BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Miércoles 23 de febrero de 2022 Sec. TC.   Pág. 22115
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2922 Sala Segunda. Sentencia 7/2022, de 24 de enero de 2022. Recurso de 
amparo 6057-2020. Promovido por la sociedad Iveco, S.p.A., respecto del 
auto dictado por un juzgado de lo mercantil de Pontevedra en procedimiento 
de ejecución de títulos judiciales. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
sin indefensión: STC 179/2021 [emplazamiento indebidamente practicado en 
la persona de un procurador designado por la mercantil demandada para su 
representación en otros procesos (STC 47/2019)].
ECLI:ES:TC:2022:7
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
Antonio Xiol Ríos, presidente; los magistrados don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Cándido Conde-Pumpido Tourón, don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique Arnaldo 
Alcubilla, y la magistrada doña Concepción Espejel Jorquera, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6057-2020, promovido por la entidad Iveco, S.p.A., 
contra el auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pontevedra núm. 79/2020, de 20 de 
octubre,  pronunciado  en  el  procedimiento  de  ejecución  de  títulos  judiciales  núm. 
16-2020. Ha comparecido la mercantil Transportes Cabalar Líquidos Alimentarios, S.L. 
Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol 
Ríos.
I. Antecedentes
1. La entidad Iveco, S.p.A., representada por el procurador de los tribunales don 
Victorio Venturini Medina y bajo la dirección de los letrados don Faustino Cordón Moreno 
y don Luis López Alonso, interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial 
mencionada en el encabezamiento mediante escrito registrado en el tribunal el 9 de 
diciembre de 2020.
2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a) El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pontevedra, mediante auto de 2 de junio 
de 2020, despachó ejecución contra la demandante de amparo en el procedimiento de 
ejecución de títulos judiciales núm. 16-2020, en relación con la sentencia núm. 158/2019, 
de  30  de  agosto,  pronunciada  por  ese  mismo  órgano  judicial  en  el  procedimiento 
ordinario núm. 151-2019. s
b) La demandante de amparo, mediante escrito de 2 de septiembre de 2020,  oe.
formuló incidente de nulidad de actuaciones en el procedimiento de ejecución de títulos  w.
cpjuoednriscspitaietluecctsiiv oainn advloe ecl nad neladre omc heaolt e ddrieea r,ae pccochenosi eoan  adl oala  d tjeuu trmeislaad nicjiucfiiedósincti,oa  clq ouenef ec dcittiaciv heaox  p(parrerots.c ae2 dd4iem.1 li aeC njutEor)i s,t rpadreue dscdeaenu csilaaa    2022-2922n https://ww
de un procedimiento ordinario que ha sido seguido en rebeldía al no haberse realizado
de modo correcto su emplazamiento, ya que, con infracción del art. 155.1 de la Ley de  Bc
enjuiciamiento civil (LEC), no se realizó de manera personal en su domicilio social, sino 
mediante comunicación a un procurador que le representaba en otros procesos, lo que le 
ha impedido tener conocimiento del mismo y poder ejercer la defensa de sus intereses 
legítimos.
c) El incidente de nulidad de actuaciones fue desestimado por auto de 20 de 
octubre de 2020 con fundamento en que la nulidad solicitada se tenía que haber hecho 
valer, en su caso, en el procedimiento ordinario del que trae causa la ejecución, pero que 
tampoco procedería en tal caso, ya que tiene abierta la vía impugnatoria que permite el 
escrito de oposición al procedimiento de ejecución.
3. La demandante de amparo solicita que se estime el recurso de amparo por 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de 
derecho de acceso a la jurisdicción y a obtener una resolución motivada y fundada en 
Derecho,  declarándose  la  nulidad  de  la  resolución  impugnada  pronunciada  en  el 
procedimiento  de  ejecución  y  de  cuantas  actuaciones  se  llevaron  a  cabo  en  el 
procedimiento  ordinario  declarativo  desde  el  momento  en  que  se  realizó  su 
emplazamiento, con retroacción de actuaciones para que se verifique de una manera 
respetuosa con el derecho fundamental.
