BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 304 Jueves 19 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 101931
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
14504 Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Justicia,  por  la  que  se  publica  el  Convenio  con  el  Centro  de  Estudios 
Jurídicos  y  el  Servicio  de  Salud  de  las  Illes  Balears,  en  materia  de 
cooperación investigadora y docente.
Con fecha 26 de octubre de 2020 se ha suscrito el Convenio entre el Ministerio 
de Justicia, el Centro de Estudios Jurídicos y el Servicio de Salud de las Illes Balears, en 
materia de cooperación investigadora y docente.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid,  5  de  noviembre  de  2020.–El  Secretario  de  Estado  de  Justicia,  Pablo 
Zapatero Miguel.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Justicia, el Centro de Estudios Jurídicos 
y el Servicio de Salud de las Illes Balears, en materia de cooperacion 
investigadora y docente
En Madrid, firmado electrónicamente.
REUNIDOS
El secretario de Estado de Justicia, don Pablo Zapatero Miguel, nombrado por Real 
Decreto 160/2020, de 29 de enero de 2020, en representación del Ministerio de Justicia y 
en el ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La directora del Centro de Estudios Jurídicos, organismo autónomo y en lo sucesivo 
CEJ, doña María Abigail Fernández González, nombrada por Orden JUS/95/2020 de 6 
de febrero, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1.j) del Estatuto del CEJ, 
aprobado por Real Decreto 312/2019, de 26 de abril.
El director general del Servicio de Salud de las Illes Balears (en lo sucesivo IB-Salut), 
don Julio Miguel Fuster Culebras, en virtud del Decreto 51/2019, de 5 de julio, por el que 
se  nombran  los  altos  cargos  y  directores  generales  de  la  Presidencia  y  de  las 
consellerias de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que 
ejerce  las  competencias  que  le  atribuye  el  artículo  12  [apartados  b),  i)  y  j)]  del 
Decreto 39/2006, de 21 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio de 
Salud de las Islas Baleares.
Las partes intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las 
facultades que tienen conferidas para convenir en nombre y representación de sus  s
instituciones oe.
I.  El Estado tiene competencia MexAcNluIsFivIEaS eTnA Nmateria de Administración de Justicia,  2020-14504n https://ww
de acuerdo con el artículo 149.1.5 de la Constitución española.
El Ministerio de Justicia tiene asumidas, en el territorio de la comunidad autónoma de 
las  Illes  Balears,  las  competencias  en  materia  de  personal  al  servicio  de  la 
Administración de Justicia.
Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante IMLCF) son 
órganos técnicos, cuya misión es auxiliar a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas 
del registro civil de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo.
La Orden JUS/1898/2003, de 26 de junio, crea el Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias  Forenses  de  las  Illes  Balears  (en  adelante  IMLCFB),  atribuyéndole  las 
siguientes funciones:
a)  La práctica de pruebas periciales médicas, tanto tanatológicas, como clínicas y 
de laboratorio.
b)  La realización de actividades de docencia e investigación relacionadas con la 
medicina forense.
Además, establece como órganos de funcionamiento del mismo la Dirección, dos 
subdirecciones, una en Menorca y otra en Eivissa y tres servicios: Patología Forense, 
Clínica Médico Forense y Laboratorio Forense.
El Ministerio de Justicia está interesado en la formación y reciclaje de los médicos 
forenses y en concreto, que los del IMLCFB puedan alcanzar una especial cualificación 
en anatomía patológica, psiquiátrica, traumatología y diagnóstico por la imagen y otras 
áreas que pudieran resultar de interés médico forense, a través del acceso a los medios 
de formación, investigación y consulta del Servicio de Salud de las Illes Balears.
II.  El CEJ es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Justicia a través de la 
Secretaría de Estado de Justicia, que según establece el artículo 2 de su Estatuto, 
aprobado por Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, tiene por objeto «desarrollar y 
ejecutar,  en  colaboración  con  el  Ministerio  de  Justicia,  las  políticas  de  selección  y 
formación de los funcionarios pertenecientes a los cuerpos letrados de la Administración 
de  Justicia,  médicos  forenses,  facultativos  del  Instituto  Nacional  de  Toxicología  y 
Ciencias Forenses y demás personal al servicio de la Administración de Justicia. Dicha 
colaboración se extenderá también a la formación continuada de los abogados del 
Estado en el marco de los planes que elabore la Abogacía General del Estado-Dirección 
del Servicio Jurídico del Estado».
Asimismo, para el cumplimiento de sus objetivos el artículo 3.2.b) establece que el 
CEJ podrá «suscribir convenios y mantener relaciones de colaboración e información 
recíproca  con  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  universidades,  colegios  y 
asociaciones profesionales, Administraciones públicas y otras instituciones públicas o 
privadas, para el desarrollo de sus funciones formativas».
El  IB-Salut  tiene  por  finalidad  la  gestión  de  los  servicios  públicos  sanitarios 
asistenciales con objeto de garantizar a la población de las Illes Balears una atención 
sanitaria que proteja su derecho a la salud. Por otro lado, tiene por objetivo fomentar la 
formación y la docencia en el ámbito de la salud, tanto de sus profesionales como del 
alumnado en régimen de residencia, de acuerdo con el Real Decreto 1146/2006, de 6 de 
octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación 
de especialistas en Ciencias de la Salud.
La Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental de las Illes Balears (UDMSM-
IB)  se  encuentra  formada  por  los  dispositivos  docentes  del  Hospital  Son  Espases, 
Hospital Son Llàtzer, Hospital Manacor, Hospital Can Misses, Hospital Comarcal de Inca,  e
unidades de Salud Mental en centros de atención primaria de Mallorca y los centros de la  bo
antigua GESMA. Estos centros presentan una amplia experiencia docente en formación  504ww
seann liata erisap eecsipaelicdiaadli zdaed ap syiq eusiatátrnía .acreditados para la formación de seis residentes al año
foreInIIs.e  pLuaesd ep ayr tdeesb ec osnesr idperoracens aqduae  cloan  ifninfoersm daec icóonn soublttae nei dinav edset iglaa ciaócnt,i vdidea md opdeor iqcuiael 
pueda  servir  al  progreso  del  conocimiento  científico  y  contribuir  a  la  mejora  de  la
respuesta social, sanitaria y judicial a los problemas biológicos que plantea el ejercicio 
del derecho y la práctica clínica.
Asimismo,  la  formalización  de  este  convenio  propicia  una  estabilidad  en  las 
relaciones entre las instituciones en materia investigadora, científica, de servicios y 
formación, sin perjuicio de las competencias que en esta última materia tiene atribuidas 
el CEJ, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 de su estatuto, aprobado por el 
Real Decreto 312/2019, de 26 de abril.
Por todo ello, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, con arreglo a las 
siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
Constituye el objeto del presente convenio sentar bases de colaboración entre el 
Ministerio  de  Justicia,  a  través  del  IMLCFB,  el  CEJ  y  el  IB-Salut  en  materia  de 
cooperación investigadora y docente.
Segunda.  Compromisos de las partes.
Con carácter general:
a)  Intercambiar  experiencias  y  conocimientos  mediante  consultas  de  carácter 
clínico, histopatológico, laboratorio, derecho médico y medicina legal en general siempre 
que no interfieran con la investigación judicial y con estricta observancia del común 
deber de secreto profesional.
b)  Colaborar mutuamente en la formación técnica y científica para la mejora y 
puesta al día de los profesionales de ambas instituciones en las técnicas de la praxis 
médica, y de medicina legal.
c)  Elaborar  protocolos  operativos  para  el  desarrollo  y  ejecución  de  programas 
formativos que se vayan demandando a instancia de cualquiera de las partes y que sean 
de especial significación para el personal en formación que tengan a su cargo.
d)  Observar las normas de organización y funcionamiento que para el desarrollo de 
sus funciones, estén implantadas tanto en la red hospitalaria del Servicio de Salud como 
en el IMLCFB.
e)  Establecer canales de comunicación que permitan al personal de las entidades 
firmantes, el mutuo enriquecimiento sobre la actividad científica y técnica que desarrollen 
en el ejercicio de su actividad.
Compromisos específicos:
1.  El Ministerio de Justicia, a través del IMLCFB:
a)  Posibilitar la realización de prácticas o estancias formativas a los residentes y 
adjuntos del IB-Salut, en los centros o dependencias adscritos a dicho Instituto, de 
acuerdo al protocolo operativo que se determine a tal efecto. Todo ello a efectos de 
docencia  e  investigación  científica,  siempre  que  se  considera  necesario  y  con  la 
limitación que se derive del secreto sumarial o judicial y el buen funcionamiento de las 
instituciones.
b)  Contribuir  a  la  formación  continuada  del  personal  del  IB-Salut  mediante  la  es
realización de actividades formativas dirigidas a los mismos. bo
c)  Remitir al CEJ, organismo competente en materia de formación de los médicos  504ww
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2.  El CEJ:
a)  Comprobar la idoneidad de los programas de formación elaborados por el IB-
Salut en colaboración con el IMLCFB.
b)  Expedir los correspondientes certificados/diplomas a los médicos forenses que 
hayan superado el programa de formación, previa certificación del IMLCFB.
3.  El IB-Salut, a través de la UDMSM-IB:
a)  Posibilitar el acceso de los/las médicos/as forenses del IMLCFB a los medios de 
formación, investigación y consulta de que dispone el Servicio de Salud.
b)  Posibilitar  a  los  médicos  forenses  la  realización  de  prácticas  o  estancias 
formativas en los centros del Servicio de Salud, con el fin de alcanzar una especial 
cualificación o actualización en determinadas áreas de interés médico forense como son 
la anatomía patológica, psiquiatría, traumatología, diagnóstico por la imagen y todas 
aquellas especialidades de interés en el ejercicio de la práctica médico legal y forense, 
dentro de sus competencias y disponibilidad.
c)  Remitir al IMLCFB informe de evaluación de cada uno de los médicos forenses 
que hubieran realizado las prácticas de acuerdo con el programa correspondiente.
Tercera.  Condiciones de las prácticas de los médicos forenses.
1.  Los programas de especial cualificación o actualización serán elaborados por 
el CEJ, en colaboración con la Dirección del IMLCFB. Una vez elaborados, deberán ser 
aprobados por el Servicio Balear de Salud (IB-Salut) y con el visto bueno del CEJ.
2.  Superado el programa de formación correspondiente, atendiendo a la naturaleza, 
duración y contenido del mismo el CEJ, previa certificación del director del IMLCFB que 
acredite que la formación se ha efectuado en los términos descritos en su certificación 
otorgarán el certificado/diploma correspondiente a los médicos forenses.
3.  El número máximo de médicos forenses admitidos al programa de especial 
cualificación será el que determine el Servicio Balear de Salud (IB-Salut), teniendo en 
cuenta la disponibilidad, capacidad y competencia del mismo.
Cuarta.  Condiciones de las prácticas del personal del IB-Salut.
1.  Los protocolos operativos para el desarrollo y ejecución de programas formativos 
se realizarán por la Dirección del IMLCFB en colaboración con el CEJ teniendo en 
cuenta las especialidades demandadas y ofrecidas por unos y otros.
2.  Los programas de formación continuada serán elaborados por la Jefatura de 
Servicio correspondiente del IMLCFB, en coordinación con el CEJ. Una vez elaborado, 
deberán ser aprobados por la Dirección del Instituto y con el visto bueno del Servicio 
Balear  de  Salud  (IB-SALUT).  Superado  el  programa  de  formación  correspondiente, 
atendiendo a la naturaleza, duración y contenido del mismo, el IMLCFB otorgará el 
certificado/diploma correspondiente al personal del IB-Salut.
3.  El número máximo de residentes y adjuntos del Servicio de Salud de las Illes 
Balears que podrán acceder a esta formación lo establecerá la Dirección del IMLCFB, 
teniendo en cuenta la disponibilidad, capacidad y competencia del mismo.
Quinta.  Contactos  e  intercambios  para  asegurar  el  buen  fin  de  las  actividades 
formativas programadas. e
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Sexta.  Financiación.
El  presente  convenio  no  conlleva  obligaciones  financieras  o  contraprestación 
económica para ninguna de las partes.
Séptima.  Protección de datos de carácter personal.
Todos  los  afectados  por  el  presente  convenio  vendrán  obligados  por  las 
disposiciones establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, y demás disposiciones vigentes sobre la materia.
Octava.  Comisión de seguimiento, vigilancia y control.
1.  Para  el  adecuado  seguimiento,  coordinación,  control  e  interpretación  de  lo 
establecido en el presente convenio, se crea una comisión de seguimiento, vigilancia y 
control  paritaria  integrada  por  seis  miembros,  tres  designados  por  el  Ministerio  de 
Justicia, de los cuales un representante será designado por el Centro de Estudios 
Jurídicos y tres miembros designados por el IB-Salut.
2.  La  comisión  se  regirá,  en  cuanto  a  su  funcionamiento,  periodicidad  de  las 
reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el capítulo II del título 
preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.
Novena.  Efectos y modificación del convenio.
1.  El presente convenio tendrá efectos de cuatro años naturales a partir del día de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en los términos del artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito 
en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector 
público  estatal,  será  prorrogable  a  su  término  mediante  acuerdo  expreso  por  igual 
periodo, que deberá formalizarse con un mes de antelación a la expiración del convenio.
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa 
con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.
2.  Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente convenio en 
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
Décima.  Causas de extinción.
1.  Los  convenios  se  extinguen  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
2.  El presente convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo. s
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes. oe.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de  w.
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compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera 
previsto.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes
3.  La resolución del convenio no afectará a la finalización de las actividades que 
estuvieran en ejecución, que deberán realizarse en el plazo improrrogable fijado por la 
comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio.
La colaboración que presta el Ministerio de Justicia estará siempre supeditada a las 
necesidades y disponibilidad de los IMLCFB, por lo que surgida tal necesidad o falta de 
disponibilidad en su caso, el convenio quedará suspendido, en tanto persistan estas 
situaciones o, en su caso extinguido sin que sea preciso denuncia previa en este sentido 
y sin derecho a reclamación alguna por parte del IB-Salut, o concesión de indemnización 
o compensación a su favor.
Undécima.  Naturaleza del convenio y resolución de controversias.
El presente convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente convenio se resolverán entre las 
partes de la manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula octava.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre 
las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y,  de  conformidad  con  cuanto  antecede,  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que 
legalmente  corresponden  a  cada  uno  de  los  firmantes,  obligando  con  ello  a  las 
Instituciones que representan, suscriben electrónicamente el convenio arriba indicado.–
El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero Miguel.–La Directora del Centro de 
Estudios Jurídicos, María Abigail Fernández González.–El Director General del Servicio 
de Salud de las Illes Balears, Julio Miguel Fuster Culebras.