BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Sábado 15 de agosto de 2020 Sec. TC.   Pág. 70802
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
9787 Pleno.  Sentencia  99/2020,  de  22  de  julio  de  2020.  Recurso  de  amparo 
5905-2018.  Promovido  por  la  Junta  de  Extremadura  respecto  de  las 
resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de 
Extremadura  que  inadmitieron  su  recurso  de  casación  por  infracción  de 
normativa autonómica en procedimiento abreviado en materia de personal. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  (acceso  al  recurso): 
resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de 
casación basado en infracción de normas autonómicas. Votos particulares.
ECLI:ES:TC:2020:99
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías,  y  los 
magistrados, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don 
Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, 
don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5905-2018, promovido por la Junta de Extremadura, 
contra la providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura de 11 de octubre de 2018, por la que se inadmite el incidente 
de nulidad de actuaciones formulado contra el auto núm. 3-2010, de 10 de septiembre, 
por el que se inadmite el recurso de casación por infracción de normativa autonómica 
núm.  3-2018,  interpuesto  contra  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo  núm.  1  de  Mérida  núm.  29/2018,  de  2  de  marzo  de  2018,  en  el 
procedimiento abreviado núm. 151-2017. Ha sido parte doña Victoria Boticario Villarroel, 
representada por el procurador de los tribunales don Luis Felipe Mena Velasco, bajo la 
dirección del letrado don Diego Castillo Guijarro. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha 
sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  La Junta de Extremadura, representada por la procuradora de los tribunales 
doña Aurora Gómez-Billaboa Mandri y bajo la asistencia de la letrada Ana Cristina 
Sánchez-Barriga Leitón, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales 
que se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia mediante escrito registrado 
en este tribunal el 12 de noviembre de 2018.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: o
a)  La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Mérida  87ww
n1ú5m1-.2 2091/72,0 e1s8t,im dóe  e2l  dree cmurasroz oin dteer p2u0e1s8t,o p proonr udnocñiaad Va icetno reial  pBrooctiecadrimioi eVniltloa raroberel vcioandtora n uúnma. 
ddeelc icsoiómnp dleeml deinretoc todre  gceormenutnei ddaedl  Saiustteómnoam Eax terne mseuñ coo dned icSiaólnu dd,e q mueé dleic doe dnee gfaabmai lieal  adbeo lnoos   BOE-A-cable e
equipos de atención primaria integrados los centros de drogodependencia. Esta decisión 
fue anulada, reconociéndose a la actora el derecho a la percepción de ese complemento 
salarial.
b)  La  Junta  de  Extremadura  interpuso  recurso  de  casación  por  infracción  de 
normativa autonómica de acuerdo con el art. 86.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), que fue tramitado con el 
núm. 3-2018 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia  de  Extremadura,  con  fundamento  en  que  la  sentencia  realizaba  una 
interpretación  de  la  normativa  autonómica  contradictoria  con  la  de  otros  órgano 
jurisdiccional  y  establecía  un  criterio  dañoso  para  los  intereses  generales  por  ser 
susceptible de extensión de efectos, ya que versaba sobre cuestiones de personal.
c)  El recurso de casación por infracción de normativa autonómica fue inadmitido por 
auto núm. 3-2018, de 10 de septiembre de 2018, al considerar que concurre la causa de 
inadmisión prevista en el artículo 90.4 a) LJCA, por no ser recurrible en casación la 
sentencia  impugnada,  ya  que,  en  el  orden  contencioso-administrativo,  tras  la  Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio, «ni la LOPJ ni la LJCA contienen norma que atribuya 
competencia a las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de 
justicia para enjuiciar recursos de casación por infracción de norma autonómica». A esos 
efectos, argumenta que (i) el art. 86.1 LJCA únicamente admite la procedencia del 
recurso de casación y su conocimiento por la Sala de los Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo «frente a las sentencias dictadas en única instancia por juzgados de lo 
contencioso-administrativo»;  (ii)  los  arts.  99  y  101  LJCA,  que,  respectivamente, 
regulaban los recursos de casación para unificación de doctrina y en interés de la ley, 
han sido derogados por la Ley Orgánica 7/2015, por lo que tales recursos «no existen 
actualmente»; (iii) el art. 86.3, párrafo segundo, LJCA, que es el que regula el recurso de 
casación por infracción de normativa autonómica, «por un lado, no menciona como 
susceptibles  de  ser  recurridas  en  casación  las  sentencias  de  los  juzgados  de  lo 
contencioso-administrativo» y, «por otro, el precepto ha sido redactado por la disposición 
final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio», por la que se modifica la Ley 
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), sin que dicha disposición adicional tenga rango de 
ley orgánica sino de ley ordinaria, según prevé la disposición final quinta de la Ley 
Orgánica 7/2015; y (iv) salvo la mención que se hace en el art. 86.3 LJCA, no existe 
ninguna otra referencia al procedimiento del recurso de casación por infracción de 
normativa autonómica, dado que el «trámite procedimental de la LJCA está previsto en 
su integridad para la tramitación del recurso de casación ante la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, sin que exista regulación alguna» de la tramitación de este recurso 
ante las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia 
autonómicos.
d)  La Junta de Extremadura formuló incidente de nulidad de actuaciones aduciendo 
la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva 
del derecho de acceso al recurso y de una resolución motivada en derecho en cuanto a 
la procedencia del recurso de casación, y del derecho a la igualdad en la aplicación de la 
ley  (art.  14  CE),  ya  que  otros  tribunales  superiores  de  justicia  autonómicos  han 
alcanzado soluciones distintas en cuanto a la procedencia de dicho recurso de casación 
por infracción de la normativa autonómica.
El incidente fue inadmitido por providencia de 11 de octubre de 2018, insistiendo en 
que  «se  trata  de  un  recurso  que  no  está  previsto  en  la  LJCA  al  no  indicarse 
expresamente  que  las  sentencias  de  los  juzgados  de  lo  contencioso-administrativo  s
puedan ser objeto de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo  oe.
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura […]. Respetando las decisiones de  w.
otros Tribunales Superiores de Justicia, no es posible que un recurso de casación pueda  87ww
faadltma itdires ere, gduelaccidióirns ee ne nla  qLuJéC As uyp eune slato LsO cPaJb»e., y tramitarse, cuando existe una absoluta
3.  La demandante solicita que se estime el amparo por vulneración del derecho a la
tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  declarándose  la  nulidad  de  las  resoluciones
dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura.
La demandante invoca el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), con 
fundamento en que (i) se ha vulnerado el derecho de acceso al recurso, al denegarse la 
posibilidad de entablar un recurso de casación configurado legalmente, en contra de 
reiterada jurisprudencia constitucional; (ii) se ha vulnerado el art. 24.1, en relación con el 
art. 117.1 de la CE, «en tanto que el 24 CE no sólo comporta para el justiciable las 
garantía de obtener una resolución fundada en Derecho, sino que, correlativamente, 
impone a los jueces, en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, el sometimiento al 
imperio de la ley (SSTC 173/2002, de 9 de octubre, FJ 8, y 66/2011, de 16 de mayo, 
FJ 5)», destacando que en este caso se ha inaplicado el art. 86.3 LJCA, que da la 
posibilidad de plantear el mencionado recurso; y (iii) también se ha lesionado el derecho 
a la tutela judicial efectiva en relación con el principio de seguridad jurídica (art. 9.1 CE), 
«habida cuenta que el requisito cuyo incumplimiento ha determinado la inadmisión del 
recurso no está expresamente contemplado por la ley» y se ha llegado al mismo con una 
interpretación contraria a la mayor efectividad del derecho fundamental al recurso.
La demandante invoca el derecho a la igualdad en aplicación de la ley (art. 14 CE), 
en relación con el art. 24.1 CE, por la indefensión causada por la no admisión del recurso 
«al no entrar a valorarlo en comparación con las soluciones contempladas en otras 
comunidades autónomas, que han puesto soluciones a la falta de regulación normativa».
La demandante afirma que el recurso de amparo tiene especial transcendencia 
constitucional, conforme a lo establecido en la STC 155/2009, de 25 de junio, ya que la 
vulneración del derecho constitucional que se denuncia proviene de la ley, pues a ello 
conduce la interpretación que postula el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y 
porque transciende el caso concreto por plantear una cuestión jurídica de relevante y 
general repercusión social, en la medida en que no se trata de la inadmisión de un 
recurso en particular, concreto, sino negación con carácter general de la posibilidad de 
aplicación en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de un recurso 
regulado en la ley.
4.  La Sección tercera de este tribunal, por sendas providencia de 18 de marzo 
de 2019, acordó la admisión a trámite del presente recurso, apreciando que concurre en 
el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el asunto 
suscitado transciende el caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante 
y  general  repercusión  social  o  económica  [STC  155/2009,  FJ  2  g)];  dirigir  atenta 
comunicación al órgano judicial para que remita certificación o fotocopia adverada de las 
actuaciones y emplazamiento para que puedan comparecen en los recursos de amparo 
quienes hubieran sido parte en el procedimiento; y la formación de pieza separada para 
la  tramitación  del  incidente  sobre  la  suspensión  solicitada,  que  fue  denegada  por 
ATC 38/2019, de 20 de mayo.
5.  La secretaría de justicia de la Sala segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación  de  28  de  mayo  de  2019,  acordó  tener  por  personada  a  doña  Victoria 
Boticario Villarroel, representada por el procurador de los tribunales don Luis Felipe 
Mena  Velasco,  y  dar  vista  de  las  actuaciones  al  Ministerio  Fiscal  y  a  las  partes 
personadas  por  plazo  común  de  veinte  días  para  presentar  las  alegaciones  que 
estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52 LOTC.
6.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado en este tribunal el 2 de julio de 2019,  s
interesa que se estime el recurso por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva  oe.
(art. 24.1 CE), en su concreta dimensión de derecho de acceso al recurso, anulándose  w.
rlaess prEeelst uoMoluisncaiis octneoerniso e  ilmF dipsecuraeglcn haeodx pafuosn ncdeoa nqm ureeent rtloaaal  cvtrcuipilónlene  rdianedv ooa.ccatucaiócnio ndeesl  dpearreac qhuoe a s ela p truotneulan cjuied ioctiraal   2020-9787n https://ww
efectiva debe quedar reconducida a la vulneración del derecho al recurso. A esos
efectos, tras resumir la jurisprudencia constitucional en la materia y la concretamente
referida a la nueva configuración del recurso de casación por infracción de normativa 
autonómica (ATC 41/2018, de 16 de abril, y STC 128/2018, de 29 de noviembre), 
argumenta que la normativa introducida por la Ley Orgánica 7/2015 ha establecido una 
doble vía casacional según la normativa que resulte aplicable a cada caso, de tal modo 
que  corresponde  a  las  salas  de  lo  contencioso-administrativo  de  los  Tribunales 
Superiores de Justicia el conocimiento de los recursos de casación cuando se denuncie 
la infracción de normativa autonómica, por lo que, si esta vía impugnativa debe cumplir 
su genuina función unificadora del derecho y a través de una interpretación sistemática 
de las normas propias de la casación estatal es posible integrar los vacíos normativos 
que  presenta  la  actual  regulación  de  la  casación  autonómica,  entonces  habrá  que 
concluir que (i) el recurso de casación autonómico tiene un régimen jurídico paralelo al 
estatal y (ii) el órgano judicial encargado de resolverlo, en las mismas condiciones que el 
Tribunal  Supremo,  será  el  correspondiente  Tribunal  Superior  de  Justicia.  Así,  el 
Ministerio Fiscal considera que las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado el 
derecho de acceso al recurso, ya que «la interpretación del Tribunal Superior de Justicia 
de  Extremadura  excluyendo  radicalmente  la  posibilidad  de  recurso  de  casación 
autonómico respecto del juzgado de lo contencioso-administrativo elimina la posibilidad 
de esta perspectiva de unificación de la aplicación de la normativa autonómica atribuida 
al Tribunal Superior de Justicia, produciendo, desde esta óptica, un vacío respecto de 
esta legislación, incoherente con el sistema establecido para la normativa estatal y 
europea  atribuida  al  Tribunal  Supremo[…]  sin  que  exista  una  explicación  de  esa 
exclusión  ni  una  concreta  cobertura  legal,  que  responde  a  la  culminación  de  la 
organización judicial tanto en el ámbito nacional –Tribunal Supremo– como en el ámbito 
autonómico –Tribunal Superior de Justicia–».
Por otra parte, respecto de la invocación del derecho a la igualdad (art. 14 CE), el 
Ministerio Fiscal concluye que no se ha producido su vulneración porque la demanda no 
ha proporcionado un término de comparación, «en relación con el mismo órgano judicial 
del que se derive un cambio arbitrario e injustificado del criterio aplicado en otros 
supuestos con los que exista identidad».
7.  La parte comparecida no presentó alegaciones.
8.  La demandante presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el 26 de 
junio de 2019 reiterando las formuladas en su recurso de amparo.
9.  El Pleno de este tribunal, por providencia de 18 de junio de 2020, acordó, de 
conformidad con el art. 10.1 n) LOTC y a propuesta de la Sala Segunda de este tribunal, 
recabar para sí el conocimiento del presente recurso de amparo.
10.  Por providencia de 21 de julio de 2020 se señaló para la deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 22 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El objeto del recurso: El objeto de este recurso es determinar si vulnera los 
derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho de 
acceso al recurso, y a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) la decisión 
judicial impugnada, en que se acuerda que, de conformidad con la establecido en el 
art. 86.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa (LJCA), tras la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio,  e.
no cabe interponer el recurso de casación por infracción de normativa autonómica contra  w.b
las  resoluciones  dictadas  en  única  instancia  por  los  juzgados  de  lo  contencioso- 87ww
admEinl isotbrajetitvoo d.e este recurso, por tanto, es distinto del analizado por el ATC 41/2018,
ldees io1n6a bdae  ealb driel.r eEcnh oa qduee al cccaessoo  laal  rceuceusrtsióon–  ceoran tlrao vaerrgtuidma e–nyta cqiuóen  sseo scteonnisdiad eproór  qlau eS anloa 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que,
si  bien  admitía  con  carácter  general  la  procedencia  del  recurso  de  casación  por 
infracción de normativa autonómica contra sentencias dictadas por otras secciones o 
salas de lo contencioso-administrativo de un mismo Tribunal Superior de Justicia; sin 
embargo, entendía que no era procedente en el caso del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura por estar constituido por una única sala. En este caso, lo que ahora 
entiende este mismo órgano judicial es que tampoco resulta posible el recurso de 
casación  por  infracción  de  normativa  autonómica  cuando  se  pretendan  impugnar 
sentencias dictadas en única instancia por los juzgados de lo contencioso-administrativo 
que tengan su sede en la demarcación territorial del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura  que  contengan  doctrina  que  se  reputa  gravemente  dañosa  para  los 
intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos.
Por otra parte, la circunstancia de que la demandante de amparo haya fundamentado 
la invocación del art. 24.1 CE no solo en conexión con el derecho de acceso al recurso, 
sino también en conexión con los arts. 117 (sometimiento del ejercicio de la potestad 
jurisdiccional al imperio de la ley) y 9.1 CE (seguridad jurídica), no impide considerar 
que, en atención a la argumentación concretamente desarrollada por la recurrente, la 
perspectiva de análisis debe ser la del derecho de acceso al recurso.
2.  La jurisprudencia constitucional sobre el derecho de acceso al recurso, con 
especial referencia al recurso de casación por infracción de normativa autonómica:
A)  Este tribunal ha establecido ya una consolidada jurisprudencia en relación con el 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso 
al recurso, y, más específicamente, en relación con el recurso de casación, que aunque 
referido  al  estatal  sustanciado  ante  el  Tribunal  Supremo  cabe  trasladar  sin  mayor 
objeción al recurso de casación por infracción de la normativa autonómica a sustanciar 
ante los diversos tribunales superiores de justicia autonómicos como cúspide de la 
organización judicial en cada comunidad autónoma y máximo intérprete de la legislación 
autonómica respectiva. Esa jurisprudencia fue resumida por el Pleno de este tribunal en 
la STC 7/2015, 22 de enero, FJ 2 A), y fue la que se aplicó en el citado ATC 41/2018 en 
un  supuesto  en  el  que,  como  se  ha  indicado,  se  refería  al  recurso  de  casación 
autonómica que regula la Ley Orgánica 7/2015. De esta jurisprudencia destacan los 
siguientes aspectos:
a)  El derecho de acceso a los recursos es un derecho de configuración legal que 
incorpora como elemento esencial el de obtener del órgano judicial una resolución sobre 
el  fondo  de  las  pretensiones,  aunque  también  se  satisface  con  una  decisión  de 
inadmisión, por razones formales o materiales, siempre que sea motivada y se funde en 
la existencia de una causa legal que resulte aplicada razonablemente. Esto implica, en 
virtud del art. 117.3 CE, que la decisión sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos 
por las normas para la admisión de los recursos, como materia de legalidad ordinaria, 
está reservada a los jueces y tribunales, salvo que sea consecuencia de una aplicación 
arbitraria de la legalidad, resulte manifiestamente no razonada o irrazonable o incurra en 
un error patente.
b)  Las formas concretas mediante las cuales se estructura un determinado proceso 
no tienen naturaleza constitucional, sino que pertenecen a la libertad de decisión del 
legislador, adoptada en función del equilibrio de intereses y valores a los que sirve el 
proceso. «Y si, en ausencia de estricta prescripción legal, son los tribunales quienes, en 
el legítimo uso de su competencia, estructuran las formalidades procesales que estiman  s
adecuadas a la situación contemplada, no cabe tampoco en principio considerar que las  oe.
mismas se oponen al derecho a la tutela siempre que no se conviertan en obstáculo que  w.
jiumlipoic,d )Fa J i En3jl)u .sctoifnictarodla mcoennstteit uucnio pnraol nquuneci aemsiteen ttori bsuonbarel  deel bfoen dreoa»l iz(SaTr Cd e7 4l/a1s9 8r3e,s odleu c3io0n dees   2020-9787n https://ww
judiciales dictadas sobre los presupuestos o requisitos de admisión de los recursos tiene
carácter externo, pues no le corresponde revisar la aplicación judicial de las normas
sobre admisión de recursos, salvo en los casos de inadmisión cuando esta se declara 
con  base  en  una  causa  legalmente  inexistente  o  mediante  un  «juicio  arbitrario, 
irrazonable o fundado en error fáctico patente» (SSTC 55/2008, de 14 de abril, FJ 2, 
y 42/2009, de 9 de febrero, FJ 3).
d)  Este control es, si cabe, más limitado en lo referido al recurso de casación. Por 
una parte, porque la resolución judicial que se enjuicia es del Tribunal Supremo, a quien 
le está conferida la función de interpretar la ley –también, evidentemente, la procesal–, 
con  el  valor  complementario  que  atribuye  a  su  jurisprudencia  el  Código  civil.  La 
STC 37/2012, de 19 de marzo, FJ 4, declara que «toda jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes salvo lo dispuesto en 
materia de garantías constitucionales (artículo 123.1 CE), complementa el ordenamiento 
jurídico, conforme señala el artículo 1.6 del Código civil, y tiene, por ello, vocación de ser 
observada por los jueces y tribunales». Por otra parte, porque el recurso de casación 
tiene la naturaleza de recurso especial o extraordinario, lo que determina que debe 
fundarse  en  motivos  tasados  –numerus  clausus–  y  que  está  sometido  no  solo  a 
requisitos extrínsecos de tiempo y forma y a los presupuestos comunes exigibles para 
los  recursos  ordinarios,  sino  a  otros  intrínsecos,  sustantivos,  relacionados  con  el 
contenido y la viabilidad de la pretensión; de donde se sigue que su régimen procesal es 
más estricto por su naturaleza de recurso extraordinario (SSTC 37/1995, de 7 de febrero, 
FJ 5; 248/2005, de 10 de octubre, FJ 2; 100/2009, de 27 de abril, FJ 4, y 35/2011, de 28 
de marzo, FJ 3).
