BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 309 Miércoles 25 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 104625
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
14912 Resolución  de  5  de  noviembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación de la registradora de la propiedad de Talavera de la Reina n.º 3, 
por la que se deniega la expedición de notas simples sobre varias fincas.
En el recurso interpuesto por doña A. I. F. S. contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Talavera de la Reina número 3, doña María Elena López 
López,  por  la  que  se  deniega  la  expedición  de  notas  simples  sobre  varias  fincas 
radicantes en la demarcación de dicho Registro.
Hechos
I
El 12 de junio de 2020, doña I. F. S., presenta en el Registro de Talavera número 3, 
cuatro instancias distintas solicitando notas simples de todas las fincas de las que fueran 
titulares cinco sociedades mercantiles  y  dos personas físicas alegando tener como 
interés legítimo el interponer acciones judiciales. Alega, además, ser beneficiaria del 
beneficio de justifica gratuita.
II
La solicitud de información registral fue objeto de la siguiente nota de calificación: 
María-Elena López López, registradora de la Propiedad, previo examen y calificación de 
la  petición  de  notas  simples,  ha  resuelto  denegar  dicha  petición  de  información, 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de derecho.
Hechos
1.  El documento que se presenta para justificar el beneficio de justicia gratuita, es una 
fotocopia, debiendo presentarse el documento original. En virtud del principio de legalidad, 
reconocido en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, tienen acceso al Registro los títulos que 
contengan los requisitos establecidos por la Ley. Siguiendo la reiterada doctrina de la 
Dirección General de Registros y del Notariado, hoy Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, las fotocopias de los documentos públicos, no tienen la consideración 
de documento público. Este principio de legalidad debe exigirse a toda documentación que 
acceda  al  Registro,  no  sólo  a  los  títulos  objeto  de  inscripción,  sino  también  a  los 
complementarios. Concretamente en este caso, también se aplica al documento en cuya 
virtud se solicita la reducción del Arancel por haber obtenido el beneficio de justicia gratuita. 
2.–No consta debidamente acreditado el interés legítimo para la solicitud de notas simples, 
en virtud de un procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales, alegando como 
interés legítimo entablar acciones judiciales y respecto del cual se ha obtenido el beneficio 
de justicia gratuita. En el presente caso, se solicita la expedición de notas simples de  s
manera indiscriminada, señalando como dato identificador, todas las fincas que tengan  oe.
varias empresas, lo que consultando los asientos de Registro, sumarían un total de 285  w.
fincas pertenecientes a distintos titulares. Por tanto, la solicitud de notas simples para  912ww
geantnaabnlacria laecsc, iosnoelicsi tajunddioci aaledse meáns  uenl  bperonceefidciimo iednet oj udsteic ialiq ugirdaatuciitóan,  sduep ounndar ías oecnie dtoatda l dlea 
enmumiseiórons daes  2re8s5o lnuoctioans essi,m cpolensfo. rCmoem ao  ltoie ndeis pdueecslatora dean  llao sD a.Grtí.cRu.Nlo.s  h2o2y1  Dy. G2.2S2.J  dye.F l.aP ,L eeny   BOE-A-cable e
Hipotecaria y 332 del Reglamento Hipotecario, el contenido del Registro solo se puede 
poner de manifiesto a quienes tengan un interés legítimo en conocer el estado de los 
inmuebles y dicho interés ha de justificarse ante el Registrador que es quien tiene que 
apreciar la legitimación del solicitante. El interés en conocer los asientos del Registro, debe 
ser conocido, directo y legítimo, con objeto de ajustar la publicidad a la finalidad para la que 
la institución registral está prevista. Así la DGRN hoy DGSJyFP, en Instrucción de 27 de 
enero de 1.999 en relación con el artículo 4.1 de la Ley orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, puso de manifiesto, en relación a la 
publicidad del registro que los datos suministrados deben ser adecuados, pertinentes y no 
excesivos con la finalidad para la que se solicita. En Resolución de la DGRN de 30 de mayo 
de 2.014, se puso de manifiesto que la calificación del Registro para apreciar el interés 
legítimo, no solo debe limitarse a la causa indicada en la instancia de solicitud de publicidad, 
sino que debe valorar el resto de los datos que se le proporcionen para requerir dicha 
información y poder apreciar la congruencia de la solicitud con el resto de las circunstancias. 
Así en el presente caso resulta difícil poder apreciar dicha congruencia en un procedimiento 
de  liquidación  de  una  sociedad  de  gananciales  con  la  petición  masiva  de  publicidad 
aportando como dato identificador los bienes que tengan un número de empresas para 
entablar acciones judiciales. Más bien, parece responder a una petición desbordada y sin 
control del contenido del Registro, amparándose en el beneficio de justicia gratuita, pero sin 
que previo examen del contenido del registro, se pueda apreciar relación alguna con el 
procedimiento de la liquidación de gananciales.3.–De manera que no puede apreciarse la 
congruencia entre el interés legítimo alegado que es entablar acciones judiciales en un 
proceso de liquidación de sociedad de gananciales con una petición indiscriminada de la 
publicidad y la aportación de la fotocopia en la que se ha obtenido el beneficio de justicia 
gratuita de fecha 5 de Diciembre de 2.018. 4.–Por otro lado, para poder hacer valer el 
beneficio  de justicia  gratuita  (además  de  presentar  el documento  auténtico  y  no  una 
fotocopia), es necesario que se den los requisitos del artículo 6.9 de la Ley 1/1996 y Real 
Decreto Ley 3/2013 de 22 de febrero y Ley 42/2015, es decir, que tengan relación directa 
con el proceso y sean requeridos por el Órgano judicial en el curso del mismo o sirvan para 
la fundamentación de la pretensión del beneficio de la justicia gratuita. Este artículo contiene 
una norma excepcional y por tanto debe ser interpretado de forma restrictiva, artículo 4 C.C. 
Conforme Resolución de la DGRN de 19 de Julio de 2.000, se resaltó la necesidad de que 
se cumplieran los requisitos del citado artículo 6.9, en decir, que estén en relación con el 
proceso o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario y sean requeridos 
por el órgano judicial. En el caso que nos ocupa, no se acompaña a la petición de 
publicidad, ningún documento judicial que justifique que dicha petición de 285 notas simples 
esté en relación con el proceso de liquidación de la sociedad de gananciales o que sirvan 
para  poder  fundamentar  en  el  juicio  la  pretensión  del  solicitante  en  relación  con  la 
liquidación  de  su  sociedad  de  gananciales.  Siendo  necesario  por  tanto,  este 
pronunciamiento judicial ya que la concurrencia de todas las circunstancias genera la duda 
fundada de si no estará utilizando la publicidad registral para fines distintos al proceso para 
el que obtuvo dicho beneficio.
Fundamentos de derecho
Resoluciones DGRN de 12 de mayo de 1.998, 8 de enero de 2.002, 9 de mayo 
de 2.003, 15 de julio de 2.009, 5 de diciembre de 2.018 y 3 de octubre de 2.019. 
Artículos  3  y  18  de  la  Ley  Hipotecaria  y  concordantes  de  su  Reglamento.  -Ley 
orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal,  e
artículos  4,  6,  9,  11,  15  y  18.  Artículos  221  y  siguientes  de  la  Ley  Hipotecaria,  bo
Artículo 332 y siguientes del Reglamento Hipotecario, Instrucción de la DGRN de 5 de  912ww
fdeeb rseerpot ideem 1b.r9e8 7d,e  R2e.0so1l3u,c 1ió6n  ddee  s1e1p dtiee msebpretie dmeb 2re.0 d1e4  1y. 91929 ,d 3e  ddeic dieicmiebmreb rdee d 2e. 021.041 e0n, t2re0 
odter a8s ,d Re edsiocileumciobnree sd eD G2.R00N3 d ye  2179  ddee  njuonviioe mdeb r2e. 0d0e0 2 y.0 11 8d.e T jaulnaivoe drae  d2e.0 l1a6 R, Reiensao, lau c2io4n dees 
junio de 2020. La registradora. Fdo. doña María Elena López López.
III
Contra la anterior nota de calificación, doña I. F. S. presentó recurso mediante escrito 
de 25 de julio de 2020, que tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina el 27 de julio, en los siguientes términos siguientes: que, mediante 
la presente y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 332 y ss. de la Ley 
Hipotecaria, vengo a formular el recurso contra la calificación negativa, emitidas por el 
Sr. Registrador del Registro de la Propiedad N.º 3 de Talavera de la Reina. Calificación 
negativa  de  fecha  3/7/2020,  por  solicitud  efectuada  el  12/6/2020,  por  vulneración 
manifiesta de la Carta Magna en su artículo 119, vulneración del artículo 6.9 de la 
Ley 1/1996 de 10 de enero, vulneración del artículo 7.2 del Código Civil y vulneración del 
artículo 221 de la Ley Hipotecaria.
En base a los siguientes, hechos
Primero.  Inmersa  en  proceso  de  liquidación  de  gananciales  iniciado  en  junio 
de 2019 y, previa solicitud de beneficio de justicia gratuita a la Comisión, se obtuvo el 
reconocimiento definitivo a dicho derecho. Se acredita dicho extremo con documento 
número 1.
Segundo.  Tras varias anomalías dentro del proceso de liquidación de la sociedad 
conyugal que han supuesto que, a fecha actual. ni siquiera este formado el inventario y, tras 
conocer de forma extrajudicial, que las empresas de las que soy socia y/o acreedora, están 
descapitalizándose, con la venta indiscriminada de los inmuebles que forman sus activos, 
esta parte solicitara, notas simples de todos los inmuebles a nombre de las mercantiles. 
Aportando toda la documentación requerida: –Original de la concesión del beneficio de 
justicia gratuita, otorgado por la Comisión de justicia gratuita, se acredita con documento 
número 1. -Decreto de admisión a trámite de Demanda de liquidación de la sociedad 
conyugal, se acredita con copia del mismo como documento número 8. -Informe pericial 
económico, aportado junto a la demanda anterior, en donde se establecen los derechos 
económicos que de las mercantiles pertenecen a la sociedad conyugal, se acredita como 
documento número 3. Tercero. -Diferentes hechos e informaciones, hacen sospechar a esta 
parte, que las mercantiles están sufriendo la descapitalización intencionada de sus socios y 
administradores en detrimento de los derechos que ostenta esta parte, dentro de las mismas, 
viendo peligrar los mismos en una futura sentencia estimatoria del proceso de liquidación de 
la sociedad conyugal.
Por ello, se solicitan notas simples a fin de averiguar que bienes inmuebles existen en las 
mercantiles sobre las cuales esta parte ostenta un interés legítimo al ser urgente adoptar 
medidas cautelares. Medidas cautelares que se solicitaran sin información del Registro de la 
Propiedad N.º 3 de Talavera de la Reina, al ser una cantidad económica inasumible para 
quien litiga con el beneficio de justicia gratuita. Para nada, es una solicitud indiscriminada, 
sino muy necesaria. Esta parte, ostenta un interés legítimo, y debe conocer de algo que ha 
sido privada ante su más absoluto desconocimiento.
Se  acredita  con  copia  de  la  calificación  negativa.  Calificación  negativa,  como 
documento número 5.
Sexto.  Esta parte lleva años de litigios, por lo que es un perjuicio más añadido, el 
incumplimiento de un derecho constitucional reconocido, cuya vulneración, perjudica los 
intereses de esta parte, siendo que es aplicación el artículo 106 de la Constitución 
Española, al causar daños a esta parte innecesarios. Dado que. existen otros procesos  e.e
iniciados  o  pendientes  de  iniciación  y,  puesto  que,  podrían  ser  necesarias  nuevas  b
solicitudes al Registro de la Propiedad N.º 3 y/o a otros, requiérase al Sr. Registrador  912ww
rpeacroan qoucied oc uam epsltaa  pcaornt el,a q uleeg anloid taiedn ey  ndien gcúunm inptleimréiesn, teon  aslo lbiceintaerf idceio  fodrem aju satribciitar agriraa tyu istain, 
hseannt iddoe scaepratirfeiccaidcioo ndees  lya sn omtaesr csaimntpileless ,t asnietonsd oi numnuae nbelecse,s iddeasdc aapcirteadliiztaarn ddoo nldaes  ym pimoarqsu ey 
robando el derecho que esta parte ostenta sobre ellas.
A estos hechos son de aplicación los siguientes fundamentos de derecho: Única. - 
Vulneración de la Constitución Española, de la Ley 39/2015, de la Ley hipotecaria y de la 
Ley 1/1996 de 10 de enero. Nulidad de pleno derecho de. la calificación negativa, emitida 
por el Sr. Registrador del Registro de la Propiedad N.º: 3 de Talavera de la Reina, al 
amparo del artículo 47 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, al vulnerar la Constitución 
Española, derechos constitucionales recogidos en su artículo 24 y 119, al ser privada de 
medios de prueba necesarios para defender mis derechos y, probar los hechos que 
perjudican mis intereses en proceso de liquidación de la sociedad conyugal dentro del 
cual se han solicitado medidas cautelares ciado el peligro real que existe, al haber 
desaparecido ya diferentes inmuebles y desconocer el estado actual económico de 
dichas mercantiles y, ser privada del derecho a litigar, que por otro lado, si se acreditó al 
Sr. Registrador del Registro de la Propiedad n.º 3 con la resolución original definitiva de 
la Comisión de justicia gratuita. Vulneración de la Ley 1/1996 de 10 de enero en su 
artículo 6.9, ya que el derecho a asistencia jurídica gratuita comprende entre otros según 
el artículo 6.9: «reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por la 
obtención de notas, certificaciones..en los Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando 
tengan relación directa con el proceso y sean requeridas por el órgano judicial en el 
curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la 
justicia gratuita.» El artículo 6.9 de la Ley 1/1996, es claro en su redacción al establecer 
la disyuntiva» y/o», es decir que puedan ser requeridos por el órgano judicial y/o por el 
beneficiario  de  justicia  gratuita  sirviendo  para  su  fundamentación  jurídica.  Y  de  la 
documentación aportada y de las explicaciones dadas hasta en dos ocasiones, es 
justificada necesidad de esta parte de solicitar dichas certificaciones y posteriores notas 
simples informativas, a fin de acreditar la perdida de bienes inmuebles de las mercantiles 
y, la necesidad urgente de adoptar medidas de aseguramiento sobre el resto de bienes. 
Vulneración de la ley hipotecaria en su artículo 221 y ss.: Artículo 221 «Los Registros 
serán públicos para quienes tengan interés conocido en averiguar el estado de los 
bienes inmuebles o derechos reales inscritos.» Vulneración de la Ley 39/2015: En su 
artículo 4, se determina el concepto de interesado ante la administración pública. Por 
todo ello, suplico a la Dirección General de Registros y del Notariado, que tenga por 
presentado este recurso y lo admita, dictando una resolución por la que se anule la 
«calificación negativa» y se acuerde calificación sustitutiva. con la expedición de las 
notas simples solicitadas, así como, cualquier otra certificación o nota simple informativa 
al Sr. Registrador de la Propiedad N.º 3 de Talavera de la Reina, como consecuencia del 
derecho reconocido a esta parte por la comisión de justicia gratuita, en el proceso de 
liquidación de la sociedad conyugal o de cualquier otro proceso iniciado o no iniciado, en 
donde acredite el derecho a litigar con el beneficio de justicia gratuita, a fin de evitar, 
recursos innecesarios y perjuicios a esta parte, que dan lugar a indemnización en base al 
artículo 106 de la CE. En Talavera de la Reina a 25 de julio de 2020
IV
La registradora emitió informe el día 25 de agosto de 2020 y elevó el expediente a 
este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al  e.
