BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 181 Viernes 30 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 92878
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
12935 Resolución de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General de Consumo y 
Juego, por la que se publica el Convenio con la Generalitat Valenciana, para 
la constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunitat Valenciana.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo y la Generalitat Valenciana, en fecha 20 de 
julio de 2021, Convenio para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la 
Comunitat Valenciana, que figura como anexo a esta resolución, procede su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Madrid, 21 de julio de 2021.–El Secretario General de Consumo y Juego, Rafael 
Escudero Alday.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo y la Generalitat Valenciana para la 
constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunitat Valenciana
REUNIDOS
De una parte, don Alberto Carlos Garzón Espinosa, Ministro de Consumo, de acuerdo 
con el nombramiento efectuado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se 
nombran Ministros del Gobierno, y en uso de la competencia atribuida por el artículo 61, 
letra k), de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y de otra parte, el Hble. Sr. Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio  y  Trabajo  de  la  Comunitat  Valenciana,  don  Rafael  Climent  González, 
nombrado por Decreto 6/2019, de 17 de junio, del president de la Generalitat. Por razón 
del cargo que ostenta, está facultado para la firma de este Convenio por autorización 
expresa del Consell mediante Acuerdo de fecha 18 de junio de 2021, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 17 f) y 28 g) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, 
y en el artículo 12.6 a) del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que 
regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro.
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo 
y de la Generalitat Valenciana,
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y
EXPONEN
El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa 
de  los  consumidores  y  usuarios,  protegiendo,  mediante  procedimientos  eficaces,  la 
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
En cumplimiento del mandato constitucional, el Capítulo II, del Título V, del Libro 
Primero, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y  e.
Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,  w.b
establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno  935ww
pcoamrao q eul ep rroecgeladmimeinetnatroia dmee rnetseo leusctiaóbnl edzec cao snufl icotrogsa.nización, gestión y administración, así
de 1D5e d ceo fnefborremroid,a pdo rc oenl  qduiceh soe m reagnudlaat oe,l  eSli sGteombiae rAnrob iatrparlo dbeó  Ceol nRseuaml oD, eecsrteatbol e2c3ie1n/2d0o0 8e,l 
cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las 
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente,  la  Ley  7/2017,  de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  incorpora  al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la 
ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a 
través de la Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la letra b del 
artículo  3  del  Real  Decreto  495/2020,  de  28  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Consumo  y  se  modifica  el  Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.
Mediante Acuerdo de fecha 4 de noviembre de 1993 (DOGV núm.2.252 de 25 de 
abril de 1994), se constituyó la Junta Arbitral de Consumo de la Comunitat Valenciana 
(en adelante, la Junta Arbitral), realizando desde entonces una importante labor para la 
resolución de conflictos de consumo en su ámbito territorial.
Así  pues,  el  Ministerio  de  Consumo  y  la  Conselleria  de  Economía  Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, conscientes de 
la necesidad de facilitar a los consumidores un medio eficaz de resolución de conflictos y 
teniendo en cuenta la experiencia positiva desde su constitución, consideran aconsejable 
dar continuidad a la Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
Capítulo VI del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y de su disposición adicional octava,
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
El objeto de este Convenio es determinar que la Junta Arbitral de Consumo de la 
Comunitat Valenciana, con sede en València, cuyo ámbito territorial viene determinado 
por el propio de la Comunitat Valenciana, conocerá, con carácter prioritario, de las 
reclamaciones de los consumidores de dicho ámbito, en relación con sus derechos 
legalmente  reconocidos,  de  conformidad  con  los  criterios  competenciales  y  el 
procedimiento establecido en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se 
regula el Sistema Arbitral de Consumo o disposición que lo sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  La  Comunitat  Valenciana  impulsará,  en  su  ámbito  territorial,  la  gestión  y 
administración  del  arbitraje  institucional  de  consumo  por  la  Junta  Arbitral, 
comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de 
Consumo, en el plazo de un año desde la fecha de eficacia del presente Convenio, su 
acreditación  como  entidad  de  resolución  alternativa  de  litigios  de  consumo,  de 
conformidad con lo previsto en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre.
2.  El Ministerio de Consumo establecerá en colaboración con la Conselleria de 
Economía  Sostenible,  Sectores  Productivos,  Comercio  y  Trabajo  de  la  Comunitat 
Valenciana un sistema de información recíproco para el buen funcionamiento del Sistema  e.e
Arbitral de Consumo. b
3.  La  Comunitat  Valenciana  facilitará  información  sobre  la  designación  de  935ww
Pacretisviiddeandt ed ey l aS Jeucnretata, rciou mdep lilma eJnutnatnad Ao rlboistr aml,o adseíl ocso em ion fcourmaleqsu iqeur eo tsreo  ddeatteor mreinfeerne.nte a la
4.  El  Ministerio  de  Consumo  y  la  Conselleria  de  Economía  Sostenible,  Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, facilitarán el asesoramiento 
técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo en el ámbito 
territorial de la Comunitat Valenciana.
5.  Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de Seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión 
de Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a 
través de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución 
firmante, correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de 
Consumo del Ministerio de Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en lo 
no previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la 
Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en Adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo 
acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años 
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio.
El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su 
formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días 
hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las 
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como las siguientes:
a)  Por el transcurso del plazo previsto para solicitar la acreditación de la Junta  s
Arbitral como Entidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud  oe.
o su denegación. w.
b)  La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser  935ww
cmoemsuens.icada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de tres
c)  La disolución o supresión de alguna de las partes.
d)  Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes está 
incumpliendo  los  compromisos adquiridos en  el presente Convenio, se lo notificará 
mediante  comunicación  fehaciente  e  indicará  las  causas  que  originan  dicho 
incumplimiento. Este requerimiento será comunicado igualmente a los representantes de 
la Comisión de Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no 
superior a un mes, a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la 
Comisión de Seguimiento podrá decidir sobre la adopción inmediata de las medidas 
correctoras oportunas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el presente Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la Comisión 
de seguimiento, persistiera el incumplimiento, se entenderá resuelto el Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se 
comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento 
las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las 
cuestiones  litigiosas  que  en  la  ejecución  y  cumplimiento  pudieran  aparecer  y  no 
quedasen resueltas por la Comisión de Seguimiento, se someterán a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la citada jurisdicción.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del 
Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos 
personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la 
Directiva  95/46/CE  (Reglamento  General  de  Protección  de  Datos)  y  a  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes o por sus representantes acreditados.–El Ministro de Consumo, Alberto Carlos 
Garzón  Espinosa.–El  Conseller  de  Economía  Sostenible,  Sectores  Productivos, 
Comercio y Trabajo, Rafael Climent González.