BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Martes 9 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 138495
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
18368 Sala Segunda. Sentencia 165/2021, de 4 de octubre de 2021. Recurso de 
amparo 2964-2020. Promovido por don José Benito Vieites Reboeiras en 
relación con la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le 
condenó,  en  casación,  por  sendos  delitos  contra  la  salud  pública  y  de 
integración en grupo criminal. Vulneración de los derechos a la defensa y a 
un proceso con todas las garantías: condena por un delito a quien había sido 
absuelto en la instancia y sin que la parte acusadora formulara petición 
alguna en grado de casación.
ECLI:ES:TC:2021:165
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2964-2020, promovido por don José Benito Vieites 
Reboeiras contra el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 25 de junio 
de 2020, por el que se desestima el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto 
contra la sentencia núm. 457/2019, de 9 de octubre de 2019 –cuya rectificación fue 
denegada por auto de 4 de febrero de 2020–, por la que se estima el recurso de 
casación núm. 10086-2017, interpuesto contra la sentencia de la Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial de Pontevedra núm. 120/2018, de 31 de julio de 2018, pronunciada 
en el procedimiento sumario ordinario 2-2015. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  Don José Benito Vieites Reboeiras, representado por la procuradora de los 
tribunales  doña  Pilar  Hidalgo  López,  bajo  la  asistencia  de  la  letrada  doña  Noemí 
Martínez González, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que 
se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia mediante escrito registrado en el 
tribunal el 10 de julio de 2020.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  El demandante de amparo, entre otros acusados, fue condenado por sentencia  s
de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra núm. 120/2018, de 31  e.
de julio de 2018, pronunciada en el procedimiento sumario ordinario 2-2015, como  w.
cómplice de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas que  368ww
hcaipuesraang ragvraavdeo  dpareñvoi sato  lae ns aellu da rtd. e3l 7a0r.t3. , 3e6n8 .1re ldaecli óCn ócdoigno  lopse naarlt s(.C 3P7)4,  cyo n3 7e7l  CsuPb, tispion 
cpirricsuiónns,t aancccieasso mriaosd ilfeicgaatilveass y d deo lsa  mreuslptaosn sdaeb i4lid4a 5d1 c5r im96in0a le au rolas  pceandaa  duen ac.u aTtarom baiñéons  fudee   BOE-A-cable e
absuelto del delito de integración en grupo criminal de los arts. 570 ter.1 b) y párrafo 
final, y 570 quater.1 y 2 CP, por el que había sido acusado. El fundamento jurídico 
noveno exponía las razones por las que se consideraba que no cabía la condena del 
demandante de amparo por este último delito.
En contraposición, esta sentencia condenaba a otros acusados como autores de ese 
mismo delito contra la salud publica en concurso de normas del art. 8.4 CP con el delito 
de integración en grupo criminal antes citado.
b)  El Ministerio Fiscal interpuso recurso de casación, que fue tramitado con el 
núm. 10086-2017 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, alegando como único 
motivo la infracción de ley por la no aplicación de los arts. 570 ter.1 b) y párrafo final, 
y 570 quater.1 y 2 CP, al entender que no concurriría un concurso de normas del 
art. 8.4 CP sino un concurso de delitos respecto de una serie de acusados a los que 
citaba nominalmente, entre los que no se incluía al demandante de amparo, haciéndose 
mención a que al resto no les afecta este recurso.
Por su parte, también el demandante de amparo interpuso recurso de casación 
alegando, entre otros motivos, que su conducta, en su caso, no debería ser constitutiva 
de un delito de complicidad sino de conspiración del art. 368 CP.
c)  El recurso de casación fue estimado parcialmente por sentencia núm. 457/2019, 
de 9 de octubre de 2019, en el doble sentido de estimar la impugnación del demandante 
de amparo considerándole responsable de un delito de conspiración del art. 368 CP 
(fundamento jurídico 29) y de estimar también la impugnación del Ministerio Fiscal 
declarando la responsabilidad, entre otros del recurrente, por el delito de integración en 
grupo criminal de los arts. 570 ter.1 b) y párrafo final, y 570 quater.1 y 2 CP (fundamento 
jurídico 39). A esos efectos, en el fundamento jurídico 39 de la sentencia de casación, se 
expone que la impugnación del Ministerio Fiscal debe entenderse referida a una serie de 
acusados, entre los que incluye al demandante de amparo, «al ser los únicos acusados 
respecto  de  los  cuales  el  Ministerio  Fiscal  arguye  su  pertenencia  al  grupo»  y  se 
desarrollan las razones por las que en este caso no procedía aplicar un concurso de 
normas a resolver por el criterio de absorción sino un concurso real de delitos por lo que 
procedía la sanción autónoma de los delitos de tráfico de drogas y de pertenencia a 
grupo criminal.
De ese modo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por segunda sentencia, 
condena al recurrente «como conspirador para la comisión de delitos contra la salud 
pública de los previstos y penados en los artículos 368 a 372, a la pena de tres años de 
prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de 
la condena» y adicionalmente como autor de un delito de integración en grupo criminal 
de los previstos y penados en los arts. 570 ter.1 b) y párrafo final, y 570 quater.1 y 2 CP, 
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la 
pena de un año y tres meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como inhabilitación especial para 
cualquier actividad económica o negocio que suponga la titularidad, uso o explotación de 
embarcaciones por tiempo de siete años y tres meses.
d)  El  demandante  de  amparo  solicitó  aclaración  y  rectificación  del  fallo  de  la 
sentencia  de  casación  argumentando  que,  habiendo  sido  absuelto  del  delito  de 
pertenencia a grupo criminal en la sentencia de instancia y no habiéndose dirigido contra 
él el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal, aparecía entre las personas 
condenadas en casación por este delito.
La solicitud fue desestimada por auto de 4 de febrero de 2020 argumentando que «el  s
fundamento jurídico trigésimo noveno concreta aquellos acusados contra los que el  oe.
Ministerio  Fiscal  dirige  su  recurso,  entre  los  que  se  encuentra  José  Benito  Vieites  w.
Reboeiras» (fundamento jurídico 3). 368ww
invoec)a ndEol  edle mdearnedcahnot ea  dlae  taumteplaa rjou diincitaelr peufseoc tivinac i(daernt.t e2 4d.1e  CnEul)i dpaodr  dveu lnaecrtaucaiócnio ndeesl 
principio acusatorio y de la prohibición de la reformatio in peius.
El incidente de nulidad fue desestimado por auto de 25 de junio de 2020 insistiendo 
en  que  la  pretensión  del  Ministerio  Fiscal  también  había  sido  deducida  contra  el 
demandante de amparo por lo que su condena no estaba carente de petición acusatoria 
de soporte.
3.  El demandante solicita que se estime el amparo por vulneración de los derechos 
a la defensa y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), como consecuencia 
de la infracción del principio acusatorio y de la prohibición de la reformatio in peius, para 
cuyo restablecimiento solicita la nulidad de las resoluciones impugnadas en el extremo 
referido a su condena por el delito de integración en grupo criminal.
El demandante de amparo pone de manifiesto que el Ministerio Fiscal expresamente 
impugna en casación los pronunciamientos de instancia de determinados condenados a 
los que cita por su nombre, entre los que él no figura, haciendo constar que respecto del 
resto no se plantea el recurso de casación. También destaca que el Ministerio Fiscal 
fundamenta su recurso controvirtiendo la aplicación de un concurso de normal entre la 
autoría del delito de tráfico de drogas y la pertenencia a grupo criminal, que no puede 
referirse a él, ya que, al contrario que respecto del resto de personas citadas en el 
recurso de casación, ha sido expresamente absuelto del delito de integración en grupo 
criminal en la primera instancia. A partir de esas circunstancias, se alega que se han 
lesionado los derechos invocados, ya que de manera incongruente se ha condenado 
fuera de la pretensión punitiva desarrollada por el Ministerio Fiscal en la casación y no se 
le ha dado siquiera la posibilidad de defenderse contra la misma en la segunda instancia 
casacional.
En la demanda se expone que concurre el requisito de la especial trascendencia 
constitucional del recurso ya que permite al Tribunal Constitucional «aclarar e incluso 
perfilar, como consecuencia del proceso de reflexión interna, la doctrina constitucional 
sobre la exigencia de la congruencia entre la acusación y el fallo cuando el acusado 
venía absuelto en la primera instancia, el Ministerio Fiscal no solicita la agravación de 
esta situación jurídica previa y, sin embargo, el tribunal a quo de oficio considera la 
concurrencia del delito».
4.  La Sección Tercera del tribunal, por providencia de 10 de febrero de 2021, 
acordó la admisión a trámite del presente recurso, apreciando que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC)] porque el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar o 
cambiar  su  doctrina,  como  consecuencia  de  un  proceso  de  reflexión  interna 
[STC 155/2009, FJ 2 b)]; y dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales para que 
remitan certificación o fotocopia adverada de las actuaciones y emplazamiento para que 
puedan  comparecen  en  el  recurso  de  amparo  quienes  hubieran  sido  parte  en  el 
procedimiento.
5.  La secretaría de justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 21 de abril de 2021, acordó dar vista de las actuaciones al Ministerio 
Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días para presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52 LOTC.
6.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado en el tribunal el 21 de mayo de 2021, 
interesa que se estime el recurso por vulneración del derecho a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE), anulándose las resoluciones impugnadas en el extremo relativo 
a la condena del recurrente por un delito de integración en grupo criminal. e.
El Ministerio Fiscal, tras exponer la jurisprudencia constitucional contenida en la  w.
STC 47/2020, de 15 de junio, sobre el derecho a un proceso con todas las garantías  368ww
s(aergt.u n2d4a.2  iCnsEt)a,n dceias dpee nlaa lp, ecrsopnesctatitvaa  qdueel  periln criepciou rsaoc usdaet ocriaos ayc sióun  pirnotyeerpccuieósnt os opborer  leal 
qMuinei sretesrpioe cFtios cdael  dnioc hhoa baícau ssiaddoo d niroig cidoon ceuxrprírae snai mpoednítae  ccoonnctruar reirl  ldae imnfarancdcaiónnte d dee l eaym qpuaero s ey   BOE-A-cable e
alegada en dicho recurso, ya que no concurría la circunstancia, como sucedía con otros 
acusados, de que hubiera sido condenado en la instancia por los delitos de tráfico de 
drogas en integración en grupo criminal en concurso de normas del art. 8.4 CP y no solo 
por el primero de ellos por ser expresamente absuelto del segundo. De ello concluye, 
que, no admitiéndose la acusaciones implícitas en la segunda instancia, se ha producido 
una vulneración del deber de congruencia entre la pretensión impugnatoria del Ministerio 
Fiscal en la casación y lo resuelto en la sentencia impugnada, lesionando con ello el 
derecho a un proceso con todas las garantías, por lo que deben ser anuladas en el 
extremo referido a la condena por integración en grupo criminal las sentencias de 
casación  y  los  autos  denegatorios  de  la  aclaración  y  del  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones.
7.  El demandante de amparo, por escrito registrado en este tribunal el 7 de mayo 
de 2021, presentó alegaciones dando por reproducidas las expuestas en su escrito de 
demanda.
8.  Por providencia de 30 de septiembre de 2021, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 4 de octubre del mismo año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso.
El  objeto  de  este  recurso  es  determinar  si  la  condena  de  que  fue  objeto  el 
demandante de amparo en la sentencia de casación por un delito de pertenecía a grupo 
criminal [arts. 570 ter.1 b) y párrafo final, y 570 quater.1 y 2 CP] ha vulnerado sus 
derechos a la defensa y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), desde la 
perspectiva del principio acusatorio, ya que fue absuelto de dicho delito en la primera 
instancia y contra dicha decisión no se dirigió impugnación alguna en casación por el 
Ministerio Fiscal.
2.  La jurisprudencia constitucional sobre el principio acusatorio y su proyección 
sobre la segunda instancia penal.
La  jurisprudencia  constitucional  en  relación  con  el  principio  acusatorio  y  su 
proyección sobre la segunda instancia penal ha sido recientemente resumida en la 
STC 47/2020, de 15 de junio, FJ 3. Deben destacarse los siguientes aspectos:
(i)  El principio acusatorio no aparece expresamente mencionado entre los derechos 
constitucionales  que  disciplinan  el  proceso  penal.  No  obstante,  deben  entenderse 
protegidos  por  el  art.  24.2  CE  ciertos  derechos  fundamentales  que  configuran  los 
elementos estructurales de dicho principio, que trasciende el derecho a ser informado de 
la acusación para comprender un haz de garantías adicionales como son los derechos a 
la defensa y la garantía de la imparcialidad judicial.
A esos efectos, se ha destacado que el deber de congruencia entre la acusación y el 
fallo, es una de las manifestaciones del principio acusatorio contenida en el derecho a un 
proceso con todas las garantías, ya que el enjuiciamiento penal se ha de desarrollar con 
respeto  a  la  delimitación  de  funciones  entre  la  parte  acusadora  y  el  órgano  de 
enjuiciamiento, pues un pronunciamiento judicial que vaya más allá de la concreta 
pretensión punitiva solicitada por quienes sostengan la acusación, implicará la invasión  s
por  el  órgano  judicial  de  competencias  reservadas  constitucionalmente  a  aquellas  o
iapamcacpuuraass aardccdeiiaoolilrmniadesiats ad,yr .l y aaeL,  lal qo fu avqelilun oeec su dtclaeaor cníialdóa un cc soieenrínndatte,er neana dcnlieaadm  ojpá uarsdel, i tcmaeia nauls rnigóraeen sn pp épdoruendn didlioetai v  satdoa elmis csobitusiaé tdennone  icadpe aosl raa  plroionasre   pcleleoagsssiiit dcimiapódaan rd tddoeeess     2021-18368n https://www.
garantizar las posibilidades de contradicción y defensa, ya que se debe posibilitar que el
condenado tenga la oportunidad de debatir contradictoriamente los elementos de la 
acusación.
(ii)  El deber de congruencia respecto a la pretensión punitiva impone al juzgador un 
doble condicionamiento: fáctico y jurídico. El condicionamiento fáctico viene determinado 
por los hechos objeto de acusación, de modo que ningún hecho o acontecimiento que no 
haya sido delimitado por la acusación, como objeto para el ejercicio de la pretensión 
punitiva,  podrá  ser  utilizado  para  ser  subsumido  como  elemento  constitutivo  de  la 
responsabilidad penal. El condicionamiento jurídico queda constituido, a su vez, por la 
calificación  que  de  esos  hechos  realice  la  acusación  y  la  consiguiente  petición 
sancionadora, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de pronunciamiento de oficio 
que tiene el juzgador penal por las cuestiones de orden público implicadas en el ejercicio 
del ius puniendi.
(iii)  El respeto del haz de garantías implicadas en el principio acusatorio debe 
proyectarse en cada instancia. No basta con que el principio acusatorio haya tenido 
efectividad en la primera instancia. La correlación entre la acusación y el fallo de la 
sentencia debe existir en todas las instancias judiciales. La inexistencia de acusación en 
la apelación o su defectuoso planteamiento en dicho grado no pueden entenderse 
suplidos, en modo alguno, por la primera acusación, pues en un sistema acusatorio 
deben entenderse igualmente excepcionales los poderes de actuación ex officio del juez 
en todas las instancias penales.
Por otra parte, la pretensión acusatoria debe constar debidamente exteriorizada y 
son rechazables las formas tácitas o implícitas como manera de satisfacer el principio 
acusatorio exigible en cada una de las instancias penales, lo que impide que sea 
condenado quien no lo fue en la instancia anterior (bien porque no fue acusado bien 
porque  resultó  absuelto)  o  que  se  agraven  las  consecuencias  de  la  sentencia  de 
instancia sin previa solicitud por alguna de las partes acusadoras personadas.
3.  Aplicación de la jurisprudencia constitucional al caso.
a)  En el presente caso, tal como ha quedado acreditado en las actuaciones, se 
pone de manifiesto como hechos no controvertidos por las partes en este recurso de 
amparo los siguientes extremos:
(i)  El demandante de amparo, junto con otras personas, fue acusado como autor, 
entre otros delitos, de integración en grupo criminal. La sentencia de instancia, si bien 
condenó al recurrente como cómplice de un delito de tráfico de drogas, le absolvió del 
delito  de  integración  en  grupo  criminal.  Por  el  contrario,  diversos  acusados  fueron 
considerados autores del delito de tráfico de drogas y, además, del delito de integración 
en grupo criminal. No obstante, al considerar que concurría entre ambos delitos un 
concurso de normas que debía resolverse por el principio de alternatividad del art. 8.4 
CP solo les condenó por el delito de tráfico de drogas por ser el más gravemente 
penado.
(ii)  El Ministerio Fiscal, en disconformidad con la sentencia de instancia, formuló 
recurso de casación que dirigió nominalmente solo contra determinados acusados, entre 
los que no se encontraba el demandante de amparo. El único fundamento de este 
recurso de casación era que no resultaba aplicable el concurso de normas entre los 
delitos de tráfico de drogas y de integración en grupo criminal sino un concurso real de 
delitos, por lo que debían de imponerse ambas penas y no solo la del delito más grave.
(iii)  El órgano judicial de casación estimó el recurso del Ministerio Fiscal y condenó  s
a los acusados respecto de los que nominalmente había dirigido la impugnación el  oe.
Mrineticnetigi(sfiirvtcae)ac rciioóiEó nnFl  e isdnyce  gamdrl ueaypsn, opda uacdénreistmme  imándsaee,ld . aiaal nmdteep mauraonn,  dinapcnriitmdee endrtoee   amdmeep daniaruonli tdeca odmu nod  eae usactcortirtueoas c didoeen  eussno,  lidcpieutulsitdoo   dddeee    2021-18368n https://www.
manifiesto al órgano judicial de casación que había sido condenado en esa segunda
instancia casacional sin que hubiera mediado pretensión impugnatoria alguna contra él
por  parte  del  Ministerio  Fiscal.  En  ambas  ocasiones  se  desestimó  esa  alegación 
argumentando que la pretensión del Ministerio Fiscal también había sido deducida contra 
el  demandante  de  amparo,  por  lo  que  su  condena  no  estaba  carente  de  petición 
acusatoria de soporte.
b)  En  atención  a  lo  expuesto,  y  de  conformidad  con  lo  interesado  por  el 
demandante de amparo y por el Ministerio Fiscal en este procedimiento de amparo, debe 
concluirse, en cuanto a su condena en casación por un delito de integración en grupo 
criminal, que se han vulnerado al recurrente sus derechos a la defensa y a un proceso 
con todas las garantías (art. 24.2 CE) desde la perspectiva del principio acusatorio.
El tribunal, frente a la afirmación del órgano judicial de casación de que existía una 
voluntad impugnatoria del Ministerio Fiscal en casación para que el recurrente fuera 
condenado en esa segunda instancia por el delito de integración en grupo criminal, 
constata que en el recurso de casación formalizado por el Ministerio Fiscal no aparece 
expresamente nominado el demandante de amparo en la delimitación subjetiva del 
recurso interpuesto ni mencionado su nombre a lo largo de dicho escrito, y que hay una 
referencia expresa a que el recurso no se dirige contra otros acusados que no sean los 
explícitamente  nombrados.  En  estas  circunstancias,  si  el  Ministerio  Fiscal  no  hizo 
expresa en la delimitación subjetiva de su recurso de casación la impugnación de la 
absolución del demandante de amparo por el delito de integración en grupo criminal y, 
por tanto, tampoco este pudo realizar alegaciones contra dicha pretensión, solo cabe 
concluir que la condena del recurrente en casación por este delito ha infringido el 
principio acusatorio, en el sentido señalado de que no se ha respetado en esta segunda 
instancia la congruencia entre lo solicitado por el Ministerio Fiscal y lo acordado en el 
fallo, y también el derecho de defensa al no haberse posibilitado alegar contra esa 
supuesta pretensión condenatoria.
Por otra parte, el hecho de que esa pretensión impugnatoria, como parece sugerirse 
en  el  auto  desestimatorio  del  incidente  de  nulidad  de  actuaciones,  hubiera  podido 
inferirse del contenido del propio recurso de casación del Ministerio Fiscal y de la 
acusación de que fue objeto en la primera instancia el demandante de amparo por el 
delito de integración en grupo criminal tampoco resulta asumible; no solo porque, como 
ya se ha indicado, no cabe admitir constitucionalmente una acusación –en este caso, 
voluntad  impugnatoria  en  casación–  implícita  o  tácita,  sino  también  porque,  como 
destaca en Ministerio Fiscal en su informe, esa supuesta voluntad impugnatoria no 
guarda relación de coherencia con las razones alegadas en el recurso de casación. En 
efecto, el único motivo de casación alegado por el Ministerio Fiscal se refería a la 
infracción de ley en que habría incurrido la sentencia de instancia al considerar que los 
declarados responsables criminales por delitos de tráfico de drogas y de integración en 
grupo criminal solo debían ser condenados por el primero, habida cuenta de la relación 
de  concurso  de  normas  que  existía  entre  ellos.  De  dicho  razonamiento  no  podría 
derivarse una voluntad implícita de condena del demandante, ya que, en su caso y frente 
al resto de acusados que sí aparecían expresamente citados en la delimitación subjetiva 
del recurso de casación, no fue declarada su responsabilidad penal en la sentencia de 
instancia por el delito de integración en grupo criminal, sino absuelto de esa concreta 
acusación.
Por tanto, habida cuenta de que no existió una voluntad impugnatoria expresa en 
casación  formulada  contra  el  demandante  de  amparo  por  ninguna  acusación  en 
pretensión de que se revocara su absolución por el delito de integración en grupo  e
criminal, la condena de que fue objeto en las resoluciones de casación por este delito ha  bo
vulnerado sus derechos a la defensa y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2  368ww
CE)L.a estimación de este recurso de amparo determina la anulación de las resoluciones
cjuadsiacicaiólens  riemsppuegctnoa ddea sla e rne seplo enxscalbuisliidvaod e dxetrle dmeom arenfdearindtoe  dae l aa mepstaimroa ccoiómno d aeul torer cuunr sdoe lditeo 
de integración en grupo criminal y su consecuente condena por dicho delito (primera y
segunda sentencias de 9 de octubre de 2019), la denegación de la rectificación de dicho 
extremo (auto de 4 de febrero de 2020) y la desestimación de la nulidad de la condena 
por ese concreto delito (auto de 25 de junio de 2020).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don José Benito Vieites Reboeiras y, en 
su virtud:
1.º  Declarar que han sido vulnerados los derechos del demandante de amparo a la 
defensa y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo núm. 457/2019, de 9 de octubre de 2019, y de los 
autos de 4 de febrero y 25 de junio de 2020, pronunciados en el recurso de casación 
núm. 10086-2017, en el único extremo referido a la condena del recurrente como autor 
de un delito de integración en grupo criminal de los artículos 570 ter.1 b) y párrafo in fine, 
y 570 quater.1 y 2 CP.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.