BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 312 Miércoles 29 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 165067
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
21651 Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público.
FELIPE VI,
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed:  Que  las  Cortes  Generales  han  aprobado  y  Yo  vengo  en  sancionar  la 
siguiente ley:
PREÁMBULO
I
La Constitución Española, en su artículo 103, exige a la Administración Pública que 
el desempeño de su actividad se realice con garantía de objetividad e imparcialidad y 
con sometimiento al principio de eficacia. Del mismo modo, nuestra Norma Suprema 
obliga a que el acceso a las funciones públicas se efectúe en condiciones de igualdad y 
de  acuerdo  con  los  principios  de  mérito  y  capacidad,  según  se  establece  en  los 
artículos 23.2 y 103.3.
La modernización y mejora de la Administración Pública ha constituido un objetivo 
permanente a lo largo de distintas etapas, necesario para dar cumplimiento al mandato 
constitucional de contar con una Administración eficaz en su actuar al servicio de los 
intereses generales.
Por otro lado, las Administraciones Públicas han tenido que hacer frente a desafíos 
derivados de importantes transformaciones económicas y sociodemográficas en su labor 
de garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad. Cambios que han 
afectado y afectan con especial intensidad a las organizaciones públicas, las cuales 
afrontan el reto de responder a nuevas demandas y necesidades de los ciudadanos. 
Todos estos objetivos de modernización y mejora de la calidad de los servicios públicos 
no se pueden alcanzar sin una adecuada gestión del principal activo con el que cuenta la 
Administración, como es su capital humano.
La mejor gestión del empleo al servicio de las distintas Administraciones Públicas 
exige, sin duda, disponer de políticas coherentes y racionales de dotación de efectivos 
de carácter permanente, que cubran las necesidades reales de los servicios y limiten la 
temporalidad a la atención de necesidades de carácter estrictamente coyuntural.
La consolidación del Estado del bienestar y el intenso proceso de descentralización 
territorial generaron durante las dos primeras décadas de vigencia de la Constitución 
Española de 1978 un intenso crecimiento del empleo público y una redistribución de 
efectivos desde la Administración central a la autonómica. Así, la provisión pública de 
servicios básicos o esenciales propios del Estado social y democrático de derecho y su 
extensión al conjunto de la población condicionó, en el transcurso de esos años, la  es
necesidad  de  reforzar  la  dotación  de  personal  al  servicio  de  las  Administraciones  o
Públicas para garantizar su desarrollo. 651ww
vquiunee nv Eeícnn amc supail aorurc napa lrdetoralefoe i pnsaoti aore  nsepatloe l ar t eupcmmrieopenconetortsao odl  ,dec le oal on laes l  vateoa mAlsudapcm liedóiaennd  istdoetesrmal  pcpeiúomóbrnapl ilclPiedoúoasb d elei,nc nqa  eu.Ele ss pheaacñ tloaler  tgipeaúndbeolni ca ool   eehxnat rnEe mtsepona iddñoea    OE-A-2021-21able en https://
De esa forma, a pesar de que en las sucesivas regulaciones sobre la materia ya se 
establecía la limitación en el nombramiento del personal funcionario interino o personal 
laboral temporal a casos excepcionales de indudable y estricta necesidad y que los 
mismos sólo podían realizarse por el tiempo imprescindible hasta su cobertura por 
funcionarios de carrera, la realidad nos ha mostrado un constante y sostenido aumento 
de la tasa de empleo temporal. Esta situación puede atribuirse a varios factores.
En primer lugar, es preciso tener en cuenta los factores de tipo presupuestario. Así, 
en las últimas décadas las leyes anuales de presupuestos han venido imponiendo 
criterios restrictivos para la dotación de plazas de nuevo ingreso del personal al servicio 
de todas las Administraciones Públicas en el marco de las directrices presupuestarias de 
contención del gasto público.
A  pesar  de  la  progresiva  flexibilización,  estas  previsiones  han  limitado  las 
posibilidades de reposición de las bajas ocasionadas en las plantillas de personal fijo, 
funcionario o laboral y, al mismo tiempo, han frenado la dotación presupuestaria para 
acometer nuevas actividades.
A esta situación se ha añadido una disonancia entre la dimensión de las necesidades 
y la capacidad real de financiación de las administraciones territoriales, especialmente en 
importantes servicios como la educación, la sanidad o los servicios sociales, que se 
extienden  a  toda  la  población,  y  que  son  particularmente  sensibles  a  los  cambios 
sociales y demográficos que están teniendo lugar de manera intensa y acelerada en los 
últimos años.
En  segundo  lugar,  existe  un  grupo  de  factores  relacionados  con  la  insuficiente 
utilización de la planificación estratégica en la ordenación del empleo público, así como 
la falta de regularidad de las convocatorias y procedimientos de selección de personal 
para la cobertura de vacantes con carácter definitivo.
En  efecto,  se  ha  constatado  que  no  siempre  existe  una  práctica  asentada  de 
convocatoria periódica y sistemática, preferentemente con carácter anual, de las plazas 
vacantes, para su provisión definitiva. A su vez, la falta de convocatoria regular obedece 
a que los procedimientos de acceso al empleo público no se desarrollan, en muchos 
casos, con la agilidad y la celeridad necesarias para, respetando en todo caso las 
garantías inherentes a los mismos y la salvaguardia de los principios constitucionales y 
legales,  permitir  al  mismo  tiempo  la  dotación  de  personal  en  tiempo  razonable  y 
garantizar la prestación del servicio por la Administración.
Así las cosas, los procesos de selección son excesivamente lentos y dilatados en el 
tiempo,  ocasionando  en  muchos  casos  la  necesidad  de  provisión  temporal  de  los 
puestos por el tiempo necesario hasta la cobertura efectiva. En estas condiciones, el 
recurso al nombramiento de personal interino y a la contratación de personal temporal se 
ha constituido en una alternativa organizativa que ha acabado suponiendo un incremento 
excesivo de la temporalidad.
En este sentido, ha de tenerse en cuenta que si bien una tasa de temporalidad es 
necesaria e inherente a cualquier organización, no lo es cuando deviene en estructural y 
supone en algunos sectores de la Administración tasas cercanas al cincuenta por ciento 
de su personal.
El  escenario  descrito  ha  de  completarse  con  la  importante  incidencia  que  la 
Directiva 1999/70 CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de 
la CES, la UNICE y el CEEP sobre el contrato de duración determinada, (en adelante, el 
Acuerdo Marco), ha tenido y tiene en el ordenamiento jurídico español y, por tanto, en la 
evolución de la jurisprudencia. s
El Acuerdo Marco destaca en su preámbulo la preeminencia de la contratación  oe.
indefinida  como  «forma  más  común  de  relación  laboral»  y  persigue  dos  grandes  w.
objetivos:  por  una  parte,  mejorar  la  calidad  del  trabajo  de  duración  determinada  651ww
gpaarraan etivziatanrd olo es l arebsupseotso  dael rpivriandcoipsi od dee  lan ou dtiilsizcarcimióinn adceió ns uyc, epsoivr oostr ac,o enstrtaatbolse coe rr eulna cmioanrceos 
laborales de duración determinada.
Así,  la  cláusula  4.ª  del  Acuerdo  Marco  establece  la  equiparación  entre  personal 
temporal y fijo con base en el principio de no discriminación, salvo existencia de causas 
objetivas que justifiquen una diferencia en el régimen jurídico de ambas clases de personal.
Por su parte, la cláusula 5.ª del Acuerdo Marco prevé la adopción de medidas destinadas 
a evitar la utilización abusiva de nombramientos temporales. Si bien esta cláusula no tiene 
efecto directo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) ha insistido en 
que la determinación del abuso corresponde a los jueces nacionales y que la aplicación de 
las  soluciones  efectivas  y  disuasorias  dependen  del  Derecho  nacional,  instando  a  las 
autoridades nacionales a adoptar medidas efectivas y adecuadas para prevenir y, en su caso, 
sancionar un eventual uso abusivo de la temporalidad.
En cualquier caso, el TJUE comparte la postura, defendida por España, de que no 
cabe en nuestra Administración la transformación automática de una relación de servicio 
temporal  en  una  relación  de  servicio  permanente.  Esta  opción  está  excluida 
categóricamente en el Derecho español, ya que el acceso a la condición de funcionario 
de carrera o de personal laboral fijo sólo es posible a raíz de la superación de un proceso 
selectivo que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
En síntesis, la doctrina que ha fijado el TJUE en esta materia dispone que las 
autoridades españolas tienen que instaurar medidas efectivas que disuadan y, en su 
caso, sancionen de forma clara el abuso de la temporalidad; y que las diferencias en el 
régimen jurídico del personal temporal y del fijo deben basarse únicamente en razones 
objetivas que puedan demostrar la necesidad de estas diferencias para lograr su fin.
Estos parámetros determinan la actuación de la Comisión Europea, que en su papel 
de  vigilante  de  la  correcta  aplicación  del  derecho  derivado,  también  ha  reclamado 
medidas contundentes para corregir esta situación.
II
La experiencia acumulada nos presenta, por tanto, una realidad que se aleja de la 
deseable y que nos separa, en este campo, del modelo de función pública diseñado por 
el constituyente y por el legislador. Todo ello afecta al funcionamiento de la propia 
Administración y de los organismos públicos en el correcto desempeño de la prestación 
de los servicios públicos y perjudica directamente al propio personal interino o temporal 
que lleva mucho tiempo desempeñando sus funciones y que desea, como es lógico, la 
estabilidad profesional.
La necesidad de dar respuestas a este problema ha determinado que el Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  (en  adelante,  PRTR),  ya  evaluado 
favorablemente por la Comisión Europea en la Propuesta de Decisión de Ejecución del 
Consejo, de 22 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del citado 
Plan,  contemple  en  su  componente  11,  relativo  a  la  Modernización  de  las 
Administraciones Públicas, la reforma referida a la reducción de la temporalidad en el 
empleo público. Esto supone un antes y un después a la hora de afrontar las reformas 
estructurales de calado para adaptar y hacer más eficiente el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas, su régimen jurídico y la ineludible planificación de la gestión 
de los recursos humanos para garantizar la prestación de unos servicios públicos de 
calidad.
La  primera  de  las  actuaciones  previstas  por  dicha  reforma  es  precisamente  la 
adopción de medidas para mejorar la eficiencia de los recursos humanos reduciendo los 
altos niveles de temporalidad y flexibilizando la gestión de los recursos humanos en las  s
Administraciones Públicas. El objetivo de la reforma es situar la tasa de temporalidad  e.
estructural por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las Administraciones Públicas  w.
españolas, actuando la reforma en tres dimensiones: adopción de medidas inmediatas  651ww
ppraervae rneimr ey dsiaarn lcaio enlaerv aedl aa tbeumspoo rya leidl afdra euxdies teennt el,a a rteticmuplaocraiólind adde  am efudtiudraos  ye,f icpaocr eúsl tpimaroa, 
pmoetjeonr cgiaecsitóiónn d dee  llao sa dreocpucrisóons  dheu mhearnraoms.ientas y una cultura de la planificación para una  BOE-A-cable e
La reforma contenida en la Ley se inspira en los siguientes principios ordenadores: 
apuesta por lo público, dotando a la Administración del marco jurídico necesario para 
prestar con garantía y eficacia los servicios públicos; profesionalización del modelo de 
empleo público, con el centro en el personal funcionario de carrera y la delimitación de 
los supuestos de nombramiento de personal temporal; mantenimiento de la figura de 
personal funcionario interino, estableciendo su régimen jurídico de cara a garantizar la 
adecuada utilización de esta modalidad de personal y exigencia de responsabilidad de la 
Administración ante una inadecuada utilización de la figura de personal funcionario 
interino, contribuyendo por otra parte, a impulsar y fortalecer una adecuada planificación 
de recursos humanos.
La  problemática  de  la  excesiva  temporalidad  en  el  sector  público  de  una 
Administración multinivel tiene, sin duda, un enfoque poliédrico, por lo que la reforma que 
se plantea es fruto de un intenso y sostenido diálogo.
En primer lugar, en la Conferencia Sectorial de Administración Pública, como órgano 
político de cooperación en materia de administración pública de la Administración General 
del Estado, de las Administraciones de las comunidades autónomas, de las ciudades de 
Ceuta y Melilla y de la administración local, a través de la Federación Española de 
Municipios y Provincias, que ya en su reunión de 11 de junio de 2020 puso de manifiesto la 
necesidad de abordar la modificación de la normativa para alinearla con las exigencias de la 
aplicación del Acuerdo Marco a la vista de la jurisprudencia europea, clarificar las bases en 
esta materia en todo el territorio nacional y planificar y equiparar una respuesta común y 
equitativa a los posibles abusos de temporalidad, abordando el diseño y la determinación de 
consecuencias efectivas y disuasorias también de cara a su prevención en el futuro, postura 
que fue reiterada en su reunión de 21 de septiembre del mismo año.
Asimismo, en la Comisión de Coordinación del Empleo Público, como órgano técnico 
de colaboración de la Conferencia Sectorial, que ha estudiado y analizado la propuesta 
normativa de reforma del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Igualmente, en el marco del diálogo social, la propuesta se ha negociado con las 
organizaciones  sindicales  presentes  en  la  Mesa  General  de  Negociación  de  las 
Administraciones Públicas y se ha plasmado en un Acuerdo entre el Gobierno de España 
y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF.
En definitiva, la aprobación de esta Ley supone cumplir con el hito contenido en el 
PRTR, así como cumplir con el compromiso con la Comisión Europea de aprobar las 
reformas  estructurales  en  el  ámbito  del  empleo  público  necesarias  para  el  primer 
semestre de 2021.
III
Esta Ley pretende, con pleno respeto a la normativa presupuestaria, reforzar el 
carácter temporal de la figura del personal interino; aclarar los procedimientos de acceso 
a la condición de personal interino; objetivar las causas de cese de este personal e 
implantar un régimen de responsabilidades que constituya un mecanismo proporcionado, 
eficaz y disuasorio de futuros incumplimientos que, además, permita clarificar cualquier 
vacío o duda interpretativa que la actual regulación haya podido generar.
Para ello, en su artículo 1.Uno incluye una nueva redacción del artículo 10 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que, de acuerdo con la 
cláusula 5.ª del Acuerdo Marco, refuerza la noción de temporalidad de la figura del  s
personal funcionario interino, a fin de delimitar claramente la naturaleza de la relación  e.
que le une con la Administración. w.
El  carácter  temporal  se  explicita  en  el  apartado  1  del  artículo  10,  tanto  en  la  651ww
rmeifsemreon:c eian  ae sl us unpoumebstroa mdiee nntoom, cborammoi eennt ola  edne lpimlaiztaacsi óvna cdaenl tpelas zcou manádxoim noo  dsee ad uproasciibólne  dseul 
ncoobmebrrtuarmai epnotro  fpuonrc iosunsatriitousc iódne,  cpaorrr eerla  tipeomr puon  emstárixcitmamo ednet et riensd iaspñeons;s aebnl ee lq useu pmueostitvoe  deel   BOE-A-cable e
nombramiento; en el supuesto de nombramiento para ejecutar programas de carácter 
temporal, por un máximo de tres años, ampliable a doce meses más por las leyes de 
función pública de cada Administración, o en el supuesto de exceso o acumulación de 
tareas, por un plazo máximo de nueve meses.
En segundo lugar, en cuanto a la selección, los procedimientos de acceso a la 
condición  de  personal  funcionario  interino  no  son  equiparables  a  los  de  personal 
funcionario  de  carrera.  El  apartado  2  del  artículo  10  incide  explícitamente  en  su 
publicidad y celeridad, teniendo como finalidad la cobertura inmediata del puesto y 
establece expresamente que el nombramiento como personal interino derivado de los 
procedimientos de selección no implica en ningún caso el reconocimiento de la condición 
de funcionario de carrera. Es decir, se refuerza la nota de temporalidad al descartar 
cualquier expectativa de permanencia.
En tercer lugar, se objetivan las causas de terminación de la relación interina. La 
fijación  de  criterios  objetivos  para  la  terminación  del  nombramiento  ofrecerá  mayor 
claridad  en  cuanto  a  la  duración  máxima  de  la  permanencia  de  este  personal  y, 
fundamentalmente, evitará la perpetuación de la cobertura de puestos de trabajo por 
personal interino, fomentando la estabilidad en el empleo y coadyuvando a la cobertura 
permanente de los puestos de trabajo.
Así, se prevé que la finalización de la relación de interinidad del personal funcionario 
interino se producirá, además de por las causas genéricas previstas en el artículo 63 del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula las 
causas de la pérdida de la condición de funcionario de carrera, por las que se explicitan 
en el artículo 10, sin que ninguna de ellas genere derecho a compensación económica 
de ningún tipo.
En cuarto lugar, se endurecen las previsiones legales en cuanto a la duración máxima 
del nombramiento del personal interino por vacante, como medida preventiva para evitar un 
uso abusivo de esta figura para ejercer funciones de carácter permanente o estructural. De 
este modo, las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino deberán 
necesariamente  ser  objeto  de  cobertura  mediante  cualquiera  de  los  mecanismos  de 
provisión o movilidad previstos en la normativa de cada Administración Pública, priorizando 
la cobertura reglada por personal funcionario de carrera.
De no cumplirse lo anterior, transcurridos  tres  años desde el nombramiento se 
producirá el cese del personal funcionario interino y la vacante sólo podrá ser ocupada 
por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo 
quede  desierto,  en  cuyo  caso  se  podrá  efectuar  otro  nombramiento  de  personal 
funcionario interino.
Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que 
ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria 
dentro  del  plazo  de  los  tres  años  a  contar  desde  la  fecha  del  nombramiento  del 
funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 
del TREBEP. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, 
sin que su cese dé lugar a compensación económica.
En quinto lugar, se determina que al personal funcionario interino le será aplicable el 
régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza 
de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo 
aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.
El artículo 1.Dos de la presente Ley añade un nuevo apartado 3 al artículo 11, 
relativo al personal laboral, estableciendo los principios que en todo caso habrán de regir  s
en la selección del personal laboral temporal, como la publicidad, igualdad, mérito,  oe.
capacidad y celeridad, y estableciendo la finalidad que han de perseguir, atendiendo, en  w.
todo caso, a razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia. 651ww
Ley Padreal  finEasltizaatur,t oe l aBpáasrictaod o dTerle sE dmep elesated oa rtíPcuúlbol ic1o i nturondau cen ueenv ae l Tdeisxptoo sRiceiófunn diaddoi cdioen laal 
decimoséptima,  en  la  que  se  prevé  un  régimen  de  responsabilidades  en  caso  de
incumplimiento de las medidas anteriormente enunciadas e introducidas en el artículo 10 del 
citado texto legislativo.
Así,  se  refuerza  el  contenido  de  esta  reforma  normativa,  de  manera  que  las 
actuaciones irregulares en la aplicación del artículo 10 darán lugar a la exigencia de 
responsabilidades que procedan de conformidad con la normativa vigente en cada una 
de las Administraciones Públicas, constituyendo un mecanismo proporcionado, eficaz y 
disuasorio para el cumplimiento del deber de evitar abusos en la temporalidad del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas, en cumplimiento de la cláusula 5.ª 
del Acuerdo Marco.
La premisa de partida sobre la que se fundamenta la disposición es la de la nulidad 
de pleno derecho de toda actuación cuyo contenido incumpla directa o indirectamente 
los plazos máximos de permanencia como personal temporal, sea mediante acto, pacto, 
acuerdo o disposición reglamentaria, o a través de las medidas que se adopten en su 
cumplimiento.
El incumplimiento de los plazos máximos de permanencia, además, dará lugar a una 
compensación económica para el personal temporal, que será equivalente a veinte días 
de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de 
tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades. El derecho a esta 
compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo, no habiendo derecho a 
compensación en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por causas 
disciplinarias o por renuncia voluntaria.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades que puedan 
proceder de acuerdo con la normativa vigente en cada una de las Administraciones 
Públicas, así como del necesario establecimiento de criterios de actuación que permitan 
dar cumplimiento de manera coordinada a los mandatos incluidos en la disposición.
El artículo 2 de la Ley establece la ampliación de los procesos de estabilización de 
empleo temporal como medida complementaria inmediata para paliar la situación existente.
Por una parte, se autoriza un tercer proceso de estabilización de empleo público. Así, 
adicionalmente a los procesos de estabilización que regularon los artículos 19.Uno.6 de 
la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 
y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal 
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones 
de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que 
estén  contempladas  en  las  distintas  Administraciones  Públicas,  y  estando  dotadas 
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente 
al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.
Los procesos garantizarán el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, pudiendo articularse medidas que posibiliten 
una coordinación entre las diferentes Administraciones en el desarrollo de los mismos.
Sin perjuicio de lo establecido en su caso en la normativa propia de función pública 
de cada Administración o la normativa específica, el sistema de selección será el de 
concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta por ciento 
de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en 
el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate pudiendo no ser eliminatorios 
los ejercicios en fase de oposición, en el marco de la negociación colectiva establecida 
en el artículo 37.1 c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. s
Para evitar dilaciones en estos nuevos procesos, se exigirá que las ofertas de  oe.
empleo relativas a estos procesos de estabilización se aprueben y publiquen en los  w.
respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022, y las respectivas convocatorias  651ww
dainctieesm bdreel  d3e1  2d0e2 4d.iciembre de 2022, debiendo finalizar los procesos antes del 31 de
interSineo  por eevl ép eigrsuoanlmale lnatbeo ruanl at ecmopmopraeln qsuaeci,ó ens teacnodnoó menic aac tpivaora c oeml op etarsl,o nviaelr afu fnincaiolinzaardioa   BOE-A-cable e
su  relación  con  la  Administración  por  la  no  superación  del  proceso  selectivo  de 
estabilización.
Esta compensación económica será equivalente a veinte días de retribuciones fijas 
por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un 
año, hasta un máximo de doce mensualidades, para el personal funcionario interino o el 
personal laboral temporal que, estando en activo como tal, viera finalizada su relación 
con la Administración por la no superación del proceso selectivo de estabilización.
Se acompaña al articulado un conjunto de disposiciones imprescindibles para la 
correcta ejecución y comprensión del mismo.
Una reforma de este calado ha de tener muy en cuenta a la administración local, 
introduciendo medidas que faciliten el desarrollo de los procesos de selección. Así la 
disposición  adicional  primera  determina  la  posibilidad  de  que  los  municipios, 
especialmente aquellos con una capacidad de gestión más limitada, encomienden la 
gestión material de la selección de su personal funcionario de carrera o laboral fijo a las 
diputaciones  provinciales,  cabildos,  consejos  insulares,  entes  supramunicipales  u 
órganos equivalentes en las comunidades autónomas uniprovinciales.
En tal caso, las plazas de los municipios acogidos a este sistema, reunidas según 
categorías, cuerpos, escalas o subescalas, se ofertarán en convocatorias periódicas, 
cuyas bases aprobará la Administración a la que se encomiende dicha selección.
Los municipios podrán también encomendar, en los mismos términos, la gestión 
material de la selección del personal interino y laboral temporal.
De forma expresa, y a los solos efectos de los procesos de estabilización de empleo 
temporal en el ámbito local, éstos se regirán por lo dispuesto en el artículo 2 de esta Ley. 
No será de aplicación, por tanto, a estos procesos lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas  mínimos  a  que  debe  ajustarse  el  procedimiento  de  selección  de  los 
funcionarios de Administración Local.
Como  medida  de  prevención  para  facilitar  el  seguimiento  de  la  eficacia  de  las 
medidas adoptadas, en la disposición adicional segunda de esta Ley se prevé que el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública elabore un informe anual de seguimiento de la 
tasa de temporalidad en el empleo público.
La  disposición  adicional  tercera  se  refiere  a  las  medidas  de  seguimiento 
presupuestario y establece, con la finalidad de mantener una adecuada prestación de los 
servicios públicos, que las Administraciones Públicas podrán nombrar personal interino 
en las plazas vacantes por jubilación que se produzcan en el ejercicio presupuestario, 
así como las plazas de necesaria y urgente cobertura que, de acuerdo con lo establecido 
en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, no computen en la 
tasa de reposición de efectivos.
Esas vacantes ocupadas con personal interino se incluirán obligatoriamente en la 
oferta de empleo público del ejercicio en que se haya nombrado dicho personal y si ello 
no fuera posible, en la oferta del año siguiente. Todo ello, en los términos previstos en la 
normativa presupuestaria.
La disposición adicional cuarta establece que las Administraciones Públicas deberán 
asegurar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución de los procesos de 
estabilización mediante la adopción de medidas apropiadas para un desarrollo ágil de los 
procesos selectivos, tales como la reducción de plazos, la digitalización de procesos o la 
acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, entre otras.
La  disposición  adicional  quinta  regula  las  peculiaridades  de  los  procesos  de  s
estabilización de empleo temporal del personal investigador, tanto los derivados de las  oe.
Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y 2018 que no hubieran sido  w.
convocados o, habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir y deban  651ww
vaopllvicearr sae  ceoln sviostceamrsae ,d eco cmoon cduersl op rperveivsitsot oe ne ne el la artrítcícuulolo 2 2 6d.e4  edset ala L Leey,y  e1n4 /l2o0s1 1q,u ed ep 1o ddráe 
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
La disposición adicional sexta prevé que las Administraciones Públicas convoquen, 
con carácter excepcional, conforme a lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del Texto 
Refundido  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  por  el  sistema  de  concurso, 
aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran 
estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de 
enero de 2016. Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de 
negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
Sobre este concurso como proceso excepcional, cabe traer a colación la doctrina 
fijada por el Tribunal Constitucional sobre el principio de igualdad en el acceso a los 
cargos y empleos públicos (artículo 23.2 CE), que únicamente puede ser exceptuada por 
razones excepcionales y objetivas. Además, este acceso ha de ordenarse de manera 
igualitaria en la convocatoria mediante normas abstractas y generales con el fin de 
preservar la igualdad ante la ley de la ciudadanía, lo que obliga al legislador y a la 
Administración  a  elegir  reglas  fundadas  en  criterios  objetivos  y  presididos  por  los 
cánones  de  mérito  y  capacidad  que  el  artículo  103.3  CE  dispone  (SSTC  67/1989, 
27/1991 y 60/1994).
Entre las condiciones que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, han de 
darse para que no quepa apreciar infracción alguna del principio de igualdad de acceso a 
cargos y empleos públicos del artículo 23.2 de la Constitución se encuentran, en primer 
lugar, que se trate de una situación excepcional; segunda, que sólo se acuda a este tipo 
de procedimientos por una sola vez, pues de otro modo se perdería su condición de 
remedio excepcional y tercero, que dicha posibilidad esté prevista en una norma con 
rango legal (STC 12/1999, de 11 de febrero de 1999).
Con esta disposición adicional se da amparo normativo al concepto jurisprudencial 
de interinidad de larga duración superior a cinco años, que por su carácter de normativa 
básica, resulta de aplicación al conjunto de las Administraciones Públicas y garantiza la 
igualdad en todo el territorio.
La previsión contenida en esta Ley para que las Administraciones Públicas puedan 
convocar  el  concurso  extraordinario  y  excepcional  para  aquellas  plazas  ocupadas 
temporalmente  durante  cinco  años  o  más,  cumple  con  los  antedichos  requisitos 
jurisprudenciales que además, en todo caso, es razonable, proporcionada y no arbitraria, 
afectando a todas las plazas de carácter estructural ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016 a consecuencia de las tasas de 
reposición cero de los ejercicios 2012 al 2015, que provocaron la imposibilidad de 
incorporar, a las correspondientes ofertas de empleo público, las plazas que en esos 
momentos se estaban ocupando en régimen de interinidad.
La disposición adicional séptima prevé una extensión del ámbito de aplicación de los 
procesos  de  estabilización  a  las  sociedades  mercantiles  públicas,  a  las  entidades 
públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios del sector público, 
sin perjuicio de la adecuación, en su caso, a su normativa específica.
Conforme  a  la  disposición  adicional  octava,  adicionalmente,  los  procesos  de 
estabilización contenidos en la disposición adicional sexta incluirán en sus convocatorias 
las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal 
con una relación, de esta naturaleza, anterior a 1 de enero de 2016.
La disposición adicional novena se refiere a las competencias de las Comunidades 
Autónomas, entidades forales y locales, respecto a los procesos de estabilización y 
acuerdos con las organizaciones sindicales. s
La disposición adicional décima se refiere a la aplicación de la Ley a la comunidad  oe.
Foral de Navarra y a la Comunidad Autónoma del País Vasco. w.
Dentro de lo anunciada pretensión de agilizar los procesos de estabilización de  651ww
epmropcleesoo st esmepleocrtaivl osy ap acroan vlao ccaodboesr,t ulraa  ddies ppolsaizcaiósn  intrcalunisdiatosr iae np rlaims eorafe rptarse vdée  qeume plleoos 
ppúrebvliicsoto sa perno beald aasrt íceunl oe l1 m9.aUrncoo. 6d ed elo sla  pLroecye s3o/2s0 1d7e,  edseta 2b7ili zdaec iójunn idoe,  deem pPlreeos utepmuepsotroasl   BOE-A-cable e
Generales del Estado para el año 2017, y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, deberán finalizar antes del 31 de 
diciembre de 2024.
La disposición transitoria segunda delimita el marco temporal de aplicación de la 
modificación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
que  será  de  aplicación  únicamente  respecto  del  personal  temporal  nombrado  o 
contratado con posterioridad a su entrada en vigor.
La  norma  incluye  tres  disposiciones  finales.  La  primera  se  refiere  al  título 
competencial.  La  segunda  mantiene  en  vigor  la  disposición  final  segunda  del  Real 
Decreto-ley  14/2021,  de  6  de  julio,  de  medidas  urgentes  para  la  reducción  de  la 
temporalidad en el empleo público, relativa a la adaptación de la normativa del personal 
docente y del personal estatutario y equivalente de los servicios de salud.
La disposición final tercera establece la entrada en vigor de la norma.
IV
La  tasa  de  temporalidad  registrada  en  el  empleo  público  es  ya  superior  a  la 
registrada en el sector privado. Esta situación no solo se aleja de forma manifiesta del 
modelo de función pública configurado por nuestra Constitución Española, sino que 
compromete la adecuada prestación de los servicios públicos, en la medida en que la 
temporalidad impide articular políticas de recursos humanos dirigidas a garantizar la 
calidad de los servicios públicos.
En un contexto en que la intervención de los poderes públicos resulta crítica para 
mitigar los impactos de la crisis sanitaria en el tejido social y económico, así como para 
proporcionar los cimientos de la recuperación, la adopción de medidas que permitan 
controlar y reducir el exceso de temporalidad deviene perentoria para garantizar los 
principios de eficacia y eficiencia en el funcionamiento de las Administraciones Públicas.
Esta situación no ha pasado inadvertida a las instituciones de la Unión Europea. 
Tanto la Comisión Europea, con ocasión de los informes elaborados en el marco del 
Semestre  Europeo,  como  el  propio  Consejo,  en  las  recomendaciones  específicas 
dirigidas a nuestro país, han subrayado insistentemente la necesidad de poner fin a la 
elevada temporalidad en el empleo público.
Ello ha motivado que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y que 
dispone que «los planes de recuperación y resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, determinados en el marco del Semestre Europeo», 
en el componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado 
el pasado 30 de abril, referido a la modernización de las Administraciones Públicas, 
España se haya comprometido a adoptar una reforma normativa al término del primer 
semestre de 2021 que articule medidas eficaces, proporcionadas y disuasorias para 
poner fin a la excesiva temporalidad en el empleo público. Esta reforma ha merecido un 
juicio  favorable  de  la  Comisión  Europea,  reflejado  en  el  informe  que  acompaña  la 
Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo, de 22 de junio de 2021, relativa a la 
aprobación de la evaluación del citado plan, en el que se señala específicamente que «el 
plan  de  España  contiene  medidas  que  deberían  contribuir  significativamente  a  la 
reducción de la elevada proporción de contratos temporales que también se observa en 
el sector público». s
El Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, dispone que la liberación  e.
de los fondos en el marco del Mecanismo depende del cumplimiento satisfactorio por  w.
parte de los Estados miembros de los hitos y objetivos pertinentes que figuren en los  651ww
planEexsi sdtee ,r eacudpeemráasc,ió no ytr are sciliirecnucnisat.ancia  que  caracteriza  de  forma  sobrevenida  la
cyoan ceuxrrteennscaia  djeulr ipsrpersuudpeunecsiato  hdaebl ilitTaJnUteE,  viennc ularedlaa caió unn o cdoen  losla ú ltiinmteorsp dreetsaacriróonll osd ed e llaa   BOE-A-cable e
Directiva 1999/70 (CE) del Consejo, de 28 de junio de 1999. La sentencia dictada por el 
TJUE en el asunto C-726/19 (IMIDRA), de 3 de junio de 2021, ha propiciado una nueva 
reflexión  sobre  determinados  aspectos  de  la  jurisprudencia  de  los  órganos 
jurisdiccionales nacionales, reflejada en la reciente sentencia dictada en unificación de 
doctrina por el Tribunal Supremo, Sala de lo Social n.º 649/2021, de 28 de junio. A la luz 
de esta evolución se hace necesaria una intervención del legislador a fin de precisar el 
régimen jurídico aplicable, de forma que pueda conjugarse adecuadamente el efecto útil 
de la directiva mencionada con el aseguramiento de los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.
Las medidas contenidas en la Ley pretenden garantizar que las Administraciones 
Públicas inicien una senda de reequilibrio que aporte credibilidad a la evolución futura de 
la temporalidad en el empleo público, a fin de situar la tasa de cobertura temporal por 
debajo  del  ocho  por  ciento  de  las  plazas  estructurales,  y,  en  esa  medida,  pueda 
predicarse de cada una de ellas la conexión de sentido requerida por la jurisprudencia 
constitucional.
Hacia el pasado, la reforma activa en el artículo 2 un último proceso de estabilización 
de plazas de carácter estructural que se suma a los ya iniciados en 2017 y 2018, y 
establece plazos tasados para asegurar el cumplimiento del hito de ejecución de todas 
las ofertas antes del 31 de diciembre de 2024, evitando de esta forma que se produzcan 
dilaciones  que  comprometan  el  objetivo  de  estabilización  de  plazas  de  carácter 
estructural.  En  todo  caso,  estos  procesos  deberán  desarrollarse  con  arreglo  a  los 
principios  de  libre  concurrencia,  igualdad,  mérito  y  capacidad  y  se  prevén 
compensaciones para el personal funcionario interino o el personal laboral temporal que, 
estando en activo como tal, viera finalizada su relación con la Administración por la no 
superación del proceso selectivo de estabilización.
Hacia el futuro, la reforma de la legislación básica pretende activar un conjunto de 
medidas regulatorias directamente ordenadas a atajar la excesiva temporalidad. Las 
medidas de carácter preventivo actúan mediante una delimitación de la causa y término 
en la figura del personal funcionario interino y se dirigen a evitar un uso indebido de esta 
figura;  descartar  cualquier  expectativa  de  permanencia  tras  su  selección  por 
procedimientos presididos por la publicidad, igualdad, mérito, capacidad y celeridad, y 
objetivar las causas de terminación de la relación interina, ofreciendo mayor claridad 
sobre la duración máxima de la permanencia de este personal. Al propio tiempo se aplica 
al personal funcionario interino el régimen general del personal funcionario de carrera en 
cuanto  sea  adecuado  a  la  naturaleza  de  su  condición  temporal  y  al  carácter 
extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la 
condición de funcionario de carrera
Asimismo, se recogen las medidas que contemplan, en línea con la jurisprudencia 
del TJUE, sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. Se establece en primer 
término  la  obligación  que  corresponde  a  las  Administraciones  Públicas  de  evitar 
cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal y nombramientos de 
personal  funcionario  interino,  para  lo  cual  promoverán  la  adopción  de  criterios  de 
actuación y una actuación coordinada de los órganos con responsabilidades en materia 
de gestión de personal. Seguidamente se dispone que las actuaciones irregulares en la 
presente materia darán lugar a la exigencia de las responsabilidades que procedan de 
conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas. En 
tercer lugar, se contempla la nulidad de pleno derecho de todo acto, pacto, acuerdo o 
disposición reglamentaria, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o  s
desarrollo, cuyo contenido directa o indirectamente suponga el incumplimiento por parte  oe.
de la Administración de los plazos máximos de permanencia como personal temporal. En  w.
cuarto lugar, en el caso de las interinidades por vacante se establece que, transcurridos  651ww
vtraecsa anñteo ss ódleos dpeo derlá n osmerb roacmuipeandtoa,  speo rp rpoedruscoinráa l efl ufninc iodnea lraio r edlaec icóanr rdeera i,n tsearilnviod aqdu, ey  leal 
correspondiente proceso selectivo quede desierto. Por último, se prevé un régimen de
compensaciones aplicable tanto al personal funcionario interino como al personal laboral 
temporal en los supuestos de incumplimiento de los plazos máximos de permanencia.
Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.7.ª y 18.ª de la Constitución Española, 
que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin 
perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas; y en materia 
de bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario 
de sus funcionarios.
Asimismo,  se  dicta  al  amparo  del  artículo  149.1.13.ª  que  atribuye  al  Estado  la 
competencia exclusiva sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la 
actividad económica.
Artículo  1.   Modificación  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del 
Empleado  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de 
octubre.
Se modifica el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, de la siguiente forma:
Uno.  Se da una nueva redacción al artículo 10, que queda redactado como sigue:
«Artículo 10.   Funcionarios interinos.
1.  Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas 
de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el 
desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna 
de las siguientes circunstancias:
a)  La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por 
funcionarios de carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en 
el apartado 4.
b)  La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente 
necesario.
c)  La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una 
duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de 
Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
d)  El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, 
dentro de un periodo de dieciocho meses.
2.  Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán 
públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, 
publicidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. El 
nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará 
lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera.
3.  En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la 
relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las 
previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna:
a)  Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a 
través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.
b)  Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización  s
de los puestos asignados. o
nomdcb))r  amPPoioerrn  ltaloa . finfianlaizliazcaicóinó nd ed leal  cpaluaszao  qauuet odriioz aludgoa re ax psrue snaommebnratem ireenctoog.ido  en  su  2021-21651n https://www.
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mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la 
normativa de cada Administración Pública.
No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal 
funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante 
solo  podrá  ser  ocupada  por  personal  funcionario  de  carrera,  salvo  que  el 
correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar 
otro nombramiento de personal funcionario interino.
Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la 
plaza  que  ocupe  temporalmente,  siempre  que  se  haya  publicado  la 
correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la 
fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los 
plazos  establecidos  en  el  artículo  70  del  TREBEP.  En  este  supuesto  podrá 
permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a 
compensación económica.
5.  Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del 
personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su 
condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, 
salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.»
Dos.  Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 11, que queda redactado como 
sigue:
«3.  Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, 
rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el 
caso  del  personal  laboral  temporal  se  regirá  igualmente  por  el  principio  de 
celeridad, teniendo por finalidad atender razones expresamente justificadas de 
necesidad y urgencia.»
Tres.  Se  introduce  una  nueva  disposición  adicional  decimoséptima,  que  queda 
redactada en los siguientes términos:
«Disposición  adicional  decimoséptima.  Medidas  dirigidas  al  control  de  la 
temporalidad en el empleo público.
1.  Las Administraciones Públicas serán responsables del cumplimiento de las 
previsiones contenidas en la presente norma y, en especial, velarán por evitar 
cualquier  tipo  de  irregularidad  en  la  contratación  laboral  temporal  y  los 
nombramientos de personal funcionario interino.
Asimismo,  las  Administraciones  Públicas  promoverán,  en  sus  ámbitos 
respectivos,  el  desarrollo  de  criterios  de  actuación  que  permitan  asegurar  el 
cumplimiento de esta disposición, así como una actuación coordinada de los 
distintos órganos con competencia en materia de personal.
2.  Las  actuaciones  irregulares  en  la  presente  materia  darán  lugar  a  la 
exigencia de las responsabilidades que procedan de conformidad con la normativa 
vigente en cada una de las Administraciones Públicas.
3.  Todo  acto,  pacto,  acuerdo  o  disposición  reglamentaria,  así  como  las 
medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido directa o 
indirectamente suponga el incumplimiento por parte de la Administración de los 
plazos máximos de permanencia como personal temporal será nulo de pleno 
derecho. e.
4.  El incumplimiento del plazo máximo de permanencia dará lugar a una  w.b
compensación económica para el personal funcionario interino afectado, que será  651ww
perqourirvaateleánnted osae  pveoirn tme esdeías sl osd ep esríuosd osre tdreib uticeimonpeos  inffiejarsio repso ra  auñno a ñdoe,  hsaesrtvaic uion, 
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nombramiento  del  que  traiga  causa  el  incumplimiento.  No  habrá  derecho  a 
compensación en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por 
causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria.
5.  En el caso del personal laboral temporal, el incumplimiento de los plazos 
máximos de permanencia dará derecho a percibir la compensación económica 
prevista  en  este  apartado,  sin  perjuicio  de  la  indemnización  que  pudiera 
corresponder por vulneración de la normativa laboral específica.
Dicha compensación consistirá, en su caso, en la diferencia entre el máximo 
de veinte días de su salario fijo por año de servicio, con un máximo de doce 
mensualidades, y la indemnización que le correspondiera percibir por la extinción 
de su contrato, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un 
año. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo, 
y la cuantía estará referida exclusivamente al contrato del que traiga causa el 
incumplimiento. En caso de que la citada indemnización fuere reconocida en vía 
judicial, se procederá a la compensación de cantidades.
No habrá derecho a la compensación descrita en caso de que la finalización 
de la relación de servicio sea por despido disciplinario declarado procedente o por 
renuncia voluntaria.»
Artículo 2.   Procesos de estabilización de empleo temporal.
1.  Adicionalmente a lo establecido en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se 
autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las 
plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de 
trabajo,  plantillas  u  otra  forma  de  organización  de  recursos  humanos  que  estén 
contempladas  en  las  distintas  Administraciones  Públicas  y  estando  dotadas 
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente 
al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.
Sin  perjuicio  de  lo  que  establece  la  disposición  transitoria  primera,  las  plazas 
afectadas por los procesos de estabilización previstos en los artículos 19.Uno.6 de la 
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, 
y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018, serán incluidas dentro del proceso de estabilización descrito en el párrafo 
anterior,  siempre  que  hubieran  estado  incluidas  en  las  correspondientes  ofertas  de 
empleo público de estabilización y llegada la fecha de entrada en vigor de la presente 
Ley, no hubieran sido convocadas, o habiendo sido convocadas y resueltas, hayan 
quedado sin cubrir.
2.  Las ofertas de empleo que articulen los procesos de estabilización contemplados 
en el apartado 1, así como el nuevo proceso de estabilización, deberán aprobarse y 
publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022 y serán 
coordinados por las Administraciones Públicas competentes.
La publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de 
las plazas incluidas en las ofertas de empleo público deberá producirse antes del 31 de 
diciembre de 2022.
La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre  s
de 2024. oe.
lcausm p34pl..al  imzaLLiesaa n  ettaasorts triaucd cuedtl uealr cocaisóole nbsp e.drritenu creiaps ittoeosms  pdpoeror acllie bdsreeob se csroáen lcesuictrutirvaeornssce ia qp,u oeirg,  dueeanbl dataojodd ,od  emcl aéosrciotho,o , g pacoararp ncaticiezindataroád  d eeyl    2021-21651n https://www.
publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la
Administración  General  del  Estado,  comunidades  autónomas  y  entidades  locales,  Bc
pudiendo  articularse  medidas  que  posibiliten  una  coordinación  entre  las  diferentes 
Administraciones Públicas en el desarrollo de los mismos en el seno de la Comisión de 
Coordinación del Empleo Público.
Sin perjuicio de lo establecido en su caso en la normativa propia de función pública 
de cada Administración o la normativa específica, el sistema de selección será el de 
concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta por ciento 
de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en 
el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate pudiendo no ser eliminatorios 
los ejercicios en la fase de oposición, en el marco de la negociación colectiva establecida 
en el artículo 37.1 c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público.
En el supuesto de que en la normativa específica sectorial o de cada Administración 
así se hubiera previsto, los mecanismos de movilidad o de promoción interna previos de 
cobertura de plazas serán compatibles con los procesos de estabilización.
5.  De  la  resolución  de  estos  procesos  no  podrá  derivarse,  en  ningún  caso, 
incremento  de  gasto  ni  de  efectivos,  debiendo  ofertarse  en  estos  procesos, 
necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por 
personal con vinculación temporal.
6.  Corresponderá  una  compensación  económica,  equivalente  a  veinte  días  de 
retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo 
inferiores  a  un  año,  hasta  un  máximo  de  doce  mensualidades,  para  el  personal 
funcionario interino o el personal laboral temporal que, estando en activo como tal, viera 
finalizada su relación con la Administración por la no superación del proceso selectivo de 
estabilización.
En  el  caso  del  personal  laboral  temporal,  dicha  compensación  consistirá  en  la 
diferencia entre el máximo de veinte días de su salario fijo por año de servicio, con un 
máximo de doce mensualidades, y la indemnización que le correspondiera percibir por la 
extinción de su contrato, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a 
un año. En caso de que la citada indemnización fuere reconocida en vía judicial, se 
procederá a la compensación de cantidades.
La  no  participación  del  candidato  o  candidata  en  el  proceso  selectivo  de 
estabilización no dará derecho a compensación económica en ningún caso.
7.  Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Administraciones Públicas 
deberán certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría 
de Estado de Presupuestos y Gastos, el número de plazas estructurales ocupadas de 
forma temporal existente en cada uno de los ámbitos afectados.
Disposición adicional primera.  Medidas para el ámbito local.
1.  Los municipios, excepto los de gran población previstos en el Título X de la 
Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  podrán 
encomendar la gestión material de la selección de su personal funcionario de carrera o 
laboral  fijo  a  las  diputaciones  provinciales,  cabildos,  consejos  insulares,  entes 
supramunicipales  u  órganos  equivalentes  en  las  comunidades  autónomas 
uniprovinciales.
Los municipios podrán, también, encomendar en los mismos términos la selección 
del personal funcionario interino y personal laboral temporal.
2.  Finalizado el proceso selectivo, la autoridad competente de la entidad local  e
nombrará o contratará, según proceda, a los candidatos que hayan superado el proceso  bo
selectivo. 651ww
rploeosgr l aa3lors.t   ídcbiuLsálpoosussic e pa8srs toyo c  y9ee  nsdloo eessll    Radpreerto íaceglus rDltaoaem b2ciarl.i eszNt aoomc  i8sóín9eni6rm ád/1noe9 s d9e e1ma , a pdqpleeulio ce7 a t ceddimeeó bnpjue oan r iaaeoljs, u etpsontosa r er psel reláo  qmceuebles io tpsosre o ll oocece sdadtialsi mbspeluiee ecrnesettogno i r ldáeaenns     OE-A-2021-21able en https://
selección de los funcionarios de Administración Local.
Disposición adicional segunda.  Medidas de seguimiento de la temporalidad.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el marco de la cooperación en 
materia de administración pública, elaborará un informe anual de seguimiento de la 
situación de la temporalidad en el empleo público, que remitirá a la Comisión competente 
del  Congreso  de  los  Diputados.  Dicho  Informe  contendrá,  como  mínimo,  el  detalle 
funcional con escala autonómica y local de todas las situaciones de temporalidad en el 
empleo público.
Disposición adicional tercera.  Medidas de seguimiento presupuestario.
Con la finalidad de mantener una adecuada prestación de los servicios públicos, las 
Administraciones Públicas podrán nombrar personal interino en las plazas vacantes que 
se produzcan en el ejercicio presupuestario por jubilación, así como las plazas de 
necesaria y urgente cobertura que, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente 
Ley de Presupuestos Generales del Estado, no computen en la tasa de reposición de 
efectivos.
Esas vacantes ocupadas con personal interino se incluirán obligatoriamente en la 
oferta de empleo público del ejercicio en que se haya nombrado dicho personal y si ello 
no fuera posible, en la oferta del año siguiente. Todo ello, en los términos previstos en la 
normativa presupuestaria.
Disposición adicional cuarta.  Medidas de agilización de los procesos selectivos.
Las  Administraciones  Públicas  deberán  asegurar  el  cumplimiento  del  plazo 
establecido para la ejecución de los procesos selectivos mediante la adopción de las 
medidas apropiadas para el desarrollo ágil de los procesos selectivos, tales como la 
reducción de plazos, la digitalización de los procesos o la acumulación de pruebas en un 
mismo ejercicio, entre otras.
Las convocatorias de estabilización que se publiquen podrán prever para aquellas 
personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en bolsas de personal 
funcionario interino o de personal laboral temporal específicas o su integración en bolsas 
ya  existentes.  En  dichas  bolsas  se  integrarán  aquellos  candidatos  que,  habiendo 
participado en el proceso selectivo correspondiente, y no habiendo superado éste, sí 
hayan obtenido la puntuación que la convocatoria considere suficiente.
Disposición  adicional  quinta.  Procesos  de  estabilización  de  empleo  temporal  de 
personal investigador.
1.  Sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria primera, el sistema de 
concurso previsto en el artículo 26.4 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología  y  la  Innovación,  será  de  aplicación  a  las  plazas  de  los  procesos  de 
estabilización de empleo temporal previstos por el artículo 2.
2.  El  sistema  de  concurso  podrá  ser  también  de  aplicación  a  las  plazas 
mencionadas en el apartado anterior si se encuentran afectadas por los procesos de 
estabilización previstos en el artículo 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, siempre que las mismas estén 
incluidas  en  las  correspondientes  ofertas  de  empleo  público  de  estabilización  y  no 
hubieran sido convocadas o, habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado sin 
cubrir y deban volver a convocarse. e.
Disposición  adicional  sexta.  Convocatoria  excepcional  de  estabilización  de  empleo  651ww
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que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con 
carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.
Estos  procesos,  que  se  realizarán  por  una  sola  vez,  podrán  ser  objeto  de 
negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos 
establecidos en esta norma.
Disposición adicional séptima.  Extensión del ámbito de aplicación de los procesos de 
estabilización.
Los preceptos contenidos en esta norma relativos a los procesos de estabilización 
serán  de  aplicación  a  las  sociedades  mercantiles  públicas,  entidades  públicas 
empresariales,  fundaciones  del  sector  público  y  consorcios  del  sector  público,  sin 
perjuicio de la adecuación, en su caso, a su normativa específica.
Disposición adicional octava.  Identificación de las plazas a incluir en las convocatorias 
de concurso.
Adicionalmente, los procesos de estabilización contenidos en la disposición adicional 
sexta  incluirán  en  sus  convocatorias  las  plazas  vacantes  de  naturaleza  estructural 
ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior 
al 1 de enero de 2016.
Disposición  adicional  novena.  Actuaciones  de  las  Comunidades  Autónomas  y 
Entidades Locales.
En el marco de lo establecido en el TREBEP y en esta Ley, la administración de las 
Comunidades Autónomas, Entidades forales y locales, desarrollarán los procesos de 
estabilización y llevarán a cabo, en el marco de lo previsto en esta Ley, acuerdos con las 
organizaciones  sindicales  para  lograr  el  objetivo  de  reducción  de  la  temporalidad 
establecido en esta norma.
Disposición adicional décima.  Aplicación en las Instituciones Forales.
La presente Ley se aplicará a la Comunidad Foral de Navarra en los términos 
establecidos en el artículo 149.1.18 y disposición adicional primera de la Constitución, y 
en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco la presente Ley se aplicará 
de  conformidad  con  el  artículo  149.1.18  y  la  disposición  adicional  primera  de  la 
Constitución, y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el 
Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
Disposición transitoria primera.  Plazo de resolución de los procesos de estabilización 
de empleo temporal ya convocados.
Los procesos selectivos para la cobertura de plazas incluidas en las ofertas de 
empleo público aprobadas en el marco de los procesos de estabilización de empleo 
temporal  previstos  en  el  artículo  19.Uno.6  de  la  Ley  3/2017,  de  27  de  junio,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3  es
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, deberán finalizar antes  o
del 31 de diciembre de 2024. 651ww
Disposición transitoria segunda.  Efectos.
Las  previsiones  contenidas  en  el  artículo  1  de  esta  Ley  serán  de  aplicación 
únicamente respecto del personal temporal nombrado o contratado con posterioridad a 
su entrada en vigor.
Disposición final primera.  Títulos competenciales.
Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.7.ª y 18.ª de la Constitución Española, 
que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin 
perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas; y bases del 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus 
funcionarios. Asimismo, se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª que establece la 
competencia del Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica.
Disposición final segunda.  Adaptación de  la normativa  del  personal docente y del 
personal estatutario y equivalente de los servicios de salud.
Permanece en vigor la disposición final segunda del Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 
de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 
relativa a la adaptación de la normativa del personal docente y del personal estatutario y 
equivalente de los servicios de salud.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 28 de diciembre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN