BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 47 Jueves 24 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 22258
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2956 Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad de Vigo n.º 3, por la que se deniega la 
inmatriculación de una finca en virtud de una escritura de aportación a la 
sociedad de gananciales.
En el recurso interpuesto por doña M. J. R. S. contra la nota de calificación de la 
registradora de la Propiedad de Vigo número 3, doña María Purificación Geijo Barrientos, 
por la que se deniega la inmatriculación de una finca en virtud de una escritura de 
aportación a la sociedad de gananciales.
Hechos
I
El día 4 de mayo de 2021 se otorgó por doña M. J. R. S. y don F. P. R. una escritura 
de aportación a la sociedad de gananciales ante la notaria de Vigo, doña Margarita 
Colunga Fidalgo, con el número 349 de protocolo.
II
Presentada dicha escritura en el Registro de la propiedad de Vigo número 3, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«Calificado el precedente título, así como los demás datos obrantes en este Registro 
de la Propiedad, se acuerda calificación negativa en base a los siguientes:
Hechos:
1) El día 4 de mayo de 2021, se ha otorgado, bajo el número de protocolo 349, ante 
la Notario, Doña Margarita Colunga Fidalgo, escritura de aportación a la sociedad de 
gananciales, la cual ha tenido por objeto el inmueble descrito en la parte expositiva 
del  citado  título  público,  donde  figura  con  una  superficie  actualizada,  y  que  se 
corresponde  con  la  parcela  catastral  de  referencia  (identificada  con  la  referencia 
“54057A079002180000AQ”),  de  341  metros  cuadrados  (frente  a  los  331  metros 
cuadrados que aparecen en la escritura de adjudicación de herencia autorizada el día 27 
de octubre de 2015, por el Notario, Don Ernesto Regueira Núñez, bajo el número 2408 
de protocolo, y que acompaña al título presentado).
2) Constando la parcela catastral de referencia, en investigación, en los datos 
catastrales, se ha procedido a practicar la correspondiente notificación a la administración 
competente.
3) Por el Jefe del Servicio de Patrimonio, del Excelentísimo Ayuntamiento de Vigo, 
se ha expedido informe, del que resulta lo siguiente: “...La parcela cuya incepción  s
registral (referencia catastral: ‘54057A079002180000AQ’) se pretende consta afectada  e.
por la expropiación a D. A. G. S. para la apertura y construcción de la vía de enlace ‘(…)’  w.
conforme  se  recoge  en  las  actas  de  la  Comisión  Municipal  Permanente  de  56ww
sfeucphearsfi ci2e8 a/1 400/159,0402  my2  2c1o/n0f3o/r1m9e4 7a  ldoes  taítcuuloesr daop odreta deoxsp, rroepsipaecicótniv aym ednet er.e..c Ctifoicna bcaiósne  esne 
lion scerxippcuieósnt ore, griesstruallt aqnudeo s ea fpercettaednad ep..a.”r.c–ela municipal, se manifiesta la oposición a la  BOE-A-cable e
Fundamentos de Derecho:
El artículo 205, de la vigente Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946, establece: 
“Serán inscribibles, sin necesidad de la previa inscripción y siempre que no estuvieren 
inscritos los mismos derechos a favor de otra persona, los títulos públicos traslativos 
otorgados por personas que acrediten haber adquirido la propiedad de la finca al menos 
un año antes de dicho otorgamiento también mediante título público, siempre que exista 
identidad en la descripción de la finca contenida en ambos títulos a juicio del Registrador 
y, en todo caso, en la descripción contenida en el título inmatriculador y la certificación 
catastral  descriptiva  y  gráfica  que  necesariamente  debe  ser  aportada  al  efecto.  El 
Registrador deberá verificar la falta de previa inscripción de la finca a favor de persona 
alguna y no habrá de tener dudas fundadas sobre la coincidencia total o parcial de la 
finca cuya inmatriculación se pretende con otra u otras que hubiesen sido previamente 
inmatriculados. Si el Registrador tuviera dudas fundadas sobre la coincidencia total o 
parcial de la finca cuya inmatriculación se pretende con otra u otras de dominio público 
que no estén inmatriculadas pero que aparezcan recogidas en la información territorial 
asociada facilitada por las Administraciones Públicas, notificará tal circunstancia a la 
