BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 150  Miércoles 27 de mayo de 2020  Sec. I.   Pág. 34486
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
5315 Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas 
complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y 
Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.
I.  Antecedentes, motivación y medidas
La situación epidemiológica que ha generado una crisis sanitaria como consecuencia 
del COVID-19 en España ha obligado a adoptar medidas de salud pública que han alterado 
la normalidad en el desarrollo de las relaciones sociales, económicas y productivas. En 
particular, puede destacarse cómo la suspensión de todas las actividades no esenciales y 
las limitaciones al desempeño de otras muchas han generado un importante aumento del 
desempleo coyuntural y una reducción de actividad de pymes y autónomos.
Por ese motivo, se han ido aprobando una serie de medidas para paliar sus efectos, 
que ahora se vienen a completar por medio de este real decreto-ley en los ámbitos agrario, 
científico, económico, laboral y de la Seguridad Social y tributario.
A.  Medidas en el ámbito agrario
En el sector agrario se ha producido una acusada falta de mano de obra, por el 
descenso de trabajadores que habitualmente se ocupan de las labores agrarias como 
temporeros en el campo español, bien por limitaciones sanitarias a los viajes desde sus 
países de origen, bien por las precauciones que muchos de esos trabajadores están 
adoptando a la vista de la evolución de la pandemia, lo que puede acabar por afectar 
severamente a la capacidad y condiciones de producción de una parte importante de las 
explotaciones agrarias españolas. Esta reducción de mano de obra, a su vez, podría poner 
en peligro el actual abastecimiento alimentario a los ciudadanos, que hasta la fecha se ha 
desarrollado en condiciones de extraordinaria variedad, cantidad y calidad.
Con el fin de dar una adecuada respuesta a esta situación, el Real Decreto-ley 13/2020, 
de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo 
agrario, tuvo por objeto favorecer la contratación temporal de trabajadores en el sector 
agrario mediante el establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilización del 
empleo, de carácter social y laboral, necesarias para asegurar el mantenimiento de la 
actividad agraria, durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, siendo de aplicación 
temporal hasta el 30 de junio de 2020.
A pesar de que la evolución de los efectos de la epidemia ha permitido ir modificando 
desde entonces diversas condiciones limitativas de la actividad, se han mantenido diversos 
elementos fácticos que concurrían en el momento de aprobación de la norma y que afectan 
directamente a las condiciones productivas que justificaron su aprobación, tales como el 
cierre de diversas fronteras en países de procedencia de buena parte de esa mano de 
obra, el riesgo cierto de contagios que tiene efectos en los desplazamientos voluntarios de 
trabajadores o la necesidad de mano de obra temporera para las campañas veraniegas,  e.
como ocurría con las primaverales. Procede, por consiguiente, ahora extender por tres  w.b
meses más el contenido de la misma, de modo que se asegure la suficiencia de mano de  15ww
ocabdrae naad eaclimuaednata priaar.a atender las labores agrícolas estivales, como parte esencial de la
permCiatibdeo  suenñ amlaarn, taesnimimisiemnoto,  qduee  llaa sa mctievdididaads  daed omputacdhaass  eenx epll octiatacdioon reesa,l  cdoeacdreytuov-laenyd hoa na 
paliar la falta de personal detectada sobre todo en el sector frutícola en diversos lugares
de España, por lo que se hace necesario de igual manera ampliar el marco temporal de 
aplicación de la norma, en orden a no eliminar un factor que puede colaborar a paliar este 
déficit de trabajadores.
Así, en atención al mantenimiento de la conveniencia de la aplicación de estas 
medidas, se dispone en el presente real decreto-ley la prórroga hasta el 30 de septiembre 
del citado Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril.
Asimismo, se procede a realizar un cambio puntual en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, 
de Pesca Marítima del Estado. En aras del principio de proporcionalidad, se tipifica como 
leve la primera venta de moluscos de talla o peso inferior a la reglamentaria cuando sea 
menor al diez por ciento del volumen total vendido de dicha especie, al considerarse una 
infracción de escasa entidad que se vería desproporcionadamente sancionada –entre 
otras cosas, al llevar aparejada la pérdida de ayudas europeas–.
B.  Medidas en el ámbito científico
La Unión Europea está desarrollando un ambicioso programa para desarrollar la 
Fusión como fuente de energía, en una colaboración internacional sin precedentes que 
incluye a China, Corea, Estados Unidos de América, India, Japón y Rusia como socios 
fundamentales a través de ITER.
El itinerario europeo para conseguir el objetivo de construir una Planta Demostradora 
de Producción Eléctrica de Fusión (DEMO) contempla dos elementos fundamentales: la 
construcción y explotación científica tecnológica del Tokamak ITER en el sur de Francia, 
y la construcción de una fuente de neutrones, IFMIF-DONES (International Fusion 
Materials Irradiation Facility-Demo Oriented NEutron Source) para el desarrollo, 
cualificación y licenciamiento de materiales capaces de soportar las condiciones 
extremas a las que estarán expuestos los componentes de la primera pared del futuro 
reactor de fusión DEMO. Presente.
El IFMIF-DONES consiste en un acelerador de partículas de alta potencia, que incide 
sobre un blanco de litio líquido que, como consecuencia, genera neutrones de características 
similares a los presentes en un reactor de fusión. La construcción de IFMIF-DONES resulta 
indispensable para el objetivo de la Unión de demostrar la viabilidad de la Fusión Nuclear 
como fuente de energía.
Para afianzar el carácter europeo de IFMIF-DONES, el Reino de España presentó en 
agosto de 2017 la candidatura, con el aval de Croacia y el Programa de Fusión Europeo, 
para que el Proyecto fuera desarrollado en la ciudad de Granada. Para impulsar esta 
candidatura se ha establecido un grupo de trabajo interadministrativo entre el Ministerio de 
Ciencia e Innovación y la Junta de Andalucía, en el seno del cual se ha propuesto la 
constitución de un consorcio que permita desarrollar las actividades propias del proceso 
de candidatura en curso, que se extenderá previsiblemente hasta 2021. En caso de éxito 
de la misma, dicho consorcio prolongaría su existencia y se encargaría de prestar el apoyo 
que correspondería a España, como país anfitrión, al organismo internacional que se 
constituiría para la construcción de IFIMIF-DONES. Mediante este real decreto-ley se 
procede, por tanto, a autorizar la constitución del referido consorcio.
Asimismo, se actualiza una regulación excepcional ya acordada en materia de 
organismos modificados genéticamente. Ha de tenerse en cuenta que la investigación es 
fundamental en la búsqueda de herramientas para prevenir, combatir o contener agentes 
infecciosos, procesos y situaciones que pueden tener repercusiones para la salud pública, 
como lo que ha ocurrido en la reciente epidemia por Coronavirus. Considerando además  s
la importancia de contar con dichas herramientas en el menor tiempo posible y con las  oe.
máximas garantías de seguridad, procede ampliar, durante un período de doce meses, el  w.
adhleaclca eRnrce feare ld nDetee lac asrel  mitmoe-pldeaiydc at8os/  2ec0co2on0nte,ó mdmepic la1od7 ya d sse oe cmni aaelr l dzaoep,la  CdrteOa dVmoIeD 3d- i1dd9ea, s laa u mdrigpselpianontsedisco ió esnxu t arcadooicnridtoeinnnaaidlr oisa ésap  pttoiamdraaa    2020-5315n https://ww
actividad de especial interés para la salud, de modo que se asegure la maximización de
sus posibilidades en favor de la investigación y la salud. De este modo, para las  Bc
investigaciones en el marco de las necesidades existentes, reduciendo a cinco días el 
plazo de información pública y simplificando trámites para mejorar la eficiencia y la 
reducción de cargas administrativas.
C.  Medidas en el ámbito económico
Adicionalmente, se incorporan a este real decreto-ley una serie de medidas 
económicas que no admiten demora.
En primer lugar, las medidas de recuperación económica también deben alcanzar al 
sector de las telecomunicaciones, con el objetivo de que este sector, que se ha demostrado 
tan crucial en los momentos de confinamiento domiciliario y de movilidad reducida y que 
ha posibilitado, entre otras muchas, la realización de actuaciones de atención sanitaria a 
distancia, la prestación de servicios sociales, el teletrabajo, la educación a distancia, el 
comercio electrónico, la Administración electrónica, así como garantizar el derecho a la 
información y el acceso a actividades de ocio de la población en España, pueda recuperar 
toda su fuerza competitiva y dinamismo comercial.
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, adoptó una batería de 
importantes y necesarias medidas urgentes de carácter extraordinario para hacer frente al 
impacto  económico  y  social  del  COVID-19,  incluidas  medidas  en  materia  de 
telecomunicaciones. Entre ellas, figura la establecida en su artículo 20, en virtud del cual 
se suspendió excepcional y temporalmente la facilidad del abonado de cambiar de 
operador conservando su número telefónico en aras de reducir la interacción personal 
entre agentes del operador y abonados y preservar la salud.
Esta medida ha coadyuvado a contener la crisis sanitaria manteniendo la prestación 
de los servicios de comunicaciones electrónicas y garantizando la conectividad, pero en 
estos momentos de paulatina reactivación económica, resulta procedente que el mercado 
de las telecomunicaciones recupere la plena operatividad y se permita nuevamente la 
conservación del número de abonado en caso de cambio operador o portabilidad del 
número, que es un instrumento de primer orden para que los operadores puedan competir 
entre sí de manera libre y, a su vez, los ciudadanos puedan ver reforzada su capacidad de 
elección en busca de servicios más baratos, innovadores, más completos, de mayor 
calidad o adaptados a sus necesidades.
La supresión de esta suspensión de la portabilidad, volviendo a la situación plenamente 
competitiva anterior, debe ir acompañada de la adopción de oportunas medidas que 
faciliten a los abonados poder satisfacer las facturas que no hayan podido pagar por la 
recepción de servicios de comunicaciones electrónicas durante el estado de alarma a 
través de técnicas de flexibilización como las de fraccionamiento y aplazamiento de 
deudas en los servicios de comunicaciones electrónicas.
Por estos motivos, se establece a los operadores de comunicaciones electrónicas la 
obligación de ofrecer un fraccionamiento y aplazamiento de la deuda en la que hayan 
podido incurrir sus abonados correspondiente a las facturas pasadas al cobro desde la 
fecha de entrada en vigor del estado de alarma hasta el 30 de junio de 2020. El 
fraccionamiento y aplazamiento de la deuda ha de ser lineal a lo largo de los meses 
aplazados, el plazo para realizar los pagos fraccionados será de seis meses, salvo que el 
abonado haya acordado libremente con el operador un plazo diferente, ya sea superior o 
inferior, y no se podrán devengar intereses de demora ni se exigirán garantías para el 
fraccionamiento y aplazamiento. s
En segundo lugar, la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y  oe.
fundaciones bancarias, se aprobó en el marco del Memorando de Entendimiento sobre  w.
cddoeen  2jdu0ilc1ioi2o ,nd yee sA 2 cd0ue1e 2rPd. ooEl íMntic asaru cS ope ducento tAoris a2ils 3tFe, innecasintaec F ieMinreaam,n hcoieeracrahn,od h oee nec shBtoar ubeslnee cMlaíaas d qyriu dMe y:a  Ld«urLixdae sem la bu2ut3or grdiode ae jdlu 2eli4os    2020-5315n https://ww
españolas prepararán para finales de noviembre de 2012 normas que aclaren la función
de las cajas de ahorro en su calidad de accionistas de entidades de crédito, para, en último  Bc
término, reducir su participación en las mismas hasta un nivel no mayoritario».
Siguiendo esta directriz, se aprobó la mencionada Ley 26/2013, de 27 de diciembre, 
que establece un mecanismo según el cual las antiguas cajas, transformadas ahora en 
fundaciones bancarias, que tuvieran una participación de control en una entidad de crédito 
debían dotar un fondo de reserva para hacer frente a imprevistos, salvo que optasen por 
reducir su participación a niveles por debajo a los de control mediante un plan de 
desinversión.
El Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, regula el fondo de reserva que 
determinadas fundaciones bancarias están obligadas a constituir. En dicha norma se 
establece el importe, forma, plazo y ritmo de constitución del fondo de reserva.
El artículo 6 prevé un plazo de constitución del fondo de reserva de ocho años, 
ampliable por el Banco de España en un año adicional si la fundación bancaria encontrara 
dificultades en cumplir con el plazo como consecuencia de la evolución de la situación 
económico-financiera de la entidad de crédito participada o del desenvolvimiento de las 
condiciones de los mercados. Por otro lado, el apartado tercero de ese artículo prevé, 
como norma general, un ritmo de dotación del fondo lineal en el tiempo.
Mediante la Recomendación del Banco Central Europeo de 27 de marzo de 2020 
sobre el reparto de dividendos durante la pandemia del COVID-19 y por la que se deroga 
la Recomendación BCE/2020/1, el supervisor bancario europeo recomienda que, al menos 
hasta el 1 de octubre de 2020, las entidades de crédito se abstengan de repartir dividendos 
o de contraer compromisos irrevocables de repartirlos respecto de los ejercicios de 2019 
y 2020.
