BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 341  Jueves 31 de diciembre de 2020  Sec. III.   Pág. 128474
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
17411 Orden TED/1293/2020, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a pequeños proyectos de 
inversión que generen o mantengan el empleo, promoviendo el desarrollo 
alternativo de las zonas mineras, para el periodo 2020-2023.
Las comarcas mineras del carbón han proporcionado durante años a nuestro país, 
un combustible autóctono que permite garantizar la seguridad de suministro y reducir la 
dependencia energética del exterior. La actividad económica y el empleo en estas zonas, 
sin embargo, no ha sido inmune a la transición que experimenta la economía española 
como reflejo de las actuales políticas de la Unión Europea que cada día ponderan en 
mayor grado los criterios medioambientales. Esto ha requerido que administraciones 
públicas, empresas y trabajadores, aúnen esfuerzos para minimizar el impacto y 
promover el desarrollo de un tejido empresarial alternativo que ofrezca nuevas 
oportunidades y mayor bienestar económico en las comarcas a las que se dirige esta 
convocatoria de ayudas.
El Instituto para la Transición Justa, O.A., es un organismo autónomo adscrito al 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El artículo 79 de la Ley 
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
modificada por la disposición final segunda del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, 
establece que su objeto es la identificación y adopción de medidas que garanticen a 
trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía más ecológica, 
baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario, minimizando los impactos negativos 
sobre el empleo y la despoblación de estos territorios. En este sentido, el artículo 4.b) de 
su Estatuto, aprobado mediante Real Decreto 492/1998, de 27 de marzo establece entre 
sus competencias la gestión de las ayudas de cualquier naturaleza que tengan por objeto 
el desarrollo económico alternativo de las zonas mineras del carbón.
El Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027, suscrito el 24 de octubre 
de 2018, por el Ministerio para la Transición Ecológica con la central sindical FICA-UGT, la 
Federación de Industria de CC.OO., la Federación de Industria de USO y la agrupación de 
empresarios del sector, CARBUNIÓN, establece las bases para una transición justa de la 
minería del carbón y un desarrollo sostenible de las comarcas mineras. Con este objeto, 
se mantienen las líneas de ayudas para fomentar el desarrollo de proyectos empresariales 
generadores de empleo, que permitan la contratación de los trabajadores desempleados 
como consecuencia del cese de las explotaciones mineras, a fin de lograr la transformación 
estructural, la recuperación económica y el bienestar social de las comarcas afectadas. 
Por tanto, resulta necesario establecer y aprobar las bases reguladoras que permitan la 
puesta en marcha de dichas medidas.
Las ayudas reguladas en la presente orden tienen como finalidad la de contribuir al 
desarrollo de regiones afectadas por la reestructuración de la minería del carbón mediante  s
el apoyo a la inversión, a través, fundamentalmente, de pequeñas iniciativas  oe.
empresariales. Por ello tienen la condición de ayudas «de minimis» acogidas al  w.
Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la  411ww
aap lalicsa acyióund adse  «lodse  amrtiínciumloiss» 1.07 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
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abril de 2019, que tiene como finalidad optimizar los recursos, racionalizar los
procedimientos y dotar de transparencia la gestión de subvenciones del Departamento. A 
través de este Plan se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El artículo 17 de la referida Ley 38/2003, de 17 de noviembre, establece que en el caso 
de los organismos públicos vinculados a la Administración General del Estado corresponde 
a la persona titular del departamento ministerial la aprobación de las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones.
La presente orden ministerial se ha elaborado conforme a los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, que establece el 
artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y se ha sometido a consulta de comunidades autónomas 
y sector afectado.
De este modo, cumple con los principios de necesidad y eficacia, dado que contribuye 
a asegurar un desarrollo económico alternativo sostenible para las áreas geográficas 
afectadas por el cierre de las explotaciones mineras, mitigando los efectos desfavorables 
para el empleo y la actividad económica de las mismas y proporcionando alternativas de 
futuro. También contribuye a solucionar un problema social y económico y supone un 
instrumento eficaz para lograr estos objetivos, dado que el otorgamiento de las 
subvenciones es un mecanismo que permite que los proyectos objeto de las mismas 
puedan realizarse y tengan la viabilidad esperada.
También cumple con el principio de proporcionalidad, dado que constituye la regulación 
imprescindible para lograr los objetivos planteados, no existiendo otras medidas menos 
restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. Esto se 
debe a que articula un procedimiento de concurrencia competitiva en el que se exige el 
menor número posible de cargas administrativas. Por otro lado, los posibles beneficiarios 
de estas ayudas tienen capacidad económica, técnica o dedicación profesional que les 
permite el acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios para relacionarse 
con la Administración, motivo por el cual en estas ayudas se establece que el procedimiento 
será electrónico tanto para personas físicas como jurídicas.
En cuanto al principio de transparencia, esta norma establece unos criterios de 
evaluación de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos previamente.
También se cumple con el principio de eficiencia al realizar una sola convocatoria a 
nivel nacional, de modo que el esfuerzo de las administraciones se reduce, pudiendo 
efectuar economías de escala y asegurando que los criterios utilizados son los mismos, 
independientemente del origen de la solicitud.
El marco regulador de estas ayudas resulta conforme con la jurisprudencia 
constitucional consolidada en materia de ayudas y subvenciones que comenzó a 
articularse con la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de febrero, y que, 
recientemente, se ha perfilado con las sentencias 9/2017, de 19 de enero, y 62 y 64/2018, 
de 7 de junio. Esta orden ministerial establece un modelo para la concesión de ayudas 
basado en mecanismos de cooperación y colaboración consustanciales a la estructura del 
Estado de las Autonomías que articula la Constitución Española, si bien a través de una 
convocatoria de gestión centralizada, con un grado de consenso favorable entre las 
administraciones afectadas y la posibilidad de las mismas de participar como entidades 
colaboradoras en el procedimiento.
Por último, también es coherente con el principio de seguridad jurídica dado que para 
su elaboración se han cumplido con todos los trámites preceptivos y establece criterios y 
un procedimiento que sean acordes con el ordenamiento jurídico. es
Dado que el ámbito de aplicación del régimen de ayudas está compuesto por diferentes  o
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entre las comunidades autónomas, y que este no pueda fraccionarse, dándose el
supuesto del párrafo segundo del artículo 86.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, y justifica la competencia estatal y la gestión centralizada de 
este tipo de ayudas.
La presente orden, de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17.1 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ha sido objeto del informe preceptivo de la 
Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada en el Instituto para la Transición 
Justa, O.A., A su vez se ha solicitado el informe a que se refiere el artículo 26.5, párrafo 
quinto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, a la Dirección General de 
Régimen Jurídico Autonómico y Local.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función 
Pública, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad de las ayudas.
1.  Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión que generen o 
mantengan el empleo, promoviendo el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el 
período 2020-2023.
2.  Las ayudas reguladas en la misma tendrán como finalidad promover la localización 
de pequeños proyectos de inversión empresarial en las zonas afectadas por la 
reestructuración de la minería del carbón y su entorno, con el fin último de generar 
actividades económicas alternativas a la minería del carbón, con la consiguiente 
generación de nuevos puestos de trabajo o mantenimiento de los ya existentes, para 
incentivar el desarrollo de estas zonas, considerando su condición de regiones 
desfavorecidas.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1.  Lo dispuesto en esta orden será aplicable a las ayudas que se convoquen entre el 1 
de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023.
2.  Podrán ser objeto de ayuda los proyectos de inversión empresarial generadores 
de empleo que se localicen en alguno de los municipios recogidos en los anexos I y II.
A estos efectos, y para favorecer la prioridad entre los proyectos de inversión, los 
municipios se clasifican en función de la diferente intensidad que la reestructuración de la 
minería del carbón tiene sobre su economía, en los siguientes grupos:
a)  Grupo 1: Municipios mineros muy afectados por el proceso de cierre de empresas 
de la minería del carbón. Su composición se recoge en el anexo I.
b)  Grupo 2: Resto de municipios mineros afectados por el proceso de cierre de 
empresas de la minería del carbón. Su composición se recoge en el anexo II.
Artículo 3.  Características de las ayudas y régimen de compatibilidad.
1.  Estas ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión generadores de 
empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, se otorgarán en 
régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 de  e.
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. w.b
2.  Las ayudas reguladas en esta orden complementarán y serán compatibles con las  411ww
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del coste de la inversión proyectada.
En caso de acumulación de ayudas, el importe global de las que tengan la condición 
«de minimis», recibidas por un proyecto, no podrán exceder del límite máximo de 
200.000,00 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales o del que resulte 
vigente en cada convocatoria atendiendo a los criterios de la Comisión Europea.
Además, la acumulación de ayudas no podrá exceder, en ningún caso, la intensidad 
de ayuda o del importe de ayudas superior correspondiente, fijado en las circunstancias 
concretas de cada caso por un reglamento de exención por categorías o una decisión 
adoptados por la Comisión Europea.
3.  Cuando se soliciten o se obtengan ayudas de carácter público de otras instituciones 
o administraciones públicas para el mismo proyecto empresarial, deberá comunicarse al 
Instituto para la Transición Justa, O.A., de forma inmediata para que este verifique que no 
se han excedido los límites máximos de intensidad vigentes en cada convocatoria, de 
acuerdo con el mapa de ayudas regionales aprobado por la Comisión Europea, así como 
con el límite máximo de las ayudas «de minimis». En el supuesto de que hayan obtenido 
ayudas «de minimis», este extremo deberá hacerse constar expresamente en la 
declaración.
Los beneficiarios deberán comunicar al Instituto para la Transición Justa, O.A., en igual 
forma, la obtención de ayudas de carácter privado.
Artículo 4.  Beneficiarios.
1.  Podrán acceder a la condición de beneficiario las personas físicas o jurídicas 
privadas con personalidad jurídica, así como las agrupaciones integradas por ellas, las 
comunidades de bienes y los trabajadores autónomos que vayan a acometer los 
proyectos de inversión empresarial que fundamenten la concesión de la ayuda. Cuando 
se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, sin personalidad, 
deberá tenerse en cuenta lo establecido en el párrafo segundo del artículo 11.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.
2.  No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como tampoco aquellas empresas que estén sujetas 
a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión de la Comisión Europea que 
haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
3.  No podrán concederse ayudas a empresas en crisis, exceptuando aquellas que no 
se encontraban en esa situación el 31 de diciembre de 2019, pero pasaron a ser empresas 
en crisis en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021.
Artículo 5.  Financiación.
Los fondos destinados a la financiación de las ayudas reguladas en esta orden 
figurarán en el presupuesto de gastos del Instituto para la Transición Justa, O.A.
Para los diferentes ejercicios presupuestarios se publicará, mediante resolución de la 
Presidencia del Instituto para la Transición Justa, O.A., la correspondiente convocatoria, 
que estará condicionada a la existencia de crédito presupuestario suficiente, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
en la convocatoria se establecerá la cuantía máxima del total de las subvenciones a 
conceder mediante su resolución. De conformidad con lo establecido en el artículo 58.2 del  e.e
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado  b
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, excepcionalmente la convocatoria podrá fijar,  411ww
aredqeumeárisrá,  udnea u cnuaa nnutíeav aad cicoinovnoacl actuoyriaa , adpelibciaécnidóons ae  lcau mcopnlicr eas ieósnt odse  esfeucbtvoesn claiosn reesg lnaos 
establecidas en el citado artículo.
Si una vez resuelta la convocatoria y asignados los importes a los que se refiere al 
artículo 22.2, resultase remanente de crédito, podrá efectuarse una convocatoria 
complementaria.
Tanto la concesión como la cuantía de las ayudas estarán supeditadas a la 
disponibilidad del crédito correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado para 
cada uno de los ejercicios presupuestarios.
Artículo 6.  Régimen jurídico.
Las ayudas a que se refiere esta orden se regirán además de por lo particularmente 
previsto en esta orden, por lo establecido en el Reglamento (UE) N.º 1407/2013 de la 
Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas «de minimis»; en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y el Real Decreto 
130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones; 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público; en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre; y en las demás disposiciones que 
resulten de aplicación.
CAPÍTULO II
Requisitos de las ayudas
Artículo 7.  Proyectos susceptibles de ayuda.
1.  Podrán ser objeto de ayuda los proyectos de inversión empresarial generadores 
de empleo pertenecientes a todas las actividades económicas susceptibles de recibir 
ayudas, de acuerdo con la normativa nacional y de la Unión Europea aplicable, con las 
siguientes excepciones:
a)  Empresas que operan en los sectores de la pesca y la acuicultura según se 
contemplan en el Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados 
en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, modifican los Reglamentos 
(CE) n.º 1184/2006 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 104/2000 del Consejo.
b)  Empresas que operan en la producción primaria de los productos agrícolas. A 
estos efectos, se entienden por tales los enumerados en el anexo I del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, con excepción de los productos de la pesca y la 
acuicultura incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013.
c)  Empresas que operan en la transformación y comercialización de productos 
agrícolas que figuran en la lista del anexo I de dicho Tratado, en los siguientes casos:
1.º  Cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad 
de dichos productos adquiridos a productores primarios o comercializados por las 
empresas interesadas.
2.º  Cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de la misma se 
repercuta a los productores primarios. e.
d)  Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o a otros Estados  411ww
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vinceu)la dAocst iav ildaa adcetsiv cidoandd iecxiopnoartdaadso raal .uso de bienes nacionales en lugar de importados.
f)  Empresas de la industria del carbón, a las que pueda serle de aplicación la 
Decisión 2010/787/UE del Consejo de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas 
estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas.
g)  Adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera llevada a cabo 
por empresas que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por 
carretera.
2.  Se excluirán, en todo caso, las actividades de: bares, restaurantes, concesionarios 
de automóviles, comercio minorista, lavanderías, peluquerías, tintorerías, despachos 
profesionales y consultoría, empresas de promoción de viviendas o suelo, inmobiliarias, de 
construcción, agencias de colocación, agencias de trabajo temporal y empresas de 
apuestas.
Artículo 8.  Requisitos exigibles a los proyectos.
Los requisitos exigibles a los proyectos para los que se soliciten las ayudas serán los 
siguientes:
1.  Grado de realización de la inversión. Los proyectos podrán haber iniciado sus 
inversiones un año antes de la fecha de la resolución por la que se convoquen las ayudas.
A estos efectos, se considerará como «inicio de los trabajos» el inicio de los trabajos 
de construcción en la inversión, o bien el primer compromiso en firme para el pedido de 
equipos y cualquier otro compromiso que haga la inversión irreversible, si es de fecha 
anterior. En cambio, no tendrá esa consideración la compra de terrenos y los trabajos 
preparatorios, tales como la obtención de permisos y la realización de estudios previos de 
viabilidad cuando se realicen con anterioridad de un año desde la fecha de la solicitud, en 
cuyo caso, además, no serán gastos subvencionables. Por el contrario, en el caso de que 
se realicen con posterioridad a esa fecha se considerarán subvencionables.
Este criterio será objeto de comprobación en el momento de procederse a la 
verificación del cumplimiento de la realización de la inversión subvencionable aprobada 
por el Instituto para la Transición Justa, O.A. La presentación y justificación de partidas de 
inversión con fecha anterior a un año a contar desde la fecha de la solicitud de la ayuda, 
darán lugar a la revocación total de la ayuda.
2.  Inversión mínima. Para los proyectos presentados, la inversión que resulte 
subvencionable deberá ser por un importe mínimo de 30.000 euros y máximo de 500.000 
euros. Además, deberá ejecutarse, al menos, el 50 por ciento de la inversión prevista, 
garantizándose siempre la inversión mínima de 30.000 euros. El incumplimiento de 
cualquiera de los dos criterios anteriores dará lugar a la revocación total de la ayuda.
3.  Creación de empleo o mantenimiento de empleo: Todos los proyectos objeto de 
ayudas deberán cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:
a)  Generar como mínimo un puesto de trabajo, entre la fecha de solicitud de la ayuda 
y la fecha máxima que se establezca en la resolución de concesión de la ayuda, que 
deberán mantenerse durante un período mínimo de tres años. En el caso de que el 
proyecto prevea la creación de más de un puesto de trabajo, deberá garantizarse que el 
grado de cumplimiento es de al menos el 50 por ciento, garantizándose siempre la creación 
de al menos 1 puesto de trabajo. El incumplimiento de cualquiera de los dos criterios 
anteriores dará lugar a la revocación total de la ayuda.
b)  Mantener, para plantillas iguales o superiores a 3 puestos de trabajo, el nivel de  s
empleo existente desde la fecha de solicitud de la ayuda, hasta al menos los tres años  oe.
siguientes a la fecha máxima para la finalización de las inversiones, establecida en la  w.
resolución de concesión. 411ww
Serán admisibles para la creación de empleo las diversas formas de contratación
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Seguridad Social, y siempre que exista dedicación exclusiva a la actividad subvencionable.
Los contratos fijos discontinuos y a tiempo parcial se computarán proporcionalmente a la 
duración de la prestación.
El número de trabajadores corresponderá al número de unidades de trabajo/año 
(UTA), es decir, al número de asalariados a jornada completa empleados durante un año, 
constituyendo el trabajo a tiempo parcial o el trabajo estacional, fracciones de la UTA. Se 
entenderán aquí incluidos los contratos fijos discontinuos. Los contratos de formación y los 
de interinidad no se contabilizarán a estos efectos.
No constituyen objeto de las ayudas reguladas en esta orden, los proyectos de contratación 
laboral sin inversión o la transformación de formas jurídicas de contratación laboral.
A los efectos del cómputo de la plantilla existente a la fecha de la solicitud de la ayuda, se 
considerará como tal la plantilla media mantenida durante los doce meses naturales anteriores 
a dicha fecha. Para acreditar este extremo deberá acompañarse a la solicitud de ayuda una 
autorización para recabar el Informe de plantilla media de trabajadores en situación de alta 
referido a dicho período, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
En aquellos proyectos de creación de empresas, claramente vinculadas, en virtud 
de los tenedores de capital o propiedad de las empresas, a la extinción o disolución 
previa de otras empresas o sociedades con similar razón social o actividad de 
producción y localizadas en el ámbito territorial de aplicación de las ayudas reguladas 
en esta norma, se computará como empleo nuevo generado, la diferencia entre el 
empleo generado por el proyecto de inversión y el destruido previamente como 
consecuencia de la extinción o disolución de empresas o sociedades. En este sentido, 
se tendrá en cuenta la posible destrucción de empleo que tenga lugar en sociedades de 
idénticas características que mantengan su actividad durante el desarrollo de los 
proyectos por la entidad beneficiaria de la ayuda.
4.  Plazo de ejecución: el plazo máximo de ejecución del proyecto objeto de ayuda 
vendrá determinado en la correspondiente convocatoria.
Artículo 9.  Criterios para la determinación de la cuantía de las ayudas.
1.  Las ayudas revestirán la forma de subvenciones a fondo perdido.
2.  La ayuda total «de minimis» concedida a una única empresa no podrán exceder 
del límite máximo de 200.000,00 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales 
o del que resulte vigente en cada convocatoria atendiendo a los criterios de la Comisión 
Europea. El límite se aplicará independientemente de la forma de la ayuda «de minimis», 
y el período de tres ejercicios fiscales se determinará tomando como referencia los 
ejercicios fiscales utilizados por la empresa.
Se considerará como «única empresa» a los efectos de acumulación de ayuda, a 
todas las sociedades que tengan al menos uno de los siguientes vínculos entre sí:
a)  Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o 
socios de otra empresa.
b)  Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del 
órgano de administración, dirección o control de otra sociedad.
c)  Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en 
virtud de un contrato celebrado con ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
d)  Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo 
celebrado con otros accionistas o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de 
voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones previstas en los tres  o
párrafos a), b) y c) anteriores a través de otra u otras empresas también se considerarán  411ww
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intensidad de ayuda en equivalente de subvención bruto es el valor de la ayuda, expresado
en porcentaje del valor de los costes de inversión subvencionables, calculado en el 
momento de la concesión de la ayuda.
Cuando la concesión de una ayuda en virtud de la aplicación del presente régimen, 
suponga que el importe de ayuda global concedida a un proyecto supere el límite máximo 
citado, no podrá aprobarse dicha ayuda, ni aún en la parte que no exceda dicho límite.
3.  Para la determinación de la cuantía de las ayudas (en términos de subvención 
bruta), serán de aplicación los siguientes criterios, atendiendo a los límites del artículo 3:
a)  Todos los proyectos a desarrollar en los municipios incluidos en el Grupo 1, 
relacionados en el anexo I, podrán recibir una subvención de hasta el 100 por ciento del 
límite máximo de intensidad o de cuantía máxima aplicable al municipio de que se trate.
b)  Todos los proyectos a desarrollar en los municipios incluidos en el Grupo 2, 
relacionados en el anexo II, podrán recibir una subvención de hasta el 50 por ciento del 
límite máximo de intensidad o de cuantía máxima aplicable al municipio de que se trate.
4.  En cada convocatoria, se fijará una cuantía máxima de subvención por puesto de 
trabajo comprometido, que podrá ser diferente en función del anexo en el que se encuentre 
el municipio de implantación del proyecto empresarial, de acuerdo con la clasificación 
establecida en el artículo 2. Dichas cuantías máximas podrán ser superiores en los 
siguientes supuestos:
a)  Compromiso de creación de empleo juvenil (considerando a estos efectos un 
intervalo de edad comprendido entre los 18 años y los 25 años).
b)  Compromiso de creación de empleo para personas mayores de 45 años.
c)  Compromiso de creación de empleo femenino.
d)  Compromiso de empleo destinado a trabajadores discapacitados.
e)  Compromiso de empleo para trabajadores procedentes de empresas mineras 
afectadas por la reestructuración de la minería del carbón o de sus subcontratas.
f)  Compromiso de empleo para personas incluidas en la Bolsa de Trabajo del 
Instituto para la Transición Justa, O.A., contemplado en el Real Decreto-ley 25/2018, de 21 
de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el 
desarrollo sostenible de las comarcas mineras.
Artículo 10.  Conceptos de Inversión Subvencionable.
1.  Se considera inversión subvencionable, a efectos de la ayuda regulada en esta 
orden, la resultante de sumar los siguientes conceptos:
a)  Adquisición de terrenos necesarios para la implantación del proyecto.
b)  Traídas y acometidas de servicios.
c)  Urbanización y obras exteriores adecuadas a las necesidades del proyecto.
d)  Obra civil.
e)  Bienes de equipo.
f)  Los trabajos de planificación, ingeniería de proyecto y dirección facultativa de los 
trabajos, en cuantía no superior al 8 por ciento de la inversión subvencionable aceptada 
para las partidas de obra civil, bienes de equipo e instalaciones proyectadas.
g)  Otras inversiones en activos fijos materiales.
h)  Activos inmateriales. Se consideran incluidos en este apartado de activos 
inmateriales los gastos ligados a patentes, o licencias de explotación o de conocimientos 
técnicos patentados o conocimientos técnicos no patentados. e.
Solamente podrán ser subvencionables aquellos gastos realizados por los conceptos  w.b
señalados anteriormente en fecha posterior a la de presentación de la solicitud de la ayuda. 411ww
2.  Los activos inmateriales deberán reunir los requisitos siguientes:
a)  Serán explotados únicamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda
regional. Bc
b)  Serán considerados como elementos del activo amortizables.
c)  Serán adquiridos a un tercero a las condiciones de mercado.
d)  Figurarán en el activo de la empresa y permanecerán en el establecimiento del 
beneficiario de la ayuda durante un período mínimo de cinco años, o bien de tres años si 
se trata de una pyme.
3.  Para la cuantificación de los conceptos antes señalados, se establecen los criterios 
que se contienen en el anexo V.
4.  En ningún caso se podrán considerar como subvencionables los gastos relativos 
a impuestos, licencias y tasas.
5.  La  inversión  subvencionable  considerada  a  efectos  de  ayuda  deberá 
materializarse en activos de primer uso o de primera adquisición, excepto en caso de una 
pyme y deberá mantenerse durante un mínimo de cinco años, o de tres si se trata de una 
pyme, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 14 del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. A estos efectos, debe entenderse 
siempre que la inversión deberá mantenerse productiva.
Cuando la inversión se realice en activos que no sean de primer uso o de primera 
adquisición, solo en el caso de una pyme, deberá acreditarse que dicha adquisición se 
realiza a precios de mercado, mediante la correspondiente certificación emitida por un 
tasador oficial.
6.  Para aquellos proyectos de creación de empresas, asociados y posteriores a la 
extinción o disolución previa de otras empresas o sociedades con idéntica razón social o 
actividad productiva, se considerará como inversión, a efectos de ayuda, la inversión neta 
generada, calculada como la diferencia entre la inversión derivada del proyecto y la 
desinversión a que dé lugar la extinción o disolución de una empresa o sociedad existente 
con anterioridad. La acreditación de que los valores anteriores se corresponden con los del 
mercado debería acreditarse mediante la correspondiente certificación emitida por un 
tasador oficial.
7.  No serán subvencionables los casos de traslados de empresas.
CAPÍTULO III
Procedimiento de concesión
Artículo 11.  Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
1.  El órgano competente para la instrucción del procedimiento de ayudas dictadas al 
amparo de la presente orden será la persona titular de la Gerencia del Instituto para la 
Transición Justa, O.A.
2.  El órgano competente para la resolución del procedimiento de ayudas dictadas al 
amparo de la presente orden será la persona titular de la Presidencia del Instituto para la 
Transición Justa, O.A.
Artículo 12.  Entidades colaboradoras.
Las agencias de desarrollo de las comunidades autónomas en que se encuentran las 
comarcas mineras afectadas por la reestructuración del sector del carbón, y dentro de  s
cuyo territorio se ubiquen los municipios que constituyen el ámbito territorial de  oe.
aplicación de esta orden, y también las propias comunidades autónomas, en su defecto,  w.
pesuol bdavrráetínnc cuoilóosn te1 sn2int ad qre u laela  s cLeoe npydr oi3cd8ióu/2nzc0 da0e 3l a,e  dpnretei dv1ai7ad   edcneot lrnaeobgvoaire yam ddboisrretar,i  becunoc lilaóobnso  dtréaern mlodsoin  foeosnn  delaos stga. ebPslaetricóaind e oldlsoe , e elanl    2020-17411n https://ww
Instituto para la Transición Justa, O.A., deberá suscribir con las agencias de desarrollo de
las comunidades autónomas, o con estas en su caso, los preceptivos convenios en los  Bc
términos legales establecidos en el artículo 16 de dicha Ley, que deberá regular las 
condiciones y obligaciones asumidas en su calidad de entidades colaboradoras, cuyo 
contenido deberá recoger como mínimo los siguientes extremos:
a)  Definición del objeto de la colaboración.
b)  Plazo de duración del convenio.
c)  Funciones y requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora 
en las diferentes fases del procedimiento de gestión de las subvenciones. Entre estos, 
deberán recogerse, al menos, las funciones, y plazos en su caso, destinados a:
1.º  Verificación del cumplimiento del requisito exigido a los proyectos relativo al grado 
de realización de la inversión, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.1.
2.º  Emisión de un informe de propuesta de valoración de las solicitudes de concesión 
de ayudas para proyectos empresariales que se vayan a ejecutar en su ámbito territorial, 
sobre el grado de cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las bases reguladoras, 
conforme a los criterios generales para la modulación de ayudas y priorización de los 
proyectos que se establecen en el artículo 19.
3.º Emisión de un informe de evaluación de viabilidad técnica, económica y financiera 
del proyecto, con carácter previo a la resolución de la solicitud de la ayuda, tal y como se 
establece en el artículo 18.
4.º  Certificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución de la inversión 
subvencionable y del cumplimiento del compromiso de creación de empleo establecidos 
en la resolución de concesión de la ayuda o posteriores modificatorias, que deberá 
realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde que el beneficiario realice la 
petición de liquidación de la inversión.
5.º  Certificación del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento de la inversión 
subvencionable y del cumplimiento del compromiso de mantenimiento de empleo 
establecidos en la resolución de concesión de la ayuda o posteriores modificatorias, que 
deberá realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde que el beneficiario o 
el Instituto para la Transición Justa, O.A., realicen la petición de efectuar dicha certificación.
6.º  Control y seguimiento de los proyectos incluidos en su ámbito territorial y la 
elaboración de informes, cuando así lo solicite el Instituto para la Transición Justa, O.A., a 
partir de la fecha de resolución de la concesión de la ayuda, que permitan comprobar el 
grado de ejecución de los mismos.
7.º  La elaboración de informes sobre cualquier aspecto que sea planteado en relación 
con los proyectos para los que se hayan solicitado ayudas y estén incluidos en su ámbito 
territorial. Estos informes habrán de remitirse al Instituto para la Transición Justa, O.A., en 
el plazo que se fije en cada caso. No obstante, podrá efectuar todas las actuaciones de 
inspección, comprobación y verificación que estime necesarias.
8.º  Colaboración con el Instituto para la Transición Justa, O.A., en la realización de 
estudios del impacto que tienen las ayudas concedidas a la iniciativa empresarial sobre la 
economía de las comarcas mineras, dentro de su ámbito territorial.
d)  Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las 
condiciones para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de 
la misma.
e)  Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones que deben 
aportar los beneficiarios.
f)  Plazo para la emisión de los informes de propuesta de valoración, de evaluación,  es
y los correspondientes al cumplimiento de las obligaciones relativas a la realización de la  bo
inversión subvencionable y de la creación del empleo comprometido, así como los de  411ww
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h)  Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad 
colaboradora.
Artículo 13.  Convocatoria y plazo de presentación de solicitudes.
1.  El procedimiento de concesión de estas ayudas se iniciará por resolución de la 
persona titular de la Presidencia del Instituto para la Transición Justa, O.A., mediante las 
correspondientes convocatorias, en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  El plazo de presentación de las solicitudes y de su documentación podrá ser como 
máximo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
3.  Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido darán lugar a su 
inadmisión.
Artículo 14.  Tramitación electrónica y representación.
1.  La tramitación electrónica será obligatoria en todas sus fases de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las solicitudes, 
comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que concurran a 
este apoyo financiero, serán presentadas a través de la sede electrónica del Instituto para 
la Transición Justa, O.A. (https://sede.transicionjusta.gob.es/).
Las notificaciones a los interesados se realizarán mediante comparecencia en la sede 
electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A., en los términos recogidos en el 
artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2.  El solicitante y el representante, en su caso, podrán acceder a sus expedientes y 
a las comunicaciones electrónicas asociadas, mediante certificado de persona física o con 
DNI electrónico. Asimismo, dispondrán de un usuario y contraseña, asociado a cada 
expediente, que se les facilitará por correo electrónico con la primera notificación. En el 
enlace «notificaciones y tramitación» habilitado para cada línea de ayuda, podrán consultar 
los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
La presentación de la solicitud con firma electrónica conllevará la conformidad del 
solicitante para recibir todas las comunicaciones y notificaciones de la tramitación del 
expediente electrónico a través de dicho registro electrónico accesible por medio de la 
sede electrónica.
Adicionalmente a la puesta a disposición del interesado de las comunicaciones y 
notificaciones a través del registro electrónico, existe un sistema complementario de 
alertas por medio de correo electrónico, de carácter meramente informativo, por lo que 
carece de efectos jurídicos respecto a su contenido y fecha de realización. En este mismo 
registro, los interesados, tras identificarse electrónicamente de forma segura, podrán 
consultar los actos del procedimiento que les sean notificados y efectuar la presentación 
de la documentación adicional que pudiera ser requerida por el órgano actuante.
3.  Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, se 
publicarán en la página web del Instituto para la Transición Justa, O.A (https://www.
transicionjusta.gob.es) las propuestas de resolución, las resoluciones de desestimación, 
de concesión y sus posibles modificaciones y demás actos del procedimiento.
4.  En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las 
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de 
notificación por comparecencia electrónica. e.e
5.  Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos  b
electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento, estarán disponibles  411ww
eprno clae dmae.ncionada sede electrónica y deberán ser obligatoriamente utilizados cuando
adm6in. istErant iavaq useell apse rfmasiteas  lad eplr epsroecnetadcimióine ndteo  deenc llaarsa cqiuoen eesn r easrapso ndsea blale ss imenp lliufigcaacr iódne 
determinada documentación, dichas declaraciones deberán presentarse en formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
7.  Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en 
poder de las administraciones públicas, de conformidad con lo previsto por los artículos 28.2 
y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiéndose aportar junto con la solicitud en 
qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, para lo 
cual indicará el número del expediente que le fue comunicado en aquella ocasión. En 
cumplimento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales, se solicitará el consentimiento expreso para el tratamiento, por parte 
del Instituto para la Transición Justa, O.A., de los datos incluidos en el cuestionario por el 
beneficiario. Cuando el interesado manifestase la negativa para la consulta de sus datos 
de carácter personal y en los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, 
el órgano competente requerirá al solicitante su presentación, y la acreditación por otros 
medios de los requisitos a que se refiere el documento, respectivamente.
Artículo 15.  Solicitudes.
1.  Las solicitudes de ayuda se dirigirán a la persona titular de la Presidencia del 
Instituto para la Transición Justa, O.A., y estarán disponibles para su cumplimentación y 
presentación en la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A. (https://
sede.transicionjusta.gob.es).
2.  La solicitud de ayuda se formulará de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En la presentación de la solicitud, el solicitante podrá 
autorizar al Instituto para la Transición Justa, O.A., para que obtenga de forma directa la 
acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones, a través de certificados electrónicos, en cuyo caso el 
solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. No obstante, cuando el 
solicitante no autorice este acceso deberá aportar entonces dicha justificación.
3.  No  se  admitirán  solicitudes  de  ayuda  para  proyectos  que  hayan  sido 
subvencionados anteriormente por el Instituto para la Transición Justa, O.A., salvo que se 
presente la renuncia expresa a dicha ayuda.
4.  La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a)  Formulario de solicitud de ayuda que incluirá los datos básicos del proyecto, así 
como otras ayudas concurrentes con la inversión presentada. Este fichero deberá ser 
firmado electrónicamente.
b)  Memoria descriptiva del proyecto de inversión de acuerdo con el modelo que se 
establecerá en la correspondiente convocatoria, y firmado electrónicamente.
c)  Acreditación válida del poder firmante de la solicitud.
d)  Documentación acreditativa de las circunstancias personales del solicitante, de las 
registrales, en el caso de una sociedad constituida, o proyecto de estatutos y datos del 
promotor, si se trata de una sociedad en fase de constitución. En este supuesto, la 
aceptación de la propuesta de resolución aprobando la concesión de la ayuda solicitada 
deberá ir acompañada de los documentos acreditativos de la constitución de la sociedad 
y de sus circunstancias registrales. e.e
En cualquier caso, las empresas deberán aportar una copia de la escritura de  b
constitución de la sociedad, que deberá estar inscrita en el Registro Mercantil. 411ww
Regeis)t roC Mueernctaanst ila. nLuaasl eesn tiddeald úelsti msino  oebjeligrcaicciióon d leeg raelg diset rdoe poóbsliigtoa yto rreiog idsterop opsrietasednatsa reánn  elal 
últimf)a  deDcolacruamcieónnt adceiól inm apcureesdtiota dtieva s doeci elodsa pduees soto, se nd es utr acabsaojo,  dceer ltaif iecamdpor edsea e ax elan fceiócnh.a de
solicitud de la ayuda. La presentación de la solicitud conllevará la autorización del
solicitante al órgano concedente para recabar un Informe de plantilla media de trabajadores 
en situación de alta, así como informe de vida laboral de un código cuenta de cotización 
expedidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, referidos a los doce meses 
anteriores a dicha fecha, en la que figuren relacionadas todas las cuentas de cotización 
correspondientes a los diferentes centros de trabajo de la empresa. No obstante, el 
solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces 
dicha justificación. En este último caso, podrá requerirse al beneficiario una nueva remisión 
de esta documentación cuando haya transcurrido su plazo de validez.
g)  Las siguientes declaraciones responsables, de acuerdo con los modelos 
establecidos en la sede electrónica, de:
1.º  No inicio de las inversiones con anterioridad a un año desde la publicación de 
resolución de la convocatoria de ayudas.
2.º  Otras ayudas solicitadas o recibidas, tanto de carácter público como privado, para 
financiar las actividades para las que solicita la ayuda, indicando si alguna de dichas 
ayudas ostenta la condición «de minimis». Además, deberá actualizar esta declaración si 
en cualquier momento ulterior de la instrucción se produce una modificación de lo 
inicialmente declarado. En cualquier caso, deberá presentarse nueva declaración junto 
con la solicitud del pago de la ayuda.
3.º  Declaración sobre el tamaño de la empresa.
4.º  Declaración sobre la necesidad de la ayuda y su impacto esperado.
5.º  No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley, 38/2003, de 17 de 
noviembre, en la forma que se determina en su apartado 7.
Dicha justificación, a excepción de lo establecido en el artículo 13.2.e) de la citada Ley, 
podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados electrónicos o transmisiones de 
datos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como en la 
normativa de desarrollo que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas por la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, o 
certificación administrativa, según los casos. Y, cuando dicho documento no pueda ser 
expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituida mediante la presentación de 
declaración responsable.
6.º  Que la empresa no está en crisis, a tenor de lo establecido en las Directrices de 
la Unión Europea de salvamento y reestructuración y que tampoco estén sujetos a una 
orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que 
haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
5.  Los interesados presentarán la solicitud de ayuda y el resto de la documentación 
con firma electrónica de la persona que tenga poder de representación suficiente. Mediante 
la firma electrónica de la solicitud, se garantizará la fidelidad con el original de las copias 
digitalizadas de los documentos aportados junto a dicha solicitud.
En el caso de representación mancomunada, deberá aportarse, asimismo, una copia 
digitalizada de la solicitud firmada electrónicamente por cada uno de los representantes 
mancomunados.
6.  A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será obligación 
de los solicitantes informar a los órganos actuantes de los cambios en la representación de 
la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para aquellas notificaciones 
que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la comunicación del cambio de 
representante de la entidad. Se considerarán correctamente practicadas las notificaciones  e.e
anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure en el expediente. w.b
AinrtteícrSeuisl oala d1 o6d,.o  pcauSrmau beqsnuatean,ca eicóninó e nal  dppeola rlztaao ds ioaml ipcnriotou rdrreo.ugnaibelrea d leo sd ierezq duíiassit ohsá beixleigs iddeossd, es ee l rseiqguueiernirtáe  aall   OE-A-2020-17able en https://
de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud previa 
resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. A esos efectos, se tendrá por subsanada la omisión documental cuando se 
presenten documentos cuya existencia, antes de expirar el plazo de presentación de las 
solicitudes, resulte acreditada, pero no así en el supuesto de aportación de documentos de 
fecha posterior a dicho vencimiento.
Artículo 17.  Preevaluación de las solicitudes de ayuda.
1.  Se establece una fase de preevaluación dirigida a la verificación, por parte del 
órgano instructor, de que los proyectos cumplen los requisitos exigidos en estas bases 
reguladoras para su concesión en los artículos 4, 7, 8, y 10, y, por tanto, cumplen los 
requisitos para ser beneficiarios de las mismas. Aquellos promotores cuyas solicitudes se 
considere que no cumplen alguna, o algunas, de dichas condiciones, deberán ser 
notificados mediante la correspondiente propuesta de resolución provisional para denegar 
la ayuda, que deberá expresar con claridad cuál es la condición que no se cumple y que 
constituye la causa de la misma.
2.  Con la notificación de la propuesta se abrirá el trámite de audiencia para que los 
interesados puedan efectuar sus alegaciones en el plazo de diez días hábiles contados 
desde el siguiente al día en el que el beneficiario acceda al contenido de la notificación a 
través de la sede electrónica. Una vez resueltas el órgano instructor formulará la 
correspondiente propuesta de resolución definitiva. En el caso de que no se produjesen 
alegaciones, el órgano instructor elevará a definitiva la propuesta provisional y se notificará 
la resolución correspondiente emitida por el órgano concedente.
Artículo 18.  Evaluación de las solicitudes de ayudas.
Los proyectos que hayan superado la fase de preevaluación serán objeto de un informe 
en el que se analice su viabilidad técnica, económica y financiera. A solicitud del órgano 
instructor, la realización de este informe podrá ser efectuado por las entidades colaboradoras.
En los casos en que proceda la denegación de la ayuda por no poder verificarse dicha 
viabilidad o no estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
se dictará la correspondiente propuesta de resolución denegatoria de la ayuda.
De los restantes proyectos, el comité de evaluación emitirá un informe final de 
evaluación, en el que se recogerá la puntuación obtenida por cada uno de los proyectos 
evaluados, aplicando los criterios de priorización que se establecen en el artículo siguiente; 
así como la propuesta de cuantificación de las ayudas a conceder, en función del 
presupuesto aprobado para cada convocatoria, del número de proyectos presentados, así 
como de otros criterios que pueda fijar la convocatoria.
Artículo 19.  Criterios de priorización de los proyectos.
1.  Los criterios de puntuación y ponderación para la priorización de los proyectos de 
cara a la selección de los mismos en función del presupuesto existente en cada 
convocatoria y, por tanto, para la aplicación de la concurrencia competitiva, se establecen 
en función de los siguientes parámetros a aplicar:
a)  Localización de la inversión.
b)  Capacidad para generar empleo. s
c)  Dimensión de la empresa. e.
d)  Efectos de inducción de otras actividades, en función del arrastre del proyecto en  w.
la zona, capacidad de innovación y mejoras ambientales. 411ww
2.  La ponderación de todos estos criterios se contiene en el anexo IV, y se recogerán
eenl q uune  indfeobremreá  pfigroupraure setla d deesg vloasloer adceió lan  pquunet usea cinióteng ortaorrág aedna e al e cxapdead ipernotyee acdtom, iennis atrpaltiicvaoc, ieónn 
de los mismos.
3.  La convocatoria podrá establecer una puntuación mínima por debajo de la cual los 
proyectos no serán seleccionados. Este umbral podrá determinarse sobre la puntuación 
global o sobre la puntuación de alguno de los criterios específicos contemplados en el 
anexo IV.
Artículo 20.  Comité de evaluación.
1.  El Comité de evaluación, como órgano colegiado al que se refiere el artículo 22.1 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, será presidido por la persona titular de la Gerencia, y 
formarán parte de él la persona titular de la Secretaría General del Instituto para la Transición 
Justa, O.A., que ejercerá además la función de secretario del Comité de evaluación; dos 
personas designadas por la Dirección del Instituto para la Transición Justa, O.A.; y un vocal 
en representación del Gabinete de la Secretaría de Estado de Energía.
Podrán asistir a sus reuniones, en calidad de invitados con voz, pero sin voto, aquellas 
personas que designe el Presidente del Comité.
2.  El régimen jurídico del Comité de evaluación será el establecido en la sección 
tercera del capítulo II, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
3.  El Comité de evaluación emitirá el informe final en el que se concrete el resultado 
de la evaluación efectuada recogido en el artículo 18, según lo establecido en el 
artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 21.  Propuesta de resolución y aceptación de subvenciones.
1.  El órgano instructor formulará la propuesta de resolución provisional.
2.  Si como consecuencia de la evaluación de la solicitud, la propuesta de resolución 
provisional fuese denegatoria, por falta de viabilidad técnica, económica y financiera del 
proyecto, o por efectos de la modulación de ayudas y priorización de proyectos señalada 
en el artículo 19, o por no estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y 
la Agencia Tributaria, el Instituto para la Transición Justa, O.A., la notificará a los 
interesados a través de su sede electrónica, siguiéndose igual trámite que el establecido 
en el artículo 17 para las denegaciones de las solicitudes de ayuda que no superen la fase 
de preevaluación.
3.  Si como consecuencia de la evaluación de la solicitud la propuesta de resolución 
provisional fuera aprobatoria, el Instituto para la Transición Justa, O.A., la notificará a los 
interesados a través de la sede electrónica el Instituto para la Transición Justa, O.A.
4.  Las notificaciones, para los supuestos señalados en el apartado anterior, darán 
inicio al trámite de audiencia, a fin de que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde 
el día siguiente a la fecha en que se produzca el acceso al contenido de la notificación en 
la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A., se formulen las alegaciones 
que se estimen oportunas, y se presenten, cuando sea necesario, los documentos o 
justificantes pertinentes. La falta de alegaciones o de aceptación expresa, en el plazo 
establecido, se entenderá como una aceptación tácita de la propuesta de resolución 
provisional notificada.
5.  El órgano instructor resolverá con relación a las alegaciones planteadas y 
formulará la propuesta de resolución definitiva.
6.  La propuesta de resolución definitiva para la concesión de la ayuda será 
notificada, a través de la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A., a 
los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios, debiendo estos 
manifestar ante el Instituto para la Transición Justa, O.A., la aceptación de la misma,  e.e
entendiéndose que se renuncia a la ayuda solicitada si no se hubiere manifestado de  b
forma expresa y fehaciente dicha aceptación, en el plazo de cinco días hábiles, a contar  411ww
deens ldae s eedl sei geuleiecntrtóen aic laa. fecha en que el beneficiario acceda al contenido de la notificación
Artículo 22.  Resolución.
1.  La resolución, debidamente motivada, concediendo o denegando la ayuda 
solicitada, se dictará por la persona titular de la Presidencia del Instituto para la Transición 
Justa, O.A.
La resolución de concesión contendrá los solicitantes a los que se concede la 
subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes que aun habiendo sido 
informadas favorablemente no obtengan finalmente la subvención por falta de aceptación 
de la propuesta definitiva, o bien por renuncia al derecho o imposibilidad material 
sobrevenida. Asimismo, la resolución de concesión incluirá una relación ordenada de 
todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas 
establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan 
sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con 
indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de 
valoración previstos en la misma.
2.  Si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el Instituto para 
la Transición Justa, O.A., acordará, sin necesidad de nueva convocatoria, la concesión de 
la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de puntuación, 
siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios se haya liberado 
crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes no seleccionadas. Los 
créditos que eventualmente se liberen como consecuencia de las renuncias efectuadas, 
en el plazo de dos meses desde la notificación da las propuestas definitivas, no podrán 
financiar las cuantías adicionales que en otras convocatorias se hayan podido contemplar 
al amparo del artículo 58 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El Instituto para la Transición Justa, O.A., comunicará esta opción a los interesados, a 
fin de que acepten la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días 
hábiles. Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes se dictará 
resolución de concesión.
3.  Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, y de 
la publicación en la página web del Instituto para la Transición Justa, O.A., la resolución 
que resuelve el procedimiento de concesión se notificará a través de la sede electrónica 
del Instituto para la Transición Justa, O.A.
4.  Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante este organismo en el plazo de un mes 
desde el día siguiente al de la fecha de acceso a la notificación de la resolución en la sede 
electrónica o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente a la fecha de acceso a la notificación de la resolución en la sede 
electrónica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
5.  En la notificación se hará constar el nombre del beneficiario, proyecto o actuación 
a realizar, localización del mismo, importe de la inversión subvencionable a justificar, 
empleo nuevo a crear, cuantía máxima de la subvención concedida, fechas máximas para 
cumplir los requisitos de inversión y creación del empleo y su mantenimiento, y cualquier 
otra condición que el órgano concedente pueda establecer.
En la resolución de concesión que se notifique individualmente a los beneficiarios se 
podrán establecer condiciones técnicas, económicas y de creación de empleo de 
observancia obligatoria para la realización del proyecto o actuación subvencionable, así  s
como la exigencia, en su caso, de presentación de informes periódicos sobre los resultados  e.
obtenidos, previsiones de explotación o cualquier otra información que se estime necesaria. w.
6.  La concesión de subvenciones con distribución plurianual estará condicionada,  411ww
pcoarrrae slpoos nedjieerncteicsio cso npsoigsntearcioiorneess  aplr eqsuuep usees tdairciatas  yla r ersepseotlaurcái ólon ,e sat albal eecxidisot eennc eial  adrteíc ulalos 
47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
7.  El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de los expedientes será de 
seis meses a partir de la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes, de 
acuerdo con la disposición adicional novena de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
8.  El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los 
interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión 
de la subvención.
Artículo 23.  Modificaciones de las condiciones establecidas.
Una vez recaída la resolución de concesión, considerando que los proyectos 
presentados pueden plantear la necesidad de realizar cambios a lo largo de su ejecución, 
que puedan afectar a las condiciones establecidas, los beneficiarios podrán solicitar al 
Instituto para la Transición Justa, O.A., modificaciones de las mismas, en los siguientes 
términos:
1.  Compromiso de plazos. Se podrán modificar los plazos establecidos para la 
finalización de la inversión o para la de creación del empleo en los siguientes supuestos:
a)  Si se trata de ampliaciones de los plazos, las solicitudes deberán ser formalizadas 
antes del vencimiento del plazo que se pretenda modificar. En estos casos, el Instituto para 
la Transición Justa, O.A., revisará, si es preciso, las cuantías de las cantidades 
garantizadas mediante el depósito del aval en la Caja General de Depósitos, al objeto de 
requerir la aportación de una nueva garantía complementaria que cubra la posible 
ampliación del plazo establecido.
b)  Las solicitudes de adelanto de los plazos establecidos no podrán ser por un 
período inferior a seis meses e igualmente deberán ser formalizadas antes del vencimiento 
del plazo que se pretende modificar.
c)  No será admisible una nueva modificación de los plazos, cuando ya se hubiese 
otorgado una ampliación de dos años respecto del plazo inicial, o cuando se estime la falta 
de viabilidad del proyecto.
Toda modificación de plazos deberá ser autorizada previamente por el Instituto para la 
Transición Justa, O.A.
2.  Composición de las partidas de la inversión subvencionable. Podrá modificarse la 
composición de las partidas de inversión subvencionable siempre que las modificaciones de 
los diversos capítulos no superen el 30 por ciento en los capítulos incrementados y que, en 
su conjunto, no incrementen la inversión subvencionable total aprobada. Excepcionalmente, 
este porcentaje podrá ser superior siempre que esté adecuadamente justificado y la 
modificación permita la consecución del objeto previsto de la inversión. En aquellos 
supuestos en que las modificaciones de los diversos capítulos no superen el 10 por ciento 
en los capítulos incrementados y que, en su conjunto, no incrementen la inversión 
subvencionable total aprobada, no será necesaria la autorización del órgano instructor, y las 
entidades colaboradoras deberán recogerlo en sus certificados de cumplimiento de 
condiciones. En todo caso, deberán respetarse las normas establecidas para la 
determinación de la inversión subvencionable. En el resto de supuestos, las solicitudes 
deberán ser expresamente autorizadas por el órgano concedente de las ayudas.
3.  Compromiso de empleo. Se podrá modificar el compromiso del empleo a crear 
solo en los siguientes supuestos:
a)  Si se trata de modificaciones a la baja del empleo a crear comprometido por el  e.
proyecto, se revisará a la baja la cuantía de la ayuda máxima aprobada de manera  w.b
proporcional. En el caso de que concurra la circunstancia excepcional de recesión  411ww
ecocnosneócmuitcivao, se,n pteondrdáid ma acnotmenoe lras eta dsiach dae c vuaarniatícai ómná dxeiml Pa,I Bp rneevigaa atipvaro dbuarcaiónnte d deol Isn strtiimtuetos.t rEens 
troedqoui sciatos om,í ndiimchoa d em eomdipfilceaoc.ión a la baja no podrá suponer un compromiso inferior al
b)  Si se trata de modificaciones al alza del empleo a crear comprometido por el 
proyecto, no se revisará al alza la cuantía de la ayuda máxima correspondiente.
c)  Si se trata de modificaciones en la cualificación del empleo, se minorará la ayuda 
en función de la bonificación obtenida por esta circunstancia, salvo que se compense con 
un mayor compromiso del empleo. No será necesaria la autorización del órgano 
concedente en aquellos supuestos en los que no se hubiera aprobado una bonificación 
adicional por esta circunstancia.
Las entidades colaboradoras deberán recoger dicha variación en sus certificados de 
cumplimiento de condiciones. En el resto de supuestos, las solicitudes deberán ser 
expresamente autorizadas por el órgano concedente de las ayudas.
4.  Cualquier otra modificación de condiciones, o de la titularidad de los beneficiarios 
o modificaciones que consistan en la ampliación de la actividad objeto de la ayuda, o 
cambio de ubicación del proyecto, deberán ser autorizadas por el Instituto para la 
Transición Justa, O.A., previa solicitud del interesado. En ningún caso, como consecuencia 
de modificaciones aprobadas se podrá autorizar una inversión subvencionable y una 
ayuda superior a las inicialmente aprobadas.
5.  Una vez firmada el acta de comprobación de los proyectos sólo serán susceptibles 
de modificación las fechas de finalización del compromiso de mantenimiento del empleo o 
de las inversiones subvencionables, sobre la base de la existencia de circunstancias que 
justifiquen la modificación del período establecido, para facilitar su cumplimiento y asegurar 
la continuidad del proyecto.
6.  El Instituto para la Transición Justa, O.A., podrá establecer, en la resolución de 
convocatoria, un periodo específico dentro del ejercicio para solicitar la modificación de los 
plazos establecidos.
7.  Las modificaciones previstas en este artículo se podrán autorizar siempre que no 
dañen derechos de tercero y se presenten antes de que concluya el plazo para la 
realización de la actividad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
8.  El plazo máximo para autorizar la modificación de las condiciones será de tres 
meses desde la presentación de la solicitud. El vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio 
administrativo la solicitud de modificación de la ayuda.
9.  Contra esta resolución que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante este organismo en el plazo de un mes 
desde el día siguiente a la fecha de acceso a la notificación de la resolución en la sede 
electrónica de su notificación o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la fecha de acceso a la notificación de la resolución en 
la sede electrónica de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio.
CAPÍTULO IV
Justificación y publicidad de las ayudas
Artículo 24.  Justificación.
1.  El beneficiario de la subvención estará obligado a justificar el cumplimiento de las  e
condiciones establecidas, así como la realización de la actividad que determinó la  bo
concesión de la ayuda, en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo establecido  411ww
pjuasrtaifi claat irveaa, laizjuasctiáónnd odsee d ai cloh ae satacbtilveicdiaddo.  eLna l ojsu satritfíiccualcoisó n7 2s ye  7r4e adleizl aRreág mlamedeinatnot ed ec luae Lnetay 
3p8la/z2o0 0d3e,  dtere 1s 7m dees enos vsieemñabrlaed, od.e bEile nbdeon eafpicoiratrairos eq uloesd adroác,u maseinmtoissm aoc,r esdoimtaetitviodso,  ae nl aesl 
actividades de control financiero que corresponden a la Intervención General de la 
Administración del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.
En el caso de que el beneficiario opte por la presentación de un informe realizado por 
un auditor externo, dicho informe habrá de realizarse de conformidad con lo previsto en la 
Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de 
los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas 
justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el 
artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
De conformidad con lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones, el Instituto para la Transición Justa, O.A., o las entidades colaboradoras 
llevarán a cabo la comprobación de toda la documentación que los beneficiarios deban 
aportar para justificar la subvención. En el caso de que las comprobaciones sean 
realizadas por las entidades colaboradoras, el Instituto para la Transición Justa, O.A., 
elaborará en los tres primeros meses de cada año, un plan anual de actuación en el que 
se recojan los controles que se realizarán desde el mismo, incluyendo plazos de 
realización, y metodología de determinación de los expedientes a examinar.
El beneficiario quedará, asimismo, sometido a las actividades de control financiero que 
corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado y a las previstas 
en la legislación del Tribunal de Cuentas.
2.  La ejecución de los proyectos deberá ajustarse a las condiciones, prescripciones 
y plazos que se establezcan en la resolución de concesión y modificatorias, en su caso. La 
justificación de los gastos subvencionables deberá adecuarse a lo establecido en los 
artículos 29,30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En caso de bienes inscribibles 
en un registro público dicha inscripción deberá aportarse junto con la documentación 
justificativa acreditativa de la ejecución de la inversión subvencionable.
3.  El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención, o la 
justificación insuficiente de la misma, llevará aparejada la pérdida del derecho al cobro o 
el reintegro, si procede, en las condiciones previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
4.  La obligación de conservación de los documentos contables, registros y resto de 
documentación relacionada con el cumplimiento de las condiciones de la subvención, a 
que se refiere el artículo 14.1.f) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se extenderá por 
un periodo de diez ejercicios fiscales a partir de la fecha de concesión de la ayuda.
Artículo 25.  Publicidad de las ayudas.
El beneficiario queda obligado a expresar mediante un cartel, que deberá ser ubicado 
en el lugar de realización del mismo, que el proyecto ha sido subvencionado con cargo al 
Programa de reactivación económica de las zonas de la minería del carbón, desarrollado 
por el Instituto para la Transición Justa, O.A. Asimismo, cuando el beneficiario haga 
referencia al proyecto subvencionado en cualquier forma o medio de difusión, deberá 
incluir la imagen institucional del organismo concedente. En todas las menciones anteriores 
deberá aparecer el logotipo del Instituto para la Transición Justa, O.A., y el del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En el supuesto de que el beneficiario disfrutara de otras ayudas y viniera obligado a 
dar publicidad de esta circunstancia, los medios de difusión, así como su relevancia 
deberán ser análogos a los empleados para las otras fuentes de financiación.
La publicidad de la financiación del proyecto deberá mantenerse hasta la finalización 
de la verificación del mantenimiento del empleo y de la inversión. e.
En caso de incumplimiento de esta obligación, se deberán aplicar, sin perjuicio de las  w.
responsabilidades que pudiesen corresponder en aplicación del título IV de la Ley 38/2003,  411ww
ddees 1a7rr odlleo .noviembre, las reglas contenidas en el artículo 31.3 de su reglamento de
CAPÍTULO V
Procedimiento de pago
Artículo 26.  Pago de las subvenciones concedidas.
1.  El pago de las subvenciones objeto de esta orden deberá solicitarse por el 
beneficiario mediante solicitud dirigida a la persona titular de la Gerencia del Instituto para 
la Transición Justa, O.A. En dicha solicitud se informará de la finalización del proyecto 
dentro del período de tiempo determinado para su realización. Para tramitar el pago de la 
subvención deberán entregarse los documentos acreditativos de que la actividad objeto de 
la subvención ha sido efectivamente realizada en las condiciones que imponga la 
resolución, incluyendo los justificantes de gasto, con el fin de facilitar la certificación del 
cumplimiento de las mismas. El pago final de la ayuda no podrá realizarse hasta la plena 
justificación del total de las inversiones y gastos, y de la creación, o mantenimiento en su 
caso, del empleo comprometido.
2.  No obstante lo anterior, para aquellos proyectos de inversión cuya ejecución 
exceda de un período de doce meses, los beneficiarios podrán solicitar pagos a cuenta del 
40 al 80 por ciento sobre las inversiones realizadas, que serán atendidos en función de la 
disponibilidad presupuestaria, pudiendo determinarse de oficio su importe.
Cuando se solicite un pago a cuenta, se presentará además una certificación parcial 
acreditativa del valor de la obra ejecutada, extendida por el Instituto para la Transición 
Justa, O.A., o, en su defecto, por la entidad colaboradora que haya firmado el convenio a 
que se refiere el artículo 12 siendo, no obstante, válida la certificación que haya sido 
utilizada para la percepción de otros incentivos de la Administración General del Estado o 
de la Administración de la Comunidad Autónoma para el mismo proyecto.
A efectos de liquidación de pago a cuenta, se entenderá como coste el valor de la 
inversión subvencionable ejecutada hasta la fecha de liquidación, que no se haya tomado 
en consideración en anteriores pagos a cuenta, según la programación aprobada.
3.  El Instituto para la Transición Justa, O.A., verificará el cumplimiento de la actuación 
subvencionada, comprobará que el importe de la subvención se ha aplicado a la concreta 
finalidad por la que fue concedida y que se ha cumplido el compromiso de empleo en las 
condiciones establecidas en la resolución. Para ello contará con las correspondientes 
certificaciones de cumplimiento de condiciones emitidas por las entidades colaboradoras.
4.  Por lo que se refiere al pago a cuenta, cuando se trate del último pago, se 
realizarán por el Instituto para la Transición Justa, O.A., las actuaciones señaladas en el 
apartado anterior.
5.  Una vez realizada la correspondiente verificación técnico-económica del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución de concesión, se extenderá 
el acta de comprobación de realización del proyecto, que se podrá firmar por un 
representante del Instituto para la Transición Justa, O.A., o un representante de la entidad 
colaboradora y otro del beneficiario de la subvención. Con dicha acta se dará cumplimiento 
a la obligación de comprobación de la realización de la actividad y del cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión y disfrute de la subvención, tal y como se recoge en 
el artículo 85 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
6.  Firmada el acta de comprobación de realización del proyecto, deberá acreditarse 
que el beneficiario se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. e.e
7.  Igualmente habrá de aportarse una nueva declaración de otras ayudas, junto con  b
la documentación acreditativa de la solicitud o concesión de las mismas, a los efectos de  411ww
qduee in etel nInssidtiatudt om páaxriam ala  dTer alanss iaciyóund aJus sptare, vOis.tAo. ,e rne aelli caert ílcau aloc t9iv iddea dla  doer dceonn.trol sobre límites
de l8o.s  eEml pInlesotistu gtoe npearraad loas T, rpaondsriác iósno liJcuitsatra ,l aOs. Ace.,r tcifoicna ocbiojenteos d dee r eaabloiznaor  ae l lase Sgeugimurieidnatdo 
Social con las cotizaciones de los trabajadores empleados por las empresas objeto de 
la subvención.
9.  En las resoluciones de convocatoria de los ejercicios correspondientes podrá 
establecerse un periodo específico dentro de cada anualidad para solicitar el pago 
anticipado, pagos a cuenta o la liquidación de las ayudas concedidas.
Artículo 27.  Pago anticipado de las ayudas.
1.  Las cantidades pendientes de pago de las ayudas aprobadas de conformidad con 
esta orden podrán ser anticipadas hasta un máximo del 85 por ciento del importe de la ayuda 
concedida, mediante resolución del Presidente del Instituto para la Transición Justa, O.A., en 
función de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, previa petición de los 
interesados que no se encuentren en los casos en que el artículo 34 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, prohíbe su realización.
2.  En el supuesto de concesión del pago anticipado, el beneficiario deberá presentar 
el original del resguardo de constitución de una garantía en la Caja General de Depósitos, 
en alguna de las modalidades previstas en las disposiciones reguladoras de la citada Caja 
(Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997, de 7 
de febrero, y demás normativa de aplicación), y con los requisitos establecidos para las 
mismas, suficiente a juicio del Instituto para la Transición Justa, O.A., por el importe de la 
ayuda concedida y anticipada, y los intereses de demora, desde el momento de la 
concesión del anticipo hasta el final del plazo establecido para el mantenimiento del 
empleo comprometido, en su caso. Se considerará interés de demora el previsto en el 
artículo 17.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
La garantía será liberada cuando tenga lugar la acreditación de que se han cumplido las 
condiciones fijadas en la resolución de concesión, en lo relativo a la ejecución de la inversión 
y la creación del empleo, en su caso. La garantía no podrá liberarse con anterioridad a la 
firma del acta de comprobación a la que se hace referencia en el artículo 26.5.
3.  Para el cobro del resto de la ayuda, una vez deducido el anticipo máximo del 85 
por ciento regulado en los apartados anteriores, el beneficiario deberá presentar ante el 
Instituto para la Transición Justa, O.A., la documentación que se señala en el artículo 26, 
siguiendo el procedimiento establecido en sus apartados 3, 5, y 6.
CAPÍTULO VI
Compromisos de mantenimiento de condiciones
Artículo 28.  Mantenimiento de las condiciones.
1.  Las fechas mínimas de mantenimiento del empleo y de la actividad e inversión, 
vendrán fijadas en la resolución de concesión de la ayuda, y si las hubiera, en las 
resoluciones modificatorias.
2.  Dentro del plazo de los tres meses siguientes a la fecha de finalización del periodo 
de mantenimiento, el beneficiario deberá presentar la documentación justificativa ante el 
órgano competente o ante la entidad colaboradora.
3.  Justificación del mantenimiento del empleo. El periodo de mantenimiento del 
empleo comprometido se fija en un mínimo de tres años, que coincidirá con el establecido 
en la resolución de concesión de la ayuda o, en su caso, en las resoluciones modificatorias 
posteriores. e
El empleo mantenido se determinará considerando la plantilla media de los doce  bo
meses naturales anteriores a la fecha de la solicitud más el compromiso de creación de  411ww
estoumdbpovEl eecnnoa c sdaiooeq,nl u atpaedrmlooloysbes iépc ntopo rr c soeouylm beInvoces tetnoimtcsui optoqnle uapodea o ara. sm ela a npTtrreeannseserin,c iteóeln nn  Júcumosetmaro,o  O da.eAm .p,pu dleieasbctoeiosrá nd eceso  tnrdaseibda ejoroat rrqosuese,   eyynaa    OE-A-2020-17able en https://
fueron objeto de ayuda con financiación del correspondiente proyecto de inversión.
Para la evaluación del cumplimiento de esta condición, la documentación a comprobar 
estará compuesta, al menos, por los informes de plantilla media de trabajadores en 
situación de alta e informe de vida laboral de un código de cuenta de cotización de los 
años correspondientes al periodo de mantenimiento, emitidos por la Tesorería General de 
la Seguridad Social. En el caso de existencia de varios centros de trabajo, el Instituto para 
la Transición Justa, O.A., recabará informes de todas las cuentas de cotización.
En caso de compromiso de creación de empleo juvenil, o de empleo para personas 
mayores de cuarenta y cinco años, o de creación de empleo de carácter femenino, o 
destinado a trabajadores discapacitados, o dirigido a excedentes de las empresas mineras 
del carbón o de sus subcontratas, el beneficiario deberá aportar documentación adicional 
para justificar que se ha cumplido con dicho compromiso.
Si el nivel de empleo mantenido fuese inferior al requisito mínimo de un empleo, el 
alcance del incumplimiento será total.
En aquellos proyectos cuyo compromiso fue solo el de mantener una plantilla media 
igual o superior a tres empleos, el alcance del incumplimiento será total si la plantilla media 
mantenida es inferior a la comprometida y existe destrucción de empleo.
4.  Justificación del mantenimiento de la inversión. El periodo de mantenimiento de la 
actividad y la inversión subvencionada se fija en un mínimo de tres años que coincidirá con 
el establecido en la resolución de concesión de la ayuda o, en su caso, en las resoluciones 
modificatorias posteriores.
Para realizar las comprobaciones del cumplimiento de esta condición, el beneficiario 
deberá presentar documentación justificativa ante el órgano competente o ante la entidad 
colaboradora. En todo caso, se incluirá inventario de los bienes objeto de subvención, que 
contendrá la información necesaria que permita verificar el mantenimiento de las 
inversiones durante el periodo de mantenimiento. Deberá, asimismo, presentar 
documentación justificativa de que la actividad se ha mantenido durante ese periodo.
En caso de incumplimiento, el alcance se determinará de forma proporcional a la 
inversión no mantenida y al periodo durante el cual se hayan incumplido los requisitos de 
inversión o actividad. Si las inversiones mantenidas o el mantenimiento de la actividad no 
superaran el requisito mínimo, el alcance del incumplimiento será total.
Además del inventario de los bienes objeto de subvención, la justificación documental 
podrá consistir en, al menos:
a)  Declaración responsable de cumplimiento según el modelo que se especifique en 
la correspondiente convocatoria.
b)  Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria de los ejercicios 
correspondientes al periodo de mantenimiento, e informe de Auditoría, si procede.
c)  Impuesto de sociedades de dichos ejercicios.
d)  Certificado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
e)  Cualquier otra documentación tendente a justificar el cumplimiento de este 
compromiso, o bien que le sea requerido por el órgano competente.
5.  El incumplimiento por parte de la empresa de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el reintegro de las cantidades 
percibidas en las condiciones previstas en el artículo 37 de Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
6.  En el caso de cumplimento de las condiciones de mantenimiento se dictará 
resolución de cumplimiento, sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que 
competen a la Intervención General de la Administración del Estado y al Tribunal de  e.e
Cuentas, según establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. w.b
CAPÍTULO VII
Incumplimiento de las condiciones
Artículo 29.  Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las ayudas quedarán sometidos a lo establecido en materia de 
reintegros, control financiero e infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 30.  Criterios de graduación del incumplimiento de condiciones.
1.  En los supuestos de incumplimiento parcial o total de las condiciones establecidas 
en las resoluciones de concesión se procederá a iniciar el procedimiento para la reducción 
o revocación de la ayuda en función de la relevancia del incumplimiento.
2.  Se producirá la revocación total de la ayuda en aquellos casos en los que la 
realización final del proyecto, en las fechas máximas fijadas para su ejecución, no supere 
los requisitos mínimos señalados en los artículos 8.2 y 8.3 para la obtención inicial de la 
ayuda concedida. Se producirá, igualmente, en los supuestos establecidos en el artículo 
28 en relación con el grado de cumplimiento de los compromisos de mantenimiento de la 
inversión y del empleo.
3.  En el supuesto de realización parcial de la inversión subvencionable establecida, 
una vez acreditado el cumplimiento del requisito de creación de los puestos de trabajo 
comprometidos, se liquidará la ayuda máxima definitiva en el mismo porcentaje de 
inversión subvencionable acreditada. En el supuesto de mantenimiento parcial de la 
inversión subvencionable se minorará la ayuda en el mismo porcentaje de su 
incumplimiento.
4.  En los supuestos de incumplimiento parcial en la creación o mantenimiento del 
empleo, se procederá a reducir la ayuda máxima aprobada en igual proporción al 
incumplimiento detectado. En la fase de creación, la nueva ayuda máxima que proceda 
fijar se liquidará en función de la inversión subvencionable ejecutada y acreditada.
5.  El incumplimiento de la obligación de comunicar la obtención de otras subvenciones 
públicas o ayudas privadas será causa para la revocación parcial o total de la ayuda, en 
función de la cuantía de la ayuda obtenida por el proyecto y no notificada al Instituto para 
la Transición Justa, O.A.
6.  El incumplimiento de la obligación de publicitar el origen de la financiación que 
apruebe el Instituto para la Transición Justa, O.A., con cargo a los programas de 
reactivación de las comarcas mineras, podrá dar lugar a la revocación total de la ayuda.
Disposición adicional única.  Limitación de dotaciones.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni 
de retribuciones ni de otros gastos de personal.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de las competencias exclusivas que el artículo 149.1.13.ª 
de la Constitución Española atribuye al Estado para dictar las bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor. b
del EEssttaad oor»d.en entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial  2020-17411n https://ww
paraM laa dTrrida,n s2i9c iódne  Edcicoielómgbicrae  yd ee l 2R0e2t0o. –DLeam Voigcreápfirceos,i dTeenretas aC Ruaibretar ad Relo Gdroígbuieerzn.o y Ministra  BOE-A-cable e
ANEXO I
Municipios mineros muy afectados por el proceso de cierre de empresas de la 
minería del carbón
Comunidad Autónoma Provincia Municipio
Aragón. Teruel. Alcorisa.
Aragón. Teruel. Alloza.
Aragón. Teruel. Andorra.
Aragón. Teruel. Ariño.
Aragón. Teruel. Calanda.
Aragón. Teruel. Cañizar del Olivar.
Aragón. Teruel. Castellote.
Aragón. Teruel. Escucha.
Aragón. Teruel. Estercuel.
Aragón. Teruel. Foz-Calanda.
Aragón. Teruel. Gargallo.
Aragón. Teruel. Palomar de Arroyos.
Aragón. Teruel. Utrillas.
Aragón. Zaragoza. Mequinenza.
Asturias. Asturias. Aller.
Asturias. Asturias. Bimenes.
Asturias. Asturias. Cangas de Narcea.
Asturias. Asturias. Caso.
Asturias. Asturias. Degaña.
Asturias. Asturias. Gijón-La Camocha.
Asturias. Asturias. Ibias.
Asturias. Asturias. Langreo.
Asturias. Asturias. Laviana.
Asturias. Asturias. Lena.
Asturias. Asturias. Mieres.
Asturias. Asturias. Morcin.
Asturias. Asturias. Oviedo-Olloniego.
Asturias. Asturias. Piloña.
Asturias. Asturias. Quirós. o
Asturias. Asturias. Ribera de Arriba. 411ww
Asturias. Asturias. Riosa.
Asturias. Asturias. San Martin del Rey Aurelio.
Asturias. Asturias. Siero.
Comunidad Autónoma Provincia Municipio
Asturias. Asturias. Sobrescobio.
Asturias. Asturias. Teverga.
Asturias. Asturias. Tineo.
Castilla-La Mancha. Ciudad Real. Puertollano.
Castilla y León. León. Bembibre.
Castilla y León. León. Berlanga del Bierzo.
Castilla y León. León. Cabrillanes.
Castilla y León. León. Cistierna.
Castilla y León. León. Fabero.
Castilla y León. León. Folgoso de la Ribera.
Castilla y León. León. Igüeña.
Castilla y León. León. Matallana de Torio.
Castilla y León. León. Noceda.
Castilla y León. León. Palacios del Sil.
Castilla y León. León. Paramo del Sil.
Castilla y León. León. Pola de Gordón, La.
Castilla y León. León. Robla, La.
Castilla y León. León. Sabero.
Castilla y León. León. San Emiliano.
Castilla y León. León. Toreno.
Castilla y León. León. Torre del Bierzo.
Castilla y León. León. Valdepielago.
Castilla y León. León. Valderrueda.
Castilla y León. León. Valdesamario.
Castilla y León. León. Vega de Espinareda.
Castilla y León. León. Vegacervera.
Castilla y León. León. Villablino.
Castilla y León. León. Villagaton (Brañuelas).
Castilla y León. Palencia. Barruelo de Santullan.
Castilla y León. Palencia. Castrejon de la Peña.
Castilla y León. Palencia. Cervera de Pisuerga.
Castilla y León. Palencia. Guardo. bo
Castilla y León. Palencia. Pernia, La. 411ww
Castilla y León. Palencia. Santibañez de la Peña.
Castilla y León. Palencia. Velilla del Rio Carrion.
ANEXO II
Resto de municipios afectados por el proceso de cierre de empresas de la minería 
del carbón
Comunidad Autónoma Provincia Municipio
Aragón. Huesca. Fraga.
Aragón. Huesca. Torrente del Cinca.
Aragón. Teruel. Aguaviva.
Aragón. Teruel. Alacon.
Aragón. Teruel. Albalate del Arzobispo.
Aragón. Teruel. Alcaine.
Aragón. Teruel. Alcañiz.
Aragón. Teruel. Aliaga.
Aragón. Teruel. Alpeñes.
Aragón. Teruel. Anadon.
Aragón. Teruel. Belmonte de San Jose.
Aragón. Teruel. Berge.
Aragón. Teruel. Bordon.
Aragón. Teruel. Camarillas.
Aragón. Teruel. Cañada de Verich, La.
Aragón. Teruel. Cañada Vellida.
Aragón. Teruel. Castel de Cabra.
Aragón. Teruel. Castelseras.
Aragón. Teruel. Cerollera, La.
Aragón. Teruel. Codoñera, La.
Aragón. Teruel. Cosa.
Aragón. Teruel. Crivillen.
Aragón. Teruel. Cuevas de Almuden.
Aragón. Teruel. Ejulve.
Aragón. Teruel. Fornoles.
Aragón. Teruel. Fortanete.
Aragón. Teruel. Fuenferrada.
Aragón. Teruel. Fuentes Calientes.
Aragón. Teruel. Galve. o
Aragón. Teruel. Ginebrosa, La. 411ww
Aragón. Teruel. Hijar.
Aragón. Teruel. Hinojosa del Jarque.
Aragón. Teruel. Hoz de La Vieja, La.
Comunidad Autónoma Provincia Municipio
Aragón. Teruel. Jarque de La Val.
Aragón. Teruel. Lidon.
Aragón. Teruel. Maicas.
Aragón. Teruel. Martin del Rio.
Aragón. Teruel. Mas De las Matas.
Aragón. Teruel. Mata de los Olmos, La.
Aragón. Teruel. Mezquita de Jarque.
Aragón. Teruel. Miravete de La Sierra.
Aragón. Teruel. Molinos.
Aragón. Teruel. Monroyo.
Aragón. Teruel. Montalbán.
Aragón. Teruel. Muniesa.
Aragón. Teruel. Obon.
Aragón. Teruel. Oliete.
Aragón. Teruel. Olmos, Los.
Aragón. Teruel. Pancrudo.
Aragón. Teruel. Parras de Castellote, Las.
Aragón. Teruel. Perales de Alfambra.
Aragón. Teruel. Pitarque.
Aragón. Teruel. Rafales.
Aragón. Teruel. Rillo.
Aragón. Teruel. Salcedillo.
Aragón. Teruel. Segura de los Baños.
Aragón. Teruel. Seno.
Aragón. Teruel. Torre de las Arcas.
Aragón. Teruel. Torre los Negros.
Aragón. Teruel. Torrecilla del Rebollar.
Aragón. Teruel. Torrevelilla.
Aragón. Teruel. Urrea de Gaen.
Aragón. Teruel. Villanueva de Rebollar de la Sierra.
Aragón. Teruel. Villarluengo.
Aragón. Teruel. Villarroya de los Pinares. bo
Aragón. Teruel. Visiedo. 411ww
Aragón. Teruel. Vivel del Rio Martin.
Aragón. Teruel. Zoma, La.
Aragón. Zaragoza. Caspe.
Comunidad Autónoma Provincia Municipio
Aragón. Zaragoza. Fabara.
Aragón. Zaragoza. Fayon.
Aragón. Zaragoza. Lecera.
Aragón. Zaragoza. Nonaspe.
Asturias. Asturias. Allande.
Asturias. Asturias. Aviles.
Asturias. Asturias. Belmonte de Miranda.
Asturias. Asturias. Cabranes.
Asturias. Asturias. Caravia.
Asturias. Asturias. Carreño.
Asturias. Asturias. Castrillon.
Asturias. Asturias. Colunga.
Asturias. Asturias. Corvera de Asturias.
Asturias. Asturias. Gijon.
Asturias. Asturias. Gozon.
Asturias. Asturias. Grado.
Asturias. Asturias. Illas.
Asturias. Asturias. Llanera.
Asturias. Asturias. Nava.
Asturias. Asturias. Noreña.
Asturias. Asturias. Oviedo.
Asturias. Asturias. Parres.
Asturias. Asturias. Ponga.
Asturias. Asturias. Proaza.
Asturias. Asturias. Regueras, Las.
Asturias. Asturias. Salas.
Asturias. Asturias. Santo Adriano.
Asturias. Asturias. Sariego.
Asturias. Asturias. Somiedo.
Asturias. Asturias. Valdes.
Asturias. Asturias. Villaviciosa.
Asturias. Asturias. Villayon. bo
Asturias. Asturias. Yernes y Tameza. 411ww
Castilla y León. León. Arganza.
Castilla y León. León. Acebedo.
Castilla y León. León. Almanza.
Comunidad Autónoma Provincia Municipio
Castilla y León. León. Balboa.
Castilla y León. León. Barjas.
Castilla y León. León. Barrios de Luna.
Castilla y León. León. Benuza.
Castilla y León. León. Boca de Huergano.
Castilla y León. León. Boñar.
Castilla y León. León. Borrenes.
Castilla y León. León. Brazuelo.
Castilla y León. León. Buron.
Castilla y León. León. Cabañas Raras.
Castilla y León. León. Cacabelos.
Castilla y León. León. Camponaraya.
Castilla y León. León. Candin.
Castilla y León. León. Cármenes.
Castilla y León. León. Carracedelo.
Castilla y León. León. Carrocera.
Castilla y León. León. Carucedo.
Castilla y León. León. Castrillo de Cabrera.
Castilla y León. León. Castropodame.
Castilla y León. León. Cebanico.
Castilla y León. León. Congosto.
Castilla y León. León. Corullon.
Castilla y León. León. Crémenes.
Castilla y León. León. Cuadros.
Castilla y León. León. Cubillas de Rueda.
Castilla y León. León. Cubillos del Sil.
Castilla y León. León. Ercina, La.
Castilla y León. León. Garrafe de Torio.
Castilla y León. León. Gradefes.
Castilla y León. León. Lucillo.
Castilla y León. León. Magaz de Cepeda.
Castilla y León. León. Molinaseca. bo
Castilla y León. León. Murias de Paredes. 411ww
Castilla y León. León. Oencia.
Castilla y León. León. Omañas, Las.
Castilla y León. León. Peranzanes.
Comunidad Autónoma Provincia Municipio
Castilla y León. León. Ponferrada.
Castilla y León. León. Posada de Valdeon.
Castilla y León. León. Prado de La Guzpeña.
Castilla y León. León. Priaranza del Bierzo.
Castilla y León. León. Prioro.
Castilla y León. León. Puebla de Lillo.
Castilla y León. León. Puente de Domingo Florez.
Castilla y León. León. Quintana del Castillo.
Castilla y León. León. Reyero.
Castilla y León. León. Riaño.
Castilla y León. León. Riello.
Castilla y León. León. Rioseco de Tapia.
Castilla y León. León. Sancedo.
Castilla y León. León. Santa Colomba de Curueño.
Castilla y León. León. Santa Colomba de Somoza.
Castilla y León. León. Santa Maria de Ordas.
Castilla y León. León. Sena de Luna.
Castilla y León. León. Sobrado.
Castilla y León. León. Soto y Amio.
Castilla y León. León. Trabadelo.
Castilla y León. León. Truchas.
Castilla y León. León. Valdelugueros.
Castilla y León. León. Vecilla, La.
Castilla y León. León. Vega de Valcarce.
Castilla y León. León. Vegaquemada.
Castilla y León. León. Villadecanes (Toral de Los Vados).
Castilla y León. León. Villafranca del Bierzo.
Castilla y León. León. Villamanin.
Castilla y León. Palencia. Aguilar de Campoo.
Castilla y León. Palencia. Brañosera.
Castilla y León. Palencia. Congosto de Valdavia.
Castilla y León. Palencia. Dehesa de Montejo. bo
Castilla y León. Palencia. Mantinos. 411ww
Castilla y León. Palencia. Muda.
Castilla y León. Palencia. Olmos de Ojeda.
Castilla y León. Palencia. Payo de Ojeda.
Comunidad Autónoma Provincia Municipio
Castilla y León. Palencia. Polentinos.
Castilla y León. Palencia. Respenda de La Peña.
Castilla y León. Palencia. Salinas de Pisuerga.
ANEXO III
Definiciones del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles 
con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
Empresa: Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma 
jurídica, que ejerza una actividad económica. En particular, se considerarán empresas las 
entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título individual o 
familiar, así como las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan una actividad 
económica de forma regular.
Mediana empresa: Se considerará como tal a una empresa que ocupa a menos de 250 
personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo 
balance general anual no excede de 43 millones de euros.
Pequeña empresa: Se considerará como tal a una empresa que ocupa a menos de 
cincuenta personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no 
supera los 10 millones de euros.
Microempresa: Se considerará como tal a una empresa que ocupa a menos de diez 
personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 
millones de euros.
ANEXO IV
Criterios de puntuación y ponderación de priorización de los proyectos
1.  Localización de la inversión: Hasta 35 puntos. Si la inversión se va a realizar en 
alguno de los municipios mineros muy afectados por el proceso de cierre de empresas de 
la minería del carbón (anexo I) se obtendrán 25 puntos.
Si la inversión se va a realizar en alguno de los municipios mineros afectados por el 
proceso de cierre de empresas de la minería del carbón (anexo II) se obtendrán 15 puntos.
Si durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019 (o los tres ejercicios anteriores al de la 
convocatoria) se ha llevado a cabo el cierre de explotaciones en el municipio donde 
está ubicado el proyecto, con independencia del anexo en el que se encuentren, se 
obtendrán 35 puntos.
Si en el transcurso de los cinco ejercicios anteriores al de la convocatoria ha tenido 
lugar pérdida de población en el municipio en el que se ubique el proyecto, con 
independencia del anexo en el que se encuentre, se obtendrán, adicionalmente, los 
siguientes puntos redondeados a la unidad (datos del INE):
En el caso de que el resultado fuera superior a 35 se otorgará la puntuación máxima
de 35 puntos.
2.  Capacidad para generar empleo: Hasta 35 puntos. La puntuación inicial en este 
apartado se obtendrá de la aplicación del siguiente baremo:
– 30 puntos cuando la ratio inversión (en euros)/puesto de trabajo generado sea igual 
o inferior a 59.999,99.
– 20 puntos cuando la ratio inversión (en euros)/puesto de trabajo generado esté 
comprendido entre 60.000 y 119.999,99.
– 10 puntos cuando la ratio inversión (en euros)/puesto de trabajo generado esté 
comprendido entre 120.000 y 239.999,99.
– 5 puntos cuando la ratio inversión (en euros)/puesto de trabajo generado sea igual 
o superior a 240.000.
A continuación, la puntuación anterior se multiplicará por el coeficiente siguiente:
donde a es el número de puestos de trabajo comprometidos de empleo femenino; b es el 
número de puestos de trabajo comprometidos de empleo juvenil; c es el número de puestos 
de trabajo comprometidos de empleo para personas mayores de cuarenta y cinco años; d es 
el número de puestos de trabajo comprometidos de empleo destinado a trabajadores 
discapacitados; y e es el número de puestos de trabajo comprometidos para trabajadores 
procedentes de empresas mineras afectadas por la reestructuración de la minería del carbón 
o sus subcontratas; y f es el número de puestos de trabajo comprometidos para personas 
incluidas en la Bolsa de Trabajo del Instituto para la Transición Justa, O.A., contemplado en 
el Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición 
justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras.
Cuando una persona pueda ser asignada a más de una de las categorías anteriores 
se contabilizará solamente una vez, con excepción de la letra f que sí podrá acumularse, 
por este orden: a, b, c, d y e.
En el caso de que al aplicar el coeficiente el resultado fuera superior a 35 se otorgará 
la puntuación máxima de 35 puntos.
3.  Dimensión de la empresa y del proyecto: Hasta 10 puntos. La puntuación en este 
apartado se obtendrá de la aplicación del siguiente baremo:
– 10 puntos si se trata de una microempresa.
– 5 puntos si se trata de una pequeña empresa.
A la hora de asignar las puntuaciones se tendrán en cuenta las definiciones contenidas 
en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, 
por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
4.  Efectos de inducción de otras actividades y grado en que la actividad se encuentra 
ya desarrollada en la zona: Hasta 20 puntos.
La asignación de la puntuación se realizará teniendo en cuenta los siguientes 
subcriterios: e.
4.1  Incremento de la productividad a través de la innovación: Hasta 5 puntos. Se  411ww
vsael oc–rua mrLápa l eeal  decqsuutmais pcicloiimónndie idcnietóo nt edcen loolso gsíigau iniecnotrepso eraledma e(enqtousip:os, hardware y software): 1 punto si  OE-A-2020-17able en https://
– La adquisición de licencias y patentes: 1 punto si se cumple esta condición.
– La capacitación del personal (en gestión de calidad, seguridad industrial, TIC, etc.): 1 punto 
si se cumple esta condición.
– Actividades de Ingeniería y Diseño Industrial (IDI): 1 punto si se cumple esta 
condición.
– Aumento de la Intensidad del gasto en I+D, (gasto en I+D como porcentaje de la 
facturación): 1 punto si se cumple esta condición.
– Uso de nuevos materiales: 1 punto si se cumple esta condición.
Si el resultado fuera superior a 5 puntos, se otorgará la puntuación máxima de 5 
puntos.
4.2  Efecto del proyecto en la sostenibilidad social: hasta 7 puntos. Se valorará el 
cumplimiento de los siguientes elementos:
– Es un proyecto que entra dentro del ámbito de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de 
Economía Social: 2 puntos si se cumple esta condición.
– Generación de empleos indefinidos (más del 75 por ciento de los empleos que 
genera): 2 puntos si se cumple esta condición.
– Antigüedad de la empresa superior a cinco años: 1 punto si se cumple esta 
condición.
– Antigüedad media de los empleados superior a cinco años: 1 punto si se cumple 
esta condición.
– La empresa prevé/cuenta con beneficios sociales para sus empleados o sus familias: 1 
punto si se cumple esta condición.
4.3  Efecto del proyecto en la sostenibilidad ambiental e introducción de elementos de 
economía circular: Hasta 8 puntos. Se valorará el cumplimiento de los siguientes 
elementos:
– Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a la tecnología 
existente: 2 punto si se cumple esta condición.
– Utilización de energías renovables: 1 punto si se cumple esta condición.
– Restauración de espacios degradados: 2 puntos si se cumple esta condición.
– Utilización de materias primas usadas, reutilizadas o recicladas: 2 puntos si se 
cumple esta condición.
– Reducción de materias primas utilizadas: 1 punto si se cumple esta condición.
– El proyecto prevé un aumento del ciclo de vida del producto: 1 punto si se cumple 
esta condición.
Si el resultado fuera superior a 8 puntos, se otorgará la puntuación máxima de 8 
puntos.
ANEXO V
Criterios para la determinación de la inversión subvencionable
1.  Para la cuantificación de los importes de las diferentes partidas que integran la 
inversión prevista en los proyectos, que se podrá considerar como subvencionable por 
parte del Instituto para la Transición Justa, O.A., se aplicarán los siguientes criterios:
a)  Terrenos. El coste de adquisición a contemplar será el declarado como previsto,  s
estableciéndose un tope máximo de 60,10 euros por metro cuadrado. La cantidad de  oe.
metros a considerar no podrá superar 4 veces la superficie construida en planta baja. w.
declbEa)nr a udOrob bcaronami zcaoic vpiiólr.en vE yins ot olba.rsa st reaxídtearsio rye sa,c soem ceotnidsaidse draer ás eerl vciocsiotes  dseec lcaorandsoid ecoramráo  perle cvoissttoe,   2020-17411n https://ww
con un tope máximo de 36,00 euros/por metro cuadrado.
En la estimación de la inversión relativa a la obra civil necesaria para la ejecución del 
proyecto, se considerará el coste declarado como previsto considerando los siguientes 
topes máximos (módulos):
1.  Para el sector industrial y servicios de apoyo será de 252 euros por metro cuadrado 
si se trata de naves industriales y de 303 euros por metro cuadrado si se trata de oficinas.
2.  Para el sector turístico y actividades relacionadas con el turismo rural, el ocio, el 
medio ambiente y el tiempo libre será de 303 euros por metro cuadrado multiplicados por 
el coeficiente que se indica a continuación, en función de la clasificación del 
establecimiento:
Hotel de cinco estrellas/residencias 3.ª edad: 2,75.
Hotel de cuatro estrellas/posada rural: 2,25.
Hotel de tres estrellas: 2,00.
Hotel de dos estrellas/centro de turismo rural: 1,75.
Hotel de una estrella/casa rural: 1,50.
Hostal y pensión de tres estrellas: 1,75.
Hostal y pensión de dos estrellas/albergue: 1,50.
Hostal y pensión de una estrella: 1,25.
Camping (solo la construcción): 1,20.
Club social campo de golf: 2,25.
En el caso de rehabilitación de edificios para los proyectos de turismo, el precio 
máximo incentivable por metro cuadrado será el 75 por ciento de los módulos establecidos.
En el caso de sectores industriales y de apoyo a la industria, cuando se trate de 
reacondicionamiento de instalaciones, el precio máximo incentivable por metro cuadrado 
será el 60 por ciento de los módulos establecidos.
c)  Bienes de equipo. No se aplican topes máximos, por lo que se considerará como 
subvencionable el coste de adquisición declarado como previsto. Los elementos de 
transporte exterior no se considerarán subvencionables, a excepción de los vehículos 
especiales.
d)  Trabajos de planificación e ingeniería del proyecto y dirección facultativa de los 
trabajos. El límite máximo subvencionable será el 8 por ciento de la suma representada 
por la cuantía de la inversión subvencionable estimada en las partidas de obra civil, de los 
bienes de equipo e instalaciones proyectadas.
e)  Otras inversiones en activos fijos materiales. No se aplican topes máximos en el 
sector industrial, al igual que en el caso de los bienes de equipo, por lo que se incluirá su 
coste de adquisición declarado como previsto.
En el sector turístico, asistencial sanitario y actividades relacionadas con el turismo 
rural, el ocio, el medio ambiente y el tiempo libre, se considerarán subvencionables 
aquellos activos fijos materiales que no estén incluidos en las partidas anteriores (como 
mobiliario, enseres, decoración, menaje etc.) con el tope máximo de:
Hotel de cinco estrellas/residencias 3.ª edad: 16.672 euros/habitación.
Hotel de cuatro estrellas/posada rural o equivalente: 11.670 euros/habitación.
Hotel de tres estrellas: 8.336 euros/habitación.
Hotel de dos estrellas/centro de turismo rural o equivalente: 6.600 euros/habitación.
Hotel de una estrella/casa rural: 5.450 euros/habitación.
f)  Activos inmateriales. En el caso de grandes proyectos de inversión esta partida no  e.e
podrá superar el 25 por ciento de la base calculada como la suma de las partidas de  b
terrenos, obra civil y equipos de la inversión subvencionable. Se consideran incluidos en  411ww
esisetme parpea qrutaed eos tdéen  avcintcivuolasd ionsm aa tlae rpiaroledsu clocsió ng ays stoes e lnigcauednotsr ean  laosso csiiagduoiesn atel sp rocoyenccteop:tos,
12..ºº   LPiacteennctieass. de explotación o de conocimientos técnicos patentados. BOE-A-cable e
3.º  Conocimientos técnicos no patentados.
Los activos inmateriales deberán reunir los requisitos siguientes:
1.º  Serán explotados únicamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda 
regional.
2.º  Serán considerados como elementos del activo amortizables.
3.º  Serán adquiridos a un tercero a las condiciones de mercado.
4.º  Figurarán en el activo de la empresa beneficiaria y permanecerán asociados con 
el proyecto para el que se concede la ayuda durante un período mínimo de cinco años o 
tres años en el caso de las pymes.