BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 137  Miércoles 9 de junio de 2021  Sec. I.   Pág. 70009
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA
9558 Real Decreto 399/2021, de 8 de junio, por el que se modifican el Reglamento 
de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por 
el Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, y otras normas tributarias.
I
Este real decreto modifica el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de 
imposición directa, aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, y otras 
normas tributarias, con una finalidad triple. Por una parte, para proceder a la incorporación 
total del Derecho de la Unión Europea al ordenamiento interno en el ámbito de los 
mecanismos de resolución de litigios fiscales. Por otra, para introducir determinadas 
medidas derivadas del Informe final de la Acción 14, relativa a los mecanismos de 
resolución de controversias, del Proyecto conjunto G20/OCDE «BEPS» (Erosión de la 
base imponible y traslado de beneficios, en sus siglas en inglés). Finalmente, para resolver 
determinados problemas detectados en el desarrollo de este tipo de procedimientos, 
garantizando así una mayor seguridad jurídica.
Respecto de la primera finalidad, la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de 
octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión 
Europea, busca introducir un marco efectivo y eficiente para la resolución de procedimientos 
amistosos que garantice la seguridad jurídica y un entorno empresarial propicio a las 
inversiones. La Directiva establece normas relativas a un mecanismo de resolución de 
litigios en el ámbito tributario entre los Estados miembros cuando dichos litigios surgen de 
la aplicación de los acuerdos y convenios por los que se dispone la eliminación de la doble 
imposición de la renta y, en su caso, del patrimonio en vigor entre los Estados miembros 
de la Unión Europea.
Con el objetivo de garantizar el acceso al procedimiento amistoso, delimitar la duración 
de los procedimientos amistosos y garantizar la resolución de la cuestión objeto del 
procedimiento, la Directiva establece la posibilidad de constituir una comisión consultiva 
que decida sobre la admisión del procedimiento amistoso y/o sobre la cuestión objeto del 
mismo.
Con relación al Informe final de la Acción 14 del Proyecto «BEPS», este recoge 
medidas dirigidas a minimizar los riesgos de incertidumbre y doble imposición no deseada 
velando por la aplicación coherente y adecuada de los convenios fiscales, así como 
también por la oportuna y efectiva resolución de controversias por lo que respecta a su 
interpretación o aplicación a través del procedimiento amistoso. Entre las citadas medidas 
destacan aquellas que forman parte del estándar mínimo y que se complementan con una 
serie de buenas prácticas. Respecto de las primeras, España y el resto de los países y 
territorios partícipes en el proyecto se han comprometido a su rápida y efectiva 
implementación, garantizada por un mecanismo de supervisión entre pares en el seno del 
Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE.
Habiendo superado ya las dos fases de evaluación del citado mecanismo, España ha 
mostrado su alineamiento con el estándar mínimo en este ámbito.
Por otra parte, España formó parte del grupo de países que, en el contexto del  e.
Proyecto «BEPS», mostraron su compromiso de establecer en sus convenios fiscales  w.
bilaterales el arbitraje preceptivo y vinculante como procedimiento de resolución de  58ww
caopnlictraocvieórns idaes  ceonn tvaenntioo sq ueen  mune cpalanzisom doe tqeurme ignaardaon,t aizsaí  lcao mreos odluecl isóunb gdreu cpoon ctroonvsetirtsuiiadso  epna rlaa 
s«uB EdPesSa»r rroelllaoc eionn eald masa rccoon d loesl  CCoonnvveenniioo sM pualtrilaa teevriatal rp laar ad oabplleic iamr plaoss imcióend.idas del Proyecto  BOE-A-cable e
Por último, la creciente globalización de la economía, así como la interacción de los 
sistemas fiscales nacionales, ha generado un incremento de las situaciones de doble 
imposición y un aumento en la utilización de los mecanismos de resolución de 
controversias. Este hecho, unido a la mayor experiencia de las autoridades competentes 
españolas en materia de procedimientos amistosos, justifica una revisión del Reglamento 
de procedimientos amistosos en materia de imposición directa para adaptarlo a la realidad 
actual.
Adicionalmente, este real decreto incorpora determinadas modificaciones en el 
Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 
de julio, y en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
Por no concurrir los requisitos necesarios, entre ellos, los relativos a la urgencia, las 
modificaciones relativas a los Impuestos Especiales y a la obligación de información 
relativa a valores negociados no pudieron ser recogidas en el Real Decreto-ley 3/2020, de 
4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en 
determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito 
tributario y de litigios fiscales, por lo que, con base en el principio de eficiencia, se 
considera oportuno reanudar la tramitación de aquellas para su incorporación al 
ordenamiento jurídico a través de este real decreto.
II
Por lo que se refiere al contenido de este real decreto, que consta de un artículo único, 
una disposición transitoria y seis disposiciones finales, cabe destacar los siguientes 
aspectos:
El real decreto no altera sustancialmente la estructura del Reglamento de procedimientos 
amistosos en materia de imposición directa, que sigue conservando un título I, donde se 
regulan unas disposiciones comunes a los procedimientos amistosos desarrollados en el 
citado Reglamento; un título II, que regula el procedimiento amistoso previsto en los 
convenios para evitar la doble imposición firmados por España; un título III, que desarrolla 
el procedimiento previsto en el Convenio Europeo de Arbitraje, Convenio 90/436/CEE de 23 
de julio de 1990, relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de 
los beneficios de empresas asociadas, y un último título V, hasta la fecha el título IV, que 
establece el régimen para suspender el ingreso de la deuda cuando se haya solicitado un 
procedimiento amistoso.
Como  principal  novedad,  este  real  decreto  introduce  en  el  Reglamento  de 
procedimientos amistosos en materia de imposición directa un nuevo título IV en el que se 
regulan los mecanismos de resolución de litigios a que se refiere la Directiva (UE) 2017/1852 
citada.
Con relación a las modificaciones introducidas en el título I del Reglamento, destaca 
en primer lugar la ampliación de su ámbito de aplicación, incluyendo a los mecanismos de 
resolución de aquellos litigios con otros Estados miembros de la Unión Europea que se 
deriven de los convenios y tratados internacionales por los que se dispone la eliminación 
de la doble imposición de la renta y, en su caso, del patrimonio a que se refiere la Directiva 
(UE) 2017/1852.
Tanto los mecanismos de resolución de litigios a los que se refiere la aludida Directiva  e.
(UE) 2017/1852 como los procedimientos regulados en los títulos II y III del reglamento  w.
pueden referirse a los beneficios empresariales con establecimiento permanente y a las  58ww
epmarpar erescaosn aoscoecri alad acos,m dpee atehní cqiuae d see l am Aogdeifniqcuiae  Eels atarttíaclu dloe  rAedlamtiivnois atr alac aióunt oTrridibaudta croiam epne tceanstoe 
de qLuaes  eml oobdjiefitcoa dcieo nloess  pinrotrcoedduimcidieanst opso ar meisstteo sreoas l sdeeac eresttoe .en el título II del Reglamento,  BOE-A-cable e
relativo al procedimiento amistoso previsto en los convenios para evitar la doble imposición
aplicables en España para eliminar las imposiciones no acordes con los convenios, buscan, 
en primer lugar, adaptarse a las disposiciones de la citada Directiva (UE) 2017/1852 con 
objeto de lograr homogeneizar, en la medida de lo posible, los distintos procedimientos 
amistosos regulados en el Reglamento de manera que se facilite su aplicación. En este 
sentido se modifica el contenido mínimo que debe incluir la solicitud de inicio, así como los 
documentos que deberán acompañarla y el acuse de recibo de la misma al solicitante, los 
plazos establecidos para la realización y contestación de los requerimientos de 
subsanación y mejora y el plazo para considerar admitida la solicitud de inicio de manera 
tácita.
Por su parte, en cumplimiento del compromiso asumido por España en el estándar 
mínimo establecido en el apartado 1.2 del Informe final de la Acción 14 del Proyecto 
«BEPS», se suprime el supuesto de denegación previsto en el artículo 8.2.d) del 
Reglamento en su redacción previa a la entrada en vigor de este real decreto, de acuerdo 
con el cual se podía denegar motivadamente el inicio de un procedimiento amistoso 
cuando se tuviera constancia de que la actuación del obligado tributario trataba de evitar 
una tributación en algunos de los Estados afectados. No obstante, debe tenerse en cuenta 
que tanto en el Informe de la fase 1, como en el de la fase 2 del proceso de revisión inter 
pares de los procedimientos amistosos relativo a España, se hacía constar que desde el 1 
de enero de 2016 las autoridades competentes españolas no han denegado el inicio de un 
procedimiento amistoso con base en la aplicación de cláusulas antiabuso.
Tal y como se ha indicado, el real decreto pretende actualizar el Reglamento de 
procedimientos amistosos en materia de imposición directa a los estándares internacionales 
más allá de los que constituyen un compromiso político asumido por España como el 
indicado en el párrafo anterior. A tal efecto se introduce la obligación de comunicar a las 
autoridades competentes de los demás Estados afectados por el procedimiento amistoso 
la recepción de la solicitud de inicio en el plazo de cuatro semanas contado a partir de la 
fecha en que esta haya tenido entrada en el registro de la autoridad competente establecida 
en el Reglamento.
También, dada la práctica internacional observada desde la entrada en vigor del Real 
Decreto 1794/2008, se suprime la referencia al no devengo de intereses de demora por el 
tiempo de tramitación del procedimiento amistoso.
Finalmente, a este respecto, la especificación de que el acuerdo entre las autoridades 
competentes no sentará precedente tiene una función meramente aclaratoria.
Por otra parte, se introducen determinadas modificaciones derivadas de la experiencia 
adquirida por las autoridades competentes en materia de procedimientos amistosos desde 
la aprobación del Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición 
directa.
A su vez, se reformula la terminación mediante acuerdo de los procedimientos 
amistosos.
Con finalidad aclaratoria y para garantizar la seguridad jurídica, se introduce la 
posibilidad de rechazar por el obligado tributario el acuerdo alcanzado entre las autoridades 
competentes de forma tácita. Asimismo, también con finalidad aclaratoria, se establece la 
posibilidad de formular requerimientos de subsanación y mejora cuando el procedimiento 
haya sido iniciado ante las autoridades competentes del otro Estado con base en la 
obligación establecida en el artículo 3 del Reglamento de procedimientos amistosos en 
materia de imposición directa.
El título III no experimenta grandes modificaciones más allá de las derivadas de las 
remisiones realizadas a los artículos del título II del Reglamento. No obstante, conviene  es
destacar la actualización de las penas y sanciones que impiden la tramitación del  o
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acuerdos y convenios por los que se dispone la eliminación de la doble imposición de la renta y,
en su caso, del patrimonio, es decir, los tratados fiscales bilaterales y el Convenio 90/436/CEE 
de 23 de julio de 1990, relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección 
de los beneficios de empresas asociadas.
Aunque el marco procedimental descrito en la Directiva 2017/1852 presenta ciertas 
novedades con respecto al existente en nuestro Derecho interno, no es del todo original. 
El Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, en su 
redacción previa a la entrada en vigor de este real decreto, ya recogía la posibilidad de 
acudir a una comisión consultiva en relación con las controversias suscitadas entre los 
Estados miembros de la Unión Europea en materia de precios de transferencia y atribución 
de beneficios a los establecimientos permanentes, así como, cuando así lo estableciese el 
convenio para evitar la doble imposición aplicable. Como novedad frente a lo anterior, se 
amplía el tipo de supuestos en los que se puede acudir a la citada comisión consultiva 
estableciéndose también para la resolución de otras cuestiones, distintas de las anteriores. 
Por otra parte, se introduce como novedad la posibilidad de acudir a una comisión 
consultiva para la admisión o inadmisión de inicio del procedimiento.
Este título desarrolla las funciones del Tribunal Económico-Administrativo Central 
relativas a la constitución y funcionamiento de la comisión consultiva.
También, se regula en este título la posibilidad de que la autoridad competente en 
materia de procedimientos amistosos convenga con las autoridades competentes de los 
demás Estados miembros afectados la constitución de una comisión de resolución 
alternativa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva (UE) 2017/1852.
Por otra parte, se establece, en la disposición transitoria única, que los mecanismos de 
resolución regulados en el título IV, solo serán aplicables a las solicitudes de inicio de 
dichos mecanismos que se hayan presentado a partir del 1 de julio de 2019 respecto de 
cuestiones que se refieran a rentas o patrimonio obtenidos en un ejercicio fiscal que se 
haya iniciado el 1 de enero de 2018 o con posterioridad a dicha fecha. Se recoge la 
posibilidad en estos procedimientos de acordar, con los otros Estados miembros afectados, 
la inclusión de rentas obtenidas en ejercicios fiscales anteriores al 1 de enero de 2018.
La disposición final primera modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales en 
relación con las nuevas marcas fiscales que deben amparar la circulación de las bebidas 
derivadas.
En concreto, al objeto de dotar de mayor libertad a los operadores en sus operaciones 
de embotellado, se suprime la obligación de colocar las marcas fiscales en el cuello de la 
botella de la respectiva bebida derivada, pudiéndose colocar las nuevas marcas fiscales 
en cualquier lugar visible de los recipientes o envases.
También se permite que la inutilización de las marcas fiscales adheridas a los envases 
de bebidas derivadas, obligatoria para las bebidas que van a abandonar el ámbito territorial 
interno, se pueda realizar, además de por el procedimiento habitual, mediante la baja de 
los códigos de seguridad incluidos en dichas marcas fiscales.
Finalmente, se suprime la obligación consistente en solicitar a partir del 1 de enero de 2022 
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la activación de los códigos de seguridad 
de cada marca fiscal a la ultimación del régimen suspensivo, puesto que dichos datos van 
a ser incorporados a la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
La disposición final segunda modifica el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación de los tributos, para que la obligación de información 
relativa a valores negociados incorpore la información sobre el valor nominal de los valores 
para dar una mayor calidad en la información derivada de la nueva herramienta de  es
asistencia al contribuyente implementada por la Administración tributaria a partir de 2018,  o
cpRooobemrlai gLelo aalD  ceq deisuoic esnlrap ees os«teos C d mic1aeio6r óftd2naei4 crffai/tci1un ad9ranae9l  c 2etVieó,la  rRndclo,eee rar gea2plsa 9r»mom  dbdoeeaedn dli tfdocoicio  cadpnie eotemrlr li  IbRbmRureepyeaaeu, lln ee DDtsle eteRo.cc ersregeotltboaor m 1e16 e5e1n1l 9tV2o//a2 2pl0o0o1r1r 2A8 ,e, ñ dlda eqed u i3d2e0o8  ,s d deaee p rn redoogibcvuaiieeldammonbb  plrraoeesr,,     OE-A-2021-9558able en https://www.
el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento de los 
Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, para dotar de 
seguridad jurídica al sector respecto del retraso de la entrada en vigor de los nuevos 
requisitos requeridos para los procedimientos de ventas en ruta y para determinados 
avituallamientos de carburantes a embarcaciones y aeronaves, inicialmente obligatorio a 
partir del 1 de julio de 2019, hasta el 1 de octubre de 2019 para facilitar la adaptación a las 
nuevas exigencias a los operadores.
Por último, la disposición final cuarta recoge el título competencial que fundamenta 
esta norma, a través de la disposición final quinta se pone de manifiesto que mediante este 
real decreto se incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2017/1852, y la disposición 
final sexta establece la entrada en vigor de este real decreto para el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
III
Este real decreto, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 129 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se ha elaborado con adecuación a los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Este real decreto se dicta en ejercicio de la habilitación legal contenida en el apartado 
4 de la disposición adicional primera y en el apartado 1 de la disposición final segunda del 
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, así como en ejercicio de la potestad 
reglamentaria general del Gobierno conforme a lo establecido en el artículo 97 de la 
Constitución y en el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución, que atribuye al Estado 
la competencia exclusiva en materia de Hacienda general.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de junio de 2021,
DISPONGO:
Artículo único.  Modificación del Reglamento de procedimientos amistosos en materia 
de imposición directa, aprobado por el Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento de procedimientos 
amistosos en materia de imposición directa, aprobado por el Real Decreto 1794/2008, de 3 de 
noviembre:
Uno.  Se modifica el apartado 1 del artículo 1, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«1.  De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, se desarrollan los siguientes 
procedimientos amistosos:
a)  El procedimiento amistoso previsto en los convenios para evitar la doble  s
imposición aplicables en España cuando una persona considere que las medidas  oe.
adoptadas por uno o ambos Estados implican o pueden implicar una imposición que  w.
n1o9 9e0bs,)t  ére dElaelt  ipavrcoou caee rlddaoi ms cuioepnnre teosl i pócnore nvdviees tnloaio  e.dno belel  Cimopnovesinciioó n9 0e/n4 3c6a/sCoE dEe  dceo r2re3c cdieó nj udlieo  ldoes   2021-9558n https://ww
beneficios de empresas asociadas.
c)  Los mecanismos de resolución de aquellos litigios con otros Estados  Bc
miembros de la Unión Europea que se deriven de los convenios y tratados
internacionales por los que se dispone la eliminación de la doble imposición de la 
renta y, en su caso, del patrimonio a que se refiere la Directiva (UE) 2017/1852 del 
Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de 
litigios fiscales en la Unión Europea.»
Dos.  Se modifica el artículo 2, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 2.  Autoridad competente.
1.  La autoridad competente para ejercer las funciones reguladas en este 
reglamento será:
a)  Con carácter general, la Dirección General de Tributos.
b)  La Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando se trate de los 
procedimientos regulados en el título III de este Reglamento, así como los regulados 
en los títulos II y IV cuando se refieran a la aplicación de los artículos de los 
Convenios para evitar la doble imposición que regulan los beneficios empresariales 
con establecimiento permanente y las empresas asociadas.
Los procedimientos amistosos que sean de competencia conjunta serán 
coordinados por la Dirección General de Tributos.
Corresponde a la autoridad competente el impulso de las actuaciones.
2.  Los datos de contacto de la autoridad competente figurarán en los 
respectivos portales de internet.»
Tres.  Se añade un nuevo artículo 4, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 4.  Obligación de comunicar la admisión de inicio de un procedimiento 
amistoso a determinados órganos administrativos o jurisdiccionales.
A efectos de lo establecido en el apartado 7 de la disposición adicional primera 
del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y en la disposición 
adicional novena, apartado 2, segundo párrafo, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la autoridad competente 
a que se refiere el artículo 2 de este reglamento comunicará la admisión de inicio del 
procedimiento amistoso al órgano administrativo o jurisdiccional competente que, 
simultáneamente, esté conociendo de un procedimiento de revisión que afecte a 
algunos de los elementos de la obligación tributaria que sean objeto del 
procedimiento amistoso.»
Cuatro.  Se añade un nuevo artículo 5, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 5.  Relación entre los distintos procedimientos amistosos regulados en el 
presente reglamento.
El obligado tributario deberá indicar en la solicitud de inicio el procedimiento o 
los procedimientos amistosos de los regulados en este reglamento que le resulten 
aplicables.
Si, durante la tramitación de un procedimiento amistoso distinto del establecido 
en el título IV de este reglamento, el obligado tributario presenta una solicitud de  s
inicio, de acuerdo con lo establecido en el capítulo I de dicho título IV, relativa a la  oe.
misma cuestión, el procedimiento en curso finalizará desde la fecha de la primera  w.
recepción de la citada solicitud por cualquiera de las autoridades competentes de  58ww
los EEsl tnaudeovso m pireomcebdroims iaefnetcot asdeo esn.tenderá iniciado en esta misma fecha.»
Cinco.  Se añade un nuevo artículo 6, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 6.  Fases de los procedimientos.
1.  Los procedimientos regulados en este reglamento contarán con las 
siguientes fases:
a)  Inicio.
b)  Desarrollo.
c)  Terminación.
d)  Ejecución.
2.  Las fases contempladas en las letras a) y d) se rigen por su normativa 
específica y supletoriamente, en cuanto resulte aplicable, por la normativa 
tributaria.»
Seis.  Se modifica la rúbrica del título II, que queda redactada de la siguiente forma:
«TÍTULO II
Procedimiento amistoso previsto en los convenios para evitar la doble 
imposición aplicables en España para eliminar las imposiciones no acordes 
al convenio»
Siete.  Se modifica el artículo 4, que pasa a numerarse como artículo 7, que queda 
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 7.  Legitimación.
Cuando así esté dispuesto en un convenio o tratado para evitar la doble 
imposición aplicable en España, cualquier persona, que sea residente en España en 
el sentido definido por el correspondiente convenio y que considere que las medidas 
adoptadas por la Administración tributaria española implican o pueden implicar para 
ella una imposición que no esté de acuerdo con las disposiciones del citado 
convenio, podrá someter su caso a la autoridad competente.»
Ocho.  El artículo 5 pasa a numerarse como artículo 8.
Nueve.  Se modifica el artículo 6, que pasa a numerarse como artículo 9, que queda 
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 9.  Solicitud.
