BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 312 Miércoles 29 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 165907
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
21660 Real Decreto 1155/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones a agrupaciones de entidades que 
realicen proyectos en materia de crecimiento azul en el sector pesquero y de 
la acuicultura, y se convocan para 2022 y 2023.
El concepto de «economía azul» se acuñó en la Conferencia de Río+20 de 2012 y 
hace hincapié en la conservación y la ordenación sostenible, basándose en la premisa 
de que unos ecosistemas marinos saludables son más productivos, algo esencial para 
una economía sostenible.
La economía azul abarca todas las actividades económicas que dependen del mar, y 
los diferentes sectores que la componen (turismo, navegación y transporte marítimo, 
pesca, biotecnología, entre otros) muestran importantes sinergias, ya que comparten, en 
muchas ocasiones, actividad, infraestructuras (puertos, redes de distribución eléctrica y 
similares.) y un objetivo común, la utilización sostenible de los recursos marinos.
El crecimiento azul es una estrategia a largo plazo de apoyo al crecimiento sostenible 
de los sectores marino y marítimo; con la que se busca aprovechar el potencial de los 
océanos,  mares  y  costas  incentivando  enfoques  que  favorecen  el  crecimiento,  la 
conservación y la pesca sostenible; reconociendo la importancia de los mares y océanos 
como motores de la economía europea, por su gran potencial para la innovación y el 
crecimiento. Tiene su fundamento en la Estrategia Europa 2020, la cual se sustenta en el 
concepto del crecimiento inteligente, sostenible e integrador como manera de superar las 
deficiencias estructurales de la economía europea, para mejorar su competitividad y 
productividad, y establecer una economía social de mercado sostenible, siendo uno de 
sus  objetivos  el  fomento  de  la  investigación  y  desarrollo  tecnológico.  Los  ámbitos 
prioritarios  del  crecimiento  azul  son  la  pesca  extractiva,  la  acuicultura,  la  energía 
renovable, el turismo costero y el de crucero, los recursos minerales marinos y la 
biotecnología azul.
Las medidas de emergencia  adoptadas  por  los  Estados miembros de la Unión 
Europea, entre ellos España, para hacer frente a la situación generada por la pandemia 
de  la  COVID-19,  están  ejerciendo  un  importante  impacto  socioeconómico  sobre  el 
conjunto de la Unión, lo que ha motivado la puesta en marcha de acciones urgentes y 
contundentes, con el objetivo de amortiguar el efecto de esta crisis sin precedentes, e 
impulsar la pronta recuperación económica, sentando las bases del crecimiento de las 
próximas décadas.
En este sentido, el Consejo Europeo del 21 de julio de 2020 acordó un paquete de 
medidas  de  gran  alcance,  entre  las  que  se  sitúa  el  Instrumento  Europeo  de 
Recuperación («Next Generation EU»), por valor de 750.000 millones de euros en 
precios  constantes  del  año  2018,  de  los  que  140.000  millones  de  euros  han  sido 
asignados  a  España,  en  forma  de  transferencias  y  préstamos,  para  el 
periodo 2021-2026.
A través del Instrumento Europeo de Recuperación, nuestro país podrá financiar las 
inversiones  públicas  y  privadas  necesarias  para  poner  en  marcha  el  Plan  de  s
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que es un proyecto de Estado que  oe.
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establecidos por la Agenda 2030 y los compromisos en otros ámbitos, como él de la
lucha contra el Cambio Climático. Bc
Con  objeto  de  regular  la  programación,  elaboración  del  presupuesto,  gestión  y 
ejecución  de  las  actuaciones  financiables  con  fondos  europeos,  en  especial  del 
Instrumento  Europeo  de  Recuperación,  y  establecer  una  serie  de  medidas  para  la 
aplicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se publicó el Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la  modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Así, con el fin de paliar en la medida de lo posible los daños económicos y sociales 
acaecidos por la pandemia en el entorno europeo, la Comisión Europea, el Parlamento y 
el Consejo Europeo han acordado un plan de recuperación encaminado a facilitar la 
respuesta y la salida de la crisis, basado en un paquete de estímulos financieros.
El nuevo Fondo de Recuperación «Next Generation», cuyo elemento principal es el 
«Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia»,  concentra  el  grueso  de  los  recursos 
financieros  y  permitirá  a  España  obtener  más  de  59.000  millones  de  euros  en 
transferencias entre 2021-2023 en forma de ayuda no reembolsable.
De acuerdo con los objetivos del marco normativo desarrollado en el Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, que 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, estos fondos se destinarán a 
apoyar las reformas e inversiones necesarias para una recuperación duradera, mejorar 
la resiliencia económica y social y apoyar la transición verde y digital en los Estados 
miembros.  Para  ello,  se  han  de  llevar  a  cabo  actuaciones  dirigidas,  entre  otras 
finalidades,  a  la  transición  ecológica,  la  transformación  digital,  o  el  crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, que incluya la cohesión económica, el empleo, la 
productividad, la competitividad, la investigación, el desarrollo y la innovación.
La movilización de un volumen tan importante de recursos abre una oportunidad 
extraordinaria para nuestra economía en general, y para el sector pesquero y acuícola 
en particular, que permitirá no solo la superación de la crisis y la recuperación del 
empleo,  sino  que  facilitará  la  modernización  del  sector  primario,  para  que  esa 
recuperación sea verde, digital, inclusiva y social.
Con el fin de recibir el apoyo financiero en el marco este mecanismo, el 30 de abril 
de 2021 el Reino de España presentó el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia que establece las inversiones y reformas para los años 2021-2023, que ha 
sido evaluado favorablemente por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021, y cuya 
aprobación definitiva ha sido ratificada mediante Decisión de Ejecución por el Consejo, 
el 13 de julio de 2021.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está estructurado en torno a 
diez políticas palanca, entre las cuales se encuentra la política número 1, referida a la 
«Agenda Urbana y Rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura». A 
su vez, esta integra el componente 3 sobre «Transformación ambiental y digital del 
sector  agroalimentario  y  pesquero»,  cuyo  objetivo  es  mejorar  la  resiliencia  y  la 
competitividad  de  un  sector  económico  estratégico  como  el  sector  agroalimentario, 
apoyando  la  consecución  de  los  objetivos  climáticos,  medioambientales  y  de 
descarbonización de la economía.
Asimismo, mejorará la sostenibilidad, la competitividad y la resiliencia de los sectores 
agroalimentario y pesquero desde el punto de vista económico, medioambiental y social. 
Para alcanzar este objetivo, las inversiones y reformas de este componente se centran 
en los elementos siguientes:
a)  Mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del regadío; e.
b)  Impulsar la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería; w.b
c)  Adoptar una estrategia para fomentar la digitalización del sector agroalimentario  660ww
y dedl )m  eIdmiop urulsraarl  elan  ssuo sctoennjiubnilitdoa; dy, la investigación, la innovación y la digitalización del
sector pesquero.
El  componente  da  repuesta  a  las  recomendaciones  específicas  para  España 
relativas  al  fomento  de  las  inversiones  en  innovación  y  eficiencia  energética 
(recomendación específica por país 3 de 2019), a la mejora del acceso al aprendizaje 
digital (recomendación específica por país 2 de 2020) y al fomento de la inversión 
pública y privada y de la transición ecológica (recomendación específica por país 3 
de 2020).
Estas  medidas  se  concretaron  en  el  Plan  de  Recuperación  Transformación  y 
Resiliencia, aprobado por el Consejo con fecha 13 de julio de 2021, que fue enviado a la 
Comisión Europea el 30 de abril de 2021 previa aprobación por el Consejo de Ministros 
el 27 de abril de 2021 (BOE 30 de abril de 2021), incluyendo la actuación que se 
formaliza jurídicamente a través del presente real decreto. Este real decreto se incardina 
en concreto en la Inversión 8 del Componente 3 del Plan (es decir, el acrónimo C3.I8): «8 
(Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector 
pesquero (III): fomento del desarrollo tecnológico y la innovación en el sector pesquero y 
acuícola, en el primero de sus elementos: la creación de partenariados público-privados 
para impulsar el crecimiento azul en el sector, con el fin de poner en marcha proyectos 
que sirvan de catalizadores de procesos de economía azul.
El objetivo es adoptar las reformas estructurales necesarias alcanzando un nivel de 
inversión que promueva el cambio en el modelo de producción pesquera y acuícola con 
resultados beneficiosos para la sociedad, la economía y el medioambiente.
Conforme  al  artículo  23  del  Real  Decreto-ley  36/2020,  de  30  de  diciembre,  el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha elaborado el Plan Estratégico del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que, en el caso del sector pesquero y de 
la acuicultura incluye un Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y 
digitalización  del  sector  pesquero  que  tiene  como  objetivos  asegurar  el  mejor 
conocimiento  y  asesoramiento  científico,  incrementar  la  eficiencia  energética  y  la 
contribución a la economía circular por parte de la flota y del complejo mar-industria, 
para lo que busca fomentar la inversión en pilares básicos como la investigación, el 
seguimiento y el control de las pesquerías, apostando por la racionalización de medios 
humanos y materiales, que permitan un mejor uso de los recursos públicos.
En los dos últimos años, se ha creado una red de «Espacios de Conocimiento» de 
crecimiento azul, como instrumentos catalizadores del progreso hacia una economía azul 
más fundamentada en el sector pesquero, entendiendo éste de manera muy amplia, es 
decir, no solo la pesca extractiva sino también la acuicultura, marina y continental, y la 
transformación y la comercialización de los productos de ambas).
En los espacios de conocimiento se pretende integrar a cofradías, universidades, 
empresas y otras instituciones o entidades, actuando como nodos en un territorio o 
segmento sectorial, y con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y 
conocimientos, que interrelacionen toda la cadena de valor de la pesca y la acuicultura, 
facilitando así el desarrollo profesional dentro del sector gracias a esta transferencia de 
conocimiento.
La formalización de la inclusión de un espacio de conocimiento en la red se realiza 
con la firma de un protocolo general de actuación en materia de crecimiento azul, sin 
contenido económico, en donde estos espacios de conocimiento y el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría General de Pesca, se 
comprometen a actuar conjuntamente de manera que se pueda acelerar el proceso de 
transformación de la idea en un producto comercializable o que, según su naturaleza, 
pueda hacerse potencialmente extensible al sector. s
En resumen, los espacios de conocimiento son los que conocen en primer lugar los  oe.
proyectos que surgen en su territorio o sector, proporcionan a sus promotores su apoyo  w.
científico y técnico, y si ven posibilidades de éxito los proponen a la comisión de  660ww
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dcaed fain faunecniatec.ión más adecuadas y orientación sobre la forma de presentar el proyecto a  BOE-A-cable e
Cabe destacar que estas ayudas contribuirán al mantenimiento de la actividad en el 
sector pesquero. Un abandono de la actividad, en particular en determinadas zonas sin 
alternativas, aumentando además la brecha digital y el desequilibrio poblacional, es un 
escenario peor que un sector pesquero y acuícola dotado de herramientas eficientes 
para practicar una actividad de precisión, más sostenible, generadora de ingresos y valor 
añadido, y creadora de empleo directo e indirecto en el medio costero.
Las  ayudas  reguladas  en  este  real  decreto  permitirán  financiar,  con  cargo  al 
Instrumento Europeo de Recuperación y en el marco de la planificación descrita, los 
proyectos de inversión y reforma, de carácter plurianual, que las posibles entidades 
beneficiarias lleven a cabo en materia de crecimiento azul en el sector pesquero y 
acuícola durante el periodo 2021-2023, con el fin de progresar hacia los objetivos que fija 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española.
Al respecto de su integración con el sistema de ayudas de Estado, en primer lugar 
cabe indicar que a efectos de las normas en materia de competencia establecidas en el 
Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea  (TFUE),  debe  entenderse  por 
«empresa» cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de 
su naturaleza jurídica y de su modo de financiación, (considerando 4 del Reglamento 
(UE)  n.º  1407/2013)  de  18  de  diciembre  de  2013  relativo  a  la  aplicación  de  los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
minimis). Igualmente, la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda 
estatal  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  107,  apartado  1,  del  Tratado  de 
Funcionamiento de la Unión Europea (2016/C 262/01) entre otras cuestiones señala: 
«Las normas sobre ayudas estatales solo se aplican cuando el beneficiario de la medida 
de  ayuda  es  una  «empresa»  (Considerando  6),  y  añade  que  según  reiterada 
jurisprudencia  del  Tribunal  de  Justicia,  se  debe  entender  por  empresa  la  misma 
definición, ya mencionada (Considerando 7), indicando «que la clasificación de una 
entidad concreta como empresa depende, pues, totalmente de la naturaleza de sus 
actividades». Señala también esta Comunicación que para aclarar la distinción entre 
actividades  económicas  y  no  económicas,  el  Tribunal  de  Justicia  ha  dictaminado 
reiteradamente que cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un 
determinado mercado constituye una actividad económica (considerando 12). Teniendo 
en  cuenta  estos  precedentes,  cabe  señalar,  en  referencia  a  las  agrupaciones  de 
entidades  que  realicen  proyectos  en  materia  de  investigación  para  el  desarrollo 
tecnológico, la innovación y el equilibrio de la cadena de comercialización en el sector 
pesquero y de la acuicultura, que las actividades objeto de subvención por parte de estas 
entidades se destinan exclusivamente a actuaciones que no suponen o son distintas a 
ofrecer servicios en mercado, por lo que no se ajustan a las reglas de éste en la medida 
en que se trata de actividades que concurren en cumplimiento de sus propios fines 
sociales fundacionales o de la entidad, no atendiendo a fines de mercado, y por ello su 
actividad  puede  considerarse  no  económica,  quedado  apartada  del  mencionado 
concepto de «empresa» pues aun ofreciendo bienes o servicios, dichas actividades, 
objeto de estas ayudas, no son remuneradas ni de carácter comercial y se dedican a 
mejorar el completo sector económico en que operan, sin beneficiar a alguna por encima 
de otras, por lo que resultan compatibles las presente subvenciones con lo señalado por 
el  artículo  107.1  del  TFUE,  no  considerándose  ayudas  de  estado  al  destinarse  a 
actuaciones no compatibles con las mencionadas reglas del mercado y, por otra parte, 
toda vez que no favorecen a una o más empresas, ni conllevan una ventaja selectiva o 
se falsee o se tenga el potencial de falsear la competencia, ni afectan a los intercambios  s
comerciales entre Estados miembros oe.
Las posibles entidades beneficiarias de estas ayudas serán las entidades públicas o  w.
privadas pertenecientes a los sectores de la pesca extractiva y de la acuicultura y del  660ww
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comunidades  autónomas,  garantizando  así  el  carácter  supraautonómico  de  las 
actuaciones.
El contenido del presente real decreto se ajusta a lo establecido en el título IV del 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, donde se fijan las especialidades de 
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concretamente a lo que 
se  recoge  en  su  capítulo  I,  sobre  especialidades  en  materia  de  gestión  y  control 
presupuestario, en su capítulo II, sobre especialidades en materia de procedimiento 
administrativo,  y  en  su  capítulo  V,  sobre  especialidades  en  materia  de  gestión  de 
subvenciones.
Concretamente,  este  real  decreto  reconoce,  entre  otros  extremos,  el  carácter 
plurianual de los proyectos susceptibles de percibir las ayudas y la declaración de la 
tramitación urgente de los procedimientos administrativos que estén vinculados a la 
ejecución  de  los  fondos  incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación  del  Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. Asimismo se recogen, simultáneamente, la 
convocatoria de las subvenciones relacionadas con el uso de los fondos europeos y las 
bases reguladoras de concesión de las mismas, simplificando así los requisitos internos 
para su aprobación, así como la documentación a presentar por las posibles entidades 
beneficiarias, especialmente a la hora de justificar la aplicación de las ayudas. Todo ello 
sin perjuicio de la aplicabilidad de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que 
deban someterse a esta Ley.
De  igual  forma,  el  real  decreto  asegurará,  por  un  lado,  que  las  entidades 
beneficiarias de las subvenciones garanticen el pleno cumplimiento del principio de «no 
causar daño significativo» en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos de 
que se trate y, de manera individual, para cada una de las actuaciones dentro de los 
mismos, y, por otro lado, el cumplimiento del objetivo asumido para la inversión C3.I8, en 
su conjunto, en lo relativo al etiquetado climático y digital, todo ello de acuerdo con lo 
previsto  en  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  aprobado  por 
Consejo  de  Ministros  el  27  de  abril  de  2021,  y  conforme  a  lo  establecido  en  el 
Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, y también en la 
Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de 
«no causar daño significativo».
Por último, mediante la disposición final segunda de esta norma se procede a 
modificar el Real Decreto 685/2021, de 3 de agosto, por el que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen proyectos de 
inversión  y  reforma  en  materia  de  investigación  para  el  desarrollo  tecnológico,  la 
innovación y el equilibrio de la cadena de comercialización en el sector pesquero y de la 
acuicultura en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se 
convocan para 2021. La modificación consiste meramente en la inclusión de un nuevo 
anexo de declaración responsable del cumplimiento del principio de «no causar daño 
significativo  (DNSH).  Con  ello  se  asegurará  que  las  entidades  beneficiarias  de  las 
subvenciones garanticen el pleno cumplimiento del mencionado principio de «no causar 
daño significativo» en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos de que se  s
trate y, de manera individual, para cada una de las actuaciones dentro de los mismos, de  oe.
acuerdo con lo señalado por el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del  w.
Consejo, de 18 de junio de 2020, el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento  660ww
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pesquero. Los principios constitucionales de libertad de empresa en el marco de la 
economía de mercado y la función social de la riqueza nacional, contenidos en los 
artículos 38 y 128, son la base de la regulación del sector pesquero contenida en este 
real decreto.
La gestión de estas subvenciones se realizará por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, de forma centralizada, siguiendo la doctrina sentada por la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional en relación al alcance material y funcional de la competencia 
que el artículo 149.1.19.ª de la Constitución reserva al Estado, dado que cuenta con 
competencias exclusivas en la materia.
Los proyectos susceptibles de percibir las ayudas reguladas en el presente real 
decreto se circunscriben a las actividades de crecimiento azul para el conjunto de los 
sectores pesquero y acuícola, entendidos en sentido amplio, es decir, incluyendo la 
transformación y comercialización de sus productos, siendo la actividad investigadora el 
eje central y principal de los proyectos innovadores que se planteen como objeto de 
subvención.
Así, conforme a la doctrina sentada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
en relación al alcance material y funcional de la competencia que el artículo 149.1.19.ª 
de la Constitución reserva al Estado. Varias de las líneas subvencionales previstas en 
este real decreto se dictan de modo concurrente al amparo de la competencia exclusiva 
del Estado en pesca marítima en aguas exteriores, varias de las líneas subvencionales 
previstas en este real decreto se dictan al amparo de la competencia exclusiva del 
Estado en pesca marítima en aguas exteriores. Reiterada Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional declara que «por pesca marítima hay que entender la regulación de la 
actividad extractiva y, como presupuesto de ella, el régimen de protección, conservación 
y mejora de los recursos pesqueros» (SSTC 47/1991; 44/1992; 57/1992; 149/1992; 
184/1996; y 38/2002), siendo en tales casos competencia exclusiva y por lo tanto de 
gestión plenamente directa estatal. Las restantes líneas se amparan en la regla 19.ª 
igualmente, pero circunscrita a las bases de la ordenación del sector pesquero y, al 
mismo tiempo, al amparo de la competencia estatal en materia de bases y coordinación 
de la planificación general de la actividad económica, prevista en el artículo 149.1.13.ª de 
la Constitución Española.
La gestión centralizada se perfila como la única forma de gestión que garantiza 
idénticas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios 
en todo el territorio nacional, mediante el establecimiento de unos criterios uniformes 
para el acceso a las subvenciones, fundamentales en este supuesto en el que estas no 
se encuentran compartimentadas, sino que se extienden al conjunto de España, con una 
flota que faena en el mar territorial, el cual no está compartimentado en función de los 
territorios regionales. Procede destacar en este sentido que el tipo de necesidades que 
generan las situaciones que se pretenden afrontar con esta medida responden a un 
patrón  común  en  todas  las  zonas  y  tipo  de  buques  y  actividades  afectadas, 
independientemente de la comunidad autónoma donde se ubique el respectivo puerto 
base, que por lo demás no impiden ni salir a faenar ni descargar en cualquier otro, o el 
cambio definitivo del mismo, lo que refuerza la necesidad de esta gestión centralizada.
La flota española se caracteriza por su amplitud y la variedad de orientaciones 
extractivas, desde buques de gran porte dedicados a amplias mareas hasta pequeñas 
embarcaciones artesanales de bajura. Asimismo, en varios casos las embarcaciones se 
encuentran en manos de un mismo propietario o armador, sin perjuicio de que sus artes, 
caladero, puerto habitual, puerto base o lugar preferente de primera venta sea diverso y  s
cambiante a lo largo del año. A unas necesidades tan específicas la administración debe  oe.
responder de forma que los plazos y criterios sean idénticos en todo el territorio nacional,  w.
lo cual únicamente se garantiza con una gestión centralizada. La gestión centralizada  660ww
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subvenciones establecidas en el presente real decreto.
Así, con palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional 45/2001, de 15 de 
febrero, «el artículo 149.1.13.ª CE puede amparar tanto normas estatales que fijen las 
líneas  directrices  y  los  criterios  globales  de  ordenación  de  sectores  económicos 
concretos, como previsiones de acciones o medidas singulares indispensables para 
alcanzar los fines propuestos en dicha ordenación (STC 155/1996, de 9 de octubre, FJ 4 
y  jurisprudencia  en  ella  citada)».  En  definitiva,  el  Estado  tiene  reservada,  por  el 
mencionado artículo 149.1.13.ª, una competencia de dirección en la que tienen cobijo 
normas básicas y, asimismo, previsiones de acciones o medidas singulares que sean 
necesarias  para  alcanzar  los  fines  propuestos  dentro  de  la  ordenación  del  sector 
(STC 117/1992, de 16 de septiembre). Ello se debe a su carácter transversal ya que aun 
existiendo  una  competencia  sobre  un  subsector  económico  que  una  comunidad 
autónoma ha asumido como «exclusiva» en su Estatuto, esta atribución competencial no 
excluye la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese 
subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia exclusiva puede estar 
condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una competencia propia y 
diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos campos o materias, 
siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de planificación 
económica» (Sentencia del Tribunal Constitucional 74/2014, de 8 de mayo). Igualmente, 
la STC 11/2015, FJ 4, por remisión a la STC 79/1992, de 28 de mayo, FJ 2, ha recordado 
que «el sector de la agricultura y la ganadería es de aquellos que por su importancia 
toleran la fijación de líneas directrices y criterios globales de ordenación así como 
previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los 
fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector, destacando que «… en materia 
de  agricultura  y  ganadería,  siendo  la  competencia  específica  de  las  comunidades 
autónomas... el Estado puede intervenir en virtud de sus competencias generales sobre 
la ordenación general de la economía»».
Asimismo,  el  artículo  149.1.13.ª  CE  puede  en  determinados  casos  justificar  la 
reserva  de  funciones  ejecutivas  al  Estado  y  también  permitir  el  uso  de  la 
supraterritorialidad como título atributivo de competencias al Estado, pero para que dicho 
supuesto pueda ser considerado conforme al orden competencial han de cumplirse dos 
condiciones: que resulte preciso que la actuación de que se trate quede reservada al 
Estado para garantizar así el cumplimento de la finalidad de ordenación económica que 
se persigue, la cual no podría conseguirse sin dicha reserva, y, por otro lado, que el uso 
del criterio supraterritorial resulte justificado en los términos de nuestra doctrina, esto es, 
atendiendo tanto a las razones aportadas como a la congruencia de la reserva de la 
función con el régimen de la norma.
La doctrina sobre la utilización de la supraterritorialidad como criterio de atribución de 
competencias al Estado se recuerda en la sentencia del Tribunal Constitucional 27/2014, 
de 13 de febrero, FJ 4, en los términos siguientes: «la utilización de la supraterritorialidad 
como  criterio  determinante  para  la  atribución  o  el  traslado  de  la  titularidad  de 
competencias  al  Estado  en  ámbitos,  en  principio,  reservados  a  las  competencias 
autonómicas tiene, según nuestra doctrina, carácter excepcional, de manera que sólo 
podrá tener lugar «cuando no quepa establecer ningún punto de conexión que permita el 
ejercicio  de  las  competencias  autonómicas  o  cuando  además  del  carácter 
supraautonómico  del  fenómeno  objeto  de  la  competencia,  no  sea  posible  el 
fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre él y, aun en este caso, siempre 
que dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperación o 
de  coordinación  y,  por  ello,  requiera  un  grado  de  homogeneidad  que  sólo  pueda  s
garantizar  su  atribución  a  un  único  titular,  forzosamente  el  Estado,  y  cuando  sea  oe.
necesario  recurrir  a  un  ente  supraordenado  con  capacidad  de  integrar  intereses  w.
contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro inminente de daños  660ww
idrree pjuanraiob, leFsJ,  q8u)»e  n(soesn steitnúcai ae nd eell  tTerrirbeunnoa ld eCl oensstatitduoc idoen anl e3c5e/s2id0a1d2 ,( SFTJC 5 1, 0c2o/n1 9c9i5ta,  ddee  2l6a 
sentencia del Tribunal Constitucional 194/2011, FJ 5)».
El artículo 149.1.13.ª CE puede, en determinados casos, justificar la reserva de 
funciones ejecutivas al Estado y también permitir el uso de la supraterritorialidad como 
título atributivo de competencias al Estado, pero para que dicho supuesto pueda ser 
considerado conforme al orden competencial han de cumplirse dos condiciones: que 
resulte  preciso  que  la  actuación  de  que  se  trate  quede  reservada  al  Estado  para 
garantizar así el cumplimento de la finalidad de ordenación económica que se persigue, 
la cual no podría conseguirse sin dicha reserva, y, por otro lado, que el uso del criterio 
supraterritorial resulte justificado en los términos de nuestra doctrina, esto es, atendiendo 
tanto a las razones aportadas como a la congruencia de la reserva de la función con el 
régimen de la norma.
El Estado dicta estas bases desde una perspectiva nacional y articulada que, de otro 
modo, no aseguraría la igualdad en la percepción por parte de los posibles destinatarios 
de  estas  ayudas.  La  presencia  de  un  título  competencial  exclusivo  justifica 
adicionalmente la centralización de la gestión de estos fondos, teniendo en cuenta la 
necesidad de que se dé un enfoque nacional a las ayudas, en un marco en que la 
realidad del sector pesquero no puede circunscribirse a los territorios autonómicos, no 
estando la actividad vinculada a esta diferencia territorial sino al tipo de artes, caladeros 
y actividad desplegados por los operadores, lo que impide que se pueda desplegar el 
sistema de fomento de modo eficaz y asegurando la igualdad de los perceptores más 
que si se hace desde una óptica nacional. Argumento adicional de indudable importancia 
es que es requisito esencial para su otorgamiento participar de uno de los marcos de 
colaboración y debate ya establecidos y que se recogen en el proyecto, todos ellos 
enfocados desde una perspectiva nacional y sistémica. En las agrupaciones tiene que 
participar de modo necesario una de tales entidades, lo que nuevamente impide la 
fijación de un punto de conexión válido, atrayendo la competencia hacia el Estado. Así, 
no sólo se atiende a la implantación nacional de las entidades sino que se proyectan 
estas  ayudas  como  mecanismo  de  igualación  frente  a  las  diferentes  perspectivas 
económicas  de  todo  el  país,  en  cumplimiento  de  los  principios  constitucionales  de 
igualdad formal y material y de las competencias exclusivas del Estado que el Ministerio 
de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación  ejerce  en  esta  materia.  Por  otro  lado,  estas 
subvenciones no impiden a las comunidades autónomas aprobar sus correspondientes 
bases reguladoras, que se centren en las actividades desplegadas en su propio territorio.
De acuerdo con la doctrina del Alto Tribunal, la necesidad de la gestión de estas 
ayudas a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se fundamenta 
también en la estructura y naturaleza jurídica de las entidades beneficiarias, que se 
componen necesariamente de espacios de colaboración previos de ámbito estatal. Las 
actividades  objeto  de  desarrollo,  dado  su  carácter  y  requisito  normativo  de 
plurirregionalidad,  no  son  susceptibles  de  fraccionamiento,  ni  se  considera  posible 
alcanzar  la  plurirregionalidad  requerida  mediante  mecanismos  de  cooperación  o 
coordinación, al requerir un grado de homogeneidad en su tratamiento que sólo puede 
garantizarse mediante su gestión por un único titular, que forzosamente tiene que ser el 
Estado, a través de la Administración General del Estado. De esta forma se ofrecen 
idénticas posibilidades de obtención y disfrute por parte de los potenciales destinatarios 
que podrán radicarse en distintas comunidades autónomas pero que se integran en una 
única entidad de ámbito supraterritorial, aspecto que no se conseguiría desde una 
gestión autonómica por lo que se deduce de forma razonable que no cabe la fijación de 
un punto de conexión territorial.
No cabe, por lo demás, atribuir a las comunidades autónomas la gestión de tales  s
ayudas  –sin  perjuicio  de  sus  propias  líneas  subvencionables–  porque  no  nos  oe.
encontramos ante una actividad donde el punto de ejercicio sea criterio atributivo de  w.
competencia, sino que se afronta una situación singular que sólo mediante este modelo  660ww
erenbcauseenntr al ocso rrfeocntdoo asc ommáoxdimo opsa raq ueel  lolag ron odrem laotsiv fain eesu, raospeegau rapnredvoie, nneo,  sósilnoo q uqeu en o lases 
ccoonnddiicciioonneess  ddee  opbatertnidcaió ny  seeal nt eerfreitcotrivioa mceonntcer ehtoo meong éqnueea s,o pcoenre  inddee pmenoddeon coiard dinea rliaos,   BOE-A-cable e
garantizando  con  ello  que  la  efectividad  de  estas  medidas  sea  plena:  superar  las 
diferencias de partida, garantizar una igualdad efectiva entre territorios y condiciones de 
partida, y asegurar la plena efectividad en todo el país de estas ayudas para que 
efectivamente ayuden a subvenir situaciones de partida a las que los poderes públicos 
han de enfrentarse de modo eficiente.
Otro tanto se puede decir en relación con la competencia del Estado en la materia de 
ordenación pesquera de la regla 19.ª, el Tribunal Constitucional ha dictado, entre otras, 
las Sentencias 56/1989 y 147/1991, señalando que el concepto de ordenación del sector 
pesquero  incluye  a  «(…)  quienes  pueden  ejercer  la  actividad  pesquera,  ya  sea  la 
directamente extractiva o alguna otra relacionada con ella, las condiciones que deben 
reunir tales sujetos integrantes del sector y su forma de organización.» Y que, en este 
ámbito, el Estado tiene la competencia para dictar la legislación básica correspondiendo 
a las comunidades autónomas el desarrollo legislativo y la ejecución de las normas.
El Estado dicta estas bases desde una perspectiva nacional y articulada que, de otro 
modo, no aseguraría la igualdad en la percepción por parte de los posibles destinatarios 
de  estas  subvenciones.  Así,  no  solamente  se  atiende  al  número  de  comunidades 
autónomas en que se desarrollen las actividades de atención a los posibles puertos base 
que se hayan empleado en el tiempo que se toma como elemento de cómputo para su 
cálculo, sino que se cumple con esta norma con el mandato constitucional de eficacia. 
Se trata asimismo de un mecanismo de igualación frente a las diferentes perspectivas de 
afección por la epidemia, en cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad 
formal y material y de las competencias exclusivas del Estado que el Ministerio de 
Agricultura,  Pesca  y  Alimentación  ejerce  en  esta  materia.  Por  otro  lado,  estas 
subvenciones no impiden a las comunidades autónomas aprobar sus correspondientes 
bases reguladoras.
De acuerdo con la doctrina del Alto Tribunal, la necesidad de la gestión de estas 
subvenciones a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se fundamenta 
en la estructura y naturaleza de las mismas, asegurando además una visión de conjunto 
que  solamente  el  ente  supraordenado  puede  ofrecer,  al  requerir  un  grado  de 
homogeneidad en su tratamiento que exclusivamente puede garantizarse mediante su 
gestión por un único titular, que forzosamente tiene que ser el Estado, a través de la 
Administración General del Estado. De esta forma se ofrecen idénticas posibilidades de 
obtención y disfrute por parte de los potenciales destinatarios que radican en distintas 
comunidades autónomas desde la superpuesta aplicación potencial de criterios como el 
puerto base, la sede social del armador o propietario o el domicilio de los pescadores 
pero  que  se  integran  en  un  único  sistema  de  protección  excepcional  de  ámbito 
supraterritorial, aspecto que no se conseguiría desde una gestión autonómica.
Pero además de estas consideraciones, deben tenerse en cuenta la concurrencia en 
el  ámbito  de  este  real  decreto  de  competencias  exclusivas,  que  fundamentan  la 
aprobación de las bases y su gestión centralizada por parte del Estado en dos de sus 
líneas, por venir asociado a las tareas de control de la actividad extractiva en sí misma 
considerada.  En  efecto,  la  íntima  conexión  de  estas  subvenciones  con  la  pesca 
extractiva queda reflejada en la propia definición que el Tribunal Constitucional realiza de 
esta  actividad.  Así,  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  (esencialmente,  las 
SSTC 56/1989, 9/2001, 38/2002 y 166/2013) parte del principio, resumido en el FJ 6 de 
la última de ellas, que establece que «por pesca marítima hay que entender la regulación 
de  la  actividad  extractiva.  De  manera  más  detallada,  la  pesca  marítima  incluye  la 
normativa  referente  a  los  recursos  y  las  zonas  donde  puede  pescarse  (fondos,  s
caladeros, distancias, cupos), a los períodos en que puede pescarse (vedas, horas) y a  oe.
la forma y medios de realización de la actividad extractiva en el mar (artes, medios de  w.
pesca). Del mismo modo, como presupuesto de la señalada actividad extractiva, la  660ww
preecsucras oms apreítsimquae irnocslu. yAeh otarma bbiiéenn ,e lla r émgaimteerina  d«ep epsrcoate mccaiórínti,m cao»n seesr vcaocmiópne tye nmceiajo erax cdlues liovas 
tdeerlr itEosritaald, ola  (zaorntíac ueloc o1n4ó9m.1ic.a1 9y. ªl aCs Ea)g ucausa nindtoe rnsauc iroengaulelasc.i óPno rs eel  cporonytreacritoa,  esonb erel  caesl om daer   BOE-A-cable e
que la disciplina de dichas cuestiones se ciña a las aguas interiores de una Comunidad 
Autónoma, esta resultará competente para establecerla (así en STC 9/2001, de 18 de 
enero, FJ 6)». Al propio tiempo, en todos los casos este real decreto prevé que se 
financien los proyectos acometidos por agrupaciones que hayan firmado un acuerdo con 
la propia Secretaría General de Pesca, de modo que se da un requisito administrativo 
estatal que fuerza que la gestión sea asimismo estatal,  por cuanto las medidas a 
desplegar sólo pueden ampararse por esta norma previa la actividad convencional en 
que concurre la voluntad de un órgano administrativo nacional.
Así, un recorrido por el anexo I de la norma da clara idea de esa concurrencia de 
títulos competenciales, puesto que algunas de las líneas en que se incardinarán los 
proyectos de crecimiento azul entran clara e incondicionadamente en el concepto de 
pesca marítima conforme a la definición antedicha, como ocurre con la línea 2, que 
fomentará  la  implantación  de  modelos  de  gestión  de  pesquerías  orientados  a  la 
selección y puesta en práctica de sistemas que permitan una mayor colaboración y una 
mayor eficiencia en todos aquellos aspectos que aumentan la sostenibilidad económica, 
ambiental  y  social  del  sector  pesquero.  Entre  estos  elementos  cabe  destacar  los 
sistemas de mejora de la selectividad de las capturas o los elementos relacionados con 
la mejora ambiental de la actividad extractiva. Otro tanto puede decirse de la línea 4, en 
que se subvencionarán proyectos relacionados con la pesca costera artesanal y la que 
se  realiza  en  áreas  marinas  protegidas  de  interés  pesquero.  Las  funciones  de 
valorización, promoción y certificación por una tercera parte independiente de estas 
actividades  inciden  de  modo  directo  en  el  perfeccionamiento  de  las  actividades 
extractivas de tales flotas, lo que sin duda se sitúa en el ámbito de la pesca marítima en 
aguas exteriores. Por último, la línea 7 contiene actividades que participan igualmente de 
ese  concepto  de  pesca  marítima,  puesto  que  se  darán  ayudas  para  el  mejor 
conocimiento de las especies de interés pesquero desde la perspectiva de su adaptación 
al cambio climático, permitiendo que se pueda evaluar y adecuar la actividad pesquera, 
artesanal  y  recreativa,  y  se  ajuste  la  toma  de  decisiones  en  la  gestión  de  dichas 
pesquerías, lo que es otro elemento propio del régimen regulador de la pesca extractiva, 
desde la perspectiva del recurso pesquero, y al propio tiempo se aprecia este enfoque en 
la línea 5 como elemento afecto al propio stock pesquero. Por otro lado, en otras de las 
líneas de dicho anexo I se pueden encontrar ejemplos de actividades incardinadas en el 
concepto  de  ordenación  del  sector  pesquero  y  de  la  coordinación  de  la  actividad 
económica, en concreto en cuanto a la actividad acuícola, como ocurre en la línea 3, 
dedicada a su modernización. Como ejemplos se pueden citar la línea 1, que al tratar de 
la modernización del sector pesquero (establecimiento de las bases tecnológicas y de 
gestión para la digitalización e implantación de nuevas tecnologías a lo largo de la 
cadena sectorial y en la información pública sobre la producción primaria con el objetivo 
de  mejorar  la  transparencia,  la  trazabilidad  y  la  toma  de  decisiones  sobre  la 
sostenibilidad  de  dichos  recursos)  afectará  a  la  estructura  productiva  y  de 
comercialización del subsector. Incluso aunque en este caso la presencia de elementos 
propios de la actividad extractiva en sí –como la digitalización de la actividad– esté 
presente, el elemento primordial es la configuración del propio sector. Asimismo cabe 
incardinar en estos títulos competenciales las líneas 6 y 8, en tanto que afectan a 
actividades económicas del sector, centradas en la recogida y valorización de residuos 
–especialmente  plásticos–,  dándoles  un  uso  industrial,  promoviendo,  alianzas 
intersectoriales y en la substitución de combustibles fósiles por energías limpias en el 
sector pesquero y acuícola, de transformación y comercialización, respectivamente. s
Por  lo  tanto,  la  concurrencia  sobre  un  mismo  objeto  de  títulos  competenciales  oe.
exclusivos del Estado en materia de pesca marítima, por un lado, y de títulos básicos en  w.
materia  de  ordenación  pesquera  y  bases  y  coordinación  general  de  la  actividad  660ww
peacoran óompticaar ,p coorn lcau rcreienntrdaoli zeanc ieósnt,e  pcoars oo tlroos  lraedqou, isjuitsotsif ifcijaand olas  pooprc ieóln T rnibourmnaalt iCvao ndseti tuunciioficnaarl 
bases y convocatoria al amparo de lo determinado por el artículo 23 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y también de concentrar su normación y 
gestión en sede estatal.
Finalmente, se incluye una modificación del Real Decreto 685/2021, de 3 de agosto, 
por el que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a agrupaciones de 
entidades que realicen proyectos de inversión y reforma en materia de investigación para 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el equilibrio de la cadena de comercialización 
en  el  sector  pesquero  y  de  la  acuicultura  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y se convocan para 2021, que tiene como fin incluir un 
nuevo anexo donde se establece el formulario para la declaración responsable del 
cumplimiento del principio DNSH.
En la elaboración de este real decreto se han observado los principios de buena 
regulación  previstos  en  el  artículo  129  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los principios de 
necesidad y eficacia puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los 
intereses que se persiguen, en concreto, subvenir la situación coyuntural ya descrita a 
través de una fórmula de facilitar la innovación del sector; el principio de proporcionalidad 
ya que contiene la regulación imprescindible para atender a las necesidades que se 
pretenden  cubrir  conforme  a  la  normativa  subvencional  general;  y  el  principio  de 
seguridad jurídica ya que es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y 
de  la  Unión  Europea.  Por  lo  demás,  la  norma  es  coherente  con  los  principios  de 
eficiencia, en tanto que la norma asegura la máxima eficacia de sus postulados con los 
menores costes posibles inherentes a su aplicación al servirse de la infraestructura 
estatal ya creada para estos fines, y transparencia al haberse garantizado una amplia 
participación pública en su tramitación.
El presente real decreto se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 9.2, 
17.3 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
De acuerdo con lo dispuesto por artículo 23.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, dada la especificidad y singularidad de estas subvenciones, se aprueban 
conjuntamente las bases reguladoras y su convocatoria para 2022 y 2023, teniendo en 
cuenta la necesidad del inmediato cumplimiento de las medidas de referencia y se 
permita una inmediata canalización de los fondos recibidos, con el fin de conseguir la 
rápida recuperación transformadora del sector y de conformidad con lo establecido por el 
artículo 61.1 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
En  la  tramitación  de  este  real  decreto  se  ha  consultado  a  las  comunidades 
autónomas y las entidades representativas de los sectores afectados, y han emitido el 
preceptivo  informe  el  Servicio  Jurídico  del  Estado  y  la  Intervención  Delegada  del 
departamento.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de diciembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto.
1.  El presente real decreto tiene como objeto establecer las bases reguladoras de 
las subvenciones destinadas a las agrupaciones de entidades señaladas en el artículo 2 
que lleven a cabo proyectos de actividades de crecimiento azul en los sectores pesquero 
y de la acuicultura, que conlleven la modernización, actualización y mejora sostenible de  e.
éstos, incluyendo toda la cadena de transformación y comercialización de sus productos,  w.
así como su competitividad y productividad, en el marco de lo establecido por el Real  660ww
lDae cmreotdoe-lrenyi z3a6c/i2ó0n2 0d,e d el a3 0A ddem diniciisetmrabcrióen,  poPrú ebll iqcau e ys e paaprrau elbaa ne jmeceudcidióans  udregle nPtelasn p adrea 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2.  Estas ayudas se enmarcan en el Componente 3 (Transformación ambiental y 
digital  del  sistema  agroalimentario  y  pesquero)  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la Economía Española, correspondiendo a la Inversión 8 
(Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector 
pesquero (III): fomento del desarrollo tecnológico y la innovación en el sector pesquero y 
acuícola, en el primero de sus elementos «la creación de partenariados público-privados 
para  impulsar  el  crecimiento  azul  en  el  sector»,  conjuntamente  con  los  proyectos 
financiados  a  través  del  Real  Decreto  685/2021,  de  3  de  agosto,  por  el  que  se 
establecen las bases reguladoras de subvenciones a agrupaciones de entidades que 
realicen proyectos de inversión y reforma en materia de investigación para el desarrollo 
tecnológico, la innovación y el equilibrio de la cadena de comercialización en el sector 
pesquero y de la acuicultura en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, y se convocan para 2021. Estas subvenciones contribuirán a alcanzar el 
objetivo 58 establecido en la Decisión de Ejecución aprobada por el Consejo de 13 de 
julio de 2021.
3.  Las subvenciones reguladas en este real decreto se ajustan a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) n.º 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se Establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
4.  Estas ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva de acuerdo 
con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación 
y eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, así como de conformidad con lo establecido en su 
Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y sin perjuicio de la 
aplicabilidad de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de 
que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a 
esta Ley.
5.  Asimismo, y conforme a lo establecido en el artículo 23.2.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración 
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se 
aprueba conjuntamente la convocatoria de las ayudas para los ejercicios 2022 y 2023.
Artículo 2.  Entidades beneficiarias y requisitos.
1.  Podrán ser beneficiarias de las ayudas que se regulan en este real decreto las 
agrupaciones de las siguientes entidades:
a)  Entidades públicas o privadas que tengan en vigor un protocolo general de 
actuación en materia de crecimiento azul con la Secretaría General de Pesca, que se 
recogen en el anexo I
b)  Cualquier entidad pública o privada de ámbito nacional relacionada con el sector 
de la pesca y la acuicultura, incluyendo la transformación y comercialización de los 
productos.  A  estos  efectos,  se  consideran  entidades  relacionadas  los  operadores 
definidos en el Reglamento 1380/2013 de 11 de diciembre de 2013, sobre la política 
pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 
1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.° 2371/2002 y (CE) n.º 
639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo, así como las entidades  e
asociativas reconocidas del sector, los organismos de investigación y universidades y las  bo
empresas tecnológicas que dispongan de desarrollos I+D+i aplicables a alguno de los  660ww
oper2a. doLreass  aenntteidriaodrmese nqtuee d perfientiednodsa.n obtener estas subvenciones deberán, antes de la
presentación de la solicitud, constituirse en agrupaciones compuestas por al menos una
entidad de las descritas en la letra a) del apartado 1, que coordinará la agrupación, y otra  Bc
u otras de la letra a) o de la b) del citado apartado, de forma que sólo la agrupación 
resultante podrá solicitar estas subvenciones. La selección de los integrantes de la 
agrupación no podrá ser discriminatoria y permitirá el acceso de cualquier entidad que 
cumpla los requisitos y sea adecuada para el logro de los fines a subvencionar.
3.  Las funciones de la entidad coordinadora de la agrupación serán:
a)  Presentar  la  solicitud  de  la  ayuda  y  representar  a  la  agrupación  como 
beneficiaria  de  la  ayuda  durante  todo  el  procedimiento  de  concesión,  ante  la 
Administración, así como ser la perceptora de la ayuda y proceder a su reparto según lo 
acordado entre ellas
b)  Procurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto e impulsar éste en todas 
sus fases, coordinando las actuaciones que se realicen, así como elaborar los informes 
de seguimiento de estas y presentar los resultados del proyecto.
c)  Custodiar todas las facturas y demás documentos que acrediten los gastos y 
pagos objeto de la subvención en que hayan incurrido y tenerlos a disposición del órgano 
concedente y de los órganos de comprobación y control, que podrán requerirlos para su 
comprobación. Tal y como se establece en el artículo 22.2.f) del Reglamento (UE) 
2021/241,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  la 
documentación deberá custodiarse conforme al plazo establecido en el artículo 132 del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la 
Unión.
d)  Publicar los resultados derivados del proyecto.
e)  Nombrar a una persona representante o apoderada única, según lo dispuesto en 
el apartado 3 del artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Esta persona 
deberá pertenecer a la entidad que coordina la agrupación tal como se expresa en el 
apartado 2.
4.  Cada agrupación se formalizará a través de un acuerdo de agrupación, que 
contendrá, al menos, la siguiente información:
a)  Descripción  de  las  características  y  objetivos  generales  de  la  agrupación, 
incluyendo la identificación y caracterización de cada una de las entidades que participan 
de la misma.
b)  Identificación de la persona representante o apoderada de la agrupación, así 
como  de  las  funciones  que  le  son  asignadas,  entre  las  que  deberán  estar  las  de 
presentar la solicitud y las correspondientes justificaciones económicas del proyecto, 
actuando  como  interlocutor  a  efectos  de  dicha  justificación  y  durante  todo  el 
procedimiento de concesión de la ayuda.
c)  Identificación del coordinador o coordinadora técnica del proyecto impulsado por 
la agrupación, así como de las funciones que le son encomendadas, entre las que 
deberán  incluirse  las  de  coordinar  las  actuaciones  que  se  lleven  a  cabo  sobre  el 
proyecto, elaborar los informes de seguimiento y presentar los resultados del mismo. 
Estas funciones y las correspondientes al párrafo anterior podrán, si así lo decide la 
agrupación, ser encomendadas a la misma persona
d)  Concreción de los compromisos que adquiere cada entidad participante al formar 
parte de la agrupación, detallando en qué actividades del proyecto va a participar. 
Asimismo, el acuerdo de agrupación debe establecer quién es la entidad que actúa como 
coordinadora y encargada de impulsar el proyecto en todas sus fases, sin perjuicio del  s
compromiso de que todos los participantes de la agrupación deban cumplir con los  oe.
ocaobgojreuretdpi)via nocasDidó dionser,t arl iap bdsruíoec y cilóeaonc ma toogd reuelpl  arpecrpieóasnru tqopu udeee sl etloa  cso arcsraeignsntpiadodanodd ees ap  deecrca ildbaai ra  aye uncdatiadd aared ec nibptiiaddraatid cp ipionart enlgater  aennettneid  adldea    2021-21660n https://www.
la misma.
f)  Disposiciones para la resolución de litigios internos.
g)  Acuerdos  sobre  responsabilidad,  indemnización  y  confidencialidad  entre  las 
entidades  participantes  de  la  agrupación,  teniendo  en  cuenta  que  los  resultados 
derivados del proyecto tendrán carácter público.
h)  Duración de la agrupación, que se extenderá, como mínimo, a los cuatro años 
posteriores a la fecha en la que venza el plazo para presentar la última justificación por 
parte de ésta como beneficiaria de la ayuda, tal y como se establece en los artículos 39 
y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, respecto al reintegro y a la prescripción de 
las infracciones y sanciones.
i)  Cuenta bancaria de la entidad coordinadora de la agrupación en la que se recibirá 
el importe de la subvención y su titular o titulares.
5.  El  acuerdo  de  agrupación  deberá  estar  firmado  electrónicamente  por  las 
personas designadas representantes legales de todas y cada una de las entidades que 
la componen.
6.  Además,  las  entidades  componentes  de  la  agrupación  deberán  reunir  los 
siguientes requisitos:
a)  En lo concerniente al citado proyecto, carecer de ánimo de lucro, extremo que 
deberán  acreditar  mediante  declaración  responsable  con  el  compromiso  de  hacer 
públicos los resultados y no registrar patentes ni derechos de propiedad intelectual sobre 
los resultados intermedios o finales del proyecto. A estos efectos, se considera que 
carecen de fin de lucro en lo que se refiere al proyecto aquellas entidades que también 
desarrollen actividades de carácter comercial, siempre que los beneficios resultantes de 
las correspondientes al proyecto se inviertan en su totalidad en el cumplimiento de sus 
fines institucionales no comerciales.
b)  Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente, en su 
caso.
c)  Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
7.  No  podrán  ser  beneficiarias  las  entidades  en  las  que  concurran  las 
circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.
Artículo 3.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1.  Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones recogidas en el 
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y las 
concordantes incluidas en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, así como las contenidas en estas bases reguladoras, las que se determinen en 
cada convocatoria, las que figuren en la resolución de concesión de las ayudas y la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y demás instrucciones 
específicas que, en aplicación y cumplimiento de este real decreto y de la convocatoria 
correspondiente señale, en su caso, el Ministerio de Hacienda y Función Pública en 
materia  de  ejecución,  seguimiento,  pago  de  las  ayudas,  información  y  publicidad, 
justificación y control del gasto.
2.  Cada entidad beneficiaria deberá responder de las obligaciones de reintegro o de 
las sanciones que se puedan imponer como consecuencia del incumplimiento de sus 
compromisos,  en  los  términos  establecidos  en  los  artículos  40.2  y  53.a)  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. e.
3.  Las entidades beneficiarias deberán dar publicidad a las ayudas recibidas en los  w.b
contratos  de  servicios  y  laborales,  publicaciones,  ponencias,  equipos,  material  660ww
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página web.
4.  Cada entidad beneficiaria deberá mantener un sistema de contabilidad específico 
aparte  o  un  código  contable  adecuado  en  relación  con  todas  las  transacciones 
relacionadas con los gastos subvencionables que permita el seguimiento de los gastos 
financiados a través de estas ayudas, sin perjuicio de las normas de contabilidad de 
obligado cumplimiento.
5.  Las  entidades  beneficiarias  colaborarán  en  los  controles  necesarios  para  el 
correcto seguimiento y control de estas ayudas, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento (UE) n.º 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021.
6.  En  particular,  las  beneficiarias  habrán  de  mostrar  garantías  de  que  sus 
actuaciones no inciden negativamente sobre el objetivo medioambiental de la protección 
y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.
Artículo 4.  Requisitos de los proyectos subvencionables de crecimiento azul en el 
sector pesquero y acuícola.
1.  Los proyectos de crecimiento azul en el sector pesquero y de la acuicultura 
deberán,  para  poder  ser  objeto  de  estas  subvenciones,  cumplir  con  los  siguientes 
requisitos:
a)  Proyectos subvencionables: solo será subvencionable un único proyecto por 
cada agrupación solicitante de estas subvenciones, siempre que se desarrolle, al menos, 
en dos comunidades autónomas, para garantizar así el carácter supra autonómico de las 
actuaciones.
Los proyectos deberán fomentar el crecimiento azul, esto es, a los efectos de esta 
norma, los que respondan a una estrategia de apoyo a largo plazo que procure el 
crecimiento  sostenible  de  los  sectores  marino  y  marítimo;  con  la  que  se  busca 
aprovechar el potencial de los océanos, mares y costas incentivando enfoques que 
favorecen  el  crecimiento,  la  conservación  y  la  pesca  sostenible;  reconociendo  la 
importancia de los mares y océanos como motores de la economía por su gran potencial 
para la innovación y el crecimiento.
b)  Duración: su ejecución deberá finalizar antes del 30 de septiembre de 2023.
c)  Cuantía: debiendo prever un presupuesto mínimo y un máximo, que será el que 
se especifique en cada convocatoria.
d)  Contenido: debiendo adaptarse a una o varias modalidades establecidas en el 
anexo II de este real decreto.
e)  Aplicabilidad: deberán contemplar entre sus actividades la validación o prueba 
del producto, equipo, proceso, técnica o sistema de gestión u organización en una o 
varias empresas que operen en condiciones reales.
f)  Participación: sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2, para el cómputo de 
participantes y cumplimiento de los requisitos de participación establecidos, sólo serán 
objeto de ayuda aquellas agrupaciones que presenten un presupuesto y soliciten ayuda 
destinada a proyectos cuya ejecución sea de al menos, una anualidad.
2.  Las  agrupaciones  beneficiarias  de  las  subvenciones  garantizarán  el  pleno 
cumplimiento  en  todos  los  proyectos  de  inversión  que  deben  llevarse  a  cabo  en 
cumplimiento del presente real decreto del llamado principio de no causar un perjuicio 
significativo al medio ambiente en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos 
de que se trate y, de manera individual, para cada una de las actuaciones dentro de los  s
mismos, y, por otro lado, el cumplimiento del objetivo asumido para la inversión C3.I8, en  oe.
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climáticos y digital, todo ello de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021,  Bc
y conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco 
para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2019/2088, y también en la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre 
la aplicación del principio de «no causar daño significativo.
Artículo 5.  Financiación y cuantía de la ayuda.
1.  Las ayudas contenidas en este real decreto se financiarán, de conformidad con 
lo  establecido  en  el  Real  Decreto-ley  36/2020,  de  30  de  diciembre,  con  cargo  al 
Instrumento Europeo de Recuperación, a través de la partida presupuestaria que se 
determine en la convocatoria.
2.  La concesión de estas ayudas estará condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.
3.  La cuantía individualizada de las subvenciones se determinará por el órgano 
instructor, en función del informe emitido por la comisión de evaluación de acuerdo al 
artículo  13.1,  considerando  el  coste  elegible  del  proyecto  y  las  disponibilidades 
presupuestarias.
4.  El  porcentaje  de  ayuda  podrá  ascender  hasta  el  100  %  de  los  gastos 
subvencionables del proyecto definidos en el artículo 14.
5.  No serán subvencionables los siguientes gastos de funcionamiento de la entidad 
beneficiaria:  gastos  financieros,  gastos  de  asesoría  jurídica  o  financiera,  gastos 
notariales  y  registrales  y  los  gastos  periciales  para  la  realización  del  proyecto 
subvencionado,  así  como  los  gastos  de  administración  que  no  están  directamente 
relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables para la adecuada 
preparación  o  ejecución  de  la  misma.  Además,  serán  aplicables  las  limitaciones 
contenidas en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en particular las 
derivadas de sus apartados 7, (los intereses deudores de las cuentas bancarias, los 
intereses, recargos y sanciones administrativas y penales y los gastos de procedimientos 
judiciales) y 8 (los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o 
compensación ni los impuestos personales sobre la renta).
Artículo 6.  Compatibilidad con otras ayudas.
1.  Estas ayudas serán compatibles con otras, de carácter público o privado, de 
forma que, aisladamente o en concurrencia con otras aportaciones, el importe total de 
las  subvenciones  no  superen  el  coste  total  del  proyecto  objeto  la  actividad 
subvencionada. De conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 2021/241, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, la ayuda concedida en el 
marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se sumará a la proporcionada con 
arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión, siempre que dicha ayuda no cubra 
el mismo coste, todo ello con el fin de no incurrir en la doble financiación conforme a lo 
exigido por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto 
General de la Unión (Reglamento Financiero), tal y como contempla el artículo 7.3 de la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las actuaciones que 
sean financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia deberán quedar  es
claramente diferenciadas de las que sean financiadas a través de otras fuentes, con  bo
identificación de los hitos u objetivos que a aquéllas les correspondan. 660ww
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efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, en el momento de la justificación 
anual de la subvención.
Artículo 7.  Iniciación del procedimiento, presentación de las solicitudes y del resto de 
documentación a lo largo del proceso de evaluación.
1.  El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria, 
que  se  publicará  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones  (BDNS)  https://
www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/index, así como su extracto en el «Boletín 
Oficial del Estado», con indicación del importe total disponible y la concreción de los 
requisitos de la concesión y la documentación que deberá aportarse.
2.  Conforme a lo previsto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se establece la 
obligatoriedad  de  relacionarse  por  medios  electrónicos  con  la  Administración  a  los 
destinatarios de estas ayudas.
3.  La presentación de las solicitudes se realizará, exclusivamente, a través del 
registro electrónico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, conforme al 
modelo o formulario normalizado de solicitud que se acompaña en la correspondiente 
convocatoria, que estará disponible en la sede electrónica de este Ministerio (https://
sede.mapa.gob.es/). La convocatoria fijará el plazo de presentación de las solicitudes, 
que no podrá ser inferior a siete días, contados a partir de la publicación de su extracto.
4.  Las  solicitudes  se  presentarán  por  las  personas  designadas  como 
representantes legales de las entidades coordinadoras de cada agrupación constituidas, 
debidamente acreditadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.
5.  La solicitud incluirá los elementos necesarios para llevar a cabo las dos fases de 
evaluación de las solicitudes en los términos establecidos en los artículos 11 y 12. Dichos 
elementos son los siguientes:
a)  El formulario de solicitud, debidamente cumplimentado y firmado por la persona 
designada como representante de la entidad coordinadora de la agrupación solicitante, 
conforme  al  modelo  que  se  establece  en  el  anexo  III.  Esta  solicitud  incluye  una 
declaración  responsable  del  cumplimiento  del  principio  de  «no  causar  perjuicio 
significativo»  a  los  seis  objetivos  ambientales  en  el  sentido  del  artículo  17  del 
Reglamento (UE) 2020/852.
b)  Declaración responsable de participación por cada una de las entidades que 
forman parte de la agrupación solicitante, conforme al modelo recogido en el anexo IV, 
debidamente cumplimentado y firmado por la persona designada como representante 
legal correspondiente.
En dicho documento de declaración de conformidad de participación se incluyen las 
siguientes declaraciones responsables:
1.º  Declaración responsable de no ser deudor por resolución de procedencia de 
reintegro por las causas recogidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
2.º  Declaración responsable de no haber sido sancionado con la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones por incumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
3.º  Declaración responsable sobre el cumplimiento de todos los requisitos indicados  s
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, necesarios para obtener la  oe.
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c)  La propuesta técnica, cuyo contenido se ajustará a lo establecido en el anexo V.
d)  Acuerdo de agrupación, conforme a la información que establece el artículo 2.4, 
que deberá estar firmado por las personas designadas como representantes legales de 
todas las entidades que formen parte de la agrupación solicitante.
e)  Copia de los estatutos de constitución de las entidades que forman parte de la 
agrupación solicitante y relación nominal de los miembros de los órganos ejecutivos y de 
dirección de las mismas en el momento de la solicitud.
f)  Memoria técnica del proyecto, cuyo contenido se ajustará al anexo VI.
g)  Elementos para la valoración, cuyo contenido se ajustará al anexo VII. En caso 
de que supere el número máximo de palabras establecido en el citado anexo, no se 
evaluará su contenido, no permitiéndose que este extremo sea objeto de subsanación.
6.  Todo ello es sin perjuicio del aporte de documentación complementaria a la 
solicitud  que  sea  de  interés  aportar  por  parte  de  la  persona  designada  como 
representante legal de la agrupación constituida a efectos de la mejor acreditación de las 
condiciones exigidas en las bases reguladoras de estas subvenciones.
La presentación de la solicitud implica:
a)  La potestad del órgano instructor para recabar de la Tesorería General de la 
Seguridad  Social  información  relativa  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  la 
Seguridad Social en los términos previstos en el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, por parte de las personas titulares de la explotación agraria y de la 
explotación. No obstante, las personas titulares de la explotación agraria en su propio 
nombre y en nombre de la explotación podrán oponerse expresamente a la consulta, 
debiendo  aportar  los  correspondientes  certificados  en  los  términos  previstos  en  el 
artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003.
b)  La potestad del órgano de instrucción para comprobar los datos de identidad de 
la persona designada como representante de la entidad, mediante consulta al Sistema 
de Verificación de Datos de Identidad previsto en el artículo único, apartado 3, del Real 
Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de 
documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración 
General  del  Estado  y  de  sus  organismos  públicos  vinculados  o  dependientes.  No 
obstante, podrán oponerse expresamente a la consulta debiendo aportar entonces copia 
del DNI, NIF o pasaporte o documento equivalente en caso de extranjeros, de acuerdo 
con lo previsto en el citado artículo.
c)  La autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma 
directa la acreditación de la circunstancia de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá 
aportar las correspondientes certificaciones. No obstante, el solicitante podrá denegar 
expresamente  el  consentimiento,  debiendo  aportar  cada  una  de  las  entidades  que 
forman parte de la agrupación solicitante los correspondientes certificados junto con la 
solicitud, en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio. En el caso de haber caducado la validez de dichas certificaciones, 
deberán renovarse con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución.
7.  Si el documento oficial de solicitud o el resto de documentos que la acompañen 
no reunieran los requisitos establecidos en el presente real decreto, el órgano instructor 
requerirá al interesado para que, en el plazo máximo de diez días hábiles, subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciere,  s
se le tendrá por desistido en la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.5 de  oe.
loaacr ttíLuc8ebu.yrl oe  3,E2 81lp/ ,2ró ee0rvn0gi 3aar,n e olrdae ecsi inoó1slnu7t rc cudioócentno   enr qlo puavoerietd ímcrdáueb lobrse eo6,r l8iáyc,  i tdesaeenr  r l taeod ldL icaoetrsyat  íd3cloau9s l/o2 e 0dn61o 85cl ou,d smde e et lén1art  odmLseei n oyyo c s3tl uo9bps/2rr ee0in.v1fi5ost,ro mdsee s e 1nq  dueeel    2021-21660n https://www.
considere necesarios de acuerdo con el artículo 24.3.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
9.  Habrá de cumplirse con las declaraciones acreditativas del cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
10.  La presentación de la solicitud supondrá la autorización para el acceso a la 
información  contenida  en  el  Registro  de  Titularidades  Reales  previsto  en  la  Orden 
JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la 
presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a 
su publicación, y la cesión de información al Sistema de Fondos Europeos, a efectos de 
cumplir  con  lo  previsto  en  el  artículo  22.2.d)  del  Reglamento  (UE)  2021/241  del 
Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, y de su inclusión en una 
base de datos única a efectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
El  órgano  gestor  deberá  suministrar  la  información  que  sea  solicitada  para  dar 
cumplimiento al adecuado sistema de gestión y seguimiento del PRTR, informando de lo 
que sea preciso para alimentar dicho sistema y las aplicaciones informáticas que la 
normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de la 
financiación y los objetivos previstas en este real decreto y la normativa nacional y 
europea respectiva.
11.  Asimismo, la presentación de la solicitud supondrá el compromiso expreso del 
solicitante, en caso de ser beneficiario final de la ayuda, de conceder los derechos y 
accesos  necesarios  para  garantizar  que  los  organismos  europeos  ejerzan  sus 
competencias, de conformidad con el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la 
Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, 
(UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) 
n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.
Artículo 8.  Instrucción y ordenación.
1.  La instrucción y ordenación del procedimiento, corresponderá a la Subdirección 
General de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales de la Dirección General de 
Ordenación Pesquera y Acuicultura, que realizará todas las actuaciones necesarias para 
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales haya 
de formularse la propuesta de resolución.
2.  Asimismo, el órgano instructor podrá comprobar de oficio las condiciones y 
requisitos exigibles para la obtención de la ayuda.
3.  Durante  todas  las  fases  del  procedimiento  se  deberán  aplicar  mecanismos 
suficientes para reducir, prevenir, detectar y corregir el riesgo de fraude, la corrupción y 
los conflictos de intereses (tal como la abstención y recusación), de acuerdo con las 
instrucciones  aplicables  a  la  gestión  del  PRTR.  Cualquier  persona  que  tenga 
conocimiento  de  hechos  que  pudieran  ser  constitutivos  de  fraude,  corrupción  o 
irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o parcialmente 
con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de cualquiera de las 
convocatorias para la concesión de ayudas objeto de estas bases, podrá poner dichos 
hechos  en  conocimiento  del  Servicio  Nacional  de  Coordinación  Antifraude  de  la 
Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través 
del  canal  habilitado  al  efecto  por  dicho  Servicio  en  la  dirección  web  https://
www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx  e.
en los términos establecidos en la Comunicación 1/2007, de 3 de abril, del citado  w.b
Servicio. 660ww
Artículo 9.  Evaluación de las solicitudes.
La  evaluación  se  realizará  por  el  instructor,  previo  informe  de  la  Comisión  de
evaluación de estas ayudas, sobre el conjunto de las solicitudes presentadas por las
agrupaciones, a las que se aplicarán los criterios de evaluación establecidos para las dos 
fases  de  que  consta  el  proceso  de  evaluación,  tal  y  como  se  especifica  en  los 
artículos 11 y 12.
Artículo 10.  Comisión de evaluación.
1.  El  examen  y  valoración  de  las  solicitudes  y  de  la  documentación  que  la 
acompañen  se  llevará  a  cabo  por  una  Comisión  de  valoración  constituida  por  los 
siguientes miembros:
a)  Presidencia:  un  funcionario  o  funcionaria  de  la  Subdirección  General  de 
Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales, de la Dirección General de Ordenación 
Pesquera y Acuicultura, con nivel mínimo 28.
b)  Vocales:  un  funcionario  o  funcionaria  de  la  Subdirección  General  de 
Sostenibilidad  Económica  y  Asuntos  Sociales  y  otro  funcionario  de  la  Subdirección 
General de Acuicultura, Comercialización Pesquera y Acciones Estructurales.
c)  Secretaría:  un  funcionario  o  funcionaria  de  la  Subdirección  General  de 
Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales, con voz pero sin voto.
2.  La persona titular de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura 
nombrará los miembros de la comisión de valoración, así como a quienes pudieran ser 
sus suplentes, en caso de necesidad, y que tendrán el mismo rango que el de los 
miembros titulares.
3.  El funcionamiento de la comisión de evaluación será atendido con los medios 
personales, técnicos y presupuestarios de la Dirección General de Ordenación Pesquera 
y  Acuicultura  y  ajustará  su  funcionamiento  a  las  previsiones  establecidas  para  los 
órganos colegiados en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar Ley 40/2015, de 1 
de octubre.
4.  La comisión de valoración podrá contar con la asistencia de personas expertas 
externas en determinados ámbitos si así lo considera oportuno.
5.  De acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, los 
miembros de la comisión reforzarán su implicación en este objetivo a través de una 
declaración de ausencia de conflicto de intereses.
Artículo 11.  Primera fase de evaluación.
1.  En esta fase, la comisión de evaluación estudiará el contenido de las propuestas 
técnicas (anexo V) presentadas en las solicitudes, así como los elementos para la 
valoración (anexo VII) con base en los siguientes criterios:
a)  Contribución del proyecto a la mejora de la sostenibilidad.
1.ª  Contribución a la sostenibilidad económica, ambiental y social de la economía 
pesquera y acuícola, incluyendo la transformación y comercialización de sus productos. 
Para la valoración de este criterio se puntuará la propuesta de 0 a 10 puntos, en función 
de si los beneficios que aporta el proyecto a la sostenibilidad son significativos (de 7,1 
a 10 puntos), razonables (de 4,1 a 7 puntos) o deficientes (de 0 a 4 puntos).
2.ª  Contribución  a  los  objetivos  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia  de  la  economía  pesquera  y  acuícola,  incluyendo  la  transformación  y 
comercialización de sus productos. Para la valoración de este criterio se puntuará la  s
propuesta de 0 a 10 puntos, en función de si la contribución del proyecto a dichos  o
o(dbeje 0ti vao 4s  peus nstiogsn)i.ficativa (de 7,1 a 10 puntos), razonable (de 4,1 a 7 puntos) o deficiente  2021-21660n https://www.
b)  Aplicabilidad del proyecto.
1.ª  Evaluación económica del proyecto (máximo 4 puntos). Se valorará a través de 
la media aritmética de los siguientes parámetros:
i.  Mejora esperada en la sostenibilidad económica, valorándose la diferencia entre 
los beneficios esperados en la situación actual y los beneficios esperados una vez se 
haya puesto en práctica el producto, equipo, proceso, técnica o sistema de gestión u 
organización objeto del proyecto, expresado como porcentaje sobre la inversión total
 
 
Diferencia de beneficios
ME=  %
  S iendo la «diferencia de beneficioIns»v eerls inóúnm toertoa lresultante de restar los beneficios 
esperados si se ejecuta el proyecto (calculados sobre la base de las mejoras que éste 
introduciría) menos los beneficios esperados en la situación actual (calculados sobre la 
base de los de ejercicios anteriores). Y la «inversión total», el montante económico total 
del proyecto, conforme se establezca en la propuesta técnica.
ii.  Financiación  propia,  valorándose  la  proporción  de  recursos  propios  que 
financiarían  el  proyecto,  primando  aquéllos  que  cuenten  con  mayor  implicación 
económica de los miembros de la agrupación.
 
 
Recursos propios aportados
FP =  %
Siendo los «recursos propios apoIrntavdeorss»ió anq tuoetlalols generados por la actividad de la 
entidad, no siendo aportados por terceros.
2.ª  Aspectos sociales (máximo 4 puntos): Valorándose la generación de empleo 
cuando el solicitante contrate a personal para la realización del proyecto, por lo menos 
durante la mitad de su duración (hasta 2 puntos), y el fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres y de jóvenes, cuando al menos parte de las personas contratadas 
sea mujer (hasta 1 punto) o sea menor de 40 años (hasta 1 punto). En todo caso, las 
personas contratadas no podrán tener vinculación previa con ninguna de las entidades 
que conforman la agrupación solicitante en los tres meses anteriores a la presentación 
de la solicitud.
3.ª  Aspectos  ambientales  (máximo  4  puntos):  Valorándose  el  cumplimiento  de 
objetivos  ambientales  establecidos  en  los  ámbitos  internacional,  europeo,  nacional, 
autonómico o local, junto con la existencia de resultados ambientales cuantificables.
c)  Grado de implicación de entidades empresariales y asociaciones profesionales 
pesqueras (cofradías, OPP, asociaciones, entre otras) en el desarrollo del proyecto 
(máximo  3  puntos).  Valorándose  el  porcentaje  del  presupuesto  total  del  proyecto 
destinado a las actividades que vayan a utilizarse en las operaciones de puesta en 
práctica del producto, equipo, proceso, técnica o sistema de gestión u organización 
objeto del proyecto.
2.  Quedarán eliminadas las solicitudes cuyas propuestas técnicas no alcancen al 
menos el 50% del valor máximo de cada uno de los criterios establecidos en este 
artículo. e.e
3.  El resultado de la evaluación de la primera fase se publicará, a través de la sede  b
electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tanto a las agrupaciones  660ww
ceulimyainsa sdoalisc.i tuSdóelos  psuopderárenn a ecsctead perri ma elraa  sfaesgeu nddea  efvaasleu adceió ne vcaolumaoc iaó na qlausé lplarso pquuees tqause dqeune 
hayan superado la primera fase de evaluación.
 
Artículo 12.  Segunda fase de evaluación de las solicitudes.
1.  En la segunda fase de evaluación, la comisión de evaluación concretará el 
resultado de la evaluación de la memoria técnica del proyecto (anexo VI) mencionada en 
el artículo 7.5.f, así como los elementos para la valoración (anexo VII) con base en los 
siguientes criterios:
a)  Calidad  científico-técnica,  relevancia  y  viabilidad  de  la  propuesta  completa 
(máximo 10 puntos).
1.ª  Definición, contenido, calidad, originalidad y adecuación de las actividades a los 
objetivos propuestos (máximo 5 puntos). Valorándose la definición, contenido, calidad, 
originalidad y adecuación de las actividades contenidas en el proyecto a los objetivos 
propuestos para el mismo.
2.ª  Planificación, disponibilidad de recursos, cronograma establecido, indicadores 
de ejecución y de evaluación, presupuesto detallado y desglosado y costes ajustados 
(máximo  5  puntos).  Valorándose  la  planificación,  la  disponibilidad  de  recursos,  la 
adecuación al cronograma establecido, la existencia de indicadores de ejecución y de 
evaluación de resultados, el presupuesto detallado y desglosado y que los costes estén 
ajustados al mismo.
b)  Calidad, trayectoria y adecuación del equipo de trabajo (máximo 10 puntos).
1.ª  Competencia y adecuación del equipo de trabajo, complementariedad entre 
equipos  (máximo  7  puntos).  Valorándose  la  competencia  y  la  adecuación  de  los 
componentes  del  equipo  o  equipos  que  participen  en  el  proyecto,  así  como  la 
complementariedad entre equipos, si es el caso.
2.ª  Proyectos desarrollados por los miembros del equipo o equipos en el mismo 
sector, y resultados previos que se encuadren en la misma área temática (máximo 3 
puntos).
c)  Planes  de  difusión  y  actuaciones  de  transferencia  (máximo  5  puntos).  Se 
valorará la existencia y la calidad de los planes previstos en el proyecto para la difusión y 
transferencia de sus resultados al sector.
2.  Quedarán eliminadas las solicitudes cuyas propuestas técnicas no alcancen al 
menos el 50% del valor máximo de cada uno de los criterios establecidos en este 
artículo.
3.  Para cada propuesta se calculará la puntuación resultante de la suma de las 
puntuaciones obtenidas para las dos fases, de forma que se seleccionarán los proyectos 
por orden de puntuación hasta que la suma de sus cuantías subvencionables superen el 
crédito disponible.
4.  La  diferencia  entre  la  suma  de  todas  las  cuantías  subvencionables  de  los 
proyectos  seleccionados  y  el  crédito  disponible  podrá  prorratearse,  reduciéndose 
proporcionalmente cada una de las cuantías finalmente subvencionadas a cada proyecto 
para igualar ambos importes.
Artículo 13.  Resultados e informe de evaluación.
1.  La  comisión  de  evaluación,  con  arreglo  a  los  criterios  establecidos  en  los 
artículos 11 y 12 anteriores, emitirá un informe motivado en que se concrete el resultado  e.e
de  la  evaluación  de  ambas  fases,  que  justifique  la  puntuación  obtenida  por  cada  w.b
solicitud,  ordenándolas  en  función  de  la  puntuación  obtenida,  y  remitirá  al  órgano  660ww
finosrmtruucleto pr rolap uliesstata  ddee  sreosliocliutucdióens  pqruoevi smioenraelz.can ser financiadas, al objeto de que éste
efec2to. s dEen  rleosso clvaesro esl  deem psoaltiec,i tluad peusn ctuoanc iigóuna oldbatedn didea  peunn ltousa cciróitne,r isoes  etesntadbrále ceind ocsu epnatraa,  laa 
segunda fase de la evaluación, empezando por el primero hasta que se produzca el
desempate. En caso de haber agotado los criterios y mantenerse el empate, este será 
resuelto por la comisión de evaluación.
3.  Los documentos, informes y certificados que sirvan para la evaluación de las 
solicitudes formarán parte del expediente correspondiente.
Artículo 14.  Gastos subvencionables.
1.  Las ayudas se destinarán a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo y 
ejecución  de  las  actividades  para  las  que  hayan  sido  concedidos,  en  los  términos 
previstos  en  el  artículo  31  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  teniendo  las 
características recogidas en los siguientes apartados. Asimismo, no deberá existir una 
relación laboral entre la Administración General del Estado y el personal dedicado a la 
realización de las actuaciones subvencionables.
2.  Podrán ser elegibles los siguientes gastos:
a)  Personal:
– Se financiarán los gastos del personal contratado por las entidades beneficiarias 
exclusivamente  para  la  realización  del  proyecto,  incluyendo  la  correspondiente 
Seguridad Social.
– Se financiarán las becas asociadas al proyecto, siendo elegibles las horas de 
dedicación exclusiva al proyecto.
– Se podrán financiar hasta el 40% de los costes de personal propio dedicado a la 
realización del proyecto, incluida la Seguridad Social.
– Para determinar el coste de personal, la tarifa por hora aplicable se calculará 
dividiendo el salario bruto anual entre 1.720 horas.
– En todo caso, los costes elegibles de personal sólo serán subvencionables hasta 
el  límite  de  las  retribuciones  fijadas  para  los  correspondientes  profesionales  en  el 
Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado.
– En  el  caso  de  las  entidades  públicas,  no  serán  subvencionables  los  gastos 
recurrentes,  de  conformidad  con  el  artículo  5  del  Reglamento  (UE)  2021/241  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
b)  Aparatos, equipos y suministros:
– Serán financiables los costes derivados de la compra de aparatos, equipos o 
instrumentos, siempre que se destinen al proyecto. No se financiará la adquisición de 
dispositivos  informáticos  de  uso  genérico,  como  PC,  ordenadores  portátiles  o 
impresoras. Los equipos serán energéticamente eficientes, absolutamente respetuosos 
con el Código de Conducta para Tecnologías de la Información y la Comunicación de la 
Comisión Europea
– Se  financiarán  los  gastos  de  material  fungible,  suministros  y  consumibles 
directamente derivados del proyecto, incluido el material de oficina y los consumibles 
informáticos.
– La  adquisición  de  un  equipo  o  un  suministro  realizada  por  cualquier  entidad 
adjudicataria que tenga el carácter de poder adjudicador de acuerdo con los requisitos 
establecidos en artículo 3.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se habrá de tramitar 
conforme a lo dispuesto en dicha ley para la celebración de contratos del sector público.
Se tomarán medidas para que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparación,  o
edaerelepseut lciatciatblariczólnetanudcciaoicidólo iozlnsasa  s yicm  eideónpilnr  ltea ercanyl ttt raamicdmdaeeoirs esc n.roq etS uoudee tdie  laiem zp lalaaloci rcsicDóa arnrie rá eesncdil d telRiouv soeal sao r les2 d qD0eu0pe ai9rcsop/ri1dteao2utrsoa5c  t/tdo1Coe1ssE  0,de ,/ il2dséh0eeca1ñ tsr5oiltcoa,  oes ds cee oaly  lp2 ófeia0gnlr eiaacdclot etor d ósqfee nu bieecsr loueéfas rco cvt(ri,iRlid ictsaAaoo nEsbú  Erltaeyi)l      OE-A-2021-21660able en https://www.
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
c)  Gastos  de  Subcontratación.  La  subcontratación  estará  sujeta  a  las 
características establecidas en el artículo 15.
d)  Viajes  y  dietas.  Se  financiarán  los  viajes  estrictamente  necesarios  para  la 
realización  del  proyecto.  Únicamente  se  admitirán  viajes  referidos  a  trabajadores 
imputados  en  el  apartado  de  costes  de  personal,  y  siempre  que  aparezcan 
nominativamente identificados en la justificación o en la solicitud de ayuda. Las cuantías 
se  ajustarán  al  nivel  equivalente  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, y en 
ningún caso superarán las fijadas para el grupo 2.
e)  Podrán ser objeto de ayuda los costes indirectos conjuntos según un esquema 
de costes simplificados a un tipo fijo de hasta el 20 % del total de los costes directos 
subvencionables, siempre que este sistema figure en la solicitud de ayuda y se justifique 
en ella adecuadamente el tipo escogido.
f)  En ningún caso será subvencionable el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y 
demás impuestos indirectos.
Artículo 15.  Subcontratación.
1.  Podrán ser objeto de subcontratación aquellas actividades del proyecto que 
forman parte de la actuación subvencionada pero que no puedan ser realizadas por las 
entidades beneficiarias por sí mismas, extremo que habrá de acreditarse en la memoria 
técnica  del  proyecto,  indicando  la  actividad  objeto  de  subcontratación,  el  importe 
aproximado y el procedimiento previsto para la adjudicación.
2.  Las empresas o personas subcontratadas deberán residir o poseer una sede 
válidamente constituida en España.
3.  La subcontratación realizada por cualquier entidad adjudicataria que tenga el 
carácter  de  poder  adjudicador  de  acuerdo  con  los  requisitos  establecidos  en  el 
artículo 3.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se habrá de tramitar conforme a lo 
dispuesto en dicha ley para la celebración de contratos del sector público.
4.  El presupuesto global de la actividad subcontratada por participante no podrá ser 
superior al 50 % del presupuesto de dicho participante y la subcontratación estará 
condicionada  a  que  el  contrato  se  celebre  por  escrito,  sea  enviado  y  previamente 
autorizado por el órgano de concesión.
5.  No podrá subcontratarse con las mismas entidades beneficiarias que forman 
parte de la agrupación, ni en ninguno de los casos especificados en el artículo 29.7 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6.  La  subcontratación  habrá  de  prever  mecanismos  para  asegurar  que  los 
subcontratistas cumplan con todos los principios transversales del Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y, en 
concreto,  el  principio  de  «no  causar  daño  significativo»,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 25 y con el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
diciembre,  cuyo  contenido  les  será  de  aplicación,  al  igual  que  a  las  entidades 
beneficiarias de las subvenciones.
Artículo 16.  Propuesta de resolución provisional y definitiva.
1.  El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de 
Evaluación, emitirá una propuesta de resolución provisional debidamente motivada en la 
que se expresará la relación de entidades solicitantes, los criterios de evaluación y el  es
resultado de la misma, la cuantía de ayuda que cada beneficiario pueda percibir y las  bo
condiciones y obligaciones derivadas de la concesión. Dicha propuesta de resolución  660ww
nMpcoorionntivifcsiicesteaidorcinéiioóan nldd  soeesc reoAá ng uofrnobic rjpmuelltaetouz  rodaa e,dl   epPa uedrbstieílcicczaua  ldcoyíi a óAsn4, l5 iedm.n1ee  sendblt ea)ta  csbidóulóen pn , u ldsabue lir catLaienecnuyiód nnoc3,i  o9lpas/2a  d0rmae1 i 5spla,mr e sasde eedlno etsa1  er e leafdecleect rgtóoaonscci citoduaneb de reelsa,.l     OE-A-2021-21able en https://
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas 
por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá carácter 
de definitiva.
2.  Excepcionalmente,  se  podrá  prescindir  del  orden  de  prelación  entre  las 
beneficiarias por aplicación de los criterios de valoración para el caso de que el crédito 
consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una 
vez finalizado el plazo de presentación.
Artículo 17.  Resolución.
1.  Corresponderá a la persona titular del Departamento, o el órgano en quien 
delegue, resolver la concesión de las subvenciones.
2.  La resolución del procedimiento de concesión será objeto de publicación en el 
tablón  de  anuncios  de  la  sede  electrónica  del  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y 
Alimentación, surtiendo la misma los efectos de la notificación conforme al artículo 45.1 
b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no 
podrá exceder de seis meses, a computar desde la publicación del extracto de la 
resolución  de  la  convocatoria  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»,  salvo  que  la 
convocatoria posponga sus efectos a una fecha posterior de acuerdo con el artículo 25.4 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, los interesados estarán legitimados para entender desestimadas sus 
solicitudes por silencio administrativo.
4.  La resolución estará debidamente motivada, con referencias al presente real 
decreto, a los informes del órgano instructor así como al proceso de evaluación. La 
resolución de concesión deberá contener, al menos:
a)  La relación de solicitantes a las que se concede la ayuda, en la que figure la 
identificación de la actuación o actuaciones, la cantidad concedida a cada solicitante y la 
modalidad de ayuda, así como la desestimación expresa, en su caso, de las restantes 
solicitudes,  atendiendo  a  la  puntuación  o  prioridad  alcanzada,  en  los  términos 
establecidos en el artículo 63.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.
b)  Las condiciones generales y las condiciones particulares establecidas para la 
concesión de cada ayuda, en especial los requisitos específicos relativos a los productos 
o servicios que deban obtenerse con ella, el plan financiero y el calendario de ejecución.
c)  El presupuesto total aprobado y sus anualidades, la cuantía total de la ayuda 
concedida, el periodo de elegibilidad de los costes y el plan de pago.
d)  El régimen de recursos.
5.  En  caso  de  renuncia  a  la  subvención,  el  órgano  concedente  acordará,  sin 
necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o 
solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la 
renuncia por parte de alguna de las entidades beneficiarias se haya liberado crédito 
suficiente  para  atender  al  menos  una  de  las  solicitudes  desestimadas.  El  órgano 
concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados que procedan 
por orden de puntuación, a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo 
improrrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta por parte de las entidades  s
solicitantes,  el  órgano  concedente  dictará  acto  de  concesión  y  procederá  a  su  oe.
mipnuteebsrl6 iec.as a accCdioóoonnsnt. atprrao  ddlreaás ndr eein steoellr updcoíiaón nes r,igq puuoieet enssteeta  tadiv iaclatme ,pe unqbtuelie,c  raepccoióunnres  odf eidn e la ar e mplaois smvicíaaió  nda ede mna cienuli septrlradazotio vc ado,e n l uolons    2021-21660n https://www.
dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o
directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar  Bc
desde el día siguiente a la publicación de este acto, según lo previsto en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 18.  Modificación de la resolución.
1.  Las actuaciones contenidas en el proyecto deberán ejecutarse en el tiempo y 
forma que se determine en la resolución de concesión.
2.  No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones 
técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, se podrá 
solicitar, por la entidad coordinadora de la agrupación, la modificación de la resolución de 
concesión, antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad objeto del 
proyecto  presentado,  conforme  a  las  siguientes  reglas,  que  deberán  cumplirse 
conjuntamente:
a)  Que el mismo sea solicitado como mínimo con dos meses de antelación a la 
fecha de finalización del plazo de ejecución del proyecto establecido en la resolución de 
concesión  o,  en  su  caso,  de  la  anualidad  correspondiente,  y  sea  autorizado 
expresamente por el órgano concedente.
b)  Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la subvención, a los 
aspectos fundamentales o que hayan sido determinantes para la concesión de la misma 
y siempre que no perjudique a terceros.
c)  Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron 
preverse en el momento de la solicitud.
La solicitud de modificación se acompañará de una memoria en la que se expondrán 
los motivos de los cambios y se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones 
impuestas en la resolución de concesión y el cumplimiento de los requisitos expuestos 
en la letra a) del apartado anterior.
3.  Se podrán autorizar prórrogas del plazo de ejecución del proyecto por un plazo 
máximo  igual  a  la  mitad  del  periodo  de  ejecución  del  proyecto  establecido  en  la 
resolución de concesión y siempre que la causa no sea imputable a las beneficiarias, 
que exista crédito suficiente y adecuado en el ejercicio o ejercicios posteriores a que 
hubiera de imputarse esos pagos y siempre y cuando dicho plazo no supere el 31 de 
octubre de 2023.
4.  Se  autorizan  de  forma  genérica  para  todas  las  entidades  beneficiarias,  los 
incrementos que no superen un determinado porcentaje que, en su caso, se establezca 
en la convocatoria, que no podrá superar el 20 %, en los subconceptos susceptibles de 
ayuda que figuren en la resolución de concesión, siempre que se compensen con 
disminuciones de otros, y siempre que no se altere el importe total de la ayuda, y que el 
beneficiario justifique adecuadamente el cambio en la documentación de seguimiento o 
de justificación.
5.  No se aceptarán las solicitudes de modificación de resolución referidas a una 
disminución del importe de la ayuda cuando éstas se presenten con posterioridad a la 
concesión de un pago anticipado.
6.  No  se  admitirán  trasvases  de  los  conceptos  de  costes  directos  a  costes 
indirectos reflejados en la resolución de concesión.
Artículo 19.  Pago.
1.  Cada convocatoria determinará si el pago se realizará en forma de pago único,  e.
previa justificación, pago anticipado o pago fraccionado, teniendo en cuenta la duración  w.b
del proyecto por el que se solicita la subvención. 660ww
2.  Los pagos quedan condicionados a:
cumap)l e qtoudeo se xloisst ar ecqounissittaons csiae ñpaolar dpoas rteen  deel l aórtrígcualnoo  3i4n.s5t rduect olar  Ldeey  q3u8e/2 0e0l 3b,e dnee f1ic7ia drieo 
noviembre.
b)  la presentación de la documentación que se exija en la convocatoria o en las 
resoluciones de concesión.
c)  Para el último o único pago, además de lo anterior, a la verificación de la correcta 
justificación  económica,  una  vez  efectuadas  todas  las  comprobaciones  necesarias 
respecto a la elegibilidad de los gastos imputados.
d)  En  su  caso,  a  la  presentación  de  la  documentación  requerida  para  el 
seguimiento o justificación de la actuación, o, eventualmente, a su evaluación positiva, 
en la forma y circunstancias que se especificaren en la convocatoria.
3.  La subvención se podrá abonar con carácter de anticipo, en los términos que 
establezca la convocatoria, que se entregará previo a la justificación y no podrá ser 
superior al 50 por ciento del total de la subvención concedida. Una vez consumido y 
justificado el anticipo la entidad adjudicataria podrá solicitar un nuevo anticipo por el 50 
por ciento del presupuesto restante.
4.  Con posterioridad a la concesión del anticipo no se aceptarán modificaciones de 
la resolución que supongan una disminución del importe de la ayuda.
5.  La utilización de la figura del pago anticipado se ajustará al principio de eficiencia 
en  la  asignación  y  utilización  de  los  recursos  públicos  contemplado  en  la  Ley 
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 
Financiera.
6.  El pago de la ayuda se realizará de forma íntegra a la entidad coordinadora de la 
agrupación solicitante de la subvención. Esta entidad se encargará del reparto de las 
cantidades  correspondientes  a  cada  una  de  las  entidades  participantes  en  cada 
proyecto, conforme al Acuerdo de agrupación del artículo 2.3.e)
Artículo 20.  Justificación de las subvenciones.
1.  Los gastos justificados deberán guardar coherencia con el objetivo de la ayuda, 
ajustándose estrictamente al objetivo y las actividades expuestos en la memoria del 
proyecto y de acuerdo con la tipología de gastos subvencionables establecida en el 
artículo 14.
Las  entidades  beneficiarias  deberán  custodiar  todas  las  facturas  y  demás 
documentos que acrediten los gastos y pagos objeto de la subvención en que hayan 
incurrido,  y  tenerlos  a  disposición  del  órgano  concedente  y  de  los  órganos  de 
comprobación  y  control  que  podrán  requerirlos  para  su  comprobación.  Esta 
documentación deberá conservarse durante un periodo de 3 años a partir del 31 de 
diciembre del año en el que se presenten las cuentas del gasto que se justifique en tanto 
no prescriba el derecho de la Administración a realizar actuaciones de comprobación y 
control.
2.  Se  considerará  gasto  realizado  el  que  ha  sido  efectivamente  pagado  con 
anterioridad a la finalización del período de justificación. El plazo o plazos para la 
justificación se establecerán en la correspondiente convocatoria o en la resolución de la 
subvención, atendiendo a las circunstancias específicas de cada convocatoria, siendo en 
todo  caso  anual  cuanto  menos.  En  caso  de  que  la  convocatoria  prevea  el  pago 
fraccionado de la subvención, el plazo para la justificación del último pago finalizará en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la finalización del período de ejecución 
del proyecto.
3.  No obstante los plazos obligatorios de justificación, la entidad adjudicataria podrá 
voluntariamente realizar justificaciones parciales adelantadas o periódicas durante todo  e
el periodo de ejecución, por menor importe, con el fin de facilitar el control y verificación  bo
final, de forma que se agilice la liquidación de la ayuda. 660ww
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Además, se tendrán en cuenta las especialidades recogidas en el artículo 63, del Real
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre y, en su caso, en la normativa aplicable de la 
Unión  Europea.  Ambas  memorias  se  firmarán  por  la  persona  designada  como 
representante legal de la agrupación.
5.  La memoria económica incluirá:
a)  Listado pormenorizado de todos los documentos probatorios del gasto ejecutado 
y efectivamente pagado.
b)  Original o copia auténtica de las facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en 
la  relación  a  que  se  hace  referencia  la  letra  anterior,  así  como  la  documentación 
acreditativa del pago por alguno de los siguientes medios: transferencia bancaria o 
documento mercantil en los que se indique el emisor, el receptor y la fecha. Los extractos 
bancarios obtenidos a través de internet deberán contar con sello de la entidad o un 
código de verificación.
c)  Para justificar los costes de personal se presentarán los contratos laborales en 
los que de forma específica se vincule la persona contratada con el proyecto, las 
nóminas correspondientes al período en el que se han realizado los trabajos, así como 
los justificantes de pago a la Seguridad Social. El gasto de los becarios que intervengan 
en el proyecto, en su caso, se acreditará mediante la credencial de la beca y con el 
certificado  de  retenciones.  La  parte  imputable  al  proyecto  del  personal  propio  se 
acreditará mediante presentación de copia auténtica de las correspondientes nóminas y 
relación de personas y porcentajes de tiempo asignados.
d)  La justificación del gasto de los aparatos y equipos por parte de las entidades 
beneficiarias  privados  se  efectuará  mediante  la  factura  de  compra  del  equipo,  el 
justificante bancario del pago y el cálculo de la amortización.
e)  En el caso de que un beneficiario que no tenga el carácter de poder adjudicador 
de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 3.3 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, haya subcontratado una parte de los trabajos, se deberán presentar los tres 
presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
deba de haber solicitado el beneficiario, el contrato final de prestación de servicios y las 
facturas presentadas, junto con la documentación acreditativa del pago por alguno de los 
siguientes medios: transferencia bancaria o documento mercantil en los que se indique el 
emisor, el receptor y la fecha.
f)  En caso que un beneficiario que tenga el carácter de poder adjudicador de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 3.3 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, haya subcontratado parte de los trabajos, o haya adquirido bienes destinados 
al proyecto deberá incluir copia del expediente de contratación según lo dispuesto en 
dicha Ley.
g)  En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
h)  En su caso, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado  la  actividad  beneficiaria  de  la  ayuda  con  indicación  del  importe  y  su 
procedencia.
6.  Se incluirán los mecanismos de verificación para el objetivo CID 58 previstos en 
el  anexo  I  de  las  disposiciones  operativas  del  artículo  20.6  del  Reglamento  (UE) 
2021/241  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  que 
contempla como documentación acreditativa una lista de proyectos de I+D+i que incluya 
para cada uno: e
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en el CID;
c)  Una copia del certificado de finalización; y
d)  La evaluación de los informes finales, que certificarán que las actuaciones se 
han completado de acuerdo con el objetivo perseguido por la administración pública para 
esta inversión.
7.  Las actividades a las que se refieran los justificantes presentados deberán haber 
sido realizadas y estar efectivamente pagadas antes de que finalice el correspondiente 
plazo para la justificación de la ayuda.
8.  En el caso de inversiones en activos intangibles deberá acreditarse que:
a)  Se empleará exclusivamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda.
b)  Se considerarán activos amortizables.
c)  Se han adquirido en condiciones de mercado, a terceros no relacionados con el 
comprador.
d)  Figurarán en el activo de la empresa y permanecerán en el establecimiento 
beneficiario de la ayuda durante un periodo mínimo de tres años.
9.  La forma de justificación deberá realizarse por medios electrónicos. Toda la 
documentación original se presentará igualmente digitalizada. Asimismo, en cuanto a la 
presentación  de  la  documentación  original,  de  acuerdo  con  lo  señalado  por  el 
artículo 28.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando excepcionalmente, y de 
acuerdo  con  lo  previsto  en  dicha  Ley,  la  Administración  solicitara  al  interesado  la 
presentación de un documento original y éste estuviera en formato papel, el interesado 
deberá obtener una copia auténtica, según los requisitos establecidos en el artículo 27, 
con  carácter  previo  a  su  presentación  electrónica.  La  copia  electrónica  resultante 
reflejará expresamente esta circunstancia.
10.  A efectos de la justificación de las subvenciones, la persona representante de la 
agrupación  será  la  responsable  de  presentar  la  documentación  requerida  para  la 
justificación  de  las  subvenciones,  actuando  como  interlocutor  único  con  la 
Administración.
11.  Para  la  justificación  de  estas  subvenciones,  se  tendrán  en  cuenta  las 
especialidades recogidas en el artículo 63, del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre.
Artículo 21.  Seguimiento de las actuaciones.
1.  El  órgano  instructor  llevará  a  cabo  el  seguimiento  del  cumplimiento  de  los 
objetivos de la actuación.
2.  Asimismo, la convocatoria correspondiente deberá establecer la frecuencia y el 
procedimiento de seguimiento durante la ejecución de las actuaciones y también una vez 
finalizada la misma (evaluación ex post).
3.  El  seguimiento  respetará  los  plazos  y  las  exigencias  de  contenido  que  se 
recogen  en  la  Orden  HFP/1031/2021,  de  29  de  septiembre,  y  deberá  ser  eficaz, 
transparente y basado en la calidad y el impacto de las actuaciones financiadas, para lo 
cual, podrán prever la creación de cuantas comisiones estimen necesario.
4.  El  seguimiento  deberá  basarse  en  la  documentación  o  información  que  se 
solicite al beneficiario, así como en presentaciones presenciales y públicas con quien 
determine el órgano instructor.
5.  En el caso de que el interesado no realice el 100% de la actividad objeto de la 
ayuda, solo percibirá la parte proporcional correspondiente a la actividad realizada.
Artículo 22.  Actuaciones de comprobación y control. w.b
el ó1rg. anEol  bceonnecfeicdiaerniote e, satasrí ác soommoe taid ola as  ladse  accotunatrcoiol npeosr  dlae  cIonmteprvreonbcaicóinó nG ae enfeercatlu adre p olar 
Administración del Estado y por el Tribunal de Cuentas.
2.  El órgano concedente podrá realizar las acciones de comprobación necesarias 
para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas al beneficiario y la realización 
por parte de las entidades beneficiarias de la actuación objeto de ayuda.
3.  La comprobación formal para la liquidación de la ayuda se realizará sobre las 
cuentas  justificativas  presentadas.  Las  facturas  o  documentos  de  valor  probatorio 
análogo serán objeto de comprobación en los cuatro años siguientes, a cuyo fin el 
órgano gestor podrá requerir a las entidades beneficiarias la remisión de los justificantes, 
así  como  realizar  los  controles  recogidos  en  cada  uno  de  los  planes  anuales  de 
actuación  mencionados  en  el  artículo  85  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  Las entidades beneficiarias deberán disponer de los libros contables, registros 
diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación aplicable al 
beneficiario, así como de las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio 
equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Este conjunto de documentos 
constituye el soporte justificativo de la ayuda concedida, y garantiza su adecuado reflejo 
en la contabilidad del beneficiario.
5.  De conformidad con lo que se señala la letra d) del artículo 22.2 el Reglamento 
(UE) n.º 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, se 
incorporarán los datos de los destinatarios de estas subvenciones en la base de datos 
única que se creará con este fin.
6.  Se establece como objetivo final de las ayudas hacer del sector pesquero y 
acuícola un sector más sostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y 
social mediante dos líneas de actuación, incluyéndose el presente real decreto en una de 
ellas: la creación de partenariados público-privados para impulsar el crecimiento azul en 
el sector, con el fin de poner en marcha proyectos que sirvan de catalizadores de 
procesos  de  economía  azul.  La  medida  prevé  la  finalización  de  al  menos  veinte 
proyectos de I+D+i para la adopción de nuevas tecnologías que favorezcan la resiliencia 
y  la  sostenibilidad  del  sector  pesquero  y  acuícola.  La  implantación  de  la  inversión 
concluirá a más tardar el 31 de diciembre de 2023.
Artículo 23.  Publicidad de las subvenciones.
1.  La publicidad de las subvenciones se realizará de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el Reglamento (UE) 
n.º 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
2.  Asimismo,  las  entidades  beneficiarias  deberán  dar  publicidad  de  las 
subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno.
3.  La aceptación de la ayuda supone la aceptación de su inclusión en la lista de 
entidades beneficiarias, publicada por vía electrónica, en la que figuren los nombres de 
las operaciones y el importe de la financiación pública asignada a las operaciones, de 
acuerdo con el sistema nacional de publicidad de subvenciones.
4.  Las  entidades  beneficiarias  harán  constar  en  las  actuaciones,  incluyendo 
cualquier  documentación  o  publicación  de  cualquier  índole  y  soporte,  actuación  de 
comunicación  o  visibilidad,  premios  y  publicidad,  que  son  financiadas  por  la  Unión 
Europea-Next Generation EU, según el Plan presentado por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. e.
Artículo 24.  Incumplimiento y reintegro. 660ww
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título  III  de  su  Reglamento  de  desarrollo,  previo  el  oportuno  expediente  de
incumplimiento. El reintegro de fondos se ajustará a lo previsto en el artículo 7. Séptima 
de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021.
2.  Asimismo, procederá al reintegro de la ayuda así como los intereses de demora, 
que será el interés legal del dinero incrementado en la cuantía que indique la ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio correspondiente, si concurren uno o 
varios de los siguientes incumplimientos:
a)  El incumplimiento de los objetivos o de las actividades para las que se aprobó la 
ayuda, determinado a través de los mecanismos de seguimiento y comprobación de la 
justificación,  será  causa  de  reintegro  total  de  la  subvención.  Especialmente,  se 
considerarán incumplidos los objetivos cuando no se hubiera alcanzado el 50 % de los 
objetivos, actividades, gastos o inversiones previstos en el proyecto.
b)  El  incumplimiento  de  los  objetivos  parciales  o  actividades  concretas  de  la 
actuación  conllevará  la  devolución  de  aquella  parte  de  la  ayuda  destinada  a  tales 
objetivos o actividades o, en el caso de que así se establezca en la convocatoria, a la 
pérdida del derecho a cobro total o parcial.
c)  La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable 
supondrá la devolución de las cantidades desviadas.
d)  La falta de presentación, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente 
convocatoria, de los informes de seguimiento previstos en la convocatoria, tanto técnicos 
y  científicos  como  económicos,  dará  lugar,  pasados  quince  días  hábiles  tras  el 
requerimiento  del  órgano  concedente,  al  reintegro  de  la  totalidad  de  la  ayuda  no 
justificada,  de  acuerdo  con  el  artículo  70.3  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e)  La no aportación del expediente de contratación según la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre,  o  de  las  tres  ofertas  en  los  casos  previstos  en  el  artículo  31.3  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, será causa de reintegro de la ayuda correspondiente 
al gasto en cuestión.
f)  El incumplimiento de la obligación de dar publicidad a la ayuda concedida, en los 
términos del artículo 31.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, será causa del reintegro parcial del importe asociado a dicho incumplimiento.
No obstante, y sin perjuicio de las sanciones que en su caso puedan imponerse, si se 
produjera el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta letra, y si fuera aún 
posible su cumplimiento en los términos establecidos, o pudieran realizarse acciones 
correctoras de la falta de publicidad, el órgano concedente requerirá al beneficiario para 
que adopte las medidas de difusión pertinentes en un plazo no superior a quince días 
hábiles, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento 
pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
g)  El incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en resolución 
de la ayuda.
h)  El incumplimiento del principio DNSH.
Artículo 25.  Cumplimiento del principio de no causar daño significativo y del etiquetado 
climático y digital.
1.  Se asegurará, por un lado, que las entidades beneficiarias de las subvenciones 
garanticen el pleno cumplimiento del principio de no causar daño significativo en todas 
las fases del diseño y ejecución de los proyectos de que se trate y, de manera individual,  e
para cada una de las actuaciones dentro de los mismos, y, por otro lado, el cumplimiento  bo
del objetivo asumido para la inversión C3.I8, en su conjunto, en lo relativo al etiquetado  660ww
coetrlbcaimojnensátioftveimcoroesía  nym c cideaiird gcdiiuoteal a al treme»cn bn cieoeolln noct gaauílmaen s py co yo c dedoefeoi clpi inee4trn0eat%recvi e óepnnnac  rieóalonn st er «elc P lciemráomláccpteuircsleooos ssad  syde, e  dc laiiogn nivta aeyels,us tidptgoaead ccodiia óeeln ll h lo1ein 0 dci0nae%np oai évce aunece niról donloas,     OE-A-2021-21able en https://
con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por
Consejo  de  Ministros  el  27  de  abril  de  2021,  y  conforme  a  lo  establecido  en  el 
Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, y también en la 
Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de 
no causar daño significativo.
2.  Durante la realización del proyecto se respetará la normativa ambiental aplicable. 
En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean 
de  aplicación,  conforme  a  la  legislación  vigente,  así  como  otras  evaluaciones  de 
repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación ambiental.
3.  En ningún caso podrán incluirse en el proyecto las siguientes actividades:
a)  Actividades  relacionadas  con  los  combustibles  fósiles,  salvo  en  los  casos 
debidamente  justificados  conforme  a  la  citada  Comunicación  de  la  Comisión 
Europea 2021/C 58/01.
b)  Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la 
UE (RCDE) en las cuales se prevean emisiones equivalentes de CO  que no sean 
2
sustancialmente  inferiores  a  los  parámetros  de  referencia  establecidos  para  la 
asignación gratuita de derechos.
c)  Compensación de costes indirectos del sistema de comercio de derechos de 
emisión.
d)  Actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de 
tratamiento biológico mecánico (MBT) que impliquen un aumento de su capacidad o de 
su vida útil.
e)  Actividades en las que la eliminación de desechos puede causar daños a largo 
plazo al medio ambiente.
4.  La solicitud incluye una declaración responsable del cumplimiento del principio 
de  «no  causar  perjuicio  significativo»,  tal  y  como  se  establece  en  la  letra  a)  del 
artículo 7.5.
5.  En caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de este contrato, en los 
términos previstos en el artículo 15, habrán de preverse los mecanismos necesarios para 
asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio DNSH.
Disposición adicional única.  Convocatoria de las ayudas para la puesta en marcha de 
proyectos en materia de crecimiento azul en el sector pesquero y de la acuicultura.
Primero.  Objeto.
Se convoca, para los años 2022 y 2023, las ayudas a los proyectos en materia de 
crecimiento azul en el sector pesquero y de la acuicultura, en el marco de lo establecido 
por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De conformidad con el artículo 1.2, estas subvenciones se concederán en régimen 
de concurrencia competitiva
Segundo.  Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de estas ayudas se establecen en el presente real decreto. bo
TPeordcreárno .s erE bnetindeafdiceisa rbiaesn edfeic eiasrtiaass ,a aygurduapsa claiosn eenst iyd aredqeusi smiteonsc eioxnigaibdlaess  ean l oesl  amrtisícmualos .2,  2021-21660n https://ww
que cumplan con los requisitos, condiciones y obligaciones establecidos en el mismo.
Las entidades beneficiarias deberán constituirse en agrupaciones, en los términos 
que establece dicho artículo 2. Sólo la agrupación resultante podrá concurrir a estas 
ayudas.
Cuarto.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el 
artículo 3.
Cada una de las entidades pertenecientes a la agrupación adjudicataria de una 
subvención,  deberá  informar,  antes  de  comenzar  la  ejecución  de  los  trabajos,  del 
cumplimiento del principio DNSH mediante el cuestionario que al efecto le será facilitado.
Igualmente  habrán  de  cumplimentar  la  declaración  responsable  relativa  al 
compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos del PRTR y, en 
el caso que desarrollen actividades económicas, acreditarán la inscripción en el censo de 
empresarios,  profesionales  y  retenedores  de  la  Agencia  Estatal  de  Administración 
Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, tal como se 
expresa en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021 por la que se configura el sistema 
de gestión del PRTR.
Quinto.  Requisitos aplicables a los proyectos subvencionables.
Los  proyectos  susceptibles  de  percibir  las  ayudas  reguladas  por  la  presente 
convocatoria se circunscriben a las actividades de mejora sostenible para el conjunto de 
los sectores pesquero y acuícola siendo la modernización, actualización y mejora de 
toda la cadena de pesca y acuicultura el eje central y principal de los proyectos que se 
planteen como objeto de subvención, y se estructuran en las líneas recogidas en el 
anexo II. Además, cumplirán con los requisitos que fija el artículo 4 del presente real 
decreto.
El presupuesto de cada proyecto oscilará entre un mínimo de 100.000 euros y un 
máximo de 300.000 euros, incluyendo los costes elegibles establecidos en el artículo 14, 
y de acuerdo con el régimen de subcontratación previsto en el artículo 15. No obstante, 
con  carácter  extraordinario,  en  el  caso  de  proyectos  de  mayor  importancia  o 
significación, el presupuesto máximo  podrá  ampliarse al máximo de 500.000 euros 
siempre que se justifique debidamente.
La concesión y el pago de la ayuda se efectuarán a la entidad que representa a la 
agrupación  solicitante  de  la  subvención,  y  ésta  deberá  repartirla  posteriormente  en 
proporción  a  la  parte  de  los  gastos  que  les  correspondan  realizar  en  el  proyecto, 
conforme al Acuerdo de agrupación presentado.
Sexto.  Financiación y cuantía de la ayuda.
Las ayudas se financiarán de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-
ley  36/2020,  de  30  de  diciembre,  con  cargo  100%  al  Instrumento  Europeo  de 
Recuperación, a través de las partidas presupuestarias 21.50.410F.774, 21.50.410F.744, 
21.50.410F.754 de los ejercicios 2022 y 2023 o las que las substituyan.
El importe total máximo a subvencionar asciende a 2.000.000 euros, que, en función 
de  las  partidas  presupuestarias  correspondientes,  se  distribuirán  en  las  siguientes 
anualidades:
1.000.000 euros en 2022: s
– 400.000 euros a través de la partida presupuestaria 21.50.410F.774. w.b
– 300.000 euros a través de la partida presupuestaria 21.50.410F.744. 660ww
– 300.000 euros a través de la partida presupuestaria 21.50.410F.754.
1.000.000 euros en 2023:
– 400.000 euros a través de la partida presupuestaria 21.50.410F.774.
– 300.000 euros a través de la partida presupuestaria 21.50.410F.744.
– 300.000 euros a través de la partida presupuestaria 21.50.410F.754.
Esta distribución entre las distintas aplicaciones tiene carácter estimativo.
La  concesión  de  estas  ayudas  estará  condicionada  a  la  existencia  de  crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.
Séptimo.  Iniciación del procedimiento, presentación de las solicitudes y del resto de 
documentación a lo largo del proceso de evaluación.
La  iniciación  del  procedimiento,  presentación  de  las  solicitudes  y  del  resto  de 
documentación a lo largo del proceso de evaluación, se realizará de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir 
de la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Octavo.  Instrucción y ordenación.
La  instrucción  y  ordenación  del  procedimiento  corresponderá  a  la  Subdirección 
General de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales, en los términos establecidos 
en el artículo 8.
Noveno.  Evaluación  de  las  solicitudes,  comisión  de  evaluación,  criterios  de 
evaluación.
La evaluación de las solicitudes, en sus dos fases, se llevará a cabo por la comisión 
de evaluación y sus resultados se plasmarán en un informe de evaluación, todo ello de 
conformidad con lo establecido en los artículos 9 a 13.
Décimo.  Gastos subvencionables.
Serán subvencionables los costes que recoge el artículo 14.
Undécimo.  Subcontratación.
La subcontratación se realizará de acuerdo a lo que establece el artículo 15.
Duodécimo.  Propuesta  de  resolución  provisional  y  definitiva,  resolución  y 
modificación de la resolución.
Tendrán lugar conforme a lo establecido en los artículos 16 a 18.
Contra la resolución que se dicte, que pone fin a la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la misma de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente 
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este acto, según lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Decimotercero.  Publicación de la resolución. e.e
La resolución del procedimiento de concesión será objeto de publicación en el tablón  660ww
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exceder  de  los  seis  meses,  a  computar  desde  la  publicación  del  extracto  de  la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Transcurrido dicho plazo sin haberse 
publicado  resolución  expresa,  los  interesados  estarán  legitimados  para  entender 
desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.
Decimocuarto.  Pago.
El pago se realizará según establece el artículo 19.
Los pagos se realizarán en los siguientes plazos y formas:
– Tras la concesión de la subvención, ya en 2022, se podrá efectuar un pago en 
concepto de anticipo de hasta el 50 por cien de la primera anualidad de la subvención 
concedida. Una vez justificado el anticipo anterior, se podrá solicitar un nuevo anticipo 
por el 50% del presupuesto anual restante.
– La liquidación de la anualidad del presupuesto correspondiente a 2022 quedará 
condicionada a la presentación y evaluación satisfactoria de la memoria de justificación 
económica  e  informe  técnico  indicados  en  los  dispositivos  decimosegundo  y 
decimotercero de esta disposición, que se presentarán como muy tarde el 31 de marzo 
del 2023.
– Si el proyecto tiene dotación para el año 2023, y una vez justificado el presupuesto 
de 2022, se podrá anticipar también el 50 por cien de dicha dotación, a petición razonada 
del concesionario y en un plazo no superior a un mes desde dicha justificación. En el 
año 2023 no cabe la posibilidad de segundo anticipo.
– Tras  la  finalización  del  proyecto,  y  en  todo  caso  antes  del  31  de  diciembre 
de 2023, se efectuará el último pago, correspondiente a la liquidación de la subvención 
concedida. Dicho pago quedará condicionado a la presentación y evaluación satisfactoria 
de la memoria de justificación económica e informe técnico de la totalidad del proyecto 
indicados en los dispositivos decimosegundo y decimotercero de esta disposición.
Decimoquinto.  Justificación económica de la ayuda.
La justificación económica de la ayuda se realizará en conformidad con el artículo 20 
de este real decreto.
El órgano instructor llevará a cabo el seguimiento de las actividades en lo referente a 
la  justificación  económica,  recabando  informes  de  justificación  económica  de 
seguimiento y finales.
Para el seguimiento económico de las actividades, las entidades beneficiarias, a 
través del representante de la agrupación, deberán presentar:
– Una memoria económica justificativa correspondiente a cada uno de los anticipos, 
cuyo plazo de presentación se indicará en la resolución de concesión.
– Una  memoria  económica  justificativa  correspondiente  a  cada  anualidad,  cuyo 
plazo de presentación se indicará en la resolución de concesión.
– Una memoria económica justificativa, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la finalización del período de ejecución del proyecto, correspondiente al 
último pago.
La memoria económica justificativa, incluirá el contenido recogido en el artículo 20.4.
La memoria económica se presentará de forma conjunta con la memoria técnica 
descrita en el dispositivo decimotercero de la presente disposición.
En cualquier caso, las entidades beneficiarias deberán custodiar todas las facturas y  s
demás documentos que acrediten los gastos y pagos objeto de la ayuda en que hayan  oe.
incurrido,  y  tenerlos  a  disposición  del  órgano  concedente  y  de  los  órganos  de  w.
comprobación  y  control  que  podrán  requerirlos  para  su  comprobación.  Esta  660ww
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Las  memorias  económicas  serán  aportadas  por  la  persona  designada  como 
representante de la agrupación, debiéndose diferenciar, para cada una de las entidades 
participantes, la información indicada en el artículo 20.5.
En conformidad con el artículo 20.4, se tendrán en cuenta en la justificación de las 
subvenciones  las  especialidades  recogidas  en  el  artículo  63,  del  Real  Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre.
Decimosexto.  Seguimiento técnico de las ayudas.
El órgano instructor llevará a cabo el seguimiento del cumplimiento de los objetivos 
técnicos de los proyectos, recabando para ello informes de seguimiento y finales.
Para el seguimiento  técnico de las  actividades se deberá presentar, para cada 
proyecto:
– Un informe de seguimiento semestral, cuyo plazo de presentación se establecerá 
en la resolución de concesión.
– Un informe final en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
finalización del período de ejecución del proyecto.
Los  informes  de  justificación  técnica  deberán  contener,  al  menos,  la  siguiente 
información:
– Desarrollo de las actividades, cumplimiento de los objetivos propuestos en la 
actuación, así como el impacto de los resultados obtenidos evidenciados y, en su caso, 
las acciones de transferencia, patentes, llevadas a cabo.
– Cualquier cambio respecto a los gastos contemplados en el presupuesto incluido 
en la solicitud inicial del proyecto, justificando adecuadamente su necesidad para la 
consecución de los objetivos técnicos del proyecto subvencionado.
– Cualquier modificación en la composición y dedicación del equipo de investigación, 
siempre que haya sido autorizada por el órgano instructor.
– Cualquier  modificación  de  la  composición  del  equipo  de  trabajo  respecto  al 
inicialmente previsto en la memoria técnica del proyecto.
Los informes técnicos de seguimiento y final serán elaborados por la coordinadora o 
coordinador  técnico  del  proyecto,  debiéndose  incluir  la  información  indicada  en  el 
apartado anterior, tanto para el conjunto del proyecto como para cada una de las 
entidades participantes.
Decimoséptimo.  Evaluación ex post.
A la finalización del proyecto, y en base a la memoria técnica final presentada y a 
cuantas presentaciones presenciales o visitas in situ se determinen, o se hayan realizado 
a lo largo del proyecto, se realizará una valoración técnica del mismo, que determinará si 
se han alcanzado los objetivos que éste planteaba y por los que le fue concedida la 
ayuda. Esta evaluación será llevada a cabo por el órgano instructor, pudiendo para ello 
solicitar informes a personas expertas externas.
En el caso que esta valoración concluya que dichos objetivos no se han alcanzado total o 
parcialmente, se procederá a iniciar el procedimiento de reintegro total o parcial sobre toda la 
ayuda concedida al proyecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.
Si por causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la concesión, el 
proyecto no pudiese ejecutarse en su totalidad y se produjese la renuncia expresa de todos  e.
los miembros del consorcio a una o varias de las anualidades, deberá presentarse una  w.b
memoria técnica acreditativa de los logros obtenidos y justificativa de las causas que han  660ww
iimnicpiead eidl op rolac etodtiaml ieenjetoc udceió rne indteelg mroi stomtaol.  dLea l ae vaayluudaac icóonn cdeed didicah.a memoria determinará si se
ayudLaa  croenncuendciidaa p.or cualquier causa no sobrevenida conllevará el reintegro total de la
Decimoctavo.  Comprobación de la documentación justificativa y control.
La  comprobación  económica  en  las  actividades  se  efectuará  a  través  de  las 
actuaciones de comprobación y control establecidas en el artículo 22, y se verificará que 
el gasto declarado es real, que los bienes se han entregado o los servicios se han 
prestado de conformidad con la resolución de concesión, que las justificaciones del 
beneficiario  son  correctas  y  que  las  operaciones  y  gastos  cumplen  las  normas 
comunitarias y nacionales aplicables, así como que el beneficiario no incurra en el 
supuesto de doble financiación.
Las comprobaciones incluirán los procedimientos siguientes:
a)  Comprobación  administrativa.  Se  realizará  sobre  el  100  %  de  las  ayudas 
concedidas, llevándose a cabo la revisión del contenido económico de la justificación 
rendida por las entidades beneficiarias sobre el 100 % de los gastos presentados. Las 
verificaciones administrativas son controles documentales basados en el examen de la 
propia justificación y de los oportunos justificantes.
El alcance mínimo de dicha comprobación es el siguiente:
a.  Correspondencia del gasto al período de ejecución de la actuación.
b.  Correspondencia del gasto con la actuación aprobada.
c.  Cumplimiento de las condiciones de la convocatoria.
d.  Cumplimiento de las normas de subvencionabilidad.
e.  Adecuación  de  los  justificantes  y  la  existencia  de  una  pista  de  auditoría 
adecuada.
f.  Conformidad con la normativa aplicable.
g.  Verificación  del  cumplimiento  del  principio  DNSH  y  medidas  correctoras 
pertinentes, en su caso.
b)  Se podrán realizar visitas de comprobación por el órgano gestor sobre una 
muestra  representativa  de  las  ayudas.  Las  verificaciones  sobre  el  terreno  son 
comprobaciones  in  situ,  y  tienen  por  objeto  comprobar,  entre  otros,  los  siguientes 
elementos:
a.  Realidad de la actuación.
b.  Entrega del producto o servicio de manera acorde con las condiciones pactadas.
c.  Verificación documental y física de activos inventariables.
d.  Observancia de la normativa en materia de publicidad.
e.  Plena conformidad de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.
Las entidades beneficiarias estarán sujetos a las actuaciones de control que lleven a 
cabo las instituciones facultadas para ello por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así 
como a facilitar cuanta información les sea requerida por la Intervención General de la 
Administración  del  Estado,  el  Tribunal  de  Cuentas,  la  Comisión  Europea  y  las 
autoridades de gestión, certificación y auditoria del FEMP, en su caso.
Decimonoveno.  Incumplimientos.
La  entidad  beneficiaria  deberá  cumplir  con  los  objetivos,  actividades  y 
comportamientos que fundamenten la concesión de la ayuda. De no ser así, perderá el 
derecho a su cobro o, en su caso, procederá el reintegro de la ayuda más los intereses 
de demora devengados desde el momento del pago. Los criterios de graduación de  e.
incumplimientos se regirán por lo establecido en el artículo 24 de este real decreto w.b
VLaigsé seimntoid. adPeusb lbiceidnaedfi.ciarias  deberán  dar  publicidad  a  las  ayudas  recibidas  de
acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del presente real decreto, indicando que el
proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y 
cumpliendo los requisitos de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
Todas las entidades beneficiarias deberán publicitar la concesión de la ayuda en la 
página web de la entidad.
Los materiales de difusión de los resultados del proyecto evitarán cualquier imagen 
discriminatoria de la mujer, fomentando la igualdad y la pluralidad de roles. Asimismo, se 
deberá evitar el uso de un lenguaje sexista.
El incumplimiento de estos requisitos dará lugar a un reintegro parcial de la ayuda 
concedida.
Vigésimo primero.  Protección de datos.
Estas ayudas estarán sujetas a la normativa vigente en materia de protección de 
datos  actuando  en  este  sentido  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Los datos de carácter personal que las beneficiarias tienen que facilitar para obtener 
la ayuda solicitada se incorporan a ficheros informáticos situados en todo momento bajo 
la responsabilidad de la Subdirección General de Sostenibilidad Económica y Asuntos 
Sociales y se utilizarán para la gestión, control, evaluación y propuesta de pago de la 
ayuda solicitada.
La información podrá ser cedida, en el marco de la utilización antes citada, a otras 
administraciones  públicas,  o  a  empresas  privadas  a  las  que  las  administraciones 
públicas les encarguen trabajos en relación con la gestión, control, evaluación y pago de 
la ayuda solicitada.
Vigésimo segundo.  Efectos.
La presente convocatoria surtirá efectos a partir del día siguiente al de la publicación 
de su extracto en el «Boletín Oficial de Estado».
Disposición final primera.  Título competencial.
Este  real  decreto  se  dicta  en  virtud  del  artículo  149.1.19.ª  de  la  Constitución 
Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de pesca marítima y 
en  ordenación  del  sector  pesquero,  y  en  el  artículo  149.1.13.ª  de  la  Constitución 
Española, que atribuye la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto 685/2021, de 3 de agosto, por 
el que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a agrupaciones de 
entidades que realicen proyectos de inversión y reforma en materia de investigación 
para  el  desarrollo  tecnológico,  la  innovación  y  el  equilibrio  de  la  cadena  de 
comercialización en el sector pesquero y de la acuicultura en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se convocan para 2021.
Se incluye un nuevo anexo en el Real Decreto 685/2021, de 3 de agosto, por el que  s
se establecen las bases reguladoras de subvenciones a agrupaciones de entidades que  o
rteecanlicoelóng ipcroo,y leac tionsn odvea cinióvne rys ióenl  eyq rueilfiobrrmioa d een l am caatedreian ad ed ein vceosmtiegracciaiólinz apcaióran  eeln d eels aserrcotlolor   2021-21660n https://www.
pesquero y de la acuicultura en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, y se convocan para 2021, con el siguiente contenido:
«ANEXO VII 
Declaración responsable del cumplimiento del principio de “No causar daño significativo (DNSH)” a los seis objetivos 
medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) N.º 2020/852 
Información sobre la actuación en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 
-  Identificación de la actuación: subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen proyectos de inversión y reforma en materia de investigación para el 
desarrollo tecnológico, la innovación y el equilibrio de la cadena de comercialización en el sector pesquero y de la acuicultura en el marco del PRTR. 
-  Componente del PRTR al que pertenece la actividad: C3 
-  Medida (Reforma o Inversión) del Componente PRTR al que pertenece la actividad indicando, en su caso, la submedida: I8 
-  Etiquetado climático y medioambiental asignado a la medida (Reforma o Inversión) o, en su caso, a la submedida del PRTR (Anexo VI, Reglamento 
2021/241): 023 
 
Declaración responsable, a cumplimentar por la persona designada como representante de la entidad: 
 
D./D. ª .........................................................................................................................................................................., con DNI ......................................................., 
como representante legal de .................................................................................................................................., con NIF .............................................................., 
entidad que forma parte de la agrupación que ha presentado solicitud de subvención relativa al proyecto........................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................., DECLARA el cumplimiento de lo siguiente: 
 
A.  Las actividades que se van a desarrollar no ocasionan un perjuicio significativo a los siguientes objetivos medioambientales, según el artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantación de un sistema 
de clasificación (o «taxonomía») de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles: 
 
1.  Mitigación del cambio climático. 
2.  Adaptación al cambio climático. 
3.  Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos. 
4.  Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos. 
5.  Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo. 
6.  Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. 
 
B.  Las actividades se adecúan, en su caso, a las características y condiciones fijadas para la medida y submedida de la Componente y reflejadas en 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
 
C.  Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirán la normativa medioambiental vigente que resulte de aplicación. 
 
D.  Las actividades que se van a desarrollar no están excluidas para su financiación por el Plan conforme a la Guía técnica sobre la aplicación del 
principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01), a 
la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España y a su 
correspondiente Anexo, concretamente: 
 
1.  Construcción de refinerías de crudo, centrales térmicas de carbón y proyectos que impliquen la extracción de petróleo o gas natural, debido al 
perjuicio al objetivo de mitigación del cambio climático. 
2.  Actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior de los mismos, excepto los proyectos relacionados con la 
generación de electricidad y/o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las 
condiciones establecidas en el Anexo III de la Guía Técnica de la Comisión Europea. 
3.  Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que 
las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de referencia pertinentes. 
Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser 
significativamente inferiores a los parámetros de referencia, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. 
4.  Compensación de los costes indirectos del RCDE. 
5.  Actividades relacionadas con vertederos de residuos e incineradoras, esta exclusión no se aplica a las acciones en plantas dedicadas 
exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni en las plantas existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto 
aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de escape para su almacenamiento o utilización, o recuperar materiales de las cenizas de 
incineración, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una 
prolongación de su vida útil; estos pormenores deberán justificarse documentalmente para cada planta. 
6.  Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecánico-biológico, esta exclusión no se aplica a las acciones en plantas de tratamiento 
mecánico-biológico existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia energética o su reacondicionamiento para 
operaciones de reciclaje de residuos separados, como el compostaje y la digestión anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no 
conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil; estos pormenores 
deberán justificarse documentalmente para cada planta.  es
7.  Actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al medio ambiente.  oe.
 E.  Lviadsa ,a ecntitveidnaddieensd oq uceo mseo  vtaalne sa a dqeuséallorrso lqlaure n pou cdaieursaann m eafetecrtioasliz dairrseec ttoras ss soub rfein aelli zmaceidóino,a umnbai evnetze ,r enai liezfaedcato lsa  iancdtiirveidcatods.  primarios en todo su ciclo de  660www.b
El ipnecrucmibpidliamsi eyn lotos  dinet earlegsuenso d dee d leoms oreraq uciosrirtoessp eosntadbielencteidso. s en la presente declaración dará lugar a la obligación de devolver las cantidades
Fecha:
F irmado: »  
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 28 de diciembre de 2021.
FELIPE R.
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
LUIS PLANAS PUCHADES
ANEXO I
Relación de espacios de conocimiento de crecimiento azul
Espacio de conocimiento Institución Correo electrónico
Espacio Regional Galicia. Autoridad Portuaria de Vigo. bluegrowthvigo@apvigo.es
Espacio Regional Asturias. Universidad de Oviedo, Observatorio Marino de Asturias. acuna@uniovi.es
Espacio Regional Cantabria. Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria. info@ihcantabria.com
Espacio Regional País Vasco. Fundación AZTI - AZTI Fundazioa (AZTI). abarrena@azti.es
Espacio Regional Cataluña. Fundació Bosch i Gimpera (Universidad de Barcelona). edc@bluenetcat.eu
Espacio Regional Valencia. Universitat Politècnica de València. mjover@dca.upv.es
edc@imedea.uib-csic.es
Espacio Regional Baleares. Universitat de les Illes Balears (UIB). osr.gestiotecnica@uib.cat
direccion@imedea.uib-csic.es
Espacio Regional Murcia. Universidad de Murcia. javmaraq@um.es
Espacio Regional Andalucía. Universidad de Cádiz. espacioconocimiento.andalucia@uca.es
Espacio Regional Canarias. Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN). direccion@plocan.eu
Espacio Sectorial Carrefour. Centros Comerciales Carrefour S.A. es_proyectos_pescaderia@carrefour.com
Espacio Sectorial PTEPA. Plataforma Tecnológica Española de la Pesca (PTEPA). cristina@ptepa.es
Espacio Sectorial Apromar. Aociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR). info@apromar.es
ipiedra@pimec.net
Espacio Sectorial PIMEC. Pequeña y mediana empresa de Cataluña (PIMEC).
pminguez@pimec.org
rchapela@cetmar.org
Espacio Sectorial Cetmar. Centro Tecnológico del Mar (CETMAR).
rfernandez@cetmar.org
ANEXO II
Modalidades de proyectos de crecimiento azul subvencionables
1.  Modernización del sector pesquero: establecimiento de las bases tecnológicas y 
de gestión para la digitalización e implantación de nuevas tecnologías a lo largo de la 
cadena sectorial y en la información pública sobre la producción primaria con el objetivo 
de  mejorar  la  transparencia,  la  trazabilidad  y  la  toma  de  decisiones  sobre  la 
sostenibilidad de dichos recursos.
2.  Nuevas pautas de gestión: implantación de modelos de gestión de pesquerías 
orientados a la selección y puesta en práctica de sistemas que permitan una mayor 
colaboración  y  una  mayor  eficiencia  en  todos  aquellos  aspectos  que  aumentan  la 
sostenibilidad económica, ambiental y social del sector pesquero.
3.  Modernización de la acuicultura: determinación, para cada una de las zonas 
aptas para la acuicultura, tanto del litoral como de mar abierto y continental, de las  s
especies  vegetales  y  animales  óptimas  y  métodos  de  producción  y  cultivo,  las  e.
densidades y otras características productivas (biológicas, ambientales, de ingeniería,  w.
incluyendo balances de insumos de carácter alimentario en la cría, que avancen en un  660ww
mcoordreeslop odned iepnrotedsu cacniáólnis isso ssotecnioib-elec oennó mtéicrmosin does  lad ep opterondcuiaclc oiócnu pfaincaiól nd.e proteínas) y los
certi4fi.c acPióensc pao rc uonsate trear caerrtae spaanratel,  inmdaerpiseqnudeieon tey  daec ulaicsu altcutriavi:d avdaelosr iyz adceió lno,s  pprroodmuocctoiósn d ey   BOE-A-cable e
pesca  costera  artesanal  y  del  marisqueo  y  los  relacionados  con  áreas  marinas 
protegidas de interés pesquero con la ayuda de herramientas digitales, así como labores 
de capacitación de los armadores, patrones, pescadores y mariscadores en esta materia.
5.  Prevención  de  especies  exóticas  invasoras:  establecimiento  de  una  red  de 
monitorización, control y predicción de los crecimientos masivos de especies marinas 
invasoras en el litoral español.
6.  Lucha  contra  la  contaminación  marina:  recogida  y  valorización  de  residuos 
–especialmente  plásticos–,  dándoles  un  uso  industrial,  promoviendo,  alianzas 
intersectoriales y entre diferentes actores, para acercarse a una economía circular.
7.  Adaptación al cambio climático: evaluación integrada de los ecosistemas marinos 
y de los impactos asociados a la actividad pesquera y marisquera, artesanal y recreativa, 
como herramienta para la toma de decisiones en la gestión, con vistas a su adaptación al 
Cambio Climático, determinando sus efectos sobre la distribución de especies de interés 
pesquero y generando sistemas de alerta temprana sobre modificaciones bruscas del 
recurso.
8.  Descarbonización del sector pesquero: substitución de combustibles fósiles por 
energías limpias en el sector pesquero y acuícola, de transformación y comercialización, 
aportando así la parte correspondiente del cumplimiento de los objetivos 2030 y 2050.
ANEXO III
Modelo de solicitud
TÍTULO DEL PROYECTO (Máx. 35 palabras) 
 