Ante esta circunstancia, y siendo los dividendos que perciben las fundaciones 
bancarias la principal fuente de ingreso de las mismas, es oportuno suspender en este 
año 2020 la obligación de dotar el fondo de reserva y suspender el cómputo del plazo de 
constitución del mismo, quedando por tanto las dotaciones pendientes aplazadas al 
periodo 2021-2024.
Esta medida se articula mediante la aprobación de una disposición final a través de la 
cual se introduce una disposición adicional al Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, 
recogiendo dicha suspensión, a la que se añade otra disposición final para salvaguardar el 
rango reglamentario de la disposición, adecuándose así a los principios de buena regulación.
En tercer lugar, la pandemia de la COVID-19 está suponiendo una emergencia 
sanitaria con importantes consecuencias económicas, afectando tanto a la actividad 
productiva como a la demanda y al bienestar de los ciudadanos. La misma se está 
transmitiendo a las economías de los países de la Unión Europea a una velocidad 
inusitada. Se ha producido una interrupción temporal de la actividad productiva, se han 
visto afectadas las cadenas de suministro y se ha producido un acusado descenso del 
consumo y de la confianza de los agentes económicos europeos. La recuperación de las 
economías de la Unión Europea no será inmediata ni automática. La Unión Europea se 
enfrenta a un shock simétrico que afecta a la economía real y al tejido productivo en todas 
las economías europeas, por lo que es necesario que se proporcione una respuesta 
coordinada y contundente que complemente las medidas nacionales que están adoptando 
los distintos países.
Para hacer frente a esta situación desde el ámbito de la Unión Europea se están 
adoptando una serie de medidas y programas de apoyo al tejido empresarial y a la 
financiación de los Estados miembros. Así, el Eurogrupo, en su reunión de 9 de abril 
de 2020, dio su apoyo a la propuesta de la Comisión Europea para el establecimiento del 
Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una 
Emergencia (o Instrumento SURE) por un importe máximo de 100.000 millones de euros,  es
de los cuales 25.000 millones de euros contarían con el aval de los Estados miembros. o
dpcreae rGaaPE coeoli bólsR i1nteee  rdrgdnieoleoa r  jmmruuenneefir nnoeitt nnedosd,e  t(aer U2urno0mE n2e)e 0l l n2aC.t0 ooc2rn e0esa/ue6crj7oioó2 pEn e dudoere oldl p CIeeno osan trdpsueoemlyj o2oe,3 n td tedoeme,   e1pa 9obin rrdsail etlad  premoa 2nara0 ya2 o a0q td ueleoen s ue2 Jas0ert2u f0elvo,si es rd reareli ae oEtspisgvetooar asdat oi dv leaoy     OE-A-2020-5315able en https://www.
desempleo en una emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID-19, es el que regula su
creación y características, con el mencionado objetivo de otorgar asistencia financiera a 
los Estados miembros que estén sufriendo dificultades económicas severas a causa 
del COVID-19, de cara a proteger a los trabajadores por cuenta ajena y a los autónomos 
y reducir el impacto del desempleo y de las pérdidas de ingresos. La ayuda financiera 
adoptará la forma de préstamos otorgados a los Estados miembros que lo soliciten para 
financiar esquemas de protección de empleo, como sería el caso de los expedientes de 
regulación temporal de empleo en el caso de España. Así, el Estado se podrá beneficiar 
de financiación otorgada por la Comisión Europea a tipos de interés reducidos, permitiendo 
un menor recurso a los mercados de capitales y una mejora en las condiciones de 
financiación del Estado, que se espera reporte un ahorro en la carga de intereses. Por su 
parte, los Estados miembros contribuyen al instrumento garantizando parte del riesgo 
asumido por el presupuesto comunitario con este instrumento mediante el otorgamiento 
de avales, de acuerdo con los términos acordados entre la Comisión Europea y los 
Estados miembros.
Por tanto, los Estados miembros deben formalizar la aprobación, de acuerdo con sus 
respectivos marcos normativos, de los avales que en cada caso les correspondan según 
su peso en la Renta Nacional Bruta de la Unión Europea, de forma que el instrumento, con 
los avales otorgados por todos los países, pueda estar operativo en el mes de junio.
La contribución del Reino de España en esta iniciativa supone otorgar un aval 
irrevocable, incondicional y a primera demanda.
En este contexto, el presente real decreto-ley recoge las disposiciones relativas a la 
autorización de los avales a otorgar, supone la participación de España en dicha actuación 
en el ámbito europeo para dar respuesta a la crisis del COVID-19 y habilita a la Ministra de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital para la firma de los correspondientes 
acuerdos con la Comisión Europea, complementando las medidas nacionales adoptadas 
por el Gobierno.
Debido a la importancia de la iniciativa en la situación actual y la necesidad de su 
inmediata puesta en funcionamiento se adopta este real decreto-ley.
Por otro lado, se completa lo dispuesto en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 dando cobertura presupuestaria al programa nacional 
de avales del Estado de 100.000 millones de euros para la financiación de empresas y 
autónomos aprobado por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Dado el tamaño 
significativo del programa es crucial tener los mecanismos presupuestarios habilitados de 
manera que se garantice la solvencia del programa desde un punto de vista tanto financiero 
como operativo.
En cuarto lugar, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, habilitaba 
en sus artículos 7 a 17 un régimen de moratoria legal para los deudores de préstamos con 
garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual. Pocos días después, este 
régimen de moratoria se extendía más allá de las deudas garantizadas con el inmueble 
destinado a vivienda habitual, cubriendo también aquellos préstamos o créditos 
garantizados con inmuebles destinados a la actividad económica que desarrollen los 
empresarios y profesionales, así como a aquellos otros cuyo objeto sea la adquisición de 
viviendas destinadas al alquiler.
Junto a la moratoria de créditos hipotecarios, el Gobierno aprobó también una 
moratoria para cualquier tipo de financiación sin garantía hipotecaria que tuviese 
concertada cualquier persona física, tanto en su faceta de consumidor, como en el ejercicio  es
de su actividad profesional, en virtud de lo previsto en los artículos 21 a 27 del Real  o
Dc(dhoeeimp cpoDrpateeelgetscoomda -yerelei  anuey tnlya  an 1rni o1apo /sed 2 hree0sipvnp2eo e0entc,elg  tcáiodvama erd i boae3ib)t  o1ijene  ststeid,ov reabce ,iása mesel lis ycad a rdeezmuncorooe,amnn npótitenemo,a  rile dcaleoo  stlr i p uecqasmouprmpaeeo ún h nssad iecóed en edar  e tudfesrromeatopncpstitóoae dnrn oaa  dsll  m edCti eepOl aodlVa simdsI Dd aooe-srb1 a ml9tiugoo.rarrgiaaceti oon(tnrtrieaeessss     OE-A-2020-5315able en https://www.
meses desde que se solicita). Desde una perspectiva subjetiva, el elemento común es que
estas dos moratorias establecidas por ley se limitan a aquellas personas físicas en situación 
de vulnerabilidad económica. Fueron concebidas no como medidas de acceso general 
destinado a paliar los efectos de la posible mora de cualquier persona, sino como mecanismo 
de respuesta inmediata para las personas en situación de vulnerabilidad económica. La 
moratoria legal se limita a quienes se hallen en las circunstancias de vulnerabilidad 
específicamente señaladas en el artículo 16 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
Con el objetivo de favorecer la aplicación de medidas y acuerdos de aplazamiento de 
los pagos de créditos y préstamos con un alcance más aún más amplio que el inicialmente 
previsto en las moratorias legales y con carácter complementario a estas, este real 
decreto-ley incorpora un régimen especial para los acuerdos de moratoria alcanzados 
entre las entidades prestamistas y sus clientes. Cuanto mayor sea el alcance subjetivo de 
estos acuerdos de aplazamiento de la deuda, cuanto más numeroso sea el colectivo de 
personas a las que beneficia, más reducido será el impacto económico generado de forma 
inmediata por la pandemia.
En el ámbito de la Unión Europea, la Autoridad Bancaria Europea ha venido 
promoviendo la adopción de medidas dirigidas a limitar el impacto económico causado por 
la pandemia y, en particular, la extensión de aplazamientos y moratorias a partir de 
acuerdos promovidos por asociaciones de entidades en cada Estado miembro, aplicando, 
en particular, un tratamiento contable y prudencial favorable a las operaciones acogidas a 
tales acuerdos (Guía EBA GL 2020/02). Esta Guía ha sido adoptada en el ámbito nacional 
mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de 19 de mayo de 2020.
El régimen especial de moratoria previsto en este real decreto-ley no solo amplía el 
colectivo de personas beneficiarias de un aplazamiento de sus deudas, más allá de los 
económicamente vulnerables, sino que también permite a estos últimos prolongar el 
aplazamiento una vez finalizado el período de duración de la moratoria legal.
A partir de este régimen, nos encontraríamos con tres tipos posibles de moratorias. La 
primera es la que se produce por ministerio de la ley, operando en el contrato de préstamo 
los efectos de las previsiones de los artículos 13.3, 14 y 15 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo (moratoria hipotecaria), y en los artículos 24.2 y 25 del Real Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo (moratoria no hipotecaria). Estamos en este caso en lo que 
denominamos «moratoria legal».
El segundo tipo de moratoria sería la pactada entre las partes y acogida a lo previsto 
en los Acuerdos sectoriales suscritos entre las entidades prestamistas, a través de sus 
asociaciones representativas. A estas moratorias el presente real decreto-ley les asocia 
unas consecuencias sobre la base de la necesidad de agilizar los trámites para su 
concesión y procurar una extensión rápida de sus efectos entre los prestatarios. Estas 
moratorias convencionales amparadas en un acuerdo sectorial se regulan en los artículos 6 
a 8 y la disposición transitoria primera.
El tercer tipo de moratorias serían aquellas que, amparadas en el principio de libertad 
de pactos del 1.255 del Código Civil son acordadas por las partes, no siéndoles de 
aplicación lo dispuesto en los artículos 6 a 8 y la disposición transitoria primera. Ello no 
obstante, las que se formalicen con los deudores que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad económica definida en el artículo 16 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19, aplicarán las condiciones de duración, efecto 
inmediato y no devengo de intereses previstas legalmente y se beneficiarán de la 
correspondiente bonificación de honorarios registrales y notariales y de la exención de la 
cuota gradual de actos jurídicos documentados. es
En este real decreto-ley se establece el régimen especial del segundo tipo de  o
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torno a tres artículos, una disposición transitoria, una final y una derogatoria.
El artículo 6 establece el marco sectorial en el que han de desenvolverse los acuerdos 
de moratoria a los que se aplique el régimen de este real decreto-ley. En particular, las 
entidades deben manifestar su adhesión al acuerdo marco y comunicarlo al Banco de 
España.
Se establece también el deber de comunicación de datos específicos sobre las 
moratorias concedidas por parte de las entidades que apliquen este régimen especial, al 
tiempo que se establece el carácter de norma de ordenación y disciplina de los preceptos 
sobre esta moratoria aquí regulada, lo que permitirá activar el control de su cumplimiento 
por parte del Banco de España.
El artículo siguiente por su parte, establece el régimen que habrán de seguir las 
moratorias acogidas al Acuerdo marco sectorial señalado en el artículo anterior, así como 
las limitaciones que dichas moratorias habrán de tener. Una de ellas es la forma de 
articularse el ajuste del contrato de préstamo, tras el aplazamiento, que podrá consistir en 
la redistribución de las cuotas, manteniendo el plazo pactado en el contrato de préstamo, 
o bien en la ampliación del plazo de vencimiento.
Otra de las limitaciones es la prohibición de usar el acuerdo de moratoria para 
establecer nuevas condiciones que no figurasen en el contrato de préstamo objeto de 
moratoria, tales como la comercialización de nuevos productos o el requerimiento de 
nuevas garantías.
Se hace necesario, no obstante, el acuerdo entre las partes para determinar el modo 
en que deban mantenerse determinados contratos de seguros asociados al cumplimiento 
de la obligación de pago, cuyo mantenimiento favorece tanto al prestamista como al 
prestatario, en la medida que mantiene la calidad del crédito y, al mismo tiempo, permite 
al deudor cubrir contingencias que pueden impedir el adecuado cumplimiento del contrato. 
Así se establece en el apartado 2 del artículo 7. El eventual aumento de los costes, por 
esta razón, constituye una excepción a la prohibición general de incrementar los gastos en 
el sentido que recoge el apartado 3 del mismo artículo, así como la posibilidad de cobrar 
comisiones que se otorga a los operaciones de préstamos sin interés para compensar 
exclusivamente la pérdida de rentabilidad que produce la moratoria en estos casos, para 
poder situarlas en pie de igualdad con el resto de operaciones y no desincentivar la 
concesión de moratorias que afecten a las mismas, generalmente relacionadas con 
préstamos al consumo a corto plazo.
Un aspecto importante de este precepto es la coordinación operativa entre la moratoria 
legal y la convencional suscrita al amparo de un acuerdo marco sectorial cuando concurran 
sobre el mismo préstamo, situación esta en la que se establece que los efectos de la 
moratoria convencional se producirán una vez finalice la legal, garantizando de este modo 
la prevalencia y los efectos de esta en todo momento. Dicho de otro modo, en el caso de 
que el deudor beneficiario de una moratoria convencional suscrita al amparo de un Acuerdo 
marco sectorial lo fuere también de la legal por encontrase en la situación de vulnerabilidad 
económica prevista en el artículo 16 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, las 
condiciones de una y otra moratoria se aplicarán de forma sucesiva en modo tal que 
durante el plazo de tres meses previsto en el artículo 14 de dicho texto legal no se 
devengarán ni intereses ordinarios ni moratorios.
