BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Sábado 15 de agosto de 2020 Sec. TC.   Pág. 70685
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
9779 Sala Primera. Sentencia 91/2020, de 20 de julio de 2020. Recurso de amparo 
1765-2019. Promovido por doña Teresa María Pilar García Fernández en 
relación con las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa 
capital desestimatorias de su demanda sobre cálculo de jornada reducida. 
Vulneración  de  los  derechos  a  la  igualdad  ante  la  ley  y  a  no  padecer 
discriminación por razón de sexo: STC 79/2020 (discriminación indirecta en el 
cómputo del descanso retribuido que ignora que la reducción de jornada 
ordinaria y complementaria trae causa del ejercicio del derecho de cuidar a 
los hijos y que las guardias realizadas, bien que menores en número son de 
la misma duración que para el resto de trabajadores).
ECLI:ES:TC:2020:91
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar y don Cándido Conde-
Pumpido Tourón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1765-2019, promovido a instancia de doña Teresa 
María Pilar García Fernández, representada por el procurador de los tribunales don 
Manuel Martínez de Lejarza Ureña y asistida por el letrado don Jesús Manuel Guzmán 
Ruiz, contra la sentencia de 20 de febrero de 2019 de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga, dictada en el recurso de suplicación 
núm. 1587-2018, y la sentencia de 23 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. 9 
de  Málaga,  recaída  en  los  autos  núm.  109/2018.  Ha  comparecido  y  efectuado 
alegaciones la agencia pública empresarial sanitaria Costa del Sol, representada por la 
procuradora de los tribunales doña Úrsula Cabezas Manjavacas y defendida por el 
letrado don Andrés Sedeño Ferrer. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el 
magistrado don Alfredo Montoya Melgar.
I. Antecedentes
1.  En fecha 18 de marzo de 2019 tuvo entrada en el registro general de este 
tribunal la demanda de amparo presentada por el procurador de los tribunales don 
Manuel Martínez de Lejarza Ureña, en nombre y representación de doña Teresa María 
Pilar García Fernández, contra las resoluciones judiciales arriba mencionadas por las que  e
se desestimó su demanda frente a la agencia pública empresarial sanitaria Costa del Sol. bo
2.  Los hechos en los que se fundamenta el presente recurso de amparo y que son 
recogidos en el relato de hechos probados de las resoluciones judiciales recurridas, 
sucintamente expuestos, son los que a continuación se indican:
a)  Doña Teresa María Pilar García Fernández (en adelante, la recurrente) viene 
prestando servicios como médica del servicio de urgencias en el hospital Costa del Sol 
de Marbella (Málaga). La jornada anual ordinaria para los médicos de urgencias es 
de 1523 horas (siete horas al día), a lo que se unen 440 horas más en concepto de 
jornada anual complementaria, por realización de guardias (cuarenta y cuatro guardias 
de diez horas cada una de ellas). Estas guardias, que resultan obligatorias, generan un 
descanso en el día posterior —saliente de guardia— de veinticuatro horas, y de ellas, se 
computan como trabajadas siete horas por saliente. En las citadas 1523 horas anuales 
de jornada se encuentran incluidas no solo las horas realmente realizadas, sino también 
las que se reconocen como trabajadas por cada saliente (308 horas, a razón de siete 
horas por cuarenta y cuatro salientes).
b)  La recurrente solicitó a la empresa una reducción de su jornada laboral por 
cuidado de hijo menor de 12 años para el año 2018 en un 50 por 100, al amparo del 
art. 37.6 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores y del art. 23 del 
Convenio  colectivo  de  la  agencia  pública  empresarial  sanitaria  Costa  del  Sol.  La 
resolución del director gerente de la mencionada agencia de 29 de diciembre de 2017 
accedía a la reducción de jornada solicitada, con fecha de inicio el 1 de enero de 2018 y 
fecha de fin el 31 de diciembre de 2018, pero manifestaba que existía un exceso en las 
horas de reducción solicitadas, haciendo un cálculo distinto, según el cual la trabajadora 
debía realizar más horas de trabajo efectivo de las que ella estimaba procedentes en su 
solicitud de reducción de jornada.
c)  Contra esta resolución interpuso reclamación previa a la vía judicial, que dio 
lugar a una nueva resolución de fecha 17 de abril de 2018, desestimando su reclamación 
y  justificando  la  estimación  de  las  horas  de  trabajo  efectivo  que  debía  hacer  la 
demandante del siguiente modo:
«Primero, porque, como usted misma reconoce, al menos para el saliente, la jornada 
diaria es de siete horas, pero no en su caso, ya que se encuentra reducida al 67 por 100, 
por tanto, su jornada diaria, incluso para el saliente, es de 4,69 horas.
Segundo, porque, al calcular su jornada reducida según el 33 por 100 de la jornada 
anual de 1523, ya ha utilizado como horas de reducción el 33 por 100 de todos los días 
de trabajo incluidos los salientes, luego de las siete horas originales de un saliente de 
guardia ya ha hecho uso de 2,31 horas como reducción de jornada, lo cual sería correcto 
así planteado, siempre que al restar los salientes de jornada trabajada no se quitaran 
siete horas, ya que ello lleva de forma irrefutable a que por cada saliente usted ha 
detraído 2,31 horas para su reducción de jornada, y las usa, y otras siete horas de la 
jornada de trabajo al 67 por 100, y no las trabaja, y eso hace un total de 9,31 horas por 
cada saliente, y que incurra en un defecto en su jornada de trabajo de 2,31 horas por 
cada saliente, lo que hace un total de setenta y siete horas de trabajo menos».
Añadiendo  en  esta  resolución,  después  de  unas  cuadrículas  con  los  cálculos 
efectuados con la reducción de jornada al 50 por 100, que el defecto de horas en litigio 
son 78,50.
d)  Disconforme  con  el  cálculo  de  la  jornada  reducida  que  había  realizado  su 
empleadora, la recurrente ejerció la acción de concreción horaria por motivos familiares.  s
Solicitó en su demanda la aceptación íntegra de la solicitud de reducción de jornada  oe.
presentada con la concreción horaria pedida; el reconocimiento de que el cómputo de  w.
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incurre la resolución impugnada; y se condene a la empresa a una indemnización
de 6250 € por daños por tutela de derechos fundamentales.
e)  La demanda fue desestimada mediante sentencia del Juzgado de lo Social núm. 9 
de Málaga, de 23 de mayo de 2018, que descartó que se hubiese producido un error en 
el cálculo efectuado por la empresa en la determinación del número de horas anuales 
que debía prestar servicios la actora atendiendo a la reducción de la jornada en un 50 
por 100. Señala la sentencia que «resulta que con la reducción de jornada el número de 
guardias ya ha sido reducido (de cuarenta y cuatro a veintidós), por la demandada se 
descuentan los salientes, que se imputan dentro de la jornada ordinaria, al 100 por 100 
en la jornada al 100 por 100, es decir siete horas, en la jornada reducida se descuentan 
los salientes, horas de trabajo efectivo que se descuentan dentro de la jornada ordinaria, 
conforme a la reducción, en este caso al 50 por 100, es decir 3,5 horas. De imputarse 
siete horas completas de saliente de guardia resultaría que el número de horas de 
prestación de servicios sería menor al que corresponde. Es por ello que no se aprecia 
error en los cálculos de la empresa demandada».
f)  Frente a la citada sentencia la recurrente formuló recurso de suplicación, que fue 
desestimado mediante sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía (sede en Málaga), de 20 de febrero de 2019, que confirmó lo decidido en la 
instancia  al  entender  que,  «como  al  calcular  la  jornada  anual  —761,5—  ya  se  ha 
aplicado el porcentaje del 50 por 100 de la jornada sin reducción, al calcular el número 
de horas salientes de guardia debe efectuarse el mismo ajuste del 50 por 100, pues de lo 
contrario, la demandante aplicaría la reducción de jornada solo para el cálculo de la 
jornada anual y no lo aplicaría para el cálculo de las horas salientes de guardia [….]. Es 
evidente,  por  tanto,  que  la  agencia  al  computar  la  jornada  anual  disponible  de  la 
demandante, una vez computadas las horas salientes de guardia no ha incurrido en 
infracción alguna de los arts. 14 CE, 37.5 y 55 ET y 22 y 23 del Convenio colectivo de la 
agencia pública empresarial sanitaria Costa del Sol».
3.  El recurso de amparo se dirige frente a la sentencia de 20 de febrero de 2019 de 
la  Sala  de  lo  Social  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía  (recurso  núm. 
1587-2018) y la sentencia de 23 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. 9 de 
Málaga  (autos  núm.  109-2018)  por  vulneración  del  derecho  a  la  igualdad  y  no 
discriminación (art. 14 CE) como consecuencia del ejercicio del derecho a la reducción 
de jornada por cuidado de hijos. Afirma la parte recurrente que al calcular la empresa la 
reducción de la jornada solicitada realiza un cómputo de los salientes de guardia que 
quebranta el referido derecho fundamental, ya que por un mismo trabajo (guardias 
obligatorias de diez horas) las trabajadoras con jornada reducida obtienen un menor 
tiempo de descanso retribuido.
Se recuerda después cuál es, al amparo del convenio colectivo aplicable, la jornada 
laboral del resto de trabajadores que comparten con la recurrente (médica de urgencias 
en el hospital Costa del Sol de Marbella) el mismo centro de trabajo, condiciones y 
categoría. Aclara que cuando se realiza la jornada de forma completa se trabajan 1523 
horas  ordinarias,  a  lo  que  hay  que  añadir  una  jornada  complementaria  obligatoria 
consistente en cuarenta y cuatro guardias anuales de diez horas cada una durante el 
turno de noche. Cada guardia genera el descanso de las veinticuatro horas siguientes 
(saliente de guardia) en el día posterior al que se realiza la guardia, así como el 
reconocimiento de siete horas como efectivamente trabajadas. Esas siete horas de 
saliente de guardia son horas que están incluidas en las 1523 horas de la jornada sin 
guardias.
Dicho lo que antecede, precisa la recurrente que la reducción de jornada se realiza 
de forma anual y no en cómputo diario, de forma que no se reducen las jornadas ni las  e.
guardias, sino que se le asigna a la trabajadora un número menor de unas y otras,  w.b
proporcional a la reducción solicitada. Es decir, la jornada sigue siendo de siete horas  79ww
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horas (como la actora) y que no tienen reducción de jornada tienen derecho a descansar
en las veinticuatro horas siguientes (saliente de guardia) siendo retribuidas siete horas 
por cada saliente, en su caso, a pesar de trabajar el mismo número de horas por cada 
guardia que cualquier otro trabajador (diez horas), no se le reconocen las siete horas de 
descanso retribuido ligadas a cada saliente, sino tan solo 3,5 horas al aplicar la empresa 
también la reducción de jornada solicitada (50 por 100) a tales horas de saliente. Se 
produce,  por  consiguiente,  una  evidente  y  flagrante  discriminación  derivada  de  la 
situación de reducción de jornada para la conciliación familiar, que, además, afecta 
especialmente a las mujeres ya que porcentualmente son el colectivo que en mayor 
número solicita tal reducción, aunque la norma no haga distinción y sea un derecho que 
también corresponde a los hombres.
Llegados a este punto, la recurrente compara el distinto modo en el que cada una de 
las partes computan los salientes de guardia, por cuanto que sobre los hechos no existe 
discrepancia alguna entre ellas. Según los cálculos realizados por la actora, al aplicar la 
reducción del 50 por 100 solicitada, la jornada a realizar es de 827,5 horas. A resultas de 
aplicar el referido porcentaje a la jornada ordinaria y al número de guardias, se obtienen 
las cifras de 761,5 horas ordinarias de trabajo y veintidós guardias (220 horas). Dado 
que  cada  guardia  (de  diez  horas)  le  genera  siete  horas  de  descanso  retribuido  al 
trabajador,  las  veintidós  guardias  le  suponen  un  total  de  154  horas  de  descanso 
retribuido,  por  lo  que  en  la  jornada  total  a  realizar  debe  computarse  la  diferencia 
entre 220 horas de guardia menos 154 horas de saliente. Es decir, sesenta y seis horas, 
que sumadas a las 761,5 horas de jornada ordinaria da un número de horas totales de 
trabajo en el año 2018 de 827,5 horas. Los cálculos de la empresa arrojan una jornada 
más elevada, a saber, de 911 horas.
Por tanto, la diferencia está en 83,5 horas de trabajo que anualmente un trabajador a 
jornada completa cobraría y la trabajadora que reduce su jornada no, habiendo trabajado 
las  mismas  horas.  Señala  la  recurrente  que  la  empresa  acepta  reducir  las  horas 
ordinarias de 1523 al 50 por 100 de forma que ambas partes estarían de acuerdo en que 
esta reducción supone 761,5 horas de trabajo anual. Pero las guardias son obligatorias, 
y la empresa no reduce en modo alguno las horas de las guardias sino el número de 
ellas. Así, los trabajadores al 100 por 100 de la jornada deben hacer cuarenta y cuatro 
guardias, y los que tengan el 50 por 100 de las jornadas deben hacer veintidós.
Pero, continúa la recurrente, las guardias son de diez horas por la noche para todos, 
y al descontarse el 50 por 100 de los salientes de guardia, lo que hace la demandada es 
aplicar una doble reducción desfavorable y que produce discriminación, en tanto que, 
primero reduce en un 50 por 100 el número de guardias a realizar (pasando de cuarenta 
y cuatro a veintidós), para después proceder nuevamente a la reducción al aplicar sobre 
las 154 horas resultantes de cada saliente de guardia el 50 por 100. Con ello, los 
salientes de guardia no generarían siete horas de trabajo efectivo por cada guardia de 
diez horas, tal y como se reconoce al resto de trabajadores, sino que en su caso tan solo 
supondrían 3,5 horas por guardia. En definitiva, de todo ello se puede deducir que por el 
mismo  número  de  guardias  (horas  de  trabajo  en  cada  guardia)  la  trabajadora  con 
reducción de jornada obtiene una compensación menor al tener que trabajar más que 
otros trabajadores, añadiendo  que los cálculos  propuestos por la empresa resultan 
erróneos ya se calcule la reducción por días o anualmente. Se señala que el principal 
argumento de la demandada es que si tuviera la trabajadora la jornada reducida diaria, 
las horas que disfrutarían de saliente de guardia serían 3,5 horas por cada guardia, lo 
que es cierto, señala la recurrente, pero siempre que el cálculo se realice sobre cuarenta 
y cuatro guardias, y no sobre las guardias ya reducidas (veintidós). De otro modo, se le  s
aplica injustificadamente una doble reducción. oe.
A  continuación  puntualiza  la  recurrente  que  la  discriminación  denunciada  se  w.
produciría  con  relación  al  resto  de  los  trabajadores  a  tiempo  completo  y  a  los  79ww
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teniendo siempre la misma duración de diez horas, que el descanso remunerado sea de 
menos horas para un colectivo supone una evidente discriminación. Respecto de los 
segundos, señala que los únicos trabajadores que estando en reducción de jornada no 
tienen que realizar guardias son los que están en estado de gestación, tienen más de 
cincuenta y cinco años, o un hijo menor de un año. Estos trabajadores, al estar exentos 
de guardias trabajan 1523 horas o la parte proporcional de las mismas en función de su 
reducción de jornada.
Según lo que antecede, considera la recurrente paradójico que cuanto más reducción 
de jornada se aplica, más perjudicado sale el trabajador en relación al cómputo de las 
horas de descanso por saliente de guardia. Y recuerda que si bien las trabajadoras con 
reducción  de  jornada  perciben  en  su  nómina  la  misma  cuantía  por  las  guardias 
realizadas (en el bien entendido que cobran veintidós guardias en lugar de cuarenta y 
cuatro), la retribución globalmente considerada, sin embargo, varía al constar menos 
horas ordinarias de trabajo efectivo debido al cálculo que la empresa realiza de los 
salientes de guardia. Con ello, se viene a dificultar al trabajador tomar la decisión de 
reducir la jornada para cuidado de hijos, al reducirse también de forma claramente 
discriminatoria sus derechos laborales en relación con el resto de trabajadores. En otras 
palabras, por el mismo trabajo se les compensa con menor contraprestación a las 
trabajadoras que, como la recurrente, están en situación de reducción de jornada para el 
cuidado de hijos y tienen la obligación de realizar guardias. El amparo que se solicita de 
este tribunal es, por consiguiente, que se exija a la empresa demandada que aplique de 
forma no discriminatoria el derecho a la reducción de jornada por cuidado familiar a los 
trabajadores que así lo solicitan en relación con el cómputo de horas que se convalidan 
como horas de trabajo efectivo en los salientes de guardia. De esta forma, si una hora de 
guardia de un trabajador a tiempo completo da lugar a 0,7 horas de saliente, no puede 
dar lugar a 0,35 horas a una persona con reducción de jornada. Solicita posteriormente 
que  también  se  le  indemnice  por  la  cantidad  señalada  en  la  demanda  como 
consecuencia de la lesión de su derecho fundamental.
4.  Por providencia de 28 de octubre de 2019, la Sala Primera, Sección Primera, de 
este tribunal, acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que 
«concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso plantea un problema o 
una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 a)] y puede dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su 
doctrina como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 
b)]». Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, acordó dirigir atenta 
comunicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Málaga, a fin de que en el plazo que no excediese de diez días, remitiese 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes, al recurso de 
suplicación núm. 1587-2018. Asimismo, acordó lo propio con relación al Juzgado de lo 
Social núm. 9 de Málaga a fin de que remitiese los autos núm. 109-2018 y emplazase a 
quienes hubiesen sido parte en el procedimiento, excepto a la recurrente en amparo, 
para que, en el plazo de diez días pudieran comparecer si lo deseaban en el recurso de 
amparo.
5.  Por medio de escrito que tuvo entrada el día 2 de diciembre de 2019 en el 
registro general de este tribunal, la procuradora de los tribunales doña Úrsula Cabezas 
Manjavacas, en nombre y representación de la agencia pública empresarial sanitaria  e
Costa del Sol, solicitó que se tuviera a esa parte como personada en el recurso de  bo
amparo y se entendieran con ella las sucesivas diligencias. 79ww
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doña Úrsula Cabezas Manjavacas en nombre y representación de la agencia pública
empresarial sanitaria Costa del Sol y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, en la
misma diligencia se acordó dar vista de todas las actuaciones recibidas a las partes 
personadas y al Ministerio Fiscal, por un plazo común de veinte días, para que dentro de 
dicho término pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.
7.  El día 12 de febrero de 2020 el procurador de los tribunales don Manuel Martínez 
de Lejarza Ureña, en representación de doña Teresa María Pilar García Fernández, 
presentó  escrito  de  alegaciones  ratificándose  en  las  realizadas  en  la  demanda  de 
amparo. Asimismo, adjuntó con el escrito un informe pericial en el que se analiza 
matemáticamente  el  controvertido  cómputo  de  las  guardias  de  las  trabajadoras  en 
reducción de jornada por cuidado de hijos y/o familiares, con el fin de avalar los cálculos 
realizados por esa parte en su recurso de amparo. Se termina solicitando que se estime 
el recurso de amparo reconociéndose a la recurrente la vulneración del derecho a la 
igualdad  y  a  la  no  discriminación,  con  nulidad  de  las  sentencias  recurridas  y  el 
reconocimiento de la indemnización reclamada.
8.  El día 27 de febrero de 2020, presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal. 
Antes de analizar el fondo de la cuestión realiza una observación previa en cuanto al 
objeto del enjuiciamiento. Indica que aunque la demanda se dirige expresamente contra 
las sentencias del juzgado de lo social y del Tribunal Superior de Justicia, dado que las 
mismas  se  limitan  a  confirmar  las  resoluciones  de  un  ente  que  forma  parte  de  la 
administración pública, integrado en la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, 
lo que se imputa a las sentencias impugnadas en la demanda de amparo no es haber 
vulnerado  por  sí  mismos  los  derechos  a  la  igualdad  ante  la  ley  y  a  no  sufrir 
discriminación por razón de sexo, sino no haber reparado la vulneración ya producida en 
las resoluciones del ente público. Por tal motivo, el fiscal considera aplicable la doctrina 
sentada en la STC 15/2011, de 28 de febrero, FJ 2, relativa a decisiones judiciales 
desestimatorias  que  no  alteran  la  situación  jurídica  creada  por  el  acto  de  la 
administración presuntamente lesivo del derecho fundamental, y que no son, por tanto, 
en sí mismas causas de lesión. Como la vulneración, de existir, se habría realizado en 
las  resoluciones  administrativas,  posteriormente  confirmadas  por  las  sentencias 
directamente impugnadas, en caso de producirse la estimación del recurso, deberá dar 
lugar también a la nulidad de dichas resoluciones administrativas.
A continuación, el fiscal pasa a analizar el fondo del asunto planteado, no sin antes 
referirse a la doctrina constitucional que considera aplicable al caso, relativa al derecho a 
la  igualdad  (resumida  recientemente  en  la  STC  91/2019,  de  3  de  julio),  a  la 
discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral (STC 214/2006, de 3 de julio), y a 
la discriminación indirecta (con cita, nuevamente, de la STC 91/2019). Señala que la 
diferencia  de  trato  o  discriminación  alegada  por  la  actora  consistiría  en  que  a  los 
trabajadores con jornada reducida se les abonarían menos horas de descanso retribuido 
por saliente de guardia que a los de a tiempo completo, cuando la duración de las 
guardias en ambos supuestos es idéntica (diez horas). En el caso de la demandante 
(con una reducción de jornada del 50 por 100) se le abonarían solo 3,5 horas por guardia 
de diez horas, mientras que los trabajadores sin reducción de jornada obtendrían siete 
horas por guardias de la misma duración. La cuestión a dilucidar, por lo tanto, es si 
trabajando  ambos  colectivos  en  los  servicios  de  guardia  durante  diez  horas 
ininterrumpidas en la misma franja horaria, sin diferencia alguna en el servicio que 
prestan en cada guardia, es contrario al art. 14 CE que se reduzcan las horas de 
descanso remunerado de los trabajadores que tienen reducción de jornada en la misma 
proporción en que tienen reducida su jornada ordinaria de trabajo. e
Señala el fiscal que el sistema de cálculo utilizado por la empresa implica, como dice  bo
la demandante, una doble reducción. En efecto, no solo reduce en un 50 por 100 el  79ww
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siete horas de descanso retribuido que genera cada guardia). Este modo de cálculo
obvia la circunstancia de que las guardias tienen siempre la misma duración (diez horas), 
ya sean realizadas por trabajadores a tiempo completo como con jornada reducida. Y 
siendo así, el abono del descanso por guardia no puede ser menor para los trabajadores 
que, fuera de cada servicio de guardia concreto, tienen reducción de jornada, porque en 
cada una de las guardias que realizan su jornada es completa al trabajar las mismas diez 
horas que el resto de los trabajadores. Y subraya después el fiscal que la diferencia de 
trato que se advierte resulta mayor cuanto mayor es la reducción de jornada ordinaria 
que se le ha concedido al trabajador, pues la reducción del abono se hace en la misma 
proporción que la reducción de jornada. De este modo, incluso entre los trabajadores con 
reducción de jornada se produciría una diferencia de trato según el tanto por ciento de 
reducción de jornada al que se hubieran acogido.
Se recuerda posteriormente que la empresa justifica la disminución de abono de 
horas de descanso remunerado por guardia a los trabajadores a tiempo parcial con el 
argumento de que como lo que se les debe abonar es una jornada y las horas de su 
jornada ordinara están reducidas al 50 por 100, se debe reducir en la misma proporción 
las horas a retribuir por cada servicio de guardia. Señala el fiscal que ese argumento 
justificaría la reducción si lo que se redujera para la demandante fuera la duración de 
cada guardia, de tal modo que si trabajase un 50 por 100 menos en cada guardia, 
procedería también reducir en igual porcentaje las horas de descanso retribuido por 
guardia. Hay que tener en cuenta que el abono de horas de descanso remunerado por 
guardia  está  determinado  por  las  horas  de  la  jornada  de  guardia,  siendo  una 
remuneración por lo penoso de la guardia. No tiene, por lo tanto, relación con las horas 
de jornada ordinaria. Si una jornada de guardia no se reduce (es una jornada completa 
de diez horas), no hay reducción de la penosidad, y, por lo tanto, no hay justificación para 
reducir las horas remuneradas de la jornada de descanso (una jornada completa de siete 
horas) por haber realizado esa guardia.
De lo anteriormente razonado deduce que la diferencia de trato resulta injustificada 
porque ambos colectivos trabajan las mismas horas durante la jornada de guardia y, sin 
embargo, con el sistema aplicado por la empresa se abonan a la recurrente y a los 
demás trabajadores que están con reducción de jornada menos horas de descanso 
remunerado por guardia que a los trabajadores con jornada completa. Asimismo, el fiscal 
considera que también concurre en este caso una discriminación indirecta por razón de 
sexo en tanto que siendo las mujeres las que principalmente se encargan de la atención 
de los menores, por lógica son las que en mayor medida utilizan la reducción de jornada 
para atender al cuidado de los hijos.
En cuanto a los efectos de la estimación del recurso, el fiscal considera que además 
de proceder declarar nulas las sentencias directamente impugnadas, procede también 
acordar la nulidad de las resoluciones administrativas que produjeron directamente la 
vulneración  de  los  derechos  constitucionales  mencionados  y  que  luego  fueron 
convalidadas por las sentencias impugnadas. Ahora bien, respecto a la petición de 
indemnización por la declaración de la existencia de la vulneración (art. 183 de la Ley 
reguladora de la jurisdicción social), el fiscal considera que la valoración de los perjuicios 
a que se refiere dicho precepto es una problemática de legalidad ordinaria, y, por lo 
tanto, no es una cuestión que deba ser resuelta por el Tribunal Constitucional.
9.  En fecha 12 de febrero de 2020, doña Úrsula Cabezas Manjavacas, en la 
representación que ostenta, presentó su escrito de alegaciones en el registro general de 
este tribunal solicitando la desestimación del recurso de amparo. Comienza indicando 
que en la vía judicial se han planteado demandas sobre idéntica cuestión por otras  e.
trabajadoras del mismo centro de trabajo, y que todas, al igual que la recurrente en  w.b
amparo, han obtenido pronunciamientos desestimatorios de la pretensión formulada en  79ww
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favorable a sus intereses. Tal cuestión no incidiría, sin embargo, en el ámbito de los
derechos fundamentales desde el momento en que la discusión se centra en un cálculo 
matemático relativo a una distinta interpretación sobre el número de horas efectivas de 
trabajo y en donde la discrepancia principal, por lo tanto, se centraría en la forma de 
computar las horas generadas por saliente de guardia. En tal sentido, señala que para 
que  existiera  una  incidencia  en  el  derecho  fundamental  sería  preciso  que  el  acto 
empresarial hubiera tenido la intención de discriminar a la demandante o, que sin tenerla, 
hubiera incidido en la esencia del derecho fundamental. Tales circunstancias no se 
habrían producido, dado que ni el acto discutido resultaría arbitrario (al ser posibles 
varias interpretaciones para realizar el cálculo), ni de calificarse como erróneo habría 
afectado al derecho de la recurrente a solicitar la reducción de jornada y a no ser 
discriminada por ello, pues en ningún momento se le ha denegado tal derecho. Con base 
en ello, se afirma que la cuestión debatida en los autos resulta de mera legalidad 
ordinaria (forma en que debe computarse la reducción de jornada) y que lo que la actora 
está exigiendo es un derecho a la diferenciación, esto es, tener un trato distinto de los 
demás trabajadores por tener jornada reducida.
Llegados a este punto, se reitera que no se discute el derecho a la reducción de 
jornada, que ha sido reconocido e incluso favorecido por la entidad demandada, sino que 
la discrepancia entre las partes gira en torno al cálculo de la jornada reducida y al 
impacto que han de tener en él los descansos retribuidos por saliente de guardia.
Señala que el cálculo de la recurrente no es correcto porque al realizarlo lo hace 
sobre la jornada ya reducida al 50 por 100, por tanto, para que el cálculo sea homogéneo 
los salientes tendrían que haberse reducido también el 50 por 100. Es decir, la agencia 
cuando calcula la reducción ya ha descontado los salientes y lo ha hecho a razón de 
siete horas por saliente, es decir, al 100 por 100 pero sobre la jornada al 100 por 100, 
por el contrario, si para el cálculo se toma la jornada al 50 por 100, como se hace de 
contrario, tendrían que descontarse también los salientes al 50 por 100 y no al 100 
por 100 pues si no los parámetros de cálculo no serían homogéneos.
Considera que al reclamar siete horas por saliente, la trabajadora estaría solicitando 
una reducción mayor que la que realmente le corresponde. Por consiguiente, se niega 
que el cálculo realizado por la empresa resulte discriminatorio para las trabajadoras con 
reducción de jornada y se señala que si el cálculo de la reducción se hiciese de forma 
diaria y no anual, como establece el estatuto de los trabajadores, el resultado sería 
idéntico al realizado por la demandada.
Finalmente,  se  termina  indicando  que  al  no  haber  vulneración  de  derechos 
fundamentales no procede el reconocimiento de indemnización alguna. En cualquier 
caso, y dado que la recurrente insiste en ese punto, se manifiesta que la que se solicita y 
se fija en relación al art. 8.12 de la Ley sobre infracciones y sanciones del orden social 
no procedería y que, además, el art. 183 de la Ley reguladora de la jurisdicción social 
exige que se establezca prudencialmente en caso de que la prueba de su importe exacto 
sea muy difícil. La actora, sin embargo no ha realizado el más mínimo esfuerzo en 
plantear los parámetros para el cálculo de la indemnización, lo que provoca indefensión 
a la parte demandada, máxime cuando no hay daño alguno que indemnizar.
10.  Por providencia de 16 de julio de 2020 se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 20 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por la STC 79/2020, de 2 de julio. e.e
El  objeto  del  presente  recurso  de  amparo  es  determinar  si  las  resoluciones  79ww
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ordinaria (que pasó de 1.523 a 761,5 horas, en jornadas diarias de siete horas) y al
número de guardias médicas obligatorias (que pasó de cuarenta y cuatro a veintidós, en 
jornadas diarias de diez horas), sino también al número de horas de descanso retribuido 
computables por cada saliente de guardia (reduciéndolo de siete horas a 3,5 horas).
En concreto, en el presente recurso la recurrente impugna la sentencia de 20 de febrero 
de 2019, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictada en el 
recurso de suplicación núm. 1587-2018, y la sentencia de 23 de mayo de 2018, del Juzgado 
de lo Social núm. 9 de Málaga, recaída en los autos núm. 109-2018.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha  dictado  recientemente  la  STC  79/2020,  de  2  de  julio,  en  la  que  ha  tenido  la 
oportunidad de resolver el recurso de amparo, promovido contra dos sentencias de 
contenido coincidente con el de las que ahora se impugnan, donde se dio respuesta a 
los mismos argumentos que defiende aquí la recurrente, con fallo estimatorio de la 
demanda. Descartada la concurrencia de algún elemento distintivo que obligue a una 
fundamentación o resultado diverso a lo declarado entonces, procede la aplicación de la 
citada sentencia 79/2020.
En el fundamento jurídico 5 de dicha sentencia se afirma que el argumento que 
ofrece la entidad demandada para justificar la diferencia de trato en la forma de cálculo 
del descanso retribuido por guardia médica entre trabajadores a tiempo completo y 
trabajadores con jornada reducida resulta inasumible, pues se basa en un elemento de 
diferenciación que debe calificarse de arbitrario o carente de una justificación objetiva y 
razonable, a saber, el de que la recurrente en amparo realiza la jornada de trabajo (tanto 
ordinaria como complementaria) de forma reducida.
Hay que tener en cuenta que «la reducción tanto de la jornada ordinaria (en cómputo 
anual) como de la complementaria (en número de guardias) es fruto de un derecho (el 
cuidado de los hijos), cuyo ejercicio no puede generar un menoscabo en la asignación 
del descanso retribuido derivado de la realización de unas guardias que, aun menores en 
su número, son de la misma duración que para el resto de los trabajadores: de diez 
horas» (STC 79/2020, FJ 5). Dicho de otra manera, aunque la recurrente realiza menos 
jornadas «ordinarias» de trabajo (761,5 horas anuales en lugar de las 1.523 horas 
previstas, en jornadas diarias de siete horas), y menos jornadas «complementarias» 
(veintidós guardias obligatorias en lugar de las cuarenta y cuatro previstas, en jornadas 
de diez horas), fruto de la reducción para el cuidado de los hijos, las que sí realiza (las 
veintidós guardias) las lleva a cabo, al igual que el resto de sus compañeros, a jornada 
completa de diez horas. Por tanto, ante una misma situación (guardias de diez horas), 
que  genera  el  derecho  a  un  descanso  retribuido  (de  siete  horas),  no  puede  la 
empleadora asignarle otro (de 3,5 horas), «so pretexto de que ya tiene reducido tanto el 
número  de  horas  ordinarias  que  debe  trabajar  como  el  número  de  guardias  que 
obligatoriamente debe realizar. No existe, pues, una justificación razonable que legitime 
el diferente trato recibido» (STC 79/2020, FJ 5).
Además, «también puede apreciarse una discriminación indirecta por razón de sexo 
porque el método de cálculo usado por la empleadora para asignarle los períodos de 
descanso retribuidos por cada ‘saliente de guardia’, le ha provocado un ‘perjuicio efectivo 
y constatable’ que ha generado, en este caso, un ‘trato peyorativo en sus condiciones de 
trabajo’ (STC 233/2007) fruto del ejercicio de un derecho asociado con la maternidad 
(como es el derecho a la reducción de jornada para el cuidado de hijos). Y aunque aquel 
método es formalmente neutro, ha perjudicado a un número mayor de mujeres que de 
hombres (STC 91/2019), pues esta demanda de amparo forma parte de una serie de 
recursos en que todas las recurrentes, a fecha del dictado de esta sentencia, son  s
mujeres médicos» (STC 79/2020, FJ 5). oe.
En suma, al carecer la diferencia de trato de una justificación que la legitime, procede  w.
estimar la vulneración del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de  79ww
sexoE,l  reoctoorngoacmidioe netno  edl ealr t.a 1m4p CarEo. conlleva la anulación de las resoluciones judiciales
dimepl udgicntaaddaos d ye  lala  reptrrimoaecrcai ódne  dlea sl arse saocltuucaicoinoense sju adli cmiaolemse, nat of inin mdee dqiautea mseean ted icatnatdeari our naal   BOE-A-cable e
nueva resolución respetuosa con el derecho a la igualdad de trato y no discriminación 
indirecta por razón de sexo (art. 14 CE).
Por  último,  por  lo  que  se  refiere  a  la  solicitud  de  reconocimiento  de  una 
indemnización,  anudada  a  la  infracción  del  derecho  a  la  igualdad  y  a  no  padecer 
discriminación, que solicita la recurrente, como señala también la STC 79/2020, FJ 6, 
«no procede realizar pronunciamiento alguno al respecto en esta sede, no solo por ser 
una cuestión que quedó imprejuzgada en la vía judicial (STC 176/2013, de 21 de 
octubre, FJ 9), sino también porque el reconocimiento de una eventual indemnización no 
puede ser pretendido como una consecuencia automática y necesaria de la estimación 
del recurso de amparo, pues el restablecimiento del derecho fundamental vulnerado se 
realiza,  en  principio,  mediante  las  medidas  previstas  en  el  fallo  de  nulidad  de  las 
resoluciones judiciales impugnadas, siendo algo que debe ser llevado a cabo por la 
jurisdicción ordinaria (por todos, AATC 233/2001, de 25 de julio, FJ 3, y 270/2008, de 15 
de septiembre, FJ único)».
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo a doña Teresa María Pilar García Fernández y, en su virtud:
1.º  Declarar que se ha vulnerado el derecho de la recurrente a la igualdad ante la 
ley y la prohibición de discriminación indirecta por razón de sexo (art. 14 CE).
2.º  Reestablecerla en su derecho y, a tal fin, anular la sentencia del Juzgado de lo 
Social núm. 9 de Málaga, de 23 de mayo de 2018, autos núm. 109-2018, y la de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Málaga, de 20 de 
febrero  de  2019,  dictada  en  el  recurso  de  suplicación  núm.  1587-2018,  que  las 
confirmaron.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al del dictado 
de la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 9 de Málaga de 23 de mayo de 2018, a fin 
de se dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinte de julio de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  Melgar.–
Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado.