BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 84 Jueves 8 de abril de 2021 Sec. III.   Pág. 39556
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
5561 Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
publica  el  Acuerdo  de  encomienda  de  gestión  de  la  Entidad  Pública 
Empresarial ADIF-Alta Velocidad a la Subsecretaría de Hacienda, para la 
gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial.
La  Presidenta  de  la  Entidad  Pública  Empresarial  ADIF-Alta  Velocidad  y  la 
Subsecretaria de Hacienda han suscrito un Acuerdo de encomienda de gestión de la 
Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad a la Subsecretaría de Hacienda para la 
gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.3 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Acuerdo de encomienda de 
gestión, como anejo a la presente Resolución.
Madrid, 29 de marzo de 2021.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEJO
Acuerdo de encomienda de gestión de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta 
Velocidad a la Subsecretaría de Hacienda, para la gestión de expedientes de 
responsabilidad patrimonial
16 de marzo de 2021.
REUNIDAS
De una parte, doña Isabel Pardo de Vera Posada, Presidenta de la entidad pública 
empresarial  ADIF-Alta  Velocidad,  que  en  lo  sucesivo  se  denominará  ADIF-Alta 
Velocidad, en virtud del Real Decreto 735/2018, de 29 de junio, actuando en nombre y 
representación  de  ADIF-Alta  Velocidad  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que  tiene 
conferidas por el artículo 23.1 y 2.a) y d) de su Estatuto, aprobado mediante Real 
Decreto 1044/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad 
Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, y en ejecución del Acuerdo adoptado por el 
Consejo de la Administración de la Entidad de 24 de febrero de 2021.
De otra parte, doña Pilar Paneque Sosa, Subsecretaria de Hacienda, nombrada para 
dicho  cargo  por  Real  Decreto  382/2018,  de  8  de  junio,  actuando  en  nombre  y 
representación del Ministerio de Hacienda.
EXPONEN
Los precedentes de reclamaciones masivas por parte de los ciudadanos por la  oe.
actuación de la Administración General de Estado y de las Entidades de Derecho Público  w.
de ella dependientes han revelado la necesidad de contar con una coordinación y  61ww
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de forma global la incidencia presupuestaria y de gestión de los citados procedimientos.
Por ello, el Real Decreto 689/2020, de 21 de julio, por el que se desarrolla la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Hacienda  y  se  modifica  el  Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales, ha creado, dependiendo de la Secretaría General 
Técnica,  la  Unidad  de  seguimiento,  coordinación  y  gestión  de  procedimientos  de 
responsabilidad patrimonial en el ámbito de la Administración General del Estado y las 
Entidades  de  Derecho  Público  de  ella  dependientes,  que  tiene  como  funciones  el 
estudio, informe, coordinación, y en el caso de que le sea encomendada, la gestión, de 
los procedimientos masivos de responsabilidad patrimonial.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, establece 
en  su  artículo  92  que,  en  el  ámbito  de  la  Administración  General  del  Estado,  los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el Ministro respectivo; 
en el caso de las Entidades de Derecho Público, dicho artículo dispone que habrá que 
atender a las normas que determinen su régimen jurídico, la cuales podrán establecer 
los órganos a quien corresponde la resolución de los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial. En su defecto, se aplicarán las normas previstas en este artículo.
En el caso de la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, el artículo 23.1, 
apartado m), de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, y el 
artículo 3.1.r) de su Estatuto atribuye a la Entidad la competencia para resolver las 
reclamaciones  de  responsabilidad  patrimonial  que  se  formulen  contra  la  misma, 
correspondiendo a la Presidenta de la Entidad, en virtud del artículo 23.2.q) de dicho 
Estatuto, la resolución de las mismas.
El artículo 23.3 del Estatuto de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad 
prevé la posibilidad de delegación por la Presidenta de la Entidad en el personal directivo 
o en los restantes órganos internos de la entidad, las competencias que correspondan al 
Presidente, salvo las previstas en las letras b), c), e), f) del apartado 2 del citado 
artículo 23.
De acuerdo con las delegaciones de competencias de la Presidenta de ADIF-Alta 
Velocidad en órganos internos, actualmente vigentes, la competencia para la resolución 
de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se insten frente a la Entidad se 
estructura, y se encuentra delegada, en los siguientes órganos internos:
La Presidenta de ADIF-Alta Velocidad es el órgano interno competente para resolver 
todas las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de cuantía superior a 1.000.000 
de euros.
El titular de la Secretaría del Consejo de Administración de ADIF-Alta Velocidad es el 
órgano  competente  para  la  resolución  de  las  reclamaciones  de  responsabilidad 
patrimonial que se formulen respecto de la actuación de la entidad, de cuantía igual o 
inferior a 1.000.000 de euros.
Asimismo,  el  titular  de  la  Secretaría  del  Consejo  de  ADIF-Alta  Velocidad  tiene 
delegada la competencia para requerir de subsanación, iniciar y designar instructor en 
todos  los  procedimientos  de  responsabilidad  patrimonial  con  independencia  de  su 
cuantía.
La Presidenta de ADIF-Alta Velocidad es el órgano interno competente para resolver 
los recursos de reposición que se interpongan contra las resoluciones de ADIF-Alta 
Velocidad en materia de responsabilidad patrimonial.
Por ello, ambas partes,
ACUERDAN b
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octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que la Subsecretaría de Hacienda, a
través de su Secretaría General Técnica, por razones de eficacia, lleve a cabo la gestión 
material  de  la  tramitación  de  los  expedientes  de  responsabilidad  patrimonial  de  la 
Administración del Estado o del Estado legislador que se interpongan por la gestión del 
COVID19, derivados de la actuación de ADIF-Alta Velocidad.
Segundo.
La gestión material que se encomienda se concretará en las siguientes actividades 
con  el  alcance  que  en  cada  caso  se  señala,  según  las  especificaciones  técnicas 
recogidas en el Anexo:
a)  Recepción de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial y documentación 
que acompañen debidamente digitalizadas, remitidas en todo caso por la Secretaría del 
Consejo de ADIF-Alta Velocidad.
b)  Alta del expediente en la correspondiente base de datos.
c)  Comprobación del cumplimiento de los requisitos de los artículos 14, 66 y 67 de 
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, y en el caso de que sea necesario otorgar, de acuerdo con lo 
dispuesto en su artículo 68, trámite de subsanación o mejora de la solicitud a los 
interesados.
d)  Petición de informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta 
lesión indemnizable
e)  Otorgamiento, en su caso, de trámite de audiencia al interesado.
f)  Elaboración de la propuesta de resolución.
g)  Solicitud de informe, en su caso, de la Abogacía del Estado del Ministerio de 
Hacienda sobre la propuesta de resolución.
h)  Cuando sea preceptivo, elevar a la firma de la Ministra de Hacienda la petición 
de dictamen al Consejo de Estado.
i)  Tramitación, en su caso, de la suspensión de los plazos para resolver.
j)  Elevación de la propuesta de resolución a la consideración de la Presidenta o, en 
su caso, del Secretario del Consejo de ADIF-Alta Velocidad.
k)  Notificación de la resolución a los interesados.
En  el  caso  de  que  por  los  interesados  se  interpongan  reclamaciones  de 
responsabilidad  patrimonial  del  Estado  legislador  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 32.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, 
en el ámbito de ADIF, se encomienda a la Subsecretaría de Hacienda la realización de 
todas  las  actividades  necesarias  para  la  tramitación  de  dichos  expedientes  –que 
coinciden con las señaladas para la tramitación de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración- hasta la fase de elevación de la correspondiente propuesta de Acuerdo 
resolutorio a la consideración del Consejo de Ministros, competente de acuerdo con el 
artículo 92 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para su resolución. Se encomienda 
igualmente su notificación a los interesados.
En  el  caso  de  que  contra  la  resolución  de  la  reclamación  de  responsabilidad 
patrimonial se interponga por los interesados recurso potestativo de reposición:
a)  Recepción  de  los  recursos  y  documentación  que  acompañen  debidamente 
digitalizados,  remitidas  en  todo  caso  por  la  Secretaría  del  Consejo  de  ADIF-Alta 
Velocidad.
b)  Alta del expediente en la base de datos. e.
c)  Comprobación del cumplimiento de los requisitos de los artículos 14 y 66 de la  w.b
Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el caso de que sea necesario otorgar, de acuerdo con  61ww
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f)  Elaboración de la propuesta de resolución.
g)  Solicitud, en su caso, de informe de la Abogacía del Estado del Ministerio de 
Hacienda sobre la propuesta de resolución.
h)  Elevación de la propuesta de resolución a la consideración de la Presidenta de 
ADIF-Alta Velocidad.
i)  Notificación de la resolución a los interesados.
En el caso de que el recurso potestativo de reposición se interponga contra el 
Acuerdo de Consejo de Ministros resolutorio de la reclamación por responsabilidad del 
Estado  legislador,  se  encomienda  igualmente  a  la  Subsecretaría  de  Hacienda  la 
realización de todas las actividades necesarias para la tramitación de dichos expedientes 
–que coinciden con las que se señalan en el párrafo anterior– hasta la fase de elevación 
de la correspondiente propuesta de Acuerdo resolutorio a la consideración del Consejo 
de Ministros. Se encomienda igualmente su notificación a los interesados.
Finalmente, se encomienda la realización de cualquier otro trámite relacionado con 
las actuaciones cuya gestión se encomienda, siempre que no suponga alteración de la 
titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.
Tercero.
Una vez completada la tramitación de cada uno de los procedimientos objeto de esta 
encomienda, se pondrán a disposición de ADIF-Alta Velocidad los correspondientes 
expedientes  administrativos  electrónicos  para  su  custodia,  a  los  efectos  oportunos 
determinados por el ordenamiento jurídico.
Cuarto.
Se crea una comisión de seguimiento de esta encomienda de gestión, integrada por 
el  titular  de  la  unidad  responsable  de  la  tramitación  de  las  reclamaciones  de 
responsabilidad patrimonial de la ADIF y por el titular de la Unidad de seguimiento, 
coordinación y gestión de procedimientos de responsabilidad patrimonial en el ámbito de 
la  Administración  General  del  Estado  y  las  Entidades  de  Derecho  Público  de  ella 
dependientes de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda. Actuará 
como secretario un funcionario de esta última Unidad.
Quinto.
Correrán a cargo del Ministerio de Hacienda los gastos originados por la gestión 
material objeto de la presente encomienda.
Sexto.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda será la encargada del 
tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  a  los  que  pudiera  tener  acceso  en 
ejecución  de  la  encomienda  de  gestión,  siéndole  de  aplicación  lo  dispuesto  en  la 
normativa de protección de datos de carácter personal.
Séptimo.
La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia de  s
ADIF-Alta  Velocidad  para  la  resolución  de  las  reclamaciones  de  responsabilidad  oe.
patrimonial ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. Asimismo, la encomienda de  w.
gestión tampoco supone cesión de la titularidad de la competencia para la resolución de  61ww
los recursos potestativos de reposición.
Octavo.
ADIF-Alta  Velocidad  informará  al  Ministerio  de  Hacienda  de  las  actuaciones  y 
resoluciones  judiciales  que  se  deriven  de  las  reclamaciones  de  responsabilidad 
patrimonial y de los recursos potestativos de reposición objeto de esta Encomienda.
Noveno.
El plazo de vigencia de la gestión encomendada será de dos años, a contar desde la 
fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
La Presidenta de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, Isabel Pardo 
de Vera Posada.–La Subsecretaria de Hacienda, María Pilar Paneque Sosa.
Anexo de especificaciones operativas
Cuando los interesados presenten las reclamaciones o recursos en papel, estos 
serán digitalizados en todos los casos por ADIF-Alta Velocidad y serán remitidos al 
Registro Auxiliar de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda, a través 
de Geiser (EA0023039).
En  el  plazo  de  un  mes  desde  la  suscripción  de  esta  encomienda,  ADIF-Alta 
Velocidad pondrá a disposición del Ministerio de Hacienda los modelos de documentos 
que incluyan la imagen institucional y los pies de firma que correspondan para que 
puedan ser utilizados por el Ministerio de Hacienda para la redacción de la propuesta de 
resolución.  Asimismo,  ADIF-Alta  Velocidad  remitirá  al  Ministerio  de  Hacienda  las 
actualizaciones que procedan a lo largo de la vigencia de esta encomienda.
Las solicitudes de informe y la remisión de los mismos, así como, en su caso, las 
comunicaciones  de  documentación  que  se  requieran,  se  llevarán  a  cabo 
electrónicamente en la forma que se determine por el Ministerio de Hacienda.
El Área de Responsabilidad Patrimonial de ADIF será la encargada de recabar los 
informes que procedan de la unidad que corresponda por razón de la materia, los cuales 
serán remitidos a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda en el plazo 
de 10 días.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda recabará la firma de la 
Presidenta o, en su caso, del Secretario del Consejo de ADIF-Alta Velocidad, a través del 
portafirmas electrónico correspondiente, en el cual se establecerán los flujos de visto 
bueno y firma que se requieran.
La puesta a disposición de los expedientes administrativos electrónicos se llevará a 
cabo electrónicamente en la forma que se determine por el Ministerio de Hacienda.