BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Martes 26 de enero de 2021 Sec. TC.   Pág. 7693
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1114 Sala Segunda. Sentencia 182/2020, de 14 de diciembre de 2020. Recurso de 
amparo 1192-2019. Promovido por don Sergio Linacero Fajardo en relación 
con el decreto dictado por la letrada de la administración de justicia de un 
juzgado de lo penal de Valencia en procedimiento de ejecutoria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución 
que, en aplicación del precepto anulado por la STC 151/2020, de 22 de 
octubre, impide la revisión judicial de decisiones adoptadas por la letrada de 
la administración de justicia.
ECLI:ES:TC:2020:182
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  1192-2019,  promovido  por  don  Sergio  Linacero 
Fajardo, contra un decreto de la letrada de la administración de justicia del Juzgado de lo 
Penal núm. 14 de Valencia, de 24 de enero de 2019, recaído en procedimiento de 
ejecutoria donde se solicitó la suspensión de una pena de prisión de tres meses. Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez 
Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 25 de 
febrero de 2019, la procuradora de los tribunales doña María Montalt del Toro, actuando 
en nombre y representación de don Sergio Linacero Fajardo, anunció la intención de 
interponer  recurso  de  amparo  contra  la  resolución  procesal  arriba  mencionada, 
interesándose  en  el  escrito  la  designación  a  través  de  los  respectivos  colegios 
profesionales, de procurador y abogado que le asistiesen en este proceso constitucional.
Tras haberse presentado informe de no sostenibilidad de la pretensión del recurrente 
por el letrado inicialmente designado por el turno de oficio, y el posterior informe de la 
Junta  de  gobierno  del  Colegio  de  Abogados  de  Madrid  de  13  de  junio  de  2019 
calificándola de sostenible, lo que fue aceptado por la Comisión Central de Asistencia 
Jurídica Gratuita el 21 de junio de 2019, se proveyó al nombramiento de nuevo abogado, 
dictándose diligencia de ordenación por la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda,  e
Sección Cuarta, de este Tribunal Constitucional, el 20 de noviembre de 2019, acordando  b
tener por designados por la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita, a la  w
preroqcuuirrieanddoora  ad oañmab Cosri sltain ap rBesoetan taVcinióune sdae  yl aa ld aebmoagnaddao  ddeo na mJapvaieror  Sene rrealn op laMzaor tílneegza,l   2021-1114n https://w
establecido, lo que tuvo lugar el 10 de enero de 2020.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo 
son los siguientes:
a)  Con fecha 5 de febrero de 2018, el Juzgado de lo Penal núm. 14 de Valencia 
dictó sentencia que condenó al aquí recurrente como autor de un delito de abandono de 
familia por impago de pensiones, a la pena de seis meses de multa con una cuota diaria 
de cuatro euros.
Insatisfecha  la  pena  de  multa,  por  decreto  de  12  de  julio  de  2018  se  declaró 
insolvente al recurrente, quedando sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de 
tres meses de prisión. El juzgado abrió trámite en el marco de la ejecutoria núm. 
246-2018 para resolver sobre la posible suspensión de la ejecución de dicha pena 
privativa de libertad, o bien a su sustitución por la de trabajos en beneficio de la 
comunidad. Tras las alegaciones de las partes, el 29 de octubre de 2018 el juzgado dictó 
auto denegando ambas posibilidades (suspensión o sustitución). En la dispositiva se 
indicaba:
«Firme este auto, requiérase al penado para ingreso en prisión, al objeto de cumplir 
las penas privativas de libertad a las que queda sujeto por impago de multa.
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás partes personadas 
previniéndoles de que contra la presente resolución cabe recurso de reforma en el plazo 
de  tres  días  y,  en  su  caso,  subsidiario  de  apelación  en  el  plazo  de  tres  días  o 
directamente recurso de apelación en el plazo de cinco días».
b)  Se solicitó por la procuradora del recurrente que se le notificara personalmente a 
este el auto de 29 de octubre de 2018, dado que no le era posible contactar con él. La 
letrada de la administración de justicia del referido juzgado dictó diligencia de ordenación 
el 12 de noviembre de 2018, denegando lo solicitado «a la vista de su contenido y del 
artículo 182 LECrim [Ley de enjuiciamiento criminal]».
Promovido  por  la  procuradora  recurso  de  reposición  contra  la  citada  diligencia, 
alegándose la indefensión del recurrente toda vez que desconocía que le había sido 
denegado el beneficio de suspensión de la pena de prisión, la misma letrada dictó un 
decreto  el  24  de  enero  de  2019  en  sentido  desestimatorio,  con  el  siguiente 
razonamiento:
«Único. A la vista de las alegaciones formuladas por el recurrente y examinadas las 
actuaciones y las alegaciones de contrario e informe del Ministerio Fiscal, dado que la 
resolución cuya notificación personal se requiere no está contemplada en los supuestos 
del artículo 182 LECrim y a la vista del artículo 162 LEC, de aplicación supletoria, 
procede  confirmar  la  resolución  recurrida,  advirtiendo  al  recurrente  que  el  recurso, 
interpuesto  y  ahora  resuelto  carece  de  efectos  suspensivos  conforme  dispone  el 
artículo 238 bis LECrim.»
Como pie de recurso figuraba que: «contra la presente resolución no cabe interponer 
recurso ordinario alguno». Tras su notificación, se presentó escrito ante este tribunal 
anunciando la intención de interponer amparo.
3.  La demanda de amparo alega que el decreto de la letrada de la administración 
de justicia de 24 de enero de 2019 vulnera el derecho del recurrente a la tutela judicial 
efectiva (artículo 24.1 CE), en la vertiente «que permite al justiciable que sus peticiones 
sean conocidas y resueltas por jueces y tribunales, depositarios en exclusiva de la  es
potestad jurisdiccional conforme dispone el artículo 117.3 CE, mediante el acceso a la  o
jurisdicción y, en su caso, a los recursos». w
dqaeudreme Sicdneheiñsocta rlaalaar c aliaeó  lqn teuu setdec elrea itl j oujru séqdtgiuicciemiiaa e,el  nsep tfredee ecvTt iirsrviebtaocu  uenernasn lo  sCsdu oi vcvneoesrnrtstittiareuasnc  itloleaen syda eerl se h saapoc rlcduoeicccsietooasn daaeol es l asdd, o jeusr er lissoseusdnl itcltaeec tinrócacnoida noostrs, a  eerdninoe   l aslaausl     OE-A-2021-1114able en https://w
caso, en la de acceso al recurso, en cuanto tales preceptos no permiten su control
jurisdiccional, de modo que una posible revisión de lo resuelto, dice la demanda, «nace y 
muere dentro del propio ámbito de actuación del letrado de la administración de justicia, 
sin posibilidad de intervención del órgano judicial a quien se le hurta ese ejercicio en 
exclusiva de la potestad jurisdiccional».
Cita  en  tal  sentido  la  STC  58/2016,  de  17  de  marzo,  que  declaró  la 
inconstitucionalidad del artículo 102 bis.2, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contencioso-administrativa; y la STC 72/2018, de 21 de junio, que hizo 
lo propio con el artículo 188.1, párrafo primero, de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la jurisdicción social. Añade entonces que en esta misma situación se 
encuentra el artículo 238 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) aplicado por 
el decreto que impugna, y conforme al cual «contra el decreto del secretario judicial que 
resuelva el recurso de reposición no cabrá interponer recurso alguno».
Por tanto, afirma la demanda que el decreto de 24 de enero de 2019 que se ha 
impugnado  «infringe  el  artículo  24.1  CE  al  desconocer  la  doctrina  del  Tribunal 
Constitucional en su STC 58/2016, de 17 de marzo, y la más reciente 72/2018, de 21 de 
junio, ya que al recurrente se le ha privado de que el conocimiento y resolución final de 
su recurso lo haya sido por el juez, causándole una situación de indefensión».
En el suplico del escrito se solicitó que este tribunal dictase sentencia otorgando el 
amparo, y por medio de otrosí, la suspensión de la pena de tres meses de prisión cuyo 
cumplimiento se acordó tras el impago de la multa.
4.  La Sala Segunda, Sección Cuarta, de este tribunal, dictó providencia el 15 de 
junio de 2020 del siguiente tenor:
«La Sección Cuarta ha examinado el recurso de amparo y ha acordado admitirlo a 
trámite, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional 
(artículo 50.1 LOTC) como consecuencia de que la posible vulneración del derecho 
fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley o de otra disposición de carácter 
general [STC 155/2009, FJ 2 c)].
Por  ello,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  51  LOTC,  diríjase  atenta 
comunicación al Juzgado de lo Penal núm. 14 de Valencia a fin de que, en plazo que no 
exceda  de  diez  días,  remita  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones 
correspondientes a la ejecutoria 246-2018-T, debiendo previamente emplazarse, para 
que en el plazo de diez días puedan comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo, 
a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el  procedimiento,  excepto  la  parte  recurrente  en 
amparo.
De conformidad con la solicitud de la parte actora, fórmese la correspondiente pieza 
separada de suspensión.»
5.  En la misma fecha, 15 de junio de 2020 y mediante oficio de la secretaría de 
justicia de la Sala Segunda de este tribunal, se efectuó un primer requerimiento al 
Juzgado de lo Penal núm. 14 de Valencia para que remitiera las actuaciones de la 
ejecutoria,  requerimiento  que  reiteró  la  Secretaría  de  Justicia  el  1  de  septiembre 
de 2020. Entre tanto, había tenido entrada en el registro general de este tribunal, con 
fecha 29 de julio de 2020, un oficio de la letrada de la administración de justicia del 
juzgado ejecutor fechado en Valencia el 10 de julio de 2020, al que acompañaba una 
certificación  detallando  lo  actuado  en  el  procedimiento,  además  de  remitirse  las 
actuaciones, que llegaron, finalmente, el 5 de octubre siguiente. Entre otros datos, 
además del dictado de las dos resoluciones propias que se han impugnado en este  s
amparo, se hace constar en la certificación lo siguiente: oe.
vía d«EeEn n af epfcreehcmah ai2o 8 3in/10i/c11i/a22d/02a10.91 8s es ed icatbao dniali gteontaclima ednet eo rldae innadceimónn iqzuaec ióanc uiemrpduae eslt are mqueedriiamniteen tloa   2021-1114n https://w
fdeec hinag r2e9s/o1 0v/o2l0u1n8ta; riloa  edne fceennstar o inpteenrpitoennec iarreioc udrseol  pdeen ardeop ovsisictaió nla  mfiremdieaznate d eels caruittoo  ddee   BOE-A-cable e
fecha 06/02/2019, que se desestima mediante decreto dictado en fecha 13/03/2019 tras 
informe del Ministerio Fiscal de fecha 05/03/2019 que interesa la desestimación.
En fecha 28/03/2019 se dicta auto de busca y captura. El penado Sergio Linacero 
Fajardo  ingresa  en  el  centro  penitenciario  de  Valencia  el  día  05/04/2019.  En 
fecha 13/05/2019 se dicta providencia por la que se acuerda la puesta en libertad del 
penado, dado que ha ingresado el total del importe de la pena de multa impuesta, 
quedando extinguida toda responsabilidad penal.
En fecha 06/06/2019 se dicta auto acordando el archivo definitivo de la presente 
ejecutoria.»
6.  La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este tribunal dictó diligencia de 
ordenación el 8 de octubre de 2020, por la que acordó dar vista de las actuaciones a la 
parte recurrente y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que 
pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto 
en el artículo 52.1 LOTC.
7.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 5 
de  noviembre  de  2020,  por  el  que  interesó  de  este  tribunal  que  dictara  sentencia 
inadmitiendo  la  demanda  de  amparo  –formalmente,  su  desestimación–  o, 
subsidiariamente, que la estimase, con declaración de haberse vulnerado el derecho a la 
tutela judicial efectiva del recurrente, y la nulidad de «la diligencia de ordenación de 
fecha 12 de noviembre de 2018 y el decreto de fecha 24 de enero de 2019, dictados por 
la letrada de la administración de justicia del juzgado de lo penal núm. 14 de Valencia».
a)  Luego de resumir los antecedentes del caso y los argumentos de la demanda, 
sostiene el escrito, con cita de doctrina sobre la necesidad de agotar la vía judicial previa 
antes de venir en amparo –con cita de la STC 20/2019, FJ 3, y las SSTC 129/2018, 
130/2018 y 131/2018–, que nos encontramos aquí «en un supuesto en el que, sin haber 
finalizado el proceso a quo, se acude ante este tribunal por una aducida vulneración de 
derechos fundamentales producida en el seno de una causa penal que se hallaba aún en 
curso al presentarse la demanda, y que aún hoy sigue sin haber sido resuelta de forma 
definitiva».  Añade  que  tras  el  dictado  de  la  providencia  de  13  de  mayo  de  2019 
(declarando pagada la multa y la puesta en libertad del recurrente), desistió del recurso 
de apelación planeado contra la liquidación de condena, habiéndose acordado el archivo 
de la ejecutoria por auto de 6 de junio de 2019; con anterioridad a que se presentara la 
presente demanda. «El demandante conoció el auto que le denegaba el beneficio de 
suspensión de condena y pudo alegar lo que tuvo pertinente ante el juez de lo penal».
En segundo lugar plantea la fiscal la posible desaparición sobrevenida del objeto del 
presente recurso, con cita de la STC 52/2019, FJ 2, cuando la pretensión se ha visto 
satisfecha fuera del propio proceso de amparo, lo que sería aplicable a este caso «pues 
según se ha expuesto el demandante ha tomado conocimiento del auto cuya notificación 
personal le había sido denegada y además ha podido cuestionar ante el órgano judicial, 
las decisiones adoptadas en la ejecutoria, habiendo sido declaradas extinguida sus 
responsabilidades penales y civiles lo que ha determinado que desistiese de los recursos 
que, en el seno de dicha ejecutoria, tenía planteados. Todo ello se recuerda, en fecha 
bastante anterior a que se interpusiera la presente demanda».
La fiscal advierte como tercer óbice, que la pretensión de fondo «se sustenta casi en 
exclusividad en la alegación de que las resoluciones dictadas por la letrada de la 
administración  de  justicia,  han  desconocido  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  s
privándosele al recurrente de que el conocimiento y resolución final de su recurso lo  oe.
haya sido por el juez, causándole una situación de indefensión […], alegación que no fue  w.
acudeuscbti)di oan Saeornsb eer el pq ruloaec  ecssueoe  ssletui óbhnya aycdaee n ptferoo»nd.duoc idpola nintedaedfean, siróenc oanlo creec uerlr eenstec,r it«op uqeuse  ansoí  epsutaebdae   2021-1114n https://w
previsto en la regulación procesal existente, que suponía que se excluyeran del recurso
judicial  las  resoluciones  dictadas  por  los  letrados  de  la  administración  de  justicia,
cercenando el derecho de los afectados de someter a la decisión última del juez o 
tribunal, a quien compete de modo exclusivo la potestad jurisdiccional, la resolución de 
una cuestión que atañe a sus derechos e intereses legítimos […], podría suponer una 
afectación a sus derechos fundamentales en cuanto que se alegó que, de no accederse 
a sus peticiones, se le causaría indefensión vedada por el artículo 24.1 CE, así como su 
derecho a un proceso con todas las garantías artículo 6 CEDH y artículo 24.2 CE. […]. 
No cabe ignorar la afectación de la libertad del señor Linacero que el auto denegatorio 
de la suspensión comportaba. Es cierto que las resoluciones dictadas por la letrada de la 
administración  de  justicia  se  sustentaban  en  la  regulación  procesal  relativa  a  las 
resoluciones que  debían  notificarse personalmente y a los efectos suspensivos del 
recurso de revisión interpuesto», pero lo cierto es que ante la situación en la que se 
hallaban los profesionales de oficio designados, que no podían ponerse en contacto con 
el recurrente, «sin que pudiera llevarse a cabo una efectiva defensa de los intereses y 
derechos del penado, al carecerse de todo medio para poder articular su defensa y que 
dicha pretensión había sido rechazada, sin que se examinase lo aducido, en aplicación 
de una normativa procesal que a la postre resultaba inane, al estar dictada para unos 
supuestos de normalidad que se sostenía que en el caso no concurrían. Ello determina 
que la queja de indefensión haya sido desestimada de forma que no puede considerarse 
constitucionalmente fundada».
8.  Respecto de la solicitud de suspensión cautelar de la pena de prisión efectuada 
en la demanda, se acordó por providencia dictada en la misma fecha de la admisión a 
trámite del recurso, 15 de junio de 2020, formar la pieza incidental de suspensión, dando 
plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que formulasen 
sus alegaciones. Así lo hizo la representación procesal de aquél, por escrito de 23 de 
junio de 2020, ratificándose en su solicitud de suspensión, y la fiscal ante este tribunal, 
por escrito de 29 de junio de 2020, que estimó debía denegarse la medida por referirse a 
un  acto  jurídico  distinto  del  impugnado,  y  por  tener  contenido  negativo.  Ninguna 
referencia se hizo en ambos escritos al estado procesal de la ejecutoria.
La Sala Segunda de este tribunal dictó el ATC 75/2020, de 20 de julio, por el que se 
acordó suspender la pena de tres meses de prisión impuesta al recurrente.
9.  Por diligencia de 24 de noviembre de 2020, se hizo constar la presentación del 
escrito  de  alegaciones  del  Ministerio  Fiscal,  sin  que  constase  aportado  el  de  la 
representación procesal del recurrente.
10.  Mediante  providencia  de  fecha  10  de  diciembre  de  2020,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 14 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del proceso.
Como se ha expuesto en los antecedentes, la procuradora que representaba al aquí 
recurrente en la ejecutoria seguida ante el Juzgado de lo Penal núm. 14 de Valencia, 
dirigió escrito en su nombre a este tribunal el 25 de febrero de 2019, anunciando su 
intención  de  promover  recurso  de  amparo  contra  el  decreto  de  la  letrada  de  la 
administración de justicia de aquel juzgado, que al desestimar un recurso de reposición 
contra una diligencia de ordenación anterior que negaba la petición de notificación 
personal de auto denegatorio de la suspensión de la pena de prisión de tres meses  e.
impuesta a cumplir a título subsidiario por el impago de la pena de multa, le advirtió a pie  w.b
dcúoeltni mr eoec lulporá srloraa  fqopu odese icbl oialinrdttíarcadu  ldodi ce2h 3ou8 n db eicsco rdneettr oola ln  Lojue rycis addbeiíc aec inorjenucaiculi rasdmoe i ealnalgt oud nceorci,mi spiinóoanr l  n(doLe E pCnerorimm ni)to,i rtvliofei cdaaascníi dóeonl    2021-1114n https://w
persAoln sael rd neel aceustoa.ria la provisión de nuevos profesionales de oficio para su actuación en
este proceso constitucional, la demanda se presentó el 10 de enero de 2020, cuyo
contenido se ciñó a argumentar sobre la lesión del derecho al recurso (artículo 24.1 CE) 
del decreto impugnado, por aplicar una norma –el artículo 238 bis LECrim– que impedía 
formalizar  recurso  contra  esta  resolución  procesal,  ante  el  magistrado-juez.  Norma 
similar a otras que este Tribunal Constitucional ya había declarado inconstitucionales y 
nulas al privar a los justiciables en los respectivos órdenes de jurisdicción, de impetrar el 
control judicial de resoluciones de los letrados de la administración de justicia.
La  fiscal  ante  este  tribunal  ha  presentado  sus  alegaciones  en  el  trámite  del 
artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), el 5 de noviembre 
de 2020, oponiendo varios óbices de inadmisibilidad al recurso, y subsidiariamente 
interesando  la  estimación  de  la  demanda  por  la  indefensión  que  se  le  causó  al 
recurrente,  al  no  proveerse  a  la  notificación  personal  del  auto  denegatorio  de  la 
suspensión de la pena de prisión.
Planteado así el debate, procede que demos respuesta en primer lugar a los óbices 
planteados por la fiscal en su escrito de alegaciones, en cuanto su eventual estimación 
impediría el estudio de la pretensión de fondo de la demanda.
2.  Óbices de procedibilidad.
a)  Por lo que concierne a la posible falta de agotamiento de la vía judicial previa, ha 
de recordarse que cuando la procuradora del recurrente interpuso el escrito anunciando 
la intención de promover amparo contra el decreto de 24 de enero de 2019, la finalidad 
perseguida como ya tuvimos ocasión de explicar en el fundamento jurídico 2 de nuestro 
ATC 75/2020, era obtener una decisión de este tribunal que posibilitara el debido control 
judicial de aquel decreto (artículo 24.1 CE) y tras ello, poder ser oído el recurrente para 
que se revisara la negativa a suspender o sustituir la pena de prisión de tres meses 
adoptada ante el impago de la multa, decisión judicial que tenía evidente afectación a su 
derecho fundamental a la libertad personal (artículo 17.1 CE).
Haber  esperado  a  que  concluyera  la  ejecutoria,  en  cuanto  esta  suponía  que 
cumpliera con la pena de prisión, equivalía a desistir de la tutela de los derechos 
fundamentales aquí invocados, por lo que no puede reprocharse a su representante que, 
en su nombre, promoviera entonces la demanda de amparo. Se desestima por tanto este 
óbice.
b)  Respecto de la pérdida sobrevenida de objeto del presente recurso, la misma no 
cabe ser apreciada a la luz de las circunstancias concurrentes. La fiscal se refiere a las 
decisiones recaídas en la ejecutoria, en particular a que tras dictarse la orden de captura 
del recurrente e ingresar en un centro penitenciario para el cumplimiento de la pena, el 
juzgado dictó una providencia el 13 de mayo de 2019 acordando su puesta en libertad, 
toda vez que se había verificado el pago total de la multa impuesta, procediéndose al 
archivo de la ejecutoria el 6 de junio de 2019.
Lo primero que ha de aclararse en este punto, es que precisamente por el retraso 
que tuvo el trámite de formalización de la demanda en concreto para proveer a un 
abogado de oficio, no solamente la demanda se presentó cuando tales hechos ya se 
habían producido, aunque en dicho escrito nada se mencionó en torno a la evolución de 
las actuaciones de la ejecutoria. La demanda fue admitida a trámite el 15 de junio 
de 2020, y todavía sin haber llegado las actuaciones procedentes del juzgado –que 
hubieran  revelado  el  estado  de  la  ejecutoria–,  este  tribunal  resolvió  la  solicitud  de 
suspensión cautelar de la pena de prisión en el auto que dictamos el 15 de julio de 2020. 
Las partes intervinientes en la pieza incidental, tanto la representación del recurrente 
como la fiscal ante este tribunal, circunscribieron sus alegaciones a fundamentar la  e
procedencia o su oposición, respectivamente, de la suspensión solicitada, sin alusión  bo
alguna a la evolución de la ejecutoria. w
ejecLuato rciae rstiefi craecciióbnió  deen  nlau elsettrroa drae gidsetrlo  judzeg eandtora daa  qeul o2 9d edtea ljlualniod.o T olodso  ealvloa teaxrepsli cad eq ulae   2021-1114n https://w
tseen ehrasyea c oancscteadnidcioa  ad el aq useu lsap menissmióan  ydae  elsat apbean cau mdep lipdrais.ión en la fecha indicada, al no
Sentado todo esto, no obstante, no cabe apreciar la pérdida sobrevenida de objeto 
que la fiscal atribuye a una satisfacción extraprocesal de la pretensión. De un lado, nada 
se ha pedido o alegado por la representación procesal y defensa del aquí recurrente en 
tal sentido, y de otro lado, difícilmente puede hablarse de satisfacción extraprocesal. 
Como se ha venido diciendo, lo pretendido con la demanda de amparo era facilitar un 
control  jurisdiccional  que  impidiera  cumplir  con  la  pena  de  prisión  y  que  ésta  se 
suspendiera o sustituyera. Lo cierto es que no solamente no consta que se le notificara 
personalmente  el  auto,  ni  que  promoviera  recurso  eficazmente  contra  esta  última 
resolución, y sí que se dictó orden de captura y una vez aprehendido fue privado de 
libertad durante treinta y nueve días, hasta que se acordó su excarcelación por el pago 
de la multa. El desistimiento al que se refiere la fiscal lo es, como precisa, a las 
resoluciones de liquidación de condena.
Que  la  ejecutoria  haya  concluido  tiene  su  repercusión  en  cuanto  a  los  efectos 
derivados de la estimación de este amparo, pero no se erige de por sí en causa para 
apreciar que el pronunciamiento de fondo sobre la pretensión ya no tenga objeto, en un 
caso como este donde la vulneración del derecho de acceso se imputa a la norma 
procesal que lo impedía, y cuando desde luego no consta que el recurrente haya sido 
amparado en aquello que pretendía.
c)  Finalmente, en cuanto al hecho de que el escrito inicial de este proceso de 
amparo  solicitando  su  representante  la  provisión  de  profesionales  de  oficio  para 
interponer demanda, se haya presentado sin haber impugnado antes el decreto de 24 de 
enero de 2019, no cabe anudar a ello una falta de agotamiento de la vía judicial. Ni la 
LECrim en el artículo 238 bis u otro precepto contemplaba nuevo recurso ante la letrada 
de la administración de justicia, ni resultaba tampoco procedente la interposición de un 
incidente  de  nulidad  de  actuaciones,  el  cual  solo  está  previsto  para  resoluciones 
judiciales, como se ha encargado de aclarar este tribunal en nuestras SSTC 58/2016, 
de 17 de marzo, FJ 6, y 72/2018, de 21 de junio, FJ 3; a propósito de declarar la nulidad 
e inconstitucionalidad de otros preceptos similares al último párrafo del artículo 238 bis 
LECrim, impeditivos de acceso al control jurisdiccional. Se desestiman por tanto los 
óbices planteados.
3.  Examen de fondo: aplicación de la doctrina de las sentencias 151/2020, de 22 de 
octubre; 49/2019, de 8 de marzo y 17/2020, de 10 de febrero.
a)  La demanda de amparo, como se ha resumido en los antecedentes, no se queja 
de una particular interpretación de la legalidad procesal efectuada por la letrada de la 
administración de justicia del juzgado ejecutor, al advertir de la imposibilidad de recurso 
contra el decreto impugnado, sino que se queja del precepto aplicado, el artículo 238 bis 
LECrim, cuyo último párrafo establecía: «Contra el decreto del secretario judicial que 
resuelva el recurso de reposición no cabrá interponer recurso alguno».
Mediante ATC 22/2020 de 24 de febrero, la Sala Primera de este tribunal elevó al 
Pleno  una  cuestión  interna  de  inconstitucionalidad  por  la  posible  contradicción  del 
párrafo de la norma citada con el derecho de acceso al recurso (artículo 24.1 CE). 
Admitida  a  trámite  la  cuestión  (núm.  1231-2020),  el  Pleno  de  este  tribunal,  por 
sentencia 151/2020, de 22 de octubre, ha acordado estimarla «y, en su virtud, declarar la 
inconstitucionalidad  y  nulidad  del  último  párrafo  del  artículo  238  bis  LECrim,  en  la 
redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, en el que se establece que 
"[c]ontra el decreto del secretario judicial que resuelva el recurso de reposición no cabrá  e
interponer recurso alguno" […]». Concretamente, en el fundamento jurídico 4 se expresa  bo
la razón de decidir para estimar la cuestión planteada, razonando el Pleno lo siguiente: w
juris«dRicecsiounltaal  cdlaerlo d qeucere etol  údlteiml ole ptráardraof od ed ella a ratídcmulion is2t3ra8c bióisn  LdEeC rjiums,t iceixac lquuyee  troedsou eclovnet reoll   2021-1114n https://w
recurso de reposición y cierra la posibilidad de una tutela de derechos e intereses
legítimos que la Constitución contempla que sea siempre dispensada por los jueces y
tribunales, creando un sector de inmunidad que no se compadece con el artículo 24.1 
CE, ni con lo previsto en el artículo 117.3 CE.
Por tanto, la exclusión de recurso frente al decreto priva del acceso al control 
jurisdiccional de una decisión adoptada en el seno de un proceso penal por un órgano no 
investido de función jurisdiccional, cuando según reiterada doctrina de este tribunal "el 
derecho a obtener de los jueces y tribunales una resolución razonada y fundada en 
Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes se 
erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva 
reconocido en el artículo 24.1 CE" (por todas, STC 8/2014, de 27 de enero, FJ 3).
En definitiva, el precepto cuestionado vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva 
(artículo 24.1 CE), ya que crea un régimen de impugnación de las decisiones de los 
letrados de la administración de justicia generador de un espacio inmune al control 
jurisdiccional. En coherencia con ello, se debe declarar la inconstitucionalidad y nulidad 
del precepto cuestionado, precisando, al igual que se hizo en las SSTC 58/2016, FJ 7; 
72/2018, FJ 4; 34/2019, FJ 7, y 15/2020, FJ 3, que, en tanto el legislador no se pronuncie 
al  respecto,  el  recurso  judicial  procedente  frente  al  decreto  del  letrado  de  la 
administración de justicia resolutivo de la reposición sea el directo de revisión».
b)  Constatado que el precepto que ha sido aplicado por la resolución impugnada en 
este amparo ha sido erradicado del ordenamiento, además por la misma razón que se ha 
defendido en la demanda, procede ahora deducir las consecuencias que a ello han de 
anudarse tomando como base lo resuelto anteriormente por este tribunal, justamente en 
recursos de amparo donde se impugnaban resoluciones judiciales que habían denegado 
un  recurso,  en  aplicación  de  preceptos  similares  al  artículo  238  bis  LECrim  último 
párrafo. En concreto, es el caso (i) de la STC 49/2019, de 8 de marzo, otorgando el 
amparo contra resoluciones dictadas en proceso de jura de cuentas, en aplicación de la 
STC 34/2019, de 14 de marzo, que declaró inconstitucionales algunos incisos de los 
artículos 34.2 y 35.2 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC); y (ii) la STC 17/2020, de 10 
de febrero, otorgando el amparo contra resoluciones dictadas en proceso de ejecución, 
en  aplicación  de  la  STC  15/2020,  de  28  de  enero,  que  declaró  inconstitucional  el 
artículo 454 bis 1, párrafo primero, LEC. En esta última, señalamos en lo que ahora 
importa, lo siguiente (FJ 4):
«Nuestra doctrina sobre los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de un 
precepto legal, sobre un proceso de amparo en el que se impugnan resoluciones que 
aplicaron aquel, se contiene en la reciente STC 125/2019, de 31 de octubre, FJ 4. Con 
cita de otras sentencias anteriores, hemos afirmado ahí que los mismos razonamientos 
que determinan la nulidad de la norma son los que conducen a la estimación de la 
demanda  de  amparo,  para  lo  cual  ‘no  obsta  que  se  trate  de  una  declaración  de 
inconstitucionalidad sobrevenida, pues, como exige la doctrina de este tribunal sobre los 
efectos de esa declaración en los procesos de amparo en curso, no solo se encuentra 
afectado  el  mismo  precepto  legal  […]  sino  que  las  razones  constitucionales  que 
fundamentan  la  declaración  de  inconstitucionalidad  afectan  a  preceptos  de  la 
Constitución susceptibles de amparo (por todas, STC 159/1997, de 2 de octubre, FJ 6; 
citada, entre muchas, en las SSTC 91/2007, de 7 de mayo, FJ 4; 46/2008, de 10 de 
marzo, FJ 2, y 74/2017, de 19 de junio, FJ 2); […] las resoluciones ahora impugnadas de 
aplicación de dicha normativa […] materializan la misma vulneración del derecho […] que 
apreciamos en la norma en la que tienen su fuente. Procede, por tanto, otorgar el 
amparo solicitado’. En el mismo sentido, STC 92/2019, de 15 de julio, FJ 3». e
c)  En aplicación de esta doctrina, procede la estimación de la presente demanda de  w.
a(laam ratpídcamurolion,  i2sp4tro.a1rc  iCóvnEu )ldn, eea rlja uhcsaitóibcnei arl dede enl  e2gd4ae ddreeoc  ehlano e rerdose odll uec r2eió0cnu1 r9irm)e, nplatue g pnoaas dibalai l i(ddtaeudcte rdelaeto  r jeducedu iclrasia olle  ctreoafnedtcarat i dvlaea    2021-1114n https://w
denegación de la solicitud de su procuradora, para que se le notificara personalmente del
auto de 29 de octubre de 2018 denegatorio de la suspensión o sustitución de la pena de 
prisión, y poder así defenderse eficazmente contra él.
Como efectos derivados de la estimación de la demanda, procede acordar la nulidad 
del pie de recurso del mencionado decreto, sin hacer pronunciamiento sobre retroacción 
de actuaciones, al haber finalizado ya la ejecutoria de referencia.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar  la  demanda  presentada  por  don  Sergio  Linacero  Fajardo,  por 
vulneración  de  su  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  padecer 
indefensión (artículo 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad del decreto de 24 de enero de 2019 dictado por la letrada de 
la  administración  de  justicia  del  Juzgado  de  lo  Penal  núm.  14  de  Valencia,  en  la 
ejecutoria núm. 246-2018.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a catorce de diciembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
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