BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 31  Miércoles 5 de febrero de 2020  Sec. I.   Pág. 10562
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
1651 Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión 
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de 
seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de 
litigios fiscales.
ÍNDICE
Libro primero.  Transposición de la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan 
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la Directiva 
2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a 
la adjudicación de contratos de concesión.
Título I.  Disposiciones generales.
Capítulo I.  Objeto y definiciones.
Artículo 1.  Objeto del Libro primero del real decreto-ley.
Artículo 2.  Definiciones.
Artículo 3.  Nomenclatura.
Artículo 4.  Métodos para calcular el valor estimado de los contratos, de los acuerdos 
marco y de los sistemas dinámicos de adquisición.
Capítulo II.  Ámbito de aplicación subjetiva.
Artículo 5.  Entidades sujetas a este real decreto-ley.
Artículo 6.  Derechos especiales o exclusivos.
Capítulo III.  Ámbito de aplicación objetiva.
Sección 1.ª  De las actividades reguladas.
Artículo 7.  Disposiciones comunes.
Artículo 8.  Agua.
Artículo 9.  Gas y calefacción.
Artículo 10.  Electricidad.
Artículo 11.  Servicios de transporte.
Artículo 12.  Puertos y aeropuertos.
Artículo 13.  Servicios postales.
Artículo 14.  Prospección y extracción de petróleo, gas, carbón y otros combustibles 
sólidos, y puesta a disposición de terminales de transportes.
Artículo 15.  Contratos mixtos.
Artículo 16.  Régimen jurídico de los contratos destinados a la realización de varias 
actividades. e.e
Sección 2.ª  Exclusiones. 51www.
Subsección 1.ª  Exclusión de actividades sometidas directamente a la competencia.
Artículo 17.  Exclusión de actividades sometidas directamente a la competencia.
Subsección 2.ª  Contratos excluidos.
Artículo 18.  Contratos excluidos por razón de su finalidad.
Artículo 19.  Exclusiones en los ámbitos del agua y la energía.
Artículo 20.  Exclusiones específicas relativas a los contratos de servicios y de 
concesión de servicios.
Artículo 21.  Contratos y concurso de proyectos relacionados con el ámbito 
internacional.
Artículo 22.  Contratos de servicios adjudicados sobre la base de un derecho 
exclusivo.
Artículo 23.  Contratos en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.
Artículo 24.  Contratos con empresas asociadas y con empresas conjuntas.
Subsección 3.ª  Sistemas de cooperación pública excluidos.
Artículo 25.  Encargos a medios propios personificados.
Artículo 26.  Convenios.
Capítulo IV.  Principios de contratación y confidencialidad.
Artículo 27.  Principios de la contratación.
Artículo 28.  Confidencialidad.
Artículo 29.  Conflictos de intereses.
Título II.  Capacidad y clasificación de los operadores económicos.
Capítulo I.  Capacidad y solvencia de los licitadores.
Artículo 30.  Capacidad de los operadores económicos y demás condiciones de 
participación.
Artículo 31.  Agrupaciones de empresarios.
Capítulo II.  Clasificación de las empresas.
Artículo 32.  Régimen de clasificación.
Artículo 33.  Sistema de clasificación propio.
Artículo 34.  Publicidad del sistema de clasificación propio de las entidades 
contratantes.
Artículo 35.  Acuerdos de clasificación.
Artículo 36.  Requisitos relativos a capacidades de otras entidades.
Artículo 37.  Información a los candidatos.
Artículo 38.  Imparcialidad en la clasificación y relación de empresas clasificadas.
Artículo 39.  Anulación de clasificaciones.
Artículo 40.  Convocatoria de licitación por medio de un anuncio sobre la existencia 
de un sistema de clasificación.
Título III.  Preparación y documentación del contrato.
Artículo 41.  Consultas preliminares del mercado.
Artículo 42.  Delimitación del objeto del contrato.
Artículo 43.  Pliegos de condiciones, subrogación de trabajadores y presupuesto de 
la licitación. e.
Artículo 44.  Comunicación de las prescripciones. w.b
Artículo 45.  Prescripciones técnicas. 51ww
AArrttííccuulloo  4467..   EIntfioqrumeetass d.e pruebas, certificación y otros medios de prueba.
medAioratímcublioe n4ta8l..  Normas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión
Artículo 49.  Reconocimiento mutuo en cuanto a condiciones técnicas o financieras y 
en cuanto a certificados, pruebas y justificantes.
Artículo 50.  Definiciones de las prescripciones técnicas.
Artículo 51.  Instrucciones y reglamentos técnicos obligatorios.
Título IV.  Procedimientos de adjudicación de los contratos.
Capítulo I.  Objeto, contenido mínimo y plazo de duración de los contratos.
Artículo 52.  Objeto del contrato.
Artículo 53.  Contenido mínimo del contrato.
Artículo 54.  Plazo de duración de los contratos.
Capítulo II.  Requisitos de los candidatos y licitadores.
Artículo 55.  Exigencia de solvencia.
Artículo 56.  Criterios de selección cualitativa de candidatos y licitadores.
Artículo 57.  Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para 
contratar.
Capítulo III.  Procedimientos de adjudicación.
Sección 1.ª  Normas generales.
Artículo 58.  Principios generales.
Artículo 59.  Obligación de notificación y exclusión de actuaciones y prácticas 
restrictivas de la competencia.
Artículo 60.  Cómputo de plazos.
Artículo 61.  Normas aplicables a las comunicaciones.
Artículo 62.  Participación previa de candidatos o licitadores.
Artículo 63.  Invitación a los candidatos seleccionados.
Artículo 64.  Información a los candidatos y licitadores.
Artículo 65.  Contratos reservados.
Artículo 66.  Criterios de adjudicación del contrato.
Artículo 67.  Cálculo del ciclo de vida.
Artículo 68.  Admisión de variantes.
Artículo 69.  Ofertas anormalmente bajas.
Artículo 70.  Preferencia de ofertas comunitarias en los contratos de suministro.
Artículo 71.  Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del 
procedimiento de adjudicación por la entidad contratante.
Artículo 72.  Adjudicación de los contratos.
Artículo 73.  Perfección y formalización de los contratos.
Sección 2.ª  Publicidad de las licitaciones.
Artículo 74.  Perfil de contratante.
Artículo 75.  Plataforma de Contratación del Sector Público.
Artículo 76.  Anuncios periódicos indicativos.
Artículo 77.  Convocatoria de licitación.
Artículo 78.  Anuncios de licitación.
Artículo 79.  Anuncios de formalización de los contratos. es
Artículo 80.  Criterios y modalidades de publicación de los anuncios. bo
Sección 3.ª  Tipos de procedimiento. 51ww
Artículo 81.  Procedimientos de adjudicación.
AArrttííccuulloo  8823..   PPrroocceeddiimmiieennttoo  arebsietrrintog.ido.
Artículo 84.  Procedimiento de licitación con negociación.
Artículo 85.  Procedimiento negociado sin publicidad.
Artículo 86.  Diálogo competitivo.
Artículo 87.  Asociación para la innovación.
Título V.  Técnicas de racionalización de la contratación y concursos de proyectos.
Capítulo I.  Técnicas de Racionalización.
Sección 1.ª  Centrales de compras.
Artículo 88.  Actividades de compra centralizada y centrales de compras.
Artículo 89.  Contratación conjunta esporádica.
Artículo 90.  Contratación con intervención de entidades contratantes de diferentes 
Estados miembros de la Unión Europea.
Artículo 91.  Contratos y acuerdos marco celebrados con las centrales de compras.
Sección 2.ª  Acuerdos marco.
Artículo 92.  Acuerdos marco.
Sección 3.ª  Sistemas dinámicos de adquisición.
Artículo 93.  Delimitación.
Artículo 94.  Reglas aplicables a los sistemas dinámicos de adquisición.
Artículo 95.  Incorporación de empresas al sistema.
Artículo 96.  Adjudicación de los contratos específicos en el marco de un sistema 
dinámico de adquisición.
Sección 4.ª  Subastas electrónicas y catálogos electrónicos.
Artículo 97.  Subastas electrónicas.
Artículo 98.  Catálogos electrónicos.
Capítulo II.  Concursos de proyectos.
Artículo 99.  Organización del concurso de proyectos.
Artículo 100.  Número de participantes
Artículo 101.  Ámbito de aplicación del concurso de proyectos.
Artículo 102.  Publicidad del concurso de proyectos.
Artículo 103.  Comunicaciones en los concursos de proyectos.
Artículo 104.  Jurado del concurso de proyectos.
Título VI.  Ejecución y extinción de los contratos.
Capítulo I.  De la ejecución del contrato.
Artículo 105.  Condiciones de ejecución del contrato de carácter social, ético, 
medioambiental o de otro orden.
Artículo 106.  Obligaciones relativas a las disposiciones en materia fiscal, de 
protección del medio ambiente, del empleo y de condiciones de trabajo y de contratar a un 
porcentaje específico de personas con discapacidad.
Artículo 107.  Subcontratación.
Artículo 108.  Pagos a subcontratistas y suministradores y comprobación de los  e.e
mismos. b
CAratpícíutulolo 1 I0I.9 . DeS ulap umeosdtoifsic adcei ómno ddeif ilcoasc cióonn.tratos.
AArrttííccuulloo  111110..   MMooddiiffiiccaacciioonneess  npore pvrisetvaisst aesn  eenl  pelile pglioe gdoe  dceo ncdoincidoincieosn.es. BOE-A-cable e
Artículo 112.  Procedimiento y publicidad de las modificaciones.
Capítulo III.  De la resolución de los contratos.
Artículo 113.  Resolución de contratos.
Título VII.  Invalidez, reclamaciones y solución extrajudicial de conflictos.
Capítulo I.  Régimen de invalidez.
Artículo 114.  Supuestos de invalidez.
Artículo 115.  Causas de nulidad derivadas del derecho administrativo.
Artículo 116.  Causas de anulabilidad derivadas del derecho administrativo.
Artículo 117.  Efectos de la declaración de nulidad.
Artículo 118.  Causas de invalidez de derecho civil.
Capítulo II.  Reclamaciones en los procedimientos de adjudicación de los contratos.
Artículo 119.  Objeto de reclamaciones.
Artículo 120.  Órgano competente para la resolución de la reclamación.
Artículo 121.  Régimen jurídico de la reclamación.
Artículo 122.  Efectos de la resolución de la reclamación en materia de contratación.
Capítulo III.  Solución extrajudicial de conflictos.
Artículo 123.  Arbitraje.
Título VIII.  Organización administrativa y obligaciones de gobernanza.
Artículo 124.  Información sobre los contratos.
Artículo 125.  Registros de Contratos.
Artículo 126.  Gobernanza.
Libro segundo.  Medidas para la adaptación del derecho español a la normativa de 
la Unión Europea en materia de seguros privados y planes y fondos de pensiones.
Título I.  Transposición de la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros.
Capítulo I.  Disposiciones generales.
Artículo 127.  Objeto.
Artículo 128.  Definiciones.
Artículo 129.  Ámbito objetivo de aplicación.
Artículo 130.  Ámbito subjetivo de aplicación.
Artículo 131.  Obligación de registro.
Capítulo II.  Órganos de supervisión y competencias.
Artículo 132.  Distribución de competencias.
Artículo 133.  Registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros.
Capítulo III.  De las actividades de los distribuidores de seguros y de reaseguros 
residentes o domiciliados en España.
Sección 1.ª  De los distribuidores de seguros. e.e
Subsección 1.ª  Clasificación. 51ww
AArrttííccuulloo  113345..   CCllaasseess  ddee  dmisetdriibaudiodroerse sd ed es esgeugruorso.s.
Artículo 136.  Obligaciones generales y prohibiciones aplicables a los mediadores de
seguros. Bc
Artículo 137.  Colaboradores externos de los mediadores de seguros.
Subsección 2.ª  De la actividad de distribución de seguros realizada por las entidades 
aseguradoras.
Artículo 138.  Distribución de productos de seguros por empleados de entidades 
aseguradoras.
Artículo 139.  Requisitos de los empleados de entidades aseguradoras que participan 
en la distribución de seguros.
Subsección 3.ª  De la actividad de distribución de seguros realizada por los agentes 
de seguros.
Artículo 140.  Concepto de agente de seguros.
Artículo 141.  Contrato de agencia de seguros.
Artículo 142.  Requisitos a efectos de garantizar las obligaciones frente a terceros.
Artículo 143.  Responsabilidad civil profesional.
Artículo 144.  Publicidad y documentación mercantil de distribución de seguros 
privados de los agentes de seguros.
Artículo 145.  Incompatibilidades de los agentes de seguros.
Artículo 146.  Régimen de comunicaciones.
Artículo 147.  Inscripción y registro interno de los agentes de seguros exclusivos.
Artículo 148.  Acuerdos de cesión de redes de agentes de seguros exclusivos.
Artículo 149.  Inscripción y requisitos de los agentes de seguros vinculados.
Artículo 150.  Concepto de operador de banca-seguros.
Artículo 151.  Normativa aplicable a los operadores de banca-seguros.
Artículo 152.  Requisitos de los operadores de banca-seguros.
Artículo 153.  Publicidad y documentación mercantil de la actividad de distribución de 
seguros privados de los operadores de banca-seguros.
Artículo 154.  Incompatibilidades de los operadores de banca-seguros.
Subsección 4.ª  De los corredores de seguros.
Artículo 155.  Concepto de corredor de seguros.
Artículo 156.  Relaciones con las entidades aseguradoras y con los clientes.
Artículo 157.  Requisitos de los corredores de seguros.
Artículo 158.  Publicidad y documentación mercantil de la actividad de distribución de 
seguros privados de los corredores de seguros.
Artículo 159.  Incompatibilidades de los corredores de seguros.
Subsección 5.ª  Vínculos estrechos y participaciones significativas en operadores de 
banca-seguros y corredores de seguros.
Artículo 160.  Vínculos estrechos y régimen de participaciones significativas.
Sección 2.ª  De los distribuidores de reaseguros.
Artículo 161.  Distribución de productos de reaseguros por los empleados de las 
entidades reaseguradoras.
Artículo 162.  Concepto de corredor de reaseguros.
Artículo 163.  Relaciones con las entidades reaseguradoras y con los clientes.
Artículo 164.  Obligaciones frente a terceros.
Sección 3.ª  De los cursos de formación de los distribuidores de seguros y de reaseguros. oe.
Artículo 165.  Requisitos y organización de los cursos de formación. 51ww
Sección 4.ª  De los mecanismos de resolución de conflictos.
Artículo 166.  Obligación de atender y resolver quejas y reclamaciones.
Artículo 167.  Defensor del cliente. Bc
Artículo 168.  Protección administrativa del cliente de los servicios financieros.
Sección 5.ª  De la actividad de los mediadores de seguros y de reaseguros residentes 
o domiciliados en España en régimen de libre prestación de servicios y en régimen de 
derecho de establecimiento en otros estados miembros de la Unión Europea.
Artículo 169.  Ejercicio de actividad en régimen de libre prestación de servicios.
Artículo 170.  Ejercicio de actividad en régimen de derecho de establecimiento.
Artículo 171.  Remisión general.
Sección 6.ª  Obligaciones de información y normas de conducta.
Subsección 1.ª  Obligaciones generales de información.
Artículo 172.  Principio general.
Artículo 173.  Información general previa a proporcionar por el mediador de seguros.
Artículo 174.  Información general previa a proporcionar por la entidad aseguradora.
Artículo 175.  Información y asesoramiento previos que deberán proporcionar los 
distribuidores de seguros sobre el contrato de seguro.
Artículo 176.  Deber general de información previa sobre el contrato de seguro distinto 
al seguro de vida: documento de información previa.
Artículo 177.  Exención de la obligación de información previa.
Subsección 2.ª  Requisitos adicionales en relación con la distribución de productos de 
inversión basados en seguros.
Artículo 178.  Ámbito de aplicación de los requisitos adicionales.
Artículo 179.  Prevención de conflictos de interés.
Artículo 180.  Información previa a facilitar a los clientes.
Artículo 181.  Análisis de idoneidad y adecuación e información a los clientes.
Subsección 3.ª  Modalidades de transmisión de la información.
Artículo 182.  Modalidad de transmisión de información general.
Artículo 183.  Modalidad de transmisión de información en el caso de productos de 
inversión basados en seguros.
Subsección 4.ª  Prácticas de ventas combinadas y vinculadas.
Artículo 184.  Prácticas de ventas combinadas y vinculadas.
Subsección 5.ª  Control de productos y requisitos en materia de gobernanza.
Artículo 185.  Requisitos en el diseño, aprobación y control de productos y en materia 
de gobernanza.
Sección 7.ª  Competencias de ordenación y supervisión.
Subsección 1.ª  Competencias de la Administración General del Estado.
Artículo 186.  Control de los distribuidores de seguros y reaseguros.
Artículo 187.  Obligaciones contables y deber de información estadístico-contable.
Artículo 188.  Deber de secreto profesional.
Artículo 189.  Deber de colaboración con otras autoridades supervisoras.
Artículo 190.  Cancelación de la inscripción del registro administrativo de distribuidores  e.
de seguros y reaseguros. w.
y saSnucibosneecsc.ión 2.ª  Responsabilidad frente a la Administración y régimen de infracciones
Artículo 191.  Sujetos infractores.
Artículo 192.  Infracciones.
Artículo 193.  Prescripción de infracciones.
Artículo 194.  Sanciones.
Artículo 195.  Responsabilidad de quienes ejercen cargos de administración, de la 
persona responsable de la actividad de distribución o de quienes formen parte del órgano 
de dirección responsable de la actividad de distribución en las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras, sociedades de agencia de seguros, operadores de banca-seguros, 
sociedades de correduría de seguros y sociedades de correduría de reaseguros.
Artículo 196.  Criterios de graduación de las sanciones.
Artículo 197.  Prescripción de sanciones.
Artículo 198.  Competencias administrativas.
Artículo 199.  Denuncia pública y remisión al régimen sancionador de las entidades 
aseguradoras.
Artículo 200.  Medidas de control especial.
Artículo 201.  Publicación de sanciones y de otras medidas.
Artículo 202.  Transmisión de información sobre sanciones y otras medidas a la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación.
Subsección 3.ª  Protección de datos de carácter personal.
Artículo 203.  Condición de responsable o encargado del tratamiento.
Artículo 204.  Otras normas de protección de datos.
Sección 8.ª  De los colegios de mediadores de seguros y de su consejo general.
Artículo 205.  Colegios de mediadores de seguros.
Capítulo IV.  Distribuidores de seguros y de reaseguros residentes o domiciliados en 
otros Estados miembros de la Unión Europea.
Sección 1.ª  De la actividad en España de los mediadores de seguros y de reaseguros 
residentes o domiciliados en otros estados miembros de la Unión Europea.
Artículo 206.  Normas generales.
Artículo 207.  Reparto de competencias entre Estados miembros.
Artículo 208.  Observancia de las disposiciones legales.
Artículo 209.  Observancia de las disposiciones legales adoptadas por motivos de 
interés general.
Artículo 210.  Medidas de intervención.
Sección 2.ª  Normas de interés general aplicables a los distribuidores de seguros y de 
reaseguros residentes o domiciliados en otros estados miembros de la Unión Europea.
Artículo 211.  Normas de interés general.
Título II.  Transposición parcial de la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la 
supervisión de los fondos de pensiones de empleo.
Artículo 212.  Modificación del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes 
y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre. s
Título III.  Modificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión  w.b
y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras. 51ww
supeArrvtiísciuólno  y2 s1o3lv. enMcioa ddiefi claasc ieónnt iddaed elas  aLseeyg u2r0a/d2o0r1a5s,  yd ree a1s4e gduera djuolrioa,s .de ordenación,  OE-A-2020-16able en https://
Libro tercero.  Medidas para la adaptación del derecho español a determinada 
normativa europea en materia fiscal.
Título I.  Transposición de la Directiva (UE) 2018/1910, del Consejo, de 4 de diciembre 
de 2018, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la 
armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen del impuesto sobre 
el valor añadido en la imposición de los intercambios entre los Estados miembros, y la 
Directiva (UE) 2019/475 del Consejo, de 18 de febrero de 2019, por la que se modifican 
las Directivas 2006/112/CE y 2008/118/CE en lo que respecta a la inclusión del municipio 
italiano de Campione d’Italia y las aguas italianas del Lago de Lugano en el territorio 
aduanero de la Unión y en el ámbito de aplicación territorial de la Directiva 2008/118/CE.
Capítulo I.  Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.
Artículo 214.  Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.
Capítulo II.  Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales.
Artículo 215.  Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales.
Capítulo III.  Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
Artículo 216.  Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
Título II.  Transposición de la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo de 10 de octubre 
de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea, 
armonizando así el marco de resolución de procedimientos amistosos y reforzando la 
seguridad jurídica.
Capítulo I.  Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.
Artículo 217.  Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.
Capítulo II.  Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 218.  Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Disposición adicional primera.  Cláusula de trato no menos favorable.
Disposición adicional segunda.  Impuesto sobre el Valor Añadido.
Disposición adicional tercera.  Responsabilidad del personal al servicio de las 
entidades contratantes pertenecientes al Sector Público.
Disposición adicional cuarta.  Accesibilidad. e
Disposición adicional quinta.  Régimen jurídico aplicable a los contratos excluidos del  bo
ámbito de este real decreto-ley que se celebren por entidades del Sector Público. 51ww
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Disposición adicional novena.  Principios aplicables a los contratos de concesión de 
servicios del anexo I y a los contratos de servicios de carácter social, sanitario o educativo 
del anexo I.
Disposición adicional décima.  Autorizaciones del artículo 324 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Disposición adicional undécima.  Tasa por inscripción en el registro administrativo de 
distribuidores de seguros y reaseguros.
Disposición adicional duodécima.  Requisitos y principios básicos de los programas 
de formación de los distribuidores de seguros y reaseguros y demás personas que 
participan en la actividad de distribución.
Disposición adicional decimotercera.  Conservación de documentación precontractual.
Disposición adicional decimocuarta.  Reasignación de recursos.
Disposición adicional decimoquinta.  Adaptación a las normas del sistema de gobierno 
de los fondos de pensiones introducidas por el título II del libro segundo de este real 
decreto-ley.
Disposición adicional decimosexta.  Régimen de contratación de Puertos del Estado 
y de las Autoridades Portuarias.
Disposición adicional decimoséptima.  Normas específicas de contratación de 
servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo.
Disposición transitoria primera.  Expedientes iniciados y contratos adjudicados con 
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Disposición  transitoria  segunda.  Régimen  de  adaptación  de  las  entidades 
aseguradoras y reaseguradoras.
Disposición transitoria tercera.  Régimen de adaptación de los mediadores de 
seguros.
Disposición transitoria cuarta.  Contratos de seguros preexistentes.
Disposición transitoria quinta.  Contratos de mediación y distribución vigentes a la 
entrada en vigor.
Disposición transitoria sexta.  Comunicaciones de participaciones significativas en las 
entidades gestoras de fondos de pensiones y nombramientos de quienes ejerzan la 
dirección efectiva y funciones clave.
Disposición transitoria séptima.  Llevanza del libro registro de determinadas 
operaciones intracomunitarias a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria.
Disposición transitoria octava.  Régimen transitorio en materia de procedimientos 
amistosos.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.
Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de 
diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la 
inversión y la creación de empleo.
Disposición final tercera.  Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real  es
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. o
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reaseguradoras.
Disposición  final  sexta.  Salvaguardia  del  rango  de  ciertas  disposiciones 
reglamentarias.
Disposición final séptima.  Títulos competenciales y carácter de la legislación.
Disposición final octava.  Comunidad Foral de Navarra.
Disposición final novena.  Comunidad Autónoma del País Vasco.
Disposición final décima.  Legislación supletoria.
Disposición final undécima.  Incorporación del Derecho de la Unión Europea.
Disposición final duodécima.  Actualización de plazos y otras modificaciones 
derivadas de los anexos de directivas comunitarias.
Disposición final decimotercera.  Modelos de notificación de adjudicación de 
contratos.
Disposición final decimocuarta.  Habilitación normativa.
Disposición final decimoquinta.  Cumplimiento de los requisitos mínimos en materia 
de competencia y conocimientos profesionales por parte de los empleados de entidades 
aseguradoras que participan en la distribución de seguros.
Disposición final decimosexta.  Entrada en vigor.
Anexos.
I
La transposición en plazo de directivas de la Unión Europea constituye en la actualidad 
uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo. La Comisión Europea 
presenta informes periódicos al Consejo de Competitividad a los que se les da un alto valor 
político en cuanto que sirven para medir la eficacia y la credibilidad de los Estados 
miembros en la puesta en práctica del mercado interior.
El cumplimiento de este objetivo resulta hoy, si cabe, aún más relevante, habida cuenta 
del escenario diseñado por el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la 
Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, para los incumplimientos 
en el plazo de transposición de directivas, en los que la Comisión puede pedir al Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea la imposición de importantes sanciones económicas de 
manera acelerada según el artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.
España viene cumpliendo consistentemente con los criterios de transposición en los 
plazos comprometidos. Sin embargo, en estos momentos se da un significativo retraso en 
la transposición de determinadas normas.
Es por ello que, en primer lugar, este real decreto-ley tiene por objeto la transposición 
parcial a la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales, y dar transposición también parcial a la 
Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
El plazo de transposición de estas Directivas expiró el 18 de abril de 2016, sin que la 
transposición de las Directivas 2014/25/UE y 2014/23/UE se hubiera completado, a pesar 
de que determinadas materias reguladas en las Directivas 2014/25/UE y 2014/23/UE se 
habían transpuesto ya a través de determinadas modificaciones puntuales del entonces 
vigente texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 14 de noviembre 
de 2011 aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y, 
posteriormente, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por  e.
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento  w.
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En ese  51ww
msoobmree pnrtoo ceel dAimntieepnrtooyse dceto c doen tLraetya cdieó nc oennt rloasto sse dcetol rseesc dtoerl  paúgbulaic,o la y e enl eArngtíeap, rloosy etrcatnos dpeo rLteesy 
yy  leosst asbearvnic piorse ppaorsatadloess  pcoanrata sbearn  rceomni ttioddoas  laa  flaasse C doer tterasm Giteanceiórna laedsm pianrisat rsauti vaap rreoablaizcaiódan   BOE-A-cable e
definitiva, sin embargo, al encontrarse el Gobierno en funciones desde el 21 de diciembre 
de 2015 sendos proyectos de ley no podían ser presentados a las Cortes Generales.
Posteriormente, una vez formado el nuevo Gobierno, el 25 de noviembre de 2016 los 
dos Anteproyectos de Ley mencionados anteriormente fueron elevados por el mismo a las 
Cortes Generales para su tramitación parlamentaria y aprobación definitiva por el 
procedimiento de urgencia. A pesar de ello la Comisión Europea dirigió al Reino de España 
dictamen motivado el 9 de diciembre de 2016.
El proyecto de Ley de Contratos del Sector Público fue aprobado por las Cortes 
Generales y publicado en el BOE de 9 de noviembre de 2017 como Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; sin embargo, el Proyecto de Ley de procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales, pese a haber sido objeto de tramitación en paralelo con esta Ley, no fue 
aprobado.
El 7 de diciembre de 2017 la Comisión Europea interpuso contra el Reino de España 
dos recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que declare que 
España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de:
El artículo 106.1 de la Directiva 2014/25/UE y le condene al pago de una multa 
coercitiva diaria de 123.928,64 euros, con efecto a partir de la fecha de pronunciamiento 
de la sentencia, de conformidad con el artículo 206.3 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y en virtud del artículo 51.1 de la Directiva 2014/23/UE, con efecto a partir 
de la fecha de pronunciamiento de la sentencia, y le condene al pago de una multa 
coercitiva diaria de 61.964,32 euros, de conformidad con el artículo 206.3 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.
En el momento actual los dos procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea están llegando a su fin, por lo que es de esperar que sendas sentencias 
previsiblemente condenatorias sean dictadas en próximas fechas. Ante la inminencia de 
sendos pronunciamientos la Ponencia designada en el Congreso de los Diputados para 
redactar el Informe sobre el proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se 
transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, elevó a la Comisión de Hacienda, con 
competencia legislativa plena, su Informe, de conformidad con el cual se aprobaba un 
nuevo texto para el Proyecto de Ley (BOCCGG de 28 de enero de 2019).
La disolución de las Cámaras parlamentarias en marzo de 2019, consecuencia de la 
convocatoria de elecciones generales anticipadas, hizo imposible culminar la tramitación 
parlamentaria de esta Ley, imposibilitando el cumplimiento de la obligación que incumbe al 
Reino de España de aprobar las disposiciones necesarias para completar la transposición 
de las Directivas 2014/25/UE y 2014/23/UE antes de que la XII Legislatura llegara a su fin 
el pasado día 21 de mayo de 2019. La escasa duración de la XIII Legislatura, que concluyó 
el día 24 de septiembre de 2019 nuevamente impidió la aprobación de esta Ley. El inicio de 
la actual XIV legislatura el pasado día 3 de diciembre de 2019 y la formación de Gobierno 
en plenas funciones desde el mes de enero de 2020 posibilitan que se retome la aprobación 
urgente de un texto legal que complete la transposición de las Directivas antes citadas.
Adicionalmente, este real decreto-ley también da cumplimiento al artículo 6.1 de la 
Decisión del Consejo de fecha 2 de agosto de 2016 por la que se formula una advertencia  e.e
a España para que adopte medidas dirigidas a la reducción del déficit que se considera  w.b
necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo de fecha 2 de agosto  51ww
de 2A0n1t6e. la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la completa
idnec olarp Doreaccisióiónn a dl oerl dCeonnasmeijeon dtoe j u2r0íd1i6c,o  reesspualtñao ilm dper elassc cinitdaidbales  aDciuredcirti vaa lsa,  ya perno bcuamciópnlim diee nutno 
real decreto-ley para proceder a su transposición urgente, lo que previsiblemente
determinará que los recursos por incumplimiento interpuestos por la Comisión Europea 
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decaigan por pérdida de su objeto y, en 
cualquier caso, debería evitar la imposición de sanciones económicas a España, al haber 
solicitado la Comisión Europea la imposición de multas coercitivas diarias.
Por todo lo expresado anteriormente, concurren de esta forma las circunstancias de 
«extraordinaria y urgente necesidad», que constituyen el presupuesto habilitante exigido 
al Gobierno por el artículo 86.1 de la Constitución Española para dictar decretos leyes. Así, 
de acuerdo con la doctrina constitucional, la concurrencia de la extraordinaria y urgente 
necesidad requiere tomar en consideración dos elementos:
En primer lugar, los motivos de extraordinaria y urgente necesidad que han sido 
tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación, son los que han sido explicitados 
previamente de una forma razonada. La situación descrita sin lugar a dudas demanda una 
acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por 
el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las Leyes (SSTC 6/1983, 
de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3), para 
evitar de este modo que el Reino de España sea sancionado pecuniariamente por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En segundo lugar, debe justificarse la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a la misma, el 
real decreto-ley de transposición. En este sentido, debe señalarse que, aunque el 
contenido del real decreto-ley se ha elaborado a partir del texto aprobado por la Ponencia 
de la Comisión de Hacienda del Congreso, se han excluido del mismo aquellas 
disposiciones que no encontraban justificación directa en la transposición de las Directivas 
europeas.
De este modo, en el momento que entre en vigor, y al haber cumplido el Reino de 
España con su obligación de adoptar las disposiciones legales necesarias para dar 
cumplimiento a las Directivas 2014/25/UE y 2014/23/UE, tal y como se ha indicado 
anteriormente, resulta previsible que los recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europa bien decaigan por pérdida de su objeto o bien den lugar a pronunciamientos sin 
consecuencias económicas para el Reino de España, al haber solicitado Comisión 
Europea la imposición de multas coercitivas diarias. En este sentido, el real decreto-ley 
viene  a  completar  la  transposición  parcial  que  la  Ley  9/2017  realizó  de  las 
Directivas 2014/25/UE y 2014/23/UE. Más concretamente, la Directiva 2014/25/UE fue 
parcialmente transpuesta por la Ley 9/2017 en lo que respecta a la contratación por parte 
de las Administraciones Públicas en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales; por lo que el presente real decreto-ley viene a completar la transposición 
de esta Directiva en lo que se refiere a la contratación en los citados sectores por parte de 
las entidades del sector público que no son Administración Pública y por las empresas 
privadas con derechos especiales o exclusivos. Por otra parte, la Directiva 2014/23/UE 
también fue parcialmente transpuesta por la Ley 9/2017 en lo que se refiere a los contratos 
de concesión de obras y de concesión de servicios en el ámbito general; por lo que este 
real decreto también viene a completar la transposición de la Directiva 2014/23/UE en lo 
que se refiere a los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios relativos 
a las actividades que están sujetas al presente real decreto-ley (agua, energía, transportes 
y servicios postales).
En cualquier caso, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no es 
necesario tener la certeza de que se evitará la condena. El antecedente más relevante es la  e.e
STC 1/2012, de 13 de enero, relativa a la transposición tardía de las Directivas 85/337/CEE  w.b
y 977/337/CEE mediante el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre. En aquella ocasión  51ww
lya  pCeonmdiiesniótne sE duero rpeesao lsuoclioó nre ptiorór  euln Tar idbeu nlaasl  ddoes J duesmticaian ddaes  lad eU innicóunm Epulirmoipeenato;  yp rae speenstaard daes 
eglulob eerl nTarimbuennatla Cl odnes ttitruacniospnaols cicoinósni dtearród qíau ed «ee ll aésx itmo,e anucnioqnuae dpaasrc diailr,e qcutiev aosb tumveod laia ancteci óenl 
controvertido Real Decreto ley pone de manifiesto que la finalidad pretendida sí era
razonable y que, en circunstancias como las del presente caso, la utilización del decreto 
ley sí puede contribuir a que la Comisión tome cuanto antes la decisión de archivar un 
procedimiento ya abierto y, por ende, puede contribuir a evitar que el TJUE dicte una 
sentencia que declare un incumplimiento por parte del Reino de España».
Por todo ello, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de 
extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española 
como presupuesto habilitante para recurrir a este tipo de norma para trasponer la directiva 
en materia de contratación.
En este ámbito, con este real decreto-ley se completa la transposición del paquete de 
Directivas comunitarias que en materia de contratación pública aprobó la Unión Europea 
en 2014, esto es, además de las ya citadas Directivas 2014/25/UE y 2014/23/UE, la 
Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
sobre contratación pública.
Estas tres Directivas son parte de un nuevo panorama legislativo marcado por la 
denominada «Estrategia Europa 2020», dentro de la cual, la contratación pública 
desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos 
basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor 
racionalidad económica de los fondos públicos.
Estas Directivas constituyen la culminación de un proceso iniciado en el seno de la 
Unión Europea en el año 2010, que después de diversas propuestas y negociaciones 
primero en la Comisión Europea, luego en el Consejo de la Unión Europea y finalmente, 
entre el Parlamento y el Consejo, fue finalmente aprobado por estos dos últimos el 15 de 
enero de 2014 y el 11 de febrero de 2014, respectivamente; siendo publicadas estas 
normas en el «Diario Oficial de la Unión Europea» el 28 de marzo de 2014.
Con esta normativa, la Unión Europea ha dado por concluido un proceso de revisión y 
modernización de las vigentes normas sobre contratación pública, que permitirá 
incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las 
pequeñas y medianas empresas, PYMES, en la contratación pública, así como favorecer 
que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales, laborales 
y medioambientales comunes. Asimismo, se hacía preciso aclarar determinadas nociones 
y conceptos básicos para garantizar la seguridad jurídica, así como incorporar la 
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la contratación 
pública, lo que también ha sido un logro de estas Directivas.
Como se viene indicando en esta exposición de motivos el presente real decreto-ley 
transpone al ordenamiento jurídico nacional la Directiva 2014/25/UE en lo relativo a la 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales 
por parte de los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración 
Pública, las empresas públicas, así como por otras entidades distintas de las anteriores 
que tengan derechos especiales o exclusivos. Las disposiciones de esta Directiva que 
afectan a la contratación en estos sectores especiales por parte de las Administraciones 
Públicas han sido objeto de incorporación a nuestro ordenamiento jurídico por la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero. Asimismo, el presente real decreto-ley da transposición a la Directiva 2014/23/UE 
en lo atinente a la licitación de contratos de concesión de obras y de concesión de servicios 
en los sectores de la energía, los transportes y los servicios postales, por parte de los 
poderes adjudicadores que no merezcan la consideración de Administración Pública, las  es
empresas públicas, así como entidades distintas de las anteriores que tengan derechos  o
especiales o exclusivos. 51www.
II
Tal y como se manifestaba en las anteriores Leyes, esto es, en la Ley 48/1998, de 30
de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía,  Bc
los transportes y las telecomunicaciones y, su sucesora, la Ley 31/2007, de 30 de octubre,
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes 
y los servicios postales, el Derecho de la Unión Europea ha previsto para la contratación 
en el ámbito de los sectores del agua, energía, los transportes y los servicios postales, un 
régimen normativo distinto al aplicable a los demás contratos públicos, cuyas directivas 
reguladoras fueron objeto de transposición por las Leyes de Contratos del Sector Público. 
Este régimen singular en lo que concierne a determinados aspectos de la ordenación de 
su actividad contractual, entre ellos la selección del contratista, es menos estricto y rígido 
que el establecido en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre contratación pública, asegurando en todo caso los principios del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, la libre circulación de mercancías, la 
libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como los principios que se 
derivan de estos, como los de igualdad de trato, no discriminación, proporcionalidad, 
transparencia, publicidad y libre competencia.
La Comisión Europea manifestó en su «Informe de evaluación: Impacto y eficacia de 
la legislación de la Unión Europea sobre contratación pública», de 27 de junio de 2011, 
que le parecía adecuado mantener normas en materia de contratación por las entidades 
que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, 
puesto que las autoridades nacionales seguían pudiendo influir en el comportamiento de 
estas entidades, en particular mediante la participación en su capital y la representación 
en sus órganos de administración, gestión o supervisión. Otra razón para seguir regulando 
la contratación en esos sectores era el carácter cerrado de los mercados en que operan 
las entidades en dichos sectores, debido a la concesión por los Estados Miembros de la 
Unión Europea de derechos especiales o exclusivos para el suministro, la puesta a 
disposición o la explotación de redes para la prestación del servicio de que se trate. La 
regulación de la contratación en estos sectores persigue garantizar su apertura a la 
competencia.
El sistema legal de contratación pública que se establece en el presente real decreto-
ley y que, en comparación con su antecesora la Ley 31/2007, de 30 de octubre, es 
inequívocamente más ambicioso y extenso, en gran medida por imperativo de las 
Directivas comunitarias que transpone, completa lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, a la cual se hacen diversas remisiones a lo largo del articulado, persigue 
aclarar las normas vigentes en aras de una mayor seguridad jurídica, y trata de conseguir 
que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto 
europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo 
y promoción de las PYMES y todo ello, garantizando la eficiencia en el gasto público y 
respetando los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, 
proporcionalidad, libre competencia, integridad o los principios de garantía de la unidad de 
mercado.
Por otro lado, en estos momentos se da un significativo retraso en la transposición de 
las siguientes normas, la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros; la Directiva (UE) 2016/2341 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades 
y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo, y la Directiva (UE) 2017/828 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la 
Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los 
accionistas. En relación a esta última se ha considerado conveniente su transposición 
parcial mediante este real decreto-ley en las materias que afectan directamente al sector 
asegurador. es
Todas ellas son normas con un elevado componente de protección de los derechos de  o
lbDldaoeei srD ne 2eccir0ftleiii1veccai6ntai v,t(r eaUicos Eo(,  Umd)y Ee2 o 0)p  s1ad2e6r0etr/1ísv9c6di7icp/e 2idoe 3els a4ld   1Pfepi na depraelrlansla mcpPnieeeeacnsrrlot taiovsym a  Efte oaundnnrteoodt op oiE enseouv n rdeyo er pssd ueoepo rle ,v C nyecos rodnitoinesen len elCjatoseso,,    nddemseene e 2 jojtl0ooo,  rm ddaqeesau   ede1dno 4eerr ,lerd  osaes pi sdsdeeeticegc 2timuae0rm a1aa6 db d,rol aeey,      OE-A-2020-1651able en https://www.
información que proporciona la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de mayo de 2017.
Se requiere una norma con rango de ley para su transposición y por tanto incorporación 
al ordenamiento jurídico interno.
El instrumento finalmente elegido para ello es el real decreto-ley por cuanto existe un 
riesgo de multa con base en lo establecido en el artículo 260.3 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, al tiempo que la falta de transposición de las 
directivas citadas afecta a la adecuada protección de los derechos de los tomadores, 
asegurados, beneficiarios y partícipes de planes de pensiones.
La justificación de su utilización se encuentra en la Sentencia 23/1993, de 21 de enero, 
del Tribunal Constitucional, que señala que el real decreto-ley es un instrumento 
constitucionalmente lícito para afrontar coyunturas económicas problemáticas, y en su 
Sentencia 1/2012, de 13 de enero, avala la concurrencia del presupuesto habilitante de la 
extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución cuando concurran 
«el patente retraso en la transposición» y la existencia de «procedimientos de 
incumplimiento contra el Reino de España».
Por otro lado, este real decreto-ley contiene modificaciones en la normativa reguladora 
del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales, con la finalidad de 
proceder a la incorporación del Derecho de la Unión Europea al ordenamiento interno, en 
concreto, de la Directiva (UE) 2018/1910, del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la 
que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la armonización y la 
simplificación de determinadas normas del régimen del impuesto sobre el valor añadido en 
la imposición de los intercambios entre los Estados miembros, y la Directiva (UE) 2019/475 
del Consejo, de 18 de febrero de 2019, por la que se modifican las Directivas 2006/112/CE 
y 2008/118/CE en lo que respecta a la inclusión del municipio italiano de Campione d’Italia 
y las aguas italianas del Lago de Lugano en el territorio aduanero de la Unión y en el 
ámbito de aplicación territorial de la Directiva 2008/118/CE.
El 7 de diciembre de 2018 fueron publicados en el «Diario Oficial de la Unión Europea» 
la citada Directiva (UE) 2018/1910, que introduce ciertas mejoras en la normativa 
comunitaria del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA en adelante) aplicables durante el 
régimen transitorio de tributación de las operaciones intracomunitarias de bienes, y el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1912 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por el 
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 282/2011 en lo que respecta a 
determinadas exenciones relacionadas con operaciones intracomunitarias.
La Comisión Europea ya ha presentado una propuesta destinada a establecer los 
elementos de un régimen definitivo del IVA en el comercio intracomunitario de bienes entre 
empresarios y profesionales, propuesta que pretende superar el régimen transitorio de 
tributación en destino, que hizo necesaria la creación de un nuevo hecho imponible 
adquisiciones intracomunitarias de bienes, para establecer un régimen definitivo de 
tributación basado en el principio de imposición en el Estado miembro de destino como 
una única entrega de bienes.
Dado que previsiblemente se tardarán varios años en acordar el diseño final del 
régimen definitivo, así como su aprobación y entrada en vigor, la citada Directiva (UE) 
2018/1910, con una finalidad eminentemente práctica, establece, dentro del régimen 
actual aplicable a estas operaciones intracomunitarias de bienes, disposiciones específicas 
cuyo objetivo es lograr un tratamiento armonizado en todos los Estados miembros de 
determinadas operaciones del comercio transfronterizo para conseguir una tributación 
simplificada y uniforme en todos ellos de estas operaciones intracomunitarias, que hasta  es
la fecha estaban siendo interpretadas de forma divergente por las distintas Administraciones  o
trmreibigeulmaLAtasa bt r arciroaleo ssfmfi,.en udr isnedeeba se mn  dsooeerdrm i tfdriaciebtai uva tlapaa l cicLcióoeanmyc  iueó3nnn7i  /tee1anl9r  iá9atom2, d,b qodiutseoe  e ,2d l8lceoo  sdlmo edso e d isniscdetieee r hmecaalb  1mrse edb,ñ eioda seela ln ddIeemor o,pb  uiedeesenst ea2tosb0  l2ees0onc.ebtrr eee  nEe sle tVal adIVlooAsr    OE-A-2020-1651able en https://www.
Añadido, para proceder a la incorporación del Derecho de la Unión Europea al
ordenamiento interno, estableciéndose en el IVA reglas comunes de tributación en el 
ámbito de los intercambios de bienes entre Estados miembros con una nueva regulación 
legal de los requisitos para la aplicación de la exención en las entregas intracomunitarias 
de bienes y la armonización de determinadas operaciones del ámbito intracomunitario, 
modificación legal que se completa con el establecimiento de nuevas obligaciones 
reglamentarias en materia registral complementarias de la referida regulación.
De esta forma, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, incorpora a nuestro ordenamiento 
interno las reglas armonizadas de tributación en el IVA de los denominados acuerdos de 
venta de bienes en consigna. Esto es, los acuerdos celebrados entre empresarios o 
profesionales para la venta transfronteriza de mercancías, en las que un empresario 
(proveedor) envía bienes desde un Estado miembro a otro, dentro de la Unión Europea, 
para que queden almacenados en el Estado miembro de destino a disposición de otro 
empresario o profesional (cliente), que puede adquirirlos en un momento posterior a su 
llegada.
Actualmente, esta operación da lugar a una transferencia de bienes u operación 
asimilada a una entrega intracomunitaria de bienes en el Estado miembro de partida de los 
bienes, y a una operación asimilada a una adquisición intracomunitaria de bienes en el 
Estado miembro de llegada de los bienes, efectuadas en ambos casos por el proveedor. 
Posteriormente, cuando el cliente adquiere el bien, el proveedor realizará una entrega 
interior en el Estado miembro de llegada en la que será de aplicación la regla de inversión 
del sujeto pasivo correspondiendo tal condición a su cliente. El tratamiento actual de la 
operación exige, además, que el proveedor se encuentre identificado a efectos del IVA en 
el Estado miembro de destino de la mercancía.
Con el objetivo de simplificar estas operaciones y reducir las cargas administrativas de 
los empresarios y profesionales que realizan aquellas, la nueva regulación establece que 
las entregas de bienes efectuadas en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en 
consigna darán lugar a una entrega intracomunitaria de bienes exenta en el Estado 
miembro de partida efectuada por el proveedor, y a una adquisición intracomunitaria de 
bienes en el Estado miembro de llegada de los bienes efectuada por el cliente, cumplidos 
determinados requisitos.
Este tratamiento simplificado será de aplicación únicamente cuando los bienes sean 
adquiridos por el cliente dentro del plazo de un año desde la llegada al Estado miembro de 
destino. La fecha de adquisición será la que deberá tenerse en cuenta a efectos del 
devengo de las respectivas operaciones intracomunitarias.
En todo caso, los empresarios o profesionales podrán optar por no acogerse a la 
simplificación incumpliendo las condiciones previstas para su aplicación.
Las modificaciones de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, incorporan también una 
simplificación para las operaciones en cadena. Esto es, cuando unos mismos bienes, que 
van a ser enviados o transportados con destino a otro Estado miembro directamente desde 
el primer proveedor al adquirente final de la cadena, son objeto de entregas sucesivas 
entre diferentes empresarios o profesionales. Así, los bienes serán entregados al menos a 
un primer intermediario que, a su vez, los entregará a otros intermediarios o al cliente final 
de la cadena, existiendo un único transporte intracomunitario.
Para evitar diferentes interpretaciones entre los Estados miembros, impedir la doble 
imposición o la ausencia de imposición, y reforzar la seguridad jurídica de los operadores, 
con carácter general la expedición o el transporte se entenderá vinculada únicamente a la 
entrega de bienes efectuada por el proveedor a favor del intermediario, que constituirá una 
entrega intracomunitaria de bienes exenta del IVA. es
No obstante, la expedición o el transporte se entenderá vinculada únicamente a la  o
ecipudlonnieertanr n eetetilgfe niRac,t ra eeeccinfguieóoaacn  ntdi undfeiatos eEdc radiaso iplcpr aa hosñ oruea  jefe.ei lntE caitntne oty rese mnr sdmoetee deel  icdaxIamiearsinrpooitou ,ah  el qaadsu yeteoealn   I setVcroxeAobpg mriyade u al daen eo lie cl V tnapratardrlonoeovsrg e paaAeo  ñedsratfoueedr  c ipladotrulos oai  nv(bdNteieaeeIr Fnmpde-ooIesVrrd   Aediua)li rn riesni ocunt etmcúarommminneeeissrndttiorttiaaue ddri raieooál      OE-A-2020-1651able en https://www.
a su cliente será una entrega intracomunitaria de bienes exenta del IVA.
Por último, una vez asumido por todos los Estados miembros que la lucha contra el 
fraude en las operaciones intracomunitarias de bienes exige una actuación coordinada y 
diligente que garantice la adecuada asignación de los números de identificación a efectos 
del IVA (NIF-IVA) a los operadores que realicen estas operaciones, efectuada a través del 
Registro de operadores intracomunitarios, así como la actualización y control permanente 
del censo VIES (Sistema de Intercambio de Información sobre el IVA), listado donde 
constan todos los operadores intracomunitarios que hayan obtenido un NIF-IVA, y la 
vigilancia en el cumplimiento con la declaración de operaciones intracomunitarias, se 
modifican los requisitos exigidos para la aplicación de la exención a las entregas 
intracomunitarias de bienes.
A tal efecto, para la aplicación de la exención, junto con la condición de que los bienes 
se transporten a otro Estado miembro, como condición material y no formal, será necesario 
que el adquirente disponga de un número de identificación a efectos del IVA atribuido por 
un Estado miembro distinto del Reino de España que haya comunicado al empresario o 
profesional que realice la entrega intracomunitaria y que este último haya incluido dichas 
operaciones en la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, efectuada 
a través del modelo 349.
Tal y como se ha señalado, la Directiva (UE) 2018/1910, y, en consecuencia, la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, ha pasado a regular los denominados acuerdos de 
ventas de bienes en consigna. Para garantizar la correcta aplicación de las medidas de 
simplificación derivadas de estos acuerdos, la Ley establece la obligación de que los 
empresarios y profesionales que participan en los mismos deban llevar libros registros 
específicos referidos a estas operaciones. La llevanza y constancia de las operaciones en 
los nuevos registros se configura no únicamente como un requisito formal sino como un 
requisito sustantivo, puesto que su cumplimiento será necesario para la aplicación de la 
simplificación. En este sentido, el mencionado Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1912 
ha modificado el Reglamento de Ejecución (UE) 282/2011 para regular de forma 
armonizada el contenido de estos nuevos libros registros.
Por otra parte, la Directiva reguladora del Impuesto ha establecido la obligación de que 
el vendedor que expida o transporte bienes a otro Estado miembro en el marco de un 
acuerdo de ventas de bienes en consigna presente la declaración recapitulativa de 
operaciones intracomunitarias, efectuada a través del modelo 349.
En consecuencia, se modifica el Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, para regular, dentro de los libros registro de 
determinadas operaciones intracomunitarias que deben llevar los sujetos pasivos del 
Impuesto, los movimientos de mercancías y las operaciones derivadas de un acuerdo de 
ventas de bienes en consigna, así como la declaración recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias para incluir dentro de los obligados a su presentación a los empresarios 
o profesionales que envíen bienes con destino a otro Estado miembro en el marco de los 
referidos acuerdos y el contenido de la declaración.
Ahora bien, se retrasa hasta el 1 de enero de 2021 la obligación de que el nuevo libro 
registro de determinadas operaciones intracomunitarias, derivado de un acuerdo de ventas 
de bienes en consigna, se lleve a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria para los empresarios y profesionales acogidos al suministro 
inmediato de información, para facilitar su cumplimiento y el desarrollo técnico necesario 
para su aplicación.
Por otra parte, la Directiva (UE) 2018/1910, como se ha señalado, establece, como 
requisito sustantivo para la aplicación de la exención de las entregas intracomunitarias de  es
bienes, que el empresario o profesional que la realice haya consignado dicha operación en  o
lsolaaep  pndeotreCiadscocoilbain,óir l pnaidap,c aiyraóda rtn  eedq nrceueii eedqc naauedpel  oic ftd uiuenilmcnaah tplciaivludi amdea enddiecte,anl  a toseorpau ndec  eeirósae neccl a sirotsáeenocm e rauesbps qiiiottnuuo tiplrs aaoidttcroive op as ma elsrau teaen  p piadtrarepoer xlisliaoicemssan, e sctee uienó jcne noe t eonl lsd m ct eipaeo armdásleacipvlstoooe   sra3e ,a 4 xlsan9ee u.f  neasEcucln.ihpo arenim sedteees     OE-A-2020-1651able en https://www.
intracomunitarias, el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1912 ha incluido en el referido
Reglamento de Ejecución (UE) 282/2011 una serie de presunciones en materia de prueba 
del transporte intracomunitario para garantizar un marco legal armonizado y aumentar el 
control del fraude derivado de estas operaciones. Puesto que la aplicación de la exención 
en las entregas intracomunitarias de bienes exige necesariamente que los bienes sean 
expedidos o transportados a otro Estado miembro, el Reglamento de Ejecución de la 
Directiva armonizada, directamente aplicable, establece y especifica las circunstancias en 
las que debe considerarse que los bienes han sido efectivamente expedidos o 
transportados desde un Estado miembro al otro. Este sistema armonizado de presunciones, 
sin perjuicio de que admitan prueba en contrario, tiene por objetivo simplificar la prueba de 
los requisitos para la aplicación de la exención.
Por tanto, se modifica el Reglamento del Impuesto en lo referente a la justificación de 
la expedición o transporte de los bienes al Estado miembro de destino, que podrá 
realizarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho y, en particular, aplicando el 
sistema de presunciones incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por el Reglamento 
de Ejecución (UE) n.° 282/2011.
Con independencia de lo anterior, la Directiva (UE) 2019/475 determina que, con 
efectos desde el 1 de enero de 2020, el municipio italiano Campione d’Italia y las aguas 
italianas del Lago de Lugano pasan a formar parte del territorio aduanero de la Unión y del 
ámbito de aplicación de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, a efectos de los Impuestos 
Especiales, dejando al mismo tiempo esos territorios fuera del ámbito de aplicación 
territorial de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, a efectos del IVA, lo que hace necesario 
modificar la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la ya aludida 
Ley 37/1992, para incorporar el nuevo estatuto de estos territorios a efectos de los 
Impuestos Especiales y del IVA, respectivamente, que es de aplicación desde el 1 de 
enero de 2020.
En este sentido, este real decreto-ley respeta los límites materiales constitucionalmente 
establecidos para el uso de tal instrumento normativo, pues no afecta al ordenamiento de 
las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al 
derecho electoral general.
A este respecto procede recordar que el Tribunal Constitucional precisó que «cuando 
el artículo 86.1 CE excluye del ámbito del decreto-ley a los deberes consagrados en el 
título I de la Constitución, únicamente está impidiendo aquellas intervenciones o 
innovaciones normativas que afecten, no de cualquier manera, sino de forma relevante o 
sustancial, al deber constitucional de «todos» de contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos». De esta forma, el criterio decisivo es su impacto sobre el reparto de la carga 
tributaria entre los contribuyentes considerados en su conjunto (STC 182/1997, FJ 7, entre 
otras).
El requisito habilitante de extraordinaria y urgente necesidad que se establece por 
mandato constitucional para el uso de la figura normativa del real decreto-ley se justifica 
en este supuesto de transposición de directivas comunitarias en el ámbito del Impuesto 
sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales por cuanto que dicha transposición 
vencía el 31 de diciembre de 2019.
A esta consideración general referida al plazo vencido de transposición ha de añadirse 
que las modificaciones que se introducen en relación con dichos tributos afectan y tienen 
relación con todos los operadores comunitarios y no únicamente con los establecidos 
en España con lo que el retraso en la transposición determinaría un perjuicio para el 
funcionamiento global del mercado interior. es
El referido perjuicio para el funcionamiento global del mercado interior quedaría  o
cmteroli bifenrumcaPtrauobecdrrt iaeoóúd snlet oi nams   eilmodan,esp  et llaeoisf rpitcmieema rirdnpaeaaoca dislyo iad bnuseieln cisodirf paeoinedtrotmr r-adaleecec iyo eod m nmianeurots rnduo iidtndfaie ucrtlaicr aaci rslotaí.aam rm eiemigerpucniolotaor ct tairaónarntnme sdsofe rnloli imIznmatietdparouciz ieooesn ntpeo ats osr oaadb  olcarsoe  ln luolascs ehR gEaeu scnitrota anud tndoraeas     OE-A-2020-1651able en https://www.
no Residentes con el fin de transponer la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo de 10 de
octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión 
Europea, armonizando así el marco de resolución de procedimientos amistosos y 
reforzando la seguridad jurídica.
En concreto, la Directiva (UE) 2017/1852 determina que los Estados miembros podrán 
denegar el acceso al procedimiento de resolución regulado en el artículo 6 de la misma 
cuando concurra la imposición de sanciones por fraude fiscal, impago deliberado o 
negligencia grave. En este sentido, España, haciendo uso de dicha facultad, define qué se 
entiende por dichos conceptos a efectos de la normativa española aplicable a los 
procedimientos amistosos en los términos que se desarrollen reglamentariamente.
Asimismo, se establecen como excepción al régimen general de preeminencia de la 
tramitación de los procedimientos amistosos respecto de los procedimientos judiciales y 
administrativos de revisión aquellos casos en los que hayan sido impugnadas las 
antedichas sanciones.
A su vez, se confieren al Tribunal Económico-Administrativo Central las funciones 
atribuidas por la mencionada Directiva (UE) 2017/1852 en materia de constitución y 
funcionamiento de la comisión consultiva.
Asimismo, se elimina la excepción relativa al devengo de intereses de demora, lo que 
conllevará el devengo de estos durante la tramitación de los procedimientos amistosos 
iniciados a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Finalmente, se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, con el fin de acompasarla a los cambios introducidos en 
materia de procedimientos amistosos en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de 
marzo.
El presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad para la utilización del 
instrumento normativo del real decreto-ley se justifica en este supuesto por cuanto que la 
transposición de dicha Directiva (UE) 2017/1852 vencía el 30 de junio de 2019 y para 
evitar, de este modo, posibles consecuencias que se puedan derivar del incumplimiento 
del antedicho plazo.
Adicionalmente a lo anterior, la ausencia de transposición de la referida Directiva de 
forma inmediata afectaría notablemente a la seguridad jurídica y a los derechos de los 
contribuyentes, en la medida en que derechos reconocidos a los mismos en la norma 
europea podrían ser invocados, pero no sería posible dar una adecuada respuesta por 
parte de España, al carecer de regulación específica al respecto, como, por ejemplo, en 
cuanto a la constitución de la comisión de arbitraje.
Este real decreto-ley comprende tres Libros, diecisiete disposiciones adicionales, ocho 
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única, dieciséis disposiciones 
finales y doce anexos.
III
El contenido del presente decreto-ley se centra, en lo relativo a la contratación, en la 
transposición parcial de la nueva Directiva 2014/25/UE respecto de todas aquellas 
entidades contratantes que no sean Administración Pública, la cual, a su vez, da 
continuidad a la regulación anterior, referida a los sectores y actividades cubiertos por la 
misma, e introduce la contratación electrónica obligatoria, fomentando así el empleo de 
nuevas técnicas de contratación que con un enfoque menos ambicioso ya aparecían en la 
anterior regulación. Concretamente se establece la obligatoriedad de utilizar medios de  s
información y de comunicación electrónicos en todas las fases del procedimiento, con el  oe.
objetivo de aumentar la eficiencia y la transparencia en el mismo. w.
etaxmclbAuiidédenom sla»ás,s  d hdiaseyp  oeqssuiece i ocdnoeensstte acncoiadrrroe q stupraeod nmidcieieodnnitaaenls te ean l e cel olp nártemrasbteoint odte ed  receo alnol csde edscieórnenot odm-elie noyab drsaoess   iyn« csaoel rcnptuooerraevons    2020-1651n https://ww
contrato de concesión de servicios, contenidas dentro de la Directiva 2014/23/UE, solo
cuando se dan en los sectores y actividades comprendidos dentro del presente real  Bc
decreto-ley y solo respecto de las entidades que configuran su ámbito subjetivo de
aplicación, denominadas «entidades contratantes» de forma genérica, encontrándose el 
resto de las disposiciones de esta última Directiva incorporadas y transpuestas en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
El real decreto-ley recoge en el Libro primero en su título I su objeto y las definiciones 
adecuadas a los diferentes conceptos manejados a lo largo del Libro primero del presente 
real decreto-ley de tal manera que se respeten las interpretaciones comunitarias originarias 
de la Directiva 2014/25/UE. Cabe destacar que por primera vez se regulan los 
procedimientos de adjudicación que convoquen las «entidades contratantes» de contratos 
de concesión de obras o de concesión de servicios en los sectores de la energía, los 
transportes y los servicios postales.
El ámbito subjetivo se prevé en el Libro primero del real decreto-ley, tal y como 
especifica el Capítulo II de su título I, se proyecta sobre los poderes adjudicadores, las 
empresas públicas y las entidades privadas que tengan atribuidos derechos especiales o 
exclusivos, exceptuándose sin embargo las Administraciones Públicas, que quedan 
sujetas a la regulación más estricta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por razones de 
disciplina y control de su funcionamiento, aspectos estos que parece aconsejable primar, 
respetando los umbrales establecidos en la Directiva 2014/25/UE a efectos de determinar 
que contratos tendrán la consideración de contratos sujetos a regulación armonizada, en 
coherencia con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre. Ello es plenamente compatible con el Derecho de la Unión Europea, ya que 
esta opción garantiza obviamente los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no 
discriminación en materia contractual, al exigirse estos con mayor rigor en el ámbito de la 
contratación pública sujeta a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
En el Capítulo III del título I del Libro primero se define, con estricta fidelidad al 
contenido de la Directiva 2014/25/UE, el ámbito objetivo de aplicación del real decreto-ley, 
concretando tanto la naturaleza de los contratos que regula como el contenido material de 
los mismos. El presente real decreto-ley, en comparación con la Ley 31/2007, de 30 de 
octubre, hace una regulación más amplia y pormenorizada de las exclusiones de su ámbito 
objetivo de aplicación, de los contratos mixtos y de los contratos destinados a la realización 
de varias actividades, y ello tanto por imperativo de las Directivas comunitarias, como para 
delimitar correctamente el ámbito de aplicación de este real decreto-ley no solo respecto 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, sino también respecto de la Ley 24/2011, de 1 de 
agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, la 
cual se aprobó con posterioridad a la Ley 31/2007, de 30 de octubre. Por otra parte, se 
regulan por primera vez los encargos a medios propios personificados por parte de 
entidades contratantes que sean poderes adjudicadores, así como los convenios que se 
celebren entre entidades contratantes pertenecientes al sector público. Asimismo, como 
novedad, se revisa la regulación que hacía la Ley 31/2007, de 30 de octubre, de los 
contratos con empresas asociadas y con empresas conjuntas, para garantizar un uso 
adecuado de los mismos acordes con el principio de libre concurrencia.
El Capítulo IV del título I del Libro primero señala como principios que han de regir la 
contratación los ya tradicionales principios de no discriminación, reconocimiento mutuo, 
proporcionalidad, igualdad de trato y transparencia; a los que, como novedad, este real 
decreto-ley añade: el principio de libre competencia, con una formulación amplia, de 
manera que el mismo aparece asociado tanto al elemento intencional, como al objeto y 
efectos de la práctica o medida potencialmente restrictiva; y los principios de garantía de 
la unidad de mercado que se recogen en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 
de la unidad de mercado. Este elenco de principios se acompaña de un mandato legal  es
inequívoco a la entidad contratante para que incorpore de manera transversal, tanto en la  o
cscemooosetnncrdftiaaiiigndtléuu,a grisdmai capcaediaó»d rn aiaeo   cleag rosmaemtraebaol i nned etuneiznecta avrlraelo   tq ysoeuu -nledsef teoyeaq  nniamu cpleiapao  occeynoiojóeem nc aaú ud  nclelamialós spen e rn pondteceteie dq dsdaueuidemnseñ oisceam onscnito notynar, a tdcrmtaooot esnac dsnolaiitdmaesens orea  alm«ascc  ipoooerbnnmeletisgrpsaaar stdeca eisccó auinnósm and.t  peupDl reútaaonblnme lildzcaaoaasr      OE-A-2020-1651able en https://www.
obligaciones de tipo medioambiental, social y laboral, pudiendo llegar a imponer
penalidades por incumplimiento de estas obligaciones. Asimismo, se regulan por primera 
vez los conflictos de intereses que pudieran surgir en los procedimientos de contratación 
que se sustancien con sujeción a este real decreto-ley.
En su título II se establecen los requisitos relativos a la capacidad y clasificación de los 
operadores económicos. Como novedad se impone la aplicación de las prohibiciones para 
contratar, que regula la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, respecto de todas las entidades 
contratantes, y no solo respecto de los antes denominados organismos de derecho público 
y de las empresas públicas, como hacía la Ley 31/2007, de 30 de octubre. Asimismo, se 
mantienen los sistemas potestativos de clasificación de contratistas, cuyo objetivo o 
finalidad seguirá siendo definido por las entidades contratantes que voluntariamente los 
establezcan y gestionen, aunque continúen estando llamados tanto a facilitar la selección 
del contratista como a simplificar el propio procedimiento cuando opere como medio de 
convocatoria.
En el título III del Libro primero del real decreto-ley al precisar las exigencias y 
particularidades de la preparación y la documentación de los contratos introduce 
importantes novedades respecto de la anterior Ley 31/2007, de 30 de octubre. Se regulan 
por primera vez las consultas al mercado que hagan las entidades contratantes, tanto 
para planificar sus licitaciones como para informar al mercado de sus planes de 
contratación, junto con las necesarias cautelas para garantizar una libre y leal 
competencia, en especial a través de la publicidad en el perfil del contratante de la entidad 
correspondiente; se obliga a las entidades contratantes a dejar constancia en la 
documentación preparatoria del procedimiento de contratación de las necesidades a las 
que pretenden dar satisfacción con el mismo; se regula cómo debe ser calculado el 
presupuesto base de licitación por parte de las entidades contratantes pertenecientes al 
sector público; se detalla más pormenorizadamente el contenido mínimo de los pliegos; y 
se introduce una regulación más extensa y detallada de las etiquetas, informes de 
pruebas, certificaciones y otros medios de prueba, con el objeto de acreditar que los 
bienes, productos o servicios cumplen las prescripciones técnicas exigidas, los criterios 
de adjudicación o las condiciones de ejecución del contrato que en cada caso establezcan 
los pliegos de condiciones.
El título IV del Libro primero por primera vez regula el contenido mínimo de los 
contratos sujetos a este real decreto-ley; así como la duración de los mismos la cual, para 
los contratos de entidades contratantes pertenecientes al Sector Público, se sujetará a las 
mismas limitaciones que establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, velándose así 
porque los contratos se sometan periódicamente a concurrencia.
El título IV del Libro primero adicionalmente regula los requisitos de los candidatos y 
licitadores, las normas generales que deberán regir los procedimientos de adjudicación, 
los medios de publicidad de los mismos y los tipos de procedimientos. Con carácter 
general el real decreto-ley exige que se dé acceso a los pliegos de condiciones y a las 
prescripciones técnicas por medios electrónicos a través del perfil de contratante; e impone 
con carácter obligatorio a las entidades contratantes la tenencia de un perfil de contratante 
que deberá alojarse bien en la Plataforma de Contratación del Sector Público o bien en 
otra plataforma equivalente, según el tipo de entidad contratante. La regulación del perfil 
de contratante se asemeja mucho a la establecida por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
convirtiéndose en el principal canal para dar publicidad unificada a la práctica totalidad de 
los anuncios, las actuaciones, actos y resoluciones que recaen a lo largo del procedimiento 
de contratación e, incluso, durante la ejecución del contrato. El real decreto-ley al regular 
todo lo relativo a los medios de comunicación electrónicos, como novedad impone su  es
utilización con carácter obligatorio, salvo excepciones tasadas. Asimismo, se hacen todos  o
laspoidrgsoau hpaEieitjblua ntirsíéttletounes ldosa: o   sIlnsaVeees  rdc  enseeguuls ueL alfviarrbiaa orpscoso c  eprai oxrp iinmlrgoiamee mnlreaocirrei agapn osrvte  oeqds zueef reen al lta tuaor ad broeeujter glceatuoonsl n atdnosceo;ii lgóv icoemno d lpndaaot edrcnaleo itpséno,rnt, or edeacnoxtetaisrgdceeiii émó lacnnisode  enonql steuocece a t dsrcróuáean c bdlitieceeca tirdet. aegrcmseitónainneca arcpari alól arnlaas,     OE-A-2020-1651able en https://www.
obligación de dividir en lotes el objeto del contrato siempre que la naturaleza del mismo lo
permita, debiéndose justificar en el expediente la decisión contraria; y haciéndose una 
expresa referencia a las ofertas que combinen varios lotes o todos los lotes, comúnmente 
conocidas como «ofertas integradoras».
El título IV del Libro primero asimismo regula los criterios de adjudicación, introduciendo 
un gran número de novedades, a destacar: la sustitución del principio de la oferta 
económicamente más ventajosa por el principio de la mejor oferta determinada 
preferentemente con arreglo a criterios basados en la mejor relación calidad-precio; se 
exige, como es tradicional, una vinculación con el objeto del contrato, exigencia esta que 
ciertamente se relaja dado que ya no debe ser «directa», y además se formula de manera 
amplia al referirse a las prestaciones que deban realizarse en virtud del contrato en 
cualquier etapa de su «ciclo de vida», lo que potencialmente, una vez más, permite la toma 
en consideración de un mayor número de aspectos sociales, laborales, medioambientales 
y de innovación y desarrollo por parte de las entidades contratantes; y se exige que al 
valorar las ofertas en las licitaciones de determinados contratos en los que el legislador ha 
considerado que debería primar la calidad, como son los contratos de servicios de carácter 
intelectual, los criterios cualitativos representen el 51 por ciento o más de la puntuación 
asignable.
En el título IV del Libro primero igualmente se introduce como novedad la declaración 
responsable como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos para contratar, 
cuyo contenido se ajusta al formulario normalizado establecido por el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.º 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, y se realizan los ajustes 
necesarios en la regulación de los procedimientos de licitación. Otras novedades 
destacables consisten en la obligación que se impone a las entidades contratantes de 
rechazar ofertas durante el procedimiento de ofertas anormalmente bajas cuando se 
detecte que no cumplen las obligaciones medioambientales, sociales o laborales que 
resulten de aplicación, pudiendo las entidades contratantes incluso no adjudicar el contrato 
a la mejor oferta cuando la misma no cumpla estas obligaciones; se introduce la obligación 
de la entidad contratante de trasladar a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia o, en su caso, a la autoridad autonómica con competencia en la materia, 
aquellos indicios fundados de conductas colusorias detectadas con motivo de la 
sustanciación del procedimiento de contratación, con carácter previo a la adjudicación del 
contrato y con efecto suspensivo; se incorpora el régimen comunitario de publicidad 
resultante de las nuevas Directivas comunitarias de contratación, ulteriormente 
desarrollado por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2015/1986 de la Comisión, de 11 de 
noviembre de 2015, por el que se establecen formularios normalizados para la publicación 
de anuncios en el ámbito de la contratación pública y se deroga el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.º 842/2011, el cual, dentro del margen permitido por el legislador 
comunitario, se ha intentado simplificar lo máximo posible; se regulan de forma más 
garantista los procedimientos abierto, restringido y negociado, y se introducen como 
novedad el diálogo competitivo y el procedimiento de asociación para la innovación, 
imponiéndose a las entidades contratantes la obligación de motivar la elección del 
procedimiento.
El nuevo procedimiento de asociación para la innovación nace con la idea de fomentar 
el desarrollo de soluciones innovadoras sin cerrar el mercado; y está previsto para cuando 
las soluciones que hay disponibles en el mercado no pueden dar satisfacción a una 
necesidad de una entidad contratante en relación con el desarrollo de determinados 
productos, obras o servicios innovadores y su ulterior adquisición. Este procedimiento 
permite a las entidades contratantes establecer una asociación para la innovación a largo  es
plazo con vistas a realizar este desarrollo y adquisición posterior, generando así el  o
dqdoueefeen rp,oEt aatmnrrsat i,irn sceca iolpuadnancovcai óii «rócnttnoii érc,nón ovtndrnoa oc csesoa semltoto ea erc sirnaucíu  aiedaelne,lv»   loll.oiicc spiitt raacodcacionóerdndei,idsm ca, uiteeoannsl qt eoqul, ui meleara   ernrecmusoepu vdrltaeee s nDua nirsri eeopcl reptoicuvcceaeid ospenoe a frdodfierloam sn  uueplngao orpd currioánacnace i fóssonoorl.m i ecEunitslu ateedrl     OE-A-2020-1651able en https://www.
podrá desarrollarse en fases sucesivas, y culminará con la creación de la asociación para
la innovación. Esta asociación para la innovación se estructurará a su vez en fases 
sucesivas, pero ya no tendrá lugar entre la entidad contratante y los licitadores, sino entre 
aquel y uno o más socios; y que generalmente culminará con la adquisición de los 
suministros, servicios u obras resultantes.
Se  trata,  por  tanto,  de  un  procedimiento  en  el  que  podrían  distinguirse, 
esquemáticamente, cuatro momentos diferenciados: selección de candidatos, negociación 
con los licitadores, la asociación con los socios, y la adquisición del producto resultante. A 
este esquema responde el artículo 87 del real decreto-ley, dedicado monográficamente a 
la regulación de este nuevo procedimiento.
Asimismo, en el título IV del Libro primero se amplía el ámbito de actuación de la 
tradicional figura de los «contratos reservados», dado que el empleo y la ocupación se 
consideran elementos clave para garantizar la igualdad de oportunidades, además de 
contribuir a la integración social de los discapacitados y de los colectivos más 
desfavorecidos. Por ello no solo se mantiene la posibilidad que asiste a la entidad 
contratante de reservar el derecho a participar en los procedimientos de contratación a 
Centros Especiales de Empleo, o de prever su ejecución en el marco de programas de 
empleo protegido; sino que como novedad se prevé que las entidades contratantes puedan 
reservar este derecho también a empresas de inserción, a condición de que el porcentaje 
de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros 
Especiales de Empleo, de las Empresas de inserción o de los programas sean los previstos 
en su normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por cien. Igualmente se 
amplía la posibilidad de reservar el derecho a participar en licitaciones de contratos de 
servicios sociales, culturales y de salud a determinadas organizaciones que ya vengan 
prestando estos servicios y que, entre otros requisitos, reinviertan sus beneficios en el 
logro de sus propios objetivos. En el ámbito de la discapacidad resulta de aplicación, por 
remisión, la causa de prohibición de contratar que establece la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre relativa al incumplimiento del requisito de que al menos el 2 por ciento de los 
empleados de las empresas de 50 o más trabajadores sean trabajadores con discapacidad.
El título V del Libro primero recoge bajo la denominación de Técnicas de 
Racionalización de la Contratación y Concursos de Proyectos, técnicas de contratación 
relacionadas con las nuevas técnicas electrónicas de compra. Dichas técnicas permiten 
ampliar la competencia y mejorar la eficacia del sistema público de compras a través de la 
posibilidad de que las entidades contratantes recurran a centrales de compras, a sistemas 
dinámicos de adquisición o a subastas electrónicas. Como novedad se regulan por primera 
vez la contratación conjunta esporádica entre dos o más entidades contratantes, y la 
contratación con intervención de entidades contratantes de diferentes Estados Miembros 
de la Unión Europea.
El título VI del Libro primero tiene por objeto regular la ejecución y extinción de los 
contratos, de forma análoga a la contenida dentro de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
particularmente en cuanto a las principales novedades de esta: se impulsa la incorporación 
de consideraciones sociales, laborales, medioambientales y de innovación y desarrollo en 
las condiciones de ejecución, de dos formas. En primer lugar, se establece la obligación de 
introducir al menos una de las consideraciones de esta naturaleza que lista el artículo 105, 
entre las cuales están incluidas aquellas que fomenten la igualdad entre mujeres y 
hombres en el trabajo, favorezcan la mayor participación de la mujer en el mercado laboral 
y la conciliación del trabajo y la vida familiar; y, en segundo lugar, la introducción de estas 
condiciones se ve favorecida por que el requisito de vinculación al objeto del contrato se 
beneficia de la misma flexibilidad que los criterios de adjudicación. es
El título VI al regular la subcontratación se elimina el límite a la misma que, en defecto  o
ddpdpeeooel r s p 2iimebr0eli p1lviTdo6irsar.ibt idóeAu n ddnd ieeaec nl ia op ddenaejlaug  plJdomluiiscees agdtnicocitrie,óiea ,enc  s dstdoteeaes  bl lr aacele o gUclnuoíntalsrai a ólnsatno u  lL,boE escsuiyo grp nou3atpi1ergea/n2oatdi0s so e0ta an7a s ,ss s díucu eebu l sca 3reone0nnda tdtoler eda n aetcoiscsicaírtt ea ulWotsbo  rr-hyeole u,cs ybelu aienemwl r e,cai nlrdn ii6tse e0pt rr1 riapoe4do v sordies recentoi tesja u,nl doltiloooas      OE-A-2020-1651able en https://www.
pliegos y se cuente con la conformidad del contratista principal; y la comprobación de los
mismos por parte de las entidades contratantes se regula en forma análoga a la contenida 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de manera que esta comprobación de pagos será 
obligatoria en determinados contratos.
Por otra parte, en materia de modificaciones de los contratos sujetos a este real 
decreto-ley se introducen por primera vez limitaciones, exigiéndose la publicación de un 
anuncio de modificación y de las alegaciones e informes recabados; se introduce la 
posibilidad de resolver contratos durante su vigencia cuando no se den los requisitos 
legalmente establecidos que permitan su modificación; y se introduce la necesaria 
autorización, previo dictamen del Consejo de Estado, del Ministerio de tutela o 
adscripción para modificaciones no previstas superiores al 20 por ciento del precio inicial 
del contrato, IVA excluido, en el caso de que las mismas afecten a contratos de entidades 
contratantes pertenecientes al sector público.
El título VII del Libro primero regula la invalidez y la reclamación en materia de 
contratación. Al hacerlo el mismo introduce una regulación muy pareja a la que se recoge 
en esta materia en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, si bien en el presente real decreto-
ley se permite la solución extrajudicial de conflictos. Se incluye entre las causas de nulidad, 
comprendiendo ahora también el incumplimiento grave de Derecho de la Unión Europea 
previo pronunciamiento en este sentido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
Adicionalmente, se incluyen entre las causas de anulabilidad el incumplimiento de las 
circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los contratos sujetos a este 
real decreto-ley, o la realización de encargos para la ejecución directa de prestaciones a 
través de medios propios o la celebración de contratos con empresas asociadas o 
conjuntas cuando no se cumplan los requisitos para ello.
Por último, el título VIII del Libro primero establece las obligaciones de información y 
organización administrativa en este ámbito, lo que supone un incremento de las funciones 
de control en la contratación pública por parte de la Administración, en línea con lo 
dispuesto dentro de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, correspondiendo este control a la 
Comisión Europea, que lo ejercerá gracias a la información que sobre contratos le facilite 
la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Por último, en lo que respecta al 
esquema de tres órganos colegiados con competencias en materia de contratación pública 
que establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y que está integrado por la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado, por el Comité de Cooperación en materia 
de contratación pública y por la Oficina Independiente de Regulación y de Supervisión de 
la Contratación, el real decreto-ley aclara que todos ellos extienden sus respectivas 
competencias para abarcar la contratación sujeta a este real decreto-ley.
IV
En lo relativo a materia de seguros, el título I del Libro segundo del real decreto-ley que 
transpone la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
enero de 2016, sobre la distribución de seguros, consta de cuatro capítulos.
La disparidad de disposiciones nacionales relativas a la distribución de seguros y 
reaseguros, junto con la necesidad de facilitar el ejercicio de esta actividad, hizo necesario 
que, mediante la Directiva (UE) 2016/97, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
enero de 2016, sobre la distribución de seguros, se introdujeran una serie de modificaciones 
en la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre 
de 2002, sobre la mediación en seguros.
La incorporación de la mencionada Directiva al ordenamiento jurídico español hacía  s
imprescindible introducir importantes modificaciones en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de  oe.
mediación de seguros y reaseguros privados. Esta circunstancia, así como la necesidad  w.
dbraean sfgaoodr todasele  leceenyr   sqlaeusge u osrbuolssigt,i ateucnyioetrnseee s oa td rloaes  Li,n eafyoc r2om6na/s2ce0ijóa0nr6o ,e ndn e lal a1  e7dl iadsbetro ijburauliccoii,óó cnno  ddnee e  lpu ornobadj euntciuvteoov sda ed  ene osinrtmavbealr esccióoennr    2020-1651n https://ww
unas condiciones de competencia equitativas entre los distintos canales de distribución, de
tal manera que los clientes puedan beneficiarse de normas comparables, con el  Bc
consiguiente aumento de su protección.
El capítulo I establece el objeto, que tiene como finalidad principal garantizar la 
protección de los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios por contrato de 
seguro, así como promover la libertad en la contratación de productos de naturaleza 
aseguradora. Dicho capítulo también incluye las definiciones que son aplicables en el 
título I del Libro segundo del real decreto-ley, el ámbito objetivo y subjetivo de su aplicación, 
y la obligación de registro de los distribuidores de seguros y de reaseguros.
Con la finalidad de garantizar el mismo nivel de protección a los usuarios de seguros, 
se define la figura del mediador de seguros complementarios, entendiendo por tal todo 
mediador de seguros, persona física o jurídica distinta de una entidad de crédito o de una 
empresa de inversión que, a cambio de una remuneración, realice una actividad de 
distribución de seguros con carácter complementario, siempre y cuando la actividad 
profesional principal de dicha persona sea distinta de la de distribución de seguros y solo 
distribuya determinados productos de seguro que sean complementarios de un bien o 
servicio. No podrán ofrecer la cobertura de seguro de vida o de responsabilidad civil, 
excepto cuando tenga carácter complementario al bien o servicio suministrado.
El capítulo II se refiere a la distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas. Con el fin de lograr los objetivos de mejor protección de los 
tomadores, asegurados y beneficiarios, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución Española, corresponde al Estado el alto 
control económico-financiero de las actividades de distribución de seguros y reaseguros 
privados. Para ello deberá mantenerse la necesaria cooperación entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en la ordenación de seguros, 
a los efectos de homogeneizar la información documental y coordinar sus actividades de 
supervisión. Asimismo, se regula el registro administrativo de distribuidores de seguros y 
reaseguros en el que deben inscribirse, con carácter previo al inicio de su actividad, los 
mediadores de seguros, los mediadores de seguros complementarios, los corredores de 
seguros y los corredores de reaseguros.
El capítulo III regula las actividades de los distribuidores de seguros y de reaseguros 
residentes o domiciliados en España, clasifica a los distribuidores de seguros, y regula 
por primera vez las condiciones para el ejercicio de la actividad de distribución de 
seguros y reaseguros realizada por las entidades aseguradoras y reaseguradoras, 
estableciendo que los empleados que formen parte de sus plantillas podrán promover la 
contratación de seguros y de reaseguros a favor de la entidad de la que dependan, 
considerándose que dichos productos son distribuidos directamente por la entidad. 
Asimismo, las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán disponer de un 
registro interno, que estará sometido al control de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, en el que constarán inscritos los empleados que participen 
directamente en actividades de distribución, así como la persona responsable de la 
actividad de distribución, o, en su caso, las personas que forman parte del órgano de 
dirección responsable de la actividad de distribución. De igual forma, las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras estarán obligadas a crear una función que garantice una 
correcta ejecución de las políticas y procedimientos internos establecidos para 
monitorizar el cumplimiento de los requisitos.
Adicionalmente, se establece el régimen general para el ejercicio de la actividad 
aplicable a los agentes de seguros, detallando posteriormente los requisitos particulares 
que les son exigibles según adopten la forma de agente de seguros exclusivo o agente de 
seguros vinculado. En el caso de los agentes de seguros exclusivos, la entidad 
aseguradora podrá autorizar al mismo la celebración de otro contrato de agencia distinto  es
con otra entidad aseguradora, en los términos acordados por las partes, y sin perjuicio de  o
lfdroiegesau  rsareSaecaesgus  uerdeerregodc usoolor.sgos es don,e p y iecgaeru assadeilómo tnrreea dnsteet de  dre eee dbn eea emsns cdptaeele-  csaaaedgpgoeíusntur tdoeloess ,  ae elsonxpsctie dlcucaostdroivreseos dst aro.e nTrae arsseme ldebgeviué asrnane dtsgeoeusr r daopessa f oriyna  del oee ysl    ceddojeiesrsrrtceraiidbrcrouioorilde ldaose  rlda eleass     OE-A-2020-1651able en https://www.
actividad como son los cursos de formación de los distribuidores de seguros y de
reaseguros, los mecanismos de resolución de conflictos y la protección administrativa de 
los usuarios de seguros.
Entre las principales novedades introducidas por el capítulo III se encuentra la 
regulación exhaustiva del deber de información al cliente de productos de seguros, 
detallándose la información general previa a proporcionar por la entidad aseguradora, la 
información previa que debe facilitar el mediador de seguros, la información y 
asesoramiento previos a la suscripción del contrato de seguro, y el documento de 
información previa en el contrato de seguro distinto al seguro de vida. Al respecto, es 
importante destacar las diferencias entre venta informada, entendida como aquella que se 
realiza conforme a las exigencias y necesidades del cliente, basándose en informaciones 
obtenidas del mismo, y que busca facilitarle información objetiva y comprensible del 
producto de seguro para que el cliente pueda tomar una decisión fundada; y venta 
asesorada, entendida como aquella que se basa en la existencia de una recomendación 
personalizada hecha al cliente, a petición de este o a iniciativa del distribuidor de seguros, 
respecto de uno o más contratos de seguro.
Un aspecto importante lo constituye la obligación del distribuidor de seguros de 
informar al cliente, antes de la celebración del contrato de seguro, acerca de la naturaleza 
de la remuneración recibida en relación con el mismo. Esta obligación se completa, para 
el caso de los mediadores de seguros, con la obligación de informar si, en relación con el 
contrato, trabajan a cambio de un honorario, de una comisión, de cualquier otro tipo de 
remuneración, incluida cualquier posible ventaja económica ofrecida u otorgada en relación 
con el contrato de seguro, o sobre la base de una combinación de cualquiera de los tipos 
de remuneración. Cuando el cliente acuerde por escrito con el mediador de seguros el 
abono de honorarios, este informará al cliente del importe de los mismos o, cuando ello no 
sea posible, el método para calcularlos.
A mayor abundamiento, y con la finalidad primordial de proteger a los clientes, las 
entidades aseguradoras y los mediadores de seguros ofrecerán a los clientes de 
productos de inversión basados en seguros, orientaciones y advertencias sobre los 
riesgos conexos a dichos productos o a determinadas estrategias de inversión 
propuestas, información sobre todos los costes y gastos asociados y, en su caso, un 
análisis de idoneidad, garantizando de esta forma la adecuación del producto de seguro 
al cliente, de tal manera que se ajuste, entre otros aspectos, a su nivel de tolerancia al 
riesgo y a su capacidad para soportar pérdidas. Para ello, las entidades aseguradoras y 
los mediadores, cuando lleven a cabo actividades de distribución de seguros realizando 
labores de asesoramiento, deberán recabar información sobre los conocimientos 
financieros y experiencia del cliente, su situación financiera y los objetivos de inversión 
perseguidos. En el caso de no ofrecer asesoramiento, deberán, como mínimo, obtener 
información sobre los conocimientos y experiencia del cliente, excepto cuando se 
cumplan todas las condiciones exigidas en el real decreto-ley que permitan realizar la 
distribución de seguros mediante venta en ejecución. En cualquier caso, si el mediador 
de seguros o la entidad aseguradora consideran que el producto no es adecuado para el 
cliente, le advertirán de ello.
Al margen de las obligaciones genéricas de información, se establecen una serie de 
requisitos adicionales en relación con la distribución de productos de inversión basados en 
seguros, buscando evitar o, en su caso, prevenir, potenciales conflictos de interés. Para 
ello, las entidades aseguradoras y los mediadores de seguros deberán adoptar medidas 
organizativas eficaces destinadas a detectar e impedir que estas perjudiquen los intereses 
de sus clientes. Igualmente, deberán informar a los mismos, con suficiente antelación a la  es
celebración del contrato de seguro, de aquellas situaciones en las que las medidas no  o
spdceoirsáantcrnjEuitb ilns cuuttaaíidftsimuco liorede  nnedIt t eeedv  sesec leopn Lgnataiu rbsasrreo  oersc vv osiidcetmaeigorb u silinno nofdsao  odprrm iraedosased grlu  yoarc seltv o adcisnlle i cdea cuenuolctxaenridel,fi laaticcorsute-o,las e.ne,y dss roite a logebsull e lcadco iiseentnntinr dateootlos  á  ldcamoe bmo sibtpeoloig ganuasercoeni gótseunesr   appodauforererad zl ecaenasl     OE-A-2020-1651able en https://www.
adquirirse separadamente, y los correspondientes justificantes de los costes y gastos de
cada componente. Se ahonda en la protección al usuario de seguros al señalar que, 
cuando un contrato de seguro sea auxiliar a un bien o servicio que no sea de seguros, 
como parte de un paquete o del mismo acuerdo, el distribuidor de seguros deberá ofrecer 
al cliente la posibilidad de adquirir el bien o servicio por separado, salvo que sea 
complementario de un servicio o producto de inversión de los previstos expresamente, 
pudiendo prohibir la comercialización de determinados productos la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando considere que se vulneran los derechos de 
los usuarios de seguros. En cualquier caso, la entidad aseguradora o el mediador de 
seguros deberán determinar las exigencias y las necesidades del cliente respecto de los 
contratos de seguro que forman parte del conjunto del mismo paquete o acuerdo.
Se refuerzan los requisitos en el diseño, aprobación y control de productos y en 
materia de gobernanza. Así, con carácter previo a su comercialización, y de manera 
proporcional a la naturaleza del producto de seguro, los distribuidores de seguros que 
diseñen productos para su venta deberán elaborar, mantener y revisar un proceso de 
aprobación para cada uno de los productos, así como para las modificaciones significativas 
que estos pudieran sufrir con el paso del tiempo. En el proceso se especificará el mercado 
al que se destina el producto, se evaluarán todos los riesgos para dicho mercado y se 
adoptarán medidas para garantizar que el producto se distribuye en el mercado destinatario 
definido. Los productos de seguro comercializados deberán ser objeto de revisiones 
periódicas, teniendo en cuenta cualquier hecho que pudiera afectar sustancialmente al 
riesgo potencial para el mercado destinatario definido, evaluando, al menos, si el producto 
sigue respondiendo a las necesidades de dicho mercado y si la estrategia de distribución 
prevista continúa siendo la adecuada.
En consonancia con el aumento de la información a los usuarios de seguros, los 
distribuidores que diseñen sus propios productos de seguros pondrán a disposición de los 
comercializadores la información adecuada sobre estos y sobre su proceso de aprobación, 
incluyendo el mercado destinatario previsto.
Se incluyen en el capítulo III las competencias de ordenación y supervisión, el deber 
de secreto profesional y el de colaboración con otros supervisores, la responsabilidad 
frente a la Administración y el régimen de infracciones y sanciones. Este último se refuerza, 
en particular fijando unas sanciones de carácter pecuniario adaptadas y en línea con el 
marco general establecido por la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de enero de 2016. Finaliza el capítulo con las normas sobre la protección 
de datos de carácter personal y una referencia a los Colegios de mediadores de seguros 
y su Consejo General.
El capítulo IV se refiere a la actividad en España de los distribuidores de seguros y de 
reaseguros residentes o domiciliados en otros Estados miembros de la Unión Europea. En 
aras igualmente de incrementar la protección al usuario de seguros, se establece que las 
disposiciones sobre obligaciones de información y normas de conducta previstas en este 
real decreto-ley, tendrán en todo caso la consideración de normas de interés general, 
debiendo ser observadas por aquellos distribuidores residentes o domiciliados en otros 
Estados miembros de la Unión Europea cuando distribuyan productos de seguros en 
territorio español.
V
El título II del Libro segundo transpone parcialmente la Directiva (UE) 2016/2341 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades  s
y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo. oe.
La Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003,  w.
rureenplaart eiavsraem naot ónla iezsal  apccrióitminv eidmra pídnaeimsso ay n  esonurm poeardrtvievisnoi  óeann l  adesel  c alaocmsti vfinoidona dhdoaescs id ater ua pnne smnfrseoirnoctnaeedrisoz  adinset  ederemio dpr ildceeho o,l ase  psfotraenbvdlioessicó ióny    2020-1651n https://ww
ocupacional para la jubilación, que sigue siendo crucial para el crecimiento económico y la
creación de empleo en la Unión Europea y para hacer frente al envejecimiento de la  Bc
sociedad.
La Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
diciembre de 2016, constituye una versión refundida de la originaria Directiva 2003/41/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, a la cual deroga, y a la vez 
introduce novedades y modificaciones, especialmente en las siguientes materias: 
procedimiento para iniciar una actividad transfronteriza de los fondos de pensiones de 
empleo y transferencias transfronterizas de planes de pensiones de empleo entre fondos, 
normas de inversión aplicables, sistema de gobierno, externalización de funciones, 
información a los potenciales partícipes, a los partícipes y a los beneficiarios y supervisión 
prudencial.
Este título consta de un artículo, con 38 apartados, que modifica el texto refundido de 
la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, con el objetivo de transponer las novedades de la 
Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre 
de 2016, que afectan a la regulación contenida en dicha ley, realizándose asimismo 
algunas modificaciones puntuales de mejora de la sistemática normativa y de actualización 
de referencias a normas de la Unión Europea.
Una de las principales finalidades de la norma es garantizar un elevado nivel de 
protección y seguridad a los partícipes y beneficiarios de los planes de pensiones.
En materia de información a los potenciales partícipes, a los partícipes y a los 
beneficiarios, la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
diciembre de 2016, establece en su título IV una regulación más detallada respecto de la 
previa Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, 
al objeto de garantizar un elevado nivel de transparencia respecto de la información que 
debe proporcionarse a aquellos durante todas las fases de un plan de pensiones, en 
especial, sobre los derechos de pensión devengados, el nivel previsto de las prestaciones 
de jubilación, los riesgos y garantías y los costes. Para ello se introduce un nuevo artículo 
10 bis en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, 
relativo a los principios generales que rigen la información (entre otros, actualización, 
claridad y gratuidad para los partícipes), e incluye, a fin de completar la transposición, una 
habilitación para su desarrollo reglamentario.
La Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
diciembre de 2016, dedica su título V a la supervisión prudencial por las autoridades 
competentes, señalando en su artículo 45, como objetivos principales, la protección de los 
derechos de los partícipes y beneficiarios y la garantía de estabilidad y la solvencia de los 
fondos de pensiones de empleo. Para lo cual los Estados miembros velarán para que las 
autoridades competentes dispongan de los medios necesarios y de los conocimientos, 
capacidades y mandato pertinentes. Su transposición se realiza mediante ciertos ajustes 
y nuevos artículos en el capítulo VII del texto refundido de la Ley de Regulación de los 
Planes y Fondos de Pensiones.
Con el fin de reducir la inseguridad jurídica generada por el hecho de que un fondo de 
pensiones deba cumplir la normativa prudencial de su Estado miembro de origen y, al 
mismo tiempo, la legislación social y laboral del Estado miembro de acogida, mediante 
esta transposición se aclaran los ámbitos que se consideran parte de la supervisión 
prudencial en aras a la mejor protección de partícipes y beneficiarios y se enumeran las 
materias objeto de esta, que engloban, entre otras, las provisiones técnicas y su 
financiación, la exigencia de margen de solvencia, las normas de inversión, la gestión de 
inversiones, el sistema de gobierno y la información que debe proporcionarse a los 
partícipes y beneficiarios. es
El título II del Libro segundo introduce asimismo la regulación general del sistema de  o
gDdLLeeeoir ygbe2 iicsd0etle1arivn 6tRaio.v  eoP,( gU a1fuEor/la2ar) t 0cea20ilól0le2on1,c   m6ddie/eeo2n  d32ldoi49fosi1c   d aPldea lee a nlln g otePíovtsauibe rlyeomla r Fnybmo arceennon,d zntqooatuse  e Endy iuc edroa ooPn dpdetaeeenpnols tíc iáaoya nn pdddeíiestosupl,l l aooCa s poViacrnIoliI soIb enndajueeodsel,o   vt ddepoeexo   trcoe1 ae s4rrlqe á dRfucueeetne amddrl i iafcdDisi oeecd mcdaerelbe  d rtlleeaoa      OE-A-2020-1651able en https://www.
los planes y fondos de pensiones. Dicho capítulo VIII pasa a denominarse Sistema de 
gobierno y consta de nueve artículos, del 27 al 30 sexies.
El artículo 2.1 de la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 14 de diciembre de 2016, dispone que la misma se aplicará a los fondos de pensiones 
de empleo, si bien, cuando, de acuerdo con la legislación nacional, los fondos carezcan de 
personalidad jurídica, los Estados miembros la aplicarán a los fondos de pensiones o a las 
entidades autorizadas responsables de gestionarlos y de actuar en su nombre. En este 
real decreto-ley se opta debido a su positivo impacto en la protección de partícipes y 
beneficiarios por que el sistema de gobierno en su conjunto abarque también la gestión de 
los fondos de pensiones personales, que desarrollan planes de pensiones del sistema 
individual y asociado, salvo algunos aspectos concretos limitados a los fondos de empleo.
Fortaleciendo el sistema de gobierno regula también las funciones clave de las que 
deberán disponer las entidades gestoras de fondos de pensiones de forma proporcionada 
a su tamaño y su organización interna y a sus actividades. Estas comprenderán la función 
de gestión de riesgos, la de auditoría interna y, en su caso, una función actuarial cuando 
la entidad gestora preste servicios actuariales respecto de los planes de pensiones. Esta 
última función se regula dentro del ámbito de los servicios actuariales requeridos para el 
funcionamiento del plan de pensiones, correspondiendo a la comisión de control la 
selección de los prestadores de dichos servicios.
Este mismo título transpone el artículo 31 de la Directiva (UE) 2016/2341 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, que autoriza a los 
Estados miembros a permitir que los fondos de pensiones registrados o autorizados en su 
territorio encomienden cualesquiera actividades, incluidas las funciones clave, en su 
totalidad o en parte, a prestadores de servicios que actúen en su nombre. No obstante, 
establece los requisitos a los que debe ajustarse tal externalización, entre ellos, la 
necesidad de un acuerdo escrito con el prestador de servicios que determine claramente 
las obligaciones y derechos de las partes y, si se trata de externalizar funciones clave, la 
comunicación a la autoridad competente antes de la firma del acuerdo. La externalización 
en ningún caso trasladará la responsabilidad de la entidad gestora respecto del 
cumplimiento de sus obligaciones legales.
Por otra parte, se modifican algunos preceptos del capítulo IX del texto refundido de la 
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, relativos a las medidas de 
control especial y el régimen de infracciones y sanciones administrativas, para incorporar 
las deficiencias en el sistema de gobierno como causa de adopción de las citadas medidas 
y como nuevos tipos de infracciones administrativas.
Por último, se han introducido modificaciones en el capítulo X del texto refundido de la 
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, que regula la actividad 
trasfronteriza de los fondos de pensiones de empleo, por la cual, los planes de pensiones 
de empleo pueden ser gestionados en fondos de pensiones de empleo de cualesquiera 
Estados miembros. Se ha añadido una sección 4.ª nueva relativa a las transferencias 
transfronterizas, integrada por tres artículos que regulan los aspectos generales y los 
procedimientos de transferencias en las que intervenga un fondo de pensiones de empleo 
autorizado y registrado en España como transferente o como receptor.
VI
El título III del Libro segundo del real decreto-ley transpone parcialmente la 
Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017,  s
por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la  oe.
implicación a largo plazo de los accionistas, en las materias que afectan directamente al  w.
sseocctiSeodur a atdsreaesgn uscrpoaotdiszoiacr.dióans  aepno Ertsapráa ñma,e cjoorna sla e fnin aelli dáamd búitltoim dae ld ge ofbaiveorrneoc ecro lrap ofirnaatinvcoia dceió nla as   2020-1651n https://ww
largo plazo que reciben las sociedades a través de los mercados de capitales.
Se trata de evitar presiones cortoplacistas en la gestión de las sociedades, de forma  Bc
que se puedan tener en consideración objetivos de crecimiento y sostenibilidad a medio y
largo plazo, lo cual resulta positivo para la propia empresa, el bienestar de grupos de 
interés distintos a los accionistas, como los trabajadores; y para la economía en general, 
mejorando su resistencia a las crisis y su potencial de crecimiento agregado.
Considera esta directiva que, a menudo, los inversores institucionales y los gestores 
de activos no son transparentes ni sobre sus estrategias de inversión y políticas de 
implicación, ni sobre la aplicación de las mismas. La publicación de esta información 
podría tener un efecto positivo en la concienciación de los inversores, permitir a los 
beneficiarios finales, por ejemplo, futuros pensionistas, optimizar sus decisiones de 
inversión, facilitar el diálogo entre las sociedades y sus accionistas, fomentar la implicación 
de estos y mejorar su rendición de cuentas a los interesados y a la sociedad civil.
En lo concerniente al sector asegurador, se procede para su transposición parcial a la 
modificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades aseguradoras y reaseguradoras mediante la incorporación de dos nuevos 
artículos, 79 bis y 79 ter, relativos a la política de implicación y estrategia de inversión, que 
han de seguir las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida así 
como las entidades reaseguradoras que cubran obligaciones de seguros de vida.
En otro orden de cosas, la Ley 20/2015, de 14 de julio, es objeto de modificación 
también para incluir el Acuerdo Bilateral entre la Unión Europea y los Estados Unidos de 
América sobre medidas prudenciales en materia de seguros y reaseguros.
El artículo 9 del Acuerdo, relativo a su implementación, señala que «las Partes 
alentarán a las autoridades pertinentes a abstenerse de adoptar medidas que sean 
incompatibles con alguna de las condiciones u obligaciones del presente Acuerdo, en 
particular en relación con la eliminación de los requisitos relativos a las garantías reales y 
a la presencia local, de conformidad con el artículo 3».
Si bien dicho Acuerdo, tras haber sido aprobado por la Decisión (UE) 2018/539 del 
Consejo de 20 de marzo de 2018 y una vez que ha entrado en vigor, ha pasado a formar 
parte del Derecho de la Unión Europea constituyendo, por tanto, norma inmediata y 
directamente aplicable en España, se ha estimado oportuno, en razón a la deseable 
claridad y al principio de buena regulación, modificar el artículo 64 de la Ley 20/2015, 
de 14 de julio, eliminando los requisitos relativos a la presencia local.
VII
El Libro tercero en su título I prevé la transposición de la Directiva (UE) 2018/1910, del 
Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo 
que se refiere a la armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen 
del impuesto sobre el valor añadido en la imposición de los intercambios entre los Estados 
miembros, y la Directiva (UE) 2019/475 del Consejo, de 18 de febrero de 2019, por la que 
se modifican las Directivas 2006/112/CE y 2008/118/CE en lo que respecta a la inclusión 
del municipio italiano de Campione d’Italia y las aguas italianas del Lago de Lugano en el 
territorio  aduanero  de  la  Unión  y  en  el  ámbito  de  aplicación  territorial  de  la 
Directiva 2008/118/CE.
Con tal fin, se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, así como el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, 
de 29 de diciembre.
VIII es
El título II del Libro tercero transpone la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo de 10  w.
de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión  51ww
Ereufororzpaenad, oa rlam soengizuarniddaod  ajusríí deicl am. aCrocon  tdael  frine ssoelu lcleióvna  dae c apbrooc lead mimoiednifitcoasc iaómn isdteol stoesx toy 
rDeefucnredtiod oL edgei slala Ltiveoy  d5e/2l 0Im04p,u dees to5  sdoeb mrea lraz oR, eanstía  cdoem noo  dRee lsai dLeenyte 2s9, /a1p9r9o8b,a ddeo  1p3o rd eel  Rjuelioa,l   BOE-A-cable e
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
IX
El real decreto-ley consta asimismo de diecisiete disposiciones adicionales. En ellas se 
establece la cláusula de trato no menos favorable; el Impuesto sobre el Valor Añadido; 
Responsabilidad del personal al servicio de las entidades contratantes pertenecientes al 
Sector Público; Accesibilidad; Régimen jurídico aplicable a los contratos excluidos del 
ámbito de este real decreto-ley que se celebren por entidades del Sector Público; 
Actualización de cifras fijadas por la Unión Europea; Pagos directos a los subcontratistas; 
Remisión de contratos y de información al Comité Técnico de Cuentas Nacionales; 
Principios aplicables a los contratos de concesión de servicios del anexo I y a los contratos 
de servicios de carácter social, sanitario o educativo del anexo I; Autorizaciones del 
artículo 324 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la tasa por inscripción 
de los mediadores de seguros, mediadores de seguros complementarios, corredores de 
reaseguros, y de altos cargos de los distribuidores de seguros y reaseguros en el registro 
administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros; los requisitos y principios básicos 
de los programas de formación para los distribuidores de seguros y corredores de 
reaseguros y demás personas que participan en la distribución de los seguros y reaseguros 
privados; la conservación de la documentación precontractual; la reasignación de recursos, 
establece que las obligaciones derivadas del cumplimiento de este real decreto-ley se 
atenderán mediante reasignación de los recursos ordinarios del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, sin requerir dotaciones adicionales, la adaptación a 
las normas del sistema de gobierno por parte de las entidades gestoras de fondos de 
pensiones, el régimen de puertos del Estado y de las autoridades portuarias en contratación 
y  las  normas  específicas  de  contratación  de  servicios  de  carácter  intelectual, 
respectivamente.
El real decreto-ley, además, contiene ocho disposiciones transitorias que regulan el 
tránsito al nuevo régimen jurídico, una disposición derogatoria única, dieciséis 
disposiciones finales y doce anexos.
Las disposiciones finales prevén, de la primera a la quinta, modificaciones normativas. 
Asimismo, establecen una cláusula de salvaguardia, los títulos competenciales, 
disposiciones para la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco, legislación supletoria, 
la incorporación del Derecho de la Unión Europea, así como habilitaciones normativas y 
entrada en vigor.
Por último, se prevén doce anexos, once relativos a contratación y el anexo XII que 
detalla los requisitos mínimos en materia de competencia y conocimientos profesionales.
X
Este real decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos 
en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
De lo expuesto en los párrafos anteriores se pone de manifiesto el cumplimiento de los 
principios de necesidad y eficacia. El real decreto-ley es acorde al principio de 
proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para la consecución de los 
objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica.
En cuanto al principio de transparencia, no se ha realizado el trámite de consulta  es
pública, ni el trámite de audiencia e información públicas tal y como excepciona el  o
artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. No obstante, procede  51ww
dscdeoeegnssiuttgariandctaoaad rtc oaciód opnamo, lr oa ll l asetr ignCaagmonumitdlaaiosrci iidóóinanncd  dal udedse mHo e ianascit sieest rneLadritb iavor aocb  ojpIe nrdto ocep ol idmape rdpe eeas tepuenrnnot ceAbi aanre ctleeaiópgl nrdiso elypaceotricevr ttaoop  -padlelreety enL,  aeqd yuee ene   lneea ll m  CmPaooitsnnemgreiroane  cdhsioaea     OE-A-2020-16able en https://
de los Diputados. El texto legal articulado aprobado por esta Ponencia es el que ahora se
incorpora a este real decreto-ley, a salvo de contados ajustes técnicos que se han realizado 
para garantizar la coordinación con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, siguiendo la doctrina 
del Consejo de Estado, Dictamen 1209/2006, y una correcta transposición de las 
Directivas 2014/23/UE y 2014/25/UE. También se ha incluido la modificación del 
artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que recogió el decaído proyecto ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 (BOC de 16 de enero de 2019), al 
resultar urgente y necesario por razones de seguridad jurídica solucionar los graves 
problemas técnicos que el actual artículo 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
plantea al exigir, para celebrar un contrato menor, que el contratista no haya suscrito más 
contratos menores que individual o conjuntamente superen las cifras que establece el 
artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Asimismo, se ha procedido a revisar 
los umbrales que recogía el texto legal aprobado por la Ponencia en coherencia con la 
modificación de las Directivas 2014/23/UE y 2014/25/UE realizada, respectivamente, 
mediante dos Reglamentos de la Comisión n.º 2019/1827 y n.º 2019/1829, ambos de 30 
de octubre de 2019.
En el mismo sentido, tanto el anteproyecto de Ley de distribución de seguros y 
reaseguros, como el Anteproyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley 
de planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 
29 de noviembre, para la transposición de la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la 
supervisión de los fondos de pensiones de empleo y el Anteproyecto de Ley por la que 
se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta 
al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas 
fueron previamente sometidas al trámite de consulta pública establecido en el artículo 
26.2 de la ley citada, y al trámite de audiencia e información públicas contenido en el 
artículo 26.6 de la misma, al afectar a los derechos e intereses legítimos de las 
personas. Por último, con respecto al principio de eficiencia, si bien supone un ligero 
aumento de las cargas administrativas, estas resultan imprescindibles y en ningún caso 
innecesarias.
Con respecto al principio de seguridad jurídica, el texto articulado en materia 
de contratación que aprobó la Ponencia en el Congreso, tal y como se indica en su 
Informe (BOCG de 28/1/2019), ya incorpora los ajustes necesarios como consecuencia 
de la adaptación técnica de esta norma a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Asimismo, 
se ha garantizado la coherencia del texto con el resto del ordenamiento jurídico nacional, 
así como con el de la Unión Europea. De hecho, aquel responde a la necesidad de 
trasposición de las aludidas Directivas al Derecho español.
Por último, de acuerdo con el principio de eficiencia, las medidas reguladas en el 
presente real decreto-ley se ha procurado que la norma genere las menores cargas 
administrativas para los ciudadanos, así como los menores costes indirectos, fomentando 
el uso racional de los recursos públicos, es más, incluso alguna de las medidas que se 
incorporan conllevan una reducción de tales cargas. En este sentido, las exigencias de 
información y documentación que se requieren de los contribuyentes son las estrictamente 
imprescindibles para garantizar el control de su actividad por parte de la Administración 
tributaria.
Este real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1.6.ª, 8.ª, 11.ª,13.ª, 14.ª y 18.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre 
legislación mercantil; civil; las bases y coordinación de los seguros; las bases y  es
coordinación de la planificación general de la actividad económica; la Hacienda general y  o
erdneeincsc tpaemPe,so caicdrtt ioaevtnoadricdm aruoe er qdrneeuetlnlee o .rl,eie dpngao isesr  lspastouecr  i ófreiennl aa albl riddtáíacesudciclr oeay t  8ops6-ool erdb yeer  elll aa cs coC oncontirnetcrsxuattionttou sdcstaei ón ynec .xicaiogsen dncece isaei xottenrmaeospr odarinadalm reiiann  isye tl ruaqrugtieev anstsee,    OE-A-2020-1651able en https://www.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Hacienda y de la Ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 4 de febrero de 2020,
DISPONGO:
LIBRO PRIMERO
Transposición de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la 
Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión
TÍTULO I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto y definiciones
Artículo 1.  Objeto del Libro primero del real decreto-ley.
1.  El presente real decreto-ley, en su Libro primero, tiene como objeto la regulación 
del procedimiento de adjudicación de los contratos de obras, de suministro y de servicios, 
cuando contraten las entidades públicas y privadas a las que se refiere el artículo 5, en el 
ámbito de una o más actividades contenidas en los artículos 8 a 14 de este real decreto-
ley, siempre que su valor estimado sea igual o superior a los siguientes umbrales:
a)  1.000.000 de euros en los contratos de servicios sociales y otros servicios 
específicos enumerados en el anexo I.
b)  428.000 de euros en los contratos de suministro y de servicios distintos de los 
referidos en la letra anterior, así como en los concursos de proyectos.
c)  5.350.000 de euros en los contratos de obras.
2.  Asimismo este real decreto-ley será de aplicación a los procedimientos de 
adjudicación de los contratos de concesión de obras y de los contratos de concesión de 
servicios que liciten las entidades a que se refiere el artículo 5.1, cuando refiriéndose estos 
contratos a una o más de las actividades recogidas en los artículos 9 a 14 de este real 
decreto-ley, los mismos tengan un valor estimado que sea igual o superior al umbral 
de 5.350.000 de euros.
En todo caso quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente real decreto-ley los 
siguientes contratos de concesión:
a)  Los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios que se refieran 
a las actividades en el sector del agua que relaciona el artículo 8 en sus apartados 1 y 2.
b)  Los contratos de concesión de servicios que se refieran a los servicios de lotería 
comprendidos en el código CPV 92351100-7, adjudicados por una entidad contratante a  e.
un operador económico sobre la base de un derecho exclusivo. w.
La atribución de un derecho exclusivo de este tipo deberá ser objeto de publicación en  51ww
enlo « inDcialuryioe  Olofsic idael rdeec hlao sU enxiócnlu Esiuvroosp eaa q»u. eA s ees rtoesfi eerfee cetlo asr teícl ucloon 6c.e2p.to de derecho exclusivo
contcr)a taLnotes  ac ounnt orapteorsa ddoer  ceocnocneósmióicno d seo bsreer vlaic bioass eq udee  suena dne raedcjhuod iceaxdclouss ipvoo rd uenl qau een dtiidcahdo   BOE-A-cable e
operador goce con arreglo a una norma, reglamento o disposición administrativa que
resulte de aplicación y cuya concesión se ajuste al Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y a los actos jurídicos de la Unión Europea que establecen normas comunes de 
acceso al mercado aplicables a las actividades contempladas en los artículos 9 a 14 de 
este real decreto-ley.
No obstante lo anterior, cuando la legislación sectorial de la Unión Europea a que se 
refiere el párrafo precedente no prevea obligaciones de transparencia, se aplicará el 
artículo 79 relativo al anuncio de formalización.
Cuando una entidad contratante conceda a un operador económico un derecho 
exclusivo para el ejercicio de una de las actividades contempladas en los artículos 9 a 14 
de este real decreto-ley, deberá informar de ello a la Comisión Europea en el plazo de un 
mes contado a partir del día en que se concedió dicho derecho.
d)  Los contratos de concesión de servicios de transporte aéreo basados en la 
concesión de una licencia de explotación en el sentido del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas 
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, o relativos a servicios 
públicos de transporte de viajeros, en el sentido del Reglamento n.º 1370/2007, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos 
de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los 
Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo.
Artículo 2.  Definiciones.
A efectos del Libro primero del presente real decreto-ley se entenderá por:
a)  «Contratos de suministro, obras y servicios»: los contratos a título oneroso 
celebrados por escrito entre una o varias de las entidades contratantes sujetas al ámbito 
de aplicación de este real decreto-ley y una o varias empresas, cuyo objeto sea la 
ejecución de obras, el suministro de productos o la prestación de servicios.
b)  «Contrato de obras»: los contratos cuyo objeto sea uno de los siguientes:
1.º  La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, 
o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el anexo II.
2.º  La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados 
por la entidad contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la 
obra.
c)  «Obra»: el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería 
civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por 
objeto un bien inmueble.
También se considerará «obra» la realización de trabajos que modifiquen la forma o 
sustancia del terreno o de su vuelo o de mejora del medio físico o natural.
d)  «Contrato de suministro»: el contrato que tiene por objeto la compra, la compra a 
plazos, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra, de 
productos. Un contrato de suministro podrá incluir, de forma accesoria, operaciones de 
colocación e instalación.
e)  «Contrato de servicios»: el contrato cuyo objeto son prestaciones de hacer 
consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado 
distinto de una obra o un suministro.
f)  «Concesión de obras»: el contrato que presenta las mismas características que el  s
contrato de obras, con la salvedad de que la contrapartida de las obras consista, o bien  oe.
únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado de un  w.
precio. En todo caso el derecho a explotar la obra deberá implicar la transferencia al  51ww
concge) sio«nCaorinoc edseiló rnie dseg os eorpveicriaocsi»o:n eall  ceonn teral tsoe qnutideo p rdeesfeinnidtao  laesn  mlai slemtraas  hc)a rdaec teesrtíest iacratísc quuloe.
esel rcvoicniotrsa tcoo ndsei sstae rbviiecnio sú ncicoanm lae nstea lveend eald d deree cqhuoe  ala e cxpolnottraarp ealr tsidearv idceio ,l ao  pbrieesnt aecni ódnic dheo   BOE-A-cable e
derecho acompañado de un precio. En todo caso el derecho a explotar el servicio deberá
implicar la transferencia al concesionario del riesgo operacional en el sentido definido en 
la letra h) siguiente.
h)  «Riesgo operacional»: el riesgo cuya asunción por el concesionario implica que 
este último no tiene garantizados, en condiciones normales de mercado, ni la recuperación 
de las inversiones realizadas ni la cobertura de los costes en que hubiera incurrido el 
mismo como consecuencia de la explotación de las obras o de los servicios que sean 
objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá una 
exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida 
potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o 
desdeñable.
Este riesgo abarcará el riesgo de demanda o el de suministro o ambos. A estos efectos 
se entenderá por «riesgo de demanda» el que se debe a la demanda real de las obras o 
servicios objeto del contrato; y por «riesgo de suministro» el relativo al suministro de las 
obras o servicios objeto del contrato, en particular el riesgo de que la prestación no se 
ajuste a la demanda.
i)  «Operador económico»: una persona física o jurídica, una entidad pública, o una 
agrupación de tales personas o entidades, incluidas las uniones temporales de empresas, 
que ofrezca en el mercado la ejecución de obras, el suministro de productos o la prestación 
de servicios.
j)  «Licitador»: un operador económico que haya presentado una oferta.
k)  «Candidato»: un operador económico que haya solicitado una invitación o haya 
sido invitado a participar en un procedimiento restringido o negociado, en un diálogo 
competitivo o en una asociación para la innovación.
l)  «Pliegos de condiciones»: todos los documentos elaborados o mencionados por 
la entidad contratante para describir o determinar elementos de la contratación o el 
procedimiento, en particular el anuncio de licitación, el anuncio periódico indicativo o los 
anuncios sobre la existencia de un sistema de clasificación que sirvan de convocatoria de 
licitación, las prescripciones técnicas, el documento descriptivo, las condiciones del 
contrato propuestas, los formatos para la presentación de documentos por los candidatos 
y licitadores, la información sobre obligaciones generalmente aplicables y cualquier 
documento adicional. La presente definición se utilizará únicamente con fines de 
simplificación del texto.
m)  «Actividades de compra centralizadas»: alguno de los tipos de actividades 
siguientes, realizado con carácter permanente:
1.º  La adquisición de suministros y/o servicios destinados a entidades contratantes.
2.º  La adjudicación de contratos o la celebración de acuerdos marco de obras, 
suministros o servicios destinados a entidades contratantes.
n)  «Actividades de compra auxiliares»: actividades consistentes en la prestación de 
apoyo a las actividades de compra, en particular en las formas siguientes:
1.º  Infraestructuras técnicas que permitan a las entidades contratantes adjudicar 
contratos públicos o celebrar acuerdos marco de obras, suministros o servicios.
2.º  Asesoramiento sobre la realización o la concepción de los procedimientos de 
contratación.
3.º  Preparación y gestión de los procedimientos de contratación en nombre y por 
cuenta de la entidad contratante de que se trate.
ñ)  «Central de compras»: una entidad contratante que realiza actividades de compra  oe.
centralizadas y, en su caso, actividades de compra auxiliares. A los efectos de este  w.
dcoemcrLpeartaos  -ccleoeynn tltraraastl aiczceainodtnareass les rsee  daceloiz ncasodimdaespr rpaaorsár  ntue ncnaod nrcáternan ttlaarac cli oodnnees csido pemarpararcai óesn lp  edajerea re cenicfteiiodc atdudeae rsl aa csco tainvctidrtiaavtdiadenastde deses.   2020-1651n https://ww
reguladas en este real decreto-ley.
o)  «Prestador de servicios de contratación»: un organismo público o privado que  Bc
ofrece en el mercado actividades de compra auxiliares.
p)  «Escrito» o «por escrito»: cualquier expresión consistente en palabras o cifras que 
pueda leerse, reproducirse y después comunicarse, incluida la información transmitida y 
almacenada por medios electrónicos.
q)  «Medio electrónico»: un medio que utilice equipos electrónicos de tratamiento 
(incluida la compresión digital) y almacenamiento de datos que se transmiten, envían y 
reciben por medios alámbricos, radiofónicos, ópticos o por otros medios electromagnéticos.
r)  «Ciclo de vida»: todas las fases consecutivas o interrelacionadas que se sucedan 
durante la existencia del producto, obra o servicio, y en todo caso: la investigación y el 
desarrollo que hayan de llevarse a cabo, la fabricación o producción, la comercialización y 
las condiciones en que esta tenga lugar, el transporte, la utilización y el mantenimiento, la 
adquisición de las materias primas y la generación de recursos; todo ello hasta que se 
produzca la eliminación, el desmantelamiento o el final de la utilización.
s)  «Concurso de proyectos»: el procedimiento que permite a la entidad contratante 
adquirir, principalmente en los ámbitos de la ordenación territorial, el urbanismo, la 
arquitectura, la ingeniería o el tratamiento de datos, planes o proyectos seleccionados por 
un jurado después de haber sido objeto de una licitación, con o sin concesión de premios.
t)  «Innovación»: introducción de un producto, servicio o proceso nuevos o 
significativamente mejorados, que incluye, aunque no se limita a ellos, los procesos de 
producción, edificación o construcción, de un nuevo método de comercialización o un 
nuevo método de organización en las prácticas empresariales, la organización del lugar de 
trabajo o las relaciones exteriores, con el objetivo de ayudar, entre otros, a resolver los 
desafíos de la Estrategia Europa 2020.
u)  «Etiqueta»: cualquier documento, certificado o acreditación que confirme que una 
obra, producto, servicio, proceso o procedimiento determinado cumple ciertos requisitos.
v)  «Requisitos aplicables a efectos de la etiqueta»: los requisitos que debe cumplir 
una obra, producto, servicio, proceso o procedimiento determinado para conseguir la 
etiqueta de que se trata.
w)  «Envío postal»: todo objeto destinado a ser expedido a la dirección indicada por 
el remitente sobre el objeto mismo o sobre su envoltorio, una vez presentado en la forma 
definitiva en la cual debe ser recogido, transportado y entregado. Además de los envíos de 
correspondencia incluirá la publicidad directa, los libros, catálogos, diarios, publicaciones 
periódicas y los paquetes postales que contengan mercancías con o sin valor comercial, 
cualquiera que sea su peso.
x)  «Servicios postales»: cualesquiera servicios consistentes en la recogida, la 
admisión, la clasificación, el transporte, la distribución y la entrega de envíos postales.
y)  «Derecho exclusivo»: un derecho concedido por los órganos competentes de una 
Administración pública en virtud de cualquier disposición legislativa, reglamentaria o 
administrativa publicada que sea compatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, que tenga como efecto limitar el ejercicio de una actividad a un único operador 
económico y que afecte sustancialmente a la capacidad de los demás operadores 
económicos de ejercer una actividad.
z)  «Derecho especial»: un derecho concedido por los órganos competentes de una 
Administración pública en virtud de cualquier disposición legislativa, reglamentaria o 
administrativa publicada que sea compatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, que tenga como efecto limitar el ejercicio de una actividad a una serie de 
operadores económicos y que afecte sustancialmente a la capacidad de los demás 
operadores económicos de ejercer una actividad.
Artículo 3.  Nomenclatura. o
A los efectos de identificar las prestaciones que son objeto de los contratos regulados  51ww
eanp reosbtaed roe aplo dr eecl rReteog-lleaym, esnet ou t(ilCizEa)r án e.°l  2«1V9o5c/a2b0u0la2r idoe cl oPmarúlanm deen ctoo nEtruartoopse poú yb lidceols C (oCnPsVe)jo» 
dpúeb 5li cdoes  n(CoPviVem).bre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos  BOE-A-cable e
Artículo 4.  Métodos para calcular el valor estimado de los contratos, de los acuerdos 
marco y de los sistemas dinámicos de adquisición.
1.  A todos los efectos previstos en este real decreto-ley, el valor estimado de los 
contratos será determinado como sigue:
a)  En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, la entidad contratante 
tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus 
estimaciones.
b)  En el caso de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, la 
entidad contratante tomará el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones generará la empresa concesionaria 
durante la ejecución del mismo, como contraprestación por las obras y los servicios objeto 
del contrato, así como de los suministros relacionados con estas obras y servicios.
2.  En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta como mínimo, además 
de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes 
que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura 
y el beneficio industrial. Asimismo, deberán tenerse en cuenta:
a)  Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato.
b)  Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o 
licitadores, la cuantía de los mismos.
c)  En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, se haya 
previsto en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el 
contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que 
este pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas.
En los contratos de servicios y de concesión de servicios en los que sea relevante la 
mano de obra, en la aplicación de la normativa laboral vigente a que se refiere el párrafo 
anterior se tendrán especialmente en cuenta los costes laborales derivados de los 
convenios colectivos sectoriales de aplicación.
3.  Adicionalmente a lo previsto en el apartado anterior, en el cálculo del valor 
estimado de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios se tendrán 
en cuenta, cuando proceda, los siguientes conceptos:
a)  La renta procedente del pago de tasas y multas por los usuarios de las obras o 
servicios, distintas de las recaudadas en nombre de la entidad contratante.
b)  Los pagos o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma, concedidos al 
concesionario por la entidad contratante o por cualquier otra autoridad pública, incluida la 
compensación por el cumplimiento de una obligación de servicio público y subvenciones a 
la inversión pública.
c)  El valor de los subsidios o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma, 
procedentes de terceros a cambio de la ejecución de la concesión.
d)  El precio de la venta de cualquier activo que forme parte de la concesión.
e)  El valor de todos los suministros y servicios que la entidad contratante ponga a 
disposición del concesionario, siempre que sean necesarios para la ejecución de las obras 
o la prestación de servicios.
4.  La elección del método para calcular el valor estimado no podrá efectuarse con la  es
intención de sustraer el contrato a la aplicación de las normas de adjudicación que  o
ceosrtirm56e.s.a  pdooECn leud mnaa nnétod.tododo o uc nadase o e cdnáetlicbduealrodá   afcipgolunicrtaarard teoan np ltooers   elpasl iteeégn otcisdo amddep  cucooennstdtraiac tipaonontree su .pnaidraa dceaslc ufulanrc eiol nvaalleosr   2020-1651n https://www.
separadas, se tendrá en cuenta el valor total estimado para todas las unidades funcionales
individuales.
No obstante lo anterior, cuando una unidad funcional separada sea responsable de 
manera autónoma respecto de su contratación o de determinadas categorías de ella, los 
valores podrán estimarse al nivel de la unidad de que se trate.
En todo caso, se entenderá que se da la circunstancia aludida en el párrafo anterior 
cuando dicha unidad funcional separada cuente con financiación específica y con 
competencias respecto a la adjudicación del contrato.
7.  La estimación deberá hacerse teniendo en cuenta los precios habituales en el 
mercado, y estar referida al momento del envío de la convocatoria de licitación o, en caso 
de que esta no esté prevista, al momento en que la entidad contratante inicie el 
procedimiento de adjudicación del contrato.
8.  En los contratos de obras el cálculo del valor estimado debe tener en cuenta el 
importe de las mismas, así como el valor total estimado de los suministros o servicios 
necesarios para su ejecución que hayan sido puestos a disposición del contratista por la 
entidad contratante.
9.  En los contratos de suministro que tengan por objeto el arrendamiento financiero, 
el arrendamiento o la venta a plazos de productos, el valor que se tomará como base para 
calcular el valor estimado del contrato será el siguiente:
a)  En el caso de contratos de duración determinada, cuando su duración sea igual o 
inferior a doce meses, el valor total estimado para la duración del contrato; cuando su 
duración sea superior a doce meses, su valor total, incluido el importe estimado del valor 
residual.
b)  En el caso de contratos cuya duración no se fije por referencia a un período de 
tiempo determinado, el valor mensual multiplicado por 48.
10.  En los contratos de suministro o de servicios que tengan un carácter de 
periodicidad, o de contratos que se deban renovar en un período de tiempo determinado, 
se tomará como base para el cálculo del valor estimado del contrato alguna de las 
siguientes cantidades:
a)  El valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el 
ejercicio precedente o durante los doce meses previos, ajustado, cuando sea posible, en 
función de los cambios de cantidad o valor previstos para los doce meses posteriores al 
contrato inicial.
b)  El valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los doce 
meses siguientes a la primera entrega o en el transcurso del ejercicio, si este fuera superior 
a doce meses.
11.  En los contratos de servicios, a los efectos del cálculo de su valor estimado, se 
tomarán como base, en su caso, las siguientes cantidades:
a)  En los servicios de seguros, la prima pagadera y otras formas de remuneración.
b)  En servicios bancarios y otros servicios financieros, los honorarios, las comisiones, 
los intereses y otras formas de remuneración.
c)  En los contratos relativos a un proyecto, los honorarios, las comisiones pagaderas 
y otras formas de remuneración, así como las primas o contraprestaciones que, en su 
caso, se fijen para los participantes en el concurso.
d)  En los contratos de servicios en que no se especifique un precio total, si tienen 
una duración determinada igual o inferior a cuarenta y ocho meses, el valor total estimado 
correspondiente a toda su duración. Si la duración es superior a cuarenta y ocho meses o  e.
no se encuentra fijada por referencia a un período de tiempo cierto, el valor mensual  w.b
multiplicado por 48. 51ww
12.  Cuando la realización de una obra, la contratación de unos servicios o la
olab atednjucdióicna dceió nu nsoims uslutámnienais tdreo sc odnetsrtaintoasd opso ra l outesos ss eidpéanrtaicdooss ,o s sei mdeilbaererás  tpeuneedra e nd acru leungtaar  eal 
valor global estimado de la totalidad de dichos lotes.
Igualmente, cuando una obra o un servicio propuestos puedan derivar en la 
adjudicación simultánea de contratos de concesión de obras o de concesión de servicios 
por lotes separados, deberá tenerse en cuenta el valor global estimado de todos los lotes.
En el supuesto previsto en el primer párrafo de este apartado cuando el valor 
acumulado de los lotes en que se divida el suministro, los servicios o la obra iguale o 
supere la cantidad indicada en el artículo 1, se aplicarán las normas de este real decreto-
ley a la adjudicación de cada lote.
No obstante lo dispuesto en el primer y tercer párrafo de este apartado, las entidades 
contratantes podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior 
a un millón de euros para las obras o a 80.000 euros para los suministros o los servicios, 
siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20 por 100 
del valor acumulado de la totalidad de los mismos.
13.  Para los acuerdos marco y para los sistemas dinámicos de adquisición se tendrá 
en cuenta el valor máximo estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, del 
conjunto de contratos previstos contemplados durante la duración total del acuerdo marco 
o del sistema dinámico de adquisición.
14.  En el procedimiento de asociación para la innovación se tendrá en cuenta el valor 
máximo estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, de las actividades de 
investigación y desarrollo que esté previsto que se realicen a lo largo de la duración total 
de la asociación, y de los suministros, servicios u obras que esté previsto que se ejecuten 
o adquieran al final de la asociación prevista.
CAPÍTULO II
Ámbito de aplicación subjetiva
Artículo 5.  Entidades sujetas a este real decreto-ley en materia de contratación.
1.  Quedan sujetas al presente real decreto-ley las entidades contratantes que 
realicen alguna de las actividades enumeradas en los artículos 8 a 14.
Asimismo, quedarán sujetas al presente real decreto-ley las asociaciones formadas 
por varias entidades contratantes.
2.  A los efectos de este real decreto-ley se entenderá por:
a)  «Entidad contratante»: los poderes adjudicadores que no sean Administración 
Pública de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, las empresas públicas, así 
como otras entidades distintas de las anteriores que tengan derechos especiales o 
exclusivos según se establece en el artículo 6.
b)  «Poder adjudicador»: las entidades que tengan esta consideración de acuerdo con 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
c)  «Empresa pública»: las sociedades mercantiles de carácter público y toda aquella 
entidad u organismo sobre la que los poderes adjudicadores puedan ejercer, directa o 
indirectamente, una influencia dominante por el hecho de tener la propiedad o una 
participación financiera en las mismas, o en virtud de las normas que las rigen.
Se considerará que los poderes adjudicadores ejercen una influencia dominante, directa 
o indirecta, sobre una empresa, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
1.º  Que tengan la mayoría del capital suscrito de la empresa.
2.º  Que dispongan de la mayoría de los votos correspondientes a las participaciones 
emitidas por la empresa. e
3.º  Que puedan designar a más de la mitad de los miembros del órgano de  bo
administración, de dirección o de vigilancia de la empresa. 51ww
que 3c.e leQbrueend alans  eexnctilduaiddoess  dqeul eá, mcobnit oa rdreeg alop laic alac Lióeny  d9e/2 e0s1t7e,  rdeea l8 d deec rneotovi-elemyb lroes,  cteonngtraanto las 
consideración de Administraciones Públicas, que se regirán por la mencionada ley, en todo
caso. Únicamente se les aplicará el presente real decreto-ley para determinar si los  Bc
contratos que celebren estas deben considerarse sujetos a regulación armonizada.
Artículo 6.  Derechos especiales o exclusivos.
1.  A los efectos de este real decreto-ley se considera que una entidad contratante 
goza de derechos especiales o exclusivos en el sentido definido en el artículo 2, letras y) 
y z), cuando estos sean concedidos por los órganos competentes de una Administración 
Pública en virtud de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa que siendo 
compatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea tenga como efecto 
limitar a una o más entidades el ejercicio de una actividad contemplada en los artículos 8 
a 14, y que afecte sustancialmente a la capacidad de las demás entidades de ejercer dicha 
actividad.
2.  Los derechos que se hayan concedido mediante un procedimiento que haya sido 
objeto de una publicidad adecuada, con arreglo a criterios objetivos y que no contravenga 
el Derecho de la Unión Europea no constituirán derechos especiales o exclusivos a los 
efectos de este real decreto-ley.
CAPÍTULO III
Ámbito de aplicación objetiva
Sección 1.ª  De las actividades reguladas
Artículo 7.  Disposiciones comunes.
A los efectos de los artículos 8, 9 y 10 siguientes, el suministro incluirá la generación 
(producción), la venta al por mayor y la venta al por menor. No obstante, la producción de 
gas por extracción entra en el ámbito de aplicación del artículo 14.
Artículo 8.  Agua.
1.  El presente real decreto-ley se aplicará a las actividades siguientes:
a)  La puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un 
servicio al público en relación con la producción, transporte o distribución de agua potable.
b)  El suministro de agua potable a dichas redes.
2.  El presente real decreto-ley se aplicará, asimismo, a los contratos y a los concursos 
de proyectos adjudicados u organizados por las entidades que ejerzan una actividad 
contemplada en el apartado 1, siempre y cuando tales contratos estén relacionados con 
alguna de las actividades siguientes:
a)  Proyectos de ingeniería hidráulica, irrigación o drenaje, a condición de que el 
volumen de agua destinado al abastecimiento de agua potable represente más del 20 por 
ciento del volumen de agua total disponible gracias a dichos proyectos o a dichas 
instalaciones de irrigación o drenaje.
b)  La evacuación o tratamiento de aguas residuales.
3.  No se considerará como una actividad con arreglo al apartado 1 el suministro de 
agua potable a redes destinadas a prestar un servicio al público por parte de una entidad 
contratante distinta de los poderes adjudicadores, cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes: s
a)  Que la producción de agua potable por parte de la entidad de que se trate se  w.
realice porque su consumo sea necesario para el ejercicio de una actividad distinta de las  51ww
contbe)m  pQlaudea lsa  eanli mloesn atartcícióunlo dse 8 l aa r 1e1d. pública dependa exclusivamente del propio consumo
daeg ulaa  epnottiadbalde  cdoen ltara etanntitdea yd  ncoo nhtaraytaa nstuep etormadaon deol  3e0n  pcoorn csiiednetroa cdieó nla l ap rmodeudciac idóne  tloosta lt rdees   BOE-A-cable e
últimos años, incluido el año en curso.
Artículo 9.  Gas y calefacción.
1.  El presente real decreto-ley se aplicará a las actividades siguientes:
a)  La puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un 
servicio al público en relación con la producción, transporte o distribución de gas o 
calefacción.
b)  El suministro de gas o calefacción a dichas redes.
2.  No se considerará una actividad pertinente a efectos del apartado 1 el suministro 
de gas o calefacción a redes destinadas a prestar un servicio al público por una entidad 
contratante distinta de los poderes adjudicadores cuando se cumplan todas las condiciones 
siguientes:
a)  Que la producción de gas o de calefacción por la entidad de que se trate sea una 
consecuencia inevitable del ejercicio de una actividad distinta de las contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo o en los artículos 8 y 10 a 14 de este real decreto-ley.
b)  Que la alimentación de la red pública tenga el único propósito de explotar en forma 
económica dicha producción y corresponda, como máximo, al 20 % del volumen de 
negocios de la entidad contratante, tomando en consideración la media de los tres últimos 
años, incluido el año en curso.
Artículo 10.  Electricidad.
1.  El presente real decreto-ley se aplicará a las actividades siguientes:
a)  La puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un 
servicio al público en relación con la producción, transporte o distribución de electricidad.
b)  El suministro de electricidad a dichas redes.
2.  No se considerará como una actividad con arreglo al apartado 1 el suministro de 
electricidad a redes destinadas a proporcionar un servicio al público por parte de una 
entidad contratante distinta de los poderes adjudicadores cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes:
a)  Que la producción de electricidad por parte de la entidad contratante de que se 
trate se realice porque su consumo sea necesario para el ejercicio de una actividad distinta 
de las contempladas en el apartado 1 del presente artículo o en los artículos 8, 9 y 11 de 
este real decreto-ley.
b)  Que la alimentación de la red pública dependa exclusivamente del propio consumo 
de la entidad contratante y no haya superado el 30 por 100 de la producción total de 
energía de la entidad contratante tomando en consideración la media de los tres últimos 
años, incluido el año en curso.
Artículo 11.  Servicios de transporte.
1.  El presente real decreto-ley se aplicará a las actividades de puesta a disposición 
o explotación de redes que presten un servicio al público en el campo del transporte por 
ferrocarril, sistemas automáticos, tranvía, trolebús, autobús o cable.
2.  Se considerará que existe una red en los servicios de transporte cuando el servicio 
se preste con arreglo a las condiciones operativas establecidas por la autoridad  e
competente. Estas condiciones harán referencia a los itinerarios, a la capacidad de  b
transporte disponible, a la frecuencia y puntualidad del servicio, a sus infraestructuras, sus  51ww
vdeeh tírcaunlsopso yr tceosm (IbTuSs)t,i belenstr,e y o atr loas i.ncorporación en el transporte de los sistemas inteligentes
Artículo 12.  Puertos y aeropuertos.
El presente real decreto-ley se aplicará a las actividades de explotación de una zona 
geográfica determinada con el fin de poner aeropuertos, puertos marítimos o interiores, u 
otras terminales de transporte a disposición de los transportistas aéreos, marítimos o 
fluviales.
Artículo 13.  Servicios postales.
1.  El presente real decreto-ley se aplicará a las actividades relacionadas con la 
prestación de los siguientes servicios:
a)  Servicios postales en el sentido definido en el artículo 2. x).
b)  Servicios distintos de los servicios postales, siempre y cuando estos últimos los 
preste una entidad que preste igualmente servicios postales, y no se trate de una actividad 
sometida directamente a la competencia en mercados cuyo acceso no esté limitado, en los 
términos indicados en el artículo 17.
2.  A los efectos de este real decreto-ley tendrán la consideración de «servicios 
distintos de los servicios postales» los siguientes:
a)  Los servicios de gestión de servicios de correo. Tanto los servicios previos al envío 
como los posteriores a él, incluidos los servicios de gestión de salas de correo.
b)  Los servicios relativos a envíos postales no incluidos en la definición del artículo 2 w), 
como la publicidad directa sin indicación del destinatario.
c)  Los servicios financieros que incluyan en particular los giros y las transferencias 
postales, excepto aquellos que se excluyen en virtud del artículo 20. d).
d)  Los servicios filatélicos.
e)  Los servicios logísticos, entendiéndose por tales aquellos servicios que combinan 
la distribución física y la lista de correos con otras funciones no postales.
f)  Los servicios de valor añadido vinculados a medios electrónicos y prestados 
íntegramente por esa vía incluida la transmisión segura de documentos codificados por vía 
electrónica, los servicios de gestión de direcciones y la transmisión de correo certificado.
Artículo 14.  Prospección y extracción de petróleo, gas, carbón y otros combustibles 
sólidos.
El presente real decreto-ley se aplicará a las actividades de explotación de una zona 
geográfica determinada con alguna de las siguientes finalidades:
a)  La extracción de petróleo o gas.
b)  La prospección o extracción de carbón u otros combustibles sólidos.
Artículo 15.  Contratos mixtos.
1.  Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes 
a otro u otros de distinta clase. Solo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a 
diferentes contratos en un contrato mixto cuando esas prestaciones se encuentren 
directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de complementariedad que 
exijan su consideración y tratamiento como una unidad funcional dirigida a la satisfacción 
de una determinada necesidad o a la consecución de un fin institucional propio de la  e.
entidad contratante. w.b
2.  Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos  51ww
mdeixctroesto -clueyy,o s oeb ejesttaor ác oan ltaesn gsiag upierenstetasc rieognleass :de varios contratos regulados en este real
a)  Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos
de obras, suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal.
En el caso de los contratos mixtos que comprendan en parte servicios contemplados 
en el anexo I y en parte otros servicios, o cuando se trate de contratos mixtos que tengan 
por objeto servicios y suministros, el objeto principal se determinará teniendo en cuenta 
cuál es el mayor de los valores estimados de los respectivos servicios o suministros.
b)  Cuando el contrato mixto contenga prestaciones de los contratos de obras, 
suministros o servicios, por una parte, y contratos de concesiones de obra o concesiones 
de servicios, de otra, se actuará del siguiente modo:
1.º  Si las distintas prestaciones no son separables se atenderá al carácter de la 
prestación principal.
2.º  Si las distintas prestaciones son separables y se decide adjudicar un contrato 
único, se aplicarán las normas relativas a los contratos de obras, suministros o servicios 
cuando el valor estimado de las prestaciones correspondientes a estos contratos supere 
las cuantías establecidas en el artículo 1 del presente real decreto-ley. En otro caso, se 
aplicarán las normas relativas a los contratos de concesión de obras y servicios.
3.  Cuando un contrato contenga prestaciones propias de un contrato sujeto a este 
decreto-ley y prestaciones de contratos que no lo estén, se aplicará el presente real 
decreto-ley, con la excepción de los contratos en los ámbitos de la defensa y de la 
seguridad a que se refiere el artículo 23.2.a).
Artículo 16.  Régimen jurídico de los contratos destinados a la realización de varias 
actividades.
1.  Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de un contrato 
destinado a la realización de varias actividades, cuando al menos una de ellas esté sujeta 
al presente real decreto-ley, se estará a las siguientes reglas:
a)  Con carácter general el contrato estará sujeto a las normas aplicables a la 
actividad a la que esté destinado principalmente.
b)  En el caso de que resulte imposible objetivamente establecer a qué actividad se 
destina principalmente el contrato, las normas se determinarán de conformidad con lo 
establecido a continuación:
1.º  El contrato se adjudicará de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
cuando al menos una de las actividades objeto del contrato esté sujeta al presente real 
decreto-ley y otra u otras estén sujetas a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
2.º  En los demás casos el contrato se adjudicará de conformidad con el presente real 
decreto-ley.
2.  Cuando un contrato esté destinado a la realización de varias actividades, estando 
una de ellas sujeta a este real decreto-ley y otra u otras a la legislación en los ámbitos de 
la defensa y de la seguridad, se estará a lo dispuesto en el artículo 23.2.b).
Sección 2.ª  Exclusiones
Subsección 1.ª  Exclusión de actividades sometidas directamente a la competencia
Artículo 17.  Exclusión de actividades sometidas directamente a la competencia.
1.  El presente real decreto-ley no se aplicará a los contratos destinados a hacer  bo
posible la prestación de una actividad contemplada en los artículos 8 a 14, siempre que tal  51ww
aleimcjetiirtvc2aii.dcd aioodA.  d  Teeeasfe mteécstp osaoso ac mdoceet ilsvt aieiddp aaaa drdpt.ilaricedaocrt 1aá,m  ape alnroatse d  caeo tleanr cmcuoirnmsaoprs es itd euenn capi arao ceytniev cimdtaoedsrc  eqasudtáeo  sss ocemu oyeortgi daaacn cdiceiresenoc  tnapmoa reeans tteeél    OE-A-2020-16able en https://
a la competencia, se utilizarán criterios que sean conformes a las disposiciones del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea en materia de competencia, y entre ellos las 
características de los bienes o servicios de que se trate, la existencia de bienes o servicios 
considerados sustituibles en el lado de la oferta o en el de la demanda, los precios y la 
presencia real o potencial de más de un proveedor de los bienes o servicios de que se trate.
La evaluación de la competencia a que se hace referencia en este artículo, se 
entenderá sin perjuicio de la aplicación del Derecho de la competencia; y se efectuará 
teniendo en cuenta el mercado para las actividades en cuestión y el mercado geográfico 
de referencia.
A los efectos de este artículo «el mercado geográfico de referencia», en el cual se 
basará la evaluación de la exposición directa a la competencia, estará constituido por 
aquel territorio en el cual las empresas afectadas intervienen en la oferta y la demanda de 
bienes o servicios, las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y 
que se distinguen de los territorios vecinos en que las condiciones de competencia son 
notablemente diferentes. A estos efectos deberán tenerse en cuenta, entre otros: la 
naturaleza y las características de los productos y servicios de que se trate; la existencia 
de barreras de entrada; las preferencias de los consumidores; así como la existencia, 
entre el territorio considerado y los territorios vecinos, de diferencias significativas en las 
cuotas de mercado de las empresas o en los precios.
3.  La exclusión de tal actividad se efectuará conforme a los requisitos y procedimiento 
establecidos en los artículos 34 y 35 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de 
los servicios postales.
A tal efecto, cuando se considere que es de aplicación a una determinada actividad la 
exclusión de aplicación a que hace referencia el apartado 1, el Ministro de Economía y 
Empresa, a iniciativa del Ministerio competente por razón de la actividad o, en su caso, de 
las Comunidades Autónomas o de las correspondientes Corporaciones Locales, deberá 
comunicarlo a la Comisión Europea, a quien informará de todas las circunstancias 
pertinentes y, en especial, de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa o 
de cualquier acuerdo relativo a la conformidad con las condiciones mencionadas en el 
apartado 2, en su caso, junto con el criterio que sobre la efectiva liberalización de la 
actividad y la procedencia de exclusión de aplicación de este real decreto-ley se exprese 
por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por las autoridades de 
competencia de ámbito autonómico o por alguna otra autoridad nacional independiente 
que sea competente en la actividad de que se trate.
Cuando una de las entidades contratantes a que se aplica este real decreto-ley 
considere que se dan los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2, podrán recabar 
del Ministerio o del órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente que 
se solicite la tramitación del procedimiento a que se refiere el párrafo anterior. Si 
transcurrieran dos meses sin que se hubiera dado trámite a la citada petición, la entidad 
contratante podrá solicitar a la Comisión Europea que establezca la aplicabilidad del 
apartado 1 a una determinada actividad mediante un acto de ejecución de conformidad 
con el apartado 3 del artículo 35 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 2014.
Subsección 2.ª  Contratos excluidos
Artículo 18.  Contratos excluidos por razón de su finalidad. es
1.  El presente real decreto-ley no se aplica a los contratos que las entidades  w.
cmpoaeínnst crtaieotrnacaendrtoea,ss  e eannd c jliuorcdsui qnausrtetíacnnu clpoiasas r8 aq  auf ein1 ne4os,   nsdiu ippsatoirnnagt oalasn   rldeaea e lixzlapa lcorieótanac liidózena  cdfíiisócinhc aad sd eea  cluatinvsai d araecddtei vsoi d edaned  uuenns    2020-1651n https://ww
área geográfica dentro de la Unión Europea, ni a concursos de proyectos organizados
para tales fines. Bc
2.  Las entidades contratantes comunicarán a la Comisión Europea, a petición de 
esta, todas las categorías de productos y actividades que consideren excluidas en virtud 
del apartado 1.
3.  Quedan fuera, asimismo, del ámbito de aplicación los contratos que se adjudiquen 
a efectos de reventa o arrendamiento financiero a terceros, siempre y cuando la entidad 
contratante no goce de derechos especiales o exclusivos de venta o arrendamiento del 
objeto de dichos contratos y existan otras entidades que puedan venderlos o arrendarlos 
libremente en las mismas condiciones que la entidad contratante. Las entidades 
contratantes comunicarán a la Comisión Europea, a petición de esta, todas las categorías 
de productos y actividades que consideren excluidas en virtud de este apartado.
Artículo 19.  Exclusiones en los ámbitos del agua y la energía.
El presente real decreto-ley no se aplica a los siguientes contratos:
a)  Los contratos para la compra de agua siempre que sean adjudicados por entidades 
contratantes que ejerzan alguna de las actividades relacionadas con el agua potable 
contempladas en el artículo 8.1.
b)  Los contratos adjudicados por entidades contratantes que operen en el sector de la 
energía ejerciendo una actividad contemplada en el artículo 9.1, 10.1, o el artículo 14, en 
relación con el suministro de energía o de combustibles destinados a la generación de energía.
Artículo 20.  Exclusiones específicas relativas a los contratos de servicios y de concesión 
de servicios.
El presente real decreto-ley no se aplicará a aquellos contratos que tengan por objeto:
a)  La adquisición o el arrendamiento, independientemente del sistema de 
financiación, de terrenos, edificios ya existentes u otros bienes inmuebles o relativos a 
derechos sobre estos bienes.
b)  Servicios de arbitraje y de conciliación.
c)  Alguno de los siguientes servicios jurídicos:
1.º  La representación y defensa legal de un cliente por un procurador o un abogado, 
ya sea en un arbitraje o en una conciliación celebrada en un Estado o ante una instancia 
internacional de conciliación o arbitraje, o ya sea en un procedimiento judicial ante los 
órganos jurisdiccionales o las autoridades públicas de un Estado o ante órganos 
jurisdiccionales o instituciones internacionales.
2.º  El  asesoramiento  jurídico  prestado  como  preparación  de  uno  de  los 
procedimientos mencionados en el apartado anterior de la presente letra, o cuando exista 
una probabilidad alta de que el asunto sobre el que se asesora será objeto de dichos 
procedimientos, siempre que el asesoramiento lo preste un abogado.
3.º  Los servicios de certificación y autenticación de documentos que deban ser 
prestados por un notario público.
4.º  Los servicios jurídicos prestados por administradores, tutores u otros servicios 
jurídicos cuyos prestadores sean designados por un órgano jurisdiccional o designados 
por ley para desempeñar funciones específicas bajo la supervisión de dichos órganos 
jurisdiccionales.
5.º  Otros servicios jurídicos que estén relacionados, incluso de forma ocasional, con 
el ejercicio del poder público. e.e
d)  La emisión, compra, venta y transferencia de títulos o de otros instrumentos  51ww
fdsrieenea a m1lniz5oca iddediefraio csmsa c,na oa ylnao  t  leaDdn eiFro ea2rc c0dti1ilevi4da ,al  a2dr e0 DEl0aiu2rtier/vo9cap2t ie/avCaa lE o d2s ey0  m 1lEa4es /Drt6aci5arbe/diUlcioztEsiav  caddi eóe2 nl0 in P1Fs1aitn/rr6uala1mnm/cUeieenEnrt,aot oa sy s E fíei nucl aroMonmpecoecie aolran oysiss   odmype opel  orECaru oclranioo spqneeuejooes     OE-A-2020-16able en https://
de Estabilidad.
e)  Los préstamos, estén o no relacionados con la emisión, venta, compra o 
transferencia de valores o de otros instrumentos financieros.
f)  Contratos regulados en la legislación laboral.
g)  Servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril o en metro, así como las 
concesiones de servicios de transporte de viajeros, sin perjuicio de la aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y 
por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo.
h)  Los que tengan por objeto servicios de defensa civil, protección civil y prevención de 
riesgos laborales prestados por organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro e incluidos 
en los siguientes códigos CPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 
75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 y 85143000-3, salvo los servicios de 
transporte en ambulancia de paciente.
i)  Los que tengan por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la 
coproducción de programas destinados a servicios de comunicación audiovisual o 
servicios de comunicación radiofónica, que sean adjudicados por proveedores del servicio 
de comunicación audiovisual o radiofónica, o los relativos al tiempo de radiodifusión o al 
suministro de programas que sean adjudicados a proveedores del servicio de comunicación 
audiovisual o radiofónica. A efectos de la presente letra, por «servicio de comunicación 
audiovisual» y «prestador del servicio de comunicación» se entenderá, respectivamente, 
lo mismo que en el artículo 1, apartado 1, letras a) y d), de la Directiva 2010/13/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estado 
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual. Por 
«programa» se entenderá lo mismo que en el artículo 1, apartado 1, letra b), de dicha 
Directiva, si bien se incluirán también los programas radiofónicos y los contenidos de los 
programas radiofónicos. Además, a efectos de la presente disposición, «contenidos del 
programa» tendrá el mismo significado que «programa».
j)  Los servicios de investigación y desarrollo, excepto aquellos que además de estar 
incluidos en los códigos CPV 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 
y 73430000-5 cumplan las dos condiciones siguientes:
a)  Que los beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador para su 
utilización en el ejercicio de su propia actividad.
b)  Que el servicio prestado sea remunerado íntegramente por el poder adjudicador.
k)  Los contratos de servicios que tengan por objeto la realización de actividades de 
compra centralizada siempre y cuando el contrato sea adjudicado por una entidad 
contratante a una central de compras; pudiendo incluir también la realización de actividades 
de compra auxiliares en el sentido definido en el artículo 2.n).
l)  Aquellos contratos de concesiones cuyo objeto principal sea permitir a las 
entidades contratantes la puesta a disposición o la explotación de redes públicas de 
comunicaciones o la prestación al público de uno o varios servicios de comunicaciones 
electrónicas. A efectos del presente apartado «red pública de comunicaciones» y «servicios 
de comunicaciones electrónicas» tendrán el mismo significado que el que figura en la 
Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, 
relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas.
Artículo 21.  Contratos y concurso de proyectos relacionados con el ámbito internacional. b
proyEelc ptores:sente real decreto-ley no se aplicará a los siguientes contratos y concursos de
espeac) íficAoq uqeulelo sh aqyuae  sdiedboa ens atadbjuledcicidaors ee nd ev icrtoundf odrme iudna din csotrnu umne pnrtooc jeudríimdicieon, toc edlee blircaitdaoc idóne   BOE-A-cable e
conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con uno o varios
Estados no signatarios de este último, que cree obligaciones de derecho internacional 
relativo a las obras, suministros o servicios que resulten necesarios para la ejecución o la 
realización conjunta de un proyecto por sus signatarios.
b)  Aquellos que deban adjudicarse de conformidad con un procedimiento de licitación 
específico que haya sido establecido en virtud de las normas de contratación aprobadas 
por una organización internacional o por una institución financiera internacional, siempre y 
cuando estén financiados íntegramente o mayoritariamente por esa institución.
Artículo 22.  Contratos de servicios adjudicados sobre la base de un derecho exclusivo.
El presente real decreto-ley no se aplicará a los contratos de servicios que se 
adjudiquen a una entidad que sea a su vez un poder adjudicador, o a una asociación de 
dichas entidades, basándose en un derecho exclusivo del que goce en virtud de 
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas publicadas, siempre que dichas 
disposiciones sean compatibles con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Artículo 23.  Contratos en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.
1.  El presente real decreto-ley no es aplicable a los siguientes contratos y concursos 
de proyectos:
a)  Los declarados secretos o reservados por el órgano competente, o aquellos cuya 
ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la 
legislación vigente, o en los que lo exija la protección de intereses esenciales para la 
seguridad del Estado, cuando la protección de los intereses esenciales de que se trate no 
pueda garantizarse mediante la aplicación de este real decreto-ley.
b)  Los contratos de obras, suministros y servicios que se celebren en el ámbito de la 
seguridad o de la defensa que estén comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la 
Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del Sector Público en los ámbitos de la defensa 
y de la seguridad; así como los contratos a los que no resulte de aplicación la citada ley en 
virtud de su artículo 7.
Los contratos de concesiones de obras y concesiones de servicios que se celebren en 
el ámbito de la seguridad o de la defensa en los que concurra alguna de las circunstancias 
siguientes:
1.º  Que sean adjudicados en el marco de un programa de cooperación basado en la 
investigación y el desarrollo de un nuevo producto y, en su caso, también relacionados con 
el ciclo de vida del mismo o partes de dicho ciclo, siempre que participen en el programa 
al menos dos Estados miembros de la Unión Europea.
2.º  Los que se adjudiquen en un tercer Estado no miembro de la Unión Europea para 
efectuar compras, incluidas las de carácter civil, cuando las Fuerzas Armadas estén 
desplegadas fuera del territorio de la Unión y las necesidades operativas hagan necesario 
que estos contratos se concluyan con empresarios situados en la zona de operaciones. A 
los efectos de este real decreto-ley, se entenderán incluidos en la zona de operaciones los 
territorios de influencia de esta y las bases logísticas avanzadas.
3.º  Las concesiones que se adjudiquen a otro Estado en relación con obras y 
servicios directamente relacionados con el equipo militar sensible, u obras y servicios 
específicamente con fines militares, u obras y servicios sensibles.
c)  Los contratos incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 346 del Tratado  e.e
de Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan en el sector de la defensa. w.b
d)  Los contratos de obras, suministro o servicios que se celebren en los ámbitos de  51ww
ldae d ceofenntrsaata oc idóen  leas speegcuífriicdoa dq uye q huaey dae sbiadno  aedstjuadbilceacridseo  ddee  caolgnufonram didea lads c soing uuine nptreosc emdaimneiernatso:
1.º  En virtud de un acuerdo o convenio internacional celebrado de conformidad con
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con uno o varios Estados no signatarios
de este último, relativo a las obras, suministros o servicios que resulten necesarios para la 
explotación o el desarrollo conjunto de un proyecto por los Estados firmantes.
2.º  En virtud de un acuerdo o convenio internacional relativo al estacionamiento de 
tropas y que se refiera a las empresas de un Estado Miembro de la Unión Europea o de un 
tercer Estado.
3.º  En virtud de las normas de contratación establecidas por una organización 
internacional o por una institución financiera internacional, cuando además los contratos 
que se adjudiquen estén financiados íntegramente o en su mayor parte por esa 
organización o institución.
2.  Las exclusiones que establece el apartado anterior en sus letras b) y c) se 
aplicarán igualmente en los siguientes casos:
a)  En el caso de un contrato que tenga por objeto, por una parte, prestaciones 
propias de contratos sujetos a este real decreto-ley y, por otra parte, prestaciones propias 
de contratos sujetos bien a la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público 
en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, bien al artículo 346 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea o bien a la referida Ley 24/2011 y al artículo 346 del 
citado tratado.
b)  En el caso de un contrato que esté destinado, por una parte, a la realización de 
una actividad que esté sujeta al presente real decreto-ley y, por otra parte, a la realización 
de una actividad o actividades que estén sujetas bien a la Ley 24/2011, de 1 de agosto, 
de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, bien al 
artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o bien a la referida 
Ley 24/2011 y al artículo 346 del citado Tratado.
Con carácter previo a la aplicación de lo establecido en los dos párrafos anteriores la 
entidad contratante deberá justificar con razones objetivas la adjudicación de un solo 
contrato. Esta decisión en ningún caso podrá tomarse con el fin de excluir los contratos de 
la aplicación del presente real decreto-ley.
Artículo 24.  Contratos con empresas asociadas y con empresas conjuntas.
1.  El presente real decreto-ley no se aplicará a los contratos adjudicados:
a)  Por una entidad contratante a una empresa asociada, entendiéndose como tal a 
los efectos de este real decreto-ley la empresa que, en virtud del artículo 42 del Código de 
Comercio presente cuentas anuales consolidadas con las de la entidad contratante. Se 
entenderá, asimismo, como empresa asociada, en el supuesto de entidades que no estén 
obligadas a presentar cuentas consolidadas, aquella sobre la cual la entidad contratante 
que no sea poder adjudicador pueda ejercer, directa o indirectamente, una influencia 
dominante, según se define en el artículo 5.2. letra c), o que pueda ejercer una influencia 
dominante sobre la entidad contratante, o que, como la entidad contratante, esté sometida 
a la influencia dominante de otra empresa por razón de propiedad o participación financiera 
o en virtud de las normas que las rigen.
b)  Por una empresa conjunta, constituida exclusivamente por varias entidades 
contratantes con el fin de desarrollar las actividades contempladas en los artículos 8 a 14, 
a una empresa asociada a una de dichas entidades contratantes.
2.  El apartado anterior será de aplicación:
a)  A los contratos de servicios y contratos de concesión de servicios, siempre que  bo
como mínimo el 80 por 100 del promedio del volumen de negocios que la empresa  51ww
apprsroeomscbtiae)a cddiiaóoA n  hd ladoeyels av  eoc esoluftneomtcsret ausnteao drdsveo i c dneieoen sg s looaucs mli aoúissnl  tqeiimsumteorpo slr,a e t rsseeiamess mp acrñpeoorsnesa  l  aeqasnus  oeqmc uciaeaot deemarsi oathé  ad mayeasí no seiecmfireavocdi ctaueio.al sd8 op0 re opnv oelorn sg1 úa0l t0dim edo elasl    OE-A-2020-16able en https://
tres años en materia de suministros provenga de la prestación de estos suministros a las 
empresas con las que esté asociada.
c)  A los contratos de obras y contratos de concesión de obra, siempre que como 
mínimo el 80 por 100 del promedio del volumen de negocios que la empresa asociada 
haya efectuado en los últimos tres años en materia de obras provenga de la prestación de 
estas obras a las empresas con las que esté asociada.
Cuando no se disponga del volumen de negocios de los tres últimos años, debido a la 
fecha de creación o de inicio de las actividades de la empresa asociada, será suficiente 
que dicha empresa demuestre que la realización del volumen de negocios exigidos sea 
verosímil, en especial mediante proyecciones de actividades.
Cuando más de una empresa asociada a la entidad contratante preste obras, servicios 
o suministros, idénticos o similares, los porcentajes mencionados se calcularán teniendo 
en cuenta el volumen de negocios total resultante respectivamente de la realización de 
obras, prestación de servicios o suministros por dichas empresas asociadas.
El cumplimiento del requisito establecido en las letras a), b) y c) anteriores deberá 
quedar reflejado en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales de la empresa asociada 
y, cuando la empresa tenga obligación de auditarse, el mismo será objeto de valoración en 
el informe de auditoría.
3.  El presente real decreto-ley no se aplicará a los contratos adjudicados:
a)  Por una empresa conjunta, constituida exclusivamente por varias entidades 
contratantes con el fin de desarrollar las actividades contempladas en los artículos 8 a 14, 
a una de dichas entidades contratantes.
b)  Por una entidad contratante a una empresa conjunta de la que forme parte, 
siempre que la empresa conjunta se haya constituido para desarrollar la actividad de que 
se trate durante un período mínimo de tres años y que el instrumento por el que se haya 
constituido la empresa conjunta estipule que las entidades contratantes que la constituyen 
serán parte de la misma al menos durante el mismo período.
4.  Cuando las entidades contratantes apliquen alguno de los supuestos a que hacen 
referencia los apartados 1, 2 y 3 comunicarán a la Comisión Europea, a petición de esta, 
las siguientes informaciones:
a)  El nombre de las empresas o empresas conjuntas de que se trate.
b)  La naturaleza y el valor de los contratos de que se trate.
c)  Los elementos que la Comisión Europea considere necesarios para probar que las 
relaciones entre la entidad contratante y la empresa o la empresa conjunta a la que se 
adjudiquen los contratos cumplen los requisitos del presente artículo.
5.  Los negocios jurídicos que las empresas asociadas celebren en ejecución de 
contratos adjudicados de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 3 de este 
artículo, quedarán sometidos a este real decreto-ley, en los términos que sean procedentes, 
de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y valor estimado de los 
mismos.
6.  Las entidades contratantes que no sean poder adjudicador fijarán los precios de 
los contratos a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo, previa 
estimación del importe de la prestación o prestaciones objeto del mismo atendiendo a su 
precio general de mercado. es
Subsección 3.ª  Sistemas de cooperación pública excluidos 51ww
Artículo 25.  Encargos a medios propios personificados.
Las entidades contratantes que sean poderes adjudicadores podrán organizarse
ejecutando de manera directa prestaciones propias de los contratos de obras,
suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios que no impliquen el 
ejercicio de una potestad pública, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose 
de otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, 
previo encargo a esta, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre.
Artículo 26.  Convenios.
Los convenios que se celebren entre entidades contratantes que sean poder 
adjudicador y que sean independientes entre sí por no existir entre ellos relación alguna de 
control directo o indirecto, quedan excluidos del ámbito de aplicación de este real decreto-
ley siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en 
este real decreto-ley o en normas administrativas especiales.
La exclusión a que se refiere el párrafo anterior requerirá el cumplimiento de todas y 
cada una de las siguientes condiciones:
a)  Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades 
contratantes con el objetivo de garantizar que los servicios públicos que les competen se 
prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común;
b)  Que el desarrollo de dicha cooperación se guíe únicamente por consideraciones 
relacionadas con el interés público;
c)  Que las citadas entidades no tengan vocación de mercado, la cual se 
presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 
por ciento de las actividades objeto de la colaboración. El cálculo de este porcentaje 
se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 6.1, segundo párrafo, letra a) 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
A efectos de lo dispuesto en la letra c) del párrafo anterior, las entidades contratantes 
pertenecientes al Sector Público participantes en el convenio efectuarán una declaración 
responsable que formará parte de la documentación del convenio a suscribir.
CAPÍTULO IV
Principios de contratación y confidencialidad
Artículo 27.  Principios de la contratación.
1.  Los contratos que se adjudiquen y ejecuten en virtud del presente real decreto-ley 
se ajustarán a los principios de no discriminación, de reconocimiento mutuo, de 
proporcionalidad, de igualdad de trato, así como al principio de transparencia y de libre 
competencia.
En ningún caso podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro 
en la contratación, salvo en los contratos reservados para entidades recogidas en el 
artículo 65, apartados 1 y 2.
2.  En toda contratación sujeta a este real decreto-ley se incorporarán de manera 
transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación 
con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor 
relación calidad-precio en la prestación contractual, así como, en su caso, una mayor y 
mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso  es
a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas  bo
de economía social. 51ww
pcounetd3Lraaa. t  acpSocroineódt nreua.vctaiitrac eiróál n ee fnneo cl atso ec rdoáen c tiromantpcaeecdbióiirdn, a rce cusoatnrlqi nluagi eiirnr  otpe rnfáacclisóteincaa dr  eqla ui neca otpemlnicpgaeart  elpanoscr i paor beejvnei tsoeio,l  npperrooscd deuesz oce asd teeo    OE-A-2020-16able en https://
decreto-ley ni de restringir artificialmente la competencia. Se considerará que la
competencia está artificialmente restringida cuando la contratación se haya concebido con 
la intención de favorecer o perjudicar indebidamente a determinados operadores 
económicos.
4.  Las entidades contratantes tomarán las medidas apropiadas para garantizar que, 
en la ejecución de sus contratos, los operadores económicos cumplen las obligaciones 
aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la 
Unión Europea, en el Derecho nacional, en los convenios colectivos o por las disposiciones 
de Derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen a España y, en 
particular, las establecidas en el anexo XI.
Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad de las 
entidades contratantes de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el 
procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a 
que se refiere el citado párrafo.
El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores derivadas de los convenios colectivos que sea grave y 
dolosa, dará lugar a la imposición de penalidades.
5.  La entidad contratante documentará adecuadamente todas las etapas del 
procedimiento de licitación en la forma establecida en el artículo 124.2.
Artículo 28.  Confidencialidad.
1.  En el momento de comunicar las prescripciones técnicas a las empresas 
interesadas, de clasificar y seleccionar a las mismas y de adjudicar los contratos, las 
entidades contratantes podrán imponer requisitos destinados a proteger el carácter 
confidencial de la información que comuniquen, incluida la información facilitada en 
relación con el funcionamiento de un sistema de clasificación, con independencia de que 
el mismo hubiera sido objeto de un anuncio sobre su existencia que se hubiera utilizado 
como medio de convocatoria de licitación.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la 
información pública y de las disposiciones del presente real decreto-ley, en particular las 
relativas a las obligaciones en materia de publicidad de los contratos adjudicados y de 
información a los candidatos y a los licitadores, la entidad contratante no divulgará la 
información facilitada por los operadores económicos que estos hayan designado como 
confidencial en el momento de presentar su oferta. Dicha información incluye, en particular, 
los secretos técnicos o comerciales, los aspectos confidenciales de las ofertas y 
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la 
competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores.
3.  El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos de condiciones o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal.
Artículo 29.  Conflictos de intereses.
Las entidades contratantes adoptarán las medidas adecuadas para luchar contra el 
fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los 
conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación, en los  s
términos señalados en el artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. oe.
TÍTULO II
Capacidad y clasificación de los operadores económicos
CAPÍTULO I
Capacidad y solvencia de los licitadores
Artículo 30.  Capacidad de los operadores económicos y demás condiciones de 
participación.
1.  Podrán contratar con las entidades contratantes las personas físicas o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 
alguna de la prohibiciones para contratar que establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
acrediten el cumplimiento de los criterios de selección cualitativa que hubiera determinado 
la entidad contratante o, en su caso, la correspondiente clasificación a la que se refieren 
los artículos 77 a 83 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, sin perjuicio de la posibilidad de 
que se exija la clasificación en un sistema creado de conformidad con el Capítulo II de este 
Título cuando como medio de convocatoria de la licitación se hubiere utilizado un anuncio 
sobre la existencia de un sistema de clasificación.
Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista 
determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de 
financiación u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de 
adjudicación, estos deberán ser acreditados por el licitador al concurrir en el mismo.
2.  Los candidatos o licitadores deberán contar, asimismo, con la habilitación 
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad 
o prestación que constituya el objeto del contrato.
3.  Cuando en la licitación o ejecución de un contrato sujeto a este real decreto-ley y 
celebrado por una entidad contratante se den las circunstancias previstas en el artículo 71, 
apartado primero, letra e) o apartado segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se 
estará a las siguientes reglas:
a)  Se aplicará lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de la citada ley en lo relativo al 
procedimiento y efectos de la declaración de las prohibiciones para contratar.
b)  En lo que respecta a la competencia para declarar la prohibición para contratar, 
cuando la entidad contratante pertenezca al Sector Público esta se determinará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre.
En los casos en que la entidad contratante sea una empresa que tenga derechos 
especiales o exclusivos, según se indica en el artículo 6 de este real decreto-ley, y sin 
perjuicio de lo que para el ámbito de las Comunidades Autónomas establezcan sus normas 
respectivas en cuanto a qué órgano administrativo será el competente, la competencia 
para declarar la prohibición de contratar le corresponderá al titular del departamento, 
presidente o director del organismo que le hubiera concedido estos derechos.
4.  Las condiciones de participación guardarán una relación y una proporción con la 
necesidad de garantizar la capacidad de la empresa para ejecutar el contrato, teniendo en 
cuenta el objeto del mismo y la necesidad de garantizar una competencia real.
Artículo 31.  Agrupaciones de empresarios. e.
1.  Estarán autorizadas a licitar o a presentarse como candidatos o licitadores a la  51ww
acodnjucduicrraacnió enn  duen au nu ncoiónnt rtaetmo plaosr aalg. rPuapraac liao nperess deen teamcipórne sdaer iuonsa,  ionfcelurtiad aos d lea su neam sporeliscaitus dq udee 
popaertriacdipoarceisó enc, olanós meincotisd,a idneclsu idcoans tlraast aangtreusp ancoio npeosd rteámn peoxriaglier sq, uteen glaasn  uangaru fpoarmciao njuersíd idcea 
determinada; no obstante, la agrupación seleccionada podrá estar obligada por las mismas
a revestir una forma jurídica determinada cuando se le haya adjudicado el contrato, en la 
medida en que dicha transformación sea necesaria para la correcta ejecución del mismo. 
Dicha obligación deberá contemplarse en los pliegos de condiciones.
2.  Cuando sea necesario, las entidades contratantes podrán aclarar en los pliegos de 
condiciones cómo deberán las empresas que concurran agrupadas en una unión temporal 
acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia económica, financiera, 
técnica y profesional que se exijan, siempre que ello esté justificado por razones que sean 
objetivas y proporcionales al fin perseguido.
3.  Igualmente, previa previsión en los pliegos de condiciones, las entidades 
contratantes podrán exigir a las empresas que concurran agrupadas en una unión temporal 
condiciones de ejecución del contrato que sean diferentes a las que se exigirían a 
empresarios individuales, siempre y cuando su exigencia venga justificada por motivos 
objetivos y proporcionales al fin perseguido.
4.  A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal de empresarios deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
5.  Cuando en el ejercicio de sus funciones la entidad contratante apreciara posibles 
indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una unión temporal, la 
misma requerirá a estas empresas para que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de 
forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas.
Cuando la entidad contratante, considerando la justificación efectuada por las 
empresas, estimase que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará a 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de 
competencia autonómica correspondiente, a efectos de que, previa sustanciación del 
procedimiento sumarísimo a que se refiere el artículo 72.2, se pronuncie sobre aquellos.
6.  La información pública de los contratos adjudicados a estas uniones incluirá los 
nombres de las empresas participantes y la participación porcentual de cada una de ellas 
en la agrupación de empresarios, sin perjuicio de la publicación en el Registro Especial de 
Uniones Temporales de Empresas.
CAPÍTULO II
Clasificación de las empresas
Artículo 32.  Régimen de clasificación.
1.  Las entidades contratantes podrán, si lo desean, establecer y gestionar un sistema 
propio de clasificación de operadores económicos o remitirse a cualquiera otro que estimen 
responde a sus exigencias.
2.  Cuando las entidades contratantes establezcan un sistema de clasificación propio, 
las mismas permitirán que los operadores económicos puedan solicitar su clasificación en 
cualquier momento.
Artículo 33.  Sistema de clasificación propio.
1.  Cuando las entidades contratantes opten por establecer un sistema propio de 
clasificación, el mismo deberá gestionarse con arreglo a criterios y normas objetivas.
2.  Las entidades contratantes deberán establecer normas y criterios objetivos para:  e
la exclusión y la selección de los operadores económicos que soliciten la clasificación; y  bo
para la gestión del sistema de clasificación, tales como la inscripción en el sistema, la  51ww
aacptluic34aa..l  bizlaeDCcsiui cólaahnsno  psdd eoicsr ripióttaoedlsrieciiocsasi o  dcyner ein tsleoa rresim oscpsalae ssyc pi íffoiniccdoaarrcásmi noca noasenc sttceu, onaemilndiz apsasuor s recteena en seno sp ,tc eryae  slrsaeoc a drnliu pedrccaeieccosirnóeaentroi sod- l.eetély sc.insitceamsa, .serán  OE-A-2020-16able en https://
5.  Todo gasto que se facture en relación con solicitudes de clasificación o con la 
actualización o mantenimiento de una clasificación ya obtenida de conformidad con el 
sistema deberá ser proporcional a los costes generados.
Artículo 34.  Publicidad del sistema de clasificación propio de las entidades contratantes.
1.  El sistema de clasificación propio que adopte la entidad contratante deberá ser 
objeto de un anuncio, con arreglo al anexo III, en el «Diario Oficial de la Unión Europea», 
y en el perfil de contratante de la citada entidad.
2.  El anuncio indicará el objetivo del sistema de clasificación y las modalidades de 
acceso a las normas que lo rigen.
3.  Las entidades contratantes indicarán el plazo de validez del sistema de 
clasificación en el anuncio sobre la existencia del mismo; e informarán a la Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea de cualquier cambio en su duración, utilizando los 
siguientes medios:
a)  Cuando el plazo de validez del sistema de clasificación se modifique estando 
vigente este último, deberá utilizarse el formulario de anuncios sobre la existencia de 
sistemas de clasificación, con arreglo al anexo III.
b)  Cuando el plazo de validez se modifique una vez expirado el plazo de duración del 
sistema de clasificación, deberá utilizarse el formulario de anuncio de formalización, con 
arreglo al anexo VIII.
Artículo 35.  Acuerdos de clasificación.
Los acuerdos de clasificación inicial, revisión o denegación de clasificaciones deberán 
adoptarse motivadamente por la entidad contratante de conformidad con criterios objetivos, 
pudiendo remitirse las entidades contratantes a los establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre. Igualmente, corresponderá a dichas entidades fijar el plazo de duración de la 
clasificación, que podrá ser definido de acuerdo con lo establecido en la citada legislación.
Artículo 36.  Requisitos relativos a capacidades de otras entidades.
1.  Sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente, cuando los criterios y 
normas objetivos aplicables a la selección y a la exclusión de operadores económicos que 
solicitan la clasificación incluyan requisitos relativos a la capacidad económica, financiera, 
técnica y profesional del operador económico, este podrá, si lo desea, basarse en las 
capacidades de otras entidades, independientemente del carácter jurídico de los vínculos 
que tenga con ellas. En tal caso, deberá demostrar ante la entidad contratante que 
dispondrá de los medios requeridos para la ejecución de los contratos durante la totalidad 
del período de validez del sistema de clasificación.
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados podrán basarse 
en las capacidades de entidades ajenas a la agrupación.
2.  No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos académicos y 
profesionales del empresario, o los del personal de dirección de la empresa, o a la 
experiencia profesional correspondiente, los operadores económicos únicamente podrán 
recurrir a las capacidades de otras entidades cuando estas vayan a ejecutar las obras o a 
prestar los servicios para los que son necesarios dichas capacidades.
3.  Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades,  s
demostrará a la entidad contratante que va a disponer de los recursos necesarios mediante  e.
la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades. w.
4.  Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que  51ww
rceosnptreactatan tea  ploosd rácr eitxeirgioirs,  mreeldaitaivnotes  sau  lpar esvoislvióenn ceina  loesc opnlieógmoisc ad ey  cfoinnadniccioienreas, , lfao remnatisd adde 
rinecslpuosnos caobnil icdaardá cctoenr jsuonltidaa erinot.re aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato,  BOE-A-cable e
5.  Las entidades contratantes verificarán si las empresas a cuyas capacidades el 
operador económico pretende recurrir cumplen los siguientes requisitos cumulativos:
a)  Los criterios de selección pertinentes establecidos en los pliegos de condiciones.
b)  Si están incursas en alguna de las prohibiciones para contratar que establece la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Cuando la empresa no cumpla estos requisitos, la entidad contratante exigirá al 
operador económico que la sustituya por otra u otras que sí los cumplan.
Artículo 37.  Información a los candidatos.
1.  Los criterios y normas de clasificación serán facilitados a las empresas que los 
soliciten, comunicándose su actualización a las empresas interesadas. Las entidades 
contratantes pondrán también en conocimiento de las mismas los nombres de las 
entidades u organismos terceros cuyo sistema de clasificación consideren que responde a 
sus exigencias.
2.  Sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente, la entidad contratante 
deberá notificar a los candidatos, en un plazo máximo de seis meses, contados desde la 
presentación de la solicitud de clasificación, la decisión adoptada sobre su clasificación. 
Cuando se deniegue la clasificación a un solicitante, esta decisión deberá informar 
motivadamente de las razones de rechazo, las cuales deberán basarse en los criterios de 
clasificación a que se refiere el artículo 33.
3.  Si la decisión de clasificación requiriese un plazo superior a cuatro meses desde 
la presentación de la citada solicitud, la entidad competente deberá notificar al candidato, 
dentro de los dos meses siguientes a dicha presentación, las razones que justifican la 
prolongación del plazo y la fecha de resolución de su solicitud.
Artículo 38.  Imparcialidad en la clasificación y relación de empresas clasificadas.
1.  Al actualizar las normas y los criterios referentes a la clasificación de las empresas 
o al decidir sobre la clasificación, el órgano competente deberá abstenerse de: imponer a 
determinadas empresas condiciones administrativas, técnicas o financieras que no hayan 
sido impuestas a otras; y de exigir pruebas o justificantes que constituyan una repetición 
de pruebas objetivas ya disponibles.
2.  Se conservará una relación de las empresas clasificadas, mediante su 
incorporación a un registro escrito, pudiendo dividirse en categorías de empresas según el 
tipo de contratos para cuya realización sea válida la clasificación.
El acceso al registro a que se refiere el párrafo anterior no será público cuando el 
número de empresas clasificadas en determinadas categorías sea lo suficientemente 
reducido como para dar lugar a un riesgo de colusión entre ellas.
Artículo 39.  Anulación de clasificaciones.
1.  Únicamente se podrá anular la clasificación de una empresa por razones basadas en 
los criterios aplicables en cada caso a que se refiere el artículo 33 de este real decreto-ley.
2.  Se deberá notificar por escrito a la empresa la intención de anular la clasificación 
como mínimo quince días antes a la fecha prevista para poner fin a la clasificación 
indicando la razón o razones que justifican dicha decisión, disponiendo aquella de un plazo 
de diez días para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime  e.e
pertinentes. b
Artícsuislote 4m0a.  deC ocnlavsoifcicaatocrióian d.e licitación por medio de un anuncio sobre la existencia de un
Cuando se lleve a cabo una convocatoria de licitación por medio de un anuncio sobre
la existencia de un sistema de clasificación creado por una entidad contratante de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1, se seleccionará a los licitadores en 
procedimientos restringidos o a los participantes en un procedimiento de licitación con 
negociación, en un diálogo competitivo o en una asociación para la innovación, de entre 
los candidatos clasificados con arreglo a tal sistema.
TÍTULO III
Preparación y documentación del contrato
Artículo 41.  Consultas preliminares del mercado.
1.  Las entidades contratantes podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas 
a los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de 
preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos acerca 
de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. Para ello las 
entidades contratantes podrán valerse del asesoramiento de terceros, que podrán ser 
expertos o autoridades independientes, colegios profesionales, representantes sectoriales 
o, incluso, con carácter excepcional, operadores económicos activos en el mercado.
Antes de iniciarse la consulta, la entidad contratante publicará en el perfil de contratante 
el objeto de la misma, cuándo se iniciará esta y las denominaciones de los terceros que 
vayan a participar en la consulta, a efectos de que puedan tener acceso y posibilidad de 
realizar aportaciones todos los posibles interesados. Asimismo, en el perfil del contratante 
se publicarán las razones que motiven la elección de los asesores externos que resulten 
seleccionados.
2.  El asesoramiento a que se refiere el apartado anterior será utilizado por la entidad 
contratante para planificar el procedimiento de licitación y, también, durante la sustanciación 
del mismo, siempre y cuando ello no tenga el efecto de falsear la competencia o de 
vulnerar los principios de no discriminación y de transparencia.
De las consultas realizadas no podrá resultar un objeto contractual tan concreto y 
delimitado que únicamente se ajuste a las características técnicas de uno de los 
consultados. El resultado de los estudios y consultas debe, en su caso, concretarse en la 
introducción de características genéricas, exigencias generales o fórmulas abstractas que 
aseguren una mejor satisfacción de los intereses públicos, sin que en ningún caso, puedan 
las consultas realizadas comportar ventajas respecto de la adjudicación del contrato para 
las empresas participantes en aquellas.
3.  Cuando la entidad contratante haya realizado las consultas a que se refiere el 
presente artículo, la misma hará constar en un informe lo siguiente: las actuaciones 
acometidas, los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las 
cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas. Este informe estará 
motivado, formará parte del expediente de contratación y estará sujeto a las mismas 
obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en 
el perfil del contratante de la entidad contratante.
En ningún caso durante el proceso de consultas al que se refiere el presente artículo 
la entidad contratante podrá revelar a los participantes en el mismo las soluciones 
propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas íntegramente por 
aquella.
Con carácter general, la entidad contratante al elaborar los pliegos deberá tener en 
cuenta los resultados de las consultas realizadas; de no ser así deberá dejar constancia 
de los motivos en el informe a que se refiere el primer párrafo de este apartado. e.
La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento  w.b
de contratación que en su caso se tramite. 51ww
Artículo 42.  Delimitación del objeto del contrato.
La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el
contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas,
deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación 
preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.
Artículo 43.  Pliegos de condiciones, subrogación de trabajadores y presupuesto de la 
licitación.
1.  Las entidades contratantes incluirán en el pliego de condiciones propias de cada 
contrato las prescripciones jurídicas, económicas y técnicas que hayan de regir la 
ejecución de la prestación, de conformidad con los requisitos que establece el presente 
real decreto-ley. En particular en los pliegos de condiciones se incluirán los criterios de 
solvencia y adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales 
que como criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de 
ejecución se establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y 
obligaciones de las partes del contrato; la obligación del adjudicatario de cumplir las 
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de 
aplicación; y las demás menciones requeridas por este real decreto-ley y sus normas de 
desarrollo.
2.  Las entidades contratantes ofrecerán acceso a los pliegos de condiciones por 
medios electrónicos a través de su perfil de contratante, acceso que será libre, directo, 
completo y gratuito, y que deberá poder efectuarse desde la fecha de la publicación en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea» del anuncio que sirva como medio de convocatoria de 
licitación o, en el caso del procedimiento negociado sin publicidad desde la fecha del envío 
de la invitación.
Cuando el medio de convocatoria de la licitación sea un anuncio sobre la existencia de 
un sistema de clasificación, este acceso se ofrecerá lo antes posible y, a más tardar, 
cuando se envíe la invitación a licitar o a negociar. El texto del anuncio deberá indicar la 
dirección de internet en que pueden consultarse los pliegos de condiciones.
3.  Excepcionalmente, en los casos que se señalan a continuación, las entidades 
contratantes podrán dar acceso a los pliegos de condiciones y demás documentación 
complementaria de la licitación, valiéndose de medios no electrónicos. En ese caso el anuncio 
que sirva como medio de convocatoria de licitación o la invitación a los candidatos 
seleccionados advertirán de esta circunstancia; y el plazo de presentación de las proposiciones 
o de las solicitudes de participación se prolongará cinco días, salvo en los casos de urgencia 
debidamente justificados mencionados en el artículo 82.5, y cuando el plazo se establezca de 
mutuo acuerdo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83.4 y 84.5.
El acceso no electrónico a los pliegos de condiciones de la licitación estará justificado 
cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a)  Cuando se den circunstancias técnicas que lo impidan, en los términos señalados 
en el artículo 61.3.
b)  Por razones de confidencialidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28. En 
este caso la entidad contratante deberá indicar en el anuncio que sirva como medio de 
convocatoria de licitación o, en defecto de este, en la invitación, o en el caso de que el 
medio de convocatoria de licitación sea un anuncio sobre la existencia de un sistema de 
clasificación, en los pliegos de condiciones, qué medidas destinadas a proteger el carácter 
confidencial de la información requieren y cómo podrán los empresarios interesados 
acceder a los pliegos en cuestión.
c)  En el caso de las concesiones de obras y de servicios, por motivos de seguridad 
excepcionales. e.e
4.  En los procedimientos de contratación que se celebren con arreglo a este real  51ww
dpqlaule ieLecger, eoyet ,no9  l-/asl2eu 0iy n1c fa7loas,rs omd ,ee aa nc8ftie óiddcneat e dsn elooasbv s riceeuom blnarbotsrrg aecat.oacnniódtneic,s id odene eabsce urdeáern d loofa scc ocilnoit nalotrr  adati solopssu d elesic tlioota sed ntor eraelb saa,r jtaeícdnuo leroel  s1p 3ra0o  pldoieos    OE-A-2020-16able en https://
5.  En el momento de elaborar el presupuesto de la licitación las entidades 
contratantes pertenecientes al Sector Público cuidarán de que el mismo sea adecuado a 
los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará 
indicando en el pliego de condiciones los costes directos e indirectos y otros eventuales 
gastos calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios 
de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el 
presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de 
género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral 
de referencia.
Artículo 44.  Comunicación de las prescripciones.
1.  La entidad contratante, previa petición de las empresas interesadas en resultar 
adjudicatarias de un contrato, comunicará a estas las prescripciones técnicas que 
habitualmente constan en sus contratos de obras, suministro, servicios, concesiones de 
obras y concesiones de servicios, o aquellas prescripciones técnicas que tengan intención 
de aplicar a los contratos para los que la convocatoria de licitación sea un anuncio 
periódico indicativo. Estas prescripciones técnicas se pondrán a disposición de las 
empresas interesadas por medios electrónicos a través de un acceso libre, directo, 
completo y gratuito, concretamente valiéndose del perfil de contratante de la entidad 
contratante.
Sin embargo, las prescripciones técnicas se transmitirán por medios que no sean 
electrónicos cuando no se pueda ofrecer un acceso libre, directo, completo y gratuito por 
medios electrónicos en la forma señalada en el párrafo anterior por los motivos previstos 
en el artículo 43.3, párrafo segundo y en el artículo 28.1 de este real decreto-ley.
2.  Cuando las prescripciones técnicas a que se refiere el apartado anterior estén 
contenidas en documentos que estén disponibles por medios electrónicos para las 
empresas interesadas en la forma indicada en el primer párrafo del apartado anterior, será 
suficiente con la inclusión de una referencia a dichos documentos.
Artículo 45.  Prescripciones técnicas.
1.  Las prescripciones técnicas figurarán en los pliegos de condiciones y definirán las 
características exigidas para la obra, el suministro o el servicio que constituya el objeto 
del contrato que se licita. Estas características podrán referirse también al proceso o 
método específico de producción o prestación de las obras, suministros o servicios 
requeridos, o a un proceso específico de otra fase de su ciclo de vida, incluso cuando 
dichos factores no formen parte de la sustancia material de estas obras, suministros o 
servicios, incluidas sus condiciones sociales y ambientales; siempre y cuando las 
características exigidas estén vinculadas al objeto del contrato y guarden proporción con 
el valor y con los objetivos del mismo.
Asimismo, las prescripciones técnicas podrán especificar si se exige la transferencia 
de derechos de propiedad intelectual o industrial.
2.  En la medida de lo posible las prescripciones técnicas deberán definirse teniendo 
en cuenta:
a)  Los criterios de accesibilidad para personas con discapacidad o el diseño para 
todos los usuarios, salvo casos debidamente justificados. Cuando se establezcan 
requisitos de accesibilidad obligatorios mediante un acto jurídico de la Unión Europea, las  es
prescripciones técnicas deberán definirse, en lo que respecta a los criterios de  o
accesibilidad, por referencia a ellos. 51www.
cpLrreiintgecibsri)iplo aiostiC vsdo uien a1f no/s2drom0os1 ate6edl,n o odirbbeeijs lei1 drt6oea  gdddu eeyl ald  dpiccoorioesnt mteerancbt croleoió ,sa np fa eoracrtmí tceeubl  olqioe usnpe ut3 ase yled,   4ada, pe arr efuaeseccpbtueaaecr r teidavlol a te mmcxeeotodnn it roele a,fa sudm neddlb eRiidefeionna tidecl e Dioo eln aace r Lseleo toyys     OE-A-2020-16able en https://
de prevención y control integrados de la contaminación.
3.  Las prescripciones técnicas deberán permitir a todos los licitadores el acceso en 
condiciones de igualdad y no tendrán por efecto la creación de obstáculos injustificados a 
la apertura de los contratos a la competencia.
4.  Sin perjuicio de las normas técnicas vigentes, en la medida en que sean 
compatibles con la legislación comunitaria, las prescripciones técnicas deberán formularse:
a)  Bien en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, incluidas las 
características medioambientales, siempre que los parámetros sean lo suficientemente 
precisos para permitir a los licitadores determinar el objeto del contrato y a las entidades 
contratantes adjudicar el contrato.
b)  Bien por referencia a especificaciones técnicas y, por orden de preferencia, a las 
normas nacionales que transponen las normas europeas, a las evaluaciones técnicas 
europeas, a las especificaciones técnicas comunes, a las normas internacionales, a otros 
sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de normalización 
o, en defecto de todos los anteriores, a normas nacionales, a documentos de idoneidad 
técnica nacionales o a especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, 
cálculo y ejecución de obras y de uso de suministros; cada referencia deberá ir 
acompañada de la mención «o equivalente».
c)  Bien en términos de rendimiento o de exigencias funcionales mencionados en la 
letra a), haciendo referencia, como medio de presunción de la conformidad con estos 
requisitos de rendimiento o exigencias funcionales, a las especificaciones técnicas 
contempladas en la letra b).
d)  Bien mediante referencia a las especificaciones técnicas mencionadas en la letra b) 
para ciertas características, y mediante referencia al rendimiento o exigencias funcionales 
mencionados en la letra a) para otras características.
5.  Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las prescripciones técnicas no 
podrán hacer referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un 
procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un 
operador económico determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una 
producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o 
ciertos productos. Tal referencia se autorizará, con carácter excepcional, en el caso en 
que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del 
contrato en aplicación del apartado 4. Dicha referencia deberá ir acompañada de la 
mención «o equivalente».
6.  Cuando las entidades contratantes hagan uso de la opción de referirse a las 
especificaciones técnicas previstas en el apartado 4, letra b), no podrán rechazar una 
oferta basándose en que las obras, los suministros o los servicios ofrecidos no se ajustan 
a las especificaciones técnicas a las que han hecho referencia, una vez que el licitador 
demuestre en su oferta, por cualquier medio adecuado, incluidos los medios de prueba 
mencionados en el artículo 47, que las soluciones que propone cumplen de forma 
equivalente los requisitos definidos por las especificaciones técnicas.
7.  Cuando una entidad contratante se acoja a la opción prevista en el apartado 4, 
letra a), de formular prescripciones técnicas en términos de rendimiento o de exigencias 
funcionales, no podrá rechazar una oferta de suministros, servicios u obras que se ajuste 
a una norma nacional que transponga una norma europea, a un documento de idoneidad 
técnica europeo, a una especificación técnica común, a una norma internacional o a un 
sistema de referencias técnicas elaborado por un organismo europeo de normalización, si 
tales especificaciones tienen por objeto los requisitos de rendimiento o de exigencias  e.e
funcionales fijados por ellas. w.b
En su oferta, el licitador deberá probar por cualquier medio adecuado, incluidos los  51ww
mcoendfoiorms edse  ap lrau enboarm ma,e cnucmiopnlaedno lso se rne qeul isairtotísc udleo  r4e7n,d iqmuiee netol  sou lmasin eisxtirgoe,n sceiarsv ifcuion cuio noablreas, 
establecidos por la entidad contratante.
Artículo 46.  Etiquetas.
1.  Cuando las entidades contratantes tengan la intención de adquirir obras, 
suministros o servicios con características específicas de tipo medioambiental, social u 
otro, podrán exigir, en las prescripciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las 
condiciones de ejecución del contrato, una etiqueta específica como medio de prueba de 
que las obras, servicios o suministros corresponden a las características exigidas, 
etiquetas de tipo social o medioambiental, como aquellas relacionadas con la agricultura o 
la ganadería ecológicas, el comercio justo, la igualdad de género o las que garantizan el 
cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del 
Trabajo, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
a)  Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se refieran únicamente 
a criterios vinculados al objeto del contrato y sean adecuados para definir las características 
de las obras, los suministros o los servicios que constituyan el objeto del mismo.
b)  Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se basen en criterios 
verificables objetivamente y no discriminatorios.
c)  Que las etiquetas se adopten con arreglo a un procedimiento abierto y transparente 
en el que puedan participar todas las partes concernidas tales como organismos públicos, 
consumidores, interlocutores sociales, fabricantes, distribuidores y organizaciones no 
gubernamentales.
d)  Que las etiquetas sean accesibles a todas las partes interesadas.
e)  Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta hayan sido fijados por 
un tercero sobre el cual el empresario no pueda ejercer una influencia decisiva.
f)  Que las referencias a las etiquetas no restrinjan la innovación.
2.  Cuando una etiqueta cumpla las condiciones previstas en el apartado 1, letras b), c), 
d) y e), pero establezca requisitos no vinculados al objeto del contrato, las entidades 
contratantes no exigirán la etiqueta como tal pero podrán definir la prescripción técnica 
mediante una referencia a las especificaciones detalladas de esa etiqueta o, en su caso, 
partes de estas, que estén vinculadas al objeto del contrato y sean adecuadas para definir 
las características del mismo.
3.  Las entidades contratantes que exijan una etiqueta específica deberán aceptar 
todas las etiquetas que verifiquen que las obras, suministros o servicios cumplen requisitos 
equivalentes a aquellos que son exigidos para la obtención de aquella.
Si a un empresario, por razones que no puedan imputársele, le resulta manifiestamente 
imposible obtener la etiqueta específica indicada por la entidad contratante o una etiqueta 
equivalente dentro de los plazos aplicables, la entidad contratante aceptará otros medios 
adecuados de prueba, como por ejemplo un expediente técnico del fabricante, que 
demuestren que las obras, suministros o servicios que ha de prestar el futuro contratista 
cumplen los requisitos de la etiqueta específica exigida o los requisitos específicos 
indicados por la entidad contratante.
4.  Cuando las entidades contratantes que no requieran en los pliegos que las obras, 
suministros o servicios cumplan todos los requisitos exigidos para la obtención de la 
etiqueta, indicarán a cuáles de dichos requisitos se está haciendo referencia.
5.  La carga de la prueba de la equivalencia recaerá, en todo caso, en el candidato o 
licitador.
Artículo 47.  Informes de pruebas, certificación y otros medios de prueba. es
1.  Las entidades contratantes podrán exigir que las empresas proporcionen un informe  w.
de pruebas de un organismo de evaluación de la conformidad o un certificado expedido por  51ww
eexsitgei dúaltsim, oo ,d ec olomso c mriteerdioios  ddee  laad jpurduiecabcai ódne lo  cduem lapslim coienndtioc iodnee lsa sd ep reejesccruicpicóino ndeesl  ctéocnntriactaos.
por uCnu aonrgdaon ilsams oe ndteid eavdaelus accoiónntr adtea nlat ecso nefxoirjamnid laad p dreetseernmtaincaiódno ,d loes c ceerrttifificicaaddooss  eexxppeeddiiddooss   BOE-A-cable e
por otros organismos de evaluación de la conformidad equivalentes también deberán ser 
aceptados por aquellas.
A efectos de lo dispuesto en este real decreto-ley, se entenderá por «organismo de 
evaluación de la conformidad» aquellos organismos que desempeñan actividades de 
calibración, ensayo, certificación e inspección, y que están acreditados de conformidad 
con el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio 
de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado 
relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento 
(CEE) n.º 339/93.
2.  Supletoriamente las entidades contratantes deberán aceptar otros medios de 
prueba adecuados que no sean los contemplados en el apartado 1, como un informe 
técnico del fabricante, cuando el empresario de que se trate no tenga acceso a dichos 
certificados o informes de pruebas ni la posibilidad de obtenerlos en los plazos fijados; 
siempre que la falta de acceso no sea por causa imputable al mismo y que este demuestre 
que las obras, suministros o servicios que proporciona cumplen los requisitos o criterios 
fijados en las prescripciones técnicas, los criterios de adjudicación o las condiciones de 
ejecución del contrato, según el caso.
Artículo 48.  Normas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión medioambiental.
1.  Cuando las entidades contratantes exijan la presentación de certificados expedidos 
por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas 
normas de garantías de calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas 
con discapacidad, las mismas deberán hacer referencia a los sistemas de aseguramiento 
de la calidad basados en la serie de normas europeas pertinentes, certificados por 
organismos acreditados; y deberán reconocer los certificados equivalentes expedidos por 
organismos establecidos en Estados miembros de la Unión Europea. También aceptarán 
otras pruebas de medidas equivalentes de aseguramiento de la calidad cuando el operador 
económico afectado no tenga la posibilidad de obtener tales certificados en el plazo fijado 
por causas no imputables al empresario, siempre que este demuestre que las medidas de 
aseguramiento de la calidad que propone se ajustan a las normas de aseguramiento de la 
calidad exigidas.
2.  Cuando las entidades contratantes exijan como medio para acreditar la solvencia 
técnica o profesional la presentación de certificados expedidos por organismos 
independientes que acrediten que el licitador cumple determinadas normas o sistemas de 
gestión medioambiental, harán referencia al sistema de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) de la Unión Europea o a otros sistemas de gestión medioambiental reconocidos de 
conformidad con el artículo 45 del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), 
y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE 
y 2006/193/CE de la Comisión, o a otras normas de gestión medioambiental basadas en las 
normas europeas o internacionales pertinentes de organismos acreditados. Las entidades 
contratantes asimismo reconocerán los certificados equivalentes de organismos 
establecidos en Estados miembros de la Unión Europea.
Si el licitador puede demostrar que no tiene acceso a certificados de este tipo, o que 
no tiene la posibilidad de obtenerlos dentro del plazo fijado por causas que no le sean 
imputables, la entidad contratante también aceptará otras pruebas de medidas de gestión 
medioambiental, a condición de que el licitador demuestre que dichas medidas son  e.
equivalentes a las exigidas con arreglo al sistema de gestión medioambiental aplicable. w.
Artíccuulaon 4to9 .a  cReertcifoicnaodcoims,i epnrutoe bmaust uyo ju esnti fcicuaanntteos .a condiciones técnicas o financieras y en
1.  Las entidades contratantes reconocerán certificados equivalentes expedidos por
organismos establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea.
2.  También aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de calidad 
y de gestión medioambiental que presenten los operadores económicos.
Artículo 50.  Definiciones de las prescripciones técnicas.
Se entenderá por:
1.  «Prescripción técnica»:
a)  Cuando se trate de contratos de servicios o de suministros, aquella especificación 
que figure en un documento en la que se definan las características exigidas de un 
producto o de un servicio, como, por ejemplo, los niveles de calidad, los niveles de 
comportamiento ambiental y climático, el diseño para todas las necesidades, incluida la 
accesibilidad universal y diseño para todas las personas; la evaluación de la conformidad, 
el rendimiento, la utilización del producto, la seguridad, o las dimensiones; asimismo, los 
requisitos aplicables al producto en lo referente a la denominación de venta, la terminología, 
los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, marcado y etiquetado, las 
instrucciones de uso, los procesos y métodos de producción en cualquier fase del ciclo de 
vida del suministro o servicio, así como los procedimientos de evaluación de la 
conformidad.
b)  Cuando se trate de contratos de obras, el conjunto de las prescripciones técnicas 
contenidas concretamente en los pliegos de condiciones, en las que se definan las 
características requeridas de un material, producto o suministro, y que permitan 
caracterizarlos de manera que respondan a la utilización a que los destine la entidad 
contratante. Estas características incluyen: el impacto social, laboral, ambiental y climático 
de dichos materiales, productos o actividades que se desarrollen durante la elaboración o 
utilización de los mismos; el diseño para todas las necesidades, incluida la accesibilidad 
universal y diseño para todas las personas; la evaluación de la conformidad, el rendimiento, 
la seguridad, o las dimensiones; los procedimientos de aseguramiento de la calidad; la 
terminología; los símbolos; las pruebas y métodos de prueba; el envasado, marcado y 
etiquetado; las instrucciones de uso y los procesos y métodos de producción en cualquier 
fase del ciclo de vida de las obras; las reglas de elaboración del proyecto y cálculo de las 
obras; las condiciones de prueba, control y recepción de las obras, así como las técnicas 
o métodos de construcción y todas las demás condiciones de carácter técnico que la 
entidad contratante pueda prescribir, por vía de reglamentación general o específica, en lo 
referente a obras acabadas y a los materiales o elementos que las constituyan.
2.  «Norma»: una prescripción técnica aprobada por un organismo de normalización 
reconocido para una aplicación repetida o continuada cuyo cumplimiento no sea obligatorio 
y que esté incluida en una de las categorías siguientes:
a)  «Norma internacional»: norma adoptada por un organismo internacional de 
normalización y puesta a disposición del público,
b)  «Norma europea»: norma adoptada por un organismo europeo de normalización 
y puesta a disposición del público, y
c)  «Norma nacional»: norma adoptada por un organismo nacional de normalización 
y puesta a disposición del público.
3.  «Evaluación técnica europea»: la evaluación documentada de las prestaciones de 
un producto de construcción en cuanto a sus características esenciales, con arreglo al  e
correspondiente documento de evaluación europeo, tal como se define en el artículo 2,  bo
punto 12, del Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 51ww
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adaptados a la evolución de las necesidades del mercado.
Artículo 51.  Instrucciones y reglamentos técnicos obligatorios.
1.  Los proyectos y la ejecución de obras deberán sujetarse a las instrucciones y a los 
reglamentos técnicos que sean de obligado cumplimiento.
2.  Serán de aplicación únicamente las instrucciones y los reglamentos técnicos 
obligatorios que sean conformes con el Derecho de la Unión Europea.
TÍTULO IV
Procedimientos de adjudicación de los contratos
CAPÍTULO I
Objeto, contenido mínimo y plazo de duración de los contratos
Artículo 52.  Objeto del contrato.
1.  El objeto de los contratos sujetos a este real decreto-ley deberá ser determinado. 
El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que 
se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, 
se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden 
incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia 
y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.
2.  No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del 
mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de 
adjudicación que corresponda.
3.  Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.
No obstante lo anterior, la entidad contratante podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en 
lotes del objeto del contrato, los siguientes:
a)  El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de 
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, la entidad 
contratante deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia 
correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia.
b)  El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el 
punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda 
de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de 
las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en 
lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán 
ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente.
4.  Cuando la entidad contratante proceda a la división en lotes del objeto del contrato, 
esta podrá introducir las siguientes limitaciones, justificándolo debidamente en el  e
expediente: b
presabCe))un  ataLnLridi mmoofiie ttaalratrra   e.eelln  ntnúidúmameder orco om ndáterx ailmotatoen stde ep  caloortane ssloi dqseu qereu p euo epudonar tmnu niasodm juiond ticrcaoandrsdueicd iaar  tcaoal gdoua ln ilcaicit iatdadedo orla r.psu eddoas   BOE-A-2020-1651cable en https://ww
limitaciones a que se refieren las letras a) y b) anteriores, así deberá indicarlo expresamente
en el anuncio que sirva como medio de convocatoria de licitación o en el caso de que el 
medio de convocatoria de licitación sea un anuncio sobre la existencia de un sistema de 
clasificación, en la invitación a licitar o a negociar; y, en todo caso, en el pliego de 
condiciones.
Cuando se introduzca la limitación a que se refiere el apartado b) anterior, además 
deberán incluirse en los pliegos de condiciones los criterios o normas que se aplicarán 
cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, un licitador 
pueda resultar adjudicatario de un número de lotes que exceda el máximo indicado en el 
anuncio o en la invitación a licitar o a negociar, según el caso, y en el pliego de condiciones. 
Estos criterios o normas en todo caso deberán ser objetivos y no discriminatorios.
Salvo lo que disponga el pliego de condiciones, a efectos de las limitaciones previstas 
en las letras a) y b) anteriores, en las agrupaciones de empresarios serán estas y no sus 
componentes las consideradas candidato o licitador.
Podrá reservarse alguno o algunos de los lotes para Centros Especiales de Empleo o 
para empresas de inserción, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos 
contratos en el marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 65.1. Igualmente se podrán reservar lotes a favor de las entidades a que se 
refiere el artículo 65.2, en las condiciones establecidas en el citado artículo.
5.  Cuando la entidad contratante hubiera decidido proceder a la división en lotes del 
objeto del contrato y, además, permitir que pueda adjudicarse más de un lote al mismo 
licitador, aquella podrá adjudicar a una oferta que combine varios lotes o todos los lotes, 
siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los requisitos siguientes:
a)  Que esta posibilidad se hubiere establecido en el pliego de condiciones y se recoja 
en el anuncio que sirva como medio de convocatoria de licitación o, en el caso de que el 
medio de convocatoria de licitación sea un anuncio sobre la existencia de un sistema de 
clasificación, en la invitación a licitar o a negociar. Dicha previsión deberá concretar la 
combinación o combinaciones que se admitirán en su caso, así como la solvencia y 
capacidad exigida en cada una de ellas.
b)  Que se trate de supuestos en que existan varios criterios de adjudicación.
c)  Que previamente se lleve a cabo una evaluación comparativa para determinar si 
las ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinación particular de lotes 
cumpliría mejor, en conjunto, los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de 
condiciones con respecto a dichos lotes que las ofertas presentadas para los lotes 
separados de que se trate, considerados aisladamente.
d)  Que los empresarios acrediten la solvencia económica, financiera y técnica 
correspondiente al conjunto de lotes.
6.  Cuando se proceda a la división en lotes, las normas procedimentales y de 
publicidad que deben aplicarse en la adjudicación de cada lote o prestación 
diferenciada se determinarán en función del valor acumulado del conjunto, calculado 
según lo establecido en el artículo 4.12, salvo que se dé alguna de las excepciones 
citadas en el mismo.
7.  En los contratos adjudicados por lotes, y salvo que se establezca otra previsión en 
el pliego de condiciones que rija el contrato, cada lote constituirá un contrato, salvo en 
casos en que se presenten las ofertas que combinen varios lotes o todos los lotes a que 
se refiere el apartado 4 anterior, en los que todas las ofertas constituirán un contrato.
Artículo 53.  Contenido mínimo del contrato. e.e
1.  Los  contratos  que  celebren  las  entidades  contratantes  deben  incluir,  51ww
neceas) ariLaam iednetnet,if ilcaasc sióignu dieen tlaess  pmaerntecsio.nes:
bc))   DLae faincirceiódnit adceiló onb djeet ola d ceal pcaocnitdraatdo ,d tee nloiesn fdirom eann tceuse pnatara e snu lsac driebfiirn eicli ócno ndteral toob.jeto las  BOE-A-cable e
consideraciones sociales, ambientales y de innovación.
d)  Referencia a la legislación aplicable al contrato.
e)  La enumeración de los documentos que integran el contrato. Sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado 2 de este artículo, si así se expresa en el contrato, esta 
enumeración podrá estar jerarquizada, ordenándose según el orden de prioridad acordado 
por las partes, en cuyo supuesto, y salvo caso de error manifiesto, el orden pactado se 
utilizará para determinar la prevalencia respectiva, en caso de que existan contradicciones 
entre diversos documentos.
f)  El precio cierto, o el modo de determinarlo.
g)  La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución 
y para su finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas.
h)  Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones.
i)  Las condiciones de pago.
j)  Los supuestos en que procede la modificación de conformidad con lo establecido 
en el artículo 110, en su caso.
k)  Los supuestos en que procede la resolución.
l)  En el caso de entidades contratantes pertenecientes al Sector Público, el crédito 
presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio, en 
su caso.
m)  La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad a que se refiere el 
artículo 28 que, en su caso, se imponga al contratista.
n)  El valor estimado del contrato.
2.  El documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos 
y obligaciones para las partes distintos de los previstos en los pliegos de condiciones.
Tales derechos y obligaciones se concretarán, en su caso, en la forma que resulte de 
la proposición del adjudicatario o resultarán de los precisados en el acto de adjudicación 
del contrato de acuerdo con lo actuado en el procedimiento.
3.  El precio de los contratos de las entidades contratantes pertenecientes al Sector 
Público solo podrá ser objeto de revisión en los términos y con los límites previstos en el 
artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Artículo 54.  Plazo de duración de los contratos.
1.  La duración de los contratos de las entidades contratantes deberá establecerse 
teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación 
y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas.
2.  El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características 
permanezcan inalterables durante el período de duración de estas, sin perjuicio de las 
modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en los 
artículos 109 a 112 del presente real decreto-ley.
3.  Los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios tendrán un plazo 
de duración limitado, el cual se calculará en función de las obras y de los servicios que 
constituyan su objeto y se hará constar en el pliego de condiciones, sin que aquel, con 
carácter general, incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado 
segundo acuerde la entidad contratante, se extienda, más allá de cinco años.
No obstante lo anterior, si la concesión de obras o la concesión de servicios tuviera 
que sobrepasar el plazo señalado en el párrafo anterior, la duración máxima de la misma 
no podrá exceder del tiempo que la entidad contratante de manera motivada calcule 
razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación  e.e
de las obras y de los servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo  b
en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos del contrato. Estas  51ww
ienjevceursciioónne dse li nccolnutirraátno  dtaen ctoo nlcaess iiónnic.iales, como las que se prevea realizar durante la
les a4p. licAadráicnio lnaasl mlimenittaec, ioan leass  ye nptirdóarrdoegsa cso qnutrea traenstpeesc ptoe rdteenl epclaieznot edse a dl uSreacctioórn  Peúsbtalicbole csee 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, así como el artículo 29.9 de esta última ley.
CAPÍTULO II
Requisitos de los candidatos y licitadores
Artículo 55.  Exigencia de solvencia.
1.  Los requisitos mínimos de solvencia que deben reunir los licitadores y candidatos, 
así como la documentación requerida para acreditar su cumplimiento, se indicarán en la 
convocatoria de licitación o, en el caso de que el medio de convocatoria de licitación sea 
un anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación, en la invitación a licitar o a 
negociar; y, en todo caso, en los pliegos de condiciones.
2.  La solvencia económica y financiera y técnica o profesional podrán acreditarse, 
con carácter general, a través de los medios que se determinen por la entidad contratante 
de entre los establecidos en este real decreto-ley y en el capítulo II, título II, libro primero 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, incluida, en su caso, la posibilidad de exigir que el 
periodo medio de pago proveedores del empresario no supere el límite establecido de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87.1, letra c) segundo párrafo de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre. En todo caso, las entidades contratantes podrán admitir otros medios de 
prueba distintos siempre que estos sean válidamente admitidos en Derecho.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, cuando la entidad contratante sea un 
poder adjudicador la clasificación de los empresarios como contratista de obras o como 
contratista de servicios será exigible y surtirá efectos, para la acreditación de la solvencia 
para contratar de estos últimos, en los casos y términos que establece el artículo 77, 
apartados 1 a 4 y el artículo 78 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Artículo 56.  Criterios de selección cualitativa de candidatos y licitadores.
1.  Las entidades contratantes que fijen criterios de selección en un procedimiento 
abierto deberán hacerlo según normas y criterios objetivos que constarán en la 
convocatoria de licitación y en los pliegos de condiciones y que, por tanto, estarán a 
disposición de los operadores económicos interesados.
2.  Las entidades contratantes que seleccionen a los candidatos para un procedimiento 
restringido, de licitación con negociación, de diálogo competitivo, o de asociación para la 
innovación, deberán hacerlo de acuerdo con las normas y criterios objetivos que hayan 
definido y que constarán en la convocatoria de licitación y en los pliegos de condiciones y 
que, por tanto, estarán a disposición de todos los operadores económicos interesados.
Cuando las entidades contratantes necesiten obtener un equilibrio adecuado entre las 
características específicas del procedimiento de licitación y los medios necesarios para su 
realización, podrán establecer, en los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, 
normas y criterios objetivos que reflejen esta necesidad y que permitan a la entidad 
contratante reducir el número de candidatos a los que se invitará a licitar o a negociar. No 
obstante, el número de candidatos seleccionados deberá tener en cuenta la necesidad de 
garantizar una competencia suficiente.
Cuando la convocatoria de licitación se efectúe por medio del anuncio sobre la 
existencia de un sistema de clasificación a que se refiere el artículo 40, y a efectos de la 
selección de participantes en procedimientos restringidos o de licitación con negociación 
en relación con contratos específicos objeto de la convocatoria de licitación, las entidades 
contratantes clasificarán a los operadores económicos con arreglo a tal sistema, y les 
aplicarán a aquellos que resulten clasificados lo dispuesto en el párrafo anterior. es
3.  Cuando los criterios y normas objetivos aplicables a la selección y a la exclusión  o
de candidatos o licitadores en procedimientos abiertos, restringidos, de licitación con  51www.
nredeceeqog uonoitóscrimaitaosicsc i oeór,enn elt,ai sdtetiavenod  psedo siadá, r lloaáeg ,nc so aisl pol oasc c doitedmésarpemdea iet niyctoi ovpsnoa ósryam  o cuic onean nc,  o floiannssatr onalícctmoiiae iecrteasio,sp nt eéeeccssínft iaicpcboaa,lr e yarce  picldaruoo rfisreni rsn eaioon vnl aaaescll   cidóaaenrplt  íoaicnpcuciedlloruaa yd3daeo6nsr,     OE-A-2020-16able en https://
debiendo demostrar ante la entidad contratante que dispondrá de los medios requeridos
para la ejecución del contrato específico durante la totalidad de la duración del mismo 
mediante la presentación del compromiso a que se refiere el artículo 36.3, el cual se 
aportará por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 66 antes de la adjudicación del contrato.
En caso de los contratos de obras, de servicios, o de contratos que impliquen la 
prestación de servicios o la realización de trabajos de colocación e instalación en el contexto 
de un contrato de suministro, las entidades contratantes podrán exigir que determinadas 
tareas críticas sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una 
oferta presentada por una agrupación de empresarios de las contempladas en el artículo 31, 
por un participante en esa agrupación, siempre que así se haya previsto en el correspondiente 
pliego  de  condiciones  con  indicación  de  los  trabajos  a  los  que  se  refiera.
Artículo 57.  Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para contratar.
1.  En el momento de la presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación, las entidades contratantes aceptarán como prueba preliminar del 
cumplimiento de los requisitos para contratar a que se refieren los artículos 30, 55 y 56 una 
declaración responsable del licitador o candidato, en sustitución de la documentación 
acreditativa de estos requisitos, que se ajustará al formulario de documento europeo único 
de contratación de conformidad con lo indicado en el apartado 11 siguiente.
2.  En los procedimientos abiertos las ofertas irán acompañadas de la declaración 
responsable a que se refiere el apartado 1 anterior, que deberá estar firmada y con la 
correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:
a)  Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social 
puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la 
debida representación para la presentación de la proposición y de aquella.
b)  Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las 
condiciones que establezca el pliego de condiciones de conformidad con el formulario del 
documento europeo único de contratación a que se refiere el apartado 11 siguiente.
c)  Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar que establece 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por sí mismo ni por extensión como consecuencia de la 
aplicación el artículo 71.3 de la citada ley.
d)  La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las 
notificaciones de conformidad con el artículo 61, en los casos en que la entidad contratante 
haya optado por realizar las notificaciones a través de la misma. Esta circunstancia deberá 
recogerse en el pliego de condiciones.
3.  En el caso de solicitudes de participación en los procedimientos restringido, de 
licitación con negociación, en el diálogo competitivo y en el de asociación para la 
innovación, la declaración responsable a que se refiere el apartado 1 anterior pondrá de 
manifiesto adicionalmente que se cumple con los requisitos objetivos que se hayan 
establecido de acuerdo con el artículo 56 del presente real decreto-ley, en las condiciones 
que establezca el pliego de condiciones de conformidad con el formulario normalizado del 
documento europeo único de contratación a que se refiere el apartado 11 siguiente.
4.  Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparándose en lo 
dispuesto en el artículo 56.3, cada una de ellas también deberá presentar una declaración 
responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al  es
formulario normalizado del documento europeo único de contratación a que se refiere el  o
apartado 11 siguiente. 51ww
rPeúabliL5lzic.aa o rpá,E r cdenues ale ocnnsod tncaoofc olniaórtmsrna  imdtdoaeissdl m q ccuaooesmn  c epleoxrl oiedjambisnrip esluoane   lcqsaoutsone  es enmtnitt iuedecnal icóadinpeo asnd ractea o edgnloa tra ra1artt3naí ctndíuateel olsp  p a5prre6eas.r 3tepe,no nptdeerec imarie rpetnírrcte eupssláoe ar.nrlt aaSfroe ,uc tnsoaer    OE-A-2020-16able en https://
oferta, esta se regirá por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre.
En los demás contratos, cuando las entidades contratantes exijan la garantía a que se 
refiere el párrafo anterior, el empresario interesado deberá aportar el documento 
acreditativo de haberla constituido.
6.  En los supuestos en que se concurra a la licitación en agrupación con otros 
empresarios amparándose en lo dispuesto en el artículo 31, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante en la que figurará la información requerida en 
estos casos en el formulario del documento europeo único de contratación a que se refiere 
el apartado 11 siguiente.
Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se 
aportará el compromiso de constituir esta por parte de los empresarios en caso de resultar 
adjudicatarios de conformidad con lo exigido en el artículo 31.4.
7.  Además de la declaración responsable a que se refiere el apartado 1 anterior, las 
empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 
deberán aportar la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante.
8.  Cuando el pliego de condiciones prevea la división en lotes del objeto del contrato, 
si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos 
variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo 
de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.
9.  Cuando de conformidad con el presente real decreto-ley el pliego de condiciones 
exija la acreditación de cualesquiera otras circunstancias, el mismo deberá indicar la forma 
de su acreditación cuando no sea posible realizarla mediante la declaración responsable 
a que se refiere el apartado 1 anterior.
10.  Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 
de contratar, a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha 
final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.
11.  Las entidades contratantes incluirán en el pliego de condiciones, junto con la 
exigencia de la declaración responsable del apartado 1, el modelo al que deberá ajustarse 
la misma.
El modelo que recoja el pliego de condiciones seguirá el formulario de documento 
europeo único de contratación aprobado en el seno de la Unión Europea.
12.  Cuando la entidad contratante aprecie defectos subsanables en la declaración 
responsable, dará un plazo de tres días al empresario para que los corrija.
13.  La entidad contratante podrá pedir a los licitadores y candidatos que presenten la 
totalidad o una parte de los documentos justificativos en cualquier momento del 
procedimiento de licitación, cuando considere que existen dudas razonables sobre la 
vigencia o fiabilidad de la declaración o cuando resulte necesario para garantizar el buen 
desarrollo del mismo.
Excepto para los contratos basados en acuerdos marco, antes de la adjudicación del 
contrato la entidad contratante exigirá al licitador al que haya decidido adjudicar el contrato 
que presente los documentos justificativos actualizados. Si la entidad contratante apreciara 
defectos subsanables en estos documentos, dará plazo suficiente al empresario para que 
los corrija.
14.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los candidatos y licitadores no  es
estarán obligados a aportar aquellos documentos justificativos u otra prueba documental  o
dpLdlaaieuc te diotlmioasesd prn aordaerneacs istoaoo b,nys tua  eEqnl ndum eseepir s suryteeneas  m Edaoaessb t  radCfaodelrrao amas nMliamf iie ceadanmcid repebanorcsoadt a mded ereiye l   dlnSgaet reo Uac latentuo lieóiert cnanPt ,trE iúódbubnairleidioccn poo ce  aodoa ne ,t btr cradiaoeovtmnéca usnoam  t uedtern eaon lev  tRoxéapssqe e ugoddei esiulel tonrunos ntse  aOio sv ttbfireiroactmusisaa ealql    dddudeeeee      OE-A-2020-1651able en https://www.
precalificación.
CAPÍTULO III
Procedimientos de adjudicación
Sección 1.ª  Normas generales
Artículo 58.  Principios generales.
1.  Cuando se ponga de manifiesto que la información o documentación presentada 
por los operadores económicos es incompleta o errónea, o cuando falten documentos 
específicos, las entidades contratantes, tendrán que pedir a los operadores económicos 
afectados que presenten, complementen, aclaren o completen la información o 
documentación pertinente en un plazo de tres días, siempre que dichas peticiones se 
realicen cumpliendo totalmente los principios de igualdad de trato, transparencia, libre 
competencia, así como los principios de garantía de unidad de mercado que establece la 
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
2.  Las entidades contratantes comprobarán que las ofertas presentadas por los 
licitadores seleccionados se ajustan a las normas y requisitos aplicables a dichas ofertas 
y adjudicarán el contrato basándose en los criterios previstos en los artículos 66 y 69, 
teniendo en cuenta el artículo 68.
3.  Las entidades contratantes no adjudicarán un contrato al licitador que presente la 
mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 cuando hayan comprobado 
que la oferta no cumple las obligaciones aplicables contempladas en el artículo 27.4.
Artículo 59.  Exclusión de actuaciones y prácticas restrictivas de la competencia.
1.  En los procedimientos de adjudicación y en el caso de adjudicación sobre la base 
de un acuerdo marco, quedará excluido cualquier tipo de acuerdo, práctica restrictiva o 
abusiva que produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia en los términos previstos en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia. Únicamente podrá requerirse información a los candidatos o a los licitadores 
con el objeto de que los mismos precisen o completen el contenido de sus ofertas, así 
como los requisitos exigidos por las entidades contratantes, siempre que ello no tenga un 
efecto discriminatorio.
2.  Las entidades contratantes velarán durante todo el procedimiento de adjudicación 
por la salvaguarda de la libre competencia. Así, tanto ellos como la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado o, en su caso, los órganos consultivos o equivalentes en 
materia de contratación pública de las Comunidades Autónomas, y los órganos 
competentes para resolver las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere 
el artículo 119 de este real decreto-ley, notificarán a la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia o, en su caso, a las autoridades de competencia autonómicas, 
cualesquiera hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que 
puedan constituir una infracción a la legislación de defensa de la competencia. En 
particular, comunicarán cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, 
o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tengan por 
objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia 
en el proceso de contratación.
3.  Cualquiera que sea el procedimiento de adjudicación de un contrato no podrá 
rechazarse a ningún candidato o licitador por la sola circunstancia de su condición de  e
persona física o jurídica. bo
No obstante, en el caso de los contratos de servicios, de obras, de concesión de  51ww
spepeaoxrirrgvt ioiiccrbisipojeeas tc,ao id ó leana d,sc e eopmln encáreosssmo isónbenarre svd  iyecju  ilooraíbs dc riauucs aao,sl ipaf ieqscírua aceccoi óiimonnndo pei qersoun fde eeensl   idcoeeonn lal ooslc suda scec o iolónafntesr  areptta oeissnrs, s dootean  laesasnuc  miróseinuns,spi s totsarnoomsl iqabcubiiételuen dts eep dnsoge dda rleaán     OE-A-2020-16able en https://
ejecución del contrato de que se trate.
Artículo 60.  Cómputo de plazos.
1.  Todos los plazos establecidos en este real decreto-ley, salvo que en la misma se 
indique que son de días hábiles, se entenderán referidos a días naturales. Si el último día 
del plazo fuera inhábil, se entenderá que aquel concluye el primer día hábil siguiente. No 
obstante, deberá indicarse en el anuncio que sirva como medio de convocatoria de 
licitación o en la invitación, cuando el medio de convocatoria hubiera sido un anuncio sobre 
la existencia de un sistema de clasificación, el día y hora en que finalice el plazo para la 
presentación de proposiciones o de solicitudes de participación.
2.  Al fijar los plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las 
ofertas, las entidades contratantes tendrán especialmente en cuenta la complejidad del 
contrato y el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar aquellas, sin 
perjuicio de los plazos mínimos que se regulan en los artículos 82 a 87.
3.  Cuando las ofertas solo puedan realizarse después de visitar los lugares o previa 
consulta «in situ» de los documentos que se adjunten a los pliegos de condiciones, los 
plazos para la presentación de ofertas, que serán superiores a los establecidos para cada 
procedimiento con carácter general, se fijarán de forma que todos los operadores 
económicos afectados puedan tener conocimiento de toda la información necesaria para 
elaborar las mismas.
4.  En los casos que se indican a continuación, las entidades contratantes deberán 
prorrogar el plazo para la presentación de ofertas, de forma que todos los operadores 
económicos afectados puedan tener conocimiento de toda la información necesaria para 
elaborar las mismas:
a)  Cuando, por cualquier razón, no se le hubiera facilitado a un operador económico, al 
menos seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de las ofertas, la 
información adicional a que se refiere el artículo 64.1, siempre y cuando la misma hubiera sido 
solicitada por el operador económico con antelación suficiente. En el caso del procedimiento 
abierto acelerado contemplado en el artículo 82.5, este plazo será de cuatro días.
No obstante, si la información adicional no se hubiera solicitado con antelación 
suficiente o tuviera una importancia irrelevante a efectos de la preparación de ofertas 
admisibles, las entidades contratantes no estarán obligadas a prorrogar los plazos.
En todo caso se considerará información relevante a los efectos de este artículo la 
siguiente:
1.º  Cualquier información adicional transmitida a un licitador.
2.º  Cualquier información asociada a elementos referidos en los pliegos y documentos 
de la contratación.
b)  Cuando se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de condiciones 
que, de haber figurado inicialmente, hubieran permitido la admisión a la licitación de 
candidatos distintos o atraído a más participantes en el procedimiento de licitación.
En todo caso se considerará modificación significativa de los pliegos la que afecte a:
1.º  La clasificación requerida.
2.º  El importe y plazo del contrato.
3.º  Las obligaciones del adjudicatario.
4.º  El cambio o variación del objeto del contrato.
5.º  Las prescripciones técnicas.
La duración de la prórroga será proporcional a la importancia de la información o de la  bo
modificación a que se refieren las letras a) y b) anteriores, respectivamente. 51ww
para5 .l a Lpare psreensteanctiaócni ódne d lea sp rmopisomsiacsio enens c ou alalq rueiecer ppcrioócne ddeim laie ndtooc,u nmoe nptoadcriáó ns unpeocensear rliaa 
exigencia de cantidad alguna a los licitadores.
Artículo 61.  Normas aplicables a las comunicaciones.
1.  Con carácter general las entidades contratantes garantizarán que todas las 
comunicaciones y todos los intercambios de información contemplados en el presente real 
decreto-ley y, en particular, la transmisión electrónica se lleven a cabo utilizando medios 
de comunicación de conformidad con los requisitos establecidos en el presente artículo.
La tramitación de los procedimientos de adjudicación de contratos regulados en el 
presente real decreto-ley conllevará la práctica de las notificaciones y comunicaciones 
derivadas de los mismos por medios exclusivamente electrónicos.
Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, en los procedimientos de contratación de 
las entidades contratantes que pertenezcan al Sector Público, resultará de aplicación el 
apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
referido a la práctica de notificaciones.
2.  Las herramientas y dispositivos que deberán utilizarse para la comunicación por 
medios electrónicos, así como sus características técnicas, deberán ser no discriminatorios, 
estar disponibles de forma general, ser compatibles con los productos informáticos de uso 
general, y no deberán restringir el acceso de los operadores económicos al procedimiento 
de licitación.
3.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades contratantes no estarán 
obligadas a exigir la utilización de medios de comunicación electrónicos en el proceso de 
presentación de ofertas en los siguientes casos:
a)  Cuando debido al carácter especializado de la contratación la utilización de medios 
electrónicos de comunicación requeriría el uso de herramientas, dispositivos o formatos de 
archivo específicos que no estén en general disponibles o que no acepten los programas 
generalmente disponibles.
b)  Cuando las aplicaciones que soportan formatos de archivo adecuados para la 
descripción de las ofertas utilicen formatos de archivo que no puedan ser procesados por 
otros programas abiertos o generalmente disponibles o estén sujetas a un régimen de 
licencias de uso privativo y la entidad contratante no pueda ofrecerlas para su descarga o 
utilización a distancia.
c)  Cuando la utilización de comunicaciones electrónicas conlleve necesariamente la 
utilización de equipos ofimáticos especializados de los que no disponen generalmente las 
entidades contratantes.
d)  Cuando los pliegos de condiciones obliguen a la presentación de modelos físicos 
o a escala que no puedan ser transmitidos utilizando medios electrónicos.
Con respecto a los intercambios de información para los que no se utilicen medios de 
comunicación electrónicos de acuerdo con lo dispuesto en este apartado, la comunicación 
se realizará por correo o por cualquier otro medio apropiado o mediante una combinación 
de correo u otro medio apropiado y medios electrónicos. Los medios de comunicación que 
se utilicen en todo caso habrán de permitir acreditar fehacientemente la comunicación 
realizada.
Corresponde a las entidades contratantes que permitan, con arreglo al párrafo anterior 
del presente apartado, la utilización de medios de comunicación que no sean electrónicos 
en el proceso de presentación de ofertas, dejar constancia documental de los motivos para 
ello en un informe específico.
4.  Las entidades contratantes tampoco estarán obligadas a exigir medios de 
comunicación electrónicos en el proceso de presentación de ofertas cuando el uso de  es
medios de comunicación no electrónicos sea necesario bien por una violación de la  bo
seguridad de dichos medios de comunicación electrónicos o bien para proteger información  51ww
egddsaiespr poaeotncrntoiiaezslna mm re eeanndd tgieeoec ssnu edeanerdas aali bmclolceese n qsotueope  eau rrltateieldiqzronuaraineetdsrivao eo  dcdsoe isan p uóloonmss ni iteciivvofeeoscls  ot toay ds nh e dea elrlotrlo saa  mqpduaeieer ntp astradoesot ep  e8cul ceesidócigtanru  ódiqeniusniceptoe ons.no ed rse e al o ptsrua qevudéeas    OE-A-2020-16able en https://
Corresponde a las entidades contratantes que permitan, con arreglo al párrafo anterior 
del presente apartado, la utilización de medios de comunicación que no sean electrónicos 
en el proceso de presentación de ofertas, dejar constancia documental de los motivos para 
ello en un informe específico.
5.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, podrá utilizarse la comunicación oral 
para comunicaciones distintas de las que se refieren a los elementos esenciales de un 
procedimiento de licitación, siempre que el contenido de la comunicación oral esté 
suficientemente documentado. A este fin, los elementos esenciales del procedimiento de 
licitación incluyen los pliegos de condiciones, las solicitudes de participación y las ofertas. 
En particular, las comunicaciones orales con los licitadores que puedan incidir 
sustancialmente en el contenido y la evaluación de las ofertas estarán documentadas de 
modo suficiente y a través de los medios adecuados, como los archivos o resúmenes 
escritos o sonoros de los principales elementos de la comunicación.
6.  Las entidades contratantes velarán por que en todas las comunicaciones, 
intercambios y almacenamiento de información se preserven la integridad de los datos y la 
confidencialidad de las ofertas y de las solicitudes de participación, de manera que las 
primeras no examinarán el contenido de las ofertas y solicitudes de participación hasta que 
haya expirado el plazo previsto para su presentación y hasta el momento fijado para su 
apertura.
7.  Para los contratos de obras y en los concursos de proyectos las entidades 
contratantes podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas, tales como 
herramientas de modelado digital de la información de la construcción, BIM, o herramientas 
similares. En estos casos las entidades contratantes ofrecerán medios de acceso 
alternativos según lo dispuesto en el apartado siguiente hasta el momento en que dichas 
herramientas estén generalmente disponibles.
8.  Cuando sea necesario las entidades contratantes podrán exigir la utilización de 
herramientas que no estén disponibles de forma general, a condición de que las mismas 
ofrezcan medios de acceso alternativos.
Se considerará que las entidades contratantes ofrecen medios de acceso alternativos 
cuando se dé alguna de las situaciones siguientes:
a)  Cuando estas ofrezcan gratuitamente un acceso libre, directo y completo por 
medios electrónicos a esas herramientas y dispositivos a partir de la fecha de publicación 
del anuncio que sirva como medio de convocatoria de licitación o a partir de la fecha del 
envío de la invitación. En el anuncio que sirva de convocatoria de licitación o en la 
invitación se especificará la dirección de internet en la que puede accederse a esas 
herramientas y dispositivos.
b)  Cuando estas garanticen que los licitadores que, por causa que no les sea 
imputable, no tengan acceso a las herramientas y dispositivos de que se trate, o no 
tengan la posibilidad de obtenerlos en el plazo fijado, puedan tener acceso al 
procedimiento de contratación utilizando mecanismos de acceso provisionales disponibles 
gratuitamente en línea.
c)  Cuando estas admitan un canal alternativo para la presentación electrónica de 
ofertas.
9.  Además de los requisitos establecidos en el anexo IV, para las herramientas y 
dispositivos de transmisión y recepción electrónica de las ofertas y de recepción electrónica 
de las solicitudes de participación se aplicarán las normas siguientes:
a)  La información relativa a las especificaciones para la presentación electrónica de  bo
las ofertas y las solicitudes de participación, incluido el cifrado y la validación de la fecha,  51ww
dlpoersob cebmer)dá ei dmeLisoiaetssan  rted oane  td didceisoa pcmdooeunssnit crciaicóotaanncc tdriióaóetnn at  onqedtuleeaescs  td drlaeeósbbn eeipcrraáoár sntse  eeusrs t iipnplieztreocarpidefoiocsraasc rdio eaennsl a .nll iavase  llo ddsief er isreeesnggtuoerssid  aafasdos ecexisai gddiodeso   capa aldoraas    OE-A-2020-16able en https://
intercambios de información a realizar.
A estos efectos, las entidades contratantes podrán exigir el uso de una firma electrónica 
reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica o de 
otros mecanismos que permitan garantizar la vinculación del firmante con los datos 
firmados y la integridad de la información intercambiada.
Mediante Orden del Ministerio de Hacienda se establecerán las condiciones de 
utilización de las firmas electrónicas en los procedimientos de contratación regulados en el 
presente real decreto-ley.
c)  En los procedimientos de adjudicación de contratos, el envío por medios 
electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella 
electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a 
todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas; 
de no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta 
ha sido retirada. Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo 
proceso de generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido 
de la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido 
de esta garantizando su integridad. Las copias electrónicas de los documentos que deban 
incorporarse al expediente, autenticadas con la firma electrónica reconocida del órgano 
habilitado para su recepción surtirán iguales efectos y tendrán igual valor que las copias 
compulsadas de esos documentos.
d)  Los licitadores o candidatos que presenten sus documentos de forma electrónica 
podrán presentar a la entidad contratante, en soporte físico electrónico, una copia de 
seguridad de dichos documentos de acuerdo con los términos fijados mediante Orden del 
Ministro de Hacienda, y siempre de acuerdo con lo establecido a tal efecto por la entidad 
contratante.
e)  Los formatos de los documentos electrónicos que integran los expedientes de 
contratación deberán ajustarse a especificaciones públicamente disponibles y de uso no 
sujeto a restricciones, que garanticen la libre y plena accesibilidad a los mismos por la 
entidad contratante, los órganos de fiscalización y control, los órganos jurisdiccionales y 
los interesados, durante el plazo que establece el artículo 124.2. En los procedimientos de 
adjudicación de contratos, los formatos admisibles deberán indicarse en el anuncio, en la 
invitación o en los pliegos de condiciones.
f)  Los programas y aplicaciones necesarios para la presentación electrónica de las 
ofertas y solicitudes de participación deberán ser de amplio uso, fácil acceso y no 
discriminatorios, o deberán ponerse a disposición de los interesados por la entidad 
contratante.
g)  Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento de 
información deberán poder garantizar de forma razonable, según el estado de la técnica, 
la integridad de los datos transmitidos y que solo las personas o unidades competentes, 
en la fecha señalada para ello, puedan tener acceso a los mismos, o que en caso de 
quebrantamiento de esta prohibición de acceso, la violación pueda detectarse con claridad. 
Estos sistemas deberán asimismo ofrecer suficiente seguridad, de acuerdo con el estado 
de la técnica, frente a los virus informáticos y otro tipo de programas o códigos nocivos, 
pudiendo establecerse reglamentariamente otras medidas que, respetando los principios 
de confidencialidad e integridad de las ofertas e igualdad entre los licitadores, se dirijan a 
minimizar su incidencia en los procedimientos.
h)  Las aplicaciones que se utilicen para efectuar las comunicaciones, notificaciones 
y envíos documentales entre el licitador o contratista y la entidad contratante deberán 
poder acreditar la fecha y hora de su emisión o recepción, la integridad de su contenido y  es
el remitente y destinatario de las mismas. En especial, estas aplicaciones deberán  o
gpprareorsapenontsitziacariros neq euasen  tose e dl aed ee lnjaatsi dc asoodnl sicctoaitnnutcdraieats ad ndetee l. ap ahrotricai pya lcai ófne cyh ad ee xcaucatansta d deo lcau rmeceenptaccióiónn d dee lbaas   2020-1651n https://www.
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regulados en el presente real decreto-ley.
Artículo 62.  Participación previa de candidatos o licitadores.
1.  Cuando un candidato o licitador, o una empresa vinculada a un candidato o a un 
licitador, haya asesorado a la entidad contratante, en el contexto del artículo 41, o haya 
participado de algún otro modo en la preparación del procedimiento de licitación, la entidad 
contratante tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación de ese 
candidato o licitador no distorsione la competencia.
2.  Las medidas a las que se refiere el apartado anterior incluirán la comunicación a 
los demás candidatos y licitadores de la información pertinente intercambiada en el marco 
de la participación del candidato o licitador en la preparación del procedimiento de 
contratación o como resultado de tal participación, así como el establecimiento de plazos 
adecuados para la recepción de las ofertas. El candidato o el licitador en cuestión solo 
será excluido del procedimiento cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento 
del principio de igualdad de trato.
3.  Antes de proceder a la exclusión, deberá darse audiencia al candidato o licitador 
que puede ser excluido, a fin de que justifique que su previa participación en la preparación 
del procedimiento de contratación no afecta negativamente a la competencia.
Artículo 63.  Invitación a los candidatos seleccionados.
1.  En los procedimientos restringidos, en los diálogos competitivos, en los de 
asociación para la innovación y en los procedimientos de licitación con negociación, las 
entidades contratantes invitarán simultáneamente y por escrito a los candidatos 
seleccionados a presentar sus ofertas, a participar en el diálogo o a negociar con el 
contenido establecido en el anexo V.
Cuando se utilice el anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación como 
medio de convocatoria de licitación, las entidades contratantes invitarán simultáneamente 
y por escrito a aquellas empresas seleccionadas según lo indicado en el artículo 40 a que 
confirmen su interés respecto de ese concreto procedimiento de contratación.
2.  Las invitaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo incluirán una 
referencia a la dirección electrónica en la que pueda consultarse directamente por medios 
electrónicos los pliegos de condiciones. Las invitaciones deberán ir acompañadas de los 
pliegos de condiciones, cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.3, esta 
documentación no haya sido objeto de un acceso libre, directo, completo y gratuito y no se 
haya puesto a disposición de otra manera. Además, las invitaciones mencionadas en el 
apartado 1 del presente artículo deberán incluir la información indicada en el anexo V.
Artículo 64.  Información a los candidatos y licitadores.
1.  Siempre que se haya solicitado con antelación suficiente, las entidades contratantes 
proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 
días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información 
adicional sobre los pliegos de condiciones y demás documentación complementaria que 
estos soliciten. Cuando se trate de contratos de obras, suministros o servicios el plazo de 
seis días se reducirá a cuatro días en el caso a que se refiere el artículo 82.5.
2.  Las entidades contratantes informarán lo antes posible a cada candidato y licitador 
de las decisiones tomadas en relación con la celebración de un acuerdo marco, con la 
adjudicación del contrato o con la admisión a un sistema dinámico de adquisición, incluidos 
los motivos por los que hayan decidido no celebrar un acuerdo marco, no adjudicar un  es
contrato para el que se haya efectuado una convocatoria de licitación o volver a iniciar el  o
procedimiento, o no aplicar un sistema dinámico de adquisición. 51www.
cpoamrt3aiur). n d iecAA al  artpáo rendet,oci clseoi óp loancsni ó dtceneas ldn  pcedoa idusnanidbtaiolde ssa, o dtyloei ce siontcu  acldircu tpiaatoadlqrdo uoesie,rs  clrda rcesita o rsqa:ouz eoe nnse eus n tp rpaolrtae lza, osl a dqseu  eeq nustieind chaead  eddsíea ssce ocsnotitnmrataataddnoots es aus    BOE-A-2020-16cable en https://
candidatura,
b)  a todos los licitadores descartados, las razones por las que se ha desestimado su 
oferta, incluidos, en los casos contemplados en el artículo 45, apartados 6 y 7, los motivos 
de su decisión de no equivalencia o de su decisión de que las obras, suministros o 
servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales 
requeridas,
c)  a todo licitador que haya presentado una oferta admisible, las características y 
ventajas relativas de la oferta seleccionada, así como el nombre del adjudicatario o las 
partes en el acuerdo marco, y
d)  a todo licitador que haya presentado una oferta admisible, el desarrollo de las 
negociaciones y el diálogo con los licitadores.
4.  Las entidades contratantes podrán decidir no comunicar determinados datos 
relativos a la adjudicación del contrato, la celebración del acuerdo marco o la admisión a 
un sistema dinámico de adquisición, cuando su divulgación pudiera dificultar la aplicación 
del real decreto-ley, ser contraria al interés público, perjudicar los intereses comerciales 
legítimos de determinados operadores, públicos o privados, o perjudicar la competencia 
leal entre ellos.
Artículo 65.  Contratos reservados.
1.  Las entidades contratantes podrán reservar el derecho a participar en los 
procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los 
mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción 
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las 
empresas de inserción reguladas, respectivamente, en el texto refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de 
septiembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con 
los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración, o un 
porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas 
de empleo protegido, a condición de que el porcentaje de trabajadores con discapacidad 
o en situación de exclusión social de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas 
de inserción o de los programas sean los previstos en su normativa de referencia y, en 
todo caso, al menos del 30 por 100.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, mediante Acuerdo del Consejo de 
Ministros o del órgano competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las 
Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en 
los procedimientos de adjudicación, de las entidades contratantes pertenecientes al Sector 
Público, de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a las entidades 
a que se refiere el párrafo anterior.
En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito 
de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán las condiciones 
mínimas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el primer párrafo de este 
apartado.
El Acuerdo del Consejo de Ministros a que se refiere este apartado deberá adoptarse 
en el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley. 
Si transcurrido este plazo el Acuerdo del Consejo de Ministros no se hubiera adoptado, las 
entidades contratantes del sector público estatal deberán aplicar el porcentaje mínimo de 
reserva del 7 por ciento, que se incrementará hasta un 10 por ciento a los cuatro años de  e.e
la entrada en vigor de este real decreto-ley, sobre el importe global de los procedimientos  b
de adjudicación de suministros y servicios incluidos en los códigos CPV recogidos en el  51ww
aaln qeuxeo  sVeI  rdeefi elara L leay r e9s/2e0rv1a7,, e dne l o8s d téer mnoinvoiesm inbdreic acdeolesb erand eol sp reimn eerl  peájerrrcaifcoi od ea netsetreio arp aa rataqduoe.l
pode2r.  adSjuind ipceardjuoirc pioo dderá lno  reesstearbvleacr iad od eetne reml ainpaadratasd oor g1a, nlaizsa ecniotindeasd eesl  dceornetcrahtoa na tpeas rqtiuciep asre aenn 
los procedimientos de licitación de los contratos de servicios de carácter social, cultural y de
salud que enumera el anexo I bajo los códigos CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 
79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 
80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, desde 85000000-9 hasta 85323000-9, 92500000-6, 
92600000-7, 98133000-4 y 98133110-8.
Las organizaciones a que se refiere el apartado 1 deberán cumplir todas y cada una 
de las condiciones siguientes:
a)  Que su objetivo sea la realización de una misión de servicio público vinculada a la 
prestación de los servicios contemplados en el apartado primero.
b)  Que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la 
organización; o en caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la distribución o 
redistribución deberá realizarse con arreglo a criterios de participación.
c)  Que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el 
contrato se basen en la propiedad de los empleados, o en principios de participación, o 
exijan la participación activa de los empleados, los usuarios o las partes interesadas.
d)  Que el poder adjudicador de que se trate no haya adjudicado a la organización un 
contrato para los servicios en cuestión con arreglo al presente artículo en los tres años 
precedentes.
La duración máxima del contrato que se adjudique no excederá de tres años.
3.  En la convocatoria de licitación se hará referencia al presente artículo.
Artículo 66.  Criterios de adjudicación del contrato.
1.  La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios 
de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con arreglo a 
criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre la 
base del precio o coste, como el cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al artículo 67.
2.  La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y 
cualitativos.
Los criterios cualitativos que establezca la entidad contratante para evaluar la mejor 
relación calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados al 
objeto del contrato en la forma establecida en el apartado 6 de este artículo, que podrán 
ser, entre otros, los siguientes:
1.º  La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la 
accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las personas usuarias, las 
características sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus 
condiciones.
Las características medioambientales se referirán, entre otras, a la reducción del nivel 
de emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos; al empleo 
de medidas de ahorro y eficiencia energética y a la utilización de energía procedentes de 
fuentes renovables durante la ejecución del contrato; y al mantenimiento o mejora de los 
recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las siguientes 
finalidades: al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas 
desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la 
ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de personas con discapacidad  s
o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de  oe.
Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en la  w.
ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de la  51ww
claosn tcroantadcicióionn feesm leanbionraa;l elas  cyo snaclialiaricailóens ; dlea  leas vtaidbail idlaabdo reanl,  eple ersmopnlaelo y;  lfaa mcoilniatrr;a tlaa cmióenj odrea  duen 
mla asyaolur dn úym lae rsoe gduer pideards oenna se lp tararab alajo e; jleac aupcliiócna cdieóln c doen tcrarittoe;r iloas f oértmicoasc ióy nd ey  lrae spprootnescacbióilnid daed   BOE-A-cable e
social a la prestación contractual; o los criterios referidos al suministro o a la utilización de 
productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.
2.º  La organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que 
vaya a ejecutar el mismo, siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de 
manera significativa a su mejor ejecución.
3.º  El servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales como 
la fecha en que esta última debe producirse, el proceso de entrega, el plazo de entrega o 
ejecución y los compromisos relativos a recambios y seguridad del suministro.
Los criterios cualitativos deberán ir acompañados de un criterio relacionado con los 
costes el cual, a elección de la entidad contratante, podrá ser el precio o un planteamiento 
basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 67.
3.  La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en la 
adjudicación de los siguientes contratos:
a)  Aquellos cuyos proyectos o presupuestos no hayan podido ser establecidos 
previamente y deban ser presentados por los candidatos o licitadores.
b)  Cuando la entidad contratante considere que la definición de la prestación es 
susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas o por reducciones en su plazo 
de ejecución.
c)  Aquellos para cuya ejecución facilite la entidad contratante materiales o medios 
auxiliares cuya buena utilización exija garantías especiales por parte de los contratistas.
d)  Aquellos que requieran el empleo de tecnología especialmente avanzada o cuya 
ejecución sea particularmente compleja.
e)  Contratos de concesión de obras y de concesión de servicios.
f)  Contratos de suministros, salvo que los productos a adquirir estén perfectamente 
definidos y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de 
ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante 
de la adjudicación.
g)  Contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas 
técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de 
ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante 
de la adjudicación.
En los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, 
como los servicios de ingeniería y arquitectura, y en los contratos de prestación de 
servicios sociales si fomentan la integración social de personas desfavorecidas o miembros 
de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato, promueven 
el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral o 
cuando se trate de los contratos de servicios sociales, sanitarios o educativos a que se 
refiere el artículo 65.2, o de servicios intensivos en mano de obra, el precio no podrá ser el 
único factor determinante de la adjudicación. Igualmente, en el caso de los contratos de 
servicios de seguridad privada deberá aplicarse más de un criterio de adjudicación.
h)  Contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio 
ambiente, en cuya adjudicación se valorarán condiciones ambientales mensurables, tales 
como el menor impacto ambiental, el ahorro y el uso eficiente del agua y la energía y de 
los materiales, el coste ambiental del ciclo de vida, los procedimientos y métodos de 
producción ecológicos, la generación y gestión de residuos conforme al principio de 
jerarquía o el uso de materiales reciclados, de productos reutilizables o reciclables o de  e.e
materiales ecológicos. w.b
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ingeniería y arquitectura.
En los contratos de servicios del anexo I, así como en los contratos que tengan por 
objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad 
deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración 
de las ofertas.
5.  Los criterios a que se refiere el apartado 1 que han de servir de base para la 
adjudicación del contrato se establecerán en los pliegos de condiciones y deberá figurar 
en el anuncio que sirva de convocatoria de la licitación, debiendo cumplir los siguientes 
requisitos:
a)  En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato, en el sentido expresado en 
el apartado siguiente de este artículo.
b)  Deberán ser formulados de manera clara y objetiva, con pleno respeto a los 
principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no conferirán 
a la entidad contratante una libertad de decisión ilimitada.
c)  Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones 
de competencia efectiva e irán acompañados de especificaciones que permitan comprobar 
de manera efectiva la información facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la 
medida en que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación. En caso de duda, deberá 
comprobarse de manera efectiva la exactitud de la información y las pruebas facilitadas 
por los licitadores.
6.  Se considerará que un criterio de adjudicación está vinculado al objeto del contrato 
cuando se refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho 
contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos 
los factores que intervienen en los siguientes procesos:
a)  En el proceso específico de producción, prestación o comercialización de, en su 
caso, las obras, los suministros o los servicios, con especial referencia a formas de 
producción, prestación o comercialización medioambiental y socialmente sostenibles y 
justas;
b)  o en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos 
factores no formen parte de su sustancia material.
7.  En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicación, estas 
deberán estar suficientemente especificadas. Se considerará que se cumple esta exigencia 
cuando se fijen, de manera ponderada, con concreción: los requisitos, límites, modalidades 
y características de las mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto del 
contrato.
En todo caso, no podrá asignársele una valoración superior al 2,5 por ciento.
Se entiende por mejoras, a estos efectos, las prestaciones adicionales a las que 
figuraban definidas en el proyecto y en el pliego de condiciones, sin que aquellas puedan 
alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni del objeto del contrato.
Las mejoras propuestas por el adjudicatario pasarán a formar parte del contrato y no 
podrán ser objeto de modificación.
8.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, cuando solo se utilice un 
criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el 
precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de 
acuerdo con lo indicado en el artículo 67.
9.  Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación,  s
siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a  oe.
características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes  w.
opbretec1ins0iad. rosseS  aae ltnvr aoev l écpsuli aedgneod l aod  ems ece oratno damipceliio cneaencsi ó clnao  ndpseoi ndladeser arfóacrcimóiónun l aersel  lpearstietvacabi oale tcreiibxducalisdu asei nva a lcomasde panl iteuegn, oods de.eb elorás   2020-1651n https://ww
criterios de valoración, que podrá expresarse fijando una banda de valores con una
amplitud máxima adecuada. Bc
En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se 
indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, estableciendo 
un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios 
cualitativos para continuar en el proceso selectivo.
Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los 
criterios elegidos, estos se enumerarán por orden decreciente de importancia.
11.  Las entidades contratantes podrán establecer en los pliegos de condiciones 
criterios de adjudicación específicos para el desempate en los casos en que, tras la 
aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas.
Dichos criterios de adjudicación específicos para el desempate deberán estar 
vinculados al objeto del contrato y se referirán a:
a)  Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo 
de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con 
discapacidad superior al que les imponga la normativa.
En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en 
cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con 
discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia 
en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
b)  Proposiciones de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de 
diciembre, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta 
consideración.
c)  En la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o 
asistencial, las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el 
objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y 
figuren inscritas en el correspondiente registro oficial.
d)  Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo 
para la adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista 
alternativa de Comercio Justo.
e)  Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de 
presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el 
presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el 
empate, y no con carácter previo.
En defecto de la previsión en los pliegos, el empate entre varias ofertas tras la 
aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación 
por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas:
a)  Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión 
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor 
número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas 
trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b)  Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 
empresas. es
c)  Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las  bo
empresas. 51ww
lugadr )a  dEels seomrtpeaot,e e.n caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado
Artículo 67.  Cálculo del ciclo de vida.
1.  A los efectos de lo dispuesto en el artículo 66, el cálculo del coste del ciclo de vida, 
en el sentido definido en el artículo 2.r), incluirá, según el caso, la totalidad o una parte de 
los costes siguientes en que se hubiere incurrido a lo largo del ciclo de vida de un producto, 
un servicio o una obra:
a)  los costes sufragados por la entidad contratante o por otros usuarios, tales como:
1.º  Los costes relativos a la adquisición,
2.º  los costes de utilización, como el consumo de energía y otros recursos,
3.º  los costes de mantenimiento, y
4.º  los costes de final de vida, como los costes de recogida y reciclado.
b)  los costes imputados a externalidades medioambientales vinculadas al producto, 
servicio u obra durante su ciclo de vida, a condición de que su valor monetario pueda 
determinarse y verificarse; estos costes podrán incluir el coste de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y de otras emisiones contaminantes, así como otros costes de 
mitigación del cambio climático.
En los casos en que una norma de la Unión Europea haga obligatorio un método 
común para calcular los costes del ciclo de vida, se aplicará el mismo a la evaluación de 
los citados costes.
2.  Cuando las entidades de  contratación  evalúen los costes mediante un 
planteamiento basado en el cálculo del coste del ciclo de vida, indicarán en los pliegos de 
condiciones los datos que deben facilitar los licitadores, así como el método que aquellos 
utilizarán para determinar los costes del ciclo de vida sobre la base de dichos datos.
El método utilizado para la evaluación de los costes imputados a externalidades 
medioambientales cumplirá todas las condiciones siguientes:
a)  estar basado en criterios verificables objetivamente y no discriminatorios; en 
particular, si no se ha establecido para una aplicación repetida o continuada, no favorecerá 
o perjudicará indebidamente a empresas determinadas,
b)  ser accesible para todas las partes interesadas, y
c)  la información necesaria debe poder ser facilitada con un esfuerzo razonable por 
parte de las empresas, incluidas aquellas procedentes de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio o de otros Estados 
signatarios de algún otro Acuerdo Internacional que vincule a España o a la Unión Europea.
3.  Las entidades contratantes calcularán los costes a que se refieren los apartados 
primero y segundo del artículo 66 atendiendo, preferentemente, al coste del ciclo de vida.
Artículo 68.  Admisión de variantes.
1.  Cuando la naturaleza de los criterios de adjudicación del contrato lo admita, la 
entidad contratante podrá tomar en consideración variantes o alternativas presentadas por 
un licitador, siempre que estas cumplan las condiciones mínimas y los requisitos para su 
presentación establecidos por la citada entidad en el pliego de condiciones.
No serán admisibles las variantes en los pliegos de condiciones cuando solo se utilice 
como criterio de adjudicación el del precio más bajo.
2.  Las entidades contratantes indicarán en el pliego de condiciones si autorizan o no  e.
las variantes y, en caso afirmativo, las condiciones mínimas que deben reunir las variantes,  w.
así como los requisitos para su presentación. 51ww
deteLramsin pardeacsis fiounnceiso ndael idlaasd evsa rqiaunet epsu eqduaen s tee npeure ldoas nb iaednmesit,i ro pboradsr áon  shearvciecri orse foebrejentoci ad eal 
contLraatso v, aor iaa nlate ssa etissftaacrácnió vni nacduelcaudaadsa a dl oeb djeettoe rdmeiln caodnatsra ntoe.cesidades. BOE-A-cable e
3.  Cuando el pliego de condiciones autorice la presentación de variantes, la entidad 
contratante deberá elegir criterios de adjudicación que puedan aplicarse tanto a las ofertas 
como a las variantes.
4.  La entidad contratante no podrá rechazar la presentación de una variante por la 
exclusiva razón de haber sido elaborada de conformidad con prescripciones técnicas 
definidas mediante referencia a prescripciones técnicas europeas o a prescripciones 
técnicas nacionales reconocidas de conformidad con los requisitos esenciales definidos en 
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
5.  En los procedimientos de adjudicación de contratos de suministro o de servicios, 
las entidades contratantes que, según lo dispuesto en los apartados 1 y 2, autoricen 
variantes, no podrán rechazar una de ellas por el solo motivo de que, de ser elegida, daría 
lugar bien a un contrato de servicios en vez de un contrato de suministro, bien a un contrato 
de suministro en lugar de un contrato de servicios.
Artículo 69.  Ofertas anormalmente bajas.
1.  En los casos en que la entidad contratante presuma que una oferta resulta inviable 
por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, solo podrá excluirla 
del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento que establece este 
artículo.
2.  La entidad contratante deberá identificar las ofertas que se encuentran incursas en 
presunción de anormalidad, debiendo contemplarse en los pliegos de condiciones, a estos 
efectos, los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una 
oferta se considere anormal.
3.  Cuando la entidad contratante hubiere identificado una o varias ofertas incursas en 
presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren 
presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y 
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes o cualquier otro parámetro en 
función del cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de 
aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.
La petición de información que la entidad contratante dirija al licitador deberá 
formularse con claridad de manera que estos estén en condiciones de justificar plena y 
oportunamente la viabilidad de sus ofertas.
Concretamente, la entidad contratante podrá pedir justificación a estos licitadores 
sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel 
del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes 
valores:
a)  el ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el 
método de construcción,
b)  las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables 
de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,
c)  la innovación y la originalidad de las soluciones propuestas para suministrar los 
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,
d)  el respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de 
mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 27.4.
e)  o la posible obtención de una ayuda de Estado. e.e
4.  La  entidad  contratante  evaluará  toda  la  información  y  documentación  51ww
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mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hubieren sido clasificadas estas. En general,
se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en 
hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica.
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo 
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se 
fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico 
o económico.
5.  En todo caso, las entidades contratantes rechazarán las ofertas si comprueban 
que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no 
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral incluyendo 
el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes en aplicación de lo 
establecido en el artículo 27.4.
6.  En los casos en los que se compruebe que una oferta es anormalmente baja 
debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la 
proposición por esta única causa si aquel no puede acreditar que tal ayuda se ha 
concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. 
La entidad contratante que rechace una oferta por esta razón deberá informar de ello a la 
Comisión Europea.
7.  Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad 
hubiera resultado adjudicataria del contrato, la entidad contratante establecerá mecanismos 
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el 
objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma 
en la calidad de los servicios, las obras o los suministros contratados.
Artículo 70.  Preferencia de ofertas comunitarias en los contratos de suministro.
1.  El presente artículo será de aplicación a las ofertas que en relación a los contratos 
de suministros contengan productos originarios de países terceros con los cuales la Unión 
Europea no haya celebrado, en un marco multilateral o bilateral, un acuerdo que garantice 
un acceso comparable y efectivo de las empresas de la Unión a los mercados de dichos 
países terceros, sin perjuicio de las obligaciones de la Unión Europea o de sus Estados 
miembros respecto a los países terceros.
2.  Cualquier oferta presentada para la adjudicación de un contrato de suministro, 
podrá rechazarse cuando la parte de los productos originarios de los países terceros, 
determinados de conformidad con el Reglamento (CEE) número 952/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se aprueba el Código Aduanero 
Comunitario, sea superior al 50 por 100 del valor total de los productos que componen esta 
oferta. A efectos del presente artículo, los soportes lógicos utilizados en los equipos de 
redes de telecomunicación serán considerados productos.
3.  Cuando dos o más ofertas sean equivalentes respecto a los criterios de 
adjudicación utilizados en cada caso, se dará preferencia a aquella que no pueda ser 
rechazada en aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior. El precio de las ofertas 
será considerado equivalente, a efectos del presente artículo, cuando su diferencia no 
exceda del 3 por 100.
No obstante, no se dará preferencia a la oferta que resultaría elegida si se aplicase lo 
dispuesto anteriormente, cuando esta obligue a la entidad contratante a adquirir material 
con características técnicas diferentes de las del material existente y ello dé lugar a 
incompatibilidades  o  dificultades  técnicas  excesivas,  de  funcionamiento  o  de 
mantenimiento, o implique un coste desproporcionado.
Artículo 71.  Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del  w.
procedimiento de adjudicación por la entidad contratante. 51ww
1.  En el caso en que la entidad contratante desista del procedimiento de adjudicación
oco rdreescpidoan dnieon taed cjuodnvicoacra too ricae, lleob nroatri fiucanr ác oa nlotrsa ctoa npdaidraat oesl  oq luiceit asdeo rehsa.ya efectuado la
2.  La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del 
procedimiento podrán acordarse por la entidad contratante antes de la formalización. En 
estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o 
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en 
el pliego de condiciones o, en su defecto, cuando proceda, de acuerdo con los criterios de 
valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
3.  Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones 
de interés de la entidad contratante que sean sobrevenidas al momento de inicio del 
procedimiento de licitación, siempre y cuando estas queden debidamente justificadas en 
el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en 
tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.
4.  El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de 
la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento 
de licitación.
Artículo 72.  Adjudicación de los contratos.
1.  La entidad contratante, a la vista de la valoración de las ofertas y en función de los 
criterios de adjudicación empleados, comunicará motivadamente la adjudicación del 
contrato al licitador que hubiere formulado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66.
Asimismo, la citada entidad comunicará también de forma motivada a los restantes 
operadores económicos el resultado de la adjudicación acordada.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59.2, si la entidad contratante tuviera 
indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el 
sentido definido en el artículo 1 de la Ley 50/2007, de 3 de julio, los trasladará con carácter 
previo a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a 
efectos de que a través de un procedimiento sumarísimo se pronuncien sobre aquellos. La 
remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento al que se refiere este párrafo.
3.  Las comunicaciones a que se refiere el apartado primero se realizarán por medios 
electrónicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, teniendo que ser realizadas 
en tiempo y forma, y deberán contener la información necesaria que permita a los 
interesados en el procedimiento de adjudicación interponer reclamación en materia de 
contratación suficientemente fundada contra la decisión de adjudicación, y entre ella en 
todo caso deberá figurar la siguiente:
a)  En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones 
por las que se haya desestimado su candidatura.
b)  Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los 
motivos por los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados 
en el artículo 45, apartados 6 y 7, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la 
decisión de que las obras, los suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de 
rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a 
los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.
c)  En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la  e.e
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de  b
este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas  51ww
ocofenr tlaoss  hliaciytaadno sriedso. admitidas, y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el diálogo
En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del
contrato conforme al artículo 73.2 del presente real decreto-ley.
Será de aplicación a la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el 
artículo 28, así como lo dispuesto en el artículo 64.4.
4.  La adjudicación deberá ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 
días. En este caso la publicación deberá tener el contenido que establece el apartado 3 
anterior.
5.  En todo caso le corresponderá a la entidad contratante el derecho a declarar 
desierto el procedimiento de adjudicación de forma motivada cuando no se hubiere 
presentado ninguna oferta adecuada o ninguna solicitud de participación adecuada, en el 
sentido expresado en el artículo 85.1.a).
Artículo 73.  Perfección y formalización de los contratos.
1.  Los contratos que celebren las entidades contratantes se perfeccionan con su 
formalización.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado tercero de este artículo, no podrá 
procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.
2.  No podrá procederse a la formalización del contrato hasta tanto transcurra el plazo 
de quince días hábiles desde que se remite la notificación a que se refiere el artículo 72 en 
sus apartados 1 y 3, con el objeto de poder garantizar el efecto suspensivo de la 
reclamación en materia de contratación a que se refiere el artículo 53 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre.
3.  Los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el 
marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan con su adjudicación; sin 
que sea necesario observar el plazo de espera previsto en el apartado anterior.
4.  Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el 
orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas.
Sección 2.ª  Publicidad de las licitaciones
Artículo 74.  Perfil de contratante.
1.  Las entidades contratantes difundirán exclusivamente a través de Internet su perfil 
de contratante, como elemento que agrupa la información y documentos relativos a su 
actividad contractual al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los 
mismos. La forma de acceso al perfil de contratante deberá hacerse constar en los pliegos 
de condiciones y documentos equivalentes, así como en los anuncios que sirvan de 
convocatoria de licitación o, en el caso de que el medio de convocatoria sea un anuncio 
sobre la existencia de un sistema de clasificación, en dicho anuncio y en la invitación a 
licitar o a negociar. La difusión del perfil de contratante no obstará la utilización de otros 
medios de publicidad adicionales en los casos en que así se establezca.
El acceso a la información del perfil de contratante será libre, no requiriendo 
identificación previa. No obstante, podrá requerirse esta para el acceso a servicios 
personalizados asociados al contenido del perfil de contratante tales como suscripciones, 
envío de alertas, comunicaciones electrónicas y envío de ofertas, entre otras. Toda la 
información contenida en los perfiles de contratante se publicará en formatos abiertos y 
reutilizables, y permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior 
a cinco años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante 
solicitudes de información. e.
2.  El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos y documentos referentes a  w.b
la actividad contractual de las entidades contratantes. En cualquier caso, el mismo deberá  51ww
ceonntitdeande rc toannttroa tlaan itnef,o rcmomacoió pnu dneto tsip od eg ecnoenrtaalc qtou,e n púumeedrao ust idlizea tresleé fpoanroa  yre dlaec ifoanxa, rdsiere ccocnió lna 
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como la información particular relativa a los contratos que celebre.
3.  En el caso de la información relativa a los contratos, deberá publicarse al menos 
la siguiente información:
a)  La justificación del procedimiento utilizado para su adjudicación de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 81.2, el pliego de condiciones que haya de regir el contrato 
o documentos equivalentes, en su caso, y el documento de aprobación del expediente, 
también en su caso. Asimismo, en las licitaciones de entidades contratantes que sean 
poderes adjudicadores, la memoria justificativa del contrato.
b)  El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto de la licitación o 
documento equivalente y el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido.
c)  Los anuncios periódicos indicativos, los anuncios que sirvan como medio de 
convocatoria de las licitaciones, de adjudicación y de formalización de los contratos, los 
anuncios de modificación y su justificación, los anuncios de concursos de proyectos y de 
resultados de concursos de proyectos, con las excepciones establecidas en las normas de 
los negociados sin publicidad.
d)  Los medios a través de los que, en su caso, se ha publicitado el contrato y los 
enlaces a esas publicaciones.
e)  El número e identidad de los licitadores participantes en el procedimiento, así 
como, en su caso, todas las resoluciones de la entidad contratante correspondiente, y, en 
todo caso, la decisión de adjudicación del contrato.
Igualmente serán objeto de publicación en el perfil de contratante la decisión de no 
adjudicar o celebrar el contrato, el desistimiento del procedimiento de adjudicación, la 
declaración de desierto, así como la interposición de reclamaciones en materia de 
contratación y la eventual suspensión de los contratos con motivo de la interposición de 
reclamaciones y recursos.
4.  El sistema informático que soporte el perfil de contratante deberá contar con un 
dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión 
pública de la información que se incluya en el mismo.
5.  La difusión a través del perfil de contratante de la información relativa a los 
procedimientos de adjudicación de contratos surtirá los efectos previstos en el presente 
real decreto-ley.
6.  Asimismo será objeto de publicación en el perfil de contratante la formalización de 
los encargos a medios propios, cuando de haberse adjudicado un contrato, este hubiera 
estado sujeto a este real decreto-ley.
7.  Podrá no aplicarse determinada información relativa al procedimiento de licitación 
de un contrato o de un acuerdo marco en los supuestos que establece el artículo 79.2, 
tercer párrafo.
En todo caso, cada vez que la entidad contratante decida excluir alguna información 
de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá justificarlo en el expediente.
Artículo 75.  Plataforma de Contratación del Sector Público.
1.  Las entidades contratantes que pertenezcan al Sector Público tendrán que 
alojar sus perfiles de contratante de manera obligatoria en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público o en los servicios de información similares que establezcan las 
Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en el artículo 347 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre. es
2.  Las demás entidades contratantes alojarán su perfil en plataformas electrónicas que  o
deberán contar con un sistema de sellado de tiempo que permita acreditar fehacientemente  51ww
eAlr tiníc1icu.i loo  dL7ea6 s.l a  edAnifnutiusdniaócdnioe pssú  pbceloircinaót drdaiecto alasn  tiinenfdso icrdmaetailv cosiósen.c tqoure  psúeb inliccolu ypar oegnr laam maisrámna .la actividad de  BOE-A-2020-16cable en https://
contratación pública que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos
plurianuales, y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un 
anuncio periódico indicativo que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos 
a este real decreto-ley.
Cuando se licite un contrato de concesión de servicios del anexo I las entidades 
contratantes en todo caso darán a conocer sus intenciones de contratación a través de la 
publicación de un anuncio periódico indicativo.
2.  Los anuncios periódicos indicativos a que se refiere el primer párrafo del apartado 
anterior contendrán la información que figura en el anexo VI, secciones A o C, según 
proceda, y serán publicados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80, a elección 
de la entidad contratante, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en su perfil de 
contratante.
Los anuncios periódicos indicativos a que se refiere el segundo párrafo del apartado 
anterior se publicarán en el «Diario Oficial de la Unión Europea», con la información que 
figura en el anexo VI, sección D.
3.  En caso de que el anuncio periódico indicativo sea publicado por una entidad 
contratante en su perfil de contratante, esta deberá enviar a la Oficina de Publicaciones de 
la Unión Europea un anuncio de dicha publicación, que contendrán la información 
enunciada en el anexo VI, sección B.
Artículo 77.  Convocatoria de licitación
Todos los procedimientos de licitación previstos en este real decreto-ley, a excepción 
del procedimiento negociado sin publicidad a que se refiere el artículo 85, serán objeto de 
una convocatoria de licitación, la cual podrá efectuarse por alguno de los siguientes 
medios:
a)  En el caso de licitación de contratos de obras, suministros o servicios: bien 
mediante un anuncio de licitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, 
cualquiera que sea el procedimiento por el que se adjudique el contrato; o bien mediante 
un anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 34 y 40, cuando el contrato se adjudique mediante un procedimiento 
restringido, de licitación con negociación, de diálogo competitivo o de asociación para la 
innovación.
b)  En el caso de licitación de contratos de concesión de alguno de los servicios del 
anexo I: En todo caso mediante un anuncio periódico indicativo en los términos 
establecidos en el artículo 76. En los demás casos de licitación de contratos de concesión, 
el medio de convocatoria será el anuncio de licitación a que se refiere el artículo 78.
Artículo 78.  Anuncios de licitación.
1.  Los anuncios a que se refiere este artículo se publicarán en el «Diario Oficial de la 
Unión Europea», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 y en el perfil de 
contratante de la entidad contratante.
2.  Los anuncios de licitación deberán contener la información establecida en la parte 
correspondiente del anexo VII y, si procede, cualquier otra información que la entidad 
contratante considere conveniente, con arreglo al formato de los formularios normalizados.
Artículo 79.  Anuncios de formalización de los contratos.
1.  La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente  e.
contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en  w.
el perfil de contratante de la entidad contratante y en el «Diario Oficial de la Unión  51ww
Euro2p. eaL»a. entidad contratante enviará a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea
eol  daenlu anccuioe rddeo  fmoramrcaoliz.ación a más tardar diez días después de la formalización del contrato  BOE-A-cable e
Este anuncio deberá contener la información establecida en la sección correspondiente 
del anexo VIII y se publicará de conformidad con el artículo 80.
No obstante, determinada información relativa al procedimiento de licitación de un 
contrato o de un acuerdo marco podrá no ser publicada cuando su divulgación dificulte la 
aplicación del real decreto-ley, sea contraria al interés público, perjudique los intereses 
comerciales legítimos de determinados operadores, públicos o privados, o pueda 
perjudicar la competencia leal entre operadores económicos.
En todo caso, previa la decisión de no publicar unos determinados datos relativos a la 
celebración del contrato, las entidades contratantes deberán solicitar la emisión de informe 
por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el que se 
aprecie si el derecho de acceso a la información pública prevalece o no frente a los bienes 
que se pretenden salvaguardar con su no publicación, que será evacuado en un plazo 
máximo de diez días.
No obstante lo anterior, no se requerirá dicho informe por el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno en caso de que con anterioridad se hubiese efectuado por la entidad 
contratante perteneciente al Sector Público consulta sobre una materia idéntica o análoga, 
sin perjuicio de la justificación debida de su exclusión en el expediente en los términos 
establecidos en este apartado.
3.  La adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco o de los contratos 
específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, ya perfeccionados en 
virtud de lo establecido en el artículo 73.3, se publicará trimestralmente por la entidad 
contratante dentro de los treinta días siguientes al final de cada trimestre, en la forma 
prevista en el presente artículo.
4.  En el caso de contratos de servicios de investigación y desarrollo, la información 
relativa a la naturaleza y la cantidad de los servicios podrá limitarse, respectivamente, a la 
siguiente:
a)  La indicación «servicios de I+D», si el contrato ha sido adjudicado mediante 
un procedimiento negociado sin convocatoria de licitación, de conformidad con el 
artículo 85.1.b).
b)  Información como mínimo tan detallada como la indicada en el anuncio utilizado 
como medio de convocatoria de licitación.
5.  La información facilitada de conformidad con el anexo VIII y señalada como no 
destinada a publicación solo se publicará de forma simplificada a efectos estadísticos.
Artículo 80.  Criterios y modalidades de publicación de los anuncios.
1.  Los anuncios a que se refieren los artículos 34, 76, 78, 79 y 102 incluirán la 
información indicada en los anexos III, VI, VII, VIII, IX y X, respectivamente, según el 
formato de los formularios normalizados, incluidos los formularios normalizados para la 
corrección de errores.
2.  Los anuncios a que se refiere el apartado anterior se enviarán por medios 
electrónicos a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
3.  Los anuncios a que se refiere el apartado 1 se publicarán en toda su extensión en 
la lengua oficial de las instituciones de la Unión Europea elegida por la entidad contratante. 
El texto publicado en esa lengua o lenguas será el único auténtico. Asimismo, se publicará 
un resumen de los puntos importantes de cada anuncio en las demás lenguas oficiales de  es
las instituciones de la Unión Europea. o
4.  Las entidades contratantes deberán poder demostrar la fecha de envío de los  51ww
alipannu deubincnlicatciadinocadsidoó.  n Ccl.oaon nft ereacsthataan  ftiedn eala li ddreiaccdhe alpa c pOióufnbic lidinceaal  cdaieón unPn. ucEbiolsi ctyaa  lcacio opnnuefbisrl imcdaeac cliaióó nUn  ndcieóo nlna sE itnuitfruooirprmáe aapc crióuonen bfeiranm vdaiaerdá al aa,    OE-A-2020-16able en https://
5.  Los anuncios a que se refiere el apartado 1 de este artículo y la información que 
contienen no se publicarán en el ámbito nacional antes de su publicación en el «Diario 
Oficial de la Unión Europea». No obstante, los mismos podrán publicarse en el ámbito 
nacional si las entidades contratantes no hubieran recibido notificación de su publicación 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la confirmación por la Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea de la recepción del anuncio enviado.
6.  Los anuncios publicados a nivel nacional no incluirán información distinta de la que 
figure en los anuncios enviados a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea o 
publicados en un perfil de contratante, pero deberán mencionar la fecha de envío del 
anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea o de su publicación en el perfil 
de contratante.
Sección 3.ª  Tipos de procedimiento
Artículo 81.  Procedimientos de adjudicación.
1.  La entidad contratante podrá elegir entre la adopción del procedimiento abierto, 
restringido, de licitación con negociación, de diálogo competitivo y de asociación para la 
innovación, siempre que se haya efectuado una convocatoria de licitación con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 77. También podrá utilizarse el procedimiento negociado sin 
publicidad en los casos previstos en el artículo 85 de este real decreto-ley.
2.  La entidad contratante deberá motivar la elección del procedimiento de licitación, 
dejando constancia documental de ello en el expediente de contratación.
Artículo 82.  Procedimiento abierto.
1.  En los procedimientos abiertos, cualquier operador económico interesado podrá 
presentar una oferta en respuesta a un anuncio de licitación.
2.  El plazo mínimo para la presentación de las ofertas será de treinta y cinco días a 
partir de la fecha de envío del anuncio de licitación.
3.  La oferta deberá ir acompañada de la información para la selección cualitativa que 
solicite la entidad contratante.
4.  Cuando las entidades contratantes hayan publicado un anuncio periódico indicativo 
el plazo mínimo de treinta y cinco días establecido en el apartado 2 anterior para la 
presentación de las ofertas podrá reducirse a quince días, siempre y cuando se cumplan 
todas las condiciones siguientes:
a)  Que en el anuncio periódico indicativo se haya incluido, además de la información 
exigida en el anexo VI sección A, apartado I, la información que relaciona el apartado II de 
idéntico anexo y sección, en la medida en que esta última información estuviera disponible 
en el momento en que se publicó el anuncio periódico indicativo. Cuando esta información 
no se incluya en el anuncio, la entidad contratante deberá dejar constancia por escrito en 
la documentación preparatoria de la licitación del motivo por el cual esta no se encontraba 
disponible en la fecha de publicación de dicho anuncio.
b)  Que el anuncio periódico indicativo haya sido enviado para su publicación entre 
treinta y cinco días y doce meses antes de la fecha de envío del anuncio de licitación.
5.  En los procedimientos relativos a contratos de obras, suministros o servicios 
cuando el plazo de treinta y cinco días establecido en el apartado 2 sea impracticable a  s
causa de una situación de urgencia debidamente justificada por las entidades contratantes,  oe.
estas podrán fijar un plazo que no será inferior a quince días a partir de la fecha de envío  w.
dpealr aa6 n.la u npLcraeio se ednnetit daliaccdiiót ancco idónentr .oaftearnttaes  peosdtaráb lreecdiduoc ier ne ne lc ainpcaor tdaídaos  2e ld pella pzroe sdeen ttree ianrttaíc yu lcoi,n ccuoa dnídaos   2020-1651n https://ww
la misma acepte que las ofertas puedan presentarse por medios electrónicos, de
conformidad con lo previsto en el artículo 61 de este real decreto-ley. Bc
7.  Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta 
criterios distintos al del precio, las entidades contratantes para ello podrán solicitar, antes 
de decidir la adjudicación, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, 
podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen 
con las especificaciones técnicas del pliego.
También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios 
destinatarios de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad 
al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las 
organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la 
verificación de las consideraciones sociales y ambientales.
Artículo 83.  Procedimiento restringido.
1.  En los procedimientos restringidos cualquier empresa interesada podrá presentar 
una solicitud de participación en respuesta a un anuncio que sirva de convocatoria de 
licitación, proporcionando la información para la selección cualitativa que solicite la entidad 
contratante.
2.  Cuando el procedimiento se refiera a contratos de obras, suministros o servicios, 
el plazo mínimo para la presentación de solicitudes de participación deberá ser el suficiente 
para el adecuado examen de los pliegos y de las circunstancias y condiciones relevantes 
para la ejecución del contrato, todo ello en atención al alcance y complejidad del contrato. 
En cualquier caso no será, como norma general, inferior a treinta días contados a partir de 
la fecha de envío del anuncio que sirva de convocatoria de licitación o de la invitación a 
confirmar el interés en el caso de que el medio de convocatoria hubiera sido un anuncio 
sobre la existencia de un sistema de clasificación, sin que en ningún caso pueda ser 
inferior a quince días.
En los procedimientos que tengan por objeto contratos de concesión de obras o de 
concesión de servicios el plazo a que se refiere el párrafo anterior en todo caso será de 
treinta días.
3.  Solo podrán presentar una oferta aquellos operadores económicos que, a su 
solicitud y en atención a su aptitud y solvencia, sean seleccionados e invitados por la 
entidad contratante tras haber evaluado esta la información facilitada por el empresario.
Las entidades contratantes podrán limitar el número de candidatos a los que invitarán 
a presentar una oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2. El límite nunca 
será inferior a cinco.
4.  La entidad contratante y los candidatos que hayan sido seleccionados podrán fijar 
de mutuo acuerdo el plazo para la presentación de ofertas, siempre que todos los 
candidatos seleccionados dispongan de un plazo idéntico. El plazo deberá ser el suficiente 
para la adecuada elaboración de las proposiciones en función del alcance y complejidad 
del contrato.
En ausencia de acuerdo sobre el plazo para la presentación de ofertas, el plazo no 
podrá ser inferior a diez días contados a partir de la fecha en que fue enviada la invitación 
a licitar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63.
5.  Este procedimiento es especialmente adecuado cuando se trata de servicios 
intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de consultoría, 
de arquitectura o de ingeniería.
Artículo 84.  Procedimiento de licitación con negociación.
1.  En los procedimientos de licitación con negociación, cualquier empresa interesada  b
podrá solicitar participar en respuesta a un anuncio que sirva de convocatoria de licitación,  51ww
pcoronptroartcainotnea.ndo la información para la selección cualitativa que solicite la entidad
que2, .e n Esnu  ecl apslioe,g hoa dyea nc odned iscieorn oebs jeseto d deete rnmeginoacriáanc ilóons  acsopne lcatso se emcporneósmasic,o ass yí  ctéocmnioc oesl 
procedimiento que se seguirá para negociar, que en todo momento garantizará la máxima
transparencia de la negociación, la publicidad de la misma y la no discriminación entre los 
licitadores que participen.
3.  Cuando el procedimiento se refiera a contratos de obras, suministros o servicios, 
el plazo mínimo fijado para la presentación de las solicitudes de participación no será, 
como norma general, inferior a treinta días contados a partir de la fecha de envío del 
anuncio que sirva de convocatoria de licitación o de la invitación a confirmar el interés en 
el caso de que el medio de convocatoria hubiera sido un anuncio sobre la existencia de un 
sistema de clasificación, sin que en ningún caso pueda ser inferior a quince días.
En los procedimientos que tengan por objeto contratos de concesión de obras o de 
concesión de servicios el plazo a que se refiere el párrafo anterior en todo caso será de 
treinta días.
4.  Solo podrán participar en las negociaciones aquellos operadores económicos que, 
a su solicitud y en atención a su aptitud y solvencia, sean seleccionados e invitados por la 
entidad contratante tras haber evaluado esta la información facilitada por el empresario.
El procedimiento que se siga para negociar en todo momento garantizará la máxima 
trasparencia de la negociación, la publicidad de la misma y la no discriminación entre los 
licitadores que participen en ella; sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28 relativo a 
la confidencialidad.
Las entidades contratantes podrán limitar el número de candidatos a los que invitarán 
a presentar una oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2. El límite nunca 
será inferior a tres.
5.  La entidad contratante y los candidatos que hayan sido seleccionados podrán fijar 
de mutuo acuerdo el plazo para la presentación de ofertas, siempre que todos los 
candidatos dispongan de un plazo idéntico.
En defecto de acuerdo sobre la fecha límite de presentación de las ofertas, el plazo 
será, como mínimo, de diez días contados a partir de la fecha en que fue enviada la 
invitación a presentar ofertas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63.
Artículo 85.  Procedimiento negociado sin publicidad.
1.  Las entidades contratantes podrán utilizar el procedimiento negociado sin 
publicidad para adjudicar contratos de obras, suministros y servicios únicamente cuando 
concurra alguno de los casos siguientes:
a)  Cuando, en respuesta a un procedimiento con convocatoria de licitación previa, no 
se haya presentado ninguna oferta, o ninguna oferta adecuada, o ninguna solicitud de 
participación, o ninguna solicitud de participación adecuada, siempre y cuando no se 
modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales del contrato, sin que en ningún caso 
se pueda incrementar el presupuesto de licitación del contrato o documento equivalente, 
ni modificar el sistema de retribución.
Se considerará que una oferta no es adecuada cuando no sea pertinente para el contrato, 
al no poder satisfacer de forma manifiesta, sin cambios sustanciales, las necesidades y 
requisitos de la entidad contratante especificados en los pliegos de condiciones.
Se considerará que una solicitud de participación no es adecuada cuando el operador 
económico de que se trate vaya a ser excluido o pueda ser excluido en virtud de los 
motivos establecidos en el presente real decreto-ley, o no cumpla los criterios de selección 
establecidos por la entidad contratante.
b)  Cuando  la  finalidad  del  contrato  sea  únicamente  la  investigación,  la 
experimentación, el estudio o el desarrollo, y no la obtención de una rentabilidad o la  s
recuperación de los costes de investigación y desarrollo, y siempre que la adjudicación de  oe.
tal contrato se entienda sin perjuicio de la convocatoria de una licitación para los contratos  w.
spuobr scui)ng  uoiCepneutraeansdd oqoru  leeac spo oenbrósrmiagsiac,n olo,  cseo nsn ucpmraerittnoici suptlroaorrs ,a  lolog sluo nmsa is sdemervo liasc sifo inssie gssuo.ileon pteuse draazno sneers p:roporcionados  2020-1651n https://ww
1.º  Que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o  BOE-A-cable e
actuación artística única.
2.º  Que no exista competencia por razones técnicas.
3.º  La protección de los derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad 
intelectual o industrial.
Las excepciones previstas en los números 2.º y 3.º anteriores se aplicarán únicamente 
cuando no exista una alternativa o sustituto razonable, y cuando la ausencia de 
competencia no sea el resultado de una restricción artificial de los parámetros de 
adjudicación del contrato.
d)  Cuando una imperiosa urgencia resultante de hechos imprevisibles para la entidad 
contratante y no imputables a la misma, no permita cumplir los plazos fijados para los 
procedimientos abiertos, los procedimientos restringidos y los procedimientos de licitación 
con negociación.
e)  En el caso de los contratos de suministro para entregas adicionales efectuadas 
por el proveedor inicial que constituyan, bien una reposición parcial de suministros o 
instalaciones, bien una ampliación de los suministros o instalaciones existentes, cuando 
un cambio de proveedor obligaría a la entidad contratante a adquirir material con 
características técnicas diferentes, dando lugar con ello a incompatibilidades o a 
dificultades técnicas de uso y mantenimiento desproporcionadas.
f)  Cuando se trate de nuevas obras o servicios que consistan en la repetición de 
obras o servicios similares encargados al contratista, titular de un contrato inicial adjudicado 
por la misma entidad contratante, a condición de que dichas obras o servicios se ajusten 
a un proyecto de base y que dicho proyecto haya sido objeto de un primer contrato 
adjudicado según un procedimiento con convocatoria de licitación previa.
En dicho proyecto de base se mencionarán el número de posibles obras o servicios 
adicionales y las condiciones en que serán adjudicados. La posibilidad de hacer uso de 
este procedimiento estará indicada desde el inicio de la convocatoria de licitación del 
primer proyecto y las entidades contratantes tendrán en cuenta el importe total previsto 
para la continuación de las obras o de los servicios a efectos del cálculo del valor estimado 
de este.
g)  Cuando se trate de suministros cotizados y comprados en una bolsa de materias 
primas.
h)  Cuando se trate de compras de ocasión, siempre que sea posible adquirir 
suministros aprovechando oportunidades especialmente ventajosas que se presenten en 
un período de tiempo muy breve y cuyo precio de compra sea considerablemente más 
bajo que el habitual del mercado.
i)  Cuando se trate de la compra de suministros o servicios en condiciones 
especialmente ventajosas, bien a un proveedor que cese definitivamente sus actividades 
comerciales, bien a un administrador de un concurso, o a través de un acuerdo judicial o 
un procedimiento de la misma naturaleza.
j)  Cuando el contrato de servicios en cuestión resulte de un concurso de proyectos 
organizado de conformidad con el presente real decreto-ley y, con arreglo a las normas 
establecidas en el concurso de proyectos, deba adjudicarse al ganador o a uno de los 
ganadores del concurso; en este último caso, todos los ganadores del concurso deberán 
ser invitados a participar en las negociaciones.
2.  Las entidades contratantes podrán utilizar el procedimiento negociado sin 
publicidad para adjudicar contratos de concesión de obras o de concesión de servicios 
cuando concurran los casos previstos en las letras a) o c) del apartado anterior.
3.  En el pliego de condiciones se determinarán los aspectos económicos y técnicos  e.e
que, en su caso, hayan de ser objeto de negociación con las empresas, así como el  w.b
procedimiento que se seguirá para negociar, que en todo momento garantizará la máxima  51ww
tlircaitnasdpoarreesn qciuae d pea lrati cniepgeonc.iación, la publicidad de la misma y la no discriminación entre los
Artículo 86.  Diálogo competitivo.
1.  En los diálogos competitivos cualquier empresa interesada podrá presentar una 
solicitud de participación en respuesta a un anuncio que sirva de convocatoria de licitación 
proporcionando la información y documentación para la selección cualitativa que haya 
solicitado la entidad contratante.
2.  Cuando el procedimiento se refiera a contratos de obras, suministros o servicios, 
el plazo mínimo fijado para la presentación de las solicitudes de participación no será, 
como norma general, inferior a treinta días contados a partir de la fecha de envío del 
anuncio que sirva de convocatoria de licitación o de la invitación a confirmar el interés en 
el caso de que el medio de convocatoria hubiera sido un anuncio sobre la existencia de un 
sistema de clasificación, sin que en ningún caso pueda ser inferior a quince días.
En los procedimientos que tengan por objeto contratos de concesión de obras o de 
concesión de servicios el plazo a que se refiere el párrafo anterior en todo caso será de 
treinta días.
3.  Solo podrán participar en las negociaciones aquellos empresarios que, a su 
solicitud y en atención a su aptitud y solvencia, sean seleccionados e invitados por la 
entidad contratante tras haber evaluado esta la información facilitada por el empresario.
Las entidades contratantes podrán limitar el número de candidatos admitidos a 
presentar una oferta que serán invitados a participar en el procedimiento, de conformidad 
con el artículo 56.2.
4.  El contrato se adjudicará a la oferta que presente la mejor relación calidad-precio, 
según lo dispuesto en el artículo 66.2.
5.  Las entidades contratantes establecerán y definirán en la convocatoria de licitación 
y en un documento descriptivo cuáles son sus necesidades y requisitos, los criterios de 
adjudicación elegidos y darán un plazo indicativo.
A los efectos de este real decreto-ley todas las menciones a los pliegos de condiciones 
se entenderán referidas al documento descriptivo cuando el contrato se adjudique 
mediante un procedimiento de diálogo competitivo.
6.  Las entidades contratantes entablarán con los participantes seleccionados un 
diálogo cuyo objetivo será determinar y definir los medios más idóneos para satisfacer sus 
necesidades. En el transcurso de este diálogo las entidades contratantes podrán debatir 
todos los aspectos de la contratación con los participantes seleccionados.
7.  Durante el diálogo, las entidades contratantes darán un trato igual a todos los 
participantes y no facilitarán de forma discriminatoria información que pueda dar ventajas 
a determinados participantes con respecto a otros.
De conformidad con el artículo 28 las entidades contratantes no revelarán a los demás 
participantes las soluciones propuestas u otros datos confidenciales que les comunique un 
candidato o licitador participante en el diálogo sin el acuerdo de este. Este acuerdo no 
podrá adoptar la forma de una renuncia general, sino que deberá referirse a la 
comunicación intencionada de información específica.
8.  Los diálogos competitivos podrán desarrollarse en fases sucesivas a fin de reducir 
el número de soluciones que hayan de examinarse durante la fase del diálogo, aplicando 
los criterios de adjudicación indicados en la convocatoria de licitación o en el documento 
descriptivo. La entidad contratante indicará en la convocatoria de licitación o en el 
documento descriptivo si va a hacer uso de esta opción.
9.  La entidad contratante proseguirá el diálogo hasta que esté en condiciones de 
determinar la solución o soluciones que mejor puedan responder a sus necesidades. s
10.  Tras haber declarado cerrado el diálogo y haber informado de ello a todos los  e.
participantes, las entidades contratantes les invitarán a que presenten su oferta final,  w.
basada en la solución o soluciones presentadas y especificadas durante la fase de diálogo.  51ww
Lreaasl izoafecriótans d feinl aplreosy edcetboe.rán incluir todos los elementos requeridos y necesarios para la
ajus1t1a.r seA.  pNetoic ióonb sdtea nlat ee,n teidsatda sc oanctrlaatraancteio dniecsh,a sp orefecritsaiso npoedsr,á na jaucsltaersa rsoe , ipnrfeocrmisaarcsieó ny   BOE-A-cable e
complementaria no podrán suponer la modificación de elementos fundamentales de la
oferta o de las condiciones de la contratación, en particular de las necesidades y de los 
requisitos establecidos en la convocatoria de licitación o en el documento descriptivo, 
cuando las modificaciones de dichos elementos, necesidades y requisitos puedan 
distorsionar la competencia o tener un efecto discriminatorio.
12.  Las entidades contratantes evaluarán las ofertas recibidas en función de los 
criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria de licitación o en el documento 
descriptivo.
13.  A petición de la entidad contratante, se podrán llevar a cabo negociaciones con 
el licitador que haya presentado la oferta que contenga la mejor relación calidad-precio con 
el fin de confirmar compromisos financieros u otras condiciones contenidas en la oferta, 
para lo cual se ultimarán las condiciones del contrato, siempre y cuando dicha negociación 
no dé lugar a que se modifiquen materialmente aspectos fundamentales de la oferta o de 
las condiciones de la contratación, en particular de las necesidades y de los requisitos 
establecidos en la convocatoria de licitación o en el documento descriptivo, y no conlleve 
un riesgo de distorsión de la competencia ni provoque discriminación.
14.  Las entidades contratantes podrán prever premios o pagos para los participantes 
en el diálogo, siempre y cuando no tengan un efecto discriminatorio.
Artículo 87.  Asociación para la innovación.
1.  En el procedimiento de asociación para la innovación, cualquier operador 
económico podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a un anuncio que 
sirva de convocatoria de licitación, proporcionando la información para la selección 
cualitativa que solicite la entidad contratante.
2.  En los pliegos de condiciones, la entidad contratante determinará la necesidad de 
un producto, servicio u obra innovadores que no pueda ser satisfecha mediante la 
adquisición de productos, servicios u obras ya disponibles en el mercado. Indicará 
asimismo qué elementos de la descripción constituyen los requisitos mínimos que han de 
cumplir todos los participantes. Las indicaciones serán lo suficientemente precisas para 
que los operadores económicos puedan reconocer la naturaleza y el alcance de la solución 
demandada y decidir si solicitan participar en el procedimiento.
3.  La entidad contratante podrá decidir crear la asociación para la innovación con uno 
o varios empresarios que realicen por separado actividades de investigación y desarrollo.
4.  Cuando el procedimiento se refiera a contratos de obras, suministros o servicios, 
el plazo mínimo fijado para la presentación de las solicitudes de participación no será, 
como norma general, inferior a treinta días contados a partir de la fecha de envío del 
anuncio que sirva de convocatoria de licitación o de la invitación a confirmar el interés en 
el caso de que el medio de convocatoria hubiera sido un anuncio sobre la existencia de un 
sistema de clasificación, sin que en ningún caso pueda ser inferior a quince días.
En los procedimientos que tengan por objeto contratos de concesión de obras o de 
concesión de servicios el plazo a que se refiere el párrafo anterior en todo caso será de 
treinta días.
Solo podrán participar en el procedimiento los operadores económicos invitados por la 
entidad contratante tras haber evaluado la información facilitada.
5.  Las entidades contratantes podrán limitar el número de candidatos admitidos a 
presentar una oferta que serán invitados a participar en el procedimiento, de conformidad 
con el artículo 56.2.
Los contratos se adjudicarán únicamente con arreglo al criterio de la mejor relación 
calidad-precio, según lo dispuesto en el artículo 66. e.
6.  La asociación para la innovación tendrá como finalidad el desarrollo de productos,  w.
servicios u obras innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras  51ww
raecsourldtaandtoess ,e snietrme plar ee qnutide acdo rcroensptroantadnatne  ay  llooss  npiavertliecsip daen treesn.dimiento y a los costes máximos
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incluir la fabricación de los productos, la prestación de los servicios o la realización de las
obras. La asociación para la innovación fijará unos objetivos intermedios que deberán 
alcanzar los socios, y proveerá el pago de la retribución en plazos adecuados.
A partir de dichos objetivos, la entidad contratante podrá decidir, al final de cada etapa, 
poner fin a la asociación para la innovación o, en el caso de una asociación para la 
innovación con varios socios, reducir el número de aquellos, siempre que la entidad 
contratante haya indicado en los pliegos de condiciones que puede hacer uso de estas 
posibilidades y las condiciones en que puede hacerlo.
8.  Salvo que se disponga otra cosa en el presente artículo, las entidades contratantes 
negociarán con los licitadores las ofertas iniciales y todas las ofertas ulteriores presentadas 
por estos, excepto la oferta definitiva, con el fin de mejorar su contenido.
No se negociarán los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación.
9.  Durante la negociación, las entidades contratantes velarán por que todos los 
licitadores reciban igual trato. Con ese fin las citadas entidades no facilitarán de forma 
discriminatoria información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con 
respecto a otros; e informarán por escrito a todos los licitadores cuyas ofertas no hayan 
sido eliminadas de conformidad con el apartado 10 siguiente, de todo cambio en las 
prescripciones técnicas u otra documentación de la contratación que no sea la que 
establece los requisitos mínimos. A raíz de tales cambios, las entidades contratantes darán 
a los licitadores tiempo suficiente para que puedan modificar y volver a presentar ofertas 
modificadas, según proceda.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, las entidades contratantes no 
revelarán a los demás participantes los datos confidenciales que les hayan sido 
comunicados por un candidato o licitador participante en la negociación sin el acuerdo 
previo de este. Este acuerdo no podrá adoptar la forma de una renuncia general, sino que 
deberá referirse a la comunicación intencionada de información específica.
10.  Las negociaciones durante los procedimientos de asociación para la innovación 
podrán desarrollarse en fases sucesivas, a fin de reducir el número de ofertas que haya 
que negociar, aplicando los criterios de adjudicación especificados en el anuncio que sirva 
como medio de convocatoria de licitación, o en los pliegos de condiciones. En el anuncio 
que sirva de convocatoria de licitación o en los pliegos de condiciones, la entidad 
contratante indicará si hará uso de esta opción.
11.  Al seleccionar a los candidatos, las entidades contratantes aplicarán, en particular, 
criterios relativos a la capacidad de los candidatos en los ámbitos de la investigación y el 
desarrollo, y del desarrollo y aplicación de soluciones innovadoras.
Solo podrán presentar proyectos de investigación e innovación destinados a responder 
a las necesidades señaladas por la entidad contratante, y que no puedan satisfacerse con 
las soluciones existentes, aquellos operadores económicos a los que invite la entidad 
contratante tras evaluar la información solicitada de conformidad con el apartado 1, cuando 
el medio de convocatoria hubiera sido un anuncio periódico indicativo o de licitación; o de 
conformidad con el artículo 40, cuando el medio de convocatoria hubiera sido un anuncio 
sobre la existencia de un sistema de clasificación.
12.  En los pliegos de condiciones, la entidad contratante definirá las disposiciones 
aplicables a los derechos de propiedad intelectual e industrial. En el caso de las 
asociaciones para la innovación con varios socios, la entidad contratante, de conformidad 
con el artículo 28, no revelará a los otros socios las soluciones propuestas u otros datos 
confidenciales que comunique un socio en el marco de la asociación sin el acuerdo de este 
último. Este acuerdo no podrá adoptar la forma de una renuncia general, sino que deberá 
referirse a la comunicación intencionada de información específica. es
13.  La entidad contratante velará por que la estructura de la asociación y, en  o
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TÍTULO V
Técnicas de racionalización de la contratación y concursos de proyectos
CAPÍTULO I
Técnicas de racionalización
Sección 1.ª  Centrales de compras
Artículo 88.  Actividades de compra centralizada y centrales de compras.
1.  Las entidades contratantes podrán adquirir obras, suministros o servicios a una 
central de compras que ofrezca la actividad de compra centralizada mencionada en el 
artículo 2.m).1.º
2.  Las entidades contratantes podrán adquirir obras, suministros o servicios bien 
recurriendo a contratos adjudicados por una central de compras, bien recurriendo a 
sistemas dinámicos de adquisición administrados por una central de compras, o bien 
recurriendo a un acuerdo marco celebrado por una central de compras que ofrezca la 
actividad de compra centralizada mencionada en el artículo 2.m).2.º
3.  Cuando un sistema dinámico de adquisición administrado por una central de 
compras pueda ser utilizado por otras entidades contratantes, ello se hará constar en la 
convocatoria de licitación del sistema dinámico de adquisición.
4.  Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.k), las entidades contratantes 
cumplirán las obligaciones que les impone el presente real decreto-ley en cualesquiera de 
los supuestos mencionados en los apartados 1 y 2 anteriores.
En especial, las entidades contratantes serán responsables del cumplimiento de las 
obligaciones que les impone el presente real decreto-ley en las partes que ejecuten ellas 
mismas, tales como:
a)  la adjudicación de un contrato mediante un sistema dinámico de adquisición que 
sea administrado por una central de compras, o
b)  la convocatoria de una nueva licitación con arreglo a un acuerdo marco que haya 
sido celebrado por una central de compras.
5.  Todos los procedimientos de licitación dirigidos por una central de compras se 
llevarán a cabo utilizando medios de comunicación electrónicos, de conformidad con los 
requisitos establecidos en el artículo 61.
Artículo 89.  Contratación conjunta esporádica.
1.  Dos o varias entidades contratantes podrán acordar la realización conjunta de 
determinadas contrataciones específicas.
2.  Cuando el desarrollo de un procedimiento de licitación en su totalidad se lleve a 
cabo en nombre y por cuenta de todas las entidades contratantes interesadas, estas 
tendrán la responsabilidad conjunta del cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente real decreto-ley. Ello se aplica también en aquellos casos en que una sola entidad 
contratante administre el procedimiento de licitación por cuenta propia y por cuenta de las 
demás entidades contratantes interesadas.
3.  Cuando el desarrollo de un procedimiento de licitación no se lleve a cabo en su  e.
totalidad en nombre y por cuenta de las entidades contratantes interesadas, estas solo  w.b
serán responsables de las partes llevadas a cabo conjuntamente. Cada entidad contratante  51ww
sleeyr ác olan  úreniscpae rcetosp ao nlassa pbaler tdeesl  qcuuem rpeliamlicieen ptoo dr es íl amsi sdmisap oys eicnio snue sp rdoepli op rneosmenbtree .real decreto-
Artículo 90.  Contratación con intervención de entidades contratantes de diferentes 
Estados miembros de la Unión Europea.
1.  Las entidades contratantes nacionales podrán actuar conjuntamente con entidades 
contratantes de otros Estados Miembros de la Unión Europea en la adjudicación de 
contratos en los términos previstos en el presente artículo.
2.  Las entidades contratantes no aplicarán lo dispuesto en este artículo con la 
intención de eludir la aplicación del presente real decreto-ley.
3.  Las entidades contratantes podrán recurrir a actividades de compra centralizadas 
que les sean ofrecidas por centrales de compras situadas en otro Estados miembros de la 
Unión Europea.
4.  La prestación de las actividades de compra centralizada por una central de 
compras situada en otro Estado miembro de la Unión Europea se llevará a cabo de 
conformidad con las disposiciones nacionales de ese Estado. Estas últimas asimismo se 
aplicarán a lo siguiente:
a)  A la adjudicación de un contrato mediante un sistema dinámico de adquisición, y
b)  a la convocatoria de una nueva licitación en virtud de un acuerdo marco.
5.  Varias entidades contratantes de diferentes Estados miembros de la Unión 
Europea podrán adjudicar conjuntamente un contrato, celebrar un acuerdo marco, 
administrar un sistema dinámico de adquisición o adjudicar contratos basados en estos 
acuerdos marco o en estos sistemas dinámicos de adquisición.
Con esta finalidad, y salvo acuerdo internacional celebrado entre los Estados miembros 
interesados que regule los elementos necesarios, las entidades contratantes participantes 
celebrarán un acuerdo que determine:
a)  Las responsabilidades de las partes y las correspondientes disposiciones 
nacionales que son de aplicación, y
b)  la organización interna del procedimiento de licitación, en particular: la gestión del 
procedimiento, la distribución de las obras, los suministros o los servicios que se vayan a 
adquirir y la celebración de los contratos.
Una entidad contratante participante cumplirá con las obligaciones que le impone el 
presente real decreto-ley cuando adquiera obras, suministros o servicios de una entidad 
contratante que sea responsable del procedimiento de licitación.
Cuando, de conformidad con la letra a) anterior, se determinen las responsabilidades 
y las disposiciones nacionales aplicables, las entidades contratantes participantes podrán 
optar por asignar responsabilidades específicas entre ellas y determinar las disposiciones 
aplicables de Derecho nacional de cualesquiera de sus respectivos Estados. La asignación 
de responsabilidades y las correspondientes disposiciones nacionales aplicables se 
indicarán en los pliegos de condiciones respecto de los contratos que se adjudicarán de 
forma conjunta.
6.  Cuando varias entidades contratantes de diferentes Estados miembros de la Unión 
Europea hayan constituido una entidad común, en particular una agrupación europea de 
cooperación territorial en virtud del Reglamento (CE) n.º 1082/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación europea de cooperación 
territorial (AECT), u otras entidades reguladas por el Derecho de la Unión Europea, las 
entidades contratantes participantes acordarán, mediante una decisión del órgano 
competente de la entidad común, las normas nacionales de contratación aplicables de uno  e.
de los siguientes Estados: w.b
la enat)i daLda cso dmisúpno steicnigoan essu  ndaocmioicnialiloe ss odceial El, sytado miembro de la Unión Europea en el que
la enbt)i dalda sc odmispúons lilceivoen eas c naabcoi osnuasl easc tdiveidl aEdsetasd.o miembro de la Unión Europea en el que
El acuerdo mencionado en el párrafo primero podrá aplicarse durante un período 
indeterminado, cuando esté incorporado en el acto de constitución de la entidad común, o 
bien limitarse a un período determinado, a determinados tipos de contratos o a uno o 
varios procedimientos de licitación específicos.
Artículo 91.  Contratos y acuerdos marco celebrados con las centrales de compras.
1.  Se considerará que las entidades contratantes que contraten la realización de 
obras, la adquisición de suministros o la prestación de servicios por medio de una central 
de compras, en los supuestos regulado en este real decreto-ley, han respetado las 
disposiciones de esta última siempre que la central de compras cumpla tales disposiciones 
o, en su caso, lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
2.  En ningún caso las entidades contratantes se considerarán incluidas dentro del 
ámbito subjetivo obligatorio del sistema estatal de contratación centralizada a que se 
refiere la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, sin perjuicio de la posibilidad de adhesión al 
mismo.
Sección 2.ª  Acuerdos marco
Artículo 92.  Acuerdos marco.
1.  Las entidades contratantes podrán celebrar acuerdos marco, a condición de que 
apliquen los procedimientos previstos en el presente real decreto-ley.
2.  A los efectos de este real decreto-ley por «acuerdo marco» se entenderá un 
acuerdo celebrado entre una o varias entidades contratantes y uno o varios operadores 
económicos, que tenga por objeto establecer los términos que deberán regir los contratos 
que se hayan de adjudicar en el transcurso de un período determinado, en particular por 
lo que respecta a los precios y, en su caso, a las cantidades previstas.
3.  La duración de un acuerdo marco no superará los ocho años, salvo en casos 
excepcionales debidamente justificados, en particular por el objeto del acuerdo marco.
4.  Los contratos basados en un acuerdo marco se adjudicarán con arreglo a normas y 
criterios objetivos, entre los que podrán figurar la convocatoria de una nueva licitación entre 
los operadores económicos que sean partes en el acuerdo marco celebrado. Estas normas 
y criterios se indicarán en los pliegos de condiciones del acuerdo marco, y garantizarán una 
igualdad de trato de los operadores económicos que sean parte del mismo.
Cuando se convoque una nueva licitación, las entidades contratantes fijarán un plazo 
suficientemente amplio para que puedan presentarse ofertas para cada contrato específico, 
y las mismas adjudicarán cada contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta en 
función de los criterios de adjudicación fijados en el pliego de condiciones del acuerdo marco.
5.  Las entidades contratantes no utilizarán los acuerdos marco de forma abusiva o 
de manera que la competencia se vea obstaculizada, restringida o distorsionada.
Sección 3.ª  Sistemas dinámicos de adquisición
Artículo 93.  Delimitación.
1.  Las entidades contratantes podrán articular sistemas dinámicos de adquisición de 
obras, servicios y suministros de uso corriente cuyas características, generalmente 
disponibles en el mercado, satisfagan sus necesidades. e.e
2.  El sistema dinámico de adquisición es un proceso totalmente electrónico, con una  b
duración limitada y determinada en los pliegos de condiciones, y debe estar abierto durante  51ww
tsoedleoc eciló pne.ríodo de vigencia a cualquier empresa interesada que cumpla los criterios de
cate3g.o ríLaass d eenfitnididaadse os bcjoentitvraamtaenntetes  dpeo dprráond uacrttiocsu,l aorb erla ssi sot esmerav idciinoás.mico de adquisición en
A los efectos del párrafo anterior se entenderá que son criterios objetivos válidos para 
definir las categorías, entre otros, el volumen máximo admisible de contratos que la entidad 
contratante prevea adjudicar en el marco del sistema, o la zona geográfica específica 
donde vayan a ejecutarse estos contratos específicos.
4.  Las entidades contratantes no podrán recurrir a este sistema de manera que la 
competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.
Artículo 94.  Reglas aplicables a los sistemas dinámicos de adquisición.
1.  Para contratar en el marco de un sistema dinámico de adquisición las entidades 
contratantes seguirán las normas del procedimiento restringido, con las especialidades 
que se establecen en este capítulo.
2.  Serán admitidos en el sistema todos los solicitantes que cumplan los criterios de 
selección, sin que pueda limitarse el número de candidatos admisibles en el sistema.
3.  Cuando las entidades contratantes hayan dividido el sistema en categorías de 
productos, obras o servicios conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, especificarán 
los criterios de selección que se apliquen a cada categoría.
4.  Todas las comunicaciones que se realicen en el contexto de un sistema dinámico 
de adquisición se harán utilizando únicamente medios electrónicos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 61.
5.  Con carácter previo a la licitación, en el marco de un sistema dinámico de 
adquisición, de contratos específicos, las entidades contratantes deberán:
a)  Publicar una convocatoria de licitación en la cual se precise que se trata de un 
sistema dinámico de adquisición y el período de vigencia del mismo.
b)  Indicar en los pliegos de condiciones, al menos, la naturaleza y la cantidad 
estimada de compras previstas, así como la información necesaria relativa al sistema 
dinámico de adquisición, en particular el modo de funcionamiento del mismo, el equipo 
electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas de conexión.
c)  Indicar toda división en categorías de productos, obras o servicios y las 
características que definen dichas categorías.
d)  Ofrecer un acceso libre, directo y completo, durante todo el período de vigencia 
del sistema, a los pliegos de condiciones, de conformidad con lo dispuesto en este real 
decreto-ley.
6.  La participación en el sistema será gratuita para las empresas, a las que no se 
podrá cargar ningún gasto.
7.  Las entidades contratantes informarán a la Comisión Europea de cualquier cambio 
del periodo de vigencia establecido en la convocatoria de licitación utilizando los siguientes 
formularios normalizados:
a)  El formulario utilizado inicialmente para la convocatoria de licitación, cuando el 
período de validez se modifique durante la vigencia del sistema.
b)  El formulario del anuncio de formalización del contrato, cuando hubiere finalizado 
el periodo de vigencia del sistema.
Artículo 95.  Incorporación de empresas al sistema.
1.  Durante todo el período de vigencia del sistema dinámico de adquisición, cualquier  s
empresario interesado podrá solicitar participar en el sistema en las condiciones expuestas  oe.
en el artículo anterior. w.
2.  El plazo mínimo general para la presentación de las solicitudes de participación  51ww
scoenráv odcea ttoreriian tdae d líicaista, ccióonn taa dloa sO afi cpinaart idr ed eP ulab lficeacchiao ndeesl  deen vlaío  Udneiól na nEuunrcoipoe qau; ee ns inrvinag dúen 
ceansvoia deast ela  pinlavzitoa cpióond reás scerirt ain afe loriso rc aa nqduidinacteo sd píaasr.a  Nlao  pproimderára a cmopnltiraartsaec ieósnt ee spplaezcoíf iucan ae nv eezl   BOE-A-cable e
marco del sistema dinámico de adquisición.
3.  Las entidades contratantes evaluarán estas solicitudes de participación, de 
conformidad con los criterios de selección, en el plazo de los diez días hábiles siguientes 
a su recepción.
Dicho plazo podrá prorrogarse a quince días hábiles en casos concretos justificados, 
en particular si es necesario examinar documentación complementaria o verificar de otro 
modo si se cumplen los criterios de selección.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, mientras la invitación a licitar para la 
primera contratación específica en el marco del sistema dinámico de adquisición no haya 
sido enviada, la entidad contratante podrá ampliar nuevamente el plazo de evaluación. 
Durante este tiempo destinado a la evaluación de las solicitudes, la entidad contratante no 
podrá enviar ninguna invitación para la presentación de ofertas.
Las entidades contratantes deberán indicar en los pliegos de condiciones si hay 
posibilidad de prórroga del plazo a que se refiere este apartado y, en caso afirmativo, su 
duración.
4.  Las entidades contratantes informarán lo antes posible a la empresa que solicitó 
adherirse al sistema dinámico de adquisición de si ha sido admitida o no.
5.  Cuando los candidatos hubieran acreditado el cumplimiento de los criterios de 
selección mediante la presentación de la declaración responsable a que se refiere el 
artículo 57 del presente real decreto-ley, las entidades contratantes podrán exigirles en 
cualquier momento del período de vigencia del sistema dinámico de adquisición que 
presenten una nueva declaración responsable renovada y actualizada. La misma deberá 
ser aportada por el candidato dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la 
fecha del envío del requerimiento.
Durante todo el período de vigencia del sistema dinámico de adquisición será de 
aplicación el apartado 9 del artículo 57.
Artículo 96.  Adjudicación de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico 
de adquisición.
1.  Cada contrato que se pretenda adjudicar en el marco de un sistema dinámico de 
adquisición deberá ser objeto de una licitación.
2.  Las entidades contratantes invitarán a todas las empresas que hubieran sido 
previamente admitidas al sistema dinámico de adquisición a presentar una oferta en cada 
licitación que se celebre en el marco de dicho sistema, con sujeción a lo dispuesto en el 
artículo 63.
Cuando el sistema dinámico de adquisición se hubiera articulado en varias categorías 
de productos, obras o servicios, las entidades contratantes invitarán a todas las empresas 
que previamente hubieran sido admitidas en la categoría correspondiente.
3.  El plazo mínimo para la presentación de ofertas será de diez días, contados a 
partir de la fecha de envío de la invitación escrita a presentar ofertas.
4.  Las entidades contratantes adjudicarán el contrato específico al licitador que 
hubiera presentado la mejor oferta, de acuerdo con los criterios de adjudicación detallados 
en el anuncio de licitación para el sistema dinámico de adquisición o, en el caso de que el 
medio de convocatoria de la licitación sea un anuncio sobre la existencia de un sistema de 
clasificación, en la invitación a licitar. Cuando proceda, estos criterios podrán formularse 
con más precisión en la invitación a licitar. Se considerarán irregulares o inaceptables las 
ofertas que no se ajusten a lo previsto en los pliegos; aquellas que se hayan presentado 
fuera de plazo; las que muestren indicios de colusión o corrupción; las que hayan sido  s
consideradas anormalmente bajas por la entidad contratante; o aquellas cuyo precio  oe.
supere el presupuesto base de licitación o documento equivalente. w.
Sección 4.ª  Subastas electrónicas y catálogos electrónicos
Artículo 97.  Subastas electrónicas.
1.  A efectos de la adjudicación del contrato podrá celebrarse una subasta electrónica, 
articulada como un proceso electrónico repetitivo, que tiene lugar tras una primera 
evaluación completa de las ofertas, para la presentación de mejoras en los precios o de 
nuevos valores relativos a determinados elementos de las ofertas que las mejoren en su 
conjunto, basado en un dispositivo electrónico que permita su clasificación a través de 
métodos de evaluación automatizados, debiendo velarse por que el mismo permita un 
acceso no discriminatorio y disponible de forma general, así como el registro inalterable de 
todas las participaciones en el proceso de subasta.
2.  La subasta electrónica podrá emplearse en los procedimientos abiertos, en los 
restringidos y en los de licitación con negociación, siempre que las especificaciones del 
contrato que deba adjudicarse puedan establecerse de manera precisa en los pliegos de 
condiciones y que las prestaciones que constituyen su objeto no tengan carácter 
intelectual, como los servicios de ingeniería, consultoría y arquitectura. No podrá recurrirse 
a las subastas electrónicas de forma abusiva o de modo que se obstaculice, restrinja o 
falsee la competencia o que se vea modificado el objeto del contrato.
En las mismas circunstancias podrá utilizarse la subasta electrónica cuando se 
convoque a una nueva licitación a las partes en un acuerdo marco con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 92 o se convoque una licitación en el marco del sistema dinámico 
de adquisición contemplado en el artículo 93.
3.  La subasta electrónica se basará en uno de los siguientes criterios:
a)  Únicamente en los precios, cuando el contrato se adjudique atendiendo 
exclusivamente al precio,
b)  o bien en los precios y en los nuevos valores de los elementos objetivos de la 
oferta que sean cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o en porcentajes, 
cuando el contrato se adjudique basándose en varios criterios de adjudicación.
4.  Las entidades contratantes que decidan recurrir a una subasta electrónica deberán 
indicarlo en el anuncio que sirva de convocatoria de licitación o, cuando un anuncio sobre 
la existencia de un sistema de clasificación sirva de convocatoria de la licitación, en la 
invitación a licitar, e incluir en el pliego de condiciones, como mínimo, la siguiente 
información:
a)  Los elementos objetivos a cuyos valores se refiera la subasta electrónica;
b)  en su caso, los límites de los valores que podrán presentarse, tal como resulten de 
las especificaciones relativas al objeto del contrato;
c)  la información que se pondrá a disposición de los licitadores durante la subasta 
electrónica y, cuando proceda, el momento en que se facilitará;
d)  la forma en que se desarrollará la subasta;
e)  las condiciones en que los licitadores podrán pujar y, en particular, las mejoras 
mínimas que se exigirán, en su caso, para cada puja;
f)  el dispositivo electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas 
de conexión.
5.  Antes de proceder a la subasta electrónica, la entidad contratante efectuará una 
primera evaluación completa de las ofertas de conformidad con los criterios de adjudicación  e.
y, a continuación, invitará simultáneamente, por medios electrónicos, a todos los licitadores  w.b
que hayan presentado ofertas admisibles a que participen en la subasta electrónica. 51ww
no hUanyaa  osifdeort ae xscel uciodnos yid qeuraer ácu amdmplais ilbolse  ccruitaenridoos  hdaey sae sleidcoc iópnre, sye cnutaydaa o pfeorrt au ns eliac itcaodnofor rqmuee 
con las prescripciones técnicas sin que sea irregular o inaceptable, ni inadecuada.
Se considerarán irregulares, en particular, las ofertas que no cumplan con lo dispuesto 
en los pliegos de condiciones, las que se hayan recibido fuera de plazo o que hayan sido 
consideradas anormalmente bajas por la entidad contratante.
Se considerarán inaceptables, en particular, las ofertas que no posean la cualificación 
requerida, y las ofertas cuyo precio rebase el presupuesto de la entidad contratante 
siempre y cuando el mismo se hubiere determinado y documentado antes del inicio del 
procedimiento de licitación.
Se considerará que una oferta o una solicitud de participación no son adecuadas 
cuando se den las circunstancias que establece el artículo 85.1.a), en sus párrafos 2.º y 3.º.
6.  La invitación incluirá toda la información pertinente para la conexión individual al 
dispositivo electrónico utilizado y precisará la fecha y la hora de comienzo de la subasta 
electrónica.
Igualmente se indicará en la invitación el resultado de la evaluación completa de la 
oferta del licitador de que se trate y la fórmula matemática que se utilizará para la 
reclasificación automática de las ofertas en función de los nuevos precios, revisados a la 
baja, o de los nuevos valores, que mejoren la oferta, que se presenten.
Excepto en el supuesto de que la mejor oferta se determine sobre la base del precio 
exclusivamente, esta fórmula incorporará la ponderación de todos los criterios fijados para 
determinar la oferta económicamente más ventajosa, tal como se haya indicado en el 
anuncio utilizado como medio de convocatoria de licitación o en la invitación inicialmente 
enviada a los candidatos seleccionados y en el pliego de condiciones, para lo cual, las 
eventuales bandas de valores deberán expresarse previamente con un valor determinado.
En caso de que se autorice la presentación de variantes, se proporcionará una fórmula 
para cada una de ellas.
7.  Entre la fecha de envío de las invitaciones y el comienzo de la subasta electrónica 
habrán de transcurrir, al menos, dos días hábiles.
8.  La subasta electrónica podrá desarrollarse en varias fases sucesivas.
A lo largo de cada fase de la subasta, y de forma continua e instantánea, se comunicará 
a los licitadores, como mínimo, la información que les permita conocer su respectiva 
clasificación en cada momento.
Adicionalmente, se podrán facilitar otros datos relativos a los precios o valores 
presentados por los restantes licitadores, siempre que ello esté contemplado en el pliego 
de condiciones, y anunciarse el número de los que están participando en la correspondiente 
fase de la subasta, sin que en ningún caso pueda divulgarse su identidad.
9.  El cierre de la subasta se fijará por referencia a uno o varios de los siguientes 
criterios:
a)  Mediante el señalamiento de una fecha y hora concretas, que deberán ser 
indicadas en la invitación a participar en la subasta.
b)  Atendiendo a la falta de presentación de nuevos precios o de nuevos valores que 
cumplan los requisitos establecidos en relación con la formulación de mejoras mínimas.
De utilizarse esta referencia, en la invitación a participar en la subasta se especificará 
el plazo que deberá transcurrir a partir de la recepción de la última puja antes de declarar 
su cierre.
c)  Por finalización del número de fases establecido en la invitación a participar en 
la subasta. Cuando el cierre de la subasta deba producirse aplicando este criterio, la 
invitación a participar en la misma indicará el calendario a observar en cada una de 
sus fases. s
10.  Una vez concluida la subasta electrónica, el contrato se adjudicará de  w.b
conformidad con lo establecido en el artículo 72, en función de sus resultados. 51ww
relac1i1ó.n  cNoon  slae  caadlijduaddic aarliámne mnteadriiaa.nte subasta electrónica los contratos cuyo objeto tenga
Artículo 98.  Catálogos electrónicos.
1.  Cuando sea necesario el uso de medios de comunicación electrónicos, las 
entidades contratantes podrán exigir que las ofertas se presenten en forma de catálogo 
electrónico o que incluyan un catálogo electrónico.
Las ofertas presentadas en forma de catálogo electrónico podrán ir acompañadas de 
otros documentos que las completen.
2.  Los catálogos electrónicos serán elaborados por los candidatos o licitadores para 
participar en un procedimiento de licitación de conformidad con las especificaciones 
técnicas y el formato establecidos por la entidad contratante.
Además, los catálogos electrónicos deberán cumplir los requisitos aplicables a las 
herramientas de comunicación electrónicas, así como cualquier otro establecido por la 
entidad contratante de conformidad con el artículo 61.
3.  Cuando se acepte o se exija la presentación de las ofertas en forma de catálogo 
electrónico, las entidades contratantes:
a)  Lo harán constar en el anuncio que sirva de convocatoria de licitación o, en caso 
de que el medio de convocatoria de licitación sea un anuncio sobre la existencia de un 
sistema de clasificación, en la invitación a licitar o a negociar;
b)  indicarán en los pliegos de condiciones toda la información necesaria, de 
conformidad con el artículo 61, en relación con el formato, el equipo electrónico utilizado y 
las modalidades y especificaciones técnicas de conexión.
4.  Cuando se haya celebrado un acuerdo marco con varios operadores económicos 
tras la presentación de ofertas en forma de catálogos electrónicos, las entidades 
contratantes podrán disponer que las nuevas licitaciones que se convoquen para la 
adjudicación de contratos específicos se basen en catálogos actualizados. En este caso, 
las entidades contratantes deberán utilizar uno de los siguientes métodos:
a)  Bien invitar a los licitadores a que vuelvan a presentar sus catálogos electrónicos, 
adaptados a los requisitos del contrato específico;
b)  o bien notificar a los licitadores su intención de obtener, a partir de los catálogos 
electrónicos ya presentados, la información necesaria para constituir ofertas adaptadas a 
los requisitos del contrato en cuestión, siempre que el uso de este método haya sido 
anunciado en los pliegos de condiciones del acuerdo marco.
5.  Cuando las entidades contratantes convoquen nuevas licitaciones para contratos 
específicos de conformidad con el apartado 4, letra b), notificarán a los licitadores la fecha 
y la hora en las que prevén recopilar la información necesaria para constituir ofertas 
adaptadas a los requisitos del contrato específico en cuestión, y ofrecerán a los licitadores 
la posibilidad de negarse a que se realice dicha recopilación de información.
Las entidades contratantes establecerán un lapso de tiempo adecuado entre la 
notificación y la recopilación efectiva de la información.
Antes de adjudicar el contrato, las entidades contratantes presentarán la información 
recopilada al licitador interesado, a fin de darle la oportunidad de impugnar o confirmar que 
la oferta así constituida no contiene ningún error material.
6.  Las entidades contratantes podrán adjudicar contratos basados en un sistema 
dinámico de adquisición exigiendo que las ofertas de un contrato específico se presenten 
en forma de catálogo electrónico.
Asimismo, las entidades contratantes podrán adjudicar contratos basados en un  e.
sistema dinámico de adquisición conforme a lo dispuesto en el apartado 4, letra b), y en el  w.b
apartado 5, siempre que la solicitud de participación en el sistema dinámico de adquisición  51ww
vtéacynai caacso my pealñ afodram daeto u ne sctaatbálleocgiod oesl epctorró nlaic oe ndteid caodn fcoormntirdaatda nctoen.  Elasst ee scpaetcáilfoicgaoc iosneerás 
ceonmtidpaledt acdoon tpraotsatnetreio rdme ecnotnes ptiotur ilro lsa csa onfdeirdtaasto ms,e cduiaanndteo  esle p lreosc iendfoimrmieen tdoe  elas tianbtelencciidóon  edne  leal 
apartado 4, letra b).
CAPÍTULO II
Concursos de proyectos
Artículo 99.  Organización del concurso de proyectos.
1.  Las normas relativas a la organización de un concurso de proyectos se 
establecerán de conformidad con los requisitos del presente Capítulo y se pondrán a 
disposición de quienes estén interesados en participar en el concurso.
2.  En el caso de que se admitieran premios o pagos, las bases del concurso deberán 
indicar, según el caso, la cantidad fija que se abonará en concepto de premios o bien en 
concepto de compensación por los gastos en que hubieren incurrido los participantes.
3.  En los concursos de proyectos, la valoración de las propuestas se referirá a la 
calidad de las mismas, y sus valores técnicos, funcionales, arquitectónicos, culturales y 
medioambientales.
Artículo 100.  Número de participantes.
Al fijar el número de candidatos invitados a participar en los concursos de proyectos, 
se deberá tener en cuenta la necesidad de garantizar una verdadera competencia, sin que 
el acceso a la participación pueda ser limitado a un determinado ámbito territorial o a 
personas físicas con exclusión de las jurídicas o a la inversa. En todo caso, si el número 
de participantes es reducido, su selección se llevará a cabo mediante criterios objetivos, 
claros y no discriminatorios.
Artículo 101.  Ámbito de aplicación del concurso de proyectos.
1.  Las normas del presente Capítulo se aplicarán a los concursos de proyectos que 
respondan a uno de los tipos siguientes:
a)  Concursos de proyectos organizados en el marco de un procedimiento de 
adjudicación de un contrato de servicios, en los que eventualmente se podrán conceder 
premios o pagos.
b)  El contrato de servicios que resulte del concurso de proyectos además también 
podrá tener por objeto la dirección facultativa de las obras correspondientes, siempre y 
cuando así se indique en el anuncio de licitación del concurso.
c)  Concursos de proyectos con premios o pagos a los participantes.
2.  Lo dispuesto en el presente Capítulo se aplicará a los concursos de proyectos 
organizados en el marco de un procedimiento de adjudicación de contratos de servicios 
cuyo valor estimado, excluido el IVA, sea igual o superior al umbral establecido en el 
artículo 1.1.b) de este real decreto-ley.
3.  Lo dispuesto en el presente Capítulo se aplicará a todos los casos de concursos 
de proyectos cuando el importe total de los premios y pagos a los participantes, incluido el 
valor estimado, IVA excluido, del contrato de servicios que pudiera adjudicarse 
ulteriormente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 85.1.j) relativo al procedimiento 
negociado sin publicidad, si la entidad contratante no excluyese dicha adjudicación en el 
anuncio de concurso, sea igual o superior al umbral establecido en el artículo 1.1.b) de 
este real decreto-ley.
4.  El contrato de servicios que resulte del concurso de proyectos además también  es
podrá tener por objeto la dirección facultativa de las obras correspondientes, siempre y  bo
cuando así se indique en el anuncio de licitación del concurso. 51ww
rcaeondmtea5prc.ilc oeirójeCidnsu a,d adaen   ydlp,oo rsco e uytlare aoncbbtdoajeosjto  osas er dqc ecuolo imtcneoptcrnlteaótrmtnaeietncon o ctdsao,e rn diosjeues n rivnytai gcameio nelsaine  qtrdeíuia reec  yocs cneui  róvlbanaa  ynrdaeies da mal aacoscd  qijoóuubnder i cadraseer,v   lsilosaetssa  r npee frneioetsiyrdpaeae cadct oeilaassl     OE-A-2020-16able en https://
contratantes deberán aplicar las normas de este capítulo.
Artículo 102.  Publicidad del concurso de proyectos.
1.  Las entidades contratantes que deseen organizar un concurso de proyectos 
convocarán la licitación mediante un anuncio de concurso de proyectos que se publicará en 
el «Diario Oficial de la Unión Europea» de conformidad con lo establecido en el artículo 80. 
Las entidades contratantes podrán además publicar esta información en su perfil de 
contratante.
Cuando las entidades contratantes deseen adjudicar un contrato de servicios ulterior 
mediante un procedimiento negociado sin publicidad, deberán indicarlo así en el anuncio 
de concurso de proyectos.
Dicha convocatoria de licitación incluirá la información mencionada en el anexo IX con 
arreglo al formulario normalizado.
2.  Las entidades contratantes que hayan organizado un concurso de proyectos darán 
a conocer los resultados en un anuncio que publicarán en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» con arreglo al formulario normalizado según consta en el anexo IX.
Las entidades contratantes podrán, además, publicar esta información en su perfil de 
contratante.
3.  Las entidades contratantes podrán no publicar aquella información relativa al 
resultado del concurso de proyectos cuya divulgación dificulte la aplicación del real 
decreto-ley, sea contraria al interés público, perjudique los intereses comerciales legítimos 
de determinados operadores públicos o privados, o pueda perjudicar la competencia leal 
entre operadores económicos.
4.  El anuncio sobre el resultado de un concurso de proyectos se transmitirá y publicará 
por la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 80, en un plazo de treinta días después de la conclusión del concurso.
Artículo 103.  Comunicaciones en los concursos de proyectos.
1.  Serán aplicables las reglas generales contenidas en el artículo 61 a todas las 
comunicaciones relativas a los concursos de proyectos.
2.  Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de información se 
realizarán de modo que se garantice la protección de la integridad y la confidencialidad de 
cualquier información transmitida por los participantes en el concurso de proyectos y de 
forma que el jurado no conozca el contenido de los planos y proyectos hasta que expire el 
plazo previsto para su presentación.
Artículo 104.  Jurado del concurso de proyectos.
1.  El jurado estará compuesto exclusivamente por personas físicas sin ninguna 
vinculación con los participantes en los concursos de proyectos.
2.  En aquellos casos en que se exija una cualificación profesional específica para 
participar en el concurso, al menos dos tercios de los miembros del jurado deberán poseer 
la misma cualificación u otra equivalente.
3.  El jurado adoptará sus decisiones o dictámenes con total independencia, sobre la 
base de proyectos que le serán presentados de forma anónima y atendiendo únicamente 
a los criterios indicados en el anuncio de concurso de proyectos.
4.  El jurado tendrá autonomía de decisión o de dictamen.
5.  El jurado hará constar en un informe, firmado por sus miembros, la clasificación de 
los proyectos, teniendo en cuenta los méritos de cada proyecto, junto con sus  es
observaciones y cualesquiera aspectos que requieran aclaración. o
6.  Deberá respetarse el anonimato de los participantes en el concurso hasta que el  51www.
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participantes.
TÍTULO VI
Ejecución y extinción de los contratos
CAPÍTULO I
De la ejecución del contrato
Artículo 105.  Condiciones de ejecución del contrato de carácter social, ético, 
medioambiental o de otro orden.
1.  Las entidades contratantes deberán establecer alguna condición especial relativa 
a la ejecución del contrato siempre que estén relacionados con el objeto del contrato, en 
el sentido establecido en el artículo 66.6, sean compatibles con el Derecho de la Unión 
Europea, y se indiquen en el anuncio utilizado como medio de convocatoria de licitación o 
en el pliego de condiciones.
En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de condiciones de tipo 
medioambiental o de tipo social pudiendo incluirse también condiciones referidas a 
consideraciones económicas relacionadas con la innovación.
2.  Las condiciones que regulen la ejecución de un contrato podrán referirse, en 
especial, a consideraciones económicas relacionadas con la innovación, de tipo 
medioambiental o de tipo social.
En particular, se podrán establecer, entre otras, consideraciones de tipo medioambiental 
que persigan: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88 de la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; la prevención y reducción de la 
contaminación atmosférica según establece el artículo 23 de la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, el mantenimiento o mejora de 
los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato; 
una gestión más sostenible del agua; el fomento del uso de las energías renovables; la 
promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables; o el impulso de la 
entrega de productos a granel y la producción ecológica.
Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podrán introducirse, entre 
otras, con alguna de las siguientes finalidades: hacer efectivos los derechos reconocidos 
en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad; contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la 
legislación nacional; promover el empleo de personas con especiales dificultades de 
inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en 
situación o riesgo de exclusión social a través de Empresas de Inserción; eliminar las 
desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de 
medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la 
mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida 
familiar; combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga 
duración; favorecer la formación en el lugar de trabajo; garantizar la seguridad y la 
protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos 
sectoriales y territoriales aplicables; medidas para prevenir la siniestralidad laboral; otras 
finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, 
definida en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; o garantizar 
el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante  s
la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización  oe.
Internacional del Trabajo, incluidas aquellas consideraciones que busquen favorecer a los  w.
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3.  En el pliego o en el contrato se podrán establecer penalidades para el caso de
incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuírseles el carácter de  Bc
obligaciones contractuales esenciales.
4.  Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.
Artículo 106.  Obligaciones relativas a las disposiciones en materia fiscal, de protección 
del medio ambiente, del empleo y de condiciones de trabajo y de contratar a un 
porcentaje específico de personas con discapacidad.
1.  La entidad contratante podrá señalar en el pliego de condiciones, el organismo u 
organismos de los que los candidatos o los licitadores pueden obtener la información 
pertinente sobre obligaciones fiscales, de protección del medio ambiente, y las disposiciones 
vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo 
y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, 
y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con 
discapacidad que estén vigentes en el Estado, en la Comunidad Autónoma y en la localidad 
en que vayan a realizarse las prestaciones y que serán aplicables a las obras realizadas o 
a los servicios prestados durante la ejecución del contrato.
2.  La entidad contratante que facilite la información a que se refiere el apartado 1 
solicitará a los licitadores o candidatos a una licitación que indiquen que en la elaboración 
de su oferta han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes 
en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad 
de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral 
de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje 
específico de personas con discapacidad, y protección del medio ambiente.
3.  Lo dispuesto en el apartado 1 no obstará la aplicación de lo dispuesto en el artículo 69 
sobre verificación de las ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados.
4.  Independientemente de lo dispuesto en este artículo las entidades contratantes 
cumplirán con las obligaciones establecidas en el artículo 27.4.
Artículo 107.  Subcontratación.
1.  El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con 
sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en la letra d) del 
apartado 2 de este artículo, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada 
directamente por el primero.
En ningún caso la prohibición de subcontratación podrá suponer que se produzca una 
restricción efectiva de la competencia.
2.  La celebración de las subcontratas estará sometida al cumplimiento de los 
siguientes requisitos:
a)  Si así se prevé en los pliegos de condiciones, los licitadores deberán indicar en la 
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el 
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a los criterios de selección cualitativa 
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
b)  En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, a la entidad contratante la 
intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por 
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y  es
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones de  o
contratar que establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 51www.
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después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente.
c)  Si los pliegos de condiciones hubiesen impuesto a los licitadores la obligación de 
comunicar las circunstancias señaladas en la letra a) del presente apartado, los 
subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios 
distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la 
prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran 
veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a 
que se refiere la letra b) de este apartado, siempre que la entidad contratante no hubiese 
notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente 
aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la 
descripción de su perfil profesional. Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos 
podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su 
celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
d)  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3, segundo párrafo, en los 
contratos de obras, los contratos de servicios o los servicios o trabajos de colocación o 
instalación en el contexto de un contrato de suministro, las entidades contratantes podrán 
establecer en los pliegos que determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de 
subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. 
La determinación de las tareas críticas deberá ser objeto de justificación en la 
documentación preparatoria de la contratación.
3.  La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder 
a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de 
las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente 
la subcontratación, podrá dar lugar, cuando así se hubiera previsto en los pliegos de 
condiciones, a alguna de las siguientes consecuencias:
a)  La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe 
del subcontrato.
b)  La resolución del contrato.
4.  Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la entidad 
contratante, con arreglo estricto a los pliegos de condiciones y a los términos del contrato, 
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a 
que se refiere el artículo 27.4.
El conocimiento que tenga la entidad contratante de los subcontratos celebrados en 
virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 de este 
artículo no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
5.  En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del 
contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
o con personas incursas en prohibición de contratar de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre.
6.  El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
7.  Los subcontratos tendrán en todo caso naturaleza privada.
8.  Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional séptima, cuando la  es
entidad contratante sea una entidad perteneciente al Sector Público los subcontratistas no  bo
tendrán acción directa frente a la primera por las obligaciones contraídas con ellos por el  51ww
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precio pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuación.
2.  Los plazos fijados no podrán ser más desfavorables que los previstos en 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. En los contratos adjudicados por las entidades 
contratantes que sean poderes adjudicadores a que se refiere el artículo 5.2.b), los plazos 
se computarán desde la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes 
o servicios por el contratista principal, siempre que el subcontratista o el suministrador 
hayan entregado la factura en los plazos legalmente establecidos. En tales casos, la 
aceptación deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta días desde la entrega de los 
bienes o la prestación del servicio. Dentro del mismo plazo deberán formularse, en su 
caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en 
dicho plazo, se entenderá que se han aceptado los bienes o verificado de conformidad la 
prestación de los servicios.
3.  El contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo 
previsto en el apartado 2. En caso de demora en el pago, el subcontratista o el 
suministrador tendrá derecho al cobro de los intereses de demora y la indemnización por 
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.
4.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 69 bis del Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, sobre 
la remisión electrónica de los registros de facturación, los subcontratistas que se 
encuentren en los supuestos establecidos en el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 25/2013, 
de 27 de diciembre, de impulso a la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas del sector público, deberán utilizar en su relación con el contratista principal la 
factura electrónica, cuando el importe de la misma supere los 5.000 euros, que deberán 
presentar al contratista principal a través del Registro a que se refiere el apartado 3 de la 
disposición adicional trigésima segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, a partir de 
la fecha prevista en dicha disposición.
En supuestos distintos de los anteriores, será facultativo para los subcontratistas la 
utilización de la factura electrónica y su presentación en el Registro referido en el apartado 3.º 
de la disposición adicional trigésima segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
La cuantía de 5.000 euros se podrá modificar mediante Orden del Ministro de 
Hacienda.
5.  Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su 
adquisición, a los derechos que tengan reconocidos por este artículo, sin que sea de 
aplicación a este respecto el artículo 1.110 del Código Civil.
6.  Las entidades contratantes podrán comprobar el estricto cumplimiento de los 
pagos que los contratistas principales han de hacer a los subcontratistas o suministradores 
que participen en la ejecución del contrato. Con este fin los contratistas adjudicatarios 
remitirán al ente público contratante, cuando este lo solicite, la información y justificantes 
que se indican en el párrafo siguiente. Estas obligaciones, que en todo caso se incluirán 
en el anuncio que sirva como medio de convocatoria de la licitación y en los 
correspondientes pliegos o en los contratos, se considerarán condiciones especiales de 
ejecución, cuyo incumplimiento conllevará la imposición de penalidades en los términos 
indicados en el artículo 105.3, respondiendo de ellas la garantía que en su caso se hubiese 
constituido.
El requerimiento de información y justificantes a que se refiere el párrafo anterior podrá 
comprender:
a)  Una relación detallada de aquellos subcontratistas que participen en la ejecución  s
del contrato. e.
b)  Las condiciones de subcontratación o suministro acordadas por el contratista  w.
principal con los subcontratistas o suministradores y que guarden una relación directa con  51ww
el plca)z o Edle  jupsatgifoic.ante o justificantes de cumplimiento de los pagos a subcontratistas y
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establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo 
que le resulte de aplicación.
7.  Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el 
incumplimiento previstas en el apartado 6, serán obligatorias para las entidades 
contratantes pertenecientes al Sector Público, en los contratos de obras y en los contratos 
de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de 
la subcontratación sea igual o superior al 30 % del precio del contrato, en relación a los 
pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal 
el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.
Mediante Orden del Ministro de Hacienda, a propuesta de la Oficina Independiente de 
Regulación y Supervisión de la Contratación a que se refiere el artículo 126.3, previo 
informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá ampliarse 
el ámbito de los contratos en los que estas actuaciones de comprobación e imposición de 
penalidades previstas en el apartado 6 sean obligatorias
CAPÍTULO II
De la modificación de los contratos
Artículo 109.  Supuestos de modificación.
1.  Los contratos celebrados por las entidades contratantes solo podrán modificarse 
durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
a)  Cuando así se haya previsto en los pliegos de condiciones en los términos y 
condiciones establecidos en el artículo 110.
b)  Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté 
prevista en el pliego de condiciones, siempre y cuando se cumplan las condiciones que 
establece el artículo 111.
En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se 
ejecutase en forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la 
celebración de otro bajo las condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y 
sustanciación de una nueva licitación pública de conformidad con lo establecido en este 
real decreto-ley.
2.  Todas las menciones a los contratos contenidos en este Capítulo se entenderán 
también hechas a los acuerdos marco.
Artículo 110.  Modificaciones previstas en el pliego de condiciones.
1.  Los contratos de las entidades contratantes podrán modificarse durante su 
vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando, en los pliegos de 
condiciones se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el 
contenido siguiente:
a)  La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e 
inequívoca.
b)  Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá 
precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que  es
podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda  o
verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la  51www.
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de la misma forma y que, por otra parte, permita a la entidad contratante comprobar
efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de aptitud 
exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos.
2.  En ningún caso las entidades contratantes podrán prever en el pliego de 
condiciones modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. En 
todo caso se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o los 
servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica de manera fundamental 
el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando 
se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.
Artículo 111.  Modificaciones no previstas en el pliego de condiciones.
1.  Las modificaciones no previstas en el pliego de condiciones o que, habiendo sido 
previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse 
cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:
a)  Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el 
apartado 2 de este artículo.
b)  Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.
2.  Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, 
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado 1 de este 
artículo, son los siguientes:
a)  Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los 
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:
1.º  Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o 
técnico, por ejemplo que obligara a la entidad contratante a adquirir obras, servicios o 
suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando 
estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de 
mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista 
generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para la entidad 
contratante.
En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar 
una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.
2.º  Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este 
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.
b)  Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del 
contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
1.º  Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que un gestor 
diligente no hubiera podido prever.
2.º  Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
3.º  Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este 
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. s
c)  Cuando un nuevo contratista sustituya al elegido en un principio como adjudicatario  w.
por la entidad contratante como consecuencia de alguna de las siguientes circunstancias: 51ww
1.º  Habérsele otorgado ese derecho en base a una disposición general, un derecho
ddee  ocopncifóonrm oi duanda  ccolánu lsou dlais dpeu eresvtois eiónn  einl eaqrtuícívuoloc a1 1e0s.tablecida en los pliegos de condiciones
2.º  Cuando un nuevo contratista sustituya al adjudicatario inicial como consecuencia 
de la sucesión total o parcial del contratista inicial, a raíz de una reestructuración 
empresarial, en particular por absorción, fusión, adquisición o insolvencia, por otro 
operador económico que cumpla los criterios de selección cualitativa establecidos 
inicialmente, siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato 
ni tenga por objeto eludir la aplicación del presente real decreto-ley.
d)  Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En todo caso, se tendrá que 
justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que 
esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.
Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como 
resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. 
En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o 
varias de las condiciones siguientes:
1.º  Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el 
procedimiento de licitación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de 
los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada 
inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de licitación.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, 
más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista 
diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.
2.º  Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del 
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían 
unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto 
inicial del contrato.
3.º  Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En todo 
caso, se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:
i.  El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que 
exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA 
excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se 
refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de 
contrato resulte de aplicación de entre los señalados en el artículo 1.
ii.  Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del 
ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del 
expediente de contratación.
Artículo 112.  Procedimiento y publicidad de las modificaciones.
1.  Las modificaciones contractuales se acordarán en la forma que se hubiese 
especificado en los pliegos de condiciones.
En todo caso las modificaciones no previstas en los pliegos de condiciones a que se 
refiere el artículo 111, cuando afecten a contratos de entidades contratantes que merezcan 
la consideración de poder adjudicador y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior 
a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, requerirán la previa  s
autorización del Departamento ministerial al que esté adscrita o corresponda la tutela de  oe.
la entidad contratante, previo dictamen preceptivo del Consejo de Estado. w.
2.  Las entidades contratantes que hubieran modificado un contrato que esté sujeto a  51ww
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manoedxifoic Xa.ción que contenga la información establecida en la sección correspondiente del  BOE-A-cable e
Asimismo las entidades contratantes que hubieren modificado un contrato durante su 
vigencia, deberán publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de 
contratante de la entidad contratante en el plazo de 5 días desde la aprobación de la 
misma, que deberá ir acompañado de las alegaciones del contratista y de todos los 
informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación, 
incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o los emitidos por la propia entidad 
contratante.
CAPÍTULO III
De la resolución de los contratos
Artículo 113.  Resolución de contratos.
Las entidades contratantes podrán resolver un contrato de obra, suministro, servicios, 
concesión de obras y concesión de servicios durante su período de vigencia cuando 
teniendo que llevar a cabo una modificación en el mismo que, no estando prevista de 
conformidad con el artículo 110, no concurrieran las circunstancias establecidas en el 
artículo 111.
TÍTULO VII
Invalidez, reclamaciones y solución extrajudicial de conflictos
CAPÍTULO I
Régimen de invalidez
Artículo 114.  Supuestos de invalidez.
Los contratos celebrados por las entidades contratantes regulados en este real 
decreto-ley serán inválidos:
a)  Cuando concurra en ellos alguna de las causas que los invalidan de conformidad 
con las disposiciones del derecho civil.
b)  Cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de 
adjudicación, por concurrir en los mismos alguna de las causas a que se refieren los 
artículos 115 y 116.
c)  En aquellos casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado.
Artículo 115.  Causas de nulidad derivadas del derecho administrativo.
1.  Los actos preparatorios y los del procedimiento de adjudicación de los contratos 
regulados en este real decreto-ley serán nulos cuando concurra en ellos alguna de las 
causas que enumera el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.  Serán igualmente nulos los contratos celebrados por las entidades contratantes en 
los que concurra alguna de las causas siguientes:
a)  La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o  es
profesional; o la falta de habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible para la  o
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato; o el estar este  51ww
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en que sea preceptivo, de conformidad con lo establecido en este real decreto-ley.
c)  La inobservancia por parte de la entidad contratante, del plazo de quince días 
hábiles previsto en el artículo 73.2 para la formalización del contrato, siempre que 
concurran los dos siguientes requisitos:
1.º  Que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de 
interponer reclamación en materia de contratación contra alguno de los actos del 
procedimiento de adjudicación.
2.º  Que, además, concurra alguna infracción de los preceptos que regulan el 
procedimiento de adjudicación de los contratos que le hubiera impedido obtener esta.
d)  Haber llevado a efecto la formalización del contrato, en los casos en que se 
hubiese interpuesto la reclamación en materia de contratación, sin respetar la suspensión 
automática del acto recurrido en los casos en que fuera procedente, o la medida cautelar 
de suspensión acordada por el órgano competente para conocer de la reclamación que se 
hubiera interpuesto.
e)  El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicación de los contratos 
derivados de un acuerdo marco celebrado con varios empresarios o de los contratos 
específicos basados en un sistema dinámico de adquisición en el que estuviesen admitidos 
varios empresarios, siempre que dicho incumplimiento hubiera determinado la adjudicación 
del contrato de que se trate a otro licitador.
f)  El incumplimiento grave de normas de Derecho de la Unión Europea en materia 
de contratación pública que conllevara que el contrato no hubiera debido adjudicarse al 
contratista, declarado por el TJUE en un procedimiento con arreglo al artículo 258 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Artículo 116.  Causas de anulabilidad derivadas del derecho administrativo.
Son causas de anulabilidad derivadas del derecho administrativo las demás 
infracciones del ordenamiento jurídico y, en especial, las de las reglas contenidas en el 
presente real decreto-ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley  39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que afecten a los actos preparatorios o del procedimiento de 
adjudicación de los contratos.
En todo caso serán causas de anulabilidad las siguientes:
a)  El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación 
de los contratos en los artículos 110 y 111.
b)  Los encargos que acuerden las entidades contratantes que sean poderes 
adjudicadores para la ejecución directa de prestaciones a través de medios propios, 
cuando no observen alguno de los requisitos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre relativos a la condición de medio propio.
c)  Los contratos que se hubieren celebrado sin sujeción a este real decreto-ley con 
empresas asociadas y con empresas conjuntas, cuando no se observe alguno de los 
requisitos establecidos en el artículo 24.
Artículo 117.  Efectos de la declaración de nulidad.
1.  La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la 
adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que 
entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas  e.e
que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor.  w.b
La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios  51ww
que 2h.a yLa as unfurildidoa.d de los actos que no sean preparatorios solo afectará a estos y sus
cons3e. cuSein claia ds.eclaración administrativa de nulidad de un contrato produjese un grave
trastorno al servicio público, podrá disponerse en el mismo acuerdo la continuación de los
efectos de aquel y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se adopten las medidas urgentes 
para evitar el perjuicio.
Artículo 118.  Causas de invalidez de derecho civil.
La invalidez de los contratos por causas reconocidas en el derecho civil, en cuanto 
resulten de aplicación a los contratos a que se refiere el artículo 114, se sujetará a los 
requisitos y plazos de ejercicio de las acciones establecidos en el ordenamiento civil.
CAPÍTULO II
Reclamaciones en los procedimientos de adjudicación de los contratos
Artículo 119.  Objeto de reclamaciones.
1.  Serán susceptibles de reclamaciones en materia de contratación, los actos y 
decisiones relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se refieran a 
alguno de los contratos sujetos a este real decreto-ley, o a los acuerdos marco y sistemas 
dinámicos de adquisición que tengan por objeto la celebración de alguno de estos contratos, 
así como a los contratos basados, que pretendan concertar las entidades contratantes.
2.  Podrán ser objeto de la reclamación en materia de contratación los siguientes 
actos y documentos:
a)  Los anuncios que sirvan como medio de convocatoria de licitación, los pliegos de 
condiciones y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban 
regir la contratación.
b)  Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de licitación, siempre que 
estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad 
de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos 
o intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias 
anteriores en los actos de la entidad contratante por los que se acuerde la admisión o 
inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las 
ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la 
aplicación del artículo 69.
c)  Los acuerdos de adjudicación adoptados por las entidades contratantes.
d)  Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 110 
y 111 del presente real decreto-ley, por entender que la modificación debió ser objeto de 
una nueva adjudicación.
e)  La formalización de los encargos a medios propios personificados y los contratos 
celebrados con empresas asociadas y conjuntas en los casos en los que estos no cumplan 
los requisitos legales.
3.  Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en 
el apartado 2 podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que 
corresponda la instrucción del expediente o a la entidad contratante, a efectos de su 
corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten 
puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicación.
4.  Contra las actuaciones mencionadas en el apartado 2 del presente artículo como 
susceptibles de ser impugnados mediante la reclamación en materia de contratación no 
procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios. e.
5.  La interposición de la reclamación en materia de contratación tendrá carácter  w.
potestativo y será gratuita para los recurrentes. 51ww
Artículo 120.  Órgano competente para la resolución de la reclamación.
1.  Los órganos de recursos contractuales regulados en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, serán los competentes en sus ámbitos respectivos y en relación con las
entidades enumeradas en el artículo 5.1 de este real decreto-ley, así como a las que estén 
adscritas o vinculadas a ellas, o a las que hayan otorgado un derecho especial o exclusivo, 
para ejercer las siguientes competencias respecto de los contratos cuyos procedimientos 
de adjudicación se regulan en este real decreto-ley:
a)  Resolver las reclamaciones que se planteen por infracción de las normas 
contenidas en este real decreto-ley.
b)  Acordar las medidas cautelares de carácter provisional necesarias para asegurar 
la eficacia de la resolución que en su momento se dicte.
c)  Fijar las indemnizaciones que procedan, previa la correspondiente reclamación de 
daños y perjuicios, por infracción, asimismo, de las disposiciones contenidas en este real 
decreto-ley.
2.  Si la entidad contratante fuera una asociación de las contempladas en el artículo 5.1 
y hubiera varias Administraciones Públicas de referencia por la diferente adscripción o 
vinculación de sus miembros, o una sola entidad contratante se encontrara en el mismo 
supuesto, por operar en varios sectores de los incluidos en los artículos 8 a 14, la reclamación 
podrá ser presentada ante cualquiera de los órganos de recursos contractuales competentes 
mencionados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que vendrá obligado a resolver.
3.  A los efectos del apartado 1, cuando la entidad contratante tenga relación con más 
de una Administración Pública, en razón de su adscripción o vinculación formal y del título 
administrativo que explota, la reclamación deberá presentarse ante el órgano independiente 
que tenga atribuida la competencia para resolver las reclamaciones en el ámbito de la 
Administración que haya otorgado el título administrativo.
Artículo 121.  Régimen jurídico de la reclamación.
1.  Serán de aplicación a las reclamaciones que se interpongan ante los órganos 
mencionados en el artículo anterior contra alguno de los actos a que se refiere el artículo 119 
las disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre que regulan el recurso especial en 
materia de contratación, incluido el artículo 49 relativo a la adopción de medidas cautelares, 
con las siguientes especialidades:
a)  Las referencias a los órganos de contratación deberán considerarse hechas a las 
entidades contratantes.
b)  Cuando la reclamación se interponga contra el contenido de los pliegos de 
condiciones y demás documentos contractuales, el cómputo del plazo se iniciará a partir 
del día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio 
que sirva como medio de convocatoria de la licitación, o a partir de la fecha de envío de la 
invitación a confirmar el interés en el caso de que el medio de convocatoria hubiera sido 
un anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación, siempre que en estos se 
haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a los pliegos de condiciones 
y demás documentos contractuales. Cuando no se hiciera esa indicación el plazo 
comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel en que se le hayan entregado al 
interesado los mismos o este haya podido acceder a su contenido a través del perfil de 
contratante. El plazo para la interposición de la reclamación tendrá una duración igual a la 
del plazo concedido para presentar las proposiciones.
En el caso del procedimiento negociado sin publicidad, el cómputo del plazo comenzará 
desde el día siguiente al de remisión de la invitación a los candidatos seleccionados. s
En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 43.2, los  oe.
pliegos de condiciones no pudieran ser puestos a disposición por medios electrónicos, el  w.
plazo se computará a partir del día siguiente a aquel en que se le hubieran entregado al  51ww
recuCrroenn tcea.rácter general no se admitirá la reclamación contra los pliegos de condiciones
yca dráocctuemr pernetvoiso  cao snut riancteturpaolessic iqóune,  hhuabyiearne  dpere rseegnitra udnoa o fceorntatr oa tsaocliiócnitu sdi  deel  preacruticrripeancteió, nc oenn   BOE-A-cable e
la licitación correspondiente, sin perjuicio de lo previsto para los supuestos de nulidad de 
pleno derecho.
c)  Cuando la reclamación se interponga en relación con alguna modificación basada 
en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 110 y 111 del presente real decreto-
ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, desde el 
día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante.
d)  Cuando la reclamación se funde en alguna de las causas de nulidad previstas en 
el artículo 115.2, letras b), c), d) y e), el plazo de interposición será el siguiente:
1.º  Treinta días a contar desde la publicación de la formalización del contrato en la 
forma prevista en este real decreto-ley, incluyendo las razones justificativas por las que no 
se ha publicado en forma legal la convocatoria de la licitación o desde la notificación a los 
candidatos o licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su 
proposición y de las características de la proposición del adjudicatario que fueron 
determinantes de la adjudicación a su favor.
2.º  En cualquier caso, antes de que transcurran seis meses a contar desde el día 
siguiente al de formalización del contrato.
e)  No será válida la interposición de la reclamación ante el registro o cualquier otra 
dependencia de la entidad contratante.
2.  A los efectos de la interposición de la reclamación que se regula en estos artículos, 
los actos a que se refiere el artículo 119 se asimilarán a los actos administrativos.
Artículo 122.  Efectos de la resolución de la reclamación en materia de contratación.
1.  Contra la resolución dictada en este procedimiento solo cabrá la interposición de 
recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1, letras k) y l) 
y en el artículo 11.1.f), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la resolución será directamente 
ejecutiva.
3.  No procederá la revisión de oficio de la resolución ni de ninguno de los actos 
dictados por los órganos competentes para la resolución de la reclamación. Tampoco 
estarán sujetos a fiscalización por los órganos de control interno de las Administraciones a 
que cada uno de ellos se encuentre adscrito.
Los órganos competentes para la resolución de la reclamación podrán rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de 
hecho o aritméticos existentes en sus actos, incluida la resolución de la reclamación.
CAPÍTULO III
Solución extrajudicial de conflictos
Artículo 123.  Arbitraje.
1.  Las entidades contratantes podrán remitir a un arbitraje en derecho, conforme a 
las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la solución de las 
diferencias que puedan surgir sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos 
que celebren, independientemente de la cuantía de los mismos. e.e
2.  Los pliegos de condiciones determinarán la composición del órgano colegiado al  b
que se remita la resolución de la controversia, garantizando que al menos uno de los  51ww
miem3.b roCsu saenad op reolp pulieesgtoo  npoo rs eelñ caolen tlraa ctiostmap.osición del órgano arbitral, y no exista acuerdo
seol barreb itlara mjei scmorare esnptoren dlae reán atild óardg caonnot rcaotamnptee tey netle c poanrtara ltais trae,s loal uccoiómnp deete nlac irae cplaarma arceisóonl veenr 
materia de contratación a que se refiere el artículo 119.
TÍTULO VIII
Organización administrativa y obligaciones de gobernanza
Artículo 124.  Información sobre los contratos.
1.  Las entidades contratantes deberán conservar información adecuada sobre cada 
contrato o acuerdo marco regulado por el presente real decreto-ley, y cada vez que 
apliquen un sistema dinámico de adquisición. Esta información deberá ser suficiente para 
permitirles justificar posteriormente en un informe escrito las decisiones adoptadas en 
relación con:
a)  La clasificación y la selección de los operadores económicos y la adjudicación de 
los contratos,
b)  la utilización de procedimientos negociados sin publicidad en virtud de lo dispuesto 
en la presente real decreto-ley,
c)  la no aplicación de este real decreto-ley en virtud de las exclusiones previstas en 
el mismo,
d)  en su caso, las razones por las que se han utilizado otros medios de comunicación 
distintos de los electrónicos.
e)  en su caso, las medidas adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62.
En la medida en que el anuncio que sirva de convocatoria de licitación, y elaborado 
con arreglo a lo dispuesto en el presente real decreto-ley, contenga la información 
requerida en el presente apartado, las entidades contratantes podrán hacer referencia a 
dicho anuncio.
2.  Las entidades contratantes documentarán el desarrollo de todos los procedimientos 
de contratación, ya se realicen o no por medios electrónicos. Con este fin, se asegurarán 
de que conservan suficiente documentación para justificar las decisiones adoptadas en 
todas las etapas del procedimiento de contratación, tales como: la documentación relativa 
a las comunicaciones con los operadores económicos y las deliberaciones internas, el 
informe a que se refiere el artículo 41.3, la delimitación del objeto del contrato según lo 
establecido en el artículo 42, el motivo que justifica la elección del procedimiento de 
contratación, la preparación de los pliegos de condiciones, en su caso el diálogo o la 
negociación, la selección y la adjudicación del contrato o, en su caso, la causa que motiva 
la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o de desistimiento del procedimiento de 
adjudicación por la entidad contratante. La documentación deberá conservarse, al menos, 
tres años a partir de la fecha de adjudicación del contrato.
3.  El informe escrito a que se refiere el apartado 1, o sus elementos principales, se 
transmitirán a la Comisión Europea, al Registro Público de Contratos y a la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado, cuando estos así lo soliciten.
Artículo 125.  Registros de Contratos.
1.  Las entidades contratantes comunicarán al Registro de Contratos del Sector 
Público a que se refiere el artículo 346 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para su 
inscripción, los datos básicos de los contratos por ellas adjudicados con sujeción al 
presente real decreto-ley, entre los que figurará la identidad del adjudicatario, el importe de 
adjudicación de los mismos, junto con el desglose correspondiente del IVA.
Igualmente comunicarán, en su caso, las modificaciones, prórrogas, variaciones de  e.e
plazos o de precio, su importe final y extinción de aquellos. El contenido de dichas  w.b
comunicaciones, así como el plazo para efectuarlas, se establecerán reglamentariamente. 51ww
Púb2lic. o sLea se fceocmtuuanráicna pcoiorn mese ddioes d ealetocstr ódnei ccoosn, tirnaftoorsm aált icRoesg ois ttreole dmeá tCicoonst,r aetno sla  dfoerl mSae cqtuoer 
dete3r.m inEen e llo Ms incaisstroos  Hdaec ileans dAad.ministraciones Públicas que dispongan de Registros de
Contratos análogos en su ámbito de competencias, la comunicación de datos a que se
refiere el apartado 1 podrá ser sustituida por comunicaciones entre los respectivos 
Registros de Contratos. El Ministerio de Hacienda determinará reglamentariamente las 
especificaciones y requisitos para la sincronización de datos entre el Registro de Contratos 
del Sector Público y los demás Registros de Contratos.
Artículo 126.  Gobernanza.
1.  La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a que se refiere el artículo 328 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre como órgano específico de regulación y consulta en 
materia de contratación pública del sector público estatal ejercerá todas las funciones que 
tiene atribuidas por el artículo 328.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre respecto de la 
contratación que se realice con sujeción a este real decreto-ley por parte de las entidades 
contratantes pertenecientes al sector público estatal o por empresas con derechos 
especiales o exclusivos concedidos por la Administración General del Estado.
Asimismo, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado es el órgano 
competente para elaborar y remitir a la Comisión Europea cada tres años un informe 
referido a todas las entidades contratantes que, respecto de la licitación pública y ejecución 
de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de 
servicios que estén sujetos a este real decreto-ley, comprenda, entre otras, si procede, las 
siguientes cuestiones:
a)  La información contenida en el informe de supervisión a que se refiere el apartado 7 
del artículo 332 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre que remita la Oficina Independiente de 
Regulación y Supervisión de la Contratación a que se refiere el apartado 3 de este artículo.
b)  Información sobre el nivel de participación de las PYME en la contratación sujeta 
a este real decreto-ley.
c)  Información sobre cuáles son los órganos encargados de dar cumplimiento a las 
obligaciones asumidas en virtud del derecho de la Unión Europea en materia de la 
contratación sujeta a este real decreto-ley.
d)  Información sobre las iniciativas adoptadas para proporcionar orientación o ayuda 
gratuita en la aplicación de la normativa de la Unión Europea en materia de contratación 
sujeta a este real decreto-ley o para dar respuesta a las dificultades que plantee su 
aplicación, así como para planificar y llevar a cabo procedimientos de contratación.
El Informe a que se refiere el párrafo anterior asimismo deberá comprender, respecto 
de los contratos que habrían quedado regulados por el presente real decreto-ley si su valor 
estimado no hubiese superado el umbral establecido en el artículo 1, un informe estadístico 
haciendo una estimación del valor agregado total de dichos contratos durante el periodo 
de que se trate. Esa estimación podrá basarse, en particular, en los datos disponibles en 
virtud de los requisitos de publicación, o bien en estimaciones realizadas a partir de 
muestras.
Los informes serán remitidos a la Comisión Europea en los quince días que siguen a 
su adopción. La Junta Consultiva hará público el contenido de los informes nacionales en 
el plazo de un mes a contar desde su remisión a la Comisión Europea, publicándolos en 
los correspondientes portales de transparencia y en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público.
A todos los efectos, se designa a la Junta Consultiva de Contratación Pública del 
Estado como punto de referencia para la cooperación con la Comisión Europea en lo que 
se refiere a la aplicación de la legislación relativa a la contratación sujeta a este real  s
decreto-ley. Asimismo, se encargará de prestar asistencia recíproca y de cooperar con el  oe.
resto de Estados miembros de la Unión Europea, con el fin de garantizar el intercambio de  w.
ignafroa2rnm. tiazScainióndn po e ssroujub iccroeion  fldiadese  lnocc udiaeislsipdtuiaoedns.etos  eqnu eel  tseerc eers ptaábrrlaefcoe dne le anp alart andoor amnatetirvioar , ceol mCoumniittaér idae,   2020-1651n https://ww
cooperación en materia de contratación pública, creado por el artículo 329 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, ejercerá todas las funciones que tiene atribuidas respecto de las  Bc
entidades contratantes cuando contraten con sujeción al presente real decreto-ley, resultando
de aplicación la obligación de aportación de información por las Comunidades Autónomas y 
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla que establece el artículo 331 de la citada ley.
3.  La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación 
regulada en el artículo 332 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, así como la Oficina 
Nacional de Evaluación integrada en la primera y regulada en el artículo 333 de la misma 
Ley ejercerán todas sus funciones respecto de las entidades contratantes cuando las 
mismas contraten con sujeción al presente real decreto-ley. Ello sin perjuicio de lo 
establecido en los artículos 332.12 y 333.3, cuarto párrafo de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre.
4.  La Estrategia Nacional de Contratación Pública a la que se refiere el artículo 334 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, asimismo deberá referirse a la contratación realizada 
por las entidades contratantes con sujeción al presente real decreto-ley.
LIBRO SEGUNDO
Medidas para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión 
Europea en materia de seguros privados y planes y fondos de pensiones
TÍTULO I
Transposición de la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 127.  Objeto.
El título I tiene por objeto establecer las normas sobre el acceso a la actividad de 
distribución de seguros y reaseguros por parte de las personas físicas y jurídicas, las 
condiciones en las que debe desarrollarse su ejercicio, y el régimen de ordenación, 
supervisión y sanción que resulte de aplicación, con la finalidad principal de garantizar la 
protección de los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios por contrato de 
seguro, así como promover la libertad en la contratación de productos de naturaleza 
aseguradora.
Artículo 128.  Definiciones.
A efectos del título I se entenderá por:
1.  «Mediador de seguros»: Toda persona física o jurídica, distinta de una entidad 
aseguradora o reaseguradora y de sus empleados, y distinta asimismo de un mediador de 
seguros complementarios, que, a cambio de una remuneración, emprenda o realice una 
actividad de distribución de seguros.
2.  «Mediador de seguros complementarios»: Toda persona física o jurídica, 
distinta de una entidad de crédito o de una empresa de inversión según se definen en 
los apartados 1 y 2, del artículo 4.1 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de  s
las entidades de crédito y las empresas de inversión y por el que se modifica el  e.
Reglamento (UE) n.º 648/2012, que, a cambio de una remuneración, emprenda o  w.
realice una actividad de distribución de seguros con carácter complementario, siempre  51ww
y cuando concurran todas las condiciones siguientes:
la dea )d isLtraib aucctiióvnid daed  sperogfuersoios;nal principal de dicha persona física o jurídica sea distinta de
b)  la persona física o jurídica solo distribuya determinados productos de seguro que 
sean complementarios de un bien o servicio;
c)  los productos de seguro en cuestión no ofrezcan cobertura de seguro de vida o de 
responsabilidad civil, salvo cuando tal cobertura sea complementaria del bien o servicio 
suministrado por el mediador en su actividad profesional principal.
3.  «Mediador de reaseguros»: Toda persona física o jurídica, distinta de una entidad 
reaseguradora y de sus empleados, que, a cambio de una remuneración, emprenda o 
realice una actividad de distribución de reaseguros.
4.  «Entidad aseguradora»: Toda entidad acorde con la definición del artículo 6.1 de 
la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras.
5.  «Entidad reaseguradora»: Toda entidad acorde con la definición del artículo 6.4 de 
la Ley 20/2015, de 14 de julio.
6.  «Distribuidor de seguros»: Todo mediador de seguros, mediador de seguros 
complementarios, o entidad aseguradora.
7.  «Distribuidor  de  reaseguros»:  todo  mediador  de  reaseguros  o  entidad 
reaseguradora.
8.  «Remuneración»: Toda comisión, honorario o cualquier otro pago, incluyendo 
cualquier posible ventaja económica o cualquier otro beneficio o incentivo, de carácter 
financiero o no, ofrecidos u otorgados en relación con actividades de distribución de 
seguros o de reaseguros.
9.  «Estado miembro de origen»:
a)  Cuando el mediador sea una persona física, el Estado miembro en el que tenga su 
residencia.
b)  Cuando el mediador sea una persona jurídica, el Estado miembro en el que tenga 
su domicilio social o, si conforme a su Derecho nacional no tiene domicilio social, el Estado 
miembro en que tenga su administración central.
10.  «Estado miembro de acogida»: Estado miembro en el que un mediador de 
seguros o reaseguros mantenga una presencia o un establecimiento permanente o 
suministre servicios, y que no sea su Estado miembro de origen.
11.  «Sucursal»: Todo establecimiento permanente de un mediador de seguros o 
reaseguros que esté situado en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado 
miembro de origen.
12.  «Vínculos estrechos»: Aquellos a los que se refiere el artículo 9.6 de la 
Ley 20/2015, de 14 de julio.
13.  «Participación significativa»: Aquella a la que se refiere el artículo 9.5 de la 
Ley 20/2015, de 14 de julio.
14.  «Centro principal de actividad»: Lugar en el que se gestiona la actividad principal.
15.  «Asesoramiento»: recomendación personalizada hecha a un cliente, a petición 
de este o a iniciativa del distribuidor de seguros, respecto de uno o más contratos de 
seguro.
16.  «Grandes riesgos»: Aquellos a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 20/2015, 
de 14 de julio.
17.  «Producto de inversión basado en seguros»: Producto de seguro que ofrece un 
valor de vencimiento o de rescate expuesto total o parcialmente, y directa o indirectamente, 
a las fluctuaciones del mercado, y que no incluye: es
a)  Los productos de seguro distintos del seguro de vida según lo dispuesto en el  w.
ariensegxboo) s d aCec oclane tsrLaoetryoio s2s d0.e/2 0se1g5u, rdoe d 1e4 v didea  juelnio l,o rsa qmuoes  ladse  psreegsutaroc iodnisetisn tpor edveisl tsaesg eunro e dl eco vnitdraa toy   2020-1651n https://ww
sean pagaderas únicamente en caso de fallecimiento o de situaciones de invalidez
provocadas por accidente, enfermedad o discapacidad. Bc
c)  Productos de pensión que tengan reconocida como finalidad primaria la de proveer 
al inversor unos ingresos en la jubilación y que den derecho al inversor a determinadas 
prestaciones.
d)  Los regímenes de pensiones profesionales reconocidos oficialmente que entren 
en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre o de la Ley 20/2015, de 14 de julio.
e)  Productos de pensión personales en relación con los cuales se exija una 
contribución financiera del empleador y en los que ni el empleador ni el empleado tengan 
posibilidad alguna de elegir el producto de pensión ni a su proveedor.
18.  «Soporte duradero»: Todo instrumento que:
a)  Permita a un cliente almacenar la información dirigida a él personalmente, de 
modo que pueda acceder a ella posteriormente para consulta, durante un período de 
tiempo adecuado para los fines a los que la información esté destinada, y que
b)  permita la reproducción sin cambios de la información almacenada.
19.  «Honorabilidad comercial y profesional»: Cualidad aplicable a aquellas personas 
que hayan venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles 
u otras que regulen la actividad económica y la vida de los negocios, así como a las 
buenas prácticas comerciales, financieras y de seguros. Dicha condición será atribuible a 
aquellas personas que no tengan antecedentes penales por haber cometido infracciones 
penales relativas al ejercicio de actividades financieras, y que no hayan sido sancionadas 
en el ámbito administrativo en materia aseguradora, bancaria, de mercado de valores, 
Hacienda Pública, Seguridad Social, defensa de la competencia, movimiento de capitales, 
transacciones económicas con el exterior, blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo y protección de consumidores y usuarios por la comisión de infracciones 
tipificadas como muy graves o graves.
Se considerarán circunstancias que no permiten cumplir el requisito de honorabilidad 
la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos o de administración y dirección de 
entidades financieras, así como la declarada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, mientras no haya concluido el periodo de inhabilitación fijado, o el estado de 
quebrado o concursado no rehabilitado en el caso de procedimientos concursales 
anteriores a la entrada en vigor del real decreto-ley.
20.  «Cargos de administración»: Los administradores o miembros de los órganos 
colegiados de administración de los distribuidores de seguros.
21.  «Órgano de dirección responsable de la actividad de distribución»: Aquel 
integrado por las personas que desarrollen, en el seno del distribuidor de seguros, persona 
jurídica, las más altas funciones de dirección ejecutiva de la actividad de distribución de 
seguros bajo la dependencia directa o indirecta de su órgano de administración, de 
comisiones ejecutivas o de consejeros delegados de aquel.
22.  «Normas sobre distribución de seguros y de reaseguros»: Aquellas comprendidas 
en este real decreto-ley y en las disposiciones que lo desarrollen y, en general, las que 
figuren en leyes y disposiciones administrativas de carácter general que contengan 
preceptos específicamente referidos a la distribución de seguros y de reaseguros y de 
obligada observancia para quienes realicen o pretendan realizar dicha actividad.
23.  «Clientes profesionales»: Aquellos a los que se refiere el artículo 205 del texto 
refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015,  es
de 23 de octubre. bo
24.  «Venta vinculada»: Toda oferta o venta de un paquete constituido por un contrato  51ww
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contrato de seguro se ofrezca también al cliente por separado.
Artículo 129.  Ámbito objetivo de aplicación.
1.  Se entenderá por distribución de seguros toda actividad de asesoramiento, 
propuesta o realización de trabajo previo a la celebración de un contrato de seguro, de 
celebración de estos contratos, o de asistencia en la gestión y ejecución de dichos 
contratos, incluyendo la asistencia en casos de siniestro. También se entenderán incluidas 
la aportación de información relativa a uno o varios contratos de seguro de acuerdo con 
los criterios elegidos por los clientes a través de un sitio web o de otros medios, y la 
elaboración de una clasificación de productos de seguro, incluidos precios y comparaciones 
de productos, o un descuento sobre el precio del seguro, cuando el cliente pueda celebrar 
el contrato de seguro directa o indirectamente utilizando un sitio web u otros medios.
2.  Se entenderá por distribución de reaseguros toda actividad de asesoramiento, 
propuesta o realización de trabajo previo a la celebración de contratos de reaseguro, de 
celebración de esos contratos, o de asistencia en la gestión y ejecución de dichos 
contratos, en particular en caso de siniestro. También se incluirá dicha actividad cuando la 
desarrolle una entidad de reaseguros sin la intervención de un mediador de reaseguros.
3.  No se considerarán actividades de distribución de seguros o reaseguros privados:
a)  Las actividades de información prestadas con carácter accesorio en el contexto de 
otra actividad profesional:
1.º  si el proveedor no efectúa ninguna acción adicional para ayudar a celebrar o a 
ejecutar un contrato de seguro;
2.º  si la finalidad de esa actividad no consiste en ayudar al cliente en la celebración 
o ejecución de algún contrato de reaseguro.
b)  La gestión de siniestros de una entidad aseguradora o reaseguradora, a título 
profesional, y el peritaje y la liquidación de siniestros.
c)  El mero suministro de datos y de información sobre tomadores potenciales a los 
mediadores de seguros o reaseguros, o a las entidades aseguradoras o reaseguradoras, 
si el proveedor no efectúa ninguna acción adicional para ayudar a celebrar un contrato de 
seguro o de reaseguro.
d)  El mero suministro de información sobre productos de seguro o reaseguro, sobre 
un mediador de seguros o reaseguros, o sobre una entidad aseguradora o reaseguradora 
a tomadores potenciales, si el proveedor no efectúa ninguna acción adicional para ayudar 
a celebrar un contrato de seguro o de reaseguro.
e)  La actuación de las entidades aseguradoras como abridoras en las operaciones 
de coaseguro.
4.  El título I del libro segundo del real decreto-ley no se aplicará a sitios web que, 
gestionados por autoridades públicas o asociaciones de consumidores, no tengan por 
objeto la celebración de contratos de seguros, limitándose a comparar los productos de 
seguros disponibles en el mercado.
5.  Las actividades de distribución se ajustarán a lo dispuesto en el título I del Libro 
segundo del real decreto-ley:
a)  Cuando sean realizadas por distribuidores de seguros y de reaseguros residentes 
o domiciliados en España.
b)  Cuando sean realizadas en España por distribuidores de seguros y de reaseguros 
domiciliados en el territorio de cualquiera de los restantes Estados miembros de la Unión  e
Europea. bo
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Artículo 130.  Ámbito subjetivo de aplicación.
1.  Los preceptos del título I serán de aplicación a:
a)  Las personas físicas y jurídicas que deseen acceder a las actividades de 
distribución de seguros o de reaseguros definidas en el artículo 129, y ejerzan las mismas.
b)  Quienes bajo cualquier título desempeñen cargos de administración, sean 
responsables de la actividad de distribución o formen parte de los órganos de dirección de 
personas jurídicas que desarrollen las actividades de distribución de seguros o de 
reaseguros; las entidades que suscriban los documentos previstos en el título I o en sus 
disposiciones complementarias de desarrollo y aquellas personas para quienes legalmente 
se establezca alguna prohibición o mandato en relación con su ámbito de aplicación.
2.  El título I no se aplicará a los mediadores de seguros complementarios que ejerzan 
actividades de distribución de seguros cuando concurran todas las circunstancias 
siguientes:
a)  Que el seguro sea complementario del bien o del servicio suministrado por algún 
proveedor, cuando dicho seguro cubra:
1.º  El riesgo de avería, pérdida o daño del bien o la no utilización del servicio 
suministrado por dicho proveedor, o
2.º  los daños al equipaje o la pérdida de este y demás riesgos relacionados con el 
viaje contratado con dicho proveedor; y
b)  que el prorrateo anual del importe de la prima abonada por el producto de seguro 
no supere los 600 euros, o que el importe de la prima abonada por persona no supere 
los 200 euros, cuando la duración del servicio a que se refiere la letra a) sea inferior o 
igual a tres meses.
3.  No obstante lo dispuesto en el apartado 2, cuando la actividad de distribución se 
ejerza a través de un mediador de seguros complementarios que esté exento de la 
aplicación del título I en virtud de lo dispuesto en el mencionado apartado, la entidad 
aseguradora o, en su caso, el mediador de seguros por cuenta de quien actúe, deberá 
garantizar lo siguiente:
a)  Que el cliente disponga, antes de la celebración del contrato, de la información 
relativa a su identidad y dirección, así como a los procedimientos a que se refiere la 
sección 4.ª del capítulo III, previstos para la presentación de reclamaciones y quejas por 
parte de los clientes;
b)  Que se hayan establecido mecanismos adecuados y proporcionados para cumplir 
lo dispuesto en los artículos 172 y 184 y para tener en cuenta las exigencias y necesidades 
del cliente antes de proponerle un contrato;
c)  Que el documento de información sobre el producto de seguro, a que se refiere el 
artículo 176.4, se haya facilitado al cliente antes de la celebración del contrato.
Artículo 131.  Obligación de registro.
1.  Los mediadores de seguros, los mediadores de seguros complementarios y los 
corredores de reaseguros deberán inscribirse en el registro administrativo de distribuidores 
de seguros y reaseguros, previsto en el artículo 133, para poder iniciar y desarrollar la  e.e
actividad de distribución de seguros o reaseguros. b
Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en su condición de distribuidores de  51ww
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artículo 133.1.
2.  Excepto en los supuestos previstos en el artículo 130.2, las entidades aseguradoras 
y reaseguradoras no podrán aceptar los servicios de distribución de seguros y de 
reaseguros proporcionados por mediadores de seguros o de reaseguros que no estén 
inscritos en un registro admisible con arreglo a la normativa de un Estado miembro de la 
Unión Europea
CAPÍTULO II
Órganos de supervisión y competencias
Artículo 132.  Distribución de competencias.
1.  Las competencias de la Administración General del Estado en la supervisión de las 
actividades de distribución de seguros y reaseguros privados se ejercerán por la persona 
titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y por la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones en los términos fijados por el título I, sin 
perjuicio de las funciones que correspondan a las Comunidades Autónomas en el ámbito 
de sus competencias.
2.  Las Comunidades Autónomas que con arreglo a sus Estatutos de Autonomía 
hayan asumido competencias en la ordenación de seguros las tendrán respecto de los 
agentes de seguros vinculados, operadores de banca-seguros vinculados, los corredores 
de seguros, corredores de reaseguros y colegios de mediadores de seguros, cuyo domicilio 
y ámbito de operaciones se limiten al territorio de la Comunidad Autónoma. Dichas 
competencias se ejercerán con arreglo a los siguientes criterios:
a)  En el ámbito de competencias normativas, les corresponde el desarrollo legislativo 
de las bases de ordenación y supervisión de la actividad de distribución de los seguros y 
reaseguros privados, contenidas en el título I y en las disposiciones reglamentarias básicas 
que las complementen. Además, tendrán competencia exclusiva en la regulación de su 
organización y funcionamiento.
b)  En el ámbito de competencias de ejecución, les corresponden las de ordenación y 
supervisión de los agentes de seguros vinculados, operadores de banca seguros 
vinculados, corredores de seguros, y corredores de reaseguros que se otorgan a la 
Administración General del Estado en el título I, entendiéndose hechas al órgano 
autonómico competente las referencias que en ella se contienen al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital y a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, excepto las reguladas en la sección 5.ª del capítulo III y en el capítulo IV.
3.  En relación con los agentes de seguros exclusivos y los operadores de banca-
seguros exclusivos, corresponde a las Comunidades Autónomas ejercer las competencias 
sobre ellos, siempre que la entidad aseguradora para la que prestan sus servicios esté 
sometida al control y supervisión de la referida Comunidad Autónoma conforme a lo 
previsto en el artículo 19 de la Ley 20/2015, de 14 de julio.
4.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas mantendrán la necesaria cooperación a los 
efectos de homogeneizar la información documental y coordinar sus actividades de 
supervisión.
A estos efectos, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas facilitarán 
a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el acceso mediante medios  es
electrónicos a la información relativa a sus registros administrativos, que deberá estar  o
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5.  Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 
de la Ley 20/2015, de 14 de julio, en relación con la distribución de competencias en la 
ordenación y supervisión de entidades aseguradoras y reaseguradoras.
6.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones informará a la Comisión 
Europea del reparto de competencias establecido con arreglo a lo dispuesto en este 
artículo.
Artículo 133.  Registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros.
1.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o, en su caso, el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, llevará el registro administrativo de distribuidores 
de seguros y reaseguros, en el que deberán inscribirse, con carácter previo al inicio de sus 
actividades, los mediadores de seguros, los mediadores de seguros complementarios y los 
corredores de reaseguros residentes o domiciliados en España sujetos al título I.
En el caso de mediadores de seguros, mediadores de seguros complementarios y 
corredores de reaseguros, personas jurídicas, se inscribirá, además de a los cargos de 
administración, a la persona responsable de la actividad de distribución y, en su caso, a las 
personas que formen parte del órgano de dirección responsable de las actividades de 
distribución.
En el caso de entidades aseguradoras y reaseguradoras, se deberá inscribir a la 
persona responsable de la actividad de distribución y, en su caso, a las personas que 
formen parte del órgano de dirección responsable de las actividades de distribución.
También serán inscritos, a efectos meramente informativos, los mediadores de seguros 
y de reaseguros domiciliados en otros Estados miembros que actúen en España en 
régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.
2.  El registro administrativo, que expresará las circunstancias que reglamentariamente 
se determinen, será público y de acceso gratuito mediante el uso de medios electrónicos. 
Los interesados podrán acceder a los datos inscritos, teniendo en cuenta que el acceso a 
datos de carácter personal se regirá por lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten 
de aplicación.
3.  Las entidades aseguradoras, los mediadores de seguros, los mediadores de 
seguros  complementarios  y  los  corredores  de  reaseguros,  deberán  facilitar  la 
documentación e información necesarias para permitir la gestión actualizada del registro 
administrativo.
La información deberá ser remitida a través de medios electrónicos, de acuerdo a los 
procedimientos y en la forma que determine el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.
4.  Las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias de ordenación y 
supervisión conforme al artículo 132.2 llevarán el correspondiente registro administrativo 
de distribuidores de seguros y reaseguros. Cada inscripción que se practique en dicho 
registro se comunicará de forma telemática a la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones.
5.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones establecerá un punto 
único de información que permitirá un acceso fácil y rápido que se nutrirá de la información 
actualizada procedente del registro a que se refiere este artículo, así como de la procedente 
de los registros administrativos que lleven las Comunidades Autónomas.
6.  Se denegará la inscripción de un mediador de seguros, mediador de seguros  e.
complementarios o corredor de reaseguros si las disposiciones de un tercer país,  w.
aplicables a una o varias personas físicas o jurídicas con las cuales el mediador posee  51ww
vlaín Dciurelocsc ieósnt rGecehnoesra, li mdep idSeeng uerlo esj eyr cFiocinod eofse dcteiv Poe dnes ifounnecsio.nes de supervisión por parte de
CAPÍTULO III
De las actividades de los distribuidores de seguros y de reaseguros residentes o 
domiciliados en España
Sección 1.ª  De los distribuidores de seguros
Subsección 1.ª  Clasificación
Artículo 134.  Clases de distribuidores de seguros.
1.  Tienen la consideración de distribuidores de seguros:
a)  Las entidades aseguradoras.
b)  Los mediadores de seguros.
c)  Los mediadores de seguros complementarios.
2.  A efectos de lo dispuesto en el título I, se aplicará a los mediadores de seguros 
complementarios no excluidos del ámbito de aplicación del título I en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 130.2, el régimen jurídico de los mediadores de seguros, con las excepciones 
previstas en el título I.
3.  Los mediadores de seguros que se sirvan de sitios web u otras técnicas de 
comunicación a distancia para ofertar o comparar productos de seguro deberán elaborar 
políticas escritas que garanticen su transparencia, debiendo estar a disposición de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para su supervisión. Dichas 
políticas escritas incluirán, al menos, la información que se detalla a continuación, la cual 
deberá incluirse de forma destacada en la página web del distribuidor:
a)  En su caso, los criterios utilizados para la selección y comparación de los 
productos de las entidades aseguradoras.
b)  Las entidades aseguradoras sobre las que se ofrecen productos y la relación 
contractual con el mediador.
c)  Si la relación con las entidades aseguradoras es o no remunerada y la naturaleza 
de la remuneración.
d)  Si el precio del seguro que figura al final del proceso está o no garantizado.
e)  La frecuencia con la que la información de los distribuidores es actualizada.
Junto a la información anterior, los mediadores deberán indicar la titularidad y condición 
de los sitios web, de tal manera que los usuarios puedan ejercer con la máxima garantía 
los derechos de asistencia y defensa de sus intereses y, en especial, utilizar las instancias 
de reclamación interna.
Artículo 135.  Clases de mediadores de seguros.
1.  Los mediadores de seguros se clasifican en:
a)  Agentes de seguros.
b)  Corredores de seguros.
Los agentes de seguros y los corredores de seguros podrán ser personas físicas o 
jurídicas. e.
2.  La condición de agente de seguros y de corredor de seguros son incompatibles  w.
entre sí, en cuanto a su ejercicio simultáneo por las mismas personas físicas o jurídicas.  51ww
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que sean exigidos para ella.
3.  Las denominaciones «agente de seguros», y «corredor de seguros» quedan 
reservadas a los mediadores de seguros definidos en el título I.
4.  Las entidades de crédito, los establecimientos financieros de crédito y, en su caso, 
las sociedades mercantiles controladas o participadas por las entidades de crédito o 
establecimientos financieros de crédito, cuando ejerzan la actividad de agente de seguros 
a través de las redes de distribución de cualquiera de ambas, adoptarán la denominación 
de «operador de banca-seguros», que quedará reservada a ellas, y se ajustarán al régimen 
específico regulado en los artículos 150 a 154.
5.  Los mediadores de seguros mencionados en el apartado 1 podrán servirse de 
sitios web u otras técnicas de comunicación a distancia, mediante los que se proporcione 
al cliente información comparando precios o coberturas de un número determinado de 
productos de seguros de distintas compañías.
Artículo 136.  Obligaciones generales y prohibiciones aplicables a los mediadores de 
seguros.
1.  No podrán ejercer como mediadores de seguros, ni por sí ni por medio de persona 
interpuesta, las personas que por disposición general o especial tengan prohibido el 
ejercicio del comercio. Igualmente, no podrá ejercerse la actividad de distribución de 
seguros, ni por sí ni por medio de persona interpuesta, en relación con las personas o 
entidades que se encuentren sujetas por vínculos de dependencia o sujeción especial con 
el mediador, por razón de las específicas competencias o facultades de dirección de este 
último, que puedan poner en concreto peligro la libertad de los interesados en la 
contratación de los seguros o en la elección de la entidad aseguradora.
2.  Son actividades prohibidas para los mediadores de seguros:
a)  Asumir directa o indirectamente la cobertura de cualquier clase de riesgo así como 
tomar a su cargo, en todo o en parte, la siniestralidad objeto del seguro, siendo nulo todo 
pacto en contrario.
b)  Realizar la actividad de distribución en favor de entidades aseguradoras y 
reaseguradoras que no cumplan los requisitos legalmente exigidos para operar en España, 
o que actúen transgrediendo los límites de la autorización concedida.
c)  Utilizar en la denominación social, en la publicidad o identificación de sus 
operaciones mercantiles, expresiones que estén reservadas a las entidades aseguradoras 
y reaseguradoras que puedan inducir a confusión con ellas, sin perjuicio de lo previsto en 
los artículos 144, 153 y 158.
d)  Añadir recargos a los recibos de prima emitidos por las entidades aseguradoras, 
siendo nulo cualquier pacto en contrario.
e)  Celebrar o modificar en nombre de su cliente un contrato de seguro sin el 
consentimiento de este.
f)  Imponer directa o indirectamente la celebración de un contrato de seguro.
3.  El mediador de seguros se considerará, en todo caso, depositario de las cantidades 
recibidas de sus clientes en concepto de pago de las primas por contrato de seguro, así 
como de las cantidades entregadas por las entidades aseguradoras en concepto de 
indemnizaciones o reembolso de las primas destinadas a sus clientes.
4.  El mediador de seguros deberá acreditar que los fondos pertenecientes a los 
clientes son transferidos a través de cuentas de clientes completamente separadas del 
resto de recursos económicos del mediador, en las que únicamente se gestionen recursos  es
económicos de aquellos. o
Artíc1u. lo L13o7s.  mCeodliaabdoorraedso redse  esxetegrnuoross d ep loodsr máne dciaedleobrersa rd ec osengtruartooss.  mercantiles  con
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seguros. En cualquier caso, la actividad de distribución ejercida a través de colaboradores
externos no menoscabará el deber de proporcionar al cliente la totalidad de la información 
exigida por el título I.
2.  Los colaboradores externos desarrollarán su actividad bajo la dirección, régimen 
de responsabilidad administrativa, civil profesional, y régimen de capacidad financiera del 
mediador para el que actúen.
3.  Los colaboradores externos deberán identificarse como tales e indicar también la 
identidad y datos registrales del mediador por cuenta del que actúen.
4.  Los mediadores de seguros llevarán un registro en el que anotarán los datos 
personales identificativos de sus colaboradores externos, con indicación de la fecha de 
alta y, en su caso, de baja, que quedará sometido al control de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones.
5.  Los colaboradores externos personas físicas, así como, en el caso de personas 
jurídicas, la persona responsable de la actividad de colaboración con la distribución de 
seguros o, en su caso, las personas que formen parte del órgano de dirección responsable 
de la actividad de colaboración con la distribución de seguros, y todas las personas que 
participen directamente en la actividad de distribución de seguros, deberán cumplir el 
requisito de honorabilidad comercial y profesional a que se refiere el artículo 128.
Este requisito será igualmente aplicable a los administradores del colaborador externo, 
persona jurídica.
6.  Los colaboradores externos personas físicas, así como, en el caso de personas 
jurídicas, la persona responsable de la actividad de colaboración con la distribución de 
seguros o, en su caso, al menos la mitad de las personas que formen parte del órgano de 
dirección responsable de la actividad de colaboración con la distribución de seguros, y 
todas las personas que participen directamente en la actividad de distribución de seguros, 
deberán poseer unos conocimientos y aptitudes apropiados mediante la superación de 
cursos de formación de acuerdo con lo previsto en el título I y en su normativa de 
desarrollo. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones establecerá mediante 
resolución las líneas generales y los principios básicos que, en cuanto a su contenido, 
organización y ejecución, habrán de cumplir los programas de formación inicial y continua 
de los colaboradores externos.
7.  Los colaboradores externos de los mediadores de seguros, agentes de seguros 
o corredores de seguros, no podrán colaborar con otros mediadores de seguros de 
distinta clase.
Subsección 2.ª  De la actividad de distribución de seguros realizada por las entidades 
aseguradoras
Artículo 138.  Distribución de productos de seguros por empleados de entidades 
aseguradoras.
Los empleados que formen parte de las plantillas de entidades aseguradoras podrán 
promover la distribución de seguros a favor de estas, entendiéndose que los contratos 
resultantes han sido celebrados por las entidades aseguradoras a todos los efectos.
Artículo 139.  Requisitos de los empleados de entidades aseguradoras que participan en 
la distribución de seguros.
1.  Las entidades aseguradoras deberán garantizar que los empleados que participen 
directamente en actividades de distribución de seguros, la persona responsable de la  e.
actividad de distribución, o, en su caso, las personas que formen parte del órgano de  w.b
dirección responsable de la actividad de distribución, cumplen el requisito de honorabilidad  51ww
com2e.r ciaLla ys  pernotifdeasdioensa al eseng lousra tdéormraisn odse bdeerfáinnid goasr aennt iezal ar rqtuíceu lloo s1 e2m8.pleados que participen
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de dirección responsable de la actividad de distribución, poseen unos conocimientos y
aptitudes apropiados mediante la superación de cursos de formación, de acuerdo con lo 
previsto en el título I y en su normativa de desarrollo.
Asimismo, las entidades aseguradoras facilitarán a las personas a las que se refiere el 
párrafo anterior los medios necesarios para garantizar una formación continua adaptada a 
los productos distribuidos, a la función desempeñada y a la actividad realizada, 
estableciendo programas de formación en los que se indicarán, al menos, los requisitos 
que han de cumplir las personas a las que se destinen y los medios que se van a emplear 
para su ejecución. La documentación correspondiente a los programas de formación 
estará a disposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
3.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones establecerá mediante 
resolución las líneas generales y los principios básicos que, en cuanto a su contenido, 
organización y ejecución, habrán de cumplir los cursos de formación inicial y continua de 
los empleados de entidades aseguradoras, de la persona responsable de la actividad de 
distribución, así como, en su caso, de las personas que formen parte del órgano de 
dirección responsable de la actividad de distribución. Tales cursos podrán ser impartidos 
por las entidades aseguradoras de acuerdo con lo previsto en el título I y en su normativa 
de desarrollo.
4.  Para garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos en este artículo, las 
entidades aseguradoras aprobarán, aplicarán y revisarán periódicamente sus políticas 
internas y los procedimientos internos adecuados. Asimismo, determinarán una función 
que garantice una correcta ejecución de las políticas y los procedimientos aprobados, 
debiendo tener a disposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
el nombre de la persona responsable de dicha función.
5.  Las entidades aseguradoras deberán llevar un registro actualizado en el que 
consten inscritos los empleados que participen directamente en actividades de distribución 
de seguros, así como la persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, 
las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de 
distribución.
Dicho registro quedará sometido al control de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones.
6.  Los datos que, con arreglo a la disposición adicional octava del Real Decreto 
1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, sean inscribibles en el registro administrativo previsto en 
el artículo 133, serán remitidos por cada entidad aseguradora a la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones por vía telemática para su inscripción, en el plazo máximo 
de tres meses desde la presentación de la solicitud.
Las  entidades  aseguradoras  deberán  conservar  y  mantener  actualizada  la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
apartados 1 y 2, y comunicarán a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
los cambios en la información facilitada de conformidad con este apartado, en un plazo 
máximo de quince días hábiles desde el acuerdo de modificación.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones determinará mediante 
resolución el contenido y la forma en que deberá remitirse esta información.
Subsección 3.ª  De la actividad de distribución de seguros realizada por los agentes 
de seguros
Artículo 140.  Concepto de agente de seguros. es
Son agentes de seguros las personas físicas o jurídicas, distintas de una entidad  w.
acaocstenivg uiudnraaadd  odo erva da oirsi adtrseib  eusuncistói dnea mddepe lsse eaagdsuoersgo,us q rdauedefo imnraidesad,  ieasnne t eecl  olaamr tcípceruloelmob re1a2tce9inó.1 nf, r deeenn t uleon sa  ct éoernsmttraiansto oas d  areec aoalrgidzeaandrc oliaas    2020-1651n https://ww
en dicho contrato.
Artículo 141.  Contrato de agencia de seguros.
1.  El contrato de agencia de seguros tendrá siempre carácter mercantil, se 
formalizará por escrito y se entenderá celebrado en consideración a las personas 
contratantes.
2.  El contenido del contrato será el que las partes acuerden libremente y se regirá 
supletoriamente por la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre contrato de agencia.
3.  El contrato de agencia de seguros será retribuido y especificará la comisión u otro 
tipo de remuneración que la entidad aseguradora abonará al agente de seguros por la 
distribución de los seguros durante la vigencia del contrato y, en su caso, una vez 
extinguido este.
4.  Los agentes de seguros no podrán promover el cambio de entidad aseguradora en 
todo o en parte de la cartera de los contratos de seguros por ellos distribuidos. Tampoco 
podrán realizar, sin consentimiento de la entidad aseguradora, actos de disposición sobre 
su posición mediadora en dicha cartera.
5.  Producida la extinción del contrato de agencia, la entidad aseguradora deberá 
comunicar dicha circunstancia a quienes figurasen como tomadores de seguros en los 
contratos celebrados con la intervención del agente cesante y, en su caso, el cambio de la 
posición mediadora a favor de otro agente. El agente de seguros cesante podrá comunicar 
dicha circunstancia a quienes figurasen como tomadores de seguros en los contratos de 
seguros celebrados a través de su actividad de distribución.
6.  Los agentes de seguros podrán utilizar los servicios de colaboradores externos a 
que se refiere el artículo 137, con la finalidad de que colaboren con ellos en la distribución 
de productos de seguros en los términos que se acuerde con la entidad aseguradora en el 
contrato de agencia de seguros.
Artículo 142.  Requisitos a efectos de garantizar las obligaciones frente a terceros.
1.  Los importes abonados por el cliente al agente de seguros se considerarán 
abonados a la entidad aseguradora, mientras que los importes abonados por la entidad 
aseguradora al agente no se considerarán abonados al cliente hasta que este los reciba 
efectivamente.
2.  Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 136.4.
Artículo 143.  Responsabilidad civil profesional.
1.  Sin perjuicio de la responsabilidad penal o de otra índole en que pudiera incurrir el 
agente de seguros en el ejercicio de su actividad de distribución de seguros, será imputada 
a la entidad aseguradora con la que hubiera celebrado un contrato de agencia de seguros 
la responsabilidad civil profesional derivada de su actuación y de la de sus colaboradores 
externos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los contratos de agencia celebrados.
2.  El apartado anterior no será de aplicación a los operadores de banca-seguros.
Artículo 144.  Publicidad y documentación mercantil de distribución de seguros privados 
de los agentes de seguros.
1.  En la publicidad y en la documentación mercantil de distribución de seguros de 
los agentes de seguros, deberá figurar de forma destacada la expresión «agente de 
seguros exclusivo», «agente de seguros vinculado», «agencia de seguros exclusiva» o  s
«agencia de seguros vinculada», seguida de la denominación social de la entidad  e.
aseguradora para la que esté realizando la operación de distribución de que se trate, en  w.
virtud del contrato de agencia con ella celebrado, o del contrato suscrito entre entidades  51ww
asuses gruerdaedso, raassí  dceo mpore eslt ancúiómne droe  dsee rinviscciorisp cpióanra e lna  edli srtergibisutcrioó na dpmorin misetrdaitoiv doe p lrae vciestsoió enn d eel 
agratríacunltoía 1 f3in3a ny,c ieenra s.u caso, tener concertado un seguro de responsabilidad civil u otra  BOE-A-cable e
2.  Asimismo, en la publicidad que realicen con carácter general o a través de medios 
telemáticos, deberán hacer mención a las entidades aseguradoras con las que hayan 
celebrado un contrato de agencia de seguros.
Artículo 145.  Incompatibilidades de los agentes de seguros.
Los agentes de seguros no podrán ejercer como corredor de seguros o colaborador 
externo de estos, tercer perito, perito de seguros o comisario de averías a designación de 
los tomadores de seguros, asegurados y beneficiarios de los contratos de seguro en los 
que hubiesen intervenido como agentes de seguros.
Artículo 146.  Régimen de comunicaciones.
Las comunicaciones que efectúe el tomador del seguro al agente de seguros que 
distribuya el contrato de seguro surtirán los mismos efectos que si se hubiesen realizado 
directamente a la entidad aseguradora.
Artículo 147.  Inscripción y registro interno de agentes de seguros exclusivos.
1.  A los efectos de poder ejercer la actividad de distribución de seguros en la 
condición de agente de seguros exclusivo, las entidades aseguradoras deberán comprobar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 3 por parte de aquellas 
personas físicas o jurídicas que pretendan celebrar con ellas un contrato de agencia de 
seguros en exclusiva.
2.  Sin perjuicio del registro administrativo a que se refiere el artículo 133, las 
entidades aseguradoras deberán llevar un registro actualizado en el que consten inscritos 
los agentes de seguros exclusivos con los que se haya celebrado el contrato de agencia 
de seguros. En dicho registro se recogerán, al menos, los datos identificativos de estos, el 
número de registro, las fechas de alta y de baja, y el carácter exclusivo de los mismos. En 
el caso de personas jurídicas, además, se indicarán la persona responsable de la actividad 
de distribución y las personas que, en su caso, integren el órgano de dirección responsable 
de la actividad de distribución definido en el artículo 128.
Dicho registro quedará sometido al control de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones.
3.  Los agentes de seguros exclusivos se someterán al régimen general de los 
agentes de seguros regulado en los artículos 140 a 146, en el ejercicio de la actividad de 
distribución de seguros privados.
Como condición indispensable para que los agentes de seguros exclusivos figuren 
inscritos en el registro administrativo previsto en el artículo 133, las entidades aseguradoras 
deberán:
a)  Acreditar que los agentes de seguros personas físicas, así como, en el caso de 
personas jurídicas, la persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, 
las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de 
distribución, y todas las personas que participen directamente en la distribución de 
seguros, cumplen el requisito de honorabilidad comercial y profesional en los términos 
definidos en el artículo 128.
Este requisito será igualmente aplicable a los administradores del agente de seguros, 
persona jurídica. s
b)  Acreditar que los agentes de seguros personas físicas, así como, en el caso de  e.
agentes de seguros personas jurídicas, la persona responsable de la actividad de  w.
distribución o, en su caso, al menos la mitad de las personas que formen parte del órgano  51ww
ddeir edcirteacmcieónnt ere sepno lnas adbisletr dibeu lcai óanc tidveid asde gdue rdoiss,t ripbousceióenn y  utondoass  claosn opceirmsoiennatso qsu ye  paaprttiitcuipdeens 
aepl tríotuplioa dI oys e mn esdui annotrem laat isvuap deera dceiósna rdreo llcou.rsos de formación de acuerdo con lo previsto en  BOE-A-cable e
Asimismo, las entidades aseguradoras les facilitarán los medios necesarios para 
garantizar una formación continua adaptada a los productos distribuidos, a la función 
desempeñada y a la actividad realizada, estableciendo programas de formación en los que 
se indicarán, al menos, los requisitos que han de cumplir las personas a las que se 
destinen y los medios que se van a emplear para su ejecución. La documentación 
correspondiente a los programas de formación estará a disposición de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones establecerá mediante 
resolución las líneas generales y los principios básicos que, en cuanto a su contenido, 
organización y ejecución, habrán de cumplir los cursos de formación inicial y continua de 
los agentes de seguros y personas a que se refiere el primer párrafo del presente apartado, 
que podrán ser impartidos por las entidades aseguradoras y los agentes de seguros 
exclusivos de acuerdo con lo previsto en el título I y en su normativa de desarrollo.
c)  Haber obtenido con carácter previo a la solicitud de inscripción:
1.º  Información sobre la identidad de los accionistas o socios del agente persona 
jurídica, ya sean a su vez personas físicas o jurídicas, que posean en el agente de seguros 
una participación directa o indirecta del 10 por ciento o superior de los derechos de voto o 
del capital.
2.º  Información sobre la identidad de las personas que posean vínculos estrechos 
con el agente de seguros.
3.º  Información de que dichas participaciones o vínculos estrechos no impidan a la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el ejercicio efectivo de sus funciones 
de supervisión.
d)  Acreditar que los agentes de seguros no incurren en las causas de incompatibilidad 
previstas en el título I.
Para garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos en las letras a) y b), las 
entidades aseguradoras aprobarán, aplicarán y revisarán periódicamente sus políticas 
internas y los procedimientos internos adecuados. Asimismo, dispondrán de una función 
que garantice una correcta ejecución de las políticas y los procedimientos aprobados, 
debiendo tener a disposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
el nombre de la persona responsable de dicha función.
4.  Los actos que, con arreglo a la disposición adicional octava del Real Decreto 
1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, estén sujetos a inscripción en el registro administrativo 
previsto en el artículo 133, serán remitidos por cada entidad aseguradora a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones por vía electrónica para su inscripción, en el 
plazo máximo de dos meses desde la presentación de la solicitud.
Las  entidades  aseguradoras  deberán  conservar  y  mantener  actualizada  la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 3, 
y comunicarán a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones los cambios en 
la información facilitada de conformidad con el citado apartado, en un plazo máximo de 
quince días hábiles desde el acuerdo de modificación.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones determinará mediante 
resolución el contenido y la forma en que deberá remitirse esta información.
La inscripción especificará la entidad aseguradora para la que el agente de seguros 
exclusivo realiza la actividad de distribución de seguros. es
5.  La entidad aseguradora con la que el agente de seguros exclusivo haya suscrito  bo
el contrato de agencia de seguros, podrá autorizarle únicamente la celebración de otro  51ww
cdaouenttoetLrrraiamz taeoinnn adtteidde.oa asdg  areasnmecgioaus r dadedeo  srsaee gaguuurtoroosrsi zd,a irsniettiens gtdooe sbc eoorná  c oiontnrfoatrr ametnaotrsi d peaodnr   ealossscer giqtouu reaa  dlnaoo er ano tppideaarreda   cloaop nee lnraat icrd uaeadnl    OE-A-2020-16able en https://
el agente de seguros pretenda celebrar otro contrato de agencia, de los términos en que
se otorga la autorización, y procederá a su anotación en el registro administrativo a que se 
refiere el artículo 133.
La autorización deberá concederse por escrito en el contrato de agencia de seguros, 
o como modificación posterior al contrato, por quien ejerza la representación legal en su 
condición de administrador de la entidad autorizante, con indicación expresa de la duración 
de la autorización, de la entidad aseguradora a la que se refiere y de los ramos o contratos 
de seguro o clase de operaciones que comprende.
No será de aplicación este régimen cuando resulte de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 148 en relación a los acuerdos de cesión de redes.
6.  La entidad aseguradora con la que, en caso de ser autorizado, el agente de 
seguros exclusivo celebre otro contrato de agencia, deberá remitir de manera electrónica 
para su inscripción, en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la 
solicitud, los datos correspondientes a dicho contrato, previa verificación del cumplimiento 
de los requisitos exigidos en este artículo.
Artículo 148.  Acuerdos de cesión de redes de agentes de seguros exclusivos.
1.  Sin perjuicio de los contratos de agencia suscritos con arreglo al título I, las 
entidades aseguradoras podrán celebrar contratos consistentes en la prestación de 
servicios para la distribución, bajo su responsabilidad civil y administrativa, de sus pólizas 
de seguro, por medio de las redes de los agentes de seguros exclusivos de otras entidades 
aseguradoras. Las entidades aseguradoras que utilicen las redes de agentes exclusivos 
de otras entidades aseguradoras deberán garantizar que estas poseen los conocimientos 
necesarios para el ejercicio de su actividad en función de los seguros que distribuyan.
Las entidades aseguradoras deberán presentar, de manera electrónica, a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, los contratos a que se refiere el párrafo 
anterior para su inscripción a efectos meramente informativos en el registro administrativo 
previsto en el artículo 133, indicando al menos, las entidades aseguradoras afectadas, la 
composición de la red cedida, el ámbito, la duración, los ramos o contratos de seguro o 
clase de operaciones que comprende, las obligaciones de las partes, los movimientos 
económicos y financieros de las operaciones y las menciones que deben incluirse en los 
documentos contractuales y publicitarios.
2.  No se entenderá que hay cesión de redes entre las entidades aseguradoras que 
formen parte de un grupo, con respecto de los contratos de agencia que suscriban 
cualquiera de ellas en nombre de todas o de parte de las entidades que forman parte del 
grupo, cuando así se haya acordado.
En el contrato de agencia se harán constar las entidades aseguradoras que forman 
parte del grupo. Asimismo, se deberá incluir la denominación del grupo en toda la 
documentación mercantil y publicidad de distribución de seguros que realicen los agentes 
de seguros.
Artículo 149.  Inscripción y requisitos de los agentes de seguros vinculados.
1.  Cuando un agente de seguros pretenda ejercer como agente de seguros vinculado 
mediante la celebración de contratos de agencia de seguros con varias entidades 
aseguradoras, deberá obtener la previa inscripción en el registro administrativo a que se 
refiere el artículo 133, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.
2.  Los agentes de seguros vinculados se someterán al régimen general de los 
agentes de seguros regulado en los artículos 140 a 146, en el ejercicio de la actividad de  e.e
distribución de seguros privados. b
En el caso de que, a partir de un determinado momento, el agente de seguros exclusivo  51ww
qlau eienrtaid paads aasr eag oupraedraorr ac ocmono  laag qeunet eh udbei eserag ucerolesb vriandcou leald coo, nnteracteos ditea raág eeln ccoian sdeen stiemgiuernotos  edne 
exclEusni veal ,r epsatroa  dseu slocsri bciar sootsro, sb acsotnatrráa tcoosn d qeu aeg seen chiaag cao cno ontsratasr  eennt ildoasd ceosn atrsaetogsu rdaed oargaesn.cia
que se suscriban, el carácter de agente vinculado.
3.  Para solicitar y obtener la inscripción como agente de seguros vinculado en el 
registro administrativo a que se refiere el artículo 133, será necesario cumplir y mantener 
en todo momento los siguientes requisitos:
a)  Aportar con la solicitud de inscripción:
1.º  Información sobre la identidad de los accionistas o socios del agente persona 
jurídica, ya sean a su vez personas físicas o jurídicas, que posean en el agente de seguros 
una participación directa o indirecta del 10 por ciento o superior de los derechos de voto o 
del capital.
2.º  Información sobre la identidad de las personas que posean vínculos estrechos 
con el agente de seguros.
3.º  Información de que dichas participaciones o vínculos estrechos no impiden a la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el ejercicio efectivo de sus funciones 
de supervisión.
b)  Acreditar que los agentes de seguros personas físicas, así como, en el caso de 
personas jurídicas, la persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, 
las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de 
distribución, y todas las personas que participen directamente en la distribución de 
seguros, cumplen el requisito de honorabilidad comercial y profesional en los términos 
definidos en el artículo 128.
Este requisito será igualmente aplicable a los administradores del agente de seguros, 
persona jurídica.
c)  Acreditar que los agentes de seguros personas físicas, así como, en el caso de 
agentes de seguros personas jurídicas, la persona responsable de la actividad de 
distribución o, en su caso, al menos la mitad de las personas que formen parte del órgano 
de dirección responsable de la actividad de distribución y todas las personas que participen 
directamente en la distribución de seguros, poseen unos conocimientos y aptitudes 
apropiados mediante la superación de cursos de formación de acuerdo con lo previsto en 
el título I y en su normativa de desarrollo.
d)  Presentar una memoria en la que se indiquen las entidades aseguradoras para las 
que se distribuyan los seguros y los ramos de seguro; el ámbito territorial de actuación, y 
los mecanismos adoptados para la solución de conflictos por quejas y reclamaciones de 
los clientes. Deberá, igualmente, incluir una mención expresa al programa de formación a 
que se refiere la letra e).
e)  Presentar un programa de formación continua aplicable a los agentes de seguros 
personas físicas, así como, en el caso de agentes de seguros personas jurídicas, a la 
persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, al menos a la mitad de 
las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de 
distribución, y a todas las personas que participen directamente en la distribución de 
seguros.
La documentación correspondiente a los programas de formación estará a disposición 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que podrá requerir que se 
efectúen las modificaciones que resulten necesarias.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones establecerá mediante 
resolución las líneas generales y los principios básicos que, en cuanto a su contenido, 
organización y ejecución, habrán de cumplir los cursos de formación inicial y continua de 
los agentes de seguros vinculados, que podrán ser impartidos por ellos mismos de acuerdo  es
con lo previsto en el título I y en su normativa de desarrollo. bo
f)  No incurrir en las causas de incompatibilidad previstas en el título I. 51ww
Dire4c.c ióLna G seonleicriatul dd ed eS eingsucrorisp cyió Fno cnodmoso  daeg Penetnes idoen esse, gyu rdoesb evrián ciur laacdoom spea ñdairdigai rdáe a l olas 
documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado 3.
El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa de la solicitud será de tres  Bc
meses a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud. La inscripción especificará
las entidades aseguradoras para las que el agente de seguros vinculado podrá realizar la 
actividad de distribución de seguros. La solicitud de inscripción será denegada cuando no 
se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión.
5.  El agente de seguros vinculado deberá, en un plazo máximo de quince días 
hábiles desde el acuerdo de modificación, notificar a la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones los cambios en la información facilitada de conformidad con el 
apartado anterior y que sean relativos a los actos sujetos a inscripción en el registro 
administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros, de acuerdo con lo dispuesto en 
la disposición adicional octava del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre.
Artículo 150.  Concepto de operador de banca-seguros.
1.  Tendrán la consideración de operadores de banca-seguros las entidades de 
crédito, los establecimientos financieros de crédito y las sociedades mercantiles 
controladas o participadas por cualquiera de ellos conforme a lo indicado en el artículo 160 
que, mediante la celebración de un contrato de agencia de seguros con una o varias 
entidades aseguradoras, se comprometan frente a estas a realizar la actividad de 
distribución de seguros como agentes de seguros utilizando sus redes de distribución.
Cuando la actividad de distribución de seguros se realice a través de una sociedad 
mercantil controlada o participada por la entidad de crédito o por el establecimiento 
financiero de crédito o grupo de entidades de crédito o de establecimientos financieros de 
crédito, las relaciones con dicha sociedad mercantil se regularán por un contrato de 
prestación de servicios recíprocos consistentes en la cesión de la red de distribución de 
cada una de dichas entidades de crédito o establecimientos financieros de crédito al 
operador de banca- seguros para la distribución de los productos de seguro. En dicho 
contrato, las entidades de crédito o establecimientos financieros de crédito deberán asumir 
la obligación de formar adecuadamente a las personas integrantes de la red y que 
participan directamente en la distribución de los seguros.
2.  A los efectos de lo previsto en el título I, se entenderá por red de distribución 
de la entidad de crédito o del establecimiento financiero de crédito, el conjunto de toda 
su estructura organizativa, incluyendo medios personales y materiales, oficinas 
operativas y agentes.
Artículo 151.  Normativa aplicable a los operadores de banca-seguros.
En su condición de agente de seguros, el operador de banca-seguros se someterá a 
lo dispuesto en el régimen general de los agentes de seguros regulado en los artículos 140 
a 146, y, en su caso, a los artículos 147 y 148 referidos a los agentes de seguros exclusivos 
o al artículo 149 relativo a los agentes vinculados, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
siguientes artículos en lo que se refiere a formación, responsabilidad civil profesional, 
procedimiento de solicitud de inscripción, publicidad y documentación mercantil.
Artículo 152.  Requisitos de los operadores de banca-seguros.
1.  Para figurar inscrito como operador de banca-seguros en el registro administrativo 
previsto en el artículo 133, será necesario cumplir y mantener en todo momento los 
siguientes requisitos:
a)  Ser entidad de crédito o establecimiento financiero de crédito. También podrá ser  s
una sociedad mercantil controlada o participada por las entidades de crédito o  e.
establecimientos financieros de crédito, o grupo de entidades de crédito o de  w.
establecimientos financieros de crédito, inscrita en el Registro Mercantil previamente a la  51ww
scoorlirceistupdo nddeie inntsec arilp ocbiójent oa dsomciinails, tlraa trievaal,i zcaucyióons  dees taacttuivtoidsa dperesv deea nd,i sdtreibnutrcoió dn edl ea speagrtuardoos 
combo)  opPerreasdeonrt adre  ubnaan mcae-mseogruiar oesn. la que se indiquen la entidad o entidades aseguradoras  BOE-A-cable e
para las que se distribuyen los seguros y los ramos de seguro; el ámbito territorial de
actuación; los procedimientos adoptados para la solución de conflictos por quejas y 
reclamaciones de los clientes, y la red o las redes de las entidades de crédito o de los 
establecimientos financieros de crédito a través de las cuales el operador de banca-
seguros distribuirá los seguros. Deberá, igualmente, incluir una mención expresa al 
programa de formación al que se refiere la letra e).
c)  Acreditar que la persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, 
las personas que forman parte del órgano de dirección responsable de la actividad de 
distribución y todas las personas que participan directamente en la distribución de seguros, 
cumplen el requisito de honorabilidad comercial y profesional en los términos dispuestos 
en el artículo 128.
Este requisito será igualmente aplicable a los administradores del operador de banca-
seguros.
d)  Acreditar que la persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, 
al menos la mitad de las personas que forman parte del órgano de dirección responsable 
de la actividad de distribución y todas las personas que participan directamente en la 
distribución de seguros, poseen unos conocimientos y aptitudes apropiados mediante la 
superación de cursos de formación, que podrán ser impartidos por las propias entidades de 
crédito o establecimientos financieros de crédito de acuerdo con lo previsto en el título I y 
en su normativa de desarrollo.
e)  Presentar un programa de formación continua que las entidades de crédito o 
establecimientos financieros de crédito impartirán a la persona responsable de la 
actividad de distribución o, en su caso, al menos a la mitad de las personas que forman 
parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución, así como a las 
personas integrantes de su red de distribución y que participen directamente en la 
distribución de los seguros. A estos efectos, la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones establecerá mediante resolución las líneas generales y los principios 
básicos que, en cuanto a su contenido, organización y ejecución, habrán de cumplir los 
programas de formación inicial y continua relativos a todas las personas a las que se 
refiere la letra d).
f)  Garantizar las obligaciones frente a terceros de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 136.4 y 142.
g)  Acreditar que todas y cada una de las entidades aseguradoras con las que vaya 
a celebrar un contrato de agencia de seguros asumen la responsabilidad civil profesional 
derivada de su actuación como operador de banca-seguros, o que dicho operador 
dispone de un seguro de responsabilidad civil profesional o cualquier otra garantía 
financiera que cubra en todo el territorio de la Unión Europea las responsabilidades que 
pudieran surgir por negligencia profesional, de al menos 1.250.000 euros por siniestro y, 
en suma, 1.850.000 euros para todos los siniestros correspondientes a un determinado 
año, respecto a la actividad sobre la que no hubiera obtenido cobertura en virtud del 
contrato de agencia suscrito.
h)  Aportar y mantener actualizada:
1.º  Información sobre la identidad de los accionistas o socios, ya sean personas 
físicas o jurídicas, que posean en el operador de banca-seguros una participación directa 
o indirecta del 10 por ciento o superior de los derechos de voto o del capital.
2.º  Información sobre la identidad de las personas que posean vínculos estrechos 
con el operador de banca-seguros.
3.º  Información de que dichas participaciones o vínculos estrechos no impidan a la  s
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el ejercicio efectivo de sus funciones  e.
de supervisión. w.
Geni2e) .r alE Ndloe o  iSnpeceugrarurdriroo ser  nyd  elFa osb nacdnaocusas -adssee  dgPeue rnionssci oodnmirepigsa,i rtyáib  dislieudb aesdor ápli crierit vuaidcso tadmsep  eiannñs aecdlr iaapr cdtíieócu nlol oas   1dla5o4 cD.uimreecnctióons   OE-A-2020-16able en https://
acreditativos del cumplimiento de los requisitos a que se refiere el anterior apartado. El
plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa de la solicitud será de tres 
meses a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud. La inscripción especificará 
las entidades aseguradoras para las que el operador de banca-seguros podrá realizar la 
actividad de distribución de seguros. La solicitud de inscripción será denegada cuando no 
se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión.
3.  El operador de banca-seguros deberá, en un plazo máximo de quince días hábiles 
desde el acuerdo de modificación, notificar a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones los cambios en la información facilitada de conformidad con el apartado anterior, 
que sean relativos a los actos sujetos a inscripción en el registro administrativo de 
distribuidores de seguros y reaseguros de acuerdo con lo dispuesto en la disposición 
adicional octava del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre.
4.  Las cuantías mencionadas en el apartado 1.g) quedarán modificadas por las 
actualizaciones que establezca la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación.
Para facilitar el conocimiento y aplicación de dichas actualizaciones, estas se harán 
públicas por resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Artículo 153.  Publicidad y documentación mercantil de la actividad de distribución de 
seguros privados de los operadores de banca-seguros.
1.  En la publicidad y en la documentación mercantil de distribución de seguros de los 
operadores de banca-seguros, deberá figurar de forma destacada la expresión «operador 
de banca-seguros exclusivo», o, en su caso, «operador de banca-seguros vinculado», 
seguida de la denominación social de la entidad aseguradora para la que esté realizando 
la operación de distribución de que se trate, en virtud del contrato de agencia celebrado, 
así como el número de inscripción en el registro administrativo previsto en el artículo 133 
y, en su caso, tener concertado un seguro de responsabilidad civil u otra garantía 
financiera, con arreglo todo ello al artículo 152.
2.  En la publicidad que el operador de banca-seguros realice con carácter general o 
a través de medios telemáticos, deberá hacer mención a las entidades aseguradoras con 
las que haya celebrado un contrato de agencia de seguros.
Artículo 154.  Incompatibilidades de los operadores de banca-seguros.
1.  Los operadores de banca-seguros no podrán ejercer como corredor de seguros o 
colaboradores externos de estos, tercer perito, perito de seguros o comisario de averías, 
a designación de los tomadores de seguros, asegurados y beneficiarios de los contratos 
de seguro en los que hubiesen intervenido.
2.  Las redes de distribución de las entidades de crédito o de los establecimientos 
financieros de crédito que participen en la distribución de los seguros, no podrán ejercer 
simultáneamente como colaboradores externos de otros mediadores de seguros de 
distinta clase, ni podrán fragmentarse a dichos efectos.
Subsección 4.ª  De los corredores de seguros
Artículo 155.  Concepto de corredor de seguros.
1.  Son corredores de seguros las personas físicas o jurídicas que realizan la actividad 
de distribución de seguros, ofreciendo asesoramiento independiente basado en un análisis  es
objetivo y personalizado, a quienes demanden la cobertura de riesgos. bo
2.  Los corredores de seguros deberán informar a quien trate de concertar el seguro  51ww
sqaposauibremar,e  issd lumea  seoa f,cc icvouaenecldaridaircáo iyno  a npp elosesurn   ldiatceu rcldi toce dnoreicno ut errpafreretoocnf tceqoisusai.e od naea  lslo,u sm  jrueeicqjoiuori  scsioeton sav dqieaunpeet eh s aua sd lcear sirbe inur enyci roe lfsarie dpcaóedlirze lasa   dcdeoe b saeeqrgtuuuerroal;    OE-A-2020-16able en https://
3.  Igualmente, vendrán obligados durante la vigencia del contrato de seguro en que 
hayan intervenido a facilitar al tomador, al asegurado y al beneficiario del seguro la 
información que reclamen sobre cualquiera de las cláusulas de la póliza y, en caso de 
siniestro, a prestarles su asistencia y asesoramiento.
Artículo 156.  Relaciones con las entidades aseguradoras y con los clientes.
1.  Las relaciones con las entidades aseguradoras derivadas de la actividad de 
distribución de seguros por parte del corredor de seguros, se regirán por los pactos que las 
partes acuerden libremente, sin que dichos pactos puedan en ningún caso afectar a su 
independencia.
2.  Las relaciones entre el corredor de seguros y el cliente derivadas de la actividad 
de distribución de seguros, se regirán por los pactos que las partes acuerden libremente y, 
supletoriamente, por los preceptos que el Código de Comercio dedica a la comisión 
mercantil.
3.  La remuneración que perciba el corredor de seguros de la entidad aseguradora 
por su actividad de distribución de seguros revestirá la forma de comisiones.
El corredor y el cliente podrán acordar por escrito que la remuneración del corredor 
incluya honorarios profesionales que se facturen directamente al cliente, expidiendo en 
este caso una factura independiente por dichos honorarios de forma separada al recibo de 
prima emitido por la entidad aseguradora.
4.  El pago del importe de la prima efectuado por el tomador del seguro al corredor no 
se entenderá realizado a la entidad aseguradora, salvo que, a cambio, el corredor entregue 
al tomador del seguro el recibo de prima de la entidad aseguradora.
5.  En todo caso, se precisará el consentimiento del tomador del seguro para modificar 
la posición mediadora en el contrato de seguro en vigor.
Las comunicaciones efectuadas en cuanto al cambio de la posición mediadora por un 
corredor de seguros autorizado expresamente por el tomador y en su nombre, a la entidad 
aseguradora, surtirán los mismos efectos que si la realizara el propio tomador, salvo 
indicación en contrario de este.
Artículo 157.  Requisitos de los corredores de seguros.
1.  Para figurar inscrito como corredor de seguros en el registro administrativo previsto 
en el artículo 133, será necesario cumplir y mantener en todo momento los siguientes 
requisitos:
a)  Los corredores de seguros, personas físicas, deberán tener capacidad legal para 
ejercer el comercio, y en el caso de las personas jurídicas, deberán ser sociedades 
mercantiles o cooperativas inscritas en el Registro Mercantil y registro de cooperativas 
correspondiente, previamente a la solicitud de inscripción administrativa, cuyos estatutos 
prevean, dentro del apartado correspondiente al objeto social, la realización de actividades 
de distribución de seguros como corredor de seguros. Cuando la sociedad sea por 
acciones, estas habrán de ser nominativas.
b)  Presentar un programa de actividades en el que se deberá indicar, al menos, los 
ramos de seguro y la clase de riesgos en que se proyecte mediar, los principios rectores y 
ámbito territorial de su actuación; la estructura de la organización, que incluya los sistemas 
de comercialización; los medios personales y materiales de los que se vaya a disponer 
para el cumplimiento de dicho programa y los mecanismos adoptados para la solución de  es
conflictos por quejas y reclamaciones de los clientes. Además, para los tres primeros  o
ejercicios sociales, deberá contener un plan en el que se indiquen de forma detallada las  51www.
pparsreeí vvcciios)s imioonAone eclsarse   raddedieltaea tcriin vuqgaaurscee ia óslo nops sra  icm yeo asrgrtseaa dsdsot eodr eses, es lo gedsune r m ospseea gdrqtuiuiocresou  slsya,e  rrp  evelcoarussnro  sganoa adsss istd oftiírsssipb icgouaenirsn,i,b  ejaulerssasítl .iecfisoca mcnood,ro rei elnan set elm csai,s symo  aldases,    OE-A-2020-16able en https://
personas jurídicas, la persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso,
las personas que forman parte del órgano de dirección responsable de la actividad de 
distribución y todas las personas que participan directamente en la distribución de seguros, 
cumplen el requisito de honorabilidad comercial y profesional en los términos dispuestos 
en el artículo 128.
Este requisito será igualmente aplicable a los administradores del corredor de seguros, 
persona jurídica.
d)  Acreditar que los corredores de seguros, personas físicas y, en el caso de 
personas jurídicas, la persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, al 
menos la mitad de las personas que forman parte del órgano de dirección responsable de 
la actividad de distribución y todas las personas que participan directamente en la 
distribución de seguros, poseen los conocimientos y aptitudes apropiados mediante la 
superación de cursos de formación de acuerdo con lo previsto en el título I y en su 
normativa de desarrollo.
e)  Presentar un programa de formación continua aplicable tanto al corredor de 
seguros, persona física como, en el caso de corredor de seguros persona jurídica, a la 
persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, al menos a la mitad de 
las personas que forman parte del órgano de dirección responsable de la actividad de 
distribución. El programa también deberá aplicarse a todas las personas que participan 
directamente en la distribución de seguros. A estos efectos, la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones establecerá mediante resolución, las líneas generales y 
los principios básicos que, en cuanto a su contenido, organización y ejecución, habrán de 
cumplir los cursos de formación inicial y continua relativos a todas las personas a las que 
se refiere la letra d) del presente apartado, que podrán ser impartidos por los corredores 
de acuerdo con lo previsto en el título I y en su normativa de desarrollo.
f)  Disponer de una capacidad financiera que deberá en todo momento alcanzar el 4 por 
ciento del total de las primas anuales percibidas, sin que pueda ser inferior a 19.510 euros, 
salvo que contractualmente se haya pactado de forma expresa con las entidades 
aseguradoras que los importes abonados por los clientes se realizarán directamente en 
cuentas de pago de titularidad de aquellas, o que, en su caso, el corredor de seguros 
ofrezca al tomador una cobertura inmediata, siempre y cuando la entidad aseguradora 
haya autorizado al corredor a recibir en nombre y por cuenta de esta las primas satisfechas 
por los tomadores, entregando el recibo de prima emitido por la entidad aseguradora, y, en 
uno y otro caso, que las cantidades abonadas en concepto de indemnizaciones se 
entregarán directamente por las entidades aseguradoras a los tomadores de seguros, 
asegurados o beneficiarios.
La capacidad financiera podrá acreditarse mediante la contratación de un aval emitido 
por una entidad financiera o de un seguro de caución, con objeto de proteger a los clientes 
frente a la incapacidad de los corredores de seguros para transferir la prima a la entidad 
aseguradora o para transferir la cantidad de la indemnización o el reembolso de la prima 
al asegurado.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 136.4.
g)  Contratar un seguro de responsabilidad civil profesional o cualquier otra garantía 
financiera que cubra en todo el territorio de la Unión Europea las responsabilidades que 
pudieran surgir por negligencia profesional, con una cuantía de, al menos 1.300.380 euros 
por siniestro y, en suma, 1.924.560 euros para todos los siniestros correspondientes a un 
determinado año.
En el caso de que el corredor de seguros ejerza su actividad en determinados 
productos bajo la dirección de otro corredor que asuma la total responsabilidad de los  es
actos de aquel, deberá informar previamente por escrito de ello al cliente. o
h)  Aportar y mantener actualizada: 51www.
físic1a.sº  o Injuforírdmicaacsió, nq useo bproes leaa nid eennt ideal dc odrere ldoosr  adcec isoengisutraoss  ou nsoac pioasr,t icyiap asceiaónn  pdeirrescotnaa os 
indir2e.cº ta Idnefol r1m0a pcoiór nc iesonbtor eo  lsau ipdeerniotird daed  ldoes  dlaesr epcehrosso ndaes v qoutoe  op doesel caanp vitíanlc.ulos estrechos  BOE-A-cable e
con el corredor de seguros.
3.º  Información de que dichas participaciones o vínculos estrechos no impiden a la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el ejercicio efectivo de sus funciones 
de supervisión.
i)  No incurrir en las causas de incompatibilidad previstas en el artículo 159.
2.  El corredor de seguros dirigirá la solicitud de inscripción a la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, que deberá ir acompañada de los documentos 
acreditativos del cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado anterior. El 
plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa de la solicitud será de tres 
meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de inscripción. La solicitud de 
inscripción será denegada cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para su concesión.
3.  El corredor de seguros deberá, en un plazo máximo de quince días hábiles desde 
el acuerdo de modificación, notificar a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones los cambios en la información facilitada de conformidad con el apartado anterior, 
que sean relativos a los actos sujetos a inscripción en el registro administrativo de 
distribuidores de seguros y reaseguros de acuerdo con lo dispuesto en la disposición 
adicional octava del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre.
4.  Las cuantías mencionadas en el apartado 1.f) y g) quedarán modificadas por las 
actualizaciones que establezca la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación.
A dichos efectos, para facilitar su conocimiento y aplicación, por resolución de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se harán públicas dichas 
actualizaciones.
Artículo 158.  Publicidad y documentación mercantil de la actividad de distribución de 
seguros privados de los corredores de seguros.
1.  En la publicidad y en la documentación mercantil de distribución de seguros 
privados de los corredores de seguros, deberán figurar de manera destacada las 
expresiones «corredor de seguros» o «correduría de seguros». Igualmente, indicarán la 
circunstancia de estar inscrito en el registro administrativo previsto en el artículo 133 y 
tener concertado un seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera y, en su 
caso, disponer de la capacidad financiera exigida, con arreglo todo ello al artículo 157.
2.  Cuando en el capital social de un corredor de seguros, persona jurídica, tuvieran 
una participación significativa entidades aseguradoras o reaseguradoras o agentes de 
seguros, personas físicas o jurídicas, o cuando el corredor de seguros estuviese presente, 
por sí o a través de representantes, en el órgano de administración de una entidad 
aseguradora o reaseguradora o tuviera una participación significativa en el capital social 
de una entidad aseguradora o reaseguradora, deberá hacer constar de manera destacada 
esta vinculación en toda la publicidad y en toda la documentación mercantil de distribución 
de seguros privados.
Serán de aplicación a estos supuestos las disposiciones contenidas en el artículo 160.
Artículo 159.  Incompatibilidades de los corredores de seguros.
1.  Se considerarán incompatibles para ejercer la actividad como corredor de seguros 
las personas físicas siguientes: s
a)  Los agentes de seguros. w.b
b)  Los colaboradores externos de los agentes de seguros u operadores de banca- 51ww
segucr)o sL.os peritos de seguros, comisarios de averías y liquidadores de averías, salvo que
esesgtausr oa, catsiveigduardaedso ss eo  bdeenseafrircoiallreions e pno re cxocnlutrsaivtoa  dpea srae gausroe.soramiento de tomadores del
2.  En el caso de que la actividad de corredor de seguros se realice por una persona 
jurídica, aquella no podrá simultanearse con las siguientes actividades:
a)  Aseguradora o reaseguradora.
b)  Agencia de suscripción.
c)  Agente de seguros u operador de banca-seguros.
d)  Colaborador externo de agente de seguros u operador de banca-seguros.
e)  Aquellas otras para cuyo ejercicio se exija objeto social exclusivo.
f)  De peritación de seguros, comisariado de averías o liquidación de averías, salvo 
que estas actividades se desarrollen en exclusiva para asesoramiento de tomadores del 
seguro, asegurados o beneficiarios por contrato de seguro.
Subsección 5.ª  Vínculos estrechos y participaciones significativas en operadores de 
banca-seguros y corredores de seguros
Artículo 160.  Vínculos estrechos y régimen de participaciones significativas.
1.  El corredor de seguros, persona jurídica, y el operador de banca-seguros, deberán 
informar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de cualquier relación 
que pretendan establecer con personas físicas o jurídicas que pueda implicar la existencia 
de vínculos estrechos tal y como se definen en el artículo 128.12, así como de cualquier 
transmisión de acciones o participaciones proyectada que represente una participación 
significativa de acuerdo con el artículo 128.13.
2.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dispondrá de un plazo 
de tres meses, a partir de la presentación de la información, para oponerse a la adquisición 
de la participación significativa o de cada uno de sus incrementos que igualen o superen 
los límites del 20 por ciento, 30 por ciento o 50 por ciento, y también cuando en virtud de 
la adquisición se pudiera llegar a controlar al corredor de seguros, persona jurídica, o al 
operador de banca-seguros. La oposición deberá fundarse en que quien pretenda 
adquirirla no reúne los requisitos de honorabilidad comercial y profesional en los términos 
definidos en el artículo 128 o que incurre en alguna de las prohibiciones del título I. Si la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no se pronunciara en el plazo de 
tres meses, podrá procederse a la adquisición o incremento de la participación. En caso 
de expresar su conformidad a la adquisición o incremento de la participación significativa, 
podrá fijar un plazo máximo distinto al comunicado para efectuar la adquisición.
3.  Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las 
normas sobre ofertas públicas de adquisición e información sobre participaciones 
significativas contenidas en el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y en sus normas de desarrollo, 
sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre control de concentraciones económicas 
contenidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Sección 2.ª  De los distribuidores de reaseguros
Artículo 161.  Distribución de productos de reaseguros por los empleados de las entidades 
reaseguradoras.
Serán de aplicación a las entidades reaseguradoras los requisitos contenidos en la 
subsección 2.ª de la sección 1.ª del capítulo III, entendiéndose hechas a las entidades  es
reaseguradoras las referencias que en dicha subsección se hacen a las entidades  bo
aseguradoras. 51ww
Artículo 162.  Concepto de corredores de reaseguros.
una1 r.e mSuonne rcaocrrióend,o rreesa ldicee nre alas eagcutirvoisd alads  dpee rdsiosntraibsu fcísióicna sd eo  rjueraídsiecgausr oqsu ed, eaf incaidmab eion  deel   BOE-A-cable e
artículo 129.
2.  Para ejercer la actividad de corredor de reaseguros será preciso estar inscrito en 
el registro administrativo previsto en el artículo 133.
Para figurar inscrito en el citado registro administrativo será necesario cumplir y 
mantener en todo momento el cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a), c), 
d), e), g) y h) del artículo 157.1, entendiéndose hechas a los corredores de reaseguros las 
referencias que en dicho precepto se realizan a los corredores de seguros.
3.  La solicitud de inscripción como corredor de reaseguros se dirigirá a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones y deberá ir acompañada de los documentos 
acreditativos del cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado anterior. El 
plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa de la solicitud será de tres 
meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de inscripción. La solicitud de 
inscripción será denegada cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para su concesión.
4.  La inscripción solo habilitará para ejercer como corredor de reaseguros. Si el 
corredor de reaseguros pretendiera ejercer simultáneamente la actividad de distribución de 
seguros, deberá figurar inscrito también como mediador de seguros.
5.  El corredor de reaseguros deberá, en un plazo máximo de quince días hábiles 
desde el acuerdo de modificación, notificar a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones los cambios en la información facilitada de conformidad con el apartado 3 y que 
sean relativos a los actos sujetos a inscripción en el registro administrativo de distribuidores 
de seguros y reaseguros de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional octava 
del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre.
6.  Será de aplicación a los corredores de reaseguros lo previsto en el artículo 136.2.
7.  No serán de aplicación a los mediadores de reaseguros las disposiciones 
establecidas en la sección 4.ª y en la sección 6.ª del capítulo III del título I.
Artículo 163.  Relaciones con las entidades reaseguradoras y con los clientes.
1.  Las relaciones entre los corredores de reaseguros y las entidades reaseguradoras 
se regirán por los pactos que las partes acuerden libremente, que tendrán carácter 
mercantil, aplicándose supletoriamente los preceptos que el Código de Comercio dedica a 
la comisión mercantil.
2.  El contrato será retribuido y especificará las comisiones sobre las primas u otros 
derechos económicos que correspondan al corredor de reaseguros durante la vigencia del 
contrato y, en su caso, una vez extinguido este.
Artículo 164.  Obligaciones frente a terceros.
Los corredores de reaseguros deberán destacar en toda la publicidad y documentación 
mercantil de distribución de reaseguros su condición de corredor de reaseguros, así como 
las circunstancias de estar inscrito en el registro administrativo previsto en el artículo 133, 
y de tener concertado un seguro de responsabilidad civil, u otra garantía financiera, con 
arreglo al artículo 162.2.
Sección 3.ª  De los cursos de formación de los distribuidores de seguros y de reaseguros
Artículo 165.  Requisitos y organización de los cursos de formación.
1.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones establecerá mediante  es
resolución las líneas generales y los principios básicos que habrán de cumplir los cursos  bo
de formación en materias financieras y de seguros privados, en cuanto a su contenido,  51ww
opcorrognfafeonsrimizoanidcaaióld ny  c ydo ene  jlleooc spu rcceoivóninso,tc oqi meuneie  endlte oabsne eprxároen v XsioIeIs.r  apcroregdraitmadaodso sp oern l ofusn acsióisnt ednete lsa,  ctoudaolif ieclaloc iódne   OE-A-2020-16able en https://
Los cursos de formación continua deberán considerar la clase de distribuidor, los 
productos distribuidos, la función desempeñada y la actividad realizada, y se desarrollarán 
sobre la base de, al menos, 15 horas de formación al año.
2.  Reglamentariamente se desarrollarán los requisitos necesarios para poder 
organizar los cursos de formación, incluido, en su caso, y para los cursos de formación que 
se determinen, la necesidad de autorización previa de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones. Los organizadores emitirán las certificaciones que acrediten la 
superación de los mismos.
3.  La autorización concedida a los centros de formación por cualquier autoridad 
competente tendrá eficacia nacional. El titular de la autorización comunicará a la autoridad 
competente de su Comunidad Autónoma o a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, según corresponda, la apertura de nuevos centros de formación.
4.  Los cursos de formación se configurarán atendiendo a lo dispuesto en el anexo XII.
Sección 4.ª  De los mecanismos de resolución de conflictos
Artículo 166.  Obligación de atender y resolver quejas y reclamaciones.
1.  Las entidades aseguradoras, los corredores de seguros, las sucursales en España 
de mediadores de seguros, así como los mediadores de otros Estados miembros que 
actúen en España en régimen de libre prestación de servicios, están obligados a atender 
y resolver las quejas y reclamaciones que se formulen por los sujetos legitimados conforme 
a lo establecido en el título I y en la normativa sobre protección del cliente de servicios 
financieros.
2.  Los departamentos y servicios de atención al cliente de las entidades aseguradoras 
atenderán y resolverán las quejas y reclamaciones que se presenten en relación con la 
actuación de sus empleados y agentes de seguros y operadores de banca-seguros, en los 
términos que establezca la normativa sobre protección del cliente de servicios financieros.
3.  Los corredores de seguros y los mediadores de seguros de otros Estados 
miembros que operen en España a través de sucursal, deberán contar con un 
departamento o servicio de atención al cliente para atender y resolver las quejas y 
reclamaciones, salvo que encomienden la atención y resolución de la totalidad de las 
quejas y reclamaciones que reciban a un defensor del cliente, en los términos establecidos 
en el artículo 167.
A estos efectos, podrán contratar externamente el desempeño de las funciones del 
departamento o servicio de atención al cliente con otra persona o entidad ajena a la 
estructura de su organización, siempre que reúna los requisitos exigidos en la normativa 
sobre protección del cliente de servicios financieros.
4.  El departamento o servicio de atención al cliente podrá ser común a otras 
sociedades del mismo grupo económico.
Artículo 167.  Defensor del cliente.
1.  Las entidades aseguradoras y los corredores de seguros, podrán designar, bien 
individualmente, bien agrupados por ramos de seguro, proximidad geográfica, volumen de 
negocio o cualquier otro criterio, un defensor del cliente, que habrá de ser una entidad o 
experto independiente de reconocido prestigio, a quien corresponderá atender y resolver los 
tipos de quejas y reclamaciones que se sometan a su decisión en el marco de lo que disponga 
su reglamento de funcionamiento, así como promover el cumplimiento de la normativa sobre  e.
transparencia y protección del cliente y de las buenas prácticas y usos financieros, todo ello  w.b
conforme a lo dispuesto en la normativa sobre protección del cliente de servicios financieros. 51ww
entid2a. d Laas edgeucraisdióonra d oe la dl ecfoernresdoor rd deel  csleiegnutreo sfa. vEosrtaab vlein ac ullaa crieócnl anmoa sceiórán  ovbinsctáuclaurláo  aa  llaa 
pal elan ipturodt edcec ilóan t uatdemlai njuisdtircaiativl,a a.l recurso a otros mecanismos de resolución de conflictos ni
3.  La designación del defensor del cliente podrá efectuarse conjuntamente con otras 
entidades, de manera que aquel atienda y resuelva las reclamaciones de los clientes de 
todas ellas, de acuerdo con lo que disponga su reglamento de funcionamiento.
Artículo 168.  Protección administrativa del cliente de los servicios financieros.
1.  El cliente podrá presentar quejas y reclamaciones, relacionadas con sus intereses 
y derechos legalmente reconocidos, ante el órgano administrativo competente y conforme 
al procedimiento establecido en la normativa sobre protección del cliente de los servicios 
financieros y, en su caso, a la normativa en materia de consumo.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto para las entidades aseguradoras en la normativa 
sobre protección del cliente de los servicios financieros, tratándose de quejas y 
reclamaciones referentes a la actuación de mediadores de seguros residentes o 
domiciliados en España y de sucursales en España de mediadores de seguros residentes 
en otros Estados miembros, será imprescindible acreditar haber formulado la queja o 
reclamación previamente ante el departamento o servicio de atención al cliente de la 
entidad o, en su caso, ante el defensor del cliente.
3.  Hasta la entrada en vigor de la Ley prevista en la disposición adicional primera de 
la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español 
la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, 
relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, el servicio de 
reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones regulado en el 
artículo 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema 
Financiero, atenderá las quejas y reclamaciones que presenten los tomadores, asegurados 
y beneficiarios por contrato de seguro.
El servicio de reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones ajustará su proceder a los principios de proporcionalidad, adecuación, 
imparcialidad, efectividad e independencia organizativa y funcional.
Sección 5.ª  De la actividad de los mediadores de seguros y de reaseguros residentes o 
domiciliados en España en régimen de libre prestación de servicios y en régimen de 
derecho de establecimiento en otros estados miembros de la Unión Europea
Artículo 169.  Ejercicio de actividad en régimen de libre prestación de servicios.
1.  Todo mediador de seguros o de reaseguros residente o domiciliado en España que 
se proponga ejercer una actividad en régimen de libre prestación de servicios en el 
territorio de otro Estado miembro, facilitará a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones la siguiente información:
a)  Nombre, dirección y número de registro.
b)  Estado en cuyo territorio tenga previsto operar.
c)  Clase de mediador y, cuando proceda, identificación de las entidades aseguradoras 
o reaseguradoras a las que represente.
d)  Ramos de seguros en los que tenga previsto realizar la actividad de distribución.
2.  En el plazo de un mes, a partir de la fecha de recepción de la información a que se 
refiere el apartado 1, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones comunicará 
dicha información a la autoridad competente del Estado miembro de acogida, salvo que se  s
niegue a realizar dicha comunicación por tener razones para dudar de la estructura  oe.
organizativa o de la situación financiera del mediador. En caso de negativa a transmitir la  w.
iensfcorr3imt.o a acLli aóm nDe idareila cEdcsoiótra ndd eGo  semengeieurmarolb sdr eoo   Srdeeeag sauecrgoousg riyod saF,,o  ednned oebsle  mrdáie si mnPfeoon rpmsliaoaznro ed.se i nmfoarnmearará  mpoort iveasdcrait op oarl   2020-1651n https://ww
mediador de seguros o de reaseguros que la autoridad competente del Estado miembro
de acogida ha recibido la información y que el mediador puede comenzar a desarrollar su 
actividad en dicho Estado miembro.
Cuando proceda, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones informará 
al mismo tiempo al mediador que la información relativa a las disposiciones nacionales 
adoptadas por motivos de interés general de aplicación en el Estado miembro de acogida 
están disponibles en el sitio web de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación y en el punto de contacto único establecido por el Estado miembro de acogida, 
así como que el mediador debe cumplir dichas disposiciones a fin de iniciar sus 
operaciones en el Estado miembro de acogida.
4.  Si se produce algún cambio en cualquiera de los datos comunicados en aplicación 
del apartado 1, el mediador de seguros o de reaseguros informará a la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones como mínimo un mes antes de que el cambio sea 
efectivo. La autoridad competente del Estado miembro de acogida será también informada 
de ese cambio por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el plazo 
máximo de un mes desde la recepción de la información.
Artículo 170.  Ejercicio de actividad en régimen de derecho de establecimiento.
1.  Todo mediador de seguros o de reaseguros residente o domiciliado en España que 
se proponga ejercer una actividad en régimen de derecho de establecimiento mediante 
una sucursal o a través de una presencia permanente en el territorio de otro Estado 
miembro, facilitará a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la siguiente 
información:
a)  Nombre, dirección y número de registro.
b)  Estado en cuyo territorio tenga previsto operar, así como dirección de la sucursal 
en dicho Estado en la que puede obtenerse documentación.
c)  Clase de mediador y, cuando proceda, identificación de las entidades aseguradoras 
o reaseguradoras a las que represente.
d)  Ramos de seguros en los que tenga previsto realizar la actividad de distribución.
e)  Identificación de toda persona responsable de la gestión de la sucursal o 
establecimiento permanente.
2.  En el plazo de un mes, a partir de la fecha de recepción de la información a que se 
refiere el apartado 1, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones comunicará 
dicha información a la autoridad competente del Estado miembro de acogida, salvo que se 
niegue a realizar dicha comunicación por tener razones para dudar de la estructura 
organizativa o de la situación financiera del mediador. En caso de negativa a transmitir la 
información al Estado miembro de acogida deberá informar de manera motivada por 
escrito al mediador de seguros o reaseguros, en el mismo plazo.
3.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones informará por escrito al 
mediador de seguros o de reaseguros que la autoridad competente del Estado miembro 
de acogida ha recibido la información.
4.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones comunicará las 
disposiciones adoptadas por motivos de interés general por el Estado miembro de acogida 
al mediador y le informará de que puede iniciar su actividad en el Estado miembro de 
acogida siempre que cumpla tales disposiciones.
Si la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no recibiera en el plazo de 
un mes de la autoridad competente del Estado miembro de acogida, información sobre las  e.
disposiciones nacionales adoptadas por motivos de interés general de aplicación en dicho  w.b
Estado miembro, informará al mediador de que puede iniciar su actividad en el Estado  51ww
miem5.b roS di see a pcroogdiduace. algún cambio en cualquiera de los datos comunicados en aplicación
ddeel  Saepgaurtraodso  y1 ,F eoln mdoesd idaed oPr ednes sioengeusr ocso om doe m reínaismeog uurno sm inefso ramnatersá  ad ela q Duiere eclc cióanm Gbeion esreaal 
efectivo. La autoridad competente del Estado miembro de acogida será también informada 
de ese cambio por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el plazo 
máximo de un mes desde la recepción de la información.
6.  A efectos de lo dispuesto en este artículo, se asimilará a una sucursal toda 
presencia permanente de un mediador en el territorio de otro Estado miembro de la Unión 
Europea que sea equivalente a una sucursal.
Artículo 171.  Remisión general.
En lo no previsto en esta sección, los mediadores de seguros y de reaseguros 
residentes o domiciliados en España que ejerzan la actividad en régimen de libre 
prestación de servicios o en régimen de derecho de establecimiento, se ajustarán a las 
disposiciones del capítulo III.
Sección 6.ª  Obligaciones de información y normas de conducta
Subsección 1.ª  Obligaciones generales de información
Artículo 172.  Principio general.
1.  Los distribuidores de seguros actuarán siempre con honestidad, equidad y 
profesionalidad en beneficio de los intereses de sus clientes.
2.  Toda la información relativa al ámbito del título I, incluidas las comunicaciones 
publicitarias dirigidas por los distribuidores de seguros a los clientes o posibles clientes 
debe ser precisa, clara y no engañosa. Las comunicaciones publicitarias serán claramente 
identificables como tales.
3.  Los distribuidores de seguros no podrán ser remunerados, ni podrán evaluar el 
rendimiento de sus empleados, de un modo que entre en conflicto con su obligación de 
actuar en el mejor interés de sus clientes. En particular, un distribuidor de seguros no 
establecerá ningún sistema de remuneración, de objetivos de ventas o de otra índole que 
pueda constituir un incentivo para que este o sus empleados recomienden un determinado 
producto de seguro a un cliente si el distribuidor de seguros puede ofrecer un producto 
diferente que se ajuste mejor a las necesidades del cliente.
Artículo 173.  Información general previa a proporcionar por el mediador de seguros.
1.  Antes de la celebración de un contrato de seguro, el mediador de seguros deberá 
proporcionar al cliente, con suficiente antelación, la información siguiente:
a)  Su identidad y dirección, así como su condición de mediador de seguros.
b)  Si ofrece asesoramiento en relación con los productos de seguro comercializados.
c)  Los procedimientos contemplados en la sección 4.ª del capítulo III, que permitan a 
los clientes y a otras partes interesadas presentar quejas sobre los mediadores de seguros 
y sobre los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos.
d)  El tratamiento de sus datos de carácter personal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
e)  El registro en el que esté inscrito y los medios para comprobar dicha inscripción. e.
f)  Si actúa en representación del cliente o actúa en nombre y por cuenta de la  w.b
entidad aseguradora. 51ww
deregc)h oSs id peo vsoeteo  uon dae pl caartpicitiapla ecnió nu ndair eencttaid aod i nadsieregcutraa ddoerla 1 d0e pteorrm ciineandtoa .o superior de los
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voto o del capital del mediador de seguros.
i)  Por lo que se refiere al contrato ofrecido o sobre el cual se ha asesorado, si:
1.º  Facilita asesoramiento basándose en un análisis objetivo y personalizado;
2.º  está contractualmente obligado a realizar actividades de distribución de seguros 
exclusivamente con una, o, en su caso, autorizado con varias entidades aseguradoras, en 
cuyo caso deberá informar de los nombres de dichas entidades aseguradoras, o bien;
3.º  no está contractualmente obligado a realizar actividades de distribución de 
seguros exclusivamente con una o varias entidades aseguradoras y no facilita 
asesoramiento basándose en un análisis objetivo y personalizado, en cuyo caso deberá 
informar de los nombres de las entidades aseguradoras con las que pueda realizar, o de 
hecho realice, actividades de distribución de seguros del producto de seguro ofertado;
4.º  adicionalmente, en el caso de los operadores de banca-seguros, deberán 
comunicar a sus clientes que el asesoramiento prestado se facilita con la finalidad de 
contratar un seguro y no cualquier otro producto que pudiera comercializar la entidad de 
crédito o el establecimiento financiero de crédito.
j)  La naturaleza de la remuneración recibida en relación con el contrato de seguro.
k)  Si, en relación con el contrato de seguro, trabajan:
1.º  A cambio de un honorario, esto es, la remuneración la abona directamente el 
cliente;
2.º  a cambio de una comisión de algún tipo, esto es, la remuneración está incluida en 
la prima de seguro;
3.º  a cambio de cualquier otro tipo de remuneración, incluida cualquier posible 
ventaja económica ofrecida u otorgada en relación con el contrato de seguro, o
4.º  sobre la base de una combinación de cualquiera de los tipos de remuneración 
especificados en los apartados 1.º, 2.º y 3.º
2.  Cuando el cliente acuerde por escrito con el mediador de seguros el abono de 
honorarios, este informará al cliente del importe de dicho honorario o, cuando ello no sea 
posible, el método para calcularlo.
3.  Si con posterioridad a la celebración del contrato, el cliente efectúa, en virtud del 
contrato de seguro, algún pago distinto de las primas periódicas y los pagos previstos, se 
le facilitará también la información a que se refiere el presente artículo en relación con 
cada uno de esos pagos.
4.  El deber de información previo regulado en los apartados anteriores también será 
exigible con ocasión de la modificación o prórroga del contrato de seguro si se han 
producido alteraciones en la información inicialmente suministrada.
Artículo 174.  Información general previa a proporcionar por la entidad aseguradora.
1.  Antes de la celebración de un contrato de seguro, la entidad aseguradora deberá 
proporcionar al cliente, con suficiente antelación, la información siguiente:
a)  Su identidad y dirección, así como su condición de entidad aseguradora.
b)  Si ofrece asesoramiento en relación con los productos de seguro comercializados.
c)  Los procedimientos contemplados en la sección 4.ª del capítulo III que permitan a 
los clientes y otras partes interesadas presentar quejas sobre las entidades aseguradoras, 
y sobre los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos.
d)  La naturaleza de la remuneración percibida por sus empleados en relación con el  e
contrato de seguro. bo
vfairctuil2idt.a  dráeS lt iac cmoonbntir épanoto sl atde eirni osforeirdgmauadroc a iód lnias  tacin eqtloeu bedr esa ecla iórsen fp ideriermel  aceosl  npptrerearsitóoed,n ietcela  csal iryetí nclotuesl o ep feaengc otrúesa lap acreligóvúnisn ct oposan,g  csoae ed lnae    2020-1651n https://ww
uno de esos pagos.
3.  El deber de información previo regulado en los apartados anteriores también será 
exigible con ocasión de la modificación o prórroga del contrato de seguro si se han 
producido alteraciones en la información inicialmente suministrada.
Artículo 175.  Información y asesoramiento previos que deberán proporcionar los 
distribuidores de seguros sobre el contrato de seguro.
1.  Antes de la celebración de un contrato de seguro, el distribuidor de seguros 
determinará, basándose en informaciones obtenidas del cliente, las exigencias y las 
necesidades de dicho cliente y facilitará al mismo información objetiva acerca del 
producto de seguro de forma comprensible, de modo que el cliente pueda tomar una 
decisión fundada.
Cualquier contrato que se proponga debe respetar las exigencias y necesidades del 
cliente en materia de seguros.
2.  Si se facilita asesoramiento antes de la celebración de un contrato determinado, el 
distribuidor de seguros facilitará al cliente una recomendación personalizada en la que 
explique por qué un producto concreto satisfará mejor las exigencias y necesidades del 
cliente.
Cuando un mediador de seguros informe a su cliente de que facilita asesoramiento 
basado en un análisis objetivo y personalizado, deberá prestar ese asesoramiento sobre 
la base del análisis de un número suficiente de contratos de seguro ofrecidos en el 
mercado, de modo que pueda formular una recomendación personalizada, ateniéndose a 
criterios profesionales, respecto al contrato de seguro que sería adecuado a las 
necesidades del cliente.
3.  Las precisiones a que se refieren los apartados 1 y 2 se modularán en función de 
la complejidad del producto de seguro propuesto y del tipo de cliente.
4.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 122, 123, 124, 125 y 126 del Real 
Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, antes de la celebración del contrato, ya se 
ofrezca o no asesoramiento e independientemente de que el producto de seguro forme 
parte de un paquete con arreglo al artículo 184, el distribuidor de seguros suministrará al 
cliente la información pertinente sobre el producto de seguro de forma comprensible, de 
modo que el cliente pueda tomar una decisión fundada, y atendiendo a la complejidad del 
producto de seguro y al tipo de cliente.
5.  Los mediadores de seguros de otros Estados de la Unión Europea que ejerzan en 
España en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de 
servicios deberán informar a sus clientes en los mismos términos previstos en los 
apartados anteriores, acerca de si realizan un asesoramiento basado en un análisis 
objetivo y personalizado o de si están o no contractualmente obligados a realizar 
actividades de distribución de seguros exclusivamente con una o varias entidades 
aseguradoras.
Artículo 176.  Deber general de información previa sobre el contrato de seguro distinto al 
seguro de vida: documento de información previa.
1.  En relación con la distribución de productos de seguro distintos del seguro de vida, 
según la clasificación del anexo I de la Ley 20/2015, de 14 de julio, se facilitará la 
información a que se refiere el artículo 175.4 mediante un documento de información 
previa sobre productos de seguro, en papel o en otro soporte duradero, para la distribución 
de productos de seguro distintos del seguro de vida. A estos productos les será de  e.e
aplicación el Reglamento de ejecución (UE) 2017/1469 de la Comisión, de 11 de agosto  b
de 2017, por el que se establece un formato de presentación normalizado para el  51ww
docu2m. eLnato e dneti dinafdo ramsaecgiuórna dsoobrare o p, reond suuc tcoass doe,  esle mguerdoia.dor de seguros cuando sea este el
qsouber ed iesel pñreo deul cptroo dduec stoe gduer os aelg quuroe,  sdee breefrieár ee lealb aopraarr teald doo 1c.umento de información previa
3.  El documento de información previa sobre el producto de seguro deberá cumplir 
los siguientes requisitos:
a)  Será un documento breve e independiente.
b)  Tendrá una presentación y una estructura claras que permitan su fácil lectura, y 
utilizará caracteres de un tamaño legible.
c)  En caso de que el original se haya elaborado en color, no deberá perder claridad 
si se imprime o fotocopia en blanco y negro.
d)  Se redactará en las lenguas oficiales, o en una de las lenguas oficiales, utilizadas 
en la parte del Estado miembro en el que se distribuya el producto de seguro, o en otra 
lengua si así lo acuerdan el cliente y el distribuidor.
e)  Será preciso y no engañoso.
f)  Incluirá el título «documento de información sobre el producto de seguro» en la 
parte superior de la primera página.
g)  Incluirá una declaración de que la información precontractual y contractual 
completa relativa al producto se facilita en otros documentos.
4.  El documento de información sobre el producto de seguro contendrá la siguiente 
información:
a)  Información sobre el tipo de seguro.
b)  Un resumen de las coberturas del seguro, incluidos los principales riesgos 
asegurados, la suma asegurada y, cuando proceda, el ámbito geográfico de aplicación, así 
como un resumen de los riesgos excluidos.
c)  Las condiciones de pago de las primas, y la duración de los pagos.
d)  Las principales exclusiones, sobre las cuales no es posible presentar solicitudes 
de indemnización.
e)  Las obligaciones al comienzo del contrato.
f)  Las obligaciones durante la vigencia del contrato.
g)  Las obligaciones en caso de solicitud de indemnización.
h)  La duración del contrato, incluidas las fechas de comienzo y de expiración.
i)  Las modalidades de rescisión del contrato.
5.  En relación con los seguros a los que resulta de aplicación lo dispuesto en este 
artículo, no será necesario suministrar la información establecida en los artículos 122, 125 
y 126 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, en la medida en que la misma se 
entienda debidamente suministrada con arreglo al documento de información sobre el 
producto de seguro.
Artículo 177.  Exención de la obligación de información previa.
No será obligatorio facilitar la información contemplada en los artículos 173, 174, 175 
y 176 cuando el distribuidor de seguros ejerza actividades de distribución en relación con 
los seguros de grandes riesgos.
Subsección 2.ª  Requisitos adicionales en relación con la distribución de productos de 
inversión basados en seguros
Artículo 178.  Ámbito de aplicación de los requisitos adicionales.
La presente subsección establece requisitos adicionales de información a los aplicables  b
a la distribución de seguros de conformidad con los artículos 172, 173, 174, 175 y 176,  51ww
cbuaasnaddoo sla e dni ssterigbuurcoiósn r edael iszeagduar opso rs:e refiera a la comercialización de productos de inversión
a)  Un mediador de seguros.
b)  Una entidad aseguradora.
Artículo 179.  Prevención de conflictos de interés.
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 172, los mediadores de seguros y las 
entidades aseguradoras que distribuyan productos de inversión basados en seguros 
adoptarán todas las medidas oportunas para detectar los posibles conflictos de interés que 
surjan entre ellos mismos, incluidos sus órganos de dirección y empleados o cualquier 
persona directa o indirectamente ligada a ellos por vínculos de control, y sus clientes, o 
entre un cliente y otro, en el ejercicio de actividades de distribución de seguros.
2.  Los mediadores de seguros y las entidades aseguradoras adoptarán medidas 
organizativas eficaces destinadas a impedir que las situaciones de conflictos de interés 
detectadas con arreglo a lo dispuesto en el anterior apartado perjudiquen los intereses de 
sus clientes. Tales medidas serán proporcionales a las actividades realizadas, los 
productos de seguro comercializados y la clase de distribuidor.
3.  En caso de que las medidas adoptadas de conformidad con el apartado anterior 
por el mediador de seguros o la entidad aseguradora para gestionar las situaciones de 
conflictos de interés detectadas no sean suficientes para garantizar, con un grado 
razonable de seguridad, que se eviten los riesgos de perjuicio a los intereses de los 
clientes, el mediador de seguros o la entidad aseguradora informarán claramente al cliente 
de la naturaleza general o del origen de tales conflictos de interés, con el tiempo suficiente 
antes de celebrarse un contrato de seguro.
4.  La información a que se hace referencia en el apartado 3, se facilitará:
a)  En un soporte duradero, y;
b)  con suficiente detalle, teniendo en cuenta la naturaleza del cliente, para permitirle 
tomar una decisión fundada con respecto a las actividades de distribución de seguros en 
cuyo contexto surja el conflicto de interés.
Artículo 180.  Información previa a facilitar a los clientes.
1.  Sin perjuicio de la información general a proporcionar por los mediadores de 
seguros y entidades aseguradoras de conformidad con lo dispuesto en los artículos 173 
y 174, se facilitará a los clientes, con el tiempo suficiente antes de celebrarse un contrato, 
información adecuada sobre los productos de inversión basados en seguros objeto de 
distribución, así como sobre los costes y gastos asociados. Dicha información incluirá, 
como mínimo, lo siguiente:
a)  Cuando se ofrezca asesoramiento, el mediador de seguros o la entidad 
aseguradora indicarán si entregarán al cliente evaluaciones periódicas de la idoneidad del 
producto de inversión basado en seguros recomendado a dicho cliente, a que se hace 
referencia en el artículo 181;
b)  orientaciones y advertencias sobre los riesgos conexos a los productos de 
inversión basados en seguros o a determinadas estrategias de inversión propuestas;
c)  información sobre todos los costes y gastos asociados, incluidos el coste de 
asesoramiento, cuando proceda, el coste del producto de inversión basado en seguros 
recomendado o comercializado al cliente y la forma en que este podrá pagarlo, así como 
cualesquiera pagos relacionados con terceros.
La información sobre todos los costes y gastos, incluidos los relacionados con la 
distribución del producto de inversión basado en seguros, que no sean causados por la  s
existencia de un riesgo de mercado subyacente, estará agregada de forma que el cliente  e.
pueda comprender el coste total así como el efecto acumulativo sobre el rendimiento de la  w.
inversión, suministrándose, a solicitud del cliente, un desglose de los costes y gastos por  51ww
cyo cnocmeop tmosí.n Cimuoa nudnoa  pvreozc aeld aañ, oe,s dtau rinafnotrem eal ccióicnlo s dee f avcidilaita dreá  laal  icnliveenrtseió dne. manera periódica,
de taLla m inofodrom qauceió lno sa  cqluieen stees r epfuieerdea ens eten taepnadretar droa zsoen parbolepmorecniotnea lraá n daet uforarmleaza c oym lopsr erinessigboles,   BOE-A-cable e
del producto de inversión basado en seguros ofrecido y, por tanto, adoptar decisiones de 
inversión fundadas.
2.  Cuando se informe al cliente que el asesoramiento en los productos de inversión 
basados en seguros en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión, se ofrece de 
forma independiente basado en un análisis objetivo y personalizado, los mediadores de 
seguros no aceptarán ni retendrán honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o 
no monetarios abonados o proporcionados por un tercero o por una persona que actúe por 
cuenta de un tercero en relación con la distribución de este tipo de productos. Serán 
comunicados con claridad y excluidos de lo dispuesto en el presente apartado los 
beneficios no monetarios menores que no perjudiquen la calidad del correspondiente 
servicio al cliente y cuya escala y naturaleza sean tales que no pueda considerarse que 
afectan al cumplimiento por el mediador de seguros de actuar con honestidad, 
imparcialidad y profesionalidad, en el mejor interés de sus clientes.
3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 173.1.j), k), y 3, solo se considerará que 
las entidades aseguradoras o los mediadores de seguros cumplen las obligaciones de 
actuar siempre con honestidad, equidad y profesionalidad en beneficio de los intereses de 
sus clientes, o las referidas a la prevención de conflictos de interés del artículo 179, en los 
casos en que abonen o cobren honorarios o comisiones, o proporcionen o reciban 
cualquier beneficio no monetario en relación con la distribución de productos de inversión 
basados en seguros o un servicio auxiliar a cualquiera o de cualquiera, excepto el cliente 
o la persona que actúe en nombre de este, cuando el pago o beneficio no perjudique:
a)  La calidad del correspondiente servicio al cliente, y;
b)  el cumplimiento de la obligación del mediador de seguros o la entidad aseguradora 
de actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, en el mejor interés de sus 
clientes.
4.  En el caso de distribución a clientes profesionales de productos de inversión 
basados en seguros, no será obligatorio facilitar la información prevista en el presente 
artículo.
5.  La persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
podrá establecer, en relación con los productos de inversión basados en seguros en los 
que el tomador asuma el riesgo de la inversión, requisitos adicionales de información al 
cliente antes de suscribir el contrato y una vez suscrito el mismo, en particular sobre el 
deber de revelar al cliente, de forma completa, exacta y comprensible, la existencia, 
naturaleza y cuantía de los pagos o beneficios a que se refiere el apartado 3 o, cuando 
dicha cuantía no pueda determinarse, el método de cálculo de esa cuantía.
Artículo 181.  Análisis de idoneidad y adecuación e información a los clientes.
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 175.1, referido a la obligación de 
determinar las exigencias y necesidades del cliente con carácter previo a la celebración de 
un contrato de seguro, cuando el mediador de seguros o la entidad aseguradora realicen 
actividades de distribución de seguros en las que ofrezcan asesoramiento sobre un 
producto de inversión basado en seguros, obtendrán también en todo caso la siguiente 
información sobre el cliente o cliente potencial:
a)  Conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión propio de la clase de 
producto. s
b)  Situación financiera, incluida su capacidad para soportar pérdidas. oe.
c)  Objetivos de inversión, incluida su tolerancia al riesgo. w.
entidLaa da natseerigour raindfoorrma arceicóonm siee nodbetenn adlr ác lcieonnt ee ll ofisn  pdreo dquucet oesl  mdee diinavdeorrs idóen  sbeagsuardoos so  elan 
stoelegruarnocsi aq uael r iseesagno  iyd óan seuo csa ppaarcaid éald y p aqruae ,s oepno prtaarrt ipcéurldaird, ams.ejor se ajusten a su nivel de
Cuando el asesoramiento en materia de inversión consista en la recomendación de un 
conjunto de productos combinados de acuerdo con el artículo 184, el conjunto considerado 
de forma global debe ser idóneo para el cliente.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 175.1, referido a la obligación de 
determinar las exigencias y necesidades del cliente con carácter previo a la celebración de 
un contrato de seguro, cuando el mediador de seguros o la entidad aseguradora realicen 
actividades de distribución de seguros en las que no se ofrezca asesoramiento, obtendrán 
también en todo caso información solicitada al cliente sobre sus conocimientos y 
experiencia en el ámbito de inversión propio de la clase de producto.
La anterior información se obtendrá con el fin de que el mediador de seguros o la 
entidad aseguradora puedan analizar si el producto de seguro es adecuado para el cliente.
Cuando la distribución consista en un conjunto de productos combinados conforme al 
artículo 184, el mediador de seguros o la entidad aseguradora deberán examinar si el 
conjunto, considerado de forma global, es adecuado para el cliente.
Cuando el mediador de seguros o la entidad aseguradora consideren, basándose en 
la información recibida en virtud del párrafo primero de este apartado, que el producto no 
es adecuado para el cliente, le advertirán de ello. Dicha advertencia podrá realizarse en un 
formato normalizado.
Cuando los clientes o clientes potenciales no faciliten la información a que se refiere el 
párrafo primero de este apartado o faciliten información insuficiente sobre sus 
conocimientos y experiencia, el mediador de seguros o la entidad aseguradora les 
advertirán de que no están en condiciones de decidir si el producto previsto es adecuado 
para ellos. Dicha advertencia podrá realizarse en un formato normalizado.
3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 175.1, referido a la obligación de 
determinar las exigencias y necesidades del cliente con carácter previo a la celebración de 
un contrato de seguro, cuando no se ofrezca asesoramiento en relación con productos de 
inversión basados en seguros, los mediadores de seguros o las entidades aseguradoras 
podrán realizar actividades de distribución de seguros sin necesidad de obtener la 
información o adoptar la decisión que prevé el apartado 2, siempre que se cumplan todas 
las condiciones siguientes:
a)  Las actividades se refieren a algunos de los siguientes productos de inversión 
basados en seguros:
1.º  Contratos que solo ofrecen una exposición de inversión a instrumentos financieros 
considerados no complejos en virtud del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de valores y que 
no incorporan una estructura que dificulte al cliente la comprensión del riesgo implicado, o
2.º  otras inversiones no complejas basadas en seguros para los fines del presente 
apartado.
b)  La actividad de distribución de seguros se lleva a cabo a iniciativa del cliente o 
cliente potencial.
c)  El cliente ha sido claramente informado de que para la prestación de la actividad 
de distribución de seguros no es necesario que el mediador de seguros o la entidad 
aseguradora evalúen la idoneidad del producto de inversión basado en seguros o la 
actividad de distribución de seguros prestada u ofrecida y de que el cliente no goza de la 
correspondiente protección de las normas de conducta pertinentes. Dicha advertencia 
podrá facilitarse en un formato normalizado. e.e
d)  El mediador de seguros o la entidad aseguradora cumple con sus obligaciones en  b
materia de gestión y prevención de conflictos de interés, previstas en el artículo 179. 51ww
eesl tparAbells ececenimlteeib earnaptrao rc etoannd tuoran, t looEsss  tmdaede ods iemagdieuomrroeb scr ood neq  usceelie gnnuotre ohssa  gqoau e eun sttieodn adgdeae nlsa  s aeusx ecrgeeuspricdaiedónoncr caiaos n,h tianebcmliutpuildaaold soa   leosuns    OE-A-2020-16able en https://
que operen en régimen de libre prestación de servicios o de libertad de establecimiento, 
deberán cumplir las disposiciones aplicables en dicho Estado miembro.
4.  El mediador de seguros o la entidad aseguradora crearán un registro que contenga 
el documento o los documentos acordados entre el mediador de seguros o la entidad 
aseguradora y el cliente, que recojan los derechos y obligaciones de las partes y el resto 
de condiciones con arreglo a las cuales el mediador de seguros o la entidad aseguradora 
prestarán sus servicios al cliente. Los derechos y deberes de las partes en el contrato 
podrán establecerse por referencia a otros textos legales.
5.  En el caso de distribución a clientes profesionales de productos de inversión 
basados en seguros, no será obligatorio facilitar la información prevista en el presente 
artículo.
Subsección 3.ª  Modalidades de transmisión de la información
Artículo 182.  Modalidad de transmisión de información general.
1.  Toda información que deba ser proporcionada en virtud de los artículos 173, 174, 
175 y 180, deberá comunicarse a los clientes:
a)  En papel;
b)  de forma clara y precisa, comprensible para el cliente;
c)  en una lengua oficial del Estado miembro en el que se sitúe el riesgo o del Estado 
miembro del compromiso o en cualquier otra lengua acordada por las partes, y
d)  de forma gratuita.
2.  Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, letra a), la información a que se 
refieren los artículos 173, 174, 175 y 180, podrá facilitarse al cliente de una de las 
siguientes formas:
a)  A través de un soporte duradero distinto del papel, cuando concurran las 
circunstancias establecidas en el apartado 4, o
b)  a través de un sitio web, cuando concurran las circunstancias establecidas en el 
apartado 5.
3.  Cuando la información a que se refieren los artículos 173, 174, 175 y 180, se 
facilite a través de un soporte duradero distinto del papel o a través de un sitio web, se 
proporcionará al cliente una copia en papel cuando este así lo solicite, y de forma gratuita.
4.  La información a que se refieren los artículos 173, 174, 175 y 180, podrá facilitarse 
a través de un soporte duradero distinto del papel cuando concurran las siguientes 
circunstancias:
a)  Que el uso del soporte duradero resulte adecuado en el contexto de las 
operaciones que tengan lugar entre el distribuidor de seguros y el cliente, y
b)  que el cliente haya podido optar entre recibir información en papel o en otro 
soporte duradero, y haya elegido este último soporte.
5.  La información a que se refieren los artículos 173, 174, 175 y 180, podrá facilitarse 
a través de un sitio web cuando vaya dirigida personalmente al cliente o concurran las 
siguientes circunstancias:
a)  Que facilitar esa información a través de un sitio web resulte adecuado en el  o
contexto de las operaciones que tengan lugar entre el distribuidor de seguros y el cliente. 51www.
wluegbabc.r) )d  eQQl suuiteeio  se wel  echlbiae yenante  en hlo aqtiyufiacea  apdcuoee padtle ac dcliooe nnqstueue lte aelersscaet r ióennsfoaicr aminmfaoecrinmótnea  cslaieó  ndf.airceiclicteió an  tdraevl éssit iod ew uenb  syi tieol   OE-A-2020-16able en https://
d)  Que se garantice que esa información seguirá figurando en el sitio web durante el 
tiempo que razonablemente necesite el cliente para consultarla.
6.  A efectos de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, facilitar la información a través de 
un soporte duradero distinto del papel o a través de un sitio web se considerará adecuado 
en el contexto de las operaciones que tengan lugar entre el distribuidor de seguros y el 
cliente, si existen pruebas de que este último tiene acceso regular a internet. Se 
considerará que la comunicación por parte del cliente de una dirección de correo 
electrónico a efectos de esas operaciones constituye una prueba válida.
7.  En caso de venta por teléfono, la información facilitada al cliente por el distribuidor 
de seguros antes de celebrarse el contrato, incluido el documento de información previa 
sobre el producto de seguro a que se refiere el artículo 176, se comunicará de acuerdo con 
las normas aplicables a la comercialización a distancia de servicios financieros a los 
usuarios de seguros. Además, incluso cuando el cliente haya decidido recibir información 
previamente en un soporte duradero distinto del papel de conformidad con el apartado 4, el 
distribuidor de seguros facilitará, además, al cliente la información que proceda de acuerdo 
con los apartados 1 o 2 inmediatamente después de celebrarse el contrato de seguro.
Artículo 183.  Modalidad de transmisión de información en el caso de productos de 
inversión basados en seguros.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 182, la transmisión de información en el 
caso de productos de inversión basados en seguros se regirá por lo siguiente:
a)  El mediador de seguros o la entidad aseguradora facilitará al cliente, en un soporte 
duradero, los oportunos informes sobre el servicio que prestan. Dichos informes incluirán 
comunicaciones periódicas a los clientes, atendiendo a la clase y a la complejidad de los 
productos de inversión basados en seguros de que se trate y a la naturaleza del servicio 
prestado al cliente, e indicarán, en su caso, los costes de las operaciones y los servicios 
realizados por cuenta del cliente.
b)  Cuando el mediador de seguros o la entidad aseguradora proporcionen 
asesoramiento, facilitarán al cliente, antes de la celebración del contrato, una declaración 
sobre la idoneidad en un soporte duradero en la que se especifique el asesoramiento 
proporcionado y la manera en que este se adapta a las preferencias, los objetivos y otras 
características del cliente, siendo de aplicación las condiciones establecidas en los 
apartados 1 a 4 del artículo 182.
Cuando el contrato se celebre utilizando un medio de comunicación a distancia que 
impida la entrega por anticipado de la declaración de idoneidad, el mediador de seguros o 
la entidad aseguradora podrán proporcionar la declaración de idoneidad en un soporte 
duradero inmediatamente después de que el cliente esté vinculado por el contrato, siempre 
y cuando se cumplan los dos requisitos siguientes:
1.º  El cliente ha consentido en recibir la declaración de idoneidad sin demora indebida 
tras la conclusión del contrato, y
2.º  el mediador de seguros o la entidad aseguradora ha dado al cliente la opción de 
demorar la celebración del contrato a fin de recibir previamente la declaración de idoneidad.
Cuando el mediador de seguros o la entidad aseguradora hayan informado al cliente 
de que efectuarán una evaluación periódica de idoneidad, el informe periódico deberá 
contener un estado actualizado de cómo el producto de inversión basado en seguros se  e.
ajusta a las preferencias, objetivos y otras características del cliente. w.b
Artículo 184. SuPbráscetciccaiósn d 4e. ªv enPtraásc ctiocamsb dinea vdeanst ay sv icnocmulbaidnaasd.as y vinculadas OE-A-2020-16able en https://
1.  Cuando un contrato de seguro sea el producto principal que se ofrezca  Bc
conjuntamente con servicios o productos auxiliares distintos de los seguros como parte del
mismo paquete o acuerdo, el distribuidor de seguros informará al cliente de si los distintos 
componentes pueden adquirirse separadamente, y, en tal caso, ofrecerá una descripción 
adecuada de los diferentes componentes del acuerdo y facilitará por separado justificantes 
de los costes y gastos de cada componente.
En estas circunstancias, y si el riesgo o la cobertura de seguro resultantes de dicho 
paquete o acuerdo ofrecido al cliente son diferentes de los asociados a los componentes 
considerados por separado, el distribuidor de seguros facilitará una descripción adecuada 
de los diferentes componentes del acuerdo y del modo en que la interacción entre ellos 
modifica el riesgo o la cobertura de seguro.
2.  Cuando un contrato de seguro sea auxiliar a un bien o servicio que no sea de 
seguros, como parte de un mismo paquete o acuerdo, el distribuidor de seguros ofrecerá 
al cliente la posibilidad de adquirir el bien o servicio por separado. El presente apartado no 
se aplicará:
a)  Cuando el producto de seguro sea complementario de un servicio o actividad de 
inversión en el sentido del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre,
b)  cuando el producto de seguro sea complementario de un contrato de préstamo en 
el sentido del artículo 4.3) de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos 
de crédito inmobiliario, o
c)  cuando el contrato de seguro sea complementario de una cuenta de pago en el 
sentido del Real Decreto-Ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, 
traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones.
3.  El presente artículo no se aplicará a la distribución del contrato de seguro que 
incluya la cobertura de distintos tipos de riesgo (pólizas de seguros multirriesgo).
4.  Antes de la contratación de los productos a los que se refieren los apartados 1 y 2, 
el distribuidor informará al usuario de manera expresa y comprensible:
a)  Que se está realizando una práctica de venta combinada o vinculada.
b)  De la parte del coste total que corresponde a cada uno de los productos o 
servicios, en la medida en que este coste esté disponible para el usuario de seguros.
c)  De los efectos que la no contratación individual o la cancelación anticipada del 
seguro o de cualquiera de los productos vinculados produciría sobre el coste conjunto del 
seguro y el resto de los productos o servicios vinculados.
d)  De las diferencias entre la oferta conjunta y la oferta de los productos por 
separado.
5.  En los supuestos referidos en los apartados 1 y 2, los distribuidores de seguros 
deberán determinar en todo caso las exigencias y las necesidades del cliente respecto de 
los contratos de seguro que forman parte del conjunto del mismo paquete o acuerdo.
6.  Cuando la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones tenga constancia 
de la realización de prácticas que perjudiquen a los usuarios de seguros privados podrá, 
mediante resolución, establecer medidas, incluida la prohibición, en relación con la venta 
de productos de seguro junto con servicios o productos auxiliares distintos de los seguros 
como parte de un paquete o acuerdo.
Subsección 5.ª  Control de productos y requisitos en materia de gobernanza
Artículo 185.  Requisitos en el diseño, aprobación y control de productos y en materia de  es
gobernanza. o
1.  Las entidades aseguradoras, así como los mediadores de seguros que diseñen  51ww
pprroocdeuscoto ps adrae  lsae agpurroob paacrióan s due v ceandtaa  au ncoli ednet elos,s  mpraondtuecntdorsá nd,e  gseesgtiuornoa orá lna sy  ardeavpistaarcáionn uens 
sdiigstnriibfiucacitóivna as  ldoes  cloliesn pteros.ductos de seguro existentes antes de su comercialización o  BOE-A-cable e
El proceso de aprobación del producto será proporcionado y adecuado a la naturaleza 
del producto de seguro.
Este proceso especificará un mercado destinatario definido para cada producto, 
garantizará la evaluación de todos los riesgos pertinentes para el mercado en cuestión y 
la coherencia con el mismo de la estrategia de distribución prevista, y adoptará medidas 
razonables para garantizar que el producto de seguro se distribuye en el mercado 
destinatario definido.
La entidad aseguradora entenderá los productos de seguro que ofrezca o comercialice 
y efectuará revisiones periódicas de ellos, teniendo en cuenta cualquier hecho que pudiera 
afectar sustancialmente al riesgo potencial para el mercado destinatario definido, para 
evaluar, al menos, si el producto sigue respondiendo a las necesidades de ese mercado y 
si la estrategia de distribución prevista sigue siendo la adecuada.
Las entidades aseguradoras, así como los mediadores de seguros que diseñen 
productos de seguro, pondrán a disposición de los distribuidores toda la información 
relevante sobre estos y sobre su proceso de aprobación, incluyendo el mercado 
destinatario definido del mismo.
Cuando un distribuidor de seguros ofrezca productos de seguro no diseñados por él, o 
asesore sobre estos, contará con los mecanismos adecuados para obtener la información 
a que alude el párrafo anterior así como para comprender las características y el mercado 
destinatario definido de cada producto de seguro.
2.  Las políticas, procesos y mecanismos a que se refiere este artículo se entenderán 
sin perjuicio de todos los demás requisitos previstos por el título I, incluidos los relativos a 
publicación, valoración de idoneidad o conveniencia, identificación y gestión de conflictos 
de interés, e incentivos.
3.  Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a productos de seguro que 
consistan en seguros de grandes riesgos.
Sección 7.ª  Competencias de ordenación y supervisión
Subsección 1.ª  Competencias de la Administración General del Estado
Artículo 186.  Control de los distribuidores de seguros y reaseguros.
1.  Salvo lo establecido para las competencias atribuidas expresamente a la persona 
titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones ejercerá el control regulado en el título I sobre los 
distribuidores de seguros y de reaseguros residentes o domiciliados en España, incluidas 
las actividades que realicen en régimen de derecho de establecimiento y en régimen de 
libre prestación de servicios.
2.  A los efectos de realizar un adecuado seguimiento del mercado, los distribuidores 
de seguros y de reaseguros suministrarán a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones la documentación e información necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el apartado anterior, mediante su presentación periódica en la forma que 
reglamentariamente  se  determine  o  mediante  la  atención  de  requerimientos 
individualizados que les dirija la citada Dirección General.
3.  Será de aplicación a la inspección de mediadores de seguros y de corredores de 
reaseguros privados lo dispuesto en el capítulo IV del título IV de la Ley 20/2015, de 14 de 
julio, en materia de supervisión por inspección, y se entenderán hechas a los mediadores 
de seguros y corredores de reaseguros las referencias que en dicho capítulo se hacen a  s
las entidades aseguradoras. oe.
4.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá dar la difusión que  w.
cdoen ss5ei.dg eurLreoa sn D eqciureeesc aocrpióiaen rp eGanre aen nien rEfaoslr mpdaeañ cSaióe sngi undr eeolss pt ayú rbF lloeicngoda colmusa ednnedt eoP  hteeannbsgiiloaitn acedoson sisn tpafoanrrcmaia ae rdláleo  a.d ilsat rCiboumidiosrióens   2020-1651n https://ww
Europea de las dificultades de carácter general que hallen sus distribuidores de seguros o
de reaseguros para establecerse o ejercer actividades de distribución de seguros o  Bc
reaseguros en un tercer país.
Artículo 187.  Obligaciones contables y deber de información estadístico-contable.
1.  Los corredores de seguros y de reaseguros deberán llevar los libros-registro 
contables que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de la llevanza de los libros 
de contabilidad a que estuvieran obligados por las normas mercantiles o fiscales.
2.  Una vez iniciada la actividad de distribución de seguros y reaseguros, los agentes 
de seguros vinculados, los operadores de banca-seguros, los corredores de seguros y los 
corredores de reaseguros, deberán remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones la información estadístico-contable con el contenido y la periodicidad que 
reglamentariamente se determine.
3.  La persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
fijará los supuestos y condiciones en que los agentes de seguros vinculados, operadores 
de banca-seguros, los corredores de seguros y los corredores de reaseguros a que se 
refiere el apartado anterior habrán de presentar por medios electrónicos ante la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones la documentación e información que están 
obligados a suministrar conforme a su normativa específica.
Artículo 188.  Deber de secreto profesional.
1.  Salvo los datos inscribibles en el registro administrativo al que se refiere el artículo 133, 
los datos, documentos e informaciones que obren en poder de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones en virtud de cuantas funciones le encomienda el título I 
tendrán carácter reservado.
2.  Todas las personas que ejerzan o hayan ejercido una actividad de supervisión 
sobre la actividad desarrollada por distribuidores de seguros y de reaseguros, así como 
aquellas personas a quienes se les hayan encomendado funciones respecto de aquellos, 
tendrán obligación de guardar secreto profesional sobre las informaciones confidenciales 
que reciban a título profesional en el ejercicio de tal función.
3.  Será exigible el deber de secreto profesional en los términos regulados en el 
artículo 127 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, y deberán entenderse hechas a los 
mediadores de seguros y de reaseguros las referencias que en dicho precepto se 
contienen a las entidades aseguradoras.
Artículo 189.  Deber de colaboración con otras autoridades supervisoras.
1.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones colaborará con las 
autoridades supervisoras de los restantes Estados miembros de la Unión Europea e 
intercambiará con ellas toda la información que sea precisa para el ejercicio de sus 
funciones respectivas en el ámbito de supervisión de las operaciones de los distribuidores 
de seguros y reaseguros.
En particular, en el proceso de registro, y de manera periódica, la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones compartirá información relativa a la honorabilidad y 
aptitud de los distribuidores de seguros y reaseguros.
Asimismo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones intercambiará 
información sobre los distribuidores de seguros y reaseguros que hayan sido objeto de una 
sanción u otra medida de carácter administrativo que conlleve la exclusión del registro 
administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros.
2.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones facilitará a la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación la relación de mediadores de seguros y  s
reaseguros que hayan notificado su intención de desarrollar la actividad transfronteriza en  oe.
otro Estado miembro. w.
3.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones informará al Banco de  51ww
Eels peajeñraci coi oa  dlae C soums iscioómn pNeatceinocniaals d teeln Mgear ccaodnoo cdiem Vieanlotor edse,  speogsúibnl ecso rirrersepgounladraid, acdueasn deon  elna 
ccoommebricniaadlizaa oci óvnin dceu lpardoad ujcutnotso o c soenr vpicrioodsu ficntaonsc dieero sse qguuer osse,a nc oonb jeetlo f idne  dperá cctoicoard dine avre nlatas   BOE-A-cable e
actuaciones de supervisión con dichas autoridades.
Artículo 190.  Cancelación de la inscripción del registro administrativo de distribuidores de 
seguros y reaseguros.
1.  La cancelación de la inscripción de los mediadores de seguros, mediadores de 
seguros complementarios y corredores de reaseguros inscritos en el registro administrativo 
previsto en el artículo 133, será acordada por la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones cuando concurra alguna de las siguientes causas:
a)  Cuando la entidad aseguradora haya rescindido el contrato de agencia de seguros 
y comunique la baja del agente de seguros exclusivo en su registro.
b)  Cuando el mediador de seguros, mediador de seguros complementarios o corredor 
de reaseguros deje de cumplir alguno de los requisitos exigidos para figurar inscrito en el 
registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros.
c)  Cuando los mediadores de seguros, mediadores de seguros complementarios o 
corredores de reaseguros incurran en causa de disolución.
d)  Cuando los corredores de seguros o de reaseguros a los que se refiere el título I 
no hayan iniciado su actividad en el plazo de un año desde su inscripción o dejen de 
ejercerla durante un periodo superior a un año.
A esta inactividad, por falta de iniciación o cese en el ejercicio, se equiparará la falta de 
efectiva actividad, que se entenderá que se produce cuando se aprecie durante dos ejercicios 
consecutivos que el volumen anual de negocio del corredor de seguros sea inferior a 100.000 
euros al año en primas de seguro distribuidas, que se reducirá a 30.000 euros cuando el 
corredor distribuya como mediador de seguros complementarios y, en el caso de corredor de 
reaseguros, de 500.000 euros al año en primas de reaseguro distribuidas. El cómputo anterior 
se realizará una vez transcurridos tres ejercicios a contar del siguiente al que se hubiera 
realizado la inscripción en el registro administrativo previsto en el artículo 133.
No será de aplicación lo dispuesto en esta letra d) cuando se justifiquen fundadamente 
a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones las razones de esa falta de 
actividad, así como las medidas adoptadas para superar dicha situación.
e)  Cuando se haya impuesto como sanción.
f)  Cuando el agente de seguros vinculado, operador de banca-seguros, corredor de 
seguros o corredor de reaseguros soliciten expresamente la cancelación de su inscripción.
2.  La cancelación de la inscripción dará lugar a la exclusión del registro administrativo 
de distribuidores de seguros y reaseguros. La Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones podrá dar publicidad a la resolución que acuerde la cancelación de la inscripción 
cuando aprecie que existe peligro de que continúe el ejercicio de la actividad de distribución 
de seguros o de reaseguros.
Subsección 2.ª  Responsabilidad frente a la Administración y régimen de infracciones 
y sanciones
Artículo 191.  Sujetos infractores.
1.  Son sujetos infractores e incurrirán en responsabilidad administrativa sancionable 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos siguientes, las personas físicas o jurídicas que 
infrinjan las normas sobre distribución de seguros y reaseguros, y en particular, las 
siguientes:
a)  Las entidades aseguradoras y reaseguradoras. e.
b)  Los mediadores de seguros y de reaseguros. w.
c)  Los mediadores de seguros complementarios. 51ww
de))   LLaoss  pdeisrtsroibnuaidso qruees  edjoemrziacnili acdaorgso esn d oet raod mEsintaisdtroa mcióienm, lbarso p deer slao nUansi órens Epounrospaebale.s de
lrae sapcotnivsiadbalde  ddee  ldai satcrtiibvuidcaiódn d eo  dqiusteri,b eunci ósnu  ecna csuoa, lfqourimerean d ep alartse e dnetild aódrgeasn doe sdcer itdaisre ecnc ilóans   BOE-A-cable e
letras anteriores.
f)  Las personas que ejerzan, por sí o a través de persona interpuesta, actividades de 
distribución de seguros o de reaseguros, sin cumplir los requisitos legalmente exigidos o 
excediendo las funciones previstas en el título I, o aquellas para las que el título I 
establezca prohibiciones.
2.  Las entidades aseguradoras serán responsables frente a la Administración por las 
infracciones previstas en el título I cometidas por sus agentes de seguros exclusivos, 
incluidos los operadores de banca-seguros exclusivos, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa que, en su caso, se pueda atribuir a los mismos.
3.  Los mediadores de seguros que en el ejercicio de su actividad de distribución 
utilicen los servicios de los colaboradores externos a que se refiere el artículo 137, serán 
responsables frente a la Administración por la actuación de estos últimos.
Artículo 192.  Infracciones.
1.  Las infracciones de normas reguladoras de la distribución de seguros y reaseguros 
se clasifican en muy graves, graves y leves.
2.  Tendrán la consideración de infracciones muy graves:
a)  El ejercicio de la actividad de distribución sin estar inscrito como distribuidor en un 
registro legalmente admisible al efecto, con arreglo a la normativa del Estado miembro de 
origen, o excediéndose de las actividades a que le habilita la inscripción, así como el 
ejercicio de dicha actividad por persona interpuesta. Se exceptúan los supuestos previstos 
en el artículo 130.2.
b)  La aceptación por parte de las entidades aseguradoras o reaseguradoras de los 
servicios de distribución proporcionados por personas que no estén inscritas en un registro 
legalmente admisible al efecto con arreglo a la normativa del Estado miembro de origen, o 
excediéndose de las actividades a que le habilita la inscripción. Se exceptúan los 
supuestos previstos en el artículo 130.2.
c)  La realización reiterada de actos u operaciones prohibidas por normas sobre 
distribución de seguros y de reaseguros con rango de Ley o con incumplimiento de los 
requisitos establecidos en ellas.
d)  El incumplimiento de la obligación de someter sus cuentas anuales a una auditoría 
de cuentas conforme a la legislación vigente en la materia.
e)  La excusa, negativa o resistencia a la actuación inspectora, en los términos 
establecidos en el artículo 170 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, siempre 
que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.
f)  La realización de actos fraudulentos o la utilización de personas físicas o jurídicas 
interpuestas para conseguir un resultado cuya obtención directa implicaría la comisión de, 
al menos, una infracción grave.
g)  La comisión de infracción grave, cuando durante los cinco años anteriores a esta 
hubiera sido impuesta una sanción firme por el mismo tipo de infracción.
h)  El reiterado incumplimiento de las resoluciones emanadas de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones.
A estos efectos, se entiende que el incumplimiento tiene el carácter de reiterado 
cuando se incumpla una resolución y no se atienda en el plazo previsto en el propio 
requerimiento o en su defecto en el plazo de 1 mes al requerimiento que al efecto se 
formule por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
i)  La adquisición o el incremento de una participación significativa en una sociedad  es
de correduría de seguros u operador de banca-seguros incumpliendo lo dispuesto en el  o
artículo 160. 51ww
rlaoessae sagj)es ugerugaLrudoaro,a  riadmasospís, o c, ssoaiim ecloimóosn p lb ardee iinr neqefocufitrceami  aoapr cioionirós dn eidr leei nc neltaúaxsma  dpceetóra loli azo  ad cisene  aldeadebfe erscaceuctgaaióuddnraoo d s aoe  ,o  luoe nsnp   otscoruo m nlcataar dasimotoor,p e daose r lad tsaseen  egscnueiatrgio dud aroeod  ,de leaas     OE-A-2020-16able en https://
información tal incumplimiento pueda estimarse especialmente relevante.
k)  Respecto de la distribución de productos de inversión basados en seguros, el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de información y normas de conducta 
previstas en la sección 6.ª del capítulo III, así como de las previstas en el artículo 24.1 del 
Reglamento (UE) N.º 1286/2014, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 26 de 
noviembre de 2014, sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los 
productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en 
seguros.
l)  El incumplimiento reiterado de las obligaciones de información y normas de 
conducta previstas en la sección 6.ª del capítulo III, cuando por la importancia de la 
información tal incumplimiento pueda estimarse especialmente relevante, respecto de 
productos de seguros distintos de los contemplados en la letra k).
m)  En el caso de los corredores de seguros, el incumplimiento reiterado de la 
obligación de realizar un asesoramiento basado en un análisis objetivo y personalizado.
n)  La distribución de seguros o de reaseguros en favor de entidades no autorizadas 
legalmente para operar en España, o excediéndose de los términos para los que están 
autorizadas.
ñ)  La utilización de denominaciones propias de los agentes de seguros y operadores 
de banca-seguros u otras que puedan inducir a confusión con ellas por personas físicas o 
jurídicas que no hayan celebrado un contrato de agencia de seguros, las de los corredores 
de seguros y las de corredores de reaseguros, u otras que puedan inducir a confusión por 
personas físicas o jurídicas que no se encuentren habilitadas legalmente para ejercer 
dichas actividades.
o)  La utilización por mediadores de seguros o de reaseguros de denominaciones y 
expresiones que estén reservadas a las entidades aseguradoras o reaseguradoras 
privadas o que puedan inducir a confusión con ellas, sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos 144, 153 y 158.
p)  La realización reiterada de prácticas abusivas que perjudiquen el derecho de los 
tomadores de seguros, de los asegurados, de los beneficiarios de pólizas o, en su caso, 
de las entidades aseguradoras.
q)  Carecer de la contabilidad y de los libros y registros exigidos en la legislación 
mercantil aplicable y en las normas sobre distribución de seguros y de reaseguros, o la 
llevanza de estos con irregularidades esenciales que impidan conocer el alcance y 
naturaleza de las operaciones realizadas, así como no disponer de cuentas de clientes 
completamente separadas del resto de recursos económicos en los términos del 
artículo 136.4.
r)  La falta de remisión a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de 
cuantos datos o documentos deban remitirse, mediante su presentación permanente o 
periódica, o mediante la atención de requerimientos individualizados, así como su falta de 
veracidad cuando con ello se dificulte la apreciación del alcance y naturaleza de las 
operaciones realizadas. Se entenderá que hay falta de remisión cuando no se produzca 
dentro del plazo concedido al efecto por la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones al recordar por escrito la obligación o reiterar el requerimiento individualizado.
s)  La actuación concertada de varios agentes de seguros exclusivos de distintas 
entidades aseguradoras en condiciones tales que el resultado conjunto de sus actividades 
suponga el ejercicio de hecho de una actividad de distribución como corredor de seguros 
o agencia vinculada.
t)  El retraso o la falta de remisión por el corredor de seguros a la entidad aseguradora 
de las cantidades entregadas por el tomador del seguro en concepto de pago de la prima  es
cuando, con arreglo a lo previsto en el artículo 156.4, dicha conducta deje al asegurado sin  o
cGoebneuvwer)))rt   uarl ELaLda lae d i  fneiSancll estusacgem rudgippreuolci rsmiaoó u yinoet  o Fnelreotnioz n c aeddaclo euirós esl naegd s iedsu  etmnPrlo  epec denaliiersddjinumoatinscein ie odipss.ea tcr racaoto nilvnafoot rcr opmelr leeee vbsairpsla etacocri óiteaíncnl u  adelodel  o a2upr0nttí0a cc.duoalnost  r1pa3oto3r   dleaen  D svieirregtucudcro iód.ne   OE-A-2020-1651able en https://www.
declaraciones falsas o por cualquier otro medio irregular.
x)  La falta de comunicación por parte del mediador de seguros, al cliente o al tercero 
perjudicado, de la identidad de las entidades aseguradoras que asumen su responsabilidad 
civil profesional o, en su caso, de la identidad de la entidad aseguradora con la que se 
concierte el seguro de responsabilidad civil profesional o de la entidad que otorga garantía 
equivalente, así como de aquel que sea el garante de su capacidad financiera.
3.  Tendrán la consideración de infracciones graves:
a)  La realización de actos u operaciones prohibidas por normas sobre distribución de 
seguros y reaseguros con rango de ley, o con incumplimiento de los requisitos establecidos 
en ellas, salvo que dicha infracción deba ser calificada como muy grave.
b)  La realización reiterada de actos u operaciones prohibidas por normas 
reglamentarias sobre distribución de seguros y de reaseguros o con incumplimiento de los 
requisitos establecidos en ellas.
c)  La realización de actos fraudulentos o la utilización de personas físicas o jurídicas 
interpuestas con la finalidad de conseguir un resultado contrario a las normas de 
ordenación y supervisión, siempre que tal conducta no esté comprendida en la letra f) del 
apartado 2.
d)  En el caso de los corredores de seguros, el incumplimiento de la obligación de 
realizar un asesoramiento basado en un análisis objetivo y personalizado, salvo que dicha 
infracción deba ser calificada como muy grave.
e)  La comisión de infracción leve, cuando, durante los dos años anteriores a ella, 
hubiera sido impuesta una sanción firme no prescrita por el mismo tipo de infracción.
f)  El incumplimiento de las obligaciones de información y normas de conducta, de la 
sección 6.ª del capítulo III cuando no concurran las circunstancias a que se refiere la letra l) 
del apartado 2, respecto de productos de seguros distintos de los productos de inversión 
basados en seguros.
g)  La realización de prácticas abusivas que perjudiquen el derecho de los tomadores 
del seguro, de los asegurados, de los beneficiarios de las pólizas o, en su caso, de las 
entidades aseguradoras o reaseguradoras, salvo que dicha infracción deba ser calificada 
como muy grave.
h)  La falta de remisión a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de 
cuantos datos o documentos deban remitírsele, ya mediante su presentación permanente 
o periódica, ya mediante la atención de requerimientos individualizados, o su falta de 
veracidad salvo que ello suponga la comisión de una infracción muy grave con arreglo a la 
letra r) del apartado 2. A los efectos de esta letra h), se entenderá que hay falta de remisión 
cuando no se produzca dentro del plazo concedido al efecto por la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones al recordar por escrito la obligación o reiterar el 
requerimiento individualizado.
i)  La llevanza irregular de los libros y registros exigidos en la legislación mercantil 
aplicable y en las normas sobre distribución de seguros y de reaseguros cuando no 
concurran las especiales circunstancias previstas en la letra q) del apartado 2.
4.  Tendrán la consideración de infracciones leves los incumplimientos de normas 
reglamentarias sobre distribución de seguros y reaseguros o con incumplimiento de los 
requisitos establecidos en ellas, cuando dichos incumplimientos no deban ser calificados 
como muy graves o graves.
Artículo 193.  Prescripción de infracciones. es
1.  Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves, a los cuatro  w.
y las leves, a los dos años. 51ww
que2 l.a  inEflr palcaczioó nd es ep rheusbcrieiprcai ócno dmee ltaidso i.n fEranc claiosn iensfr caocmcioennezas rád ear icvoandtaasrs dee d eusndae  aecl tdivíiad aedn 
caocntoti ncuoand qau, ela l afe icnhfraa cinciicóianl  sdee lc coónmsupmuteo. será la de finalización de la actividad o la del último  BOE-A-cable e
3.  Interrumpirá la prescripción la iniciación del procedimiento sancionador con 
conocimiento del interesado, y se reiniciará si el expediente sancionador estuviera 
paralizado más de dos meses por causa no imputable al presunto responsable.
4.  También interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, 
del procedimiento de inspección en el que se ponga de manifiesto la comisión de la 
infracción, y se reiniciará una vez dictada la resolución que ponga fin a dicho procedimiento.
Artículo 194.  Sanciones.
1.  Por la comisión de infracciones muy graves será impuesta en todo caso, alguna de 
las siguientes sanciones:
a)  En el caso de mediadores de seguros, mediadores de seguros complementarios 
o de corredores de reaseguros, cancelación de su inscripción en el registro administrativo 
previsto en el artículo 133.
b)  En el caso de mediadores de seguros, mediadores de seguros complementarios 
o de corredores de reaseguros, suspensión por un plazo máximo de 10 años para el 
ejercicio de la actividad.
c)  Dar publicidad a la conducta constitutiva de la infracción muy grave, indicando 
quién es la persona física o jurídica responsable y cuál es la naturaleza de la infracción, 
así como a la sanción impuesta.
d)  Multa por los siguientes importes:
1.º  Si se trata de una persona jurídica, multa por importe de hasta la mayor de las 
siguientes cantidades:
i.  El 3 por ciento del volumen de negocio anual total según las últimas cuentas 
disponibles aprobadas por el órgano de dirección o 1.000.000 de euros. Si la persona 
jurídica es una empresa matriz o una filial de la empresa matriz que tenga que elaborar 
estados financieros consolidados de conformidad con la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros 
consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, el volumen de negocio 
total aplicable será el volumen de negocio total anual conforme a los últimos estados 
financieros consolidados disponibles, aprobados por el órgano de dirección de la empresa 
matriz última.
ii.  El doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la 
infracción, en caso de que pueda determinarse.
2.º  Si se trata de una persona física, multa por importe de hasta la mayor de las 
siguientes cantidades:
100.000 euros o el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas 
evitadas con la infracción, en caso de que pueda determinarse.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de imposición de las 
sanciones previstas en las letras a), b) y d) podrá imponerse simultáneamente la sanción 
prevista en la letra c).
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en el caso de infracción de la 
letra k) del artículo 192.2, se podrán imponer las siguientes sanciones:
a)  Multa por los siguientes importes: e.
1.º  Si se trata de una persona jurídica, multa por importe de hasta la mayor de las  51ww
sdiigsupiio.e nnitbEelles  s5c  aapnpotrirdo cabidaeednsat:os  dpeorl  veol lóurmgaenno d dee n deigreocccioió na nou a5l. 0t0o0ta.0l 0s0e gdúen  elaurso sú.l tiSmi alas  pceuresnotnaas   OE-A-2020-16able en https://
jurídica es una empresa matriz o una filial de la empresa matriz que tenga que elaborar
estados financieros consolidados de conformidad con la Ley 22/2015, de 20 de julio, el 
volumen de negocio total aplicable será el volumen de negocio total anual conforme a los 
últimos estados financieros consolidados disponibles, aprobados por el órgano de dirección 
de la empresa matriz última, o
ii.  el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la 
infracción, en caso de que pueda determinarse.
2.º  Si se trata de una persona física, multa por importe de hasta la mayor de las 
siguientes cantidades:
700.000 euros, o el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas 
evitadas con la infracción, en caso de que puedan determinarse.
b)  Prohibir la comercialización del producto de inversión basado en seguros.
c)  Suspender la comercialización del producto de inversión basado en seguros.
d)  Prohibir facilitar el documento de datos fundamentales y exigir una nueva versión 
del documento.
3.  Por la comisión de infracciones graves, se impondrá alguna de las siguientes 
sanciones:
a)  En el caso de mediadores de seguros o de reaseguros, suspensión por un plazo 
máximo de un año para el ejercicio de la actividad.
b)  Dar publicidad a la conducta constitutiva de infracción grave y de la sanción 
impuesta.
c)  Multa por los siguientes importes:
1.º  Si se trata de una persona jurídica, multa por importe de hasta la mayor de las 
siguientes cantidades:
i.  El 1 por ciento del volumen de negocio anual total según las últimas cuentas 
disponibles aprobadas por el órgano de dirección o 500.000 euros. Si la persona jurídica 
es una empresa matriz o una filial de la empresa matriz que tenga que elaborar estados 
financieros consolidados de conformidad con la Ley 22/2015, de 20 de julio, el volumen de 
negocio total aplicable será el volumen de negocio total anual conforme a los últimos 
estados financieros consolidados disponibles, aprobados por el órgano de dirección de la 
empresa matriz última.
ii.  El doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la 
infracción, en caso de que pueda determinarse.
2.º  Si se trata de una persona física, multa por importe de hasta la mayor de las 
siguientes cantidades:
50.000 euros o el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas 
evitadas con la infracción, en caso de que pueda determinarse.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de imposición de la sanción 
prevista en las letras a) y c) podrá imponerse simultáneamente la sanción prevista en la 
letra b).
4.  Por la comisión de infracciones leves, se impondrá alguna de las siguientes 
sanciones: es
a)  Amonestación privada. w.
b)  Multa por los siguientes importes: 51ww
1.º  Si se trata de una persona jurídica, multa por importe de hasta la mayor de las
siguientes cantidades:
i.  El 1 por ciento del volumen de negocio anual total según las últimas cuentas 
disponibles aprobadas por el órgano de dirección o 100.000 euros. Si la persona jurídica 
es una empresa matriz o una filial de la empresa matriz que tenga que elaborar estados 
financieros consolidados de conformidad con la Ley 22/2015, de 20 de julio, el volumen de 
negocio total aplicable será el volumen de negocio total anual conforme a los últimos 
estados financieros consolidados disponibles, aprobados por el órgano de dirección de la 
empresa matriz última.
ii.  El doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la 
infracción, en caso de que pueda determinarse.
2.º  Si se trata de una persona física, multa por importe de hasta la mayor de las 
siguientes cantidades:
10.000 euros o el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas 
evitadas con la infracción, en caso de que pueda determinarse.
5.  A efectos de las sanciones previstas, se entenderá por volumen de negocio para 
mediadores de seguros y reaseguros el total de remuneraciones generadas por la actividad 
de distribución de seguros y reaseguros correspondiente a contratos perfeccionados o 
prorrogados en el último ejercicio económico cerrado con anterioridad a la comisión de la 
infracción. Para aquellos mediadores de seguros y de reaseguros que operen en régimen 
de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, esta cifra se referirá al 
volumen de negocio en España.
En el caso de entidades aseguradoras y reaseguradoras se entiende por volumen de 
negocio lo dispuesto en el artículo 198.c) de la Ley 20/2015, de 14 de julio.
Artículo 195.  Responsabilidad de quienes ejercen cargos de administración, de la persona 
responsable de la actividad de distribución o de quienes formen parte del órgano de 
dirección responsable de la actividad de distribución en las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras, sociedades de agencia de seguros, operadores de banca-seguros, 
sociedades de correduría de seguros y sociedades de correduría de reaseguros.
1.  Quien ejerza cargos de administración, de hecho o de derecho, sea responsable 
de la actividad de distribución o forme parte del órgano de dirección responsable de la 
actividad de distribución, será responsable de las infracciones muy graves o graves 
cometidas por los distribuidores de seguros o reaseguros cuando estas sean imputables a 
su conducta dolosa o negligente.
2.  A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, no serán considerados 
responsables de las infracciones muy graves o graves cometidas por los distribuidores de 
seguros o reaseguros, en los siguientes casos:
a)  Cuando quienes formen parte de órganos colegiados de administración no 
hubieran asistido por causa justificada a las reuniones correspondientes o hubiesen votado 
en contra o salvado su voto en relación con las decisiones o acuerdos que hubiesen dado 
lugar a las infracciones.
b)  Cuando dichas infracciones sean exclusivamente imputables a comisiones 
ejecutivas, consejeros delegados, directores generales u órganos asimilados, u otras 
personas con funciones directivas en la sociedad.
3.  Con independencia de la sanción que corresponda imponer a los distribuidores de  e
seguros o reaseguros por la comisión de infracciones muy graves, se impondrá una de las  bo
siguientes sanciones a quienes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1, sean  51ww
respao)n saSbelpeasr daeci ódnic hdaesl  cinafrrgaoc ccioonne isn:habilitación para ejercer cargos de administración o
dirección en cualquier sociedad de distribución de seguros o de reaseguros, por un plazo
no inferior a cinco años ni superior a diez años. Bc
b)  Suspensión temporal en el ejercicio del cargo por un plazo no inferior a un año ni 
superior a cinco años.
c)  Multa, a cada uno de ellos, por un importe máximo de 200.000 euros.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de imposición de la sanción 
prevista en la letra a) podrá aplicarse simultáneamente la sanción prevista en la letra c).
4.  Con independencia de la sanción que corresponda imponer a los distribuidores de 
seguros o reaseguros por la comisión de infracciones graves, se impondrá una de las 
siguientes sanciones a quienes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1, sean 
responsables de dichas infracciones:
a)  Suspensión temporal en el ejercicio del cargo por plazo no superior a un año.
b)  Multa, a cada uno de ellos, por un importe máximo de 100.000 euros. Esta sanción 
podrá imponerse simultáneamente con la prevista en la letra a).
c)  Dar publicidad a la conducta constitutiva de infracción y de la sanción impuesta.
d)  Amonestación privada.
Artículo 196.  Criterios de graduación de las sanciones.
1.  En la imposición de sanciones se tendrán en cuenta los factores de agravación o 
atenuación que pudieran concurrir.
2.  Se considerarán agravantes o atenuantes, según los casos, las siguientes 
circunstancias:
a)  La gravedad y duración de la infracción;
b)  el grado de responsabilidad del sujeto infractor;
c)  la solidez financiera del sujeto infractor, reflejada, bien en los ingresos anuales de 
la persona física responsable, o bien en el volumen de negocio total de la persona jurídica 
responsable;
d)  la importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas por el sujeto 
infractor, en la medida en que puedan determinarse;
e)  las pérdidas para clientes y terceros causadas por la infracción, en la medida en 
que puedan determinarse;
f)  el nivel de cooperación del sujeto infractor con la autoridad competente;
g)  las medidas adoptadas por el sujeto infractor con el fin de evitar que la infracción 
se repita, y
h)  en su caso, las infracciones anteriores del sujeto infractor.
Artículo 197.  Prescripción de sanciones.
1.  Las sanciones por infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las 
sanciones por infracciones graves, a los cuatro, y las sanciones por infracciones leves a 
los dos años.
2.  El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción o, 
en su caso, desde el quebrantamiento de la sanción impuesta, si esta hubiese comenzado 
a cumplirse.
3.  Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de la 
ejecución de la sanción, reiniciándose el plazo si dicha ejecución está paralizada durante 
más de tres meses por causa no imputable al infractor. s
Artículo 198.  Competencias administrativas. w.
impoLsai ccióonm dpee tlaesn csiaan cpiaornae sla c oinrrsetrsupcocnidóine ndtees l oses  reexgpireád pieonr tleass  ssiagnucieionnteasd roergelsa sy: para la
a)  El inicio de los procedimientos sancionadores corresponderá al Director General
de Seguros y Fondos de Pensiones, quien designará a un instructor funcionario destinado  Bc
en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
b)  La imposición de sanciones por infracciones graves y leves corresponderá al 
Director General de Seguros y Fondos de Pensiones.
c)  La imposición de sanciones por infracciones muy graves corresponderá a la 
persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a propuesta 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Artículo 199.  Denuncia pública y remisión al régimen sancionador de las entidades 
aseguradoras.
1.  Los distribuidores de seguros y reaseguros deberán disponer de procedimientos 
adecuados para que sus empleados puedan notificar infracciones a nivel interno a través 
de un canal independiente, específico y autónomo, que podrán ser objeto de desarrollo 
reglamentario.
2.  Estos procedimientos deberán garantizar la confidencialidad tanto de la persona 
que informa de las infracciones como de las personas físicas presuntamente responsables 
de la infracción.
3.  Asimismo, deberá garantizarse que los empleados que informen de las infracciones 
cometidas en la entidad sean protegidos frente a represalias, discriminaciones y cualquier 
otro tipo de trato injusto.
4.  En todo lo no previsto expresamente en el título I será de aplicación el régimen 
sancionador que para las entidades aseguradoras se prevé en la Ley 20/2015, de 14 de 
julio, singularmente en lo concerniente a los criterios de graduación de sanciones que se 
recogen en su artículo 205, a las medidas inherentes a la imposición de sanciones 
administrativas que se prevén en su artículo 206 y a las normas complementarias para el 
ejercicio de la potestad sancionadora del artículo 207.
Artículo 200.  Medidas de control especial.
Con independencia de la sanción que, en su caso, proceda aplicar, la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá adoptar sobre los mediadores de 
seguros o de reaseguros alguna de las medidas de control especial con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 160 y 162 a 165 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, siempre que 
se encuentren en alguna de las situaciones previstas en las letras e) a h), ambas inclusive, 
del artículo 159.1 de la citada ley, en lo que les sea de aplicación.
Artículo 201.  Publicación de sanciones y de otras medidas.
1.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones publicará en el Boletín 
Oficial del Estado las resoluciones sancionadoras o aquellas en las que se haya adoptado 
cualquier medida administrativa por infracción muy grave o grave de las disposiciones del 
título I y que sean firmes en vía administrativa, debiéndose informar sobre el tipo y la 
naturaleza de la infracción y la identidad de las personas responsables de la misma.
2.  En relación con lo previsto en el apartado anterior, cuando tras una evaluación 
previa la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones considere que la 
publicación de la identidad de la persona jurídica destinataria de la sanción o de los datos 
personales de la persona física sancionada, pudiera ser desproporcionada o pudiera 
causar un daño desproporcionado a las entidades o personas físicas sancionadas, en la 
medida en que se pueda determinar el daño, o que dicha publicación pueda poner en 
peligro una investigación en curso o la estabilidad de los mercados financieros, podrá  es
acordar cualquiera de las medidas siguientes: o
a)  Diferir la publicación hasta el momento en que dejen de existir los motivos que  51ww
justibfi)q uepnu tbalil craertr alas os;anción impuesta de manera anónima, cuando dicha publicación
gpaurbalinctaicceió lna  dpero lotesc cdiaótno se fpeecrttiivnae ndtee slo pso ddaráto sa pplaezrsaorsnea lepso rd uen q pueer isoed otr aratez.o Enanb eles tdee c taiesmo,p lao   BOE-A-cable e
si se prevé que en el transcurso de ese periodo dejarán de existir las razones que 
justifiquen una publicación con protección del anonimato;
c)  no publicar la sanción impuesta cuando considere que la publicación de 
conformidad con las letras a) y b) sería insuficiente para garantizar que no se ponga en 
peligro la estabilidad de los mercados financieros, o la proporcionalidad de la publicación 
en relación con las infracciones cometidas.
Artículo 202.  Transmisión de información sobre sanciones y otras medidas a la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación.
1.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones informará a la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación de todas las sanciones y otras medidas 
administrativas impuestas, pero no publicadas según el artículo 201, incluidos los recursos 
interpuestos en relación con ellas y el resultado de los mismos.
2.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones facilitará cada año a la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación información agregada relativa a 
las sanciones administrativas y otras medidas impuestas de conformidad con lo previsto 
en la presente subsección.
3.  Cuando la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones divulgue 
públicamente una sanción administrativa u otra medida, notificará simultáneamente este 
hecho a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación.
Subsección 3.ª  Protección de datos de carácter personal
Artículo 203.  Condición de responsable o encargado del tratamiento.
1.  A los efectos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, así como 
en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos:
a)  Los agentes de seguros y los operadores de banca-seguros tendrán la condición 
de encargados del tratamiento de la entidad aseguradora con la que hubieran celebrado el 
correspondiente contrato de agencia, en los términos previstos en el título I.
b)  Los corredores de seguros y los corredores de reaseguros tendrán la condición de 
responsables del tratamiento respecto de los datos de las personas que acudan a ellos.
c)  Los colaboradores externos a los que se refiere el artículo 137 tendrán la condición 
de encargados del tratamiento de los agentes o corredores de seguros con los que 
hubieran celebrado el correspondiente contrato mercantil. En este caso, solo podrán tratar 
los datos para los fines previstos en el artículo 137.1.
2.  En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1, en el contrato de agencia 
deberán hacerse constar los extremos previstos en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
Del mismo modo, en el supuesto previsto en el apartado 1.c) deberán incluirse en el 
contrato mercantil celebrado con los colaboradores externos los extremos previstos en el 
artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016.
3.  Las entidades aseguradoras no podrán conservar los datos que les faciliten los  s
mediadores de seguros, y que no deriven en la celebración de un contrato de seguro,  oe.
estando obligadas a eliminarlos salvo que exista otra base jurídica que permita un  w.
tErautraompeieon yto d leelg Cítoimnose djoe,  ldoes  2d7a tdoes  acobnrifl odrem 2e0 a1l6 R.eglamento (UE) 2016/679 del Parlamento  2020-1651n https://ww
Artículo 204.  Otras normas de protección de datos.
1.  En la publicidad que remitan a terceros los mediadores de seguros y reaseguros, 
a través de comunicaciones electrónicas, deberá estarse a lo dispuesto en los artículos 21 
y 22.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico.
2.  Los agentes de seguros y operadores de banca-seguros únicamente podrán tratar 
los datos de los interesados en los términos y con el alcance que se desprenda del contrato 
de agencia de seguros y siempre en nombre y por cuenta de la entidad aseguradora con 
la que hubieran celebrado el contrato.
Los operadores de banca-seguros no podrán tratar los datos relacionados con su 
actividad mediadora para fines propios de su objeto social sin contar con el consentimiento 
inequívoco y específico de los afectados.
3.  Los corredores de seguros podrán tratar los datos de las personas que se dirijan a 
ellos amparándose en alguno de los supuestos del artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
4.  Resuelto el contrato de seguro en cuya distribución hubiera intervenido un corredor 
de seguros o un corredor de reaseguros, este deberá proceder a la cancelación de los 
datos, a menos que el interesado le hubiera autorizado el tratamiento de los mismos para 
otras finalidades y, en particular, para la celebración de un nuevo contrato.
En todo caso, el corredor de seguros y el corredor de reaseguros no podrán facilitar los 
datos del interesado a otra entidad distinta de aquella con la que el interesado hubiera 
celebrado el contrato resuelto si no media su consentimiento inequívoco para ello.
5.  El tratamiento de los datos que los distribuidores de seguros lleven a cabo para 
valorar la honorabilidad comercial y profesional en el marco de lo dispuesto en el título I, 
deberá limitarse a la exclusiva finalidad de suministro de la información a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, quedando expresamente limitado el número 
de personas que dentro de la organización pueda tener acceso a dichos datos.
Sección 8.ª  De los colegios de mediadores de seguros y de su consejo general
Artículo 205.  Colegios de mediadores de seguros.
1.  Los Colegios de mediadores de seguros son corporaciones de derecho público, 
con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, a 
los que se incorporarán los mediadores de seguros que voluntariamente lo deseen, 
siempre que figuren inscritos en el registro administrativo previsto en el artículo 133.
2.  En ningún caso será requisito para ejercer como mediador de seguros la adhesión 
a cualquiera de los Colegios de mediadores de seguros, sea cual fuese el ámbito territorial 
en que se pretenda ejercer la profesión.
3.  Los Colegios de mediadores de seguros y, en su caso, los consejos autonómicos 
de Colegios, se relacionan mediante el Consejo General de Colegios de Mediadores de 
Seguros con la Administración General del Estado, a través de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones.
CAPÍTULO IV
Distribuidores de seguros y de reaseguros residentes o domiciliados en otros 
Estados miembros de la Unión Europea
Sección 1.ª  De la actividad en España de los mediadores de seguros y de reaseguros  w.
residentes o domiciliados en otros estados miembros de la Unión Europea 51ww
Artículo 206.  Normas generales.
A los mediadores de seguros o de reaseguros que figuren inscritos en el registro de un
Estado miembro de la Unión Europea distinto de España, cuando tal registro sea
legalmente admisible con arreglo a la normativa de dicho Estado miembro de origen, les 
resultarán de aplicación las siguientes disposiciones:
a)  Podrán iniciar su actividad en España en régimen de derecho de establecimiento 
o en régimen de libre prestación de servicios cuando las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen les hayan informado en este sentido.
La autoridad competente del Estado miembro de origen comunicará al mediador las 
normas de interés general que deben cumplir en territorio español, a las que se refiere el 
artículo 211.
b)  Deberán presentar en castellano la documentación y demás información que la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones tiene derecho a exigirles o que 
deba serle remitida por estos.
c)  Podrán realizar publicidad de sus servicios en España en los mismos términos que 
los mediadores de seguros o de reaseguros residentes o domiciliados en España.
d)  Se inscribirán a efectos meramente informativos, así como los titulares de sus 
departamentos o servicios de atención al cliente y, en su caso, del defensor del cliente, en 
el registro administrativo a que se refiere el artículo 133, separadamente para los que 
ejerzan su actividad en España en régimen de derecho de establecimiento o en régimen 
de libre prestación de servicios.
Artículo 207.  Reparto de competencias entre Estados miembros.
1.  Si la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones tiene constancia de 
que el principal centro de actividad del mediador de seguros o de reaseguros que actúa en 
España en régimen de derecho de establecimiento se sitúa en territorio español, podrá 
acordar con la autoridad competente del Estado miembro de origen actuar como si la 
propia Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones fuera la autoridad competente 
del Estado miembro de origen por lo que atañe a las disposiciones relativas a las siguientes 
materias:
a)  Requisitos necesarios para poder ejercer como distribuidor de seguros.
b)  Obligaciones de información y normas de conducta.
c)  Requisitos adicionales de información en relación con los productos de inversión 
basados en seguros.
d)  Sanciones y otras medidas.
En caso de existir tal acuerdo, la autoridad competente del Estado miembro de origen 
lo notificará al mediador de seguros o reaseguros y a la Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación.
2.  La  Dirección  General  de  Seguros  y  Fondos  de  Pensiones  asumirá  la 
responsabilidad de garantizar que los servicios dentro de su territorio sean conformes con 
las normas de interés general a las que hace referencia el artículo 211, así como con las 
medidas adoptadas en cumplimiento de los mismos.
Asimismo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones tendrá derecho a 
examinar las decisiones adoptadas por el mediador de seguros o reaseguros, así como a 
exigir los cambios que sean estrictamente necesarios para poder hacer cumplir lo 
dispuesto en las normas de interés general previstas en el artículo 211 en relación con los 
servicios prestados o las actividades desarrolladas por el mediador dentro de su territorio.
Artículo 208.  Observancia de las disposiciones legales. e.
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 209 en relación con las normas dictadas  51ww
pcoomr mprootbivaosse d qeu inet eurné sm geedniaedraolr,  sdie l as eDgiruercocsi óon  dGee nreearasel dgeu rSoes gnuor orse syp Feotan dlaoss  ddeis pPoesnicsiioonneess 
djuicrítdaidcaos.  eEnn  vdiretufedc dtoe l dtíetu llao  Ip, eler trineequneter iraád peacruaa qcuióen a pcoomr poadret es ud aecl tmuaecdióiand aolr ,o rlad eDniaremciecinótno 
General de Seguros y Fondos de Pensiones informará de ello a la autoridad supervisora
del Estado miembro de origen, al objeto de que adopte las medidas oportunas para que el 
mediador de seguros o de reaseguros ponga fin a la situación irregular y las notifique a la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Asimismo, la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones podrá facilitar y solicitar a la autoridad supervisora del 
Estado miembro de origen la información que considere conveniente.
2.  Si, a pesar de las medidas adoptadas por la autoridad supervisora del Estado 
miembro de origen, o debido a que estas medidas no resultan adecuadas, o en ausencia 
de tales medidas, el mediador de seguros o de reaseguros persiste en la infracción del 
ordenamiento jurídico, actuando de forma claramente perjudicial a gran escala para los 
intereses de los usuarios de seguros o para el buen funcionamiento del mercado de 
seguros y reaseguros, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá 
adoptar, tras informar de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, 
las medidas de control especial que sean aplicables con el fin de prevenir nuevas 
irregularidades y, si fuera absolutamente necesario, impedir que sigan realizando 
actividades de distribución en el territorio nacional.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones de remitir el asunto a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones 
de Jubilación y solicitar su asistencia de conformidad con el artículo 19 del Reglamento 
(UE) n.º 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, 
por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros 
y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la 
Decisión 2009/79/CE de la Comisión.
3.  El apartado anterior no afectará a la facultad de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones de adoptar las medidas oportunas para de prevenir o sancionar las 
irregularidades cometidas en territorio nacional en caso de que sea necesaria una acción 
inmediata a fin de proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros, 
incluyendo la posibilidad de impedir que los mediadores de seguros, de reaseguros y de 
seguros complementarios realicen nuevas operaciones.
4.  Toda medida adoptada por la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones en virtud del presente artículo deberá comunicarse al mediador interesado en 
un documento debidamente justificado y se notificará a la autoridad competente del Estado 
miembro de origen, a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y a la 
Comisión Europea, sin demora injustificada.
Artículo 209.  Observancia de las disposiciones legales adoptadas por motivos de interés 
general.
1.  Los mediadores de seguros o de reaseguros que operen en territorio español en 
régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, deberán respetar 
las disposiciones a las que se refiere el artículo 211.
2.  En el caso de que se infrinjan preceptos sobre disposiciones de interés general, la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá adoptar las medidas 
oportunas y no discriminatorias adecuadas, sin necesidad de informar previamente a las 
autoridades competentes del Estado miembro de origen, incluyendo la posibilidad de 
impedir que el mediador realice nuevas operaciones en territorio español, a fin de prevenir 
o sancionar las irregularidades cometidas.
3.  Asimismo, y con la finalidad de impedir que un mediador de seguros establecido 
en otro Estado miembro lleve a cabo actividades dentro del territorio español en régimen 
de libre prestación de servicios o en régimen de derecho de establecimiento, si dichas  e.
actividades se realizan, total o principalmente, en territorio español con la única finalidad  w.
de evitar las disposiciones legales que serían de aplicación si dicho mediador de seguros  51ww
tsuevriiaemrae nsute  reens ipdeelnigcrioa  eol  bduoemn ifcuilnioci osnoacmiaile netno  Edeslp mañearc ay,d oa daesmegáusr,a dsoi rs eus paacñtiovild eand l op oqnuee 
rFeosnpdeocsta d ae  lPa epnrsoitoencecsió, nt rdaes  ilnofso rumsuaar raio sla d aeu stoergiduarods c, olam Dpeirteecnctieó nd eGl eEnsetraadl od em iSeemgburroo sd ey   BOE-A-cable e
origen, podrá adoptar respecto a dicho mediador de seguros todas las medidas adecuadas 
necesarias para proteger los derechos de los usuarios de seguros en el territorio español.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá remitir el asunto a la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y solicitar su asistencia de 
conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 24 de noviembre de 2010.
Artículo 210.  Medidas de intervención.
1.  Cuando la autoridad supervisora de un mediador de seguros, mediador de seguros 
complementarios o de corredor de reaseguros residente o domiciliado en un Estado 
miembro distinto de España, que opere en ella en régimen de derecho de establecimiento 
o en régimen de libre prestación de servicios, acuerde la cancelación de su inscripción en 
el registro legalmente admisible con arreglo a la normativa de dicho Estado miembro de 
origen, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones tomará razón de dicha 
cancelación en el registro administrativo previsto en el artículo 133.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá acordar la publicidad 
que considere necesaria de tal cancelación.
2.  Los mediadores de seguros o de reaseguros residentes o domiciliados en otro 
Estado miembro que operen en España en régimen de derecho de establecimiento o en 
régimen de libre prestación de servicios están sujetos a la potestad sancionadora del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en los términos establecidos 
en los artículos 191 y siguientes, en lo que sea de aplicación y con las siguientes 
precisiones:
a)  La sanción de cancelación de la inscripción se entenderá sustituida por la 
prohibición de llevar a cabo nuevas operaciones en el territorio español.
b)  La iniciación del procedimiento se comunicará a las autoridades supervisoras del 
Estado miembro de origen para que, sin perjuicio de las sanciones que procedan con 
arreglo al título I, adopten las medidas que consideren apropiadas para que, en su caso, 
el mediador ponga fin a su actuación infractora o evite su reiteración en el futuro. Ultimado 
el procedimiento, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital notificará 
la decisión adoptada a las citadas autoridades.
c)  Se consideran cargos de administración o dirección de las sucursales el apoderado 
general y las demás personas que dirijan dicha sucursal.
Sección 2.ª  Normas de interés general aplicables a los distribuidores de seguros y de 
reaseguros residentes o domiciliados en otros estados miembros de la Unión Europea
Artículo 211.  Normas de interés general.
1.  Los distribuidores de seguros y reaseguros residentes o domiciliados en otros 
Estados miembros de la Unión Europea que ejerzan en España actividades de distribución, 
habrán de respetar las disposiciones dictadas por razones de interés general y las de 
supervisión que, en su caso, resulten aplicables.
2.  Se considerarán en todo caso como normas de interés general en territorio español 
las disposiciones relativas a las obligaciones de información y normas de conducta, y las 
relativas a los requisitos adicionales de información en relación con los productos de 
inversión basados en seguros, a las que se refiere la sección 6.ª del capítulo III. e
3.  Las normas de interés general serán debidamente publicadas en el sitio web de la  bo
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 51ww
TÍTULO II
Transposición parcial de la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de 
los fondos de pensiones de empleo
Artículo 212.  Modificación del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre.
El texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, queda modificado 
como sigue:
Uno.  Se introduce un nuevo artículo 10 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 10 bis.  Información que debe facilitarse a los partícipes potenciales, a los 
partícipes y a los beneficiarios.
1.  Los partícipes potenciales, los partícipes y los beneficiarios de los planes de 
pensiones deberán disponer de información adecuada y transparente sobre los 
planes y fondos de pensiones que les permita fundamentar sus decisiones sobre su 
jubilación y conocer el contenido y evolución de sus derechos en el plan.
2.  La información que se ha de facilitar a partícipes potenciales, partícipes y 
beneficiarios, debe cumplir con los siguientes principios:
a)  Actualización periódica.
b)  Claridad en la redacción, utilizando un lenguaje sucinto y comprensible, 
evitando jergas y el uso de términos técnicos cuando puedan emplearse en su lugar 
palabras de uso cotidiano.
c)  No deberá ser engañosa y deberá garantizarse la coherencia en el 
vocabulario y contenido.
d)  Tendrá una presentación que permita su fácil lectura.
e)  Estará disponible, al menos, en castellano.
f)  Se facilitará de forma gratuita.
3.  Reglamentariamente se regularán los términos, el contenido y los medios 
de suministro de la información, tanto con ocasión de la incorporación al plan como 
con carácter periódico y en caso de movilización de derechos a otro plan y de 
movilización del plan a otro fondo de pensiones, así como el acceso a las 
especificaciones del plan, a las normas de funcionamiento, política de inversión y 
cuentas anuales del fondo de pensiones y cualquier información complementaria 
que deba facilitarse con carácter general o a solicitud del partícipe o beneficiario.
En todo caso se proporcionará a los partícipes potenciales, a los partícipes y a 
los beneficiarios de los planes de pensiones la información relativa al tratamiento de 
sus datos prevista en la normativa sobre protección de datos personales.»
Dos.  Se suprime el apartado 7 del artículo 14 y se añaden dos letras, j) y k), al 
apartado 2 del artículo 14 con la siguiente redacción:
«j)  Establecer su sistema de gobierno y el sistema de control interno, que  e.e
faciliten la gestión de la actividad y, en especial, el cumplimiento de las obligaciones  b
en materia de gestión de riesgos, auditoría interna y, en su caso, actuarial conforme  51ww
aple tnasmioanñeos,. la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades del fondo de
funckio) neSse or  aocídtiav,id caodne sc aproárc ptearr tper deece lap tgiveos, toerna  lroesc opgroidcaess oesn  deel a ertxícteurlnoa 3li0z asceióxine sd.e»
Tres.  Se añaden dos nuevos apartados 8 y 9 en el artículo 16 con la siguiente 
redacción:
«8.  La comisión de control del fondo de pensiones, con la participación de la 
entidad gestora, elaborará por escrito una declaración comprensiva de los principios 
de su política de inversión, que será revisada al menos cada tres años y en todo 
caso inmediatamente después de que se produzcan cambios significativos en la 
política de inversión. A dicha declaración se le dará suficiente publicidad.
Esta declaración mencionará cuestiones como los métodos de medición del 
riesgo de inversión y los procesos de gestión del control de riesgos empleados, así 
como la asignación de activos con respecto a la naturaleza y duración de sus 
compromisos en concepto de pensiones.
Asimismo, en el caso de los fondos de pensiones de empleo, se deberá indicar 
si se tienen en consideración, en las decisiones de inversión, los criterios de 
inversión socialmente responsable (éticos, sociales, medioambientales y de buen 
gobierno) que afectan a los diferentes activos que integran el fondo de pensiones.
De la misma manera, la comisión de control del fondo de pensiones de empleo, 
o en su caso la entidad gestora, deberá dejar constancia en el informe de gestión 
anual del fondo de pensiones de empleo de la política ejercida en relación con los 
criterios de inversión socialmente responsable anteriormente señalados, así como 
del procedimiento seguido para su implantación, gestión y seguimiento.
9.  La comisión de control del fondo de pensiones, con la participación de la 
entidad gestora, elaborará por escrito una declaración de Estrategia de Inversión a 
largo plazo. A dicha declaración se le dará suficiente publicidad.
El contenido mínimo se determinará reglamentariamente, e incluirá información 
relativa a cómo los elementos principales de su estrategia de inversión en 
sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado 
que esté situado u opere en un Estado miembro, son coherentes con el perfil y la 
duración de sus pasivos, en particular sus pasivos a largo plazo, y a la manera en 
que contribuyen al rendimiento a medio y largo plazo de sus activos.»
Cuatro.  La letra g) del apartado 1 y el apartado 4 del artículo 20 quedan redactados 
como sigue:
«g)  A los socios les resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras. La idoneidad de quienes ostenten, directa o 
indirectamente, una participación significativa en la entidad gestora se evaluará en 
la forma que reglamentariamente se establezca. La persona titular del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá regular el contenido de la 
información y la documentación acreditativa que deberá remitirse a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones para la evaluación.»
«4.  Reglamentariamente se determinarán las condiciones en las que las 
entidades gestoras de fondos de pensiones podrán contratar la gestión de las 
inversiones de los fondos de pensiones que administran con terceras entidades 
autorizadas conforme a las siguientes Directivas:
a)  Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 
de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y  e.
administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores  w.b
mobiliarios. 51ww
vidab, )e l aDcicreecstoiv aa  l2a0 a0c9ti/v1i3d8a/dC dEe  dsee g2u5r od ye  dneo vreieamsebgreu rdoe y  2s0u0 e9j,e rscoicbiroe  (Selo slveegnucrioa  IdI)e.
junioc )d eD 2i0re1c1t,i vreal a2t0iv1a1 a/6 l1o/sU gEe dsteolr ePsa rdlaem foenndtoos E duer oinpveeor syió dne al lCteornnasteivjoo,s  dye p 8o rd lae 
que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos 
(CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010.
d)  Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio 
de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la 
supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por 
la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE 
y 2006/49/CE.
e)  Directiva 2014/65/UE de 15 de mayo de 2014 relativa a los mercados de 
instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la 
Directiva 2011/61/UE.
Asimismo, podrá contratarse la gestión de las inversiones de los fondos de 
pensiones con otras entidades gestoras de fondos de pensiones autorizadas de 
acuerdo con esta Ley o con otras entidades gestoras de fondos de pensiones 
contempladas en el apartado 1 del artículo 2 de la Directiva (UE) 2016/2341 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las 
actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo.»
Cinco.  El título del capítulo VII queda redactado como sigue:
«CAPÍTULO VII
Ordenación y Supervisión»
Seis.  Se modifica el artículo 24 quedando redactado como sigue:
«Artículo 24.  Ordenación y Supervisión administrativa.
1.  En los términos fijados en esta Ley y sus normas de desarrollo, corresponde 
a la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y 
a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el ejercicio de las 
competencias de ordenación y supervisión de la actividad de los planes y fondos de 
pensiones. En el ejercicio de sus competencias velarán por el correcto cumplimiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de las entidades gestoras y 
depositarias de fondos de pensiones, las personas que ejerzan la dirección efectiva 
y las funciones claves previstas en esta ley, las entidades o personas en las que 
hayan delegado o externalizado funciones, los comercializadores de planes de 
pensiones individuales, los promotores de los planes de pensiones, las comisiones 
de control, los actuarios, los representantes de los fondos de pensiones autorizados 
o registrados en otros Estados miembros y cualesquiera personas o entidades para 
las que se establezca alguna función, prohibición o mandato en esta Ley y en sus 
normas de desarrollo y complementarias.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones formará parte, en su 
condición de autoridad supervisora española en materia de fondos de pensiones, de 
la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ), conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento n.º 1094/2010, de 24 de noviembre, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión.
Será de aplicación en materia de planes y fondos de pensiones lo establecido 
en el artículo 17 de la Ley 20/2015, de 14 de julio.
2.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ejercerá sus  e.e
funciones de supervisión sobre las entidades gestoras y los planes y fondos de  w.b
pensiones, así como sobre el resto de entidades y sujetos contemplados en el  51ww
primLear  psuáprrearfvoi sdióenl a cpoanrstaisdtoir á1 .en la verificación continua del correcto ejercicio de la
adcet ilvai dnaodrm, daet ilvaa s diteu apclaiónne fsin ya nfocniedroas,  ddee  lpaesn csoionndeusc.tas de mercado y del cumplimiento
Los planes y fondos de pensiones y sus entidades gestoras están sujetos a 
supervisión prudencial que incluirá, cuando proceda, entre otros, los siguientes 
ámbitos:
a)  Las condiciones de funcionamiento.
b)  Las provisiones técnicas.
c)  La financiación de las provisiones técnicas.
d)  La exigencia de fondos propios.
e)  El margen de solvencia disponible.
f)  El margen de solvencia obligatorio.
g)  Las normas de inversión.
h)  La gestión de las inversiones.
i)  El sistema de gobierno, y
j)  La información que debe proporcionarse a los partícipes y beneficiarios.
La supervisión prudencial se basará en un planteamiento prospectivo y orientado 
al riesgo.
Las facultades de supervisión se ejercerán de manera oportuna y proporcionada 
teniendo en cuenta el tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de las 
actividades de los fondos de pensiones y comprenderá una combinación adecuada 
de inspecciones in situ y actividades realizadas en otro lugar.
En materia de supervisión en el ámbito de la actividad de las entidades gestoras, 
de los planes y fondos de pensiones y demás sujetos y entidades contemplados en 
el primer párrafo del apartado 1, será de aplicación lo dispuesto sobre la supervisión 
de las entidades aseguradoras en los capítulos I, II y III del título IV de la Ley 20/2015, 
de 14 de julio, con las particularidades previstas en esta Ley y su normativa de 
desarrollo.
3.  Será de aplicación a la inspección de entidades gestoras y de planes y 
fondos de pensiones lo dispuesto sobre la inspección de entidades aseguradoras en 
el capítulo IV del título IV de la Ley 20/2015, de 14 de julio.
A falta de mención expresa en contrario en las especificaciones de los planes de 
pensiones o en las normas de funcionamiento de los fondos de pensiones, todas las 
actuaciones derivadas de la Inspección de los planes y fondos de pensiones, 
excepto las que se refieran a las personas físicas, se entenderán notificadas cuando 
la comunicación se efectúe ante la entidad gestora correspondiente.
Asimismo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá 
ordenar la inspección de las entidades depositarias de fondos de pensiones para 
comprobar el correcto cumplimiento de la normativa relativa a los planes y fondos 
de pensiones. En este caso se informará de la orden de inspección al ente u órgano 
administrativo al que, en su caso, corresponda el control y supervisión de la entidad, 
pudiendo solicitar de aquel su actuación o asistencia en los supuestos que sea 
preciso, siendo aplicable igualmente lo dispuesto sobre la inspección de entidades 
aseguradoras en el citado capítulo IV del título IV de la Ley 20/2015, de 14 de julio.
4.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá ordenar la 
inspección  de  las  funciones  transferidas  a  un  tercero,  así  como  las  de 
comercialización de planes de pensiones, para comprobar si se desarrollan de 
conformidad con la normativa de planes y fondos de pensiones. En este caso se 
informará de la orden de inspección al ente u órgano administrativo al que, en su 
caso, corresponda el control y supervisión del prestador del servicio, pudiendo  e.e
solicitar de aquel su actuación o asistencia en los supuestos en que sea necesario,  w.b
siendo aplicable lo dispuesto sobre la inspección de entidades aseguradoras en el  51ww
citad5o.  caEpní tcualos oIV d dee al ctíttivuildoa IdV  tdraen lsaf rLoenyte 2r0iz/a2 0d1e5 l,o dse f o1n4d does  jdueli op.ensiones de empleo
smeie hmabráro cso enns tqaur ee nd eesl arrergoilsletrno  daicdhmai naiscttrivaitdivaod  dye l afo Dnidreocsc dióen  pGeennsieornael sd elo Ss eEgsutraodso sy 
Fondos de Pensiones comunicará dicha información a la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación.
Asimismo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones notificará a 
la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación las decisiones de 
prohibir las actividades de fondos de pensiones de empleo adoptadas conforme a lo 
previsto en esta Ley y que en todo caso deberán motivarse de manera detallada y 
notificarse al fondo de que se trate. A tal efecto, notificará a dicha Autoridad la 
revocación de la autorización administrativa de los fondos de pensiones de empleo, 
salvo que sea motivada por las causas previstas en el artículo 31.2, párrafos a) y c). 
Igualmente notificará a dicha Autoridad los requerimientos de cese de actividad de 
fondos  de  pensiones  de  empleo  no  autorizados,  así  como  las  medidas 
administrativas de control especial consistentes en la prohibición de admitir nuevos 
planes en los fondos o nuevos participes o aportaciones, y en la prohibición de 
actividad transfronteriza.»
Siete.  Se introduce un nuevo artículo 24 bis en el capítulo VII con la siguiente 
redacción:
«Artículo 24 bis.  Transparencia de la actuación supervisora.
1.  De conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley 20/2015, 
de 14 de julio, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ejercerá la 
supervisión de forma transparente, independiente y responsable, garantizando 
debidamente la protección de la información confidencial.
2.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con objeto de 
velar por la transparencia en la supervisión, divulgará la siguiente información:
a)  El texto de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, y las 
orientaciones generales en el ámbito de los planes y fondos de pensiones.
b)  La decisión sobre el ejercicio de las opciones previstas en la normativa de 
la Unión Europea.
c)  Información sobre el proceso de revisión supervisora previsto en el artículo 24 ter.
d)  Los datos estadísticos agregados sobre los aspectos fundamentales de la 
aplicación de las normas prudenciales.
e)  Los objetivos de la supervisión y las principales funciones y actuaciones 
supervisoras.
f)  Las normas relativas a las sanciones administrativas y otras medidas 
aplicables a las infracciones.
g)  Las guías técnicas que elabore, dirigidas a las entidades sometidas a 
supervisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 111. 2 de la Ley 20/2015, 
de 14 de julio.
3.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones deberá comunicar 
a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) las 
disposiciones de carácter prudencial que no estén contenidas en la legislación 
social y laboral aplicable a los planes de pensiones de empleo, a que se refiere el 
artículo 38.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones actualizará dicha 
información como mínimo cada dos años.» e
redaOccc«ihóAonr.:t ícuSleo  2in4t rtoedr.u cFe aucnu ltnaudeevso g eanrteícraulleos  2d4e  tseurp eernv iesiló cna.pítulo VII con la siguiente  2020-1651n https://www.
1.  En el ejercicio de sus funciones de supervisión de planes y fondos de
pensiones, así como respecto de las actividades externalizadas, en los términos
establecidos en esta Ley y en las demás normas reguladoras de los planes y fondos 
de pensiones, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones tendrá las 
siguientes facultades:
a)  Revisar las estrategias, los procesos y los procedimientos de información 
establecidos por los fondos de pensiones a fin de cumplir las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas. Dicha revisión tendrá en cuenta las circunstancias 
en que operen los fondos de pensiones, y en su caso, las partes que desempeñan 
las funciones clave o cualquier otra actividad externalizada. La revisión comprenderá 
los siguientes elementos:
1.º  Una evaluación de los requisitos cualitativos en relación con el sistema de 
gobierno.
2.º  Una evaluación de los riesgos que afronta el fondo de pensiones.
3.º  Una valoración de la capacidad del fondo de pensiones de evaluar y 
gestionar esos riesgos.
b)  Evaluar la adecuación de los métodos y prácticas de los fondos de 
pensiones, incluidas pruebas de resistencia, que le permita detectar el deterioro de 
las condiciones financieras de un fondo de pensiones y controlar la forma en que se 
corrige ese deterioro.
c)  Requerir toda la información que resulte necesaria a efectos de supervisión, 
estadísticos y contables.
d)  Acceder a cualquier documento y recibir una copia del mismo.
e)  Requerir toda la información que sea precisa para comprobar el correcto 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de las entidades 
gestoras y depositarias de fondos de pensiones, de las personas que ejerzan la 
dirección efectiva y las funciones claves previstas en esta ley, de las entidades o 
personas  en  las  que  hayan  delegado  o  externalizado  funciones,  de  los 
comercializadores de planes de pensiones individuales, de los promotores de los 
planes de pensiones, de las comisiones de control, de los actuarios, así como de los 
representantes de los fondos de pensiones autorizados o registrados en otros 
Estados miembros y de cualesquiera personas o entidades para las que se 
establezca alguna función, prohibición o mandato en esta Ley y en sus normas de 
desarrollo y complementarias.
A tal efecto, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá 
requerir la remisión de información en el plazo que razonablemente fije y, si es 
necesario, citar y tomar declaración a una persona para obtener información.
Los requerimientos de información y citaciones habrán de estar motivados y ser 
proporcionados al fin perseguido. En ellos se expondrá de forma detallada y 
concreta el contenido de la información que se vaya a solicitar, especificando de 
manera justificada la función para cuyo desarrollo es precisa tal información y el uso 
que pretende hacerse de la misma.
f)  Realizar las inspecciones y comprobaciones necesarias.
g)  Requerir los registros telefónicos y de tráfico de datos de que dispongan las 
personas o entidades a que se refiere el párrafo e) anterior. Los requerimientos que 
se realicen a tal efecto se ajustarán a lo establecido en dicho párrafo e).
h)  Requerir toda la información que resulte necesaria a efectos de supervisión, 
estadísticos y contables. es
i)  Exigir a las entidades gestoras la aportación de informes de expertos  bo
independientes, del responsable de la función de auditoría interna o de cualquier  51ww
orgeatrarolaij z)ni antirfzAosaerdrm.o qpeut aqeru  lleaa,ss   dmeene tdaidicdauadeser dsp orge evcseotnnot rievaassts ad y eL c efooyrn ryed costsou r daneso  rqpmueean tssivieoaan ned sen  esdceee sasataerrrniaogsllao an,   fdaine  lbdaaes    OE-A-2020-16able en https://
normas reguladoras de su actividad que deben cumplir.
k)  Cuantas otras funciones sean necesarias para el ejercicio de la supervisión 
prudencial en el ámbito de los planes y fondos de pensiones.
2.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá exigir la 
subsanación de las carencias o deficiencias detectadas en el desarrollo de la 
supervisión.
3.  Las actuaciones de supervisión se desarrollarán por los funcionarios 
pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado con la 
colaboración de funcionarios pertenecientes a los cuerpos técnicos de la 
Administración General del Estado, así como de funcionarios expertos informáticos.
4.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones establecerá la 
frecuencia y el alcance mínimo de las revisiones previstas en el apartado 1.a) 
atendiendo al tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de 
los fondos de pensiones de que se trate.
5.  En defecto de normas especiales de procedimiento, será de aplicación la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.»
Nueve.  Se introduce un nuevo artículo 24 quater en el capítulo VII con la siguiente 
redacción:
«Artículo 24 quater.  Secreto profesional e intercambio de información.
1.  Los datos, documentos e información que obren en poder del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital en el ejercicio de sus funciones en 
materia de planes y fondos de pensiones, salvo los contenidos propios de los 
registros administrativos de carácter público, tendrán carácter reservado.
La información confidencial recibida a la que se refiere el párrafo anterior, solo 
podrá ser utilizada en el ejercicio de las funciones de ordenación, supervisión e 
intervención establecidas en esta ley, así como para publicar indicadores clave de 
rendimiento y comisiones de gestión y depósito para cada uno de los planes de 
pensiones que puedan ayudar a los partícipes y beneficiarios a la hora de adoptar 
decisiones financieras en relación con su pensión.
2.  Todas las personas que ejerzan o hayan ejercido una actividad de 
ordenación y supervisión o intervención en materia de planes y fondos de pensiones, 
así como aquellas a quienes el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital les haya encomendado funciones respecto de planes y fondos de pensiones 
o entidades y personas a las que se refiere el artículo 24.1, están sometidas al 
deber de secreto profesional en los mismos términos y con las mismas 
responsabilidades y excepciones establecidas en el capítulo V del título IV de la 
Ley 20/2015, de 14 de julio.
3.  No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las informaciones 
confidenciales podrán ser suministradas de conformidad con lo establecido en el 
artículo 128 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, así como a las autoridades e 
instituciones siguientes, para el desempeño de sus funciones respectivas:
a)  Bancos centrales y otros organismos con una función similar, en tanto que 
autoridades monetarias.
b)  Otras autoridades públicas encargadas de la supervisión de los sistemas de 
pago, cuando proceda. e.
c)  La Junta Europea de Riesgo Sistémico, la Autoridad Europea de Seguros y  w.b
Pensiones de Jubilación (AESPJ), la Autoridad Bancaria Europea y la Autoridad  51ww
Europea de Mercados y Valores.
aparEtasdtao  i2n.formación estará sujeta al deber de secreto profesional previsto en el
4.  Las informaciones confidenciales relativas a la supervisión prudencial de los 
fondos de pensiones podrán suministrarse a comisiones parlamentarias de 
investigación o a cualquier otro organismo o institución pública que su Ley reguladora 
le permita recabar información y otros organismos encargados de realizar 
investigaciones, siempre que concurran todas las condiciones siguientes:
a)  Que dichos organismos tengan competencia, en virtud de la legislación 
nacional, para investigar o analizar las acciones de las autoridades responsables de 
la supervisión de los fondos de pensiones de empleo o de la legislación en materia 
de supervisión.
b)  Que la información sea estrictamente necesaria para el ejercicio de la 
competencia mencionada en la letra a).
c)  Que las personas que tengan acceso a la información estén sujetas a 
requisitos de secreto profesional equivalentes como mínimo a los establecidos en el 
apartado 2.
d)  Que si la información tiene su origen en otro Estado miembro, esa 
información no sea revelada sin el consentimiento expreso de las autoridades 
competentes del país de origen y únicamente con la finalidad que dichas autoridades 
hayan autorizado.
5.  Asimismo, con el fin de reforzar la estabilidad e integridad del sistema 
financiero, podrá intercambiarse información con las autoridades o los órganos 
encargados de detectar las infracciones del derecho de sociedades aplicable a las 
empresas promotoras y de investigar dichas infracciones, incluyendo el caso en que 
se recurra, por su competencia específica, a personas designadas a tal fin y que no 
pertenezcan a la función pública.
En los intercambios de información recogidos en el párrafo anterior, deben 
concurrir las siguientes condiciones:
a)  Que la información se destine a la detección, investigación y análisis de las 
acciones de las autoridades responsables de la supervisión de los fondos de 
pensiones o de la legislación en materia de supervisión.
b)  Que la información recibida esté sujeta a la obligación de secreto profesional 
establecida en el apartado 1.
c)  Que si la información tiene su origen en otro Estado miembro, esa 
información no sea revelada sin el consentimiento expreso de la autoridad 
competente de la que proceda y, en su caso, exclusivamente con la finalidad que 
esta autoridad haya autorizado.
6.  El deber de secreto profesional a que se refieren los apartados 2 y 5 se 
entiende sin perjuicio del impuesto por la normativa vigente en materia de protección 
de datos de carácter personal.»
Diez.  El título del capítulo VIII queda redactado como sigue:
«CAPÍTULO VIII
Sistema de gobierno»
Once.  El artículo 27 queda redactado como sigue: es
«Artículo 27.  Requisitos generales. w.
com1is. ionLeass  deen tciodnatdroels,  dgeebsetorárans d idsep ofnoenrd does  udne  spisetnesmioan eefsic ay,z  edne  gsoub ciearsnoo,  qluaes 
gfoanrdaonsti cgee ustnioan gaedsotsió.n adecuada y prudente de las actividades de la entidad y de los
El citado sistema comprenderá políticas escritas de gobierno corporativo que 
incluirán, entre otras, una estructura organizativa apropiada y transparente, con una 
clara distribución y una adecuada separación de funciones, y un sistema eficaz para 
garantizar la transmisión de la información, así como políticas y prácticas de 
remuneración adecuadas a las características de las entidades y estará sujeto a una 
revisión periódica.
El sistema de gobierno incluirá la consideración de los factores ambientales, 
sociales y de gobierno en las decisiones de inversión de los fondos de pensiones, 
de acuerdo con lo previsto en la declaración de los principios de la política de 
inversión.
2.  El sistema de gobierno guardará proporción con el tamaño, la naturaleza, la 
escala y la complejidad de las actividades de la entidad y de los fondos de pensiones 
gestionados.
3.  Con carácter general, las entidades gestoras de fondos de pensiones 
deberán establecer y aplicar políticas escritas en relación con la gestión de riesgos 
y la auditoría interna y, en su caso, con las actividades actuariales que realice la 
entidad y las actividades externalizadas. Dichas políticas escritas estarán sujetas a 
la aprobación previa del órgano de administración, se revisarán al menos cada tres 
años y se adaptarán en función de cualquier modificación significativa del sistema o 
ámbito correspondiente.
4.  Las entidades gestoras de fondos de pensiones deberán establecer y 
documentar un sistema eficaz de control interno. Dicho sistema constará de 
procedimientos administrativos y contables, de un marco de control interno, y de 
mecanismos adecuados de información a todos los niveles de la entidad y de los 
fondos de pensiones gestionados, e incluirá una verificación del cumplimiento.
La verificación del cumplimiento comprenderá el asesoramiento al órgano de 
administración acerca del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas que afecten a la entidad y a los fondos de pensiones gestionados, 
así como acerca del cumplimiento de su normativa interna. Comportará asimismo la 
evaluación del impacto de cualquier modificación del entorno legal en las 
operaciones de la entidad y de los fondos de pensiones gestionados y la 
determinación y evaluación del riesgo de cumplimiento.
5.  Las entidades gestoras de fondos de pensiones deberán adoptar medidas 
razonables para garantizar la continuidad y la regularidad en la ejecución de sus 
actividades, incluida la elaboración de planes de emergencia. A tal fin, emplearán 
sistemas, recursos y procedimientos adecuados y proporcionados.
6.  Las entidades gestoras de fondos de pensiones y, en su caso, las 
comisiones de control, deberán contar al menos con tres personas que las dirijan de 
manera efectiva. Las entidades deberán contar con un consejo de administración, 
formado por no menos de tres miembros, que será responsable último del sistema 
de gobierno.»
Doce.  El artículo 28 queda redactado como sigue:
«Artículo 28.  Aptitud y honorabilidad.
1.  Las personas que dirijan de manera efectiva las entidades gestoras de los 
fondos de pensiones, aquellas que desempeñen funciones clave previstas en esta 
Ley y, en su caso, las personas o entidades a quienes se haya externalizado alguna  es
de las funciones clave, deberán cumplir los siguientes requisitos en el desempeño  bo
de su cometido: 51ww
a)  Requisito de aptitud:
cual1if.iºc acEionn eels ,c assuos  dceo mlapse pteenrscoiansa sy  qsuue e dxipriejarine ndceia m saenreárna  ideófencetiavsa  clao leencttiivdaamd,e snutes 
para poder garantizar una gestión adecuada y prudente de los fondos de pensiones.
2.º  En el caso de las personas que realicen funciones clave, sus cualificaciones 
profesionales, sus conocimientos y su experiencia serán idóneas para desempeñar 
correctamente sus funciones clave.
b)  Requisito de honorabilidad: deberán ser personas íntegras y de buena 
reputación.
2.  A los efectos de lo establecido en esta Ley y en sus disposiciones de 
desarrollo, se entenderá que ejercen la dirección efectiva de una entidad gestora de 
fondos de pensiones quienes ostenten cargos de administración o dirección, 
considerándose como tales:
a)  Los miembros de los órganos colegiados de administración. Podrán 
desempeñar cargos de administración las personas jurídicas, si bien, en este caso, 
deberán designar en su representación a una persona física que reúna igualmente 
los requisitos anteriormente citados.
b)  Los directores generales y asimilados, entendiendo por tales todas aquellas 
personas que ejerzan en la entidad la alta dirección bajo la dependencia directa de 
su órgano de administración, de comisiones ejecutivas o de consejeros delegados 
de aquel.
3.  Las entidades gestoras de fondos de pensiones comunicarán a la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el nombramiento, cese y 
sustitución de las personas que ejerzan la dirección efectiva de la entidad, bajo 
cualquier título, y quienes dentro de la entidad gestora desempeñen las funciones 
clave, junto con toda la información necesaria para evaluar si las personas que, 
en  su  caso,  se  hayan  nombrado,  cumplen  las  exigencias  de  aptitud  y 
honorabilidad. No obstante, la comunicación del titular de la función actuarial 
deberá efectuarla la comisión de control.
Si durante el ejercicio de su actividad concurriese en alguna de las personas a 
que se refiere este artículo circunstancias que supongan incumplimiento de los 
requisitos de aptitud y honorabilidad, deberá procederse a su sustitución y comunicar 
esta a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones indicando el motivo.
Las comunicaciones previstas en este apartado se realizarán en un plazo 
máximo de quince días hábiles a contar desde el momento del nombramiento, cese 
o sustitución.
4.  Reglamentariamente se determinarán los supuestos en los que se entiende 
que se cumplen los requisitos de aptitud y honorabilidad de quienes ostentan la 
dirección efectiva o desempeñan funciones clave, así como los requisitos de la 
información que deberá ser remitida a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones a efectos de evaluar su cumplimiento. La persona titular del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá regular el contenido de la 
información y la documentación acreditativa que deberá remitirse para la evaluación.
La información a remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones incluirá un certificado de antecedentes penales expedido por la autoridad 
competente con una antelación no superior a tres meses. Si se trata de personas no 
residentes en España, en caso de que en el país respectivo no exista un documento 
equivalente, deberá incluir una declaración responsable hecha ante una autoridad 
judicial o administrativa competente o ante notario público en la que afirmen no  s
haber sido condenados en el extranjero por delitos de falsedad, violación de  oe.
secretos, por blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, contra el orden  w.
smoaclvi5oe.e rscaEocnnió óemnl  cidcaeos ,co a cduoedn aetrnleatsi d lpaaúd Hbelsaic caoissee nygd ucarua aPdleoúsrbaqiscu aiqe,u raec  odanecttlriútaoe snl a cc ooSnmetroga ug ereild sptaoadrtra iSms odoceni iafool.,n dpoosr   2020-1651n https://ww
de pensiones, le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 20/2015,
de 14 de julio.» Bc
Trece.  El artículo 29 queda redactado como sigue:
«Artículo 29.  Política de remuneración.
1.  Las entidades gestoras de fondos de pensiones deberán establecer y 
aplicar una política de remuneración adecuada respecto de todas las personas que 
las dirijan de manera efectiva, de aquellas que desempeñen funciones clave dentro 
de la entidad gestora y de otras categorías de personal cuyas actividades 
profesionales incidan de forma significativa en el perfil de riesgo de los planes y 
fondos de pensiones gestionados. La citada política de remuneración deberá ser 
acorde con su organización interna y el tamaño, la naturaleza, la escala y la 
complejidad de sus actividades.
2.  Salvo que las disposiciones previstas en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, 
dispongan otra cosa, las entidades gestoras de fondos de pensiones harán pública 
regularmente información pertinente relativa a la política de remuneración.
3.  Al establecer y aplicar las políticas de remuneración a que se refiere el 
apartado 1, se respetarán los principios siguientes:
a)  La política de remuneración se establecerá, aplicará y mantendrá en 
consonancia con las actividades, el perfil de riesgo, los objetivos y los intereses, la 
estabilidad financiera y el rendimiento a largo plazo de los planes y fondos de 
pensiones gestionados en su conjunto, y apoyará una gestión sólida, prudente y 
efectiva de los mismos.
b)  La política de remuneración estará en consonancia con los intereses a largo 
plazo de los partícipes y beneficiarios de los planes de pensiones gestionados.
c)  La política de remuneración incluirá medidas destinadas a evitar conflictos 
de interés.
d)  La política de remuneración será acorde con una gestión adecuada y eficaz 
de los riesgos y no alentará una asunción de riesgos que no esté en consonancia 
con los perfiles de riesgo y la normativa de los planes y fondos de pensiones.
e)  La política de remuneración se aplicará a la entidad gestora y a los 
prestadores de servicios externalizados, salvo que estos últimos estén cubiertos por 
las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE y 2014/65/UE.
f)  La entidad gestora determinará los principios generales de la política de 
remuneración, que se revisará y actualizará, como mínimo, cada tres años, y será 
responsable de su aplicación.
g)  El gobierno en materia de remuneración y su supervisión deberá realizarse 
de manera clara, transparente y eficaz.
4.  Las comisiones de control de planes de pensiones de empleo deberán 
establecer y aplicar una política de remuneración adecuada respecto de quienes 
presten los servicios actuariales y, en su caso, la función clave actuarial, y de otros 
proveedores de servicios externos cuyas actividades puedan incidir de forma 
significativa en el perfil de riesgo de los planes y fondos de pensiones.»
Catorce.  El artículo 30 queda redactado como sigue:
«Artículo 30.  Funciones clave. bo
cfuonmc1iiós. ino ndLeeas sg  deeesnt ictóiodnna dtdreoe lrs,i  edgsegebosestor áyran u snd aids epfu onfnoceinórd ndo edse  l daaseu  dspiitgeounríiseain ointneteessr nf uayn,  yc,ei oennn e sssuu  c cclaaavsseoo:,,   uulnnaaas    2020-1651n https://ww
función actuarial, en este último caso cuando la entidad gestora preste servicios
actuariales respecto de los planes de pensiones. Dichas entidades deberán permitir
que los titulares de funciones clave desempeñen eficazmente su cometido de 
manera objetiva, justa e independiente. Las comisiones de control podrán delegar 
expresamente en las entidades gestoras las funciones que decidan.
2.  Una sola persona o unidad organizativa podrá desempeñar varias funciones 
clave en la entidad gestora, a excepción de la función de auditoría interna, que será 
independiente de otras funciones clave.
3.  La persona o unidad organizativa única que desempeñe una función clave 
que afecte a un plan de pensiones del sistema de empleo podrá ser la misma que 
desempeñe una función clave similar en la empresa o empresas promotoras. En tal 
caso, la comisión de control del plan deberá adoptar las medidas oportunas para 
evitar o gestionar posibles conflictos de interés entre el promotor y los partícipes y 
beneficiarios que pudieran derivarse del ejercicio de dicha función.
4.  Los titulares de una función clave informarán de cualquier conclusión o 
recomendación importante en el ámbito de su responsabilidad al órgano de 
administración o de dirección de la entidad gestora y, en su caso, a las comisiones 
de control de los planes y fondos de pensiones, que determinarán las medidas que 
deberán tomarse.
5.  Los titulares de una función clave informarán a la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones si la dirección efectiva o las comisiones de control 
de los planes y fondos de pensiones no toman medidas correctoras adecuadas y 
oportunas en los siguientes casos:
a)  Cuando la persona o unidad organizativa que desempeñe la función clave 
haya detectado un riesgo sustancial de que la entidad gestora o los planes o los 
fondos de pensiones no cumplan un requisito legal que pueda tener importantes 
repercusiones en los intereses de los partícipes y beneficiarios, y haya informado de 
ello a la dirección efectiva o a las comisiones de control, o
b)  cuando la persona o unidad organizativa que desempeñe la función clave 
haya  observado  un  incumplimiento  grave  de  las  disposiciones  legales, 
reglamentarias o administrativas aplicables a la entidad gestora o a los planes y 
fondos de pensiones y sus actividades en el contexto de su función clave y haya 
informado de ello a la dirección efectiva o a la comisión de control correspondiente.»
Quince.  Se introduce un nuevo artículo 30 bis en el capítulo VIII con la siguiente 
redacción:
«Artículo 30 bis.  Función de gestión de riesgos.
1.  Las entidades gestoras de fondos de pensiones, de una forma proporcionada 
con su tamaño y su organización interna y con el tamaño, la naturaleza, la escala y 
la complejidad de sus actividades y de los fondos de pensiones gestionados, 
deberán disponer de una función eficaz de gestión de riesgos. Dicha función se 
estructurará de tal manera que facilite el funcionamiento de un sistema de gestión 
de riesgos, para lo que la entidad adoptará las estrategias, los procesos y los 
procedimientos de información necesarios para detectar, medir, vigilar, gestionar y 
notificar regularmente al órgano de administración y a las comisiones de control los 
riesgos a los que, a nivel individual y agregado, estén o puedan estar expuestos los 
planes y fondos de pensiones gestionados, así como sus interdependencias.
Ese sistema de gestión de riesgos será eficaz y estará debidamente integrado  s
en la estructura organizativa y en el proceso de toma de decisiones. oe.
2.  El sistema de gestión de riesgos cubrirá, de forma proporcionada con el  w.
tyfoa nmcodaomñsop d leyej i odpraegdna sndiioezna escusió son  a eicnntt ielvarinsd aae dmdeeps r,le als oeasns tr iaide asladgs o yqs uc qoeun se ee  plh tuaaeymdaaanñn eo sx, tulearrg nniraa letiuznar adloloes zl aaps,l a etnasercesaa lays    2020-1651n https://ww
o actividades de la entidad al menos en los ámbitos siguientes, cuando proceda:
a)  La suscripción y la constitución de reservas.
b)  La gestión de activos y pasivos.
c)  La inversión, en particular, en instrumentos derivados, titulizaciones y 
compromisos similares.
d)  La gestión del riesgo de liquidez y de concentración.
e)  La gestión del riesgo operacional.
f)  El seguro y otras técnicas de reducción del riesgo.
g)  Los riesgos ambientales, sociales y de gobierno relacionados con la cartera 
de inversiones y su gestión, en los términos establecidos en su declaración de los 
principios de la política de inversión.
3.  Cuando, de conformidad con las condiciones del plan de pensiones, los 
partícipes y beneficiarios asuman riesgos, el sistema de gestión de riesgos también 
tendrá en cuenta esos riesgos desde la perspectiva de los partícipes y beneficiarios.
4.  En el caso de que la función actuarial no haya sido encomendada a la 
entidad gestora, el responsable de dicha función deberá proporcionar a la citada 
entidad toda aquella información actuarial necesaria para la eficaz aplicación del 
sistema de gestión de riesgo de los fondos de pensiones de empleo gestionados.»
Dieciséis.  Se introduce un nuevo artículo 30 ter en el capítulo VIII con la siguiente 
redacción:
«Artículo 30 ter.  Función de auditoría interna.
1.  Las entidades gestoras de fondos de pensiones, y, en su caso, las 
comisiones de control, de una forma proporcionada con su tamaño y su organización 
interna y con el tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de sus actividades, 
deberán disponer de una función eficaz de auditoría interna. La función de auditoría 
interna deberá disponer de una evaluación de la adecuación y eficacia del sistema 
de control interno y de otros elementos del sistema de gobierno, incluidas, cuando 
proceda, las actividades externalizadas.
2.  La función de auditoría interna deberá ser objetiva e independiente de las 
funciones operativas y de otras funciones clave y se desarrollará de acuerdo con lo 
establecido en la normativa de planes y fondos de pensiones.
3.  Las conclusiones y recomendaciones derivadas de la auditoría interna se 
notificarán al órgano de administración, el cual determinará qué acciones habrán de 
adoptarse con respecto de cada una de ellas y garantizará que dichas acciones se 
lleven a cabo.
4.  Anualmente la entidad gestora elaborará un informe sobre la efectividad de 
sus procedimientos de control interno, incidiendo en las deficiencias significativas 
detectadas, sus implicaciones y proponiendo, en su caso, las medidas que se 
consideren adecuadas para su subsanación. El referido informe será aprobado por 
el consejo de administración de la entidad gestora y remitido a la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones junto con las cuentas anuales en el plazo 
establecido en el artículo 19.1.
Tanto las conclusiones y recomendaciones de la auditoría interna como el 
informe sobre la efectividad de los procedimientos de control interno deberán 
remitirse también a las comisiones de control de los fondos de pensiones 
gestionados.»
Diecisiete.  Se introduce un nuevo artículo 30 quater en el capítulo VIII con la siguiente  e.
redacción: w.b
«Artyíc suelorv 3ic0i oqsu aatcetru. ariFaulensc.ión actuarial relativa a los planes de pensiones de empleo
1.  Cuando un plan de pensiones de empleo de prestación definida o mixto
cubra los riesgos biométricos o garantice, ya sea el resultado de la inversión ya sea
un nivel determinado de las prestaciones, y no esté totalmente asegurado por 
terceros, deberá establecerse una función actuarial eficaz, a fin de:
a)  En su caso, coordinar y supervisar el cálculo de las provisiones técnicas.
b)  Evaluar la idoneidad de los métodos y modelos subyacentes utilizados para 
calcular las provisiones técnicas y las hipótesis empleadas al efecto.
c)  Evaluar la suficiencia y la calidad de los datos utilizados en el cálculo de las 
provisiones técnicas.
d)  Cotejar las hipótesis en que se basa el cálculo de las provisiones técnicas 
con la experiencia.
e)  Informar a la comisión de control del plan y, en su caso, al órgano de 
administración o de dirección de la entidad gestora sobre la fiabilidad y la adecuación 
del cálculo de las provisiones técnicas.
f)  Pronunciarse sobre la política general de suscripción en caso de que el plan 
de pensiones cuente con una política de este tipo.
g)  Pronunciarse sobre la idoneidad de la cobertura del seguro en caso de que 
el plan de pensiones cuente con un régimen de este tipo, y
h)  Contribuir a la aplicación efectiva del sistema de gestión de riesgos.
Se entiende por riesgos biométricos los riesgos que recaen sobre las personas 
relacionados con el fallecimiento, la invalidez y la supervivencia.
2.  Los servicios actuariales correspondientes a planes de pensiones deberán 
realizarse por personas que tengan conocimientos suficientes de matemática 
actuarial y financiera, acordes con la naturaleza, el volumen y complejidad de los 
riesgos inherentes al desarrollo del plan de pensiones y que puedan acreditar la 
oportuna experiencia en relación con las normas profesionales y de otra índole, 
aplicables. La prestación de tales servicios podrán realizarla en nombre propio o por 
cuenta de una entidad proveedora de tales servicios en la que desarrollen su 
actividad en virtud de relación laboral o mercantil.
Los actuarios de seguros podrán desempeñar, en todo caso, los servicios 
actuariales correspondientes a planes de pensiones.
3.  Las comisiones de control de los planes elegirán a los prestadores de 
servicios actuariales para el desenvolvimiento ordinario del plan de pensiones, que 
incluirá, en su caso, la función actuarial prevista en el apartado 1.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior la comisión de control del plan 
podrá designar a personas que actúen en nombre propio o que desarrollen su 
actividad en una entidad proveedora de servicios actuariales. La entidad gestora o 
la depositaria o promotora del fondo o la promotora o aseguradora del plan o alguna 
entidad del grupo de cualquiera de ellas podrán ser proveedoras de los servicios 
actuariales del plan, así como personas que, teniendo relación laboral o mercantil 
con dichas entidades, actúen para el plan en nombre propio. En su caso, la comisión 
de control arbitrará las medidas oportunas para evitar o gestionar conflictos de 
interés entre el promotor y los partícipes y beneficiarios.
Lo dispuesto en este apartado será aplicable sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 9.5.»
Dieciocho.  Se introduce un nuevo artículo 30 quinquies en el capítulo VIII con la 
siguiente redacción:
«Artículo 30 quinquies.  Evaluación interna de riesgos en los fondos de pensiones  oe.
de empleo. w.
las 1c.o mLiassio ennetsid addee sc ognetsrtoolr,a sd edbee froánnd ollse vdaer  pae ncsaiobnoe sy d ed oecmupmleeon tya, re, nd esu  fcoarmsoa, 
plar oepsocrcailoan ayd ac ocmonp llea jiodragda ndizea cliaósn  ianctetirvniad,a adseís c odmelo  fcoonnd oel  ota mfoanñdoo, sla  dnea tuermalpelzeao, 
administrados una evaluación interna de riesgo de cada fondo de pensiones de 
empleo.
Dicha evaluación interna de los riesgos se efectuará de manera regular al 
menos cada tres años, y en todo caso inmediatamente después de que se 
produzcan cambios significativos del perfil de riesgo del fondo o de los planes de 
pensiones integrados en el fondo de pensiones. Cuando se produzca un cambio 
significativo en el perfil de riesgo de un plan de pensiones específico, la evaluación 
de los riesgos podrá limitarse a ese plan de pensiones.
2.  Reglamentariamente se determinará el contenido que la evaluación interna 
de riesgos ha de incluir.
3.  Las entidades gestoras dispondrán de métodos para detectar y evaluar los 
riesgos a los que estén o puedan estar expuestos a corto y a largo plazo los fondos 
de pensiones que gestionan y que pudieran influir en la capacidad del fondo para 
cumplir sus obligaciones. Esos métodos deberán ser proporcionados al tamaño, la 
naturaleza, la escala y la complejidad de los riesgos inherentes a sus actividades. 
Los métodos deberán describirse en la propia evaluación de los riesgos.
4.  La evaluación interna de los riesgos se tendrá en cuenta en las decisiones 
estratégicas del fondo de pensiones de empleo.
5.  Las entidades gestoras comunicarán los resultados de cada evaluación 
interna a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y a las comisiones 
de control correspondientes en un plazo de quince días hábiles desde su aprobación 
por el órgano de administración.»
Diecinueve.  Se introduce un nuevo artículo 30 sexies en el capítulo VIII con la 
siguiente redacción:
«Artículo 30 sexies.  Externalización.
1.  Las entidades gestoras de fondos de pensiones y las comisiones de control 
podrán encomendar cualesquiera actividades, incluidas funciones clave, en su 
totalidad o en parte, a prestadores de servicios que actúen en nombre de la entidad 
con las excepciones y condiciones que se establezcan reglamentariamente.
2.  La entidad gestora y la comisión de control seguirán respondiendo 
plenamente del cumplimiento de las obligaciones que para ella se deriven de esta 
Ley y sus normas de desarrollo cuando externalicen funciones clave o cualquier otra 
actividad.
3.  La externalización de funciones clave o de cualquier otra actividad no podrá 
realizarse de tal forma que pueda:
a)  Perjudicar la calidad del sistema de gobierno.
b)  Aumentar indebidamente el riesgo operacional.
c)  Menoscabar la capacidad de las autoridades competentes para comprobar 
que se cumplen las obligaciones derivadas de la normativa.
d)  Socavar el servicio continuo y satisfactorio a los partícipes y beneficiarios.
4.  La entidad gestora deberá garantizar el correcto funcionamiento de las 
actividades externalizadas a través del proceso de selección de un prestador de 
servicios y el seguimiento permanente de las actividades de dicho prestador de 
servicios. Para ello deberá designar dentro de la entidad a una persona responsable 
de la función o actividad externalizada, que cuente con la experiencia y  e.
conocimientos suficientes para comprobar la actuación de los proveedores de  w.b
servicios. 51ww
entid5a. d gPeasrtao rlaa  deexbteerrán asluizsaccriibóinr  udne a acucetirvdidoa edsecsri,t oin ccoluni deal psr elassta fduonrc dioen loess  scelarvvieci,o lsa. 
Dobiclihgoa caiocnueesrd doe t elan dernát ideafidca gceias tjourraíd yic ad eyl  pdreefsintairdáo rc odne  cslearrvidicaido sl,o sin cdleuryeecnhdoos  lay 
adopción de las medidas necesarias desde el punto de vista de la normativa de 
protección de datos personales.
En el caso de que el prestador del servicio vaya a ser encargado del tratamiento 
de datos personales, la gestora elegirá un prestador que ofrezca garantías 
suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a tal efecto. El 
acuerdo previsto en el párrafo anterior incluirá el contenido del artículo 28.3 del 
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE.
6.  Las entidades gestoras de fondos de pensiones deberán comunicar a la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y a las comisiones de control 
correspondientes la externalización de sus actividades.
Cuando la externalización se refiera a las funciones clave, la citada comunicación 
se realizará antes de la formalización del acuerdo de externalización correspondiente. 
En el plazo de un mes desde la recepción de la citada comunicación previa la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá oponerse a la 
externalización mediante resolución motivada cuando se de alguno de los supuestos 
establecidos en el apartado 3. Dicha resolución será susceptible de recurso de 
alzada y contencioso administrativo.
Asimismo, deberá notificarse a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones y a la comisión de control correspondiente cualquier cambio ulterior 
importante en relación con las actividades que hayan podido externalizarse.
Reglamentariamente podrán establecerse los términos y condiciones de las 
comunicaciones previstas en este apartado, así como el plazo o frecuencia de la 
comunicación a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de las 
actividades externalizadas que no constituyan funciones clave.
7.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá solicitar a 
la entidad gestora y a los prestadores de servicios y, en su caso, a las comisiones 
de control en cualquier momento información sobre las funciones clave y cualquier 
otra actividad que externalicen.»
Veinte.  En el apartado 1 del artículo 34 se añaden un nuevo párrafo d) en el número 1.º 
y un nuevo párrafo h) en el número 2.º con la siguiente redacción:
«d)  Deficiencias relevantes en el sistema de gobierno o en el sistema de 
control interno, que impidan la gestión de la actividad y, en especial, el cumplimiento 
de las obligaciones en materia de gestión de riesgos, auditoría interna y en su caso, 
actuarial, o en la externalización de funciones o actividades.»
«h)  Deficiencias relevantes en el sistema de gobierno o en el sistema de 
control interno, que impidan la gestión de la actividad y, en especial, el cumplimiento 
de las obligaciones en materia de gestión de riesgos, auditoría interna y en su caso 
actuarial, o en la externalización de funciones o actividades.»
Veintiuno.  Se modifica el primer párrafo del apartado 1, se adicionan dos nuevos 
párrafos, s) y t) en el apartado 3 y se añade un nuevo párrafo v) en el apartado 4 del 
artículo 35 con la siguiente redacción:
«1.  Las entidades gestoras y depositarias, los promotores de planes de  e.
pensiones, las personas o entidades a las que se hayan transferido funciones, los  w.b
comercializadores de planes de pensiones, los actuarios y las entidades en las que  51ww
ecasrtogso sd edsea arrdomlleinnis strua caióctniv oid addir,e clocsió lniq eunid aladso reenst,id aasdíe cso cmitoa dqausi,e nlaess  pdeersseonmapse ñqeune 
eprjeormzaonto lraas y f ulonsc iomnieems bcrlaovse dse p lraesv icsotams iseino neesst ay  lesuy,b cloosm misiieomnebsro dse d ceo nlat rcool mdeis ilóons 
planes y fondos de pensiones, que infrinjan normas de ordenación y supervisión de
planes y fondos de pensiones, incurrirán en responsabilidad administrativa 
sancionable con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente.»
«s)  Presentar deficiencias en el sistema de gobierno, especialmente en lo 
relativo a las funciones de gestión de riesgos, función de auditoría interna y, en su 
caso, función actuarial, así como en la externalización de funciones o actividades, 
cuando tales deficiencias disminuyan la solvencia o pongan en peligro la viabilidad 
de la entidad gestora o los planes y fondos de pensiones.»
«t)  La falta de sustitución, conforme a lo previsto en el artículo 28, de aquellos 
en quienes concurran circunstancias que supongan incumplimiento de los requisitos 
de aptitud y honorabilidad, así como la falta de remisión a la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones de la información necesaria para la evaluación de 
las exigencias de honorabilidad y aptitud, y su remisión incompleta o la falta de 
veracidad en la información remitida.»
«v)  Presentar deficiencias en el sistema de gobierno, especialmente en lo 
relativo a las funciones de gestión de riesgos, función de auditoría interna, y en su 
caso, función actuarial, así como en la externalización de funciones o actividades y 
siempre que ello no constituya infracción muy grave.»
Veintidós.  El artículo 36.6 queda redactado como sigue:
«6.  A efectos del ejercicio de la potestad sancionadora a que se refieren este 
artículo y el anterior, serán de aplicación las normas contenidas en los artículos 197, 
201 y 205 a 213, ambos inclusive, de la Ley 20/2015, de 14 de julio.
A efectos de lo previsto en el artículo 206 de la citada ley, se publicarán las 
sanciones una vez que sean ejecutivas, indicando el tipo y clase de la infracción y 
la identidad del infractor. No obstante, la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones podrá acordar diferir la publicación de las sanciones, no realizar la 
publicación o publicarlas de manera anónima, si considera que la publicación de la 
identidad de personas jurídicas o la identidad o los datos personales de personas 
físicas resulta desproporcionada, tras una evaluación en cada caso de la 
proporcionalidad de la publicación de tales datos, o si esta última pone en peligro la 
estabilidad de los mercados financieros o una investigación en curso.
Cuando el infractor sea entidad de crédito o entidad o persona a la que se hayan 
transferido funciones o que ejerza como comercializador de planes de pensiones, o 
cargos de administración y dirección de las anteriores, para la imposición de la 
sanción será preceptivo el informe del ente u órgano administrativo al que, en su 
caso, corresponda el control y supervisión de dichas entidades o personas.»
Veintitrés.  Se modifican los párrafos a), c) y f) y se añade un nuevo párrafo g) en el 
artículo 37 con la siguiente redacción:
«a)  Fondo de pensiones de empleo: toda institución autorizada o registrada 
como tal por una autoridad competente de un Estado miembro al amparo de la 
Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre 
de 2016, relativa a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de 
empleo. En el caso de España, fondos de pensiones de empleo serán los regulados 
en el capítulo IV de esta Ley destinados al desarrollo de planes de pensiones de 
empleo.» e
«c)  Empresa promotora: toda empresa o entidad, persona física o jurídica que  bo
actúe en calidad de empleador o de trabajador por cuenta propia o en combinación  51ww
ddee  paemnbsoiosn ye sq udee  oefmrepzlecao .u»n plan de pensiones o realice contribuciones a un fondo
labo«rfa) l eEns teald áom mbiietom bdreo  ldoes  apclaongeidsa :d ee l pEesntasdioon emsie dmeb reom cpuleyao  lseegais laapcliiócna bsloec iaa l lay 
relación entre la empresa promotora y los partícipes o beneficiarios.»
«g)  Actividad transfronteriza: la gestión de un plan de pensiones cuando la 
relación entre la empresa promotora y los partícipes y beneficiarios afectados se rija 
por la legislación social y laboral pertinente en el ámbito de los planes de pensiones 
de empleo de un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen.»
Veinticuatro.  Los apartados 1, 4 y 5 del artículo 38 quedan redactados como sigue:
«1.  Al amparo de lo previsto en la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, y de acuerdo con lo dispuesto 
en este capítulo, los fondos de pensiones de empleo autorizados y registrados en 
España podrán integrar planes de pensiones de empleo sujetos a la legislación 
social y laboral de otros Estados miembros.
Asimismo, al amparo de la citada directiva y de acuerdo con lo dispuesto en este 
capítulo, los fondos de pensiones de empleo autorizados o registrados en otros 
Estados miembros podrán integrar planes de pensiones de empleo sujetos a la 
legislación social y laboral española.»
«4.  Serán aplicables las normas sobre inversiones de los fondos de pensiones 
establecidas en la legislación del Estado miembro de origen del fondo de 
pensiones.»
«5.  Los  fondos  de  pensiones  de  empleo  que  realicen  actividades 
transfronterizas, respecto de los partícipes y beneficiarios estarán sujetos a las 
obligaciones en materia de información impuestas por las autoridades y la legislación 
de los Estados miembros de acogida a los fondos de pensiones autorizados en su 
territorio dictadas como transposición a su normativa interna de lo previsto en la 
Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre 
de 2016.»
Veinticinco.  El párrafo a) del apartado 2 del artículo 39 queda redactado como sigue:
«a)  Los sistemas de pensiones obligatorios de la Seguridad Social según los 
Reglamentos (CE) n.º 883/2004 y (CE) n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, así como los regímenes sustitutorios de los sistemas de Seguridad Social.»
Veintiséis.  El artículo 40 queda redactado como sigue:
«Artículo 40.  Integración en un fondo de pensiones de empleo autorizado y 
registrado en España de planes de pensiones de empleo sujetos a la legislación 
social y laboral de otros Estados miembros.
1.  La integración en un fondo de pensiones autorizado y registrado en España 
de un plan de pensiones de empleo promovido por una o varias empresas sujeto a 
la legislación social y laboral de otro Estado miembro, requerirá las siguientes 
comunicaciones previas:
a)  La entidad gestora del fondo deberá comunicar a la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones la pretensión de integrar el plan de pensiones. 
Dicha comunicación deberá incluir, al menos, información en la que se identifique el 
Estado miembro de acogida, denominación de la empresa o empresas promotoras 
y el domicilio de su administración principal, así como las principales características 
del plan de pensiones. s
b)  En un plazo máximo de tres meses desde la recepción de la información  e.
señalada en la letra a), la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la  w.
comunicará a la autoridad competente del Estado miembro de acogida e informará  51ww
de dLicah Da icreocmcuiónnic aGceiónne raa ll ad gee Ssteograu rdoesl  fyo nFdoon ddoes p deen sPioennessi.ones podrá acordar no
pmreadctiaicnatre  lare rseofelurcidióan c momotuivnaicdaac iqóune a d leat earumtoinried aqdu ed ella  Eessttarduoc tumriae madbmroi ndiset raactiovgai,d ala,   BOE-A-cable e
situación financiera del fondo o la reputación o cualificación profesional o experiencia
de las personas que dirigen la entidad gestora, no son compatibles con la actividad 
transfronteriza propuesta o que ponga de manifiesto alguna de las circunstancias 
previstas en esta Ley  como causas de revocación de las autorizaciones 
administrativas, de disolución o de adopción de medidas de control especial. Dicha 
resolución motivada deberá emitirse y ser notificada a la entidad gestora del fondo 
de pensiones dentro del indicado plazo de tres meses. Esta resolución, que no 
agota la vía administrativa, será susceptible de recurso de alzada y contencioso-
administrativo.
c)  El Estado miembro de acogida, durante el plazo de seis semanas desde la 
recepción de la comunicación prevista en la letra b), informará a la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones acerca de:
1.º  Las disposiciones de su legislación social y laboral con arreglo a las cuales 
deba gestionarse el plan de pensiones.
2.º  Las obligaciones en materia de información a los partícipes y beneficiarios 
exigibles a los fondos de pensiones autorizados en el Estado miembro de acogida, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 38.5.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones trasladará dicha 
información a la entidad gestora del fondo de pensiones.
2.  A partir de que la entidad gestora reciba la información señalada en el 
apartado 1.c), o bien, una vez transcurrido el plazo de seis semanas previsto en 
dicha letra c) sin haber recibido comunicación alguna de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, podrá efectuarse la integración del plan de 
pensiones en el fondo mediante acuerdo expreso de admisión adoptado por la 
comisión de control del fondo o, en defecto de esta, por la entidad gestora.
3.  Efectuada la integración del plan de pensiones en el fondo, la gestora 
deberá comunicarla a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
dentro del plazo de 10 días hábiles desde la adopción del acuerdo de admisión, y 
acompañará al menos:
a)  Una certificación del acuerdo de admisión.
b)  La denominación y domicilio de la empresa o empresas promotoras.
c)  Las condiciones generales y, en su caso, la base técnica del plan, 
redactadas o traducidas al castellano.
En el registro administrativo de fondos de pensiones se tomará constancia de 
los planes de pensiones de empleo sujetos a la legislación social y laboral de otros 
Estados miembros y adscritos a los fondos de pensiones inscritos.
4.  Cuando las relaciones laborales de una empresa promotora o conjunto de 
empresas promotoras se sujeten a distintas legislaciones nacionales en la medida 
que cuenten con trabajadores en distintos Estados miembros susceptibles de 
incorporarse al fondo de pensiones, a los efectos previstos en este artículo se 
identificarán tantos planes de pensiones como Estados miembros de acogida. No 
obstante, podrá considerarse un único plan comprensivo de distintos subplanes, 
correspondientes a los distintos Estados miembros de acogida, si las autoridades 
competentes de estos no formularen objeción al respecto.
No obstante lo anterior, podrán identificarse distintos planes de pensiones para 
colectivos de trabajadores de una empresa, sujetos a la legislación social y laboral  s
de un mismo Estado miembro, adscritos a un fondo de pensiones o a distintos  oe.
fondos de pensiones. w.
leemgpisEllenao c tidoóedn o loe scs apresagoñu,o llalaod sod setr beaenbr aláojansd  cfoiagrpeuísrtau crlo uisny acI osa r IprIeIo.lraacdioonse as  ulanb oprlaanle sd es ep esnusjeiotenne sa  dlea   2020-1651n https://ww
5.  La persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, previa audiencia de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones,  Bc
podrá dictar normas más detalladas relativas a los procedimientos registrales y de 
comunicaciones regulados en este artículo.»
Veintisiete.  El título y los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 41 quedan redactados 
como sigue:
«Artículo 41.  Desarrollo de planes de pensiones de empleo sujetos a la legislación 
social y laboral de otros Estados miembros adscritos a fondos de pensiones 
autorizados y registrados en España.»
«3.  Los planes de pensiones de empleo sujetos a la legislación social y laboral 
de otros Estados miembros adscritos a fondos españoles no precisarán constituir la 
comisión de control del plan regulada en el artículo 7, sin perjuicio, en su caso, de los 
órganos o instancias de representación o participación de empresas y trabajadores, 
establecidos en virtud de pacto o conforme a los usos o la legislación del Estado 
miembro de acogida, para la supervisión del funcionamiento del plan y las relaciones 
con la entidad gestora y, a través de esta, con la autoridad competente española.»
4.  Las obligaciones de la entidad gestora en materia de información a los 
partícipes y beneficiarios de los planes de pensiones a que se refiere esta sección 
serán las impuestas por las autoridades y la legislación del Estado miembro de 
acogida a los fondos de pensiones de empleo autorizados en su territorio, dictadas 
como transposición a su normativa interna de lo previsto en el Título IV de la Directiva 
(UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016.
La información referida deberá estar disponible en una lengua oficial del Estado 
miembro de acogida.
5.  El plan de pensiones mantendrá una cuenta de posición en el fondo de 
pensiones de empleo.
Serán de aplicación las normas y límites sobre inversiones y comisiones de 
gestión y depósito contenidas en esta Ley y en sus normas de desarrollo aplicables 
a los fondos de pensiones autorizados y registrados en España.
Los activos del fondo de pensiones no responderán de las deudas de los 
promotores de los planes.
6.  La cuenta de posición del plan de pensiones podrá movilizarse a otro fondo 
de pensiones de empleo autorizado en cualquier Estado miembro, a cuyo efecto 
será aplicable el procedimiento de transferencias transfronterizas regulado en el 
artículo 50.»
Veintiocho.  El título, el apartado 1 y los números 3.ª y 8.ª del apartado 2 del artículo 43 
quedan redactados como sigue:
«Artículo 43.  Instrumentación de los compromisos por pensiones sujetos a la 
legislación española a través de fondos de pensiones de empleo autorizados en 
otros Estados miembros.
«1.  En orden al cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional primera 
de esta ley, los compromisos por pensiones asumidos por las empresas con su 
personal sujetos a dicha disposición podrán instrumentarse a través de planes de 
pensiones del sistema de empleo de los regulados en los capítulos I a III, adscritos 
a fondos de pensiones de empleo domiciliados en España o a fondos de pensiones 
de empleo domiciliados en otros Estados miembros autorizados para la actividad  e
transfronteriza conforme a la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y  bo
del Consejo, de 14 de diciembre de 2016 y de conformidad con lo previsto en esta  51ww
seccPióanra. la instrumentación de compromisos por pensiones derivados de relación
leamboprlaelo s uajuettao raiz alad olesg iselna cioótnro ess pEasñtoaldao, sla  madiesmcrbiprcoisó nr eaq fuoenrdiorás  dlae  pperonmsioonceiósn d ey 
formalización de un plan de pensiones de empleo de los regulados en los capítulos I 
a III, teniendo en cuenta lo previsto en esta sección.»
«3.ª  El artículo 5.1 sobre principios básicos de los planes de pensiones: no 
discriminación, capitalización individual, irrevocabilidad de las aportaciones del 
promotor, atribución de derechos consolidados a los partícipes y derechos 
económicos a los beneficiarios e integración obligatoria en un fondo de pensiones 
de las contribuciones a los planes integrados, considerando, en este caso, un fondo 
de pensiones de empleo autorizado en otro Estado miembro autorizado para operar 
en España conforme a la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2016 y lo previsto en esta sección.»
«8.ª  El artículo 8 sobre contingencias susceptibles de cobertura y forma de las 
prestaciones; cuantificación, movilidad y supuestos excepcionales de liquidez y 
disposición anticipada de los derechos consolidados, así como las disposiciones 
adicionales cuarta, sexta y séptima, y el apartado 1 de la disposición transitoria 
séptima.»
Veintinueve.  El título y los apartados 2 y 5 del artículo 44 quedan redactados como 
sigue:
«Artículo 44.  Integración de los planes de pensiones de empleo sujetos a la 
legislación social y laboral española en fondos de pensiones de empleo 
autorizados en otros Estados miembros.»
«2.  Con carácter previo a la integración del plan de pensiones en el fondo de 
pensiones autorizado en otro Estado miembro, deberá cumplimentarse el 
procedimiento de comunicaciones previsto en este apartado entre el fondo de 
pensiones y las autoridades del Estado miembro de origen del fondo y de España 
como Estado de acogida.
En orden a iniciar el procedimiento, el fondo de pensiones deberá notificar a su 
autoridad nacional competente la pretensión de integrar el plan. Dicha notificación 
comprenderá información en la que, como mínimo, se identifique a España como 
Estado miembro de acogida, a la empresa o empresas promotoras y el domicilio de 
la administración principal de estas y las principales características del plan. La 
información también deberá incluir la identificación del representante del fondo de 
pensiones en territorio español al que se refiere el artículo 46.
Una vez que la autoridad competente del Estado miembro de origen del fondo 
traslade la información referida en el párrafo anterior a la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3 
de la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
diciembre de 2016, dicha Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en 
el plazo de seis semanas desde la recepción de la información, informará a la 
autoridad competente del fondo de pensiones acerca de:
a)  Las disposiciones de la legislación social y laboral española con arreglo a las 
cuales deba desarrollarse el plan de pensiones, a las que se refiere el artículo 43.2.
b)  Las normas en materia de información a los partícipes y beneficiarios de los 
planes de pensiones de empleo exigibles a los fondos de pensiones autorizados y 
registrados en España por esta Ley y sus normas de desarrollo, de conformidad con  s
lo previsto en el artículo 38.5. e.
El plan de pensiones se podrá integrar en el fondo de pensiones una vez que la  w.
autoridad competente del Estado de origen del fondo de pensiones traslade a este  51ww
lPae annstioenrieosr ,i nof obrimena ctiróann secmuirtriiddao  peol rp llaa zDoi raenctceiósn c iGtaednoe rdael  dsee isS esgeumroasn ays  Fsoinn dqouse  deel 
fondo de pensiones haya recibido comunicación alguna.»
«5.  Un plan de pensiones de empleo sujeto a la legislación española, adscrito 
a un fondo de pensiones autorizado en España, podrá movilizarse a un fondo de 
pensiones de empleo autorizado en otro Estado miembro traspasando a este su 
cuenta de posición, a cuyo efecto será aplicable el procedimiento de transferencias 
transfronterizas regulado en el artículo 50.»
Treinta.  El título y los apartados 4, 5 y 6 del artículo 45 quedan redactados como 
sigue:
«Artículo 45.  Desarrollo de los planes de pensiones de empleo sujetos a la 
legislación social y laboral española adscritos a fondos de pensiones de empleo 
autorizados en otros Estados miembros.»
«4.  Serán aplicables las normas sobre inversiones de los fondos de pensiones 
establecidas en la legislación del Estado miembro de origen del fondo de pensiones.
5.  En materia de derechos y obligaciones de información a los partícipes y 
beneficiarios de los planes de pensiones sujetos a la legislación española, adscritos 
a fondos de pensiones autorizados en otros Estados miembros, será de aplicación 
el régimen establecido en esta Ley y en su desarrollo reglamentario sobre derechos 
y obligaciones de información en los planes de pensiones de empleo.
Dicha información deberá estar disponible, al menos, en castellano.
La comisión de control del plan velará porque los administradores o gestores del 
fondo de pensiones cumplan adecuadamente el régimen de información.
6.  Un plan de pensiones de empleo sujeto a la legislación española, adscrito a 
un fondo de pensiones de empleo autorizado en otro Estado miembro, podrá 
movilizarse a otro fondo de pensiones de empleo autorizado en cualquier Estado 
miembro a cuyo efecto será aplicable el procedimiento de transferencias 
transfronterizas regulado en el artículo 12 de la Directiva (UE) 2016/2341 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, y sección 4.ª de 
este capítulo.»
Treinta y uno.  El título y el apartado 2 del artículo 47 quedan redactados como sigue:
«Artículo 47.  Supervisión del cumplimiento de la legislación social y laboral 
española en materia de planes de pensiones de empleo adscritos a fondos de 
pensiones autorizados en otros Estados miembros.»
«2.  El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, informará a 
las autoridades de los Estados miembros de origen acerca de cualquier cambio 
significativo en las disposiciones de la legislación social y laboral española 
pertinentes a los planes de pensiones, en la medida que afecte a la gestión de 
planes de pensiones adscritos a fondos de pensiones autorizados en otros Estados 
miembros, así como de los cambios en las normas en materia de obligaciones de 
información a partícipes y beneficiarios.»
Treinta y dos.  En el capítulo X se adiciona una sección 4.ª nueva con la siguiente 
denominación:
«Sección 4.ª  Transferencias transfronterizas»
Treinta y tres.  Se introduce un nuevo artículo 49, en la sección 4.ª del capítulo X, con  e.e
la siguiente redacción. b
«Artdm1íce.i ue plmoUe bn4nrs9 ofi.oos nn.deAsos  pddeeec  tepomesn pgsleeioonn eeernastl erdese  f doeenm dlaposlse  todra ean pusetfoenrrsiezinoacndieaoss  o dt rerae negsmifsrptorlanedtoeo rd izeean ls o usdn eE  Espstlaatadndoeoss    BOE-A-2020-16cable en https://
miembro podrá transferir la totalidad o una parte de las obligaciones, provisiones
técnicas y otras obligaciones y derechos de un plan de pensiones de empleo 
adscrito al mismo, así como los activos que le correspondan o su equivalente en 
efectivo, a un fondo de pensiones de empleo receptor autorizado o registrado en 
otro Estado miembro.
La transferencia transfronteriza parcial de un plan de pensiones de empleo 
sujeto a la legislación social y laboral española podrá realizarse en aplicación de los 
criterios establecidos reglamentariamente para la adscripción de un plan de 
pensiones de empleo a varios fondos de pensiones, en los planes de promoción 
conjunta con ocasión de la separación de entidades promotoras o cuando se 
produzca una escisión del plan en dos o más planes a consecuencia de operaciones 
societarias.
2.  Los costes de la transferencia no correrán a cargo del resto de los partícipes 
y beneficiarios del fondo de pensiones de empleo transferente ni de los partícipes y 
beneficiarios titulares del fondo de pensiones de empleo receptor.
3.  La transferencia estará sujeta a la aprobación previa de una mayoría de los 
partícipes y una mayoría de los beneficiarios afectados, o, si procede, de una 
mayoría de sus representantes y, además, cuando proceda, requerirá la aprobación 
de la empresa promotora, de conformidad con lo previsto en la legislación nacional 
aplicable.
El fondo de pensiones de empleo transferente pondrá la información sobre las 
condiciones de la transferencia a disposición de los partícipes y beneficiarios 
interesados y, si procede, de sus representantes, con tiempo suficiente antes de que 
se presente la solicitud de autorización de la transferencia por la autoridad 
competente del Estado miembro de origen del fondo receptor prevista en los 
artículos 50 y 51. Dicha información incluirá la relativa a la cesión de datos 
personales de los partícipes y beneficiarios afectados y al nuevo responsable de su 
tratamiento.
4.  Cuando se trate de un plan de pensiones de empleo sujeto a la legislación 
social y laboral española la aprobación previa referida deberá otorgarse mediante el 
acuerdo de la comisión de control del plan de pensiones con la mayoría estipulada 
en las especificaciones del mismo para los cambios de gestora o depositaria y de 
movilización del plan a otro fondo, debiendo incluir, al menos, el voto favorable de la 
mitad de los representantes de los partícipes. A tal efecto, los miembros de la 
comisión de control del plan de pensiones que representen conjuntamente a 
partícipes y beneficiarios se computarán como representantes de partícipes.
5.  En caso de desacuerdo sobre el procedimiento o contenido de una acción 
o inacción de la autoridad competente del Estado miembro de origen del fondo de 
pensiones de empleo transferente o receptor, incluida la decisión de autorizar o 
denegar una transferencia transfronteriza, la Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación (AESPJ) podrá emprender una mediación no vinculante 
de conformidad con el artículo 31, segundo párrafo, letra c), del Reglamento (UE) 
n.o 1094/2010, a solicitud de una de las autoridades competentes o por propia 
iniciativa.»
Treinta y cuatro.  Se introduce un nuevo artículo 50, en la sección 4.ª del capítulo X, 
con la siguiente redacción:
«Artículo 50.  Transferencia transfronteriza desde un fondo de pensiones de 
empleo autorizado y registrado en España a otro fondo de pensiones de empleo  e.e
autorizado o registrado en otro Estado miembro. w.b
uddeneb  ofe1orr.nig áde soLne a drd  etaer ualp tfneoosnrnfiszediarooed nndaece spi a prde etevrna iasenimmosfnepreonlesnteo tde  pterroi azerna mls adfp eaelreu euotonn rrt eiepd claaaedunp t ctodoorerim,z  patpredaenostse  hyino atnrebee edgsrei ssdlt eEer a osedtbmaotde peonlne idm oEo ie dsampenasbtdñereaos     OE-A-2020-16able en https://
la autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. La
solicitud de autorización de transferencia deberá presentarla el fondo de pensiones 
receptor ante la autoridad competente de su Estado miembro de origen.
2.  La solicitud de autorización de la transferencia a que se refiere el apartado 1 
deberá contener la siguiente información:
a)  El acuerdo escrito entre los fondos de pensiones de empleo transferente y 
receptor exponiendo las condiciones de la transferencia, el cual requerirá la 
aprobación previa de la comisión de control del fondo de pensiones transferente y 
será suscrito en nombre de este por las entidades gestora y depositaria del mismo.
b)  Una descripción de las principales características del plan de pensiones 
afectado.
c)  Una descripción de las obligaciones o provisiones técnicas que se vayan a 
transferir, y otras obligaciones y derechos, así como los activos correspondientes o 
su equivalente en efectivo.
d)  Identificación de los fondos de pensiones transferente y receptor, indicando 
su denominación y el domicilio de sus administraciones principales y, en su caso, de 
las entidades que ejerzan su administración, así como el nombre del Estado 
miembro en el que cada fondo de pensiones de empleo esté registrado o autorizado.
e)  Identificación de la entidad promotora del plan, indicando su denominación 
y el domicilio de su administración principal.
f)  Acreditación de la aprobación previa a que se refiere el artículo 49.3.
g)  Cuando proceda, el nombre del Estado miembro cuya legislación social y 
laboral sea aplicable al plan de pensiones en cuestión.
3.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones examinará 
únicamente si:
a)  En caso de transferencia parcial de las obligaciones del plan de pensiones, 
provisiones técnicas, y otras obligaciones y derechos, así como los activos 
correspondientes o su equivalente en efectivo, los intereses a largo plazo de los 
partícipes  y  beneficiarios  de  la  parte  restante  del  plan  están  protegidos 
adecuadamente.
b)  Los derechos individuales de los partícipes y beneficiarios son al menos los 
mismos tras la transferencia.
c)  Los activos correspondientes al plan de pensiones que se van a transferir 
son suficientes y adecuados para cubrir las obligaciones, provisiones técnicas, y 
otras obligaciones y derechos que se vayan a transferir, de conformidad con la 
normativa aplicable en España.
4.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en el plazo de 
ocho semanas a partir de la fecha en la que reciba la solicitud transmitida por la 
autoridad competente del Estado miembro de origen del fondo de pensiones de 
empleo receptor, comunicará a esta autoridad los resultados de la evaluación 
mencionada en el apartado 3 y el consecuente otorgamiento o denegación de su 
autorización a la transferencia solicitada.
5.  Cuando la transferencia dé lugar a una actividad transfronteriza, la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones también informará a la autoridad 
competente del Estado miembro de origen del fondo de pensiones de empleo 
receptor acerca de las disposiciones de la legislación social y laboral pertinente en  s
el ámbito de los planes de pensiones de empleo con arreglo a las cuales deberá  oe.
gestionarse el plan de pensiones y acerca de los requisitos de información o en su  w.
cEasstao6  i.dn efolU rEmnsaata cdvióoen zm  seieef mecocbmtruoua dndeiac  aalrcaáo  getrinad anu snqf uenerue esnveco ai app,ll aiclzaao r eádnne t aicd ulaaad tar cogt eisvseidtmoaardan t ardasen.ls ffroonndteor izdae.   2020-1651n https://ww
pensiones transferente deberá notificarlo a la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones dentro del plazo de un mes desde que se haga efectiva. Bc
7.  Cuando se trate de la transferencia de un plan de pensiones sujeto a la 
legislación social y laboral española entre fondos de pensiones de empleo 
autorizados o registrados en otro u otros Estados miembros, una vez efectuada la 
transferencia, la comisión de control del plan de pensiones y el representante en 
España del fondo de pensiones de empleo receptor deberán notificarlo a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones en el plazo de un mes desde que se 
haga efectiva.»
Treinta y cinco.  Se introduce un nuevo artículo 51, en la sección 4.ª del capítulo X, 
con la siguiente redacción:
«Artículo 51.  Transferencia transfronteriza desde un fondo de pensiones de 
empleo autorizado o registrado en otro Estado miembro a otro fondo de 
pensiones de empleo autorizado y registrado en España.
1.  La transferencia transfronteriza de un plan de pensiones de empleo desde 
un fondo de pensiones de empleo transferente autorizado o registrado en otro 
Estado miembro a otro fondo de pensiones de empleo receptor autorizado y 
registrado en España deberá ser autorizada previamente por la Dirección General 
de Seguros y Fondo de Pensiones, tras haberse obtenido antes la autorización de 
la autoridad competente del Estado miembro de origen del fondo de pensiones de 
empleo transferente.
A dichos efectos, la solicitud de autorización de transferencia deberá presentarla 
el fondo de pensiones de empleo receptor ante la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, la cual concederá o denegará la autorización y comunicará 
su decisión al fondo de pensiones de empleo receptor en un plazo de tres meses a 
partir de la recepción de la solicitud.
2.  La solicitud de autorización de la transferencia a que se refiere el apartado 1 
deberá contener la siguiente información:
a)  El acuerdo escrito entre los fondos de pensiones de empleo transferente y 
receptor exponiendo las condiciones de la transferencia, el cual requerirá la 
aprobación previa de la comisión de control del fondo de pensiones receptor y será 
suscrito en nombre de este por las entidades gestora y depositaria del mismo.
b)  Una descripción de las principales características del plan de pensiones 
afectado.
c)  Una descripción de las obligaciones o provisiones técnicas que se vayan a 
transferir, y otras obligaciones y derechos, así como los activos correspondientes o 
su equivalente en efectivo.
d)  Identificación de los fondos de pensiones transferente y receptor, indicando 
su denominación y el domicilio de sus administraciones principales y, en su caso, de 
las entidades que ejerzan su administración, así como el nombre del Estado 
miembro en el que cada fondo de pensiones de empleo está registrado o autorizado.
e)  Identificación de la entidad promotora del plan, indicando su denominación 
y el domicilio de su administración principal.
f)  Acreditación de la aprobación previa a que se refiere el artículo 49.3.
g)  Cuando proceda, el nombre del Estado miembro cuya legislación social y 
laboral sea aplicable al plan de pensiones en cuestión.
3.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones transmitirá la  es
solicitud contemplada en el apartado 1 y 2 a la autoridad competente del Estado  o
miembro del fondo de pensiones de empleo transferente sin demora a partir de la  51ww
fúencihc4aaa).m   deeELn salt eu fo  Dqrneiudrceeoe:c pdcceióió pnne .Gnseionneeras l ddee e mSepgleuor oresc eyp Ftoorn hdao fsa cdileit apdeon tsoidoan elas  inefxoarmmaincaiórná   BOE-A-2020-16cable en https://
contemplada en el apartado 2.
b)  La estructura administrativa, la situación financiera del fondo de pensiones 
de empleo receptor y la honorabilidad o la experiencia o las cualificaciones 
profesionales de las personas que gestionan el fondo de pensiones de empleo 
receptor son compatibles con la transferencia propuesta.
c)  Los intereses a largo plazo de los partícipes y beneficiarios del fondo de 
pensiones de empleo receptor y la parte del plan transferida están protegidos 
adecuadamente durante y después de la transferencia.
d)  Las provisiones técnicas del fondo de pensiones de empleo receptor se han 
financiado en su totalidad en el momento de la transferencia, cuando la transferencia 
dé lugar a una actividad transfronteriza.
e)  Los activos que se vayan a transferir son suficientes y adecuados para 
cubrir las obligaciones, las provisiones técnicas, y otras obligaciones y derechos que 
se vayan a transferir, de conformidad con la normativa aplicable en España.
5.  Una vez recibida por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
la comunicación de la autoridad del Estado miembro de origen del fondo de pensiones 
transferente a la que se refiere el artículo 12.9 de la Directiva (UE) 2016/2341 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, dicha Dirección 
General resolverá sobre la solicitud de autorización de la transferencia y notificará su 
decisión al fondo receptor en el plazo de tres meses indicado en el apartado 1.
6.  En caso de que se deniegue la autorización, la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones motivará dicha denegación en el plazo de tres 
meses mencionado en el apartado 1. La resolución denegatoria de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, que no agota la vía administrativa, 
será susceptible de recurso de alzada y contencioso administrativo.
7.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el plazo de 
dos semanas desde la fecha de la resolución adoptada, informará acerca de esta a 
la autoridad competente del Estado miembro de origen del fondo de pensiones de 
empleo transferente.
8.  Cuando la transferencia dé lugar a una actividad transfronteriza y la 
autoridad competente del Estado miembro de origen del fondo transferente haya 
informado a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, según lo 
dispuesto en el artículo 12.11 de la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, acerca de las disposiciones de 
la legislación social y laboral pertinente en el ámbito de los planes de pensiones de 
empleo y acerca de los requisitos de información del Estado miembro de acogida 
que se aplicarán a la actividad transfronteriza, la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones comunicará al fondo de pensiones de empleo receptor dicha 
información en el plazo de una semana a partir de la fecha de su recepción.
9.  A partir del momento en que se reciba la decisión de conceder la autorización 
a que se refiere el apartado 1, o bien, si no se ha recibido información sobre la 
decisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en la fecha de 
vencimiento del plazo a que se refiere el apartado 8, el fondo de pensiones de 
empleo receptor podrá empezar a gestionar el plan de pensiones.
Una vez efectuada la transferencia, la entidad gestora del fondo de pensiones 
receptor deberá notificarlo a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones dentro del plazo de un mes desde que se haga efectiva.»
Treinta y seis.  La disposición adicional segunda queda redactada como sigue: e
«Disposición adicional segunda.  Plazo de resolución de las solicitudes de  w.
aLuatso sriozlaicciitóund easd mdein aisutrtoartiivzaa ceio innescsr iapdcmióinn.istrativas y de inscripción reguladas en  2020-1651n https://ww
epslatazo l edye,  straelvso m deisspeos sdiceisódne e lsap feeccifhicaa d ael  preresspeencttaoc, idóenb deerá lna  sseorli crietusdu,e tltraasn sdceunrtrriod od eell   BOE-A-cable e
cual sin haberse notificado la resolución, los interesados podrán entender estimada 
la solicitud.»
Treinta y siete.  Se introduce una nueva disposición adicional novena con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional novena.  Tratamiento de datos de carácter personal.
Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se 
realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a 
la libre circulación de estos datos y en el resto de la normativa sobre protección de 
datos personales.»
Treinta y ocho.  La disposición final cuarta queda redactada como sigue:
«Disposición final cuarta.  Títulos competenciales.
Las disposiciones contenidas en esta Ley tienen la consideración de ordenación 
básica de la banca y los seguros y de bases de la planificación general de la 
actividad económica, con arreglo al artículo 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, 
salvo las materias que se enumeran a continuación:
a)  Son competencia exclusiva del Estado con arreglo al artículo 149.1.6.ª de la 
Constitución, por constituir legislación mercantil, las materias reguladas en:
1.º  Los Capítulos I y II, salvo el artículo 7.
2.º  Los apartados 3 a 10 del artículo 8, salvo el párrafo tercero del apartado 8.
3.º  El artículo 43.
4.º  Los apartados 2 y 7 del artículo 45.
5.º  La disposición adicional primera, salvo el apartado 6, y las disposiciones 
adicionales tercera, cuarta, sexta, séptima y octava.
6.º  Las disposiciones transitorias primera y cuarta, así como la disposición 
transitoria quinta, salvo los párrafos tercero y cuarto del apartado 5 y los 
apartados 7 y 8;
7.º  El apartado 1 de la disposición transitoria séptima, la disposición transitoria 
novena, salvo el apartado 4, y la disposición transitoria décima.
b)  Son competencia exclusiva del Estado con arreglo al artículo 149.1.14.ª de 
la Constitución, ya que constituyen legislación de la Hacienda general, las materias 
reguladas en:
1.º  El párrafo tercero del apartado 8 del artículo 8.
2.º  Los párrafos tercero y cuarto del apartado 5, y los apartados 7 y 8 de la 
disposición transitoria quinta.
3.º  La disposición transitoria sexta
4.º  Las disposiciones finales primera y segunda.»
TÍTULO III
Modificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión  e.
y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras w.
Artícyu sloo l2v1e3n.c iaM doed laifisc aecnitóidna ddee sla a Lseegy u2r0a/d2o0r1a5s,  yd ere 1a4se dgeu rjualdioo,r adse. ordenación, supervisión
Se modifica la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de
las entidades aseguradoras y reaseguradoras en los siguientes términos:
Uno.  El artículo 64 queda redactado como sigue:
«Artículo 64.  Actividad en España de las entidades reaseguradoras de terceros 
países desde el país de origen.
Las entidades reaseguradoras de terceros países podrán ejercer actividad en 
España desde el país donde tengan su domicilio social.»
Dos.  Se introduce un nuevo artículo 79 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 79 bis.  Política de implicación.
Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y las 
entidades reaseguradoras que cubran obligaciones de seguros de vida, deberán 
desarrollar y poner en conocimiento del público una política de implicación en la que 
se describa cómo se implica la entidad como accionista en su estrategia de inversión 
en sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado 
regulado que esté situado u opere en un Estado miembro, en la forma y con el 
contenido que se determine reglamentariamente.»
Tres.  Se introduce un nuevo artículo 79 ter con la siguiente redacción:
«Artículo 79 ter.  Estrategia de inversión.
Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y las 
entidades reaseguradoras que cubran obligaciones de seguros de vida, deberán 
poner en conocimiento del público, en la forma y con el contenido que se determine 
reglamentariamente, información relativa a cómo los elementos principales de su 
estrategia de inversión en sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación 
en un mercado regulado que esté situado u opere en un Estado miembro, son 
coherentes con el perfil y la duración de sus pasivos, en particular sus pasivos a 
largo plazo, y a la manera en que contribuyen al rendimiento a medio y largo plazo 
de sus activos.»
Cuatro.  Se modifican los apartados 3 y 5 del artículo 206 quedando redactado como 
sigue:
«3.  La imposición de las sanciones, salvo la consistente en amonestación 
privada, una vez que sean ejecutivas, se hará constar en el registro administrativo de 
entidades aseguradoras y reaseguradoras y en el de los altos cargos de entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, indicando el tipo y clase de la infracción y la identidad 
del infractor. Asimismo, una vez sean ejecutivas, deberán ser objeto de comunicación 
a la inmediata junta o asamblea general que se celebre con posterioridad.
Las sanciones de separación del cargo y suspensión, una vez sean ejecutivas, 
se harán constar, además, en el Registro Mercantil y, en su caso, en el Registro de 
Cooperativas.»
«5.  La cancelación de los antecedentes por sanciones en el registro 
administrativo podrá realizarse de oficio o a instancia de los interesados, siempre 
que haya transcurrido, sin haber sido sancionado de nuevo, el plazo de un año para 
las sanciones por infracciones leves, tres años para las sanciones por infracciones 
graves y cinco años para las sanciones por infracciones muy graves. Este plazo se  s
contará desde el día siguiente a aquel en que haya quedado cumplida la sanción.  e.
Lo anterior será aplicable, en su caso, a las sanciones inscritas en el Registro  w.
Mercantil y en el Registro de Cooperativas.» 51ww
LIBRO TERCERO
Medidas para la adaptación del derecho español a determinada normativa europea 
en materia fiscal
TÍTULO I
Transposición de la Directiva (UE) 2018/1910 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, 
por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la armonización 
y la simplificación de determinadas normas del régimen del impuesto sobre el valor 
añadido en la imposición de los intercambios entre los Estados miembros, y la 
Directiva (UE) 2019/475 del Consejo, de 18 de febrero de 2019, por la que se 
modifican las Directivas 2006/112/CE y 2008/118/CE en lo que respecta a la inclusión 
del municipio italiano de Campione d’Italia y las aguas italianas del lago de Lugano 
en el territorio aduanero de la Unión y en el ámbito de aplicación territorial de la 
Directiva 2008/118/CE
CAPÍTULO I
Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
Artículo 214.  Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido:
Uno.  Se modifican las letras a) y b) del número 1.º del apartado dos del artículo 3, 
que quedan redactadas de la siguiente forma:
«a)  En la República Federal de Alemania, la Isla de Helgoland y el territorio de 
Büsingen; en el Reino de España, Ceuta y Melilla y en la República Italiana, Livigno, 
en cuanto territorios no comprendidos en la Unión Aduanera.
b)  En el Reino de España, Canarias; en la República Francesa, los territorios 
franceses a que se refieren el artículo 349 y el artículo 355, apartado 1, del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea; en la República Helénica, Monte Athos; en 
el Reino Unido, las Islas del Canal; en la República Italiana, Campione d´Italia y las 
aguas nacionales del lago de Lugano, y en la República de Finlandia, las islas 
Aland, en cuanto territorios excluidos de la armonización de los impuestos sobre el 
volumen de negocios.»
Dos.  Se modifica el párrafo primero del número 3.º del artículo 9, que queda 
redactado de la siguiente forma:
«3.º  La transferencia por un sujeto pasivo de un bien corporal de su empresa 
con destino a otro Estado miembro, para afectarlo a las necesidades de aquella en 
este último. No tendrán esa consideración las transferencias realizadas en el marco 
de un acuerdo de ventas de bienes en consigna en los términos previstos en el 
artículo 9 bis de esta Ley.»
Tres.  Se añade un nuevo artículo 9 bis, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 9 bis.  Acuerdo de ventas de bienes en consigna. bo
ventUans od.e  bAi elonse se efenc tcoosn sdieg nloa  daiqsupeule esnto e el nq uees tsae  Lceuym, psela ne nlotesn sdigeuráie pnoter sa rceuqeuridsoit odse:  2020-1651n https://ww
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bienes sean adquiridos en un momento posterior a su llegada por otro empresario o 
profesional habilitado, de conformidad con un acuerdo previo entre ambas partes.
b)  Que el vendedor que expida o transporte los bienes no tenga la sede de su 
actividad económica o un establecimiento permanente en el Estado miembro de 
llegada de la expedición o transporte de aquellos.
c)  Que el empresario o profesional que va a adquirir los bienes esté identificado 
a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en el Estado miembro de llegada de 
la expedición o transporte, y ese número de identificación fiscal, así como su nombre 
y apellidos, razón o denominación social completa, sean conocidos por el vendedor 
en el momento del inicio de la expedición o transporte.
d)  Que el vendedor haya incluido el envío de dichos bienes tanto en el libro 
registro que se determine reglamentariamente como en la declaración recapitulativa 
a que se refiere el artículo 164, apartado uno, número 5.º, de esta Ley, en la forma 
que se determine reglamentariamente.
Dos.  Cuando, en el plazo de los doce meses siguientes a la llegada de los 
bienes al Estado miembro de destino en el marco de un acuerdo de ventas de 
bienes en consigna, el empresario o profesional mencionado en la letra c) del 
apartado anterior, o en la letra a´) del segundo párrafo del apartado siguiente, 
adquiera el poder de disposición de los bienes, se entenderá que en el territorio de 
aplicación del Impuesto se realiza, según los casos:
a)  Una entrega de bienes de las previstas en el artículo 68, apartado dos, 
número 1.º, letra A), primer párrafo, de esta Ley, por el vendedor, a la que resultará 
aplicable la exención prevista en el artículo 25 de esta Ley, o
b)  una adquisición intracomunitaria de bienes de las previstas en el artículo 15, 
apartado uno, letra b), de esta Ley, por el empresario o profesional que los adquiere.
Tres.  Se entenderá que se ha producido una transferencia de bienes a la que 
se refiere el artículo 9.3.º de esta Ley cuando, en el marco de un acuerdo de ventas 
de bienes en consigna, dentro del plazo de los doce meses previsto en el apartado 
anterior, se incumplan cualquiera de las condiciones establecidas en el apartado 
uno anterior, en particular:
a)  Cuando los bienes no hubieran sido adquiridos por el empresario o 
profesional al que iban destinados inicialmente los mismos.
b)  Cuando los bienes fueran expedidos o transportados a un destino distinto 
del Estado miembro al que estaban inicialmente destinados según el acuerdo de 
ventas de bienes en consigna.
c)  En el supuesto de destrucción, pérdida o robo de los bienes.
No obstante, se entenderán cumplidos los requisitos del apartado uno anterior 
cuando dentro del referido plazo:
a´)  Los bienes sean adquiridos por un empresario o profesional que sustituya 
al referido en la letra c) del apartado uno anterior, con cumplimiento de los requisitos 
previstos en dicha letra.
b´)  No se haya transmitido el poder de disposición de los bienes y estos sean 
devueltos al Estado miembro desde el que se expidieron o transportaron.
c´)  Las circunstancias previstas en las letras a´) y b´) hayan sido incluidas por  e
el vendedor en el libro registro que se determine reglamentariamente. bo
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anterior, al día siguiente de la expiración del plazo de 12 meses desde la llegada de
los bienes al Estado miembro de destino sin que el empresario o profesional  Bc
mencionado en la letra c) del apartado uno o en la letra a’) del segundo párrafo del 
apartado tres del artículo 9 bis haya adquirido el poder de disposición de los bienes.
Cinco.  Los empresarios o profesionales que suscriban un acuerdo de ventas 
de bienes en consigna y quienes sustituyan a aquel a quien estaban inicialmente 
destinados los bienes deberán llevar un libro registro de estas operaciones en las 
condiciones que se establezcan reglamentariamente.»
Cuatro.  Se modifica el apartado uno del artículo 15, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«Uno.  Se entenderá por adquisición intracomunitaria de bienes:
a)  La obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corporales 
expedidos o transportados al territorio de aplicación del Impuesto, con destino al 
adquirente, desde otro Estado miembro, por el transmitente, el propio adquirente o 
un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores.
b)  La obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corporales en 
el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna en los términos previstos 
en el artículo 9 bis, apartado dos, de esta Ley.»
Cinco.  Se modifica el apartado uno, y se añade un apartado cuatro, al artículo 25, 
que quedan redactados de la siguiente forma:
«Uno.  Las entregas de bienes definidas en el artículo 8 de esta Ley, expedidos 
o transportados, por el vendedor, por el adquirente o por un tercero en nombre y por 
cuenta de cualquiera de los anteriores, al territorio de otro Estado miembro, siempre 
que el adquirente sea un empresario o profesional o una persona jurídica que no 
actúe como tal, que disponga de un número de identificación a efectos del Impuesto 
sobre el Valor Añadido asignado por un Estado miembro distinto del Reino 
de España, que haya comunicado dicho número de identificación fiscal al vendedor.
La aplicación de esta exención quedará condicionada a que el vendedor haya 
incluido dichas operaciones en la declaración recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias prevista en el artículo 164, apartado uno, número 5.º, de esta Ley, 
en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
La exención descrita en este apartado no se aplicará a las entregas de bienes 
efectuadas para aquellas personas cuyas adquisiciones intracomunitarias de bienes 
no estén sujetas al Impuesto en el Estado miembro de destino en virtud de los 
criterios contenidos en el artículo 14, apartados uno y dos, de esta Ley.
Tampoco se aplicará esta exención a las entregas de bienes acogidas al régimen 
especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, 
regulado en el capítulo IV del título IX de esta Ley.»
«Cuatro.  Las entregas de bienes efectuadas en el marco de un acuerdo de 
ventas de bienes en consigna en las condiciones previstas en el artículo 9 bis, 
apartado dos, de esta Ley.»
Seis.  Se modifica el número 1.º del apartado dos del artículo 68, que queda redactado 
de la siguiente forma:
«1.º  A)  Las entregas de bienes muebles corporales que deban ser objeto de 
expedición o transporte para su puesta a disposición del adquirente, cuando la  e.e
expedición o transporte se inicien en el referido territorio, sin perjuicio de lo dispuesto  b
en el apartado cuatro de este artículo. 51ww
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eimsptéo rstaitduoard yo,  eenn  suun c paasoís,  pteorrc seurcoe, slaivso se natdrqeugiaresn dtees  lsoes  emnitsemndoesr áenfe rcetaulaizdaadsa sp eonr  eell 
territorio de aplicación del Impuesto.
B)  A los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo de la letra A) anterior, 
tratándose de bienes objeto de entregas sucesivas, enviados o transportados con 
destino a otro Estado miembro directamente desde el primer proveedor al adquirente 
final de la cadena, la expedición o transporte se entenderá vinculada únicamente a 
la entrega de bienes efectuada a favor del intermediario.
No obstante, la expedición o el transporte se entenderá vinculada únicamente a 
la entrega efectuada por el intermediario cuando hubiera comunicado a su proveedor 
un número de identificación fiscal a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido 
suministrado por el Reino de España.
A los efectos de los dos párrafos anteriores, se entenderá por intermediario un 
empresario o profesional distinto del primer proveedor, que expida o transporte los 
bienes directamente, o por un tercero en su nombre y por su cuenta.»
Siete.  Se modifica el número 8.º del apartado uno del artículo 75, que queda 
redactado de la siguiente forma:
«8.º  En las entregas de bienes comprendidas en el artículo 25 de esta Ley, 
distintas de las señaladas en el número anterior, el devengo del Impuesto se 
producirá el día 15 del mes siguiente a aquel:
a)  En el que se inicie la expedición o el transporte de los bienes con destino al 
adquirente.
b)  En el que los bienes se pongan a disposición del adquirente, en las entregas 
de bienes efectuadas en las condiciones señaladas en el artículo 9 bis, apartado 
dos, de esta Ley.
A efectos de las letras a) y b) anteriores, si con anterioridad a la citada fecha se 
hubiera expedido factura por dichas operaciones, el devengo del Impuesto tendrá 
lugar en la fecha de expedición de la misma.
c)  En el momento en que se produzca el incumplimiento de las condiciones a 
que se refiere el apartado tres del artículo 9 bis de esta Ley.
d)  Al día siguiente de la expiración del plazo de 12 meses a que se refiere el 
apartado cuatro del artículo 9 bis de esta Ley.»
Ocho.  Se modifica la letra c´) del número 2.º del apartado uno del artículo 84, que 
queda redactada de la siguiente forma:
«c’)  Cuando se trate de entregas de bienes que estén exentas del Impuesto 
por aplicación de lo previsto en los artículos 21, números 1.º y 2.º, o 25 de esta Ley, 
así como de entregas de bienes referidas en este último artículo que estén sujetas 
y no exentas del Impuesto.»
Nueve.  Se modifica el número 5.º del apartado uno del artículo 164, que queda 
redactado de la siguiente forma:
«5.º  Presentar periódicamente, o a requerimiento de la Administración, 
información relativa a sus operaciones económicas con terceras personas y, en 
particular, una declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.»
CAPÍTULO II s
Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales w.
ArtícEuslpoe c2i1a5le.s . Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Se modifican los apartados 7 y 30 del artículo 4 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre,
de Impuestos Especiales, que quedan redactados de la siguiente forma:
«7.  “Comunidad” y “Territorio de la Comunidad”: Los territorios de los Estados 
miembros, tal como están definidos para cada Estado miembro en el artículo 299 del 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con excepción de los territorios 
nacionales siguientes:
– En la República Federal de Alemania: La Isla de Helgoland y el territorio de 
Büsingen.
– En la República Francesa: Los departamentos franceses de ultramar.
– En la República Italiana: Livigno.
– En la República de Finlandia: Las Islas Aland.
– En el Reino Unido: Islas del Canal.
– En el Reino de España: Islas Canarias, Ceuta y Melilla.»
«30.  “Territorio tercero”:
a)  Los territorios comprendidos en el territorio aduanero de la Comunidad que 
se citan a continuación:
– Islas Canarias.
– Departamentos franceses de Ultramar.
– Islas Aland.
– Islas del Canal.
b)  Los territorios a los que se refiere el artículo 299, apartado 4, del Tratado.
c)  Los siguientes territorios no comprendidos en el territorio aduanero de la 
Comunidad:
– Isla de Helgoland.
– Territorio de Büsingen.
– Ceuta.
– Melilla.
– Livigno.»
CAPÍTULO III
Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el 
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre
Artículo 216.  Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado 
por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre:
Uno.  Se modifican los apartados 2 y 3, y el número 1.º del apartado 4, del artículo 13, 
que quedan redactados de la siguiente forma:
«2.  La expedición o transporte de los bienes al Estado miembro de destino se 
justificará por cualquier medio de prueba admitido en derecho y, en particular, 
mediante los elementos de prueba establecidos en cada caso, por el artículo 45 bis 
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo  e
de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva  bo
2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, según  51ww
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vendedor.»
«1.º  La expedición o transporte de los bienes al Estado miembro de destino en 
los mismos términos del apartado 2 anterior.»
Dos.  Se añade un número 3.º al apartado 1 y se modifican los apartados 2 y 3 del 
artículo 66, que quedan redactados de la siguiente forma:
«3.º  El envío o recepción de los bienes comprendidos en un acuerdo de ventas 
de bienes en consigna a que se refiere el artículo 9 bis de la Ley del Impuesto.»
«2.  En el mencionado Libro Registro deberán constar los siguientes datos:
A)  En relación con las operaciones referidas en los números 1.º y 2.º del 
apartado anterior:
1.º  Operación y fecha de la misma.
2.º  Descripción de los bienes objeto de la operación con referencia, en su 
caso, a su factura de adquisición o título de posesión.
3.º  Otras facturas o documentación relativas a las operaciones de que se trate.
4.º  Identificación del destinatario o remitente, indicando su número de 
identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, razón social y domicilio.
5.º  Estado miembro de origen o destino de los bienes.
6.º  Plazo que, en su caso, se haya fijado para la realización de las operaciones 
mencionadas.
B)  En relación con las operaciones referidas en el número 3.º del apartado 
anterior:
a)  El vendedor deberá hacer constar los siguientes datos:
1.º  El Estado miembro a partir del cual los bienes han sido expedidos o 
transportados y la fecha de expedición o transporte de los bienes.
2.º  El número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido 
del empresario o profesional al que van destinados los bienes, asignado por el 
Estado miembro al que se expiden o transportan los bienes.
3.º  El Estado miembro al que se expiden o transportan los bienes, el número 
de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido del depositario de los 
bienes cuando este es distinto del empresario o profesional mencionado en el 
número 2.º anterior, la dirección del almacén en el que se almacenan los bienes tras 
su llegada y la fecha de llegada de los bienes al almacén.
4.º  El valor, la descripción y la cantidad de los bienes que han llegado al 
almacén.
5.º  El número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido del 
empresario o profesional a que se refiere el apartado tres, segundo párrafo, letra a´), 
del artículo 9 bis de la Ley del Impuesto, que sustituye al empresario o profesional 
al que inicialmente fueron destinados los bienes.
6.º  Descripción, base imponible determinada conforme a los artículos 78 y 79 
de la Ley del Impuesto, cantidad y precio unitario de los bienes entregados en las 
condiciones señaladas en el primer guion del apartado dos del artículo 9 bis de 
la Ley del Impuesto, fecha de dicha entrega y el número de identificación a efectos 
del Impuesto sobre el Valor Añadido del empresario o profesional adquirente. s
7.º  Descripción, base imponible determinada conforme a los artículos 78 y 79  e.
de la Ley del Impuesto, cantidad y precio unitario de los bienes transferidos en las  w.
condiciones señaladas en el primer párrafo del apartado tres del artículo 9 bis de la  51ww
Ltreayn sdfeelr eImncpiuae dseto b, ifeencehsa  ye enl  qmuoet itvuov ipeoror ne ll uqguaer  slaes h cao pnrdoidciuocnideos .que motivaron dicha
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Ley del Impuesto, así como la fecha de la devolución.
b)  El empresario o profesional a quien van destinados los bienes y quienes 
sustituyan a aquel deberán hacer constar los siguientes datos:
1.º  El número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido 
del vendedor que transmita los bienes en el marco de un acuerdo de ventas de 
bienes en consigna.
2.º  La descripción y cantidad de los bienes enviados para ser puestos a su 
disposición.
3.º  La fecha de llegada al almacén de los bienes enviados para ser puestos a 
su disposición.
4.º  Descripción, base imponible determinada conforme a los artículos 78 y 79 
de la Ley del Impuesto, cantidad y precio unitario de los bienes adquiridos y fecha 
en que se realiza la adquisición intracomunitaria de bienes prevista en el segundo 
guion del apartado dos del artículo 9 bis de la Ley del Impuesto.
5.º  Descripción y cantidad de los bienes que son retirados del almacén por el 
vendedor y dejan de estar a su disposición, así como la fecha en que aquellos se 
retiran.
6.º  Descripción y cantidad de los bienes destruidos o desaparecidos del 
almacén y la fecha en que se produce o se descubre la destrucción, pérdida o robo 
de los bienes.
No obstante, este empresario o profesional solo deberá anotar los datos citados 
en los números 1.º, 2.º y 4.º anteriores, cuando los bienes se expidan o transporten 
para su depósito a un empresario o profesional distinto de él mismo.
3.  En el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 62.6 de 
este Reglamento, la llevanza de este libro registro deberá realizarse a través de la 
Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, mediante el 
suministro electrónico de la información del detalle de cada una de las operaciones 
que se deben anotar en el mismo.
La persona titular del Ministerio de Hacienda determinará la identificación de 
estos registros mediante Orden ministerial.»
Tres.  Se modifica el artículo 79, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 79.  Obligación de presentar la declaración recapitulativa.
1.  Estarán obligados a presentar la declaración recapitulativa los empresarios 
y profesionales, incluso cuando tengan dicha condición con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado cuatro del artículo 5 de la Ley del Impuesto, que realicen cualquiera 
de las siguientes operaciones:
1.º  Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro que se 
encuentren exentas en virtud de lo dispuesto en los apartados uno, dos, tres y 
cuatro del artículo 25 de la Ley del Impuesto.
Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de bienes comprendidas 
en el número 3.º del artículo 9 de la Ley del Impuesto y, en particular, las entregas 
ulteriores de bienes cuya importación hubiera estado exenta de acuerdo con lo 
dispuesto en el número 12.º del artículo 27 de la Ley del Impuesto.
Quedarán excluidas de las entregas de bienes a que se refiere este número las 
siguientes: e
odcea lasabi ))oL  neayLLl a adpsseo  lrqr  Ielumaaespl i zutpeaeendsrgsatooas.nn pa posor c rso oumbjepjetroteosn  dpmiadesadisvio oessn  d dlaee  llt erIatmrnaps eup)eo dsrtteeol   apnpuaaerarvt aoddse osr etuiannlaoizt adarediola assr  tqaícu tueítl oun l5oo    2020-1651n https://www.
tengan atribuido un número de identificación a efectos del citado tributo en cualquier
otro Estado miembro de la Comunidad.
2.º  Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto 
realizadas por personas o entidades identificadas a efectos del mismo en el territorio 
de aplicación del Impuesto.
Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de bienes desde otro 
Estado miembro a que se refiere el número 2.º del artículo 16 de la Ley del Impuesto 
y, en particular, las adquisiciones intracomunitarias de bienes que hayan sido 
previamente importados en otro Estado miembro donde dicha importación haya 
estado exenta del Impuesto en condiciones análogas a las establecidas por el 
apartado 12.º del artículo 27 de la Ley del Impuesto.
3.º  Las prestaciones intracomunitarias de servicios.
A efectos de este Reglamento, se considerarán prestaciones intracomunitarias 
de servicios las prestaciones de servicios en las que concurran los siguientes 
requisitos:
a)  Que, conforme a las reglas de localización aplicables a las mismas, no se 
entiendan prestadas en el territorio de aplicación del Impuesto.
b)  Que estén sujetas y no exentas en otro Estado miembro.
c)  Que su destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal y 
radique en dicho Estado miembro la sede de su actividad económica, o tenga en el 
mismo un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o 
residencia habitual, o que dicho destinatario sea una persona jurídica que no actúe 
como empresario o profesional, pero tenga asignado un número de identificación a 
efectos del Impuesto suministrado por ese Estado miembro.
d)  Que el sujeto pasivo sea dicho destinatario.
4.º  Las adquisiciones intracomunitarias de servicios.
A efectos de este Reglamento, se considerarán adquisiciones intracomunitarias 
de servicios las prestaciones de servicios sujetas y no exentas en el territorio de 
aplicación del Impuesto que sean prestadas por un empresario o profesional cuya 
sede de actividad económica o establecimiento permanente desde el que las preste 
o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, se encuentre en la 
Comunidad pero fuera del territorio de aplicación del Impuesto.
5.º  Las entregas subsiguientes a las adquisiciones intracomunitarias de bienes 
a que se refiere el apartado tres del artículo 26 de la Ley del Impuesto, realizadas 
en otro Estado miembro utilizando un número de identificación a efectos de Impuesto 
sobre el Valor Añadido asignado por la Administración tributaria española.
2.  También estará obligado a presentar la declaración recapitulativa el 
vendedor que expida o transporte bienes a otro Estado miembro en el marco de un 
acuerdo de ventas de bienes en consigna a que se refiere el artículo 9 bis de la 
Ley del Impuesto.»
Cuatro.  Se añade un número 4.º al apartado 1 y se modifican los apartados 2 y 3 del 
artículo 80, que quedan redactados de la siguiente forma:
«4.º  En el caso de envíos de bienes en el marco de un acuerdo de ventas de 
bienes en consigna a que se refiere el artículo 9 bis de la Ley del Impuesto, el 
vendedor deberá consignar: e.e
a)  El número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido  51ww
dEdeesllt  abeed)mmo  ppmErreeile ssnmaaúrrbmiiooroe  o orao  lp p dqrroeuof efeied ssseieiono nteniafxailcp l aaiadc elqi ónqun ueo e a st  reeva afnernsec pftdiooeesrrts eadt nieen llal  oIadmspo pbasuir etleaonsdset oosb.  stieroenbser,es s  eealgs Viugannldoaord  Aop ñáparordari fdoeo,l    OE-A-2020-16able en https://
letra a´), del artículo 9 bis de la Ley del Impuesto que sustituye al empresario o
profesional al que inicialmente fueron destinados los bienes en el marco de un 
acuerdo de ventas de bienes en consigna.
c)  El importe inicial estimado del valor de los bienes expedidos o transportados 
a otro Estado miembro en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna.»
«2.  Los datos contenidos en la declaración recapitulativa deberán rectificarse 
cuando se haya incurrido en errores o se hayan producido alteraciones derivadas de 
las circunstancias a que se refiere el artículo 80 de la Ley del Impuesto.
En el caso previsto en el número 4.º del apartado anterior, el vendedor deberá 
comunicar cualquier modificación de la información presentada.
3.  Las operaciones deberán consignarse en la declaración recapitulativa 
correspondiente al período de declaración en el que se hayan devengado.
En el supuesto del número 4.º del apartado 1 anterior la información mencionada 
se consignará en la declaración recapitulativa correspondiente:
– Al periodo de declaración relativo a la fecha de la expedición o transporte de 
los bienes, en el supuesto previsto en la letra a);
– al período de declaración en el que se hayan anotado en el libro registro al 
que se refiere el artículo 66.B), letra a), de este Reglamento los datos identificativos 
del empresario o profesional que sustituye al empresario o profesional al que 
inicialmente fueron destinados los bienes en el marco de un acuerdo de ventas de 
bienes en consigna, en el supuesto previsto en la letra b).
En los supuestos a que se refiere el primer párrafo del apartado 2 anterior, la 
rectificación se anotará en la declaración recapitulativa del período de declaración 
en el que haya sido notificada al destinatario de los bienes o servicios.»
Cinco.  Se suprimen los apartados 4 y 5 del artículo 81.
TÍTULO II
Transposición de la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, 
relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea, 
armonizando así el marco de resolución de procedimientos amistosos y reforzando 
la seguridad jurídica
CAPÍTULO I
Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo
Artículo 217.  Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.
Se modifica la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 
de marzo, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional primera.  Procedimientos amistosos.
1.  Los conflictos que pudieran surgir con Administraciones de otros Estados en  e.
la aplicación de los convenios y tratados internacionales se resolverán de acuerdo  w.
con los procedimientos amistosos previstos en los propios convenios o tratados sin  51ww
preesrujultiacrio p rdoecle ddeenretecsh.o a interponer los recursos o reclamaciones que pudieran
a los2 .m  eLcoa neisstmabolse cdideo r eesno elusctaió dni sdpeo asqicuióenll oasd ilcitiiognioasl  rceosnu oltatr oigsu Easlmtaednotes  mdeie ampblicroasc idóen   BOE-A-cable e
la Unión Europea que se deriven de los convenios y tratados internacionales por los
que se dispone la eliminación de la doble imposición de la renta y, en su caso, del 
patrimonio a que se refiere la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de 
octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la 
Unión Europea.
3.  La aplicación del acuerdo alcanzado entre ambas Administraciones en el 
ámbito de un procedimiento amistoso se realizará una vez que el acuerdo adquiera 
firmeza.
A estos efectos, se considerará que el acuerdo adquiere firmeza en la fecha de 
recepción de la última notificación de las autoridades competentes comunicando a 
las autoridades competentes del resto de los Estados afectados la aceptación por 
parte de las personas interesadas del contenido del mismo y su renuncia al derecho 
a recurrir respecto de los elementos de la obligación tributaria que hayan sido objeto 
del procedimiento amistoso, en su caso. En el supuesto de que los recursos ya se 
hubieran iniciado, el acuerdo únicamente adquirirá firmeza una vez que la persona 
afectada aporte pruebas a las autoridades competentes de los Estados miembros 
afectados de que se han tomado medidas para poner fin a dichos procedimientos 
respecto de los elementos de la obligación tributaria que hayan sido objeto del 
procedimiento amistoso.
4.  A estos efectos, reglamentariamente se establecerá el procedimiento para 
la resolución de estos procedimientos amistosos, así como para la aplicación del 
acuerdo resultante.
5.  No podrá interponerse recurso alguno contra los citados acuerdos, sin 
perjuicio de los recursos previstos contra el acto o actos administrativos que se 
dicten en aplicación de dichos acuerdos.
6.  1.º  En los procedimientos amistosos, el ingreso de la deuda quedará 
suspendido automáticamente a instancias del interesado cuando se garantice su 
importe y los recargos que pudieran proceder en el momento de la solicitud de la 
suspensión, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
No se podrá suspender el ingreso de la deuda, de acuerdo con lo previsto en el 
párrafo anterior, mientras se pueda solicitar la suspensión en vía administrativa o 
jurisdiccional.
2.º  Las garantías admisibles para obtener la suspensión automática a la que 
se refiere el número anterior serán exclusivamente las siguientes:
a)  Depósito de dinero o valores públicos.
b)  Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de 
garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
3.º  Si los procedimientos amistosos no se refieren a la totalidad de la deuda, la 
suspensión prevista en este apartado se limitará al importe afectado por los 
procedimientos amistosos.
7.  En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, se 
simultanee un procedimiento amistoso previsto en los convenios o tratados 
internacionales con un procedimiento de revisión de los regulados en el título V de 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se suspenderá el procedimiento 
de revisión, exclusivamente respecto de los elementos de la obligación tributaria 
que sean objeto del procedimiento amistoso, hasta la finalización de este último.
8.  En los casos en los que la existencia de sanciones excluya el acceso a la  s
fase arbitral del procedimiento amistoso, lo establecido en el apartado 7 no será de  oe.
aplicación cuando se hubiese recurrido en vía administrativa la imposición de  w.
spjuardoniccceiiaodl inmeenise r.ne tEloa nca iómensis ctteoo snco la ahs saoas, ntasc eiqó uniem. rpeecdaiirgáa  erel saoclucceiósno  fiarm lae  ecno mvíias iaódnm ainribsittrraatliv ad eol   2020-1651n https://ww
9.  En los procedimientos tramitados al amparo del Convenio 90/436/CEE, la
interposición de cualquier recurso o reclamación en vía administrativa o en vía  Bc
contencioso-administrativa contra las sanciones impuestas a que se refiere el 
apartado 10 suspenderá la tramitación del procedimiento amistoso desde la 
interposición del primer recurso que proceda hasta que recaiga resolución firme en 
vía administrativa o judicial en relación con la sanción.
No se admitirá el inicio o será causa de terminación del procedimiento amistoso 
previsto en el párrafo anterior si las empresas de las que se trate han sido objeto de 
una sanción, en los términos establecidos en el apartado 10 de esta disposición, con 
carácter firme.
10.  A efectos de lo previsto en los apartados 8 y 9, tendrán la consideración de 
sanciones:
a)  las penas por delitos contra la Hacienda Pública a los que se refieren los 
artículos 305 y 305 bis del Código Penal;
b)  las sanciones por las infracciones a las que se refieren los artículos 191, 192 
y 193 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siempre que 
concurra algún criterio de calificación a los que se refiere el artículo 184 de dicha Ley;
c)  las sanciones por las infracciones establecidas en el artículo 18.13.2.º de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, siempre que 
concurra algún criterio de calificación a los que se refiere el artículo 184 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, las referencias 
en el citado artículo 184 a las declaraciones deberán entenderse realizadas a la 
documentación de precios de transferencia.
No obstante lo establecido en la letra c), no tendrá la consideración de sanciones 
a efectos de lo previsto en los apartados 8 y 9, la sanción por infracción derivada de 
la presentación de documentación incompleta cuando no dificulten gravemente la 
cuantificación o determinación del valor de mercado.
11.  Los procedimientos a que se refiere esta disposición se rigen por su 
normativa específica y supletoriamente, en cuanto resulte aplicable, por la normativa 
tributaria.
12.  El Tribunal Económico-Administrativo Central será competente para el 
ejercicio de las funciones relativas a la constitución y funcionamiento de la comisión 
consultiva que se determinen reglamentariamente.
13.  Los miembros de la comisión consultiva o de la comisión de resolución 
alternativa constituida en el marco de un procedimiento amistoso estarán obligados 
al más estricto y completo sigilo respecto de los datos tributarios que conocieran en 
su condición de tales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. La infracción de dicho deber 
podrá dar lugar a las responsabilidades legales que pudieran derivarse conforme a 
la normativa española.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la aplicación, en 
su caso, de la normativa interna de los otros Estados afectados en el ámbito propio 
de su jurisdicción.»
CAPÍTULO II
Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa
Artículo 218.  Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción  oe.
Contencioso-administrativa. w.
de juSlieo ,m reogduifliacad oerla a dpea rlata Jduor i2s ddiec claió nd iCspoonsteicniócnio asod-icaidomnainl insotrvaetinvaa ,d qeu ela  qLueeyd 2a9 r/e1d9a9c8t,a ddeo  1d3e 
la siguiente forma:
«2.  Cuando el acto relativo a la liquidación de una deuda aduanera objeto de 
recurso, haya sido sometido a una decisión de las instituciones de la Unión Europea 
que haya de pronunciarse sobre la no contracción a posteriori, la devolución o la 
condonación de dicha deuda, se suspenderá el curso de los autos desde que esa 
circunstancia se ponga en conocimiento del órgano jurisdiccional y hasta que sea 
firme la resolución adoptada por dichas instituciones.
Igualmente procederá la suspensión del curso de los autos, exclusivamente 
respecto de los elementos de la obligación tributaria que sean objeto del 
procedimiento amistoso, desde que se inicie el procedimiento amistoso en materia 
de imposición directa a que se refiere la disposición adicional primera del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, hasta que finalice dicho 
procedimiento amistoso.
En los procedimientos tramitados al amparo del Convenio 90/436/CEE y en los 
casos en los que la existencia de sanciones excluya el acceso a la fase arbitral del 
procedimiento amistoso, lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación 
cuando se haya interpuesto cualquier recurso en vía contencioso-administrativa 
contra las sanciones.»
Disposición adicional primera.  Cláusula de trato no menos favorable.
Las entidades contratantes pertenecientes al Sector Público concederán en los 
procedimientos de adjudicación de los contratos de obra, de suministro o de servicios, a los 
operadores económicos procedentes de Estados que tengan acuerdos internacionales que 
vinculen a la Unión Europea o al Estado, un trato no menos favorable que el concedido a 
las obras, los suministros, los servicios y los operadores económicos de la Unión Europea.
Disposición adicional segunda.  Impuesto sobre el Valor Añadido.
En las cantidades establecidas en el presente real decreto-ley, del Libro primero, no se 
considerará incluido el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, ni el 
Impuesto General Indirecto Canario, ni el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la 
Importación en función de los territorios en que sean aplicables.
Disposición adicional tercera.  Responsabilidad del personal al servicio de las entidades 
contratantes pertenecientes al Sector Público.
La infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en el Libro primero del 
real decreto-ley por parte del personal al servicio de las entidades contratantes 
pertenecientes al Sector Público que estén incluidas en el ámbito de aplicación del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, dará lugar a responsabilidad disciplinaria, que se 
exigirá conforme a la normativa específica en la materia.
Disposición adicional cuarta.  Accesibilidad.
En el ámbito de la contratación sujeta a este real decreto-ley, la determinación de los 
medios de comunicación admisibles, el diseño de los elementos instrumentales y el 
desarrollo del procedimiento deberán realizarse teniendo en cuenta criterios de 
accesibilidad universal y de diseño para todos, tal y como son definidos estos términos en  e.
el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto  w.
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su  51ww
inclusión social.
Disposición adicional quinta.  Régimen jurídico aplicable a los contratos excluidos del 
ámbito de este real decreto-ley que se celebren por entidades del Sector Público.
Los contratos que estando excluidos del ámbito de aplicación de este real decreto-
ley tengan por objeto las actividades indicadas en sus artículos 8 a 14, serán adjudicados 
por las entidades pertenecientes al Sector Público con sujeción al régimen jurídico que en 
cada caso resulte de la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre.
Disposición adicional sexta.  Actualización de cifras fijadas por la Unión Europea.
Las cifras que, en lo sucesivo, se fijen por la Comisión Europea sustituirán a las que 
figuran en el texto de este real decreto-ley. El Ministerio de Hacienda adoptará las medidas 
pertinentes para asegurar su publicidad.
Disposición adicional séptima.  Pagos directos a los subcontratistas.
1.  Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 108 y siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 107, la entidad contratante podrá prever en los 
Pliegos de condiciones que se realicen pagos directos a los subcontratistas.
2.  El subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrá 
ceder sus derechos de cobro.
3.  Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por 
cuenta del contratista principal, manteniendo en relación con la entidad contratante la 
misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.
4.  En ningún caso será imputable a la entidad contratante el retraso en el pago 
derivado de la falta de conformidad del contratista principal a la factura presentada por el 
subcontratista.
5.  Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Hacienda para desarrollar, en el 
ámbito del sector público estatal, las previsiones contenidas en los apartados anteriores 
relativas a las características de la documentación que debe aportarse, el régimen de 
notificaciones, y el de certificaciones, operativa contable y facturación.
Disposición adicional octava.  Remisión de contratos y de información al Comité Técnico 
de Cuentas Nacionales.
Las entidades contratantes pertenecientes al Sector Público estarán sujetas a las 
obligaciones de remisión de contratos y de información que establecen las disposiciones 
adicionales cuadragésimo quinta y cuadragésima sexta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Disposición adicional novena.  Principios aplicables a los contratos de concesión de 
servicios del anexo I y a los contratos de servicios de carácter social, sanitario o 
educativo del anexo I.
Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de este real decreto-ley y, entre 
otras, de las relativas al establecimiento de las prescripciones técnicas, de las condiciones 
mínimas de solvencia, de los criterios de adjudicación y de las condiciones especiales de 
ejecución, en los procedimientos de licitación de contratos de concesión de los servicios 
que figuran en el anexo I y de contratos de carácter social, sanitario o educativo también 
del anexo I, las entidades contratantes velarán en todas sus fases por la necesidad de  e.e
garantizar la calidad, la continuidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la disponibilidad y la  b
exhaustividad de los servicios; las necesidades específicas de las distintas categorías de  51ww
udseu laorsi osse,r ivniccilousid; oys l alo isn ngoruvpaocsió dne esnfa lvao prerecsidtaocsi óyn v udlenle srearbvliecsio; .la implicación de los usuarios
estaA dsiismpiossmicoió, na la edsictaiobnleacl,e lra  leons tcidraitedr cioosn tdrea taadntjued picoadcráió nre dfeer ilroloss c ao natsrpaetocsto as  qtaulee ss ceo rmefoie: rlea 
experiencia del personal adscrito al contrato en la prestación de servicios dirigidos a
sectores especialmente desfavorecidos o en la prestación de servicios de similar 
naturaleza en los términos establecidos en el artículo 66; la reinversión de los beneficios 
obtenidos en la mejora de los servicios que presta; el establecimiento de mecanismos de 
participación de los usuarios y de información y orientación de los mismos.
Disposición adicional décima.  Autorizaciones del artículo 324 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
El régimen de autorizaciones que establece el artículo 324 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, resultará de aplicación a los contratos que celebren con sujeción al 
presente real decreto-ley los órganos de contratación de las entidades del sector 
público estatal que tengan la consideración de poderes adjudicadores, en los términos 
establecidos en el mismo.
Disposición adicional undécima.  Tasa por inscripción en el registro administrativo de 
distribuidores de seguros y reaseguros.
1.  Constituye el hecho imponible de la tasa:
a)  La inscripción en el registro administrativo de distribuidores de seguros y 
reaseguros de los mediadores de seguros o de reaseguros, y de los mediadores de 
seguros complementarios.
b)  La inscripción de los administradores, de la persona responsable de la actividad 
de distribución y de las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de 
las actividades de distribución de seguros o de reaseguros de las personas jurídicas 
inscritas como mediadores de seguros, mediadores de seguros complementarios o 
corredores de reaseguros que, con arreglo al título I del libro segundo del real decreto-ley y 
a sus disposiciones reglamentarias de desarrollo, deban ser inscritos.
c)  La inscripción de la persona responsable de la actividad de distribución y de las 
personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de 
distribución de seguros o de reaseguros en las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
d)  La inscripción de los actos relacionados con los anteriores, siempre que deban ser 
inscritos de acuerdo con lo exigido en las normas sobre distribución de seguros y de 
reaseguros privados.
e)  La expedición de certificados relativa a la información incluida en el registro 
administrativo a que se refiere el artículo 133 del título I del Libro segundo.
2.  La tasa no será exigible en los supuestos de inscripciones relativas a la cancelación 
de la inscripción.
3.  Será sujeto pasivo de la tasa la persona física o jurídica a cuyo favor se practique 
la inscripción en el registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros y la 
persona física o jurídica solicitante de un certificado de dicho registro.
4.  La cuantía de la tasa será:
a)  Por la inscripción de un agente de seguros exclusivo, persona física, una cuota fija 
de 13,52 euros.
b)  Por la inscripción de un agente de seguros vinculado, de un corredor de seguros 
o de reaseguros, personas físicas, una cuota fija de 71,80 euros. e.e
c)  Por la inscripción de una sociedad de agencia de seguros, de un operador de  w.b
banca-seguros o de una sociedad de correduría de seguros o de reaseguros, una cuota  51ww
fija dde)  16U8n,a5 8c ueoutrao sf.ija de 13,52 euros por la inscripción de cada administrador, persona
rdeirsepcocniósna rbelesp doen slaab alec tdivei dlaasd a dcetiv didisatdriebsu dceió dni sotr ipbeurcsióonn ad eq sueeg fuorroms eo  pdaer rteea dseelg uórrogsa neon  ldaes 
sociedades de agencia de seguros o de los operadores de banca-seguros, de correduría 
de seguros o de correduría de reaseguros.
e)  Una cuota fija de 13,52 euros por la inscripción de la persona responsable de la 
actividad de distribución o por cada persona que forme parte del órgano de dirección 
responsable de la actividad de distribución de seguros o de reaseguros en las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras.
f)  Por la inscripción de cualquier otro acto inscribible o por la modificación de los 
inscritos, una cuota fija de 13,52 euros por cada uno de ellos.
g)  Por la expedición de certificados relativos a la información incluida en el 
mencionado registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros, una cuota 
fija de 13,52 euros.
5.  La tasa se devengará cuando se presente la solicitud, que no se tramitará sin que 
se haya efectuado el pago correspondiente.
6.  El importe de la tasa se podrá recaudar mediante autoliquidación, en la forma y 
plazos que se determinen por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
7.  La tasa correspondiente a la inscripción de los agentes de seguros exclusivos, y 
de sus cargos de administración y de la persona responsable de la actividad de distribución 
o de las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de 
distribución de seguros, será autoliquidada por la entidad aseguradora en cuyo registro de 
agentes figuren inscritos, en calidad de sustituto del contribuyente.
8.  La administración, liquidación y recaudación en periodo voluntario de la tasa 
corresponde a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. La recaudación 
en periodo ejecutivo corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 
acuerdo con la legislación vigente.
9.  Los importes de la tasa podrán actualizarse por la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado.
Disposición adicional duodécima.  Requisitos y principios básicos de los programas de 
formación de los distribuidores de seguros y reaseguros y demás personas que 
participan en la actividad de distribución.
1.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá establecer por 
resolución las líneas generales y los principios básicos que habrán de cumplir los cursos 
de formación en materias financieras y de seguros privados exigidos en el título I del libro 
segundo del real decreto-ley.
2.  A efectos de lo dispuesto en el artículo 165 del título I del libro segundo, además 
de lo previsto en el apartado anterior, las personas que participen en los cursos de 
formación en materias financieras y de seguros privados deberán acreditar, en el momento 
de su comienzo, el requisito mínimo de formación que se establezca en virtud de la 
normativa de desarrollo en materia de formación.
Sin perjuicio de lo previsto en el título I del libro segundo de este real decreto-ley, el 
contenido y duración de los cursos de formación se modulará en función de la cualificación 
profesional y de los conocimientos previos adquiridos mediante la superación de 
programas de formación, o de la experiencia profesional en seguros y reaseguros privados 
acreditados en el momento de su comienzo.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá requerir que se 
efectúen las modificaciones que resulten necesarias para adecuar los citados cursos al 
deber de formación previsto en el título I del Libro segundo de este real decreto-ley. es
3.  Los cursos de formación y las pruebas de aptitud en materias financieras y de  bo
seguros privados previstos en la legislación anterior derogada cuya impartición y organización  51ww
elsaes ctgueuEvlreiloe bdssri epad lceoinirmóiocnagia  adddedea a  loMe, snse u eldarxit aiáfredámco lhero ansd e edes efS e deecengt otaursacr ouddseea rT  ehditnaou b vlcaeiogdrn oos r lu rodep epge rureealsavdtideoso t roe ee l aencln u ld araes qloceur gdeeietslolla af-o lcenriyomó,rn mac ocdaineótti nvimna eue.nad rimáancai óthenar sidateas    OE-A-2020-16able en https://
financieras y de seguros privados previstos en el artículo 165 del título I del libro segundo.
4.  Los certificados expedidos por el responsable de la dirección del curso y, en el 
caso de pruebas de aptitud en materias financieras y de seguros privados, por el Consejo 
General de los Colegios de Mediadores de Seguros, acreditando su superación, emitidos 
conforme a la normativa derogada, surtirán los efectos de haber superado los cursos de 
formación de acuerdo con lo previsto en el título I del Libro segundo de este real decreto-
ley y en su normativa de desarrollo.
