BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 17 Jueves 20 de enero de 2022 Sec. TC.   Pág. 6182
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
943 Sala Segunda. Sentencia 190/2021, de 17 de diciembre de 2021. Recurso de 
amparo 4886-2019. Promovido por doña María Mercedes Rivero Bartolomé 
respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Tarancón (Cuenca) en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): 
emplazamiento  mediante  edictos  de  la  demandada  sin  agotar  las 
posibilidades de notificación personal (STC 122/2013).
ECLI:ES:TC:2021:190
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
Antonio Xiol Ríos, presidente; los magistrados don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Cándido Conde-Pumpido Tourón y don Ramón Sáez Valcárcel, y la magistrada doña 
Concepción Espejel Jorquera, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4886-2019, promovido por doña María Mercedes 
Rivero Bartolomé, contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 
de Tarancón núm. 42/2019, de 18 de junio, por el que se desestima el incidente de 
nulidad  de  actuaciones  pronunciado  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria 
núm. 137-2011. Han comparecido las entidades Abanca Corporación Bancaria, S.A., y 
Abanca Corporación División Inmobiliaria, S.L. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha 
sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  Doña María Mercedes Rivero Bartolomé, representada por la procuradora de los 
tribunales doña Yolanda Ortiz Alfonso, bajo la dirección del letrado don Rodrigo Royo 
López,  interpuso  recurso  de  amparo  contra  la  resolución  judicial  citada  en  el 
encabezamiento mediante escrito registrado en el tribunal el 31 de julio de 2019.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  El 28 de marzo de 2011 se formuló demanda de ejecución hipotecaria contra la 
ahora demandante de amparo, como prestataria, y contra una entidad mercantil, como 
tercera  poseedora,  dando  lugar  al  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm. 
137-2011,  tramitado  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  2  de 
Tarancón. s
b)  El juzgado, por auto de 1 de septiembre de 2011, acordó despachar ejecución y  e.
su notificación a los ejecutados. Se efectuó un primer intento de notificación a la ahora  w.
demandante de amparo en la vivienda objeto de la hipoteca mediante auxilio judicial con  3w
preuseurlttaa dyo  tnoedgaast ilvaos,  hveancitéanndaoss reo ctaosn syt acro qmuper oebsatán d«ola  qcuaes aa tlolí tanlom evnivtee  anbaadnied,o nnoa dhaa cllaonnd loa 
ningún vecino […]».
c)  Por diligencia de ordenación de 5 de diciembre de 2011, de acuerdo con lo 
instado por la ejecutante, se acordó proceder a la notificación y requerimiento de pago 
de los codemandados mediante edictos.
d)  La demandante de amparo, mediante escrito de 8 de febrero de 2019, interpuso 
incidente de nulidad de actuaciones con invocación del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE) y de la jurisprudencia constitucional (SSTC 30/2014 y 181/2015) 
sobre la diligencia con la que deben actuar los órganos judiciales en la notificación de los 
procedimientos, solicitando la nulidad de lo actuado y la retroacción de actuaciones al 
momento  en  que  se  produjo  la  defectuosa  notificación  edictal  por  no  haberse 
desarrollado ninguna actividad judicial para la localización de un domicilio alternativo 
para poner en conocimiento del demandado el inicio del procedimiento de ejecución.
e)  El  incidente  fue  desestimado  por  auto  núm.  42/2019,  de  18  de  junio,  con 
fundamento en que se procedió a la notificación edictal, tras el resultado negativo del 
intento de notificación personal en la finca hipotecada, de conformidad con la legislación 
vigente en aquel momento (art. 686.3 de la Ley de enjuiciamiento civil: LEC, previo a su 
modificación por la Ley 19/2015, de 13 de junio).
3.  La demandante de amparo solicita que se estime el recurso de amparo por 
vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la igualdad 
(art. 14 CE), acordándose la nulidad de la resolución judicial impugnada con retroacción 
de  actuaciones  al  momento  en  que  se  debió  notificar  en  forma  el  auto  de  1  de 
septiembre de 2011 despachando la ejecución.
La demandante de amparo fundamenta la vulneración del art. 14 CE en que a la 
entidad codemandada se le intentó notificar dos veces antes de acudir a la notificación 
edictal y en su caso solamente una.
La demandante de amparo fundamenta la vulneración del art. 24.1 CE tanto en la 
falta de diligencia del órgano judicial que acudió a la notificación edictal sin realizar 
ningún intento de averiguación de un domicilio alternativo de notificaciones al del que era 
objeto de la hipoteca como en la mala fe de la entidad ejecutante que instó dicha 
notificación edictal a pesar de constarle fehacientemente un domicilio de notificaciones 
en que había procedido de manera efectiva a comunicar otras incidencias relacionas con 
sus relaciones jurídicas. Pone de manifiesto que no tuvo noticia de dicho procedimiento 
de ejecución hasta el 1 de febrero de 2019 con ocasión del embargo realizado a un 
familiar cercano que estaba en una situación idéntica a la suya, que le llevó a realizar 
averiguaciones en los juzgados de Tarancón.
La  demandante  de  amparo  afirma  que  el  recurso  de  amparo  tiene  especial 
transcendencia  constitucional,  entre  otras  razones  porque  el  órgano  judicial  habría 
incurrido  en  una  negativa  manifiesta  al  deber  de  acatamiento  de  la  jurisprudencia 
constitucional sobre la interpretación del art. 686.3 LEC, que le fue puesta de manifiesto 
en el escrito de iniciación del incidente de nulidad de actuaciones.
4.  La Sección Tercera del tribunal, por providencia de 29 de junio de 2021, acordó 
la admisión a trámite del presente recurso, apreciando que concurre en el mismo una 
especial  trascendencia  constitucional  como  consecuencia  de  que  el  órgano  judicial 
pudiera  haber  incurrido  en  una  negativa  manifiesta  al  deber  de  acatamiento  de  la 
jurisprudencia constitucional [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 f)]; y dirigir atenta 
comunicación al órgano judicial para el emplazamiento de quienes hubieran sido parte 
en el procedimiento para que pudiesen comparecen en el plazo de diez días en el 
recurso de amparo. e
5.  La secretaría de justicia de la Sala Segunda del tribunal, por diligencia de  w.
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División Inmobiliaria, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña María
Pilar Rodríguez Buesa, y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes
personadas  por  plazo  común  de  veinte  días  para  presentar  las  alegaciones  que 
estimasen pertinentes.
6.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 4 de noviembre de 2021, formuló 
alegaciones interesando que se otorgue el amparo solicitado por vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho de acceso a la 
jurisdicción, y se declare la nulidad de la resolución impugnada con retroacción de 
actuaciones al momento inmediatamente anterior al de la notificación y emplazamiento 
de la demandante en el procedimiento de ejecución.
El Ministerio Fiscal considera que la vulneración alegada del art. 14 CE está incursa 
en la causa de inadmisión de falta de invocación, ya que no fue puesta de manifiesto en 
el incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, considera que se ha vulnerado el 
art. 24.1 CE, ya que, tras la exposición sobre la jurisprudencia constitucional sobre la 
necesidad de una correcta conformación de la relación procesal y el deber de diligencia 
a  desarrollar  por  el  órgano  judicial  en  la  notificación  personal  para  posibilitar  la 
participación de quien resulte demandado, expone que dicha jurisprudencia ya estaba 
consolidada incluso bajo la vigencia de la normativa aplicable al caso y se constata que 
el órgano judicial no agotó los medios de averiguación que tenía a su alcance para la 
localización de un domicilio de notificaciones alternativo y que no ha quedada acreditada 
de manera fehaciente un conocimiento extraprocesal del procedimiento de ejecución.
7.  La entidad Abanca Corporación División Inmobiliaria, S.L., por escrito registrado 
el 25 de octubre de 2021, formuló alegaciones solicitando que se desestime el recurso, 
argumentando que la notificación edictal se verificó conforme a la legislación vigente en 
aquel momento y que no cabe excluir que la demandante tuviera un conocimiento 
extraprocesal del procedimiento, ya que ha reconocido recibir un burofax notificando el 
saldo  deudor  como  paso  previo  a  la  reclamación  judicial  y  afirmó  haber  tenido 
conocimiento del proceso ocho años después por el embargo realizado a un familiar que 
estaba en una situación semejante y que fue lo que le llevó a hacer una averiguación en 
los  juzgados.  Igualmente,  alega  que  el  auto  impugnado  debió  haber  apreciado  la 
caducidad  de  la  acción  de  nulidad  pues  era  a  la  entonces  ejecutada  a  quien 
correspondía, por razones de seguridad jurídica, acreditar cuándo se tuvo conocimiento 
del hecho causante de indefensión.
8.  La entidad Abanca Corporación Bancaria, S.A., por escrito registrado el 25 de 
octubre  de  2021,  formuló  alegaciones  solicitando  que  se  desestime  el  recurso, 
argumentando que la notificación edictal se verificó conforme a la legislación vigente en 
aquel momento y que no cabe excluir que la demandante tuviera un conocimiento 
extraprocesal del procedimiento, ya que ha reconocido recibir un burofax notificando el 
saldo  deudor  como  paso  previo  a  la  reclamación  judicial  y  afirmó  haber  tenido 
conocimiento del proceso ocho años después por el embargo realizado a un familiar que 
estaba en una situación semejante y que fue lo que le llevó a hacer una averiguación en 
los  juzgados.  Igualmente,  alega  que  el  auto  impugnado  debió  haber  apreciado  la 
caducidad  de  la  acción  de  nulidad  pues  era  a  la  entonces  ejecutada  a  quien 
correspondía, por razones de seguridad jurídica, acreditar cuándo se tuvo conocimiento 
del  hecho  causante  de  indefensión  y  que  la  ahora  demandante  de  amparo  fue 
demandada en el procedimiento de ejecución solo en su calidad de prestataria y no 
como propietaria de la finca hipotecada.
9.  La demandante de amparo, por escrito registrado el 25 de octubre de 2021,  e.
formuló alegaciones ratificándose en las expuestas en su escrito de demanda. w.
vota1c0ió. n dPeo rla p prroevsideenntec isae ndtee n1c4ia  deel  ddíaic i1e7m dberel m disem 2o0 m21e ss ey  asñeoñ.aló para deliberación y
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso.
El objeto de este recurso es determinar si el emplazamiento por edictos del que fue 
objeto la demandante de amparo para comunicarle su condición de demandada en un 
procedimiento de ejecución hipotecaria ha vulnerado su derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho de acceso a la jurisdicción –por 
no  haber  agotado  el  órgano  judicial  los  medios  de  averiguación  de  un  domicilio 
alternativo de notificaciones al de la vivienda objeto de la hipoteca– y del derecho a la 
igualdad (art. 14 CE) –por haber recibido un tratamiento desigual a la de la entidad 
mercantil codemandada, respecto de la que se intentó por dos veces su notificación 
personal antes de acudir a la vía edictal–.
2.  Examen de las causas de inadmisión del recurso de amparo.
El tribunal estima que concurre la causa de la inadmisión alegada por el Ministerio 
Fiscal respecto de la vulneración aducida del derecho a la igualdad (art. 14 CE), por falta 
de invocación en la vía judicial previa [art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 c) de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC].
El tribunal, en efecto, constata que la demandante de amparo no invocó aquel 
derecho ni el presupuesto fáctico que lo sustenta en el escrito de promoción del incidente 
de nulidad de actuaciones. Con ello se impidió el eventual restablecimiento de aquel 
derecho en la vía judicial previa como impone el principio de subsidiariedad del recurso 
de amparo (así, STC 171/2019, de 16 de diciembre, FJ 2).
La inadmisión del recurso respecto de la invocación del derecho a la igualdad, que 
afecta estrictamente a la alegación de este derecho, no impide la decisión del tribunal 
respecto de la invocación de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
Debe desestimarse la concurrencia de la causa de inadmisión consistente en el 
supuesto defectuoso agotamiento de la vía judicial previa [art. 50.1 a), en relación con el 
art. 44.1 a) LOTC]. Las partes comparecidas plantean implícitamente esta causa de 
inadmisión al alegar que hubiera debido acordarse la caducidad de la acción de nulidad 
intentada, fundándose en que era a la entonces ejecutada a quien correspondía, por 
razones de seguridad jurídica, haber acreditado cuándo se tuvo conocimiento del hecho 
causante de indefensión.
El hecho de que el órgano judicial no haya apreciado la concurrencia de esta causa 
de inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones al entrar en el fondo de la 
invocación del art. 24.1 CE es suficiente para que el tribunal entienda correctamente 
agotada la vía judicial previa y satisfecha la exigencia de subsidiariedad del amparo. La 
eventual concurrencia de causas de inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones 
no apreciadas por los órganos judiciales y no alegadas por los demandantes de amparo 
no puede ser objeto de enjuiciamiento por este tribunal en aplicación de jurisprudencia 
constitucional reiterada (así, SSTC 20/2004, de 23 de febrero, FJ 3; 66/2011, de 16 de 
mayo, FJ 2, o 242/2012, de 17 de diciembre, FJ 2).
3.  Pronunciamiento sobre la especial trascendencia constitucional del recurso de 
amparo.
El tribunal estima que el recurso tiene especial trascendencia constitucional. La 
jurisprudencia  constitucional  ha  reiterado  que  corresponde  únicamente  al  tribunal 
apreciar en cada caso en el momento de admitir a trámite el recurso de amparo si este  e.e
tiene especial trascendencia constitucional, de acuerdo con lo exigido por el art. 50.1  b
LOTC (así, STC 155/2020, de 4 de noviembre, FJ 2). w
espeEcnia el lt rparnessceenntdee cnacsiao ,c olan sptirtouvciidoennacl iaq udee e al dómrgiasnióon  juddeijcói ael sptuadbileercaid hoa cboemr ion ccuarurisdao  edne 
[uSnTaC   n1e5g5a/2ti0va0 9,m daen i2fi5e sdtae  judneilo , dFeJb e2r  f)]d. eS ea clleagtaóm aie enstota  dcoen clalu sidóonc tprionraq uec,o nas ptiteuscaior ndael 
que la entidad demandante hizo referencia expresa a la jurisprudencia constitucional en
la materia en el incidente de nulidad de actuaciones, el órgano judicial dispensa una 
respuesta que elude cualquier tipo de consideración sobre la dimensión constitucional 
puesta de relieve, lo que denota una voluntad implícita de no aplicar la referida doctrina 
al caso reveladora de una conducta de incumplimiento de la jurisprudencia del tribunal 
(así, STC 187/2020, de 14 de diciembre, FJ 2).
4.  Jurisprudencia  constitucional  sobre  el  deber  de  diligencia  para  la  correcta 
conformación de la relación procesal.
El tribunal ha reiterado que es una garantía contenida en el derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho de acceso a la jurisdicción, la 
necesidad de que los actos de comunicación de los órganos judiciales con las partes se 
realicen de forma correcta y con la diligencia debida, toda vez que esto es un presupuesto 
para que puedan adoptar la postura que estimen pertinente en defensa de sus intereses. A 
estos efectos, tiene declarado de manera reiterada que pesa sobre los órganos judiciales la 
responsabilidad de procurar el emplazamiento o citación personal de los demandados, 
siempre que sea factible, por lo que el emplazamiento edictal constituye un remedio último 
de carácter supletorio y excepcional que requiere el agotamiento previo de los medios de 
comunicación ordinarios y la convicción del órgano judicial de que, al ser desconocido el 
domicilio o ignorado el paradero del interesado, resultan inviables o inútiles otros medios de 
comunicación procesal (así, por ejemplo, SSTC 62/2020, de 15 de junio, FJ 2; 60/2021, 
de 15 de marzo, FJ 3, o 145/2021, de 12 de julio, FJ 2).
Esta jurisprudencia ha sido aplicada también de manera directa a los procedimientos 
de ejecución hipotecaria –incluso bajo la vigencia, como es el caso, del art. 686.3 LEC 
en su redacción previa a la dada por la Ley 19/2015, de 13 de julio– afirmando que es 
necesario que el órgano judicial agote los medios que tenga a su alcance para notificar al 
ejecutado la existencia del proceso en su domicilio real, de modo que, una vez que 
surjan dudas razonables de que el domicilio señalado en la escritura del préstamo 
hipotecario y que figura en el registro sea el domicilio real del ejecutado, le es exigible 
que intente, en cumplimiento del deber de diligencia que para la realización de los actos 
de comunicación procesal le impone el art. 24.1 CE, el emplazamiento personal del 
ejecutado en un domicilio distinto del que consta en la escritura de préstamo hipotecario 
y en el registro, ya que, desde una estricta perspectiva constitucional, procede realizar 
una interpretación secundum constitutionem del art. 686.3 LEC, integrando su contenido, 
de forma sistemática, con el art. 553 LEC, precepto rector de la llamada al proceso de 
ejecución hipotecaria, y con la doctrina del tribunal en cuanto a la subsidiariedad de la 
comunicación edictal. Esta tiene su fuente directa en el derecho de acceso al proceso del 
art. 24.1 CE, de manera que la comunicación edictal en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria solo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de averiguación 
del domicilio del deudor o ejecutado (STC 122/2013, de 20 de mayo, FJ 4).
5.  Aplicación de la jurisprudencia constitucional al presente recurso.
En el presente caso han quedado acreditados en las actuaciones y son reconocidos 
por la resolución judicial impugnada los siguientes extremos:
(i)  El órgano judicial, una vez que por auto de 1 de septiembre de 2011 acordó 
despachar  ejecución  y  su  notificación  a  la  ahora  demandante  de  amparo,  como 
prestataria, y a una entidad mercantil, como tercera poseedora, en su condición de 
ejecutados, efectuó un primer intento de notificación a la ahora demandante de amparo  e.e
en la vivienda objeto de la hipoteca mediante auxilio judicial con resultado negativo,  b
haciéndose constar que está «la casa totalmente abandonada con la puerta y todas las  w
vent(aiin) asE rlo ótarsg ayn coo mjupdriocibaal,n dpoo rq udeili gaellín ncioa  vdivee  noarddeien,a ncoió hna dllaen d5o  dnein gdúicnie vmebcrineo  d[…e ]2»0.11,
sciogmuiuennidcaoc lioó ni ncsotand ola  podre mlaa nednatindtaed  deeje caumtapnatreo,  are sppeescatro  ddee q uees tae srteal ahcaióbnía  jumraídnictean iddeo 
manera  positiva  en  un  domicilio  de  notificación  diferente,  acuerda  proceder  a  la
notificación y requerimiento de pago de los codemandados mediante edictos sin realizar 
ningún tipo de diligencia para la localización de un domicilio de notificación alternativo.
(iii)  El órgano judicial, por auto núm. 42/2019, de 18 de junio de 2019, desestimó el 
incidente  de  nulidad  de  actuaciones  formulado  por  la  demandante  de  amparo, 
argumentando que se procedió a la notificación edictal, tras el resultado negativo del 
intento de notificación personal en la finca hipotecada, de conformidad con la legislación 
vigente en aquel momento.
En atención a lo expuesto hay que concluir, conforme interesa el Ministerio Fiscal, 
que se ha vulnerado el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). 
La recurrente fue emplazada edictalmente, por ser ignorado su paradero, sin que se 
acordara desplegar actividad indagatoria alguna en oficinas y registros públicos para 
intentar determinar un domicilio de notificaciones alternativo al que constituía el objeto de 
la hipoteca en que pudiera ser emplazada personalmente. Esa circunstancia pone de 
manifiesto que el órgano judicial no actuó con la diligencia que constitucionalmente le es 
exigible según la reiterada jurisprudencia constitucional que ya había interpretado el 
art. 686.3 LEC en la redacción vigente en aquel momento de conformidad con las 
exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
A lo anterior no puede oponerse, como alegan las partes comparecidas, que no ha 
quedado  acreditado  que  se  hubiera  generado  una  indefensión  constitucionalmente 
relevante derivada de la ausencia de un conocimiento extraprocesal de la demandante de 
amparo del procedimiento de ejecución. En el presente caso, no puede deducirse de las 
actuaciones que la demandante de amparo hubiera tenido conocimiento extraprocesal del 
procedimiento de ejecución hipotecaria seguido en su contra más que en el momento 
inmediatamente anterior a su primera comparecencia y solicitud de nulidad de actuaciones. 
El hecho de que se le hubieran notificado los saldos deudores con carácter previo al inicio 
de acciones legales no implica que debiera tener conocimiento de los hechos posteriores y 
lo mismo puede decirse respecto de que algún familiar cercano hubiera sido demandado en 
otro procedimiento por hechos similares. Este hecho no puede fundar una presunción de 
conocimiento por parte de la recurrente, tal como ya ha sido reiterado por la jurisprudencia 
constitucional (así, STC 145/2021, de 12 de julio, FJ 3).
En  conclusión,  la  falta  de  diligencia  del  órgano  judicial  en  la  averiguación  del 
domicilio de notificaciones que derivó en la tramitación en rebeldía del procedimiento de 
ejecución  hipotecaria  determina  que  deba  otorgarse  el  amparo  solicitado,  a  cuyos 
efectos debe anularse el auto impugnado y todas las actuaciones llevadas a cabo desde 
el defectuoso emplazamiento edictal en dicho procedimiento –acordado por la diligencia 
de  ordenación  de  5  de  diciembre  de  2011–  exclusivamente  en  lo  referido  a  la 
demandante de amparo y no respecto de la entidad mercantil codemandada, y que deba 
ordenarse  la  retroacción  de  actuaciones  a  dicho  momento  procesal  para  que  se 
practique el emplazamiento con respeto al derecho a la tutela judicial efectiva de la 
demandante de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  doña  María  Mercedes  Rivero 
Bartolomé y, en consecuencia:
1.º  Reconocer el derecho de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), en su dimensión del derecho de acceso a la jurisdicción.
2.º  Restablecer su derecho y, a tal fin, anular el auto del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 2 de Tarancón núm. 42/2019, de 18 de junio de 2019, 
pronunciado en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 137-2011, y de todo lo 
actuado en dicho procedimiento, exclusivamente en lo referido a la demandante de 
amparo, desde que se acordó por la diligencia de ordenación de 5 de diciembre de 2011 
el emplazamiento edictal de la demandante de amparo.
3.º  Ordenar la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior 
a que se pronunciara la diligencia de ordenación de 5 de diciembre de 2011 respecto de 
la demandante de amparo a fin de que se resuelva lo procedente de forma respetuosa 
con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.–Juan Antonio Xiol 
Ríos.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–Ramón  Sáez 
Valcárcel.–Concepción Espejel Jorquera.–Firmado y rubricado.