BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Miércoles 31 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 37389
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
5127 Sala Segunda. Sentencia 45/2021, de 3 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo 2537-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:45
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la Magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, Presidenta; y los Magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2537-2019, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca de 27 de 
febrero de 2019, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el 
auto de 21 de septiembre de 2018, por el que se inadmite el escrito de oposición a la 
ejecución hipotecaria en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 362-2018. Ha 
comparecido la entidad Pera Assets Designated Activity Company. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  La entidad Penrei Inversiones, S.L., representada por la procuradora de los 
tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la asistencia de la letrada doña Anju 
Nirmala  Benavent  Rodríguez,  interpuso  recurso  de  amparo  contra  las  resoluciones 
judiciales que se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia mediante escrito 
registrado en este tribunal el 22 de abril de 2019.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  La entidad Banco de Sabadell, S.A., promovió un procedimiento de ejecución  e.
hipotecaria frente a las sociedades Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en  w.
calidad de prestataria e hipotecante, y Penrei Inversiones, S.L., en calidad de titular  27ww
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número 362-2018.
b)  El juzgado acordó despachar ejecución mediante auto de 8 de junio de 2018 
frente a las sociedades demandadas. El citado auto y el decreto de la misma fecha que 
le sigue, acordando las medidas de ejecución y el requerimiento de pago al ejecutado, 
fueron comunicados a las citadas entidades a través de la sede judicial electrónica el 
día 13 de junio de 2018; fecha en la que se recibió en la dirección electrónica habilitada 
de ambas entidades un mensaje del servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre con el aviso de que hasta el 29 de julio siguiente tendrían 
disponible  una  notificación  del  juzgado  de  Lorca  relacionada  con  el  procedimiento 
EHJ 0362-2018, a la que, para que constase como leída, debía acceder a través de un 
enlace adjunto. La ejecutada accedió a dicho enlace el 24 de julio de 2018.
c)  La entidad demandante de amparo presentó el 31 de julio de 2018 escrito de 
oposición a la ejecución despachada. Por auto de 21 de septiembre de 2018, el órgano 
judicial acordó la inadmisión de la oposición formulada por entender extemporánea su 
presentación, tras tomar como fecha de emplazamiento el 13 de junio de 2018.
d)  La entidad demandante de amparo interpuso recurso de reposición, alegando 
que la notificación y requerimiento no habían de entenderse realizadas el 13 de junio 
de 2018, sino el 25 de julio siguiente, y que la comunicación remitida a través de la 
dirección electrónica habilitada no constituye sino un aviso de puesta a disposición para 
descarga de su contenido durante un plazo determinado; poniendo de manifiesto que, 
entenderlo de otro modo, además de infringir los arts. 135, 152, 160 y 162 de la Ley de 
enjuiciamiento civil (LEC), vulneraría el artículo 24 CE.
e)  El recurso fue desestimado por auto de 27 de febrero de 2019 con fundamento 
en que las entidades ejecutadas tienen la condición de persona jurídica y, por tanto, 
están obligadas a relacionarse con la administración de justicia por medios electrónicos, 
de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 42/2015, 
de 5 de octubre, de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, así como en los artículos 
14.2.a)  de  la  Ley  39/2015  del  procedimiento  administrativo  común  de  las 
administraciones públicas, y 273.3 LEC. Según el auto, el artículo 162.2 LEC impone que 
la comunicación electrónica surte efecto trascurridos tres días desde que fue efectuada 
sin  que  el  destinatario  acceda  a  su  contenido.  Concluye  que,  al  constar  que  la 
notificación  se  puso  a  disposición  de  las  ejecutadas  el  13  de  junio  de  2018,  la 
presentación del escrito de oposición el 31 de julio de 2018 se produjo fuera del plazo 
legalmente establecido en el artículo 556.1 LEC, esto es más allá de los diez días 
siguientes al de la notificación del auto despachando la ejecución.
3.  La demandante de amparo alega que las resoluciones judiciales impugnadas 
han vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), al 
haberse efectuado su emplazamiento como ejecutada a través de un correo electrónico 
remitido por un servicio de notificaciones electrónicas y no mediante entrega de la 
documentación correspondiente en papel en la sede de su domicilio social y ello pese a 
que esa comunicación fue el primer emplazamiento en la causa. Además, señala que, en 
todo caso, siguió las indicaciones que le facilitó la comunicación electrónica, de manera 
que accedió al contenido de la notificación dentro del plazo fijado de disponibilidad; fecha 
que, sin embargo, el órgano judicial ha considerado fuera de plazo, por lo que acordó la 
inadmisión del escrito de oposición presentado dentro de los diez días que prevé el 
art. 556 LEC.
La demandante de amparo insiste en que, por ser una persona jurídica, si bien está 
obligada a relacionarse con la administración de justicia a través de medios electrónicos, 
según establece el art. 273 LEC; sin embargo, cuando se trata del primer emplazamiento  e.
y, por tanto, todavía se no ha tenido ninguna relación con el juzgado correspondiente en  w.b
ese  concreto  procedimiento,  la  notificación  ha  de  practicarse  mediante  cédula  con  27ww
aernttírceugloa,  epnu epsatpoe le dne  rleal adcoiócnu mceonnt alocisó na rctoícrurelossp o1n3d5ie, n1te5,2 ,c o1n6fo2r my e1 e5s5t aLbEleCc.e  Eesstee  múilstimmoo 
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citación al demandado, los actos de comunicación se harán por remisión al domicilio de 
los litigantes».
La demandante de amparo, además, expone que el auto de 27 de febrero de 2019 
fundamenta su decisión en la Ley del procedimiento administrativo común, norma que es 
inaplicable al ámbito procesal civil, puesto que además de existir normas concretas al 
respecto, no se dan en uno y otro ámbito las mismas garantías procedimentales. Precisa 
que en materia de notificación de actos procesales resulta aplicable tanto la Ley de 
enjuiciamiento civil como el art. 24 CE, que reconoce el derecho a la tutela judicial 
efectiva. Alega finalmente que se ha producido también una vulneración del derecho a 
un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en las vertientes del derecho a la 
defensa contradictoria y del derecho a la asistencia letrada, las cuales permiten en todos 
los órdenes jurisdiccionales evitar desequilibrios en la posición procesal de las partes, sin 
limitaciones a su defensa que pudieran en caso contrario ocasionar indefensión a alguna 
de ellas.
En consecuencia, solicita que se estime el recurso del amparo, acordando la nulidad 
de  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  y  se  ordene  reponer  las  actuaciones  al 
momento previo al dictado de la primera de las resoluciones judiciales impugnadas, a fin 
de que el juzgado admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
4.  La Sección Tercera de este tribunal, por providencia de 16 de septiembre de 2019, 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que concurre en el mismo una 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC)] porque puede dar ocasión para aclarar o cambiar su doctrina, como 
consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del 
derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2.b)]»; dirigir atenta comunicación al órgano 
judicial  para  la  remisión  de  testimonio  o  copia  adverada  de  las  actuaciones  y  el 
emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que puedan 
comparecen en el recurso de amparo; y la formación de la pieza separada de suspensión, 
que fue resuelta por ATC 129/2019, de 28 de octubre.
5.  La  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  representada  por  la 
procuradora de los tribunales doña Blanca María Grande Pesquero y bajo la asistencia 
del letrado don Alejandro Ingram Solís, por escrito registrado el 4 de octubre de 2019, 
manifestó ser cesionaria a título oneroso de determinados créditos hipotecarios de los 
que era titular Banco de Sabadell, S.A., (entre ellos el que grava la finca hipotecada que 
es objeto del proceso judicial previo), así como haber sido emplazada por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca para comparecer ante este tribunal, por 
lo que solicitó que se le tuviera por personada como parte recurrida, entendiéndose con 
dicha procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
La Sección Tercera de este tribunal, por providencia de 14 de diciembre de 2020, 
tuvo por personada y parte a la procuradora doña Blanca María Grande Pesquero en la 
representación acreditada y acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas 
y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que, conforme con lo 
previsto en el artículo 52 LOTC, pudieran presentar las alegaciones que estimasen 
pertinentes.
6.  El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 29 de enero de 2021, presentó 
sus alegaciones interesando la estimación del recurso de amparo y, en consecuencia, 
que se declare vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la  s
demandante y la nulidad de todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto que  oe.
despachó  la  ejecución  solicitada,  con  retroacción  de  las  actuaciones  al  momento  w.
ijdnuemri sfeopdrrmuiadutaelamnrc eoianp toecs oaicnnisótetnirt iuaoc rli aoa n edajielc cheuasc tinaóobntl»ief.icc Eiadlca Mi ónien ni«s ptelaarrsiao   qFSuiSsecT aCsle  f u4len0 d/d2aé0m 2ae0l n,r teadc ueer srte2an7 pt eed tpeico isófeinbb ielriednra olda,    2021-5127n https://ww
y 43/2020, de 9 de marzo, en las que, entre otras, se han resuelto demandas de amparo
semejantes a la presente.
7.  La  entidad  recurrente  presentó  sus  alegaciones  el  21  de  enero  de  2021, 
remitiéndose  a  lo  expuesto  en  su  demanda,  haciendo  mención  adicional  a  la 
STC 40/2020, de 27 de febrero, en la que el tribunal resolvió estimatoriamente un asunto 
prácticamente idéntico al actual.
8.  Por providencia de 25 de febrero 2021, se señaló para deliberación y votación de 
la presente sentencia el día 3 de marzo del mismo año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación  de  la  jurisprudencia  constitucional  establecida  por  las 
SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La STC 40/2020, de 27 de febrero, FJ 3, ha abordado el examen de la misma queja 
de fondo planteada en este recurso, en la que se aduce también la vulneración del 
art. 24.1 CE como consecuencia de la inadmisión por extemporáneo del escrito de 
oposición a la ejecución. Se advierte en ella que para su solución resulta de aplicación la 
doctrina del tribunal plasmada en las SSTC 6/2019, de 17 de enero, FJ 4.a).(iii), dictada 
al resolver una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el último inciso 
del artículo 152.2 LEC, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4.a), recaída en un proceso de 
amparo, en relación con la garantía de emplazamiento personal inicial del demandado o 
ejecutado en los procesos regidos en esta materia por la Ley de enjuiciamiento civil 
(directa o supletoriamente). En ellas se ha concluido que no procede efectuar por medios 
electrónicos  la  citación  o  emplazamiento  del  demandado  aún  no  personado  en  el 
procedimiento, dado que estos actos deben realizarse por remisión a su domicilio, y que 
dicha forma de comunicación no puede ser sustituida por otra electrónica, como la 
efectuada a través de la dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se 
exige en el artículo 155.1 LEC. Es complemento de este requisito la regla establecida en 
el artículo 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las copias de los escritos y 
documentos que sustenten la acción. El incumplimiento de aquel deber del órgano 
judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho fundamental», tal como 
tiene declarado el tribunal en varios recursos de amparo que se refieren a procesos 
laborales,  civiles  y  concursales,  los  cuales  aparecen  especificados  en  el  mismo 
fundamento jurídico 3, en aplicación de la doctrina de referencia.
Lo expuesto permite concluir ahora, al igual que se hizo en la STC 40/2020, FJ 4, 
que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión de la recurrente por no proceder a su emplazamiento personal 
en el proceso a efectos de requerirla de pago o, alternativamente, permitirle presentar su 
oposición  a  la  ejecución,  ya  que  el  órgano  judicial  optó,  en  cambio,  por  un 
emplazamiento electrónico mediante el servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Por otra parte, el 
plazo  para  presentar  el  escrito  de  oposición  fue  computado  invocando  normas  del 
procedimiento administrativo común que son ajenas al ámbito jurisdiccional en el que 
nos encontramos.
En resolución, el presente recurso de amparo ha de ser estimado en aplicación de la 
doctrina fijada en las SSTC 47/2019 y 40/2020 apreciando la vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión de la entidad demandante (art. 24.1 CE). De 
conformidad con lo establecido en el art. 55 LOTC, procede declarar la nulidad de los  s
autos impugnados del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, así  oe.
como de todo lo actuado en el procedimiento de ejecución hipotecaria desde que se  w.
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demandante de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  Penrei  Inversiones,  S.L.,  y,  en 
consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los autos de 21 de 
septiembre de 2018 y 27 de febrero de 2019, dictados por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 
362-2018, así como de las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la 
entidad recurrente a través de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandante de amparo, debiendo llevarse a cabo de 
nuevo  este  último  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho  fundamental 
reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a tres de marzo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.