BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 23  Miércoles 27 de enero de 2021  Sec. I.   Pág. 7913
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
1130 Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de 
medidas sociales en defensa del empleo.
I
El Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del 
empleo, en su título I recoge el III Acuerdo Social en Defensa del Empleo (III ASDE), 
alcanzado en el seno de la Comisión de Seguimiento tripartita laboral, por el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los 
agentes sociales.
Esta norma, entre otras cuestiones, estipuló la prórroga de los expedientes de 
regulación temporal de empleo (ERTE) regulados por el artículo 22 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, la ampliación de las medidas de protección de 
las personas trabajadoras, tanto en la cuantía y condiciones de las prestaciones por 
desempleo como a través de la creación de medidas dirigidas a nuevos colectivos, el 
reconocimiento de sectores que requerían de una especial protección para la salvaguarda 
del empleo y el tejido productivo, así como la regulación de dos nuevas situaciones de 
fuerza mayor que pueden dar lugar a un ERTE de fuerza mayor (ERTE basado en el 
impedimento o ERTE basado en las limitaciones de actividad) vinculadas a exenciones a 
la Seguridad Social y especial protección de las personas trabajadoras.
Todo ello con la intención de responder a una situación pandémica de complejidad 
creciente, dotando a las empresas y personas trabajadoras de los instrumentos necesarios 
para hacer frente, a través de medidas de flexibilidad interna, a las modulaciones de la 
actividad derivadas de las medidas de restricción sanitaria de adopción imperativa por las 
autoridades competentes.
Pocas semanas después, ante un contexto cada vez más preocupante en los 
principales indicadores epidemiológicos y asistenciales, el Gobierno aprobó el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con el objetivo de 
dotar de seguridad jurídica a aquellas limitaciones de movilidad y de contactos a través de 
las cuales las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas están haciendo 
frente a la pandemia.
En atención, precisamente, a la delicada situación de aquellos sectores especialmente 
afectados en el desarrollo normalizado de su actividad por las medidas sanitarias de 
contención, el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de 
apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, efectuó, a 
través de su artículo 7, una revisión de los códigos de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas –CNAE-09– considerados en el III ASDE en base a los criterios 
acordados en el seno del diálogo social, incorporándolos a la protección reforzada 
señalada en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, con el objetivo expreso de establecer medidas para garantizar la sostenibilidad 
y la protección del empleo en empresas pertenecientes a determinados sectores respecto  e.
de los cuales se ha acreditado una especial vulnerabilidad e incidencia sobrevenida de los  w.
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a sostener a las empresas y, en definitiva, a proteger al empleo.
A fecha de 8 de enero de 2021, las organizaciones sindicales UGT y CCOO, las 
patronales CEOE y CEPYME, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se reunieron de nuevo en torno a la mesa de 
diálogo social especializada en la materia, la Comisión de Seguimiento tripartita laboral, 
con el objetivo de valorar la necesidad de adoptar nuevas medidas de defensa del empleo, 
las personas trabajadoras y las empresas para continuar haciendo frente a la situación de 
crisis derivada del impacto de la COVID-19.
El día 19 de enero de 2021 se alcanzó el IV Acuerdo Social en Defensa del Empleo, 
cuyo contenido refleja, precisamente, la confianza de las organizaciones y ministerios 
firmantes en las medidas que, desde el 1 de octubre de 2020, han servido de auxilio 
indispensable a nuestra economía. En este sentido, el presente real decreto-ley, que 
contiene las medidas que forman parte de este IV ASDE, supone una prórroga de las 
medidas que se reflejaron en el III ASDE, si bien con una importante simplificación en 
términos de gestión para las empresas beneficiadas por las medidas recogidas en la misma.
II
La situación de pandemia generada por la propagación del virus SARS-CoV-2 
permanece con tal incidencia en la salud y la economía que ha obligado a las autoridades 
competentes, no solo a mantener las medidas ya adoptadas, sino también a adoptar 
nuevas medidas más restrictivas que han tenido un especial impacto en los ámbitos de la 
hostelería, la restauración y el ocio. Debido a que la mayor parte de los empresarios 
integrantes de dichos sectores son autónomos, su situación se ha visto agravada.
El Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, estableció medidas excepcionales 
de protección en favor de los trabajadores autónomos, regulando prestaciones de cese de 
actividad para quienes se vieron obligados a suspender su actividad o vieron afectados 
sus negocios por una reducción considerable en la facturación, de modo que se ponía en 
riesgo no solo la permanencia de su actividad, sino también la propia estabilidad económica 
de sus familias. Estas medidas se configuraron en su mayoría para permanecer hasta 
el 31 de enero de 2021, si bien la gravedad de la incidencia que la pandemia está teniendo 
en todos los ámbitos de nuestra sociedad ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar 
y prorrogar las medidas de protección de estos trabajadores.
Por ello, las medidas incorporadas en esta norma tienen por objeto efectuar los ajustes 
necesarios para mantener las medidas de apoyo que se habían establecido en el Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, y que se siguen considerando imprescindibles 
de cara a la recuperación del tejido productivo.
Las modificaciones afectan a tres aspectos: la prestación extraordinaria por cese de 
actividad, la prestación extraordinaria para trabajadores autónomos de temporada y la 
ampliación de la prestación ordinaria de cese de actividad, compatible con el trabajo por 
cuenta propia, en favor de los trabajadores autónomos que no hubiesen accedido a ella 
con arreglo al Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de 
reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector 
industrial, incluyendo el mantenimiento del acceso a la prestación de cese de actividad de 
aquellos trabajadores que, por tener carencia, la vienen percibiendo hasta el 31 de enero 
de 2021.
A la vista de lo expuesto, se considera que las razones aducidas justifican ampliamente 
el recurso a su aprobación mediante real decreto-ley, ya que la urgente necesidad de 
paliar las consecuencias para los trabajadores autónomos de la crisis económica producida  s
por la COVID-19 no admite la demora que supondría su tramitación mediante un proyecto  oe.
de ley, siendo, por tanto, conforme con las previsiones del artículo 86 de la Constitución  w.
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administrativos, facilitando el cumplimiento de las obligaciones y prolongando la regulación
de determinadas previsiones con el fin de no generar nuevas obligaciones en una situación  Bc
tan extraordinaria como la que está sufriendo nuestro país.
Entre estas medidas están las relacionadas con la cotización, que garantizan al 
empresario y a los trabajadores el mantenimiento de las bases mínimas de cotización 
vigentes a 31 de enero de 2019, y hasta que se lleve a cabo la subida del salario mínimo 
interprofesional. Se trata de aliviar la carga que tanto unos como otros deben soportar, sin 
perjuicio de que, cuando exista acuerdo social sobre el incremento salarial, ello deba tener 
su reflejo en las cotizaciones, con el fin de no agravar el perjuicio que una medida de esta 
naturaleza ocasionaría al sistema de Seguridad Social, que se nutre fundamentalmente de 
las cotizaciones de los empresarios y trabajadores.
Asimismo, la situación de pandemia ha puesto de manifiesto las deficiencias existentes 
en la tramitación de los procedimientos administrativos, que no han permitido actuar con 
la suficiente agilidad como para hacer frente a las demandas de la ciudadanía, lo cual ha 
generado, en el ámbito de la Seguridad Social, un retraso en la atención al interesado y en 
la capacidad de dar respuesta inmediata a sus necesidades. Por ello, se adoptan medidas 
para tratar de atender lo antes posible las solicitudes y evitar a los ciudadanos el grave 
perjuicio que supondría ver retrasado el reconocimiento de las prestaciones que pudieran 
causar. Y, con la misma finalidad, se adoptan también medidas destinadas a garantizar el 
intercambio de información entre las administraciones públicas y el acceso, por parte de la 
Administración de la Seguridad Social, a los datos de los trabajadores y perceptores de 
prestaciones.
También con el objetivo de garantizar una adecuada protección social para aquellos 
que se nos presentan como más desfavorecidos, se acuerda prorrogar, durante el 
año 2021, los efectos que la disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, otorga a los trabajadores próximos a la edad de jubilación que hubieran cesado 
en su actividad antes de 2013, permitiéndoles acceder a la jubilación conforme a la 
normativa anterior a la entrada en vigor a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, 
adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. Esta medida presenta 
una especial urgencia, puesto que la disposición transitoria cuarta, en su actual redacción, 
solamente alcanza a las prestaciones que se causen «antes del 1 de enero de 2021».
III
El presente real decreto-ley incluye ocho artículos, distribuidos en dos títulos, seis 
disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria 
única, once disposiciones finales y un anexo.
El IV Acuerdo Social en Defensa del Empleo queda recogido en el Título I, que incluye 
los cuatro primeros artículos, así como en las disposiciones adicionales primera y segunda 
y en la disposición transitoria primera.
El artículo 1 de la norma determina la prórroga de todos los ERTE basados en una 
causa de fuerza mayor relacionada con la COVID-19, hasta el 31 de mayo de 2021, 
regulados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con la finalidad 
de cubrir todo el periodo temporal comprendido por la duración del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
Seguirán siendo aplicables, además, los expedientes temporales de regulación de 
empleo de fuerza mayor por impedimentos a la actividad autorizados en base a lo previsto 
en el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, y en la disposición 
adicional primera.2 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, hasta su término conforme 
a la resolución estimatoria. Los ERTE de fuerza mayor de limitación al desarrollo normalizado  s
de la actividad en base a lo previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de  oe.
septiembre seguirán siendo aplicables hasta el 31 de mayo de 2021. w.
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y conforme a las causas descritas en el mismo.
De otro lado, en este precepto se dispone, como novedad, que, una vez que una  Bc
empresa haya obtenido una resolución estimatoria en un ERTE de fuerza mayor por
impedimento a la actividad se pueda, sin necesidad de tramitar otro nuevo expediente, 
pasar a aplicar sin solución de continuidad las medidas correspondientes a la situación de 
limitaciones al desarrollo normalizado de la actividad, y viceversa, sin perjuicio de las 
obligaciones de comunicación y los porcentajes de exoneración que correspondan en 
cada caso.
Lo anterior será asimismo aplicable respecto de las resoluciones ya recaídas de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre 
y la disposición adicional primera.2 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio.
El artículo 3 del presente real decreto-ley establece la prórroga de los efectos del resto 
de contenidos complementarios del III ASDE incluidos en el Real Decreto-ley 30/2020, 
de 29 de septiembre, tales como las especialidades aplicables a los expedientes vinculados 
a la COVID-19 pero basados en causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, los límites relacionados con el reparto de dividendos y la transparencia fiscal, 
las horas extraordinarias y las nuevas externalizaciones, así como las limitaciones y 
previsiones establecidas en relación con las extinciones basadas en las causas que 
fundamentan los ERTE relacionados con la COVID-19 y la interrupción del cómputo de los 
contratos temporales.
En lo que se refiere a la salvaguarda de empleo, se prevé la prórroga de los efectos 
del artículo 5 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de manera que las 
condiciones aplicables a dicha salvaguarda, tanto respecto de las exoneraciones 
disfrutadas con carácter previo a la entrada en vigor de este real decreto-ley, como 
respecto a las contempladas en el mismo, son las descritas en el citado artículo 5, así:
– Los compromisos de mantenimiento del empleo generados en virtud de los 
beneficios recogidos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en el artículo 6 del 
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, y en el propio Real Decreto-ley 30/2020, de 29 
de septiembre, continúan vigentes en los términos previstos en dichas normas y por los 
plazos recogidos en estas.
– Las empresas que, conforme a lo previsto en este real decreto-ley, reciban 
exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, quedan comprometidas, en base a la 
aplicación de dichas medidas excepcionales, a un nuevo periodo de seis meses de 
salvaguarda del empleo, cuyo contenido, requisitos y cómputo se efectuará en los términos 
establecidos en la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo 
y en el propio artículo 5 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.
– Si la empresa estuviese afectada por un compromiso de mantenimiento del empleo 
previamente adquirido, el inicio del nuevo periodo previsto se producirá cuando aquel 
hubiese terminado.
Por lo tanto, la cláusula de salvaguarda vuelve a desplegar todo su contenido, lo que 
implica que las empresas, una vez cumplidos los periodos de 6 meses de salvaguarda de 
empleo que hubieran adquirido según lo previsto en las normas previas, se comprometen, 
en virtud de este real decreto-ley, al mantenimiento del empleo durante otro nuevo periodo 
de 6 meses de duración, cuyo cómputo se inicia una vez finalizados los anteriores en su 
integridad.
El artículo 4 recoge las medidas para la protección de las personas trabajadoras. El 
equilibrio necesario propio del carácter acordado de las normas que se han adoptado y 
plasmado en el presente real decreto-ley, exige que la garantía de la viabilidad de las 
empresas a través de las exoneraciones, que redunda efectivamente en sí misma en la 
protección del empleo a través de las medidas de flexibilidad interna, se complete con la  e.e
protección de las personas trabajadoras, dado que ambas partes quedan sujetas a  w.b
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ley 30/2020, de 29 de septiembre, con la conservación del tipo del 70% aplicable a la base
reguladora para el cálculo de la prestación, evitándose que a partir de los 180 días 
consumidos este porcentaje se desplome al 50%, la conservación del contador a cero en 
los términos previstos en el apartado 7 de dicho precepto, así como las medidas de 
protección de las personas con contrato fijo discontinuo previstas en el Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo. Seguirán resultando aplicables, además, la prestación 
extraordinaria para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y 
periódicos que se repitan en fechas ciertas, en virtud de la prórroga del artículo 9 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre; las medidas previstas en el artículo 10 de dicha 
norma sobre cobertura de periodos de cotización de aquellas personas trabajadoras 
incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo que no sean beneficiarias de 
prestaciones de desempleo; y la compatibilidad de las prestaciones por desempleo con el 
trabajo a tiempo parcial en los términos del artículo 11 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 
de septiembre.
El Título II se dedica a las medidas de apoyo a los trabajadores autónomos.
El artículo 5 regula la prestación extraordinaria por cese de actividad de forma similar 
a la introducida por el artículo 13.1 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, en 
favor de aquellos autónomos que se vean obligados a suspender totalmente sus 
actividades en virtud de la resolución que pueda adoptarse al respecto.
El artículo 6 introduce la posibilidad de acceder a una prestación extraordinaria de 
cese de actividad a aquellos trabajadores autónomos que no siendo afectado por el cierre 
de su actividad ven reducido sus ingresos y no tienen acceso a la prestación de cese de 
actividad regulada en el artículo 7 o en los artículos 327 y siguientes del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, ni a la prestación de cese de actividad prevista en el artículo 7.
El artículo 7 regula la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por 
cuenta propia.
El artículo 8 establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los 
trabajadores de temporada que desarrollen su actividad al menos durante tres meses en 
la primera mitad del año.
La disposición adicional primera incluye a las empresas pertenecientes a sectores con 
una elevada tasa de cobertura por ERTE (cifrada en un porcentaje del 15% del total de 
personas asalariadas de alta en el Régimen General de la Seguridad Social) y una 
reducida tasa de recuperación de actividad (definida como la afectación por ERTE de, al 
menos, el 70 % del total de personas asalariadas integrantes de dicho sector o CNAE). 
Para estas empresas y aquellas que fueron calificadas como integrantes de su cadena de 
valor o dependientes de las mismas, de acuerdo con lo recogido en la disposición adicional 
primera del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantiene una especial 
protección, mediante el reconocimiento automático de exoneraciones en la cuota 
empresarial a la Seguridad Social aplicables tanto a las personas afectadas por ERTE 
como a las no afectadas.
Así, se recogen unas medidas extraordinarias en materia de cotización a la Seguridad 
Social y por conceptos de recaudación conjunta vinculadas a expedientes de regulación 
temporal de empleo, en línea con las medidas similares ya adoptadas anteriormente 
respecto a tales expedientes en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, el Real 
Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, el 
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, y el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, siempre que todas ellas prorroguen automáticamente dichos expedientes 
temporales de empleo, que podrán ir hasta el 31 de mayo de 2021, y que dichas empresas  es
pertenezcan a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación  o
temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad, cuya actividad se  ww.
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de reuniones previsto.
La disposición adicional tercera, como en normas precedentes, incluye la prórroga de 
la vigencia del artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en el que se regula 
el Plan MECUIDA.
La disposición adicional cuarta prórroga la suspensión temporal del requisito de 
acreditación de búsqueda activa de empleo en el acceso al programa de renta activa de 
inserción y al subsidio extraordinario por desempleo, prevista en la disposición adicional 
primera del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas 
sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural.
La disposición adicional quinta mantiene las bases mínimas de cotización vigentes 
a 31 de diciembre de 2019, mientras no se lleve a cabo la subida del salario mínimo 
interprofesional para el año 2021.
La disposición adicional sexta encomienda a la Comisión de seguimiento de las 
medidas de apoyo para la recuperación de la actividad de los trabajadores autónomos en 
el ámbito de la Seguridad, constituida al amparo de la disposición adicional sexta del Real 
Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, el seguimiento y evaluación de las medidas que se 
establecen en este real decreto-ley.
Por su parte, la disposición transitoria primera establece la aplicación de las previsiones 
del artículo 25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, desde el 1 de enero de 2021.
La disposición transitoria segunda contempla la prórroga de la prestación extraordinaria 
de cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por una suspensión 
temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente 
como medida de contención de la propagación del virus COVID-19 contemplada en el 
apartado 1 del artículo 13 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.
La disposición transitoria tercera establece un régimen transitorio de verificación de 
datos de identidad por la Administración de la Seguridad Social, así como por el Servicio 
Público de Empleo Estatal, en tanto no se dicten las resoluciones de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social y Pensiones y de la Dirección General del Servicio Público 
de Empleo Estatal, previstas en el artículo 129.4 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social.
La disposición transitoria cuarta suspende la subida de tipos prevista en la disposición 
transitoria segunda del Real Decreto ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización 
de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, 
por lo que los tipos de cotización aplicables por contingencias profesionales y por cese de 
actividad de los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar serán los vigentes a 31 de diciembre de 2020.
La disposición transitoria quinta fija el régimen aplicable a las solicitudes de 
prestaciones o subsidios que ya hubieran sido formuladas o resueltas favorablemente al 
amparo del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre.
La disposición derogatoria única recoge una cláusula genérica de derogación 
normativa al tiempo que establece la derogación expresa de la disposición adicional 
decimosexta del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 
y los artículos 13 y 14 y disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 
de septiembre.
La disposición final primera incluye una modificación del artículo 25.2 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, con el objetivo de aclarar los requisitos exigibles para aplicar 
la medida descrita en el artículo 25.1.a) de dicha norma y relativa al periodo de ocupación  es
cotizada necesario para el reconocimiento de las prestaciones por desempleo en el caso  o
de expedientes temporales de regulación de empleo. ww.
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realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas.
La disposición final tercera modifica los artículos 89, 97, 105 y 106 de la Ley 18/2014, 
de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad 
y la eficiencia. En concreto, el artículo 89 debe ser objeto de corrección para mantener la 
correspondencia entre preceptos.
Asimismo, se modifica el artículo 97 a), ante la urgente necesidad de flexibilizar y 
clarificar los requisitos y vías de acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil de las 
personas menores no acompañadas, con el objetivo, por un lado, de dar a este colectivo 
mayor facilidad para inscribirse en el Fichero aclarando el requisito del permiso de trabajo 
exigido legalmente, y por otro, de garantizar que el citado colectivo pueda acceder a los 
programas y planes a corto y medio plazo de atenciones ofertados en el marco de Garantía 
Juvenil.
El artículo 105 requiere igualmente una revisión para su adaptación al espíritu de las 
medidas adoptadas por el Gobierno para el mantenimiento del empleo en periodo de 
pandemia debiendo flexibilizarse el requisito de no haber trabajado el día natural anterior 
para que la persona joven pueda recibir cualquier atención educativa/formativa en el marco 
de Garantía Juvenil.
La disposición final cuarta modifica el párrafo a) del artículo 53.1 del texto refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 
legislativo 5/2000, de 4 de agosto, para la adecuación del procedimiento administrativo 
sancionador en el orden social a las posibilidades que las nuevas tecnologías permiten, a 
través de un procedimiento especial iniciado mediante la extensión de actas de infracción 
automatizadas, es decir, sin intervención directa de un funcionario actuante en su emisión 
y sin reducción de las garantías jurídicas de los administrados.
La disposición final quinta modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con el siguiente 
alcance:
Por una parte, se da una nueva redacción al artículo 40, que regula la obligación de 
cesión o comunicación de datos a la Administración de la Seguridad Social para el 
cumplimiento principalmente de las funciones de carácter recaudatorio, para extender 
dicha obligación al suministro de datos, informes o antecedentes que deben permitir el 
desempeño de sus funciones en relación a cualquiera del resto de sus competencias y, en 
concreto, en materia de liquidación y control de la cotización; precisando que el acceso a 
esta información sea posible a través de la utilización de plataformas de intermediación de 
datos y su utilización mediante técnicas de tratamiento analítico de la información.
La urgente necesidad de esta modificación normativa se encuentra relacionada con la 
necesidad de implantación de los controles sobre las exenciones en la cotización aplicadas 
en las liquidaciones de cuotas a partir del pasado mes de marzo de 2020.
Asimismo, resulta necesario habilitar el marco jurídico para dar cobertura plena a 
futuros convenios de colaboración de intercambio de datos en materia estadística, 
considerando el volumen cada vez más elevado de peticiones de datos que se realizan por 
parte de otros organismos, así como la necesidad de colaboración por parte de la Tesorería 
General de la Seguridad Social con otras Administraciones Públicas, a efectos de obtener 
recíprocamente datos de sus registros administrativos para su tratamiento estadístico.
Adicionalmente, se modifican el título y los apartados 1 y 3 del artículo 71, con el fin de 
garantizar la eficaz gestión de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, al 
regular de forma más adecuada y actualizada el suministro de información a las entidades 
gestoras de la Seguridad Social, lo que redundará en un menor tiempo de tramitación en  e.e
el reconocimiento de las prestaciones y ampliará la posibilidad de automatizar parte de las  w.b
alac tnuLeaoccesio scniademasd bn ideoecse  sbseua spricraoaspr  pofanoreramn  eaelslno  d.uen  matoemnceinótno  aelnte qrnuaet liava psa nad leam piare hsae npcuieasl tyo,  dae s mu avneifzie, seton   2021-1130n https://ww
dreognudlaer e esl  aocbcjeetsivoo a p loatse nhcisiatorr ieals t eclleíntriacabsa,j oe leenm lean mtoe edsidean cdiael  lpoa prao spiboldee, rp voarl oerlalor,  lae ss iuturgaecnióten 
de incapacidad de un trabajador. La disponibilidad del acceso telemático a las historias
clínicas permite que los propios inspectores médicos puedan realizar sus valoraciones sin 
necesidad de citar al trabajador para realizarle un reconocimiento presencial, en aquellos 
supuestos en los que estimen que la información contenida en el historial clínico lo hace 
innecesario, evitando esta cita se disminuye el riesgo de propagación y contagio del 
virus COVID-19.
Asimismo, se regula esta misma capacidad para la inspección de los servicios públicos 
de salud, que en estos momentos es necesario descargar de tareas administrativas y dotar 
de agilidad su gestión.
Las modificaciones propuestas en el artículo 71 a su vez suponen, para las Entidades 
gestoras, una mejora en la gestión, al poder obtener en plazos más breves la información 
necesaria y disponer de la misma en formatos electrónicos, compatibles con los aplicativos 
informáticos que se utilizan para el reconocimiento de las prestaciones.
Por otra parte, se hace necesario contemplar el acceso a los historiales clínicos de 
determinados trabajadores del Régimen Especial del Mar, con la finalidad de mejorar la 
gestión y evitar el sometimiento de los mismos a pruebas médicas repetitivas para distintas 
finalidades.
Para los ciudadanos, esta mejora significa relevarles de la carga que supone aportar 
información cuyo suministro deviene en obligatorio.
La modificación del apartado 1 del artículo 77 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, tiene como objetivo permitir el tratamiento y la cesión de los datos por 
parte de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social a otras 
administraciones públicas, en la medida en la que son necesarios para el ejercicio de sus 
funciones, muchas de ellas conectadas con las funciones de la Administración de la 
Seguridad Social.
Por otra parte, se da una nueva redacción al artículo 129 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, a fin de actualizar su regulación y ampliar sus previsiones 
relativas a la autenticación de los interesados y al uso de la firma en los procedimientos de 
la Administración de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal.
Con la modificación del artículo 130 se completa su regulación extendiendo sus 
actuales previsiones sobre gestión automatizada en los procedimientos de gestión tanto 
de la protección por desempleo previstos en el título III como de las restantes prestaciones 
del sistema de la Seguridad Social, excluidas las pensiones no contributivas, a los 
procedimientos de afiliación, cotización y recaudación.
Asimismo, se regula que la determinación de los términos y condiciones para el uso de 
otros medios que permitan acreditar la identidad de los interesados se articulará a través 
de resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, si bien, 
hasta tanto se dicte, según lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de este real 
decreto-ley, la Administración de la Seguridad Social podrá llevar a cabo la verificación de 
la identidad de los interesados en los procedimientos por ella gestionados mediante el 
contraste de los datos o información que sobre aquellos obre en su poder y que pueda 
realizarse a través de medios no presenciales.
Del mismo modo, resulta necesario incorporar una disposición adicional trigésima 
tercera en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para modificar la 
competencia territorial de los órganos provinciales de las entidades gestoras y servicios 
comunes de la Seguridad Social, en el sentido de posibilitar que sus direcciones 
provinciales y unidades dependientes puedan actuar en ámbitos diferentes al de su 
demarcación provincial, de acuerdo con los términos y condiciones que se determinen por 
su máximo órgano de dirección, permitiendo así alcanzar un mayor grado de eficacia y  es
eficiencia en la gestión, y facilitando la adaptación de la organización a los cambios que  o
demanda la sociedad. ww.
rppeeafrrumaPn adaonicrd etoount artdaere   apa  la atlrar atL ehve,éa yssb e Gild iateeañnlc aeSiódrinase lt  qeudumneeaa   l danRu uSEreaeDvnga tuye d r sieidselpa  eodess xtSiatcioediócnonid ad eale,  d lcaaico laimnor nmiesalma l o tasrb eigjce éootsotnoi  mrdegela ó  f icdnauo  ladtoarestr a  fad aeuecnt iolc iertaailzr ráat eacdxt oetlaosr     OE-A-2021-1130able en https://w
Administración de la Seguridad Social, a través del Sistema RED y previo consentimiento
acreditado de los interesados, del teléfono móvil de los trabajadores o asimilados que 
causen alta en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, al objeto 
de mejorar su acceso a la Seguridad Social mediante un medio de fácil alcance, seguro y 
de uso común a los ciudadanos que les evitará desplazamientos a las oficinas de la 
Administración de la Seguridad Social.
Asimismo, se incluye una nueva disposición adicional trigésima quinta en el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la que se establece la obligatoriedad 
de incluir en los correspondientes convenios que el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social suscriba con las comunidades autónomas y, en su caso, con el Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, objetivos específicos relacionados con el acceso electrónico a la historia 
clínica de los trabajadores previsto en el artículo 71.3 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, así como con el intercambio de información y el seguimiento de 
dichos accesos.
Por último, a través de la reforma del apartado 5 de la disposición transitoria cuarta, se 
garantiza, durante 2021, el mantenimiento de la normativa previa a la Ley 27/2011, de 1 de 
agosto, para determinados colectivos que vieron extinguida su relación laboral antes 
de 2013. A la vista de que la prórroga de esta previsión hasta el 31 de diciembre de 2020 
recogida por el Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan 
determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social, no ha sido 
suficiente para paliar los efectos que la nueva regulación causaría a aquellos trabajadores 
que salieron del mercado laboral a edad avanzada sin haber podido retomar su carrera 
profesional y con la consiguiente afectación directa en sus cotizaciones y prestaciones, se 
hace necesario por razones de seguridad jurídica y de preservación de la igualdad su 
extensión hasta el final de 2021.
La disposición final sexta modifica los artículos 2, 3 y 4 del Real Decreto-ley 32/2020, 
de 3 de noviembre, con el fin de ampliar la duración de la prestación por desempleo de 
artistas en espectáculos públicos, personal técnico y auxiliar del sector de la cultura y 
profesionales taurinos.
La disposición final séptima modifica el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 
de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector 
energético, y en materia tributaria.
La disposición final octava modifica los artículos 2 y 4.1 del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19, con objeto de extender la protección de 
las personas arrendatarias de vivienda en situación de vulnerabilidad. De esta manera, se 
amplía hasta la finalización del actual estado de alarma la posibilidad de solicitar la 
moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea un gran tenedor o 
entidad pública, en los términos establecidos en dicho real decreto-ley; y se amplían hasta 
esa misma fecha los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la 
prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato 
en vigor.
Por último, la disposición final novena se refiere a los títulos competenciales; la 
disposición final décima habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y ejecución del presente real decreto-ley; para concluir con 
la disposición final undécima, que establece la entrada en vigor de dicha norma.
IV
Respecto del supuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad establecido  oe.
en el artículo 86.1 de la Constitución Española, el contenido del real decreto-ley se  w.
frpueenqrdsuiaisemtreee cnno tamsu oe  nac pomrnoosbetiacvcuoiesó nnoc biianje mdtieve odlasia ,s tidatue, a eocnpiótorner td uoent ircdoraissd is lap s oaslíinttiuictaaarc iayió  pner xogtrvraoaocvraedd inya a perioxarc  eluapr gCceiOonnVcaiIaDl  -qq1uu9ee,    2021-1130n https://w
lo que hace indispensable dar una respuesta adecuada a las necesidades que se plantean
en el ámbito laboral y social. Bc
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar reales decretos-
leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al 
ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades 
de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades 
Autónomas ni al Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye, de esta forma, un instrumento constitucionalmente 
lícito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional 
(SSTC 6/1983, de 4 de febrero, F.J. 5; 11/2002, de 17 de enero, F.J. 4, 137/2003, de 3 
de julio, F.J. 3, y 189/2005, de 7 julio, F.J. 3; 68/2007, F.J. 10, y 137/2011, F.J. 7), el fin 
que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de 
los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime 
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
En definitiva, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar el presente real 
decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, F.J. 4; 142/2014, de 11 de septiembre, F.J. 3) y esta 
decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación 
(STC 14/2020, de 28 de enero, F.J. 4), centradas en dar una respuesta adecuada que 
permita restablecer el funcionamiento normal de la actividad económica y productiva de 
las empresas, la necesaria seguridad jurídica y la protección de los colectivos que 
pudieran resultar vulnerables ante la concurrencia de la situación descrita y que se 
definen por su condición extraordinaria y urgente.
Todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la 
presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, F.J. 3; 111/1983, de 2 de diciembre, F.J. 5; 
182/1997, de 20 de octubre, F.J. 3), existiendo la necesaria conexión entre la situación de 
urgencia expuesta y la medida concreta adoptada para subvenir a ella, sin que constituya un 
supuesto de uso abusivo o arbitrario del referido instrumento constitucional.
En suma, en las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las 
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad previstas en el artículo 86 de la 
Constitución Española, considerando, por otra parte, que los objetivos que se pretenden 
alcanzar con el mismo no pueden conseguirse a través de la tramitación de una ley por el 
procedimiento de urgencia.
Asimismo, debe señalarse que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el título I de las Constitución Española, al régimen de las Comunidades 
Autónomas ni al Derecho electoral general.
V
Esta norma se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en particular, a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa se 
encuentra justificada por una razón de interés general, habiéndose identificado los fines 
perseguidos y entendiéndose que es el real decreto-ley el instrumento más adecuado para 
garantizar su consecución. Por otra parte, las medidas contenidas en el real decreto-ley  s
son adecuadas y proporcionadas a las necesidades que exigen su dictado, habiéndose  oe.
constatado que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan  w.
mjourredíndeonicsaa mo, bieelisgntataoc  iiojnunirceídisai ctaiov l,oa sg n edoneresmrtiaannatidtvaoar  iuosnse.   mAa adsrouc pvote anz ,od cremo mmatoaiv ngoea drraaen  ctcíoaeh rdteiedrleu pnmrtibenr cecip,o ionq u deeel   fsraeecgsilutiotrai d daseudl    2021-1130n https://w
conocimiento y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y
empresas afectadas. Bc
Con esta norma, de igual manera, se observa el principio de transparencia, al definir 
claramente la situación que la motiva y sus objetivos, descritos en la parte expositiva del 
texto y en el apartado correspondiente de la memoria, sin que se hayan realizado los 
trámites de participación pública que se establecen en el artículo 26 de la citada 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, al amparo de la excepción que, para los 
reales decretos-leyes, regula el apartado 11 del aludido precepto.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª y 17.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado las competencias exclusivas en las 
materias de legislación laboral y de legislación básica y régimen económico de la 
Seguridad Social.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social y del 
Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 26 de enero de 2021,
DISPONGO:
TÍTULO I
IV Acuerdo Social en Defensa del Empleo
Artículo 1.  Prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo de fuerza 
mayor basados en causas relacionadas con la situación pandémica y medidas 
extraordinarias en materia de cotización.
1.  Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes, basados en el 
artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se 
prorrogarán automáticamente hasta el 31 de mayo de 2021.
2.  Asimismo, se entienden prorrogados los expedientes de regulación temporal de 
empleo por impedimento en el desarrollo de la actividad autorizados en base a lo dispuesto 
en el apartado 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 
de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo 
y de competitividad del sector industrial, que se mantendrán vigentes en los términos 
recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o por silencio.
No obstante, desde el 1 de febrero de 2021, y hasta el 31 de mayo de 2021, resultarán 
aplicables a dichos expedientes los porcentajes de exoneración previstos en el apartado 3.
3.  Los expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento en el 
desarrollo de la actividad autorizados en base a lo dispuesto en el artículo 2.1 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, se 
mantendrán vigentes en los términos recogidos en las correspondientes resoluciones 
estimatorias, expresas o por silencio, resultándoles de aplicación las medidas 
extraordinarias en materia de cotización previstas en dicha disposición, durante el período 
de cierre y hasta el 31 de mayo de 2021.
4.  Los expedientes de regulación temporal de empleo por limitación al desarrollo 
normalizado de la actividad vigentes, basados en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 30/2020, 
de 29 de septiembre, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de mayo de 2021.
Las exoneraciones aplicables a estos expedientes, desde el 1 de febrero de 2021, 
serán las siguientes: e.
a)  Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus  ww.
asfeucbstripveeirdona,s dmióeansr, z sloau,  esapxbeerinnl ycd imiódnaa ysreo, s ydp eed 2cet0 o2l o1ds,e  a pllace araniopzodarortáas  ceyiló  1np0 oe0rm c%ep,nr 9eta0sja e%rsia,  ld8 d5ee  %jvoe rynn 8ga0ad da%a , a erfenes clpotaesdc mtoivsea smpeoesr n dtleae,    2021-1130n https://w
cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o asimiladas a
las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.
b)  Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus 
actividades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la 
suspensión, la exención respecto de la aportación empresarial devengada en los meses 
de febrero, marzo, abril y mayo de 2021 alcanzará el 90 %, 80 %, 75 % y 70 %, 
respectivamente, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020.
5.  Las exoneraciones a las que se refieren los apartados 2, 3 y 4 se aplicarán 
respecto de las personas trabajadoras y respecto del abono de la aportación empresarial 
prevista en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a 
las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.
El procedimiento y requisitos para la aplicación de las exoneraciones de cuotas a las 
que se refieren los apartados 2, 3 y 4 serán los establecidos en el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2.2 y 3.
Artículo 2.  Expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento o limitaciones 
de actividad.
1.  Las empresas y entidades afectadas por restricciones y medidas de contención 
sanitaria podrán solicitar un expediente de regulación de empleo por impedimento o 
limitaciones a la actividad en los términos recogidos en el artículo 2 del Real Decreto-
ley 30/2020, de 29 de septiembre, a partir del 1 de febrero de 2021 y hasta el 31 de mayo 
de 2021, salvo que les resulte de aplicación lo previsto en el apartado 2.
El procedimiento y requisitos para la exoneración de cuotas a la Seguridad Social 
aplicables en dichos supuestos serán los previstos en el citado artículo 2 del Real Decreto-
ley 30/2020, de 29 de septiembre.
Los porcentajes para la exoneración de cuotas a la Seguridad Social aplicables a los 
expedientes de regulación temporal de empleo basados en impedimento a la actividad, 
para los meses de febrero a mayo de 2021, serán los regulados en el artículo 2.1 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.
Los porcentajes para la exoneración de cuotas a la Seguridad social aplicables a los 
expedientes de regulación temporal de empleo basados en limitaciones a la actividad, para 
los meses de febrero a mayo de 2021, serán los previstos en el artículo 1.4.
2.  Una vez constatada la concurrencia de alguna de las situaciones constitutivas de 
fuerza mayor a que se refiere el apartado anterior por parte de la autoridad laboral, 
mediante la correspondiente resolución estimatoria, expresa o por silencio, el paso de la 
situación de impedimento a la de limitación o viceversa, como consecuencia de las 
modulaciones en las restricciones sanitarias adoptadas por las autoridades competentes, 
no requerirá la tramitación de un nuevo expediente de regulación temporal de empleo.
Sin perjuicio de lo anterior, resultarán aplicables, en cada momento, los porcentajes de 
exoneración correspondientes, en función de la naturaleza impeditiva o limitativa de la 
situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa.
3.  Las empresas cuya situación se viese modificada en los términos descritos en el 
apartado 2 deberán comunicar el cambio de situación producido, la fecha de efectos, así 
como los centros y personas trabajadoras afectadas, a la autoridad laboral que hubiese 
aprobado el expediente y a la representación legal de las personas trabajadoras.
Las empresas que hayan comunicado dicho cambio de situación a la autoridad laboral,  e.e
deberán presentar declaración responsable ante la Tesorería General de la Seguridad  b
Sdpeoo rcscieaepln, tteiaenjme lsob srde te,é  srmeiexinnedonosc  ideóisnct hacabo ledrrceeicdsloapsroa necdniói eennl  rtaeersstíp,c ouenlnos  a2fub.3nle cd iseóuln fRi cdeieean l ltDae e pncaarertauto rla-alle eayzp 3ali0 ci/am2c0pió2en0d ,i dtdieve a l2o 9os    2021-1130n https://ww
lmimoimtaetinvtao .de la situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa en cada
La autoridad laboral trasladará dicha comunicación a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, a efectos del desarrollo de aquellas acciones de control que se 
determinen sobre la correcta aplicación de las exenciones en el pago de las cuotas de la 
Seguridad Social.
4.  Las previsiones de los apartados 2 y 3 resultarán aplicables, asimismo, cuando la 
resolución estimatoria de la autoridad laboral, expresa o por silencio, hubiese tenido lugar 
en aplicación de lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, o en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado 2, del 
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, cuando se produzca el paso de la situación de 
impedimento a otra de limitación en el desarrollo normalizado de su actividad, como 
consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas 
competentes, o viceversa.
Artículo 3.  Prórroga de contenidos complementarios del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 
de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
1.  A los expedientes de regulación temporal de empleo basados en causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción vinculadas a la COVID-19, iniciados 
tras la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 31 de mayo de 2021, les 
resultarán de aplicación las previsiones establecidas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 
30/2020, de 29 de septiembre.
Asimismo, las previsiones contenidas en el artículo 3.4 del Real Decreto-ley 30/2020, 
de 29 de septiembre, continuarán siendo de aplicación, hasta el 31 de mayo de 2021, a los 
expedientes de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción vinculadas a la COVID-19 iniciados antes de la entrada en 
vigor del presente real decreto-ley.
2.  Los límites y previsiones relacionados con reparto de dividendos a los que se 
refiere el artículo 4 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantendrán 
vigentes hasta el 31 de mayo de 2021, para todos los expedientes, autorizados con 
anterioridad o en virtud de la presente norma, a los que se apliquen las exoneraciones 
previstas en este real decreto-ley.
3.  Los límites y previsiones relacionados con transparencia fiscal a los que se refiere 
el artículo 4 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantendrán vigentes 
hasta el 31 de mayo de 2021, para todos los expedientes, autorizados con anterioridad o 
en virtud de la presente norma.
4.  La salvaguarda del empleo será de aplicación de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 5 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, en relación con los periodos 
anteriores y con el que se deriva de los beneficios recogidos en la presente norma y de 
conformidad con los plazos correspondientes.
5.  Los límites y excepciones en relación con la realización de horas extraordinarias, 
nuevas contrataciones y externalizaciones a los que se refiere el artículo 7 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantendrán vigentes hasta el 31 de mayo 
de 2021 y resultarán igualmente de aplicación a todos los expedientes autorizados en 
virtud de la presente norma.
6.  Los artículos 2 y 5 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se 
adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados 
del COVID-19, permanecerán vigentes hasta el 31 de mayo de 2021.
Artículo 4.  Prórroga de las medidas de protección de las personas trabajadoras recogidos  e.
en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa  w.
d1.e l eLmasp lmeoe.didas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en  2021-1130n https://w
eell  a3r1tí cduelo  m8 adyeol  Rdeea l2 D0e2c1r,e ttoa-nletoy  3p0a/r2a0 2la0s,  dpee 2rs9o dnea ss eapfteiecmtabdraes,  speorár nl odse  eaxppliceadcieiónnt ehsa sdtae 
regulación temporal de empleo a los que se refieren dichos preceptos, como para las 
afectadas por los expedientes de regulación de empleo que se contemplan en la presente 
norma, con las siguientes particularidades:
a)  El artículo 8.7 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantendrá 
vigente según los términos y plazos previstos en el mismo.
b)  Las empresas que ya hubieran presentado solicitud colectiva de acceso a la 
prestación por desempleo en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.2 del Real Decreto-ley 
30/2020, de 29 de septiembre, no estarán obligadas a la presentación de nueva solicitud 
respecto de las personas trabajadoras incluidas en la anterior.
2.  De igual manera, las medidas extraordinarias para la protección de las personas 
trabajadoras previstas en el segundo párrafo del artículo 8.1 y en el artículo 9 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, serán de aplicación hasta el 31 de mayo de 2021, 
entendiéndose las referencias que dicho precepto realiza a la fecha del 31 de enero de 2021, 
efectuadas al 31 de mayo de 2021.
3.  Las medidas extraordinarias para la protección de las personas trabajadoras 
previstas en los artículos 10 y 11 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, serán 
de aplicación hasta el 31 de mayo de 2021, tanto para las personas afectadas por los 
expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refieren dichos preceptos, 
como para las afectadas por los expedientes de regulación de empleo que se contemplan 
en este real decreto-ley.
TÍTULO II
Medidas de apoyo a los trabajadores autónomos
Artículo 5.  Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención 
de la propagación del virus COVID-19.
1.  A partir del 1 de febrero de 2021, los trabajadores autónomos que se vean 
obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución 
adoptada por la autoridad competente como medida de contención en la propagación del 
virus COVID-19, tendrán derecho a una prestación económica de cese de actividad de 
naturaleza extraordinaria en los términos que se establecen en este precepto, siempre que 
se reúnan los siguientes requisitos:
a)  Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, antes del 1 de enero de 2021.
b)  Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, 
si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumpliera este requisito, el órgano 
gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de 
treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto 
producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
2.  La cuantía de la prestación será del 50 por ciento de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desarrollada.
Esta cantidad se incrementará en un 20 por ciento si el trabajador autónomo tiene  e.e
reconocida la condición de miembro de una familia numerosa y los únicos ingresos de la  w.b
uo nuidnNaidoda  odfab amsntiaálinalotreg o,a  c aduneaá ncldooogn avci ovdneuvnriacvinaatn eh e aenss tuean  pe mel rpisiromimdooe  drp ogromracideciodli oed npe e dpreas orsenuna tasec sutcinvoiidd paaosdr p  scouorns vpsínaecnnugdluiodi nafai.dmaidlia or   2021-1130n https://ww
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aplicación la previsión contemplada en el apartado anterior para familias numerosas.
3.  El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la 
medida de cierre de actividad adoptada por la autoridad competente.
4.  Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta 
en el régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar. La exoneración del ingreso de las cuotas se extenderá desde el 
primer día del mes en el que se adopta la medida de cierre de actividad hasta el último día 
del mes siguiente al que se levante dicha medida o hasta el 31 de mayo de 2021, si esta 
última fecha es anterior
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de 
cotizar se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta 
prestación extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de 
dicha prestación.
La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones en la 
cotización a las que pueda tener derecho el trabajador beneficiario de esta prestación 
extraordinaria por cese en la actividad no se modificará por el percibo de esta última.
Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina proporcionarán a la 
Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria, a través de los 
procedimientos que establezca esta última, para la aplicación de lo establecido en este 
apartado, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la prestación como en la 
revisión posterior, conforme a lo establecido en el apartado 9.
5.  El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una retribución 
por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo por 
cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional; 
con el desempeño de otra actividad por cuenta propia; con la percepción de rendimientos 
procedentes de la sociedad cuyo actividad se haya visto afectada por el cierre; así como 
con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario 
viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será además 
incompatible con las ayudas por paralización de la flota.
6.  Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado 
por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que 
corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que 
reúnan los requisitos establecidos en este apartado.
7.  La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
8.  La percepción de la prestación tendrá una duración máxima de cuatro meses, 
finalizando el derecho a la misma el último día del mes en que se acuerde el levantamiento 
de las medidas o el 31 de mayo de 2021 si esta última fecha es anterior.
El tiempo de percepción de la prestación no reducirá los periodos de prestación por 
cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
9.  El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo deberá solicitarse 
dentro de los primeros veintiún días naturales siguientes a la entrada en vigor del acuerdo 
o resolución de cierre de actividad.
En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el derecho a la  es
prestación se iniciará el día de la solicitud. No obstante, el trabajador quedará exento de la  o
obligación de cotizar desde el primer día del mes en el que la autoridad gubernativa haya  ww.
ddcueebt serLoraamlnisc in lieataunsdd trio den alsoadp  speeersco  teeihvnniabtcesiacn pirdógrenear sddátae acs clo aidom eano cel atcsi vo.gidteizasadtidó, ons,i   dbneioe  enas setuanm  peirseeens dtcaoac sliaóon  ce,o ld tpieze araicociudóeonr  adlanost  eceorninoti rdl aaa  sdlaoe lfsiec qcithuuade    OE-A-2021-1130able en https://w
presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional que
sea procedente, estimando o desestimando el derecho. Finalizada la medida de cierre de 
actividad se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas. En el 
supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la prestación, se 
iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas, debiendo 
además en estos casos ingresar las cotizaciones correspondientes a todo el periodo de 
percepción indebida de la prestación, aplicándose el procedimiento de gestión recaudatoria 
del sistema de la Seguridad Social en todos sus términos.
10.  En la solicitud de la prestación el interesado deberá comunicar a la mutua o a la 
entidad gestora de la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno 
de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con 
alguno otro tipo de ingresos, debiendo constar así mismo el consentimiento de todos los 
miembros de la unidad familiar para el acceso a la información tributaria.
Para poder admitir a trámite la solicitud deberá aportar una declaración jurada de los 
ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, 
así como una autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas 
colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar del Ministerio de 
Hacienda los datos tributarios necesarios para la revisión de los requisitos de acceso a la 
prestación. Todo ello sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación 
de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de 
la prestación.
Artículo 6.  Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores 
autónomos que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de 
actividad prevista en el artículo 7 de este real decreto-ley o a la prestación de cese de 
actividad regulada en los artículos 327 y siguientes del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre.
1.  Los trabajadores autónomos que no puedan causar derecho a la prestación 
ordinaria de cese de actividad prevista en el artículo 7 o a la prestación de cese de 
actividad regulada en los artículos 327 y siguientes del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, podrán acceder a partir de la entrada en vigor de esta norma, a la 
prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria prevista en este 
artículo, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a)  Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar 
como trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020.
No obstante, si en la fecha de la presentación de la solicitud no se cumpliera el 
requisito de estar al corriente en el pago de las cotizaciones, el órgano gestor invitará al 
pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales 
ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos 
para la adquisición del derecho a la protección.
b)  No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad 
por cuenta propia en el primer semestre de 2021 superiores a 6.650 euros.
c)  Acreditar en el primer semestre del 2021 unos ingresos computables fiscalmente 
de la actividad por cuenta propia inferiores a los habidos en el primer trimestre de 2020.
Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en 
el primer trimestre del año 2020 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos  es
habidos en el primer semestre de 2021 en la misma proporción. bo
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o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o
afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria de cese de  Bc
actividad, la cuantía de cada una de las prestaciones será del 40 por ciento.
3.  Esta prestación extraordinaria por cese de actividad podrá comenzar a 
devengarse con efectos de 1 de febrero de 2021 y tendrá una duración máxima de 4 
meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros veintiún días 
naturales de febrero. En caso contrario, los efectos quedan fijados en el primer día del 
mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 31 
de mayo de 2021.
4.  El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una retribución 
por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo por 
cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional; 
con el desempeño de otra actividad por cuenta propia; con la percepción de rendimientos 
procedentes de una sociedad; con la percepción de una prestación de Seguridad Social 
salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño 
de la actividad que desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será además 
incompatible con las ayudas por paralización de la flota.
5.  Durante el tiempo de percepción de la prestación se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar.
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de 
cotizar se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta 
prestación extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de 
dicha prestación.
La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones en la 
cotización a las que pueda tener derecho el trabajador beneficiario de esta prestación 
extraordinaria por cese en la actividad no se modificará por el percibo de esta última.
Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina proporcionarán a la 
Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria, a través de los 
procedimientos que establezca esta última, para la aplicación de lo establecido en este 
apartado, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la prestación como en la 
revisión posterior, conforme a lo establecido en los apartados 9 y 10.
6.  Los trabajadores autónomos que perciban esta prestación y no estuvieran 
cotizando por cese de actividad vendrán obligados a cotizar por este concepto a partir del 
mes siguiente en que finalice la percepción de la prestación.
7.  Se extinguirá el derecho a la prestación si durante la percepción de la misma 
concurren los requisitos para causar derecho a la prestación de cese de actividad 
contemplada en el artículo 7 de esta norma o a la prestación de cese de actividad regulada 
en los artículos 327 y siguientes del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, sin perjuicio 
del derecho que asiste al interesado a solicitar la prestación correspondiente.
8.  Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado 
por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que 
corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria en los términos 
establecidos, siempre que reúnan los requisitos de este apartado.
9.  La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la  es
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina. o
Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la solicitud  ww.
psloersea s iPpnearngortraacee dspdaooe sdyn  eqtloeru s,ae  ed dssmoteicim tuipram eanre dctnroibtá oeomsn  die,te enes  lneas su sst iuocma licacsainotsud aodop,   seocelr ot dadmederoobe secc,hro ádon i.castepacoruárte alanr  curieans aod dleuelc ctiórlaanrb apacrjiooóv npis ojiuorr nacaudl eaq nduteea    OE-A-2021-1130able en https://w
ajena, y autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas
colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar del Ministerio de 
Hacienda los datos tributarios necesarios para la revisión de los requisitos de acceso a 
la prestación Todo ello sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la 
prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la 
entidad gestora de la prestación
10.  A partir del 1 de septiembre de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones 
provisionales adoptadas.
a)  Para ello las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social recabaran del 
Ministerio de Hacienda los datos tributarios correspondientes al primer trimestre del 
año 2020 y a los dos primeros trimestres del 2021 de los trabajadores autónomos.
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina 
no pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los 
trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora en los diez días 
siguientes a su requerimiento:
1.º  Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2020 y sus 
liquidaciones trimestrales (modelos 303), así como las liquidaciones del primer y segundo 
trimestre del año 2021 (modelos 303).
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación de cada trimestre a cuenta 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2020, así como las 
autoliquidaciones del primer y segundo trimestre del año 2021. Declaración de la renta de 
las personas físicas o certificado de empresas donde consten las retribuciones percibidas 
por cuenta ajena.
2.º  Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la 
documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.
b)  En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la 
prestación, se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente 
percibidas.
Para ello la entidad competente para el reconocimiento de la prestación dictará 
resolución fijando el importe de la cantidad a reintegrar que deberá hacerse sin intereses 
o recargo en el plazo que se determine en la resolución.
Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería General 
de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los recargos e 
intereses que procedan conforme al procedimiento administrativo de recaudación 
establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
11.  Al tiempo de solicitar la prestación, el interesado deberá comunicar a la mutua o 
a la entidad gestora de la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si 
alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan 
con algún otro tipo de ingresos.
12.  El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en 
este apartado podrá:
Renunciar a ella en cualquier momento antes del 30 de abril de 2021, surtiendo efectos 
la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de  e.
esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la entidad  w.b
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Artículo 7.  Derecho a la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por 
cuenta propia.
1.  A partir del 1 de febrero de 2021, los trabajadores autónomos podrán solicitar la 
prestación por cese de actividad prevista en el artículo 327 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, siempre que concurran los requisitos establecidos en este precepto y en los 
apartados a), b), d) y e) del artículo 330.1 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social.
2.  El acceso a la prestación exigirá acreditar en el primer semestre de 2021 una 
reducción de los ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de 
más del 50 % de los habidos en el segundo semestre de 2019; así como no haber obtenido 
durante el semestre indicado de 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente 
superiores a 7.980 euros.
Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en 
el segundo semestre de 2019 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos 
habidos en el primer semestre de 2021 en la misma proporción.
En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su 
cargo, deberá acreditarse, al tiempo de solicitar la prestación, el cumplimiento de todas las 
obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. Para ello emitirán una 
declaración responsable, pudiendo ser requeridos por las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o por la entidad gestora para que aporten los documentos precisos que 
acrediten este extremo.
3.  Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 31 de mayo de 2021, 
siempre que el trabajador tenga derecho a ella en los términos fijados en el artículo 338 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Asimismo, percibirán esta prestación hasta el 31 de mayo de 2021 aquellos 
trabajadores autónomos que causen derecho a ella el 1 de febrero de 2021 y vean agotado 
su derecho al cese previsto en el citado precepto antes del 31 de mayo de 2021, siempre 
que reúnan los requisitos exigidos al efecto.
A partir del 31 de mayo de 2021 solo se podrá continuar percibiendo esta prestación 
de cese de actividad si concurren todos los requisitos del artículo 330 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social.
4.  El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras 
o el Instituto Social de la Marina con carácter provisional con efectos de 1 de febrero 
de 2021 si se solicita dentro de los primeros veintiún días naturales de febrero, o con 
efecto desde el día siguiente a la solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir 
del 1 de septiembre de 2021.
Para poder admitir a trámite la solicitud se autorizará a la Administración de la 
Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación 
para recabar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios necesarios para la revisión de 
los requisitos de acceso a la prestación.
5.  A partir del 1 de septiembre de 2021, las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social, o el Instituto Social de la Marina recabaran del Ministerio de Hacienda los datos 
tributarios de los ejercicios 2019 y 2021 necesarios para el seguimiento y control de las 
prestaciones reconocidas.
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina 
no pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los  s
trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora en los diez días  e.
siguientes a su requerimiento: w.
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primer y segundo trimestre de 2021.
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del tercer y cuarto trimestre del 
año 2019 y del primer y segundo trimestre de 2021.
2.º  Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la 
documentación necesaria o cualquier otro medio de prueba que sirva para acreditar los 
ingresos exigidos en este precepto.
6.  Comprobados los datos por la entidad colaboradora o gestora competente para el 
reconocimiento de la prestación, se procederá a reclamar las prestaciones percibidas por 
aquellos trabajadores autónomos que no cumplan los requisitos establecidos en este 
precepto.
La entidad competente para la reclamación fijara la fecha de ingreso de las cantidades 
reclamadas que deberán hacerse sin intereses o recargo.
Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería General 
de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los recargos e 
intereses que procedan conforme al procedimiento administrativo de recaudación 
establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
7.  El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, 
deberá ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de las 
cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente.
La mutua colaboradora o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, abonará al 
trabajador junto con la prestación por cese en la actividad, el importe de las cotizaciones 
por contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar de encontrarse el 
trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 329 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
8.  En los supuestos de cese definitivo en la actividad con anterioridad al 31 de mayo 
de 2021, los límites de los requisitos fijados en este apartado se tomarán de manera 
proporcional al tiempo de la duración de la actividad. A estos efectos el cálculo se hará 
computándose en su integridad el mes en que se produzca la baja en el régimen de 
Seguridad Social en el que estuviera encuadrado.
9.  El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en 
este artículo podrá:
Renunciar a ella en cualquier momento antes del 30 de abril de 2021, surtiendo efectos 
la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de 
esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la entidad 
gestora, cuando considere que los ingresos percibidos durante el primer semestre del 
año 2021 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los umbrales 
establecidos en el apartado 2 con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.
10.  No obstante lo establecido en los apartados anteriores, la prestación de cese de 
actividad podrá ser compatible con el trabajo por cuenta ajena, siendo las condiciones 
aplicables en este supuesto las siguientes:
a)  Los ingresos netos computables fiscalmente procedentes del trabajo por cuenta  s
propia y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no podrá superar 2,2 veces  oe.
el salario mínimo interprofesional. En la determinación de este cómputo, los ingresos  w.
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corresponda en función de la actividad.
c)  Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos que se 
perciben como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación 
que asiste de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad 
gestora de la prestación.
d)  Será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores siempre que no 
contradigan lo dispuesto en este apartado.
Artículo 8.  Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de 
temporada.
1.  A los efectos de este precepto se consideran trabajadores de temporada aquellos 
trabajadores autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los años 2018 y 2019 se hubiera 
desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen 
Especial de Trabajadores del Mar durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de 
seis en cada uno de los años.
Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo en 2018 
y 2019 siempre que, de haber estado de alta en un régimen de seguridad social como 
trabajador por cuenta ajena, esta alta no supere los 120 días a lo largo de esos años.
2.  Serán requisitos para causar derecho a la prestación:
a)  Haber estado de alta y cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como trabajador por cuenta 
propia durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de seis meses de cada uno de los 
años 2018 y 2019, siempre que ese marco temporal abarque un mínimo de dos meses en 
la primera mitad del año.
b)  No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en 
el régimen de Seguridad Social correspondiente más de 60 días durante el primer semestre 
del año 2021.
c)  No obtener durante la primera mitad del año 2021 unos ingresos netos computables 
fiscalmente que superen los 6.650 euros.
d)  Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, 
si no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo 
para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La 
regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a 
la protección.
3.  La cuantía de la prestación regulada en este artículo será el equivalente al 70 por 
ciento de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desempeñada en 
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar.
4.  La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo podrá 
comenzar a devengarse con efectos de 1 de febrero de 2021 y tendrá una duración 
máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros veintiún 
días naturales de febrero. En caso contrario los efectos quedan fijados al día siguiente de 
la presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 31 de mayo de 2021.
5.  Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, 
permaneciendo el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de 
Seguridad Social correspondiente. s
6.  Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán asumidas por  oe.
las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación. w.
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será incompatible con el trabajo por cuenta propia y con la percepción de rendimientos
procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre, cuando los  Bc
ingresos que se perciban en la primera mitad del año 2021 superen los 6.650 euros.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será incompatible 
además con la percepción de las ayudas por paralización de la flota.
8.  Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado 
por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que 
corresponda tendrán derecho, en las mismas condiciones, a esta prestación extraordinaria, 
siempre que reúnan los requisitos establecidos en este artículo.
9.  La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
Para poder admitir a trámite la solicitud se autorizará a la Administración de la 
Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación 
para recabar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios necesarios para la revisión de 
los requisitos de acceso a la prestación.
10.  El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá solicitarse en 
cualquier momento durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la norma 
y el mes de mayo de 2021.
Los efectos de la solicitud son los determinados en el apartado 4.
Las entidades gestoras, de acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en 
su caso aportados, dictará la resolución provisional que sea procedente, estimando o 
desestimando el derecho.
11.  A partir del 1 de septiembre de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones 
provisionales adoptadas.
a)  Para ello las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de 
la Marina recabaran del Ministerio de Hacienda los datos tributarios correspondientes al 
primer semestre del año 2021.
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina 
no pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los 
trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora en los diez días 
siguientes a su requerimiento:
1.º  Copia del modelo 303 de declaración de los dos primeros trimestres del año 2021.
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los dos primeros trimestres del 
año 2021.
2.º  Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la 
documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.
b)  En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la 
prestación, se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente 
percibidas.
Para ello la entidad competente para el reconocimiento de la prestación dictará 
resolución fijando el importe de la cantidad a reintegrar que deberá hacerse sin intereses 
o recargo en el plazo que se determine en la resolución.
Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería General 
de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los recargos e 
intereses que procedan conforme al procedimiento administrativo de recaudación 
establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado  es
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. bo
este1 a2r.t ícEullo t rpaobdarjáa:dor autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en  2021-1130n https://w
la reRneunnucniac iealr m a eesll as iegnu iecunatelq au iseur  mcoommuennictoa cainótne.s del 30 de abril de 2021 surtiendo efectos
Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de 
esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la entidad 
gestora, cuando considere que los ingresos que puede percibir por el ejercicio de la 
actividad durante el tiempo que puede causar derecho a ella superarán los umbrales 
establecidos en el apartado 2.c) con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.
Disposición adicional primera.  Empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa 
de cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa 
de recuperación de actividad.
1.  Se consideran empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de 
cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad aquellas que tengan 
expedientes de regulación temporal de empleo prorrogados automáticamente hasta el 31 
de mayo de 2021, conforme a lo establecido en el del artículo 1, y cuya actividad se 
clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
–CNAE-09– previstos en el anexo de la presente norma en el momento de su entrada en 
vigor.
2.  Quedarán exoneradas entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de mayo de 2021, del 
abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos 
de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones que se indican en el siguiente 
apartado, las siguientes empresas:
a)  Empresas a las que se prorrogue automáticamente el expediente de regulación 
temporal de empleo vigente, basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, según lo establecido en el artículo 1, y que tengan la consideración de 
pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de 
regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad, según el 
apartado 1, cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– previstos en el anexo de la presente 
norma en el momento de su entrada en vigor.
b)  Empresas a las que se refiere la letra a) anterior, que transiten, entre el 1 de 
febrero y el 31 de mayo de 2021, desde un expediente de regulación temporal de empleo 
de fuerza mayor basado en las causas del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, a uno de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
c)  Empresas a las que se refieren las letra b) y c) del apartado 3 de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, que sean titulares de 
un expediente de regulación temporal de empleo basado en el artículo 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, que hubieran tenido derecho a las exenciones reguladas en la citada 
disposición adicional primera, y cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– previstos en el anexo de la 
presente norma en el momento de su entrada en vigor.
d)  Empresas a las que se prorrogue automáticamente el expediente de regulación 
temporal de empleo vigente, basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, según lo establecido en el artículo 1, cuyo negocio dependa, indirectamente y 
en su mayoría, de las empresas a las que se refieren las letras anteriores, o que formen 
parte de la cadena de valor de estas.
A tal efecto son integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de 
las empresas a que se refieren las letras anteriores, aquellas a las que se haya reconocido  es
tal consideración, conforme a lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional  o
primera del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre. w
allaad  cidcaAiisodspneiomansla iislc amdisóe one  v mqaaupldoerirecd,i saoharnaásay nqla  uenpex rti,orm ahnenaersbraaiite addndaedoslo  , eR esneind a loallo  scsD a cetloéicfnrircmedatiidconia-oolssen  ycee oss3m t0eao/sb2 tlda0eeb2cpli0ede,co nidsdde aiee sn2n  9teee nlsd  a eeop s asitnaertt epadgtdiisreoapm n3obt.sedrisce)  i,dód oene     OE-A-2021-1130able en https://w
transiten en el período comprendido entre el 1 de febrero y 31 de mayo de 2021, desde un
expediente de regulación temporal de empleo por causas de fuerza mayor basado en el 
artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a uno por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, o en el artículo 3 de este real decreto-ley.
3.  Las empresas indicadas en el apartado anterior quedarán exoneradas, respecto 
de las personas trabajadoras afectadas por el expediente de regulación temporal de 
empleo que reinicien su actividad a partir del 1 de febrero de 2021, o que la hubieran 
reiniciado desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de 
medidas sociales en defensa del empleo, en los términos de su artículo 4.2.a), y de los 
periodos y porcentajes de jornada trabajados a partir del 1 de febrero de 2021, y respecto 
de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas entre el 1 de febrero 
de 2021 y el 31 de mayo 2021 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la 
suspensión, en los porcentajes y condiciones que se indican a continuación:
a)  El 85 % de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y mayo 
de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o 
asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero 
de 2020.
b)  El 75 % de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y mayo 
de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras o 
asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.
4.  Las exenciones reguladas en esta disposición adicional serán incompatibles con 
las medidas reguladas en los artículos 1 y 2. Asimismo, les resultará de aplicación el 
artículo 2.3, 4, 5 y 6 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.
5.  Las exenciones previstas se aplicarán, respecto de las personas trabajadoras que 
tengan sus actividades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados 
por la suspensión, al abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como del relativo a las cuotas 
por conceptos de recaudación conjunta.
6.  A efectos de lo establecido en este artículo, se considerará que el código de la 
CNAE-09 en que se clasifica la actividad de la empresa es el que resulte de aplicación 
para la determinación de los tipos de cotización para la cobertura de las contingencias de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales respecto de las liquidaciones de 
cuotas presentadas en septiembre de 2020, según lo establecido en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2007.
Disposición adicional segunda.  Comisión de Seguimiento tripartita laboral.
1.  La Comisión de Seguimiento tripartita laboral, estará integrada por el Ministerio de 
Trabajo y Economía social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y por 
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación 
Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Comisiones Obreras (CCOO) y 
la Unión General de Trabajadores (UGT), y tendrá como funciones, desde la entrada en 
vigor de este real decreto-ley, la valoración de las medidas recogidas en este y de la 
evolución de la actividad económica y el empleo, así como el análisis de las eventuales 
medidas futuras para la protección del empleo y del tejido productivo.
2.  Para el desarrollo de dichas funciones, la Comisión se reunirá, con carácter  es
ordinario, cada 15 días desde la entrada en vigor de la presente norma, previa convocatoria  o
remitida al efecto por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y, con carácter  w
emxistrmaoar.dinario, siempre que lo soliciten tres de las cuatro organizaciones integrantes de la  2021-1130n https://w
Disposición adicional tercera.  Prórroga de la vigencia del artículo 6 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19.
El artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en el que se regula el Plan 
MECUIDA, permanecerá vigente hasta el 31 de mayo de 2021.
Disposición adicional cuarta.  Prórroga de la disposición adicional primera del Real 
Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre.
Se prorroga, hasta el 31 de mayo de 2021, la medida regulada en la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban 
medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector 
cultural, por la que se suspende de forma temporal el requisito de acreditación de la 
búsqueda activa de empleo en el acceso a la renta activa de inserción y al subsidio 
extraordinario por desempleo.
Disposición adicional quinta.  Bases mínimas de cotización durante el año 2021.
Hasta tanto se apruebe el real decreto por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para el año 2021 y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, las bases mínimas de cotización a la Seguridad 
Social aplicables durante el año 2021 serán las vigentes el 31 de diciembre de 2019.
Disposición adicional sexta.  Comisión de seguimiento de las medidas de apoyo para la 
recuperación de la actividad de los trabajadores autónomos en el ámbito de la 
Seguridad Social.
Se encomienda a la comisión de seguimiento de las medidas de apoyo para la 
recuperación de la actividad de los trabajadores autónomos en el ámbito de la Seguridad 
Social creada al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Real Decreto-
ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección 
del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, el seguimiento y evaluación 
de las medidas establecidas en los artículos 5, 6, 7 y 8 así como en la disposición 
transitoria segunda de esta norma.
Disposición transitoria primera.  Aplicación de las previsiones del artículo 25.6 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19 desde el 1 de enero de 2021.
Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en el 
artículo 25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables 
transitoriamente entre el 1 de enero de 2021 y la entrada en vigor de la presente norma.
Disposición transitoria segunda.  Prórroga de la prestación extraordinaria de cese de 
actividad para los trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de 
toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como 
medida de contención de la propagación del virus COVID-19 contemplada en el 
apartado 1 del artículo 13 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de  e
medidas sociales en defensa del empleo. b
pparouertos Lutranoidcasai  ódstnru ac seobpxmaetjrnpaasedoitoóredrnnei nttseea ,mr aciaupo todmórenao ocl  medmseeoe dts oidd dqeaau  a delcae t  aiacv coi3dtnia1vted iddn paecad iór,e ancn  oledomreso  olt ar dac peobr nao2sjpa0ead2cgo1uar eecvnsiiócn aniiaeu  drtdóaeennl  ov repimrseuoorsscl uC iabcOfiióeeVncnIt dDadode- 1o ll9aas     OE-A-2021-1130able en https://w
contemplada en el apartado 1 del artículo 13 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de
septiembre, podrán continuar percibiéndola con los mismos requisitos y condiciones, 
durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida y hasta el último día del mes 
siguiente al que se levante dicha medida o hasta el 31 de mayo de 2021 si esta última 
fecha es anterior.
Disposición transitoria tercera.  Verificación de datos de identidad por la Administración 
de la Seguridad Social y en la gestión de los procedimientos de protección por 
desempleo.
En tanto no se dicten las resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social y Pensiones y de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal 
previstas en el artículo 129.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
en la redacción dada por este real decreto-ley, la Administración de la Seguridad Social y 
el Servicio Público de Empleo Estatal podrá llevar a cabo la verificación de la identidad de 
los interesados en los procedimientos por ella gestionados mediante el contraste de los 
datos o información que sobre aquellos obre en su poder y que pueda realizarse a través 
de medios no presenciales.
Disposición transitoria cuarta.  Suspensión de la aplicación del tipo de cotización 
aplicables por contingencias profesionales y por cese de actividad de los trabajadores 
autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
A partir del 1 de febrero de 2021 y mientras no se lleve a cabo la subida del salario 
mínimo interprofesional para el año 2021 no será de aplicación lo previstos en la 
disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la 
revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, 
laboral y de empleo, por lo que los tipos de cotización aplicables por contingencias 
profesionales y por cese de actividad de los trabajadores autónomos incluidos en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar 
serán los vigentes a 31 de diciembre de 2020.
Disposición transitoria quinta.  Solicitudes de prestaciones y subsidios formuladas o 
resueltas favorablemente al amparo de los artículos 2, 3 y 4 del Real Decreto-ley 
32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales complementarias 
para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural.
1.  Las solicitudes de prestaciones y subsidios formuladas al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 2, 3 y 4 del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se 
aprueban medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo 
al sector cultural, que se encuentren pendientes de resolución a la entrada en vigor de este 
real decreto-ley, se resolverán de acuerdo con lo establecido en este.
2.  En el caso de que las solicitudes ya hubieran sido resueltas favorablemente a la 
entrada en vigor de este real decreto-ley, sin que se hubiera agotado la prestación o el 
subsidio, se reconocerá de oficio la ampliación de su duración con arreglo a lo previsto en 
el mismo.
3.  Los beneficiarios que hubieran agotado las prestaciones o subsidio reconocidos al  es
amparo de los artículos 2, 3 y 4 del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, a la  o
fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, podrán presentar nueva solicitud, para  ww.
el reconocimiento de su derecho por el periodo previsto en el mismo. 2021-1130n https://w
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto-ley y, expresamente:
1.  La disposición adicional decimosexta del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19.
2.  Lo dispuesto en el artículo 13 y en el artículo 14 y disposición adicional cuarta del 
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19.
Se modifica el apartado 2 del artículo 25 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, que queda redactado como sigue:
«2.  Podrán acogerse a las medidas reguladas en el apartado anterior, además 
de las personas trabajadoras incluidas en el artículo 264 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aquellas que tengan la condición de socias 
trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que 
tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.
En todos los casos se requerirá que el inicio de la relación laboral o societaria 
hubiera sido anterior a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, y, para 
la medida descrita en el apartado 1.a), a la fecha de efectos del expediente de 
regulación temporal de empleo».
Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
Se modifica, el apartado 2 del artículo 9 Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, 
de medidas sociales en defensa del empleo, que queda redactado como sigue:
«2.  Igualmente la prestación extraordinaria se reconocerá a las personas 
trabajadoras con contrato fijo discontinuo y a aquellas que realizan trabajos fijos y 
periódicos que se repiten en fechas ciertas que, por haberse encontrado en alguno 
de los supuestos previstos en las letras b) a d) del artículo 25.6 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, hayan sido beneficiarias de cualquiera de estas medidas, 
siempre que, una vez agotadas, continúen desempleadas y sin derecho a percibir 
prestaciones por desempleo de nivel contributivo ni asistencial, o las agoten antes 
del día 31 de enero de 2021.
No obstante, se admitirá el acceso a esta prestación extraordinaria si el 
interesado opta por renunciar a la prestación de nivel contributivo o asistencial a que 
tenga derecho».
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación 
de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el  e.
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, queda modificada de la siguiente manera: w.b
Uno.  «E1l.  apSaert apdroom 1o dveelr áa rltaíc cuolola 8b9o rqauceiódna,  erel ddaiáclotagdoo y c eolm coo nssigeunes:o de todas las partes  2021-1130n https://w
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la inserción en el mundo laboral de los jóvenes a que se refiere el artículo 88 e).
Esta colaboración conlleva la participación y compromiso activo de los 
interesados en el desarrollo de las medidas y acciones que se lleven a cabo bajo el 
amparo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil».
Dos.  La letra a) del artículo 97 queda redactado en los siguientes términos:
«a)  Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión Europea o de 
los Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza que se 
encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia.
También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para 
residir en territorio español que habilite para trabajar, así como los menores no 
acompañados que aporten una Acreditación de los Servicios de Protección de 
Menores de la Comunidad Autónoma que justifique individualmente el acceso, 
mediante la inscripción, a actividades o programas de educación o formación que 
redunden en su beneficio».
Tres.  Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 1 del artículo 105:
«Los requisitos previstos en las letras a), b) y c) del presente apartado no son 
de aplicación en el caso de medidas que contribuyan al mantenimiento del empleo 
de personas jóvenes que eran beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil cuando accedieron a su empleo o actuación previa y se hayan visto 
afectadas por Expedientes de Regulación de Empleo Temporales. Esta disposición 
tendrá efectos desde la fecha en que dichos Expedientes de Regulación Temporal 
de Empleo Temporales hubieran sido reconocidos».
Cuatro.  El artículo 106 queda redactado como sigue:
«Los objetivos establecidos en el artículo 90 requieren el desarrollo de las 
siguientes medidas y acciones a favor de los sujetos a los que se refiere el 
artículo 88 e):
a)  En cumplimiento del objetivo de intermediación, se desarrollarán aquellas 
actuaciones o medidas que contribuyan a la mejora de la activación temprana y del 
perfeccionamiento de los procesos de intermediación y movilidad laboral, que 
podrán consistir en actuaciones de orientación profesional, información laboral y 
acompañamiento en la búsqueda de empleo, actuaciones con agencias de 
colocación, programas de movilidad y programas de intermediación educación-
empleo, o cualesquiera otras de carácter similar.
b)  En cumplimiento del objetivo de empleabilidad, se desarrollarán aquellas 
actuaciones o medidas que contribuyan a la mejora de las aptitudes y competencias 
profesionales que podrán consistir en actuaciones o medidas como la formación con 
compromiso de contratación, formación especialmente en idiomas y en tecnologías 
de la información y la comunicación, prácticas no laborales en empresas, impulso 
de la formación profesional dual, formación para la obtención de certificados de 
profesionalidad, evaluación y acreditación de las competencias profesionales, 
desarrollo de Escuelas Taller y Casas de Oficios y programas mixtos de empleo-
formación. Además, se podrán desarrollar programas de segunda oportunidad, 
dirigidos a aquellos jóvenes que abandonaron de forma prematura los estudios, o 
cualesquiera otras de carácter similar. es
c)  En cumplimiento del objetivo de apoyo a la contratación, se desarrollarán  o
aquellas actuaciones o medidas que incentiven la inserción laboral de los sujetos  ww.
mipnrcaeeyvnoistritevosos s d eeenn  1 llaa6   cnaooñtroizmsa acati ióvlonas  a v qliagu eeSn estege,u  rraeidyfiaueddre aS seo lca iala rlet,í mfcoupmlloee on8 t8po a edr)ea  q llouase  c cpooonndttrrraaáttnao csci oófonnrs mcisoatntiriv  ueonns    2021-1130n https://w
período mínimo de permanencia, fomento de la Economía Social, formación y
fomento del empleo para el colectivo de jóvenes investigadores, medidas que
contribuyan al mantenimiento del empleo de personas jóvenes que eran beneficiarias 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil cuando accedieron a su empleo o 
actuación previa y se han visto afectados por Expedientes de Regulación Temporal 
de Empleo así como cualesquiera otras de carácter similar.
d)  En cumplimiento del objetivo de apoyo al emprendimiento, se desarrollarán 
aquellas actuaciones o medidas que apoyen el espíritu emprendedor, fomentando la 
responsabilidad, innovación y emprendimiento, poniendo a su disposición más 
servicios de apoyo a la creación de empresas, en especial, con una cooperación más 
estrecha entre los servicios de empleo, las entidades de apoyo a las empresas y los 
proveedores de financiación. Se podrán desarrollar actuaciones o medidas consistentes 
en incentivos en la cotización a la Seguridad Social, ayudas al autoempleo, 
capitalización de la prestación por desempleo, fomento de la cultura emprendedora, 
medidas para favorecer el autoempleo y el emprendimiento colectivo en el marco de la 
Economía Social, asesoramiento al autoempleo y creación de empresas y formación 
para el emprendimiento o cualesquiera otras de carácter similar.
De forma transversal, se tendrá en cuenta el acceso a los programas formativos 
y al empleo de jóvenes con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, ya sea a 
través del empleo ordinario o del empleo protegido. En todo caso, se incorporará la 
perspectiva de género en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 
las actuaciones.
Las medidas que se adopten serán realizadas por los sujetos incluidos en las 
letras a), b), c) y d) del artículo 88, en el ámbito de sus competencias».
Disposición final cuarta.  Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 
de agosto.
Se da nueva redacción al párrafo a) del artículo 53.1, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«a) Los hechos constatados por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social o 
Subinspector de Empleo y Seguridad Social actuante, que motivaron el acta, 
destacando los relevantes a efectos de la determinación y tipificación de la infracción 
y de la graduación de la sanción.
En el caso de actas extendidas en el marco de actuaciones administrativas 
automatizadas, los hechos constitutivos de la infracción cometida».
Disposición final quinta.  Modificación del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y vigencia indefinida se 
modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de la siguiente forma:
Uno.  Se da nueva redacción al artículo 40 con el siguiente contenido:
«Artículo 40.  Deber de información por parte de las personas y entidades sin 
personalidad, entidades financieras, funcionarios públicos, profesionales 
oficiales y autoridades.
1.  Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades  bo
sin personalidad, estarán obligadas a proporcionar a la Tesorería General de la  w
Sdlliaqae utgAoidudsar,mi cdiniiaónfdonis r,Sm tcroaoecncsiait,ór lao nynl   dtadeelec  Ile nalds acte iotnSuttitzeeoasg Sc uyioór jicnudi saaytld i dfd iceeSa  rolneactc eMiaasula ,cd roiaenncsa ipi,ón ecncuc iddaiaeenl nmdlocosei a anr esetecín u l olera snrsoe  sqce oudl mieeá rplmaaen btSe,i etanogqc uiudareeisdl  ldaolades     OE-A-2021-1130able en https://w
Social y demás conceptos de recaudación conjunta.
Especialmente, las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en 
cuenta, valores u otros bienes de deudores a la Seguridad Social en situación de 
apremio, estarán obligadas a informar a la Tesorería General de la Seguridad Social 
y a cumplir los requerimientos que le sean hechos por la misma en el ejercicio de 
sus funciones legales.
2.  Las obligaciones a que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse 
bien con carácter general o bien a requerimiento individualizado de los órganos 
competentes de la Administración de la Seguridad Social, en la forma y plazos que 
reglamentariamente se determinen.
3.  El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los números 
anteriores de este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario.
Los requerimientos relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos 
de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas 
o pasivas de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas 
personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, se efectuarán 
previa autorización del titular de la Dirección General de la Tesorería General de la 
Seguridad Social o, en su caso, y en las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan, el titular de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social competente, y deberán precisar las operaciones objeto de 
investigación, los sujetos pasivos afectados y el alcance de la misma en cuanto al 
período de tiempo a que se refieren.
4.  Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, están 
obligados a colaborar con la Administración de la Seguridad Social suministrando 
toda clase de información de que dispongan, siempre que sea necesaria para el 
cumplimiento de las funciones de la Administración de la Seguridad Social, 
especialmente respecto de la liquidación, control de la cotización y la recaudación 
de recursos de la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta, 
salvo que sea aplicable:
a)  El secreto del contenido de la correspondencia.
b)  El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administración 
pública para una finalidad exclusivamente estadística.
c)  El secreto del protocolo notarial, que abarcará los instrumentos públicos a 
que se refieren los artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, 
y los relativos a cuestiones matrimoniales, con excepción de los referentes al 
régimen económico de la sociedad conyugal.
5.  La obligación de los profesionales de facilitar información de transcendencia 
recaudatoria a la Administración de la Seguridad Social no alcanzará a los datos 
privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad, 
cuya revelación atente al honor o a la intimidad personal o familiar de las personas. 
Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que 
tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios profesionales 
de asesoramiento o defensa.
Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efectos de impedir 
la comprobación de su propia cotización a la Seguridad Social.
A efectos del artículo octavo, apartado uno, de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 
mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 
la propia imagen, se considerará autoridad competente al titular del Ministerio de  e.e
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a los titulares de los órganos y centros  w.b
dOlair rDgeacirnteivicsocmsióo nd E eG sletaan teSarle aIcnl ryse ptaae rlcoícasi ó dtniteu d lEaers eTtasra ddboea  djloae sy  l daSi reSegceucgriuoidrnaidedas  dSp orSocoviaicnli acailsa íyl e cPso emdneos  liaao ln Tteeitssu olayrr e drdíeeal    2021-1130n https://ww
Gen6e.r alL dae c leas Sióeng udreid aaqdu Selolocsia dl.atos de carácter personal que se deba efectuar a la
Administración de la Seguridad Social conforme a lo dispuesto en este artículo o, en
general, en cumplimiento del deber de colaborar con la Administración de la 
Seguridad Social para el desempeño de cualquiera de sus funciones, especialmente 
respecto de la efectiva liquidación, control de la cotización, recaudación de los 
recursos de la Seguridad Social y de los conceptos de recaudación conjunta con las 
cuotas de la Seguridad Social, no requerirá el consentimiento del afectado.
A los efectos señalados en el párrafo anterior, así como respecto de la cesión de 
datos de carácter no personal, las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, 
los titulares de los órganos del Estado, de las comunidades autónomas y de las 
entidades locales; los organismos autónomos, las agencias y las entidades públicas 
empresariales; las autoridades laborales; las cámaras y corporaciones, colegios y 
asociaciones profesionales; las mutualidades de previsión social; las demás 
entidades públicas y quienes, en general, ejerzan o colaboren en el ejercicio de 
funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración de la 
Seguridad Social cuantos datos, informes y antecedentes precise esta para el 
adecuado ejercicio de cualquiera de las funciones de la Administración de la 
Seguridad Social, especialmente respecto de sus funciones liquidatorias, de control 
de la cotización y recaudatorias, mediante disposiciones de carácter general o a 
través de requerimientos concretos y a prestarle, a ella y a su personal, apoyo, 
concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus competencias.
La  cesión  de  datos  a  que  se  refiere  este  artículo  se  instrumentará 
preferentemente por medios informáticos. A tal efecto la Administración de la 
Seguridad Social podrá recabar a través de sus redes corporativas o mediante 
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas habilitados 
al efecto, los datos o la información necesaria para la tramitación de los 
procedimientos que resulten de su competencia.
7.  Los datos, informes y antecedentes suministrados conforme a lo dispuesto 
en este artículo únicamente serán tratados en el marco de las funciones de la 
Administración de la Seguridad Social, especialmente en el ámbito de control de la 
cotización y de recaudación de los recursos del sistema de Seguridad Social, así 
como de sus funciones estadísticas, sin necesidad del consentimiento de los 
afectados y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77 de esta ley».
Dos.  Se da nueva redacción al título y a los apartados 1 y 3 del artículo 71, que 
quedan redactados como sigue:
«Artículo 71.  Suministro de información a la Administración de la Seguridad Social.
1.  Se establecen los siguientes supuestos de suministro de información a la 
Administración de la Seguridad Social:
a)  Por los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda 
o, en su caso, de las comunidades autónomas o de las diputaciones forales, se 
facilitarán, dentro de cada ejercicio anual, conforme al artículo 95 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria y normativa foral equivalente, a las entidades 
gestoras de la Seguridad Social responsables de la gestión de las prestaciones 
económicas y, a petición de las mismas, los datos relativos a los niveles de renta, 
patrimonio y demás ingresos o situaciones de los titulares de prestaciones en cuanto 
determinen el derecho a las mismas, así como de los beneficiarios, cónyuges y 
otros miembros de las unidades familiares, siempre que deban tenerse en cuenta  s
para el reconocimiento, mantenimiento o cuantía de dichas prestaciones a fin de  oe.
verificar si aquellos cumplen en todo momento las condiciones necesarias para la  w.
pgeesrctAieospnicmeinóis nam yduoed, l aafssa  copi rlsietuasbtravácenino canie olsna eyss  e epnnú ltbaidl iccauadase,n slta ía gi nelefsogtraomlrmaascei nódtnee  s eoSsbteargebu leerlci dcidauadm. pSliomciieanl toq udee   2021-1130n https://w
las obligaciones tributarias, así como los datos relativos a las inhabilitaciones para
obtener este tipo de ayudas o subvenciones y a la concesión de las mismas que 
deban tenerse en cuenta para el reconocimiento del derecho o el importe de las 
ayudas o subvenciones a conceder.
b)  El organismo que designe el Ministerio de Justicia facilitará a las entidades 
gestoras de la Seguridad Social la información que estas soliciten acerca de las 
inscripciones y datos que guarden relación con el nacimiento, modificación, 
conservación o extinción del derecho a las prestaciones económicas de la Seguridad 
Social.
Además, el encargado del Registro Central de Penados y el del Registro de 
Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes comunicará al menos 
semanalmente a las entidades gestoras de la Seguridad Social los datos relativos a 
penas, medidas de seguridad y medidas cautelares impuestas por existir indicios 
racionales de criminalidad por la comisión de un delito doloso de homicidio en 
cualquiera de sus formas, cuando la víctima fuera ascendiente, descendiente, 
hermano, cónyuge o ex cónyuge del investigado, o estuviera o hubiese estado ligada 
a él por una relación de afectividad análoga a la conyugal. Estas comunicaciones se 
realizarán a los efectos de lo previsto en los artículos 231, 232, 233 y 234 de la 
presente ley; en los artículos 37 bis y 37 ter del texto refundido de la Ley de Clases 
Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de 
abril, y en los artículos 4, 5, 6, 7 y 10 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, 
por el que se establece el ingreso mínimo vital.
c)  Los empresarios facilitarán a las entidades gestoras de la Seguridad Social 
los datos que estas les soliciten, por vía telemática siempre que esté habilitado un 
canal para su remisión informática, con el fin de poder efectuar las comunicaciones 
a través de sistemas electrónicos que garanticen un procedimiento de comunicación 
ágil en el reconocimiento y control de las prestaciones de la Seguridad Social 
relativas a sus trabajadores.
Los datos que se faciliten en relación con los trabajadores deberán identificar, 
en todo caso, nombre y apellidos, documento nacional de identidad o número de 
identificación de extranjero y domicilio.
d)  Por el Instituto Nacional de Estadística se facilitarán a las entidades 
gestoras de la Seguridad Social responsables de la gestión de las prestaciones 
económicas, así como de la formación marítima y sanitaria de los trabajadores del 
mar, los datos de domicilio relativos al Padrón municipal referidos al periodo que se 
requiera, comprendiendo, en su caso, los del padrón histórico y/o colectivo del 
domicilio, así como dónde residen o han residido los ciudadanos, cuando dichos 
datos puedan guardar relación con el nacimiento, modificación, conservación o 
extinción del derecho a dichas prestaciones en cualquier procedimiento, así como 
con la actualización de la información obrante en las bases de datos del sistema de 
Seguridad Social.
e)  El Ministerio del Interior facilitará a las entidades gestoras de la Seguridad 
Social por medios informáticos las fechas de concesión, prórroga o modificación de 
las situaciones de las personas extranjeras en España, de renovación, recuperación 
o, en su caso, extinción de las autorizaciones de residencia, y sus efectos, así como 
los movimientos fronterizos de las personas que tengan derecho a una prestación 
para cuya percepción sea necesario el cumplimiento del requisito de residencia 
efectiva en España.
Asimismo, facilitará a las entidades gestoras de la Seguridad Social por medios  es
informáticos los datos incorporados en el Documento Nacional de Identidad o, en el  o
caso de extranjeros, documentación de identidad equivalente de las personas,  ww.
ceteunltyeidofm)as ád tdeiLcsaaa tgsome ses mtntoeturenat gusaa.a nsla  stcr aoeslnactebidnoadrdaeednsoc irgaae sse tnoc ropanrso  crleeasd pimSoeniegsnautbroilsde sas ded geSu lioadc oigsae l satnfiaótenc  ildditieac hrláaanss    OE-A-2021-1130able en https://w
prestaciones económicas de la Seguridad Social los datos que puedan afectar al
nacimiento, modificación, conservación o extinción del derecho a las prestaciones y 
los importes de las mismas que sean reconocidas por aquellas. Asimismo, facilitaran 
a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social los datos que puedan 
afectar a la prestación por cese de actividad cuando así sea requerido para ello.
g)  El Instituto de Mayores y Servicios Sociales y los organismos competentes 
de las comunidades autónomas facilitarán a las entidades gestoras de la Seguridad 
Social los datos de grado y nivel de dependencia y los datos incluidos en los 
certificados de discapacidad que puedan guardar relación con el nacimiento, 
modificación, conservación o extinción del derecho a las prestaciones en cualquier 
procedimiento, así como con la actualización de la información obrante en las bases 
de datos del sistema de Seguridad Social y en el sistema de información Tarjeta 
Social Digital.
Con la misma finalidad, facilitarán los datos de los beneficiarios, importes y 
fecha de efectos de concesión, modificación o extinción, de las prestaciones 
económicas previstas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales suministrará al Instituto Nacional de la Seguridad Social la 
información relativa a las mencionadas prestaciones económicas que figure en el 
sistema de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
previsto en el artículo 37 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
h)  Las comunidades autónomas facilitarán a las entidades gestoras de la 
Seguridad Social por medios informáticos los datos relativos a las fechas de 
reconocimiento y vencimiento de los títulos de familias numerosas, así como los 
datos relativos a los miembros de la unidad familiar incluidos en los mismos, que 
puedan guardar relación con el nacimiento, modificación, conservación o extinción 
del derecho a las prestaciones en cualquier procedimiento, así como con la 
actualización de la información obrante en las bases de datos del sistema.
Asimismo, facilitarán a las entidades gestoras de Seguridad Social que 
gestionen ayudas o subvenciones públicas, los datos sobre el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que deban tenerse en cuenta para el reconocimiento del 
derecho o el importe de las ayudas o subvenciones a conceder.
Por otra parte, facilitarán a la entidad gestora del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar los datos sobre el permiso de 
explotación marisquera, que puedan guardar relación con la incorporación de los 
trabajadores dedicados al marisqueo en el citado Régimen Especial.
i)  La Dirección General de la Marina Mercante facilitará a la entidad gestora 
del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar los datos 
sobre las titulaciones correspondientes a los trabajadores embarcados que puedan 
guardar relación con el acceso a la formación marítima prestada por dicha entidad.
j)  Las mutualidades de previsión social alternativas al Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y los colegios 
profesionales, facilitarán a la Administración de la Seguridad Social, cuando así se 
le solicite, los datos de los profesionales colegiados que puedan afectar a las 
prestaciones, así como a la afiliación, alta, baja y variación de datos y cotización».
«3.  En los procedimientos de declaración y revisión de la incapacidad 
permanente, a efectos de las correspondientes prestaciones económicas de la  s
Seguridad Social, así como en lo que respecta al reconocimiento y control de las  e.
prestaciones por incapacidad temporal, orfandad o asignaciones familiares por hijo  w.
aSS oeccgaiuragrli ody,a  lldaa ssS  ienomsctipiaturle clsiooasns e icsn ofsolaarbmnoitearsar,ida oslar,a  lsah sirs etmomuriittauir aácsnl í ncaoi cllaaab soy er anddteiodmraaádsse  csdo agnte olsast o Smreagésud driciedo aslda,    2021-1130n https://w
rreellaecviaonntaedso psa crao nla l aress loelsuiocinóens d ye ld porleoncecidaism pieandteoc.idas por el interesado que resulten  BOE-A-cable e
Los inspectores médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
en el ejercicio de sus funciones, cuando sea necesario para el reconocimiento y 
control del percibo de las prestaciones de los trabajadores pertenecientes al sistema 
de la Seguridad Social, y para la determinación de contingencia, así como los 
médicos de sanidad marítima adscritos al Instituto Social de la Marina, para llevar a 
cabo los reconocimientos médicos de embarque marítimo, informando de estas 
actuaciones, y en los términos y condiciones que se acuerden entre el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y los Servicios de Salud de las Comunidades 
Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, tendrán acceso electrónico 
y en papel a la historia clínica de dichos trabajadores, existente en los servicios 
públicos de salud, en las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en las 
empresas colaboradoras y en los centros sanitarios privados.
Las entidades gestoras de la Seguridad Social, en el ejercicio de sus 
competencias de reconocimiento y control de las prestaciones, recibirán los partes 
médicos de incapacidad temporal expedidos por los servicios públicos de salud, las 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y las empresas colaboradoras, a 
efectos del tratamiento de los datos contenidos en los mismos. Asimismo, las 
entidades gestoras y las entidades colaboradoras con la Seguridad Social podrán 
facilitarse, recíprocamente, los datos relativos a las beneficiarias que resulten 
necesarios para el reconocimiento y control de las prestaciones por riesgo durante 
el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
La inspección médica de los servicios públicos de salud tendrá acceso 
electrónico a los datos médicos necesarios para el ejercicio de sus competencias, 
que obren en poder de las entidades gestoras de la Seguridad Social.
En los supuestos previstos en este apartado no será necesario recabar el 
consentimiento del interesado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.1. e) 
y 9.2 h), del Reglamento (UE 2016/679) del Parlamento y el Consejo, de 27 de abril, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)».
Tres.  Se da nueva redacción al primer párrafo y a las letras c) y d), y se añaden las 
letras i), j), k), l), m) y n) al apartado 1 del artículo 77, que quedan redactadas como sigue:
«Artículo 77.  Reserva de datos.
1.  Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la 
Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones tienen carácter reservado y solo 
podrán utilizarse para los fines encomendados a las distintas entidades gestoras, 
servicios comunes y órganos que integran la Administración de la Seguridad Social, 
sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión o 
comunicación tenga por objeto:»
«c) La colaboración con la Intervención General de la Seguridad Social, en el 
ejercicio de su control interno o con las demás entidades gestoras y servicios 
comunes de la Seguridad Social, distintas del cedente y demás órganos de la 
Administración de la Seguridad Social.
d)  La colaboración con cualesquiera otras administraciones públicas para la 
lucha contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a  s
cargo de fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, para la obtención o  oe.
percepción de prestaciones incompatibles en los distintos regímenes del sistema de  w.
llAaed gSmaeli ngoiu srrtierdagacldaió mSne odncetiaa llra iya S,m eeengn ugtreeid naae drla aSsl,o  pmcaiaisrlam r eeasls ue pljteearnrca icr eliaoles dv eqa unlaetes sl of»us.n dcaiotnoes so ebntecnoimdoesn dpaodr alas   2021-1130n https://w
«i)  La colaboración con el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones de inspección. El Organismo  Bc
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá acceso directo a los datos,
informes y antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social en 
el ejercicio de sus funciones, que resulten necesarios para la preparación y ejercicio 
de sus funciones de inspección.
j)  La colaboración con el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico para 
que este inicie, en su caso, el procedimiento de declaración de pérdida de vigencia 
del permiso o la licencia de conducción de vehículo a motor por incumplimiento de 
los requisitos para su otorgamiento en aquellos supuestos en que el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social declare en situación de incapacidad permanente a 
un trabajador profesional de la conducción como consecuencia de presentar una 
limitación orgánica y/o funcional que disminuya o anule su capacidad de conducción 
de vehículos a motor.
La colaboración se realizará mediante un aviso, en el que no se harán constar 
otros datos relativos a la salud del trabajador afectado.
k)  La finalidad de facilitar la información que sea estrictamente necesaria para el 
reconocimiento y control de las prestaciones de carácter social competencia de las 
Comunidades Autónomas y entidades locales, a través de la adhesión a los 
procedimientos informáticos y con los requisitos de tratamiento de la información 
establecidos por la correspondiente entidad gestora. La información facilitada no podrá 
ser utilizada con ninguna otra finalidad si no es con el consentimiento del interesado.
l)  La colaboración con cualesquiera otras administraciones públicas para el 
suministro e intercambio de datos en materia de Seguridad Social para fines de 
estadística pública en los términos de la legislación reguladora de dicha función 
pública.
m)  Fines de investigación científica en el ámbito de la protección social, en el 
marco establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (Reglamento general de protección de datos), incluidas las posibles 
comunicaciones instrumentales que, a efectos de la realización de la investigación, 
resulte preciso efectuar a sujetos distintos de aquellos que lleven a cabo 
directamente dicha investigación. Se entenderán comprendidas en esta finalidad las 
actividades de evaluación de las políticas públicas en materia de protección social.
Los tratamientos que se efectúen en relación con esta finalidad se limitarán a los 
datos estrictamente imprescindibles para la realización de la actividad de que se 
trate, utilizándose los procedimientos adecuados que no permitan la identificación 
de los interesados. Ello no impedirá la comunicación de datos sin anonimizar a 
efectos meramente instrumentales cuando ello resulte imprescindible para realizar 
la actividad, se limite a los datos estrictamente necesarios, se garantice que el 
encargado del tratamiento no podrá utilizarlos con otra finalidad y el tratamiento 
ulterior garantice la no identificación de los interesados.
El tratamiento de los datos a los que se refieren los artículos 9 y 10 del 
Reglamento (UE) 2016/679 únicamente se efectuará cuando exista consentimiento 
expreso de los afectados».
n)  La colaboración con la Dirección General de la Marina Mercante para el 
control de la situación de alta en la Seguridad Social y respecto al reconocimiento 
médico de embarque marítimo de los tripulantes y de los botiquines de las 
embarcaciones en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas en relación 
con el despacho de buques. es
Los datos, informes o antecedentes a los que se refiere este apartado se  o
cederán o comunicarán a través de medios electrónicos, salvo que, a criterio de la  ww.
Aaulon dsót mrepgciraneonidcsoeet rndqatiumecesiió e cnnneo tdo dpaseu  o eyl  dacdao anSmt oeuusgtni luiaiqzr uaitdreraas veedés  tstaSo ldoese scd  imaalotleos,  dspc,io uoinsar .fl oelLarsam   sneeeans tt diuoder aaabdnlee t gezreecasae tlddoizeeraan r,tl  eosdsseic, r hveiniascf tioacoreb mcsleoieócmsneú  roáon     OE-A-2021-1130able en https://w
comunicación».
Cuatro.  Se modifica el título y el apartado 1 del artículo 129, y se incorporan los 
apartados 4, 5 y 6, quedando redactado como sigue:
«Artículo 129.  Normas de procedimiento, autenticación y firma.
1.  La tramitación de las prestaciones y demás actos en materia de Seguridad 
Social, incluida la protección por desempleo, que no tengan carácter recaudatorio o 
sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con las 
especialidades en ella previstas para tales actos en cuanto a impugnación y revisión, 
así como con las establecidas en este capítulo o en otras disposiciones que resulten 
de aplicación».
«4. La Administración de la Seguridad Social facilitará a los interesados el 
ejercicio de sus derechos, la presentación de documentos o la realización de 
cualquier servicio o trámite a través de los medios electrónicos disponibles en la 
Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones o 
a través de otros medios que garanticen la verificación de la identidad del interesado 
y la expresión de su voluntad y consentimiento, en los términos y condiciones que 
se establezcan mediante resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social y Pensiones.
Asimismo, en la tramitación de los procedimientos de protección por desempleo, 
el Servicio Público Estatal facilitará a los interesados el ejercicio de sus derechos, la 
presentación de documentos o la realización de cualquier servicio o trámite a través 
de los medios electrónicos disponibles en la Sede Electrónica del Servicio Público 
de Empleo Estatal o a través de otros medios que garanticen la verificación de la 
identidad del interesado y la expresión de su voluntad y consentimiento, en los 
términos y condiciones que se establezcan mediante resolución de la Dirección 
General del Servicio Público de Empleo Estatal.
A tal efecto, en dichas resoluciones se establecerán métodos seguros de 
identificación de la persona física a través del canal telefónico o de voz, la 
videollamada o videoidentificación o el contraste de datos, u otros que así se 
establezcan, todos ellos equivalentes a la fiabilidad de la presencia física. Esos 
métodos garantizarán, además, la gestión de la evidencia de la identificación 
realizada.
5.  En la tramitación de procedimientos de la Administración de la Seguridad 
Social y del Servicio Público de Empleo Estatal se considerará válida, a los efectos 
del artículo 10.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la firma insertada en los 
documentos a que se refiere el artículo 11.2 de dicha ley, o en documento adjunto a 
los mismos, siempre que se acompañe copia del Documento Nacional de Identidad 
o documento identificativo equivalente y se efectúe la correspondiente comprobación 
favorable a través del Servicio de Verificación de Datos de Identidad y Residencia 
(SVDIR).
6.  Mediante resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 
Pensiones o del titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo 
Estatal en materia de protección por desempleo, se podrán establecer sistemas de 
firma electrónica no criptográfica en sus relaciones con los interesados, respecto a 
los procedimientos y trámites que se determinen.
Los sistemas de firma electrónica no criptográfica requerirán la previa 
verificación de la identidad del interesado, a través de los medios a que se refiere el  e.e
apartado 4. w.b
evolelucLntratóasnd i acdape l infcioram ccairo idpneteols gi nriátneffriocerasm ardáeotqi,cu yae srdi reeábnne  rdláaens   gfoqarurmaena ts iezeax pru reteill sincaoe   eruel npc uosdniissote,e nlamt imtar aiedznaetb ofil iirydm alada    2021-1130n https://ww
dperel sceanstoa,d laa» g.estión de la evidencia de autenticación y el sellado de la información
Cinco.  Se modifica el artículo 130, que queda redactado como sigue:
«Artículo 130.  Tramitación electrónica de procedimientos en materia de Seguridad 
Social.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, podrán adoptarse y notificarse 
resoluciones de forma automatizada en los procedimientos de gestión tanto de la 
protección por desempleo previstos en el título III como de las restantes prestaciones 
del sistema de la Seguridad Social previstas en esta ley, excluidas las pensiones no 
contributivas, así como en los procedimientos de afiliación, cotización y recaudación.
A tal fin, mediante resolución de los titulares de las Direcciones Generales del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo Estatal y 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o del titular de la Dirección del 
Instituto Social de la Marina, según proceda, se establecerá previamente el 
procedimiento o procedimientos de que se trate y el órgano u órganos competentes, 
según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, 
mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema 
de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser 
considerado responsable a efectos de impugnación».
Seis.  Se añade una disposición adicional trigésima tercera, con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional trigésima tercera.  Modificación de la competencia territorial 
de órganos provinciales de las entidades gestoras y servicios comunes de la 
Seguridad Social.
1.  La competencia de las Direcciones Provinciales de las entidades gestoras y 
servicios comunes de la Seguridad Social y de las unidades dependientes de las 
mismas se podrá extender a procedimientos y actuaciones correspondientes a 
ámbitos territoriales diferentes al de su demarcación provincial, en las condiciones 
y términos establecidos mediante Resolución del máximo órgano de dirección de la 
entidad o servicio común, que habrá de ser objeto de publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.
2.  En los supuestos de extensión de la competencia territorial acordada de 
conformidad con lo establecido en el apartado anterior, a efectos de impugnaciones 
y recursos, se entenderá que el acto administrativo se ha adoptado por el órgano o 
unidad territorial al que le hubiere correspondido dictarlo de no haberse producido la 
extensión competencial referida».
Siete.  Se añade una disposición adicional trigésima cuarta, con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional trigésima cuarta.  Habilitación a los autorizados del Sistema 
RED.
Conforme a lo previsto en el artículo 131 de esta ley, los autorizados para actuar a 
través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social 
(Sistema RED) estarán habilitados para efectuar por medios electrónicos las solicitudes  s
y demás trámites relativos a la afiliación de los trabajadores, a los aplazamientos en el  e.
pago de deudas, a las moratorias en el pago de cotizaciones y a las devoluciones de  w.
idneglr ceLusomoss p ailniumdtoeierbnizidtaood sdo ecs ol aan   ollaob slSig eqagucueiór insde ad der e Scfoioectriizeaa l erc soetrnar e cdsuipsyopon ondsoiiecmnióbtenrse  t aaa mclotúbse isénun.j eptoosd rráensp foancsilaitablre as   2021-1130n https://w
lcao nAsdemntiinmisietrnatoc ióden  lodse  inlate Sreesgaudroids,a edl  tSeolécfoianl,o  am ótrvailv dées  lodse lt raSbisatjeamdoar eRs EoD a syim pilraedvoios   BOE-A-cable e
a ellos que causen alta en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad
Social. En tal consentimiento deberá incluirse de manera expresa la autorización 
para el uso del teléfono móvil como medio de identificación fehaciente de aquellos, 
así como la aceptación por su parte del envío de comunicaciones y avisos por la 
Administración de la Seguridad Social».
Ocho.  Se añade una disposición adicional trigésima quinta, con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional trigésima quinta.  Convenios del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina con las Comunidades 
Autónomas y con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina 
incluirán en los correspondientes convenios que suscriba con las Comunidades 
Autónomas y, en su caso, con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, objetivos 
específicos relacionados con el acceso electrónico a la historia clínica de los 
trabajadores previsto en el artículo 71.3 de la presente ley, así como con el 
intercambio de información y el seguimiento de dichos accesos».
Nueve.  Se modifica el apartado 5 de la disposición transitoria cuarta, con la siguiente 
redacción:
«5.  Con efectos 1 de enero de 2021, se seguirá aplicando la regulación de la 
pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, 
condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada 
en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización adecuación y 
modernización del sistema de la Seguridad Social, a las pensiones de jubilación que 
se causen antes de 1 de enero de 2022, en los siguientes supuestos:
a)  Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril 
de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en 
alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
b)  Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como 
consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o 
por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de 
empresa, así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, 
aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre 
que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1 
de enero de 2022.
Será condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa 
se encuentren debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social o en el Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo que 
reglamentariamente se determine.
c)  No obstante, las personas a las que se refieren los apartados anteriores 
también podrán optar por que se aplique, para el reconocimiento de su derecho a 
pensión, la legislación que esté vigente en la fecha del hecho causante de la misma».
Disposición final sexta.  Modificación del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, 
por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por 
desempleo y de apoyo al sector cultural. es
Se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de  w.
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«1.  Con carácter excepcional, y como consecuencia de la crisis sanitaria  Bc
derivada de la COVID-19, los artistas en espectáculos públicos que tuvieran derecho
al acceso extraordinario a las prestaciones económicas por desempleo, en los 
términos previstos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por 
el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, podrán continuar 
percibiéndolas hasta el 31 de mayo de 2021.
2.  La prestación será incompatible con la realización de actividades por cuenta 
propia o por cuenta ajena, o con la percepción de cualquier otra prestación, renta 
mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por 
cualquier Administración Pública.
Una vez reconocido el derecho a la percepción de la prestación, se suspenderá 
mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta propia o por cuenta 
ajena. La suspensión de dicho derecho supondrá la interrupción del abono de la 
prestación, que se reanudará una vez finalizado el trabajo, por el tiempo que reste 
del período de percepción que corresponda y como máximo hasta el 31 de mayo 
de 2021.
3.  Será de aplicación en todo caso lo dispuesto en el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, salvo lo relativo a la duración de la prestación 
que se extenderá hasta la fecha indicada en el apartado 1».
Dos.  Se modifica el apartado 4 del artículo 3, que pasa a tener la siguiente redacción:
«4.  El subsidio excepcional se extinguirá el 31 de mayo de 2021, y no podrá 
percibirse en más de una ocasión».
Tres.  Se modifica el apartado 3 del artículo 4, que queda redactado del siguiente 
modo:
«3.  El derecho a la prestación por desempleo regulada en este artículo 
quedara extinguido el día 31 de mayo de 2021, con independencia de los días de 
derecho que hasta esa fecha se hayan consumido.
Dicha extinción no constituye agotamiento de una prestación contributiva por 
desempleo a los efectos del acceso a los subsidios por desempleo regulados en el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social».
Disposición final séptima.  Modificación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de 
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector 
energético, y en materia tributaria.
Se añade un apartado 4 en el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de 
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector 
energético, y en materia tributaria, con la redacción siguiente:
«4.  Excepcionalmente durante el año 2021, aunque los estatutos no lo 
hubieran previsto, las sesiones de los órganos de administración de las asociaciones, 
de las sociedades civiles y mercantiles, y del consejo rector de las sociedades 
cooperativas podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica 
múltiple, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios 
necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el 
acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno 
de los concurrentes. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas  e
y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La  bo
sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica. w
psyo rdeceviEeli sdxptcaoaed,t rpeloocsnsi oa catnivocai uldlemeesre  dylano mstse  fe dudrencu dalroaansnct iióltoeerns ge,ea ldsn  eaoplñs oco ddo re2ná 0snae2 daj1omd,  roianepuicstntatorqrarsu cedei eó m lnloae sdsd e iesa lsonatctsaei eta uvdstoaootdscae icansicóo cin ool onpo eophsreu ,re bdasieteciv rrlaaaitonss     OE-A-2021-1130able en https://w
y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo
solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de 
aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o 
voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el 
domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el 
artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles».
Disposición final octava.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19.
Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19, en los siguientes términos:
Uno.  El artículo 2 queda redactado como sigue:
«Artículo 2.  Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda 
habitual.
En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los que, dentro del periodo 
comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta la finalización 
del estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre y 
prorrogado por Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, finalice el periodo de 
prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1 o el periodo de prórroga tácita previsto 
en el artículo 10.1, ambos artículos de la referida Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una 
prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo 
máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y 
condiciones establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga 
extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se hayan fijado 
otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes, o en el caso de que el 
arrendador haya comunicado en los plazos y condiciones establecidos en el artículo 
9.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, la 
necesidad de ocupar la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente 
para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para 
su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad 
matrimonial».
Dos.  El apartado 1 del artículo 4 queda redactado como sigue:
«1.  La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al 
amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que 
se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el 
artículo siguiente, podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una 
empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la 
persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, 
excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, 
hasta la finalización del estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020,  e
de 25 de octubre y prorrogado por Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, el  bo
aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho  w
ayap lacozanm caiernátcot eor  lvao cluonntdaorinoa pcoiórn a tcoutaelr doo p eanrctriael  adme blaa ms pisamrtae sn»o. se hubiera conseguido  2021-1130n https://w
Disposición final novena.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª y 17.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado las competencias exclusivas en las 
materias de legislación laboral y de legislación básica y régimen económico de la 
Seguridad Social.
Disposición final décima.  Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de este real decreto-ley.
Disposición final undécima.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»
Dado en Madrid, el 26 de enero de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
2021-1130n https://w
ANEXO
CNAE-09 a los que pertenecen las empresas especialmente afectadas 
a las que se refiere la disposición adicional primera
710.  Extracción de minerales de hierro.
1811.  Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.
1812.  Otras actividades de impresión y artes gráficas.
1820.  Reproducción de soportes grabados.
2051.  Fabricación de explosivos.
2441.  Producción de metales preciosos.
2670.  Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.
3212.  Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.
3213.  Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.
3316.  Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.
4624.  Comercio al por mayor de cueros y pieles.
4634.  Comercio al por mayor de bebidas.
4741.   Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas 
informáticos en establecimientos especializados.
4932.  Transporte por taxi.
4939.  Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
5010.  Transporte marítimo de pasajeros.
5030.  Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.
5110.  Transporte aéreo de pasajeros.
5122.  Transporte espacial.
5223.  Actividades anexas al transporte aéreo.
5510.  Hoteles y alojamientos similares.
5520.  Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
5530.  Campings y aparcamientos para caravanas.
5590.  Otros alojamientos.
5610.  Restaurantes y puestos de comidas.
5630.  Establecimientos de bebidas.
5813.  Edición de periódicos.
5914.  Actividades de exhibición cinematográfica.
7711.  Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
7722.  Alquiler de cintas de vídeo y discos.
7729.  Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.
7734.  Alquiler de medios de navegación.
7735.  Alquiler de medios de transporte aéreo.
7911.  Actividades de las agencias de viajes.
7912.  Actividades de los operadores turísticos.
7990.  Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
8219.   Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades 
especializadas de oficina.
8230.  Organización de convenciones y ferias de muestras.
9001.  Artes escénicas.
9002.  Actividades auxiliares a las artes escénicas.
9004.  Gestión de salas de espectáculos.
9104.  Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales. e.e
9200.  Actividades de juegos de azar y apuestas. w.b
999336220191...    AOLactrtvaivasidd aoac dytei vlsiimd dapedie elzosas r  dpeeacr rpeqraueteinvsda dases y  ta edtxreat icelecnsito ryen tedesen  yipm ileoiels.n ptoa.rques temáticos. 2021-1130n https://ww
9604.  Actividades de mantenimiento físico.