Las limitaciones de los desplazamientos es una de las características del contexto 
temporal sobre el que se proyectan los efectos de este real decreto-ley, tal como se reflejan 
en las normas que declaran el estado de alarma. Estas limitaciones aconsejan (i) potenciar 
el uso de canales telemáticos como complemento a los hasta ahora prevalentes, de un 
lado, y (ii) aligerar los trámites a realizar en el proceso de elaboración y adopción del  es
acuerdo de moratoria, de otro. o
dadLdeeei y clt Rairo5á en/im2snap0filoete1ersc9ms ta,,o  ald  edpcelier ó ea 1nlsap5,e  ap nardrctsieamiía  dlecm,o rot aaam9 rlc  zcoueoo ex,dm scertoeei ó plgsanceu ,i  ololeaobnsdstatoe aa rnblpaaclae  idórcateenap   dleldioconeass le  c 6scció tooyennn  7 pts drrfeaeaentcv otedoismpre ettdioceee.ern  mRntco eirln,aés a padrdee ittomcortas oiis vn aidéómresnt oí  lcdyabu  eirrllee ioaccdsraeu ionpdc acce(ili eóóelnnnas      OE-A-2020-5315able en https://www.
adelante, LCCI), y de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo
(en adelante, LCC), sobre la base de la necesidad de establecer un régimen viable y 
compatible en unas circunstancias excepcionales, con una suscripción masiva de 
moratorias en un contexto físico con movilidad limitada.
No obstante, la entrega de información al deudor que asegure la comprensión del 
acuerdo es uno de los requerimientos del régimen especial que se establece en los 
apartados 5 y 6. Para ello, la entidad prestamista debe trasladar al deudor información 
suficiente sobre las consecuencias jurídicas y económicas del aplazamiento, con o sin 
ampliación del plazo del préstamo afectado. Esta información, siendo ciertamente más 
reducida que la establecida con carácter general en el ámbito de la contratación de crédito 
inmobiliario (la denominada FEIN), constituye una pieza clave que asegura la compresión 
del alcance y efectos de la moratoria por parte del deudor, como mecanismo necesario 
para una adecuada prestación del consentimiento y aceptación de la moratoria. Junto a 
ella, la norma prevé el suministro de información sobre la extensión de los seguros, en su 
caso, durante el tiempo de duración de la moratoria convencional.
Este régimen trata de reforzar la seguridad jurídica en este nuevo contexto y cumplir 
los estándares de protección al consumidor de la Directiva 2014/17/UE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito 
celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que 
se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento UE n 1923/2020, 
así como la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la 
Directiva 87/102/CEE del Consejo. En este sentido, se establece un sistema de 
información precontractual simplificado, que, no obstante, asegura que el deudor recibe 
en la fase precontractual –como se ha indicado– la información oportuna sobre las 
principales características, riesgos y costes de la operación y se establece que el notario 
que autorice la escritura deberá realizar, además del control de legalidad ordinario, la 
comprobación de que la operación cumple con las condiciones establecidas en esta 
disposición y en el acuerdo sectorial correspondiente.
Por su parte, el artículo 8 viene a establecer un régimen excepcional de otorgamiento 
de los instrumentos notariales en los que se formalicen, cuando resulte necesario, las 
moratorias convencionales acordadas al amparo de uno de los Acuerdos Sectoriales 
promovidos por las asociaciones de entidades financieras al objeto de complementar la 
moratoria legal y agilizar la tramitación de los correspondientes acuerdos, de manera que 
se logre cuanto antes su plena efectividad.
Para facilitar la formalización de estas moratorias y evitar el riesgo de colapso del 
normal funcionamiento de los bancos y de las Notarías y Registros, se prevé una 
flexibilización del régimen ordinario de otorgamiento, que permita atender con celeridad y 
eficiencia las solicitudes presentadas durante el estado de alarma, muchas de las cuales 
todavía no han podido ser formalizadas por expresa disposición de la Ley (artículo 16 ter), 
pero manteniendo a la vez un nivel de garantía y protección adecuado de los derechos de 
los deudores hipotecarios.
Este régimen excepcional, resultará de aplicación siempre que entre la entidad 
financiera y el deudor beneficiario de la moratoria se pacte que el importe del principal 
aplazado se abone ampliando el plazo de vencimiento en un número de meses equivalente 
a la duración de la moratoria, y se cumplan el resto de condiciones relativas al devengo de 
intereses, prohibición de comisiones y gastos e interdicción de cualquier otro producto 
combinado o vinculado.
La disposición transitoria primera establece la aplicación de las previsiones de este  es
real decreto-ley a las moratorias en tramitación antes de su entrada en vigor, de manera  o
qnecmouix opnderlte airsc atelaoat otrsaiiv.a  jaugC,  saeudtrlaae ad n nlleaodtuí soatd  rselaoa fmrpe  datcieotrtaonaccsdu il órmodánsee   d npdleataear ruemcadci oóohhrnroaae  ctnsdoeo,er r iq  ahdpu aeoaeyssn aiirtsb eeptlcsiemoi  bddeiieeisrdánlt oanmto   sao eedpmnrel  ie cetloanand tctomroieó  dogmnera aos dltimaona r  eeimaanlne etdtovreua mslrca aaid ón dednto ee lcaa  uus  pfnmuiúr  mpeablnglaaitci zaldioodce  aidód dlenae,l      OE-A-2020-5315able en https://www.
10 días, todo ello antes de la elevación a público del acuerdo.
Por su parte, se establece mediante disposición final el régimen de exención de las 
escrituras de formalización de las moratorias, tanto de las legales, como de las 
convencionales suscritas al amparo de un acuerdo marco sectorial, a la cuota gradual de 
documentos notariales, como medida destinada a facilitar e incentivar la adopción de 
estas medidas de aplazamiento de las deudas por parte de las entidades. Finalmente, la 
disposición derogatoria única elimina a este respecto la prohibición de formalizar 
escrituras públicas durante la vigencia del estado de alarma hasta que no se restablezca 
la libertad deambulatoria, prevista en el apartado segundo del artículo 16 ter del Real 
decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, puesto que el régimen ahora establecido permite 
agilizar la elevación a público del acuerdo de moratoria.
Habiendo sido adoptadas medidas de choque para asegurar la moratoria del colectivo 
económicamente más vulnerable, se plantea ahora la necesidad de ampliar el colectivo de 
personas afectadas, de forma urgente y para evitar el impacto económico de la declaración 
de mora en el pago y, si se prolonga, el vencimiento anticipado del crédito y las 
correspondientes medidas de ejecución. El riesgo es mayor a medida que aumenta el 
tiempo de duración de la situación actual. Frenar esta situación en el colectivo de deudores 
afectados no constituye una necesidad que se mantenga de forma habitual, sino que nace 
de la situación extraordinaria en la que nos hallamos como consecuencia de la crisis sanitaria 
provocada por la pandemia y algunas de las consecuencias que lleva asociadas, en particular, 
la imposibilidad de desplazamientos y el freno inevitable en muchos casos de la actividad 
laboral o profesional. Estamos, por ello, ante una necesidad urgente y extraordinaria.
En quinto lugar, respecto de la denominada moratoria no hipotecaria que introdujo el 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos 
no queden excluidos del sistema financiero al no poder hacer frente temporalmente a sus 
obligaciones financieras como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, 
complementando así a la preexistente moratoria hipotecaria, el ámbito de aplicación de 
aplicación subjetivo de estas dos moratorias es compartido: las personas físicas que se 
encuentren en una situación de vulnerabilidad financiera como consecuencia de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Ahora bien, dentro del conjunto de las 
personas físicas se encuentran tanto los consumidores como los trabajadores autónomos, 
cuya idiosincrasia y rol dentro del sistema económico difiere sensiblemente. Estas 
diferencias tienen especial relevancia a la hora de definir el ámbito de aplicación objetivo 
de las moratorias de forma que puedan efectivamente coadyuvar al alivio del impacto 
económico sobre las personas físicas de la crisis sanitaria.
En la determinación del ámbito de aplicación objetivo de la moratoria hipotecaria las 
diferencias entre consumidores y trabajadores autónomos no ha tenido una especial 
relevancia, en tanto la financiación con garantía hipotecaria contratada no difiere 
especialmente y, además, goza de un elevado grado de estandarización.
Sin embargo, la determinación del ámbito de aplicación objetivo de la moratoria no 
hipotecaria requiere un esfuerzo adicional en tanto gran parte de la estructura de 
financiación está compuesta por negocios jurídicos encaminados a la compra de activos 
cuya principal característica es que, generalmente, toman la forma de contratos atípicos, 
es decir, regulados por sus específicas estipulaciones sobre la base del principio de 
libertad de pactos y que, por lo tanto, no se ciñen a las especificidades de los contratos 
típicos previstos en nuestro ordenamiento jurídico.
Dentro de estos contratos atípicos, revisten especial importancia para el colectivo de 
los trabajadores autónomos los denominados contratos de arrendamiento financiero, a 
menudo conocidos por su denominación en inglés como contratos de «leasing» o «leasing  es
financiero». Esta clase concreta de contrato atípico constituye un negocio mixto en el que  o
sscoimeaupp teifenuorgitnroeotdna rednieznecsa i  aclpaei ó rnecén nese  sctlloai oóp mmnrlea oodlna  eppot iaru vétorsesao óta  alyr amil cal aoo ffi , nio nnappaoncen icerócoisinaa   csucdieineóó   nnhctr  oeaddmcteeah p  ollarau a f na,ec  cyhott iaimqpvcuoipidee radn apdet ue  dee neycde  oeegun sonsót ceámdir o esicc utojaeujne rrdmstíoedidi  incaeloao rsdad  idcotfreoo ara nbcec oanetmjicalveioadovs.o au  rSddneuaeas      OE-A-2020-5315able en https://www.
autónomos. Por tanto, se considera conveniente modificar el artículo 21 Real Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo, para incluir, explícitamente, los contratos de arrendamiento 
financiero dentro del ámbito de aplicación objetivo de la moratoria no hipotecaria, tal que 
esta pueda servir de forma efectiva al objetivo por el que se estableció.
En sexto lugar, la vigente redacción del artículo 55 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, 
de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión 
impide la renovación del Presidente del FROB tras concluir el mandato para el que fue 
nombrado y determina su cese en ese mismo momento. Teniendo en cuenta que el 
Presidente es el único cargo ejecutivo de la Comisión Rectora del FROB y en aras de 
asegurar la continuidad operativa de la institución y evitar el riesgo de un periodo vacante 
entre dos presidentes, resulta conveniente prever que el final del citado plazo no impedirá 
la continuidad del Presidente hasta el nombramiento del que le sucederá.
D.  Medidas en el ámbito de empleo y Seguridad Social
Se llevan a cabo mediante este real decreto ajustes técnicos a las medidas urgentes 
adoptadas en materia de Seguridad Social para mitigar el impacto del COVID-19, a la luz 
de los problemas de interpretación que se están identificando en su aplicación. Estos 
ajustes son necesarios y urgentes, teniendo en cuenta la inseguridad jurídica que la 
redacción actual está generando en los interesados.
Así, se ajustan algunas imprecisiones de los artículos 17 y 24 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, con la finalidad de, aclarar, por un lado, 
aspectos presupuestarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad y, por otro 
lado, el régimen aplicable a las exoneraciones, precisando que no es posible aplicar 
exoneraciones en las cotizaciones de empresas sometidas a ERTEs vinculados al COVID-19 
sin cumplir el requisito de suministrar por medios electrónicos los datos relativos a 
inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, así como los 
referidos a la cotización y recaudación.
Se procede a modificar el artículo 48.1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19 al objeto de precisar que las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social se someten al mismo régimen que las entidades de derecho público 
pertenecientes al sector público estatal en lo relativo al régimen aplicable a la formulación 
y rendición de cuentas anuales del ejercicio 2019.
También se modifica el artículo 3 del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el 
que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario con el fin 
de realizar una precisión terminológica, y el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de 
medidas sociales en defensa del empleo, al objeto de incorporar las necesarias referencias 
al Instituto Social de la Marina. La falta de referencia en varios artículos al Instituto Social 
de la Marina está generando inseguridad jurídica en los interesados. Para salvar la 
inseguridad jurídica creada y corregir el error, dado que la competencia para la gestión de 
las prestaciones de desempleo en relación con los trabajadores y empresas incluidos en 
el Régimen Especial del Mar es del Instituto Social de la Marina, se procede a añadir en el 
texto dos referencias al Instituto Social de la Marina para reflejar sus competencias.
Además, se incluye una regulación específica sobre el silencio administrativo en los 
procedimientos de garantía salarial previstos en el artículo 33 del texto refundido del 
Estatuto de los Trabajadores, de modo que, señalándose que el plazo de tramitación sea 
de tres meses, se dispone el silencio administrativo estimativo para el caso de que no se  s
hubiera resuelto en plazo, bien que constreñido al reconocimiento de las obligaciones en  oe.
favor de personas que puedan ser legalmente beneficiarias de esa prestación y por la  w.
cepuvreiatsantrta íacqi uoqenu eeps e rryes sotaunmlatesb  ipqéounre  ea vepintlai cnra iqncuigóeún n lo dcsea  sslooosl ip cliuítmaendittaeenss   psperuere vbdiseatnnoe spf ieecrniac irdbiaiicrs h cooab natteridtníacgudaelnos .  epYso teer  leltoinp copi amdreaa    2020-5315n https://ww
de los límites máximos previstos en la ley.
Se asegura, asimismo, la coherencia temporal de la suspensión de los procedimientos  Bc
en materia de inspección laboral con el nuevo escenario normativo y se dispone el
reconocimiento como accidente de trabajo de las prestaciones de Seguridad Social que 
cause el personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios y que, en el 
ejercicio de su profesión, hayan contraído COVID-19 durante cualquiera de las fases de la 
pandemia, por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la prestación de 
servicios sanitarios y socio-sanitarios.
Del mismo modo, se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, recuperando la 
expresa mención a que en el caso de las explotaciones con más de un titular se pueda 
contratar proporcionalmente a más trabajadores a efectos de poder quedar incluido en el 
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. Con esta medida se trata 
de favorecer que las explotaciones familiares puedan dimensionarse adecuadamente. Al 
compartir varios titulares la misma explotación, se permite que el número de trabajadores 
se ajuste, de forma que además de los dos trabajadores pueda incrementarse en un 
trabajador más por cada nuevo titular (en la modalidad de bases diarias, 273 horas 
equivalentes) y evitar que con ello tengan que salir del sistema especial de cotización, 
pues todos ellos son pequeños agricultores.
Por otro lado, el citado Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, ha reconocido de forma 
automática el derecho a trabajar a aquellos jóvenes extranjeros cuyo estatuto regular en el 
país no lleva aparejado este. Estos jóvenes están contribuyendo, con su trabajo, al 
sostenimiento de un sector esencial durante la crisis del COVID-19. Además, con base en 
este real decreto-ley, muchos de ellos están teniendo una primera oportunidad laboral que 
contribuye, de forma clave, en la inclusión de estos jóvenes, especialmente, de aquellos 
respecto a los que un servicio de protección de menores hubiese ostentado su tutela legal, 
custodia, protección provisional o guarda durante su minoría de edad.
Por eso, es necesario arbitrar una vía que permita a estos jóvenes mantener su 
derecho al trabajo, tras la finalización de la vigencia del real decreto-ley del sector agrario. 
A tal fin, la disposición adicional segunda de este real decreto-ley introduce una vía 
específica que les permitirá, cuando hayan sido contratados en el sector agrario con base 
en el artículo 2.1.d) del meritado Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, y tras la 
finalización de su vigencia, acceder a una autorización de residencia y trabajo, válida en 
todo el territorio nacional y sin límites sectoriales o de actividad y sin aplicación de la 
situación nacional de empleo. Esta autorización tendrá una vigencia de dos años, 
renovable por otros dos. Todo ello sin perjuicio de que, para el acceso a la residencia de 
larga duración, se tendrán en cuenta todos los periodos de residencia, legal y continuada, 
con esta u otras autorizaciones de las que haya sido titular.
En la disposición adicional primera se establece como excepción a la limitación del 
gasto en la Administración del Estado el abono de la cantidad asignada al ejercicio 2020 
en el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones 
profesionales de la Guardia Civil, de 12 de marzo de 2018.
Por su parte, se contemplan en el contexto actual varias aportaciones del Estado al 
presupuesto de la Seguridad Social.
Finalmente, se ajusta la prestación por desempleo de los artistas en espectáculos 
públicos prevista en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que 
se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-2019. Y ello con la finalidad de aclarar que es el 
propio acceso extraordinario a la prestación el que responde a la crisis sanitaria 
del COVID-19, sin que corresponda a los artistas acreditar que su situación concreta de 
falta de actividad deriva de la misma. Igualmente, se elimina el requisito de encontrarse en  es
el periodo de inactividad voluntaria, suprimiendo el coste que ello supondría para el  o
teprrxaepbslaitcajaictdaióo,n re , ynp  asarimara prsel iafdicleiza anlard  tors aelbaga utjroraisdm apidtoa rc jucióuríned niyct aar e,p crqoounpeoia ce ioms  aipejeonnstoaib , dlyee  r selaua snppureednsatdraleocr id óeenls.  pcTuoaébmsrob.i édne  slea   2020-5315n https://www.
E.  Medidas en el ámbito tributario
En materia tributaria, se amplía a cuatro meses el plazo de no devengo de intereses de 
demora para los aplazamientos de los artículos 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico 
del COVID-19, y 52 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19.
El artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, estableció 
una regulación extraordinaria de plazos de formulación, verificación y aprobación de las 
cuentas anuales de las personas jurídicas de derecho privado no comprendidas en el 
ámbito de aplicación del artículo 41 de dicho texto legal, relativo a las sociedades anónimas 
cotizadas. Dicha situación afecta a la obligación de presentación de la declaración del 
Impuesto sobre Sociedades, por cuanto la determinación de su base imponible en el 
método de estimación directa se efectúa sobre la base de su resultado contable. En este 
sentido, para paliar los efectos producidos por las medidas extraordinarias citadas, se 
faculta a los contribuyentes del Impuesto que no hayan podido aprobar sus cuentas 
anuales con anterioridad a la finalización del plazo de declaración del Impuesto para que 
presenten la declaración con las cuentas anuales disponibles a ese momento en los 
términos prescritos por la norma.
Posteriormente, cuando las cuentas sean aprobadas conforme a derecho y se conozca 
de forma definitiva el resultado contable se presentará una segunda declaración. Si de ella 
resultase una cantidad a ingresar superior o una cantidad a devolver inferior a la derivada 
de la primera declaración, la segunda autoliquidación tendrá la consideración de 
complementaria. En el resto de los casos, esta segunda autoliquidación tendrá el carácter 
de rectificación de la primera, produciendo efectos por su mera presentación, sin necesidad 
de resolución de la Administración tributaria sobre la procedencia de la misma. En ningún 
caso, la segunda autoliquidación tendrá efectos preclusivos y el Impuesto sobre 
Sociedades podrá ser objeto de comprobación plena.
Al hilo de lo anterior, con el fin de ir avanzando en la reactivación de la actividad 
económica, social, administrativa y judicial, y dotar de seguridad jurídica al sistema, se 
modifica el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, estableciendo que el 
plazo de tres para formular las cuentas anuales y demás documentos legalmente 
obligatorios comenzará a contarse desde el 1 de junio y no desde la finalización del estado 
de alarma. Con esto, se aporta seguridad jurídica, pues se sustituye un plazo dinámico y 
no uniforme, pues variará según el grado de desescalada en que se encuentre la 
Comunidad Autónoma, en cuyo territorio tenga su domicilio la sociedad, por una fecha 
cierta, el 1 de junio y se reactiva el tráfico jurídico social. Adicionalmente, se reduce de tres 
a dos meses el plazo para aprobar las cuentas anuales desde la formulación, con lo que 
las empresas dispondrán antes de unas cuentas aprobadas y depositadas en el Registro 
Mercantil y se armoniza dicho plazo para todas las sociedades, sean o no cotizadas, en 
modo tal que todas deberán tener las cuentas aprobadas dentro de los diez primeros 
meses del ejercicio.
II.  Cumplimiento de los requisitos constitucionales del real decreto-ley
En relación con el empleo del real decreto-ley como instrumento para la prórroga de 
estas medidas, se deben tener en cuenta dos aspectos referidos a las materias vedadas a  e.
este instrumento normativo y a la concurrencia de los presupuestos habilitantes que  w.
justifican la utilización de esta clase de norma. En relación con los primeros, como señala  15ww
eorl daerntíacumloie n8t6o. 1d ed ela sn uinessttitruac Cioonnesst ibtuácsiiócna,s  ldoes l rEesatlaedso d, eac lroest odse-rleeycehso s«, ndoe bpeordersá ny  laibfeecrttaadr easl 
dael  Dloesr ecciuhdoa dealencotosr rael gguelandeorasl »e.n  Eenl  Teílt ucloa sIo,  adl erél gpirmeseenn dtee  rlaesa lC doemcurentiod-aledye sn Ao usteó naofmecatsa  nai   BOE-A-cable e
ninguna de estas materias como ocurría con la norma que ahora se prorroga.
En efecto, las regulaciones que se incorporan a la norma no suponen una afección del 
núcleo esencial de ninguno de los anteriores elementos, puesto que no se regula ninguna 
institución básica del Estado, no se afecta a la naturaleza de los derechos y deberes de los 
ciudadanos, no se incorporan afecciones al régimen de las comunidades autónomas 
puesto que no es objeto de ninguna de estas medidas, y tampoco tiene relación alguna 
con el régimen electoral, de modo que nada hay en su contenido que obste a su aprobación 
en este punto.
Por lo que respecta a la concurrencia de los presupuestos habilitantes de extraordinaria 
y urgente necesidad, debe tenerse en cuenta la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, 
sintetizada en el Fundamento Jurídico 4 de la Sentencia 61/2018, de 7 de junio de 2018. 
Conforme a la misma, se requieren, por un lado, «la presentación explícita y razonada de los 
motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación», es decir, lo que 
ha venido a denominarse la situación de urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria 
conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir 
a ella». Como señala el Tribunal Constitucional, generalmente «se ha venido admitiendo el 
uso del decreto-ley en situaciones que se han calificado como ‘‘coyunturas económicas 
problemáticas’’, para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente lícito, 
en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de 
urgencia, que no es otro que subvenir a ‘‘situaciones concretas de los objetivos 
gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa 
inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento 
de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes’’ (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, 
FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8). Finalmente, 
también se debe advertir que el hecho de que se considere una reforma estructural no 
impide, por sí sola, la utilización de la figura del decreto-ley, pues el posible carácter 
estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda 
convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, 
que justifique la aprobación de un decreto-ley, lo que deberá ser determinado 
atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso (STC 137/2011, FJ 6; 
reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3)».
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, tal 
como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias 6/1983, de 4 
de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, 
de 7 de julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7) y concurre en el presente caso, el fin 
que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los 
objetivos gubernamentales, que por razones imposibles de prever requiere una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando 
la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno. El devenir de la crisis 
sanitaria hace imprescindible prorrogar unas medidas que en condiciones normales no 
hubieran sido necesarias y que solo pueden ser adoptadas eficazmente mediante un real 
decreto-ley. Lo mismo ocurre con la medida excepcional relativa al permiso de empleo de 
los jóvenes extranjeros prevista en esta norma, en atención a la propia vigencia de esta 
normativa y de su íntima conexión con este real decreto-ley.
Asimismo, la ampliación de las condiciones singulares acordadas en materia de 
investigación con organismos modificados genéticamente y las medidas en materia de 
empleo quedan justificadas en iguales términos, máxime teniendo en cuenta que su 
redacción vino acordada por otro real decreto-ley, de modo que la justificación se remite  es
en estos puntos a la de aquellos instrumentos. o
nRrceioéefregnmDritmiíadef ieolcc n moos  nJiese u mrsrjauípodnsa igtcmñioofoio c ddlda eeoy  lp, l  eSllsaeyeien  ccgnatoaodmnrrof ea oPinnmrúmtteíbpae lri ece danosel ,c  aalie nrtlmedt íenicábmucslelip oó el nlea1x o 2aaa 3d cus ettdouo ee  r iccszlaautaa pmcL ifiteiópgaynluli  m r4idam0iee /pp 2nsao0turor1a t ca5 dran,e eucda tieaoclo ir ó1ipszn  aad crrpeao o e morle  ccpmlt ourseonbidsmsretiooei,rs  mcddoieoeas      OE-A-2020-5315able en https://www.
internacionales adquiridos por el Reino de España, quedando motivado su empleo por la
imposibilidad de una tramitación por medio de ley ordinaria, en atención a los plazos de la 
misma, aun por el procedimiento de urgencia, siendo que la habilitación para la constitución 
del consorcio requiere de su más pronta implantación.
Así, concurren en la creación de este consorcio las notas de extraordinaria y urgente 
necesidad que precisa su inclusión en el real decreto-ley, a tenor de lo establecido en el 
artículo 86 de la Constitución Española. En primer lugar, el compromiso adquirido por el 
Reino de España al conseguir la inclusión de IFMIF-DONES en la hoja de ruta de ESFRI 
(European Strategic Forum on Research Infrastructures) y la financiación europea 
asociada, de 4 millones de euros, exige, entre otras muchas medidas, la puesta en marcha 
inmediata de una estructura de proyecto, dotada con los recursos adecuados que permita 
culminar con éxito la fase preparatoria contemplada en ESFRI. Actualmente, se está 
procediendo a la negociación internacional para definir la participación de los otros socios 
en el proyecto así como la definición de la estructura legal y de gobernanza del proyecto. 
Dado el papel relevante que este Consorcio debe tener en el proyecto y con objeto de 
demostrar a los socios internacionales que las propuestas que se realizan son viables, 
resulta del todo punto fundamental y urgente disponer de una estructura básica para 
ponerlo en marcha. Para mantener la viabilidad del proyecto, el consorcio debe entrar en 
funcionamiento antes de que se aprueben los presupuestos de investigación de la 
Unión Europea 2021-2027. En segundo lugar, cabe señalar que una fracción significativa 
de los fondos previstos para ser invertidos en estas actividades en los próximos años 
están asociados a Horizonte 2020, por lo que es necesario ejecutar y justificar el gasto 
antes de 2023. El Consorcio es la mejor herramienta que permite una gestión eficiente de 
estos fondos en el plazo de tiempo disponible, por lo que su creación deviene urgente 
en estos momentos. En tercer lugar, la creación de este consorcio reportará un retorno 
económico a España estimado en más de 1.000 millones de euros derivados de su puesta 
en marcha y funcionamiento, por lo que supone un espaldarazo a la actividad económica 
en un momento complejo como el actual, derivado de la emergencia sanitaria provocada 
por el coronavirus SARS-CoV-2.
La adopción de medidas de carácter económico mediante real decreto-ley ha sido 
avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivación explícita y 
razonada de la necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura económica exige una 
rápida respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la 
adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo 
ordinario podría generar algún perjuicio–. Ninguna duda ofrece que la situación que afronta 
nuestro país genera la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente 
necesidad de adoptar diversas medidas. En el actual escenario de contención y prevención 
del COVID-19 es urgente y necesario atajar la epidemia y evitar su propagación para 
proteger la salud pública, así como también adoptar medidas de contenido económico 
para afrontar sus consecuencias.
En consecuencia, se puede asegurar que existe una conexión directa entre la urgencia 
definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella: la prórroga de las medidas 
acordadas y la modificación de las restantes no podría esperar a una tramitación 
parlamentaria puesto que los efectos sobre la producción agroalimentaria y el 
correspondiente abastecimiento a la población serían demasiado gravosos en caso de 
retraso. La inmediatez de la entrada en vigor de este real decreto-ley resulta también 
oportuna, puesto que otra alternativa requeriría de un plazo muy superior en el tiempo 
(SSTC 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7).
III.  Adecuación a los principios de buena regulación bo
eLfeicya Ec3l i9pa/r,2e s0pe1ron5tp,e o drreceai ol1 nd aedlciedre atodoc -tlyeu ybs rseeeg,  ucdroiednlfa igdPu rrjouac rdíededi ciamac iuereenrctdooo g Acidodonms l ionesins pt rreianlt civaiporito ícsCu odloem  nú1en2c 9ed sedid eal adlas,    2020-5315n https://ww
Administraciones Públicas. En este sentido, esta modificación es necesaria y eficaz por
cuanto es preciso introducir en este momento los cambios más acuciantes para subvenir  Bc
a estas necesidades y no existe otro mecanismo más que el de una norma con rango de
ley. En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-ley, su 
tramitación se encuentra exenta de consulta pública previa y de los trámites de audiencia 
e información públicas. Asimismo, resulta proporcional y transparente porque esta 
modificación introduce solo los elementos necesarios para la salvaguarda del interés 
público en este momento, a través de su prórroga, e igualmente se garantiza el principio 
de seguridad jurídica al asegurar un correcto encaje del conjunto de medidas. Finalmente, 
el principio de eficiencia se considera cumplido toda vez que no se imponen nuevas cargas 
administrativas que no sean imprescindibles frente a la regulación actual.
La presente disposición se dicta, con carácter general, al amparo del artículo 149.1.13.ª CE, 
en cuanto atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica. Los artículos 1 y 9 y las disposiciones transitorias 
tercera y cuarta se amparan, además, en el artículo 149.1, reglas 7.ª y 17.ª, que atribuyen 
al Estado la competencia exclusiva sobre legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución 
por los órganos de las comunidades autónomas, y sobre legislación básica y régimen 
económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las 
comunidades autónomas. Los artículos 4, 5, 10, 11 y 12, las disposiciones adicionales 
primera y tercera y la disposición transitoria segunda se amparan, además, en el 
artículo 149.1.14.ª CE, en cuanto atribuye al Estado la competencia sobre Hacienda 
General y Deuda del Estado. Los artículos 6, 7 y 8 y la disposición transitoria primera se 
dictan, además, de acuerdo con las competencias que las reglas 6.ª, 8.ª y 11.ª atribuyen al 
Estado sobre legislación mercantil, legislación civil, sin perjuicio de la conservación, 
modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales 
o especiales, allí donde existan, y bases de la ordenación del crédito, banca y seguros y, 
en todo caso, las reglas relativas a la ordenación de los registros e instrumentos públicos, 
y las bases de las obligaciones contractuales. El artículo 2 se ampara en lo dispuesto en 
el artículo 149.1.15.ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre fomento 
y coordinación general de la investigación científica y técnica. El artículo 3 se dicta de 
conformidad con el artículo 149.1.21.ª, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en 
materia de telecomunicaciones. La disposición adicional segunda se ampara en la regla 2.ª 
del artículo 149.1 de la Constitución Española, por la que se atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y 
derecho de asilo.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 
la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, del Ministro de Justicia, de la Ministra de Hacienda, de la Ministra de Trabajo y 
Economía Social, del Ministro de Cultura y Deporte, del Ministro de Ciencia e Innovación, 
del Ministro de Consumo y del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de mayo de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Prórroga de vigencia de las medidas de flexibilización del empleo agrario 
previstas en el Real Decreto-ley 13/2020 de 7 de abril, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.
1.  Quedan prorrogadas las medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, de 
carácter social y laboral, previstas en los artículos 1 a 5 y disposiciones adicionales primera  s
y segunda del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas  oe.
medidas urgentes en materia de empleo agrario, hasta el 30 de septiembre de 2020. w.
ecomnp2tlre.a ota aLcuaiotson neeómsm picrcueoyssaa, s ev nyi g eeel mnplcpaizlaeo a sddeeo  rlaeocssu  ddeieerdbze ed ríápanrso  hcrráoobmgilauerns, i sciiangrdu iiace anlontesds o sa e lsarvu i ncciuooensvc eparú tfbaecliccióhonas,   lddaees    2020-5315n https://ww
finalización.
Artículo 2.  Autorización para la creación del Consorcio para el impulso de la construcción 
en España de la infraestructura científico-técnica «International Fusion Materials 
Irradiation Facility-Demo Oriented Neutron Source».
1.  Se autoriza la creación de un consorcio de apoyo a la candidatura y eventual 
construcción en España de la International Fusion Materials Irradiation Facility - Demo 
Oriented Neutron Source (IFMIF-DONES).
2.  El Consorcio contará con la participación de la Administración General del Estado 
(a través del Ministerio de Ciencia e Innovación) y de la Junta de Andalucía, que aportarán 
recursos para su sostenimiento. La denominación definitiva del consorcio se establecerá 
en el convenio regulador del mismo y en sus estatutos.
3.  La vigencia del consorcio se mantendrá mientras dure la candidatura para albergar 
la infraestructura IFMIF-DONES, y podrá continuar posteriormente en caso de éxito de la 
misma para atender las obligaciones que corresponda al Reino de España como país 
anfitrión de la infraestructura internacional y para prestar apoyo en su construcción.
Artículo 3.  Fraccionamiento y aplazamiento de deudas en los servicios de comunicaciones 
electrónicas.
1.  Los operadores de comunicaciones electrónicas deberán conceder a sus 
abonados, previa solicitud de estos, un fraccionamiento y, en consecuencia, aplazamiento 
de la deuda correspondiente a las facturas presentadas al cobro desde la fecha de entrada 
en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y 
sus prórrogas, y, en todo caso, hasta el 30 de junio de 2020, ambos inclusive.
Las condiciones del fraccionamiento y aplazamiento serán las siguientes:
a)  El fraccionamiento será lineal a lo largo de los meses aplazados.
b)  El plazo para realizar los pagos fraccionados será de seis meses, salvo que el 
abonado haya acordado libremente con el operador un plazo diferente, ya sea superior o 
inferior.
c)  No se devengarán intereses de demora ni se exigirán garantías para el 
fraccionamiento y aplazamiento.
2.  La aceptación de la solicitud del fraccionamiento y aplazamiento de la deuda 
determinará la suspensión del derecho de los abonados a la conservación de los números 
que les hayan sido asignados en caso de cambio del operador que preste el servicio, hasta 
el momento en el que el abonado esté al corriente de la deuda aplazada o, en todo caso, 
durante el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Aquellos abonados que no soliciten o que no acepten el fraccionamiento y aplazamiento 
de la deuda en los términos indicados en el apartado anterior, tendrán suspendido el 
derecho de conservación de numeración por cambio de operador hasta que el abonado 
salde la deuda contraída con el operador y, en todo caso, por un período de tres meses a 
contar desde el día en que finalice la vigencia del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus prórrogas.
3.  No obstante lo anterior, los abonados no tendrán suspendido su derecho a la 
conservación de los números asignados en caso de cambio del operador cuando 
comuniquen al operador su disconformidad con la factura y, en ausencia de respuesta 
satisfactoria, hayan interpuesto la correspondiente reclamación ante un organismo oficial. s
A estos efectos, el operador deberá resolver la reclamación que le presente el abonado  oe.
en un plazo máximo de una semana. Esta resolución o la ausencia de la misma en ese  w.
plazo máximo, legitimará al abonado para acudir ante los organismos oficiales que tramiten  15ww
reclamaciones de usuarios finales.
Artículo 4.  Autorización para el otorgamiento de avales a favor de la Comisión Europea 
en el marco del Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de 
Desempleo en una Emergencia (Instrumento SURE).
1.  Al amparo de lo establecido en el artículo 114 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, se autoriza a la Administración General del Estado a 
otorgar avales por importe máximo de 2.252.890.750 euros en el año 2020, en el marco de 
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo de 19 de mayo de 2020 relativo 
a la creación de un instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de 
desempleo en una emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID-19 conforme a las 
características que en dicho Reglamento se especifican, a favor de la Comisión Europea 
en el marco del Instrumento SURE. Los avales serán incondicionales, irrevocables y a 
primera demanda de la Comisión Europea y con renuncia al beneficio de excusión 
establecido en el artículo 1.830 del Código Civil.
2.  Se habilita a la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital para 
dictar los actos necesarios y para firmar el acuerdo o los acuerdos con la Comisión 
Europea en los que se establezcan los términos en que se otorguen los avales y las 
condiciones de pago. La Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá 
a convenir las cláusulas que resulten usuales en los mercados financieros, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 47/2003, mediante la firma de un acuerdo con 
la Comisión Europea.
3.  Se autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a realizar los 
pagos correspondientes a la ejecución del aval mediante operaciones de tesorería con 
cargo a los conceptos específicos que se creen a tal fin.
Con posterioridad a la realización de los pagos, la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera procederá a la aplicación al presupuesto de gastos de los pagos 
realizados en el ejercicio. Los pagos efectuados en el mes de diciembre de cada año se 
aplicarán al presupuesto de gastos en el trimestre inmediatamente siguiente.
4.  Los importes correspondientes a las ejecuciones de los avales otorgados se 
atenderán desde la partida presupuestaria del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital 27.04.923O.351 «Cobertura de riesgos en avales prestados por el 
Tesoro, incluidos los riesgos de ejercicios anteriores». Este crédito tiene el carácter de 
ampliable, según el Anexo II «Créditos ampliables» de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2018, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 54 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, y le será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria en lo 
relativo a estos avales.
Artículo 5.  Cobertura presupuestaria de las ejecuciones de los avales concedidos por el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en virtud de lo dispuesto 
en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
1.  Los importes correspondientes a la ejecución de los avales otorgados por el Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital a la financiación concedida a empresas y 
autónomos en virtud de lo establecido en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, se atenderán desde la partida presupuestaria del Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital 27.04.923O.351 «Cobertura de riesgos en avales prestados por 
el Tesoro, incluidos los riesgos de ejercicios anteriores». Este crédito tiene el carácter de  e.e
ampliable, según el Anexo II «Créditos ampliables» de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de  b
Presupuestos Generales del Estado para 2018 de conformidad con lo previsto en el  15ww
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Pdere 1s7u pduee mstaarrziao, .en lo relativo a los avales otorgados en virtud del Real Decreto-ley 8/2020,
2.  Se autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a realizar los 
pagos correspondientes a las ejecuciones del aval mediante operaciones de tesorería con 
cargo a los conceptos específicos que se creen a tal fin.
Con posterioridad a la realización de los pagos, la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera procederá a la aplicación al presupuesto de gastos de los pagos 
realizados en el ejercicio. Los pagos efectuados en el mes de diciembre de cada año se 
aplicarán al presupuesto de gastos en el trimestre inmediatamente siguiente.
Artículo 6.  Acuerdos marco sectoriales promovidos por las asociaciones representativas 
de entidades financieras sobre aplazamiento de operaciones de financiación de 
clientes afectados por la crisis del coronavirus.
1.  Las entidades financieras que se adhieran a Acuerdos marco sectoriales para la 
concesión de moratorias convencionales con sus deudores como consecuencia de la crisis 
sanitaria derivada del COVID-19, se sujetarán a lo dispuesto en este artículo y en los 
artículos 7 y 8 siempre que dichos Acuerdos marco sectoriales se hayan comunicado al 
Banco de España para su registro, que los publicará en su página web.
2.  A estos efectos se entiende por entidades financieras las entidades de crédito, los 
establecimientos financieros de crédito, los prestamistas de crédito inmobiliario, las 
entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.
3.  Las entidades financieras que se adhieran a un Acuerdo marco sectorial remitirán 
cada día hábil al Banco de España la siguiente información referida al día hábil precedente:
a)  Número de solicitudes de suspensión presentadas por deudores.
b)  Número de suspensiones concedidas.
c)  Número de solicitudes de suspensión denegadas.
d)  Número de beneficiaros de la suspensión, desagregados, por un lado, en deudores 
y avalistas y, por otro lado, en asalariados y empresarios/profesionales.
e)  Número de préstamos cuyo pago se ha suspendido.
f)  Saldo vivo pendiente de amortización cuyo pago se suspende.
g)  CNAE de la actividad que venía realizando el deudor.
h)  Número de préstamos en los que el deudor solicita que se documente la 
suspensión en escritura notarial.
4.  Lo previsto en este artículo, en los artículos 7 y 8 y en la disposición transitoria 
primera tendrán la consideración de norma de ordenación y disciplina a que se refiere el 
artículo 2 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades de crédito.
Artículo 7.  Disposiciones generales sobre las moratorias convencionales suscritas al 
amparo de un Acuerdo marco sectorial.
1.  Las moratorias convencionales suscritas entre el deudor y su entidad financiera al 
amparo de un Acuerdo marco sectorial podrán tener por objeto toda clase de préstamos, 
créditos y arrendamientos financieros.
2.  La moratoria convencional suscrita entre el deudor y su entidad financiera al 
amparo de un Acuerdo marco sectorial podrá acordar, sin perjuicio del devengo de los 
intereses pactados en el contrato de préstamo inicial, que el importe de lo aplazado se 
abone mediante: e.e
a)  La redistribución de las cuotas sin modificación del plazo de vencimiento, o 15ww
durabc)i ónL dae a lma pmliaocraiótonr idae.l plazo de vencimiento en un número de meses equivalente a la
El deudor y la entidad financiera podrán acordar la prórroga, con las mismas
condiciones y prima pactadas inicialmente del seguro de protección de pagos o de  Bc
amortización de préstamo que se hubiera contratado, con el préstamo que se nova por el
mismo periodo tiempo en el que se amplíe el vencimiento de este, con el consiguiente 
adeudo de la prima. A estos efectos se entenderá por seguro de protección de pagos aquel 
que cubre la contingencia de desempleo o la incapacidad temporal del deudor asegurado, 
y por seguro de amortización aquel que cubre al deudor ante las contingencias de 
fallecimiento o invalidez sobre la totalidad o parte del capital del préstamo.
3.  Las moratorias a que se refiere el apartado anterior no podrán en ningún caso:
a)  Modificar el tipo de interés pactado.
b)  Cobrar gastos o comisiones excepto que se trate de un préstamo sin interés, y el 
efecto del gasto o comisión no suponga un aumento de la Tasa Anual Equivalente (TAE) 
acordada en el contrato inicial, o bien se trate de la prima de la prórroga del contrato de 
seguro señalado en el apartado anterior.
c)  Comercializarse junto con cualquier otro producto vinculado o combinado.
d)  Establecer otras garantías adicionales, personales o reales, que no constasen en 
el contrato original.
4.  Cuando la entidad financiera conceda, simultánea o sucesivamente, una moratoria 
legal y una moratoria convencional, el acuerdo de moratoria convencional suscrito con el 
deudor recogerá expresamente el reconocimiento de la moratoria legal, suspendiéndose 
los efectos de la moratoria convencional hasta el momento en el que finalice aquella.
5.  A los efectos de este artículo, se entenderá por moratoria legal la regulada en los 
artículos 13.3, 14 y 15 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, así como 
en los artículos 24.2 y 25 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19.
6.  Antes de la formalización de la moratoria a que se refiere este precepto, la entidad 
financiera deberá entregar al deudor junto con la propuesta de acuerdo para establecer la 
moratoria convencional información simplificada sobre las condiciones del préstamo que, 
al menos, deberá incluir:
a)   Las consecuencias jurídicas y económicas del aplazamiento, con o sin ampliación 
de plazo, del préstamo afectado.
b)   En su caso, las condiciones de la prórroga del seguro de protección de pagos o 
de amortización de préstamo que inicialmente se hubiera contratado con el préstamo que 
se nova.
7.  La información simplificada y la propuesta de acuerdo para establecer la moratoria 
convencional a que se refiere el apartado anterior serán entregadas por la entidad 
financiera gratuitamente en soporte duradero al deudor por cualquier medio, incluidos los 
telemáticos y los servicios de banca electrónica de que disponga la entidad financiera, 
siempre que permitan acreditar el contenido y la entrega al deudor.
8.  El acuerdo de moratoria convencional acogido a lo previsto en este artículo y en 
los artículos 6 y 8 podrá ser firmado por el prestatario y, en su caso, los fiadores y avalistas, 
de manera manuscrita, mediante firma electrónica, por el sistema de otorgamiento del 
consentimiento que tuvieran fijado contractualmente el deudor y la entidad financiera, o por 
cualquier otro medio que permita obtener válidamente el consentimiento. En todo caso, el 
medio empleado deberá dejar constancia del contenido y de la fecha en la que se presta 
el consentimiento. Para su inscripción en el Registro correspondiente el acuerdo de  s
moratoria deberá constar en documento público, cuando, conforme a las reglas generales,  oe.
resulte exigible. w.
9.  La formalización del contrato por el que se establece la moratoria convencional 
acogida a un Acuerdo marco sectorial de los señalados en el artículo anterior no estará 
sometida a lo previsto en:
a)  Los artículos 10, 11, 12, 14 y 15, el apartado 2 de la disposición transitoria primera 
de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, ni
b)  los artículos 7 a 12 y 14 de Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al 
consumo.
10.  La inscripción de la moratoria convencional suscrita entre el deudor y su entidad 
financiera al amparo de un Acuerdo marco sectorial en el correspondiente Registro tendrá 
plenos efectos, en su caso, frente a los acreedores intermedios inscritos aunque no cuente 
con el consentimiento de estos.
11.  Los aranceles notariales y registrales de los instrumentos notariales en las que se 
eleve a público el acuerdo suscrito con el deudor de moratoria convencional acogida a lo 
previsto en este artículo, y de la inscripción en el Registro correspondiente serán los 
previstos en los artículo 16 ter del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y 24.6 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Artículo 8.  Régimen excepcional de formalización de las moratorias convencionales 
suscritas al amparo de Acuerdos marco sectoriales adoptados como consecuencia de 
la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
1.  Cuando en la moratoria se pacte exclusivamente un aplazamiento del principal o 
principal e intereses de un préstamo o crédito con garantía real o un arrendamiento financiero 
cuya inscripción requiera la formalización en documento público y, en su caso, la prórroga 
del seguro de protección de pagos o de amortización de préstamo a la que se refiere el 
apartado 2 del artículo 7, la entidad financiera elevará unilateralmente a público el acuerdo 
de moratoria suscrito por el deudor y, en su caso, los fiadores y avalistas siempre que:
a)  La moratoria se materialice mediante la ampliación del plazo de vencimiento, y
b)  El deudor no manifieste expresamente su voluntad de comparecer ante el notario 
para el otorgamiento bilateral.
2.  El notario protocolizará, junto al acuerdo suscrito señalado en el apartado anterior:
a)  La prórroga del seguro de protección de pagos o de amortización de préstamo al 
que se refiere el apartado 2 del artículo 7, en su caso,
b)  La información simplificada a la que se refiere el apartado 6 del artículo anterior,
c)  El justificante de su recepción por el deudor, y
d)  Una declaración responsable suscrita por persona con poder bastante para actuar 
en nombre de la entidad financiera en la que se manifieste:
i.  El concreto Acuerdo marco sectorial al que se acoge la moratoria y que cumple 
todos los requisitos previstos en el mismo,
ii.  Que el deudor ha recibido la información simplificada señalada en el apartado 6 del 
artículo 7,
iii.  Que el consentimiento del deudor se ha prestado de conformidad con lo previsto 
en el apartado 8 del artículo 7, y
iv.  La fecha de la firma del acuerdo de moratoria. e
3.  El notario facilitará gratuitamente al deudor una copia simple del instrumento  w.
notarial en el que se eleve unilateralmente a público el acuerdo de moratoria convencional  15ww
acog4i.d o Eal  lnoo ptarerivoi satuot oerniz easnttee  adretíbceurláo .en todo caso comprobar que por la entidad financiera
sreec hhaaz parro eplo roctioorngaadmoi eanl tod ecuudaonrd loa  ninof osrem aacjuiósnte  saim lop lipfirceavdisat op reenv isetsat ee na retílc aurlotí cyu leon 7 l,o ys   BOE-A-cable e
artículos 6 y 7.
Artículo 9.  Consideración como contingencia profesional derivada de accidente de 
trabajo las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros 
sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2 
durante el estado de alarma.
1.  Las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta servicios 
en centros sanitarios o socio-sanitarios, inscritos en los registros correspondientes, y que 
en el ejercicio de su profesión, hayan contraído el virus SARS-CoV2 durante cualquiera de 
las fases de la epidemia, por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la 
prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios, cuando así se acredite por los 
servicios de Prevención de Riesgos laborales y Salud Laboral, se considerarán derivadas 
de accidente de trabajo, al entender cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 156.2.e) 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
2.  Esta previsión se aplicará a los contagios del virus SARS-CoV2 producidos hasta 
el mes posterior a la finalización del estado de alarma, acreditando este extremo mediante 
el correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido dentro del 
mismo periodo de referencia.
3.  En los casos de fallecimiento, se considerará que la causa es accidente de trabajo 
siempre que el fallecimiento se haya producido dentro de los cinco años siguientes al 
contagio de la enfermedad y derivado de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 217.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Artículo 10.  Aprobación de modificaciones presupuestarias en el presupuesto de gastos 
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
1.  Se concede un suplemento de crédito en el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social  y  Migraciones  por  un  importe  de  98.840.000  euros,  en  la  aplicación 
presupuestaria 19.02.000X.420.02 «Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad 
Social para financiar las prestaciones no contributivas establecidas por la Ley 26/1990, 
de 20 de diciembre, Pensiones, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores».
2.  Se concede un suplemento de crédito en el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social  y  Migraciones  por  un  importe  de  272.135.370  euros  en  la  aplicación 
presupuestaria 19.02.000X.420.03 «Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad 
Social para financiar las prestaciones no contributivas establecidas por la Leyes 26/1990, 
de 20 de diciembre y 35/2007, de 15 de noviembre. Protección familiar, incluso para 
atender obligaciones de ejercicios anteriores».
3.  Se concede un crédito extraordinario en el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones por un importe de 14.002.593.690 euros en la aplicación 
presupuestaria 19.02.000X.429.06 «Transferencia para equilibrar el impacto en las cuentas 
de la Seguridad Social derivado del COVID-19».
4.  Las modificaciones anteriores se financiarán de conformidad con el artículo 46 de 
la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Artículo 11.  Préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social.
1.  Al objeto de proporcionar cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad 
Social y posibilitar el equilibrio financiero de la misma, se concede un préstamo a la 
Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 16.500.000.000 de euros. El  es
citado préstamo no devengará intereses, y su cancelación se producirá en un plazo  o
máximo de diez años a partir del 1 de enero de 2021. El calendario de desembolsos de  15www.
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Seguridad Social», Servicio 02 «Secretaría de Estado de la Seguridad Social»,
Programa 291M «Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección 
Social», Capítulo 8 «Activos financieros», Artículo 82 «Concesión de préstamos al Sector 
Público», Concepto 822 «Préstamos a la Seguridad Social para su equilibrio financiero».
3.  La modificación anterior se financiará de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Artículo 12.  Presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades para los 
contribuyentes que se ajusten para la formulación y aprobación de las cuentas anuales 
del ejercicio a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico 
y social del COVID-19.
1.  Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo plazo para la formulación 
y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio se ajuste a lo dispuesto en los artículos 40 
y 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, presentarán la declaración 
del Impuesto para el período impositivo correspondiente a dicho ejercicio en el plazo 
previsto en el apartado 1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades.
Si a la finalización de este último plazo, las cuentas anuales no hubieran sido 
aprobadas por el órgano correspondiente, la declaración se realizará con las cuentas 
anuales disponibles.
A estos efectos, se entenderá por cuentas anuales disponibles:
a)  Para las sociedades anónimas cotizadas, las cuentas anuales auditadas a que se 
refiere la letra a) del aparado 1 del artículo 41 del mencionado Real Decreto-ley 8/2020.
b)  Para el resto de contribuyentes, las cuentas anuales auditadas o, en su defecto, 
las cuentas anuales formuladas por el órgano correspondiente, o a falta de estas últimas, 
la contabilidad disponible llevada de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o 
con lo establecido en las normas por las que se rijan.
2.  En el caso de que la autoliquidación del Impuesto que deba resultar con arreglo a 
las cuentas anuales aprobadas por el órgano correspondiente difiera de la presentada con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, los contribuyentes presentarán una nueva 
autoliquidación con plazo hasta el 30 de noviembre de 2020.
a)  La nueva autoliquidación tendrá la consideración de complementaria a los efectos 
previstos en el artículo 122 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si de 
ella resultase una cantidad a ingresar superior o una cantidad a devolver inferior a la derivada 
de la autoliquidación anterior efectuada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
La cantidad a ingresar resultante devengará intereses de demora conforme a lo dispuesto 
en el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, desde el día 
siguiente a la finalización del plazo previsto en el apartado 1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, sin que le resulte de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
b)  En los casos no comprendidos en la letra anterior, la nueva autoliquidación 
producirá efectos desde su presentación, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 120 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en 
los artículos 126 y siguientes del Reglamento General de las actuaciones y los  s
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes  oe.
de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007,  w.
de 27 de julio, ni se limiten las facultades de la Administración para verificar o comprobar  15ww
la prAim loesr ae fye lcat onsu deeva lo a udtisopliquueisdtaoc eiónn e.ste apartado, no resultará de aplicación respecto de
leal  naupeavrtaa daou t3o ldiqeul iadratcícióunlo  la11s 9li mdeit alac iLoenye s5 8a/ 2la0 r0e3c,t idfiec a1c7ió dne d deic liaesm obprcei,o Gneesn ear aqlu Ter isbeu traerfiiae.re  BOE-A-cable e
3.  En el caso de devolución de cantidades derivadas de la aplicación de lo dispuesto 
en este artículo, se aplicará el artículo 127 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades. A estos efectos el plazo de los 6 meses se contará a partir de 
la finalización del plazo establecido en el apartado anterior para la presentación de la 
nueva autoliquidación.
No obstante lo anterior, cuando de la rectificación a la que se refiere la letra b) del 
apartado anterior resulte una cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso 
efectivo en la autoliquidación anterior, se devengarán intereses de demora sobre dicha 
cantidad desde el día siguiente a la finalización del plazo voluntario de declaración a que 
se refiere el apartado 1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
4.  Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios a las que se refiere 
este artículo podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que 
practicará, en su caso, la liquidación que proceda. En particular, no se derivará ningún 
efecto preclusivo de las rectificaciones a las que se refiere la letra b) del apartado 2 de este 
artículo.
Disposición adicional primera.  Limitación del gasto en la Administración General del 
Estado.
Se exceptúan de la limitación de gasto establecida en el artículo 21 del Real Decreto-
ley 2/2020, de 2 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
retribuciones en el ámbito del sector público, las medidas necesarias para la aplicación del 
Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones 
profesionales de la Guardia Civil, de 12 de marzo de 2018.
Disposición adicional segunda.  Régimen aplicable a los jóvenes, nacionales de terceros 
países, que se encuentren en situación regular de entre los 18 y los 21 años que 
hayan sido empleados en el sector agrario con base en el Real Decreto-ley 13/2020, 
de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de 
empleo agrario, cuando finalice su vigencia.
1.  Tras la finalización de la vigencia del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por 
el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, se 
concederá una autorización de residencia y trabajo a aquellos jóvenes extranjeros que, 
con base en lo previsto en el artículo 2.1.d) del citado real decreto-ley, hayan sido 
contratados en el sector agrario durante la vigencia de este.
2.  La autorización se solicitará por el extranjero, personalmente, mediante 
representación o a través de los medios telemáticos habilitados para ello, debiendo 
acreditar los siguientes requisitos:
a)  Que ha sido contratado para una actividad continuada en el sector agrario con 
base en el artículo 2.1.d) del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, y no haya desistido 
de la misma.
b)  Que carece de antecedentes penales.
3.  El plazo para presentar la solicitud será de un mes tras la finalización de la vigencia 
del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, en la Delegación o Subdelegación del 
Gobierno en la provincia en la que se resida. El plazo máximo de resolución será de un  s
mes. Si no se resolviera en dicho plazo, la autorización se entenderá estimada por silencio  e.
administrativo. w.
4.  Esta autorización tendrá una vigencia de dos años, renovables por otros dos y  15ww
saecrtiáv idváaldid ya  seinn  atopdlioca ecli ótenr rditeo rlaio s nitaucaicoinóanl ,n saicni olinmailt adcei óenm apllgeuon.a por ocupación o sector de
tarje5ta.  dEe nid eeln ptildaazdo  ddee  euxntr amnejesr od.esde la notificación de la concesión, deberá solicitar la  BOE-A-cable e
6.  Se autoriza al órgano competente por razón de la materia del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a adoptar las medidas y dictar las instrucciones 
de desarrollo que considere necesarias para la ejecución de esta medida.
Disposición adicional tercera.  Ampliación del plazo previsto en el artículo 95 bis de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La publicación a que se refiere el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, derivada de la concurrencia a fecha 31 de diciembre de 2019 de los 
requisitos exigidos para la inclusión en aquel, se producirá, en todo caso, antes del 1 de 
octubre de 2020.
Disposición transitoria primera.  Moratorias acogidas a un Acuerdo marco sectorial y 
suscritas con anterioridad a la entrada en vigor esta norma.
1.  Las moratorias convencionales acogidas a un Acuerdo marco sectorial de los 
previstos en el artículo 6 que hayan sido suscritas por el deudor y su entidad financiera antes 
de la entrada en vigor de este real decreto-ley se sujetarán a lo dispuesto en este precepto.
2.  La obligación de entrega previa de la información simplificada establecida en el 
apartado 6 del artículo 7 se considerará cumplida en las moratorias a las que hace 
referencia el apartado anterior cuando la entidad financiera:
a)  Hubiera entregado al deudor con anterioridad a la suscripción de la moratoria la 
Información normalizada europea sobre el crédito al consumo que figura en el anexo II de 
la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, en el caso de un 
crédito al consumo, o la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) recogida en el 
anexo I de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, antes de la elevación a público prevista en el 
artículo 8, o bien
b)  Entregue al deudor antes de la elevación a público del acuerdo de moratoria la 
información simplificada prevista en apartado 6 del artículo 7 junto con la información del 
derecho que le asiste a desistir de la moratoria en el plazo de diez días, sin que el deudor 
haya ejercido dicho derecho.
3.  En las moratorias a las que hace referencia el apartado 1, las obligaciones de 
transparencia en relación con los contratos recogidas en el artículo 7 de la Ley 5/2019, 
de 15 de marzo, deberán cumplirse en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de 
este real decreto-ley.
Disposición transitoria segunda.  Ampliación del plazo de no devengo de intereses de 
demora para los aplazamientos del artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico 
del COVID-19, y del artículo 52 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19.
Las modificaciones del apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico 
del COVID-19, y del apartado 6 del artículo 52 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19, se aplicarán, respectivamente, a las solicitudes  e.e
de aplazamiento que se hubieran presentado a partir de la entrada en vigor de dichos  b
Reales Decretos-leyes 7/2020, de 12 de marzo, y 11/2020, de 31 de marzo. 15ww
Disposición transitoria tercera.  Efectos de la calificación como contingencia profesional 
derivada de accidenten de trabajo de las enfermedades padecidas por el personal que 
presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio 
del virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma.
La asistencia sanitaria prestada a los trabajadores protegidos en el artículo 9 durante la 
declaración del estado de alarma que, hasta la fecha de entrada en vigor de esta norma, se 
ha venido considerando como derivada de contingencia común, mantendrá dicha calificación.
No obstante, una vez reconocida la contingencia profesional de la prestación en los 
términos del artículo 9 la asistencia sanitaria, derivada de la recaída como consecuencia 
del contagio del virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma, tendrá la naturaleza de 
contingencia profesional.
Disposición transitoria cuarta.  Solicitudes de prestaciones por desempleo formuladas al 
amparo del artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se 
aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-2019, que se encuentren pendientes de 
resolución o que hubieran sido denegadas.
Las solicitudes de prestaciones por desempleo formuladas al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban 
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-2019, que se encuentren pendientes de resolución a la 
entrada en vigor del presente real decreto-ley, se resolverán de acuerdo con las normas 
establecidas en este último.
En el caso de que las solicitudes ya hubieran sido denegadas a la entrada en vigor del 
presente real decreto-ley, los interesados podrán volver a presentarlas con arreglo a lo 
dispuesto en este último.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Quedan derogados el apartado segundo del artículo 16 ter y el artículo 20 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19.
2.  Con efectos 1 de junio de 2020, queda derogada la disposición adicional segunda 
del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 
apoyar la economía y el empleo.
Disposición final primera.  Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto de 
Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Se añade un nuevo número 29) en el apartado B) del artículo 45.I del texto refundido 
de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que tendrá la 
siguiente redacción:
«29.  Las  escrituras  de  formalización  de  las  moratorias  previstas  en 
artículo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, así  e.e
como en el artículo 24.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que  b
se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico  15ww
paamrpaa hroa cdeer  Afrceuneterd aols C mOaVrcIDo- 1se9c, tyo rdiael elas sa mdooprtaatdoorisa sc ocmonov econncisoencauleesn cciao ndcee dlaid carsis aisl 
sleayn 1ita9r/2ia0 2o0c,a dsieo n2a6d dae p mora yeol .C»OVID-19 previstas en el artículo 7 del Real Decreto-
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca 
Marítima del Estado.
El artículo 103.c) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, 
queda redactado como sigue:
«c)  La tenencia, la consignación, el transporte, el tránsito, el almacenamiento, 
la transformación, la exposición y la venta, en cualquiera de las formas previstas 
legalmente, de productos pesqueros prohibidos o de talla o peso inferiores a los 
reglamentarios. En los supuestos en que estas conductas afecten a las diferentes 
especies de moluscos y se realicen en lonja o en cualquiera de los establecimientos 
autorizados para la primera venta, el volumen total vendido de talla o peso inferior 
al mínimo en un día deberá ser superior al 10 % del total comercializado para esa 
especie. En el caso de que este porcentaje sea inferior o igual al 10 %, y su captura 
se considere no intencionada se considerará infracción leve, no pudiendo ser objeto 
de comercialización.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación 
y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
Se modifica la letra a) del apartado 3 del artículo 55 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, 
de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, 
que queda redactada como sigue:
«a)  Por finalizar el período para el que fue nombrado, en cuyo caso continuará 
en el ejercicio de sus funciones hasta el nombramiento de quien hubiera de 
sucederle.»
Disposición final cuarta.  Modificación del Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de 
desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones 
bancarias, por el que se regula el fondo de reserva que deben constituir determinadas 
fundaciones bancarias; se modifica el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de 
Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio; y 
se modifica el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva.
Se añade una disposición adicional en los siguientes términos:
«Disposición adicional primera.  Suspensión de la obligación de aportar al fondo de 
reserva.
Debido a los efectos económicos derivados de la pandemia COVID-19, las 
fundaciones bancarias a las que se refiere el artículo 2 no estarán obligadas a realizar 
dotaciones al fondo de reserva durante el año 2020. El plazo de constitución del fondo 
de reserva, previsto en el artículo 6 se suspenderá durante el año natural 2020. La 
suspensión de la aportación durante el año 2020 no será compensada en la aportación 
del año siguiente. Así, las aportaciones restantes hasta alcanzar el importe objetivo 
establecido en virtud del artículo 4, se distribuirán de forma lineal en el tiempo, de  s
conformidad con el apartado 3 del artículo 6.» oe.
Disposición final quinta.  Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
Se añade un nuevo apartado 11 al artículo 33 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, con 
la siguiente redacción:
«11.  El  Fondo  procederá  a  la  instrucción  de  un  expediente  para  la 
comprobación de la procedencia de los salarios e indemnizaciones reclamados, 
respetando en todo caso los límites previstos en los apartados anteriores.
Concluida la instrucción del expediente, el órgano competente dictará resolución 
en el plazo máximo de tres meses contados desde la presentación en forma de la 
solicitud. La notificación al interesado deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días 
a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, el solicitante 
podrá entender estimada por silencio administrativo la solicitud de reconocimiento 
de las obligaciones con cargo al Fondo, sin que en ningún caso pueda obtenerse 
por silencio el reconocimiento de obligaciones en favor de personas que no puedan 
ser legalmente beneficiarias o por cuantía superior a la que resulte por aplicación de 
los límites previstos en los apartados anteriores. La resolución expresa posterior al 
vencimiento del plazo solo podrá dictarse de ser confirmatoria del reconocimiento de 
la obligación, en favor de personas que puedan ser legalmente beneficiarias y 
dentro de los límites previstos en los apartados anteriores. En todo caso, a efectos 
probatorios, se podrá solicitar un certificado acreditativo del silencio producido, en el 
que se incluirán las obligaciones con cargo al Fondo que, dentro de los límites 
previstos en los apartados anteriores, deben entenderse reconocidas.
Contra  dicha  resolución  podrá  interponerse  demanda  ante  el  órgano 
jurisdiccional del orden social competente en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la notificación si el acto fuera expreso; si no lo fuera, dicho 
plazo se contará a partir del día siguiente a aquel en que deba entenderse estimada 
la solicitud conforme a lo establecido en el apartado anterior por silencio.»
Disposición final sexta.  Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 324 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
queda redactado como sigue:
«Las limitaciones en la contratación de trabajadores por cuenta ajena a que se 
refiere el párrafo anterior se entienden aplicables por cada explotación agraria. En 
el caso de que en la explotación agraria existan dos o más titulares, en alta todos 
ellos en el Sistema Especial para trabajadores por cuenta propia agrarios 
del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se 
añadirá al número de trabajadores o jornales previstos en el párrafo anterior un 
trabajador más con cotización por bases mensuales, o doscientos setenta y tres 
jornales al año, en caso de trabajadores con cotización por jornadas reales, por 
cada titular de la explotación agraria, excluido el primero.»
Disposición final séptima.  Modificación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. s
El apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que  bo
se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, queda  15ww
redactado «d4e.l  siLgausie cnoten dmicoiodnoe:s del aplazamiento serán las siguientes:
a)  El plazo será de seis meses.
b)  No se devengarán intereses de demora durante los primeros cuatro meses  Bc
del aplazamiento.»
Disposición final octava.  Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19.
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, queda modificado como sigue:
Uno.  Se modifica el apartado 4 del artículo 17, que queda redactado como sigue:
«4.  La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo 
tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes 
en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y 
tenga una duración superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como 
cotizado, no existirá obligación de cotizar y no reducirá los períodos de prestación 
por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán a cargo de los 
presupuestos de la Seguridad Social en el caso de la aportación por contingencias 
comunes,  de  las  mutuas  colaboradoras  o,  en  su  caso,  entidad  gestora 
correspondiente, en el caso de la aportación por contingencias profesionales y cese 
de la actividad, y con cargo a los presupuestos de las entidades correspondientes 
en el caso del resto de aportaciones.»
Dos.  Se modifica el apartado 2 del artículo 24, que queda redactado como sigue:
«2.  Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, 
manteniéndose la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a 
todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el apartado 1 del 
artículo 20 de la Ley General de la Seguridad Social.»
Tres.  Se modifica el apartado 3 del artículo 40, que queda redactado en los siguientes 
términos:
«La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, 
individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del 
ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona 
jurídica y, cuando fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos 
exigibles según la legislación de sociedades, queda suspendida hasta el 1 de junio 
de 2020, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. No 
obstante lo anterior, será válida la formulación de las cuentas que realice el órgano de 
gobierno o administración de una persona jurídica durante el estado de alarma 
pudiendo igualmente realizar su verificación contable dentro del plazo legalmente 
previsto o acogiéndose a la prórroga prevista en el apartado siguiente.»
Cuatro.  Se modifica el apartado 5 del artículo 40, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«5.  La junta general ordinaria, para aprobar las cuentas del ejercicio anterior, 
se reunirá necesariamente dentro de los dos meses siguientes a contar desde que 
finalice el plazo para formular las cuentas anuales.»
Cinco.  El apartado 3 de la disposición adicional séptima queda redactado como sigue: es
«3.  Durante el plazo de un año desde la finalización del estado de alarma  w.
declarado mediante el Real Decreto 63/2020, de 14 de marzo, se establece un  15ww
rcéognifmineand ae csopne coiragla pnaisrma ocsu malqoudiifeicr aadcotsiv gideandé tdicea mlibeenrtae cqióune  sveo lsuonlticairtiea  cyo nu tailrirzeagcloió an 
luat ilLizeayc i9ó/n2 0c0o3n,f indaed 2a5,  lidbee raabcrióil,n  pvoorl ulan taqruiae  ys ec oemstearbclieaclizea ecli órné gdiem eOnM jGur,í dciucaon ddeo  leal   BOE-A-cable e
órgano competente responsable de su tramitación considere tenga por objeto o se
demuestre su utilidad para prevenir, combatir o contener agentes infecciosos, 
procesos o situaciones que puedan tener repercusiones para la salud, en especial 
referidas al COVID-19.
En tales casos, y siempre que la Comisión Nacional de Bioseguridad haya 
informado favorablemente por procedimiento escrito la solicitud, cuando sea 
preceptiva la comunicación e información pública de acuerdo con lo previsto en el 
Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, el plazo de ésta será de cinco días naturales.
Finalizado dicho plazo, se procederá de inmediato a la votación correspondiente 
en el seno del Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente.
En caso de acordarse la autorización, los titulares de la misma desarrollarán 
dichas actividades en estricto cumplimiento de las condiciones previstas en la 
evaluación de riesgo incluidas en su notificación e informadas favorablemente por la 
Comisión Nacional de Bioseguridad. Además, en el caso de que se trate de 
actividades de utilización confinada, la actividad solo se realizará en instalaciones 
previamente autorizadas para ese nivel de riesgo o superior, con arreglo a la 
Ley 9/2003, de 25 de abril.»
Disposición final novena.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19.
Uno.  El artículo 21.1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19, queda redactado como sigue:
«1.  Se establecen medidas conducentes a procurar la suspensión temporal de 
las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía 
hipotecaria que estuviera vigente a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-
ley, cuando esté contratado por una persona física que se encuentre en situación de 
vulnerabilidad económica, en la forma definida en el artículo 16, como consecuencia 
de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
En todo caso, los contratos de arrendamiento financiero se entenderán incluidos 
dentro del ámbito de aplicación objetivo de la suspensión temporal a que se refiere 
el párrafo anterior.»
Dos.  Se modifica el apartado 1 del artículo 48, que queda redactado como sigue:
«1.  Las entidades de derecho público pertenecientes al sector público estatal 
y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social procurarán formular y rendir las 
cuentas anuales de 2019 de acuerdo con los plazos previstos en la normativa. No 
obstante, cuando con motivo de la declaración de estado de alarma ello no fuera 
posible y así fuera acordado y comunicado por el cuentadante a la Intervención 
General de la Administración del Estado, quedarán suspendidos los plazos previstos 
en la normativa que resultara de aplicación, desde la declaración de dicho estado, 
reanudándose su cómputo cuando desaparezca dicha circunstancia o ampliándose 
el plazo previsto en un periodo equivalente al de la duración efectiva del estado 
de alarma.»
Tres.  El apartado 6 del artículo 52 queda redactado del siguiente modo:
«6.  Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes: bo
a)  El plazo será de seis meses desde la finalización del plazo de ingreso que  15ww
cno.ºr r9e5s2p/2o0n1d3a  dceol nPfaorrlmame ean tolo  Epurreovpiesoto y  edne l eCl oanrstíecjuol,o d e1 098 d ed eolc tRuebgrela dmee 2n0to1 3(,U pEor) 
el qube)  seN oe sstea bdleecvee negl acróádni ginot eardeusaense droe  ddee mlao Uran idóunr.ante los primeros cuatro meses  BOE-A-cable e
del aplazamiento.»
Disposición final décima.  Modificación del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el 
que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.
Se modifica el párrafo tercero del apartado e) del artículo 3, que queda redactado 
como sigue:
«Será incompatible con la prestación por nacimiento y cuidado de menor de la 
Seguridad Social, si bien, salvo por lo que respecta al periodo obligatorio de la 
madre biológica a continuación del parto, el periodo obligatorio, o la parte que 
restara del mismo, se podrá disfrutar desde el día siguiente a la finalización de las 
retribuciones previstas en el presente real decreto-ley.»
Disposición final undécima.  Modificación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de 
medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
Se añade en la disposición adicional decimoquinta del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 
de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, un 
nuevo apartado 5, con el siguiente texto.
«5.  El notario facilitará gratuitamente al deudor una copia simple del 
instrumento notarial en el que se eleve unilateralmente a público el acuerdo de 
moratoria legal conforme a la presente disposición.»
Disposición final duodécima.  Modificación del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, 
por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.
El Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo 
al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-2019, queda modificado con efectos desde la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, en los términos siguientes:
Uno.  Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 2, que quedan redactados del 
siguiente modo:
«1.  Como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, con 
carácter excepcional y transitorio para el ejercicio 2020, se reconoce a los artistas 
en espectáculos públicos el acceso extraordinario a las prestaciones económicas 
por desempleo, en los términos previstos en el presente artículo.
El nacimiento del derecho a la prestación surtirá efectos desde el día siguiente 
a la fecha de presentación de la solicitud.
Se deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 266 del texto refundido 
de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, con las especialidades que se disponen a continuación.
No será exigible encontrarse en situación de alta o asimilada al alta.
Asimismo, tampoco será exigible estar incluido en el Régimen General de la 
Seguridad Social en los términos previstos en el artículo 249 ter del texto refundido 
de la Ley General de Seguridad Social, ni al tiempo de solicitar la prestación ni 
durante su percepción.
La prestación será incompatible con cualquier percepción derivada de 
actividades por cuenta propia o por cuenta ajena, o con cualquier otra prestación, 
renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por 
cualquier Administración Pública. s
2.  A aquellos trabajadores que, de conformidad con el apartado 3 de este  oe.
artículo, acrediten los días de alta pertinentes en la Seguridad Social con prestación  w.
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tener cubierto el período mínimo de cotización, siempre que no estén percibiendo o
hayan optado por la prestación contributiva por desempleo ordinaria prevista en el  Bc
artículo 262 y siguientes del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social.
3.  La duración de la prestación por desempleo prevista en esta disposición 
estará en función de los días de alta en Seguridad Social con prestación real de 
servicios en dicha actividad en el año anterior a la situación legal de desempleo, con 
arreglo a la siguiente escala:
Periodo de prestación
Días de actividad
(en días)
Desde 20 hasta 54. 120
Desde 55 en adelante. 180
A estos efectos la fecha de la situación legal de desempleo será la del 14 de 
marzo de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma.»
Dos. Se añade un apartado 5 al artículo 2, con la siguiente redacción:
«5.  El derecho al acceso a esta prestación extraordinaria se reconocerá por 
una única vez.
No obstante, una vez reconocido el derecho a la percepción de la prestación por 
desempleo se suspenderá mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta 
por cuenta propia o por cuenta ajena. La suspensión de dicho derecho supondrá la 
interrupción del abono de la prestación, que se reanudará una vez finalizado el trabajo, 
por el tiempo que reste del período de percepción que corresponda.»
Disposición final decimotercera.  Modificación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de 
mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.
Uno.  Se modifica el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 1, que queda 
redactado como sigue:
«Sin perjuicio de lo anterior, la renuncia por parte de estas empresas y entidades 
a los expedientes de regulación temporal de empleo o, en su caso, la suspensión o 
regularización del pago de las prestaciones que deriven de su modificación, se 
efectuará previa comunicación de estas al Servicio Público de Empleo Estatal o, en 
su caso, al Instituto Social de la Marina, de las variaciones en los datos contenidos 
en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección por desempleo.»
Dos.  Se modifica el primer párrafo del apartado 4 del artículo 4, que queda redactado 
como sigue:
«A los efectos del control de estas exoneraciones de cuotas, será suficiente la 
verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal, o en su caso, el Instituto 
Social de la Marina, proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por 
desempleo por el periodo de que se trate.»
Tres.  Se modifica el apartado 5 del artículo 4, que queda redactado como sigue:
«5.  Las exenciones en la cotización a que se refiere este artículo no tendrán 
efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período  s
en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte  e.
de aplicación lo establecido en el apartado 1 del artículo 20 del texto refundido de la  w.
Ley General de la Seguridad Social.» 15ww
Disposición final decimocuarta.  Salvaguardia del rango de ciertas disposiciones 
reglamentarias.
Se mantiene el rango reglamentario de la disposición adicional primera del Real 
Decreto 877/2015, de 2 de octubre, modificada por la disposición final cuarta de este real 
decreto-ley.
Disposición final decimoquinta.  Títulos competenciales.
La presente disposición se dicta, con carácter general, al amparo del artículo 149.1.13.ª CE, 
en cuanto atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica.
Los artículos 1 y 9 y las disposiciones transitorias tercera y cuarta se amparan, 
además, en el artículo 149.1, reglas 7.ª y 17.ª, que atribuyen al Estado la competencia 
exclusiva sobre legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 
comunidades autónomas, y sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad 
Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas.
Los artículos 4, 5, 10, 11 y 12, las disposiciones adicionales primera y tercera y la 
disposición transitoria segunda se amparan, además, en el artículo 149.1.14.ª CE, en 
cuanto atribuye al Estado la competencia sobre Hacienda General y Deuda del Estado.
Los artículos 6, 7 y 8 y la disposición transitoria primera se dictan, además, de acuerdo 
con las competencias que las reglas 6.ª, 8.ª y 11.ª atribuyen al Estado sobre legislación 
mercantil, legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por 
las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde 
existan, y bases de la ordenación del crédito, banca y seguros y, en todo caso, las reglas 
relativas a la ordenación de los registros e instrumentos públicos, y las bases de las 
obligaciones contractuales.
El artículo 2 se ampara en lo dispuesto en el artículo 149.1.15.ª CE, que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva sobre fomento y coordinación general de la investigación 
científica y técnica.
El artículo 3 se dicta de conformidad con el artículo 149.1.21.ª, que atribuye al Estado 
la competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones.
La disposición adicional segunda se ampara en la regla 2.ª del artículo 149.1 de la 
Constitución Española, por la que se atribuye al Estado la competencia exclusiva en 
materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
Disposición final decimosexta.  Habilitación normativa.
Se autoriza al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; a la Vicepresidenta Tercera 
del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; al Ministro de 
Justicia; a la Ministra de Hacienda; a la Ministra de Trabajo y Economía Social; al Ministro de 
Cultura y Deporte; al Ministro de Ciencia e Innovación; al Ministro de Consumo, y al Ministro 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para dictar las normas que resulten necesarias 
para la aplicación y desarrollo de lo previsto en este real decreto-ley, en relación con sus 
respectivas materias.
Disposición final decimoséptima.  Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el  s
«Boletín Oficial del Estado». e.
Dado en Madrid, el 26 de mayo de 2020. 15ww
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN