BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 332 Martes 22 de diciembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 118574
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
16817 Sala Primera. Sentencia 170/2020, de 16 de noviembre de 2020. Recurso de 
amparo 6209-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:170
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón; y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  6209-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S. L., representada por la procuradora de los tribunales doña 
Blanca Berriatua Horta, con asistencia letrada de don Marcelino Gilabert García, contra 
los autos de 14 de noviembre de 2018 y 17 de septiembre de 2019 dictados por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca en el proceso de ejecución 
hipotecaria  núm.  348-2018.  Ha  comparecido  sin  formular  alegaciones  Pera  Assets 
Designated Activity Company, representada por la procuradora de los tribunales doña 
María Claudia Munteanu Null con asistencia letrada de don Alejandro Ingram Solís. Ha 
intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  el  magistrado  don  Andrés  Ollero 
Tassara.
I. Antecedentes
1.  El  30  de  octubre  de  2019,  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L., 
representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, con 
asistencia  letrada  de  don  Marcelino  Gilabert  García,  interpone  recurso  contra  las 
resoluciones mencionadas en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  Los hechos relevantes para resolver esta demanda de amparo son los siguientes: e.
a)  En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca se sigue  817ww
dpero Sceadbiamdieenll,t oS .dAe. , efjreecnutec ióan l ah ispooctieecdaardia  Enuúrmoi.n v3e4r8s-i2o0n1e8s  Ipnrmomoboivliiadroia pso Cr olas tae nStiudra, dS .BLa.,n ecno 
calidba) d dDee pspreascthaatadraia  ee jheicpuoctieócna npteo.r  auto  de  18  de  junio  de  2018,  el  servicio  de
notificaciones de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remite a la demandante de
amparo, a través de la dirección electrónica habilitada, un aviso de notificación. Informa 
de que la notificación estará disponible desde el 20 de junio hasta el 5 de agosto. El 27 
de julio la recurrente de amparo accede efectivamente a la página web y a la notificación.
c)  El  28  de  agosto  de  2018,  la  sociedad  demandada  formula  oposición  a  la 
ejecución despachada. Por auto de 14 de noviembre del mismo año fue inadmitida por 
extemporánea.
d)  La sociedad ejecutada interpone recurso de reposición. Alega que las diligencias 
de notificación y requerimiento se realizaron el 27 de julio de 2018. La comunicación 
remitida a través de la dirección electrónica habilitada no sería más que un aviso de 
puesta  a  disposición  o  descarga  de  su  contenido  durante  un  plazo  determinado. 
Entenderlo de otro modo vulneraría el art. 24 CE, además de los arts. 135, 152, 160 
y 162 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (LEC).
e)  El recurso fue desestimado por auto de 17 de septiembre de 2019. El órgano 
judicial reafirma que la notificación se practicó el 20 de junio de 2018, fecha en la que se 
materializó correctamente su puesta a disposición en aplicación estricta del art. 162 LEC. 
A efectos de computar el plazo para formular oposición a la ejecución hipotecaria no 
puede tomarse en consideración la fecha en que el acceso se realizó efectivamente; de 
lo contrario se estaría dejando al arbitrio de una de las partes el cumplimiento de los 
términos procesales.
3.  La demanda de amparo atribuye a los autos impugnados la vulneración del 
derecho fundamental de la sociedad recurrente a la tutela judicial efectiva y a un proceso 
con garantías y sin indefensión (art. 24, apartados 1 y 2, CE). La interpretación de la 
legislación procesal habría privado injustamente a la recurrente de su derecho a formular 
oposición a la ejecución hipotecaria. Tratándose de un primer emplazamiento, debió 
realizarse del modo tradicional (art. 273 LEC). El órgano judicial habría incumplido su 
obligación de asegurar, no ya la legalidad formal de los actos de comunicación, sino el 
cumplimiento efectivo de su finalidad constitucional. La demanda solicita por otrosí la 
suspensión del proceso de ejecución.
4.  Mediante providencia de 9 de marzo de 2020, la Sección Segunda de este 
tribunal acuerda admitir a trámite el recurso toda vez que su resolución puede dar 
ocasión para aclarar o cambiar doctrina como consecuencia de reformas legislativas 
relevantes para la configuración de un derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]. 
También acuerda dirigir comunicación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. 4 de Lorca, a fin de que, en el plazo de diez días, remita certificación o fotocopia 
adveradas de las actuaciones correspondientes a los autos de ejecución hipotecaria y 
emplace a quienes hubieran sido parte en el proceso del que trae causa el presente 
recurso de amparo.
5.  Por providencia de la misma fecha, la Sección acuerda formar la oportuna pieza 
para la tramitación del incidente de suspensión. Seguidos los trámites correspondientes, 
la Sala Primera de este tribunal, mediante ATC 81/2020, de 20 de julio, deniega la 
suspensión  cautelar  solicitada  y  ordena  la  anotación  preventiva  de  la  demanda  de 
amparo en el registro de la propiedad.
6.  Mediante escrito de 31 de julio de 2020, la entidad Pera Assets Designated 
Activity Company, representada por la procuradora de los tribunales doña Maria Claudia 
Munteanu Null y bajo la dirección letrada de don Alejandro Ingram Solís, hace constar 
que la entidad Banco de Sabadell, S.A., le ha cedido el crédito hipotecario y que, en  e.
virtud del régimen de sucesión procesal, las actuaciones deben continuarse con ella. w.
justi7c.ia  Mdee dlaia nStea lad iPligriemnecriaa  dtiee noer dpeonra pcieórns odnea d5a  dye  paagrtoes teon  deel  2p0re2s0e, netel  sperocrceetsaori oa  dlae 
mdee rlacsa natcil tuPaecraio nAesss eretsm Ditiedsoisg npaotre de l Ajucztigvaitdyo C yo, mcopnafnoyr,m teie nael  aprot.r  5r2e cLibOidToCs,  dloas  utens ptilmazoon idoes 
veinte días al Ministerio Fiscal y a las partes para la vista del expediente y la formulación 
de las alegaciones que a su derecho convengan.
8.  El  Ministerio  Fiscal  presenta  su  escrito  de  alegaciones,  registrado  en  este 
tribunal el 17 de septiembre de 2020. Resultaría íntegramente aplicable la doctrina de la 
STC 40/2020, de 27 de febrero, que proyectó sobre un asunto prácticamente idéntico lo 
establecido en otras resoluciones, entre otras, la STC 47/2019, de 8 de abril. Solicita, en 
consecuencia, el  otorgamiento del amparo, el  reconocimiento de la vulneración del 
derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión y la nulidad de todo lo 
actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la ejecución, con 
retroacción de las actuaciones al momento anterior.
9.  El 30 de septiembre de 2020 tiene entrada en el registro de este tribunal escrito 
de la recurrente en amparo, que ratifica las alegaciones expuestas en la demanda y 
trascribe en parte los fundamentos jurídicos de la STC 40/2020, de 27 de febrero.
10.  Por providencia de 12 de noviembre de 2020 se señala para votación y fallo del 
presente recurso el día 16 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación de los autos 
de 14 de noviembre de 2018 y 17 de septiembre de 2019 dictados por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria 
núm. 348-2018. Según la entidad mercantil demandante de amparo, una interpretación 
irrazonable de la legislación procesal le habría privado injustamente de su derecho a 
formular oposición a la ejecución hipotecaria. Tratándose de un primer emplazamiento, el 
requerimiento de pago y alternativo derecho a oponerse a la demanda ejecutiva debió 
realizarse  de  manera  personal  en  su  domicilio  social  con  entrega  en  papel  de  la 
documentación; no mediante el servicio de notificaciones electrónicas y de dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El órgano judicial 
habría incumplido su obligación de asegurar, no ya la legalidad formal de los actos de 
comunicación, sino el cumplimiento efectivo de su finalidad constitucional. Todo ello 
constituiría una vulneración del derecho fundamental de la demandante de amparo a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24 CE). Solicita, en consecuencia, la anulación 
de las resoluciones indicadas, así como la retroacción al momento procesal oportuno, 
previo al dictado del auto de 14 de noviembre de 2018, a fin de que el juzgado admita a 
trámite su oposición al despacho de ejecución.
El Ministerio Fiscal solicita la estimación de la demanda de amparo y la nulidad de 
todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la ejecución 
con retroacción de las actuaciones al momento anterior.
La reciente STC 40/2020, de 27 de febrero, ha estimado un recurso de amparo 
basado en los mismos motivos y dirigido contra autos de contenido muy similar de otro 
juzgado de Lorca. Corresponde, en consecuencia, dar por reproducidos los fundamentos 
jurídicos de aquella sentencia y, en consecuencia, declarar que los autos de 14 de 
noviembre de 2018 y 17 de septiembre de 2019 del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 4 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 348-2018 han 
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente en amparo (art. 24.1 
CE). Como en aquel caso, la estimación del amparo trae consigo la nulidad de los autos  s
recurridos, así como de todo lo actuado en el procedimiento hipotecario a quo desde el  oe.
momento en que se proveyó al emplazamiento de la entidad mercantil solicitante de  w.
amparo a través de la dirección electrónica habilitada. 2020-16817n https://ww
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  la  mercantil  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S. L., y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente en 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de los 
autos de 14 de noviembre de 2018 y 17 de septiembre de 2019 dictados por el Juzgado 
de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  4  de  Lorca  en  el  proceso  de  ejecución 
hipotecaria núm. 348-2018, así como la nulidad de las actuaciones realizadas a partir del 
emplazamiento de la entidad recurrente a través de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
último  por  el  juzgado  ejecutor  de  forma  que  resulte  respetuoso  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciséis de noviembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.