BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Viernes 31 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 62259
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8948 Sala Segunda. Sentencia 67/2020, de 29 de junio de 2020. Recurso de 
amparo 4755-2017. Promovido por doña Carmen Molina Serrano respecto de 
las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede 
en  Málaga,  así  como  por  la  administración  tributaria  en  procedimiento 
sancionador. Supuesta vulneración de los derechos a la protección de datos 
y a un proceso con todas las garantías: utilización lícita en un procedimiento 
tributario sancionador de una prueba documental previamente obtenida a 
través de una medida de investigación judicial penal.
ECLI:ES:TC:2020:67
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4755-2017, promovido por doña Carmen Molina 
Serrano, representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca Rueda Quintero, 
y asistida por el abogado don José Luis de Castro Martín, que se dirige frente a los 
acuerdos  de  liquidación,  de  fecha  29  de  agosto  de  2011,  y  de  resolución  de 
procedimiento sancionador, de 14 de septiembre de 2011, de la dependencia regional de 
inspección de la delegación especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
de Andalucía, la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía 
de fecha 19 diciembre de 2013 y la sentencia de 21 de noviembre de 2016, dictada por 
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Málaga, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y la providencia de inadmisión del recurso de 
casación de 12 de julio de 2017, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Supremo,  en  la  medida  en  que  no  habrían 
reparado las vulneraciones que se alega han sido producidas por la administración. Han 
intervenido el Ministerio Fiscal y el abogado del Estado. Ha sido ponente la magistrada 
doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 29 de septiembre de 2017, la 
procuradora de los tribunales doña Blanca Rueda Quintero, en nombre y representación  e
de doña Carmen Molina Serrano, asistida por el abogado don José Luis de Castro  bo
Martín, interpuso demanda de amparo contra los acuerdos de liquidación, de fecha 29 de  48ww
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Aregseonlucciaió nE sdtealt aTl ridbeu nAald mEcinoinstórmacicióon- ATdrmibiuntisatrriaat iv(oA ERAeTg, ioenna l addee laAnntdea) ludceí a Adned afleucchíaa,  1la9 
diciembre de 2013, sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF, en
adelante), ejercicios 2005 y 2006 y la sentencia de 21 de noviembre de 2016, dictada por 
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Málaga, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la providencia de inadmisión del recurso de 
casación de 12 de julio de 2017, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Supremo,  en  la  medida  en  que  no  habrían 
reparado las vulneraciones que se alega han sido producidas por la administración.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  La recurrente había ejercido la actividad de abogada, prestando sus servicios en 
el despacho titularidad de la comunidad de bienes «Rafael Cruz-Conde y Antonio de la 
Riva, C. B.», en el que trabajaban un total de seis abogados.
En el curso de las diligencias previas 1455-2006 (posteriormente, procedimiento 
abreviado  número  80/2010,  «operación  Hidalgo»),  seguidas  ante  el  Juzgado  de 
Instrucción número 2 de Marbella, en el marco de un proceso penal por blanqueo de 
capitales, se ordenó un registro judicial que fue practicado el 17 de abril de 2007 en el 
domicilio de uno de los dos abogados comuneros del despacho citado. La investigación 
desarrollada por el citado juzgado de instrucción fue consecuencia del atestado remitido 
por la unidad de delincuencia y crimen organizado de la costa del sol, sección de 
delincuencia económica y blanqueo de capitales, en relación con la posible existencia de 
un entramado dirigido al blanqueo de capitales con base en el mencionado despacho de 
abogados. En dicho registro, fue incautado un ordenador que contenía unos archivos en 
soporte informático, entre los cuales se encontraba un documento de hoja de cálculo, del 
programa  «Excel»,  titulado  «Beneficio  real».  Dicho  documento  fue  solicitado  por  la 
dependencia regional de inspección de Andalucía, sede Málaga, de la AEAT al amparo 
del art. 94.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria (LGT, en adelante), 
y remitido en consecuencia por el juzgado de instrucción.
b)  La  administración  tributaria  examinó  el  citado  documento,  alcanzando  la 
conclusión de que en el mismo se encontraban los registros de ingresos y gastos reales 
del  citado  despacho  de  abogados,  que  reflejaban  que  los  ingresos  obtenidos  eran 
superiores a los que habían sido declarados por los abogados.
Con base en la citada documentación, la inspección tributaria giró propuesta de 
liquidación a la recurrente, que se opuso a la misma mediante escrito de 3 de agosto 
de 2011, en el que alegó, entre otros extremos, la total ausencia de elementos de 
prueba, al ser los archivos procedentes del registro «un documento privado, incautado 
en un domicilio particular, no firmado ni reconocido por nadie y cuyo contenido era 
totalmente  desconocido  por  esta  parte»,  así  como  refiriéndose  a  la  posible 
prejudicialidad penal, con la alegación de que los mismos archivos habrían servido de 
base para la imputación penal de dos de los comuneros del despacho.
Tras  rechazar  las  alegaciones  anteriores,  el  inspector  regional  adjunto  de  la 
dependencia regional de inspección (sede en Málaga) de la delegación especial de 
Andalucía de la AEAT dictó acuerdo de 29 de agosto de 2011 de liquidación, por importe 
de 104 158,00 €, correspondiente al IRPF de la recurrente en amparo, ejercicios 2005 
y 2006. Asimismo, con posterioridad, el 14 de septiembre de 2011, se dictó acuerdo de 
resolución del procedimiento sancionador derivado de la anterior liquidación, con un 
importe a ingresar de 59 573,88 €, consecuencia de la comisión de una infracción 
tributaria grave tipificada en el artículo 191 LGT.
En el acuerdo de liquidación se expone que la demandante habría presentado 
autoliquidaciones  correspondientes  a  los  ejercicios  comprobados,  2005  y  2006,  e
consignando unos importes inferiores a los que se derivan de los citados archivos en  bo
soporte informático incautados en el registro judicial. El informe añade que los datos  48ww
lcoosn tmenoivdiomsi eennt olsa sd dee ccluaeranctaiosn ebsa ndcealr iraess toa ndaeli zaabdoogsa, dpoesr my icteonm ucnoenrcolusi,r  aqsuí ec olamso  ctuaamnbtíiéans 
dreefll ecjiataddaos  deens lpoasc ahroc hpirvoofse siniofonraml.áticos citados son un fiel reflejo de la realidad económica
c)  Los  referidos  actos  administrativos  tributarios,  liquidación  y  sanción,  fueron 
objeto de sendas reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional, formuladas por la recurrente con fecha de 28 de septiembre 
y  14  de  octubre,  ambas  de  2011,  y  registradas  respectivamente  con  los 
números 29/65265/2011 y acumulada 29/65591/2011.
En dichas reclamaciones, la recurrente reiteró sus alegaciones sobre el carácter 
ilícito de las pruebas utilizadas, refiriéndose a la conculcación del deber de secreto por 
parte de la inspección, de acuerdo con la ley de protección de datos, así como haciendo 
hincapié en que los archivos en los que se basa la inspección serían unos documentos 
informáticos perfectamente manipulables, cuya verdad y existencia nunca habría sido 
testimoniada  por  secretario  judicial  alguno.  Se  insistió  en  que  tanto  la  liquidación 
tributaria como el posterior acuerdo sancionador tuvieron origen único en los datos 
trasladados por dicho juez de instrucción, en concreto en la citada hoja de cálculo del 
programa «Excel», y sin que en el procedimiento inspector se encontraran pruebas 
adicionales de los ingresos que se consideran no declarados.
d)  La  resolución  del  Tribunal  Económico-Administrativo  Regional  de  Andalucía 
(sede de Málaga), de 19 de diciembre de 2013, desestimó íntegramente todos los 
argumentos  esgrimidos  al  resolver  las  citadas  reclamaciones  29/65265/2011,  y 
acumulada 29/65591/2011.
Sobre la ilicitud de las pruebas y la prejudicialidad penal, se asumen expresamente 
los argumentos recogidos en el acuerdo de liquidación recurrido. En relación con la 
sanción, se considera adecuadamente motivado el acuerdo sancionador, confirmando 
que concurre la culpabilidad exigida en el tipo, al haberse constatado suficientemente el 
ingreso,  por  parte  de  la  recurrente,  de  cantidades  inferiores  a  las  que  habrían 
correspondido por su actividad.
e)  Agotada la vía administrativa, se interpuso demanda en proceso contencioso-
administrativo,  solicitando  la  nulidad  de  la  resolución  del  Tribunal  Económico-
Administrativo Regional «y de todas las actuaciones administrativas que le traen causa, 
revocando por tanto las actas de liquidación y de sanción emitidas, condenando a la 
agencia tributaria a devolver a mi mandante todas las cantidades pagadas por estos 
conceptos, más sus intereses legales». En la demanda se pidió que «se tengan por 
reproducidas como parte integrante de la presente demanda todas y cada una de las 
alegaciones  que  [...]  hizo  en  los  escritos  presentados  en  el  expediente  económico 
administrativo», centrándose especialmente en la ya denunciada ilegalidad de la prueba 
practicada, e insistiendo en la ausencia de pruebas adicionales de los menores ingresos 
declarados.
f)  El recurso fue resuelto por la sentencia de 21 de noviembre de 2016, dictada por 
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Málaga, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo 
número  92-2014.  La  sentencia  contiene  una  argumentación  por  remisión  en  el 
fundamento cuarto, con cita literal de una anterior, dictada en relación con otro de los 
socios  en  fecha  9  de  diciembre  de  2015  [sentencia  número  2732/2015, 
recurso 317-2014].
De la sentencia cabe destacar los siguientes razonamientos:
En primer lugar, se descarta la ilegalidad de la prueba, afirmando que «es obligado a 
la administración tributaria valerse de dicha información judicial, y ello porque cualquier 
infracción tributaria es denunciable y tiene que ponerse en conocimiento de la AEAT por 
cualquier medio como así hizo el juzgado, por tanto no es ilegal el modo de llegar a la  e.
administración tributaria la contabilidad del actor la oficial y la oficiosa». w.b
Se descarta igualmente la pretendida carencia de valor probatorio de los archivos  48ww
ianffiormrmáántdicoosse,  quseo blraes  cluaa nbtíaasse  dedreiv aduansa  dper elat ecnodnidtaab ilimdaadn iphuallalacdióan c odinec idseun  ccoonn tlean qiduoe, 
traemsubltiéan d heal  rteesntiod od ee nla csu pernuteab laa sA, EeAstTo,  ceosn,  lcoista m doevl iimnfioernmtoes  admep cliuaetonrtiaos d ye  clao nintasbpielicdcaidó nq udee 
los  tributos  así  como  del  acuerdo  de  liquidación.  Se  constata  que,  a  lo  largo  del
procedimiento inspector, se desarrollaron diversas actuaciones que probaron que la 
recurrente ocultó a la AEAT ingresos económicos en los ejercicios 2005 y 2006, pruebas 
que fueron puestas de manifiesto a la recurrente en el momento procedimental oportuno, 
y frente a las que se han podido presentar alegaciones, «sin que se vulnerara norma 
alguna ni se le haya causado indefensión».
En segundo lugar, en cuanto a la prejudicialidad penal alegada, por la tramitación del 
procedimiento de diligencias previas 1455/2006 seguido en el Juzgado de Instrucción 
núm. 2 de Marbella, se afirma que «no se produce esta circunstancia, toda vez que [la] 
recurrente no se encuentra imputad[a] en sede penal por delito fiscal correspondiente al 
impuesto sobre la renta de las personas físicas de los ejercicios 2005 y 2006 que 
constituyen los conceptos tributarios objeto de la presente litis únicamente en el seno de 
dichas diligencias y como consecuencia de un registro judicial ordenado en dichas 
diligencias y practicado el 17 de abril de 2007 que fueron enviados a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Marbella, por ello 
no existe la prejudicialidad denunciada».
En tercer lugar, en relación con el contenido de la prueba electrónica, y su pretendido 
carácter  alterable,  se  descartan  igualmente  las  alegaciones  esgrimidas  por  la 
demandante señalando que los citados archivos informáticos son, según consta en el 
acuerdo de liquidación «unos registros completos y detallados de los ingresos y gastos 
reales, en ellos se diferencia entre ingresos oficiales y no oficiales. Además, se incluye 
una especie de cuenta o mayor de cada uno de los comuneros y de los cuatro abogados 
que prestaban servicios profesionales y que cobraban un porcentaje de los beneficios 
reales y en los mismos se reflejan los importes declarados que coinciden con los 
importes realmente declarados por [el actor] y es por lo que hay que concluir que ese 
‘archivo informático’ es la ‘contabilidad real’ del despacho de abogados». Añade que es 
lógico que «tratándose de ingresos sin declarar, no exista un mayor rastro y que no se 
tuviesen esos registros en el propio despacho profesional como reconoce el auto que el 
juzgado instructor envió a la AEAT».
Por último, se señala que la entrada y registro de la que procede el documento 
controvertido fue ya abordada mediante la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo 
Penal, de 5 de diciembre de 2012, en la que se declara respecto del mismo registro de 
entrada y de la documentación intervenida («operación Hidalgo») que «se descarta que 
durante  la  instrucción  se  vulneraran  los  derechos  fundamentales  de  los  acusados, 
analizándose particularmente la licitud del registro practicado en el despacho profesional 
de uno de los recurrentes, abogado de profesión, entendiéndose que la medida fue 
proporcionada y estuvo debidamente motivada sirviendo de base para la condena de los 
recurrentes, con lo cual toda alegación sobre la ilicitud de tal prueba y sus conclusiones 
debe desestimarse».
g)  Frente a la anterior sentencia, la demandante preparó un recurso de casación de 
fecha 23 de enero de 2017, en el que se denunciaba la infracción por parte de la 
sentencia recurrida de la norma del artículo 18 CE [en relación con los artículos 588 ter 
a) y 579 bis 1 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim)]; de las normas de rango 
constitucional (artículo 10.2 CE) contenidas en los artículos 7 y 52 de la Carta de los 
derechos fundamentales de la Unión Europea; de la norma del artículo 11.1, párrafo 
segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en relación con lo dispuesto en 
el artículo 10.2 de la misma Ley Orgánica, en el artículo 77.4 de la Ley del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas y en los artículos 250.2, 251.3 
y 257.2 LGT; y de la norma del artículo 24.2 CE, que garantiza el derecho fundamental a  e.
un proceso con todas las garantías. w.b
El recurso fue inadmitido mediante providencia de 12 de julio de 2017, dictada por la  48ww
Sreeccucrisóon  2P4ri7m6e/2ra0 1d7e,  lap oSr aclaa rdeen cloia C doen teinntceiroésso -cAadsmacinioisntraal tiovboj edteivl oT rpibaurnaa ll aS ufoprrmemacoi,ó enn d eel 
cjuornistpernucdioesnoc-iaA dym isniins trqautiev,a ,c osne  rheasypae cjtuos tidfiecla daort . p8o8r .3la  ar)e cduer relan teL eyla  dceo nlacu rjurerinscdiiac cdióenl 
presupuesto para que opere la presunción que el precepto establece.
3.  En la demanda de amparo se alega la infracción del derecho fundamental a la 
protección de los datos personales (artículo 18.4 CE), en conexión con el derecho a un 
proceso con todas las garantías (artículo 24.2 CE).
a)  En  primer  lugar,  la  demanda  afirma  que  las  resoluciones  administrativas 
impugnadas lesionan el derecho fundamental a la protección de los datos personales 
reconocido en el art. 18 CE. Tras referirse a los apartados primero y tercero del precepto, 
se centra el escrito en la lesión del derecho fundamental a la protección de los datos 
personales (artículo 18.4 CE).
Considera, en esencia, que el medio de prueba como el que da lugar a la liquidación 
y sanción recurridas, no estaba disponible para la administración tributaria. Razona que, 
en virtud del principio de proporcionalidad, los medios de prueba que interfieren más 
intensamente en el ejercicio de los derechos fundamentales quedan reservados para la 
investigación  de  aquellas  infracciones  que  atentan  más  intensamente  a  los  bienes 
constitucionales de mayor relevancia. Esto explica que las medidas de investigación 
limitativas  de  los  derechos  reconocidos  en  el  artículo  18  CE,  reguladas  en  los 
artículos 545 y siguientes LECrim, no puedan emplearse con independencia de cuál sea 
la infracción de cuya persecución se trata. Así, por ejemplo, mientras que la entrada en 
domicilio puede autorizarse con carácter general para la investigación de cualquier delito 
o infracción administrativa, otras actuaciones de investigación, como por ejemplo la 
intervención de comunicaciones escritas o telegráficas (artículo 579 LECrim), telefónicas 
y telemáticas [artículo 588 ter a) LECrim], o los registros remotos [artículo 588 septies a) 
LECrim], solo pueden utilizarse para la persecución de las infracciones penales más 
graves.
En relación con lo anterior, resalta que no hay una regulación legal que ampare el 
acceso a tales documentos por parte de la administración tributaria ya que ello no está 
contemplado en la Ley de enjuiciamiento criminal más que para un proceso judicial, no 
administrativo. De esta manera, el artículo 579 bis LECrim regula la utilización, en el 
marco de la investigación de una infracción penal, de la información obtenida en un 
procedimiento distinto. Su apartado primero dispone que el «resultado de la detención y 
apertura de la correspondencia escrita y telegráfica podrá ser utilizado como medio de 
investigación o prueba en otro proceso penal», mientras que los apartados segundo y 
tercero  someten  dicha  utilización  a  ciertos  requisitos  específicos.  Al  referirse 
expresamente a la utilización del resultado de la apertura de correspondencia escrita, es 
discutible la aplicabilidad de la habilitación contenida en este precepto al resultado de un 
medio de investigación diferente, como es el registro de dispositivos de almacenamiento 
masivo de información. Sin embargo, lo que no parece dudoso es que esa habilitación se 
encuentra limitada a la utilización de la información así obtenida «en otro proceso penal» 
y no, por tanto, en un procedimiento administrativo.
La  demanda  expone  el  régimen  jurídico  de  los  descubrimientos  casuales,  con 
referencia, por un lado, a los artículos 588 sexies a), b) y c) LECrim, que regulan el 
registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información; y por otro, al uso de 
los datos recabados en otros procesos, previsto en el art. 579 bis LECrim solo para otro 
proceso penal, pero no administrativo. En este sentido, recalca que las normas que 
regulan con carácter general el procedimiento administrativo sancionador tampoco hacen 
referencia a la posibilidad de utilizar como prueba las obtenidas en el marco de procesos 
penales (artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas). Esto sí sucedía, afirma la demanda, en la 
legislación específica sobre deporte, al existir una previsión legal expresa (artículo 33.5  e.
de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y  w.b
lucha contra el dopaje en la actividad deportiva), pero no en materia tributaria, donde no  48ww
hleayb reían  tmal aptererivai sdióen  ilnetgearfl eerxepnrceiassa . eAn  lae lv idsetare dceh olo a a nlate rpioror,t eyc cdieóln p rdinec idpaioto dse p reersseornvaal edse, 
cnoonrmclautyivea q uvieg eenl ttera. sClaitdao  edne  sdua toasp opyoor  plaa rstee ndteeln jcuieaz d ienls tTruricbtuonr anlo d ees tJaubsati caima pdaer aldao U ennió lna 
Europea  de  17  de  diciembre  de  2015,  asunto  C-419/14,  WebMindLicenses
(ECLI:EU:C:2015:832), que resuelve una cuestión prejudicial relativa a la conformidad 
con el Derecho de la Unión de un régimen nacional que permitía a la autoridad tributaria 
de  un  estado  utilizar  en  la  fase  probatoria  de  un  procedimiento  tributario  datos 
procedentes de «registros de interceptaciones obtenidos sin conocimiento del sujeto 
pasivo […] en el marco de un procedimiento de carácter penal» (apartado 28). Concluye, 
en fin, que de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que a 
su vez se apoya en la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 8 del 
Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, la «utilización por la administración tributaria de pruebas obtenidas en el 
marco  de  un  procedimiento  penal  no  concluido  mediante  intercepciones  de 
telecomunicaciones e incautaciones de correos electrónicos» solo respeta los derechos 
a la vida privada, al secreto de las comunicaciones y la protección de datos si se 
encuentra prevista por la ley «de forma suficientemente clara y precisa» (apartados 80 
y 81).
b)  En conexión con lo anterior, se denuncia la vulneración del derecho a un proceso 
con todas las garantías (artículo 24.2 CE). La demanda se refiere a la doctrina de este 
tribunal, de acuerdo con la cual «constatada la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas 
con violación de derechos fundamentales, su recepción procesal implica una ignorancia 
de las ‘garantías’ propias del proceso (artículo 24.2 de la Constitución)» (STC 114/1984, 
de 29 de noviembre). Recuerda que al tratarse de un procedimiento sancionador es 
posible esgrimir el derecho a un proceso con todas las garantías que se ve infringido si la 
imposición de la sanción descansa en el empleo de una prueba ilícita, como es la que 
resulta de la utilización de los descubrimientos casuales hallados en un proceso penal. 
En consecuencia, el acuerdo de 14 de septiembre de 2011 lesiona a la vez el derecho 
fundamental a la protección de datos (artículo 18.4 CE) y el derecho fundamental a un 
proceso con todas las garantías (artículo 24.2 CE).
4.  Por  providencia  de  1  de  octubre  de  2018,  la  Sala  Segunda  del  Tribunal 
Constitucional acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que 
concurre  una  especial  trascendencia  constitucional,  porque  el  recurso  plantea  un 
problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina 
de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), obrando ya en la sala testimonio 
de las actuaciones judiciales, se ordenó dirigir atenta comunicación al Tribunal Supremo, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, a fin de que, en un plazo que no 
exceda  de  diez  días,  remita  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones 
correspondientes al recurso de casación 2476-2017. Asimismo, se ordenó dirigir atenta 
comunicación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sección Tercera, con sede 
en Málaga, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, para que en un plazo que no 
exceda  de  diez  días  remita  igualmente  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las 
actuaciones  correspondientes  al  recurso  núm.  92-2014,  debiendo  previamente 
emplazarse, para que en el plazo de diez días puedan comparecer, si lo desean, en el 
recurso de amparo quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte 
recurrente en amparo. Por último, se ordena dirigir atento oficio al Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Andalucía, con sede en Málaga, a fin de que remita copia 
adverada del expediente administrativo relativo a la reclamación núm. 29/65265/2011, y 
acumulada 29/65591/2011.
5.  El abogado del Estado, mediante escrito registrado el 18 de octubre de 2018, se  e
persona en el procedimiento, solicitando que se entiendan con él todos los posteriores  bo
trámites del procedimiento. 48ww
por 6p.e rsMoneaddiaon tael  adbilioggeandcoia  ddeel  Eorsdtaednoa,c iaócno rddea n2d3o d ed anro vviisetma bdree  ladse  a2c0t1u8a,c sioen aecso rredcóib tiednaesr, 
por un plazo común de veinte días, a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para
que, de conformidad con el artículo 52.1 LOTC, presentaran las alegaciones pertinentes.
7.  Por escrito registrado el 3 de enero de 2019, la procuradora de los tribunales 
doña Blanca Rueda Quintero, en nombre y representación de doña Carmen Molina 
Serrano, se personó en el proceso de amparo, dando por reproducidas las alegaciones 
contenidas en el recurso de amparo, sin perjuicio de recoger en su escrito los elementos 
centrales de la fundamentación jurídica del recurso. Se hace hincapié en el escrito en 
que,  al  utilizar  la  información  obtenida  mediante  el  registro  de  los  dispositivos  de 
almacenamiento de información autorizado en el marco de un procedimiento penal, los 
acuerdos  de  liquidación  y  sancionador  recurridos  han  lesionado  el  derecho  a  la 
protección de datos personales del art. 18.4 CE, además de su derecho a un proceso 
con  todas  las  garantías.  Adicionalmente,  se  reiteran  las  consideraciones  sobre  la 
relevancia del Derecho de la Unión Europea, citando nuevamente la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de diciembre de 2015, asunto C-419/14, 
WebMindLicenses (ECLI:EU:C:2015:832), y añadiendo la cita de la sentencia de 21 de 
diciembre  de  2016,  asuntos  acumulados  C-203/15  y  C-698/15,  Tele2  Sverige  AB 
(ECLI:EU:C:2016:970), y la referencia al Dictamen 1/15, de la Gran Sala del Tribunal de 
Justicia de 26 de julio de 2017, sobre el Acuerdo previsto entre Canadá y la Unión 
Europea sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los 
pasajeros.
8.  El 3 de enero de 2019 tuvo entrada en el registro de este tribunal el escrito de 
alegaciones del abogado del Estado.
Una vez resumidas las alegaciones principales de la demanda, se refiere en primer 
lugar a la lesión del art. 18.4 CE. Comienza recalcando que las pruebas obtenidas no 
pueden ni siquiera considerarse un hallazgo casual, pues ello presupone que aparezcan 
indicios o pruebas que exceden de los ámbitos objetivos o subjetivos en relación con los 
cuales  se  dictó  el  auto  autorizando  la  intervención.  Sin  embargo,  en  este  caso 
precisamente el auto de entrada, registro e incautación tenía por objeto recabar pruebas 
sobre datos económicos y contables de la comunidad de bienes investigada, por lo que 
precisamente la obtención de pruebas que mostrarían la doble contabilidad no supone 
un hallazgo casual, sino de hecho la información que se buscaba en relación con los 
delitos investigados.
En relación con la utilización, en el procedimiento inspector, de la documentación 
obtenida como consecuencia de una entrada y registro ordenada en el ámbito de un 
proceso penal, sostiene que estamos ante unos datos que la propia administración 
tributaria podría haber obtenido de forma nativa, a través de una autorización de entrada 
y registro de domicilios y lugares cerrados. En este caso, puesto que el juzgado de 
instrucción ya había realizado la previa entrada y registro, dicha medida de investigación 
habría  resultado  infructuosa,  al  estar  ya  la  documentación  incautada,  además  de 
innecesaria, pues precisamente se prevé la solicitud del auxilio del juzgado, al amparo 
del artículo 94.3 LGT. Se refiere, a continuación, a la doctrina del Tribunal Supremo, con 
cita de la sentencia de 30 de abril de 2012, dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, (en el recurso de casación número 197-2010), cuyo 
fundamento noveno trascribe, y de acuerdo con la cual, si bien no es posible utilizar el 
resultado de una intervención telefónica acordada en un proceso penal en el marco de 
un  procedimiento  sancionador  administrativo,  lo  mismo  no  es  predicable  de  las 
diligencias de entrada y registro, pues precisamente el art. 113 LGT, contempla la 
posibilidad de que la misma se autorice en el marco de las actuaciones inspectoras.
Se refiere a continuación a la pretendida vulneración del derecho a la protección de 
datos personales, del art. 18.4 CE, y tras precisar que la demanda no indica ninguna  e.
norma de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de  w.b
carácter personal (LOPD, en adelante) que supuestamente se haya incumplido en este  48ww
creaqsuoi,e rsee ñeal lac oqnusee netilm aiertn. to1 1d.2e l LinOtPerDe,s aadpoli c«a[bcl]eu arnadtioo nlea  tceemsipóonr ise,s teás taaubtloercizea dqau ee nn ou nsae 
alebyu»n, dalom  iqeuneto , seulc eesdcer itoe ns ee rsetefi ercea sao l,a  dinef oramcuaeciródno  ccoonnc reetal maertn. te9 4o.b3t enLiGdaT,.  reAi temraanydoor 
que  se  trataba  de  información  de  naturaleza  económica,  contable  y  fiscal,  cuya
incidencia en la intimidad es por tanto menor, y resaltando que el acceso se produjo 
previa autorización judicial, tal y como después se confirmaría en la sentencia del 
Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, citada por la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía recurrida en amparo, y en la que se corrobora la licitud 
del registro practicado en las citadas diligencias penales. No enerva las conclusiones 
alcanzadas la cita de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de 
diciembre de 2015 (asunto C-419/14, WebMindLicenses), pues en el mismo se aborda 
un  asunto  diferente,  referido  a  la  incautación  de  correos  electrónicos  por  la 
administración  tributaria  sin  previa  autorización  judicial,  mientras  que  en  el  caso 
contemplado se trata de la incautación de una hoja «Excel» con datos contables, que 
supone una incidencia mucho menor en los derechos de los afectados. Se concluye que 
no se ha producido ningún incumplimiento de la normativa de protección de datos, y la 
utilización y traslado de la prueba recabada se ha ajustado a lo dispuesto por la ley.
En cuanto a la vulneración del art. 24.2 CE, se hace hincapié en que la lesión se 
denuncia en relación con los argumentos referidos a la prueba, que se reputa ilícita por 
la mencionada lesión del art. 18.4 CE. Por tanto, una vez concluido que la misma no era 
ilícita, debe concluirse que no se ha lesionado de ninguna forma el derecho de defensa 
de la demandante.
9.  El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 18 de enero de 2019, 
en el cual interesa la desestimación del amparo.
Tras recoger sucintamente los antecedentes de hecho, y previamente al análisis de 
fondo, interesa la inadmisión del primer motivo de la demanda, por falta de invocación 
tempestiva en la instancia judicial, previa a este amparo. En concreto, considera que ni 
en la reclamación económico-administrativa contra los acuerdos de liquidación tributaria 
y de sanción impugnados, ni en la demanda del recurso contencioso-administrativo, la 
recurrente alegó la vulneración de los derechos a la protección de datos y al proceso con 
todas las garantías de los arts. 18.4 y 24.2 CE, en base a la ausencia de una previsión 
legal que legitime la incorporación al proceso administrativo tributario de los elementos 
de prueba obtenidos en el marco de un proceso penal con restricción de derechos 
fundamentales. Esta vulneración de derechos fundamentales, que es la alegada en la 
demanda de amparo, se denunció por primera vez en la instancia, en el momento de 
preparación del recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Málaga, que fue inadmitido a trámite por la providencia de 12 de julio de 2017, de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, al no apreciar la concurrencia de 
interés casacional objetivo.
Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto al fondo, considera que en todo caso sí existe 
en la Ley de enjuiciamiento criminal habilitación legal para emplear las pruebas halladas 
en un procedimiento diferente, con cita de los arts. 579 bis y 588 bis i), añadiendo que en 
todo caso la demanda no cuestiona la legitimidad de la medida de registro de los equipos 
informáticos,  sino  únicamente  el  traslado  de  la  prueba  desde  el  proceso  penal  al 
administrativo. En este sentido, se refiere a los arts. 93 y 94 LGT, en los que se 
encontraría la habilitación legal para dicho traslado de prueba, que además constituye un 
mandato de acuerdo con el art. 93.4 LGT, que transcribe.
Sin perjuicio de lo anterior, que bastaría para que se desestimaran las vulneraciones 
alegadas, se añade que la propia administración tributaria, y en concreto la inspección 
tributaria, está expresamente facultada para el registro de toda clase de documentos que 
contengan información con relevancia tributaria, pudiendo para ello acceder en su caso  e.
al domicilio de un contribuyente, previa autorización judicial, de acuerdo con lo previsto  w.b
en los arts. 113 y 142 LGT. Con ello se descarta toda vulneración del art. 18.4 CE y, en  48ww
qreulaec sióen h cizoon e lan  mel ispmroac,e ldai malieegnatod aa dvmulinneisrtaracitóivno  ddeel  laar tp. r2u4e.b2a C pEre, tqeuned isdea msuesnteten tilaíc eitna .el uso
10.  Por providencia de 25 de junio de 2020 se señaló para votación y fallo del
presente recurso el día 29 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo.
El presente recurso de amparo tiene por objeto los acuerdos de liquidación, de 
fecha 29 de agosto de 2011, y de resolución del procedimiento sancionador, de 14 de 
septiembre de 2011, dictados por la dependencia regional de inspección de la delegación 
especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, la resolución 
del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía de 19 diciembre de 2013, 
sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ejercicios 2005 y 2006, y la 
sentencia de 21 de noviembre de 2016, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, con sede en Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía y la providencia de inadmisión del recurso de casación de 12 de julio de 2017, 
dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en la medida en que no habrían reparado las vulneraciones que se alega han 
sido producidas por la administración.
La demanda denuncia la vulneración de los arts. 18.4 y 24.2 CE. Con los argumentos 
que  ya  han  quedado  recogidos  en  el  antecedente  tercero,  y  que  se  dan  por 
reproducidos, considera que la liquidación tributaria, y posterior sanción, se basaron 
únicamente en una prueba que reputa ilícita, a consecuencia de haber sido obtenida en 
un procedimiento penal, por considerar que este medio de prueba no estaba disponible 
para la administración tributaria.
En sus respectivos escritos, resumidos en los antecedentes octavo y noveno, el 
abogado del Estado y el Ministerio Fiscal solicitan la denegación del amparo. Este último 
alega, además, la falta de invocación tempestiva de las lesiones denunciadas.
2.  La falta de invocación previa del derecho fundamental alegado.
Con carácter previo a enjuiciar las quejas de fondo de la demanda, ha de darse 
contestación a las excepciones de inadmisibilidad invocadas por el Ministerio Fiscal, que 
ha interesado la inadmisión del primero de los motivos, con base en el art. 44.1 c) LOTC, 
al  considerar  incumplido  el  requisito  de  invocación  tempestiva.  Considera  que  la 
recurrente alegó la vulneración de los derechos a la protección de datos y al proceso con 
todas las garantías de los arts. 18.4 y 24.2 CE únicamente cuando se presentó el escrito 
de  preparación  del  recurso  de  casación,  sin  que  previamente  se  mencionaran  los 
derechos protegidos.
El óbice debe ser rechazado. Es cierto que, en un primer momento, las alegaciones 
de la demanda se refirieron no solo al traslado de la prueba desde el proceso penal al 
administrativo,  sino  a  la  prueba  misma,  estimando  que  no  revestía  las  garantías 
necesarias para su traslado, por tratarse de un archivo contable fácilmente manipulable. 
Esta alegación, sin embargo, no se reitera después, en la demanda de amparo, en la 
que en todo caso se sigue manteniendo, como se ha hecho desde el inicio, la queja de 
ilegalidad de la prueba al considerar que la inspección carecía de potestades para 
liquidar y sancionar sobre la base del citado documento contable, procedente de un 
registro ordenado en un procedimiento penal. Por otro lado, tal y como consta en los 
antecedentes  de  esta  sentencia,  en  las  reclamaciones  económico-administrativas 
formuladas por la demandante ante el tribunal económico-administrativo regional, se hizo 
ya referencia a la conculcación del deber de secreto por parte de la inspección, con 
mención de la ley de protección de datos. Posteriormente, tanto en la propia demanda 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como en el trámite de conclusiones  e.
escritas, se argumentó sobre la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia,  w.
y con mención del derecho al secreto de las comunicaciones (recogido en el art. 18.3  48ww
CprEe)p, aaraucnióqnu ed seiln  reccituarrs oe xdpere scaamsaecnióten ,e ly  aernt.  e1l8 .r4e cCuErs,o  codme oa msep ahroa.r íaD ed eessptuaé sm, aenne rala, 
edxeammainndaad os oello  cocnojnutnetnog ad eul neax preedfeiernetnec, iad eebxep lríecistata rasel  aimrt.p o1r8ta.4n ciCaE a l ehne cehl or edceu rqsuoe  dlae   BOE-A-cable e
casación,  y  después  en  amparo.  Efectivamente  las  alegaciones  mantenidas  en  las 
distintas fases procesales no han sido idénticas en su formulación, pero debe recordarse 
que nuestra doctrina lo que exige es que la recurrente haya aportado al órgano judicial 
los datos de hecho suficientes para que este último pueda reconocer la existencia de la 
lesión del derecho fundamental que ante él se deduce [SSTC 191/2011, de 12 de 
diciembre, FJ 2; 40/2012, de 29 de marzo, FJ 3; 41/2012, de 29 de marzo, FJ 4, 
y 3/2018, de 22 de enero, FJ 2 c)], lo que sucede en este caso, en el que cabe por tanto 
apreciar una homogeneidad en las quejas esgrimidas tanto en la vía administrativa como 
en la judicial, y teniendo en cuenta que hemos reiterado que «[l]o decisivo es que, a 
través de las alegaciones que se formulen en la vía judicial, de los términos en que se ha 
planteado el debate en  la  vía procesal o de la  descripción fáctica de los datos o 
circunstancias de hecho de la violación del derecho fundamental o del agravio del 
mismo, se permita a los órganos judiciales su conocimiento en orden a que, de un lado, 
puedan argumentar y pronunciarse sobre la cuestión y, de otro, reparen, en su caso, la 
vulneración  aducida  (STC  22/2020,  de  13  de  febrero,  FJ  6;  con  cita  de  las 
SSTC 53/2012, de 29 de marzo, FJ 2, y 117/2014, de 8 de julio, FJ 3). No cabe, en 
consecuencia, apreciar el defecto de falta de invocación de la lesión constitucional 
[art. 44.1 c) LOTC] opuesto por el Ministerio Fiscal.
3.  Especial trascendencia constitucional.
Es preciso hacer una referencia expresa a las razones por las cuales este asunto 
tiene especial trascendencia constitucional, al tratarse de una cuestión de orden público 
procesal (STC 222/2016, de 19 de diciembre, FJ 2). La concurrencia del requisito de 
admisión  [artículos  49.1  y  50.1  b)  LOTC]  y  las  exigencias  de  certeza  y  buena 
administración de justicia (STEDH de 20 de enero de 2015, asunto Arribas Antón c. 
España, § 46) obligan a explicitar su cumplimiento a fin de hacer así reconocibles los 
criterios empleados al efecto por este tribunal, al que corresponde en exclusiva la 
apreciación de si concurre en cada caso trascendencia constitucional, o lo que es lo 
mismo, si el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo, atendiendo a su 
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su 
general  eficacia  y  para  la  determinación  del  contenido  y  alcance  de  los  derechos 
fundamentales (SSTC 172/2016, de 17 de octubre, FJ 2; 14/2017, de 30 de enero, FJ 3, 
y 37/2019, de 26 de marzo, FJ 3).
En el presente asunto, el tribunal decidió admitir el recurso de amparo al apreciar que 
concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque 
el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre 
el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]. En el momento de su 
admisión, el tribunal valoró la novedad, desde la perspectiva del art. 24.2 CE, de una 
controversia en la que se deben abordar las posibilidades de utilización, por parte de la 
inspección de los tributos y en el marco de un procedimiento sancionador, de pruebas 
que han sido previamente recabadas en un proceso penal.
4.  Examen de las lesiones denunciadas.
Aunque  la  demandante  de  amparo  haya  articulado  dos  quejas  diferenciadas, 
invocando, por un lado, el art. 18.4 CE y, por otro, el 24.2 CE, lo cierto es que, como 
advierte el abogado del Estado en su escrito de alegaciones, la argumentación en la que 
se fundamentan las dos quejas es similar, pues lo que se cuestiona es el uso de una 
prueba documental en el ámbito sancionador administrativo, tras ser obtenida en el  e.
marco de un procedimiento penal. La vulneración del derecho a un proceso con todas las  w.
garantías (art. 24.2 CE) que se alega por la demanda se vincula así al traslado de la  48ww
ptarmuebbiéan o dbetel nairdt.a 1 e8n.4  eCl Ep,r oacl endoi mesietanrt op rpeevnisatal,  eqnu ela s lee yr edpicuhtaa  mpoerd iedlalo. ilegal, y lesionadora
la enLtara ddeam ya rnedgais ntroo  ceune lsat iqounea  slae  loebgtiutimvoid laa dp rduee blaa ,d neic pisoiór nta jnutdoi ceiaslt rpicotra mlae qnutee  lsae l eaguatolidriazdó   BOE-A-cable e
del proceso de obtención de la misma, que consta en los antecedentes que procede de 
un registro ordenado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, en el curso de 
las  diligencias  previas  1455-2006  (posteriormente,  procedimiento  abreviado 
número 80-2010). La queja, como ha quedado recogido en los antecedentes de esta 
sentencia,  se  refiere  al  hecho  de  que,  habiéndose  obtenido  en  el  ámbito  de  un 
procedimiento  penal,  la  prueba  documental  se  haya  utilizado,  después,  en  un 
procedimiento administrativo, y utilizado como base para dictar la liquidación e imponer 
la sanción que aquí se impugnan.
La demanda parte así de la premisa de que una prueba obtenida en el marco de un 
procedimiento penal no puede ser utilizada después en un procedimiento administrativo 
tributario.
Esta premisa debe ser rechazada, a partir de las siguientes consideraciones:
a)  Lo primero que debe precisarse es que el art. 18.4 CE, que garantiza el derecho 
fundamental a la protección de datos de carácter personal, no se ve vulnerado en este 
proceso, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, recogida entre otras en la STC 17/2013, 
de  31  de  enero,  FJ  4,  y  en  la  que  se  establece  que  «la  cesión  de  datos  entre 
administraciones públicas sin consentimiento del afectado, cuando se cedan para el 
ejercicio de competencias distintas o que versen sobre materias distintas de aquellas 
que  motivaron  su  recogida,  únicamente  será  posible,  fuera  de  los  supuestos 
expresamente previstos por la propia Ley Orgánica de protección de datos, si existe 
previsión legal expresa para ello [art. 11.2 a) en relación con el 6.1 LOPD] ya que, a tenor 
de lo dispuesto en el art. 53.1 CE, los límites al derecho a consentir la cesión de los 
datos a fines distintos para los que fueron recabados están sometidos a reserva de ley». 
En este caso, existe una previsión legal en el art. 94.3 LGT, que establece que «[l]os 
juzgados  y  tribunales  deberán  facilitar  a  la  administración  tributaria,  de  oficio  o  a 
requerimiento de la misma, cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan de 
las actuaciones judiciales de las que conozcan, respetando, en su caso, el secreto de las 
diligencias  sumariales».  Todo  ello,  sin  perjuicio  de  las  obligaciones  de  información 
previstas en el art. 93 de la misma norma, y con las salvaguardas a que se refiere el 
art.  95,  sobre  el  carácter  reservado  de  los  datos  con  trascendencia  tributaria.  En 
consecuencia, la obtención de los datos contables obtenidos en el registro ordenado en 
el marco de un procedimiento penal, y su posterior traslado a la administración tributaria, 
no es susceptible de afectar al art. 18.4 CE en los términos pretendidos en la demanda, 
por lo que debe descartarse que se trate de una prueba ilícita en el sentido del art. 11.1 
LOPJ.
b)  Las  garantías  procedimentales  del  art.  24.2  CE  son  aplicables  a  un 
procedimiento sancionador administrativo (por todas, SSTC 18/1981, de 8 de junio, FJ 2; 
59/2014, de 5 de mayo, FJ 3, y 54/2015, de 16 de marzo, FJ 7). Por ello, en el ámbito de 
un procedimiento administrativo en materia tributaria son admisibles todas las pruebas 
que, en general, sean incorporadas de acuerdo con las normas que sobre medios y 
valoración de la prueba se contienen en el Código civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de enjuiciamiento civil, a las que se remite expresamente el art. 106.1 LGT.
En el presente recurso, una vez resuelto que la prueba controvertida fue incorporada 
sin vulneración del art. 18.4 CE, es relevante determinar si, en el procedimiento concreto 
y desde la perspectiva del art. 24.2 CE, la demandante tuvo la oportunidad de formular 
alegaciones frente a la prueba trasladada. En este sentido, la demanda no afirma, ni 
tampoco se desprende del expediente, que no haya podido ejercer sus derechos de 
defensa, pues de hecho ha tenido oportunidad de cuestionar la prueba documental,  e.
oponiendo los argumentos que ha estimado convenientes al respecto, que han sido  w.b
desestimados tanto en la vía administrativa como en la jurisdiccional, y sin que por tanto  48ww
sdee l aaprrte. c2i4e. 2in dCeEfe, nessi óqnu. eD liach por udeeb oat rion icmiaoldmoe, nltoe  roebletveannidtea,  ean  lousn  epfreocctoesd imdeie lnatso  gpaernaanlt íhaas 
seild qou dee slap udéesm parnadcatincated ah ae np oudni dporo dceedspimleiegnatro s audsm pinoissitbrialitdivaod edse  dlieq udideafecniósna ,y  ssiann qcuióen  leans 
mismas se hayan visto efectivamente perjudicadas por el hecho de la procedencia de la 
prueba.
A ello debe añadirse que, frente al alegato de la demanda, en este caso nos 
encontramos ante un hallazgo o descubrimiento casual, pero no en el sentido y con los 
efectos que esta figura produce en el ámbito de la investigación penal. En este supuesto 
no se ha constatado la existencia de otra figura delictiva distinta de la que justificó la 
medida de investigación acordada. El archivo encontrado indicaba una posible infracción 
tributaria  que,  como  tal,  debe  ser  puesta  en  conocimiento  de  la  administración 
competente, según dispone el art. 94.3 LGT. En este caso, además, el objeto de la 
entrada domiciliaria autorizada mediante auto por el órgano judicial estaba constituido 
por la necesidad de recabar pruebas documentales en un procedimiento de blanqueo de 
capitales. Sigue a ello lógicamente que un documento contable se encuentra dentro del 
ámbito de la búsqueda de pruebas.
Además en relación con la naturaleza de la medida de investigación, la recurrente 
alega que la administración no puede utilizar una prueba obtenida a través de una 
medida de investigación judicial penal cuyo uso no esté en la normativa administrativa. 
Sin embargo, la habilitación legal reconocida en el art. 94.3 LGT establece la obligación 
para  el  órgano  judicial  de  comunicar  a  la  administración  «cuantos  datos  con 
trascendencia  tributaria  se  desprendan  de  las  actuaciones  judiciales»,  y  ello  con 
independencia del concreto medio de obtención de esos datos. El único límite que 
establece el precepto es el «secreto de las diligencias sumariales», a lo que debe 
añadirse, por motivos obvios, la inexistencia de prueba ilícita que, en este caso, ni 
siquiera se ha planteado en la demanda, ya que no se discute la legalidad de la entrada 
y registro acordada en el procedimiento penal de origen.
La referencia que se contiene en la demanda a las sentencias del Tribunal de 
Justicia  de  la  Unión  Europea,  de  17  de  diciembre  de  2015,  asunto  C-419/14, 
WebMindLicenses  (ECLI:EU:C:2015:832);  y  de  21  de  diciembre  de  2016,  asuntos 
acumulados C-203/15 y C-698/15, Tele2 Sverige AB (ECLI:EU:C:2016:970), no solo no 
altera las conclusiones alcanzadas, sino que las apuntala. En efecto, aunque se trata de 
asuntos diferentes al presente proceso de amparo, en ambos se hace hincapié en que lo 
relevante es que se ejerza un control jurisdiccional sobre los datos, o sobre las pruebas 
trasladadas a un procedimiento administrativo. Específicamente, en la sentencia de 17 
de diciembre de 2015, referida a un litigio del impuesto sobre el valor añadido (IVA), se 
admite  que  la  administración  tributaria  pueda  utilizar,  con  el  fin  de  determinar  la 
existencia de una práctica abusiva, pruebas que han sido obtenidas en el marco de un 
procedimiento penal paralelo incluso si no ha concluido, siempre que se hayan recabado 
con respeto de los derechos y garantías, su utilización esté prevista en la ley, y el órgano 
judicial compruebe que «con arreglo al principio general del respeto del derecho de 
defensa,  el  sujeto  pasivo  tuvo  la  posibilidad,  en  el  marco  del  procedimiento 
administrativo, de tener acceso a esas pruebas y de ser oído en relación con estas».
Por tanto, cabe concluir que la prueba documental controvertida, en su momento 
lícitamente obtenida, por mor del auto judicial de entrada y registro, fue trasladada 
después a la inspección de los tributos sin que ello haya supuesto la vulneración de las 
garantías del art. 24.2 CE, habida cuenta de que, no solo su traslado estaba previsto en 
la ley (art. 94.3 LGT) sino que la demandante tuvo entonces la oportunidad de formular 
cuantas  alegaciones  estimó  oportunas,  ejerciendo  su  derecho  a  la  defensa  sin 
menoscabo alguno.
Los razonamientos expuestos conducen a la desestimación del recurso de amparo. s
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el amparo interpuesto por doña Carmen Molina Serrano.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintinueve de junio de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Fernando  Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.