BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 293 Miércoles 8 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 151107
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
20293 Resolución de 7 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre el Centro de Estudios Jurídicos y la Delegación del 
Gobierno  contra  la  Violencia  de  Género,  en  materia  de  prevención, 
sensibilización y formación en violencia contra las mujeres.
La Directora del Centro de Estudios Jurídicos y la Delegada del Gobierno contra la 
Violencia de Género, han suscrito un Convenio en materia de prevención, sensibilización 
y formación en violencia contra las mujeres.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anexo a la 
presente Resolución.
Madrid, 7 de diciembre de 2021.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.
ANEXO
Convenio en materia de prevención, sensibilización y formación en violencia 
contra las mujeres entre el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, 
y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de 
Igualdad
En Madrid, a 25 de octubre de 2021.
SE REÚNEN
De una parte, doña María Abigail Fernández González, Directora del Centro de 
Estudios Jurídicos, organismo autónomo, nombrada por Orden JUS/95/2020, de 6 de 
febrero, actuando en nombre y representación del mencionado Centro, en virtud de las 
atribuciones que le confiere el artículo 10.1.j) del Estatuto del CEJ, aprobado por Real 
Decreto 312/2019, de 26 de abril.
Y de otra, doña María Victoria Rosell Aguilar, Delegada del Gobierno contra la 
Violencia de Género, cargo para el que fue nombrada por Real Decreto 217/2020, de 29 
de enero, por delegación de la persona titular de la Secretaría de Estado de Igualdad y 
contra la Violencia de Género, en virtud de las competencias delegadas que le confiere 
el artículo decimonoveno, letra a) de la Orden IGD/1249/2020, de 17 de diciembre, de 
fijación de límites de gasto y de delegación de competencias.
Las partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y suscribir el presente 
Convenio de colaboración, por lo que,
MANIFIESTAN w.
Primero.
de JQuusteic eial ,C qeunet rsoe dgeú nE setsutdaibolse cJeu reídl iacrotísc uelso  u2n  doer gsaun Eissmtaot uatuot,ó tnieonmeo p aodr socbrijteot oa ld Mesinairsrtoellraior 
y ejecutar, en colaboración con el Ministerio de Justicia, las políticas de selección y
formación de personal funcionario perteneciente a los Cuerpos de los Letrados de la 
Administración de Justicia, Médicos Forenses, Facultativos del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses y demás personal al servicio de la Administración de 
Justicia. Dicha colaboración se extenderá también a la formación continuada de los 
Abogados del Estado, en el marco de los planes que elabore la Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
El Centro de Estudios Jurídicos también tiene por objeto la colaboración con la 
Fiscalía General del Estado a fin de proporcionar una preparación integral, especializada 
y de alta calidad al personal de la Carrera Fiscal, así como a los y las aspirantes a 
ingresar en ella.
De conformidad con el artículo 434.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, cuyo contenido refleja el apartado 3 del artículo 2 del Estatuto del Centro 
de Estudios Jurídicos, O.A., aprobado por Real Decreto Real Decreto 312/2019, de 26 
de abril, el Centro de Estudios Jurídicos debe impartir anualmente cursos de formación 
sobre deontología profesional y sobre el principio de igualdad entre mujeres y hombres y 
su aplicación con carácter transversal por los miembros de la Carrera Fiscal, los Cuerpos 
de los Letrados de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, Facultativos del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Abogados del Estado y demás 
personal al servicio de la Administración de Justicia, así como sobre la detección y el 
tratamiento de situaciones de violencia de género.
En el marco de esta obligación, y con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad del 
servicio público de Justicia, el Centro de Estudios Jurídicos quiere diseñar e implementar 
una estrategia de formación en materia de igualdad que incluya la planificación de las 
acciones necesarias en materia de prevención, detección y tratamiento de la violencia 
contra las mujeres
Asimismo, para el cumplimiento de sus objetivos el artículo 3.2.b) de su Estatuto 
establece que el Centro de Estudios Jurídicos podrá: suscribir convenios y mantener 
relaciones de colaboración e información recíproca con el Consejo General del Poder 
Judicial, universidades, colegios y asociaciones profesionales, Administraciones públicas 
y otras instituciones públicas o privadas, para el desarrollo de sus funciones formativas.
Segundo.
Que  al  Ministerio  de  Igualdad  le  corresponde,  de  acuerdo  con  el  Real 
Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Igualdad, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia 
de prevención y erradicación de las distintas formas de violencia contra la mujer.
Que, de conformidad con dicho Real Decreto, le corresponde a la Secretaría de 
Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, bajo la autoridad de la persona 
titular del Ministerio, proponer y desarrollar las políticas del Gobierno en materia de 
prevención y erradicación de las distintas formas de violencia contra la mujer.
Que,  a  la  Delegación  del  Gobierno  contra  la  Violencia  de  Género,  órgano 
dependiente de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, le 
corresponde el impulso, coordinación y asesoramiento en todas las medidas que se 
lleven a cabo contra las distintas formas de violencia contra la mujer y, especialmente, 
las siguientes funciones, entre otras: la sensibilización social y la prevención de todas las 
formas  de  violencia  contra  la  mujer  para  lo  que  se  impulsará  la  formación  de  los 
colectivos  profesionales  y  de  la  sociedad  civil  en  igualdad;  la  promoción  de  la 
coordinación  y  la  colaboración  entre  las  instituciones  Administraciones  Públicas  y  e.
departamentos ministeriales competentes para prevenir y combatir todas las formas de  w.b
violencia contra la mujer, mediante los instrumentos jurídicos adecuados y la elaboración  293ww
de estrategias, planes y protocolos de actuación.
Tercero.
Que el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica, hecho en Estambul en 2011, ratificado por 
España en 2014 (en adelante, Convenio de Estambul), se aplica a todas las formas de 
violencia  contra  las  mujeres,  incluida  la  violencia  doméstica.  El  Convenio  define  la 
«violencia contra las mujeres» como una violación de los derechos humanos y una forma 
de discriminación contra las mujeres, que designará todos los actos de violencia basados 
en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de 
naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar 
dichos actos, la coacción o la privación de libertad, en la vida pública o privada. Además, 
el Convenio entiende por «violencia doméstica» todos los actos de violencia física, 
sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre 
cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor 
del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima.
El artículo 7 del Convenio de Estambul insta a las Partes a adoptar las medidas 
legislativas  o  de  otro  tipo  necesarias  para  adoptar  y  poner  en  práctica  políticas 
nacionales efectivas, globales y coordinadas, incluyendo todas las medidas pertinentes 
para  prevenir  y  combatir  todas  las  formas  de  violencia  incluidas  en  el  ámbito  de 
aplicación del presente Convenio, y ofrecer una respuesta global a la violencia contra las 
mujeres.
Las Partes, además, velarán por que estas políticas pongan los derechos de la 
víctima en el centro de todas las medidas y se apliquen por medio de una cooperación 
efectiva entre todas las agencias, instituciones y organizaciones pertinentes.
Que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género (en adelante, Ley Integral), tiene como objeto actuar contra 
la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y 
las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por 
parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado 
ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Para ello se 
establecen  medidas  de  protección  integral  cuya  finalidad  es  prevenir,  sancionar  y 
erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas.
Cuarto.
Que el 28 de septiembre de 2017, el pleno del Congreso aprobó el Informe de la 
Subcomisión del Congreso para el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, 
que incluye medidas dirigidas al Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía, las Entidades Locales y la Federación Española 
de  Municipios  y  Provincias,  con  la  finalidad  de  seguir  impulsando  políticas  para  la 
erradicación de la violencia sobre la mujer como una verdadera política de Estado. 
Algunas medidas están dirigidas, en particular, a la ruptura del silencio por parte de las 
víctimas mediante el fomento de las acciones de sensibilización de la sociedad y de la 
prevención  de  la  violencia  desarrollando  acciones  dirigidas  a  sensibilizar  a  toda  la 
sociedad,  así  como  el  impulso  de  la  formación  especializada  de  las  personas 
profesionales para garantizar la mejor respuesta institucional.
Quinto.
Que el 29 de junio de 2018 el Consejo de Ministros aprobó el «Plan de Acción para la  oe.
implementación  de  la  Agenda  2030:  Hacia  una  estrategia  española  de  Desarrollo  w.
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centrados en la persona, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, los medios para
su implementación y el mecanismo de seguimiento y revisión a escala nacional, regional  Bc
y global. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, «Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y a las niñas», busca conseguir la igualdad real de 
mujeres y hombres.
Estando ambas partes interesadas en colaborar en la realización de actuaciones que 
permitan  avanzar  en  la  erradicación  de  la  violencia  contra  las  mujeres,  acuerdan 
suscribir el presente Convenio, con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco de colaboración entre las 
partes firmantes para el desarrollo conjunto de actuaciones en materia de prevención, 
sensibilización y formación en violencia contra las mujeres.
Segunda.  Compromisos de las partes.
Las partes se comprometen a la puesta en marcha de acciones conjuntas que 
contribuyan a la mejora de la sensibilización, prevención, concienciación y la detección 
de la violencia contra las mujeres, a través de la formación de operadoras y operadores 
jurídicos.
El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia 
de Género, se compromete a desarrollar las siguientes actuaciones:
– Colaborar en la planificación, organización y ejecución de las actuaciones de 
formación que se pongan en marcha en materia de violencia contra las mujeres en el 
ámbito del Centro de Estudios Jurídicos.
– Facilitar  al  Centro  de  Estudios  Jurídicos  el  material  de  las  campañas  de 
sensibilización y prevención realizadas por el Ministerio de Igualdad.
– Prestar  asesoramiento  y  apoyo  en  todas  las  actuaciones  que  se  pongan  en 
marcha, por parte del Centro de Estudios Jurídicos, en materia de violencia contra las 
mujeres.
– Colaborar, cuando así se decida, en los programas formativos que el Centro de 
Estudios Jurídicos pueda desarrollar de su acción formativa en materia de violencia 
contra las mujeres.
– Facilitar información sobre recursos, medios y programas específicos de atención 
y protocolos de actuación y coordinación en materia de violencia contra las mujeres 
existentes.
El CEJ, por su parte, se compromete a implementar las siguientes actuaciones:
– Colaborar en la difusión de las campañas de sensibilización y prevención en 
materia de violencia contra las mujeres directamente relacionadas con los ámbitos de 
actuación profesional de las Carreras y Cuerpos que se forman en el Centro de Estudios 
Jurídicos y que el Ministerio de Igualdad ponga a su disposición.
– Colaborar con la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género para la 
definición  y  desarrollo  de  una  estrategia  de  formación  en  materia  de  prevención, 
detección y tratamiento de la violencia contra las mujeres, dirigida a las Carreras y 
Cuerpos que se forman en el Centro de Estudios Jurídicos. es
– Divulgar a través de los canales del Centro de Estudios Jurídicos los recursos,  bo
medios y programas específicos de atención y protocolos de actuación y coordinación en  293ww
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ofrecer acciones formativas y de divulgación en abierto, aunque desde la perspectiva de
la Administración de Justicia, dirigidas a mejorar la efectividad de la lucha contra la 
violencia contra las mujeres.
Tercera.  Financiación.
La realización del objeto del presente convenio no supone ni conlleva obligaciones 
económicas para las partes. Cada parte firmante asumirá, con sus propios medios, 
materiales y personales, el coste de las actuaciones a realizar en cumplimiento de este 
convenio.
Cuarta.  Publicidad y difusión.
Ambas partes se comprometen a destacar, en cuantas actividades realicen para la 
difusión del objeto y los compromisos previstos en el presente Convenio, la colaboración 
existente entre ellas, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda 
del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de 
imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la 
Administración General del Estado.
Quinta.  Comisión de seguimiento.
Para la supervisión y seguimiento de las actividades objeto del presente convenio se 
constituirá una Comisión de Seguimiento de acuerdo con las previsiones del artículo 49 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, 
la  Comisión  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y  cumplimiento  que  puedan 
plantearse respecto del Convenio.
La  Comisión  de  Seguimiento  determinará  anualmente,  mediante  acuerdo,  las 
actuaciones que se derivan de los compromisos de cada parte adquiridos de acuerdo 
con la cláusula segunda.
Esta Comisión estará integrada por dos personas representantes del Centro de 
Estudios Jurídicos y dos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 
que serán designadas por las partes firmantes del presente convenio, respetando el 
principio de participación equilibrada de mujeres y hombres.
La Comisión se reunirá cuando lo solicite cualquiera de las partes firmantes con una 
antelación mínima de siete días hábiles.
El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se regirá por la regulación de los 
órganos colegiados contenida en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La Comisión 
podrá establecer o completar su propio régimen jurídico de funcionamiento interno.
Sexta.  Eficacia.
El presente Convenio será eficaz, de acuerdo con el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito, en el plazo 
de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el 
plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptima.  Vigencia.
El presente Convenio tendrá una duración de cuatro años. No obstante, las partes  o
firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por períodos anuales  293ww
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Octava.  Modificación.
El presente Convenio podrá ser modificado, a instancia de cualquiera de las partes, 
por  acuerdo  unánime  de  las  partes  firmantes,  de  acuerdo  con  las  previsiones  del 
artículo 49 g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Cualquier modificación se tramitará de acuerdo con lo previsto en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Novena.  Causas de extinción.
No obstante la vigencia establecida en la cláusula séptima, el presente Convenio se 
extinguirá por cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto, por incurrir en 
algunas causas de resolución previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por imposibilidad sobrevenida 
del cumplimiento del mismo y por fuerza mayor.
En caso de incumplimiento de los compromisos asumidos, si queda suficientemente 
acreditado dicho incumplimiento, cualquiera de las dos partes podrá instar su resolución, 
previo  requerimiento  a  la  parte  incumplidora,  de  acuerdo  a  las  previsiones  del 
artículo 51.2 c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.  La  resolución  del  convenio  no  interrumpirá  la  marcha  de  todas  aquellas 
actuaciones que se hallaran en ejecución, cuyo plazo improrrogable de finalización se 
acordará por las partes en los términos del artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, respetándose los derechos adquiridos 
por terceros de buena fe.
Décima.  Régimen jurídico.
El  presente  Convenio  tiene  naturaleza  administrativa,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Se regirá por las estipulaciones en él contenidas y, en lo no previsto en 
éstas,  así  como  para  la  resolución  de  las  dudas  que  puedan  presentarse,  por  lo 
dispuesto en el Título Preliminar, Capítulo VI, de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación, modificación o resolución del mismo se intentarán resolver de manera 
amistosa en la Comisión de Seguimiento. En caso de no ser posible una solución 
amigable  y  resultar  procedente  litigio  judicial,  ambas  partes  se  someterán  a  la 
jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con el título IV de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Undécima.  Protección de datos.
Las partes firmantes estarán obligadas en materia de protección de datos a cumplir 
con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva  95/46/CE  (Reglamento  general  de  protección  de  datos),  con  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales y con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.
Y  para  que  así  conste  y  en  prueba  de  la  conformidad,  se  firma  el  presente  bo
Convenio.–La  Directora  del  Centro  de  Estudios  Jurídicos,  Abigail  Fernández  293ww
GRoosnezlál lAezg.u–iLlaar .Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María Victoria