BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Martes 15 de junio de 2021 Sec. TC.   Pág. 72904
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
10016 Sala Primera. Sentencia 103/2021, de 10 de mayo de 2021. Recursos de 
amparo 691-2020 y 693-2020 (acumulados). Promovido por Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L., respectivamente, en 
relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización 
de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:103
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José González Rivas, presidente, por los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón, y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En los recursos de amparo núms. 691-2020 y 693-2020 (acumulados), promovidos 
por  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  y  Penrei  Inversiones,  S.L., 
respectivamente,  representados  por  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Blanca 
Berriatua Horta y bajo la dirección del letrado don Marcelino Gilabert García, la primera, y 
de la letrada doña Anju Nirmala Benavent Rodríguez, la segunda, contra el auto de 14 de 
noviembre de 2018 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, 
dictado en el procedimiento de ejecución hipotecaria 359-2018 instado por la entidad 
Banco de Sabadell, S.A., y contra el auto de 12 de diciembre de 2019, del mismo órgano 
judicial, por el que se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el anterior. 
Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha comparecido la entidad Pera Assets Designed 
Activity Company, actuando como sucesora procesal del banco ejecutante, representada 
por la procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu y bajo la dirección 
letrada de don Alejandro Ingram Solís. Ha sido ponente el magistrado don Alfredo 
Montoya Melgar.
I. Antecedentes
1.  La procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, en nombre y  b
representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y bajo la dirección del  016ww
lreetsraodluoc iodnoens  Mquaer ceselin om eGniclaiobnearnt  Gena rceíla ,e nicnatebrepzuasmo iednetom adned ae sdtae  saemntpeanrcoia ,c omnetrdai anlates 
aemscpriatoro r 6e9g1is-t2ra0d2o0 .en este tribunal el 3 de febrero de 2020, dando lugar al recurso de
2.  La procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, en nombre y 
representación de Penrei Inversiones, S.L., y bajo la dirección de la letrada doña Anju 
Nirmala Benavent Rodríguez, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones que 
se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia, mediante escrito registrado en 
este tribunal el 3 de febrero de 2020, dando lugar al recurso de amparo 693-2020.
3.  Los hechos relevantes para el examen de ambos recursos de amparo son, 
sucintamente expuestos, los siguientes:
a)  La entidad Banco de Sabadell, S.A., interpuso demanda de ejecución sobre 
bienes hipotecados contra las mercantiles Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
y  Penrei  Inversiones,  S.L.,  resultando  la  primera  de  las  demandadas  la  deudora 
hipotecaria, y la segunda titular de un derecho de uso y disfrute sobre dicho inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto el 21 de junio de 2018, por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  359-2018), 
requiriendo de pago a las ejecutadas y alternativo derecho a oponerse a la ejecución en 
el plazo de diez días.
b)  Con fecha 26 de junio de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de Penrei Inversiones, S.L., y de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
un correo avisándoles que tenían una notificación del Juzgado de Primera Instancia núm. 
4  de  Lorca  relativa  al  proceso  «EJH/00000359/2018»;  notificación  a  la  que  podían 
acceder entre los días 26 de junio a 11 de agosto de 2018, a través de un enlace 
electrónico que también indicaba.
c)  El 1 de agosto de 2018, Penrei Inversiones, S.L., y Euroinversiones Inmobiliarias 
Costa Sur, S.L., accedieron a la página web indicada, teniendo conocimiento de la 
notificación y los documentos que la acompañaban, en concreto el auto por el que se 
despacha ejecución, el decreto dictado por la administración de justicia y la copia de la 
propia demanda.
d)  El 30 de agosto de 2018, las sociedades recurrentes en amparo formalizaron 
ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución.
e)  Por auto de 14 de noviembre de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 4 de Lorca acordó inadmitir la oposición por haberse presentado fuera 
de plazo.
f)  Las  representaciones  procesales  de  Penrei  Inversiones,  S.L.  y  de 
Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  interpusieron  recursos  de  reposición 
contra el anterior auto, basándose en la infracción de los arts. 135, 152, 160 y 162 de la 
Ley de enjuiciamiento civil (LEC) y del art. 24 CE.
g)  Dichos recursos fueron desestimados por auto de 12 de diciembre de 2019. 
Señala el auto que, debe «ser desestimado el recurso de reposición interpuesto por ser 
el auto recurrido conforme a la normativa procesal vigente en materia de oposición a la 
ejecución (art. 556.1 LEC y concordantes) y de actos de comunicación. Así, pese a las 
alegaciones  del  recurrente  que  pretende  mantener  que  el  escrito  de  oposición  fue 
presentado en plazo para ello por entender que el auto despachando la ejecución y el 
requerimiento efectuado debe entenderse notificado en fecha 1 de agosto de 2018, en la 
que se accedió efectivamente a las citadas resoluciones, lo cierto es que debe tenerse 
en cuenta la fecha en la que efectivamente tuvo la parte posibilidad de acceder a las 
mismas, de lo contrario se estaría dejando al arbitrio de las partes obligadas a utilizar el  e
sistema  electrónico  de  comunicaciones  el  cumplimiento  de  los  plazos  procesales  bo
dispuesto en la normativa». 016ww
con 4la.  pLreas deenmtaadnad ean p erel sreencutardsoa  edne  ealm repcaurors 6o9 d1e-2 a0m20p.a rAol e6g9a3n- 2la0s2 0e ncotidinacdidees  lriteecruarlmreenntetes 
que las resoluciones judiciales impugnadas causaron, en primer lugar, la vulneración de
los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las
garantías (art. 24.2 CE), al haberse efectuado su emplazamiento como ejecutadas en el 
procedimiento hipotecario de referencia a través de un correo electrónico remitido por un 
servicio de notificaciones electrónicas, y no mediante entrega de la correspondiente 
documentación en papel en la sede de su domicilio social, tratándose de su primer 
emplazamiento judicial en la causa, como establece el art. 273 LEC, en relación con los 
arts. 135, 152, 162 y en especial el art. 155.1 de esta ley, objetando también que el 
juzgado haya hecho el cómputo del plazo para oponerse, desde la fecha del envío del 
correo  a  la  dirección  electrónica  habilitada  y  no  desde  la  fecha  de  acceso  a  la 
notificación, inadmitiendo así su escrito.
Por medio de un «segundo otrosí digo», los escritos de demanda argumentaron «que 
la continuación de la ejecución derivadas (sic) de los pronunciamientos judiciales que 
han sido objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación 
a terceros, pueden hacer perder al recurso de amparo su finalidad». Por ello solicitaron 
la suspensión de la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria 359-2018 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial.
5.  La Sección Primera de este tribunal, por providencia de 20 de julio de 2020, 
acordó: (i) la admisión a trámite del recurso de amparo núm. 691-2020, apreciando que 
concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso puede dar ocasión al 
tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos 
relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, 
FJ 2 b)]; (ii) requerir al juzgado a quo para que en plazo no superior a diez días remitiera 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones del procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 359-2018; (iii) previamente, emplazar a quienes hubieran sido parte en 
este, excepto a la parte recurrente en amparo, para poder comparecer en el presente 
proceso constitucional en el plazo de diez días, a efecto de formular alegaciones; y (iv) 
formar la correspondiente pieza separada de suspensión.
La Sección Primera de este tribunal, por providencia de 19 de octubre de 2020, 
acordó la admisión a trámite del recurso de amparo núm. 693-2020, apreciando que 
concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque 
el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como 
consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del 
derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]. Por ello, en aplicación de lo dispuesto en 
el  art.  51  LOTC,  obrando  ya  las  actuaciones  correspondientes  a  la  ejecución 
hipotecaria 359-2018 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, 
acuerda dirigir atenta comunicación a dicho órgano jurisdiccional, a fin de que, en plazo 
que no exceda de diez días proceda a emplazar a quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que en igual plazo puedan 
comparecer, si lo desean, en el presente recurso de amparo. Asimismo, se acuerda 
formar la correspondiente pieza de suspensión.
6.  Por escritos presentados en el registro de este tribunal el 11 de septiembre 
de 2019 en referencia al recurso de amparo 691-2020 y el 5 de noviembre de 2020, en 
referencia al 693-2020, la procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu, 
actuando en nombre y representación de la entidad Pera Assets Designated Activity 
Company,  manifestó  ser  cesionaria  a  título  oneroso  de  determinados  créditos  e
hipotecarios de los que era titular Banco de Sabadell, S.A. (entre ellos el que grava la  bo
finca  hipotecada  que  es  objeto  del  proceso  judicial  previo),  así  como  haber  sido  016ww
ceommpplaazraedcae r paonrt ee le sJtuez gtraibduon adle,  pPorri mloe qrau eI nssotalicnictóia q eu eI nsset rluec ctuióvnie rnaú pmo.r  4p edrseo nLaodrcaa  cpoamrao 
ppraorctee sreoc.urrida, entendiéndose con dicha procuradora las actuaciones sucesivas de este
A  través  de  diligencias  de  ordenación  de  14  de  septiembre  de  2020  y  12  de 
noviembre de 2020, dictadas respectivamente en los recursos 691 y 693 del año 2020, el 
secretario de justicia de la Sala Primera de este tribunal tuvo por personada y parte a la 
procuradora doña María Claudia Munteanu en la representación acreditada.
7.  En el recurso de amparo 691-2020, por diligencia de ordenación del secretario 
de justicia de la Sala Primera de 16 de octubre de 2020, «se tienen por recibidos los 
testimonios  de  las  actuaciones  remitidas  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 4 de Lorca. A tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se da vista de 
todas las actuaciones de los presentes recursos de amparo, en la secretaría de esta 
Sala, por un plazo común de 20 días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para 
que  dentro  de  dicho  término  puedan  presentar  las  alegaciones  que  a  su  derecho 
convenga».
8.  En el recurso de amparo 693-2020, por diligencia de ordenación de 16 de 
noviembre de 2020 se acordó dar vista de todas las actuaciones a las partes personadas 
y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que, conforme con lo 
previsto  en  el  art.  52  LOTC,  pudieran  presentar  las  alegaciones  que  estimasen 
pertinentes.
9.  En el recurso de amparo 691-2020, la representante procesal de Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., presentó su escrito de alegaciones el 17 de noviembre 
de 2020, por el que interesó se dictara resolución estimatoria del recurso de amparo, 
haciendo mención a la STC 40/2020, de 27 de febrero, que, a su parecer, respalda los 
argumentos que presenta en este recurso, en torno a la necesidad de que el primer 
emplazamiento o citación al demandado se efectúe en su domicilio, como impone el 
artículo 155.1 LEC.
En el recurso de amparo 693-2020, la representación procesal de Penrei Inversiones, 
S.L., presentó su escrito de alegaciones el 15 de diciembre de 2020, en el que tras 
reproducir el contenido de la STC 40/2020, de 27 de febrero, solicitó la estimación del 
recurso de amparo.
10.  En el recurso de amparo 691-2020, el fiscal ante este Tribunal Constitucional 
presentó escrito de alegaciones el 27 de noviembre de 2020, por el que interesó de este 
tribunal  que  dictara  sentencia  otorgando  el  amparo  a  la  entidad  recurrente,  con 
reconocimiento  de  la  vulneración  de  su  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin 
indefensión (art. 24.1 CE), nulidad de «todo lo actuado desde la notificación efectuada 
electrónicamente del auto despachando ejecución acordado por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción n.º 4 de Lorca, en el juicio de ejecución hipotecaria 359-2018», y 
retroacción de las actuaciones al momento inmediato anterior a aquella notificación, 
«para que se le dé al recurrente posibilidad de formular oposición a la ejecución». Basó 
esta petición en los siguientes argumentos:
Considera el fiscal que nos encontramos ante uno de los recursos que componen la 
serie de los interpuestos por Euroinversiones Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L., 
frente a diversos autos dictados en procedimientos hipotecarios tramitados por diferentes 
juzgados de primera instancia de Lorca, por idénticas vulneraciones. Algunos de ellos ya 
han sido resueltos por este tribunal, en concreto en la sentencia del Pleno 40/2020, 
de 27 de febrero y la sentencia de la Sala Segunda 43/2020, de 9 de marzo, por lo que al 
concurrir  identidad  fáctica  y  jurídica  procede  aplicar  la  doctrina  sentada  en  dichas 
resoluciones. e.
En el recurso de amparo 693-2020, el fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó  w.
escrito de alegaciones el 30 de noviembre de 2020, con el mismo contenido que en el  016ww
recurso de amparo 691-2020.
amp1a1r.o  mReesdpiaenctteo  odtreo slía  dseo lsicui tueds cdrieto ss udsep ednesmióann dfao,r mpuolra daau topso r 12la3s/ 20re2c0u, rrdeen te1s9  deen 
octubre, y 165/2020, de 14 de diciembre, de la Sala Primera de este tribunal, se acordó
denegar  la  suspensión  cautelar  solicitada  y  ordenar  la  anotación  preventiva  de  las 
demandas de amparo en el registro de la propiedad.
12.  La Sala Primera de este tribunal, por auto 13/2021, de 15 de febrero, acordó la 
acumulación del recurso de amparo 693-2020 al recurso de amparo 691-2020, para que 
siguieran una misma tramitación hasta su resolución, también única, desde el común 
estado procesal en que se hallan.
13.  Por providencia de 6 de mayo de 2021, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 10 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
El objeto de los presentes recursos de amparo acumulados es determinar si las 
resoluciones  impugnadas  han  vulnerado  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(art.  24.1  CE)  de  las  entidades  recurrentes,  por  haber  optado  el  juzgado  por  la 
notificación electrónica a través de la dirección electrónica habilitada y no a través de la 
notificación personal en el domicilio de la sociedad de conformidad con el art. 155.1 LEC, 
y por la errónea aplicación de las normas de procedimiento administrativo, que habría 
determinado la inadmisión a trámite de los escritos de oposición a la ejecución al 
considerarlos extemporáneos.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha resuelto el 
recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra dos autos de coincidente 
contenido con los que ahora se impugnan, dando respuesta a los mismos argumentos 
que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio de la demanda. Descartada aquí la 
concurrencia de algún elemento distintivo que obligue a una fundamentación o resultado 
diversos de lo declarado entonces, procede aplicar la citada sentencia 40/2020.
En el FJ 3 de dicha STC 40/2020 se advierte que resulta de aplicación al caso la 
doctrina  de  este  tribunal  plasmada  en  sus  SSTC  6/2019,  de  8  de  abril,  FJ  4  a), 
y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), «en relación con la garantía de emplazamiento personal 
del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta materia por la LEC (directa 
o supletoriamente), como primera comunicación con el órgano judicial competente, sin 
que pueda ser sustituida por una comunicación electrónica», como puede ser el caso de 
la efectuada a través de la dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal 
se exige en el art. 155.1 LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la 
presentación en papel de las copias de los escritos y documentos para ese primer 
emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto 
la conculcación de aquel derecho fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal 
en varios recursos de amparo referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que 
se especifican en el mismo fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la 
doctrina de referencia.
Constata la STC 40/2020, en su fundamento jurídico 4, como ha de hacerse también 
ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la tutela 
judicial efectiva de las recurrentes, al no proceder a su emplazamiento personal en el 
proceso a quo a efectos de requerirlas de pago o, alternativamente, permitirles presentar 
su  oposición  a  la  ejecución,  optando  en  cambio  el  juzgado  por  un  emplazamiento  s
electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica  oe.
habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la normativa  w.
ppproroedcseeersn atcalo ryn  eoqlc ueeers  caerpli teocn oadnset e cnooipndososi sicdtíieaó  nel anin  vunonoc tiaafinvcidasocoi  ónqnou. remA radesem midtáíeasl  ,a p sruoenc  ecedonimmlapiceuent ótdo e ea lid nmptelairnnziesott r apptaaivrraao    2021-10016n https://ww
común, que son ajenas al ámbito jurisdiccional en el que nos encontramos, en alegal
conjunción con el plazo del art. 556 LEC. Todo lo cual determina la estimación del  Bc
amparo por lesión del art. 24.1 CE, en sus vertientes de acceso al proceso, a no padecer 
indefensión, y a una resolución fundada en Derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
las demandantes.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar los recursos de amparo presentados por Euroinversiones Inmobiliarias 
Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L., por vulneración de su derecho fundamental a 
la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal 
derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 14 de noviembre de 2018 y 12 de diciembre 
de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca en 
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  359-2018,  así  como  la  nulidad  de  las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la 
dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de las entidades recurrentes, debiendo llevarse a cabo de 
nuevo este por el juzgado ejecutor, de forma respetuosa con el derecho fundamental 
reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada  en  Madrid,  a  diez  de  mayo  de  dos  mil  veintiuno.–Juan  José  González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.