BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185  Lunes 6 de julio de 2020  Sec. I.   Pág. 47684
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
7311 Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo.
I
La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha cambiado por completo el escenario 
económico mundial. Las medidas de distanciamiento físico y limitaciones a la movilidad, 
necesarias y efectivas para controlar la transmisión del virus, tienen un enorme impacto 
en la actividad productiva y el bienestar de los ciudadanos. Estos efectos se han dejado 
notar tanto en la oferta, con severas dificultades para las cadenas de suministros y el 
cierre temporal de negocios, como en la demanda doméstica y externa, con una 
importante repercusión sobre algunos sectores como el turismo, esenciales para la 
economía española. El cierre temporal de negocios, las restricciones a la libre circulación 
o la suspensión de actos públicos tienen un inevitable impacto sobre las empresas, que 
desempeñan un papel central en la creación de empleo y riqueza para el conjunto del 
país. En tan críticas circunstancias, preservar el tejido productivo y atender a las 
dificultades transitorias de las empresas es una prioridad para superar las consecuencias 
de esta pandemia.
La magnitud del impacto de este shock exógeno sobre la economía no tiene 
precedentes en la historia reciente. La contracción económica afecta a un gran número de 
países, tanto en la zona euro como en el conjunto de la UE y el resto del mundo, con 
caídas de la actividad global que el Fondo Monetario Internacional, en sus previsiones 
económicas actualizadas para el mes de junio, estima en el –4,9 % en 2020. Todo apunta 
a una intensa caída del Producto Interior Bruto de España en la primera parte del año, 
especialmente en el mes de abril, en el contexto de fuertes medidas de limitación de la 
movilidad para lograr contener la expansión del virus.
Para hacer frente a esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha una batería de 
medidas sin precedentes desde el mes de marzo para apoyar el tejido productivo y social, 
minimizar el impacto negativo y lograr sostener una base sobre la que impulsar al máximo 
la actividad económica una vez finalizada la alarma sanitaria. Mediante los Reales 
Decretos-ley 7/2020, de 12 de marzo, 8/2020, de 17 de marzo, 11/2020, de 31 de marzo, 
y 15/2020, de 21 de abril, se ha implementado un conjunto de medidas de apoyo a la 
liquidez, laborales y de sostenimiento de rentas, con especial atención a los autónomos. 
Entre otras actuaciones, cabe destacar el establecimiento de una línea de avales por 
cuenta del Estado por un importe total de 100.000 millones de euros, que se ha ido 
liberando en el periodo de abril a junio para cubrir las necesidades de liquidez de empresas 
y autónomos para hacer frente a la gestión de facturas, necesidad de circulante o 
vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. Esta línea de avales se sumaba a 
la ampliación de la línea Thomas Cook a 400 millones de euros para el sector turismo y 
actividades conexas y a la creación de una línea de cobertura aseguradora de CESCE de 
hasta 2.000 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la 
Internacionalización.
Estas medidas de apoyo al tejido productivo, alineadas con las del resto de países  e.
europeos, están cumpliendo de manera eficiente su objetivo fundamental de permitir que  w.
las empresas sigan satisfaciendo sus pagos ordinarios, convirtiéndose así en la primera  11w
ldínee laa  dzeo ndae feenusroa  dcoen n umeasytroor  seismtepmleao  pdreo dlousc tiavvoa. lEessp paúñbal iecostsá,  elon tqreu ela ss ignr alungdaers a e cdoundoams íhaas 
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torno al 98 por ciento han ido destinadas a la cobertura de las necesidades de pequeñas 
y medianas empresas y autónomos.
Un segundo grupo de medidas se han dirigido a la protección del empleo, mediante el 
establecimiento de un mecanismo de ajuste interno alternativo a la destrucción de empleo 
a través de un nuevo régimen de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), 
con un fuerte apoyo público a las retribuciones de los trabajadores e importantes 
exoneraciones en las cotizaciones a la seguridad social. Más de 3 millones de trabajadores 
y 550.000 empresas se han beneficiado de este nuevo instrumento durante el estado de 
alarma, para reducir sus costes fijos ante la paralización derivada del COVID-19.
Estas medidas de liquidez y laborales se unen a casi un centenar de medidas 
destinadas a apoyar las rentas empresariales y familiares, con el fin de contar con una 
base sólida para la recuperación, entre las que cabe destacar el establecimiento de una 
prestación extraordinaria para los trabajadores autónomos por cierre de actividad o caída 
significativa de los ingresos. Más de 1 millón de personas han podido beneficiarse de esta 
renta compensatoria, dirigida a uno de los colectivos más vulnerables y más afectados por 
la emergencia sanitaria.
En conjunto, para hacer frente al impacto del confinamiento en la actividad económica 
se han adoptado medidas con impacto presupuestario por casi el 4 % del PIB y medidas 
de apoyo a la liquidez por cerca del 11 % del PIB.
En paralelo con las acciones nacionales, la Unión Europea ha desplegado un conjunto 
de instrumentos destinados a reforzar la red de seguridad para las empresas, los Estados 
y los trabajadores. A lo largo de mayo y junio, se han aprobado los correspondientes 
Reglamentos y cambios normativos para poner en marcha tres nuevos instrumentos de 
financiación a corto plazo, mediante el nuevo programa de garantías para inversión 
empresarial del Banco Europeo de Inversiones, el nuevo mecanismo comunitario de apoyo 
a los esquemas de protección temporal del empleo (SURE) y una nueva facilidad 
precautoria del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para financiar los gastos 
sanitarios directos e indirectos derivados de la lucha contra la pandemia.
Tras la finalización del estado de alarma y las consecuentes restricciones a la actividad 
y la movilidad, se ha puesto en marcha una segunda fase de medidas económicas y 
sociales para impulsar la reactivación. Una vez protegida la resistencia de la economía 
durante la fase de hibernación, es esencial adaptar y complementar los distintos 
instrumentos con el fin de consolidar lo logrado en términos de protección del tejido 
productivo y el empleo, orientando el apoyo público hacia el refuerzo de la solvencia 
empresarial y el impulso de la inversión necesaria para la reconstrucción de la economía. 
Hay que evitar que los problemas de liquidez provocados por el confinamiento se 
transformen en problemas de solvencia.
En esta línea, ha sido preciso abordar programas sectoriales que respondan a las 
especiales necesidades de aquellos sectores más afectados por la caída de actividad 
derivada de la pandemia, con carácter estratégico para nuestro país por su peso en el PIB 
y el empleo y su impacto tractor sobre el conjunto de la economía.
Así, los pasados 15 y 18 de junio se han presentado el Plan de Impulso de la cadena 
de valor de la industria de la automoción y el Plan de Impulso para el Sector Turístico. 
Parte de las medidas económicas y fiscales contempladas en estos planes ya han sido 
incorporadas al ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de 
junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la 
reactivación económica.
Asimismo, mediante este real decreto-ley se han adoptado un conjunto de medidas  es
para reactivar el mercado de las energías renovables, aprovechando todo su potencial en  o
términos de generación de empleo, y mediante Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio,  ww.
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largo plazo de compra de energía con el fin de proporcionar un marco de costes estable a 
las empresas con un alto consumo eléctrico, en particular en el ámbito industrial.
Además de las medidas sectoriales, se han ido adaptando los diferentes instrumentos 
de apoyo de carácter horizontal a las necesidades de la fase de reactivación económica. 
Así, el régimen extraordinario de apoyo y facilitación a los Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) por causas de relacionadas con el COVID-19, aprobado por 
el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, fue prorrogado hasta el 30 de junio y adaptado 
al proceso de transición a la nueva normalidad, incentivando la reactivación de 
trabajadores, mediante el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, que recoge los 
términos del Acuerdo Social en Defensa del Empleo entre los agentes sociales y el 
Gobierno. Una vez alcanzada la nueva normalidad, con el fin de incentivar la 
reincorporación de los trabajadores y la reactivación empresarial, el Real Decreto-ley 
24/2020, de 26 de junio, ha supuesto un paso más en el apoyo a los ERTE como 
instrumento de reactivación económica, prorrogando el régimen extraordinario hasta el 30 
de septiembre y contando de nuevo con el consenso de los agentes sociales, a través del 
II Acuerdo en Defensa del Empleo. Este marco de apoyo sostenido a los ERTE ha 
permitido un importante ritmo de reincorporación de trabajadores a partir del fin de las 
medidas de hibernación de la economía, acompañando así la fase de reactivación, y 
facilitando la reincorporación de más de un millón y medio de los trabajadores afectados 
por ERTE. Asimismo, el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, ha extendido hasta el 
30 de septiembre el régimen de protección especial para los trabajadores autónomos.
Como complemento de estas medidas, es necesario extender los mecanismos de apoyo 
financiero al tejido productivo, con el fin de no solo garantizar la liquidez del sistema sino 
también impulsar la inversión productiva y la adaptación de las empresas, apoyando la 
solvencia de aquellas de carácter estratégico para evitar que las dificultades transitorias que 
padecen acaben teniendo un impacto social o económico contrario al interés general. El 
proceso debe garantizar que los recursos públicos de apoyo a la solvencia se destinan a 
actividades viables y estratégicas para el país y que se optimiza el retorno para el 
contribuyente y para el conjunto de la sociedad de las inversiones realizadas en este ámbito.
Para luchar contra la crisis, potenciar la reconstrucción económica y social y fomentar 
el crecimiento futuro, no basta con la conservación del tejido productivo, sino que es 
necesario adaptarlo a los cambios estructurales que se van a acelerar como consecuencia 
de la crisis sanitaria, para lo que serán necesarias inversiones tanto públicas como 
privadas. Por lo tanto, resulta primordial establecer las facilidades pertinentes para la 
realización de estas inversiones que se deberán centrar en sectores que fomenten el 
crecimiento potencial de la economía, así como su sostenibilidad en el largo plazo, en 
particular, en la transición digital y medioambiental.
En esta misma línea, la Comisión Europea ha propuesto la creación de un nuevo 
instrumento de apoyo a la solvencia (Solvency Support Mechanism), destinado a financiar 
a través del BEI la toma de participaciones en el capital de empresas solventes a medio 
plazo que puedan necesitar un refuerzo ante la caída extraordinaria de actividad.
En esta misma línea de incrementar la resiliencia de la economía española, es vital 
impulsar la internacionalización de las empresas, con el fin de amortiguar la caída de las 
exportaciones en un contexto de importante choque negativo sobre el comercio 
internacional y las cadenas de producción.
Las dificultades que atraviesan nuestra economía y el tejido empresarial exigen una 
concentración de esfuerzos, respaldando con fondos públicos la reactivación en el 
segundo semestre de 2020, para apoyar la creación de empleo y la inversión y lograr  es
recuperar un crecimiento robusto y sostenible en el periodo 2021-2022. Con estos  o
objetivos, el presente real decreto-ley aprueba un conjunto de medidas de apoyo al sector  ww.
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de 40.000 millones de euros, orientada principalmente a financiar inversiones productivas.
Además, se crea un nuevo fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI) de 10.000 millones de euros para dar apoyo financiero a las empresas 
no financieras estratégicas solventes que se hayan visto especialmente afectadas por 
el COVID-19 y que así lo soliciten. Por otra parte, con el fin de reforzar el apoyo a la 
internacionalización de las empresas, en un contexto internacional más complejo marcado 
por la caída de la actividad en nuestros mercados de exportación, se extiende a empresas 
cotizadas el acceso a la línea extraordinaria de garantías públicas de la Compañía 
Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE) aprobada mediante el Real 
Decreto-ley 8/2020. En la misma dirección se dirige el refuerzo del Fondo de Inversiones 
en el Exterior (FIEX), gestionado por COFIDES ampliando de 10 a 100 millones de euros 
la dotación de este Fondo.
El real decreto-ley incluye asimismo disposiciones necesarias para la puesta en 
marcha de los Planes de apoyo al sector turístico y de automoción. En primer lugar, prevé 
la adopción de una medida dirigida a asegurar la protección de los deudores hipotecarios 
cuyo inmueble se encuentre afecto a una actividad hotelera, de alojamientos turísticos y 
agencias de viajes, a través del otorgamiento de un periodo de moratoria de hasta doce 
meses para las operaciones financieras suscritas entre los referidos deudores hipotecarios 
y las entidades de crédito.
En segundo lugar, se prevé la creación de los planes de sostenibilidad turística en 
destinos, al objeto de fomentar la sostenibilidad de los mismos y se establecen 
disposiciones relativas a la transformación digital de las empresas turísticas que se hayan 
visto afectados por esta crisis sanitaria.
En tercer lugar, para los trabajadores fijos discontinuos del sector turístico, se dispone 
la extensión de bonificaciones y su compatibilidad con exoneraciones de cotizaciones a la 
Seguridad Social.
En cuarto lugar, se establecen bases precisas para la concesión de ayudas para la 
puesta en marcha del programa RENOVE de apoyo a la renovación del parque 
automovilístico, presentado el pasado 15 de junio por el Gobierno.
Por otro lado, con el objetivo de reforzar la solvencia de las empresas para afrontar la 
recuperación económica se extiende el plazo de suspensión del derecho de separación de 
los socios.
Asimismo, se incluye una disposición de refuerzo de los mecanismos de I+D+I, a través 
del establecimiento de unas reglas para arbitrar los mecanismos de colaboración público-
privada de los proyectos sanitarios relacionados con el coronavirus SARS-coVID-2.
Por último, mediante otra disposición final se procede a modificar el Real Decreto-ley 
20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.
Por un lado, se añade un nuevo apartado 4 al artículo 20, con el fin de dar la cobertura 
legal necesaria al Instituto Nacional de Seguridad Social para facilitar a comunidades 
autónomas y entidades locales la información necesaria para el reconocimiento y control 
de las prestaciones que son de su competencia, así como la comunicación a cualquiera de 
las administraciones de las resoluciones relativas a las prestaciones del ingreso mínimo 
vital para la gestión y el control de la citada prestación y a las instituciones y organismos 
públicos que lo soliciten para que puedan realizar, dentro del ámbito de sus competencias, 
actuaciones derivadas de la aplicación del ingreso mínimo vital. Por otro lado, con la 
adición de un nuevo párrafo en el apartado 3 de la disposición transitoria primera, se 
habilita la transmisión de información entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
las Haciendas Forales en idénticos términos que los previstos en relación con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, lo que resulta necesario para la aplicación de la citada  es
disposición transitoria en los territorios forales. o
En definitiva, todas estas medidas implican la movilización de más de 51.000 millones  ww.
daert íecEuullr oposrse,. sceinncteo  rdeiaslp doescicreioton-elesy a sdeic eiosntraulcetus rya  neune uvnea  deixsppoossiicciióonn edse  fminoatlievoss., dos capítulos, 52  OE-A-2020-7311able en https://w
II
En primer lugar, se aprueba una línea de avales que tiene por objetivo fomentar la 
financiación dirigida a la inversión, a diferencia de la anterior línea que se dirigía 
principalmente a hacer frente a las necesidades de liquidez provocadas por el 
confinamiento. Durante el confinamiento, la prioridad de los avales públicos se centró en 
atajar los problemas de liquidez derivados de la falta de actividad económica y que habrían 
acabado generando fuertes externalidades negativas y efectos en cadena sobre el 
conjunto de la cadena productiva, al repercutir sobre proveedores, trabajadores y clientes. 
Ahora que las empresas y los autónomos retornan a sus actividades cotidianas, podrán 
cubrir las necesidades de liquidez por sus propios medios sin que haya un apoyo público 
extraordinario. No obstante, para que la economía española pueda crecer, es fundamental 
que se impulse la actividad inversora, para lo que se crea esta nueva línea de avales. Al 
igual que la anterior línea de avales, esta permitirá la liberación de recursos del sector 
privado, facilitando cubrir la caída de la inversión estimada y fomentarla allá donde genere 
mayor valor añadido, especialmente en torno a dos ejes principales: la sostenibilidad 
medioambiental y la digitalización. La línea de avales tendrá un importe máximo de 40.000 
millones de euros y se otorgará por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital para favorecer la financiación concedida por entidades financieras supervisadas a 
empresas y autónomos para la realización de inversiones. En la medida en que el 
funcionamiento de la línea de avales prevista en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, ha sido muy satisfactorio, en este caso se prevé replicar la misma operativa, 
mediante la aprobación de sucesivos Acuerdos de Consejo de Ministros, que determinarán 
las condiciones exactas en las que se irán liberando los distintos tramos de avales.
En segundo lugar, se establece la creación del Fondo de apoyo a la solvencia de 
empresas estratégicas, con el objetivo de compensar el impacto de la emergencia 
sanitaria en el balance de empresas solventes consideradas estratégicas para el tejido 
productivo y económico. Se crea el Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de 
empresas estratégicas, cuya composición y funcionamiento se determinará mediante 
Acuerdo de Consejo de Ministros. El Fondo de apoyo a la solvencia de empresas 
estratégicas será gestionado por el Consejo Gestor a través de la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (SEPI), tendrá un carácter temporal y dispondrá de una 
dotación inicial de 10.000 millones de euros para la toma de instrumentos financieros, 
incluyendo deuda, instrumentos híbridos o participaciones en el capital social de las 
empresas anteriormente referidas. Las ayudas en forma de recapitalización tienen como 
objetivo dar respuesta a aquellas situaciones en las que el crédito o las medidas de 
liquidez no fuesen suficientes para asegurar el mantenimiento de la actividad de empresas 
que atraviesan severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia 
del COVID-19. Se trata de una medida de intervención de último recurso y temporal a 
aplicar, previa solicitud de los beneficiarios, exclusivamente para empresas consideradas 
estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, entre otros motivos, por su 
sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las 
personas,  las  infraestructuras,  las  comunicaciones  o  su  contribución  al  buen 
funcionamiento de los mercados. Las operaciones con cargo al Fondo se llevarán a cabo 
previa solicitud por parte de la empresa interesada.
Las ayudas canalizadas a través del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas 
estratégicas deben cumplir con la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas 
estatales, en particular con la modificación adoptada el pasado 8 de mayo por la Comisión  s
Europea con respecto al «Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal  e.
destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19». Este  w.
Marco Temporal revisado establece las condiciones de compatibilidad de las ayudas en  11w
fUonrmióan  dEeu raoppoerata. cLiaosn easy uddea csa epnit afol rom inas dtreu mreecnatpoista hlizíbarcidióons  hdaen d deeu deas tcaor ns ulaje ntaosr ma aptliavan edse d lea 
dloe sdiinsvpeuressióton  deen  leal  praerfteicriidpoa cMióanr ceost aTteaml qpuoera, le yn  tcoudmo pclairsáon,  csoenrá  erle mreusntoe rdaed alo esn r leínqeuais citoons   BOE-A-cable e
establecidos en este.
Para finalizar, en aras de hacer frente a los efectos económicos desencadenados por 
el COVID-19 y con el fin de facilitar el acceso a la financiación para el comercio 
internacional para aquellas empresas que puedan verse más afectados por las 
restricciones de liquidez, el reciente Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, contempla 
la concesión de apoyo a empresas exportadoras la articulación de una línea extraordinaria 
de cobertura de crédito circulante gestionada por CESCE.
Inicialmente la línea extraordinaria de cobertura de crédito circulante por parte 
de CESCE se articuló para PYMEs y empresas no cotizadas, excluyendo las empresas 
cotizadas, al entender que de forma general, tienen un mejor acceso a la financiación. En 
la actual pandemia, el impacto de la crisis se está dejando sentir de igual manera en todos 
los segmentos empresariales. El sector de actividad está siendo más determinante que el 
tamaño de la empresa. Algunas de las empresas cotizadas están encontrando dificultades 
de acceso a la financiación y su exclusión de la línea dificulta además la utilización de sus 
bancos habituales.
Hay que tener en cuenta el gran impacto en empleo de algunas de estas empresas 
cotizadas, no solo en sus plantillas directas sino en sus efectos indirectos que generan a 
su alrededor. Por esta razón, se considera adecuado extender la posibilidad de uso de la 
línea a las empresas cotizadas, quedando la Línea extraordinaria de CESCE frente a los 
efectos del COVID-19 destinada a las empresas internacionalizadas, cualquiera que sea 
su tamaño o estructura corporativa o societaria. Sin perjuicio de lo anterior, y para asegurar 
una adecuada diversificación del uso de la línea por empresas, las empresas cotizadas 
solo podrán ser beneficiarias de hasta un máximo del 35 % del importe de la línea.
III
La cadena de valor del turismo es una de las actividades económicas más afectadas 
por la actual crisis sanitaria del coronavirus. En efecto, la crisis sanitaria derivada de la 
pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto importante sobre la movilidad y sobre el 
sector turístico, que desarrolla su actividad en un entorno económico globalizado, 
profundamente cambiante, en el que una epidemia como la actual ha provocado un 
importante cambio en el comportamiento de la demanda, en función de la incertidumbre 
que genera y su expansión y contagio.
Más allá de los efectos que pueda tener en muchos sectores económicos y en su 
cadena de producción, el brote de COVID-19 está teniendo un impacto muy directo y 
extraordinario sobre el turismo mundial. El pasado día 7 de mayo, la Organización Mundial 
del Turismo revisó sus perspectivas para 2020, estimando una caída en las llegadas de 
turistas internacionales ente el 60 y el 80 % en relación con 2019, lo que supondría una 
pérdida de entre 910.000 millones y 1,2 billones de dólares de los EE.UU. en ingresos por 
exportaciones del turismo. En España, solo en el mes de abril se han perdido más de 7 
millones de turistas internacionales y un gasto asociado de 7.000 millones de euros (datos 
de FRONTUR o EGATUR correspondientes a abril de 2019, INE).
Por estas razones, el Gobierno presentó un Plan de Impulso para el Sector Turístico, 
dotado con 4.262 millones de euros que, entre otras medidas, prevé la adopción con 
carácter urgente de una medida para proteger a los deudores hipotecarios cuyo inmueble 
se encuentre afecto a alguna de las siguientes actividades turísticas: hoteles y alojamientos 
turísticos similares, alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia, así como 
agencias de viaje.