Disposición adicional decimotercera.  Conservación de documentación precontractual.
1.  Las personas que realicen las actividades reguladas en el título I del libro segundo 
del real decreto-ley estarán obligadas a conservar los documentos en los que se plasme 
la información precontractual entregada al cliente en cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el título I del libro segundo de este real decreto-ley y su normativa de 
desarrollo, al objeto de acreditar el cumplimiento de dichas obligaciones, durante un plazo 
mínimo de seis años desde el momento de la finalización de los efectos del contrato. La 
misma obligación tendrá respecto de la información precontractual relativa a productos de 
seguros o servicios que sean objeto de práctica de venta combinada o vinculada.
2.  En el caso de subrogación o cesión en la titularidad de la cartera de seguros, el 
distribuidor original deberá seguir conservando la documentación precontractual durante 
el plazo señalado en el párrafo anterior y trasladar al adquirente, en el caso que le fuera 
requerida por este y a costa de este, copia de la misma. Ambos estarán obligados a 
facilitar dicha documentación al usuario de seguros privados, si es reclamada por este 
durante el periodo fijado en el apartado anterior.
Disposición adicional decimocuarta.  Reasignación de recursos.
Las obligaciones derivadas del cumplimiento del Libro segundo de este real decreto-
ley se atenderán mediante reasignación de los recursos ordinarios del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital sin requerir dotaciones adicionales.
Disposición adicional decimoquinta.  Adaptación a las normas del sistema de gobierno de 
los fondos de pensiones introducidas por el título II del libro segundo de este real 
decreto-ley.
1.  En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley las 
entidades gestoras de fondos de pensiones deberán adaptar su estructura organizativa a 
lo previsto en el capítulo VIII del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones, y establecer las políticas escritas previstas en el artículo 27 del 
citado texto refundido relativas al gobierno corporativo, remuneración, gestión de riesgos, 
auditoría interna y, en su caso, la relativa a las actividades actuariales que realice la 
entidad y la relativa a actividades externalizadas, así como documentar el sistema de 
control interno.
2.  Igualmente, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real 
decreto-ley, las entidades gestoras y, en su caso, las comisiones de control de los planes 
de pensiones, deberán designar a los titulares de las funciones clave previstos en el 
artículo 30 del citado texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de 
pensiones, y comunicar la designación a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones.
En su caso, las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo, en el  es
referido plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, deberán  o
ealosssít  atc3ibto.ul melacoRree dres egl adsl aiepgm onlaleaí tnrficu tyaan r ccdioaióemmn ru eeannmcitctueuan arse reairaa  lldac.ei óDtneir repmcreicnvióaisnrát aG  eeelnn p eelrala zal ordt íepc uaSlreoag  2uq9ru odese  lyla  csFi toaendndotoi dtsea xddteeo s Pr eegfneussnitodonirdaeoss,    2020-1651n https://www.
realicen la primera evaluación interna de riesgos periódica de los fondos de pensiones
de empleo prevista en el artículo 30 quinquies del texto refundido de la Ley de Regulación
de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, 
de 29 de noviembre.
Disposición adicional decimosexta.  Régimen de contratación de Puertos del Estado y de 
las Autoridades Portuarias
El régimen jurídico de los contratos que en las actividades sujetas al Libro primero de 
este real decreto-ley celebren Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias será el 
establecido en el citado libro primero para los poderes adjudicadores que no tienen la 
consideración de Administración Pública.
Disposición adicional decimoséptima.  Normas específicas de contratación de servicios 
de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo.
Se reconoce la naturaleza de prestaciones de carácter intelectual a los servicios de 
arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo, con los efectos que se derivan de las 
previsiones contenidas en este real decreto-ley.
Disposición transitoria primera.  Expedientes iniciados y contratos adjudicados con 
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
1.  Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de este real 
decreto-ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los 
expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente 
convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos 
negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta 
la fecha de aprobación de los pliegos de condiciones.
2.  Los contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
real decreto-ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su 
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.
3.  Los procedimientos de reclamación iniciados al amparo del artículo 101 de la 
Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, seguirán tramitándose hasta su 
resolución con arreglo al mismo.
En los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de este real 
decreto-ley podrá interponerse la reclamación prevista en el artículo 119 contra actos 
susceptibles de ser recurridos en esta vía, siempre que se hayan dictado con posterioridad 
a su entrada en vigor.
4.  El presente real decreto-ley será de aplicación a los encargos que se realicen con 
posterioridad a su entrada en vigor. Deberá entenderse que un encargo se ha realizado 
cuando haya sido objeto de la correspondiente formalización documental.
5.  Los contratos basados en acuerdos marco o en sistemas dinámicos de adquisición 
se regirán por la normativa aplicable a estos.
Disposición transitoria segunda.  Régimen de adaptación de las entidades aseguradoras 
y reaseguradoras.
1.  En relación con las personas que a la fecha de entrada en vigor del real decreto-
ley sean responsables de la actividad de distribución o formen parte del órgano de 
dirección responsable de las actividades de distribución de las entidades aseguradoras  e.
y reaseguradoras u órgano equivalente, o sean empleados que participen directamente  w.
en actividades de distribución de seguros o reaseguros, se entenderán cumplidos los  51ww
reesqteu isreitaols  deenc rmetaot-eleriya.  dLeo  faonrtmearicoiró nse irnáic úianli ceaxmigeidnotes  eanp liecla tbítleu loe nI  dreella cLiióbnro c soeng auqnudeol ldaes 
psiegrusioenntaes. que deban inscribirse de conformidad con lo dispuesto en el apartado  BOE-A-cable e
2.  Las entidades aseguradoras y reaseguradoras dispondrán de un plazo de tres 
meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley para:
a)  Solicitar la inscripción de la persona responsable de la actividad de distribución y 
de las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de las actividades 
de distribución de seguros o reaseguros en el registro administrativo.
b)  Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 139.5 del título I del Libro segundo 
en relación con la llevanza de un registro actualizado en el que consten inscritos los 
empleados que participen directamente en actividades de distribución de seguros, así 
como la persona responsable de la actividad de distribución o las personas que formen 
parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución.
c)  Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 139.4 y 147.3 del título I del Libro 
segundo en relación con la obligación en materia de políticas y procedimientos internos 
adecuados.
Disposición transitoria tercera.  Régimen de adaptación de los mediadores de seguros.
1.  Los mediadores de seguros y de reaseguros que estuvieran registrados a la fecha 
de entrada en vigor de este real decreto-ley en el registro administrativo especial de 
mediadores de seguros, corredores de reaseguros, y de sus altos cargos previsto en el 
artículo 52 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, 
no deberán registrarse nuevamente en virtud de lo dispuesto en este real decreto-ley.
2.  Los agentes de seguros exclusivos, personas físicas y jurídicas, inscritos en el 
registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros, y de 
sus altos cargos previsto en el artículo 52 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, continuarán 
inscritos en el registro administrativo previsto en el artículo 133 del título I del libro segundo, 
registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros, como agentes de 
seguros exclusivos de las entidades aseguradoras con las que figuran con contrato de 
agencia de seguros el día de la entrada en vigor de este real decreto-ley, ajustándose en 
todo caso al régimen de supervisión administrativa establecido en los artículos 147 y 148.
3.  Los agentes de seguros vinculados, personas físicas y jurídicas, inscritos en el 
registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros, y de 
sus altos cargos previsto en el artículo 52 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, continuarán 
inscritos en el registro administrativo previsto en el artículo 133 del título I del libro segundo 
registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros, como agentes de seguros 
vinculados de las entidades aseguradoras con las que figuran con contrato de agencia de 
seguros el día de la entrada en vigor de este real decreto-ley, bajo el mismo régimen de 
responsabilidad civil profesional previsto en la Ley 26/2006, de 17 de julio, y ajustándose en 
todo caso al régimen de supervisión administrativa establecido en el artículo 149.
4.  Los operadores de banca-seguros exclusivos o vinculados inscritos en el registro 
administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros, y de sus 
altos cargos, previsto en el artículo 52 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, continuarán 
inscritos como operadores de banca-seguros exclusivos, o en su caso, vinculados, de las 
entidades aseguradoras con las que tenían concertado contrato de agencia de seguros el 
día de la entrada en vigor de este real decreto-ley, bajo el mismo régimen de responsabilidad 
civil profesional previsto para aquellos en la Ley 26/2006, de 17 de julio, y ajustándose, en 
todo caso, al régimen de supervisión administrativa establecido en los artículos 150 a 154.
5.  Los altos cargos de los mediadores de seguros y reaseguros, personas jurídicas, 
que estuvieran registrados a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley en el  e.e
registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros, y de  b
sus altos cargos previsto en el artículo 52 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, no deberán  51ww
regis6t.r arLsoes n mueevdaiamdeonretes  edne  vsiertguudr odse  dloe bdeisrpáune asdtoa petna resset ea  rleoa dl idspeucreesttoo- leeny. el artículo 136.4
dvieglo trí tduelo e Is dtee lr eliablr od escergeuton-dleoy .en el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en
7.  En el caso de los corredores de seguros y reaseguros inscritos a la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto-ley en el registro administrativo especial de 
mediadores de seguros, corredores de reaseguros, y de sus altos cargos previsto en el 
artículo 52 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, el cómputo a que se refiere la letra d) del 
artículo 190.1 del título I deberá realizarse a partir del ejercicio siguiente a la entrada en 
vigor de este real decreto-ley.
Disposición transitoria cuarta.  Contratos de seguros preexistentes.
El título I del libro segundo del real decreto-ley no será de aplicación a los contratos de 
seguro suscritos con anterioridad a su entrada en vigor, salvo aquellos contratos que, 
habiendo sido suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de este, hayan sido objeto 
de novación extintiva, desde el momento en que esta se produzca.
Disposición transitoria quinta.  Contratos de mediación y distribución vigentes a la entrada 
en vigor.
Los contratos de mediación y distribución de seguros celebrados con anterioridad a la 
entrada en vigor de este real decreto-ley permanecerán en vigor en todos sus términos, 
antigüedad y condiciones, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones que correspondan 
a las nuevas obligaciones de información y normas de conducta que resulten aplicables.
Disposición transitoria sexta.  Comunicaciones de participaciones significativas en las 
entidades gestoras de fondos de pensiones y nombramientos de quienes ejerzan la 
dirección efectiva y funciones clave.
En tanto no entren en vigor las normas de desarrollo reglamentario previstas en los 
artículos 20.1.g) y 28.4 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos 
de Pensiones, en redacción dada por el título II del Libro segundo de este real decreto-ley, 
a efectos de la evaluación y comunicaciones a la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones previstas en los citados artículos y en el artículo 28.3 de dicho texto 
refundido, serán aplicables los anexos I y II de la Orden EHA/407/2008, de 7 de febrero, 
por la que se desarrolla la normativa de planes y fondos de pensiones en materia 
financiero-actuarial, del régimen de inversiones y de procedimientos registrales.
Disposición transitoria séptima.  Llevanza del libro registro de determinadas operaciones 
intracomunitarias a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.
La obligación de la llevanza del libro registro de determinadas operaciones 
intracomunitarias a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria mediante el suministro electrónico de la información, exclusivamente en relación 
con las operaciones a que se refiere el número 3.º del apartado 1 del artículo 66 del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, 
de 29 de diciembre, será de aplicación a partir del 1 de enero de 2021.
Disposición transitoria octava.  Régimen transitorio en materia de procedimientos amistosos.
1.  Los procedimientos amistosos iniciados antes de la fecha de entrada en vigor de 
la nueva redacción otorgada por este real decreto-ley de la disposición adicional primera  e
del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por  bo
el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, se regirán por la normativa anterior a  51ww
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5/2004, de 5 de marzo, será de aplicación a los procedimientos amistosos iniciados a partir 
del 12 de octubre de 2015.
3.  Lo dispuesto en la nueva redacción otorgada por este real decreto-ley del 
segundo párrafo del apartado 3 de la disposición adicional primera del texto refundido de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, será de aplicación a los procedimientos pendientes de 
terminación en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.
4.  Lo dispuesto en la nueva redacción otorgada por este real decreto-ley del tercer 
párrafo del apartado 2 de la disposición adicional novena de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, será de aplicación a los 
procedimientos amistosos iniciados a partir del 12 de octubre de 2015.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Queda derogada la Ley 31/2007, de 3 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, 
por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2004/17/CE, 
92/13/CEE y 2007/66/CE y todas las disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se 
opongan a lo establecido en este real decreto-ley.
2.  Queda derogada la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y 
reaseguros.
3.  Igualmente quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.
4.  No obstante lo anterior, el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se 
desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados 
en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional, 
así como la Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, por la que se establecen los requisitos y principios básicos de los 
programas de formación para los mediadores de seguros, corredores de reaseguros y 
demás personas que participen directamente en la mediación de los seguros y reaseguros 
privados, continuarán en vigor hasta que se apruebe la normativa que desarrolle el real 
decreto-ley en materia de formación y de información estadístico- contable y del negocio.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.
Uno.  Se da nueva redacción al artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que 
queda redactado como sigue:
«Artículo 118.  Expediente de contratación en contratos menores.
1.  Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior 
a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se 
trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el 
ámbito estatal.
2.  En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de  s
un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad  e.
del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de  w.
los umbrales descritos en el apartado anterior. 51ww
de la3 . facAtsuirma iscmorore ssep orenqduieenrtierá,  qlau ea pdroebbaecráió rne udneilr  glaosst ore yq ulais iintocso rqpuoer alacisó nn oarlm maiss mdoe 
desa4r.r olElon d eel  ceosntatr aLteoy  mesetnaobrl edzec oabnr.as, deberá añadirse, además, el presupuesto de  BOE-A-cable e
las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea
requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe 
de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el 
trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
5.  Lo dispuesto en el apartado 2.º de este artículo no será de aplicación en 
aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja 
fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado 
del contrato no exceda de 5.000 euros.
6.  Los  contratos  menores  se  publicarán  en  la  forma  prevista  en  el 
artículo 63.4.»
Dos.  Se da nueva redacción al artículo 331 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
quedando redactado como sigue:
«Artículo 331.  Aportación de información por las Comunidades Autónomas y de 
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
En el marco del principio de lealtad institucional que rige las relaciones entre las 
Administraciones Públicas contemplado con carácter básico en el artículo 3 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con la 
finalidad de que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado pueda 
cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 328 respecto a la Comisión 
Europea, las Comunidades Autónomas remitirán en formato electrónico al Comité 
de Cooperación regulado en el artículo 329, a través de sus órganos competentes y 
respecto de sus respectivos ámbitos territoriales, la siguiente documentación:
a)  Un informe comprensivo de todas aquellas cuestiones mencionadas en las 
letras b), c), d) y e) del apartado 4 del artículo 328, con una periodicidad de –al 
menos– cada tres años.
b)  Un informe comprensivo de las cuestiones previstas en el apartado 8 del 
artículo 332 con una periodicidad de –al menos– cada tres años.
La documentación remitida incluirá información referida a los órganos de 
contratación de las Administraciones locales, así como los de sus entidades 
vinculadas o dependientes, que durante el periodo temporal a informar hubieran 
tenido alojada la publicación de sus perfiles de contratante en el servicio de 
información que a tal efecto hubiera establecido la Comunidad Autónoma de su 
ámbito territorial».
Tres.  Se da nueva redacción al segundo párrafo del apartado 3 de la disposición final 
primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que queda redactado como sigue:
«No obstante, no tendrán carácter básico los siguientes artículos o partes de los 
mismos: Letra a) del apartado 1 del artículo 21; letra a) del apartado 1 del artículo 22; 
artículo 30; la letra c) del apartado 6 del artículo 32; artículos 45 y 46.1 a 46.3; artículo 
69.3; artículo 71.1.f); artículo 76; artículo 83; artículo 95; artículo 104; artículo 105; 
párrafo segundo del apartado 1 del artículo 107; segundo párrafo del apartado 3 y 
apartado 5 del artículo 116; artículo 118.4; letras a) y c) del apartado 2 del artículo 119; 
letra b) del artículo 120.1; apartado 1 del artículo 121; apartados 5, 6 y 7 del artículo 122; 
artículos 123 y 124; cuarto párrafo del apartado 4 del artículo 149; artículo 153; 
apartado 2 del artículo 154; artículo 191.2; artículo 192.2 y 3; artículo 193.2 a 5; 
artículo 194; apartados 2 y 5 del artículo 212; apartado 8 del artículo 215; artículo  e
228; apartados 1, 2, 5; el párrafo segundo del apartado 6, y apartados 7 y 8 del  bo
artículo 229; artículo 230; apartados 1.e) y 4 del artículo 233; artículo 234; artículo  51ww
223451;;  ealr taícpualort a2d3o6 ;4 ,a rstaíclvuolo l a2 3p7re; vairstiíócnu lod e2 3la8 l.e2t;r aa rbtí)c udleol  2p4ri0m; earp paártraradfoo  1y  deel sl eagrtuícnudloo 
papáarrratafod,o ys  52  dy e3l  adretíl caurltoíc 2u4lo2 ;2 6a3rt;í caurltoíc u2l4o3 2; 6a6rt;í cauplaor t2a5d3o;  5a rdtíeclu alor tí2c5u6lo;  a2r6t7íc;u alort í2c6u0lo; 
268; artículo 272.6; artículo 273.2; artículo 294.b); artículo 298; apartados 2 y 3 del
artículo 300; artículo 302; artículo 303; artículo 304; artículo 305; apartados 2 y 3 del 
artículo 307; apartados 2 y 3 del artículo 313; apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 314; 
artículo 315; artículo 323; artículo 324; artículo 325; artículos 326 y 327; artículo 
328, salvo el apartado 4; artículo 335.4; apartados 1, 2 y 7 del artículo 347; letra a) 
y segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 de la disposición adicional primera; el 
párrafo tercero, apartado 1, de la disposición adicional cuarta; disposición adicional 
decimocuarta; disposición adicional decimonovena; disposición adicional vigésima; 
disposición adicional vigésima cuarta; disposición adicional vigésima novena; 
disposición adicional trigésima; disposición transitoria primera; disposición final 
séptima, y disposición final octava.
A los mismos efectos previstos en el párrafo anterior tendrán la consideración 
de mínimas las exigencias que para los contratos menores se establecen en el 
artículo 118.1 y tendrán la consideración de máximos los siguientes porcentajes, 
cuantías o plazos:
El porcentaje del 3 por 100 del artículo 106.2.
El porcentaje del 5 por 100 del artículo 107.1 y 2.
Las cuantías del artículo 131.4.
Los plazos de un mes establecidos en los apartados 2 y 4 del artículo 210.»
Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, 
de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión 
y la creación de empleo.
Se modifica el primer párrafo de la letra a) del artículo 8 del Real Decreto-Ley 13/2010, 
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para 
fomentar la inversión y la creación de empleo que queda redactada en los siguientes 
términos:
«a)  su contratación se regirá por la Ley sobre los procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales o por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional quinta y en la disposición 
adicional octava de estas dos normas respectivamente.»
Disposición final tercera.  Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
El texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, se modifica como sigue:
Uno.  Se añade un apartado 27 en el artículo 45.I.B), con la siguiente redacción:
«27.  La constitución, disolución y las modificaciones consistentes en aumentos 
y disminuciones de los fondos de pensiones regulados en el texto refundido de la 
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.»
Dos.  Se deroga el epígrafe 13.ª del artículo 45.I.C). s
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del  w.
IdPmeap trluoimess oItnomi osp.ouberset olas  Rseonbtrae  dSeo lacise Pdaedrseosn, asso Fbírseic laas  Ry ednet am oddei fnicoa cRióens ipdaernctiaels d ye  lsaosb lreey eesl   2020-1651n https://ww
Se modifica el epígrafe 3.ª de la letra a) del apartado 2 del artículo 17, de la
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de 
no Residentes y sobre el Patrimonio, quedando redactado como sigue:
«3.ª  Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones 
y las percibidas de los planes de pensiones regulados en la Directiva (UE) 2016/2341 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las 
actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo.
Asimismo, las cantidades percibidas en los supuestos contemplados en el 
artículo 8.8 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, 
tendrán el mismo tratamiento fiscal que las prestaciones de los planes de 
pensiones.»
Disposición final quinta.  Modificación del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, 
de  ordenación,  supervisión  y  solvencia  de  las  entidades  aseguradoras  y 
reaseguradoras.
Se modifica el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, en los siguientes 
términos.
La disposición adicional octava queda redactada como sigue:
«Disposición adicional octava.  Registro administrativo de distribuidores de seguros 
y reaseguros.
1.  En el registro administrativo, y en relación con los mediadores de seguros, 
mediadores de seguros complementarios, salvo aquellos que reúnan las 
condiciones para ser objeto de exención, y corredores de reaseguros, deberán 
inscribirse el nombre y apellidos o la denominación social, la condición de 
mediador de seguros o de seguros complementarios, y en su caso el sexo, la 
nacionalidad, el número de documento nacional de identidad o de identificación 
fiscal o pasaporte o documento equivalente en caso de extranjeros, el domicilio de 
la sede profesional o social, el ámbito de actuación, el número de inscripción, así 
como las modificaciones de los estatutos que por su objeto deban constar en el 
registro administrativo, la mención al dominio o a la dirección de Internet, las 
participaciones significativas, las agrupaciones de interés económico y las uniones 
temporales de empresas, la cancelación de la inscripción y la inhabilitación para 
el desempeño de la actividad de distribución, así como las sanciones que se 
hubieran impuesto, salvo la de amonestación privada. También se inscribirán los 
actos relativos al ejercicio de la actividad en régimen de derecho de establecimiento 
o en libre prestación de servicios en cada uno de los Estados miembros de la 
Unión Europea.
En el caso de los agentes de seguros, se hará constar el carácter de exclusivo 
o vinculado y, en su caso, su condición de agente de un grupo de entidades 
aseguradoras.
Adicionalmente, en el caso de los distribuidores de seguros personas jurídicas, 
y respecto a los cargos de administración, de la persona responsable de la actividad 
de distribución o de las personas que formen parte del órgano de dirección  es
responsable de las actividades de distribución, se inscribirán la fecha del  bo
nombramiento, la suspensión, revocación o cese de los mismos por cualquier  51ww
csaaulvsoa , lala  dineh aabmiliotanceiósnta yc ilóans  sparnivcaiodnae. sS qeu ec,o enns isgun acarásno , esle  nleosm hburbei eyra anp imelplidueosst oo, 
ddeoncuommeinnatoci ónna csioocniaall ,d een i dseun ctiadsaod  eol  dseex idoe, enlt idficoamciicóinlio f,is laca nl aoc pioansaalpidoardte,  eol  dnoúcmuemroe ndteo 
equivalente en caso de extranjeros.  Cuando dichos cargos sean desempeñados
por  personas  jurídicas,  se  inscribirán  los  datos  correspondientes  a  sus 
representantes designados.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se inscribirá igualmente:
a)  En relación con los mediadores de seguros, la designación del titular del 
departamento o servicio de atención al cliente o, en su caso, de la persona o entidad 
contratada externamente para el desempeño de las funciones del departamento o 
servicio de atención al cliente, y, si procede, la designación del defensor del cliente.
b)  En relación con los corredores de seguros y de reaseguros, la situación de 
inactividad.
c)  En relación con los agentes de seguros, exclusivos o vinculados, se hará 
mención a las entidades aseguradoras con las que tienen suscritos contratos de 
agencia de seguros; y, en el caso de agentes de seguros exclusivos, a las 
autorizaciones que obtengan para ejercer su actividad de mediación de seguros con 
otra entidad aseguradora, indicando los productos de seguro en los que pueden 
mediar para la misma, así como las fechas de inicio y fin de dicha autorización.
d)  En el caso de los operadores de banca-seguros se inscribirá, además, la 
red o las redes de las entidades de crédito o de los establecimientos financieros de 
crédito a través de las cuales el operador de banca-seguros distribuye los seguros.
3.  Cuando la inscripción en el registro administrativo traiga causa en acuerdos 
de la Administración, el asiento se practicará de oficio con fundamento en el acto 
administrativo correspondiente. Cuando proceda de actos del administrado deberá 
presentarse escrito firmado por el interesado o por el representante legal de la 
sociedad dentro de los quince días siguientes al de adopción de los acuerdos, 
adjuntando la documentación acreditativa fehaciente o, en su caso, la escritura 
pública en el plazo de un mes desde su inscripción en el Registro Mercantil.
4.  Las inscripciones relativas a las sanciones impuestas se cancelarán de 
oficio o a instancia del interesado.
La cancelación de oficio procederá cuando haya recaído resolución o sentencia 
firme estimatoria del recurso interpuesto contra la sanción.
El interesado tendrá derecho a solicitar de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones la cancelación de la inscripción de la sanción que le hubiera 
sido impuesta, siempre que no se haya incurrido en ninguna nueva infracción, 
dentro de los dos años siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción para el caso 
de las infracciones leves, cinco años para las graves y ocho años para las muy 
graves.
La iniciación de un expediente administrativo sancionador interrumpirá los 
plazos previstos en el párrafo anterior. Si el procedimiento concluyese con la 
imposición de una nueva sanción, las anotaciones pendientes se cancelarán cuando 
transcurra el plazo de cancelación aplicable a la misma, salvo que el que restase 
por correr de la anterior fuese superior, en cuyo caso se atenderá a la fecha de su 
vencimiento.
Producida la cancelación, la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones no podrá tomar en consideración las sanciones cuya inscripción se 
hubiera cancelado a efectos de valorar los requisitos de honorabilidad comercial y 
profesional.»
Disposición final sexta.  Salvaguardia del rango de ciertas disposiciones reglamentarias. e.e
Las modificaciones introducidas en normas reglamentarias por este real decreto- 51ww
lneoyr mpoad erná nq usee rf igmuoradnif.icadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la
Disposición final séptima.  Títulos competenciales y carácter de la legislación.
1.  Lo previsto en el Libro primero del presente real decreto-ley se dicta al amparo de la 
competencia estatal en materia de legislación básica sobre contratos y concesiones 
administrativas, establecida en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, y en consecuencia, 
es de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y organismos y entidades 
dependientes de ellas. No obstante, no tendrán carácter básico los siguientes artículos: 31.4; 
33.4; 61, apartados 9.d) y 10; 65.1 párrafo cuarto; 73, segundo párrafo del apartado 1, 
apartado 2 y apartado 4; 107.8; disposición adicional décima; disposición final segunda; y 
disposición final decimocuarta.
El citado Libro primero del presente real decreto-ley asimismo se dicta al amparo de 
la competencia estatal en materia de legislación mercantil y civil establecida en el 
artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución.
2.  El libro segundo del real decreto-ley y las disposiciones adicionales duodécima a 
decimocuarta, las disposiciones transitorias segunda, tercera y quinta y la disposición 
final quinta se dictan al amparo del artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución 
Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación mercantil, las 
bases de la ordenación de los seguros y las bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica, respectivamente, excepto los siguientes preceptos o 
apartados de este:
a)  El artículo 205 del título I, que no tendrá carácter básico, salvo en lo concerniente 
a la naturaleza y denominación de los Colegios de mediadores de seguros, la voluntariedad 
de la incorporación a estos y la existencia de su Consejo General, que tiene la 
consideración de bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas al amparo 
del artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española.
b)  El segundo párrafo del artículo 133.3; los artículos 149.4 y 5; 152.2 y 3; 157.2 y 3; 
162.3 y 5; y 165.2 del título I, y la disposición transitoria cuarta, que no tendrán carácter de 
legislación básica y solo resultan de aplicación en el ámbito de la Administración General 
del Estado.
En los supuestos en los que las Comunidades Autónomas ejerzan las competencias 
en materia de distribución de seguros y reaseguros privados a que se refiere el artículo 
132.2 del título I, las referencias que se hacen a los órganos de la Administración 
General del Estado se entenderán hechas al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma.
c)  El título II del Libro segundo, la disposición adicional decimoquinta y la disposición 
transitoria sexta del real decreto-ley, se dictan al amparo del artículo 149.1. 11.ª y 13.ª de 
la Constitución Española, salvo el apartado veintiocho del artículo 212 del título II que se 
dicta al amparo del artículo 149.1.6ª de la Constitución que atribuye al Estado la legislación 
mercantil.
d)  La disposición adicional undécima y las disposiciones finales tercera y cuarta del real 
decreto-ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución 
Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la Hacienda general.
3.  Lo previsto en el Libro tercero de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado las 
competencias en materia de Hacienda general.
Disposición final octava.  Comunidad Foral de Navarra. s
En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de lo  w.b
dispuesto en este real decreto-ley se llevará a cabo sin perjuicio de lo dispuesto en la  51ww
LFeoyra Ol drgeá Nnaicvaa r1r3a/.1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen
Disposición final novena.  Comunidad Autónoma del País Vasco.
En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco 
de lo dispuesto en este real decreto-ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico Vasco de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Disposición final décima.  Legislación supletoria.
En lo no previsto en el libro segundo de este real decreto-ley, se aplicará con carácter 
supletorio la Ley 20/2015, de 14 de julio.
Disposición final undécima.  Incorporación del Derecho de la Unión Europea.
1.  Mediante el presente real decreto-ley se incorpora al ordenamiento jurídico la 
Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 
2004/17/CE, cuando se celebren por entidades contratantes; así como la Directiva 
2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa 
a la adjudicación de contratos de concesión, cuando estos se celebren por entidades 
contratantes y se refieran a una o más de las actividades recogidas en los artículos 9 
a 14 de este real decreto-ley.
2.  Mediante este real decreto-ley se incorpora al Derecho español la Directiva 
(UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la 
distribución de seguros y se transponen parcialmente la Directiva (UE) 2016/2341 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las 
actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo y la Directiva (UE) 
2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se 
modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo 
plazo de los accionistas.
3.  Se entenderán realizadas a la citada Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, las referencias contenidas en las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la derogada Directiva 2003/41/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y 
supervisión de los fondos de pensiones de empleo.
4.  Las disposiciones incluidas en el Libro segundo de este real decreto-ley que hacen 
referencia a los Estados miembros de la Unión Europea, a los distribuidores de seguros y 
reaseguros en ellos domiciliados o a la actividad en ellos de los distribuidores de seguros 
y reaseguros españoles serán también aplicables a los Estados parte del Acuerdo del 
Espacio Económico Europeo que no son miembros de la Unión Europea, a los 
distribuidores de seguros y reaseguros en ellos domiciliados y a la actividad de los 
distribuidores de seguros y reaseguros españoles en esos Estados.
5.  Mediante este real decreto-ley se incorporan al Derecho español la Directiva (UE) 
2018/1910 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE en lo que se refiere a la armonización y la simplificación de determinadas 
normas del régimen del impuesto sobre el valor añadido en la imposición de los 
intercambios entre los Estados miembros, y la Directiva (UE) 2019/475 del Consejo, de 18 
de febrero de 2019, por la que se modifican las Directivas 2006/112/CE y 2008/118/CE en 
lo que respecta a la inclusión del municipio italiano de Campione d’Italia y las aguas  e.
italianas del Lago de Lugano en el territorio aduanero de la Unión y en el ámbito de  w.b
aplicación territorial de la Directiva 2008/118/CE. 51ww
(UE6) .2 01M7e/1d8ia5n2t ed eels Cteo nresaelj od edcer e1t0o -dleey o scetu binrceo drpeo 2ra0 1a7l,  Dreelraeticvhao a e lsopsa mñoelc laan iDsmireocst idvea 
rdees oplruoccieódni mdeie lnittigoiso sa mfisisctaolesos se yn  rlae fUornzióann dEou lrao pseeag,u arirdmaodn jiuzraídnidcoa .así el marco de resolución
Disposición final duodécima.  Actualización de plazos y otras modificaciones derivadas de 
los anexos de directivas comunitarias.
Se autoriza al Ministro de Hacienda para que pueda modificar, previo informe de la 
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, las previsiones que en el presente 
real decreto-ley contiene en materia de plazos para su adaptación a los que establezca la 
Unión Europea.
Asimismo, se autoriza al Ministro de Hacienda a incorporar al real decreto-ley las 
oportunas modificaciones derivadas de los anexos de las directivas comunitarias que 
regulan la contratación pública.
Disposición final decimotercera.  Modelos de notificación de adjudicación de contratos.
Se autoriza al Ministro de Hacienda, previo informe de la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado, oídas las Comunidades Autónomas, para establecer los 
modelos de notificación de la adjudicación de contratos al Registro de Contratos del Sector 
Público a que se refiere el artículo 125, así como a la modificación de los plazos que a tal 
fin se establecen.
Disposición final decimocuarta.  Habilitación normativa.
1.  Se habilita al Gobierno, a la persona titular del Ministerio de Hacienda y del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el ámbito de sus 
competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
aplicación de lo establecido en este real decreto-ley.
2.  En concreto, queda facultada la persona titular del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, a propuesta del Director General de Seguros y 
Fondos de Pensiones y previa audiencia de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de 
Pensiones para llevar a cabo las modificaciones que resulten necesarias en la regulación 
de los libros-registro y en los modelos de información estadístico-contable anual, al objeto 
de adaptar el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la 
Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de 
información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional.
Disposición final decimoquinta.  Cumplimiento de los requisitos mínimos en materia de 
competencia y conocimientos profesionales por parte de los empleados de entidades 
aseguradoras que participan en la distribución de seguros.
El artículo 139.2 del título I del Libro segundo del real decreto-ley entrará en vigor 
cuando se apruebe la normativa que la desarrolle en materia de formación. En tanto no se 
apruebe dicha normativa de desarrollo, las entidades aseguradoras y reaseguradoras, se 
asegurarán de que los empleados que participen directamente en actividades de 
distribución, así como la persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, 
al menos la mitad de las personas que formen parte del órgano de dirección responsable 
de la actividad de distribución, cumplen con los requisitos mínimos en materia de 
competencia y conocimientos profesionales establecidos en el anexo XII de este real 
decreto-ley.
Disposición final decimosexta.  Entrada en vigor.
1.  El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación  b
en el «Boletín Oficial del Estado». 51ww
segu2n. daN, ote orcbesrtaa,n cteu alort aa, nqteuirniotar,,  esle lxibtar,o  spérpimtimerao, , olcatsa vdais, pnoosviecinoan,e dsé acidmicaio, ndaelceism opsriemxetara y, 
ddeecroimgaotsoérpiati múnai;c laa,  deinsptroasráicnió enn t rvaingsoirto ari alo psr ivmeeinrate y d eíal sa pdaer tsaud op upbrilmicearcoió dne  elan  deils «pBosoilceiótínn 
Oficial del Estado», a excepción del artículo 126, que lo hará al día siguiente de la referida
publicación y del artículo 72.2 que lo hará al mismo tiempo que la disposición reglamentaria 
a la que se refiere el mismo.
3.  Los apartados dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve del artículo 214; 
los apartados dos, tres, cuatro y cinco del artículo 216 y la disposición transitoria séptima, 
entrarán en vigor el 1 de marzo de 2020.
Dado en Madrid, el 4 de febrero de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO I
Servicios a que se refieren los artículos 1.1.a) y 76.1
Código CPV Descripción
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servicios de suministro 
de personal doméstico] 79624000-4 [Servicios de suministro de personal de enfermería] y 
79625000-1 [Servicios de suministro de personal médico] de 85000000-9 a 85323000-9; 
98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 y; 98500000-8 [Casas particulares con personas  Servicios sociales y de salud y 
empleadas] y 98513000-2 a 98514000-9 [Servicios de mano de obra para hogares,  servicios conexos.
Servicios de personal de agencia para hogares, Servicios de personal de oficina para 
hogares, Personal interino para hogares, Servicios de ayuda en tareas domésticas y 
Servicios domésticos].
85321000-5 y 85322000-2, 75000000-6 [Servicios de administración pública, defensa y 
servicios de seguridad social], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 79995000-5 a 
79995200-7; de 80000000-4 Servicios educativos y de formación a 80660000-8; de 
92000000-1 a 92342200-2; de 92360000-2 a 92700000-8; 79950000-8 [Servicios de  Servicios administrativos 
organización de exposiciones, ferias y congresos], 79951000-5 [Servicio de organización  sociales, educativos, sanitarios y 
de seminarios], 79952000-2 [Servicios de eventos], 79952100-3 [Servicios de organización  culturales.
de eventos culturales], 79953000-9 [Servicios de organización de festivales], 79954000-6 
[Servicios de organización de fiestas], 79955000-3 [Servicios de organización de desfiles 
de modas], 79956000-0 [Servicios de organización de ferias y exposiciones].
Servicios de seguridad social de 
75300000-9.
afiliación obligatoria.
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000- Servicios de prestaciones 
5, 75330000-8, 75340000-1. sociales.
Otros servicios comunitarios, 
sociales y personales, incluidos 
los servicios prestados por 
98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 y 98130000-3. sindicatos, organizaciones 
políticas, asociaciones juveniles y 
otros servicios de organizaciones 
asociativas.
98131000-0. Servicios religiosos
55100000-1 a 55410000-7 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servicios de suministro 
de comidas para hogares, 55521100-9 Servicios de entrega de comidas a domicilio, 
55521200-0 Servicios de entrega de comidas] 55510000-8 [Servicios de cantina], 
55511000-5 [Servicios de cantina y otros servicios de cafetería para clientela restringida], 
Servicios de hostelería y 
55512000-2 [Servicios de gestión de cantina], 55523100-3 [Servicios de comidas para 
restaurante.
escuelas] 55520000-1 [Servicios de suministro de comidas desde el exterior], 55522000-5 
[Servicios de suministro de comidas para empresas de transporte], 55523000-2 [Servicios 
de suministro de comidas para otras empresas e instituciones], 55524000-9 [Servicios de 
suministro de comidas para escuelas].
Servicios jurídicos, en la medida 
79100000-5 a 79140000-7 75231100-5. en que no estén excluidos en 
virtud del artículo 20, letra c).
Otros servicios administrativos y  s
75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4. 75125000-8 a 75131000-3. servicios gubernamentales. oe.e
75200000-8 a 75231000-4. Prestación de servicios para la  51ww
comunidad.
Código CPV Descripción
Servicios relacionados con las 
prisiones, servicios de seguridad 
pública y servicios de salvamento 
75231210-9 a 75231230-5; 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9.
en la medida en que no estén 
excluidos en virtud del artículo 
20.h).
79700000-1 a 79721000-4 [Servicios de investigación y seguridad, Servicios de seguridad, 
Servicios de vigilancia de sistemas de alarma, Servicios de vigilancia, Servicios 
relacionados con el sistema de localización, Servicios de búsqueda de prófugos, Servicios  Servicios de investigación y 
de patrullas, Servicios de expedición de distintivos de identificación, Servicios de  seguridad.
investigación y Servicios de agencia de detectives] 79722000-1[Servicios de grafología], 
79723000-8 [Servicios de análisis de residuos].
98900000-2 [Servicios prestados por organizaciones y entidades extraterritoriales] y 
Servicios internacionales.
98910000-5 [Servicios específicos de organizaciones y entidades extraterritoriales].
64000000-6 [Servicios de correos y telecomunicaciones], 64100000-7 [Servicios postales 
y de correo rápido], 64110000-0 [Servicios postales], 64111000-7 [Servicios postales 
relacionados con periódicos y revistas], 64112000-4 [Servicios postales relacionados con 
Servicios de correos.
cartas], 64113000-1 [Servicios postales relacionados con paquetes], 64114000-8 
[Servicios de ventanilla de correos], 64115000-5 [Alquiler de apartados de correos], 
64116000-2 [Servicios de lista de correos], 64122000-7 [Servicios de correo interno].
50116510-9 [Servicios de recauchutado de neumáticos], 71550000-8 [Servicios de 
Servicios diversos.
herrería].
ANEXO II
Actividades a que se refiere el artículo 2.b) relativo al contrato de obras
En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y NACE, se aplicará la nomenclatura 
CPV.
NACE Rev. 2 (1)
Sección F Construcción Código CPV
División Grupo Clase Descripción Observaciones
Esta división comprende:
45 Construcción. las construcciones nuevas, obras de restauración y reparaciones  45000000
corrientes.
45.1 Preparación de obras. 45100000
Esta clase comprende:
– la demolición y el derribo de edificios y otras estructuras
– la limpieza de escombros
– los trabajos de movimiento de tierras: excavación, rellenado y 
nivelación de emplazamientos de obras, excavación de zanjas, 
45.11 Dmeomviomliiceinótno sd ed ein tmieurreabsl.es;  d–e lsap perjee pdaer arocicóans ,d veo elaxdpuloratasc, ioentce.s mineras: 45110000 e.es
– obras subterráneas, despeje de montera y otras actividades de  b
preparación de minas. 51ww
E– setal  dcrlaesnea jceo dmep eremnpdlaez taammibeinétno:s de obras
– el drenaje de terrenos agrícolas y forestales.
NACE Rev. 2 (1)
Sección F Construcción Código CPV
División Grupo Clase Descripción Observaciones
Esta clase comprende:
– las perforaciones, sondeos y muestreos con fines de 
construcción, geofísicos, geológicos u otros.
Esta clase no comprende:
45.12 Perforaciones y sondeos. – la perforación de pozos de producción de petróleo y gas natural  45120000
(véase 11.20)
– la perforación de pozos hidráulicos (véase 45.25)
– la excavación de pozos de minas (véase 45.25)
– la prospección de yacimientos de petróleo y gas natural y los 
estudios geofísicos, geológicos o sísmicos (véase 74.20).
Construcción general de inmuebles y 
45.2 obras de ingeniería civil Ingeniería  45200000
civil.
Esta clase comprende:
– la construcción de todo tipo de edificios, la construcción de obras 
de ingeniería civil:
– puentes (incluidos los de carreteras elevadas), viaductos, túneles 
y pasos subterráneos;
– redes de energía, comunicación y conducción de larga distancia;
– instalaciones urbanas de tuberías, redes de energía y de 
comunicaciones;
– obras urbanas anejas;
– el montaje in situ de construcciones prefabricadas. 45210000
Esta clase no comprende: Excepto:
Construcción general de edificios y 
45.21 obras singulares de ingeniería civil  – los servicios relacionados con la extracción de gas y de petróleo  45213316
(puentes, túneles, etc.). (véase 11.20); 45220000
– el montaje de construcciones prefabricadas completas a partir de  45231000
piezas de producción propia que no sean de hormigón (véanse las  45232000
divisiones 20, 26 y 28);
– la construcción de equipamientos de estadios, piscinas, 
gimnasios, pistas de tenis, campos de golf y otras instalaciones 
deportivas, excluidos sus edificios (véase 45.23);
– las instalaciones de edificios y obras (véase 45.3);
– el acabado de edificios y obras (véase 45.4);
– las actividades de ingeniería, consultoría y arquitectura.
(véase 74.20);
– la dirección de obras de construcción (véase 74.20).
Esta clase comprende:
Construcción de cubiertas y  – la construcción de tejados,
45.22 45261000
estructuras de cerramiento. – la cubierta de tejados,
– la impermeabilización de edificios y balcones.
NACE Rev. 2 (1)
Sección F Construcción Código CPV
División Grupo Clase Descripción Observaciones
Esta clase comprende:
– la construcción de autopistas, calles, carreteras y otras vías de 
circulación de vehículos y peatones, 45212212 y 
– la construcción de vías férreas, DA03
Construcción de autopistas,  – la construcción de pistas de aterrizaje, 45230000
45.23 carreteras, campos de aterrizaje,  – la construcción de equipamientos de estadios, piscinas,  Excepto:
vías férreas y centros deportivos. gimnasios, pistas de tenis, campos de golf y otras instalaciones  45231000
deportivas, excluidos sus edificios, 45232000
– la pintura de señales en carreteras y aparcamientos. 45234115
Esta clase no comprende:
– el movimiento de tierras previo (véase 45.11).
Esta clase comprende:
– la construcción de:
– vías navegables, instalaciones portuarias y fluviales, puertos 
45.24 Obras hidráulicas. deportivos, esclusas, etc., 45240000
– presas y diques,
– dragados,
– obras subterráneas.
Esta clase comprende:
– las actividades de construcción que se especialicen en un 
aspecto común a diferentes tipos de estructura y que requieran 
aptitudes o materiales específicos,
– obras de cimentación, incluida la hinca de pilotes,
– construcción y perforación de pozos hidráulicos, excavación de 
pozos de minas,
Otros trabajos de construcción  – montaje de piezas de acero que no sean de producción propia, 45250000
45.25
especializados. – curvado del acero, 45262000
– colocación de ladrillos y piedra,
– montaje y desmantelamiento de andamios y plataformas de 
trabajo, incluido su alquiler,
– montaje de chimeneas y hornos industriales.
Esta clase no comprende:
– el alquiler de andamios sin montaje ni desmantelamiento (véase 
71.32).
45.3 Instalación de edificios y obras. 45300000
Esta clase comprende:
– la instalación en edificios y otras obras de construcción de:
– cables y material eléctrico,
45213316
– sistemas de telecomunicación,
45310000
45.31 Instalación eléctrica. – instalaciones de calefacción eléctrica,
Excepto:
– antenas de viviendas,
– alarmas contra incendios, 45316000
– sistemas de alarma de protección contra robos, es
– ascensores y escaleras mecánicas, o
– pararrayos, etc. w.
NACE Rev. 2 (1)
Sección F Construcción Código CPV
División Grupo Clase Descripción Observaciones
Esta clase comprende:
– la instalación en edificios y otras obras de construcción de 
45.32 Trabajos de aislamiento. aislamiento térmico, acústico o antivibratorio. 45320000
Esta clase no comprende:
– la impermeabilización de edificios y balcones (véase 45.22).
Esta clase comprende:
– la instalación en edificios y otras obras de construcción de:
– fontanería y sanitarios,
– aparatos de gas,
– aparatos y conducciones de calefacción, ventilación, 
45.33 Fontanería. 45330000
refrigeración o aire acondicionado,
– la instalación de extintores automáticos de incendios.
Esta clase no comprende:
– la instalación y reparación de instalaciones de calefacción 
eléctrica (véase 45.31).
Esta clase comprende:
– la instalación de sistemas de iluminación y señalización de  45234115
Otras instalaciones de edificios y 
45.34 carreteras, puertos y aeropuertos, 45316000
obras.
– la instalación en edificios y otras obras de construcción de  45340000
aparatos y dispositivos no clasificados en otra parte.
45.4 Acabado de edificios y obras. 45400000
Esta clase comprende:
– la aplicación, en edificios y otras obras de construcción, de yeso 
45.41 Revocamiento. 45410000
y estuco interior y exterior, incluidos los materiales de listado 
correspondientes.
Esta clase comprende:
– la instalación de puertas, ventanas y marcos, cocinas equipadas, 
escaleras, mobiliario de trabajo y similares de madera u otros 
materiales, que no sean de producción propia,
45.42 Instalaciones de carpintería. – acabados interiores, como techos, revestimientos de madera  45420000
para paredes, tabiques móviles, etc.
Esta clase no comprende:
– los revestimientos de parqué y otras maderas para suelos (véase 
45.43).
Esta clase comprende:
– la colocación en edificios y otras obras de construcción de:
– revestimientos de cerámica, hormigón o piedra tallada para 
paredes y suelos,
– revestimientos de parqué y otras maderas para suelos y 
45.43 Revestimiento de suelos y paredes. 45430000
revestimientos de moqueta y linóleo para suelos,
– incluidos el caucho o los materiales plásticos, e
– revestimientos de terrazo, mármol, granito o pizarra para  o
paredes y suelos, w.
– papeles pintados. 2020-1651n https://ww
NACE Rev. 2 (1)
Sección F Construcción Código CPV
División Grupo Clase Descripción Observaciones
Esta clase comprende:
– la pintura interior y exterior de edificios,
– la pintura de obras de ingeniería civil,
45.44 Pintura y acristalamiento. 45440000
– la instalación de cristales, espejos, etc.
Esta clase no comprende:
– la instalación de ventanas (véase 45.42).
Esta clase comprende:
– la instalación de piscinas particulares,
– la limpieza al vapor, con chorro de arena o similares, del exterior  45212212 y 
45.45 Otros acabados de edificios y obras. de los edificios, DA04
– otras obras de acabado de edificios no citadas en otra parte. 45450000
Esta clase no comprende:
– la limpieza interior de edificios y obras (véase 74.70).
Alquiler de equipo de construcción o 
45.5 45500000
demolición dotado de operario.
Esta clase no comprende:
Alquiler de equipo de construcción o 
45.50 – el alquiler de equipo y maquinaria de construcción o demolición  45500000
demolición dotado de operario.
desprovisto de operario (véase 71.32).
(1) Reglamento (CEE) n.° 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, 
que establece la clasificación europea de actividades económicas.
ANEXO III
Información que debe figurar en los anuncios sobre la existencia de un sistema de 
clasificación
Sección A.  Anuncios sobre la existencia de un sistema de clasificación, excepto en el 
caso previsto en la sección B
1.  Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso 
de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2.  Principal actividad ejercida.
3.  Si procede, indicación de si el contrato está reservado para talleres protegidos, o 
si su ejecución está reservada para programas de empleo protegidos.
4.  Objeto del sistema de clasificación (descripción de los productos, servicios u obras 
o categorías de los mismos que deban contratarse a través del sistema-códigos CPV). 
Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos de 
obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución, en los contratos de 
suministro y de servicios.
5.  Condiciones que deberán cumplir los empresarios con vistas a su clasificación con  s
arreglo al sistema y métodos de verificación de las mismas. Cuando la descripción de  e.
estas condiciones y de los métodos de verificación sea voluminosa y se base en  w.
documentos que estén a disposición de los empresarios interesados, bastará un resumen  51ww
de la6s.  coPnedríicoidoon edse  yv alolisd emzé dtoedl ossis mteámsa i mdep ocrlatasniftiecsa cyi óunn ay  rtreáfemrietensc ipaa ar ad iscuh oresn doovcaucmióenn.tos.
7.  Mención de que el anuncio sirve de convocatoria de licitación.
8.  Dirección en la que se puede obtener información adicional y la documentación 
relativa al sistema de clasificación (cuando dicha dirección sea diferente de las indicadas 
en el punto 1).
9.  Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de reclamación 
y, en su caso, de arbitraje. Información precisa acerca del plazo de presentación de 
reclamaciones o, en caso necesario, el nombre, la dirección, los números de teléfono y de 
fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
10.  Si se conocen, los criterios contemplados en el artículo 66 que se utilizarán para 
la adjudicación del contrato. Excepto en el supuesto en que la oferta económicamente más 
ventajosa se determine sobre el precio exclusivamente, se mencionarán asimismo los 
criterios que determinen la oferta económicamente más ventajosa, así como su 
ponderación, o, en su caso, el orden de importancia de los mismos, cuando no figuren en 
el pliego de condiciones ni vayan a aparecer en la invitación a licitar o a negociar.
11.  Si procede, indicación de si:
a)  Se exigirá o aceptará la presentación electrónica de ofertas o solicitudes de 
participación;
b)  se utilizarán pedidos electrónicos;
c)  se utilizará facturación electrónica;
d)  se aceptará el pago electrónico.
12.  Si procede, otras informaciones.
Sección B.  Anuncios sobre la existencia de un sistema de clasificación en relación con 
contratos de servicios del anexo I
1.  Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, y dirección 
electrónica y de internet de la entidad contratante.
2.  Breve descripción del contrato de que se trate, incluidos los códigos CPV.
3.  En la medida en que ya se conozcan:
a)  Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de las obras, 
o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución, en el caso de los suministros 
y los servicios;
b)  calendario de entrega o prestación de suministros, obras o servicios y duración del 
contrato;
c)  condiciones de participación, en concreto:
– Cuando proceda, indicación de si el contrato está restringido a talleres protegidos o 
si se prevé que sea ejecutado únicamente en el marco de programas de empleo protegido;
– cuando proceda, indicación de si, con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias 
o administrativas, se reserva la prestación del servicio a una determinada profesión;
d)  breve descripción de las características principales del procedimiento de 
adjudicación que se va a aplicar.
4.  Mención de que los operadores económicos interesados deberán comunicar a la 
entidad contratante su interés por el contrato o contratos y fecha límite de recepción de las 
manifestaciones de interés y dirección a la que deberán enviarse las manifestaciones de 
interés. es
5.  Período de validez del sistema de clasificación y trámites para su renovación. bo
ANEXO IV
Requisitos relativos a las herramientas y a los dispositivos de recepción electrónica 
de las ofertas, de las solicitudes de participación, de las solicitudes de clasificación 
o de los planos y proyectos en los concursos.
Las herramientas y los dispositivos de recepción electrónica de las ofertas, de las 
solicitudes de participación, de las solicitudes de clasificación y de los planos y proyectos 
en los concursos deberán garantizar como mínimo, por los medios técnicos y 
procedimientos adecuados, que:
a)  Pueda determinarse con precisión la hora y la fecha exactas de la recepción de las 
ofertas, de las solicitudes de participación, de las solicitudes de clasificación y del envío de 
los planos y proyectos;
b)  pueda garantizarse razonablemente que nadie tenga acceso a los datos 
transmitidos a tenor de los presentes requisitos antes de que finalicen los plazos 
especificados;
c)  únicamente las personas autorizadas pueden fijar o modificar las fechas de 
apertura de los datos recibidos;
d)  en las diferentes fases del proceso de clasificación, del procedimiento de 
contratación o del concurso, solo las personas autorizadas puedan tener acceso a la 
totalidad o a parte de los datos presentados;
e)  solo las personas autorizadas puedan dar acceso a los datos transmitidos y solo 
después de la fecha especificada;
f)  los datos recibidos y abiertos en aplicación de los presentes requisitos solo sean 
accesibles a las personas autorizadas a tener conocimiento de los mismos;
g)  en caso de que se infrinjan o se intenten infringir las prohibiciones o condiciones 
de acceso a que se refieren las letras b) a f), pueda garantizarse razonablemente que las 
infracciones o tentativas sean claramente detectables.
ANEXO V
Contenido de las invitaciones a presentar una oferta, a participar en el diálogo o a 
negociar previstas en el artículo 63
La invitación a presentar una oferta, a participar en el diálogo o a negociar, previstas 
en el artículo 63, deberá incluir al menos:
a)  La fecha límite para la presentación de ofertas, la dirección a que deban enviarse 
y la lengua o lenguas en que deban estar redactadas.
Sin embargo, en el caso de los contratos adjudicados a través de un diálogo 
competitivo o una asociación para la innovación, esta información no figurará en la 
invitación a negociar, sino que se indicará en la invitación a presentar una oferta.
b)  En el caso del diálogo competitivo, la fecha y la dirección fijadas para el inicio de 
la consulta y la lengua o las lenguas que vayan a utilizarse.
c)  Una referencia a cualquier anuncio de licitación publicado.
d)  La indicación de los documentos que hayan de adjuntarse, si procede.
e)  Los criterios de adjudicación del contrato, cuando no figuren en el anuncio sobre 
la existencia de un sistema de clasificación que se utilice como medio de convocatoria de 
licitación. e.e
f)  La ponderación relativa de los criterios de adjudicación del contrato, o bien el  w.b
orden de importancia de dichos criterios, en caso de que esta información no figure en el  51ww
apnlieugnoc iod ed eco cnodnicvioocnaetso.ria, el anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación o el
ANEXO VI
Información que debe figurar en los anuncios periódicos indicativos y en los 
anuncios de publicación en el perfil de contratante
Sección A.  Anuncios periódicos indicativos de los contratos de obras, suministro y 
servicios
I.  Información que debe figurar en todos los casos
1.  Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso 
de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2.  Principal actividad ejercida.
3.  Adicionalmente:
a)  Para los contratos de suministros: naturaleza y cantidad o valor de las prestaciones 
o de los productos que se deben suministrar (códigos CPV).
b)  Para los contratos de obras: naturaleza y amplitud de las prestaciones, 
características generales de la obra o de los lotes relacionados con la obra (códigos CPV).
c)  Para los contratos de servicios: volumen previsto de contratación en cada una de 
las categorías de servicios (códigos CPV).
4.  Fecha de envío del anuncio o de envío del anuncio relativo a la publicación del 
presente anuncio en el perfil de contratante.
5.  Si procede, otras informaciones.
II.  Información adicional que debe facilitarse si el anuncio permite una reducción 
de los plazos de presentación de las ofertas
6.  Mención de que los empresarios interesados deberán comunicar a la entidad 
contratante su interés por el contrato o contratos.
7.  Dirección electrónica o de internet en la que estarán disponibles los pliegos de 
condiciones para un acceso libre, directo, completo y gratuito.
Cuando no se disponga de un acceso libre, directo, completo y gratuito por los motivos 
contemplados en el artículo 43.2, una indicación sobre el modo de acceso a los pliegos de 
condiciones.
8.  Si procede, indicación de si el contrato está reservado para talleres protegidos, o 
si su ejecución está reservada para programas de empleo protegidos.
9.  Fecha límite de presentación de las solicitudes que tengan por objeto obtener una 
invitación a presentar ofertas o a negociar.
10.  Características y cantidad de los productos solicitados o características generales 
de la obra o categoría del servicio y su descripción, precisando si se prevé uno o varios 
acuerdos marco. Indicación de las opciones para licitaciones complementarias y el plazo 
estimado previsto para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. 
En el caso de una serie de contratos renovables, deberá precisarse también el calendario 
provisional de las convocatorias de licitación posteriores. Indicación de si se trata de compra, 
arrendamiento financiero, alquiler, o compra a plazos, o de una combinación de los mismos.
11.  Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de las obras, o 
código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución, en el caso de los suministros y  e.e
los servicios; si el contrato está dividido en lotes, esta información se facilitará para cada lote. b
12.  Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato de servicios y, en la medida  51ww
de lo1 3p.o siDbilree, claci ófenc ah ala d qeu ien ilcaios .empresas interesadas deberán enviar su manifestación de
inter1é4s.  poFre ecshcar itlíom.ite de recepción de manifestaciones de interés.
15.  Lengua o lenguas autorizadas para la presentación de candidaturas o de ofertas.
16.  Condiciones de carácter económico y técnico, y garantías financieras y técnicas 
exigidas a los proveedores.
17.  Adicionalmente:
a)  Fecha estimada, si se conoce, del inicio de los procedimientos de contratación.
b)  Tipo de procedimiento de contratación (procedimientos restringidos, conlleven o 
no un sistema dinámico de adquisición, o procedimientos negociados).
18.  Si procede, condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del 
contrato.
19.  Si procede, indicación de si:
a)  Se exigirá o aceptará la presentación electrónica de ofertas o solicitudes de 
participación;
b)  se utilizarán pedidos electrónicos;
c)  se utilizará facturación electrónica;
d)  se aceptará el pago electrónico.
20.  Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de 
reclamación y, en su caso, de arbitraje. Indicación del plazo de presentación de 
reclamaciones, o, en caso necesario, el nombre, la dirección, los números de teléfono y de 
fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
21.  Si se conocen, los criterios contemplados en el artículo 66 que se utilizarán para 
la adjudicación del contrato. Excepto en el supuesto en que la oferta económicamente más 
ventajosa se determine sobre el precio exclusivamente, se mencionarán asimismo los 
criterios que determinen la oferta económicamente más ventajosa, así como su 
ponderación, o, en su caso, el orden de importancia de los mismos, cuando no figuren en 
el pliego de condiciones, o en la invitación a licitar o a negociar.
Sección B.  Anuncios de publicación en un perfil de contratante de un anuncio periódico 
indicativo
1.  Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso 
de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2.  Principal actividad ejercida.
3.  Códigos CPV.
4.  Dirección de internet del perfil de contratante.
5.  Fecha de envío del anuncio relativo a la publicación de un anuncio periódico 
indicativo en el perfil de contratante.
Sección C.  Anuncios periódicos indicativos relativos a contratos de servicios del anexo I
1.  Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, y dirección 
electrónica y de internet de la entidad contratante.
2.  Breve descripción del contrato de que se trate, incluidos los códigos CPV.
3.  En la medida en que ya se conozcan:
a)  Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de las obras, 
o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución, en el caso de los suministros  e.e
y los servicios; b
b)  Calendario de entrega o prestación de suministros, obras o servicios y duración  51ww
del cco) ntrCaoton;diciones de participación, en concreto:
1.º  Cuando proceda, indicación de si el contrato está restringido a talleres protegidos
o si se prevé que sea ejecutado únicamente en el marco de programas de empleo protegido.
2.º  Cuando proceda, indicación de si, con arreglo a disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas, se reserva la prestación del servicio a una determinada 
profesión.
d)  Breve descripción de las características principales del procedimiento de 
adjudicación que se va a aplicar.
4.  Mención de que los empresarios interesados deberán comunicar a la entidad 
contratante su interés por el contrato o contratos y fecha límite de recepción de las 
manifestaciones de interés y dirección a la que deberán enviarse las manifestaciones de 
interés.
Sección D.  Información que debe figurar en los anuncios periódicos indicativos de los 
contratos de concesión de servicios del anexo I
1.  Nombre, número de identificación, dirección (incluido el código NUTS), número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso 
de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2.  Si procede, dirección electrónica o de internet donde estarán disponibles las 
especificaciones y posibles documentos adicionales.
3.  Tipo de entidad contratante y principal actividad desarrollada.
4.  Códigos CPV; cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se 
facilitará para cada lote.
5.  Código NUTS del emplazamiento principal de realización o prestación de las 
concesiones de servicios.
6.  Descripción de los servicios, orden indicativo de magnitud o valor.
7.  Condiciones de participación.
8.  Si procede, plazo(s) para ponerse en contacto con la entidad contratante, con 
vistas a participar.
9.  Si procede, descripción breve de las principales características del procedimiento 
de adjudicación.
10.  Si procede, otras informaciones.
ANEXO VII
Información que debe figurar en los anuncios de licitación
Sección 1.  Anuncios de licitación cuando no proceda la aplicación de las secciones 2 o 3
A.  Procedimientos abiertos
1.  Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso 
de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2.  Principal actividad ejercida.
3.  Si procede, indicación de si el contrato está reservado para talleres protegidos, o 
si su ejecución está reservada para programas de empleo protegidos.
4.  Naturaleza del contrato (suministros, obras o servicios; indíquese, en su caso, si 
se trata de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de adquisición), descripción 
(códigos CPV). Deberá indicarse, cuando corresponda, si la oferta se refiere a compra,  es
arrendamiento financiero, alquiler, o compra a plazos, o a una combinación de los mismos. bo
5.  Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos  51ww
dsuem o6ibn.r iasstPr,o ao ry ac d ósedu imsgeoinr vNisicUtrioTosSs.  yd eolb lruagsa:r principal de entrega o de ejecución, en los contratos de  OE-A-2020-16able en https://
a)  Características y cantidad de los productos solicitados (códigos CPV). Indicación  Bc
de las opciones para contrataciones complementarias y, cuando sea posible, del plazo
estimado previsto para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. 
En el caso de una serie de contratos renovables también se precisará, de ser posible, el 
calendario provisional de las convocatorias de licitación posteriores para los productos que 
se vayan a contratar o la naturaleza y el alcance de las prestaciones, y las características 
generales de la obra (códigos CPV).
b)  Indicación de si los proveedores pueden licitar por parte de los productos 
solicitados o por su totalidad.
En caso de que, para los contratos de obras, la obra o el contrato esté dividido en 
varios lotes, magnitud de los distintos lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o 
todos ellos.
c)  Para los contratos de obras: indicaciones sobre el objetivo de la obra o del 
contrato, cuando en este último se incluya también la elaboración de proyectos.
7.  Para servicios:
a)  Características y cantidad de los productos solicitados. Indicación de las opciones 
para contrataciones complementarias y, cuando sea posible, del plazo estimado previsto 
para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. En el caso de 
una serie de contratos renovables también se precisará, de ser posible, el calendario 
provisional de las convocatorias de licitación posteriores para los servicios que se vayan a 
prestar.
b)  Posibilidad de que, con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas, se reserve la ejecución del servicio a una determinada profesión.
c)  Referencia a dicha norma legal, reglamentaria o administrativa.
d)  Indicación de si las personas jurídicas deben mencionar los nombres y la 
cualificación profesional del personal responsable de la ejecución del servicio.
e)  Indicación de si los prestadores de servicios pueden licitar por una parte de los 
servicios.
8.  Si se sabe, indicación de si está autorizada o no la presentación de variantes.
9.  Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato de servicios y, en la medida 
de lo posible, la fecha de inicio.
10.  Dirección electrónica o de internet en la que estarán disponibles los pliegos de 
condiciones para un acceso libre, directo, completo y gratuito.
Cuando no se disponga de un acceso libre, directo, completo y gratuito por los motivos 
contemplados en el artículo 43, una indicación sobre el modo de acceso a los pliegos de 
condiciones.
11.  Adicionalmente:
a)  Fecha límite de presentación de las ofertas o de las ofertas indicativas cuando se 
trate de la aplicación de un sistema dinámico de adquisición.
b)  Dirección a la que deben transmitirse.
c)  Lengua o lenguas en que deben redactarse.
12.  Asimismo:
a)  Si procede, personas admitidas a asistir a la apertura de las plicas.
b)  Fecha, hora y lugar de dicha apertura.
13.  En su caso, depósitos y garantías exigidos. es
14.  Modalidades básicas de financiación y de pago o referencias a las disposiciones  o
paedrjut11idn65iec..n  atteaCEsroni.an  sdduiec lic ocanosenost,r  mafotíornm.imaa jsu rdíed iccaar áqcutee rd eecboenróám aicdoo pyt taérc lnaic aog aru lapsa cqiuóen  ddeeb eermá parjeussatarrioses   2020-1651n https://www.
el empresario adjudicatario del contrato.
17.  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta.
18.  Si procede, condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del 
contrato.
19.  Criterios previstos en el artículo 66 que se utilizarán para la adjudicación del 
contrato.  Excepto en el supuesto en que la oferta económicamente más ventajosa se 
determine sobre el precio exclusivamente, se mencionarán asimismo los criterios que 
determinen la oferta económicamente más ventajosa, así como su ponderación, o, en su 
caso, el orden de importancia de los mismos, cuando no figuren en el pliego de condiciones.
20.  Si procede, fecha o fecha y referencia o referencias de la publicación en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea» del anuncio periódico indicativo o del anuncio de la 
publicación de este anuncio en el perfil de contratante al que se refiere el contrato.
21.  Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de 
reclamación y, en su caso, de arbitraje. Información precisa acerca del plazo de 
presentación de reclamaciones, o, en caso necesario, el nombre, la dirección, los números 
de teléfono y de fax y la dirección electrónica del departamento del que pueda obtenerse 
dicha información.
22.  Fecha de envío del anuncio por la entidad contratante.
23.  Si procede, otras informaciones.
B.  Procedimientos restringidos
1.  Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso 
de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2.  Principal actividad ejercida.
3.  Si procede, indicación de si el contrato está reservado para talleres protegidos, o 
si su ejecución está reservada para programas de empleo protegidos.
4.  Naturaleza del contrato (suministro, obras o servicios; indíquese, en su caso, si se 
trata de un acuerdo marco); descripción (códigos CPV). Deberá indicarse, cuando 
corresponda, si la oferta se refiere a compra, arrendamiento financiero, alquiler, o compra 
a plazos, o a una combinación de los mismos.
5.  Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos 
de obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución, en los contratos de 
suministro y de servicios.
6.  Para suministros y obras:
a)  Características y cantidad de los productos solicitados (códigos CPV). Indicación 
de las opciones para contrataciones complementarias y, cuando sea posible, del plazo 
estimado previsto para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. 
En el caso de una serie de contratos renovables también se precisará, de ser posible, el 
calendario provisional de las convocatorias de licitación posteriores para los productos que 
se vayan a contratar o la naturaleza y el alcance de las prestaciones, y las características 
generales de la obra (códigos CPV).
b)  Indicación de si los proveedores pueden licitar por parte de los productos 
solicitados o por su totalidad.
En caso de que, para los contratos de obras, la obra o el contrato esté dividido en 
varios lotes, magnitud de los distintos lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o todos 
ellos.
c)  Información relativa al objetivo de la obra o del contrato, cuando en este último se 
incluya también la elaboración de proyectos. e.
7.  Para servicios: 51ww
ppaarraaa  )ce ojenCrtcraearrtaa cdctiiecohrníasestsi c ocaposcm yio pcnlaeenmst,ie danastdaí  rdciaoesm l oyos,   cepulr oandnúudmcoet osrsoe  asd oepl iocpsirtiaóbdrlreoo,s gd.a eIsnl  dppilocaaszicobió leenss .dt iemE nlaa dseo lo  cpparcesiovoni sdeteos    OE-A-2020-16able en https://
una serie de contratos renovables también se precisará, de ser posible, el calendario
provisional de las convocatorias de licitación posteriores para los servicios que se vayan a 
prestar.
b)  Posibilidad de que, con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas, se reserve la ejecución del servicio a una determinada profesión.
c)  Referencia a dicha norma legal, reglamentaria o administrativa.
d)  Indicación de si las personas jurídicas deben mencionar los nombres y la 
cualificación profesional del personal responsable de la ejecución del servicio.
e)  Indicación de si los prestadores de servicios pueden licitar por una parte de los 
servicios.
8.  Si se sabe, indicación de si está autorizada o no la presentación de variantes.
9.  Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato y, en la medida de lo posible, 
la fecha de inicio.
10.  En su caso, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de empresarios 
adjudicataria del contrato.
11.  Adicionalmente:
a)  Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación.
b)  Dirección a la que deben transmitirse.
c)  Lengua o lenguas en que deben redactarse.
12.  Fecha límite de envío de las invitaciones a licitar.
13.  En su caso, depósitos y garantías exigidos.
14.  Modalidades básicas de financiación y de pago o referencias a las disposiciones 
pertinentes.
15.  Información relativa a la situación del empresario y condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico a las que deberá ajustarse.
16.  Criterios previstos en el artículo 66 que se utilizarán para la adjudicación del 
contrato. Excepto en el supuesto en que la oferta económicamente más ventajosa se 
determine sobre el precio exclusivamente, se mencionarán asimismo los criterios que 
determinen la oferta económicamente más ventajosa, así como su ponderación, o, en su 
caso, el orden de importancia de los mismos, cuando no figuren en el pliego de condiciones 
ni vayan a aparecer en la invitación a licitar.
17.  Si procede, condiciones particulares a las que esté sometida la ejecución del 
contrato.
18.  Si procede, fecha(s) y referencia(s) de la publicación en el «Diario Oficial de la 
Unión Europea» del anuncio periódico indicativo o del anuncio de la publicación de este 
anuncio en el perfil de comprador al que se refiere el contrato.
19.  Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de 
reclamación y, en su caso, de arbitraje. Indicación del plazo de presentación de 
reclamaciones, o, en caso necesario, el nombre, la dirección, los números de teléfono y de 
fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
20.  Fecha de envío del anuncio por la entidad contratante.
21.  Si procede, otras informaciones.
C.  Procedimientos de licitación con negociación
1.  Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso  es
de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria. o
2.  Principal actividad ejercida. 51www.
stria stua34  ..e  djeeNSc uuia cpntuir óoraanccl eeeudzseeatrá, d d iornee dls mciecoaranvrcactiróodana)to;   dp d(ease rusasmic  perinrilp oicscgotirrónaontm,r  aoa(tbcosró  adedsesi gt oáeo  mssree prsClveeiPcorvVi opa)srd.o; o Dtine pedgabíidqreaour seáta.s leilne, dreeincs a sprusr oect,ae sgcoiud,a osnsi d,s ooe    OE-A-2020-16able en https://
corresponda, si la oferta se refiere a compra, arrendamiento financiero, alquiler, o compra 
a plazos, o a una combinación de los mismos.
5.  Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos 
de obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución, en los contratos de 
suministro y de servicios.
6.  Para suministros y obras:
a)  Características y cantidad de los productos solicitados (códigos CPV). Indicación 
de las opciones para contrataciones complementarias y, cuando sea posible, del plazo 
estimado previsto para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. 
En el caso de una serie de contratos renovables también se precisará, de ser posible, el 
calendario provisional de las convocatorias de licitación posteriores para los productos que 
se vayan a contratar o la naturaleza y el alcance de las prestaciones, y las características 
generales de la obra (códigos CPV).
b)  Indicación de si los proveedores pueden licitar por parte de los productos 
solicitados o por su totalidad.
En caso de que, para los contratos de obras, la obra o el contrato esté dividido en 
varios lotes, magnitud de los distintos lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o 
todos ellos.
c)  Para los contratos de obras: indicaciones sobre el objetivo de la obra o del 
contrato, cuando en este último se incluya también la elaboración de proyectos.
7.  Para servicios:
a)  Características y cantidad de los servicios solicitados. Indicación de las 
opciones para contrataciones complementarias y, cuando sea posible, del plazo 
estimado previsto para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas 
posibles. En el caso de una serie de contratos renovables también se precisará, de ser 
posible, el calendario provisional de las convocatorias de licitación posteriores para los 
servicios que se vayan a prestar.
b)  Posibilidad de que, con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas, se reserve la ejecución del servicio a una determinada profesión.
c)  Referencia a dicha norma legal, reglamentaria o administrativa.
d)  Indicación de si las personas jurídicas deben mencionar los nombres y la 
cualificación profesional del personal responsable de la ejecución del servicio.
e)  Indicación de si los prestadores de servicios pueden licitar por una parte de los 
servicios.
8.  Si se sabe, indicación de si está autorizada o no la presentación de variantes.
9.  Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato y, en la medida de lo posible, 
la fecha de inicio.
10.  En su caso, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de empresarios 
adjudicataria del contrato.
11.a)  Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación.
b)  Dirección a la que deben transmitirse.
c)  Lengua o lenguas en que deben redactarse.
12.  En su caso, depósitos y garantías exigidos.
13.  Modalidades básicas de financiación y de pago o referencias a las disposiciones 
pertinentes. s
14.  Información relativa a la situación del operador económico y condiciones mínimas  oe.
de carácter económico y técnico a las que deberá ajustarse. w.
cdoentet1rr5am.t oin.e CE rsxitoceberripoets oe  ple rnpe rveeilcs itsoou spe euxcnel suetsol i vaearntmí cqeuunloete  6l,a 6s  oeqf uemerte asn ece icouontinaliózrámanriá canas mpimeanirsatme l aom  aláodssj u vcderiincteatarcijoioóssn a q duseeel    2020-1651n https://ww
determinen la oferta económicamente más ventajosa, así como su ponderación, o, en su
caso, el orden de importancia de los mismos, cuando no figuren en el pliego de condiciones  Bc
ni vayan a aparecer en la invitación a negociar.
16.  Si procede, nombres y direcciones de los empresarios ya seleccionados por la 
entidad contratante.
17.  Si procede, condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del 
contrato.
18.  Si procede, fecha(s) y referencia(s) de la publicación en el «Diario Oficial de la 
Unión Europea» del anuncio periódico indicativo o del anuncio de la publicación de este 
anuncio en el perfil de contratante al que se refiere el contrato.
19.  Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de 
reclamación y, en su caso, de arbitraje. Indicación del plazo de presentación de 
reclamaciones, o, en caso necesario, el nombre, la dirección, los números de teléfono y de 
fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
20.  Fecha de envío del anuncio por la entidad contratante.
21.  Si procede, otras informaciones.
Sección 2.  Anuncios de licitación sobre contratos de servicios del anexo I
1.  Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso 
de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2.  Principal actividad ejercida.
3.  Descripción de los servicios o categorías de servicios y, cuando proceda, obras y 
suministros conexos que deban contratarse, incluida una indicación de las cantidades o 
valores de que se trate, códigos CPV.
4.  Código NUTS del emplazamiento principal de ejecución de las prestaciones.
5.  Si procede, indicación de si el contrato está reservado para talleres protegidos, o 
si su ejecución está reservada para programas de empleo protegidos.
6.  Principales condiciones que deben cumplir los empresarios con vistas a su 
participación, o, en su caso, dirección electrónica en la que puede obtenerse información 
detallada.
7.  Plazo(s) para ponerse en contacto con la entidad contratante, con vistas a 
participar.
8.  Si procede, otras informaciones.
Sección 3.  Anuncios de licitación de los contratos de concesión de obras y de 
concesión de servicios.
1.  Nombre, número de identificación, dirección (incluido el código NUTS), número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso 
de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2.  Tipo de entidad contratante y principal actividad desarrollada.
3.  Si las solicitudes van a ir acompañadas de ofertas, dirección electrónica y de 
internet donde pueden consultarse con un acceso directo, completo, gratuito y sin 
restricciones, los documentos de concesión. Cuando no se disponga de un acceso directo, 
completo, gratuito y sin restricciones en los casos contemplados en el artículo 43, una 
indicación sobre el modo de consulta de la documentación de la contratación.
4.  Descripción del contrato de concesión: naturaleza y magnitud de las obras, 
naturaleza y magnitud de los servicios, orden de magnitud o valor indicativo y, si es posible, 
duración del contrato. Cuando el mismo esté dividido en lotes, esta información se facilitará  s
para cada lote. Si procede, descripción de posibles variantes. oe.
5.  Número(s) de referencia de la nomenclatura del CPV. Cuando la concesión esté  w.
dividida en lotes, esta información se facilitará para cada lote. 51ww
de c6o. ncCesóidóing od eN UoTbrSa sd,e ol  edmepl llauzgaamr ipernintoc ippariln cdiep apl rdeest alacsió onb, rtarsa,t áennd oesl ec adseo  cdoen ctroantotrsa tdoes 
cfaocnilciteasráió np adrea  csaedrvai cloiotse;. cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se  BOE-A-cable e
7.  Condiciones de participación, entre ellas:
a)  si procede, indicación de si el contrato de concesión está restringido a talleres 
protegidos o si su ejecución está restringido al marco de programas de protección de 
empleo;
b)  si procede, indicación de si la prestación del servicio está reservada, con arreglo 
a disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, a una determinada profesión; 
referencia de dicha disposición legal, reglamentaria o administrativa;
c)  lista y descripción breve de los criterios de selección, si procede; nivel o niveles 
mínimos que pueden exigirse; indicación de la información exigida (declaraciones de los 
interesados, documentación).
8.  Fecha límite de presentación de las solicitudes o de recepción de las ofertas.
9.  Criterios que se aplicarán en la adjudicación de la concesión, cuando no aparezcan 
en otros documentos relativos a la concesión.
10.  Fecha de envío del anuncio.
11.  Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de 
reclamación y, si procede, de arbitraje. Indicación precisa del plazo de presentación de 
reclamaciones o, en caso necesario, el nombre, dirección, números de teléfono y de fax y 
dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
12.  Si procede, condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del 
contrato de concesión.
13.  Dirección a la que deban enviarse las solicitudes de participación o las ofertas.
14.  Si procede, indicación de las condiciones y requisitos relativos al uso de medios 
electrónicos de comunicación.
15.  Información de si la concesión guarda relación con un proyecto o programa 
financiado por la Unión Europea.
16.  Para los contratos de concesión de obras, indicar si la concesión está cubierta 
por el ACP.
ANEXO VIII
Información que debe figurar en los anuncios de formalización
Sección A.  Anuncios de formalización de contratos de obras, suministros y servicios 
cuando no proceda la aplicación de la sección B
I.  Información que se publicará en el «Diario Oficial de la Unión Europea»(1) 
cuando no proceda la aplicación del apartado III
(1)  La información de los puntos 6, 9 y 11 se considerará información no destinada a ser publicada si la 
entidad contratante considera que su publicación puede perjudicar un interés comercial sensible.
1.  Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso 
de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2.  Principal actividad ejercida.
3.  Naturaleza del contrato (suministros, obras o servicios y códigos CPV; indíquese, 
en su caso, si se trata de un acuerdo marco). e.
4.  Al menos, un resumen de las características y la cantidad de los productos, obras  w.
o servicios suministrados. 51ww
5.  Adicionalmente:
ab))   FFoercmhaa( sd)e  yla r ecfoenrevonccaiat(osr)ia d dee l ali cpituabcliiócna.ción del anuncio en el «Diario Oficial de la
Unión Europea».
c)  En el caso de contratos adjudicados sin convocatoria de licitación previa, indicación 
de la disposición pertinente del artículo 85.
6.  Procedimiento de contratación (procedimiento abierto, restringido o de licitación 
con negociación).
7.  Número de ofertas recibidas, especificando:
a)  El número de ofertas recibidas de operadores económicos que son PYME;
b)  El número de ofertas recibidas del extranjero;
c)  El número de ofertas recibidas por vía electrónica. En el caso de varias 
adjudicaciones (lotes, acuerdos marco múltiples), esta información se facilitará para cada 
adjudicación.
8.  Fecha de la celebración del contrato o contratos o del acuerdo o acuerdos marco 
tras la decisión de adjudicación.
9.  Precio pagado por las compras de ocasión realizadas en virtud del artículo 85.1.h).
10.  Para cada adjudicación, nombre, dirección, incluido código NUTS, número de 
teléfono y de fax, dirección electrónica y de internet del licitador o licitadores seleccionados, 
especificando:
a)  si el licitador adjudicatario es una PYME;
b)  si el contrato se ha adjudicado a un consorcio.
11.  Indicación, en su caso, de si el contrato se ha subcontratado o puede 
subcontratarse.
12.  Precio pagado o precios de la oferta más elevada y de la más baja que se hayan 
tenido en cuenta en la adjudicación del contrato.
13.  Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de 
reclamación y, en su caso, de arbitraje. Información precisa acerca del plazo de 
presentación de reclamaciones, o en caso necesario el nombre, la dirección, los números 
de teléfono y de fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha 
información.
14.  Información facultativa:
a)  porcentaje del contrato que se haya subcontratado o pueda subcontratarse a 
terceros e importe del mismo;
b)  criterios de adjudicación del contrato.
II.  Información no destinada a publicación
15.  Número de contratos adjudicados (cuando se haya dividido el contrato entre 
varios proveedores).
16.  Valor de cada contrato adjudicado.
17.  País de origen del producto o del servicio (origen comunitario o no comunitario, 
desglosado, en este último caso, por terceros países).
18.  Indicar los criterios de adjudicación empleados.
19.  Indicación de si se ha adjudicado el contrato a un licitador que, en virtud del 
artículo 68 ofreció una variante.
20.  Indicación de si se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas, de 
conformidad con el artículo 69.
21.  Fecha de envío del anuncio por la entidad contratante. e.e
Sección B.  Anuncios de formalización relativos a contratos de servicios del anexo I 51ww
1.  Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de
tdeelé sfoenr od ifye dreen ftaex, ,d ye ld sireercvcicióion  deelel cqturóen picuae dya d oeb intetenrenreset  dinef olar menatcidióand c coomnptrlaetmanetnet ayr, iae.n caso
2.  Principal actividad ejercida.
3.  Al menos, un resumen de las características y la cantidad de los servicios 
prestados, y, cuando proceda, obras y suministros conexos.
4.  Referencia de la publicación del anuncio en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
5.  Número de ofertas recibidas.
6.  Nombre y dirección del empresario u empresarios seleccionados.
7.  Si procede, otras informaciones.
Sección C.  Anuncios de formalización de contratos de concesión de obras y de 
concesión de servicios
I.  Información que debe figurar en los anuncios de formalización de contratos de 
concesión de obras y de concesión de servicios distintos de los referidos en el 
apartado II siguiente
1.  Nombre, número de identificación, dirección (incluido el código NUTS) y, si 
procede, número de teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad 
contratante y, en caso de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información 
complementaria.
2.  Tipo de entidad contratante y principal actividad desarrollada.
3.  Códigos CPV.
4.  Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de contratos 
de concesión de obras, o del lugar principal de prestación, tratándose de contratos de 
concesión de servicios.
5.  Descripción del contrato de concesión: naturaleza y magnitud de las obras, 
naturaleza y magnitud de los servicios, duración del contrato. Cuando el mismo esté 
dividido en lotes, esta información se facilitará para cada lote. Si procede, descripción de 
posibles variantes.
6.  Descripción del procedimiento de adjudicación utilizado; en caso de adjudicación 
sin publicación previa, justificación de la misma.
7.  Criterios previstos en el artículo 66 que se utilizarán para la adjudicación del 
contrato.
8.  Fecha de la decisión o decisiones de adjudicación del contrato.
9.  Número de ofertas recibidas para cada adjudicación, especificando:
a)  el número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y 
medianas empresas;
b)  el número de ofertas recibidas del extranjero;
c)  el número de ofertas recibidas por vía electrónica.
10.  Para cada adjudicación, nombre, dirección (incluido el código NUTS) y, si 
procede, número de teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del licitador o 
licitadores seleccionados, especificando:
a)  si el licitador adjudicatario es una pequeña y mediana empresa;
b)  si el contrato de concesión se ha adjudicado a un consorcio.
11.  Valor y principales condiciones económicas del contrato de concesión adjudicado, 
en particular:
a)  honorarios, precios y multas de haberlas; e.
b)  primas y pagos de haberlos; w.
c)  cualesquiera otros detalles pertinentes para el valor de la concesión conforme a lo  51ww
establecido en el artículo 4.
finan1c2i.a doIn pfoorrm foancdióons  ddee  lasi  Ulan ióconn Ecuersoipóena g.uarda relación con un proyecto o programa
13.  Nombre y dirección del órgano responsable de los procedimientos de reclamación 
y, si procede, de arbitraje. Indicación precisa del plazo de presentación de las 
reclamaciones o, en caso necesario, el nombre, dirección, números de teléfono y de fax y 
dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
14.  Fechas y referencias de anteriores publicaciones en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» que guarden relación con el contrato de concesión objeto del anuncio.
15.  Fecha de envío del anuncio.
16.  Método utilizado para calcular el valor estimado del contrato de concesión, si no 
se especifica en otros documentos relativos al mismo de conformidad con el artículo 4.
17.  Si procede, otras informaciones.
II.  Información que debe figurar en los anuncios de formalización de los contratos 
de concesión de servicios del anexo I
1.  Nombre, número de identificación, dirección (incluido el código NUTS), si procede, 
número de teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante 
en caso de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2.  Tipo de entidad contratante y principal actividad desarrollada.
3.  Códigos CPV; cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se 
facilitará para cada lote.
4.  Indicación resumida del objeto de la concesión.
5.  Número de ofertas recibidas.
6.  Valor de la oferta adjudicada, incluidos honorarios y precios.
7.  Nombre y dirección (incluido el código NUTS), número de teléfono y de fax, 
dirección electrónica y de internet del licitador o licitadores seleccionados.
8.  Si procede, otras informaciones.
ANEXO IX
Información que debe figurar en los anuncios de los concursos de proyectos
Sección A.  Información que debe figurar en los anuncios de los concursos de proyectos
1.  Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso 
de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2.  Principal actividad ejercida.
3.  Descripción del proyecto (códigos CPV).
4.  Tipo de concurso: abierto o restringido.
5.  Cuando se trate de concursos abiertos: fecha límite de presentación de los 
proyectos.
6.  Cuando se trate de concursos restringidos:
a)  número previsto o número mínimo y máximo de participantes;
b)  en su caso, nombre de los participantes ya seleccionados;
c)  criterios de selección de los participantes;
d)  fecha límite de presentación de las solicitudes de participación.
7.  En su caso, indicación de si la participación está reservada a una determinada  es
profesión. bo
8.  Criterios que se aplicarán para valorar los proyectos. 51ww
91111.02 ...   EEIEnnn nds  isuscu uac  ccaciasaósosno,o  d,n,  enop úmosmsib ilbearelr edo dse ee cp  iilasmoigóspo noms rd itaeee m lt dojbuedrr ooalossds  ol dop eser les pj muavririnaoticdcsui.opl aaqnnutteee  shp.aayraa ne ls pidood seer laedcjcuiodnicaaddoosr.. OE-A-2020-16able en https://
13.  Posibilidad de que se adjudiquen contratos complementarios a los ganadores de 
premios.
14.  Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de 
reclamación y, en su caso, de arbitraje. Información precisa acerca del plazo de 
presentación de reclamaciones, o en caso necesario el nombre, la dirección, los números 
de teléfono y de fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha 
información.
15.  Fecha de envío del anuncio.
16.  Si procede, otras informaciones.
Sección B.  Información que debe figurar en los anuncios sobre los resultados de los 
concursos de proyectos
1.  Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso 
de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2.  Principal actividad ejercida.
3.  Descripción del proyecto (códigos CPV).
4.  Número total de participantes.
5.  Número de participantes extranjeros.
6.  Ganador(es) del concurso.
7.  En su caso, premio(s).
8.  Otra información.
9.  Referencia al anuncio de concurso.
10.  Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de 
reclamación y, en su caso, de arbitraje. Información precisa acerca del plazo de 
presentación de reclamaciones, o en caso necesario el nombre, la dirección, los números 
de teléfono y de fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha 
información.
11.  Fecha de envío del anuncio.
ANEXO X
Información que debe figurar en los anuncios de modificación de los contratos 
durante su vigencia
Sección A.  Anuncios de modificación de los contratos de obras, suministros o servicios 
durante su vigencia
1.  Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet de la entidad contratante y, en caso 
de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.
2.  Principal actividad ejercida.
3.  Códigos CPV.
4.  Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de las obras, o 
código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución, en el caso de los suministros y 
los servicios.
5.  Descripción de la contratación antes y después de la modificación: naturaleza y  s
alcance de las obras, naturaleza y cantidad o valor de los suministros, naturaleza y alcance  e.
de los servicios. w.
6.  Cuando proceda, incremento de precio causado por la modificación. 51ww
78..   DFeecshcari pdceió and djued liacas ccióirncu dneslt aconncitarast oq.ue han hecho necesaria la modificación.
fax, 9d.i reCccuióann deole pcrtorócneidcaa,  yn odme binrtee yrn deitr edcecl iónnu,e ivnoc leumidpor ceósdairgioo  oN eUmTpSr,e nsúamrioesro. de teléfono y  BOE-A-cable e
10.  Información sobre si el contrato está relacionado con un proyecto o programa 
financiado con fondos de la Unión Europea.
11.  Nombre y dirección del órgano competente en los procedimientos de reclamación 
y, en su caso, de arbitraje. Información precisa acerca del plazo de presentación de 
reclamaciones o, en caso necesario, el nombre, la dirección, los números de teléfono y de 
fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.
Sección B.  Anuncios de modificación de los contratos de concesión de obras y de 
concesión de servicios durante su vigencia
1.  Nombre, número de identificación, dirección (incluido el código NUTS), número de 
teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del poder adjudicador o de la entidad 
contratante y, en caso de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse información 
complementaria.
2.  Códigos CPV.
3.  Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, tratándose de concesiones 
de obras, o código NUTS del lugar principal de prestación, tratándose de concesiones de 
servicios.
4.  Descripción de la concesión antes y después de la modificación; naturaleza y 
magnitud de las obras, naturaleza y magnitud de los servicios.
5.  Si procede, modificación del valor de la concesión, incluido el incremento de 
honorarios o precios causado por la modificación.
6.  Descripción de las circunstancias que han hecho necesaria la modificación.
7.  Fecha de adjudicación de la concesión.
8.  Si procede, nombre y dirección (incluido el código NUTS), número de teléfono y de 
fax y dirección electrónica y de internet del nuevo empresario o empresarios.
9.  Información de si la concesión guarda relación con un proyecto o programa 
financiado por fondos de la Unión Europea.
10.  Nombre y dirección del órgano responsable de los procedimientos de reclamación 
en materia de contratación y, si procede, de mediación. Indicación precisa del plazo de 
presentación de las reclamaciones o, en caso necesario, el nombre, dirección, números de 
teléfono y de fax y dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha 
información.
11.  Fechas y referencias de anteriores publicaciones en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» que guarden relación con la concesión o concesiones objeto del anuncio.
12.  Fecha de envío del anuncio.
13.  Si procede, otras informaciones.
ANEXO XI
Listado de Convenios internacionales en el ámbito social y medioambiental a que 
se refiere el artículo 27.4
– Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación.
– Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.
– Convenio 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso u obligatorio.
– Convenio 105 de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso.
– Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima. e.
– Convenio 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación). w.b
– Convenio 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración. 51ww
––  CCoonnvveenniioo  d1e8 2V ideen ala p OarIaT  lsao pbrroet elacsci ópne odree sla f coarmpaa sd ed eo ztroanboa yjo s iun fParnottiol.colo de Montreal
relat–iv oC oan laves nsiuos ptaanrac ieals c qounetr oalg doeta lan  elali mcainpaac dióen o yz oenl tora.nsporte transfronterizo de residuos
peligrosos (Convenio de Basilea).
– Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP).
– Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado 
previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio 
internacional (PNUMA/FAO) (Convenio PIC), Rotterdam, 10.9.1998, y sus tres Protocolos 
regionales.
– Convenio sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia y sus 
ocho protocolos (Convenio de Ginebra).
ANEXO XII
Requisitos mínimos en materia de competencia y conocimientos profesionales 
[artículo 10, apartado 2, Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de enero de 2016]
1.  Riesgos en los seguros distintos del seguro de vida clasificados según los ramos 1 
a 18 en el anexo I, parte A, de la Directiva 2009/138/CE.
a)  Conocimiento mínimo necesario de las condiciones de las pólizas ofrecidas, 
incluidos los riesgos accesorios en caso de que los cubran dichas pólizas;
b)  conocimiento mínimo necesario de la legislación aplicable que rige la distribución 
de productos de seguro, como la legislación en materia de protección de los consumidores, 
la legislación tributaria pertinente y la legislación social y laboral pertinente;
c)  conocimiento mínimo necesario en materia de gestión de siniestros;
d)  conocimiento mínimo necesario en materia de tramitación de reclamaciones;
e)  conocimiento mínimo necesario en materia de análisis de las necesidades del 
cliente;
f)  conocimiento mínimo necesario del mercado de seguros;
g)  conocimiento mínimo necesario de las normas deontológicas del sector, y
h)  competencia financiera mínima necesaria.
2.  Productos de inversión basados en seguros.
a)  Conocimiento mínimo necesario de los productos de inversión basados en 
seguros, incluidas las condiciones y las primas netas y, en su caso, las prestaciones 
garantizadas y no garantizadas;
b)  conocimiento mínimo necesario de las ventajas y desventajas de las distintas 
opciones de inversión para los tomadores de seguros;
c)  conocimiento mínimo necesario de los riesgos financieros asumidos por los 
tomadores de seguros;
d)  conocimiento mínimo necesario de las pólizas que cubren los riesgos en el seguro 
de vida y otros productos de ahorro;
e)  conocimiento mínimo necesario de la organización y las prestaciones garantizadas 
del sistema de pensiones;
f)  conocimiento mínimo necesario de la legislación aplicable que rige la distribución 
de productos de seguro, como la legislación en materia de protección de los consumidores 
y la legislación tributaria pertinente;
g)  conocimiento mínimo necesario del mercado de seguros y del mercado de 
productos de ahorro;
h)  conocimiento mínimo necesario en materia de tramitación de reclamaciones; s
i)  conocimiento mínimo necesario en materia de análisis de las necesidades del  e.
cliente; w.
j)  gestión de conflictos de interés; 51ww
kl))   ccoonmopceimteinecnitao  fminíannimcioe rnae mceínsiamriao  ndeec leassa nrioar.mas deontológicas del sector, y
3.  Riesgos en los seguros de vida clasificados en el anexo II de la Directiva 
2009/138/CE.
a)  Conocimiento mínimo necesario de las pólizas, incluidas las condiciones, las 
prestaciones garantizadas y, en su caso, los riesgos accesorios;
b)  conocimiento mínimo necesario de la organización y las prestaciones garantizadas 
del sistema de pensiones del Estado miembro de que se trate;
c)  conocimiento de la legislación en materia de contratos de seguro, la legislación en 
materia de protección de los consumidores, la legislación en materia de protección de 
datos y la legislación contra el blanqueo de capitales aplicables y, en su caso, la legislación 
tributaria pertinente y la legislación social y laboral pertinente;
d)  conocimiento mínimo necesario del mercado de seguros y de otros mercados de 
servicios financieros pertinentes;
e)  conocimiento mínimo necesario en materia de tramitación de reclamaciones;
f)  conocimiento mínimo necesario en materia de análisis de las necesidades de los 
consumidores;
g)  gestión de conflictos de interés;
h)  conocimiento mínimo necesario de las normas deontológicas del sector, y
i)  competencia financiera mínima necesaria.