1.  La solicitud de inicio se formulará mediante un escrito dirigido a la autoridad 
competente, que deberá contener como mínimo la siguiente información:
a)  Nombre completo, domicilio y número de identificación fiscal y demás datos 
necesarios para identificar a la persona que presenta la solicitud y a las demás 
partes implicadas en las transacciones objeto de examen.
b)  Identificación de la Administración tributaria extranjera competente.
c)  El artículo del convenio que el obligado tributario considera que no se ha 
aplicado correctamente y la interpretación que el propio obligado tributario da a ese 
artículo, explicando el motivo por el cual el obligado tributario considera que existe  e.e
una cuestión objeto del procedimiento. b
d)  Identificación de los períodos impositivos o de liquidación afectados. 58ww
casoe.)  EnD peasrctricipuclaiórn s ed edteabllaedráan d ien clolusi rh:echos y circunstancias relevantes relativos al
1.º  las cuantías relevantes para el procedimiento amistoso en las monedas de
los Estados afectados;
2.º  los datos correspondientes a las relaciones, situaciones o estructura de las 
operaciones entre las personas afectadas;
3.º  la naturaleza y la fecha de realización de las actuaciones origen de la 
cuestión objeto del procedimiento, incluido, si procede, el detalle de la misma renta 
percibida en el otro Estado afectado y de la inclusión de dicha renta en la base 
imponible en dicho Estado, y los detalles del impuesto exigido o que se exigirá en 
relación con dicha renta en el otro Estado afectado.
f)  Identificación de los recursos administrativos o judiciales interpuestos por el 
solicitante o por las demás partes implicadas, así como cualquier resolución que 
hubiera recaído sobre la misma cuestión.
g)  Indicación de si el obligado tributario ha presentado una solicitud con 
anterioridad en el marco de un procedimiento amistoso regulado en este reglamento 
ante cualquiera de las autoridades competentes implicadas sobre la misma cuestión 
u otra similar.
h)  Declaración en la que se haga constar si la solicitud incluye alguna cuestión 
que pueda considerarse que forma parte de un procedimiento de acuerdo previo de 
valoración o de algún procedimiento similar.
i)  Compromiso por parte de la persona que solicita el inicio a responder lo más 
completa y rápidamente posible a todos los requerimientos hechos por la 
Administración tributaria y a tener a disposición de la Administración tributaria la 
documentación relativa al caso.
j)  Fecha y firma de la persona que solicita el inicio o de su representante.
2.  A la solicitud se acompañará copia de todos los documentos justificativos de 
la información indicada en el apartado 1, y en particular:
a)  En  los  casos  relativos  a  ajustes  por  operaciones  vinculadas,  la 
documentación exigida en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio.
b)  En el caso de que existan, copias del acto de liquidación, de su notificación 
y de los informes de los órganos de inspección o equivalentes en relación con el 
caso.
c)  Copia de cualquier resolución o acuerdo emitido por la Administración del 
otro Estado que afecte a este procedimiento.
d)  La acreditación de la representación, en caso de que se actúe por medio de 
representante.
3.  El escrito dirigido a la autoridad competente deberá presentarse en el 
registro general de la administración a la que pertenezca la autoridad competente, 
en las condiciones establecidas en la normativa aplicable.
4.  Se acusará recibo de la solicitud de inicio a la persona que la ha presentado 
en el plazo de dos meses a partir de la fecha en que aquella haya tenido entrada en 
su registro y se informará asimismo de esta recepción a las autoridades competentes 
de los demás Estados afectados en el plazo de cuatro semanas a partir de esa 
misma fecha.»
Diez.  Se modifica el artículo 7, que pasa a numerarse como artículo 10, que queda 
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 10.  Subsanación y mejora. bo
tceonnitdEeonn  iedenol t pryal adrzeaoq  uedener  iert rla erlse  sgmoisleitcsriotea snd tede e,l saed nae u sltauo  rfciedacashdoa ,  cqeounme qp sueeet e snlaut bess,o aslniece itnpu odlod dsrá ee  arinrnoiacreiloizs a hora  yssaeu    2021-9558n https://ww
complete la documentación que se cita en el artículo 9 de este reglamento. Se podrá
también solicitar aclaraciones para resolver cualquier duda que se plantee en el
examen de la documentación citada, así como cualquier información adicional. El 
solicitante dispondrá del plazo de tres meses, contado desde el día siguiente al de 
la notificación del requerimiento para aportar la documentación o subsanar los 
errores. La falta de atención del requerimiento determinará el archivo de las 
actuaciones y se tendrá por no presentada la solicitud.»
Once.  Se modifica el artículo 8, que pasa a numerarse como artículo 11, que queda 
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 11.  Admisión de inicio.
1.  La autoridad competente dispone de un plazo de seis meses, computado 
desde la fecha de la recepción de la solicitud, o de la información o documentación 
aportada a raíz del requerimiento a que se refiere el artículo 10, para acordar la 
admisión o inadmisión de la solicitud de inicio. Esta decisión será notificada al 
obligado tributario y a las autoridades competentes de los demás Estados afectados. 
Si en dicho plazo no se hubiera notificado ninguna decisión al respecto, se 
considerará admitida la solicitud.
2.  Se podrá denegar motivadamente el inicio del procedimiento amistoso, 
entre otros, en los siguientes supuestos:
a)  Cuando no exista un convenio aplicable con artículo relativo al procedimiento 
amistoso.
b)  Cuando la solicitud se haya presentado fuera del plazo regulado en el 
convenio o se presente por persona no legitimada.
c)  Cuando no proceda iniciar un procedimiento amistoso por ser una cuestión 
de derecho interno y no una divergencia o discrepancia en la aplicación del 
convenio.
d)  Cuando la solicitud se refiera a la apertura de un nuevo procedimiento sobre 
una cuestión que ya hubiera sido objeto de otro procedimiento amistoso planteado 
con anterioridad por el mismo obligado tributario y sobre el cual se hubiese 
alcanzado un acuerdo entre ambas autoridades competentes o sobre el que hubiera 
desistido el obligado tributario.
e)  Cuando el requerimiento de subsanación y de completar la información 
haya sido contestado en plazo, pero no se entiendan subsanados los defectos o 
aportada la documentación requerida.
3.  El procedimiento amistoso se iniciará en los siguientes casos:
a)  Cuando la autoridad competente española considere que la solicitud es 
fundada y que puede por sí misma encontrar una solución.
b)  Cuando la autoridad competente española considere que la solicitud es 
fundada y que no puede por sí misma encontrar una solución. En este caso, se 
comunicará a la autoridad competente del otro Estado que se ha admitido el inicio 
del procedimiento, que la presentación de la solicitud se ha producido dentro del 
plazo a que se refiere el artículo 8 y, se adjuntará, la documentación del caso. Si el 
convenio aplicable prevé la creación de la comisión consultiva a que se refiere el 
artículo 13, se solicitará a la Administración del otro Estado que comunique la fecha 
de recepción de la documentación. Dicha fecha será la de inicio del cómputo del 
periodo para poder acceder a la comisión consultiva. Conocida esta fecha, se  e
notificará al obligado tributario. bo
solic4it.a r Ala  edfoeccutoms edneta lcoi ódnis ep uinefsotrom eens  qeusete e asrttimícuel oo,p loar tauuntoosr.i»dad competente podrá  2021-9558n https://ww
Doce.  El artículo 9 pasa a numerarse como artículo 12, y se modifican sus apartados 2 y 3, 
que quedan redactados de la siguiente forma:
«2.  Para la fijación de la posición española, la autoridad competente podrá 
solicitar la documentación y los informes que se consideren pertinentes, que 
deberán ser remitidos en el plazo de 3 meses desde la recepción de la solicitud.
Cuando la autoridad competente requiera información adicional al obligado 
tributario durante el procedimiento amistoso este dispondrá de un plazo de diez 
días, salvo que se especifique un plazo distinto en el requerimiento, contado desde 
el día siguiente al de la notificación del requerimiento para aportar la documentación. 
Dicho plazo podrá ampliarse en cinco días a solicitud del obligado tributario. La falta 
de atención de este requerimiento podrá determinar la terminación del procedimiento.
3.  La autoridad competente española elaborará una propuesta inicial sobre el 
caso que se comunicará a la autoridad competente del otro Estado.»
Trece.  El artículo 10 pasa a numerarse como artículo 13 y se modifica el apartado 3 
que queda redactado de la siguiente forma:
«3.  Las autoridades competentes a la vista de la decisión de la comisión 
consultiva alcanzarán un acuerdo de conformidad con el artículo 16 sobre todas las 
cuestiones planteadas en el caso.»
Catorce.  El artículo 11 pasa a numerarse como artículo 14 y se modifica el apartado 1, 
que queda redactado de la siguiente forma:
«1.  El procedimiento amistoso podrá terminar por alguna de las siguientes 
causas:
a)  Por desistimiento en los términos previstos en el artículo 15.
b)  Por acuerdo de la autoridad competente española en el caso del artículo 11.3.a) 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.
c)  Por acuerdo entre las autoridades competentes de los Estados implicados, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.»
Quince.  El artículo 12 pasa a numerarse como artículo 15.
Dieciséis.  Se introduce un nuevo artículo 16, en sustitución de los artículos 13 y 14, 
que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 16.  Terminación mediante acuerdo entre las autoridades competentes de 
los Estados implicados.
1.  Los procedimientos amistosos podrán terminar mediante acuerdo de las 
autoridades competentes de los Estados implicados.
2.  Los acuerdos de no eliminar la doble imposición o la imposición no acorde 
con el convenio, podrán fundamentarse, entre otros, en los siguientes motivos:
a)  Cuando los actos objeto del procedimiento no puedan modificarse por haber 
prescrito conforme a la normativa interna y el convenio aplicable.
b)  Cuando las autoridades competentes mantengan distintas interpretaciones 
del convenio por divergencias en las legislaciones internas respectivas.
c)  Cuando el obligado tributario no facilite la información y documentación  es
necesaria para solucionar el caso o cuando se produzca la paralización del  bo
procedimiento por causas atribuibles al mismo. 58ww
esiqguuid1ive.)aº n lteeCnQstu euca eond nddedio ciu chhniaoa  nTysereaisbn :uutennnaac l isade eon  todetenrcoci isaEi ósfnitra medqeou  daivefae lcuetnna tdetro isb, eus nrieeamfli eperrsaep a aq lñuooesl   esulee o mctrueamn tdpoelsac ndis eilóa lans    BOE-A-2021-95cable en https://
obligación tributaria que hayan sido objeto del procedimiento amistoso; y
2.º  Siempre que, en virtud del Derecho nacional del Estado cuyos tribunales 
han dictado la sentencia o decisión equivalente, la autoridad competente quede 
vinculada por dicha decisión.
3.  El acuerdo que alcancen las autoridades competentes será notificado al 
obligado tributario.
4.  El acuerdo entre autoridades competentes de eliminar la doble imposición o 
la imposición no acorde con el convenio se aplicará siempre que, en el plazo de 
sesenta días naturales a partir del día siguiente a la notificación del acuerdo, el 
obligado u obligados tributarios:
a)  Acepten el contenido del mismo, y
b)  Renuncien a su derecho a recurrir o desistan de los recursos pendientes 
que pudieran tener presentados respecto de los elementos de la obligación tributaria 
que hayan sido objeto del procedimiento amistoso.
En el supuesto de que las cuestiones objeto del procedimiento amistoso ya 
estuviesen recurridas, el obligado tributario deberá aportar pruebas de su renuncia 
o desistimiento en el plazo de sesenta días naturales al que hace referencia el 
párrafo anterior.
5.  Se entenderá que el obligado tributario rechaza el acuerdo entre autoridades 
competentes, cuando aquel, tras su notificación:
a)  Formalice su rechazo en un escrito en el que quede constancia de su 
disconformidad con el contenido del acuerdo; o
b)  No acepte expresamente el contenido del mismo en el plazo de sesenta 
días naturales a partir del día siguiente a la notificación del acuerdo; o
c)  No renuncie a su derecho a recurrir respecto a las cuestiones solucionadas 
por el procedimiento amistoso o, en su caso, no desista de los recursos pendientes 
en el plazo de sesenta días naturales a partir del día siguiente a la notificación del 
acuerdo.
La  autoridad  competente  comunicará  este  rechazo  a  las  autoridades 
competentes de los demás Estado afectados y considerará el caso cerrado.
6.  La aplicación del acuerdo alcanzado se realizará una vez que el acuerdo 
adquiera firmeza, en los términos recogidos en el apartado 3 de la disposición 
adicional primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.
7.  El acuerdo entre las autoridades competentes no sentará precedente.»
Diecisiete.  El artículo 15 pasa a numerarse como artículo 17 y se modifica el apartado 6, 
que queda redactado de la siguiente forma:
«6.  En la liquidación resultante de la ejecución del acuerdo se exigirán los 
intereses de demora devengados sobre la deuda derivada de dicha ejecución.»
Dieciocho.  El artículo 16 pasa a numerarse como artículo 18 y se modifican los 
apartados 2 y 3, que quedan redactados de la siguiente forma:
«2.  La autoridad competente española podrá rechazar la admisión de la 
solicitud en los supuestos previstos en el artículo 11.2 de este reglamento. Asimismo,  e.e
podrá formular los requerimientos de subsanación y mejora a los que se refiere el  b
artículo 10 desde la fecha en que tenga conocimiento de la presentación de la  58ww
solic3it.u dL.as actuaciones que, en su caso, deba realizar la autoridad española se
rdeeg eirsátne  proerg lloa mdiesnptuoe.»sto en los artículos 12 al 17, ambos inclusive, y por el artículo 20
Diecinueve.  Se modifica el artículo 17, que pasa a numerarse como artículo 19, que 
queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 19.  Normativa aplicable al inicio, desarrollo y ejecución.
1.  Cuando el procedimiento a que se refiere el artículo 1.1.a) se inicie ante las 
autoridades competentes de otro Estado por acciones de la Administración tributaria 
de ese otro Estado, estará legitimada para solicitar el inicio de este procedimiento 
cualquier persona que sea residente en el otro Estado en el sentido definido por el 
correspondiente convenio y que considere que las medidas adoptadas por la 
Administración tributaria del citado Estado implican o pueden implicar para ella una 
imposición que no esté de acuerdo con las disposiciones del citado convenio. La 
autoridad competente española podrá rechazar la admisión de la solicitud en los 
supuestos previstos en el artículo 11.2 de este reglamento. Asimismo, podrá 
formular los requerimientos de subsanación y mejora a los que se refiere el artículo 
10 desde la fecha en que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud.
2.  Las actuaciones que, en su caso, deba realizar la autoridad española se 
regirán por lo dispuesto en los artículos siguientes de este capítulo y, en lo no 
previsto en este capítulo, por lo dispuesto en los artículos 12 al 17, ambos inclusive.»
Veinte.  El artículo 18 pasa a numerarse como artículo 20.
Veintiuno.  El artículo 19 pasa a numerarse como artículo 21 y se modifican los 
apartados 2 y 3, que quedan redactados de la siguiente forma:
«2.  Recibida la propuesta del otro Estado, la autoridad competente española 
elaborará su posición sobre el caso que se comunicará a la autoridad competente 
del otro Estado.
3.  Para elaborar la respuesta española, la autoridad competente podrá solicitar 
la documentación y los informes que se consideren pertinentes, que deberán ser 
remitidos en un plazo de 3 meses desde la recepción de la solicitud.»
Veintidós.  Se modifica el artículo 20, que pasa a numerarse como artículo 22, que 
queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 22.  Normativa aplicable al inicio, desarrollo y ejecución.
1.  Cuando el procedimiento a que se refiere el artículo 1.1.a) se inicie ante las 
autoridades competentes españolas por acciones de la Administración tributaria del 
otro Estado, y así esté dispuesto en un convenio o tratado para evitar la doble 
imposición aplicable en España, cualquier persona que sea residente en España en 
el sentido definido por el convenio correspondiente y que considere que las medidas 
adoptadas por la Administración tributaria del otro Estado implican o pueden implicar 
para ella una imposición que no esté de acuerdo con las disposiciones del citado 
convenio, podrá someter su caso a la autoridad competente española.
2.  También podrá someter el caso a las autoridades españolas, aquellas 
personas de nacionalidad española que consideren que se ha producido un 
supuesto de discriminación en el sentido definido por los propios convenios.
3.  Las actuaciones que, en su caso, deba realizar la autoridad española se 
regirán por lo dispuesto en los artículos 7 al 17, ambos inclusive, con las 
especialidades previstas en el artículo 21.» es
Veintitrés.  El artículo 21 pasa a numerarse como artículo 23 y se modifica el apartado 2,  w.
que queda redactado de la siguiente manera: 58ww
«2.  No se tramitará el procedimiento previsto en este título si las empresas de las
qaruree gsloe  atrl aatretí,c umloe d4i adnetle C aocntvoesn iqou 9e0 /d4e3n6 /lCuEgaEr,  haa unn said coo orrbejectcoió dne  duen alo ssa nbceiónne fgicriaovse ,c eonn 
los términos establecidos en el citado convenio, con carácter firme. En el caso español
tendrán dicha consideración las penas y sanciones a las que se refiere el apartado 10 
de la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de 
marzo.»
Veinticuatro.  Se modifica el artículo 22, que pasa a numerarse como artículo 24, que 
queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 24.  Normativa aplicable al inicio, desarrollo y ejecución.
Cuando el procedimiento a que se refiere el artículo 1.1.b) se inicie ante las 
autoridades competentes españolas por acciones de la Administración tributaria 
española, el procedimiento se regirá por lo dispuesto en los artículos 9 al 17, ambos 
inclusive, excepto el 13 y 16.2.a) y b), con las especialidades establecidas en los 
artículos siguientes.»
Veinticinco.  Se modifica el título de la sección 1.ª del capítulo I del título III, que 
queda redactado de la siguiente forma:
«Sección 1.ª  Inicio»
Veintiséis.  Los artículos 23 y 24 pasan a numerarse como artículos 25 y 26, 
respectivamente.
Veintisiete.  El artículo 25 pasa a numerarse como artículo 27 y se modifica el 
apartado 2, que queda redactado de la siguiente forma:
«2.  El escrito deberá contener la información y documentación a la que se 
refiere el artículo 9 salvo lo dispuesto en el apartado 1.c).
Adicionalmente deberá incluirse una descripción por parte de la empresa de las 
razones que la amparan para sostener que no se han respetado los principios 
establecidos en el artículo 4 del Convenio CEE/90/436, y deberá comunicarse si se 
ha impuesto una sanción, aunque no tenga carácter definitivo. En el caso de que la 
sanción se haya impuesto con posterioridad a la solicitud de inicio, el obligado 
tributario deberá comunicar a la autoridad competente, en el plazo de un mes, la 
imposición de la sanción, aunque no tenga carácter definitivo.»
Veintiocho.  Se modifica el artículo 26, que pasa numerarse como artículo 28, que 
queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 28.  Admisión de inicio.
1.  Se denegará motivadamente el inicio del procedimiento en los siguientes 
supuestos:
a)  Cuando no se cumplan los principios recogidos en el artículo 4 del Convenio 
CEE/ 90/436.
b)  Cuando la solicitud no se haya presentado dentro de los límites temporales 
recogidos en el Convenio CEE/90/436 o se presente por persona no legitimada.
c)  Cuando se haya impuesto con carácter firme una sanción grave en los 
términos definidos en el Convenio CEE/90/436. En el caso español tendrán dicha 
consideración las penas y sanciones a las que se refiere el apartado 10 de la  e
disposición adicional primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la  b
Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de  58ww
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fundada y que puede por sí misma encontrar una solución.
b)  Cuando la autoridad competente española considere que la solicitud es 
fundada y no puede por sí misma encontrar una solución. En este caso se 
comunicará a la autoridad competente del otro Estado que se ha admitido el inicio 
del procedimiento, que la presentación de la solicitud se ha producido dentro del 
plazo a que se refiere el artículo 26 y se adjuntará, cuando proceda, la 
documentación del caso. Asimismo, se señalará la fecha de inicio del cómputo del 
periodo de dos años para alcanzar un acuerdo, transcurrido el cual, si las 
autoridades competentes no han alcanzado un acuerdo, se constituirá la comisión 
consultiva a que se refiere el artículo 31. La decisión de admisión se notificará al 
obligado tributario, en la que se le indicará igualmente la fecha de inicio del periodo 
de 2 años.»
Veintinueve.  El artículo 27 pasa a numerarse como artículo 29 y se modifica el 
apartado 1, que queda redactado de la siguiente forma:
«1.  El cómputo del periodo de dos años para poder acudir a la segunda fase 
prevista en el Convenio 90/436/CEE, se inicia en la última de las dos fechas 
siguientes:
a)  Fecha de notificación del acto de liquidación tributaria o medida equivalente.
b)  Fecha en la que la autoridad competente recibe la solicitud de inicio 
acompañada de toda la información y documentación a la que se refiere el artículo 27 
anterior.»
Treinta.  Se modifica la sección 2.ª del capítulo I del título III, que pasa a estar 
integrada por los artículos 30 a 32, con anterioridad artículos 28 a 30, y que queda 
redactada de la siguiente forma:
«Sección 2.ª  Desarrollo
Artículo 30.  Desarrollo de las actuaciones.
La autoridad competente española elaborará una propuesta inicial sobre el caso 
que se comunicará a la autoridad competente del otro Estado.
Artículo 31.  Constitución y funcionamiento de una comisión consultiva.
1.  Si las autoridades competentes interesadas no llegasen a un acuerdo por el 
que se evite la doble imposición en un periodo de dos años, contado a partir de la 
fecha en que se inicie su cómputo de acuerdo con el artículo 29, constituirán una 
comisión consultiva a la que encargarán que emita un dictamen sobre la forma de 
suprimir la doble imposición en cuestión.
2.  Las autoridades competentes podrán acordar un período diferente al 
previsto en el apartado anterior, con la aprobación de las empresas asociadas 
interesadas.
3.  La constitución, composición y funcionamiento de la comisión consultiva, así 
como la remisión de información, la participación del obligado tributario y de las 
autoridades competentes, se regirá por lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del 
Convenio CEE/90/436.
Artículo 32.  Dictamen de la comisión consultiva. e.
De conformidad con el artículo 11 del Convenio CEE/90/436 la comisión  58ww
ceonn qsuuelt ivhaa ydae bseidráo  ecmonitsiru ultand dai.c tSaem econn esnid uenra prála zcoo mdeo  6fe mcheas edse  scigouniseunltteas,  laa  lfae cfehcah aa 
prealertvira ndtee  ldae  clousa lE lsat acdooms iismiópnlic haad orse.c»ibido toda la documentación e información
Treinta y uno.  Se modifica el rótulo de la sección 3.ª del capítulo I del título III, que pasa 
a titularse «Terminación» y estar integrada por el artículo 33, con anterioridad artículo 31.
Treinta y dos.  Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 32, que pasa numerarse 
como artículo 34, que queda redactado de la siguiente forma:
«2.  La autoridad competente española podrá rechazar la admisión de la 
solicitud en los supuestos a que se refiere el artículo 28.1.
3.  El procedimiento se regirá por lo dispuesto en los artículos 12 al 17 ambos 
inclusive, excepto el 13 y el 16.2.a) y b), con las especialidades de los artículos 30 
al 33 en cuanto a su desarrollo y ejecución.»
Treinta y tres.  Se modifica el artículo 33, que pasa a numerarse como artículo 35, 
que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 35.  Normativa aplicable al inicio, desarrollo y ejecución.
Cuando el procedimiento a que se refiere el artículo 1.1.b) se inicie ante las 
autoridades competentes del otro Estado por acciones de la Administración tributaria 
de ese otro Estado, el procedimiento se regirá por lo dispuesto en el artículo anterior 
en lo referente al inicio, y por lo dispuesto en los artículos 12 al 17, ambos inclusive, 
excepto el 13 y 16.2.a) y b), con las especialidades de los artículos 31 a 33 y el 
artículo 21, en cuanto a su desarrollo y ejecución.»
Treinta y cuatro.  Se modifica el artículo 34, que pasa a numerarse como artículo 36, 
que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 36.  Normativa aplicable al inicio, desarrollo y ejecución.
Cuando el procedimiento a que se refiere el artículo 1.1.b) se inicie ante las 
autoridades competentes españolas por acciones de la Administración tributaria del 
otro Estado, el procedimiento se regirá por lo dispuesto en los artículos 24 al 33, 
ambos inclusive, excepto el 30, y por el artículo 21.»
Treinta y cinco.  Se añade un nuevo título IV, que queda redactado de la siguiente forma:
«TÍTULO IV
Los mecanismos de resolución de litigios a que se refiere la Directiva (UE) 
2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos 
de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea
CAPÍTULO I
Inicio
Artículo 37.  Legitimación.
Podrá solicitar el inicio de este mecanismo todo obligado tributario que cumpla 
los siguientes requisitos:
a)  Que sea una persona residente en España u otro Estado miembro en el 
sentido definido por el correspondiente convenio o tratado internacional aplicable en  e.
España por el que se dispone la eliminación de la doble imposición de la renta y, en  w.b
su caso, del patrimonio, y 58ww
por bE)s paQñuae  os up otrri bouttraoc uió no tsroes v Eeas taafdeocsta mdaie dmirbercotsa mqueen teim ppolirq luaes nm oe dpiudeadsa and oimptpalidcaasr 
uinntear nimacpioonsaicleiósn a npolic aabcolersd ee nc oEns plaañsa d pisopr olosisc iqounee ss ed ed islopso nceo nlav eenlimioisn aoc itórna tdaed olas 
doble imposición de la renta y, en su caso, del patrimonio.
Artículo 38.  Plazo.
La solicitud deberá presentarse en el plazo de tres años contados a partir del día 
siguiente al de la notificación del acto de liquidación o medida equivalente que 
implique o pueda implicar una imposición no acorde con las disposiciones de los 
convenios o tratados internacionales aplicables en España por los que se dispone 
la eliminación de la doble imposición de la renta y, en su caso, del patrimonio.
Artículo 39.  Normativa aplicable al inicio.
El mecanismo a que se refiere el artículo 1.1.c) se regirá por lo dispuesto en los 
artículos 9, 10 y 11, inclusive, con las siguientes especialidades:
a)  El obligado tributario deberá dirigir la solicitud regulada en el artículo 9, 
simultáneamente y con la misma información, al resto de las autoridades 
competentes afectadas, salvo que sea uno de los obligados tributarios comprendidos 
en el artículo 57 de este reglamento.
En este último caso, la solicitud de inicio podrá presentarse únicamente a la 
autoridad competente española, quien, en el plazo de dos meses contados a partir 
de la fecha de la entrada en su registro de dicha solicitud, enviará simultáneamente 
una notificación a las autoridades competentes de los demás Estados miembros 
afectados. Se considerará que el obligado tributario ha presentado la solicitud de 
inicio a todos los Estados miembros afectados en la fecha de dicha notificación.
b)  En la notificación entre autoridades competentes contemplada en el artículo 9.4, 
la autoridad competente informará asimismo de la lengua o lenguas que se propone 
utilizar en sus comunicaciones durante los procedimientos pertinentes.
c)  El solicitante que reciba un requerimiento conforme con lo establecido en el 
artículo 10 deberá enviar simultáneamente a las autoridades competentes de los 
demás Estados afectados una copia de su respuesta.
No obstante, lo anterior, cuando el obligado tributario sea uno de los 
comprendidos en el artículo 57 este reglamento, la citada respuesta podrá 
presentarse únicamente a la autoridad competente española, quien, en el plazo de 
dos meses a partir de la entrada en su registro de la misma, enviará una notificación 
simultáneamente a las autoridades competentes de los demás Estados miembros 
afectados, junto con una copia de la información presentada. Se considerará que la 
información ha sido recibida por todos los Estados afectados en la fecha de su 
entrada en el registro de la autoridad competente.
d)  La falta de atención en plazo de un requerimiento de subsanación podrá 
determinar la terminación del mecanismo.
Artículo 40.  Resolución de la admisión de inicio por parte de la comisión consultiva.
1.  Cuando el inicio del mecanismo haya sido denegado por al menos uno de 
los Estados miembros afectados, pero no por todos, el obligado tributario podrá 
solicitar a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados la 
constitución de una comisión consultiva de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 45.
Se considerará que ha sido denegado el inicio del mecanismo por un Estado 
miembro afectado en los siguientes supuestos:
a)  Cuando la decisión denegatoria de la autoridad competente no pueda ser  o
rqceoucneuf birpr)rme idreatCe  ldnuaeea d zncecdocaoni,s fsoióernm  ddidiceatnede  cgreoasntoo lrlauia cn idoóernm  laaad taimvuaitno nirsiadtrcaaiodtin vcaaol  mod epjule Edteiscntiataedl .od em cieamrábcrtoe ra ffeircmtaed qou ael   2021-9558n https://www.
2.  Solo podrá realizarse la solicitud de constitución de una comisión consultiva 
cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a)  Que no pueda interponerse un recurso por haberse agotado el plazo 
correspondiente,
b)  Que no haya recurso pendiente,
c)  Que el obligado tributario haya renunciado formalmente a su derecho a 
recurrir, y
d)  Si el inicio ha sido denegado por resolución administrativa o judicial de 
carácter firme que confirme la decisión denegatoria de la autoridad competente, que 
dicha resolución no tenga carácter vinculante para la autoridad competente.
3.  Dicha solicitud deberá presentarse por escrito en el plazo de cincuenta días 
naturales a partir del día siguiente al de la notificación de la última decisión que dé 
acceso a la comisión consultiva de conformidad con el apartado 1 de este artículo. 
La comisión consultiva se constituirá en el plazo de ciento veinte días naturales a 
partir de la entrada en el registro de la autoridad competente de dicha solicitud, y, 
una vez creada, su presidente deberá comunicarlo al obligado tributario sin demora.
4.  No obstante lo establecido en el apartado 1, cuando el obligado tributario 
sea uno de los comprendidos en el artículo 57 de este reglamento, la solicitud de 
constitución de la comisión consultiva podrá presentarse únicamente a la autoridad 
competente española. Dicha autoridad competente enviará una notificación 
simultáneamente a las autoridades competentes de los demás Estados miembros 
afectados en el plazo de dos meses a partir de la entrada en su registro de dicha 
solicitud. Se considerará que el obligado tributario ha presentado la solicitud a todos 
los Estados miembros afectados en la fecha de dicha notificación.
5.  La comisión consultiva a que se refiere este artículo adoptará una decisión 
relativa a la admisión de inicio en el plazo de seis meses a partir de la fecha de su 
constitución y notificará su decisión a las autoridades competentes en un plazo de 
treinta días naturales a partir de su adopción.
En caso de que se haya ejercido el derecho de recurso, la resolución del tribunal 
económico administrativo se tendrá en cuenta a estos efectos.
6.  Cuando la comisión consultiva confirme que se cumplen todos los requisitos 
establecidos para la admisión de inicio en el artículo 9 y, en su caso, en el artículo 10, 
el mecanismo se iniciará a solicitud de cualquiera de las autoridades competentes. 
La autoridad competente que solicite el inicio procederá a notificarlo a la comisión 
consultiva, a las demás autoridades competentes afectadas y al obligado tributario. 
El plazo de dos años previsto en el artículo 41, se contará a partir de la fecha de la 
notificación de la decisión adoptada por la comisión consultiva sobre la admisión del 
inicio del procedimiento amistoso.
Si ninguna de las autoridades competentes solicita que se inicie el procedimiento 
amistoso en el plazo de sesenta días naturales a partir de la fecha de notificación de 
la decisión de la comisión consultiva, ésta emitirá un dictamen sobre el modo de 
resolver la cuestión objeto del procedimiento con arreglo al artículo 51, apartado 1. 
En ese caso, y a efectos de la aplicación de dicho artículo, se considerará que la 
comisión consultiva se constituyó en la fecha en que finalizó el plazo de sesenta 
días naturales mencionado.
CAPÍTULO II e.
Desarrollo 58ww
Artículo 41.  Desarrollo de las actuaciones.
deci1d.a nC audamnditoir  laesl  ianuictoiori dya dneos  pcuoemdpaente pnoters  sdí em loissm Easst aednocso mntireamr buronsa  asfoelcutcaidóons,   BOE-A-cable e
procurarán solucionar la cuestión objeto del procedimiento de mutuo acuerdo, en el
plazo de dos años a partir de la última notificación de cualquiera de los Estados 
miembros afectados relativa a la admisión de inicio.
No obstante lo anterior, cuando el obligado tributario haya recurrido las medidas 
que impliquen o puedan implicar una imposición no acorde con los convenios o 
tratados internacionales aplicables en España por los que se dispone la eliminación 
de la doble imposición de la renta y, en su caso, del patrimonio, dicho plazo 
comenzará a partir de la última de las dos fechas siguientes:
a)  La fecha establecida en el párrafo primero de este apartado, o
b)  La fecha en que dichos recursos se hayan suspendido.
El plazo de dos años a que se refiere este apartado podrá prorrogarse por un 
período de hasta un año a solicitud, por escrito y de forma motivada, de una 
autoridad competente a las demás autoridades competentes de los Estados 
miembros afectados.
2.  Sin perjuicio de lo establecido en este capítulo, el procedimiento a que se 
refiere el artículo 1.1.c) se regirá por lo dispuesto en el artículo 12, con la siguiente 
especialidad:
El obligado tributario que reciba un requerimiento previsto en el artículo 12.2, 
segundo párrafo, de este reglamento, deberá enviar simultáneamente a las 
autoridades competentes de los demás Estados miembros afectados una copia de 
su respuesta.
No obstante lo anterior, cuando el obligado tributario sea uno de los 
comprendidos en el artículo 57 de este reglamento, la citada respuesta podrá 
presentarse únicamente a la autoridad competente española, quien, en el plazo de 
dos meses a partir de la entrada en su registro de la misma, enviará una notificación 
simultáneamente a las autoridades competentes de los demás Estados miembros 
afectados, junto con una copia de la información presentada. Se considerará que la 
información ha sido recibida por todos los Estados afectados en la fecha de su 
entrada en el registro de la autoridad competente.
3.  Cuando las autoridades competentes de los Estados afectados no hayan 
alcanzado un acuerdo sobre la manera de resolver de mutuo acuerdo la cuestión 
objeto del procedimiento dentro del plazo establecido en el apartado 1, la autoridad 
competente informará al obligado tributario, indicando los motivos de la imposibilidad 
de alcanzar un acuerdo.
Artículo 42.  Solicitud de constitución de la comisión consultiva para la resolución 
de la cuestión objeto de procedimiento.
Cuando las autoridades competentes de los Estados miembros afectados no 
hayan llegado a un acuerdo sobre la manera de solucionar la cuestión objeto del 
procedimiento en el plazo previsto en el artículo 41, apartado 1, el obligado tributario 
podrá solicitar a la autoridad competente la constitución de una comisión consultiva 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.
Dicha solicitud deberá presentarse por escrito en el plazo de cincuenta días 
naturales a partir del día siguiente al de la notificación emitida en virtud del artículo 41, 
apartado 3. La comisión consultiva se constituirá en el plazo de ciento veinte días 
naturales a partir de la entrada en el registro de la autoridad competente de dicha  e
solicitud, y una vez creada, su presidente deberá comunicarlo al obligado tributario  bo
sin demora. 58ww
comNproe nodbidsotas netne  ell oa rtaícnutelor i5o7r, d ec ueasnted roe gelal moebnlitgo,a ddioch atr isboulitcaitruiod  psoedará  upnreos edneta rloses 
úpnairctiarm deen tlea  ae nlat raaudtao riedna ds uco rmepgeistternot ed ees dpiacñhoal as, oqluicieitnu,d e, ne enlv pialarázo u dnea  dnoost mificeasceisó an 
simultáneamente a las autoridades competentes de los demás Estados miembros
afectados. Se considerará que el obligado tributario ha presentado la solicitud a 
todos los Estados miembros afectados en la fecha de dicha notificación.
Artículo 43.  Denegación de acceso a la comisión consultiva.
1.  La autoridad competente denegará el acceso a la comisión consultiva 
indicada en el artículo 42:
a)  Cuando se hayan impuesto con carácter firme las penas y sanciones a las 
que se refiere el apartado 10 de la disposición adicional primera del texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, o
b)  Caso por caso, cuando una cuestión objeto del procedimiento no conlleve 
doble imposición. En tal caso, la autoridad competente informará sin demora al 
obligado tributario y a las autoridades competentes de los otros Estados miembros 
afectados.
2.  A efectos de este artículo, se entiende por doble imposición la imposición 
por dos o más Estados miembros de uno de los impuestos contemplados por un 
acuerdo o convenio a los que se hace referencia en el artículo 1 con respecto a la 
misma renta o patrimonio imponibles cuando ello conlleve:
a)  Una carga fiscal suplementaria,
b)  Un incremento de la deuda tributaria, o
c)  La anulación o reducción de pérdidas que podrían utilizarse para compensar 
los beneficios imponibles.
Artículo 44.  Información, pruebas y comparecencias.
1.  A efectos del procedimiento contemplado en los artículos 40, apartado 1, y 42, 
cuando así lo acuerden las autoridades competentes de los Estados miembros 
afectados, el obligado u obligados tributarios podrán facilitar a la comisión consultiva 
o a la comisión de resolución alternativa prevista en el artículo 48 de este reglamento 
cualesquiera información, pruebas o documentos que puedan ser pertinentes para 
la decisión.
La comisión correspondiente podrá solicitar al obligado tributario y a la autoridad 
competente cualquier información, pruebas o documentos. Sin embargo, la 
autoridad competente podrá negarse a facilitar dicha información en cualquiera de 
los casos siguientes:
a)  Cuando la obtención de la información requiera la realización de medidas 
administrativas que sean contrarias al Derecho interno;
b)  Cuando no pueda obtenerse información en virtud del Derecho interno;
c)  Cuando la información ataña a secretos comerciales, empresariales, 
industriales o profesionales o a procedimientos comerciales;
d)  Cuando la divulgación de información sea contraria al orden público.
2.  Los obligados tributarios podrán, previa solicitud y con el consentimiento de 
las autoridades competentes de los Estados miembros afectados, comparecer o 
hacerse representar ante la comisión correspondiente, debiendo hacerlo si esta así 
lo solicitase. e.e
3.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17  b
de diciembre, General Tributaria, los miembros de la comisión correspondiente  58ww
eqsutea rcáonn oocbileigraadno esn a sl um cáosn edsictrióicnto d ye  ctaolmesp,l estion  spiegriljou icreios pdeec ltao  adpel ilcoasc dióant,o se ntr isbuu tcaarsioos, 
ddee  slau n juorrimsdaitcivcaió nin,t eenrn rae ldaec ilóons  cootrno sla E insftoardmoas cmióine mqubero osb atefencgtaand odsu erann etel  álam tbraitmo iptarocipóino 
del procedimiento por la comisión consultiva establecida en los artículos 40,
apartado 1, y 42. Los obligados tributarios, y cuando proceda sus representantes, 
se comprometerán a tratar como secreta toda información (incluido el conocimiento 
de documentos) que obtengan durante dichos procedimientos. La autoridad 
competente podrá solicitar de los obligados tributarios y sus representantes una 
declaración a tal efecto.
Artículo 45.  Comisión consultiva.
1.  La comisión consultiva a que se refieren los artículos 40, apartado 1, y 42 
tendrá la siguiente composición:
a)  Un presidente;
b)  Un representante de cada autoridad competente afectada;
c)  Una personalidad independiente que será designada por cada autoridad 
competente de los Estados miembros afectados a partir de la lista a que se refiere 
el artículo 46.
Cuando  las  autoridades  competentes  así  lo  acuerden,  el  número  de 
representantes y el de personalidades independientes podrá aumentarse a dos para 
cada autoridad competente.
Tras el nombramiento de la personalidad independiente, o las personalidades 
independientes en el supuesto de que se haya ejercido la opción que ofrece el 
párrafo anterior, la autoridad competente nombrará a un suplente para cada una de 
ellas, para el caso de que no puedan ejercer sus funciones.
2.  La autoridad competente acordará con las autoridades competentes de los 
Estados miembros afectados las normas para la designación de las personalidades 
independientes.
3.  Cuando las normas de designación de las personalidades independientes 
no se hayan acordado conforme a lo dispuesto en el apartado 2, la designación de 
dichas personalidades se realizará por sorteo.
4.  Excepto en caso de que las personalidades independientes hayan sido 
designadas conforme al artículo 47, apartado 1, la autoridad competente podrá 
oponerse al nombramiento de cualquier personalidad independiente por un motivo 
previamente acordado entre las autoridades competentes de los Estados miembros 
afectados o cuando dicha personalidad:
a)  Pertenezca a una de las administraciones fiscales afectadas o trabaje en 
nombre de las mismas, o lo haya hecho en cualquier momento durante los tres años 
anteriores;
b)  Tenga o haya tenido una participación importante o un derecho de voto en 
la empresa del obligado tributario, o haya sido empleada o asesora de cualquier 
obligado tributario de que se trate, en cualquier momento de los últimos cinco años 
anteriores a la fecha de su designación;
c)  No ofrezca garantías suficientes de objetividad para la resolución de la 
cuestión o cuestiones sobre los que deba pronunciarse;
d)  Sea empleada de una sociedad que preste asesoría en materia fiscal o 
facilite por otros medios asesoría fiscal con carácter profesional, o haya estado en 
esa situación en algún momento en los tres años previos a la fecha de su designación.
5.  La autoridad competente podrá exigir que una personalidad que haya sido  e
designada en virtud del apartado 2 o 3, o su suplente, revele todo interés, relación o  bo
asunto que pueda afectar a su independencia o imparcialidad o que pueda crear  58ww
razo6n.a bDleumraennttee  uunn ap eimrípordeos dióen  ddoec ep amrceiaselidsa trda es nla e fle pcrhoac eddei madieonptcoi.ón de la decisión
pcoomr lias icóonm sisei óanb sctoennsdurláti vdae,  tiondcau rprierr seonn nailnidgaudn ion ddeep elonsd imenotteiv qous em seenac pioanrtaed does  deinc heal 
apartado 4.
7.  Los representantes de las autoridades competentes y las personalidades 
independientes nombradas de conformidad con el apartado 1 del presente artículo 
elegirán a un presidente de entre la lista de personalidades a que se refiere el 
artículo 46. Salvo acuerdo en contrario de los citados representantes de cada 
autoridad competente y personalidades independientes, el presidente será un juez.
Artículo 46.  Lista de personalidades independientes.
1.  En la lista de personalidades independientes figurarán todas las designadas 
como tal por los Estados miembros.
2.  La Dirección General de Tributos y la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria elegirán de mutuo acuerdo al menos tres personas competentes, 
independientes y capaces de actuar con imparcialidad e integridad para formar 
parte de la lista de personalidades independientes. En caso de que, con posterioridad 
a su designación, alguna de ellas incurra en las causas recogidas en el apartado 4 
del artículo 45, la Dirección General de Tributos y la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria decidirán de mutuo acuerdo su sustitución.
3.  La Dirección General de Tributos comunicará a la Comisión los nombres de 
las personalidades independientes elegidas en virtud del apartado anterior, 
facilitándole información completa y actualizada sobre sus antecedentes académicos 
y profesionales, competencias, conocimientos técnicos y conflictos de intereses. En 
la comunicación, se especificará cuál de ellas podrá ser nombrada presidente.
4.  La Dirección General de Tributos informará sin demora a la Comisión de 
cualquier cambio introducido en la lista de personalidades independientes.
5.  Cuando por razones de falta de independencia, la Dirección General de 
Tributos se oponga, previo acuerdo con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a que una persona permanezca en la lista de personalidades 
independientes, deberá informar de ello a la Comisión proporcionando las pruebas 
oportunas.
En el caso de que otro Estado miembro haya mostrado oposición a una de las 
personalidades independientes designadas por las autoridades españolas, la 
Dirección General de Tributos será el órgano que recibirá la información de dicha 
oposición y las pruebas que la fundamenten. La Dirección General de Tributos 
dispondrá de un plazo de seis meses para adoptar las medidas necesarias y decidir 
si mantener o no a dicha persona en la lista, informando de ello sin demora a la 
Comisión.
Artículo 47.  Nombramientos por parte del organismo nacional de designación.
1.  Si una comisión consultiva no estuviera constituida en el plazo previsto en 
los artículos 40, apartado 3, y 42, el obligado tributario podrá solicitar al Tribunal 
Económico-Administrativo Central que ejerza las funciones de designación para la 
constitución de la comisión consultiva.
Cuando la autoridad competente no haya designado a la personalidad 
independiente y a su suplente, el obligado tributario podrá solicitar al Tribunal 
Económico-Administrativo Central su designación de entre la lista a que se refiere el 
artículo 46.
En caso de que las autoridades competentes de todos los Estados miembros 
afectados no hayan designado a las personalidades independientes, el obligado  s
tributario podrá solicitar al Tribunal Económico-Administrativo Central y, en su caso,  oe.
a los organismos correspondientes de los restantes Estados miembros, la  w.
desoel rsatiergtoínc aduceloi ó e4nn6 tdr. eeD  lliaac shc aiptsae drpsaeo rlnissaotlanid adaleidd ecasod neinfsod rienmpdiedenapddei necdnoitnee nset led aser  tneíconumtrleob  rl4aa5r lá,i snat paaa la rpt aqrdueoesi  d3see.n rteef ieproer   2021-9558n https://ww
La solicitud a que hace referencia este apartado deberá presentarse ante el
Estado español cuando haya sido la autoridad competente de éste la que no haya  Bc
nombrado a la personalidad independiente y a su suplente. En caso de que haya
más de un obligado tributario en el procedimiento, los obligados tributarios 
residentes en España deberán presentar la citada solicitud ante el Estado español.
A estos efectos, la designación se realizará por el Presidente del Tribunal o el 
titular del órgano del Tribunal que el Presidente considere oportuno.
2.  La  solicitud  del  obligado  tributario  para  el  nombramiento  de  las 
personalidades independientes y sus suplentes con arreglo al apartado 1 deberá 
realizarse en el plazo de treinta días naturales contados desde la finalización del 
periodo de ciento veinte días naturales previsto en los artículos 40, apartado 3, y 42.
3.  El Tribunal Económico-Administrativo Central adoptará una decisión sobre 
la designación en virtud del apartado 1, y la notificará al solicitante en el plazo de 
dos meses desde la recepción de la solicitud. Transcurrido dicho plazo el solicitante 
podrá entender denegada la solicitud. La denegación será susceptible de recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente.
El Tribunal Económico-Administrativo Central informará de la designación a la 
autoridad competente española, la cual a su vez informará sin demora a la autoridad 
competente de los demás Estados miembros afectados. La autoridad competente 
española podrá interponer recurso contencioso-administrativo contra la designación 
ante el órgano jurisdiccional competente.
Artículo 48.  Comisión de resolución alternativa.
1.  La autoridad competente podrá convenir con las autoridades competentes 
de los demás Estados miembros afectados la constitución de una comisión de 
resolución alternativa (en lo sucesivo, «comisión de resolución alternativa»), en 
lugar de una comisión consultiva. La autoridad competente podrá convenir asimismo 
en la creación de una comisión de resolución alternativa de litigios en forma de 
comité con carácter permanente.
2.  Su composición, la forma, las técnicas de resolución de conflictos y el 
funcionamiento, se convendrán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de 
la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los 
mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea.
Artículo 49.  Normas de funcionamiento.
1.  En el plazo de ciento veinte días naturales previsto en los artículos 40, 
apartado 3, y 42, la autoridad competente notificará al obligado tributario lo siguiente:
a)  Las normas de funcionamiento de la comisión respectiva;
b)  La fecha en que se adoptará el dictamen sobre la resolución de la cuestión 
objeto del procedimiento;
c)  Los artículos del convenio o tratado y de la normativa interna, en su caso, 
aplicables.
2.  La autoridad competente acordará con las autoridades competentes de los 
demás Estados miembros afectados las normas de funcionamiento que incluirán, en 
particular:
a)  La descripción y las características de la cuestión objeto del procedimiento;
b)  Las cuestiones legales y fácticas que deben resolverse de acuerdo con lo 
convenido entre las autoridades competentes de los Estados miembros afectados; es
c)  La forma de la comisión convenida, que será bien una comisión consultiva  o
orine duseondplau)e  ccnioódLmnioe isnsa itplóetelna ar zndpoaelsitc i rvadeades oloe p lnpur ooccircóa eunsdn oaiam l dtceieeor nnmqtaouist;eiivó aen,s  cateos níd scifuoielmtirvaoa  ed;le tli pporo dcee dpirmocieendtiom dieen tdoi cptaarmae lan   2021-9558n https://www.
e)  La composición de la comisión pertinente (incluido el número y los nombres 
de los miembros, los datos relativos a sus competencias y cualificaciones, así como 
la divulgación de los conflictos de intereses de los miembros);
f)  Las reglas que rigen la participación del obligado tributario y de terceros en 
el procedimiento, los canjes de notas, datos y pruebas, las costas y cualesquiera 
otros aspectos procedimentales u organizativos;
g)  Los aspectos logísticos de los procedimientos de la comisión consultiva y de 
la emisión de su dictamen.
Si una comisión consultiva hubiera sido constituida para emitir un dictamen con 
arreglo al artículo 40, apartado 1, en las normas de funcionamiento solo se recogerá 
la información a que se refieren las letras a), d), e) y f) de este apartado.
3.  Si las autoridades competentes no notifican las normas de funcionamiento 
al obligado tributario de conformidad con los apartados 1 y 2, las personalidades 
independientes y el presidente completarán las normas de funcionamiento con 
arreglo a lo establecido a tal efecto por la Comisión Europea y se las enviarán al 
obligado tributario en el plazo de dos semanas a partir del establecimiento de la 
comisión pertinente. Cuando las personalidades independientes y el presidente 
discrepen sobre las normas de funcionamiento o no se las notifiquen al obligado 
tributario, este podrá dirigirse al Tribunal Económico-Administrativo Central o a los 
organismos correspondientes de los restantes Estados miembros para obtener una 
orden para la aplicación de las normas de funcionamiento.
Artículo 50.  Costes del procedimiento.
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, y a menos que las autoridades 
competentes de los Estados miembros afectados hayan acordado otra cosa, España 
sufragará la parte correspondiente al reparto a partes iguales entre los Estados 
miembros afectados de los siguientes costes:
a)  Los gastos de las personalidades independientes, cuyo importe equivale a 
la media del importe habitual pagado a los altos funcionarios de los Estados 
miembros de que se trate, y
b)  Los honorarios de las personalidades independientes, cuando proceda, que 
deberán limitarse a 1.000 euros por persona y día de reunión de la comisión 
consultiva correspondiente.
En ningún caso, los costes soportados por el obligado tributario correrán a cargo 
del Estado español.
2.  Todos los costes recogidos en el apartado 1, letras a) y b), correrán a cargo 
del obligado tributario, cuando las autoridades competentes de los Estados 
miembros afectados así lo acuerden, si este:
a)  Desiste con arreglo al artículo 53, o
b)  Solicita la constitución de una comisión conforme a lo dispuesto en el 
artículo 40, apartado 1, y esta decide que las autoridades competentes de que se 
trate denegaron correctamente el inicio,
Artículo 51.  Dictamen de la comisión.
1.  La comisión correspondiente emitirá en el plazo de seis meses desde la  e.
fecha de su creación, un dictamen dirigido a las autoridades competentes de los  w.
Estados miembros afectados. 58ww
consDidicehroe  pqluaez ola p couderás tpiórno rorobgjeatros ed etrl epsr omceesdeims iceunaton deos  ldae c toaml íinsidóonl ec oqruree snpeocnedsieitanrtáe 
dperó rmroágsa d ae  lasse ias umtoerisdeasd epsa rcao mempeititre nutne sd idceta lmose nE,s etand ocsu ymoi ecmasbor oisn faofremcatarád odse y d aic lhoas   BOE-A-cable e
obligados tributarios.
2.  La comisión respectiva basará su dictamen en las disposiciones del 
convenio o tratado internacional aplicable a que se refiere el artículo 1.1.c) así como 
en la normativa tributaria interna de los Estados miembros afectados, en cuanto 
resulte aplicable.
3.  La comisión respectiva adoptará su dictamen por mayoría simple de sus 
miembros. Si no se lograra la mayoría, el voto del presidente será dirimente para la 
adopción del dictamen definitivo. El presidente comunicará el dictamen a las 
autoridades competentes.
4.  El dictamen de la comisión respectiva se emitirá por escrito.
CAPÍTULO III
Terminación
Artículo 52.  Terminación del procedimiento.
El procedimiento amistoso podrá terminar por alguna de las siguientes causas:
a)  Por desistimiento de la persona que solicitó el inicio del procedimiento 
amistoso en los términos del artículo 53 de este reglamento.
b)  Por inexistencia o desaparición de la cuestión objeto del procedimiento.
En este caso, todos los procedimientos contemplados en este título deberán 
terminar con efecto inmediato, y la autoridad competente informará sin demora al 
obligado tributario de esta situación y de las razones generales de la misma.
c)  Por falta de atención reiterada, por parte del obligado tributario, de los 
requerimientos de información adicional durante el procedimiento amistoso 
realizados por cualquiera de la autoridad competente de cualquiera de los Estados 
afectados, previa consulta con la autoridad competente de los otros Estados;
d)  Por sentencia firme de un tribunal español o por cualquier otra decisión 
equivalente de un Tribunal de otro Estado afectado, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:
(i)  Que dicha sentencia o decisión equivalente se refiera a los elementos de la 
obligación tributaria que hayan sido objeto del procedimiento amistoso; y
(ii)  Siempre que, en virtud del Derecho nacional del Estado cuyos tribunales 
han dictado la sentencia o decisión equivalente, la autoridad competente quede 
vinculada por dicha decisión.
e)  Por acuerdo de la autoridad competente española cuando considere que la 
solicitud es fundada y puede por sí misma encontrar una solución de conformidad 
con lo establecido en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 54.
f)  Por acuerdo entre las autoridades competentes de los Estados miembros 
afectados de conformidad con lo establecido en el artículo 54.
Artículo 53.  Desistimiento.
A efectos de lo dispuesto en la letra a) del artículo 52 de este reglamento, la 
persona  que  solicitó  el  inicio  del  procedimiento  amistoso  presentará 
simultáneamente a todas las autoridades competentes de los Estados miembros 
afectados, una notificación escrita de desistimiento. Dicha notificación pondrá fin  s
con efecto inmediato a todos los procedimientos contemplados en este título. La  oe.
autoridad competente informará sin demora a las autoridades competentes de los  w.
ddeesmiNsátosim  oEiebsnsttatoad.notse  mloie manbtreorsio ar,f eccutaadnodso  deel  loab lriegcaedpoc itórnib udtea ruion as enao tiufincoa cdióen  ldoes   2021-9558n https://ww
comprendidos en el artículo 57 de este reglamento, el desistimiento podrá
presentarse únicamente a la autoridad competente española, quien, en el plazo de  Bc
dos meses a partir de la entrada de dicho desistimiento en su registro enviará una
notificación simultáneamente a las autoridades competentes de los demás Estados 
miembros afectados. Se considerará que el obligado tributario ha presentado el 
desistimiento a todos los Estados miembros afectados en la fecha de dicha 
notificación.
Artículo 54.  Acuerdo entre las autoridades competentes.
1.  El procedimiento amistoso podrá terminar por acuerdo entre las autoridades 
competentes.
2.  Cuando la comisión consultiva o la comisión de resolución alternativa hayan 
emitido un dictamen de conformidad con el artículo 51, el acuerdo entre las 
autoridades competentes deberá alcanzarse en el plazo de seis meses contados a 
partir de la notificación de dicho dictamen. En caso contrario, las autoridades 
competentes quedarán vinculadas por el dictamen de la comisión.
3.  La autoridad competente notificará en el plazo de treinta días naturales al 
obligado tributario el acuerdo alcanzado, quien podrá aceptarlo o rechazarlo.
4.  El acuerdo será vinculante para la autoridad competente siempre que el 
obligado tributario acepte el contenido del mismo conforme a lo establecido en el 
artículo 16 de este reglamento.
5.  El acuerdo entre las autoridades competentes no sentará precedente.
Artículo 55.  Publicación del acuerdo.
1.  Cuando las autoridades competentes hayan alcanzado un acuerdo en virtud 
de lo establecido en el artículo 54, apartado 2, dicho acuerdo podrá publicarse 
íntegramente, si así lo han convenido las autoridades competentes de los Estados 
miembros afectados previo consentimiento de los obligados tributarios.
2.  Cuando las autoridades competentes o el obligado tributario de que se trate 
no hubieran dado su consentimiento a la publicación íntegra de dicho acuerdo, se 
publicará un resumen de dicho acuerdo que contendrá una descripción del problema 
expuesto y del objeto, la fecha y los períodos de liquidación, la base jurídica, el 
sector, y un breve sumario del resultado final y la descripción del método de arbitraje 
utilizado, en su caso.
La autoridad competente remitirá al obligado tributario la información que haya 
de hacerse pública con arreglo al párrafo anterior antes de su publicación, quien, en 
el plazo de sesenta días naturales a partir de la recepción de tal información, podrá 
solicitar la no publicación de cualquier información que ataña a secretos comerciales, 
empresariales, industriales o profesionales o a procedimientos comerciales, o que 
sea contraria al orden público.
3.  Las autoridades competentes notificarán sin demora a la Comisión Europea 
la información que haya de publicarse de conformidad con el apartado 2.
CAPÍTULO IV
Ejecución
Artículo 56.  Normativa aplicable a la fase de ejecución.
La ejecución del acuerdo al que se refiere el artículo 54 se regirá por lo dispuesto 
en el artículo 17 de este reglamento. es
CAPÍTULO V
Disposiciones especiales
Artículo 57.  Disposiciones especiales.
A los efectos de lo establecido en los artículos 39, letras a), segundo párrafo, y c), 
segundo párrafo; 40.4; 41.2, tercer párrafo; 42, tercer párrafo, y 53, segundo párrafo, 
se entiende por obligado tributario un residente fiscal en España que:
a)  Sea un particular, o
b)  No sea una empresa grande y no forme parte de un grupo grande, de 
acuerdo con el artículo 3, apartados 4 y 7, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013.»
Treinta y seis.  El título IV pasa a numerarse como título V.
Treinta y siete.  El artículo 35 pasa a numerarse como artículo 58 y se modifica el 
apartado 1.c), que queda redactado de la siguiente forma:
«c)  Que se aporten las garantías previstas en el apartado 6.2.º de la 
disposición adicional primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de 
marzo.»
Treinta y ocho.  Los artículos 36, 37 y 38, pasan a numerarse como artículos 59, 60 y 61, 
respectivamente.
Treinta y nueve.  Se modifica el apartado 2 del artículo 39, que pasa a numerarse 
como artículo 62, que queda redactado de la siguiente forma:
«2.  Cuando el obligado tributario solicite la suspensión en el supuesto previsto en 
el artículo 61.4, las garantías aportadas ante los órganos administrativos o contencioso-
administrativos seguirán siendo válidas, siempre y cuando fueran las mismas que las 
previstas en el apartado 1 de este artículo. El documento que formalice la garantía 
deberá ponerse a disposición del órgano de recaudación competente, así como el 
documento de ampliación de la garantía que, en su caso, resulte necesaria para la 
suspensión. En estos supuestos, la suspensión mantendrá sus efectos durante la 
substanciación de los procedimientos previstos en el artículo 1.»
Cuarenta.  Se modifica el artículo 40, que pasa a enumerarse como artículo 63, que 
queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 63.  Efectos de la concesión o de la denegación de la suspensión.
1.  Cuando se haya admitido el inicio de los procedimientos previstos en el 
artículo 1, la solicitud de suspensión que cumpla los requisitos previstos en los 
párrafos b) y c) del artículo 58.1 y con lo establecido en el artículo 61 suspenderá la 
recaudación de la deuda durante la substanciación de los procedimientos previstos 
en el artículo 1. La suspensión se entenderá acordada desde la fecha de la solicitud 
y dicha circunstancia deberá notificarse al obligado tributario.
Cuando sea necesaria la subsanación de defectos del documento en que se 
formalice la garantía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.7 y aquellos  s
hayan sido subsanados, el órgano competente acordará la suspensión con efectos  oe.
desde la solicitud. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado al obligado  w.
tributario. 58ww
plazCou paonrd oe l eol breligquaedroim trieibnutota rdieo , spuebrsoa nnaoc isóen  ehnatyiean sdidaon  osbujbestoa ndaed coosn ltoess tdaecifóenc teons 
oinbteserprvoandeorsse,  preroccuersdoe rdáe l ar edpeonseicgiaócnió on  rdeec llaam saucsipóenn escióonn.ó Cmoincotr aa ddmichinoi satrcauteivrad.o podrá  BOE-A-cable e
2.  Cuando no se hubiera determinado la admisión o inadmisión de inicio de los 
procedimientos previstos en el artículo 1 al solicitar la suspensión y se admitiera el 
inicio con posterioridad, el órgano competente de recaudación acordará la 
suspensión con efectos desde la solicitud de suspensión. El acuerdo de suspensión 
deberá ser notificado al obligado tributario.
Cuando, presentada la solicitud de inicio de un procedimiento de los regulados en 
el artículo 1, la autoridad competente no hubiera determinado la admisión o inadmisión 
del mismo y, presentada la solicitud de suspensión regulada en este título, esta cumple 
con los requisitos de admisibilidad regulados en los párrafos b) y c) del artículo 58.1 y 
lo establecido en el artículo 61, se suspenderá cautelarmente la recaudación de la 
deuda, si la solicitud de suspensión se presentó en periodo voluntario. Si, en las 
mismas circunstancias, la solicitud de suspensión se presentó en periodo ejecutivo, 
se iniciará o continuará el procedimiento de apremio, sin perjuicio de que proceda la 
anulación de las actuaciones posteriores a la solicitud de suspensión en el caso de 
admisión a trámite de los procedimientos regulados en el artículo 1.
El órgano de recaudación competente solicitará a la autoridad competente que 
le comunique la admisión o inadmisión a trámite de los procedimientos previstos en 
el artículo 1 para notificar la suspensión al obligado tributario.
Si finalmente no se admite a trámite los procedimientos previstos en el artículo 1, 
procederá la denegación de la suspensión. Dicho acuerdo no será susceptible de 
recurso.»
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio.
1.  Los procedimientos amistosos iniciados antes de la fecha de entrada en vigor de 
este real decreto se regirán por la normativa anterior a dicha fecha hasta su conclusión 
salvo lo dispuesto en los apartados siguientes.
2.  La regulación de los mecanismos de resolución de aquellos litigios con otros 
Estados miembros de la Unión Europea a que se refiere el apartado 2 de la disposición 
adicional primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, será aplicable 
a toda solicitud de inicio de dichos mecanismos que se haya presentado a partir del 1 de 
julio de 2019 respecto de cuestiones objeto de un procedimiento amistoso que se refieran 
a rentas o patrimonio obtenidos en un ejercicio fiscal iniciado el 1 de enero de 2018 o con 
posterioridad a esta fecha.
Asimismo, y siempre que así se acuerde con las autoridades competentes de los 
Estados miembros afectados, la regulación de tales mecanismos se aplicará a toda 
solicitud de inicio que se haya presentado a partir del 1 de julio de 2019 respecto de 
cuestiones objeto del procedimiento amistoso que incluyan rentas o patrimonio obtenidos 
antes y después del 1 de enero de 2018. En este último supuesto, se exigirá también que 
el convenio o tratado internacional aplicable estuviera prevista la posibilidad de constituir 
una comisión consultiva.
3.  Lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 16 del reglamento en su redacción 
dada por el apartado dieciséis del artículo único de este real decreto será de aplicación a los 
procedimientos pendientes de terminación en la fecha de entrada en vigor de este real decreto.
Disposición final primera.  Modificación del Reglamento de los Impuestos Especiales, 
aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
Se modifican el primer párrafo de la letra a) del apartado 2 y el apartado 11, y se  o
derogan el apartado 12 y el último párrafo del apartado 13, del artículo 26 del Reglamento  58ww
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reutilizar, permitiendo la lectura del código de seguridad electrónico que incorporan.»
«11.  Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 123 bis de este Reglamento, 
en los supuestos de exportación y en los de envío, por cualquier procedimiento de 
circulación intracomunitaria, al ámbito territorial comunitario no interno, de productos 
que deban incorporar marcas fiscales, será requisito previo para que dichas 
operaciones se consideren autorizadas y, en su caso, para que el régimen 
suspensivo se considere ultimado que, con anterioridad a la salida del ámbito 
territorial interno, dichas marcas fiscales se inutilicen o destruyan, previa 
comunicación a la Administración tributaria. Tal destrucción o inutilización se llevará 
a cabo por el procedimiento previsto en el párrafo segundo del apartado 5 del 
artículo 6 de este Reglamento.
En los supuestos citados en el párrafo anterior y en relación con las marcas 
fiscales adheridas a recipientes o envases de bebidas derivadas, la inutilización de 
las marcas se podrá realizar, siempre bajo control de la Administración tributaria y 
con carácter previo a la salida del ámbito territorial interno, mediante la solicitud de 
baja electrónica de los códigos de seguridad incorporados en dichas marcas 
fiscales, por el procedimiento aprobado por el Ministro de Hacienda.»
Disposición final segunda.  Modificación del Reglamento General de las actuaciones y 
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 39 del Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, que queda redactada de la siguiente forma:
«a)  Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de 
identificación fiscal de las personas o entidades titulares, a 31 de diciembre de cada 
año, de acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades 
jurídicas, negociadas en mercados organizados. Asimismo, se informará sobre el 
número y clase de acciones y participaciones de las que sean titulares, de su valor 
nominal, así como de su valor conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.»
Disposición final tercera.  Modificación del Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, 
por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado 
por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión 
e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y 
el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, 
de 7 de julio.
Se modifica la letra b) de la disposición final cuarta del Real Decreto 1512/2018, de 28 
de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de  es
noviembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e  o
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del artículo cuarto será de obligado cumplimiento a partir del 1 de octubre de 2019.»
Disposición final cuarta.  Título competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de 
la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Hacienda 
General.
Disposición final quinta.  Incorporación del Derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se completa la incorporación al Derecho español de la 
Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos 
de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea, que ya había sido parcialmente 
incorporada por el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el 
que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión 
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros 
privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
Disposición final sexta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 8 de junio de 2021.
FELIPE R.
La Ministra de Hacienda,
MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO