BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 244 Martes 12 de octubre de 2021 Sec. I.   Pág. 124281
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
16481 Real Decreto 882/2021, de 11 de octubre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a determinadas entidades para la financiación del 
Sistema  Nacional  de  Acogida  e  Integración  de  Personas  Solicitantes  y 
Beneficiarias de Protección Internacional y la atención sociosanitaria en los 
centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla.
La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 
subsidiaria  determina  la  obligación  de  proporcionar  a  las  personas  solicitantes  de 
protección  internacional,  cuando  carezcan  de  recursos  económicos,  los  servicios 
sociales y de acogida necesarios para asegurar la satisfacción de sus necesidades 
básicas en condiciones de dignidad. Asimismo, prevé la posibilidad de extender estas 
prestaciones a personas a las que se hubiera reconocido la protección internacional 
(estatuto de refugiado o protección subsidiaria). El Gobierno, en cumplimiento de esta 
obligación, ha desarrollado un Sistema Nacional de Acogida e Integración de Personas 
Solicitantes y Beneficiarias de Protección Internacional que cuenta con una red nacional 
de dispositivos de acogida y proyectos y actuaciones complementarias. El desarrollo de 
este sistema corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 
través de la Secretaría de Estado de Migraciones, en virtud de lo indicado en el Real 
Decreto 497/2020, de 28 de abril, modificado por Real Decreto 286/2021, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica de este Departamento, en cuyo artículo 5 se 
establece  que  la  Secretaría  de  Estado  de  Migraciones  desarrollará  la  política  del 
gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración.
La finalidad de las subvenciones concedidas al amparo de este real decreto es el 
establecimiento de una red de plazas de acogida, complementaria a los Centros de 
Acogida  a  Refugiados  (CAR),  así  como  el  conjunto  de  actuaciones  para  favorecer 
medidas de integración que faciliten a las personas destinatarias desenvolverse en el 
nuevo entorno. Para ello, se trabaja un itinerario de integración por fases, en el que se 
potencia y se trabaja la adquisición gradual de autonomía de los beneficiarios.
La financiación necesaria para mantener este programa de atención a solicitantes y 
beneficiarios de protección internacional está asociada al número de personas que 
solicitan esa protección en España. La gran mayoría de estas personas entran en el país 
a través de los aeropuertos, por lo que su número ha descendido notablemente mientras 
las  fronteras  han  permanecido  cerradas  (88.762  personas  durante  el  2020).  Sin 
embargo, dadas las previsiones de apertura gradual de fronteras durante el 2021, se 
prevé que los datos de solicitantes aumenten hasta alcanzar cifras similares a las del 
año  2019,  cuando  118.264  personas  solicitaron  asilo  en  España.  La  previsión  es 
de 130.000 solicitantes durante el 2022, incremento cercano al 50 % respecto al 2020, a 
los que habría que añadir los derivados de la llegada de una multitud de personas 
solicitantes de asilo procedentes de Afganistán. Esta llegada comenzó durante el mes de 
agosto cuando el Gobierno español se comprometió expresamente, por comunicado  s
conjunto de 15 de agosto de 2021 de los ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores,  e.
Unión Europea y Cooperación, a repatriar a España a las personas de nacionalidad  w.
afgana colaboradoras con el ejército, la embajada y la cooperación española en ese país  481ww
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de Personas Solicitantes y Beneficiarias de Protección Internacional, que está obligado a 
atender a todos los solicitantes que carezcan de medios económicos para la atención de 
sus necesidades básicas, dando cumplimiento así a la normativa nacional, internacional 
y de la Unión Europea.
Durante el 2020 y el 2021 se han tenido que implementar medidas adiciones debido 
a la pandemia, tales como habilitar nuevos recursos de acogida para cumplir con las 
recomendaciones sanitarias derivadas para hacer frente al COVID-19 o prorrogar los 
periodos de atención de los solicitantes para evitar situaciones de falta de alojamiento. 
Todas  estas  medidas  han  exigido  un  esfuerzo  financiero  en  2020  y  2021  que  ha 
implicado que el sistema no dispone de financiación para los gastos de 2022.
Por ello, es necesario adoptar una medida extraordinaria que permita dar continuidad 
al sistema a través de la financiación de sus recursos y servicios, con el fin de poder 
atender a las personas que soliciten protección internacional y que se encuentren en 
situación de riesgo de exclusión social.
Dado el carácter de urgencia de la situación, es necesario asegurar la dotación 
económica que permita mantener del sistema mediante la correspondiente subvención a 
las  organizaciones  no  gubernamentales  y  no  lucrativas  especializadas  que  están 
gestionando en la actualidad los recursos de acogida del sistema. Esta necesidad de 
refuerzo de forma inmediata de los recursos y servicios indicados no puede ser atendida 
en el marco de las convocatorias periódicas de subvenciones mediante concurrencia 
competitiva,  procedimiento  ordinario  de  concesión  de  subvenciones  previsto  en  el 
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al no 
poder responder a una situación apremiante como la actual.
A  la  vista  de  la  situación  descrita,  para  poder  garantizar  la  continuidad  de  los 
recursos del sistema gestionados por organizaciones no gubernamentales, es precisa la 
tramitación de subvenciones de concesión directa a las siguientes entidades: Adoratrices 
Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, Asociación Columbares, Asociación 
para  la  Promoción  y  Gestión  de  Servicios  Sociales  Generales  y  Especializados 
(Progestión), Asociación San Juan de Dios España, CESAL, Coordinadora Estatal de 
Plataformas Sociales Salesianas, Diaconía, Federación Andalucía Acoge, Federación 
Red Acoge, Fundación Apip-Acam, Fundación CEPAIM Acción Integral con Migrantes, 
Fundación Cruz Blanca, Fundación La Merced Migraciones, Movimiento por la Paz el 
Desarme y la Libertad, Provivienda, Obra Social Santa Luisa de Marillac Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paul Provincia de Barcelona, ONG Rescate Internacional 
e YMCA.
La normativa vigente permite conceder subvenciones de forma directa y con carácter 
excepcional siempre que concurran razones de interés público, social, económico o 
humanitario. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la vía más adecuada para reforzar el 
sistema y cumplir las obligaciones legales e internacionales de asistencia al colectivo de 
solicitantes  de  protección  internacional,  es  la  subvención  directa  prevista  en  el 
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como en el artículo 67 del Reglamento de la ley General de Subvenciones, aprobado por 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Por su parte, el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, esa norma legal señala que la aprobación de las bases reguladoras 
de  estas  subvenciones  de  concesión  directa  por  circunstancias  excepcionales  y 
humanitarias y de carácter social se realizará mediante real decreto. Además, dado que 
el importe máximo de la subvención supera los doce millones de euros, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, es precisa la  s
autorización del Consejo de Ministros. oe.
Dado  que  los  objetivos  que  persigue  esta  subvención  se  enmarcan  dentro  del  w.
Sistema  Europeo  Común  de  Asilo,  está  previsto  que  algunos  de  los  proyectos  481ww
sFuobnvdeon dceio nAasdiloo,s  Mpigureadcaiónn  see rIn cteogfirnaacniócnia.dos por fondos europeos; en particular, por el
(UEA) s2í0, 2e1l /m10a6rc0o d neol rPmaartlaivmo eenutroo pEeuoro dpee oe syto dse flo Cndoonss eejost,á d ceo 2m4p udees jtuon pioo rd eel  2R0e2g1la, mpoern teol   BOE-A-cable e
que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición 
Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas 
financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el 
Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de 
Fronteras y la Política de Visados, y el Reglamento (UE) 2021/1147 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se crea el Fondo de Asilo, 
Migración e Integración, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 
de diciembre de 2027, cuyo objetivo político consiste en contribuir a la gestión eficaz de 
los flujos migratorios y a la aplicación, el refuerzo y el desarrollo de la política común de 
asilo y de la política común de inmigración, de conformidad con el acervo de la Unión 
pertinente y respetando plenamente las obligaciones internacionales de la Unión y de los 
Estados miembros derivadas de los instrumentos internacionales de los que son parte.
Además, han de tenerse en cuenta la Directiva 2011/95/EU del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a 
los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como 
beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o 
para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección 
concedida, y la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de 
protección internacional.
