BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 206 Jueves 30 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 60346
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8804 Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad de Mérida, por la que se suspende la 
expedición de una certificación de determinados asientos de presentación del 
Libro Diario, por no resultar acreditado el interés legítimo.
En el recurso interpuesto por doña M. A. L. G., contra la nota de calificación de la 
registradora de la Propiedad de Mérida, doña María de la Purificación Pascual Rincón, 
por la que se suspende la expedición de una certificación de determinados asientos de 
presentación del Libro Diario, por no resultar acreditado el interés legítimo.
Hechos
I
Mediante instancia suscrita el día 11 de noviembre de 2019, doña M. A. L. G. solicitó 
la expedición de una certificación del completo contenido de determinados asientos de 
presentación alegando como interés legítimo, la investigación jurídica sobre el objeto, su 
titularidad o limitaciones y el de testamentaría, pago de impuestos y catastro. Además, 
en la instancia, la solicitante manifiesta que es hija de la titular registral de las fincas 
afectadas por la certificación.
II
Presentada la indicada solicitud en el Registro de la Propiedad de Mérida, fue objeto, 
resumidamente, de la siguiente nota de calificación:
«Hechos: Datos de presentación: Fecha: 13/11/2019. Asiento: 1593 Diario: 228. 
Datos del documento: Certificación. Fecha: 11/11/2019. Suscrito por: Doña M. Á. L. G. 
Finca: Mérida.
Fundamentos de Derecho:
Primero.–El  artículo  231  de  la  Ley  Hipotecaria  dice:  “Salvo  lo  dispuesto  en  el 
artículo 230 de la misma Ley –Las certificaciones se darán de los asientos de los libros 
de inscripciones–, los Registradores no certificarán de los asientos del Diario con sus 
notas, sino cuando el Juez, el Tribunal o el Secretario judicial lo mande o los interesados 
lo pidan expresamente”.
En el mismo sentido el artículo 345 del Reglamento Hipotecario dispone: “Siempre 
que  deba  comprenderse  en  las  certificaciones  algún  asiento  de  presentación,  por 
hallarse pendiente de inscripción el título a que se refiera, se copiará literalmente, 
cualquiera que sea la forma en que se extienda el resto de la misma certificación”.
Y el artículo 346 del mismo Reglamento dice: “Cuando alguno de los asientos que 
deba comprender la certificación estuviere  rectificado  por otro se insertarán ambos  e.
literalmente, pero no se cobrarán honorarios más que por el asiento subsistente”. w.b
Segundo.–Los asientos de presentación no son actos en principio como contenido de  04ww
icnesrctirfiipccaicoinoense so  psoer qhuaen  cpaonr creelgaldao  gpeonre craadl uscei dhaadn.  Cinotmegor aedxoc eepnc ióunn  paosdireínat oc edrteifli claibrsroe  ddee 
alocsr eadsitieanr teols  indtee rpérse sleegníttaimcióon p paeran ddieicnhtae ss oy liecnitu sdu.  Dcaes ola  dien sstaonlicciiatu dn oe xrperseusltaa  haacbrerídai tqaudeo 
dicho  interés  por  las  siguientes  razones:  1)  la  solicitante  manifiesta  que  solicita  la
información  por  causa  de  investigación  jurídica  sobre  el  objeto,  su  titularidad  o 
limitaciones, información que no es proporcionada por el asiento de presentación y 2) en 
cuanto al 2.º motivo (testamentaría, pago de impuestos, catastro) a la fecha de hoy el 
pago de impuestos se encontraría prescrito y sin que se vea relación alguna con la 
información que proporciona el asiento de presentación.
Conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria el Registrador de la Propiedad que 
suscribe, previo examen y calificación del documento presentado, ha resuelto suspender 
la práctica de los asientos solicitados por: ser necesario acreditar el interés legítimo para 
dicha  solicitud.  Mérida,  a  quince  de  noviembre  del  año  dos  mil  diecinueve.–El 
Registrador. Fdo.: María de la Purificación Pascual Rincón.»
III
Contra la anterior nota, doña M. A. L. G interpuso recurso, alegando, resumidamente: 
«La Registradora interina adoptó la solicitud de información como si fuera solicitud de 
inscripción de defectos. Como no queremos perder los plazos, recurrimos la decisión de 
denegarnos certificación de los asientos el 17-12-19, del Libro Diario, que se dirán en E). 
En los referidos asientos figuran los datos de las escrituras de donación de mi abuela J. 
G. F. y mi abuelo J. G. P., ya fallecidos, a mí, nacida en 23-09-1961. Mis padres (mi 
madre fallecida el 11.7.2019) ocultaron el contenido de esas donaciones, que suponen 
una diferencia de 145 ha. De la finca “(…)”, registral n.º 3890 (unida a la registral n.º 
10192). En agosto pasado obtuve nota en la que la finca n.º 3890 tiene inmatriculada 131 
ha., como siempre. Al comprobar el recibo del OAR en la testamentaria de mi madre, M. 
A. G. G. (…), el cómputo catastral es de 276 ha. Sólo 131 ha. están a nombre de la 
causante, pero mis hermanos, coherederos de la finca en el testamento, (…) impidiendo 
primero el acceso a esa información, y a la vez a su correcta y veraz inmatriculación. Se 
presentó queja en el Decanato. E) Solicito: 1.–Certificación literal de los Asientos del 
Libro  Diario  55  (Reg.  Prop.  Mérida  1);  Asiento  n.º  1632,  fol.  260,  Diario  102 
(fecha  22-5-1964);  Asiento  n.º  958,  fol.  160,  Diario  103  (fecha  4-1-1965);  Asientos 
nos 464 y 465, fol. 61, Diario 109 (fecha 27-12-1969). 2.–Inscribir los derechos que se 
deduzcan en las escrituras referidas en dichos asientos respecto de la finca “(…)”, n.º 
3890, en su caso. 3.–Ejercer nuestro derecho a un Registrador Sustituto para informar y 
calificar nuestra solicitud en las fases de información y posterior de inscripción.»
IV
La registradora de la Propiedad de Mérida emitió informe y elevó el expediente a esta 
Dirección General, de acuerdo con las siguientes alegaciones El art 19 bis párrafo 
tercero de la Ley Hipotecaria expone que si el Registrador califica negativamente el 
título, sea total o parcialmente, dentro o fuera del plazo a que se refiere el artículo 18 de 
la Ley, el interesado podrá recurrir ante la Dirección General de los Registros y del 
Notariado  o  bien  instar  la  aplicación  del  cuadro  de  sustituciones  previsto  en  el 
artículo 275 bis de la Ley. La conjunción disyuntiva «o» de este artículo significa que, 
interpuesto recurso, no cabe ya solicitar calificación sustitutoria.
Fundamentos de Derecho
Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al  e.
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos; los artículos 2.3  w.b
de la de la Ley Orgánica 3/2018 de 6 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter  04ww
Pdeelr sRoneagll;a 6m0e7n tdoe l HCiópdoitgeoc aCriiov;i l; l2a2s 1 Sye snitgeuniecinatse s ddeel  laT riLbeuyn aHl ipCotoencsatritiuac; i3o3n2a l y dseig u3ie0n tdees 
Tneorvcieemrab, rdee d 1e2  2d0e0 0d icyi e3m1 bdree  deen e2r0o0 d0e y 2 3011 3d;e l aesn eSreon, t9e ndceia asb driel ly  T7r ibduen jauln Siou dpere 2m0o0,1 S; alalas 
Resoluciones-Circulares de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 8 de
abril de 1983 y 12 de junio de 1985; las Instrucciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 5 de febrero de 1987, 29 de octubre de 1996 y 17 de 
febrero de 1998, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 11 de septiembre de 2009, 29 de julio y 3 de diciembre de 2010, 16 de 
septiembre de 2011, 14 de septiembre, 19 y 20 de noviembre y 12 de diciembre de 2012, 
24 de enero, 26 de febrero, 1 de abril, 4 de julio y 20 de septiembre de 2013, 3 de 
febrero, 30 de mayo, 18 de septiembre y 12 de diciembre de 2014, 12 de diciembre 
de 2015, 25 de noviembre de 2016, 11 de diciembre de 2017, 21 de febrero, 17 de mayo 
y 27 de junio de 2018 y 14 de marzo de 2019.
1.  Se debate en este recurso si la recurrente tiene interés legítimo para solicitar una 
certificación del completo contenido de tres asientos de presentación referidos a dos 
fincas registrales sitas en Mérida.
En la solicitud, la recurrente alega como interés: 1) la investigación jurídica sobre el 
objeto, su titularidad o limitaciones y 2) el de testamentaría, pago de impuestos y 
catastro. Tras consignar el número de su D.N.I, manifiesta que es hija de la titular 
registral de las fincas afectadas, doña M.A.G.G., pero no acredita documentalmente 
dicho extremo.
La registradora suspende la expedición de la certificación al no considerar acreditado 
el interés legítimo de la solicitante por dos motivos. En primer lugar, por entender que el 
interés alegado de «investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones» 
no puede ser cubierto con la certificación solicitada, toda vez que dicha información no 
es  proporcionada  por  el  asiento  de  presentación.  Y,  en  cuanto  al  segundo  de  los 
intereses alegados, el de «testamentaría, pago de impuestos, catastro», porque a la 
fecha de la nota de calificación el pago de impuestos se encontraría prescrito y por no 
ver relación alguna con la información que proporciona el asiento de presentación.
La recurrente, por su parte, pone de manifiesto en el escrito de recurso la finalidad a 
que responde su petición de información registral, aportando a efectos de su justificación 
diversos documentos. Entre ellos, testamento, certificados de defunción y del Registro 
General  de  Actos  de  Última  Voluntad  de  su  madre,  certificado  del  Registro  Civil 
acreditativo de la filiación y recibo del Organismo Autónomo de Recaudación.
2.  Como cuestión previa, de carácter formal, hay que recordar, como ha declarado 
reiteradamente La Dirección General de los Registros y del Notariado (Resolución de 11 
de  diciembre  de  2017)  que,  en  los  recursos,  conforme  al  artículo  326  de  la  Ley 
Hipotecaria, sólo cabe tener en cuenta los documentos presentados en tiempo y forma, 
es decir, que hayan sido calificados por el registrador, sin que sea admisible que se 
aporten al interponer el recurso; sin perjuicio de que los interesados puedan volver a 
presentar  los  títulos  cuya  inscripción  no  se  admitió,  en  unión  de  los  documentos 
aportados durante la tramitación del recurso a fin de obtener una nueva calificación.
3.  En cuanto al fondo del recurso, debe resolverse conforme a la doctrina reiterada 
de este centro directivo sobre los límites de la publicidad registral en relación con la 
legislación hipotecaria y la legislación de protección de datos.
Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de 
su Reglamento, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes 
tengan interés en conocer el estado de los bienes y derechos inscritos y, por tanto, este 
interés se ha de justificar ante el registrador.
En consecuencia, ante una solicitud de publicidad formal, el registrador, debe calificar 
en primer lugar, si procede o no expedir la información o publicidad formal respecto de la 
finca o derecho que se solicita, atendiendo a la causa o finalidad alegada; en segundo  e.
lugar, deberá valorar la existencia de un interés legítimo, y, en tercer lugar, qué datos y  w.b
circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o debe  04ww
exclLuair  dpeu bdliicchidaa din fhoarm daec isóenr. para finalidades propias de la institución registral como la
rinevsepsotnigsaacbióilind,a dju)r,í daicsaí , ceonm soe nltaid oin vaemsptilgioa,c pióant rimesotrniciatal my eenctoen ójumríicdaic a(c reéndcitaom, sinoalvdean caia  lay 
contratación o a la interposición de acciones judiciales o administrativas. No cabe para la
investigación privada de datos no patrimoniales si no es cumpliendo estrictamente con la 
normativa de protección de datos.
En relación con el interés legítimo, ha manifestado la Dirección General de los 
Registros y del Notariado (cfr. Resolución de 25 de noviembre de 2016, entre otras 
muchas) que debe ser: a) un interés conocido, en el sentido de acreditado o justificado (a 
excepción de los casos de autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen 
por razón de su oficio a los que la legislación hipotecaria presume dicho interés); b) ha 
de ser un interés directo o acreditar debidamente el encargo sin perjuicio de la dispensa 
del artículo 332.3 del Reglamento Hipotecario, y c) ha de ser legítimo.
Este concepto de interés legítimo es un concepto más amplio que el de «interés 
directo», pues alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la Sentencia del 
Tribunal  Supremo,  Sala  Tercera,  de  24  de  febrero  de  2000,  estableció  que  dicha 
exigencia reglamentaria de interés legítimo parece amparada por el artículo 222.7 de la 
Ley Hipotecaria que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien 
solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no 
contrario a derecho.
Como ya se ha señalado, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto 
a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, interés 
que  ha  de  justificar  ante  el  registrador,  que  es  a  quien  corresponde  apreciar  la 
legitimación del solicitante de la información (cfr. Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 
Tercera, de 16 de junio de 1990 y de 7 de junio de 2001).
Esta necesaria calificación del interés concurrente en el solicitante de la información 
registral queda patente, como ha señalado la doctrina, cuando se somete a contraste el 
contenido  del  artículo  607  del  Código  Civil,  conforme  al  cual:  «El  Registro  de  la 
Propiedad será público para los que tengan interés conocido en averiguar el estado de 
los bienes inmuebles o derechos reales anotados o inscritos», con sus antecedentes pre 
legislativos que utilizaban la expresión mucho más amplia, referida al solicitante, de 
«cualquiera que lo exija» que figuraba en el artículo 1736 del Proyecto del Código Civil 
de 1836 y en el artículo 1885 del Proyecto de Código Civil de 1851, expresión que el 
Código  Civil  definitivamente  aprobado,  tomándola  de  la  Ley  Hipotecaria  primitiva, 
sustituye por la exigencia del «interés conocido» (cfr. artículo 607 transcrito).
Por tanto, tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de 
probarse  a  satisfacción  del  registrador  de  acuerdo  con  el  sentido  y  función  de  la 
institución  registral.  Ello  no  significa  que  el  registrador  pueda  discrecionalmente 
manifestar  el  contenido  de  los  asientos  registrales,  sino  que  queda  bajo  su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos.
4.  Reducida,  en  nuestro  sistema  registral,  por  razones  de  seguridad,  eficacia, 
eficiencia y economía, la investigación jurídica de la propiedad y de las empresas a la 
mera  solicitud  de  publicidad  formal,  es  preciso  cohonestar  esta  simplicidad 
procedimental con la finalidad que le atribuyen sus normas rectoras y conciliarla con los 
principios que inspiran nuestra legislación en materia de protección de datos.
Y si bien es cierto que, como ha señalado la Dirección General de los Registros y del 
Notariado (vid. Resolución de 14 de julio de 2016) en los casos en que el solicitante de la 
información sea el propio titular registral de la finca, el interés legítimo debe presumirse 
sin necesidad de más indagaciones respecto de todos los asientos relativos a su finca, 
ello no dispensa de la aplicación de la citada legislación en materia de protección de 
datos, debiendo por ello el registrador, como ha señalado la Resolución de reciente cita, 
adoptar  las  debidas  cautelas  respecto  de  los  datos  personales  de  otras  personas  s
incluidos en los citados asientos, respecto de los cuales se ha de valorar igualmente la  oe.
concurrencia de un interés legítimo por parte del solicitante en relación con la causa o  w.
finalidad a que responda la solicitud. 04ww
AdmEinni stersatteiv os, edneti d7o  dlea  juSneion tednec i2a0 0d1e,l  reTcriubeurndaal  lSa unperecemsoid, aSd adlae  edxep rleos aCr olan tecnacuisoas oy- 
ifnintearliédsa dle dgeít ilma oc,o nsisnuolt ata pmabraié nq upea eral  rqeugeis tpraudeodra p vueeldaar ,p noor  seól lcou cmaplifliimcaier nlato c odnec ularsre nnocriam daes   BOE-A-cable e
sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello resulta fundamental, como 
hemos  visto,  ajustar  la  publicidad  registral  a  la  finalidad  para  la  que  está 
institucionalmente prevista.
Pero el registrador, como ha señalado la Resolución de 30 de mayo de 2014, en el 
ámbito de su calificación, para considerar justificado ese interés no sólo debe apreciar la 
literalidad de la causa aducida, sino también su congruencia con el resto de datos que se 
le proporcionen al requerir la información, de forma que la mera mención de un motivo, 
aun cuando sea de los considerados ajustados a la finalidad registral, aisladamente 
considerado no podrá dar lugar a la inmediata obtención de la nota simple o certificación 
solicitada, sino que será el análisis conjunto de todas las circunstancias que consten en 
la solicitud, el que determinará tanto la apreciación del interés alegado como la extensión 
de  los  datos  que,  a  su  juicio  y  bajo  su  responsabilidad,  facilite  el  registrador  al 
peticionario de la información.
5.  En cuanto a la posibilidad de expedir certificaciones relativas a asientos de 
presentación a solicitud expresa del interesado, se recoge en el artículo 231 de la Ley 
Hipotecaria, pero también en estos casos es preciso que se justifique un interés legítimo, 
incluso con más cautela, en los asientos solicitados.
Y como ha quedado expuesto, el interés ha de justificarse ante el registrador, que es 
a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información.
En  el  presente  caso,  la  recurrente  manifiesta  ser  hija  de  la  titular  registral,  ya 
fallecida, de las fincas a que se refieren los asientos de presentación.
Sin embargo, no acredita dichas circunstancias, fallecimiento de la titular registral y 
su condición de hija de la misma, en el momento de la solicitud de la publicidad registral, 
por lo que el recurso debe ser desestimado. Acreditadas dichas circunstancias, podrá 
expedirse la información solicitada.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y en 
consecuencia confirmar la nota de calificación de la registradora, en los términos que 
resultan de los anteriores Fundamentos de Derecho.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid,  4  de  junio  de  2020.–La  Directora  General  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.