BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 233 Miércoles 29 de septiembre de 2021 Sec. I.   Pág. 119341
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
15767 Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales 
de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed:  Que  las  Cortes  Generales  han  aprobado  y  Yo  vengo  en  sancionar  la 
siguiente ley:
PREÁMBULO
I
Las tecnologías de la información y la comunicación han tenido la virtualidad de 
transformar, en todo el mundo, las relaciones sociales, los hábitos de consumo y, con 
ello, han generado oportunidades de nuevas formas de negocio que giran, entre otros 
factores, en torno a la obtención y gestión de datos y a la oferta de servicios adaptados a 
esta nueva etapa.
Del mismo modo, los métodos de cálculo matemáticos o algoritmos se han aplicado 
a las relaciones de trabajo revolucionando la forma en que se prestan los servicios, 
optimizando recursos y resultados. Estos métodos presentan un fuerte potencial para 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas. Buena muestra de ello han 
sido los resultados de una digitalización forzada o acelerada a lo largo de la crisis 
sanitaria,  habilitando  servicios  y  atención  sanitaria  personalizados  a  distancia, 
permitiendo el mantenimiento de negocios a través de servicios en línea; o garantizando 
la continuidad de las prestaciones de trabajo a distancia.
La aplicación de estos medios tecnológicos ha introducido elementos novedosos en 
las relaciones laborales, cuyas ventajas son evidentes. Las ventajas y consecuencias 
positivas  sobre  las  condiciones  de  trabajo  de  las  personas  trabajadoras  son 
perfectamente  compatibles  con  la  finalidad  del  derecho  del  trabajo  en  su  función 
reequilibradora de intereses, protectora de la parte más débil contractualmente o de 
gestión de los recursos humanos y mejora de la productividad de las empresas.
Esta es la fórmula de compatibilidad que garantiza que la revolución tecnológica 
aporte sus efectos positivos de forma equitativa y redunde en el progreso de la sociedad 
en la que se ha instalado. Un mercado de trabajo con derechos es garantía de una 
sociedad moderna, asentada en la cohesión social, que avanza democráticamente; un 
mercado centrado en las personas, que convierte a su tejido productivo en menos volátil 
y más resiliente ante los cambios.
A pesar de las enormes dificultades, especialmente las técnicas, que ha supuesto  es
afrontar este reto, el diálogo social ha permitido que nuestro país avance de forma  o
pionera  en  esta  materia  y  lo  haga  de  la  mano  de  un  diagnóstico  y  una  solución  767ww
crdmeoeasmsurazpltroaar orddtloileda  add2 oep0 cpo2isor1i rv,l  oalaess n .M tinrEeetsse taeral lo  dLcGeeu oytDo,b irápieeloosrnr g ostoao,  nccCtoioaCn,le s.e stiOs tu mOfirdáu.a,st o, U  radeG eptaTlr ,le A esCcfeeuEnceOttarodEt,io  ve yoal  s2dC 8ocE pudPtyeaYa dosMo c,Eat uep, blo trprreataa sdsc eaieo dl2n o0et r2s1a 00bh. adajeno    OE-A-2021-15able en https://
II
La presente Ley cuenta con un artículo y dos disposiciones finales, cuya finalidad es 
la precisión del derecho de información de la representación de personas trabajadoras 
en el entorno laboral digitalizado, así como la regulación de la relación de trabajo por 
cuenta ajena en el ámbito de las plataformas digitales de reparto.
El  artículo  único  modifica  el  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en dos 
aspectos. En primer lugar, modifica el artículo 64, relativo a los derechos de información 
y consulta de la representación legal de las personas trabajadoras añadiendo un nuevo 
párrafo d) a su apartado 4, en el que se reconoce el derecho del comité de empresa a 
ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se 
basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de 
decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento 
del empleo, incluida la elaboración de perfiles.
En segundo lugar, introduce una nueva disposición adicional sobre la presunción de 
laboralidad de las actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o 
mercancía, cuando la empresa ejerce sus facultades de organización, dirección y control, 
mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de 
una plataforma digital. Dicha presunción no afecta a lo previsto en el artículo 1.3 del 
Estatuto de los Trabajadores.
La labor esencial realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se 
encuentra en el origen de buena parte de las sentencias que han resuelto a favor o en 
contra de la laboralidad de las prestaciones de servicios en plataformas digitales de 
reparto y que han culminado con la STS 805/2020, de 25 de septiembre.
La nueva disposición adicional incorpora los criterios y parámetros establecidos por 
el Tribunal Supremo en dicha sentencia, primera dictada en unificación de doctrina, 
valiéndose para ello de la prevalencia del principio de realidad en el sentido señalado por 
sentencias precedentes, como la STS 263/1986, de 26 de febrero de 1986, o STS de 20 
de enero de 2015, recurso 587/2014, y en la que se destaca, asimismo, la necesidad de 
adaptar los requisitos de dependencia y ajenidad al contexto actual. En dicha sentencia 
se fundamenta lo siguiente:
«Desde la creación del derecho del trabajo hasta el momento actual hemos asistido a 
una evolución del requisito de dependencia-subordinación. La sentencia del TS de 11 de 
mayo de 1979 ya matizó dicha exigencia, explicando que “la dependencia no implica una 
subordinación  absoluta,  sino  solo  la  inserción  en  el  círculo  rector,  organizativo  y 
disciplinario de la empresa”. En la sociedad postindustrial la nota de dependencia se ha 
flexibilizado. Las innovaciones tecnológicas han propiciado la instauración de sistemas 
de control digitalizados de la prestación de servicios. La existencia de una nueva realidad 
productiva obliga a adaptar las notas de dependencia y ajenidad a la realidad social del 
tiempo en que deben aplicarse las normas (artículo 3.1 del Código Civil) (FJ 7.º).»
Partiendo de esta máxima, el Alto Tribunal analizó la relación entre la plataforma de 
reparto demandada y el trabajador concernido por el recurso, reiterando, como ya lo 
había establecido en numerosas ocasiones con anterioridad (por todas, SSTS de 22 de 
abril de 1996, recurso 2613/1995; y de 3 de mayo de 2005, recurso 2606/2004), que las 
facultades empresariales de dirección, organización o control de la actividad y, en tal 
sentido, las notas de dependencia y ajenidad, pueden traducirse a la realidad de formas  s
diferentes a las clásicas cuando la empleadora asume los riesgos de la operación y es  oe.
bdsceoee nn lmdaei facipcniroiieafnisreeitasas t ceddinóee n  tds ruuea s bof aosfjrrtoume tnooat s adi,nne rddl esioraee llricazvt aiapcn oioodt e opis mruteapnsdlatí ac sdiltaaaobn,. ocairo  dntreaa dvcoéorsoa r,d deyin  elaalcl oigó eansu, tnioóqrnug eaa nlsgizuoasrc ítpimórenicr raoo,  gcdaoetni vtlraaossl    2021-15767n https://www.
A través de una nueva disposición adicional vigesimotercera, y por acuerdo adoptado
en la mesa del diálogo social, se traslada a la ley la jurisprudencia sobre esta materia,
con el objetivo de que el Estatuto de los Trabajadores refleje estas nuevas realidades de 
forma clara.
De este modo, en el Estatuto de los Trabajadores se contempla que las facultades 
empresariales, a las que se refiere el artículo 20 de dicha norma, pueden ser ejercidas 
de numerosas maneras y, entre ellas, por medio de la gestión algorítmica del servicio o 
de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital, que son, por lo tanto, los 
activos clave y esenciales de la actividad. En consecuencia, la forma indirecta o implícita 
de ejercicio de las facultades empresariales abarca los supuestos en los que una cierta 
flexibilidad o libertad por parte de la persona trabajadora en la ejecución del trabajo sea 
solo aparente, por llevar en realidad aparejada consecuencias o repercusiones en el 
mantenimiento de su empleo, en su volumen o en el resto de sus condiciones de trabajo.
Asimismo, se refuerza, a través de la invocación explícita del artículo 8.1 del Estatuto 
de los Trabajadores, la importancia de valorar la naturaleza real del vínculo, el contenido 
de las prestaciones, y la configuración asimétrica y efectiva de las obligaciones asumidas 
en el acuerdo contractual, como un elemento necesario para garantizar el efecto útil y 
protector que corresponde al derecho laboral.
Los algoritmos merecen nuestra atención y análisis, por los cambios que están 
introduciendo en la gestión de los servicios y actividades empresariales, en todos los 
aspectos de las condiciones de trabajo y, sobre todo, porque dichas alteraciones se 
están dando de manera ajena al esquema tradicional de participación de las personas 
trabajadoras en la empresa. En este sentido, otra de las reflexiones compartidas por la 
mesa de diálogo social consiste en señalar que no podemos ignorar la incidencia de las 
nuevas tecnologías en el ámbito laboral y la necesidad de que la legislación laboral 
tenga en cuenta esta repercusión tanto en los derechos colectivos e individuales de las 
personas trabajadoras como en la competencia entre las empresas.
La eficacia de la nueva disposición adicional vigesimotercera, basada, como se ha 
expuesto, en la valoración de la naturaleza real del vínculo, va a depender en gran 
medida de la información verificable que se tenga acerca del desarrollo de la actividad a 
través de plataformas, que debe permitir discernir si las condiciones de prestación de 
servicios manifestadas en una relación concreta encajan en la situación descrita por 
dicha disposición, siempre desde el mayor respeto a los secretos industrial y comercial 
de  las  empresas  conforme  a  la  normativa,  que  no  se  ven  cuestionados  por  esta 
información  sobre  las  derivadas  laborales  de  los  algoritmos  u  otras  operaciones 
matemáticas al servicio de la organización empresarial.
Por último, se incluye una disposición final primera relativa al título competencial y 
una disposición final segunda relativa a la entrada en vigor.
III
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en las materias de legislación 
laboral.
Artículo  único.   Modificación  del  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado como sigue:
Uno.  Se introduce una nueva letra d) en el artículo 64.4, con la siguiente redacción: o
«d)  Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones  767ww
ae nl alo sto qmuae  sdee  bdaescains iolonse sa lgqoureit mpouse doe snis tienmcidaisr  deen  inlatesl igceonncdiiac ioanrteifsic iadle q utrea baafejoc,t aenl 
acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.»
Dos.  Se introduce una nueva disposición adicional vigesimotercera, con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional vigesimotercera.  Presunción de laboralidad en el ámbito 
de las plataformas digitales de reparto.
Por aplicación de lo establecido en el artículo 8.1, se presume incluida en el 
ámbito de esta ley la actividad de las personas que presten servicios retribuidos 
consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o 
mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de 
organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la 
gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una 
plataforma digital.
Esta presunción no afecta a lo previsto en el artículo 1.3 de la presente norma.»
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación 
laboral.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 28 de septiembre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN