BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 319 Lunes 7 de diciembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 112040
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
15800 Sala Segunda. Sentencia 153/2020, de 4 de noviembre de 2020. Recurso de 
amparo 1552-2014. Promovido por don Mohamed Samadi respecto de las 
resoluciones  dictadas  por  las  salas  de  lo  contencioso-administrativo  del 
Tribunal  Supremo  y  de  la  Audiencia  Nacional  en  procedimiento  por 
responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia. Vulneración de 
los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal 
anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).
ECLI:ES:TC:2020:153
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta y los magistrados, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1552-2014, promovido por don Mohamed Samadi, 
representado por el procurador de los tribunales don Adolfo Morales Hernández-Sanjuan 
y bajo la dirección del letrado don Benet Salellas i Vilar, contra la sentencia de la Sección 
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 14 de enero 
de 2014, que declaró no haber lugar al recurso de casación para la unificación de 
doctrina núm. 1042-2013 formalizado contra la sentencia de 8 de octubre de 2012 de la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
recurso núm. 211-2011, interpuesto contra la resolución de 4 de febrero de 2011 del 
Ministerio de Justicia (expediente núm. 285-2010) denegatoria de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial del Estado por prisión provisional indebida. Ha sido parte el 
abogado del Estado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada 
doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Mediante  escrito  registrado  en  este  tribunal  el  25  de  marzo  de  2015,  el 
procurador  de  los  tribunales  don  Adolfo  Morales  Hernández-Sanjuan,  en  nombre  y 
representación de don Mohamed Samadi, se personó ante este tribunal y se ratificó en el 
total contenido del escrito previamente presentado el 14 de marzo de 2014 por el letrado 
don Benet Salellas i Vilar, interponiendo recurso de amparo contra las resoluciones 
judiciales y administrativas que se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia. e
2.  Los  hechos  relevantes  para  el  examen  de  la  pretensión  de  amparo  son,  b
sucintamente expuestos, los siguientes: 800ww
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del art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ). En él solicitaba
una indemnización por importe de 184 290 € más intereses legales por haber sufrido
privación de libertad en situación de prisión preventiva, desde el 10 de enero de 2006 
hasta el 17 de octubre de 2008. Todo ello a consecuencia de su inculpación en el 
sumario  ordinario  núm.  21-2006  del  Juzgado  Central  de  Instrucción  núm.  5  de  la 
Audiencia Nacional, como presunto autor de un delito de integración en organización 
terrorista, del que fue finalmente absuelto por sentencia núm. 3/2010, de 11 de enero, 
dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
b)  Dicha reclamación fue desestimada, de acuerdo con el criterio del Consejo de 
Estado, mediante resolución de la Secretaría de Estado de Justicia, por delegación del 
ministro de Justicia, de 4 de febrero de 2011, por entenderse que la absolución se había 
producido, no por inexistencia objetiva del hecho sino por insuficiencia probatoria para 
acreditar la autoría en el hecho delictivo.
c)  Contra  la  anterior  resolución,  el  demandante  de  amparo  interpuso  recurso 
contencioso-administrativo  que  fue  tramitado  como  procedimiento  ordinario  núm. 
211-2011 ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional.
Por  sentencia  de  8  de  octubre  de  2012,  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó el recurso con base en 
dos sentencias del Tribunal Supremo, ambas de 23 de noviembre de 2010 (recursos de 
casación  núm.  1908-2006  y  4288-2006),  que  entendieron  que  el  art.  294  LOPJ 
ampararía solamente los supuestos de inexistencia objetiva del hecho imputado, lo que 
no se daba en el caso de autos al fundarse la reclamación formulada en la concurrencia 
de un supuesto de inexistencia subjetiva.
d)  El demandante de amparo interpuso recurso de casación para la unificación de 
doctrina. La sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, de 14 de enero de 2014, declaró que no había lugar al recurso por 
falta de las identidades exigidas para la unificación de doctrina y por no existir doctrina 
alguna que unificar, toda vez que el denunciado apartamiento de la doctrina previa por 
parte del tribunal a quo estaba apoyado en un cambio de criterio del Tribunal Supremo.
3.  El demandante solicita que se otorgue el amparo por la vulneración del derecho 
a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) en relación con el derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Considera 
que se ha producido en la sentencia que cerró el proceso un apartamiento irreflexivo y 
arbitrario de la doctrina previa sentada por el mismo Tribunal Supremo en orden a la 
responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia en supuestos de inexistencia 
subjetiva  del  hecho  imputado,  interpretándose  erróneamente  el  art.  294  LOPJ  y 
desatendiéndose, por lo demás, lo dispuesto en el art. 6.2 del Convenio europeo de 
derechos humanos y el verdadero sentido de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en la materia, en concreto la STEDH de 13 de julio de 2010, asunto 
Tendam c. España.
4.  La Sección Cuarta de este tribunal, por providencia de 27 de enero de 2020, 
acordó la admisión a trámite del presente recurso, apreciando que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC)] como consecuencia de que la posible vulneración del derecho 
fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley o de otra disposición de carácter 
general [STC 155/2009, FJ 2 c)]; dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales para 
que remitan certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes, y, 
finalmente, emplazar para que pudieran comparecen en el recurso de amparo a quienes 
hubieran  sido  parte  en  el  procedimiento,  excepto  a  la  parte  recurrente.  Asimismo  e.
interesaba al Ministerio de Justicia el expediente relativo a la resolución recurrida, de 4  w.b
de febrero de 2011, que denegó el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del  800ww
Esta5d. o.La secretaria de Justicia de la Sección Cuarta de este tribunal, por diligencia de
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común de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que estimasen 
pertinentes, de conformidad con el art. 52.1 LOTC.
6.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado en este tribunal el 30 de julio de 2020, 
interesó el otorgamiento del amparo porque «el origen de las lesiones al derecho a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y al derecho a la igualdad (art. 14 CE) se hallaría 
en la norma legal». Entiende que, dado que buena parte los planteamientos sustantivos 
introducidos en el debate son sustancialmente coincidentes con los abordados en la 
STC 125/2019, de 31 de octubre, se debe «reconocer el derecho del recurrente a que la 
decisión  sobre  su  solicitud  de  indemnización  se  adopte,  en  cuanto  a  sus  criterios 
rectores, de acuerdo a las exigencias constitucionales del art. 14 CE y del art. 24.2 CE 
señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019».
7.  El demandante presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el 24 de 
agosto de 2020, reproduciendo la petición de su demanda de amparo tras detenerse 
ahora en los contenidos de la STC 85/2019, de 19 de junio, del Pleno de este tribunal, 
que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos «por inexistencia del hecho 
imputado» y «por esta misma causa» del art. 294.1 LOPJ, con los efectos indicados en 
el fundamento jurídico 13 de la misma.
8.  El abogado del Estado, mediante escrito registrado el 10 de septiembre 2020, 
interesó que se dictase sentencia conforme a Derecho y, en caso de estimación del 
recurso, que «se ordene […] la retroacción del expediente a la instancia oportuna a fin de 
que, de acuerdo con lo que dispone el art. 294 LOPJ, y siguiendo siempre el cauce 
procedimental adecuado, se acrediten por el interesado los daños y perjuicios que en su 
caso se hubieran podido llegar a producir». Destaca que la STC 85/2019, de 19 de junio 
deja incólume la expresión «siempre que se le hayan arrogado perjuicios», lo que implica 
a su juicio, que el resarcimiento no resulta automático y que no le corresponde al 
Tribunal Constitucional pronunciarse sobre su procedencia determinando la realidad de 
los  daños,  sino,  antes  bien,  a  la  instancia  oportuna  a  través  de  un  procedimiento 
autónomo estrictamente sujeto a las reglas sustantivas y procesales del Derecho de 
daños.
9.  Por providencia de 3 de noviembre de 2020 se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 4 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a las SSTC 85/2019 y 125/2019.
El recurso de amparo tiene por objeto la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de 
lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Supremo  de  14  de  enero  de  2014,  que 
declaró no haber lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 
1042-2013, formalizado contra la sentencia de 8 de octubre de 2012 de la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recurso 
núm. 211-2011, interpuesto contra la resolución de 4 de febrero de 2011 del Ministerio de 
Justicia (expediente núm. 285-2010), denegatoria de la reclamación de responsabilidad 
patrimonial del Estado por prisión provisional indebida.
Tanto  el  objeto  del  presente  proceso  constitucional  como  los  planteamientos 
introducidos  por  las  partes  en  el  debate  son  sustancialmente  coincidentes  con  los 
abordados por el Pleno del Tribunal Constitucional en la STC 125/2019, de 31 de octubre 
(recurso de amparo núm. 403-2012), a cuyos fundamentos jurídicos debemos remitirnos. 
En concreto, en su fundamento jurídico 4 se determinaron los efectos sobre el recurso de  e.
amparo de la declaración de inconstitucionalidad de los incisos «por inexistencia del  w.
hecho imputado» y «por esta misma causa» del art. 294.1 de la Ley Orgánica del Poder  800ww
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presunción de inocencia (arts. 14 y 24.2 CE) que apreciamos en la norma en la que 
tienen su fuente».
En consecuencia, procede estimar el presente recurso de amparo y reconocer el 
derecho del recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, 
en cuanto a sus criterios rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del 
art.  14  CE  y  del  art.  24.2  CE,  señaladas  en  las  SSTC  85/2019,  de  19  de  junio, 
y 125/2019, de 31 de octubre. Por ello, la retroacción debe remontarse al momento 
anterior a dictarse la resolución de la secretaria de Estado de Justicia, por delegación del 
ministro de Justicia, de 4 de febrero de 2011, que denegó la indemnización y que origina 
la lesión de los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia, 
para que la administración resuelva de nuevo la cuestión planteada conforme a las 
exigencias de los arts. 14 y 24.2 CE en los términos indicados en las SSTC 85/2019, 
FJ 13, y 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  don  Mohamed  Samadi  y,  en 
consecuencia:
1.º  Declarar que han sido vulnerados sus derechos a la igualdad (art. 14 CE) y a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerle en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia de 
la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 14 
de enero de 2014, dictada en el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 
1042-2013; de la sentencia de 8 de octubre de 2012 de la Sección Tercera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso núm. 211-2011, y 
de la resolución de 4 de febrero de 2011 del Ministerio de Justicia, denegatoria de la 
reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado (expediente núm. 285-2010).
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  anterior  a  pronunciarse  la  última 
resolución citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
prisión provisional de forma respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y 
a la presunción de inocencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a cuatro de noviembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.