BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Lunes 9 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 23429
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3342 Sala Segunda. Sentencia 17/2020, de 10 de febrero de 2020. Recurso de 
amparo 5661-2017. Promovido por la comunidad de propietarios de las calles 
Andújar y Mijas SP 4, de Alcalá de Henares, en relación con las resoluciones 
dictadas por un juzgado de primera instancia de esta localidad y la Audiencia 
Provincial  de  Madrid  en  proceso  de  ejecución  de  títulos  judiciales. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): 
resoluciones que, al aplicar el precepto legal anulado por la STC 15/2020, de 
28 de enero, deniegan la revisión judicial de los decretos de los letrados de la 
administración de justicia.
ECLI:ES:TC:2020:17
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  5661-2017,  promovido  por  la  comunidad  de 
propietarios de las calles Andújar y Mijas SP 4, de Alcalá de Henares, contra: (i) la 
providencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Alcalá de Henares, de 24 de 
abril de 2017, que inadmitió a trámite un recurso de revisión contra un decreto del letrado 
de la administración de justicia de dicho juzgado, dictado en procedimiento de ejecución 
de títulos judiciales, y (ii) contra el auto de la Sección Duodécima de la Audiencia 
Provincial de Madrid, de 9 de octubre de 2017, que desestimó el recurso de queja 
deducido contra lo resuelto en aquella providencia. Han formulado alegaciones como 
partes personadas, Urbanizadora Colmenar, S.A., Novagrup Property Development, S.L., 
y los sucesores de don Rafael Nieto Sanguino. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha 
sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 21 de 
noviembre de 2017, la procuradora de los tribunales doña Marina Quintero Sánchez, 
actuando en nombre y representación de la comunidad de propietarios de las calles 
Andújar y Mijas SP 4, de Alcalá de Henares, bajo la defensa del abogado don Eduardo 
Lalanda, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo, a  o
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Instrucción núm. 3 de Alcalá de Henares (antiguo Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 7), con la siguiente parte dispositiva:
«Fallamos.–Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación 
procesal de la comunidad de propietarios de las calles Andújar y Mijas Sp 4 de Alcalá de 
Henares  y  que  desestimando  los  recursos  de  apelación  interpuestos  por  las 
representaciones procesales de Urbanizadora Colmenar, S.A., Construcciones Pinar de 
Chamartín, S.L., y de don Rafael Nieto Sanguino, todos ellos interpuestos contra la 
sentencia dictada en fecha 17 de marzo de 2010 por el Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Alcalá de Henares en los autos de juicio de menor cuantía seguidos al 
número 149-2000 de los que el presente rollo dimana, debemos revocar y revocamos 
parcialmente  la  referida  resolución  en  el  sentido  de  que  estimando  la  demanda 
presentada por la representación procesal de la comunidad de propietarios de las calles 
Andújar y Mijas Sp 4 de Alcalá de Henares, condenamos a la promotora ''Urbanizadora 
Colmenar, S.A.'',  a la constructora  ''Construcciones  Pinar de Chamartín, S.L.'', y al 
arquitecto  superior  don  Rafael  Nieto  Sanguino  a  que  reparen  los  desperfectos 
apreciados en la citada comunidad de propietarios de las calles Andújar y Mijas Sp 4 de 
Alcalá de Henares y que concretamente suponen:
1)  Adecuar el edificio para que el nivel de ruido de impacto normalizado no sea 
superior a los 80 decibelios.
2)  Adecuar el aislamiento acústico a ruido aéreo de los parámetros de separación 
vertical entre viviendas y entre viviendas y zonas comunes que sea igual o superior a 
los 45 decibelios.
3)  Adecuar el edificio para evitar la propagación del ruido de fontanería que no 
superara los 30 decibelios.
4)  Una  vez  reparados  dichos  extremos  y  en  caso  de  disconformidad  con  la 
reparación deberá designarse en fase de ejecución de sentencia un perito que dictamine 
si los defectos han sido o no subsanados, efectuándose las mediciones in situ.  De no 
realizarse dicha reparación por los demandados en fase de ejecución, se hará a su 
costa, según se determine en fase de ejecución de sentencia.»
b)  Con fecha 31 de julio de 2012, el representante procesal de la comunidad de 
propietarios de las calles Andújar y Mijas Sp 4 de Alcalá de Henares, presentó demanda 
de ejecución no dineraria fundada en el art. 706.2 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), 
contra las entidades Urbanización Colmenar, S.A., Construcciones Pinar de Chamartín, 
S.L., y don Rafael Nieto Sanguino, para el cumplimiento de la antedicha sentencia de la 
Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid, devenida firme y por tanto 
título  ejecutivo  conforme  al  art.  517.2.1  LEC.  Se  explica  en  esencia  que  una  vez 
superado el plazo del art. 548 de la misma ley para el cumplimiento voluntario, se 
realizaron gestiones a tal fin con los condenados, las cuales resultaron infructuosas, sin 
que a día 30 de julio de 2012 hubieran presentado estos un proyecto de ejecución de las 
obras, optando la comunidad por encargar un estudio técnico a un arquitecto superior y 
perito judicial, cuyo contenido se reproduce en la demanda ejecutiva, y que arrojaría un 
coste  total  estimado  contando  la  materialización  de  las  obras,  el  pago  de  tasas 
municipales, alojamiento temporal de los ocupantes de las viviendas y honorarios de un 
arquitecto superior y de un arquitecto técnico, de 2.163.562,93 €. En el suplico del escrito 
se pide que se despache ejecución frente a las personas indicadas, «de modo solidario 
entre ellos», y que el letrado de la administración de justicia «dicte decreto en el que se  s
faculte a la comunidad ejecutante para llevar a cabo las obras a las que venían obligados  oe.
los ejecutados, encargándolas a un tercero a costa de ellos, nombrando previamente a  w.
ucons ptcee) r diteoE  ltla aJ souabzdrgaoa rad e orn ed aeelli  zPqaurriem» .reercaa Iingsat alan ccioan ndúicmió.n 5 d dee a Arqlcuaitleác dtoe  sHuepneariroers,  p(aarnate qriuoer  vJaulzograed eol   2020-3342n https://ww
de Primera Instancia e Instrucción núm. 8), al que correspondió el conocimiento de la
acción ejecutiva, admitió a trámite la demanda por auto de 19 de noviembre de 2012
(procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 1158-2012), si bien antes de fijar 
un plazo requiriendo a los ejecutados a su cumplimiento, ex art. 699 LEC, consideró más 
prudente, «atendiendo a la naturaleza de la obligación y a las circunstancias del caso y 
dada la complejidad de las obras a acometer […], que por el ejecutante se presente un 
proyecto de obra detallado en el que se incluya tanto el coste pormenorizado de dichas 
obras como los plazos de ejecución de las mismas, sujetándose de manera precisa al 
contenido de la ejecutoria», tras lo cual «se acordará lo relativo al plazo» (fundamento de 
Derecho segundo). La parte dispositiva reproduce el contenido de las obras que fueron 
acordadas por la sentencia de apelación que figura como título ejecutivo, además del 
mencionado requerimiento a la comunidad ejecutante para la entrega del «proyecto 
arquitectónico pormenorizado».
Por escrito del representante procesal de la comunidad ejecutante registrado el 28 de 
noviembre de 2012, se manifestó al juzgado que el proyecto de obras ya había sido 
presentado junto con tres copias, por lo que solicitó se tuviera por evacuado dicho 
trámite.
d)  Todos los ejecutados presentaron escritos oponiéndose a la ejecución, conforme 
obra en la pieza separada, alegando en síntesis que las obras no se habían podido llevar 
a cabo por falta de colaboración de la comunidad ejecutante.
El juzgado dictó auto el 1 de octubre de 2013 en sentido desestimatorio, razonando 
que lo alegado no se encontraba entre las causas legales de oposición a la ejecución y 
que, en todo caso: «Si la parte ejecutada no cumple con el requerimiento efectuado, 
simplemente necesario para establecer un plazo de ejecución, se proseguirá conforme a 
derecho» y resolviendo que la ejecución siguiera adelante «en los términos acordados».
e)  Con fecha 27 de noviembre de 2013, el letrado de la administración de justicia 
del juzgado ejecutor dictó un decreto según lo dispuesto en el art. 551.3 LEC que, con 
ponderación de la complejidad de las obras y el proyecto presentado por la ejecutante, 
cuyo requerimiento por el juzgado «no suponía alterar la iniciativa en la ejecución, puesto 
que la fija el titulo ejecutivo y la propia ley en su art. 705» (LEC), dispuso:
«1.  Se requiere a los ejecutados para que cumplan con la obligación a que se 
contrae la parte dispositiva del auto de 19 de noviembre de 2012 en el plazo de diez 
meses desde la notificación de esta resolución.
2.  El comienzo de las obras o trabajos deberá acreditarse a este Tribunal por los 
ejecutados haberse iniciado en los dos primeros meses del plazo del párrafo anterior.
Con  los  apercibimientos  ya  contenidos  en  el  auto  de  19  noviembre  de  2012, 
especialmente el relativo a ejecutarse a costa los trabajos en que consiste la obligación.»
f)  Contra  esta  última  resolución  el  representante  procesal  de  la  comunidad 
ejecutante interpuso recurso de revisión el 10 de diciembre de 2013, impugnando el 
otorgamiento de un plazo de diez meses a los ejecutados para realizar las obras. Estos, 
dice, ya habían incumplido los plazos que previamente pactaron con la propia ejecutante, 
y además el decreto recurrido se ha dictado extemporáneamente por tardío, un año y 
ocho días después de despacharse ejecución, por lo que tras todo ese tiempo sus 
representados  «han  estado:  privados  de  la  tutela  judicial  efectiva,  sometidos  a 
indefensión y sufriendo además una larga dilación indebida. Vulnerándose así, de hecho, 
tres de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 24 de la Constitución».
