BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 293 Miércoles 8 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 150937
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
20259 Real Decreto 1074/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión 
directa  de  subvenciones  destinadas  a  la  financiación  de  proyectos 
sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso 
turístico,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia.
El  sector  turístico  español  se  enfrenta,  como  consecuencia  de  la  crisis 
desencadenada por la pandemia de la COVID-19, a la situación más delicada de su 
historia, siendo necesarias actuaciones urgentes para su transformación. Ante dicho 
impacto, es imprescindible implementar una estrategia de modernización y mejora de la 
competitividad, abordando los retos del turismo en España y preparando al sector para 
las  grandes  transformaciones  pendientes,  especialmente  en  el  ámbito  de  la 
sostenibilidad y la digitalización.
Para ello este real decreto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia presentado por el Gobierno español el pasado 21 de abril de 2021, 
aprobado  por  la  Decisión  de  Ejecución  del  Consejo  relativa  la  aprobación  de  la 
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing 
Decision-CID), de 13 de julio de 2021.
El componente 14, que incorpora un Plan de Modernización y competitividad del 
sector  turístico  está  organizado  en  torno  a  4  grandes  ejes  convertidos  en  sus 
inversiones principales: I1, Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad, 
I2,  Programa  de  digitalización  e  inteligencia  para  destinos  y  sector  turístico,  I3, 
Estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares, e I4, Actuaciones 
especiales en el ámbito de la competitividad.
Será  esta  inversión  4,  subproyecto  3,  de  inversión  en  el  mantenimiento  y 
rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico la que será objeto de financiación 
por  este  real  decreto  que  tiene  por  finalidad  la  concesión  directa,  con  carácter 
excepcional y por razones de interés público, de subvenciones para financiar proyectos 
de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico.
El  artículo  22.2.c)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones,  así  como  el  artículo  67  de  su  Reglamento,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, establecen que podrán concederse de forma directa y 
«con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones 
de interés público, social, económico o humanitaria, u otras debidamente justificadas 
que dificulten su convocatoria pública».
Pues bien, en primer lugar, las razones de interés público de la financiación de la 
rehabilitación  del  patrimonio  histórico  artístico  y  en  concreto  de  bienes  de  interés 
cultural de titularidad pública con uso turístico quedan acreditadas por cuanto, por un 
lado, con las obras de rehabilitación se pretende garantizar la conservación de los 
bienes de interés cultural y permitir que puedan disfrutar de estos bienes generaciones 
presentes y futuras. También garantizará la seguridad en el acceso a aquellos que 
estuvieran deteriorados y pudieran suponer un riesgo para las personas o las cosas. s
Y, por otro lado, se pretende diversificar la oferta y desarrollar reclamos en zonas  oe.
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En este sentido en los últimos años se ha producido un auge del turismo cultural (con
un aumento en un 17 %) que con esta rehabilitación de bienes de patrimonio histórico  Bc
podría llegar incluso a mejorar sus cifras, ya que habría más destinos susceptibles de 
ser reclamo turístico.
La mayoría de los bienes de interés cultural a rehabilitar y mejorar se encuentran en 
zonas  rurales  o  pequeños  municipios  con  lo  que  llevará  igualmente  aparejada 
una  mejora  de  la  sostenibilidad  social,  medioambiental  y  económica  de  las 
zonas rurales o pequeños municipios.
Y en segundo lugar, concurren dificultades razonables para realizar la concesión de 
las mismas por medio del procedimiento ordinario de convocatoria pública concurrente, 
dada la previsión de entidades beneficiarias definidas y concretas toda vez que son las 
circunstancias específicas de diversos bienes de interés cultural los que condicionan 
que estos sean rehabilitados y restaurados con celeridad por las razones anteriormente 
expresadas, ya sea por seguridad de instalaciones, por representar bienes esenciales 
para esos municipio que permitan una mejora económica de la zona, para garantizar la 
conservación de los mismos para generaciones futuras o ya sea para promover el 
nuevo producto turístico cultural que aporta números beneficios económicos.
Así, la excepcionalidad de las ayudas se enmarca en la grave crisis del sector 
turístico actual, siendo necesaria la implementación de esos proyectos que llevaran 
aparejada  una  mejora  en  la  competitividad  turística  internacional  y  nacional  con 
grandes beneficios económicos que permitan al sector recuperarse de la crisis actual.
Las actuaciones previstas a realizar por las comunidades autónomas y entidades 
locales beneficiarias se llevarán a cabo sobre bienes de titularidad pública que no 
realicen  actividad  económica,  no  concurriendo  los  requisitos  exigidos  en  el 
artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, por tanto, no 
puede considerarse ayuda de Estado.
Las ayudas incluidas en esta inversión 4, subproyecto 3 para el año 2021 se 
centrarán en financiar la rehabilitación los bienes de interés cultural de titularidad 
pública con uso turístico en torno a tres ejes financiables debido a su gran importancia 
turística:  el  Plan  Turístico  Nacional  Xacobeo  2021-2022,  el  Camino  Ignaciano  de 
Manresa y, por último, por sus especiales características, las Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad españolas.
En cuanto al primer eje de financiación, esto es, actuaciones del Plan Turístico 
Nacional Xacobeo 2021-2022, hay que señalar que este primer eje forma parte del Plan 
Nacional Turístico Xacobeo 2021-2022, que se estructura a su vez en cinco ejes con un 
presupuesto global de 121.322.559,27 euros. En este caso, para financiar distintos 
proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico de uso 
turístico de los Caminos de Santiago, se dedicará una cantidad de 62.137.670,73 
euros.
Únicamente  podrán  ser  financiadas  con  cargo  al  Plan  Turístico  Nacional 
Xacobeo 2021-2022 las actuaciones sobre bienes de titularidad pública, teniendo en 
cuenta que los Caminos de Santiago albergan diversos y numerosos Bienes de Interés 
Cultural.
Las actuaciones de rehabilitación financiadas por este real decreto van a producir 
una clara mejora del estado de esos bienes, circunstancia que incrementará el interés 
de los miles de turistas que deciden transitar por los mismos. Todas estas acciones 
serán ejecutadas por las comunidades autónomas. Igualmente, para los ciudadanos 
que habitan en localidades que cruzan el Camino, puede suponer una oportunidad de 
desarrollo personal, laboral, y económico, así como para las personas que transitan sus 
Caminos se convierten en experiencias de gran calado que incitan a volver. s
Como segundo eje de estas ayudas de concesión directa se pretende subvencionar  oe.
la rehabilitación del patrimonio histórico en relación con otro producto turístico de  w.
similares características al Plan Xacobeo, como es el Camino Ignaciano, que recorre el  259ww
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camino, así como convertirse en peregrino y permitiría hacer visible otro producto 
turístico de caminos en el año del Camino Xacobeo.
