BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 248 Jueves 17 de septiembre de 2020 Sec. III.   Pág. 78139
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
10811 Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de San Miguel de 
Abona, para la incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de 
Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.
Habiéndose suscrito el 21 de julio de 2020 el Convenio entre el Ministerio del Interior 
y el Ayuntamiento de San Miguel de Abona para la incorporación de los Cuerpos de 
Policía  Locales  al  «Sistema  de  Seguimiento  Integral  de  los  casos  de  Violencia  de 
Género», procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio 
que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 7 de septiembre de 2020.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de San Miguel de abona 
para la incorporación de los Cuerpos De Policía Locales al «Sistema de 
Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género».
Madrid, a 21 de julio de 2020.
REUNIDOS
De  una  parte,  don  Rafael  Pérez  Ruiz,  Secretario  de  Estado  de  Seguridad  del 
Ministerio del Interior, nombrado/a por Real Decreto 84/2020 de 17 de enero, al amparo 
de lo previsto en el artículo 62.2g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del presente Convenio en la 
calle Amador de los Ríos, 2, 28071 de Madrid.
Y  de  otra  parte,  don  Arturo  E.  González  Hernández  Alcalde-Presidente  del 
Ayuntamiento de San Miguel de Abona, nombrado en Sesión Plenaria de fecha 15 de 
junio  de  2019,  actuando  en  nombre  y  representación  del  mismo  en  virtud  de  las 
atribuciones  que  le  confiere  el  artículo  21.a  y  b  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, con domicilio a los efectos del presente 
Convenio en Ctra. General a Los Abrigos, n.º 30, en San Miguel de Abona, provincia de 
Santa Cruz de Tenerife.
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente Convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero. oe.
Que el artículo 149.1.29.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene  811ww
comApseitmeniscmiao e, xecl luasrtiívcau lsoo b1r.e1  ldae m laa tLeeriya  dOer gsáengiucari d2a/d1 9p8ú6b,l idcae. 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, establece que la seguridad pública es competencia exclusiva del
Estado, correspondiendo su mantenimiento al Gobierno de la Nación y, en concreto, al 
Ministerio del Interior.
No obstante lo anterior, el artículo 1.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, 
establece  que  las  Corporaciones  Locales  participarán  en  el  mantenimiento  de  la 
seguridad  pública  en  los  términos  establecidos  en  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el marco de la Ley Orgánica 2/1986, 
de 13 de marzo.
Segundo.
Que al Ministerio del Interior, según el artículo 1.1 del Real Decreto 952/2018, de 27 
de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior le 
corresponde la preparación y ejecución de la política del Gobierno en relación con la 
administración general de la seguridad ciudadana; la promoción de las condiciones para 
el ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente en relación con la libertad y 
seguridad personal, en los términos establecidos en la Constitución Española y en las 
leyes que los desarrollen; el mando superior y la dirección y coordinación de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado a los que, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1986, 
de 13 de marzo, se les encomienda la misión de proteger el libre ejercicio de los 
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
Tercero.
Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su artículo 25, atribuye a los municipios, entre 
otras, como competencia propia, la policía local.
Asimismo, en su artículo 57, establece que la cooperación económica, técnica y 
administrativa entre la Administración local y las administraciones del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, 
se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las 
leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios 
administrativos que suscriban.
Cuarto.
Que las partes son conscientes de la gravedad y persistencia de las infracciones 
penales cometidas en el ámbito familiar, y más concretamente en el de la violencia de 
género, por ello consideran necesario profundizar en las medidas de protección a las 
víctimas,  a  través  de  una  adecuada  coordinación  de  las  actuaciones  entre  la 
Administración General del Estado y de las Entidades Locales, con el fin de prevenir y 
evitar riesgos de nuevas agresiones.
En este contexto, resulta fundamental disponer de un registro con la información que 
permita realizar un seguimiento individualizado de las circunstancias de estas víctimas y 
de la evolución del riesgo en que se encuentren.
Quinto.
Que  en  consonancia  con  la  necesidad  expuesta  de  mejorar  la  eficacia  en  la 
protección  de  las  víctimas  y  en  desarrollo  de  los  artículos  31  y  32.2  de  la  Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 15 de diciembre de 2006,  e.e
aprobó el «Catálogo de medidas urgentes en la lucha contra la violencia de género». w.b
Entre las medidas aprobadas se incluye la creación de una nueva base de datos  811ww
cpoemrmúann epnatrea  dlea sla sF uciercrzuanss tayn cCiause rdpeo sla sd ev ícStiemgausr idpaadra  qreuael izpaer rumnitaa  vatelonrearc icóonn doecli mrieiesngtoo 
objetivo de sufrir nuevas agresiones y adoptar las medidas de protección adecuadas.
Sexto.
Que en cumplimiento de lo anterior, el Ministerio del Interior ha desarrollado una 
aplicación informática que da soporte al «Sistema de Seguimiento Integral de los casos 
de Violencia de Género», y que constituye un instrumento básico para:
a)  Integrar la información policial, judicial y penitenciaria sobre dicho fenómeno y 
sus circunstancias, que posibilite y garantice el necesario seguimiento y coordinación de 
las actuaciones puestas en marcha para la protección de las víctimas.
b)  Realizar la valoración del nivel de riesgo de nuevas agresiones, para graduar las 
respuestas y las medidas policiales de protección.
c)  Proporcionar esta información a los diversos operadores que intervienen en la 
protección institucional.
Séptimo.
Que dado que la protección policial a las víctimas corresponde a todas las Fuerzas y 
Cuerpos  de  Seguridad  -estatales,  autonómicas  y  locales-,  en  el  ámbito  de  sus 
competencias, según establece el artículo 31 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, la integralidad del Sistema requiere la incorporación al mismo de todas ellas.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por 
las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer la forma de colaboración entre la 
Secretaría  de  Estado  de  Seguridad  y  el  Ayuntamiento  para  la  adecuación  de  los 
mecanismos técnicos informáticos necesarios para que los miembros del Cuerpo de 
Policía Local de la Entidad Local que actúen en materia de Violencia de Género se 
incorporen al «Sistema de Seguimiento integral de los casos de Violencia de Género» 
del Ministerio del Interior.
Segunda.  Adecuación de los sistemas informáticos.
Los Servicios Técnicos del Ministerio de Interior y los del Ayuntamiento estudiarán 
conjuntamente los procedimientos necesarios para adecuar sus sistemas informáticos y 
permitir las conexiones necesarias, ejecutándolas cada uno en su ámbito competencial.
Tercera.  Compromisos que asume la Secretaría de Estado de Seguridad.
1.  Promoverá y facilitará la organización de formaciones en el uso y funcionalidades 
del sistema VioGén, aportando las directrices, material y apoyo necesario, a solicitud de 
la Unidad de Coordinación de Violencia/Unidad de Violencia (UCV/UV) de la Delegación 
del Gobierno/Subdelegación del Gobierno. Corresponde a dicha Unidad promover las 
actuaciones tendentes a la formación y especialización de profesionales que intervienen, 
desde sus respectivos ámbitos de actuación, en las situaciones de violencia de género, 
incluyendo los Cuerpos de Policía Local. Para ello deberá recabar la colaboración del  s
Cuerpo estatal competente en la demarcación con el que el Cuerpo de Policía Local  e.
suscribió el oportuno Protocolo de Coordinación y Colaboración en materia de violencia  w.
de género, requisito previo para la suscripción del presente Convenio. 811ww
cont2a.r á Ecostna bulne cperroác elodsim cieonnttoro dlees  adued istoergíau rpidaarda  goaproarntutinzoasr  eeln c olorsre acctoc eussoos  daell  SSiisstteemmaa  yy 
Laoccceasl oh aab illait aindfoosr.mación alojada en este por parte de los usuarios del Cuerpo de Policía  BOE-A-cable e
3.  Podrá dar de baja a usuarios del Cuerpo de Policía Local que, habiendo sido 
habilitados para acceder al Sistema, no lo hayan hecho en un plazo superior a un año.
Cuarta.  Compromisos que asume el Ayuntamiento a través del Cuerpo de Policía 
Local.
1.  Aplicar el «Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de 
género» en los supuestos de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, en los términos 
previstos en la Instrucción 4/2019 de 6 de marzo, y con las necesarias adecuaciones 
derivadas de su ámbito competencial y conforme a los criterios establecidos en el 
Protocolo de Coordinación y Colaboración en materia de violencia de género suscrito 
con el Cuerpo Policial estatal competente en la demarcación.
2.  Solicitar a través del Administrador Territorial / General del Sistema VioGén, 
competente en la demarcación, que se habilite usuarios del Cuerpo de Policía Local, en 
funciones de violencia de género, para acceder al Sistema VioGén y desempeñar las 
funciones previstas en el Protocolo de Coordinación y Colaboración en materia de 
violencia de género suscrito por ambos Cuerpos.
3.  Cualquier  incidencia  en  la  habilitación  de  usuarios  deberá  ser  puesta  en 
conocimiento de la Administración Central del Sistema VioGén a través del Administrador 
General  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado,  competente  en  su 
demarcación.
4.  Facilitar  a  la  Administración  Central  del  Sistema  VioGén  una  relación 
permanentemente  actualizada  de  usuarios  de  dicha  Policía  Local  debidamente 
identificados y autorizados para conectarse al Sistema y velar porque estos utilicen 
correctamente tanto sus claves de acceso como la información a la que accedan a través 
del Sistema.
5.  Promocionar y estimular a los usuarios del Cuerpo de Policía Local habilitados 
en el acceso al Sistema, tanto en modo consulta, como mediante la introducción y/o 
actualización de datos significativos para la protección de las víctimas en el contexto de 
su ámbito territorial y competencial, según lo contenido en el Protocolo de Coordinación 
y Colaboración en materia de violencia de género suscrito con el Cuerpo Policial Estatal 
y siguiendo las instrucciones de procedimiento recogidas en los Manuales de usuario y/o 
proporcionadas por la Administración Central VioGén.
Quinta.  Protección de datos de carácter personal.
1.  Las  partes  se  comprometen  a  mantener  en  secreto  todos  los  datos  e 
informaciones facilitados por la otra parte y que sean concernientes a la ejecución del 
objeto  del  presente  Convenio.  En  particular,  será  considerado  como  información 
confidencial  todo  el  saber  hacer  resultante  de  la  ejecución  del  objeto  del  mismo, 
debiendo las partes mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de 
ninguna forma, total o parcialmente, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte 
del Convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por  parte  de  las  autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales,  es
y  a  la  libre  circulación  de  dichos  datos  y  por  la  que  se  deroga  la  Decisión  bo
Marco 2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga. 811ww
pereensr psloAoos nn eascsaal tbosreolses ssep  dfedeecec tVti volioasosm,l e lentarncsati taeae  mndreteiiedc Gnaatbdéoaensdse  oprfosriro  m(epSnaioi snsett eel emsán mad  leboVlis tioo CG qoduéneenvl  )eSs.n eiEis olti  enatmceconcarde pdrsoáoern  ea Snl ae lo dgcsauo tidmonassite ioddnseet or pa cocIanrió rtpeánagc rtdretaeerl     OE-A-2020-10able en https://
de una de las entidades al tratamiento de la otra parte, se realizará con la condición de
encargado  de  tratamiento,  única  y  exclusivamente  con  la  finalidad  derivada  de  la 
realización de las actividades objeto del Convenio. Los datos de carácter personal no 
serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a encargados de 
tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones Públicas conforme a 
lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del presente Convenio, actuarán como responsables del tratamiento la Secretaría de 
Estado de Seguridad y la Entidad Local, legitimados sobre la base del cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos 
al responsable del tratamiento, al amparo de lo previsto en el artículo 6.1.c) y e), 
respectivamente, del Reglamento General de Protección de Datos.
4.  Los datos objeto de tratamiento tendrán por finalidad mejorar la eficacia en la 
protección de las víctimas de violencia doméstica y de género; facilitar el seguimiento de 
las circunstancias de riesgo que concurren en ellas; alertar de su evolución, permitiendo 
que se adopten las medidas de protección adecuadas; y prevenir el riesgo de nuevas 
agresiones. Se clasificarán en las siguientes categorías: datos relativos a la comisión de 
infracciones penales relacionadas con la violencia doméstica y de género; de carácter 
identificativo; de características personales; y de carácter asistencial.
5.  Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
6.  Las  partes  firmantes  del  Convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  los  hubiera  cometido  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido.
Sexta.  Financiación del Convenio.
El presente Convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben 
ni transferencia de recursos económicos entre las mismas.
Séptima.  Comisión de Seguimiento.
1.  Se establece una Comisión de Seguimiento del presente Convenio, constituida 
por  dos  representantes  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Seguridad  y  por  dos 
representantes del Ayuntamiento que serán nombrados por la persona titular de la 
Secretaría de Estado y por su Alcalde, respectivamente.
2.  Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que 
éstos designen.
3.  La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría de 
Estado de Seguridad, así como la designación del secretario, que actuará con voz pero 
sin voto.
4.  La  Comisión  de  Seguimiento  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento que se deriven del presente Convenio.
5.  El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. es
Octava.  Régimen de modificación del Convenio. 811ww
El Convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de las partes.
Novena.  Legislación aplicable.
Este Convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación,  modificación  o  resolución  del  mismo  que  no  puedan  resolverse  por 
conciliación  en  la  Comisión  de  Seguimiento,  serán  sometidas  a  los  tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en 
la  Ley  29  /1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.
Décima.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  el  presente  Convenio  resultará  eficaz  una  vez  sea  inscrito  en  el  Registro 
Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal 
y tras su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
La vigencia de este Convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia del Convenio, la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento podrán 
acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por hasta otros cuatro años adicionales.
Undécima.  Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente Convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que se encuentren en ejecución en el momento de la extinción de la vigencia del 
Convenio estableciendo un plazo improrrogable por las partes para la ejecución de las 
actuaciones.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Convenio en 
dos  ejemplares  originales,  igualmente  válidos,  en  lugar  y  fecha  arriba  indicados–El 
Secretario  de  Estado  de  Seguridad,  Rafael  Pérez  Ruiz.–El  Alcalde-Presidente  del 
Ayuntamiento de San Miguel de Abona, Arturo E. González Hernández.