BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 47 Jueves 24 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 22244
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2954 Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora mercantil y de bienes muebles II de Barcelona a depositar las 
cuentas anuales del ejercicio 2020.
En el recurso interpuesto por don A. L. G., en nombre y representación y como 
administrador  único  de  «Alfa  Gamma,  S.A.»,  contra  la  negativa  de  la  registradora 
Mercantil y de Bienes Muebles II de Barcelona, doña María de las Mercedes Barco Vara, 
a depositar las cuentas anuales del ejercicio 2020.
Hechos
I
Se solicitó del Registro Mercantil de Barcelona la práctica del depósito de las cuentas 
correspondientes al ejercicio 2020 de la sociedad «Alfa Gamma, S.A., con presentación 
de la documentación correspondiente el día 30 de julio de 2021.
II
Presentada la referida documentación en el Registro Mercantil de Barcelona, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«N. Entrada: 02/4002576
Documento calificado: relativos a cuentas anuales 2020
Hechos. En fecha 30/07/2021 fueron presentados en este Registro documentos de 
cuentas anuales relativos a la empresa “Alfa Gamma, SA”, causando el asiento de 
presentación 1350 del Diario 1186, y el Registrador que suscribe, previo examen y 
calificación de los documentos, de conformidad con los artículos 18.2 del Código de 
Comercio, 15.2 y 368 del Reglamento del Registro Mercantil, con la conformidad de los 
cotitulares,  ha  acordado  suspender  el  depósito  solicitado,  en  razón  de  las  causas 
impeditivas y de las motivaciones jurídicas que a continuación se indican.
Fundamentos de Derecho. Son defectos que impiden el depósito de los documentos 
contables, los siguientes:
– Deberá aportarse copia auténtica del Acta  Notarial  de la Junta celebrada en 
fecha 15 de Julio de 2021, autorizada por el Notario requerido a tal efecto y que ha 
motivado la anotación preventiva letra A en la hoja abierta a la Sociedad. (Artículo 250 
del Reglamento Notarial).
Se advierte que no se ha acompañado a las cuentas anuales depositas la hoja 
Covid-19 prevista en la Orden JUS/794/2021 de 22 de julio. Podrá aportarse dicho 
documento a través del siguiente enlace: (…)
Contra la presente calificación (…) es
Esta nota de calificación ha sido firmada electrónicamente en Barcelona, el día 14 de  o
odcet uBbarrec edloen 2a0»2.1 por Doña María Mercedes Barco Vara, Registrador Mercantil número 2  2022-2954n https://www.
III
Contra la anterior nota de calificación, don A. L. G., en nombre y representación y 
como  administrador  único  de  «Alfa  Gamma,  S.A.»,  interpuso  recurso  el  día  12  de 
noviembre de 2021 mediante escrito y en base a lo siguiente:
«Motivos:
Primero.–El Sr. Registrador Mercantil ha acordado suspender el depósito de los 
documentos contables referidos (cuantas anuales del ejercicio 2020), por considerar que 
“deberá aportarse copia auténtica del Acta Notarial de la Junta celebrada en fecha 15 de 
julio de 2021, autorizada por el Notario requerido a tal efecto y que ha motivado la 
anotación  preventiva  letra  A  en  la  hoja  abierta  a  la  Sociedad  (Artículo  250  del 
Reglamento Notarial).”
Se deduce de la fundamentación transcrita que, al haberse practicado anotación 
preventiva del art. 104 RRM, únicamente cabría la inscripción si, conforme al apartado 2 
de dicho artículo, se justifica que los acuerdos adoptados en la Junta a que se refiere la 
anotación  preventiva  constan  en  acta  notarial,  o  se  justifica  la  publicación  del 
correspondiente complemento a la convocatoria.
Segundo.–Entendemos que no cabe denegar el depósito de las cuentas anuales 
interesado, pues, los motivos que han conducido al Sr. Registrador a denegar dicho 
depósito, en nuestra opinión y con los debidos respetos, no con acertados.
La anotación preventiva que hemos referido, y en la que funda el Registrador su 
calificación negativa, se ha practicado en virtud de Acta autorizada el 2 de julio de 2021 
por el Notario Sr. Santiago M Giménez Arbona (número 1281 de protocolo). En este 
Acta, la Sra. R. M. A. S., como accionista de Alfa Gamma, S.A., interesaba que, en 
relación a la Junta General Ordinaria celebrar el 15 de julio de 2021, se requiriera la 
presencia  de  notario  y,  además,  pretendía  la  publicación  de  complemento  de 
convocatoria para la inclusión de determinados puntos en el orden del día de la junta. 
Tanto  la  solicitud  de  presencia  de  notario  como  la  solicitud  de  complemento  de 
convocatoria no fueron comunicados a Alfa Gamma, S.A. y no cumplen los requisitos 
legales, por lo que no era procedente ni la anotación preventiva ni la calificación negativa 
aquí examinamos.
En relación a la solicitud del complemento de convocatoria, hay que decir lo que 
sigue:
– La convocatoria de la Junta General Ordinaria se llevó a cabo el 14 de junio 
de 2021, vía burofax, y fue recibida por la accionista Sra. A. S., el 15 de junio de 2021.
– El art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital establece que el ejercicio del 
derecho  de  solicitar  el  complemento  de  convocatoria  “deberá  hacerse  mediante 
notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco 
días siguientes a la publicación de la convocatoria”.
– La Sra. A. S., según la referida Acta notarial, dice haber remitido el día 18 de junio 
de 2021, un correo electrónico certificado a la dirección de correo (…) Esta presunta 
remisión de correo electrónico no cumple los requisitos legales para tener por realizada 
la “notificación fehaciente” de que habla el art. 172 LCS:
– En primer lugar, al tratarse de un correo electrónico no estamos en modo alguno 
ante una notificación fehaciente y, obviamente, por las características propias de este 
tipo de envío, no se trata de una comunicación que se recibiera o pudiera recibir en el  e.
domicilio social de la sociedad (un correo electrónico, por definición, no se recibe en el  w.b
domicilio  social,  es  decir,  en  la  sede  física  de  la  sociedad,  sino  en  una  dirección  54ww
elec–tr óEnnic as)e.gundo lugar, si admitiéramos que la solicitud puede realizarse vía correo
eelleeccttrróónniiccoo , dsee rqíuae i msepare tsitcuinladriibdlaed  qlau es olac iemdiasdm. aD isceh otr acmorirteaora n eunn claa  fudeir ercecciióbnid od ep ocro rArelfoa 
Gamma, S.A. ni por su administrador único, pues se remitió a una dirección de correo
electrónico  que  no  es  la  propia  de  Alfa  Gamma,  S.A.  y  que  tampoco  utiliza  su 
administrador.
– Y en tercer lugar, no consta, según el certificado relativo a dicho correo electrónico, 
que el mismo fuera recepcionado sino que únicamente es un certificado de envío, por lo 
que, incluso si aceptamos que el requisito legal de que la solicitud se reciba en el 
domicilio social es válido cuando de remite correo electrónico, en todo caso deberá 
acreditarse que tal correo electrónico se ha enviado a la dirección de e-mail de la 
sociedad y que además se ha recibido por parte de ésta, lo que no sucede en este caso.
– Finalmente, hay que señalar que el Acta notarial de 2 de julio de 2021, en que se 
pretende la notificación de la solicitud del complemento de convocatoria, aunque se 
hubiera notificado (luego veremos que no), ya estaba fuera del plazo de cinco días del 
art. 172 LCS.
En consecuencia, no se realizó una solicitud de complemento en tiempo y forma, por 
lo que no debió accederse a la Anotación Preventiva sobre tal fundamento, lo que 
determina que no puede denegarse el depósito de las cuentas anuales interesado a 
fundarse la calificación negativa en una Anotación Preventiva improcedente.
Tercero.–En lo que respecta al requerimiento de presencia de notario, que también 
ha motivado la anotación preventiva, lo cierto es que, como consta en el acta notarial 
de 2 de julio de 2021, dicho requerimiento no se llegó a hacer efectivo.
Así, por una parte, el correo electrónico adjunto al acta, que ya hemos examinado, y 
en el que, además del complemento de convocatoria, se solicitaba la presencia de 
notario para levantar acta de la junta, no fue remitido a Alfa Gamma, S.A., que no tuvo 
conocimiento del mismo, y que, por la [sic] mismas razones que las expuestas en el 
anterior apartado Segundo, no puede tener eficacia.
Por otra parte, el intento de notificación notarial que se contiene en la propia acta 
de 2 de julio de 2021 no llegó a materializarse, sin que se efectuara la notificación a la 
sociedad. Las manifestaciones que realiza el notario al respecto demuestran la falta de 
notificación, y sobre las mismas tenemos que decir lo que sigue:
– En primer término, el notario dice que intentó realizar la notificación a través del 
conserje de la finca, quien no aceptó la misma manifestando que tenía órdenes expresas 
de  no  recoger  ninguna  carta,  lo  cual  es  cierto,  y  dichas  órdenes  provienen  de  la 
comunidad  de  propietarios  del  edificio  en  que  se  ubica  el  domicilio  social  de  Alfa 
Gamma, S.A., no es una decisión de la empresa.
– Dada la hora en que el notario se personó en el edificio (pasadas las 13:30h), el 
administrador de Alfa Gamma, S.A., Sr. A. L. P., no se hallaba presente en el domicilio 
social, debiendo señalar que esta sociedad carece en la actualidad de personal, por lo 
que no había nadie en el inmueble que estuviera autorizado para recoger la notificación. 
Es por ello, que los intentos del notario tuvieran resultado negativo.
– Finalmente, las manifestaciones que relata el notario en cuanto al encuentro con el 
Sr. M. C. M., además de que están absolutamente tergiversadas, exageradas y se 
apartan de la realidad de lo que sucedió, no acreditan que se realizara una notificación 
efectiva a la sociedad, sin que se pudiera entender que el Sr. M. C. estaba facultado o 
autorizado para recibir la notificación, pues no tiene relación alguna con Alfa Gamma, 
S.A, por lo que su negativa a aceptar o darse por notificado del contenido del acta 
notarial estaba perfectamente justificada.
En definitiva, la sociedad Alfa Gamma, S.A no llegó a tener efectivo conocimiento de  es
la voluntad de la socia Sra. A. S. de que se requiriera la presencia de notario en la Junta  bo
General a celebrar el 15 de julio (ni tampoco del complemento de convocatoria, como  54ww
hpaceelpelmoenrbaotarmsór se vesnii snteet ol l a)va,  ácppltriadeo osrn seol notyac  riqainau olde  eq c udnaeiobc htesaae r  diorJue,u dfpinaeutrra ee ds ye eA n ll soflauas    Gceaaafcilmcuifaiecmcradiaaco,.i ó sS nN. aAond .e opngpuoatea tifddvueaoe ,s  n ryeiea qn duq eeulbareie d ,mal a e iasJnlmu  enasftu eamsc otsaone,.     OE-A-2022-29able en https://
De este modo, la anotación preventiva que ha impedido el depósito de las cuentas
anuales carece de virtualidad, lo que determina, en suma, que no procede denegar dicho 
depósito, debiéndose revocar la calificación negativa.
Cuarto.–Al margen de lo anterior, hay que decir que el tenor literal del art 104 del 
Reglamento  del  Registro  Mercantil  dispone  que  la  anotación  preventiva  impide  la 
inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados por la Junta, lo que no 
incluye al depósito de las cuentas anuales, que es un acto que no se ve afectado por la 
anotación preventiva, al no ser un acuerdo susceptible de inscripción, por lo que, sin 
entrar a valor los argumentos ya expuestos, deberla revocarse la calificación negativa y 
acceder al depósito de cuentas interesado.
Subsidiariamente,  para  el  caso  de  desestimarse  los  anteriores  razonamientos, 
solicitamos que se acceda al depósito mediante la técnica del “arrastre de cargas”, 
posibilidad proclamada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública pues 
los  documentos  presentados  a  depósito  carecen  de  defectos  formales,  pudiéndose 
practicar el asiento con eficacia condicionada a la anotación preventiva».
IV
El día 17 de noviembre de 2021, la registradora Mercantil emitió su informe y elevó el 
expediente a esta Dirección General, junto con fotocopia de la anotación preventiva letra 
A, practicada el día 21 de septiembre de 2021, en virtud de acta autorizada el día 2 de 
julio de 2021 por el notario de Barcelona, don Santiago María Giménez Arbona, con el 
número  1.287  de  protocolo,  presentada  el  día  14  de  julio  de  2021  y  nuevamente 
aportada el día 17 de septiembre de 2021; por la que se requería a la sociedad la 
presencia de notario para la junta general de fecha 15 de julio de 2021 y se solicitaba un 
complemento de convocatoria.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1, 66 y 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria; la disposición 
adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre de Medidas Fiscales 
Administrativas y del Orden Social; los artículos 20 del Código de Comercio; 172 y 203 
del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 7 y 104 del Reglamento del Registro 
Mercantil; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 13 de noviembre de 1999, 18 de enero y 28 de junio de 2013, 10, 11 y 17 de febrero, 
13 de marzo, 19 de mayo, 1 de agosto, 26 de septiembre, 14 de octubre, 24 de 
noviembre y 17 de diciembre de 2014, 19 de enero, 27 de junio, 2 de julio y 13 de 
septiembre de 2015, 28 de enero y 19 de septiembre de 2016 y 31 de marzo de 2017, y 
la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 30 de 
octubre de 2020.
1. El objeto del presente recurso consiste en determinar, si para depositar las 
cuentas  anuales  de  una  sociedad  es  necesario  que,  constando  previa  anotación 
preventiva de solicitud de requerimiento de notario para levantar acta de la junta general 
y complemento de convocatoria, debe presentarse acta notarial para que los acuerdos 
sean eficaces.
El recurrente alega que dicha anotación no debería haberse practicado, por no 
haberse notificado en forma y plazo el requerimiento notarial a que la misma se refiere.
2. El artículo 326 de la Ley Hipotecaria, aplicable también a los recursos contra la  e.
calificación de los Registradores Mercantiles (disposición adicional vigésima cuarta de la  w.b
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden  54ww
Sreolacciaiol)n eesnt adbirleecctea  qeu ien mele dreiactuarmsoe ndteeb ceo nre lcaa cear liefixccalcuisóinva dmeel nreteg isstorbardeo rc, uye estl ioanrteícsu lqou e1  dsee 
ltari bcuitnaadleas l.ey determina que los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los
Es doctrina reiterada de esta Dirección General (vid., por todas, Resoluciones de 18 
de enero de 2013, 10, 11 y 17 de febrero, 13 de marzo, 19 de mayo, 1 de agosto, 26 de 
septiembre, 14 de octubre, 24 de noviembre y 17 de diciembre de 2014, 19 de enero, 27 
de junio, 2 de julio y 13 de septiembre de 2015, 28 de enero y 19 de septiembre de 2016 
y 31 de marzo de 2017, entre otras) que sólo puede ser objeto de recurso la nota de 
calificación negativa de los registradores pero no los asientos ya practicados. En efecto, 
de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  párrafo  tercero  del  artículo  1  de  la  Ley 
Hipotecaria, los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los tribunales, por lo 
que sólo dichos tribunales pueden declarar la nulidad de un asiento.
En  el  mismo  sentido  el  artículo  7.1  del  Reglamento  del  Registro  Mercantil,  en 
concordancia con el artículo 20.1 del Código de Comercio dispone que «el contenido del 
Registro  se  presume  exacto  y  válido.  Los  asientos  del  Registro  están  bajo  la 
salvaguardia de los Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la 
declaración judicial de su inexactitud o nulidad».
En  este  sentido  este  Centro  Directivo  ha  declarado  con  anterioridad  (cfr. 
Resoluciones anteriormente citadas) que el recurso contra la calificación registral es el 
cauce legalmente arbitrado para impugnar la negativa de los registradores a practicar en 
todo o en parte el asiento solicitado (cfr. artículos 66 y 324 de la Ley Hipotecaria) y tiene 
por objeto, exclusivamente, determinar si la calificación negativa es o no ajustada a 
Derecho. No tiene por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, como 
puede ser la procedencia o improcedencia de la práctica, ya efectuada, de los asientos 
registrales, cualquiera que sea la clase de este.
Es  por  ello,  que  la  pretensión  del  recurrente,  de  no  considerar  procedente  la 
anotación preventiva no puede estimarse, ya que como ha señalado esta Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en Resolución de 30 de octubre de 2020 la 
anotación preventiva practicada despliega todos sus efectos mientras no se inscriba la 
declaración judicial de su inexactitud o nulidad.
3. Una vez establecido que la anotación preventiva de solicitud de requerimiento de 
notario para levantar acta de la junta general y complemento de convocatoria despliega 
todos sus efectos y el registrador debe tenerla en cuenta al efectuar la calificación del 
depósito de cuentas presentado, debe valorarse el alcance de la misma.
El artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital establece: «Los administradores 
podrán requerir la presencia de notario para que levante acta de la junta general y 
estarán obligados a hacerlo siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la 
celebración de la junta, lo soliciten socios que representen, al menos el uno por ciento 
del  capital  en  la  sociedad  anónima  o  el  cinco  por  ciento  en  la  sociedad  de 
responsabilidad limitada. En este caso, los acuerdos sólo serán eficaces si constan en 
acta notarial».
El  artículo  172  del  mismo  texto  legal,  en  su  punto  segundo  establece:  «El 
complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como 
mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta. La falta de publicación del 
complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de nulidad de 
la junta».
Ambos  artículos  son  complementados  por  el  artículo  104  del  Reglamento  del 
Registro  Mercantil,  que  dice:  «1.  A  instancia  de  algún  interesado  deberá  anotarse 
preventivamente la solicitud de levantamiento de acta notarial de la junta por la minoría 
prevista en la Ley y de la publicación de un complemento a la convocatoria con inclusión 
de uno o más puntos del orden del día (…) 2. Practicada la anotación preventiva, no  es
podrán inscribirse en el Registro Mercantil los acuerdos adoptados por la junta a que se  o
praceoanfrroieratCera esuocp nmióoe nonls   udaphpisreauein eevstneesettn ñoocta o ivlasmaain d pádnolleeo oem  gsscoeotoa nline ctDsonitt  uiaarqden ul c adece e cinós o lenena  vvGscaootenaclinat caentiotmroaartbiielaa aner,  itnaeuo lnn, R d  soedeu se  anocpcolaóut ssacsoi itóne»ono .  djtuadesre ita cif2lui c8dea end  telalaa s j u jpuenunxibotiasl idt cigeeaen c2ndió0eon1r a 3uld,n,  eayyl     OE-A-2022-2954able en https://www.
como ya había establecido otra Resolución de 13 de noviembre de 1999: «El acta
notarial de la junta general de una sociedad de capital tiene en principio (cuando sea 
solicitada voluntariamente por los administradores) la misma finalidad probatoria que un 
acta ordinaria, pero con el valor añadido de que, al ser un instrumento público, quedan 
bajo la fe del notario los hechos consignados en la misma. Pero el legislador, en 
determinados  casos  y  precisamente  por  la  garantía  que  comporta  la  intervención 
notarial, impone la obligación de acudir a esa forma de documentación. Así ocurre en el 
art. 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital (…) Según este precepto legal, en este 
caso los acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial».
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 8 de febrero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.