BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 91  Miércoles 1 de abril de 2020  Sec. III.   Pág. 28039
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
4227 Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Asociación Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava, para 
el cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad.
Habiéndose suscrito el 3 de marzo de 2020 el Convenio entre el Ministerio del Interior, 
a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la Asociación Comisión 
Ciudadana Anti-Sida de Álava para el cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de 
la comunidad, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio 
que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 23 de marzo de 2020.–El Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, 
Juan Antonio Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, y la Asociación Comisión Ciudadana Anti-Sida de 
Álava para el cumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de la Comunidad
Madrid, a 3 de marzo de 2020.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/2018, de 18 de junio, 
actuando por delegación de competencias del/la Secretario/a de Estado de Seguridad, según 
lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden INT/985/2005, de 7 de abril, 
por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas 
por otras autoridades, en relación con el artículo 62.2g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del presente 
Convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid.
Y de otra parte, doña María Ángeles Ortiz de Arrizabaleta Fernández de Jauregui, en 
nombre y representación de la Asociación Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava, (en 
adelante la Asociación) como Presidenta, elegida por la Asamblea de fecha 12/12/2018 y 
facultada para este acto mediante la inscripción en la Dirección de Relaciones con las 
Administraciones Locales y los Registros Identificativos y con domicilio a los efectos del 
presente Convenio en la calle Zapatería 91 bajo, 01001, de Vitoria.
Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente Convenio y, a tal efecto,
EXPONEN es
Primero. 27www.
dignQiduaed  ldae C lao npsetritsuocnióan,  loEss pdaeñreoclah oess ftuanbdleacme eennta sleuss  daer tcícounlfoosrm 1i0d ayd  1c4o ne ll ad eDreecclhaora cai ólan 
Udinscivreimrsinaal cdióen D aelgreucnhao ps oHr uramzaónno dse y n laac iimguieanldtoa,d r aaznate,  slae xloe,y ,r esliigni óqnu,e o ppiuneiódna  op rceuvaalqleucieerr   BOE-A-cable e
otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en 
nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción dada 
por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la anterior, 
remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, estableciéndose 
en el citado artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad -que no podrán 
imponerse sin el consentimiento del penado- le obligan a prestar su cooperación no 
retribuida en determinadas actividades de utilidad pública. Estas circunstancias de 
ejecución se mantuvieron por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio y por Ley 
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ambas modificativas del Código Penal.
Tercero.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio de 
las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como establecen 
la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y el Reglamento 
Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Cuarto.
Que el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las 
circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de 
localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, 
así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución 
de penas, considera, en su artículo 4.1, que el trabajo en beneficio de la comunidad será 
facilitado por la Administración estatal, autonómica o local, que, a tal fin, podrán establecer 
los oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas que desarrollen 
actividades de utilidad pública, debiendo remitir mensualmente a la Administración 
Penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio.
Asimismo, el Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior establece en su artículo 6.3 a) que 
corresponde a la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, 
la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, 
de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de la libertad condicional; 
y la acción social penitenciaria.
Quinto.
Que la Asociación Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava tiene entre sus fines:
– Informar y concienciar a la sociedad acerca de la problemática de la infección por 
VIH y otras ITS, evitar nuevas infecciones y fomentar cambios en el comportamiento que 
reduzcan las prácticas de riesgo frente al VIH y otras ITS, mediante un trabajo educativo 
de promoción de la salud y de prevención comunitaria.
– Potenciar el sentido de solidaridad para evitar la discriminación y el rechazo hacia  e.e
las personas afectadas, y luchar contra las repercusiones sociales negativas que la  b
infección por VIH conlleva. 27ww
form–a cFióonm ienndtivaird, umaleizdaidaan,t ela  einl calucsoimónp asñoacimali ednet op esrosocinoa-se dquucea tpivoor  syu sl ac aproascitbeirlíisdtaicda sd oe 
spiotubalaccióiónn  npericveasdiata nde u lnib earptaodyo y  epseprescoínfiacso :c oPne rmsoanyaosr  veunln seirtaubaicliidóand  dfere netxec lauls VióInH :s HocSiaHl,, 
trabajadoras/es sexuales y clientes, población inmigrante, población joven.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por 
las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer la forma de colaboración entre la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Asociación para el efectivo 
cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, mediante la prestación 
por los penados de determinadas actividades de utilidad pública en su ámbito competencial.
Segunda.  Compromisos que asume la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
1.  El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 
asume las obligaciones para la cobertura de las contingencias que corresponden al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de los penados, por los días de prestación efectiva del trabajo desarrollado 
en beneficio de la comunidad, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 782/2001, 
de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados 
que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad 
Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
En concreto en el preámbulo del citado Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, se señala 
que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no constituye una actividad 
productiva ni remunerada, en los siguientes términos: «…la protección que en este caso 
se dispensa a los penados, es al modo como se protegen las prestaciones personales 
obligatorias, la derivada de su inclusión en la acción protectora del sistema de la Seguridad 
Social únicamente en los casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional». Todo 
ello también en concordancia con el artículo 11 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio.
2.  Asimismo, al tener a su cargo los Servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas, le corresponde la gestión, coordinación y seguimiento de la pena, mediante 
contactos con los responsables del trabajo de la Asociación.
Tercera.  Compromisos que asume la Asociación.
1.  La Asociación se compromete a facilitar un número de plazas a los penados a 
trabajos en beneficio de la comunidad, en las condiciones establecidas en el artículo 49 del 
Código Penal y en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio.
2.  La Asociación, a través de los órganos o servicios habilitados para ello, se 
compromete a impartir los conocimientos necesarios para que la actividad desplegada por 
los penados pueda ser cumplida eficazmente, y facilitará el material necesario para la 
realización de la tarea encomendada.
3.  La oferta de plazas para el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad no tendrá, en ningún caso, un impacto negativo en los puestos de trabajo ya 
existentes y de futuro de la Asociación.
4.  La Asociación deberá facilitar el anexo I cumplimentado, con los datos que se 
indican, a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias.
Cuarta.  Distribución de las plazas. bo
1.  La Asociación deberá remitir a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas  27ww
Acultmerpnliamtievnatsa ddoe c olan  lSose cdraettoasr ísao bGree nlaesr apll adzea sI qnuseti tsuec iionndeicsa nP.enitenciarias, el anexo II
de In2s. tituLcoiso nSeesr vPiceinoiste dnec iGareiassti,ó vna dloer aPráenn aasl  pye Mnaeddoid caosn A eltle frinna dtiev adse tdeerm lain Saer clare atactriívai dGaedn meráasl   BOE-A-cable e
adecuada e informarán al mismo de las distintas plazas existentes, con indicación expresa
de su cometido y del horario en que deberán realizar la actividad, conforme al catálogo de 
plazas que haya remitido la Asociación de acuerdo con el anexo II de este Convenio.
3.  Una vez realizada la valoración y seleccionada la tarea a desarrollar, los Servicios 
de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, trasladarán a la Asociación de la información necesaria para el adecuado 
desenvolvimiento de las actividades asignadas.
Quinta.  Jornada y horario.
Para determinar la duración de la jornada y el plazo en que deba cumplirse, los 
Servicios de Gestión de Penas y Medias Alternativas de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, deberán atender al principio de flexibilidad que recoge el 6.2 
del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, para compatibilizar, en la medida de lo posible, 
el normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el cumplimiento de la pena 
impuesta y, en todo caso, de conformidad con las resoluciones judiciales.
Sexta.  Derechos laborales o estatutarios en el desarrollo de la actividad.
1.  La actividad que realice el penado no será retribuida.
2.  En ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral, o de 
carácter estatutario, como consecuencia de la actividad desarrollada por el penado con 
motivo del presente Convenio, ni para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
ni para la Asociación.
Séptima.  Seguimiento y control del cumplimiento de la pena.
1.  Durante el cumplimiento de la condena el penado deberá seguir las instrucciones 
recibidas de la Autoridad Judicial competente y de los Servicios de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En cuanto 
al desarrollo de las tareas a realizar, el penado deberá seguir las directrices de la unidad 
en la que preste su tarea, en el ámbito de actuación y competencias de la Asociación.
2.  La Asociación informará a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de la actividad que 
vaya siendo desarrollada por el penado y de las incidencias relevantes que se produzcan 
en el desenvolvimiento del plan de ejecución, para que por dichos servicios se comunique 
lo oportuno a la Autoridad judicial competente.
En todo caso, deberá informarse de las siguientes incidencias:
a)  Ausencias del trabajo o abandonos injustificados.
b)  Rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible.
c)  Oposición o incumplimiento reiterado y manifiesto a las instrucciones del 
responsable de la ocupación.
d)  Cuando su conducta sea tal que el responsable de la actividad se negara a 
mantenerle en la misma.
Igualmente, la Asociación deberá informar a los Servicios de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre la 
finalización del plan de ejecución.
Octava.  Confidencialidad y protección de datos. e.e
1.  La Asociación se compromete a mantener en secreto todos los datos e  w.
informaciones facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que  27ww
sceoannsi dceornacdeor ncioemntoe sin afo lram eajceiócunc cióonn fdideel nocbiajel ttoo ddoesl  lporse sdeantotes  Creolantviveonsio a. l Epne npaadrotic, udleabr,i esnedráo 
lfao rAmsao,c eianc tioódno m oa ennte pnaerrt ed, icah nain ignufonram paecriósonn ean f írseicsae rov aju yrí dsieccar eqtuoe  yn on os ereav pealartrela d deel p nriensgeunntea   BOE-A-cable e
Convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/680 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las 
autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación,  detección  o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre 
circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del 
Consejo, y en la normativa nacional que la transponga.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados en el ámbito del trabajo en beneficio de la comunidad. 
El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la otra parte, se 
realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la 
finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del Convenio. Los datos de 
carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del presente Convenio, actuarán como responsables del tratamiento la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias y la Asociación. Los datos objeto de tratamiento tendrán por 
finalidad la ejecución de sanciones penales, al amparo de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema penal, y se clasificarán en 
las siguientes categorías de: nombre y apellidos del penado, DNI y número de jornadas de 
condena a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad.
4.  Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y organizativas 
necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y 
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5.  Las partes firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad 
que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por 
cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la 
entidad que las hubiera quebrantado responderá de las infracciones en que hubiera 
incurrido.
Novena.  Financiación del Convenio.
El presente Convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben.
Décima.  Comisión de Seguimiento.
1.  Se establece una Comisión de Seguimiento del presente Convenio, constituida por 
dos representantes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por dos 
representantes de la Asociación que serán nombrados por el Secretario General de 
Instituciones Penitenciarias y por su Presidenta, respectivamente.
2.  Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que éstos 
designen.
3.  La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, así como la designación del secretario, que 
actuará con voz pero sin voto.
4.  La Comisión de Seguimiento resolverá los problemas de interpretación y  e.e
cumplimiento que se deriven del presente Convenio. b
5.  El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, para  27ww
lRoés góimrgeann oJsu rcídoilceog idaedlo Sse, cetno rl oPsú balritcícou.los 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Undécima.  Régimen de modificación del Convenio.
El Convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y la Asociación.
Duodécima.  Legislación aplicable.
Este Convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el 
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación, 
modificación o resolución del Convenio que no puedan resolverse por conciliación en la 
Comisión de Seguimiento serán sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29 /1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Decimotercera.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
el presente Convenio resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro Electrónico 
Estatal de Órganos e Instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal y tras su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
La vigencia de este Convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia del Convenio, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Asociación 
podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por otros cuatro años adicionales.
Decimocuarta.  Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente Convenio las establecidas en el artículo 51 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que se encuentren en ejecución en el momento de la resolución del Convenio, 
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Convenio en dos 
ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.–El Ministro 
del Interior, por delegación (apartado 9.2.3. de la Orden INT/985/2005, de 7 de abril) el 
Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González.–La 
Presidenta de la Asociación Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava (SIDALAVA), María 
Ángeles Ortiz de Arrizabaleta Fernández de Jauregui.
ANEXO I 
Datos de la Asociación 
Persona de 
contacto 
Cargo
Teléfono Móvil FAX
E-Mail
Dirección de 
la entidad 
Provincia
Código 
Localidad
postal 
ANEXO II
Oferta de plazas 
Anexo de plazas 
Datos de la plaza 
Tipo de actividad 
Número de plazas 
Características
Jornada de  Periodicidad   Horario 
Mañana  De lunes a viernes 
* (1) Tarde  Fines de semana 
Noche  Toda la semana 
Estudios
Diplomado Universitario o 
Ninguno 
equivalente 
* (2) Licenciado Universitario o 
Estudios Primarios 
equivalente 
Educación Secundaria o equivalente  Idiomas 
Observaciones y datos complementarios 
Datos de contacto de la plaza 
Nombre / Cargo del responsable 
Teléfono Móvil  FAX 
E-Mail
Datos de ubicación 
Provincia Localidad 
Código postal  s
(1)Una jornada, una plaza. Jornada de mañana y tarde dará lugar a dos anexos distintos. 27ww
(2)Marcar el nivel mínimo requerido o “Ninguno” si no se requiere especial cualificación.