B)  El Pleno de este tribunal también ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre 
la constitucionalidad del recurso de casación por infracción de normativa autonómica, tal 
como  ha  quedado  configurado  por  la  Ley  Orgánica  7/2015,  de  21  de  julio,  en  la 
STC 128/2018, de 29 de noviembre, estableciendo una jurisprudencia aplicada en las 
SSTC 18/2019, de 11 de febrero, y 26/2019, de 25 de febrero.
Por lo que interesa a la controversia planteada en el presente recurso de amparo, 
cabe  destacar  que  en  la  citada  STC  128/2018  ya  se  resolvió  la  duda  de 
constitucionalidad por eventual infracción del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) 
que se vinculaba con la falta de mención de las resoluciones objeto del recurso de 
casación  autonómica  en  el  art.  86.3  LJCA.  A  esos  efectos,  se  afirmó  que  «la 
indeterminación del precepto legal cuestionado no conlleva una quiebra de la seguridad 
jurídica, pues una interpretación sistemática del mismo permite acotar su sentido y 
determinar las resoluciones que pueden ser objeto de este recurso y el órgano que ha de 
resolverlo.  Las  incertidumbres  que,  prima  facie,  pueda  suscitar  la  disposición 
cuestionada pueden ser salvadas mediante una interpretación perfectamente razonable, 
aplicando los criterios ordinarios de interpretación de la ley y atendiendo, especialmente, 
a la configuración más objetivada del recurso de casación estatal, a cuyas normas se 
remite implícitamente el recurso de casación autonómico y que debe considerarse que 
integran también su regulación» (FJ 5).
Igualmente, la STC 128/2018 también rechazó que el art. 86.3 LJCA vulnerara el 
derecho a la tutela judicial efectiva, desde la perspectiva del derecho de acceso al 
recurso, que se relacionaba con la eventual falta de desarrollo legislativo del recurso de 
casación por infracción de normativa autonómica, insistiendo en que «la regulación 
contenida en los preceptos cuestionados […] no impide una interpretación lógica y 
coherente que proporcione un sentido útil a la casación autonómica, ya que la unificación 
del Derecho autonómico corresponde a los Tribunales Superiores de Justicia mediante 
un recurso de casación paralelo al establecido en el Tribunal Supremo para el Derecho  e.
estatal o de la Unión Europea, a cuya regulación se remite implícitamente el recurso de  w.b
casación autonómico» [FJ 7 a)]. 87ww
3.  Aplicación  de  esta  jurisprudencia  a  la  cuestión  planteada  en  el  recurso  de
aanmtpeacerod:e nEtens ,e lla  preressoeluncteió nc ajusdoic, iaclo immop ugsnea dhaa,  eenx pvuiretustdo  dme álos  ddiseptuaellasdtoa mene netle a ret.n 9 0lo.4s 
a) LJCA, acordó la inadmisión del recurso al apreciar que la sentencia impugnada no era
recurrible en casación. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura adoptó esta decisión al considerar que en el orden contencioso-
administrativo, tras la Ley Orgánica 7/2015, «ni la Ley Orgánica del Poder Judicial ni la 
Ley  reguladora  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa  contienen  norma  que 
atribuya competencia a las salas de lo contencioso-administrativo de los Tribunales 
Superiores de Justicia para enjuiciar recursos de casación por infracción de norma 
autonómica». Los argumentos en los que se fundamentó esta conclusión, sintéticamente 
expuestos, son los siguientes: (i) el art. 86.1 LJCA solo establece la procedencia del 
recurso de casación frente a las sentencias dictadas en única instancia por juzgados de 
lo  contencioso-administrativo  cuando  su  conocimiento  recae  en  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo; (ii) los recursos de casación para 
unificación de doctrina y en interés de la ley, que regulaban los arts. 99 y 101 LJCA, no 
existen actualmente al haber sido derogados por la Ley Orgánica 7/2015; (iii) el art. 86.3, 
párrafo segundo, LJCA, al regular el recurso de casación por infracción de normativa 
autonómica  no  menciona  como  recurribles  las  sentencias  de  los  juzgados  de  lo 
contencioso-administrativo y dicho precepto ha sido redactado por la disposición final 
tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, sin que dicha disposición adicional 
tenga rango de ley orgánica sino de ley ordinaria (disposición final quinta de la Ley 
Orgánica 7/2015); y, (iv) no existe en la legislación procesal contencioso-administrativa, 
salvo la mención que se hace en el art. 86.3 LJCA, una regulación de la tramitación del 
procedimiento del recurso de casación por infracción de normativa autonómica ante las 
salas  de  lo  contencioso-administrativo  de  los  tribunales  superiores  de  justicia 
autonómicos, ya que el «trámite procedimental de la Ley reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa está previsto en su integridad para la tramitación del recurso 
de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo» de la tramitación de este 
recurso.
En atención a estos razonamientos y aplicando la jurisprudencia constitucional en la 
materia  hay  que  concluir,  tal  como  también  interesa  el  Ministerio  Fiscal,  que  las 
resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado el derecho de la demandante de 
amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho de 
acceso al recurso.
En  primer  lugar,  es  preciso  descartar  como  razonamientos  constitucionalmente 
válidos las referencias que se hacen en la resolución impugnada, por un lado, a la falta 
de carácter orgánico del art. 86.3 LJCA y, por otro, a la omisión de una regulación 
específica  de  la  tramitación  del  recurso  de  casación  por  infracción  de  normativa 
autonómica ante los tribunales superiores de justicia autonómicos. En ambos casos se 
trata de argumentos que ya han sido rechazados por la citada STC 128/2018 al enjuiciar 
la constitucionalidad del art. 86.3 LJCA a los que ahora es preciso remitirse. Así, este 
tribunal ha considerado que el art. 86.3 LJCA no contraviene ni el rango de ley orgánica 
ni tampoco el art. 122.1 CE, ya que (i) la composición de las secciones de casación debe 
ser conceptuada como referida a secciones «funcionales» y «no orgánicas», de modo 
que  «no  constituyen  órganos  judiciales  distintos  a  los  efectos  de  nuestra  doctrina 
constitucional sobre el alcance de la reserva de ley orgánica que deriva del artículo 122.1 
LOPJ» [FJ 4 b)]; y (ii) no se trata de una novedad en la normativa procesal, pues la 
composición de las secciones de casación del art. 86.3 LJCA sigue siendo la misma que 
la que el art. 16.4 LJCA, que continúa en vigor, preveía para los desaparecidos recursos 
de casación en interés de la ley y para la unificación de la doctrina [FJ 4 b)]. Del mismo 
modo, en la STC 128/2018 se ha declarado que (i) «la regulación contenida en los  s
preceptos cuestionados […] [art. 86.3, párrafos segundo y tercero LJCA] no impide una  oe.
interpretación  lógica  y  coherente  que  proporcione  un  sentido  útil  a  la  casación  w.
autonómica»,  cumpliendo  una  función  nomofiláctica  y  unificadora  del  Derecho  87ww
aseu tocnoónmfoircmo a[F cJo 7m ao) ] «yu (nii ) reelc ruercsuor sdoe d ec acsaascaiócnió np paorar leinlofr»a cacli óens dtaeb nleocrimdoa tievan  aeul toTnrióbmunicaal 
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En segundo lugar, este tribunal constata que la decisión del órgano judicial, en sí 
misma  considerada,  no  es  irrazonable,  pues  no  incurre  en  quiebras  lógicas  en  su 
argumentación (STC 214/1999, de 29 de noviembre, FJ 4); tampoco es arbitraria, al no 
ser  una  «simple  expresión  de  voluntad»  (STC  71/2003,  de  23  de  abril,  FJ  5)  –la 
sentencia expone las razones por las que considera que las resoluciones dictadas por 
los juzgados de lo contencioso no son recurribles en casación– ni tampoco contiene 
errores patentes. No obstante, el órgano judicial, al inadmitir el recurso de casación en 
virtud  de  una  interpretación  literal  del  art.  86.3  LJCA  ha  llegado  a  un  resultado 
materialmente contrario al derecho de acceso al recurso que consagra el art. 24.1 CE. 
En efecto, la decisión adoptada, al no tomar en consideración que el art. 86.3 LJCA, al 
regular  el  recurso  de  casación  autonómico,  contiene  una  remisión  implícita  a  la 
regulación del recurso de casación por vulneración del Derecho estatal o de la Unión 
Europea (STC 128/2018, FJ 6 y 7) y excluir del recurso de casación autonómico a las 
resoluciones de los juzgados de lo contencioso-administrativo en los supuestos en los 
que,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  art.  86.1,  apartado  segundo,  LJCA,  serían 
susceptibles de casación, está inadmitiendo este recurso sin que exista una causa legal 
en la que se prevea esta consecuencia, lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de este 
tribunal, determina la vulneración del derecho que garantiza el art. 24.1 CE.
La estimación del presente recurso de amparo por este motivo hace innecesario el 
análisis de la invocación del art. 14 CE y determina la nulidad de las resoluciones 
judiciales impugnadas y la retroacción de actuaciones para que se pronuncie una nueva 
resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  la  Junta  de  Extremadura  y,  en 
consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de 
la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 
Extremadura núm. 3-2018, de 10 de septiembre de 2018, y la providencia de 11 de 
octubre de 2018, pronunciadas en el recurso de casación autonómico núm. 3-2018.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de la primera de las resoluciones anuladas para que el órgano judicial 
pronuncie una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintidós de julio de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago Martínez-Vares García.–
Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo  es
Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado. bo
Voto particular que formula el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos respecto de la 
sentencia dictada en el recurso de amparo avocado núm. 5905-2018
Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Pleno en la 
que  se  sustenta  la  sentencia,  he  de  reiterar  mi  discrepancia  con  la  parte  de  la 
fundamentación jurídica que toma como presupuesto la declaración de constitucionalidad 
del art. 86.3 LJCA establecida en la STC 128/2018, de 29 de noviembre. Los motivos de 
mi disentimiento con esta posición de partida ya los hice expresos en el voto particular 
que formulé a la citada STC 128/2018, al que me remito.
Madrid, a veintidós de julio de dos mil veinte.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y 
rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo núm. 5905-2018
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el 
presente voto particular por discrepar de una parte de la fundamentación de la sentencia 
recaída en el recurso de amparo núm. 5905-2018, que ha conducido a la estimación de 
la demanda.
Las razones de mi discrepancia se fundan en el acogimiento que hace la sentencia 
aprobada  en  su  fundamento  jurídico  3,  a  los  razonamientos  favorables  a  la 
constitucionalidad del precepto aplicado por las resoluciones judiciales impugnadas (el 
art.  86.3,  párrafos  segundo  y  tercero  LJCA,  según  la  dicción  dada  por  la  Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio), en concreto desde la perspectiva del principio de 
reserva de ley orgánica del art. 122 de nuestra Constitución, que se contienen en la 
STC 128/2018, de 29 de noviembre, FFJJ 3 y 4; y a la que se remiten «in toto» las 
posteriores SSTC 18/2019, de 11 de febrero, FJ 2, y 26/2019, de 25 de febrero, FJ 2, 
igualmente traídas a colación en la sentencia de amparo.
En el caso de las SSTC 128/2018, del Pleno; y 18/2019, de la Sala Segunda y de la 
que fui Ponente, emití voto particular en ejercicio de la potestad del ya citado art. 90.2 
LOTC (el segundo de ellos, de remisión al anterior), dando las razones por las que 
considero que el precepto cuestionado, precisamente, incurre en inconstitucionalidad por 
conculcar el mandato del art. 122 CE. Con arreglo a esas razones debo discrepar ahora 
de su invocación para estimar la demanda de amparo que se resuelve, a cuyo efecto me 
remito a los votos particulares ya expresados.
Y en tal sentido emito mi voto particular al presente recurso.
Madrid, a veintidós de julio de dos mil veinte.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y 
rubricado.