BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161 Miércoles 7 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 80610
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
11270 Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador de la propiedad de Haro a inscribir un decreto aprobatorio del 
convenio regulador de los efectos de un divorcio.
En el recurso interpuesto por don A. M. L. L. contra la negativa del registrador de la 
propiedad  de  Haro,  don  Jesús  Fernández-Ramos  Nieto,  a  inscribir  un  decreto 
aprobatorio del convenio regulador de los efectos de un divorcio.
Hechos
I
Mediante testimonio de decreto dictado el día 6 de noviembre de 2020 por el letrado 
de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Haro, en el procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo número 198/2020, se solicitó 
la inscripción de la atribución del usufructo de determinada finca mediante convenio 
regulador de los efectos del divorcio. En dicho convenio, se adjudicaban determinados 
fondos de inversión y cuentas corrientes por mitad, y respecto de una finca inscrita con 
carácter  ganancial  se  convenía  que  «se  atribuye  el  Uso  y  Disfrute  de  la  vivienda 
conyugal  (…)  a  favor  del  Sr.  A.  L.  L.,  todo  ello  en  forma  de  usufructo  vitalicio», 
añadiéndose posteriormente que dicha vivienda «queda en usufructo vitalicio a favor del 
Sr. A. L. L.».
II
Presentado el referido testimonio en el Registro de la Propiedad de Haro, fue objeto 
de la siguiente nota de calificación:
«(…) el documento presentado por Don A. M. L. L. el día 09/02/2021, bajo el asiento 
número 639, del tomo 138 del Libro Diario y número de entrada 414, que corresponde al 
decreto 203/20, expedido por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 de Haro, procedimiento de 
divorcio  de  mutuo  acuerdo  número  198/2020,  de  fecha  06/11/2020,  se  encuentra 
pendiente de despacho por lo siguiente:
Se  presenta  documento  judicial  de  que  declara  la  disolución  por  divorcio  del 
matrimonio entre don A. M. L. L. y doña I. F. C. Dicha resolución judicial hace referencia 
a la aprobación del convenio regulador propuesto.
Del texto de dicho convenio regulador resulta la atribución del usufructo vitalicio 
sobre la vivienda familiar (finca registral 21.955 del Registro de la propiedad de Haro) a 
favor de don A. M. L. L.
Del  texto  de  dicho  convenio  no  resulta,  sin  embargo,  liquidación  alguna  de  la 
sociedad conyugal por lo que no queda claro a quién se atribuye la titularidad dominical  s
de la que ha constituido la vivienda habitual de los esposos [sic]. oe.
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cónyuges.
Para poder inscribir el derecho de usufructo vitalicio es necesario el requisito de la 
ajenidad propio del derecho real. Es precisamente esta nota lo que no resulta del 
convenio regulador por cuanto en el mismo no se efectúa la liquidación de la sociedad de 
gananciales que atribuya la titularidad de la finca a uno u otro.
Contra esta nota de calificación se podrá: (…)
Haro  a  diecisiete  de  febrero  de  dos  mil  veintiuno.–El  Registrador  Fdo.:  Jesús 
Fernández-Ramos Nieto.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don A. M. L. L. interpuso recurso el día 23 de 
marzo de 2021 mediante escrito en el que expresaba las siguientes alegaciones:
«Primera.  En la nota de calificación que se recurre se dice que del texto del 
convenio regulador “no resulta liquidación alguna de la sociedad conyugal, por lo que no 
queda claro a quien se atribuye la titularidad dominical de la que ha constituido la 
vivienda habitual de los esposos”. Se dice también que «se suspende la inscripción 
solicitada por no resultar del convenio regulador la liquidación de la sociedad conyugal y 
la atribución de titularidad de la finca a uno de los cónyuges.»
Los ex cónyuges liquidaron en el convenio regulador los fondos de inversión que 
poseían en BBVA y el saldo de las cuentas bancarias que poseían en común, pero no 
liquidaron la que fue vivienda familiar, a lo que no están obligados legalmente.
Puesto que el divorcio ha disuelto la sociedad conyugal, queda bien claro que la que 
fue vivienda familiar es ahora copropiedad de ambos ex cónyuges al 50%, que es la 
misma situación en la que estarían si en una liquidación de sociedad de gananciales se 
hubiese atribuido a cada uno el 50% de la propiedad de dicha vivienda, sin que hubiesen 
tenido en tal caso obligación ninguna de atribuir el 100% de la propiedad de la vivienda a 
uno de ellos.
Segunda.  En la nota de calificación que se recurre se dice igualmente que «Para 
poder inscribir el derecho de usufructo vitalicio es necesario el requisito de la ajenidad 
propio del derecho real. Es precisamente esta nota lo que no resulta del convenio 
regulador  por  cuanto  en  el  mismo  no  se  efectúa  la  liquidación  de  la  sociedad  de 
gananciales que atribuya la titularidad de la finca a uno u otro».
El Sr. L. devino dueño, desde el divorcio, de sólo el 50% de la vivienda en plena 
propiedad, por lo que el otro 50% le es ajeno, ya que su dueña en plena propiedad era 
su ex cónyuge, quien le ha transmitido su derecho de usufructo sobre su mitad de la 
vivienda, de la que sólo ella es propietaria, ahora en nuda propiedad, por lo que sí 
concurre la ajenidad que se exige en la nota de calificación que se recurre».
IV
El registrador de la Propiedad, por mantener su calificación, elevó el expediente, con 
su preceptivo informe, a este Centro Directivo, mediante escrito de fecha 26 de marzo 
de 2021.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, 18, 20 y 38 de la Ley Hipotecaria; 90, 96, 102, 392, 394, 467,  s
1375, 1377 y 1378 del Código Civil; 51 del Reglamento Hipotecario; las Sentencias de la  oe.
Sala Primera del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1992, 14 de julio de 1994, 16  w.
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1.  Debe decidirse en este expediente si es inscribible un pacto incluido en un 
convenio regulador de los efectos de un divorcio de mutuo acuerdo aprobado por letrado 
de  la  Administración  de  Justicia  por  el  que  (además  de  adjudicarse  los  cónyuges 
determinados fondos de inversión y cuentas corrientes por mitad) se atribuye el usufructo 
vitalicio de la vivienda conyugal, de carácter ganancial, al marido.
El registrador suspende la inscripción porque, según afirma, no se realiza liquidación 
alguna de la sociedad conyugal, de modo que no queda claro a quién se atribuye la 
titularidad dominical de la que ha constituido la vivienda habitual de los esposos, y para 
poder inscribir el derecho de usufructo vitalicio es necesario el requisito de la ajenidad 
propio del derecho real.
El recurrente, por el contrario, defiende que por la disolución de la sociedad conyugal 
la propiedad de la vivienda pertenece a los excónyuges por mitad en copropiedad, y por 
ello aquél es dueño de una mitad indivisa de la vivienda y adquirente del usufructo de la 
otra mitad.
2.  En  primer  lugar,  no  puede  acogerse  la  afirmación  del  recurrente  sobre  la 
existencia  de  copropiedad  «pro  indiviso»  de  la  vivienda  por  el  mero  hecho  de  la 
disolución de la sociedad de gananciales. Disuelta pero no liquidada la sociedad de 
gananciales, no corresponde a los cónyuges individualmente una cuota indivisa en todos 
y cada uno de los bienes que la integran y de la que puedan disponer separadamente, 
sino que, por el contrario, la participación de aquéllos se predica globalmente respecto 
de la masa ganancial en cuanto patrimonio separado colectivo, en tanto que conjunto de 
bienes con su propio ámbito de responsabilidad y con un régimen específico de gestión, 
disposición y liquidación, que presupone la actuación conjunta de ambos cónyuges o de 
sus respectivos herederos, y solamente cuando concluyan las operaciones liquidatorias, 
esta cuota sobre el todo cederá su lugar a las titularidades singulares y concretas que a 
cada uno de ellos se le adjudiquen en las operaciones liquidatorias.
Ciertamente,  este  Centro  Directivo  ha  confirmado  calificaciones  registrales 
denegatorias  de  la  inscripción  del  derecho  de  uso  de  la  vivienda  familiar  atribuido 
mediante convenio regulador de la separación, nulidad o divorcio al cónyuge titular de la 
propiedad, con fundamento en que en tal caso el uso y disfrute de la vivienda le vienen 
atribuidos al cónyuge por el dominio pleno que sobre ella ostenta y, en consecuencia, 
carece de interés el reflejo registral del derecho de uso atribuido judicialmente (cfr., entre 
otras, las Resoluciones de 6 de julio y 19 de septiembre de 2007 y 10 de octubre 
de 2008).
Pero, como afirmó este Centro en Resolución de 24 de octubre de 2014, la doctrina 
anterior no es extrapolable al caso en el que el cónyuge adjudicatario por resolución 
judicial del derecho de uso de la vivienda familiar no es titular pleno y exclusivo, con 
carácter privativo, de dicha vivienda, sino que su titularidad es compartida en régimen de 
gananciales con su excónyuge. Añade esta Resolución lo siguiente:
«Es cierto que en esta situación tanto la facultad de ocupación de la vivienda 
(artículo 394 del Código Civil) como la de limitar la libre disposición del bien, al exigirse el 
consentimiento de ambos cónyuges para la realización de actos de disposición a título 
oneroso o gratuito (cfr. artículos 1377 y 1378 del Código Civil) –al corresponder la 
gestión y disposición de los bienes gananciales, en defecto de pacto en capitulaciones, 
conjuntamente a ambos cónyuges (artículo 1375 del Código)–, se encuentran ya ínsitas 
en  la  titularidad  ganancial  de  la  vivienda  habitual  que  corresponde  al  cónyuge 
adjudicatario del derecho de uso, por lo que "prima facie" podría parecer que la doctrina 
anterior, predicada respecto de los supuestos en que el adjudicatario del uso es pleno  e.
propietario privativo del bien, sería extrapolable al presente caso de vivienda de carácter  w.b
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del bien, pues como en toda comunidad, salvo pacto en contrario en el título constitutivo,
el derecho de servirse de la cosa común aparece comprimido por la exigencia de que su 
ejercicio no impida, a su vez, a los copartícipes utilizarlas según su propio derecho (cfr. 
artículos 392 y 394 del Código Civil), en tanto que en el caso del derecho de uso de la 
vivienda familiar a que se refiere el artículo 96 del Código lo que se pretende, como 
afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1997, "es garantizar este 
derecho de ocupación del cónyuge e hijos a quienes se les ha atribuido el uso" (vid. 
Sentencias de 22 de diciembre de 1992, 14 de julio de 1994 y 16 de diciembre de 1995), 
y  ello  de  forma  adaptada  a  las  circunstancias  propias  de  las  situaciones  de  crisis 
matrimonial que generan (aunque no imponen), por lo común, una ruptura o cese de la 
convivencia conyugal de los ex esposos (artículo 102.1 del Código Civil), y por tanto 
dando lugar a una configuración del citado derecho de uso de la vivienda familiar de 
carácter excluyente respecto del cónyuge no adjudicatario del derecho de uso (…).»
Estas consideraciones son aplicables al presente caso en que se atribuye en el 
convenio regulador el usufructo vitalicio a uno de los cónyuges como consecuencia del 
cese de la convivencia entre aquéllos.
A ello tampoco puede oponerse el hecho de que la liquidación de la sociedad de 
gananciales sea parcial, referida únicamente a determinados fondos de inversión y 
cuentas corrientes y no a la propiedad de la referida vivienda. Debe advertirse que no es 
necesario que el convenio regulador contenga necesariamente la liquidación del régimen 
de la sociedad de gananciales. Como ha afirmado la Resolución de este Centro Directivo 
de 19 de julio de 2011 (con criterio reiterado en la citada Resolución de 24 de octubre 
de 2014), «es cierto que la liquidación de los gananciales puede hacerse en el convenio 
regulador, pero ello no quiere decir que deba hacerse necesariamente en el mismo, pues 
el artículo 90 del Código Civil no la impone con carácter obligatorio (…)». Y, por otra 
parte, es indudable que la atribución del usufructo de la vivienda conyugal objeto de 
debate en este expediente constituye materia propia de dicho convenio regulador de los 
efectos del divorcio.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar la 
calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 15 de junio de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.
2021-1127n https://w