BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 28 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 119172
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
15754 Orden TED/1015/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las 
bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  de  la  Fundación 
Biodiversidad, F.S.P., para apoyar a los centros de rescate depositarios de 
especímenes vivos decomisados que contribuyan a la conservación de las 
especies  amenazadas  de  fauna  y  flora  silvestres  por  su  comercio  ilegal 
incluidas en el Convenio CITES, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente 
al año 2021.
El  Mecanismo  para  la  Recuperación  y  Resiliencia  es  uno  de  los  instrumentos 
financieros desarrollados en el marco del Next Generation EU, el plan extraordinario 
puesto en marcha por la Unión Europea para impulsar una recuperación económica tras 
la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Para alcanzar los objetivos marcados, cada 
Estado miembro debe diseñar un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia que 
incluya las reformas y los proyectos de inversión necesarios.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España (en 
adelante,  PRTR)  persigue  entre  sus  objetivos  ser  referente  en  la  protección  y 
conservación de la riqueza de sus bienes naturales como activo de sostenibilidad para 
los territorios y elemento fundamental para hacer frente a los desafíos climáticos.
El PRTR incluye diez políticas palanca. La política número 2, «Infraestructuras y 
ecosistemas resilientes», incorpora como componente 4 la «Conservación y restauración 
de ecosistemas y su biodiversidad», con el fin de movilizar inversiones en infraestructura 
verde, para favorecer la conectividad ecológica e impulsar programas de restauración de 
la naturaleza destinados a aumentar la diversidad biológica y sus servicios, incluidas las 
soluciones basadas en la naturaleza.
Este componente plantea tres reformas y cuatro inversiones. Dentro de las reformas 
dirigidas a la «Conservación de la biodiversidad terrestre y marina» (Reforma 1) se 
incluye la aprobación de un Real Decreto que implementará la autoridad de gestión del 
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (en adelante, Convenio CITES) firmado en Washington el 3 de marzo de 1973 
y al que España se adhirió por Instrumento de 16 de mayo de 1986, en la autoridad 
ambiental del país, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la 
autoridad  científica  en  el  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas  (CSIC), 
garantizando de esta manera la aplicación de las medidas derivadas del Convenio y el 
logro  de  sus  objetivos:  garantizar  que  ese  comercio  no  perjudica  al  estado  de 
conservación de las especies y a sus posibilidades de supervivencia a largo plazo.
Para  la  implementación  de  esta  reforma,  en  el  marco  de  la  inversión  2  del 
componente 4 (C4.I2), se incluyen acciones de mejora y consolidación de la red de 
centros de rescate CITES, que contribuyan a garantizar la aplicación de las medidas 
derivadas del Convenio CITES. Los proyectos que se ejecuten en el marco de estas  s
ayudas  complementarán  el  cumplimiento  del  objetivo  de  conservación  de  la  e.
biodiversidad del C4.I2 del PRTR (objetivo número 69). Tal como se indica en el anexo  w.
de la Decisión Ejecutiva del Consejo sobre la aprobación de la evaluación del plan de  754ww
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lado, el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030, 
que marcan los objetivos y las directrices para avanzar hacia una Europa climáticamente 
neutra y un capital natural protegido que redunde en el beneficio de las personas, el 
planeta y la economía son igualmente dos de las palancas del Fondo de Recuperación 
Europeo.
Siguiendo  estos  principios  y  según  lo  dispuesto  en  el  PRTR  y  en  el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su 
normativa de desarrollo, todos los proyectos de inversión que se lleven a cabo en el 
marco de estas ayudas deben de respetar el llamado principio de «no causar un perjuicio 
significativo  al  medioambiente»  (principio  DNSH  por  sus  siglas  en  inglés,  «Do  No 
Significant Harm») y las condiciones del etiquetado climático y digital, así como las 
recogidas  en  el  componente  4  y  su  inversión  2.  Las  ayudas  en  el  marco  del 
componente 4 y la inversión 2 tienen asignado un campo de intervención cuyo código es 
el 050 con un coeficiente de contribución a los objetivos climáticos de 40 % y del 100 % 
para  los  medioambientales,  según  el  anexo  VI  del  Reglamento  (UE)  2021/241  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
Las  subvenciones  reguladas  en  esta  orden  son  consecuencia  de  la  aplicación 
efectiva del PRTR. Solo podrán ejecutarse con la finalidad de financiar actuaciones que 
resulten elegibles conforme al marco regulatorio comunitario y al Plan aprobado por el 
Gobierno, y su tramitación y gestión ha de ajustarse a lo dispuesto en el Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre.
El Mecanismo de Recuperación por su parte impone a los Estados Miembros unos 
plazos estrictos para la gestión de los fondos, para que puedan cumplir su objetivo de 
reconstrucción  y  establece  rigurosos  mecanismos  de  seguimiento  y  control  de  su 
aplicación. Ello exige que los fondos europeos asignados a estas subvenciones se 
apliquen cuanto antes y en su totalidad en los plazos establecidos en el PRTR. Por lo 
tanto, el cumplimiento de los objetivos del Plan de Recuperación y sus requisitos de 
ejecución,  requiere  un  alto  grado  de  homogeneización  en  la  implantación  de  las 
actuaciones subvencionables por cada uno de los Estados Miembros, debiendo tener un 
impacto común en todo el territorio nacional.
En este contexto de recuperación y con un horizonte a largo plazo en el que el 
desafío del cambio global sigue siendo una prioridad, el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, como integrante de la Administración General del 
Estado,  cuenta  con  competencias  para  la  propuesta  y  ejecución  de  la  política  del 
Gobierno en materia de protección del patrimonio natural, de la biodiversidad, de los 
bosques, del mar y el agua. Y en el marco de estas competencias, asume diversas 
funciones en el ámbito del Convenio CITES.
La Fundación Biodiversidad F.S.P (en adelante, FB) es una fundación del sector 
público estatal de las previstas en el artículo 84.1 e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  constituida  en  escritura  pública  de  22  de 
diciembre de 1998 e inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal con 
el número 1AGR.
La FB, de acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre y a sus Estatutos, tiene como 
objeto la realización de actividades de interés general relacionadas con las competencias 
de su Ministerio de adscripción, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, en el ámbito de la conservación, el estudio y el uso sostenible de la 
biodiversidad  y  el  patrimonio  natural,  principalmente  en  sus  aspectos  ambientales,  s
sociales, económicos y culturales. Cabe destacar entre sus objetivos el de trabajar por el  oe.
mantenimiento  de  los  procesos  ecológicos  esenciales,  en  la  conservación  de  la  w.
diversidad biológica, genética, de poblaciones y de especies. 754ww
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Administración a la que la fundación esté adscrita. En consonancia con lo anterior, con 
fecha  11  de  febrero  de  2021  se  publicó  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»  la 
Orden  TED/112/2021,  de  25  de  enero,  por  la  que  se  autoriza  a  la  Fundación 
Biodiversidad, F.S.P., a conceder subvenciones.
Esta  misma  disposición  adicional  determina  que  la  aprobación  de  las  bases 
reguladoras  corresponde  al  órgano  de  la  Administración  que  financie  en  mayor 
proporción la subvención correspondiente, siendo en este caso el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en cuyos presupuestos figuran las partidas 
que financian a la FB para, entre otros fines, gestionar las convocatorias de ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva, para la consecución de sus objetivos estatutarios.
Cabe destacar entre estos objetivos el de coadyuvar a la aplicación de los objetivos 
de los Convenios Internacionales de carácter ambiental y de aquellos que promuevan la 
sostenibilidad  del  desarrollo  en  los  que  España  sea  parte  promover  las  acciones 
marcadas en el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017, 
aprobado por el Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, en aplicación de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como 
sus actualizaciones, todo ello teniendo en cuenta el contexto actual de cambio climático.
Estas ayudas se enmarcan en la competencia específica que atribuye al Estado el 
artículo 149.1.10.ª de la Constitución española en materia de comercio exterior y que 
comprende la competencia legislativa y ejecutiva y, por tanto, la de configuración de las 
bases reguladoras y la gestión de estas ayudas. Se enmarcan asimismo en el título 
competencial previsto en el artículo 149.1.13.ª, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica.
En  este  contexto,  y  teniendo  en  cuenta  la  consolidada  doctrina  del  Tribunal 
Constitucional respecto a los citados títulos competenciales (STC 1/1982, reiterada en la 
STC 74/2014, y STC 31/2010, respectivamente) el Estado ostenta un título competencial 
genérico  de  intervención,  por  lo  que  la  FB,  como  instrumento  para  contribuir  a  la 
consecución  de  los  fines  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto 
Demográfico, integrante de la Administración General del Estado, es competente para la 
concesión de ayudas para la financiación de proyectos de apoyo a los centros de rescate 
depositarios de especímenes vivos decomisados incluidos en el Convenio CITES, que 
contribuyan a proteger en el territorio nacional a las especies de la fauna y la flora 
silvestres de una explotación comercial excesiva que ponga en peligro su supervivencia.
El  Convenio  CITES  establece  un  marco  jurídico  internacional  para  prevenir  el 
comercio de especies en peligro de extinción y para regular eficazmente el comercio de 
otras  especies  de  animales  y  plantas  silvestres.  Tiene  por  objetivo  proteger  a  las 
especies de la fauna y la flora silvestres de una explotación comercial excesiva, que 
ponga en peligro su supervivencia, mediante la regulación y el control de su comercio 
transfronterizo. El comercio internacional de especies de fauna y flora silvestres asciende 
a miles de millones de dólares por año y va en detrimento de la supervivencia de las 
especies. Estas ayudas contribuirán al cumplimiento de las regulaciones en materia de 
exportación, reexportación e importación de especímenes vivos o muertos de animales y 
plantas silvestres amenazados, así como de sus partes y derivados, al proporcionar 
apoyo  a  los  centros  de  rescate  depositarios  de  especímenes  vivos  decomisados, 
evitando así su compra-venta ilegal.
Igualmente, el comercio internacional de especies de fauna y flora silvestres ha sido 
el  responsable  de  una  considerable  disminución  del  número  de  muchas  de  estas  s
especies. Estas ayudas contribuirán a protegerlas de una explotación desmedida al  oe.
apoyar a los centros de rescate depositarios de especímenes vivos decomisados para  w.
evitar que los animales decomisados a infractores queden de nuevo bajo su custodia por  754ww
fpaeltram idtierá c aadpeamciádsa dq ueen  loloss  ecjeemntprolasr easc tpuearletesn. eEcli ernetfeosr zaa mesiepnetcoi edse e lsopse ccieanlmtroesn tea svoacliiaodsaoss 
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El Estado dispone de las competencias ejecutivas y, en especial, las contempladas 
en el Real Decreto 1333/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el destino de los 
especímenes decomisados de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres 
protegidas mediante el control de su comercio. El Estado ostenta, en virtud del título 
competencial antes señalado, las competencias ejecutivas sobre los centros de rescate 
de especímenes CITES a los que se refiere este reglamento y a los que van dirigidas 
estas ayudas.
La  presente  orden  ministerial  se  adecúa  a  los  principios  de  buena  regulación 
establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, en particular, a los principios 
de necesidad y eficacia, justificada por una razón de interés general, como es el de la 
conservación y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española.
La presente orden ministerial se adecúa igualmente a los principios de eficiencia, 
transparencia, seguridad jurídica y proporcionalidad, recogidos en el artículo 129 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre.  En  relación  con  los  principios  de  eficiencia  y 
transparencia, la norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que se 
persiguen y quedan claros sus objetivos. Por último, en relación con los principios de 
seguridad jurídica y proporcionalidad, esta norma es coherente con el ordenamiento 
jurídico y contiene la regulación y obligaciones necesarias que exige la normativa sobre 
subvenciones.
Asimismo, se ha consultado a las comunidades autónomas, y se ha realizado el 
trámite de participación pública mediante la publicación del proyecto en la web del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Esta orden se estructura en dos capítulos, 39 artículos, una disposición adicional 
única y tres disposiciones finales. En el primer capítulo se regulan las bases reguladoras 
para apoyar a los centros de rescate depositarios de especímenes vivos decomisados 
que  contribuyan  a  la  conservación  de  las  especies  amenazadas  de  fauna  y  flora 
silvestres por su comercio ilegal incluidas en el Convenio CITES en el marco del Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  y  en  el  segundo  capítulo  se  regula  la 
convocatoria correspondiente a 2021 de dichas subvenciones.
En la tramitación de esta orden se ha recabado informe de la Abogacía General del 
Estado y de la Intervención Delegada en el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 61.2 del Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Asimismo, esta orden ha sido informada en 
la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada el 15 de junio de 2021.
En virtud de todo lo expuesto, dispongo:
CAPÍTULO I
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Fundación 
Biodiversidad F.S.P., para apoyar a los centros de rescate depositarios de 
especímenes vivos decomisados que contribuyan a la conservación de las 
especies amenazadas de fauna y flora silvestres por su comercio ilegal incluidas 
en el Convenio CITES en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia
Artículo 1.  Objeto y finalidad. b
Fefinsupanen1dcc.a íicamicEóeinóln  noeB bsi ojdevdetiovi vo epdsrre sod idyeeaecsdcotat moF so.isS rad.dPde.eon  s( e eainnsp  coaeluydl oiede loassanta  teebl,nlo e Fsce Bilm )cc ieeopnnnattvrroaeo  nsdla ieo   dcCleoa InsT crEbeeSasssic,ó eaqnstu e de ree dc gaoeuynplautorddsiboaiturasay rsaipo nasd r eaa   dllleaaa     OE-A-2021-15able en https://
conservación de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres por su comercio 
ilegal.
2.  Estas  ayudas  contribuyen  a  la  consecución  de  los  objetivos  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en el marco del componente 4, 
inversión 2 y objetivo 69.
3.  Estas  ayudas  se  concederán  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  de 
acuerdo  con  los  principios  de  publicidad,  transparencia,  objetividad,  igualdad  y  no 
discriminación, así como con los principios de eficacia y eficiencia de la gestión de estas.
Artículo 2.  Beneficiarios.
1.  Podrán  ser  beneficiarios,  según  se  establezca  en  las  correspondientes 
convocatorias,  efectuadas  al  amparo  de  estas  bases  reguladoras  en  los  términos 
establecidos en las mismas y siempre que cumplan los requisitos exigidos:
a)  Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro.
b)  Organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y 
de las Comunidades Autónomas.
c)  Universidades públicas y sus Institutos universitarios que estén inscritas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos.
d)  Colegios profesionales.
e)  Administraciones públicas.
f)  Sociedades de capital, las cooperativas y las sociedades de personas (regular 
colectiva y comanditaria simple).
g)  Otras personas jurídicas, públicas o privadas.
h)  Agrupaciones de personas jurídicas, públicas o privadas que, aun careciendo de 
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos objeto de subvención. De 
acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las 
personas jurídicas integrantes de la agrupación tendrán igualmente la consideración de 
beneficiarias.
2.  Para poder alcanzar la condición de beneficiario deberán reunir los siguientes 
requisitos:
a)  Estar  válidamente  constituidas,  debidamente  inscritas  en  el  registro 
correspondiente y tener domicilio en territorio español.
b)  No  concurrir  en  alguna  de  las  circunstancias  invalidantes  previstas  en  el 
artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3.  No obstante lo anterior, en el caso de agrupaciones:
a)  Con carácter previo a la solicitud, deberán formalizar un acuerdo interno que 
regule el funcionamiento de la agrupación. Este acuerdo deberá reflejar, como mínimo:
1.º  La designación de un representante o apoderado único de la agrupación, con 
poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a 
la misma. Este representante estará habilitado para presentar la solicitud y realizar en 
nombre  de  la  agrupación  el  resto  de  comunicaciones  y  trámites,  tanto  en  el 
procedimiento  de  concesión  como  en  la  fase  de  seguimiento  y  justificación  de  las 
ayudas. s
2.º  Los aspectos previstos en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30  e.
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la  w.
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y  754ww
Resiliencia.
de lba)  suTbovdeonsc ilóons,  mpoier mlob rqouse d dee l af oargmrau piancdiióvnid uteanl,d cráand ala u cnoon sdied eerlalocsió, nd edbee bráe nreefuicniiar rilooss 
requisitos necesarios para acceder a la condición de beneficiario. Serán responsables
solidariamente respecto del conjunto de actividades subvencionadas a desarrollar por la 
agrupación,  incluyendo  la  obligación  de  justificar,  el  deber  de  reintegro,  y  las 
responsabilidades por infracciones.
c)  La agrupación podrá proponer que se sume un nuevo participante o se retire 
otro, o que se sustituya al representante, siempre que este cambio se ajuste a las 
condiciones de participación, no perjudique a la ejecución de la acción ni vaya en contra 
del principio de igualdad de trato.
d)  La agrupación no podrá disolverse hasta que hayan transcurrido los plazos de 
prescripción para el reintegro y las infracciones, en su caso, previstos en los artículos 39 
y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  Cuando las entidades beneficiarias carezcan de lucro y realicen actividades 
económicas y no económicas, las ayudas solo podrán ir dirigidas a estas últimas.
Artículo 3.  Obligaciones de los beneficiarios.
1.  Son obligaciones de los beneficiarios las enumeradas en el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Los beneficiarios deberán a su vez cumplir las siguientes obligaciones:
a)  Asumir expresamente la obligación de cofinanciar el porcentaje no financiado por 
la FB.
b)  Asumir  las  responsabilidades  que  podrían  derivarse  de  la  realización  del 
proyecto o actividad.
c)  Disponer de los permisos administrativos correspondientes en caso de que sean 
necesarios para el desarrollo de la actividad objeto de ayuda.
d)  Ser el único responsable jurídico y financiero de la ejecución del proyecto o 
actividad ante la FB.
e)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente acreditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al beneficiario en cada caso.
f)  Mantener un sistema de contabilidad aparte y específico en relación con estas 
subvenciones, o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones 
relacionadas con los gastos subvencionables que permita el seguimiento de los gastos 
financiados a través de estas subvenciones, sin perjuicio de las normas de contabilidad 
de obligado cumplimiento.
g)  Incluir,  siempre  que  ello  sea  posible,  criterios  ambientales  en  todos  los 
procedimientos de contratación que pudiera convocar la entidad beneficiaria en cualquier 
fase de realización del proyecto objeto de ayuda.
h)  Cumplir con lo dispuesto en el PRTR, en el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la 
Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no 
causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia 
de España, todos los proyectos objeto de la ayuda en todas las fases del diseño, 
ejecución y justificación de los proyectos y de manera individual para cada actuación, 
deben  de  respetar  el  llamado  principio  de  «no  causar  un  perjuicio  significativo  al  s
medioambiente» (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm») y  oe.
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documento del componente del Plan.
i)  Cumplir la normativa en materia de igualdad, e incluir, siempre que ello sea 
posible, criterios para favorecer la igualdad de trato y de oportunidades en todos los 
procedimientos de contratación que pudiera convocar la entidad beneficiaria.
j)  Cumplir con el Código Ético y de Buen Gobierno enmarcado en el Sistema de 
Buen Gobierno y Responsabilidad de la FB.
k)  Difundir  el  proyecto  y  mencionar  el  apoyo  de  la  FB,  y  del  PRTR,  al  estar 
financiada por la Comisión Europea a través del instrumento Europeo de Recuperación 
Next Generation EU en toda la información, verbal o escrita, emitida con ocasión de la 
actividad objeto de subvención, antes, durante y después de su finalización. De la misma 
forma, difundir los resultados de los proyectos de acuerdo a lo indicado en el artículo 22.
l)  Incluir, en su caso, la imagen corporativa de la FB de forma correcta (que incluye 
el logotipo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), previa 
aceptación por parte de la misma. La FB se reserva el derecho a no incorporar su 
imagen corporativa en los materiales que considere.
m)  Ser  responsable  de  que  los  productos  divulgativos  del  proyecto  estén  en 
consonancia con el estado del arte de los conocimientos científicos y con el marco 
normativo relacionado con las temáticas objeto del proyecto.
n)  Dar  publicidad  a  las  ayudas  percibidas  en  los  términos  y  condiciones 
establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.
o)  Remitir informe intermedio de resultados en caso de que la FB lo solicite.
p)  Remitir los resultados del proyecto a las principales administraciones y entidades 
públicas interesadas en el objeto del mismo.
q)  Realizar un seguimiento de la huella de carbono derivada de las actividades 
ejecutadas en el marco del proyecto financiado y facilitar dichos datos a la FB.
r)  Cumplir con las obligaciones específicas que establezca el PRTR y las impuestas 
por la Unión Europea.
s)  Cumplir con las obligaciones específicas que establezca el PRTR y su normativa 
de aplicación, y en especial en lo relativo a:
1.º  Los beneficiarios recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de los 
fondos, en formato electrónico que permita realizar búsquedas para una base de datos 
única, las categorías armonizadas de los datos contemplados en el artículo 22.2.d) del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero, por 
el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
2.º  Los beneficiarios deberán guardar la trazabilidad de cada una de las inversiones 
y actuaciones realizadas, así como la correspondiente documentación acreditativa de las 
mismas.  Se  someterán  a  las  medidas  de  control  y  auditoría  recogidas  en  el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero 
de 2021 y en el Reglamento (UE) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general 
de la Unión. En particular, deberán autorizar a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de 
Cuentas Europeo y, cuando proceda, a la Fiscalía Europea a ejercitar los derechos que 
les reconoce el artículo 129, apartado 1, del referido Reglamento Financiero.
3.º  Los  beneficiarios  deberán  conservar  y  custodiar  los  documentos  en  las 
condiciones  y  plazos  establecidos  de  conformidad  con  el  artículo  132  del 
Reglamento (UE) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio 
de 2018.
4.º  Los beneficiarios deberán asegurar la regularidad del gasto subyacente y la  e.
adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la  w.b
corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación con el objeto de  754ww
dperol teRgeegrl alomse innttoe r(eUsEes)  2fin0a1n8c/1ie0r4o6s  ddeel  laP aUrlnaimóne,n stoe gEúunr olopse oa pya rdtaedl oCso 2n sye 3jo  ddeel  a1r8tí cduelo j u6l1io, 
de 250.1º 8.Los beneficiarios serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la
ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo
momento el nivel de consecución de cada actuación y de los hitos y objetivos que se 
hayan establecido al respecto.
6.º  Los  beneficiarios  deberán  asumir  cualquier  otra  obligación  comunitaria  y 
nacional  que  resulte  de  aplicación  por  razón  de  la  financiación  del  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia.
t)  Cumplir cualquier otra obligación que, en su caso, pudiese establecerse en la 
resolución por la que se concede la ayuda.
Artículo 4.  Dotación, cofinanciación y plazo de ejecución.
1.  La dotación máxima global, el importe máximo de la ayuda a conceder por cada 
solicitud, el porcentaje máximo de cofinanciación y la duración máxima de los proyectos 
se establecerá en cada convocatoria.
2.  La cuantía de las ayudas, en su caso, estará limitada por lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
a  las  ayudas  de  minimis,  u  otros  reglamentos  que  regulen  sectores  excluidos, 
señalándose así en la convocatoria correspondiente.
3.  La convocatoria se desarrollará en el marco del PRTR, y de acuerdo con los 
fondos  a  asignar  en  el  presupuesto  de  gastos  de  la  FB  para  2021,  es  objeto  de 
financiación mediante los recursos financieros derivados del Instrumento Europeo de 
Recuperación  (Next  Generation  EU).  La  concesión  de  las  subvenciones  queda 
condicionada a la vigencia y suficiencia del citado presupuesto. Cabe señalar que el 
anexo a la Decisión Ejecutiva del Consejo sobre la aprobación de la evaluación del plan 
de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), indica que 
la inversión 2 del componente 4 concluirá a más tardar en junio de 2026.
Artículo 5.  Actividad objeto de financiación.
1.  Las  ayudas  se  concederán  para  la  ejecución  de  proyectos  en  apoyo  a  la 
implementación  de  la  mencionada  Reforma  1  del  componente  4,  dirigida  a  la 
conservación de la biodiversidad terrestre y marina. En particular, estas actividades 
contribuirán a garantizar la aplicación de las medidas derivadas del Convenio CITES y al 
logro  de  sus  objetivos:  garantizar  que  ese  comercio  no  perjudica  al  estado  de 
conservación de las especies y a sus posibilidades de supervivencia a largo plazo. En 
concreto, se plantea consolidar la red de centros de rescate CITES, para evitar que los 
animales decomisados a infractores queden de nuevo bajo su custodia por falta de 
capacidad en los centros actuales. El reforzamiento de los centros asociados permitirá 
además que los ejemplares pertenecientes a especies especialmente valiosas puedan 
ser repatriadas a sus países de origen o integradas en programas de cría en cautividad 
de parques zoológicos u otras instituciones especializadas.
2.  Las ayudas se concederán para la ejecución de proyectos en centros de rescate 
que alberguen especímenes vivos de especies CITES.
3.  El ámbito de actuación de la actividad objeto de las ayudas comprende todo el 
territorio nacional.
4.  Las acciones no deberán implicar beneficio mercantil comercial directo para los 
beneficiarios.
Artículo 6.  Gastos susceptibles de financiación. oe.
1.  Como regla general, el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia solo  754ww
fiminpaancctiaor á dugraasdtoesro  nos orberceu rrlae ntreess ilqieunec iasu peocnognaónm iucna  cya msboioc iael,s trluac tusroasl teyn ibteilnidgaadn,  ulan 
com2p.e titSiveid caodn as ildaergraor ápnla zgoa syt oesl  esmupblveeon.cionables aquellos que, de manera indubitada,
estén  relacionados  con  la  actividad  objeto  de  la  ayuda,  sean  necesarios  para  su
ejecución, hayan sido contraídos durante el periodo de ejecución aprobado para cada 
proyecto  beneficiario  y  se  encuentren  efectivamente  pagados  con  anterioridad  a  la 
finalización del período de justificación. Los gastos deberán estar sujetos a precios de 
mercado.
3.  Los gastos deberán estar a nombre del beneficiario.
4.  No serán admisibles los gastos contraídos antes del inicio del cronograma de la 
actividad subvencionada, a excepción de los gastos de la reunión inicial para entidades 
beneficiarias convocada por la FB y de la correspondiente amortización de material 
inventariable  previamente  adquirido  y  que  a  fecha  de  inicio  del  proyecto  no  esté 
completamente amortizado o haya sido financiado con otras ayudas.
5.  La financiación podrá aplicarse a los siguientes costes de personal:
a)  Los gastos de personal aprobados por la FB para el proyecto.
b)  El 100 % del coste laboral del personal contratado exclusiva y específicamente 
para la realización de la actividad objeto de la ayuda y así quede patente en su contrato 
laboral.
c)  El coste del resto de los trabajadores de la entidad será financiable en función 
del porcentaje de dedicación al proyecto, que nunca podrá ser superior al 80 % del coste 
laboral.
d)  En  general,  estos  gastos  se  justificarán  mediante  la  presentación  de  las 
nóminas,  seguros  sociales  y  sus  respectivos  justificantes  de  pago,  así  como  una 
certificación firmada por el responsable legal indicando el porcentaje de dedicación 
asumido por cada uno de los trabajadores imputados al proyecto, que acredite que estos 
no son gastos recurrentes de la entidad. En el caso de trabajadores imputados al 100 % 
al proyecto, se debe presentar también su contrato laboral.
e)  Dentro de esta partida de gasto se podrán imputar igualmente trabajadores 
autónomos económicamente dependientes (TRADE). Igual que en el resto del personal, 
será financiable el 100 % de su coste si su dedicación es exclusiva al proyecto y así 
queda reflejado de forma explícita en su contrato. En el resto de casos, será financiable 
en función del % de dedicación, que no será superior al 80 %. Este tipo de gastos se 
justificarán  mediante  la  aportación  de  contrato,  factura  junto  a  su  correspondiente 
justificante de pago, modelo 130 para los que se encuentren en estimación directa, y el 
recibo de pago de la cuota de autónomos.
6.  La financiación podrá aplicarse a los siguientes costes de viajes y manutención:
a)  Los  gastos  de  desplazamiento,  alojamiento  y  manutención  del  personal 
involucrado en las actividades objeto de ayuda, así como de los voluntarios o personal 
colaborador implicados, siempre que éstos estén directamente vinculados al proyecto, 
sean necesarios para la ejecución del mismo, y se identifique la actividad por que ha 
generado el gasto y la persona que ha incurrido en el mismo.
b)  El importe máximo financiable aplicado a los gastos de desplazamiento será el 
exceptuado de gravamen según el Reglamento del IRPF (Orden EHA/3771/2005 de 2 de 
diciembre, por la que se revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en 
el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas o normativa que le sustituya).
c)  Salvo  excepciones  justificadas,  la  elegibilidad  del  resto  de  gastos  de 
manutención tendrá como límite máximo las cuantías establecidas para el grupo 2 por el 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.
d)  En todo caso, los desplazamientos deberán realizarse en clase turista y el  s
alojamiento en categoría máxima de 3 estrellas. oe.
amcisremfed)) oi tsaE tEainvsl  otpo lrodsos ey leg ccgaatasosts.ootsos  , essnue  ráclonos r refqinsupaeon ncsidaeibe lneimtse p dumoteecndu imagneatnsett oo lsad  ed pepr eavsgieoan jetyas c laioó  nv imndcaeunllu atcdeióonnccui ódmne e ndloteosl    2021-15754n https://www.
voluntariado será necesario que la entidad garantice el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
7.  La financiación podrá aplicarse a los siguientes costes de asistencias externas:
a)  Los servicios externos que siendo necesarios para la ejecución del proyecto la 
entidad beneficiaria no pueda realizar por sí misma.
b)  Aquellos servicios externos contratados cuyo objeto coincide con el objeto de la 
ayuda o que, pudiendo ser realizados por beneficiario, se externalicen, se considerarán 
subcontratación y estarán sujetos a los límites establecidos en el artículo 7 de estas las 
bases reguladoras.
c)  En estas contrataciones de servicios externos se aplicarán, en la medida de lo 
posible, criterios de sostenibilidad, concurrencia y aquellos necesarios para favorecer la 
igualdad entre hombres y mujeres.
d)  Serán financiables mediante la presentación de la correspondiente factura o 
documento acreditativo del gasto y su respectivo justificante de pago.
8.  La financiación podrá aplicarse a los siguientes costes de material inventariable:
a)  La amortización de instalaciones y de material inventariable durante el periodo 
de ejecución del proyecto, incluida la adquisición de software o aplicación informáticas, 
mediante la correspondiente factura o documento acreditativo y su respectivo justificante 
de pago, siempre que tengan relación directa con la ejecución de las actividades, no 
exista  otra  financiación  para  las  mismas  y  la  amortización  correspondiente  esté 
debidamente contabilizada por la entidad en el ejercicio de ejecución de la actuación.
b)  Los  arrendamientos  de  instalaciones  y  de  material  inventariable  serán 
financiables  mediante  la  presentación  del  correspondiente  contrato  y  factura  o 
documento similar y su respectivo justificante de pago. Además, se deberá presentar un 
cuadro  de  amortización  en  el  que  se  detalle  el  cálculo  realizado  para  obtener  la 
imputación al proyecto objeto de ayuda. Este modelo será facilitado por la FB.
c)  Los softwares o aplicaciones informáticas desarrolladas en el marco del proyecto 
no podrán generar ingresos económicos para la entidad salvo que estos se destinen al 
mantenimiento y mejora de la propia aplicación sin llegar a generar en ningún caso un 
beneficio económico para la entidad.
d)  En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes 
inventariables, se destinarán al fin concreto para el que se concedió la ayuda durante 
cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público y dos años para el resto 
de  bienes  y  se  deberá  demostrar  que  esta  resulta  imprescindible  para  la  correcta 
ejecución del proyecto y no existen otras fórmulas posibles. En el caso de bienes 
inscribibles  en  un  registro  público,  deberá  hacerse  constar  en  la  escritura  esta 
circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto 
estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente. En el caso de los 
bienes inmuebles, en la justificación será preciso certificado de tasador independiente 
debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
9.  La financiación podrá aplicarse a los siguientes costes de material fungible:
a)  Aquellos  gastos  de  material  fungible  adquirido  siempre  que  este  esté 
directamente vinculado a la actividad objeto de la ayuda.
b)  Asimismo, tendrán consideración de fungible aquellos materiales adquiridos cuyo 
periodo de vida útil no supere el cronograma de ejecución aprobado para el proyecto y 
así quede justificado por la entidad.
c)  Serán financiables mediante la presentación de la correspondiente factura o  e.e
documento acreditativo del gasto y su respectivo justificante de pago. b
adpireacr11tt10aa..dm  oesSTn aeqtmeruá ebnv is éinencc  duoselnaersdirviádoenesn  r afcdidnoeoan lsn a ec aila ccobotublmeajesoc t ioóo nctdro oyess  tq elaucs eo a ssyitneeudasdi narne ,n ocest ocecseao snna taernqimoeuscpe epllalsoadasrora iso s qsue u pneea ,j elroacnsu o eca iló ncentoes.rtrraioenrcdetoos    OE-A-2021-15able en https://
funcionamiento de la entidad beneficiaria. Estos se justificarán mediante tanto alzado
sobre los gastos directos, hasta un máximo de 4 %. La justificación de estos gastos 
consistirá en una certificación firmada por el representante legal o persona que cuente 
con los poderes de representación para ello.
12.  Serán considerados como costes indirectos los gastos relativos al suministro de 
agua,  electricidad,  seguridad,  gestoría,  calefacción  y  limpieza,  correo,  telefonía  e 
internet, material y suministros de oficina y gastos de alquiler de locales o sede social de 
la entidad, así como otras contrataciones o servicios que, no estando directamente 
vinculados con el objeto de la ayuda, sean necesarios para el correcto funcionamiento de 
la entidad beneficiaria.
13.  También  podrá  ser  financiable  el  gasto  derivado  de  la  revisión  de  cuenta 
justificativa por el auditor, en caso de que lo haya, hasta un límite de un 5 % de la ayuda 
concedida.
14.  No serán financiables gastos en los términos establecidos en los apartados 7 
y 8 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a excepción de los gastos 
derivados  de  la  garantía  bancaria  siempre  que  para  la  obtención  del  anticipo  sea 
obligatoria la constitución de garantía bancaria.
15.  No  serán  financiables  los  gastos  derivados  del  Impuesto  sobre  el  Valor 
Añadido (IVA), el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) o el Impuesto sobre la 
Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).
16.  Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para el contrato menor, el 
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o 
la  entrega  del  bien,  en  los  términos  y  con  las  excepciones  establecidas  en  el 
artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
17.  Las entidades beneficiarias que por su naturaleza se encuentren dentro del 
ámbito subjetivo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, deberán respetar las normas que 
establece esta normativa. En toda la documentación generada en aplicación de los 
procedimientos de contratación, deberá señalar la cofinanciación recibida por la FB.
18.  En ningún caso podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la 
cuantía  del  mismo  y  eludir  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  contratación  y 
subcontratación establecidos en estas bases.
19.  Los  gastos  financiables  deberán  estar  debidamente  justificados  mediante 
documentos  de  gasto  originales  o  documentos  contables  de  valor  probatorio 
equivalentes, así como sus correspondientes justificantes de pago tal y como se ha 
indicado en el presente artículo en cada una de las tipologías de gasto. La acreditación 
de los gastos también podrá efectuarse de forma electrónica, siempre que se cumplan 
los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito de la Administración Tributaria.
20.  Los  justificantes  de  gasto  originales  presentados  deberán  especificar  la 
subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante se 
imputa total o parcialmente a la subvención, indicando en el segundo caso el porcentaje 
correspondiente imputado. Esto se podrá hacer mediante estampillado de documentos 
originales o bien mediante la inclusión en el concepto del gasto la información relativa a 
la subvención.
21.  La  ayuda  en  el  marco  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  no 
sustituirá,  excepto  en  casos  debidamente  justificados  a  los  gastos  presupuestarios  s
nacionales ordinarios. oe.
Artículo 7.  Subcontratación. 754ww
1.  En caso de que sea necesario por las características de la actividad objeto de la
sauybucdoan, tlraa etandtiod ando  beexnceedficai adreial  5p0o d%rá d reel aimlizpaor rsteu btoctoanl tdraetl apcriooyneecst os.iempre que el porcentaje
2.  Se  entiende  que  la  entidad  beneficiaria  subcontrata  cuando  concierta  con 
terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la ayuda o 
de  aquellas  actividades  que  pudiendo  ser  realizadas  por  la  entidad  beneficiaria  se 
externalizan. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que 
tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad objeto 
de la ayuda.
3.  En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de 
la actividad objeto de la ayuda, no aporten valor añadido al contenido de ésta.
4.  Cuando la actividad subcontratada con terceros exceda del 20 % del importe de 
la ayuda y dicho importe sea superior a 60.000,00 euros, la subcontratación estará 
sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a)  Que se garantice la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia.
b)  Que el contrato se celebre por escrito, cuando un solo contrato supere el 20 %.
c)  Que la celebración del mismo se autorice de forma previa y expresa por la FB. 
Para ello se deberá remitir la información del contrato previamente a su celebración con 
tiempo suficiente para su análisis y posterior autorización por escrito.
5.  Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el beneficiario, que asumirá la 
total responsabilidad de la ejecución de la actividad objeto de la ayuda frente a la FB.
6.  Las entidades beneficiarias serán responsables de que en la ejecución de la 
actividad  objeto  de  la  ayuda  subcontratada  a  terceros,  se  respeten  los  límites 
establecidos en cuanto a la naturaleza y cuantía de los gastos financiables. Asimismo, 
deberán prever  mecanismos para asegurar  que los subcontratistas cumplan con el 
principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente».
7.  En ningún caso podrá subcontratarse por la entidad beneficiaria la ejecución 
parcial de las actividades objeto de la ayuda con aquellas personas o entidades que se 
encuentren en las circunstancias previstas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre y artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En lo referente a la 
subcontratación con personas o entidades vinculadas prevista en el artículo 29.7 d) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, será obligatorio disponer de la autorización expresa 
previa de la FB.
Artículo 8.  Cuantía y pago de la ayuda.
1.  La FB otorgará las ayudas de acuerdo a lo establecido en estas bases, y se 
adjudicará hasta el límite fijado en cada convocatoria dentro del crédito disponible.
2.  La cuantía de las ayudas se determinará de la siguiente forma: la puntuación 
total de los proyectos obtenida tras su evaluación determinará el orden de prelación de 
las solicitudes. De acuerdo con este orden, de forma descendente, se irá otorgando el 
importe solicitado por cada proyecto hasta agotar el importe total que especifique la 
convocatoria. El comité de evaluación podrá solicitar la reformulación de alguna de las 
acciones incluidas en la propuesta, lo que podría reducir el importe a conceder.
3.  La subvención otorgada se establecerá en la resolución de concesión. La cuantía 
definitiva y el pago se fijará en el momento en que la entidad beneficiaria justifique la 
actividad objeto de la ayuda a la FB y esta emita el documento de liquidación definitiva.
4.  Los  rendimientos  financieros  que  se  generen  por  los  fondos  librados  a  los 
beneficiarios deberán aplicarse a la actividad subvencionada. s
5.  Las  actividades  presentadas  para  la  obtención  de  ayudas  requerirán  oe.
aecoyl ufsind6oaa.li nc cictoNaianoncc tieeós dneei  dpnrao e.lraa pl ifzaaarstreeá   ddneeiln  bgseoúnlnice ifptiucadiga orsi oee.  nmE la tpanontertcone dnlraáta  jeeenn dt ildeaa  fdrine asbnoeclnuiaeccifóiicónina y rci aol imqnupoidr oasmcei eóhtniad ldolee p  olaarl    2021-15754n https://www.
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. En el caso de las  Bc
agrupaciones los pagos se harán de forma individualizada a fin de verificar que cada uno 
de los integrantes se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.
Artículo 9.  Concurrencia y compatibilidad de ayudas.
1.  La  ayuda  concedida  en  el  marco  del  mecanismo  se  podrá  sumar  a  la 
proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión Europea con 
los límites y condiciones de la regulación dispuesta en el Reglamento (UE) 1407/2013 de 
la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Las 
reformas  y  los  proyectos  de  inversión  podrán  recibir  ayuda  de  otros  programas  e 
instrumentos de la Unión Europea siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.
2.  Las  subvenciones  reguladas  en  estas  bases  son  compatibles  con  otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de 
cualquier Administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.
3.  La suma de todas las ayudas, ingresos o recursos destinados al mismo fin en 
ningún  caso  podrá  ser  de  tal  cuantía  que,  aisladas  o  en  concurrencia  con  otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, superen el coste total de la actividad objeto 
de la ayuda.
4.  Estas ayudas de terceros podrán ser dinerarias o en especie, si bien estas 
últimas no podrán cuantificarse ni computar como parte del gasto total incurrido para la 
ejecución del proyecto.
Artículo 10.  Anticipo y garantías.
1.  Las  entidades  beneficiarias  podrán  solicitar  un  anticipo  de  la  ayuda  cuyo 
porcentaje se determinará en la convocatoria.
2.  En los proyectos de tres o más años de duración, si tras la liquidación parcial del 
proyecto se determina que este ha superado el 50 % de gasto correctamente ejecutado 
conforme  al  presupuesto  aprobado  la  convocatoria  puede  prever  la  petición  y  el 
porcentaje de un segundo anticipo, constituyendo la garantía correspondiente a favor de 
la FB por el importe solicitado, conforme al siguiente punto.
3.  En el caso de que se solicite este anticipo, la entidad beneficiaria queda obligada 
a constituir una garantía a favor de la FB por el importe solicitado, hasta el 31/12/2026. 
No hay exoneraciones para la petición de esta garantía bancaria.
4.  Para  el  pago  del  anticipo  se  requerirá  la  presentación  del  resguardo  de 
constitución de alguna de las garantías en cualquiera de las modalidades aceptadas por 
la  Caja  General  del  Depósitos  conforme  a  la  normativa  de  la  citada  Caja 
(Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Caja General de Depósitos y con los requisitos establecidos para la misma). La garantía 
estará en vigor hasta que la FB autorice su cancelación o devolución.
5.  En el caso de que la garantía se constituya mediante aval este deberá ser 
solidario respecto al obligado principal, pagadero a primer y simple requerimiento de la 
FB y con renuncia por parte de la entidad emisora a los beneficios de orden, división y 
excusión.
6.  La garantía constituida mediante contrato de seguro de caución, siempre que 
este se celebre con entidad aseguradora autorizada para operar en España en el ramo  es
de seguro de caución, deberá constituirse en forma de certificado individual de seguro,  bo
con la misma extensión y garantías resultantes de la póliza. Dicho certificado individual  754ww
decsaiexgtsbuinoeieg rándu teihde aosq,c,  uenneri o  rl aee ldf ecaaorresbánee cgrdituauer rraeaedx cdopherro el  dsaaaesl b eaaga  qusdueraeegd  uloharara  fdcasoeultrras  p eadef ene rdcpetiasdivogaalo,v   enldarie   é gelsaalt  erpca rloniimbntíetaarra,,a  tsdoaeo,s a íd  núcei no séimcusao t,eo   pbarlq iigmuqaeuecderiaaó r neoá,l     OE-A-2021-15able en https://
asegurador no podrá oponer frente a la FB, como asegurada, las excepciones que
puedan  corresponderle  contra  el  tomador  del  seguro,  asumiendo,  asimismo,  el 
compromiso de indemnizar a la FB a primer y simple requerimiento de éste.
7.  La garantía, de haber sido exigida, será devuelta una vez liquidada la ayuda 
concedida.
8.  La cuantía del anticipo se tendrá en cuenta a la hora de hacer liquidaciones 
parciales.
9.  En caso de que se acuerde el reintegro por el órgano competente y, a instancias 
de este, la FB ejecutará las garantías constituidas a su favor.
10.  Los  beneficiarios  de  los  anticipos  deberán  acreditar  que  se  encuentran  al 
corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o 
anticipos  concedidos  anteriormente  con  cargo  a  los  créditos  específicamente 
consignados para la gestión de estos fondos en los Presupuestos Generales del Estado. 
Corresponderá a la FB comprobar el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad 
al  pago,  exigiendo,  cuando  no  pueda  acreditarse  de  otro  modo,  una  declaración 
responsable del beneficiario o certificación del órgano competente si éste fuere una 
administración pública.
Artículo 11.  Procedimiento de concesión.
1.  El régimen de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva 
mediante  los  procedimientos  de  selección  que  se  establecen  en  estas  bases 
reguladoras, conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad 
y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la 
asignación  y  utilización  de  los  recursos  públicos  que  señala  el  artículo  8.3  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Se  podrá  exceptuar  del  requisito  de  fijar  un  orden  de  prelación  entre  las 
solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de que el 
crédito  consignado  en  la  convocatoria  fuera  suficiente,  atendiendo  al  número  de 
solicitudes  una  vez  finalizado  el  plazo  de  presentación  si  así  se  establece  en  la 
convocatoria.
3.  El procedimiento de concesión se regulará por lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17  de  noviembre,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  su  disposición  adicional 
decimosexta, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y por estas bases.
4.  El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria, 
que se publicará, en la web de la FB (www.fundacion-biodiversidad.es), así como en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado», de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
Artículo 12.  Órganos competentes.
1.  El órgano competente para aprobar la convocatoria del procedimiento será la 
persona titular de la Dirección de la FB.
2.  La instrucción y ordenación del procedimiento corresponde a la persona titular de 
la Subdirección Jurídica, Financiera y de Capital Humano de la FB, denominado órgano 
instructor.
3.  El comité de evaluación es el órgano colegiado encargado de la evaluación de 
las solicitudes conforme a lo dispuesto en estas bases.
4.  El comité de evaluación estará integrado por una presidencia, que podrá ser  es
ejercida  por  los  titulares  de  las  subdirecciones  técnicas,  al  menos  dos  vocales,  bo
procedentes de las áreas, subdirecciones y unidades concernidas tanto de la FB como,  754ww
cecoonnn s s5vui.do  ceza rEpesleno rr ,éo cdgo seinmi nvlae evsnno  iitednones.tt eiftuusn cecionion nfeuasnm cpiiróeenns tedone st eelasr á ce oennl  vepolr cePavatitsortoroina pa datoer a dq eluo esla  só eFr gBtar aont oeds,e  y ca ouqlneuage ilsalaedsco rsqe uteaenr í salae,    OE-A-2021-15able en https://
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
6.  Corresponde la resolución del procedimiento de concesión a la persona titular de 
la Dirección de la FB, previa autorización del órgano del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico que corresponda, conforme a lo dispuesto por la 
disposición adicional decimosexta, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 13.  Notificaciones y comunicaciones.
1.  Las comunicaciones y notificaciones a los interesados de las actuaciones que se 
realicen por los órganos competentes en el procedimiento de concesión, en el desarrollo 
de su ejecución y en su caso en el de justificación se llevarán a cabo a través de medios 
electrónicos, a la dirección de correo facilitada al efecto.
2.  Los  actos  integrantes  del  procedimiento  de  concesión  serán  objeto  de 
publicación en la página web de la FB, surtiendo tales publicaciones los efectos de 
notificación practicada.
3.  La  notificación  de  los  actos  administrativos  que  pudieran  proceder  como 
consecuencia del ejercicio de las potestades relativas a la exigencia del reintegro, la 
imposición de sanciones y las funciones de comprobación que corresponderán al órgano 
que resulte competente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
se regirán por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y podrán realizarse mediante 
comparecencia en su sede electrónica, conforme al artículo 43 de la dicha Ley.
Artículo 14.  Tramitación de solicitudes..
1.  La presentación de solicitudes se realizará de forma telemática a través de la 
página web de la FB (www.fundacion-biodiversidad.es) por parte de la entidad solicitante, 
en el plazo y forma que se determine en la convocatoria.
2.  Al formulario de solicitud, en el que se indicarán los datos de la entidad y del 
proyecto, se acompañará documentación de carácter técnico del proyecto y relativa a la 
entidad solicitante.
3.  Las entidades deberán aportar declaración expresa firmada por el representante 
legal que incluya relación exhaustiva y detallada de las subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos concedidos para financiar las mismas actuaciones objeto de la subvención. 
Esta declaración expresa deberá llevarse a cabo en el momento de presentar la solicitud 
y  en  cualquier  otro  momento,  tan  pronto  como  sea  conocida,  la  mencionada 
concurrencia.
4.  El plazo para la presentación de solicitudes será como mínimo de veinte días 
hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
5.  Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado, para que, en el plazo máximo de diez días hábiles subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, y previa 
resolución, se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6.  La  documentación  de  carácter  técnico  del  proyecto  no  será  susceptible  de 
subsanación.
7.  Las solicitudes se presentarán conforme a los modelos oficiales facilitados, que 
permitan  la  adecuada  valoración  de  la  propuesta,  dentro  de  los  plazos  y  cauces 
establecidos. En caso contrario no serán tenidas en cuenta. es
8.  Los solicitantes se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que  bo
presenten.  754ww
Artículo 15.  Procedimiento de evaluación.
defin1i.d asE le nó regla anrotí cuinlost r2u4c.t3o rd er elaa lLizeayr á3 8l/a2s0 0a3c,t udaec 1io7n dees  nqouveie mesbtriem.e necesarias de las  BOE-A-cable e
2.  La  convocatoria  podrá  establecer  una  fase  de  preevaluación  en  la  que  se 
verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de 
beneficiario de la subvención.
3.  El  comité  de  evaluación  valorará  las  solicitudes  de  acuerdo  a  los  criterios 
objetivos a que se refiere el artículo 16.
4.  El comité podrá someter a consulta las propuestas presentadas a su unidad de 
adscripción u otras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así 
como de las personas expertas que se considere convenientes, y podrá recabar cuantos 
informes estime oportunos de las áreas técnicas de la FB.
5.  Tras la evaluación de las solicitudes presentadas, el comité de evaluación emitirá 
un informe en el que se concretará el resultado de la valoración.
6.  El órgano instructor, a la vista del informe del comité de evaluación, formulará 
propuesta de resolución provisional. Cuando el importe de la subvención de la propuesta 
de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se instará 
en su caso al propuesto como beneficiario a reformular su solicitud para ajustar los 
compromisos y condiciones a la subvención otorgable, respetando en cualquier caso el 
objeto, condiciones y finalidad de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo  27  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  y  en  el  artículo  61  del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
7.  Esta propuesta de resolución provisional se notificará a los propuestos como 
beneficiarios para que, en el plazo de diez días hábiles, aporten los documentos exigidos 
por la convocatoria para cumplimentar en este acto.
8.  Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado para que, en el plazo de cinco días hábiles, desde el día siguiente al de 
recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
indicándole  que  si  no  lo  hiciese  se  le  tendrá  por  desistido  de  su  solicitud,  previa 
resolución en los términos previstos en los artículos 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre y el 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
9.  Si alguno de los propuestos como beneficiarios no aceptase la ayuda o se 
comprobase que no cumplen con los requisitos para serlo a la vista de la documentación 
facilitada,  se  podrá  optar  bien  por  completar,  en  su  caso,  el  importe  concedido  al 
propuesto como beneficiario que haya visto reducido su presupuesto para ajustar el 
importe de la propuesta de resolución al importe máximo a comprometer, o proponer la 
concesión de la misma a los siguientes a aquella en orden de puntuación, siempre y 
cuando con la renuncia por parte de alguno de las entidades beneficiarias, se haya 
liberado presupuesto suficiente para atenderla/s. Estos últimos dispondrán de un plazo 
de siete días hábiles para aportar la documentación requerida. Si la documentación 
aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el 
plazo de cinco días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud.
10.  Transcurrido el plazo sin que se hayan aportado los documentos exigidos, se 
entenderá que la entidad propuesta como beneficiaria renuncia a la concesión de la 
subvención.
11.  El órgano instructor formulará una propuesta de resolución definitiva, con el 
listado de solicitantes a las que se les concede la subvención y la cuantía de esta. 
Además, la propuesta de resolución hará constar de manera expresa la desestimación 
del resto de las solicitudes.
12.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a  s
favor del beneficiario propuesto frente a la FB, mientras no haya sido notificada o  oe.
publicada la resolución de concesión. w.
13.  La propuesta de resolución de concesión será sometida a la autorización previa  754ww
ddeel  aócrugearndoo c coomnp leot ednistep udeesl tMo iennis tlae rdiois ppaorsai cliaó nT raadnisciicoinóanl  Edceocliómgoicsae xyt ae ld Ree ltao  LDeeym 3o8g/2rá0f0ic3o, 
de 17 de noviembre.
Artículo 16.  Criterios de valoración de solicitudes.
1.  Los criterios objetivos de otorgamiento de la subvención, que podrán sumar 
como máximo 100 puntos, se determinarán de entre los siguientes, en función de la 
convocatoria:
a)  Criterios de calidad de la propuesta, hasta un máximo de 35 puntos.
b)  Criterios ambientales y sociales, hasta un máximo de 30 puntos.
c)  Criterios estratégicos, hasta un máximo de 35 puntos.
2.  Estos tres criterios podrán desagregarse a su vez en subcriterios para adaptarse 
a la convocatoria correspondiente, sin que la suma de varios de ellos supere el máximo 
señalado para cada uno de ellos.
3.  La puntuación mínima exigida para poder constituirse como beneficiario es de 18 
puntos en los criterios de calidad de la propuesta.
4.  La puntuación mínima exigida para poder constituirse como beneficiario será 
de 50 puntos, teniendo en cuenta los tres bloques de criterios.
5.  Atendiendo a la calidad de las propuestas contenidas en las solicitudes y a la 
disponibilidad presupuestaria, la FB podrá optar por no comprometer la totalidad del 
presupuesto.
6.  En caso de que dos o más propuestas obtengan la misma puntuación y no haya 
crédito suficiente para atender a todas ellas, se priorizará la propuesta de acuerdo con el 
siguiente orden de desempate:
a)  Aquella que haya obtenido mayor puntuación en la valoración de los criterios 
estratégicos.
b)  Aquella que haya obtenido mayor puntuación en los criterios ambientales y 
sociales.
c)  Aquella que haya obtenido mayor puntuación en los criterios de calidad de la 
propuesta.
d)  Si aún persistiera el empate se dará prioridad a las solicitudes por orden de 
entrada en el registro.
Artículo 17.  Resolución.
1.  Una vez elevada la propuesta de resolución al órgano competente para resolver, 
este dictará la resolución del procedimiento.
2.  La resolución contendrá, como mínimo, la relación de los beneficiarios de la 
subvención,  el  título  del  proyecto,  la  puntuación  obtenida  y  el  importe  concedido. 
Constará igualmente de manera expresa la desestimación del resto de las solicitudes.
3.  Esta se publicará en la página web de la FB y se remitirá a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones. Esta publicación de la resolución será válida a efectos de 
notificación.
4.  Asimismo, se publicará un listado de aquellos beneficiarios cuyas solicitudes no 
hayan sido admitidas o no alcancen la valoración suficiente para ser beneficiarios.
5.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no 
podrá  exceder  de  seis  meses  a  partir  de  la  publicación  de  la  correspondiente 
convocatoria,  salvo  que  esta  posponga  sus  efectos  a  un  momento  posterior.  El 
vencimiento  del  plazo  máximo  sin  haberse  notificado  la  resolución  legitima  a  los 
interesados para entender desestimada la solicitud de concesión de la subvención. e.e
6.  El citado plazo para dictar la resolución de concesión podrá ser suspendido  b
conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 754ww
se s7u.s ciEtel no redne nr ejluarcisiódnic ccioonn ael l caivcitlo s edreá  ceol nccoemsipóent ednet ee sptaarsa  sruebsovelvnecri olanse sc,u eenst itoannetos  qquuee 
ssuojne toatso rgaald acso pnotrro ul nad efu ndlaa cijóunri sddeicl csieócnt orc poúnbtelincoci.o Ssoin- apdemrjiuniicsitor adtiev alo  alanste ripoor,t eqsuteaddaens 
administrativas ejercidas por los órganos de la administración pública correspondiente,
respecto de las actuaciones previas y posteriores a este acto recogidas en la Disposición 
Adicional 16.ª de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
8.  Cuando la evaluación del número de solicitudes presentadas pudiere suponer un 
incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a 
propuesta motivada del órgano instructor, podrá acordar la ampliación del plazo máximo 
de  resolución  y  notificación,  no  pudiendo  ser  este  superior  al  establecido  para  la 
tramitación.
Artículo 18.  Modificación de la resolución de concesión.
1.  Las condiciones por las que ha sido concedida la ayuda podrán ser modificadas 
por los siguientes motivos:
a)  Alteración de las condiciones de partida tenidas en cuenta en el momento de 
presentación del proyecto. Estos nuevos condicionantes deberán comunicarse de forma 
fehaciente a la FB, con carácter previo a la finalización del proyecto, a fin de que la 
modificación  sea  aprobada  expresamente  por  la  FB.  Solo  podrá  realizarse  esta 
comunicación hasta tres meses antes de la finalización de este, salvo excepciones 
justificadas.
b)  La obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos otorgados por otras 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales para la misma 
actividad que sumadas a las concedidas por la FB superen el coste total de la actividad a 
desarrollar por el beneficiario. En este caso se procederá a la liquidación de subvención 
en la forma prevista en el artículo 34 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 19.  Indicadores.
1.  Conforme al artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021 y al artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, la financiación de los proyectos estará vinculada al cumplimiento de 
los objetivos previstos en el PRTR y, para ello la entidad beneficiaria tendrá que aportar 
la medición de los indicadores que se concretarán en la convocatoria.
2.  Asimismo, y en el marco de los compromisos del PRTR se tendrá en cuenta el 
cumplimiento  de  los  objetivos  medioambientales  y  de  restauración  ambiental,  en 
particular del pleno cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» 
(DNSH) y el etiquetado climático y digital asignado en el PRTR, establecido por el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021.
Artículo 20.  Justificación técnica y económica.
1.  El pago de la ayuda se realizará previa justificación por la entidad beneficiaria de 
la realización de la actividad por la que se concedió la ayuda. Para ello, finalizada la 
ejecución,  la  entidad  beneficiaria  deberá  presentar  la  documentación  técnica  y 
económica acreditativa de la realización de la actividad objeto de la ayuda.
2.  Los  beneficiarios  deberán  presentar  una  memoria  técnica  de  ejecución  de 
acuerdo con el modelo facilitado.
3.  Asimismo  los  beneficiarios  deberán  presentar  una  memoria  económica 
justificativa del coste de las actividades realizadas, que podrá adoptar una de las dos 
modalidades siguientes: con aportación de justificantes de gasto o con aportación de  e.
informe  de  auditor,  conforme  a  lo  establecido  en  los  artículos  72  y  74  del  w.b
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 754ww
de la4 .e nCtidoand a cpoonrtteancidórná :de justificantes de gasto. La documentación presentada por parte
a)  Autoliquidación económica, cuyo modelo será remitido por la FB, consistente en
un listado pormenorizado de todos los documentos probatorios del gasto ejecutado.
b)  Original o copia compulsada de las facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en 
la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior, así como la documentación 
acreditativa del pago.
c)  Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el 
correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles.
d)  Declaración responsable de coste total y de mantenimiento de un sistema de 
contabilidad aparte y especifico en relación con el proyecto subvencionado, o un código 
contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con el proyecto, 
firmada por el representante legal, conforme al modelo facilitado.
e)  Declaración responsable firmada por el representante legal, conforme modelo 
facilitado,  con  una  relación  detallada  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan 
financiado  la  actividad  beneficiaria  de  la  ayuda  con  indicación  del  importe  y  su 
procedencia.
f)  La documentación exigida en el artículo 6 de estas bases reguladoras.
g)  Toda la documentación original se presentará igualmente digitalizada. La FB 
procederá a la revisión de la veracidad de los documentos escaneados, mediante el 
cotejo con los originales.
5.  Con aportación de informe de auditor. La documentación presentada por parte de 
la entidad contendrá:
a)  Presentación de una memoria económica abreviada que contendrá los aspectos 
que se detallan en los puntos 4.a), 4.c), 4.d) y 4.e) del apartado anterior. En el caso de la 
autoliquidación deberá presentarse firmada y sellada tanto por el auditor como por el 
representante legal.
b)  Un informe de auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial 
de  Auditores  de  Cuentas  dependiente  del  Instituto  de  Contabilidad  y  Auditoría  de 
Cuentas, sobre la adecuada contabilización y correcta expedición de los justificantes de 
los pagos efectuados con los fondos de esta ayuda y de los ingresos generados por el 
programa, en su caso, y el destino dado a los mismos, según las normas de estas bases 
y la contabilidad de la entidad.
c)  El alcance del informe será aquel que permita al auditor obtener evidencia 
suficiente para poder emitir opinión sobre la ejecución de los gastos del proyecto y 
deberá regirse por lo establecido en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que 
se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los 
trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector 
público estatal, previstos en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
d)  En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas 
anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor. En el 
supuesto en que el beneficiario no esté obligado a auditar sus cuentas anuales, la 
designación del auditor de cuentas será realizada por él.
e)  El beneficiario estará obligado a poner a disposición del auditor de cuentas 
cuantos libros, registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en 
el apartado f) del artículo 14.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a 
conservarlos al objeto de las actuaciones de comprobación y control previstas en la Ley.
6.  Las  entidades  podrán  contar  con  una  desviación  del  15  %  entre  partidas  s
presupuestarias justificadas a la FB. De esta forma, el menor gasto total en una partida  oe.
ylpa us efiiedn7mea.  lpiqzrEuaelec  qpdióulaanerz   coedo le dmilm epp ppleaornzerstosea e pddnaoetar  aclcao ióslna nm   urdiensea m mllioazassay  cdoloioór  cpngue amdrsmeteo intl aaeto .nas  coattinrvatied hraiaodsr.e taLs a es leF lríBám  dipteeo  ddmroáás x cmiomneocs eeddse eld r1e 5us dn%ea    2021-15754n https://www.
prórroga del mencionado plazo, que deberá ser solicitada por escrito y debidamente
justificada  por  el  beneficiario.  Esta  prórroga  no  podrá  exceder  la  mitad  del  plazo 
inicialmente concedido para la justificación.
8.  Transcurrido el plazo establecido de justificación, sin que se haya presentado la 
misma, se requerirá a la entidad beneficiaria, para que en el plazo improrrogable de 
quince  días  sea  presentado.  Si  transcurrido  este  último  plazo  no  se  recibe 
documentación, se procederá a la liquidación del proyecto.
9.  La FB se reserva la capacidad de exigir, en general, la comprobación de la 
correcta aplicación de la ayuda y la de requerir la presentación de los documentos 
justificativos adicionales que se consideren precisos, con independencia de la modalidad 
que adopte la memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, 
sin perjuicio de las facultades de comprobación que las normas vigentes atribuyen a la 
Intervención General de la Administración del Estado, al Tribunal de Cuentas o a otros 
órganos. Asimismo, la FB podrá comprobar el valor de mercado de los gastos objeto de 
la ayuda.
10.  En todos los casos, la entidad beneficiaria deberá justificar el 100 % del gasto 
del proyecto, independientemente de la ayuda concedida por la FB.
11.  Se realizarán liquidaciones parciales de aquellos proyectos cuya duración sea 
igual o superior a tres años, una vez alcanzada la mitad del periodo de ejecución. Estas 
liquidaciones requerirán la documentación y condiciones exigidas en este artículo. En el 
caso de entidades que hayan recibido un anticipo, en el importe resultante a pagar de la 
liquidación parcial, se tendrá en cuenta dicho anticipo.
12.  Lo establecido en estas bases y convocatoria se entiende sin perjuicio del 
control financiero previsto en artículos 141 y siguientes de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre,  General  Presupuestaria  y  en  el  título  III  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre.
Artículo 21.  Reintegro y criterios de graduación de los incumplimientos.
1.  Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en 
que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha que el deudor ingrese el reintegro 
si es anterior a ésta, en los casos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre. Se ejercerá por el órgano que corresponda del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico de acuerdo con lo previsto en la disposición 
adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Se podrá producir la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la ayuda o, en 
su caso, el reintegro de las cantidades percibidas cuando se ponga de manifiesto el 
incumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario, estableciendo, 
según el principio de proporcionalidad, la siguiente graduación:
a)  Obtención de la subvención falseando u ocultando condiciones: 100 %.
b)  Incumplimiento total de los fines para los que se presentó la solicitud: 100 %.
c)  Incumplimiento  parcial  de  los  fines  para  los  que  se  presentó  la  solicitud: 
Proporcional a los objetivos no cumplidos.
d)  En el caso de incumplimientos de las condiciones económicas, no se aceptará 
el 100 % de aquellos gastos que no cumplan los aspectos reflejados en los artículos 6 
y 7 de estas bases reguladoras relativos a gastos subvencionables.
e)  Incumplimiento de las medidas de difusión: hasta el 50 % en caso de ausencia de 
logotipo de la FB y de su mención, no respeto de la imagen corporativa de la FB o  e
colocación del logotipo en un lugar no preferente o igual que otras entidades cuya  bo
aportación a la actividad sea menor. En el caso de que estos materiales tengan asociado  754ww
uepcannas ttirgodoa acsdindteoaes d d onirironee ccsclt uoaoslma icóbeononl artaebdd ovoeriar nadcslouo.r lgaeHobsat liesap,t o aess ne ut nidpo aom ddáemrxásein mqn ucocoie odn nceseoli dsb5e r ar%ainnr   cpdnooeorr r  leasecu leatsagy ssiub edleracvs oi.cc mioHonosac  seetnoda ri degealal  p.n5 rMi zo%ayeden eoccntrioóe  neso,,l     OE-A-2021-15able en https://
en cualquier documento, de entidades no colaboradoras, sin autorización de la FB.
f)  Incumplimiento  de  condiciones  técnicas:  hasta  el  100  %  del  gasto  concreto 
presentado para su justificación en caso de realización de modificaciones no autorizadas 
en las actividades del proyecto.
g)  Incumplimiento relativo a la falta de consecución de alguno de los resultados o 
productos  de  la  actividad,  o  calidad  inferior  a  la  esperada  en  los  mismos,  sin  la 
justificación  adecuada  del  esfuerzo  realizado  para  su  consecución.  Proporcional  al 
incumplimiento en la consecución de los resultados o productos previstos y aprobados 
inicialmente.
h)  Incumplimiento relativo al principio de «no causar un perjuicio significativo al 
medioambiente» (DNSH), del etiquetado climático o de sus condiciones de cumplimiento, 
relativo a los hitos y objetivos del PRTR, así como de cualquier otro aspecto de la 
normativa vinculada al PRTR así como sus hitos y objetivos: hasta el 100 % de la ayuda.
3.  En caso de concurrencia de motivos de reducción de la misma naturaleza se 
acumularán  respetando  el  principio  de  proporcionalidad  y  serán  de  aplicación  para 
determinar  la  cantidad  que  finalmente  haya  de  recibir  el  beneficiario.  En  caso  de 
concurrencia  de  varios  incumplimientos  de  distinta  naturaleza  se  aplicará  un  único 
motivo para determinar la cantidad a percibir o reintegrar, en su caso, que resultará ser el 
de mayor importe. Por lo tanto, en el caso en que las causas no sean de la misma 
naturaleza, no se consideran acumulativas.
4.  No obstante, lo anterior, en los siguientes casos la minoración será siempre 
acumulativa al resto de causas detalladas en los puntos anteriores:
a)  No facilitar las funciones de seguimiento o control del proyecto. Hasta un máximo 
de 100 % de la ayuda concedida.
b)  No enviar en forma y plazo la documentación justificativa. Hasta un máximo 
de 100 % de la ayuda concedida.
Artículo 22.  Difusión de la información.
1.  Toda la información técnica y el material audiovisual derivado de los proyectos 
financiados por la FB podrán ser empleados por la misma para su difusión a través de 
sus canales (página web, redes sociales, otros) al objeto de garantizar su difusión, 
general conocimiento y puesta en valor.
2.  Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones de difusión 
marcadas en los manuales de la FB, el PRTR y otras impuestas por la Unión Europea.
3.  Las entidades beneficiarias deberán aportar un resumen ejecutivo de carácter 
divulgativo  de  su  proyecto  junto  con  la  memoria  final  del  proyecto  en  la  fase  de 
justificación.  Este  resumen  ejecutivo  será  considerado  como  un  producto  final  del 
proyecto y podrá ser utilizado para la comunicación y difusión de los resultados de éste. 
En el caso de que la FB pudiera estar interesada en el uso de los resultados generados 
en los proyectos beneficiarios de esta convocatoria, estos serán requeridos a la entidad 
beneficiaria para su cesión.
Artículo 23.  Publicidad e información.
1.  El texto completo de las presentes bases reguladoras se podrá consultar en la 
página web de la FB (www.fundacion-biodiversidad.es), en el «Boletín Oficial del Estado» 
y la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
2.  Los  beneficiarios  deberán  dar  publicidad  de  las  ayudas  percibidas  en  los  e.
términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. w.b
Adarttíoc1su.  laoc E2tus4at.a nsd Poar yoeunted ceacssit óeen ss tdeaenrá tdinda ost oucsjoe.ntafosr ma ela a n loor mdisaptiuvae svtoig eennt ee l eRne mglaamteerinat od e(U pEro) t2e0c1ci6ó/n6 7d9e,   OE-A-2021-15able en https://
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
CAPÍTULO II
Convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad F.S.P., para apoyar 
a los centros de rescate depositarios de especímenes vivos decomisados 
que contribuyan a la conservación de las especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres por su comercio ilegal incluidas en el Convenio CITES para el 2021 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Artículo 25.  Objeto de la convocatoria.
1.  El objeto de la presente convocatoria de ayudas es la financiación de proyectos 
de apoyo a los centros de rescate depositarios de especímenes vivos decomisados 
incluidos en el Convenio CITES, que contribuyan a la conservación de las especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres por su comercio ilegal.
2.  Estas  ayudas  complementan  la  consecución  del  objetivo  número  69  del 
componente 4 del PRTR, en el marco de la inversión 2 (C4. I2.), conservación de la 
biodiversidad terrestre y marina.
3.  Estas  ayudas  se  concederán  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  de 
acuerdo  con  los  principios  de  publicidad,  transparencia,  objetividad,  igualdad  y  no 
discriminación, así como con los principios de eficacia y eficiencia de la gestión de estas.
Artículo 26.  Beneficiarios.
1.  De acuerdo a lo previsto en el artículo 2.1 de las bases reguladoras, podrán 
obtener la condición de beneficiaria los siguientes tipos de entidad:
a)  Las sociedades de capital, las cooperativas y las de personas (regular colectiva y 
comanditaria simple).
b)  Las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro.
Cuando  estas  entidades  realicen  actividades  económicas  y  no  económicas,  las 
ayudas solo podrán ir dirigidas a estas últimas.
Artículo 27.  Líneas y actividades objeto de financiación.
1.  Las ayudas se concederán, para la ejecución de proyectos en centros de rescate 
que alberguen especímenes vivos de especies CITES que mediante acciones garanticen 
la aplicación de las medidas derivadas de dicho convenio, logro de sus objetivos, así 
como evitar que el comercio perjudique al estado de conservación de las especies y 
supervivencia a largo plazo.
2.  Estos proyectos contendrán las siguientes tipologías de acciones:
a)  Rescate  y  acogida  de  especímenes  de  especies  incluidas  en  los 
apéndices  I,  II  y  III  del  Convenio  CITES  y  en  los  anexos  A,  B  y  C  del 
Reglamento  (CE)  338/1997,  del  Consejo,  de  9  de  diciembre  de  1996,  relativo  a  la  s
protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio  oe.
una vez intervenidos o decomisados y depositados por las autoridades competentes en  w.
centros de rescate o establecimientos habilitados para su custodia, en cumplimiento del  754ww
eRsepael cDímeecrneetso  1d3e3co3m/2i0s0a6d,o sd ed 2e1  ladse  ensopveiecmiebsr ea, mpeonr aezla dqause  dsee  rfeaguunlaa  ey l fdloersat insoil vdees trleoss 
protegidas mediante el control de su comercio.
b)  Rehabilitación  y  reintroducción  de  los  especímenes  depositados,  basada  en 
directrices internacionales y a través de los correspondientes protocolos de actuación y 
actualización de protocolos, en caso necesario.
c)  Mantenimiento y actualización del Inventario de Especímenes depositados con 
datos  sobre  identificación,  estado  sanitario;  así  como  el  correcto  estado  de  las 
instalaciones, adaptadas a las necesidades de las especies y el necesario nivel de 
bienestar animal para los especímenes depositados.
d)  Realización de campañas educativas y de prevención, así como otras acciones 
para sensibilizar e informar al público sobre el tráfico ilegal de especies protegidas y el 
Plan de Acción español contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies 
silvestres (Plan TIFIES), en relación con especies del Convenio CITES.
Artículo 28.  Dotación de la convocatoria, cofinanciación y plazo de ejecución.
1.  La dotación máxima global de la convocatoria es de hasta 4.000.000,00 euros.
2.  El  importe  máximo  para  conceder  por  cada  solicitud  de  ayuda  será  de 
hasta 200.000,00 euros.
3.  El importe máximo de la ayuda concedida no podrá superar el 95 % del total del 
presupuesto del proyecto presentado.
4.  El proyecto deberá dar comienzo a partir de la resolución de la convocatoria y no 
podrá finalizar más tarde del 31 de diciembre de 2025, prórrogas incluidas.
5.  Como  máximo,  se  admitirá  para  su  evaluación  una  propuesta  por  entidad 
solicitante (que actúe como representante). Se atenderá, a efectos de solicitante, a un 
NIF único por entidad.
6.  La  cuantía  de  las  ayudas  estará  limitada  por  lo  dispuesto  en  el 
Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
a  las  ayudas  de  minimis,  u  otros  reglamentos  que  regulen  sectores  excluidos.  En 
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, 
estas subvenciones se acogen al Régimen de minimis en virtud del cual la subvención 
total, concedida a una única empresa determinada no podrá ser superior a 200.000,00 
euros, o superior a 100.000,00 euros si se trata de una única empresa que realice por 
cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera durante el ejercicio 
fiscal en cuestión, y durante los dos ejercicios fiscales anteriores. Este límite se aplicará 
independientemente de la forma de la ayuda de minimis o del objetivo perseguido e 
indistintamente de si la subvención concedida por el Estado miembro está financiada total 
o parcialmente mediante recursos de origen comunitario. El citado Reglamento se aplicará 
a las subvenciones concedidas mediante esta convocatoria, y no serán acumulables con 
ninguna otra subvención correspondiente a los mismos gastos subvencionables, si dicha 
acumulación da lugar a una intensidad de la subvención superior a la establecida para 
cada caso en el Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión. Para el cómputo de los límites 
de  este  régimen  de  ayudas  se  tendrá  en  cuenta  el  concepto  de  «única  empresa» 
establecido en el artículo 2 del Reglamento (UE) número 1407/2013, de la Comisión de 18 
de diciembre de 2013. Quedan expresamente excluidas las empresas en crisis según lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión.
7.  Esta convocatoria se desarrollará en el marco del PRTR, y de acuerdo con los 
fondos  a  asignar  en  el  presupuesto  de  gastos  de  la  FB  para  2021,  es  objeto  de 
financiación mediante los recursos financieros derivados del Instrumento Europeo de 
Recuperación  (Next  Generation  EU).  La  concesión  de  las  subvenciones  queda  e.
condicionada a la vigencia y suficiencia del citado presupuesto. Cabe señalar que el  w.b
anexo a la Decisión Ejecutiva del Consejo sobre la aprobación de la evaluación del plan  754ww
dqeu er elac uinpveerrascióiónn 2 y d reel sciloiemnpcoian ednet eE 4s pcaoñnac lu(Ciroáu an cmilá Ism tpalredmare ennti njugn Dioe dceis i2o0n2 6–. CID), indica
tram8it.a  Ddee  afocrumeard oa natli caiprtaícdualo  a6 4la d eolb Rteenacli óDne cdreelt oc-lreéyd i3to6 /2d0is2p0o,n dibel e3 0e sdtea  dcicoinevmobcraet,o rsiae 
financiable  con  fondos  europeos,  toda  vez  que  se  ha  solicitado  la  correspondiente
modificación  presupuestaria  necesaria  para  la  disposición  del  crédito  aplicable, 
quedando la concesión supeditada a la aprobación de dicha modificación.
Artículo 29.  Anticipo y garantías.
1.  Las  entidades  beneficiarias  podrán  solicitar  un  anticipo  de  la  ayuda  cuyo 
porcentaje será de hasta un máximo del 60 %.
2.  En los proyectos de tres o más años de duración, si tras la liquidación parcial del 
proyecto se determina que este ha superado el 50 % de gasto correctamente ejecutado 
conforme  al  presupuesto  aprobado,  las  entidades  beneficiarias  podrán  solicitar  un 
segundo  anticipo  la  ayuda  cuyo  porcentaje  será  de  hasta  un  máximo  del  20  %, 
constituyendo la garantía correspondiente a favor de la FB por el importe solicitado, 
conforme al siguiente punto.
3.  En el caso de que se solicite este anticipo, la entidad beneficiaria queda obligada 
a constituir una garantía a favor de la FB por el importe solicitado, hasta el 31 de 
diciembre de 2026. No hay exoneraciones para la petición de esta garantía bancaria.
4.  Para  el  pago  del  anticipo  se  requerirá  la  presentación  del  resguardo  de 
constitución de alguna de las garantías, de acuerdo a lo que describe el artículo 10 de la 
orden de bases.
5.  Los  beneficiarios  de  los  anticipos  deberán  acreditar  que  se  encuentran  al 
corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o 
anticipos  concedidos  anteriormente  con  cargo  a  los  créditos  específicamente 
consignados para la gestión de estos fondos en los Presupuestos Generales del Estado. 
Corresponderá a la FB comprobar el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad 
al  pago,  exigiendo,  cuando  no  pueda  acreditarse  de  otro  modo,  una  declaración 
responsable del beneficiario o certificación del órgano competente si este fuere una 
administración pública.
Artículo 30.  Procedimiento de concesión.
1.  El régimen de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva 
mediante los procedimientos de selección que se establecen en la orden de bases 
reguladoras  y  en  esta  convocatoria,  conforme  a  los  principios  de  publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de 
los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos que 
señala el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Se  podrá  exceptuar  del  requisito  de  fijar  un  orden  de  prelación  entre  las 
solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de que el 
crédito  consignado  en  la  convocatoria  fuera  suficiente,  atendiendo  al  número  de 
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3.  El procedimiento de concesión se regulará por lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17  de  noviembre,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  su  disposición  adicional 
decimosexta, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y por las bases reguladoras.
Artículo 31.  Órganos competentes.
1.  El órgano competente para aprobar la convocatoria del procedimiento será la 
persona titular de la Dirección de la FB.
2.  La instrucción y ordenación del procedimiento corresponde a la persona titular de  s
la Subdirección Jurídica, Financiera y de Capital Humano de la FB, denominado órgano  oe.
instructor. w.
3.  El comité de evaluación estará integrado por una presidencia, tres vocales y una  754ww
sdeec rBeitoadríivae, rcsoidna vdo zy  pCearom sbiino  vColtiom. áLtaic op redsei dlean cFiBa , lay  eljaesr cevorác aelíl atsit uclaorr rdees plao nSduebrdáinre acc ilóans 
py edrseo nRaesn taittuulraarleizsa cdieó nla  Ucorboardnian ayc ióRne sdielie lnacsi aá rey aas  duen  Preropyreecsteonst ayn Cteo ndveo claa toSruiabsd iPreroccpiióans   BOE-A-cable e
General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, designado por su titular. La secretaría corresponderá a la persona 
titular de la coordinación del Área de la Secretaría General.
4.  Corresponde la resolución del procedimiento de concesión a la persona titular de 
la Dirección de la FB, previa autorización del órgano del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico que corresponda, conforme a lo dispuesto por la 
disposición adicional decimosexta, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 32.  Presentación de solicitudes.
1.  La presentación de solicitudes se realizará a través de la página web de la FB 
(www.fundacion-biodiversidad.es) de forma telemática por parte de la entidad solicitante, 
a través de la herramienta habilitada al efecto, asignándose un código de registro que 
incluye la fecha y hora de recepción de la solicitud.
2.  Al formulario de solicitud, en el que se indicarán los datos de la entidad y del 
proyecto, se acompañará la siguiente documentación:
a)  Declaración responsable firmada por el representante legal.
b)  Declaración responsable firmada por el representante legal del cumplimiento del 
principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (DNSH).
c)  Documentación de carácter técnico del proyecto: marco lógico, presupuesto, 
recursos humanos, cronograma y evaluación preliminar DNSH.
d)  Documentación relativa a la entidad solicitante:
1.º  Estatutos o documento en vigor donde consten las normas por las que se regula 
la actividad de la entidad.
2.º  Poder o documento que acredite la representación con que se actúa.
3.º  Documento  acreditativo  de  la  inscripción  de  la  entidad  en  el  Registro 
Administrativo correspondiente, cuando la misma sea necesaria o documento justificativo 
de la no obligatoriedad de inscripción en registro.
4.º  Documento  acreditativo  de  designación  como  centro  de  rescate  CITES 
(Resolución de administración competente o convenio firmado).
3.  Declaración expresa firmada por el representante legal que incluya relación 
exhaustiva y detallada de las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos concedidos 
para  financiar  las  mismas  actuaciones  objeto  de  la  subvención.  Esta  declaración 
contendrá la información relativa al cumplimiento del régimen de minimis, cuando sea de 
aplicación según lo dispuesto en el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, 
sobre cualquier ayuda recibida durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el 
ejercicio fiscal en curso, así como que no se trata de una empresa en crisis según lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión. 
Esta declaración expresa deberá llevarse a cabo en el momento de presentar la solicitud 
y  en  cualquier  otro  momento,  tan  pronto  como  sea  conocida,  la  mencionada 
concurrencia.
4.  En el caso de que la entidad ya forme parte del Registro de Beneficiarios de 
la  FB,  y  la  organización  no  haya  sufrido  ningún  cambio  administrativo  o  de  su 
representante legal desde su inclusión en el registro, no es necesario presentar la 
documentación prevista en los apartados 2.d) 1.º 2.º y 3.º Para ello se deberá indicar el 
número de beneficiario en el formulario de solicitud. Este número se podrá consultar en 
la web de la FB y si es anterior al año 2015 se deberá aportar la documentación en todo  e.
caso. w.b
5.  La entidad podrá adjuntar cartas de apoyo al proyecto de otras entidades e  754ww
insti6tu. cioLnae sd coocmumo ednotcaucmióne ntdaec iócna raádcitceior ntaélc an ilcao s odliecli tupdr.oyecto  a  la  que  se  refiere  el
apartado 2.c) de este artículo no será susceptible de subsanación.
7.  Los solicitantes se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que 
presenten.
Artículo 33.  Plazo de presentación de solicitudes.
1.  El plazo de presentación de solicitudes será de treinta y cinco días hábiles a 
partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».
2.  Las solicitudes se presentarán conforme a los modelos oficiales facilitados, que 
permitan  la  adecuada  valoración  de  la  propuesta,  dentro  de  los  plazos  y  cauces 
establecidos en estas bases reguladoras y convocatoria. En caso contrario no serán 
tenidas en cuenta.
Artículo 34.  Procedimiento de evaluación.
1.  De acuerdo al procedimiento de evaluación establecido en el artículo 15 de las 
bases reguladoras, el órgano instructor realizará las actuaciones que estime necesarias 
de las definidas en el artículo 24.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Habrá una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento de las 
condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
3.  El  comité  de  evaluación  valorará  las  solicitudes  de  acuerdo  a  los  criterios 
objetivos a que se refiere el artículo 35 de esta convocatoria.
4.  El  comité  someterá  a  consulta  de  la  Dirección  General  de  Biodiversidad, 
Bosques  y  Desertificación  y  de  los  expertos  que  se  considere  convenientes  las 
propuestas presentadas y podrá recabar cuantos informes estime oportunos de las áreas 
técnicas de la FB.
5.  Tras la evaluación de las solicitudes presentadas, el comité de evaluación emitirá 
un informe en el que se concretará el resultado de la valoración.
6.  El órgano instructor, a la vista del informe del comité de evaluación, formulará 
propuesta de resolución provisional. Cuando el importe de la subvención de la propuesta 
de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se instará al 
propuesto como beneficiario a reformular su solicitud para ajustar los compromisos y 
condiciones a la subvención otorgable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 61 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio.
7.  Esta propuesta de resolución provisional se notificará a los propuestos como 
beneficiarios para que, en el plazo de diez días hábiles, aporten los documentos que se 
detallan a continuación para cumplimentar en este acto:
a)  Carta de aceptación de la ayuda firmada por el representante legal de la entidad 
de acuerdo a los sistemas de firma admitidos por las administraciones públicas, previstos 
en la ley 39/2015, de 1 de octubre.
b)  Formulario de solicitud modificado.
c)  Marco lógico reformulado.
d)  Presupuesto reformulado.
e)  Cronograma reformulado.
f)  Recursos humanos reformulado.
g)  Evaluación preliminar DNSH reformulada.
h)  Certificación administrativa positiva vigente expedida por el órgano competente  s
que acredite el cumplimiento de las obligaciones tributarias referido al cumplimiento de la  oe.
Ley de Subvenciones. El certificado deberá tener una validez de seis meses a contar  w.
ddee sladi) e c olCan evferotccifhaicatao dcriieaó .ne xapdemdiicniiósntr ayt ievxat epnodseitri vsau  vviagleidnetez  heaxpstead liad af epcohra  eml áóxrigmaan od ec oremspoelutecniótne   2021-15754n https://ww
que acredite el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social referido al
cumplimiento de la Ley de Subvenciones. El certificado deberá tener una validez de seis  Bc
meses a contar desde la fecha de expedición y extender su validez hasta la fecha 
máxima de resolución de la convocatoria.
8.  Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado para que, en el plazo de cinco días hábiles, desde el día siguiente al de 
recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
indicándole  que  si  no  lo  hiciese  se  le  tendrá  por  desistido  de  su  solicitud,  previa 
resolución en los términos previstos en los artículos 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre y el 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
9.  Si alguno de los propuestos como beneficiarios no aceptase la ayuda o se 
comprobase que no cumplen con los requisitos para serlo a la vista de la documentación 
facilitada,  se  podrá  optar  bien  por  completar,  en  su  caso,  el  importe  concedido  al 
propuesto como beneficiario que haya visto reducido su presupuesto para ajustar el 
importe de la propuesta de resolución al importe máximo a comprometer, o proponer la 
concesión de la misma a los siguientes a aquella en orden de puntuación, siempre y 
cuando con la renuncia por parte de alguno de las entidades beneficiarias, se haya 
liberado presupuesto suficiente para atenderla/s. Estos últimos dispondrán de un plazo 
de siete días hábiles para aportar la documentación requerida. Si la documentación 
aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el 
plazo de cinco días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud.
10.  Transcurrido el plazo sin que se hayan aportado los documentos exigidos, se 
entenderá que la entidad propuesta como beneficiaria renuncia a la concesión de la 
subvención.
11.  El órgano instructor formulará una propuesta de resolución definitiva, con el 
listado de solicitantes a las que se les concede la subvención y la cuantía de la misma. 
Además, la propuesta de resolución hará constar de manera expresa la desestimación 
del resto de las solicitudes.
12.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto frente a la FB, mientras no haya sido notificada o 
publicada la resolución de concesión.
13.  La propuesta de resolución de concesión será sometida a la autorización previa 
del órgano competente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
Artículo 35.  Criterios de valoración y procedimiento de evaluación de solicitudes.
1.  Las  solicitudes  serán  evaluadas  conforme  a  los  siguientes  criterios  de 
evaluación:
Criterios de calidad de la propuesta 35
Actuaciones coherentes, detalladas, realizables y necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto y resultados adecuados cuantificables y 
10
verificables.
Acciones de sensibilización coherentes. 7
Indicadores y fuentes de verificación realizables y adecuadas. 6
Recursos humanos adecuados y suficientes. 2 s
Cronograma realista y adecuado a las acciones y resultados previstos en el proyecto. 2 bo
Presupuesto adecuadamente dimensionado a objetivos y resultados y justificación de la necesidad de los gastos del proyecto adecuada. 8 754ww
Criterios ambientales y sociales 30
Mdea n9t ednei mdiiceienmtob arcet udael  1d9e9 e6s.pecímenes de los Apéndices I, II y III del Convenio CITES y de los anexos A, B y C del Reglamento (CE) 338/1997,  12
Capacidad de albergar nuevos especímenes de los Apéndices I, II y III del Convenio CITES y de los anexos A, B y C del Reglamento (CE) 
8
338/1997, de 9 de diciembre de 1996.
Mejora del bienestar de los individuos albergados. 4
Dinamización económica y generación de empleo. 4
Integración de criterios de igualdad en el proyecto. 2
Criterios estratégicos 35
Contribución, sinergias y complementariedad en el marco de planes nacionales y convenios internacionales como CITES. 10
Alcance del proyecto. 10
Perdurabilidad, replicabilidad y/o transferibilidad de los resultados del proyecto. 8
Trabajo en red. 7
2.  Para la determinación de los umbrales y puntuación mínima, la calidad de las 
propuestas, la disponibilidad presupuestaría y los criterios de desempate, se estará a lo 
establecido en el artículo 16 de las bases reguladoras.
3.  Atendiendo a la calidad de las propuestas contenidas en las solicitudes y a la 
disponibilidad presupuestaria, la FB podrá optar por no comprometer la totalidad del 
presupuesto.
Artículo 36.  Resolución.
1.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no 
podrá exceder de seis meses, computado a partir de la fecha de cierre del plazo de 
solicitudes que figura en el artículo 33. El vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada la solicitud 
de concesión de la subvención.
2.  De acuerdo al artículo 17 de la orden de bases, la resolución se publicará en la 
página web de la FB y se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Esta 
publicación de la resolución será válida a efectos de notificación.
3.  Asimismo, se publicará un listado de aquellos beneficiarios cuyas solicitudes no 
hayan sido admitidas o no alcancen la valoración suficiente para ser beneficiarios.
4.  El citado plazo para dictar la resolución de concesión podrá ser suspendido 
conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5.  El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las cuestiones que 
se susciten en relación con el acto de concesión de estas subvenciones, en tanto que 
son otorgadas por una fundación del sector público. Sin perjuicio de lo anterior, quedan 
sujetas  al  control  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa  las  potestades 
administrativas ejercidas por los órganos de la administración pública correspondiente, 
respecto de las actuaciones previas y posteriores a este acto recogidas en la Disposición 
Adicional 16.ª de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6.  Cuando la evaluación del número de solicitudes presentadas pudiere suponer un 
incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a 
propuesta motivada del órgano instructor, podrá acordar la ampliación del plazo máximo 
de  resolución  y  notificación,  no  pudiendo  ser  este  superior  al  establecido  para  la 
tramitación.
Artículo 37.  Seguimiento y control de las ayudas. bo
dperol ym1e.ic stmoL oaju. nFtBo  ncoonm blara práe rsao unna  rdeesspigonnasdaab lep oqru lea  seenrtáid aedl  ebnecnaerfgicaidaori ad eclo mseog ureimspieonntsoa dbelel   2021-15754n https://ww
2.  Se deberá comunicar cualquier cambio en el nombramiento de las personas
responsables. Bc
3.  El seguimiento y comprobación del estado de ejecución del proyecto, de las 
actuaciones  y  del  cumplimiento  de  objetivos,  se  podrá  llevar  a  cabo  a  través  de 
reuniones,  visitas  in  situ,  petición  y  evaluación  de  documentación,  e  informes  de 
seguimiento. Con este objetivo, el beneficiario remitirá a la FB, cuando esta lo solicite, un 
informe de seguimiento con los trabajos desarrollados hasta ese momento incluyendo los 
indicadores establecidos en el artículo 39 de esta convocatoria y tantos documentos 
justificativos resulten exigibles en el marco del PRTR.
4.  Los  modelos  para  el  seguimiento  y  comprobación  de  las  ayudas,  serán 
proporcionados por la FB donde se establecerán los datos y formatos necesarios a 
recabar por el beneficiario.
5.  La FB convocará al beneficiario a tantas reuniones de seguimiento como se 
estimen necesarias para garantizar la correcta ejecución de los fondos.
Artículo 38. Difusión de la información.
1.  Toda la información técnica y el material audiovisual derivado de los proyectos 
financiados por la FB podrán ser empleados por la misma para su difusión a través de 
sus canales (página web, redes sociales, otros) al objeto de garantizar su difusión, 
general conocimiento y puesta en valor.
2.  Las entidades beneficiarias deberán aportar un resumen ejecutivo de carácter 
divulgativo  de  su  proyecto  junto  con  la  memoria  final  del  proyecto  en  la  fase  de 
justificación.  Este  resumen  ejecutivo  será  considerado  como  un  producto  final  del 
proyecto y podrá ser utilizado para la comunicación y difusión de los resultados de éste. 
En el caso de que la FB pudiera estar interesada en el uso de los resultados generados 
en los proyectos beneficiarios de esta convocatoria, estos serán requeridos a la entidad 
beneficiaria para su cesión.
Artículo 39.  Indicadores.
1.  Conforme  a  lo  indicado  en  el  artículo  19  de  las  bases  reguladoras,  los 
indicadores a reportar por parte de la entidad beneficiaria serán los siguientes:
a)  Número de nuevos especímenes vivos recogidos y apéndices del convenio en 
los que están incluidos.
b)  Número total de especímenes vivos albergados.
c)  Número  de  empleos  directos  generados,  desagregado  por  género  de  las 
personas empleadas.
d)  Número de campañas educativas y de prevención.
e)  Número de personas beneficiarias de las campañas educativas y de prevención, 
desagregadas por colectivos y por género.
f)  Número  de  personas  que  han  trabajado  en  el  proyecto,  desagregadas  por 
género.
g)  Número de entidades con las que se ha trabajado en red.
2.  Asimismo, en el marco de los compromisos del PRTR se tendrá en cuenta el 
cumplimiento  del  objetivo  69,  inversión  2  del  componente  4.  En  particular,  en 
cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la 
Comunicación de la Comisión «Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no 
causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de  e.
Recuperación y Resiliencia», así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del  w.b
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia  754ww
dpee rjEusicpioa ñasi,g tnoifdicoast ilvoos  parl oymeecdtoiosa dmebbieennt ere»s p(DetNarS Hel)  llay mlaads o cpornindcicipioion edse  d«enlo  ectaiquuseatra duon 
cplriemváistitcaos  ye nd iegli tcaol.m Eplloon iennctleu y4e,  eals íc ucmomploim eine nlato i ndvee rlassió nco 2n,d eicni olan eqsu ees spee ceínfimcaasr caasnig dniachdoass 
proyectos y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del
componente 4 del PRTR. En concreto los relacionados con los objetivos de Transición a 
una  economía  circular,  Control  y  prevención  de  la  contaminación  y  Protección  y 
restauración de la biodiversidad y los ecosistemas:
a)  Transición  a  una  economía  circular:  Se  considera  necesario  evitar  que  se 
generen importantes ineficiencias en el uso directo o indirecto de recursos naturales en 
cualquiera de las fases del ciclo de vida de estas infraestructuras construidas como 
destinadas  a  la  gestión  de  la  biodiversidad  y  su  difusión,  obra  nueva  o 
reacondicionamiento en la Red Parques Nacionales, o destinadas al uso público y 
centros de rescate CITES, y que se minimicen con medidas adecuadas evitando producir 
un  perjuicio  significativo  y  a  largo  plazo  para  el  medio  ambiente  en  relación  a  la 
economía. Se considera necesario que al menos el 70 % (en peso) de los residuos de 
construcción y demolición generados en los proyectos de infraestructura (con exclusión 
de los residuos con código LER 17 05 04), se preparen para la reutilización, el reciclaje y 
la  valorización  de  otros  materiales,  incluidas  las  operaciones  de  relleno  utilizando 
residuos para sustituir otros materiales. Es conveniente que los procesos que impliquen 
demolición realicen esta de forma selectiva (separando materiales). Se recomienda que 
esto también se exija en las convocatorias y procesos de adjudicación de la ejecución de 
la obra y se incorpore en el proyecto de ejecución de la misma. De igual modo, los 
operadores limitarán la generación de residuos en los procesos relacionados con la 
construcción y la demolición, de acuerdo con el Protocolo de la UE sobre la gestión de 
los residuos de la construcción y demolición y teniendo en cuenta las mejores técnicas 
disponibles  y  utilizando  la  demolición  selectiva  para  permitir  la  eliminación  y  la 
manipulación segura de las sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y el reciclaje 
de  alta  calidad  mediante  la  eliminación  selectiva  de  los  materiales,  utilizando  los 
sistemas  de  clasificación  disponibles  para  los  residuos  de  la  construcción  y  la 
demolición. Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la 
circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la norma ISO 20887 u otras 
normas para evaluar la desmontabilidad o adaptabilidad de los edificios, cómo están 
diseñados  para  ser  más  eficientes  en  cuanto  a  recursos,  adaptables,  flexibles  y 
desmontables para permitir la reutilización y el reciclaje.
b)  Control y prevención de la contaminación: Se llevarán a cabo las siguientes 
comprobaciones:  (i)  los  componentes  y  materiales  del  edificio  utilizados  en  la 
construcción no contendrán amianto ni sustancias altamente preocupantes identificadas 
en  la  lista  de  sustancias  sujetas  a  autorización  que  figura  en  el  anexo  XIV  del 
Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, (ii) los componentes 
y  materiales  de  la  construcción  que  puedan  entrar  en  contacto  con  los  ocupantes 
emitirán menos de 0,06 mg de formaldehído por m³ de material o componente y menos 
de 0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos de las categorías 1A y 1B 
por m³ de material o componente, al realizar los ensayos de acuerdo con las normas 
CEN/TS  16516  e  ISO  16000-3  u  otras  condiciones  de  ensayo  y  métodos  de 
determinación normalizados comparables, (iii) en el caso de que la nueva construcción 
esté  situada  en  un  emplazamiento  potencialmente  contaminado  (brownfield  site),  el 
emplazamiento  será  objeto  de  investigación  para  detectar  posibles  contaminantes, 
(norma  ISO  18400),  (iv)  se  tomarán  medidas  para  reducir  el  ruido,  el  polvo  y  las 
emisiones contaminantes durante los trabajos de construcción o mantenimiento.
c)  Protección de la biodiversidad y los ecosistemas: La construcción y operatividad 
de infraestructuras relacionadas con la gestión de la biodiversidad (Parques Nacionales, 
centros de rescate CITES y refuerzo TIFIES), deberán cumplir las especificaciones de  e.
los artículos 6 (3) y 12 de la Directiva de hábitats y el artículo 5 de la Directiva de aves,  w.b
además de realizarse una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) o un cribado, de  754ww
acuerdo con la Directiva EIA.
Disposición adicional única.  Régimen jurídico aplicable.
La  concesión  de  estas  subvenciones  se  ajusta  a  lo  establecido  en  el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamente Europeo y del Consejo de 12 de febrero 
de  2021  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  el 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio 
de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, así como la Decisión de 
Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación 
y  resiliencia  de  España,  el  Reglamento  2018/1046  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión y el Real Decreto 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Asimismo, se regirá 
por lo dispuesto en esta orden y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y su Reglamento de 
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En defecto de lo previsto 
en esta normativa se aplicarán las normas de Derecho Administrativo, y en último 
término el Derecho Privado.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta  orden  se  dicta  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  artículo  149.1.  10.ª  de  la 
Constitución española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
comercio exterior, sin perjuicio de otro título competencial menos específico, como es el 
previsto en el artículo 149.1.13.ª, que atribuye al Estado la competencias exclusiva en 
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda.  Convocatoria.
Los apartados de esta orden referidos exclusivamente a la convocatoria, incluidos en 
el  capítulo  II,  cuyo  contenido  coincide  con  lo  reflejado  en  el  artículo  23.2  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no tienen rango reglamentario.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid,  20  de  septiembre  de  2021.–La  Vicepresidenta  Tercera  del  Gobierno  y 
Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.