BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Martes 23 de febrero de 2021 Sec. TC.   Pág. 21889
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2828 Sala  Primera.  Sentencia  9/2021,  de  25  de  enero  de  2021.  Recurso  de 
amparo 6090-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:9
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  6090-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña 
Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección del letrado don Marcelino Gilabert García, 
contra los autos de 21 de septiembre de 2018 y de 10 de septiembre de 2019, dictados 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, en el procedimiento 
de ejecución hipotecaria núm. 385-2018, por los que, respectivamente, se inadmite por 
extemporánea la demanda de oposición formulada y se confirma esta última decisión, 
tras desestimarse el recurso de reposición interpuesto frente a ella. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Santiago Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado en este tribunal el 25 de octubre de 2019, la entidad 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la procuradora de los 
tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección del letrado don Marcelino 
Gilabert García, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones referidas en el 
encabezamiento. La presentación de dicho escrito dio lugar al recurso de amparo núm. 
6090-2019, cuyo conocimiento correspondió a la Sección Segunda de este tribunal. e
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en calidad de prestataria e hipotecante, y Penrei Inversiones, S.L., en calidad de titular 
registral  de  un  derecho  de  uso  y  disfrute  sobre  el  inmueble  hipotecado,  la  finca 
registral 43.361 del Registro de la Propiedad núm. 3 de Lorca.
b)  Por auto de 7  de junio  de  2018  se  acordó  despachar ejecución frente las 
sociedades demandadas por la cantidad de 8199,12 € de principal y 4510 € como 
intereses y costas presupuestados. El servicio de notificaciones de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre remitió a la demandante de amparo, a través de la dirección 
electrónica habilitada, un aviso de notificación del citado auto que le fue comunicado por 
dicho medio el 13 de junio de 2018. En dicha comunicación se informa que la notificación 
estará disponible hasta el 29 de julio del mismo año, accediendo la recurrente de amparo 
efectivamente a la página web y a la notificación dentro del plazo en que la misma se 
encontraba disponible.
c)  La  representación  legal  de  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L., 
presentó escrito de oposición a la ejecución despachada con fecha 25 de julio de 2018. 
Por auto de 21 de septiembre de 2018 se acordó su inadmisión por considerar la 
pretensión extemporánea, tomando como fecha de notificación el 13 de junio de 2018.
d)  La sociedad mercantil recurrente interpuso recurso de reposición contra el auto 
de inadmisión alegando, en síntesis, que las actuaciones de notificación y requerimiento 
no habían sido realizadas el día 13 de junio de 2018, sino en la fecha en que accedió a 
la web y procedió a su descarga, y que la comunicación remitida a través de la dirección 
electrónica habilitada no puede entenderse más que un aviso de puesta a disposición o 
descarga de su contenido durante un plazo determinado (en el caso desde el 13 de junio 
hasta el 29 de julio de 2018), pues entenderlo de otro modo, además de infringir los arts. 
135, 152, 160, 162 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), vulnera el art. 24 CE.
e)  Tras su tramitación, el recurso de reposición fue desestimado por auto de 10 de 
septiembre de 2019. Según esta resolución, la recurrente tiene la condición de persona 
jurídica y, por tanto, está obligada a relacionarse con la administración de justicia por 
medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta 
de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
enjuiciamiento civil, así como en los arts. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (LPACAP) y 373.3 
LEC.  Según  el  auto,  en  el  presente  caso  «consta  que  la  notificación  se  puso  a 
disposición de las recurrentes en fecha 13/06/2018, no accediendo al contenido hasta el 
día 24/07/2018 (fuera de los tres días que establece la normativa procesal), presentando 
los escritos de oposición a la ejecución en fecha 25/07/2018, claramente fuera del plazo 
legalmente establecido en el art. 556.1 LEC (dentro de los diez días siguientes al de la 
notificación del auto despachando ejecución) y siendo que, conforme al art. 136 LEC, 
transcurrido o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de 
parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se 
trate, es claro que dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal 
la inadmisión».
3.  La demandante de amparo se queja en su recurso de la vulneración de su 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en su vertiente de 
acceso al proceso. Considera que con la interpretación ofrecida en el auto objeto de 
impugnación, el juzgado «no ha dado cumplimiento a las exigencias constitucionales 
reconocidas para los actos de notificación procesal, donde los órganos judiciales no han 
de limitarse al formal cumplimiento de los requisitos legales, sino que para asegurar la 
efectividad del derecho fundamental, la interpretación de las normas reguladoras del  e.
emplazamiento debe hacerse tratando de asegurar que el acto de comunicación cumple  w.b
su  finalidad  constitucional,  es  decir,  la  efectividad  real  del  emplazamiento,  pues  el  28ww
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novedosa implantación de procesos de notificación por medios electrónicos en el ámbito
de  la  jurisdicción  civil  en  relación  con  las  exigencias  procesales  derivadas  de  la 
regulación de la Ley de enjuiciamiento civil.
En  la  demanda  se  solicita  por  medio  de  segundo  otrosí  la  suspensión  de  la 
continuación  del  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  alegando  que  «con  la 
celebración de subasta y la eventual adjudicación a terceros, pueden hacer perder al 
recurso de amparo su finalidad».
4.  Mediante providencia de 15 de junio de 2020 la Sección Segunda de este 
tribunal acordó no admitir a trámite el recurso de amparo por no apreciar en el mismo la 
especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere el 
art. 50.1.b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (STC 155/2009, de 25 de 
junio, FJ 2). Dicha providencia se dejó sin efecto en virtud del auto de 18 de septiembre 
de 2020 que estimó el recurso de súplica interpuesto contra la misma por el Ministerio 
Fiscal.
5.  Mediante providencia de 21 de septiembre de 2020 la Sección Segunda de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que concurre en el 
mismo  una  especial  trascendencia  constitucional  (art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del 
Tribunal Constitucional: LOTC) «toda vez que el recurso puede dar ocasión al tribunal 
para  aclarar  o  cambiar  su  doctrina,  como  consecuencia  de  cambios  normativos 
relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, 
FJ 2 b)]». De conformidad con lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se acordó dirigir 
comunicación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, a fin de 
que,  en  el  plazo  de  diez  días,  remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las 
actuaciones correspondientes a los autos de ejecución hipotecaria núm. 385-2018 y 
emplazara a quienes hubieran sido parte en el proceso del que trae causa el presente 
recurso de amparo.
6.  La entidad demandante de amparo presentó sus alegaciones el 30 de diciembre 
de 2020, indicando que el día 28 de diciembre de 2020, en el plazo concedido presentó 
también escrito al que no se adjuntó el escrito de alegaciones por lo que solicitó que se 
le tenga por subsanado el error. En las alegaciones presentadas se remite a lo expuesto 
en su recurso y hace mención adicional a los pronunciamientos de la STC 40/2020, 
de 27 de febrero, a propósito del uso indebido de la dirección electrónica habilitada para 
realizar el primer emplazamiento del demandado.
7.  El fiscal ante este Tribunal Constitucional, mediante escrito registrado el 4 de 
enero de 2021, presentó sus alegaciones interesando la estimación del recurso de 
amparo. Tras exponer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los actos de 
comunicación procesal, con expresa referencia a las SSTC 40/2020, de 27 de febrero, 
y 43/2020, de 9 de marzo, solicita que se declare vulnerado el derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión de la demandante y la nulidad de todo lo actuado desde la 
notificación electrónica del auto que despachó la ejecución solicitada, con retroacción de 
las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dicha notificación «para que se le 
dé al recurrente posibilidad de formular oposición a la ejecución».
8.  Mediante providencia de fecha 21 de enero de 2021, se señaló para deliberación 
y votación de la presente sentencia el día 25 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos e.
Único.  El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación de los autos  28ww
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derecho  a  formular  oposición  a  la  ejecución  hipotecaria.  Tratándose  de  un  primer
emplazamiento, el requerimiento de pago y alternativo derecho a oponerse a la demanda 
ejecutiva debió realizarse de manera personal en su domicilio social con entrega en 
papel de la documentación, y no mediante el servicio de notificaciones electrónicas y de 
dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El órgano 
judicial habría incumplido su obligación de asegurar, no ya la legalidad formal de los 
actos de comunicación, sino el cumplimiento efectivo de su finalidad constitucional. Todo 
ello constituiría una vulneración del derecho fundamental de la demandante de amparo a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24 CE). Solicita, en consecuencia, la 
anulación de las resoluciones indicadas, así como la retroacción al momento procesal 
oportuno, previo al dictado del auto de 10 de septiembre de 2019, a fin de que el juzgado 
admita a trámite su oposición al despacho de ejecución.
El Ministerio Fiscal solicitó la estimación de la demanda de amparo y la nulidad de 
todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la ejecución 
con retroacción de las actuaciones al momento anterior.
La STC 40/2020, de 27 de febrero, del Pleno del tribunal, estimó un recurso de 
amparo basado en los mismos motivos, interpuesto por la misma entidad mercantil y 
dirigido contra autos de contenido muy similar de otro juzgado de Lorca. Corresponde, 
en consecuencia, dar por reproducidos los fundamentos jurídicos de aquella sentencia y 
declarar por ello que los autos de 10 de septiembre de 2018 y de 21 de septiembre 
de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, 
han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente en amparo (art. 24.1 
CE). Como en aquel caso, la estimación del amparo trae consigo la nulidad de los autos 
recurridos, así como de todo lo actuado en el procedimiento hipotecario a quo desde el 
momento en que se proveyó al emplazamiento de la entidad mercantil solicitante de 
amparo a través de la dirección electrónica habilitada.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  la  mercantil  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente en 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de los 
autos de 10 de septiembre de 2018 y de 21 de septiembre de 2019, dictados por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, en el proceso de ejecución 
hipotecaria núm. 385-2018, así como la nulidad de las actuaciones realizadas a partir del 
emplazamiento de la entidad recurrente a través de la dirección electrónica habilitada.
3.º Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al de efectuarse 
el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este último por 
el  referido  juzgado  de  forma  que  resulte  respetuoso  con  el  derecho  fundamental 
reconocido. s
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». w.b
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