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se  w.b
deroga  la  Directiva  95/46/CE  (Reglamento  general  de  protección  de  datos);  los  912ww
aPretírcsuolnoasl e2s. 3y  gdaer alan tíLae dye O lorgs ádneicreac h3o/2s0 d1i8g,i tadlee s5;  6d0e7  ddeicl ieCmódbirgeo,  Cdeiv ilP; r2o2te1c yc isóing udieen tDeas tdoes 
lTar ibLuenya lH iCpoontesctiaturicai;o n3a3l2  dye  s3ig0u ideen tenso vdieeml Rbreeg ladme e2n0to0 0H  yip o3te1c adreio ;e nlaesr oS ednet e2n0c1ia3s;  dlaesl 
Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 12 de diciembre de 2000 y 31 de 
enero, 9 de abril y 7 de junio de 2001; las Resoluciones-Circulares de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 8 de abril de 1983 y 12 de junio de 1985; las 
Instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de febrero 
de 1987, 29 de octubre de 1996 y 17 de febrero de 1998, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 11 de septiembre de 2009, 29 de 
julio y 3 de diciembre de 2010, 16 de septiembre de 2011, 14 de septiembre, 19 y 20 de 
noviembre y 12 de diciembre de 2012, 24 de enero, 26 de febrero, 1 de abril, 4 de julio 
y 20 de septiembre de 2013, 3 de febrero, 30 de mayo, 18 de septiembre y 12 de 
diciembre de 2014, 12 de diciembre de 2015, 25 de noviembre de 2016, 17 de mayo y 27 
de junio de 2018 y 14 de marzo de 2019, 8 de enero, 2 y 5 de junio de 2020.
1.  Debe decidirse en este expediente si procede la expedición de notas simples 
relativas  a  todas  las  fincas  pertenecientes  a  varias  sociedades  mercantiles  y  dos 
personas físicas distintas de la solicitante.
La recurrente alega como interés legítimo el de interponer acciones judiciales, ya que 
se encuentra inmersa en un procedimiento de disolución de gananciales para el cual ha 
obtenido el beneficio de la justicia gratuita.
La registradora entiende que no puede apreciarse la congruencia entre el interés legítimo 
alegado que es el de entablar acciones judiciales en un proceso de liquidación de sociedad 
de gananciales con una petición indiscriminada de la publicidad, y que, además se aporta una 
fotocopia del oficio del que resulta haberse obtenido el beneficio de justicia gratuita.
2.  Como  cuestiones  preliminares,  debe  recordarse,  en  primer  lugar,  según  la 
reiterada doctrina de esta Dirección General, basada en el contenido del artículo 326 de 
la Ley Hipotecaria y en la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de 
mayo de 2000 (vid., por todas, la Resolución de 5 de junio de 2020), que el objeto del 
expediente  de  recurso  contra  calificaciones  de  registradores  de  la  Propiedad  es 
exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho.
No tiene, en consecuencia, por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente. No 
corresponde en sede de este recurso pronunciarse sobre si procede la reducción arancelaria 
reconocida a los beneficiarios de la justicia gratuita, que deberá ventilarse por otro cauce. En 
particular, una vez emitida la factura podrá impugnarse ante el Colegio de Registradores, 
contra cuya resolución, cabe recurso de alzada ante esta Dirección General.
En segundo lugar, es igualmente doctrina reiterada de este Centro Directivo, (cfr. la 
reciente resolución de 2 de junio de 2020) que conforme al artículo 326, párrafo primero, 
de la Ley Hipotecaria, el recurso debe recaer exclusivamente, como se ha dicho más 
arriba,  sobre  las  cuestiones  que  se  relacionen  directa  e  inmediatamente  con  la 
calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros 
motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma.
Por ello, no puede ahora decidirse en base a documentos que no se presentaron en 
el momento de la calificación impugnada, es decir, el recurso se resuelve atendiendo 
únicamente a la documentación presentada al tiempo en que se produjo la calificación.
3.  Entrando en fondo del asunto es doctrina reiterada de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 221 
y 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento, el contenido del Registro sólo se ha 
de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes y 
derechos inscritos y, por tanto, este interés se ha de justificar ante el registrador. s
En consecuencia, ante una solicitud de publicidad formal, el registrador debe calificar en  oe.
pvdinaercilmroleureciadrhro  ollsua  gq eauexren,i  s ssteiee np l scrooifaocli cleidoidtea e ,u  roean gt eniinsnottd ereairexél npsdce looed rgirar íe tliaslmap  ioonc nfayodu,r ismeeanna t ocetei ó frincnp eauorlei  dlpduauegdb a lariic,nl iecqdgluauaédird   dfaoao;r t meondsa  elsy bre ecegsi rupcneeudxcncotsol utl auidrng eca dilara,es   d fidendebcic aelho ráaos     2020-14912n https://www.
información. La publicidad ha de ser para finalidades de la institución registral como la
investigación,  jurídica,  en  sentido  amplio,  patrimonial  y  económica  (crédito,  solvencia  y
responsabilidad), así como la investigación estrictamente jurídica encaminada a la contratación 
o a la interposición de acciones judiciales. No cabe para la investigación privada de datos no 
patrimoniales si no es cumpliendo estrictamente con la normativa de protección de datos.
En relación con el interés legítimo, sostiene la Dirección General de los Registros y 
del Notariado (Cfr. Resolución de 12 de diciembre de 2014, 25 de noviembre de 2016 
entre  otras)  que  debe  ser:  a)  un  interés  conocido,  en  el  sentido  de  acreditado  o 
justificado ( a excepción de los casos de autoridades, empleados o funcionarios públicos 
que actúen por razón de su oficio a los que la legislación hipotecaria presume dicho 
interés); b) ha de ser un interés directo o acreditar debidamente el encargo sin perjuicio 
de la dispensa del art. 332.3 RH, y c) Ha de ser legítimo.
Este concepto de interés legítimo es más amplio un concepto más amplio que el de 
«interés directo», pues alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la Sentencia 
del Tribunal Supremo – Sala Tercera- de 24 de febrero de 2000 estableció que dicha exigencia 
reglamentaria de interés legítimo parece amparada por el artículo 222.7 de la Ley Hipotecaria 
que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información 
registral, fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a derecho.
Como ya se ha señalado, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto 
a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, interés 
que  ha  de  justificar  ante  el  registrador,  que  es  a  quien  corresponde  apreciar  la 
legitimación del solicitante de la información (cfr. Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 
Tercera, de 16 de junio de 1990 y de 7 de junio de 2001).
Esta necesaria calificación del interés concurrente en el solicitante de la información 
registral queda patente, como ha señalado la doctrina, cuando se somete a contraste el 
contenido  del  artículo  607  del  Código  Civil,  conforme  al  cual:  «El  Registro  de  la 
Propiedad será público para los que tengan interés conocido en averiguar el estado de 
los bienes inmuebles o derechos reales anotados o inscritos», con sus antecedentes pre 
legislativos que utilizaban la expresión mucho más amplia, referida al solicitante, de 
«cualquiera que lo exija» que figuraba en el artículo 1736 del Proyecto del Código Civil 
de 1836 y en el artículo 1885 del Proyecto de Código Civil de 1851, expresión que el 
Código  Civil  definitivamente  aprobado,  tomándola  de  la  Ley  Hipotecaria  primitiva, 
sustituye por la exigencia del «interés conocido» (cfr. artículo 607 transcrito).
Por tanto, tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a 
satisfacción del registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral.
Ello no significa que el registrador pueda discrecionalmente manifestar el contenido 
de los asientos registrales, sino que queda bajo su responsabilidad la publicidad del 
contenido de los asientos.
Reducida, en nuestro sistema registral, por razones de seguridad, eficacia, eficiencia 
y economía, la investigación jurídica de la propiedad y de las empresas a la mera 
solicitud de publicidad formal, es preciso cohonestar esta simplicidad procedimental con 
la finalidad que le atribuyen sus normas rectoras y conciliarla con los principios que 
inspiran nuestra legislación en materia de protección de datos.
Y si bien es cierto que, como ha señalado este Centro Directivo (vid. Resolución de 14 de 
julio de 2016) en los casos en que el solicitante de la información sea el propio titular registral 
de la finca, el interés legítimo debe presumirse sin necesidad de más indagaciones respecto 
de todos los asientos relativos a su finca, ello no dispensa de la aplicación de la citada 
legislación en materia de protección de datos, debiendo por ello el registrador, como ha 
señalado la Resolución de reciente cita, adoptar las debidas cautelas respecto de los datos 
personales de otras personas incluidos en los citados asientos, respecto de los cuales se ha  s
de valorar igualmente la concurrencia de un interés legítimo por parte del solicitante en  oe.
relación con la causa o finalidad a que responda la solicitud. w.
En  este  sentido  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo,  Sala  de  lo  Contencioso  912ww
fAindamlidinaisdt rdaeti vlao ,c odnes 7u ltdae p ajurnai oq udee e 2l r0e0g1is, trreacduoer rpduae dlaa ,n neoc essóildoa cda ldifeic aerx lpar ecsoanrc ularr ecnacuisaa d ey 
isnotebrrées p lreogteítcimcioó,n  sdineo  dtaatmosb iédne  pcaarráac qteure p peurseodnaa vl.e Yla rp aproar  eelll oc urmespulilmtai efunntod adme elansta ln, ocrommaos   BOE-A-cable e
hemos  visto,  ajustar  la  publicidad  registral  a  la  finalidad  para  la  que  esta 
institucionalmente prevista. Pero el registrador, como ha señalado la Resolución de 30 
de mayo de 2014, en el ámbito de su calificación, para considerar justificado ese interés 
no sólo debe apreciar la literalidad de la causa aducida, sino también su congruencia con 
el resto de datos que se le proporcionen al requerir la información, de forma que la mera 
mención de un motivo, aun cuando sea de los considerados ajustados a la finalidad 
registral, aisladamente considerado no podrá dar lugar a la inmediata obtención de la 
nota simple o certificación solicitada, sino que será el análisis conjunto de todas las 
circunstancias que consten en la solicitud, el que determinará tanto la apreciación del 
interés alegado como la extensión de los datos que, a su juicio y bajo su responsabilidad, 
facilite el registrador al peticionario de la información.
4.  En el presente expediente, alega la recurrente que es socia o acreedora de las 
sociedades y personas respecto de las cuales solicita la información.
La cuestión fundamental para resolver este expediente es si el interés legítimo de la 
solicitante ha sido justificado ante el registrador al tiempo de la solicitud de la publicidad.
Este Centro Directivo no pone en duda las razones de la interesada para interponer las 
acciones judiciales que considere, pero la normativa de protección de datos exige acreditar 
ante el registrador el interés legítimo a que responde la petición de información registral.
Del contenido del Registro no resulta relación alguna entre las personas y empresas 
respecto de las cuales se solicita información de forma indiscriminada. De la documentación 
aportada en el recurso, y que no puede tenerse en cuenta a los efectos de la resolución de 
este expediente (Cfr. Art. 326 de la L.H.), si resulta que la interesada está en trámites de 
divorcio y en el inventario que realiza el perito en el seno de la disolución de gananciales sí 
que se incluyen algunas de las empresas respecto de las cuales se solicita información. No 
se explica de ninguna manera cuál es la relación de las dos personas físicas cuyas fincas 
se solicitan y la disolución de gananciales de la recurrente.
El Registro de la Propiedad ciertamente es público, pero sólo para quien tiene interés 
conocido, interés legítimo que no se aprecia en una solicitud genérica de información 
sobre patrimonio de las personas que podría contravenir la legislación de datos de 
carácter personal.
Para justificar dicho interés, hubiera sido suficiente que la interesada acreditara su 
condición de socia o acreedora de dichas sociedades o hubiera presentado toda la 
documentación en el momento de la calificación por la registradora.
Cuestión  distinta  es  respecto  de  las  personas  físicas  sobre  las  que  solicita 
información, ya que no resulta del expediente, relación alguna, entre ellos y la solicitante.
No obstante, conviene resaltar la posibilidad de presentar en el Registro de la 
Propiedad la documentación aportada con el recurso al objeto de obtener una nueva 
calificación, de forma que, si el registrador entiende subsanados los defectos apreciados 
en la anterior, estime, en su caso, acreditado el interés legítimo de la recurrente.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación de la registradora en los términos que resultan de los 
anteriores pronunciamientos. 
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de  s
la Ley Hipotecaria. oe.
Madrid, 5 de noviembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe  912ww
Pública, Sofía Puente Santiago.