BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 299 Miércoles 15 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 153323
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
20630 Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 
de  agosto,  de  medidas  para  mejorar  el  funcionamiento  de  la  cadena 
alimentaria.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed:  Que  las  Cortes  Generales  han  aprobado  y  Yo  vengo  en  sancionar  la 
siguiente ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena  alimentaria,  ha  venido  desempeñando  desde  su  promulgación  un  servicio 
esencial en el proceso de paulatino reequilibrio de la cadena alimentaria española.
Este valor de la norma se acrecienta teniendo en cuenta que el sector agroalimentario 
español es un elemento estratégico para la economía nacional, dada su aportación decisiva 
al PIB y a la balanza comercial, muy especialmente considerando su comportamiento 
dinámico como elemento de tracción total del resto de los sectores, especialmente en los 
peores años de la crisis económica, junto con el turismo. Pero también es estratégico por 
sus profundas implicaciones sociales. Así, participa destacadamente en la conformación de 
la  cultura,  el  paisaje,  la  gastronomía  o  las  tradiciones,  es  un  yacimiento  de  empleo 
fundamental y resulta, al propio tiempo, un elemento esencial para la provisión de bienes 
públicos como la fijación de población en el territorio y la consecución de los mandatos 
constitucionales contenidos en los artículos 40 y 130 de la Constitución Española, que 
encomiendan a los poderes públicos promover las condiciones favorables para el progreso 
social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa y 
atender a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, 
de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de 
vida de todos los españoles.
Sin embargo, como indicaba la propia norma que ahora se modifica, es un sector 
vulnerable en su conjunto por sus propias características, ya que integra una amplia 
diversidad  de  agentes  de  los  sectores  de  la  producción,  la  transformación  y  la 
distribución, que a su vez se ven limitados individualmente por su idiosincrasia. Esta 
vulnerabilidad se centra en la atomización de los operadores de la cadena, la rigidez de 
la demanda, la estacionalidad en el mercado y la heterogeneidad y asimetría en sus 
características internas.
En este escenario confluyen además diversos factores, entre los que intervienen de 
modo  destacado  la  constante  elevación  de  costes  de  producción,  fijos  y  variables, 
atribuible a un cúmulo de elementos solapados en el tiempo que pueden sintetizarse 
tanto  en  el  incremento  en  el  coste  de  los  insumos  agrarios,  en  particular  de  los  e.e
energéticos y los que responden al creciente impulso de exigencias en la producción,  b
como en la caída de los precios percibidos por los agricultores y ganaderos, derivados  630ww
ddee  plar evcoiolast idlidea lda  cdaedl ecnoas tael idmee nlatsa rmiaa.terias primas y de la falta de equilibrio en la fijación
exigAedne umná ism, pcuolsnov iesin cea breec omrádsa rd eqcuied ideon  ploar  cpaadrteen ad esl ele gdiasnla dcoier,r tyaas  qcuirec uenns btaunecniaas p aqrutee 
de las transacciones realizadas se ven involucrados productos perecederos, cuya aptitud
comercial va a ser necesariamente limitada y que por lo tanto suponen una exposición 
mayor, si cabe, que en otras áreas de actividad, a ciertas prácticas comerciales. Es, 
pues, un sector especialmente vulnerable y está sujeto adicionalmente a una mayor 
dependencia coyuntural y a más desequilibrios que otras ramas de actividad, por lo que 
operar normativamente con una regulación sectorial resulta el modo más adecuado para 
hacer frente a sus necesidades y retos.
Aunque la ley ha desempeñado un importante papel en el reequilibrio paulatino de la 
cadena alimentaria, estas circunstancias obligan a los poderes públicos a introducir 
medidas adicionales que mitiguen las dificultades en que se sitúa una buena parte del 
sector primario, con el fin de evitar el abandono de las explotaciones y asegurar en la 
medida de lo posible un reparto equitativo de los costes sociales, ambientales, de 
competitividad y de sostenibilidad, garantizando en todo momento la transparencia de los 
mismos en particular, y de la cadena alimentaria en general.
Por este motivo, la actividad de los poderes públicos ha de partir de un enfoque 
diferenciado con respecto de otros subsectores económicos en los que no se aprecia 
este cúmulo de particularidades, de modo que se asegure un correcto funcionamiento 
que parta de la necesaria garantía de la cadena de valor, que pueda ser sostenible para 
todos los operadores y que, en último término, revierta en beneficio de toda la sociedad.
La Unión Europea no ha sido ajena a esta realidad y en la última década ha 
incrementado los esfuerzos para asegurar el correcto funcionamiento de este sector 
económico  y  social.  Además  de  la  pionera  Comunicación  sobre  la  mejora  en  el 
funcionamiento de la cadena agroalimentaria de 2009, se constituyó un Foro de Alto 
Nivel  sobre  la  Mejora  del  Funcionamiento  de  la  Cadena  Alimentaria  y  se  inició  la 
tramitación de la que finalmente se ha aprobado como Directiva (UE) 2019/633 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas 
comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro 
agrícola  y  alimentario,  que  ha  tenido  como  una  de  sus  principales  inspiraciones 
precisamente la Ley 12/2013, de 2 de agosto, y que ahora se procede a transponer.
Debe partirse, en cuanto a su transposición, de que se trata de una directiva de 
mínimos, que por lo tanto deja un amplio margen de actuación a los Estados miembros en 
el momento de su transposición. Como indica el artículo 9, «con el fin de garantizar un nivel 
de protección más elevado, los Estados miembros podrán mantener o introducir normas 
más  estrictas  que  las  previstas  en  la  presente  Directiva  para  combatir  las  prácticas 
comerciales desleales, siempre que dichas normas nacionales sean compatibles con las 
normas sobre el funcionamiento del mercado interior». En su virtud, el Reino de España 
mantiene la referida Ley 12/2013, de 2 agosto, como marco normativo esencial regulador de 
esta cuestión, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones que deriven de la directiva, y sin 
perjuicio, asimismo, de que en un ejercicio ponderado de sus propias competencias apueste 
por la mejora de aspectos concretos de la norma que derivan, esencialmente, de la 
experiencia en la aplicación de la norma y el análisis conjunto y sosegado realizado con el 
sector durante la tramitación del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, en cuyo 
marco se han incorporado una serie de diagnósticos y propuestas a los que esta norma 
quiere dar cumplida respuesta. Del mismo modo y con idéntica finalidad, el legislador ha 
optado, en aplicación del apartado 2 de dicho artículo, por incorporar normativa adicional, 
pues  la  directiva  se  «entenderá  sin  perjuicio  de  las  normas  nacionales  destinadas  a 
combatir las prácticas comerciales desleales que no estén dentro del ámbito de aplicación 
de la presente Directiva, siempre que dichas normas sean compatibles con las normas 
sobre el funcionamiento del mercado interior». En su virtud, las modificaciones contenidas  s
en esta norma de los artículos 2 y 14 bis y del nuevo título VII se dictan al amparo de la  oe.
posibilidad  que  la  directiva  otorga  a  los  Estados  miembros  para  adoptar  medidas  w.
adicionales al núcleo mínimo de protección que constituye la propia norma europea, de  630ww
modEos qtau en onrom sao,l op noor  csoen csoignutriaevniteen,e m eal nmtiaenndea ltoos d eel elam deirnetcotsiv ea sseinnoc iqaulees  sye  spisrotefumnádtizicaa e dne é lla.
cleugmisplalicr icóonn d leo s2 e0l1e3m, epnetoros  iimncpourepsotroas  uenna  sseedreie e duero pmeoad aifi ctraacvioéns edse,  lnae dcieresactriivaas,  bbiieenn  ppaarraa   BOE-A-cable e
incorporar las mejoras que la experiencia en la gestión de este complejo asunto ha 
puesto de manifiesto, y que también encuentran amparo en la referida directiva.
Esta modificación viene a completar los cambios inaplazables introducidos por el Real 
Decreto-ley  5/2020,  de  25  de  febrero,  por  el  que  se  adoptan  determinadas  medidas 
urgentes en materia de agricultura y alimentación. Con posterioridad a la convalidación del 
Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, se inició la tramitación normativa de la que luego 
sería la Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en materia de agricultura y alimentación, que ha venido a derogar al anterior.
En cuanto a sus principales novedades, cabe destacar la ampliación de su ámbito de 
aplicación, que va más allá de los límites inicialmente fijados por la legislación interna, al 
abandonar su anterior restricción a determinados tipos de operadores en función de 
ciertas características como su volumen de negocio, restricción que restaba eficacia a la 
norma y permitía elusiones no buscadas por el legislador. En consecuencia, a partir de la 
entrada en vigor de esta modificación pasan a sujetarse a la ley y su acción tuitiva todas 
las relaciones contractuales de la cadena, aunque se trate de dos PYMES o no exista 
especial dependencia jerárquica, como hasta ahora venía exigiéndose.
La referida ampliación del ámbito de aplicación está en consonancia, asimismo, con 
los mandatos de la directiva. Las relaciones comerciales que tienen que verse sujetas a 
estas condiciones singulares, conforme al artículo 1.2 de la misma por conexión con el 
artículo 9, se desglosan en la directiva mediante determinados estratos de facturación a 
los que se aplicará su acción protectora. Sin embargo, el legislador nacional había 
incluido excepciones en el ámbito de aplicación de la norma en su redacción originaria 
que se fundamentaban en cuestiones ajenas a tales estratos, como por ejemplo las 
relaciones entre pequeñas y medianas empresas sin atender a tales estratificaciones por 
volumen de negocio. Dado que no es posible excluir en bloque toda relación entre 
pequeñas y medianas empresas (pues solo sería conforme a la directiva si se incluyeran 
los estratos) y se ha optado por hacer uso de la posibilidad de la directiva de no limitar 
los efectos en función de esos estratos, el legislador nacional opta por incorporar tales 
relaciones al ámbito de aplicación, en el convencimiento de que la contractualización en 
las relaciones comerciales del sector desempeña una función esencial para su correcto 
funcionamiento. Esta decisión del legislador es esencial para asegurar una maximización 
de la eficacia de la norma. Además de responder a la posibilidad que la directiva da de ir 
más  allá,  como  se  ha  expuesto,  permite  solventar  las  ineficiencias  de  la  anterior 
redacción, que fue un punto de partida esencial para ordenar el sector, pero que no 
permitía atender otros supuestos necesitados de la acción protectora de la norma, 
puesto que las situaciones de desequilibrio hasta ahora previstas dejaban fuera otros 
supuestos en que igualmente procede extender el ámbito de aplicación de la ley, como 
las  relaciones  entre  mayoristas,  siendo  los  umbrales  fijados  en  sede  europea  una 
aproximación a la realidad del sector que, buscando la proporcionalidad en la aplicación, 
dejan no obstante sin cobertura un importante número de situaciones en que igualmente 
acontecen las premisas que justifican la adopción de la norma y cuya sumisión a la 
misma redunda favorablemente en el reequilibrio sistémico del conjunto de la cadena.
En  consecuencia,  la  norma  pasa  a  exigir  exclusivamente  para  someterse  a  la 
normativa sobre contratación que se trate de un precio superior a un umbral que se ha 
estimado razonable, que en la actualidad son 2.500 euros conforme a la Ley 7/2012, 
de 29 de octubre. Por el contrario, exceptúa aquellos casos en los que por la propia 
idiosincrasia de la relación no se hace necesario adicionar especiales garantías al ámbito 
de la libre conformación de la voluntad: que el pago sea al contado en el momento de la  s
entrega del bien o que, en el caso de cooperativas y otras entidades similares, existan  oe.
acuerdos previos que se puedan reputar equivalentes al propio contrato. w.
También  se  amplía  el  ámbito  de  aplicación  anterior  ad  extra,  puesto  que,  por  630ww
caopmlicearcciióanle sd ee nltare  duirne cptirvoav,e elad orn oyr muan  cpoamsaprráa dao r sceura nddeo  aapmlicbaocsi óens taé n laesn  rEeslapcaiñoan eos 
creusaunltdeo  duen oa pelisctaéc ieósnt alab lelecgidisol aecnió nE sdpea ñoatr oy  Eesl taodtroo  menie motbroro E. sCtaodno e msteie mañbarod,i dcou asen dion icnioa   BOE-A-cable e
un  camino  de  cooperación  multilateral  entre  los  Estados  miembros  europeos  que 
asegure no sólo la consecución de los fines de la directiva, sino el equilibrio entre las 
diferentes normativas y tradiciones administrativas de los Estados miembros.
