BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Jueves 23 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 159762
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
21307 Real  Decreto-ley  30/2021,  de  23  de  diciembre,  por  el  que  se  adoptan 
medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19.
I
Después de que el día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
declarara pandemia internacional la situación de emergencia ocasionada por el brote 
epidémico de COVID-19, el Consejo de Ministros, reunido en sesión extraordinaria el 
jueves 12 de marzo, adoptó las primeras medidas urgentes para hacer frente a la 
propagación de la pandemia, en particular, el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 
COVID-19.
La  situación  de  emergencia  de  salud  pública  ocasionada  por  la  COVID-19 
evolucionó, tanto a nivel nacional como mundial, con enorme rapidez. Se trata de una 
crisis sanitaria sin precedentes y de una extraordinaria amplitud y gravedad, tanto por el 
extraordinario riesgo de contagio y el alto número de ciudadanos afectados, con la 
consiguiente presión sobre los servicios sanitarios, como por el elevado coste social y 
económico derivado de las medidas extraordinarias de contención adoptadas por los 
distintos  Estados.  Esta  evolución  ha  exigido  la  adopción  de  sucesivas  medidas 
adicionales para hacer frente a la pandemia, que se han podido flexibilizar en situaciones 
de contención epidemiológica.
Así, la introducción de la vacunación ha marcado un hito claramente diferenciador en 
la evolución de la pandemia. En nuestro país las altas coberturas de vacunación han 
permitido  reducir  de  forma  importantísima  los  casos  de  enfermedad  grave  y 
fallecimientos.
Sin embargo, en las últimas semanas, la incidencia de COVID-19 ha experimentado 
un aumento muy importante en todo el territorio nacional. Actualmente, se encuentra en 
valores superiores a 784 casos por 100.000 habitantes, con una alta velocidad de 
crecimiento. Aunque las altas coberturas de vacunación implican que la mayoría de los 
casos sea leve y se haya reducido la gravedad y el impacto en el sistema asistencial, 
dado  el  gran  aumento  de  casos,  se  está  produciendo  un  aumento  gradual  de  los 
ingresos  en  unidades  de  hospitalización  y  en  UCI.  A  esta  situación  se  añade  la 
preocupación por la aparición y rápida expansión de la nueva variante «ómicron» cuyo 
impacto está aún por determinar, aunque hay indicios de mayor transmisibilidad y escape 
inmune  respecto  a  variantes  anteriores.  Se  estima  que  esta  será  la  variante 
predominante en todo el territorio en las próximas semanas. Además, es bien conocido 
el aumento de incidencia que, de manera estacional, experimentan otras infecciones de 
similar vía de transmisión, como son la gripe, la enfermedad neumocócica y el virus 
respiratorio  sincitial.  El  impacto  que  provocan  anualmente  en  el  sistema  sanitario, 
especialmente la gripe, se ve reflejado con mayor importancia en los meses de enero y 
febrero. s
Esta situación pone al límite las capacidades del sistema sanitario, particularmente  e.
de la atención primaria, con la consiguiente dificultad para realizar de forma óptima las  w.
actividades  de  detección  precoz  y  seguimiento  de  los  casos,  la  identificación  y  307ww
esexpgounimeinecnitaol  ddee c alosso s ctoanmtabciétons e syt áe hl aacineánldisois  quoep olortsu nsoe rvdicei osla  des itautaecnicóinó.n  Eprl imaaurmiae, netno 
algunos  casos  responsables  de  la  trazabilidad  de  los  contactos  o  a  cargo  de  la
implementación de la Estrategia de vacunación, no puedan realizar estas funciones ni su 
actividad habitual de forma adecuada.
Por todo esto, se considera que a la intensificación de la Estrategia de vacunación 
deben añadirse otras medidas no farmacológicas para el control de la transmisión en la 
situación epidemiológica actual. Una de ellas es la extensión del uso correcto de la 
mascarilla  por  parte  de  la  ciudadanía.  Su  uso  es  obligatorio  de  acuerdo  con  la 
Ley  2/2021,  de  29  de  marzo,  de  medidas  urgentes  de  prevención,  contención  y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en todos 
los ámbitos salvo en exteriores, siempre que no se pueda garantizar una distancia de 
seguridad de más de 1,5 metros. El uso generalizado de mascarillas por parte de la 
ciudadanía  para  reducir  la  transmisión  comunitaria  del  coronavirus  está  justificado, 
teniendo  en  cuenta  la  alta  transmisibilidad  del  SARS-CoV-2  (especialmente 
considerando el potencial incremento de la transmisibilidad de nuevas variantes como la 
que  está  aumentando  su  circulación,  la  variante  ómicron)  y  la  capacidad  de  las 
mascarillas de bloquear la emisión y recepción de aerosoles.