entidad  u  órgano  competente,  acompañando  la  certificación  catastral  descriptiva  y 
gráfica de la finca que se pretende inmatricular con el fin de que, por dicha entidad, se 
remita el informe correspondiente, dentro del plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la recepción de la notificación. Si la Administración manifestase su oposición 
a  la  inmatriculación  o,  no  remitiendo  su  informe  dentro  de  plazo,  el  Registrador 
conservase dudas sobre la existencia de una posible invasión del dominio público, 
denegará  la  inmatriculación  pretendida.  En  caso  de  calificación  positiva  por  el 
Registrador, éste procederá a extender la inscripción del derecho de dominio, notificará 
la inmatriculación realizada, en la forma prevenida reglamentariamente, al poseedor de 
hecho, a los titulares de cargas, derechos o acciones que puedan gravar la finca y fueran 
conocidos, a los propietarios de las fincas registrales y catastrales colindantes en los 
domicilios que consten en el Registro y, caso de ser distintos, en cualesquiera otros que 
resulten de los documentos aportados, así como al Ayuntamiento en que esté situada la 
finca. Asimismo, ordenará la publicación del edicto y utilizará el servicio en línea para 
creación  de  alertas  especificas  a  que  refiere  la  regla  séptima  del  apartado  1  del 
artículo 203”.
El artículo 132 de la Constitución Española vigente, establece: “1. La ley regulará el 
régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en 
los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su 
desafectación. 2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en 
todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales 
de la zona económica y la plataforma continental. 3. Por ley se regularán el Patrimonio 
del  Estado  y  el  Patrimonio  Nacional,  su  administración,  defensa  y  conservación”. 
Atendiendo a la finalidad proteccionista de los bienes de las Administraciones Públicas, y 
con la finalidad de hacer efectivos los principios sustentadores de los mismos, previstos 
en este último transcrito precepto, hay que tener presente el contenido del informe 
previo, solicitado en el presente caso, con apoyo en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria; 
en este orden de cosas, y atendiendo al contenido del mismo, y teniendo presente la 
oposición manifestada por el citado ente público, no es posible, tal y como así proclama 
el transcrito precepto legal, acceder a la petición de registración formulada.
En consecuencia, en virtud de dichos hechos y fundamentos de derecho, y dado el  s
carácter insubsanable del defecto advertido, se acuerda denegar la realización de las  e.
operaciones registrales solicitadas. w.
GeijVo igBoa,r raie n2t0o sd.e octubre de 2021. La Registradora (firma ilegible), María Purificación
Contra esta nota de calificación cabe (…).»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña M. J. R. S. interpuso recurso el día 19 de 
noviembre de 2021 en virtud de escrito y en base a las siguientes alegaciones:
«Motivos:
Único. Sobre  la  absoluta  falta  de  coincidencia  de  la  finca  cuya  inscripción  se 
pretende  con  la  alegada  propiedad  supuestamente  expropiada  por  el  Ayuntamiento 
de Vigo. existencia de un manifiesto error material o de hecho.
Por  la  Administración  municipal  se  han  formulado  alegaciones  a  la  inscripción, 
señalando que la finca a inmatricular consta afectada por la Expropiación a D. A. G. S. 
para la apertura y construcción de la vía de enlace (…) conforme recogen las Actas de la 
Comisión Municipal Permanente de fechas 28/10/1942 y 21/03/1947 (…)
Pues bien, consultado el expediente de expropiación, resulta palmario que la parcela 
de esta parte en absoluto puede corresponderse con la entonces expropiada parcela de 
D. A. G. S.
Así, la parcela expropiada al Sr. G. S. se corresponde con la parcela núm. 101 del 
listado parcelario (…)
Recabados los planos de ejecución de las obras y parcelario, se obtiene la ubicación 
exacta de la parcela expropiada (…)
Como se aprecia en el parcelario, la parcela expropiada al Sr. G. S. se encontraba 
cercana a la bifurcación de la denominada Carretera (…); bifurcación que eliminó el 
nuevo vial, según se apreciará.
Ahora bien, la parcela que se pretende inmatricular, se encuentra muy lejos de esa 
zona, al tiempo de que se encuentra lindante con lo que es el actual Camiño (…) o, ya 
existente al tiempo de la expropiación practicada en los años 40; la parcela propiedad de 
quien suscribe no linda, en ningún caso, con la actual (…) de la que dista más de 55 
metros.
Así se aportan tres ortofotografías aéreas de diferentes años, donde se ha señalado 
con una flecha la ubicación aproximada de la parcela expropiada al Sr. G. S. de acuerdo 
con  el  parcelario  de  la  expropiación,  Y  donde  se  ha  señalado  con  una  estrella  la 
ubicación de la parcela de quien suscribe:
Año 1956: Previa a la ejecución de la obra.
Año 1969: Posterior a la ejecución de la obra y donde se aprecia perfectamente la no 
afectación de esta a la parcela de quien suscribe.
Año  2002:  Posterior  a  la  ejecución  de  la  obra  y  actual,  donde  se  aprecia 
perfectamente la ubicación real de la parcela de quien suscribe.
Es evidente que ha mediado un error material o de hecho.
Avala lo anterior la siguiente circunstancia que ya se dejaba indicada en el título que 
se pretende inscribir, y es que la parcela de quien suscribe se corresponde con la 
Catastral 54057A079002180000AQ.
Al  linde  sur  de  esta  parcela  se  encuentran  otras  tres  parcelas  catastrales  de 
titularidad privada, que lindan con la actual (…) y que separan la parcela de quien 
suscribe más de 55 metros de aquella.
Véase -la resaltada es la parcela de quien suscribe, 54057A079002180000AQ-:
[se insertan imágenes] e
Estas parcelas son titularidad privada de Inmobiliaria y Bricolaje Bricoman, S.A y  w.
BapaonrSctoae dndatea. dSoa bloa daenllt,e Srio.Ar,. , rseesguúltna  caobnssutrad oe nc eoln Csiedretirfaicra qciuóen  Claa tpaasrtcraell aa ndeex ala a  slau sEcsricbriietunrtae   2022-2956n https://ww
hubiera sido afectada de expropiación en los años 40, cuando a día de la fecha, las
parcelas que se encuentran al linde sur de la misma y que dan frente (precisamente) a la
que sería la vía que justificó la expropiación son de eminente titularidad privada, en una 
franja de más de 55 metros.
Avala lo anterior dos circunstancias:
a) Que  los  metros  cuadrados  de  parcela  expropiada  al  Sr.  G.  S.  no  se 
corresponden, en absoluto, a la superficie de la parcela de quien suscribe, al igual que 
los elementos que sobre la misma radican.
b) Que, en más de 80 años, la Administración municipal no hubiera cuestionado la 
supuesta ocupación y uso de la parcela por quien suscribe, Y solo se proceda a este 
cuestionamiento ahora.
Es evidente que ha mediado un evidente error de hecho, un equívoco entendimiento 
de la ubicación de la parcela de quien suscribe. Ello implica que esta calificación debe se 
[sic]  revisada  por  esta  Sra.  Registradora,  con  traslado  previo,  en  su  caso,  a  la 
Administración Municipal a los efectos que revise y en su caso confirme o no las 
conclusiones del informe aportado.
Lo contrario, implicaría asumir que cualquiera alegación practicada por terceros 
(fuere Administración o no), y cualquiera que fuera su rigor, razonabilidad o derecho 
soporte de la misma, podrá implicar la denegación de la inscripción, permitiendo así 
que alegaciones infundadas, temerarias o amparadas en una clara mala fe paralicen 
una  legítima  inscripción  registral.  En  el  presente  caso,  lo  que  ha  mediado  por  la 
Administración es un claro error de hecho, que debiera ser advertido por este Registro 
para requerir previa aclaración o bien acceder a la inscripción.
Y en base a lo expuesto,
Solicitamos: Que se tenga por presentado este escrito, junto con sus copias y 
la documentación que se acompaña, que se tenga por interpuesto recurso para ante la 
Dirección General de Registros y Notariado contra la Resolución de 20 de octubre 
de 2021 dictada por este Registro de la Propiedad núm. 3 de Vigo por la que se acordó 
denegar la inscripción solicitada (…), como consecuencia de las alegaciones formuladas 
por el Jefe de Patrimonio del Ayuntamiento de Vigo, y previos los trámites oportunos, se 
acuerde la inscripción otrora solicitada de acuerdo con el contenido de la Escritura 
de  4/05/2021  otorgada  bajo  el  número  de  protocolo  349  ante  la  Notario  Margarita 
Colunga Fidalgo.»
IV
La registradora de la Propiedad emitió informe el día 15 de diciembre de 2021 
confirmando la nota de calificación y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 132 de la Constitución; 6, 18, 205 y 326 de la Ley Hipotecaria; 
298 del Reglamento Hipotecario; 36 y 45 a 47 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas; 3 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario; las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 9 de abril, 
17 de julio, 17 y 19 de noviembre y 21 de diciembre de 2015, 3 de octubre y 22 de 
noviembre  2016  y  7  de  abril  de  2017,  y  la  Resolución  de  la  Dirección  General  s
de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 3 de junio de 2021. oe.
1. La registradora deniega la inmatriculación de una finca dado que, al amparo del  56ww
adrutdícauslo d 2e0 5la  dceo lian cLideeyn Hciiap ottoetcaal rioa , phaar cpiaeld iddeo  lian fofirnmcae  aclu Ayay uinntmamatireicnutola dcieó nV igseo  pporer tteenndeer 
icnovne sotitgraa cuió no terans  lad ei ndfoormmiancioió np útbelricrioto rqiaule  ansooc ieasdtaé.n  Einnm ealt riincfuolramdaes  eyl  Aqyuuen taapmaireencteo  esen   BOE-A-cable e
opone a la inmatriculación por corresponder en parte con una finca expropiada.
La recurrente entiende que esta parte de parcela en absoluto puede corresponderse 
con la entonces expropiada y que es un error de hecho que debe rectificar la registradora 
previa comunicación con el Ayuntamiento.
2. La  nota  de  calificación  debe  ser  confirmada.  Este  Centro  Directivo  ya  ha 
afirmado que la existencia de un procedimiento de investigación en curso respecto de la 
titularidad catastral de la finca cuya inmatriculación se solicita, puede justificar las dudas 
fundadas de la registradora sobre la invasión del dominio público (véanse Resoluciones 
citadas en los «Vistos»).
En tales casos se requeriría que se procediese –como se ha hecho– conforme a lo 
prescrito en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria, que señala a este respecto que «si el 
Registrador tuviera dudas fundadas sobre la coincidencia total o parcial de la finca cuya 
inmatriculación  se  pretende  con  otra  u  otras  de  dominio  público  que  no  estén 
inmatriculadas  pero  que  aparezcan  recogidas  en  la  información  territorial  asociada 
facilitada por las Administraciones Públicas, notificará tal circunstancia a la entidad u 
órgano competente, acompañando la certificación catastral descriptiva y gráfica de la 
finca que se pretende inmatricular con el fin de que, por dicha entidad, se remita el 
informe correspondiente, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la notificación».
3. En este caso, el Ayuntamiento manifiesta su oposición expresa a la inmatriculación 
por entender que parte de la finca cuya inmatriculación se solicita ha sido objeto de un 
procedimiento de expropiación. Por lo que la denegación de la inmatriculación está 
justificada, sin perjuicio de la obligación de la Administración de inscribir las actas de 
ocupación y pago (cfr. artículo 36 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas).
4. No  corresponde  a  la  registradora  instar  al  Ayuntamiento  la  rectificación  del 
informe emitido, con las alegaciones de la interesada sobre la existencia de un presunto 
error de hecho en dicho informe.
Dado el carácter rogado del procedimiento registral (véase artículo 6 de la Ley 
Hipotecaria), sólo proceden actuaciones registrales de oficio cuando la Ley expresamente 
las impone. En consecuencia, corresponde a la interesada instar la rectificación del 
informe ante la Administración Pública, y en su caso ejercitar los correspondientes 
recursos contra la eventual confirmación de su oposición por parte del Ayuntamiento.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 8 de febrero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.