La vulneración del art. 24.1 CE, desde la perspectiva del derecho de acceso a la 
jurisdicción, se proyecta sobre la circunstancia de haber sido emplazada la demandante 
por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pontevedra en el procedimiento ordinario núm. 
151-2019 en que se dicta la sentencia que se pretendía ejecutar en el procedimiento de 
ejecución de títulos judiciales núm. 16-2020, a través de un procurador que, si bien había 
actuado en representación de la demandante de amparo en otros procedimientos, no 
ostentaba tal representación en dicho procedimiento ordinario, en lugar de efectuar ese 
emplazamiento personalmente en su domicilio social, que constaba en autos, como 
prescribe el art. 155 LEC. A raíz de esa circunstancia, la demandante de amparo no tuvo 
conocimiento  del  procedimiento  y,  por  consiguiente,  no  tuvo  la  oportunidad  de 
personarse en la causa para defender sus intereses.
La vulneración del art. 24.1 CE, desde la perspectiva del derecho a una resolución 
motivada, se atribuye directamente al auto de 20 de octubre de 2020 pronunciado en el 
procedimiento  de  ejecución,  ya  que  esta  resolución  no  habría  proporcionado  una 
respuesta  de  fondo  sobre  la  invocación  del  art.  24.1  CE,  con  fundamento  en  la 
inadecuación  de  procedimiento  y  en  la  circunstancia  de  que  estaba  abierta  la  vía 
impugnatoria de la oposición al procedimiento de ejecución, que es una respuesta en 
exceso rigorista y que, además, se refiere a aspectos para los que no se requirió 
subsanación.
El  demandante  afirma  que  el  recurso  de  amparo  tiene  especial  transcendencia 
constitucional, conforme a lo establecido en la STC 155/2009, de 25 de junio, ya que 
plantea una cuestión novedosa sobre la que no hay jurisprudencia constitucional, en lo 
relativo a si esta forma de emplazamiento cumple las exigencias del art. 24.1 CE, y la 
jurisprudencia constitucional está siendo incumplida de manera reiterada en cuanto a la 
exigencia del cumplimiento de emplazamiento personal para una correcta conformación 
de la relación procesal.
4. La Sección Tercera del tribunal, por providencia de 29 de junio de 2021, acordó 
la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que concurre una especial 
trascendencia constitucional como consecuencia de que el órgano judicial pudiera haber 
incurrido  en  una  negativa  manifiesta  del  deber  de  acatamiento  de  la  doctrina  e.e
constitucional [STC 155/2009, FJ 2 f)]; y, en aplicación de lo dispuesto por el art. 51 de la  w.b
Ley  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional  (LOTC),  requerir  atentamente  del  órgano  22ww
jeumdipcliaazl amlai enretom diseió qnu iednee st ehsutbimieorannio  siod o cpoaprtiae  eand evel rpardoac eddime ielnatso  paacrtau aqcuioen peus diey seenl 
comparecer en el plazo de diez días en el citado proceso de amparo.
5. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda del tribunal, por diligencia de 
ordenación de 1 de septiembre de 2021, acordó tener por personada a la mercantil 
Transportes Cabalar Líquidos Alimentarios, S.L., representada por la procuradora doña 
María  Isabel  Herrada  Martín,  bajo  la  dirección  de  la  letrada  doña  Susana  Madero 
Morgade, y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por 
un  plazo  común  de  veinte  días  para  presentar  las  alegaciones  que  estimasen 
pertinentes.
6. El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 19 de octubre de 2021, formuló 
alegaciones interesando que se estime el recurso de amparo por la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), con anulación de todo lo actuado 
desde  el  primer  emplazamiento  a  la  demandante  de  amparo  en  el  procedimiento 
ordinario  núm.  151-2019  y  del  auto  de  20  de  octubre  de  2020  pronunciado  en  el 
procedimiento  de  ejecución  de  títulos  judiciales  núm.  16-2020,  que  trae  causa  del 
anterior, y la retroacción de actuaciones al citado emplazamiento para que se haga de 
manera respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
El Ministerio Fiscal, tras poner de manifiesto que debe considerarse correctamente 
agotada la vía judicial previa mediante la interposición del incidente de nulidad de 
actuaciones  en  el  procedimiento  de  ejecución,  afirma  que  existió  un  defectuoso 
emplazamiento  de  la  ahora  demandante  de  amparo  por  parte  del  Juzgado  de  lo 
Mercantil  núm.  1  de  Pontevedra  en  el  procedimiento  ordinario  núm.  151-2019  que 
vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del 
derecho de acceso a la jurisdicción, ya que no se realizó personalmente en el domicilio 
de la ahora demandante de amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 155.1 y 2 
LEC y la doctrina constitucional que lo interpreta, sino en la persona del procurador 
designado como representante procesal en otros procedimientos, con arreglo a un poder 
otorgado e incorporado en esos otros procesos de los que también conocía el Juzgado 
de lo Mercantil núm. l de Pontevedra, e impidió que conociera la existencia de dicho 
procedimiento declarativo y el acceso al mismo para ejercitar su derecho de defensa.
El  Ministerio  Fiscal  también  considera  vulnerado  el  derecho  a  la  tutela  judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho a una resolución fundada en 
derecho, por la respuesta aportada en el auto resolutorio del incidente de nulidad de 
actuaciones, ya que los argumentos utilizados para no entrar al fondo de la vulneración 
alegada revelan una interpretación rigurosa y excesivamente formalista de los requisitos 
de admisibilidad.
7. La parte comparecida, por escrito registrado el 1 de octubre de 2021, formuló 
alegaciones instando la inadmisión del recurso de amparo porque no concurre cualquiera 
de  los  criterios  de  especial  trascendencia  constitucional  o,  subsidiariamente,  su 
desestimación, ya que el emplazamiento en el procedimiento ordinario se hizo en la 
persona  de  un  procurador  que  venía  actuando  en  representación  de  la  ahora 
demandante de amparo de manera acreditada en otros procedimientos.
8. La demandante de amparo, por escrito registrado el 1 de octubre de 2021, 
formuló alegaciones reiterando las expuestas en su escrito de demanda.
9. Por providencia de 20 de enero de 2022, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 24 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos o
Único. Aplicación  de  la  jurisprudencia  constitucional  establecida  por  la  22ww
STC 179/2021, de 25 de octubre
realiEzla doob jeptoor  perl inJucizpgaal ddoe  dees tloe  Mreecrucrasnot iel sn údme.t e1r mdein aPro snit eevl eidnricai aal  leam epnlatidzaamd ideenmtoa njuddaicnitael 
de amparo en el procedimiento ordinario núm. 151-2019 a través de la persona del
procurador designado como representante procesal en otros procedimientos, con arreglo 
a un poder otorgado e incorporado en esos otros procesos de los que también conocía 
dicho órgano judicial, ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), 
desde la perspectiva del derecho de acceso a la jurisdicción, por no haberse realizado 
personalmente en el domicilio social de la demandante de amparo, de acuerdo con lo 
dispuesto  por  el  art.  155.1  y  2  LEC  y  la  doctrina  constitucional  que  lo  interpreta, 
impidiendo con ello tener conocimiento del mismo y poder ejercer la defensa de sus 
intereses legítimos.
Con carácter previo, debe descartarse la causa de inadmisión alegada por la entidad 
comparecida de que no concurre ninguno de los supuestos de especial transcendencia 
constitucional necesario para la admisión del recurso, ya que, como ha reiterado la 
jurisprudencia constitucional (así, STC 155/2020, de 4 de noviembre, FJ 2), esta es una 
cuestión objeto de especial examen que corresponde apreciar únicamente al tribunal en 
cada caso en el momento de admitir a trámite el recurso de amparo, de acuerdo con lo 
exigido por el art. 50.1 LOTC. En el presente caso, la providencia de admisión estableció 
como causa de especial transcendencia constitucional que el órgano judicial pudiera 
haber incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina 
constitucional [STC 155/2009, FJ 2 f)]; conclusión a la que se llegó porque, a pesar de 
que la entidad demandante hizo referencia expresa a la jurisprudencia constitucional en 
la materia en el incidente de nulidad de actuaciones, el órgano judicial dispensa una 
respuesta que elude cualquier tipo de consideración sobre la dimensión constitucional 
puesta de relieve, lo que denota una voluntad implícita de no aplicar la referida doctrina 
al caso reveladora de una conducta de incumplimiento de la jurisprudencia del tribunal 
(así, STC 187/2020, de 14 de diciembre, FJ 2).
Por otra parte, la cuestión suscitada en este recurso ya ha sido objeto de resolución 
en la STC 179/2021, de 25 de octubre, en que se resolvió un recurso de amparo 
interpuesto por la misma entidad demandante de amparo en un supuesto idéntico. El 
tribunal  concluyó  en  dicha  resolución,  insistiendo  en  la  reiterada  jurisprudencia 
constitucional sobre la diligencia judicial exigible para la correcta conformación de una 
relación procesal de acuerdo con lo establecido en el art. 155 LEC en los supuestos de 
un primer emplazamiento, que no es conforme con el art. 24.1 CE la decisión judicial de 
dar conocimiento a la demandante de amparo de la existencia del proceso mediante un 
procurador  habilitado  para  intervenir  en  su  representación  en  otros  procedimientos 
tramitados ante el mismo juzgado y no de manera directa en su domicilio social.
En coherencia con dicho pronunciamiento, tomando en consideración que en este 
caso tampoco consta acreditado un conocimiento extraprocesal de aquel procedimiento, 
resulta procedente la estimación de este recurso de amparo por la vulneración aducida 
del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho 
de acceso a la jurisdicción, lo que determina la anulación del auto del Juzgado de lo 
Mercantil  núm.  1  de  Pontevedra  de  20  de  octubre  de  2020,  pronunciado  en  el 
procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 16-2020, y de todo lo actuado por 
dicho órgano judicial en el procedimiento ordinario núm. 151-2019 desde el primer 
emplazamiento a la demandante de amparo y en el citado procedimiento de ejecución de 
títulos judiciales núm. 16-2020, que trae causa de aquel, y la retroacción de actuaciones 
al  citado  emplazamiento  para  que  se  haga  de  manera  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido. La estimación de este motivo de recurso hace innecesario 
pronunciarse sobre la vulneración del art. 24.1 CE atribuida de manera autónoma al auto 
de 20 de octubre de 2020. es
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo a la entidad mercantil Iveco, S.p.A., y, en consecuencia:
1.º Reconocer el derecho de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), en su dimensión del derecho de acceso a la jurisdicción.
2.º Restablecer su derecho y, a tal fin, anular el auto del Juzgado de lo Mercantil 
núm. 1 de Pontevedra de 20 de octubre de 2020, pronunciado en el procedimiento de 
ejecución de títulos judiciales núm. 16-2020, y de todo lo actuado por dicho órgano 
judicial en el procedimiento ordinario núm. 151-2019 desde el primer emplazamiento a la 
demandante de amparo y en el citado procedimiento de ejecución de títulos judiciales 
núm. 16-2020, que trae causa de aquel.
3.º Ordenar  la  retroacción  de  las  actuaciones  al  momento  anterior  al  primer 
emplazamiento a la demandante de amparo en el citado procedimiento ordinario núm. 
151-2019 a fin de que se realice de forma respetuosa con el derecho fundamental 
reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós.–Juan Antonio Xiol 
Ríos.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–Ramón  Sáez 
Valcárcel.–Enrique  Arnaldo  Alcubilla.–Concepción  Espejel  Jorquera.–Firmado  y 
rubricado.