 
MODALIDAD O MODALIDADES (véase anexo II) (Máx. 35 palabras) 
 
 
DATOS DE LA ENTIDAD COORDINADORA DE LA AGRUPACIÓN 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL    CIF 
   
CALLE/PLZA.   Nº  C.P.  LOCALIDAD  PROVINCIA 
         
CORREO ELECTRÓNICO   TELÉFONO                  FAX 
     
 
DATOS DE LA PERSONA DESIGNADA COMO REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS  NIF   CARGO EN LA ENTIDAD  
     
CALLE/PLZA   Nº   C.P.  LOCALIDAD  PROVINCIA 
         
CORREO ELECTRÓNICO   TELÉFONO  FAX 
     
 
ENTIDADES INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN 
Nº  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD  
1   
2   
3   
4   
5   
  Añadir filas si es necesario  s
  o
  w.
     OE-A-2021-21660able en https://ww
   
 
DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  PRINCIPIO  DE  «NO  CAUSAR  PERJUICIO  SIGNIFICATIVO»  A  LOS  SEIS 
OBJETIVOS AMBIENTALES EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO (UE) 2020/852. 
El abajo firmante declara de forma responsable que: 
•  Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio significativo a los objetivos ambientales, del artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantación de un 
sistema de clasificación de las actividades económicas ambientalmente sostenibles: 
•  Las actividades se adecúan, en su caso, a las características y condiciones fijadas para la medida y submedida de la Componente y 
reflejadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
•  Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirán la normativa  ambiental vigente que resulte de aplicación. 
•  Las actividades que se desarrollan no están excluidas para su financiación por el Plan conforme a la Guía técnica sobre la aplicación del 
principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 
58/01), a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de 
España y a su correspondiente Anexo. 
•  Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medio ambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de 
vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizada la actividad. 
 
INFORMACIÓN PARA EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN RESPECTO A LOS DATOS DECLARADOS EN ESTA SOLICITUD Y EN EL RESTO 
DE LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS AL EXPEDIENTE 
Antes de firmar la solicitud, lea a continuación la política de protección de datos.  
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene un compromiso de cumplimiento de la legislación vigente en materia de tratamiento de datos 
personales y seguridad de la información con el objeto de garantizar que la recogida y tratamiento de los datos facilitados se realiza conforme al 
Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y de la normativa nacional vigente en la materia. Por este motivo, le ofrecemos a 
continuación información sobre la política de protección de datos aplicada al tratamiento de los datos de carácter personal derivado de la tramitación de 
esta convocatoria de subvenciones.  
1.  Responsable del tratamiento:  
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  
Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura  
Subdirección General de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales 
C/Velázquez, 147 (28002) - Madrid Teléfono: 913476062 
Correo: gesfonpm@mapa.es  
Delegado de Protección de Datos: bzn-DPD@mapa.es  
2.  Finalidad del tratamiento: los datos personales incorporados serán utilizados exclusivamente para la gestión de las subvenciones para la 
puesta en marcha de proyectos en materia de crecimiento azul en el sector pesquero y de la acuicultura, y se conservarán mientras la 
legislación aplicable obligue a su conservación (Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español).  
 
3.  Legitimación del tratamiento: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).  
 
4.  Destinatarios de los datos: no están previstas cesiones de datos ni transferencias internacionales de datos, salvo las previstas legalmente.  
 
5.  Derechos sobre el tratamiento de datos: conforme a lo previsto en el RGPD podrá solicitar al MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN, a través de la dirección https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/navProteccionDatos, el acceso, rectificación y 
supresión de sus datos personales, la limitación y oposición al tratamiento de sus datos y a no ser objeto de decisiones automatizadas. 
Asimismo, si considera vulnerados sus derechos, podrá presentar una reclamación de tutela ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf). 
 
Lugar y fecha: 
 
EL/LA REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN (Firma de la persona representante de la agrupación y sello de la entidad a la que pertenece) 
 
Fdo.: Firma de la persona designada como representante legal de la agrupación y sello de la entidad a la que pertenece 
 
 
 
 
 
 
 
 
  s
  oe.
  660www.
 
   
 
 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA SOLICITUD 
 
Acuerdo de agrupación, según el artículo 2 de este Real Decreto  □ 
Declaraciones responsables de participación por cada una de las entidades que forman parte de la agrupación solicitante (Anexo IV)  □
 
Propuesta técnica (Anexo V)  □
 
Acuerdos de colaboración con empresas y cartas de apoyo o interés   □
 
Copia de los estatutos de constitución de las entidades que forman parte de la agrupación solicitante y relación nominal de los  □
 
miembros de sus órganos ejecutivos y de dirección en el momento de la solicitud. 
Memoria técnica del proyecto (Anexo VI)  □
 
Elementos para la valoración (Anexo VII)  □
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  e.
  w.
    OE-A-2021-21660able en https://ww
 
ANEXO IV
Declaración responsable de participación en el proyecto
(Una copia por cada entidad integrante de la agrupación) 
 
DATOS DE LA ENTIDAD 
CIF 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (Y DEPARTAMENTO SI PROCEDE) 
(Máx. 35 palabras) 
   
CALLE/PLZA   Nº   C.P.  LOCALIDAD  PROVINCIA 
         
CORREO ELECTRÓNICO  TELÉFONO  FAX 
     
 
DATOS DE LA PERSONA DESIGNADA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 
NOMBRE Y APELLIDOS  NIF   CARGO EN LA ENTIDAD 
     
CALLE/PLZA.  Nº  C.P.  LOCALIDAD  PROVINCIA 
         
CORREO ELECTRÓNICO   TELÉFONO  FAX 
     
 
MANIFIESTA, su conformidad a la participación en la convocatoria de subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen proyectos en materia 
de crecimiento azul en el sector pesquero y de la acuicultura, en el marco del proyecto denominado:  
 
 
TÍTULO DEL PROYECTO          
(Máx.  35 palabras) 
Cuya coordinación recae en: 
  ENTIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO 
 
 
En la condición de entidad beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/ente destinatario 
del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente C3.I8, 
manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas 
jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando 
en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados. 
 
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos 
significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en 
el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de 
ayudas de Estado. 
 
Conforme la autoridad que representa legalmente a la entidad copartícipe, que declara conocer y aceptar las normas de la presente convocatoria,  se 
compromete a garantizar la correcta realización de la parte del proyecto en el que participa en caso de que éste sea financiado, así como facilitar el 
seguimiento, evaluación y justificación económica del desarrollo del proyecto. 
 
En caso de ser financiada la solicitud, autoriza la utilización de la información obtenida a partir del proyecto para su difusión y su incorporación en 
bases de datos especializadas.   e.e
  o
Autoriza al órgano instructor a comprobar o recabar datos de otros órganos, Administraciones o proveedores de información, según lo dispuesto en  w.
el artículo 22.4 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o sobre otras circunstancias de los  660ww
 Lsoulgicairta yn Fteesc oh ad:e   las solicitudes que, de acuerdo con la convocatoria y la normativa aplicable, sean pertinentes para la instrucción del procedimiento.
e EnLt/iLdAad R) EPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD (Firma y cargo de la persona designada como representante legal de la entidad y sello de la  BOE-A-cable e
 Fdo.:
 
 
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR POR CADA ENTIDAD INTEGRANTE DE LA AGRUPACIÓN 
Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de  □
noviembre sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.7 c) con respecto de la obligación de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias.. 
Declaración responsable de no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro por las causas recogidas en el artículo 37 de la  □
Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
Declaración responsable de no haber sido sancionado con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones por incumplimiento de  □
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Declaración responsable relativa a las subvenciones1 concedidas con la misma finalidad.  □
Las declaraciones responsables incluirán el compromiso del cumplimiento del requisito durante el tiempo inherente alr econocimiento o ejercicio del derecho 
al cobro de la subvención. 
a1 cRtuealaccioiónne es xohbajeutsoti vdae  daey uodtraa.s E ssutab vdeencclaiornaecisó,n a eyuxpdraess, ain dgerebseorás  lole rveacrusres oas c paúbbol iecno se lo m porimvaednotos  qduee p preusdeienrtaanr  laaf esoctliacri tau dla o c eonm cpuaatilbqiuliidear dm poamrae nlatos  multisemrioars e n que sean
otorgadas otras subvenciones o ayudas.
ANEXO V
Propuesta técnica
1.  Resumen del proyecto (Máx. 1.500 palabras).
2.  Objetivo general (Máx. 100 palabras).
3.  Objetivos específicos (Máx. 400 palabras).
4.  Contexto y necesidad (Máx. 700 palabras).
5.  Actividades y metodología (Máx. 1.500 palabras).
6.  Necesidades específicas (Máx. 500 palabras).
7.  Indicadores de ejecución y evaluación (Máx. 1.000 palabras).
8.  Resultados esperados (Máx. 500 palabras).
9.  Cronograma detallado por actividades (Máx. 500 palabras).
10.  Presupuesto detallado por entidad y actividades desglosando los costes totales 
y los subvencionables. Incluir las siguientes tablas resumen:
Entidad Participante Costes Totales (€)(2) Costes Elegibles (€)(1)
ENTIDAD 1.    
ENTIDAD 2.    
ENTIDAD 3.    
Añadir filas si es necesario.    
  Total proyecto.    
(1)  Importes excluidos los impuestos indirectos.
Actividades Costes totales (€)(1)
Actividad 1.  
Actividad 2.  
Actividad 3.  
Añadir filas si es necesario.  
(1)  Importes excluidos los impuestos indirectos.
11.  Impacto en la sostenibilidad y crecimiento azul a medio y largo plazo (Máx. 500 
palabras).
12.  Impacto socioeconómico previsto y aspectos sociales (Máx. 700 palabras).
a)  Creación de empleo y % de empleo femenino.
b)  Interés colectivo de las propuestas de crecimiento azul.
c)  Potenciales entidades beneficiarias de los resultados e iniciativas relacionadas 
con el crecimiento azul obtenidas en el proyecto.
13.  Implicación  de  empresas,  asociaciones  o  agrupaciones  sectoriales  en  el 
proyecto. Aplicabilidad en las empresas e impacto sobre su competitividad (Máx. 500 
palabras).
Aspectos ambientales (Máx. 500 palabras) Contribución a la consecución de los  s
objetivos  ambientales  establecidos  en  los  ámbitos  internacional,  nacional  o  e.
Autonómico. w.
ANEXO VI
Memoria técnica(3)
(3)  Número máximo de páginas, excluyendo la portada y el índice: 80.
1.  Resumen ejecutivo.
2.  Objetivos y adecuación del proyecto al crecimiento azul.
a)  Objetivos del proyecto.
b)  Principales elementos relativos al crecimiento azul del proyecto. Justificación del 
carácter  relativo  a  la  sostenibilidad  y  crecimiento  azul  de  cada  uno  de  ellos  y  su 
importancia respecto al estado actual de los mismos.
3.  Descripción técnica y plan de trabajo.
a)  Descripción detallada, alcance y plan de trabajo del conjunto de actividades a 
realizar,  organizados  como  actividades  principales  o  tareas,  con  indicación  de  la 
responsabilidad y la participación de cada una de las entidades en cada una de las 
actividades  principales  o  tareas.  Indicar,  en  su  caso,  las  tareas  que  serán 
subcontratadas, los servicios o asistencias técnicas necesarias y las colaboraciones 
previstas con otras entidades o empresas que no incurran en gastos.
b)  Cronograma detallado del proyecto.
c)  Indicadores de ejecución y evaluación del proyecto.
4.  Capacidad de la agrupación.
a)  Antecedentes de las entidades participantes y papel que desempeñan en el 
proyecto.
b)  Perfil profesional del equipo de trabajo.
c)  Indicación del responsable de la coordinación técnica del proyecto.
d)  Recursos materiales e instalaciones con que cuentan las entidades para abordar 
el proyecto, especificando su adecuación para la ejecución de las actividades.
e)  Subcontrataciones previstas: exponer la justificación de la necesidad de dichas 
subcontrataciones.
f)  Colaboraciones.
5.  Explotación de resultados.
a)  Modalidades de crecimiento azul que se prevé generar y añadir a las actuales 
(anexo II) con la realización del proyecto.
b)  Publicación y diseminación prevista de los resultados del proyecto.
6.  Internacionalización.
a)  Participación  de  los  miembros  de  la  agrupación  en  otros  proyectos  de 
crecimiento azul relacionados con la temática del proyecto, detallando convocatoria y 
ayuda concedida, si existe.
b)  Capacidad para las relaciones internacionales de las entidades participantes en 
el consorcio.
7.  Presupuesto  por  actividades,  expresando  los  costes  totales  y  los  costes  e.
elegibles, excluyendo los impuestos indirectos. w.b
abcd))))     ACCSpuooabssrttceeaosstno  dmtsre,aa  ettpaeqecruriioaispnloeoensssa. y.l. suministros. OE-A-2021-21able en https://
e)  Viajes y dietas.
f)  Costes indirectos.
g)  Presupuesto de ejecución del proyecto.
8.  Otros aspectos de interés.
a)  Aspectos sociales.
b)  Aspectos ambientales.
c)  Otros aspectos.
ANEXO VII
Elementos para la valoración
1.  Contribución del proyecto a la mejora de la sostenibilidad.
1.1  Contribución a la sostenibilidad económica, ambiental y social de la economía 
pesquera y acuícola, incluyendo la transformación y comercialización de sus productos 
(Máx. 1.500 palabras).
1.2  Contribución  a  los  objetivos  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia  de  la  economía  pesquera  y  acuícola,  incluyendo  la  transformación  y 
comercialización de sus productos (Máx. 1.500 palabras).
2.  Aplicabilidad del proyecto.
2.1  Evaluación económica del proyecto.
2.1.1  Mejora esperada en la sostenibilidad.
a)  Beneficio esperado actual, beneficio esperado tras el proyecto y diferencia de 
beneficios (Máx. 50 palabras).
b)  inversión total (Máx. 50 palabras).
2.1.2  Financiación propia.
a)  recursos propios aportados (Máx. 50 palabras).
b)  inversión total (ya en 2.1.1.b) (Máx. 50 palabras).
2.2  Aspectos sociales (Máx. 1.000 palabras).
2.3  Aspectos ambientales (Máx. 1.000 palabras).
3.  Grado de implicación de entidades empresariales y asociaciones profesionales 
pesqueras (cofradías, OPP, asociaciones, etc.) en el desarrollo del proyecto (Máx. 1.000 
palabras).
4.  Calidad científico-técnica, relevancia y viabilidad de la propuesta completa.
4.1  Definición, contenido, calidad, originalidad y adecuación de las actividades a los 
objetivos propuestos (Máx. 1.500 palabras).
4.2  Planificación, disponibilidad de recursos, cronograma establecido, indicadores 
de ejecución y de evaluación, presupuesto detallado y desglosado y costes ajustados 
(Máx. 1.500 palabras).
5.  Calidad, trayectoria y adecuación del equipo de trabajo.
5.1  Competencia y adecuación del equipo de trabajo, complementariedad entre  b
equipos (Máx. 1.000 palabras). 660ww
sect5o.r2,  y Prerosyueltcatdooss  dperseavriorosl laqduoes  speo er nlocsu amdrieemn berno sla d meli semqau ipáore oa  eteqmuiáptoicsa  e(nM áexl .m 1i.s0m00o 
palaPblraanse).s de difusión y actuaciones de transferencia (Máx. 1.000 palabras).