En virtud de dicha moratoria, las entidades financieras procederán, a solicitud de los  s
deudores, a la novación de todas aquellas operaciones de financiación vinculadas a  oe.
elementos patrimoniales afectos a la actividad turística, suscritas con anterioridad a la  w.
djdueerí cdalailcararam cqiauó,en q  nudoee  le eesxtspéte aerdinmo c edonent ecau dlrasifroimc udalet a eadnce rslea efsidn qoaurneecs ie edrlae bsse dcneoe mafincoti eacsroi odn esse leacau d euenncclaiaa rp adecerióls noC nOdaeV lf IíeDss-ict1aa9d  ooy    2020-7311n https://w
siempre que el préstamo no sea ya beneficiario de una o varias moratorias legal, sectorial
o voluntaria que alcancen conjuntamente los doce meses. Durante la moratoria se  Bc
abonarían solo intereses de la deuda hipotecaria, no amortizándose el capital. Asimismo,
la obligación financiera se extendería hasta un máximo de doce meses más o el importe 
aplazado se redistribuiría entre las cuotas restantes sin modificar la fecha pactada de 
vencimiento.
La carencia recaería sobre préstamos hipotecarios que tienen como garantía un bien 
inmueble que se encuentre afecto al desarrollo de una actividad económica del sector 
turístico ejercida en territorio nacional. Los beneficiarios serían hoteles y alojamientos 
turísticos similares, alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia, así como 
agencias de viaje.
Por otra parte, se bonifica el pago de los aranceles notariales y del Registro de la 
Propiedad a que dieran lugar las operaciones de implementación de esta medida, así 
como de cualquier tipo de impuesto o gravamen.
Junto a lo anterior, a la parálisis e incertidumbre del sector turístico, se unen las 
necesarias inversiones que han de realizar para reabrir cumpliendo los protocolos higiénico 
sanitarios establecidos para la «nueva normalidad». En este escenario, en el que se 
producirá una caída sin precedentes del turismo internacional, el Programa de Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destinos pretende contribuir a que la recuperación sea más 
responsable y sostenible.
Por otro lado, como parte del mencionado Plan de Impulso del sector turístico, la 
Secretaría de Estado de Turismo va a instrumentar de manera excepcional en 2020 una 
línea de préstamos de 216 millones de euros para cubrir, las necesidades de inversión en 
materia de transformación digital de empresas turísticas y trabajadores autónomos 
afectados por la crisis del COVID-19 con tipo de interés bonificado y amplios plazos de 
carencia que financien proyectos que promuevan la transformación digital y la investigación, 
desarrollo e innovación del sector turístico.
Estas medidas deben acometerse sin demora para evitar la destrucción del empleo y 
pérdida de la competitividad de la industria turística española que conduzca a una situación 
de desventaja en los mercados europeos e internacionales.
Se trata de préstamos de liquidez que cubrirán las necesidades de inversión que 
requieren las empresas turísticas afectadas por la crisis del COVID-19 y que necesitan 
liquidez inmediata para relanzar su competitividad y conseguir su reposicionamiento en el 
mercado, y permitir, de esta manera, una recuperación futura más rápida y sostenible, 
contribuyendo al mantenimiento del empleo tras la crisis. A unas necesidades tan 
específicas la Administración debe responder de forma que los plazos y criterios sean 
idénticos en todo el territorio nacional, lo cual únicamente se garantiza con una gestión 
centralizada podría alcanzar el principal objetivo de las mismas, facilitar financiación 
urgente a las empresas. Así, estas circunstancias impiden la previa territorialización de los 
créditos entre las comunidades autónomas y exigen la intervención de la Administración 
General del Estado para garantizar una cierta igualdad de los posibles destinatarios en 
todo el territorio nacional.
Desde el punto de vista del empleo, la situación excepcional provocada por el COVID-19 
está teniendo una especial incidencia en el empleo de los trabajadores fijos discontinuos 
que trabajan en el sector turístico y en los sectores vinculados al mismo en todas las 
comunidades autónomas. Se ha constatado en la actual crisis que uno de los principales 
sectores económicos afectados está siendo el sector turístico, y ello por las restricciones 
a la libre circulación de personas y la suspensión de las actividades abiertas al público, y 
particular las de hostelería y restauración, decretadas durante el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Si bien inicialmente por la menor 
demanda de servicios turísticos por la incertidumbre y el efecto precaución por el Real  es
Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para  o
responder al impacto económico del COVID-19, se ha ampliado a los meses de febrero a  ww.
jlpcuoounsme iotdur aednbneida  2vaja0edd2reos0ser  el aasm u actápóoslnin coa acmfceoiacónstntar, a ddltaeoo  sslpa  rfp iobjooloorsn n lidagfiic assacciciotóuinónatn icn dipuóeoonlr s  epe srrxetoacsloedpnpoegc cdaitooecn i ódaanell a  dmarmeqelu anpe,ce lilarooisonsída  tocdrao adbm eae ojana c edttloio vrgdiedrasaas dd q uludaaeesl     OE-A-2020-7311able en https://w
retorno a las actividades de turismo, y comercio y hostelería vinculados al turismo durante
el proceso de desescalada de dichas medidas y una vez que se entre en la nueva 
normalidad un vez finalizado dicho proceso, hacen necesario la extensión de forma 
excepcional de dichas bonificaciones en todas las comunidades autónomas durante los 
meses de julio a octubre de 2020, así como hacer compatibles las bonificaciones con las 
exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social.
IV
En otro orden de cosas, en el caso del sector de automoción español, las estimaciones 
para finales de este año indican que el mercado retrocedería un 45 por ciento y la 
producción podría disminuir en 700.000 unidades. Es por tanto, la cadena de valor de la 
automoción una de las actividades económicas industriales y comerciales más afectadas 
por la actual crisis sanitaria del coronavirus.
En el actual proceso de reconstrucción económica y social que es necesario acometer 
para hacer frente a los efectos negativos derivados de la pandemia, el Gobierno ha 
presentado el 15 de junio de 2020 un Plan de Impulso a la Cadena de Valor de la Industria 
de Automoción, que contiene 21 medidas estructuradas alrededor de cinco pilares, uno de 
los cuales es la renovación del parque de vehículos hacia otro más moderno y eficiente. Se 
presenta así el Programa de Renovación de Vehículos 2020 (Programa RENOVE 2020).
El objetivo de este programa es la sustitución de los vehículos más antiguos por 
modelos más limpios y más seguros, incorporando criterios ambientales. Adoptando un 
enfoque de neutralidad tecnológica, este programa incentiva la sustitución de vehículos 
contaminantes en circulación por vehículos nuevos de menores emisiones y de todas las 
tecnologías disponibles actualmente: vehículos eléctricos, híbridos, de hidrógeno, de 
combustión, GLP y gas natural. Con un enfoque amplio, el programa apoya la compra de 
vehículos pertenecientes a las categorías más relevantes, desde turismos y vehículos 
comerciales ligeros, hasta vehículos industriales pesados y autobuses.
En este sentido, y en lo que respecta al principio de necesidad, en el marco 
internacional hay que resaltar los compromisos fijados colectivamente desde la Unión 
Europea para el 2030 respecto a la mejora de la eficiencia energética, la penetración de 
las energías renovables y las reducciones de gases de efecto invernadero. A nivel nacional, 
el sector del transporte en España es responsable en la actualidad del 39 por ciento del 
consumo de energía final, y representa más de la cuarta parte de las emisiones totales de 
CO , correspondiendo al transporte por carretera el 80 por ciento del consumo energético 
2
del sector del transporte y el 90 por ciento de sus emisiones de CO . La renovación del 
2
parque por sustitución de antiguos vehículos por nuevos modelos supondrá un enorme 
avance en este sentido.
V
A la vista del impacto económico derivado de la crisis sanitaria del COVID-19, resulta 
conveniente extender el plazo de suspensión del derecho de separación de los socios, 
únicamente en el supuesto de separación por falta de dividendos, tal y como se establece 
en el artículo 348 bis.1 y 4 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. De esta forma, se permitirá 
la retención del dividendo para que las empresas puedan afrontar la recuperación 
económica con una solvencia reforzada. La suspensión del derecho de separación se 
extiende solo lo necesario para conseguir el objetivo descrito, esto es, hasta el 31 de  s
diciembre de 2020. oe.
Resulta asimismo fundamental proceder, en el ámbito de la financiación pública de  w.
proyectos de I+D+I relacionados con la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus  11w
ScaAsRoS q-uCeo, VciuDa-n2d, oa  erel greuslaurl tlaad aod deeclu caodrare aspploicnadcieiónnte d per doiycehcotso  fdoen dluogsa, rg aa ruann tmizeadnidcoa mene ntotod oo 
umne pdricoadmucetnot osas noit parroiod, uoc ptoros dsuacntiotasr iinotse, rom leodsi oesq upiapraam siue nutlotesr,i omr otrdaenlsofso,r pmraoctoiótinp oinsd, ussisttreiaml eans   BOE-A-cable e
o ingenierías de proceso necesarios para su desarrollo, y siempre que haya dificultades en
la escalada y producción de los mismos que puedan dar lugar a su desabastecimiento, se 
puedan arbitrar mecanismos de colaboración para superar estos obstáculos.
Estos mecanismos, que implican la cooperación entre el agente financiador y la 
entidad que desarrolle el correspondiente proyecto, contemplarán la sujeción de la 
exportación de los productos resultantes de la investigación a la autorización previa de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), habilitando a las 
autoridades sanitarias a determinar su suministro centralizado.
El acuerdo de colaboración deberá suscribirse bajo cualquier forma permitida en 
Derecho y, en caso de ser un contrato, habrá de ajustarse a lo dispuesto en la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, debiendo regirse en todo caso por el 
principio de proporcionalidad y limitarse a garantizar el objetivo de la adecuada protección 
de la salud pública.
VI
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar decretos-leyes 
«en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento 
de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los 
ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades 
autónomas ni al Derecho electoral general. La adopción de medidas de carácter económico 
acudiendo al instrumento del real decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional 
siempre que concurra una motivación explícita y razonada de la necesidad, entendiendo 
por tal que la coyuntura económica exige una rápida respuesta, y la urgencia, asumiendo 
como tal que la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate mediante 
una tramitación por el cauce normativo ordinario podría generar algún perjuicio.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el 
fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro 
Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F 5; 11/2002, de 17 de enero, 
F 4, 137/2003, de 3 de julio, F 3 y 189/2005, de 7 julio, F 3), subvenir a una situación 
concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever 
requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía 
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, 
máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno. Es 
manifiesta la necesidad de acudir a este instrumento normativo ante la grave situación que 
viene soportando nuestro país desde la declaración de emergencia de salud pública de 
importancia internacional, que impuso la necesidad de declarar el estado de alarma y que 
han supuesto a la ciudadanía, trabajadores, empresas y sector público un sacrificio que 
demanda una respuesta adicional de los poderes públicos.
En definitiva, las circunstancias actuales requieren de una política pública destinada a 
cumplir unos objetivos bien definidos por el Gobierno y cuya materialización requieren de 
una extraordinaria y urgente implementación y de su impulso en este momento que 
motivan la urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley y que se inscribe en el juicio 
político o de oportunidad que corresponde al propio Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de 
junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una 
ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019, Recurso 
de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad 
jurídica y la salud pública.
Como el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de subrayar «el hecho de que una  s
materia esté reservada a la ley ordinaria, con carácter absoluto o relativo, no excluye eo ipso  oe.
la  regulación  extraordinaria  y  provisional  de  la  misma  mediante  decreto-ley»  w.
(cSaSsoTL,oC es 6l  m0p/ro1et9siv8eo6ns,t  eFd Jere  2oa;pl  1od8re2tcu/r1ne9idt9oa7-dl,e  Fyq Jud e8e ;sa b1co0ar0bd/a2an0 o 1d 2ce,o  FenJxs pt9iot;u n3ye5er/ s2ue0n 1 ds7eu,m pduueee 1ss ttdorae dn me q auurszeoo,  ,e aFnbJ u n5sin)iv.goú no   2020-7311n https://w
arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012,
de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5).  Bc
Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción
de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, 
FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
A su vez, las medidas establecidas por el real decreto-ley no lesionan derechos 
constitucionales y respetan el contenido esencial de la propiedad privada y la libre empresa 
consagrados en el artículo 33 y 38, respectivamente, de la Constitución Española. Estas 
medidas se ajustan a los parámetros de constitucionalidad que se han venido estableciendo
En relación con el empleo del real decreto-ley como instrumento para la introducción 
de estas modificaciones en el ordenamiento jurídico, se deben tener en cuenta dos 
aspectos referidos a las materias vedadas a este instrumento normativo y a la concurrencia 
de los presupuestos habilitantes que justifican la utilización de esta clase de norma. En 
relación con los primeros, como señala el artículo 86.1 de nuestra Constitución, los reales 
decretos-leyes «no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, 
a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I, al régimen 
de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general». En el caso del presente 
real decreto-ley no se afecta a ninguna de estas materias.
En efecto, las regulaciones que se incorporan a la norma no suponen una afección del 
núcleo esencial de ninguno de los anteriores elementos, puesto que no se regula ninguna 
institución básica del Estado, no se afecta a la naturaleza de los derechos y deberes de los 
ciudadanos, no se incorporan afecciones al régimen de las comunidades autónomas 
puesto que no es objeto de ninguna de estas medidas, y tampoco tiene relación alguna 
con el régimen electoral, de modo que nada hay en su contenido que obste a su aprobación 
en este punto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el presente real 
decreto-ley se ajusta a los principios de buena regulación.
Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa se fundamenta 
en el interés general que supone atender a las circunstancias sociales y económicas 
excepcionales derivadas de la crisis de salud pública provocada por el COVID-19, siendo 
este el momento de adoptar medidas adicionales para subvenir a estas necesidades y 
constituyendo el real decreto-ley el instrumento más adecuado para garantizar su 
consecución.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación 
imprescindible para lograr el objetivo de garantizar el bienestar de todos los ciudadanos y 
de los trabajadores en particular y minimizar el impacto en la actividad económica ante la 
situación excepcional actual.
Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el 
derecho de la Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios 
rectores de la política social y económica.
En cuanto al principio de transparencia, se exceptúan los trámites de consulta pública 
y de audiencia e información públicas, conforme el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, del Gobierno.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, este real decreto-ley no impone 
carga administrativa que no se encuentre justificada y resulte la mínima y, en todo caso, 
proporcionada, en atención a la particular situación existente y la necesidad de garantizar 
el principio de eficacia en la aplicación de las medidas adoptadas.
Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por 
su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que 
exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuestos habilitantes para la  es
aprobación de un real decreto-ley. o
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 6.ª, 7.ª,  ww.
8agcu.la ªmrE, a1spn0tltai.miªcd,e ioe1n 1nl a.tlªoa ,  c 1doig3em.u ªlpa,o e1lsd4t aed.ªdne, c b1diea5er .e ªet,sox 1 cdc7loou.ªsns,  si1vltoai8tsu .ª sc,eo i2osb3npr.aeaªl  ñeylaos 2 l;e 5rlese.ªg g eduisnelal  alceacil ói Cóneno je ndmrsecte iitlcrauciosca i nócdtnoiel n,E  ldpsoiepcsnai odañnelo erylaes , pc bqeháunoseisti e caynat rcsiebi anqur uyiaeee;l     OE-A-2020-7311able en https://w
legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se
deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas; 
legislación laboral; legislación civil; del régimen aduanero y arancelario y comercio exterior; 
bases de la ordenación de crédito, banca y seguros; sobre las bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica; Hacienda general y Deuda del Estado; 
fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica; legislación básica y 
régimen  económico  de  la  Seguridad  Social;  bases  del  régimen  jurídico  de  las 
Administraciones Públicas; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas; 
telecomunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor, legislación básica sobre 
protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas 
de establecer normas adicionales de protección y bases del régimen minero y energético.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de los Ministros de Justicia, de 
Hacienda, de Trabajo y Economía Social, de Industria, Comercio y Turismo, de Ciencia e 
Innovación y de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de julio de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas de apoyo a la inversión y la solvencia
Línea de avales para inversiones
Artículo 1.  Aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la 
financiación otorgada por entidades financieras supervisadas a empresas y autónomos 
con la finalidad principal de financiar inversiones.
1.  Con el fin de fomentar la recuperación económica del país, el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por 
entidades financieras supervisadas a empresas y autónomos para atender, principalmente, 
sus necesidades financieras derivadas de la realización de nuevas inversiones.
2.  El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder 
avales por un importe máximo de 40.000 millones de euros, hasta el 31 de diciembre 
de 2020. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo 
para la solicitud del aval se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se 
requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.
3.  Los avales regulados en esta norma y las condiciones desarrolladas en el Acuerdo 
de Consejo de Ministros cumplirán con la normativa de la Unión Europea en materia de 
Ayudas de Estado.
4.  Los importes correspondientes a la ejecución de los avales otorgados por el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a la financiación concedida a 
empresas y autónomos en virtud de lo establecido en este artículo se atenderán desde la 
partida presupuestaria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital 27.04.923O.351 «Cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro, incluidos 
los riesgos de ejercicios anteriores». Este crédito tiene el carácter de ampliable, según el 
anexo II «Créditos ampliables» de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales  e.
del Estado para 2018, de conformidad con lo previsto en el artículo 54 de la Ley 47/2003,  w.
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y le será de aplicación lo dispuesto en el  11w
aar ltoícsu alov a5l9e sd eo tloar gLaedyo 4s7 e/2n0 v0i3rt,u dde d 2e6 e dsete n aorvtíiceumlob.re, General Presupuestaria, en lo relativo
corrSesep aountdoireiznate as  laa  lDasir eecjeccióunc iGoneense rdael ld aevl aTle msoerdoi ayn Pteo loítpicear aFcinioannecsie drea  tae rseoarelizríaar  cloosn  pcaagrgoos   BOE-A-cable e
a los conceptos específicos que se creen a tal fin.
Con posterioridad a la realización de los pagos, la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera procederá a la aplicación al presupuesto de gastos de los pagos 
realizados en el ejercicio. Los pagos efectuados en el mes de diciembre de cada año se 
aplicarán al presupuesto de gastos en el trimestre inmediatamente siguiente.
Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas
Artículo 2.  Creación de un Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.
1.  De conformidad con lo previsto en el artículo 137 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se crea el Fondo de apoyo a la solvencia 
de empresas estratégicas, fondo carente de personalidad jurídica» (en adelante el 
«Fondo»), adscrito a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de 
Hacienda. Se crea el Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas 
estratégicas, cuya composición y funcionamiento se determinará mediante el Acuerdo de 
Consejo de Ministros al que se refiere el apartado 15. El Fondo será gestionado, a través 
de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por el Consejo Gestor, 
órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de Hacienda a través de la 
Subsecretaría de Hacienda.
2.  El Fondo tiene por objeto aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia 
empresarial, en particular mediante la concesión de préstamos participativos, deuda 
subordinada, suscripción de acciones u otros instrumentos de capital, a empresas no 
financieras, que atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la 
pandemia del COVID-19 y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo 
nacional o regional, entre otros motivos, por su sensible impacto social y económico, su 
relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las 
comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados. Las 
operaciones con cargo al Fondo se llevarán a cabo previa solicitud por parte de la empresa 
interesada.
3.  La dotación inicial del Fondo asciende a 10.000 millones de euros. Se integrarán 
en el Tesoro Público el importe de los dividendos, intereses, plusvalías y cualesquiera 
otras remuneraciones que resulten de las inversiones u operaciones que se realicen, de la 
participación, en su caso, en los órganos de administración de las empresas solicitantes, 
así como los resultados de las desinversiones y reembolsos efectuados, minorándose por 
las minusvalías y gastos.
Las cantidades a ingresar en el Tesoro Público tendrán la consideración de ingresos 
de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 
General Presupuestaria.
A los efectos indicados en el apartado anterior, se concede un crédito extraordinario al 
presupuesto en vigor de la Sección 15 «Ministerio de Hacienda», Servicio 01 «Ministerio, 
Subsecretaría y Servicios generales», programa 923M «Dirección y Servicios Generales 
de Hacienda», capítulo 8 «Activos Financieros», artículo 87 «Aportaciones patrimoniales», 
concepto 879 «Aportación patrimonial al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas 
estratégicas », por importe de 10.000 millones de euros. El crédito extraordinario que se 
concede en este apartado se financiará de conformidad con el artículo 46 de la Ley 6/2018, 
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018.
En el anexo I se incluye el Presupuesto de Explotación y de Capital para el ejercicio 
2020 del Fondo. s
4.  El Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas se rige por lo dispuesto  oe.
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el presente  w.
rqeuael  5lde.e  rceErselut oFlt-eolenny dd yoe   efaonpr lmeicl aarc episóatnor.t ed ed leals  sneocrtmora sp údbel idceor eecshtaot aald cmoimnisot rfaotnivdoo g seinne prael rys oensapleidcaiadl   2020-7311n https://w
jurídica a los efectos del artículo 2.2.f) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, estando sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y control  Bc
previsto en la misma. A los efectos de rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas 
tendrá la condición de cuentadante el Presidente del Consejo Gestor.
6.  La competencia para resolver sobre las solicitudes del apartado 2 de esta 
disposición corresponde al Consejo Gestor, siendo necesaria la autorización del Consejo 
de Ministros para la aprobación de las operaciones.
7.  El plazo máximo para resolver será de seis meses contados desde la presentación 
de la solicitud de la empresa. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya 
dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. 
Las resoluciones del Consejo Gestor ponen fin a la vía administrativa y frente a ellas podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo.
8.  En todas las operaciones y acciones relativas al Fondo, SEPI actuará en nombre 
y representación de la Administración General del Estado, ejerciendo de depositario de los 
títulos y contratos representativos de las operaciones de activo realizadas, así como 
ejerciendo los derechos que como administrador pudiera corresponder a la participación 
de la Administración General del Estado. Todas las operaciones efectuadas con cargo al 
Fondo serán registradas en una contabilidad específica, separada e independiente de la 
de los miembros del Consejo Gestor. Las responsabilidades del Fondo se limitarán, 
exclusivamente, a aquellas contraídas por el Consejo Gestor.
No formarán parte del Patrimonio de la Administración General del Estado las 
participaciones, acciones, títulos y demás instrumentos que se pudieran adquirir por 
aquella con cargo al Fondo no resultándoles de aplicación lo previsto en el título VII de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
9.  Para el desarrollo de las actuaciones que correspondan a SEPI en ejecución del 
presente real decreto-ley, dicha entidad podrá contratar con cargo al Fondo todos aquellos 
servicios de apoyo externo que sean necesarios para la efectividad y puesta en marcha, 
desarrollo y ejecución del Fondo y de todas las operaciones financiadas con cargo al 
mismo, pudiendo contratar dichos servicios que resulten de inaplazable necesidad 
conforme a la excepción prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público de concurrir las circunstancias en él previstas.
10.  Anualmente, con cargo al Fondo y previa autorización por Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, los costes incurridos por SEPI en el 
desarrollo y ejecución de sus funciones de gestión delegada del Fondo en el ejercicio 
anterior serán objeto de la correspondiente compensación económica.
11.  Todas las transmisiones patrimoniales, operaciones societarias y actos derivados, 
directa o indirectamente de la aplicación de esta disposición e, incluso, las aportaciones de 
fondos o ampliaciones de capital, que eventualmente se ejecuten para la capitalización y/o 
reestructuración financiera y patrimonial de las empresas participadas con cargo al Fondo, 
estarán exentos de cualquier tributo estatal, autonómico o local, sin que proceda, en este 
último caso, la compensación a que se refiere el artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales. Igualmente todas las transmisiones, operaciones y actos antes 
mencionados gozarán de exención del pago de cualesquiera aranceles y honorarios 
profesionales devengados por la intervención de fedatarios públicos y de Registradores de 
la Propiedad y Mercantiles.
12.  En supuestos de participación en el capital social de la empresa, los votos que 
corresponden al Consejo Gestor, sus consiguientes derechos políticos y su incorporación 
al órgano de administración de la entidad mediante la designación del número de 
consejeros equivalente a su cuota de participación redondeada al número entero más  es
próximo, se determinará sin necesidad de ningún acto o acuerdo salvo la notificación al  o
Registro Mercantil. ww.
cadoidrremr1ceitn3sai.pms oternLandactee iór r,ane s esudpnmeo s nidluasa asc  pbaeoislmirod lp,aa rd aea ls dqeamumsei np oislebetnrjaea dtcloooió  sdnp .eúc E baplsli acoCorsot  inccpsiopremeajvocoi is Gómtnoei sseet moner bn spr uoola  ddcsraáe  pl eeliotxyasiegl  sicrs  ooldence si apeolujf,oi cdssiio eed rraaeál     OE-A-2020-7311able en https://w
empleado público la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios
causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o 
negligencia grave, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de 
responsabilidad patrimonial.
14.  La adquisición de las participaciones en el capital social con cargo al Fondo 
quedará exenta de la obligación de formular oferta pública de adquisición en los supuestos 
previstos en los artículos 128 y 129 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
15.  El funcionamiento, movilización de recursos y liquidación del Fondo, así como las 
condiciones aplicables y requisitos a cumplir en las operaciones del apartado 2 de esta 
disposición se determinarán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin requerir ulterior 
desarrollo normativo.
16.  Las operaciones financiadas por el Fondo se ajustarán a la normativa de Ayudas 
de Estado de la Comisión Europea y en particular, a la Comunicación de la Comisión 
Europea sobre el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a 
respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19.
17.  Los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Consejo Gestor 
y de SEPI en virtud de las funciones que le encomienda este real decreto-ley tendrán 
carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podrán ser 
divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de 
aquellas para las que fueron obtenidos. Quedarán también obligadas a guardar secreto y 
a no utilizar la información recibida con finalidades distintas de aquella para la que les sea 
suministrada los auditores de cuentas, asesores legales y demás expertos independientes 
que puedan ser designados por el Consejo Gestor y por SEPI en relación con el 
cumplimiento de las funciones que tienen legalmente atribuidas. Este carácter reservado 
cesará desde el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a los que los 
datos, documentos e informaciones se refieren.
18.  La supresión del Fondo será acordada mediante Orden dictada por la Ministra de 
Hacienda, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
19.  En el momento de la supresión del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas 
estratégicas, el saldo será ingresado en el Tesoro.
CAPÍTULO II
Otras medidas de apoyo a la reactivación económica
Moratoria hipotecaria para el sector turístico
Artículo 3.  Moratoria de préstamos hipotecarios otorgados para la financiación de 
inmuebles afectos a una actividad turística.
1.  Los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en 
España tendrán derecho a la moratoria sobre el pago del principal de los préstamos con 
garantía hipotecaria sobre un inmueble que cumpla los requisitos recogidos en el 
artículo 4, siempre que:
a)  Experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y
b)  el préstamo no haya sido ya objeto de alguna de las siguientes moratorias:
1.º  La prevista en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes  e.
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, w.
2.º  La prevista en el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan  11w
mSeegduidriadsa dc Soomcpialel ym terinbtuatraiarisa se pna rma aptaeliraiar  loasg reafericat,o sc ideenlt íCfiOcaV,I De-c1o9n.ómica, de empleo y
de l3a. ºe nLtraa dqau ee vno lvuigntoarr idaeml eRnetea hl aDyeacnr eatcoo r4d6a3d/o2 0e2n0tr,e d eel  d1e4u ddoer  my ealr zaoc,r epeodro er ld eqsupeu sées   BOE-A-cable e
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. No obstante, el deudor podrá acogerse a la moratoria 
prevista en este capítulo si renuncia previamente a la moratoria voluntaria a que se 
refiere este número.
2.  Cuando el préstamo haya sido objeto de alguna de las moratorias previstas en la 
letra b) del apartado 1 durante un plazo inferior a los doce meses, el deudor podrá 
beneficiarse de la moratoria prevista en este capítulo durante el tiempo restante hasta 
alcanzar un total de doce meses.
3.  A los efectos de lo previsto en este capítulo, se entenderá por actividad turística 
aquella que esté incluida en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE) que se recogen en la disposición adicional tercera.
4.  Se considera que existen dificultades financieras a consecuencia de la emergencia 
sanitaria, a efectos de lo previsto en el apartado 1.a), cuando los deudores hipotecarios a 
los que se refiere el apartado 1 haya sufrido en el promedio mensual de los meses de 
marzo a mayo de 2020 una reducción de ingresos o facturación de al menos un 40% en el 
promedio mensual de los mismos meses del año 2019.
La acreditación de la reducción de los ingresos o la facturación se realizará mediante 
la aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la 
copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y 
gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos.
Los trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el 
volumen de actividad, deberán acreditar la reducción exigida por cualquier medio de 
prueba admitido en derecho.
5.  No se considerará que existen dificultades financieras a consecuencia de la 
emergencia sanitaria, a efectos de lo previsto en el apartado 1.a), cuando:
a)  el préstamo cuya moratoria se solicita, habiendo sido objeto de impago total o 
parcial de alguna de sus cuotas desde antes del 1 de enero de 2020, a la entrada en vigor 
de este real decreto ley se encuentre en mora.
b)  se hubiera declarado el concurso del deudor con anterioridad a la entrada en vigor 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Artículo 4.  Ámbito objetivo de aplicación de la moratoria.
Las medidas previstas en este capítulo se aplicarán a los contratos de préstamo 
sujetos a ley española que cuenten con garantía hipotecaria constituida sobre un inmueble 
que se encuentre afecto al desarrollo de una actividad del sector turístico ejercida en 
territorio nacional de las señaladas en la Disposición Adicional tercera de este real decreto-
ley, siempre que dichos contratos estuvieran suscritos con anterioridad a la entrada en 
vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Artículo 5.  Solicitud de la moratoria.
1.  Los deudores hipotecarios a los que se refiere el artículo 3 podrán solicitar al 
acreedor un periodo de moratoria de hasta doce meses en el pago del principal de la 
deuda hipotecaria.
2.  La solicitud podrá presentarse desde la entrada en vigor de este real decreto-ley  s
hasta el final del plazo fijado en el punto 10 de las Directrices de la Autoridad Bancaria  e.
Europea sobre las moratorias legislativas y no legislativas de los reembolsos de préstamos  w.
aplicadas a la luz de la crisis del COVID-19 (EBA/GL/2020/02) o hasta las ampliaciones de  11w
dicho plazo que, en su caso, pudieran establecerse.
3.  Los deudores hipotecarios a los que se refiere el artículo 3 deberán acreditar en el 
momento de solicitar la moratoria:
a)  El objeto social, en su caso,
b)  su domicilio fiscal,
c)  el código CNAE de su actividad, y
d)  que el inmueble se halle directamente afecto al desarrollo de una actividad del 
sector turístico de las señaladas en la disposición adicional segunda.
e)  La información señalada en el artículo 3.4.
Artículo 6.  Concesión y efectos de la moratoria.
1.  Una vez que el deudor hipotecario dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 5, el 
acreedor procederá a la aplicación de la moratoria, formalizando la novación de 
conformidad con las reglas generales. Ello no obstante, la inscripción de la ampliación del 
plazo inicial tendrá plenos efectos, en su caso, frente a los acreedores intermedios inscritos 
aunque no cuente con el consentimiento de estos. Los efectos de la moratoria se 
extenderán a los avalistas, sin necesidad de que la consientan o puedan oponerse a ella, 
manteniéndose inalterada su posición jurídica.
2.  La moratoria será de aplicación a las cuotas vencidas e impagadas desde el 1 de 
enero de 2020 y conllevará la suspensión de los pagos del principal del préstamo durante 
el plazo solicitado por el deudor, permaneciendo inalterado el resto del contenido del 
contrato, pudiendo optar el prestatario por que el importe de lo aplazado se abone 
mediante:
a)  La redistribución de las cuotas sin modificación del plazo de vencimiento y sin 
alterar el tipo de interés aplicable, o
b)  la ampliación del plazo de vencimiento en un número de meses equivalente a la 
duración de la moratoria.
3.  Los importes que serían exigibles al deudor de no aplicarse la moratoria no se 
considerarán vencidos. El principal del préstamo cuyo pago se aplaza durante la aplicación 
de la moratoria devengará los intereses ordinarios establecidos en el préstamo.
4.  El reconocimiento de la aplicación de la moratoria prevista en este capítulo no 
estará sujeta a lo dispuesto en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos 
de crédito inmobiliario.
5.  Las personas jurídicas establecidas en el artículo 3 no podrán distribuir beneficios, 
hacer devoluciones de capital, recomprar acciones propias o retribuir el capital en forma 
alguna hasta que haya finalizado la moratoria.
Artículo 7.  Moratoria en el supuesto de arrendamiento de los inmuebles.
1.  Si el inmueble afecto al desarrollo de una actividad económica del sector turístico 
fuese objeto de un contrato de arrendamiento, el beneficiario de la moratoria hipotecaria 
deberá conceder al arrendatario una moratoria en el pago del arrendamiento de al menos 
un 70 % de la cuantía de la moratoria hipotecaria, siempre que dicho aplazamiento o la 
condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya por acuerdo entre 
ambas partes.
2.  Cuando en el deudor hipotecario no concurran dificultades financieras previstas 
en la letra a) del apartado 1 del artículo 3, pero sí en el arrendatario, este podrá instar  e.e
de su arrendador la solicitud de la moratoria hipotecaria, a cuyo fin le facilitará la  w.b
documentación necesaria para acreditar los extremos mencionados en el apartado 3 del  11ww
aaprtaícrtualdoo 5 1.  dUen eas vtee za rctíocnulcoe.dida la moratoria, será de aplicación lo dispuesto en el
apar3ta. doE 5n  dloesl a srtuícpuuloe s6t o(se fepcrteovsi sdteo sla  emno lroasto raiap)a, rstaerdáo sd ea anptelicriaocrieósn,  allo a rrreegnudlaatdaori oe yn  neol 
al deudor.
Artículo 8.  Consecuencias de la aplicación indebida por el deudor de la medida moratoria.
1.  El deudor que se hubiese beneficiado de la moratoria regulada en este capítulo sin 
encontrarse incluido en su ámbito de aplicación será responsable de los daños y perjuicios 
que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación 
de estas medidas, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta 
del deudor pudiera dar lugar.
2.  El importe de los daños, perjuicios y gastos no puede resultar inferior al beneficio 
indebidamente obtenido por el deudor por la aplicación de lo dispuesto en este capítulo.
Artículo 9.  Régimen de supervisión y sanción.
1.  Las entidades prestamistas supervisadas por el Banco de España le remitirán 
cada día hábil la siguiente información referida al día hábil precedente:
a)  Número de solicitudes de moratoria presentadas por deudores.
b)  Número de moratorias concedidas.
c)  Número de solicitudes de moratoria denegadas.
d)  Número de beneficiarios de la moratoria, desagregados por trabajadores 
autónomos y personas jurídicas.
e)  Número de préstamos cuyo pago se ha beneficiado de la moratoria.
f)  Saldo vivo pendiente de amortización cuyo pago es objeto de moratoria.
g)  CNAE de la actividad que venía realizando el deudor.
h)  Número de préstamos en los que el deudor solicita que se documente la moratoria 
en escritura notarial.
2.  Los artículos 3 a 6 y el apartado 1 de este artículo tendrá la consideración de 
normas de ordenación y disciplina a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 10/2014, de 
26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos
Artículo 10.  Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos
1.  Se crea el instrumento denominado «Planes de Sostenibilidad Turística en 
Destinos», para la prestación, por parte de la Secretaría de Estado de Turismo, de apoyo 
a la inversión en actuaciones de impulso, adecuación y mejora de los destinos turísticos 
con el fin de aumentar su sostenibilidad.
2.  Por la Conferencia Sectorial de Turismo se aprobará un Programa de Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destinos.
3.  Para la ejecución del Programa de Planes de Sostenibilidad Turística, anualmente, 
la Conferencia Sectorial de Turismo aprobará las propuestas de planes de sostenibilidad 
turística presentadas por las entidades locales, que mejor cumplan los criterios de 
selección establecidos en el Programa, y en los que se contendrá la designación de los 
destinos objeto de actuación.
4.  La Secretaría de Estado de Turismo, las comunidades autónomas y, en su caso, 
las entidades locales competentes por razón del territorio firmarán convenios en los cuales 
se determinarán las actuaciones a realizar, el importe estimado de la inversión, el plazo de 
ejecución y el porcentaje de aportación a la financiación de las administraciones 
participantes, que en el caso de la Secretaría de Estado de Turismo no podrá superar el  e.
cincuenta por ciento del total de cada Plan. w.
La ejecución material de las actuaciones incluidas en los Planes se llevará a cabo por  11w
llaas a ednmtiidnaisdteras cloiócna ldees,  laa sla dsi sqtuinet acso rarepsoprotancdieornáe sta ma blaié nfin laa ngceiastcióiónn d, eq uloes  tmenisdmráons ,c ianrcálucitdear 
antic5i.p adCoa.da Plan será estructurado en fases de ejecución de carácter anual a las cuales  BOE-A-cable e
corresponderá un libramiento presupuestario. Con el fin de ajustar la financiación del Plan a
las necesidades reales en función de la ejecución de las actuaciones, la realización de los 
mencionados libramientos por parte de la Secretaría de Estado de Turismo quedará 
condicionada a la existencia de crédito presupuestario suficiente, y a la previa ejecución de 
conformidad de las anualidades precedentes. Las partes firmantes del convenio 
desembolsarán su aportación de manera anticipada en una cuenta bancaria finalista que 
será abierta y gestionada por la gerencia del plan, que pertenecerá a la administración local.
6.  El instrumento regulado en los apartados anteriores se financiará con cargo a los 
presupuestos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Sistema extraordinario de financiación de proyectos para la transformación digital e 
innovación del sector turístico
Artículo 11.  Línea extraordinaria de financiación.
1.  Se establecen las bases reguladoras de la convocatoria correspondiente al 
ejercicio 2020, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de apoyo 
financiero a empresas privadas y trabajadores autónomos del sector turístico afectadas 
por perjuicios económicos surgidos a raíz del COVID-19, en el desarrollo de proyectos de 
transformación digital e innovación. La finalidad de dicho apoyo será favorecer la 
consolidación de turismo tras la salida de la crisis derivada del COVID-19, relanzar su 
competitividad y conseguir el reposicionamiento de las empresas en el mercado, con una 
recuperación futura más rápida y sostenible, contribuyendo al mantenimiento del empleo 
tras la crisis.
2.  La presente línea extraordinaria de financiación será de aplicación a los proyectos 
o actuaciones que se efectúen en cualquier parte del territorio nacional.
3.  Este sistema extraordinario solo será de aplicación para las ayudas que se 
concedan en 2020.
4.  El préstamo cubrirá las necesidades de inversión en materia de transformación 
digital e innovación de las empresas turísticas afectadas por la crisis del COVID-19, que 
se acreditará de acuerdo con lo que se prevea en la convocatoria.
5.  Este sistema extraordinario de financiación se establece al amparo del «Marco 
Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en 
el contexto del actual brote de COVID-19», (C(2020) 1863), y su modificación del 3 de abril 
(C(2020) 2215), de la Comisión Europea, y de los Acuerdos de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 26 de marzo y 17 de abril de 2020, por los 
que se aprueba la notificación a la Comisión Europea del marco nacional temporal I y II.
Artículo 12.  Beneficiarios.
1.  Podrán acogerse a la financiación establecida en estas bases los trabajadores 
autónomos y las sociedades con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en 
España, y debidamente inscritas en el registro correspondiente que no formen parte del 
sector público, según se define en el artículo 3 n) la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, afectados por perjuicios económicos surgidos a raíz del brote 
de COVID-19, y que desarrollen una actividad del sector turístico, entendiéndose como tal 
las actividades encuadradas en la Sección I-Divisiones 55 y 56, Sección N-Subdivisión 7711 
y División 79, y Sección R-División 93 de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE 2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril.
2.  Se entenderá que el solicitante desarrolla una actividad turística si esta ha estado,  e.
al menos, desde el 1 de enero de 2019 encuadrada en alguna de las actividades  w.b
consideradas en el apartado anterior, aunque sea en una diferente de aquella para la que  11w
solic3it.a  fiLnoasn csiaocliiócnit.antes de los préstamos deberán acreditar, en el momento de
pparetrsimenotnaicoi ónne tdoe y  spua ssivooli.citud, un nivel de fondos propios equivalente al 33 % del total
4.  No podrán obtener la condición de beneficiario aquellas sociedades o 
trabajadores autónomos en quienes concurra alguna de las circunstancias detalladas en 
el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o que 
no estén al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros 
préstamos o anticipos anteriormente concedidos con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, ni aquellas empresas que se encuentren sujetas a una orden de 
recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya 
declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el mercado común, ni estar 
en crisis, entendiendo la definición de empresa en crisis la que se establece en el 
Reglamento n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, con fecha 31 de 
diciembre de 2019.
Artículo 13.  De las obligaciones de los beneficiarios.
Con carácter general, son obligaciones del beneficiario:
a)  Realizar la actividad y adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de 
la ayuda.
b)  Acreditar, en los plazos estipulados, la realización de la actividad, así como el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinaron la concesión.
c)  Colaborar con las actuaciones de comprobación y control, aportando cuanta 
documentación le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d)  Comunicar a la Secretaría de Estado de Turismo la obtención de cualquier otra 
financiación pública concurrente parcial o totalmente con los gastos financiables.
e)  Acreditar, en cualquier momento que se solicite, que se encuentra al corriente de 
sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social.
f)  Acreditar, en cualquier momento que se solicite, el cumplimiento de obligaciones 
de presentación de cuentas ante el Registro Mercantil.
Artículo 14.  Tipo de proyectos.
Serán financiables las siguientes categorías de proyectos:
a)  Proyectos que promuevan la transformación digital de las empresas, los cuales, 
deberán contener una o varias de las siguientes actuaciones:
i.  Digitalización de la base de las empresas turísticas a través del desarrollo de 
herramientas de digitalización masiva, la adopción de soluciones digitales que 
faciliten la venta, soluciones digitales móviles, aplicación de «big data», o economía 
del dato en general.
ii.  Mejora de la competitividad de las empresas turísticas a través del diseño e 
implementación de estrategias digitales.
iii.  Desarrollo del comercio electrónico de los productos y servicios turísticos, en 
particular, aprovechando soluciones de «cloud computing» y la movilidad.
iv.  Diseño e implementación de estrategias de marketing digital, presencia, 
diferenciación y reputación online.
v.  Digitalización a través de la implementación de tecnologías móviles, geo-
referenciación, Turismo 2.0, realidad virtual y aumentada, destinos turísticos inteligentes, 
«smart destinations», domótica y sensorización, captura y análisis de datos, plataformas 
sociales, seguridad de redes y servicios electrónicos, así como todas aquellas actividades  e.e
que complementen proyectos públicos o privados ya en marcha en esta área. w.b
vi.  Gestión y promoción del turismo digital, investigación sobre nuevos productos,  11ww
mdee rlcaa idnofosr ym saecrivóinc,i opse trucreísptcicióons,  yp rcoomnoocciiómni eyn ctoom deerlc cialileiznatcei,ó onp mtimultiizcaacnióanl y d aeb iperrotac,e gseosst iódne 
gcoemstpiólenm, seisntteemn apsro dyee cgtoess tpióúnb ldiceo sla o i npnriovvaadcoiós ny,a a esní  cmoamrcoh tao deans e astqau áerlleaas. actividades que
b)  Proyectos de investigación, desarrollo e innovación turísticos, siempre que no 
comporten una simple aplicación de investigaciones, desarrollos o innovaciones ya 
realizados:
i.  Proyectos de innovación encaminados a adquirir nuevos conocimientos que 
puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios turísticos o 
permitan mejorar los ya existentes.
ii.  Proyectos de desarrollo consistentes en la adquisición y empleo de conocimientos 
y técnicas de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo con vistas a la 
elaboración de productos, procesos o servicios turísticos nuevos o mejorados.
iii.  Proyectos de innovación en materia de organización y procesos dirigidos a la 
aplicación de nuevos métodos organizativos a las prácticas comerciales, la organización 
de los centros de trabajo, los procesos, o las relaciones exteriores de las empresas 
turísticas o la implantación de sistemas de gestión y auditoría ambiental como el sistema 
EMAS Eco-Management and Audit Scheme-Reglamento comunitario de Ecogestión y 
Auditoría.
Los proyectos de esta categoría deberán referirse a alguno de los ámbitos de 
conocimiento del sector turístico relacionados con:
– Energía: gestión energética, energías renovables, eficiencia energética, gestión y 
control energético.
– Sostenibilidad: turismo sostenible, reutilización del agua, gestión y control de 
residuos (recogida separada, reducción de productos de un solo uso y de envases, 
reducción desperdicio alimentario), emisiones CO , huella de carbono, adaptación al 
2
cambio climático, soluciones multifuncionales basadas en la naturaleza y certificaciones.
