BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95489
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13450 Sala Segunda. Sentencia 121/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso 
de amparo 1583-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:121
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, Presidenta; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  1583-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  el  auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 6 de Lorca, de 12 de septiembre de 2018, que inadmitió la demanda de 
oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 46-2018 instado por la entidad Banco de Sabadell, S.A.; y contra el 
auto  del  mismo  juzgado,  de  18  de  enero  de  2019,  que  desestimó  el  recurso  de 
reposición interpuesto contra la anterior resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. 
Ha  formulado  alegaciones  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company, 
actuando como sucesora procesal del banco ejecutante. Ha sido Ponente el magistrado 
don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 12 de 
marzo de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando 
en nombre y representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., bajo la 
defensa del letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso demanda de amparo contra 
las resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a  o
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes: 450www.
bienae)s  hLipao teenctaiddaods  cBoanntcrao  ladse  mSearbcaadnetillle, sS E.Au.r,o iinnvteerrpsiuosnoe sd Ienmmaonbdilaia rdiaes  eCjeocsutac iSónu r,s Sob.Lr.e, 
y Penrei Inversiones, S.L., en relación con la finca registral 43 306 sita en el término
municipal de Lorca, resultando la primera de las demandadas la deudora hipotecaria y, la 
segunda, titular de un derecho de uso y disfrute sobre dicho inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento del proceso, dictó auto el 24 de mayo de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  46-2018), 
requiriendo de pago a las ejecutadas y alternativo derecho a oponerse a la ejecución en 
el plazo de diez días.
b)  En las fechas 29 y 30 de mayo de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas 
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió dos correos al buzón de la dirección 
electrónica habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, avisándole en cada caso, 
de una notificación del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Lorca relativa al proceso 
«EJH/0000046/2018»; notificación a la que podía acceder entre los días 29 de mayo 
a 14 de julio de 2018 para la primera y entre los días 30 de mayo a 15 de julio de 2018, 
para la segunda.
c)  Sin  que  conste  que  se  hubiere  accedido  a  los  enlaces  habilitados  en  los 
anteriores mensajes, los días 13 y 14 de julio de 2018 el servicio de notificaciones 
electrónicas mencionado remitió dos nuevos correos al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la recurrente en amparo, recordándole los anteriores avisos y la posibilidad 
de acceder a las notificaciones en los enlaces indicados, hasta las 23:59 horas de los 
días 14 y 15 de julio de 2018, respectivamente.
d)  Los días 14 y 15 de julio de 2018, por personal de la recurrente se accedió a los 
enlaces remitidos por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a las notificaciones 
enviadas por el juzgado de primera instancia ejecutor en relación con el procedimiento 
hipotecario núm. 46-2018. También en esas fechas, la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre emitió dos certificados electrónicos que obran en las actuaciones del proceso (al 
igual que los anteriores correos), dejando constancia de que la notificación había sido 
«aceptada» en cada uno de los dos envíos.
e)  El 25 de julio de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución.
f)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca dictó auto el 12 de 
septiembre de 2018, con esta dispositiva:
«Acuerdo:
1.  Inadmitir a trámite la oposición formulada por la parte ejecutada Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur S.L., representada por el procurador don Antonio Serrano Caro 
por presentación fuera de plazo, contra Banco de Sabadell, S.A.
2.  Mandar seguir con la presente ejecución y en los términos ya acordados».
En cuanto a la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, el auto razonó en 
su fundamento de Derecho único lo que sigue:
«Único. Se establece en el artículo 134 de la L.E.C., la improrrogabilidad de los 
plazos establecidos en la misma, y en el artículo 136 LEC, que transcurrido o pasado el 
término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la 
preclusión  y  se  perderá  la  oportunidad  de  realizar  el  acto  de  que  se  trate,  y 
previniéndose en el artículo 695 LEC, que el escrito de oposición a la ejecución deberá 
ser presentado dentro de los diez días siguientes al de la notificación del auto y decreto 
por el que se despacha ejecución y/o de la medida concreta de ejecución, y constando 
en el presente supuesto que la parte ejecutada se ha opuesto pasado que ha sido el  e.
plazo que legalmente se le otorga, debe ser inadmitida su oposición por extemporánea,  w.
de conformidad con lo establecido en los preceptos citados». 450ww
Como pie de recurso, se ofrecía «recurso de reposición en el plazo de cinco días
anteg e) steP otrri beul nreapl sreins eenfetacntotes  spuroscpeesnasli vdoes »la. demandante de amparo se interpuso recurso
de  reposición  contra  el  anterior  auto.  En  el  recurso  defendió  que  la  notificación  y
requerimiento  de  pago  tuvo  lugar  cuando  accedió  al  contenido  de  la  notificación 
electrónica remitida y no antes, siendo desde entonces que cabía computar el plazo de 
diez días del art. 556 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC). Con invocación también de 
los arts. 135, 152.1.2 párrafo tercero, 155.2, 162 y 273 LEC, y doctrina de este Tribunal 
Constitucional sobre el derecho a no padecer indefensión y la importancia de los actos 
de comunicación procesal, afirmó que de no tener el juzgado por formulada su demanda 
de oposición al despacho de ejecución, se vulneraría su derecho a la tutela judicial 
efectiva y sin indefensión, quedando denunciado a esos efectos.
h)  El juzgado ejecutor dictó auto el 18 de enero de 2019 en desestimación del 
recurso de reposición, con los argumentos que expuso en su razonamiento jurídico 
segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de las recurrentes (sic), las mismas desde el 1 de enero de 2017 (disposición 
transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC) están 
obligadas  a  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medios  electrónicos 
[art. 14. 2 a) de la Ley 39/2015 LPACAP y art. 273. 3 a) LEC].
Interpretan  las  recurrentes  de  forma  errónea  la  normativa  aplicable.  Así  el 
artículo 162.2 LEC en cualquiera de los supuestos a los que se refiere este artículo, 
cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios 
técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por 
los colegios de Procuradores, transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su 
contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando 
plenamente sus efectos.
Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de 
acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se debiera 
a causas técnicas y estas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el 
acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En 
cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que 
conste la posibilidad de acceso al sistema. No obstante, caso de producirse el acceso 
transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se 
entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo 
acreditativo de su recepción.
En este sentido los artículos 33.2 y 34 de la Ley 18/11 de 5 de julio, reguladora del 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de 
justicia  establecen  que  las  comunicaciones  a  través  de  medios  electrónicos  se 
realizarán, en todo caso, con sujeción a lo dispuesto en la legislación procesal y serán 
válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del 
contenido íntegro de las comunicaciones, y se identifique con la autenticación que sea 
exigible al remitente y al destinatario de las mismas; El sistema de notificación permitirá 
acreditar la fecha y hora en que se produzca la salida y las de la puesta a disposición del 
interesado del acto objeto de notificación, así como de acceso a su contenido. En caso 
de que el acto de comunicación no pueda llevarse a cabo por medios electrónicos, se 
procederá a imprimir la resolución y la documentación necesaria, procediéndose a la 
práctica del acto de comunicación en la forma establecida en las leyes procesales e 
incorporándose a continuación el documento acreditativo de la práctica del acto de 
comunicación, debidamente digitalizado, al expediente judicial electrónico. En todo caso, 
el  destinatario  del  acto  de  comunicación  tendrá  derecho  a  obtener  copia  de  la  e.
documentación recibida en formato electrónico. w.b
A su vez el artículo 11.2 del Real Decreto 1065/2015 de 27 de noviembre, sobre  450ww
Mcoinmisutneircioa cdioen eJsu setilceicat ryó npicoar se el nq ulae  ased mreingiustlara ceiló nsi sdteem juas tLiceixan eent  deel táemrmbiintoa  tqeurreit osreiarál  ddeel 
laop dlicisapcuióens tao  elons  ealc atortsíc duelo c 1o6m2u.2n idcea claió Lne rye adleiz eandjousic aia tmraievnétso d ceiv lial. sede judicial electrónica
A tales efectos resulta clarificador el acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala 
Cuarta del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2016: "Cuando haya constancia de la 
correcta remisión del acto de comunicación y transcurran tres días hábiles sin que el 
destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada 
con  plenos  efectos  procesales.  Por  tanto,  constando  correcta  la  remisión  de  la 
comunicación tal y como se constata por el letrado de la administración de justicia, el 
hecho de que el destinatario no hubiera accedido al contenido sino hasta el 9 de 
diciembre de 2017 no es determinante de nulidad de actos por cuanto la comunicación 
se entiende efectuada con plenos efectos procesales. Por todo ello se desestima el 
recurso".
En  parecidos  términos  se  han  manifestado  la  Sección  Tercera  de  la  Audiencia 
Provincial de Palma de Mallorca (sentencia 180/2018), o las Secciones cuarta y quinta 
de  la  Audiencia  Provincial  de  Murcia  (auto  68/2018  y  sentencia  109/2018, 
respectivamente),  dando  validez  a  la  notificación  a  personas  jurídicas  por  canales 
electrónicos.
En  el  presente  caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las 
recurrentes en fecha 30 de mayo de 2018 no accediendo al contenido hasta el día15 de 
julio de 2018 (fuera de los tres días que establece la normativa procesal), presentando 
los escritos de oposición a la ejecución en fecha 26 de julio de 2018 claramente fuera del 
plazo legalmente establecido en el art. 556. 1 LEC (dentro de los diez días siguientes al 
de la notificación del auto despachando ejecución,) y siendo que, conforme al art. 136 
LEC, transcurrido o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal 
de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que 
se trate, es claro que dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia 
legal la inadmisión».
Como pie de recurso, el auto indicaba que dicha resolución «es firme, y contra la 
misma no cabe recurso alguno». Tanto este auto como el anterior de 12 de septiembre 
de 2018, fueron notificados por el juzgado al procurador de la demandante de amparo a 
través del sistema Lexnet, tal como obra en las actuaciones.
Notificado así el auto de 18 de enero de 2019, por la indicada mercantil se interpuso 
el presente recurso.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causaron, en primer lugar, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad 
recurrente, al haberse efectuado su emplazamiento como ejecutada en el procedimiento 
hipotecario de referencia a través de un correo electrónico remitido por un servicio de 
notificaciones electrónicas, y no mediante entrega de la documentación correspondiente 
en papel en la sede de su domicilio social, tratándose de su primer emplazamiento 
judicial en el proceso, como establece el art. 273 LEC, en relación con los arts. 135, 152, 
162 y en especial el art. 155.1 de esta ley, objetando también que el juzgado haya hecho 
el cómputo del plazo para oponerse, desde la fecha del envío del correo a la dirección 
electrónica habilitada y no del acceso a la notificación, inadmitiendo así su escrito.
Sobre el auto del 18 de enero de 2019 que desestimó el recurso de reposición 
promovido contra la anterior resolución –y del que se resumen sus argumentos–, se 
rechaza por la recurrente que el juzgado haya fundamentado su segunda decisión en la 
Ley de procedimiento administrativo común, que considera inaplicable al ámbito procesal 
civil. Precisa que, en materia de notificación de actos procesales existe una normativa  e
propia detallada en la Ley de enjuiciamiento civil según ha expuesto, ensamblada en el  bo
haz de garantías que se derivan del art. 24 CE. 450ww
(art.A 2le4g.2a  CtaEm),b ieénn  clau avnutoln ear aucnió pnr odceel sdoe dreec hdoe fean suan  cpornotcreasdoic tcoorina , toy ddaesl  ldaesr egcahroa natí alas 
daesils atemnpcaiar ol,e ctroand an u(alidrta. d2 4d.e2  loCsE d),o as uanuqtouse  rseincu crorindcorse yc iólan r eatl rocaascoci.ó Yn  dsoel ilcaista a lcat ueasctiiomnaecsió anl 
momento previo al dictado de la primera de aquéllas, a fin de que el juzgado a quo 
admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de un «segundo otrosí digo», el escrito de demanda argumentó «que la 
continuación de la ejecución derivada de los pronunciamientos judiciales que han sido 
objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a 
terceros, puede hacer perder al recurso de amparo su finalidad, por lo que solicitó la 
suspensión  de  la  continuación  del  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  46-2018 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial».
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este tribunal dictó 
providencia el 17 de junio de 2019 por la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, 
«apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
[art. 50.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso plantea un 
problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina 
de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2, a)]; así como que el recurso puede dar ocasión al 
tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos 
relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, 
FJ 2, b)]; (ii) requerir al juzgado a quo para que en plazo no superior a diez días remitiera 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones del procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 46-2018; (iii) previamente emplazar a quienes hubieran sido parte en 
éste, excepto a la recurrente en amparo, para poder comparecer en el presente proceso 
constitucional en del plazo de diez días, a efecto de formular alegaciones; y (iv) formar la 
correspondiente pieza separada de suspensión».
5.  Mediante providencia de la Sala Segunda, Sección Cuarta, de este tribunal, 
de 24 de junio de 2019, se acordó oficiar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm.  6  de  Lorca  «a  fin  de  que,  a  la  mayor  brevedad  posible,  remita  certificación 
acreditativa de la interposición o no de recurso de apelación contra alguna de las 
resoluciones dictada en las actuaciones principales o en alguna pieza separada en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria seguido en ese juzgado con el número 46-2018 
y, si ha recaído resolución, se remita a esa sala testimonio de la misma».
Con  fecha  24  de  julio  de  2019,  se  recibió  en  el  registro  de  este  tribunal  la 
correspondiente certificación del juzgado a quo fechada el 15 de julio de 2019, en la que 
se hizo constar «que en el presente procedimiento no se ha interpuesto recurso de 
apelación por ninguna de las partes personadas en el mismo».
6.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 19 de julio de 2019, la 
procuradora de los tribunales doña Blanca María Grande Pesquero, actuando en nombre 
y representación de la entidad Banco de Sabadell, S.A., solicitó se tuviera a esta última 
como  personada  como  parte  recurrida,  entendiéndose  con  dicha  procuradora  las 
actuaciones sucesivas de este proceso.
7.  Con fecha 25 de julio de 2019, la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de 
este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que, de una parte, decidió tener por 
personado y parte al Banco de Sabadell, S.A., a través de la procuradora mencionada, y 
de  otra,  dispuso  remitir  nueva  comunicación  al  juzgado  a  quo  a  fin  de  reiterar  el 
cumplimiento de la remisión de la certificación o fotocopia de las actuaciones, acordada 
en  la  providencia  de  admisión,  dado  que  la  ejecución  de  estas  actuaciones  había  e.
resultado fallida al remitir un CD sin contenido alguno. w.
de 188.  dUe nsae pvteiezm rbercei bdidea s2 0l1a9s,  alac tSuaecciroentaersía  indtee reJusastdicaisa,  apcoorr ddói lidgaern cviias tad ed eo redlelansa cai ólna 
parte recurrente, a la personada y al Ministerio Fiscal por plazo de común de veinte días.
9.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones  el  18  de  octubre  de  2019,  por  el  que  interesó  se  dictara  resolución 
estimatoria del recurso de amparo, haciendo mención a la STC 47/2019, de 8 de abril, 
que a su parecer respalda los argumentos que defiende en este recurso, en torno a la 
necesidad de que el primer emplazamiento o citación al demandado se efectúe en su 
domicilio, como impone el artículo 155.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
10.  Con fecha 17 de octubre de 2019, la procuradora doña Blanca María Grande 
Pesquero, formalizó escrito de alegaciones ante este tribunal actuando en nombre y 
representación de la entidad Pera Assets Designated Activity Company, y asistida por el 
letrado don Alejandro Ingram Solís, a fin de «formular oposición al recurso de amparo». 
Se interesó en el mismo la denegación del amparo solicitado por la entidad recurrente, y 
que  «se  tenga  por  subrogada  a  mi  representada  Pera  Assets  Designated  Activity 
Company como parte en este procedimiento, en lugar de la actora y a mí como parte 
legítima  en  dicha  representación».  En  dicho  escrito,  la  mercantil  defendió  la 
interpretación que hace el juzgado de las normas citadas en los dos autos impugnados, 
por lo que el escrito de oposición a la ejecución se presentó «claramente fuera del plazo 
legalmente establecido en el artículo 556.1 LEC».
No consta presentado dentro del plazo del art. 52 LOTC, o con posterioridad, ningún 
escrito de alegaciones de la entidad Banco de Sabadell, S.A.
11.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 30 
de octubre de 2019, por el que interesó de este tribunal que dictara sentencia otorgando 
el amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), nulidad de «todo lo actuado desde la 
notificación efectuada electrónicamente del auto despachando ejecución acordado por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, en el juicio de ejecución 
hipotecaria 46-2018», y retroacción de las actuaciones al momento inmediato anterior a 
aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de formular oposición a 
la ejecución». Basó esta petición en los siguientes argumentos:
a)  Previo a formular las alegaciones de fondo del recurso, la fiscal expuso sus 
razones para considerar correctamente agotada la vía judicial previa al amparo por parte 
de la recurrente [art. 44.1 a) LOTC], al no ser necesario interponer incidente de nulidad 
de actuaciones contra el auto desestimatorio de la reposición –el cual no producía en 
origen la lesión–, ni resultar previsiblemente útil de haberse presentado. Tampoco la 
demanda de amparo es prematura por interponerse tras el segundo de esos autos, sin 
esperar a la finalización del proceso ejecutivo, atendida la doctrina de este tribunal para 
situaciones similares.
b)  En  cuanto  al  fondo,  la  alegada  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial 
efectiva, (art. 24.1 CE) por haberse inadmitido a trámite, por extemporáneo, el escrito de 
oposición a la ejecución de la recurrente, considera la fiscal sobre todo que procede 
hacer aplicación de la doctrina sentada por la STC 47/2019, de 8 de abril, en un 
supuesto  similar,  referido  a  un  proceso  laboral,  pero  donde  resultan  de  aplicación 
subsidiaria las normas de la Ley de enjuiciamiento civil, en especial los arts. 155 y 273.4, 
segundo párrafo, de los que se deriva la obligatoriedad de que el primer emplazamiento 
se realice de manera personal y con entrega en papel de la documentación. El resultado 
es  que  ambas  resoluciones  del  juzgado  sumieron  a  la  recurrente  en  indefensión 
prohibida  por  el  art.  24.1  CE,  pero  además  conculcaron  el  canon  exigible  de  s
razonabilidad, ante tal errónea selección de las normas. oe.
12.  Por la secretaría de justicia se ha dictado diligencia el 6 de febrero de 2020,  450ww
Fdeisjcaanld yo  dceo nlossta rnecpiare sdeen tlaan tperse speronctaecsiaólne sd dee l olas  reesccurrirteonst ed ee na alemgpaaciroon; ecso nd erel laMciinóins tae rliao 
personación pretendida por Pera Asset Deignated Activity Company, acordó dirigir atenta
comunicación al órgano judicial a fin de verificar la firmeza del auto de 17 de diciembre 
de 2019 que estimaba la sucesión procesal a favor de dicha entidad.
13.  En  relación  con  el  escrito  presentado  por  la  representante  procesal  de  la 
entidad Pera Assets Designated Activity Company, tras haberse recibido del Juzgado de 
Primera Instancia núm. 6 de Lorca una copia del auto dictado en el proceso a quo el 17 
de diciembre de 2019, aceptando la sucesión procesal solicitada, y copia del auto de 3 
de marzo de 2020, desestimando el recurso de reposición interpuesto contra aquél por la 
entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., el 25 de junio de 2020, la Sección 
Cuarta de este tribunal dictó providencia acordando «confirmar la personación como 
parte comparecida en el presente recurso a dicha entidad en virtud de sucesión procesal 
verificada ex arts. 17 y 540 LEC (por remisión del art. 80 LOTC: ATC 473/2006, de 20 de 
diciembre, FJ 1)».
14.  Respecto de la solicitud de suspensión formulada por la recurrente en amparo 
mediante otrosí de su escrito de demanda, por auto de la Sala Segunda de este tribunal 
núm. 104/2019, de 16 de septiembre, se acordó: «1.º Denegar la suspensión cautelar 
solicitada […]; 2.º Ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el 
registro de la propiedad, a cuyo efecto el referido juzgado ha de expedir el mandamiento 
oportuno, para que pueda practicarse la misma en relación con el inmueble a que se 
refieren las presentes actuaciones».
15.  Por la Secretaría de Justicia se ha dictado diligencia el 9 de julio de 2020, 
dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del Ministerio 
Fiscal y de los representantes procesales de la recurrente en amparo y de la entidad 
comparecida a título de sucesor procesal, quedando el asunto concluso y pendiente para 
deliberación cuando por turno correspondiera.
16.  Mediante providencia de fecha 17 septiembre 2020 se señaló para deliberación 
y votación de la presente Sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, han 
inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquéllas, al 
considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de plazo realizado con arreglo a 
normas del procedimiento administrativo común.
En concreto, en el presente recurso la entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., impugna los autos del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Lorca, de 12 de 
septiembre de 2018 y 18 de enero de 2019, recaídos en el proceso hipotecario núm. 
46-2018.
La demanda de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  aquel  e
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación  bo
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil.  450ww
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la entidad comparecida se opone a la demanda en cuanto al fondo, interesando su 
desestimación.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la 
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra 
dos  autos  de  coincidente  contenido  con  los  que  ahora  se  impugnan,  y  donde  dio 
respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio 
de  la  demanda.  Descartada  aquí  la  concurrencia  de  algún  elemento  distintivo  que 
obligue a una fundamentación o resultado distinto a lo declarado entonces, procede por 
tanto que hagamos aplicación de la citada sentencia 40/2020.
En tal sentido, luego de despejar en el fundamento jurídico 2 cualquier posible óbice 
procesal por falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo [art. 44.1.a) LOTC], 
al no caber recurso contra el auto desestimatorio de la reposición y así indicarlo el pie de 
recurso de éste, y no ser tampoco el amparo prematuro por interponerse sin esperar a la 
finalización  del  proceso  ejecutivo  hipotecario  a  quo,  se  aborda  en  el  fundamento 
jurídico 3 el examen de la queja de fondo por lesión del art. 24.1 CE derivada de la 
inadmisión  del  escrito  de  oposición  a  la  ejecución,  advirtiéndose  que  resulta  de 
aplicación al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de 
enero, FJ 4 a), (iii), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 
de abril, FJ 4 a), recaída en proceso de amparo, «en relación con la garantía de 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la Ley de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), como primera 
comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida por una 
comunicación electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la 
dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 
LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las 
copias de los escritos y documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento 
de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho 
fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal en varios recursos de amparo 
referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo 
fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata  entonces  la  STC  40/2020,  en  su  fundamento  jurídico  4,  como  ha  de 
hacerse también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento 
personal  en  el  proceso  a  quo  a  efectos  de  requerirla  de  pago  o  alternativamente 
permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la 
normativa procesal y que apenas consistía en un aviso remitiendo a un enlace de 
internet para poder conocer el contenido de la notificación. Además, computó el plazo 
para  presentar  el  escrito  de  oposición  invocando  normas  del  procedimiento 
administrativo  común,  que  son  ajenas  al  ámbito  jurisdiccional  en  el  que  nos 
encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 LEC. Todo lo cual determina 
la estimación del amparo por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art.24. 1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las  s
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos  oe.
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de  w.
la demandante. 450ww
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer 
indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 12 de septiembre de 2018 y 18 de enero 
de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca en 
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  46-2018,  así  como  la  nulidad  de  las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la 
dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo esta 
última  por  el  juzgado  ejecutor,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–
Firmado y rubricado.