BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Sábado 18 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 53637
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8134 Sala  Primera.  Sentencia  50/2020,  de  15  de  junio  de  2020.  Recurso  de 
amparo 5545-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.  L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:50
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado,
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  5545-2018,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña 
Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección del letrado don Marcelino Gilabert García, 
contra los autos de 10 de julio y 13 de septiembre de 2018 dictados por el Juzgado de 
Primera Instancia núm. 3 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 91-2018. 
Han  intervenido  el  Ministerio  Fiscal  y  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity 
Company, representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca María Grande 
Pesquero y bajo la dirección letrada de don Alejandro Ingram Solís. Ha sido ponente el 
magistrado don Andrés Ollero Tassara.
I. Antecedentes
1.  El  25  de  octubre  de  2018,  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L., 
representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la 
dirección  del  letrado  don  Marcelino  Gilabert  García,  interpone  recurso  contra  las 
resoluciones mencionadas en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  Los hechos relevantes para resolver el presente de amparo son los siguientes:
a)  En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca se sigue  b
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 91-2018 promovido por la entidad Banco de  34ww
cSaalbidaadde dll,e  Sp.rAe.s,t afrteanritae  ea h ilpao steoccaiendtea.d Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en
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amparo, a través de la dirección electrónica habilitada, un aviso de notificación. Informa
de que la notificación estará disponible hasta el 23 de mayo, día en el que la recurrente 
de amparo accede efectivamente a la página web y a la notificación.
c)  El 5 de julio de 2018, la demandante de amparo formula oposición a la ejecución 
despachada.  Por  auto  de  10  del  mismo  mes,  el  juzgado  tiene  por  efectuada  la 
notificación el 7 de mayo e inadmite el escrito de oposición por extemporáneo.
d)  La sociedad ejecutada interpone recurso de reposición. Alega que las diligencias 
de notificación y requerimiento se realizaron el 23 de junio de 2018. La comunicación 
remitida a través de la dirección electrónica habilitada no sería más que un aviso de 
puesta  a  disposición  o  descarga  de  su  contenido  durante  un  plazo  determinado. 
Entenderlo de otro modo vulneraría el art. 24 CE, además de los arts. 135, 152, 160, 162 
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (LEC).
e)  El recurso fue desestimado por auto de 13 de septiembre de 2018. El órgano 
judicial razona a la vista del art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 
administrativo común, que la sociedad demandada contaba con diez días para acceder 
al contenido de la resolución y, con ello, para tenerse por notificada. En el presente caso, 
el 7 de mayo de 2018 la notificación estaba ya disponible. El escrito de oposición se 
formuló el 5 de julio y, por tanto, claramente fuera del plazo establecido en el art. 556.1 
LEC (diez días desde la notificación del auto que despacha la ejecución).
3.  La demanda de amparo atribuye a los autos impugnados la vulneración del 
derecho fundamental de la sociedad recurrente a la tutela judicial efectiva y a un proceso 
con garantías y sin indefensión (art. 24.1 y 2 CE). La interpretación de la legislación 
procesal, realizada a partir de una ley de procedimiento administrativo, habría privado 
injustamente  a  la  recurrente  de  su  derecho  a  formular  oposición  a  la  ejecución 
hipotecaria.  Tratándose  de  un  primer  emplazamiento,  debió  realizarse  del  modo 
tradicional (art. 273 LEC). El órgano judicial habría incumplido su obligación de asegurar, 
no ya la legalidad formal de los actos de comunicación, sino el cumplimiento efectivo de 
su finalidad constitucional. La demandante  de  amparo solicita, en consecuencia, la 
anulación de las resoluciones indicadas, así como la retroacción al momento procesal 
oportuno, previo al dictado del auto de 10 de julio de 2018; a fin de que el juzgado admita 
a trámite su oposición al despacho de ejecución. El recurso pide también por otrosí la 
suspensión del proceso de ejecución.
4.  Mediante providencia de 16 de septiembre de 2019, la Sección Segunda de este 
Tribunal  acuerda  admitir  a  trámite  el  recurso,  apreciando  que  reviste  especial 
trascendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 
LOTC),  toda  vez  que  plantea  un  problema  o  afecta  a  una  faceta  de  un  derecho 
fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]. 
Acuerda igualmente dirigir comunicación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. 3 de Lorca, a fin de que, en el plazo de diez días, remita certificación o fotocopia 
adveradas de las actuaciones correspondientes a los autos de ejecución hipotecaria y 
emplace a quienes hubieran sido parte en el proceso del que trae causa el presente 
recurso de amparo.
5.  Por providencia de la misma fecha, la Sección acuerda formar la oportuna pieza 
para la tramitación del incidente de suspensión. Seguidos los trámites correspondientes, 
la Sala Primera de este Tribunal, mediante auto de 25 de noviembre de 2019, deniega la 
suspensión  cautelar  solicitada  y  ordena  la  anotación  preventiva  de  la  demanda  de 
amparo en el registro de la propiedad. s
6.  Mediante escrito de 15 de octubre de 2019, la entidad Pera Assets Designated  w.
Activity Company, representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca María  34ww
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del régimen de sucesión procesal, las actuaciones deben continuarse con ella. Solicita
que se la tenga por parte en tiempo y forma y que se entiendan con ella las diligencias 
sucesivas del presente recurso de amparo.
7.  Mediante diligencia de ordenación de 21 de octubre de 2019, el secretario de 
justicia de la Sala Primera tiene por personada y parte en el presente proceso a la 
mercantil Pera Assets Designated Activity Company.
8.  Mediante escrito de 3 de diciembre de 2019, la representación de Pera Assets 
Designated  Activity  Company  se  opone  al  recurso  de  amparo.  La  ausencia  de 
indefensión  sería  a  todas  luces  evidente,  pues  la  demandante  de  amparo  habría 
formulado su oposición a la ejecución hipotecaria fuera de plazo (art. 556.1 LEC).
9.  El 10 de diciembre de 2019 tiene entrada en el registro de este Tribunal escrito 
de la recurrente en amparo, que ratifica las alegaciones expuestas en la demanda y 
trascribe en parte los fundamentos jurídicos de la STC 47/2019, de 8 de abril.
10.  El Ministerio Fiscal presenta escrito de alegaciones el 16 de diciembre de 2019. 
Solicita el otorgamiento del amparo, el reconocimiento de la vulneración del derecho de 
la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión y la nulidad de todo lo actuado 
desde la notificación electrónica del auto de despacho de la ejecución, con retroacción 
de las actuaciones al momento anterior. De acuerdo con la STC 47/2019, el art. 155 LEC 
contempla una especialidad: cuando se trata del primer emplazamiento o citación del 
demandado,  los  actos  de  comunicación  se  harán  por  remisión  al  domicilio  de  los 
litigantes. Se regula una excepción al régimen general de las notificaciones telemáticas, 
sin distinguir entre obligados y optantes. Esta interpretación se correspondería con el 
apartado segundo del art. 273.4 LEC, que especifica que «únicamente los escritos y 
documentos que se presenten vía telemática o electrónica que den lugar al primer 
emplazamiento, citación o requerimiento del demandado o ejecutado, se deberán aportar 
en soporte papel, en los tres días siguientes, tantas copias literales cuantas sean las 
otras partes». Como indica la STC 47/2019, FJ 4, la finalidad que racionalmente se 
infiere de ese mandato no es otra que la de trasladar al referido demandado las copias 
presentadas en papel. A la vista de tales preceptos y de la referida STC 47/2019, el fiscal 
concluye que el juzgado no debió prescindir de la notificación personal.
A continuación, examina la respuesta dada por el juzgado a la solicitud de nulidad 
formulada por la recurrente, considerándola insuficiente. Los preceptos invocados no 
impiden  la  aplicación  del  específico  régimen  jurídico  de  la  primera  citación  o 
emplazamiento. No solo no se tomó en consideración el art. 155.1 LEC, sino que se 
aplicó  erróneamente  el  art.  43.2  de  la  Ley  39/2015,  aplicable  únicamente  a  los 
procedimientos  administrativos.  La  omisión  de  la  notificación  personal  y  la  errónea 
selección normativa habrían vulnerado el art. 24.1 CE. Además, el juez no tuvo en 
cuenta que la información contenida en el aviso llevó a la ejecutada a la creencia de que 
disponía de plazo para acceder a la notificación.
11.  Por providencia de 11 de junio de 2020 se señaló para votación y fallo del 
presente recurso el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único. El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación de los autos 
de 10 de julio y 13 de septiembre de 2018 dictados por el Juzgado de Primera Instancia  e
núm.  3  de  Lorca  en  el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  91-2018.  Una  bo
interpretación irrazonable de la legislación procesal habría privado injustamente a la  34ww
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electrónicas y de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre. El órgano judicial habría incumplido su obligación de asegurar, no ya la legalidad 
formal de los actos de comunicación, sino el cumplimiento efectivo de su finalidad 
constitucional. Todo ello constituiría una vulneración del derecho fundamental de la 
demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24 CE). Solicita, 
en consecuencia, la anulación de las resoluciones indicadas, así como la retroacción al 
momento procesal oportuno, previo al dictado del auto de 10 de julio de 2018, a fin de 
que el juzgado admita a trámite su oposición al despacho de ejecución.
Se opone a ello la representación de Pera Assets Designated Activity Company, para 
quien la demandante de amparo habría sido correctamente emplazada, por lo que la 
inadmisión por extemporaneidad de su escrito de oposición no vulneraría el art. 24.1 CE.
El Ministerio Fiscal solicita la estimación de la demanda de amparo y la nulidad de 
todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la ejecución 
con retroacción de las actuaciones al momento anterior.
La reciente STC 40/2020, de 27 de febrero, ha estimado un recurso de amparo 
basado en los mismos motivos, interpuesto por la misma entidad mercantil y dirigido 
contra  autos  de  idéntico  contenido  del  mismo  órgano  judicial.  Corresponde,  en 
consecuencia, dar por reproducidos los fundamentos jurídicos de aquella sentencia y, en 
consecuencia, declarar que los autos de 10 de julio y 13 de septiembre de 2018 del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Lorca han vulnerado el derecho a la tutela 
judicial efectiva de la recurrente en amparo (art. 24.1 CE). Como en aquel caso, la 
estimación del amparo trae consigo la nulidad de los autos recurridos, así como de todo 
lo actuado en el procedimiento hipotecario a quo desde el momento en que se proveyó al 
emplazamiento de la entidad mercantil solicitante de amparo a través de la dirección 
electrónica habilitada.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  la  mercantil  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S. L., y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente en 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de los 
autos de 10 de julio y 13 de septiembre de 2018 dictados por el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 3 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 91-2018, así 
como la nulidad de las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad 
recurrente a través de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
último  por  el  juzgado  ejecutor  de  forma  que  resulte  respetuoso  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». e.e
Dada en Madrid, a quince de junio de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.– 34ww
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