BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 279 Lunes 22 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 143341
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
19184 Resolución de 11 de noviembre de 2021, del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión con la 
Universidad  de  Salamanca,  para  el  pilotaje  del  proyecto  de  escala  de 
valoración específica ampliada de la dependencia de los niños de 0 a 6 años 
correspondiente al Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero.
Con fecha 10 de noviembre de 2021 se ha suscrito un Convenio de encomienda de 
gestión entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), a través del Instituto 
Universitario de integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca, para el 
pilotaje del proyecto de escala de valoración específica ampliada de la dependencia de 
los niños de 0 a 6 años correspondiente al Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero.
En virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  y,  de  conformidad,  con  las 
competencias conferidas por el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, resuelvo:
Proceder a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que 
se incorpora como anexo a esta resolución.
Madrid, 11 de noviembre de 2021.–El Director General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, Luis Alberto Barriga Martín.
ANEXO
Convenio de encomienda de gestión entre el Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales y la Universidad de Salamanca, a través del Instituto Universitario 
de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca, para el pilotaje 
del proyecto de escala de valoración específica ampliada de la dependencia 
de los niños de 0 a 6 años correspondiente al Real Decreto 174/2011, 
de 11 de febrero
En Madrid, a 10 de noviembre de 2021.
REUNIDOS
De una parte, don Luis Alberto Barriga Martín, Director General del Instituto de 
Mayores  y  Servicios  Sociales  (en  adelante  Imserso),  como  entidad  gestora  de  la 
Seguridad Social adscrita al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de 
la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, cargo para el que fue nombrado en virtud 
del Real Decreto 207/2020, de 29 de enero (BOE n.º 26, de 30 de enero de 2020), y 
facultado  para  su  representación  conforme  a  las  atribuciones  establecidas  en  el 
artículo 5 del Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre (BOE n.º 246, de 14 de octubre 
de 2005).
De otra, la Universidad de Salamanca (en adelante USAL), con CIF Q3718001E, y  s
domicilio en Patio de Escuelas, 1, 37008 Salamanca, y en su nombre y representación el  oe.
Vicerrector de Investigación y Transferencia de la citada Universidad, don José Miguel  w.
Mateos Roco, con poderes suficientes para la firma de este acuerdo en virtud de la  184ww
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de 2021) poderes que no le han sido derogados ni modificados,
Los comparecientes se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para la 
firma del presente documento, y a tal efecto,
EXPONEN
I
La disposición adicional decimotercera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia, regula la protección de las personas menores de tres años en el ámbito del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y establece, a los 
efectos de la valoración de su posible situación de dependencia, la aplicación de una 
Escala de Valoración Especifica (EVE) para los niños de 0 a 2 años y 11 meses. Esta 
escala es el medio óptimo para la valoración de la situación de la dependencia en los 
niños comprendidos en estas edades, puesto que todos los niños de dicha edad tienen 
una situación general de dependencia para la realización de las actividades básicas de la 
vida  diaria,  necesitan  del  apoyo  constante  de  un  adulto.  Por  ello,  es  necesaria  la 
existencia de una escala específica que determine la especial situación de dependencia 
de unos niños respecto de otros por la existencia de condiciones de salud, disfunciones 
o deficiencias que determinan un retraso o una alteración en su desarrollo.
Así, la EVE vigente atiende, para la valoración de la situación de dependencia en las 
personas desde su nacimiento hasta los tres años de edad, por un lado, a determinadas 
variables de desarrollo, agrupadas en funciones y actividades del área motora y/o del 
área adaptativa, y por otro lado, a la necesidad de medidas de apoyo derivadas de una 
condición  de  salud,  que  puede  producirse  por  el  bajo  peso  en  el  momento  del 
nacimiento, por precisar medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
fisiológicas básicas (así como medidas de apoyo a funciones fisiológicas básicas de 
alimentación, respiración, función renal y/o urinaria, control del dolor e inmunidad) y/o por 
requerir  medidas  terapéuticas  que  inciden  sobre  la  capacidad  de  movilidad  de  la 
persona.
La Comisión Delegada del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
en base a un informe de evaluación de resultados de la aplicación del Baremo de 
Dependencia, realizado en virtud de lo establecido en la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración 
de la situación de dependencia, propuso un estudio sobre la adaptación del paso de la 
EVE al baremo de valoración de la dependencia (BVD), ya que este último supone una 
modificación sustancial de los criterios de valoración, con el objetivo de que, en la edad 
de 3 a 5 años y 11 meses, se sigan protegiendo las condiciones de salud que contempla 
la EVE y los niños afectados por este cambio en el baremo de valoración aplicable, no 
pierdan dicha protección tan necesaria para su desarrollo.
II
La competencia para incorporar la EVE ampliada al ordenamiento jurídico vigente 
mediante la tramitación del oportuno procedimiento normativo corresponde al Imserso, 
en base a los siguientes fundamentos:
– Artículo 2.2.a) del Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se  es
modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura  o
olIcamor grscráe–eanr slsiiApcfoiacor ta «níbccldaáuieó sle onical  aa 7db l.adeoj) e r Sa ldalcoue isblód  dnRdisi,ere ceapaaccalpc truaDitóaacenmildic zaerGaedncet toinoóy esn 1 r d2matée2li cn 6dnil/sae2ict  0eaPd0r iel5yaap, ln oeedirsfndie.cde ae1ncn3aicó cindiaó,e, n  O aojurscdrít uíedcbniocraeamc, i odóq enue  elylo   smdE ibsvaapanrolteuenmanecio mióqsinu ep enad troelea,l     OE-A-2021-19184able en https://www.
seguimiento  y  evaluación  de  la  base  de  datos  estatal  con  los  resultados  de  la 
valoración».
La competencia que ostentan las comunidades autónomas en esta materia, está 
recogida en el artículo 11 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, que determina las 
competencias  y  funciones  de  las  comunidades  autónomas  en  el  Sistema  para  la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, establece en su apartado 1.b: «Gestionar, en 
su ámbito territorial, los servicios y recursos necesarios para la valoración y atención de 
la dependencia».
La Comisión técnica de coordinación y seguimiento de la aplicación del baremo de 
valoración de la situación de dependencia, que preside el Imserso y en la que están 
representadas todas las comunidades autónomas, se ha reunido periódicamente y ha 
acordado los objetivos del estudio, la estimación de efectos económicos derivados de la 
introducción del EVE-Ampliado y la utilización de los distintos instrumentos, así como ha 
propuesto  la  realización  del  pilotaje  por  la  Universidad  de  Salamanca  a  través  del 
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (Inico), por estar dedicado a la 
formación, investigación y asesoramiento en materia de discapacidad y goza de un 
amplio conocimiento y de experiencia en relación con la aplicación de la EVE para la 
valoración de la situación de la dependencia en niños y niñas, puesto que este Instituto 
fue precisamente quien llevó a cabo la validación y pilotaje de la EVE actualmente 
vigente (de 0 a 2 años y 11 meses de edad) cuando no era más que un proyecto 
normativo.
A la hora de llevar a cabo este pilotaje, y en orden a la realización efectiva de las 
evaluaciones, se contará con la colaboración específica de las comunidades autónomas 
de Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra (que también participaron en 
la elaboración del proyecto), puesto que resultan las administraciones competentes para 
realizar dichas valoraciones en sus respectivos territorios. Asimismo, el resto de las 
comunidades autónomas también podrán participar en la valorativa de los resultados.
III
El Imserso ejerce en este ámbito la iniciativa normativa, en orden a instrumentalizar 
este pilotaje a nivel normativo de la manera que se considere adecuada, sin perjuicio de 
que el proyecto de baremo deba ser acordado en el seno del Consejo Territorial de 
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, puesto 
que entre sus competencias se encuentra la relativa a «Acordar el baremo a que se 
refiere el artículo 27, con los criterios básicos del procedimiento de valoración y de las 
características de los órganos de valoración» (artículo 8.2.e) de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre.
En todo caso, el Imserso no dispone de los medios humanos y materiales científicos 
y técnicos para llevar a cabo un pilotaje como el descrito, por lo que debe realizarse la 
encomienda del mismo a una entidad pública que disponga de tales medios y que recoja 
entre sus competencias la realización de este tipo de investigaciones científicas para 
fines de interés público. En ese sentido, por razones de eficacia y ante esta ausencia de 
los medios técnicos para poder desempeñar este pilotaje, se ha considerado oportuno 
utilizar  la  figura  jurídica  de  la  encomienda  de  gestión  mediante  Convenio  entre 
Administraciones Públicas.
Y en esa dirección, el Imserso ha decidido acudir a la Universidad de Salamanca, a 
través del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de  e.e
Salamanca  (en  adelante  Inico),  puesto  que  lo  considera  la  entidad  idónea  para  la  b
realización de estas funciones mediante encomienda de gestión. En ese sentido, Inico  184ww
cgoomzao  deen tildaas dc opmúbpliectae nidcóianse, ac appaarac idlaa dre ya liezaxpcieórnie ndceila p niloetcaejes adriea sla p EaVraE  saemr pcloiandsaid ey racdoon 
vaimgepnliate  e(xdpee 0ri ean 2c iaañ pouse ys t1o1 q muee slleesv ód ea  ecdaabdo) .la validación y pilotaje de la EVE actualmente
El Inico está integrado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, 
tiene como objetivo el estudio y mejora de la calidad de vida personas en situación de 
desventaja social en distintos contextos y a lo largo de todo su ciclo vital: discapacidad 
física, psíquica y sensorial, enfermedades crónicas y mentales, minorías y población 
marginadas.
Por  todo  lo  anterior,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  11  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las partes 
suscriben el presente convenio, en el que se determinan los derechos y obligaciones que 
recíprocamente asumen, en base a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto la encomienda de gestión que el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales acuerda, en el marco de lo dispuesto en el artículo 11.3.b) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca para que 
lleve a cabo el pilotaje del proyecto de escala de valoración específica ampliada de la 
dependencia de los niños de 0 a 6 años correspondiente al Real Decreto 174/2011, de 11 
de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  baremo  de  valoración  de  la  situación  de 
dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
La encomienda no supone cambio de la titularidad de las competencias que sobre la 
materia corresponden al Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Segunda.  Obligaciones del Instituto de Integración en la Comunidad de la Universidad 
de Salamanca (Inico).
Corresponderá al Inico la realización del pilotaje de los resultados de la aplicación 
EVE, para garantizar su fiabilidad, su idoneidad y su eficacia.
Dicho pilotaje debe estar integrado por una serie de actuaciones, que garantizarán la 
eficacia y validez del proyecto de EVE ampliada para el cumplimiento de su objeto. 
Actuaciones que se llevarán a cabo a través de procedimientos, tales como estudio de 
validez de contenido, estudio de validez de criterio, estudio de fiabilidad, análisis de los 
ítems y estudio de impacto económico, todo ello detallado en el anexo I a este Convenio.
Tercera.  Obligaciones de Imserso.
Corresponderá al Imserso facilitar al Inico cuantos actos sean necesarios para la 
realización  de  la  concreta  actividad  material  objeto  de  encomienda.  En  particular, 
coordinar la colaboración entre el Inico y las cuatro comunidades autónomas donde se 
realizarán las valoraciones de convergencia y poner a su disposición cuanta información 
sea de interés a los efectos de la realización del pilotaje en cuestión.
Cuarta.  Financiación.
Las actuaciones a ejecutar por Inico a abonar por el Imserso, asciende a treinta mil 
cuatrocientos setenta y seis euros con treinta y un céntimos (30.476,31 €), desglosada  e.e
según se detalla en el anexo II a este convenio de encomienda de gestión. b
En  todo  caso,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  21.3  de  la  184ww
LImesye 4r7so/2 0li0b3ra, rdáe  u2n6a d ec annotvidieamd bdree,  Gtreesn emraill  Pcrueasruepnutae syta rsiaie, tae  lae ufirromsa  cdoen  essetes ecnotnav eyn itor eesl 
rceésnutilmteons n (e3c.e0s4a7r,i6a3s  €p)a rean  recoanlizcaerp tloa  daect uaanctiicoinpeos  poobrj elatos  doep elara cpiroenseesn tper eepnacroamtoierinads aq udee 
gestión.
El Convenio de encomienda de gestión no conlleva gasto alguno para el Inico, 
atendiéndose las obligaciones previstas en el mismo con el presupuesto ordinario del 
Imserso, aplicación 6004 3134 2271.
El Imserso y la Universidad de Salamanca, como partes firmantes de este Convenio 
de encomienda de gestión, ajustarán sus actuaciones a lo previsto en la Instrucción 
conjunta de las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos y 
Gastos  de  28  de  diciembre  de  2012  de  buenas  prácticas  para  la  gestión  de  las 
contrataciones  de  servicios  y  encomiendas  de  gestión  a  fin  de  evitar  incurrir  en 
supuestos de cesión ilegal de trabajadores.
Quinta.  Método y equipo de trabajo.
El método así como el equipo de trabajo se detalla en al anexo I a este convenio.
Sexta.  Comisión de seguimiento.
Para la coordinación de las actuaciones relacionadas con la finalidad perseguida en 
el presente Convenio se establece una Comisión de seguimiento, que tendrá funciones 
de vigilancia, interpretación y control de lo pactado, y le corresponderá concretar las 
actuaciones de cooperación que se vayan a llevar a cabo de entre las previstas en este 
convenio,  así  como  velar  por  el  adecuado  cumplimiento  de  los  objetivos  comunes 
perseguidos por ambas partes, y resolver los problemas de interpretación y cumplimiento 
que puedan plantearse.
La Comisión de seguimiento estará formada por dos representantes designados por 
el Imserso, y dos representantes designados por el Inico. En ambos casos, se designará 
a las personas que puedan actuar como suplentes en caso de ausencia de las personas 
titulares.
La comisión de seguimiento constituirá el cauce estable de comunicación entre el 
Imserso y el Inico. La propia comisión, una vez constituida, decidirá su régimen de 
reuniones y de adopción válida de acuerdos.
La Comisión se reunirá cuantas veces se estime oportuno a petición de cualquiera de 
las partes, y en todo caso al menos una vez durante la vigencia del convenio, y se regirá 
en su funcionamiento por lo previsto en el presente convenio y supletoriamente por lo 
estipulado en la sección tercera, del capítulo II, del título preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptima.  Duración, modificación y resolución del Convenio.
1.  El presente Convenio se formalizará mediante firma y deberá ser publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado». Su vigencia será de once meses desde el día siguiente a su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
2.  La modificación del presente Convenio requerirá acuerdo unánime expreso de 
los firmantes, según el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico  del  Sector  Público  y  se  tramitará  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 50 de la citada Ley, siguiendo la misma tramitación que para su suscripción.
3.  El Convenio podrá extinguirse, por las causas previstas en el artículo 51 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
Octava.  Régimen del Convenio y jurisdicción competente. s
El presente Convenio tiene la naturaleza de los previstos en el artículo 11 de la  w.b
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y está excluido de  184ww
tlara nLsepyo n9e/2n0 a1l7 o, rddeen a8m dieen tnoo jvuierímdibcore e, sdpea ñCool lnatsra Dtoirse cdteivla Ss edcetlo Pr aPrlúabmliecon,t op Eour rolap eqou ey  dseel 
eCno nssue jaor t2íc0u1lo4 /263.3/U, Ere gyu 2lá0n1d4o/2s4e/ UpoEr,  sdues  2n6o drme afse berseproe cdiael e2s0 1y4 a, pcloicnáfnodrmosee a l olos  dpirsinpcuiepsiotos 
de la Ley indicada para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
Las controversias surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 
que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán solventarse de 
mutuo acuerdo en el seno de la Comisión de Seguimiento prevista en este Convenio, 
aplicando de manera supletoria los principios recogidos en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, para resolver las dudas y lagunas que 
pudieran  presentarse  durante  su  vigencia,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 4 de dicha norma.
Así mismo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Novena.  Protección de datos.
El Inico como órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento 
de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la 
encomienda  de  gestión,  siéndole  de  aplicación  lo  dispuesto  en  la  normativa  de 
protección de datos de carácter personal.
Décima.  Derechos de explotación.
Los derechos de explotación, en todas las modalidades, de la documentación que se 
produzca como consecuencia de las actuaciones contempladas en el presente Convenio 
y sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección segunda del Capítulo III del Título II Libro I 
de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 
de abril, serán propiedad del Imserso.
Undécima.  Publicidad.
Este Convenio de encomienda de gestión será objeto de publicación de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, y en el artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En este sentido, las partes prestan 
expresamente su consentimiento para que se le dé al presente Convenio la publicidad 
exigida.
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las 
partes  firman  el  presente  Convenio  digitalmente,  tomándose  como  fecha  de 
formalización del presente documento la fecha del último firmante.–Por el IMSERSO, el 
Director  General,  Luis  Alberto  Barriga  Martín.–Por  la  Universidad  de  Salamanca, 
Vicerrector de Investigación y Transferencia, José Miguel Mateos Roco.
ANEXO I
Introducción
Según se indica en la propuesta de ampliación de la escala de valoración especifica 
(EVE) hasta los 71 meses, que actualmente valora la situación de dependencia en 
menores de 0 a 35 meses, se intenta evitar con el nuevo baremo el riesgo que el menor 
pierda la condición de persona en situación de dependencia en aquellos casos en los 
que ya se les reconoció esa condición antes de cumplir los 36 meses, lo cual supondría  es
la interrupción de la atención que la persona está recibiendo. Así, esta propuesta de  o
nuevo  baremo,  según  se  indica  en  el  actual  borrador,  «supone  una  modificación  184ww
setsruenas  tsamtai gdenaencn ioaa rplse redsoge taue l rgoalisoer s ncl adrq iotpue oerlasi oisdbs ii ccldihodeana  ddvcia codlioneord naqieccusiieóó  ndne e,x l episssaat erlhau ca dqo  unsqietudin eoeu  ncird oelaancdo tee nemdonacp dlilada  da cle aoa  n3nEd tVaiec sEi5ó » dna e ydñ  eolpo suds ee ys3 p1t6eo1 n  mqdmueeeenss ecseisaes,     OE-A-2021-19able en https://
debe existir clara coherencia en los criterios y resultados de la valoración entre los
tramos 0-36 y 37-71 meses. Por tanto, debe asegurarse la existencia de progresividad 
en el nivel de dificultad de los ítems, así como su capacidad de discriminación para 
especificar cunado procede asignar un determinado grado de dependencia.
