BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 287 Miércoles 1 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 148214
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
19803 Real  Decreto  1058/2021,  de  30  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  la 
concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de Madrid y de 
Rivas-Vaciamadrid para la realización de programas de realojo para familias 
en situación de vulnerabilidad social extrema en los sectores cuatro, cinco y 
seis de la Cañada Real Galiana.
La Cañada Real Galiana es el mayor asentamiento informal de Europa tanto en 
extensión como en población. A lo largo de sus más de 14 kilómetros de recorrido, esta 
vía pecuaria atraviesa los términos municipales de Coslada, Rivas-Vaciamadrid, Madrid y 
Getafe, contando con una población estimada de 8.628 habitantes y 2.466 edificaciones 
resultado de la ocupación de terrenos públicos iniciada en las décadas de los 50 y 60, e 
intensificada  en  épocas  más  recientes.  La  Cañada  se  caracteriza  por  una  gran 
heterogeneidad edilicia, socioeconómica y sociocultural, pero con rasgos predominantes 
en forma de graves problemas de vivienda, como son el chabolismo o la infravivienda; la 
precariedad o carencia de servicios básicos como la electricidad, el agua, la recogida de 
basuras o el transporte público; o la ausencia de equipamientos básicos como centros 
sanitarios, educativos, deportivos o culturales; entre otras problemáticas.
En  diciembre  de  2020,  nueve  relatores  especiales  del  Consejo  de  Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, en un escrito conjunto, alertaron al Gobierno de 
España respecto a la magnitud del problema de exclusión social y de vulneración de 
derechos  básicos  que  experimentan  los  habitantes  de  la  Cañada  Real  Galiana, 
calificándolo  de  catástrofe  humanitaria  y  de  derrota  de  los  derechos  sociales.  La 
problemática  estructural  que  caracteriza  las  difíciles  condiciones  de  vida  en  este 
asentamiento, poblado por más de 8.000 personas, entre los cuales, un número en 
absoluto  desdeñable  de  niñas  y  niños,  se  recrudeció  como  consecuencia  de  los 
problemas de acceso al suministro eléctrico de las viviendas desde principios de octubre 
de 2020. El balance generado por la ausencia de electricidad, principal fuente de energía 
en estos hogares, pone, aún más si cabe, en situación de extrema vulnerabilidad y 
riesgo social tanto a las personas adultas como, particularmente, a los niños y niñas 
afectadas por esta situación. Así, tal y como se recoge en la referida comunicación, la 
salud de niños y niñas ya está sufriendo las consecuencias de la falta de electricidad en 
sus  casas,  lo  que,  además  de  vulnerar  el  derecho  de  la  infancia  a  una  vivienda 
adecuada, acarrea un impacto fuertemente negativo en sus derechos a la alimentación, 
a la educación y, en definitiva, al disfrute de una vida en condiciones de dignidad.
Dicho  llamamiento  es precedido por la Declaración  del Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, sobre la conclusión 
de su visita oficial a España desarrollada entre el 27 de enero y el 7 de febrero de 2020, 
en la que alertaba de la situación de extrema precariedad en la que viven las personas 
que residen en dicho asentamiento informal, haciendo referencia a las condiciones de 
insalubridad  y  evidente  ausencia  de  los  servicios  públicos  más  básicos,  así  como 
poniendo de manifiesto el insuficiente desarrollo de los compromisos adquiridos en el 
marco del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, suscrito en mayo de 2017 por la  s
Comunidad  de  Madrid,  el  Ayuntamiento  de  Madrid,  el  Ayuntamiento  de  Rivas- oe.
dVAeaslca GiEmalomb bPlaeiaedacrr ntiddooe,    ReeMnel  agAMdiyoaruniddnar,t lia dypm. olaire  nAlatdo mC daienñ isaCtdroaasc laRiódenaa ,Gl  lGoesna elgiraranul apd oecsol  pnEotsieltíatnidceoo us a nc ator nas veréreisep  rddeees e lcano tDamcepilóreongm aecinsi óolans    2021-19803n https://www.
de actuación en materia urbanística y de vivienda, fijándose unas premisas para el
realojo de las personas y familias en el caso de que la capacidad del suelo fuese  Bc
insuficiente para absorber la población censada en 2011. Se establecen, además, líneas 
de actuación para cada uno de los seis sectores en los que se divide la Cañada Real 
Galiana, habiendo determinado, por un lado, una solución de consolidación del sector 1 
(correspondiente a los términos municipales de Coslada y Vicálvaro-Madrid) y, por otro, 
ante  las  circunstancias  excepcionales  de  ausencia  de  las  mínimas  condiciones  de 
habitabilidad del sector 6 (correspondiente al término municipal de Madrid), la necesidad 
de proceder a su desmantelamiento a través de la implementación de los mecanismos 
de realojo que resulten adecuados para su población.
Por su parte, en el caso de los sectores dos, tres, cuatro y cinco se comprometió el 
desarrollo  de  distintas  ponencias  técnicas  con  el  fin  de  determinar  las  limitaciones 
territoriales, ambientales y urbanísticas existentes en el entorno de dichos sectores, 
situados en los términos municipales de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid. Como resultado 
de dichas ponencias técnicas se ha concluido que el sector dos, ubicado junto a los 
desarrollos  del  Cañaveral  y  Los  Cerros  (distrito  de  Vicálvaro)  pueda  ser  una  zona 
urbanizable, y que de la ordenación de este sector quedaría terreno edificable para 
ofrecer una solución habitacional para el conjunto de la población que reside en dicho 
sector y en el sector tres, restando, por tanto, el diseño de un programa que resuelva la 
situación del resto de los sectores. De esta forma se requiere del impulso inmediato de 
actuaciones para los sectores cuatro, cinco y seis a través de programas de realojo para 
acometer las situaciones más críticas de vulnerabilidad social.
En septiembre de 2015, 193 países, entre ellos España, se comprometen con el 
cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través de la Resolución 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/70/1 «Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». La Agenda 2030 compromete un 
conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, 
luchar contra la pobreza, desigualdad, y hacer frente al cambio climático. Ello plasma 
una oportunidad única para sentar las bases de una transformación global que conduzca 
hacia modelos de desarrollo incluyentes y sostenibles, a nivel nacional e internacional. 
Por tanto, la adopción de los ODS ha abierto las puertas a una nueva era de desarrollo 
sostenible en la que la dignidad y el valor de cada persona es afirmado y respetado y en 
la que toda la ciudadanía tendrá la capacidad de desarrollarse y definir su propia vida.
Concretamente,  el  ODS  11  –Ciudades  y  comunidades  sostenibles–  focaliza  la 
apuesta de la Agenda 2030 por lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, siendo una de sus metas asegurar, de 
aquí a 2030, el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales. Así, el ODS 11 se vincula 
estrechamente con el logro, a su vez, del ODS 1 –Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas–, el ODS 3 –Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades–, el ODS 4 –Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad–, el ODS 5 –Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas, el ODS 6 –Garantizar el acceso al agua y al saneamiento, el ODS 7 –Garantizar el 
acceso  a  una  energía  asequible,  segura,  y  sostenible,  o  el  ODS  10  –Reducir  la 
desigualdad en y entre los países–, entre otros objetivos.
Tal aspiración contrasta con la realidad que vive, a día de hoy, la Cañada Real 
Galiana, donde la exclusión y la ausencia de servicios públicos se ciernen sobre las 
personas y familias que residen en este asentamiento, generando una situación de 
extrema  precariedad  para  todos  sus  habitantes  que  contraviene  el  compromiso  de 
España con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las obligaciones  s
derivadas de los distintos tratados internacionales en materia de promoción y protección  oe.
de los derechos humanos ratificados por España. w.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Secretaría de  803ww
dEeslt aGdoob piearrnao  lae nA mgeantedraia 2 d0e3 0im epsu lrseos,p soengsuaibmleie ndteo  lay  cporooppueerasctaió ny  peajercau lcai óinm pdlee mlae nptoalcítiiócna 
Ddee clrae tAog 4e5n2d/a2 022003, 0d ep 1a0ra d eel  mDaerszaor,r oplolor  eSl oqsutee nsieb ldee csoanrrfoolrlma ela  ae sltoru dcitsuprau eosrtgoá neinc ae bl áRseicaal   BOE-A-cable e
del  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y  Agenda  2030,  y  se  modifica  el  Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de  los  departamentos  ministeriales,  y  que  dicho  real  decreto  establece,  en  su 
artículo 6.2.b) la función de colaboración con todas las Administraciones públicas para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
El  mandato  de  colaboración  con  todas  las  Administraciones  públicas  para  el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible previsto en dicho real decreto 
resulta  coherente  con  la  importancia  concedida  al  papel  que  desempeñan  las 
autoridades locales en la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
A/RES/70/1  al  establecer  que  «los  gobiernos  y  las  instituciones  públicas  también 
colaborarán  estrechamente  en  la  implementación  con  las  autoridades  regionales  y 
locales».  Una  colaboración  que  se  enmarca  en  los  denominados  procesos  de 
localización de la Agenda 2030, en base a los cuales, las Entidades Locales integrarían 
los principios y objetivos de dicha agenda internacional en el ciclo completo de las 
políticas públicas de nivel local y atenderían, de forma prioritaria, las necesidades de 
aquellos colectivos y grupos de población que se encuentran en peor situación para no 
dejar a nadie atrás.
En coherencia con todo lo anterior, la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 
coordinó el proceso que desembocó en la aprobación el 8 de junio de 2021 en Consejo 
de Ministros de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que establece ocho retos 
país y ocho políticas aceleradoras del desarrollo sostenible, concretadas en distintas 
prioridades de actuación entre las que se encuentra la promoción de la Agenda Urbana 
Española  en  contribución  al  logro  del  ODS11,  así  como  dirigidas  a  impulsar  la 
consecución de los dieciséis objetivos restantes de la Agenda 2030, con particular foco 
en las situaciones de extrema vulnerabilidad social para no dejar a nadie atrás. La 
implementación de dichas prioridades invoca y requiere, por tanto, de la coordinación y 
cooperación con los distintos niveles de la Administración pública, a través de iniciativas 
enmarcadas en el ámbito de la localización de la Agenda 2030.
A tal efecto, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de su 
Secretaría de Estado para la Agenda 2030, ha desplegado una línea de trabajo dirigida a 
apoyar los esfuerzos de las Entidades Locales en materia de impulso de políticas locales 
para el desarrollo sostenible y de localización de la Agenda 2030, que tiene reflejo 
presupuestario en su Programa 921Y, y que, asimismo contempla la atención directa de 
aquellas situaciones que claramente alejen a España del cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible conforme a los señalamientos realizados por los órganos de las 
Naciones  Unidas,  incluidos  sus  procedimientos  especiales.  Unas  actuaciones  que 
continuarán siendo desplegadas en ejercicios sucesivos y que, atendiendo a estrictos 
criterios de urgencia y gravedad social, requieran del concurso de la Administración 
General del Estado en su abordaje.
El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
así como el artículo 67 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, establece que podrán concederse de forma directa y con carácter excepcional, 
aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico 
o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  28.2  de  la  Ley  38/2003,  de  17 
de noviembre, las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el 
artículo  22.2.c)  deberán  ser  aprobadas  por  real  decreto,  a  propuesta  del  Ministro 
competente y previo informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública. s
El artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española reconoce al Estado la competencia  oe.
exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los  w.
españoles  en  el  ejercicio  de  los  derechos  y  en  el  cumplimiento  de  los  deberes  803ww
Ecosntasdtiotu ceino nmalaetse.r iAas dimei sbmasoe, se l ya rctoícourldoi n1a4c9ió.1n. 1d3e.ª  lare cpolannoicfieca lcai ócno mgepneeternacl idae e xlac luascitvivaid daedl 
edceol nmóemdiicoa a, my ebli eanrtteíc, usloin 1 p4e9r.j1u.i2c3io. ªd lea  claosm fpaectuelntacdiae sd ed ele glaissl aCcoiómnu bnáidsaicdae ss oAburetó pnroomteacsc idóen   BOE-A-cable e
establecer normas adicionales de protección. Al amparo de dichos preceptos, y conforme 
al artículo 18 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 es el 
órgano encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de 
bienestar social, de familia, de protección del menor, de cohesión y de atención a las 
personas dependientes o con discapacidad, de juventud, así como de impulso para la 
implementación de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.
Con  fecha  22  de  abril  de  2021,  el  Reino  de  España  remite  su  respuesta  al 
llamamiento  urgente  de  los  procedimientos  especiales  del  Consejo  de  Derechos 
Humanos  de  las  Naciones  Unidas  de  diciembre  de  2020,  señalando  las  distintas 
actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de España en la Cañada Real Galiana y, 
señalando que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 promovería un grupo 
de trabajo interministerial que permitiera abordar de forma comprehensiva todas las 
problemáticas existentes en la Cañada Real Galiana. En respuesta a dicho compromiso, 
el 28 de septiembre de 2021 se constituye el grupo de trabajo de la Administración 
General del Estado conformado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Alto Comisionado para la 
lucha contra la Pobreza Infantil, y coordinado por la Delegación del Gobierno en Madrid. 
Este grupo de trabajo se configura como un espacio de colaboración sostenida entre las 
instancias de la Administración General del Estado implicadas, así como con las distintas 
administraciones de ámbito autonómico y local implicadas de manera directa en ofrecer 
soluciones definitivas a la situación de extrema precariedad social que padecen las 
personas y familias que habitan dicho asentamiento.
En coherencia con todo lo expuesto, el presente real decreto se dicta en justificación 
de la situación de extremada y urgente necesidad de ofrecer soluciones de emergencia a 
familias en situación de particular precariedad social residentes en los sectores cuatro, 
cinco y seis de la Cañada Real Galiana, comprendidos en los términos municipales de 
los municipios de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid, cuya situación de vulnerabilidad se 
verá intensificada ante la inminente llegada del invierno, a través de esta subvención que 
posibilitará  la  puesta  en  marcha  de  programas  de  realojo  e  inclusión  social, 
contribuyendo asimismo a los fines previstos en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.  Dichos  programas  constituyen,  por  tanto,  actuaciones  con  evidente  y 
manifiesto interés público, social, económico y humanitario que motivan la improcedencia 
de su convocatoria pública, al amparo de lo dispuesto en el 22.2.c) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
El presente real decreto se aprueba de acuerdo con los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia recogidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. En este sentido, esta norma es necesaria y eficaz para 
poder desarrollar las competencias en materia de bienestar social y de impulso de la 
Agenda 2030 que, por razones de interés público, resulta necesario asegurar. Constituye 
una medida proporcional y necesaria.
Asimismo, en aplicación del principio de transparencia, se han definido claramente el 
alcance y objetivo, no solo de esta norma sino de las propias dotaciones presupuestarias 
y atiende al principio de eficiencia, pues no supone cargas administrativas accesorias y 
contribuye a la gestión racional de estos recursos públicos existentes.
En la tramitación de este real decreto se ha recabado informe de la Abogacía del 
Estado y de la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del  s
Estado en el Departamento. oe.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 1.ª, 13.ª y 23.ª del  w.
artículo 149.1 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para regular las  803ww
cloosn ddiceiroencehso sb ásyi ceans  qeule  cguamrapnlitmiceienn tloa  igduea ldloasd  ddee bteordeoss  lcoosn esstiptuacñioonleasl eesn,  eal seí jecrcoimcioo  dlea 
competencia  en  materia  de  bases  y  coordinación  de  la  actividad  económica,  y  de
legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de 
las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, con el 
informe y con la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de noviembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto y finalidad de las subvenciones.
El  presente  real  decreto  tiene  por  objeto  regular  la  concesión  directa  de  una 
subvención al Ayuntamiento de Madrid y al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un 
importe de cinco millones de euros para sufragar los gastos a realizar para desarrollar 
programas  de  realojo  e  inclusión  social  para  familias  en  situación  de  especial 
vulnerabilidad social que residen en los sectores 4, 5 y 6 de la Cañada Real Galiana, por 
concurrir razones de interés público, social, económico y humanitario, que determinan la 
improcedencia de su convocatoria pública.
Artículo 2.  Régimen jurídico aplicable.
La presente subvención se regirá, además de por lo particularmente dispuesto en 
este real decreto y en la resolución de concesión, por lo previsto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre; y en el Reglamento de desarrollo de la citada ley, salvo en lo que 
afecte a los principios de publicidad y concurrencia, por lo previsto en la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas, por lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban 
someterse  a  esta  ley,  y  por  lo  establecido  en  las  demás  normas  de  derecho 
administrativo que resulten de aplicación.
Artículo 3.  Entidades beneficiarias, actuaciones y gastos a financiar.
1.  Serán entidades beneficiarias de esta subvención el Ayuntamiento de Madrid y el 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
Para obtener dicha condición deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 18 
al 29 del Reglamento de la citada ley.
2.  Son actuaciones subvencionables:
a)  Los gastos directamente relacionados con los programas de realojo e inclusión 
social en los sectores cuatro, cinco y seis de la Cañada Real Galiana, conforme al 
siguiente reparto:
1.º  Sector 4, en territorio correspondiente a los términos municipales de Madrid y 
Rivas-Vaciamadrid: 30 % de los fondos del presente real decreto.
2.º  Sector 5, en territorio correspondiente a los términos municipales de Madrid y 
Rivas-Vaciamadrid: 35 % de los fondos del presente real decreto.
3.º  Sector 6, en territorio correspondiente al término municipal de Madrid: 35 % de  e.e
los fondos del presente real decreto. b
pisdooecrnciLateiolfnei ctsaaa njcetdieóse rna io ndart emes rebiloa oerssen  ssti,iae tquynuaudecnei t odasnemienbis eep rndárteoe qjs uue icemridoeea srdrug edlet eenq bcuiindaeea , csmceooescmnaiatroeli o  qac uocuernen sdalelei ctavuredeenacn  ocyani a jsuc isddateebiflroi ac daclioiadósgan n, s óaeds rtetvria cicvoliéoo esss     OE-A-2021-19able en https://
de informes de los servicios sociales correspondientes.
La fórmula de realojo o reubicación de las unidades familiares vendrá definida en 
función de:
1.ª  Unidades familiares residentes en la Cañada Real Galiana con anterioridad a 31 
de diciembre de 2011, incluidas como tal en el censo elaborado por los respectivos 
ayuntamientos en función de lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley 
de la Comunidad de Madrid 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana, que 
manifiesten su voluntad de ser incluidos en un proceso de realojo fuera de la Cañada en 
viviendas en régimen de propiedad y/o de arrendamiento social, y que se encuentren en 
situación de riesgo inminente por emergencia social, sanitaria o de seguridad que deba 
ser atendida de forma perentoria.
2.ª  Unidades familiares que hubieran fijado su residencia en la Cañada Real con 
posterioridad  a  31  de  diciembre  de  2011  y  se  encuentren  en  situación  de  riesgo 
inminente por emergencia social, sanitaria o de seguridad que deba ser atendida de 
forma perentoria.
En ambos casos, las circunstancias deberán ser reconocidas mediante el Informe 
vinculante de los servicios sociales municipales.
b)  No  serán  subvencionables  los  gastos  derivados  de  las  actuaciones  de 
seguimiento posterior de la inclusión social y vecinal de las familias realojadas que 
realicen los servicios sociales municipales, que deberán ser asumidos a través de los 
recursos propios de los respectivos ayuntamientos.
La  resolución  de  concesión  detallará  las  actuaciones  a  realizar  por  parte  del 
Ayuntamiento de Madrid y del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en virtud de lo 
establecido en el presente real decreto.
3.  Se  consideran  gastos  subvencionables  aquellos  que  respondan  de  manera 
indubitada a la finalidad de la subvención y hayan sido realizados durante el desarrollo 
del proyecto y pagados con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
4.  El Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid llevarán a 
cabo  las  actuaciones  contempladas  en  este  real  decreto,  con  el  alcance  que  se 
determine en la resolución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 28.1 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 4.  Cuantía y financiación de la subvención.
1.  El importe de la subvención será de cinco millones de euros (5.000.000,00 
euros), que se financiarán con cargo al presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030 para el año 2021.
Los fondos de esta subvención se asignarán conforme al siguiente reparto:
a)  60 % para programas de realojo e inclusión social que realice el Ayuntamiento 
de Madrid, por un total de tres millones de euros (3.000.000,00 euros).
b)  40 % para programas de realojo e inclusión social que realice el Ayuntamiento 
de Rivas-Vaciamadrid, por un total de dos millones de euros (2.000.000,00 euros).
2.  Los Ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid podrán complementar los 
programas  de  realojo  e  inclusión  social  financiables  con  cargo  a  la  dotación 
presupuestaria contemplada en el presente real decreto con recursos propios de acuerdo 
a su capacidad de gasto. es
Artículo 5.  Compatibilidad con otras subvenciones. 803www.
recu1r.s osE pstrao cseudbevnetensc iódne  sceuraále scqoumiepraat ibaldem cinoins troatrcaiosn esus bov eenncteiosn epsú,b laicyousd aos ,p riinvgardeosso,s d eo 
la  Unión  Europea  o  de  organismos  internacionales,  siempre  que  la  suma  de  las
aportaciones recibidas, incluida la que se regula en el presente real decreto, no supere el 
coste total de la actividad subvencionada.
2.  La  percepción  de  estas  otras  ayudas  deberá  ponerse  en  conocimiento  del 
órgano  instructor  en  el  momento  en  que  se  produzca,  ya  sea  antes  o  durante  la 
ejecución de las actuaciones, aportando la correspondiente resolución de concesión.
Artículo 6.  Procedimiento de concesión.
1.  Se autoriza la concesión directa de esta subvención por concurrir razones de 
interés  público,  social,  económico  y  humanitario  en  aplicación  de  lo  previsto  en  el 
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con lo establecido en 
el artículo 28.2 y 3 de dicha ley y en el artículo 67 de su Reglamento.
2.  El  procedimiento  se  iniciará  de  oficio  por  el  centro  gestor  del  crédito 
presupuestario  al  que  se  imputa  la  subvención,  la  Secretaría  de  Estado  para  la 
Agenda 2030, que será también el órgano instructor y terminará con una resolución de 
concesión,  dictada  por  la  persona  titular  del  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y 
Agenda 2030 o persona en quien delegue, en la que se determinará el objeto, las 
actuaciones concretas subvencionables, el crédito presupuestario, la cuantía, el régimen 
de pago, el plazo y forma de justificación de la aplicación de la subvención. Asimismo, se 
designará a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 como órgano encargado de 
realizar el seguimiento de las actividades objeto de la subvención.
La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Contra dicha resolución 
cabrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, ante el mismo órgano que los 
hubiera dictado, o bien impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de acuerdo a lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
3.  Con  carácter  previo  al  cobro  de  la  subvención,  los  beneficiarios  deberán 
presentar  declaración  responsable  de  estar  al  corriente  del  cumplimiento  de  sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 18, 19 y 24.6 del ya citado Reglamento de desarrollo de la Ley General de 
Subvenciones.
4.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de quince días desde 
la fecha de inicio del procedimiento.
5.  Una vez aprobado,  este  real  decreto, así como la  resolución de concesión 
subsiguiente, se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en 
el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Artículo 7.  Pago de la subvención.
1.  El pago tendrá el carácter de pago anticipado, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que se efectuará con la resolución 
de concesión.
2.  No será preciso que las entidades beneficiarias presenten garantía en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 42.2.d) del Reglamento de la citada ley, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3.  El pago se efectuará en un único plazo y mediante transferencia bancaria, a cuyo  es
efecto la entidad beneficiaria directa habrá de tener reconocida, previamente, una cuenta  bo
bancaria ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. 803ww
debe4r. ánC porne secnatraárc tlae rd opcruemvioe natal cicóonb irnod idcaed ala e ns uebl vaertníccuiólon ,6 .l3a sd eel nptrideasednetse  rbeeanl edfeicciareritaos.
Artículo 8.  Obligaciones de los beneficiarios.
1.  El Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid quedan 
sujetos  a  las  obligaciones  establecidas  en  el  artículo  14  y  concordantes  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las que resulten de este real decreto.
2.  En  todas  las  actuaciones  que  se  realicen  al  amparo  de  esta  subvención, 
incluyendo toda documentación o publicación de cualquier índole y soporte, así como 
aquellas actuaciones de comunicación, visibilidad y publicidad, deberá hacerse constar 
que son financiadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, utilizándose 
a estos efectos el logotipo oficial del departamento.
3.  La  resolución  de  concesión  concretará  las  mencionadas  obligaciones  y  en 
particular detallará el modo en que se les dará cumplimiento.
Artículo 9.  Plazo de ejecución.
1.  El plazo de ejecución de los programas de realojo será de once meses a partir 
de la publicación de la resolución de concesión.
2.  Se considerará gasto realizado el que se lleve a cabo dentro del período de 
ejecución  y  sea  efectivamente  pagado  durante  el  mismo  o  durante  el  período  de 
justificación.
Artículo 10.  Justificación.
1.  El Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid tienen, 
respectivamente, la obligación de justificar, en tiempo y forma, la realización de las 
actuaciones  objeto  de  este  real  decreto  y  el  cumplimiento  de  la  finalidad  que 
determinaron la concesión de la ayuda, a través de la presentación de una memoria 
firmada que incluirá las actuaciones desarrolladas y el cumplimiento de la finalidad de la 
subvención, así como un certificado de su Intervención relativo a la totalidad de los 
gastos efectuados y pagados como consecuencia de la misma.
Asimismo, justificarán el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución 
de  los  objetivos  previstos  en  este  real  decreto  adoptando  la  modalidad  de  cuenta 
justificativa con aportación de justificantes de gasto, de acuerdo con los artículos 69, 72 
y 73 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Los documentos a los que se refiere el apartado anterior deberán presentarse 
por cada entidad beneficiaria ante la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 del 
Ministerio  de  Derechos  Sociales  y  Agenda  2030,  como  órgano  encargado  del 
seguimiento de la subvención.
3.  El plazo de presentación de la justificación final será de un mes a contar desde la 
finalización del período de ejecución de la subvención.
4.  El Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid asumen el 
cumplimiento de las obligaciones relativas a la justificación de las obligaciones públicas 
que se establecen en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5.  Si vencido el plazo de justificación alguna de las entidades beneficiarias no 
hubiese presentado los correspondientes documentos, se le requerirá para que los 
aporte en el plazo de quince días, comunicándole que, transcurrido el mismo sin atender 
el  requerimiento,  se  entenderá  incumplida  la  obligación  de  justificar  con  las 
consecuencias previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en su Reglamento, y en 
los artículos 11 y 12 del presente real decreto. s
6.  El  incumplimiento  de  la  obligación  de  justificación  de  la  subvención  en  los  oe.
términos de tiempo y forma exigidos, así como la insuficiente justificación de la misma  w.
ellesvtaa7br.ál e caEidpnoa e reel njsa uedplo ua eretsílc tour eldoine 1t er2eg.mroa, nteontatel s on op aaprcliicaal,d odse,  alas í acyoumdoa ,d es elogsú nin teerl epsreosc deedrimivaiednotos   2021-19803n https://ww
de los mismos, las entidades beneficiarias deberán aportar la carta de pago de reintegro
conforme a lo previsto en el artículo 72.2.g) de ya citado Reglamento de desarrollo de la 
Ley General de Subvenciones.
Artículo 11.  Actuaciones de comprobación y control.
1.  El Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, además de 
someterse  a  los  procedimientos  de  comprobación  que  determine  el  Ministerio  de 
Derechos  Sociales  y  Agenda  2030,  deberá  de  someterse  a  cualesquiera  otras 
actuaciones que puedan realizar los órganos de control competentes, en particular, al 
control financiero de la Intervención de la Administración General del Estado y al control 
fiscalizador del Tribunal de Cuentas.
2.  El Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid deberán 
conservar toda la documentación original, justificativa y de aplicación de los fondos 
recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y control.
Artículo 12.  Incumplimientos y reintegros.
1.  Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y,  en  su  caso,  de  los 
intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  En el supuesto de cumplimiento parcial de la actividad, la fijación de la cantidad 
que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, 
y  teniendo  en  cuenta  el  hecho  de  que  el  citado  cumplimiento  se  aproxime 
significativamente al cumplimiento total y se acredite por la entidad beneficiaria una 
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
3.  El procedimiento de reintegro se regirá de conformidad con los artículos 41 a 43 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y por lo dispuesto en el título III capítulo II de su 
Reglamento.
4.  El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el 
concedente de la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 13.  Régimen sancionador.
Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas, se graduarán y sancionarán 
de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en 
el título IV de su Reglamento.
Artículo 14.  Protección de datos.
Las  entidades  beneficiarias  de  esta  subvención  respetarán  el  Reglamento  (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos; la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  derechos  digitales;  y  la  normativa 
complementaria en la ejecución de lo previsto en este real decreto.
Disposición final primera.  Título competencial. e.e
Los artículos de este real decreto se dictan al amparo del artículo 149.1.1.ª de la  803ww
Credeneog ln ueasllar ttiectíucjieóucrnilcóo idn c1e io4 E l9ads.s1ep . ac1looñ3nso.ª dla diqc,e uiroeqen ucerheeso c sboe ánsysot aicecbenal e sleac qle  ucc oeulma mg papcerlioatmemnnitepiccneieattone e  nldxacec iai lgul ousesaiv xldadca eluddbse eidlv reeEa s st otdcadeodolno ss  Eetloisntust a cmediosaonpt eaaerlñienaos  l;de laeys     OE-A-2021-19able en https://
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, así como del
artículo 149.1.23.ª que reconoce la competencia exclusiva del Estado en materia de 
legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de 
las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 30 de noviembre de 2021.
FELIPE R.
La Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030,
IONE BELARRA URTEAGA