BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Martes 22 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 21389
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2818 Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador de la propiedad de Benaguasil a inscribir una certificación de acta 
de adjudicación y el correspondiente mandamiento de cancelación de cargas 
librados en procedimiento de apremio administrativo.
En el recurso interpuesto por doña M. L. S. M., directora provincial de Valencia de la 
Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  contra  la  negativa  del  registrador  de  la 
Propiedad de Benaguasil, don José Losada Morell, a inscribir una certificación de acta de 
adjudicación y el correspondiente mandamiento de cancelación de cargas librados en 
procedimiento de apremio administrativo.
Hechos
I
En procedimiento de apremio administrativo seguido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social se expidió certificación del acta de adjudicación de la finca registral 
número 19.271 del Registro de la Propiedad de Benaguasil. En dicho procedimiento, se 
había ejecutado la hipoteca unilateral que en su momento se constituyó por parte de 
doña M. B. R. A. a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social en garantía de 
una deuda contraída con dicho organismo por la entidad «Gabival 2001, S.L.».
II
Presentada la citada certificación, en unión del correspondiente mandamiento de 
cancelación, en el Registro de la Propiedad de Benaguasil, fue objeto de la siguiente 
nota de calificación:
«Calificados los precedentes documentos, junto con escrito de alegaciones de 8 de 
septiembre de 2021 de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a los 
artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 99 del Reglamento Hipotecario, el Registrador que 
suscribe ha resuelto suspender la inscripción y cancelación solicitadas por los motivos 
siguientes en base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
Hechos:
I. Se presenta en este Registro, bajo el asiento 392 del Diario 68, Certificación del 
Acta de Adjudicación expedida el día 29 de mayo de 2021 por doña M. L. S. M., 
Directora Provincial de Valencia de la Tesorería General de la Seguridad Social, como 
consecuencia  de  la  subasta  derivada  del  expediente  administrativo  de  apremio 
número 46 15 03 00223360, en unión de Mandamiento de cancelación expedido el 
día 23 de junio de 2021 por don M. F. F., Subdirector General de Procedimientos  s
Ejecutivos y Especiales de Recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social,  e.
en virtud de los cuales se adjudica finca 19.271 de Riba-roja de Turia a doña A. M. S. R.  w.
y se decreta la cancelación de la hipoteca objeto de ejecución y todas las cargas  18ww
posteriores a la misma.
II. La inscripción de dicha documentación fue suspendida por los defectos que 
constan en la nota de calificación negativa suscrita el día 28 de julio de 2021, que son 
esencialmente los siguientes:
1) Resultando que la hipoteca de la que deriva la adjudicación en subasta de la 
finca se constituyó por doña M. B. R. A. a favor de la Tesorería General de la Seguridad 
Social  en  garantía  de  una  deuda  contraída  con  dicho  organismo  por  la  entidad 
Gabival 2001, SL, no consta en la documentación presentada que se ha realizado en el 
procedimiento el requerimiento de pago, la notificación de la valoración del bien y la 
notificación de la providencia de subasta a la titular registral de la finca ejecutada, como 
hipotecante no deudora.
2) Resultando que la finca hipotecada ha sido adjudicada en una cantidad inferior 
al 60 por ciento del importe de su valoración y superior al 25 por ciento del tipo de 
subasta y que no cubre el importe adeudado, no consta que el remate se ha aprobado 
mediante resolución motivada del Director Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social.
III. Dentro de la vigencia del asiento de presentación, en fecha 10 de septiembre 
de 2021 se aporta nuevamente al Registro la documentación calificada en unión de 
fotocopia del escrito de 8 de septiembre de 2021 firmado por don R. G. F., Subdirector 
Provincial de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
relativo a las alegaciones formuladas por dicho organismo para subsanar los defectos 
señalados en la citada nota de calificación. En fecha 21 de septiembre de 2021 se aporta 
por la propia presentante original de dicho escrito de alegaciones. Y en fecha 24 de 
septiembre de 2021 se aporta el mismo documento por correo por la Tesorería General 
de la Seguridad Social. En el referido escrito de alegaciones, para subsanar los defectos 
señalados, se dice, entre otras cosas, lo siguiente: “Que la titular del inmueble, doña M. 
B. R. A., falleció el 10 de noviembre de 2018. (…) Que la valoración del inmueble fue 
puesta a disposición de la deudora Gavibal 2001, SL, el 12 de junio de 2019. (…) Que la 
providencia de subasta fue notificada a la empresa y a los hijos de la titular fallecida, R. 
V. R., I. V. R. y E. V. R. (…) Que E. V. R. ha presentado diversos Recursos de Alzada 
contra las providencias de anuncio de subastas, habiéndose notificado las Resoluciones 
de dichos recursos en atención a los procedimientos incoados en los que la interesada 
figura como representante de don R. I. V. R. (administrador de Gavibal 2001, SL) 
actuando los mismos también en nombre propio, por lo que cabe entender que tanto la 
empresa deudora como los hijos de la titular del inmueble que forma parte de la herencia 
yacente han sido debidamente notificados tanto de la tasación como de las providencias 
de  anuncio  de  subasta.  (…)  Que  el  remate  se  ha  aprobado  mediante  resolución 
motivada del Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
fecha 27 de abril de 2021, que fue debidamente notificada a la empresa y a los hijos de 
la titular fallecida”. En dicho escrito de alegaciones nada se dice del requerimiento de 
pago a la titular registral de la finca ejecutada, como hipotecante no deudora.
Fundamentos jurídicos:
A la vista de las alegaciones formuladas por la Tesorería General de la Seguridad 
Social en su escrito de 8 de septiembre de 2021, se entiende subsanado el defecto 
señalado en el apartado segundo de la nota de calificación negativa suscrita el día 28 de 
julio de 2021. No así los defectos indicados en el apartado primero de dicha nota de  s
calificación, lo que impide la inscripción y cancelación solicitadas. oe.
De la documentación presentada, y especialmente de las manifestaciones realizadas  w.
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acreditarse  mediante  el  correspondiente  título  sucesorio),  hayan  tenido  la  debida
intervención en el procedimiento de apremio administrativo tramitado por la Tesorería  Bc
General de la Seguridad Social en ejecución de la hipoteca constituida en garantía de las 
deudas  contraídas  con  dicho  organismo  por  la  entidad  Gabival  2001,  SL,  por  las 
siguientes razones:
Primero. No resulta que se haya practicado el previo requerimiento de pago a la 
titular registral de la finca ejecutada, como hipotecante no deudora, o a sus herederos, 
siendo éste un requisito necesario para la ejecución de la garantía hipotecaria.
El requisito del previo requerimiento de pago al hipotecarte no deudor es un trámite 
esencial del procedimiento de ejecución de la garantía hipotecaria, que entra dentro del 
ámbito de calificación registral para evitar la indefensión del titular registral de la finca 
ejecutada. El artículo 88 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  General  de  Recaudación  de  la  Seguridad  Social,  dispone: 
“cuando  el  cumplimiento  de  la  deuda  estuviera  garantizado  mediante  aval,  prenda, 
hipoteca o cualquier otra garantía personal o real, se procederá inmediatamente a exigir 
el pago al garante o a ejecutar la garantía dada por el procedimiento administrativo de 
apremio regulado en este reglamento”. Y más específicamente para el supuesto de 
hipotecante  no  deudor,  el  requerimiento  lo  exige  el  artículo  74  del  Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación, en sus apartados 3 y 4, que se entiende aplicable al procedimiento de 
apremio  tramitado  por  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  en  base  a  la 
aplicación supletoria de dicha norma a la recaudación de los recursos del sistema de la 
Seguridad Social que establece la disposición final primera del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social. Así el artículo 74 del Reglamento General de 
Recaudación en sus apartados 3 y 4 dispone que “3. Si la garantía consiste en hipoteca, 
prenda u otra de carácter real constituida por o sobre bienes o derechos del obligado al 
pago  susceptibles  de  enajenación  forzosa,  se  procederá  a  enajenarlos  por  el 
procedimiento  establecido  en  este  reglamento  para  la  enajenación  de  bienes 
embargados de naturaleza igual o similar. 4. Si la garantía está constituida por o sobre 
bienes o derechos de persona o entidad distinta del obligado al pago, se comunicará a 
dicha persona o entidad el impago del importe garantizado, requiriéndole para que, en el 
plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, ponga dichos bienes o derechos a disposición del órgano de recaudación 
competente, salvo que pague la cuantía debida. Transcurrido dicho plazo sin que se 
haya  producido  el  pago  o  la  entrega  de  los  bienes  o  derechos,  se  procederá  a 
enajenarlos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior”. Y la Disposición final 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social establece: “Aplicación 
supletoria del Reglamento General de Recaudación del Estado. En lo no previsto en este 
reglamento y en las disposiciones de desarrollo que al efecto se dicten, se aplicará a la 
recaudación de los recursos del sistema de la Seguridad Social, supletoriamente, el 
Reglamento General de Recaudación del Estado (…)”
Segundo. No resulta que se haya notificado la valoración del inmueble al titular 
registral de la finca ejecutada, como hipotecante no deudora, o a sus herederos, puesto 
que del escrito de alegaciones resulta que solo fue puesta a disposición del deudor.
El requisito de la notificación de la valoración del inmueble hipotecado al titular 
registral de la finca es igualmente un trámite esencial del procedimiento de ejecución de 
la  garantía  hipotecaria,  que  entra  dentro  del  ámbito  de  calificación  registral  El 
artículo 110.2 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social dispone: 
“la unidad de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social notificará la valoración (del  s
bien)  al  deudor,  el  cual,  en  caso  de  discrepancia,  podrá  presentar  valoración  e.
contradictoria en el plazo de 15 días, ampliable cuando las circunstancias concurrentes  w.
así  lo  aconsejen”.  Aunque  en  dicho  precepto  no  se  mencione  expresamente  al  18ww
heimpobtaercgaandtoe)  nsoe  deenutideonrd e( téqnugea seel  reenq ucisuieton tae sq uaep liceal balert ícaul loti tuhlaabr lare gdies trvaal lodre  dleal  fbiniecan 
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la posibilidad de intervenir en el procedimiento a los efectos de que pueda presentar una 
valoración contradictoria del bien.
Tercero. Falta aclarar que la providencia de subasta se ha notificado a los hijos de 
la titular registral fallecida, don R., doña I. y doña E. V. R. en su cualidad de herederos de 
la  misma,  debiéndose  acreditar  dicho  fallecimiento  mediante  el  correspondiente 
certificado de defunción y la cualidad de herederos mediante el correspondiente título 
sucesorio.
El requisito de la notificación de la providencia de subasta al titular registral de la 
finca hipotecada es igualmente un trámite esencial del procedimiento de ejecución de la 
garantía  hipotecaria,  que  entra  dentro  del  ámbito  de  calificación  registral.  El 
artículo 116.2 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social dispone: 
“dicha providencia (de subasta) será notificada al deudor, a su cónyuge, al depositario de 
los bienes embargados, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y 
a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la 
Seguridad Social”. Aunque en el precepto no se mencione expresamente al hipotecante 
no  deudor  (téngase  en  cuenta  que  la  norma  habla  de  “enajenación  de  los  bienes 
embargados”), se entiende que el requisito es también aplicable al titular registral de la 
finca ejecutada por afectar directamente a su derecho a los efectos de que pueda liberar 
el bien hipotecado de su propiedad pagando la totalidad de la deuda.
La  necesidad  de  que  el  procedimiento  se  dirija  contra  los  herederos  del  titular 
registral de la finca ejecutada, cuando éste haya fallecido, resulta del principio de tracto 
sucesivo para evitar la indefensión procesal (artículos 1, 20 y 40 de la Ley Hipotecaria), 
debiéndose acreditar el fallecimiento del titular y la cualidad de herederos, si son ciertos 
y determinados, mediante los documentos correspondientes que antes se han señalado 
(artículos 14 y 16 de Ley Hipotecaria y 76, 78 y 166.1.ª del Reglamento Hipotecario).
Como se ha dicho, el cumplimiento de los trámites señalados entra dentro del ámbito 
de  la  calificación  registral  conforme  al  artículo  99  del  Reglamento  Hipotecario,  que 
extiende el ámbito de la calificación registral de los documentos administrativos, entre 
otros extremos, “a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, a la relación de 
éste  con  el  titular  registral  y  a  los  obstáculos  que  surjan  del  Registro”,  debiéndose 
considerar como trámites esenciales del procedimiento de apremio de la Seguridad Social 
los que confieren específicos derechos de defensa a las partes, especialmente al titular 
registral de la finca adjudicada. Por su parte, el artículo 122.2 del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social exige que el certificado de adjudicación de la finca 
debe  incluir  “todas  aquellas  circunstancias  que,  en  su  caso,  sean  precisas  para  su 
inscripción  con  arreglo  a  la  legislación  hipotecaria”,  dentro  de  las  cuales  están  los 
requisitos y los trámites esenciales del procedimiento que debe calificar el registrador, y 
entre ellos están los que afectan al titular registral de la finca ejecutada para que pueda 
intervenir en el procedimiento en defensa de su derecho, como son el previo requerimiento 
para poder ejecutar la garantía, la notificación de la valoración del bien y la notificación de 
la providencia de subasta. Por su parte, la resolución de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 30 de noviembre de 2016 declara que “de acuerdo con esta 
doctrina, efectivamente corresponde al registrador, dentro de los límites de su función 
calificadora  de  los  documentos  administrativos,  examinar,  entre  otros  extremos,  la 
observancia de los trámites esenciales del procedimiento seguido, a fin de comprobar el 
cumplimiento de las garantías que para los particulares están establecidas por las leyes y 
los reglamentos, con el exclusivo objeto, como tiene declarado este Centro Directivo, de 
que cualquier titular registral no pueda ser afectado si, en el procedimiento objeto de la  es
resolución, no ha tenido la intervención prevista por la Ley, evitando que el titular registral  o
sdasueertfnbírctaeLiud, al oso eep sn–r r 1 ecee,os ln2me tm0neo tniy esu d m4ncid0aaoo l  dig fReieace larl agaca inisLróttteíírnacoy u  ,nmH loelaiá gpss9ao  9ttdcie voecdanla e sdrlll ieeeaRcrv”eu.eaceg hcnlaoocm niacsesoin gndtosoet  il taHuu cnippiaoroó ntireanrcold agaera fieuo ndn, seaei  ónltaun  t cevpoilgranoe gcjnureucdseiiaacni lac,d ileay e l  fecaenosc niteei vnslaottoe–s     OE-A-2022-2818able en https://www.
de presentación en los términos establecidos en el artículo 323 de la Ley Hipotecaria.
Contra la presente calificación negativa (…)
Benaguasil, a 8 de octubre de 2021. El registrador (firma ilegible y sello del Registro 
con el nombre y apellidos del registrador).»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña M. L. S. M., directora provincial de 
Valencia de la Tesorería General de la Seguridad Social, interpuso recurso el día 15 de 
noviembre de 2021 atendiendo a los siguientes argumentos:
«1. Mediante escritura pública de fecha 18-4-2002, D.ª M. B. R. A. constituyó 
hipoteca unilateral sobre la finca de su propiedad n.º 19271 del Registro de la Propiedad 
de  Benaguasil  en  garantía  de  aplazamiento  de  pago  de  cuotas  por  importe 
de 1.161.778,83 euros concedido por Resolución de fecha 1-4-2002 de la Subdirección 
General de Procedimientos Especiales de la Tesorería General de la Seguridad Social a 
la mercantil Gabival 2001, S.L. que comparece a los efectos de reconocer la deuda y 
obligarse a su pago en los plazos establecidos representada por su administrador único 
D. R. V. G., esposo de la hipotecante no deudora.
En la cláusula tercera se consigna que la hipoteca constituida se regirá en especial 
por  las  disposiciones  contenidas  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  General  de  la 
Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio –en la 
actualidad sustituida por el R.D. Legislativo 8/2015, de 30 de Octubre-, Reglamento 
General  de  Recaudación  de  los  Recursos  del  Sistema  de  la  Seguridad  Social, 
RD 1637/1995, de 6 de octubre –en la actualidad sustituido por el R.D. 1415/2004, de 11 
de Junio– y se hace referencia expresa a la utilización del procedimiento administrativo 
de apremio para la ejecución de la hipoteca, de acuerdo con lo establecido en el art. 34 
de la LGSS, 1/1994, de 20 de Junio.
Tanto la normativa de la Seguridad Social vigente en el momento de constituirse la 
hipoteca como la vigente en el momento de la ejecución y adjudicación del bien inmueble 
mediante el procedimiento administrativo de apremio que reproducimos establecen que 
art. 23.6 LGSS 8/2015, de 30 de octubre, “En caso de incumplimiento de cualquiera de 
las  condiciones  o  pagos  del  aplazamiento,  se  proseguirá,  sin  más  trámite,  el 
procedimiento de apremio que se hubiera iniciado antes de la concesión. Se dictará 
asimismo sin más trámite providencia de apremio por aquella deuda que no hubiera sido 
ya apremiada, a la que se aplicará el recargo del 20 por ciento del principal, de haberse 
cumplido dentro de plazo las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del 
artículo 29, o del 35 por ciento en caso contrario. En todo caso, los intereses de demora 
que se exijan serán los devengados desde el vencimiento de los respectivos plazos 
reglamentarios de ingreso”.
Art. 38.5 párrafo 2.º “Si el cumplimiento de la obligación con la Seguridad Social 
estuviera  garantizado  mediante  aval,  prenda,  hipoteca  o  cualquiera  otra  garantía 
personal o real, se procederá en primer lugar a ejecutarla, lo que se realizará en todo 
caso por los órganos de recaudación de la Administración de la Seguridad Social, a 
través del procedimiento administrativo de apremio”.
Por su parte el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, R.D. 
1415/2004, de 11 de junio, dispone en su art. 2.1 y 3 “La gestión de la recaudación de los 
recursos  del  sistema  de  la  Seguridad  Social  objeto  de  este  Reglamento  es  de 
competencia exclusiva de la Tesorería General de la Seguridad Social, que ejercerá tales  e.e
funciones  bajo  la  dirección,  vigilancia  y  tutela  de  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  b
Sociales, con sujeción a las normas contenidas en el Texto Refundido de la Ley General  18ww
d“Lea sla  uSneidgaudriedsa dd eS orecciaalu, deanc ieósnt ee Rjeecgultaivma edneto l ay  Teens osruesr ídai sGpeonseicriaoln dees  lcao mSepgleumrideandta rSiaosc”i.a..l 
seosnta bcloemcipdeotse netne se lp aTerax tloa  Reejefcuuncdiiódno  fdoerz olas aL edye lG peantreimraol ndioe  dSeelg dueriuddaodr ,S eonc ialol sy  téernm einsotes 
Reglamento, y para las actuaciones que les correspondan, en orden al aseguramiento de 
dicha ejecución forzosa o a la regularización del pago por el sujeto responsable”.