El recurso de revisión fue desestimado por auto del juzgado de 13 de febrero 
de 2014, mediante el siguiente fundamento de Derecho único:
«El  recurso  se  centra,  ante  todo,  en  combatir  el  plazo  conferido  por  el  señor  oe.
secretario para la ejecución de las obras, sin aportar otros elementos de juicio que el  w.
qmleugeear ole hcsar iyyte adr ieocn datreuo s laad depo au rntie np.d rDeofciecehndosimi ópnilea.n zotPo  hoqaru  seti adnnoot o oh,t ao rlpgara edismoc pidnuedg iadncoau cdeióerdn no i nhcgoaun n dlaae sn  pocrroemrsrace rrpi procsicuoeensretaesl    2020-3342n https://ww
desestimatoria.»
g)  Consta en la carpeta de actuaciones que el letrado de la administración de 
justicia ha dictado con posterioridad, en resolución de recursos de reposición promovidos 
por  la  comunidad  ejecutante,  los  siguientes  decretos:  (i)  el  2  de  junio  de  2014, 
desestimando  el  recurso  interpuesto  (por  escrito  de  4  de  abril  de  2014)  contra  la 
diligencia de ordenación de 25 de marzo de 2014, que acordó tener por iniciadas las 
obras por los ejecutados; (ii) el 12 de septiembre de 2014, desestimando el recurso 
interpuesto (por escrito de 16 de junio de 2014) contra la diligencia de ordenación de 2 
de junio de 2014, que denegaba una previa solicitud de la comunidad para ejecutar por 
sí misma las obras; decisión ésta que se reiteró en diligencias de ordenación de 27 de 
junio de 2014 y 1 de septiembre de 2014, respondiendo a sendas solicitudes previas de 
la  misma  parte  y  (iii)  el  decreto  24  de  octubre  de  2014,  desestimando  el  recurso 
interpuesto (por escrito de 24 de septiembre de 2014) contra la diligencia de ordenación 
de 12 de septiembre de 2014 que, de un lado, acordaba unir a las actuaciones cierta 
documental incluyendo un fax de la entidad ejecutada grupo empresarial Pinar, y de otro 
lado declaraba que «se tiene por acreditada la voluntad de la ejecutada de llevar a cabo 
las obras a las que viene obligada, sin que haya podido iniciarlas por causa no imputable 
a  la  misma  sino  por  la  negativa  de  la  ejecutante».  En  este  recurso,  además  de 
infracciones de la legalidad ordinaria, la comunidad de propietarios denunció la lesión del 
derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE) y a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), esto segundo en cuanto al modo en que los ejecutados 
pretendían realizar las obras, sin medidas de protección para los ocupantes de las 
viviendas.
h)  Con fecha 31 de octubre de 2014, se interpuso por el representante de la entidad 
ejecutante una demanda incidental con base en el art. 387 y siguientes LEC, «para que 
se  declare  el  incumplimiento  por  los  demandados,  de  la  condena  de  hacer,  cuyas 
medidas  ejecutivas  concretas  se  establecieron  en  el  Decreto  de  27  de  noviembre 
de  2013,  que  desarrollaba  el  auto  de  19  de  noviembre  de  2012,  por  el  que  se 
despachaba ejecución de la Sentencia número 768/2011, dictada el 30 de septiembre 
de 2011, por la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid». Demanda en 
la que se pormenorizan a criterio de dicha comunidad las resoluciones para la ejecución 
de la sentencia que han desconocido los ejecutados, y el tiempo transcurrido hasta ese 
momento.
El  juzgado  ejecutor,  encargado  de  resolver  el  incidente,  tras  abrir  mediante 
providencia  de  3  de  noviembre  de  2014  un  trámite  de  audiencia  a  las  partes  del 
procedimiento de ejecución (núm. 1158-2012), dictó auto el 21 de noviembre de 2014 
acordando no haber lugar a la admisión de la demanda incidental presentada. Razona su 
decisión el juzgado en el fundamento de Derecho primero, tras reproducir el tenor del 
art. 387 LEC, diciendo que:
«Lo que el ejecutante pretende no es, por ejemplo, promover un procedimiento 
incidental de previo pronunciamiento sino que lo pedido se plantea como continuidad, 
desarrollo y como consecuencia de las medidas ejecutivas adoptadas y del propio 
proceso principal de ejecución, cuando no cabe la admisión de cuestiones de este tipo 
en el procedimiento para cuya normal continuación no supone obstáculo alguno.
Al contrario, lo que el ejecutante persigue con esta demanda es lo mismo que se 
viene tratando en la ejecución y que se ha resuelto en numerosas ocasiones.»
También dictó el juzgado otro auto el 18 de diciembre de 2014, desestimando un 
recurso de revisión de la ejecutante contra el decreto de 22 de octubre de 2014 que  e
denegaba la suspensión de la ejecución por haberse presentado la antedicha demanda  bo
incidental. Afirma en este punto el auto de 18 de diciembre, que una vez inadmitida a  42ww
Dtráemreicteh ol as edgeumndaon)d.a indicada, «nada ha de resolverse al respecto» (fundamento de
inadim) itiIón tear putreásmtoit er eclau rsdoe mdea nadpae lainccióidne cnotanlt,r al ae l Saeuctoc iódne  2D1u doed éncoimvieam  dbere  ldae  A2u0d1i4e nqcuiae 
Provincial de Madrid, encargada de resolver el recurso (rollo núm. 146-2015), dictó un
auto el 10 de junio de 2015, acordando desestimar dicha apelación. Conforme razonó en 
su fundamento de Derecho tercero:
«Carece  de  todo  sustento  jurídico  la  pretensión  de  la  parte  recurrente,  siendo 
inaplicable al presente procedimiento de ejecución la demanda incidental en los términos 
en que ha sido planteada, pues todas las pretensiones formuladas pertenecen a la fase 
de ejecución de sentencia, correspondiendo en ella resolver lo que proceda en cuanto al 
cumplimiento o incumplimiento de la obligación en que consiste la condena, así como las 
consecuencias pertinentes, y cualquier disconformidad con las resoluciones del juzgado 
sobre  estos  extremos  se  deberá  resolver  mediante  la  interposición  de  los 
correspondientes recursos ordinarios.»
j)  Con fecha 29 de marzo de 2016, el representante procesal de la ejecutante 
presentó escrito interponiendo recurso de revisión contra los decretos del letrado de la 
administración de justicia de fechas: «19 de marzo, 2 de junio, 16 de septiembre [no 
consta en las actuaciones uno dictado en esta fecha, sí el día 12 del mismo mes] y 22 de 
octubre de 2014», fundándose para ello en que el Pleno de este Tribunal Constitucional 
había dictado la sentencia de 17 del mismo mes, declarando inconstitucional y nulo el 
primer  párrafo  del  apartado  segundo  del  art.  102  bis  de  la  Ley  reguladora  de  la 
jurisdicción  contencioso-administrativa  (LJCA),  por  lo  que,  dado  que  «tiene  idéntica 
redacción a la del artículo 454 bis.1» LEC, se solicita la aplicación de la doctrina ahí 
sentada.
El juzgado a quo dictó providencia inadmitiendo a trámite dicho recurso de revisión, 
«por ser firmes las resoluciones contra las que se dice».
Promovido recurso de queja, la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de 
Madrid dictó auto el 23 de junio de 2016 desestimándolo, atendida la extemporaneidad 
en su interposición, «al margen de cualquier otra consideración acerca de los avatares 
existente[s] en la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 7 de Alcalá de Henares, de fecha 18 marzo 2010».
k)  Frente a la diligencia de ordenación dictada por el letrado de la administración de 
justicia del juzgado ejecutor, de 15 de diciembre de 2016, que denegaba la petición de la 
recurrente para que se dictase un decreto facultando a dicha comunidad ejecutante para 
llevar a cabo por sí misma las obras, interpuso esta última recurso de reposición, que 
vino a ser resuelto por decreto del mismo letrado, de 24 de marzo de 2017, en sentido 
desestimatorio.
En lo que aquí importa destacar, el decreto resolvió el motivo de vulneración del 
derecho a una ejecución sustitutoria ex art. 706 LEC, señalando en su fundamento 
Jurídico segundo que:
«En  cuanto  a  la  vulneración  del  art.  706  de  la  Ley  procesal,  ha  sido  tan 
reiteradamente invocada y rechazada que nos remitimos a los recursos y resoluciones 
anteriores (auto de 13 de febrero de 2014; […], decreto de 19 de marzo de 2014 […], 
decretos de 2 de junio, 12 de septiembre, 22 de octubre, 24 de octubre y 27 de octubre 
[…]; auto de 21 de noviembre de 2014, y autos de 10 de junio de 2015 y 23 de junio 
de 2016, estos últimos dictados por la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de 
Madrid,  todos  ellos  adversos  a  las  peticiones  deducidas  por  la  ejecutante)  que  en 
definitiva vienen a demostrar que las obras a que vienen obligados los ejecutados no se 
han llevado a efecto hasta la fecha por la voluntad obstructiva de la ejecutante, por lo 
que ya causa hastío volver a reexaminar y resolver la misma petición de esta parte.» s
l)  Contra  la  anterior  resolución,  la  representante  procesal  de  la  comunidad  w.
ejecutante promovió recurso de revisión «Al juzgado», mediante escrito presentado el 4  42ww
ddeic taabdroil  sdeen t2e0n1c7ia.  eAl n1te7  dtoed om, aarzleog dóe q 2u0e1 e6l,  P«dleencola rdaen deos tien cTornibsutintuacl ioCnoanls yti tnuuclioo neal l phraimbeíar 
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doctrina que contiene también a la jurisdicción civil», y reprodujo el tercer párrafo del 
fundamento jurídico 7 de la citada STC 58/2016, donde se proscribe la creación de un 
espacio de inmunidad por mor de la falta de control jurisdiccional generado por el 
precepto objeto de enjuiciamiento.
En el entendimiento de que el escrito sería resuelto por el magistrado-juez, se 
advierte que ante «la novedad que supone este recurso, para una mejor comprensión de 
las distintas cuestiones que sometemos al criterio de S.S.ª», se procede a hacer una 
recapitulación de diversas incidencias habidas en dicho procedimiento de ejecución de 
sentencia,  de  algunas  de  las  resoluciones  dictadas  en  él  por  el  letrado  de  la 
administración de justicia y su ulterior impugnación por la ejecutante; y de la interposición 
de demanda incidental de ejecución, inadmitida por motivos formales –aclara– por el 
juzgado y después por la Audiencia Provincial en apelación. Entre otros argumentos, se 
afirma para defender que no ha habido actitud obstruccionista por su parte, el hecho de 
que el proyecto de obras de los ejecutados contemplaba «la ejecución de las obras con 
sus habitantes dentro, siendo estas incompatibles con la habitabilidad del edificio. Motivo 
que,  con  escaso  éxito,  llevamos  denunciando  ante  este  juzgado,  también  en  el 
contencioso, y en otros organismos».
El suplico del escrito especifica que el recurso de revisión «se contiene contra el 
decreto de 24 de marzo de 2017 y los motivos por los que mostramos disconformidad 
contra los demás decretos que no pudimos recurrir en su día, por no estar previsto en la 
Ley  de  enjuiciamiento  civil  y  no  haberse  dictado  una  sentencia  del  Tribunal 
Constitucional de 17 de marzo de 2016 que declarase que el idéntico texto contenido en 
el artículo 102 bis de la Ley 28/1998 [sic] era inconstitucional. En virtud de lo más arriba 
expuesto, estime el recurso, acordando favorablemente a la solicitud que lo motivó de 
facultar a mi mandante para realizar las obras por sí mismo, dado que el proyecto 
aportado por los demandados ejecutados para el cumplimiento de la sentencia, no 
respeta la seguridad de las personas que habitan el edificio»; declare asimismo nulos los 
decretos de 24 de marzo de 2017, 19 de marzo de 2014, 12 de septiembre de 2014, y 22 
de octubre de 2014, y que: «Ordene que se continúe [l]a ejecución por los trámites 
previstos  en  el  artículo  706.2  LEC.  Todo  ello  con  lo  demás  que  en  derecho 
corresponda».
m)  El juzgado a quo dictó una providencia el 24 de abril de 2017 del siguiente tenor:
«1.  El anterior escrito presentado […] interponiendo recurso de revisión contra el 
decreto de fecha 27 de marzo de 2017, únase a los autos de su razón.
2.  La resolución impugnada no es susceptible de ser recurrida en revisión conforme 
a lo previsto en el artículo 454 bis.2 de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil (LEC), por lo 
que procede la inadmisión a trámite del recurso, según ordena el mismo precepto.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno (artículo 454 bis.2 párrafo 
último.»
n)  La representante procesal de la comunidad demandante de amparo interpuso 
recurso de queja contra esta providencia, reiterando su invocación a la sentencia de este 
Tribunal Constitucional de 17 de marzo de 2016, y resumiendo la situación de falta de 
ejecución de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial en el año 2011, por causas 
que,  alega,  son  de  la  responsabilidad  de  los  ejecutados  y  que  en  definitiva  han 
determinado que «en este momento se encuentra el procedimiento parado sine die». En 
el suplico del escrito se pide a la Sala que «dicte auto por la que se revoque la citada 
resolución y, se acuerde admitir el recurso de revisión formulado ordenando continuar  e
con su tramitación». bo
ñ) La Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid, resolvió la queja  42ww
(pnrúomce.d 3e3n8c-ia2 0d1e7l )r epcourr saou,t op edroe  d9e sdees toimctóu berne  edl efo 2n0d1o7 l,o  esno liecli taqduoe,  alimdmitáitniód ofosrem aa lcmoennsttea talar 
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En tal sentido, luego de reproducir el contenido del fallo de esta última, y la dicción 
de los arts. 494 (resoluciones contra las que cabe el recurso de queja) y 495.1 (órgano y 
plazo  para  interponer  la  queja)  ambos  LEC,  el  auto  razonó  en  su  fundamento  de 
Derecho segundo lo que sigue:
«A la vista del contenido de ambos preceptos, entendemos que se cumplen los 
requisitos de forma y plazo para la interposición del presente recurso, pero entendemos 
que no tener la sentencia del Tribunal Constitucional anteriormente citada los efectos 
pretendidos en el recurso de queja interpuesto, cuyos efectos directos se refieren a la 
Ley 8/1998 [sic], sin circunscribirse a la ley procesal expresamente modificando su 
contenido.»
o)  A los efectos que importan en este proceso, se indica que con fecha 28 de 
noviembre  de  2017  la  representante  procesal  de  la  mercantil  Novagrup  Property 
Development,  S.L.,  presentó  escrito  manifestando  al  juzgado  a  quo  el  cambio  de 
denominación de la entidad Grupo Empresarial Pinar, S.L., por aquella que acaba de 
citarse.
3.  La demanda de amparo se articula en dos «Capítulos». El capítulo uno se titula 
«de la cuestión de inconstitucionalidad», y en él se plantea que la STC 58/2016, de 17 
de marzo, declaró que el primer párrafo del apartado segundo del artículo 102 bis LJCA, 
era inconstitucional, precepto cuya redacción es idéntica a la del art. 454 bis 1 de la Ley 
de enjuiciamiento civil 1/2000 (LEC), resaltando su primer inciso el cual dispone que 
contra el decreto del letrado de la administración de justicia resolutorio del recurso de 
reposición  no  se  dará  recurso  alguno.  Por  ello  entiende  que  los  efectos  de  la 
STC 58/2016 deben aplicarse por analogía a esta última norma, y como sobre esto no ha 
dicho nada todavía este Tribunal, «dentro del marco del recurso de amparo que ahora 
presento,  solicito  que  se  plantee,  un  pronunciamiento  concreto  respecto  de  la 
constitucionalidad de ese artículo, por los mismos argumentos jurídicos expuestos en la 
referida sentencia del Pleno».
El capítulo 2 se titula a su vez «del recurso de amparo propiamente dicho», y en él 
formula tres motivos. El primero concierne a la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho al recurso, alegando que contra un 
decreto de 24 de marzo de 2017 dictado por el letrado de la administración de justicia del 
juzgado que conoce del proceso de ejecución de título judicial en el que la demandante 
de amparo actúa como parte ejecutante, se interpuso recurso de revisión invocando la 
STC 58/2016 ya citada, siendo el mismo rechazado por providencia de 24 de abril 
de 2017, frente a la que se promovió a su vez recurso de queja, resuelta por auto de la 
Audiencia Provincial de  Madrid que, entrando  en el fondo, denegó lo pedido. Más 
adelante en el escrito, se precisa que esta situación determina la necesidad de acudir en 
amparo para que se reconozca a la comunidad actora, el «derecho a que un juez 
conozca y resuelva su recurso».
El segundo motivo es también por la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva de 
la  comunidad  recurrente,  ahora  en  su  vertiente  de  derecho  a  la  ejecución  de  una 
sentencia firme. La demanda afirma que tras haber obtenido en apelación una sentencia 
favorable dictada por la «Sección Decimotercera» (rectius, 12) de la Audiencia Provincial 
de  Madrid  el  30  de  septiembre  de  2011,  por  mor  de  la  cual  se  ordenaba  a  los 
demandados la ejecución de una serie de obras de reparación por deficiencias técnicas 
en los inmuebles de referencia, han transcurrido setenta y tres meses sin haber podido  s
lograr  su  ejecución.  En  concreto,  explica  que  luego  de  meses  de  infructuosas  oe.
negociaciones se vio obligada a interponer demanda ejecutiva el 31 de julio de 2012,  w.
aHdreets.n pa5ar5ec1hs. á3en ld Lo1Es9Ce   dee(jde ecn uofcvijiiaóecnmi óbpnroe r d deeel   lJa2us0z 1gm2a,de ods iindd aeqs  uPeer jiemsceeu rtadiv iacIntsas rtacao nneccli arde entacúsrme) t.o h5 ap sdrteaev  iAestll oc a2el7án   ddeeel    2020-3342n https://ww
noviembre de 2013, incurriéndose ya en dilaciones indebidas. En esta resolución en todo
caso se fijaban dos plazos, uno para la realización de las obras, de diez meses; y otro
para el de inicio de estas, de dos meses, ambos plazos «sobrepasados en años», 
trayendo consigo una inejecución que produce la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial efectiva.
Finalmente, y en conexión con la segunda lesión invocada, se alega la del derecho a 
un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), debiendo acordarse la nulidad del 
auto dictado en queja el 9 de octubre de 2017, reconociendo este Tribunal también que 
«se están produciendo dilaciones indebidas a lo largo de la tramitación de la ejecución».
El suplico de la demanda solicita que se dicte sentencia declarando la nulidad del 
auto de la Sección Decimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid, núm. 270 
de 2017, «reconociendo el derecho a que se resuelva el recurso de revisión formulado 
contra el decreto de 27 de marzo de 2017 del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de 
Alcalá de Henares. Reconociéndose expresamente la vulneración del derecho a la tutela 
judicial  efectiva  y  que  se  están  produciendo  dilaciones  indebidas  a  lo  largo  de  la 
ejecución».
4.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sección Cuarta de 
este Tribunal, de 24 de noviembre de 2017, se dio plazo de diez días a la procuradora de la 
demandante de amparo para que aportara la escritura de poder original acreditativa de su 
representación,  lo  que  fue  cumplimentado  por  medio  de  escrito  registrado  el  12  de 
diciembre de 2017, levantándose diligencia por la secretaría el 13 de diciembre de 2017, 
acordando el desglose y devolución del poder a dicha profesional.
5.  Mediante  nueva  diligencia  de  ordenación  de  la  secretaría  de  justicia  de  la 
Sección Cuarta, de 1 de febrero de 2018, se acordó dirigir atenta comunicación al 
Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  5  de  Alcalá  de  Henares,  para  que  remitiera 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento 
de  ejecución  de  títulos  judiciales  núm.  1158-2012.  Dicho  requerimiento  fue 
cumplimentado a través de oficio del letrado de la administración de justicia del juzgado 
mencionado, que tuvo entrada el 6 de marzo de 2018.
6.  La Sección Cuarta de este Tribunal dictó providencia el 16 de julio de 2018 por la 
que admitió a trámite el recurso de amparo, «apreciando que concurre en el mismo una 
especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), como consecuencia de que la 
posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley 
o de otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)]».
Además, en aplicación de lo previsto en el art. 51 LOTC (de la Ley Orgánica del 
Tribunal  Constitucional),  acordó  también  dirigir  atenta  comunicación  a  la  Sección 
Decimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid, para que en el plazo de diez días 
remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones del recurso de queja núm. 
338-2017, y al Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Alcalá de Henares, para que 
procediera a emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento de ejecución 
de títulos judiciales núm. 1158-2012, a excepción de la parte recurrente, a fin de que si lo 
desearan pudieran comparecer en este proceso de amparo en el plazo de diez días.
7.  Por escrito registrado el 10 de septiembre de 2018, el procurador don Ignacio 
Arcos  Linares,  actuando  en  nombre  y  representación  de  la  entidad  Urbanizadora 
Colmenar, S.A., según poder notarial que acompañaba, solicitó se tuviera a ésta por 
parte en el proceso, bajo la defensa del abogado don Gonzalo Muñoz Rusillo.
A  los  mismos  fines,  el  18  de  septiembre  de  2018  tuvo  entrada  escrito  de  la 
procuradora doña Mercedes Caro Bonilla, actuando en nombre y representación de la  e.
entidad  Novagrup  Property  Development,  S.L.,  bajo  la  defensa  del  abogado  don  w.
Fernando Posadas Alonso, personándose y mostrándose parte en el presente recurso  42ww
de aAml pdaíaro s.iguiente, 19 de septiembre de 2018, tuvo entrada un escrito del procurador
don Antonio Rafael Rodríguez Muñoz, actuando en nombre y representación de don
Rafael Nieto Sanguino, interesando su personación como parte en el recurso de amparo 
referenciado, bajo la defensa del abogado don Julio Iturmendi Morales.
8.  La secretaría de justicia de la Sala Segunda de este Tribunal dictó diligencia de 
ordenación el 2 de octubre de 2018, teniendo por personados y partes a las personas 
comparecidas  que  se  han  indicado  en  el  apartado  anterior,  dando  vista  de  las 
actuaciones a estas últimas y al Ministerio Fiscal por plazo de veinte días, con el fin de 
poder formular alegaciones conforme a lo previsto en el art. 52.1 de la Ley Orgánica de 
este Tribunal. Respecto de la procuradora doña Mercedes Caro Bonilla, se le otorgó 
plazo de diez días para que aportara copia del poder acreditativo de su representación, 
lo que esta última hizo por escrito presentado el 8 de octubre de 2018.
9.  Con fecha 6 de noviembre de 2018, el procurador de don Rafael Nieto Sanguino 
presentó un escrito poniendo en conocimiento de este Tribunal que su representado 
había fallecido el 23 de octubre de 2018, solicitando por ello con base en el art. 30.1.3 
LEC, en relación con el art. 16 de la misma ley procesal, que tuviera por efectuada la 
sucesión procesal en favor de sus causahabientes, advirtiendo que está en trámites 
«para conocer quiénes son los herederos y el otorgamiento por estos de un nuevo 
poder». Como consecuencia de este escrito:
a)  La  secretaría  de  la  Sección  Cuarta  de  este  Tribunal,  dictó  diligencia  de 
ordenación el 7 de noviembre de 2018 concediendo un plazo de diez días al citado 
procurador, «con suspensión del procedimiento», para que identificase a los herederos 
de su representado, facilitando en su caso su domicilio, con aportación del nuevo poder 
de representación.
b)  En  cumplimiento  de  lo  requerido,  el  procurador  presentó  escrito  el  19  de 
noviembre de 2018, por el que informó que su representado había otorgado testamento 
abierto  el  26  de  noviembre  de  1991,  del  que  acompañó  copia,  designando  como 
herederos a doña Mercedes Teresa Raventós Pérez, don Rafael Nieto Raventós, doña 
Mercedes Nieto Raventós, don Manuel Nieto Raventós, doña Elena Nieto Raventós y 
doña María Nieto Raventós; e interesando personarse como parte en este recurso de 
amparo en nombre y representación de dichos herederos, a efectos de la sucesión 
procesal de don Rafael Nieto Sanguino ex art. 16 LEC; acompañando también poder 
notarial para pleitos otorgado por aquellos en su favor.
c)  Con fecha 22 de noviembre de 2018, la secretaría de justicia de la Sección 
Cuarta de este Tribunal dictó diligencia de ordenación por el que acordó unir a las 
actuaciones el escrito del citado procurador, que además «se tienen por identificados a 
los legítimos herederos de don Rafael Nieto Sanguino y por personado al procurador 
antes indicado en nombre y representación de los mismos», entendiéndose con él las 
sucesivas actuaciones «y, en su virtud, se alza la suspensión del procedimiento que 
venía acordada, concediéndose un nuevo plazo de veinte días a las partes personadas, 
dentro  de  los  cuales  podrán  presentar  las  alegaciones  que  estimen  pertinentes, 
conforme determina el art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional».
10.  Previamente a que se dictara la antedicha diligencia de ordenación del 7 de 
noviembre de 2018 que acordaba la suspensión del procedimiento, el representante 
procesal de la entidad Urbanizadora Colmenar, S.A., presentó su escrito de alegaciones 
ex art. 52.1 LOTC, el 2 de noviembre de 2018, interesando «desestimar la demanda 
presentada».
Por lo que se refiere al primer capítulo de la demanda, entiende debe desestimarse  e.
la  solicitud  de  planteamiento  de  una  cuestión  de  inconstitucionalidad  respecto  del  w.
art. 454 bis LEC, pues su redacción «nada tiene que ver» con la del art. 102 bis, párrafo  42ww
sneog purnivdao  aLlJ CjuAst idceiacblaler addeo  pinocdoenrs ptitruocmioonvaelr  proerc ular sSoT aCn 5te8 /u2n0 1tr6ib, uy neal l pcroencetrpat ola psr odceecsisailo cnievsil 
sdeepl tlieetmrabdroe  ddee  la2 0a1d6m  idniicsttaradcoió np odre  laju sSticailaa.  EPnri mseur aa pdoeylo , Tirnibvuoncaa l eSl uapurteom doe,  2e1n  deel   BOE-A-cable e
recurso 106-2016, fundamento de Derecho primero, donde se expresa para resolver el 
problema procesal ahí enjuiciado, que la situación entre ambos preceptos no es la 
misma y que el 454 bis LEC no priva a la parte del derecho de control jurisdiccional.
En segundo lugar, en cuanto al capítulo de la demanda relativo «al recurso de 
amparo  propiamente  dicho»,  el  escrito  de  alegaciones  señala  que  la  falta  de 
cumplimiento de las obras a cuya realización están obligados los demandados, entre 
ellos dicha entidad, no se debe a una falta de voluntad de estos sino a la actitud 
obstruccionista de la comunidad de propietarios ejecutante, que además de impedir el 
acceso al edificio con el fin de poder redactar el proyecto de reparación, ha intentado 
reiteradamente y sin éxito, que se le permita a ella la ejecución de las obras, a costa de 
los ejecutados. Incluso la comunidad ha formulado una demanda incidental de ejecución 
sustitutoria, que resultó inadmitida, decisión que confirmó la Sección Duodécima de la 
Audiencia  Provincial  de  Madrid.  También  ha  promovido  un  recurso  contencioso-
administrativo contra la concesión de licencia de obras a los demandados, desestimado 
por sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 9 de septiembre de 2016; y ha presentado 
una denuncia ante la comisión deontológica del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
que supuso la incoación de un expediente sancionador contra el arquitecto autor del 
proyecto, si bien se «acaba de notificar propuesta de resolución acordando el archivo por 
prescripción de la supuesta infracción». Por todo ello, sostiene el escrito de alegaciones 
que «no ha existido ninguna vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva».
11.  Por su parte, el 6 de noviembre de 2018 la representante procesal de la entidad 
Novagrup  Property  Development,  S.L.,  presentó  también  escrito  de  alegaciones 
interesando de este Tribunal, que «desestime el recurso de amparo formulado».
Sobre  la  constitucionalidad  del  art.  454  bis  LEC,  se  afirma  que  una  «mera 
comparación» de este precepto con el art. 102.2 LJCA determina que no son idénticos. 
Mientras este último no establecía ningún control judicial «anterior a que se dictara una 
resolución definitiva», la cual además podía no ser recurrible; en cambio el que rige para 
el orden jurisdiccional civil sí permite el control judicial de la resolución del «secretario 
judicial», de modo «igual de flexible y eficaz que el que ofrecería un recurso de revisión», 
reproduciendo lo solicitado «en la primera comparecencia ante el Tribunal sin necesidad 
de resolución definitiva» y, si «dicha comparecencia no está prevista, plantearse por 
escrito con anterioridad» a que aquella resolución definitiva se dicte.
En segundo lugar, postula el escrito de alegaciones la inexistencia de la vulneración 
del derecho «a la tutela judicial efectiva de la demandante por dilaciones indebidas» en 
la ejecución, siendo la propia comunidad de propietarios la que no permite que se 
realicen las obras por terceros, dado que prefiere que dicha entidad ejecutada abone la 
totalidad de los gastos, costas y trabajos a realizar.
12.  Con fecha 19 de noviembre de 2018, el fiscal ante este Tribunal Constitucional 
presentó escrito de alegaciones interesando la inadmisión del recurso de amparo o, 
subsidiariamente, su desestimación:
A)  Luego de un resumen de los hechos más destacados del proceso a quo y antes 
de entrar en el fondo, alega el fiscal la «posible existencia de óbices procesales» que 
determinarían la inadmisión del recurso de amparo, recordando doctrina constitucional 
que permite su control en la sentencia (con cita de las SSTC 220/2008, de 31 de enero, 
FJ 3, y 85/2004, de 10 de mayo, FJ 2). En concreto se invocan dos: s
a)  El primero es la falta de justificación del requisito de la especial trascendencia  w.
constitucional del art. 50.1 b) LOTC: frente a la causa expresada en la providencia de  42ww
apdromviesniógna  dae  tlraá mleiyt,e ,a devsietort ee qsu, eq puaer al as up aopsribelceia cviuólnn ehraacceió nfa ltdae ql udee hreacyhao s ifduon dinavmoceandtaal 
edne  laac dueemrdaon cdoan d ees atem Tparirbou,n daal,d eal lloa  csainr gpae rpjuroiccieos dael q luae f aticeunleta ads úigltnimadaa q lau ep acrotrer erespcuornrdeen tea   BOE-A-cable e
este para verificar la efectiva acreditación de su cumplimiento formal y material (cita la 
STC 69/2011, de 16 de mayo, FFJJ 2 y 3, que reproduce en algunos pasajes). Siendo 
así, resulta que en este caso la demanda «no dedica apartado alguno al cumplimiento de 
este requisito […] ni siquiera por referencia al artículo 49.1 LOTC». Reconoce que para 
evitar la inadmisión del recurso podría entenderse que la petición de elevar al Pleno la 
duda de inconstitucionalidad sobre el art. 454 bis 1 LEC «lleva implícita la alegación de 
que la vulneración de derecho denunciada, tiene trascendencia constitucional por ser la 
propia  norma  la  vulneradora  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  alegada».  Sin 
embargo, añade que le parece «un ejercicio intelectual excesivo llegar a esta conclusión 
sin incurrir en, la tan denostada por el Tribunal, reelaboración de la demanda, que solo 
se entendería porque, efectivamente, llegara a plantearse la auto cuestión que propone 
la recurrente, dado el interés general que conlleva la depuración del ordenamiento 
jurídico, con la eliminación de las normas que contradicen la Constitución».
b)  El segundo óbice, que trae ya casi al final el escrito de alegaciones, se refiere 
específicamente a la queja de lesión del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas 
(art. 24.2 CE), y se trata de la falta del requisito de su invocación temporánea dentro del 
proceso a fin de permitir su reparación por el órgano judicial, como exige el art. 44.1 c) 
LOTC. Sostiene el fiscal que «tal vulneración no fue denunciada ante el juez, ni ante la 
Audiencia, por lo que faltaría el requisito de haberse denunciado la violación del derecho 
cuando esta se hubiere producido […] pues la primera denuncia de dilaciones indebidas 
se produce en la sede de este Tribunal». Concluye por ello que la queja debe ser 
«desestimada».
B)  Por lo que respecta a los motivos de fondo de la demanda de amparo, el fiscal 
colige que se deducen dos, la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva y a un 
proceso sin dilaciones indebidas. Dice en cuanto al primero que no se identifica cuál es 
la vertiente del derecho concernida, aunque por el contenido del recurso –la solicitud de 
que se aplique la doctrina dimanante de la STC 58/2016 para que las decisiones del 
letrado de la administración de justicia del proceso de ejecución a quo, sean sometidas a 
control  judicial–,  supone  que,  o  bien  se  refiere  al  derecho  de  motivación  de  las 
resoluciones, «o puede entenderse que es el derecho al acceso a la jurisdicción o al 
recurso lo vulnerado», al no permitirse llevar al juez la decisión de aquel letrado. A cada 
una de ellas hace referencia por separado:
a)  Empezando por la garantía de motivación, sostiene el fiscal que la providencia 
del juzgado ejecutor impugnada en amparo que denegaba el recurso de revisión, aunque 
de «muy escasa argumentación», permite conocer su razón de decidir, como es la 
prohibición por ley de dicho recurso. Otro tanto debe decirse del auto de la Audiencia 
Provincial que confirmó aquella en queja porque la STC 58/2016 solo tiene efectos 
directos en el proceso contencioso-administrativo, razonamiento a su juicio suficiente, «a 
pesar de su confusa redacción, suponemos que por errores tipográficos». El fiscal 
comparte la apreciación de la Audiencia en cuanto a la imposibilidad de extender los 
efectos de la STC 58/2016 fuera del orden jurisdiccional donde se aplicaba el precepto 
anulado, sin que quepa confundir la vinculación erga omnes de nuestras sentencias 
cuando  declaran  la  inconstitucionalidad  de  una  norma,  con  que  ello  determine  la 
derogación automática de otras disposiciones similares. Al contrario, el juzgado y la 
Audiencia  «solo  hicieron  lo  que  podían  hacer,  aplicar  la  norma,  no  derogada,  ni 
declarada  inconstitucional»  –el  art.  454  bis.1  LEC–,  aunque  tenían  potestad  para 
plantear la cuestión de inconstitucionalidad, «y si no lo hicieron debemos entender que  e
fue porque no les surgió tal duda. Lo sorprendente es que la recurrente, que si tenía esa  bo
duda, no se lo planteara como solicitud, tal como ha hecho directamente al Tribunal  42ww
Conbs)t ituRcieocnhaal»z.ada  la  posible  lesión  de  aquella  faceta  del  art.  24.1  CE,  prosigue
ajufrirismdaicncdióon ,q ou em á«so tcrao npcroestiabmlee nvtueln deer aacciócne sop oadl rríeac urersfeor,i rasle d eanl udnecriaerc heol r eacl uarrcecneteso q uae  llaa 
interpretación que los jueces hacen del art. 454 bis LEC, le priva de recurso judicial ante
las decisiones del otrora secretario judicial. En realidad, la recurrente se dirige más 
contra la propia norma». Retoma en este punto el dato de la STC 58/2016 que declaró la 
inconstitucionalidad del art. 102 bis 2, párrafo primero LJCA, por vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva, decisión a la que llegó este Tribunal tras un análisis del 
impacto producido en el proceso civil por la ley 13/2009, de 3 de noviembre, «de reforma 
de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial», distinguiendo 
en un reparto de competencias entre «los actos jurisdiccionales, solo atribuidos a los 
jueces y magistrados y los actos procesales, con posible atribución a los secretarios», a 
cuyo efecto el escrito reproduce su fundamento jurídico 2. Lo importante para esta 
sentencia, añade, no es tanto que quepa o no recurso contra la resolución del letrado de 
la administración de justicia, sino que sea posible el control judicial, pues solo la falta de 
este último acarrea la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, trayendo a 
colación el fundamento jurídico 7 de la misma STC 58/2016, que transcribe.
En este punto, el fiscal señala que la redacción del art. 102 bis.2 LJCA y el art. 454 
bis.1 LEC solo resulta coincidente en su primera frase, siendo distintos en las vías 
alternativas para el control judicial que a continuación cada uno regula. Constatada esta 
diferencia,  expresa  no  obstante  que:  «Podríamos  entender  que  la  propia  norma 
vulneraría el derecho fundamental del recurrente si entendiéramos que este último inciso 
que describe otra forma de control judicial posible, no fuera suficiente para garantizar el 
sometimiento de la decisión del letrado, de carácter administrativo al control judicial, en 
todos los supuestos, y dejara ese “espacio de inmunidad”, tal como el Tribunal constató 
en el proceso administrativo, por ello nos parece bienvenida la petición de la recurrente 
del planteamiento de la autocuestión, pues, al margen de las circunstancias concretas de 
este supuesto que se nos somete, podría el Tribunal constatar la existencia o no de total 
garantía de jurisdiccionalidad en la norma general del artículo 454 bis LEC, lo que 
además se intuye más necesario cuando en la regulación de los procesos de otros 
órdenes jurisdiccionales ya se ha producido pronunciamiento».
c)  Finalmente,  en  cuanto  a  la  alegación  de  la  demanda  de  haber  padecido 
dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), el escrito de alegaciones del fiscal, antes de verter el 
óbice de falta de invocación temporánea –art. 44.1 c) LOTC–, rechaza el fondo de la 
queja. Primero pone en entredicho su autonomía («parece que la recurrente solo las cita 
para  reforzar  su  derecho  al  amparo»),  y  después  su  relevancia,  porque  incluye  la 
mención  a  la  duración  del  proceso  declarativo  (diez  años),  cuando  estamos  en  la 
ejecución, y en cuanto a ésta la demanda se refiere al transcurso de sesenta y tres 
meses, sin tener en cuenta que la propia recurrente «ha interpuesto numerosos recursos 
contra los decretos dictados por el secretario así como haber presentado demanda 
incidental». Sin que, en fin, pueda considerarse suficiente la dilación denunciada también 
de un año entre el auto de despacho de ejecución y el decreto del letrado fijando las 
medidas  ejecutivas.  Niega  por  último  la  asimilación  de  este  caso  con  el  de  la 
STC 58/2016, porque allí se denunciaron las dilaciones antes de venir en amparo (es 
aquí cuando el escrito, a continuación, plantea el óbice de falta de invocación).
13.  El mismo fiscal ante este Tribunal presentó nuevo escrito el 29 de noviembre 
de 2018, manifestando en relación con lo acordado en la diligencia de ordenación ya 
citada de 22 de noviembre de 2018, que «se ratifica en las alegaciones efectuadas 
mediante escrito que fue presentado en fecha 19 de noviembre de 2018, interesado [sic] 
que se tengan las mismas por reproducidas».
14.  La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 25 de febrero de 2019,  e
acordó, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55.2 y 35.2 LOTC, oír a las  bo
partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de diez días,  42ww
pinucdoinesratintu caiolengaalidr adlo  o qsuoeb red eesl efoanradno  dseo ebsreta , lare sppeercttinoe dnec isai  edl ea rtp. l4a5n4te abris .1c uLeEsCtió, ne n dlea 
rperdoaceccsiaóln,  poddardíaa  vpuolnr elraa r Leel yd e3re7c/2h0o1 a1 , lad teu te1l0a  jdued icoiaclt uebferect,i vdae d eml eddeimdaasn ddaen tea g(ailrizt.a 2c4ió.1n 
CE),  «toda  vez  que  excluye  del  recurso  de  revisión  el  decreto  del  letrado  de  la
administración  de  justicia  que  resuelve  un  recurso  de  reposición  y  no  pone  fin  al 
procedimiento ni impide su continuación, pero priva a la parte de poder someter a la 
decisión última del titular del órgano judicial la solicitud de ejecución en sus propios 
términos  de  la  sentencia  firme  dictada,  atendiendo  además  a  la  declaración  de 
inconstitucionalidad  y  nulidad  formulada  ya  por  este  Tribunal,  por  esta  misma 
imposibilidad de control jurisdiccional, en sus SSTC 58/2016, de 17 de marzo (respecto 
del primer párrafo del art. 102 bis.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción  contencioso-administrativa,  en  la  redacción  dada  al  mismo  por  la 
Ley 13/2009, de 3 de noviembre) y 72/2018, de 21 de junio (respecto del art. 188, 
apartado primero, párrafo primero, de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social)».
Formularon dentro de dicho trámite sus alegaciones, interesando el planteamiento de 
la cuestión de inconstitucionalidad, tanto la comunidad demandante de amparo (por 
escrito registrado el 6 de marzo de 2019), como el fiscal (por escrito registrado el 21 de 
marzo de 2019). Por el contrario, interesaron que se acordara no plantear dicha cuestión 
los sucesores de don Rafael Nieto Sanguino, la entidad Urbanizadora Colmenar, S.A., y 
la  entidad  Novagrup  Property  Development,  S.L.,  por  sendos  escritos  registrados 
respectivamente el 15, 18 y 19 de marzo de 2019.
15.  La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, mediante Auto núm. 23/2019, 
de 8 de abril, acordó elevar al Pleno cuestión interna de inconstitucionalidad en relación 
con  el  párrafo  primero  del  artículo  454  bis  1  LEC,  en  la  redacción  dada  por  la 
Ley  37/2011,  de  10  de  octubre,  de  medidas  de  agilización  procesal,  por  posible 
vulneración del artículo 24.1 CE.
El auto de planteamiento razonó las dudas sobre la constitucionalidad del precepto, 
en resumen, teniendo en cuenta: (i) la prohibición de recurso ante el juez contra la 
generalidad de los decretos del letrado de la administración de justicia recaídos en los 
procesos  civiles,  cuando  aquéllos  no  ponen  fin  al  procedimiento  ni  impiden  su 
continuación, de manera similar a como también disponían preceptos insertos en otras 
leyes procesales, los cuales han sido declarados inconstitucionales y nulos por este 
Tribunal, por contradecir el derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 58/2016, de 17 de 
marzo,  –proceso  contencioso-administrativo–,  y  72/2018,  de  21  de  junio  –proceso 
laboral–), así como en la misma Ley de enjuiciamiento civil (STC 34/2019, de 14 de 
marzo, para el procedimiento de jura de cuentas) [ATC 23/2019, FJ 5 a)]; (ii) porque son 
pocos los supuestos en que expresamente se prevé recurso de revisión contra los 
decretos del letrado de la administración de justicia en el proceso de ejecución civil no 
dineraria, y ninguno se refiere a la decisión adoptada para resolver la petición de 
ejecución sustitutoria de la obligación de hacer impuesta en el título [ATC 23/2019, FJ 5 
a)] y (iii) porque tampoco se instrumentan, en fin, medios alternativos de impugnación al 
margen del sistema de recursos, que puedan posibilitar el control jurisdiccional en tales 
casos [ATC 23/2019, FJ 5 b) y 5 c)].
16.  El Pleno de este Tribunal, mediante providencia de 21 de mayo de 2019, 
acordó admitir a trámite dicha cuestión de inconstitucionalidad; así como también dar 
traslado del auto de la Sala Segunda, conforme establece el art. 37.3 LOTC, al Congreso 
de  los  Diputados  y  al  Senado,  por  conducto  de  sus  presidentes,  al  Gobierno,  por 
conducto de la ministra de Justicia, y a la fiscal general del Estado, al objeto de que, en 
el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones 
que estimasen convenientes; comunicar la resolución a la Sala Segunda del Tribunal  e
Constitucional a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.3 LOTC,  bo
permanezca suspendido el proceso hasta que este Tribunal resuelva definitivamente la  42ww
«pBreosleentítne  Ocfuiceiastl iódne;l  Eys ptaudboli»c.ar la incoación de la cuestión de inconstitucionalidad en el
interFeosróm uplaorro ne saclerigtoa ciopnreesse netna deos ee tl rá4m ited et anjutolio  la dfeis ca2l0 1g9e neqruael  dseel  Edsetacdlaor,a rqau ielna 
inconstitucionalidad del precepto cuestionado; como los sucesores de don Rafael Nieto
Sanguino, quienes interesaron por escrito que presentó su representante procesal el 9 
de julio de 2019, la desestimación de la cuestión planteada.
17.  Con fecha 28 de enero de 2020, el Pleno de este Tribunal dictó la Sentencia 
núm. 15/2020, en la que con base en la fundamentación jurídica a la que luego se hará 
referencia, resolvió: «estimar la cuestión interna de inconstitucionalidad planteada y, en 
su virtud, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 454 bis.1, párrafo primero, 
de la Ley de enjuiciamiento civil, en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de 
octubre, de medidas de agilización procesal».
18.  La secretaría de justicia del Pleno de este Tribunal, remitió ese mismo día a la 
secretaría de justicia de la Sala Segunda una certificación de la mencionada sentencia.
Por diligencia de 30 de enero de 2020, la secretaría de justicia de la Sala Segunda de 
este Tribunal hizo constar la recepción de dicha certificación, pasando a dar cuenta de ello.
19.  Mediante  providencia  de  fecha  6  de  febrero  de  2020,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 10 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Como ya se expuso en el ATC 23/2019, de 8 de abril, de planteamiento de la 
cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 2754-2019 respecto del art. 454, bis.1, 
párrafo primero LEC, en cuyo fundamento jurídico 1 se explica su relación causal con el 
presente recurso de amparo núm. 5661-2017, la comunidad de propietarios demandante 
impugna en este el auto de la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid, 
de 9 de octubre de 2017, que desestimó un recurso de queja en el que se pedía la 
aplicación de la doctrina sentada por este Tribunal Constitucional en su STC 58/2016, 
de 17 de marzo. En ella declaramos inconstitucional y nulo el art. 102 bis.2, párrafo 
primero LJCA, por no prever recurso contra las resoluciones no definitivas de los letrados 
de la administración de Justicia e impedir así su debido control judicial, con vulneración 
de lo dispuesto en los arts. 24.1 y 117.3 CE.
Aunque en el suplico de la demanda de amparo se menciona únicamente como 
impugnado ese auto de 9 de octubre de 2017, indicamos también en nuestro ATC 23/2019, 
FJ 1, que había de entenderse igualmente recurrida en el presente proceso la resolución de 
la que ese auto deriva, a saber, la providencia de 24 de abril de 2017 del juzgado ejecutor 
que inadmitió a trámite el recurso de revisión presentado contra un decreto del letrado de la 
administración de justicia, razonando el juzgado no ser susceptible dicho recurso «conforme 
a lo previsto en el artículo 454 bis.2» LEC. Providencia contra la que entonces se formalizó 
el recurso de queja resuelto por aquel auto de la Audiencia. Resultó así de aplicación la 
doctrina reiterada de este Tribunal por la cual, «cuando se impugna en el recurso de 
amparo  una  resolución  judicial  confirmatoria  de  otras  que  han  sido  lógica  y 
cronológicamente presupuesto de aquélla, han de considerarse también recurridas esas 
precedentes resoluciones» (últimamente, SSTC 84/2018, de 16 de julio, FJ 1, y 1/2019, 
de 14 de enero, FJ 1, y las que ahí se citan).
La demanda alega la vulneración: (i) del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE), en su vertiente de acceso al recurso, por haberse denegado el de revisión contra 
anterior decreto del letrado de la administración de justicia, debido a la imposibilidad 
legal derivada del art. 454 bis.1 LEC; (ii) la del mismo derecho fundamental (art. 24.1 
CE), en su vertiente de derecho a la ejecución de una resolución judicial firme, por no  s
haber sido posible dar cumplimiento a la sentencia objeto de ejecución, tras más de siete  oe.
años desde que se dictó; (iii) y la lesión del derecho a un proceso sin dilaciones  w.
irnedceuCbrsoidona fsos re(ma reet. n 2sc4eo. n2th rCaa bEea) x ppeolnirc  easld uroes ptreeanns solo oa sch uaamsntutaela cdteaodn.eton teesl  dPele neos tad es eenstteen cTiari,b uenl apl rdeiscetanrtae   2020-3342n https://ww
sentencia en la referida cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 2754-2019. Una
vez  ha  recaído  ya  la  STC  15/2020,  de  28  de  enero,  resolutoria  de  esta  última,  Bc
corresponde resolver la demanda de amparo fijando la repercusión sobre ella de lo 
resuelto por el Pleno.
2.  No obstante, con carácter previo al análisis de las quejas constitucionales que 
trae la demanda de amparo, hemos de referirnos a los diversos óbices de inadmisibilidad 
que opusieron en el trámite de alegaciones (art. 52.1 LOTC) tanto el fiscal, como la parte 
personada que integra a los sucesores de don Rafael Nieto Sanguino:
a)  La alegación por estos últimos, de que la demanda no impugnaba resoluciones 
judiciales sino un decreto del letrado de la administración de justicia; y de que el recurso 
adolecía del incumplimiento del requisito del agotamiento de la vía judicial previa al 
amparo ex art. 44.1 a) LOTC, obtuvieron ya una doble respuesta desestimatoria en el 
ATC 23/2019, FJ 3: el primero de esos óbices, por no corresponder lo alegado con la 
realidad del contenido de la demanda [FJ 3 a)], y el segundo al verificarse que no 
resultaban disponibles medios de impugnación efectivos al alcance de la comunidad 
recurrente, antes de venir en amparo [FJ 3 b)]. Nos remitimos a lo razonado entonces, y 
que  es  conocido  por  las  partes  al  habérseles  notificado  oportunamente  nuestro 
ATC 23/2019, de 8 de abril.
b)  Igual remisión cabe hacer, asimismo, de la respuesta que dimos al óbice del 
fiscal por la falta del requisito de la especial trascendencia constitucional de la demanda 
(art. 50.1 b) LOTC), que se desestimó puesto que como explicamos en el fundamento 
jurídico 3 c) del ATC 23/2019, la demanda alegó el supuesto de inconstitucionalidad de 
una ley o disposición general, que es causa expresa de esa especial trascendencia de 
acuerdo con nuestra STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 c).
c)  Quedaba pendiente de resolverse, por no ser en ese momento condicionante del 
planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, el segundo óbice invocado en sus 
alegaciones por el fiscal y que concernía, únicamente, a la queja de la demanda de 
presunta vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE). A 
su juicio, la recurrente había incumplido con el requisito de invocación temporánea de la 
lesión dentro del proceso [art. 44.1 c) LOTC], impidiendo su posible reparación por el 
órgano judicial antes de venir en amparo.
Aun aceptando que la circunstancia esgrimida, de ser cierta, se configura en efecto como 
motivo de inadmisión de la queja [SSTC 18/2000, de 31 de enero, FJ 7; 38/2000, de 14 de 
febrero, FJ 3; 177/2004, de 18 de octubre, FJ 2 e), y 152/2006, de 22 de mayo, FJ 3; así 
como los AATC 471/2004, de 30 de noviembre, FJ 4, y 35/2010, de 9 de marzo, FJ 2], dado 
sin embargo los términos en que se articula su concurrencia, el óbice ha de ser rechazado.
En efecto, una consulta de las actuaciones del procedimiento de ejecución a quo 
revela que, al menos en dos ocasiones, la comunidad de propietarios sí denunció la 
vulneración del mencionado derecho fundamental a no padecer dilaciones indebidas, 
cumpliendo así con la carga procesal que tenía impuesta. Así lo hizo, en concreto: (i) en 
el escrito del recurso de revisión de 10 de diciembre de 2013, interpuesto contra el 
decreto de medidas ejecutivas de 27 de noviembre de 2013, y (ii) en el escrito del 
recurso de reposición de 24 de septiembre de 2014, interpuesto contra la diligencia de 
ordenación del mismo letrado de la administración de justicia, de 12 de septiembre 
de 2014. De ambas denuncias se ha dejado constancia en los antecedentes 2 f) y 2 g) 
de la presente sentencia.
En consecuencia, el rechazo de todos los óbices de procedibilidad nos permite 
acceder ya al examen de las tres quejas de fondo vertidas en la demanda de amparo, 
siguiendo para su enjuiciamiento el mismo orden con que se formulan en esta última. e
3.  Nos corresponde, en primer lugar, dar respuesta a la denuncia de vulneración del  w.
dedele  rhaeecccchheoos  foud naedl  aqremuceeu nrlsataosl.   adE oll asm  trouettsievoloalu  scjueiod fniuceniasdl  ajeu, fdeciocctmiiavloae  ss( aeir mth.p a2u e4gx.n1pa uCdeaEss)t ,o ( epenrno  svlouids fe aancncetieatac  dededele  dnjuetezrgse,ac dheoon    2020-3342n https://ww
ejecutor de 24 de abril de 2017, y auto confirmatorio de la Audiencia Provincial, de 9 de
octubre de 2017), evidencian la imposibilidad de obtener un control jurisdiccional contra
los decretos del letrado de la administración de justicia dictados en el procedimiento de 
ejecución a quo para resolver, en concreto, la petición de la comunidad ejecutante de 
que se acuerde la ejecución sustitutoria y a su cargo, de la obligación de hacer impuesta 
por sentencia de 30 de septiembre de 2011 a las empresas ejecutadas (obras por 
defectos constructivos de las viviendas), siendo que estas últimas a su vez atribuyen a la 
ejecutante la responsabilidad por la parálisis material del procedimiento.
La prohibición de recurso de revisión –o cualquier otro– contra los decretos no 
definitivos del letrado de la administración de justicia, deriva de la letra del art. 454 bis 1, 
párrafo primero LEC, en la redacción dada al precepto por la Ley 37/2011, con arreglo al 
cual: «Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin 
perjuicio de reproducir la cuestión, necesariamente, en la primera audiencia ante el 
tribunal tras la toma de la decisión y, si no fuera posible por el estado de los autos, se 
podrá solicitar mediante escrito antes de que se dicte la resolución definitiva para que se 
solvente en ella». La recurrente postuló en su demanda, como ya se ha dicho, la 
inconstitucionalidad  de  este  precepto  legal  por  su  contradicción  con  el  derecho 
fundamental invocado. Procede por tanto que nos refiramos a lo decidido por el Pleno en 
su STC 15/2020, de 28 de enero, para luego colegir las consecuencias que ello ha de 
tener sobre el presente recurso.
En tal sentido la sentencia resultó estimatoria de la cuestión planteada, declarándose 
la  inconstitucionalidad  y  nulidad  del  art.  454,  bis.1,  párrafo  primero  LEC.  En  el 
fundamento jurídico 3 se argumenta su razón de decidir, en los términos siguientes:
«En  efecto,  en  primer  lugar,  es  de  destacar  que,  en  los  términos  expuestos 
anteriormente, el precepto cuestionado establece la prohibición de impugnación directa 
en  revisión  ante  el  juez  o  magistrado  del  decreto  dictado  por  el  letrado  de  la 
administración de justicia resolutorio del recurso de reposición promovido contra sus 
propias resoluciones. Aunque en los apartados siguientes del precepto cuestionado se 
permite recurso de revisión contra los decretos que pongan fin al procedimiento o 
impidan su continuación o aquellos para los que la ley nominalmente fije dicho recurso, 
se pone de manifiesto que no cabe este control judicial directo frente a la generalidad de 
los dictados en el proceso civil, con independencia de la importancia del asunto resuelto 
por el decreto correspondiente.
En el procedimiento de ejecución no dineraria, en cuyo marco se ha suscitado la 
presente cuestión de inconstitucionalidad, la ley no permite el recurso de revisión directo 
ante el juez o tribunal frente al decreto del letrado de la administración de justicia que 
decide sobre si ha existido incumplimiento de la obligación de hacer por el ejecutado que 
permita a instancia del ejecutante facultarlo para llevarlo a cabo él mismo con encargo a 
un  tercero.  En  ese  sentido,  se  trata  de  un  decreto  respecto  del  cual  no  está 
expresamente prevista su recurribilidad en revisión ante el juez o tribunal ni constituye 
una decisión que ponga fin al procedimiento o impida su continuación. Sin embargo, es 
una decisión que concierne a cuestiones relevantes en el marco de este proceso de 
ejecución no dineraria que atañen a la función jurisdiccional reservada en exclusiva a 
jueces y magistrados, en la medida en que compromete la propia consecución de la 
ejecución forzosa despachada por auto del juez, ya que impide a este dirimir si debe 
mantenerse dicha ejecución forzosa en los términos ordenados por el título ejecutivo o 
dar paso a una ejecución sustitutoria conforme a la ley.
Por  tanto,  cabe  concluir  que  el  precepto  cuestionado  no  permite  descartar  la 
eventualidad de que existan supuestos –como el que ha dado lugar al planteamiento de 
la presente cuestión de inconstitucionalidad– en los que la decisión del letrado de la  e.
administración de justicia concierna a cuestiones relevantes en el marco del proceso que  w.b
atañen a la función jurisdiccional reservada en exclusiva a jueces y magistrados y que,  42ww
tsitinu laermesb adreg ola,  pqouteedsatand e jxucrilsudidicocsi opnoarl .el legislador del recurso directo de revisión ante los
Por otra parte, tampoco cabe apreciar que este control judicial pueda obtenerse de 
manera real y efectiva en el marco del propio proceso de una manera indirecta a través 
de instrumentos o remedios alternativos al régimen de recursos. Ciertamente, el párrafo 
primero  del  art.  454  bis  1  LEC  establece,  como  alternativa  a  la  imposibilidad  de 
impugnación judicial directa, la posibilidad de “reproducir la cuestión, necesariamente, en 
la primera audiencia ante el tribunal tras la toma de la decisión y, si no fuera posible por 
el estado de los autos, se podrá solicitar mediante escrito antes de que se dicte la 
resolución definitiva para que se solvente en ella”. Ahora bien, tal posibilidad no satisface 
en todos los casos la garantía de control judicial impuesta por el derecho a la tutela 
judicial efectiva. Así, tal como ya se ponía de manifiesto en el ATC 23/2019, de 8 de abril, 
en el que se planteaba la presente cuestión de constitucionalidad, no está contemplado 
en los procesos de ejecución civil en general y en el de ejecución no dineraria en 
particular, cuyo desarrollo se ha confiado por las últimas reformas procesales al letrado 
de la administración de justicia, la realización de comparecencias (“audiencia”) ante el 
titular del órgano judicial, excepto en el incidente de oposición a la ejecución (arts. 560 
y 695 LEC). De modo que la posibilidad alternativa de reproducir la cuestión en la 
primera audiencia ante el tribunal, si bien puede desplegar su funcionalidad, en su caso, 
en el contexto de los procesos declarativos, carece de una base real como remedio de 
control judicial indirecto alternativo en el marco de un proceso de ejecución.
Del mismo modo, la referencia realizada a la posibilidad de reproducir la cuestión 
mediante escrito para que se solvente en la “resolución definitiva” tampoco satisface con 
carácter general la garantía de control judicial. En el proceso de ejecución, no resulta 
posible identificar una resolución judicial definitiva que, a semejanza de lo que sucede en 
el proceso de declaración, se pronuncie sobre las pretensiones planteadas por las 
partes, ya que, por su propia naturaleza ejecutiva, su finalización normal se produce ex 
lege cuando se constata que se ha satisfecho completamente al acreedor (art. 570 LEC); 
pero esta resolución del letrado de la administración de justicia no resuelve pretensiones, 
sino que declara un estado de cosas y acuerda en consecuencia, si procede, el archivo 
del  procedimiento.  Por  otra  parte,  en  la  eventualidad  de  que  ambas  partes  se 
atribuyesen recíprocamente la responsabilidad por la inejecución de la sentencia se 
alejaría la virtualidad real de una futura ''resolución definitiva'' en la que se solventase el 
problema de inejecución planteado.
En definitiva, el precepto cuestionado vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), ya que ha creado un régimen de impugnación de las decisiones de los 
letrados de la administración de justicia generador de un espacio inmune al control 
jurisdiccional. En coherencia con ello, se debe declarar la inconstitucionalidad y nulidad 
del precepto cuestionado, precisando, al igual que se hizo en las SSTC 58/2016, FJ 7; 
72/2018, FJ 4, y 34/2019, FJ 7, que, en tanto el legislador no se pronuncie al respecto, el 
recurso judicial procedente frente al decreto del letrado de la administración de justicia 
resolutivo de la reposición ha de ser el directo de revisión al que se refiere el propio 
artículo 454 bis LEC.»
4.  Acordada la nulidad del precepto que ha sido aplicado por las resoluciones 
impugnadas en este amparo, corresponde ahora deducir sus efectos sobre él.
Nuestra doctrina sobre los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de un 
precepto legal, sobre un proceso de amparo en el que se impugnan resoluciones que 
aplicaron aquél, se contiene en la reciente STC 125/2019, de 31 de octubre, FJ 4. Con 
cita de otras sentencias anteriores, hemos afirmado ahí que los mismos razonamientos 
que determinan la nulidad de la norma son los que conducen a la estimación de la  e.
demanda  de  amparo,  para  lo  cual  «no  obsta  que  se  trate  de  una  declaración  de  w.b
inconstitucionalidad sobrevenida, pues, como exige la doctrina de este Tribunal sobre los  42ww
aeffeeccttaods od ee le sma isdmecol arparceicóenp eton  lloesg apl ro[c…e]s ossi ndoe  qaumep alraos  erna zcounrseos,  ncoo nssotiltou csieo neanlecsu enqturea 
Cfuonndsatmituecniótann  sulsac edpeticbllaersa cdieó na mdpea roin (cpoonrs ttoitduacsio, nSaTlidCa d1 59a/f1e9c9ta7n,  dea  2 pdree coecpttuobsr e,d FeJ  6la; 
citada, entre muchas, en las SSTC 91/2007, de 7 de mayo, FJ 4; 46/2008, de 10 de
marzo, FJ 2, y 74/2017, de 19 de junio, FJ 2); […] las resoluciones ahora impugnadas de 
aplicación de dicha normativa […] materializan la misma vulneración del derecho […] que 
apreciamos en la norma en la que tienen su fuente. Procede, por tanto, otorgar el 
amparo solicitado». En el mismo sentido, STC 92/2019, de 15 de julio, FJ 3.
La aplicación de la doctrina de referencia a este recurso de amparo comporta, por 
tanto, su estimación, constatado que del art. 454 bis.1, párrafo primero LEC, anulado por 
la STC 15/2020, hizo aplicación en primer lugar la providencia del juzgado a quo de 24 
de abril de 2017, justamente para denegar el recurso de revisión interpuesto contra un 
decreto del letrado de la administración de justicia que, de nuevo, conocía de una 
solicitud de ejecución sustitutoria formulada por la comunidad actora. Y en segundo 
lugar, el auto de la Audiencia Provincial desestimatorio del recurso de queja instado 
contra dicha providencia, que entró en el fondo del recurso dando implícitamente por 
válido aquel precepto procesal, limitándose a decir que no cabía la extensión de efectos 
de  la  STC  58/2016,  pero  sin  razonar  la  posibilidad  de  elevar  ante  este  Tribunal 
Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad, pese a la similitud del precepto 
citado con aquel otro que se había anulado en esta última sentencia.
Todo lo cual releva a su vez del examen de las restantes quejas deducidas por la 
comunidad recurrente (lesión de los derechos a la ejecución de la sentencia –art., 24.1 
CE–, y a un proceso sin dilaciones indebidas –art. 24.2 CE–), conforme también resulta 
de la doctrina aquí aplicada (STC 125/2019, FJ 4 in fine).
5.  Como efectos propios de la estimación de la demanda de amparo, declaramos la 
nulidad  de  las  dos  resoluciones  judiciales  impugnadas,  y  la  retroacción  de  las 
actuaciones del procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 1158-2012, al 
momento inmediatamente anterior al de haberse dictado la providencia del juzgado 
de 24 de abril de 2017, para que dicho órgano judicial provea al recurso de revisión 
formalizado por la ejecutante contra el decreto del letrado de la administración de justicia 
de  24  de  marzo  de  2017,  en  términos  que  resulten  respetuosos  con  el  derecho 
fundamental reconocido. Esto último supone la admisión a trámite de dicho recurso de 
revisión, de acuerdo con lo establecido en la STC 15/2020, FJ 3, «al igual que se hizo en 
las SSTC 58/2016, FJ 7; 72/2018, FJ 4, y 34/2019, FJ 7, que, en tanto el legislador no se 
pronuncie al respecto, el recurso judicial procedente frente al decreto del letrado de la 
administración de justicia resolutivo de la reposición ha de ser el directo de revisión al 
que se refiere el propio artículo 454 bis LEC».
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por la comunidad de propietarios de las calles 
Andújar y Mijas SP 4, de Alcalá de Henares, por vulneración de su derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de la providencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 
de Alcalá de Henares, de 24 de abril de 2017 (procedimiento de ejecución de títulos 
judiciales  núm.  1158-2012);  así  como  la  nulidad  del  auto  dictado  por  la  Sección  es
Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid, de 9 de octubre de 2017 (recurso de  o
queja núm. 338-2017). 42www.
3.º  Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al de haberse 
dictado  la  primera  de  las  dos  resoluciones  que  se  anulan,  para  que  el  juzgado 
competente provea a la reparación del derecho fundamental vulnerado, en los términos 
que se especifican en el fundamento jurídico 5.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diez de febrero de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Fernando  Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.