El tercer y último eje sería el relativo a las ciudades Patrimonio de la Humanidad 
españolas teniendo en cuenta que el reconocimiento como ciudades como Patrimonio 
de  la  Humanidad  por  parte  de  la  UNESCO  implica  y  requiere  de  una  protección 
especial y conservación de estas ciudades, que obliga a garantizar el mantenimiento de 
los cascos históricos y la restauración de patrimonio edificado de carácter monumental, 
por lo que parece esencial destinar ayudas a estas que permitan posicionar a las 
mismas como grandes potenciales turísticos de nuestro país.
En el marco del Plan de Recuperación, las actuaciones objeto de este real decreto 
contribuirán al cumplimiento del objetivo 228 de la Decisión CID, consistente en la 
finalización de 50 actuaciones de rehabilitación de patrimonio histórico como mínimo 
para el segundo trimestre de 2026, que deberán cumplir la Guía técnica sobre la 
aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58, de 18 de 
febrero de 2021, P.1), una lista de exclusiones y el acervo medioambiental pertinente 
de la UE y nacional.
En  concreto  con  las  actuaciones  previstas  en  este  real  decreto  se  pretende 
alcanzar la cifra de 37 actuaciones, por lo que el cumplimento del objetivo CID el para 
segundo trimestre de 2026 podría considerarse cercano.
Asimismo, y de acuerdo con la Decisión de la Comisión Europea de 29 de octubre 
de  2021,  por  la  que  se  aprueban  las  disposiciones  operativas  entre  la  Comisión 
Europea  y  el  Reino  de  España  con  arreglo  al  Reglamento  (UE)  2021/241,  las 
actuaciones  objeto  de  este  real  decreto  contribuirán  al  objetivo  de  la  disposición 
operativa número 228.1, conforme al cual en el cuarto trimestre de 2024 será necesario 
presentar un informe de progreso describiendo los proyectos realizados y su progreso.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento 
(UE) 2021/241 de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la 
Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no 
causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del 
Consejo de 13 de julio de 2021, todas las actuaciones financiadas que se llevarán a 
cabo en cumplimiento del presente real decreto, deben de respetar el llamado principio 
de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas 
en inglés, «Do No Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones 
específicas previstas en el Componente 14, Inversión 4.3 en la que se enmarca, tanto 
en lo referido al principio DNSH, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 
y 8 del documento del Componente del Plan.
Por otro lado, la Inversión 4, subproyecto 3 no lleva aparejada etiqueta ecológica ni 
digital.
Las subvenciones reguladas en este real decreto otorgadas a las comunidades 
autónomas y entidades locales no constituyen ayuda de Estado, dado que las citadas 
comunidades autónomas y entidades locales, como potenciales beneficiarias de las 
ayudas, no realizan actividad económica en un mercado en competencia y, por tanto, 
no concurren los requisitos del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea para considerar que existe ayuda de Estado.
Este real decreto se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación 
que establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cumple con los principios de  s
necesidad y eficacia en tanto es el instrumento más adecuado para garantizar la  oe.
consecución de estos objetivos. w.
Es  conforme  con  el  principio  de  proporcionalidad  dado  que  no  contiene  259ww
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turismo, así como con la normativa nacional en materia de subvenciones, esto es, la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones  y  conteniendo  la 
regulación imprescindible para garantizar que se alcance con el objetivo de realizar 
actuaciones. La norma cumple asimismo con el principio de transparencia pues se han 
definido claramente el alcance y objetivo; y de acuerdo con el principio de eficiencia, se 
contribuye a la gestión racional de estos recursos públicos existentes.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 13.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para 
regular las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, 
respectivamente.
Por todo  ello, en  la subvención  contemplada en este  real decreto  se dan  las 
circunstancias previstas en el artículo 22.2.c) de la Ley General de Subvenciones que 
justifican su concesión directa y se ajusta a lo establecido en los artículos 47 y 60 del 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de diciembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto.
1.  Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones 
con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico para la 
rehabilitación  y  mejora  de  bienes  de  patrimonio  histórico,  y  en  concreto  para  la 
rehabilitación y mejora de bienes de interés cultural de titularidad pública, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2.  Atendiendo  al  carácter  singular  que  se  deriva  de  las  excepcionales 
circunstancias  en  que  ha  de  realizarse  la  actividad  subvencionada,  y  dado  que 
concurren  razones  de  interés  público  que  determinan  la  improcedencia  de  su 
convocatoria pública, se otorgarán al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  en  relación  con  lo 
establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha ley, y en el artículo 67 del 
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 2.  Régimen jurídico aplicable.
1.  Estas subvenciones se regirán por lo dispuesto en el presente real decreto y en 
las resoluciones que se concreten, así como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y 
su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, salvo en lo que afecte a los principios de concurrencia y publicidad. Igualmente, 
será de aplicación el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para 
la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 por el 
que  se  establece  el  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  la  Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 
de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a  e.e
proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el  b
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y  259ww
Tcoranntasbfolerm  adceió nl ays R  emsieliednidcaias,  yd dee mláoss  nocrommaptiovnae tnatnetso  eduerol pePal acno mdoe n acRioencuapl qeuraec isóena, 
Pdela anp dliec aRceiócnu pae lraa cgieósnt.ión, seguimiento, verificación, publicidad y control en el marco del
2.  Será también será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, en el caso de que para la ejecución de los proyectos subvencionados 
se celebraran contratos que deban someterse a dicha Ley de acuerdo con lo dispuesto 
en la misma.
3.  En aplicación del principio de «no causar daño significativo» (principio «do no 
significant harm-DNSH»), de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, y por 
el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero  de  2021,  se  respetará  la  normativa  medioambiental  aplicable,  incluido  el 
Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio 
de  2020,  relativo  al  establecimiento  de  un  marco  para  facilitar  las  inversiones 
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, así como la Guía 
Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio de 
«no causar daño significativo». En todo caso, se respetarán los procedimientos de 
evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así 
como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud 
de la legislación medioambiental.
Artículo 3.  Entidades Beneficiarias.
1.  Las entidades beneficiarias de estas subvenciones serán:
a)  Las  siguientes  comunidades  autónomas,  en  el  marco  del  Plan  Nacional 
Turístico Xacobeo 2021-2022:
1.º  Comunidad Autónoma de Cantabria.
2.º  Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
3.º  Comunidad Autónoma de Galicia.
4.º  Comunidad de Castilla y León.
5.º  Comunidad Foral de Navarra.
6.º  Comunidad Autónoma del País Vasco.
7.º  Comunidad Autónoma de Aragón.
8.º  Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
9.º  Comunidad Valenciana.
10.º  Comunidad Autónoma de Extremadura.
11.º  Comunidad Autónoma de La Rioja.
b)  Las siguientes entidades locales que integran la Red Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad:
1.º  Alcalá de Henares.
2.º  Ávila.
3.º  Baeza.
4.º  Cáceres.
5.º  Córdoba.
6.º  Cuenca.
7.º  Ibiza.
8.º  La Laguna.
9.º  Mérida. e.e
10.º  Salamanca. b
11.º  Santiago de Compostela. 259ww
1123..ºº   STaergroavgioan.a.
1145..ºº   TÚobleeddao..
c)  El municipio de Manresa.
2.  Las entidades beneficiarias podrán concertar con terceros la ejecución total o 
parcial de los proyectos mediante los procedimientos de licitación correspondientes, o 
proceder a su ejecución total o parcial a través de encargos a medios propios, de 
acuerdo con los límites previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. En todo caso, los terceros tendrán que respetar el contenido de la 
normativa europea y nacional, y en particular:
a)  Cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de  17  de  noviembre,  así  como  que  se  encuentren  al  corriente  de  pago  de  las 
obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos anteriormente 
concedidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
b)  Cumplir con lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, en relación con la identificación de los perceptores finales de los fondos.
3.  Las Entidades beneficiarias de las ayudas previstas en este real decreto podrán 
convocar subvenciones estando las mismas sujetas en todo caso a la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, debiendo estar los beneficiarios al 
corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o 
anticipos  anteriormente  concedidos  con  cargo  a  los  Presupuestos  Generales  del 
Estado.
Artículo 4.  Actuaciones a financiar y gastos subvencionables.
1.  Se  financiarán  las  siguientes  actuaciones  en  bienes  de  interés  cultural  de 
titularidad pública con uso turístico o en el entorno de bienes de interés cultural y, en 
concreto, las siguientes:
a)  Rehabilitación de espacios para su uso turístico.
b)  Mejora de la eficiencia energética.
c)  Actuaciones de aclimatación y adaptación al cambio climático.
d)  Modernización  de  los  sistemas  de  gestión  de  residuos,  abordando  la 
prevención y la reducción de la generación de los mismos y la implantación de sistemas 
de recogida separada de los distintos materiales que posibiliten la preparación para la 
reutilización o el reciclaje de los mismos.
e)  Rehabilitación  y  aprovechamiento  de  espacios  con  tecnologías  inteligentes 
(mejora de la banda ancha, instalación de redes wifi, reservas en línea, visitas virtuales, 
o similares).
f)  Mejora de la accesibilidad.
g)  Mejora en la iluminación eficiente.
h)  Reducción del consumo de energía y agua.
i)  Rehabilitación  y  restauración  de  Edificios  declarados  como  Bien  de  Interés 
Cultural para uso turístico y cultural;
j)  La reducción y compensación de la huella de carbono mediante la elaboración 
de  planes  de  actuación  para  la  reducción  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto 
invernadero;
k)  La mejora de la eficiencia energética a través de la sustitución de las calderas 
diésel o de combustible por calderas de gas natural;
l)  La introducción de mejoras en los sistemas de tratamiento de aguas grises. e.e
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febrero de 2021.
3.  Se entenderán como gastos subvencionables todos aquellos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, se destinen a 
alcanzar  el  objetivo  de  la  rehabilitación  del  patrimonio  histórico  con  uso  turístico, 
mediante  la  realización  de  actividades  subvencionables  y  resulten  estrictamente 
necesarios  y  se  realicen  dentro  del  plazo  establecido  por  las  correspondientes 
resoluciones de concesión.
4.  No serán subvencionables aquellos proyectos que no respeten plenamente las 
normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el 
principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio 
de 2020. Se excluyen de la financiación, en la medida en que resulten aplicables a los 
conceptos en que se realice el gasto al que se destinan las presentes ayudas:
a)  Las  inversiones  relacionadas  con  combustibles  fósiles  (incluido  el  uso 
posterior).
b)  Las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión 
(ETS)  con  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  proyectadas  que  no  sean 
sustancialmente inferiores a los valores de referencia establecidos para la asignación 
gratuita.
c)  El  tratamiento  de  los  residuos  generados  mediante  tratamiento  mecánico-
biológico (TMB), incineración o vertido.
d)  Las actividades en las que la eliminación a largo plazo de desechos puede 
causar daños a largo plazo al medio ambiente (por ejemplo, desechos nucleares).
e)  Los  gastos  asociados  al  tratamiento  de  residuos  a  los  que  se  aplique  la 
responsabilidad ampliada del productor de conformidad con la legislación vigente.
Asimismo,  se  exigirá  que  solo  puedan  seleccionarse  aquellas  actividades  que 
cumplan la legislación medioambiental nacional y europea pertinente.
5.  En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos 
o cualquier otro impuesto o tasa.
6.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, y en el artículo 37 
del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación correspondiente a 
estas ayudas está legalmente afectada a financiar los proyectos o líneas de acción que 
se integren dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Artículo 5.  Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución de las actuaciones subvencionables objeto de este real 
decreto será hasta el 31 de octubre de 2025.
Artículo 6.  Cuantía y financiación.
1.  El importe máximo de las subvenciones otorgadas será de 109.851.486,46 
euros, con el siguiente desglose:
a)  La dotación financiera para las comunidades autónomas en el marco del Plan 
Nacional  Turístico  Xacobeo  2021-2022  será  de  62.137.670,73  euros.  El  importe 
máximo de las subvenciones será el siguiente:
1.º  Comunidad Autónoma de Cantabria: 3.079.887,56 euros. o
3245....ºººº     CCCCoooommmmuuuunnnniiiiddddaaaadddd    AAdFeouu rttCaóólnna doosetmmil lNaaa  a ddyvee aL  GCreróaaans:li :tc4 iil5.al1a.:87- 2L52a20.8. .M707007a00 ne. c0euh0urao0ro:s  es.3u..2ro0s0..000 euros. 2021-20259n https://www.
6.º  Comunidad Autónoma del País Vasco: 5.500.000 euros.
7.º  Comunidad Autónoma de Aragón: 2.550.000 euros.
8.º  Comunidad Autónoma del Principado de Asturias: 5.884.906,17 euros.
9.º  Comunidad Valenciana: 2.700.000 euros.
10.º  Comunidad Autónoma de Extremadura: 4.000.000 euros.
