BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Viernes 24 de enero de 2020 Sec. TC.   Pág. 7478
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1111 Sala Primera. Sentencia 167/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de 
amparo 992-2015. Promovido por don Moutaz Almallah Dabas respecto de la 
sentencia  dictada  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la 
Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de 
justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de 
inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la 
aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).
ECLI:ES:TC:2019:167
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José González Rivas, presidente, y los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar y don Cándido Conde-
Pumpido Tourón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 992-2015, interpuesto por don Moutaz Almallah 
Dabas,  representado  por  el  Procurador  de  los  Tribunales  don  Francisco  Inocencio 
Fernández Martínez y asistido por el Abogado don Jesús María Andújar Urrutia contra la 
resolución  del  Secretario  de  Estado  de  Justicia  de  4  de  junio  de  2013 
(expediente 558-2012), denegatoria de la indemnización solicitada por haber sufrido 
prisión provisional y ser absuelto posteriormente, y contra la sentencia de 15 de enero 
de  2015  de  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la 
Audiencia  Nacional,  desestimatoria  del  recurso  contencioso-administrativo  núm. 
1217-2013 interpuesto frente a dicha resolución. Han intervenido el abogado del Estado 
y el ministerio fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Andrés Ollero Tassara.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 20 de 
febrero de 2015, el Procurador de los Tribunales don Francisco Inocencio Fernández 
Martínez, en nombre y representación de don Moutaz Almallah Dabas y bajo la dirección 
del Abogado don Jesús María Andújar Urrutia, interpuso recurso de amparo contra las 
resoluciones que se mencionan en el encabezamiento.
2.  Los hechos relevantes para resolver este recurso de amparo son los siguientes:
a)  El demandante de amparo presentó el 17 de octubre de 2012 ante el Ministerio  s
de Justicia reclamación indemnizatoria por responsabilidad patrimonial del Estado por la  e.
vía  del  art.  294  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  (en  adelante,  LOPJ).  La  w.
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delito de colaboración con organización terrorista, siendo finalmente absuelto de todos
los cargos por sentencia de 10 de octubre de 2001 de la Sección Segunda de la Sala de 
lo Penal de la Audiencia Nacional (rollo núm. 79-2008).
b)  De acuerdo con lo dictaminado por el Consejo de Estado, el secretario de Estado 
de Justicia, por delegación del ministro, resolvió desestimar, mediante resolución de 4 de 
junio de 2013 (expediente 558-2012), la reclamación indemnizatoria formulada por el 
demandante de amparo. Concluye que no concurre en el presente caso el supuesto de 
hecho del art. 294.1 LOPJ, que, conforme a la doctrina sentada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Supremo  en  sendas  sentencias  de  23  de 
noviembre de 2010, comprende los casos en que se declara la inexistencia material del 
hecho imputado (inexistencia objetiva), pero no los de absolución en aplicación del 
derecho a la presunción de inocencia, por falta o insuficiencia de prueba válida de la 
participación (inexistencia subjetiva), como sucedió aquí. A tenor de lo razonado en la 
sentencia  en  que  se  basa  la  pretensión  indemnizatoria,  se  absuelve  al  reclamante 
aplicando el derecho a la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo, porque 
la prueba practicada en el juicio oral no permite estimar acreditada su participación en 
los hechos imputados.
c)  Contra  la  anterior  resolución  interpuso  el  demandante  de  amparo  recurso 
contencioso-administrativo, que fue desestimado por sentencia de 15 de enero de 2015 
de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. Se razona que, conforme al cambio de criterio jurisprudencial sobre el marco 
del art. 294.1 LOPJ, introducido por el Tribunal Supremo en dos sentencias de 23 de 
noviembre de 2010, solamente cabría responsabilidad patrimonial por funcionamiento 
anormal  de  la  administración  de  Justicia  por  la  vía  del  art.  294.1  LOPJ  cuando 
estuviésemos ante la inexistencia objetiva del hecho. Esta no se aprecia en el presente 
caso, ya que la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió al 
demandante por insuficiencia de prueba de cargo que permita entender acreditados los 
hechos que pudieran sustentar una sentencia condenatoria. Concluye la sala que la 
pretensión del demandante es inviable en el marco del art. 294.1 LOPJ, que no resulta 
aplicable a todos los supuestos en los que la prisión preventiva acaba en sentencia 
absolutoria, sino que comprende solo y exclusivamente el supuesto de «inexistencia 
objetiva» del hecho imputado, pero no la llamada «inexistencia subjetiva», por lo que la 
reclamación de indemnización por prisión preventiva indebida ha de desestimarse.
3.  El  demandante  denuncia  en  su  recurso  de  amparo  que  las  resoluciones 
impugnadas han vulnerado su derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), en 
relación con el derecho a la libertad (art. 17 CE). Por ello solicita que se declare la 
nulidad de la sentencia y de la resolución administrativa objeto del presente recurso y 
que se ordene retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la resolución 
administrativa, para que se dicte una nueva respetuosa con los derechos fundamentales 
vulnerados.
Aduce en síntesis el demandante que, a pesar de que una sentencia absolutoria ha 
declarado  su  inocencia,  esta  se  ve  puesta  en  duda  al  considerar  las  resoluciones 
impugnadas,  para  denegar  la  indemnización  reclamada,  que  existen  indicios  de 
culpabilidad. Aclara que no se trata de la vertiente clásica del derecho a la presunción de 
inocencia, que exige una prueba de cargo suficiente y válida para condenar, sino del 
aspecto  destacado  por  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  cuando  estima 
vulnerado el derecho en procedimientos que deniegan una indemnización económica por 
considerar que hay indicios de participación en un delito pese a la existencia de una 
previa sentencia absolutoria. Cita en apoyo de sus afirmaciones las SSTEDH de 13 de  e.
enero de 2005, asunto Capeau c. Bélgica, y de 13 de julio de 2010, asunto Tendam c.  w.b
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indemnizatorias  de  aquellas  personas  privadas  de  libertad  por  orden  judicial  y 
posteriormente absueltas.
4.  Por providencia de 22 de mayo de 2017, la Sección Segunda de este Tribunal 
acordó  admitir  el  presente  recurso  a  trámite  apreciando  que  concurre  especial 
transcendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 
LOTC), porque puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como 
consecuencia de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la 
interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 
CE [STC 155/2009, FJ 2 b)].
Acordó también, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta 
comunicación a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento 
ordinario núm. 1217-2013. Asimismo acordó notificar la providencia al Abogado del 
Estado, para que pudiera comparecer en el presente proceso constitucional en el plazo 
de diez días, con traslado a estos efectos de copia de la demanda de amparo.
5.  Con fecha 2 de junio de 2017 el Abogado del Estado se personó en el recurso de 
amparo.
6.  Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Primera de 
este  Tribunal  de  22  de  julio  de  2017  se  tuvieron  por  recibidos  los  testimonios  de 
actuaciones remitidos por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional. Asimismo se acordó, conforme al art. 52 LOTC, conceder al 
ministerio fiscal y a las partes personadas un plazo común de veinte días para que, con 
vista de las actuaciones, formulasen alegaciones.
7.  El 11 de julio de 2017 tuvo entrada en este Tribunal el escrito de alegaciones del 
Abogado del Estado, en el que interesa la inadmisión del recurso y subsidiariamente su 
desestimación.
Sostiene en primer lugar que el recurso de amparo es extemporáneo, al haber sido 
interpuesto fuera del plazo de veinte días previsto en el art. 43.2 LOTC. La sentencia 
desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del 
secretario  de  Estado  de  Justicia  que  desestima  la  reclamación  indemnizatoria  del 
demandante le fue notificada a este el 22 de enero de 2015, por lo que el plazo para la 
presentación del recurso de amparo vencía el 19 de febrero de 2015, siendo así que fue 
interpuesto el 20 de febrero, por tanto fuera de plazo, lo que debe determinar su 
inadmisión.
En cuanto al fondo del asunto, niega el Abogado del Estado que exista un derecho 
fundamental a obtener una reparación económica por haber sufrido prisión provisional, ni 
en  el  marco  de  nuestra  Constitución  ni  en  el  del  Convenio  Europeo  de  Derechos 
Humanos, como resulta de la STEDH de 13 de julio de 2010, asunto Tendam c. España 
§  36,  puesto  que  se  trata  de  un  derecho  de  configuración  legal  y  de  apreciación 
casuística, en el plano de legalidad, por los Jueces y Tribunales.
Trae asimismo a colación la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
sobre la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, citando al efecto las 
SSTEDH de 12 de julio de 2013, asunto Allen c. Reino Unido, y de 13 de noviembre 
de 2013, asunto Lundkvist c. Suecia.  Partiendo de esta doctrina, descarta que se haya 
producido la lesión que denuncia el demandante de su derecho a la presunción de  e.
inocencia (art. 24.2 CE). Este derecho, en su dimensión extraprocesal, que es la alegada  w.
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aplicación del art. 294.1 LOPJ, en la interpretación sentada por el Tribunal Supremo, que
limita su ámbito a la «inexistencia objetiva» del hecho imputado, lo que conduce a 
desestimar la reclamación del demandante.
Descarta asimismo que pueda apreciarse vulneración del derecho a la igualdad 
(art. 14 CE), pues el demandante no ha aportado ningún término de comparación, como 
exige la doctrina constitucional.
8.  El ministerio fiscal evacuó el trámite de alegaciones mediante escrito registrado 
en este Tribunal el 13 de julio de 2017. Tras referirse a los antecedentes del caso, señala 
que el presente recurso de amparo guarda una sustancial similitud con otros anteriores, 
referidos también a denegación de indemnización por prisión provisional por falta de 
acreditación  de  la  inexistencia  objetiva  del  hecho  delictivo,  y  resueltos  por  las 
SSTC 8/2017, de 19 de enero, y 10/2017, de 30 de enero.
En  ambas  sentencias,  este  Tribunal  apreció  la  vulneración  del  derecho  a  la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE), porque las resoluciones impugnadas en amparo 
denegaron la indemnización en consideración a que el principio in dubio pro reo, esto es, 
la  insuficiencia  de  la  prueba  practicada  para  generar  una  convicción  sobre  la 
responsabilidad criminal más allá de toda duda razonable, fue determinante para la 
absolución decretada en el proceso penal. De este modo, las resoluciones administrativa 
y judicial impugnadas ponen en cuestión la inocencia del demandante, en el sentido 
expresado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
De acuerdo  con esa  doctrina constitucional,  el ministerio fiscal interesa que se 
otorgue el amparo por vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 
CE),  declarando  la  nulidad  de  las  resoluciones  impugnadas  y  ordenando  que  se 
retrotraigan  las  actuaciones  al  momento  anterior  al  dictado  de  la  resolución 
administrativa, para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial del 
demandante sin introducir dudas sobre su culpabilidad y su presunción de inocencia.
9.  La  representación  del  recurrente  presentó  su  escrito  de  alegaciones  con 
fecha 27 de julio de 2017, remitiéndose a lo razonado y solicitado su demanda de 
amparo.
10.  Mediante  providencia  de  fecha  12  de  diciembre  de  2019  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 16 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a lo resuelto en las SSTC 85/2019, de 19 de junio, y 125/2019, de 31 
de octubre.
El recurso de amparo tiene por objeto la resolución del Secretario de Estado de 
Justicia de 4 de junio de 2013 (expediente 558-2012), que rechazó la reclamación 
formulada por el recurrente de responsabilidad patrimonial del Estado por haber sufrido 
prisión provisional siendo posteriormente absuelto y la sentencia de 15 de enero de 2015 
de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional,  que  desestimó  el  recurso  contencioso-administrativo  núm.  1217-2013 
interpuesto contra dicha resolución.
El óbice de inadmisión que opone el Abogado del Estado ha de ser rechazado, pues 
el recurso de amparo ha sido interpuesto dentro de plazo, conforme a lo previsto en los 
arts. 43.2 y 85.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. s
Descartado  el  óbice  referido,  resulta  que  tanto  el  objeto  del  presente  proceso  oe.
constitucional como los planteamientos sustantivos introducidos por las partes en el  w.
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«inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa» del art. 294.1 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, concretándose el alcance que la estimación del amparo 
debía producir. Por tanto, a tales fundamentos jurídicos hemos de remitirnos.
Procede, en consecuencia, otorgar el amparo y reconocer el derecho del recurrente a 
que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, en cuanto a sus criterios 
rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del art. 14 CE y del art. 24.2 CE 
señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019. Por ello, la retroacción debe remontarse al 
momento anterior a dictarse la resolución del Secretario de Estado de Justicia de 4 de 
junio de 2013, que denegó la indemnización y que origina la lesión de los derechos 
fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia, para que la administración 
resuelva de nuevo la cuestión planteada conforme a las exigencias de los arts. 14 y 24.2 
CE, en los términos indicados en las SSTC 85/2019, FJ 13, y 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Moutaz Almallah Dabas y, en 
consecuencia:
1.º  Declarar vulnerado el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerlo en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia 
de  15  de  enero  de  2015  de  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 1217-2013, y de la resolución del Secretario de Estado de Justicia de 4 de junio 
de 2013, recaída en el expediente núm. 558-2012.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la última resolución 
citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial de forma 
respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada  en  Madrid,  a  dieciséis  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve.–Juan  José 
González  Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo 
Montoya Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado.
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