BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 16 Miércoles 19 de enero de 2022 Sec. I.   Pág. 5103
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA
802 Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler 
Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.
I
La garantía constitucional del disfrute de una vivienda digna y adecuada, como 
responsabilidad compartida de todos los poderes públicos, se ha venido procurando 
durante  las  últimas  décadas  mediante  distintas  políticas,  entre  las  cuales,  las 
correspondientes al ámbito fiscal y de ayudas públicas para el disfrute de viviendas libres 
o protegidas han tenido una amplia repercusión.
Las ayudas públicas fueron reguladas y financiadas por el Estado en los sucesivos 
planes estatales de vivienda. A ellas se sumaron las ayudas reguladas y financiadas por cada 
comunidad autónoma y las ciudades de Ceuta y Melilla en su propio ámbito competencial.
La crisis económico financiera iniciada en el año 2007 y su recuperación, así como la 
crisis sanitaria y económica iniciada en 2020 a causa de la pandemia del COVID-19 han 
condicionado y están condicionando significativamente la evolución de dichas ayudas en 
los últimos años.
El todavía vigente Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 reorientó las ayudas estatales 
a la vivienda con objeto de hacer frente a la crisis económico financiera iniciada en el 
año 2007 e intentando soslayar las dificultades de los ciudadanos para acceder al 
disfrute  de  una  vivienda  digna  y  adecuada,  especialmente  de  los  sectores  más 
vulnerables, debido a la precariedad y debilidad del mercado de trabajo junto con la 
restricción de la financiación por parte de las entidades de crédito, entonces imperantes.
La recuperación de esta crisis, notable durante los últimos años, fue truncada, en el 
año 2020, por la irrupción de la crisis sanitaria y económica originada por la pandemia 
del COVID-19.
En este contexto, la política de vivienda ha sido prioritaria y ha formado parte 
destacada en las medidas de acción del Estado en los últimos años, con las mejoras 
regulatorias  introducidas  a  través  del  Real  Decreto-ley  7/2019,  de  1  de  marzo,  de 
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que recuperó un mayor equilibrio 
entre arrendatarios y arrendadores e introdujo importantes medidas para incrementar la 
oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles así como de protección social en el 
ámbito de la vivienda, y medidas de carácter coyuntural adoptadas en el contexto de la 
pandemia, fundamentalmente a través del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes  complementarias  en  el  ámbito  social  y 
económico para hacer frente al COVID-19, así como en hasta siete reales decretos-ley 
que han ampliado y reforzado un «escudo social» que ofrece protección a las personas y 
hogares más expuestos a situaciones de vulnerabilidad social y económica, a través de 
medidas equilibradas y efectivas, que ofrecen instrumentos para que la actuación pública 
ofrezca la debida respuesta.
Además  de  estas  medidas,  que  responden  a  una  situación  excepcional,  se  ha  e.
seguido  avanzando  desde  el  Estado  en  la  elaboración  de  medidas  de  carácter  w.b
estructural, a medio y largo plazo. En primer lugar, a través de medidas presupuestarias  2w
yd ed elo fsin arenccuiarscoiósn ,d ceol nP ulann e dsfeu eRrzeoc uspine rparceiócend, eTnrtaenss afo rlom qaucieó nh ay c Ronetsriiblieunidcoia l aa o rtrieanvtéasc iódne 
rpergouglraadmoass a  tersapveécsí fdiceol sR eeanl  Dmecarteetroia 8 5d3e/2 0r2e1h,a dbeil it5a cdieó no ctruebsridee, npcoira el l yq uev ivsiee nredgau lasno cloiasl 
programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  a  lo  que  se  han  sumado  las  mejoras 
introducidas  a  través  del  Real  Decreto-ley  19/2021,  de  5  de  octubre,  de  medidas 
urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En segundo lugar, con carácter estructural, debe destacarse la elaboración de un 
Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que constituirá la primera norma 
estatal con rango de Ley que regule esta materia en la actual etapa democrática y que 
tiene por objeto regular, para todo el territorio español, las condiciones básicas que 
garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales relacionados con la vivienda y, en particular, el derecho a 
acceder a una vivienda digna y adecuada y al disfrute de la misma.
La irrupción de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
en  el  ámbito  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  de  España 
destinados prioritariamente a la rehabilitación en términos de sostenibilidad y mejora de 
la eficiencia energética de nuestra viviendas y de sus entornos tanto urbanos como 
rurales, y su coincidencia cronológica recomienda que el nuevo plan estatal de vivienda 
(Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025) centre sus esfuerzos en facilitar el 
acceso a la vivienda mediante ayudas al alquiler a los ciudadanos vulnerables y en 
determinados supuestos como medida a corto plazo y en propiciar de forma estructural y 
a medio plazo el incremento del parque público de vivienda y del parque de vivienda en 
alquiler  asequible  o  social,  también  en  entornos  rurales  donde  la  disponibilidad  de 
vivienda es escasa, sin perjuicio de la ayuda a la construcción de viviendas en alquiler 
social en edificios energéticamente eficientes que también se incorpora en el Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  de  España  que  actuará  de  forma 
determinante y complementaria.
Finalizada la vigencia del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 el Gobierno renueva el 
compromiso estatal para facilitar el acceso a la vivienda con la aprobación en este real 
decreto del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, en el que se regula un 
nuevo paquete de ayudas estatales a la vivienda, adaptadas a la realidad hoy imperante 
y debidamente coordinadas con las reguladas en el Real Decreto 853/2021, de 5 de 
octubre, y el Bono Alquiler Joven que se constituye como ayuda adicional para el 
impulso al acceso a la vivienda y en su caso a la emancipación de los jóvenes.
II
La evolución del mercado de la vivienda en España presenta dificultades para el 
acceso a la vivienda de la ciudadanía, especialmente para los jóvenes, inmersos en una 
latente demanda de emancipación no satisfecha que contribuye a limitar, como ya se ha 
dicho, sus posibilidades de desarrollo vital.
Las dificultades de emancipación y de acceso a la vivienda de las personas jóvenes 
se fundamentan principalmente en la relación entre el nivel de sus ingresos y los precios 
de adquisición de las viviendas, así como en el nivel de sobreesfuerzo que han de 
realizar para acceder al alquiler o cesión en uso de una vivienda.
En relación con el nivel de ingresos según los datos de la última Encuesta Anual de 
Estructura Salarial del INE, la ganancia media anual en 2019 de los trabajadores de 
entre veinte y veinticuatro años se situó en 12.640,65 euros; la ganancia media anual de 
los trabajadores de entre veinticinco y veintinueve años se situó en 17.772,31 euros; y la 
de  los  de  edad  comprendida  entre  los  treinta  y  treinta  y  cuatro  años,  se  situó  s
en 20.969,47 euros. Ello representa, respectivamente, un 48,2 %, un 27,2 % y un 14,0 %  e.
menos que la ganancia media anual por trabajador, situada en 24.395,98 euros, w.
En relación con los precios de venta, a pesar de no haber alcanzado los máximos  2w
dMeo v2i0lid0a7d,  sye gAúgne lnadsa ú lUtimrbaasn ae,s teald ípsrteiccaios  dmee vdaiolo rs eta ssaitdúoa  deenl  M1.i6n4is9te,2ri oe udreo sT rapnosr pmoretetrso, 
cmueatdrora cduoa derna deol .conjunto de España, superando en seis provincias los 2.000 euros por  BOE-A-cable e
En relación con el nivel de sobreesfuerzo para el pago del alquiler de una vivienda, 
los hogares jóvenes se ven sobreexpuestos a la sobrecarga financiera que caracteriza 
este régimen de tenencia en nuestro país. Según los últimos datos de Eurostat, en 
España el 35,9 % de la población que reside en una vivienda en alquiler a precios de 
mercado destina más del 40 % de sus ingresos al pago del alquiler, lo que representa 
una cifra que está situada más de diez puntos porcentuales por encima del porcentaje 
medio de sobrecarga al pago del alquiler a precios de mercado del conjunto de la Unión 
Europea, que se encuentra en el 25,2 %.
La relación entre los ingresos de los jóvenes y los precios de venta, así como el 
sobreesfuerzo que han de hacer para el pago del alquiler de las viviendas contribuye a 
que  actualmente  se  constate  un  notable  retraso  en  la  edad  de  emancipación.  En 
particular, según los últimos datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto 
Nacional de Estadística, el 55,0 % de los jóvenes de entre veinticinco y veintinueve años 
vivía con sus padres o con alguno de ellos en 2020, tratándose de un porcentaje que ha 
crecido 6,5 puntos en los siete últimos años. Asimismo, el porcentaje de personas de 
treinta a treinta y cuatro años que vivían con sus padres o con alguno de ellos se situó 
en el 25,6 % en el mismo año 2020, registrando un aumento de 5,1 puntos desde 2013.
Si se compara la edad media de emancipación con los principales países de nuestro 
entorno,  se  observa  que,  según  los  últimos  datos  de  Eurostat  correspondientes  al 
año 2020, la edad media de emancipación en España se situó en los 29,8 años, 
incrementándose ligeramente con respecto al año anterior y situándose 3,4 años por 
encima de la media de la Unión Europea (26,4). En los últimos años se ha producido en 
nuestro país un incremento muy significativo de la edad media de emancipación, desde 
la cifra de 28,5 años registrada en el año 2011.
Conforme a lo anterior las medidas de apoyo para el acceso a la vivienda de la 
población joven se hacen particularmente necesarias. El apoyo a las personas jóvenes 
en el ámbito del alquiler como forma de acceso a la vivienda tiene un particular impacto 
por ser el régimen de tenencia mayoritario en su rango de edad. Es descriptivo el hecho 
de que, según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto 
Nacional de Estadística, el porcentaje de jóvenes de entre dieciséis y veintinueve años 
que residen en una vivienda en alquiler o cesión se situó en el 68,2 % en el año 2020 y, 
en particular, el porcentaje de los que residen en una vivienda en régimen de alquiler a 
precio de mercado, se situó en el 45,4 %.
El Gobierno, por tanto y de forma complementaria al resto de medidas que está 
impulsando en materia de política de vivienda, impulsa ahora el acceso de las personas 
jóvenes a la vivienda en alquiler y por tanto su emancipación mediante la implantación 
del Bono Alquiler Joven regulado en este real decreto, además del establecimiento de un 
programa de ayudas específicamente para los jóvenes en el Plan estatal para el acceso 
a la vivienda 2022-2025 también regulado en este real decreto.
III
Los años 2020 y 2021 han estado condicionados por el fuerte impacto que en el 
mercado de la vivienda ha ocasionado la crisis sanitaria derivada de la pandemia del 
COVID-19 y los efectos de las medidas adoptadas en el contexto de la declaración del 
estado de alarma.
Estas particulares circunstancias, provocaron la adopción de un conjunto de medidas 
urgentes de carácter coyuntural, centradas en dar cobertura social a las personas y  s
hogares en alquiler que estaban en situación de vulnerabilidad social y económica  e.
sobrevenida, fundamentalmente, a través del ya referido Real Decreto-ley 11/2020, de 31  w.
de marzo, y sus sucesivas reformas y ampliaciones. 2w
destEanctarre  lae smtaosd irfeicfaocrmióans q uy ee dne lr ePlalacnió nE sctaotna l ladse  Vayivuiednads ae 2s0ta1t8a-le2s0 2a1  lsae  vrievaielinzdóa e nc alboes 
artículos 10, 11 y 12 y disposiciones que luego los desarrollaron.
En esencia se incluyó un programa de ayuda para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, un programa 
específico de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio 
de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables 
y la posibilidad de adquisición de viviendas con ayudas estatales por las comunidades 
autónomas, ayuntamientos y entidades públicas vinculadas con objeto posibilitar con 
inmediatez el incremento del parque público.
A la vista de todo lo anterior y dando continuidad a las modificaciones que en materia 
de ayudas estatales a la vivienda implementó el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 fija objetivos a corto plazo 
de incidencia directa en la ciudadanía y objetivos estructurales a corto y medio plazo de 
incidencia directa en la oferta de vivienda en alquiler asequible o social, así como 
objetivos de mejora de la accesibilidad de nuestras viviendas y de regeneración de 
zonas degradadas o áreas donde la infravivienda y el chabolismo son todavía hoy 
realidades contra las que la acción pública ha de ser especialmente agresiva.
A corto plazo se impulsan y potencian las ayudas directas a los arrendatarios con 
menos recursos y con especial atención a determinados colectivos vulnerables o que 
devengan vulnerables, así como ayudas para el pago de un seguro de protección de la 
renta arrendaticia a los arrendadores. En concreto los objetivos son:
a)  Facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos con menos recursos mediante 
ayudas directas al alquiler a aquellos arrendatarios con menos recursos.
b)  Facilitar el acceso a la vivienda o a soluciones habitacionales lo más inmediatas 
posibles  a  las  personas  víctimas  de  violencia  de  género,  las  personas  objeto  de 
desahucio  de  su  vivienda  habitual,  las  personas  sin  hogar  y  a  otras  personas 
especialmente vulnerables, incluidos supuestos de vulnerabilidad sobrevenida, mediante 
ayudas directas al alquiler y a los gastos de suministros y comunidad de hasta el 100 % 
de la renta del alquiler y de dichos gastos.
c)  Facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes con mayores ayudas al alquiler e 
incluso con ayudas a la adquisición de vivienda en municipios o núcleos de población de 
pequeño tamaño.
d)  Facilitar la oferta de vivienda en alquiler con ayudas a los arrendadores para el 
pago de un seguro de protección de la renta arrendaticia.
e)  Colaborar a los objetivos del reto demográfico mediante ayudas a los jóvenes 
para la adquisición de vivienda habitual y permanente en municipios o núcleos de 
población de menos de 10.000 habitantes.
A corto y medio plazo y con carácter estructural se incrementa la oferta de vivienda 
en alquiler propiciando el incremento del parque público de vivienda y el del parque de 
vivienda en alquiler asequible o social tanto en entornos urbanos como en entornos 
rurales fomentando la existencia de viviendas adecuadas y habitables en estas últimas 
zonas. En concreto los objetivos son:
a)  Incrementar la oferta de vivienda en alquiler social mediante el impulso del 
parque público de vivienda, estableciendo ayudas a la adquisición de viviendas por las 
administraciones públicas o sus entidades vinculadas o dependientes.
b)  Incrementar  la  oferta  de  vivienda  en  alquiler  asequible  para  las  personas 
mayores o con discapacidad, mediante ayudas a la promoción de viviendas con diseño, 
instalaciones y servicios que respondan a sus especiales circunstancias, ya sean de  s
titularidad  pública  o  privada,  y  ya  sean  de  nueva  edificación  o  procedentes  de  la  oe.
rehabilitación  de  edificios  preexistentes  que  se  vayan  a  destinar  durante  un  plazo  w.
ldimetietcar)md oinsIna.cdroe male natlqaru illear  aosfeerqtau ibdlee  caolno jaremniteanst olism iyta dvaivsi eyn dpaasra  eanrr eanlqduaitlaerri,o sim cpounl sianngdreos olas   2022-802n https://w
promoción de alojamientos temporales, de modalidades residenciales tipo cohousing, de
viviendas intergeneracionales y otras similares en las que, en todo caso, se reduce la
superficie privativa de alojamiento o vivienda y se incrementa la superficie de interrelación 
en comparación con las soluciones habituales de viviendas, que vayan a ser destinados al 
alquiler, la cesión en uso o a cualquier régimen temporal similar admitido en derecho.
d)  Incrementar la oferta de vivienda en alquiler social impulsando la puesta a 
disposición de viviendas de la SAREB y de entidades públicas a las comunidades 
autónomas y entidades locales, así como a sus entidades vinculadas o dependientes 
para que sean destinadas a dicho alquiler social.
e)  Incrementar la oferta de vivienda en alquiler asequible o social mediante la 
puesta a disposición de las comunidades autónomas y entidades locales, así como de 
sus entidades vinculadas o dependientes, de viviendas libres de gestores privados de 
vivienda en alquiler para su alquiler como vivienda asequible o social.
Es objetivo también del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 seguir 
contribuyendo  a  la  mejora  de  la  accesibilidad  de  nuestras  viviendas  mediante  la 
implementación  de  ayudas  superiores  a  las  establecidas  en  el  Plan  Estatal  de 
Vivienda 2018-2021, impulsando nuevamente la implementación de ascensores en aquellas 
edificaciones que lo necesitan, así como otras actuaciones vinculadas a la mejora de la 
accesibilidad en y a las viviendas con especial atención a las personas con discapacidad.
Insiste nuevamente el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 en el 
objetivo de impulsar la regeneración y renovación urbana y rural de zonas degradadas y 
ámbitos en los que todavía impera el chabolismo y la infravivienda si bien, en este caso, 
profundizando en la componente social e incrementando notablemente las ayudas para 
estas actuaciones.
Así  mismo,  es  también  objetivo  del  Plan  Estatal  para  el  acceso  a  la 
vivienda  2022-2025  atender  al  pago  de  las  ayudas  de  subsidiación  de  préstamos 
convenios, regulados en anteriores planes estatales de vivienda, a aquellos beneficiarios 
que tengan derecho a la misma de acuerdo con la normativa de aplicación. Estas ayudas 
de  subsidiación  se  destinan  a  promotores  de  viviendas  protegidas  para  el  alquiler 
financiadas al amparo del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 y anteriores en las que 
actualmente residen ciudadanos que disfrutan de una vivienda asequible o social.
Adicionalmente, en el caso particular de la eficiencia energética, este real decreto 
contribuirá a alcanzar los objetivos de ahorro de uso final de la energía establecidos en 
el artículo 7 de la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, relativa a la 
eficiencia energética y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en el 
que se amplía la obligación de ahorro acumulado de uso final de la energía por parte de 
los Estados miembros.
IV
Para  la  consecución  de  sus  objetivos  el  Plan  Estatal  de  acceso  a  la 
vivienda 2022-2025 se estructura en los siguientes programas de ayuda:
a)  Programa para atender al pago de las ayudas de subsidiación de préstamos 
convenios, regulados en anteriores planes estatales de vivienda, a aquellos beneficiarios 
que tengan derecho a la misma de acuerdo con la normativa de aplicación:
Programa 1.  Programa de subsidiación de préstamos convenidos.
b)  Programas de ayudas directas a las personas arrendatarias con efectos a corto  e.
plazo  y  especial  atención  a  determinados  colectivos  vulnerables  o  que  devengan  w.b
vulnerables: 2w
Programa 2.  Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
objePtoro gdrea mdae s3a.h ucPioro gdrea msau  dveiv aieynuddaa  haa lbaistu vaílc, tipmearsso dnea sv iosilne nhcioag adre  yg éonteraros,  ppeerrssoonnaass 
especialmente vulnerables.
Programa 4.  Programa de ayuda a las personas arrendatarias en situación de 
vulnerabilidad sobrevenida.
c)  Programa de ayudas directas a arrendatarios y adquirentes de vivienda jóvenes 
para favorecer su acceso a la misma y, en su caso, su emancipación contribuyendo al 
reto demográfico:
Programa 5.  Programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto 
demográfico.
d)  Programas  de  carácter  estructural,  con  efectos  a  corto  y  medio  plazo  que 
centran  sus  esfuerzos  en  impulsar  la  oferta  de  vivienda  en  alquiler  mediante  el 
incremento de parque público de vivienda y el fomento del parque de vivienda en alquiler 
asequible o social:
Programa 6.  Programa de incremento del parque público de vivienda.
Programa  7.  Programa  de  fomento  de  viviendas  para  personas  mayores  o 
personas con discapacidad.
Programa  8.  Programa  de  fomento  de  alojamientos  temporales,  de  modelos 
cohousing, de viviendas intergeneracionales y modalidades similares.
Programa 9.  Programa de puesta a disposición de viviendas de la SAREB y de 
entidades públicas para su alquiler como vivienda social.
Programa 10.  Programa de fomento de la puesta a disposición de las comunidades 
autónomas y ayuntamientos de viviendas libres para su alquiler como vivienda asequible 
o social.
e)  Programa de ayudas directas para la mejora de la accesibilidad en y a las 
viviendas orientado a facilitar el disfrute de las viviendas a todos los ciudadanos sin 
obstáculos físicos ni sensoriales con independencia de las distintas capacidades:
Programa 11.  Programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas.
f)  Programa  de  ayudas  directas  para  la  regeneración  y  renovación  de  zonas 
degradadas y de ámbitos en los que existe chabolismo e infravivienda:
Programa 12.  Programa de ayuda a la erradicación de zonas degradadas, del 
chabolismo y la infravivienda.
g)  Programa de ayuda al pago de un seguro de protección de la renta arrendaticia 
de aplicación general y específicamente para los arrendadores de viviendas arrendadas 
a inquilinos que obtengan ayudas al alquiler en cualquiera de los programas del Plan:
Programa 13.  Programa de ayuda para el pago del seguro de protección de la renta 
arrendaticia.
V
El Bono Alquiler Joven regulado en este real decreto se diseña con una ayuda 
de 250 euros mensuales para las personas jóvenes de hasta treinta y cinco años 
incluidos, con objeto de facilitar su emancipación. La unidad de convivencia no podrá 
tener ingresos superiores a 3 veces el IPREM. La ayuda se concede por un plazo de dos  s
años, es decir se trata de una ayuda total de 6.000 euros repartida en 24 mensualidades,  oe.
tiempo que puede ser suficiente para dar un impulso decidido a los jóvenes. Esta ayuda  w.
es expresamente compatible con la ayuda al alquiler del programa de ayuda a los  2w
jóveEnle ps ryo gpraarma ac odnetr isbuubirs iadli arectioó nd edme opgrérásftiacmo.os convenidos no supone ningún diseño de
audnqau niruideov ae na ypuladnae. sS ees tlaimtailteas a d em vainviiefensdtaar a lnat evroiolurensta.d de cumplir con el compromiso ya  BOE-A-cable e
El programa de ayuda al alquiler de vivienda se diseña con una ayuda de hasta 
el 50 % de la renta arrendaticia para personas arrendatarias en los que la unidad de 
convivencia tenga unos ingresos no superiores a 3 veces el IPREM. Este umbral será 
de 4 veces el IPREM si se trata de una familia numerosa de categoría general o de 
personas  con  discapacidad  y  de  5  veces  el  IPREM  cuando  se  trate  de  familias 
numerosas de categoría especial o de personas con discapacidad más severa. Se 
aplican a arrendamientos de hasta 600 euros mensuales si bien, en algunos supuestos y 
previo  acuerdo  de  la  comisión  de  seguimiento  del  convenio  correspondiente  podrá 
aplicarse a arrendamientos de hasta 900 euros mensuales con la firme voluntad de 
aproximación a las zonas más tensionadas. Se trata de una ayuda que se incrementa 
notablemente en relación con la del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que era de 
hasta el 40 % de la renta arrendaticia.
No es discutible la extremada sensibilidad y compromiso social del programa de 
ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su 
vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. Se 
diseña el programa con objeto de dar una respuesta inmediata, mediante adjudicación 
directa, a la necesidad habitacional de los colectivos más vulnerables. Se conceden 
ayudas de hasta el 100 % del alquiler y de hasta el 100 % de los gastos de comunidad, 
mantenimiento y suministros de las viviendas, con la limitación de 600 euros mensuales 
de  alquiler  (en  algunos  supuestos  hasta  900  euros  mensuales)  y  de  200  euros 
mensuales para los gastos referidos. Especial atención se hace a que la vivienda que se 
arriende  responda  a  las  circunstancias  y  características  personales  de  la  persona 
vulnerable en términos de localización, seguridad, accesibilidad y cualquier otra variable 
que deba considerarse.
El programa de ayuda a las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad 
sobrevenida se diseña con una clara vocación preventiva y con el objeto de posibilitar el 
mantenimiento en la vivienda arrendada a aquellas personas a las que les sobrevenga 
una vulnerabilidad no prevista.
Se concibe para unidades de convivencia con ingresos anteriores a la vulnerabilidad 
sobrevenida de 5 veces el IPREM y posteriores a la misma de 3 veces el IPREM, en 
ambos casos con carácter general y sin perjuicio de algunas particularidades. La unidad 
de convivencia ha debido tener una reducción de sus ingresos netos superior al 20 % y 
el esfuerzo devenido para hacer frente al alquiler ha de ser superior al 40 % de sus 
ingresos. Se concede para alquileres de hasta 900 euros al mes y en una cuantía de 
hasta el 100 % de la renta arrendaticia, debiendo ponderar la cuantía las comunidades 
autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla en base a previos informes de los servicios 
sociales correspondientes.
El programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico se 
desdobla en un programa de ayuda al alquiler específico para las personas jóvenes de 
hasta treinta y cinco años incluidos con ayudas fuertes de hasta el 60 % del alquiler 
mensual disponible para todo el ámbito geográfico de aplicación del Plan y en un 
programa de ayuda a la adquisición de vivienda por las personas jóvenes con la misma 
limitación de edad y siempre y cuando se localicen en municipios o núcleos de población 
de población igual o inferior a 10.000 habitantes. Conjuga el impulso a las personas 
jóvenes con el reto demográfico de ir asentando población en los ámbitos despoblados, 
acompañando a otras políticas que impulsen la regeneración económica, social y cultural 
de los mismos.
El programa de incremento del parque público de viviendas tiene por objeto el  s
incremento de dicho parque con la mayor inmediatez posible, mediante la concesión de  oe.
ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, así como a  w.
sus entidades vinculadas o dependientes, de hasta el 60 % del coste para la adquisición  2w
de vEivl iepnrdoagsra qmuae  pdaes efno mdierenctota mdee nvteiv aie enndgarso spaarr eal  ppaerrqsuoen apsú bmlicaoy.ores  o  personas  con
udnis cpalapzaoc idmaídn imfoom ednet av elain tper oamñoosc iócno nd ere vnitvai elinmdiatasd paa yra p saerar  dseesr tianrarednadsa adla asl qpuoilre pr edrusroannates   BOE-A-cable e
mayores o personas con discapacidad. Se trata de fomentar promociones de viviendas 
con prestaciones, instalaciones y servicios adicionales como asistencia social, atención 
médica básica disponible veinticuatro horas, limpieza y mantenimiento, dispositivos y 
sistemas  de  seguridad,  restauración,  actividades  sociales,  deportivas,  de  ocio  y 
culturales, así como terapias preventivas y de rehabilitación. El diseño de los espacios 
ha de garantizar la adecuación y accesibilidad para permitir el uso por parte de personas 
mayores o, en su caso, de personas con discapacidad en condiciones de seguridad y 
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. En términos de sostenibilidad 
habrán de ser alojamientos o viviendas con una calificación energética mínima A, tanto 
en emisiones de CO  como en consumo de energía primaria no renovable. Con el fin de 
2
favorecer la integración social, estas ayudas podrán solicitarse para la totalidad de los 
alojamientos o viviendas de una promoción o solo para una parte de ellas.
El programa de fomento de alojamientos temporales, de modelos cohousing, de 
viviendas intergeneracionales y modalidades similares se diseña para fomentar estas 
tipologías residenciales para ser destinadas al arrendamiento durante un plazo mínimo 
de veinte años con renta limitada y para arrendatarios con ingresos limitados. Se trata de 
nuevas  modalidades  de  vivienda  en  las  que  los  espacios  de  interrelación  ganan 
superficie a los espacios meramente privativos, lo cual posibilita una mayor integración y 
relación entre los inquilinos.
Se incorpora el programa de puesta a disposición de viviendas de la SAREB para su 
alquiler  como  vivienda  asequible  o  social  con  objeto  de  acelerar  la  suscripción  de 
convenios de la SAREB con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla o las administraciones locales, que ya se venían celebrando, mediante los que la 
SAREB cede el usufructo de viviendas para que se destinen al alquiler social. Ello en 
congruencia  con  el  protocolo  suscrito  en  febrero  de  2021  entre  el  Ministerio  de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la SAREB en el que esta última manifestaba 
su intención de puesta en disposición a estos efectos de hasta 15.000 viviendas.
El programa de fomento de la puesta a disposición de las comunidades autónomas y 
ayuntamientos de viviendas para su alquiler como vivienda asequible o social es un 
programa con objeto similar al anterior. Se diseña para que cualquier entidad privada 
pueda poner a disposición de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, 
así como de los ayuntamientos viviendas para ser destinadas al alquiler asequible o 
social. A tal efecto el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana financiaría 
el 50 % del exceso del alquiler sobre el alquiler social hasta el alquiler de mercado, 
previamente determinado por la comisión de seguimiento del convenio correspondiente, 
de tal suerte que el arrendador reciba el alquiler de mercado y el arrendatario solo abone 
un alquiler social más un incremento equivalente a la mitad de la diferencia entre el 
alquiler social y el de mercado.
El programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas sigue insistiendo, al 
igual que el Plan estatal de Vivienda 2018-2021, en la necesidad de avanzar en la 
accesibilidad de nuestras viviendas no solo para facilitar su uso a las personas con 
distintas capacidades, sino también como vía para facilitar su integración social. A tal 
efecto se incrementan las ayudas con carácter general y siempre con especial atención a 
las  personas  con  cualquier  discapacidad,  todo  ello  con  el  horizonte  puesto  en  la 
accesibilidad universal como objetivo y pauta de diseño ya insoslayable.
Se incorpora también un programa de ayuda a la erradicación de zonas degradadas, 
del chabolismo y la infravivienda ante esta realidad todavía hoy imperante en nuestras 
ciudades y su entorno. Se establece un plazo amplio de hasta ocho años para su  s
desarrollo  con  objeto  dar  cabida  a  actuaciones  que  son  complejas,  incluyendo  los  oe.
realojos que en su caso procedieran. Se trata de un nuevo impulso con ayudas muy  w.
dsuepl PeErllai oúnrle tEimss otaa  ptlaarlos dg aerap Vmlicivaai eddnaedsl a Pa 2l a0lan1s p8 r-Áo2rp0eo2an1se. d lea  cRoengceenseióranc dióen a yy uRdeans opvaarcai óenl  pUargboa ndae l os eRguurraol   2022-802n https://w
de protección de la renta arrendaticia con objeto de incrementar la confianza de los
arrendadores y así incrementar la oferta de vivienda en alquiler para personas de hasta 
un determinado nivel de ingresos.
La financiación de los programas de ayuda a las víctimas de violencia de género, 
personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras 
personas especialmente vulnerables y de ayuda a los arrendatarios en situación de 
vulnerabilidad sobrevenida ha de ser prioritaria. Así se pronuncia el texto del real decreto 
en el artículo 22, consolidando de esta manera el objeto social del Plan como objetivo 
irrenunciable. A tal efecto, señala dicho artículo, las comunidades autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla habrán de garantizar que las ayudas de estos programas se 
reconozcan con prevalencia sobre las ayudas de cualquier otro programa.
Se regulan otras priorizaciones, salvada la anterior, a favor de los programas de 
incremento del parque público de viviendas y de puesta a disposición de viviendas de la 
SAREB para su alquiler como vivienda asequible o social o de fomento de la puesta a 
disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos de viviendas libres para su 
alquiler como vivienda asequible o social. Estas priorizaciones en todo caso quedan 
condicionadas a su cotejo en la comisión de seguimiento del correspondiente convenio 
de colaboración.
VI
La gestión del Bono Alquiler Joven y de las ayudas del Plan corresponderá a las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. En el caso de las ayudas del 
Plan la colaboración entre ellas y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana  se  instrumentará  mediante  los  convenios  correspondientes,  en  los  que  se 
establecerá la financiación a aportar en cada anualidad por el Ministerio, así como los 
correspondientes compromisos de cofinanciación que hayan de asumir las comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla.
El Plan Estatal de acceso a la vivienda 2022-2025 abarca un horizonte temporal de 
cuatro años, asumiendo, al igual que el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, la prudente 
cautela de no condicionar las políticas de vivienda futuras por compromisos económicos 
que se generen en aplicación de este Plan y que no respondan en un futuro a objetivos 
del momento.
En definitiva, se trata de un Plan congruente que reorienta las política de vivienda y 
concentra los recursos disponibles en los sectores sociales más necesitados, en un 
marco de cooperación y de efectiva corresponsabilidad de las Administraciones Públicas 
y  los  agentes  privados,  implicados  todos  en  la  realización  efectiva  de  uno  de  los 
contenidos básicos de la política social y económica del Estado como es el derecho a 
disfrutar de una vivienda digna y adecuada, al tiempo que se contribuye al empleo, al 
crecimiento, a la competitividad de la economía y a la sostenibilidad medioambiental, 
afortunadamente adicionado con el impulso decidido del Bono Alquiler Joven.
VII
Este real decreto ha sido elaborado y tramitado por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, habiéndose valorado las aportaciones realizadas por las 
comunidades autónomas, la FEMP y las entidades, asociaciones y personas en general, 
durante  el  trámite  de  información  y  audiencia  pública,  así  como  las  observaciones 
formuladas en los informes elaborados por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de 
Política Territorial, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,  e.
el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el  w.b
Ministerio de Consumo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el  2w
MSoinciisatleersio y  pAagrae nlad aT 2ra0n3s0ic yió enl  MEcinoilsótgeircioa  dye e Hl Raceiteon dDae my oFgurnácfiiócon,  Peúl bMlicinais.terio de Derechos
Este real decreto se adecua a los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
Se cumple con el principio de necesidad al contrastar los recursos disponibles por los 
jóvenes con el sobreesfuerzo para atender la renta del alquiler o con los precios de 
adquisición de viviendas y solventar el contraste con la aportación directa del Bono 
Alquiler Joven, facilitando su acceso en alquiler, así como con todos los programas del 
Plan en razón del objeto concreto de cada uno y especialmente en los destinados a 
atender y proveer de solución habitacional a las personas vulnerables o que devengan 
vulnerables.
Se da cumplimiento a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia 
al  incorporar  medidas  congruentes  con  el  ordenamiento  jurídico,  de  aplicación  en 
algunos  casos  inmediata  y  gradual  en  otros,  y  en  cuantías  proporcionales  a  los 
desajustes que se pretenden solventar, a la vulnerabilidad que se pretende soslayar y al 
impulso de la oferta de vivienda.
En cuanto al principio de transparencia, se constata a través de los objetivos de la 
norma que se recogen en este preámbulo y en la preceptiva memoria de análisis de 
impacto  normativo,  así  como  en  la  realización  del  preceptivo  y  previo  trámite  de 
información y audiencia pública.
Finalmente, respecto del principio de eficiencia, debe señalarse que los contenidos 
de la norma no implican nuevas cargas administrativas.
Este real decreto se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha sido informada de 
este real decreto en su reunión del día 3 de diciembre de 2021.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
con  la  aprobación  previa  de  la  Ministra  de  Hacienda  y  Función  Pública,  y  previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de enero de 2022,
DISPONGO:
TÍTULO I
Del Bono Alquiler Joven
Artículo 1.  Objeto del Bono Alquiler Joven y régimen jurídico.
1.  Este título tiene por objeto regular el Bono Alquiler Joven para facilitar el disfrute 
de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o de cesión de uso a las personas 
jóvenes con escasos medios económicos, mediante el otorgamiento de ayudas directas 
a las personas arrendatarias o cesionarias.
2.  Las aportaciones previstas en este título se destinarán a ayudas a las personas 
jóvenes, mediante el denominado Bono Alquiler Joven, para contribuir al pago de la renta 
arrendaticia o precio de cesión de su vivienda o habitación habituales, facilitando tanto el 
acceso como, en su caso, el mantenimiento en la vivienda o habitación.
3.  La concesión de subvención denominada Bono Alquiler Joven se regirá por lo 
dispuesto  en  este  real  decreto  y  en  las  disposiciones  que  puedan  dictarse  en  su  e
desarrollo  o  ejecución,  así  como  por  lo  establecido  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  bo
noviembre,  General  de  Subvenciones,  en  el  reglamento  que  la  desarrolla,  y  en  la  w
norm4.a tivEas ateu ttoítnuólom picoad qráu ete, neenr ,c aaddae mcaásso, ,l are csounltesi ddeer aacpilóicna cdieó nb.ases reguladoras para la
caortníccuelsoi ó1n7  ddee  llaa  Lseuyb v3e8n/2c0ió0n3 .del Bono Alquiler Joven en los términos establecidos en el
Artículo 2.  Ámbito territorial de aplicación del Bono Alquiler Joven.
El Bono Alquiler Joven es de aplicación a todas las comunidades autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla, con excepción del País Vasco y Navarra.
Artículo 3.  Actuación objeto de subvención.
Será objeto de la subvención Bono Alquiler Joven, en los términos regulados en este 
título y siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias, la renta arrendaticia o el 
precio de la cesión a la que las personas jóvenes han de hacer frente para el disfrute de 
su vivienda o habitación habituales.
Artículo 4.  Gestión del Bono Alquiler Joven.
1.  El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana transferirá fondos a las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para atender a la ayuda del 
Bono Alquiler Joven mediante resoluciones de transferencia de crédito cuya aceptación 
deberá ser comunicada al referido Ministerio en el plazo que se determine en la propia 
resolución, salvo que previamente conste tal aceptación.
2.  Corresponde  a  los  órganos  competentes  de  las  comunidades  autónomas  y 
ciudades de Ceuta y Melilla la ordenación, instrucción, tramitación y resolución de los 
procedimientos de concesión y pago de las ayudas del Bono Alquiler Joven, así como la 
gestión de su abono una vez se haya reconocido por dichas administraciones el derecho 
de las personas beneficiarias a obtenerlo dentro de las condiciones y límites establecidos 
en este real decreto.
Artículo 5.  Financiación del Bono Alquiler Joven.
1.  La financiación del Bono Alquiler Joven se realizará con las dotaciones que se 
consignen  en  los  Presupuestos  Generales  del  Estado  de  cada  año  en  la 
partida 17.09.261N.754 «Bono Alquiler Joven» o en la que la sustituya.
2.  Los recursos para subvenciones del Bono Alquiler Joven se distribuirán entre las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla conforme a lo que se acuerde en 
la correspondiente Conferencia Sectorial, a propuesta del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana y convocada al efecto por su titular.
3.  El  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana  transferirá  a  las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta o Melilla el importe de las subvenciones 
siempre que se hubiere aprobado definitivamente la distribución territorial de los créditos 
y  se  hubiere  formalizado  el  correspondiente  compromiso  financiero  del  Ministerio 
mediante las resoluciones referidas en el apartado 1 del artículo 3.
Artículo 6.  Requisitos que han de reunir las personas beneficiarias.
1.  Podrán ser beneficiarias de las ayudas del Bono Alquiler Joven las personas 
físicas mayores de edad que reúnan todos y cada uno de los requisitos siguientes:
a)  Ser persona física y tener hasta treinta y cinco años, incluida la edad de treinta y 
cinco años, en el momento de solicitar la ayuda.
b)  Poseer la nacionalidad española, o la de alguno de los Estados miembros de la 
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, Suiza, o el parentesco determinado  s
por la normativa que sea de aplicación. En el caso de las personas extranjeras no  oe.
comunitarios deberán hallarse en situación de estancia o residencia regular en España. w.
aLrerye cn2)d9 a/1tSa9er9ira4 ,,  tuditnue l ca2or4 n dtorea  tnoeo sdvtaeier a mrerbenrne d, cadomen idAeirncrtieoonn ddeeas m viidveiene tnodssua Us fcorbrrimabniar,ol isze aond,  oe cnea ncli adlolaisdd a téddr mdee in ppoees rrdssooenn laaa    2022-802n https://w
cesionaria, de un contrato de cesión de uso. En el caso de alquiler de habitación no es
exigible que la formalización sea en los términos de la Ley 29/1994. Bc
d)  Disponer al menos de una fuente regular de ingresos que le reporte unas rentas 
anuales, incluidos los de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en 
la vivienda arrendada o cedida o a arrendar o ceder, consten o no como titulares del 
contrato de arrendamiento o cesión, iguales o inferiores a 3 veces el Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En el supuesto de alquiler de habitación no se 
incluirá la renta de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la 
vivienda, solamente se considerarán las de la persona física arrendataria.
A estos efectos, se entenderá que tienen una fuente regular de ingresos quienes 
estén trabajando por cuenta propia o ajena, el personal investigador en formación y las 
personas perceptoras de una prestación social pública de carácter periódico, contributiva 
o asistencial, siempre que puedan acreditar una vida laboral de, al menos, tres meses de 
antigüedad, en los seis meses inmediatamente anteriores al momento de la solicitud, o 
una duración prevista de la fuente de ingresos de, al menos, seis meses contados desde 
el día de su solicitud.
Si la fuente regular de ingresos de la persona solicitante consistiera en actividades 
empresariales, profesionales o artísticas, la acreditación de las rentas se referirá al 
rendimiento  neto  de  dicha  actividad  económica  calculado  con  carácter  previo  a  la 
aplicación de las reducciones previstas en el artículo 32 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de modificación 
parcial  de  las  Leyes  de  los  Impuestos  sobre  Sociedades,  sobre  la  Renta  de  No 
Residentes y sobre el Patrimonio, correspondientes a la declaración presentada por la 
persona solicitante, relativa al periodo impositivo inmediatamente anterior con plazo de 
presentación vencido a la solicitud del Bono Alquiler Joven.
Si la persona solicitante del Bono Alquiler Joven dispone de más de una fuente de 
ingresos  las  rentas  computables  serán  la  suma  de  las  rentas  derivadas  de  dichas 
fuentes.
La Comisión de Seguimiento referida en el artículo 133.3 podrá acordar que este 
límite de renta anual sea superior a 3 veces el IPREM, en función del número de 
personas jóvenes que convivan en la vivienda, cuando en la misma convivan dos o más 
personas jóvenes que sean beneficiarias y que por tanto hayan suscrito, todas ellas, el 
correspondiente contrato de arrendamiento o cesión de la vivienda. Este límite de renta 
anual en ningún caso podrá ser superior para el supuesto de alquiler de habitación.
2.  No podrá concederse la ayuda cuando la persona solicitante o alguna de las que 
tengan  su  residencia  habitual  y  permanente  en  la  vivienda  objeto  del  contrato  de 
arrendamiento o de cesión de uso se encuentre en alguna de las situaciones que a 
continuación se indican:
a)  Ser persona propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. A estos 
efectos no se considerará que se es persona propietaria o usufructuaria de una vivienda 
si el derecho recae únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se ha obtenido 
por  herencia  o  transmisión  mortis  causa  sin  testamento.  Se  exceptuarán  de  este 
requisito quienes siendo titulares de una vivienda acrediten la no disponibilidad de la 
misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad 
o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de la persona titular o 
alguna otra persona de la unidad de convivencia.
b)  Que la persona arrendataria, la persona cesionaria o cualquiera de las que 
tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada o cedida tenga 
parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona  e
arrendadora o cedente de la vivienda. bo
c)  Que la persona arrendataria, la persona cesionaria o cualquiera de las que  w
tpeanrgtíacinp es ud ed olam piceilrisoo hnaab fiítsuiacla y o p jeurrmídaicnae qnutee  eanc tlúae v civoiemnod aa rarerrnednaddaodraa  oo  cceeddiednat es.ea socio o
3.  Con el objeto de favorecer la movilidad laboral y no desincentivar el cambio de
residencia de la persona beneficiaria, cuando esta cambie su domicilio a otro ubicado en
otra provincia de la misma comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla, sobre el 
que suscriba un nuevo contrato de arrendamiento o cesión de uso, quedará obligada a 
comunicar dicho cambio al órgano concedente en el plazo máximo de quince días desde 
la  firma  del  nuevo  contrato.  La  persona  beneficiaria  no  perderá  el  derecho  a  la 
subvención por el cambio siempre que con el nuevo contrato se cumpla con todos los 
requisitos, límites y condiciones establecidos en este real decreto, y se formalice sin 
interrupción temporal con el anterior.
Con el mismo objeto, cuando una persona beneficiaria de esta ayuda cambie su 
domicilio a otro ubicado en una comunidad autónoma o ciudad autónoma diferente, 
sobre el que suscriba un nuevo contrato de arrendamiento o cesión de uso, quedará 
obligada a comunicar dicho cambio al órgano concedente de origen en el plazo máximo 
de quince días desde la firma del nuevo contrato. La comunidad o ciudad autónoma de 
destino  podrá  resolver  la  ayuda  del  Bono  de  Alquiler  Joven  a  aquéllas  personas 
beneficiarias  procedentes  de  diferente  comunidad  o  ciudad  autónoma,  por  el  plazo 
máximo establecido en el artículo 12 de este Real Decreto respecto a la fecha de la 
resolución de concesión de ayuda de la comunidad de origen y de acuerdo con las 
condiciones del nuevo contrato de arrendamiento.
En ambos casos se eleva el límite máximo, recogido en el artículo 8, de la renta 
arrendaticia o precio de cesión de la vivienda objeto del contrato de arrendamiento o 
cesión en la nueva comunidad autónoma o provincia de destino hasta los 900 euros 
mensuales. Asimismo, y para estos casos el requisito del límite de rentas anuales 
previsto en el apartado 1.d) de este artículo será de 4 veces el IPREM en la comunidad 
autónoma o provincia de destino. Esta elevación de límite máximo de renta arrendaticia o 
precio de cesión y de límite de renta anuales no será de aplicación para el supuesto de 
alquiler de habitación.
A estos efectos, para promover la continuidad de esta prestación para los casos de 
movilidad  geográfica  entre  comunidades  autónomas,  el  Ministerio  de  Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana propondrá y someterá para su aprobación en la Conferencia 
Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo un acuerdo por el que todas las comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla se comprometan a incluir esta casuística en 
las respectivas convocatorias del Bono Alquiler Joven.
4.  A  efectos  de  valoración  de  ingresos  para  la  obtención  de  la  ayuda,  la 
presentación de la solicitud del Bono Alquiler Joven conllevará la autorización para 
recabar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la información del IRPF que 
permita valorar el cumplimiento de todos los requisitos previstos en el artículo 6.1. En 
caso de que se manifieste oposición expresa a la consulta de datos con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, deberá aportarse certificado de renta del ejercicio 
más reciente, con código seguro de verificación, expedido por dicho organismo. La 
cuantía resultante se convertirá en número de veces el IPREM, referido a 14 pagas, en 
vigor durante el período al que se refieran los ingresos evaluados.
5.  Las  personas  beneficiarias  de  las  ayudas  del  Bono  Alquiler  Joven  estarán 
obligadas a comunicar de inmediato, incluso durante la tramitación de la solicitud, al 
órgano competente de la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla que esté 
realizando dicha tramitación o que le haya reconocido la ayuda, cualquier modificación 
de las condiciones que puedan motivar o hubieran motivado tal reconocimiento y que 
pudiera determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda. La no comunicación 
de  estas  modificaciones  será  causa  suficiente  para  el  inicio  de  un  expediente  de 
reintegro de las cantidades que pudieran haberse cobrado indebidamente. A tal efecto,  s
las convocatorias de ayudas deberán concretar el plazo y el cauce por el que llevar a  oe.
cabo esta comunicación. w.
6.  En la solicitud de ayudas se incluirá expresamente la autorización de la persona  2w
spoalriaci traenctlea maal ró rtgoadnao la c oinmfopremteancitóen d nee lcae csoamriau,n eidna pda artuictóunlaorm laa  doe  cciuadráacdt edre t rCibeuutatari oy,  Mene lliollas 
teécromniónmosic op reqvuiest ofsu eeran  lleag aLlmeye n5te8 /2p0e0r3ti,n ednete  1p7a rdae  adcirceiedmitabrr ee, l Gceunmeprlaiml iTenritbou tadreia ,l oos   BOE-A-cable e
requisitos en el marco de la colaboración que se establezca con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, la Dirección General del Catastro, las entidades gestoras de la 
Seguridad Social y demás administraciones públicas competentes. Las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla no podrán ceder a terceros la información de 
carácter tributario o económico recibida.
7.  No podrán obtener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas quienes 
incurran en alguna de las circunstancias previstas el artículo 13 de la Ley 38/2003, con la 
única salvedad del cumplimiento de lo regulado en la letra e) del apartado 2 de dicho 
artículo 13 que podrá ser exceptuado por la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta o 
Melilla en las convocatorias o resoluciones correspondientes.
Artículo 7.  Condición de vivienda habitual y permanente.
La vivienda o habitación arrendada o cedida deberá constituir la residencia habitual y 
permanente de la persona arrendataria o cesionaria, lo que deberá acreditarse mediante 
certificado o volante de empadronamiento en el que consten, a fecha de la solicitud, las 
personas  que  tienen  su  domicilio  habitual  y  permanente  en  la  vivienda  objeto  de 
arrendamiento o cesión o en la que se ubique la habitación objeto de arrendamiento o 
cesión.
En el caso de personas beneficiarias que estén en condiciones de acceder a un 
arrendamiento o cesión de vivienda o habitación el citado certificado o volante deberá 
aportarse en el plazo de tres meses desde la notificación de la resolución de concesión 
de la ayuda, que quedará condicionada a su aportación. El correspondiente contrato de 
arrendamiento o cesión deberá formalizarse en el plazo máximo de dos meses desde la 
notificación de dicha resolución, que también quedará condicionada a su aportación.
La  vivienda  deberá  constituir  el  domicilio  habitual  y  permanente  de  la  persona 
beneficiaria durante todo el periodo por el que se conceda la ayuda.
Artículo 8.  Renta arrendaticia o precio de cesión.
La  renta  arrendaticia  o  precio  de  cesión  de  la  vivienda  objeto  del  contrato  de 
arrendamiento o cesión deberá ser igual o inferior a 600 euros mensuales. En esta renta 
o precio no se incluye el importe que pudiera corresponder a anejos tales como plazas 
de garaje, trasteros o similares. En el caso de alquiler de habitación esta renta o precio 
deberá ser igual o inferior a 300 euros mensuales.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán incrementar 
este  límite  máximo  de  la  renta  arrendaticia  o  precio  de  cesión  hasta  900  euros 
mensuales  cuando  así  lo  justifiquen  en  base  a  estudios  actualizados  de  oferta  de 
vivienda en alquiler que acrediten tal necesidad. En el caso de alquiler de habitación este 
incremento de límite máximo de la renta arrendaticia o precio de cesión podrá ser 
hasta 450 euros.
En todo caso, las convocatorias de ayudas que se acojan a los incrementos referidos 
en el párrafo anterior solo se podrán realizar si previamente se ha suscrito un Acuerdo 
con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el seno de la Comisión 
de Seguimiento, referida en el artículo 133.3, que acredite su conformidad.
La Comisión de Seguimiento podrá acordar la aplicación de un límite máximo de la 
renta arrendaticia o precio de cesión superior a 900 euros mensuales, en función del 
número de personas jóvenes que convivan en la vivienda, cuando en la misma convivan 
dos o más personas jóvenes que sean beneficiarias y que por tanto hayan suscrito,  es
todas ellas, el correspondiente contrato de arrendamiento o cesión de la vivienda. bo
ArtícEul loó r9g.a noE nctoidmapdeetse ncotela dbeo rlaad cooramsu.nidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla podrá
aqcuteu asre  ale tsra evnécso dmei eunndae no,  vinacrilausy eenndtoid alad etrsa ncsoflearbeonrcaidao ora esn qtrueeg are daeli zlaorsá fno nladso sa cptúubalcicioonse as   BOE-A-cable e
las personas beneficiarias. Estos fondos nunca podrán ser considerados integrantes del 
patrimonio de la entidad colaboradora.
En ningún caso podrán ser destinatarias de la información tributaria las entidades 
colaboradoras a las que se refiere este artículo cuando no tengan la consideración de 
Administración Pública o tal condición conforme al artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En los casos en que exista una entidad colaboradora que actúe, además, como 
arrendadora o cedente de las viviendas, podrá acordarse en la convocatoria de la 
comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla que la entidad colaboradora gestione 
directamente lo relativo a la recepción de la ayuda para su directa aplicación al pago del 
alquiler  o  precio  de  la  cesión  en  uso  mediante,  en  su  caso,  el  correspondiente 
descuento.
Artículo 10.  Compatibilidad y complementariedad del Bono Alquiler Joven.
La ayuda del Bono Alquiler Joven deberá destinarse obligatoriamente por la persona 
beneficiaria  al  pago  de  la  renta  arrendaticia  o  precio  de  cesión  de  su  vivienda  o 
habitación habituales y permanentes y no se podrá compatibilizar con ninguna otra 
ayuda  que  para  el  pago  del  alquiler  o  cesión  puedan  conceder  las  comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, las entidades locales o cualesquiera otras 
administraciones o entidades públicas.
No se considerarán afectados por esta incompatibilidad los supuestos excepcionales 
en que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, los municipios, 
otras entidades públicas, organizaciones no gubernamentales o asociaciones aporten 
una ayuda para esa misma finalidad a personas beneficiarias especialmente vulnerables, 
entendiendo como tales a estos efectos las que determine la comunidad autónoma o 
ciudad de Ceuta o Melilla. Tampoco se considerarán afectados por esta incompatibilidad 
las personas perceptoras de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social ni las 
personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital.
Asimismo, tampoco se considerará afectado por esta incompatibilidad el supuesto 
que de compatibilidad con el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 se 
regula expresamente en el artículo 55.1 de este real decreto. En este supuesto de 
compatibilidad la suma de la ayuda del Bono Alquiler Joven y de la ayuda al alquiler o 
cesión, ésta última determinada conforme a lo señalado en el artículo 56.1, no podrá 
exceder  del  75  %  del  importe  de  la  renta  arrendaticia  o  del  precio  de  la  cesión, 
respectivamente.
En los demás supuestos de compatibilidad referidos en el párrafo segundo de este 
artículo la suma de la ayuda del Bono Alquiler Joven y de la ayuda al alquiler o cesión 
podrá exceder la limitación anterior, pero no podrá exceder del importe de la renta 
arrendaticia o del precio de la cesión, respectivamente.
Artículo 11.  Cuantía de la ayuda.
Se concederá a las personas beneficiarias una ayuda de 250 euros mensuales con el 
límite del importe mensual de la renta arrendaticia o del precio de la cesión.
Artículo 12.  Plazo de concesión del Bono Alquiler Joven.
La ayuda se concederá a las personas beneficiarias por el plazo de dos años. s
Las  personas  beneficiarias  de  las  ayudas  estarán  obligadas  a  comunicar  de  oe.
inmediato al órgano competente de la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla  w.
que se la haya reconocido cualquier modificación de las condiciones o requisitos que  2w
mla omtivoadriofinca tcailó rne ceosn occaiumsiae ndtoe.  lEa np eélr dsiudpau esostbor edvee nqiudea  edl eól rgdaenreoc choom ap elate anyteu dreas, ureelsvoal vqeuráe 
limitando el plazo de concesión de la misma hasta la fecha en que se considere efectiva
dicha pérdida. A tal efecto, las convocatorias de ayudas deberán concretar el plazo y el 
cauce por el que llevar a cabo esta comunicación.
Artículo 13.  Acceso a la ayuda del Bono Alquiler Joven.
Las  comunidades  autónomas  y  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  convocarán 
procedimientos de concesión del Bono Alquiler Joven mediante convocatorias abiertas 
de forma continuada y permanente.
Artículo 14.  Procedimiento de concesión del Bono Alquiler Joven.
Las subvenciones correspondientes al Bono Alquiler Joven podrán concederse de 
forma directa conforme a lo establecido en cualquiera de los supuestos del artículo 22.2 
de  la  Ley  38/2003,  cuando  concurran  las  razones  previstas  en  dicho  artículo  que 
deberán ser justificadas, en cada caso, por la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y 
Melilla de que se trate y siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias.
Artículo 15.  Abono de la ayuda.
El  Bono  Alquiler  Joven  se  abonará  a  la  persona  beneficiaria  o  a  la  entidad 
colaboradora correspondiente, con carácter general, de forma periódica, a ser posible 
mensual, por los órganos competentes de las comunidades autónomas o ciudades de 
Ceuta y Melilla.
Se podrán hacer pagos anticipados y abonos a cuenta sin exigencia de garantía o 
aval a los beneficiarios.
Artículo  16.  Justificación  por  parte  de  la  persona  beneficiaria  o  de  la  entidad 
colaboradora del cumplimiento de la finalidad de la concesión del Bono Alquiler 
Joven y de la aplicación de los fondos recibidos.
Las personas beneficiarias del Bono Alquiler Joven deberán justificar ante el órgano 
concedente de la ayuda el cumplimiento de la finalidad de la concesión de la subvención 
y de la aplicación de los fondos recibidos con una periodicidad mínima semestral y en 
todo caso en el plazo máximo de tres meses desde la finalización del último mes natural 
objeto de la subvención.
Se acreditará, por cualquier medio admitido en derecho, el efectivo pago de la renta 
arrendaticia o del precio de la cesión en todas y cada una de las mensualidades en que 
se haya recibido la subvención.
Esta justificación, una vez considerada suficiente por el órgano concedente, servirá de 
soporte para que la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta o Melilla de que se trate 
certifique al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el cumplimiento del 
objeto de la subvención, que se realizará con periodicidad semestral y en todo caso en el 
plazo máximo de tres meses desde la finalización del último mes natural objeto de la 
subvención que haya percibido el beneficiario cuyo periodo de concesión finalice más tarde.
TÍTULO II
Del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025
CAPÍTULO I e.
Disposiciones generales w
Artículo 17.  Objeto, régimen jurídico y ámbito territorial de aplicación.
1.  Este  título  tiene  por  objeto  regular  el  Plan  Estatal  para  el  acceso  a  la
vivienda 2022-2025. Bc
2.  Las  aportaciones  previstas  en  el  presente  Plan  Estatal  se  destinan  al 
mantenimiento de las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos concedidas al 
amparo  de  planes  estatales  de  vivienda  anteriores  y  a  la  concesión  de  nuevas 
subvenciones; para facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a sectores de 
población  con  dificultades  económicas;  para  ayudar  a  las  víctimas  de  violencia  de 
género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, 
personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras 
personas  especialmente  vulnerables  a  dicho  acceso;  para  fomentar  la  puesta  a 
disposición  de  las  administraciones  públicas  de  viviendas  libres  de  la  SAREB,  de 
entidades  públicas  o  de  gestores  privados  de  vivienda  en  alquiler  para  su  alquiler 
asequible o social; para fomentar la promoción y/o rehabilitación de edificios de viviendas 
que vayan a ser destinadas al alquiler asequible para personas mayores y personas con 
discapacidad; así como para mejorar la accesibilidad de y en nuestras viviendas también 
con especial atención a las personas con discapacidad.
Las  citadas  aportaciones  se  destinan  también  a  la  concesión  de  nuevas 
subvenciones para ayudar a las personas jóvenes, con escasos recursos económicos, 
en su acceso a la vivienda, ya sea en alquiler o mediante adquisición en determinados 
supuestos vinculados al reto demográfico y a la recuperación de municipios o núcleos de 
población  de  pequeño  tamaño,  así  como  para  el  fomento  de  nuevas  formas  de 
convivencia como el cohousing y otras edificaciones similares con notable proporción de 
espacios de interrelación, que respondan a las demandas de cualquier grupo de edad. 
Asimismo, se podrán destinar a la regeneración y renovación de ámbitos degradados y 
ámbitos que se caractericen por la existencia de infravivienda y chabolismo.
3.  La concesión de las nuevas subvenciones se regirá por lo dispuesto en este 
título y en las disposiciones que puedan dictarse en su desarrollo o ejecución, así como 
por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
el reglamento que la desarrolla, y en la normativa autonómica que, en cada caso, resulte 
de aplicación.
4.  Los convenios a suscribir para el desarrollo del Plan se ajustarán, en todo caso, 
a lo dispuesto en el título preliminar, capítulo VI de la Ley 40/2015.
5.  El Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 es de aplicación a todas 
las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, con excepción del País 
Vasco y Navarra.
Artículo 18.  Programas del Plan.
Los programas de ayudas contenidos en este Plan son:
1.  Programa de subsidiación de préstamos convenidos.
2.  Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
3.  Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de 
desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente 
vulnerables.
4.  Programa de ayuda a las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad 
sobrevenida.
5.  Programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico.
6.  Programa de incremento del parque público de viviendas.
7.  Programa de fomento de viviendas para personas mayores o personas con 
discapacidad. e
8.  Programa de fomento de alojamientos temporales, de modelos cohousing, de  bo
viviendas intergeneracionales y modalidades similares. w
payúubnl19itc0.a a.m sP iepPrnaorotrgoagrs ars amdume aa av l qdidvueieei  lnefpodrum aceseos nmtpataoo r a adv  eisdv uiilesa apn plodqusauei icsaleitsóare n caq o dumdeiibso lpe vvoi viovsi iieecsnionódcdnaia asd la .esd leeaq sul acib olSmeA uoRn siEdoBacdi ayel. sd aeu teónntoidmaadse sy   OE-A-2022-80able en https://
11.  Programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas.
12.  Programa de ayuda a la erradicación de zonas degradadas, del chabolismo y la 
infravivienda.
13.  Programa  de  ayuda  para  el  pago  del  seguro  de  protección  de  la  renta 
arrendaticia.
Artículo 19.  Actuaciones objeto de subsidiación.
Resultarán subsidiables las actuaciones objeto del programa de subsidiación de 
préstamos convenidos.
Artículo 20.  Actuaciones objeto de subvención.
Resultarán subvencionables las actuaciones que se enmarquen en alguno de los 
siguientes programas, siempre que cumplan los requisitos que se exigen para cada uno 
de ellos y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes:
2.  Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
3.  Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de 
desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente 
vulnerables.
4.  Programa de ayuda a las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad 
sobrevenida.
5.  Programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico.
6.  Programa de incremento del parque público de viviendas.
7.  Programa de fomento de viviendas para personas mayores o personas con 
discapacidad.
8.  Programa de fomento de alojamientos temporales, de modelos cohousing, de 
viviendas intergeneracionales y modalidades similares.
9.  Programa de puesta a disposición de viviendas de la SAREB y de entidades 
públicas para su alquiler como vivienda asequible o social.
10.  Programa de fomento de la puesta a disposición de las comunidades autónomas y 
ayuntamientos de viviendas para su alquiler como vivienda asequible o social.
11.  Programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas.
12.  Programa de ayuda a la erradicación de zonas degradadas, del chabolismo y la 
infravivienda.
13.  Programa  de  ayuda  para  el  pago  del  seguro  de  protección  de  la  renta 
arrendaticia.
Artículo 21.  Gestión de las ayudas del Plan. Convenios del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana con las comunidades autónomas y con las ciudades de 
Ceuta y Melilla.
1.  El  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana  y  las  comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla suscribirán convenios para la ejecución del Plan.
2.  Corresponde  a  los  órganos  competentes  de  las  comunidades  autónomas  y 
ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  la  tramitación  y  resolución  de  los  procedimientos  de 
concesión  y  pago  de  las  ayudas  del  Plan,  así  como  la  gestión  del  abono  de  las 
subvenciones una vez se haya reconocido por dichas administraciones el derecho de las 
personas beneficiarias a obtenerlas dentro de las condiciones y límites establecidos en 
este título para cada programa, y según lo que se acuerde en los correspondientes  e.
convenios.  No  obstante,  en  el  caso  del  programa  de  subsidiación  de  préstamos  w.b
convenidos el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana seguirá realizando  2w
directamente las transferencias a las entidades de crédito colaboradoras.
3.  En los convenios se recogerán, con carácter general, los extremos previstos en 
el artículo 16 de la Ley 38/2003 y en el artículo 49 de la Ley 40/2015 y necesariamente:
a)  La previsión de los recursos financieros a aportar, en cada anualidad, por el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
b)  La previsión de los recursos financieros a aportar, en cada anualidad, por las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
c)  Los compromisos en materia de gestión del Plan que asume cada Administración 
para su ejecución.
d)  Los mecanismos de seguimiento, control y evaluación de las actuaciones, y de 
comunicación  e  información  entre  ambas  Administraciones,  incluyendo  la  eventual 
implantación de sistemas informáticos de uso compartido.
e)  La  creación  de  la  correspondiente  Comisión  de  Seguimiento,  que  estará 
presidida por la persona titular de la Dirección General de Vivienda y Suelo del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
f)  La  promoción,  publicidad  e  información  de  las  actuaciones  del  Plan  y  la 
documentación  facilitada  a  sus  beneficiarios,  realizada  por  cualquiera  de  las 
Administraciones Públicas, que deberá incluir en todo caso la imagen institucional del 
Gobierno  de  España-Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana.  Las 
resoluciones de concesión de las ayudas deberán expresar igualmente que éstas están 
financiadas con cargo a fondos del Estado.
Artículo 22.  Financiación del Plan.
1.  Actuaciones objeto de subsidiación.
La  financiación  de  las  actuaciones  objeto  de  subsidiación  se  realizará  con  las 
dotaciones que se consignen en los Presupuestos Generales del Estado de cada año en 
la partida 17.09.261N.782 «Ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes, 
subsidiación de préstamos y otros apoyos a la vivienda» o en la que la sustituya.
2.  Actuaciones objeto de subvención.
La financiación de las actuaciones objeto de subvención se realizará conforme sigue:
a)  El Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, autorizará las cuantías máximas del gasto estatal que pueden llegar a 
alcanzar las subvenciones del Plan, en conjunto y por anualidades.
b)  La financiación de las actuaciones objeto de subvención del Plan se realizará 
con las dotaciones que se consignen en los Presupuestos Generales del Estado de cada 
año en la partida 17.09.261N.753 «Subvenciones Estatales. Planes de Vivienda» o en la 
que la sustituya.
c)  En cada ejercicio, de 2022 a 2025 ambos incluidos, el 70 % del importe que el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se comprometa a aportar a cada 
comunidad  autónoma  o  ciudad  de  Ceuta  y  Melilla  estará  condicionado  a  que  la 
comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla de que se trate cofinancie con una 
cuantía equivalente al 10 % de dicho importe. En caso de que la cofinanciación de la 
comunidad  autónoma  o  ciudad  de  Ceuta  y  Melilla  sea  menor  a  dicho  10  %  el 
compromiso del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre el 70 % se 
reducirá proporcionalmente. es
El 30 % restante de dicho importe estará condicionado a que la comunidad autónoma  o
o ciudad de Ceuta y Melilla cofinancie con una cuantía del 20 % del mismo. En caso de  ww.
qsaou dbeir cAelha  o elco l o2s3f0 0in e %a%fen  ccsetieloa  cscroe iómdenus ptcdraieorbá mlle apics rcioodo podmoseru lc neiMoindni anaedilssm tateeeur nitoóate npd.oaemr tTaard aoon  cshipuaodbratreáds  d,d eMe  Coeveniulitdteaan dyd  eyMr seAelgi lleaqn usdeea a pU marrbeaan noearl    OE-A-2022-802able en https://w
cómputo  de  la  cofinanciación  autonómica  del  Plan  no  solo  se  incluirán  los  fondos
destinados por las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla al propio Plan, 
sino  que  también  se  incluirán  los  fondos  destinados  al  Plan  Estatal  de 
Vivienda 2018-2021 que no fueren computados en el mismo y los fondos que destinen a 
los  programas  de  ayuda  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia 
regulado en el Real Decreto 853/2021. En el cómputo de estos fondos se considerará 
todo lo comprometido por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla 
en el ejercicio en curso y en ejercicios anteriores.
d)  Las  comunidades  autónomas  y  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla,  así  como  las 
entidades locales podrán realizar otras aportaciones complementarias en cada ejercicio 
para actuaciones del Plan.
e)  En cada convenio se establecerá una distribución inicial por programas y años. 
Mediante acuerdo suscrito en el seno de la Comisión de Seguimiento, entre el Ministerio 
de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana  y  las  comunidades  autónomas  y  las 
ciudades de Ceuta y Melilla, se podrá modificar la distribución inicial entre los distintos 
programas adaptándola a la demanda de cada tipo de ayuda, al objeto de optimizar la 
aplicación de los recursos disponibles. El importe total del compromiso financiero que 
adquiera el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para cada anualidad 
en el convenio no podrá ser incrementado en ningún caso.
La financiación de los programas de ayuda a las víctimas de violencia de género, 
personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras 
personas  especialmente  vulnerables  y  de  ayuda  a  las  personas  arrendatarias  en 
situación de vulnerabilidad sobrevenida será prioritaria. A tal efecto las comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla habrán de garantizar que las ayudas de 
estos programas se reconozcan con prevalencia sobre las ayudas de cualquier otro 
programa.
f)  Solventada la priorización establecida en el apartado anterior, como mínimo, 
el 10 % de la financiación comprometida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana en cada ejercicio habrá de destinarse al programa de incremento del 
parque  público  de  viviendas.  Este  porcentaje  no  será  exigible  para  aquellas 
comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla que acrediten tener activado un 
programa similar mediante sus propios medios, lo que habrá de ser validado en la 
comisión de seguimiento del correspondiente convenio que para la ejecución del Plan 
suscriban el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la comunidad 
autónoma o ciudad de que se trate. Asimismo, la referida comisión de seguimiento, a 
solicitud fundamentada de la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta o Melilla de que se 
trate, podrá acordar la reducción de este porcentaje o incluso su no aplicación.
g)  Solventada la priorización establecida en el apartado 5 y la reserva del 10 % 
establecida en el apartado 6, como mínimo el 10 % de la financiación comprometida por 
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en cada ejercicio habrá de 
destinarse  al  programa  de  puesta  a  disposición  de  viviendas  de  la  SAREB  o  de 
entidades públicas para su alquiler como vivienda asequible o social o al programa de 
fomento de la puesta a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos de 
viviendas libres para su alquiler como vivienda asequible o social.
Este porcentaje mínimo no será de aplicación si la Consejería competente en materia 
de  vivienda  de  la  comunidad  autónoma  o  ciudad  de  Ceuta  y  Melilla  justifica 
expresamente la innecesaria aplicación de estos programas, ya sea por la inexistencia 
de viviendas disponibles en su respectivo ámbito territorial o por cualquier otro motivo 
valorado y/o acreditado por la misma, siempre y cuando la correspondiente comisión de  s
seguimiento se pronuncie en tal sentido. oe.
h)  Sin perjuicio y adicionalmente a lo establecido en los puntos anteriores en la  w.
distribución  inicial  por  programas  y  años  determinada  en  cada  convenio,  la  2w
cfionrarnecsipaocniódnie, nytae  secao meisstiaótna l doe a ustoengóumimiciean, tos e paosdigrnáe  aac oortrdoa rp roqgurea muan ao  pproagrtrea mdaes  dlae 
aloysu edjae rccoicniocrse dtoesl ,P slainn .que esta asignación pueda modificarse durante alguno o varios de  BOE-A-cable e
i)  Los recursos para subvenciones del Plan se distribuirán entre las comunidades 
autónomas  y  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  conforme  a  lo  que  se  acuerde  en  la 
correspondiente  Conferencia  Sectorial,  a  propuesta  del  Ministerio  de  Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana y convocada al efecto por su titular.
j)  El  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana  transferirá  a  las 
comunidades autónomas o ciudades de Ceuta o Melilla el importe de las subvenciones 
en la forma y plazos previstos en el correspondiente convenio.
Artículo 23.  Personas beneficiarias.
1.  En cada uno de los capítulos correspondientes de este título se establecen las 
actuaciones  encuadrables  en  cada  programa  y  las  potenciales  beneficiarias  de  las 
subvenciones, sin perjuicio de los requisitos adicionales que puedan establecer las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para dichas personas.
2.  Serán de aplicación las siguientes reglas de carácter general:
a)  Cuando las beneficiarias sean personas físicas deberán poseer la nacionalidad 
española, o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo, Suiza, o el parentesco determinado por la normativa que sea de 
aplicación.  En  el  caso  de  los  extranjeros  no  comunitarios  deberán  contar  con 
autorización  de  estancia  o  residencia  en  España.  Cuando  sean  personas  jurídicas 
deberán  acreditar  o  declarar  expresamente  en  su  solicitud  que  se  encuentran 
debidamente constituidas, según la normativa que les resulte de aplicación. En el caso 
de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia deberán hacerse constar 
expresamente  los  compromisos  de  ejecución  asumidos  por  cada  miembro  de  la 
agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos.
b)  A  efectos  de  valoración  de  ingresos  para  la  obtención  de  la  ayuda,  la 
presentación de la solicitud del Bono Alquiler Joven conllevará la autorización para 
recabar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la información del IRPF que 
permita valorar el cumplimiento de todos los requisitos previstos en el artículo 6.1. En 
caso de que se manifieste oposición expresa a la consulta de datos con la AEAT, deberá 
aportarse  certificado  de  renta  del  ejercicio  más  reciente,  con  código  seguro  de 
verificación,  expedido  por  dicho  organismo.  La  cuantía  resultante  se  convertirá  en 
número de veces el IPREM, referido a 14 pagas, en vigor durante el período al que se 
refieran los ingresos evaluados.
c)  Las beneficiarias de ayudas de los programas estarán obligadas a comunicar de 
inmediato, incluso durante la tramitación de la solicitud, al órgano competente de la 
comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla que esté realizando dicha tramitación o 
que le haya reconocido la ayuda, cualquier modificación de las condiciones que puedan 
motivar o hubieran motivado tal reconocimiento y que pudiera determinar la pérdida 
sobrevenida del derecho a la ayuda. La no comunicación de estas modificaciones será 
causa suficiente para el inicio de un expediente de reintegro de las cantidades que 
pudieran haberse cobrado indebidamente. A tal efecto, las convocatorias de ayudas 
deberán concretar el plazo y el cauce por el que llevar a cabo esta comunicación.
3.  En la solicitud de ayudas se incluirá expresamente la autorización de la persona 
solicitante al órgano competente de la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla 
para reclamar toda la información necesaria, en particular la de carácter tributario, en los 
términos  previstos  en  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  o  s
económico  que  fuera  legalmente  pertinente  para  acreditar  el  cumplimiento  de  los  oe.
requisitos en el marco de la colaboración que se establezca con la Agencia Estatal de  w.
aASudetmgóuninroiidsmatradas c Siyóo ncc iiTuardli bayud tedaser imad,eá l saC  Deaudirtmeac incyi iósMtnre aGlcilieloann enerosa  lp pdoúedblr láCicnaa tsca escdtoreomr,  palae sttee erncnteetirdso.as d Lleaas s i ngcfeoosrmtmouraancsiidó daned d eleas    2022-802n https://w
carácter tributario o económico recibida.
4.  El órgano competente de la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla 
reconocerá las ayudas que se regulan en los programas de este real decreto, teniendo 
en cuenta las preferencias que resulten de aplicación según lo dispuesto en el mismo y 
en la normativa específica sobre sectores preferentes que en cada caso pueda resultar 
de aplicación, así como las preferencias adicionales que respeten las anteriores y que 
pueda establecer cada comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla.
5.  No podrán obtener la condición de beneficiaria de estas ayudas las personas que 
incurran en alguna de las circunstancias previstas el artículo 13 de la Ley 38/2003, con la 
única salvedad del cumplimiento de lo regulado en la letra e) del apartado 2 de dicho 
artículo 13 que podrá ser exceptuado, en las convocatorias o resoluciones que realicen 
las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla, en los programas de ayuda a 
las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda 
habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables y de ayuda a 
los arrendatarios en situación de vulnerabilidad sobrevenida. Tampoco podrán obtener la 
condición de beneficiarias las que hayan sido sujetas de una revocación, por el órgano 
competente de alguna comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla, de alguna de 
las  ayudas  contempladas  en  éste  o  el  anterior  plan  estatal  de  vivienda  por 
incumplimiento o causa imputable al solicitante.
Artículo 24.  Entidades colaboradoras.
1.  El órgano competente de la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla 
podrá  actuar  a  través  de  una  o  varias  entidades  colaboradoras  que  realizarán  las 
actuaciones que se les encomienden, incluyendo la transferencia o entrega de los fondos 
públicos a las personas beneficiarias. Estos fondos nunca podrán ser considerados 
integrantes del patrimonio de la entidad colaboradora.
En ningún caso podrán ser destinatarias de la información tributaria las entidades 
colaboradoras a las que se refiere este artículo cuando no tengan la consideración de 
Administración Pública o tal condición conforme al artículo 2.3 de la Ley 40/2015.
Cuando la persona interesada autorice la cesión de información, las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla no podrán ceder a terceros la información de 
carácter  tributario  o  económica  recibida.  La  comprobación  del  cumplimiento  de  los 
requisitos exigidos para el reconocimiento de estas ayudas, cuando se lleve a cabo en 
base  a  la  información  recabada  de  la  Administración  Tributaria,  deberá  realizarse 
directamente por la Administración Pública que conste en la solicitud como autorizada 
para acceder a la información tributaria referida al solicitante.
2.  Podrán actuar como entidades colaboradoras en la gestión de las ayudas de 
este Plan:
a)  Los organismos públicos y demás entidades y corporaciones de derecho público.
b)  Las  empresas  públicas  y  sociedades  mercantiles  participadas  íntegra  o 
mayoritariamente por las Administraciones Públicas.
c)  Las  asociaciones  a  que  se  refiere  la  disposición  adicional  quinta  de  la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
d)  Las  organizaciones  no  gubernamentales,  asociaciones  representativas  de  la 
economía social y demás entidades privadas sin ánimo de lucro, especialmente aquéllas 
que desarrollen su actividad entre sectores vulnerables merecedores de una especial 
protección, tal y como se recoge en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social 
y en la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social y las entidades  e
mediadoras  sociales  relacionadas  en  la  resolución  de  2  de  febrero  de  2021  de  la  bo
Secretaría de Estado de Derechos Sociales. w
caquyuyueadde ae) cs so, uLlsafaiibecsoim eernapntcrteeiidóm aqnedu neestse ee   dgscetaoé rnnacs rnaéitdicdzeriatreoedd  aiytn a secduuca eanssle eaausrntqirataue li iepdlaroaa rdm   oyliast rom abAsaj de scmtoiovcimindieiaosdtd rae adencentiiós den alo  dp qeeruosne ctci edosraeloadc.beoosnr oapzdrciovaraa dslaa ssy    OE-A-2022-80able en https://
CAPÍTULO II
Programa de subsidiación de préstamos convenidos
Artículo 25.  Objeto del programa.
Este programa tiene por objeto atender el pago de las ayudas de subsidiación de 
préstamos convenidos, regulados en anteriores planes estatales de vivienda, a aquellas 
personas beneficiarias que tengan derecho a la misma de acuerdo con la normativa de 
aplicación.
CAPÍTULO III
Programa de ayuda al alquiler de vivienda
Artículo 26.  Objeto del programa.
Este programa tiene por objeto facilitar el disfrute de una vivienda o habitación en 
régimen de alquiler o de cesión de uso a sectores de población con escasos medios 
económicos, mediante el otorgamiento de ayudas directas a las personas arrendatarias o 
cesionarias.
Artículo 27.  Personas beneficiarias.
1.  Podrán ser beneficiarias de las ayudas contempladas en este programa las 
personas físicas mayores de edad que reúnan todos y cada uno de los requisitos 
siguientes:
a)  Ser titular, en calidad de arrendatario, de un contrato de arrendamiento de 
vivienda  formalizado  en  los  términos  de  la  Ley  29/1994,  de  24  de  noviembre,  de 
Arrendamientos Urbanos o de un contrato de cesión de uso o de arrendamiento o cesión 
de uso de una habitación.
b)  Que la vivienda o habitación arrendada o cedida constituya la residencia habitual 
y permanente de la persona arrendataria, lo que deberá acreditarse mediante certificado 
o volante de empadronamiento en el que consten, a fecha de la solicitud, las personas 
que tienen su domicilio habitual en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento. La 
vivienda o habitación constituirá domicilio habitual y permanente durante todo el periodo 
por el que se conceda la ayuda.
c)  Que la suma total de las rentas anuales de las personas que tengan su domicilio 
habitual y permanente en la vivienda arrendada, consten o no como titulares del contrato 
de arrendamiento sean iguales o inferiores a 3 veces el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM). Dicho umbral será de 4 veces el IPREM si se trata de una 
familia numerosa de categoría general, de personas con discapacidad o víctimas de 
terrorismo y de 5 veces el IPREM cuando se trate de familias numerosas de categoría 
especial o de personas con discapacidad con un grado reconocido igual o superior 
al 33 %. En el supuesto de alquiler o cesión de habitación no se incluirá al resto de 
personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda, solamente se 
considerarán las rentas del arrendatario o cesionario.
A estos efectos tendrán la consideración de víctimas del terrorismo las personas que 
hayan sufrido daños incapacitantes como consecuencia de la actividad terrorista, los  es
amenazados y secuestrados, así como el cónyuge o pareja de hecho y los hijos de los  o
anteriores y de los fallecidos. w
rinegnrtedLas)a a osrs rQ ecmnuoídemna iulmtainc oiivdasia ,vo dite aepnmsrde bacai éiuoont bód ejneeno t comce odsaniesóju ln nyc, t oiognc,u itcuraaodlt maood  oiden resfee  qradiuorerirse  ainCto d6e ap0uma0tar iaee  unyert loo Ma soc emc lceielelsanso si óuapna ol ladelo rsaá ,yns sue idnafia  jpa.pero rrju uunicnoiaos    OE-A-2022-80able en https://
de los supuestos previstos en el artículo siguiente. En el caso de alquiler o cesión de uso 
de habitación esta renta o precio deberá ser igual o inferior a 300 euros mensuales.
2.  No podrá concederse la ayuda cuando la persona solicitante o alguna de las que 
tengan  su  residencia  habitual  y  permanente  en  la  vivienda  objeto  del  contrato  de 
arrendamiento o de cesión de uso se encuentre en alguna de las situaciones que a 
continuación se indican:
a)  Ser propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. A estos efectos no se 
considerará que se es propietaria o usufructuaria de una vivienda si el derecho recae 
únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se ha obtenido por herencia o transmisión 
mortis causa sin testamento. Se exceptuarán de este requisito quienes siendo titulares de una 
vivienda acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por 
cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de 
discapacidad del titular o algún miembro de la unidad de convivencia.
b)  Que la persona arrendataria, cesionaria o cualquiera de las que tengan su 
domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada o cedida tenga parentesco en 
primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona arrendadora o 
cedente de la vivienda.
c)  Que la persona arrendataria, cesionaria o cualquiera de las que tengan su 
domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada o cedida sea socio o partícipe 
de la persona física o jurídica que actúe como arrendadora o cedente, exceptuando que 
se trate de cooperativas de vivienda en cesión de uso y sin ánimo de lucro.
3.  Cuando una beneficiaria de esta ayuda cambie su domicilio a otro ubicado en la 
misma comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla, sobre el que suscriba un nuevo 
contrato de arrendamiento o cesión de uso, quedará obligada a comunicar dicho cambio al 
órgano concedente en el plazo máximo de quince días desde la firma del nuevo contrato. La 
persona beneficiaria no perderá el derecho a la subvención por el cambio siempre que con 
el nuevo contrato se cumpla con todos los requisitos, límites y condiciones establecidos en 
este real decreto, y se formalice sin interrupción temporal con el anterior. En estos casos, se 
ajustará la cuantía de la ayuda a la de la nueva renta o precio, debiendo ser, en todo caso, 
igual o inferior a la reconocida que se viniera percibiendo.
Artículo 28.  Modificación del límite de ingresos de la unidad de convivencia y de la 
renta máxima mensual.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán reducir en las 
convocatorias de ayudas el límite máximo de rentas anuales de la unidad de convivencia 
y la renta arrendaticia o precio de cesión máximo mensual establecidos en el artículo 
anterior, en función de las circunstancias sociales, demográficas o económicas que a su 
juicio lo aconsejen.
En determinados ámbitos, podrá incrementarse hasta 900 euros el límite de la renta 
o precio máximo mensual de la vivienda objeto de arrendamiento o cesión cuando así lo 
justifique la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla de que se trate, en base a 
estudios actualizados de oferta de vivienda en alquiler que acrediten tal necesidad. En el 
supuesto de alquiler o cesión de uso de habitación este límite de renta o precio solo 
podrá incrementarse hasta 450 euros mensuales. En todo caso, las convocatorias de 
ayudas que se acojan a este incremento solo se podrán realizar si previamente se ha 
suscrito un Acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el  e.
seno de la Comisión de Seguimiento que acredite su conformidad. w.b
Por otra parte, no será necesaria la suscripción del acuerdo referido en el párrafo  2w
anterior en los siguientes casos:
incream) enEtna rl oesl  slíumpiutee sdtoes  ldae  refanmtail iaos  pnruemcioe romsáaxsi mo od em peenrssuoanl adse c olan  vdiivsiceanpdaac iodbajde,t op adrea 
arrendamiento o cesión que posibilita el acceso a la ayuda, hasta alcanzar 900 euros.
b)  Para  fijar  un  límite  mínimo  de  ingresos  que  deba  acreditar  la  unidad  de 
convivencia o la persona física en el caso de alquiler o cesión de uso de habitación, a la 
hora de acceder a la ayuda.
Artículo 29.  Compatibilidad de la ayuda.
La  ayuda  de  este  programa  deberá  destinarse  obligatoriamente  por  la  persona 
beneficiaria al pago de la renta o precio de su vivienda o habitación habitual y no se 
podrá compatibilizar con ninguna otra ayuda para el pago del alquiler de este Plan, ni 
con las que, para esa misma finalidad, puedan conceder las comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla, las entidades locales o cualesquiera otras administraciones 
o entidades públicas.
No se considerarán afectados por esta incompatibilidad los supuestos excepcionales 
en que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, los municipios, 
otras entidades públicas, organizaciones no gubernamentales o asociaciones aporten 
una ayuda para esa misma finalidad a beneficiarios víctimas de violencia de género, 
víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, personas 
objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas 
especialmente  vulnerables.  Tampoco  se  considerarán  afectados  por  esta 
incompatibilidad los perceptores de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social 
ni los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.
Artículo 30.  Cuantía de la ayuda.
Se concederá a las personas beneficiarias una ayuda de hasta el 50 % de la renta o 
precio mensual que deban satisfacer por el alquiler o cesión en uso de su vivienda o 
habitación habitual y permanente.
Artículo 31.  Plazo de la ayuda.
La ayuda se concederá a las personas beneficiarias por el plazo de hasta cinco años.
Las personas beneficiarias de las ayudas de este programa estarán obligadas a 
comunicar de inmediato al órgano competente de la comunidad autónoma o ciudad de 
Ceuta  y  Melilla  que  le  haya  reconocido  la  ayuda  cualquier  modificación  de  las 
condiciones o requisitos que motivaron tal reconocimiento. En el supuesto de que el 
órgano competente resuelva que la modificación es causa de la pérdida sobrevenida del 
derecho a la ayuda, limitará en su resolución el plazo de concesión de la misma hasta la 
fecha en que se considere efectiva dicha pérdida. A tal efecto, las convocatorias de 
ayudas deberán concretar el plazo y el cauce por el que llevar a cabo esta comunicación.
Artículo 32.  Acceso a la ayuda.
Las  comunidades  autónomas  y  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  podrán  convocar 
procedimientos de concesión de las ayudas mediante convocatorias abiertas de forma 
continuada y permanente. Podrán también convocarse de una sola vez para toda la 
vigencia del Plan.
La ayuda se abonará, con carácter general, de forma periódica por los órganos 
competentes de las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla.
Artículo 33.  Concesión directa de las ayudas. e.e
Las subvenciones correspondientes a este programa de ayuda podrán concederse  w
aqCdrueete íuc ftuoadlr eoymb  2Mea2r e.á2dlni lil draese ecd ltreaa    jqLuucesoetyinf  i3scfeo8a r/dt2mra0aes0t e,3  ae,y   ncsu lioeca amndedpasort e acc bdoalenseonccu,ti drropor ao dnree   llnalaa s s cc roduamiazslopqunouneniiedsibra apidl ri deadavuedist eótaslnos ops me rensas u dupoipcu uhceeoisus tadtoarastrdí ica udsdle.oel    OE-A-2022-80able en https://
Artículo 34.  Gestión de la ayuda mediante entidades arrendadoras colaboradoras.
En los casos en que exista una entidad colaboradora que actúe, además, como 
arrendadora  o  cedente  de  las  viviendas  o  habitaciones,  podrá  acordarse  en  la 
convocatoria de la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla que la entidad 
colaboradora gestione directamente lo relativo a la recepción de la ayuda para su directa 
aplicación al pago del alquiler o precio de la cesión en uso mediante, en su caso, el 
correspondiente descuento.
CAPÍTULO IV
Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto 
de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas 
especialmente vulnerables
Artículo 35.  Objeto del programa.
Este programa tiene por objeto facilitar una solución habitacional inmediata a las 
personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación 
sexual, víctimas de violencia sexual, a las personas objeto de desahucio de su vivienda 
habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables.
Artículo 36.  Personas beneficiarias.
1.  Podrán ser beneficiarias las personas víctimas de violencia de género, víctimas 
de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, las personas 
objeto de desahucio de su vivienda habitual, las personas sin hogar y otras personas 
especialmente vulnerables. A estos efectos se considerarán personas especialmente 
vulnerables  a  aquellas  que  sean  consideradas  como  tales  por  las  comunidades 
autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla previo informe de los Servicios Sociales de las 
comunidades autónomas o de las administraciones locales correspondientes.
Las comunidades autónomas y  las ciudades  de Ceuta y Melilla podrán regular 
supuestos específicos de especial vulnerabilidad con objeto de que su acreditación sea 
inmediata sin necesidad de la consideración caso a caso.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán considerar 
excepcionalmente, de forma inmediata, situaciones de sinhogarismo acreditadas por 
entidades colaboradoras debidamente habilitadas.
2.  No podrán ser beneficiarias aquellas personas que dispongan de una vivienda en 
propiedad o en régimen de usufructo, que puedan ocupar tras la acreditación de la condición 
de víctima de violencia de género, víctima de trata con fines de explotación sexual, víctima de 
violencia sexual, o el desahucio de su vivienda habitual o la consideración de especialmente 
vulnerable y cuya ocupación sea compatible con dichas situaciones.
3.  Podrán ser beneficiarias las administraciones públicas, sociedades mercantiles 
participadas mayoritariamente por las distintas administraciones públicas, entidades de 
utilidad pública, empresas públicas y entidades benéficas, de economía colaborativa o 
similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional 
a  las  personas  víctimas  de  violencia  de  género,  víctimas  de  trata  con  fines  de 
explotación sexual, víctimas de violencia sexual, a las personas objeto de desahucio de 
su  vivienda  habitual,  a  las  personas  sin  hogar  y  a  otras  personas  especialmente  s
vulnerables y siempre por cuenta de ellas. e.
Artículo 37.  Solución habitacional. 2w
1.  Las  comunidades  autónomas  o  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  pondrán  a
deixspploostaicciióónn  dsee xlau apl,e rvsíocntiam av ícdteim avi odlee nvciioal esnecxiau adle,  ogbéjneetoro ,d eví cdtiemsaa hduec itor adtae  csoun  vfiinveiesn ddae 
habitual, sin hogar o especialmente vulnerable, una vivienda de titularidad pública o
privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios, accesibilidad y 
localización, para su disfrute, de forma individual o compartida, en régimen de alquiler, 
de cesión de uso o en cualquier régimen de disfrute temporal admitido en derecho, 
respetando, en su caso, los procedimientos de adjudicación de vivienda que tengan 
establecidos las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla para los parques 
de vivienda de titularidad pública.
2.  Esta solución habitacional se hace extensible excepcional y provisionalmente, si 
se acredita que no es posible la puesta en disposición de una vivienda conforme a lo 
señalado en el apartado anterior, para cualquier alojamiento o dotación residencial, 
susceptible de solventar el problema habitacional de las personas víctimas de violencia 
de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia 
sexual,  objeto  de  desahucio  de  su  vivienda  habitual,  sin  hogar  o  especialmente 
vulnerables. En todo caso se deberán salvaguardar los derechos constitucionales a la 
intimidad y a la libertad de tránsito de las personas alojadas.
3.  Se  procurará  que  nadie  viva  en  viviendas  o  soluciones  habitacionales  de 
emergencia o de transición más tiempo del necesario para su traslado exitoso a una 
vivienda o solución habitacional permanente.
Artículo 38.  Renta arrendaticia o precio de la cesión.
La renta arrendaticia o precio de cesión de la vivienda, alojamiento o solución 
habitacional objeto del contrato de arrendamiento o cesión deberá ser igual o inferior 
a 600 euros mensuales. En esta renta o precio no se incluye el importe que pudiera 
corresponder a anejos tales como plazas de garaje, trasteros o similares.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán incrementar 
este  límite  máximo  de  la  renta  arrendaticia  o  precio  de  cesión  hasta  900  euros 
mensuales  cuando  así  lo  justifiquen  en  base  a  estudios  actualizados  de  oferta  de 
vivienda en alquiler en contraste con la urgencia de la solución habitacional requerida.
En todo caso, las convocatorias o concesiones de ayudas que se acojan a este 
incremento deberán ser conformadas en un acuerdo con el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana en el seno de la correspondiente comisión de seguimiento.
Artículo 39.  Cuantía de la ayuda.
1.  Podrá concederse una ayuda de hasta 600 euros al mes, o 900 euros al mes en 
los supuestos de incremento del límite máximo de la renta arrendaticia o precio de 
cesión referidos en el artículo anterior, y en todo caso de hasta el 100 % de la renta o 
precio de la vivienda o solución habitacional a disfrutar en régimen de arrendamiento, 
cesión en uso o en cualquier régimen de disfrute temporal admitido en derecho.
2.  Podrá concederse otra ayuda de hasta 200 euros al mes para atender los gastos 
de mantenimiento, seguros, comunidad, y suministros básicos de la vivienda o solución 
habitacional, incluidos los gastos de acceso a Internet, con el límite del 100 % de dichos 
gastos. Esta ayuda será compatible con cualquier otra ayuda para el mismo objeto con la 
limitación de no sumar mayor importe que el coste y con las limitaciones reguladas en 
las disposiciones que regulen las otras ayudas, especialmente para el caso de los gastos 
de  acceso  a  internet  con  las  reguladas  en  el  Real  Decreto  989/2021,  de  16  de 
noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a 
las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución del programa de emisión de 
bonos digitales para colectivos vulnerables, en el marco del Plan de Recuperación,  es
Transformación y Resiliencia. bo
3.  Los servicios sociales de la comunidad autónoma o de la administración local  w
ecdeocexorc rClneuóessmupiótoiancn  adso oi eMycn ieatselli o lylhca adi adbel erl átsdeneer gm duleiain m ianuirfeáonn ridltmaoa  adcsr uo, acddineeat  lí facqo ourdmneev a piev rpseortnceaeccside aaap, y tyiusv dulaaa   yscs  oivtdmuienaunccnutiróilodan an ddtede  ae,l ou sstovó ublnílrmnoeem iltraeaa s bso iidl ticudeiaa uecddis aótdone     OE-A-2022-80able en https://
artículo, atendiendo al informe de los servicios sociales y a las circunstancias personales
de la persona beneficiaria. Esta determinación se podrá hacer de forma individualizada o 
generalizada para supuestos similares.
Artículo 40.  Plazo de la ayuda.
La ayuda se podrá conceder por un plazo de hasta cinco años.
Así  mismo  la  ayuda  para  atender  a  los  gastos  de  mantenimiento,  seguros, 
comunidad y suministros básicos de la vivienda se podrá conceder también por un plazo 
de hasta cinco años.
Artículo 41.  Acceso a la ayuda.
Las  comunidades  autónomas  y  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  convocarán 
procedimientos de concesión de las ayudas mediante convocatorias abiertas de forma 
continuada  y  permanente  pudiendo  accederse  a  la  ayuda  también,  a  través  del 
reconocimiento de una prestación a las personas que cumplan los requisitos para ser 
beneficiarios de este programa.
Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla deberán realizar la 
primera convocatoria o resolución de estas ayudas en el plazo más breve posible desde 
la firma del correspondiente convenio de colaboración suscrito con el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la ejecución de este Plan.
No se podrá resolver la concesión de ninguna ayuda de ningún programa de los 
regulados en este real decreto hasta que se hayan convocado o resuelto ayudas de este 
programa.
La ayuda se abonará, con carácter general, de forma periódica por los órganos 
competentes de las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla.
La ayuda se podrá abonar directamente a la persona física o jurídica arrendadora de 
la vivienda para su directa aplicación al pago del alquiler mediante el correspondiente 
descuento y por cuenta de la persona arrendataria.
Artículo 42.  Concesión directa de la ayuda.
Las subvenciones correspondientes a este programa de ayuda podrán concederse de 
forma directa conforme a lo establecido en del artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, por razones 
sociales y humanitarias, habida cuenta de la evidente y notoria urgencia y necesidad de dotar 
de solución habitacional a todos los potenciales beneficiarios de la ayuda regulada en este 
programa y siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias.
CAPÍTULO V
Programa de ayuda a las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad 
sobrevenida
Artículo 43.  Objeto del programa.
Este programa tiene por objeto la concesión de una ayuda para el pago del alquiler a 
las  personas  arrendatarias  de  vivienda  habitual  en  el  supuesto  de  vulnerabilidad 
sobrevenida.
Artículo 44.  Personas beneficiarias. e
1.  Podrán ser beneficiarias de las ayudas contempladas en este programa las  w.
psiegrusioennatess :físicas mayores de edad que reúnan todos y cada uno de los requisitos  2022-802n https://w
viviean)d aS foerrm taitulizlaard, oe enn  cloasli dtéardm idneo sa drree lnad Laetayr i2o9, /1d9e9 4u.n contrato de arrendamiento de  BOE-A-cable e
b)  Que la vivienda arrendada constituya la residencia habitual y permanente de la 
persona  arrendataria,  lo  que  deberá  acreditarse  mediante  certificado  o  volante  de 
empadronamiento en el que consten, a fecha de la solicitud, las personas que tienen su 
domicilio  habitual  en  la  vivienda  objeto  del  contrato  de  arrendamiento.  La  vivienda 
constituirá domicilio habitual y permanente durante todo el periodo por el que se conceda 
la ayuda.
c)  Que las rentas anuales de las personas que tengan su domicilio habitual y 
permanente en la vivienda arrendada, consten o no como titulares del contrato de 
arrendamiento fueren, antes del devenir de la vulnerabilidad, iguales o inferiores a 5 
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Dicho umbral será 
de 5,5 veces el IPREM si se trata de una familia numerosa de categoría general, de 
personas con discapacidad o víctimas del terrorismo y de 6 veces el IPREM cuando se 
trate de familias numerosas de categoría especial o de personas con discapacidad con 
un grado reconocido igual o superior al 33 %.
A estos efectos tendrán la consideración de víctimas del terrorismo las personas que 
hayan sufrido daños incapacitantes como consecuencia de la actividad terrorista, los 
amenazados y secuestrados, así como el cónyuge o pareja de hecho y los hijos de los 
anteriores y de los fallecidos.
d)  Que la vivienda objeto del contrato de arrendamiento lo sea por una renta o 
precio igual o inferior a 900 euros mensuales.
e)  Que la persona arrendataria haya devenido vulnerable por haber sido reducidos, 
dentro de los dos años anteriores a la solicitud de la ayuda, los ingresos netos del 
conjunto de la unidad de convivencia de forma sustancial, en un 20 % como mínimo, de 
forma que no superen 3 veces el IPREM y que el esfuerzo para el pago de la renta 
arrendaticia,  incluidas  las  repercusiones  autorizadas  por  la  legislación  aplicable, 
satisfechas por la persona arrendataria, supere el 30 % de los ingresos netos de la 
misma. A estos efectos el cómputo de los ingresos netos se realizará en cómputo anual 
aplicando, en su caso, los prorrateos que correspondan.
2.  No podrá concederse la ayuda cuando la persona solicitante o alguna de las que 
tengan  su  residencia  habitual  y  permanente  en  la  vivienda  objeto  del  contrato  de 
arrendamiento se encuentre en alguna de las situaciones que a continuación se indican:
a)  Ser propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. A estos efectos no 
se considerará que se es propietaria o usufructuaria de una vivienda si el derecho recae 
únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se ha obtenido por herencia o 
transmisión mortis causa sin testamento. Se exceptuarán de este requisito quienes 
siendo titulares de una vivienda acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda 
resulte inaccesible por razón de discapacidad del titular o algún miembro de la unidad de 
convivencia.
b)  Que la arrendataria o cualquiera de los que tengan su domicilio habitual y 
permanente en la vivienda arrendada tenga parentesco en primer o segundo grado de 
consanguinidad o de afinidad con la arrendadora o cedente de la vivienda.
c)  Que  la  arrendataria  o  cualquiera  de  las  personas  que  tengan  su  domicilio 
habitual y permanente en la vivienda arrendada sea socio o partícipe de la persona física 
o jurídica que actúe como arrendadora, exceptuando que se trate de cooperativas de 
vivienda en cesión de uso y sin ánimo de lucro.
Artículo 45.  Compatibilidad de la ayuda. bo
bcoemneLpfaaic tiiaabyriliuiazd aaar  l cdopena  genosi ntdege u nplarao  gorrteraanm taaa y uaddreraeb nepdraáar taidc eieals  ptdinaeag ross ued  evol ibvailleiqgnuaditloearr i ahdmaeb eeitnusttaeel   Ppyol arnn o,la  n sie pc eoprnsoo dlnaráas    2022-802n https://w
que,  para  esa  misma  finalidad,  puedan  conceder  las  comunidades  autónomas  y
ciudades de Ceuta y Melilla, las entidades locales o cualesquiera otras administraciones 
o entidades públicas.
Artículo 46.  Cuantía de la ayuda.
Se concederá a las personas beneficiarias una ayuda de hasta el 100 % de la renta 
arrendaticia mensual que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y 
permanente.
Los  servicios  sociales  de  la  comunidad  autónoma  o  de  la  administración  local 
correspondiente habrán de informar, de forma preceptiva y vinculante, sobre la situación 
de vulnerabilidad sobrevenida y del seguimiento social que proceda y la comunidad 
autónoma o ciudad de Ceuta o Melilla determinará la cuantía de esta ayuda dentro de los 
límites  de  este  artículo,  atendiendo  al  informe  de  los  servicios  sociales  y  a  las 
circunstancias personales de la persona beneficiaria. Esta determinación se podrá hacer 
de forma individualizada o generalizada para supuestos similares.
Artículo 47.  Plazo de la ayuda.
La ayuda se concederá a las personas beneficiarias por el plazo en que se mantenga 
la vulnerabilidad sobrevenida y con el límite de hasta dos años.
Las personas beneficiarias de las ayudas de este programa estarán obligadas a 
comunicar de inmediato al órgano competente de la comunidad autónoma o ciudad de 
Ceuta  y  Melilla  que  le  haya  reconocido  la  ayuda  cualquier  modificación  de  las 
condiciones o requisitos que motivaron tal reconocimiento. En el supuesto de que el 
órgano competente resuelva que la modificación es causa de la pérdida sobrevenida del 
derecho a la ayuda, limitará en su resolución el plazo de concesión de la misma hasta la 
fecha en que se considere efectiva dicha pérdida. A tal efecto, las convocatorias de 
ayudas deberán concretar el plazo y el cauce por el que llevar a cabo esta comunicación.
Artículo 48.  Acceso a la ayuda.
Las  comunidades  autónomas  y  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  convocarán 
procedimientos de concesión de las ayudas mediante convocatorias abiertas de forma 
continuada y permanente.
La  ayuda  podrá  ser  reconocida  desde  el  primer  mes  en  que  se  materialice  la 
vulnerabilidad sobrevenida.
La ayuda se abonará, con carácter general, de forma periódica por los órganos 
competentes de las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla.
Artículo 49.  Concesión directa de las ayudas.
Las subvenciones correspondientes a este programa de ayuda podrán concederse 
de forma directa conforme a lo establecido en del artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, por 
razones sociales y humanitarias, habida cuenta de la evidente y notoria urgencia de 
posibilitar el mantenimiento en la vivienda de todos los potenciales beneficiarios de la 
ayuda  regulada  en  este  programa  y  siempre  dentro  de  las  disponibilidades 
presupuestarias.
Artículo 50.  Pago de la ayuda.
La ayuda se abonará directamente a la persona física o jurídica arrendadora de la  o
vivienda para su directa aplicación al pago del alquiler mediante el correspondiente  w
descuento y por cuenta de la persona arrendataria.
CAPÍTULO VI
Programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico
Artículo 51.  Objeto del programa.
1.  Este programa tiene por objeto facilitar el acceso al disfrute de una vivienda o 
habitación digna y adecuada en régimen de alquiler o de cesión en uso a las personas 
jóvenes con escasos medios económicos, mediante el otorgamiento de ayudas directas 
a la persona arrendataria o cesionaria o facilitando a las personas jóvenes el acceso a 
una vivienda en régimen de propiedad localizada en un municipio o núcleo de población 
de  pequeño  tamaño,  mediante  la  concesión  de  una  subvención  directa  para  su 
adquisición.
Tiene  también  por  objeto  contribuir  al  reto  demográfico  de  la  recuperación  de 
población en municipios o núcleos de población de pequeño tamaño.
2.  A los efectos de este Plan, se entiende por municipio o núcleo de población de 
pequeño tamaño el que posea una población residente igual o inferior a los 10.000 
habitantes en el momento de la entrada en vigencia de este real decreto.
Artículo 52.  Opciones de ayudas.
Este programa regula dos opciones de ayudas a la persona arrendataria, cesionaria 
o adquirente de la vivienda no simultáneas entre sí:
1.  Ayuda para el pago de la renta del alquiler o precio de cesión en uso de la 
vivienda o habitación habitual y permanente.
2.  Ayuda para la adquisición de vivienda habitual y permanente localizada en un 
municipio o núcleo de población de pequeño tamaño.
Artículo 53.  Personas beneficiarias.
1.  Podrán ser beneficiarias de las ayudas de este programa contempladas en la 
opción 1 del artículo 52 las personas físicas mayores de edad que reúnan todos y cada 
uno de los requisitos siguientes:
a)  Ser titular o estar en condiciones de suscribir un contrato de arrendamiento de 
vivienda formalizado en los términos de la Ley 29/1994, en calidad de arrendatario, de un 
contrato de cesión en uso en calidad de cesionario o de alquiler o cesión de uso de 
habitación en calidad de arrendatario o cesionario.
b)  Tener menos de treinta y cinco años, incluida la edad de treinta y cinco años, en 
el momento de solicitar la ayuda.
c)  Que la vivienda o habitación arrendada, cedida o a arrendar o ceder, constituya o 
vaya a constituir la residencia habitual y permanente del arrendatario, lo que deberá 
acreditarse:
1.º  En el caso de ser titular del contrato de arrendamiento o cesión de vivienda o 
habitación, mediante certificado o volante de empadronamiento en el que consten, a 
fecha de la solicitud, las personas que tienen su domicilio habitual en la vivienda objeto 
del contrato.
2.º  En el caso de personas que deseen acceder a un arrendamiento o cesión de 
vivienda o habitación, el citado certificado o volante deberá aportarse en el plazo de dos  e.
meses desde la resolución de concesión de la ayuda, que quedará condicionada a su  w.
aportación. 2w
d)  Que las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda
aternregnadna, dean o c coendjuidnato, ,c ounnsatse nr eon ntaos c oamnuoa lteitsu laigreusa ldees l oco inntfreartioo rdees  aar re3n vdeacmeise netol  Ion dciecsaidóonr, 
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Dicho umbral será de 4 veces el IPREM
si se trata de personas con discapacidad o de personas que sean hijos o hijas de 
víctimas de violencia de género y de 5 veces el IPREM cuando se trate de personas con 
discapacidad con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 %. En el 
supuesto de alquiler o cesión de habitación no se incluirá al resto de personas que 
tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda, solamente se considerarán las 
rentas del arrendatario o cesionario.
e)  Que la vivienda objeto del contrato de arrendamiento o cesión lo sea por una 
renta o precio igual o inferior a 600 euros mensuales, sin perjuicio de los supuestos 
previstos  en  el  artículo  siguiente.  En  el  supuesto  de  alquiler  o  cesión  de  uso  de 
habitación esta renta o precio habrá de ser igual o inferior a 300 euros mensuales.
No podrá concederse la ayuda cuando la persona solicitante o alguna de las que 
tengan  su  residencia  habitual  y  permanente  en  la  vivienda  objeto  del  contrato  de 
arrendamiento o cesión se encuentre en alguna de las situaciones que a continuación se 
indican:
a)  Ser propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. Se exceptuarán de 
este requisito quienes siendo titulares de una vivienda acrediten la no disponibilidad de la 
misma por causa de separación o divorcio, o no puedan habitarla por cualquier otra 
causa  ajena  a  su  voluntad  o  cuando  la  vivienda  resulte  inaccesible  por  razón  de 
discapacidad del titular o algún miembro de la unidad de convivencia.
b)  Que la persona arrendataria, cesionaria o cualquiera de las personas que tengan 
su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada o cedida tenga parentesco 
en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona arrendadora 
o cedente de la vivienda.
c)  Que la persona arrendataria, cesionaria o cualquiera de las personas que tengan su 
domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada o cedida sea socio o partícipe de 
la persona física o jurídica que actúe como arrendador o cedente, exceptuando que se trate 
de cooperativas de vivienda en cesión de uso y sin ánimo de lucro.
Cuando una persona beneficiaria de esta ayuda cambie su domicilio a otro ubicado 
en la misma comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla, sobre el que suscriba un 
nuevo contrato de arrendamiento o cesión de vivienda o habitación, quedará obligada a 
comunicar dicho cambio al órgano concedente en el plazo máximo de quince días desde 
la  firma  del  nuevo  contrato.  La  persona  beneficiaria  no  perderá  el  derecho  a  la 
subvención por el cambio siempre que con el nuevo arrendamiento o cesión se cumplan 
con todos los requisitos, límites y condiciones establecidos en este real decreto, y que el 
nuevo contrato se formalice sin interrupción temporal con el anterior. En estos casos, se 
ajustará la cuantía de la ayuda a la del nuevo alquiler o cesión, debiendo ser, en todo 
caso, igual o inferior a la reconocida que se viniera percibiendo.
2.  Podrán ser beneficiarias de las ayudas de este programa contempladas en la 
opción 2 del artículo 52 las personas físicas que reúnan todos y cada uno de los 
requisitos siguientes:
a)  Haber suscrito a partir del 1 de enero de 2022 o estar en condiciones de suscribir 
un contrato público o privado de adquisición de vivienda localizada en un municipio o núcleo 
de población de pequeño tamaño, incluido el supuesto de vivienda a edificar y disponer de 
unas rentas anuales iguales o inferiores a 3 veces el IPREM. Dicho umbral será de 4 veces 
el IPREM si se trata de personas con discapacidad y de 5 veces el IPREM cuando se trate 
de personas con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: i) personas con parálisis  e.
cerebral,  personas  con  enfermedad  mental,  personas  con  discapacidad  intelectual  o  w.
personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o  2w
sduispcearpioarc iadla 3d3 r epcoorn o1c0i0d oii )ig puearl soo nsuaps ecrioonr  adli s3c3a ppoarc i1d0a0d. física o sensorial, con un grado de
el mbo)m  eTnetnoe dre m seonliocsit adre la t raeyinutdaa y o c einnc oe l amñooms, einnctolu didea l ala s eudsacrdip dceió tnre dinetla c oyn ctirnactoo  paúñbolsic, oe no   BOE-A-cable e
privado de adquisición de vivienda cuando esta se realice antes de la convocatoria y 
después del 1 de enero de 2022.
c)  Que la vivienda a adquirir vaya a constituir la residencia habitual y permanente de la 
persona beneficiaria por un plazo mínimo de cinco años desde la fecha su adquisición, 
debiendo ser ocupada en el plazo máximo de tres meses desde su entrega por la entidad 
vendedora. El plazo de cinco años podrá ser inferior cuando sobrevengan cambios de 
domicilio por razones laborales o cuando se enajene la vivienda reinvirtiendo el total del 
importe  obtenido  con  la  enajenación  en  la  adquisición  de  otra  vivienda  habitual  y 
permanente que se adecúe a las nuevas circunstancias familiares del beneficiario.
En el supuesto de vivienda a edificar el plazo mínimo de cinco años computará 
desde la efectiva entrega de la vivienda al adquirente.
d)  Que el precio de adquisición de la vivienda sea igual o inferior a 120.000 euros.
No  podrá  concederse  la  ayuda  cuando  la  persona  solicitante  sea  propietaria  o 
usufructuaria de alguna vivienda en España. A estos efectos no se considerará que se 
es propietaria o usufructuaria de una vivienda si el derecho recae únicamente sobre una 
parte alícuota de la misma y se ha obtenido por herencia o transmisión mortis causa sin 
testamento. Se exceptuarán de este requisito quienes siendo titulares de una vivienda 
acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, o no 
puedan habitarla por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda 
resulte inaccesible por razón de discapacidad de la persona titular o algún miembro de la 
unidad de convivencia.
Artículo 54.  Modificación de la renta máxima mensual.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, en relación con la 
ayuda para el pago de la renta del alquiler o precio de la cesión de vivienda del 
apartado 1 del artículo 52, podrán incrementar hasta 900 euros la renta o precio máximo 
mensual cuando así lo justifiquen en base a estudios actualizados de oferta de vivienda 
en alquiler o cesión que acrediten tal necesidad. En el supuesto de alquiler o cesión de 
uso de habitación este incremento solo podrá ser hasta 450 euros mensuales. En todo 
caso, las convocatorias de ayudas que se acojan a esta excepción solo se podrán 
realizar  si  previamente  han  suscrito  un  acuerdo  con  el  Ministerio  de  Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana en el seno de la Comisión de Seguimiento que acredite la 
conformidad del Ministerio.
Artículo 55.  Compatibilidad de la ayuda.
1.  La  ayuda  para  el  pago  de  la  renta  del  alquiler  o  precio  de  la  cesión  del 
apartado 1 del artículo 52 deberá destinarse obligatoriamente al pago de la renta del 
alquiler o del precio de la cesión en uso de la vivienda o habitación habitual, y no se 
podrá compatibilizar con ninguna otra ayuda para el pago del alquiler o de la cesión en 
uso de este Plan o que puedan conceder las comunidades autónomas y ciudades de 
Ceuta y Melilla, las entidades locales o cualesquiera otras administraciones o entidades 
públicas.
No se considerarán afectados por esta incompatibilidad los supuestos excepcionales 
en que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, los municipios, 
otras entidades públicas, organizaciones no gubernamentales o asociaciones aporten 
una ayuda para esa misma finalidad a beneficiarios víctimas de violencia de género,  s
víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, personas  oe.
objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas  w.
ienscpoePmcopiara lmotibterialni dtepa adr tleov,su  lepnseetrraca ebapleytous.rd eas  Tsdaeemr ápp reeosxctpoar ceisosaneme se nnctoeo  cncosonidmteriprbaaurttáiibvnlae s  cdaoefne l calta aS deaogysuu driadp adoder S l oBceoisantloa.   2022-802n https://w
Alquiler Joven, regulada en el título I de este real decreto, siempre y cuando se cumplan
las condiciones señaladas en el artículo siguiente. Bc
2.  La ayuda a la adquisición de vivienda del apartado 2 del artículo 52 deberá 
destinarse  obligatoriamente  a  la  adquisición  de  vivienda  habitual  y  permanente 
localizada en un municipio o núcleo de población de 10.000 habitantes o menos y será 
compatible con cualquier otra ayuda para el mismo objeto que otorgue cualquier otra 
institución pública o privada.
Artículo 56.  Cuantía de la ayuda.
1.  La cuantía de la ayuda al alquiler o cesión en uso del apartado 1 del artículo 52 
será de hasta el 60 % de la renta o precio mensual que deba satisfacer la persona 
beneficiaria por el alquiler o uso de su vivienda o habitación habitual y permanente.
En el supuesto específico de compatibilidad con el Bono Alquiler Joven, referido en el 
párrafo tercero del apartado 1 del artículo anterior, la cuantía de la ayuda será de hasta 
el 40 % de la diferencia entre la renta o precio mensual que deba satisfacer la persona 
beneficiaria por el alquiler o cesión de su vivienda o habitación habitual y permanente y 
la cuantía de 250 euros mensuales correspondientes al Bono Alquiler Joven. En todo 
caso la suma de la ayuda del Bono Alquiler Joven y de la ayuda al alquiler o cesión 
regulada en este programa no podrá ser superior al 75 % del importe de la renta o precio 
de la vivienda o habitación. A tal efecto y en su caso la ayuda al alquiler o cesión 
regulada en este programa se vería reducida en la cuantía necesaria.
2.  La cuantía de la ayuda a la adquisición de vivienda del apartado 2 del artículo 36 
será de hasta 10.800 euros por vivienda, con el límite del 20 % del coste de adquisición 
de la vivienda. En el supuesto de adquisición de la propiedad de una vivienda por más 
de una persona, el importe de la ayuda que pudiera recibir una persona beneficiaria, que 
adquiere una parte de la misma, se determinará aplicando al importe de la ayuda que 
correspondería  a  la  adquisición  del  100  %  de  la  vivienda  el  porcentaje  de  cuota 
adquirida.
Artículo 57.  Plazos y abono de la ayuda.
1.  Ayuda al alquiler o cesión en uso del apartado 1 del artículo 52.
La ayuda al alquiler o cesión en uso del apartado 1 del artículo 52 se concederá a las 
personas beneficiarias por el plazo de cinco años. No obstante, y siempre que haya 
razones que lo justifiquen, las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla 
podrán conceder esta ayuda por plazo inferior a cinco años.
Las personas beneficiarias de las ayudas de este programa estarán obligadas a 
comunicar  de  inmediato,  incluso  durante  la  tramitación  de  la  solicitud,  al  órgano 
competente  de  la  comunidad  autónoma  o  ciudad  de  Ceuta  y  Melilla  que  le  haya 
reconocido  la  ayuda,  cualquier  modificación  de  las  condiciones  o  requisitos  que 
motivaron tal reconocimiento y que pueda determinar la pérdida sobrevenida del derecho 
a  la  ayuda.  En  este  supuesto,  y  en  su  caso,  dicho  órgano  competente  resolvería 
limitando el plazo de concesión de la ayuda hasta la fecha de la pérdida sobrevenida del 
derecho. A tal efecto, las convocatorias de ayudas deberán concretar el plazo y el cauce 
por el que llevar a cabo esta comunicación.
Estas ayudas se abonarán, con carácter general, de forma periódica por los órganos 
competentes de las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla.
2.  Ayuda para la adquisición de vivienda del apartado 2 del artículo 52.
Las personas beneficiarias de la ayuda para adquisición de vivienda habitual y  bo
permanente del apartado 2 del artículo 52 dispondrán de un plazo de tres meses, desde  w
lcao mfeucnhiad adde  anuotótifnicoamcaió no  dceiu ldaa dre sdoel uCcieóunt ad eo  cMonecliellasi ólan  dees clrait uarayu dpaú,b lpicaar ao  aeplo rctaorn tara tloa 
pproivdarád ot radtea rcsoem dper alvae andtaq uqisuiec ióanc reddei tuen laa  vaivdiqeunidsaic ióyna  dcoen lsat ruviidvaie nod ad.e  Eunn aa mvibvoiesn dcaa seons 
construcción, siendo necesario que, en este último supuesto, en el contrato privado o
escritura pública de compraventa figure la ayuda concedida como parte de la entrega a 
cuenta para la adquisición de la vivienda, salvo que la adquisición fuera previa a la 
convocatoria de la ayuda y posterior al 1 de enero de 2022 en cuyo caso no será 
preceptivo que figure la ayuda concedida en el referido contrato privado o escritura 
pública de compraventa.
Esta ayuda no podrá concederse para la adquisición de viviendas cuya construcción, 
acreditada con el certificado de inicio de obra suscrito por técnico competente, se inicie 
una  vez  transcurrido  el  plazo  de  seis  meses  desde  la  fecha  de  notificación  de  la 
resolución de concesión de la ayuda.
La ayuda solo podrá ser abonada a la beneficiaria cuando aporte la escritura pública 
de compraventa en la que la misma conste como parte del pago, salvo que la adquisición 
fuera previa a la convocatoria de la ayuda y posterior al 1 de enero de 2022, en cuyo 
caso no será preceptivo que figure la ayuda concedida en el referido contrato privado o 
escritura pública de compraventa. A tal efecto, el beneficiario y la entidad vendedora de 
la vivienda podrán acordar que el abono de la ayuda sea realizado por la comunidad 
autónoma o ciudad de Ceuta o Melilla directamente a dicha entidad como parte de dicho 
pago. En el supuesto de no aportar escritura pública de compraventa solo se podrá 
abonar la ayuda a la persona beneficiaria cuando aporte el contrato privado en el que 
conste la ayuda como parte del pago en la modalidad de entregas a cuenta y el 
correspondiente aval o seguro sobre las entregas a cuenta exigidos por la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
En cualquier supuesto en el que no se perfeccione la adquisición de la vivienda y la 
ayuda ya hubiera sido abonada, la persona beneficiaria o la entidad que la percibió por 
cuenta  de  la  misma  habrán  de  reintegrarla  al  Tesoro  Público  conforme  a  los 
procedimientos regulados al respecto.
Artículo 58.  Acceso a la ayuda.
Las  comunidades  autónomas  y  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  convocarán 
procedimientos de concesión de las dos opciones de ayuda reguladas en el artículo 52, 
mediante convocatorias abiertas de forma continuada y permanente.
La ayuda de la opción 1 se abonará, con carácter general, de forma periódica por los 
órganos competentes de las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla.
La ayuda de la opción 2 se abonará de una sola vez por los órganos competentes de 
las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla.
Artículo 59.  Concesión directa de las ayudas.
Las subvenciones correspondientes a este programa de ayuda podrán concederse 
de  forma  directa  conforme  a  lo  establecido  en  cualquiera  de  los  supuestos  del 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, cuando concurran las razones previstas en dicho artículo 
que deberán ser justificadas, en cada caso, por la comunidad autónoma o ciudad de 
Ceuta y Melilla de que se trate y siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias.
Artículo 60.  Gestión de la ayuda mediante entidades colaboradoras.
En relación con las ayudas del artículo 52 si existiera una entidad colaboradora que 
actúe como arrendadora, cedente o vendedora de las viviendas, podrá acordarse en la 
convocatoria de la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla que dicha entidad  s
gestione directamente la recepción de la ayuda, siempre por cuenta de la persona  oe.
beneficiaria, para su directa aplicación al pago de la renta del alquiler, precio de la cesión  w.
en uso o precio de venta mediante el correspondiente descuento. 2w
CAPÍTULO VII
Programa de incremento del parque público de viviendas
Artículo 61.  Objeto del programa.
El  objeto  de  este  programa  es  el  incremento  del  parque  público  de  viviendas, 
mediante la adquisición de viviendas, de forma individualizada o en bloque, por las 
administraciones  públicas,  los  organismos  públicos  y  demás  entidades  de  derecho 
público, así como las empresas públicas, público-privadas y sociedades mercantiles 
participadas  mayoritariamente  por  las  administraciones  públicas  o  en  las  que  se 
garantice la permanencia y control de las administraciones públicas en al menos el 50 
por ciento del capital, para ser destinadas al alquiler o cesión en uso.
Artículo 62.  Requisitos de las viviendas.
Podrán obtener financiación con cargo a las ayudas de este programa las viviendas 
adquiridas, de forma individualizada o en bloque, por las administraciones públicas, los 
organismos públicos y demás entidades de derecho público, así como las empresas 
públicas, público-privadas y sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por 
las administraciones públicas o en las que se garantice la permanencia y control de las 
administraciones públicas en al menos el 50 por ciento del capital, que se vayan a 
destinar al alquiler o cesión en uso durante un plazo mínimo, en ambos casos, de 
cincuenta años.
El destino por un plazo de al menos cincuenta años al arrendamiento o a la cesión en 
uso deberá constar, en todo caso, en nota marginal en el Registro de la Propiedad.
Este plazo se computará desde la fecha de adquisición de cada vivienda.
Las  viviendas  deberán  ser  calificadas  como  viviendas  de  protección  oficial  en 
cualquiera de los regímenes ya existentes en la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta 
y Melilla de que se trate o en nuevo régimen que regulen al efecto, salvo que la 
comunidad autónoma o ciudad motive la no procedencia de tal calificación.
Las viviendas deberán ser accesibles y estar en condiciones de ser habitadas. En 
caso de no estar en condiciones de ser habitadas podrán financiarse las obras de 
habitabilidad, adecuación o accesibilidad con ayudas de este programa conforme a las 
limitaciones establecidas en el artículo 67.
Artículo 63.  Personas o entidades beneficiarias de las ayudas.
Podrán  ser  beneficiarias  de  estas  ayudas  las  administraciones  públicas,  los 
organismos públicos y demás entidades de derecho público, así como las empresas 
públicas, público-privadas y sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por 
las administraciones públicas o en las que se garantice la permanencia y control de las 
administraciones públicas en al menos el 50 por ciento del capital.
Podrán ser beneficiarias también las fundaciones, las empresas de economía social 
y  sus  asociaciones,  las  empresas  calificadas  de  promotor  social  por  la  comunidad 
autónoma donde se ubique la vivienda, cooperativas de autoconstrucción, sociedades 
cooperativas  de  viviendas  en  régimen  de  autopromoción,  las  organizaciones  no 
gubernamentales y las asociaciones declaradas de utilidad pública y aquéllas a las que 
se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, siempre que actúen sin ánimo de lucro. e.
Artículo 64.  Acceso a la ayuda. 2ww
pcoronctLienadusiam diceaon ymt opusen rdimdeaa dcneoesnn cteea.suiótónn doem alass  ayy udcaiusd amdeedsi andtee  coCnevuotcaa toyr iasM ealbililear tacso ndveo fcoarrmáan   OE-A-2022-80able en https://
Artículo 65.  Concesión directa de las ayudas.
Las subvenciones correspondientes a este programa de ayuda podrán concederse 
de  forma  directa  conforme  a  lo  establecido  en  cualquiera  de  los  supuestos  del 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, cuando concurran las razones previstas en dicho artículo 
que deberán ser justificadas, en cada caso, por la comunidad autónoma o ciudad de 
Ceuta y Melilla de que se trate y siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias.
En el supuesto de adquisición de viviendas destinadas al incremento del parque 
público de viviendas de titularidad autonómica o de las ciudades de Ceuta y Melilla, la 
adjudicación directa de las ayudas podrá ser reconocida a favor de la propia comunidad 
autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla previa norma de rango legal por ellas desarrollada 
que lo habilite.
Artículo 66.  Gestión.
La financiación de este programa requerirá de la suscripción de un acuerdo en el 
seno de las comisiones de seguimiento entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta o Melilla de que se trate. 
Este  acuerdo  deberá  ser  suscrito  también  por  el  ayuntamiento  correspondiente 
solamente en los supuestos en que participe en la financiación de la adquisición.
Artículo 67.  Cuantía de la ayuda.
Los  adquirentes  de  viviendas  para  incrementar  el  parque  público  de  vivienda 
destinada al alquiler o cesión en uso, podrán obtener una subvención de hasta el 60 % 
del  precio  o  coste  de  adquisición  incluidos  tributos,  gastos  de  notaría  y  registro  y 
cualquier otro gasto inherente a la adquisición.
Adicionalmente y en el caso de ser necesarias obras de habitabilidad, accesibilidad o 
adecuación podrán recibir una ayuda de hasta 6.000 euros por vivienda para dichas 
obras  con  la  que  podrán  sufragar  hasta  el  75  %  de  las  mismas,  incluidos  gastos 
profesionales y tributos siempre que consten debidamente acreditados.
Estas subvenciones son compatibles con cualquiera otra subvención concedida por 
otras administraciones para el mismo objeto.
Artículo 68.  Limitación del precio del alquiler o de la cesión en uso.
1.  El precio del alquiler o de la cesión en uso de las viviendas será proporcional a 
su superficie útil. Durante el primer año de vigencia de este real decreto no podrá 
superar el importe de 5 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil de 
vivienda, más en su caso, un 60 % de dicha cuantía por metro cuadrado de superficie útil 
de plaza de garaje, de trastero o de cualquier otra superficie adicional anexa a la 
vivienda sin inclusión, en ningún caso, de superficies de elementos comunes.
2.  Este umbral del precio del alquiler o de la cesión en uso habrá de figurar en la 
resolución de concesión de la ayuda y será actualizado anualmente conforme al IPC, a 
partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto.
3.  El umbral de precio de alquiler o de la cesión en uso señalado en los dos puntos 
anteriores  será  de  aplicación  en  el  momento  de  la  suscripción  del  contrato  de 
arrendamiento  o  de  cesión  correspondiente.  En  dicho  contrato  se  concretará  la 
actualización de dicho precio de conformidad con la legislación específica de aplicación.
4.  La persona arrendadora podrá percibir, además de la renta inicial o revisada que  e.
le corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute la persona arrendataria y se  w.b
satisfagan por la persona arrendadora, así como las demás repercusiones autorizadas  2w
por 5la.  leLgais lpaecirósno naap lciceadbelen.te podrá percibir, además del precio inicial o revisado que se
saactuisefradgea, ne pl ocr olas tep errseoanl ad cee dloesn tese, ravsicí icoosm  doe l oqsu gea sdtoissfr duete  colam upneirdsaodn ay  tcriebsuiotonsa, rtiaam  yb iésne 
satisfechos por la persona cedente, cuya repercusión sea acordada en la cesión en uso.
6.  El umbral del precio del alquiler o de la cesión en uso regulado en este artículo 
podrá ser modificado por acuerdo adoptado por Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla de que se trate, 
suscrito en la comisión de seguimiento del convenio correspondiente.
Artículo 69.  Pago de la ayuda a la persona beneficiaria.
El abono de la subvención a la persona beneficiaria podrá realizarse de una sola vez 
y con anterioridad a la adquisición de la vivienda, si bien expresamente condicionada a 
su formalización e inscripción en el registro de la propiedad. La formalización habrá de 
producirse en el plazo máximo de tres meses desde la recepción de la ayuda y la 
inscripción en el registro en el plazo máximo de seis meses desde dicha formalización.
Artículo 70.  Personas arrendatarias y cesionarias.
Las viviendas financiadas con cargo a este programa solo podrán ser arrendadas o 
cedidas en uso a personas cuyas rentas anuales, incluyendo los de todas las personas 
que constituyan la unidad de convivencia, no superen 3 veces el IPREM en el momento 
de la suscripción de correspondiente contrato de arrendamiento o de cesión en uso.
Esta  limitación  podrá  ser  modificada  por  acuerdo  adoptado  por  Ministerio  de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y 
Melilla  de  que  se  trate,  suscrito  en  la  comisión  de  seguimiento  del  convenio 
correspondiente.
CAPÍTULO VIII
Programa de fomento de viviendas para personas mayores y personas 
con discapacidad
Artículo 71.  Objeto del programa.
El  objeto  de  este  programa  es  el  fomento  de  la  promoción  de  alojamientos  o 
viviendas con instalaciones, servicios y zonas de interrelación, para personas mayores y 
personas con discapacidad, destinadas al alquiler o cesión en uso, tanto de titularidad 
pública como privada.
Artículo 72.  Requisitos de las viviendas.
Podrán  obtener  financiación  con  cargo  a  las  ayudas  de  este  programa  las 
promociones de alojamientos o viviendas de nueva construcción o procedentes de la 
rehabilitación de edificios que se vayan a ceder en uso o destinar al arrendamiento, en 
ambos supuestos, por un plazo de al menos veinte años. Esta circunstancia deberá 
constar en nota marginal en el Registro de la Propiedad.
Este plazo se computará desde la fecha de la calificación definitiva expedida por la 
comunidad autónoma o ciudad de Ceuta o Melilla, declaración responsable de primera 
ocupación o acto administrativo equiparable admitido expresamente por la comunidad 
autónoma o ciudad de que se trate.
Las instalaciones, servicios y zonas de interrelación habrán de ser suficientes para 
proporcionar como mínimo, las siguientes prestaciones y servicios: servicios sociales, 
atención  médica  básica  disponible  veinticuatro  horas,  limpieza  y  mantenimiento,  e.e
dispositivos y sistemas de seguridad, restauración, actividades sociales, deportivas, de  b
ocio y culturales así como terapias preventivas y de rehabilitación. w
el usEol  dpisoer ñpoa rdtee  ldoes  peesrpsaocnioass  hmaa dyeo rgeasr aon, teizna rs lua  caadseoc,u daec iópne rys oancacse sciboinli ddaisdc paapraac ipdeardm eitnir 
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
Los alojamientos o viviendas de las promociones de nueva construcción o procedentes 
de la rehabilitación de edificios habrán de tener una calificación energética mínima A, tanto 
en emisiones de CO  como en consumo de energía primaria no renovable.
2
Con el fin de favorecer la integración social, estas ayudas podrán solicitarse para la 
totalidad de los alojamientos o viviendas de una promoción o solo para una parte de ellas.
Artículo 73.  Personas beneficiarias de las ayudas.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas:
a)  Las personas físicas mayores de edad.
b)  Las Administraciones Públicas, los organismos públicos y demás entidades de 
derecho público y privado, así como las empresas públicas, privadas y público-privadas.
c)  Las  fundaciones,  las  empresas  de  economía  social  y  sus  asociaciones, 
cooperativas incluidas las de autopromoción o autoconstrucción, las organizaciones no 
gubernamentales y las asociaciones declaradas de utilidad pública, y aquéllas a las que 
se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local.
Artículo 74.  Gestión.
La financiación de este programa, exige la suscripción de un Acuerdo en el seno de 
las comisiones de seguimiento entre el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana, las comunidades autónomas y el ayuntamiento correspondiente.
Podrá  ser  suscrito  únicamente  por  el  Ministerio  y  las  comunidades  autónomas 
siempre  y  cuando  las  comunidades  autónomas  asuman  la  responsabilidad  de  la 
conformidad del ayuntamiento correspondiente, salvo que el ayuntamiento participe en la 
financiación de la actuación en cuyo caso el acuerdo será suscrito obligatoriamente 
también por este último.
Con carácter previo al Acuerdo de la Comisión de Seguimiento, las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla deberán remitir al Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana la previsión de la actuación acompañada de una memoria-
programa que la defina en todos sus extremos y justifique su viabilidad económica.
Artículo 75.  Cuantía de la ayuda.
Las  personas  o  entidades  promotoras  de  los  alojamientos  o  viviendas,  incluso 
procedentes de su rehabilitación, podrán obtener una ayuda directa, proporcional a la 
superficie útil de cada alojamiento o vivienda, de hasta un máximo de 700 euros por 
metro cuadrado de dicha superficie útil. La cuantía máxima de esta subvención no podrá 
superar el 50 % de la inversión de la actuación con un límite máximo de 50.000 euros 
por alojamiento o vivienda.
Esta subvención es compatible con cualquiera otra subvención concedida por otras 
Administraciones Públicas para el mismo objeto.
La inversión de la actuación, a los efectos de la determinación de la ayuda de este 
programa, estará constituida por todos los gastos inherentes a la promoción de que se 
trate  incluidos  tributos.  Se  incluye  el  coste  del  suelo,  de  la  edificación,  los  gastos 
generales, de los informes preceptivos, el beneficio industrial y cualquiera otro necesario 
siempre  y  cuando  todos  ellos  consten  debidamente  acreditados.  En  el  caso  de 
actuaciones de rehabilitación no se admitirá la inclusión del coste del suelo. e.
Artículo 76.  Limitación del precio del alquiler o de la cesión en uso. 2w
El precio del alquiler o de la cesión en uso de los alojamientos o viviendas será
pnroo ppoodrcriáo nsaulp ae rasur  eslu impeprofirctiee  dúeti l1. 0D euuraronste m eel npsruimaelers a pñoor  dmee tvriog ecnucaidar addeo e dsete s ruepael rfdiceicer eúttoil 
privativa de alojamiento o vivienda. En este precio se incluye el disfrute de los espacios e 
instalaciones comunes y de interrelación.
Este precio umbral del precio del alquiler o de la cesión en uso habrán de figurar en 
la resolución de concesión de la ayuda y será actualizado anualmente conforme al IPC, a 
partir de la entrada en vigor de este real decreto.
El umbral del precio del alquiler o de la cesión en uso señalado en los dos párrafos 
anteriores  será  de  aplicación  en  el  momento  de  la  suscripción  del  contrato  de 
arrendamiento  o  de  cesión  correspondiente.  En  dicho  contrato  se  concretará  la 
actualización del precio que se acuerde de conformidad con la legislación específica de 
aplicación.
La persona arrendadora podrá percibir, además de la renta inicial o revisada que le 
corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute la persona arrendataria y se 
satisfagan por la persona arrendadora, así como las demás repercusiones autorizadas 
por la legislación aplicable.
La persona cedente podrá percibir, además del precio inicial o revisado que se 
acuerde,  el  coste  real  de  los  servicios  de  que  disfrute  la  persona  cesionaria  y  se 
satisfagan por la persona cedente, así como los gastos de comunidad y tributos, también 
satisfechos por la persona cedente, cuya repercusión sea acordada en la cesión en uso.
Artículo 77.  Concesión directa de la ayuda. Pago de la ayuda a la persona o entidad 
beneficiaria.
Las subvenciones correspondientes a este programa de ayuda podrán concederse 
de  forma  directa  conforme  a  lo  establecido  en  cualquiera  de  los  supuestos  del 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, cuando concurran las razones previstas en dicho artículo 
que deberán ser justificadas, en cada caso, por la comunidad autónoma o ciudad de 
Ceuta y Melilla de que se trate y siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias.
El abono de la subvención a la beneficiaria podrá realizarse mediante pagos a cuenta 
o anticipados. En todo caso, previamente a dicho abono, ya sea total o parcial, la 
beneficiaria de la actuación deberá acreditar estar en posesión de:
a)  Acreditación de la titularidad o de la condición de cesionaria del suelo o del 
edificio a rehabilitar.
b)  Licencia municipal de obra.
c)  Certificado de inicio de obra.
Sin perjuicio de los anticipos y abonos a cuenta de la ayuda, no se podrá abonar a la 
beneficiaria  el  último  20  %  de  la  misma  hasta  que  los  alojamientos  o  viviendas 
resultantes cumplan los tres requisitos siguientes:
a)  Estar finalizados, lo que se acreditará con la aportación del correspondiente 
certificado final de obra visado.
b)  Un mínimo del 20 % de los alojamientos o viviendas de la promoción que 
obtengan subvención, hayan sido ya ocupados en régimen de cesión en uso o de 
arrendamiento.
c)  Se haya producido y conste la anotación registral de la nota marginal referida en 
el artículo 72.
Artículo 78.  Plazo de ejecución de las actuaciones.
Las obras correspondientes a actuaciones financiadas con cargo a este programa  bo
deberán realizarse en el plazo máximo de treinta y seis meses desde la fecha de  w
cnuoatinficdaoc sióen t rdaete l ad ec opnrocmesoicóino ndees  ldae a myuádsa d, eq u5e0  aploodjarám ieexntteonsd oe rvsievi ean tdraesin.ta y ocho meses
treinCtau ayn ddoos  smee tsraetse,  drees apcetcutaivcaiomneenst ed.e rehabilitación los plazos serán de treinta meses y
En  los  supuestos  en  que  la  concesión  de  la  licencia  municipal,  o  autorización 
administrativa de que se trate, se demore y no sea concedida en el plazo de doce meses 
desde su solicitud, los plazos anteriores podrán incrementarse en el plazo de la demora 
y hasta doce meses como máximo.
Estos plazos podrán ser prorrogados por huelgas que afecten al desarrollo de las 
actuaciones, razones climatológicas que alteren calendarios de ejecución de obras o 
cualquier otra causa de fuerza mayor debidamente acreditada, y por el tiempo de retraso 
imputable a dichas causas.
Artículo 79.  Personas arrendatarias y cesionarias.
Los alojamientos y viviendas financiadas con cargo a este programa deberán ser 
arrendadas o cedidas en uso a personas mayores de sesenta y cinco años o a personas 
con  discapacidad  (con  sus  familias,  en  caso  de  menores  tutelados)  cuyas  rentas 
anuales, incluyendo las de todas las personas que constituyan la unidad de convivencia, 
no superen cinco veces el IPREM en el momento de la suscripción del contrato de 
arrendamiento o de cesión de que se trate.
Esta  limitación  podrá  ser  modificada  por  acuerdo  adoptado  por  Ministerio  de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y 
Melilla  de  que  se  trate,  suscrito  en  la  comisión  de  seguimiento  del  convenio 
correspondiente.
Las personas mayores o con discapacidad no podrán disponer, en el momento de 
habitar el alojamiento o la vivienda, de vivienda propia o en usufructo en España. A estos 
efectos, no se considerará que se es persona propietaria o usufructuaria de una vivienda 
si el derecho recae únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se ha obtenido 
por herencia o transmisión mortis causa sin testamento.
No será exigible la no disposición de vivienda referida en el párrafo anterior en los 
siguientes casos:
a)  Cuando la persona titular de la vivienda acredite la no disponibilidad de la misma 
por causa de separación, divorcio o cualquier otra causa ajena a su voluntad.
b)  Cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de la persona 
titular o de algún miembro de la unidad de convivencia.
Artículo 80.  Transmisión de la edificación.
La transmisión de la edificación que se haya beneficiado de las ayudas de este 
programa solo se podrá realizar una vez finalizadas las obras.
La transmisión de la edificación conllevará de forma automática para el adquirente la 
asunción de las obligaciones correspondientes a este programa de ayuda, debiendo el 
título de la transmisión recoger de forma expresa la asunción por éste de las mismas.
El  título  de  la  transmisión  habrá  de  recoger  también  de  forma  expresa  las 
consecuencias  derivadas  del  incumplimiento  de  dichas  obligaciones,  incluyendo  la 
devolución de las subvenciones recibidas por razón de la edificación cualquiera que 
hubiera sido el perceptor, así como en su caso, intereses, recargos y multas o sanciones 
que procedan.
CAPÍTULO IX
Programa de fomento de alojamientos temporales, de modelos cohousing,  e.
de viviendas intergeneracionales y modalidades similares w.
Artículo 81.  Objeto del programa.
otrasE l osbojleutcoio dnee se stree spirdoegnrcaimalae se s meol fdoemloe ntcoo hdoeu lsai nvgiv, ienadloaja cmoioepnetorast ivtae menp ocreasleiósn  due  uostora ys 
modalidades similares, destinados al arrendamiento, a la cesión en uso o al disfrute temporal 
en cualquier régimen admitido en derecho, ya sean de titularidad pública o privada.
Artículo 82.  Requisitos de los alojamientos y las viviendas.
Podrán  obtener  financiación  con  cargo  a  las  ayudas  de  este  programa  las 
promociones de alojamientos de nueva construcción, así como las promociones de 
modalidades residenciales tipo cohousing, de viviendas intergeneracionales o similares 
que se vayan a ceder en uso o destinar al arrendamiento durante un plazo mínimo de 
veinte años. Se incluye, en ambos casos, actuaciones que procedan de la rehabilitación 
de edificios.
Este plazo se computará desde la fecha de la calificación definitiva expedida por la 
comunidad autónoma o ciudad de Ceuta o Melilla, declaración responsable de primera 
ocupación o acto administrativo equiparable admitido expresamente por la comunidad 
autónoma o ciudad de que se trate.
El destino por un plazo de al menos veinte años al arrendamiento o a la cesión en 
uso deberá constar, en todo caso, en nota marginal en el Registro de la Propiedad.
Las edificaciones de las promociones de nueva construcción o procedentes de la 
rehabilitación de edificios que se acojan a las ayudas de este programa deberán ser 
accesibles y estar en condiciones de ser habitadas y habrán de tener una calificación 
energética mínima A, tanto en emisiones de CO  como en consumo de energía primaria 
2
no renovable.
Con  el  fin  de  favorecer  la  diversidad  de  tipologías  de  proyecto  y  de  perfiles 
socioeconómicos, estas ayudas podrán solicitarse para la totalidad de los alojamientos o 
viviendas de una promoción o para una parte de ellas.
Artículo 83.  Personas beneficiarias de las ayudas.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas:
a)  Las personas físicas mayores de edad.
b)  Las Administraciones Públicas, los organismos públicos y demás entidades de 
derecho público y privado, así como las empresas públicas, privadas y público-privadas.
c)  Las  fundaciones,  las  empresas  de  economía  social  y  sus  asociaciones, 
cooperativas, incluidas las de autopromoción o autoconstrucción, las organizaciones no 
gubernamentales y las asociaciones declaradas de utilidad pública, entidades sin ánimo 
de lucro y aquéllas a las que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985.
Artículo 84.  Gestión.
La financiación de este programa exige la suscripción de un acuerdo en el seno de 
las comisiones de seguimiento entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, las comunidades autónomas y el ayuntamiento correspondiente, salvo en el 
caso de las ciudades de Ceuta y Melilla en que se suscribirá solamente por el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la ciudad de que se trate.
Podrán ser suscritos únicamente por el Ministerio y las comunidades autónomas 
siempre  y  cuando  las  comunidades  autónomas  asuman  la  responsabilidad  de  la 
conformidad del ayuntamiento correspondiente, salvo que el ayuntamiento participe en la 
financiación de la actuación en cuyo caso el acuerdo será suscrito obligatoriamente 
también por este último. e.
Con carácter previo al acuerdo de la Comisión de Seguimiento, las comunidades  w.
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla deberán remitir al Ministerio de Transportes,  2w
mMeomviloidriaad-p yro Agrgaemnad,a  qUureb adneafi nlaas  cpardeav isaicotnueasc iódne  elans  taocdtousa csiouns eesx tarceommopsa yñ ajduassti fidqeu eu nsau 
viabilidad económica.
Artículo 85.  Cuantía de la ayuda.
Las  personas  o  entidades  promotoras  de  actuaciones  objeto  de  este  programa 
podrán obtener una ayuda, proporcional a la superficie útil, tanto privativa del alojamiento 
o vivienda como de espacios comunes y de interrelación, de hasta un máximo de 420 
euros por metro cuadrado de superficie útil.
La cuantía máxima de esta subvención, en conjunto, no podrá superar el 50 % de la 
inversión de la actuación, con un límite máximo de 50.000 euros por alojamiento o 
vivienda.
Si la ayuda se solicita solamente para una parte de las viviendas o alojamientos de 
una promoción, el importe máximo de 420 euros por metro cuadrado de superficie útil se 
aplicará a la superficie privativa de las viviendas o alojamientos objeto de la ayuda y a la 
parte proporcional de la superficie útil de espacios comunes y de interrelación.
Esta subvención es compatible con cualquiera otra subvención concedida por otras 
administraciones para el mismo objeto. No es compatible con las subvenciones que para 
otros programas existan en este real decreto.
La inversión de la actuación, a los efectos de la determinación de la ayuda de este 
programa, estará constituida por todos los gastos inherentes a la promoción de que se trate 
incluidos tributos. Se incluye el coste del suelo, de la edificación, los gastos generales, de 
los informes preceptivos, el beneficio industrial y cualquiera otro necesario, siempre y 
cuando  todos  ellos  consten  debidamente  acreditados.  En  el  caso  de  actuaciones 
exclusivamente de rehabilitación no se admitirá la inclusión del coste del suelo.
Artículo 86.  Limitación del precio del alquiler o de la cesión en uso.
El precio del alquiler o de la cesión en uso de los alojamientos o viviendas será 
proporcional  a  su  superficie  útil  incluida  la  parte  proporcional  de  superficie  de  los 
espacios comunes y de interrelación. El reparto de esta parte proporcional se realizará 
en función de la superficie privativa de cada alojamiento o vivienda o conforme a otro 
criterio objetivo que puedan determinar las comunidades autónomas o ciudades de 
Ceuta y Melilla.
Durante el primer año de vigencia de este real decreto no podrá superar el importe 
de 8 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil de alojamiento o vivienda 
incluida la parte proporcional de superficie de los espacios comunes y de interrelación.
Este precio umbral del precio del alquiler o de la cesión en uso habrán de figurar en 
la resolución de concesión de la ayuda y será actualizado anualmente conforme al IPC, a 
partir de la entrada en vigor de este real decreto.
El umbral del precio del alquiler o de la cesión en uso señalado en los dos párrafos 
anteriores  será  de  aplicación  en  el  momento  de  la  suscripción  del  contrato  de 
arrendamiento  o  de  cesión  correspondiente.  En  dicho  contrato  se  concretará  la 
actualización del precio que se acuerde de conformidad con la legislación específica de 
aplicación.
La persona arrendadora podrá percibir, además de la renta inicial o revisada que le 
corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute la arrendataria y se satisfagan 
por la arrendadora, así como las demás repercusiones autorizadas por la legislación 
aplicable.
La persona cedente podrá percibir, además del precio inicial o revisado que se 
acuerde, el coste real de los servicios de que disfrute la cesionaria y se satisfagan por la 
cedente,  así  como  los  gastos  de  comunidad  y  tributos,  también  satisfechos  por  la  e
persona cedente, cuya repercusión sea acordada en la cesión en uso. bo
Artícbuelnoe 8fi7c.ia riCa.oncesión directa de la ayuda. Pago de la ayuda a la persona o entidad
Las subvenciones correspondientes a este programa de ayuda podrán concederse
de  forma  directa  conforme  a  lo  establecido  en  cualquiera  de  los  supuestos  del  Bc
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, cuando concurran las razones previstas en dicho artículo 
que deberán ser justificadas, en cada caso, por la comunidad autónoma o ciudad de 
Ceuta y Melilla de que se trate y siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias.
El abono de la subvención a la beneficiaria podrá realizarse mediante pagos a cuenta 
o anticipados. En todo caso, previamente a dicho abono, ya sea total o parcial, la 
beneficiaria de la actuación deberá acreditar estar en posesión de:
a)  Acreditación de la titularidad o de la condición de cesionaria del suelo o del 
edificio a rehabilitar.
b)  Licencia municipal de obra.
c)  Certificado de inicio de obra.
Sin perjuicio de los anticipos y abonos a cuenta de la ayuda, no se podrá abonar a la 
beneficiaria  el  último  20  %  de  la  misma  hasta  que  los  alojamientos  o  viviendas 
resultantes cumplan los tres requisitos siguientes:
a)  Estar finalizados, lo que se acreditará con la aportación del correspondiente 
certificado final de obra visado.
b)  Un mínimo del 20 % de los alojamientos o viviendas de la promoción que 
obtengan subvención, hayan sido ya ocupados en régimen de cesión en uso o de 
arrendamiento.
c)  Se haya producido y conste la anotación registral de la nota marginal referida en 
el artículo 82.
Artículo 88.  Plazo de ejecución de las actuaciones.
Las obras correspondientes a actuaciones financiadas con cargo a este programa 
deberán realizarse en el plazo máximo de treinta y seis meses desde la fecha de 
notificación de la concesión de la ayuda, que podrá extenderse a treinta y ocho meses 
cuando se trate de promociones de más de 50 alojamientos o viviendas.
Cuando se trate de actuaciones de rehabilitación los plazos serán de treinta meses y 
treinta y dos meses, respectivamente.
En  los  supuestos  en  que  la  concesión  de  la  licencia  municipal,  o  autorización 
administrativa de que se trate, se demore y no sea concedida en el plazo de doce meses 
desde su solicitud, los plazos anteriores podrán incrementarse en el plazo de la demora 
y hasta doce meses como máximo.
Estos plazos podrán ser prorrogados por huelgas que afecten al desarrollo de las 
actuaciones, razones climatológicas que alteren calendarios de ejecución de obras o 
cualquier otra causa de fuerza mayor debidamente acreditada, y por el tiempo de retraso 
imputable a dichas causas.
Artículo 89.  Personas arrendatarias y cesionarias.
Los alojamientos o viviendas financiadas con cargo a este programa solo podrán ser 
alquiladas o cedidas en uso a personas cuyas rentas anuales, incluyendo, en su caso, 
las de todas las personas que constituyan la unidad de convivencia, no superen 5 veces 
el IPREM en el momento de la suscripción del contrato de arrendamiento o de cesión de 
que se trate.
Esta  limitación  podrá  ser  modificada  por  acuerdo  adoptado  por  Ministerio  de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y  e
Melilla  de  que  se  trate,  suscrito  en  la  comisión  de  seguimiento  del  convenio  bo
correspondiente. w
Artículo 90.  Transmisión de la edificación.
La transmisión de la edificación que haya obtenido ayudas de este programa solo se
podrá realizar una vez finalizadas las obras. Bc
La transmisión de la edificación conllevará de forma automática para el adquirente la 
asunción de las obligaciones correspondientes a este programa de ayuda, debiendo el 
título de la transmisión recoger de forma expresa la asunción por éste de las mismas.
Así mismo, el título de la transmisión habrá de recoger también de forma expresa las 
consecuencias derivadas del incumplimiento de dichas obligaciones, incluyendo la devolución 
de las subvenciones recibidas por razón de la edificación cualquiera que hubiera sido el 
perceptor, así como en su caso, intereses, recargos y multas o sanciones que procedan.
CAPÍTULO X
Programa de puesta a disposición de viviendas de la SAREB y de entidades 
públicas para su alquiler como vivienda social
Artículo 91.  Objeto del programa.
El  objeto  de  este  programa  es  el  fomento  de  la  puesta  a  disposición  de  las 
comunidades  autónomas  y  de  las  entidades  locales,  así  como  de  sus  entidades 
dependientes o vinculadas, o de entidades y fundaciones sin ánimo de lucro en cuyos 
estatutos figure la promoción y/o gestión de viviendas protegidas, de viviendas de la 
SAREB y de entidades públicas para su arrendamiento como vivienda social.
Artículo 92.  Requisitos de las viviendas.
Podrán obtener financiación con cargo a las ayudas de este programa las viviendas 
que la SAREB y entidades públicas cedan, o hayan cedido desde la entrada en vigor de 
este real decreto, en usufructo a las comunidades autónomas o entidades locales, así 
como a sus entidades dependientes o vinculadas, o a entidades y fundaciones sin ánimo 
de lucro en cuyos estatutos figure la promoción y/o gestión de viviendas protegidas, para 
ser destinadas al arrendamiento social durante un plazo de hasta cinco años.
Las viviendas deberán ser accesibles y estar en condiciones de ser habitadas. En 
caso de no estar en condiciones de ser habitadas podrán financiarse las obras de 
habitabilidad, adecuación o accesibilidad con ayudas de este programa conforme a las 
limitaciones establecidas en el artículo 95.
Artículo 93.  Personas beneficiarias de las ayudas.
Podrán  ser  beneficiarias  de  estas  ayudas  las  comunidades  autónomas  y  las 
entidades  locales,  así  como  sus  entidades  dependientes  o  vinculadas.  Podrán  ser 
también beneficiarias las entidades y fundaciones sin ánimo de lucro en cuyos estatutos 
figure la promoción y/o gestión de viviendas protegidas.
Artículo 94.  Gestión.
La financiación de este programa exige la suscripción de un acuerdo previo en el 
seno de las comisiones de seguimiento entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, las comunidades autónomas y el ayuntamiento correspondiente, salvo 
en el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla en que se suscribirá solamente por el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la ciudad de que se trate.
Podrán ser suscritos únicamente por el Ministerio y las comunidades autónomas 
siempre  y  cuando  las  comunidades  autónomas  asuman  la  responsabilidad  de  la  e.e
conformidad del ayuntamiento correspondiente, salvo que el ayuntamiento participe en la  b
financiación de la actuación en cuyo caso el acuerdo será suscrito obligatoriamente  w
tambCioénn  pcoarr áecstteer  úpltriemvoio. al acuerdo de la Comisión de Seguimiento, las comunidades
aMuotvóinliodmada sy  yA gceiunddaad Uesrb daen aC eelu ctao nyv eMneioli lola  adceubeerdráon q rueem pitrior paol nMenin iqsuteer isoe d seu sTcrraibnasp coornte lsa, 
SAREB o entidad pública de que se trate para su análisis y estudio previo.
Artículo 95.  Cuantía de la ayuda.
Las  comunidades  autónomas  o  entidades  locales,  así  como  sus  entidades 
dependientes o vinculadas o las entidades y fundaciones sin ánimo de lucro en cuyos 
estatutos figure la promoción y/o gestión de viviendas protegidas, podrán recibir una 
ayuda de entre 150 euros y 175 euros al mes por vivienda para hacer frente al precio 
acordado en la cesión del usufructo realizada por SAREB o entidad pública, por el 
tiempo que dure tal cesión.
Adicionalmente y en el caso de ser necesarias obras de habitabilidad, accesibilidad o 
adecuación podrán recibir una ayuda de hasta 8.000 euros por vivienda para dichas 
obras  con  la  que  podrán  sufragar  hasta  el  75  %  de  las  mismas,  incluidos  gastos 
profesionales y tributos siempre que consten debidamente acreditados.
Estas subvenciones son compatibles con cualquiera otra subvención concedida por 
otras administraciones para el mismo objeto.
Artículo 96.  Limitación del precio del alquiler.
Las comunidades autónomas y las entidades locales o sus entidades vinculadas o 
dependientes,  así  como  las  entidades  y  fundaciones  sin  ánimo  de  lucro  en  cuyos 
estatutos figure la promoción y/o gestión de viviendas protegidas, podrán arrendar las 
viviendas cedidas por la SAREB o entidad pública de que se trate a un precio de 
entre 150 y 350 euros al mes.
La persona arrendadora podrá percibir, además de la renta inicial o revisada que le 
corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute la persona arrendataria y se 
satisfagan por la persona arrendadora, así como las demás repercusiones autorizadas 
por la legislación aplicable.
Artículo 97.  Pago de la ayuda a la persona beneficiaria.
La ayuda correspondiente al precio acordado para la cesión de la SAREB o entidad 
pública  se  abonará,  con  carácter  general,  de  forma  periódica  por  los  órganos 
competentes de las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla.
La ayuda para las obras de habitabilidad o adecuación de las viviendas se abonará 
de una sola vez a la finalización de las obras.
La ayuda se podrá abonar también en el supuesto de que los gastos en que se 
incurra  se  produzcan  en  un  ejercicio  diferente  a  aquel  en  que  se  han  cedido  las 
viviendas.
Artículo 98.  Concesión directa de las ayudas.
Las subvenciones correspondientes a este programa de ayuda podrán concederse 
de  forma  directa  conforme  a  lo  establecido  en  cualquiera  de  los  supuestos  del 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, cuando concurran las razones previstas en dicho artículo 
que deberán ser justificadas, en cada caso, por la comunidad autónoma o ciudad de 
Ceuta y Melilla de que se trate y siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias.
Las ayudas correspondientes a este programa podrán concederse cuando la cesión 
del derecho de usufructo se haya formalizado con posterioridad a la entrada en vigor de 
este real decreto.
Artículo 99.  Personas arrendatarias y cesionarias. e.e
Las viviendas financiadas con cargo a este programa solo podrán ser arrendadas a  w
dpueenlri dscaoodnn atdrsae tc ocu oydnaevs ai vrreerennnctadiasa, m annioeu nastluoep.se, riennc lu3y evencdeos l aesl  dIPeR tEodMa se nla se lp merosmoneansto q duee  clao nssutsitcuryipacnió lna   OE-A-2022-80able en https://
Artículo 100.  Destino prioritario de las viviendas cedidas por la SAREB o entidad 
pública.
Las viviendas cedidas por la SAREB o entidad pública de que se trate habrán de 
destinarse  con  carácter  prioritario  para  satisfacer  soluciones  habitacionales  a  las 
víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, 
víctimas de violencia sexual, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, 
personas  sin  hogar  y  otras  personas  especialmente  vulnerables  en  los  términos 
establecidos en el programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas 
objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas 
especialmente vulnerables regulado en este real decreto.
CAPÍTULO XI
Programa de fomento de la puesta a disposición de las comunidades autónomas 
y ayuntamientos de viviendas para su alquiler como vivienda asequible o social
Artículo 101.  Objeto del programa.
El objeto de este programa es el fomento de la puesta a disposición o incorporación 
a programas de  movilización de  viviendas vacías,  de las comunidades autónomas, 
entidades locales o de sus entidades dependientes o vinculadas, así como de entidades 
y fundaciones sin ánimo de lucro en cuyos estatutos figure la promoción y/o gestión de 
viviendas protegidas, de viviendas de cualquier titularidad, para su alquiler como vivienda 
asequible o social.
Artículo 102.  Requisitos de las viviendas.
Podrán obtener financiación con cargo a las ayudas de este programa las viviendas 
que se cedan o se incorporen a los programas de movilización de viviendas vacías de 
las  comunidades  autónomas,  entidades  locales  o  a  sus  entidades  dependientes  o 
vinculadas, así como de entidades y fundaciones sin ánimo de lucro en cuyos estatutos 
figure  la  promoción  y/o  gestión  de  viviendas  protegidas,  para  ser  destinadas  al 
arrendamiento asequible o social.
La cesión habrá de ser por un plazo de al menos siete años y deberá constar, en 
todo caso, en nota marginal en el Registro de la Propiedad. En los supuestos que 
aconsejen un plazo inferior para la cesión, a juicio de la comunidad autónoma o ciudad 
de Ceuta y Melilla, éste se podrá reducir previo acuerdo de la comisión de seguimiento 
del  correspondiente  convenio  de  colaboración  entre  el  Ministerio  de  Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana y la comunidad autónoma o ciudad de que se trate.
El cómputo del plazo de la cesión se iniciará en la fecha del acuerdo de cesión.
Artículo 103.  Personas beneficiarias de las ayudas.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas o entidades propietarias de 
viviendas que las cedan a las comunidades autónomas, entidades locales o a sus 
entidades dependientes o vinculadas, así como a entidades y fundaciones sin ánimo de 
lucro en cuyos estatutos figure la promoción y/o gestión de viviendas protegidas, para 
ser destinadas al arrendamiento asequible o social en los términos establecidos en este 
programa de ayuda. e.e
Artículo 104.  Gestión. w
CviveiueLtnaad  yaf isMn apenoliclrl aiala,c saió  plnae srd seeon netaidsstae do e pesrno ltogidcraaamdleeass   oeti xtauig lsaeur eslas e  ans utliadssac rdcipeocsmi ódunen piddeean ddueines n aatecusutó eonr dovoimn cdauesl  aocd ecasisuió.dna ddees  ldaes   OE-A-2022-80able en https://
Este acuerdo de cesión previamente deberá ser informado favorablemente en el 
seno de la comisión de seguimiento del convenio que para la ejecución del Plan Estatal 
para  el  acceso  a  la  vivienda  2022-2025  suscribirán  el  Ministerio  de  Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana y la comunidad autónoma o ciudad correspondiente.
Artículo 105.  Limitación del precio del alquiler.
Las  viviendas  se  alquilarán  por  las  comunidades  autónomas,  administraciones 
locales o entidades vinculadas y dependientes, por entidades y fundaciones sin ánimo de 
lucro en cuyos estatutos figure la promoción y/o gestión de viviendas protegidas, o por 
las personas o entidades propietarias, en función de los términos de la cesión, al precio 
social que determine la comunidad autónoma, que no podrá ser superior a 400 euros por 
vivienda y mes, incrementado en la mitad de la diferencia entre dicho precio social y el 
precio de mercado que se acuerde en la comisión de seguimiento del correspondiente 
convenio  entre  el  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana  con  la 
comunidad  autónoma  o  ciudad  de  que  se  trate  para  la  ejecución  del  Plan  previa 
propuesta motivada de la referida comunidad autónoma o ciudad.
Este precio umbral de 400 euros al mes será actualizado anualmente conforme al 
IPC, a partir de la entrada en vigor de este real decreto.
El umbral del precio de alquiler social será de aplicación en el momento de la suscripción 
del  contrato  de  arrendamiento  correspondiente.  En  dicho  contrato  se  concretará  la 
actualización de dicho precio de conformidad con la legislación específica de aplicación.
La arrendadora podrá percibir, además de la renta inicial o revisada que le corresponda, 
el coste real de los servicios de que disfrute la arrendataria y se satisfagan por la arrendadora, 
así como las demás repercusiones autorizadas por la legislación aplicable.
Artículo 106.  Cuantía de la ayuda.
Las personas o entidades propietarias de las viviendas podrán recibir una ayuda 
equivalente a la mitad de la diferencia entre el alquiler social que determine la comunidad 
autónoma y el precio de mercado que se acuerde en la comisión de seguimiento referido 
en el artículo anterior.
Adicionalmente y en el caso de ser necesarias obras de habitabilidad, accesibilidad o 
adecuación podrán recibir una ayuda de hasta 8.000 euros por vivienda para dichas 
obras  con  la  que  podrán  sufragar  hasta  el  75  %  de  las  mismas,  incluidos  gastos 
profesionales y tributos siempre que consten debidamente acreditados.
Estas subvenciones son compatibles con cualquiera otra subvención concedida por 
otras administraciones para el mismo objeto.
Artículo 107.  Pago de la ayuda a la persona beneficiaria.
La ayuda se abonará, con carácter general, de forma periódica por los órganos 
competentes de las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla.
Artículo 108.  Concesión directa de las ayudas.
Las subvenciones correspondientes a este programa de ayuda podrán concederse 
de  forma  directa  conforme  a  lo  establecido  en  cualquiera  de  los  supuestos  del 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, cuando concurran las razones previstas en dicho artículo 
que deberán ser justificadas, en cada caso, por la comunidad autónoma o ciudad de  e.e
Ceuta y Melilla de que se trate y siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias. w.b
ApertríscLouanlsoa  s1v 0iqv9iue.e n dcPaoesnr ssftioennnaa nescn iaa rldoraessn r decagotiansr tricaoassr. gdoe  ad eemstaen dparongteras mdae  vhiavbiernádna ds ee ns earl qaurirleenr dyaad saesa na   OE-A-2022-80able en https://
autonómicos o locales, cuyas rentas anuales, incluyendo las de todas las personas que
constituyan la unidad de convivencia, no superen 5 veces el IPREM en el momento de la 
suscripción del contrato de arrendamiento.
Si el registro de demandantes no existiera o no constaran demandantes en espera, 
podrán alquilarse a cualquier otra persona cuyos ingresos, incluyendo los de todas las 
personas que constituyan la unidad de convivencia, no superen 5 veces el IPREM en el 
momento de la suscripción del contrato de arrendamiento.
CAPÍTULO XII
Programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas
Artículo 110.  Objeto del programa.
Este programa tiene por objeto el fomento de la mejora de la accesibilidad, tanto en 
el medio urbano como rural, en y a:
1.  Viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila.
2.  Edificios de viviendas de tipología residencial colectiva, interviniendo tanto en 
sus elementos comunes como en el interior de cada vivienda.
3.  Viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva.
Artículo 111.  Personas beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas de este programa, con independencia de que 
se trate de personas físicas o jurídicas:
a)  Las propietarias o usufructuarias de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas 
en fila.
b)  Las propietarias o usufructuarias de edificios de tipología residencial de vivienda 
colectiva.
c)  Las propietarias o usufructuarias de viviendas incluidas en un edificio de tipología 
residencial de vivienda colectiva.
d)  Las Administraciones Públicas y los organismos y demás entidades de derecho 
público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas, íntegra o 
mayoritariamente por las Administraciones Públicas, propietarias de las viviendas.
e)  Las  comunidades  de  propietarios,  o  las  agrupaciones  de  comunidades  de 
propietarios, constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, 
de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.
f)  Las sociedades cooperativas de viviendas integradas por socios cooperativistas 
que  precisen  alojamiento  para  sí  o  sus  familiares,  las  sociedades  cooperativas 
compuestas de forma agrupada por propietarios de viviendas o edificios que reúnan los 
requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil, así como, por los propietarios 
que  conforman  comunidades  de  propietarios  o  agrupaciones  de  comunidades  de 
propietarios, constituidos conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 49/1960.
g)  Las propietarias que, de forma agrupada sean propietarias de edificios, que 
reúnan los requisitos establecidos por el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen 
otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal.
h)  Las empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios, así 
como cooperativas, que acrediten dicha condición mediante contrato vigente a suficiente 
plazo con la propiedad, que les otorgue la facultad expresa para acometer las obras de  e.e
rehabilitación objeto del programa. w.b
palarrsore paCniceduttauaatanriiccdaiioa oy ,n  lelalaass    pdaorerobr pemraineesdtj aaoortriaa ar a idayce  tlu palaao a cdarirorcáenc neesdssoa ilbitncailoiirtdia aars  dead,ac ecun oe lnardd  ecec anoor mgbqoluui gneaai  ddpeaaasdt rat ee djú eoelct  ilumpacr atoióo pcntaioe lsitpdatoearriedo   slada  e os p,ul ae e crrsnaeo rngnstauoa     OE-A-2022-80able en https://
caso, de la persona o entidad propietaria única, la adopción del correspondiente acuerdo
que le facultará para solicitar estas ayudas. En este supuesto la arrendataria podrá tener 
la consideración de beneficiaria.
Las personas o entidades beneficiarias destinarán el importe íntegro de la ayuda al 
pago de las obras y actuaciones para la mejora de la accesibilidad. Cuando se trate de 
comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios el importe 
de la misma deberá repercutirse entre los propietarios de viviendas y, en su caso, los 
propietarios de locales comerciales o predios de otros usos compatibles, de conformidad 
con las reglas previstas en la legislación de Propiedad Horizontal.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si alguno de los miembros de la 
comunidad de propietarios, o de la agrupación de comunidades de propietarios, incurre 
en una o varias de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
no recibirá la parte proporcional que le correspondería de la ayuda recibida, salvo que el 
miembro referido este incurso en situación de especial vulnerabilidad a juicio de la 
comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla. Esta parte, en el supuesto de no 
incursión en situación de especial vulnerabilidad, se prorrateará entre los restantes 
miembros de la comunidad o agrupación.
Las personas o entidades beneficiarias de las ayudas de este programa podrán 
compatibilizar estas ayudas con otras ayudas para el mismo objeto procedentes de otras 
administraciones o instituciones, siempre que el importe de todas las ayudas recibidas 
no supere el coste total de las actuaciones.
Artículo 112.  Requisitos.
1.  Las viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila para las que se solicite 
la ayuda de este programa han de cumplir los siguientes requisitos:
a)  Estar finalizadas antes de 2006. Esta circunstancia se podrá acreditar mediante 
escritura pública, nota simple registral o consulta descriptiva y gráfica de los datos 
catastrales. No obstante, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla 
podrán  también  conceder  ayudas  a  viviendas  con  antigüedad  igual  o  posterior  al 
año 2006, si existieran circunstancias que a su juicio lo aconsejaran.
b)  Que  constituyan  el  domicilio  habitual  y  permanente  de  sus  propietarios, 
usufructuarios o arrendatarios en el momento de solicitar las ayudas. Dicha circunstancia 
se podrá acreditar mediante certificación o volante de empadronamiento.
c)  Disponer de informe técnico, suscrito por un técnico competente conforme a la 
Ley 38/1999, que acredite la procedencia de la actuación con fecha anterior a la solicitud 
de la ayuda.
Para la obtención de estas ayudas se requiere que se aporte el proyecto de las 
actuaciones a realizar. En el caso de que no sea exigible este proyecto, será necesario 
justificar en una memoria técnica suscrita por técnico competente la adecuación de la 
actuación al Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación.
2.  Los edificios de viviendas de tipología residencial colectiva que se acojan a las 
ayudas de este programa han de cumplir los siguientes requisitos:
a)  Estar finalizados antes de 2006. Esta circunstancia se podrá acreditar mediante 
escritura pública, nota simple registral o consulta descriptiva y gráfica de los datos 
catastrales. No obstante, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla 
podrán conceder ayudas a edificios con antigüedad igual o posterior al año 2006, si 
existieran circunstancias que a su juicio lo aconsejaran. e.
b)  Que al menos, el 50 % de su superficie construida sobre rasante, excluida la  w.b
planta baja o plantas inferiores si tiene o tienen otros usos compatibles, tenga uso  2w
rneostiad esnimcipalle d ree gviisvtireanl doa c. oEnsstual tcai rdceusncsrtiapnticviaa  ys eg rpáofidcraá  daec rloesd idtaart omse cdaiatanstetr aelescsr.itura pública,
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programa. Dicha circunstancia se podrá acreditar mediante certificación o volante de 
empadronamiento o cualquier otro medio que a juicio de la comunidad autónoma o 
ciudad de Ceuta y Melilla sea suficiente.
Cuando se trate de propietario único, que haya tenido que proceder al realojo de los 
inquilinos para realizar las obras de mejora de la accesibilidad, no se tendrá en cuenta 
este requisito, si bien deberá justificar esta circunstancia y el compromiso de destinar las 
viviendas objeto de mejora en su accesibilidad a domicilio habitual de los arrendatarios 
en el referido porcentaje.
Tampoco se tendrá en cuenta este requisito cuando se trate de un inmueble donde 
se encuentre el domicilio habitual de una persona con discapacidad física que debido a 
la falta de accesibilidad en las zonas comunes se encuentre confinado en su vivienda.
d)  Disponer informe técnico, suscrito por un técnico competente conforme a la 
Ley 38/1999, con fecha anterior a la solicitud de la ayuda que acredite la procedencia de 
la actuación.
e)  Que, en su caso, las actuaciones cuenten con el acuerdo de la comunidad o 
comunidades  de  propietarios  debidamente  agrupadas  y  con  la  autorización  o 
autorizaciones administrativas correspondientes.
f)  Disponer de proyecto de las actuaciones a realizar. En el caso de que no sea exigible, 
será necesario justificar en una memoria, suscrita por técnico competente, la adecuación de 
la actuación al Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación.
3.  Las viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva para las que 
se  solicite  de  forma  independiente  la  ayuda  de  este  programa  han  de  cumplir  los 
siguientes requisitos:
a)  Estar finalizadas antes de 2006. Esta circunstancia se podrá acreditar mediante 
escritura pública, nota simple registral o consulta descriptiva y gráfica de los datos 
catastrales. No obstante, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla 
podrán conceder ayudas a viviendas con antigüedad igual o posterior al año 2006 si 
existieran circunstancias que a su juicio lo aconsejaran.
b)  Que  constituyan  el  domicilio  habitual  y  permanente  de  sus  propietarias, 
usufructuarias o arrendatarias en el momento de solicitar acogerse a las ayudas. Dicha 
circunstancia se podrá acreditar mediante certificación o volante de empadronamiento.
c)  Disponer de informe técnico, suscrito por un técnico competente conforme a la 
Ley 38/1999, con fecha anterior a la solicitud de la ayuda que acredite la procedencia de 
la actuación.
Para la obtención de estas ayudas se requiere un informe técnico que justifique la 
procedencia de las obras y que se aporte proyecto de las actuaciones a realizar. En el 
caso de que no sea exigible este proyecto será necesario justificar en una memoria 
técnica,  suscrita  por  técnico  competente,  la  adecuación  de  la  actuación  al  Código 
Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación.
4.  El presupuesto y el coste de las obras, así como el de los certificados, informes y 
proyectos técnicos que procedan no podrá superar los costes medios de mercado que a 
tales actuaciones correspondan.
Artículo 113.  Actuaciones subvencionables.
1.  Se  considerarán  subvencionables  las  actuaciones  para  la  mejora  de  la 
accesibilidad. En particular: e.
a)  La  instalación  de  ascensores,  salvaescaleras,  rampas,  automatismos  para  la  w
aacpceertsuibrail iddaed , pauseí rctaosm oin ccouraplqouraienrd om emdiedcaa ndies maoccse smiboiltiodraizda dqouse  fua ciolittero sla  daiustpoonsoitmivíoas  y dlae 
vviivdiae nidnadse puennidfaiemnitleia rdees,  pinecrsluoyneansd oc olno sm  doivsiplidoasidti vroesd uacdidaap,t atdaonsto  ae nla se dnifeiccioess idcaodmeos   edne 
personas con discapacidad sensorial o intelectual, así como su adaptación, una vez
instalados, a la normativa sectorial correspondiente. Se incluye la integración mediante un 
único  mecanismo  de  identificación  (teléfono  inteligente,  cámaras,  pantallas  u  otros 
dispositivos tecnológicos equivalentes en cuanto a su funcionalidad) de los sistemas de 
apertura y control de accesos y de otros sistemas que necesiten control personal y la 
adaptación, cuando existan, a altura no superior a 1,40 m de los dispositivos ya instalados.
b)  La instalación o dotación de productos de apoyo tales como grúas o artefactos 
análogos, así como sistemas tecnológicos de guiado que permitan la localización, que 
permitan el acceso y uso por parte de las personas con discapacidad a elementos comunes 
del edificio en su caso, tales como jardines, zonas deportivas, piscinas y otros similares.
c)  La instalación de elementos de información, de comunicación o de aviso tales 
como señales luminosas y visuales, vibrotáctiles, o sonoras que permitan la orientación 
en el uso de escaleras, ascensores y del interior de las viviendas. En particular la 
instalación  de  elementos  que  mejoren  la  accesibilidad  y  seguridad  en  uso  de  los 
ascensores, como la comunicación bidireccional en cabina.
d)  La instalación de productos de apoyo a la audición para la accesibilidad en el 
entorno, como los bucles magnéticos.
e)  La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre 
las viviendas y el exterior, tales como videoporteros que proporcionan información visual 
y auditiva y análogos.
f)  La instalación de dispositivos de alarma en el ascensor que garanticen un sistema de 
comunicación visual, auditiva y bidireccional con el exterior para los casos de emergencia o 
atrapamiento. Así como la instalación de bucle magnético en dichos dispositivos.
g)  La  instalación  domótica  y  de  otros  avances  tecnológicos  para  favorecer  la 
autonomía personal de personas mayores o con discapacidad.
h)  Cualquier intervención que facilite la accesibilidad universal en los espacios del 
interior de las viviendas (unifamiliares, agrupadas en fila o en edificios de tipología 
residencial colectiva) o en los propios edificios de tipología residencial colectiva objeto de 
este programa, así como en las vías de evacuación de los mismos. Se incluyen obras 
dirigidas a la ampliación de espacios de circulación dentro de la vivienda que cumplan 
con las condiciones del Código Técnico de la Edificación en lo referido a vivienda 
accesible, así como para mejorar las condiciones de accesibilidad en baños y cocinas, 
así como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas a las necesidades 
específicas de las personas con discapacidad que habitan las viviendas. Se incluyen 
asimismo  las  obras  necesarias  y  complementarias  sobre  elementos  directamente 
relacionados con la actuación de mejora de accesibilidad universal y cuyo mal estado de 
conservación aconseje la intervención.
i)  Cualquier  intervención  que  mejore  el  cumplimiento  de  los  parámetros 
establecidos en el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-SUA, 
Seguridad de utilización y accesibilidad. En particular la instalación de elementos que 
mejoren la accesibilidad y seguridad de utilización en los ascensores, como la mejora de 
la nivelación de la cabina.
Artículo 114.  Cuantía de las ayudas.
La cuantía máxima de la subvención a conceder no podrá superar los siguientes límites:
a)  12.500 euros por vivienda cuando se solicita para actuaciones correspondientes 
al apartado 1 del artículo 110.
Esta ayuda se podrá incrementar hasta 15.000 euros por vivienda si reside una  e
persona con discapacidad y hasta 18.000 euros por vivienda si ésta acredita un grado de  bo
discapacidad reconocido igual o superior al 33 %. w
cdoer rbelo)sc paol9 n.0cdo0iem0n eteeruscr ioaasll   apupo aro rvttarivodisoe  n2ud sdaoe ysl   a9cr0toí cemuuplroao ts1ib 1pl0eo.sr ,m  ceutraon dcuoa dsrea dsoo dlicei tseu ppearrfaic iea cctounasctirounideas   OE-A-2022-80able en https://
Para poder computar la cuantía establecida por cada metro cuadrado de superficie 
construida  de  uso  comercial  u  otros  usos  será  necesario  que  los  predios 
correspondientes participen en los costes de ejecución de la actuación.
Esta ayuda se podrá incrementar hasta 15.000 euros por vivienda si reside en el 
edificio una persona con discapacidad y hasta 18.000 euros por vivienda si ésta acredita 
un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 %.
c)  6.000 euros por vivienda cuando se solicita para actuaciones correspondientes al 
apartado 3 del artículo 110.
Esta ayuda se podrá incrementar hasta 15.000 euros por vivienda si reside una 
persona con discapacidad y hasta 18.000 euros por vivienda si ésta acredita un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 33 %.
d)  El 60 % del coste de la actuación.
Este porcentaje se podrá incrementar hasta el 80 % si en la vivienda o una de las 
personas que resida en el edificio sea una persona con discapacidad o mayor de 
sesenta y cinco años.
El límite unitario de las ayudas establecido en los apartados a), b) y c) de este 
artículo podrá ser incrementado en 3.000 euros más por vivienda en edificios o viviendas 
declaradas Bien de Interés Cultural, catalogados o que cuenten con algún nivel de 
protección en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente.
El coste de las actuaciones subvencionables podrá incluir los honorarios de los 
profesionales intervinientes, el coste de la redacción de los proyectos en su caso, 
informes  técnicos  y  certificados  necesarios,  los  gastos  derivados  de  la  tramitación 
administrativa y tributos, siempre que todos ellos estén debidamente justificados.
Artículo 115.  Plazo.
El plazo para ejecutar las obras de mejora de la accesibilidad en viviendas en los 
supuestos de los apartados 1 y 3 del artículo 110 no podrá exceder de doce meses, 
contados desde la fecha de concesión de la ayuda.
El plazo para ejecutar las obras de mejora de la accesibilidad en el supuesto del 
apartado 2 del artículo 110 no podrá exceder de veinticuatro meses, contados desde la 
fecha de concesión de la ayuda.
En  los  supuestos  en  que  la  concesión  de  la  licencia  municipal,  o  autorización 
administrativa de que se trate, se demore y no sea concedida en el plazo de doce meses 
desde su solicitud, los plazos anteriores podrán incrementarse en el plazo de la demora 
y hasta doce meses como máximo.
Estos plazos podrán ser prorrogados por huelgas que afecten al desarrollo de las 
actuaciones, razones climatológicas que alteren calendarios de ejecución de obras o 
cualquier otra causa de fuerza mayor, debidamente acreditada, y por el tiempo de retraso 
imputable a dichas causas.
Artículo 116.  Acceso a la ayuda.
1.  El acceso a las ayudas de este programa se realizará mediante convocatoria 
pública de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
2.  La subvención a las viviendas en los supuestos de los apartados 1 y 3 del 
artículo 110 solo se podrán abonar, ya sea parcialmente en forma de anticipos o pagos a 
cuenta o en su totalidad, cuando el beneficiario haya aportado: s
a)  La licencia o autorizaciones municipales que sean precisas para la realización de  w.b
la obra correspondiente. 2w
b)  El certificado de inicio de la obra correspondiente.
3.  La subvención a los edificios, en el supuesto del apartado 2 del artículo 110, solo 
se podrá abonar, ya sea parcialmente en la forma de anticipo o pago a cuenta o en su 
totalidad, cuando el beneficiario haya aportado:
a)  El acuerdo de la cooperativa y su asamblea o el acuerdo de la comunidad o 
comunidades de propietarios, debidamente agrupadas en este último caso, cuando sea 
preciso, de conformidad con su legislación aplicable, salvo en los casos de propietario 
único del edificio.
b)  La licencia o autorizaciones municipales que sean precisas para la realización de 
la obra correspondiente.
c)  El certificado de inicio de la obra correspondiente.
Artículo 117.  Concesión directa de las ayudas.
Las subvenciones correspondientes a este programa de ayuda podrán concederse 
de  forma  directa  conforme  a  lo  establecido  en  cualquiera  de  los  supuestos  del 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, cuando concurran las razones previstas en dicho artículo 
que deberán ser justificadas, en cada caso, por la comunidad autónoma o ciudad de 
Ceuta y Melilla de que se trate y siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias.
CAPÍTULO XIII
Programa de ayuda a la erradicación de zonas degradadas, del chabolismo 
y la infravivienda
Artículo 118.  Objeto del programa.
1.  Este programa tiene como objeto la financiación de la realización conjunta de 
actuaciones  de  rehabilitación  de  viviendas,  de  renovación  y  nueva  edificación  de 
viviendas,  de  urbanización  o  reurbanización  de  los  entornos  de  las  viviendas 
rehabilitadas, renovadas o edificadas, de realojos y de gastos profesionales y de gestión 
inherentes a la erradicación de áreas abandonadas, obsoletas o en declive y, en todo 
caso,  en  aquellas  en  que  exista  chabolismo  y/o  infravivienda,  con  el  fin  último  de 
contribuir a la inclusión social de las personas y unidades de convivencia afectadas a 
través del disfrute de una vivienda digna y adecuada en un contexto integrador.
A estos efectos se entenderá como infravivienda la edificación o parte de ella, 
destinada a vivienda, que no reúne las condiciones mínimas exigidas de conformidad 
con  la  legislación  aplicable.  En  todo  caso  se  entenderá  que  no  reúnen  dichas 
condiciones las viviendas que incumplan los requisitos de superficie, número, dimensión 
y características de las piezas habitables, las que presenten deficiencias graves en sus 
dotaciones e instalaciones básicas y las que no cumplan los requisitos mínimos de 
seguridad, accesibilidad y habitabilidad exigibles a la edificación.
2.  Particularmente, pero no de forma exclusiva, podrán ser objeto de este programa 
las áreas identificadas en el Estudio-Mapa sobre vivienda y población gitana elaborado 
por el entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el año 2016, en 
concordancia con la Estrategia para la inclusión social, la igualdad y la participación de la 
población gitana.
Artículo 119.  Delimitación de las zonas degradadas y de las áreas en las que existe 
chabolismo y/o infravivienda para acceder a las ayudas. e.
Para el reconocimiento de las ayudas previstas en este programa la zona degradada  w
toe rreitlo riáarlemae neten  poqru aec ueexrdisote d ec hlaa bcoomlisumnoid ayd/ oa utiónnfroamvivai eon cdiau dadde bdeer áC eeustata or  Mdeelliilmlai,t apdoor 
el ayuntamiento o por otra administración competente. Podrá ser continua o discontinua.
Artículo 120.  Acuerdo para la gestión de zonas degradadas y áreas en las que exista 
chabolismo y/o infravivienda.
Las  comunidades  autónomas  y  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  deberán  remitir  al 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana las propuestas de actuaciones en 
zonas degradadas o áreas en las que exista chabolismo y/o infravivienda que pretendan 
financiar con cargo a este programa.
En  las  comisiones  de  seguimiento  de  los  convenios  se  suscribirán,  con  la 
participación  del  Ayuntamiento  en  cuyo  término  municipal  se  ubique  el  área,  los 
correspondientes acuerdos. En caso de áreas que afecten a varios municipios, los 
acuerdos podrán ser suscritos únicamente por el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y la comunidad autónoma de que se trate, debiendo ésta última acreditar 
la conformidad de todos los municipios afectados.
Con carácter previo a la suscripción del acuerdo de la comisión de seguimiento 
deberá presentarse la siguiente documentación:
1.  El acuerdo de delimitación de la zona o del área y una ficha resumen de la 
actuación, que contendrán la delimitación cartográfica del área, tanto en papel como, a 
ser posible, en un fichero «shape» georreferenciado, el resumen de los parámetros 
principales de la actuación y una relación que permita identificar inequívocamente a 
todos los inmuebles incluidos, en su caso.
2.  Una  memoria-programa  en  la  que  constarán,  al  menos,  los  siguientes 
documentos:
a)  Un diagnóstico sobre la situación demográfica, social, económica y ambiental del área.
b)  Un programa de actuaciones que incluya la descripción de las actuaciones 
subvencionables, su idoneidad técnica y las formas de su ejecución y gestión, así como 
su  programación  temporal.  Se  incluirán  también  las  medidas  complementarias 
propuestas  en  los  ámbitos  social,  económico  y  ambiental,  especificando  de  forma 
pormenorizada  las  instituciones  públicas  y  privadas  implicadas  y  los  compromisos 
establecidos para su puesta en marcha, desarrollo y seguimiento.
c)  Una  memoria  de  viabilidad  técnica,  que  acredite  su  compatibilidad  con  la 
ordenación  urbanística,  y  otra  de  viabilidad  económica,  que  analizará  el  equilibrio 
presupuestario de la actuación sin menoscabo, en todo caso, del objeto social de la 
misma. En la memoria deberá constar el presupuesto total de la operación, desglosando 
las actuaciones según los tipos de ayuda establecidos en el artículo 104.
d)  El plan de realojo temporal y retorno legalmente necesario, en su caso, con 
indicación  de  los  plazos  y  costes  de  los  realojos  y  de  las  medidas  sociales 
complementarias previstas para la población afectada.
En  el  Acuerdo  de  comisión  de  seguimiento  se  fijarán  las  anualidades 
correspondientes a la aportación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, siendo la última, en todo caso, la correspondiente al ejercicio 2025. El Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana transferirá a la comunidad autónoma o 
ciudades de Ceuta o Melilla el importe de la subvención en la forma y plazos previstos en 
los convenios de colaboración.
Artículo 121.  Personas beneficiarias.
1.  Podrán ser beneficiarias de las ayudas de este programa quienes asuman la  e.e
responsabilidad de la ejecución integral del área delimitada por la actuación. b
2.  Cuando la ejecución de la actuación corresponda a varias beneficiarias, la ayuda  w
se distribuirá en proporción al coste y responsabilidad asumido por cada una.
Artículo 122.  Actuaciones subvencionables.
Las actuaciones subvencionables por este programa son aquellas que contribuyan a 
la regeneración y renovación de zonas degradadas y a la erradicación del chabolismo y 
la infravivienda, en concreto:
a)  Los procesos de realojo de los ocupantes de infraviviendas o chabolas, incluidas 
las actuaciones de acompañamiento social integral e individualizado de las unidades de 
convivencia para favorecer la adecuada inclusión de cada uno de sus componentes en 
su nuevo entorno.
b)  Obras de demolición de chabolas e infraviviendas, así como del entorno urbano 
inadecuado, incluida la demolición de viviendas que por su estado y ubicación dificulten 
el desarrollo de la actuación.
c)  Adquisición de viviendas, obras de rehabilitación y de adecuación de viviendas o 
de  construcción  de  nuevas  viviendas.  Las  viviendas  de  nueva  construcción  o 
rehabilitadas habrán de tener una calificación energética mínima A, tanto en emisiones 
de CO  como en consumo de energía primaria no renovable.
2
d)  Obras de urbanización y reurbanización material de los espacios públicos tales como 
consolidación,  pavimentación,  jardinería,  infraestructuras,  instalaciones,  servicios  de 
abastecimiento  de  agua,  saneamiento,  suministro  energético,  alumbrado,  recogida, 
separación y gestión de residuos, telecomunicaciones y utilización del subsuelo. Así como 
obras de mejora de la accesibilidad de espacios públicos y de mejora de la eficiencia 
ambiental en materia de agua, energía, uso de materiales, gestión de residuos, protección de 
la biodiversidad y de mejora de la eficiencia energética y utilización de energías renovables.
e)  Redacción de proyectos y dirección técnica o facultativa de las obras, informes 
técnicos y certificados, tramitación administrativa, actuaciones de los equipos y oficinas 
de planeamiento, de información (ventanilla única en su caso) y actuaciones de gestión.
El coste de todas las actuaciones subvencionables anteriores constituirá la inversión 
de la actuación, incluidos gastos generales inherentes a la actuación, siempre que estén 
debidamente justificados, así como los tributos.
Artículo 123.  Cuantía de las ayudas.
La  cuantía  máxima  de  las  ayudas  se  determinará  para  cada  actuación 
subvencionable conforme sigue:
1.  Hasta 5.000 euros anuales, por unidad de convivencia a realojar, durante el 
tiempo  que  duren  las  actuaciones  y  hasta  un  máximo  de  cinco  años,  para  las 
actuaciones de preparación, desarrollo y seguimiento del proceso de realojo, incluidas 
las  actuaciones  de  mediación  vecinal  o  de  acompañamiento  social  integral  e 
individualizado de las unidades de convivencia para favorecer la adecuada inclusión de 
cada uno de sus componentes en su nuevo entorno.
2.  Hasta el 80 % del coste de las obras de demolición de chabolas e infraviviendas, 
así como del entorno urbano inadecuado, incluida la demolición de viviendas que por su 
estado y ubicación dificulten el desarrollo de la actuación.
3.  Hasta 5.000 euros por vivienda que se adecúe, hasta 15.000 euros por vivienda 
que se rehabilite y hasta 50.000 euros por nueva vivienda que se adquiera o construya, 
con el límite, en todos los casos, del 80 % del correspondiente coste de adecuación, 
rehabilitación, adquisición o construcción. e.e
4.  Hasta el 80 % del coste de las obras de urbanización y reurbanización material  w.b
de los espacios públicos, incluidos los supuestos de mejora de la accesibilidad de  2ww
uessop adceio ms aptúebrilaicleoss,  yg edset iómne djoer ar edseid ulao se,f ipcireontecciac ióanm bdiee nlata bl ioedni vmearsteidraiad  dye d aeg muae,j oeran edreg íala, 
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facultativa de las obras, informes técnicos y certificados, tramitaciones administrativas,
actuaciones de los equipos y oficinas de planeamiento, de información (ventanilla única 
en su caso) y de los costes asociados a la gestión inherente a la actuación.
Las  subvenciones  de  este  programa  serán  compatibles  con  cualesquiera  otras 
ayudas públicas para el mismo objeto.
Artículo 124.  Concesión directa de la ayuda. Abono de la ayuda.
Las subvenciones correspondientes a este programa de ayuda podrán concederse 
de  forma  directa  conforme  a  lo  establecido  en  cualquiera  de  los  supuestos  del 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando 
concurran las razones previstas en dicho artículo que deberán ser justificadas, en cada 
caso, por la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla de que se trate y siempre 
dentro de las disponibilidades presupuestarias.
Con carácter previo a la percepción de la ayuda, ya sea en forma de anticipos, pagos 
a cuenta o en su totalidad, el beneficiario deberá aportar:
1.  La primera licencia municipal que sea precisa para ejecutar la correspondiente 
actuación, ya sea de demolición, urbanización, rehabilitación u obra nueva.
2.  Certificado  de  inicio  de  la  obra  correspondiente  a  dicha  primera  licencia  o 
autorización municipal.
Artículo 125.  Plazo para la ejecución de las actuaciones.
La actuación financiada en su conjunto deberá estar finalizada en el plazo máximo de 
ocho años desde la firma del correspondiente acuerdo de la comisión de seguimiento.
CAPÍTULO XIV
Programa de ayuda al pago del seguro de protección de la renta arrendaticia
Artículo 126.  Objeto del programa.
El objeto de este programa es la concesión de ayudas para un seguro de protección 
de la renta arrendaticia que cubra el eventual impago la misma,
Artículo 127.  Personas beneficiarias..
Las  beneficiarias  de  las  ayudas  de  este  programa  podrán  ser  las  propietarias 
arrendadoras de las viviendas sea cual sea su naturaleza jurídica, o las arrendatarias 
que cumplan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.
El tomador del seguro podrá ser la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta o Melilla 
o el arrendador.
Artículo 128.  Requisitos de la persona arrendataria.
La arrendataria habrá de cumplir los requisitos establecidos para el programa de 
ayuda al alquiler de vivienda regulados en los apartados 1 y 2 del artículo 27.
Artículo 129.  Importe asegurado.
El importe mínimo asegurado ha de ser la renta arrendaticia anual. o
Si se reconociera ayuda para el alquiler a la arrendataria en cualquiera de los  ww.
mpreongorasm laa sa ydued ae satle a lPqluainle re al nimuaplo rreteco mnoínciimdao  aa lsae agrurreanddoa tsaeriraá. la renta arrendaticia anual
Artículo 130.  Cuantía de la ayuda.
La cuantía de la ayuda será de hasta el 5 % de la renta arrendaticia anual.
Si se reconociera ayuda para el alquiler a la arrendataria en cualquiera de los 
programas de este Plan la cuantía de la ayuda sería de hasta el 5 % de la renta 
arrendaticia anual menos la ayuda al alquiler anual reconocida a la arrendataria.
La ayuda no podrá ser superior al coste del correspondiente seguro de protección de 
la renta arrendaticia.
Artículo 131.  Plazo de la ayuda.
La  ayuda  se  reconocerá  por  el  plazo  de  un  año,  pudiendo  reconocerse 
posteriormente en sucesivos plazos de un año durante la vigencia del Plan.
Artículo 132.  Procedimiento de concesión.
Las subvenciones correspondientes a este programa de ayuda podrán concederse 
de  forma  directa  conforme  a  lo  establecido  en  cualquiera  de  los  supuestos  del 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, cuando concurran las razones previstas en dicho artículo 
que deberán ser justificadas, en cada caso, por la comunidad autónoma o ciudad de 
Ceuta y Melilla de que se trate y siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias.
TÍTULO III
Del seguimiento, control y evaluación del Bono Alquiler Joven y del Plan estatal 
para el acceso a la vivienda 2022-2025
Artículo 133.  Órganos competentes para el seguimiento del Bono Alquiler Joven y el 
Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.
1.  Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo.
La Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo es el órgano superior de cooperación, 
de carácter multilateral y ámbito sectorial, entre las comunidades autónomas y ciudades 
de Ceuta y Melilla, por un lado, y la Administración del Estado, por el otro, en materia de 
vivienda y suelo. Estará presidida por la persona titular del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana y la titular de su vicepresidencia será designada por las 
titulares de las consejerías autonómicas con competencias en materia de vivienda, 
urbanismo y suelo, según lo que se establezca en su reglamento interno.
La Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo ajustará sus actuaciones a lo dispuesto 
en el artículo 147 y siguientes de la Ley 40/2015 y a lo que establezca en su reglamento 
interno de funcionamiento.
Las  sesiones  plenarias  de  la  Conferencia  Sectorial  de  Vivienda  y  Suelo  serán 
convocadas por la persona titular de su presidencia, que podrá invitar a sus reuniones a 
los representantes de las administraciones públicas o de entidades públicas o privadas 
que puedan contribuir con sus aportaciones a su mejor funcionamiento. En particular, 
cuando la Conferencia aborde cuestiones relacionadas con el Bono Alquiler Joven y con 
el Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, podrá convocar como observador 
a una representación de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Corresponderá a la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, entre otras funciones,  es
el seguimiento de la implantación y la verificación de los resultados del Bono Alquiler  o
Joven  y  del  Plan  estatal  para  el  acceso  a  la  vivienda  2022-2025,  proponiendo  al  w
Mopinoirstutenraios  pdaer aT srua nmspaoyortre es,f icMieonvciilaid.ad  y  Agenda  Urbana  cuantas  medidas  considere
2.  Comisión Multilateral de Vivienda y Suelo.
La Comisión Multilateral de Vivienda y Suelo estará constituida por la persona titular de 
la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, que la presidirá, y las personas responsables designadas por las titulares 
de las correspondientes Consejerías, competentes en la materia, con rango mínimo de 
Director General de cada comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla.
Tendrá carácter de comisión sectorial a los efectos de la Ley 40/2015 y podrá 
participar en el seguimiento y evaluación del Bono Alquiler Joven y del Plan Estatal para 
el  acceso  a  la  vivienda  2022-2025  y  de  los  acuerdos  que  al  respecto  adopte  la 
correspondiente  Conferencia  Sectorial,  además  de  proponer  a  la  misma  cuantos 
asuntos, sobre esta materia, que decida elevar.
3.  Comisión de Seguimiento.
La Comisión de Seguimiento estará prevista en los convenios que se suscriban entre el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las comunidades autónomas o ciudades 
de Ceuta y Melilla para la ejecución del Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 y 
será la misma que haga el seguimiento del Bono Alquiler Joven. Estará constituida por la 
persona titular de la Dirección General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, que la presidirá, y por la persona titular del órgano competente en la 
materia de la correspondiente comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla.
La Comisión de Seguimiento velará por el adecuado cumplimiento de lo convenido 
para la ejecución del Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, pudiendo 
acordar reajustes en el reparto de la financiación inicialmente previstas en y entre los 
distintos programas, con las limitaciones establecidas en el artículo 22, así como otros 
ajustes que resultasen necesarios, por las modificaciones que pudieran producirse en la 
financiación del Plan, respetando siempre el marco general establecido en el convenio 
de colaboración y sin que las reordenaciones que se acuerden, puedan suponer un 
incremento de las dotaciones presupuestarias a aportar por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana en cada año, ni se prolonguen más allá del ejercicio 2025.
La Comisión de Seguimiento velará también por el adecuado cumplimiento de lo 
regulado en este real decreto en relación con el Bono Alquiler Joven adoptando, en su 
caso, acuerdos que contribuyan a su mejor y más rápida eficacia, sin menoscabar las 
garantías reglamentarias de aplicación.
Artículo 134.  Control e información del Bono Alquiler Joven y del Plan estatal para el 
acceso a la vivienda 2022-2025.
1.  Una vez vencido el semestre natural, y antes del último día del mes siguiente, se 
enviará por cada una de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla un 
informe (o archivo informático o por acceso a aplicaciones informáticas compartidas) en 
el que se recojan los siguientes datos:
a)  Número  de  solicitudes  recibidas  para  el  Bono  Alquiler  Joven  y  por  cada 
programa del Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, detallando cuántas de 
ellas  se  han  resuelto  favorablemente,  cuantas  desfavorablemente  y  las  que  están 
pendientes de resolver, desglosado por provincias y municipios.
b)  El número de personas beneficiarias a los que se les ha concedido la ayuda del 
Bono Alquiler Joven y las ayudas de cada uno de los programas del Plan estatal para el  e.e
acceso a la vivienda 2022-2025, desglosado por provincias y municipios, así como el  b
importe de la subvención que le corresponde abonar a cada uno de ellos. w
corrce)s poRnedliaecnióten  judseti ficaabcoinóons c, ontatanbtole  roe caelizrtaifdicoasc iócno mdeol  ópregnadnioe ngteesst odr ec omrepaelizteanr,t e.con  la
2.  Si  la  Dirección  General  de  Vivienda  y  Suelo  del  Ministerio  de  Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana no recibe o no tiene acceso a la documentación establecida
para el Bono Alquiler Joven y para cada uno de los programas del Plan, ni la relación de 
abonos,  tanto  realizados  como  pendientes  de  realizar,  con  la  correspondiente 
justificación contable o certificación, ni los informes semestrales o de evaluación anual 
reseñado en el artículo siguiente, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana podrá paralizar las transferencias de fondos a las comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla, hasta la recepción completa de dicha información.
También se podrán paralizar las transferencias de fondos cuando la información 
recibida evidencie incumplimiento de este real decreto, del convenio correspondiente y, 
en todo caso, de incumplimiento conforme al ordenamiento jurídico de aplicación.
Artículo 135.  Evaluación del Bono Alquiler Joven y del Plan estatal para el acceso a la 
vivienda 2022-2025.
Con independencia del control y la información descritos en el artículo anterior, las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán presentar al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana un informe de evaluación anual relativo al desarrollo 
del Bono Alquiler Joven, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 86.2, regla sexta de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Asimismo,  deberán  presentar  al  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda 
Urbana un informe de evaluación anual relativo al desarrollo de los programas del Plan 
en su ámbito territorial conforme a lo que se establezca en el convenio correspondiente, 
y también sin perjuicio de lo previsto en el artículo 86.2, regla sexta de la Ley 47/2003.
Los informes de evaluación anual se presentarán al Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana en el primer trimestre del año siguiente al que es objeto de evaluación, y en 
ellos se deberá incluir un resumen de la información anual del Bono Alquiler Joven y del Plan 
por programas, así como un análisis de dicha información. En dichos informes deberá 
incluirse la variable de sexo en las estadísticas y recogida de datos realizadas.
Artículo  136.  Reasignación  de  recursos  del  Plan  estatal  para  el  acceso  a  la 
vivienda 2022-2025.
La no justificación en tiempo y forma de la adquisición de compromiso financiero, del 
gasto  o  de  la  aplicación  de  los  fondos  transferidos  con  anterioridad,  así  como  el 
incumplimiento de plazos establecidos para la gestión de actuaciones subvencionables 
por el Plan, serán causa de la reasignación de los correspondientes recursos por parte 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. A tal efecto, los convenios 
que  suscriba  el  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana  con  las 
comunidades  autónomas  y  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  especificarán  los  plazos  y 
condiciones de aplicación.
Disposición adicional primera.  Efectividad de las ayudas.
Las ayudas que se otorguen en aplicación de este real decreto podrán reconocerse 
con efectos del 1 de enero de 2022 aunque la fecha del reconocimiento fuere posterior. 
No podrán reconocerse con efectos anteriores al 1 de enero de 2022.
Disposición adicional segunda.  Modificación del destino y de precios máximos de venta 
o alquiler de planes de vivienda anteriores.
El destino a la venta, al alquiler o al alquiler con opción a compra y la limitación de  e.e
los precios de venta o de alquiler establecidos para las viviendas a promover en suelos  w.b
protegidos,  incluida  la  reserva  de  suelo  resultante  del  correspondiente  desarrollo  2ww
eusrbtaatnaílsetsic ovi,v aiel nadmap, aprood dráenl  Pslearn  mEosdtaiftiacla ddeo sV ipvoiern ldaas  2co0m09u-n2i0d1a2d eos d aeu ltoósn oamntaesri oor ecsiu pdlaandeess 
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alquiler asequibles en estos suelos y facilitar el acceso a viviendas ya finalizadas a los 
ciudadanos con recursos limitados.
Estas modificaciones deberán estar amparadas en una memoria justificativa y habrán 
de ser acordadas en la comisión de seguimiento del correspondiente convenio que para 
la ejecución del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 suscriban las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla con el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. No afectarán a las ayudas estatales que, en su caso y al 
amparo del plan estatal de vivienda de que se trate, hubieren sido recibidas.
Las actuaciones que se desarrollen en estos suelos podrán acogerse adicionalmente 
a las ayudas de cualquier programa de los establecidos en este real decreto siempre y 
cuando cumplan con todos los requisitos para el mismo exigidos.
Disposición adicional tercera.  Ampliación del plazo para la ejecución de determinadas 
actuaciones del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Los plazos de ejecución de las actuaciones establecidos en los artículos 31, 38, 45 y 72 
del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021 se amplían en doce meses, pudiendo acordarse, en su caso, un nuevo 
plazo  extraordinario  mediante  Acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral  de  Seguimiento  del 
convenio suscrito para la ejecución del Plan entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla de que se trate.
El  plazo  de  ejecución  de  las  actuaciones  establecido  en  el  artículo  54  del 
Real  Decreto  106/2018,  de  9  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  Plan  Estatal  de 
Vivienda 2018-2021 se amplía en dos años, pudiendo acordarse, en su caso, un nuevo 
plazo extraordinario mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento del 
convenio suscrito para la ejecución del Plan entre el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana y la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla de que se trate.
Disposición  adicional  cuarta.  Compensación  de  ayudas  de  planes  estatales  de 
vivienda.
A los efectos de lo dispuesto en la regla sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, se 
entenderá que tienen el mismo destino específico todos los fondos para subvenciones 
vinculadas a planes estatales de vivienda, transferidos a las comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla y que se encuentren en poder de las mismas.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podrá compensar con las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, los importes que les hubiere 
adelantado cuyo pago esté pendiente de justificación, con las cantidades pendientes de 
transferencia, en concepto de subvención, sea cual sea la línea y naturaleza de la 
subvención  y  el  plan  estatal  al  que  correspondan.  En  caso  de  no  producirse  la 
compensación,  el  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana  iniciará  el 
procedimiento de reintegro al Tesoro Público. Todo ello, sin perjuicio de la obligación de 
las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de justificar el pago de la 
totalidad de las subvenciones percibidas.
Disposición derogatoria única.  Disposiciones que se derogan.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en este real decreto. s
Disposición final primera.  Títulos competenciales. w.
ConEstsittuec rieóanl  Edescpraeñtoo lase,  qauperu aetbriab uayl ea mapl aErsot addeo l ola d icsopmuepsettoe necni ae le axrctílcuusliova 1 4e9n. 1m.1a3te.ªr idae d lae 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
1.  Se habilita a la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana  para  dictar  cuantas  disposiciones  resulten  necesarias  para  el  desarrollo  y 
ejecución de lo dispuesto en este real decreto.
2.  El  titular  del  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana  podrá 
concretar  la  cuantía  de  las  subvenciones  del  Plan  estatal  para  el  acceso  a  la 
vivienda 2022-2025 susceptibles de otorgamiento, dentro de los límites de este real 
decreto,  en  función  de  las  disponibilidades  presupuestarias,  la  evolución  de  las 
condiciones objetivas y los indicadores utilizados para el seguimiento del Plan. Estas 
modificaciones no podrán afectar a subvenciones ya reconocidas.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 18 de enero de 2022.
FELIPE R.
La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