BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 48 Viernes 25 de febrero de 2022 Sec. I.   Pág. 22429
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
2984 Decreto-ley 14/2021, de 28 de octubre, por el que se regula el marco general 
para  la  tramitación  de  los  procedimientos  de  concesión  de  ayudas  con 
carácter de emergencia, destinadas a paliar las necesidades derivadas de la 
situación de emergencia producida por las erupciones volcánicas en la isla de 
La Palma.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto-
ley 14/2021, de 28 de octubre, por el que se regula el marco general para la tramitación 
de los procedimientos de concesión de ayudas con carácter de emergencia, destinadas 
a paliar las necesidades derivadas de la situación de emergencia producida por las 
erupciones volcánicas en la isla de La Palma, ordenando a la ciudadanía y a las 
autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El pasado 19 de septiembre de 2021, a las 15:12 horas comenzó una erupción 
volcánica en la zona de Montaña Rajada de la isla de La Palma, en el municipio de El 
Paso,  con  dos  fisuras  grandes  alineadas  en  dirección  NS,  separadas  entre  sí  por 
unos 200 metros, 9 bocas eruptivas y dos coladas de lava bajando en dirección al mar, 
todo ello después de una intensa actividad sísmica y de deformación registrada durante 
la semana previa a la erupción, según datos del Instituto Geográfico Nacional.
En  la  misma  fecha,  fue  activado  el  Plan  Estatal  General  de  Emergencias  de 
Protección Civil (PLEGEM) en fase de Alerta y Seguimiento Permanente, la Situación de 
Emergencia Nivel 2 y el semáforo volcánico en nivel rojo, correspondientes al Plan 
Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA). Asimismo, se activó a la Unidad Militar 
de Emergencias en El Paso, desplazándose un considerable número de efectivos y 
vehículos,  además  de  movilizar  numerosos  medios  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de 
Seguridad del Estado.
Durante el periodo de activación de los planes mencionados se ha producido la 
evacuación preventiva de más de 7.000 personas de las poblaciones afectadas, daños 
en infraestructuras y bienes públicos y privados, principalmente viviendas, así como 
daños  en  cultivos  y  explotaciones  agropecuarias,  polígonos  industriales  y  otras 
instalaciones productivas.
Asimismo, se han alterado las redes del transporte de personas y mercancías, con el 
corte de carreteras, y la prohibición temporal de la navegación marítima en la zona del 
oeste de la isla de La Palma, así como la suspensión de actividades escolares en 
algunos  de  los  municipios  afectados  y  la  alteración  de  la  atención  sanitaria  por  s
desaparición de infraestructuras. e.
La  trayectoria  del  volcán  ha  ido  sepultando  inexorablemente  todo  lo  que  ha  w.
encontrado a su paso hasta su llegada al mar; aunque las cifras no son definitivas, las  84ww
eredcifoicnasctriounideass  aernra seald alusg asru pdeorannd el as ec ifruab icdaeb a1n.8, 0y0 , sqinu e peenrj uinciinog údne  coatsroos  poddarñáons  seenr 
consLtaru cgcraiovneedsa dq udee s íl opsu eddaeñno sse mr raethearibailleitsa dhaas  op rroevcoocnasdtrou idlaa sr eeanc csiuó nu biincmaceiódnia.ta de las  BOE-A-cable e
distintas Administraciones, aprobándose distintos paquetes de medidas encaminados a
paliar los daños más inmediatos ocasionados por la erupción del volcán. Pero también 
destinados a comenzar las actuaciones que ayuden a recuperar las infraestructuras 
perdidas o dañadas y a reactivar la recuperación económica de la isla de La Palma.
Así, el Consejo de Ministros, en su reunión del 28 de septiembre, declaró la isla de 
La Palma zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (ZAEPC) 
debido a la erupción del volcán, habilitando así a todos los Departamentos ministeriales 
para determinar las ayudas necesarias para recuperar todos los daños provocados por el 
volcán, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 
Nacional de Protección civil, y permitiendo el acceso a ayudas del fondo de solidaridad 
de la Unión Europea (FSUE) para la reconstrucción.
Por su parte la Comunidad Autónoma de Canarias aprobó el Decreto-ley 12/2021, 
de 30 de septiembre, por el que se adoptan medidas tributarias, organizativas y de 
gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma, mediante el 
que se adoptaban medidas tributarias extraordinarias con un triple fin: por un lado, 
facilitar el cumplimiento de determinadas obligaciones tributarias mediante la ampliación 
de los plazos de vencimiento de las obligaciones o aplazamientos de deudas, por otro 
lado, aliviar la carga impositiva de las actuaciones tendentes a la reposición de los 
bienes destruidos por la erupción volcánica en la isla de La Palma y, por último, ajustar la 
tributación efectiva de determinados empresarios a los días sin erupción volcánica.
La gravedad de los daños y el volumen de recursos que es necesario movilizar para 
poder paliar la situación de emergencia en que se encuentran las personas afectadas 
por la situación de emergencia por catástrofe ocasionada por la erupción del volcán de 
La Palma, hacen necesaria la adopción de medidas que permitan agilizar la concesión 
de las ayudas que con motivo de esta circunstancia excepcional se tramiten.
Las circunstancias que concurren en esta situación de emergencia por catástrofe 
natural que motivan la concesión de ayudas a las personas afectadas aconsejan que, 
por una parte, su procedimiento regulador se inspire en los principios de flexibilidad, 
equidad y proporcionalidad y, por otra parte, se provea de una serie de garantías, 
formales y materiales, tanto en orden a la salvaguarda de las exigencias de imparcialidad 
y justicia aplicables a los sujetos afectados como la correcta adecuación de los fondos 
públicos que se apliquen con esta finalidad.
Con ese propósito se dicta el presente decreto-ley, en el que se regula en primer 
lugar, en el capítulo I (artículos 1 a 7), las disposiciones generales sobre el objeto y 
finalidad de esta norma, ámbito de aplicación, los principios rectores que rigen en la 
aplicación de los procedimientos en ella contemplados, régimen jurídico aplicable a las 
subvenciones previstas en el decreto-ley, especificando que se trata de subvenciones 
directas establecidas legalmente de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.b) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como la regulación del 
tratamiento de los datos de carácter personal de las personas afectadas que se inscriban 
en el registro cuya regulación se contempla en el capítulo II.
Tal como se indica, en segundo lugar, el capítulo II (artículo 8 a 13) se dedica a la 
regulación  del  Registro  de  Personas  Afectadas,  constituyéndose  en  la  principal 
herramienta  para  la  agilización  en  la  gestión  de  las  subvenciones  a  las  personas 
afectadas por los daños derivados de las erupciones volcánicas en la isla de La Palma. 
Contempla este capítulo, la regulación sobre el objeto, naturaleza jurídica y adscripción 
departamental del mencionado Registro, así como el plazo para la modificación de datos 
o los motivos que pueden dar lugar a la cancelación de dicha inscripción. Se establece, 
también el procedimiento para solicitar dicha inscripción, destacando que la misma  es
permite a las personas afectadas por las erupciones volcánicas, acreditar su condición y  o
rdpeeogcduleCPalaroro a srnd deteúeor l mstfpio meprpmrolosa,aor,   e nlealaa xssc tbi aemeppnnieíssteraumsf liooeocn li, a IacIrIaosi ac (na attduerfeteaní cccildautioaoslond  am ea1yssí4un   diedamane os 2  e 2pidnl) re semslp veReois ecmdtcgaeeiisóssn tntetiron on ay. de  aesc t oarsem ung pouirrnlomasbrca are.icpl iócpinróo ncd.e edF iimnloaisel mndteoan tdtoees,    OE-A-2022-2984able en https://www.
gestión  de  las  ayudas.  Se  recoge,  en  primer  lugar,  los  requisitos  para  obtener  la
condición de persona o entidad beneficiaria, eximiendo a las personas y entidades 
beneficiarias, del cumplimiento de los requisitos regulados en el artículo 13.2 de la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones.  Las  excepcionales 
circunstancias que derivan de la situación provocada por las erupciones volcánicas en la 
isla de La Palma, que se han descrito en los antecedentes, que han llevado a las 
personas afectadas a situaciones de pérdidas, en muchos casos, de la totalidad de sus 
bienes, justifican la aplicación de esta última medida.
Se  regula  también,  los  daños  subvencionables,  así  como  la  cooperación  entre 
Administraciones Públicas, o la utilización de la figura de entidad colaboradora para la 
gestión de las ayudas cuya regulación contempla esta norma.
Mención aparte merece el especial procedimiento que se contempla para la gestión y 
tramitación de las ayudas que cada Departamento tramite. Destacando el inicio de oficio 
del procedimiento por los distintos departamentos de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, y la consideración de la inscripción en el registro 
como solicitud a los efectos de que la misma sirva a la persona afectada para recibir 
cualesquiera de las ayudas que se tramiten por los mencionados departamentos sin 
tener  que  estar  presentado  varias  solicitudes  al  efecto.  También  se  contempla  la 
tramitación  del  procedimiento  de  concesión  de  las  subvenciones  con  carácter  de 
urgencia.
Esta  norma  contiene  catorce  disposiciones  adicionales  que  regulan,  entre  otros 
aspectos, las facultades de desarrollo a favor de los titulares de los departamentos, la 
flexibilización del contenido y tramitación de los planes estratégicos de subvenciones 
para las ayudas tramitadas con cargo a este decreto-ley, la ampliación de los plazos de 
ejecución y justificación de todas las actividades subvencionadas y de los encargos en 
curso  en  el  ámbito  del  sector  primario,  se  establece  una  habilitación  para  que  el 
Gobierno de Canarias pueda acordar la ejecución de las actuaciones de reposición 
precisas en infraestructuras viarias, cualquiera que sea la administración pública titular 
de aquella cuando la situación de emergencia por catástrofe natural corresponda al 
propio Gobierno de Canarias, así como también se declaran de interés regional las 
instalaciones e infraestructuras hídricas y sistemas de riego, a los efectos de que el 
Gobierno de Canarias ejecute cuantas actuaciones sean precisas para la reposición, 
restablecimiento e instalación de las mismas.
Como medida de agilización también se exime a las actuaciones, instalaciones y 
proyectos declarados de emergencia, tanto por la Comunidad Autónoma de Canarias 
como por el Estado (AGE), consecuencia de los hechos catastróficos de la erupción 
volcánica en la isla de La Palma de la autorización requisitos y condiciones previas 
exigibles y establecidas en la normativa sectorial del sector eléctrico e industrial de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, tramitándose las mismas con posterioridad.
Se contempla también como medida extraordinaria, la adjudicación de viviendas 
protegidas  de  promoción  pública  para  las  unidades  familiares  damnificadas  por  la 
erupción volcánica en la isla de La Palma sin que les sea de aplicación los requisitos y el 
procedimiento previsto en el Decreto 138/2007, de 24 de mayo.
Asimismo,  se  regula  el  suministro  de  información  económico-financiera  por  los 
departamentos, tanto a la Consejería competente en materia de hacienda como a la 
Comisión de coordinación de las medidas de reconstrucción y reactivación de la isla de 
La Palma creado por Decreto-ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el que se adoptan 
medidas  tributarias,  organizativas  y  de  gestión  como  consecuencia  de  la  erupción 
volcánica en la isla de La Palma. es
Y se establece un régimen específico de indemnizaciones para el personal que deba  o
dcitnrieatsarstidrvlPuaaaomd drias earlonsast te.rodo  ae p  lLlaaaadr a osP i,ta fuaelamcl cialiFiót,ao ndrn  edduneont  r oeCs midaseenterla gmdreieoans  cadeiraesr  toapFllbroionl edda uendc cesiidau acfsi in ópfaunonn rcc Mliiaaouscnn ieóiecsnri,up  ppamacl uirosanen icr eeicpsao alvinlz ocaqlicrbu áiaeónc  itpccuaroaesmct eidoone nd ueílaans     OE-A-2022-2984able en https://www.
contribuir a la necesaria dotación de recursos a las haciendas municipales a la vez que
articular, sin menoscabar su autonomía, una acción coordinadora a nivel autonómico a 
través de una transferencia niveladora que da cumplimiento al principio constitucional de 
suficiencia financiera (artículo 142 CE).
La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha provocado una emergencia sanitaria, 
económica y social sin precedentes a nivel mundial que mantiene unas consecuencias 
económicas y sociales que necesitarán de varios años para superarse. Además, la 
irrupción de la crisis volcánica en la isla de La Palma cuyos efectos devastadores aún no 
se pueden determinar con exactitud al no haber cesado la erupción, hacen necesario un 
cambio  normativo  excepcional  en  el  destino  del  Fondo  Canario  de  Financiación 
Municipal  para  el  presente  ejercicio  que  no  puede  ser  aprobado  mediante  otro 
procedimiento de tramitación parlamentaria, siquiera por la vía de urgencia, con tiempo 
suficiente para que los municipios puedan aplicarlo.
Resulta necesario, en especial para los municipios de la isla de La Palma que 
puedan destinar la totalidad del fondo a las políticas de gasto indicadas vinculadas a los 
servicios públicos esenciales, así como a gastos derivados de la respuesta a la crisis 
sanitaria y volcánica. Esta posibilidad no parece adecuada solo circunscribirla a los 
municipios afectados o a los municipios de la isla de la Palma porque implicaría que el 
Fondo Canario de Financiación Municipal perdiese su característica de homogeneidad 
territorial en todo su ámbito de aplicación.
A  través  de  la  disposición  adicional  decimosegunda  se  establece  un  régimen 
excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para el presente ejercicio. De 
este modo, a pesar de que se siguen manteniendo los valores de los indicadores 
establecidos en el artículo 79 de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, los mismos se configuran 
a los meros efectos de diagnóstico económico financiero, procediéndose a regular un 
régimen especial del destino de la parte del Fondo contemplada en el artículo 1.1.a) de 
su Ley reguladora, para que pueda ser destinado a las políticas de gasto indicadas 
vinculadas  a  los  servicios  públicos  esenciales,  así  como  a  gastos  derivados  de  la 
respuesta a la crisis sanitaria y volcánica. Sin perjuicio de ello, aquellos ayuntamientos 
con una peor situación de salud financiera podrán, si lo estimaran oportuno, mantener el 
destino de saneamiento financiero de esta parte del Fondo.
Por último, contiene este decreto-ley, tres disposiciones finales. La primera que 
deroga el artículo 79.2 de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, está en correlación con lo regulado 
en la disposición adicional decimosegunda sobre el régimen excepcional del Fondo 
Canario de Financiación Municipal.
La disposición final segunda incluye una modificación puntual de la Ley 7/2020, 
de  29  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Canarias para 2021, que obedece a la necesidad de proveer los créditos necesarios para 
acometer las actuaciones precisas en materia de infraestructuras educativas. Y por 
último la tercera relativa a la entrada en vigor de la norma.
II
El artículo 46.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias dispone que, en caso de 
extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar normas con rango de ley, 
que recibirán el nombre de decretos-leyes.
En virtud de la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por todas  s
Sentencia  14/2020,  de  28  de  enero,  FJ  2)  es  exigible  que  el  Gobierno  haga  una  oe.
definición «explícita y razonada» de la situación concurrente, y segundo, que exista  w.
dnaeedcceremestáiods-a leudyn  aq su«eec  oahndaeobxpiilóittenen  d.e el P seoemrn pttialdenoot» o d,e ene tnrleatr  elah  elsarirt ausmaictiueióanncta iód ned feindl iedd ae ecyxr etlrataoso- lrmedyien dayird iaala ss y q muueer gdeeindn ateesl    2022-2984n https://ww
contenidas en él, debe existir una relación directa o de congruencia.
En  este  sentido,  la  situación  de  urgencia  que  motiva  la  utilización  de  esta 
herramienta viene más que justificada por la declaración por el Consejo de Ministros en 
su reunión del 28 de septiembre, de la isla de La Palma como zona afectada gravemente 
por  una  emergencia  de  protección  civil  (ZAEPC)  debido  a  la  erupción  del  volcán. 
Declaración ésta que se produce por encontrarse la situación de emergencia producida, 
dentro de las recogidas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil.
Asimismo, las medidas contempladas en este decreto-ley están encaminadas a 
establecer  un  procedimiento  más  ágil,  eficaz  y  eficiente  en  la  gestión  de  las 
subvenciones a conceder a las personas afectadas por los daños producidos por las 
erupciones del volcán de la isla de La Palma.
Por  tanto,  existe  plena  conexión  de  sentido  entre  la  situación  descrita  en  la 
exposición de motivos y las medidas que se recogen en este decreto-ley.
El Decreto-ley constituye, por tanto, el instrumento constitucional y estatutariamente 
previsto a estos efectos, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia sea, tal 
y como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, 
de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 
y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación concreta que por razones difíciles 
de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el 
establecido por la vía normal o por el procedimiento abreviado o de urgencia para la 
tramitación parlamentaria de las leyes.
Todos los motivos expuestos justifican amplia y razonadamente la extraordinaria y 
urgente necesidad de que por parte del Gobierno de Canarias se apruebe, conforme al 
apartado 1 del artículo 46 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, un Decreto-ley como el que nos ocupa. Por otra 
parte, el contenido normativo proyectado no afecta a los supuestos previstos en el 
artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Canarias, ni a la regulación esencial de los 
derechos y deberes establecidos en dicho Estatuto y en la Constitución española.
No se ha realizado el trámite de participación pública al amparo de lo que establece 
el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de aplicación 
supletoria por mor de lo dispuesto en la disposición final primera de la Ley 1/1983, de 14 
de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, que excluye la aplicación de las normas para la tramitación de anteproyectos 
de ley y normas reglamentarias, a los decretos leyes, a excepción de la elaboración de la 
memoria prevista en el apartado 3 del citado artículo, con carácter abreviado.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias, a propuesta conjunta del Presidente y de los Consejeros de 
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y de Administraciones Públicas, Justicia y 
Seguridad, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 28 de 
octubre de 2021, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y finalidad.
El presente Decreto-ley tiene por objeto el establecimiento del marco regulador  e
general para la tramitación de los procedimientos de concesión de ayudas, con carácter  bo
de emergencia por los distintos Departamentos de la Administración de la Comunidad  84ww
Aemuteórngoemncai ad ep rCodauncairdiaas p, odre lsatsin earduapsc iao npeasli avro llacás nniceacse seind alad eissl ad edreiv Laad aPsa ldmea l.a situación de
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Se regirán por lo dispuesto en este decreto-ley la concesión de ayudas en atención a 
las  necesidades  derivadas  de  situaciones  de  emergencia  por  catástrofe  natural 
ocasionadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, con las condiciones y 
requisitos establecidos en él.
Artículo 3. Naturaleza.
El otorgamiento de estas ayudas es compatible con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualquiera Administraciones 
o  entes  públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos 
internacionales, sin que en ningún caso puedan superar el valor del daño producido.
Artículo 4. Principios rectores.
La  adopción  de  estas  medidas  reparadoras  se  inspirarán  en  los  principios  de 
economía,  celeridad,  eficacia  y  solidaridad,  así  como  en  los  de  cooperación  y 
coordinación  entre  Administraciones  Públicas.  A  estos  fines,  deberán  impulsarse 
aquellos  mecanismos  de  colaboración  que  en  cada  caso  contribuyan  a  la  mayor 
operatividad de las medidas previstas en este decreto-ley.
Artículo 5. Régimen jurídico.
Las subvenciones reguladas en el presente decreto-ley se concederán de forma 
directa a los beneficiarios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2.b) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y conforme a los requisitos 
y procedimientos que se determinen en este decreto-ley, y se regirán por lo dispuesto en 
esta norma, por la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo que 
tenga carácter básico, en las disposiciones, convenios u otros instrumentos que se 
adopten o formalicen en aplicación de este decreto-ley y, con carácter supletorio, por el 
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 6. Consulta de datos por la Administración.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias consultará de oficio los 
datos de identificación, residencia y convivencia, circunstancias sociales y económicas y 
cualquier otros que resulten precisos para acreditar la condición de afectado y para la 
posterior concesión de las ayudas previstas en el capítulo III.
No será preciso, por tanto, que el interesado aporte documentación acreditativa salvo 
que se le requiera expresamente por el órgano responsable del Registro o por los 
departamentos tramitadores de las distintas líneas de subvenciones, por no ser posible 
su consulta o verificación por otras vías. Dicha documentación requerida se incorporará 
al expediente de inscripción en el Registro.
La licitud de la consulta de los datos está amparada en los apartados c) y e) del 
artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos.
Artículo 7. Tratamiento y transmisión de datos de carácter personal para la gestión del 
Registro de personas afectadas y para la adopción de medidas y gestión para  e
atender las necesidades derivadas de la situación de emergencia producida por las  b
erupciones volcánicas en la isla de La Palma. 84ww
del 1R. egEisl trtora tdaem ipeenrtsoo dnea sl oas fedcattaodsa ds ey c apraárcat elra  paedrsoopncaiól nq udee  sme eredaidliacse  yp agrae slatió gne sptaiórna 
atender las necesidades derivadas de la situación de emergencia producida por las
erupciones volcánicas en la isla de La Palma, se hará de acuerdo a lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de esos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, debiendo informarse a los 
solicitantes  de  la  inscripción  de  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión, 
limitación, portabilidad y oposición que le asisten así como de los medios para ejercerlos.
2. El tratamiento tendrá por finalidad atender a las necesidades derivadas de la 
situación de emergencia producida por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, 
propias de su competencia.
3. Los datos de carácter personal relativos a las personas afectadas por la situación 
de emergencia producida por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma que la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias recabe para el ejercicio de sus 
competencias  se  podrán  transmitir  a  la  Administración  General  del  Estado,  a  las 
entidades que integran la Administración Local canaria, así como a los organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las anteriores 
Administraciones Públicas, con el fin exclusivo de atender a las necesidades derivadas 
de esta situación de emergencia propias de su competencia.
4. Las transmisiones a las que se refiere este artículo se realizarán en el marco de 
lo establecido en los artículos 155 y 156 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
CAPÍTULO II
Registro de personas afectadas por las erupciones volcánicas en la isla 
de La Palma
Artículo 8. Objeto, naturaleza jurídica y adscripción.
1. Al objeto de tramitar las ayudas reguladas en esta norma con mayor eficacia, 
eficiencia y celeridad, se crea el Registro de personas afectadas por las erupciones 
volcánicas en la isla de La Palma, de carácter voluntario, gratuito y de naturaleza 
administrativa.
2. Podrán inscribirse en este registro, todas las personas (físicas o jurídicas) o las 
entidades definidas en el artículo 14.1.b) de esta norma, que hayan sufrido daños o 
pérdidas de carácter personal o material, así como perjuicios económicos, derivados 
directamente de la situación de emergencia creada por las erupciones volcánicas en la 
isla de La Palma.
3. Este registro está adscrito a la Viceconsejería de la Presidencia del Gobierno de 
Canarias.
4. La  gestión  de  este  registro  corresponde  a  la  Secretaría  General  de  la 
Presidencia del Gobierno, siendo sus funciones, en relación con el mismo, las siguientes:
a) Gestionar la inscripción, modificación y cancelación de los datos a inscribir.
b) Informar y certificar los datos que figuran en el registro.
5. Los sistemas informáticos que den soporte a este Registro dejarán traza de la 
identidad y de los contenidos consultados por cada una de las personas a las que se dé 
acceso, a fin de cumplir con las garantías sobre transmisión de datos de carácter  es
personal previstas en el artículo 7 de este decreto-ley. o
Artíc1u. lo L9a.   sSoolilcicitiutudd , dfoer minasliczraipccióiónn y  eefne cteol s Rdee glais itnros crdipec iópne.rsonas  afectadas  por  las  2022-2984n https://ww
pearurtpirc idoenle dsí av o3l cdáen incoavsi eemn blare  isdlea  2d0e2 L1a,  yP haalmstaa  psoedisr ám reesaelisz adressep ueéns c dueaslqduei elar  mfinoamlizeanctoió na   BOE-A-cable e
de la situación de emergencia, mediante modelo normalizado disponible en el apartado
denominado  «sede  electrónica  del  Gobierno  de  Canarias»:  https://
www.gobiernodecanarias.org/principal/.
Las solicitudes de inscripción incorporarán una declaración responsable sobre los 
contenidos incluidos en el artículo 13 de esta norma.
En  los  formularios  de  solicitud  de  los  procedimientos  relativos  al  Registro  de 
personas afectadas, se recabará el consentimiento expreso o la no oposición de las 
personas interesadas, según proceda, para que la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias consulte o verifique los datos declarados en su solicitud. En caso 
de  que  la  persona  interesada  ejercite  su  derecho  de  oposición,  deberá  aportar  la 
documentación acreditativa de lo declarado.
2. Las solicitudes de inscripción podrán presentarse, por el propio interesado o 
mediante representante, por las siguientes vías:
a) Presentación  en  la  sede  de  la  Oficina  de  Coordinación  económica  y  de 
asistencia a los afectados creada por el Decreto-ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el 
que se adoptan medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la 
erupción volcánica en la isla de La Palma, en cualquiera de las oficinas de registro del 
Gobierno de Canarias (https://gobiernodecanarias.org/oficinas de registro/) así como en 
los demás registros regulados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b) Telemáticamente, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, en 
https://sede.gobcan.es/sede/.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a la vista de las 
declaraciones responsables formuladas por los interesados en su solicitud, las evaluará, 
pudiendo para ello, realizar cuantas consultas, comprobaciones e inspecciones sean 
necesarias a fin de resolver los procedimientos. Para ello podrá consultar plataformas de 
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto o recabar 
directamente la información obrante en otros órganos del Gobierno de Canarias u otras 
Administraciones  Públicas  en  virtud  del  principio  de  cooperación  interadministrativa 
conforme dispone la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
4. La inscripción se formalizará mediante resolución de la Viceconsejería de la 
Presidencia  en  el  plazo  máximo  de  quince  hábiles  días  contados  a  partir  de  la 
presentación de la solicitud.
Transcurrido  el  plazo  máximo  sin  que  se  haya  dictado  y  notificado  resolución 
expresa, se entenderá estimada la solicitud y se procederá a la inscripción.
La  notificación  de  la  inscripción  podrá  realizarse  por  vía  electrónica  o  postal. 
Atendiendo a las especiales circunstancias de emergencia que concurren en este caso, 
los  interesados  podrán  recoger  sus  notificaciones  en  la  sede  de  la  Oficina  de 
Coordinación económica y asistencia a los afectados si así lo indican en el formulario de 
solicitud.
5. La  inscripción  en  este  Registro  permite  acreditar  la  condición  de  personas 
afectadas por las erupciones volcánicas y poder ser considerado solicitante de las 
ayudas previstas en el capítulo III.
6. En cualquier momento las personas interesadas podrán solicitar información 
sobre el contenido de su inscripción.
Artículo 10. Inspección y comprobación.
1. La Secretaría General de la Presidencia de Gobierno podrá hacer en cualquier  o
momento,  cuantas  consultas,  comprobaciones,  controles  e  inspecciones  sean  84ww
drneeeqccule2aes.r raairrcáEiiaó nsan    rlceraeas sspppoeeo crsntdoose naa ab il lnaeine  itxnqeasurcceetrs iitphaucaddi aó d nuep,   amporarome dsqisiefuiiónceant,a c erisdóneen  e  cyla o cplngal aunlzanco aes  liaoniclndicifóiocitnraum dddo,ae ,c e liapló  rnóion rcsgcecaodrninapot ce aicnó oinrdme.aap liezetaner n tlleaa    OE-A-2022-29able en https://
subsanación  que  corresponda,  autorice  las  consultas  necesarias  y/o,  en  su  caso, 
presente la documentación requerida.
3. A la vista de la continua evolución de la emergencia que justifica la creación de 
este Registro, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno podrá, de oficio o a 
instancia de otros departamentos del Gobierno de Canarias, otras Administraciones 
Públicas o entidades del sector público, actualizar, con las debidas garantías, la relación 
de daños o perjuicios sufridos por las personas inscritas.
4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o 
información que se incorpore a una declaración responsable o la no presentación de la 
documentación requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la 
pérdida de la vigencia de la inscripción y la cancelación de esta, todo ello sin perjuicio 
de las responsabilidades a las que hubiera lugar. La consecuencia de la pérdida de 
la vigencia de la inscripción y la cancelación de esta, será la pérdida de la condición de 
solicitante y en su caso, beneficiario de las ayudas de emergencia reguladas en esta 
norma.
Artículo 11. Modificación de la inscripción.
Los inscritos como personas afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La 
Palma, deberán comunicar al Registro cualquier variación en los datos de su inscripción, 
en el plazo máximo de diez días hábiles desde que se produjo el hecho causante de la 
modificación de la inscripción, derivándose en caso contrario, las consecuencias que 
proceda.
Artículo 12. Cancelación de la inscripción.
1. La  cancelación  de  la  inscripción  se  realizará  mediante  resolución  de  la 
Viceconsejería de la Presidencia.
2. Será motivo de cancelación de la inscripción:
a) La solicitud voluntaria del interesado
b) El incumplimiento de los requisitos para inscribirse en el Registro.
c) La  falsedad  en  la  declaración  o  documentación  aportada  para  solicitar  la 
inscripción en el Registro.
3. En el caso de cancelación de la inscripción por las causas señaladas en la 
letra b) y c) del apartado 2 del presente artículo, con anterioridad a dictar la resolución de 
cancelación se dará audiencia a las personas interesadas.
4. La cancelación de la inscripción supondrá la pérdida de la condición de persona 
beneficiaria de las subvenciones previstas en el capítulo III de esta norma.
Artículo 13. Contenido del Registro.
1. En el registro deberá constar, al menos, la siguiente información:
a) Identificación  de  la  persona  física  o  jurídica,  y  de  las  previstas  en  el 
artículo 14.1.b) del presente decreto-ley. Si los daños afectasen a una unidad familiar o 
de convivencia económica, se identificará esa unidad con todos sus integrantes.
b) Identificación  de  los  daños  personales  producidos  distinguiendo  los 
fallecimientos de las lesiones incapacitantes. es
c) Identificación de los daños materiales producidos, distinguiendo: bo
c.1) Daños en la vivienda: 84ww
– Régimen de uso de la misma: propiedad, arrendamiento u otros.
– Superficie y ubicación.
– Si se trata de vivienda habitual, segunda vivienda o vivienda vacacional regulada 
en el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
aprobado por Decreto 113/2015, de 22 de mayo.
– Descripción de los daños en la construcción, especificando si se ha producido 
destrucción total o parcial de la vivienda. En este último caso deberá indicarse si ha 
resultada dañada o no la estructura.
– Descripción detallada de las pérdidas o daños en enseres domésticos y otras 
pertenencias.
c.2) Daños  en  establecimientos  turísticos  de  alojamiento  o  de  ocio, 
establecimientos  industriales,  mercantiles  o  de  servicios,  abiertos  o  no  al  público, 
indicando:
– Régimen de uso de los mismos: propiedad, arrendamiento u otros.
– Superficie y ubicación.
– Descripción detallada de los daños en la construcción, especificando si se ha 
producido destrucción total o parcial de la misma, y, en este último caso, si ha resultada 
dañada o no la estructura.
– Descripción detallada de las pérdidas o daños en los equipamientos, maquinaria y 
producción.
– Pérdidas estimadas de rendimiento económico por el cese de actividad.
– Tipo de actividad empresarial o profesional (CNAE).
– Fecha de alta de la actividad empresarial o profesional.
– Situación  de  la  actividad  (suspensión  total  o  parcial)  y  número  de  días  de 
afectación.
– Última cifra de negocios declarada en el impuesto sobre sociedades o en el 
Impuesto de la Renta de las personas Físicas (rendimientos económicos).
c.3) Daños en el sector primario.
– Régimen  de  uso  de  las  explotaciones  agrícolas,  ganaderas,  acuícolas  y 
marisqueras,  así  como  de  las  embarcaciones  pesqueras  y  lonjas:  propiedad, 
arrendamiento u otros.
– Superficie y ubicación.
– Identificación  del  daño  en  cultivos,  ganado,  maquinaria,  equipamiento  y 
construcciones,  instalaciones  e  infraestructuras,  vinculadas  a  las  explotaciones, 
embarcaciones,  así  como  de  todos  aquellos  bienes  necesarios  para  la  actividad 
económica.
– Pérdidas estimadas de rendimiento económico por el cese total o parcial de la 
actividad.
d) Otros recursos, subvenciones, indemnizaciones, ayudas o ingresos procedentes 
de sistemas públicos o privados, nacionales o internacionales, solicitados o recibidos por 
las personas afectadas para cubrir las pérdidas y daños contemplados en esta norma. 
En particular, se indicará si se dispone de seguro que dé cobertura a dichos daños.
e) Identificación  de  la  persona  trabajadora  afectada  por  un  expediente  de 
regulación temporal de empleo (ERTE) previsto en la disposición adicional quinta relativa 
a las medidas extraordinarias para las empresas y personas trabajadoras de las islas 
Canarias afectadas por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja del 
Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección  e.
del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado laboral. w.b
f) Cualquier  otro  dato  o  información  que  prevean  las  normas  que  dicten  los  84ww
departamentos competentes para la concesión de las subvenciones.
CAPÍTULO III
De la gestión de las ayudas
Artículo 14. Personas y entidades beneficiarias.
1. Podrán  ser  beneficiarias  de  estas  ayudas,  en  los  términos  y  requisitos 
establecidos en este decreto-ley, las siguientes:
a) Todas las personas físicas o jurídicas que hayan sufrido daños personales y/o 
materiales como consecuencia de las erupciones volcánicas de la isla de La Palma, que 
se encuentren inscritas en el registro regulado en el artículo 8 anterior.
b) Las  agrupaciones  de  personas  físicas  o  jurídicas,  públicas  o  privadas,  las 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado 
sin  personalidad  jurídica  que  se  encuentren  inscritas  en  el  registro  regulado  en  el 
artículo 8 anterior.
2. En atención a la esencial naturaleza de las ayudas previstas en este decreto-ley, 
se eximirá a las personas y entidades beneficiarias del cumplimiento de los requisitos 
regulados en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
Artículo 15. Daños subvencionables.
Los daños personales, materiales en viviendas, enseres, establecimientos y/o bienes 
de equipo afectos a las actividades empresariales, a explotaciones agrícolas, ganaderas, 
acuícolas  y  marisqueras,  en  las  embarcaciones  pesqueras  y  lonjas,  así  como  los 
perjuicios económicos objeto de las ayudas y subvenciones que se concedan por la 
situación de emergencia o catástrofe natural regulados en este decreto-ley, serán los que 
consten verificados en el Registro contemplado en el artículo 8 del presente.
Artículo 16. Cooperación con otras Administraciones Públicas.
1. El Gobierno de Canarias y las entidades locales canarias trabajarán de forma 
coordinada para la mejor aplicación de las medidas previstas en esta norma, así como 
para el intercambio de datos necesarios, y en su caso, celebrarán los convenios de 
cooperación que resulten necesarios, sin perjuicio de sus propias competencias.
2. Las Corporaciones Locales podrán actuar como entidades colaboradoras a todos 
los efectos relacionados en las ayudas previstas en esta norma, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y artículo 5 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece 
el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 17. Entidades colaboradoras.
1. Los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma a los que 
corresponda  la  instrucción  de  los  correspondientes  expedientes,  podrán  designar 
entidades colaboradoras para la gestión de las subvenciones reguladas en el presente 
decreto-ley, así como, en su caso, en la entrega y distribución de los fondos públicos a 
las personas beneficiarias, para cuya efectividad se suscribirán los oportunos convenios  s
de colaboración. e.
2. Las entidades colaboradoras deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos  w.
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como los de  84ww
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3. Las  entidades  colaboradoras,  en  los  términos  que  se  determinen  en  los 
convenios, podrán tener derecho a percibir un anticipo por las operaciones preparatorias 
que resulten necesarias para realizar las actuaciones financiadas hasta un límite máximo 
del 50 por ciento de la cantidad total a percibir.
4. Los  Departamentos  podrán  revocar  libremente,  en  cualquier  momento,  la 
designación efectuada a la entidad o entidades colaboradoras.
Artículo 18. Inicio del procedimiento para la concesión de las ayudas.
1. El  procedimiento  para  la  concesión  de  ayudas  se  iniciará  de  oficio  por  los 
distintos departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias competentes por razón de la materia. Para ello, dictarán las correspondientes 
disposiciones  normativas  que  contendrán,  al  menos,  los  siguientes  aspectos  no 
contemplados en este decreto-ley:
a) Línea de ayudas que gestione el departamento.
b) Financiación.
c) Cuantía de las subvenciones.
d) Personas y entidades beneficiarias.
e) Órgano instructor.
f) Órgano concedente.
g) Reintegro de la subvención.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro requisito adicional que se estime necesario 
incluir por el departamento que inicie el procedimiento.
2. Para la tramitación de las Órdenes Departamentales a que se refiere el apartado 
anterior, solo será exigible el informe de los Servicios Jurídicos, el de la Intervención 
General al que hace referencia el artículo 9.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por 
el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, que, en todo caso será emitido en el plazo improrrogable de seis días, y el 
informe de la Dirección General competente en materia de Asuntos Europeos a que se 
refiere el apartado 3 del mencionado artículo 9.
Artículo 19. Tramitación.
1. Los procedimientos administrativos de subvenciones que se tramiten para la 
reparación  de  los  daños  causados  por  la  situación  de  emergencia  por  catástrofe 
ocasionados por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, se tramitarán por 
urgencia y se despacharán con carácter preferente.
2. La tramitación de urgencia prevista en este artículo determinará la reducción a la 
mitad de los plazos establecidos para el procedimiento ordinario salvo los relativos a la 
presentación de solicitudes y recursos, la subsanación de requerimientos o cualesquiera 
otros  plazos  que  limiten  los  derechos  de  terceros  o  que  no  puedan  reducirse  por 
aplicación de la normativa básica y sin perjuicio de los plazos específicos previstos en 
esta norma.
Artículo 20. Solicitudes y plazo para resolver.
1. A los efectos de la tramitación de estas subvenciones, la inscripción en el 
registro otorgará la condición de solicitante de las ayudas que, con motivo de la situación  e.e
de emergencia derivada de las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, se hayan  b
convocado, sin que sea necesario que la personal interesada presente solicitud. 84ww
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de La Palma a fin de poder gestionar, de forma ágil, las ayudas.
En el caso de que la convocatoria de las subvenciones exigiera el cumplimiento de 
algún requisito no acreditado en el propio Registro, el órgano gestor de la subvención lo 
consultará o comprobará de oficio, ya sea a través de las plataformas de intermediación 
de  datos,  otros  sistemas  electrónicos  habilitados,  o  recabando  directamente  la 
información obrante en otros órganos del Gobierno de Canarias u otras Administraciones 
Públicas en virtud del principio de cooperación interadministrativa. Solo cuando no sea 
posible esta consulta o verificación de oficio, se requerirá el dato o documento a la 
persona  interesada.  Estos  datos  o  documentos  serán  incorporados  al  Registro  de 
personas afectadas, de oficio.
En caso de que el órgano gestor de las ayudas necesite de datos de carácter 
tributario para el cálculo de las mismas, se solicitará el consentimiento expreso de la 
persona o entidad solicitante para poder recabar los datos o antecedentes obrantes en la 
Administración tributaria, en virtud del artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.
Artículo 21. Concesión.
1. Se  podrán  dictar  sucesivas  resoluciones  de  concesión,  en  función  de  las 
sucesivas inscripciones en el registro y la verificación de los datos completos contenidos 
en el mismo y hasta el agotamiento del crédito.
En  este  sentido,  el  órgano  gestor  deberá  publicar  en  la  sede  electrónica  el 
agotamiento  de  la  partida  asignada  y  la  desestimación  expresa  a  las  personas 
interesadas.
2. La  notificación  de  las  resoluciones  se  realizará  mediante  publicación  en  el 
«Boletín Oficial de Canarias» (BOC).
Artículo 22. Justificación y control.
1. Las subvenciones concedidas en atención a la concurrencia de una determinada 
situación  en  el  perceptor,  no  requieren  otra  justificación  que  la  acreditación  de 
encontrarse en la situación que motiva la concesión de la ayuda por cualquier medio 
admisible en derecho de dicha situación.
A tales efectos, la justificación de la ayuda se realizará en los términos recogidos en 
el artículo 10 de este decreto-ley, sin perjuicio de cualquier otro medio de justificación 
que el departamento que inicie el procedimiento establezca en su disposición normativa.
2. Todo lo anterior sin perjuicio de cuantos controles se establezcan por el órgano 
gestor, así como por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias y 
demás órganos de control externo.
Disposición adicional primera. Facultades de desarrollo.
1. Se faculta a los titulares de los departamentos a dictar cuantas disposiciones 
normativas, actos, resoluciones e instrucciones sean necesarias para el desarrollo y 
ejecución de lo dispuesto en esta norma.
2. Se faculta a los titulares de los departamentos a incrementar las dotaciones de 
los créditos que inicialmente establezcan para cada una de las líneas de ayudas cuyo 
trámite hayan iniciado, siempre que exista crédito disponible.
Disposición adicional segunda. Interoperabilidad de los Sistemas. s
Se velará por la interoperabilidad entre el sistema de gestión del registro regulado en  w.
el artículo 8 de este decreto-ley, y los sistemas de gestión de subvenciones de los  84ww
distintos departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Disposición adicional tercera. Plan Estratégico de Subvenciones.
El Plan estratégico de subvenciones regulado en este decreto-ley se reducirá a una 
memoria con el contenido establecido en el artículo 7 del Decreto 36/2009, de 31 de 
marzo.  Dicha  memoria  se  incorporará  al  Plan  estratégico  de  Subvenciones  del 
departamento  correspondiente  vigente  en  cada  momento,  y  no  requerirá  informe 
preceptivo de la Dirección general competente en materia presupuestaria.
Disposición adicional cuarta. Ampliación de los plazos de realización y justificación de 
la actividad subvencionada en el ámbito del sector primario.
El plazo de realización y justificación de la actividad o conducta de las ayudas o 
subvenciones concedidas de forma genérica o directa al sector primario de la isla de La 
Palma quedarán automáticamente prorrogadas a la entrada en vigor de este decreto-ley 
en veinticuatro meses y tres meses más al plazo previsto, respectivamente.
Asimismo, las subvenciones y ayudas pendientes de conceder en forma genérica o 
directa al sector primario de la isla de la Palma en este ejercicio y en el siguiente, podrán 
fijar, si las circunstancias lo justifican y con ello no menoscaba el principio de estabilidad 
presupuestaria, el mismo plazo de realización y justificación de la actividad previsto en el 
apartado anterior.
Disposición adicional quinta. Ampliación de los plazos de ejecución de los encargos a 
medios propios personificado en el ámbito del sector primario, en la isla de La Palma.
El plazo de ejecución de los encargos a medio propio en la isla de La Palma, 
quedarán automáticamente prorrogados a la entrada en vigor de este decreto-ley en 
doce meses más.
Disposición adicional sexta. Exención de la exigencia de retención del uno y medio por 
ciento cultural.
Se exime de la exigencia de retención del uno y medio por ciento cultural a que se 
refiere el artículo 131 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de 
Canarias, a los contratos de obra pública que se considere necesario realizar para 
mitigar los daños producidos por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, 
cualquiera que sea su valor estimado.
Disposición adicional séptima. Restablecimiento de Infraestructuras viarias.
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería competente, podrá acordar la 
ejecución  de  cuantas  actuaciones  sean  precisas,  para  la  reposición  de  las 
infraestructuras viarias, cualquiera que sea la Administración Pública titular de aquellas, 
en los casos en que la gestión de la situación de emergencia o de naturaleza catastrófica 
corresponda al propio Gobierno de Canarias.
Las infraestructuras resultantes tendrán la consideración de carreteras de interés 
regional, no siendo de aplicación a efectos de dicha calificación, las previsiones de la 
Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, y su Reglamento de desarrollo, 
aprobado  por  Decreto  131/1995,  de  11  de  mayo,  mientras  se  mantenga  activa  la 
situación de emergencia o de naturaleza catastrófica en la isla de La Palma.
Una vez que se desactive la situación de emergencia o de naturaleza catastrófica en  e.e
la isla de La Palma, la competencia sobre las infraestructuras resultantes recaerá en la  b
Administración Pública competente atendiendo a la naturaleza de la vía, de conformidad  84ww
dcoensa lraro lLloe,y a p9r/o1b9a9d1o,  dpeo r 8D edcer emtoa 1y3o1, /1d9e9 5C,a drere 1te1r adse  mdea yCo.anarias y su Reglamento de
Disposición  adicional  octava. Restablecimiento  e  instalación  de  infraestructuras 
hídricas y sistemas de riego.
A los efectos de garantizar el suministro y abastecimiento de agua de consumo humano 
y riego agrícola, mientras dure la situación de emergencia en la isla de La Palma derivada 
de  las  erupciones  volcánicas,  el  Gobierno  de  Canarias,  a  través  de  la  Consejería 
competente,  podrá  ejecutar  cuantas  actuaciones  sean  precisas  para  la  reposición, 
restablecimiento e instalación de infraestructuras hidráulicas y sistemas de riego.
A los efectos establecidos en al apartado anterior las actuaciones, instalaciones e 
infraestructuras se declaran de interés regional, salvo que tuvieran la consideración, o 
fueran declaradas de interés general, a los efectos establecidos en los artículos 8 y 10, 
apartado k) de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas.
Disposición adicional novena.  Excepción de actuaciones administrativas.
Mientras se mantenga la declaración de situación de emergencia/zona gravemente 
afectada por emergencia de protección civil en la isla de La Palma y a los efectos de la 
inmediata ejecución y/o puesta en funcionamiento por los órganos competentes, de 
todas aquellas actuaciones, instalaciones y proyectos declarados de emergencia, tanto 
por la Comunidad Autónoma de Canarias como por el Estado (AGE), consecuencia de 
los hechos catastróficos de la erupción volcánica en la Isla de La Palma, se exime, 
respecto a las referidas actuaciones, instalaciones y proyectos la aplicación de las 
autorizaciones, requisitos y condiciones previas exigibles y establecidas en la normativa 
sectorial  del  sector  eléctrico  e  industrial  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias; 
debiendo  tramitarse  las  mismas,  por  el  carácter  catastrófico  y  extraordinario,  con 
posterioridad  a  la  ejecución,  instalación  y/o  puesta  en  funcionamiento,  debiendo 
garantizarse, en todo caso, las medidas esenciales de protección de las personas, los 
bienes y el medio ambiente.
Disposición  adicional  décima. Adjudicación  de  viviendas  protegidas  de  promoción 
pública para las unidades familiares damnificadas por la erupción volcánica en la isla 
de La Palma.
Las viviendas protegidas de promoción pública que a la entrada en vigor de esta 
norma se hallaran vacantes en la isla de La Palma, podrán ser adjudicadas, en régimen 
de arrendamiento, a las personas afectadas por la erupción volcánica en dicha isla.
A las adjudicaciones realizadas al amparo de esta norma no le será de aplicación los 
requisitos y el procedimiento previsto en el Decreto 138/2007, de 24 de mayo.
La  adjudicación  se  realizará  previa  propuesta  motivada  que  deberá  emitir  la 
Comisión  Técnica  de  Emergencia  Social,  en  el  marco  del  Protocolo  General  de 
Actuación entre el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, el 
Cabildo Insular de La Palma, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, el Ayuntamiento 
de El Paso y el Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte, para la intervención 
social en la crisis originada por la erupción volcánica iniciada el 19 de septiembre en la 
isla de La Palma, suscrito el 6 de octubre de 2021. A estos efectos, las viviendas 
protegidas de promoción pública formarán una única bolsa de viviendas junto con las 
restantes viviendas de titularidad de la Comunidad Autónoma o sus Entes y Sociedades 
dependientes, que se pongan a disposición para el cumplimiento de la misma finalidad.
