BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 112 Miércoles 22 de abril de 2020 Sec. I.   Pág. 29559
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
4559 Decreto-ley 4/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y 
extraordinarias en el ámbito de la contratación pública para responder al 
impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19.
I
El pasado 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declaró que la situación 
en relación al coronavirus COVID-19 suponía una emergencia de salud pública de 
importancia internacional, desde entonces se han ido adoptando diferentes medidas para 
proteger  la  salud  y  seguridad  de  los  ciudadanos,  contener  la  progresión  de  la 
enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Además, también se han arbitrado 
medidas de carácter económico y administrativo para paliar los efectos adicionales de 
esta crisis.
Como consecuencia de la situación extraordinaria existente en nuestro país y por la 
aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, la Junta de Extremadura ha 
aprobado un considerable repertorio de medidas, adicionalmente a lo dictado por el 
Gobierno de España y otras Administraciones, entre las que se encuentran el Decreto-
ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para paliar los 
efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el Decreto-
ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias 
en el ámbito administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada por el 
COVID-19.
La gravedad de la crisis sanitaria actual ha conducido a una ampliación del estado de 
alarma, aprobada mediante una nueva norma, el Real Decreto 476/2020, de 27 de 
marzo,  por  el  que  se  prorroga  el  estado  de  alarma  declarado  por  el  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Igualmente, con el fin de redoblar esfuerzos en la 
lucha contra la pandemia, el Gobierno de España recientemente ha introducido de 
manera drástica nuevas limitaciones de la actividad económica y social, en todos los 
sectores excepto en los definidos como esenciales.
II
Ante la rapidez de la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, y en 
este escenario excepcional en el que nos encontramos, la Junta de Extremadura debe 
seguir  adoptando  medidas,  de  carácter  extraordinario,  que  palíen  las  situaciones 
complejas que está generando esta crisis, cuyas consecuencias afectan especialmente a 
los ámbitos administrativo, laboral y empresarial, además, del sanitario.
Este Decreto-ley tiene por objeto la adopción de nuevas medidas para responder al 
impacto económico negativo en el ámbito de la contratación pública. Desde el inicio de la 
crisis hasta ahora, han sido varias las normas aprobadas que han contemplado medidas 
en materia de contratación pública, en este sentido, el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de  e.
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico  w.b
del COVID-19, y el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes  59ww
deextfrinaiodrod inparoricaesd ipmairean thoas ceesr pferecniatlee sa ly  imexptaracotord iencaorinoósm picaora  yr essopcoianld edre la C eOsVtaI Ds-i1tu9a, chióann. 
Tmaamrzboié, np loor  hae l heqcuheo  slae  Juanptrau edbea En xtmreemdaiddausr au, rmgeendtiaens tey  ele Dxteracroertdoin-laeryi a3s/ 20e2n0 ,e dl eá 2m5b diteo 
administrativo para combatir el impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19, entre 
otras disposiciones.
En este sentido, la situación creada por la crisis sanitaria junto con el reciente 
escenario planteado por las nuevas disposiciones aprobadas, comportan sustanciales 
inconvenientes para la Administración pública, particularmente para los servicios de 
contratación,  cuyas  dificultades  para  elaborar  y  completar  los  expedientes  de 
contratación se han agravado considerablemente, en tanto que los recursos técnicos 
están  muy  limitados.  Las  consecuencias  de  estas  dificultades  afectan  al  entorno 
empresarial y también a los propios servicios públicos y perdurarán durante un periodo 
de tiempo que va más allá del estado de alarma, por la acumulación de procedimientos y 
trámites en los próximos meses.
Por  ello,  en  base  al  apartado  primero  del  artículo  34,  párrafo  quinto,  del  Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, así como en las competencias que 
atribuye  el  Estatuto  de  Autonomía  de  Extremadura,  mediante  este  Decreto-ley  se 
establece  la  posibilidad  de  prórroga  forzosa  para  los  contratos  de  servicios  y  de 
suministros de prestación sucesiva cuando a su vencimiento no se hubiera formalizado 
un nuevo contrato. De este modo, como se expresaba en el párrafo anterior, se garantiza 
la  continuidad  de  los  servicios  que  son  ordinarios  e  imprescindibles  para  el 
funcionamiento  de  la  Administración,  evitando  así  consecuencias  negativas  para  el 
servicio público, pero también para las empresas contratistas y sus trabajadores.