A ese fin responde el presente real decreto-ley con el establecimiento de un deber 
general  de  cautela  y  protección  que  afiance  comportamientos  de  prevención  en  el 
conjunto de la población, dirigidos a garantizar el derecho a la vida y a la protección de 
salud.
II
Esta norma modifica el artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de modo que 
establece el uso obligatorio de mascarillas en personas de seis años en adelante en la 
vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se 
encuentren abiertos al público, así como en los transportes. No obstante, se exceptúa el 
uso de la mascarilla en exteriores durante la práctica de deporte individual, y también 
durante la realización de actividades que no sean de carácter deportivo, pero se realicen 
en espacios naturales, siempre que, en ambos casos se mantenga la distancia mínima 
de 1,5 metros con otras personas que no sean convivientes.
Esta regulación facilita el cumplimiento y vigilancia de la medida, además de evitar la 
realización de interpretaciones diversas y, por tanto, contribuir a su mejor asunción 
social.
No obstante, el presente real decreto-ley habilita al Gobierno, a propuesta de la 
persona titular del Ministerio de Sanidad, oído el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud a modificar, mediante real decreto, la obligatoriedad del uso de la 
mascarilla en los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 6 cuando se den 
las circunstancias sanitarias apropiadas que así lo aconsejen en función de la evolución 
de los indicadores epidemiológicos de la pandemia.
En efecto, la materia que se remite a regulación reglamentaria excede del ámbito 
propio de la norma con rango de ley, lo que le otorga una rigidez formal que hace que 
cualquier  adaptación  de  la  misma  a  la  realidad  epidemiológica  concreta  deba  ser 
realizada a través de una norma con dicho rango, cuestión difícilmente compatible con 
las  necesarias  flexibilidad  y  adaptación  que  requiere  la  lucha  efectiva  contra  la 
pandemia.
En consecuencia, la Ley 2/2021, de 29 de marzo, regula las condiciones esenciales 
en las que la norma reglamentaria decidirá sobre el uso obligatorio de la mascarilla, así 
como sobre sus excepciones, en función de la evolución epidemiológica y con la garantía  s
de que las comunidades y ciudades autónomas, a través del Consejo Interterritorial de  e.
Sistema Nacional de Salud, serán siempre escuchadas antes de la adopción de la  w.
decisión concreta. 307ww
de cPaorár ctatenrt og,e enxeirsatel  au nloas  rqeugeu ladceibóan  sleugjeatla prsreev tiaal  qduees adrerotellrom riengal alomse pnrtainrcioip, iopso ry l oc rqitueeri olas 
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que, en este caso, la norma reglamentaria a la que se difiere su desarrollo dispone de 
una habilitación o remisión legal suficiente y expresa, siendo un complemento de la 
ordenación material contenida en la ley en aquellos aspectos en que pueda requerirse la 
inclusión de circunstancias concretas variables.
El Tribunal Constitucional ha establecido, en numerosas ocasiones, que el principio 
de reserva de ley no excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a 
normas reglamentarias (SSTC 83/1984 y 178/1989) siempre y cuando la ley determine, 
en sentido amplio, el contenido del reglamento, por lo que la concreción por real decreto 
prevista en la nueva redacción es perfectamente viable y no implica una degradación del 
principio de reserva de ley porque contiene el marco sistemático de remisión, que debe 
deducirse  de  una  lectura  sistemática  de  la  norma,  según  establece  el  Tribunal 
Constitucional.
Por otro lado, se desarrollan dos medidas extraordinarias y transitorias, con el fin de 
garantizar  las  necesidades  adicionales  de  profesionales  sanitarios  que  puedan 
requerirse para atender las necesidades de la población, como consecuencia de la 
pandemia por COVID-19, pero también en relación a otras enfermedades infecciosas 
estacionales.
Así, el artículo 2 modifica el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la 
finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, 
de  25  de  octubre,  por  el  que  se  declara  el  estado  de  alarma  para  contener  la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, para mantener hasta el 31 de 
diciembre de 2022 la posibilidad de que se contrate a profesionales de la Medicina y la 
Enfermería que ya hayan accedido a la jubilación, con ciertos requisitos, con el fin de 
realizar actividades asistenciales relacionadas con el COVID-19.
En  el  artículo  3  se  habilita  la  contratación  por  las  comunidades  autónomas,  el 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y el Ministerio de Defensa de profesionales con 
título de especialista obtenido en Estados no miembros de la Unión Europea, que 
cuenten con un informe-propuesta condicionado del Comité de Evaluación, conforme a lo 
regulado  en  el  Real  Decreto  459/2010,  de  16  de  abril,  por  el  que  se  regulan  las 
condiciones para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de 
especialista en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión 
Europea. El ejercicio de actividades  asistenciales deberá estar supervisado por los 
miembros de la plantilla, con el fin de garantizar la calidad y la seguridad de la asistencia 
sanitaria.
Por  último,  en  la  disposición  final  primera  se  modifica  la  disposición  adicional 
cuadragésima sexta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2021, que establecía las medidas oportunas para garantizar el 
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y otras prestaciones públicas en el 
año 2021.
Esa previsión respondía a la necesidad de mantener el poder adquisitivo de las 
pensiones y otras prestaciones públicas para evitar que se vieran afectadas en sus 
cuantías por desviaciones en los cálculos que produjeran mermas en las mismas, de 
manera que el incremento de las pensiones inicialmente previsto se mantuviera incólume 
una vez transcurrido el año para el que estaba previsto aquél.
En su estructura, la disposición adicional cuadragésima sexta distingue en apartados 
diferenciados  las  medidas  a  aplicar  a  las  pensiones  contributivas  del  sistema  de 
Seguridad Social y de Clases Pasivas y las relativas a pensiones mínimas, pensiones no  s
contributivas de la Seguridad Social, de pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e  oe.
Invalidez (SOVI) no concurrentes, así como concurrentes con pensiones de viudedad de  w.
alguno  de  los  regímenes  del  sistema  de  la  Seguridad  Social,  los  perceptores  de  307ww
upnre sgtraacdioon dees  ddeis claa pSaecgiduaridd aidg uSaol coia sl uppoer rhioijor  aal  c6a5r gpoo cr o1n0 d0i eyc idoeclh sou ob smidáiso  adñeo sm doev ileiddaadd  yy 
compensación para gastos de transporte.
Se ajustaba, de esta manera, a lo que en el propio articulado de la ley ya se preveía 
en relación a las pensiones no contributivas. Así, basta hacer referencia al artículo 35 –
revalorización de pensiones–, y 39 –revalorización y modificación de los valores de las 
pensiones  públicas–,  que  establecían  respecto  de  las  pensiones  abonadas  por  el 
sistema de Seguridad Social, así como las de Clases Pasivas del Estado, un incremento 
para 2021 del 0,9 por ciento; y al artículo 44 –revalorización de las pensiones no 
contributivas y otras prestaciones de la Seguridad Social– que establecía para el mismo 
periodo un incremento del 1,8 por ciento en las pensiones no contributivas. Estaba clara, 
pues, la voluntad del legislador de beneficiar en los citados incrementos a aquellas 
pensiones y prestaciones de cuantía más baja, como son las no contributivas, tal y como 
se ha venido haciendo tradicionalmente, bastando a título de ejemplo, la referencia a la 
disposición  adicional  decimocuarta  –mantenimiento  del  poder  adquisitivo  de  las 
pensiones en el año 2008– de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2008.
Sin embargo, estando clara esa voluntad de tratamiento diferenciado, la disposición 
cuadragésima sexta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, no hace ningún tipo de 
distinción en la fórmula aplicada en sus dos primeros apartados, de manera que, pese a 
que  se  mantiene  la  existencia  de  esos  dos  apartados,  en  la  práctica  no  hay 
diferenciación en su aplicación. Así, resulta que a la hora de aplicar la fórmula tradicional 
que siempre se venía aplicando para lograr el mantenimiento del poder adquisitivo de las 
pensiones, las no contributivas previstas en el apartado segundo pierden parte del 
incremento previsto en el artículo 44 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre. Es decir, se 
les repercutiría en menor medida que al resto de pensiones la desviación del IPC.
Con el objeto de rectificar ese efecto no deseado en la aplicación de la previsión 
relativa al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones no contributivas en el 
año 2021 y conseguir que se mantenga la previsión de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, referida a una diferenciación con el resto de pensiones, dado que son las de 
menor  cuantía,  procede  modificar  el  apartado  segundo  de  la  citada  disposición 
cuadragésima sexta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, aplicando la fórmula que ha 
venido siendo habitual siempre que ha habido una desviación del IPC y alguna pensión 
estaba mejorada respecto del resto.
III
De  acuerdo  con  lo  expuesto,  existe  una  situación  de  extraordinaria  y  urgente 
necesidad que permite utilizar lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Española 
en el sentido de que debe modificarse a la mayor brevedad la regulación del artículo 6 de 
la Ley 2/2021, de 29 de marzo, dado el contexto actual de la evolución de los indicadores 
epidemiológicos y la necesidad de utilizar este tipo de norma para lograr los efectos 
inmediatos requeridos.
Además, el Tribunal Constitucional exige para la utilización de este tipo de norma 
que la situación que pretenda regular se ajuste al «juicio político o de oportunidad que 
corresponde al Gobierno» realizar (STC 182/1997, de 30 de octubre), como es el caso 
de la utilización de mascarillas tanto en espacios abiertos como cerrados que sean de 
carácter público o que se encuentren abiertos al público. Esta medida se plantea con el 
fin de no contribuir a la expansión del virus, así como dar continuidad a las medidas 
contempladas en el artículo 2 del presente real decreto-ley, cuya vigencia de tales 
medidas finaliza el 31 de diciembre de 2021, y habilitar la posibilidad de poder contar con  s
profesionales sanitarios extracomunitarios en los términos del artículo 3 de esta norma, y  e.
todo  ello  bajo  el  criterio  marcado  por  el  propio  Tribunal  Constitucional  de  que  «el  w.
presupuesto habilitante de la "extraordinaria y urgente necesidad" siempre se ha de  307ww
dlleevtearrm  ian arcoanb oa l mGeodbiiaenrnteo  ala  dvicatalorr alaci ódni spcoosnicjuiónnta  ledgea l teoxdcoesp caioqnuael»llo s(S TfaCc t1o3re9s/2 0q1u6e, 
de 21 de julio).
Asimismo, es urgente habilitar todas las posibilidades de contratación de personal 
sanitario durante todo el ejercicio 2022, dada la evolución de los principales indicadores 
epidemiológicos.
Finalmente,  la  necesidad  de  modificar  el  apartado  segundo  de  la  disposición 
cuadragésima sexta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2021, se hace con el objeto de rectificar el efecto no deseado en 
la  aplicación  de  la  previsión  relativa  al  mantenimiento  del  poder  adquisitivo  de  las 
pensiones  no  contributivas  en  el  año  2021.  Dado  que,  para  llevar  a  efecto  la 
revalorización de las pensiones y prestaciones de Seguridad Social es necesario el 
desarrollo reglamentario, por parte del Gobierno, de las previsiones contenidas en esa 
disposición adicional, y de conformidad con su apartado cuarto, se hace imprescindible 
la modificación con el objeto de que se pueda cumplir dicho mandato en el plazo 
oportuno, lo que no ocurriría de demorarse esta medida. Por ello se considera que 
concurren las causas que justifican el carácter de extraordinaria y urgente necesidad, 
conforme dispone el artículo 86 de la Constitución Española.
La norma proyectada se adecúa a los principios de buena regulación de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, contemplados 
en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
A  estos  efectos,  se  pone  de  manifiesto  el  cumplimiento  de  los  principios  de 
necesidad  y  eficacia,  dado  el  interés  general  en  el  que  se  fundamentan  las 
modificaciones normativas que se establecen, al adecuarse el uso de la mascarilla y la 
contratación de profesionales sanitarios a la situación epidemiológica actual, que exige 
una respuesta normativa en el ámbito de esta norma, de acuerdo con los indicadores de 
la evolución de la pandemia.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación 
imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados, ya que 
las modificaciones que ahora se introducen resultan proporcionadas al bien público que 
se trata de proteger, por adecuarse a los indicadores de evolución de la pandemia y 
producir la menor incidencia posible en los derechos de la ciudadanía.
También se ajusta al principio de seguridad jurídica al dotar de mayor claridad la 
regulación actualmente en vigor en relación con el uso de la mascarilla y con las 
condiciones de contratación del personal jubilado o titulado en países fuera de la Unión 
Europea sanitario, siendo, por tanto, coherente con el resto del ordenamiento jurídico, y 
específicamente, con el marco constitucional que permite la utilización del instrumento 
del real decreto-ley. Este principio queda atendido especialmente con la regulación 
introducida en relación con el régimen de revaloración de determinadas pensiones.
En cuanto al principio de transparencia, esta norma está exenta de los trámites de 
consulta pública, audiencia e información pública por tratarse de un decreto-ley, tal y 
como autoriza el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, aunque los 
objetivos y motivos que la sustentan quedan definidos en la norma.
En relación con el principio de eficiencia, este real decreto-ley no impone cargas 
administrativas  que  no  estén  justificadas  para  la  consecución  de  sus  fines,  no 
produciéndose un incremento de las cargas administrativas con respecto a las existentes 
en la actualidad.
El título competencial en virtud del cual se dicta el presente real decreto-ley es el 
previsto en el artículo 149.1.16.ª, 17.ª y 30.ª de la Constitución Española, que atribuyen 
al Estado, respectivamente, la competencia en materia de sanidad exterior, bases y  s
coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos, sobre la  oe.
legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, así como sobre la  w.
regulación  de  las  condiciones  de  obtención,  expedición  y  homologación  de  títulos  307ww
Cacoandsétimtuiccioósn , y ap rfoinf edseio ngaalerasn tyiz naor reml acsu mbápsliimcaies nptoa rad ee ll adse soabrlrigoalloci odneel sa rdtíec ulolos  2p7o ddeer elas 
públicos en esta materia.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Sanidad y del Ministro de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 23 de diciembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1.  Modificación de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de 
prevención,  contención  y  coordinación  para  hacer  frente  a  la  crisis  sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.
La Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, queda 
modificada en los siguientes términos:
Uno.  El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 6.  Uso obligatorio de mascarillas.
1.  Las  personas  de  seis  años  en  adelante  quedan  obligadas  al  uso  de 
mascarillas en los siguientes supuestos:
a)  En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al 
público.
b)  En cualquier espacio al aire libre de uso público o que se encuentre 
abierto al público.
c)  En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, 
incluyendo los andenes y estaciones de viajeros, o en teleférico, así como en los 
transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta 
nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo 
no conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y 
embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren 
dentro de su camarote.
2.  La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible en los 
siguientes supuestos:
a)  A  las  personas  que  presenten  algún  tipo  de  enfermedad  o  dificultad 
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su 
situación  de  discapacidad  o  dependencia,  no  dispongan  de  autonomía  para 
quitarse la mascarilla, o bien, presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización.
b)  En el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la 
mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades 
sanitarias.
c)  En aquellos lugares o espacios cerrados de uso público que formen parte 
del  lugar  de  residencia  de  los  colectivos  que  allí  se  reúnan,  como  son  las 
instituciones  para  la  atención  de  personas  mayores  o  con  discapacidad,  las 
dependencias destinadas a residencia colectiva de trabajadores esenciales u otros 
colectivos  que  reúnan  características  similares,  siempre  y  cuando  dichos  es
colectivos y los trabajadores que allí ejerzan sus funciones, tengan coberturas de  bo
vacunación contra el SARS-CoV-2 superiores al 80 % con pauta completa y de la  307ww
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d)  En el exterior, durante la práctica de deporte individual, así como durante 
la realización de actividades de carácter no deportivo que se realicen en espacios 
naturales y manteniendo, en todo caso, la distancia mínima de 1,5 metros con 
otras personas que no sean convivientes.
3.  El uso de mascarillas en centros penitenciarios en los que haya movilidad 
de los internos, tanto en exteriores como en espacios cerrados, se regirá por 
normas específicas establecidas por la autoridad penitenciaria competente.
4.  La venta unitaria de mascarillas quirúrgicas que no estén empaquetadas 
individualmente solo se podrá realizar en las oficinas de farmacia garantizando 
unas  condiciones  de  higiene  adecuadas  que  salvaguarden  la  calidad  del 
producto.»
Dos.  La disposición final séptima queda redactada de la siguiente manera:
«Disposición final séptima.  Habilitación normativa.
1.  Se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los Ministerios de 
Sanidad y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el ámbito de sus 
competencias,  para  dictar  las  disposiciones  necesarias  para  el  desarrollo  y 
ejecución de lo dispuesto en esta ley.
2.  Se habilita al Gobierno, mediante real decreto, a propuesta de la persona 
titular del Ministerio de Sanidad y oído el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, a modificar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los 
supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 6 cuando se den las 
circunstancias sanitarias apropiadas que así lo aconsejen. La inclusión de nuevos 
supuestos  de  obligatoriedad  del  uso  de  mascarillas  o  la  eliminación  de  las 
excepciones a su uso solo podrá proponerse cuando se haya constatado un 
empeoramiento  de  la  situación  epidemiológica,  conforme  al  sistema  de 
indicadores acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
La eliminación o modulación de los supuestos de obligatoriedad del uso se podrán 
acordar  solo  cuando  se  haya  constatado  una  mejora  de  la  situación 
epidemiológica, conforme a los citados criterios.»
Artículo 2.  Modificación del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras 
la  finalización  de  la  vigencia  del  estado  de  alarma  declarado  por  el  Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Se modifica el apartado 1 del artículo 14 del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, 
que queda redactado en los siguientes términos:
«1.  Podrán compatibilizar la percepción de la pensión de jubilación hasta 
el 31 de diciembre de 2022 las y los profesionales que ejercen la medicina y la 
enfermería  y  que,  en  virtud  de  nombramiento  estatutario  o  contrato  laboral, 
presten servicios tanto en centros sanitarios públicos como privados, con el objeto 
de llevar a cabo tareas dirigidas a la lucha contra el COVID, siempre que la 
incorporación al servicio activo derive de las autorizaciones acordadas por la 
autoridad sanitaria competente.» e
Artículo 3.  Profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembros de  307ww
l1a.  UnSieó na Eutuorroizpae ad.e forma excepcional y transitoria a las comunidades autónomas, al
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y al Ministerio de Defensa, la contratación de
aquellos profesionales sanitarios incluidos en el ámbito de aplicación de los párrafos b),  Bc
c) y d) del artículo 8 del Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las 
condiciones para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de 
especialista en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión 
Europea.
2.  El contrato suscrito permitirá el desempeño de actividad asistencial, que deberá 
ser supervisada por los profesionales de plantilla, y podrá prolongarse por sucesivos 
períodos de tres meses hasta un máximo de doce.
3.  Con el fin de que puedan valorar su disponibilidad para ser contratados, el 
Ministerio de Sanidad facilitará a las comunidades autónomas los datos de contacto de 
los profesionales que consten en su registro, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Se modifica el apartado segundo de la disposición adicional cuadragésima sexta, que 
queda redactado como sigue:
«Dos.  Los pensionistas perceptores durante 2021 de pensiones mínimas, de 
pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) no concurrentes, así 
como concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del 
sistema de la Seguridad Social, los perceptores de prestaciones de la Seguridad 
Social  por  hijo  a  cargo  con  dieciocho  o  más  años  de  edad  y  un  grado  de 
discapacidad  igual  o  superior  al  65  por  100  y  del  subsidio  de  movilidad  y 
compensación para gastos de transporte, recibirán, antes del 1 de abril del 2022 y 
en un único pago, una cantidad equivalente a la diferencia entre la pensión o 
prestación que percibieran en 2021 y la que hubiere correspondido de haber 
aplicado a las cuantías de 2020 un incremento porcentual igual al valor medio de 
los incrementos porcentuales interanuales del IPC de los meses de diciembre 
de 2020 a noviembre de 2021, siempre que el valor medio resultante sea superior 
al 0,9 por ciento.
Los pensionistas perceptores durante 2021 de pensiones no contributivas de la 
Seguridad Social, recibirán, antes del 1 de abril del 2022 y en un único pago, una 
cantidad  equivalente  a  la  diferencia  entre  la  pensión  que  venían  percibiendo 
en 2021 y la que hubiere correspondido de haber aplicado a las cuantías de 2020 
un incremento porcentual igual al valor medio de los incrementos porcentuales 
interanuales del IPC de los meses de diciembre de 2020 a noviembre de 2021 
más  un  0,9  por  ciento,  porcentaje  de  incremento  anual  complementario  con 
respecto a las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social y Clases 
Pasivas.»
Disposición final segunda.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª, 17.ª y 30.ª de la 
Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia en materia de sanidad 
exterior,  bases  y  coordinación  general  de  la  sanidad  y  legislación  sobre  productos 
farmacéuticos, sobre la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, 
así  como  sobre  la  regulación  de  las  condiciones  de  obtención,  expedición  y  s
homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo  oe.
del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones  w.
de los poderes públicos en esta materia. 2021-21307n https://ww
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 23 de diciembre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN