BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 124 Martes 25 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 63674
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
8729 Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, para la 
realización  de  actuaciones  conjuntas  en  materia  de  formación  entre  el 
Consejo General del Poder Judicial y la Policía Nacional.
Habiéndose suscrito el 12 de mayo de 2021 el Convenio entre el Consejo General 
del Poder Judicial y el Ministerio del Interior para la realización de actuaciones conjuntas 
en  materia  de  formación  entre  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial  y  la  Policía 
Nacional, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio 
que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid,  21  de  mayo  de  2021.–El  Secretario  General  Técnico,  Juan  Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio del Interior 
para la realización de actuaciones conjuntas en materia de formación entre el 
Consejo General del Poder Judicial y la Policía Nacional
En Madrid, a 12 de mayo de 2021.
REUNIDOS
De una parte, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 
Judicial, Excmo. Sr. don Carlos Lesmes Serrano, según Acuerdo (n.º 2) del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013, Real Decreto 979/2013, 
de 10 de diciembre (BOE de 11 de diciembre de 2013), en ejercicio de las facultades que 
le atribuye el artículo 585 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Y  de  otra  parte,  don  Fernando  Grande-Marlaska  Gómez,  Ministro  del  Interior, 
nombrado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, actuando en representación de este 
Ministerio y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 61.k) de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
EXPONEN
Primero.
Que el artículo 122 de la Constitución Española establece que el Consejo General 
del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo y será presidido por el Presidente 
del Tribunal Supremo. Asimismo, el artículo 104.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial (en adelante LOPJ), dispone que el gobierno del Poder Judicial 
corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en  s
todo el territorio nacional, y su Presidente, de conformidad con el artículo 105 de la  oe.
propia LOPJ, es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación y  w.
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inicial  y  continuada  de  Jueces  y  Magistrados  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el
artículo 560.1.7.ª de la LOPJ, para cuyo ejercicio, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 433bis.4 LOPJ, puede colaborar con entidades y organismos.
Segundo.
Que la Dirección General de la Policía, a través de la División de Formación y 
Perfeccionamiento, tiene encomendadas las competencias en materia de formación de la 
Policía Nacional, reguladas en la Constitución Española y en la Ley Orgánica 9/2015, 
de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional; para cuyos fines, el Real 
Decreto 102/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de procesos 
selectivos y de formación en la Policía Nacional, aprobado por el Real Decreto 614/1995, 
de 21 de abril, prevé diversos sistemas de formación para sus miembros, realizados a 
través del citado organismo de la Policía Nacional.
Tercero.
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
establece en su Preámbulo, y como garantía de eficacia, la colaboración entre sus 
miembros, destacando las relaciones entre la Policía y el Poder Judicial, especialmente 
al concretar las funciones de la Policía Judicial en lo relativo a la «averiguación del delito 
y  descubrimiento  y  aseguramiento  del  delincuente»,  que  constituyen  zonas  de 
delimitación de derechos fundamentales de la persona.
En este sentido, y según se desprende del artículo 126 de la Constitución, se concibe 
la Policía Judicial, disponiendo su Gobierno por un órgano único, el Consejo General del 
Poder Judicial (artículo 122.2), y atribuyendo al Estado competencias plenas en materia 
de Administración de Justicia (artículo 149.1.5.ª), sin que se puedan desconocer las 
exigencias de la realidad y los precedentes legislativos, constituidos, sobre todo, por el 
Real  Decreto  de  14  de  septiembre  de  1882,  por  el  que  se  aprueba  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Criminal, que obligan a admitir la colaboración de los Cuerpos de Policía 
en el ejercicio de la indicada función de Policía Judicial.
Cuarto.
La sociedad actual, en su progresiva conquista de niveles de bienestar, dentro del 
marco  jurídico  de  respeto  a  los  derechos  fundamentales  y  las  obligaciones 
internacionales contraídas por España, especialmente en el ámbito de la armonización 
jurídica europea, y por otro lado, la evolución del fenómeno delincuencial, cada vez más 
completo  y  globalizado,  con  estructuras  cada  vez  más  organizadas  y  metodología 
cambiante y de ámbito transnacional, requieren en esa línea de evolución, una respuesta 
jurídico-policial  hacia  fórmulas  más  operativas  y  mejor  adaptadas  a  las  actuales 
necesidades y demandas sociales, capaz de proporcionar una protección más eficaz 
frente a las nuevas formas de delincuencia graves.
Por ello, y partiendo del punto de convergencia de ambos colectivos en las labores 
de averiguación y comprobación del delito, se hace necesario, dentro de la base del 
pleno respeto a las competencias y funciones de cada institución, profundizar en el 
desarrollo  de  actividades  conjuntas  de  formación,  estudio  y  análisis,  que  permitan 
alcanzar el grado de eficacia deseado en la consecución de los respectivos objetivos.
Enmarcado en ese contexto, ambos vienen colaborando desde hace tiempo en el 
desarrollo de cursos de formación para ambas instituciones. Así, es preciso destacar que  s
en la mayoría de las conferencias, seminarios, ponencias, etc., de contenido jurídico,  oe.
tanto  en  los  procesos  de  ingreso,  como  en  los  de  promoción,  actualización  y  w.
especialización, organizados por la División de Formación y Perfeccionamiento hay una  29ww
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realización de actuaciones conjuntas en materia de formación, firmado el 26 de enero 
de 2016.
Asimismo, se ha venido comprobando que la existencia de dichos foros de estudio 
fomenta  las  relaciones  profesionales  y  el  intercambio  mutuo  de  experiencias  y 
conocimientos,  que  resultan  muy  positivos  en  la  coordinación  y  desarrollo  de  los 
respectivos ámbitos de actuación profesional.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por 
las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
Este Convenio tiene por objeto establecer las actividades entre el Consejo General 
del Poder Judicial y el Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía) en el ámbito 
de formación y perfeccionamiento de los miembros del Poder Judicial y de la Policía 
Nacional  en  materias  profesionales  comunes,  de  manera  que  posibiliten  un  mutuo 
enriquecimiento y desarrollo.
Segunda.  Compromisos del Consejo General del Poder Judicial.
a)  Proponer  temáticas  o  contenidos,  participar  en  el  diseño  de  contenidos  o 
programas formativos como respuesta a la petición de la Policía Nacional, sobre sus 
carencias o necesidades en formación detectadas en determinados ámbitos específicos 
de  trabajo  y  que  se  consideren  puedan  ser  complementados  o  reforzados  con  la 
experiencia de campo, la práctica adquirida o la perspectiva profesional de Jueces y 
Magistrados.
b)  Facilitar la participación de Jueces y Magistrados como ponentes y/o asistentes, 
en las actividades de formación organizadas por la Dirección General de la Policía.
c)  Proponer a los de miembros de la Policía Nacional que participen como ponentes 
y/o asistentes, en las actividades de formación continuada, jornadas, cursos, seminarios, 
etc., organizados o auspiciados por el Consejo General del Poder Judicial, por sí mismo 
o en colaboración con otras instituciones, en materias de interés común para ambos 
colectivos profesionales.
d)  Cualesquiera otras que tengan una incidencia formativa de interés común para 
ambos colectivos.
Tercera.  Compromisos del Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía).
a)  Proponer  temáticas  o  contenidos,  participar  en  el  diseño  de  contenidos  o 
programas formativos como respuesta a la petición del Consejo General del Poder 
Judicial, sobre sus carencias o necesidades en formación detectadas en determinados 
ámbitos específicos de trabajo y que se consideren puedan ser complementados o 
reforzados con la experiencia de campo, la práctica adquirida o la praxis policial de 
expertos de esas materias de la Policía Nacional.
b)  Facilitar la participación de miembros de la Policía Nacional, como ponentes y/o 
asistentes, en las actividades de formación continuada, jornadas, cursos, seminarios, 
etc., organizados o auspiciados por el Consejo General del Poder Judicial, por sí mismo 
o en colaboración con otras instituciones, en materias de interés común para ambos  s
colectivos profesionales. o
c)  Llevar  a  cabo  la  realización  de  aquellas  actividades  de  formación  para  los  w.
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d)  Fomentar  la  participación  de  Jueces  y  Magistrados  como  ponentes  en  los 
programas formativos en los que los contenidos diseñados por la División de Formación 
y Perfeccionamiento de la Policía Nacional resulten a destacar la perspectiva jurídica.
e)  Facilitar la participación de miembros de la Policía Nacional, como ponentes y/o 
asistentes, en las actividades de formación continuada, jornadas, cursos, seminarios, 
etc., organizados o auspiciados por el Consejo General del Poder Judicial, por sí mismo 
o en colaboración con otras instituciones, en materias de interés común para ambos 
colectivos profesionales.
f)  Cualesquiera otras que tengan una incidencia formativa de interés común para 
ambos colectivos.
Cuarta.  Selección de ponentes y participantes.
La selección de los ponentes –incluida la Dirección Académica de las actividades 
que se comprendan bajo este Convenio- competerá en exclusiva a la parte que lo 
organice, o de mutuo acuerdo de ser la actividad conjunta.
La selección de los asistentes competerá a cada parte en cuanto a los miembros de 
su colectivo profesional conforme a sus normas internas.
Ambas partes se comprometen a dar la máxima difusión a las convocatorias de 
actividades que se realicen, así como a los resultados obtenidos.
Quinta.  Acreditaciones.
Ambas  partes  acreditarán  a  los  asistentes  y  ponentes  la  participación  en  las 
actividades de formación y perfeccionamiento por medio de la expedición de diplomas o 
certificaciones, de asistencia, de aprovechamiento o de impartición, que se expedirán por 
ambas instituciones organizadoras, sin perjuicio del refrendo o convalidación que, a su 
vez, pudieren tener de instituciones académicas o profesionales igualmente partícipes en 
dichas actividades.
Sexta.  Impacto Económico.
El  presente  convenio  no  conlleva  incremento  del  gasto  público  y  no  supondrá 
contraprestación económica para ninguna de las partes, resultando así del mismo, el 
coste cero para cada una de las mismas.
En caso de que algunas de las actuaciones derivadas de este Convenio tuvieran 
alguna incidencia económica o presupuestaria para las partes derivadas de las acciones 
de formación, estas se articularán en acuerdos de ejecución de este convenio y estarán 
sujetos a los preceptivos informes de legalidad y a la previa fiscalización del gasto y de 
los compromisos económicos contraídos.
Séptima.  Comisión de Seguimiento.
A efectos del presente convenio, se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento, 
que se compondrá:
a)  Por parte del Consejo General del Poder Judicial: dos miembros
b)  Por parte de la Dirección General de la Policía: dos miembros designados por el 
Director General de la Policía, uno de los cuales pertenecerá a la División de Formación 
y Perfeccionamiento. es
La  Secretaría  de  la  Comisión  de  Seguimiento  corresponderá  a  un  Letrado  del  w.
eSne rlvaisc iroe udnei oFnoersm daec ilóan C Coomnitsinióuna  cdoenl  vCoozn, speejroo  Gsienn veoratol .del Poder Judicial que participará  2021-8729n https://ww
Funciones:
1.  Entre las funciones que corresponden a la Comisión de Seguimiento se incluyen:
a)  Determinar  las  actividades  formativas  que,  reuniendo  el  carácter  de  interés 
común, se ofertarán a los miembros de ambas instituciones, a partir de la propuesta de 
los representantes de las partes y con respeto al conjunto o programa general de 
actividades de formación de cada una de las partes. La determinación comprenderá el 
número de plazas ofertadas y en su caso, cuantos requisitos o circunstancias sean 
necesarias para la efectiva participación en las actividades.
b)  El seguimiento de las actuaciones y de los trabajos realizados, en desarrollo de 
las actividades previstas en el presente.
c)  El  estudio  y  la  propuesta,  en  su  caso,  de  las  posibles  revisiones  de  los 
compromisos asumidos.
d)  Impulsar las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes para la 
más adecuada consecución de los objetivos formativos.
e)  Interpretar el Convenio y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.
f)  Resolver  los  problemas  de  cumplimiento  que  pudieran  plantearse  entre  las 
partes.
Son funciones del Secretario de la Comisión de Seguimiento:
a)  Ejecutar los actos necesarios para el desarrollo de las actividades.
b)  Informar a las partes de los acuerdos adoptados, sin perjuicio de que lo hagan 
los respectivos representantes.
c)  Las que le delegue la Comisión Mixta de Seguimiento.
Funcionamiento:
1.  Esta  Comisión,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  49.1  f)  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento 
acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y de los 
compromisos adquiridos por los firmantes y ejercerá sus funciones de acuerdo con lo 
establecido para los órganos colegiados en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre.
2.  La Comisión se reunirá al menos dos veces al año con carácter ordinario y con 
carácter extraordinario siempre que sea solicitado por los representantes de alguna de 
las partes.
Octava.  Relación laboral.
El presente convenio no generará ningún tipo de vínculo contractual ni laboral entre 
las partes firmantes y las personas físicas que desempeñen las actividades propias del 
mismo.
Novena.  Vigencia y efectos del convenio.
El presente convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las 
partes mediante su firma y será eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal 
de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Será obligatoria su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado. Tendrá una vigencia de dos años. e.e
En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, los  b
firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro  29ww
daoñcousm aednictioo ncaolnejsu not os uo  eesxctirnitcoió unn, ilmateedraial nctoem aucnuiecraddoo  erxepcrípersooc adme elanst ep.artes a través de un
Décima.  Modificación, resolución y extinción del convenio.
El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes a través 
de la suscripción de la correspondiente Adenda modificativa que deberá ser suscrita por 
las mismas autoridades que el presente Convenio.
Son causas de extinción del presente Convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y expresamente la denuncia del 
Convenio cuando se estime que se han producido alteraciones sustanciales en las 
condiciones suscritas.
En  caso  de  incumplimiento,  cualquiera  de  las  partes  podrá  notificar  a  la  parte 
incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de dos meses con las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la 
ejecución del Convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
El  incumplimiento  de  las  obligaciones  y  compromisos  asumidos  en  el  presente 
Convenio no generará indemnización entre las partes.
En caso de resolución del convenio será de aplicación lo estipulado en el artículo 52 
de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Púbico.  La 
resolución del Convenio no afectará a la finalización de las actividades que estuvieran en 
ejecución,  para  las  que  la  Comisión  Mixta  de  Seguimiento  establecerá  un  plazo 
improrrogable de finalización, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52.3 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Undécima.  Protección de datos.
En relación con la seguridad de la información y la protección de datos de carácter 
personal, las partes asumen las siguientes actuaciones y compromisos:
a)  En  el  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal,  las  partes  tendrán  la 
consideración de «Corresponsables del Tratamiento», en aplicación del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD). En el caso del CGPJ el 
responsable del tratamiento a los efectos del RGPD es la Secretaría General. En el caso 
del Ministerio del Interior el responsable del tratamiento a efectos del RGPD es Ministerio 
del Interior/Dirección General de la Policía.
b)  Dentro de este régimen de corresponsabilidad, el Consejo General del Poder 
Judicial es responsable del tratamiento de los datos personales correspondientes a la 
participación de los miembros de la Carrera Judicial en los ciclos, cursos, seminarios, 
coloquios o mesas redondas, realizados en ejecución del presente Convenio, así como 
de los tratamientos relativos a la gestión y tramitación de las actividades docentes, 
administrativas y económicas derivadas de los mismos. Los referidos datos personales 
serán incorporados a las actividades de tratamiento del CGPJ denominadas «Formación 
continua y complementaria» y «Profesores». El Ministerio del Interior, por su parte, es 
responsable de los tratamientos relativos a la gestión y tramitación de las actividades 
docentes,  administrativas  y  económicas  derivadas  del  desarrollo  de  ciclos,  cursos,  s
seminarios, coloquios o mesas redondas. oe.
La  determinación  de  la  esfera  de  responsabilidad  de  las  partes  signatarias  se  w.
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financiero, estrictamente necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el objeto
establecido en el Convenio. Bc
d)  En el caso de que se produzcan incidentes de seguridad que afecten a los 
tratamientos  derivados  de  este  Convenio,  las  partes  se  comprometen  a  informarse 
mutuamente con la máxima celeridad posible con objeto de identificar si el incidente es 
susceptible  de  comunicación  a  la  Autoridad  de  Control  (la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos) y a las personas concernidas, sin sobrepasar el límite de setenta y 
dos  horas,  según  establece  el  RGPD  en  su  artículo  33.  A  su  vez,  las  partes  se 
comprometen a colaborar para resolver el incidente y poner los medios para que no se 
vuelvan a producir incidentes similares.
e)  Las partes fijarán interlocutores relativos a la seguridad de la información y a la 
protección  de  datos  personales,  que  se  encargarán  de  comunicar  y  coordinar  el 
tratamiento de los posibles incidentes de seguridad que se produzcan.
f)  Los/as titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión,  cancelación,  limitación  de  tratamiento  y  oposición  en  la  dirección 
correspondiente a sus respectivas sedes en cada momento o, en el caso del Consejo 
General del Poder Judicial, a través del formulario web accesible en:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Proteccion-de-Datos/Ejercicio-de-
derechos--formulario-/.
Y en el caso del Ministerio del Interior en la siguiente dirección de correo electrónico: 
policianacional.dpd@policia.es
Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo 
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, así como el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de protección de datos), y demás normativa 
vigente.
Duodécima.  Confidencialidad.
Las partes acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación y la 
información que haya sido suministrada a la otra parte durante la vigencia del presente 
convenio.  Ambas  partes  también  acuerdan  no  divulgar  esta  información  a  ninguna 
persona o entidad, exceptuando sus trabajadores, con la condición de que también 
mantengan la confidencialidad y sólo en la medida en que sea necesario para la correcta 
ejecución de este Convenio.
El acuerdo de confidencialidad seguirá vigente incluso después de la extinción de 
este convenio, sea cual sea la causa de dicha extinción.
Todo ello sin perjuicio del debido cumplimiento, por ambas partes, en atención a su 
propia  naturaleza,  de  las  obligaciones  de  publicidad  y  transparencia  derivadas  de 
normativa aplicable, en especial de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno.
Decimotercera.  Legislación aplicable y resolución de controversias.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por el Capítulo VI del 
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. e.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y  w.b
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Acuerdo, se someterán a la  29ww
Comisión Mixta de Seguimiento.
Si  no  pudiera  alcanzarse  acuerdo,  las  cuestiones  litigiosas  se  someterán  a  la 
jurisdicción  contencioso-administrativa,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio.-El 
Presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes 
Serrano.-El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.