciones en que la Ciudad sufragará los gastos derivados de 
esa asunción de competencias.
En desarrollo de las anteriores previsiones normativas, el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno y la Ciudad Autónoma de Ceuta (Consejería de Fomento y Turismo) 
suscribieron el pasado 6 de julio el correspondiente Convenio de colaboración que, una 
vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 
del sector público estatal con fecha 7 de julio de 2020, debe ser publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado», según determina el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
En su virtud, esta Presidencia resuelve:
Remitir al «Boletín Oficial del Estado» para su publicación el Convenio entre el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Ciudad Autónoma de Ceuta (Consejería 
de Fomento y Turismo) para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución 
de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Madrid, 7 de julio de 2020.–El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, A.A.I., P. S. (Artículo 10 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre), el 
Subdirector General de Transparencia y Buen Gobierno, Francisco Javier Amorós Dorda.
ANEXO ÚNICO
Convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Ciudad Autónoma 
de Ceuta (Consejería de Fomento y Turismo) por el que se atribuye al Consejo la 
competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno e
En Madrid y Ceuta, a 6 de julio de 2020. w.
REUNIDOS
CiudDaed ,u nnoam pbarrated,o d poanr aA lbeestreto  cGaargitoá nm Reoddiarnígteu eDze, cCroentos edjee rola  dPer eFsoidmeennctioa  yd eT u2r isdme om daer zlao   BOE-A-cable e
de 2020, por el que se remodela el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y 
autorizado  para  este  acto  por  Decreto  de  la  Presidencia  por  el  que  se  organiza 
funcionalmente la Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha 2 de marzo de 2020.
De otra parte, don Francisco Javier Amorós Dorda, ejerciendo las funciones de 
Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por vacante, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 10.1 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se 
aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Las partes intervienen en virtud de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las 
competencias,  facultades  y  atribuciones  que  tienen  atribuidas,  reconociéndose 
mutuamente capacidad y legitimación para suscribir el presente convenio, y a tal efecto,
EXPONEN
Primero.
Que de acuerdo con el artículo 24, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Buen  Gobierno  (en  adelante 
LTAIBG),  frente  a  toda  resolución  expresa  o  presunta  en  materia  de  acceso  a  la 
información  pública,  podrá  interponerse  una  reclamación  ante  el  Consejo  de 
Transparencia y Buen Gobierno con carácter potestativo y previo a su impugnación en 
vía contencioso-administrativa.
Segundo.
Que el artículo 38, número 2, letra c), de la LTAIBG atribuye al Presidente del 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función de conocer de las 
reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de la Ley.
Tercero.
Que la disposición adicional cuarta de la LTAIBG, establece que la resolución de la 
reclamación  prevista  en  el  artículo  24  de  la  misma  corresponderá  al  órgano 
independiente  que  determinen  las  Comunidades  Autónomas  en  los  supuestos  de 
resoluciones dictadas por las Administraciones y el sector público de éstas, y por las 
Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial.
Cuarto.
Que la citada disposición adicional cuarta, en su número 2, contempla la posibilidad 
de  que  las  Comunidades  Autónomas  atribuyan  al  Consejo  la  competencia  para  la 
resolución  de  las  reclamaciones  referidas  en  el  apartado  anterior,  mediante  la 
celebración del correspondiente convenio en el que se estipulen las condiciones en que 
aquéllas sufragarán los gastos derivados de esta asunción de competencias.
Quinto.
Que la citada disposición adicional cuarta, en su número 3, contempla la posibilidad 
de que las Ciudades con Estatuto de Autonomía atribuyan al Consejo la competencia 
para la resolución de las reclamaciones referidas en el apartado anterior mediante la 
celebración del correspondiente convenio, en el que se estipulen las condiciones en que  e
aquéllas sufragarán los gastos derivados de esta asunción de competencias. bo
SexQtou.e dando cumplimiento a las previsiones legislativas señaladas, el 25 de febrero
de 2016 se suscribió un primer convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno y la Ciudad Autónoma de Ceuta (en adelante, la Ciudad) para atribuir al  Bc
Consejo el ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones del 
artículo  24  de  la  LTAIBG  en  los  supuestos  de  resoluciones  dictadas  por  su 
Administración propia y las entidades integradas en su sector público. A este Convenio le 
sucedió uno nuevo en 2017 y una prórroga de este en 2019.
Séptimo.
Que ambas partes manifiestan su interés y voluntad en continuar la colaboración 
iniciada en 2016 y para ello convienen en suscribir este convenio, que se ajustará a las 
siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El objeto de este Convenio lo constituye la atribución de la competencia al Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno para la resolución de las reclamaciones previstas en 
el artículo 24 de la LTAIBG, respecto de las resoluciones dictadas por la Administración 
de la Ciudad y las entidades integradas en su sector público.
Segunda.  Especificaciones.
La atribución de la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no 
supone en ningún caso renuncia de la competencia que corresponde a la Ciudad, 
transfiriéndose únicamente la gestión, resolución y notificación de las reclamaciones 
correspondientes que se sustancien.
Tercera.  Obligaciones de carácter general.
1.  El  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  se  obliga  a  conocer  las 
reclamaciones  en  materia  de  acceso  a  la  información  que  puedan  interponerse  al 
amparo de la LTAIBG, respecto de los actos de la Administración de la Ciudad y su 
sector público.
Esta obligación comprende la de tramitar, resolver, notificar y hacer el seguimiento de 
dichas reclamaciones en el plazo a que se refiere el artículo 24, número 4, de la LTAIBG.
Del mismo modo comprende la de remitir por vía electrónica a las Administraciones 
implicadas las resoluciones dictadas, en el término de los tres días siguientes a su fecha 
de elaboración y a notificarlas a los interesados en los términos previstos en la LTAIBG.
2.  Las reclamaciones de acceso a la información pública podrán presentarse en 
cualquier registro público de las Administraciones incluidas en el ámbito de aplicación del 
convenio y, en general, en los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La Ciudad remitirá todas las reclamaciones y  su documentación anexa por vía 
electrónica  al  buzón  del  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno 
(reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es) en el curso de los tres días siguientes 
al de la fecha en que tuvieran entrada en la sede autonómica identificada al efecto.
Cuarta.  Obligaciones de carácter económico.
1.  La Ciudad se obliga a sufragar con cargo a sus propios recursos los gastos  e
derivados de la ejecución de este Convenio. bo
2.  El importe de los costes se determinará por el Consejo multiplicando el número  08ww
daecu reercdloa mcaocni oenle sM opdreesloe ndtaed aCso sptoers  eEl sctáonstdea ru/Snittaanridoa rdde  Claoss tr eMsoolduecli o(nMeCs,E c/SaClcMul)a ddoe  dlea 
UCnoinósne jEou droep Meain iesntr olas  vdeer s1i1ó nd es imdicpileifmicabdrea  daed o2p0t0a9d.a en España, aprobada por Acuerdo de
3.  El método de cálculo será el explicitado en el anexo de este Convenio.
4.  La Ciudad ingresará anualmente en el Tesoro Público los costes derivados de la 
tramitación, resolución, notificación y seguimiento de las reclamaciones comprendidas en 
el ámbito de este Convenio y de elaboración de las correspondientes resoluciones.
El pago será anual, salvo en el supuesto de terminación anticipada del Convenio, y 
tendrá lugar en los términos en que las partes lo acuerden en el marco de la comisión a 
la que se refiere la cláusula séptima. El pago se hará efectivo previa expedición de la 
correspondiente certificación por el Consejo en la que constará, como documento anexo, 
el  desglose  de  los  importes  correspondientes  a  la  Ciudad  y  al  resto  de  entidades 
comprendidas en el ámbito de aplicación del Convenio.
En los supuestos de prórroga de este Convenio, la correspondiente Adenda fijará los 
plazos de pago de conformidad con lo que se establezca en la Comisión de Seguimiento.
Quinta.  Vigencia y modificación del Convenio.
1.  Este  Convenio  tendrá  vigencia  de  cuatro  años,  surtiendo  efectos  desde  su 
inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 
del sector público estatal y publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 48.8, párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
2.  El Convenio podrá prorrogarse por un periodo de otros cuatro años mediante 
acuerdo expreso de ambas partes, siempre que la prórroga se adopte con anterioridad a 
la finalización de su plazo de duración y sin que en ningún caso exceda de los plazos 
establecidos en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
3.  En el caso de que se plantee la modificación de este convenio, esta deberá ser 
acordada por acuerdo unánime de las partes firmantes.
Sexta.  Denuncia y extinción del Convenio.
1.  La Ciudad podrá denunciar este Convenio comunicándolo al Consejo por escrito 
con un mes de antelación a la fecha en la que desee la terminación del mismo.
2.  El Consejo solo podrá denunciar el Convenio por causas sobrevenidas de índole 
presupuestaria, técnica u organizativa debidamente motivadas. En su caso, la denuncia 
se realizará en los términos previstos en el número anterior.
3.  En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las 
acciones ya iniciadas en el momento de notificación de la denuncia, en los términos 
definidos en la cláusula quinta.
4.  La extinción del convenio supondrá la liquidación de las obligaciones financieras. 
El acuerdo de resolución establecerá el modo de liquidar las actuaciones que estuvieran 
pendientes de ejecución en el momento de la extinción del Convenio.
5.  El Convenio se extinguirá por cualquiera de las causas previstas en el artículo 51 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
6.  En el caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en las cláusulas 
tercera y cuarta, se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 51.2.c) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
7.  En caso que existieran perjuicios susceptibles de indemnización en los términos 
de  los  artículos  49.e)  y  51.2.c)  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  estos  serán 
evaluados y acordados por la Comisión de Seguimiento del presente Convenio. En caso 
de desacuerdo se estará en lo establecido en la cláusula séptima, apartado 3.
Séptima.  Comisión de Seguimiento. o
1.  El Convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento, formada por  08ww
udnoas  rdeep rlaess epnatratenste ys  ndoeml Cborandsoesjo p yo rd eols  Creopnrseesjoe.n Ltaonst erse pdree slae nCtaiundteasd ,d deel sCigonnasdeojos  apsourm ciarádna 
la Presidencia y la secretaría de la comisión.
Corresponderá a la Comisión el seguimiento de la ejecución de las resoluciones del 
Consejo.
2.  Las partes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de la 
misma, cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento del convenio, sin 
perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo para el 
conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.
3.  Las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán celebrarse por medios 
electrónicos.
4.  La Comisión de Seguimiento contará con un comité técnico de asesoramiento 
que  informará,  caso  de  ser  necesario,  aquellas  reclamaciones  que,  por  involucrar 
cuestiones técnicas específicas de determinados ámbitos, requieran un asesoramiento 
por parte del Consejo. El comité estará formado por los representantes de la Comisión 
de Seguimiento más un experto designado por la Ciudad, un experto designado, en su 
caso, por la entidad que corresponda, que sustituirá a uno de los representantes de la 
Ciudad, y un tercero designado por el Consejo.
5.  El comité técnico será convocado puntualmente por la Comisión, a petición de 
cualquiera de las partes, y funcionará preferentemente a través de videoconferencias o 
reuniones virtuales.
Octava.  Resoluciones del Consejo.
Las resoluciones del Consejo serán impugnables ante la jurisdicción competente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Novena.  Transparencia.
Las  partes  firmantes  del  convenio  se  comprometen  al  cumplimiento  de  las 
obligaciones  establecidas  en  la  LTAIBG,  así  como  a  someterse  al  régimen  de 
infracciones y sanciones en materia de transparencia que a cada una de ellas les resulte 
de aplicación.
Décima.  Naturaleza y régimen jurídico del Convenio.
1.  Este Convenio tiene la consideración de convenio interadministrativo, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 47.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, resultándole 
asimismo aplicable lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, encontrándose excluido del ámbito de la contratación pública.
2.  Este Convenio se regirá por lo dispuesto en el capítulo VI del título preliminar de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, aplicándose los principios de la normativa en materia 
contractual para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse.
3.  El Convenio se ajustará a los principios rectores y regla de gasto establecidos en 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera,  que  prevé  el  principio  de  estabilidad  presupuestaria  para  todas  las 
Administraciones Públicas.
4.  Sin perjuicio de lo previsto en la precedente cláusula séptima, las cuestiones 
litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de este Convenio, que no  s
cuenten con acuerdo en el seno de la Comisión de Seguimiento, serán de conocimiento  oe.
y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo. w.
firmaEnn  epsrutee bCa odnev ecnoion,f oermn idloasd , luyg paareras  qyu efe cchoan stael  ap rilnocsi peiofe cintodsic oapdoorst.u–nPoosr,  llaa s Cpiaurdtaeds 
GAuotbóineornmoa,  dPe.  CS.e u(tAar,t íAclubleor t1o0 G daeitál nR Reaold rDígeucerez.t–oP 9o1r 9e/l2 C01o4n)s,e jeol  dSeu Tbrdainrescptaorre nGceian eyr aBlu edne 
Transparencia y Buen Gobierno, Francisco Javier Amorós Dorda.
ANEXO
I.  De acuerdo con el Modelo de Costes Estándar/Standard Cost Model (MCE/SCM) 
de la Unión Europea, en la versión simplificada adoptada en España, aprobada por 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, los costes internos de los 
procesos de trabajo en las Administraciones Públicas tienen en consideración los costes 
de personal y los costes de funcionamiento de los servicios.
II.  Respecto de los costes de personal, el coste medio por tarea es el resultado de 
multiplicar el coste unitario por hora del grupo de titulación por el número de horas que 
lleva realizar la tarea. El cálculo del coste de la hora de cada grupo profesional, se 
obtiene dividiendo la jornada anual de 1.664 horas de trabajo por el salario anual. El 
número de horas empleado en realizar la tarea se obtiene de la observación directa de 
los procesos de trabajo.
III.  Respecto de los gastos de funcionamiento (costes indirectos), el importe de los 
mismos se obtiene a partir de la información recogida en los capítulos II y capítulo VI de 
los Presupuestos Generales del Estado. El importe equivaldría a la suma de los créditos 
correspondientes en un porcentaje del 30 por 100 pues tal es la imputación de los costes 
de funcionamiento que se hace según estándares internacionales.
IV.  Aplicando estos parámetros, el cálculo del coste unitario para 2019 de una 
reclamación  tramitada  por  el  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  sería  el 
siguiente:
A.  El coste unitario por hora de personal por grupo de titulación, imputados los 
costes de funcionamiento sería:
A1 o equivalente: 23,71 euros.
A2 o equivalente: 18,46 euros
C1 o equivalente: 13,74 euros
C2 o equivalente: 11,35 euros
B.  La  tramitación  media  de  un  expediente  de  reclamación  es  de  6:30  horas, 
teniendo en cuenta el siguiente desglose:
Borrador: Tres horas por parte de un técnico del grupo A1 o un técnico A2.
Propuesta de resolución: Dos horas por parte de un técnico A1.
– Gestión administrativa (registro de entrada y salida, traslado de oficios, notificación 
resolución): 1:30 horas por parte de un Administrativo C1.
C.  De este modo, el coste unitario de una reclamación sería:
– Borrador: Por parte de un Técnico A1 o Técnico A2 (tres horas):
A1: 23,71 x 3= 71,13 euros.
A2: 18,46 x 3= 55,38 euros.
Valor medio: 71,13 + 55,38/2= 63,25 euros.
– Propuesta de Resolución: Por parte de Técnico A1 (dos horas):
23,71 x 2= 47,42 euros.
– Gestión administrativa: Registro de entrada y salida, traslado de oficios, notificación  e.e
resolución (1:30 horas). b
1To3t,a7l4:  6x3 1,2,55= e 2u0ro,6s1 + e 4u7ro,4s2. euros + 20,61 euros = 131,28 euros.
Total expediente: 131,28 euros.