En  todo  caso,  esta  propuesta  y  la  posterior  adjudicación  deberán  observar  los  es
principios inspiradores de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, de  o
justicia, equidad y solidaridad, de forma que prevalezca el acceso a las mismas a las  84www.
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vigencia  del  contrato  se  bonificará  el  pago  de  la  renta  de  alquiler  a  las  unidades
familiares adjudicatarias. Durante los dos años siguientes se bonificará un 90  % del 
precio de alquiler, calculado conforme a los módulos previstos en el Decreto-ley 24/2020, 
de 23 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos de vivienda, 
transportes y puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Con una antelación mínima de seis meses antes del vencimiento del plazo de 
duración inicial del contrato, se procederá a verificar si la unidad familiar adjudicataria 
reúne los requisitos para resultar beneficiaria de vivienda protegida, en cuyo caso se 
prorrogará  el  contrato  de  arrendamiento  procediéndose,  en  caso  contrario,  a  la 
terminación del mismo.
Disposición  adicional  decimoprimera. Indemnizaciones  por  razón  del  servicio  como 
consecuencia de las erupciones volcánicas en la isla de la Palma.
Los  gastos  de  alojamiento  de  las  personas  a  que  se  refiere  el  artículo  2  del 
Reglamento de indemnizaciones por razón del servicio, aprobado por Decreto 251/1997, 
de 30 de septiembre, que se desplacen a la isla de La Palma para la prestación de 
servicios  con  ocasión  de  las  erupciones  volcánicas  o  para  actuaciones  de 
reconstrucción, se abonarán por el importe de la factura expedida por el establecimiento 
de alojamiento, por este concepto, incluyendo el desayuno, sin que pueda superarse el 
doble de los importes previstos en el anexo II de dicho Reglamento. Para excederse del 
citado  límite  será  necesaria  autorización  del  órgano  competente  para  autorizar  la 
comisión de servicios.
Disposición  adicional  decimosegunda. Régimen  excepcional  del  Fondo  Canario  de 
Financiación Municipal de 2021.
1. Los  ayuntamientos  canarios  podrán  destinar  hasta  el  100   %  del  crédito 
correspondiente al Fondo de 2021, previsto en el artículo 1.1.a) de la Ley 3/1999, de 4 
de  febrero,  del  Fondo  Canario  de  Financiación  Municipal,  a  la  financiación  de 
actuaciones recogidas en cualquiera de los capítulos 1, 2, 4, 6 y 7 de las siguientes 
políticas  de  gasto  previstas  en  el  anexo  I  de  la  Orden  EHA/3565/2008,  de  3  de 
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de la Entidades 
Locales:
Política de gasto 13. Seguridad y movilidad ciudadana.
Política de gasto 16. Bienestar comunitario.
Política de gasto 23. Servicios sociales y promoción social.
Política de gasto 24. Fomento del empleo.
Política de gasto 31. Sanidad.
Política de gasto 32. Educación.
Política de gasto 33. Cultura.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los ayuntamientos canarios 
que,  de  acuerdo  con  las  auditorías  aprobadas  de  la  liquidación  del  ejercicio 
presupuestario  de  2020,  incumplan  alguno  de  los  indicadores  de  saneamiento 
económico-financiero, podrán asimismo destinar la parte del Fondo de 2021 previsto en 
el artículo 1.1.a), de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, a saneamiento económico financiero.
3. En  caso  de  incumplimiento  de  los  condicionantes  de  la  cuantía  de  libre 
disposición, no se reducirá el Fondo previsto en la letra b), del apartado 1, del artículo 1  s
de la Ley 3/1999, de 4 de febrero. e.
4. La consejería competente en materia de régimen local procederá, dentro del  w.
tercer cuatrimestre del ejercicio, al libramiento de los importes pendientes del Fondo  84ww
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Financiera, y en el marco de las competencias municipales previstas en la legislación del 
Estado y de las Comunidad Autónoma de Canarias.
Disposición adicional decimotercera. Suministro de información económico-financiera.
Todos los entes suministrarán a la Consejería competente en materia de hacienda así 
como a la Comisión de coordinación de las medidas de reconstrucción y reactivación de la 
isla de La Palma creado por Decreto-ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el que se 
adoptan medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción 
volcánica en la isla de La Palma, la información económico-financiera que se requiera en 
relación a los efectos derivados de las actuaciones acometidas o que se prevean acometer 
en la isla de la Palma como consecuencia de la situación de emergencia derivada de las 
erupciones  volcánicas,  así  como  toda  la  información  que  resulte  necesaria  para  el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en materia de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, o para atender cualquier otro requerimiento de información exigido 
por la normativa o instituciones nacionales, comunitarias o internacionales.
En este sentido, todos los gastos extraordinarios necesarios para atender la situación 
de emergencia ocasionada por las erupciones volcánicas deberán estar identificados y 
clasificados de forma diferenciada.
Disposición  adicional  decimocuarta. Habilitación  para  dictar  instrucciones  sobre 
suministro de información económico-financiera.
Se habilita a las personas titulares de la Intervención General y de la Dirección 
General de Planificación y Presupuesto, en el ámbito de sus competencias, para dictar 
las  instrucciones  que  se  precisen  para  determinar  el  procedimiento,  contenido  y 
periodicidad  del  suministro  de  información  necesaria  en  materia  de  estabilidad 
presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera,  así  como  establecer  los  criterios  para  la 
identificación y clasificación de los gastos extraordinarios necesarios para atender la 
situación de emergencia derivada de las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, 
los cuales deberán estar identificados y clasificados de forma diferenciada.
Disposición final primera. Derogación del artículo 79.2 de la Ley 7/2020, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para 2021.
Queda  derogado  el  artículo  79.2  de  la  Ley  7/2020,  de  29  de  diciembre,  de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021.
Se añade un apartado 9 al artículo 9 de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, con la 
siguiente redacción:
«[…]  9. Son  vinculantes  a  nivel  de  sección  y  servicio  los  créditos 
consignados en los programas 322B ''Educación Infantil, Primaria y Primer Ciclo 
de  la  ESO''  y  322C  ''Enseñanza  Secundaria  y  Formación  Profesional''  de  la 
sección 18, servicio 05 ''Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción  e.e
Educativa'',  afectos  a  los  proyectos  de  inversión  P.I.12600083  ''Reforma  b
ampliación mejor y mantenimiento'', P.I. 207G0173 ''Obras con ayuntamientos'' y  84ww
P.I. 207G0174 ''Convenios con ayuntamientos''.»
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Canarias».
Dado en Canarias, 28 de octubre de 2021.–El Presidente del Gobierno, Ángel Víctor 
Torres Pérez.–El Vicepresidente y Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos, Román Rodríguez Rodríguez.–El Consejero de Administraciones Públicas, 
Justicia y Seguridad, Julio Manuel Pérez Hernández.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 224, de 29 de octubre de 2021. Convalidado por 
Resolución del Parlamento de Canarias, publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 251, de 10 
de diciembre de 2021)