De  igual  manera  resulta  urgente  paliar  las  necesidades  de  financiación  de  los 
proveedores de la administración que han visto suspendida su actividad por causa de las 
mediadas de confinamiento social decretadas, para hacer frente a la pandemia. Se 
pretende por ser necesario y urgente en estos momentos de suspensión de la actividad 
económica  arbitrar  un  sistema  general  de  pagos  parciales  a  cuenta,  que  se 
correspondan  recíprocamente  con  prestaciones  parciales  puestas  efectivamente  a 
disposición de la Administración.
Asimismo, es urgente arbitrar todos los cauces de colaboración entre órganos de 
contratación autonómicos para atender las necesidades perentorias y puntuales de los 
sistemas  sanitarios  y  socio  sanitarios  regionales,  de  tal  suerte  que  se  ponga  a 
disposición, material y presupuestariamente, de los responsables de tales necesidades 
todos los recursos operativos existentes en la Administración.
III
La Constitución Española, en su artículo 149.1.18, atribuye al Estado competencia 
exclusiva  para  promulgar  la  legislación  básica  sobre  contratación  administrativa,  de 
aplicación general a todas las Administraciones Públicas. Asimismo, corresponde a la 
Comunidad Autónoma de Extremadura la competencia exclusiva en materia de creación, 
organización, régimen jurídico y funcionamiento de sus instituciones, la organización de 
su propia Administración y la de los entes instrumentales que de ella dependan, así 
como, en el marco de la legislación básica del Estado, la competencia de desarrollo 
normativo y ejecución en materia de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
contratación del sector público y universidades, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 9.1.1 y 10.1.1 y 5 del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
El artículo 33 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de modificación del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura faculta a la Junta de  s
Extremadura en caso de extraordinaria y urgente necesidad, para dictar disposiciones  e.
legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley. Atendiendo a la especial gravedad  w.
de la situación en la que nos encontramos, nadie duda de la extraordinaria necesidad de  59ww
sreitcuuarcriiró na  elna  laa dqoupec nióons  ednec monetdraidmaoss ,d ye  etno deos tati peos pqeuceia lv gernagvaend aad ,p aadlieamr áys ,a e cso nnetecensear rliaa 
quunea  práeprmidaite a ucntuaa caicótnu.a Ecinó ne ld eá mubrgiteon lceiag iselsa tievlo d, eecl reintsot-rluemy, efingtuor ac oan slati tquucieo nsael mreecnuterr elí,c eiton   BOE-A-cable e
cuanto las circunstancias en las que se adoptan enunciadas anteriormente justifica la 
extraordinaria y urgente necesidad de que las medidas aquí previstas entren en vigor 
con la mayor celeridad posible, sin que pudieran esperar a una tramitación parlamentaria 
puesto que los efectos sobre la ciudadanía serían demasiado gravosos y perdería su 
esperada eficacia en el fin último de las mismas.
Por tanto, en el presente supuesto, el carácter extraordinario y excepcional de la 
situación deriva de la declaración del estado de alarma provocada por la situación 
sanitaria, que requiere la adopción con urgencia de medidas que palíen, en la medida de 
lo posible, la situación creada y que no pueda aplazarse, incluso mediante la utilización 
de medios legislativos de urgencia, a un momento posterior. Cumpliendo así la presente 
norma los requerimientos fijados tanto por el citado artículo 33 como por la numerosa 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia (por todas, STC 61/2018, de 7 de 
junio de 2018, FJ 4, en lo que se refiere a la extraordinaria y urgente necesidad, y las 
SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, 
de 8 de mayo, en lo relativo a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales 
que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un 
plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia 
para la tramitación parlamentaria de las leyes»).
Este Decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se 
pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia. El decreto-
ley es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible 
para la consecución de los objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta 
al principio de seguridad jurídica.
En virtud de lo expuesto, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 33 
del Estatuto de Autonomía de Extremadura, y a propuesta de la Vicepresidenta Primera y 
Consejera de Hacienda y Administración Pública y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 1 de abril de 2020, dispongo:
Artículo 1.  Prórroga de continuidad.
En los términos definidos en el artículo 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, podrán prorrogarse los contratos de servicios y de suministros de prestación 
sucesiva  vigentes  a  la  entrada  en  vigor  del  presente  Decreto-ley,  cuando  a  su 
vencimiento no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de 
la prestación. El contrato prorrogado finalizará con el inicio de la ejecución del nuevo 
contrato,  no  pudiendo  ser  su  duración  superior  a  nueve  meses;  todo  ello  con 
independencia de la fecha de publicación de la licitación del nuevo expediente.
Dicha prórroga será obligatoria para el contratista en aquellos contratos en los que 
concurra  alguna  de  las  siguientes  circunstancias:  vengan  referidos  a  situaciones 
estrechamente  vinculadas  a  los  hechos  justificativos  del  estado  de  alarma,  sean 
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de 
los servicios, sin perjuicio de la aplicación en estos supuestos del procedimiento de 
emergencia cuando proceda.
Artículo 2.  Pagos parciales.
En los contratos públicos de servicios y de suministro, vigentes a la entrada en vigor  es
de este Decreto-ley, celebrados por la Administración de la Comunidad Autónoma y su  bo
sector público, con independencia de lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas  59ww
lpAcauadserm tnicitpnuaril seadtsrreetaals ccp,ió irolenonc seyi o sóc  rdegerpatlia nfciroccoasina dtdlareeass t  ocd,oe rnpe ctoaroralmn tuafeoncnraimót esni do palaeod jd evprceoáuzrnt, a  eeadl lba óiosmrgn, paaonrp roeute nec  socctmoaorsnpre cesetaepp nototned dd.isieep noptseai gcaioól  npp raerdcceiioa  l,d leaa    OE-A-2020-45able en https://
La aplicación de lo dispuesto en este apartado será a instancia del contratista y 
previa justificación de las prestaciones ejecutadas y certificadas de conformidad. El 
órgano de contratación resolverá lo que proceda en el plazo máximo de diez días 
naturales.  Transcurrido  el  plazo  indicado  sin  notificarse  la  resolución  expresa  al 
contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.
Artículo 3.  Colaboración entre órganos de contratación.
Durante el presente ejercicio presupuestario, los distintos órganos de contratación de 
la Junta de Extremadura y su sector público, a requerimiento expreso de la autoridad 
sanitaria autonómica competente y por razones de eficacia y celeridad, celebrarán y 
abonarán, con medios y partidas presupuestarias propias, aquellos contratos precisos 
para atender las necesidades derivadas de las medidas adoptadas para hacer frente a la 
pandemia provocada por el COVID-19 y sus consecuencias.
El requerimiento de colaboración contractual especificará los elementos estructurales 
de los contratos a celebrar, en concreto el objeto preciso del contrato, plazo de entrega y 
valor estimado del contrato, así como todas demás circunstancias esenciales objeto de 
la contratación.
Los  bienes  o  servicios  resultantes  serán  puestos  a  disposición  del  Servicio 
Extremeño de Salud, del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención 
a la Dependencia, y de los demás órganos relacionados con los servicios sanitarios y 
socio sanitarios cuyas necesidades son objeto de la contratación.
En el plazo de treinta días, por la Consejería contratante se dará cuenta al Consejo 
de Gobierno de los contratos celebrados en colaboración con la autoridad sanitaria 
competente.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o 
contradigan a lo establecido en el presente Decreto-ley.
Disposición final primera.  Habilitación.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y a las personas 
titulares  de  las  Consejerías  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones necesarias 
para el desarrollo y ejecución de este Decreto-ley.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor y vigencia.
Este Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Diario Oficial 
de Extremadura» y sus efectos decaerán, en todo caso, el 31 de diciembre de 2020, sin 
perjuicio de que, por normativa estatal básica que afecte a las medidas incluidas, se 
establezca una vigencia diferente.
Mérida, 1 de abril de 2020.–El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara.–La Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración 
Pública, Pilar Blanco-Morales Limones.
(Publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» número 65, de 2 de abril de 2020) s