BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Viernes 24 de enero de 2020 Sec. TC.   Pág. 7525
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1119 Sala Primera. Sentencia 175/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de 
amparo  1289-2019.  Promovido  por  don  José  Domingo  Noms  Ciurana 
respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  las  salas  de  lo  contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso 
por  responsabilidad  de  la  administración  de  justicia.  Vulneración  de  los 
derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia; derecho a la tutela 
judicial  efectiva  (acceso  al  recurso):  STC  125/2019  (denegación  de 
indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la 
STC 85/2019, de 19 de junio); inadmisión parcial.
ECLI:ES:TC:2019:175
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José González Rivas, presidente, y los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don 
Santiago MartínezVares García, don Alfredo Montoya Melgar y don Cándido Conde-
Pumpido Tourón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1289-2019, promovido por don José Domingo Noms 
Ciurana, representado por el procurador de los Tribunales don Luís Fernando Pozas 
Osset y asistido por el Abogado don Francisco Gargallo Allepuz, contra la resolución 
de 2 de marzo de 2017 del secretario de Estado de Justicia, recaída en el procedimiento 
administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado núm. 339-2016, desestimando 
la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  anormal  funcionamiento  de  la 
administración de Justicia y contra la sentencia de 19 de julio de 2018 de la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
procedimiento ordinario núm. 305-2017, por el que se desestimó el recurso contencioso-
administrativo  contra  la  anterior  resolución  y  contra  la  providencia  de  17  de  enero 
de 2019 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo por la que se inadmitió a trámite el recurso de casación núm. 6699-2019. Han 
comparecido el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado 
don Santiago Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  Mediante  escrito  registrado  en  este  Tribunal  el  28  de  febrero  de  2019,  el 
procurador  de  los  Tribunales  don  Luís  Fernando  Pozas  Osset,  en  nombre  y 
representación de don José Domingo Noms Ciurana y bajo la dirección del Abogado don  e
Francisco Gargallo Allepuz, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones citadas  bo
en el encabezamiento. w
2020-1119n https://w
2.  Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamente 
expuestos, los siguientes:
a)  La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó sentencia el 2 de junio de 2015 
por la que estimó el recurso de casación interpuesto por el recurrente y le absolvió 
libremente del delito contra la salud pública de extrema gravedad del que había sido 
condenado por la sentencia de 6 mayo de 2014 dictada por la Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial de Castellón, y por el que había estado en prisión provisional desde 
el 9 de mayo de 2012 al 16 de noviembre de 2012. La sentencia de la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo declaró que las pruebas en las que se sustentó la condena 
vulneraron las garantías legales y constitucionales del recurrente por lo que fue absuelto.
b)  Con fecha 12 de julio de 2016, don José Domingo Noms Ciurana presentó ante 
el Ministerio de Justicia reclamación indemnizatoria por responsabilidad patrimonial del 
Estado al amparo de los arts. 293 y 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y 
solicitó una indemnización de 500.000 euros por los días que había estado privado de 
libertad en prisión preventiva.
c)  El secretario de Estado de Justicia, por delegación del ministro, dictó resolución 
el  2  de  marzo  de  2017,  por  la  que  desestimó  la  reclamación  de  responsabilidad 
patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la administración de Justicia. La 
resolución refiere que se trata de un supuesto de prisión preventiva seguida de sentencia 
absolutoria del reclamante, pero, en modo alguno, en la citada sentencia se ha declarado 
la inexistencia del hecho impugnado, requisito fijado por el artículo 294 LOPJ para tener 
derecho a ser indemnizado.
d)  La  representación  procesal  de  don  José  Domingo  Noms  Ciurana  interpuso 
recurso contencioso-administrativo contra la anterior resolución en el que alega que el 
hecho que se imputaba al recurrente y por el que se acordó la prisión provisional, esto 
es, que la droga había sido transportada y descargada del barco de su propiedad, debe 
considerarse inexistente, por lo que concurre el presupuesto de la inexistencia objetiva.
e)  Dicho recurso fue tramitado como procedimiento ordinario núm. 305-2017 ante la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
que con fecha 19 de julio de 2018 dictó sentencia desestimando el recurso contencioso 
administrativo y confirmando la resolución impugnada.
La sentencia expone la evolución jurisprudencial de la interpretación del art. 294 
LOPJ, con expresa referencia a la STS de 23 de noviembre de 2010 y las que le han 
seguido, refiere que no concurre la inexistencia objetiva del hecho imputado que el 
precepto reclama, sin que el precepto cubra los supuestos de inexistencia subjetiva, esto 
es, prueba de la falta de participación del imputado preso, ni tampoco los casos en que 
concurre la absolución por falta de pruebas.
f)  El recurrente presentó escrito de preparación del recurso de casación en el que 
refiere que la denegación de la indemnización no tan solo incumple el art. 294 LOPJ sino 
también los arts. 24 y 17 CE, al poner en duda la inocencia y falta de participación del 
recurrente,  así  como  el  principio  de  igualdad,  pues  habiendo  declarado  el  Tribunal 
Supremo que no existió el supuesto de hecho por el que fue detenido, se le impide el 
acceso a la vía indemnizatoria del art. 294 LOPJ. Indica que la sentencia infringe la 
doctrina del Tribunal Constitucional recogida en la STC 8/2017, de 19 de enero, y 
recuerda que está pendiente de resolverse la cuestión de inconstitucionalidad núm. 
4314-2018, planteada por el Pleno del Tribunal Constitucional mediante ATC 79/2018, 
de 17 de julio, en relación con el art. 294.1 LOPJ, por la posible discriminación entre 
situaciones análogas a la sufrida por el recurrente. e.
g)  Por  providencia  de  la  Sección  Primera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso- w.b
Aredcmurinsois tdraet icvaos adceiló nT.ribunal Supremo de 17 de enero de 2019 se inadmitió a trámite el  2020-1119n https://w
Tribu3n. alL Sau pparertme or eqcuuer riennatdem iintitóe replo rneec urrescou rdseo  cdaes aacmiópna irnot efrrpeunetes toa  cloan tprrao vlaid seennctiae ndcieal 
dictada  por  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la
Audiencia Nacional de 19 de julio de 2018. Esta sentencia había desestimado el recurso 
contencioso administrativo interpuesto contra la resolución del secretario de Estado de 
Justicia que denegó la reclamación por responsabilidad patrimonial efectuada por el 
recurrente.
En primer lugar, considera que la providencia de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha vulnerado el derecho a la tutela 
judicial  efectiva  sin  indefensión  (art.  24.1  CE)  al  inadmitir  a  trámite  el  recurso  de 
casación.  El  recurrente  entiende  que  el  interés  casacional  se  había  justificado 
suficientemente, por lo que el recurso de casación debió haber sido admitido.
Por otra parte considera que la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional  de  19  de  julio  de  2018,  ha 
vulnerado el derecho a la libertad y a la igualdad ante la ley (arts. 17 y 14 CE), al haber 
efectuado una interpretación restrictiva del art. 294.1 LOPJ, por entender que no se 
había producido un supuesto de inexistencia del hecho, obligando al recurrente a acudir 
a la «tediosa» vía del error judicial, cuestionando en cierto modo, la total inocencia y 
«ajenidad del absuelto».
Justifica finalmente la especial trascendencia constitucional por estar pendiente de 
resolver la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4314-2018 planteada por ATC 79/2018 
del Pleno del Tribunal Constitucional en relación con el art. 294.1 LOPJ por la posible e 
injusta exclusión y trato discriminatorio a personas en situaciones análogas a las del 
recurrente.
4.  Mediante providencia de 28 de octubre de 2019, la Sección Segunda de este 
Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo presentada, apreciando 
que  concurre  en  el  recurso  especial  trascendencia  constitucional  porque  la  posible 
vulneración del derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley o de 
otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)]. Y, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al haberse 
recibido testimonio de las actuaciones resolvió dar vista de las mismas por plazo común 
de veinte días al Ministerio Fiscal y al procurador del recurrente, para que puedan 
formular alegaciones.
5.  Con  fecha  15  de  noviembre  de  2019  el  teniente  fiscal  ante  el  Tribunal 
Constitucional presentó su escrito de alegaciones, en el que se solicita la inadmisión del 
recurso  de  amparo  por  extemporaneidad  de  la  demanda  (art.  43  LOTC)  y 
específicamente la inadmisión de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión (art. 24.1 CE), atribuida exclusivamente a la providencia de la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por falta de 
agotamiento de los medios de impugnación al no haber interpuesto el incidente de 
nulidad de actuaciones [arts. 241.1 LOPJ y 44.1 a) y c) LOTC]. Subsidiariamente, para el 
caso  de  que  no  se  consideren  concurrentes  los  motivos  de  impugnación  alegados 
solicita que se otorgue el amparo, una vez que el origen de las lesiones a los derechos a 
la igualdad (art. 14 CE) a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) se hallaría en el 
art. 294.1 LOPJ cuya inconstitucionalidad fue declarada por la STC 85/2019, de 19 de 
junio, con los efectos indicados en su fundamento jurídico 13.
El  teniente  fiscal  ante  el  Tribunal  Constitucional  distingue  en  dos  grupos  las 
vulneraciones invocadas: por una parte, la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) que el recurrente atribuye a la providencia de 
inadmisión del recurso de casación dictada por la Sección Primera de la Sala de lo  e
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el 17 de enero de 2019; y por otra, las  bo
vulneraciones del derecho a la libertad (art. 17 CE) y del derecho a la igualdad (art. 14  w
CAdEm), inqiusetr asteiv voi ndceu lalna  aA luad sieenncteian cNiaa dceio nlaa lS, eccocniósnid Teerarcnedroa  dqeu ela  íSnasliata d ee nlo  eCsotanste nqcuioesjaos-  2020-1119n https://w
tambRieésnp seec teon cduee lnat rap rliam veuraln, ecraocnisóind edreal  qdueere cehl ore ac ular rpernetseu hnaci óinnc duem ipnloidcoe necl iare.quisito del
agotamiento de los medios de impugnación al no haber interpuesto el incidente de
nulidad de actuaciones. En relación con el segundo grupo de quejas entiende que si bien 
formalmente  se  atribuyen  a  la  sentencia  de  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sin embargo, la fuente directa de 
las mismas se halla en la resolución administrativa convalidada por la resolución judicial, 
por lo que el plazo de interposición es el de veinte días establecido en el art. 43 LOTC, 
debiendo descartarse el carácter judicial o mixto de la demanda de amparo, y, al haberse 
notificado la providencia de inadmisión del recurso de casación del Tribunal Supremo 
el 18 de enero de 2019 el plazo vencería el 18 de febrero de 2019 a la 15:00 horas, de 
modo que la demanda se encuentra incursa en extemporaneidad.
Subsidiariamente, para el caso de que no se consideren concurrentes los motivos de 
inadmisión alegados, solicita que se otorgue el amparo por aplicación de la doctrina 
contenida en la STC 85/2019, cuyo contenido es extractado en las alegaciones.
6.  Con fecha 26 de noviembre de 2019 el Abogado del Estado presentó su escrito 
de alegaciones, en el que solicita la inadmisión de la demanda en tanto que la lesión se 
habría  ocasionado  por  la  resolución  administrativa  del  Ministerio  de  Justicia  que 
desestimó su reclamación, por lo que la demanda habría incurrido en extemporaneidad 
al haberse interpuesto trascurrido el plazo de veinte días previsto en el art. 43 LOTC.
Subsidiariamente, en cuanto al fondo del asunto, sostiene que se trata de un caso 
similar, casi idéntico al resuelto por las SSTC 8/2017, de 19 de enero, 10/2017, de 30 de 
enero  y  sobre  todo  en  la  STC  85/2019,  de  la  que  destaca  que  al  declarar  la 
inconstitucionalidad del art. 294.1 LOPJ, deja incólume el inciso «siempre que se hayan 
irrogado perjuicios», y, respetando los principios que rigen el derecho general de daños, 
tal y como resulta del fundamento jurídico 13 de la misma. Por lo que considera que 
deberán retrotraerse las actuaciones a la vía administrativa habido el carácter revisor de 
la jurisdicción contencioso-administrativa.
7.  Finalmente, con fecha de 28 de noviembre de 2019, la representación procesal 
del recurrente de amparo presentó sus alegaciones por las que ratifica el contenido de la 
demanda de amparo y efectúa unas alegaciones complementarias con motivo de la 
publicación de la SSTC 85/2019, de 19 de junio y 125/2019, de 31 de octubre, que aplica 
la anterior, y respecto de la cual aprecia la existencia de identidad con el supuesto 
planteado por el recurrente.
Afirma que aun cuando el recurrente ha formulado la demanda sobre la base de lo 
previsto en el art. 44 LOTC, ello no es óbice para que la misma pueda entenderse 
sustentada así mismo sobre la base del art. 43 LOTC, ya que las lesiones alegadas no 
proceden en puridad de la sentencia de la Audiencia Nacional o de la providencia de 
inadmisión  del  Tribunal  Supremo,  sino  que  «las  lesiones  alegadas  por  esta  parte 
proceden  en  verdad  de  la  resolución  administrativa  denegatoria  […]  En  esas 
circunstancias pues –como así lo expuso este Tribunal en la mentada STC 125/2019– 
aún con un planteamiento defectuoso puede entenderse como formulada en base al 
art. 43 LOTC y conllevar que finalmente, si se estima la presente demanda, se declare la 
nulidad de la ya mentada resolución administrativa».
Recuerda que el recurso de casación debió haber sido admitido por el Tribunal 
Supremo al haberse justificado el interés casacional por la pendencia de la cuestión de 
inconstitucionalidad, por lo que la inadmisión del recurso vulneró el derecho a la tutela 
judicial efectiva. De modo que de no adoptarse la solución reparadora, debe procederse 
al menos a declarar la nulidad de la providencia ordenando la admisión del recurso de 
casación para poder interponerlo debidamente y luego que el Tribunal Supremo lo  e
resuelva. bo
Finalmente insiste en la inocencia del recurrente declarada por la Sala de lo Penal  w
del T8r.i buPnoarl  Spuropvriedmenoc.ia de 12 de diciembre de 2019, se señaló para deliberación y  2020-1119n https://w
votación de la presente sentencia el día 16 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del recurso de amparo.
El recurso de amparo tiene por objeto la providencia de 17 de enero de 2019 de la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por la 
que se inadmitió a trámite el recurso casación núm. 6699-2019, interpuesto contra la 
sentencia de 19 de julio de 2018 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el procedimiento ordinario núm. 305-2017, 
que  a  su  vez  desestimó  el  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  contra  la 
resolución desestimatoria del secretario de Estado de Justicia de fecha 2 de marzo 
de 2017, recaída en el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial del 
Estado núm. 339-2016, que rechazó la reclamación de responsabilidad patrimonial del 
Estado  formulada  por  el  recurrente  por  haber  sufrido  prisión  provisional  y  ser 
posteriormente absuelto en la causa penal en que fue acordada.
2. Óbices  de  procedibilidad:  extemporaneidad  de  la  demanda  y  falta  de 
agotamiento en relación con la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
El examen del óbice procesal que plantean de modo coincidente el teniente fiscal 
ante el Tribunal Constitucional y el abogado del Estado, relativo a la extemporaneidad de 
la demanda al entender que las vulneraciones han sido ocasionadas por la resolución 
administrativa,  debe  llevar  a  analizar  la  naturaleza  de  la  demanda  de  amparo  –
administrativa, judicial, o en su caso mixta–, lo que comporta necesariamente identificar 
las  distintas  pretensiones  impugnatorias  acumuladas  en  la  misma.  Desde  esta 
perspectiva,  no  podemos  compartir  la  premisa  de  partida  –que  incluso  defiende  el 
recurrente en sus alegaciones– en la que se apoya la extemporaneidad pretendida: esto 
es, que la pretensión de amparo o bien se dirige exclusivamente contra la resolución del 
secretario  de  Estado  de  Justicia  que  desestima  la  reclamación  de  responsabilidad 
patrimonial [art. 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)], o únicamente 
lo hace contra la providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo que inadmite el recurso de casación contra la 
sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional (art. 44 LOTC).
La demanda de amparo no cuestiona únicamente la resolución administrativa y la 
sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional por vulnerar el derecho a la igualdad, libertad y presunción de 
inocencia (arts. 14, 17 y 24.2 CE) ocasionada por la resolución administrativa, que la 
sentencia se limita a no reparar, sino que también se dirige, y en esta ocasión de modo 
autónomo, contra la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) 
ocasionada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo al inadmitir el recurso de casación.
Por lo tanto, nos hallamos en este caso, formal y materialmente, ante lo que hemos 
denominado un «recurso de amparo mixto» encuadrable por tanto, en la previsión de los 
artículos 43 y 44 LOTC. Junto a la queja principal —arts. 14, 17 y 24.2 CE— atribuida a 
la resolución administrativa y no reparada por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y a la que le sería de aplicación la 
regulación del art. 43 LOTC, la segunda pretensión de amparo cuestiona adicionalmente 
y de forma autónoma, la respuesta judicial dada por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo al inadmitir el recurso de casación  e.
imposibilitando la interposición del mismo y a la que le sería de aplicación el art. 44  w.
LpOorTqDCue.e  taels  mdoedcois iqvuoe p, aerl ac adreátcetremr imnaixr tola  dienlc rideecnucrsiao  qduee a msopbarreo  unnoa p yu eodtera s eprr eotbevnisaiódno   2020-1119n https://w
impugnatoria tienen los dos óbices procesales planteados por el teniente fiscal ante
el Tribunal Constitucional (SSTC 145/2015, de 25 de junio, FJ 2 y 21/2018, de 5 de 
marzo, FJ 2).
a)  En primer lugar, hemos de descartar que la pretensión de amparo que cuestiona 
la resolución administrativa y la sentencia que no la repara pueda ser considerada 
extemporánea. El más breve plazo de veinte días, que el artículo 43.2 LOTC prevé para 
las pretensiones de amparo a que se refiere el apartado primero de dicho precepto, es 
aplicable  cuando  las  demandas  se  formulen  únicamente  al  amparo  del  mismo 
(SSTC 10/2017, de 30 de enero, FJ 3 y 21/2018, de 5 de marzo, FJ 2, que la cita), pero 
no cuando en el recurso de amparo se denuncie, adicionalmente, una nueva y distinta 
lesión imputable de modo autónomo a los órganos judiciales al intentar obtener la 
reparación de sus derechos en la obligada vía judicial previa, en este caso, a través del 
recurso de casación. Precisamente, por encontrarnos formal y materialmente ante un 
«recurso  de  amparo  mixto»  que  imputa  una  lesión  autónoma  a  la  providencia  del 
Tribunal Supremo que inadmitió el recurso de casación con el que se pretendía reparar 
las vulneraciones ocasionadas por la administración y no reparadas por la Audiencia 
Nacional, el plazo para su interposición es el establecido en el artículo 44.2 LOTC para 
las  quejas  referidas  a  la  actuación  judicial.  Cualquier  otra  interpretación  obligaría 
injustificadamente a los demandantes, en el caso de un amparo mixto, a renunciar al 
plazo más extenso que otorga el artículo 44.2 LOTC (treinta días) en favor del más breve 
previsto en el artículo 43.2 LOTC (veinte días) cuando acumulen pretensiones dirigidas 
frente a disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o 
de sus autoridades o funcionarios, con otras dirigidas frente a las resoluciones judiciales 
dictadas al instar la protección de sus derechos o incluso haría depender el plazo de 
interposición de la demanda de amparo del correcto agotamiento de los mecanismos de 
impugnación  contra  las  vulneraciones  ocasionadas  de  forma  autónoma  por  las 
resoluciones judiciales.
b)  Por el contrario, coincidimos con el teniente fiscal ante el Tribunal Constitucional 
al apreciar que la pretensión de amparo autónoma que, ex artículo 24.1 CE, se dirige 
contra la providencia que inadmitió el recurso de casación, incurre en el óbice procesal 
denunciado de falta de agotamiento. En relación con ella, el demandante no agotó la vía 
judicial previa mediante la interposición de la petición de nulidad de actuaciones que, ex 
artículo 241.1 LOPJ, era viable y útil para obtener la reparación de la vulneración de su 
derecho de acceso al recurso que ahora imputa a la decisión judicial irrecurrible que 
inadmitió a trámite su recurso de casación. Por lo expuesto, dicha pretensión incurre en 
causa de inadmisión [art. 50.1 a) en relación con el art. 44.1 a) LOTC]. Ello a pesar de 
que la demanda de amparo haya sido admitida a trámite, pues como este Tribunal ha 
sostenido reiteradamente, la apreciación de una causa de inadmisibilidad «no resulta 
impedida  por  el  momento  procesal  en  el  que  nos  encontramos,  pues  es  doctrina 
reiterada de este Tribunal que los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado 
el recurso de amparo no resultan sanados porque la demanda haya sido inicialmente 
admitida  a  trámite,  lo  que  determina  que  la  comprobación  de  los  presupuestos 
procesales para la viabilidad de la acción puede volverse a abordar o reconsiderarse en 
la  sentencia,  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  dando  lugar,  en  su  caso,  a  un 
pronunciamiento de inadmisión por falta de tales presupuestos (por todas, SSTC 7/2007, 
de 15 de enero, FJ 2; 28/2011, de 14 de marzo, FJ 3; 29/2011 de 14 de marzo, FJ 3, 
y 101/2018, de 1 de octubre, FJ 3).
3. Remisión a lo resuelto en las SSTC 85/2019, de 19 de junio, y 125/2019, de 31  e
de octubre. bo
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denegatoria de la reclamación patrimonial, como contra la resolución judicial que la
confirmó al desestimar el recurso formulado contra aquella. En tal medida, debemos
destacar  que  el  objeto  del  presente  proceso  constitucional  y  los  planteamientos 
sustantivos introducidos por la demandante, tal y como reconocen las otras partes 
personadas, son sustancialmente coincidentes con los que ya han sido abordados por el 
Pleno del Tribunal Constitucional en los fundamentos jurídicos 4 y 5 de nuestra reciente 
STC 125/2019, de 31 de octubre (recurso de amparo núm. 4035-2012), en la que se 
determinaron  los  efectos  que,  sobre  el  recurso  de  amparo,  debía  producir  la 
STC 85/2019, por la que se declaró la inconstitucionalidad de los incisos «inexistencia 
del hecho imputado» y «por esta misma causa» del art. 294.1 LOPJ, y se concretó el 
alcance que la estimación del amparo debía producir, por lo que a tales fundamentos 
jurídicos debemos remitirnos.
En consecuencia, procede otorgar el amparo y reconocer el derecho del recurrente a 
que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, en cuanto a sus criterios 
rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales derivadas del derecho a la 
igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) y del derecho a la presunción de inocencia 
(art. 24.2 CE). Así pues, la retroacción debe remontarse al momento anterior a dictarse 
la resolución del secretario de Estado de Justicia de 2 de marzo de 2017, que deniega la 
indemnización y origina la lesión de los derechos fundamentales a la igualdad y a la 
presunción de inocencia, para que la administración resuelva de nuevo la cuestión 
planteada conforme a las exigencias de los arts. 14 y 24.2 CE, en los términos indicados 
en las SSTC 85/2019, FJ 13, y 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Inadmitir el recurso por falta de agotamiento de la vía judicial previa en cuanto al 
derecho a la tutela judicial efectiva (derecho de acceso al recurso).
2.º  Estimar  parcialmente  el  recurso  de  amparo  en  los  términos  fijados  en  el 
fundamento jurídico 3 de esta resolución y, en consecuencia:
a)  Declarar vulnerado el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
b)  Restablecerle en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia 
de 19 de julio de 2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de 
la Audiencia Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 305-2017, y 
de la resolución del secretario de Estado de Justicia de 2 de marzo de 2017, recaída en 
el expediente núm. 339-2016.
c)  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la última resolución 
citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial de forma 
respetuosa con los derechos fundamentales cuya vulneración se declara.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada  en  Madrid,  a  dieciséis  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve.–Juan  José 
González  Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo 
Montoya Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado. e.e
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