Por otro lado, dado que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, establece la necesidad 
de revisiones de oficio periódicas a los 6, 12, 18, 24 y 30 meses, 3 años, 4 años y 5 
años, y que cuando estén implicadas necesidades de apoyo en salud, también se deben 
hacer revisiones al menos cada seis meses, el nuevo baremo se ha construido como una 
escala de desarrollo, tomando como referencia el desarrollo típico de determinadas 
actividades motrices y adaptativas y considerando la existencia de necesidades de 
apoyo en salud relativas a funciones vitales básicas, de movilidad y por bajo peso al 
nacer. Por tanto, debe constatarse la continuidad de resultados de la valoración en 
intervalos de 6 meses de edad.
Por último, dado que se trata de una escala basada en criterios de desarrollo, cuyos 
ítems  se  basan  en  el  conocimiento  científico  actual  sobre  el  desarrollo  del 
funcionamiento adaptativo, constituyendo una transcripción de los que es esencialmente 
le desarrollo típico mediante el cual contrastar hasta qué punto la dependencia del menor 
evaluado supera la esperada para su edad de desarrollo, esta escala debe cumplir los 
criterios de fiabilidad y validez propios de este tipo de escalas.
Objetivo
Los objetivos del estudio son:
1.  Evaluar  la  validez  y  fiabilidad  de  la  escala  de  valoración  específica  de  la 
dependencia para menores con edades comprendidas entre de 0 a 71 meses (EVE-
Ampliado). Mediante el presente estudio se constatara que el EVE-Ampliado:
a.  Esta  construido  con  ítems  apropiados  a  los  tramos  de  edad  del  rango  de 
aplicación.
b.  Puede  ser  utilizado  por  diferentes  investigadores  para  obtener  resultados 
similares.
c.  Es sensible a las limitaciones funcionales y de autonomía de los menores con 
discapacidad o con condiciones especiales de salud.
2.  Estimación  de  efectos  económicos  derivados  de  la  introducción  del  EVE-
Ampliado, y los cambios esperados en la población que recibirá reconocimiento de 
dependencia a partir de su aplicación.
Método
Participantes
– Para el estudio de validez de contenido se seleccionara un grupo (entre 10 y 30) 
de jueces ciegos, especialistas en valoración de la dependencia en menores, mediante 
el uso del EVE actual, con más de un año de experiencia en el uso del cuestionario y/o al 
menos  25  evaluaciones  satisfactorias  realizadas  y  que  no  hayan  participado  en  el 
proceso de construcción del EVE-Ampliado.
– Para los estudios de Fiabilidad y de Validez de Criterio, se seleccionara una 
muestra de al menos 180 menores con edades comprendidas entre 36 y 71 meses. En el 
primer estudio de validación del EVE, realizado en 2008, se seleccionó una muestra  e.e
de  181  menores,  de  los  que  36  tenían  discapacidad.  Para  este  estudio  actual  se  w.b
considera necesario al menos mantener el tamaño de la muestra, y se entiende como  184ww
aimspurmeisr clain dniebclee siindcarde mdee nretadru ceirl  enlú nmúemreor od ed em meennoorreess  ccoonn  ddeisscaarrpoallcoi dtíapdic o(l)o. que implica
La muestra se dividirá en 6 intervalos de edad (desde 36-42 hasta 67-71 meses y 29
días). Los criterios de clasificación serán los siguientes: (1) cada intervalo de edad estará
representado por 30 menores; (2) para equilibrar el género (siguiendo datos del INE 
(2009), relativos a la distribución de la discapacidad según sexo) cada intervalo deberá 
incluir a 16 niños y 14 niñas o al menos siempre más niños que niñas; (3) para cada 
intervalo  de  edad  deben  seleccionarse  9  menores  con  alteraciones  funcionales  o 
anatómicas significativas (que requieran atención especializada), de los que al menos 6 
deberían ser niñas; y (4) todos los menores con alteración funcional o anatómica deben 
haber recibido una valoración de dependencia antes de haber cumplido 36 meses y que 
en los meses de ejecución del estudio les corresponda o soliciten una revisión de su 
grado de dependencia. Tomando en consideración estos criterios se espera seleccionar 
una muestra de 180 menores (53 % niños y 47 % niñas) de los que 90 (50 % del total de 
la muestra) tendrán una alteración funcional o anatómica significativa (60 % niños y 40 % 
niñas). Se hará un esfuerzo por cubrir con suficientes menores todos los intervalos de 
edad y por representar cada una de las alteraciones más prevalentes.
Procedimiento
Se contará con la aprobación del Comité de Bioética de la Universidad de Salamanca 
como requisito necesario para iniciar el estudio. A todas las familias se les informara en 
el documento de consentimiento informado de que la valoración con el EVE Ampliado es 
solo a efectos de estudiar su utilidad y no tienen ninguna vinculación con el proceso 
administrativo actual de revisión de su grado de dependencia.
Dado que son cuatro centros/servicios, los que participaran en el estudio, se espera 
que en cada uno se pueda administrar el EVE ampliado a 22-23 menores que acepten 
voluntariamente participar y que actualmente tengan una edad entre 36 y 71 meses, 
distribuidos en tramos de 6 meses, que hayan recibido una valoración de dependencia 
(con independencia del grado obtenido) antes de haber cumplido 36 meses y que en los 
meses de ejecución del estudio les corresponda un revisión de oficio, o soliciten una 
revisión de su grado de dependencia. Los menores con alteraciones funcionales o 
anatómicas significativas que no hayan podido ser seleccionados por los servicios y sean 
necesarios  para  completar  la  muestra  serán  seleccionados  a  través  de  la  unidad 
asistencial de la Universidad de Salamanca, para asegurar que se disponga del número 
de participantes en cada uno de los intervalos de edad de acuerdo con la selección de la 
muestra prevista.
Para cada uno de los participantes se recuperaran los datos de valoración que se 
registraron  cuando  el  menor  tenía  menos  de  36  meses  y  se  les  administrara  el 
cuestionario BVD (vigente actualmente para valorar la dependencia entre los 36 y 71 
meses) y el EVE-Ampliado. De esta manera dispondremos de medidas repetidas de 
prácticamente el 100 % de la muestra en los dos bloques principales de edad (0-36 
y 36-71) lo cual nos permitirá valora la continuidad de los resultados de la valoración de 
dependencia y analizar la validez predictiva del nuevo instrumento respecto al actual.
A efectos de valorar la estabilidad, un 25 % de los participantes serán reevaluados 
con el EVE Ampliado treinta días después de la primera evaluación.
Instrumentos
1.  Cuestionario sobre características demográficas del participante y su familia. 
Para caracterizar la muestra y asegurar que no haya sesgos significativos debido a 
factores externos a las características personales de los menores. Además de datos 
demográficos básicos de cada participante y sus padres, se recogerán datos sobre  e.
características clínicas de los participantes, así como edad, nivel educativo, estado civil y  w.b
actividad laboral, de los padres y características de la estructura familiar. 184ww
años2 .1 1 Emsecsaelas .d Ees  vlaa loersaccailóan o ebsjepteoc difeic ae sdtued liao .dependencia (EVE) ampliada hasta los 6
3.  Escala  de  Madurez  Social  Vineland  3  (Sparrow,  Ciccheti  y  Saulnier,  2016). 
Servirá  para  establecer  una  relación  entre  la  edad  equivalente  de  funcionamiento 
adaptativo en la vida diaria y la puntuación en el EVE-Ampliado.
4.  Escala Merril-Palmer-R (Roid y Sampers, 2005). Solo para ser aplicada en los 
menores con alteración funcional o anatómica para establecer una relación entre su 
edad de desarrollo mental y su puntuación en el EVE ampliado.
5.  Medida de independencia funcional para niños (WeeFim) (Msall et al 1994a; 
Msall et al 1994b).
Estudio de validez de contenido
Este estudio permitirá ajustar las definiciones y descripciones de los ítems.
Los especialistas seleccionados para este estudio evaluaran la adecuación con la 
que el instrumento evalúa los dominios de interés. Como jueces ciegos, los especialistas 
seleccionados revisaran el borrador del EVE-Ampliado y cumplimentaran un cuestionario 
en el que, para cada ítem del EVE-Ampliado, se valorara la condición a la que pertenece, 
la representatividad, la claridad y su facilidad de comprensión, así como si cada ítem es 
necesario, útil y esencial.
Cada sitio participante seleccionara un mínimo de 3 y un máximo de 5 jueces ciegos 
que  incorporara  en  un  fichero  Excel  incluyendo  sus  datos  de  contacto  por  correo 
electrónico. Los jueces ciegos firmaran un compromiso de confidencialidad y recibirán 
por correo electrónico un formulario con los ítems que deben valorar en cuanto a la 
condición  a  la  que  pertenece,  la  representatividad,  la  claridad  y  su  facilidad  de 
comprensión, así como si cada ítem es necesario, útil y esencial. (Plazo: cuarenta días 
desde la aprobación de la ejecución).
Para cada subescala del cuestionario se calcularan distintos indicadores como el 
índice de validez de contenido para evaluar el acuerdo proporcional y la ratio de validez 
de contenido para cuantificar el consenso; y el coeficiente kappa de Cohen para evaluar 
el acuerdo entre-jueces. En función de los resultados, se harán sugerencias de cambio 
en la redacción de los ítems. Dado que en el EVE-Ampliado no hay cambios en los ítems 
correspondientes al intervalo 0-36 meses, este estudio se limitara al intervalo 36-71 
meses.
Estudio de validez de criterio
Se abordara mediante el estudio de la validez predictiva y la validez convergente.
La validez predictiva se refiere a la capacidad del EVE-Ampliado para predecir el 
resultado que supuestamente debe evaluar (la situación de dependencia). Se evaluara 
examinando  la  asociación  entre  las  puntuaciones  del  EVE-Ampliado  y  el  criterio 
utilizando  la  escala  WeeFIM.  Se  analizaran  las  propiedades  psicométricas  del 
cuestionario a través del cálculo de la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo 
y negativo y likelihood ratio positivo y negativo.
La  validez  convergente  del  EVE-Ampliado  se  estudiara  mediante  análisis 
correlaciónales con las puntuaciones de la escala Vineland 3 para el total de la muestra y 
también con las puntuaciones en la escala Merril-Palmer-R para la muestra de menores 
con alteraciones. Se consideraran coeficientes de correlación pequeños cuando el valor 
sea 0,10, moderados cuando sea de 0,30 y grandes cuando sea de 0,50 (Cohen, 1988).
Para que sea posible estudiar la validez convergente el proceso de valoración de los 
menores se programara de forma correlativa para dos sitios participantes, de modo que  e.
un investigador de la USAL pueda desplazarse a cada sitio con el objeto de administrar  w.b
las pruebas de comparación (Vineland y Merril-Palmer-R), si es que los técnicos de los  184ww
sitios no tienen la capacidad técnica u operativa para realizarlo.
Estudio de fiabilidad
Se analizara el grado de consistencia del EVE Ampliado cuando se aplica bajo 
condiciones idénticas.
Se estudiara la fiabilidad del EVE Ampliado mediante el análisis de la consistencia 
interna  (mediante  alfa  de  Cronbach  o,  en  caso  de  violación  de  supuestos  de 
unidimensionalidad y tauequivalente, otros indicadores como omega de MacDonald) y el 
coeficiente de estabilidad (fiabilidad Test- Retest y fiabilidad entre jueces). Las medidas 
de consistencia interna de Cronbach en α se consideraran mínimamente aceptables 
cuando los valores α sean superiores a 0,70, aceptables cuando sean α > 0,80 y optimas 
cuando α > 0,90.
Análisis de los ítems
Se calcularan índices del nivel de dificultad e índices del nivel de discriminación de 
los ítems mediante TCT y mediante TRI.
Estudio de impacto económico y presupuestario:
Se elaborará una memoria económica con la estimación de efectos económicos 
derivados de la introducción del EVE-Ampliado, y los cambios esperados en la población 
que recibirá reconocimiento de dependencia a partir de su aplicación. Esta estimación se 
realizara  en  términos  de  impacto  económico,  analizando  los  principales  sectores  y 
agentes afectados y los costes y beneficios que cabe esperar de la implantación, así 
como el impacto presupuestario atendiendo tanto a los elementos que pueden generar 
costes, como al posible efecto sobre los ingresos públicos, la posible simplificación 
administrativa, competencia, eficacia y/o reducción de cargas administrativas.
Para la elaboración de esta estimación se contará con tres fuentes de datos:
a.  La información disponible sobre la población objeto del estudio en las bases de 
datos del SAAD, para las que se requerirá acceso anonimizado al microdato. Esta 
información debe ser proporcionada por el Imserso.
b.  La  información  recogida  en  el  propio  proceso  de  validación:  cuestionario 
sociodemográfico, resultados comparativos de aplicación de la escala actual y la nueva 
escala.
c.  Consultas con especialistas y familias de personas objeto del estudio.
La estimación de impacto económico se añadirá al informe final, en el formato 
habitual en que se presentan las memorias de impacto económico y presupuestario de 
los proyectos de ley.
Equipo de trabajo
El equipo que llevara a cabo el estudio estará compuesto por investigadores del Inico 
de la Universidad de Salamanca y las 5 especialistas que redactaron el instrumento, 
encuadradas  en  el  Imserso  y  en  los  servicios  asistenciales  de  las  comunidades 
Autónomas de Cantabria, Castilla y León, Navarra y Castilla-La Mancha.
El equipo de investigadores de la Universidad está formado por el Dr. Ricardo Canal 
Bedia y el Dr. Emiliano Diez Villoria como investigadores principales y responsables del  s
estudio. El Dr. Ignacio Calvo Arenillas (especialista en Rehabilitación) y la Dra. Aránzazu  oe.
Hernández Fabián (especialista en Neuropediatria) tendrán funciones de supervisión y  w.
oSse oagcnuióaimltoóigmeoni,ct oac sod.n eE le lp xerposetcureidesinooc  sdiaoe b eernev  aeimlluapabacoicróatnoc  idsóeenr  áldo esc  oeposartrdutiidnciiaopdsao nd tpeeo sir m ceopl naD cart.ol tAe egracuocsintoiónnm eHsicu ofeu tnye c aGionanáralcilsíeaiss,    2021-19184n https://ww
de  cargas  administrativas,  específicamente  en  poblaciones  con  discapacidad  y/o
dependencia. Bc
También  participaran  María  Magan  Maganto,  especialista  en  Neuropsicología  y 
Álvaro Bejarano Martín, especialista en Desarrollo Infantil Temprano.
Plazo de ejecución
El plazo de ejecución previsto tiene en cuenta la posibilidad de que para el inicio del 
próximo curso se mantenga la normativa sobre el protocolo Covid-19 para servicios 
asistenciales,  guarderías,  escuelas  infantiles  y  centros  educativos.  Dicho  protocolo 
ralentizara los procesos de evaluación de los participantes, así como las entrevistas con 
usuarios. Igualmente, el periodo vacacional limitara la posibilidad de que nuestro equipo 
pueda acceder a población infantil durante el mes de agosto y la primera quincena de 
septiembre. Se hará un esfuerzo por captar menores en los meses de agosto y primera 
quincena  de  septiembre,  así  como  en  el  periodo  navideño.  Pero  se  prevé  un 
enlentecimiento  del  proceso  durante  esos  meses.  Además,  el  estudio  del  impacto 
económico precisa de los resultados de administración del nuevo EVE, por lo que, al 
periodo previsto de ejecución de la recogida de datos de los participantes en las cuatro 
provincias, hay que sumar el tiempo necesario para los análisis de impacto.
ANEXO II
Presupuesto
El presupuesto elaborado responde a la necesidad de llevar a cabo el trabajo en un 
plazo muy corto de tiempo y en un contexto social en el que aun estarán vigentes 
muchas de las medidas de protección contra el COVID-19. Tendremos que respetar los 
protocolos de cada servicio en el que trabajemos y hemos eliminado el uso de papel. La 
herramienta informática que se desarrollara funcionara en tabletas con pantalla táctil, de 
modo que así también se reduce el tiempo de transcripción de datos.
Para  lograr  la  recogida  de  datos  en  el  menor  tiempo  posible  se  precisa  la 
contratación  de  un  técnico  especialista  que  tenga  el  apoyo  de  otra  persona  (no 
contratada en este estudio) durante la fase de recogida y análisis de datos. La persona 
contratada también se ocupara de las tareas que se le encomienden en relación con el 
cálculo de los costes derivados de la implementación del nuevo cuestionario.
La otra partida importante de gastos es la de viajes de los técnicos a los servicios 
asistenciales  que  participaran  en  el  proyecto,  ubicados  en  Cantabria,  Castilla-La 
Mancha, Navarra y Castilla y León. Para el cálculo de estos gastos se han aplicado las 
tarifas oficiales que pagan las instituciones públicas para viajes, estancias y dietas. Se 
han eliminado los viajes a Madrid para reuniones con los responsables del estudio en el 
Imserso.
El presupuesto elaborado es el siguiente:
Material inventariable: 500,00 euros.
Viajes y dietas: 2.999,10 euros.
Servicios profesionales externos: 900 euros.
Personal contratado: 22.420 euros.
Gastos generales de la Universidad (12 % del importe del Convenio): 3.657,21 euros.
Total: 30.476,31 euros.