– Materiales y construcción: edificación sostenible, arquitectura bioclimática, 
personalización de ambientes, aislamiento térmico y/o acústico de los nuevos materiales 
de construcción, demolición selectiva, reutilización y/o reciclaje de materiales, rehabilitación 
y recuperación de patrimonio, nuevos materiales (aislamiento, limpieza, revestimiento, 
decoración, etc.) incorporación de la tecnología BIM.
– Cambio climático: análisis de riesgos derivados del cambio climático y diseño de 
medidas de adaptación
– Humanidades, sociedad y ciencias jurídicas: «living labs», conocimiento de las 
necesidades del turista en el ámbito de la accesibilidad, investigación sobre metodologías 
de certificación de accesibilidad, cadena de valor turística totalmente accesible, desarrollo 
de indicadores para la medición de los destinos turísticos o indicadores de posicionamiento 
y personalización, impacto del turismo en el entorno, modelos de previsión de la demanda 
para la gestión integrada con la cadena de suministro redes de proveedores locales y de 
proximidad.
– Transporte y servicios Asociados: transporte sostenible, investigación sobre el 
usuario de transporte y su papel en los programas de compensación de carbono, zonas 
de bajas emisiones, planes en destinos sobre productos, itinerarios y rutas temáticas 
integrándolo todo con los transportes, desarrollo de programas de actuación público-
privadas en zonas o comarcas turísticas sobre la base de rutas y productos temáticos 
experienciales, vertebración territorial del transporte y los recursos culturales y naturales 
de alto potencial turístico, acciones sobre transporte y movilidad turística, investigación 
sobre externalización de los efectos del transporte, efectos internos de la externalización 
de los efectos del transporte, elaboración de mapas sobre intensidad de uso del 
transporte, intensidad de uso de tecnologías de la información y comunicación en  e.e
transporte turístico y consecuencias en el marco de relaciones del partenariado,  w.b
orientación al usuario de las TIC turísticas, colaboración y cooperación de redes de  11ww
dsoelsutcinioonse, sd aevsaanrzroaldloa sd dee n iunefovromsa cmióond eplaorsa  dmeú lntieplgeosc dioe syt indoes  syi sdtiesmpoassit idvoes d, igsetrnibeuraccióiónn, 
dpea rnau leav goess stieórnv iicnitoesg rya cdoan cteonni dlao sc apdaeran alo dse t usruismtainsi syt rmo.odelos de previsión de la demanda
– Accesibilidad: Desarrollo de una metodología que permita la certificación 
estandarizada y efectiva de la accesibilidad de la oferta turística, diseño de normativas 
sobre accesibilidad eficientes para conseguir la accesibilidad total de los recursos 
turísticos, desarrollo de mejoras técnicas y tecnológicas de los recursos y destinos 
turísticos para su accesibilidad y adaptabilidad a las necesidades de las personas con 
discapacidad, creación de nuevos programas de formación del personal de los servicios 
turísticos innovadores, promover la concienciación y sensibilización respecto a la 
accesibilidad por parte de las empresas en España.
Artículo 15.  Conceptos de gasto financiable.
1.  Tendrán la consideración de gastos financiables los que satisfagan lo establecido 
el artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se encuadren en alguna de las 
categorías detalladas en los siguientes apartados:
a)  Gastos de personal. Podrán imputarse gastos al proyecto tanto de personal con 
contrato laboral, personal autónomo socio de la empresa y personal autónomo 
económicamente dependiente, según lo establecido en la ley 20/2007 de 11 de julio, del 
Estatuto del Trabajador Autónomo.
b)  Costes de instrumental y material inventariable. Solo se admitirán los gastos de 
amortización de ese instrumental o material inventariable, calculados de acuerdo con los 
principios contables generalmente aceptados en la parte y durante el período estrictamente 
necesario para el desarrollo del proyecto presentado, y dentro de los límites marcados por 
la resolución de la concesión. El equipamiento físico deberá ir provisto del correspondiente 
marcado CE o Declaración de Conformidad y número de serie. Los equipamientos físicos 
deberán estar identificados con una etiqueta colocada en un lugar visible que indique el 
nombre del programa y el orégano concedente.
c)  Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas 
u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia. Se 
imputarán a este concepto los gastos de colaboración externa exclusivamente derivados 
del proyecto, así como otros gastos ocasionados por la prestación de servicios TIC, 
consultoría para el diseño o rediseño de productos o servicios derivados del proyecto por 
parte de terceros, y la adquisición de patentes que contribuyan a la ejecución del proyecto. 
Queda expresamente excluida cualquier forma de consultoría asociada a la gestión y 
tramitación de la financiación solicitada. No se podrán fraccionar las tareas que realice un 
mismo proveedor.
d)  Gastos generales suplementarios. Gastos destinados a la protección mediante 
propiedad industrial e intelectual de los activos intangibles obtenidos durante el desarrollo 
del proyecto: patentes, modelos de utilidad, diseño industrial, marcas u otras figuras; 
costes de material, suministros y productos similares que se deriven directamente de la 
actividad del proyecto. Se podrán imputar a este concepto los gastos de material no 
inventariable utilizado en la realización del proyecto. Se excluye de este concepto el 
material de oficina y otros gastos generales o corrientes de la entidad.
2.  Los conceptos de gasto, para ser considerados financiables, deberán detallarse 
individualmente tanto en la memoria siguiendo el modelo que se establezca en la 
correspondiente convocatoria, como en el cuestionario de solicitud. Asimismo, deberán 
imputarse a la partida correspondiente en el cuestionario de solicitud, según la definición 
establecida en el apartado anterior. es
3.  Sólo podrán considerarse financiables aquellos conceptos que de manera  o
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad a financiar y resulten estrictamente  w
nsoelcice4aist.)u  adrSi.Eoonsn,   ecrelo gncl aabssa oas pedl ieeca nqb lulaee sd  aep sulocersdi pcaconinó cnee xdpisetot islra  dso epa egcratuasactocio ifoninneaesns c caioapnbol erpt,a eldarass o seninga uslai e onm teeesnm:toidraiad dees   BOE-A-2020-73cable en https://
vinculadas al beneficiario, entendiéndose estas conforme a lo dispuesto en el artículo 68
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, solo serán admisibles aquellas inversiones que cuenten con 
autorización expresa por parte del órgano gestor y se realicen de acuerdo con las 
condiciones normales de mercado, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.7 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b)  La adquisición de empresas u otras operaciones de fusión corporativa no son 
financiables, así como tampoco la creación de cooperativas o asociaciones de compra 
agregada o servicios comunes.
c)  En ningún caso se consideran gastos financiables los impuestos indirectos cuando 
sean susceptibles de recuperación o compensación, según establece el artículo 31.8 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
d)  Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, 
para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
diferentes proveedores con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, 
la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características 
no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o 
suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la solicitud. La 
elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su 
caso, en la solicitud, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo 
justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta 
económica más ventajosa.
e)  Respecto a los bienes inventariables, será de aplicación lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
f)  En ningún caso serán financiables los gastos financieros derivados del pago 
aplazado de inversiones o de otros motivos, las inversiones en terrenos, locales y obra civil, 
gastos de despliegue de infraestructuras para prestación de servicios, inversiones 
financiadas mediante arrendamiento financiero, gastos de promoción y difusión del proyecto.
g)  Respecto a las subcontrataciones entendidas en los términos que define el artículo 
29.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deberá seguirse lo establecido en la citada Ley.
Artículo 16.  Tramitación, régimen de concesión y características de financiación.
1.  El régimen de concesión será el de concurrencia competitiva, conforme al artículo 22.1 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  La convocatoria se realizará por orden de la persona titular del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. Corresponderá a la Secretaria de Estado de Turismo, 
cuando sea necesario, en su caso, dictar las resoluciones para la aplicación, tramitación y 
resolución de los procedimientos de convocatoria y concesión, así como el pago de los 
préstamos y la realización de modificaciones y tramitación del reintegro.
3.  En todo lo no previsto en este real decreto-ley y en la resolución de convocatoria 
será de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el 
Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 17.  Plazo de realización de las actuaciones.
1.  Serán financiables las inversiones y gastos realizados desde el 1 de febrero 
de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020.
2.  En el caso de proyectos iniciados antes del 1 de febrero de 2020, se considerará 
solo las actuaciones necesarias realizadas desde esa fecha para acelerar o ampliar el  e.e
alcance el proyecto, en cuyo caso, la solicitud de financiación deberá limitarse a los  b
costes adicionales relacionados con los esfuerzos de aceleración o la ampliación del  11ww
alcance del mismo.
Artículo 18.  Importe total del apoyo financiero convocado.
1.  La ayuda que se conceda en el marco de este real decreto-ley revestirá la forma 
de préstamo reembolsable, tendrá una cuantía total máxima en su conjunto de 216.000.000 
euros, y se imputará a las aplicaciones presupuestarias correspondientes del programa 
20.04.432A.833 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020, lo que se 
entiende sin perjuicio de la estructura y cuantías que deriven de operar con los 
Presupuestos Generales del Estado Prorrogados de 2018.
2.  La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.
Artículo 19.  Presupuesto mínimo financiable.
El presupuesto financiable mínimo será de 50.000 euros.
Artículo 20.  Régimen de financiación.
1.  La financiación otorgada conforme al presente real decreto-ley se concederá 
siempre en forma de préstamo reembolsable, con las siguientes características:
a)  Importe del préstamo: El que resulte de la aplicación de los porcentajes y límites 
establecidos en los apartados 2,3 y 4 de este artículo.
b)  Plazo de amortización: Hasta seis años con tres de carencia. Estos plazos podrán 
ser reducidos si así lo expresa el interesado en su solicitud.
c)  Tipo de interés de aplicación: El tipo de interés será variable y se establece según 
el siguiente cuadro:
Tipo de beneficiario Interés año 1(%) Interés años 2 y 3 (%) Interés años 4, 5 y 6 (%)
PYMES. 0,1 0,19 0,69
Grandes Empresas. 0,19 0,69 1,69
d)  El método de amortización seguirá el siguiente sistema: Las cuotas de amortización 
de principal serán anuales y de igual cuantía, y deberán satisfacerse una vez finalizado el 
plazo de carencia. La liquidación de los intereses será anual, satisfaciéndose junto con la 
cuota de amortización correspondiente al final de cada período, y se calcularán sobre el 
capital vivo al inicio del período. Los intereses se devengarán desde la fecha de entrega 
del principal, entendiéndose como tal la fecha en la que el Tesoro Público realiza la 
transferencia del importe concedido al beneficiario.
2.  El importe máximo de la financiación a conceder según estas bases será del 75 
por ciento sobre el presupuesto del proyecto que haya sido considerado financiable según 
el artículo 15 del presente real decreto-ley.
3.  En cualquier caso, el importe de la financiación no podrá superar el préstamo 
solicitado, y respetará los siguientes límites:
a)  La financiación pública total de la inversión, computada como suma de los recursos 
públicos concedidos por cualquier Administración y/o ente público, no podrá exceder del 
80 por ciento sobre el total del presupuesto del proyecto de inversión que haya sido 
considerado financiable según el artículo 6 de este real decreto ley. e.
b)  El importe del préstamo a conceder no podrá superar en 5 veces los últimos  w.b
fondos propios acreditables mediante documento público del solicitante en el plazo de  11w
solicci)tu dE. l importe global de préstamo a conceder por beneficiario no superará:
i.  Los 800.000 euros; ni
ii.  el doble de los costes salariales anuales del beneficiario (incluidas las cargas 
sociales y el coste del personal que trabaje en el recinto de la empresa, pero figure 
formalmente en la nómina de un subcontratista) correspondientes a 2019 o al último año 
disponible; o
iii.  el 25 % del volumen de negocios total del beneficiario en 2019.
4.  Estas ayudas podrán acumularse con otras que se encuadren en el Marco temporal 
nacional, siempre y cuando se respeten los importes máximos y los umbrales de intensidad 
máxima establecidos para cada tipo de ayuda, con la excepción de ayudas en forma de 
garantías que se concedan para idéntico principal de préstamo subyacente y el importe global 
del préstamo supere los umbrales establecidos en el punto 25, letra d, o en el punto 27, letra d, 
del marco temporal comunitario. Asimismo, podrán acumularse con las ayudas que entren en el 
ámbito de aplicación de los Reglamentos «de minimis» y con las ayudas exentas en virtud del 
Reglamento General de Exención por Categorías, siempre que las reglas de acumulación 
previstas en los citados Reglamentos y en el propio marco temporal, sean respetadas.
Artículo 21.  Régimen de garantías.
1.  Se exigirá antes de la resolución de concesión del préstamo, la presentación de 
resguardo de constitución de garantía ante la Caja General de Depósitos bajo la modalidad 
de «Avales prestados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca», 
conforme a la normativa de la citada Caja (Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero por el 
que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos y la Orden por la que se 
desarrolla, del Ministerio de Economía y Hacienda, de 7 de enero de 2000, modificada por 
la Orden ECO/2120/2002, de 2 de agosto) y con los requisitos establecidos para la misma.
2.  El importe total de la garantía a constituir será del 20 % del préstamo concedido.
3.  Las garantías serán liberadas una vez tenga lugar la acreditación de que se ha 
realizado la actividad objeto de la ayuda conforme al artículo 32 de este real decreto-ley y 
se produzca el ingreso del reintegro que proceda en su caso. El régimen de cancelación de 
las garantías se ajustará a lo establecido en la normativa de la Caja General de Depósitos.
4.  Las garantías se incautarán en la cantidad que corresponda cuando se produzca 
el impago del reintegro que proceda por incumplimiento de cualquier condición impuesta 
al beneficiario en este real decreto ley, o en la propia resolución de concesión hasta el 
momento en que se produzca la citada acreditación. También se producirá la incautación 
por el impago de cuotas del principal.
Artículo 22.  Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento de concesión 
y órgano responsable del seguimiento.
1.  Será competente para resolver la concesión de las ayudas reguladas en este real 
decreto-ley, la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, sin perjuicio de las delegaciones 
vigentes sobre la materia.
2.  El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión es 
la Secretaría de Estado de Turismo.
3.  La Secretaría de Estado de Turismo será el órgano responsable del seguimiento 
de las actuaciones financiadas.
Artículo 23.  Tramitación electrónica.
1.  La tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento. Las  e.
solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que  w.
concurran a este apoyo financiero, serán presentadas en el registro electrónico del Ministerio  11w
de In2d. usEtrli as,o Clicoimtaenrtcei op yo dTruár iasmccoe d(hetrt,p sc:o//ns eedl ec.esretrifvicicaiodsom cionn.g oebl .qeuse/r epgreisstreonetóle clatr osnoilcicoi)tu.d, a
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práctica de notificaciones electrónicas se ajustará a lo previsto en el artículo 43 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre. En la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo los 
interesados, tras identificarse electrónicamente de forma segura, podrán consultar los 
actos del procedimiento que les sean notificados y efectuar la presentación de la 
documentación adicional que pudiera ser requerida por el órgano actuante.
3.  La publicación de las propuestas de resolución, así como la publicación de las 
resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modificaciones y demás actos 
del procedimiento, tendrán lugar en la sede electrónica del Ministerio (https://sede.
serviciosmin.gob.es), y surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo 
dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con los 
procedimientos de concurrencia competitiva.
4.  En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las 
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de 
notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 43 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre.
5.  Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos 
electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento, estarán disponibles 
en la sede electrónica y deberán ser obligatoriamente utilizados cuando proceda.
6.  En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación 
administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada documentación, dichas declaraciones deberán presentarse en formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
7.  Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en 
poder del órgano competente para la concesión, de conformidad con lo previsto por el 
artículo 28.3 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiéndose cumplimentar 
específicamente en el cuestionario de solicitud en qué momento y ante qué órgano 
administrativo presentó los citados documentos, para lo cual indicará el número del 
expediente que le fue comunicado en aquella ocasión, siempre y cuando no hayan 
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que 
correspondan. En cumplimento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección 
de datos personales y garantía de los derechos digitales y del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
General de Protección de Datos), se solicitará el consentimiento expreso para el 
tratamiento por parte del Ministerio, de los datos incluidos en el cuestionario por el 
solicitante. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento o cuando 
el interesado manifestará la negativa para la consulta de sus datos de carácter personal, 
el órgano competente requerirá al solicitante su presentación, o, en su defecto, la 
acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
Artículo 24.  Representación.
1.  Las personas físicas que realicen la firma o la presentación electrónica de 
documentos en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias de apoyo 
financiero, deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los 
términos establecidos en el artículo 5 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2.  El firmante de la solicitud de apoyo financiero deberá acreditar que en el momento 
de la presentación de la solicitud ostenta poder bastante en derecho para actuar en 
nombre y representación de la persona jurídica solicitante. El incumplimiento de esta  e
obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido de la solicitud, de  bo
acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. w
idsnieeslcm MDriptiearne sils  aqet eunore ibeo lel i gdRl aefeic rIgminóisdantun rodste tedr  idaeae, c E Crlaneo tdsimdiotaaelidrrc ceirtiesuo pd syr oe eTlssicuteéirtnia satnmactceroei ó dd(nheit t astapduysofui: c/de/iwaensnw d,t weihc .ahmebosii ntlriactearogádtinuso tr r.eegoxno ec beon.lme tPasoso/P  rrltaoeasrplt  radeeleAns eAtyidnuytaduaaddnseat)ess,     OE-A-2020-73able en https://
de la entidad.
Artículo 25.  Plazo de presentación de solicitudes.
1.  El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes y comenzará el día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
2.  Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido darán lugar a su 
inadmisión.
Artículo 26.  Formalización y presentación de solicitudes.
1.  Las solicitudes para la obtención de ayuda se dirigirán a la Secretaría de Estado 
de Turismo, órgano competente para instruir el procedimiento, y estarán disponibles para 
su cumplimentación y presentación en el Portal de Ayudas del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo (https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas), donde se dispondrán los 
medios electrónicos de ayuda necesarios.
2.  Cuando los solicitantes sean personas jurídicas, cada solicitud de financiación 
deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a)  Formulario de solicitud de financiación y cuestionario electrónico: Fichero firmado 
electrónicamente cumplimentado necesariamente con los medios electrónicos disponibles 
en el Portal de ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (https://www.
mincotur.gob.es/PortalAyudas), que incluirá una declaración de otras ayudas concurrentes 
con la inversión presentada.
b)  Memoria descriptiva del proyecto, según la estructura y contenido establecido la 
convocatoria y firmada electrónicamente. En el caso de disponer de las licencias, 
autorizaciones y permisos necesarios para el proyecto, deberán aportarse como 
documento anexo a la memoria.
c)  Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud por cualquier medio válido 
en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
d)  Liquidación del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio 2018 y del 
2019 si la solicitud se presenta finalizado el plazo para la liquidación de dicho impuesto; y 
cuentas del ejercicio 2019, auditadas si está obligado a ello.
e)  Documento público acreditativo de los fondos propios, debidamente inscrito en el 
registro correspondiente. En caso elementos de capital social o aportaciones de socios no 
dinerarias, tasación por experto independiente debidamente colegiado.
f)  Declaraciones trimestrales de IVA correspondientes al ejercicio 2019.
g)  Las siguientes declaraciones responsables de:
– No tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, ni estar 
sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión 
Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
– Estar al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros 
préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales 
del Estado.
– No estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 13.2 
de la Ley General de Subvenciones, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 
y 27 del Reglamento de subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
– Que cumplirá toda la normativa nacional y de la Unión Europea que resulte de 
aplicación, en particular en materia de competencia, contratación y adjudicación de 
obras y suministros y medio ambiente, y que se compromete a presentar en el  s
momento de disponer de ellas, todas las licencias, autorizaciones y permisos  oe.
necesarios para el proyecto. w.
– Que entre los gastos para los que se solicita la ayuda no existen operaciones con  11w
pcietarsdoan avisn cou leanctiiódna dye sd ev iqnuceu lalad aosp earla scoiólinc itcaunmtep, leo  leons  creaqsuoi sciotonstr aerxiiog,i ddoesc leanra eciló anr tdíceu lloa 
15.4.a) de este real decreto ley.
– Que el solicitante pertenece o no a un grupo empresarial y en su caso, que ninguna 
de las entidades pertenecientes al grupo empresarial es deudora por reintegro de 
subvenciones.
3.  Cuando los solicitantes sean trabajadores autónomos, deberán acompañar su 
solicitud de financiación de la documentación señalada en las letras a), b), c), g) y h) del 
apartado anterior.
4.  Los interesados presentarán la solicitud de financiación y el resto de la 
documentación en el registro electrónico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
con firma electrónica de la persona que tenga poder de representación suficiente, en su 
caso. Mediante la firma electrónica de la solicitud, se garantizará la fidelidad con el original 
de las copias digitalizadas de los documentos aportados junto a dicha solicitud.
En el caso de representación mancomunada, deberá aportarse asimismo una copia 
digitalizada de la solicitud firmada electrónicamente por cada uno de los representantes 
mancomunados.
5.  De conformidad con Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre y el Reglamento 
General de Protección de Datos [Reglamento (UE) 2016/649 del Parlamento y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016], el solicitante deberá indicar en la solicitud, su consentimiento 
expreso para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del 
cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social a través de 
certificados electrónicos. En caso de no concederlo, deberá aportar dicha certificación 
junto con la solicitud.
6.  Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado, para que, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de recepción del 
requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia 
de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud previa resolución, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el 
artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. A esos efectos, se tendrá por 
subsanada la omisión documental cuando se presenten documentos cuya existencia, 
antes de expirar el plazo de presentación de las solicitudes, resulte acreditada, pero no así 
en el supuesto de aportación de documentos de fecha posterior a dicho vencimiento, 
aunque tiendan a adverar el cumplimiento de dicho requisito.
7.  El solicitante deberá declarar, en el cuestionario de solicitud, cualquier tipo de 
fondos públicos que haya obtenido o solicitado para financiar las actividades para las que 
solicita la ayuda. Además, deberá actualizar esta declaración si en cualquier momento 
ulterior de la instrucción se produce una modificación de lo inicialmente declarado.
8.  A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será obligación 
de los solicitantes informar a los órganos actuantes de los cambios en la representación de 
la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para aquellas notificaciones 
que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la comunicación del cambio de 
representante de la entidad. Se considerarán correctamente practicadas las notificaciones 
anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure en el expediente.
Artículo 27.  Criterios de evaluación de las solicitudes.
1.  La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el 
solicitante en la fase de admisión de solicitudes. Por tratarse de procedimientos de concesión 
en concurrencia competitiva y, como tales iniciados de oficio, no se admitirán las mejoras 
voluntarias de la solicitud. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones  e.e
sobre aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de esta. b
2.  La evaluación se realizará basándose en los criterios que se especifican en este  11ww
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referidos umbrales, o en su caso, el criterio excluyente.
3.  En los casos de solicitudes con igualdad de puntuación, tendrá preferencia la 
solicitud que presente un menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada 
empresa.
4.  Serán de aplicación lo siguientes criterios de evaluación:
a)  Adecuación de los tipos de proyectos o beneficiarios a la afectación de la crisis del 
COVID-19 (de 0 a 10 puntos).
b)  Carácter innovador del proyecto (de 0 a 30 puntos). Producto, servicio o método 
de producción nuevo u organizativo nuevo o significativamente mejorado. En este criterio 
se tendrá en cuenta:
1.º  Explicación de la innovación planteada (0 a 10 puntos).
2.º  Exposición del problema a resolver (0 a 10 puntos).
3.º  Estado actual del mercado y mejoras, encaje con las tendencias del mercado, 
competencia y factores de diferenciación (0 a 10 puntos).
c)  Plan de Negocio del proyecto (de 0 a 30 puntos). Para la evaluación de este 
criterio se deberá considerar:
1.º  Objetivos (0 a 5 puntos).
2.º  Esquema de financiación (0 a 5 puntos).
3.º  Antecedentes de la empresa, actividades, socios, trayectoria (0 a 5 puntos).
4.º  Información mercado objetivo (0 a 3 puntos).
5.º  Estudio de la demanda (0 a 2 puntos).
6.º  Estudio de la competencia (0 a 2 puntos).
7.º  Posibles clientes (0 a 3 puntos).
8.º  Posibles proveedores (0 a 3 puntos).
9.º  Descripción del producto o servicio (0 a 10 puntos).
10.º  Cronograma e hitos (0 a 2 puntos).
d)  Impacto socioeconómico previsto. Posibilidades de dinamización regional. 
Creación de empleo (de 0 a 20 puntos). Se valorará:
1.º  Capacidad para resolver problemas comunes (0 a 5 puntos).
2.º  Oportunidad estratégica sectorial y/o regional (0 a 5 puntos).
3.º  Impacto territorial dinamizador (0 a 5 puntos).
4.º Creación de empleo de I+D (0 a 5 puntos).
5.º  Desarrollo del proyecto en diferentes CC.AA. (0 a 10 puntos).
e)  Viabilidad económica y financiera del proyecto. Cuenta de resultados (de 0 a 10 
puntos). Deberá tenerse en cuenta:
1.º  Relación entre facturación total y presupuesto total del proyecto.
2.º  Análisis del mercado potencial.
3.º  Cuenta de resultados justificada.
En los supuestos en que la empresa no tenga saldos positivos tanto en el circulante 
como en el margen de explotación por asuntos típicos, los ordinales 1.º y 3.º no se puntuarán.
5.  El informe de evaluación de las solicitudes será formulado por una comisión de 
evaluación.
Artículo 28.  La Comisión de Evaluación. b
ddies pR1aué.)e  gsitmLUoa ene n Cnv  Joeoumlc rtaíiísdtlu iiócdlonoe   pldd rGeeel la iESmbveiianncleatuorta,er  cc Pidaóúpenbí  tllfiuaucl onoS c yIeiIo ,ec nssreaetacrtáacrá riócí aionn m t3de.oegª  ,ró Eadrdesgat ala anpd oLoo er c:ydo e4le 0gT/i2ua0rdi1so5m y, o ds ee( M 1r iedngeisi rotáec rtpiuoob rrd eloe,    BOE-A-2020-73cable en https://
Industria, Comercio y Turismo), que presidirá dicha comisión.
b)  Un vocal designado por la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo.
c)  Un vocal de la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de la 
Secretaría de Estado de Turismo.
d)  Un vocal de la Subdirección General de Cooperación y Competitividad de la 
Secretaría de Estado de Turismo.
e)  Un vocal de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías 
Turísticas, S.A. (SEGITTUR) designado por la Secretaria de Estado de Turismo.
f)  Un vocal de la Subdirección General de Inteligencia Artificial y Tecnologías 
Habilitadoras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
g)  Un vocal representante del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.
Un funcionario de la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de 
la Secretaría de Estado de Turismo, actuará como secretario, con voz y voto.
2.  La propuesta de resolución definitiva será elevada a la Secretaría de Estado de 
Turismo por el órgano instructor.
3.  Para la gestión de las subvenciones se podrá contar con entidades colaboradoras 
que podrán evaluar las solicitudes, controlar y recibir de los beneficiarios la justificación de 
los gastos y efectuar los pagos. Las entidades colaboradoras podrán desempeñar las 
funciones previstas en el artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Podrán actuar como entidades colaboradoras únicamente las entidades 
públicas empresariales y las sociedades mercantiles estatales, que serán seleccionadas 
en los términos previstos por el artículo 16.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
Artículo 29.  Instrucción del procedimiento y resolución
1.  El órgano competente para la instrucción realizará, de oficio, cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Una vez efectuada la evaluación, el órgano instructor a la vista del expediente y 
del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, 
debidamente motivada, según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.
Esta propuesta se notificará a los interesados para que, en el plazo de diez días 
hábiles, formulen las alegaciones que estimen convenientes.
Junto con la notificación de propuesta de resolución provisional, se concederá un plazo 
de diez días hábiles, para que los solicitantes propuestos como beneficiarios actualicen, 
en su caso, la información aportada en el momento de la solicitud de las siguientes 
condiciones de obligado cumplimiento para poder ser beneficiario:
a)  Los certificados que acrediten el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social, en el caso de que el interesado no hubiera concedido expresamente 
su consentimiento para que el órgano obtenga de forma directa la acreditación de tal 
cumplimiento.
b)  No tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, ni  s
estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la  oe.
Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado  w.
común. 11w
présct)a mEoss toa ra anlt iccoiprroiesn ctoen dcee dpiadgoos  daen tlearsio orbmliegnatcei ocnoens c daerg roe eam lobso lPsore dseu pcuueasletossq uGieernae oratrloess 
del Estado.
d)  No estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 26 y 27 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Los párrafos b), c) y d) anteriores, podrán acreditarse por medio de declaración 
responsable del solicitante.
3.  Una vez examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el 
órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva que será notificada a los 
interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que, en el plazo de 10 
días hábiles, comuniquen su aceptación o renuncia a la financiación propuesta, y presenten 
la situación actualizada de las inversiones y gastos realizados hasta la fecha siguiendo las 
instrucciones y formulario indicado en la Guía de Procedimiento que se encontrará 
disponible en el Portal de Ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (https://
www.mincotur.gob.es/PortalAyudas).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya comunicado la aceptación expresa o se 
presente la justificación de inversiones y gastos realizados, se entenderá que el solicitante 
renuncia a la ayuda.
4.  En cualquier momento del procedimiento, el solicitante deberá comunicar al órgano 
instructor, en su caso y tan pronto como tengan conocimiento de ello, la obtención de otra 
financiación pública para la ejecución de las actividades para las que se solicita ayuda.
5.  Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva al órgano competente para 
resolver, este dictará en el plazo de quince días hábiles la correspondiente resolución, que 
será motivada y pondrá fin a la vía administrativa, según lo establecido en el artículo 63 del 
Reglamento de subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
La resolución de concesión, además de contener los solicitantes a los que se concede 
la ayuda y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una relación 
ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y 
técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, 
no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la 
convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de 
los criterios de valoración previstos en la misma
6.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva y la resolución del 
procedimiento de concesión de ayuda se publicarán en el Portal de Ayudas del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo. Adicionalmente, cada beneficiario recibirá aviso de tales 
publicaciones mediante correo electrónico, según los datos consignados en el formulario 
de solicitud.
7.  El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación es de seis 
meses contados desde la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha 
resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.
8.  La ayuda concedida se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, 
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 30 del Reglamento de subvenciones, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
9.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se le haya notificado 
la resolución de concesión.
10.  La resolución del procedimiento de concesión de financiación pone fin a la vía 
administrativa y podrá ser recurrida en los plazos y formas señalados en el artículo 35 de  s
este real decreto-ley. e.
Artículo 30.  Pago. 11w
1.  El pago de la financiación quedará condicionado a que exista constancia por parte
ddeelc róertgoa-lneoy , gaessí tcoor mdeo  lqouse s eeñl ableandeofsic eianr ioe l caurtmícpulleo  l3o4s  dreeq luai sLietoys G eesntaebralel cdied oSsu ebnv eensctieo nreeas,l 
entre ellos: estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social, realizar sus correspondientes obligaciones de presentación de 
cuentas ante el Registro Mercantil y la liquidación del Impuesto de Sociedades, no ser 
deudor por resolución de procedencia de reintegro y estar al corriente de reembolso de 
cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado, así como no estar sujeto a una orden de recuperación 
pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda 
ilegal e incompatible con el mercado común.
2.  En el caso de que no conste la situación del beneficiario respecto a las obligaciones 
reseñadas en el apartado anterior, se le requerirá para que, en el plazo máximo de 10 días 
hábiles, desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, aporte los oportunos 
documentos certificados o declaraciones responsables, según proceda. La no aportación 
o aportación fuera de plazo de los mismos, conllevará la pérdida del derecho al cobro de 
la ayuda, conforme a lo dispuesto en el título I, capítulo V de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, así como el artículo 89 de su Reglamento.
3.  La ayuda regulada en este real decreto-ley se realizará en un solo pago, y dicho 
pago se realizará anticipadamente a la justificación.
Artículo 31.  Modificación de la resolución de concesión.
1.  Los gastos financiados deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se recojan en la 
resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas, debidamente 
justificadas, que alteren las condiciones técnicas o económicas recogidas en la resolución de 
concesión de la ayuda, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la citada resolución de 
concesión, siempre que dicha modificación no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda 
concedida, a sus aspectos fundamentales, ni dañe derechos de terceros.
2.  Se podrá alegar como circunstancias que han alterado las condiciones técnicas o 
económicas las siguientes:
a)  Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron 
preverse en el momento de la solicitud, y que no fuesen previsibles con anterioridad, 
aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la 
elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.
b)  Necesidad de ajustar la actividad a especificaciones técnicas, de salud, 
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad identificadas o aprobadas 
con posterioridad a la adjudicación de la ayuda.
c)  Fuerza mayor que hiciese imposible la ejecución de la actuación o proyecto en los 
términos inicialmente definidos.
3.  Cualquier modificación requerirá la previa solicitud del interesado. El plazo para la 
presentación de solicitudes concluirá quince días hábiles antes de que finalice el plazo de 
ejecución de la inversión inicialmente previsto y deberá ser aceptado de forma expresa por 
el órgano que dictó la resolución de concesión, notificándose al interesado.
4.  No se podrán modificar las resoluciones de concesión cuando se hayan producido 
las siguientes alteraciones de las condiciones técnicas o económicas:
a)  Prórrogas del plazo de ejecución de los proyectos.
b)  La aprobación de condiciones que no hubieran superado la evaluación inicial, o 
que hubieran afectado a la determinación del beneficiario. No obstante, serán alegables 
las alteraciones relacionadas con la fusión, absorción y escisión de sociedades, siempre y  s
cuando se garantice un nivel de protección de la ejecución del proyecto. oe.
c)  Reducciones del presupuesto financiable de la actuación en un porcentaje igual o  w.
superior al establecido en el artículo 34 para entender el incumplimiento total de los fines  11w
parad )lo s Dqaure a suet ocroiznacceiódnió  dlae  anyuuedvaa.s condiciones a expedientes cuyos préstamos no estén
aprl ecsoernriteanctieó nd dee l ocsu epnatgaoss e cno ne l eRseteg isótrrgoa nMoe rgceasnttoilr ,o n di ec ulimqupildaanc isóuns  doebl liIgmapcuioensetos  ddee   BOE-A-cable e
Sociedades.
5.  La sustitución de elementos del presupuesto financiable por otros con funcionalidad 
equivalente dentro de las siguientes categorías no requerirá la solicitud de modificación de 
la resolución de concesión, siempre que se cumplan las condiciones que se especifican:
1.º  En el caso de colaboraciones externas, podrá sustituirse el colaborador 
inicialmente previsto por otro, siempre y cuando las actividades en las que colabore sean 
las originales, y el nuevo colaborador tenga capacidad de acometerlas.
2.º  En todos los casos, el importe financiable de la categoría de gasto considerado 
debe permanecer igual que en la resolución de concesión. Además, deberán justificarse 
las sustituciones efectuadas en la documentación justificativa que se exige en el artículo 
siguiente.
6.  Si se hubiera realizado el pago de la ayuda con anterioridad a la modificación de 
concesión, y como resultado de la misma se tuviera un exceso de ayuda permitida, según los 
límites establecido en el artículo 10, se procederá de manera inmediata a iniciar el 
procedimiento de reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento 
del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro, por importe del citado exceso.
Artículo 32.  Justificación, seguimiento y control de la realización de las actuaciones.
1.  El beneficiario deberá presentar la documentación justificativa de las actividades 
financiadas en el marco de estas bases en los tres meses siguientes a la finalización de la 
actuación, según la resolución de concesión y las sucesivas de modificación que pudieran existir.
Transcurrido el plazo establecido sin haberse presentado la documentación justificativa 
ante el órgano competente, este requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable 
de quince días hábiles sea presentada, con apercibimiento de que la falta de presentación 
dará lugar a la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.
2.  La justificación de la realización de las actuaciones financiadas se realizará según 
lo establecido en el capítulo II del título II del Reglamento de subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006 de 21 de julio y de acuerdo con el capítulo IV del título I de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.
3.  La justificación documental de la realización de las actuaciones financiadas se 
realizará según la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de 
gasto y justificantes de pago.
4.  Toda la documentación de justificación de la realización de las actividades del 
proyecto se deberá presentar por vía electrónica y con firma electrónica, de acuerdo con 
lo establecido en la Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo 
de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la justificación de las subvenciones.
La presentación electrónica de la documentación justificativa, se entenderá que 
comprende tanto a la presentación inicial, en el plazo indicado anteriormente, como a las 
posibles subsanaciones que sean solicitadas a los beneficiarios por el órgano gestor.
La presentación electrónica no exime a los beneficiarios de conservar los originales de 
los justificantes de gasto y pago, informes de auditoría, etc., por si les fueran requeridos 
posteriormente por el órgano gestor y responsable del seguimiento o, al realizar las 
actividades de control legalmente previstas, por la Intervención General de la 
Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas.
5.  Tras la correspondiente comprobación técnico-económica, el órgano responsable 
del seguimiento emitirá una certificación acreditativa del cumplimiento de los fines que  es
justificaron la concesión de la financiación. Dicha certificación determinará, en su caso, el  o
acuerdo de la procedencia de reintegro a los efectos establecidos en el artículo 37 de la  w
Leaell  cóyo r63gn.8a tr/no2Eol0  lf0 gibn3eea,s nndtoecerfi ei c1yri7 oar  erddisoeep   enloason tIvsaniaretáebm rlsevboe rdmneec.eli ótsidneo gG uaei mnlaeiser naatlco dt ueda elca li aoAsnd eamsci tnduiesa tccriaoocmnióepnsr  odfibneaal cEniócsintaa dada oes fy,e  aacslt uíc aocron pmtrooorl    OE-A-2020-73able en https://
fiscalizador del Tribunal de Cuentas y a cualquier otra normativa aplicable.
Artículo 33.  Incumplimientos, reintegros y sanciones.
1.  El incumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases y en las demás 
normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en 
la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro 
de la ayuda o, en su caso, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación 
de devolver la ayuda percibida más los intereses de demora correspondientes, en el 
momento de detectarse el incumplimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2.  Serán causa de reintegro total las siguientes:
a)  Obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquéllas que lo hubieran impedido.
b)  Incumplimiento total del objetivo, de la actividad, del proyecto que fundamentan la 
concesión de la ayuda.
c)  Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los 
términos establecidos en el artículo 32 de este real decreto-ley.
d)  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de publicidad contenidas 
en este capítulo.
e)  La no satisfacción de dos cuotas consecutivas de amortización del principal o de 
los intereses debidos en dos periodos consecutivos.
f)  Las descapitalizaciones o disminuciones de aportaciones de socios de la empresa 
beneficiaria, durante los ejercicios correspondientes al año del pago del préstamo y los dos 
siguientes, que hagan que el préstamo concedido incumpla los límites establecidos en el 
artículo 20 de este real decreto-ley, exigiéndose el reintegro del exceso de préstamo 
concedido para cumplir con los citados límites de financiación.
g)  La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones intermedias de 
comprobación que pueda realizar el centro gestor desde el momento de la resolución de 
concesión de la financiación hasta que se produzca el cierre administrativo del expediente, 
a las actuaciones de comprobación definidas en este real decreto ley, así como del control 
financiero previsto en el título VI de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de 
conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el 
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad 
de las actividades financiadas, o la concurrencia de ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
h)  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los 
beneficiarios, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la 
concesión de la ayuda, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de 
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda.
i)  La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la 
Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
j)  En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la ayuda.
3.  Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público, resultando de aplicación lo previsto en la Ley General Presupuestaria.
4.  El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la  es
causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la ayuda  bo
afectada. w
pdríaessRC ehoenárctbraiebirls eildpasaos.  nandloeetgrifáaic cdaiioccnitóaenrs  l ady  erdel osicnouilcumicoei óndntea dlc epiólr noe cxqepudeeid meiesientintmeto ea  lpd óeerr gtriaennienont etcegosrn,o ce,e ned lue ninn tpteel,ar edzesoab ddieeon  qdpuooi ndscreáer    OE-A-2020-73able en https://
notificada al interesado en un plazo máximo de doce meses desde la fecha del acuerdo de
iniciación. La resolución indicará quién es la persona obligada al reintegro, las obligaciones 
incumplidas, la causa del procedimiento entre las previstas en el apartado segundo de 
este artículo y el importe a reintegrar junto a los intereses de demora.
5.  De conformidad con el artículo 90 del Reglamento por el que se desarrolla la Ley 
General de Subvenciones, se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada 
por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración.
Para poder realizar el ingreso correspondiente, será de aplicación lo establecido en la 
Modificación de la orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, 
por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del 
gasto del Estado, aprobada mediante la Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo, por la que 
se modifican diversas instrucciones de Contabilidad en el ámbito de la Administración 
General del Estado.
El interesado deberá informar de su intención de practicar una devolución voluntaria y 
su importe al servicio gestor concedente, y esperar la recepción del correspondiente 
documento de ingreso 069, para hacer efectivo el pago.
Artículo 34.  Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
1.  El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de los gastos financiables, o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago 
hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.
2.  Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se 
tendrá en cuenta el siguiente criterio:
El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de la inversión financiable, o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro  del  pago  anticipado  más  los  intereses  de  demora,  en  el  porcentaje 
correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.
3.  A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores se considerará 
incumplimiento total el equivalente a un porcentaje inferior al 60 por ciento de realización 
del gasto financiable, y cumplimiento aproximado de modo significativo al total el 
equivalente a un 60 por ciento o superior.
A efectos de calcular el anterior porcentaje, se entiende como gasto no realizado el 
que no esté acreditado documentalmente, el que acredite conceptos no financiables, el 
que no respete el desglose de partidas de la resolución de concesión, y el gasto no 
facturado y/o pagado.
4.  En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos:
a)  El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el 
beneficiario que hayan servido de base para la concesión.
b)  Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.
c)  La no inscripción en los registros oficiales exigidos por la legislación para el 
desarrollo de la actividad financiada.
Artículo 35.  Recursos.
1.  De acuerdo con lo dispuesto en los 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  e.
contra las resoluciones del procedimiento regulado en el presente real decreto-ley, que  w.
pondrán fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de  11w
rseigpuoiseinctióen a al ndtee  seul  ónrogtaifnicoa cqiuóen . laS idni cpteór, jueinc ioe l dpela lzoo  adnete urino rm, ceosn ctroan tdaicdhoa as  preasrtoirlu dceiol ndeías 
cNaabceio innatel,r peonn eerl  rpelcauzros od ea ndteo sl am Seasleas d ea  lcoo Cntoanr tednecsidoeso e-al ddmíain sisigtruaiteivnot ed ea  llaa  Afeucdhiean cdiea   BOE-A-cable e
notificación de las mismas.
2.  La interposición de recursos de reposición deberá realizarse ante el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, a través del Registro Electrónico del mismo.
Artículo 36.  Publicidad.
1.  Toda referencia en cualquier medio de difusión a las inversiones aprobadas 
deberán incluir que han sido financiadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
tal como establece el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo 
con el artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará con una multa 
fija en los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley.
Artículo 37.  No incremento del gasto público en el funcionamiento de la comisión de 
evaluación y normativa aplicable.
1.  El funcionamiento de la comisión de evaluación a la que se refiere el artículo 28 
será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados al órgano 
en el que se encuentra integrado.
2.  En todo lo no previsto en este real decreto-ley y en la correspondiente resolución 
de la convocatoria será de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria y en el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, aprobado por Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre y demás disposiciones 
que resulten de aplicación.
3.  De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, los préstamos que se otorguen al amparo de este real decreto ley se 
regirán por su normativa específica, y, en su defecto, por las prescripciones de la citada ley 
que resulten adecuadas a la naturaleza de estas operaciones.
Programa de Renovación del parque circulante español en 2020 (PLAN RENOVE 2020)
Artículo 38.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  Constituye el objeto de los artículos 38 a 52 la regulación del procedimiento para 
la concesión directa de ayudas, en forma de subvenciones, correspondientes al «Programa 
de Renovación del parque circulante español en 2020 (PLAN RENOVE 2020)», consistente 
en incentivar la adquisición en España de vehículos con las mejores tecnologías 
disponibles, que permita la sustitución de los vehículos más antiguos por modelos más 
limpios y más seguros, incorporando al mismo tiempo criterios ambientales y sociales.
2.  A tal fin, las subvenciones a que se refiere este real decreto-ley se concederán por 
la adquisición en España de vehículos a los que se refieren las categorías detalladas en el 
anexo II.
3.  Las ayudas se destinarán a la adquisición directa o a la adquisición por medio de 
operaciones de financiación por leasing financiero o arrendamiento por renting (también 
llamado leasing operativo) de un vehículo nuevo, que deberá adquirirse y estar matriculado 
en España a partir del 15 de junio de 2020, inclusive. es
4.  Las ayudas también se destinarán a la adquisición directa a partir de esa misma  bo
fecha de un vehículo seminuevo, que deberá ser previamente titularidad de un concesionario  w
yism emp raoe5trc.rt ioecg uLdelaaen d  lteaoipn seo  eanlol y Egausíndapea axsdño,e a l aI vIa .ef oshruímc nuaollomizsab crseiuó bcnov dnee nf eclacioshn asa opbloilcesistteu, rdlioaer s da yils  1ltar id bdeuo cecinuóemnr oed ndeteal  cp2iró0en2s 0ua.p pureessteon, taerl   OE-A-2020-73able en https://
Artículo 39.  Características, compatibilidad y concurrencia de las subvenciones.
1.  Las subvenciones se otorgarán a las solicitudes que cumplan con todos y cada 
uno de los requisitos establecidos, y por orden de presentación de las solicitudes, hasta 
agotarse el presupuesto disponible, o bien, si ocurriera antes, hasta que se alcance la 
fecha límite de vigencia del presente programa especificada en el artículo 42.
2.  Las subvenciones se otorgarán por una sola vez, sin que quepa duplicidad en 
caso de sucesivas transmisiones de un mismo vehículo.
3.  Las subvenciones no serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos vigentes para la misma finalidad, procedentes de la Administración General del 
Estado o sus Entes públicos o privados. Tampoco serán compatibles con aquellas 
subvenciones o ayudas gestionadas por las comunidades autónomas si los fondos o 
recursos provienen de la Administración General del Estado.
4.  En el caso de que el solicitante sea una empresa, estas subvenciones estarán 
sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de 
la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas «de minimis» (DO L 352, 
de 24 de diciembre de 2013), así como por cualquier otra disposición que pudiera resultar 
aplicable y ser aprobada durante la vigencia del PLAN RENOVE 2020, respetándose las 
reglas de acumulación que impiden que se sobrepasen los límites de ayuda establecidos 
en dicho Reglamento.
A estos efectos, los solicitantes deberán declarar responsablemente las ayudas «de 
minimis» recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal 
en curso, conforme con lo dispuesto en el cuestionario de solicitud de ayuda 
correspondiente.
Artículo 40.  Beneficiarios.
1.  Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en el PLAN RENOVE 
2020:
a)  Los profesionales autónomos.
b)  Las personas físicas mayores de edad residentes en España no incluidas en el 
apartado a).
c)  Las empresas privadas, que tengan un establecimiento válidamente constituido en 
España en el momento de presentar la solicitud, y otros tipos de personas jurídicas tal que su 
número de identificación fiscal (NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.
2.  No podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en este programa para 
la adquisición de vehículos, los concesionarios o puntos de venta cuyo epígrafe del 
Impuesto sobre Actividades Económicas sea 615.1 o 654.1. En caso de que el solicitante 
desarrolle varias actividades económicas distintas, entre las que se encuentre alguna de 
las citadas anteriormente, deberá declarar responsablemente en el cuestionario de 
solicitud que los vehículos para los que se solicita ayuda no serán empleados en ninguna 
de las actividades excluidas.
3.  El solicitante deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en el momento de la concesión de la 
subvención.
Asimismo, no deberá tener pendiente obligación alguna por reintegro de ayudas con la 
Administración General del Estado y sus organismos y entidades públicas dependientes o  es
vinculados. Igualmente, el beneficiario no deberá estar sujeto a una orden de recuperación  o
pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda  w
ieRlemeggpa4lral. e ems aieNnsnco to oepm no( pUdcarErátii)snb i lnses,. eº c sro6 ebn5ge 1eún/ln2e m 0fsi1ceei4ra c dradieadefso i nl adce eo C meloasúmstna is. susióbitnuv,ea ncdcieói on1n 7ee snd  epe rlje uavnirsitoítca dusel oe  2n20 ,e1 sa4tp,e a pprotraor dgeorla  qm1u8ae   dlaseesl    OE-A-2020-73able en https://
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. Dicho extremo se acreditará mediante 
declaración responsable en el cuestionario de la solicitud de subvención.
5.  En el caso de adquisiciones directas de vehículos o mediante operaciones de 
financiación por leasing financiero, se entiende por beneficiario, a los efectos de este real 
decreto-ley, el titular de la matriculación registrada en el Registro Oficial de Vehículos de 
la Dirección General de Tráfico.
En el caso de adquisiciones mediante operaciones de financiación de arrendamiento 
por renting para vehículos, el pago se realizará a la empresa de renting si bien el 
destinatario final de la ayuda será el arrendatario.
Artículo 41.  Régimen de concesión, financiación y cuantía de las subvenciones.
1.  Estas subvenciones se concederán de forma directa, conforme a los artículos 22 
y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al capítulo III del título I del Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones, al existir razones de interés público, social y económico 
que no permiten promover la concurrencia competitiva.
2.  La financiación de las subvenciones se realizará con cargo al presupuesto, por 
importe total de 250.000.000 de euros, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
Dirección General de Industria y de la PYME.
El presupuesto total de las ayudas a conceder, así como el régimen de la cuantía de 
las ayudas, se distribuirá de la forma y seguirá las reglas previstas en el anexo II.
3.  Se considerará agotado el presupuesto disponible habilitado para la ejecución del 
presente programa, cuando se efectúe la última solicitud de ayuda que totalice el importe 
correspondiente al mismo.
Con posterioridad a ese momento, los solicitantes de ayuda podrán seguir presentando 
solicitudes en la aplicación informática correspondiente, que entrarán a formar parte de 
una lista de espera, y que serán atendidas por riguroso orden de presentación de las 
mismas, supeditado a que se hayan producido anulaciones en solicitudes anteriores que 
liberen presupuesto. La posibilidad de continuar presentando solicitudes finalizará 
definitivamente con la vigencia del programa. En ningún caso, la solicitud presentada y 
que forme parte de la lista de espera señalada en este apartado, generará derecho alguno 
a la percepción de subvenciones.
Artículo 42.  Vigencia del programa y plazos para la presentación de solicitudes.
1.  El programa surtirá efectos desde el 15 de junio de 2020, y finalizará el 31 de 
diciembre de 2020, o, si ocurriera antes, cuando se agoten los importes disponibles 
establecidos en el artículo 2 del anexo II del presente real decreto-ley.
2.  El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda comprenderá desde el día de 
activación del sistema telemático de gestión de ayudas del Programa hasta el 31 de 
diciembre de 2020, ambos inclusive, o hasta que se agoten los presupuestos establecidos 
en el artículo 2 del anexo II del presente real decreto-ley, en caso de producirse con 
anterioridad.
3.  La fecha y hora de activación del sistema telemático de gestión de ayudas será 
convenientemente notificada a través del portal del PLAN RENOVE 2020.
Artículo 43.  Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento de concesión 
y órgano responsable del seguimiento de las subvenciones.
1.  El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión  o
será la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. ww.
eelx itsit2tue.l natre Edsle  ósl roMgbairnneios l tace ormimoa pdteeert ieIann.dteu sptariraa,  rCeosomlveercr ieol  yp rToucreisdmimoi,e snitno  pdeer cjuoicnicoe dseió nla ds ed aeyleugdaacsi osneerás   2020-7311n https://w
3.  A efectos de lo previsto en el artículo 88.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, el órgano encargado del seguimiento de las ayudas será la Dirección 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Artículo 44.  Gestión de las ayudas.
1.  Para la gestión de las subvenciones podrán intervenir una o varias entidades 
colaboradoras que deberán cumplir los requisitos y las obligaciones y desempeñar las 
funciones establecidos en los artículos 13 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 
será seleccionada con observancia a lo dispuesto en el artículo 16 de dicha Ley. En caso 
de seleccionar entidad colaboradora, podrán actuar como tal únicamente las entidades 
públicas empresariales y las sociedades mercantiles estatales.
2.  La gestión de las ayudas se realizará a través de un sistema electrónico de gestión 
y con las garantías exigidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públicos y la restante normativa reguladora de la 
Administración electrónica.
3.  En caso de selección de entidad colaboradora, y de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 17.3.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, esta deberá acreditar su 
solvencia económica y financiera mediante acreditación de haber depositado sus cuentas 
anuales auditadas de los dos últimos ejercicios en el Registro Mercantil o en el que le sea 
de aplicación de acuerdo con su naturaleza jurídica.
La solvencia técnica y eficacia en la gestión se acreditará por los siguientes medios:
a)  Relación de los principales trabajos realizados en los tres últimos años cuya 
naturaleza pueda servir para acreditar experiencia en la materia objeto de colaboración; 
especialmente relacionados con las administraciones y entidades públicas y con la gestión 
de ayudas públicas.
b)  Las titulaciones académicas y profesionales del personal responsable de la 
ejecución del objeto de colaboración, así como del responsable de los aspectos técnicos 
del sistema o modelo a implantar en su caso.
c)  Declaración de los medios técnicos de que se disponga para la eficaz realización 
del objeto de colaboración.
Artículo 45.  Formalización y presentación de solicitudes.
1.  La presentación de las solicitudes y de la documentación adicional justificativa se 
efectuará mediante firma electrónica avanzada en la aplicación informática que se 
desarrolle al efecto. Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación, 
en el plazo indicado en el anexo II.
En el caso de que el solicitante sea una persona física, los puntos de venta podrán 
facilitarle los medios electrónicos que le permitan tramitar la solicitud de ayuda. Para ello, 
deberá contar con certificado de firma electrónica avanzada. Asimismo, el interesado 
podrá nombrar un representante para la realización de la solicitud y gestión de la 
documentación, que deberá estar autorizado a tal efecto
2.  Las solicitudes de ayuda se realizarán cumplimentando el formulario disponible en 
la aplicación informática según las reglas de procedimiento previsto en el anexo II.
Artículo 46.  Resolución y pago de las ayudas.
1.  Una vez registrada la solicitud completa y toda la documentación justificativa  e.
requerida en el sistema electrónico de gestión por el solicitante, se comprobará que se  w.
cumplen todos los requisitos para la concesión de la subvención. 11w
de la2 .s ubUvnean cvieózn ,q suee  vsael ihdaa rcáo lma psorolibcaituddo. que se cumplen los requisitos para la concesión
en e3l.  arEtícl utiltou la4r3 d.2e,l  dMicintaisrtáe rrieos doelu Icnidóuns rtreiasp, Cecotmo edrec iola ys  Tsuorliicsimtuod,e esn  ploress teénrmtaidnaoss.  pErel vpilsatzoos   BOE-A-cable e
máximo para dictar y notificarla resolución al interesado será de seis meses desde la fecha
de formalización de la solicitud completa y la aportación de toda la documentación 
justificativa. En caso de no dictarse y notificarse la resolución en el plazo establecido, la 
solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.
4.  Con posterioridad al dictado de la resolución de concesión, se procederá al pago 
de la ayuda al beneficiario por una cuantía que deberá coincidir con el indicado en la 
solicitud. Los pagos se realizarán mediante transferencia a una cuenta bancaria indicada 
por el beneficiario y reconocida por el Tesoro Público.
5.  Las resoluciones de concesión de la ayuda serán comunicadas a cada uno de los 
beneficiarios. La comunicación electrónica sustituirá a la notificación de los actos del 
procedimiento y surtirá todos sus efectos. El beneficiario recibirá aviso, por cualquier medio 
que permita tener constancia de su recepción, de que la resolución de concesión ha sido 
publicada en la web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (www.mincotur.gob.es).
6.  Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha 
dictado, o bien recurrir directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 
en la forma y plazos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 47.  Obligaciones esenciales de los solicitantes y beneficiarios.
Serán obligaciones esenciales de los solicitantes y beneficiarios:
a)  Seguir la metodología y el procedimiento establecidos en el presente real decreto-
ley, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos, la realización de la actividad y el 
cumplimiento de la finalidad que determina la concesión de la ayuda, y la conservación de 
los justificantes y documentación correspondiente acreditativa de tales extremos, en los 
términos previstos por el anexo II.
b)  El beneficiario de la ayuda estará obligado a facilitar las comprobaciones 
encaminadas a garantizar la correcta realización de la actuación objeto de la misma. 
Asimismo, estará sometido a las actuaciones de comprobación, al control financiero de la 
Intervención General de la Administración del Estado, al control fiscalizador del Tribunal de 
Cuentas y, en su caso, a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de ayudas 
cofinanciadas con Fondos comunitarios de la Unión Europea.
c)  El beneficiario deberá cumplir con los requisitos exigidos en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y lo establecido en el artículo 40 del 
presente real decreto ley. Igualmente, y en su caso, no deberá estar definida como 
empresa en crisis, según se define en el artículo 2, apartado 18 del Reglamento (UE) n.º 
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. A estos efectos el solicitante suscribirá, 
junto con la respectiva solicitud de ayuda, las declaraciones responsables pertinentes, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5.1.a) del anexo II.
d)  El beneficiario de la ayuda deberá mantener la titularidad del vehículo y su 
matriculación en España al menos durante dos años desde el momento de la concesión 
de la subvención.
Artículo 48.  Seguimiento y control de las ayudas.
1.  El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo realizará las pertinentes actuaciones 
de seguimiento y control de las ayudas concedidas al amparo de este real decreto-ley, sin 
perjuicio de las que correspondan realizar en virtud de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17  es
de noviembre. o
2.  El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, podrá comunicar, telemáticamente,  ww.
adlraeel  afR Tiln erdaágelfiicidscrtaoerdo,t o  edd-ll eeen  yorVe.meahbliízrceau rdl oeesl  ,loc aos  nttrittaruovllaé drsee ds l eayls  lpo orsob vclieeghdaíicmciuoielnonests ob r eeenscetoafgibcidlieaacrsiiod eso n dp eeo lrl aa lsart  ísDcuuibrleovc e4cn7icó.idno) n Gdeeesn ,e ecsortanel    OE-A-2020-73able en https://
Artículo 49.  Causas de anulación o de reintegro de las ayudas.
1.  Con independencia de las devoluciones a que hubiere lugar de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá el reintegro, 
total o parcial, y la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la 
subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, en los 
supuestos regulados en el artículo 37 de la citada ley, así como en los demás previstos 
expresamente por el presente real decreto-ley.
2.  En el caso de incumplimientos parciales, se determinará la cantidad a reintegrar por 
el beneficiario con arreglo al principio de proporcionalidad y en función de los costes 
justificados y de las actuaciones acreditadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con el artículo 17.3.n) de dicha ley.
Artículo 50.  Publicidad.
En todas las referencias que realicen los beneficiarios, en cualquier medio de difusión, 
a las ayudas reguladas en este real decreto-ley, deberá figurar que han sido financiadas 
por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, tal como establece el artículo 18.4 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 51.  Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
1.  De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales la información y datos de carácter 
personal que reciba en su caso el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por parte de 
cualquier solicitante, beneficiario o interesado, en general, también tendrá carácter 
confidencial, y serán recogidos por el mismo para ser incorporados, respectivamente, a los 
ficheros automatizados titularidad y responsabilidad del mismo, con la finalidad de verificar 
el cumplimiento, control y seguimiento de las obligaciones establecidas por el presente 
real decreto-ley. Los interesados podrán ejercer personalmente sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición mediante escrito.
2.  No obstante lo anterior, y con la formalización de su adhesión al presente 
programa, en la forma establecida por este real decreto-ley, los beneficiarios aceptan la 
publicación de aquellos datos de la ayuda concedida que permitan garantizar la publicidad, 
objetividad y concurrencia de estas ayudas.
3.  La información sobre las concesiones de subvenciones realizadas al amparo de este 
real decreto-ley se comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones en los términos 
en que se establece dicha obligación por el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 52.  Régimen jurídico.
Las subvenciones cuya concesión se regula en los artículos 38 a 52 de este real 
decreto-ley, se regirán, además de por lo que en él se dispone, en lo que corresponda, 
por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en su Reglamento, y en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre 
de 2013, y en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
Disposición adicional primera.  Crédito extraordinario en el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo para atender el Plan Renove del Plan de Impulso de la cadena de  e.
valor de la Industria de la automoción. w.
milloSnee asp druee beau rloas c oennc eesl ióMni ndies tuenri oc rdéed itIon deuxtsrtaroiar,d iCnaormioe prcoiro  imy pTourtreis dmeo t,o atapl lidcea c2ió50n 
pvarelosru dpeu elas tIanrdiau 2st0r.ia0 9d.e4 2la2 BA.u7t8o2m «oPcliaónn »R.enove, dentro del Plan de impulso de la cadena de
La financiación del crédito extraordinario se realizará de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Con la aprobación de este real decreto ley se otorga la autorización y aprobación a que 
se refieren los artículos 10.2 y 34.1, respectivamente, de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones
Disposición adicional segunda.  Bonificación del pago de aranceles notariales y del 
Registro de la Propiedad.
1.  Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e 
inscripción de la novación del préstamo hipotecario que incluya la moratoria señalada en 
el artículo 3 serán satisfechos en todo caso por el acreedor y se bonificarán en un 50 por 
ciento en los siguientes términos:
a)  Por el otorgamiento de la escritura se devengará el arancel correspondiente a 
las escrituras de novación hipotecaria, previsto en la letra f) del apartado 1 del número 
1 del anexo I del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba 
el arancel de los Notarios, reducidos al 50 por ciento, sin que se devengue cantidad 
alguna a partir del quinto folio de matriz y de copia, sea copia autorizada o copia 
simple. El arancel mínimo previsto será de 30 euros y el máximo de 75.
b)  Por la práctica de la inscripción se aplicará el arancel previsto para las novaciones 
modificativas en artículo 2.1.g) del anexo I del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por 
el que se aprueba el Arancel de los Registradores. Al resultado se le aplicará una bonificación 
del 50 por ciento. El arancel mínimo previsto será de 24 euros y el máximo de 50 euros.
2.  Formalizada la escritura pública se remitirá por el notario autorizante al Registro de 
la Propiedad través de cualquiera de los medios de presentación que permite la Ley 
hipotecaria.
Disposición adicional tercera.  Ámbito de aplicación de la moratoria hipotecaria en el 
sector turístico.
Las actividades económicas del sector turístico a las que se refiere el artículo 3 serán 
las encuadradas en el código CNAE 5510 (Hoteles y alojamientos similares), 5520 
(Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia) y 7911 (Actividades de 
agencias de viajes).
Disposición adicional cuarta.  Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad 
de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y 
comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.
1.  Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a 
actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los del comercio y 
hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que generen 
actividad productiva en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020, y que 
inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con 
contratos de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses 
del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias 
comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA 
y Formación Profesional de dichos trabajadores. e.e
Las bonificaciones de cuotas se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad  b
Social a instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación de las  11ww
pcaedrsao cnóadsi gtroa bdaej acduoernatsa,  dye p creovtiizaa cpiróens eyn mtaecsió nd ed dee dveecnlgaora, csióonb rree ssup ovninscaubllaec, iróens pael csteoc tdoer 
del turismo.
Para que las bonificaciones resulten de aplicación las declaraciones responsables se 
deberán presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente 
al período de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones.
La presentación de las declaraciones responsables a las que se refiere este artículo 
se deberán realizar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito 
de la Seguridad Social (Sistema RED), regulado en la Orden ESS/484/2013, de 26 de 
marzo.
2.  La bonificación regulada en este artículo será de aplicación en todo el territorio nacional.
3.  Las bonificaciones previstas para las contrataciones establecidas en el Programa 
de Fomento del empleo regulado en esta Ley, se financiarán con cargo a la correspondiente 
partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal.
4.  Las bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social se aplicarán por la Tesorería 
General de la Seguridad Social en las correspondientes liquidaciones de cuotas sin 
perjuicio de su control y revisión posterior por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.
5.  Estas  bonificaciones  serán  compatibles  con  las  exenciones  de  cuotas 
empresariales a la Seguridad Social. El importe resultante de aplicar las exenciones y 
estas bonificaciones no podrán, en ningún caso, superar el 100 por 100 de la cuota 
empresarial que hubiera correspondido ingresar.
Disposición adicional quinta.  Explotación de resultados en proyectos relacionados con la 
emergencia sanitaria COVID-19 que hayan obtenido financiación pública.
Cuando el resultado de un proyecto que haya obtenido financiación pública con 
cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas españolas o de sus 
organismos o entidades de derecho público sea un medicamento o un producto sanitario, 
o productos intermedios para su ulterior transformación industrial en medicamentos o 
productos sanitarios, o los equipamientos, modelos, prototipos, sistemas o ingenierías 
de proceso necesarios para su desarrollo, que responda a necesidades derivadas de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus SARS-CoViD-2 y existan dificultades 
en la escalada y producción de los mismos, que puedan desembocar en situaciones de 
escasez de existencias para satisfacer la demanda interna será necesario concluir 
mecanismos de colaboración público-privada con objeto de superar estos obstáculos, de 
acuerdo con las siguientes reglas:
a)  El acuerdo de colaboración, efectuado bajo cualquier forma permitida en Derecho, 
deberá ser suscrito entre el agente financiador del Sistema Español de Ciencia, Tecnología 
e Innovación y la entidad beneficiaria de tales fondos. En el caso de que la forma del 
acuerdo haya de ser el contrato, por referirse su objeto a las prestaciones propias de los 
mismos definidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la 
contratación deberá realizarse conforme a esta Ley.
b)  El acuerdo contemplará, exclusivamente cuando la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) haya determinado que el nivel de 
producción o de existencias de tales medicamentos o productos sanitarios no 
basta para satisfacer la demanda interna, la sujeción de la exportación de los mismos 
a la autorización previa de la AEMPS. Igualmente, la Administración Sanitaria del 
Estado podrá determinar su suministro centralizado de conformidad con lo preceptuado 
por el artículo cuarto de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública. e.e
c)  En todo caso, el Acuerdo que se suscriba habrá de ajustarse al principio de  b
proporcionalidad, debiendo limitarse a garantizar el objetivo de la adecuada protección de  11ww
lsaa nsiatalurido sp,ú mbliiecnat rmase dduiarnet ee l upnro sbulemminai sdtero s suumfiicniiesntrtoe. de tales medicamentos o productos
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Se añade un número 30 al artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, con la siguiente redacción:
«30.  Las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos 
hipotecarios y de arrendamientos sin garantía hipotecaria que se produzcan en 
aplicación de la moratoria hipotecaria para el sector turístico, regulada en los 
artículos 3 a 9 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de 2020.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Se añade un nuevo apartado 7 a la Disposición adicional cuarta, con la siguiente 
redacción:
«7.  Las resoluciones del Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de 
empresas estratégicas directamente, en única instancia, ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018.
Se modifica el apartado uno de la Disposición adicional sexagésima de la Ley 6/2018, 
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que queda 
redactado como sigue:
«Disposición adicional sexagésima.  Dotación de los fondos de fomento a la 
inversión española con interés español en el exterior.
Uno.  La dotación del Fondo para Inversiones en el Exterior se establece 
en 100.000 miles de euros en el año 2020. El Comité Ejecutivo del Fondo para 
Inversiones en el Exterior podrá aprobar durante el año 2020 operaciones por un 
importe total máximo equivalente a 300.000 miles de euros.»
Disposición final cuarta.  Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19.
Uno.  Se modifica el párrafo b) del artículo 31.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, que queda redactado como sigue:
«b)  Beneficiarios: las empresas españolas consideradas como Pequeñas y 
Medianas Empresas conforme a la definición del anexo I del Reglamento UE 
651/2014 de la Comisión, así como otras empresas de mayor tamaño, en las que 
concurran las siguientes circunstancias:
–  Que  se  trate  de  empresas  internacionalizadas  o  en  proceso  de  oe.
internacionalización, al cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: w.
infor•m Eamciópnre fsinaasn ceienr ala dsi sqpounei belel , nreepgroecsieon tine taelr nmaecnioonsa ul,n  rteefrlceioja (d3o3  %en)  dseu  súul tcimifraa 
de negocios, o
• empresas que sean exportadoras regulares (aquellas empresas que hayan 
exportado regularmente durante los últimos cuatro años conforme a los criterios 
establecidos por la Secretaría de Estado de Comercio).
– Que la empresa se enfrente a un problema de liquidez o de falta de acceso a 
la financiación resultado del impacto de la crisis del COVID-19 en su actividad 
económica.»
Dos.  Se añade un párrafo e) al artículo 31.1 con la siguiente redacción:
«e)  Podrá destinarse hasta un máximo del 35% del importe de la línea a 
entidades cotizadas.»
Tres.  Se añade un párrafo al artículo 40.8, con la siguiente redacción:
«8.  Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los 
socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de 
alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden.
No obstante, el derecho de separación previsto en los apartados 1 y 4 del 
artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se suspende hasta el 31 de 
diciembre de 2020.»
Disposición final quinta.  Modificación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por 
el que se establece el ingreso mínimo vital.
Uno.  Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 20, en los siguientes términos:
«4.  Las resoluciones de las prestaciones de ingreso mínimo vital se 
comunicaran por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin necesidad del 
consentimiento previo del titular de los datos personales, a las comunidades 
autónomas y entidades locales a través de la adhesión a los procedimientos 
informáticos con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, con la finalidad de facilitar la información estrictamente necesaria para el 
reconocimiento  y  control  de  las  prestaciones  competencia  de  dichas 
administraciones. La información facilitada no podrá ser utilizada con ninguna otra 
finalidad si no es con el consentimiento del interesado. Todo ello en aplicación de los 
artículos 5.1.b) y c) y 6 del Reglamento (UE) n.º 2016/679 y del artículo 8 de la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales.
En las condiciones establecidas en el párrafo anterior, se comunicaran las 
resoluciones de las prestaciones del ingreso mínimo vital a los órganos competentes 
de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y, en su 
caso, a las corporaciones locales, para la realización de aquellas actividades que, en 
el marco de la colaboración y cooperación, deban realizar dichas administraciones, 
en materia de gestión y control del ingreso mínimo vital que corresponde al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social.
Asimismo, en las condiciones establecidas en el primer párrafo, el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social podrá comunicar de forma telemática, sin el 
consentimiento previo del titular de los datos personales, la información que resulte 
necesaria sobre el ingreso mínimo vital a las instituciones y organismos públicos  e.e
que lo soliciten para que puedan realizar, dentro del ámbito de sus competencias,  w.b
actuaciones derivadas de la aplicación del ingreso mínimo vital.» 11ww
en loDso ssi.g uSieen taeñsa tdéerm uinn ocsu:arto párrafo al apartado 3 de la disposición transitoria primera,  OE-A-2020-73able en https://
«En los supuestos en que la unidad de convivencia descrita en la letra b) del  Bc
apartado 2 tuviera su domicilio en la Comunidad Foral de Navarra o la del País
Vasco, la referencia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria realizada en el 
párrafo anterior se entenderá referida a las Haciendas Tributarias Forales de 
Navarra y de los territorios históricos del País Vasco, respectivamente.»
Disposición final sexta.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 6.ª, 7.ª, 
8.ª, 10.ª, 11.ª, 13.ª, 14.ª, 15.ª, 17.ª, 18.ª, 21.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución Española, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas 
que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales; legislación mercantil, penal y penitenciaria; 
legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se 
deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas; 
legislación laboral; legislación civil; del régimen aduanero y arancelario y comercio exterior; 
bases de la ordenación de crédito, banca y seguros; sobre las bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica; Hacienda general y Deuda del Estado; 
fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica; legislación básica 
y régimen económico de la Seguridad Social; bases del régimen jurídico de las 
Administraciones  Públicas;  legislación  básica  sobre  contratos  y  concesiones 
administrativas; telecomunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor, legislación 
básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las 
comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección y bases del 
régimen minero y energético.
Disposición final séptima.  Desarrollo reglamentario y ejecución.
Se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales, 
en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final octava.  Habilitación normativa para el PLAN RENOVE.
Se faculta a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo para modificar el contenido 
del anexo II: PLAN RENOVE 2020, así como dictar las normas de desarrollo que resulten 
necesarias para la correcta aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 38 
a 52 relativas al Programa de Renovación del parque circulante español en 2020 
(PLAN RENOVE 2020).
Disposición final novena.  Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 3 de julio de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO I
Presupuesto de explotación y capital del fondo de apoyo a la solvencia de 
empresas estratégicas
Presupuestos Generales del Estado 2020
Entidad: Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas
(En miles de 
Presupuesto de explotación
N.º cuentas euros)
Cuenta del resultado económico patrimonial
2020
1.  Transferencias y subvenciones recibidas. 0,00
a) Del ejercicio. 0,00
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 0,00
− de la Administración General del Estado
− de los organismos autónomos de la Administración General del Estado
− de otros del sector público estatal de carácter administrativo
− del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
− de la Unión Europea
− de otros (especificar)
750 a.2) Transferencias 0,00
− de la Administración General del Estado
− de los organismos autónomos de la Administración General del Estado
− de otros del sector público estatal de carácter administrativo
− del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
− de la Unión Europea
− de otros (especificar)
Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación 
752 a.3) 0,00
específica de un elemento patrimonial
− de la Administración General del Estado
− de los organismos autónomos de la Administración General del Estado
− de otros del sector público estatal de carácter administrativo
− del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
− de la Unión Europea
− de otros (especificar)
754 b) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras.
777 2.  Otros ingresos de gestión ordinaria. 38,05 oe.
795 3.  Excesos de provisiones. 11ww
-65  4. A)T −r aTanOl ssTfeeAcrLeto nIrNc piGaúsRb ylEic sSouO ebSsvte aDntEacil o GdneEe Ssc aTcrIoáÓncNctee Ord aiRddDamsINinAisRtrIaAt i(v1o+2+3). 380,,0050 BOE-A-2020-73cable en https://
(En miles de 
Presupuesto de explotación
N.º cuentas euros)
Cuenta del resultado económico patrimonial
2020
− al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
− a otros (especificar)
5.  Otros gastos de gestión ordinaria. -2.250,00
-62 a) Suministros y servicios exteriores.
-676 b) Otros. -2.250,00
  B)  TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5). -2.250,00
I.  Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B). -2.211,95
6.  Otras partidas no ordinarias. 0,00
778 a) Ingresos.
-678 b) Gastos.
II.  Resultado de las operaciones no financieras (I+6). -2.211,95
7.  Ingresos financieros. 0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. 0,00
7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
760 a.2) En otras entidades.
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado. 0,00
7631, 7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
761, 762, 769, 76454, (66454) b.2) Otros.
8.  Gastos financieros. 0,00
-663 a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
(660), (662), (669), 76451, 
b) Otros.
(66451)
9.  Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros. 0,00
7646, (6646) a) Derivados financieros.
7640, 76452, 76453, (6640), 
b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados.
(66452), (66453)
7641, (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.
768, (668) 10.  Diferencias de cambio.
11.  Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros. 0,00
7960, 7961, 7965, 766, (6960), 
(6961), (6965), (666), 7970,  a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
(6970), (6670) es
765, 7966, 7971, (665),  b
b) Otros. w.
(6671), (6962), (6966), (6971) 11ww
III.  Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11). 0,00
IV.  Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III). -2.211,95
(En miles de 
Presupuesto de capital
euros)
Estado de flujos de efectivo
2020
I.  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) Cobros: (+) 38,05
1.  Transferencias y subvenciones recibidas.
2.  Intereses y dividendos cobrados. 38,05
3.  Otros cobros.
B) Pagos: (-). -2.250,00
4.  Transferencias y subvenciones concedidas.
5.  Otros gastos de gestión. -2.250,00
6.  Intereses pagados
7.  Otros pagos
  Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A+B) -2.211,95
II.  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) Cobros: (+). 0,00
Venta de activos financieros.
D) Pagos: (-). -3.000.000,00
Compra de activos financieros y concesión de créditos -3.000.000,00
  Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C+D) -3.000.000,00
III.  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
E) Aumentos en el patrimonio: (+) 10.000.000,00
1.  Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo 10.000.000,00
F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo: (-) 0,00
2.  Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo
G) Cobros por emisión de pasivos financieros: (+) 0,00
3.  Préstamos recibidos
4.  Otras deudas
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: (-) 0,00
5.  Préstamos recibidos
6.  Otras deudas
  Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E+F+G+H) 10.000.000,00
IV.  FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
I) Cobros pendientes de aplicación (+)
J) Pagos pendientes de aplicación (-)
  Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I+J) 0,00 e.
V.  EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) w.
VI.  INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFE(I+CITI+IVIIIO+ IYV +AVC)TIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO  6.997.788,05
  Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 0,00
  Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 6.997.788,05 Bc
ANEXO II
PLAN RENOVE 2020
Artículo 1.  Vehículos subvencionables.
1.  Los vehículos susceptibles de ser subvencionados deberán cumplir los siguientes 
requisitos:
a)  Las subvenciones objeto de este programa se destinarán a la adquisición directa 
o a la adquisición por medio de operaciones de financiación por leasing financiero o 
arrendamiento por renting (también llamado leasing operativo) de vehículos nuevos, 
entendiendo como tal aquel procedente de fábrica, matriculados por primera vez en 
España, a nombre del destinatario último de la ayuda, salvo en los casos de renting en los 
que podrá estar matriculado a nombre de la empresa de renting. Además, la fecha de 
factura de compraventa y fecha de matriculación será al menos del 15 de junio de 2020 o 
posterior. El pago del precio del vehículo, incluido el abono de posibles cantidades a 
cuenta o bajo cualquier otro concepto, deberá ser realizado igualmente el 15 de junio de 
2020 o posteriormente.
b)  Las subvenciones contempladas en este Programa también se destinarán a la 
adquisición directa de un vehículo seminuevo. Dicho vehículo deberá estar previamente en 
posesión de un concesionario y matriculado en España a su nombre con fecha posterior al 
1 de enero de 2020. Además, y al igual que un vehículo nuevo, la fecha de factura de 
compraventa será igual o posterior al 15 de junio de 2020. El pago del precio del vehículo, 
incluido el abono de posibles cantidades a cuenta o bajo cualquier otro concepto, deberá 
ser realizado igualmente en, o con posterioridad a, dicha fecha.
c)  En el caso concreto de las ayudas que se concedan para la adquisición de 
vehículos homologados como GLP, GNC, GNL o bifuel gasolina-gas, se entenderá por 
vehículo nuevo, aquel procedente de fábrica o transformado y garantizado bajo el control 
del fabricante a través de su red autorizada y matriculado por primera vez en España a 
nombre del destinatario último de la ayuda.
d)  En cualquier caso, todos los vehículos de la categoría M1 y el resto de categorías de 
vehículos que utilicen combustibles alternativos deberán estar registrados en la base de 
datos de «Consumo de Carburantes y emisiones de CO  en coches nuevos», elaborada por 
2
la entidad pública empresarial Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
2.  En cualquier caso el vehículo susceptible de ayuda deberá pertenecer a alguna de 
las categorías que se detallan a continuación:
a)  Turismos M1: Vehículos de motor diseñados y fabricados principalmente para el 
transporte de pasajeros y su equipaje que tengan, como máximo, ocho plazas de asiento 
además de la del conductor, sin espacio para pasajeros de pie, independientemente de 
que el número de plazas de asiento se limite o no a la plaza de asiento del conductor.
b)  Autobuses o autocares M2: Vehículos de motor diseñados y fabricados 
principalmente para el transporte de pasajeros y su equipaje que tengan más de ocho 
plazas de asiento además de la del conductor y cuya masa máxima no sea superior a 5 
toneladas, independientemente de que dichos vehículos de motor tengan o no espacio 
para pasajeros de pie.
c)  Autobuses o autocares M3: Vehículos de motor diseñados y fabricados 
principalmente para el transporte de pasajeros y su equipaje que tengan más de ocho  e.
plazas de asiento además de la del conductor y cuya masa máxima sea superior a 5  w.b
toneladas, independientemente de que dichos vehículos de motor tengan o no espacio  11w
parad )p asFaujergroosn edtea sp ieo. camiones ligeros N1: Vehículos de motor diseñados y fabricados
ptorninecliapdaalms.ente para el transporte de mercancías cuya masa máxima no sea superior a 3,5
e)  Furgones o camiones ligeros N2: Vehículos de motor diseñados y fabricados 
principalmente para el transporte de mercancías cuya masa máxima sea superior a 3,5 
toneladas, pero no supere las 12 toneladas.
f)  Furgones o camiones N3: Vehículos de motor diseñados y fabricados principalmente 
para el transporte de mercancías cuya masa máxima sea superior a 12 toneladas.
g)  Motocicletas L3, L4, L5 y L3e, L4e y L5e: Vehículos con dos ruedas, o con tres 
ruedas simétricas o asimétricas con respecto al eje medio longitudinal del vehículo, con 
una velocidad de diseño superior a los 45 km/h.
3.  Los modelos de vehículos de la categoría M1 y el resto de categorías que utilicen 
combustibles alternativos susceptibles de ser incentivados deben figurar en la Base de 
Vehículos del IDAE, (http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-
MOVES), y aquellos pertenecientes a las categorías M y N, deberán cumplir alguno de los 
siguientes requisitos:
a)  Vehículos convencionales propulsados totalmente mediante motores de 
combustión interna de gasolina o gasóleo.
b)  Vehículos propulsados por motores de combustión interna que puedan utilizar 
combustibles alternativos, homologados como GLP/Autogás, Gas Natural Comprimido 
(GNC), Gas Natural Licuado (GNL), o bifuel gasolina-gas.
c)  Vehículos eléctricos puros (BEV), propulsados total y exclusivamente mediante 
motores eléctricos cuya energía, procede parcial o totalmente, de la electricidad de sus 
baterías, utilizando para su recarga la energía de una fuente exterior al vehículo, por 
ejemplo, la red eléctrica.
d)  Vehículos eléctricos de autonomía extendida (REEV), propulsados total y 
exclusivamente mediante motores eléctricos cuya energía, procede parcial o totalmente, 
de la electricidad de sus baterías, utilizando para su recarga la energía de una fuente 
exterior al vehículo y que incorporan motor de combustión interna de gasolina o gasóleo 
para la recarga de las mismas.
e)  Vehículos híbridos enchufables (PHEV), propulsados total o parcialmente 
mediante motores de combustión interna de gasolina o gasóleo y eléctricos cuya energía 
procede, parcial o totalmente, de la electricidad de sus baterías, utilizando para su recarga 
la energía de una fuente exterior al vehículo, por ejemplo, la red eléctrica. El motor eléctrico 
deberá estar alimentado con baterías cargadas desde una fuente de energía externa.
f)  Vehículos híbridos (HEV), propulsados total o parcialmente mediante motores de 
combustión interna de gasolina o gasóleo y eléctricos cuya energía procede, totalmente, 
de la electricidad de sus baterías, utilizando para su recarga la energía generada 
internamente por el propio vehículo.
g)  Vehículo eléctrico de células de combustible (FCV), que utiliza exclusivamente 
energía eléctrica procedente de una pila de combustible de hidrógeno embarcado.
h)  Vehículo eléctrico híbrido de células de combustible (FCHV), que equipa, además, 
baterías eléctricas recargables.
4.  Los vehículos de las categorías M1 y N1 deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:
a)  Estar clasificados en alguna de las siguientes categorías, según se establece 
en la Resolución de 13 de abril de 2016, de la Dirección General de Tráfico, por la que 
se modifica el apartado C.1 del punto primero y los anexos I, II y VIII de la de 8 de enero  s
de 2016, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el  oe.
año 2016: w.
vehíic. uloCsE eRléOc treicmoiss idoen ebsa:t eVríeah (íBcEulVo)s,  vcelahsícifuicloa edloésc treicno  edle R aeugtoisntormo ídae e xVteenhdícidualo (sR EcoEmV)o, 
voe vheíchuíclou leolsé cdteri cpoil ah ídber idcoom enbcuhsutibfaleb.le (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros
ii.  ECO: Vehículos clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos híbridos 
enchufables con autonomía menor de 40 km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), 
vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural comprimido 
(GNC) o gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, deberán cumplir los criterios de la 
etiqueta C.
iii.  C: Vehículos clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina EURO 4, 5 o 6 
o diésel EURO 6.
b)  Los vehículos convencionales de la categoría M1 propulsados total o parcialmente 
por motores de combustión interna de gasolina o gasóleo, y que cumplan los requisitos 
que se recogen en el artículo 1, apartado 3, a), e) o f), de este anexo a la fecha de 
solicitud de ayuda deberán estar clasificados como clase A o B en la «Base de Datos del 
IDAE de consumo de carburantes y emisiones de CO  en coches nuevos» publicada en 
2
la página web de IDAE, conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 837/2002, de 2 de 
agosto, por el que se regula la información relativa al consumo de combustible y a las 
emisiones de CO  de los turismos nuevos que se pongan a la venta o se ofrezcan en 
2
arrendamiento en territorio español.
Además, los vehículos turismo de la categoría M1 deberán acreditar unas emisiones 
de CO  homologadas no superiores a 120 gCO /km, mientras que los vehículos M1 con 
2 2
carrocería AF multiuso y las furgonetas ligeras de la categoría N1 de menos de 2.500 kg 
de Masa Máxima Técnicamente Admisible (MMTA) deberán acreditar unas emisiones de 
CO  homologadas no superiores a 155 gCO /km. Dichas emisiones están referidas a los 
2 2
valores de emisiones NEDC determinados de acuerdo con los Reglamentos de Ejecución 
(UE) 2017/1153 y 2017/1152.
Los vehículos de la categoría M1 y el resto de categorías de vehículos que utilicen 
combustibles alternativos que cumplan los requisitos que se recogen en el artículo 1, 
apartado 3.b), c), d), g) o h) de este anexo, a la fecha de solicitud de ayuda deberán figurar 
en la «Base de Datos del IDAE de consumo de carburantes y emisiones de CO  en coches 
2
nuevos» publicada en la página web de IDAE, conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 
837/2002, de 2 de agosto. Además, los vehículos turismo de la categoría M1 deberán 
acreditar unas emisiones de CO  homologadas no superiores a 120 gCO /km, mientras que 
2 2
los vehículos M1 con carrocería AF multiuso y las furgonetas ligeras de la categoría N1 de 
menos de 2500 kg de Masa Máxima Técnicamente Admisible (MMTA) deberán acreditar 
unas emisiones de CO  homologadas no superiores a 155 gCO /km. Dichas emisiones 
2 2
están referidas a los valores de emisiones NEDC determinados de acuerdo con los 
Reglamentos de Ejecución (UE) 2017/1153 y 2017/1152.
c)  En el caso de los vehículos de categorías M1 y N1 homologados según el 
Reglamento (CE) n.º 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio 
de 2009, relativo a la homologación de los vehículos de motor y los motores en lo 
concerniente a las emisiones de los vehículos pesados (Euro VI) no se aplicarán los 
apartados anteriores b) y c).
d)  En el caso de adquisición de vehículos nuevos o semi nuevos de los reflejados en 
la letra b) del punto 1 de este mismo artículo, de categorías M1 y N1, será requisito 
necesario que el adquirente titular del vehículo subvencionable acredite la baja definitiva 
en circulación de un vehículo matriculado en España, siendo su titular en el Registro de 
Vehículos de la Dirección General de Tráfico, mediante la presentación del correspondiente 
certificado acreditativo de la baja definitiva del vehículo.
En este caso, el destinatario último de la ayuda, que será adquirente titular del vehículo  s
subvencionable, o el arrendatario del vehículo en el caso de las operaciones de renting o  e.
leasing operativo, podrá acreditar la baja definitiva en circulación del vehículo a achatarrar en  w.
el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico mediante la presentación del  11w
caochrraetsaprroanr ddieebneterá c seerrt,i fiincdaidsotin atacmreednittaet,i vdoe  cdaet elag obríaaj aM d1e of inNi1tiv, ay  edsetla rv emhaítcruicluol.a dEol  veenh Eícsuplaoñ aa 
caoñno sa netne reiol rcidaasdo  adle 1 l5a  dcea tjeugnoior íad eM 210,2 y0 .m Laay aonr taig üsieedtea da ñdoesl  veenh íeclu cloa sdoe bdeer ála s ecar tmegaoyroíar  aN d1i.e Az   BOE-A-cable e
efectos de antigüedad de los vehículos, se considerará desde su fecha de primera matriculación
hasta la fecha de solicitud de ayuda, o hasta la fecha de matriculación del nuevo vehículo 
adquirido si esta última fuera anterior. Adicionalmente, e independientemente de su categoría, 
el vehículo a achatarrar deberá haber tenido en vigor la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) 
al menos en la fecha de publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. El destinatario último de la ayuda deberá además ostentar la titularidad del vehículo 
achatarrado al menos durante los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda, 
así como presentar el último recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, 
debidamente abonado, al menos desde 2019.
5.  Para los vehículos eléctricos pertenecientes a la categoría L se exige:
1.º  Estar propulsados exclusivamente por motores eléctricos y estar homologados 
como vehículos eléctricos.
