BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Sábado 15 de agosto de 2020 Sec. TC.   Pág. 70777
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
9786 Pleno.  Sentencia  98/2020,  de  22  de  julio  de  2020.  Recurso  de  amparo 
4834-2018. Promovido por el ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès respecto 
de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cataluña  que  acordaron  tener  por  no 
preparado recurso de casación por infracción de normativa autonómica en 
procedimiento  ordinario  sobre  modificación  de  planeamiento  urbanístico. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  (acceso  al  recurso): 
resoluciones judiciales que interpretan la regulación legal del recurso de 
casación  basado  en  infracción  de  normas  autonómicas  en  sentido  no 
coincidente con la STC 128/2018, de 29 de noviembre. Votos particulares.
ECLI:ES:TC:2020:98
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el Magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  Magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías,  y  los 
Magistrados, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don 
Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, 
don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo avocado al Pleno núm. 4834-2018, promovido por el 
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès contra los autos de 30 de enero y de 29 de marzo 
de 2018, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, recaídos en el procedimiento ordinario núm. 50-2014, 
así como contra el posterior auto núm. 25/2018, de 28 de junio, de la sección de 
casación de la misma sala y tribunal, recaído en el recurso de queja núm. 8-2018, que, 
en la vía judicial, han decidido tener por no preparado el recurso de casación que la 
citada corporación municipal pretendía interponer contra la precedente sentencia núm. 
743/2017, de 9 de noviembre, de la indicada sección tercera de aquella sala y tribunal 
superior. Han comparecido y formulado alegaciones la mercantil Josel, S.L.U., y la 
Generalitat  de  Cataluña.  Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  el 
Magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito que tuvo entrada en este tribunal el día 18 de septiembre 
de 2018, el Procurador de los tribunales don Felipe Segundo Juanas Blanco, en nombre 
y representación del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, asistido por el Letrado don  e
Agustín Eugenio de Asis Roig, interpuso recurso de amparo contra los autos de 30 de  bo
enero y de 29 de marzo de 2018, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- 86ww
pArdomceindisimtriaetnivtoo  odrdeiln arTiori bnuúnmal.  5S0u-2p0e1ri4o,r  asdí ec omJuos tcicoinat rad ee l pCoasttaelruioñra a, utroe cnaúímdo. s2 5e/2n0 18e,l 
rdeec u2r8s od ed eju nqiuoe, jdae  nlúam s.e c8c-i2ó0n1 8d,e  qcuaes,a ceiónn  lad ev ílaa  mjuidsimciaa l,s ahlaa ny  dtreibciudnidaol,  rteecnaeírd op oern  neol 
preparado  el  recurso  de  casación  que  la  citada  corporación  municipal  pretendía
interponer contra la precedente sentencia núm. 743/2017, de 9 de noviembre, de la 
indicada sección tercera de aquella sala y tribunal superior.
2.  La demanda trae causa de los siguientes hechos:
a)  En  fecha  9  de  noviembre  de  2017,  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cataluña  dictó  la 
sentencia núm. 743/2017, recaída en el procedimiento ordinario núm. 50-2014, que 
estimaba  parcialmente  el  recurso  contencioso-administrativo  formalizado  por  la 
representación de la mercantil Josel, S.L.U., contra una resolución de la Consellería de 
Territori  i  Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de  Cataluña  de  9  de  diciembre  de  2013, 
aprobatoria de una modificación puntual del plan especial de asignación de usos a 
diversos equipamientos de diferentes avenidas del municipio de Sant Cugat del Vallès. 
La sentencia anuló y dejó sin efecto el citado plan.
En el pie de la citada resolución se indicaba que, contra la misma, podía interponerse 
recurso de casación «ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo», siempre que pretendiera «fundarse en infracción de normas de Derecho 
estatal o de la Unión Europea, que sea relevante y determinante del fallo impugnado y 
que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por esta sala 
sentenciadora».
Seguidamente, se informaba a las partes que «no cabrá contra esta resolución, por 
el contrario, recurso de casación ante la Sección de Casación de esta Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia a que se refiere el segundo 
inciso del artículo 86.3 de la ley jurisdiccional, por infracción de normas emanadas de la 
comunidad autónoma, por equiparación en este caso de las sentencias de esta Sala a 
las dictadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en su propio ámbito, tal como han 
declarado los autos de la sección de casación de esta Sala del Tribunal Superior de 
Justicia de 10 de mayo de 2017 (recursos de casación 1-2017, 3-2017, 4-2017, 5-2017 
y 8-2017)».
b)  La representación del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès presentó escrito de 
preparación de recurso de casación contra la precitada sentencia, haciéndolo ante el 
órgano sentenciador para su remisión a la Sección de Casación de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En el recurso, 
la parte hacía constar la infracción de determinados preceptos del Decreto Legislativo 
autonómico  1/2000,  de  3  de  agosto,  aprobatorio  del  texto  refundido  de  la  Ley  de 
urbanismo de Cataluña. Sin embargo, el auto de 30 de enero de 2018 de la Sección 
Tercera declaró no haber lugar a tener por preparado el recurso.
En el fundamento jurídico primero y único de la resolución se razonaba que, pese a 
que en el pie de la sentencia, ya se había informado a las partes de que no era 
procedente la interposición de un recurso de casación ante la sección correspondiente 
de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 
Cataluña, se volvía a insistir en que el segundo inciso del artículo 86.3 Ley reguladora de 
la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) no prevé esta modalidad impugnatoria, 
como, igualmente, ya lo había hecho constar en la sentencia que había resuelto el 
recurso contencioso-administrativo, mediante la cita de otras resoluciones anteriores de 
la sección de casación de la misma sala que vuelve a reproducir (1/2017, 3/2017, 
4/2017, 5/2017 y 8/2017).
A continuación, el auto insiste en que la «interpretación sistemática de la nueva 
normativa reguladora del recurso de casación [en referencia a la Ley Orgánica 7/2015,  e
de 21 de julio, que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)] lleva a entender  bo
que las disposiciones orgánicas contenidas en los párrafos 2 y 3 del artículo 86.3 de la  86ww
sleeyc cjuiórnis dqicucei oenna l dsiceh ores fipeárerrna faols  úsnei croe gruelcau»r,s oq udee  ecsa seal crieócnu rdseol  dqeu ec apsuaecdióen  ccoonnotcrae r lalas 
sqeunet ecnocnitaesn gdaicnta ddoacst reinna  úqnuicea s ien srteapnuctiea  gproarv leoms ejunzteg addaoñso sdae  ploa rcao nlotes nincitoesreos-aedsm giennisetrraalteivso, 
sean susceptibles de extensión de efectos y se funden en normas emanadas de la 
comunidad autónoma.
Por ello, concluye afirmando que no son susceptibles de esta modalidad de recurso 
de casación ante la sección correspondiente de la sala autonómica, las sentencias de las 
diferentes secciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia, dictadas en trámite de apelación contra otras de los juzgados de la misma 
jurisdicción, dentro del territorio de la misma comunidad autónoma; ni tampoco las 
sentencias dictadas en única instancia por aquellas mismas secciones cuando funden su 
decisión en la denunciada infracción de normas autonómicas.
En el pie del auto se indicaba a las partes que esa resolución «únicamente» era 
«susceptible  de  recurso  de  queja,  a  interponer  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-
administrativo  del  Tribunal  Supremo»,  previo  recurso  de  reposición  que  debería 
«prepararse» ante la propia Sección Tercera.
c)  La representación del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès interpuso recurso 
de reposición contra la anterior resolución, que fue desestimada mediante nuevo auto 
de  29  de  marzo  de  2018  de  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
En el fundamento jurídico primero de su resolución, el órgano judicial reproduce los 
criterios interpretativos y las conclusiones a las que llega, sobre el recurso de casación 
autonómico del artículo 86.3 LJCA, la sección de casación de la sala catalana, recogidos 
en los autos que se citaban en la sentencia y en el precedente auto pronunciados.
En este sentido, la conclusión es que, de una interpretación sistemática de los 
párrafos segundo y tercero del artículo 86.3 LJCA, sólo cabe el entendimiento de que el 
recurso de casación autonómico únicamente procede contra las sentencias dictadas en 
única instancia por los juzgados de lo contencioso-administrativo que contengan doctrina 
que se repute gravemente dañosa para los intereses generales, sean susceptibles de 
extensión de efectos y se funden en normas emanadas de la comunidad autónoma y, en 
consecuencia,  suprimido  el  recurso  de  casación  para  unificación  de  doctrina,  las 
sentencias dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales 
superiores de justicia, en aplicación del derecho autonómico, no son susceptibles de 
recurso, al igual que sucede con las que dicta en única instancia el Tribunal Supremo, 
pues, en ambos casos, se parte de la posición institucional que ambos órganos judiciales 
tienen dentro de la organización judicial; los tribunales superiores de justicia culminan 
dicha organización dentro de las comunidades autónomas (art. 152.1 CE), al igual que el 
Tribunal Supremo en todo el Estado.
Para llegar a esta conclusión, se destacan los siguientes argumentos:
(i)  La  LOPJ  «no  atribuye  competencia  orgánica  a  las  salas  de  los  tribunales 
superiores de Justicia para conocer [d]el recurso de casación ordinario», pues el «rango 
de la reforma procesal de la casación introducida por la Ley Orgánica 7/2015 es de ley 
ordinaria» (disposición final quinta, apartado 1), «por lo que no existe competencia 
expresa contemplada en la legislación orgánica judicial». Añade que, en contraste con 
otras modalidades del recurso de casación [unificación de doctrina (suprimido por la 
reforma de 2015) e interés de ley, a las que se refiere el artículo 74, apartados 5 y 6 
LOPJ], que tienen un ámbito limitado, «la casación ordinaria configurada en la Ley 
Orgánica 7/2015 es un recurso universal cuando se trata de sentencias dictadas por 
órganos colegiados, que determina la prevalencia funcional de la sección que resuelve el 
recurso, que no encuentra soporte en la legislación orgánica judicial en el caso de la 
casación autonómica contra sentencias dictadas por las propias salas de los tribunales  e.
superiores de justicia, lo cual es una exigencia del artículo 122 CE». Agrega a lo  w.b
expuesto, que el artículo 10.5 LJCA únicamente atribuye a las salas de los tribunales  86ww
dsuopcterrinioar epsr edveis tjou setinc iae l ealr tc. o9n9o, cpimerioe nntoo  edle ld ere lcau crsaos adceió nc aosradcinióanr iap,a mrai elnat rausn ifqicuaec, iópno r deel 
ccoonntorcairmioi,e netol  daerlt írceuclou rs1o2 d.2e  cLaJsCaAci,ó ns, íe nc ocnufaielqruei ear  mload aslaidlaa d.del  Tribunal  Supremo  el
(ii)  La Ley Orgánica 7/2015 suprimió el recurso de casación para unificación de 
doctrina, «eliminando la prevalencia funcional entre secciones de la misma sala y fijando 
la  unificación  en  sede  de  pleno  jurisdiccional  como  mecanismo  para  resolver 
discrepancias en una sala, de lo que asimismo resulta la incompatibilidad de la casación 
contra las sentencias dictadas dentro de la misma sala». Apoya tal afirmación en el texto 
modificado del artículo 264 LOPJ, que contempla el pleno jurisdiccional como medio para 
unificar criterios interpretativos en la aplicación de la ley en asuntos sustancialmente 
iguales.
(iii) Admitir la existencia de un recurso de casación autonómico en el seno de las 
salas de los tribunales superiores de justicia «es contradictoria con la vigente regulación 
procesal del recurso de casación», pues este recurso «responde a la lógica de dos 
secciones: una de admisión (no especializada), que se limita a examinar si concurren los 
requisitos  de  admisión,  y  otra  de  resolución  (especializada)  que  es  la  que  forma 
jurisprudencia». Si se aceptara el recurso de casación autonómica, el diseño establecido 
por  la  reforma  procesal  sería  antinómico  de  aquel,  «pues  la  sección  que  dicta  la 
resolución que se recurre (generalmente especializada), vería revisada su interpretación 
por la sección de casación del artículo 86.3 LJCA (no especializada y rotatoria), al tener 
esta competencia tanto para admitir como para resolver». Añade que esta interpretación 
sería incoherente con el sistema introducido en el artículo 264 LOPJ, reformado, puesto 
que el apartado 2 de dicho precepto exige que formen parte del pleno jurisdiccional para 
unificación de criterios «todos los magistrados de la sala correspondiente que por reparto 
conozcan de la materia en la que la discrepancia se hubiera puesto de manifiesto», «que 
son precisamente los que generalmente no forman parte de la sección de casación ex 
artículo 86.3 LJCA por haber dictado la sentencia que es objeto de recurso».