En su art. 27.4 “En caso de incumplimiento de las obligaciones garantizadas, los 
órganos de recaudación procederán a la ejecución de la garantía conforme a los trámites 
previstos en el título III relativo al Procedimiento de Recaudación en Vía Ejecutiva” y 36.1 
“En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones o pagos del aplazamiento 
se proseguirá, sin más trámite, el procedimiento de apremio que se hubiera iniciado 
antes de su concesión. Se dictará, asimismo, sin más trámite, providencia de apremio 
por aquella deuda que no hubiera sido ya apremiada, a la que se aplicará el recargo 
del 20 por ciento del principal, si el sujeto responsable del pago hubiera cumplido dentro 
de  plazo  las  obligaciones  en  materia  de  liquidación  de  cuotas  establecidas  en  los 
apartados 1 y 2 del artículo 26 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, o del 35 por ciento en caso contrario.
En dicho procedimiento de apremio los órganos de recaudación procederán en 
primer lugar a ejecutar las garantías que se hubieran constituido.
En todo caso, los intereses de demora que se exijan serán los devengados desde el 
vencimiento de los respectivos plazos reglamentarios de ingreso”.
Y art. 88.1, 2 y 3 1. “Cuando el cumplimiento de la deuda estuviera garantizado 
mediante aval, prenda, hipoteca o cualquier otra garantía personal o real, se procederá 
inmediatamente  a  exigir  el  pago  al  garante  o  a  ejecutar  la  garantía  dada  por  el 
procedimiento administrativo de apremio regulado en este Reglamento.
No obstante, si el recaudador ejecutivo de la Seguridad Social estimara insuficiente o 
desproporcionada la garantía constituida, podrá proceder, sin esperar a su ejecución, al 
embargo de otros bienes del deudor.
2. Si la garantía consistiera en aval, fianza u otra garantía personal, se instará del 
garante el pago de la deuda hasta el límite del importe garantizado, y se le prevendrá 
expresamente que de no realizar el pago en el plazo fijado se procederá contra sus 
bienes.
3. Si la garantía consistiera en prenda, hipoteca u otra de carácter real constituida 
por o sobre bienes o derechos del deudor, susceptibles de enajenación forzosa, se 
procederá a enajenarlos con preferencia a otros bienes del deudor, por el procedimiento 
establecido  para  la  enajenación  de  bienes  embargados  de  similar  naturaleza,  sin 
necesidad de previa anotación preventiva de embargo.
En la ejecución de la garantía hipotecaria por el procedimiento administrativo de 
apremio, el tipo para la subasta y la oferta mínima para el concurso podrán fijarse de 
acuerdo con las reglas previstas en este Reglamento y con independencia del precio en 
que se haya tasado el bien al tiempo de constituir la hipoteca”.
Discrepamos de la interpretación que realiza el registrador de la propiedad del art. 88 
del R.D. 1415/2004 de 11 de junio reproducido, por cuanto el art. 88.1 utiliza la disyuntiva 
“o” distinguiendo entre garantes personales y reales y previendo para los primeros la 
exigencia  del  pago  al  garante  y  para  las  garantías  reales  la  enajenación  por  el 
procedimiento establecido para la enajenación de bienes embargados.
Habida cuenta de que el certificado de adjudicación cuya inscripción se solicita, 
complementado por el escrito de la Subdirección de Vía Ejecutiva de fecha 8-9-2021 
cumple  los  requisitos  exigidos  en  el  art.  122  del  R.D.  1415/2004,  de  11  de  Junio 
estimamos  que,  de  la  dicción  literal  de  los  preceptos  expuestos,  deriva  que  el 
procedimiento de ejecución de las hipotecas constituidas en garantía de aplazamientos 
de pago de cuotas concedidos por la TGSS es exclusivamente administrativo pues “si el  es
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social estuviere garantizado con  o
pcr–heoraipocnroavtd.tiu diecd3eciao8ancn. c5iseióa.es2n   . pdoºd re eoc p culaáaeapr drSlrqaeeeufrmogáie ui oraLr  i pGdpelaoaSjedrzSc  oSu a otqddacueeriell aa lal2l ,al p0oa l1 ad qt5zerua-au”ev md éa“sisse e inqnd rtu eoee m,ap  ldrániozisocac  teráhtádrnu áidembmoniieise ttreenoa” td  oaos suai dincmdoaami  ssaiomvnp eiopsrze to r“mrasi ntiilniaocv dsuoma m ód árpe–sgl a iaadtrrnptaá.or smes2 m 3iltdae.ie6os”      OE-A-2022-2818able en https://www.
LGSS de 2015.
No  resulta  de  aplicación  supletoria  el  art.  74  del  Reglamento  General  de 
Recaudación del Estado 939/2005, de 29 de Julio, puesto que la regulación de la 
normativa especial de Seguridad social ordena, incumplido el aplazamiento de pago de 
cuotas “sin más trámite” el inicio o prosecución del procedimiento administrativo de 
apremio regulado en la LGSS y Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social  donde  este  requerimiento  no  se  contempla,  tal  y  como  por  otra  parte  fue 
expresamente pactado en el título inscrito, por remisión a la normativa especial de 
Seguridad Social sobre aplazamientos de pago de cuotas art. 20.6 de la LGSS de 1994 y 
art.  34.5  del  mismo  texto  legal  en  cuanto  a  la  ejecución  de  la  hipoteca  por  el 
procedimiento administrativo de apremio.
2. En  cuanto  a  la  notificación  de  la  valoración  del  inmueble  subastado  se  ha 
efectuado  al  deudor  tal  y  como  exige  el  art.  110.2  del  Reglamento  General  de 
Recaudación de la Seguridad Social, R.D. 1415/2004, de 11 de junio. Dado que la 
ejecución de la hipoteca por incumplimiento de la obligación garantizada determina el 
inicio  o  prosecución  del  procedimiento  de  apremio  de  carácter  exclusivamente 
administrativo para cuyo trámite y resolución de incidencias resulta competente la TGSS, 
estimamos que la interpretación extensiva del registrador de la propiedad, exigiendo la 
notificación a la hipotecante no deudora –fallecida en fecha 10-11-2018– carece de 
apoyo normativo.
3. La providencia de subasta, en la que se consigna el valor de tasación del 
inmueble como tipo de subasta –art. 111.1 y 116.1 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio– 
ha sido notificada a E., I. y R. V. R., hijos de la hipotecante no deudora, fallecida en 
fecha 10-11-2018, en su condición de condueños de una parte alícuota de la finca 
hipotecada ante la situación de herencia yacente en que se encuentra el patrimonio de la 
hipotecante no deudora. Consta en el expediente administrativo de apremio notificación 
telemática por aceptación en fecha 25-2-2021 a E. V. R., y sendas notificaciones por 
correo certificado con acuse de recibo entregadas en oficina en fecha 2-3-2021 dirigida a 
I. y R. V. R. Doña E.V.R. y don R. V. R. han presentado recurso de alzada y recurso 
contencioso administrativo contra la citada providencia que se sigue ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad, P.O. 
213/2021 –cuya última actuación es Auto de fecha 14-10-2021– y en el seno del cual 
han sido denegadas mediante Autos firmes de fechas 2-6-2021 y 6-9-2021 las medidas 
cautelares solicitadas que adjuntamos, por lo que el acto administrativo recurrido es 
plenamente ejecutivo.
La  solicitud  de  medidas  cautelares  de  suspensión  del  acto  de  subasta  y  la 
formulación de recurso contencioso administrativo contra la providencia de subasta son 
actos tácitos de aceptación de la herencia, según reiterada doctrina legal dictada en 
relación con el art. 999 del Código Civil, pues la legitimación activa para el ejercicio de 
esas acciones reside en la cualidad de heredero y se efectúan en beneficio de los bienes 
relictos, sentencia del TS 116/2003, de 13 de Febrero (RJ 2003/1017), –que cita a su vez 
las sentencia de 7-1-4942 [sic]; 13-31952 [sic] y 14-3-1978– y que asimismo mantiene 
que  “al  regirse  la  herencia  yacente  por  las  normas  de  la  Comunidad  de  Bienes, 
conformando comunidad hereditaria, la representación de la misma corresponde a los 
coherederos que no hubieran renunciado a la sucesión y por ello pueden ejercitar las 
acciones  útiles  y  beneficiosas  para  la  misma  (sentencias  de  8-4-1992;  1-7-1995 
y 11-6-1998)”.
Por último subrayar que, si el requerimiento de pago al hipotecante no deudor cuya 
ausencia determina la calificación negativa, es una norma de garantía del titular registral  es
que pretende evitar su indefensión, tal y como pone de manifiesto la calificación del  o
qfpaRaurdelolejeguv cidisdciimtceoraanniedcctniioieóatrnon  ded  dde eee  llas  al lu oaPbas adrh obsvippiteeaoiren tteedcecnaosacdn nip  acltoa eod  enrvnx áacopnli ort adelri aesbdacueei dró aodlnarre s ad Re eq eellunos beo sfi, leeu mnccehi insócam no c n1odus0seai -g 1lplqna1aua -gDi2dea0Gorn 1 Rdc8moNo o ym em dlole ae i  mnt3nipt0pooo-ot 1 irfad-itc2enea0 t etc1soir6uótioa bnarla   nddsateteea     llelaaayl      OE-A-2022-2818able en https://www.
deuda, a los tres hijos de la causante que ostentan la condición de herederos legales de
la  misma  y  que  además  han  recurrido  en  vía  administrativa  y  formulado  recurso 
contencioso  administrativo  contra  la  providencia  de  subasta  pública,  ejercicio  de 
acciones que implica la aceptación de la herencia ex art. 999 del Código Civil, estimamos 
que no se ha producido indefensión material alguna y una hipotética retroacción de 
actuaciones determinaría idéntico resultado dado que han tenido perfecto conocimiento 
de la celebración de la subasta, con la antelación suficiente para efectuar el pago de la 
cantidad adeudada y ocasión de recurrir en vía judicial –lo que de hecho han efectuado– 
por lo que no ha existido vulneración de su Derecho a la tutela judicial efectiva.»
IV
El registrador de la Propiedad de Benaguasil, don José Losada Morell, emitió informe 
en el que mantuvo íntegramente su calificación, formó el oportuno expediente y lo elevó 
a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 807 y 930 del Código Civil; 1.3.º, 
18, 20, 38, 40 y 326 de la Ley Hipotecaria; 686 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 38, 39 
y 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones  Públicas;  99  del  Reglamento  Hipotecario;  110  y  116  del  Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social; 74 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación; la Sentencia del Tribunal 
Constitucional número 158/2001, de 2 de julio; las Sentencias de la Sala Primera del 
Tribunal  Supremo  de  21  de  noviembre  de  2017  y  9  de  septiembre  de  2021;  las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 7 de octubre 
de 1992, 27 de marzo de 1999 y 2 de octubre de 2014, y las Resoluciones de la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 19 de octubre de 2020 y 23 de 
julio y 14 de octubre de 2021.
1. El presente recurso tiene como objeto la inscripción de la certificación de un acta 
de adjudicación librada en un procedimiento de apremio por deudas a la Seguridad 
Social y en virtud de la ejecución, por medio de dicho procedimiento, de la hipoteca que 
una tercera persona constituyó para garantizar la deuda que una sociedad mercantil 
tenía con la señalada institución.
El  registrador  se  opone  a  la  inscripción  por  considerar  que  no  ha  quedado 
debidamente  acreditado  que  se  haya  notificado  al  hipotecante  no  deudor,  o  a  sus 
correspondientes herederos, el oportuno requerimiento de pago, la tasación de la finca 
ejecutada y la providencia de subasta. Por otro lado, señala el registrador que para 
tramitar el procedimiento con los hijos de la hipotecante no deudora, es necesario 
acreditar el fallecimiento de ésta y que aquellos son realmente sus herederos.
2. La recurrente acompaña al escrito del recurso el certificado defunción de la 
hipotecante no deudora, documento que no fue presentado en el Registro al tiempo de 
emitir la calificación ni posteriormente, una vez recaída esta, a efectos de intentar la 
subsanación de los defectos apreciados. Por lo tanto, no pudo ser analizado por el 
registrador para efectuar la calificación recurrida. En consecuencia, como señala la 
reiteradísima doctrina de este Centro Directivo, no pueden ser tenido en cuenta para la 
resolución del recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 326 de la Ley Hipotecaria,  s
ya que este tiene como objeto valorar la procedencia de la calificación teniendo en  oe.
cuenta los elementos de que dispuso el registrador para emitirla. w.
Esta doctrina se ha visto recogida en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo  18ww
edne  u2n1  cdaes noo cvoiemmob erel  pdree s2e0n1te7,  qrueesp seecñtoa ldae e lno  squu efu cnodnasmtietunyteo  ltae rfcuenrcoi:ó n« Dcea litfaicl afodromraa  dqeu ela, 
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hipotecarios afectados por la venta directa del bien hipotecado. Con todo lo anterior 
hemos de concluir que la denegación de la inscripción por la falta de constancia en el 
mandamiento judicial del cumplimiento de estos requisitos del art. 155.4 LC fue correcta, 
sin que en el pleito posterior de impugnación de la calificación o de la resolución de la 
DGRN  pueda  censurarse  esta  denegación  porque  se  llegue  a  acreditar  que  en  la 
realidad se cumplieron tales requisitos».
3. El fundamento de la calificación registral de documentos administrativos procede 
de  que,  dados  los  efectos  añadidos  que  el  asiento  registral  produce  para  el  acto 
administrativo (presunción de legitimación, fe pública registral, prioridad, cierre registral, 
usucapión, etc.), es necesario que se sujete a los requisitos previstos por la legislación 
hipotecaria para que se produzcan esos efectos.
Además,  a  través  de  los  asientos  registrales  los  documentos  administrativos 
adquieren efectos «erga omnes», que por sí mismos no pueden tener sin publicidad 
registral.
Por ello, no es suficiente la presunción de legalidad de los actos administrativos que 
ya había establecido el artículo 57 de la antigua Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, actualmente derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que regula esa 
presunción de legalidad en su artículo 39, pero que es sólo a los efectos de las partes 
del procedimiento administrativo y no respecto a terceros, pues, además, la calificación 
registral  se  entiende  limitada  a  los  efectos  de  extender,  suspender  o  denegar  la 
inscripción, y está relacionada con los efectos registrales que ha de producir el acto a 
través del asiento registral.
Tampoco  es  suficiente  para  excluir  la  calificación  registral  de  los  documentos 
administrativos la ejecutividad de los actos administrativos a que se refiere el artículo 38 
y la ejecutoriedad a que se refiere el artículo 98.1.c), ambos de la citada Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas,  pues  este  último  prevé  la  ejecutoriedad  salvo  los  casos  «en  que  una 
disposición establezca lo contrario», que en este caso sería la legislación hipotecaria, 
respecto a los requisitos para acceder al Registro. Los actos administrativos se dictan 
«sin perjuicio de tercero», y en cambio, los asientos registrales producen «efectos contra 
terceros». La ejecutividad ampara el contenido natural del acto administrativo (aquel 
cuya existencia es necesaria para individualizar el acto mismo y el contenido implícito al 
que se refiere necesariamente por la ley un determinado acto), y el acceso al Registro de 
la Propiedad no forma parte de ese contenido. Las citadas presunciones de legalidad, 
ejecutividad y eficacia de que legalmente están investidos los actos administrativos, lo 
único que significan a efectos registrales es la especial regulación de la calificación 
registral de los documentos y actos administrativos con los límites del artículo 99 del 
Reglamento Hipotecario, según indica la Resolución de 27 de marzo de 1999.
En efecto, la Resolución de 2 de octubre de 2014 señaló que «como ha venido 
resolviendo  esta  Dirección  General  (vid.  por  todas,  la  Resolución  de  15  de  enero 
de 2013), ya antes de la redacción actual del artículo 99 del Reglamento Hipotecario, 
dada por el Real Decreto de 12 de noviembre de 1982, este Centro Directivo había 
mantenido de forma reiterada la doctrina de que, dentro de los límites de su función, 
goza el registrador de una mayor libertad para calificar el documento administrativo en 
relación con el judicial, y en particular si se trata del examen de los trámites esenciales 
del procedimiento seguido, a fin de comprobar el cumplimiento de las garantías que para 
los  particulares  están  establecidas  por  las  leyes  y  reglamentos  (cfr.  entre  otras,  es
Resolución de 30 de septiembre de 1980). Tras la citada reforma reglamentaria, dicha  o
iAdvaneerdtten ímcvridpuainorlloiei dscstteao rza5cn ci6sóyi ion dyen e cfe5rioacs7ban  Prcddóiúeoa b  c dlladaiecre tsaL adsqe e duyy ee e 3d  nnl0eetao/lg1 tnPua9crrl9meao2slcee, e nzqddatueei me  n,2ei oen6srnotm átd oonae b t Aiivsnndatovam,ve niyisetn etmiipsd lotbaorrr as eee tji,llev olodocs eu  eCa tisRvcotitamédo gasúDid mnia r)yeed,  cnmelac li siJnóa uipnrsrtr ítíedrGcasiucetulioonvn o ecd9sriea9o  l (n dclheafearss.l      OE-A-2022-2818able en https://www.
Reglamento Hipotecario faculta al registrador para calificar, respecto de los documentos
administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la 
resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de éste, 
así como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el 
Registro (cfr. entre otras, las Resoluciones de 27 de abril de 1995, 27 de enero de 1998, 
27 de marzo de 1999, 31 de julio de 2001, 31 de marzo de 2005, 31 de octubre de 2011 
y 1 de junio de 2012).
De acuerdo con esta doctrina, efectivamente corresponde al registrador, dentro de 
los límites de su función calificadora de los documentos administrativos, examinar, entre 
otros extremos, la observancia de los trámites esenciales del procedimiento seguido, a 
fin  de  comprobar  el  cumplimiento  de  las  garantías  que  para  los  particulares  están 
establecidas  por  las  leyes  y  los  reglamentos,  con  el  exclusivo  objeto,  como  tiene 
declarado este Centro Directivo, de que cualquier titular registral no pueda ser afectado 
si, en el procedimiento objeto de la resolución, no ha tenido la intervención prevista por la 
Ley, evitando que el titular registral sufra, en el mismo Registro, las consecuencias de 
una indefensión procesal, y en este  sentido  –como una garantía más del derecho 
constitucional  a  una  tutela  judicial  efectiva–  debe  ser  entendido  el  artículo  99  del 
Reglamento  Hipotecario,  en  congruencia  con  los  artículos  1,  20  y  40  de  la  Ley 
Hipotecaria. Entre estos trámites esenciales que son objeto de calificación registral, 
como se ha dicho, figuran todos aquellos que, dentro del procedimiento correspondiente, 
van dirigidos a que los titulares afectados puedan tener en el mismo la intervención 
prevista por las leyes para evitar su indefensión (cfr. artículo 24 de la Constitución 
Española). En el procedimiento de apremio se exigen una serie de notificaciones de 
actos y resoluciones que confieren, cada uno de ellos, específicos derechos de defensa 
para la persona contra la que se dirige el procedimiento. De ahí la necesaria calificación 
de tales extremos a fin de evitar la indefensión del interesado (cfr. artículos 24 de la 
Constitución Española y 20 de la Ley Hipotecaria)».
La Sentencia del Tribunal Constitucional número 158/2001, de 2 de julio, exige que 
se hagan todas las notificaciones del procedimiento, no sólo del embargo, sino respecto 
de cada uno de los actos del procedimiento en que así está previsto legalmente, pues 
frente a cada uno de ellos existen específicos derechos de defensa legalmente previstos 
(como intervenir en el avalúo de los bienes embargados o participar en la subasta).
Esta doctrina constitucional impide restringir el concepto de trámites esenciales del 
procedimiento de apremio, a los efectos de la interpretación que al mismo se le ha de dar 
en el contexto del artículo 99 del Reglamento Hipotecario, a la providencia de apremio y 
a la diligencia de embargo, debiendo ampliarse a aquellos otros frente a los que el 
Reglamento  General  de  Recaudación  de  la  Seguridad  Social  atribuye  específicos 
derechos de defensa.
Señala igualmente la Resolución de 2 de octubre de 2014 de este Centro Directivo: 
«se une la propia dicción literal del artículo 122 del Reglamento General de Recaudación 
de la Seguridad Social, que remite como requisitos que deben figurar en el certificado 
“todas aquellas circunstancias que, en su caso, sean precisas para su inscripción con 
arreglo a la legislación hipotecaria” [similar a lo dispuesto por el artículo 110.1 del 
Reglamento General de Recaudación, según el cual “los bienes inmuebles adjudicados a 
la  Hacienda  pública  serán  inscritos  en  el  Registro  de  la  Propiedad  en  virtud  de 
certificación expedida por el órgano de recaudación competente, en la que se harán 
constar las actuaciones del expediente y los datos necesarios para dicha inscripción, en 
cumplimiento de lo que dispone el artículo 26 Reglamento Hipotecario, aprobado por el 
Decreto de 14 de febrero de 1947”]». es
4. En el presente caso, el procedimiento se ha seguido con tres personas que son  o
lascooocsonn m tEhlroanipjs o al arshñe  eehladr eeceerdi eló elncnarec  ociratstoiit  fudnyicale aalc ardlea  oin rnr etedsegfce eidsr ridtepirde acqafiluó,u  tnniiehtc unidipló aeoanr tp  reryeaec srgaeeoinlcsl utetteríc ta cuiolno lodnom ee so sdula  etcd ituefiuicndsltaocoaarrrd ia.ora.e  sqg Euiesxentir g aapelcr  doreeeclde  liadrtee imfg inqiisecutanera,t  oddesiosc rthse eo qCgsu ueehind ijtsooreoss     OE-A-2022-2818able en https://www.
Directivo, en su Resolución de 14 de octubre de 2021 ha actualizado su doctrina una vez
dictada  la  Sentencia  del  Pleno  de  la  Sala  Primera  del  Tribunal  Supremo  de  9  de 
septiembre de 2021, señalando que: «A la vista de la señalada Sentencia este Centro 
Directivo  debe  completar  su  doctrina  para  estos  casos,  y  concluir  que  cuando  se 
demanda a una herencia yacente caben dos posibilidades: a) Que se conozca o se 
tengan indicios de la existencia de concretas personas llamadas a la herencia. En este 
caso, habrá de dirigirse la demanda contra estos herederos, previa averiguación de su 
identidad y domicilio. b) Que no se tenga indicio alguno de la existencia de herederos 
interesados en la herencia yacente (casos de personas que han fallecido sin testamento 
y sin parientes conocidos con derecho a la sucesión intestada). En estos supuestos, 
además de emplazar a los ignorados herederos por edictos, se debe comunicar al 
Estado o a la Comunidad Autónoma llamada por la normativa civil aplicable a la sucesión 
intestada a falta de otros, la pendencia del proceso, conforme al citado artículo 150.2 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil».
En  el  caso  objeto  de  recurso  parece  necesario  que  se  acredite  el  hecho  del 
fallecimiento de la titular registral mediante el correspondiente certificado de defunción 
aportado en tiempo y forma para que el registrador pueda examinarlo al realizar su 
calificación, sin que pueda tenerse en cuenta el que ha sido aportado con el escrito de 
recurso,  como  se  ha  explicado  en  el  segundo  fundamento  de  Derecho  de  esta 
Resolución.
Sin embargo, no puede confirmarse el criterio del registrador en cuanto a la exigencia 
de que se aporte el correspondiente título sucesorio que demuestre que los tres hijos 
citados son realmente los herederos de la titular de la finca. De acuerdo con lo señalado 
por esta Dirección General en la mencionada Resolución de 14 de octubre de 2021, ha 
de entenderse suficiente para considerar adecuadamente llamada a la herencia yacente 
al procedimiento con que se notifique a alguna de las personas llamadas a la herencia. Y 
los hijos del causante son personas llamadas a la herencia, tanto en su condición de 
legitimarios  (artículo  807  del  Código  Civil),  como  en  la  de  eventuales  sucesores 
abintestato (artículo 930 del Código Civil).
Por tanto, el defecto ha de ser revocado en este punto.
5. El registrador exige que se acredite que se realizó el oportuno requerimiento de 
pago a la hipotecante no deudora.
El que hipoteca una finca en garantía de una deuda ajena, en caso de que se lleve a 
cabo  la  ejecución  de  la  hipoteca  por  el  impago  de  dicha  deuda,  ha  de  intervenir 
adecuadamente  en  ese  procedimiento  de  ejecución  para  que  se  satisfagan  las 
exigencias  derivadas  del  principio  de  tracto  sucesivo  y  de  legitimación  registral 
(artículos 1.3.º, 20 y 38 de la Ley Hipotecaria). De lo contrario, se produciría una 
situación de indefensión que sería contraria a lo establecido en el artículo 24 de nuestra 
Constitución.
La intervención del hipotecante no deudor ha de alcanzar a todos aquellos trámites 
esenciales que afecten a las posibilidades de actuación procesal y al derecho de defensa 
del titular registral de la finca en el procedimiento.
Sin duda, uno de esos trámites es el requerimiento de pago, que permite al referido 
hipotecante participar desde un principio en el procedimiento de apremio y poder evitarlo 
mediante el pago de la cantidad reclamada. Así se reconoce con carácter general en 
nuestra legislación procesal e hipotecaria (artículos 686 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y 132.1.º de la Ley Hipotecaria).
El  Reglamento  General  de  Recaudación  de  la  Seguridad  Social  (Real 
Decreto 1415/2004, 11 de junio) no contempla expresamente la figura específica del  es
hipotecante no deudor. o
rdRreeeecg galaaAluatmnedmtneaeednc nieltóaotron   ay  aG ud eseelnoe n  nleloqacrsusaia  eld  r dedisseceep u ñRourassneoilaccasa i o rusendudgee alslad c  siidsóeiespns to peddsemeeiccslaí iafóE ircndrsao et alf liaodnlca oaeq ,l  ruSscpeeiar  gib amduile ereeinldr f aeahl:acdi pst «oo SEr teseonfecc e ailradoneli ,tcn entcse oinuan ops,p   lrseqdeetuevo euiarsi dpateoolmin cr, eea éhnnrsáet te emea, s  ostelaeesl      OE-A-2022-2818able en https://www.
efectúan al Ministerio de Hacienda, Dirección General de Recaudación, Delegaciones de
Economía  y  Hacienda  y  demás  órganos  de  recaudación  se  entenderán  hechas, 
respectivamente, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a la Dirección General de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, a las Direcciones Provinciales y a los demás 
órganos  de  recaudación  de  la  Seguridad  Social,  que  tengan  atribuidas  funciones 
análogas en materia recaudatoria».
El artículo 74.4 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, establece expresamente el requisito del previo requerimiento de pago al 
hipotecante no deudor para la ejecución de la hipoteca al decir que «si la garantía está 
constituida por o sobre bienes o derechos de persona o entidad distinta del obligado al 
pago, se comunicará a dicha persona o entidad el impago del importe garantizado, 
requiriéndole para que, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, ponga dichos bienes o derechos a disposición 
del órgano de recaudación competente, salvo que pague la cuantía debida. Transcurrido 
dicho plazo sin que se haya producido el pago o la entrega de los bienes o derechos, se 
procederá a enajenarlos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior».
Procede, en consecuencia, confirmar el defecto.
6. Igual suerte han de correr los otros dos defectos, referidos a la necesidad de que 
se acredite que se ha notificado a la hipotecante no deudora o a sus herederos la 
valoración del bien hipotecado a efectos de subasta y la propia providencia de subasta.
Respecto de esta segunda, el propio escrito de recurso reconoce haberse realizado 
la oportuna notificación a los hijos de la titular registral, con lo que solo bastará aportar 
las correspondientes acreditaciones al registrador para que este pueda calificarlas.
En relación con la necesidad de que se acredite la notificación a la hipotecante no 
deudora o a sus herederos de la valoración de la finca ejecutada, debe recordarse lo que 
señaló este Centro Directivo en su Resolución de 23 de julio de 2021 al advertir que 
dentro de las circunstancias que debe revisar el registrador en su calificación: «“(…) 
están, sin duda, aquellas que afecten a los trámites esenciales del procedimiento entre 
los que se encuentran los reseñados por el registrador en su nota de calificación, esto 
es, la notificación al deudor de la valoración del bien a efectos de determinar el tipo para 
la subasta, puesto que el artículo 110.2 del Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social [en el mismo sentido, el artículo 97.3 del Reglamento General de 
Recaudación] concede al deudor el derecho de presentar frente a tal valoración otra 
contradictoria, pues ‘en caso de discrepancia, [el deudor] podrá presentar valoración 
contradictoria [realizada por perito adecuado] en el plazo de 15 días [contados a partir 
del día siguiente al de la notificación]’, y la notificación al mismo deudor del acuerdo de 
enajenación de los bienes, o providencia de subasta, conforme a lo previsto en el 
artículo 116.2 del mismo Reglamento [al igual que el artículo 101.2 del Reglamento 
General de Recaudación, que establece que ‘El acuerdo de enajenación será notificado 
al obligado al pago’], pues en dicha notificación se ha de hacer constar, según ordena el 
párrafo final del citado precepto [en el mismo sentido, el párrafo tercero del artículo 101.2 
del Reglamento General de Recaudación], el derecho del deudor de liberar el bien 
pagando la totalidad de la deuda perseguida, incluidos el recargo, intereses y las costas 
del procedimiento, además de determinar el plazo para la presentación de las ofertas. 
Así lo sostuvo ya este Centro Directivo en su Resolución de 7 de septiembre de 1992 a 
fin de garantizar el cumplimiento del plazo previsto legalmente entre la fecha del anuncio 
de la subasta al deudor y la fecha de la efectiva verificación de la propia subasta”, así 
como en la Resolución del mismo Centro Directivo de 15 de enero de 2013, aunque ésta 
referida a un apremio de la Tesorería de la Seguridad Social». es
Y  aunque  el  Reglamento  General  de  Recaudación  de  la  Seguridad  Social  no  o
ldctianioti ludinmgleateifeeren dnncriesedia igaóu id nnsee,ta rn h asd aluq,i  sbudpyaee os  qsetsaiunec,eti  óet tarnneam dlte aebsr reipsédgeeneic s  qsítufureinace  adl,et  orar árhel  mafiheg iarntuie doa datlq ief quiac ue aale ars a  delnfaeego bcuftiietrjfaaai c rcraedsiócqeeniu  ó fedndore eríamr lsl q vaehua lieepleo  osdrete eedsn cetpcea ai lnaagntl  eoofai  n nyl ch odnaa eod yerteaiejfue iccdcshaouuorrtfl ,are diedd leanaol      OE-A-2022-2818able en https://www.
para que pueda defender su derecho en ese trámite procedimental.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso en cuanto a 
la exigencia de que se aporte el título sucesorio que acredite la condición de herederos 
de  la  titular  registral  de  sus  hijos  notificados  en  el  expediente,  y  desestimarlo, 
confirmando la nota de calificación del registrador, en cuanto al resto de defectos.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 1 de febrero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.