BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Martes 22 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 21422
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2822 Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la 
registradora de la propiedad de Bilbao n.º 13, por la que se suspende la 
inscripción  de  un  acta  de  protocolización  de  un  cuaderno  particional  de 
herencia.
En el recurso interpuesto por doña Lorena Lamana Riesco, notaria de Bilbao, contra 
la calificación de la registradora de la Propiedad de Bilbao número 13, doña Celia 
Mencía Criado, por la que se suspende la inscripción de un acta de protocolización de un 
cuaderno particional de herencia.
Hechos
I
Mediante acta autorizada el día 10 de marzo de 2021 por la notaria de Bilbao, doña 
Lorena Lamana Riesco, se protocolizaba el cuaderno particional respecto de la herencia 
de doña M. L. C. E., que fue aprobado el día 25 de noviembre de 2020 por el Juzgado de 
Primera Instancia número 7 de Bilbao en autos de división de herencia. Dicha acta la 
otorgaba uno de los herederos, don J. M. C. E., de quien se indicaba que es de vecindad 
civil vasca y local vizcaína aforada, y otra persona que intervenía como representante 
verbal de otras dos herederas, una de ellas doña M. L. C. E., quien, según se expresaba, 
era casada y con domicilio en Madrid, sin que se indicase cuál es su vecindad civil. Esta 
heredera, mediante escritura otorgada el día 15 de marzo de 2021 ante el notario de 
Madrid, don Rafael de la Fuente García, ratificó en todos sus términos el acta referida, 
indicando también en esta escritura que estaba casada y era «vecina de Madrid, con 
domicilio en calle (…)».
II
Presentada el día 30 de junio de 2021 la referida acta en el Registro de la Propiedad 
de Bilbao número 13, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Calificada la escritura otorgada ante el Notario de Bilbao Lorena Lamana Riesco el 
día  10/05/2021  con  el  número  de  protocolo  420/2021,  que  fue  presentado 
telemáticamente a las once horas y veintiocho minutos del día 30/06/2021, asiento 44 del 
diario 79, se observa el siguiente defecto subsanable:
No se hace constar el régimen económico matrimonial de Doña M. L. C., necesario 
para la constancia del régimen de administración y disposición a que han de quedar 
sujetos los bienes, según indica el artículo 51.9.a del Reglamento Hipotecario.
Queda prorrogado el asiento de presentación por 60 días, a partir de la presente 
notificación. es
De conformidad con lo dispuesto en el art.º de la Ley 323 Hipotecaria, el interesado,  o
edle anrtLtr.aoº   pd4re2e .l9sae  dvneitge lea cn aLcleiiafyi c dHaecipli óaonste ipeconadtroira ád. e(… p)resentación, puede solicitar la anotación prevista en  2022-2822n https://www.
firmaBdilob aoco an  feficrmhaa  qeulee csteró innidciac ac au acliofinctainduaa cpióonr . CEel lriae giMsterandcoíar.  ECsritaed doo creugmisetnratod ohra/a s iddeo   BOE-A-cable e
Registro Propiedad de Bilbao 13 a día veintiuno de octubre del dos mil veintiuno.»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña Lorena Lamana Riesco, notaria de 
Bilbao, interpuso recurso el día 22 de noviembre de 2021 en el que alegaba lo siguiente:
«I. El asunto de fondo del recurso versa acerca de la necesidad de hacer constar 
tratándose de un heredero casado el régimen económico matrimonial de su matrimonio, 
lo  que  exige  la  registradora  fundamentando  escuetamente  esta  exigencia  en  el 
artículo 51.9.a del reglamento Hipotecario.
Señala el precepto citado por la Sra. Registradora que “La persona a cuyo favor se 
practique la inscripción y aquélla de quien proceda el bien o derecho que se inscriba se 
determinarán conforme a las siguientes normas: a) Si se trata de personas físicas, se 
expresarán el nombre y apellidos (...) si el sujeto es soltero, casado, viudo, separado o 
divorciado y, de ser casado y afectar el acto o contrato que se inscriba a los derechos 
presentes o futuros de la sociedad conyugal, el régimen económico matrimonial y el 
nombre y apellidos y domicilio del otro cónyuge”.
Del mismo modo señala el artículo 159 del reglamento Notarial en su párrafo tercero 
que “Si el otorgante fuere casado, separado judicialmente o divorciado, y el acto o 
contrato afectase o pudiese afectar en el futuro a las consecuencias patrimoniales de su 
matrimonio actual, o en su caso, anterior, se hará constar el nombre y apellidos del 
cónyuge  a  quien  afectase  o  pudiese  afectar,  así  como  el  régimen  económico 
matrimonial”.
II. Teniendo  en  cuenta  los  anteriores  preceptos  legales,  para  que  deba  hacer 
constar el régimen económico matrimonial del otorgante es necesaria la premisa de que 
el acto en cuestión afecte o pueda afectar a los derechos presentes o futuros de la 
sociedad conyugal.
III. Esta cuestión ha sido abordada en diversas ocasiones por la Dirección General 
de Seguridad Jurídica y Fe Pública, así en resolución de 27 de abril de 1999 el Centro 
Directivo dispone “...en el caso de adquisiciones mortis causa ha de partirse de la base 
de que las mismas no afectan a los derechos presentes o futuros de la sociedad 
conyugal, quedando encuadradas en la excepción a la aplicación de aquella exigencia 
del artículo 51.9 del Reglamento Hipotecario, del mismo modo que el artículo 159 del 
Reglamento Notarial, que al regular la comparecencia impone que conste el estado civil, 
tan solo exige la constancia del nombre y apellidos del cónyuge en el supuesto de que el 
acto o contrato afectare a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal.” 
Podría pensarse que de alguna forma quiere la Sra. Registradora que quede constancia 
del régimen de administración y disposición de los bienes heredados para el hipotético 
supuesto  de  que  el  matrimonio  de  la  otorgante  estuviera  sujeto  a  un  régimen  de 
comunicación universal; sin embargo, ni parece que del resto de las circunstancias 
personales de la otorgante pueda llegarse a tal conclusión, y aunque así fuere, la 
resolución citada continúa señalando que “Caben, ciertamente, supuestos excepcionales 
en los que por ley o pacto exista entre los cónyuges una comunidad de tipo universal, 
pero precisamente por ese carácter han de ser objeto del mismo tratamiento, de suerte 
que es lo excepcional lo que ha de declararse y no la exclusión de lo ordinario”.
De Resolución de fecha 16 de julio de 2009 se desprende que la expresión tanto del 
nombre del cónyuge del adquirente de bienes a título hereditario como del régimen 
económico-matrimonial de los mismos, tan sólo es preceptiva en los casos en que 
concurra el cónyuge en la aceptación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 995  es
del Código Civil, al referirse –a contrario– a la eventual responsabilidad que afecta al  bo
patrimonio conyugal en las hipótesis de aceptación sin beneficio de inventario si concurre  22ww
ePlú cbóYElinc nyap ui oddgrée eún  flatetiic cmloaho  asa  elc5ane  dtpRiedtea omsc oliaóalu nrRzc.oieó sdnoe ld u2ec0 ió22n10  .ddee  lsae Dptirieemccbióren  dGee neestrea l mdeis mSeog auñriod,a sdi  Jbuierínd iecan  ye sFtee   OE-A-2022-28able en https://
caso  existía  un  matiz  en  relación  a  un  posible  derecho  expectante  de  viudedad
aragonés, la Dirección General llega a la misma conclusión, si bien indica que puede ser 
una buena práctica notarial la constancia del nombre y apellidos del cónyuge de quien 
adquiere  por  herencia,  pero  que  no  puede  ser  determinante  de  una  calificación 
suspensiva del título.»
IV
Mediante escrito, de fecha 2 de diciembre de 2021, la registradora de la Propiedad 
emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, apartados 2 y 3, 12, apartado 6, 14 y 16 del Código Civil; 11 de 
la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco; 36, 51.9.ª y 117 del Reglamento 
Hipotecario; 159 del Reglamento Notarial; las Resoluciones de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado de 2 de octubre de 1998, 27 de abril de 1999, 22 de marzo 
de 2001, 15 de junio y 16 de julio de 2009, 14 de abril de 2010, 26 de enero y 20 de 
diciembre de 2011, 27 de febrero de 2013, 2 de febrero y 6 de mayo de 2015 y 12 de 
diciembre de 2017, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública de 5 de marzo de 2020 y 21 de septiembre de 2021.
1. Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  un  acta  de 
protocolización de operaciones particionales de herencia, otorgada en Bilbao el día 10 de 
marzo de 2021, en la que concurren las circunstancias siguientes: se protocoliza el 
cuaderno particional respecto de la herencia de doña M. L. C. E., que fue aprobado el 
día 25 de noviembre de 2020 por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Bilbao en 
autos de división de herencia. Dicha acta la otorga uno de los herederos, don J. M. C. E., 
de quien se indica que es de vecindad civil vasca y local vizcaína aforada, y otra persona 
que interviene como representante verbal de otras dos herederas, una de ellas, doña M. 
L. C. E., quien, según se expresa, es casada y con domicilio en Madrid, sin que se 
indique cuál es su vecindad civil. Esta heredera, mediante escritura otorgada el día 15 de 
marzo de 2021 ante el notario de Madrid, don Rafael de la Fuente García, ratificó en 
todos sus términos el acta referida, indicando también en esta escritura que está casada 
y es «vecina de Madrid, con domicilio en calle (…)».
La registradora señala como defecto que no se hace constar el régimen económico-
matrimonial de la heredera casada, doña M. L. C. E., que considera necesario para la 
constancia del régimen de administración y disposición a que han de quedar sujetos los 
bienes,  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  51.9.ªa)  del  Reglamento 
Hipotecario.
El notario recurrente alega que la expresión tanto del nombre del cónyuge del 
adquirente de bienes a título hereditario como del régimen económico-matrimonial de los 
mismos,  tan  sólo  es  preceptiva  en  los  casos  en  que  concurra  el  cónyuge  en  la 
aceptación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 995 del Código Civil, al referirse 
–a contrario– a la eventual responsabilidad que afecta al patrimonio conyugal en las 
hipótesis  de  aceptación  sin  beneficio  de  inventario  si  concurre  el  cónyuge  a  la 
aceptación.
Debe decidirse, por tanto, si en el título calificado, de manifestación y adjudicación de 
herencia aceptada pura y simplemente, siendo una de las herederas casada, es o no 
necesario expresar el nombre del cónyuge y el régimen económico-matrimonial de tal  e.
heredera. w.b
2. La cuestión objeto de debate ha sido resuelta por este Centro Directivo en sus  22ww
dRee smoalurzcoio ndees 2 d0e2 02 7y  d2e1  adber sil edpet ie1m99b9r ey  d1e6  2d0e2 j1u.lio de 2009, ambas reiteradas por las de 5
físicSase,g úsen  eexl parertsícaurálon  5e1l .n9o.ªmab) rdee yl  aRpeeglllaidmose;n teol  dHoicpuomteecnatroio ,n a«csiio nsael  dtrea tiad edneti dpaedr;s osin eass 
mayor de edad o, en otro caso, la edad que tuviera, precisando, de estar emancipado, la
causa; si el sujeto es soltero, casado, viudo, separado o divorciado y, de ser casado y 
afectar el acto o contrato que se inscriba a los derechos presentes o futuros de la 
sociedad conyugal, el régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos y domicilio 
del  otro  cónyuge;  la  nacionalidad  y  la  vecindad  civil  del  sujeto  si  se  acreditan  o 
manifiestan; y el domicilio con las circunstancias que lo concreten»; y, según el 159 del 
Reglamento Notarial, «si el otorgante fuere casado, separado judicialmente o divorciado, 
y  el  acto  o  contrato  afectase  o  pudiese  afectar  en  el  futuro  a  las  consecuencias 
patrimoniales de su matrimonio actual, o en su caso, anterior, se hará constar el nombre 
y  apellidos  del  cónyuge  a  quien  afectase  o  pudiese  afectar,  así  como  el  régimen 
económico matrimonial».
Según la primera de las citadas Resoluciones, «en el caso de adquisiciones mortis 
causa ha de partirse de la base de que las mismas no afectan a los derechos presentes 
o  futuros  de  la  sociedad  conyugal,  quedando  encuadradas  en  la  excepción  a  la 
aplicación de aquella exigencia del artículo 51.9 del Reglamento Hipotecario, del mismo 
modo que el artículo 159 del Reglamento Notarial, que al regular la comparecencia 
impone que conste el estado civil, tan solo exige la constancia del nombre y apellidos del 
cónyuge en el supuesto de que el acto o contrato afectare a los derechos presentes o 
futuros de la sociedad conyugal. Caben, ciertamente, supuestos excepcionales en los 
que por ley o pacto exista entre los cónyuges una comunidad de tipo universal, pero 
precisamente por ese carácter han de ser objeto del mismo tratamiento, de suerte que es 
lo excepcional lo que ha de declararse y no la exclusión de lo ordinario».
De la Resolución de 16 de julio de 2009 resulta que la expresión tanto del nombre del 
cónyuge del adquirente de bienes a título hereditario como del régimen económico-
matrimonial de los mismos, tan sólo es preceptiva en los casos en que concurra el 
cónyuge en la aceptación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 995 del Código 
Civil, al referirse a la eventual responsabilidad que afecta al patrimonio conyugal en las 
hipótesis  de  aceptación  sin  beneficio  de  inventario  si  concurre  el  cónyuge  a  la 
aceptación.  Ello  sin  perjuicio  de  la  gestión  o  responsabilidad  de  la  sociedad  de 
gananciales  respecto  del  patrimonio  privativo  de  un  consorte,  en  cuanto  quedaría 
incluido en la obligación de mutua información de los esposos y cogestores, conforme al 
artículo 1383 del Código Civil al igual que ocurre en los patrimonios privativos de otra 
procedencia.
En el supuesto concreto de este expediente, efectivamente, no concurre el cónyuge 
en  la  aceptación;  por  tanto,  la  adquisición  hereditaria  formalizada  no  afecta  a  los 
derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal, quedando encuadrada en la 
excepción a la aplicación de la exigencia a que se refieren los artículos 51.9.ª del 
Reglamento Hipotecario y 159 del Reglamento Notarial.
3. Alega el recurrente la Resolución de un supuesto semejante, pero con herederos 
con vecindad civil de Aragón (Resolución de 21 de septiembre de 2021). En aquel caso, 
resolvió este Centro Directivo que no era precisa la mención del régimen económico-
matrimonial, con las siguientes consideraciones:
«(…) cuál sea el régimen económico matrimonial y el cónyuge en el momento de 
adquisición,  como  se  ha  dicho  antes,  son  irrelevantes.  Tales  circunstancias  son 
relevantes exclusivamente al enajenar el bien y si no se produce la intervención del 
cónyuge. En el Registro solo se deberá publicar que queda a salvo el derecho del 
cónyuge que no ha intervenido, que es la consecuencia legal establecida para ese 
supuesto –283.1 de Derecho civil Foral aragonés–. Ningún beneficio se obtiene porque  s
el Registro publique esos datos al tiempo de la adquisición. e.
En consecuencia, el derecho expectante de viudedad no es un derecho inscribible y,  w.
por tanto, no es preciso que en la escritura en la que se acepta la herencia se indique el  22ww
mréogmimeennto  edceo nlaó meincaoj emnaactrióimn odneial lb iye ne lc unaonmdbor ee l deenla jceónnaynutgee d edbeel ráh edreedclearroa.r  Ssue rráé geimn eenl 
heacocen ófmalitcao -lam aintrtiemrvoenniacli óyn  lad eid éesntteid apda rdae el vciótanry uqguee,  eclo nb ieenl  fqinu eddee q suuej esteo  pau esud au ssaubfreurc tsoi   BOE-A-cable e
vidual si sobrevive al enajenante y, en su caso, expresar las consecuencias de la 
ausencia de la intervención.
8. La omisión de la constancia de la identidad del cónyuge por tanto no puede ser 
defecto que impida la inscripción, pues no está expresamente exigida en ninguna norma 
específica y el derecho expectante no es en sí mismo un derecho inscribible. Sin 
perjuicio de que su constancia sea conveniente para la seguridad del tráfico y para la 
protección de los derechos de las personas implicadas en un triple aspecto:
a) Para el cónyuge del titular del dominio del inmueble, esto es, del favorecido por 
el derecho expectante, porque, al constar su identidad, se asegura la defensa de su 
derecho en tanto dure el matrimonio. Así, por ejemplo, en caso de producirse por parte 
de su cónyuge un acto dispositivo sin su consentimiento, el acto sería inscribible con la 
reserva expresa del derecho expectante a favor del cónyuge que no ha consentido la 
transmisión. La reserva sólo se materializará en un usufructo de viudedad si: (i) el 
cónyuge  no  lo  renuncia  expresamente  en  un  momento  posterior;  (ii)  el  cónyuge 
sobrevive a su consorte, y (iii) no hay una separación o divorcio antes del fallecimiento 
del cónyuge.
b) Para el propio titular del dominio privativo del inmueble, pues se da a conocer 
que su cónyuge tiene un derecho expectante no renunciado y que está protegido. Esta 
circunstancia, sirve de «aviso» a los acreedores del cónyuge titular del inmueble, lo que 
conlleva que no sea infrecuente que en un momento posterior los cónyuges pacten en 
capítulos matrimoniales postnupciales la renuncia genérica a su derecho expectante –y 
no necesariamente también al de viudedad (artículo 272.2 del Código de Derecho civil 
Foral de Aragón)– sobre los bienes privativos del otro cónyuge, y que el titular del 
dominio privativo quiera hacer constar esa renuncia, pues así consigue acreditar que 
dichos bienes no están sujetos a las limitaciones que se derivan de la existencia del 
derecho expectante y, con ello, se consigue evitar, en muchas ocasiones, que en los 
préstamos personales o hipotecarios se exija por el prestamista la firma del cónyuge 
titular, e incluso en muchos casos la responsabilidad solidaria de los dos cónyuges, 
exigencia  que  en  muchas  ocasiones  viene  derivada  de  la  existencia  del  derecho 
expectante.
c) Pero, sin duda, la mayor aportación a la seguridad del tráfico se manifiesta en 
materia de ejecuciones forzosas de bienes privativos. Contrariamente a lo que sucede en 
el derecho común, en el que cuando se ejecutan deudas privativas sobre bienes también 
privativos del único cónyuge deudor, el cónyuge no deudor no necesita como norma 
general ser notificado, en derecho aragonés sobre dichos bienes privativos el cónyuge 
no deudor tiene un derecho expectante de viudedad, y como consecuencia de ello, 
ostenta el derecho a ser notificado de la ejecución para, en su caso, hacer constar su 
voluntad a la subsistencia del derecho expectante de viudedad aun en el caso de que la 
ejecución termine con la venta forzosa a un tercero.
En Derecho común, en las ejecuciones por deudas privativos contra bienes privativos 
del deudor, nada hay que notificar al cónyuge no deudor –con excepción del supuesto de 
vivienda familiar– pues el cónyuge del deudor ni es deudor ni tiene derecho alguno sobre 
los bienes privativos. Por el contrario, en el caso de inexistencia o insuficiencia de bienes 
privativos, la ejecución se dirige contra los bienes comunes, y entonces será necesario 
que el cónyuge no deudor sea notificado (artículos 541 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y 144 del Reglamento Hipotecario) para que pueda defender sus derechos e incluso 
solicitar la liquidación de la sociedad conyugal. Y, además, de acuerdo con la doctrina de  e.e
este Centro Directivo (entre otras muchas, Resolución de 5 de octubre de 2001) no basta  w.b
con que el órgano que ordena la anotación de embargo ponga de manifiesto que se ha  22ww
anpoetiflliicdaodso p «aaral  cnóon cyoungceu dlcealr  deel updrionrc»i psioin doe q euxec lduesbióen  iddeen latif iicnadresfee nas iéósnt.e con su nombre y
del nPoomdebmreo ys  acopnecllilduoirs p doer l tacónntoy uqguee  qpuuee daed qsueire uren ae lb iunemnuae bplreá cptoicra h neoretanrciaial ,l ap acroan fsatacinlictaiar 
la identificación del titular del derecho expectante, aunque –como ya se ha visto– su
omisión  no  sea  determinante  de  una  calificación  suspensiva  del  título,  pues  tal 
expectativa no genera propiamente un derecho real inscribible en su favor.»
4. En el supuesto concreto de este recurso, no se indica en el acta, formalizada en 
Bilbao, ni en la escritura de ratificación, otorgada en Madrid, que la otorgante tenga 
vecindad civil vasca, a diferencia de lo que se especifica respecto del otro heredero que 
ha instado la referida acta.
La cuestión referente a la determinación de la ley aplicable a la sucesión, así como la 
determinación del régimen económico matrimonial legal en el ámbito del Derecho civil 
vasco, plantea gran complejidad, pues, tras la promulgación de la Ley 5/2015, de 25 de 
junio, de Derecho Civil Vasco, cuya entrada en vigor se produjo a los tres meses de su 
publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (de 3 de julio de 2015), se ha producido 
una ampliación del ámbito de aplicación a todo el País Vasco, salvo determinadas 
materias  que  únicamente  son  aplicables  a  determinados  territorios  o  vecinos  de 
determinados territorios, por lo que en dicha regulación se diferencian los conceptos de 
vecindad civil vasca y vecindad civil local que, conforme al artículo 10.2 «la vecindad civil 
vasca o la vecindad civil local cuando sea preciso aplicarla, se adquieren, se conservan y 
se  pierden  conforme  a  las  normas  contenidas  en  el  Código  Civil,  sin  perjuicio  del 
principio de territorialidad en materia de bienes troncales».
Esta complejidad en la determinación de la vecindad civil vasca, la vecindad civil 
local, la determinación de la ley aplicable a la sucesión, o la determinación de la ley 
aplicable al régimen económico matrimonial, sin olvidar la problemática de la troncalidad, 
ha determinado que el legislador atribuya al notario autorizante el encargo de asesorar y 
resolver estas complejas cuestiones.
Por ello, el artículo 11 de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, 
determina:  «Constancia  de  la  vecindad  civil.  En  los  instrumentos  públicos  que  se 
otorguen en la Comunidad Autónoma del País Vasco se hará constar la vecindad civil 
vasca y la vecindad civil local del otorgante y cuando pueda afectar a las disposiciones 
que se otorguen o sus efectos, también el régimen de bienes que rija su matrimonio o 
pareja de hecho. En caso de duda, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la 
vecindad civil es la que corresponda al lugar del nacimiento, y el régimen de bienes, el 
que se considere legal en el último domicilio común, y, a falta de domicilio común, el del 
lugar de celebración del matrimonio o el de separación de bienes si se trata de parejas 
de hecho».
Debe  tenerse  en  cuenta  la  diversidad  de  regímenes  económico-matrimoniales 
legales supletorios existentes en el País Vasco, además de los problemas de derecho 
transitorio, como consecuencia de la promulgación de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de 
Derecho Civil Vasco.
El  artículo  127  de  esta  ley:  «1.  A  falta  de  capitulaciones  o  cuando  resulten 
insuficientes  o  nulas,  el  matrimonio  se  regirá  por  las  normas  de  la  sociedad  de 
gananciales  establecidas  en  el  Código  Civil.  2.  Cuando  ambos  contrayentes  sean 
vecinos de la tierra llana de Bizkaia, de Aramaio o Llodio, el matrimonio se regirá, a falta 
de pacto, por el régimen que se regula en el capítulo segundo de este título III. 3. 
Cuando sólo uno de los cónyuges tenga vecindad civil en la tierra llana de Bizkaia, en 
Aramaio o en Llodio, regirá, a falta de pacto, el régimen de bienes correspondiente a la 
primera residencia habitual común de los cónyuges, y a falta de ésta, la que corresponda 
al lugar de celebración del matrimonio».
Ante  esta  complejidad  se  explica  que  el  artículo  11  determine  que  en  los  s
instrumentos públicos que se otorguen en la Comunidad Autónoma del País Vasco se  e.
haga constar la vecindad civil vasca y la vecindad civil local del otorgante y cuando  w.
pueda afectar a las disposiciones que se otorguen o sus efectos, también el régimen de  22ww
bienCeise rqtuaem reijnat es,u  smi aster imtraotnaiora o d pea roetjoar gdaen htee cchoon. vecindad civil vasca y del régimen de
cLoemy u5n/2ic0a1c5i,ó dne  f2o5ra dl,e  hjuanbiroí,a d eq uDee rteocmhoa rC  eivnil  Vcaosncsoid, edrisapcoiónne  eqnu es ue al paarrttíacduolo 1  1q3u5e  «deen  llaa   BOE-A-cable e
comunicación foral, los actos de disposición de bienes requerirán el consentimiento de
ambos cónyuges. Si uno de los cónyuges se negara a otorgarlo, podrá el juez autorizar 
la disposición si lo considera de interés para la familia».
Ahora bien, en el presente caso –en el que como se ha expuesto, no se indica que la 
heredera  tenga  vecindad  civil  vasca–,  deben  aplicarse  las  consideraciones  de  las 
referidas Resoluciones de este Centro Directivo de 27 de abril de 1999, 16 de julio 
de 2009, 5 de marzo de 2020 y 21 de septiembre de 2021, de modo que debe partirse de 
la  base  de  que  la  adjudicación  de  herencia  formalizada  no  afecta  a  los  derechos 
presentes o futuros de la sociedad conyugal, toda vez que no se ha declarado que se 
trate del supuesto excepcional en que por ley o pacto exista entre la heredera y su 
cónyuge  una  comunidad  foral  de  bienes.  No  obstante,  será  posteriormente,  en  el 
momento de la realización de actos dispositivos sobre el bien adquirido por herencia, 
cuando deberá tenerse en cuenta el régimen económico-matrimonial del heredero, algo 
que, sin duda, quedará facilitado si, según una buena práctica notarial se hace constar el 
régimen económico-matrimonial y el nombre y apellidos y domicilio del otro cónyuge en 
los términos expresados en el citado el artículo 51.9.ª a) del Reglamento Hipotecario, 
invocado por la registradora en la calificación impugnada, aunque en el presente caso, 
dadas las especiales circunstancias del caso, su omisión no sea determinante de una 
calificación suspensiva del título.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar la 
calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 2 de febrero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.