BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 3 Lunes 4 de enero de 2021 Sec. III.   Pág. 626
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
88 Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio con el Servicio Público de Empleo Estatal y 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, 
para  la  colaboración  en  la  información  y  el  desarrollo  de  acciones  de 
formación a los graduados sociales.
Suscrito el Convenio entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Servicio 
Público de Empleo Estatal y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España para la colaboración en la información y el desarrollo de acciones de 
formación a los graduados sociales, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como 
Anexo de esta Resolución.
Madrid, 21 de diciembre de 2020.–La Secretaria General Técnica, Blanca Cano 
Sánchez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Servicio Público de 
Empleo Estatal y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales 
de España para la colaboración en la información y el desarrollo de acciones de 
formación a los graduados sociales
Madrid, a 2 de diciembre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, doña Yolanda Díaz Pérez, Ministra de Trabajo y Economía Social, 
nombrada por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero y en virtud de las competencias que 
le atribuye el artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
De  otra  parte,  don  Gerardo  Gutiérrez  Ardoy,  Director  General  del  organismo 
autónomo del Servicio Público de Empleo Estatal, nombrado por Real Decreto 846/2018, 
de 6 de julio, competente para la firma del presente convenio según lo establecido en el 
artículo 6 del Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, por el que se aprueba la 
estructura  orgánica  y  de  participación  institucional  del  Servicio  Público  de  Empleo 
Estatal.
De otra parte, don Ricardo Gabaldón Gabaldón, mayor de edad, actuando en calidad 
de Presidente de la entidad Consejo General de Graduados Sociales de España, con 
NIF n.º Q2869064B y con domicilio social en C/Rafael Calvo, 7, 28010, Madrid, en lo 
sucesivo «El Consejo», en uso de las facultades representativas que le confiere el 
artículo  72.2  de  los  Estatutos  Generales  de  los  Colegios  Oficiales  de  Graduados  es
Sociales aprobados por Real Decreto 1540/2006, de 15 de diciembre.. o
Reconociéndose mutuamente la competencia y capacidad para la firma de este 
documento,
EXPONEN
Primero.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, en adelante «MTES», es el encargado 
de  desarrollar  la  política  del  Gobierno  en  materia  de  empleo,  economía  social  y 
responsabilidad social de las empresas.
Segundo.
El  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal,  en  adelante  «SEPE»,  es  un  organismo 
autónomo estatal de los previstos en la Sección 2.ª del Capítulo III del Título II de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, adscrito al 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de su titular, y que tiene personalidad 
jurídica propia y diferenciada y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
funciones, patrimonio, tesorería propia, así como autonomía de gestión, rigiéndose por lo 
establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El SEPE es el organismo autónomo de la Administración General del Estado al que 
se le encomienda la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas 
de la política de empleo, en el marco de lo establecido en el texto refundido de la Ley de 
Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
Entre los servicios que presta el SEPE se encuentran la orientación e información 
sobre empleo, autoempleo y mercado de trabajo, incentivos y medios disponibles para el 
fomento  de  la  contratación,  el  mantenimiento  del  empleo  y  el  apoyo  a  iniciativas 
emprendedoras,  así  como  medidas  para  la  mejora  de  su  cualificación  profesional, 
también la información, reconocimiento y pago de las prestaciones y subsidios por 
desempleo, impulsando y desarrollando su gestión por medios electrónicos
Tercero.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, en 
adelante «Consejo», según sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1415/2006, de 1 
de diciembre, modificado por el art. único.1 del Real Decreto 503/2011, de 8 de abril, es 
la Corporación de Derecho Público representativa, coordinadora y de defensa de la 
profesión y de los Colegios en el ámbito nacional e internacional.
El Consejo General está dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fines y tiene entre sus funciones organizar, con carácter 
nacional  e  internacional,  cuantas  enseñanzas,  cursos,  seminarios,  congresos  o 
cualquiera  otra  actividad  análoga  encaminada  a  la  formación,  perfeccionamiento  y 
reciclaje profesional, así como colaborar con la Administración a estos fines en la medida 
que resulte necesaria.
Cuarto.
Que las partes manifiestan su voluntad de reforzar la colaboración para abordar 
elementos  comunes  de  interés  en  el  ámbito  sociolaboral,  destinados  a  mejorar  la 
información disponible sobre las medidas en materia de protección frente al desempleo,  e.
particularmente a través de la difusión de las medidas puestas en marcha por el MTES, a  w.
través del SEPE, que faciliten la actualización y mejora de la actividad profesional de los  w
graduados sociales.
Quinto.
Que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
establece en su artículo 47.1 que son convenios los acuerdos con efectos jurídicos 
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de 
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades Públicas entre sí o con 
sujetos de derecho privado para un fin común.
Sexto.
Que la suscripción del presente convenio mejora la eficiencia de la gestión pública en 
el ámbito de las políticas relacionadas con el mercado de trabajo y la protección de 
situaciones  de  desempleo,  establece  un  mecanismo  de  intercambio  regular  de 
información para este fin, facilita la utilización conjunta de medios y servicios públicos, 
contribuye a la realización de actividades de utilidad pública, y carece de contenido 
económico con lo que no se ve afectado por la legislación de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera, conforme a lo dispuesto en el artículo 48.3 de la mencionada 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Séptimo.
Que  se  cumplen  los  trámites  preceptivos  que  establece  el  artículo  50  de  la 
Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Por todo lo anterior, con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la 
utilización  de  medios  y  servicios  públicos  y  de  dar  una  inmediata  respuesta  a  las 
necesidades  de  la  sociedad,  reconociéndose  las  partes,  en  la  representación  que 
ostentan, capacidad suficiente para poder formalizar este convenio,
ACUERDAN
Primera.  Objeto del convenio.
El objeto del presente convenio es establecer la forma y condiciones en las que se 
desarrollará la colaboración entre las partes firmantes para la realización de acciones de 
formación y actualización de conocimientos de los graduados sociales en materia de 
protección por desempleo, así como para el intercambio de información sobre criterios 
de  gestión,  formación  y  posibles  mejoras  en  la  colaboración  y  coordinación  de 
actuaciones.
Para el mejor desarrollo de las actuaciones y su mayor flexibilidad y adaptación, 
éstas se adaptarán a las necesidades de los ámbitos provinciales.
Segunda.  Actuaciones.
A.  Por parte del MTES
– Apoyo, fomento y difusión de las actuaciones objeto del presente convenio.
B.  Por parte del SEPE:
– En el ámbito de la tramitación de la protección por desempleo, difusión de las  es
novedades  normativas  existentes,  con  especial  atención  a  los  posibles  aspectos  bo
novedosos en la tramitación y a las nuevas medidas que se introduzcan en la gestión del  w
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– Cesión de documentación para la realización de acciones formativas por parte del 
Consejo General y de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales.
– Colaboración de su personal en la realización de las acciones formativas y de 
divulgación de las medidas de su ámbito de actuación que sean de interés para la 
práctica laboral de los graduados sociales.
– Intercambio de información sobre criterios de gestión, a través de la formalización 
de cauces formales de interlocución con el Consejo General y con los Colegios Oficiales 
de Graduados Sociales, tanto a nivel provincial como a nivel estatal.
– Facilitar en el intercambio de información señalado, la simplificación de los trámites 
y posibilitar la integración de los mismos a través de los programas de gestión utilizados 
por los Graduados Sociales.
C.  Por parte del Consejo:
– Organización de los cursos, seminarios, congresos o cualquiera otra actividad 
análoga encaminada a la formación, perfeccionamiento y reciclaje profesional de los 
Graduados Sociales, en el ámbito del asesoramiento sociolaboral.
– Habilitación de medios materiales y humanos para su realización.
– Detección  de  posibles  problemas  y  necesidades  de  mejora  de  los  criterios 
aplicables.
– Facilitar en el intercambio de información señalado, la simplificación de los trámites 
y posibilitar la integración de los mismos a través de los programas de gestión utilizados 
por los Graduados Sociales.
La colaboración en las actividades formativas no supondrá la asunción por las partes 
de obligaciones distintas de las establecidas en este documento, y en ningún caso 
implicará la existencia de relación laboral o administrativa entre los participantes y el 
SEPE.
Tercera.  Funcionamiento.
Con el objetivo de responder mejor y de forma más adecuada a las necesidades, 
podrá existir en cada provincia, y en las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla una/un 
comisión/grupo  de  trabajo  integrada/o  por  cuatro  personas:  dos  designadas  por  la 
correspondiente  Dirección  Provincial  del  SEPE  y  dos  designadas  por  el  respectivo 
Colegio de Graduados Sociales de la Provincia.
Las comisiones de trabajo provinciales serán instrumentos flexibles de colaboración 
en los que se detectarán las necesidades formativas e informativas en lo relativo a la 
gestión de prestaciones por desempleo, se efectuaran propuestas de actuaciones y se 
valorarán la eficacia y alcance de las efectuadas, pudiendo ser también el cauce de 
resolución de incidencias.
Las comisiones de trabajo/Los grupos de trabajo provinciales se reunirán, a petición 
de cualquiera de las partes firmantes.
Cuarta.  Ausencia de contenido económico.
El presente convenio carece de contenido económico y no genera obligaciones ni 
contraprestaciones  económicas  entre  las  partes  firmantes,  las  cuales  asumirán  los 
costes que deban realizar con cargo a sus respectivos presupuestos corrientes.
Quinta.  Confidencialidad y protección de datos personales. e.
Los datos personales que se recojan derivados del presente Convenio serán tratados  w
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alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa
vigente a nivel nacional, en la LO 3/2018 (LOPDGDD), como en el Reglamento General 
de Protección de Datos Europeo (RGPD).
Las partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de 
la citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información 
a los titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las 
medidas de seguridad, su conservación durante los plazos legalmente establecidos, y el 
correspondiente Acuerdo a firmar entre responsable del tratamiento y encargado del 
mismo.
Cada una de las partes se compromete a no difundir, ceder o comunicar a otras 
personas, bajo ningún aspecto, salvo los casos previstos legalmente, las informaciones a 
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo 
aplicarlas y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o 
para la ejecución de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de 
protección de datos personales nacional y comunitaria. Dicha obligación subsistirá aún 
cuando finalice la vigencia del citado Convenio.
Las partes firmantes y así como su personal afectado por el presente Convenio, 
guardarán secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a 
los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del presente Convenio, estando 
obligados a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o 
con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar la vigencia del presente 
Convenio.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, 
las Entidades firmantes del Convenio responderán exclusivamente por las infracciones 
en  las  que  las  mismas  hubieren  incurrido  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
asumidas en el presente Convenio en materia de protección de datos o en el Acuerdo de 
confidencialidad firmado.
Sexta.  Transmisión de la información.
Conforme a los principios generales que establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  las  Administraciones  Públicas  deberán 
relacionarse entre sí y con el resto de organismos públicos o entidades a través de 
medios electrónicos, cumpliendo de esta forma con los estándares de interoperabilidad y 
garantizando la seguridad de la información compartida.
Así mismo, deberá tenerse presente lo que el Esquema Nacional de Seguridad 
regulado por la citada Ley 40/2015 y el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, establece 
sobre uso de mecanismos que garanticen la confidencialidad, autenticidad e integridad 
de la información en tránsito, mediante redes privadas virtuales o protocolos seguros de 
comunicaciones como SFTP.
Séptima.  Comisión de coordinación y seguimiento del Convenio.
Se crea una comisión mixta de seguimiento que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
es el instrumento paritario acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y 
control del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes, y ejercerá sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) y 52.3 de la citada ley.
La Comisión de Seguimiento velará por el cumplimiento del presente convenio así 
como de los compromisos adquiridos por los firmantes, y resolverá, en su caso, las  es
cuestiones de interpretación y posibles discrepancias que pudieran presentarse en la  bo
ejecución y desarrollo de este convenio. w
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cada trimestre natural y siempre que cualquiera de las partes lo estime oportuno, con un
plazo máximo de 15 días tras la solicitud de convocatoria. Las reuniones de la Comisión 
de Seguimiento podrán celebrarse por medios electrónicos.
La Presidencia de la Comisión corresponderá al SEPE. La secretaría de la Comisión, 
con voz pero sin voto, será designada por la persona que ejerza la presidencia, entre el 
personal del Servicio Público de Empleo Estatal.
La Comisión de Seguimiento se regulará en lo no previsto por el presente Convenio, 
por lo establecido, para los órganos colegiados, en la Sección 3.ª del Capítulo II del 
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
Octava.  Naturaleza jurídica y jurisdicción.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, se regula por las disposiciones 
contenidas en el capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y se encuadra en el tipo de convenio establecido 
en artículo 47.2.a) del citado texto legal.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para conocer 
de las controversias que puedan surgir del presente convenio y no sean resueltas por 
mutuo acuerdo de las partes en el seno de la Comisión de Coordinación y Seguimiento 
de este convenio.
Novena.  Resolución.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Serán causas de resolución:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes
Por ello, para resolver un convenio por mutuo acuerdo es preciso la aceptación 
unánime de las partes, así como determinar los efectos de la resolución de conformidad 
con el artículo 52 de la Ley.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte 
incumplidora  un  requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado al presidente de la Comisión de Coordinación y Seguimiento y a las demás 
partes firmantes. Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el 
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de 
la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio 
por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se 
hubiera previsto.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes.
Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen 
actuaciones en curso de ejecución, la Comisión de Coordinación y Seguimiento podrá 
acordar  la  continuación  y  finalización  de  las  actuaciones  en  curso  que  considere  s
oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, trascurrido el cual  oe.
deberá  realizarse  la  liquidación  de  las  mismas  en  los  términos  establecidos  en  el  w.
aDrétícciumloa .5 2V.2i gdeen lcaia L ye ym 4o0d/i2fi0c1a5c,ió dne d 1e ld Ce ooncvtuebnrioe., de Régimen Jurídico del Sector Público 2021-88n https://w
El presente Convenio se perfecciona con el consentimiento de las partes y resultará
eficaz desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», una vez
inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación al 
que se refiere la Disposición Adicional Séptima de la LRJSP, tendrá una vigencia de 4 
años, pudiendo acordar los firmantes, antes del vencimiento del plazo, una prórroga 
expresa por un período de hasta 4 años adicionales.
La  modificación  del  contenido  del  Convenio  requerirá  acuerdo  unánime  de  los 
firmantes, de conformidad con el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman las partes intervinientes el 
presente convenio, por triplicado ejemplar.–Yolanda Díaz Pérez, Ministra de Trabajo y 
Economía Social.–Gerardo Gutiérrez Ardoy, Director General del organismo autónomo 
del Servicio Público de Empleo Estatal.–Ricardo Gabaldón Gabaldón, Presidente de la 
entidad Consejo General de Graduados Sociales de España.