(iv)  Esta modalidad de casación autonómica contra las sentencias de las salas de 
los tribunales superiores de justicia «no cumple la finalidad esencial del recurso», esto es 
la formación de jurisprudencia, «pues la jurisprudencia sobre el derecho autonómico ya 
está  formada  por  las  resoluciones  dictadas  por  las  salas  territoriales  y  secciones 
especializadas». Sostiene que «es indudable la falta de idoneidad de un sistema de 
formación de jurisprudencia que pivote sobre una sección de casación (no especializada 
y  de  composición  rotatoria)  que  se  pronuncie  con  carácter  prevalente  sobre  la 
jurisprudencia ya formada por las secciones de la misma sala que por reparto conocen 
de la materia».
d)  La representación del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès interpuso recurso 
de queja contra aquella última resolución de la Sección Tercera, si bien lo hizo en este 
caso ante la Sección de Casación de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, la que, en fecha 28 de junio de 2018, dictó el auto núm. 25/2018, que lo 
desestimó.
El auto comienza analizando el recurso de casación autonómico desde la perspectiva 
del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho de acceso al recurso. 
En este sentido, con cita de la STC 173/2016, de 17 de octubre, pone de relieve que esta 
manifestación de la tutela judicial no nace directamente de la Constitución sino que es de 
configuración legal, por lo que es el legislador el que decide, a excepción del proceso 
penal, los supuestos en que procede su ejercicio.
A la vista de esta doctrina, considera el órgano judicial que el auto impugnado ha 
razonado, desde el plano de la legalidad ordinaria, que no es procedente la admisión a 
trámite del recurso de casación en el supuesto que plantea la corporación recurrente. En 
este apartado, subraya que «el sistema de recursos se dirige a garantizar el acierto de la  e.
decisión final y no tanto a satisfacer el interés particular del recurrente que ha sufrido un  w.b
gravamen con la decisión judicial que se recurre; por este motivo, el órgano que ostenta  86ww
lóar gcaonmo pqeutee ndciciata f ulan creiosnoalul cpiórenv raelceunrtreid ad,e ob ea l temneenro us nuan aa sccueanlifdiceancciióan  jseurápreqruioicr,a l as ocubarel  neol 
qseu ea dpircetcai ala g reensoélruiccaiómne rnetceu errnid ase ecsc iloan qeuse d oesl temnistam loa  etrsibpuencaial liyz amcieónno sso cburea nlad om laat esreiac»c.ión
Ya en el plano interpretativo de la legalidad ordinaria y del texto que ofrece el artículo 
86 LJCA, la sección de casación parte de la afirmación de que el artículo 86 LJCA «no 
define expresamente las resoluciones recurribles en casación autonómica» y, por ello, 
entiende que procede una interpretación de legalidad de este precepto para determinar 
si el legislador ha previsto esta modalidad de recurso para el supuesto que solicita la 
entidad local recurrente.
A este respecto, desarrolla los mismos argumentos que hemos recogido en la letra c) 
de este apartado de los antecedentes, al objeto de defender su parecer discrepante con 
el de otros tribunales superiores de justicia que sí admiten la posibilidad de la casación 
autonómica contra sentencias dictadas por la misma sala, subrayando, además, que 
«una interpretación del artículo 86.3 vigente de acuerdo a los antecedentes legislativos 
nos lleva a descartar que los párrafos segundo y tercero sean complementarios del 
primero, puesto que éste tiene como objeto delimitar el ámbito de la casación ante el 
Tribunal Supremo, en tanto que los párrafos segundo y tercero contienen una disposición 
de naturaleza orgánica, sin vocación definidora del ámbito del recurso de casación 
autonómico». El hecho de que sea necesario invocar la eventual infracción de la norma 
autonómica (artículo 86.3 párrafo primero LJCA), «en modo alguno nos lleva a deducir 
que exista una equiparación en cuanto a las resoluciones recurribles ante el Tribunal 
Supremo  y  ante  la  sección  de  casación  de  los  tribunales  superiores  de  justicia, 
singularmente las resoluciones de la propia sala de lo contencioso-administrativo».
El  auto  finaliza,  en  su  parte  dispositiva,  desestimando  el  recurso  de  queja  por 
entender que no procede el recurso de casación contra la sentencia recaída en los 
autos.
3.  La demanda de amparo, después de hacer una detenida exposición de los 
antecedentes, alega vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente 
del derecho de acceso al recurso (artículo 24.1 CE) y hace un detallado desarrollo de la 
doctrina de este tribunal sobre este derecho. A continuación, destaca, en el apartado 
dedicado a los fundamentos jurídicos sustantivos, los diferentes aspectos esenciales de 
su argumentación, que son resumidos, a continuación:
a)  Empieza  poniendo  de  manifiesto  que  la  tesis  sostenida  por  la  Sección  de 
Casación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña «es una opinión aislada en el 
panorama jurisprudencial, que se aparta del criterio que, en lo que al menos este Letrado 
ha podido comprobar, defienden en forma unánime el resto de salas de lo contencioso-
administrativo de todos los tribunales superiores de justicia», que admiten «sin fisuras y 
sin ningún reparo el recurso de casación autonómica frente a las sentencias dictadas por 
las secciones […] de las respectivas salas de lo contencioso-administrativo» y cita de 
modo expreso diversos autos de tribunales superiores de justicia en apoyo de esta 
afirmación. Agrega que, aunque esta circunstancia no es en sí misma determinante de la 
infracción constitucional del artículo 24.1 CE denunciada, «sí alerta de todas formas del 
carácter  realmente  extravagante,  por  singular,  de  la  interpretación  que  defiende  en 
solitario el órgano judicial a quo».
b)  Al argumento ofrecido por el órgano judicial en el auto núm. 25/2018, resolutorio 
del recurso de queja, relativo a la falta de previsión en la LOPJ «de una sección de 
casación formada por magistrados de la misma sala que puedan actuar con prevalencia 
funcional sobre lo decidido por otras secciones», opone la corporación recurrente el 
argumento de que «el hecho de que la LOPJ no atribuya a las salas de lo contencioso-
administrativo  la  competencia  casacional  discutida  en  el  proceso  a  quo  no  es  un  e
argumento convincente» porque tampoco establece una previsión expresa a que, por  bo
esta vía casacional, el órgano judicial de Cataluña de referencia entienda que es posible  86ww
cinotnetrepnocnieors ou-and mreinciusrtsraot ivdoe,  reccaasíadcaisó ne nc úonnitcraa  inlassta nsceian,t epnacriaa slo sd qeu elo ssí  cjounzgsiaddeoras  qduee  elos 
posiMbláes e asdtee lraenctuer,s soe dñea lcaa qsuaec i«óenl. alcance de la colaboración del legislador ordinario en la
definición de las competencias de los distintos órganos jurisdiccionales es una cuestión
doctrinalmente  discutida  y  discutible,  según  ese  mismo  Tribunal  Constitucional  ha 
reconocido» y cita, al respecto, la STC 254/1994, de 15 de septiembre, FJ 4. Por ello, 
entiende que cualquiera que sea la interpretación correcta del artículo 122.1 CE, «lo que 
desde luego no cabe y revela arbitrariedad es defender con todo vigor la intervención del 
legislador orgánico en esa operación, so pena de incurrir en inconstitucionalidad, como 
con notable exageración afirma el Auto 25/2018 recurrido (FJ 3, in fine)», para «olvidarse 
de esa misma exigencia y defender […] que las sentencias de los juzgados sí son en 
cambio recurribles, no obstante faltar también al respecto cualquier previsión en la 
LOPJ».
c)  Frente al argumento del órgano judicial de que, de aceptarse la procedencia del 
recurso de casación autonómico en los términos que postula la entidad recurrente, 
«obligaría a admitir[se] que un órgano judicial […] podría corregir la interpretación del 
derecho autonómico defendida antes por un órgano de igual jerarquía», en referencia a 
las  dos  secciones  de  la  sala  del  Tribunal  Superior  de  justicia  intervinientes  (la  de 
casación y la que haya dictado la sentencia que se recurre), sostiene la recurrente que 
es también «manifiestamente irrazonable», porque «en ninguna parte del ordenamiento, 
ni en la LOPJ ni desde luego en la LJCA, está dicho que el recurso de casación sea por 
definición un recurso de carácter siempre devolutivo. Ni menos aún que la sección de 
casación sea un órgano judicial no especializado y, en esa condición, inidóneo para 
revisar» la interpretación por la sección o sala del mismo Tribunal Superior de justicia y 
que «interesadamente se califica de órgano judicial especializado». También rechaza el 
letrado  de  la  recurrente  que  la  sección  de  casación  deba  tener  una  ascendencia 
jerárquica sobre el órgano que haya dictado la resolución recurrida, como ha destacado 
el auto núm. 25/2018 impugnado.
d)  Frente al argumento, sostenido por el auto núm. 25/2018, de que es el pleno 
jurisdiccional de toda la sala el que debe resolver las controversias y resoluciones 
contradictorias que se adviertan en el seno de un tribunal de conformidad con el art. 264 
LOPJ, en la nueva redacción introducida por la Ley Orgánica 7/2015, la recurrente 
señala que el resto de salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores 
de  justicia  mantienen  un  «criterio  unánime»  de  que  «esa  hipótesis  de  sentencias 
contradictorias» constituye «un ejemplo característico del supuesto de interés casacional 
autonómico del que habla el artículo 88.2 a) LJCA» y cita, al respecto, el auto de la 
sección de casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid de 17 de mayo de 2017.
En el parecer de la recurrente, el sentido hermenéutico dado a aquel precepto por el 
auto núm. 25/2018 «es una interpretación tan equivocada que solo puede ser calificada, 
en el criterio más benévolo, de simple ocurrencia». A su entender, no hay en la Ley 
Orgánica 7/2015, como tampoco en la doctrina especializada y en la jurisprudencia, 
ningún indicio que apunte a semejante interpretación. Los plenos jurisdiccionales están 
previstos para unificar criterios interpretativos y para coordinar prácticas procesales, pero 
no para fijar propiamente jurisprudencia sobre preceptos sustantivos. «No son ningún 
mecanismo que funcione en el marco de los procesos judiciales ni son, en consecuencia, 
un medio impugnatorio al alcance de las partes procesales. Solo el presidente de la sala 
o tribunal, por propia iniciativa o a solicitud de la mayoría de sus miembros, pueden 
convocarlos. Por otra parte, materialmente sus acuerdos no son tampoco vinculantes, 
como es sin embargo característico de las sentencias dictadas en materia de unificación 
de doctrina, según lo certifica también ahora el art. 264 LOPJ cuando deja a salvo la 
independencia  de  las  secciones  para  apartarse  razonadamente  del  correspondiente  s
criterio acordado en ese tipo de plenos». oe.
Además, se trata de un precepto, el del artículo 264 LOPJ, de alcance general para  w.
todas las jurisdicciones y no en exclusiva para la contencioso-administrativa, pudiéndose  86ww
dcoanr gcroumenot ec olan sedceuroegnacciaió nd ep oerll ov íqau ein ttearl pcreirtcautinvsat andcei al o«sh arebcríuar sdoest edrme incaadsoa cdióen  mpoadrao 
juunriisfidcaiccciióonn edse. doctrina», previstos en el resto de leyes procesales reguladoras de otras  BOE-A-cable e
e)  Contestando a un último argumento del auto núm. 25/2018, referido a que, de los 
antecedentes legislativos que han precedido al vigente art. 86.3 LJCA, fruto de la adición 
de  dos  preceptos  anteriores  de  este  texto  legal  (el  primer  párrafo  incorpora  casi 
literalmente el texto del anterior 86.4 y los párrafos segundo y tercero transcriben el 
antiguo art. 99.3 LJCA de 1998), el auto impugnado llega a la conclusión de que los 
párrafos  segundo  y  tercero  del  nuevo  art.  86.3  LJCA  descartan  que  estos  sean 
complementarios del párrafo primero, que tiene como objeto delimitar el ámbito de la 
casación  ante  el  Tribunal  Supremo,  la  corporación  recurrente  aduce  que  tal 
interpretación  «es  ciertamente  muy  difícil  de  explicar  y  prueba  el  carácter 
constitucionalmente reprochable, por irrazonable de semejante interpretación». Entiende, 
al respecto, la parte que el sentido literal del art. 86.3 LJCA en su conjunto permite una 
interpretación totalmente contraria. El precepto «comienza precisamente por delimitar el 
objeto del recurso de casación con referencia única y precisamente a ‘las sentencias 
dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de 
justicia’ para, a continuación, de modo congruente, atribuir la competencia para conocer 
del  correspondiente  recurso»  a  las  salas  de  lo  contencioso-administrativo,  bien  del 
Tribunal Supremo cuando se invoque la infracción de normas estatales o de la Unión 
Europea, bien a la de los tribunales superiores de justicia, cuando lo sea respecto de 
normas autonómicas.
Según defiende el recurso, esa interpretación «es la que ictu oculi apunta el tenor 
literal  del  citado  artículo  86.3  LJCA,  y  que  es  siempre,  como  ese  mismo  Tribunal 
Constitucional tiene dicho ‘un punto de partida imprescindible’ en cualquier labor de 
interpretación de la legalidad», citando, al respecto, la STC 84/2014, de 29 de mayo. 
Afirma que este es el criterio que siguen «el resto de las salas de todos los demás 
tribunales superiores de justicia» y que lo que resulta «extravagante y revela una vez 
más  arbitrariedad  es  conectar  las  citadas  previsiones  orgánicas  de  los  apartados 
segundo y tercero del artículo 86.3 LJCA, no con lo dispuesto en el primer párrafo del 
propio artículo 86.3 LJCA, sino con lo dispuesto en el artículo 86.1 LJCA y, por tanto, en 
otro precepto distinto y concluir en consecuencia que las citadas previsiones orgánicas 
del artículo 86.3 LJCA sobre la sección de casación» de los tribunales superiores de 
justicia se refieren de modo exclusivo a las sentencias dictadas en única instancia por los 
juzgados de lo contencioso-administrativo del correspondiente territorio, en los términos 
que vienen recogidos en el artículo 6.1 LJCA.
Termina su argumentación la demandante sosteniendo que, de haber tenido dudas el 
órgano judicial sobre la inconstitucionalidad del artículo 86.3 LJCA, por su eventual 
contradicción  con  el  artículo  122  CE,  debería  haber  promovido  una  cuestión  de 
inconstitucionalidad ante este tribunal, como lo han hecho otras salas de lo contencioso-
administrativo de otros tribunales superiores de justicia, en referencia concreta, que cita, 
a la de Castilla-La Mancha que la planteó por medio de auto de 3 de mayo de 2018 
(cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  2860-2018,  que  ha  sido  resuelta  mediante 
STC 128/2018, de 29 de noviembre, por el Pleno de este tribunal).
La demanda justifica la especial transcendencia constitucional del recurso citando 
expresamente el supuesto previsto en el apartado g) del FJ 2 de la STC 155/2009, 
porque, a su juicio, el recurso plantea una cuestión jurídica de relevante y general 
repercusión desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente 
de acceso a los recursos (artículo 24.1 CE). Considera que la decisión que pueda 
adoptar este tribunal, no sólo se refiere a la admisión del recurso de casación intentado 
por la parte en el proceso judicial a quo, sino también «de modo principal, la procedencia  s
misma del recurso de casación por infracción del derecho autonómico contra sentencias  oe.
dictadas en única instancia por una de las secciones en que comúnmente se divide, con  w.
contadas excepciones y como testimonia el presente asunto, la sala de lo contencioso- 86ww
administrativo del correspondiente tribunal superior de justicia».
este4 t.r ibPunoar lm aecdoirod ód ea dpmroitviri dae ntrcáima idtee  e1l 6r edceu rsseop dtiee mambrpea droe  a2p0r1e9c,ia lnad So eqcuceió enn C eul amrtias mdoe 
concurre «una especial trascendencia constitucional (artículo 50.1 LOTC) porque el
recurso  puede  dar  ocasión  al  tribunal  para  aclarar  o  cambiar  su  doctrina,  como 
consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)], y de cambios 
normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho  fundamental 
[STC 155/2009, FJ 2 b)]».
En la misma providencia se acordaba dirigir comunicación a la sección de casación 
de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 
Cataluña, a fin de que en el plazo de diez días, remitiera certificación o copia adverada 
de las actuaciones correspondientes al recurso ordinario núm. 50-2014 y emplazara a los 
que hubieran sido parte en el procedimiento para que pudieran comparecer en el recurso 
de amparo, excepto la parte demandante.
5.  Mediante escrito, que tuvo su entrada el día 9 de octubre de 2019 en el registro 
de este tribunal, compareció el Procurador de los tribunales don Antonio Sorribes Calle, 
en representación de la mercantil Josel, S.L.U., asistida por el Letrado don Alfonso 
López  López,  solicitando  su  personación  en  autos  y  que  se  le  diera  vista  de  las 
actuaciones para formulación de alegaciones.
6.  En virtud de escrito, presentado el día 15 de octubre de 2019 en el registro de 
este tribunal, la Letrada de la Generalitat de Cataluña, en representación de dicha 
institución, solicitó que se le tuviera por personada y parte en las actuaciones, con el fin 
de formular, en su día, las alegaciones que estimara procedentes en defensa de su 
derecho.
7.  La secretaría de justicia de la Sala Segunda (Sección Cuarta) de este tribunal 
dictó  diligencia  de  ordenación  el  día  24  de  octubre  de  2019,  acordando  tener  por 
personados y partes, respectivamente, a don Antonio Sorribes Calle, en representación 
de la entidad Josel, S.L.U., y a la Letrada de la Generalitat de Cataluña, acordándose 
entender con ellos las sucesivas actuaciones.
En la misma diligencia se acordó, igualmente, dar vista de las actuaciones a las 
partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo de veinte días, con el fin de poder 
formular alegaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 52.1 LOTC.
8.  En fecha 26 de noviembre de 2019, presentó sus alegaciones la mercantil Josel, 
S.L.U., en las que ha solicitado la desestimación del recurso de amparo, con apoyo en 
los siguientes razonamientos:
a)  Comienza el escrito haciendo unas consideraciones generales sobre la doctrina 
de este tribunal relativa al derecho de acceso al recurso, como diferenciado en su 
tratamiento constitucional del derecho de acceso a la jurisdicción, pues, con cita del 
ATC 41/2018, de 16 de abril, que, a su vez, recoge la doctrina de la STC 7/2015, de 22 
de  enero,  señala  que,  a  diferencia  de  este  último,  que  goza  de  una  protección 
constitucional en el artículo 24.1 CE, el ahora invocado de acceso al recurso, es de 
configuración legal, de tal manera que el control de este tribunal sobre las resoluciones 
judiciales, dictadas en relación con los presupuestos o requisitos de admisión de los 
recursos, tiene carácter externo, sin que le corresponda revisar la aplicación judicial de 
las normas sobre admisión de recursos, salvo en los casos de inadmisión declarada con 
base en una causa legalmente inexistente o mediante un juicio arbitrario, irrazonable o 
fundado en error fáctico patente.
Añade que, tratándose de la admisión de un recurso extraordinario como es el de 
casación, son aún más limitadas estas posibilidades de control y, con extensa cita del  e.e
ATC 41/2018, concluye afirmando que, tratándose de una cuestión de legalidad ordinaria  b
y, además, en referencia a un recurso extraordinario de casación, aunque lo sea en este  86ww
cdaesreoc haou toanl órmeiccuor,s ola,  adcetbuea cilóimn itdaers ee stae  utrnib ucnoanlt,r orel sepxetcetron od ed ela  laal ergaazdoan avbuillnidearadc idóen  dloesl 
aarrgbuitrmaeriendtoasd ,s mosatneinfiiedsotsa  iprroarc iolan arleidsaodlu oc iósne  himalplaung ninacduars oys  veenr iufinca er rrsoir  phaatne nitnec,u lror idqou e,e na 
su parecer, no se ha dado en este caso.
b)  Seguidamente, sostiene el escrito de alegaciones que, aun cuando se admitiera 
que el objeto de esta modalidad de recurso de casación fuera la de unificar doctrina y 
criterios interpretativos por la decisión contradictoria de otras salas del mismo tribunal o 
de otras secciones de la misma sala, el recurso de casación que se ha pretendido 
preparar en el caso de autos no responde a este supuesto porque no se alega supuesta 
contradicción con otras sentencias del mismo tribunal. Señala que «la concreta cuestión 
a dilucidar en el presente recurso de amparo es si cabe o no recurso de casación 
autonómico  contra  una  sentencia  dictada  en  única  instancia  por  la  sala  de  lo 
contencioso-administrativo de un tribunal superior de justicia, cuando además dicho 
recurso no se pretende fundar en la contradicción con otras sentencias de otra sala o 
sección del mismo tribunal». Añade que, si de lo que se trata es de fijar jurisprudencia 
sobre una determinada cuestión en la aplicación de una norma autonómica, esta función 
ya la llevan a efecto «las propias sentencias dictadas por las secciones del tribunal 
superior de justicia, que en consecuencia no pueden estar sujetas, a su vez, a recurso 
de casación». Para fortalecer este planteamiento, el escrito recoge una cita del auto 
núm.  25/2018  impugnado,  que  alude  a  esta  cuestión,  así  como  otro  pasaje  del 
ATC 41/2018.
Concluye su argumentación sosteniendo que «cuando son las propias sentencias del 
tribunal superior de justicia las que crean la jurisprudencia sobre derecho autonómico 
ningún sentido tiene que dichas sentencias puedan someterse a un nuevo recurso de 
casación ante otra sección del mismo tribunal que ni siquiera está especializada». Por 
ello, no aprecia que la resolución haya incurrido en «irrazonabilidad».
9.  El día 27 de noviembre de 2019 tuvieron entrada en el registro de este tribunal 
las alegaciones del Ministerio Fiscal en las que concluye solicitando la estimación del 
recurso, la declaración de haber sido vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de 
la corporación recurrente, la nulidad de las resoluciones impugnadas y la retroacción de 
las actuaciones al momento inmediatamente anterior al auto de 28 de junio de 2018, 
para que sea dictada una resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental 
que entiende vulnerado.
Los  argumentos  que  recoge  la  pormenorizada  exposición  del  fiscal  pueden  ser 
resumidos en los siguientes apartados:
a)  Después de una extensa como detallada descripción de los antecedentes del 
caso, comienza el fiscal el apartado de sus «consideraciones jurídicas» recogiendo la 
doctrina general de este tribunal sobre el derecho de acceso al recurso, con cita de la 
STC 7/2015, de 22 de enero, el ATC 41/2018, de 16 de abril y diferentes resoluciones del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH de 8 de noviembre de 2007, asunto 
De la Fuente Ariza c. España y de 23 de octubre de 2018, asunto Arróspide Sarasola y 
otros c. España), destacando que se trata de un derecho que, salvo en el caso de la 
jurisdicción  penal,  solo  surge  de  las  leyes  procesales  que  regulan  los  medios  de 
impugnación,  teniendo,  en  consecuencia,  libertad  el  legislador  para  establecer  su 
procedencia, los supuestos en que puede ejercitarse y los requisitos de admisibilidad. Y 
corresponde a este tribunal un control externo de la resolución judicial, de tal manera que 
únicamente cuando la decisión de inadmitir sea arbitraria, manifiestamente irracional o 
incursa en error patente, podrá este tribunal apreciar la vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva de la parte.
b)  Seguidamente,  hace  una  detallada  exposición  sobre  el  nuevo  recurso  de 
casación introducido por la Ley Orgánica 7/2015, recogiendo diferentes pasajes de la  e
STC 128/2018 y del ATC 41/2018, para referirse después al supuesto de autos del que,  bo
apoyándose en la cita de la precitada STC 128/2018 [FJ 4, letras a) y b)], concluye  86ww
naefircmesainddaod  qduee e «stdaebbleecmimosie dnetos cdaer tlaery  loar goábnjeiccaió pna drae  rlae gruelsaorl ulacsió fnu nrceicounrerisd ad ee nla  csueacnctioó na  dlae 
ccaosmapceiótenn dceial sa yrt .a 8tr6ib.3u cLioJnCeAs  yq,u ceo lnes reeccuoennotceem eeln cteit,a daod mpriteirc eqputeo  éqsutea  lpau reedgeu ldae»s.plegar las
A continuación, analiza el supuesto de hecho enjuiciado por el ATC 41/2018 (recurso 
de amparo núm. 4644-2017), que acordó la inadmisión a trámite del recurso de amparo, 
señalando,  al  respecto,  que  esta  resolución  «contempla  un  presupuesto  de  hecho 
totalmente distinto [al de autos], en cuanto en el caso que ahora nos ocupa no existe una 
sección única de lo contencioso-administrativo, sino varias secciones que se integran en 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».
c)  En el apartado III de sus «consideraciones jurídicas», el fiscal despliega una 
detallada exposición sobre el nuevo texto del art. 86 LJCA, tanto en lo relativo al 
recurso de casación que se sustancia y resuelve por el Tribunal Supremo, como el 
que, fundamentado en el derecho autonómico, corresponde en su conocimiento y 
decisión a las salas de los tribunales superiores de justicia. Concluye señalando que 
«el tribunal superior de justicia está configurado por la LOPJ como órgano revisor de 
los actos y legislación autonómicas, así como de las resoluciones de los juzgados de 
lo contencioso […]».