11.º  Comunidad Autónoma de La Rioja: 2.500.000 euros.
b)  La dotación financiera para las entidades locales que integran la Red Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad será de 45 millones de euros. El importe máximo de las 
subvenciones será el siguiente: máximo de 3 millones de euros a cada una de las 
ciudades Patrimonio de la Humanidad identificadas en la letra b) del apartado 1 del 
artículo 3.
c)  La  dotación  financiera  máxima  al  municipio  de  Manresa,  en  el  marco  del 
Camino Ignaciano de Manresa, será de 2.713.815,73 euros.
2.  La cuantía de estas subvenciones se abonará con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias 20.50.430A.751 y 20.50.430A.760, correspondientes al Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
3.  El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo 7.  Compatibilidad de las subvenciones.
Los  proyectos  que  se  financien  con  cargo  al  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia solo podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión 
Europea siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste, de conformidad con el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, el artículo 188 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del 
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  18  de  julio  de  2018,  sobre  las  normas 
financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión, y el artículo 7 de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
Artículo 8.  Procedimiento de concesión.
1.  Se  autoriza  la  concesión  directa  de  las  subvenciones  objeto  de  este  real 
decreto,  atendiendo  a  su  carácter  singular  que  se  deriva  de  las  excepcionales 
circunstancias en que han de realizarse las actividades subvencionadas. Dado que 
concurren  razones  de  interés  público  que  determinan  la  improcedencia  de  su 
convocatoria pública, se procederá a su concesión directa.
2.  La  concesión  de  estas  subvenciones  a  las  comunidades  autónomas  o  las 
entidades  locales  correspondientes  beneficiarias  se  instrumentará  mediante  la 
correspondiente resolución de la persona titular del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, sin perjuicio de las delegaciones vigentes.
3.  La resolución de concesión a las entidades beneficiarias detallará la cuantía 
máxima concedida para la ejecución de las actuaciones a desarrollar, las actuaciones a 
financiar y establecerá las condiciones y compromisos aplicables conforme dispone el 
artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del 
solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de 
la circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá  e.
aportar las correspondientes certificaciones. w.b
No  obstante,  el  solicitante  podrá  denegar  expresamente  el  consentimiento,  259ww
debiLeansd oe anptiodratdaer se nbtoennceefsic ilaarsi acse rtdifeicbaecriáonn eesn ccoornretrsaprosen diaeln tceosr.riente  de  pago  de  las
coobnligceadciiodnoes sc odne  craeregmob ao llsoos  pdree scuupauleessqtousie grae noetrroasle sp rdéeslt aEmstoasd oo. anticipos anteriormente
Artículo 9.  Pago de la subvención.
1.  El pago tendrá el carácter de pago anticipado y en un único pago, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No será preciso 
que las entidades beneficiarias presenten garantía en virtud de lo dispuesto en el 
artículo  42.2.a)  y  d)  del  Reglamento  de  la  citada  ley,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.  La percepción de fondos del Plan de Recuperación estará condicionada a que 
se  presente  compromiso  por  escrito  para  conceder  los  derechos  y  los  accesos 
necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude  («OLAF»),  el  Tribunal  de  Cuentas  Europeo,  la  Fiscalía  Europea  y  las 
autoridades nacionales competentes, la IGAE en particular, ejerzan sus competencias 
de control.
Artículo 10.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1.  Con  carácter  general,  son  obligaciones  de  cada  entidad  beneficiaria  las 
señaladas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adicionalmente y 
en particular, las siguientes:
a)  Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se 
fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos 
en la respectiva resolución de concesión, aportando los datos cuantitativos necesarios 
para la correcta evaluación de las actuaciones a la Secretaría de Estado de Turismo.
b)  Como  entidades  ejecutoras  del  subproyecto,  serán  las  responsables  de 
desagregar  los  hitos  y  objetivos  críticos  y  no  críticos  del  proyecto  en  los  hitos  y 
objetivos críticos y no críticos de los subproyectos, así como cumplirlos e informar a la 
Secretaría de Estado de Turismo de sus avances. Corresponderá al Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, validar 
la desagregación en hitos y objetivos.
c)  Además,  habrán  de  cumplir  los  hitos  y  contribuir  al  cumplimiento  de  los 
objetivos fijados en el Plan de Recuperación en los términos y condiciones que se 
indiquen en las respectivas resoluciones de concesión.
d)  Como Entidades ejecutoras serán las responsables de registrar en el sistema 
informático de forma continuada el progreso de los indicadores de los hitos y objetivos 
más  desagregados  de  la  estructura  en  la  que  se  descompone  el  proyecto  o 
subproyecto e incorporar la información acreditativa conforme a los mecanismos de 
verificación. En particular, incluirán información sobre el nombre y la ubicación de cada 
proyecto  y  una  breve  descripción;  el  tipo  de  apoyo  recibido;  y  el  extracto  de  los 
documentos  oficiales  que  contienen  los  criterios  de  selección  que  garantizan  el 
cumplimiento  de  la  Orientación  Técnica  «No  causar  daños  significativos» 
(2021/C58/01), tal como se especifica en el anexo CID.
e)  Se configuran como actuaciones obligatorias de las entidades beneficiarias la 
prevención, detección, comunicación, corrección y evaluación de riesgo de fraude, 
corrupción y conflicto de interés y la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de 
Conflicto de Intereses (DACI) y la disponibilidad de un procedimiento para abordar 
estos  conflictos  de  intereses  en  el  marco  del  Reglamento  (UE)  2021/241  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. En especial, tomarán las 
medidas para asegurar que no exista conflicto de interés en los receptores finales de  s
las ayudas, incluyendo en los expedientes que se tramiten los informes o declaraciones  oe.
cdlroeoessnl  pcfaioognnnuesfrlxaaicob et loelI sIss. B idsn.et6ee  cimndetaese a rdérleaisa   gseOe,n rss dcteieaógnsnú o ndH  deFcel oP Pdr/rl1eae0tnse3p cd0ote/an2 rdR0loa2es,1c ., yu A pda eeeprs lait2cec9ai óf ninndd,,eo  Th  lrsaaaeb nprnsátoif eorqmmrumeaba tricecvo,iaó m pnrpeo ylgre  uRtlaalear  sdmqioluioreeadn  ecdsileaoe     2021-20259n https://www.
que  recoge  un  cuestionario  de  autoevaluación  relativo  al  estándar  mínimo,  y
asegurarse de cumplir con el anexo III.D que recoge una referencia orientativa para  Bc
facilitar el cumplimiento de los requerimientos sobre la compatibilidad con el régimen de 
ayudas de Estado y prevención de la doble financiación.
f)  Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los 
fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificación de documentos y 
a la evaluación continua y final por parte de la Secretaría de Estado de Turismo, así 
como  al  control  financiero  de  los  mismos  por  la  Intervención  General  de  la 
Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas y órganos estatales y europeos que 
tengan  encomendado  el  control  y  seguimiento  de  los  fondos  del  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia, en particular la Comisión europea, el Tribunal de Cuentas 
Europeo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía europea, 
que podrán acceder a la información de detalle de las actuaciones realizadas.
En todo caso, las subvenciones reguladas en este real decreto estarán sometidas al 
seguimiento, control y evaluación que se establezca para el Plan de Recuperación, así 
como  las  obligaciones  específicas  relativas  a  la  información  y  publicidad,  control, 
verificación, seguimiento, evaluación y demás obligaciones impuestas por la normativa 
interna y de la Unión Europea que para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de 
la UE se establezcan y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento. En particular, 
deberán aportar la información que corresponda al sistema de gestión que el Ministerio 
de  Hacienda  y  Función  Pública  elabore  para  el  seguimiento  de  los  proyectos  de 
inversión financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
g)  Con la finalidad de dar adecuado cumplimiento al mandato establecido en la 
letra d) del apartado 2 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2012/241 del Parlamento 
Europeo  y  del  Consejo,  las  comunidades  autónomas  y  entidades  locales,  como 
entidades  ejecutoras  llevarán  a  cabo  lo  indicado  en  el  artículo  8  de  la  Orden 
HFP/1030/2021, en relación con la identificación del perceptor final de los fondos, 
entidades beneficiarias de las ayudas, contratistas y subcontratistas y a la aportación 
de esta información. Dichos datos serán incorporados en una base de datos única.
Específicamente, deberá preverse la aceptación por parte de los perceptores finales 
de los fondos de la cesión de datos entre las administraciones públicas implicadas para 
dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de 
conformidad con la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, conforme al modelo establecido en el anexo IV.B 
de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
h)  Asumen  el  mantenimiento  de  una  adecuada  pista  de  auditoría  de  las 
actuaciones  realizadas  en  el  marco  de  esta  subvención  y  la  obligación  de 
mantenimiento  de  la  documentación  soporte.  El  suministro  de  la  información  se 
realizará  en  los  términos  establecidos  por  la  Orden  HFP/1030/2021  y  la  Orden 
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
i)  Custodiar  y  conservar  toda  la  documentación  original,  justificativa  de  la 
aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de 
comprobación y control. En este sentido, deberán, asimismo, remitir la información 
sobre las actuaciones realizadas al sistema de gestión que el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública elabore para el seguimiento de los proyectos de inversión financiados 
con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como base de datos única para el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 22.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
A efectos de cumplir con las actuaciones de comprobación y de conformidad con lo 
establecido  en  los  artículos  22.2  del  Reglamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  s
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y del artículo 132 del Reglamento  oe.
(UE,  Euratom)  2018/1046  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  18  de  julio  w.
de 2018, sobre normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión,  259ww
bdeenbeerfiácnia ricoosn sfienravlaers, , ploosr   dsoí cuom  emnetdoisa njutes tiflaic atimivopso,s icloiósn  dadteo s eestsata doíbstliigcoasc ióyn  dae mloáss 
edonc fuomrmeanttoa ceiólenc tcróonnciceor nyi epnoter su na  plae rfiiondaon cdiea ccióinnc, oa asíñ ocso mdeos ldoes  qreugei sstero as byo ndaorcau mel esnatoldso,   BOE-A-cable e
de la operación financiera, o por un periodo de tres años, cuando el importe de la 
subvención sea inferior a 60.000 euros, en los términos previstos en el artículo 132 del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
julio.
j)  Remitir  con  la  periodicidad,  procedimiento  y  formato  que  establezca  la 
Secretaría de Estado de Turismo información sobre el seguimiento de la ejecución 
contable  de  los  gastos  imputados  a  medidas,  proyectos  o  iniciativas  del  Plan  de 
Recuperación, con la debida identificación de dichos proyectos o iniciativas y de la 
entidad u organismo a que correspondan.
k)  Las entidades beneficiarias de las inversiones estarán obligadas a crear en 
España todo el empleo necesario para la realización de la actividad, que se realizará 
con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El 
cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente.
l)  Las  entidades  beneficiarias  deberán  contribuir  al  objetivo  de  autonomía 
estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena 
de  suministro  teniendo  en  cuenta  el  contexto  internacional  y  la  disponibilidad  de 
cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la 
solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas 
y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
m)  Las entidades beneficiarias deberán cumplir deberán cumplir con la normativa 
nacional y europea de ayudas de Estado.
n)  Cumplir con la demás normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia  y,  en  especial,  con  lo  dispuesto  en  la  normativa  que  el  Ministerio  de 
Hacienda y Función Pública apruebe a este respecto.
o)  Devolver a la Secretaría de Estado de Turismo las cantidades anticipadas, que 
no se hubieran utilizado en la ejecución de la actividad o actividades objeto de la 
subvención, en los plazos y condiciones previstos en las respectivas resoluciones.
p)  Cumplir con las obligaciones de publicidad y medidas de difusión establecidas 
en el artículo 13 de este real decreto.
2.  De  manera  específica,  las  comunidades  autónomas  o  entidades  locales 
beneficiarias  garantizarán  el  pleno  cumplimiento  del  principio  de  «no  causar  daño 
significativo» (principio «do no significant harm-DNSH»), de acuerdo con lo previsto en 
el  Plan  de  Recuperación  y  en  el  Reglamento  (UE)  n.º  2021/241  del  Parlamento 
Europeo  y  del  Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021.  Para  ello,  establecerán  los 
mecanismos específicos de verificación del cumplimiento de este principio, junto con la 
obligación para los beneficiarios finales de conservar la documentación acreditativa de 
ello por el periodo exigido por las normas de la Unión Europea que sean de aplicación.
Las comunidades autónomas o entidades locales beneficiarias habrán de prever 
mecanismos para asegurar que las entidades contratistas/adjudicatarias del encargo/
subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al 
medio ambiente».
Artículo 11.  Justificación.
1.  Las entidades beneficiarias deberán justificar la realización de las actuaciones 
objeto de la subvención ante la Secretaria de Estado de Turismo en el plazo de tres 
meses a contar desde el día siguiente al de la conclusión del plazo de ejecución.
2.  La justificación del cumplimiento de la ayuda revestirá, según el artículo 30 de  e
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la forma de cuenta justificativa del gasto realizado  bo
con indicación de las actuaciones realizadas. 259ww
Laa)  cUuennat am juesmtioficriaat ivdae  caocnttueancdiórán  laju ssitgifuicieantitvea d doecul mcuemntpalcimióine:nto de las condiciones
impuestas  en  la  concesión  de  la  subvención,  con  indicación  de  las  actuaciones
realizadas y de los resultados obtenidos. Bc
b)  Una memoria económica justificativa del coste total de la actuación realizada, 
que contendrá:
1.º  Una relación clasificada de los costes de actuación, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
2.º  Copia de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que 
se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago.
c)  Cuando la actividad haya sido financiada, además de con esta subvención, con 
fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación 
el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas 
según el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
d)  En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
2.  El  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  examinará  la  justificación 
presentada y, en su caso, dará su conformidad a la misma siempre que se acredite que 
se  ha  realizado  la  actuación  subvencionable,  recabando,  en  caso  contrario,  las 
subsanaciones que sean pertinentes y, si fuera procedente, iniciando el procedimiento 
de reintegro.
3.  Las  comunidades  autónomas  y  las  entidades  locales  deben  justificar  el 
adecuado cumplimiento de los hitos y objetivos de los subproyectos a ejecutar en los 
términos  y  condiciones  que  se  indiquen  en  la  Orden  HFP/1030/2021,  de  29  de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, u 
orden que la sustituya, y en todo caso en el plazo máximo que se establece en dicha 
orden a partir de la fecha límite en que el hito u objetivo debe haberse cumplido.
4.  Igualmente, las comunidades autónomas y las entidades locales deberán incluir 
en la justificación una declaración responsable del cumplimiento de «no causar daño 
significativo al medio ambiente» («do not significant harm»-DNSH), de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, del Parlamento 
Europeo y del Consejo.
5.  Las  comunidades  autónomas  y  las  entidades  locales  deberán  remitir  la 
información al sistema de gestión que el Ministerio de Hacienda y Función Pública 
elabore  para  el  seguimiento  de  los  proyectos  de  inversión  financiados  con  el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como a través de los diferentes medios 
que se puedan desarrollar.
Artículo 12.  Comprobación de la subvención.
1.  Tanto en la fase de concesión de las ayudas como en la de pago de las mismas 
o con posterioridad a éste, el órgano concedente, así como los órganos de control 
competentes,  incluidos  los  recogidos  en  el  artículo  22.2.e)  del  Reglamento 
(UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero 
(Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 de 18 de julio de 2018, podrán realizar todos 
aquellos  controles  e  inspecciones  que  consideren  convenientes,  con  el  objeto  de 
asegurar  el  buen  fin  de  la  ayuda  concedida,  estando  las  entidades  beneficiarias 
obligadas  a  prestar  colaboración  y  proporcionar  cualquier  otra  documentación  e 
información  que  se  estime  necesaria  para  la  verificación  del  cumplimiento  de  las 
condiciones establecidas en la presente orden. Asimismo, las entidades beneficiarias  e.
se comprometen a facilitar las inspecciones y comprobaciones que, en su caso, se  w.b
efectúen. 259ww
RecDupee araccuieórnd oe sctoanrá l oc osenñdaicliaodnoa dean  ae l qaurteíc usleo  p9r, elsae pneterc ecopmciópnro dmeis foo npdoors  edseclr iPtola np adrae 
conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la
OLAF,  el  Tribunal  de  Cuentas  Europeo,  la  Fiscalía  Europea  y  las  autoridades 
nacionales competentes, IGAE en particular, ejerzan sus competencias de control.
La  oposición  a  la  realización  de  estas  comprobaciones  e  inspecciones  podrá 
constituir  causa  de  reintegro  de  la  ayuda,  sin  perjuicio  de  la  tramitación  del 
correspondiente procedimiento sancionador.
2.  El órgano concedente de la subvención aplicará medidas dirigidas a prevenir, 
detectar,  comunicar  y  corregir  el  fraude  y  la  corrupción,  prevenir  el  conflicto  de 
intereses  y  la  doble  financiación,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
3.  La Administración y cualquier otro órgano de entre los contemplados en el 
artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, podrán acceder a 
la información contenida en el Registros de Titularidades Reales, así como a cualquier 
otra base de datos de la Administración a efectos de suministrar dichos datos sobre los 
titulares reales.
4.  A efectos de información y control de estas ayudas, se cederá la información 
entre los sistemas establecidos para la gestión y control de estas subvenciones con los 
Sistemas de los Fondos Europeos.
Artículo 13.  Publicidad y medidas de difusión.
1.  Estas subvenciones serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional 
de  Subvenciones,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  20  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el 
que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las 
subvenciones y demás ayudas públicas.
2.  Las entidades beneficiarias de la ayuda deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones en materia de publicidad e información:
a)  Las relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
conforme con la normativa europea y nacional que resulte aplicable. En particular, de 
acuerdo con la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en las 
medidas  de  información  y  comunicación  de  las  actuaciones  que  desarrollan  las 
inversiones  (carteles  informativos,  placas,  publicaciones  impresas  y  electrónicas, 
material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), 
se deberán incluir los siguientes logos:
1.º  El emblema de la Unión Europea,
2.º  Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión 
Europea-Next Generation EU»;
3.º  Se  tendrán  en  cuenta  las  normas  gráficas  y  los  colores  normalizados 
establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014, por el que se 
establecen  disposiciones  de  aplicación  del  Reglamento  (UE)  n.º  1303/2013  del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de 
transferencia  y  gestión  de  las  contribuciones  del  programa,  la  presentación  de 
información  sobre  los  instrumentos  financieros,  las  características  técnicas  de  las 
medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el 
registro y el almacenamiento de datos. También se puede consultar la siguiente página 
web:  http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm  y  descargar  distintos  s
ejemplos  del  emblema  en:  https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/ oe.
flag_es#download. 259www.
sentbid) o, Ltoads ae sretafebrleencicdiaa se enn c uaartlíqcuuileor  1m8e ddeio l ad eL edyif u3s8i/ó2n0 0s3o,b dree  l1a7s  idnev enrosvioienmesb raep. rEonb aedsates 
Tdeubriesrmáo .incluir que han sido financiadas por el Ministerio de Industria, Comercio y
El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo con 
el artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará con una multa 
fija en los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley. Así mismo, podrá ser 
causa  de  reintegro  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  37.1.d)  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre y artículo 93 de su Reglamento de desarrollo, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
c)  Toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas 
deberá usar como medio de difusión el logo del Plan de Recuperación, disponible en el 
link http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.
d)  En caso de cofinanciación por otra administración, tal circunstancia deberá 
reflejarse en la publicidad del proyecto.
Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible 
y de acceso al público.
Artículo 14.  Modificación de la resolución.
1.  Las  entidades  beneficiarias  podrán  solicitar,  con  carácter  excepcional,  la 
modificación  del  contenido  de  la  resolución  de  concesión  cuando  aparezcan 
circunstancias  sobrevenidas  que  alteren  o  dificulten  el  cumplimiento  de  la  misma, 
siempre que dicha modificación no implique un aumento del importe de la subvención.
2.  No obstante, no se podrá alterar la concreción del objeto y finalidad de la 
subvención, ni aquellas obligaciones relevantes a que se comprometen las entidades 
beneficiarias,  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  61  del  Reglamento  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Tampoco podrá afectar al 
principio de «no causar un perjuicio significativo» ni al cumplimiento de los hitos y 
objetivos del Plan de Recuperación.
La  solicitud  de  modificación,  que  deberá  estar  suficientemente  fundamentada, 
deberá presentarse en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo en el momento de la aparición de las circunstancias expresadas y, en todo 
caso, con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución de los gastos 
subvencionados.
La resolución de la solicitud de modificación se dictará por la persona titular del 
órgano que dictó la resolución de concesión y se notificará en un plazo máximo de tres 
meses a contar desde la fecha de presentación de aquella en la sede electrónica del 
Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo.  Esta  resolución  pondrá  fin  a  la  vía 
administrativa y frente a la misma cabrá la interposición de recurso potestativo de 
reposición ante el órgano que la dictó o acudir a la vía jurisdiccional contencioso-
administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.  Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo  24  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  teniendo  a  todos  los  efectos  la 
consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento y sin perjuicio de la 
obligación de dictar resolución expresa confirmatoria del mismo.
Artículo 15.  Reintegros e Incumplimientos.
1.  Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los 
intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora  es
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se  bo
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en el artículo 37 de la  259ww
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Asimismo, proceden otros supuestos de reintegro de fondos por sus especiales 
condiciones:
a)  En caso de incumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo», 
del etiquetado digital o ambiental o de las condiciones recogidas en la Decisión de 
Ejecución  del  Consejo  relativa  a  la  aprobación  de  la  evaluación  del  plan  de 
recuperación y resiliencia de España y en el Componente 14, la entidad beneficiaria 
deberá reintegrar las cuantías percibidas a la Secretaría de Estado de Turismo de 
manera total o parcial, en cada caso.
b)  De igual modo, en caso de no cumplir los hitos y objetivos previstos, así como 
los principios y obligaciones o cualquier otro aspecto derivados del Reglamento UE) n.º 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como 
en el resto de normativa de la Unión Europea que sea de aplicación, En caso de 
irregularidades, no justificación y falta de fiabilidad de indicadores o hitos reportados, 
las  comunidades  autónomas  o  las  entidades  locales  correspondientes  deberán 
reintegrar los fondos recibidos a la Secretaría de Estado de Turismo de manera total o 
parcial, en cada caso.
c)  Si el incumplimiento en que incurriera la comunidad autónoma o entidad local 
impide el cobro de las cantidades asignadas por el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia al Estado, la comunidad autónoma o entidad local deberá proceder al 
reintegro equivalente al importe que el Estado ha dejado de recibir del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia.
3.  Cuando el cumplimiento por las entidades beneficiarias se aproxime de modo 
significativo al cumplimiento total, entiendo por tal la adecuada satisfacción del objetivo 
perseguido con la concesión de la ayuda, y se acredite por la entidad beneficiaria una 
actuación  inequívocamente  tendente  a  la  satisfacción  de  sus  compromisos  por 
encontrarse en fase final de ejecución las actuaciones objeto de la subvención, la 
cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados 
en la letra n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 
a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en título III, capítulo II del Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7. 
séptima  de  la  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre  y,  en  su  caso,  por  la  Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
5.  El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será 
la persona titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 16.  Infracciones y sanciones.
Las posibles infracciones que pudieran cometerse por las entidades beneficiarias 
de la subvención se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título 
IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 13.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular  e.
las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. w.b
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este real decreto.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 7 de diciembre de 2021.
FELIPE R.
La Ministra de Industria, Comercio y Turismo,
MARÍA REYES MAROTO ILLERA
ANEXO
Cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo 
al medio ambiente»
Las entidades destinatarias finales de los fondos de este real decreto garantizarán el 
pleno  cumplimiento  del  principio  de  «no  causar  un  perjuicio  significativo  al  medio 
ambiente» (principio do no significant harm-DNSH) y el etiquetado climático y digital, de 
acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) n.º 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que 
se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y con lo requerido en la 
Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 
recuperación y resiliencia de España.
Además, las entidades destinatarias finales presentarán una evaluación favorable de 
adecuación  al  principio  de  DNSH,  o  en  su  caso,  una  declaración  responsable  del 
cumplimiento del mismo, de acuerdo a los modelos establecidos en la Guía DNSH de 
MITECO  (https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/
transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf).
Las  comunidades  autónomas  y  entidades  locales  deberán  prever  mecanismos 
específicos de verificación y certificación del cumplimiento del DNSH que aborden los 
riesgos específicos de la inversión, así como la obligatoriedad de todo beneficiario de los 
fondos de presentar esa acreditación o tenerla a disposición de la Administración durante 
un plazo suficiente (al menos cuatro años desde el momento en que vence el plazo para 
presentar la justificación por parte de las entidades beneficiarias).
Los  criterios  de  selección  asegurarán  el  cumplimiento  del  acervo  comunitario  y 
nacional  en  materia  medioambiental,  según  el  principio  de  la  Guía  Técnica 
(2021/C58/01) de «No daño significativo» al medioambiente, estableciendo un listado de 
actividades y activos excluidos de la financiación:
– Mitigación del cambio climático:
• Inversiones  relacionadas  con  combustibles  fósiles  (incluido  el  uso  posterior), 
excepto para calefacción/energía a base de gas natural que cumplan con las condiciones 
establecidas en el anexo III de la guía DNSH.
• Actividades en el marco del ETS con emisiones de GEI proyectadas que no sean 
sustancialmente inferiores a los valores de referencia establecidos para la asignación 
gratuita.
– Economía circular:
• Inversiones en instalaciones de vertederos de residuos, en plantas de tratamiento 
biológico  mecánico  (MBT)  e  incineradoras  para  el  tratamiento  de  residuos.  Esta 
exclusión no se aplica a inversiones en: plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento 
de residuos peligrosos no reciclables; plantas existentes, donde la inversión tiene el 
propósito  de  aumentar  la  eficiencia  energética,  capturar  gases  de  escape  para 
almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre 
que tales inversiones no den lugar a un aumento de la capacidad de procesamiento de 
residuos de las plantas o en una extensión de la vida útil de la planta.
• Actividades en las que la eliminación a largo plazo de desechos puede causar  es
daños a largo plazo al medio ambiente (por ejemplo, desechos nucleares). o
Con arreglo al artículo 4 del real decreto se financiarán las siguientes actuaciones en  259ww
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a)  Eco-rehabilitación de espacios para su uso turístico.
b)  Mejora de la eficiencia energética.
c)  Actuaciones de aclimatación y adaptación al cambio climático.
d)  Modernización de los sistemas de gestión de residuos, abordando la prevención 
y la reducción de la generación de los mismos y la implantación de sistemas de recogida 
separada de los distintos materiales que posibiliten la preparación para la reutilización o 
el reciclaje de los mismos.
e)  Rehabilitación  y  aprovechamiento  de  espacios  con  tecnologías  inteligentes 
(mejora de la banda ancha, instalación de redes wifi, reservas en línea, visitas virtuales, 
o similares).
f)  Mejora de la accesibilidad.
g)  Mejora en la iluminación eficiente.
h)  Reducción del consumo de energía y agua.
En la rehabilitación de edificios se tendrá en consideración las directrices recogidas 
en la Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia energética de los edificios de cara a 
que sean edificios de consumo de energía casi nulo, permitiendo reducir de forma 
significativa el consumo de energía primaria no renovable.
Los equipos IT cumplirán con los requisitos relacionados con la energía establecidos 
de acuerdo con la Directiva 2009/125/EC para servidores y almacenamiento de datos, o 
computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas.
En estas adquisiciones se activarán medidas para asegurar la compra de aquellos 
equipos energéticamente eficientes, que sean absolutamente respetuosos con el Code 
of Conduct for ICT de la Comisión Europea, y se tomarán medidas para que aumente la 
durabilidad,  la  posibilidad  de  reparación,  de  actualización  y  de  reutilización  de  los 
productos, de los aparatos eléctricos y electrónicos implantados.
Las medidas de rehabilitación permitirán contribuir a la adaptación de los edificios al 
cambio climático, adoptando las soluciones de adaptación que sean posibles en el marco 
de las opciones que permita la edificación existente y su protección en caso de que sean 
edificios  protegidos,  como  la  utilización  de  cubiertas  vegetales,  toldos,  zonas  de 
sombreado, etc.
No se prevé que la medida sea perjudicial para el uso sostenible y la protección de 
los recursos hídricos y marinos. Cuando se instalen aparatos de agua, estos tendrán una 
etiqueta  de  producto  existente  en  la  Unión.  Para  evitar  el  impacto  de  la  obra,  se 
identificarán y abordarán los riesgos de degradación ambiental relacionados con la 
preservación de la calidad del agua y la prevención del estrés hídrico, de acuerdo con un 
plan de gestión de uso y protección del agua.
Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no 
peligrosos (excluido el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista 
europea  de  residuos  establecida  por  la  Decisión  2000/532/EC)  generados,  en  las 
actuaciones previstas en esta inversión, será preparado para su reutilización, reciclaje y 
recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos 
para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de 
gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.
Los operadores limitarán la generación de residuos en los procesos relacionados con 
la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de 
construcción  y  demolición  de  la  UE  y  teniendo  en  cuenta  las  mejores  técnicas 
disponibles  y  utilizando  la  demolición  selectiva  para  permitir  la  eliminación  y 
manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta 
calidad  mediante  la  eliminación  selectiva  de  materiales,  utilizando  los  sistemas  de 
clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. e.
Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad  w.b
en  lo  referido  a  la  norma  ISO  20887  para  evaluar  la  capacidad  de  desmontaje  o  259ww
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de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas. Los
equipos utilizados no contendrán las sustancias restringidas enumeradas en el anexo II 
de la Directiva 2011/65/UE, excepto cuando los valores de concentración en peso en 
materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo.
Al  final  de  su  vida  útil,  los  equipos  IT  se  someterán  a  una  preparación  para 
operaciones  de  reutilización,  recuperación  o  reciclaje,  o  un  tratamiento  adecuado, 
incluida la eliminación de todos los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el 
anexo VII de la Directiva 2012/19/UE.
De igual manera que ocurre con las emisiones GEI, no se espera que la medida dé 
lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el 
agua o el suelo.
El carácter general de las actuaciones orientadas a la sustitución de sistemas de 
calefacción  y  refrigeración  basados  en  energías  fósiles  por  otras  tecnologías  cero 
contaminantes,  permitirá  una  significativa  reducción  de  las  emisiones  al  aire  y  por 
consiguiente una mejora en la salud pública.
El  carácter  general  de  las  actuaciones  contempladas  en  cuanto  a  promover  la 
rehabilitación de edificios incluyendo el concepto de eficiencia energética, hacen prever 
claramente  una  reducción  de  las  emisiones  de  contaminantes  atmosféricos 
principalmente asociada a la disminución del consumo energético.
Los componentes y materiales de construcción utilizados en la construcción no 
contendrán amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas sobre la base de la 
lista de sustancias sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento 
(CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. Los componentes y materiales 
de construcción utilizados en la construcción que puedan entrar en contacto con los 
usuarios emitirán menos de 0,06 mg de formaldehído por m³ de material o componente y 
menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos de categorías 1A 
y 1B por m³ de material o componente, previa prueba de acuerdo con CEN/TS 16516 e 
ISO 16000-3 u otras condiciones de prueba estandarizadas y métodos de determinación 
comparables.
Cuando la nueva construcción esté ubicada en un sitio potencialmente contaminado 
(sitio brownfield), el sitio será sujeto de una investigación de contaminantes potenciales, 
utilizando la norma ISO 18400. Además, se adoptarán medidas para reducir el ruido, el 
polvo  y  las  emisiones  contaminantes  durante  la  fase  de  obra  y  se  ejecutarán  las 
actuaciones asociadas a esta medida siempre cumpliendo la normativa de aplicación 
vigente en cuanto la posible contaminación de suelos y agua.
La medida no tendrá efectos perjudiciales sobre la biodiversidad ni los ecosistemas 
porque pretende proteger los entornos naturales, marítimos y terrestres, como elemento 
distintivo de la política turística en España.
Cuando las actuaciones de rehabilitación tengan lugar en de áreas sensibles a la 
biodiversidad (incluida la red Natura 2000 de áreas protegidas, sitios del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO y áreas clave para la biodiversidad, así como otras áreas 
protegidas) o en áreas próximas, se requerirá el cumplimiento de los artículos 6 (3) y 12 
de la Directiva de hábitats y el artículo 5 de la Directiva de aves. Además, cuando sea 
preceptivo, se llevará a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con 
la Directiva EIA.