BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Viernes 24 de enero de 2020 Sec. TC.   Pág. 7451
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1107 Sala Segunda. Sentencia 163/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de 
amparo 5536-2012. Promovido por don José Nicolás de la Cruz Martínez 
respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la 
administración de justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la 
presunción  de  inocencia:  STC  125/2019  (denegación  de  indemnización 
resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 
19 de junio).
ECLI:ES:TC:2019:163
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5536-2012, promovido por don José Nicolás de la 
Cruz Martínez, contra los siguientes actos de los poderes públicos: (i) la resolución del 
Ministerio de Justicia, primero presunta por silencio y luego expresa de fecha 3 de mayo 
de 2011, que desestimó la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial de 
la administración pública, por el tiempo pasado en prisión preventiva en causa judicial de 
la que resultó finalmente absuelto; (ii) la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional,  de  2  de  abril  de  2012,  que 
desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución anterior; 
y (iii) el auto de la misma Sala y Sección, de 19 de julio de 2012, por el que se desestimó 
a su vez la solicitud de nulidad de dicha sentencia. Ha actuado como parte el abogado 
del Estado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don 
Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 2 de 
octubre de 2012, el procurador de los tribunales don Carlos Plasencia Baltés, actuando 
en nombre y representación de don José Nicolás de la Cruz Martínez, bajo la defensa de 
la  Letrada  Rosa  María  Sanz  Carrasco,  interpuso  demanda  de  amparo  contra  las 
resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a  o
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes: ww.
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Madrid, en fecha 14 de mayo de 2009 (procedimiento núm. 42-2008), resultó absuelto 
del delito contra la salud pública del que se le acusaba, por aplicación del principio in 
dubio pro reo, acordándose su excarcelación. En concreto, la sentencia señaló en el 
fundamento de Derecho primero:
«De todo este acervo probatorio hay que destacar que el procesado, que declara de 
forma idéntica en todos [sic] sus declaraciones, niega rotundamente la propiedad de la 
cocaína, recalca que en su local no se consumen drogas, que al patio, además de él, 
acceden otras personas, como sus empleados y algunos clientes, que al mismo dan 
unas  ventanas  desde  las  que  se  puede  acceder  también  a  dicho  patio  […].  Sus 
declaraciones son corroboradas por su empleada […]. Frente a estas declaraciones, 
persistentes, ausentes de motivos de incredibilidad subjetiva, o, lo que es lo mismo, de 
móviles espurios, y verosímiles, han de oponerse las de los agentes de policía […]. 
Existen claras contradicciones entre las declaraciones de ambos agentes […]. Asimismo, 
el hecho de que los agentes no presenciaran en el interior del local ni venta alguna, ni 
siquiera consumo de sustancias estupefacientes […], determina que la propiedad de la 
cocaína pueda atribuirse no solo al procesado sino a otras muchas personas, lo que 
genera en este Tribunal dudas razonables sobre la autoría del acusado en los hechos 
enjuiciados,  impidiendo  la  destrucción  del  principio  de  presunción  de  inocencia 
consagrado en el art. 24.2 CE.»
b)  Con fecha 10 de febrero de 2010, el recurrente en amparo presentó una solicitud 
ante el Ministerio de Justicia, solicitando la cantidad de trescientos mil euros (300.000 €) 
en concepto de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, por el tiempo 
sufrido  en  situación  de  prisión  provisional.  La  solicitud  dio  lugar  a  la  apertura  del 
expediente núm. 71-2010.
c)  Contra  la  desestimación  presunta  por  silencio  administrativo,  se  interpuso 
recurso  contencioso-administrativo  el  25  de  marzo  de  2011  ante  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recayendo el asunto en su Sección 
Tercera (recurso ordinario núm. 161-2011).
Posteriormente recayó resolución expresa del secretario de Estado de Justicia, de 
fecha 3 de mayo de 2011, manteniendo la denegación de la solicitud indemnizatoria, que 
se tuvo por acumulada al objeto del proceso. Como apoyo de la decisión se citó en la 
resolución ministerial el art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el 
dictamen del Consejo de Estado recabado para el caso, concluyendo:
«Estamos  pues  ante  el  supuesto  de  prisión  preventiva  seguida  de  sentencia 
absolutoria sin que se haya acreditado la total desconexión del reclamante respecto de 
los hechos que se le imputaban, ni tampoco declara la Sentencia la inexistencia del 
hecho  imputado,  requisito  fijado  por  el  artículo  294  […]  para  tener  derecho  a  ser 
indemnizado.»
d)  Tras la tramitación del procedimiento, la Sala competente dictó sentencia con 
fecha 2 de abril de 2012, desestimando el recurso.
Como base para su decisión, la Sala siguió el criterio sentado por la jurisprudencia 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a partir de dos sentencias dictadas el 23 de 
noviembre de 2010, modificando el Alto Tribunal su criterio precedente, al apreciar a 
partir  de  entonces  que  solo  cabe  indemnización  por  el  tiempo  pasado  en  prisión 
preventiva, ex del art. 294 LOPJ, en los casos de absolución o sobreseimiento por 
inexistencia objetiva del hecho, no en los demás casos. Por tanto, se deniega en dicho  e.
recurso, teniendo en cuenta en su fundamento de Derecho cuarto: w.
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esta última de la vía general prevista en el artículo 293 LOP [sic], siendo así que en el
caso la absolución del demandante se ha producido al considerar la Audiencia Provincial 
que no se había desvirtuado su presunción de inocencia en contemplación de la prueba 
practicada  y  no  por  la  inexistencia  objetiva  del  hecho  imputado,  cuya  inexistencia 
objetiva es presupuesto inexcusable para la indemnización ex artículo 294 LOPJ, por lo 
que al desvanecerse del modo visto el título indemnizatorio que soportaba la pretensión 
actora el recurso ha de ser desestimado sin más circunloquios.»
e)  Contra la sentencia dictada se interpuso incidente de nulidad de actuaciones por 
escrito de 25 de mayo de 2012, denunciando en él la vulneración de los derechos 
fundamentales del «artículo 24.1 y 2 y 17 de la Constitución española, en relación con el 
artículo 121 del mismo texto constitucional». En concreto, por lo que respecta a la lesión 
del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva,  al  carecer  la  sentencia  de  la  «necesaria 
motivación».
f)  Por auto de la misma Sala y Sección, de 19 de julio de 2012, se desestimó la 
nulidad por cuanto la sentencia resolvió todas las cuestiones planteadas, y el incidente 
del art. 241 LOPJ no puede convertirse «en una instancia más o una nueva oportunidad 
para revisar lo ya juzgado de modo firme».
3.  La demanda de amparo alegó como derechos fundamentales vulnerados por las 
resoluciones que impugna, el de tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE), a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), y a la 
libertad (art. 17 CE). Sostiene que el recurrente tenía derecho a una indemnización por el 
tiempo sufrido en prisión provisional, con base en el art. 294.1 LOPJ, puesto que le era 
aplicable la jurisprudencia del Tribunal sentada con las sentencias de 23 de noviembre 
de 2010, toda vez que «no se absolvió a don José Nicolás de la Cruz Martínez por falta 
de pruebas sobre su participación en el hecho imputado, sino por no haber quedado 
acreditado  el  hecho  imputado  y,  consecuentemente,  tampoco  la  participación  en  el 
mismo de mi representado». Explica luego cuáles son los daños materiales y morales 
sufridos  como  consecuencia  del  tiempo  pasado  en  prisión,  y  que  las  resoluciones 
impugnadas no motivan adecuadamente el fundamento para rechazar lo solicitado.
4.  Se  requirió  al  representante  procesal  del  recurrente,  mediante  diligencia  de 
ordenación de la secretaría de justicia de la Sala Segunda, Sección Cuarta, de este 
Tribunal, de 8 de octubre de 2012, para que acreditara fehacientemente la fecha de 
notificación de la resolución recurrida en amparo, y para que aportase la escritura 
acreditativa  del  poder  de  representación  que  decía  ostentar  del  recurrente.  Dicho 
requerimiento se cumplimentó por escrito de aquel profesional de 15 de octubre de 2012, 
en cuanto al primer punto, celebrándose a su vez apoderamiento apud acta ante la 
secretaria de justicia el 25 de octubre de 2012, según acta levantada al efecto.
De otro lado, por diligencia de ordenación de 30 de octubre de 2012, se acordó dirigir 
atenta comunicación a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, para que remitiera la resolución del Ministerio de Justicia de 3 de 
mayo de 2011, impugnada en amparo. Y por diligencia de ordenación de 5 de noviembre 
de 2012, dirigida a la misma Sala y Sección, para que remitiera las actuaciones del 
procedimiento ordinario núm. 161-2011, incluido el expediente del Ministerio de Justicia, 
habiéndose proveído en ambos casos.
5.  La Sección Cuarta de este Tribunal dictó providencia el 23 de mayo de 2013, por 
la que acordó admitir a trámite el recurso. En la misma resolución se acordó dirigir atenta 
comunicación a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la  e.
Audiencia Nacional, a fin de que procediera a emplazar en el plazo no superior a diez  w.
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6.  La abogada del Estado presentó escrito el 10 de junio de 2013, por el que se 
personó  en  el  recurso,  solicitando  se  le  tuviera  por  personada  y  parte  en  la 
representación que ostenta, debiendo entenderse con ella los posteriores trámites del 
procedimiento.
A esto se accedió por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sala 
Segunda de este Tribunal, de fecha 4 de julio de 2013, acordando además dar vista de 
las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte 
días,  a  fin  de  que  pudieran  presentar  las  alegaciones  que  estimasen  pertinentes, 
conforme con lo previsto en el art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC).
7.  Por escrito presentado el 3 de septiembre de 2013, consignó sus alegaciones el 
abogado del Estado por el que interesó se dictase sentencia desestimando la demanda 
de amparo.
Por lo que respecta pues al fondo, rechaza el mismo escrito de alegaciones que se 
hayan vulnerado los derechos del recurrente, toda vez, en primer lugar, a que no existe un 
derecho susceptible de amparo para obtener una reparación económica en caso de haber 
sufrido prisión provisional. Así también lo ha precisado el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos al descartar que se conculque el art. 6.2 del Convenio europeo de derechos 
humanos (CEDH) por no preverlo un Estado miembro. Cita en concreto las sentencias 
de 25 de abril de 2006, asunto Puig Panella contra España; 25 de agosto de 1987, asunto 
Englert contra Alemania, y la «sentencia de 23 de mayo de 2000 del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos asunto Narciso Linares»; refiriéndose esta última, en realidad, a la 
decisión de la Sección Cuarta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 23 de marzo 
de  2000,  adoptada  en  el  asunto  Dinares  Peñalver  contra  España.  También  cita  el 
ATC 145/1998, de 22 de junio, del recurrente Sr. Puig Panella.
En segundo lugar, niega en concreto que se haya producido la lesión del derecho a 
la  libertad,  para  lo  cual  hace  cita  del  ATC  148/1998  (rectius,  ATC  145/1998),  que 
entiende «claro en este sentido».
Y sobre el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (art. 24.1 CE), cuya 
doctrina constitucional se encuentra consolidada –con cita de la STC 77/2000, FJ 2–, 
señala que no concurre la denunciada ausencia de dicha respuesta motivada y razonada 
en la sentencia, que se refiere al cambio de la jurisprudencia del Tribunal Supremo a 
partir de sus sentencias de 23 de noviembre de 2010, para adaptarse a los criterios del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asuntos Puig Panella y Tendam, excluyendo su 
anterior  interpretación  extensiva  del  art.  294.1  LOPJ,  que  quedó  así  limitada  a  la 
indemnización por el supuesto de inexistencia objetiva del hecho delictivo. La Audiencia 
Nacional lo que hizo fue denegar lo solicitado por haberse producido la absolución del 
recurrente, no por la inexistencia objetiva del hecho sino por la falta de pruebas de su 
participación en el mismo, lo cual no merece reproche.
8.  Por su parte, el fiscal ante este Tribunal presentó el 24 de septiembre de 2013 
sus  alegaciones  por  escrito,  interesando  que  dictáramos  sentencia  «por  la  que  se 
desestime  por  completo  el  recurso  de  amparo  entablado».  Tras  compendiar  los 
antecedentes de hecho relevantes, y resumir la demanda interpuesta, se refiere en 
cuanto al fondo, en primer lugar, a las quejas de lesión de los derechos a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE), a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), y a la 
libertad individual (art. 17 CE), las cuales resultan rechazables, ante todo, porque su 
invocación se realiza sin el debido desarrollo argumental. En todo caso, se remite  e
respecto del segundo de ellos (presunción de inocencia) a las alegaciones formuladas  bo
por el propio Ministerio Fiscal en el recurso de amparo 4035-2012 para descartar su  w
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fundamental.
En lo que concierne, en último lugar, a la denuncia de vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), el escrito de alegaciones explica el cambio de la 
jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en cuanto a la interpretación del 
art. 294.1 LOPJ, indicando cómo a partir de dos sentencias de 23 de noviembre de 2010, 
que aplica la sentencia de instancia aquí impugnada, quedó limitado el derecho a 
obtener resarcimiento al supuesto de inexistencia objetiva del hecho imputado, que no es 
el que aquí ha traído consigo la absolución penal del recurrente, como adecuadamente 
explica la sentencia recurrida. Concluye el fiscal que «resulta de todo lo dicho la falta de 
materia constitucional susceptible de hacer estimable el recurso de amparo. A la vista de 
los  datos  constantes,  la  pretensión  al  recurrir  en  amparo  parece  estar  relacionada 
estrechamente con la insatisfacción que provoca al reclamante la respuesta judicial 
finalmente obtenida en cuanto no se le otorga indemnización por el cauce escogido por 
el mismo. En definitiva, a través del recurso al amparo constitucional, lo que más bien 
parece  pretender  el  solicitante  es  satisfacer  su  interés  de  obtener  una  resolución 
favorable a su pretensión de obtenerla [sic] por la vía y cauce del art. 294 LOPJ. Ello 
excede de la finalidad de los recursos de amparo, que no pueden convertir en una nueva 
instancia la revisión constitucional».
9.  Sin haberse presentado alegaciones por el recurrente, se dictó diligencia de 
constancia el 2 de octubre de 2013, quedando el asunto pendiente para deliberación.
10.  Mediante escrito presentado el 24 de septiembre de 2019, el representante 
procesal del recurrente solicitó el impulso procesal con el fin de que el Tribunal resolviera 
el recurso presentado. Por diligencia de ordenación de la Sala Segunda de este Tribunal, 
de 25 de septiembre de 2019, se acordó unir dicho escrito a las actuaciones.
11.  Mediante  providencia  de  fecha  12  de  diciembre  de  2019,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 16 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a las SSTC 85/2019 y 125/2019.
El recurso de amparo tiene por objeto el auto de 19 de julio de 2012 de la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que 
desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la sentencia de 2 de 
abril de 2012 de la misma Sala y Sección, desestimatoria del recurso contencioso-
administrativo ordinario núm. 161-2011 interpuesto contra la resolución del secretario de 
Estado de Justicia de 3 de mayo de 2011, recaída en el expediente núm. 71-2010, que 
había  rechazado  la  reclamación  formulada  por  el  recurrente  de  responsabilidad 
patrimonial  del  Estado  por  haber  sufrido  prisión  provisional  y  ser  posteriormente 
absuelto.
Tanto  el  objeto  del  presente  proceso  constitucional  como  los  planteamientos 
introducidos  por  las  partes  en  el  debate  son  sustancialmente  coincidentes  con  los 
abordados por el Pleno del Tribunal Constitucional en la reciente STC 125/2019, de 31 
de  octubre  (recurso  de  amparo  núm.  4035-2012),  a  cuyos  fundamentos  jurídicos 
debemos remitirnos. En concreto, en su fundamento jurídico 4 se determinaron los 
efectos sobre el recurso de amparo de la declaración de inconstitucionalidad de los 
incisos «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa» del art. 294.1  s
de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por la STC 85/2019, de 19 de julio, para  oe.
concluir que procede otorgar el amparo en tanto «las resoluciones ahora impugnadas de  w.
iajgupudlaiicclaidacaleidós ny p  dodere le  dsdetiacrerh caeh notno oanr clmae aspt rivveiags eunn–tcaei ó–ln am  daqetu eienri oacalieztenancndi aliae ( ramornitss m.l o1as4  v yuó lr2ng4ea.rn2ao cCsió Ena)  ddqmeulei nd aiesprterraectchivioao msa  olays    2020-1107n https://w
en la norma en la que tienen su fuente».
En consecuencia, procede estimar el presente recurso de amparo y reconocer el 
derecho del recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, 
en cuanto a sus criterios rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del 
art. 14 CE y del art. 24.2 CE señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019. Por ello, la 
retroacción debe remontarse al momento anterior a dictarse la resolución del secretario 
de Estado de Justicia de 3 de mayo de 2011, que denegó la indemnización y que origina 
la lesión de los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia, 
para que la administración resuelva de nuevo la cuestión planteada conforme a las 
exigencias de los arts. 14 y 24.2 CE en los términos indicados en las STC 85/2019, 
FJ 13, y STC 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don José Nicolás de la Cruz Martínez, y, 
en consecuencia:
1.º  Declarar vulnerado el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerlo en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de 19 de 
julio de 2012 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional; de la sentencia de 2 de abril de 2012 de la indicada Sección Tercera 
de Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 161-2011, y de la resolución del secretario de Estado de 
Justicia de 3 de mayo de 2011, recaída en el expediente núm. 71-2010.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la última resolución 
citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial de forma 
respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.–Encarnación Roca 
Trías.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-
Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y 
rubricado.
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