2.º  Las motocicletas eléctricas nuevas (categorías L3e, L4e y L5e) susceptibles de 
ayuda han de tener baterías de litio, motor eléctrico con una potencia del motor igual o 
superior a 3 kW, y una autonomía mínima de 70 km.
6.  Las adquisiciones de vehículos por medio de operaciones de financiación por 
renting, solo podrán ser objeto de ayuda a condición de que:
a)  El correspondiente contrato de arrendamiento establezca una duración mínima de 
dos años desde la fecha de su entrada en vigor y cuya formalización sea en todo caso, 
igual o posterior al 15 de junio de 2020.
b)  El contrato de arrendamiento deberá establecer expresamente que el arrendatario 
es el destinatario último de la ayuda que se otorgue, debiendo constar en el mismo, 
también expresamente, que una vez la empresa de renting reciba el pago del importe de 
la misma, en esa fecha aplicará el total de dicha ayuda a la reducción de las cuotas de 
pago o renta del arrendamiento que queden por satisfacer por parte del arrendatario.
c)  El contrato recogerá que, en caso de que el importe de la suma de las cuotas 
pendientes por abonar fuera inferior al importe de la ayuda, el excedente de ayuda 
pendiente de abonar al destinatario último deberá ser abonado por la compañía de renting 
al destinatario último a la finalización del contrato de arrendamiento. El arrendatario, por 
tanto, como destinatario último de la ayuda, será quien deba cumplir los requisitos e 
incompatibilidades que se prevén en este real decreto-ley.
d)  En el caso de las operaciones de renting, en todos los supuestos, el destinatario 
último de la ayuda firmará un documento de cesión del derecho de cobro a favor de la 
compañía de renting que formalice la operación.
7.  En el marco de este programa, se establece un límite de adquisición de vehículos 
por parte de un mismo beneficiario de hasta un máximo de treinta vehículos para el caso 
de entidades privadas con personalidad jurídica. Para el caso de personas físicas y 
profesionales autónomos se establece un límite de un vehículo por beneficiario. Los límites 
de ayuda por beneficiario serán los indicados en el conjunto de las distintas categorías 
objeto de apoyo, salvo que dicho límite deba de ser menor por haberse alcanzado por 
parte del solicitante el límite de ayudas establecido en el reglamento «de minimis».
Artículo 2.  Distribución del presupuesto total de las ayudas.
El presupuesto total de las ayudas a conceder se distribuirá de la siguiente manera: e
a)  Turismos, furgonetas ligeras y motocicletas: 230.000.000 de euros. w.
ab..   TFuurrigsomnoesta (sM l1ig)e: r2a0s0 (.0N010):. 02050.0 d0e0 .e0u0r0o sd.e euros.
c.  Motocicletas (L3, L4, L5 y L3e, L4e, L5e): 5.000.000 de euros.
b)  Autobuses y autocares (M2, M3), furgones, camiones ligeros y camiones (N2, N3): 
20.000.000 de euros.
Artículo 3.  Cuantía de las ayudas.
1.  Se establecen las siguientes cuantías individuales de ayuda, en euros, siendo:
– Límite precio venta: el precio de venta al cliente en el momento de solicitar la 
subvención antes de IVA o IGIC.
– CERO, ECO, C: clasificación del vehículo en el Registro de Vehículos de la Dirección 
General de Tráfico.
– A, B: clasificación energética del vehículo en la «Base de Datos del IDAE de 
consumo de carburantes y emisiones de CO  en coches nuevos».
2
– Particular, autónomo, PYME, Gran empresa: naturaleza del solicitante.
– MMTA (kg): Masa Máxima Técnicamente Admisible.
a)  Categoría M1
Cuantía ayuda estatal (€)
Particulares o 
PYME Gran empresa
autónomos
Límite precio 
Motorización A B A B A B
venta (€)
BEV, REEV, Pila 
4.000 3.200 2.800
combustible
CERO 45.000
PHEV 2.600 2.300 2.200
ECO(1) 1000 600 800 500 700 450
35.000 -
C 800 400 650 350 550 300
(1)  En el caso de vehículos de gas que se recogen en el artículo 1, apartado 3 b) de este anexo que no 
disponen de etiqueta energética, las ayudas serán de 800 € para particulares, 700 euros para PYME y 600 euros 
para Gran empresa.
El límite de precio de venta indicado fijado en 35.000 euros, se incrementa hasta 
los 45.000 euros en el caso de que el solicitante sea una persona con movilidad reducida.
b)  Categoría N1
Cuantía ayuda estatal (€)
MMTA (kg) Particulares o autónomos PYME Gran empresa
CERO 4.000 3.200 2.800
ECO Menos de 2.500 1.200 950 850
C 1.000 800 700
CERO 4.000 3.200 2.800
ECO 2.500 o más 2.700 2.200 1.900 e
C 2.100 1.700 1.500 w.b
c)  Categorías M2, N2, M3, N3
Cuantía ayuda 
Motorización Categoría MMTA (kg)
estatal (€)
M2, N2 – 2.000
Todas las 
Menos de 18.000 2.000
tecnologías M3, N3
18.000 o mayor 4.000
d)  Categorías L3, L4, L5, y L3e, L4e, L5e
Cuantía ayuda estatal (€)
Límite 
Potencia  Autonomía  Particulares o  Gran 
Motorización precio  PYME
motor (kW) (km) autónomos empresa
venta (€)
Igual o 
BEV 10.000 70 750 750 700
mayor a 3
Gasolina 8.000 – – 400 300 200
2.  A las cuantías anteriormente indicadas se les aplicará una ayuda adicional en 
función de los siguientes criterios:
a)  Beneficiarios con movilidad reducida. Para los casos de adquisición de vehículos 
de categoría M1 por destinatarios últimos que sean personas físicas con movilidad 
reducida y vehículo adaptado o que se adapte para su conducción, siempre que la 
adaptación conste en la ficha técnica del vehículo adquirido, se incrementará la cuantía de 
la ayuda en un importe de 500 euros. Este incremento también aplicará a la adquisición de 
vehículos de categoría N1 por parte de profesionales autónomos que sean personas con 
movilidad reducida y vehículo adaptado o que se adapte para su conducción.
b)  Beneficiarios que pertenezcan a hogares con unos ingresos mensuales inferiores 
a 1.500 euros. En el caso de que el solicitante sea una persona física que pertenezca a un 
hogar con unos ingresos mensuales inferiores a 1.500 euros y se acredite tal extremo 
mediante declaración responsable en el cuestionario de solicitud, se incrementará la cuantía 
de la ayuda en 500 euros en la adquisición de un vehículo de la categoría M1 o N1.
c)  Ayuda adicional por achatarramiento de vehículos de más de 20 años.
Para los casos de adquisición de vehículos de categoría M1 o N1 por destinatarios 
últimos que sean personas físicas o profesionales autónomos, se incrementará la cuantía 
de la ayuda en un importe de 500 euros siempre y cuando se achatarre un vehículo de 
dichas categorías de más de veinte años de antigüedad. En cualquier caso, el vehículo 
achatarrado deberá cumplir las condiciones recogidas en el artículo 1, apartado 4.e), de 
este anexo.
3.  En la adquisición de un vehículo de las categorías M1 y N1, se establece para los 
concesionarios y puntos de venta la realización de un descuento obligatorio y equivalente 
de la misma cuantía que la ayuda estatal, con un límite máximo de 1.000 euros. Dicho 
descuento deberá reflejarse en la factura de venta del vehículo adquirido emitida por parte 
del fabricante/importador, concesionario o punto de venta, al destinatario último de la  e.e
ayuda, de forma específica y desagregada, señalando la expresión «descuento aplicado  w.b
por Programa RENOVE». 11ww
en la4.  soElicni teuld c adseo a dyeu dqaue s eul  csoonlicdiitcainótne  ddee  lPaY aMyuEd ao  sGeraa unn eam epmrepsreas, as,e egsútan  dseeb deeráfi ndee celanr aerl 
anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
Artículo 4.  Formalización y presentación de solicitudes.
1.  Las solicitudes de ayuda se realizarán cumplimentando el formulario disponible en 
la aplicación informática según el siguiente procedimiento:
a)  A través de la aplicación informática al efecto, los interesados en las ayudas objeto 
del presente programa podrán realizar la búsqueda de las marcas, modelos y versiones de 
los vehículos de las categorías M1 y el resto de categorías de vehículos que utilicen 
combustibles alternativos potencialmente susceptibles de apoyo.
b)  Para realizar la solicitud, el solicitante deberá cumplimentar de forma electrónica 
el formulario de solicitud de ayuda, indicando los datos básicos de la operación, relativos 
al beneficiario y al vehículo objeto de ayuda, que seleccionará del listado que le aparecerá 
en la aplicación informática para los vehículos de las categorías L, M y N. Una vez 
seleccionado el vehículo objeto de apoyo, la propia aplicación le indicará el importe de la 
ayuda que le corresponda en el marco del PLAN RENOVE 2020, tal y como se establece 
en el artículo 3 de este anexo. En dicha solicitud, se deberá seleccionar, cuando 
corresponda, los casos particulares recogidos en el artículo 3, apartado 2 de este anexo, 
la opción correspondiente, con objeto de que el solicitante pueda obtener la ayuda 
adicional establecida para estos casos en el citado artículo y apartado. En cualquiera de 
los casos indicados en este párrafo, los datos introducidos no serán subsanables.
c)  Tras rellenar todos los datos necesarios, la solicitud de ayuda se cargará en la 
aplicación informática, con lo que quedará registrada y se realizará automáticamente una 
reserva de presupuesto asociada a la misma y por el importe que le corresponda. 
Acompañando a dicha solicitud, el solicitante deberá cargar documento acreditativo de 
pedido del vehículo, así como documento justificativo de pago de la señal económica 
entregada al concesionario en su caso. Tras ello, el solicitante recibirá un correo 
electrónico, dirigido a la dirección aportada para tal efecto, confirmando dicha solicitud, así 
como el importe de ayuda asignado a la misma.
d)  Una vez realizada la solicitud y cargada la documentación indicada en el apartado 
anterior, el solicitante dispondrá de ciento veinte días en el caso de vehículos M1 y N1 y 
de ciento ochenta días en el caso de vehículos N2, N3, M2 y M3 para cargar en la 
aplicación informática toda la documentación correspondiente, según se indica en el 
artículo 5. Tras cargar el resto de la documentación exigida, esta quedará pendiente de 
revisión y validación por parte del órgano gestor.
e)  En el caso de que la solicitud o documentación cargada telemáticamente en la 
aplicación no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante para que en un 
plazo de 10 días subsane la deficiencia. El incumplimiento de este plazo de subsanación 
supondrá la inadmisión de la correspondiente solicitud y la anulación automática de la 
misma. No se considerarán subsanables aquellos datos o documentos que impliquen una 
modificación de la cuantía de la ayuda (ayudas adicionales recogidas en el artículo 3.2, 
modificación del tipo de beneficiario, etc.), así como aquellos datos básicos del beneficiario 
y/o vehículo (nombre o razón social, DNI/NIF/CIF, naturaleza jurídica del beneficiario, 
matrícula, vehículo, categoría, combustible o tecnología, etc.), dado que son campos clave 
relacionados con el presupuesto del PLAN RENOVE 2020, y por tanto no se podrá 
modificar lo señalado en la solicitud. La documentación a cargar en la aplicación deberá 
ser coherente con la marcación de las correspondientes casillas.
f)  En el caso de agotamiento de presupuesto, será posible seguir presentando 
solicitudes de ayuda en la aplicación informática correspondiente, que entrarán a formar 
parte de una lista de espera, y que serán atendidas por riguroso orden de presentación de  e.e
las mismas, supeditado a que se produzcan anulaciones en solicitudes anteriores que  w.b
liberen presupuesto. 11ww
vera2c.i daLda  dvea ltiodedzo sd ey l cdaodcau muneon tdoe d leo ss odliactiotusd c duem paylimudean tsaed oesn ceune netlr am icsomnod.i cEionn acdaas oa  dlae 
anulación voluntaria de la solicitud de ayuda por parte del solicitante, este procederá a remitir
un correo electrónico que se especificará con la identificación de la solicitud y sus datos  Bc
(nombre y DNI, NIE o NIF), recogiendo en el mismo su solicitud de anulación de la misma.
3.  De conformidad con el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
la presentación de la solicitud para la obtención de ayuda conllevará la autorización del 
solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del 
cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. No obstante, el solicitante 
podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar en este caso y en el momento 
de realizar la solicitud los certificados emitidos por los órganos competentes que acrediten el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Asimismo, el solicitante deberá acreditar mediante declaración responsable, no tener 
pendiente obligación alguna por reintegro de ayudas con la Administración General del 
Estado y sus organismos y entidades públicas dependientes o vinculados. Igualmente, 
deberá acreditar, y de la misma manera, que no está sujeto a una orden de recuperación 
pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda 
ilegal e incompatible con el mercado común.
4.  En aplicación de los artículos 27.6 y 35 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, así como del artículo 32 del 
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, de su desarrollo parcial, la presentación de 
cualquier documentación justificativa complementaria a la solicitud se aportará mediante 
copia digitalizada de la misma, cuya fidelidad con el original se garantizará mediante la 
utilización de firma electrónica avanzada.
5.  El órgano instructor, en los términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
podrá requerir al solicitante la exhibición de la documentación original en cualquier fase del 
procedimiento. Dicha documentación deberá conservarse, como mínimo, durante un plazo 
de cuatro años a partir de la fecha de resolución de concesión y en tanto no prescriba el 
derecho de la Administración a exigir el reintegro según lo previsto en el artículo 39 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Procederá, en su caso, el 
reintegro de la ayuda correspondiente concedida al beneficiario, en los términos 
establecidos por el artículo 12, si este no presentase tales originales en un plazo máximo 
de 15 días, a contar desde el día siguiente al que la misma le hubiera requerido en tal 
sentido, considerándose tal circunstancia como un incumplimiento de la obligación de 
justificación del destino de la ayuda otorgada.
6.  La presentación de la solicitud conllevará la conformidad del solicitante para recibir 
todas las comunicaciones y notificaciones que se realicen a lo largo de la tramitación del 
expediente por medios electrónicos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 
de junio, y en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
Las comunicaciones a los interesados se publicarán en la aplicación informática 
desarrollada al efecto, para su consulta electrónica por los interesados que, previamente, 
deberán identificarse de forma segura. La publicación de las comunicaciones en la aplicación 
informática sustituirá a la notificación y surtirá todos los efectos respecto a los interesados.
7.  Cuando los interesados sean personas jurídicas y a efectos de la práctica de las 
notificaciones por medios electrónicos, será obligación de aquellas informar a los órganos 
actuantes de los cambios en la representación de la entidad en cuanto se produzcan. El 
cambio se hará efectivo para aquellas notificaciones que se emitan a partir del día siguiente 
a la recepción de la comunicación del cambio de representante de la entidad. Se 
considerarán correctamente practicadas las notificaciones anteriores a esa fecha dirigidas 
al representante que figure en el expediente.
8.  Para la realización de la solicitud y gestión de la documentación exigida, el interesado 
podrá nombrar un representante, que deberá estar autorizado por el interesado a tal efecto.
Artículo 5.  Documentación a presentar. e.
1.  Las solicitudes de ayuda se completarán con la siguiente documentación  11ww
d(Pigoirtatalibzlaed Dao. cLuoms efnicth Feorroms aet)le:ctrónicos que se adjunten deberán estar en formato PDF
a)  Cuando se supere un importe de 3.000 euros en la ayuda o ayudas que pudieran
ser otorgadas a un mismo solicitante o interesado, este estará obligado a aportar certificado
de estar al corriente de las obligaciones tributarias expedido a tal efecto por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y de estar al corriente de las obligaciones frente a la 
Seguridad Social, conforme con lo previsto por el artículo 22 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones. Dicho certificado deberá haber sido expedido con fecha 
posterior a la publicación del real decreto-ley en el «Boletín Oficial del Estado».
b)  Fotocopia de la Ficha Técnica (Tarjeta ITV) del Vehículo adquirido.
c)  Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo adquirido emitido por la 
Dirección General de Tráfico.
d)  Fotocopia de la factura de venta del vehículo, debiendo ser la fecha de la misma 
igual o posterior al 15 de junio de 2020. No serán admisibles las autofacturas.
La factura deberá reflejar el descuento en el precio de adquisición a que se refiere el 
artículo 3, apartado tres, de este anexo, realizada por el concesionario en el momento de 
realizar la venta del vehículo.
En la factura, que deberá estar firmada y sellada por el concesionario, deberá constar 
la matrícula o número de bastidor, marca, modelo y versión del vehículo adquirido. 
Asimismo, deberá constar el precio franco fábrica, otros costes, otros posibles descuentos, 
base imponible, IVA o IGIC aplicable, precio después de impuestos, y Total a Pagar o Total 
Factura a pagar por el beneficiario adquirente.
En todo caso, la factura de venta deberá cumplir con lo dispuesto por el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el artículo 1 del Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación.
e)  Documentos justificativos del pago de la factura de compraventa del vehículo. Se 
admitirán todos los justificantes de pago que permitan identificar al vehículo objeto de la 
subvención. Se considerarán válidos aquellos justificantes de pago que permitan identificar:
i.  Al beneficiario: debe quedar claro que el único pagador es el destinatario final de la 
ayuda.
ii.  Al tercero (punto de venta o concesionario) que percibe las cantidades pagadas.
iii.  La fecha de pago (fecha valor) o salida efectiva de los fondos del destinatario 
último de la ayuda.
iv.  El vehículo objeto de la subvención.
v.  En los casos de renting, a la empresa arrendadora.
Según se establece en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación 
de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para 
la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, no podrán 
pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe 
en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros. A 
efectos del cálculo de este límite, se sumarán los importes de todas las operaciones o 
pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes.
f)  Respecto del vehículo achatarrado:
i.  Fotocopia del «Certificado acreditativo de la baja definitiva del vehículo», por parte 
del correspondiente Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CAT), en nombre de 
la Dirección General de Tráfico o, en su defecto, informe del Registro General de Vehículos 
de la correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico, que acredite la baja definitiva.
ii.  Fotocopia del anverso y reverso, de la ficha técnica (tarjeta ITV) del vehículo 
achatarrado donde conste la fecha de la última Inspección Técnica de Vehículos y la fecha  es
de caducidad de la misma, de manera que la Inspección Técnica esté vigente a la fecha  bo
de entrada en vigor de este programa, y fotocopia del permiso de circulación del vehículo  w
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achatarrado, debidamente abonado, al menos desde el ejercicio de 2019.
g)  Justificante del reconocimiento en la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera de la cuenta bancaria del solicitante para el abono de la ayuda.
h)  En el caso de profesionales autónomos, certificado de alta en el Censo de 
Empresarios, Profesionales y Retenedores expedido por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.
i)  En el caso de personas físicas que acrediten su movilidad reducida, certificado 
que emiten los órganos de valoración competentes del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO) o de las comunidades autónomas. En el caso de que el solicitante 
sea una persona física que pertenezca a un hogar con unos ingresos mensuales inferiores 
a 1.500 euros deberá declarar responsablemente dicho extremo en el cuestionario de 
solicitud de ayuda.
j)  Para las empresas:
i.  Certificado del Registro Mercantil o, en su defecto, poder notarial. En cualquiera de 
los casos, deberá aparecer el firmante de la solicitud de la ayuda como representante legal 
de la empresa.
ii.  Fotocopia del certificado de inscripción en el censo de Empresarios, Profesionales 
y Retenedores.
k)  En el caso de renting o leasing operativo, además de los documentos anteriores, 
se adjuntará fotocopia del contrato de renting o leasing operativo, que establezca una 
duración mínima de dos años y donde figure como arrendatario del mismo el solicitante de 
ayuda o potencial destinatario final de la misma. Dicho contrato deberá haber sido suscrito 
con fecha igual o posterior al 15 de junio de 2020 y tendrá que contemplar, expresamente, 
que el arrendatario será el beneficiario de la ayuda del PLAN RENOVE 2020, así como la 
aplicación del total de la ayuda otorgada a la reducción de las cuotas o renta del 
arrendamiento a satisfacer por parte de dicho arrendatario, especificando el importe 
correspondiente a dichas cuotas antes de la aplicación de la ayuda y el mismo importe 
después de su aplicación. Además, se incluirá expresamente que la empresa de renting 
repercutirá el total de la ayuda en las cuotas del arrendatario que queden por abonar con 
efectos desde la fecha en que la empresa de renting reciba el importe de la ayuda. En 
caso de que el importe de la suma de las cuotas pendientes por abonar fuera inferior al 
importe de la ayuda, el contrato de renting habrá de recoger también la forma y plazo de 
abono del excedente de ayuda al destinatario último, a la finalización del contrato de 
arrendamiento.
l)  Documento justificativo de pedido del vehículo, así como documento justificativo 
de pago de la señal económica entregada al concesionario en su caso. Ambos documentos 
deberán aportarse junto con la solicitud de ayuda, lo que posibilitará la reserva de 
presupuesto a dicho solicitante y vehículo.
m)  El justificante del reconocimiento de la cuenta bancaria del beneficiario, reconocida 
por el Tesoro Público, se adjuntará con los documentos justificativos de la adquisición del 
vehículo indicados.
n)  En caso que el interesado así lo considere, autorización del interesado a un 
tercero como representante que lo habilite para presentar la solicitud en su nombre, así 
como para la gestión de la documentación exigida y para recibir notificaciones. Dicha 
autorización deberá estar firmada por ambas partes.
2.  No será necesario aportar la documentación indicada en los apartados a) y h), 
siempre y cuando el interesado preste su consentimiento expreso en la solicitud de ayuda  es
para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados mediante el Sistema de  bo
Verificación de Datos de Identidad establecido en la Orden PRE/3949/2006, de 26 de  w
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General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
3.  Toda la documentación a cargar en la aplicación deberá ser coherente con lo 
indicado en la solicitud de ayuda, o en su caso, proceder a la anulación de la solicitud 
original y realizar una nueva solicitud. La presentación de documentos en blanco o de 
documentos distintos a los requeridos será motivo de denegación de la solicitud.
4.  La presentación de la documentación justificativa referida en los apartados 
precedentes no obsta a la eventual aplicación de controles ulteriores para verificar la 
efectiva existencia y condiciones concretas de la adquisición objeto de la ayuda.