Asimismo, destaca que «no resultaría así coherente con esta función de máximo 
órgano judicial territorial de las comunidades autónomas», que, teniendo atribuida la 
competencia para el conocimiento de los actos y resoluciones de carácter autonómico 
(artículo 74.1 LOPJ y 10.1 LJCA) y para los recursos de apelación y revisión de los 
juzgados de lo contencioso-administrativo, «se excluyeran del recurso de casación las 
sentencias de las secciones de las salas de lo contencioso-administrativo. De esta, pues, 
manera, sería inviable dar cumplimiento a esa función unificadora propia del recurso de 
casación y del órgano —tribunal superior de justicia— llamado a resolverlo».
El fiscal señala que, si bien, esta modalidad de recurso de casación no está prevista 
expresamente en el texto legal, ha de tenerse en cuenta «la regulación precedente, la 
finalidad unificadora del recurso y el paralelismo existente entre los recursos de casación 
ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia, [por lo que] nada se opone a 
una interpretación integradora que lo regule a imagen del existente ante el Tribunal 
Supremo, pues ninguna norma, desde luego, lo prohíbe».
Añade  a  lo  expuesto,  que  «[n]o  se  produciría  así  la  contradicción,  carente  de 
justificación,  que  en  el  marco  de  [la]  regulación  expuesta,  fuera  posible  que  las 
sentencias de los juzgados y secciones de las salas accedan al recurso de casación ante 
el Tribunal Supremo por infracción de derecho estatal y europeo y, sin embargo, resulten 
excluidas y marginadas aquellas otras por infracción del derecho autonómico, que no 
tienen acceso a la casación del Tribunal Supremo, quedando vetado su revisión y acceso 
al  único  órgano  con  facultades  de  unificación  en  la  normativa  autonómica,  que  es 
precisamente el Tribunal Superior de Justicia».
Más adelante, alega el fiscal que «la finalidad unificadora del recurso de casación no 
puede disociarse del nuevo concepto de ‘interés casacional objetivo’, como técnica de 
unificación para la formación de jurisprudencia y que, por tanto, se proyecta sobre la 
función  que  están  llamados  a  ejercer,  dentro  de  sus  ámbitos  respectivos,  tanto  el 
Tribunal Supremo, como […] los tribunales superiores de justicia». Existe, pues, a juicio 
del fiscal, «un paralelismo interpretativo entre los recursos estatal y autonómico» y cita, 
al respecto, el texto del artículo 88 LJCA, así como diferentes resoluciones de la sala de 
lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (AATS de 19 de junio de 2017, FJ 6, 
y de 23 de mayo de 2018, FJ 2), así como del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Auto 1/2017, de 17 de mayo, FJ 5).
Del texto de las indicadas resoluciones extrae, a modo de conclusión, que, «de la 
regulación del nuevo recurso de casación aparece que este tiene atribuida la función de  e.
unificación y, precisamente, el interés casacional objetivo surge, principalmente, aunque  w.b
entre otros supuestos, de la existencia de posibles interpretaciones contradictorias de los  86ww
ódrugdaan oasf lojurdai ceianle sla —s irnehseorleuncitoense as  lad ep rolapsia  dinifdeerepnetnedse nscailaa sd/ese lcac fiuonnceisó nd jeu dliocsia l tyri bquunea sleins 
ósurgpaenrioosre as  qduee  jsues triceifaie qreu,e e —n ceand laa  cnauseov, ae lr eagrtuíclaucloió 8n6— L J[…CA] »e.stán llamados a resolver los
En referencia a la nueva regulación introducida en el artículo 264 LOPJ por la Ley 
Orgánica  7/2015  y  la  función  de  unificación  de  criterios  asumida  por  los  plenos 
jurisdiccionales, que sostiene el auto núm. 25/2018 impugnado, afirma el fiscal que 
dichos plenos «no pueden sustituir a la función jurisdiccional propia del recurso de 
casación como instrumentos de unificación, sino que ambos coexisten en su ámbito 
propio», en primer lugar, porque las partes no pueden impugnar una resolución adversa, 
sino que la constitución de tales plenos es una atribución del presidente de la sala o 
tribunal respectivo, por sí o a petición mayoritaria de sus miembros; y, en segundo 
término, porque, según prescribe el artículo 264 LOPJ, carecen de fuerza vinculante. En 
esa misma línea argumental, el fiscal defiende que la atribución del conocimiento del 
recurso  de  casación  autonómico  a  una  sección  de  la  sala  de  lo  contencioso-
administrativo  del  tribunal  superior  de  justicia  «puede  considerarse  como  una 
especificación de la división funcional por la que el legislador determina las materias y 
recursos atribuidos a la competencia de esa sección especial» de las salas de los 
tribunales superiores de justicia.
Según  señala,  la  «interpretación  que  admite  la  recurribilidad  en  casación  por 
infracción de normativa autonómica» de las resoluciones de referencia «se encuentra 
generalizada», aunque  se trata de  decisiones que  no son unánimes dentro de los 
tribunales superiores de justicia. A este respecto, hace una detallada cita de resoluciones 
de diferentes tribunales superiores de justicia (Madrid, Castilla y León, Valencia, Galicia, 
País Vasco, Navarra y Aragón), poniendo de manifiesto, no obstante, que el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña mantiene un criterio opuesto, que es el que ahora ha 
establecido el auto núm. 25/2018.
En la relación de argumentos que ofrece el Ministerio Fiscal para propugnar la 
procedencia del recurso de casación autonómico estudiado, el escrito de alegaciones 
agrega el de la coexistencia o simultaneidad que ha admitido el Tribunal Supremo «de la 
interposición  de  recurso  de  casación  estatal  y  autonómico,  lo  que  viene  a  admitir 
implícitamente  la  viabilidad  de  este  último».  Aunque  el  Tribunal  Supremo  no  es 
competente para su conocimiento, sin embargo el Tribunal Supremo (autos de 21 de 
diciembre de 2017 y de 29 de abril de 2019, de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo) han admitido esta coexistencia.
A  la  vista  de  todas  estas  consideraciones,  el  fiscal  concluye  afirmando  que  la 
interpretación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, excluyendo esta modalidad 
de recurso de casación «elimina la posibilidad de esta perspectiva de unificación de la 
aplicación  de  la  normativa  autonómica  atribuida  al  tribunal  superior  de  justicia, 
produciendo, desde esta óptica, un vacío respecto de esta legislación, incoherente con el 
sistema establecido para la normativa estatal y europea atribuida al Tribunal Supremo», 
de cuyo acceso el tribunal superior de justicia excluye aquella labor unificadora respecto 
de  la  interpretación  de  la  normativa  autonómica.  Sostiene  que  la  «ausencia  o 
deficiencias de regulación […] no comporta necesariamente la inexistencia del recurso 
como se desprende [de] la interpretación de las resoluciones cuestionadas. Ello equivale 
a una expulsión del recurso de casación respecto de las sentencias de los tribunal 
superior de justicia que no parece responder, a tenor de la regulación expuesta, al deseo 
del legislador ni al contenido del derecho positivo que, cierto es, insuficientemente lo 
regula».
El fiscal termina su escrito apreciando la vulneración del derecho de acceso al 
recurso porque «estamos en presencia de una resolución judicial que, al determinar la 
supresión del recurso de casación autonómico contra sentencias dictadas en única  s
instancia  por  los  órganos  colegiados  —secciones—  de  la  sala  de  lo  contencioso- oe.
administrativo, aplica de facto una causa de inadmisión irrazonable desde el plano  w.
constitucional», al no realizar una interpretación acomodada al derecho fundamental de  86ww
referencia y efectuar «una interpretación carente de suficiente cobertura legal».
tribu1n0a.l  eEl l edsícar it2o  ddee  daicleiegmacbioren edse  d2e0 1la9  Ltuevtroa dean trdaed ala  eGn eenl erreaglitisattr od eg eCnaetraallu ñdae,  eqsutee 
propugna  la  estimación  del  recurso  de  amparo,  que  declare  vulnerado  el  derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva de la corporación local recurrente y que anule los 
tres autos impugnados.
De modo resumido, los argumentos que sostiene en apoyo de tales conclusiones son 
los siguientes:
a)  Después  de  hacer  una  detenida  exposición  de  los  antecedentes,  comienza 
alegando que la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su 
vertiente de acceso al recurso, por el planteamiento que, de modo reiterado, ha venido 
sosteniendo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación a la inadmisibilidad 
del recurso de casación en supuestos como el de autos, obedece a la negativa «pura y 
simple» de este órgano judicial, que afecta también, a la Generalitat, que interviene en 
este proceso como coadyuvante, y que también resulta extensivo a otros en los que ha 
sido parte y en los que, asimismo, ha formulado las correspondientes impugnaciones 
contra otras resoluciones de aquel órgano judicial, que han declarado no tener por 
preparado este recurso de casación.
b)  Con cita de la STC 128/2018, entiende la Letrada de la Generalitat que dicha 
resolución de este tribunal ha «disipado todas las dudas que la Sección de Casación de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
pudiera tener sobre la constitucionalidad, la interpretación y el alcance del artículo 86.3, 
párrafos 2 y 3 LJCA, en la versión otorgada por la disposición final tercera de la 
LO  7/2015»  y  sostiene  que  esta  sentencia  constitucional  ha  interpretado  «que, 
efectivamente el artículo 86 LJCA prevé la existencia de un recurso de casación por 
infracción  de  normativa  autonómica  que  se  puede  interponer  contra  las  sentencias 
dictadas por las secciones de las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales 
superiores de justicia».
Haciendo referencia a los fundamentos jurídicos 1, 3 y 4 de la STC 128/2018, esta 
representación rechaza la tesis del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de que la 
atribución del recurso de casación a la sección correspondiente de las salas de lo 
contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia carezca del carácter 
de ley orgánica y, en consecuencia, contravenga lo dispuesto en el artículo 122 CE, 
porque diseñe una modalidad de sección que no está prevista en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y no ha sido incorporada al ordenamiento jurídico con el correspondiente 
rango de ley orgánica. Por el contrario, sostiene esta parte que el Tribunal Constitucional 
«ha evitado una interpretación rígida del significado y alcance de la reserva de ley 
orgánica que deriva del artículo 122.1 CE, aceptando ‘un sistema en el que la Ley 
Orgánica del Poder Judicial establece los criterios generales de atribución y las leyes 
ordinarias concretan esos criterios en cada ámbito específico’ (STC 121/2011, FJ 3), de 
forma que el control que ejerce este tribunal sobre la relación de la legislación procesal 
de rango ordinario sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial se ha centrado en preservar 
la coherencia del diseño establecido en esta última».
Por ello, señala, en referencia a la precitada STC 128/2018, que «las secciones de 
casación a las que se refiere el artículo 86.3 LJCA son una variedad de las secciones 
funcionales que contempla [la] Ley Orgánica del Poder Judicial y por tanto no constituyen 
[un] órgano judicial diferente a los efectos de la reserva de ley orgánica que deriva del 
artículo 122 LOPJ».
c)  El escrito de la Generalitat de Cataluña descarta, también, que el artículo 264 
LOPJ haya establecido un mecanismo de unificación de criterios y de que la nueva 
regulación  del  recurso  de  casación  establecida  en  el  artículo  86.3  LJCA  infrinja  el 
principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE), por la incertidumbre que pueda provocar  e.
las deficiencias técnicas en la redacción introducida por la Ley Orgánica 7/2015. Para  w.b
ello, vuelve a citar la STC 128/2018 y señala que, «si bien el Tribunal Constitucional  86ww
uandam itien teimrpproertatacniótens  sciastreemncáiaticsa d edle lp rmecisemptoo  iym plau ganpaldicoa, csióeng udidea mlae ncteo nafirgguurmaceiónnta  mquáes 
iombpjelítcivitaadmae ndteel  erl erceucrusros o ddee  ccaassaacciióónn  aeustotantóaml, icao , lapse rmnioterm aa slo sd ter ibluan acleusa l qusee  hraenm ditee 
aplicar la norma, determinar cuáles son las resoluciones que pueden ser objeto del 
recurso, así como el órgano que ha de resolver».
d)  Sobre la infracción del principio de igualdad, que vendría determinado por el 
distinto  trato  otorgado  a  los  ciudadanos,  «derivado  de  la  aplicación  de  criterios 
aplicativos dispares en los distintos tribunales superiores de justicia», alega que este 
tribunal «lo descarta, en atención a que el origen de la desigualdad no reside en la propia 
norma sino en su aplicación».
e)  En el mismo sentido, haciéndose eco de la repetidamente citada STC 128/2018 
(según refiere, sentó doctrina y fue directamente aplicada en las SSTC 18/2019, de 11 de 
febrero, y 26/2019, de 25 de febrero), la letrada del gobierno catalán también recoge que 
este tribunal no ha apreciado vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, pese a 
la deficiente técnica legislativa con que aparece redactado el artículo 86.3 LJCA, pues su 
texto permite una interpretación lógica y coherente «que proporcione un sentido útil a la 
casación autonómica, ya que la unificación del derecho autonómico corresponde a los 
tribunales superiores de justicia mediante un recurso de casación paralelo al establecido 
en el Tribunal Supremo para el Derecho estatal o de la Unión Europea, a cuya regulación 
se remite implícitamente el recurso de casación autonómico». Tampoco entiende que la 
norma infrinja el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, pues el artículo 86.3 
LJCA «contiene los criterios necesarios para determinar la composición de las secciones 
de casación, tanto en el supuesto de las salas que no tengan sección como en el caso 
de que tengan más de una sección, así como su ámbito competencial».
f)  Pasando ya al análisis del auto núm. 25/2018 impugnado, entiende esta parte 
que no nos hallamos ante un supuesto en que el órgano judicial se haya limitado a la 
verificación de los requisitos materiales y procesales que la ley impone a este recurso, 
sino que afecta a la propia admisibilidad del recurso en un supuesto como el de autos. 
Destaca que la sección de casación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
«sencillamente niega que quepa interponer el recurso de casación por infracción del 
derecho  autonómico  contra  las  sentencias»  de  otras  secciones  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Sin embargo, entiende la letrada de la Generalitat que, contrariamente a lo que ha 
decidido el órgano judicial catalán, de la argumentación de las SSTC 128/2018, 18/2019 
y  26/2019,  «queda  acreditado»  que  el  artículo  86.3  LJCA  prevé  la  posibilidad  de 
interponer recurso de casación autonómico contra las sentencias de diferentes secciones 
de las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia y 
que «su regulación es plenamente constitucional y, en todo caso, las posibles lagunas o 
vacíos normativos [de] que adolezca, pueden ser suplidos mediante una interpretación 
sistemática  por  la  que  se  aplique  la  configuración  más  objetivada  del  recurso  de 
casación estatal a las normas del cual se remite implícitamente el recurso de casación 
autonómico».
g)  En otro apartado, continúa sosteniendo que el recurso de casación por infracción 
de normativa autonómica es el instrumento idóneo para garantizar en Cataluña la función 
nomofiláctica respecto de aquel ordenamiento.
A este respecto, después de detallar la composición en cinco secciones de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de describir 
sus  atribuciones  que,  pese  a  ello,  pueden  «establecer  criterios  interpretativos 
divergentes en relación con el derecho autonómico aplicable a cada una de ellas», 
sostiene  que  el  recurso  de  casación  por  infracción  de  normativa  autonómica  de 
Cataluña,  «es  el  único  instrumento  idóneo  para  cumplir  la  función  nomofiláctica,  s
inherente  a  su  naturaleza  y  esta  interpretación  encaja  con  la  expresada  en  el  oe.
ATC 41/2018, FJ 5», que reproduce, a continuación. w.
El escrito de alegaciones de la Generalitat concluye con la afirmación de que «queda  86ww
dreecmuorssotr addeol  qAuyeu nlata smeicecnitóon  ddee  Scaasnat ciCóung, aetn  deel l pVreaslleènst ec ocanstroa,d ihcaie nlimdoit addiore ectl aamcecensteo  eall 
artículo 86.3 LJCA, por tanto sin fundamento legal o con patente error, y le ha causado
otra lesión del artículo 24.1 CE, ya que la decisión de inadmisión se ha basado en una 
causa que tiene que considerarse legalmente inexistente».
11.  Por medio de providencia de 18 de junio de 2020, el Pleno del tribunal, a 
propuesta de la Sala Segunda, acordó «recabar para sí el conocimiento del recurso de 
amparo», de conformidad con lo que dispone el artículo 10.1. n) LOTC.
12.  Por providencia de 21 de julio de 2020, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 22 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Pretensiones de las partes y delimitación del objeto del recurso.
El presente recurso de amparo se dirige contra los autos de 30 de enero y de 29 de 
marzo de 2018, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, recaídos en el procedimiento ordinario núm. 
50-2014, así como contra el posterior auto núm. 25/2018, de 28 de junio, de la Sección 
de Casación de la misma sala y tribunal, pronunciado en el recurso de queja núm. 
8-2018, que, en la vía judicial, han decidido tener por no preparado el recurso de 
casación que el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) pretendía interponer 
contra la precedente sentencia núm. 743/2017, de 9 de noviembre, de la indicada 
Sección Tercera de aquella sala y tribunal superior, por denunciada infracción de la 
normativa legal catalana en materia de urbanismo.
La corporación municipal demandante invoca la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial efectiva, en su vertiente del derecho de acceso al recurso y, más concretamente, 
al  recurso  de  casación,  por  cuanto  entiende  que  procede  esta  impugnación 
extraordinaria frente a la declaración de inadmisibilidad del recurso que han decidido las 
resoluciones impugnadas. A este respecto, la recurrente sostiene de contrario que la 
interpretación del artículo 86.3 LJCA, efectuada por los órganos judiciales catalanes, ha 
incurrido en manifiesta irracionalidad o bien en error patente, toda vez que, a su parecer 
y, por las razones que se recogen en los antecedentes, el precitado artículo 86.3 LJCA 
prevé  aquel  recurso  contra  sentencias  dictadas  por  las  salas  de  lo  contencioso-
administrativo de los tribunales superiores de justicia, con alegada infracción del derecho 
autonómico y su sustanciación y resolución por la sección de casación de aquellas.
El Ministerio Fiscal y la Generalitat de Cataluña propugnan, también, la estimación 
del recurso de amparo, por las razones que se detallan en los antecedentes. Por el 
contrario,  la  mercantil  Josel,  S.L.U,  solicita  la  desestimación  del  recurso,  por  los 
argumentos igualmente recogidos en los antecedentes.
A la vista, pues, de las pretensiones deducidas en los correspondientes escritos de 
alegaciones de las partes personadas y del Ministerio Fiscal, el presente recurso de 
amparo limita su objeto al enjuiciamiento de la invocada vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva en su manifestación del derecho de acceso al recurso y, de modo 
más concreto, al recurso extraordinario de casación, por eventual infracción de normativa 
autonómica,  en  el  bien  entendido  caso  y  así  se  adelanta,  que  el  ámbito  de  esta 
jurisdicción  constitucional  se  refiere  al  amparo  y  protección  de  los  derechos 
fundamentales que los artículos 161.1 b) CE y 41 LOTC atribuyen a este tribunal, sin que 
su conocimiento pueda extenderse a otras cuestiones que no rebasarían los límites de la 
legalidad  ordinaria,  para  cuya  interpretación,  enjuiciamiento  y  aplicación  el  texto  s
constitucional  atribuye  potestad  exclusiva  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  ordinaria  oe.
(artículo 117.3 CE). w.
2.  Doctrina constitucional sobre el derecho de acceso al recurso de casación.
convPieanrae  uann tceosr rreecatloiz aern utennad rimesieunmtoid ad ee xlapso sciucieósnt iodnee lsa  qduoec trsinea s duesc eitsatne  etrnib uenstael  sporobcree seol 
derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho de acceso al recurso, que
comenzará por el ámbito más general de este derecho, para descender, posteriormente, 
al más restringido del acceso al recurso extraordinario de casación y culminar, dentro de 
esa modalidad impugnativa, en el recurso de casación por denunciada infracción de la 
normativa autonómica.
A)  Derecho al recurso:
Este  tribunal,  ya  desde  su  inicial  STC  37/1995,  de  7  de  febrero,  ha  venido 
apreciando, de modo reiterado (por todas, las SSTC 149/2016, de 19 de septiembre, 
FJ 3, y 173/2016, de 17 de octubre, FJ 2), una clara diferencia entre: (i) el derecho de 
acceso a la jurisdicción, que tiene su fundamento directo en el derecho a la tutela judicial 
(artículo 24.1 CE), en donde el principio pro actione opera con la máxima intensidad para 
obtener del órgano judicial una resolución sobre el fondo de las pretensiones, aunque 
también pueda ser esta satisfecha con una decisión de inadmisión, por razones formales 
o materiales, siempre que sea motivada y se funde en la existencia de una causa legal 
que resulte aplicada razonablemente; y (ii) el derecho de acceso al recurso, en el que, 
recaída ya la primera respuesta judicial, es el legislador quien, en todo tipo de procesos, 
a excepción del penal, dispone de un amplio margen de libertad para establecer la 
procedencia del recurso, delimitar los supuestos y motivos de impugnación, así como 
determinar, también, su naturaleza y alcance.
Además, el control constitucional que este tribunal debe realizar de las resoluciones 
judiciales dictadas sobre los presupuestos o requisitos de admisión de los recursos tiene 
carácter externo, pues no le corresponde revisar la aplicación judicial de las normas 
sobre admisión de recursos, «evitando toda ponderación acerca de la corrección jurídica 
de las mismas» (STC 173/2016, FJ 2), sino, tan sólo, entender que debe ser apreciada la 
vulneración del derecho de acceso al recurso cuando (i) la resolución judicial deniegue la 
admisibilidad de un medio impugnatorio que se apoye en una causa inexistente; o (ii) 
cuando  aquella  declaración  de  inadmisibilidad  se  fundamente  en  un  juicio 
manifiestamente irracional, arbitrario o sustentado en un error fáctico patente.
B)  Recurso de casación:
Como ha declarado este tribunal, el control constitucional de la aplicación de las 
normas sobre admisibilidad del recurso «es, si cabe, más limitado en lo referido al 
recurso de casación. Por una parte, porque la resolución judicial que se enjuicia es del 
Tribunal Supremo, a quien le está conferida la función de interpretar la ley —también, 
evidentemente,  la  procesal—,  con  el  valor  complementario  que  atribuye  a  su 
jurisprudencia el Código civil. La STC 37/2012, de 19 de marzo, FJ 4, declara que ‘toda 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes 
salvo  lo  dispuesto  en  materia  de  garantías  constitucionales  (artículo  123.1  CE), 
complementa el ordenamiento jurídico, conforme señala el artículo 1.6 del Código civil, y 
tiene, por ello, vocación de ser observada por los jueces y tribunales’. Por otra parte, 
porque el recurso de casación tiene la naturaleza de recurso especial o extraordinario, lo 
que determina que debe fundarse en motivos tasados —numerus clausus— y que está 
sometido no solo a requisitos extrínsecos de tiempo y forma y a los presupuestos 
comunes exigibles para los recursos ordinarios, sino a otros intrínsecos, sustantivos, 
relacionados con el contenido y la viabilidad de la pretensión; de donde se sigue que su 
régimen  procesal  es  más  estricto  por  su  naturaleza  de  recurso  extraordinario 
(SSTC 37/1995, de 7 de febrero, FJ 5; 248/2005, de 10 de octubre, FJ 2; 100/2009, 
de 27 de abril, FJ 4, y 35/2011, de 28 de marzo, FJ 3)» [STC 7/2015, de 22 de enero,  e.
FJ 2 A) d)]. w.
Además, este tribunal tiene declarado que ‘corresponde al Tribunal Supremo la  86ww
súaltlivmoa  ploa ladbirsap useosbtroe  lean a dmmaisteibriialid adde  deg alorasn rteíacsu rscoosn sdteit uccaiosnaacilóens  a(natretí céul loin te1r2p3u esCtoEs),’ 
(STC 37/1995, de 7 de febrero, FJ 6)» [STC 7/2015, FJ 2 A) d)].
C)  Recurso de casación por infracción de normativa autonómica:
La disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, de modificación 
de la LOPJ, dio nueva redacción a la sección tercera del capítulo III, título IV, artículos 86 
a 93, de la LJCA, introduciendo importantes novedades en el recurso de casación, 
particularmente, en lo que ahora es de interés, estableciendo el acceso a la modalidad 
casacional de la alegada infracción de la normativa autonómica.
Este nuevo recurso de casación por invocada infracción de la normativa autonómica, 
regulado en el artículo 86.3 LJCA, ha sido objeto de enjuiciamiento de constitucionalidad 
por este tribunal en su STC 128/2018, de 29 de noviembre y en otras dos posteriores, las 
SSTC 18/2019, de 11 de febrero, y 26/2019, de 25 de febrero, de aplicación de la 
doctrina establecida en aquella.
Por otra parte, en sede de recurso de amparo y por invocada vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho de acceso al recurso, esta nueva 
modalidad impugnatoria ha sido también objeto de otro pronunciamiento de este tribunal. 
En su ATC 41/2018, de 16 de abril, el tribunal inadmitió a trámite la demanda de amparo, 
pero incluyó una serie de argumentos que destacaremos, a continuación, de modo 
resumido.
a)   Constitucionalidad del artículo 86.3 LJCA:
Este tribunal ha declarado [STC 128/2018, FJ 2 a)], en una aproximación general y 
con referencia expresa al preámbulo de la Ley Orgánica 7/2015, que las novedades 
introducidas en esta modalidad impugnatoria están encaminadas a «reforzar el recurso 
de  casación  como  instrumento  por  excelencia  para  asegurar  la  uniformidad  en  la 
aplicación judicial del derecho» exigiendo, a tal fin, que el recurso presente «interés 
casacional objetivo».
Además, la citada STC 128/2018 ha añadido que «[c]on este nuevo recurso se 
amplió el ámbito de aplicación a la generalidad de las resoluciones judiciales finales de la 
jurisdicción contencioso-administrativa (artículos 86.1 y 87.1 LJCA) y, mediante la técnica 
de selección fundada en el llamado interés casacional objetivo (artículo 88 LJCA), se 
buscó que cumpliera ‘estrictamente su función nomofiláctica’ (exposición de motivos). 
Como afirmó el ATC 41/2018, de 16 de abril, FJ 4, esta última consideración ‘resulta 
enteramente trasladable al recurso de casación autonómico que nos ocupa, con la 
matización  de  que  dicha  función  nomofiláctica  se  circunscribe  a  la  interpretación  y 
aplicación de las normas emanadas de la comunidad autónoma en cuyo territorio se 
halla el respectivo Tribunal Superior de Justicia’» [FJ 2 a)].
Continúa, además, la STC 128/2018 señalando que «[e]l nuevo recurso de casación 
basado en la infracción de normas emanadas de la comunidad autónoma sustituyó a los 
dos  recursos  de  casación  anteriormente  previstos  para  garantizar  la  correcta 
interpretación y aplicación de normas emanadas de la comunidad autónoma, el recurso 
de casación de unificación de doctrina regulado hasta entonces en el artículo 99 LJCA y 
el recurso de casación en interés de ley regulado hasta entonces en el artículo 101 
LJCA» [FJ 2 b)].
Por tanto, como así lo ha reconocido expresamente este tribunal, el nuevo recurso de 
casación por infracción de normativa autonómica «sustituye» a los medios impugnatorios 
que anteriormente venían regulados en la LOPJ (artículo 74, apartados 5 y 6, que no han 
sido  expresamente  derogados)  y  la  LJCA  (artículos  16.4,  todavía  en  vigor,  y  los 
precedentes artículos 99 y 101, dejados sin contenido por la Ley Orgánica 7/2015). s
De modo más concreto, en el enjuiciamiento de la constitucionalidad del artículo 86.3  oe.
LJCA cuestionado, el tribunal ha declarado lo siguiente: w.
dio n(iu) evLaa r efadlatac cdieó nr aanl gaort íocrugloá n8i6co.3  dLeJ ClaA d, insop ocsoicnitóranv fieinnael  tloe rdceisrpau deest ola e Ln. Oel.  a7r/t2íc0u1l5o,  2q2u.1e 
C«aEt,ie pnodre c uúannitcoa mla ernetsee rvaa  dsei  lleay  olerggiásnlaiccaió ens tapbrolecceisdaal  edne e l rcaitnagdoo  porredcineaprtoio  copnresstieturcviao nlaal   BOE-A-cable e
coherencia del diseño establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y no va más 
allá […]». La submateria «constitución […] de los jueces y tribunales», que establece el 
artículo 122.1 CE, hace referencia al «diseño básico de la organización judicial» y a la 
«‘definición  genérica  del  ámbito  de  conocimiento  litigioso’  de  los  diversos  órdenes 
jurisdiccionales», pero «nuestra jurisprudencia nunca ha incluido aspectos tales como las 
modalidades  de  recursos  disponibles,  las  resoluciones  en  su  caso  recurribles,  los 
órganos  competentes  para  su  resolución  o  los  procedimientos  que  a  tal  fin  deban 
seguirse, con independencia de que las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial hayan procedido en ocasiones en el pasado a precisar, en mayor o menor grado, 
algunos de esos aspectos, pues el contenido mínimo indispensable no es un límite para 
el legislador orgánico y sí para el legislador ordinario» [STC 128/2018, FJ 4 a)].
(ii)  Las secciones de casación a que se refiere el artículo 86.3 LJCA «se configuran 
y actúan básicamente como divisiones funcionales de las salas de lo contencioso-
administrativo  y  no  como  órganos  judiciales  con  una  composición  y  un  ámbito 
competencial  singularizados  con  respecto  a  los  de  dichas  salas»,  por  lo  que  «no 
constituyen órganos judiciales distintos a los efectos de nuestra doctrina constitucional 
sobre el alcance de la reserva de ley orgánica que deriva del artículo 122.1 CE y que, en 
consecuencia,  no  necesariamente  deben  ser  reguladas  por  disposiciones  de  rango 
orgánico» [STC 128/2018, FJ 4 b)].
(iii) Respecto de la alegada infracción del principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 
CE), este tribunal ha declarado que «la indeterminación del precepto legal cuestionado 
no conlleva una quiebra de la seguridad jurídica, pues una interpretación sistemática del 
mismo permite acotar su sentido y determinar las resoluciones que pueden ser objeto de 
este recurso y el órgano que ha de resolverlo. Las incertidumbres que, prima facie, 
pueda  suscitar  la  disposición  cuestionada  pueden  ser  salvadas  mediante  una 
interpretación  perfectamente  razonable,  aplicando  los  criterios  ordinarios  de 
interpretación de la ley y atendiendo, especialmente, a la configuración más objetivada 
del recurso de casación estatal, a cuyas normas se remite implícitamente el recurso de 
casación autonómico y que debe considerarse que integran también su regulación». 
(STC 128/2018, FJ 5).
(iv)  La constatación de criterios aplicativos dispares del artículo 86.3 LJCA por parte 
de las salas de lo contencioso-administrativo de los distintos tribunales superiores de 
justicia no vulneran el principio de igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), pues 
«la independencia judicial ampara la capacidad de cada juez y tribunal de seleccionar, 
interpretar y aplicar las normas que consideran relevantes para resolver el asunto de que 
conocen, siendo la razonabilidad el único parámetro de constitucionalidad que podría 
proyectarse sobre tales operaciones» (STC 128/2018, FJ 6).
(v)  Frente a la alegada vulneración de los derechos fundamentales a la tutela 
judicial efectiva y al juez ordinario predeterminado por la ley, debido a la denunciada falta 
de desarrollo legislativo del recurso de casación por infracción de normativa autonómica, 
opone la doctrina de este tribunal, en relación a la primera que «la regulación contenida 
en los preceptos cuestionados […] no impide una interpretación lógica y coherente que 
proporcione un sentido útil a la casación autonómica, ya que la unificación del Derecho 
autonómico corresponde a los tribunales superiores de justicia mediante un recurso de 
casación paralelo al establecido en el Tribunal Supremo para el Derecho estatal o de la 
Unión Europea, a cuya regulación se remite implícitamente el recurso de casación 
autonómico» [STC 128/2018, FJ 7 a)]. Y, respecto de la segunda, que «no cabe duda de 
que el párrafo tercero del artículo 86.3 LJCA tiene rango legal y que contiene los criterios  s
necesarios para determinar la composición de las secciones de casación, tanto en el  oe.
supuesto de las salas que no tengan sección como en el caso de que tengan más de  w.
una sección, así como su ámbito competencial» [STC 128/2018, FJ 7 b)]. 86ww
En consecuencia, la doctrina de este tribunal, reiterada después en las también
qciutaed eals a SrtSícTuClo  1886/.230, 1p9á,r rdaefo 1s1 s deeg ufenbdroe ryo t eyr c2e6r/o2 0L1J9C, Ad ee s2 5c odnefo frembere aro l,a e Cs olan sdtietu ecniótne,n dpeorr 
cuanto que las tachas de inconstitucionalidad que le fueron opuestas por los órganos 
judiciales cuestionantes, han sido desestimadas.
b)  Denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva:
Por su parte, el ATC 41/2018, de 16 de abril, hasta ahora el único pronunciamiento 
de este tribunal que, en sede de amparo, ha abordado la denunciada vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva en su manifestación del derecho de acceso al recurso 
de casación por infracción de normativa autonómica, acordó en aquel caso la inadmisión 
del recurso promovido por la Junta de Extremadura contra dos resoluciones de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de aquella comunidad 
autónoma que, a su vez, habían tenido por no preparado el recurso de casación por 
infracción de normativa autonómica que aquel órgano de gobierno había pretendido 
interponer contra otra previa sentencia del pleno de la misma sala.
En el auto citado, este tribunal hizo unas consideraciones generales acerca de este 
recurso de casación específico y señaló, al respecto, que «[c]on este nuevo recurso se 
amplía el ámbito de aplicación a la generalidad de las resoluciones judiciales finales de 
la jurisdicción contencioso-administrativa (artículos 86.1 y 87.1 LJCA) y, mediante la 
técnica de selección fundada en el llamado interés casacional objetivo (artículo 88 
LJCA), se busca que ‘cumpla estrictamente su función nomofiláctica’ (exposición de 
motivos). Esta última consideración sí resulta enteramente trasladable al recurso de 
casación  autonómico  que  nos  ocupa,  con  la  matización  de  que  dicha  función 
nomofiláctica se circunscribe a la interpretación y aplicación de las normas emanadas de 
la comunidad autónoma en cuyo territorio se halla el respectivo Tribunal Superior de 
Justicia» [FJ 4 b)].
Descendiendo al enjuiciamiento y resolución de la queja invocada, señaló después:
«Con independencia del mayor o menor acierto de cada uno de los argumentos 
empleados en la resolución impugnada, valoración que nos está vedada en esta sede 
constitucional, la sala de lo contencioso-administrativo toma como puntos de partida 
unos presupuestos certeros y llega a la solución que ofrece mediante una argumentación 
lógica y coherente. Parte este discurso de la literalidad de los preceptos legales referidos 
al  recurso  de  que  se  trata  en  la  Ley  reguladora  de  la  jurisdicción  contencioso-
administrativa  y  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial;  toma  en  consideración,  a 
continuación, la composición y posición institucional de la sala sentenciadora y del 
órgano que estaría llamado a resolver el recurso; y constata, derivado de ello, que la 
finalidad a que estaría llamado este eventual recurso de casación, cual es la de asegurar 
la uniformidad en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico autonómico, en 
las circunstancias expresadas, quedó ya satisfecha en la sentencia dictada por el pleno 
de esa sala de lo contencioso-administrativo. En este razonamiento mantenido por el 
auto impugnado no se apela a razones organizativas para justificar la inadmisión del 
recurso, sino que se considera que el recurso de casación autonómico, en el caso, al no 
resultar idóneo para cumplir la función inherente a su naturaleza, carece de razón de ser. 
A partir de aquí, la sala obtiene la conclusión, que se apoya también en el tenor literal del 
artículo 86.3 LJCA, de que este recurso ‘está pensado para los casos de un Tribunal 
Superior de Justicia que dispone de varias salas de lo contencioso-administrativo o de 
varias secciones dentro de la misma sala’. Y dicha conclusión, que lleva a estimar 
inadmisible el recurso de casación preparado, se valora como producto de una exégesis 
racional de los preceptos legales aplicables. Esto es lo que demanda el artículo 24.1 CE,  s
lo  que  no  obsta  a  que,  en  el  marco  de  las  incertidumbres  que  ha  ocasionado  la  oe.
regulación de la casación autonómica tras la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, otras  w.
pineterfrepcrteatmaceionntee sra zjoundaicbilaelse»s  (FdJir 5ig)i.das  a  darles  respuesta  puedan  a  su  vez  ser  2020-9786n https://ww
3.  Aplicación de esta doctrina al caso: Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva.
A)  Consideraciones previas.
Antes de dar comienzo al análisis del supuesto de autos es preciso hacer algunas 
consideraciones previas en relación con el objeto y alcance de nuestro enjuiciamiento y 
de la resolución que hemos de adoptar en relación con la queja presentada por la 
corporación local recurrente:
a)  En  primer  lugar,  hay  que  señalar  que  este  tribunal,  en  el  seno  de  un 
procedimiento de amparo, resuelve por vez primera en sentencia la queja consistente en 
la invocada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por eventual vulneración 
del derecho de acceso al recurso de casación por infracción de normativa autonómica.
b)  En segundo término, que el supuesto ahora enjuiciado es distinto del precedente 
del  recurso  de  amparo  resuelto  por  el  ATC  41/2018,  pues,  a  diferencia  de  la 
argumentación sostenida entonces por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que admitía, con carácter general, la 
procedencia  del  recurso  de  casación  por  infracción  de  normativa  autonómica,  a 
formalizar contra sentencias dictadas por otras secciones o salas de lo contencioso-
administrativo  del  mismo  Tribunal  Superior  de  Justicia,  en  cuanto  que  aceptaba  la 
posibilidad de que la sección de casación, constituida en aplicación de lo dispuesto en 
los párrafos segundo y tercero del artículo 86.3 LJCA, pudiera revisar en casación 
aquellas sentencias, pero que entendía no procedente en aquel supuesto porque, al 
tratarse  de  una  sala  única,  no  era  posible  la  sustanciación  de  este  recurso  en  la 
comunidad  extremeña,  pero  sí  en  aquellas  otras  comunidades  autónomas  en  que 
hubiera varias salas de lo contencioso-administrativo o secciones dentro de la misma 
sala, pertenecientes al mismo Tribunal Superior de Justicia, ahora la tesis sostenida por 
los autos impugnados es diferente y atiende a una cuestión distinta.
En  efecto,  el  planteamiento  argumentativo  de  los  autos  impugnados  tiene  otra 
dimensión que no es la sostenida por el Tribunal Superior de Justicia extremeño, pues lo 
que ahora entienden los órganos judiciales de Cataluña es que, por una interpretación 
sistemática de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 86 LJCA, el recurso de 
casación por infracción de normativa autonómica únicamente procede contra sentencias 
dictadas en única instancia por los juzgados de lo contencioso-administrativo que tengan 
su sede en la demarcación territorial del mismo Tribunal Superior de Justicia y siempre 
«que contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales 
y sean susceptibles de extensión de efectos» (artículo 86.1 último párrafo LJCA).
Por tanto, a diferencia del precedente resuelto por el ATC 41/2018, en que las 
resoluciones  judiciales  impugnadas  habían  atendido  a  razones  subjetivas  de 
organización para limitar el ámbito de este recurso de casación, señalando que, en el 
supuesto de autos, el recurso de casación no resultaba idóneo para cumplir la función 
inherente a su naturaleza, en el caso que es ahora objeto de nuestro enjuiciamiento se 
ofrecen otros argumentos, localizados en la denunciada falta de competencia objetiva de 
la sección de casación prevista en el artículo 86.3 LJCA, para conocer del recurso de 
casación por infracción de normativa autonómica contra sentencias dictadas por otras 
secciones  o  salas  de  lo  contencioso-administrativo  del  mismo  Tribunal  Superior  de 
Justicia.
c)  Y, finalmente, que no corresponde al Tribunal Constitucional la interpretación del  s
artículo 86 LJCA y mucho menos determinar la delimitación y alcance del nuevo recurso  oe.
de  casación  por  infracción  de  la  normativa  autonómica  que  introdujo  la  Ley  w.
teOipnrog e áld neeicj eapr cr7oic/c2ioe0 s1do5es,   sd(uea  rp2tío1ct uedlseot  aju1d1l ioj7u..r 3Eis sdCtiacE c)lia.o bnÚoanrl i ccdoaemm jupezengtteea  re ayn   heealxloccselu rs leeivjsea c cauo tlraorres  sloóp rojgunazdngeoa sdl aoju  edfunicn itcaoilódenos    2020-9786n https://ww
hermenéutica y de aplicación de aquella norma a los supuestos que le sean planteados.
Como se ha anticipado, el Tribunal Constitucional puede realizar un control externo 
de  razonabilidad  de  los  argumentos  sostenidos  por  las  resoluciones  judiciales 
impugnadas, para así enjuiciar la invocada vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva y del derecho al recurso, con las limitaciones, mucho más rigurosas, que ha 
establecido  nuestra  doctrina  respecto  del  recurso  de  casación,  de  tal  manera  que, 
únicamente, cuando la decisión judicial haya incurrido en un error fáctico patente, resulte 
manifiestamente  irracional  o  arbitraria,  podrá  revisar  aquella  decisión  judicial  de 
inadmisibilidad del recurso.
Hemos de partir, pues, de los argumentos recogidos en los autos impugnados y 
determinar si aquellos son o no irrazonables, arbitrarios o se hallan inmersos en un error 
fáctico patente y manifiesto.
B)  Enjuiciamiento del caso.
a)  El análisis de la alegada vulneración del derecho de acceso al recurso de 
casación por infracción de norma autonómica debe partir de la finalidad de unificación 
del Derecho autonómico que aquel persigue y que así ha sido reconocida, tanto por el 
legislador en el preámbulo de la Ley Orgánica 7/2015, como, también, por este tribunal 
en la STC 128/2018. En el fundamento jurídico anterior hemos destacado que el nuevo 
recurso  está  encaminado  a  «sustituir»  a  los  anteriores  recursos  de  casación  para 
unificación  de  doctrina  y  de  casación  en  interés  de  la  ley,  que  venían  atribuidos 
anteriormente a las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de 
justicia y que han sido suprimidos por la Ley Orgánica 7/2015, por lo que esa finalidad 
unificadora de la interpretación y aplicación del derecho autonómico debe ser asumida 
por los tribunales superiores de justicia, a través de aquella modalidad impugnatoria.
Este tribunal [STC 128/2018, FJ 7 a)] también ha declarado que el nuevo recurso de 
casación  por  infracción  de  normativa  autonómica:  (i)  ha  sido  creado  con  una 
configuración «paralela» al que ya existía por alegada infracción de la normativa estatal 
o de la Unión Europea; y (ii) que, a la regulación de dicho recurso ante el Tribunal 
Supremo, se «remite implícitamente» el de casación autonómico.
A partir del señalado objetivo y de los dos presupuestos configuradores establecidos 
en el art. 86.3 LJCA que ha reconocido este tribunal, se impone ahora, utilizando el 
canon  de  la  razonabilidad,  el  análisis  de  los  argumentos  esgrimidos  por  los  autos 
impugnados de 30 de enero y 29 de marzo de 2018, de la Sección Tercera, así como del 
núm. 25/2018, de 28 de junio, de la Sección de Casación, ambas de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para acordar la 
inadmisibilidad del recurso de casación por infracción de normativa autonómica que el 
Ayuntamiento  de  Sant  Cugat  del  Vallès  pretendía  formalizar  contra  una  anterior 
sentencia  de  9  de  noviembre  de  2017,  dictada  por  la  primera  de  las  secciones 
enunciadas.
b)  Debemos descartar ab initio el argumento de la recurrente, al que también se 
adhiere en apoyo de su pretensión el Ministerio Fiscal, de que la tesis sostenida por la 
Sección de Casación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de que no procede el 
recurso de casación por infracción de normativa autonómica contra sentencias dictadas 
por las secciones o salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de 
justicia sea una interpretación y aplicación del artículo 86.3 LJCA que es única de este 
órgano judicial frente al criterio sostenido por otras salas de la misma jurisdicción de 
otros tribunales superiores de justicia, que sí admiten su procedencia. Este tribunal, en 
su STC 128/2018, también ha rechazado, desde la perspectiva del principio de igualdad  e
en la aplicación de la ley, que la distinta interpretación o aplicación de la norma jurídica  bo
resulta amparada por la «independencia judicial» y «por la capacidad de cada juez y  86ww
rtreibsoulnvaelr  deel  saesleucnctoio ndaer,  qinuteer pcroentaorc eyn a, psliiceanrd loa sl an orramzaosn aqbuileid acodn seild eúrnainco r epleavraánmteestr op adrea 
consAtdituecmioánsa, liedla dA qTuCe  p4o1d/2r0ía1 8p,r oayeucntqaursee  esno brreef etarleensc oiap earal cdioenreecsh»o ( FaJ  6la).  tutela  judicial
efectiva,  ha  declarado  también  que  «en  el  marco  de  las  incertidumbres  que  ha
ocasionado la regulación de la casación autonómica tras la Ley Orgánica 7/2015, de 21 
de julio, otras interpretaciones judiciales dirigidas a darles respuestas puedan a su vez 
ser perfectamente razonables» (FJ 5 in fine).
c)  Asimismo, hemos de descartar a limine: (i) el argumento, sostenido en los autos 
impugnados, que se apoya en la carencia de rango de ley orgánica de la normativa legal 
que introduce el nuevo recurso de casación por infracción de norma autonómica; (ii) que 
tal exigencia de rango normativo orgánico sea precisa para la configuración del órgano 
judicial competente para su enjuiciamiento y resolución; y (iii) que la Ley Orgánica del 
Poder Judicial debería haber establecido un órgano judicial específico, con un rango 
jerárquico superior al de la sección o sala que hubo dictado la sentencia a impugnar, 
para asignarle la competencia sobre este recurso.
Estos tres argumentos han sido ya objeto de análisis y rechazados por este tribunal 
al enjuiciar la constitucionalidad del artículo 86.3 LJCA. Como hemos destacado en el 
fundamento  jurídico  anterior,  la  STC  128/2018,  FFJJ  3  y  4,  y  las  posteriores 
SSTC 18/2019 y 26/2019, que son de aplicación de la doctrina establecida en la anterior, 
han hecho una detallada exposición de los razonamientos que le llevaron a descartar las 
tesis sostenidas sobre aquellos aspectos por los órganos judiciales promotores de las 
cuestiones de inconstitucionalidad, por lo que ahora nos remitimos a las consideraciones 
jurídicas allí efectuadas para desestimarlas.
El Pleno de este tribunal ha entendido que la regulación contenida en el nuevo 
artículo 86.3 LJCA no contraviene, ni el rango de ley orgánica, ni tampoco el artículo 
122.1  CE;  además,  la  composición  de  las  secciones  de  casación  deben  ser 
conceptuadas como secciones «funcionales» y «no orgánicas», de tal manera que «no 
constituyen órganos judiciales distintos a los efectos de nuestra doctrina constitucional 
sobre el alcance de la reserva de ley orgánica que deriva del artículo 122.1 LOPJ» 
[STC 128/2018, FJ 4 b)]. Por otro lado, como igualmente ha tenido ocasión de señalar 
este tribunal, no se trata de una novedad en la normativa procesal, pues la composición 
de las secciones de casación del art. 86.3 LJCA sigue siendo la misma que la que el 
artículo 16.4 LJCA, que continúa en vigor, preveía para los desaparecidos recursos de 
casación en interés de la ley y para la unificación de la doctrina [STC 128/2018, FJ 4 b)].
d)  Hemos de rechazar, también, el argumento de que la unificación de criterios en 
la aplicación de la norma autonómica la suplan los plenos jurisdiccionales previstos en el 
artículo 264 LOPJ. Sin necesidad de descender al plano de la interpretación de esta 
norma, hay que señalar que dichos plenos cumplen una función de unificación de 
criterios  y  de  coordinación  de  prácticas  procesales  (artículo  264.1  LOPJ),  pero  no 
adoptan decisiones jurisdiccionales en sentido estricto. Además de apartarse de lo que 
es la naturaleza, contenido y efectos jurídicos propios del instituto procesal del recurso, 
aquella  tesis  contraviene,  también,  la  finalidad  legislativa  de  extender  la  figura  del 
recurso de casación a la función unificadora de la interpretación y aplicación del derecho 
autonómico, como sustitutivo de los desaparecidos recursos de casación de unificación 
de la doctrina y de interés de la ley, tal y como ha reconocido supra este tribunal en la 
STC 128/2018.
e)  Este tribunal, en la tantas veces citada STC 128/2018, ha declarado que «la 
regulación contenida en los preceptos cuestionados […] [artículo 86.3, párrafos segundo 
y tercero LJCA] no impide una interpretación lógica y coherente que proporcione un 
sentido útil a la casación autonómica» [STC 128/2018, FJ 7 a) in fine]. Y, también, como 
hemos señalado supra, cumple una función nomofiláctica y unificadora del derecho 
autonómico, pues, a esta finalidad, responde la nueva configuración de esta modalidad  s
impugnatoria extraordinaria. Igualmente, hemos destacado que el recurso de casación  oe.
por infracción de normativa autonómica se conforma como «un recurso de casación  w.
paralelo» al establecido en el Tribunal Supremo respecto de la denunciada infracción del  86ww
rdeemreitceh iom epslítcaittaaml oe ndtee» .la Unión Europea, además de afirmar que a su «regulación se
obseSrev atnractiaa , dpeu edso,s  dper elasu npeuceesstoidsa, da sdpee cctuoms ptolird ousn  edlleotse rmreicnoandooc ifdino sy  pdoer  essatteis ftaricbeurn alal   BOE-A-cable e
que, en el análisis de la argumentación sostenida por los autos impugnados, resultan 
relevantes  para  el  control  constitucional  de  la  racionalidad  de  los  mismos.  El 
cumplimiento de aquella finalidad y de los dos citados presupuestos exige que toda 
interpretación  efectuada  por  los  órganos  judiciales,  en  relación  con  el  recurso  de 
casación por infracción de normativa autonómica, parta de la debida observancia de los 
mismos, de tal manera que, a sensu contrario, adolecerá de falta de racionalidad aquella 
interpretación y aplicación de la legalidad que contravenga esta doctrina constitucional.
A partir de estas consideraciones, son relevantes los siguientes aspectos en nuestro 
análisis:
(i)  La  procedencia  o  no  del  recurso  de  casación  por  infracción  de  norma 
autonómica frente a una resolución dictada por un órgano de la jurisdicción contencioso-
administrativa y la correspondiente interpretación y aplicación de la norma legal que lo 
regula (artículos 86 y ss. LJCA) es función propia de la sección de casación de la sala de 
lo contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia correspondiente, en este 
caso del de Cataluña, pero aquella interpretación y aplicación habrá de respetar la 
finalidad unificadora de doctrina, propia de este recurso, y que el mismo se configura 
como «paralelo» al de casación por infracción de normativa estatal o de la Unión 
Europea, «a cuya regulación implícitamente se remite».
(ii)  En el recurso de casación por infracción de normativa estatal o de la Unión 
Europea, que se sigue ante el Tribunal Supremo, el artículo 86.1 LJCA dispone la 
procedencia  de  este  recurso  contra  sentencias  dictadas  en  única  instancia  por  los 
juzgados  de lo contencioso-administrativo, con  los  requisitos exigidos en el párrafo 
segundo de este apartado, pero también contra las recaídas en única instancia o en 
apelación, dictadas por las salas de aquella jurisdicción de los tribunales superiores de 
justicia. En consecuencia, una interpretación del artículo 86.3, párrafo segundo Ley 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa que excluya la procedencia de 
este recurso respecto de las sentencias dictadas por alguno/os de aquellos órganos 
judiciales, contraviene la exigencia de «paralelismo» que este tribunal ha reconocido a 
esta modalidad impugnativa, respecto de la casación «estatal o de la Unión Europea», 
en contradicción con la literalidad de la norma contenida en el artículo 86.1 LJCA, que sí 
incluye las sentencias de las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales 
superiores  de  justicia.  No  se  da  cumplimiento  a  esta  exigencia  de  configuración 
«paralela» del recurso de casación por infracción de norma autonómica respecto del de 
casación  por  vulneración  de  norma  estatal  o  de  la  Unión  Europea  si  se  acoge  el 
planteamiento de los autos, de que el primero de los recursos sólo proceda respecto de 
unos (los órganos unipersonales) y no respecto de otros (los órganos colegiados).
Por otro lado, la «remisión implícita» a la normativa reguladora del recurso de 
casación por infracción de normativa estatal o de la Unión Europea, que este tribunal ha 
reconocido  también  a  la  casación  por  infracción  de  norma  autonómica,  no  puede 
conciliarse con una interpretación de la legalidad procesal que rechace que aquella 
remisión  solo  lo  sea  a  una  parte  y  no  a  su  integridad,  como  defienden  los  autos 
impugnados, que limitan la remisión a la regulación del procedimiento de tramitación y 
resolución del recurso de casación por infracción de normativa estatal o de la Unión 
Europea, pero no in toto a su procedencia contra las resoluciones susceptibles de dicho 
medio impugnativo. Tal planteamiento contraviene la doctrina constitucional sobre este 
punto, pues la STC 128/2018 alude a una «remisión implícita», sin establecer ningún tipo 
de condicionamiento o limitación a aquella.
En efecto, la STC 128/2018, aun reconociendo las deficiencias de técnica legislativa  e.
que se observan en el nuevo artículo 86 LJCA, además de haber declarado que dicho  w.b
precepto no contraviene el principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE), ni tampoco  86ww
rveuclnuersrao  edle  dcearseacchioó na  ploar  tiuntferalac cjiuódni cdiael  enfoercmtiavativ a(a rat.u t2o4n.ó1m CicEa ),t iehnae  aufinrma acdoon fqiguuer aecisótne 
pUanriaólne laE uy,r oppoer ata, nqtou,e s eyam eejaxinstteía a la dnete csa sdaec ilóan  vpiogre nincfiraa cdceió nla d eL enyo rOmragtáivnai ceas t7a/t2a0l o1 5d. eL laa 
«remisión implícita» a la normativa de esta última, lo ha reconocido así este tribunal, sin
límites ni condicionamientos, por lo que cualquier interpretación o aplicación del artículo 
86 LJCA que, desde la jurisdicción ordinaria, se aparte de tales presupuestos, incurrirá, 
en  expresión  de  este  tribunal,  «en  conclusiones  voluntaristas,  irracionales  o 
extravagantes o en contravención del tenor literal de los preceptos aplicables»; además 
de poner de relieve que «quien se considerase afectado por tales interpretaciones las 
podría combatir mediante el correspondiente recurso de amparo» [STC 128/2018, FJ 5 in 
fine].
f)  La conclusión a la que han llegado los tres autos impugnados es contraria, pues, 
al derecho a la tutela judicial efectiva, en su manifestación del derecho de acceso al 
recurso, cuya vulneración ha defendido la corporación local demandante. Sostener que 
las sentencias dictadas por las secciones o las salas de lo contencioso-administrativo de 
los tribunales superiores de justicia no son susceptibles de recurso de casación por 
infracción de normativa autonómica, constituye el resultado de un acto de interpretación 
y aplicación del artículo 86 LJCA que se sustenta en un conjunto de argumentos que no 
responden a la finalidad perseguida por el legislador y reconocida por este tribunal, de 
constituir esta modalidad de impugnación el «instrumento por excelencia para asegurar 
la  uniformidad  en  la  aplicación  judicial  del  derecho»,  en  este  caso  del  derecho 
autonómico.  Pero  es  que,  además,  aquella  interpretación  tampoco  cumple  las  dos 
exigencias  de  configuración  paralela  y  de  remisión  implícita  que  este  tribunal  ha 
reconocido,  en  términos  de  equiparación  normativa,  a  esta  modalidad  de  recurso 
respecto del de casación por infracción de la normativa estatal o de la Unión Europea.
Las resoluciones judiciales impugnadas han efectuado, pues, una interpretación y 
aplicación del artículo 86 LJCA, que ha llegado a una conclusión que no se corresponde 
con la doctrina de este tribunal establecida en la STC 128/2018, en referencia al sentido 
y finalidad de aquella norma, a las exigencias de configuración «paralela» de ambas 
modalidades de recurso de casación y a la «remisión implícita» del procedente por 
infracción de normativa autonómica al previsto para la denuncia de infracción de norma 
estatal o de la Unión Europea.
En consecuencia, debemos estimar la queja del Ayuntamiento de Sant Cugat del 
Vallès y apreciar, por tanto, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su 
vertiente del derecho de acceso al recurso, que aquella reclama.
4.  Alcance del amparo.
La estimación del recurso de amparo debe extenderse a los autos de 30 de enero y 
de  29  de  marzo  de  2018,  de  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cataluña,  recaídos  en  el 
procedimiento ordinario núm. 50-2014, así como al posterior auto núm. 25/2018, de 28 
de junio, de la sección de casación de la misma sala y tribunal, dictado en el recurso de 
queja núm. 8-2018, que, en la vía judicial, han decidido tener por no preparado el recurso 
de  casación  que  la  citada  corporación  municipal  pretendía  interponer  contra  la 
precedente sentencia núm. 743/2017, de 9 de noviembre, de la indicada sección tercera 
de aquella sala y tribunal superior.
En consecuencia, tal como se solicita en el suplico de la demanda de amparo, 
procede declarar la nulidad de los tres autos impugnados y retrotraer las actuaciones al 
momento inmediatamente anterior al del auto núm. 25/2018, de 28 de junio, para que la 
Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña dicte una resolución que sea respetuosa con el derecho a la  s
tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho de acceso al recurso de casación, de 
la corporación local demandante de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por el Ayuntamiento de Sant Cugat del 
Vallès y, en consecuencia:
1.º  Declarar vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la corporación 
recurrente, en su vertiente del derecho de acceso al recurso (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los Autos de 30 
de enero y de 29 de marzo de 2018, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cataluña,  recaídos  en  el 
procedimiento ordinario núm. 50-2014, así como del posterior auto núm. 25/2018, de 28 
de junio, de la sección de casación de la misma sala y tribunal, dictado en el recurso de 
queja núm. 8/2018, que decidieron tener por no preparado el recurso de casación que la 
citada corporación municipal pretendía interponer contra la precedente sentencia núm. 
743/2017, de 9 de noviembre, de la indicada sección tercera de aquella sala y tribunal 
superior.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al del auto núm. 
25/2018,  de  28  de  junio,  para  que  por  la  Sección  de  Casación  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se dicte nueva 
resolución  que  sea  respetuosa  con  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  de  la 
recurrente.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintidós de julio de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago 
Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo 
Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado 
y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos respecto de la 
sentencia pronunciada en el recurso de amparo avocado núm. 4834-2018
Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Pleno en la 
que  se  sustenta  la  sentencia,  he  de  reiterar  mi  discrepancia  con  la  parte  de  la 
fundamentación jurídica que toma como presupuesto la declaración de constitucionalidad 
del art. 86.3 LJCA establecida en la STC 128/2018, de 29 de noviembre. Los motivos de 
mi disentimiento con esta posición de partida ya los hice expresos en el voto particular 
que formulé a la citada STC 128/2018, al que me remito.
Madrid, a veintidós de julio de dos mil veinte.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y  e.
rubricado. w.
Voto particular que formula el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo núm. 4834-2018
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el 
presente voto particular por discrepar de una parte de la fundamentación de la sentencia 
recaída en el recurso de amparo núm. 4834-2018, que ha conducido a la estimación de 
la demanda.
Las razones de mi discrepancia se fundan en el acogimiento que hace la sentencia 
aprobada tanto en su fundamento jurídico 2 C), a), apartados (i), (ii) y (v); como en el 
fundamento jurídico 3 B), c), a los razonamientos favorables a la constitucionalidad del 
precepto aplicado por las resoluciones judiciales impugnadas (el artículo 86.3, párrafos 
segundo y tercero LJCA, según la dicción dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de 
julio), en concreto desde la perspectiva del principio de reserva de ley orgánica del 
art. 122 de nuestra Constitución, que se contienen en la STC 128/2018, de 29 de 
noviembre, FFJJ 3 y 4; y a la que se remiten in toto las posteriores SSTC 18/2019, de 11 
de febrero, FJ 2; y 26/2019, de 25 de febrero, FJ 2, igualmente traídas a colación en la 
sentencia de amparo.
En el caso de las SSTC 128/2018, del Pleno; y 18/2019, de la Sala Segunda y de la 
que fui ponente, emití voto particular en ejercicio de la potestad del ya citado artículo 
90.2 LOTC (el segundo de ellos, de remisión al anterior), dando las razones por las que 
considero que el precepto cuestionado, precisamente, incurre en inconstitucionalidad por 
conculcar el mandato del artículo 122 CE. Con arreglo a esas razones debo discrepar 
ahora de su invocación para estimar la demanda de amparo que se resuelve, a cuyo 
efecto me remito a los votos particulares ya expresados.
Y en tal sentido emito mi voto particular al presente recurso.
Madrid, a veintidós de julio de dos mil veinte.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y 
rubricado.