Del  mismo  modo,  y  como  norma  de  ius  cogens,  en  atención  a  su  especial 
importancia, se prevé que, con independencia de la legislación que resulte aplicable, 
cuando una de las partes tenga su establecimiento en España (en el sentido dado al 
término por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, como el ejercicio 
efectivo de una actividad económica a que se hace referencia en el actual artículo 49 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por una duración indeterminada y por 
medio de una infraestructura estable a partir de la cual se lleva a cabo efectivamente la 
prestación de servicios) y la otra en un tercer Estado, resultarán siempre de aplicación 
las  prohibiciones  contenidas  en  esta  ley  y  el  correspondiente  régimen  sancionador 
establecido para éstas en el título V.
Otro elemento destacable es la incorporación de un nuevo repertorio de prácticas 
que se reputan abusivas. Además de la lucha contra la pérdida de valor en la cadena y la 
nueva regulación de ciertas actividades promocionales, que se ha incorporado al texto 
de 2013 en virtud del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, se incluyen avances 
capitales  en  la  limitación  de  los  elementos  que  introducen  distorsiones  de  mayor 
envergadura en el sistema agroalimentario.
Así, la norma incorpora las llamadas prácticas negras y grises, es decir, un conjunto 
de conductas –algunas ya contempladas en nuestro ordenamiento- que el legislador 
europeo ha considerado que en todo caso se ha de tener por abusivas o que pueden 
serlo en caso de que no se pacten expresamente por las partes de manera clara y sin 
ambigüedad en las relaciones comerciales, respectivamente. Entre las primeras pueden 
destacarse los supuestos en los que una de las partes del contrato alimentario exija, a la 
otra, pagos que no están relacionados con la venta de los productos o que una de las 
partes del contrato alimentario cancele un pedido de productos agrícolas y alimentarios 
perecederos dentro de los 30 días previos al momento señalado. Entre las segundas, los 
casos en los que se exija a una de las partes que pague por la publicidad de productos o 
que el comprador cobre al proveedor por el personal de acondicionamiento de los 
locales. Esta es otra de las situaciones en que el legislador nacional ha hecho uso de la 
opción que le ofrece la directiva, yendo más allá del contenido mínimo de la misma, por 
cuanto  se  ha  considerado  imprescindible  apostar  por  la  bidireccionalidad  en  las 
conductas. La directiva, consciente de la realidad del sector, parte de la asunción de que 
el catálogo de actividades reputadas desleales ha de verse desde la perspectiva del 
vendedor,  que  suele  ser  el  primer  productor,  de  modo  que  esta  orientación  es  el 
elemento mínimo a incorporar en las legislaciones nacionales. Nada obsta, antes al 
contrario, para extender su aplicación en la otra dirección, esto es, la imposición de tales 
conductas por parte del vendedor al comprador, puesto que la realidad compleja del 
sector permite que las circunstancias concretas de cada transacción puedan ser muy 
variadas  –por  la  estructura  productiva,  el  sector,  la  localización  o  las  condiciones 
personales de los intervinientes-. En consecuencia, se considera preferible que la ley 
ampare la posibilidad de aplicar en ambas direcciones tales conductas, en la conciencia 
de que su gravedad es idéntica cualquiera que sea el autor material de la misma, y que, 
con independencia de la prevalencia material en cada caso de la autoría, ambas partes 
de las relaciones son igualmente merecedoras de amparo por los Poderes públicos en el 
aseguramiento de una leal y equilibrada relación mercantil. Por ese motivo, se considera  s
preferible dar cobertura legal a cualquiera de las situaciones posibles, aun cuando en  oe.
efecto en la práctica sea una de ellas la parte que, estadísticamente, por la propia  w.
conformación del sector, pueda ser más susceptible de padecerlas. Pero además, como  630ww
ceonn ejul nctaos od edle ls aisrtteícmulao,  2a, l lafo emxteenntsairó nla d es etgaul mrideaddid aju rtuíditiicvaa  tye nlad ráig eufaelcdtaods  bmeanteefriicailo seons  laal 
avectziv idreaddu pnrdoafreás ioenna l eunnt rem leajso rp acrtuems pcloimmieon btoa sed ed ell ac rencoimrmiean, tod eacnodnoó, mpicoor , lúol tqimuoe,  a lsaus   BOE-A-cable e
herramientas necesarias a las Administraciones para poder hacer frente a las conductas 
de modo efectivo.
Junto con estas modificaciones, cabe destacar los cambios incorporados al capítulo I del 
título II, regulador de los contratos alimentarios. Se trata de una serie de cambios derivados 
de la experiencia, como la necesaria clarificación de la obvia necesidad de que los contratos 
figuren firmados como signo de manifestación externa de la voluntad de las partes.
Del mismo modo, se acomete una remodelación del capítulo sancionador, tanto para 
incorporar las nuevas conductas no permitidas por la normativa a que se ha hecho 
referencia (como alguna de las llamadas prácticas grises), la resistencia, obstrucción, 
excusa o negativa a las actuaciones de la Administración o la revelación de secretos 
empresariales, como para replantear algunos de los extremos hasta ahora regulados en 
la normativa de 2013, y que vienen a añadirse al agravamiento incorporado por el Real 
Decreto-ley  5/2020,  de  25  de  febrero,  de  una  de  las  principales  causas  de 
desconfiguración  de  la  cadena,  como  es  el  incumplimiento  de  la  obligación  de 
contratación por escrito cuando sea obligatorio, y de otras concomitantes como la no 
consignación del precio.
Así, la protección que desde la perspectiva punitiva se acomete con esta reforma es 
esencial para asegurar la plena virtualidad de la norma y su efectiva protección de los 
valores públicos que hallan cobijo en su seno.
Del mismo modo, además de mejoras procedimentales para potenciar la eficiencia 
en la gestión y la seguridad jurídica de los administrados –como la fijación de un importe 
mínimo para las sanciones por infracciones leves–, se traslada la competencia decisoria 
en las sanciones pecuniarias de menor entidad que hasta ahora se residenciaban en el 
Director General de la Industria Alimentaria, en el Director de la Agencia de Información 
y Control Alimentarios, O. A., lo que a su vez exigirá la efectiva separación funcional 
entre la parte instructora que hasta ahora ya se venía realizando y la resolutoria en los 
procedimientos sancionadores. Este cambio redundará en un aumento de la eficiencia 
administrativa,  y  salvaguarda  las  competencias  sancionadoras  en  los  casos  de 
infracciones de mayor cuantía. Asimismo se clarifica la dicción de los agravamientos por 
conductas u omisiones reiteradas, de modo que se especifica que concurrirán cuando se 
dé la comisión de una segunda o ulterior infracción que suponga reincidencia con otra 
infracción cometida en el plazo de dos años, en el entendido de que basta que se trate 
de una infracción de la misma naturaleza y de la misma gravedad, sin que sea exigible 
que se trate exactamente de la misma actuación del sujeto.
Asimismo, como consecuencia de la directiva se asegura la confidencialidad en el 
tratamiento de la información existente en el marco de los procedimientos que se incoen.
Por lo demás, se perfila con mayor detalle el contenido de la disposición adicional 
quinta, con el fin de permitir un exacto encaje entre dos grupos normativos cuyo ámbito 
de aplicación es parcialmente coincidente. Cabe advertir que el denominado paquete 
lácteo es una normativa singular, que antecedió en el tiempo a la propia legislación 
de 2013 –fruto de las especiales circunstancias del sector, en el marco de la preparación 
del sector para el fin de la cuota láctea que acaecería en 2015-, y que está llamada a 
prevalecer en su aplicación –como norma especial que es- en todo aquello que difiera de 
la normativa general que constituye esta ley. En consecuencia, cualquier disposición 
contenida tanto en el artículo 148 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización 
común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos 
(CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 como en el  s
real decreto que lo desarrolla en España (hoy, el Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo),  oe.
prevalecerá con respecto de lo previsto en la ley, siendo de aplicación, en todo lo demás,  w.
lo comprendido en la ley. Este esquema de ley especial frente a ley general ya está  630ww
pcarebsee ndtees teanc alar  paocrt uuanl  dlaicdcoi óenl  ádme blait ole dye,  paeprloic aseci ópnro tceerrditeo raia sl ud ec llaar infiocarmciaótniv. aE, np upeasrttioc uqlaure, 
ncoonrm reastipvae cdtoe l dlueg laors  ecno nqturaet orasd oiqbulieg aetlo priroims edre cl osmecptorar dláocr tleao q, ulae  OseC hMa ypare dveie anpel iqcuaer,  scerirteár iloa   BOE-A-cable e
éste corroborado por los servicios comunitarios en 2015, y, por otro, la determinación de 
los criterios mínimos necesarios en los acuerdos de las entidades asociativas para que 
no estén obligadas a formalizar contrato en las entregas internas se sujetará en el caso 
de las cooperativas del sector lácteo a los requisitos que el propio paquete prevé, y no a 
los de la ley. Asimismo, para salvaguardar el especial régimen de las organizaciones de 
productores  lácteos,  se  incorpora  una  especificidad  en  la  definición  de  entidades 
asociativas  de  esta  ley,  de  modo  que  las  organizaciones  de  productores  y  sus 
asociaciones  del  sector  lácteo  no  tendrán  esta  consideración  en  caso  de  que  los 
productores  miembros  de  la  organización  hayan  transferido  la  propiedad  de  su 
producción  a  la  organización,  debiendo  en  estos  casos  las  organizaciones  y  sus 
asociaciones suscribir los contratos sujetos a negociación, conforme se indica en el 
artículo 23.3 del Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen las 
condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el reconocimiento de las 
organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector, y 
por el que se modifican varios reales decretos de aplicación al sector lácteo. Por último, 
como corolario de esta interrelación, se incorporan dos tipos especiales destinados a las 
entregas de socios a cooperativas lácteas, de modo que se garantice el correcto encaje 
entre ambas disposiciones también desde la perspectiva punitiva.
Del mismo modo, se contiene una regulación, en aplicación de la directiva, de las 
autoridades de ejecución nacionales, conforme al reparto competencial existente en el 
Reino de España –pues el Derecho de la Unión no lo puede alterar-.
Se reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., como interlocutor 
con las instituciones europeas y en los casos en que haya aplicación transfronteriza, mientras 
que las comunidades autónomas tendrán la obligación de designar a sus propias autoridades 
para la ejecución de sus tareas en el ámbito de sus competencias propias, lo que supone un 
ejercicio de concreción de la base normativa europea a las necesidades nacionales. En 
definitiva, en el nuevo título VII se incorporan elementos de concreción nacional, derivados 
tanto de la estructura competencial española como del concreto funcionamiento de nuestras 
instituciones, de modo que se fijen, más allá de lo que predetermina la directiva, los órganos 
competentes y sus concretas atribuciones o el modo de relacionarse y asegurar la publicidad 
de las sanciones.
Mediante la disposición final primera se modifica la Ley 11/2001, de 5 de julio, por la 
que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, con la finalidad 
de adecuar su régimen jurídico a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Así, de una parte y en atención a lo previsto en el artículo 91 de la referida Ley, que 
prevé que la ley de cada organismo establecerá lo relativo al tipo de organismo público 
que  crea,  con  indicación  de  sus  fines  generales,  así  como  el  Departamento  de 
dependencia o vinculación, se procede a realizar los cambios precisos en el texto legal, 
con la finalidad de adecuar el régimen de adscripción de la Agencia y determinar sus 
fines  generales,  dejando  la  determinación  de  sus  funciones  y  competencias  a  la 
regulación del Estatuto, en atención a lo que indica el artículo 93 de la precitada Ley. Al 
efecto, se actualizan las referencias precisas en consideración a la nueva estructura de 
la Administración General de Estado, como consecuencia del Real Decreto 507/2021, 
de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que 
se restructuran los Departamentos ministeriales.
En el mismo sentido, y atendiendo a lo previsto en los artículos 90 y 93 de la 
Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  que  se  refieren  a  que  los  organismos  públicos  se  s
estructuran en los órganos de gobierno y ejecutivos que se determinen en su respectivo  oe.
Estatuto, debiendo regularse en el Estatuto, al menos, la determinación de su estructura  w.
organizativa,  con  expresión  de  la  composición,  funciones,  competencias  y  rango  630ww
aadctmosin iys trreastiovlou cqiounee sc oqrurees apgoontdean  ala  cvaíad aa dómrginainsotr;a tliav ae; sepl epcaiftircimacoiónnio  dqeu ea qseu elelloss a sdieg nseu ys 
hlousm  raencousr,s opsa treimcoonnóiom, ipcoress uqpuuee shtoa yya nc ondter aftiancaiónnci,a srleo sp;r oecle dréeg aim seunp rirmeliar tdiveol  aac tureacl utersxotos   BOE-A-cable e
legal las previsiones que en esta materia figuran en la Ley 11/2001, de 5 de julio, y que, a 
la luz de dichos preceptos, han de ser reguladas en el Estatuto y no en el texto legal.
Todo ello conlleva las oportunas modificaciones en los artículos 1 a 5 y 10 del texto 
de la Ley de creación de la Agencia, así como la supresión de los artículos 6 a 9 del 
texto  legal  con  la  finalidad  de  adecuar  su  contenido  al  régimen  que  diseña  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de modo tal que la regulación contenida en los mismos se 
incorporará al Estatuto de la Agencia que ha de ser aprobado mediante real decreto, sin 
que resulte procedente su regulación legal. Finalmente, se modifican las disposiciones 
adicionales  de  la  Ley,  con  la  finalidad  de  adecuar,  de  una  parte,  los  títulos 
competenciales habilitantes, añadiendo la referencia a la competencia prevista en el 
artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, en materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica, y de otra parte, el régimen jurídico 
aplicable  a  la  resolución  administrativa  de  determinadas  materias,  previendo  los 
procedimientos que quedarán amparados por la regla del silencio administrativo con 
efectos  desestimatorios,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  24.1  de  la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.
Esta norma se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 13.ª del artículo 149.1 de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado competencia sobre bases y coordinación 
de la planificación general de la actividad económica. Se exceptúa de lo anterior la 
modificación de la letra f) del artículo 5 y los modificandos relativos al título II, que se 
amparan en las reglas 6.ª y 8.ª del artículo 149.1, que atribuyen al Estado la competencia 
exclusiva sobre legislación mercantil y legislación civil.
Por todo lo anterior, la presente norma se configura de acuerdo con los principios de 
necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica recogidos en el artículo 129 de 
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas. En este sentido, esta modificación es necesaria y eficaz por 
cuanto es preciso introducir los cambios derivados de la citada directiva y no existe otro 
mecanismo más que el de una norma con rango de ley. Asimismo, resulta proporcional y 
transparente porque esta modificación es compatible con el contenido de la directiva y, 
siendo de mínimos, introduce solo en los elementos necesarios el contenido adicional 
que se estima procedente para la salvaguarda del interés público, e igualmente se 
garantiza  el  principio  de  seguridad  jurídica  al  eliminar  discordancias  entre  el 
ordenamiento nacional y el europeo. Finalmente, el principio de eficiencia se considera 
cumplido toda vez que no se imponen nuevas cargas administrativas que no sean 
imprescindibles frente a la regulación actual.
Artículo único.  Modificación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria, queda modificada como sigue:
Uno.  Se modifica el párrafo 1 del apartado III del preámbulo, que queda redactado 
como sigue:
III
«En  el  marco  expuesto,  la  presente  ley  tiene  como  finalidad  mejorar  el  es
funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria de manera que aumente  o
la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el  630ww
dcnaeods seeoqnloua i lddibeerl i ovsa eelcontro , rla,e ssn i nreeol l amtacamiorcbnoieé snd  ecd oeum nlaae  rccciouiamdleapsde aetennnítarc.ei»a  lojuss tdai feqrueen treesd uonpdeer aedno rbeesn edfeic liao   OE-A-2021-20able en https://
Dos.  El artículo 2 queda redactado como sigue:
«Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1.  La presente ley es de aplicación a las relaciones comerciales que se 
produzcan entre los operadores establecidos en España que intervienen en la 
cadena alimentaria desde la producción a la distribución de productos agrícolas o 
alimentarios.
También  será  de  aplicación  esta  ley  a  las  relaciones  comerciales  entre 
cualquiera de los operadores que intervienen en la cadena alimentaria cuando uno 
esté establecido en España y el otro en un Estado miembro, cuando no resulte de 
aplicación la legislación de otro Estado miembro.
Cuando uno de los operadores esté establecido en España y el otro no, 
deberá  indicarse  expresamente  en  el  contrato  a  qué  legislación  se  sujeta  la 
relación comercial.
Con independencia de la legislación que resulte aplicable, cuando una de las 
partes esté establecida en España, y la otra en un Estado no miembro de la Unión, 
resultarán siempre de aplicación las prohibiciones contenidas en esta ley y el 
correspondiente régimen sancionador establecido para éstas en el título V.
2.  A los efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.1 
de la misma, no tendrán la consideración de relaciones comerciales y, por tanto, 
quedan excluidas de su ámbito de aplicación, las entregas de producto que se 
realicen a cooperativas y otras entidades asociativas, por parte de los socios de 
las mismas, siempre que, en virtud de sus estatutos, vengan obligados a su 
realización.
3.  Serán también relaciones comerciales, además de las previstas en el 
apartado anterior, las que se realicen entre operadores de la cadena alimentaria 
en  los  procesos  de  envasado,  transformación  o  acopio  para  su  posterior 
comercialización y, en todo caso, las compras de animales vivos, los piensos y 
todas las materias primas e ingredientes utilizados para alimentación animal.
4.  El ámbito de aplicación del capítulo I del título II de esta ley se circunscribe 
a  las  relaciones  comerciales  de  los  operadores  que  realicen  transacciones 
comerciales cuyo precio sea superior al importe fijado en el primer párrafo del 
artículo 7.1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa 
tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la 
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
5.  La obligación de contar con un contrato formalizado por escrito, en el caso 
de las operaciones de primera venta de productos del sector pesquero y acuícola 
realizada en lonjas o establecimientos autorizados mediante subasta a la baja, se 
entenderá  cumplida  con  la  obligación  de  las  partes  de  documentar  dichas 
relaciones comerciales mediante la expedición de la correspondiente factura con 
los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, y 
cumplimentar la restante documentación prevista en la normativa europea y en el 
Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de 
los productos pesqueros.»
Tres.  El artículo 3 queda modificado como sigue:
Las letras a) y b) quedan redactadas como sigue: s
«a)  Aumentar  la  eficacia  y  la  competitividad  del  sector  alimentario  w.b
globalmente considerado, así como fomentar la creación o la mejora del empleo,  630ww
dnaadciao nsaul .importancia para el conjunto de la sociedad, el medio rural y la economía
benebf)i cioM deejo rlaors  eol pfeurnacdioonreasm qieuneto i nyt elrav iveenretenb eranc ilóan m disem laa ,c gaadreannati zaalinmdeon taa rliaa ,v eenz 
una distribución sostenible del valor añadido, a lo largo de los sectores que la 
integran.»
Cuatro.  El artículo 5 queda modificado como sigue:
1.  Las letras a), d), e) y f) quedan redactadas como sigue:
«a)  Cadena  alimentaria:  Conjunto  de  actividades  que  llevan  a  cabo  los 
distintos  operadores  que  intervienen  en  la  producción,  transformación  y 
distribución de productos agrícolas y alimentarios, excluyendo las actividades de 
transporte,  y  las  empresas  de  hostelería  y  restauración  con  un  volumen  de 
facturación inferior a diez millones de euros, excluyéndose también las empresas 
en las actividades de servicios de alojamiento con un volumen de facturación 
inferior a 50 millones de euros.»
«d)  Productor primario: Persona física o jurídica cuya actividad la ejerce en la 
producción agrícola, ganadera, forestal o en la pesca.
e)  Productos  agrícolas  y  alimentarios:  Los  productos  enumerados  en  el 
anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como cualquier 
otra sustancia o producto destinado a ser ingerido por los seres humanos o con 
probabilidad de serlo, tanto si han sido transformados, entera y parcialmente, 
como si no. Incluye las bebidas, la goma de mascar y cualquier sustancia, incluida 
el  agua,  incorporada  voluntariamente  al  alimento  durante  su  fabricación, 
preparación o tratamiento.
f)  Contrato alimentario: Aquel en el que una de las partes se obliga frente a la 
otra a la venta de productos agrícolas o alimentarios, y esta se obliga por un 
precio cierto, bien se trate de una compraventa o de un suministro de forma 
continuada. Se exceptúan aquellos que tengan lugar con consumidores finales.»
2.  Se añaden las siguientes letras en el apartado 1:
«j)  Proveedor: Cualquier persona física o jurídica, independientemente de su 
lugar de establecimiento, que vende productos agrícolas y alimentarios; puede 
abarcar  a  un  grupo  de  tales  personas  físicas  y  jurídicas,  incluidas  las 
organizaciones  de  productores,  las  organizaciones  de  proveedores  y  las 
asociaciones de tales organizaciones.
k)  Productos agrícolas y alimentarios perecederos: Los productos agrícolas y 
alimentarios que por su naturaleza o por la fase de transformación en que se 
encuentran podrían dejar de ser aptos para la venta o precisar conservación en 
condiciones  de  temperatura  regulada  dentro  de  los  30  días  siguientes  a  su 
recolección, producción o transformación.
l)  Comprador: Toda persona física o jurídica independientemente de su lugar 
de  establecimiento,  o  cualquier  autoridad  pública  en  la  Unión,  que  compre 
productos agrícolas y alimentarios. El término "comprador" puede abarcar a un 
grupo de tales personas físicas y jurídicas. Se exceptúan los consumidores finales.
m)  Autoridad pública: Las autoridades nacionales, regionales o locales, los 
organismos de Derecho público o las asociaciones formadas por una o más de 
dichas autoridades o por uno o más de dichos organismos de Derecho público.
n)  Secretos empresariales: Los secretos empresariales en los términos de la 
Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.
ñ)  Entidades asociativas: A los efectos de esta ley, son entidades asociativas  e.e
las sociedades cooperativas de primero, segundo y ulterior grado, las sociedades  b
agrarias de transformación, las organizaciones de productores con personalidad  630ww
djuerí dlaic aP porlíotipciaa , Aregcraorniao,c idy alsa sd ee anctiudearddeos  ccoinv illeas n oor mmaetrivcaa nctoilemsu, nsitiaermiap eren  eqlu áem mbiátos 
odregl a5n0iz apcoiro nceiesn tdoe  dper osduu cctaopreitsa l os oac isaol cpieedrtaedneesz caag raa rsiaosc ieddea dtreasn scfoorompearcaiótinv.a sL,a as 
entregas  de  productos  realizadas  en  el  marco  de  acuerdos  intercooperativos 
tendrán la consideración de entregas de socios.
o)  Coste  efectivo  de  producción:  coste  de  producción  o  total  de  costes 
asumidos por el proveedor, conforme a lo señalado en el artículo 9.1.c).»
Cinco.  El título II queda modificado como sigue:
«TÍTULO II
Régimen de contratación y prácticas comerciales desleales»
Seis.  El apartado 1 del artículo 8 queda redactado como sigue:
«1.  Los contratos alimentarios deberán formalizarse por escrito firmándose 
por cada una de las partes que intervienen en ellos, y su redacción se basará en 
los  principios  de  transparencia,  claridad,  concreción  y  sencillez.  Dicha 
formalización deberá realizarse antes del inicio de las prestaciones que tengan su 
origen en los mismos, pudiendo efectuarse mediante firma electrónica, quedando 
en poder de cada una de las partes una copia.
No  obstante,  en  el  caso  de  que  un  socio  entregue  la  producción  a  una 
cooperativa, o a otra entidad asociativa, será necesaria la formalización por escrito 
de un contrato alimentario individualizado, con los mismos elementos mínimos 
recogidos en el artículo 9, salvo que los estatutos o acuerdos de la cooperativa o 
de  la  entidad  asociativa  establezcan,  antes  de  que  se  realice  la  entrega,  el 
procedimiento de determinación del valor del producto entregado por sus socios y 
el calendario de liquidación y éstos sean conocidos por los socios. A tal efecto, 
deberá existir una comunicación fehaciente a los interesados, que será incluida en 
el acuerdo y será aprobado por el órgano de gobierno correspondiente.»
Siete.  El artículo 9 queda modificado como sigue:
1.  Se suprime la letra j) del apartado 1, y las letras b), c), d) y h) del mismo 
apartado quedan redactadas como sigue:
«b)  Objeto del contrato, indicando, en su caso, las categorías y referencias 
contratadas. Los contratos alimentarios podrán prever la posibilidad de que las 
categorías o referencias objeto de adquisición se concreten con la orden de 
pedido.
c)  Precio del contrato alimentario, con expresa indicación de todos los pagos, 
incluidos  los  descuentos  aplicables,  que  se  determinará  en  cuantía  fija  y/o 
variable,  en  función  únicamente  de  factores  objetivos,  verificables,  no 
manipulables y expresamente establecidos en el contrato, que en ningún caso 
puedan ser manipulables por el propio operador u otros operadores del sector o 
hacer referencia a precios participados.
El precio del contrato alimentario que tenga que percibir un productor primario 
o una agrupación de estos deberá ser, en todo caso, superior al total de costes 
asumidos por el productor o coste efectivo de producción, que incluirá todos los 
costes asumidos para desarrollar su actividad, entre otros, el coste de semillas y 
plantas de vivero, fertilizantes, fitosanitarios, pesticidas, combustibles y energía, 
maquinaria, reparaciones, costes de riego, alimentos para los animales, gastos  s
veterinarios, amortizaciones, intereses de los préstamos y productos financieros,  o
trore apfbeoLarreaj omn scid eicaemo teenblrt rrmcoaositnna dajduecon issóto uny    dumedna eidlanl a odpc  rdofoaesdmt eoui bclicraeairfó. eancs tcaivoloam rieahrdacabia roláiz  aadpdeoa r tpareadaraal i zplaao rrts oeetla  pltidoroampdai ono d pporao rdtcueoc mdtoeorl    2021-20630n https://www.
ciclo económico o productivo, que se imputará en la forma en que el proveedor
considere que mejor se ajusta a la calidad y características de los productos objeto 
de cada contrato.
d)  Condiciones de pago, que en todo caso deberán ajustarse a los plazos de 
pago en las operaciones comerciales de productos alimentarios o alimenticios, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 15/2010, 
de  5  de  julio,  sin  perjuicio  del  régimen  específico  de  aplicación  al  comercio 
minorista  regulado  en  el  artículo  17  de  la  Ley  7/1996,  de  15  de  enero,  de 
Ordenación del Comercio Minorista, en relación con lo dispuesto en su disposición 
adicional  sexta.  En  particular,  el  deudor  no  podrá  recibir  ningún  tipo  de 
compensación, ventaja o descuento por cumplir lo dispuesto en el contrato o la 
normativa aplicable, ni establecer condicionalidad alguna en el pago.»
«h)  Duración del contrato, con expresa indicación de la fecha de su entrada 
en vigor, así como las condiciones de renovación y modificación del mismo.»
2.  Se añaden las siguientes letras:
«k)  Conciliación  y  resolución  de  conflictos,  con  expresa  mención  en  el 
contrato del procedimiento que las partes utilizarán para resolver las diferencias 
que  pudieran  existir  entre  ellas  en  la  interpretación  o  ejecución  del  contrato, 
debiendo indicarse o bien la corte de arbitraje, o bien los tribunales ante los que se 
someterían las posibles controversias.
Penalizaciones contractuales por no conformidades, incidencias o cualquier 
otra circunstancia debidamente documentada, que habrán de ser proporcionadas 
y equilibradas para ambas partes.
l)  Excepciones  por  causa  de  fuerza  mayor,  conforme  lo  dispuesto  en  la 
Comunicación C (88) 1696 de la Comisión relativa a «la fuerza mayor» en el 
derecho agrario europeo, y en el artículo 1105 del Código Civil.»
3.  Se añade un apartado 3, con el siguiente contenido:
«3.  Serán nulas las cláusulas y estipulaciones que incumplan lo señalado en 
el artículo 9.1.c), por lo que sin perjuicio de las sanciones administrativas que 
procedan, el productor primario podrá exigir resarcimiento por daños y perjuicios 
en sede judicial.»
Ocho.  Se añade un nuevo artículo 9 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 9 bis.  Negociación comercial.
Las  negociaciones  comerciales  anuales  se  cerrarán  y  firmarán  por  las 
empresas intervinientes en el marco de unos plazos razonables, no superiores a 
los tres meses desde su inicio, para la organización de actividades, sin que la 
dilación indebida de las mismas imputable a una parte pueda utilizarse para 
debilitar la posición de la otra en dicha negociación. A tal fin, se considerará 
suficiente para documentar la fecha de inicio un correo electrónico con constancia 
de  recepción  por  parte  del  otro  operador.  En  caso  de  que  esté  prevista  la 
renovación  del  contrato  alimentario,  se  negociarán  las  nuevas  condiciones 
comerciales antes del vencimiento del contrato en vigor o en el plazo de los dos 
meses posteriores a su vencimiento. Durante este tiempo, seguirá vigente el 
contrato anterior, pero se podrá pactar que las nuevas condiciones comerciales  es
retrotraigan su efecto hasta el vencimiento de las anteriores condiciones.» o
Nueve.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 11, que quedan redactados  630ww
como siguen:
corr«e1sp. onLdoesn coiap,e rdaodcourmese ndtaec ilóan  cya jduestnifaic aanlitmese,n etanr isao pdoerbtee reálne ctcroónnsiceor voa re nto pdaap elal, 
relacionados  con  los  contratos  alimentarios  que  celebren  en  el  marco  de  lo 
dispuesto en esta ley, durante un período de cuatro años.
2.  Los  organizadores  de  subastas  electrónicas  quedarán  obligados  a 
mantener durante cuatro años un archivo documental o electrónico de todas las 
subastas  realizadas,  incluyendo  información  sobre  la  identidad  de  los 
concursantes, sus ofertas y la formalización del contrato alimentario.»
Diez.  Se introduce un nuevo artículo 11 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 11 bis.  Registro de contratos alimentarios.
1.  El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dispondrá de un registro 
digital en el que se inscribirán los contratos alimentarios que se suscriban con los 
productores primarios y las agrupaciones de éstos, y sus modificaciones.
2.  El operador que compre a los productores primarios y las agrupaciones de 
éstos estará obligado a inscribir cada contrato alimentario que realice, y sus 
modificaciones,  por  los  medios  electrónicos  que  se  dispongan 
reglamentariamente, antes de la entrega del producto objeto del contrato.
3.  La Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., y las restantes 
autoridades competentes tendrán la potestad de acceder a dicho registro para 
realizar las comprobaciones pertinentes en el ámbito de sus competencias, con 
sujeción a la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y 
de competencia.»
Once.  Se modifica el apartado 1 del artículo 12, que queda redactado como sigue:
«1.  Se  prohíben  las  modificaciones  de  las  condiciones  contractuales 
establecidas en el contrato alimentario, salvo que se realicen de mutuo acuerdo de 
las partes y de conformidad con los principios rectores recogidos en el artículo 4. 
Los contratos alimentarios deberán contener las correspondientes cláusulas en las 
que se prevea el procedimiento para su posible modificación.»
Doce.  Se modifica el artículo 12 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 12 bis.  Pactos sobre actividades promocionales.
En el ámbito de aplicación de esta ley:
1.  El lanzamiento y desarrollo de promociones pactadas entre proveedores y 
compradores deberá realizarse basándose en los principios de:
a)  Acuerdo y libertad de pactos;
b)  interés mutuo; y
c)  flexibilidad para adaptarse a las circunstancias particulares de los distintos 
operadores.
2.  Los pactos sobre promociones comerciales se respetarán en su naturaleza 
e integridad. Dichos pactos, que deberán contar con el acuerdo explícito de ambas 
partes, recogerán los aspectos que definen la promoción pactada: Los plazos 
(fechas de inicio y finalización), los precios de cesión, los volúmenes y aquellas 
otras  cuestiones  que  sean  de  interés,  así  como  también  los  aspectos  de  la  es
promoción relativos al procedimiento, el tipo, el desarrollo, la cobertura geográfica  o
y la evaluación del resultado de esta. 630ww
acealrirmloid3rea .na dtl i coNci oooens l ss,v euaq mlpouaired cd otearp  rusláodo silbea rmr earie sneam ll ippozearser.c jcuiAóido nli oc rdseae are  laf leyacc  tlitavop isedim radcdaeeeglp seac nnipó árdnolie sm idslooe cdsl ie oac ndloiaimnclehsesuan mstqo ucisdoe oyn ri dn pudsrcuootzdbacursaec np to olaasr     OE-A-2021-20able en https://
las autoridades competentes, se deberá tener en cuenta el precio de adquisición 
recogido en el contrato alimentario.
Para  ello,  los  operadores  deberán  identificar  su  precio  claramente  en  la 
información publicitaria, en la cartelería y en los tiques de compra, para que no 
pueda dar lugar a equívocos, de tal forma que el consumidor tenga conocimiento 
exacto del alcance de la actividad promocional.
4.  En las promociones, en todo caso figurará el precio real del producto y se 
indicará  de  forma  visible  para  el  consumidor  la  causa  que  da  origen  a  la 
promoción.»
Trece.  Se modifica el artículo 12 ter, que queda redactado como sigue:
«Artículo 12 ter.  Destrucción de valor en la cadena.
1.  Con el fin de evitar la destrucción del valor en la cadena alimentaria, cada 
operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio 
igual o superior al coste de producción de tal producto en que efectivamente haya 
incurrido o asumido dicho operador. La acreditación se realizará conforme a los 
medios de prueba admitidos en Derecho.
2.  Para  proteger  la  capacidad  de  comercialización  de  los  productores 
primarios, los operadores que realicen la venta final de alimentos o productos 
alimenticios a consumidores no podrán aplicar ni ofertar un precio de venta al 
público inferior al precio real de adquisición del mismo.
3.  El  incumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior  tendrá  la 
consideración de venta desleal sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14.1 de 
la Ley 7/1996, de 15 de enero. No se reputarán como desleales las ventas con 
pérdidas al público de los alimentos o productos alimenticios perecederos que se 
encuentren en una fecha próxima a su inutilización siempre que se proporcione 
información clara de esta circunstancia a los consumidores.
4.  En ningún caso las ofertas conjuntas o los obsequios a los compradores 
podrán utilizarse para evitar la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.
5.  El operador que realice la venta final del producto al consumidor en ningún 
caso  podrá  repercutir  a  ninguno  de  los  operadores  anteriores  su  riesgo 
empresarial derivado de su política comercial en materia de precios ofertados al 
público.»
Catorce.  Se modifica el artículo 13, que queda redactado como sigue:
«Artículo 13.  Secretos empresariales.
1.  En los contratos alimentarios deberá concretarse por escrito la información 
que  las  partes  deban  suministrarse  para  el  efectivo  cumplimiento  de  sus 
respectivas obligaciones contractuales, así como el plazo de entrega de dicha 
información, que en todo caso deberá ser proporcionada y estar justificada en 
razones  objetivas  relacionadas  con  el  objeto  del  contrato,  sin  perjuicio  de  la 
aplicación de las normas en materia de defensa de la competencia.
2.  En ningún caso un operador podrá exigir a otro operador de la cadena 
cualquier  modalidad  de  obtención,  utilización  o  revelación  de  los  secretos 
empresariales, salvo que así conste en el contrato escrito de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado anterior. e.
3.  Los secretos empresariales que se obtengan en el proceso de negociación  w.b
o ejecución de un contrato alimentario se destinarán exclusivamente a los fines  630ww
pcoanrafi delonsc ialqiduaed  dlee  laf uinefroornm acfaiócnil ittaradnossm, itirdeas poe atálmndaocseen adean.  todo  momento  la
prodAuscít om eisnm doe,s atarrmolploo coo s osber ep pordórxái meoxsig liar nezna mniienngtúons .caso información sobre un
4.  Los operadores no podrán exigirse ni desvelar secretos empresariales 
sobre otros operadores y, en particular, documentos que permitan verificar dicha 
información comercial.»
Quince.  Se modifica el apartado 1 del artículo 14, que queda redactado como 
sigue:
«Artículo 14.  Gestión de marcas.
1.  Los criterios para la gestión de categorías habrán de ser predeterminados 
y evitarán tratamientos desleales, como la explotación por parte de una empresa 
de la situación de dependencia económica en la que puedan encontrarse sus 
empresas clientes o proveedores, como dispone el artículo 16 de la Ley 3/1991, 
de 10 de enero, de Competencia Desleal. Los operadores gestionarán las marcas 
de productos alimentarios que ofrezcan al consumidor, tanto las propias como de 
otros  operadores,  evitando  prácticas  contrarias  a  la  libre  competencia  o  que 
constituyan  actos  de  competencia  desleal  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y en la Ley 3/1991, 
de 10 de enero, de Competencia Desleal, así como actos de publicidad ilícitos de 
conformidad con la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
Asimismo, los operadores actuarán de buena fe en la comercialización de las 
innovaciones relevantes de los productos alimentarios de sus proveedores.»
Dieciséis.  Se añade un nuevo artículo 14 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 14 bis.  Otras prácticas comerciales desleales.
1.  Quedan prohibidas las siguientes prácticas comerciales desleales:
a)  Los aplazamientos de pago de productos agrícolas o alimentarios que 
excedan  el  tiempo  establecido  en  la  disposición  adicional  primera  de  la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, y respecto a lo específicamente referido al comercio minorista, en la 
disposición adicional primera de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, o de la norma 
que  la  substituya.  Todo  ello  sin  perjuicio  del  régimen  específico  para  las 
operaciones  entre  mayorista  y  minorista  establecido  por  el  artículo  17  de  la 
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, en relación 
con su disposición adicional sexta.
b)  Que una de las partes de la relación comercial cancele un pedido de 
productos agrícolas y alimentarios perecederos dentro de los 30 días previos al 
momento señalado para su entrega por el vendedor.
c)  Que una de las partes del contrato alimentario modifique unilateralmente 
los términos del contrato de suministro de productos agrícolas y alimentarios, en lo 
que se refiere a la frecuencia, método, lugar, calendario o volumen del suministro 
o la entrega de los productos agrícolas y alimentarios, las normas de calidad, las 
condiciones de pago o los precios.
d)  Que una de las partes de la relación comercial exija a la otra pagos que no 
están relacionados con la venta de los productos agrícolas o alimentarios del 
proveedor. e
e)  Que el comprador exija al proveedor que pague por el deterioro o la  bo
pérdida, o por ambos motivos, de productos agrícolas y alimentarios, ocurridos en  630ww
cloosm  plorcaadloers,  sdine l quceo mdpicrhaod odre toe ricouroa nod op élrad idpar ospeie ddeabda ny aa  nheag lsigideon citara on scfeurlpidaa  daell 
provfe) edQour.e una de las partes del contrato alimentario se niegue a confirmar por
escrito  los  términos  de  un  contrato  de  compraventa  o  suministro  que  fueron
acordados entre el comprador y el proveedor y cuya confirmación por escrito le 
haya solicitado la otra parte.
g)  Que una de las partes de la relación comercial adquiera, utilice o divulgue 
secretos  empresariales  de  la  otra  parte  ilícitamente,  en  el  sentido  de  la 
Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.
h)  Que una de las partes de la relación comercial amenace con llevar a cabo, 
o lleve a cabo, actos de represalia comercial contra la otra parte cuando esta 
ejerza  sus  derechos  de  negociación,  contractuales  o  legales,  incluidos  la 
presentación de una denuncia o la cooperación con las autoridades de ejecución 
durante una investigación.
i)  Que el comprador transfiera al proveedor los gastos derivados de estudiar 
las  reclamaciones  de  los  clientes  relativas  a  la  venta  de  los  productos  del 
proveedor, cuando la causa de las mismas no haya sido por negligencia o culpa 
del proveedor.
2.  Quedan  igualmente  prohibidas  las  siguientes  prácticas  comerciales,  a 
menos  que  las  partes  hayan  acordado  previamente  de  manera  clara  y  sin 
ambigüedad en el contrato alimentario de compraventa o suministro o en cualquier 
contrato posterior entre el proveedor y el comprador, incluyendo la determinación 
de los pagos que deban realizarse con motivo de los servicios prestados por el 
comprador:
a)  Que  se  cargue  a  una  de  las  partes  un  pago  como  condición  por  el 
almacenamiento, la exposición o la inclusión en una lista con las referencias de 
sus productos agrícolas y alimentarios, o su puesta a disposición en el mercado.
b)  Que una de las partes exija a la otra que asuma total o parcialmente el 
coste de aquellos descuentos de los productos agrícolas y alimentarios vendidos 
como parte de una promoción, a menos que, antes de una promoción iniciada, se 
especifique  la  duración  de  la  misma  y  la  cantidad  prevista  de  los  productos 
agrícolas y alimentarios que vayan a encargarse a precio con descuento en los 
términos pactados.
c)  Que una de las partes exija a la otra que pague por la publicidad de 
productos agrícolas y alimentarios realizada por aquélla.
d)  Que una de las partes exija a la otra que pague por la comercialización de 
productos agrícolas y alimentarios.
e)  Que  una  de  las  partes  cobre  a  la  otra  por  el  personal  de 
acondicionamiento de los locales utilizados para la venta de los productos.
f)  Que el comprador devuelva productos agrícolas y alimentarios no vendidos 
al proveedor sin pagar por estos productos no vendidos, o su eliminación, o ambas 
cosas.
3.  Cuando una de las partes solicite un pago por las situaciones descritas en 
las letras a), b), c), d) o e) del apartado 2, facilitará a la otra por escrito, en el caso 
de que ésta así se lo solicite, una estimación de los pagos por unidad o de los 
pagos por el total, según proceda. Además, si se trata de las situaciones descritas 
en las letras a), c), d) o e), también le facilitará, por escrito, una estimación de los 
gastos y la base de dicha estimación.»
Diecisiete.  Se modifica el apartado 3 del artículo 17.
«3.  Periódicamente  se  dará  publicidad  de  los  operadores  que  figuren  b
inscritos en el Registro en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y  630ww
Alimentación.»
Dieciocho.  Se modifica la letra k), se añaden las letras m) y n) del apartado 1 del 
artículo 20, y se añade un nuevo apartado 3, con el siguiente contenido:
«k)  Elaborar  informes  sobre  formación  de  precios  de  los  alimentos, 
especialmente para los eslabones de la cadena distintos al eslabón productor.»
«m)  Elaborar, publicar y actualizar periódicamente índices de precios y de 
costes de producción mediante el empleo de los criterios que reglamentariamente 
se  determinen,  que  en  cualquier  caso  deberán  garantizar  la  transparencia  y 
objetividad en la formación de estos índices.
n)  Analizar  y  estudiar  de  forma  continuada  la  innovación  en  la  cadena 
alimentaria y, en particular, la evolución de la creación de productos alimentarios 
innovadores y de su comercialización a los consumidores.»
«3.  Toda la información, informes o datos referidos en el presente artículo 
serán públicos, salvo que esté expresamente prohibido por la Ley.»
Diecinueve.  Se  añaden  dos  apartados,  6  y  7,  al  artículo  22,  con  el  siguiente 
contenido:
«6.  La  autoridad  competente  podrá  acordar  y  ejecutar  las  medidas 
provisionales que considere necesarias para asegurar la eficacia de la resolución 
que pudiera recaer en caso de que detecte indicios claros de vulneración de 
alguno de los preceptos regulados en la presente ley y, en su caso, constate un 
peligro cierto de que el denunciante vaya a sufrir perjuicios durante la pendencia 
del procedimiento administrativo, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas. La decisión sobre las medidas provisionales no implica prejuzgar el 
fondo del asunto.
7.  Las asociaciones y organizaciones representativas de operadores que 
intervienen  en  la  cadena  alimentaria  serán  titulares  de  intereses  legítimos 
colectivos en los términos del artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»
Veinte.  El artículo 23 queda redactado como sigue:
«Artículo 23.  Infracciones en materia de contratación alimentaria.
1.  Son infracciones leves en materia de contratación alimentaria:
a)  No incluir los extremos que como mínimo deben contener los contratos 
alimentarios, sin perjuicio de las conductas que se incardinen en el apartado 2.c) 
de este artículo.
b)  Realizar modificaciones de las condiciones contractuales que no estén 
expresamente pactadas por las partes, sin perjuicio de las conductas que se 
incardinen en el apartado 2.d) de este artículo.
c)  Incumplir las obligaciones de conservación de documentos.
d)  Suministrar de forma incompleta o fuera del plazo señalado la información 
que le sea requerida por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones.
e)  Cancelar, por cualquiera de las partes, un pedido de productos agrícolas y 
alimentarios perecederos dentro de los treinta días previos al momento señalado  s
para su entrega por el vendedor, sin perjuicio de las conductas que se incardinen  e.
en el apartado 2.m) de este artículo. w.
f)  En el caso de entregas de un socio a una cooperativa o a una entidad  630ww
aarstoíccuialoti v8a. 1q upea ras en oa cfoojramna laiz alra  ppoors iebsilcidriatod  upnr ecvoisntatr aeton,  qeul es elag ucnodoop epráartrivaafo  od leal 
entidad  asociativa  no  cumpla  las  condiciones  y  requisitos  previstos  en  dicho
artículo para los estatutos o acuerdos reguladores de tales entregas, sin perjuicio 
de las conductas que se incardinen en el apartado 2.i) de este artículo.
g)  En el caso de entregas de leche de un productor a una cooperativa o 
Sociedad Agraria de Transformación (SAT) de la que es socio, que la cooperativa 
o  SAT  no  cumpla  las  condiciones  y  requisitos  previstos  en  la  normativa  de 
contratación láctea para los estatutos o acuerdos cooperativos reguladores de 
tales  entregas  a  los  efectos  de  no  requerir  de  contrato,  sin  perjuicio  de  las 
conductas que se incardinen en el apartado 2.j) de este artículo.
h)  Exigir, por el comprador, que el proveedor pague por el deterioro o la 
pérdida, o por ambos motivos, de productos agrícolas y alimentarios, ocurridos en 
los  locales  del  comprador  o  cuando  la  propiedad  ya  ha  sido  transferida  al 
comprador, sin que dicho deterioro o pérdida se deban a negligencia o culpa del 
proveedor.
i)  Negarse a confirmar por escrito, por parte del comprador, los términos de 
un contrato de compraventa o suministro que fueron acordados entre el comprador 
y el proveedor y cuya confirmación por escrito le haya solicitado el vendedor.
j)  Exigir compensación, por parte del comprador al proveedor, por los gastos 
derivados de estudiar las reclamaciones de los clientes relativas a la venta de los 
productos del proveedor, aun cuando no haya ni negligencia.
k)  Incumplir  la  obligación  de  inscripción  en  el  registro  de  contratos 
alimentarios prevista en el artículo 11 bis.
l)  No cumplir las condiciones y requisitos establecidos para la realización de 
subastas electrónicas.
m)  El incumplimiento de las obligaciones relativas a pactos promocionales, 
conforme al artículo 12 bis, que resulten perjudiciales para una de las partes.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 bis.2, son infracciones graves 
en materia de contratación alimentaria:
a)  La segunda o ulterior infracción leve que suponga reincidencia con otra 
infracción leve cometida en el plazo de dos años, contados desde la sanción por 
resolución firme en vía administrativa de la primera de ellas.
b)  No formalizar por escrito los contratos alimentarios a los que se refiere el 
artículo 2 y el capítulo I del título II de esta ley, cuando esta formalización sea 
obligatoria.
c)  No  incorporar  en  el  contrato  alimentario  el  precio  recogido  en  el 
artículo 9.1.c).
d)  Realizar  modificaciones  del  precio,  objeto,  condiciones  de  pago  o 
condiciones de entrega y puesta a disposición de los productos incluidos en el 
contrato que no estén expresamente pactadas por las partes.
e)  Realizar  actividades  promocionales  que  incumplan  las  obligaciones 
previstas en el artículo 12 bis.
f)  El incumplimiento de las obligaciones del artículo 12 ter o la destrucción de 
valor en la cadena alimentaria, conforme al artículo 12 ter.
g)  El incumplimiento de los plazos de pago en las operaciones comerciales 
de  productos  alimentarios  o  alimenticios,  conforme  a  lo  establecido  en  el 
artículo 14 bis.
h)  La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la 
Administración.  Se  entiende  producida  esta  circunstancia  cuando  el  sujeto  e
infractor haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las  bo
actuaciones  de  la  Administración  en  relación  con  el  cumplimiento  de  sus  630ww
loabsl iagcatcuioancieosn.e Esn dtree  lao tAradsm, cinoinstsrtaitcuiyóenn l arse ssiisgtueinecniate, so cbosntrduuccctióans:, excusa o negativa a
1.°  No facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros,
registros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o
auxiliar, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y 
cualquier  otro  dato  con  trascendencia  a  los  efectos  de  la  ley,  así  como  no 
presentar el contrato alimentario en el momento de la inspección o dentro del 
término conferido.
2.º  No atender algún requerimiento debidamente notificado.
3.º  La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se 
hubiera señalado.
4.º  Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas o 
locales a los funcionarios actuantes o el reconocimiento de locales, máquinas, 
instalaciones y explotaciones relacionados con esta ley.
5.°  Las coacciones a los funcionarios de la Administración actuante.
i)  En el caso de entregas de un socio a una cooperativa o a una entidad 
asociativa  que  se  acojan  a  la  posibilidad  prevista  en  el  segundo  párrafo  del 
artículo 8.1 para no formalizar por escrito un contrato, que la cooperativa o la 
entidad asociativa no cumpla el requisito de que los estatutos o acuerdos de la 
cooperativa o de la entidad asociativa establezcan, antes de que se realice la 
entrega, el procedimiento de determinación del valor del producto entregado por 
sus socios.
j)  En el caso de entregas de leche de un productor a una cooperativa o SAT 
de la que es socio, que la cooperativa o SAT no incorpore en los estatutos o 
acuerdos cooperativos previstos en la normativa de contratación láctea a los 
efectos de no requerir de contrato, el precio que se pagará por el suministro 
lácteo.
k)  Exigir pagos adicionales o asunción de costes, sobre el precio pactado en 
el contrato alimentario, salvo en los supuestos previstos en esta ley.
l)  Adquirir,  utilizar,  exigir  o  revelar  secretos  comerciales  de  la  otra  parte 
ilícitamente,  en  el  sentido  de  la  Ley  1/2019,  de  20  de  febrero,  de  Secretos 
Empresariales, o información comercial sensible de otros operadores que haya 
sido obtenida en el proceso de negociación o ejecución de un contrato alimentario, 
incumpliendo el deber de confidencialidad, así como utilizar dicha información para 
fines distintos a los expresamente pactados en el contrato alimentario.
m)  Cancelar, por cualquiera de las partes, un pedido de productos agrícolas y 
alimentarios perecederos dentro de los 10 días previos al momento señalado para 
su entrega por el vendedor.
n)  Amenazar con llevar a cabo actos de represalia comercial contra la otra 
parte de la relación comercial, cuando esta ejerza sus derechos contractuales o 
legales,  incluidos  la  presentación  de  una  denuncia  o  la  cooperación  con  las 
autoridades encargadas de la investigación de los hechos denunciados. También 
constituirán actos de represalia comercial, amenazar o llevar a cabo la interrupción 
total o parcial del suministro o compra de productos agrícolas o alimentarios en un 
contrato continuado, ante el ejercicio de los derechos contractuales o legales.
ñ)  Devolver,  por  el  comprador,  productos  agrícolas  y  alimentarios  no 
vendidos  al  proveedor  sin  pagar  por  estos  productos  no  vendidos,  o  su 
eliminación, o ambas cosas.
o)  No formalizar contratos alimentarios, antes de que se realice la entrega, 
en el caso de entregas de un socio a una cooperativa o a una entidad asociativa, 
en las que no se cumpla lo previsto en el artículo 2.2 para que dichas entregas no 
tengan la consideración de relaciones comerciales y queden excluidas del ámbito  e.
de aplicación de la ley. w.b
p)  Incumplir las obligaciones en materia de gestión de marcas conforme a lo  630ww
dispqu)e stQo ueen  eell  acrtoícmuplora 1d4o rd ee exisjata  ole yt.raslade  al  proveedor  los  riesgos  y  gastos
ad elorisv apdroods udceto las  binacjooa laci ómna drcea e pxrpoepdiaie dnetel sd issatrnibcuioidnoard foarbersic oa dreocsl apmora ecli opnroevse reedlaotriv.as
3.  Se consideran infracciones muy graves la segunda o ulterior infracción 
grave que suponga reincidencia con otra infracción grave cometida en el plazo de 
dos años, contados desde la sanción por resolución firme en vía administrativa de 
la primera de ellas.
4.  Se presume, salvo prueba en contrario, que el comprador es autor de las 
infracciones tipificadas en las letras a) del apartado 1 y b) y c) del apartado 2 de 
este artículo.
5.  Cuando,  como  consecuencia  del  incumplimiento  de  las  obligaciones 
contenidas en esta ley, se afecte a la competencia de los mercados, resultarán de 
aplicación las disposiciones contenidas  en  la Ley  15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia, que tendrán carácter preferente a las infracciones 
contempladas en esta ley de acuerdo con el artículo 22.2.
6.  El  procedimiento  sancionador  que  deba  incoarse  con  motivo  de  las 
infracciones recogidas en esta ley se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, con las siguientes salvedades:
a)  En los procedimientos sancionadores cuya instrucción corresponda a la 
Agencia  de  Información  y  Control  Alimentarios,  O.A.,  el  plazo  máximo  para 
resolver el procedimiento sancionador y notificar la resolución expresa del mismo 
será de diez meses.
b)  Con vistas a garantizar el respeto de los derechos fundamentales, los 
actos  administrativos  que  deban  notificarse  a  un  operador  que  no  tenga  un 
establecimiento en España se efectuarán en la lengua correspondiente al Estado 
donde el operador tenga su sede social principal.
7.  Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los 
tres años y las leves al año. El inicio de la prescripción se computará desde el día 
en que la infracción se hubiera cometido o, si se trata de infracciones relativas a la 
formalización y extremos que han de contener los contratos alimentarios, desde el 
momento de la finalización de las prestaciones que tengan su origen en los 
mismos. En el caso de infracciones continuadas, se computará desde el día que 
hayan  cesado.  En  el  caso  de  que  los  hechos  o  actividades  constitutivos  de 
infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se 
computará desde que estos se manifiesten.»
Veintiuno.  El artículo 24 queda modificado como sigue:
1.  La letra a) del apartado 1 queda redactada como sigue:
«a)  Infracciones leves, entre 250 euros y 3.000 euros.»
2.  El apartado 2 queda redactado como sigue:
«2.  Con independencia de las multas previstas en el apartado 1 de este 
artículo, la autoridad que resuelva el expediente administrativo sancionador podrá 
acordar también que se ponga término a la práctica comercial prohibida.
En todo caso, la comisión de las infracciones tipificadas no podrá resultar más 
beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas de 
modo que el montante final de las sanciones pecuniarias impuestas no podrá ser  s
inferior al beneficio económico obtenido por el infractor.» oe.
Veintidós.  El apartado 1 del artículo 24 bis queda redactado como sigue: 630ww
isnafrnac«ci1oc.ni oensLe as p ugAbrdalimvceainsrái s,yt r acmcoiuónyn   cgaprarúávbcelitsce are  ntc roimmmaeptseetrrtaiealn,  tdele a spc aorsnaat rnacltaaio cniióemnsp  oaismliimcpieuónents atradiase   qpluaoesr    OE-A-2021-20able en https://
hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en caso de haberse interpuesto
recurso contencioso-administrativo, en vía judicial. En la publicidad de las mismas 
se  incluirá  la  identificación  del  infractor,  la  sanción  impuesta  y  la  infracción 
sancionada. En el caso de las sanciones que imponga la Administración General 
del Estado, esta publicidad se dará por medio de la página web de la Agencia de 
Información y Control Alimentarios, O.A.»
Veintitrés.  El artículo 25 queda redactado como sigue:
«Artículo 25.  Graduación de las sanciones.
1.  Las  sanciones  se  graduarán  especialmente  en  función  del  grado  de 
intencionalidad  o  la  naturaleza  del  perjuicio  causado  y  atendiendo  a  la 
transcendencia económica y social de las infracciones cometidas, al ánimo de 
prevalerse  de  ventajas  competitivas  frente  a  otro  sujeto  del  sector,  al  lucro 
obtenido con la acción infractora y a la previa comisión de una o más infracciones, 
cuando no sea aplicable la reincidencia, todo ello de acuerdo con los criterios 
siguientes:
a)  Las sanciones se aplicarán, en principio, en su grado medio, reduciéndose 
a su grado mínimo si no se estimase por el órgano que resuelva el expediente la 
existencia de una apreciable trascendencia económica y social de la actuación 
infractora. En base a estos criterios de cuantificación, se establecen tres grados de 
sanción por infracción:
1.º  Sanciones leves: En su grado mínimo, con multas de 250 a 1.000 euros; 
en su grado medio, con multas de 1.001 a 2.000 euros; y en su grado máximo, con 
multas de 2.001 a 3.000 euros.
2.º  Sanciones graves: En su grado mínimo, con multas de 3.001 a 33.000 
euros; en su grado medio, con multas de 33.001 a 66.000 euros; y en su grado 
máximo, con multas de 66.001 a 100.000 euros.
3.º  Sanciones muy graves: en su grado mínimo, con multas de 100.001 
a 333.000 euros; en su grado medio, con multas de 333.001 a 666.000 euros; y en 
su grado máximo, con multas de 666.001 a 1.000.000 euros.
b)  Si mediare la anterior circunstancia o alguna de las demás circunstancias 
o criterios previstos en el primer párrafo del presente apartado la sanción estará 
comprendida entre la mitad y los dos tercios del máximo previsto. La concurrencia 
de dos o más de las anteriores circunstancias o criterios, que incluya en todo caso 
un ánimo de prevalerse de ventajas competitivas frente a otro sujeto del sector 
junto con la previa comisión de una o más infracciones cuando no sea aplicable la 
reincidencia, determinará la imposición de la sanción en su grado máximo.
2.  No obstante la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior, y para 
guardar  la  debida  proporcionalidad,  en  el  caso  de  sanciones  pecuniarias  a 
imponer a los operadores, éstas no superarán un importe equivalente al 5 o al 10 
por 100 de los ingresos brutos del operador sancionado en el año anterior, según 
se trate, respectivamente, de infracciones graves o muy graves, y siempre que se 
respete el mínimo legal establecido para cada caso. En el caso de falta de 
ejercicio de la actividad durante todo o parte del ejercicio anterior, el órgano que 
resuelva el expediente aplicará los criterios de graduación elevando al año los  es
ingresos brutos correspondientes a los meses anteriores de actividad si éstos  o
fueran inferiores a doce.» 630www.
Veinticuatro.  El artículo 26 queda modificado como sigue:
1.  Se añade una nueva letra c) en el artículo 26.1 con la siguiente redacción:
«c)  Cuando una de las partes del contrato alimentario no tenga su sede 
social principal en España.»
2.  El apartado 2 queda redactado como sigue:
«2.  Corresponderá a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas 
ejercer la potestad sancionadora prevista en esta ley en los restantes supuestos, sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado 2 bis del presente artículo.»
3.  Se añade un nuevo apartado 2 bis en el artículo 26 con la siguiente redacción:
«2 bis.  Cuando el órgano competente de una Comunidad Autónoma no haya 
actuado dentro de los plazos establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo 29, el 
denunciante podrá acudir al órgano correspondiente de la Administración General del 
Estado.
Si transcurrido un mes del requerimiento de la Administración General del 
Estado  el  órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma  siguiera  sin  dar 
respuesta satisfactoria, a petición del denunciante la Administración General del 
Estado asumirá la competencia en su lugar.»
4.  La letra a) del apartado 3 queda redactada como sigue:
«a)  El Director de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., 
cuando la cuantía total de la sanción propuesta por el instructor del expediente no 
supere los 100.000 euros.»
Veinticinco.  Se añade un nuevo título VII con la siguiente redacción:
«TÍTULO VII
Las Autoridades de Ejecución
Artículo 28.  Designación de la Autoridad de Ejecución en el ámbito nacional.
1.  En el ámbito de las competencias correspondientes a la Administración 
General del Estado, la Autoridad de Ejecución que ejercerá de punto de contacto 
para la cooperación tanto entre autoridades de ejecución como con la Comisión, 
prevista en el artículo 4.2 de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales 
en  las  relaciones  entre  empresas  en  la  cadena  de  suministro  agrícola  y 
alimentario, encargada de establecer y desarrollar el régimen de control necesario 
para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria en el ámbito nacional será la Agencia de 
Información y Control Alimentarios, O.A.
2.  Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía 
y  en  el  marco  de  las  competencias  previstas  en  el  artículo  26  de  esta  ley, 
designarán autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de lo dispuesto  s
en esta ley, en sus territorios, que tendrán, al menos, las funciones que esta ley  e.
atribuye a la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., en materia de  w.
control  del  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  esta  ley  en  el  ámbito  de  las  630ww
com3p.e teLnac iAasg epnrocipai adse d Ien floarsm caocmióunn iyd aCdoenst raoul tóAnliommeansta.rios, O.A., será el punto de
Ccoonmtaiscitóon p Eauraro lpae cao.operación entre las autoridades de ejecución, así como con la  BOE-A-cable e
4.  Las autoridades de ejecución se reunirán al menos una vez al año para 
examinar la aplicación de la presente ley, en el seno del Comité de cooperación de 
las autoridades de ejecución. Las autoridades de ejecución debatirán las mejores 
prácticas,  los  nuevos  casos  y  los  avances  en  el  ámbito  de  las  prácticas 
comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario, así como 
el intercambio de información, en particular sobre la aplicación de las medidas que 
hayan adoptado de conformidad con la presente ley y sus prácticas en materia de 
observancia. Las autoridades de ejecución podrán adoptar recomendaciones para 
promover una aplicación coherente de la presente ley y mejorar su ejecución. La 
Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. organizará tales reuniones.
5.  La  Agencia  de  Información  y  Control  Alimentarios,  O.A.,  publicará  un 
informe  anual  con  las  actividades  que  hayan  realizado  las  autoridades  de 
ejecución en el ámbito de aplicación de la presente ley, que contendrá, entre otros 
datos, el número de denuncias recibidas y el número de investigaciones iniciadas 
o  concluidas  durante  el  año  precedente.  Respecto  de  cada  investigación 
concluida, el informe contendrá una breve descripción del objeto, el resultado de la 
investigación y, cuando corresponda, la decisión adoptada, con sujeción a los 
requisitos de confidencialidad establecidos en esta ley.
Artículo 29.  Denuncias y confidencialidad.
1.  En los casos en que la competencia sancionadora, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 26 de esta ley, corresponda a la Administración General 
del Estado, la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., llevará a cabo 
las funciones previstas en las letras f) y g) del apartado 6 de la disposición 
adicional primera.
2.  La  Administración  Pública  competente  adoptará  todas  las  medidas 
necesarias para proteger la identidad de los denunciantes en todo momento, así 
como para la adecuada protección de cualquier otra información cuya divulgación 
el denunciante considere que sería perjudicial para sus intereses, o en caso de 
asociaciones  para  los  de  sus  miembros  o  para  el  de  los  proveedores.  El 
denunciante  indicará  qué  información  tiene  carácter  confidencial  y  cuál  no, 
presumiéndose confidencial toda información sobre la que no se haya hecho 
indicación expresa.
3.  La  autoridad  de  ejecución  que  reciba  la  denuncia  informará  al 
denunciante, en el plazo de un mes desde la presentación de la misma, sobre las 
acciones a realizar para dar curso a la reclamación.
4.  Cuando  la  autoridad  de  ejecución  considere  que  no  hay  razones 
suficientes para instruir un expediente administrativo sancionador con motivo de la 
denuncia presentada, informará al denunciante, en el plazo de nueve meses 
desde la presentación de la reclamación, sobre los motivos del archivo.
5.  Los  denunciantes  tienen  derecho,  salvo  manifestación  expresa  en 
contrario, a:
a)  Recibir acuse de recibo de la denuncia al denunciante en un plazo de siete 
días a partir de la recepción.
b)  Conocer el estado de la tramitación de su denuncia.
c)  Conocer el estado de la realización de las acciones informadas por la 
autoridad de ejecución recogidas en el artículo 29.3. e
d)  Ser notificados de los trámites realizados y de las resoluciones acordadas  bo
respecto de la denuncia. 630ww
el tr6a.n scLuar sporo dteec claió nv ídae a ldam idineinsttirdaatidv ad eclo dmeon,u necni asnute c daesboe, rláa  gvaíara njutidziacriasle.  tEann toe setne 
último  caso,  la  Agencia  de  Información  y  Control  Alimentarios  o  el  órgano
autonómico equivalente, en su caso, actuará en su nombre y representación, de  Bc
ser necesario para proteger la identidad del denunciante y siempre y cuando esta 
representación no suponga indefensión ni quebranto del principio de igualdad de 
armas.
7.  En los casos en que uno de los operadores esté establecido en España y 
el otro no, podrán cursar la denuncia bien ante la autoridad de ejecución de su 
propio  Estado  miembro,  bien  ante  la  Agencia  de  Información  y  Control 
Alimentarios  O.A.,  competente  conforme  al  artículo  26.1.c).  La  autoridad  de 
ejecución ante la que se haya cursado la denuncia será competente para hacer 
cumplir las prohibiciones establecidas en esta ley.»
Veintiséis.  La disposición adicional primera queda modificada como sigue:
1.  La letra b) del apartado 5, la letra j) del apartado 6, y el apartado 15 se suprimen.
2.  Las letras a), b), c) e i) del apartado 6 quedan redactadas como sigue:
«a)  Gestionar  y  mantener  los  sistemas  de  información  de  los  mercados 
oleícolas (aceites de oliva y aceitunas de mesa), vinícolas y lácteos.
b)  Ejercer las competencias recogidas en esta norma como autoridad de 
ejecución nacional prevista en el artículo 28, sin perjuicio de las competencias de 
las autoridades autonómicas.
c)  Llevar  a cabo  las  tareas  necesarias  como  punto de  contacto para la 
cooperación  entre  las  autoridades  de  ejecución,  así  como  con  la  Comisión 
Europea, en el ámbito de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de abril de 2019.»
«i)  Establecer  relaciones  de  colaboración  con  otros  órganos  de  la 
Administración General del Estado y con las comunidades autónomas en materias 
de su competencia.»
3.  Se añade una letra m) en el apartado 6, que quedará redactada como sigue:
«m)  Ejercer las acciones contempladas en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª, de la 
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, cuando resulten afectados 
los intereses de operadores de la cadena alimentaria.»
Veintisiete.  La disposición adicional quinta queda modificada como sigue:
«Disposición  adicional  quinta.  Relaciones  contractuales  de  la  Organización 
Común de Mercados de los productos agrarios.
1.  Esta ley será de aplicación supletoria al sector lácteo sin perjuicio de las 
especificidades recogidas en la normativa reguladora del paquete lácteo, que 
prevalecerá en todo lo que se separe de esta ley.
2.  En particular, se regirán por dicha normativa especial:
a)  La  determinación  de  la  norma  a  que  ha  de  someterse  la  relación 
contractual en entregas intracomunitarias de leche.
b)  Los  supuestos  de  obligatoriedad  de  formalización  contractual  y  su 
contenido mínimo.
No obstante, además de lo que prevea su normativa sectorial, en todo caso 
serán de aplicación a los contratos del sector lácteo las exigencias previstas en el 
artículo 9.1.c) y en el artículo 12 ter de esta ley. e.e
c)  La regulación sobre entregas de los socios a cooperativas y SAT, sin  w.b
perjuicio de la tipificación de infracciones contenida en el artículo 23 de esta ley. 630ww
contdra) toL pao ro ebsligcraittoo rieend alads  deen trqeugea sla cso no rsguasn iszoacciioosn ecsu adned op rhoadyuac ttorarenss feforermncailaic edne 
la propiedad.
3.  A los efectos del artículo 5.ñ), no obstante, las organizaciones de productores 
y  sus  asociaciones  del  sector  lácteo,  reconocidas  respectivamente  según  los 
artículos 161 y 156 del Reglamento (CE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) 
n.° 922/72, (CEE) n.° 234/79, (CE) n.° 1037/2001 y (CE) n.° 1234/2007, no tendrán tal 
consideración en caso de que los productores miembros de la organización hayan 
transferido la propiedad de su producción a la organización, debiendo en estos casos 
las organizaciones y sus asociaciones suscribir los contratos sujetos a negociación, 
conforme se indica en el artículo 23.3 del Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el 
que se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el 
reconocimiento  de  las  organizaciones  de  productores  y  de  las  organizaciones 
interprofesionales en el sector, y por el que se modifican varios reales decretos de 
aplicación al sector lácteo.»
Veintiocho.  La disposición adicional quinta [sic], titulada «Infracciones y sanciones 
en  materia  de  trazabilidad  de  productos  pesqueros  no  incluidos  en  el  ámbito  de 
aplicación de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado», pasa a 
numerarse como disposición adicional sexta.
Veintinueve.  Se  añade  una  nueva  disposición  adicional  séptima  con  el  siguiente 
contenido:
«Disposición adicional séptima.  Relaciones comerciales entre los operadores de 
la cadena agroalimentaria del plátano de Canarias.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley, a las relaciones comerciales 
entre los operadores de la cadena alimentaria del Plátano de Canarias (IGP del 
plátano cultivado en el archipiélago de las Islas Canarias) les serán de aplicación 
los siguientes preceptos, particularmente en los artículos 9.1.c) y 12 ter:
1.  En la determinación del coste efectivo de producción en las operaciones 
comerciales de la cadena alimentaria de la IGP Plátano de Canarias se imputarán 
las ayudas directas o indirectas que perciba el productor o la explotación agraria.
2.  Las organizaciones de productores de plátanos computarán como precio, 
el precio medio de todas sus ventas de Plátano de Canarias IGP a todos sus 
clientes en cada año natural.
En  las  transacciones  posteriores  realizadas  entre  los  operadores  de  esta 
cadena alimentaria, se considerará como coste efectivo de producción el precio 
pagado por el adquirente al operador inmediatamente anterior por categoría.
3.  El comprador y la organización de productores que haya realizado la venta 
tendrán la obligación de fijar en el contrato el precio del producto, pudiendo 
hacerlo hasta una semana después del proceso de maduración en destino del 
Plátano de Canarias.»
Disposición adicional primera.  Contratación de potencias eléctricas.
El Gobierno posibilitará la contratación de dos potencias eléctricas a lo largo del año, 
discriminando la época de riego y la de no riego, así como la bonificación de hasta un 35 % y 
un 15 % de la factura del gasóleo y la de los plásticos y fertilizantes, respectivamente, utilizados  e
en las actividades llevadas a cabo en favor de los operadores de la cadena sujetos al ámbito de  bo
aplicación previsto en el artículo 2 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar  630ww
el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Disposición adicional segunda.  Informe sobre los resultados de la aplicación de las 
medidas recogidas en la ley.
Al año de la completa entrada en vigor de la ley, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación presentará un informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos en el que se analizarán los resultados de la aplicación de las medidas recogidas 
en esta ley.  En particular, este informe detallará el impacto de dichas medidas sobre el sector 
agroalimentario español, específicamente sobre el sector agrario y pesquero, sobre los precios 
que han recibido por sus productos, y sobre los consumidores, atendiendo a la evolución que 
se haya producido del sistema de fijación de precios, a los precios medios recibidos por los 
productores con detalle por comunidades autónomas y provincias de producción y de los 
precios finales de los productos agroalimentarios.
El  contenido  completo  de  este  informe  se  remitirá  igualmente  a  las  comunidades 
autónomas y se publicará en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Disposición  adicional  tercera.  Criterios  sobre  la  determinación  del  coste  de 
producción.
En el plazo de seis meses desde la completa entrada en vigor de la ley, el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación publicará los criterios sobre los diferentes factores 
que intervienen en la determinación del coste de producción de los productos agrarios, 
pesqueros y alimentarios, a los que hace referencia el artículo 9 de la Ley 12/2013, de 2 
de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Disposición transitoria única.  Contratos preexistentes.
Los contratos alimentarios en vigor en el momento de publicación de esta ley, incluidas sus 
prórrogas y novaciones, mantendrán su validez, si bien tendrán que adaptarse en aquello en 
que no se ajusten a lo dispuesto en la misma antes del 1 de mayo de 2022.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se 
crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
La Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria, queda modificada como sigue:
Uno.  El artículo 1 queda redactado del modo siguiente:
«Artículo  1.  Creación  de  la  Agencia  Española  de  Seguridad  Alimentaria  y 
Nutrición.
1.  El objeto de la presente ley es la creación y regulación de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
2.  La Agencia es un organismo autónomo de los previstos en artículo 98.1 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con 
personalidad jurídico-pública diferenciada y plena capacidad de obrar, que se 
regirá por la presente ley y demás disposiciones de aplicación.
3.  La Agencia se adscribe orgánicamente al Ministerio de Consumo, al que 
corresponde su dirección estratégica, la evaluación y control de los resultados de 
su  actividad  y  funcionalmente  al  Ministerio  de  Consumo,  al  Ministerio  de  s
Agricultura, Pesca y Alimentación y al Ministerio de Sanidad, en la esfera de sus  oe.
respectivas  competencias  y  en  los  términos  que  se  determinen  w.
órerggala4nm. oesAn dt aelar li aaA mAgegenentnceica. ia, L dsaee n dptreaotr etdircmeip ilnaaac ireóásn fe enrda se u d elEo ssst uasdtu isctotoi.nmtopse teDnecpiaasr,t alme ecnotroress peonn dleons   2021-20630n https://ww
las potestades administrativas para el cumplimiento de sus fines, en los términos
que prevea su Estatuto y de acuerdo con la legislación aplicable. Bc
5.  La Agencia se rige por lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas;  en  la 
Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público;  en  la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; en la Ley 33/2003, 
de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas;  en  su 
Estatuto y en el resto de las normas de derecho administrativo general y especial 
que le sean de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el 
derecho común.»
Dos.  El artículo 2 queda redactado como sigue:
«Artículo 2.  Fines generales, objetivos y ámbito de actuación.
1.  Los fines generales de la Agencia son los de promover la seguridad 
alimentaria, como aspecto fundamental de la salud pública, y ofrecer garantías e 
información  objetiva  a  los  consumidores  y  agentes  económicos  del  sector 
agroalimentario español, en el ámbito de actuación de las competencias de la 
Administración  General  del  Estado  y  con  la  cooperación  de  las  demás 
Administraciones públicas y sectores interesados.
2.  Serán objetivos de la Agencia los siguientes:
a)  Propiciar  e  impulsar  la  colaboración  y  coordinación  de  las 
Administraciones Públicas competentes en materia de seguridad alimentaria y 
nutrición, en atención, en particular, a su responsabilidad de interlocución con la 
Autoridad  Europea  de  Seguridad  Alimentaria  y  con  otras  instituciones 
internacionales en tales ámbitos.
b)  Planificar, coordinar y desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten 
la información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición y, en 
especial, la prevención de la obesidad.
c)  Favorecer  la  colaboración  entre  las  Administraciones  públicas  y  los 
distintos  sectores  interesados  incluidas  las  asociaciones  de  consumidores  y 
usuarios.
d)  Actuar como centro de referencia de ámbito nacional en la evaluación de 
riesgos alimentarios y en la gestión y comunicación de aquéllos, especialmente en 
las situaciones de crisis o emergencia. Al efecto, las medidas de coordinación a 
adoptar en materia de alertas alimentarias, así como las que correspondan ante 
situaciones de crisis y emergencia serán reguladas en su Estatuto.
3.  Los ámbitos de actuación de la Agencia son los siguientes:
a)  La seguridad de los alimentos destinados al consumo humano, incluyendo 
la nutrición y los aspectos de calidad con incidencia en la salud.
b)  La seguridad de la cadena alimentaria, abarcando todas sus fases.
c)  Los aspectos de sanidad animal y sanidad vegetal que incidan directa o 
indirectamente en la seguridad alimentaria.
d)  Cualquier otro ámbito que, a la luz de los avances científicos y las nuevas 
demandas  sociales,  se  le  asigne  para  garantizar  el  cumplimiento  de  sus  fines, 
atendiendo a su esfera de competencias de conformidad con lo que prevea su Estatuto.
4.  Las funciones y competencias de la Agencia, para el cumplimiento de los  o
eqfsinenueñ eesa 5lc  l.aayo d rrotroLíebcsasuj e pelotonAiv n 9goed3esla .n a1nacp ,ndi aatsere et ralraiEodá srLonmpe  adayeneñ n4ttoete0elrar/ im2o c0riit,dn1a cea5do d,o nadsS s eieny  egd1 enui cdn raeie decl  aoilEó dcmns tut aadAbrtecrluie omtlao. eds, n edpt eaolo rtaeisac s áutameydr bdeiNosto  uasctd ordimnce iió lnoani cs ptturreeaasvtcitivaisóartános     OE-A-2021-20630able en https://www.
legitimada para el ejercicio de la acción de cesación frente a conductas que
lesionen los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios tanto en 
el ámbito de la seguridad de los alimentos dirigidos al consumo humano como en 
lo referido a las alegaciones nutricionales y saludables.
La acción de cesación se dirigirá a obtener una sentencia que condene al 
demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura. Asimismo, la 
acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta 
haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que 
hagan temer su reiteración de modo inmediato.
6.  En los términos de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica 
el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la 
protección  de  los  consumidores  y  usuarios,  la  Agencia  Española  de  Seguridad 
Alimentaria y Nutrición podrá solicitar al anunciante la cesación o rectificación de la 
publicidad ilícita que afecte a los intereses colectivos o difusos de los consumidores y 
usuarios tanto en el ámbito de la seguridad de los alimentos dirigidos al consumo 
humano como en lo referido a las alegaciones nutricionales y saludables. En este 
mismo ámbito la Agencia estará legitimada para el ejercicio de la acción de cesación 
prevista en la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico 
español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses 
de los consumidores y usuarios.»
Tres.  El artículo 3 queda redactado como sigue:
«Artículo 3.  Órganos de gobierno y órganos ejecutivos de la Agencia.
La Agencia se estructura en los órganos de gobierno y ejecutivos que se determinen 
en su Estatuto, de conformidad con el artículo 90.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.»
Cuatro.  Se modifica el artículo 4, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 4.  Principios de actuación de la Agencia.
Los Principios de actuación de la Agencia son los siguientes:
a)  La  Agencia  actúa  de  acuerdo  con  los  principios  de  independencia  en  la 
protección de la salud pública y en la defensa de los consumidores; de transparencia en 
su gestión, de evaluación continua de su actividad y de control permanente.
b)  Las decisiones de la Agencia se basarán en conocimientos y datos objetivos de 
análisis de riesgos formalmente realizados y serán adoptadas de acuerdo con la 
protección de la salud, el interés público y el principio de precaución.
c)  De acuerdo con el principio de transparencia y sin perjuicio del respeto del 
derecho a la intimidad de las personas y a las materias protegidas por el secreto 
industrial y comercial siempre que no comprometan la protección de la salud pública:
1.  Todos los ciudadanos tienen el derecho de acceso, por el procedimiento que 
reglamentariamente  se  determine,  a  los  dictámenes  científicos  elaborados  por  la 
Agencia, a los documentos que obren en su poder y al informe anual de actividades.
2.  La Agencia comunicará por su propia iniciativa la información relevante 
para la población, especialmente en situaciones de crisis alimentaria. A tal efecto 
la Agencia elaborará un plan general de comunicación de riesgos y uno específico 
para situaciones de crisis y emergencia. s
d)  Las normas que se promuevan en materias que afectan a la Agencia  w.
serán sometidas al trámite de audiencia establecido en el artículo 26.6 de la  630ww
Ley e5)0 /1L9o9s7 ,p droeg 2ra7m daes n doev ieamctbivried,a ddeels G, aosbíi ecronmo.o la memoria de actividades de la
AGgoebniecrinao,  duen ala  Nveazc ióanp ryo ab alodso sG osbeierárnno sp rdees elansta Cdooms uan idlaasd esC oArutetósn oGmeanse.r»ales,  al  BOE-A-cable e
Cinco.  El artículo 5 queda redactado como sigue:
«Artículo 5.  Régimen jurídico aplicable.
De conformidad con lo previsto en el artículo 93.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, el Estatuto de la Agencia determinará la regulación del patrimonio que se le 
asigne y los recursos económicos que hayan de financiarla, así como el régimen 
relativo a recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación de la entidad.»
Seis.  Quedan suprimidos los actuales artículos 6, 7, 8 y 9.
Siete.  El actual artículo 10 pasa a ser artículo 6 con la siguiente redacción:
«Artículo 6.  Estatuto de la Agencia.
De conformidad con el artículo 93.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
corresponde al Gobierno aprobar el Estatuto de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, mediante Real Decreto.»
Ocho.  La disposición adicional primera queda redactada como sigue:
«Disposición adicional primera.  Título competencial.
La presente ley se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 149.1.16.ª de 
la  Constitución  que  atribuyen  al  Estado,  respectivamente,  competencias  en 
materia  de  bases  y  coordinación  de  la  planificación  general  de  la  actividad 
económica y de bases y coordinación general de la sanidad.»
Nueve.  La disposición adicional segunda queda redactada del modo siguiente:
«Disposición  adicional  segunda.  Régimen  jurídico  aplicable  a  la  resolución 
administrativa de determinadas materias.
En atención a la necesidad de preservar la seguridad alimentaria y proteger la 
salud de los ciudadanos, se entenderán incluidos en la excepción prevista en el 
artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos siguientes:
a)  Autorización sanitaria de las mercancías sujetas a control oficiales con 
arreglo a los artículos 47 y 44 del Reglamento (UE) 2017/625, sobre controles 
oficiales  y  otras  actividades  oficiales,  la  Orden  del  Ministerio  de  Sanidad  y 
Consumo de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control 
sanitario a productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y 
los recintos aduaneros habilitados para su realización y la Orden APA/289/2021, 
de  22  de  marzo,  por  la  que  se  establecen  las  partidas  sometidas  a  control 
veterinario en frontera a realizar por los servicios de sanidad animal.
b)  Autorización sanitaria de establecimiento para repartir carne y productos 
cárnicos a Estados Unidos de América (Orden ministerial de 4 de abril de 1995, 
por  la  que  se  regulan  las  condiciones  técnico-sanitarias  y  de  autorización 
aplicables  a  los  establecimientos  de  carnes  y  productos  cárnicos  para  su 
exportación a los Estados Unidos de América).» es
Disposición final segunda.  Incorporación de Derecho de la Unión. 630www.
(UEE) s2t0a1 9n/o6r3m3a d perl oPcaerdlaem ae nlato t rEaunrsoppoesoic yió nd ecl oCmopnlseetajo ,a dl eD e1r7e cdheo a ibnrtiel rdneo  2d0e1 9la,  rDeliareticvtaiv aa 
slausm pinráiscttrioc aasg rcícoomlae ryc iaalliemse ndteasrlieoa.les en las relaciones entre empresas en la cadena de  BOE-A-cable e
Disposición final tercera.  Comité de cooperación de las autoridades de ejecución.
Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para la constitución, en el 
plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, del Comité de 
cooperación de autoridades de ejecución, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O. A., referido 
en el apartado veintitrés del artículo único, que añade el artículo 28 en el nuevo título VII 
de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria. Su constitución se atenderá con los medios humanos y materiales 
disponibles en el Departamento, sin que conlleve aumento de gasto público.
Disposición final cuarta.  Mediación.
Cuando  no  hubiese  acuerdo  entre  proveedor  y  comprador  en  la  formalización, 
interpretación o cumplimiento de los contratos alimentarios, las partes podrán solicitar 
una mediación.
La mediación se realizará en los términos, en las condiciones y con los efectos 
previstos en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y 
que reglamentariamente se establezcan, garantizándose en todo caso un procedimiento 
neutral, imparcial, y donde las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades.
Disposición final quinta.  Modificación del Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por 
el que se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y 
Control Alimentarios, previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Se añade una letra i) en el apartado 1 del artículo 17 del Real Decreto 66/2015, de 6 
de febrero, por el que se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de 
Información y Control Alimentarios, previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, a la que se le añade la 
siguiente función:
«i)  Acceder a los contratos efectuados en el ámbito de la Ley 12/2013, de 2 
de agosto, por la persona objeto de control en los dos años anteriores.»
Disposición final sexta.  Facultad de desarrollo del registro de contratos alimentarios.
Se  habilita  al  Ministro  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación  a  dictar  cuantas 
disposiciones sean precisas para el desarrollo normativo y puesta en marcha del registro 
de contratos alimentarios previsto en el artículo 11 bis de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, 
de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, para el 1 de enero 
de 2023.
Disposición final séptima.  Salvaguarda de rango.
La modificación contenida en la disposición final quinta no afecta a su rango y no 
impedirá su posterior modificación por norma reglamentaria.
Disposición final octava.  Entrada en vigor.
1.  La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el  e.
«Boletín Oficial del Estado». w.b
2.  La obligación de inscripción de contratos alimentarios prevista en el artículo 11 bis de  630ww
alal imLeeyn t1a2ria/2 0e1n3tr,a dráe  e2n d vei gaogr oesnto ,e ld em ommeednidtaos e pna qrau em eelj orreagr isetlr ofu ensctioén palmenieanmtoe ndtee  loap cearadteivnoa, 
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de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria,
para las cooperativas u otras entidades asociativas entrarán en vigor a los seis meses de 
la entrada en vigor de la presente ley.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 14 de diciembre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN