BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Sábado 15 de agosto de 2020 Sec. TC.   Pág. 70695
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
9780 Sala Primera. Sentencia 92/2020, de 20 de julio de 2020. Recurso de amparo 
1981-2019.  Promovido  por  Penrei  Inversiones,  S.L.,  en  relación  con  las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:92
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar y don Cándido Conde-
Pumpido Tourón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1981-2019, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la 
dirección de la letrada doña Anju Nirmala Benavent Rodríguez, contra los autos de 17 de 
septiembre de 2018 y 11 de febrero de 2019 dictados por el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 6 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 57-2018. Han 
intervenido el Ministerio Fiscal y la entidad Pera Assets Designated Activity Company, 
representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca María Grande Pesquero y 
bajo la dirección letrada de don Alejandro Ingram Solís. Ha sido ponente el magistrado 
don Andrés Ollero Tassara.
I. Antecedentes
1.  El  26  de  marzo  de  2019,  Penrei  Inversiones,  S.L.,  representada  por  la 
procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección de la 
letrada  doña  Anju  Nirmala  Benavent  Rodríguez,  interpone  recurso  contra  las 
resoluciones mencionadas en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  Los hechos relevantes para resolver el presente recurso de amparo son los  es
siguientes: o
a)  En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, a instancias  80ww
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de uso del bien hipotecado.
b)  Despachada  ejecución  por  auto  de  29  de  mayo  de  2018,  el  servicio  de 
notificaciones de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remite a la demandante de 
amparo, a través de la dirección electrónica habilitada, un aviso de notificación. Informa 
de que la notificación estará disponible hasta el 15 de julio, día en el que la recurrente de 
amparo accede efectivamente a la página web y a la notificación.
c)  El  24  de  julio  de  2018,  la  demandante  de  amparo  formula  oposición  a  la 
ejecución despachada. Por auto de 17 de septiembre de 2018, el juzgado tiene por 
efectuada la notificación el 30 de mayo anterior e inadmite el escrito de oposición por 
extemporáneo.
d)  La mercantil solicitante de amparo interpone recurso de reposición. Alega que 
las diligencias de notificación y requerimiento se realizaron el 15 de julio de 2018. La 
comunicación remitida a través de la dirección electrónica habilitada no sería más que un 
aviso de puesta a disposición o descarga de su contenido durante un plazo determinado. 
Entenderlo de otro modo vulneraría el art. 24 CE, además de los arts. 135, 152, 160, 162 
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (LEC).
e)  El recurso fue desestimado por auto de 11 de febrero de 2019. El órgano judicial, 
tras razonar que es indiscutible que la recurrente reúne la condición de persona jurídica 
obligada a relacionarse telemáticamente con la administración de justicia, señala que la 
notificación efectuada estaba ya disponible el 30 de mayo de 2018 y que la oposición se 
formuló el 24 de julio siguiente, esto es, trascurrido con creces el plazo de diez días 
establecido en el art. 556.1 LEC.
3.  La demanda de amparo atribuye a los autos impugnados la vulneración del 
derecho fundamental de la sociedad recurrente a la tutela judicial efectiva y a un proceso 
con garantías y sin indefensión (art. 24, apartados 1 y 2 CE). La interpretación de la 
legislación procesal habría privado injustamente a la recurrente de su derecho a formular 
oposición a la ejecución hipotecaria. Tratándose de un primer emplazamiento, debió 
realizarse del modo tradicional (art. 273 LEC). El órgano judicial habría incumplido su 
obligación de asegurar, no ya la legalidad formal de los actos de comunicación, sino el 
cumplimiento efectivo de su finalidad constitucional. La demandante de amparo solicita, 
en consecuencia, la anulación de las resoluciones indicadas, así como la retroacción al 
momento procesal oportuno, previo al dictado del auto de 17 de septiembre de 2018, a 
fin de que el juzgado admita a trámite su oposición al despacho de ejecución. El recurso 
pide también por otrosí la suspensión del proceso de ejecución.
4.  Mediante providencia de 16 de septiembre de 2019, la Sección Segunda de este 
tribunal  acuerda  admitir  a  trámite  el  recurso,  apreciando  que  reviste  especial 
trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC)], toda vez que plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho 
fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]. 
Acuerda  igualmente  dirigir  atenta  comunicación  al  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 6 de Lorca, a fin de que, en el plazo de diez días, remita certificación o 
fotocopia adveradas de las actuaciones correspondientes a la ejecución hipotecaria núm. 
57-2018 y emplace a quienes hubieran sido parte en el proceso del que trae causa el 
presente recurso de amparo.
5.  Por providencia de la misma fecha, la sección acuerda formar la oportuna pieza 
para la tramitación del incidente de suspensión. Seguidos los trámites correspondientes, 
la Sala Primera de este tribunal, mediante ATC 155/2019, de 25 de noviembre, deniega  s
la suspensión cautelar solicitada y ordena la anotación preventiva de la demanda de  oe.
amparo en el registro de la propiedad. w.
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virtud del régimen de sucesión procesal, las actuaciones deben continuarse con ella. 
Solicita que se la tenga por parte en tiempo y forma y que se entiendan con ella las 
diligencias sucesivas del presente recurso de amparo.
7.  Mediante diligencia de ordenación de 21 de octubre de 2019, el secretario de 
justicia de la Sala Primera tiene por personada y parte en el presente proceso a la 
mercantil Pera Assets Designated Activity Company.
8.  Mediante diligencia de ordenación de 4 de noviembre de 2019, el secretario de 
justicia  de  la  Sala  Primera  tiene  por  recibidos  los  testimonios  de  las  actuaciones 
remitidos por el juzgado y, conforme al art. 52 LOTC, da un plazo de veinte días al 
Ministerio Fiscal y a las partes para la vista del expediente y la formulación de las 
alegaciones que a su derecho convengan.
9.  Mediante escrito de alegaciones de 3 de diciembre de 2019, la representación de 
Pera Assets Designated Activity Company se opone al recurso de amparo. La ausencia 
de indefensión sería a todas luces evidente, pues la demandante de amparo habría 
formulado su oposición a la ejecución hipotecaria fuera de plazo (art. 556.1 LEC).
10.  El 5 de diciembre de 2019 tiene entrada en el registro de este tribunal escrito de 
la  recurrente  en  amparo,  que  ratifica  las  alegaciones  expuestas  en  la  demanda  y 
trascribe en parte los fundamentos jurídicos de la STC 47/2019, de 8 de abril.
11.  El Ministerio Fiscal presenta su escrito de alegaciones en este tribunal el 16 de 
diciembre  de  2019.  Solicita  el  otorgamiento  del  amparo,  el  reconocimiento  de  la 
vulneración del derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión y la 
nulidad de todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la 
ejecución, con retroacción de las actuaciones al momento anterior. De acuerdo con la 
STC 47/2019, el art. 155 LEC contempla una especialidad: cuando se trata del primer 
emplazamiento o citación del demandado, los actos de comunicación se harán por 
remisión al domicilio de los litigantes. Se regula una excepción al régimen general de las 
notificaciones telemáticas, sin distinguir entre obligados y optantes. Esta interpretación 
se correspondería con el apartado segundo del art. 273.4 LEC, que especifica que 
«únicamente los escritos y documentos que se presenten vía telemática o electrónica 
que den lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado o 
ejecutado, se deberán aportar en soporte papel, en los tres días siguientes, tantas copias 
literales cuantas sean las otras partes». Como indica la STC 47/2019, FJ 4, la finalidad 
que racionalmente se infiere de ese mandato no es otra que la de trasladar al referido 
demandado las copias presentadas en papel. A la vista de tales preceptos y de la referida 
STC 47/2019, el fiscal concluye que el juzgado no debió prescindir de la notificación personal. 
La omisión de la notificación personal habría vulnerado el art. 24.1 CE. Además, el juez no 
tuvo en cuenta que la información contenida en el aviso llevó a la ejecutada a la creencia 
de que disponía de plazo para acceder a la notificación.
12.  Por providencia de 16 de julio de 2020 se señala para votación y fallo del 
presente recurso el día 20 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación de los autos  s
de 17 de septiembre de 2018 y 11 de febrero de 2019 dictados por el Juzgado de  o
Primera Instancia núm. 6 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 57-2018.  w.
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pago y alternativo derecho a oponerse a la demanda ejecutiva debió realizarse de
manera personal en su domicilio social con entrega en papel de la documentación, y no
mediante el servicio de notificaciones electrónicas y de dirección electrónica habilitada 
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El órgano judicial habría incumplido su 
obligación de asegurar, no ya la legalidad formal de los actos de comunicación, sino el 
cumplimiento  efectivo  de  su  finalidad  constitucional.  Todo  ello  constituiría  una 
vulneración del derecho fundamental de la demandante de amparo a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24 CE). Solicita, en consecuencia, la anulación de las 
resoluciones indicadas, así como la retroacción al momento procesal oportuno, previo al 
dictado del auto de 17 de septiembre de 2018, a fin de que el juzgado admita a trámite 
su oposición al despacho de ejecución.
Se opone a ello la representación de Pera Assets Designated Activity Company, para 
quien la demandante de amparo habría sido correctamente emplazada, por lo que la 
inadmisión por extemporaneidad de su escrito de oposición no vulneraría el art. 24.1 CE.
El Ministerio Fiscal solicita la estimación de la demanda de amparo y la nulidad de 
todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la ejecución 
con retroacción de las actuaciones al momento anterior.
La reciente STC 40/2020, de 27 de febrero, del Pleno, ha estimado un recurso de 
amparo basado en los mismos motivos y dirigido contra autos de contenido muy similar 
de otro juzgado de Lorca. Corresponde, en consecuencia, dar por reproducidos los 
fundamentos jurídicos de aquella sentencia y declarar por ello que los autos de 17 de 
septiembre de 2018 y 11 de febrero de 2019 del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de 
Lorca han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente en amparo 
(art. 24.1 CE). Como en aquel caso, la estimación del amparo trae consigo la nulidad de 
los autos recurridos, así como de todo lo actuado en el procedimiento hipotecario a quo 
desde  el  momento  en  que  se  proveyó  al  emplazamiento  de  la  entidad  mercantil 
solicitante de amparo a través de la dirección electrónica habilitada.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la mercantil Penrei Inversiones, S.L., y, 
en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente en 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de los 
autos de 17 de septiembre de 2018 y 11 de febrero de 2019 dictados por el Juzgado de 
Primera Instancia núm. 6 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 57-2018, 
así como la nulidad de las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la 
entidad recurrente a través de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
último  por  el  juzgado  ejecutor  de  forma  que  resulte  respetuoso  con  el  derecho 
fundamental reconocido. s
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». w.b
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