La presente norma se adecua a los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, entre otros, a los de necesidad y eficacia, al estar 
justificada por razones de interés general, basarse en una identificación clara de los fines 
perseguidos y resultar el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de 
sus objetivos; así como a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, ya que 
la norma aborda los extremos exigidos por las normativas nacional y europea que 
regulan este tipo de subvenciones, estableciendo la regulación necesaria de acuerdo con 
dicha normativa. Atiende igualmente al principio de transparencia, al estar los objetivos y 
contenido claramente expuestos en el preámbulo y el propio articulado y al principio de 
eficiencia al ser el gasto público que contempla delimitado y de carácter extraordinario, 
no imponer cargas administrativas innecesarias y racionalizar en su aplicación la gestión 
de los recursos públicos.
En la tramitación del presente real decreto se ha recabado informe del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Este  real  decreto  se  dicta  al  amparo  del  artículo  149.1.2.ª  de  la  Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, 
inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
con  la  aprobación  previa  de  la  Ministra  de  Hacienda  y  Función  Pública,  y  previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de octubre de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto.
Este  real  decreto  tiene  por  objeto  regular  la  concesión  directa,  con  carácter  e.
excepcional y por razones de interés público social y humanitario, de subvenciones para  w.
financiar  el  Sistema  Nacional  de  Acogida  e  Integración  de  Personas  Solicitantes  y  481ww
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acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en
relación con el artículo 28.2 y 3 de la misma ley, y el artículo 67 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, aprobado el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 2.  Régimen jurídico aplicable.
1.  Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto particularmente en 
este real decreto y en las resoluciones de concesión, por lo previsto en la Ley 38/2003, 
de  17  de  noviembre,  y  su  Reglamento  de  desarrollo,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y 
concurrencia y por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por lo establecido en 
las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación.
2.  Las subvenciones que sean cofinanciadas por el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración (en adelante, FAMI) se regirán, además de por lo dispuesto en el apartado 1 
y aquella que la desarrolle, por lo dispuesto en la normativa siguiente en su desarrollo:
a)  Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así 
como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la 
Gestión de Fronteras y la Política de Visados.
b)  Reglamento (UE) 2021/1147 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio 
de 2021 por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración.
c)  Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la 
Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, 
(UE)  n.º  1303/2013,  (UE)  n.º  1304/2013,  (UE)  n.º  1309/2013,  (UE)  n.º  1316/2013, 
(UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga 
el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.
Artículo 3.  Procedimiento de concesión.
1.  Estas  subvenciones  serán  concedidas  de  forma  directa  según  dispone  el 
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por concurrir razones de interés 
público, social y humanitario. Las bases reguladoras de esta subvención se determinan 
en este real decreto, en cumplimento de lo dispuesto en el artículo 28 apartados 2 y 3 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 67 de su Reglamento de desarrollo.
2.  El procedimiento de concesión se iniciará de oficio por la Dirección General de 
Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria (en adelante, DGPPIAH). 
El acuerdo de inicio del procedimiento será notificado a las entidades beneficiarias, para 
que en el plazo de quince días presenten las solicitudes y documentación mediante 
medios electrónicos y utilizando los modelos que estarán disponibles en el Portal de 
Inmigración de la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
Serán presentados en soporte informático tratable (ficheros Excel, Word, o PDF/A o 
cualquier otro tipo de ficheros tratables elaborados con software de formato abierto) junto 
con  la  documentación  correspondiente  en  el  Registro  Electrónico  del  Ministerio  de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o en el Registro Electrónico Común de la  s
Administración General del Estado conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de  oe.
octubre. w.
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La documentación necesaria se presentará en documentos individualizados, siendo 
necesario que cada uno de ellos se encuentre debidamente firmado electrónicamente, 
con certificado electrónico cualificado del responsable de la entidad solicitante.
La  presentación  de  la  solicitud  de  la  subvención  conllevará  la  autorización  del 
solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las 
circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá 
aportar la correspondiente certificación.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo 
aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado 
Reglamento
3.  Las subvenciones serán concedidas mediante resolución de la persona titular de 
la Secretaría de Estado de Migraciones.
4.  Las  resoluciones  de  concesión  recogerán,  en  todo  caso,  el  objeto,  las 
actuaciones  concretas  subvencionables,  el  periodo  de  ejecución,  el  crédito 
presupuestario y la cuantía, el pago y la forma de la justificación, con base en lo 
determinado en este real decreto.
5.  Las resoluciones se dictarán y notificarán a las solicitantes en el plazo máximo 
de  seis  meses,  contados  desde  la  fecha  de  notificación  del  acuerdo  de  inicio  del 
procedimiento. Excepcionalmente, podrá acordarse una ampliación del plazo máximo de 
resolución  y  notificación  en  los  términos  y  con  las  limitaciones  establecidas  en  el 
artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6.  De acuerdo con el artículo 25 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, el vencimiento 
del plazo máximo sin haberse notificado resolución legitima a las interesadas a entender 
desestimada por silencio administrativo su solicitud de concesión de la subvención.
7.  Estas resoluciones pondrán fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer 
contra las mismas recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, o bien ser 
impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la 
forma y plazo previstos en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.
Artículo 4.  Entidades beneficiarias.
Serán entidades beneficiarias de estas subvenciones las siguientes, con el importe 
indicado en el anexo I para cada pago y prioridad:
a)  Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad.
b)  Asociación Columbares.
c)  Asociación para la Promoción y Gestión de Servicios Sociales Generales y 
Especializados (Progestión).
d)  Asociación San Juan de Dios España (SJD).
e)  CESAL.
f)  Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas (CEPSS).
g)  Diaconía.
h)  Federación Andalucía Acoge.
i)  Federación Red Acoge.
j)  Fundación Apip-Acam.
k)  Fundación CEPAIM Acción Integral con Migrantes.
l)  Fundación Cruz Blanca. e
m)  Fundación La Merced Migraciones. bo
n)  Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad (MPDL). 481ww
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q)  YMCA.
Artículo 5.  Actuaciones a financiar.
1.  Los  proyectos  que  serán  subvencionados  podrán  incluir  actuaciones  en  los 
siguientes ámbitos:
a)  Prioridad I.2. Creación o mantenimiento de dispositivos de acogida y desarrollo 
de itinerarios de integración para personas solicitantes y beneficiarias de protección 
internacional, solicitantes y beneficiarias del estatuto de apátrida, personas acogidas al 
régimen de protección temporal en España.
b)  Prioridad  II.  Facilitar  la  atención  sociosanitaria  en  los  Centros  de  Estancia 
Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla.
c)  Prioridad III.3. Dirigidos a la acogida de grupos específicos.
d)  Prioridad IV. Equipamiento y adaptación de inmuebles.
e)  Prioridad V. Desarrollo de itinerarios de inserción laboral individualizados.
El contenido de estas actuaciones está desarrollado en el anexo II. Los proyectos 
incluidos en la prioridad II, III y IV podrán ser cofinanciados por el FAMI.
2.  Los proyectos tendrán en cuenta la situación de vulnerabilidad como criterio 
prioritario para la selección de las personas destinatarias, así como las necesidades de 
acogida particulares que precisen.
Las personas destinatarias de las actuaciones en los proyectos cofinanciados por 
FAMI en la Prioridad II serán todas las personas que se encuentran residiendo en los 
CETI de Ceuta y Melilla. En el resto de los proyectos las personas destinatarias de las 
actuaciones serán:
a)  Los que disfrutan de un estatuto de refugiado o de un estatuto de protección 
subsidiaria  en  el  sentido  del  artículo  2  de  la  Directiva  2011/95/UE  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas 
relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o 
apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los 
refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la 
protección concedida;
b)  Los  que  hayan  solicitado  una  de  las  formas  de  protección  internacional 
contempladas en la letra a) sin que se les haya comunicado aún una decisión definitiva;
c)  Los que disfrutan de una protección temporal en el sentido del artículo 2 de la 
Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas 
para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas 
desplazadas  y  a  medidas  de  fomento  de  un  esfuerzo  equitativo  entre  los  Estados 
miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida;
d)  Los  que  vayan  a  ser  o  hayan  sido  reasentados  en  un  Estado  miembro  o 
trasladados desde un Estado miembro.
Artículo 6.  Periodo de ejecución.
1.  El periodo de ejecución de los programas subvencionados no podrá extenderse 
más allá del 31 de diciembre de 2022.
2.  Por  causas  justificadas  la  persona  titular  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Migraciones podrá acordar un plazo de ejecución adicional que no podrá exceder de un 
año a contar desde la fecha de finalización del programa subvencionado.
El periodo de ejecución de cada programa subvencionado se establecerá en las  e.e
resoluciones de concesión correspondientes. b
Artíc1u. lo L7a. s Csuubavnetínac yio fnineasn csiea cfiiónna.nciarán con cargo al presupuesto del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
2.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, a los efectos de autorizar la concesión de subvenciones de cuantía superior 
a 12 millones de euros, la distribución del importe total de la subvención entre las 
distintas prioridades y entidades beneficiarias es la que figura en el anexo I de este real 
decreto.
3.  Los proyectos incluidos en las prioridades Il, III.3 y IV podrán ser cofinanciados 
por FAMI. El porcentaje de cofinanciación del FAMI podrá alcanzar un máximo del 75 por 
ciento del gasto total subvencionable, como norma general, pudiendo llegar al 90 por 
ciento en el caso de determinadas acciones, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 15 del Reglamento (UE) 2021/1147 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 
de julio de 2021 por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración.
Artículo 8.  Forma de pago de las subvenciones.
1.  El pago tendrá el carácter de pago anticipado en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 42.2.d) del Reglamento de la citada ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, no será preciso que las entidades beneficiarias presenten garantía por 
tratarse de entidades no lucrativas que desarrollan proyectos de acción social.
2.  En los proyectos de las prioridades I.2, II, III.3 y V el pago de la subvención se 
efectuará en dos o tres desembolsos por las cuantías indicadas en el anexo I:
a)  Las entidades a las que se concede una subvención con fecha de inicio de 
ejecución durante el 2021 tendrán un primer pago en el 2021, que se efectuará tras la 
notificación de la resolución de concesión. El segundo pago se realizará durante el 
primer trimestre del 2022 y su cuantía será la correspondiente a alcanzar un desembolso 
total en esa fecha del 80 % de la subvención concedida. El último pago, por el 20 por 
ciento restante, se realizará tras la presentación de la cuenta justificativa intermedia por 
la entidad beneficiaria, en los términos establecidos en el artículo 10.3.
b)  Las entidades a las que se concede una subvención con fecha de inicio de 
ejecución en 2022 tendrán un primer pago por el 80 por ciento del total concedido y se 
efectuará durante el primer trimestre del 2022. El último pago, por el 20 por ciento 
restante, se realizará tras la presentación de la cuenta justificativa intermedia por la 
entidad beneficiaria, en los términos establecidos en el artículo 10.3.
3.  En el caso de los proyectos subvencionados a través de la prioridad IV, se 
abonará la cuantía concedida íntegramente en un solo pago durante el primer trimestre 
del 2022.
4.  Las entidades beneficiarias de las subvenciones deberán cumplir los requisitos 
previstos en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para acceder al cobro 
de la subvención. De conformidad con el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, las entidades beneficiarias podrán autorizar al órgano 
competente  para  consultar  a  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  si  se 
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias.
Artículo 9.  Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos y recursos.
Las subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones, entes 
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales,  e.
sin  perjuicio  de  lo  que  pudiera  establecer  la  normativa  reguladora  de  dichas  w.b
subvenciones o ayudas. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal  481ww
creucaunrtsíao sq, useu,p aeirsela edla cmoestnet ed eo  lean a ccotinvicduardre snucbiav ecnocni oontraadsa s.ubvenciones, ayudas ingresos o
Artículo 10.  Justificación.
1.  El plazo para la justificación final de los gastos efectuados con cargo a los 
programas subvencionados será de dos meses a partir de la fecha de finalización del 
plazo de ejecución establecido en las resoluciones de concesión de las subvenciones o, 
en su caso, de la resolución de prórroga a que se refiere el artículo 6.
2.  Esta  cuenta  justificativa  final  será  complementaria  de  la  cuenta  intermedia 
recogida  en  el  apartado  10.4,  de  forma  que  se  extenderá  solo  sobre  los  gastos 
realizados desde el 1 de julio de 2022.
3.  La justificación adoptará la modalidad de cuenta justificativa con aportación de 
informe de auditor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La cuenta irá acompañada de un informe de un 
auditor  de  cuentas  inscrito  como  ejerciente  en  el  Registro  Oficial  de  Auditores  de 
Cuentas. Además de la memoria de actuaciones a que se refiere el artículo 72.1 del 
citado  reglamento,  la  cuenta  justificativa  vendrá  acompañada  de  una  memoria 
económica abreviada con el contenido definido en el artículo 72.2.a), c), d), e), f) y g). De 
acuerdo con lo previsto en el artículo 74.3 del mismo reglamento, el gasto derivado de la 
revisión de la cuenta justificativa intermedia y de la final tendrán la condición de gasto 
subvencionable.
La revisión de la memoria económica abreviada abarcará la totalidad de los gastos, 
salvo en el caso de los proyectos de la prioridad I.2, en los que el auditor podrá revisar 
una muestra representativa.
El informe de auditoría se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Orden 
EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los 
auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas 
de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del 
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  aprobado  mediante  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4.  Se presentará una cuenta justificativa intermedia con aportación de informe 
auditor antes del 31 de julio de 2022, que incluirá los gastos realizados hasta el 30 de 
junio de 2022. La forma de presentación es la misma que la especificada en el apartado 
anterior.
5.  Podrán justificarse con cargo a la ayuda recibida los gastos que, en su caso, 
hubieran efectuado las entidades beneficiarias con anterioridad a la concesión, siempre 
que el gasto haya sido efectivamente pagado y se refiera a la actividad subvencionada.
6.  Las  entidades  beneficiarias  de  estas  subvenciones  deberán  seguir  las 
instrucciones  consignadas  en  el  manual  de  justificación  y  en  el  de  gestión  de 
subvenciones de protección internacional, con las adaptaciones oportunas a este real 
decreto, que estarán disponibles en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones.
Artículo 11.  Gastos elegibles.
1.  Para las actuaciones de las prioridades I.2, II, III.3 y V serán elegibles las 
siguientes categorías de gasto:
a)  Costes directos:
1.º)  Costes de personal vinculado al proyecto. Su contratación en ningún caso 
supondrá la existencia de una relación laboral entre la Administración General del Estado  e.
y el personal dedicado a la realización de las actuaciones. w.b
2.º)  Gastos de viaje y estancia. 481ww
3.º)  Actividades:
ii.i.   ALrotísc uglaosst odse  ecsopnescuímficoo, ss uremlainciisotnroasd,o sse crvoinc ieols  ggreunpeor adlee sd eys otitnroasta.rios previstos en el
Manual de gestión del SAISAR y en el Procedimiento de Gestión del Itinerario, y sus
anexos, que estarán disponibles en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones.
b)  Costes indirectos:
Son aquellos costes que, de manera indubitada, responden a la naturaleza de la 
actividad y que son derivados de gastos que no están directamente relacionados con la 
ejecución de las actividades subvencionadas, resulten estrictamente necesarios y se 
realicen en el plazo establecido.
Los costes indirectos de los proyectos no podrán superar el 8 por ciento del total de 
costes directos imputables al proyecto subvencionado.
No obstante lo anterior, en los proyectos cofinanciados por el FAMI, para el cálculo 
de los costes indirectos se aplicará un tipo fijo máximo del 15 por ciento de los costes 
directos de personal subvencionable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54.b) 
del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio 
de 2021.
2.  Para los proyectos de prioridad IV serán elegibles las siguientes categorías de 
inversión:
a)  Adquisición de equipos informáticos.
b)  Adquisición de mobiliario y otros bienes inventariables.
c)  Obras de acondicionamiento y adaptación de inmuebles.
En los proyectos correspondientes a esta prioridad IV (equipamiento y adaptación de 
inmuebles), no serán imputables costes indirectos.
3.  Las  entidades  beneficiarias  de  las  subvenciones  podrán  imputar  los  gastos 
financieros, notariales y registrales derivados de los créditos que les sean concedidos 
con el fin de comenzar su ejecución con anterioridad al abono de la subvención por parte 
de  la  Administración.  Estos  gastos  sólo  serán  elegibles  en  los  proyectos  no 
cofinanciados por FAMI.
Artículo 12.  Subcontratación.
1.  La  subcontratación  por  parte  de  la  entidad  beneficiaria  de  actividades 
subvencionadas se ajustará a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General  de  Subvenciones,  y  a  lo  establecido  en  el  manual  de  gestión  de  estas 
subvenciones que se publicará en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones.
2.  La resolución de concesión podrá autorizar, en su caso, las subcontrataciones 
que el beneficiario hubiera previsto en su solicitud. Cuando la subcontratación no esté 
prevista en la solicitud inicial de subvención deberá obtenerse la previa autorización de la 
persona titular de la DGPPIAH. En todo caso, la solicitud de autorización, que deberá 
estar debidamente justificada, habrá de formularse a más tardar sesenta días naturales 
antes de la finalización del plazo de ejecución del programa.
Artículo 13.  Modificaciones.
1.  Podrán modificarse las resoluciones de concesión como consecuencia de la 
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones y, 
particularmente en los siguientes casos: e.
a)  Cuando, por circunstancias sobrevenidas, se conozca que la entidad beneficiaria  481ww
lnao  cpoondcreás cióunm pdleir  leal  osbujbevtievnoc, ieójne,c usetagrú enl  plorso gcrraitmeraio os ,r ecaolnizdairc iloan aecst ivyi dpalda zqouse  efustnadbalemceidnotas 
parab )la  aCcutiavinddaod  sseu bcvoennoczicoan,a cdoan. anterioridad a la justificación final de la subvención, que
la entidad beneficiaria ha obtenido subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma  finalidad  procedentes  de  cualesquiera  administraciones,  o  entes  públicos  o 
privados, nacionales o de la Unión Europea o de organismos internacionales, así como 
su importe y la aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
2.  La  entidad  subvencionada  podrá  solicitar  modificaciones  de  los  proyectos, 
siempre que aparezcan circunstancias que alteren o modifiquen su desarrollo.
3.  Las  solicitudes  deberán  fundamentar  suficientemente  las  modificaciones 
propuestas.  Deberán  formularse  con  carácter  inmediato  a  la  aparición  de  las 
circunstancias o motivos que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento 
en que finalice el plazo de ejecución de la actividad subvencionada.
4.  No  será  necesaria  la  solicitud  de  autorización  para  realizar  modificaciones 
cuando las modificaciones de partidas de gasto no superen el 10 por ciento de las 
mismas y dichas modificaciones no superen el importe de 200.000 euros.
5.  Las modificaciones serán autorizadas por la persona titular de la Secretaría de 
Estado de Migraciones.
6.  A efectos de las modificaciones, se cumplirán los siguientes requisitos:
a)  En ningún caso las modificaciones pueden suponer un incremento de la cuantía 
de la subvención.
b)  Se admiten traspasos entre gastos corrientes e inversiones.
Artículo 14.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1.  Con  carácter  general,  las  entidades  beneficiarias  a  las  que  se  conceda  la 
subvención deberán cumplir las obligaciones que se recogen en el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Asimismo, deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
a)  Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se 
fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos 
en la resolución de concesión, aportando los datos cualitativos y cuantitativos necesarios 
para la correcta evaluación de las actuaciones por la DGPPIAH.
b)  Disponer de documentos justificativos de los gastos, como facturas y demás 
documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa; salvo que la normativa europea aplicable sobre gastos subvencionables 
permita otra forma de justificación.
c)  Llevar una contabilidad separada, o código contable adecuado, respecto de 
todas  las  transacciones  relacionadas  con  el  programa  y  disponer  de  un  sistema 
informatizado de registro y almacenamiento de datos contables que permita identificar 
claramente dichas transacciones y su trazabilidad.
d)  La aceptación de la subvención implicará la autorización de la entidad para ser 
incluida en el listado de beneficiarios que, junto con el nombre del proyecto cofinanciado 
y el importe de la financiación pública (incluyendo la financiación europea, en su caso), 
se publicará de forma anual en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones.
e)  Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los 
fondos destinados al programa subvencionado mediante la verificación de documentos y 
a la evaluación continua y final de los proyectos por parte de la DGPPIAH, así como al 
control financiero de los mismos por la Intervención General de la Administración del 
Estado y el Tribunal de Cuentas y, en su caso, a las acciones derivadas de la normativa  e.
aplicable a las subvenciones financiadas con cargo a Fondos de la Unión Europea. w.b
f)  Las  entidades  beneficiarias  deberán  proporcionar  información  sobre  la  481ww
pfinearsnocniaacl icóonm  ao  llaass  ppeersrsoonnaass d eqsutein aptaarritaicsip ceonn oeznc aenl  lap rfoingarnacmiaac, iódne p úfobrlmicaa  yq, ueen  staun ctoa soe,l 
de la Unión Europea para los proyectos.
g)  Las  entidades  beneficiarias  deberán  colaborar  en  la  modernización  de  los 
procedimientos  de  gestión  de  las  subvenciones  públicas  mediante  el  uso  de  las 
herramientas informáticas que la DGPPIAH determine, como el sistema SIRIA. A estos 
efectos  deberán  contar  con  un  Servicio  de  Estadísticas,  Informes  y  gestión  de  las 
aplicaciones informáticas determinadas para las prioridades I.2, III.3 y V.
h)  Conservar los documentos justificativos de la actuación realizada y la aplicación 
de los fondos recibidos, tanto de la ejecución material de las actividades como de todos 
los gastos y pagos efectuados con cargo a la subvención concedida (así como de los 
eventuales  ingresos  generados  por  la  misma),  en  tanto  puedan  ser  objeto  de  las 
actuaciones  de  comprobación  y  control  por  el  órgano  concedente,  la  Intervención 
General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas Español, la Comisión 
Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo.
Esta  documentación  estará  en  soportes  de  datos  comúnmente  aceptados,  en 
especial  versiones  electrónicas  de  documentos  originales  o  documentos  existentes 
únicamente  en  versión  electrónica,  o  bien  en  forma  de  originales  o  de  copias 
debidamente compulsadas. Cuando los documentos sólo existan en versión electrónica, 
los  sistemas  informáticos  utilizados  cumplirán  normas  de  seguridad  aceptados  que 
garanticen que los documentos conservados cumplen los requisitos legales nacionales y 
son fiables a efectos de auditoría. 
i)  Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el 
contenido  principal  de  los  proyectos  para  los  que  se  les  conceda  subvención,  a 
excepción de las que, por su propia naturaleza y mediando siempre autorización previa 
de la DGPPIAH, deban ser subcontratadas.
j)  En  su  caso,  cumplir  las  obligaciones  establecidas  en  la  normativa  europea, 
referidas a la aplicación y gestión del FAMI, así como las contenidas en las instrucciones 
dictadas por la DGPPIAH, de las que se dará conocimiento a las entidades beneficiarias.
k)  Las  entidades  beneficiarias  deberán  recoger  los  datos  necesarios  para  los 
indicadores comunes y específicos que se determinen, según las instrucciones dictadas 
por la DGPPIAH.
l)  Las  entidades  beneficiarias  aplicarán  las  recomendaciones  y  protocolos 
nacionales e internacionales para la detección y actuación ante posibles casos de Trata 
de Seres Humanos, así como el Protocolo de atención a las Víctimas de Trata de Seres 
Humanos de la DGPPIAH, el Procedimiento de derivación desde Barajas de potenciales 
víctimas de trata de seres humanos solicitantes de protección internacional suscrito el 15 
de octubre de 2019 así como otros de similar naturaleza que puedan ser aprobados o 
firmados por la DGPPIAH a lo largo de la vigencia de la subvención concedida.
m)  Las  entidades  beneficiarias  de  estas  subvenciones  deberán  seguir  las 
instrucciones consignadas en el Manual de gestión del SAISAR y el Procedimiento de 
Gestión del Itinerario, y sus anexos, así como en el manual de justificación y en el de 
gestión de subvenciones de protección internacional, que estarán disponibles en la 
página  web  del  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y  Migraciones  (http://
www.inclusion.gob.es/). También será de aplicación cualquier instrucción que curse la 
DGPPIAH en el ámbito de sus competencias.
3.  Además de las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2, las entidades 
beneficiarias de los proyectos cofinanciados por el FAMI formalizarán un Acuerdo para el 
desarrollo de los mismos de conformidad con lo establecido en los Sistemas de gestión y 
control del FAMI 2021-2027 para España, que sean aprobados por la Comisión.
Artículo 15.  Publicidad. w.b
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2.  Con el fin de dar adecuada publicidad, tanto al carácter público de la financiación 
de las actuaciones, como de su cofinanciación por parte del FAMI, se deben incorporar 
de forma visible en el material que se utilice para los proyectos subvencionados los 
logotipos correspondientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
y/o el de FAMI.
Artículo 16.  Seguimiento y evaluación de las subvenciones.
1.  Se desarrollará un plan de visitas a los programas, por parte de personal de la 
DGPPIAH, en tanto que órgano encargado de la gestión de las subvenciones, que 
permita  constatar  el  grado  de  avance  respecto  a  los  objetivos  y  las  actividades 
planificadas.  Este  plan  de  visitas  englobará  tanto  el  seguimiento  técnico  como  el 
económico, permitiendo tener así una visión global del programa que oriente la toma de 
decisiones respecto a su desarrollo.
La  periodicidad  de  las  visitas  se  definirá  para  cada  entidad  en  función  de  los 
proyectos financiados, pero deberán realizarse al menos una vez durante la ejecución de 
la subvención y otra al finalizar la misma.
2.  La  DGPPIAH  aprobará  por  Instrucción  los  criterios  de  evaluación  de  los 
programas, en función de los indicadores cuantitativos de los mismos y del grado de 
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el artículo 14 de este real decreto. En la 
evaluación sobre el cumplimiento de objetivos se tendrán en cuenta los resultados 
esperados  y  los  indicadores  formalmente  cuantificados  por  las  entidades,  como  el 
número de plazas y de participantes previstos, establecidos en la solicitud y en la 
resolución y, en su caso tras las posibles modificaciones de ésta.
Artículo 17.  Incumplimientos y reintegros.
1.  Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y,  en  su  caso,  de  los 
ingresos generados por los proyectos e intereses devengados por la subvención, así 
como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago 
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los 
supuestos recogidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como 
en los artículos 91 y siguientes de su reglamento de desarrollo.
2.  El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 
a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el capítulo II del título III del Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3.  El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será la 
persona titular de la Secretaría de Estado de Migraciones.
4.  En el supuesto de cumplimiento parcial de la actividad, la fijación de la cantidad 
que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, 
y  teniendo  en  cuenta  el  hecho  de  que  el  citado  cumplimiento  se  aproxime 
significativamente al cumplimiento total y se acredite por la entidad beneficiaria una 
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
5.  El incumplimiento de los objetivos de los proyectos subvencionados, medido a 
través  de  los  indicadores  cuantitativos,  recogidos  en  la  solicitud  formulada  por  las 
entidades beneficiarias de los proyectos, en un porcentaje superior al 25 % podrá dar 
lugar a un reintegro proporcional a ese incumplimiento. A este fin, según la naturaleza de 
la prioridad de que se trate, se tendrán en cuenta los resultados esperados y los 
indicadores formalmente cuantificados por las entidades. es
6.  El incumplimiento de la obligación de la entidad beneficiaria de recoger los datos  bo
necesarios para los indicadores comunes y específicos que se determinen, según las  481ww
lian ssturubcvceionnceiósn  dcioctnacdeadsid pao.r la DGPPIAH, podrá dar lugar al reintegro de hasta un 20 % de
Artículo 18.  Régimen sancionador.
Las posibles infracciones en materia de subvenciones que pudiesen ser cometidas 
por la entidad beneficiaria se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en 
el  título  IV  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  así  como  en  el  título  IV  del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 19.  Control del fraude.
Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de 
fraude  o  irregularidad  en  relación  con  proyectos  u  operaciones  financiados  total  o 
parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea podrá poner dichos 
hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención 
General  de  la  Administración  del  Estado,  por  medios  electrónicos  a  través  del  canal 
habilitado al efecto en la dirección web https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-
ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx,  y  en  los  términos  establecidos  en  la 
Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio, que se encuentra disponible en la 
página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Fondos Europeos:
http://extranjeros.inclusion.gob.es/es/Fondos_comunitarios/coordinacion_antifraude/
index.html
Asimismo, y siempre que excepcionalmente no sea posible la utilización de los 
citados medios electrónicos, los hechos podrán ponerse en conocimiento del Servicio 
Nacional  de  Coordinación  Antifraude  en  soporte  papel  mediante  el  envío  de  la 
documentación en sobre cerrado a la siguiente dirección postal:
Servicio Nacional de Coordinación Antifraude
Intervención General de la Administración del Estado
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Calle Mateo Inurria, 15
28036 Madrid
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en 
materia de derecho de asilo, reconocida en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución 
Española.
Disposición final segunda.  Habilitación normativa.
Se  faculta  a  la  persona  titular  del  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y 
Migraciones para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de 
este real decreto.
Disposición final tercera.  Autorización.
Se autoriza a la persona titular de la Dirección General de Programas de Protección 
Internacional  y  Atención  Humanitaria  a  dictar  las  instrucciones  necesarias  para  la 
correcta ejecución de lo dispuesto en el presente real decreto y demás normativa que 
resulte de aplicación. e
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 11 de octubre de 2021.
FELIPE R.
El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
JOSÉ LUIS ESCRIVÁ BELMONTE
ANEXO I
Importe de la subvención por pagos
Pagos totales
Prioridad I.2 Prioridad II Prioridad III.3 Prioridad IV Prioridad V
1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 3.º
  Total
pago pago pago pago pago pago pago pago pago pago pago pago pago pago pago
2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022
ADORATRICES.   –         112.244,11 435.311,18 136.888,82 – 1.351,09   13.412,82 51.877,44 16.322,56 767.408,02
ANDALUCIA ACOGE. 498.980,35 1.889.528,84 597.127,30 71.182,06 276.243,59 86.856,41   – – – 27.832,46   55.416,13 214.836,77 67.563,23 3.785.567,14
APIP-ACAM. – 10.629.468,15 2.657.367,04   – –   – – – 62.690,60   – 730.240,00 182.560,00 14.262.325,79
CEPAIM. – 14.132.051,61 3.533.012,90   – –   – – – 155.206,52   – 1.016.320,00 254.080,00 19.090.671,03
CEPSS.   – –   – – 265.314,95 668.537,01 233.462,99 – 11.619,38   24.707,82 62.418,44 21.781,56 1.287.842,15
CESAL. – 1.455.590,57 363.897,64   – –   – – – 20.671,68   – 84.400,00 21.100,00 1.945.659,89
COLUMBARES.   – –   – – – 218.480,00 54.620,00 – 12.261,15   – 54.560,00 13.640,00 353.561,15
CRUZ BLANCA.   – – – 50.720,00 12.680,00   – –   –     – – 63.400,00
DIACONIA. 647.933,23 2.453.580,60 775.378,46   – – 139.658,02 351.828,40 122.871,60 – 78.667,25   115.185,51 290.082,90 101.317,10 5.076.503,07
LA MERCED.   – –   – – 162.601,00 630.679,80 198.320,20 – 12.869,14   11.059,69 88.428,06 24.871,94 1.128.829,83
MARILLAC. – 1.239.151,12 309.787,78   – –   – – – 18.442,39   – 50.880,00 12.720,00 1.630.981,29
MPDL. – 5.706.687,23 1.426.671,81   – –   – – – 43.707,78   – 489.760,00 122.440,00 7.789.266,82 s
PROGESTIÓN.   1.013.166,34 253.291,58   – – – 221.840,00 55.460,00 – 4.019,49   – 36.960,00 9.240,00 1.593.977,41 b
PROVIVIENDA. 1.699.427,56 4.168.394,49 1.466.955,51   – – 118.832,86 299.273,43 104.526,57 – 54.989,38   186.720,54 470.575,89 164.324,10 8.734.020,33 481ww
RED ACOGE. – 3.148.652,40 787.163,10   – – – 651.360,00 162.840,00 – 76.032,62   – 479.680,00 119.920,00 5.425.648,12
RESCATE.   – –   – – 178.602,26 692.759,55 217.840,45 – 8.815,87   27.649,23 69.590,15 24.309,85 1.219.567,36
SAN JUAN DE DIOS. 395.913,44 3.084.000,73 869.978,54   – –   – – – 67.858,52   32.355,48 257.448,90 72.451,10 4.780.006,71
Prioridad I.2 Prioridad II Prioridad III.3 Prioridad IV Prioridad V
1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 3.º
  Total
pago pago pago pago pago pago pago pago pago pago pago pago pago pago pago
2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022
YMCA. 305.671,06 749.742,79 263.853,47   – –   – – – 42.964,68   17.530,79 44.013,84 15.386,17 1.439.162,80
3.547.925,64 49.670.014,87 13.304.485,13 71.182,06 326.963,59 99.536,41 977.253,20 4.170.069,37 1.286.830,63   700.000,00   484.038,01 4.492.072,39 1.244.027,61
  Total. 80.374.398,91
66.522.425,64 497.682,06 6.434.153,20 700.000,00 6.220.138,01
Pagos 2021
  Prioridad I.2 Prioridad II Prioridad III.3 Prioridad V Total
ADORATRICES. – – 112.244,11 13.412,82 125.656,93
ANDALUCIA ACOGE. 498.980,35 71.182,06 – 55.416,13 625.578,54
CEPSS. – – 265.314,95 24.707,82 290.022,77
DIACONIA. 647.933,23 – 139.658,02 115.185,51 902.776,76
LA MERCED. – – 162.601,00 11.059,69 173.660,69
PROVIVIENDA. 1.699.427,56 – 118.832,86 186.720,54 2.004.980,96
RESCATE. – – 178.602,26 27.649,23 206.251,49
SAN JUAN DE DIOS. 395.913,44 – – 32.355,48 428.268,92
YMCA. 305.671,06 – – 17.530,79 323.201,85
    Total. 3.547.925,64 71.182,06 977.253,20 484.038,01 5.080.398,91 o
Pagos 2022 
Prioridad I.2 Prioridad II Prioridad III.3 Prioridad IV Prioridad V
  2.º pago 3.º pago 2.º pago 3.º pago 2.º pago 3.º pago Pago 2.º pago 3.º pago Total
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
ADORATRICES. – – – – 435.311,18 136.888,82 1.351,09 51.877,44 16.322,56 641.751,09
ANDALUCIA ACOGE. 1.889.528,84 597.127,30 276.243,59 86.856,41 – – 27.832,46 214.836,77 67.563,23 3.159.988,60
APIP-ACAM. 10.629.468,15 2.657.367,04 – – – – 62.690,60 730.240,00 182.560,00 14.262.325,79
CEPAIM. 14.132.051,61 3.533.012,90 – – – – 155.206,52 1.016.320,00 254.080,00 19.090.671,03
CEPSS. – – – – 668.537,01 233.462,99 11.619,38 62.418,44 21.781,56 997.819,38
CESAL. 1.455.590,57 363.897,64 – – – – 20.671,68 84.400,00 21.100,00 1.945.659,89
COLUMBARES. – – – – 218.480,00 54.620,00 12.261,15 54.560,00 13.640,00 353.561,15
CRUZ BLANCA. – – 50.720,00 12.680,00 – – – – – 63.400,00
DIACONIA. 2.453.580,60 775.378,46 – – 351.828,40 122.871,60 78.667,25 290.082,90 101.317,10 4.173.726,31
LA MERCED. – – – – 630.679,80 198.320,20 12.869,14 88.428,06 24.871,94 955.169,14
MARILLAC. 1.239.151,12 309.787,78 – – – – 18.442,39 50.880,00 12.720,00 1.630.981,29
MPDL. 5.706.687,23 1.426.671,81 – – – – 43.707,78 489.760,00 122.440,00 7.789.266,82
PROGESTIÓN. 1.013.166,34 253.291,58 – – 221.840,00 55.460,00 4.019,49 36.960,00 9.240,00 1.593.977,41
PROVIVIENDA. 4.168.394,49 1.466.955,51 – – 299.273,43 104.526,57 54.989,38 470.575,89 164.324,10 6.729.039,37
RED ACOGE. 3.148.652,40 787.163,10 – – 651.360,00 162.840,00 76.032,62 479.680,00 119.920,00 5.425.648,12 s
RESCATE. – – – – 692.759,55 217.840,45 8.815,87 69.590,15 24.309,85 1.013.315,87 b
SAN JUAN DE DIOS. 3.084.000,73 869.978,54 – – – – 67.858,52 257.448,90 72.451,10 4.351.737,79 481ww
YMCA. 749.742,79 263.853,47 – – – – 42.964,68 44.013,84 15.386,17 1.115.960,95
  Total. 49.670.014,87 13.304.485,13 326.963,59 99.536,41 4.170.069,37 1.286.830,63 700.000,00 4.492.072,39 1.244.027,61 75.294.000,00
62.974.500,00 426.500,00 5.456.900,00 700.000,00   5.736.100,00
ANEXO II
1. Marco de referencia de los programas
Los  programas  financiados  estarán  formados  por  proyectos  que  favorezcan  la 
acogida y preparación para la autonomía de las personas solicitantes y beneficiarias de 
protección internacional, del estatuto de apátrida y de las personas acogidas al régimen 
de protección temporal en España.
La  atención  al  colectivo  de  personas  solicitantes  y  beneficiarias  de  protección 
internacional,  del  estatuto  de  apátrida,  de  las  personas  acogidas  al  régimen  de 
protección temporal en España tiene como finalidad:
a)  Dar cumplimiento a las obligaciones que en el gobierno recaen en aplicación de 
la normativa tanto nacional como comunitaria sobre las condiciones de acogida de 
personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional.
b)  Facilitar  la  acogida  e  integración  de  las  personas  beneficiarias  del  Sistema 
Nacional  de  Acogida  e  Integración  de  Personas  Solicitantes  y  Beneficiarias  de 
Protección  Internacional,  lo  que  incluye  la  transmisión  de  los  valores  democráticos 
universales (igualdad, tolerancia, libertad religiosa, pluralismo político, etc.), para su 
aceptación y asunción por parte de todos.
c)  Promover el proceso de adquisición de autonomía de las personas destinatarias 
a través de los itinerarios individualizados de integración.
Para alcanzar estos objetivos, la Dirección General de Programas de Protección 
Internacional y Atención Humanitaria (en adelante, DGPPIAH) cuenta con el Sistema 
Nacional  de  Acogida  e  Integración  de  Personas  Solicitantes  y  Beneficiarias  de 
Protección Internacional (en adelante, SAISAR) que se desarrolla mediante itinerarios 
individualizados, cuya finalidad es facilitar la progresiva autonomía de las personas 
destinatarias y su integración social y laboral en la sociedad de acogida. Estos itinerarios 
se instrumentan en fases que responden a diferentes necesidades, atendiendo al tiempo 
de permanencia en el territorio del Estado, a su evolución personal y al grado de 
autonomía adquirido.
El SAISAR comprende las siguientes líneas de actuación:
1.  Una red estatal de acogida integrada por los Centros de Acogida a Refugiados 
(CAR) dependientes de la DGPPIAH, destinados a personas solicitantes y beneficiarias 
de  protección  internacional,  solicitantes  y  beneficiarias  del  estatuto  de  apátrida  en 
España.
2.  Los proyectos y recursos complementarios necesarios para favorecer medidas 
de acogida y preparación para la autonomía que faciliten a las personas beneficiarias 
desenvolverse en el nuevo entorno y acceder a puestos de empleo e integrarse en la 
sociedad de acogida, subvencionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones.
Todos los recursos y líneas de actuación mencionados son complementarios, con 
independencia  del  instrumento  de  financiación,  y  se  aplicarán  a  todo  el  itinerario 
individualizado de la persona destinataria.
El SAISAR se apoya en un Manual de Gestión al que acompaña un Procedimiento 
de gestión del itinerario, así como un Manual de Justificación, que establecen un marco 
normativo  para  las  distintas  líneas  de  actuación  y  otras  Instrucciones  específicas 
complementarias de la DGPPIAH y, dentro de ésta, de la Subdirección General de  e.e
Programas. b
En la ejecución de los programas de acogida se tendrá como referencia la «EASO  481ww
GuidEann ocerd oenn  rae cveepritfiiocna rc loan cdoitriroencsta:  oepjeecrautcioiónna ld set alonsd aprrso garnadm inads icsautbovresn»c.ionados y extraer
iinnffoorrmmáatcicióans  seosbtraeb leelc iddeassa rarol lloe fedcet ol.o sD madisam  olas , rleal eDvaGnPcPiaI AHde  cueesntata  incofonr maapcliicóanc ioyn elas 
necesidad de contar con datos actualizados y completos sobre los beneficiaros de los
mismos, se verificará el cumplimiento por parte de las entidades subvencionadas del 
mantenimiento actualizado de los datos.
2. Prioridades
a)  Proyectos financiados exclusivamente por Presupuestos Generales del Estado.
Prioridad I.2.  Proyectos dirigidos a la creación y mantenimiento de dispositivos de 
acogida  y  el  desarrollo  de  itinerarios  de  integración  para  personas  solicitantes  y 
beneficiarias  de  protección  internacional,  solicitantes  y  beneficiarias  del  estatuto  de 
apátrida, personas acogidas al régimen de protección temporal en España.
El objeto de esos proyectos será el establecimiento de una red de plazas de acogida, 
complementaria a los Centros de Acogida de Refugiados (CAR) dependientes de la 
DGPPIAH, así como un conjunto de actuaciones necesarias para favorecer medidas de 
integración que faciliten a las personas destinatarias desenvolverse en el nuevo entorno. 
Para ello, será necesario incluir en los proyectos un diseño del itinerario de integración 
por fases, en el que se potencie y trabaje la adquisición gradual de autonomía de estas 
personas.  En  la  solicitud  de  subvención  se  deberán  especificar  los  instrumentos  y 
medios que se van a utilizar para llevarlo a cabo.
Asimismo, en estos proyectos se integra el desarrollo de acciones relacionadas con 
el reasentamiento y/o la reubicación de cualquier nacional de un tercer país que vaya a 
ser o haya sido trasladado a un Estado miembro de la Unión Europea y otros proyectos 
de admisión humanitaria.
Serán subvencionables las siguientes actuaciones, de acuerdo con las diferentes 
fases del itinerario de integración establecido en el SAISAR. En todo caso los recursos 
financiados con cargo a las subvenciones deberán cumplir las condiciones de acogida 
previstas en la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
junio de 2013, por la que se aprueban las normas para la acogida de solicitantes de 
protección internacional.
1.ª Fase. Acogida temporal:
Acogida. Prestaciones básicas, como alojamiento y manutención a las personas 
destinatarias y favorecer su integración en la sociedad española. Incluye las actividades 
de orientación e información, intervención social a través del diseño de un itinerario de 
integración y las ayudas económicas para las personas destinatarias del proyecto en 
esta Fase de Acogida.
La atención de las necesidades básicas de las personas destinatarias a través de 
esta  actuación  tiene  como  principal  propósito  favorecer  su  autonomía  de  forma 
progresiva. Por este motivo, los dispositivos de acogida temporal dispondrán de equipos 
multidisciplinares que aborden los itinerarios individualizados y familiares, en su caso, 
desde todas las perspectivas sociales necesarias para fomentar la independencia de 
cada persona.
En la solicitud será necesario que la entidad especifique el número concreto de 
plazas y su coste estimado por plaza, así como una previsión de sus localizaciones. Las 
ubicaciones se concretarán en la memoria adaptada de acuerdo con las necesidades del 
sistema.
Además de los dispositivos de acogida normalizados, las entidades deberán prever 
la atención a personas con necesidades de acogida particulares o en situación de  s
especial  vulnerabilidad  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  21  de  la  oe.
Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por  w.
iAlnact eoqrgnuiadeca i odsneea slt.ai nLpaardusae esb naatni dl aa ndaoetresmn daceisób nep rdaáerna  l apsola np eerar cseoongn fiaudsna c qiuodene a pmolorise e nstsotoo olsic  msituaobntcitveoosns t rndaoeta  pr pupreloadtzeaacnsc  siódener    2021-16481n https://ww
atendidas en los centros o en los dispositivos que la Entidad destine a la atención del
resto de las personas destinatarias del proyecto. Bc
Las entidades que tengan subvencionadas más de 100 plazas de acogida deberán 
tener, al menos, 2 plazas adaptadas para personas con movilidad reducida en cada una 
de las Comunidades Autónomas en las que tengan implantación, salvo que la DGPPIAH 
autorice un número diferente tras solicitud debidamente fundamentada de la entidad 
subvencionada.
Se priorizará la financiación de los dispositivos ubicados en localidades en las que la 
entidad disponga de más de 20 plazas.
2.ª Fase. Preparación para la autonomía:
La segunda Fase se inicia cuando las personas salen del dispositivo de acogida y 
requieren seguir recibiendo apoyo. Para ello, se define un itinerario de acompañamiento 
destinado a promover su autonomía e independencia. Esta Fase se llevará a cabo 
fundamentalmente a través de Intervención Social y de actuaciones transversales en la 
misma provincia donde se ha iniciado el itinerario.
Intervención social. Se realiza un proceso personalizado de orientación mediante el 
diseño de un itinerario de preparación para la autonomía de los destinatarios con el fin 
de facilitar su integración social en España. Los itinerarios individualizados requerirán la 
participación del interesado en su planificación, desarrollo y evaluación e incluirán el 
estudio, valoración, orientación y seguimiento de la eficacia del proceso de integración 
en diferentes áreas (social, sanitaria, educativa, etc.), proporcionando las herramientas 
necesarias para alcanzar la autonomía personal.
Actuaciones transversales a todo el itinerario:
Todos  los  solicitantes  de  protección  internacional,  independientemente  de  su 
situación habitacional, podrán acceder a las actuaciones transversales. En todas ellas se 
podrán incluir acciones de asesoramiento técnico al personal y a los voluntarios de la 
Entidad para la mejor atención a las personas destinatarias.
Aprendizaje del idioma: enseñanza de español y, en su caso, de otras lenguas 
oficiales en el lugar donde se esté realizando el itinerario con el fin de procurar la 
inmersión lingüística. Debe estar adaptada a las necesidades y niveles específicos de las 
personas  destinatarias  y  orientada  a  la  integración  en  la  sociedad  de  acogida.  Se 
promoverá su implicación y compromiso en su propio aprendizaje y se impulsará el uso 
de herramientas de evaluación.
Atención psicológica: atención a las dificultades de adaptación de las personas 
beneficiarias para impulsar el desarrollo de competencias y habilidades psicosociales, la 
promoción  de  la  salud  y  la  integración  social,  mediante  el  desarrollo  de  procesos, 
individuales  y/o  colectivos,  de  evaluación,  diagnóstico,  seguimiento  psicológico,  en 
estrecha colaboración y coordinación con los servicios psicológicos y psiquiátricos de 
otras Administraciones Públicas y entidades privadas, facilitando el uso normalizado de 
los dispositivos disponibles.
Asistencia jurídica: asesoramiento y asistencia legal precisa, incluyendo, entre otras 
prestaciones,  la  información  y  orientación  jurídica  necesaria  relacionada  con  las 
solicitudes  de  protección  internacional,  del  estatuto  de  apátrida  y  otras  consultas 
relacionadas con extranjería.
Traducción  e  interpretación:  facilitar,  dentro  del  ámbito  de  las  actuaciones 
contempladas en el proyecto, la comunicación entre las personas beneficiarias y las 
entidades públicas o privadas con las que se relacionen en el desarrollo de los itinerarios 
individualizados de integración, así como garantizar una correcta comprensión de la  e.
información, asesoramiento y/o prestaciones que reciban. w.
Estadísticas,  informes  y  aplicaciones  informáticas:  gestión  de  los  proyectos  481ww
sDuGbPvePnIAciHo nya dmoasn tae ntriamviéesn tod ea clatusa alizpalicdaoc dioen elass  ianpfolircmaácitoicnaess .e Pstraobvliescióidna as  laal  DeGfePctPoI ApHor  dlae 
plarso yeescttaodsí.sticas,  datos  e  informes  necesarios  para  el  seguimiento  y  control  de  los  BOE-A-cable e
Prioridad V.  Proyectos de empleo.
El objeto de esta prioridad es desarrollar itinerarios integrados de inserción laboral 
individualizados  destinados  a  personas  solicitantes  y  beneficiarias  de  protección 
internacional, del estatuto de apátrida y de protección temporal, así como impulsar la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, evitar la producción en el ámbito 
laboral de conductas xenófobas y fomentar la diversidad en el ámbito empresarial.
En estos proyectos se tendrán en cuenta los principios de asociación, igualdad entre 
hombres y mujeres, igualdad de oportunidades, no discriminación y desarrollo sostenible, 
de acuerdo con los Reglamentos (UE) 1303/2013 y 1304/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
Se podrán subvencionar los siguientes tipos de actuaciones:
1.  Desarrollo de itinerarios integrados de inserción laboral individualizados.
2.  Preparación y acompañamiento de iniciativas de trabajo por cuenta propia, con 
especial consideración a aquellos orientados a la economía social.
3.  Acciones encaminadas a la erradicación de la trata de personas con fines de 
explotación sexual o laboral y que promuevan la inserción de las víctimas en el mercado 
de trabajo, mediante itinerarios de integración laboral y formación para el empleo.
4.  Acciones que posibiliten la inserción laboral de familias del colectivo destinatario 
de las actuaciones en zonas rurales con baja densidad de población, a través de 
procesos personalizados de selección, formación y acompañamiento.
5.  Acciones de apoyo para la diversificación profesional, entre ellas la prestación de 
servicios  que  ofrezcan  información,  asesoramiento,  acompañamiento,  traducción  de 
documentos y otros trámites necesarios para la homologación de títulos y convalidación 
de estudios realizados en los países de origen.
6.  Ayudas económicas, cuando proceda conforme al Manual de Gestión vigente en 
cada momento, a las personas destinatarias del proyecto para favorecer su proceso 
formativo o la búsqueda activa de empleo.
Los proyectos podrán incluir acciones que favorezcan la conciliación de la vida 
familiar y laboral, así como actividades complementarias de formación de profesionales y 
personas voluntarias, sensibilización de empleadores/as, promoción de la cooperación 
transnacional e interregional e intercambio de buenas prácticas. En todo caso, estas 
actividades  complementarias  estarán  vinculadas  al  desarrollo  de  los  itinerarios  de 
inserción laboral del proyecto.
La  formación  de  las  personas  participantes  en  estos  itinerarios  ha  de  ser 
complementaria a la incluida, en su caso, en proyectos de las prioridades I.2 y III.3, 
aunque el aprendizaje del idioma y la alfabetización digital e informática básica, cuando 
estén  orientadas  al  empleo,  deben  ir  incluidas  en  esta  prioridad  V.  La  formación 
destinada a una misma persona no podrá ser doblemente financiada a través de las 
prioridades I.2, III.3 y V.
Las localizaciones previstas en estos proyectos deberán guardar coherencia con las 
localizaciones previstas en los proyectos de las prioridades I.2 o III.3 de la misma 
entidad.
b)  Proyectos cofinanciados por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI):
Prioridad II. Proyectos que faciliten la atención sociosanitaria en los Centros de 
Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla. e.e
El objeto de estos proyectos es complementar la atención y servicios que se prestan  481ww
en e–s toInsf ocremnatrcoisó.n S, eo rpieondtraácnió dne sea irnrotellravre lnacsi ósnig usoiecniatel.s  Faacctuiliatacrio lnae ps:rimera recepción a las
pneorrsmoansa sd erl ecceiénntr ol,l eagsaí dcaosm oa  trloasn sCmEitTir In, oocfiroenceesr  bináfsoircmasa csioóbnr es olab rseo ceiel dfaudn ceiospnaañmoielan, tcoo ny   BOE-A-cable e
el fin de que tengan una información general que resulte de utilidad práctica para afrontar 
la estancia en el CETI, en aras a la convivencia y el respeto a la diversidad.
Promover actividades dirigidas a potenciar entre las personas beneficiarias de los 
CETI  los  valores  democráticos  universales  (igualdad,  tolerancia,  libertad  religiosa, 
pluralismo político, etc.), mediante acciones que fomenten la tolerancia, la solución 
pacífica de conflictos, el respeto a la interculturalidad y los derechos humanos.
Desarrollar  intervenciones  con  colectivos  específicos  promoviendo  la  relación 
intergrupal.
Realizar  un  seguimiento  individual,  familiar  y  grupal  de  los  beneficiarios  de  los 
Centros, mediante entrevistas sociales, acompañamientos, talleres grupales, revisión de 
módulos, registro de incidencias individuales, elaboración de informes, registro de estas 
personas en la base de datos y en las aplicaciones informáticas establecidas al efecto y 
gestión de recursos.
– Atención  psicológica:  atender  las  dificultades  de  adaptación  de  las  personas 
beneficiarias para impulsar el desarrollo de competencias y habilidades psicosociales, la 
promoción  de  la  salud  y  la  cohesión  social,  mediante  el  desarrollo  de  procesos, 
individuales  y/o  colectivos,  de  evaluación,  diagnóstico,  seguimiento  psicológico,  en 
estrecha colaboración y coordinación con los servicios psicológicos y psiquiátricos de 
otras Administraciones Públicas y entidades privadas, facilitando el uso normalizado de 
los dispositivos disponibles.
– Asistencia jurídica: asesorar legalmente, incluyendo, entre otras prestaciones, la 
información y orientación jurídica necesaria relacionada con las solicitudes de protección 
internacional y otras consultas relacionadas con extranjería.
– Traducción e interpretación: permitir, dentro del ámbito de las acciones y servicios 
contemplados en el proyecto, la comunicación de las personas beneficiarias con el 
personal del centro así como con las entidades públicas o privadas con las que traten en 
relación  con  las  actuaciones  de  intervención  social  realizadas  a  su  favor.  Además 
pretende garantizar una correcta comprensión de la información, asesoramiento y/o 
prestaciones que reciban.
– Formación, ocio y tiempo libre: realizar actividades con las personas beneficiarias 
de los CETI para su desarrollo personal, ocio y tiempo libre; para prevenir tensiones 
derivadas de la convivencia, la inactividad y la incertidumbre. Motivar a estas personas 
para su participación. Favorecer la interacción con la sociedad española a través de 
estas actividades.
– Actividades de asistencia sanitaria: atender, con carácter complementario a las 
prestaciones  que  facilita  el  CETI,  las  necesidades  sanitarias  de  sus  beneficiarios, 
incluyendo la prevención y promoción de la salud y hábitos saludables, la canalización y 
derivación de las demandas al sistema público de salud, en caso de necesidad; así como 
la atención a mujeres gestantes y el seguimiento pediátrico y de vacunación.
Prioridad III.3.  Proyectos dirigidos a la acogida de grupos específicos.
Proyectos dirigidos a la creación o mantenimiento de recursos específicos para la 
atención integral de grupos vulnerables, tales como mujeres víctimas de trata de seres 
humanos y sus hijos e hijas; víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas; familias 
monoparentales con menores de edad; personas con enfermedades graves; personas 
con trastornos psíquicos; personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras 
formas  graves  de  violencia  psicológica,  física  o  sexual;  jóvenes,  etc.  Se  podrán 
desarrollar las mismas actuaciones previstas en la Prioridad I.2. e
Prioridad IV.  Proyectos de equipamiento y adaptación de inmuebles. 481www.
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beneficiarias de protección internacional previstas en el SAISAR. Todas las cuantías 
incluidas  en  esta  categoría  se  corresponderán  con  aquellos  elementos  que  tengan 
carácter  de  inversión/inmovilizado  y  que  como  tal  deban  estar  así  recogidos  en  la 
contabilidad de la entidad, de acuerdo con las indicaciones establecidas en las normas 
de aplicación del Plan General de Contabilidad y lo establecido en la Resolución de 26 
de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.
Se podrán subvencionar las siguientes actuaciones:
1.  Equipos informáticos: adquisición de ordenadores, equipos de proceso de datos, 
unidades centrales, dispositivos auxiliares de memoria, monitores, impresoras, escáner, 
grabadoras externas, discos duros externos, unidades para la tramitación y recepción de 
información y cualesquiera otras clases de dispositivos informáticos.
2.  Mobiliario y otros bienes inventariables: mobiliario en general (mesas, sillas, 
camas,  armarios  no  empotrados,  taquillas,  archivadores,  cajoneras,  etc.),  equipos 
audiovisuales  (televisores,  videos,  proyectores,  retroproyectores,  cámaras,  etc.), 
electrodomésticos  (frigoríficos,  lavadoras,  lavaplatos,  calefactores,  radiadores 
independientes, aparatos de aire acondicionado independientes, etc.), material y equipos 
de oficina, máquinas o bienes de equipo mediante las cuales se realiza la actividad de 
acogida de la entidad, utensilios o herramientas que se pueden utilizar autónomamente o 
conjuntamente con la maquinaria, vehículos de todas clases utilizables para el transporte 
de personas o materiales, etc.
3.  Obras para el acondicionamiento y adaptación de inmuebles: realización de 
obras de reforma en las que se ve afectada la estructura o producen un cambio del 
aspecto exterior o de los elementos sustanciales del inmueble. Requieren en general una 
técnica  elaborada,  con  gran  entidad  constructiva  y  económica  y  que  produce  una 
revalorización del inmueble objeto de la reforma.
Se señalan como ejemplos de obras los siguientes:
– Retabicado.
– Sustitución del sistema eléctrico total.
– Renovación de tuberías de suministros o de desagüe de aguas, bajantes, etc.
– Instalación de sistemas de calefacción y aire acondicionado centrales.
– Instalación de nuevos aseos, cocinas, etc.
– Sustitución de solados y paramentos horizontales.
– Obras  necesarias  para  garantizar  la  accesibilidad  en  términos  generales 
(eliminación  de  barreras  arquitectónicas,  de  comunicación…)  de  personas  con 
discapacidad en las distintas dependencias del inmueble.
Según se establece en el artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y 
mejora de bienes inventariables, el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto 
para el que se concedió la subvención, por un periodo que no podrá ser inferior a cinco 
años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de 
los bienes. En el caso de actos o bienes inscribibles en un registro público, deberá 
hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención 
concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público 
correspondiente. En el caso de que los actos o bienes no sean inscribibles en ningún 
registro  público,  la  entidad  presentará  una  declaración  responsable  en  la  que  se  e.
establezca  el  compromiso  de  adscripción  del  bien  al  fin  para  el  que  se  otorgó  la  w.
subvención durante un periodo no inferior a dos años. 481ww
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concedida, salvo modificación autorizada posterior.