BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95687
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13466 Pleno.  Auto  116/2020,  de  22  de  septiembre  de  2020.  Cuestión  de 
inconstitucionalidad  2568-2020.  Inadmite  a  trámite  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad 2568-2020, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Santander en relación con la disposición adicional 
undécima de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de 
instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
ECLI:ES:TC:2020:116A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don 
Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña 
María Luisa Balaguer Callejón, en cuestión de inconstitucionalidad núm. 2568-2020, 
promovido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santander, en 
relación con la disposición adicional undécima de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de 
personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
al  concurrir  vicio  de  inconstitucionalidad  en  el  inciso  «con  vinculo  de  derecho 
administrativo durante cinco años en las instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de 
Salud».
AUTO
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado en este tribunal el 19 de junio de 2020, el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo núm. 1 de Santander remitió auto de 4 de junio de 2020, por 
el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con la disposición 
adicional undécima de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de 
instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria al concurrir vicio de 
inconstitucionalidad en el inciso «con vinculo de derecho administrativo durante cinco 
años en las instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud» por infracción de los 
artículos 14, 149.1, 16, 17 y 18 CE, por desconocimiento de la legislación básica del 
Estado recogida en los arts. 9.5, 40 y disposición final primera de la Ley 55/2003, de 16 
de diciembre, del Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, en 
los arts. 40 y 41 y disposición final primera de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud; en el art. 84 de la Ley 14/1986, de 25 
de abril, general de sanidad; y en los arts. 4.6 y 37 a 39 la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
2.  En síntesis, presentan relevancia para esta cuestión de inconstitucionalidad los 
siguientes antecedentes: s
a)  En fecha 21 de octubre de 2019 don Diego Benito Gallego formuló demanda  w.
contencioso-administrativa  contra  la  resolución  de  la  Consejería  de  Sanidad  del  466ww
rGeosboileurcnióon  ddee l Cdiarenctatobrr igae rqeunete  ddeesl eSsetirmviac iop Corá nstialebnroci od ee Sl arleucdu drseo 1  ddee  aablzrail ddae  2co0n1t9r aq ulae 
daeccneiesgoa a al gl raacdtoo r1,  ednef ecramrreerroa  pinrtoefreinsoio ndaell  ehno lsap citoanl vuoncivaetorsriiata 1ri7oP MCaPr/q1u8é0s2 .de Valdecilla, el  BOE-A-cable e
b)  El  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Santander  dictó 
providencia de 14 de febrero de 2020 por la que acordó oír a las partes y al Ministerio 
Fiscal para que, por un plazo común e improrrogable de diez días, pudieran formular 
alegaciones sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación 
con la disposición adicional undécima de la Ley 9/2010 de 23 de diciembre, de personal 
estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la 
redacción de la Ley 9/2017, de 26 de diciembre, por su posible contradicción con el 
derecho  a  la  igualdad  del  art.  14  CE  y  con  el  art.  149.1.1,  16,  17  y  18  CE  por 
desconocimiento de la legislación básica del Estado recogida en los arts. 9.5, 40 y 
disposición final primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del 
personal estatutario de los servicios de salud, en los arts. 40 y 41 y disposición final 
primera de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud; en el art. 84 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad; y en los 
arts. 4.6 y 37 a 39 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias.
c)  Las alegaciones interesadas fueron evacuadas, con fecha de 21 de febrero 
de 2020, por el Ministerio Fiscal, no oponiéndose al planteamiento de la cuestión; la 
parte demandante lo hizo, con fecha de 26 de febrero de 2020, en el mismo sentido y la 
representación del Gobierno de Cantabria procedió a formular alegaciones con fecha 
de  5  de  marzo  de  2020,  oponiéndose  al  planteamiento  de  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad.
d)  Por Auto de 4 de junio de 2020, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 1 de Santander acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con la 
disposición adicional undécima de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal 
estatutario  de  instituciones  sanitarias  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Cantabria  al 
concurrir vicio de inconstitucionalidad en el inciso «con vinculo de derecho administrativo 
durante cinco años en las instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud» por 
infracción de los artículos 14, 149.1.1, 16, 17 y 18 CE, por desconocimiento de la 
legislación básica del Estado recogida en los arts. 9.5, 40 y disposición final primera de 
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los 
servicios de salud, en los arts. 40 y 41 y disposición final primera de la Ley 16/2003, 
de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud; en el art. 84 de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad; y en los arts. 4.6 y 37 a 39 de la 
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
3.  El auto de planteamiento de la cuestión comienza recordando los antecedentes 
del litigio principal: el actor es enfermero, con nombramiento de personal interino en el 
hospital  Universitario  Marqués  de  Valdecilla  y  participó  en  la  convocatoria  para  el 
reconocimiento  de  grado  de  la  carrera  profesional  efectuada  en  resolución 
CVE-2018-2636  BOC  («Boletín  Oficial  de  Cantabria»),  de  20  de  marzo  de  2018, 
solicitando el grado 1 al entender que acredita cinco años de servicios en instituciones 
del  Sistema  Nacional  de  Salud,  pues  presenta  documentación  donde  aparecen 
nombramientos administrativos y contrataciones laborales en los servicios del sistema de 
salud extremeño, castellano leonés, aragonés, y cántabro.
La resolución del director gerente del Servicio Cántabro de Salud de 1 de abril 
de 2019 deniega al actor el acceso al grado 1 de carrera profesional con una escueta 
motivación  consistente  en  que  el  actor  no  ha  prestado  servicios  con  vínculo 
administrativo  durante  los  años  exigidos  en  las  instituciones  sanitarias  del  Servicio 
Cántabro de Salud en la misma plaza u otra de contenido funcional equivalente según  e.
exigen la convocatoria y la disposición adicional undécima de la Ley 9/2010, de 23 de  w.b
diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma  466ww
de CEal nataubtori ad.e planteamiento de la cuestión considera bajo el epígrafe de juicio de
relevancia que el resultado del pleito depende de la aplicación de la disposición adicional
undécima de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, introducida por art. 15 de la Ley 9/2017, 
26 diciembre, de medidas fiscales y administrativas y conforme a la cual:
«Con efectos de 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida, lo dispuesto en los 
artículos 56 y 61.2 e) de la presente ley resultará de aplicación al personal interino 
de instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud, siempre que haya 
prestado servicios con vínculo de derecho administrativo durante cinco años en las 
instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud en la misma plaza u otra de 
contenido funcional equivalente.»
El auto de planteamiento considera que concurriría vicio de inconstitucionalidad en el 
inciso «con vínculo de derecho administrativo durante cinco años en las instituciones 
sanitarias del Servicio Cántabro de Salud».
Prosigue el auto de planteamiento de la cuestión señalando que el Servicio Cántabro 
de Salud, en sus alegaciones, entiende que la clave del pleito no sería tanto el lugar de 
prestación de servicios como la naturaleza de los mismos, administrativos o laborales, de 
modo que, al exigirse en esa norma que los servicios sean administrativos, el actor 
nunca cumpliría el requisito. Considera el auto que la alegación del Servicio Cántabro de 
Salud no altera la realidad de que, en todo caso, la norma aplicada es la misma. Es 
decir, en todo caso, lo determinante del resultado del pleito sigue siendo la disposición 
adicional undécima en el inciso cuestionado, porque de su validez constitucional o no, en 
todo o en parte de ese inciso, dependerá la solución a la controversia. Ello, sin perjuicio, 
afirma el auto de la cuestión fáctica de comprobar los servicios alegados y su naturaleza 
y del ajuste constitucional en todo o en parte del precepto, pues como se desarrolla a 
continuación para el personal fijo no se exige que los servicios en instituciones del 
Servicio Cántabro de Salud sean de vínculo administrativo.
Explica a continuación el auto de planteamiento de la cuestión el por qué solo se 
opta, procesalmente, por el planteamiento de la cuestión ante el Tribunal Constitucional, 
pues «ciertamente, se cuestiona la norma legal desde una doble perspectiva, europea y 
constitucional». Para el auto «este juzgador, por los mismos motivos que se expondrán 
en el punto segundo del planteamiento, está convencido de que la norma cuestionada es 
contraria al art. 4.1 del acuerdo marco sobre trabajo de duración determinada, que figura 
como anexo de la Directiva 1999/70/CE] y por ello, sería inaplicable, pudiendo resolver 
directamente ya que es órgano de primera instancia. Pero esta solución, dado que 
también existe, afirma el auto, una clara infracción de la Constitución, no permitiría 
aplicar la función depuradora del ordenamiento, excluyendo del mismo, una norma que 
se entiende inconstitucional. Y, además, a la vista de la última doctrina del Tribunal 
Constitucional en la materia podría bien, obligar al órgano de segunda instancia a 
plantear cuestión prejudicial o bien podría motivar un recurso de amparo por no hacerlo. 
Y, en aras de la economía procesal, se entiende que todos los objetivos, de resolución el 
litigio  y  de  depuración  del  ordenamiento,  se  consiguen  planteando  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad, sin perjuicio de que, a la vista de la respuesta que dé el Tribunal 
Constitucional, este juzgador opte por la vía del derecho europeo, o bien resolviendo o 
bien planteando la cuestión prejudicial».
Procede a continuación el auto de planteamiento de la cuestión a desarrollar los 
motivos de inconstitucionalidad.
En primer lugar, la disposición adicional undécima de la Ley 9/2010, de 23 de 
diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, tiene como consecuencia el que, en el ámbito del Servicio Cántabro de  e
Salud, profesionales del sistema nacional que hayan ejercido idénticas funciones fuera  bo
de tal Servicio Cántabro de Salud, no tengan reconocidos los mismos derechos (en el  466ww
átemrrbitiotori od nea claio ncaalr reenr aq/udee ssaer rhoallyoa np rporfeesstioandaol )e spoosr  srearzvóicnio, se. xAcsluí,s pivraomfeesniotnea, ledse lq ulueg ahra ydaenl 
ddeessaarrrroollllaod od es ulsa  scearrvriecrioas,  eenx colutrsaivsa cmoemnuten,i dpaodre su anuat órnaozmóna st,e nrroit oproiadlr. ánE satocc, esduesrc ait ae slea 
compatibilidad de tal norma legal con el art. 14 CE. La falta de justificación en la
diferencia de trato se entiende como una discriminación por razón del territorio entre 
profesionales de las distintas comunidades autónomas.
En  segundo  lugar,  se  denuncia,  de  nuevo,  una  diferencia  de  trato,  carente  de 
motivación objetiva y suficiente, entre el personal temporal y el personal fijo, lo que 
supone una discriminación en aplicación de la cláusula cuarta del acuerdo marco sobre 
trabajo de duración determinada, que figura como anexo de la Directiva 1999/70/CE. 
Pues bien, de acuerdo con el auto de planteamiento de la cuestión, sobre esta cuestión, 
existe suficiente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también el 
Tribunal Supremo resolviendo que, efectivamente, los empleados de los servicios de 
salud están en el ámbito de la directiva, que la carrera profesional es una condición de 
trabajo, a efectos de la directiva y que solo cabe admitir una diferencia de trato fundada 
en  causas  razonables  y  objetivas,  que  no  pueden  consistir  precisamente  en  la 
temporalidad, las cuales debe apreciar, en el caso, el juez nacional. Ahora bien, con 
independencia de la problemática en el ámbito de la directiva, de nuevo se suscita, 
afirma el Auto de planteamiento de la cuestión, el que, si existe, efectivamente, una 
discriminación prohibida por esa norma europea difícilmente podrá sostenerse que no 
hay una discriminación en el ámbito del art. 14 CE.
Para el personal fijo, no se exige que los servicios se presten en el ámbito territorial 
del Servicio Cántabro de Salud. Pero, es más, tampoco se exige que esos servicios se 
hayan prestado por vínculo administrativo, excluyendo el laboral. Solo se exige que se 
hayan  prestado  dentro  del  sistema  nacional  de  salud.  Esta  doble  exigencia,  de 
naturaleza del vínculo y territorial, es una doble diferenciación respecto del personal fijo 
que solo se aplica por una razón: la temporalidad del nombramiento. Y de nuevo, no hay 
explicación alguna de tal diferencia cuando el actor, en este caso, ha prestado servicios 
en  instituciones  públicas  sanitarias  fuera  de  la  confesada  intención  de  excluir  a 
profesionales de otras comunidades por un eventual efecto llamada y restringir el acceso 
del personal temporal a la carrera, mientras dure esa situación de temporalidad, con el 
tipo de nombramiento o contrato. Tal es así, que de hecho ni se analizan las funciones 
del actor, el tipo de servicios prestados con nombramiento laboral en otras comunidades, 
su equivalencia con los del Servicio Cántabro de Salud, coincidencia funcional, etc. 
Sencillamente, la norma excluye de plano toda posibilidad de reconocimiento a diferencia 
de lo que sucede con el personal fijo.
De acuerdo con el auto de planteamiento de 4 de junio se entiende que, en el 
presente  asunto,  la  doble  exigencia  de  naturaleza  del  vínculo  administrativo  y  de 
territorialidad del servicio, no se fundamenta en razones objetivas y suficientes y por ello, 
supone vulneración del art. 14 CE sin perjuicio de serlo, también de la cláusula 4.1 del 
acuerdo marco.
En tercer lugar, y por último, el auto de planteamiento de la cuestión analiza la 
constitucionalidad de la norma desde la perspectiva competencial, porque una cosa es 
que la Comunidad Autónoma de Cantabria pueda regular en su ámbito, la carrera 
profesional del personal sanitario y otra, que no existan límites por la presencia de otras 
competencias estatales.
Señala el auto de planteamiento que la comunidad autónoma puede regular el 
sistema de carrera profesional pero no puede hacerlo vulnerando los principios básicos 
del sistema establecido por el Estado, entre los que está el de libre circulación, que si 
rige para el personal fijo, por razones de igualdad, regirá para el temporal. Precisamente, 
la  justificación  que  se  da  es  evitar  esa  libre  circulación  del  personal  temporal,  no 
reconociendo servicios de quienes lleguen de otros territorios y advirtiendo al personal  s
propio  que,  de  trasladarse  temporalmente,  esos  servicios  no  se  reconocerán.  Esta  oe.
regulación precisamente perjudica estos principios de libre circulación en el sistema  w.
nacional de salud introduciendo restricciones que las normas estatales no contemplan, lo  466ww
que Csounpcolnuey eu neal  ianuvatos iósne ñcaolmanpdeote nqcuiea,l .lo que se suscita es si, en el ejercicio de sus
Ccoamntpaebtreian chiaas v dueln edreasdaorr odlilcoh adse  blaa sneosrm ea itnivvaa dbidáosi claa  cqoume peel tmeniscmiao e satuattoa lr e(acrot.g e1,4 9la. 1L.1e,y  1d6e,   BOE-A-cable e
17 y 18 CE), al introducir una exclusión por razón del territorio de los servicios prestados 
en otras comunidades, impidiendo, con ello, la libre circulación de dichos profesionales 
en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
4.  Por  providencia  de  14  de  julio  de  2020,  la  Sección  Primera  del  Tribunal 
Constitucional acordó oír al fiscal general del Estado para que, en el plazo de diez días, y 
a  los  efectos  que  determina  el  artículo  37.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional  (LOTC),  alegase  lo  que  considerase  conveniente  «acerca  de  la 
admisibilidad  de  la  presente  cuestión  de  inconstitucionalidad,  en  relación  con  el 
cumplimiento de los requisitos procesales (art. 35.2 LOTC) por defectuosa realización del 
juicio de aplicabilidad.
5.  La  fiscal  general  del  Estado  evacuó  el  trámite  conferido  mediante  escrito 
registrado el 5 de septiembre de 2020, en el que concluye que procede inadmitir la 
presente cuestión de inconstitucionalidad por la defectuosa realización del juicio de 
aplicabilidad.
Después  de  hacer  una  exposición  de  los  antecedentes  y  de  recoger  los 
razonamientos del auto de planteamiento de la cuestión, comienza el escrito destacando 
el cumplimiento del requisito procesal de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal.
En cuanto a la aplicabilidad de los preceptos legales cuestionados y tras recordar la 
doctrina recogida en el ATC 202/2016, FJ 2, considera la fiscal general del Estado que el 
auto  de  4  de  junio  de  2010;  por  el  que  se  ha  planteado  la  presente  cuestión  de 
inconstitucionalidad, contiene una serie de afirmaciones o reflexiones que cuestionan la 
correcta  formulación  del  juicio  de  aplicabilidad,  pues  para  el  órgano  judicial,  la 
disposición legal cuestionada, no sería aplicable al caso debatido en el proceso y, por 
tanto, determinante de la validez del fallo ya que, en el auto de planteamiento, sugiere la 
posibilidad de que la disposición legal sea contraria al derecho europeo.
Así, señala la fiscal como en el auto de planteamiento, el órgano judicial, al acotar la 
duda de constitucionalidad de la eventual contradicción del inciso de la disposición 
adicional undécima de la Ley 9/2010 de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en su 
redacción de la Ley 9/2017, de 26 de diciembre, precisa que «ciertamente, se cuestiona 
la norma legal desde una doble perspectiva, europea y constitucional» y afirma que 
«este juzgador [...] está convencido de que la norma cuestionada es contraria al art. 4.1 
del acuerdo marco y, por ello, sería inaplicable, pudiendo resolver directamente ya que 
es órgano de primera instancia».
A la vista de las anteriores afirmaciones del órgano promotor de la cuestión en su 
auto de planteamiento, considera la fiscal general del Estado que no puede entenderse 
cumplido adecuadamente el juicio de aplicabilidad, lo que afecta a la admisibilidad de la 
cuestión de inconstitucionalidad, pues es requisito de la misma que la norma con rango 
de ley cuestionada sea «aplicable al caso» (arts. 163 CE y 35.1 LOTC).
Prosigue la fiscal general recordando que si tuviera dudas sobre la conformidad al 
derecho europeo de la disposición adicional undécima, antes de plantear cuestión de 
inconstitucionalidad, debe plantear primero la cuestión prejudicial ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea y así, despejar la duda sobre la incompatibilidad de la ley 
nacional con el Derecho de la Unión Europea, pues, de existir dicha incompatibilidad, la 
misma sería causa de la inaplicabilidad de la disposición legal cuestionada y, por tanto, 
faltaría  una  de  las  condiciones  exigidas  para  la  admisibilidad  de  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad.  Esta  sólo  sería  admisible  una  vez  que  se  ha  descartado  la 
posibilidad de que la ley cuestionada sea incompatible con el Derecho de la Unión. e
Por tanto, el órgano judicial, al exteriorizar el razonamiento por el que considera  bo
aplicable la norma al litigio, introduce, en el mismo, una serie de dudas razonables sobre  466ww
clao navpelinciaebnicliidaa dde lf inpalal ndteea mlai ennotor mdae  laal  cliutiegsioti óenn.  Eql uaeu tloa  dceu epslatinótne asmei ehnato  sdues clait acduoe syt iólan 
adpel icianbcoilindsatdit udceio nlaa ldidisapdo scicoinótnie lneeg aul nqau e saebrioen adne  unre dfleefxeiocntueoss oc opnlatnratedaicmtoierinatso  dsoebl rjuei ciloa 
de aplicabilidad de la norma y ponen en cuestión que el pronunciamiento del Tribunal
acerca de la cuestión sea relevante para la determinación del fallo del concreto proceso 
en que se ha suscitado esta.
Por todo ello concluye el escrito de la fiscal general del Estado considerando que 
procede  inadmitir  la  presente  cuestión  de  inconstitucionalidad  por  la  defectuosa 
realización del juicio de aplicabilidad.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santander, ha promovido 
cuestión de inconstitucionalidad en relación con la disposición adicional undécima de la 
Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias de la 
Comunidad  Autónoma  de  Cantabria  al  considerar  que  concurre  vicio  de 
inconstitucionalidad en el inciso «con vinculo de derecho administrativo durante cinco 
años en las instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud» por infracción de los 
artículos 14, 149.1.1, 16, 17 y 18 CE, por desconocimiento de la legislación básica del 
Estado recogida en los arts. 9.5, 40 y disposición final primera de la Ley 55/2003, de 16 
de diciembre, del Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, en 
los arts. 40 y 41 y disposición final primera de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud; en el art. 84 de la Ley 14/1986, de 25 
de abril, general de sanidad; y en los arts. 4.6 y 37 a 39 de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
La fiscal general del Estado, en el trámite previsto en el art. 37.1 LOTC, considera 
que procede inadmitir la presente cuestión de inconstitucionalidad por la defectuosa 
realización del juicio de aplicabilidad.
2.  El art. 37.1 LOTC establece que este tribunal puede rechazar, en trámite de 
admisión, mediante auto y sin otra audiencia que la del fiscal general del Estado, la 
cuestión de inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales exigibles o 
fuere notoriamente infundada la cuestión suscitada.
En cuanto a los requisitos procesales necesarios para el adecuado planteamiento de 
una cuestión de inconstitucionalidad, es preciso recordar que el art. 163 CE y los 
apartados 1 y 2 del art. 35 LOTC exigen que la norma con rango de ley, de la que el 
órgano judicial tenga dudas sobre su constitucionalidad, resulte «aplicable al caso» y que 
de su validez «dependa el fallo»; debe ese órgano judicial «especificar o justificar» en el 
auto de planteamiento «en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de 
la norma en cuestión». En atención a ello, es exigible que el precepto legal cuestionado 
supere los llamados juicios de aplicabilidad y relevancia, que se erigen en requisitos 
esenciales  para  impedir  que  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  pueda  quedar 
desvirtuada por un uso no acomodado a su naturaleza y finalidad; así sucedería si se 
utilizase para obtener pronunciamientos innecesarios o indiferentes para la decisión del 
proceso en que se suscita. Por tanto, no basta con que el órgano judicial considere que 
la norma es aplicable al caso, sino que también ha de satisfacer el juicio de relevancia. 
Si bien la aplicabilidad de la norma es condición necesaria para el planteamiento de la 
cuestión, no es, en modo alguno, condición suficiente, pues es preciso justificar además 
que de su validez depende la decisión del proceso (entre otras muchas, SSTC 17/1981, 
de 1 de junio, FJ 4; 42/2013, de 14 de febrero, FJ 2; 156/2014, de 25 de septiembre, 
FJ 2, y 79/2015, de 30 de abril, FJ 3, y ATC 12/2016, de 19 de enero, FJ 2).
Este tribunal, en el ejercicio de sus facultades de control externo del juicio formulado 
por los órganos judiciales al plantear la cuestión de inconstitucionalidad, puede declarar  e.e
su inadmisibilidad por resultar inconsistente o errada la argumentación judicial sobre la  b
aplicabilidad y relevancia de la norma cuestionada. Con ello se garantiza que la cuestión  466ww
rceosnpsotintudceio naa lildaa df insea licdoandv iecrotan cerent au n qcuoen trloal  ajubssttirfaiccato ,y s ins ee feecvtiotas  pqaurea  eel l cacsoon,t rlool  qduee 
rdees u1l4ta d iem apbroricl,e FdJe n3t;e 1 e5n1 /t2o0d1a1 ,c udees 2ti9ó nd ed es einpctioenmsbtirteu,c iFoJn a3l;id 8a4d/ 2(0p1o2r ,t oddea 1s8,  SdSe TaCb r6il,/ 2F0J1 02,; 
146/2012, de 5 de julio, FJ 3, y 40/2014, de 11 de marzo, FJ 2; AATC 155/2013, de 9 de 
julio, FJ 2, y 188/2015, de 5 de noviembre, FJ 2).
3.  La aplicación en este caso de la referida doctrina constitucional conduce a 
declarar la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por incumplimiento del juicio 
de aplicabilidad. Como ha quedado transcrito en los antecedentes de esta resolución, el 
auto  de  planteamiento  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de 
Santander de 4 de junio de 2020, afirma querer explicar el por qué solo se opta, 
procesalmente, por el planteamiento de la cuestión ante este Tribunal Constitucional, 
pues «ciertamente, se cuestiona la norma legal desde una doble perspectiva, europea y 
constitucional». Para el auto de 4 de junio de 2020 «este juzgador, por los mismos 
motivos que se expondrán en el punto segundo del planteamiento, está convencido de 
que la norma cuestionada es contraria al art. 4.1 del acuerdo marco (se trata del acuerdo 
marco  sobre  trabajo  de  duración  determinada,  que  figura  como  anexo  de  la 
Directiva 1999/70/CE) y por ello, sería inaplicable, pudiendo resolver directamente ya 
que es órgano de primera instancia. Pero esta solución, dado que también existe (afirma 
el auto) una clara infracción de la Constitución Española, no permitiría aplicar la función 
depuradora  del  ordenamiento,  excluyendo  del  mismo,  una  norma  que  se  entiende 
inconstitucional. Y, además, a la vista de la última doctrina del Tribunal Constitucional en 
la materia podría bien, obligar al órgano de segunda instancia a plantear cuestión 
prejudicial o bien podría motivar un recurso de amparo por no hacerlo. Y, en aras de la 
economía procesal, se entiende que todos los objetivos, de resolución el litigio y de 
depuración  del  ordenamiento,  se  consiguen  planteando  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad, sin perjuicio de que, a la vista de la respuesta que dé el Tribunal 
Constitucional, este juzgador opte por la vía del derecho europeo, o bien resolviendo o 
bien planteando la cuestión prejudicial».
Planteada la cuestión en estos términos, hemos de remitirnos como ya hicimos en el 
ATC 202/2016, de 13 de diciembre, al que se refiere el escrito de la fiscal general del 
Estado, al ATC 168/2016, de 4 de octubre, que ha sentado doctrina (reiterada en los 
AATC 183/2016 y 185/2016, ambos de 15 de noviembre, según la cual dicho enfoque 
determina  que  no  pueda  entenderse  cumplido,  respecto  de  la  admisibilidad  de  la 
cuestión  de  inconstitucionalidad,  el  requisito  de  que  la  norma  con  rango  de  ley 
cuestionada sea «aplicable al caso» (arts. 163 CE y 35.1 LOTC).
Reconociendo que el juez ordinario se encuentra ante una tesitura difícil cuando 
considere en un proceso que una norma con rango de ley, aplicable al caso y de cuya 
validez dependa el fallo, puede ser contraria a la Constitución y, al propio tiempo, 
albergue dudas sobre su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea, el referido 
ATC 168/2016 razona en su fundamento jurídico 4 lo siguiente:
Conviene tener en cuenta al respecto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
solo admite la precedencia del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad 
sobre la cuestión prejudicial del art. 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) en tanto no se perjudique su competencia para interpretar el Derecho 
de la Unión Europea: Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de 
junio de 2010, asunto Melki y Abdeli; de 11 de septiembre de 2014, asunto A c. B y otros; 
y de 4 de junio de 2015, asunto Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH c. Hauptzollamt 
Osnabrück. De este modo, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea,  un  órgano  jurisdiccional  nacional  que  albergue  dudas  acerca  de  la 
compatibilidad de una normativa nacional, tanto con el Derecho de la Unión Europea  e
como con la Constitución del Estado miembro de que se trate, no está privado de la  bo
facultad ni, en su caso, exento de la obligación, de plantear al Tribunal de Justicia de la  466ww
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pretende hacer valer la primacía del Derecho de la Unión vedando que los procesos
constitucionales internos puedan impedir, dificultar o retrasar el planteamiento de una 
cuestión prejudicial ex art. 267 TFUE.
Pues  bien,  al  disponer  los  arts.  163  CE  y  35.1  LOTC  que  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad debe referirse siempre a una norma legal «aplicable al caso», ha de 
entenderse que la prioridad en el planteamiento debe corresponder, por principio, a la 
cuestión prejudicial del art. 267 TFUE; la incompatibilidad de la ley nacional con el 
Derecho de la Unión Europea sería causa de su inaplicabilidad y, por tanto, faltaría una 
de las condiciones exigidas para la admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad. 
Esta sólo sería admisible si se ha descartado la posibilidad de que la ley cuestionada sea 
incompatible con el Derecho de la Unión y, en consecuencia, inaplicable.
Dicho de otro modo, desde la perspectiva del ordenamiento jurídico español, el 
órgano judicial que duda de la constitucionalidad de una ley no podrá plantear cuestión 
sobre la misma ante el Tribunal Constitucional si al propio tiempo considera que esa ley 
es claramente incompatible con el Derecho de la Unión Europea, pues viene entonces 
obligado por este Derecho a no aplicarla. Si lo que sucede es que alberga dudas sobre la 
compatibilidad de esa ley con el Derecho de la Unión, lo que habrá de hacer es plantear 
primero la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de suerte 
que solo cuando este haya descartado la incompatibilidad de la norma nacional con el 
Derecho comunitario cabrá plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Así lo advertimos 
en la STC 35/2016, de 3 de marzo, FJ 6, al afirmar que «obviamente, la desestimación 
de una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no 
impide  el  planteamiento  de  una  cuestión  de  inconstitucionalidad  ante  este  Tribunal 
Constitucional en relación con el mismo precepto legal, pues una y otra jurisdicción 
tienen ámbitos diferentes (por todas, STC 28/1991, de 14 de febrero, FFJJ 4 a 6), ni 
condiciona el pronunciamiento de este tribunal en esa cuestión de inconstitucionalidad».
En efecto, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido un 
juicio positivo en la cuestión prejudicial sometida a su consideración, declarando que la 
norma legal nacional es compatible con el Derecho de la Unión Europea, entonces ya no 
hay duda acerca de que la norma legal es «aplicable al caso» (arts. 163 CE y 35.1 
LOTC). Desde esta perspectiva, ningún obstáculo existe para que el órgano judicial 
plantee  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  y,  en  definitiva,  para  que  el  Tribunal 
Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de esa norma. Por el contrario, si 
el juicio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión prejudicial fuese 
negativo, declarando que la norma nacional es incompatible con el Derecho de la Unión, 
esa norma deviene, en consecuencia, inaplicable al caso, por lo que no cabría plantear 
cuestión de inconstitucionalidad.
En suma, estando pendiente de resolución una cuestión prejudicial planteada por el 
órgano judicial sobre una norma legal, por entender que puede ser incompatible con el 
Derecho  de  la  Unión  Europea,  no  cabe  que  ese  órgano  plantee  cuestión  de 
inconstitucionalidad sobre esa misma norma hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea resuelva. La eventual incompatibilidad de la ley nacional con el Derecho de la 
Unión sería causa de su inaplicabilidad en el proceso y, por tanto, faltaría una de las 
condiciones exigidas para la admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad; que la 
norma con rango de ley cuestionada sea «aplicable al caso» (arts. 163 CE y 35.1 LOTC). 
El  planteamiento  simultáneo  en  el  presente  caso  de  la  cuestión  prejudicial  ante  el 
Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  y  de  la  cuestión  de  inconstitucionalidad 
determina, en consecuencia, la inadmisibilidad de esta por incumplimiento del requisito 
de la aplicabilidad (art. 37.1 LOTC). s
A diferencia de la situación examinada por el ATC 168/2016, en el presente caso no  oe.
se trata de un planteamiento simultáneo de la cuestión de inconstitucionalidad y de la  w.
cuestión  prejudicial  ante  el  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea,  sino  de  un  466ww
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undécima de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones 
sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria con el Derecho de la Unión Europea, 
por lo que vendría obligado bien a no aplicarla, bien a plantear primero la cuestión 
prejudicial, y solo cuando haya quedado descartada la incompatibilidad de la norma 
nacional  con  el  Derecho  de  la  Unión  Europea  cabría  plantear  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad.
Por  el  contrario,  el  juzgado  promotor  ha  dado  prioridad  al  planteamiento  de  la 
cuestión  de  inconstitucionalidad  sobre  el  planteamiento  de  la  cuestión  prejudicial 
europea,  cuando  lo  cierto  es  que  la  irresuelta  decisión  acerca  de  la  eventual 
incompatibilidad  de  la  disposición  adicional  undécima  de  la  Ley  9/2010,  de  23  de 
diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma 
de  Cantabria  con  el  Derecho  de  la  Unión,  de  confirmarse,  sería  causa  de  su 
inaplicabilidad en el proceso y, por tanto, faltaría una de las condiciones exigidas para la 
admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad (art. 37.1 LOTC).
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
Inadmitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, a veintidós de septiembre de 2020.–Juan José González Rivas.–Encarnación 
Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol 
Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–
Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.