BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 152 Sábado 26 de junio de 2021 Sec. I.   Pág. 76801
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
10669 Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
En el mundo actual alcanzan cada vez mayor importancia aquellas acciones que 
pretenden cubrir las necesidades fundamentales de la humanidad de una forma a la vez 
sostenible y eficiente. Así, los Objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y el 
Pacto verde europeo, que incluye, entre otras actuaciones, la Estrategia «De la granja a 
la  mesa»,  la  nueva  Estrategia  forestal  de  la  Unión  Europea,  la  Estrategia  sobre 
biodiversidad para 2030 y la Acción por el clima, deben formar parte de cualquier 
actuación desarrollada por los poderes públicos en el campo de la gestión de la tierra.
Uno de los objetivos prioritarios de la Estrategia «De la granja a la mesa» es 
garantizar la seguridad alimentaria, para lo cual presenta como elementos críticos la 
competitividad de las explotaciones agrícolas, la resiliencia de los sistemas alimentarios 
locales y regionales y la creación de cadenas de suministro cortas. La tierra constituye el 
sustento básico de la producción de alimentos a nivel local y regional, por lo que resulta 
esencial tanto proteger este recurso escaso y no renovable como asegurar su acceso a 
los productores agroalimentarios.
Por su parte, la nueva Estrategia forestal de la Unión Europea declara que los 
bosques gestionados no solo fijan el carbono mejor que los bosques no gestionados, 
sino que también reducen las emisiones y los problemas causados por el deterioro del 
estado de los bosques; señala que la gestión sostenible y activa de los bosques tiene un 
mejor impacto en el clima y que los países que gestionan sus bosques adecuadamente 
deben ser recompensados por eso.
La presente ley tiene como finalidad la recuperación de las tierras agrarias de Galicia 
para uso agrícola, ganadero y forestal, sin limitarse a enunciar estos valores con carácter 
genérico,  sino  que  forman  parte  fundamental  de  las  medidas  y  de  las  propuestas 
contenidas en su articulado. Así, el apoyo a la actividad agrícola y a los ingresos de las 
explotaciones agrarias familiares, y singularmente a las mujeres agricultoras, el fomento 
de  la  aplicación  de  prácticas  agrícolas  que  contribuyan  al  mantenimiento  de  los 
ecosistemas e incrementen la capacidad de adaptación al cambio climático, el fomento 
de la gestión forestal sostenible y activa y la lucha contra la degradación y el abandono 
de los suelos agrarios son a la vez cuestiones transversales presentes en la ley y ejes 
fundamentales del Pacto verde europeo, muy especialmente de la Estrategia «De la 
granja a la mesa» incluida en él, así como de la Acción por el clima y de la nueva 
Estrategia forestal de la Unión Europea.
La apuesta estratégica por la recuperación de tierras abandonadas mediante su 
puesta en valor presenta varios ejes fundamentales: la creación de actividad económica 
en el medio rural, factor fundamental a la hora de combatir el reto demográfico; la 
mitigación y adaptación al cambio climático, en especial mediante la prevención de los 
incendios forestales; la seguridad alimentaria, a través de la protección de la capacidad  e.
productiva de la tierra y el fomento de su puesta en producción; y el impulso de una  w.
planificación del paisaje agrario que permita la creación de ecosistemas resilientes con  669ww
uon gar apvreosb arideas gcoasp afictoidsaadn idtaer iroesc.uperación frente a perturbaciones como grandes incendios
demAosgirmáifsicmoo , alla  pleroym  noove rs olloa  erse cuunp erinasctiórunm  edneto  aqsueen tapmerimenittao s hapcoebrl afcreionntael easl   rqeutoe   BOE-A-cable e
progresivamente vengan a reducir el problema de la despoblación del rural, sino que 
también constituye una apuesta clara por la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, en la medida en que facilita la movilidad y disponibilidad de tierras y crea unas 
condiciones de desarrollo de las iniciativas de emprendimiento agroganadero y forestal 
más equitativas entre géneros.
Por los motivos expuestos, y teniendo en cuenta la función social del derecho de 
propiedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución española, la principal 
motivación de la presente ley es luchar contra el abandono y la infrautilización de las tierras 
y facilitar base territorial suficiente a aquellas explotaciones que la precisan, al tiempo que 
procurar anticiparse a los incendios y trabajar, en definitiva, por la recuperación demográfica 
y por la mejora de la calidad de vida de la población en el rural.
Todas las cuestiones mencionadas, más allá de los problemas ambientales y de la 
crisis climática, obligan a la producción agraria a evolucionar hacia un modelo más 
sostenible y respetuoso con el medio ambiente; también hacia un aprovechamiento de 
los recursos endógenos y compatibles con una producción forestal ordenada. Y a eso es 
a lo que tiende, entre otras cuestiones, el planteamiento de la nueva PAC y de las 
medidas e incentivos en ella incluidos, que darán apoyo de modo transversal a los 
mecanismos e instrumentos regulados en la presente ley.
Galicia presenta, en términos objetivos, evidentes ventajas para competir en esas 
condiciones, pero no sin dificultades. Para esto debe, lo antes posible, corregir los 
desequilibrios que se producen y que, de un modo resumido, se exponen a continuación.
En primer lugar, los graves problemas de su estructura territorial agraria: una parte 
importante del suelo rústico de Galicia está compuesta por pequeñas parcelas dispersas 
pertenecientes  a  propietarios,  en  su  mayoría,  desligados  del  rural.  Esto  es  fruto, 
fundamentalmente, de un proceso de desagrarización, que redujo la población activa 
empleada en la agricultura a menos de la décima parte de la que tenía hace cincuenta 
años  y  que  supuso  una  notable  merma  de  la  superficie  agraria  útil  gallega. 
Paralelamente,  no  se  ha  producido  un  crecimiento  proporcional  del  tamaño  de  las 
explotaciones, lo que se tradujo en un fuerte incremento del abandono de las tierras 
agrarias, que, en muchos casos, son tierras de alta o muy alta productividad. Por este 
motivo, es necesario proporcionar herramientas orientadas a conseguir una superficie 
agraria  útil  y  una  superficie  media  de  las  explotaciones  próxima  a  los  promedios 
nacionales y europeos.
Consecuencia evidente del abandono y de la desagrarización resulta ser, sobre todo 
en una estructura geográfica tan compleja como la gallega, la desestructuración en la 
ordenación territorial de los usos agrarios. La excesiva fragmentación y la mezcla de los 
diversos usos agroforestales, junto con su localización en terrenos que no son siempre 
los óptimos para esos usos, provoca un incremento de costes y un menor rendimiento de 
las actividades agrarias.
Por otra parte, el abandono de las tierras y la inexistencia de una ordenación territorial 
de  los  usos  agroforestales  es  la  causa  de  importantes  problemas  ambientales  y 
socioeconómicos, entre los que destacan la vulnerabilidad frente a los incendios y la baja 
eficiencia de las actividades agrarias. Está demostrado que el abandono y la desordenación 
de  usos  favorece  el  incremento  de  los  incendios  y  también  su  virulencia.  Esta 
multicausalidad en la generación de incendios se vio refrendada en el Dictamen de la 
Comisión especial no permanente de estudio y análisis de las reformas de la política 
forestal, de prevención y extinción de incendios forestales y del Plan forestal de Galicia, 
de 31 de julio de 2018, del Parlamento de Galicia, que evaluó la experiencia acumulada  s
desde 2006 y, específicamente, la extraordinaria oleada de incendios que sufrió Galicia en  oe.
octubre de 2017, en el que se recogen un total de 22 recomendaciones referidas a la  w.
necesidad  de la  ordenación  de  usos  agrarios, a la  mejora  en  el  conocimiento  de  la  669ww
teitsutláanri deaxdp líyc iatal mfoemneten troe dcoeg laid amso av illiod aladr gdoe  dtieelr raarstic purloadduoc dtieva las .p Treosdeanst ee sletays. recomendaciones
el ínPdoirc eú ltdime om, aolv milizisamcioó nti e–mppoor  qcuoem epxraisvteen ttiaesrr ao  abaarrnednodnaamdiae nyt,o pso–r  dloe  tannuteos, tdraissp otineirbrales,   BOE-A-cable e
agrarias resulta ser muy bajo, comparado con economías de nuestro entorno. Una de las 
razones de la inmovilización es el paulatino desconocimiento de la localización de las 
propiedades  rústicas  que  tienen  las  personas  titulares  de  las  fincas,  conforme  van 
pasando los tiempos y las generaciones.
Paradójicamente,  ese  conjunto  de  factores  negativos  se  puede  traducir  en  una 
oportunidad para un sector agrario reforzado después de la pandemia de la covid-19: 
existe  una  demanda  clara  de  tierra  productiva  de  los  diferentes  usos  agrícolas, 
ganaderos  y  forestales.  Esta  demanda  procede  de  las  explotaciones  actualmente 
existentes, pero también se observa un interés creciente de nuevos emprendedores y de 
personas y colectivos dispuestos a invertir en el sector. Uno de los objetivos de esta ley 
es, precisamente, dar cobertura a dicha demanda a través de la recuperación de tierras 
hoy en día abandonadas o infrautilizadas, siempre que se apunte, en línea con lo 
anteriormente  expuesto,  hacia  producciones  agrícolas,  ganaderas  y  forestales 
ambientalmente respetuosas, sostenibles, con el foco puesto en la excelencia y en el 
contexto de una adecuada ordenación de usos en los suelos agrarios tan necesaria 
como urgente; una ordenación de usos que también ayudará a mejorar la base territorial 
de explotaciones agroforestales situadas en las principales comarcas agrarias gallegas. 
En definitiva, se trata de desarrollar en el territorio rural gallego una zonificación del uso 
agrícola, ganadero y forestal que evite la desestructuración del paisaje, pero también su 
homogeneización y la continuidad de masas arborizadas en grandes superficies que 
incrementen el riesgo asociado a los incendios.
El Catálogo de suelos agropecuarios y forestales propuesto en la ley constituirá el 
instrumento marco para la ordenación de los usos del territorio rural, con el fin de 
conseguir un desarrollo económico y social sostenible en el medio rural. La localización 
de las actividades agroforestales en los lugares más adecuados contribuye en gran 
medida a su éxito y, consecuentemente, favorece el progreso económico y la cohesión 
social  del  territorio  rural.  La  planificación  de  los  usos  del  suelo  facilita  una  mayor 
eficiencia económica de las actividades agrarias al mismo tiempo que garantiza su 
sostenibilidad ambiental.
En lo que se refiere a los instrumentos para la movilización de tierras, la ley refuerza 
el  papel  del  Banco  de  Tierras  como  instrumento  público  de  intermediación  en  la 
movilización de la tierra agraria, reduciendo así trámites administrativos, impulsando su 
agilización y convirtiéndolo en la figura fundamental para el desarrollo de los nuevos 
instrumentos  de  recuperación  de  la  tierra  agraria.  Asimismo,  se  crea  el  Banco  de 
Explotaciones con el fin de garantizar el relevo generacional y de facilitar el contacto 
entre personas titulares de explotaciones agroforestales y personas interesadas en ellas. 
Dentro también de los procedimientos de movilización de tierras, se definen las permutas 
de especial interés agrario como un mecanismo especialmente adecuado para mejorar la 
base territorial de las explotaciones agrarias gallegas, cualquiera que sea su localización 
en el territorio.
Por otra parte, se proponen nuevos mecanismos para la recuperación de la tierra 
agraria: polígonos agroforestales, aldeas modelo y actuaciones de gestión conjunta. 
Estas  figuras  permiten  recuperar  las  tierras  agrarias  en  situación  de  abandono  o 
infrautilización y ponen de acuerdo a las personas titulares y a las interesadas en la 
puesta  en  producción  a  través,  fundamentalmente,  del  recurso  al  arrendamiento 
voluntario, por precios y plazos acordados entre las partes, la permuta o la compraventa 
para casos particulares; esto es, ponen en conexión la oferta y la demanda de tierra, con 
instrumentos que garanticen la seguridad jurídica de las inversiones y los derechos de  s
las personas titulares, y todo eso a través de la mediación y el soporte técnico de los  oe.
poderes públicos. w.
Los principios rectores en la aplicación de estos instrumentos serán siempre la  669ww
voluEnnta reiesdtea d,s elan rtiednot,a bniloid asde  yi mlap slaonstteanráib iulidnaad .figura  de  recuperación  si  no  existe  un
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y se les permitirán diferentes alternativas, siempre que su posición no ponga en riesgo la 
actuación de la mayoría integrada en el proyecto.
Por otro lado, y excepto en los casos de actuaciones por criterios ambientales, 
paisajísticos,  patrimoniales  o  sociales,  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  deberán 
garantizar a priori una actividad económica rentable, capaz de asegurar la calidad de 
vida en el medio rural.
Igualmente, ninguna de las actuaciones será ajena a la planificación previa que viene 
dada por la ordenación de usos, y en las nuevas figuras solo podrán ser integradas 
aquellas  orientaciones  productivas  que  cumplan  con  los  requisitos  culturales, 
productivos, sociales y ambientales que serán predeterminados con carácter objetivo.
Finalmente, se establecen instrumentos de fomento de la recuperación de la tierra 
agraria a través de las actuaciones de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural y de un 
potente catálogo de medidas fiscales y financieras.
La Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia forma parte de un corpus 
legislativo que culmina un camino que ya se advertía en la exposición de motivos de la 
Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia, 
cuando se señalaba la «necesidad de implementar instrumentos capaces de garantizar 
el  cumplimiento  del  objetivo  de  mejora  de  la  calidad  de  vida  en  medio  rural  […] 
dotándose de un conjunto de normas jurídicas propias […] para constituir un cuerpo 
jurídico coherente y eficaz hacia la contribución del espacio agrario y de sus sistemas 
productivos a ese objetivo».
Un claro ejemplo de la aplicación coordinada de las diferentes normas que forman 
parte de ese corpus puede verse a la hora de analizar la relación entre las nuevas 
figuras  de  recuperación  productiva  y  los  procesos  de  reestructuración  parcelaria 
enmarcados en la ley de 2015.
La Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia, 
tiene como objetivo declarado la actuación en aquellas zonas en las que es posible 
mejorar la estructura territorial de las explotaciones agrarias; no es, por lo tanto, de 
aplicación en las áreas en situación de abandono, en las que no existen explotaciones. 
Por el contrario, son esas zonas en abandono el objetivo principal de trabajo de las 
figuras de recuperación, que incluso cuentan, dentro de sus procedimientos, con la 
posibilidad de llevar a cabo reestructuración parcelaria en las áreas recuperadas. Aún 
más, la ley declara como zonas prioritarias para el desarrollo de polígonos agroforestales 
de iniciativa pública las zonas de concentración o reestructuración parcelaria finalizadas 
que presenten un abandono superior al 50 % de su ámbito. De este modo, la relación 
entre  la  recuperación  productiva  y  la  reestructuración  parcelaria  no  solo  no  es 
competitiva, sino que resulta sinérgica y complementaria.
La  presente  ley  responde  también  a  la  voluntad  de  cumplimiento  del  mandato 
parlamentario recogido en el Dictamen de la Comisión especial no permanente de 
estudio y análisis de las reformas de la política forestal, de prevención y extinción de 
incendios forestales y del Plan forestal de Galicia, de 31 de julio de 2018, del Parlamento 
de Galicia, pues incluye a lo largo de su articulado, de forma específica, 43 de sus 
recomendaciones.
II
La Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia se estructura en 149 artículos, 
distribuidos  en  ocho  títulos.  Además,  la  sistemática  de  la  ley  incorpora  siete  s
disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria  e.
única y diez disposiciones finales. w.
El título preliminar, relativo a las disposiciones generales, establece el objeto y el  669ww
áremcboimtoe nddea caiopnliecas cdióenl  pdreec itlaad ole dy,i ctea minecnlu dyee  lae nCtorem issuiósn  odbej e3t1iv does  juloliso  ddee r2iv0a1d8o.s  de  las
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que en este ámbito serán desempeñadas por la Consejería del Medio Rural y por la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural, como ente coordinador de las actuaciones de 
recuperación y movilidad de tierras, así como las novedades en su régimen jurídico, en 
el modo de financiación y en la forma de gestión de su patrimonio. Igualmente, se regula 
un  órgano  consultivo  y  colegiado,  denominado  Consejo  de  Gestión  de  la  Tierra 
Agroforestal, con representación de todos los centros directivos o entidades relacionadas 
y con funciones consultivas en los ámbitos de la gestión de la tierra y de la gestión de la 
información en ese campo.
El capítulo II se ocupa de regular los demás sujetos que participarán del nuevo 
modelo de gestión de la tierra agroforestal, e incluye el Banco de Tierras de Galicia y el 
Banco de Explotaciones, que actuarán como instrumentos de intermediación, así como 
las entidades colaboradoras de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. Asimismo, se 
introduce un nuevo actor fundamental, como son las agrupaciones de gestión conjunta 
de carácter agroganadero o forestal.
El título II tiene por objeto la ordenación de usos y la planificación de los suelos 
agroforestales.  Introduce  dos  grandes  novedades:  por  una  parte,  un  nuevo 
procedimiento  para  la  investigación  y  el  reconocimiento  de  terrenos  de  titular 
desconocido y de su adscripción al patrimonio de la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural, que se desarrolla en el capítulo I, y, por la otra, el establecimiento, en el capítulo II, 
de la regulación del Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia, figura 
clave en la ordenación de suelos agroforestales, incluida en la Ley del suelo y pendiente 
de desarrollar. Asimismo, en este capítulo se prevé la elaboración de un mapa de usos 
agroforestales  de  Galicia,  con  la  finalidad  de  servir  de  punto  de  partida  para  la 
planificación  de  la  ordenación  y  gestión  de  usos  de  las  tierras  agroforestales  y  la 
elaboración de un informe bianual respecto de los dos instrumentos de planificación.
El título III establece los instrumentos de movilización de la tierra agroforestal y 
desarrolla la estructura y el funcionamiento del Banco de Tierras de Galicia y del Banco 
de Explotaciones de Galicia, que actuarán como instrumentos de intermediación. El 
capítulo I regula el servicio público de intermediación para la recuperación de terrenos 
con potencial agronómico. En el capítulo II, relativo al Banco de Tierras de Galicia, ya 
existente desde 2007, se define su finalidad principal y se introducen modificaciones de 
la estructura y del funcionamiento encaminadas a mejorar su eficiencia y a la adaptación 
a su nuevo rol en la movilización de tierras. Por su parte, en el capítulo III se regula el 
Banco de Explotaciones de Galicia, de nueva creación, que servirá para mediar entre 
personas productoras que pretenden abandonar la explotación y personas interesadas 
en su transmisión, por la vía de la compra o del arrendamiento.
El título IV desarrolla los procedimientos de movilización de la tierra agroforestal, 
previamente recogidos en algunas de las disposiciones de la Ley 6/2011, de 13 de 
octubre, de movilidad de tierras, que quedará derogada con la entrada en vigor de esta 
ley. Los dichos procedimientos han sido modificados de forma coherente con el conjunto 
de la ley e incorporados en seis capítulos que responden a la declaración de abandono, 
a la incorporación de fincas al Banco de Tierras, a su sistema de fijación de precios, a los 
procedimientos de arrendamientos, a las enajenaciones gratuitas y ventas de fincas, así 
como a las permutas agroforestales de especial interés agrario.
El título V establece los instrumentos de recuperación de tierras agroforestales e 
introduce las figuras de polígono agroforestal, de actuación de gestión conjunta y de 
aldea modelo, así como los requisitos necesarios para su implantación.
El capítulo I establece la regulación de los polígonos agroforestales, que persiguen la  s
puesta en producción de áreas de tierra agroforestal con capacidad productiva que están  oe.
en estado de abandono o infrautilización o bien que cuentan con especiales valores  w.
ambientales, patrimoniales o paisajísticos que se encuentran en un estado de abandono  669ww
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ppooldígráo nimo paligcraorf olar eresteasl trpurcetcuirsaacriáó nd dee s lua sd peacrlacrealacsió qnu dee l ou itniltideagdra np.ública e interés social y  BOE-A-cable e
Por otro lado, el capítulo II introduce las actuaciones de gestión conjunta de las 
tierras agroforestales, que se caracterizan por la realización de los procesos de gestión 
por parte de las personas propietarias o titulares de derechos de uso o aprovechamiento 
a través de sus agrupaciones, sin incorporar procedimientos de reestructuración de la 
propiedad.
Finalmente, el capítulo III regula las aldeas modelo, un modelo específico de figura 
de  recuperación  caracterizado  por  la  realización  de  actuaciones  integradas  para  la 
recuperación de la capacidad agronómica de las tierras circundantes a núcleos de 
población  situados  en  el  territorio  rural  gallego  con  el  fin  de  promover  actividad 
económica  ligada  al  sector  primario  al  tiempo  que  reducir  el  riesgo  de  incendios 
forestales. En estas aldeas se podrá actuar también en el núcleo rural con el objeto de 
su rehabilitación y recuperación arquitectónica y urbanística.
El título VI establece los procedimientos de recuperación de las tierras agroforestales. 
En particular, configura el procedimiento para la aprobación de los polígonos agroforestales, 
en el capítulo I; un procedimiento específico para la declaración de aldeas modelo, en el 
capítulo II; y establece medidas de fomento de la incorporación de personas jóvenes o 
emprendedoras a la actividad agraria, en el capítulo III.
El título VII regula los instrumentos de fomento de la recuperación de la tierra agraria 
de Galicia agrupados en dos capítulos. El capítulo I recoge las medidas de fomento 
generales,  mientras  que  el  capítulo  II  establece  las  medidas  fiscales  y  financieras 
específicas y el procedimiento de interlocución con la Administración tributaria para la 
introducción de nuevas medidas fiscales en la legislación estatal.
El título VIII se divide en tres capítulos. En el primero se establece el régimen de 
inspección y control; en el segundo, las órdenes de ejecución, multas coercitivas y 
ejecución subsidiaria; y en el tercero, las infracciones y sanciones, y se presta especial 
atención a las sanciones derivadas del mantenimiento de la situación de abandono de 
las fincas y de los usos no conformes con la ordenación, singularmente en los casos de 
las tierras incluidas en los instrumentos de recuperación.
Las  disposiciones  adicionales  tienen  por  objeto  medidas  de  simplificación 
administrativa, los plazos de los procedimientos y el sentido del silencio administrativo, 
las permutas que afecten a los montes de titularidad pública y a los montes vecinales en 
mano común, la colaboración para la creación de empleo y el asentamiento de la 
población del medio rural, el efecto de las cuestiones judiciales que puedan promover los 
particulares sobre los derechos que afecten a los procedimientos de recuperación de 
tierras previstos en la presente ley, el acceso a la información catastral y la previsión de 
que  los  servicios  provinciales  de  montes  emitan  informe  en  la  tramitación  de  los 
instrumentos de recuperación de la tierra agraria desarrollados en esta ley.
Las disposiciones transitorias abordan el régimen transitorio aplicable a los usos del 
suelo; a la calificación provisional de los montes inscritos en el Sistema registral forestal 
de Galicia; a la calificación provisional de los enclaves forestales en terrenos agrícolas; a 
los expedientes en tramitación en el Banco de Tierras de Galicia; al funcionamiento de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural; al régimen de infracciones, sanciones y recursos 
administrativos; a la aplicación de precios; y a la adquisición por parte de la Comunidad 
Autónoma de Galicia de los inmuebles situados en su territorio vacantes por haber sido 
abandonados por sus dueños o cuyos dueños son desconocidos; y a la suspensión de 
plantación de eucaliptos.
En la disposición derogatoria única, junto con la previsión de derogación de las 
disposiciones que se opongan a lo dispuesto en esta ley, se deroga expresamente la  s
Ley 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras. oe.
Por último, en las diez disposiciones finales se incluyen las modificaciones precisas  w.
en otras normas, como en el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se  669ww
aGparluiceiab ae enl  tmexattoe rriae fudned idtroib udteo sla sc eddisidpooss icpioonr eesl  leEgsataledso ,d ee nla  laC oLmeuy ni5d/a2d0 1A1u, tódneo m30a  ddee 
sdeep 2ti8e mdeb rjeu,n dioe, l dpea mtriomnotensio  ddee G laal icCiao;m eunn ildaa Lde yA u4t/ó2n0o1m5,a d dee 1 7G adleic jiuan; ioe,n  dlea  mLeeyjo r7a/ 2d0e1 2la,   BOE-A-cable e
estructura territorial agraria de Galicia; en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia;  en  el  Decreto  143/2016,  de  22  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  la  Ley  2/2016,  de  10  de  febrero,  del  suelo  de  Galicia;  y  en  el 
Decreto 45/2011, de 10 de marzo, de fomento de las agrupaciones de propietarios 
forestales,  los  requisitos  y  calificación  de  las  sociedades  de  fomento  forestal  y  la 
creación de su registro, y en la Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas. Asimismo, se autoriza al Consejo de la Xunta de Galicia para dictar las 
normas necesarias para el desarrollo de la presente ley.
La ley procuró ajustarse a los principios de buena regulación a que se refiere el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas; en concreto, a los principios de necesidad y eficacia, al 
tratarse del instrumento más adecuado para garantizar los objetivos expuestos. En 
cuanto a los principios de seguridad jurídica y eficiencia, dicha norma es coherente con 
el resto del ordenamiento jurídico en el que se inserta, y en su contenido se procuró 
establecer  una  regulación  clara  y  estable  en  la  fijación  de  obligaciones  y  régimen 
jurídico.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el 
artículo 13.2 del Estatuto de autonomía de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, 
de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en 
nombre del Rey, la Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto de la ley.
La presente ley tiene por objeto establecer el marco general para la gestión de la 
tierra agroforestal, su ordenación de usos, la prevención y la lucha contra su abandono, 
el fomento de su recuperación y la incorporación de personas jóvenes a la actividad 
agraria,  con  el  fin  de  garantizar  la  sostenibilidad  del  sector  agroforestal,  así  como 
conseguir los objetivos generales que se recogen en el artículo 2.
Artículo 2.  Objetivos generales.
Son objetivos de la presente ley los siguientes:
a)  Promover la recuperación productiva de las tierras agroforestales de Galicia, 
desarrollando para ello mecanismos de puesta en valor basados en los arrendamientos, 
en las cesiones, en las permutas o en las transmisiones de la titularidad de las tierras por 
cualquier medio válido en derecho, así como en la gestión conjunta de las tierras.
b)  Prevenir y luchar contra el abandono de las tierras agroforestales, estableciendo 
medidas  de  recuperación,  agrupación,  redimensionamiento,  mejora  estructural  y  de 
infraestructuras que faciliten su movilización para uso agroforestal y prestando atención 
especial  al  fomento  de  la  constitución  de  iniciativas  de  gestión  y  aprovechamiento 
conjunto de las tierras recuperadas.
c)  Coordinar las actuaciones de las diferentes administraciones que tengan relación 
directa o indirecta con la gestión de las tierras agroforestales, luchar contra su abandono 
y obtener datos útiles para esas finalidades, así como crear un fondo documental y una  s
red de intercambio de datos e información que contribuya a ese fin. e.
d)  Facilitar la ordenación de las tierras agroforestales, mediante su identificación  w.
cartográfica y la ordenación de sus usos, especialmente en las áreas con especiales  669ww
fveablorereros,  pdroedl uscutievloos ,d dee fGinaidliacsia ,c oansfío rcmoem oa  ldoe  esatqaubelellcaisd oo terna sl ac oLne y e2s/p2e0c1ia6l,e sd ev a1l0o rdees 
patrimoniales, ambientales o paisajísticos, de manera que se contribuya al necesario
equilibrio entre el aprovechamiento de las tierras con arreglo a su aptitud más adecuada 
y el respeto a los valores patrimoniales, ambientales y paisajísticos.
e)  Contribuir al conocimiento preciso y veraz de la estructura de la propiedad 
rústica en Galicia, de su titularidad, de los precios de transferencia y del grado de 
movilidad hacia la mejora de la transparencia de mercado, de los niveles de abandono y, 
en general, de todo cuanto contribuya a devolver una imagen rigurosa de la situación y 
de la evolución del sector agroforestal.
f)  Facilitar la puesta en contacto entre las personas emprendedoras de proyectos 
agroforestales y las personas titulares de tierras.
g)  Apoyar las explotaciones agroforestales mediante la aplicación de medidas de 
fomento con el objetivo de contribuir a la mejora de su competitividad y de su capacidad 
de resiliencia.
h)  Alcanzar  una  superficie  agraria  útil  gallega  próxima  a  la  media  nacional  o 
europea, así como facilitar que las explotaciones agroforestales dispongan de base 
territorial suficiente para garantizar su viabilidad económica y una adecuada orientación 
de su actividad.
i)  Favorecer el mantenimiento de la población vinculada a la actividad agroforestal, 
promoviendo y reconociendo el papel de la mujer en condiciones de igualdad y el relevo 
generacional con la incorporación de personas jóvenes a las explotaciones, así como 
fomentar que las nuevas explotaciones agroforestales contribuyan a la renta familiar.
j)  Afianzar  la  actividad  agroforestal  como  actividad  económica  de  referencia, 
fomentando su desarrollo, así como el de otras actividades complementarias que sean 
compatibles con el respeto de los valores naturales, la conservación del patrimonio 
cultural de interés agrario y la integridad del entorno.
k)  Incentivar  las  producciones  agroforestales  sostenibles  y,  en  especial,  la 
producción ecológica y los sistemas ganaderos de carácter extensivo y la gestión forestal 
sostenible.
l)  Impulsar  instrumentos  innovadores  en  materia  de  acceso  a  la  tierra  que 
favorezcan la incorporación de personas jóvenes a la actividad agraria.
m)  Generar  condiciones  favorables  para  los  procesos  de  transferencia  de 
conocimiento a través de proyectos de investigación e innovación destinados a la mejora 
de  la  capacidad  productiva  de  la  tierra  y  a  garantizar  la  provisión  de 
servicios ecosistémicos.
n)  Fomentar la conservación de la productividad y el buen estado de las tierras 
agropecuarias y forestales, mejorar la capacidad productiva de las tierras existentes, 
asegurar su biodiversidad y evitar la degradación de los suelos.
ñ)  Proporcionar  herramientas  orientadas  a  conseguir  una  superficie  agraria  útil 
próxima a las medias nacional y europea, procurando que los terrenos aptos para el 
cultivo  de  producciones  ligadas  a  las  explotaciones  agroganaderas  sean  objeto  de 
recuperación prioritaria para dicho uso agroganadero.
Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
Esta ley será aplicable a las tierras agroforestales, prioritariamente a aquellas que se 
encuentren en situación de abandono o infrautilización, y a asentamientos de población 
en  zonas  rurales  y  explotaciones  agropecuarias  localizados  en  el  territorio  de  la 
Comunidad Autónoma de Galicia.
Artículo 4.  Definiciones. e.e
A los efectos de la presente ley, se entiende por: 669ww
efecato) s Adcet ivsiud agdeesst iódne,  lalass f infincacas sa ginrocoforrpeosrtaadleass  inacl oBrpaonrcaod adse  aTl iBerarnacso d dee  GTaielircraias,:  ya  lsoins 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial que regule sus usos, podrán ser 
empleadas para las siguientes actividades:
1.º  Agroganaderas: serán admisibles estas actividades en tierras de labor aptas 
para  el  desarrollo  de  cultivos  no  permanentes,  cultivos  herbáceos  permanentes  o 
semipermanentes,  todos  ellos  en  monocultivo,  en  rotación  o  mixtos,  plantaciones 
frutícolas, viñedos, olivos y especies arbóreas aprovechadas exclusivamente por sus 
frutos, así como las tierras de labor dedicadas a prados naturales o artificiales. También 
serán admisibles las producciones apícolas situadas fuera de los terrenos clasificados 
como forestales.
2.º  Forestales:  serán  admisibles  las  actividades  en  terrenos  clasificados  como 
forestales para los aprovechamientos recogidos en el artículo 8.3 de la Ley 7/2012, de 28 
de junio, de montes de Galicia.
3.º  Mixtas: correspondientes a terrenos en que pueden ser admisibles actividades 
encuadrables en las dos anteriores.
b)  Actuaciones de movilización de tierras: conjunto de actuaciones desarrolladas a 
través de alguno de los instrumentos de recuperación de las tierras recogidos en el 
título V de la presente ley.
c)  Aldea modelo: instrumento voluntario de recuperación de tierras mediante la 
realización de actuaciones integradas para la recuperación de la capacidad agronómica 
de  las  tierras  circundantes  a  núcleos  de  población  y  asentamientos  poblacionales 
situados en el territorio rural gallego, con el fin de promover actividad económica ligada 
al sector primario al mismo tiempo que reducir el riesgo de incendios forestales. Las 
actuaciones podrán abarcar todo o parte del núcleo rural de la aldea con el objeto de su 
rehabilitación y recuperación arquitectónica y urbanística, con fines residenciales, de 
interés  turístico,  de  transformación  ambiental  u  otros  análogos  que  propicien  la 
recuperación demográfica y la mejora de la calidad de vida de su población.
d)  Área cortafuegos: área delimitada con criterios técnicos con el fin de generar 
discontinuidades  de  la  biomasa  que  frenen  o  atenúen  el  avance  de  los  incendios 
mediante la implantación de la actividad agrícola, ganadera o forestal más idónea para 
este fin.
e)  Arrendamiento ordinario a través del Banco de Tierras de Galicia: contrato a 
través del cual se cede temporalmente el uso y aprovechamiento de una finca integrada 
en  el  Banco  de  Tierras  de  Galicia  para  el  desarrollo  de  actividades  de  las  fincas 
agroforestales conforme a las condiciones reguladas en la presente ley.
f)  Arrendamiento pactado o de mutuo acuerdo a través del Banco de Tierras de 
Galicia: aquel arrendamiento ordinario en el que la persona titular, previamente a la 
incorporación de la finca al Banco de Tierras, pacta las condiciones de precio, duración y 
uso con otra persona, sin que se apliquen en ese caso procedimientos de concurrencia 
ni precios mínimos, pero sí el resto de las condiciones exigidas en la ley.
g)  Agentes promotores productivos: personas físicas o jurídicas interesadas en la 
explotación  de  parcelas  que  voluntariamente  promueven  su  consideración  como 
unidades  productivas  con  el  propósito  de  recuperar  las  parcelas  con  vocación 
agroforestal que se encuentran en situación de abandono o infrautilización.
h)  Parcelas enclavadas: aquellas parcelas en que concurra alguna de las siguientes 
situaciones:
1.º  Que estén situadas en el interior del perímetro de otra parcela o conjunto de  s
parcelas  de  la  misma  persona  titular  o  poseedora  de  los  derechos  de  uso  y  se  oe.
leímncitu32ee..sººn   ctroeQQnnuu  eeees  nas eesss iptptuaéaarnrecc nieós lnidatu osdas esd u oaap sbme aráneiosdnr o epnsea olra c loei n4 liat0nes fr%r iado uerd tlei ldmilz epailse cmripóímoen r.epímtrrooep tdrieoet  alacrio opn adforecr emmlaaa denone crapla oqvrau depa at.ercneglaans   2021-10669n https://www.
pertenecientes a varias personas titulares y exista acuerdo entre ellas para instar a la
permuta.
i)  Fajas  secundarias  de  gestión  de  biomasa:  aquellas  fajas  en  los  términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra 
los incendios forestales de Galicia, o norma que la sustituya.
j)  Perímetro: contorno lineal cerrado que abarca el conjunto de la superficie de las 
fincas incluidas en la actuación. A estos efectos, los perímetros integrarán siempre 
parcelas  catastrales  completas.  Sus  lindes  vendrán  determinados  bien  por  límites 
naturales  o  artificiales,  tales  como  límites  administrativos,  ríos,  caminos  o  vías  de 
comunicación,  o  bien  por  cambios  notorios  del  uso  productivo.  La  determinación 
concreta de los límites del perímetro deberá ser justificada siempre técnicamente por las 
personas solicitantes de los proyectos y aprobada por la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural. Se podrán excluir del perímetro determinadas parcelas por razones productivas, 
ambientales,  patrimoniales  y  paisajísticas,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la 
presente ley.
k)  Polígono agroforestal: instrumento voluntario de movilización de tierras que tiene 
por  objeto  el  aprovechamiento  y  la  recuperación  productiva  de  parcelas  que  se 
encuentren  en  estado  de  abandono  o  infrautilización  o  sean  susceptibles  de 
optimización,  con  la  finalidad  de  constituir  áreas  de  explotación  que  garanticen  su 
rentabilidad, contando con la existencia de agentes promotores públicos o privados 
interesados en su desarrollo.
l)  Polígono agroforestal cortafuegos: tipo específico de polígono agroforestal de 
iniciativa pública caracterizado por su aplicación exclusiva en las áreas cortafuegos. Se 
justifica la delimitación de su perímetro en base a la minimización de la probabilidad de 
expansión de los incendios y de la superficie afectada.
m)  Precio de referencia del Banco de Tierras de Galicia: precio fijado en función del 
tipo de actividad, de la superficie, de la localización de la finca y, en su caso, de su 
calidad agronómica, por acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural. Este precio constituye el de partida para la formulación de ofertas de fincas de 
titularidad de la Agencia y el precio mínimo de incorporación de las parcelas aportadas 
por personas particulares, excepto en el caso de arrendamientos pactados.
n)  Sistema de información de tierras de Galicia (Sitegal): herramienta informática de 
titularidad de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural empleada por el Banco de Tierras 
de Galicia para la gestión integral y el desarrollo de sus funciones ordinarias que incluye 
la puesta a disposición de las personas usuarias del Catálogo de fincas disponibles. Este 
catálogo incluye información sobre la identificación, la localización, la superficie, las 
actividades admisibles y el precio de salida de la finca.
ñ)  Sistema público de gestión de la biomasa: sistema definido en el artículo 22 de la 
Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de 
Galicia.
o)  Suelos  de  alta  productividad  agropecuaria  o  forestal:  aquellos  terrenos  que 
presenten los mayores valores de productividad para un cultivo o un aprovechamiento 
agroforestal  determinado  o  un  grupo  de  estos,  acreditables  de  acuerdo  con  la 
metodología desarrollada en el Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia 
o en los catálogos parciales, y que correspondan a los terrenos de alta productividad 
agropecuaria o forestal referidos en el artículo 34 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del 
suelo de Galicia.
p)  Tierra agroforestal: aquel terreno que, independientemente de su calificación 
urbanística, posea aptitud productiva para el cultivo o el aprovechamiento agrícola, 
ganadero,  forestal  o  mixto.  A  los  efectos  de  esta  ley,  los  términos  «agrario»  y  s
«agroforestal» son sinónimos. oe.
q)  Tierra agroforestal en situación de abandono: aquel terreno agroforestal en el  w.
que no se realiza ningún tipo de actividad agrícola, ganadera o forestal y que presenta  669ww
usunpae rcfiucbieie. rStae  ehxecrbeápctúeaan,  daer beussttaiv dae foin icairóbnó rlae ati eerrsap oennt ábnaerbae cehno  yla l am tiaeyrroar  cpuayrotse  vdaelo resus 
aamfebctieandtoasle pso, rp ealt raimproonvieaclehsa mo ipeanitsoa ajígstriocfoosr edsetable.n ser objeto de protección y pueden verse  BOE-A-cable e
r)  Tierra agroforestal infrautilizada: aquel terreno cuya actividad o uso no coincide 
con el uso agroganadero o forestal identificado en el Catálogo de suelos agropecuarios y 
forestales de Galicia o en los catálogos parciales. En el caso de los terrenos incluidos en 
el  perímetro  de  un  instrumento  de  recuperación  de  la  tierra  agraria,  también  se 
considerarán infrautilizados aquellos que no se pongan en producción en las condiciones 
establecidas en la correspondiente declaración de utilidad pública e interés social.
s)  Tierra en barbecho: aquel terreno agroforestal que, temporal y voluntariamente, 
se encuentra sin actividad con el fin de recuperar su capacidad productiva.
t)  Tierra de antiguo uso agrícola en situación de abandono: aquel terreno que, 
independientemente del plazo que lleve abandonado, conserve una aptitud productiva 
que permita recuperar su cultivo o aprovechamiento agrícola y donde actualmente no 
desarrolle una actividad agrícola o forestal el titular de los terrenos, aunque exista 
cubierta vegetal de forma espontánea en su superficie, sea esta arbórea, arbustiva, de 
matorral o herbácea.
u)  Tierra improductiva: aquel terreno que presenta carencias agronómicas tales que 
lo hacen no apto para ser considerado como tierra agroforestal.
v)  Terrenos  agropecuarios  o  forestales:  aquellos  terrenos  clasificados  por  el 
Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia o por los catálogos parciales 
como  agropecuarios  o  forestales  en  función  de  su  capacidad  productiva  actual  y 
potencial a efectos de su consideración como terrenos de carácter o uso agropecuario o 
forestal en la aplicación de cualquier normativa sectorial o ambiental.
w)  Zonas de influencia forestal: las definidas en la Ley 3/2007, de 9 de abril, de 
prevención  y  defensa  contra  los  incendios  forestales  de  Galicia,  o  norma  que  la 
sustituya.
x)  Zonas en situación de especial abandono: zonas en cuyo perímetro exista una 
situación  productiva  que  permita  presumir  un  abandono  no  inferior  al  75  %  de  su 
superficie.
TÍTULO I
Organización administrativa y sujetos intervinientes en la gestión de la tierra 
agroforestal
CAPÍTULO I
Competencias y organización administrativa
Sección 1.ª Competencias de la Consejería del Medio Rural
Artículo 5.  Competencias de la Consejería del Medio Rural.
La Consejería del Medio Rural ejercerá las siguientes competencias en el ámbito de 
esta ley:
a)  Definir y proponer el desarrollo de directrices de política agraria relativas a la 
movilidad de tierras con vocación agropecuaria, incidiendo de manera especial en la 
ordenación de usos según la aptitud de las tierras y en su recuperación.
b)  Diseñar estrategias y políticas de desarrollo socioeconómico del territorio rural 
gallego en situación de abandono o infrautilización. es
c)  Fomentar  la  dinamización  de  las  zonas  rurales  de  Galicia  en  situación  de  bo
abandono o infrautilización. 669ww
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f)  Elevar al Consejo de la Xunta de Galicia la aprobación de la declaración de 
utilidad pública e interés social de los instrumentos de recuperación de tierras regulados 
en el título V de la presente ley.
g)  Desarrollar una supervisión y un control de eficacia con respecto al cumplimiento 
de objetivos y a la gestión pública realizada en la recuperación de las tierras agrarias de 
Galicia.
h)  Ejercer la potestad sancionadora en los términos establecidos en la presente ley.
i)  Concertar contratos temporales, de carácter voluntario, con las agrupaciones de 
gestión  conjunta  de  terrenos  agroforestales  con  los  requisitos  establecidos  en  la 
presente ley.
j)  Promover la iniciativa, a través de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural y en 
colaboración  con  los  respectivos  ayuntamientos,  de  la  realización  de  actuaciones 
integradas con el objetivo de fomentar la movilización de tierras a través de aldeas 
modelo.
k)  Elaborar propuestas normativas y promover el desarrollo reglamentario en la 
ordenación de usos de los suelos agroforestales y de prevención de la situación de 
abandono o infrautilización de estos.
Sección 2.ª Agencia Gallega de Desarrollo Rural
Artículo 6.  Naturaleza de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
La  Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural  es  la  agencia  pública  autonómica,  de 
conformidad con la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento 
de  la  Administración  general  y  del  sector  público  autonómico  de  Galicia,  con  la 
consideración de medio propio y servicio técnico de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
que actúa como instrumento básico en la promoción y coordinación del desarrollo del 
territorio  rural  gallego,  con  el  objetivo  de  mejorar  las  condiciones  de  vida  de  sus 
habitantes  y  de  evitar  su  despoblación  a  través,  entre  otras,  de  las  medidas  de 
recuperación de la tierra agroforestal de Galicia reguladas en la presente ley.
Artículo 7.  Competencias de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
La Agencia Gallega de Desarrollo Rural dispondrá de las siguientes competencias:
a)  Diseñar e implementar estrategias y planes integrados para el desarrollo y la 
gestión del territorio rural que coordinen actuaciones de diversa naturaleza y cuenten con 
la  participación  de  los  agentes  socioeconómicos  públicos  y  privados,  así  como  la 
promoción y gestión de dichos planes y programas de desarrollo.
b)  Supervisar, coordinar y difundir las políticas y estrategias de desarrollo rural, en 
especial las orientadas a la recuperación de las tierras forestales y de la superficie 
agraria útil como base de la bioeconomía.
c)  Diseñar, programar y ejecutar las medidas de recuperación y, en general, de la 
gestión de la tierra agroforestal de Galicia a través de los instrumentos previstos en la 
presente ley para tal fin.
d)  Tramitar los procedimientos de investigación de la propiedad de inmuebles de 
naturaleza rústica de los que no se tenga certeza sobre su titularidad, así como la 
revisión geométrica y topográfica de esas fincas en caso de existir dudas sobre su 
configuración y estado. es
e)  Articular proyectos de desarrollo rural con carácter piloto e innovador, destinados  o
diacnai rcrlieiegdfnfi)ado ddorizo sAda srer td e icvlinaruied  lecbaaltar  atd se epero rr soi tpuoyirsneroi docdhit uaroreucbsctri itatvaadla nmey t  deefgresnee. tnelsat tesióa  an á  rfpeadlaaveogs  rateriseuc rryera arel esnl saf,ea  rgvpmraroeelofdvoreairzendascerti saós.lneu ss y r ye lacdu erl suodcshe asya  rcmrooenlljotor arar url roalasl    OE-A-2021-10669able en https://www.
g)  Promover y fomentar la cooperación entre agentes públicos y privados cuyas 
actuaciones incidan directa o indirectamente en el desarrollo de las zonas rurales.
h)  Impulsar  la  formulación  y  la  aplicación  a  nivel  comarcal  de  estrategias  de 
desarrollo rural integrado, especialmente a través de la dinamización y coordinación de 
los grupos de desarrollo rural responsables de su ejecución.
i)  Promover el desarrollo de los catálogos, mapas y demás soportes documentales 
previstos en la presente ley.
j)  Contribuir al refuerzo del tejido social y a la mejora de la capacidad organizativa 
de las áreas rurales.
k)  Aplicar otras medidas y actuaciones que tengan por objeto, en particular, la 
revitalización del tejido productivo y la fijación de la población en las áreas rurales, 
realizando las actuaciones precisas para promover la efectiva igualdad de mujeres y 
hombres, de conformidad con el artículo 30 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
de  igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres,  y  con  los  artículos  42  y  43  del 
Decreto legislativo 2/2015, de 2 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad.
l)  Gestionar y aplicar las medidas contenidas nos programas de desarrollo rural 
sostenible en el ámbito de la aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
desarrollo sostenible del medio rural, o de la norma que la sustituya, sin perjuicio de las 
competencias  que  en  esta  materia  tengan  otros  órganos  de  la  Administración 
autonómica.
m)  Gestionar las medidas y actuaciones que se le encomienden en el marco de la 
programación de los fondos europeos de desarrollo rural.
n)  Adquirir,  enajenar,  permutar  y  arrendar  fincas,  edificaciones  en  el  rural, 
explotaciones agrarias y cualquier otro bien o derecho de naturaleza rústica, con las 
finalidades y en los términos previstos en la presente ley.
Lo  anterior  comprende,  en  general,  la  administración,  gestión,  conservación  y 
disposición de fincas, explotaciones agrarias, viviendas o grupos de viviendas, en el 
rural, así como los demás bienes y derechos que formen parte de su patrimonio o los 
que, no siendo titularidad de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, estén o no adscritos 
a su patrimonio, sean gestionados por ella en virtud de cualquier título válido en derecho, 
en el marco del ejercicio de las competencias y finalidades que le son propias; y, en 
particular, la gestión de los bienes y derechos de titularidad de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural incorporados al Banco de Tierras de Galicia, que estarán adscritos al 
patrimonio de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural con el objetivo de devolverlos al 
tráfico jurídico.
ñ)  Intermediar en el arrendamiento o compraventa de explotaciones con el fin de 
garantizar la continuidad de aquellas que, por la edad de las personas titulares, por 
dificultades en la gestión o por otras circunstancias, dejen o vayan a dejar de ser 
explotadas por sus titulares.
o)  Ejercitar cualquier otra función técnica, jurídica o material que, en relación con 
las materias de su competencia, se encomiende o competa a la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural.
2.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural elaborará un plan de acción anual de las 
actuaciones  en  materia  de  recuperación  agraria,  con  indicación  de  objetivos,  el 
presupuesto,  los  recursos  materiales  y  humanos,  las  entidades  colaboradoras  y  la 
previsión de resultados. Este informe, que será publicado en su página web, incluirá, 
como  mínimo,  las  actuaciones  del  Banco  de  Tierras  de  Galicia  y  del  Banco  de  e.
Explotaciones,  así  como  el  desarrollo  de  los  instrumentos  de  ordenación  y  de  w.b
recuperación de la tierra agraria regulados en esta ley. 669ww
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de la tierra agraria.
Artículo 8.  Régimen jurídico y fiscal de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
1.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural, adscrita a la consejería competente en 
materia  de  medio  rural,  tiene  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios,  goza  de 
autonomía administrativa y económica y posee plena capacidad de obrar, tanto en el 
campo del derecho público como en el del derecho privado, para el cumplimiento de sus 
fines y con sujeción a la normativa correspondiente.
2.  El régimen jurídico interno de la Agencia se regula por el derecho administrativo 
y su régimen jurídico externo se regirá por el derecho privado, excepto cuando se 
ejerzan potestades administrativas, caso en que se regirá por el derecho público.
3.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural gozará del tratamiento fiscal aplicable a 
la Comunidad Autónoma de Galicia.
Artículo 9.  Financiación de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
La Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá financiarse a través de ingresos 
procedentes tanto de transferencias de financiación consignadas en los presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia como de ingresos propios, derivados, 
entre otros, de las enajenaciones y de la gestión de los arrendamientos de fincas de 
cualquier  titularidad,  así  como  de  indemnizaciones,  enajenaciones  de  productos  o 
expropiaciones de fincas de su titularidad.
Artículo 10.  Gestión del patrimonio de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
1.  La  Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural  podrá  adquirir,  vender,  poseer, 
reivindicar,  permutar,  ceder  gratuitamente  o  mediante  un  precio,  arrendar,  constituir 
derechos reales y, con carácter general, disponer y administrar sus bienes por cualquier 
medio admitido en derecho.
2.  Las parcelas, las explotaciones agrarias y, en general, cualquier bien o derecho 
que, en el ejercicio de las funciones que les son propias y para el cumplimiento de sus 
fines, fueren adquiridos por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural con el propósito de 
devolverlos al tráfico jurídico patrimonial, quedan excluidos del Inventario general de 
bienes y derechos de la Comunidad Autónoma y no se incorporarán al patrimonio de la 
Administración general de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la notificación al 
órgano competente en materia de patrimonio a efectos informativos.
Asimismo, dichos activos y derechos que constituyen el patrimonio de la Agencia 
como consecuencia del cumplimiento de sus funciones y con el propósito de devolverlos 
al tráfico jurídico no quedarán incorporados a su patrimonio inmovilizado, sino que se 
adscribirán a él con dicho fin, independientemente de su cuantía.
3.  La adquisición de dichos bienes y derechos la efectuará la Agencia Gallega de 
Desarrollo  Rural  y  no  requerirá  informe  preceptivo  y  favorable  del  centro  directivo 
competente en materia de patrimonio.
4.  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  número  anterior,  y  sin  perjuicio  de  las 
transmisiones de bienes y derechos que puedan efectuarse en régimen de derecho 
administrativo  a  favor  de  la  Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural  por  cualquier 
administración  pública  o  entidad  del  sector  público,  el  régimen  jurídico  de  las 
adquisiciones,  enajenaciones  y  demás  actos  de  disposición  y  negocios  jurídicos 
patrimoniales sobre bienes y derechos realizados por la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural para el ejercicio de sus funciones y con la finalidad de devolverlos al tráfico jurídico  s
patrimonial será el de derecho privado. oe.
No obstante lo anterior, a estos efectos se seguirán procedimientos que garanticen el  w.
prerespviesttoo  ean  lloas p rpersinecnitpeio les y,d aes íi gcuoamldoa edl,  cupmubplilcimidiaedn toy  dceo lnac fuurnrceinócni as,o cdiea l daecu lae rpdroo pcieodna dlo.  2021-10669n https://ww
Sección 3.ª Consejo de Gestión de la Tierra Agroforestal
Artículo 11.  Definición y estructura del Consejo de Gestión de la Tierra Agroforestal.
1.  El  Consejo  de  Gestión  de  la  Tierra  Agroforestal  es  un  órgano  consultivo 
colegiado, adscrito a la consejería responsable en materia de medio rural a través de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural, que se encarga del análisis y del estudio de las 
vías  de  coordinación  de  las  políticas  públicas  relativas  a  la  gestión  de  las  tierras 
agroforestales del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como de la 
generación de propuestas estratégicas de mejora de esta gestión.
2.  El Consejo tendrá la siguiente composición, a propuesta de los centros directivos 
o entidades que se señalan a continuación:
a)  Una persona en representación de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, que 
actuará como persona titular de la presidencia del órgano.
b)  Una vocalía en representación del Banco de Tierras de Galicia.
c)  Una vocalía a propuesta de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
d)  Una  vocalía  a  propuesta  del  centro  directivo  competente  en  materia  de 
planificación forestal.
e)  Una  vocalía  a  propuesta  del  centro  directivo  competente  en  producción 
agroganadera.
f)  Una  vocalía  a  propuesta  del  centro  directivo  competente  en  materia  de 
infraestructuras agrarias.
g)  Una vocalía a propuesta del centro directivo competente en materia de defensa 
del monte.
h)  Una  vocalía  a  propuesta  del  centro  directivo  competente  en  materia  de 
patrimonio cultural.
i)  Una vocalía a propuesta del centro directivo competente en patrimonio natural y 
biodiversidad.
j)  Una  vocalía  a  propuesta  del  centro  directivo  competente  en  ordenación  del 
territorio.
k)  Una vocalía a propuesta del centro directivo competente en gestión hidrológica 
de ámbito autonómico.
l)  Una  vocalía  a  propuesta  del  centro  directivo  competente  en  coordinación, 
integración y elaboración de la información geográfica y cartográfica de Galicia.
m)  Una vocalía a propuesta del centro directivo competente en materia tributaria 
autonómica.
n)  Una vocalía a propuesta de las asociaciones de cooperativas agrarias gallegas.
ñ)  Tres  vocalías  a  propuesta  de  las  organizaciones  profesionales  y  sindicatos 
agrarios que forman parte del Consejo Agrario Gallego.
o)  Dos vocalías a propuesta de los representantes de los propietarios y de las 
organizaciones profesionales del Consejo Forestal de Galicia.
Asimismo,  se  invitará  a  la  Administración  del  Estado  a  que  designe  personas 
representantes  de  los  centros  directivos  con  competencias  en  materia  de  gestión 
catastral y gestión hidrológica para que actúen como vocales del Consejo de Gestión de 
la Tierra Agroforestal.
Actuará como titular de la secretaría de este órgano colegiado una persona con la 
condición de empleada pública al servicio de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural  s
designada por esta. oe.
eaxsiiss34ttei..r  ,n ceEEinanl   d sCleuao  sunc nsodaene jdsoreii cgppinóroaendcs riedáone nt ceaaoscsn ióesdnsteio t purlaaairsrs i c,t apopremiearsri ssdoiooennn amaesss u i jndedtereee g srcre ayacn rohátneocosmte cbdrid reeotlé s cCp.nroeicnsost,ieg jaioo   lsadese   pqloruosec  uáprmaobrdáirt áolans    2021-10669n https://www.
profesionales,  académicos  y  sociales,  que  llevarán  a  cabo  actuaciones  de
asesoramiento, y, en general, aquellas tareas que le sean asignadas por el Consejo. Bc
5.  El Consejo de Gestión de la Tierra Agroforestal se regirá, en todo lo no previsto 
en esta ley, por lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 16/2010, de 17 de 
diciembre, de organización y funcionamiento del sector público autonómico de Galicia, 
así como por la legislación básica de régimen jurídico de las administraciones públicas.
6.  El funcionamiento del Consejo no supondrá aumento del gasto público y será 
atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados a la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural.
Artículo 12.  Funciones del Consejo de Gestión de la Tierra Agroforestal.
1.  Las funciones consultivas encomendadas al Consejo de Gestión de la Tierra 
Agroforestal están divididas en dos categorías:
a)  Funciones consultivas en el ámbito de la gestión de la tierra:
1.º  Apoyo  en  la  programación  de  las  políticas  en  materia  de  planificación, 
ordenación y gestión de la tierra agroforestal de Galicia y en el análisis de propuestas 
concretas de actuación o regulación normativa.
2.º  Análisis de las normativas sectoriales de afectación.
3.º  Elaboración de informes, estudios, trabajos técnicos y propuestas de actuación 
para la mejora de la gestión de la tierra agroforestal de Galicia.
4.º  Elaboración  de  análisis  sectoriales,  así  como  de  un  informe  anual  de 
actividades.
5.º  Análisis de la coordinación entre los diferentes organismos con el fin de evitar 
disfunciones, proponer la resolución de eventuales discrepancias y facilitar sinergias 
entre las diferentes actuaciones, en el marco de lo establecido en la presente ley.
b)  Funciones consultivas en el ámbito de la gestión de la información:
1.º  Estudiar  los  datos  estadísticos  y  geográficos  relacionados,  directa  o 
indirectamente, con la gestión de tierras agroforestales. Estos datos serán aportados por 
todos los organismos integrantes del Consejo o, en general, por los organismos de la 
Administración  pública  gallega  que  sean  requeridos.  Asimismo,  podrán  suscribirse 
convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas que, por sus funciones o 
conocimientos técnicos, puedan aportar datos que supongan una colaboración útil para 
el desarrollo de las funciones del Consejo de Gestión. La coordinación, centralización, 
custodia y protección de los datos será ejercida por la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural, que, a estos efectos, podrá contar con la colaboración y el apoyo técnico de la 
entidad responsable de la coordinación, integración y elaboración de la información 
geográfica y cartográfica de Galicia para las tareas que le son propias.
2.º  Suministrar los análisis y los datos precisos para la formulación de políticas 
públicas dirigidas al cumplimiento de los objetivos de esta ley o que ayuden a las 
decisiones de los agentes privados relacionadas con el acceso a la tierra agroforestal.
3.º  Informar  preceptivamente  sobre  el  Catálogo  de  suelos  agropecuarios  y 
forestales de Galicia, así como sobre el Mapa de usos agroforestales de Galicia y sus 
revisiones.  Quedan  exceptuados  los  catálogos  parciales  de  suelos  agropecuarios  y 
forestales.
4.º  Crear el Observatorio de Movilidad de Tierras de Galicia, para lo cual se podrá 
colaborar  con  entidades  públicas  y  privadas  como  herramienta  que  tendrá  como 
objetivos la recogida, elaboración y difusión de información sobre movilidad de tierras  e.e
rústicas  en  Galicia  para  mejorar  la  transparencia  de  los  mercados  y  conocer  las  b
dinámicas que se dan sobre estas tierras a nivel parroquial o municipal y para el conjunto  669ww
tdeen dlae nCteosm au nuidna dm, ecjoorn  aeplr odvoebcleh aombjieetnivtoo  ddee  lpao tdieerrr ad iys edñea rl oes  irmepcularnstoasr  dpeoll íttiecraristo priúob ylic daes 
suministrar datos que ayuden a las decisiones de los agentes privados.
2.  La coordinación, centralización, custodia y protección de los datos de carácter 
geográfico se realizará empleando las directrices establecidas por el órgano competente 
en materia de recopilación y tratamiento de la información geográfica en Galicia, de 
conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
Sección 4.ª Comisión Técnica de Precios y Valores
Artículo 13.  Comisión Técnica de Precios y Valores.
1.  La Comisión Técnica de Precios y Valores es el órgano colegiado, adscrito a la 
consejería responsable en materia de medio rural a través de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural, encargado de estudiar la evolución temporal de los precios de las 
tierras agroforestales y de informar sobre los valores de los precios de referencia de la 
tierra agroforestal, lo cual servirá de base para la fijación por el Consejo Rector de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural de dichos precios.
2.  La Comisión estará formada por los siguientes representantes, a propuesta de 
los  centros  directivos  o  entidades  que  se  señalan  a  continuación,  procurando  una 
composición proporcionada entre mujeres y hombres:
a)  Dos  personas  representantes  a  propuesta  de  la  consejería  competente  en 
materia de medio rural, una de las cuales actuará como persona titular de la presidencia 
del órgano y la otra, como vocal.
b)  Una vocalía a propuesta de la consejería competente en materia de hacienda.
c)  Una  vocalía  a  propuesta  del  centro  directivo  competente  en  materia  de 
ordenación del territorio.
d)  Una  vocalía  a  propuesta  del  centro  directivo  competente  en  materia  de 
patrimonio natural.
e)  Una vocalía a propuesta del centro directivo competente en materia de montes.
f)  Una vocalía a propuesta del Jurado de Expropiación de Galicia.
g)  Una vocalía a propuesta del centro directivo competente en materia tributaria 
autonómica.
h)  Una vocalía a propuesta de la Federación Gallega de Municipios y Provincias.
i)  Una vocalía a propuesta de las asociaciones de cooperativas agrarias gallegas.
j)  Dos  vocalías  a  propuesta  de  las  organizaciones  profesionales  y  sindicatos 
agrarios que forman parte del Consejo Agrario Gallego.
k)  Dos vocalías a propuesta de los representantes de los propietarios y de las 
organizaciones profesionales del Consejo Forestal de Galicia.
Asimismo, se invitará a la Administración general del Estado a que designe una 
persona  representante  del  centro  directivo  con  competencia  en  materia  de  gestión 
catastral para que actúe como vocal de la Comisión Técnica de Precios y Valores.
Actuará como titular de la secretaría de este órgano colegiado una persona con la 
condición de empleada pública al servicio de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, 
designada por dicha agencia.
Podrán asistir a las reuniones de la Comisión Técnica de Precios y Valores, con voz 
pero sin voto, en condición de expertas, a los efectos de llevar a cabo labores de 
asesoramiento,  personas  profesionales  de  reconocido  prestigio,  así  como  personal 
técnico que preste servicio dentro del órgano de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
encargado de la gestión del Banco de Tierras de Galicia. es
3.  La Comisión Técnica de Precios y Valores recibirá, al menos una vez al año, un  o
informe de actividad del órgano de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural encargado de  669ww
Blpeaola argnb eceosolr ta iódódrenog   Tadcineeoolrn r Bjaudasne nt dacleamo   GeAdnagetle ieTcn iipaceio.rarra  Ges la dclelee ngGtarao ldi cdeiia rDe, caetssivía orc rocomollomo  pRuenut eriannlft oeer nmecnea  rmsgoaabdteroer i adp erde elca iao ggser iysc tuviólatnulo rarde eysl    OE-A-2021-10able en https://
4.  La  Comisión  Técnica  de  Precios  y  Valores  aprobará  un  documento  técnico 
basado en criterios objetivos de valoración que servirá de base para la fijación, por parte 
del  Consejo  Rector  de  la  Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural,  de  los  precios  de 
referencia tanto de arrendamiento como de venta, y que servirá de punto de partida para 
la determinación de los precios de los instrumentos definidos en esta ley. Dichos precios 
serán  determinados  en  función  de  parámetros  que  deberán  constar  en  el  propio 
documento  técnico,  tales  como  zonas  geográficas,  productividad,  localización, 
configuración geofísica, superficie de la finca, tipos de aprovechamiento o el Catálogo de 
suelos agropecuarios y forestales, una vez aprobado.
5.  La Comisión Técnica de Precios y Valores emitirá un informe anual que servirá 
de base para la modificación, por parte del Consejo Rector de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural, de los precios de referencia definidos en el número anterior.
6.  La Comisión Técnica de Precios y Valores se reunirá, al menos, una vez al año, 
y se regirá, en todo lo no previsto en este capítulo, por lo dispuesto para los órganos 
colegiados en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento del 
sector público autonómico de Galicia, así como por la legislación básica de régimen 
jurídico de las administraciones públicas.
CAPÍTULO II
Otros sujetos
Artículo 14.  Banco de Tierras de Galicia.
El Banco de Tierras de Galicia, dependiente de la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural,  se  configura  como  un  instrumento  público  de  intermediación  entre  personas 
titulares de tierras agroforestales y personas interesadas en su aprovechamiento que 
tiene  como  objetivo  principal  contribuir  a  la  movilización  productiva  de  esas  tierras 
mediante arrendamientos, cesiones, permutas, enajenaciones o cualquier otro negocio 
jurídico.
Artículo 15.  Banco de Explotaciones.
El Banco de Explotaciones, gestionado por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, 
actuará como un instrumento público de intermediación que tendrá como finalidad facilitar la 
puesta en contacto entre personas titulares de explotaciones agroforestales que, voluntaria 
o forzosamente, abandonan la actividad y personas interesadas en incorporarse a ella, con 
el  objetivo  de  garantizar  la  continuidad  de  la  explotación  y  así  luchar  contra  su 
desmantelamiento y el abandono sobrevenido de las tierras que la constituyen.
Artículo 16.  Agrupaciones de gestión conjunta.
1.  Las  personas  propietarias  o  titulares  de  derechos  de  aprovechamiento  de 
terrenos agroforestales que pretendan una gestión común de dichos terrenos podrán 
solicitar  su  reconocimiento  como  agrupación  forestal  o  agroganadera  de  gestión 
conjunta, según la finalidad principal de la agrupación.
2.  Las agrupaciones de gestión conjunta tendrán por finalidad la gestión conjunta y 
sostenible los terrenos agroforestales integrados en el perímetro de actuación con el fin 
de explotarlos, recuperarlos y ponerlos en valor, previniendo e impidiendo su abandono; 
favorecer la producción y comercialización conjunta; el uso en común de los medios para  e.
la realización de actividades agrarias; servir como instrumento para la protección del  w.
medio ambiente, la prevención y defensa contra los incendios forestales, la protección  669ww
efrmenptlee oa e ncadtóágsetrnoofe, sc oyla blao ramnitdigoa ecnió enl  ayu madeanptota dcieó nla  ccoanlidtraad  edl ec vaidmab yio e cnl ilmasá teicxop;e cyt actirveaasr 
ddee  pdreáscatircroalslo i ndneo vlaa dpoorbalsa ceinó ne l rmureadl;i oy  rluar atrl.ansferencia de conocimiento y la introducción  BOE-A-cable e
3.  De acuerdo con las finalidades expresadas en el número anterior, por trascender 
sus fines y objetivos de aquellos exclusivamente de interés particular, podrá declararse 
de interés general la gestión conjunta realizada por las indicadas agrupaciones.
4.  Podrán solicitar el reconocimiento como agrupaciones de gestión conjunta las 
siguientes entidades cuya actividad se desarrolle en terrenos agroforestales en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia:
a)  Asociaciones  sin  ánimo  de  lucro  constituidas  para  el  auxilio,  apoyo  y 
asesoramiento  a  las  personas  propietarias  o  titulares  de  los  derechos  de 
aprovechamiento de terrenos en la planificación de la gestión agroforestal y en la gestión 
y comercialización conjunta de sus aprovechamientos, siempre que estén compuestas 
por personas titulares de los indicados derechos dentro de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.
b)  Sociedades civiles y comunidades de bienes.
c)  Cooperativas y otras entidades de economía social.
d)  Sociedades agrarias de transformación.
e)  Sociedades mercantiles reguladas en la legislación de sociedades de capital.
f)  Sociedades  de  fomento  forestal,  para  el  caso  de  agrupaciones  de  gestión 
conjunta forestal.
g)  Cualquier otra que tenga por objeto la recuperación, de forma conjunta, de 
tierras agroforestales.
Artículo 17.  Entidades colaboradoras de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
1.  Las entidades colaboradoras de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural son 
aquellas entidades de carácter público o privado que contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos  de  esta  ley  a  través  de  la  cooperación  con  dicha  agencia,  mediante  la 
realización, entre otras, de funciones de intermediación y acompañamiento.
2.  Previa aprobación de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, podrán tener la 
condición de entidades colaboradoras las siguientes:
a)  Las entidades locales.
b)  Los grupos de desarrollo rural.
c)  Las entidades asociativas de ámbito agroforestal, en particular, organizaciones 
profesionales y sindicatos agrarios.
d)  Las cooperativas y otras entidades de economía social.
e)  Los colegios profesionales del ámbito agroforestal.
f)  Las entidades sin ánimo de lucro con objetivos comunes a los de esta ley.
3.  Bajo  la  supervisión  y  siguiendo  las  indicaciones  de  la  Agencia  Gallega  de 
Desarrollo Rural, entre sus funciones figuran las siguientes:
a)  La actuación como oficinas gestoras del Banco de Tierras de Galicia, prestando 
apoyo e información a las personas usuarias.
b)  El acompañamiento y orientación a las personas jóvenes que se incorporen a la 
actividad agraria en materia de información, formación, análisis técnicos y asesoramiento 
jurídico.
c)  La actuación como unidades gestoras del Sistema de información de tierras de 
Galicia  (Sitegal),  con  la  posibilidad  de  tramitar  solicitudes  de  incorporación  y  de 
arrendamiento, y, en general, cuantas funciones permita la aplicación para el nivel de  e.e
autorización otorgado a ellas por la persona administradora del sistema. b
d)  El  asesoramiento  y  acompañamiento  a  iniciativas  de  solicitud  de  polígonos  669ww
agroef)o reEstl aalesse soo aracmtuiaecnitoon eens  deel  rgeedsimtióenn scioonnjaumntiae.nto de las explotaciones y en el diseño,
efonm esun tacnadsoo , lad e inpclaonrpeosr adceió nn egdoec ion useevgaús n telocsn oclorigteíariso s ddee  laso sitnefnoirbmilaidcaiódn  amy bdieen talal, 
comunicación.
f)  La vigilancia sobre la posible existencia de tierras en abandono o infrautilización, y, 
en especial, la notificación de esta circunstancia a la correspondiente jefatura territorial.
g)  La colaboración en la revisión y actualización de los mapas de usos y del 
Catálogo de suelos agropecuarios y forestales.
h)  La  colaboración  con  el  Consejo  de  Gestión  de  la  Tierra  Agroforestal  en  la 
compilación de datos y en la observación del territorio.
i)  Cualquier otra que pueda facilitar la aplicación de los instrumentos previstos en 
esta ley o los que se establezcan en sus normas de desarrollo.
4.  En las oficinas agrarias comarcales, dependientes de la consejería competente 
en materia de medio rural, se desarrollarán las funciones previstas en esta ley para las 
entidades colaboradoras.
Artículo 18.  Reconocimiento como entidad colaboradora.
1.  La condición de entidad colaboradora, excepto en el caso del número 4 del 
artículo anterior, se adquirirá de acuerdo con los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, mediante la formalización del 
correspondiente convenio de colaboración con la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, 
que  precisará  las  funciones  que  son  asumidas  por  la  entidad  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el artículo anterior, los requisitos que debe cumplir y hacer cumplir y las 
medidas de comprobación y control que la Agencia Gallega de Desarrollo Rural se 
reservará sobre las funciones desarrolladas.
Igualmente,  en  el  convenio  deberá  determinarse  su  duración  y  las  posibles 
prórrogas.
En su caso, el convenio podrá prever la ayuda financiera de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural en concepto de compensación de los gastos en que se incurra en el 
ejercicio de las funciones previstas en la presente ley.
2.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural mantendrá un registro actualizado de las 
entidades colaboradoras.
3.  En cualquiera caso, el reconocimiento como persona gestora del Sistema de 
información de tierras de Galicia (Sitegal) se emitirá, a título individual, de entre las que 
cumplan los requisitos exigidos para las entidades colaboradoras.
4.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá fomentar la formación técnica 
específica a las personas con capacidad técnica para ejercer las labores señaladas en el 
artículo anterior.
TÍTULO II
Ordenación de usos y planificación
CAPÍTULO I
Instrumentos de ordenación
Artículo 19.  Investigación de la titularidad.
1.  La consejería con competencias en medio rural, a través de la Agencia Gallega 
de Desarrollo Rural, podrá promover la investigación sobre la situación de inmuebles 
existentes en suelo rústico o en suelos de núcleo rural sobre cuya titularidad no se tenga  e.
certeza. w.
2.  El procedimiento de investigación de las fincas, incluyendo las edificaciones o  669ww
cGoanllsetgruac cdieo nDeess qaurreo lplou dRieurreanl,  ebxieisnt ira  einni ceiallativsa,  ppordorpáia s, epro irn iccoiamduon dicea coifóicni oo p poor rl ad eAnguenncciaia. 
iEnna demsitsei búilildtiamdo,  scea sdoa,r ád teral salacduoe rad ola  dpee rsinoinciao  ddeenlu npcroiacnetdei.miento o, en su caso, de su  BOE-A-cable e
3.  El procedimiento de investigación puede conllevar, si fuere preciso, la inspección 
de los bienes y derechos afectados en los términos previstos en la legislación de 
patrimonio de las administraciones públicas.
4.  La colaboración con la Agencia Gallega de Desarrollo Rural en el proceso de la 
investigación de la titularidad será obligatoria para las personas titulares de las fincas.
5.  Acordada  la  iniciación  del  procedimiento  de  investigación,  se  dispondrá  la 
publicación  en  el  «Diario  Oficial  de  Galicia»  de  un  anuncio  en  el  que  figuren  las 
características que permitan identificar el bien o derecho objeto de investigación.
Se  remitirá  copia  del  anuncio  al  ayuntamiento  y  a  la  jefatura  territorial 
correspondiente donde radique el bien o derecho para su exposición al público en el 
tablón edictal de dicha entidad y de la unidad durante un plazo de veinte días. Asimismo, 
el anuncio será publicado en un apartado específico de la página web de la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural.
6.  La copia del anuncio será remitida, asimismo, a la Administración general del 
Estado, a los efectos de que pueda alegar, en su caso, su titularidad sobre el bien y, en 
particular, la fecha de vacancia del bien anterior a la entrada en vigor de esta ley o la 
existencia de un procedimiento administrativo de investigación de la titularidad de ese bien.
7.  Durante el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de finalización del 
plazo de exposición en el tablón edictal del ayuntamiento, las personas afectadas por el 
procedimiento de investigación, así como también la Administración general del Estado, 
podrán alegar, por escrito, cuanto consideren conveniente, para lo cual deberán aportar 
los  datos,  antecedentes  o  documentos  que  consideren  pertinentes  para  fundar  su 
derecho. En todo caso, las personas indicadas deberán presentar, de existir, los títulos 
escritos en que se funde su derecho y declarar los gravámenes y situaciones jurídicas 
que conozcan y afecten a sus fincas o derechos. La falsedad de estas declaraciones 
dará lugar, con independencia de las acciones penales, a la responsabilidad por los 
daños y perjuicios que se deriven de la falsedad u omisión.
8.  A los efectos de esta ley, salvo prueba en contrario, se considerará persona 
propietaria la titular que conste con este carácter en registros públicos que produzcan 
presunción de titularidad que solo pueda ser destruida judicialmente o, en su defecto, 
quien aparezca con tal carácter en registros fiscales o, finalmente, quien lo sea pública y 
notoriamente, aunque carezca del oportuno título escrito de propiedad.
En este último supuesto, la persona interesada deberá aportar una declaración en la 
que, bajo su responsabilidad, manifieste su condición de titular de los inmuebles de que 
se trate. Dicha declaración tendrá efectos únicamente en el marco de esta ley y con la 
finalidad  de  asumir  las  obligaciones  que  corresponden  a  las  personas  titulares.  Lo 
anterior se entenderá sin perjuicio del derecho de propiedad y a salvo de los derechos de 
terceros y la competencia de los órganos jurisdiccionales civiles, de acuerdo con la 
legislación estatal, para la determinación de las titularidades en presencia.
En caso de que la persona afectada indicare la titularidad en régimen de comunidad 
se presumirá, a los efectos de esta ley y salvo prueba en contrario, que actúa en 
representación de la comunidad de la que fuere titular.
9.  Transcurrido el plazo señalado en el número 7, la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural determinará la prueba que, en su caso, deba practicarse, atendiendo al objeto de 
la investigación y teniendo en cuenta las alegaciones y la documentación que constan en 
el expediente.
10.  Instruido el procedimiento, se pondrá de manifiesto en un plazo de diez días a 
las personas a las que afecte la investigación y que hayan comparecido en él, incluida la  s
Administración general del Estado, si compareció en el procedimiento, para que dentro  oe.
de dicho plazo aleguen lo que crean conveniente a su derecho. w.
En la tramitación de este procedimiento, la emisión de informe por parte del centro  669ww
direc1t1iv. o cLoam repseoteluncteió ne nd mel apteroricae ddeim pieantrtiom doen ioin tveensdtirgáa ccaiórná ccteorr rfeascpuoltnadtiev oa. la persona que
edjee razlaz alad ad iarenctec iólan  pdeer slao nAag etintucliaar  Gdael lleag ap rdeesi dDeenscaiarr odlelo  lRa uAragle, nyc ciao nGtraall eegllaa  cdaeb Dráe rseacrurorslloo   BOE-A-cable e
Rural, cuya resolución agota la vía administrativa. La resolución determinará la titularidad 
del bien o derecho a los efectos de la asunción de las obligaciones que corresponden a 
las personas titulares de acuerdo con la presente ley.
Dicha  resolución  decidirá,  en  el  caso  de  inmuebles  vacantes  por  haber  sido 
abandonados por sus dueños o cuyos dueños sean desconocidos, la pertenencia del 
bien o derecho a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. En este caso, los bienes se 
considerarán adquiridos por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, en el ejercicio de las 
funciones que le son propias y para el cumplimiento de sus fines, con el propósito de 
devolverlos al tráfico jurídico patrimonial. A dichos bienes les resultará de aplicación el 
régimen jurídico previsto para estos casos en el artículo 8 de la presente ley.
No  obstante,  las  fincas  en  suelo  rústico  adquiridas  por  la  Agencia  Gallega  de 
Desarrollo  Rural  de  acuerdo  con  este  artículo,  o  las  fincas  de  reemplazo 
correspondientes,  en  el  caso  de  reestructuración  de  la  propiedad  en  los  polígonos 
agroforestales, solo se podrán destinar al arrendamiento durante los diez años siguientes 
a  la  fecha  del  dictado  de  la  firmeza  en  vía  administrativa  de  la  resolución  del 
procedimiento  de  investigación,  sin  que  puedan,  durante  este  plazo,  enajenarse, 
permutarse o constituirse derechos reales sobre ellos. La Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural estará facultada, dentro de este plazo, para excluir las fincas respecto de las que 
se  haya  acreditado  suficientemente  su  titularidad  en  los  términos  previstos  en  el 
apartado 8 de este artículo y hacer entrega a la persona titular, en su caso, de las rentas 
devengadas durante el referido período. Transcurrido ese plazo, se considerarán los 
bienes  y  derechos  integrados  definitivamente  en  el  patrimonio  de  la  Agencia  y  se 
destinarán a los fines establecidos en el artículo 37, si bien solo podrán ser cedidos a 
título gratuito de acuerdo con lo establecido en los artículos 60 y 61 a los ayuntamientos 
donde radiquen, sin perjuicio de las acciones civiles de las personas que se consideren 
con derecho a su titularidad, o, en su caso, de los recursos pendientes ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo previstos en el número 12 de este artículo.
Cuando  el  procedimiento  de  investigación  se  haya  iniciado  a  consecuencia  de 
denuncia, se determinará en la resolución si procede derecho a premio en los términos 
previstos en la normativa general de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
12.  De conformidad con la legislación estatal aplicable, el conocimiento de las 
cuestiones de naturaleza civil que se susciten con ocasión de la investigación practicada 
corresponderá a la jurisdicción ordinaria. Asimismo, contra los actos administrativos 
dictados en el ejercicio de la facultad de investigación prevista en este artículo no se 
admitirán acciones interdictales o para la tutela sumaria de la posesión previstas, y solo 
se podrá recurrir contra ellos ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo por 
infracción de las normas sobre competencia y procedimiento, una vez cumplidas las 
exigencias establecidas en dicha jurisdicción.
13.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural deberá inscribir a su favor en el registro 
de la propiedad los bienes o los derechos sobre estos cuya pertenencia le haya sido 
acreditada a través del procedimiento de investigación previsto en este artículo, o que 
haya adquirido por carecer de dueño, según lo dispuesto en la presente ley, y tras la 
tramitación del referido procedimiento, respetando en todo caso los derechos de las 
personas titulares. Igualmente, se procederá a realizar los trámites pertinentes para su 
alta en el catastro.
La inscripción en el registro de la propiedad a que se refiere el párrafo anterior se 
ajustará a lo establecido en la legislación hipotecaria y en la normativa de aplicación 
general del patrimonio de las administraciones públicas y no podrá producirse mientras  s
no se realice la integración definitiva de los bienes en el patrimonio de la Agencia  oe.
Gallega de Desarrollo Rural, de conformidad con lo dispuesto en el apartado undécimo  w.
del presente artículo. 669ww
este1 4a.r tícLualos  cpaarrecnetleass  dseu jeptoasse ead uonr  pporodcráend imseier nintote dgera dinavse strtaignascitioórnia dmee nlotse  perne veils tBoasn ecno 
Gdea lTleiegrara sd ed eD Geaslaicrriao,l loy  sRe uarcaol rdcoanrá  esul  ceanrtárecgtear  pdaera  msue dgiedsat iócna purteolvaisr ioandaolp ptaodr ala  Aeng eensctiae   BOE-A-cable e
procedimiento  conforme  al  artículo  42  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del 
patrimonio de las administraciones públicas, para evitar tanto su propio deterioro como el 
riesgo ambiental que supone su situación, en tanto se adopta la resolución final que 
proceda, respetando los derechos de los posibles titulares.
En estos supuestos, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural ajustará la gestión de 
estas  parcelas  al  régimen  general  que  resulta  aplicable,  con  las  siguientes 
especialidades:
a)  El uso de la finca podrá cederse a terceras personas en los términos y con las 
condiciones previstos en esta ley, sin perjuicio de la finalización del procedimiento y de la 
medida cautelar en caso de aparición de la persona titular de la finca, circunstancia 
condicionante  que  se  hará  constar  expresamente  en  el  instrumento  de  cesión.  La 
aparición de la persona titular de la finca determinará la aplicación de las consecuencias 
establecidas en esta ley para cada tipo de supuesto.
b)  En el caso de cesión a terceras personas, las rentas y los ingresos que por 
cualquier otra causa se produzcan durante este período serán consignados en la Caja 
General de Depósitos, a favor de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
c)  En el Sistema de información de tierras de Galicia (Sitegal), recogido en el 
artículo 22, se indicará específicamente que la parcela está sujeta a un procedimiento de 
investigación  por  parte  de  la  Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural,  identificando  el 
expediente de que se trate.
Si el procedimiento de investigación concluye con la declaración de que la parcela 
fue  abandonada  por  sus  dueños  o  que  su  dueño  es  desconocido  y  su  titularidad 
corresponde a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, las rentas depositadas durante la 
tramitación del procedimiento, así como aquellas devengadas durante un período de diez 
años posterior a dicha declaración, se ingresarán en la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural. En este caso, la gestión de la finca pasará a regirse por el régimen ordinario 
previsto para estos supuestos, y se mantendrá hasta su extinción la cesión de uso y 
aprovechamiento que pudiere estar vigente.
En todo caso, se observará lo dispuesto en el apartado 11 de este artículo.
15.  Si el procedimiento de investigación no fuere resuelto y no fuere notificada su 
resolución en el plazo de dos años, a contar desde el día siguiente al acuerdo de inicio, 
caducará, y se acordará el archivo de las actuaciones.
Artículo 20.  Revisión geométrica y topográfica de fincas.
1.  En el marco de los procedimientos establecidos en esta ley, la Agencia Gallega 
de Desarrollo Rural podrá proceder de oficio, contando con el consentimiento de la 
persona titular de la finca y, en su caso, de las personas titulares de los derechos de uso 
o  aprovechamiento,  a  la  revisión  geométrica  y  topográfica  de  las  fincas  de  tierra 
agroforestal incorporadas o en proceso de incorporación al Banco de Tierras de Galicia 
de las que interese conocer con precisión su dimensión y la localización de sus límites 
para el cumplimiento de los objetivos señalados en la presente ley.
2.  Esta revisión tendrá en cuenta los intereses de las personas titulares de la finca 
y, en su caso, de las personas titulares de los derechos de uso y aprovechamiento, que, 
por su carácter de personas interesadas, serán citadas y dispondrán de la posibilidad de 
audiencia y de los derechos de alegación y recursos que legalmente les correspondan, y 
sin perjuicio de la competencia de los juzgados y tribunales competentes sobre las  s
cuestiones de propiedad. oe.
lRelemuvrpaa3rdl.e  ooss apE saol   rlcc epaovebnarotnsr atopatnoamard ile aetnsél  tcpopne airtcosroaop  noceagoslrm áetépf iccefinotnei .cny o tEel ocn spo  emsinruptfe oenrrtemeeancelitiesze na ddtceeeió   aclna a e mAsnegtpi deoiann, dcvdieiaetas   Grsdáeae rll al ens geeqaccuet eods rea a prDsiúoiebssstl,ia acsnorer  oroláal laons     2021-10669n https://www.
personas titulares y otros posibles interesados en la revisión geométrica y topográfica de
las fincas. Bc
Artículo 21.  Actualización de datos catastrales.
1.  Los  resultados  de  los  procedimientos  administrativos  de  investigación  de 
titularidad y revisión geométrica y topográfica recogidos en los artículos anteriores, así 
como de los procedimientos e instrumentos de movilización y recuperación regulados en 
esta ley, incluyendo el resultado del trámite de audiencia a las personas interesadas, 
serán notificados por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural a la entidad responsable de 
la elaboración y mantenimiento del catastro rústico relativo a la Comunidad Autónoma de 
Galicia, para que proceda, de acuerdo con la normativa de aplicación, a su incorporación 
a este.
2.  La  Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural  promoverá  la  formalización  de  un 
convenio de colaboración con la entidad responsable de la elaboración y mantenimiento 
del Catastro Rústico en la Comunidad Autónoma de Galicia para facilitar la actualización 
y el intercambio de información y modificación de los datos de este.
Artículo 22.  El Sistema de información de tierras de Galicia (Sitegal).
Al Sistema de información de tierras de Galicia, definido conforme a lo señalado en el 
artículo 4, le corresponden las siguientes funciones:
a)  Actuar como sede electrónica del Banco de Tierras de Galicia, integrando en 
este los procedimientos de incorporación, solicitudes de arrendamiento, notificaciones y 
registros,  en  su  caso,  gestión  de  los  procedimientos  administrativos  y,  en  general, 
cuantas funciones les sean otorgadas a las sedes electrónicas en la normativa legal.
b)  Recoger  en  un  sistema  de  información  geográfica  todas  las  referencias 
cartográficas, en los diferentes formatos y fuentes, de las parcelas del Banco de Tierras 
de Galicia que están a la espera de ser incorporadas, las ya incorporadas, en sus 
diferentes estados, y las que fueron ya dadas de baja.
c)  Recoger los datos procedentes de aldeas modelo y polígonos agroforestales, así 
como  los  procedentes  del  Banco  de  Explotaciones,  del  Registro  de  Polígonos 
Agroforestales y del Registro de Agrupaciones Agroforestales de Gestión Conjunta.
d)  Permitir a las personas usuarias el acceso web a los datos alfanuméricos y 
cartográficos que no estén protegidos por la normativa.
e)  Servir como acceso a la sede electrónica de la Xunta de Galicia para todos los 
procedimientos desarrollados en esta ley.
Artículo 23.  Estados Sitegal.
1.  A los efectos de proporcionar información sobre la situación de cada una de las 
parcelas dadas de alta en el Sitegal, se atribuirá una etiqueta identificativa en la que 
conste su estado.
2.  Los estados Sitegal son los siguientes:
a)  Arrendada: parcela con contrato de arrendamiento en vigor.
b)  Disponible en concurrencia: parcela arrendable, no arrendada ni en proceso de 
arrendamiento,  que  está  temporalmente  sometida  al  proceso  de  concurrencia 
competitiva señalado en el artículo 53.3 de la presente ley.
c)  Disponible sin concurrencia: parcela arrendable, no arrendada ni en proceso de 
arrendamiento, que puede ser solicitada para su arrendamiento según lo dispuesto en el 
artículo 53.6 de la presente ley. e
d)  Disponible en proceso de investigación: parcela arrendable, pero sujeta a un  bo
procedimiento de investigación de la titularidad por parte de la Agencia Gallega de  669ww
Desea)r rolElon  Rpurroacl.eso  de  arrendamiento:  parcela  para  la  que  constan  una  o  varias
solicf)it udNeos  adrer eanrrdeanbdlea:m pieanrctoe laco innc loorsp toráramdiate qsu sein,  dfienbaildizoa ra. una circunstancia temporal, no
puede ser calificada con ningún otro estado mientras esa circunstancia no se resuelva.
g)  No incorporada: parcela para la que ha sido solicitada la incorporación pero que 
está a la espera de que se completen los trámites correspondientes.
h)  Retirada del Banco de Tierras: parcela que formó parte del Catálogo del Banco 
de Tierras, pero que por una u otra circunstancia ha sido dada de baja. Esta etiqueta se 
incluye solo a efectos estadísticos.
3.  Por resolución del Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural se 
podrán definir nuevos estados que identifiquen situaciones de las parcelas.
CAPÍTULO II
Instrumentos de planificación
Artículo 24.  Mapa de usos agroforestales de Galicia.
1.  El Mapa de usos agroforestales de Galicia constituye un documento técnico que 
reflejará el uso de las tierras de carácter agroforestal en el momento de su elaboración o, 
en  su  caso,  de  la  correspondiente  revisión.  Este  mapa  servirá  de  base  para  la 
planificación de las actuaciones del conjunto de los órganos de las administraciones 
públicas, de las entidades del sector público con competencias relacionadas con el 
desarrollo  rural  y  de  las  entidades  privadas  interesadas,  en  todo  lo  referente  a  la 
ordenación y gestión de usos de las tierras agroforestales.
2.  El mapa analizará e identificará los sistemas agrarios de alto valor natural como 
base de la infraestructura verde rural.
3.  La  entidad  responsable  de  la  coordinación,  integración  y  elaboración  de  la 
información geográfica y cartográfica de Galicia colaborará en la elaboración de la 
metodología técnica para la obtención de esta información y el establecimiento de los 
estándares  y  formatos  que  debe  cumplir.  Esta  metodología  debe  considerar  la 
integración  de  las  fuentes  de  información  ya  existentes  sobre  el  uso  de  la  tierra 
agroforestal y establecer los mecanismos de coordinación necesarios entre ellas a través 
del Consejo de Gestión de la Tierra Agroforestal. Por su parte, la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural será la responsable de la elaboración del mapa y de sus eventuales 
revisiones.
4.  El Mapa de usos agroforestales de Galicia y, en su caso, sus revisiones, serán 
aprobados por resolución del Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
previo informe preceptivo del Consejo de Gestión de la Tierra Agroforestal.
5.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural será la responsable del desarrollo del 
plan de seguimiento y de un plan de trabajo para su actualización.
6.  En la elaboración del mapa se tendrá en cuenta la información recogida en el 
Sistema de información de parcelas agrícolas (Sixpac), en el Sistema de información de 
ocupación del suelo de España (Siose) y en el Inventario forestal continuo de Galicia 
(IFCG). En caso de discrepancia, se prestará especial atención al estudio sobre el 
terreno, y tendrán validez los datos obtenidos en la elaboración del mapa de usos. Se 
dará cuenta a las respectivas entidades elaboradoras de los otros instrumentos para que 
hagan las necesarias correcciones, con el fin de mantener el necesario reflejo de la 
realidad y la necesaria coherencia entre fuentes.
Artículo 25.  Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia.
1.  El Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia se configura como  e.
un documento técnico flexible y de ágil revisión que representa el instrumento marco  w.
para la ordenación y gestión del desarrollo de los usos de estos suelos sobre el territorio  669ww
galle2g. o.El  catálogo  clasificará  la  totalidad  de  los  terrenos  agroforestales  en
daeglr oapneácliusaisr idoes  foa cfotoreressta flíessic eons,  faumncbióienn tdaele ssu,  easptrtiutucdtu rparloedsu yc tsivoac iaocetcuoanl óym picootesn.cial a partir  BOE-A-cable e
3.  El  Catálogo  de  suelos  agropecuarios  y  forestales  de  Galicia  procurará  una 
distribución idónea de los usos agroganaderos y forestales en el territorio gallego y 
favorecerá el desarrollo de estos usos frente al abandono de la tierra agroforestal. De 
manera particular, el catálogo buscará garantizar una superficie agraria útil próxima a la 
media nacional o europea.
4.  Tanto  en  los  terrenos  agropecuarios  como  en  los  forestales,  el  catálogo 
identificará  los  suelos  rústicos  de  alta  productividad  agropecuaria  y  forestal, 
respectivamente.
5.  El  catálogo  establecerá  la  regulación  de  usos  permitidos,  prohibidos  y 
autorizables correspondiente a los terrenos agropecuarios y forestales.
6.  El catálogo será el instrumento de delimitación recogido en las letras a) y b) del 
artículo 34.2 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, en lo referente a 
los suelos rústicos de alta productividad agropecuaria y forestal.
7.  Los suelos delimitados por el catálogo como de alta productividad agropecuaria y 
forestal adquirirán la categoría de suelo rústico de especial protección agropecuaria o 
forestal, respectivamente, en función de la calificación de la que formen parte en el 
catálogo, de acuerdo con lo dispuesto en las letras a) y b) del artículo 34.2 de la 
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
Artículo 26.  Contenidos del Catálogo de suelos agropecuarios y forestales.
El  Catálogo  de  suelos  agropecuarios  y  forestales  incluirá,  como  mínimo,  los 
siguientes contenidos:
a)  La identificación y caracterización de los diferentes usos agroforestales. El nivel 
de desagregación de estos usos va a depender del grado de información de que se 
disponga para la caracterización individual, y podrá ir del nivel mínimo de delimitación 
agropecuario/forestal  hasta  un  nivel  máximo  correspondiente  a  cultivos  o 
aprovechamientos individuales. Esos niveles de desagregación podrán ser diferentes de 
unas a otras unidades de terreno en función de la información de la que se disponga en 
cada una de ellas.
b)  La  identificación  de  los  factores  físicos,  estructurales,  socioeconómicos, 
ambientales y otros que puedan condicionar la aptitud de cada unidad territorial para 
cada uso agroforestal de los reflejados en la letra anterior y su evaluación cuantitativa 
para todo el ámbito territorial objeto del catálogo.
c)  Los mapas de aptitud para cada uno de los usos agroforestales identificados y la 
descripción de la metodología empleada para su elaboración, que deberá recoger y 
agregar los valores numéricos de los diferentes factores obtenidos a partir del método 
expuesto en la letra anterior. En cualquier caso, se tendrá en cuenta el uso actual 
recogido en el Mapa de usos agroforestales.
d)  El Mapa de ordenación de usos agroforestales, resultante de la integración en un 
solo mapa del conjunto de los mapas de aptitud individual construidos según lo detallado 
en la letra anterior, que priorizará la clasificación como terreno agropecuario de la tierra 
con  mejores  características  agronómicas.  Este  mapa  incluirá,  como  mínimo,  la 
delimitación  espacial  de  los  terrenos  agropecuarios  y  forestales,  así  como  la 
identificación en ellos de los suelos de alta productividad agropecuaria y forestal. El 
catálogo incluirá también la descripción de la metodología empleada para la elaboración 
de este mapa.
e)  Las  normas  y  los  criterios  para  la  regulación  de  los  usos  de  los  terrenos  e
agropecuarios y forestales en las diferentes zonas delimitadas por el catálogo. bo
f)  El plan de evaluación, seguimiento y actualización del catálogo. Este plan incluirá  669ww
deel  ptrraobceadjoim piaernat os up aacratu eall izsaecgiuóinm.iento del catálogo y una metodología técnica, y un plan
Artículo 27.  Elaboración del Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia y 
procedimiento de tramitación ambiental.
1.  Para la elaboración del Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia 
se llevará a cabo un proceso de participación pública con el fin de ponderar la opinión y 
el conocimiento de las diferentes unidades administrativas con responsabilidad sectorial, 
de  los  agentes  locales,  de  los  entes  municipales,  de  las  cooperativas,  de  las 
organizaciones profesionales agroforestales, de los colegios profesionales de la rama 
agroforestal y ambiental, de los órganos gestores de las figuras de protección y garantía 
de origen, de los centros de investigación agroforestal, de los centros universitarios del 
ámbito agroforestal, de las organizaciones ambientales y de custodia del territorio, de los 
grupos de desarrollo rural y de cualquier otra entidad o persona interesada en la gestión 
del territorio agroforestal.
2.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural, como encargada de la tramitación y 
ejecución  del  catálogo,  remitirá  al  órgano  ambiental  una  solicitud  de  inicio  de  la 
evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada del borrador del Catálogo de 
suelos agropecuarios y forestales de Galicia y de un documento inicial estratégico con el 
contenido legalmente establecido.
3.  El órgano ambiental, en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la 
recepción de la documentación completa, formulará y remitirá a la Agencia Gallega de 
Desarrollo  Rural  el  documento  de  alcance  del  estudio  ambiental  estratégico,  tras 
identificar y consultar con las administraciones públicas afectadas y con las personas 
interesadas, que se pronunciarán en el plazo máximo de treinta días hábiles.
4.  La Agencia Gallega de Desarrollo rural, una vez elaborado el estudio ambiental 
estratégico y una nueva propuesta de Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de 
Galicia, seguirá un trámite de información pública previo anuncio en el «Diario Oficial de 
Galicia»  y  en  la  web  de  la  Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural,  y  los  someterá 
simultáneamente a la consulta de las administraciones públicas afectadas y de las 
personas interesadas por un plazo de cuarenta y cinco días hábiles.
5.  A la vista del resultado de la información pública y de los informes emitidos, la 
Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural  modificará,  en  su  caso,  el  estudio  ambiental 
estratégico y elaborará una nueva propuesta de catálogo que incluya las modificaciones 
que, en su caso, procedan, tras lo cual remitirá al órgano ambiental el expediente de 
evaluación ambiental estratégica completa, de conformidad con la legislación vigente.
6.  El órgano ambiental, tras realizar el análisis técnico del expediente, formulará la 
declaración ambiental estratégica en el plazo máximo de cuatro meses, a contar desde 
la recepción de la documentación completa, prorrogable por dos meses más por razones 
debidamente motivadas y comunicadas al órgano competente en la tramitación del 
Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia.
7.  La declaración ambiental estratégica será publicada en el «Diario Oficial de 
Galicia» y en la sede electrónica del órgano ambiental y tendrá naturaleza de informe 
preceptivo  y  vinculante.  Podrá  ser  objeto  de  modificación  en  los  términos  de  la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, o norma que la sustituya.
Artículo 28.  Aprobación del Catálogo de suelos agropecuarios y forestales.
El Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia, una vez incorporado el 
contenido de la declaración ambiental estratégica, será aprobado mediante acuerdo del 
Consejo de la Xunta de Galicia, tras la propuesta de la consejería competente en materia  e
de medio rural y después del informe preceptivo del Consejo de Gestión de la Tierra  bo
Agroforestal. En el «Diario Oficial de Galicia» se publicará el acuerdo de aprobación y el  669ww
pdterorecrseuenmnoetsen  tlaeogy r.qoupee ccuoanrtieonsg ay  lfaosre nsotarlmesa se ys tacbrilteecriiodso sp aerna  llaa  rleetgrau laec)i ódne ld ea rltoícsu luos o2s6  ddee  lolas   OE-A-2021-10able en https://
Artículo 29.  Informe bianual en relación con el mapa y el catálogo.
Luego de la aprobación del Mapa de usos agroforestales de Galicia y del Catálogo 
de suelos agrarios y forestales de Galicia, se pondrá en marcha un plan de seguimiento 
por parte de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, que elaborará un informe bianual 
que será expuesto en el Consejo Forestal de Galicia y en el Consejo Agrario Gallego, así 
como en el Parlamento de Galicia.
Artículo 30.  Modificación del Catálogo de suelos agropecuarios y forestales.
Se consideran modificaciones no sustanciales del Catálogo de suelos agropecuarios 
y forestales aquellas que no afecten a las características esenciales del catálogo ni a sus 
objetivos. Serán de escasa entidad y de alcance reducido las que cumplan los siguientes 
requisitos:
a)  Cuando la redelimitación de los terrenos agropecuarios y/o forestales no supere 
el 5 % de la superficie ocupada por ellos.
b)  Las modificaciones de las normas y criterios para la regulación de los usos de 
los suelos agropecuarios y forestales que solo precisen o concreten los establecidos 
originalmente en el catálogo.
Las  modificaciones  no  sustanciales  pueden  ser  realizadas  directamente  por  la 
consejería competente en medio rural, que dará cuenta de su ejecución al Consejo de la 
Xunta, oído el Consejo de Gestión de la Tierra Agroforestal, y quedarán exentas de 
tramitación ambiental.
Artículo 31.  Catálogos parciales de suelos agropecuarios y forestales.
1.  El Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia puede concretarse y 
desarrollarse parcialmente con mayor grado de detalle y precisión espacial a través de 
catálogos parciales para cada ámbito territorial delimitado específicamente con este 
propósito.
2.  Los catálogos parciales podrán elaborarse y aprobarse de manera anticipada al 
Catálogo  de  suelos  agropecuarios  y  forestales  de  Galicia,  empleando  la  misma 
metodología, excepto lo relativo a la tramitación ambiental, y con el mismo contenido y 
efectos,  aunque  con  referencia  al  territorio  específico  que  constituye  su  alcance. 
Posteriormente se incorporarán al conjunto del Catálogo de suelos agropecuarios y 
forestales de Galicia.
3.  Deberá justificarse el territorio específico que comprenda un catálogo parcial 
atendiendo  a  circunstancias  como  sus  características  físicas  y  ambientales,  sus 
problemas y singularidades o por coincidir con el perímetro de un polígono agroforestal o 
de una actuación de gestión conjunta.
4.  En la elaboración de los catálogos parciales se realizará, en su caso, una 
evaluación ambiental en los términos establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, o norma que la sustituya, y se reducirán a la mitad los plazos 
incluidos en ella. En el caso de catálogos correspondientes a polígonos agroforestales o 
actuaciones de gestión conjunta, la evaluación ambiental se realizará simultáneamente a 
la tramitación ambiental del proyecto regulada en el artículo 87 de esta ley.
5.  Los catálogos parciales serán aprobados mediante resolución del titular de la 
consejería competente en materia de medio rural, a propuesta de la Agencia Gallega de  e
Desarrollo  Rural.  En  el  «Diario  Oficial  de  Galicia»  se  publicará  la  resolución  de  bo
aprobación y el documento que contenga las normas y criterios para la regulación de los  669ww
cuosrorse sdpeo nldoise ntteersre nao sp oalíggroonpoesc uaagriroosf oyre sfotarelessta loe s.a cEtuna ceilo nceass od ed e gceasttáiólong ocso npjuanrctaia, leesl 
cdaet árelocguop esrea caiópnro dbea rqáu dee s efo trrmatae .conjunta con el proyecto correspondiente al instrumento
6.  Una vez aprobados los catálogos parciales, los terrenos de alta productividad 
agropecuaria o forestal incluidos en ellos adquirirán la categoría de «suelo rústico de 
protección agropecuaria» y «suelo rústico de protección forestal», respectivamente, de 
acuerdo con lo dispuesto en las letras a) y b) del artículo 34.2 de la Ley 2/2016, de 10 de 
febrero, del suelo de Galicia.
Artículo 32.  Coordinación con los instrumentos de ordenación territorial, planeamiento 
urbanístico y otra normativa sectorial.
1.  Los instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico, así como 
los  planes  derivados  de  políticas  sectoriales  que  tengan  incidencia  en  el  territorio, 
deberán tener en cuenta las determinaciones del Catálogo de suelos agropecuarios y 
forestales y de los catálogos parciales, de acuerdo con lo establecido en este artículo.
2.  El contenido de los catálogos resultará directamente vinculante desde su entrada 
en vigor y prevalecerá sobre la información que, sobre el suelo rústico, se refleja en los 
planos que integran la cartografía del Plan básico autonómico de Galicia, así como 
también sobre cualquier instrumento de planeamiento urbanístico vigente.
3.  La totalidad de los terrenos clasificados como agropecuarios por el Catálogo de 
suelos agropecuarios y forestales o por los catálogos parciales tendrá la consideración de 
terreno y uso agropecuario en la aplicación de cualquier normativa sectorial o ambiental, y no 
será aplicable en ningún caso, por tanto, un procedimiento de cambio a uso agropecuario.
4.  Los terrenos identificados como suelos de alta productividad agropecuaria por el 
Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia o por los catálogos parciales, 
en aplicación del artículo 34.2.a) de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, 
adquirirán la categoría de suelo rústico de especial protección agropecuaria.
En todo caso, las fajas secundarias de gestión de la biomasa adquirirán siempre la 
calificación de suelo rústico de especial protección agropecuaria, excepto las pobladas por 
especies arbóreas recogidas en el anexo I de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de 
Galicia, que tendrán la calificación de suelo rústico de especial protección forestal.
5.  La totalidad de los terrenos clasificados como forestales por el Catálogo de 
suelos agropecuarios y forestales de Galicia o por los catálogos parciales tendrá la 
consideración de terreno y uso forestal o monte en la aplicación de cualquier normativa 
sectorial o ambiental, y no será aplicable en ningún caso, por tanto, un procedimiento de 
cambio a uso forestal.
6.  Los  terrenos  identificados  como  suelos  de  alta  productividad  forestal  por  el 
Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia o por los catálogos parciales, 
en aplicación del artículo 34.2.b) de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, 
adquirirán la categoría de suelo rústico de especial protección forestal.
7.  En la elaboración, modificación o revisión de los planes generales de ordenación 
municipal y de los planes básicos municipales se deberá tener en cuenta lo que establece el 
Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia o los catálogos parciales. La 
reclasificación y recategorización del suelo incluido en un catálogo requerirá el informe previo 
de  la  consejería  competente  en  materia  de  medio  rural  en  el  que  se  ponderen  las 
consecuencias  de  la  pérdida  de  los  valores  productivos  y  sociales  de  los  terrenos 
agropecuarios y forestales, la justificación por la Administración local de la necesidad concreta 
de la transformación del suelo por la inexistencia de otras alternativas viables y la tramitación 
del procedimiento previsto en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística redactados a partir de la 
aprobación de los catálogos deberán tener en cuenta en su modelo de ordenación  e.
territorial y en las actuaciones que propongan la orientación agropecuaria o forestal de  w.b
los terrenos y su grado de productividad o aptitud para estos usos, según lo establecido  669ww
epna rceial leCsa.t áElosgtoos  dines tsruumeleonst oasg rroepqeuceuriarárino,s  pya rafo rleas traelcelsa sdifiec aGciaólnic iya  roe ceante gloosri zcaactiáólno gdoesl 
qsuueel os,e d peo inndfoerrmene  lfaasv ocroanbslee cduee lnac icaosn dseej elarí ap écrodmidpae dteen tleo se nva mloaretesr ipar oddeu mcteivdoios  ryu rsaolc eianl eesl 
del suelo de alta productividad agropecuaria y forestal.
8.  En lo relativo a las figuras de protección recogidas en los planes hidrológicos de 
las demarcaciones hidrográficas, como es el caso de las reservas naturales fluviales o 
zonas de protección especial, el uso de las tierras agroforestales en ningún caso podrá 
poner en riesgo los valores ambientales presentes.
9.  La  ordenación  de  usos  y  actividades  y  las  actuaciones  propuestas  en  los 
instrumentos de ordenación de espacios naturales deberán procurar su compatibilidad 
con la aptitud y orientación agropecuaria o forestal de los terrenos delimitados en el 
Catálogo  de  suelos  agropecuarios  y  forestales,  salvo  que  se  justifique  su 
incompatibilidad con los valores que se pretende proteger. De acuerdo con lo establecido 
en la legislación básica estatal, una vez aprobados los instrumentos de ordenación de 
espacios naturales, sus determinaciones se aplicarán prevaleciendo sobre lo establecido 
en el catálogo, sin perjuicio de la adaptación, en su caso, de las disposiciones del 
catálogo a los indicados planes.
10.  En cualquier caso, en la elaboración de los catálogos se tendrá en cuenta la 
información recogida en el Mapa de usos agroforestales de Galicia, en el caso de existir, 
así como en el Sistema de información de parcelas agrícolas (Sixpac), en el Sistema de 
información  de  ocupación  del  suelo  de  España  (Siose)  y  en  el  Inventario  forestal 
continuo de Galicia (IFCG). En caso de discrepancia, se prestará especial atención al 
estudio sobre el terreno, y tendrán validez los datos obtenidos en la elaboración del 
Mapa de usos agroforestales, dando cuenta a las respectivas entidades que estén 
elaborando los otros instrumentos para que hagan las necesarias correcciones con el fin 
de mantener la necesaria coherencia entre fuentes.
Artículo 33.  Publicidad de los instrumentos de identificación y ordenación de los usos 
de la tierra agroforestal.
1.  Los  instrumentos  de  identificación  y  ordenación  de  los  usos  de  la  tierra 
agroforestal regulados en este capítulo serán públicos, sin perjuicio de la aplicación de la 
normativa de tratamiento y protección de los datos de carácter personal en los casos en 
que resulte procedente.
2.  La cartografía e información geográfica utilizada o resultante de su elaboración 
se pondrá a disposición de la ciudadanía. Esta información se hará pública en un formato 
digital, analizable y acorde con los estándares europeos de Inspire para su utilización e 
integración en otros estudios o instrumentos de gestión territorial.
3.  Dicha información será registrada por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural en 
el Registro de Cartografía de Galicia como cartografía oficial, según lo dispuesto en el 
Decreto 14/2017, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la ordenación 
de la información geográfica y de la actividad cartográfica de Galicia.
TÍTULO III
Instrumentos de movilización de tierras
CAPÍTULO I
Declaración de servicio público
Artículo 34.  Servicio público de intermediación para la recuperación de terrenos con 
potencial agronómico. e
pAar gterevaLnevacnésicas i  aódGcneat li vllBdeideagalna dc aedobse ad  dDneed eE ospxnarpeorlrs oottdalaloecc  iióRotnenu rerdraseel, n  ayso  estqrr uavceivcoé ipnoso s dn pdeeoel  ta eBi nndatcinesicarpmolo  sedaidecgii raóTocninei óódrnrmea  pislcaa od rc aeiqu  Gludaeaa r dleicadcinaeuí,spa aea, rrstraeío cncllidaóor nmá lanoy     2021-10669n https://www.
la consideración de servicio público y se regirán por lo dispuesto en la presente ley.
CAPÍTULO II
El Banco de Tierras de Galicia
Artículo 35.  Finalidad y gestión del Banco de Tierras.
La finalidad principal del Banco de Tierras de Galicia es la gestión, movilización y 
recuperación productiva de las tierras agrarias, de forma que se favorezca la mejora de 
la base territorial de las explotaciones y se asegure la correcta orientación productiva de 
estas tierras.
El Banco de Tierras de Galicia está gestionado por la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural. A estos efectos, la Agencia aprobará, mediante acuerdo de su Consejo Rector, las 
condiciones generales en que se realizará la prestación de los servicios del Banco de 
Tierras de Galicia y los negocios jurídicos derivados de ellos, que serán objeto de 
publicación en la página web de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural y deberán ser 
aceptadas por los solicitantes de los indicados servicios.
Artículo 36.  Bienes incorporados al Banco de Tierras de Galicia.
1.  Se incorporarán al Banco de Tierras de Galicia, para su gestión a través de este 
instrumento, y con independencia de su titularidad, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 50, las siguientes fincas:
a)  Las  fincas  procedentes  de  la  masa  común  en  los  procedimientos  de 
concentración parcelaria con fecha de firmeza de acuerdo posterior a la de entrada en 
vigor de la Ley 10/1985, de 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia, y en 
los de reestructuración parcelaria regulados en la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora 
de la estructura territorial agraria de Galicia, ambos casos en los términos previstos por 
el artículo 46 de esta ley, excluidas las que fueron enajenadas o cedidas por cualquier 
motivo con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.
b)  Las fincas específicamente adquiridas por la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural para su incorporación al Banco de Tierras.
c)  Las fincas que cualquier entidad del sector público adscriba o ceda o cuya 
gestión delegue, encomiende o encargue a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
d)  Las fincas que adquiera la Agencia Gallega de Desarrollo Rural de acuerdo con 
el  procedimiento  establecido  en  el  artículo  19  y  aquellas  que,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en este, gestione provisionalmente en virtud de medida cautelar.
e)  Se podrán integrar, asimismo, los montes vecinales en mano común cuando se 
extinga o desaparezca la comunidad de vecinos titular del monte, de manera provisional, 
según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes 
vecinales en mano común, o cuando sean declarados en estado de grave abandono o 
degradación, en los términos previstos por la legislación que los regula.
f)  Las  fincas  incorporadas  en  el  marco  de  los  procedimientos  de  creación  o 
constitución  de  polígonos  agroforestales,  aldeas  modelo  y  actuaciones  de  gestión 
conjunta regulados en esta ley o en la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, 
o norma que la sustituya.
g)  Las fincas incorporadas a solicitud de la persona titular, de acuerdo con el 
procedimiento previsto por la presente ley.
2.  Las fincas mencionadas en las letras a) y b) y, en el caso de adquisición  e
definitiva, en la letra d) del número anterior serán de titularidad de la Agencia Gallega de  bo
Desarrollo Rural, en los términos señalados en el artículo 10, y sin perjuicio del régimen  669ww
edset ae lneayj.enación o de cesión gratuita con transmisión de la propiedad establecido en
Artículo 37.  Destino de los bienes incorporados al Banco de Tierras de Galicia.
1.  Las fincas incorporadas al Banco de Tierras de Galicia estarán destinadas la 
actividades agrícolas, ganaderas, forestales o mixtas. Igualmente, podrán utilizarse para 
la implantación de infraestructuras necesarias para la ordenación y el desarrollo rurales o 
que  tengan  que  localizarse  en  medio  rural,  y  para  otros  fines  compatibles  con  su 
naturaleza.
2.  Asimismo, según lo previsto en el artículo siguiente, las fincas podrán destinarse 
por la vía de la enajenación o la cesión gratuita a la conservación y mejora del patrimonio 
natural y a la biodiversidad.
3.  En el caso de polígonos agroforestales, aldeas modelo o actuaciones de gestión 
conjunta, por la vía de la enajenación o la cesión gratuita, podrán destinarse a la 
implantación de infraestructuras necesarias para la ordenación y el desarrollo rurales y 
para otros fines compatibles con su naturaleza.
Artículo 38.  Fomento del acceso a la tierra.
El Banco de Tierras fomentará:
a)  El  acceso  a  la  tierra  a  cuantas  personas  deseen  dedicarse  a  la  actividad 
agroforestal, sea en explotaciones existentes o de nueva creación, y especialmente:
1.º  El incremento de la superficie útil de las explotaciones existentes con el fin de 
alcanzar, como mínimo, valores próximos a la superficie media en la Unión Europea para 
la correspondiente orientación productiva.
2.º  La primera instalación de personas agricultoras o silvicultoras jóvenes y nuevas 
incorporaciones.
3.º  El  acceso  y  el  mantenimiento  por  las  mujeres  de  la  titularidad  o  de  la 
cotitularidad de las explotaciones agroforestales.
4.º  El acceso a la tierra agroforestal de las mujeres que sufren violencia de género. 
En este caso disfrutarán de prioridad en su tramitación y preferencia en el régimen de 
concurrencia.
5.º  El acceso de las personas desempleadas de larga duración o mayores de 45 años.
6.º  La ejecución de los polígonos agroforestales, aldeas modelo y actuaciones de 
gestión conjunta regulados en la presente ley.
b)  El acceso a la tierra agroforestal de entidades públicas o privadas sin ánimo de 
lucro que precisen para alguna de las siguientes finalidades:
1.º  Protección ambiental o paisajística, o la custodia del territorio.
2.º  Integración social de personas en riesgo de exclusión social.
3.º  Campos de investigación y experimentación agroforestal.
4.º  La realización de otros fines de interés social.
CAPÍTULO III
El Banco de Explotaciones
Artículo 39.  Gestión y funciones.
1.  El Banco de Explotaciones será gestionado por la Agencia Gallega de Desarrollo  e.
Rural de forma integrada y coordinada con el Banco de Tierras de Galicia. w.b
2.  Entre las funciones del Banco de Explotaciones están las siguientes: 669ww
a)  Elaborar y publicar un listado actualizado de las explotaciones susceptibles de
ipnetersrmoneadsia ctiitóunla, reesn tedned ieensdtaos ,p opro rt alleass  adqifuiceulllatasd eqsu ed, ep osru  ragzeósnt iódne  ola  peodr adc udaelq uliaesr 
circunstancia, se integren, de forma voluntaria, en el Banco de Explotaciones.
b)  Facilitar la labor de intermediación, consistente en la puesta a disposición de las 
personas interesadas de información vinculada a las explotaciones incluidas en el Banco 
de Explotaciones que pueda ser de utilidad en la consecución de negocios jurídicos de 
cesión de uso o cualquier otra transmisión de derechos sobre las explotaciones entre las 
personas titulares y las interesadas.
c)  Coordinar  con  las  entidades  colaboradoras  el  asesoramiento  en  el 
redimensionamiento de las explotaciones y, en su caso, en el diseño de sus planes de 
negocio de acuerdo con criterios de viabilidad económica y sostenibilidad ambiental.
3.  En  ningún  caso  la  intermediación  del  Banco  de  Explotaciones  supondrá  la 
asunción por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural de los derechos y obligaciones de 
la persona titular de la explotación, ni, en particular, de las obligaciones de conservación 
o mantenimiento de la explotación.
4.  Para facilitar el buen fin de estas operaciones de intermediación, la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural podrá aprobar, de acuerdo con el contenido del artículo 124, 
líneas  de  apoyo  financiero  específicas,  sin  perjuicio  de  las  competencias  de  otros 
órganos de la Administración autonómica.
Artículo 40.  Inclusión en el Banco de Explotaciones.
1.  La inclusión de explotaciones en el Banco se iniciará a solicitud de cualquier 
persona interesada cuya explotación esté incluida en el Banco de Explotaciones. Las 
solicitudes  de  incorporación  irán  acompañadas  de  una  declaración  jurada  de  la 
veracidad de la información facilitada.
En  cualquier  caso,  se  incorporarán  al  Banco  de  Explotaciones  todas  aquellas 
explotaciones que no acrediten su continuidad y que hayan recibido ayudas públicas 
para su mejora en el período de tiempo inmediatamente anterior al abandono de la 
actividad,  siempre  que  tal  condición  esté  expresamente  establecida  en  las 
correspondientes bases reguladoras de dichas ayudas.
Una explotación podrá estar incluida en el Banco de Explotaciones un período 
máximo de dos años, contado a partir de la fecha de abandono de la actividad.
2.  La solicitud llevará asociada la incorporación de la explotación al Banco de 
Explotaciones, así como la autorización de puesta a disposición de terceras personas 
interesadas de los datos recogidos en la solicitud, con el objeto de que estas puedan 
consultar información de interés para su adquisición o arrendamiento.
3.  La persona titular de la explotación o, en su caso, la persona representante, 
deberá indicar la relación de parcelas y bienes que forman parte de la explotación, y 
podrá establecer un precio de venta y/o arrendamiento para su conjunto, sin que este 
sea un requisito obligatorio. Formarán parte de la relación, en caso de existir:
a)  Los bienes inmuebles de naturaleza rústica y cualquier otro que sea objeto de 
aprovechamiento agroforestal.
b)  Las  construcciones  e  instalaciones  agroforestales,  incluso  de  naturaleza 
industrial.
c)  El ganado, las máquinas, los aperos y demás bienes muebles integrados en la 
explotación y afectos a ella.
d)  Los derechos y obligaciones que puedan corresponder a su titular y que estén 
afectos a esta. Entre estos se incluyen bienes y derechos de naturaleza inmaterial, entre 
otros, los signos distintivos tales como el nombre comercial y el rótulo de la explotación;  s
la  marca  y  la  adscripción  a  las  denominaciones  de  origen  y  otras  indicaciones  oe.
uyg ned oesgriserátcefhimcoaass  dd peer  ocptereorgtdiifudiccaacsci;ói ónlan.s f omreasrtcaal ss odset epnriobdleu,c yc ilóons  deecorelócghiocsa  seo binrete vgararidead;a ldae sa dvheegseitóanle as   2021-10669n https://www.
arre4n.d amNoie netost apraár cciaul bdieer tlaa  epxopr loetal cBióann.c So ind ee mEbxaprlgoota, cnioon sees  cloan sinidceorraproár apcaiórcnia, l vceunatnad oo 
la  operación  incluya  negocios  jurídicos  de  arrendamiento  o  venta  de  los  distintos 
elementos de la explotación a una única persona.
Tanto la persona titular como la que asumirá la titularidad de la explotación podrán 
señalar bienes que queden excluidos del negocio jurídico, siempre y cuando no se ponga 
en  riesgo  la  viabilidad  de  la  explotación,  previa  aceptación  expresa  de  la  Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural.
5.  La  incorporación  de  las  explotaciones  en  el  Banco  de  Explotaciones  no 
constituirá prueba del derecho de propiedad o de cualquier otro derecho que sobre los 
citados bienes pudiere existir.
Artículo 41.  Intermediación.
1.  Las personas interesadas en el arrendamiento, permuta, adquisición o cualquier 
otro negocio jurídico de cesión de uso o transmisión de derechos sobre las explotaciones 
podrán solicitar del Banco de Explotaciones la intermediación con las personas titulares 
de las explotaciones incluidas, con la finalidad de conseguir dichos negocios jurídicos, 
que estarán en todo caso sometidos al principio de la autonomía de la voluntad de los 
interesados.  A  estos  efectos  presentarán  su  solicitud  ante  la  Agencia  Gallega  de 
Desarrollo Rural, y podrán ofrecer un precio de compra, arrendamiento, permuta o 
cualquier otro negocio jurídico de cesión o aprovechamiento, sin que esto último sea un 
requisito obligatorio.
2.  El Banco de Explotaciones supervisará que, durante el proceso de transferencia 
de la explotación, esta se mantenga en condiciones productivas.
TÍTULO IV
Procedimientos de movilización de la tierra agroforestal
CAPÍTULO I
Declaración de abandono o infrautilización de fincas
Artículo 42.  Requisitos para la declaración de abandono o infrautilización.
1.  Podrán ser declaradas en estado de abandono o infrautilización aquellas fincas 
en que concurran las condiciones establecidas en el artículo 4 de la presente ley.
2.  No procederá la declaración de finca en estado de abandono o infrautilización, 
aunque cumpla con las citadas definiciones, cuando se encuentre, al menos, en uno de 
los siguientes supuestos:
a)  Que se encuentre en proceso de reestructuración parcelaria, desde el inicio de 
las obras de la red de caminos principales hasta transcurridos seis meses desde la toma 
de posesión.
b)  Que se trate de un monte vecinal en mano común en situación de abandono, al 
cual, en su caso, se le aplicará el régimen de declaración en estado de grave abandono 
o degradación previsto en la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en 
mano común, que sustituirá, a todos los efectos, la declaración como finca en estado de 
abandono regulada en la presente ley.
Artículo 43.  Iniciación del procedimiento. e.
1.  El procedimiento de declaración de abandono o infrautilización será iniciado de  669ww
foinficcaio,  poo lra  eml aóyrgoar nsou pteerrrfiitcoieri adl ec oemstpae, teenn teel  ecans mo adtee reias tdaer  smiteudaidoa r uerna le dl oánmdbeit os ed eu bmiqáuse  dlea 
iunnicai op rodveiln cpirao, cbeideinm aie inntioc iaoti,v ae np rospui ac, apsoor,  codme usnuic aincaiódnm ois piboilri ddaedn,u nscei ad. aDreál  atrcauselarddoo  dael 
denunciante.
2.  La iniciación del procedimiento será publicada en el «Diario Oficial de Galicia», 
con la identificación precisa de las fincas, y notificada a las personas propietarias y a las 
demás que tengan sobre ellas derechos o intereses patrimoniales legítimos, de ser 
conocidas, y se abrirá un plazo de quince días hábiles de alegaciones de las personas 
interesadas.
3.  En todo caso, las personas indicadas en el número anterior estarán obligadas a 
comparecer en el procedimiento, a presentar, de existir, los títulos escritos en que se 
funde su derecho y a declarar los gravámenes y situaciones jurídicas que conozcan y 
afecten a sus fincas o derechos. La falsedad de estas declaraciones dará lugar, con 
independencia de las acciones penales, a la responsabilidad por los daños y perjuicios 
que se deriven de la falsedad u omisión.
4.  A los efectos de este artículo, la determinación de las personas propietarias se 
efectuará según lo dispuesto en el artículo 19.8 de la presente ley.
5.  En caso de que no sea posible la identificación de las personas titulares de las 
fincas, se iniciará el procedimiento de investigación regulado en el artículo 19 de esta ley. 
La tramitación del procedimiento de investigación no suspenderá el de declaración de la 
finca en estado de abandono o infrautilización, en tanto subsistan las circunstancias que 
justificaron su iniciación.
Artículo 44.  Instrucción y resolución.
1.  En la fase de instrucción, elaborará un informe el servicio correspondiente de la 
jefatura territorial de la consejería competente en materia de medio rural, que actuará 
como instructora, y que en todo caso se pronunciará sobre el cumplimento de los 
requisitos de incorporación señalados en el artículo 48, así como también sobre el 
resultado de la audiencia practicada según lo establecido en el artículo anterior.
2.  El órgano instructor determinará la prueba que, en su caso, deba practicarse, 
atendiendo al objeto del procedimiento y teniendo en cuenta lo alegado por las personas 
interesadas.
3.  En base al informe emitido, será elaborada una propuesta de resolución, por 
parte de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, que será notificada a las personas 
interesadas con el fin de que, en el plazo de quince días, procedan a la presentación de 
alegaciones o a la elección de una de las siguientes opciones:
a)  En el caso de declaración de abandono, compromiso de respetar las condiciones 
mínimas que le haya comunicado la Agencia Gallega de Desarrollo Rural en la propuesta 
remitida.
b)  En el caso de declaración de infrautilización, compromiso de realización de una 
práctica  agroforestal  ajustada  a  los  usos  previstos  en  el  Catálogo  de  suelos 
agropecuarios y forestales de Galicia, en los términos previstos por esta ley, siempre 
respetando las buenas prácticas específicas fijadas por el órgano competente según la 
tipología del suelo.
c)  Acreditar la cesión a un tercero del uso y del aprovechamiento de la finca 
mediante cualquier negocio jurídico válido en derecho, que incluirá expresamente la 
obligación de la persona cesionaria de realizar, como mínimo, una práctica ajustada a los 
usos previstos en el referido catálogo, en las mismas condiciones de la letra anterior.
d)  La solicitud de la incorporación de la finca al Banco de Tierras de Galicia, en el 
caso de informe favorable de este, según lo recogido en el número 1 de este artículo, y 
previa realización, a costa de la persona propietaria o, en su caso, de la titular de las  e
facultades de uso y aprovechamiento, de los trabajos de limpieza y mantenimiento de la  bo
finca en las condiciones que la Agencia Gallega de Desarrollo Rural indique en la  669ww
propLuoess tcao mrepmroitimdais.os adquiridos en virtud de lo previsto en las letras a) y b), así como la
solicitud  referida  en  la  letra  d),  resultarán  vinculantes  para  el  interesado  desde  su
formalización, con independencia de la resolución del procedimiento. Bc
4.  El procedimiento será finalizado por resolución de la persona que ejerza la 
dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, que tendrá el siguiente contenido, 
según los casos:
a)  La resolución recogerá expresamente el compromiso adquirido por el interesado, 
en el caso de comunicar este la elección de alguna de las opciones previstas en el 
número anterior. En concreto, en el caso de las letras a) y b) del número anterior, la 
resolución recogerá las condiciones mínimas a que se refieren dichas letras.
b)  La resolución declarará el estado de abandono o infrautilización de la finca si no 
se comunica opción alguna por parte del interesado en el plazo concedido, lo que 
conllevará la ejecución de las medidas subsidiarias recogidas en el artículo siguiente, o 
si no hubiere interesados conocidos, sin perjuicio, en este último caso, de la tramitación 
del procedimiento previsto en el artículo 19.
5.  La resolución del procedimiento agotará la vía administrativa y será susceptible 
de recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición 
ante la persona titular de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
6.  El procedimiento de declaración de abandono o infrautilización de fincas deberá 
ser tramitado en el plazo máximo de un año, contado desde la adopción del acuerdo de 
inicio. Transcurrido este plazo sin notificarse la resolución finalizadora del procedimiento, 
se producirá su caducidad, sin perjuicio de la posible apertura, en su caso, de un nuevo 
procedimiento, y de la conservación de las actuaciones realizadas en el anterior, y, en 
particular,  del  carácter  vinculante  para  la  persona  interesada  de  los  compromisos 
adquiridos frente a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
Artículo 45.  Medidas subsidiarias.
Cuando se den las circunstancias señaladas en el número 4.b) del artículo anterior, 
la Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá instar la ejecución subsidiaria por parte de 
la  Administración  competente  para  la  realización  de  las  actuaciones  de  limpieza, 
mantenimiento y gestión de la biomasa y, en su caso, la retirada de especies arbóreas, 
en los términos establecidos en la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa 
contra los incendios forestales de Galicia, o norma que la sustituya.
CAPÍTULO II
Incorporación y exclusión de fincas del Banco de Tierras de Galicia
Artículo 46.  Incorporación de oficio.
1.  Se incorporarán de oficio al Banco de Tierras las fincas a que se refieren las 
letras a) a f) del número 1 del artículo 36, y que no se encuentren afectadas por las 
limitaciones a las incorporaciones señaladas en el artículo 49. Excepto en las fincas 
descritas en las letras a) y b) del artículo 35.1, estas incorporaciones se harán a solicitud 
de la administración titular o de la responsable de la custodia del bien, según los casos.
2.  Los precios de arrendamiento en estos casos serán los correspondientes a los 
precios de referencia fijados según el procedimiento recogido en el artículo 52.
3.  El  resto  de  las  condiciones  de  incorporación  serán  las  propuestas  por  las 
entidades  titulares  o  encargadas  de  la  custodia,  en  su  caso,  siempre  que  sean 
conformes con la normativa aplicable y con el contenido de la presente ley. e.e
4.  La incorporación de las tierras que formen parte de los polígonos agroforestales,  w.b
de  las  aldeas  modelo  y  de  las  actuaciones  de  gestión  conjunta  se  regirán  por  lo  669ww
dcaisspou edset oe xeisnt ilro dsi stícturelopsa nVc aia V, lIaI sd ed islap opsreicsieonntees  leeys,t asbinle qcuidea lse se nre essutlete cna dpeít ualop.licación, en el
Artículo 47.  Incorporación a solicitud de la persona titular.
1.  Fuera de los casos previstos en el artículo anterior, la incorporación de fincas al 
Banco de Tierras de Galicia se realizará a solicitud de la persona titular, siempre que no 
se encuentren afectadas por las limitaciones señaladas en el artículo 50. A estos efectos, 
se entenderá por persona titular la que tenga facultades suficientes para ceder el uso y el 
aprovechamiento de una finca.
2.  Las solicitudes de incorporación se presentarán al Banco de Tierras o, en su 
caso, a las entidades colaboradoras, a través de modelos normalizados, aprobados por 
resolución de la persona que ejerza la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural.
3.  Dentro de la solicitud, la persona solicitante podrá proponer el uso para el cual 
incorpora la parcela, dentro de los permitidos en el Catálogo de suelos agropecuarios y 
forestales, en el caso de existir, proponer la duración del contrato de arrendamiento y 
establecer condiciones particulares, tales como cultivos o aprovechamientos específicos, 
sistemas de producción u otras condiciones agronómicas.
4.  Asimismo, la solicitud de incorporación permitirá a la persona titular de la finca 
fijar el precio de renta por debajo del cual el Banco de Tierras no arrendará la finca, el 
cual no será inferior a los precios de referencia establecidos, según se desarrolla en el 
artículo 53. El Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, previo informe 
de  la  Comisión  Técnica  de  Precios  y  Valores,  establecerá  el  margen  máximo  de 
incremento con respeto a los precios de referencia que se admitirá en los precios fijados 
por las personas titulares de las fincas.
En caso de que la persona titular no fije un precio de renta, se le aplicará el 
correspondiente precio de referencia.
Estas condiciones no serán de aplicación en el caso de los arrendamientos pactados 
que se recogen en el artículo 55.
5.  Todas las condiciones fijadas por la persona titular serán objeto de estudio por el 
Banco de Tierras de Galicia para comprobar que son conformes con el contenido de esta 
ley y con la restante normativa aplicable. En caso de existir alguna no conformidad, dicha 
circunstancia se notificará a la persona solicitante y se le dará trámite de audiencia por 
un plazo de diez días. De no ser resuelta la no conformidad una vez cumplido el trámite, 
la persona titular podrá optar por modificar la solicitud o, en su caso, desistir de la 
misma.
6.  La persona titular de la finca podrá, de no existir solicitud de arrendamiento sobre 
esta, solicitar la modificación de las condiciones de incorporación. Esta modificación 
deberá ser conforme con las condiciones generales de incorporación recogidas en la ley 
y deberá ser admitida por el Banco de Tierras de Galicia.
7.  En las condiciones generales de prestación del servicio del Banco de Tierras se 
establecerá el tiempo mínimo de permanencia de las fincas en el Banco, de tal forma 
que se permita desarrollar sus funciones.
8.  El procedimiento concluirá por resolución de la persona titular de la dirección de 
la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, que pondrá fin a la vía administrativa.
Artículo 48.  Revisión previa de las fincas que pretendan incorporarse.
1.  Independientemente del origen de la solicitud, con carácter previo a la decisión 
sobre incorporación, se procederá a la revisión cartográfica, jurídica y catastral de cada 
finca, que podrá incluir una inspección in situ cuando esta sea necesaria. e
2.  En  todos  los  casos  se  incluirá  la  revisión  de  la  coherencia  entre  fuentes  bo
cartográficas. En el caso de existir incoherencia entre la delimitación real del terreno,  669ww
oadcab isltatpae usninetirdcsaoatloer p speo,o nrsar e lco ciisóno niamc ridpatíerrcoá ulb aleoa lfs cipn i2órco0nac   yeai ndl2  ci1mas. tiiteEáunlno t gootao  dn redteo evs  inopsoliaióc rsnicte ue ddlian esdilc  edie tirísnteup velooissn tióiobdnslee   atsrnpá etrmeon ip eteeilel s CdB, aanadtona, c ssotyer  o dpl,eo rs osTe cigeedúrdarneat orsloás.     OE-A-2021-10able en https://
Esta disposición no será de aplicación en el caso de los polígonos agroforestales, aldeas 
modelo y actuaciones de gestión conjunta.
3.  Excepto en el caso de las fincas señaladas en las letras a), b) y g) del número 1 
del artículo 36, las operaciones derivadas del proceso de revisión serán realizadas por la 
persona o entidad solicitante de la incorporación, salvo en caso de que solicite que estas 
operaciones sean ejecutadas por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. En este último 
caso, la Agencia, de acuerdo con lo establecido en las condiciones de prestación del 
servicio  del  Banco  de  Tierras  y  negocios  jurídicos  de  él  derivados,  preparará  un 
presupuesto con la enumeración y coste de las operaciones necesarias y lo remitirá para 
su aceptación y abono por el interesado con carácter previo a la realización o a la 
contratación, en su caso, excepto en los casos recogidos en el título VI, en que se 
llevarán a cabo según los procedimientos incluidos en ellos.
4.  Adicionalmente, en el caso de las fincas señaladas en la letra a) del número 1 
del artículo 36, no se procederá a su incorporación en tanto no esté en poder de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural el correspondiente título de propiedad debidamente 
inscrito en el registro de la propiedad, sin perjuicio de su adscripción a la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural.
Artículo 49.  Superficie mínima de las fincas, incorporación parcial e incorporación por 
lotes.
1.  Las fincas que se incorporen al Banco de Tierras de Galicia deberán tener la 
superficie mínima que se determine mediante resolución de la persona titular de la 
dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, según los diferentes tipos de 
actividad, salvo que se opte por su incorporación por lotes en los términos previstos por 
el siguiente número o en el caso de polígonos agroforestales, proyectos de aldeas 
modelo  o  actuaciones  de  gestión  conjunta  de  tierras,  en  los  que  no  existirá  esta 
restricción.
2.  Podrán incorporarse al Banco de Tierras una o varias fincas de superficie inferior 
a la mínima mencionada en el número anterior siempre que se forme un lote de fincas 
del mismo titular que contenga, al menos, una finca de superficie superior al doble de la 
mínima. Para su arrendamiento, el lote recibirá el tratamiento correspondiente a una 
finca única con un precio global de renta.
3.  En caso de que solo una parte de la finca que pretenda incorporarse tenga 
aptitud agroforestal o la normativa sectorial de aplicación, y, en particular, la normativa 
urbanística, patrimonial, ambiental, de aguas, de montes o de incendios forestales, no 
permita el uso agroforestal o limite sustancialmente la capacidad de una parte de la finca 
para ser arrendada para esos fines, podrá incorporarse parcialmente esta, delimitando 
cartográficamente de forma clara la parte que se incorporará, que será considerada 
como una parcela individual a todos los efectos.
4.  Excepcionalmente podrá incluirse de manera individual una finca de superficie 
inferior a la mínima, siempre que esté debidamente justificado mediante informe emitido 
por un técnico competente del Banco de Tierras de Galicia. El precio de arrendamiento 
de esa finca no será inferior al mínimo que se determine, con carácter general, mediante 
resolución de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
Artículo 50.  Limitaciones a la incorporación.
No procederá la incorporación, de oficio o a instancia de parte, de parcelas al Banco  es
de Tierras de Galicia, en los siguientes casos: bo
urbaabn))í  stCCicuuaaa, nndddeoo   nolorad  seenn aotrcramiótean t divdeae u l nstaee rfcrintitoocrariai odl ,e d pteiae trrriamap oalingciraaoclf ioócrnue,ls tutaerlan.l , pdaer tipcautlraimr, onlaio  nnoartmuraatilv ay   2021-10669n https://ww
biodiversidad, de aguas, montes o incendios forestales, no permita o limite totalmente el
destino de la finca o su uso y aprovechamiento. Bc
c)  Cuando no se acredite que la persona solicitante es titular de la finca, de acuerdo 
con lo establecido en la presente ley.
d)  Cuando se constate la existencia de situaciones de hecho, de derechos, cargas 
o  gravámenes  que  impidan  el  uso  y  el  aprovechamiento  de  la  finca,  tales  como 
instalaciones o construcciones, propias o ajenas, estén o no relacionadas con el uso y el 
aprovechamiento de la finca, presencia de basura, depósito de materiales, vertederos 
incontrolados, extracción de tierra o agregados.
e)  Cuando razones de índole técnica, agronómica o forestal, justificadas en el 
correspondiente  informe  técnico,  limiten  o  impidan  la  aptitud  de  la  finca  para  su 
arrendamiento en los destinos y actividades previstos en la presente ley.
f)  Cuando el terreno no se encuentre en las condiciones debidas de mantenimiento 
o gestión forestal activa que hagan que la finca adquiera las condiciones de abandono, 
excepto en el caso de arrendamientos pactados.
g)  Cuando el titular de la finca tenga ya arrendado o cedido su uso a terceras 
personas.
h)  Cuando el uso que se propone no sea admisible de acuerdo con el Catálogo de 
suelos agropecuarios y forestales de Galicia.
Artículo 51.  Efectos de la incorporación.
1.  La incorporación de una finca al Banco de Tierras de Galicia otorga a los 
órganos competentes de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, en las condiciones 
establecidas por esta, la facultad de mediar con terceras personas con la finalidad de 
conseguir su arrendamiento y de actuar como representante de la persona titular en la 
formalización del contrato de arrendamiento con la persona arrendataria, sin perjuicio del 
régimen de enajenación establecido en la presente ley para las fincas que sean de 
titularidad de la Agencia y de la posibilidad de cesión gratuita.
2.  Asimismo, la incorporación facultará a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, en 
las condiciones generales de prestación del servicio aprobadas por acuerdo del Consejo 
Rector, a propuesta de la persona que ejerza la dirección, para realizar labores de 
acondicionamiento de las fincas, con el fin de mejorar sus condiciones en función de su 
destino. En las condiciones generales de prestación del servicio se determinarán los 
supuestos en que estas labores podrán ser realizadas a costa de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural.
3.  La incorporación no modificará los derechos y las obligaciones de la persona 
titular de la finca y, en particular, el régimen de responsabilidad en relación con el 
mantenimiento del terreno y su masa vegetal en las condiciones legalmente exigibles, 
mientras no se produzca el arrendamiento a una tercera persona. Sin embargo, en las 
condiciones  generales  de  prestación  del  servicio  podrán  preverse  los  supuestos  y 
requisitos en que la Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá hacerse cargo de la 
responsabilidad del mantenimiento a cambio de la tarifa que se establezca.
4.  En las condiciones generales de prestación del servicio podrá establecerse una 
remuneración por gastos de gestión, así como una remuneración para los casos en que 
la  operación  de  intermediación  llegue  a  buen  fin.  Asimismo,  se  determinarán  las 
condiciones y requisitos para su establecimiento y, en particular, la fijación de su importe, 
la suspensión temporal de su aplicación, la no sujeción y los supuestos de exención.
5.  Las alteraciones de la titularidad de las fincas incorporadas al Banco de Tierras y 
la constitución, modificación o extinción de derechos reales o personales sobre ellas no 
afectará a la incorporación ni a sus efectos, incluida, en su caso, la cesión temporal del  e.
uso y el aprovechamiento a terceras personas, sin perjuicio del derecho de la nueva  w.b
persona titular de solicitar la exclusión de la finca del Banco de Tierras. A estos efectos,  669ww
etitnu lalars d eco hnadciceiro nceosn sgtaern, eerna letosd odse  lopsre nsetagcoiócnio sd eqlu es earvfeiccitoe,n  sae  lain ctiltuuilraár idlaa do bol iguasoci ódne  dlaesl 
fincas, la incorporación de estas al Banco de Tierras de Galicia.
Artículo 52.  Exclusión de fincas del Banco de Tierras de Galicia.
1.  El Banco de Tierras de Galicia podrá acordar de oficio la exclusión de las fincas 
en  las  que  concurran  de  forma  sobrevenida  las  circunstancias  mencionadas  en  el 
artículo 50, previa tramitación del procedimiento, que garantizará la audiencia de la 
persona titular.
2.  Asimismo, se acordará la exclusión de una finca del Banco de Tierras en los 
siguientes casos:
a)  Cuando se produzcan las alteraciones de la titularidad de las fincas incorporadas 
al Banco de Tierras y la constitución, modificación o extinción de derechos reales o 
personales sobre ellas y así lo solicite su nuevo titular, previa acreditación del cambio de 
titularidad.
b)  Cuando así lo solicite la persona titular, de tratarse de fincas incorporadas al 
Banco de Tierras de Galicia a petición de aquella y una vez transcurrido el período de 
permanencia  mínimo  establecido  en  las  condiciones  generales  de  prestación  del 
servicio.  Las  fincas  incorporadas  formando  un  lote  solo  podrán  ser  excluidas 
individualmente  a  solicitud  de  la  persona  titular  cuando  se  mantenga  el  requisito 
establecido en el artículo 49.2. de la presente ley. En caso contrario, la exclusión de la 
finca conllevará la exclusión de oficio de todo el lote.
c)  Cuando la finca esté integrada provisionalmente en el Banco de Tierras por 
encontrarse en proceso de investigación y, una vez determinada su titularidad, salvo que 
la persona titular solicite su integración definitiva.
d)  Cuando, transcurrido un plazo de tres años desde la incorporación de la finca, 
previo informe de los técnicos competentes de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, 
se considere de modo fundado la improbabilidad de su transmisión o arrendamiento.
3.  Si la finca estuviere arrendada con la intermediación de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural, su exclusión del Banco de Tierras solo podrá producirse si concurre 
alguna  de  las  causas  expuestas  en  el  número  anterior  una  vez  que  finalice  el 
correspondiente contrato, salvo que en él se establezca alguna previsión específica con 
respecto al momento en que produzca efectos la exclusión.
CAPÍTULO III
Fijación y control de los precios del Banco de Tierras de Galicia
Artículo 53.  Precios de referencia del Banco de Tierras de Galicia.
Los precios de referencia para el arrendamiento de las fincas incorporadas al Banco 
de Tierras de Galicia, de acuerdo con la definición establecida en el artículo 4, serán 
aprobados por el Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, previo 
informe de la Comisión Técnica de Precios y Valores. Dichos precios serán aplicables a 
los casos determinados en esta ley.
CAPÍTULO IV
Arrendamiento de fincas incorporadas al Banco de Tierras de Galicia
Artículo 54.  Oferta pública de arrendamiento de fincas. e.e
1.  El Banco de Tierras de Galicia dará cumplimiento a su función de intermediación  669www.
ddpeea  rlaloa2 ss.l a  df imUenscnotaavins ilov iziesna zcec onidóruipncnot acdrdaieaad dl aaolas st  i aeree rnésra ole  lqlau uacgeirróto ínscfo eudraleoens   3itsna7ucl  sodmcrepee olpdarti aaipbcnrlieetóessn e  ldanae lto e Baf elarerrnytea.cn odp aúdmbel iiceTanie trdore ap saa rrdraee  ncGduaaalmliqcuiiaeie,n rtloaa    OE-A-2021-10able en https://
dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá disponer la publicación de la
oferta pública de arrendamiento en el Sitegal, atendiendo, entre otros aspectos, al número 
de parcelas y a su demanda. La publicación se realizará con una periodicidad mínima 
semestral, si existen nuevas fincas disponibles. En esta oferta pública se incorporarán, 
asimismo, las parcelas que hayan finalizado su arrendamiento por vencimiento del contrato 
o por su anulación por alguno de los supuestos recogidos en la ley.
3.  La publicación como disponible en concurrencia de la parcela determinará la 
apertura  de  un  plazo  de  quince  días  hábiles  para  la  presentación  de  ofertas  en 
concurrencia competitiva a través del indicado sistema. Dicha publicación reflejará las 
condiciones generales y, en su caso, particulares establecidas por la persona titular en 
su solicitud, incluidos las actividades admisibles y el plazo de arrendamiento y precio 
mínimos.
4.  Mediante acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
se establecerán:
a)  El número máximo de solicitudes que puede tener realizadas simultáneamente 
para arrendamiento una misma persona.
b)  Los  criterios  para  resolver  los  supuestos  de  concurrencia  de  solicitudes  de 
arrendamiento sobre la misma finca o lote de fincas para los diferentes usos, que 
tendrán en cuenta, entre otros, el precio ofertado, que será como mínimo el de referencia 
señalado en el artículo 53, y la adecuación de la oferta al cumplimiento de los objetivos 
señalados en la letra a) del artículo 38 de la presente ley.
c)  La suspensión temporal de recepción de solicitudes de arrendamiento ordinario 
por causa justificada.
5.  Las solicitudes presentadas serán resueltas por resolución de la dirección de la 
Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural  en  un  plazo  máximo  de  seis  meses,  tras  la 
propuesta de resolución elaborada por el órgano de la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural encargado de la gestión del Banco de Tierras y la respuesta a la petición de los 
informes sectoriales que, en su caso, sean preceptivos. En caso de que los referidos 
informes sean autonómicos, deberán ser emitidos con carácter de urgencia. Sin perjuicio 
de la obligación de dictar resolución expresa, las personas interesadas podrán entender 
desestimadas por silencio administrativo sus solicitudes si, llegado el plazo máximo para 
su resolución, esta no ha sido dictada y notificada.
6.  Las parcelas que no tuvieren ninguna solicitud válida o cuyas eventuales solicitudes 
resultaren resueltas negativamente, de acuerdo con el procedimiento señalado en este 
artículo, pasarán al estado de disponibles sin concurrencia en el Sitegal y serán arrendadas, 
sin procedimiento de concurrencia competitiva, a aquella persona que haga una solicitud 
que se ajuste a los requisitos fijados en la presente ley. En caso de presentación de varias 
solicitudes, se dará preferencia al orden de presentación.
7.  La resolución de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural que fije 
las condiciones del arrendamiento será notificada a la persona titular de la finca o fincas 
para que, en un plazo de diez días, pueda comunicar a la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural su oposición a esta, en caso de que las condiciones notificadas supongan un 
cambio de las establecidas en el momento de la incorporación de la finca o lote, o de las 
modificadas posteriormente, de acuerdo con lo indicado en el artículo 47. La oposición 
de las personas propietarias por otros motivos diferentes determinará la finalización del 
procedimiento de arrendamiento, la exclusión de la finca del Banco de Tierras, previa 
resolución dictada por la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, durante el 
plazo de dos años, y no impedirá el devengo y el cobro de la remuneración de la Agencia  e
Gallega de Desarrollo Rural por la intermediación realizada, salvo causa debidamente  bo
justificada y analizada por la Agencia. En caso de que dentro del plazo indicado no se  669ww
pcoemrsuonniaq uteit uala rla  dAeg elan cdiair eGccailóleng ad ed ela D Aesgaernrcoilalo,  Renu raslu  lac aolpidoasdic idóen  arel parrerseenndtaamntiee ndtoe,  llaa 
apdemrsionnisat rtaittuivlaor , ceonm lúons  tdéerm  lianso s addem lian isLterayc i3o9n/e2s0 1p5ú, bdleic a1s ,d eta ol cctuobmreo,  dseel  prerococegdei meine nteol 
artículo 51.1, procederá a la firma del correspondiente contrato de arrendamiento.
8.  Las resoluciones dictadas en el procedimiento por la dirección de la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural agotarán la vía administrativa y contra ellas se podrá recurrir 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa de la forma y en los plazos establecidos 
en la ley reguladora de la indicada jurisdicción, sin perjuicio del carácter de derecho 
privado de los contratos de arrendamiento que sean concertados por la Agencia Gallega 
de  Desarrollo  Rural  con  respecto  a  las  fincas  de  su  titularidad  o  concertados  en 
representación de su titular.
9.  Si, una vez firmado el contrato por parte de la persona representante de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural, la persona titular presentase impedimentos a la 
ejecución del arrendamiento de la finca o fincas, ello será causa de exclusión de estos 
del Banco de Tierras y conllevará la imposibilidad de reincorporación de las fincas 
durante un período mínimo de dos años, excepto en el caso de fuerza mayor o causa 
debidamente justificada.
10.  Si, una vez notificada la resolución y finalizado el procedimiento de audiencia a 
la persona seleccionada como arrendataria por el Banco de Tierras, el contrato no se 
formalizase por causa imputable a ella, esta quedará inhabilitada para ser cesionaria de 
fincas incorporadas al Banco de Tierras durante un período de dos años, excepto en el 
caso de fuerza mayor o causa debidamente justificada.
11.  Mientras no sea formalizado el contrato de arrendamiento por las partes no se 
genera derecho ni expectativa económica o de otra índole susceptible de ser reclamado 
al Banco de Tierras o a la persona titular de la finca.
12.  No podrán ser beneficiarias de arrendamientos las personas que, en cualquier 
momento del procedimiento, mantengan deudas con la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural.
13.  Asimismo, no podrán ser beneficiarias del arrendamiento de una finca aquellas 
personas que, habiendo previamente arrendado esa misma finca u otras al Banco de 
Tierras,  hayan  incumplido  alguna  de  las  obligaciones  asumidas  en  el  contrato 
anteriormente  firmado,  y  particularmente  lo  establecido  en  los  números  6  y  7  del 
artículo 57.
Artículo 55.  Arrendamiento pactado o de mutuo acuerdo.
1.  Las personas titulares de fincas agroforestales podrán solicitar su incorporación 
al Banco de Tierras haciendo constar expresamente en la solicitud la condición de 
arrendamiento pactado, proponiendo a este su arrendamiento de mutuo acuerdo con 
terceras personas, comunicándole en el momento de la solicitud la identidad de la 
persona  interesada  y  acreditando  su  consentimiento  y  las  condiciones  del 
arrendamiento.
En  este  caso  no  serán  aplicables  las  disposiciones  sobre  precios  mínimos  y 
márgenes de incremento de estos recogidos en el artículo 46, ni se someterá la finca al 
proceso de oferta pública señalado en el artículo 54 de la presente ley.
2.  Las solicitudes de incorporación y arrendamiento presentadas serán resueltas 
por la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural en un plazo máximo de tres 
meses, previa propuesta de resolución elaborada por el órgano de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural encargado de la gestión del Banco de Tierras y la petición de los 
informes sectoriales que, en su caso, sean preceptivos. En caso de que los referidos 
informes procedan de la Administración autonómica, deberán ser emitidos con carácter 
de urgencia.
3.  La propuesta de resolución elaborada por el órgano de la Agencia Gallega de  e.
Desarrollo Rural encargado de la gestión del Banco de Tierras de incorporación de la  w.b
finca  al  Banco  de  Tierras  donde  se  fijen  las  condiciones  del  arrendamiento  será  669ww
naorrteifnicdaadmai ean tola  ppaerras oqnuae , tietunla ru nd ep lalaz of indcea  doie zfi ndcíaass , yp uae dlaa np ecrosmonuan icinatre rae slaa dAa geenn ceial 
Gsuaplloenggaa nd eu Dn ecsaamrrobliloo  Rdeu ralal ss ue sotapbolseicciiódna,s  eenn  caesl om doem qeuneto  ladse  cloan dpirceiosneensta cnioótnif icdaed alas 
solicitud.
4.  La  oposición  por  otros  motivos  diferentes  determinará  la  finalización  del 
procedimiento de arrendamiento, la no incorporación de la finca al Banco de Tierras, 
previa resolución dictada por la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, y la 
imposibilidad de hacerlo durante el plazo de dos años, y no impedirá el devengo y cobro 
de la remuneración de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural por la intermediación 
realizada. En caso de que dentro del plazo indicado no se comunique a la Agencia 
Gallega  de  Desarrollo  Rural  la  oposición  al  arrendamiento,  la  persona  titular  de  la 
dirección de la Agencia dictará resolución mediante la cual incorporará la finca al Banco 
de Tierras y, en su calidad de representante de la persona titular, tal como se recoge en 
el artículo 51.1, procederá a la firma del correspondiente contrato de arrendamiento con 
la persona interesada.
5.  Las resoluciones dictadas en el procedimiento por la dirección de la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural agotarán la vía administrativa y contra ellas se podrá recurrir 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa de la forma y en los plazos establecidos 
en la ley reguladora de la indicada jurisdicción, sin perjuicio del carácter de derecho 
privado de los contratos de arrendamiento.
6.  Será aplicable al procedimiento lo establecido en los números 9, 10, 11 y 12 del 
artículo anterior.
Artículo 56.  Contenido y forma del contrato de arrendamiento.
1.  Los contratos de arrendamiento de las fincas incorporadas al Banco de Tierras 
de Galicia se suscribirán entre las personas arrendatarias y el Banco de Tierras, que 
actuará  como  representante  de  las  personas  titulares  particulares,  en  los  términos 
expresados en el artículo 51.1 y como titular en los restantes casos.
2.  A los efectos de esta ley, en el contrato se tendrán en cuenta, entre otras, las 
siguientes determinaciones:
a)  La identificación y descripción de la finca o fincas arrendadas.
b)  El destino y uso que se dará a la finca o fincas arrendadas.
c)  El plazo de duración del contrato, que no podrá ser superior a setenta años 
cuando el uso pactado de la finca o fincas arrendadas sea forestal y a treinta años en los 
demás casos. Deberá excluirse expresamente la tácita reconducción, excepto en el caso 
de  los  arrendamientos  incluidos  en  polígonos  agroforestales,  proyectos  de  aldeas 
modelo o actuaciones de gestión conjunta, que será determinado para cada caso en 
función de su vida útil.
d)  Los derechos y las obligaciones de las partes y las causas de resolución del 
contrato,  que  incluirán  en  todo  caso  el  incumplimiento  por  parte  de  la  persona 
arrendataria del destino y uso pactados de la finca o fincas arrendadas.
e)  El importe inicial de la renta, que se abonará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 57, y el modo de su actualización.
f)  Asimismo, el contrato recogerá, en su caso, los períodos de carencia y las 
garantías que debe ofrecer la persona arrendataria, según se establece en el número 2 
del artículo siguiente.
3.  El contrato se formalizará en los modelos que se aprueben por resolución de la 
persona titular de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. Se elevará a 
escritura pública se lo solicita cualquiera de las partes, y los gastos derivados del 
otorgamiento de esta serán por cuenta de la persona solicitante y, en su caso, su  s
inscripción en el registro de la propiedad. oe.
Artícfiunlcoa 5.7.  Pago del precio del arrendamiento y garantías de la persona titular de la  2021-10669n https://ww
El im1p. orLtea  irneicnitaal  adneu laal  rdeen taar rpeonddraám sieern rteov sisea dfijoa rpáe erinó dmicoanmeednat ed ee nc ulorsso t élermgainl oesn  pEresvpiasñtoas. 
en el artículo 7 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 
española.
2.  Con  carácter  previo  a  la  formalización  del  correspondiente  contrato  de 
arrendamiento,  la  persona  arrendataria  deberá  prestar  una  fianza  arrendaticia  para 
garantizar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  correspondientes  a  dicha  persona 
arrendataria.  La  fianza  arrendaticia  que  deberá  prestar  la  persona  arrendataria 
equivaldrá a una anualidad de la renta correspondiente, y será ingresada por la persona 
arrendataria  en  la  cuenta  de  titularidad  de  la  Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural 
específicamente habilitada para tal fin, de forma que el importe ingresado quede afecto a 
las finalidades propias de la fianza arrendaticia.
3.  Una vez arrendada una finca incorporada al Banco de Tierras y hasta la extinción 
del contrato, la persona arrendataria abonará la renta a la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural como titular de las fincas o como representante de la persona titular, en los 
términos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas, por años anticipados. En caso de que la Agencia Gallega 
de Desarrollo Rural actúe en representación de la persona titular, una vez recibido el 
pago  de  la  renta,  su  importe,  deducidas  las  cantidades  señaladas  en  el  número 
siguiente, será transferido al titular en el plazo máximo de un mes.
4.  Del importe que hay que abonar a la persona titular de la finca se descontará la 
cantidad que corresponda en concepto de gastos de gestión o remuneración, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 51.4. de la presente ley.
5.  En caso de que la persona arrendataria no abone la renta en el plazo establecido 
en el contrato, o haya causado daños en la finca, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, 
en representación de la persona arrendadora, previa audiencia de esta y de la persona 
arrendataria, de acuerdo con el procedimiento establecido en las condiciones generales 
de contratación, realizará el pago con cargo a la garantía constituida. Las cantidades 
debidas que excedan del importe de la garantía constituida serán reclamadas por el 
procedimiento establecido en este apartado.
La resolución por la que se declare la incautación de la garantía será notificada a las 
partes del contrato, y concederá al arrendatario un plazo de tres meses para constituir 
nuevamente una garantía equivalente a una anualidad de renta actualizada. En caso de 
incumplimiento de este plazo, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural dará traslado a la 
persona arrendadora, que deberá comunicarle si opta por la resolución del contrato o por 
su cumplimiento.
Si la persona arrendadora optare por la resolución del contrato, la Agencia Gallega 
de Desarrollo Rural iniciará el procedimiento de resolución, como representante de la 
persona arrendadora, de acuerdo con lo dispuesto en las condiciones generales de 
contratación.
Si la persona arrendadora optare por la continuación y cumplimiento del contrato, la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural se lo comunicará a la persona arrendataria, con la 
advertencia  de  que,  en  caso  de  incumplimiento,  las  cantidades  adeudadas  serán 
exigidas por el procedimiento establecido en el número 6 de este artículo.
6.  De conformidad con la legislación civil aplicable, las resoluciones dictadas por la 
Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  este  número, 
relativas a los efectos y extinción del contrato de arrendamiento, se considerarán a estos 
efectos como actos jurídicos emitidos, en cada caso, en representación e interés de la 
persona  arrendadora,  con  eficacia  vinculante  para  las  partes  del  correspondiente 
contrato de arrendamiento, sirviendo así de título bastante a la persona arrendadora para  s
exigir en la vía judicial civil el comportamiento, actuación o prestación que corresponda  oe.
de  la  persona  arrendataria,  incluida  la  obligación  del  arrendatario  de  abandono  y  w.
desalojo de la parcela. A los efectos de la garantía de funcionamiento del Banco de  669ww
rTeienrtraa, sl ays  dcealn ctiudmadpelism iaednetou ddaed assu ste fnindarálidna ldae sc opnúdbicliicóans ,d ee nc rléods itcoass odse  ddee reimcphaog poú dbelic ola, 
cAudymai nriestcraaucdióanc itórinb uetanr iav.ía ejecutiva corresponderá a los órganos competentes de la  BOE-A-cable e
La Agencia Gallega de Desarrollo Rural, como órgano competente sobre el servicio, 
previa audiencia de la persona arrendataria y comprobación del cumplimiento de las 
obligaciones  de  la  persona  arrendadora,  dictará  el  acto  administrativo  en  que  se 
determinen las cantidades adeudadas a los efectos de lo previsto en el párrafo anterior. 
La Agencia Gallega de Desarrollo Rural dará traslado a los servicios de recaudación 
competentes a los efectos de la exigencia de la renta por las vías previstas para los 
recursos de derecho público.
7.  Además de lo establecido en cuanto a la percepción de renta, los servicios del 
Banco de Tierras de Galicia realizarán, de acuerdo con las condiciones generales de 
contratación aprobadas, una actividad de supervisión en favor de la persona titular para 
asegurar que la finca se destine exclusivamente a los usos y con las condiciones 
particulares fijadas en el contrato.
A estos efectos, si se detecta un incumplimiento del contrato, la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural dará traslado a la persona arrendadora, que deberá comunicarle si opta 
por la resolución del contrato o por su cumplimiento.
Si la persona arrendadora optare por la resolución del contrato, la Agencia Gallega 
de Desarrollo Rural iniciará el procedimiento de resolución como representante de la 
persona arrendadora, de acuerdo con lo dispuesto en las condiciones generales de 
contratación.
Si  la  persona  arrendadora  optare  por  el  cumplimiento  del  contrato,  la  Agencia 
Gallega  de  Desarrollo  Rural  se  lo  comunicará  a  la  persona  arrendataria,  con  la 
advertencia de que debe ajustarse a las condiciones pactadas y de que los eventuales 
daños  serán  exigidos  con  cargo  a  la  garantía  constituida  o  por  el  procedimiento 
establecido en el número 6 de este artículo.
Si el incumplimiento del contrato implicare una actividad de la finca no admisible de 
acuerdo con esta ley, o un uso incompatible con la normativa sectorial, la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural advertirá a las partes de que, en caso de que no se dé 
cumplimiento al contrato, se procederá a su resolución, sin perjuicio, en su caso, de la 
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de apreciarse una infracción 
administrativa recogida en la presente ley.
De conformidad con la legislación civil aplicable, las resoluciones dictadas por la 
Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  este  número, 
relativas a los efectos y extinción del contrato de arrendamiento, se considerarán a estos 
efectos como actos jurídicos emitidos, en cada caso, en representación e interés de la 
persona  arrendadora,  con  eficacia  vinculante  para  las  partes  del  correspondiente 
contrato de arrendamiento, sirviendo así de título bastante a la persona arrendadora para 
exigir en la vía judicial civil el comportamiento, actuación o prestación que corresponda 
de  la  persona  arrendataria,  incluida  la  obligación  del  arrendatario  de  abandono  y 
desalojo de la parcela.
8.  Una vez extinguido el contrato, la finca se restituirá en las condiciones que se 
señalen  en  las  condiciones  generales  de  contratación  y,  en  su  caso,  en  el  propio 
contrato.
Artículo 58.  Transmisibilidad del arrendamiento y subrogación.
1.  Dentro de las condiciones generales de prestación del servicio se incluirá que los 
derechos de las personas arrendatarias de las fincas incluidas en el Banco de Tierras de 
Galicia serán intransmisibles, total o parcialmente, excepto los casos establecidos en 
este artículo. e.
2.  En els caso de muerte de la persona arrendataria, se admitirá la transmisión a  w.b
las personas sucesoras que asuman, en un plazo de tres meses desde el fallecimiento,  669ww
el co3m. prSoem aisdom diteir áe xtapmlotbaiér nla  lafin tcraan.smisión de los derechos del arrendatario en los casos
de c4a.m  bEion  dcea stiotu dlaer iqduaed  ldae p lae resxopnlao taarcrieónnd daeta lraia q sueea f ournmae p pearsrtoen laa  jfuinrícdaic.a y se extinga su
personalidad jurídica por absorción o fusión, continuará el contrato de arrendamiento
vigente con la entidad absorbente o que resulte de la fusión. Lo mismo se aplicará en los 
supuestos de escisión o transmisión de empresas o ramas de actividad de estas, en 
favor de la entidad que pase a asumir la rama de actividad a que esté afecta la finca.
5.  La subrogación tendrá que ser solicitada a la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural por la persona interesada en la transmisión de la finca, con la acreditación del 
supuesto que la motiva, y autorizada expresamente por resolución de la dirección de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural, previo informe del órgano competente de la gestión 
del Banco de Tierras. La falta de resolución expresa en el plazo de seis meses tendrá 
efectos desestimatorios.
CAPÍTULO V
Enajenación a título oneroso y cesión gratuita de fincas incorporadas al Banco de 
Tierras de Galicia
Artículo 59.  Enajenación a título oneroso.
1.  Las fincas de titularidad de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural incorporadas 
al Banco de Tierras de Galicia podrán ser enajenadas por este a título oneroso, previa 
resolución de la persona que ejerza la dirección de la Agencia basada en la conveniencia 
de la enajenación para el cumplimiento de cualquiera de los destinos y usos previstos en 
el artículo 37 de la presente ley.
Asimismo, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural procurará la enajenación de las 
fincas  de  su  titularidad  cuando  sus  condiciones,  en  particular  su  escaso 
aprovechamiento o cabida, limiten o impidan su arrendamiento a través del Banco de 
Tierras de Galicia.
2.  La  enajenación  a  título  oneroso  se  realizará  mediante  subasta  cuando  no 
concurran las circunstancias previstas en el número 4 para la adjudicación directa.
3.  La subasta se regirá por lo previsto en esta ley, por las condiciones generales 
aprobadas por acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, 
que velarán por la eficacia y agilidad del procedimiento, y por el pliego de condiciones 
que apruebe la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
La realización de la subasta exigirá siempre una valoración previa efectuada por los 
servicios competentes del Banco de Tierras de Galicia que servirá para la fijación del 
precio de partida. La realización de la subasta se anunciará en la sede electrónica de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural y en el tablón edictal del ayuntamiento en que se 
sitúe la finca, con una antelación mínima de quince días al de la realización de la 
subasta.
Podrá acordarse la celebración de subastas electrónicas, para lo cual la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural habilitará el correspondiente procedimiento.
4.  La enajenación a título oneroso podrá efectuarse de manera directa, de acuerdo 
con las condiciones generales aprobadas por el Consejo Rector de la Agencia Gallega 
de Desarrollo Rural, empleando los precios de referencia señalados en el artículo 54, en 
los siguientes casos:
a)  Cuando el objetivo de la transmisión de la propiedad sea el acceso a la tierra 
agroforestal de mujeres que sufren violencia de género, acreditado de acuerdo con los 
supuestos legales.
b)  Cuando la adquirente sea una entidad pública o privada sin ánimo de lucro que  es
precise tierra agroforestal para el cumplimiento de un fin de interés social o de mejora  o
ambiental. En caso de entidades privadas, deberán aportar un proyecto y una memoria  669ww
Aepcúgobenlcnicó)c amiasCi  cGduaeaa,  lnlqleadugsoea   i dnedefler ba dDeeeresáststr aiusnrecortro u ladrloape sr Ro lunabre aacfdlie.nasc eaa r iianssefo arp malaara d iamla fp aolavrodnretaancbailóecnimó nep nryto eme plo odvrei dlsaaa  rdprioroelrloc  cerinóutnriad ldaeeds e loas    OE-A-2021-10able en https://
que tengan que localizarse en el medio rural.
d)  Cuando la adquirente sea la persona propietaria de una finca colindante.
e)  Cuando se trate de una finca cuya enajenación suponga una mejora objetiva 
para la estructura de una explotación agropecuaria o forestal existente, aunque no se 
trate de una persona titular de una finca colindante. Esta circunstancia deberá venir 
avalada por un informe favorable del Banco de Tierras de Galicia.
f)  En todos aquellos supuestos en que las condiciones de la finca, en particular su 
escaso aprovechamiento o cabida, limiten o impidan su arrendamiento a través del 
Banco de Tierras de Galicia.
5.  Podrán,  asimismo,  permutarse  parcelas,  que  tendrán  la  consideración  de 
especial interés agrario, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI de este título.
6.  La enajenación se formalizará en documento administrativo, que constituirá título 
bastante para el acceso de la transmisión al registro de la propiedad, de acuerdo con lo 
previsto en la legislación de patrimonio de las administraciones públicas.
7.  Reglamentariamente  podrán  desarrollarse  disposiciones  de  aplicación  de  la 
enajenación a título oneroso.
Artículo 60.  Cesión temporal gratuita.
1.  El uso y aprovechamiento de las fincas incorporadas al Banco de Tierras de 
Galicia que no sean de titularidad de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrán ser 
cedidos gratuitamente por la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural por 
tiempo determinado, siempre que exista consentimiento expreso de la persona titular de 
las fincas.
2.  De tratarse de fincas de titularidad de la Agencia, la cesión temporal gratuita por 
parte de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural solo se admitirá cuando 
su objetivo sea aportar a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro la tierra 
agroforestal que precisen para el cumplimiento de un fin de interés social o de mejora 
ambiental que sea compatible con la naturaleza de la finca. En caso de entidades 
privadas,  deberán  aportar  un  proyecto  y  una  memoria  económica  que  deberá  ser 
aprobada por resolución de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
3.  En el documento en que se formalicen las cesiones temporales gratuitas se 
incluirá su valoración económica, a los efectos fiscales, en su caso, así como el tiempo 
de duración de la cesión y las condiciones en que debe usarse la finca y proceder en su 
día a su devolución. En este supuesto no se aplicará remuneración por gastos de 
gestión.
4.  Podrá  cederse  temporal  y  gratuitamente  una  parcela  no  arrendada  y  de 
titularidad del Banco de Tierras a la persona titular de una parcela colindante para que 
esta proceda a su limpieza. Esta cesión se llevará a cabo con la autorización expresa de 
la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, a solicitud de la persona titular de la parcela 
colindante y por el tiempo preciso para proceder a la limpieza.
Artículo 61.  Cesión gratuita con transmisión de la propiedad.
1.  Las fincas de titularidad de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural incorporadas 
al Banco de Tierras de Galicia podrán ser cedidas gratuitamente con transmisión de la 
propiedad por el Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, en los 
siguientes casos:
a)  Cuando la adquirente sea una entidad del sector público que precise tierra  e.
agroforestal para el desarrollo de sus competencias o para el cumplimiento de un fin de  w.b
interés social o de mejora ambiental. 669ww
públbic) asC, udaen ldaos  ienlf radeessttrinuoct udrea sl an efcinecsaa rsiaesa  plaar aim lap loarndtaecniaócni,ó np ryo melo dveidsaa rproolrlo  ernutriadlaedse os 
que tengan que localizarse en el medio rural.
2.  La cesión se llevará a cabo únicamente a entidades del sector público, y bajo las 
siguientes condiciones, que deberán recogerse expresamente:
a)  La  no  modificación  posterior  de  la  titularidad  y  finalidad  de  la  cesión. 
Excepcionalmente, si la cesión se realizó a favor de una entidad pública no municipal 
para la implantación de una infraestructura, se permitirá una cesión posterior a la entidad 
local correspondiente.
b)  Cualquier  incumplimiento  de  las  condiciones  señaladas  llevará  consigo  la 
reversión de la cesión, y el cesionario se hará cargo de todos los gastos, directos e 
indirectos, derivados de esa reversión.
CAPÍTULO VI
Permutas de especial interés agrario
Artículo 62.  Permutas de fincas agroforestales de especial interés agrario.
1.  La consejería competente en materia de medio rural incentivará la mejora de la 
estructura  de  las  propiedades  agrarias  mediante  permutas  de  fincas  agroforestales 
consideradas como de especial interés agrario.
2.  Se entienden como permutas de fincas agroforestales de especial interés agrario 
aquellas permutas que cumplan, en todas o en parte de las parcelas, uno o varios de los 
siguientes requisitos:
a)  Las permutas que contribuyan a la adecuación de los usos del suelo a las 
previsiones del Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia, regulado en el 
artículo 25 de la presente ley.
b)  Las  permutas  de  fincas  incluidas  en  procedimientos  de  reestructuración 
parcelaria pública, según lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la 
estructura territorial agraria de Galicia, hasta la aprobación de las correspondientes 
bases, y que puedan suponer una mejora de la estructura de las fincas de reemplazo o 
una mejora ambiental. En este caso, la totalidad de las parcelas partícipes deberán estar 
incluidas en el perímetro de la zona de reestructuración.
c)  Las permutas empleadas como instrumentos de movilización en los casos de los 
polígonos  agroforestales,  las  aldeas  modelo  y  las  actuaciones  de  gestión  conjunta 
recogidas en la presente ley.
d)  Las permutas que contribuyan a la eliminación de servidumbres de paso.
e)  Las permutas en que intervenga una o más parcelas pertenecientes a la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural.
f)  Aquellas  permutas  no  incluidas  en  los  casos  anteriores,  pero  que  sean 
consideradas como de especial interés por resolución de la dirección de la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural, previo informe de los servicios técnicos competentes.
g)  Las permutas que permitan a las personas titulares de fincas agroforestales 
eliminar las parcelas enclavadas de sus tierras, siempre que contribuyan a la mejora de 
su sostenibilidad, cuando se den una o varias de las siguientes circunstancias:
1.º  Explotaciones amparadas por figuras de garantía de origen y marcas de calidad 
de carácter oficial.
2.º  Explotaciones dedicadas a la producción ecológica.
3.º  Explotaciones ganaderas de carácter extensivo o aquellas en que la eliminación  e.
de las parcelas enclavadas contribuya a facilitar su extensificación. w.b
4.º  Explotaciones forestales que dispongan o estén incluidas en instrumentos de  669ww
orde5n.ºa cióEnx pol ogteasctiioónne fso rgeastnaal.deras que requieran de las parcelas enclavadas para la
mejora de su base territorial, especialmente en el entorno de sus instalaciones.
h)  La redefinición de límites o consolidación de la propiedad de aquellas superficies 
inscritas en el Sistema registral forestal de Galicia y siempre atendiendo a la legislación 
vigente en materia de montes. En estos casos, se requerirá la participación e información del 
órgano forestal competente en el procedimiento de declaración de permuta de interés agrario.
3.  La declaración de una permuta o conjunto de permutas como de especial interés 
agrario se realizará por resolución de la persona titular de la dirección de la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural a solicitud de, como mínimo, una de las personas titulares 
de las fincas objeto de la permuta.
En cualquier caso, la declaración de utilidad pública e interés social correspondiente 
a un polígono agroforestal, según lo dispuesto en los artículos 85 y 105 de la presente 
ley, implica darles el carácter de especial interés agrario a las permutas que se lleven a 
cabo en el mismo.
4.  Las permutas de fincas agroforestales de especial interés agrario se llevarán a 
cabo con o sin modificación en los lindes de las fincas resultantes, según se desarrolla 
en los artículos siguientes.
Artículo 63.  Permutas sin modificación de lindes.
1.  Se podrá llevar a cabo un proceso de permuta sin modificación de los lindes de 
las fincas permutadas a petición de un mínimo de dos personas titulares, afectando a 
una o a varias parcelas por cada una de las personas peticionarias. Las personas 
titulares deberán firmar por adelantado el acuerdo para realizar la permuta y permitir la 
colaboración de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural en su realización.
2.  Para ser beneficiarias de este procedimiento, las parcelas objeto de permuta 
deberán estar situadas en la misma parroquia o en parroquias colindantes, pertenezcan 
o no estas al mismo ayuntamiento. De lo contrario, al menos una de las parcelas deberá 
lindar con otra propiedad de una de las personas titulares permutantes, de manera que 
la permuta mejore objetivamente la estructura de su explotación agraria.
3.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural llevará a cabo los pertinentes trabajos de 
índole  técnica,  valoración,  asesoramiento  e  intermediación  entre  las  personas 
participantes en el procedimiento.
4.  La permuta solo podrá ser considerada como de especial interés agrario siempre 
que, concurriendo los requisitos del artículo 62.2 de la presente ley, exista diferencia de 
valor entre el conjunto de las fincas de cada titular que se van a permutar inferior al 50 % 
del valor de la que lo tenga superior, según la valoración efectuada por los servicios 
competentes de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. La diferencia se compensará 
económicamente, salvo que no supere el 10 % del valor del conjunto de fincas que lo 
tengan superior, en cuyo caso no será necesaria dicha compensación.
Artículo 64.  Permutas con modificación de lindes.
1.  El  procedimiento  de  permuta  con  modificación  de  lindes  consiste  en  la 
reestructuración de un conjunto de fincas colindantes entre sí, total o parcialmente, 
pertenecientes  a  un  mínimo  de  dos  personas  titulares,  de  manera  tal  que  para  la 
realización del procedimiento se considere el conjunto de las parcelas como una única 
superficie y se efectúe un nuevo reparto entre los partícipes, por lo que cada uno reciba 
una o varias parcelas de valor igual al de su aportación, de modo que la configuración 
final de las parcelas resulta diferente de la inicial. De existir parcelas enclavadas dentro  s
del conjunto de fincas, serán resueltas una vez ejecutada la permuta. oe.
2.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural llevará a cabo un estudio técnico de  w.
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3.  Las personas solicitantes podrán pedir una modificación de la propuesta para su
análisis por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. Bc
Artículo 65.  Permutas para eliminación de parcelas enclavadas.
1.  Tendrán la consideración de permutas para eliminación de parcelas enclavadas 
aquellas que sean técnicamente viables y cumplan las siguientes condiciones:
a)  Las  parcelas  deberán  tener  la  calificación  de  rústicas  por  la  normativa 
urbanística y, como mínimo, una de ellas deberá tener la consideración de parcela 
enclavada, según la definición contenida en el artículo 4 de la presente ley.
b)  En la parcela enclavada no podrá existir una vivienda habitada o en correctas 
condiciones de habitabilidad.
2.  La  parcela  de  reemplazo  de  la  enclavada  deberá  tener  las  siguientes 
características:
a)  Una superficie, como mínimo, superior a un 20 % de la original, repercutiendo a 
costa de la persona titular a la que se le elimina la parcela enclavada, del agente 
promotor productivo por cuya iniciativa se desarrolle el proyecto o a costa de la persona 
adjudicataria, en caso de los proyectos de iniciativa pública, los costes de este cambio 
de localización, así como las obras e instalaciones necesarias, y garantizando en todo 
caso para sus titulares una capacidad productiva igual o superior a la de partida.
b)  Contar con acceso a camino público o derecho de paso otorgado por quien insta 
la permuta.
c)  Estar libre de cargas y gravámenes.
3.  De no lograrse un acuerdo entre las personas titulares de las parcelas que se 
pretenden permutar, podrá solicitarse de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural que 
medie entre ellas. De no lograrse acuerdos, las personas interesadas en la permuta de 
parcelas enclavadas podrán, en su caso, iniciar las acciones judiciales que procedan.
Artículo 66.  Medidas de fomento de las permutas de especial interés agrario.
1.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural promoverá que la ejecución de las 
permutas  de  fincas  agroforestales  de  especial  interés  agrario  se  lleve  a  cabo  con 
carácter voluntario, y prestará asesoramiento y mediación técnica.
2.  Declarada  una  permuta  o  conjunto  de  permutas  como  de  especial  interés 
agrario, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá:
a)  Realizar trabajos de limpieza, puesta en cultivo o mejoras, incluso de carácter 
permanente, en las fincas objeto de permuta, con la finalidad de favorecer su explotación 
racional.
b)  Asesorar  a  los  permutantes  en  el  procedimiento  de  permuta  y  en  sus 
consecuencias fiscales y patrimoniales.
c)  Trasladar la actualización de los datos relativos a las fincas permutadas a la 
entidad  responsable  de  la  elaboración  y  mantenimiento  del  catastro  rústico  en  la 
Comunidad Autónoma de Galicia, en virtud de lo establecido en el artículo 21.
d)  En  caso  de  parcelas  enclavadas,  utilizar,  siempre  que  sea  posible  por  su 
ubicación, fincas adscritas al Banco de Tierras para completar hasta un 20 % de las 
superficies que se puedan permutar.
3.  La consejería competente en materia de medio rural podrá establecer líneas de 
ayudas específicas de inmatriculación registral de las fincas. Asimismo, las permutas  e.e
acogidas a este procedimiento no precisarán de permisos ni de licencias de segregación. w.b
TÍTULO V
Instrumentos de recuperación de tierras
CAPÍTULO I
Polígonos agroforestales
Artículo 67.  Objeto de los polígonos agroforestales.
1.  Los polígonos agroforestales tienen por objeto prioritario poner en producción 
áreas de tierra agroforestal con buena capacidad productiva que alcanzaron con el paso 
del tiempo estados de abandono o infrautilización, recuperando de este modo una 
adecuada actividad de explotación agrícola o forestal.
2.  Podrán tener por objeto la mejora de la estructura territorial de explotaciones ya 
existentes  o  la  puesta  en  marcha  de  nuevas  iniciativas  productivas,  así  como  el 
desarrollo de áreas que, independientemente de su capacidad productiva, cuentan con 
especiales valores ambientales, patrimoniales o paisajísticos y en las que los procesos 
de abandono están deteriorando esos valores. En este último caso, la finalidad de la 
iniciativa será la de hacer compatible el aprovechamiento productivo con la salvaguarda 
de sus valores, aunque primando siempre estos últimos.
3.  Asimismo, la recuperación del uso productivo de la tierra agroforestal podrá 
alcanzarse aportando la tierra, como factor de producción, a iniciativas formativas o 
productivas de carácter social que tengan entre sus objetivos la recuperación de la tierra 
abandonada, permitiendo la incorporación al mercado laboral de personas y grupos en 
riesgo de exclusión social, la incorporación a las explotaciones existentes o de nueva 
creación de personas jóvenes y, en todo caso, incentivando el papel de las mujeres en 
régimen de igualdad.
Artículo 68.  Caracteres generales de desarrollo de los polígonos agroforestales.
1.  El desarrollo de polígonos agroforestales podrá efectuarse mediante iniciativas 
públicas, a través de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, o de iniciativas privadas por 
medio de uno o varios agentes promotores productivos. En ambos casos será necesario 
disponer del acuerdo de las personas titulares de la superficie que represente, como 
mínimo,  el  70  %  de  las  tierras  incluidas  en  el  perímetro  propuesto  de  polígono 
agroforestal, excepto en el caso de los polígonos cortafuegos.
2.  En  los  polígonos  agroforestales  deberá  existir  una  situación  productiva  que 
permita presumir un estado de abandono o infrautilización de un mínimo del 50 % de la 
superficie de tierras del polígono agroforestal. Para el cálculo del 50 % de superficie en 
abandono o infrautilización, no se computará la superficie en producción aportada por 
explotaciones inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias de Galicia o incluidas en 
el Registro de Montes Ordenados de Galicia. Este requisito podrá exceptuarse en los 
siguientes casos:
a)  En los polígonos de iniciativa pública en los que desde el inicio del proceso se 
acredite la asunción del compromiso recogido en la letra c) del párrafo 1 del artículo 92 
de  esta  ley  por  las  personas  propietarias  o  representantes  de  los  titulares  de  los 
derechos de uso o aprovechamiento sobre las parcelas afectadas que supongan un 
mínimo del 70 % del total de la superficie incluida dentro del perímetro del polígono  e.e
forestal. w.b
b)  En los polígonos cortafuegos. 669ww
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También se podrán producir cambios de titularidad por compraventas o permutas ligadas
a la puesta en marcha del proyecto, así como contratos de arrendamiento u otros 
negocios jurídicos de cesión de uso o transmisión de derechos de aprovechamiento 
sobre las parcelas incluidas en el polígono entre los agentes promotores productivos y 
las personas propietarias.
4.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural, a la vista de sus características y de la 
información recogida a lo largo del proceso, determinará la forma de ejecución del 
proyecto bajo las dos modalidades siguientes:
a)  Diseño de área único, lo que implicará que el proyecto constituirá una sola 
unidad productiva y de licitación.
b)  Diseño en lotes, lo que implicará que el proyecto se divida en un grupo de lotes 
de superficie mínima fijada por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. Los lotes podrán 
ser adjudicados a distintos agentes promotores productivos, de acuerdo con lo previsto 
en el pliego de condiciones.
5.  Para la puesta en marcha de los polígonos agroforestales será necesaria la 
declaración de utilidad pública e interés social por parte del Consejo de la Xunta de 
Galicia, en base a las finalidades descritas en el artículo anterior.
6.  En  el  caso  de  participación  de  un  monte  en  mano  común  en  un  polígono 
agroforestal, tanto público como privado, esta deberá atenerse a lo dispuesto en el 
artículo 18.1 de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común.
En el desarrollo del proceso de constitución del polígono agroforestal, en caso de 
participación de un monte vecinal en mano común, este tendrá derecho de veto sobre la 
resolución definitiva del citado polígono.
Quedarán excluidos, salvo acuerdo favorable con las mayorías establecidas en el 
artículo  18.1  de  la  citada  ley,  los  montes  vecinales  en  mano  común  que  estén 
gestionados  cautelarmente  por  la  Administración  o  mediante  contratos  de  gestión 
pública.
Artículo 69.  Polígonos agroforestales de iniciativa pública.
1.  El desarrollo de los polígonos agroforestales de iniciativa pública se realiza 
mediante  procedimientos  de  concurrencia  competitiva,  que  deberán  ajustarse  a  los 
principios de libre concurrencia e igualdad de trato y transparencia que incorporen 
criterios de eficiencia en el aprovechamiento de la tierra agroforestal, así como de índole 
social y medioambiental.
2.  El procedimiento de concurrencia competitiva solo se aplicará sobre la superficie 
del polígono afectada por los compromisos de venta o arrendamiento a que se refieren 
las letras a) y b) del artículo 92.1 de esta ley.
3.  En todo caso, serán de iniciativa pública los polígonos cortafuegos.
Artículo 70.  Zonas preferentes para los polígonos de iniciativa pública.
1.  Serán  zonas  prioritarias  para  el  desarrollo  de  polígonos  agroforestales  de 
iniciativa pública:
a)  Las  zonas  de  concentración  o  reestructuración  parcelaria  finalizadas  que 
presenten un abandono superior al 50 % de su ámbito.
b)  Las áreas cortafuegos, que se delimitarán con criterios técnicos con el fin de 
generar discontinuidades de la biomasa que frenen o atenúen el avance de los incendios  e
mediante la implantación de la actividad agrícola, ganadera o forestal más idónea para  bo
este fin. 669ww
de pce) rsAonqause llparso peine tlaarsi aqsu eo  dreespdrees eeln itnaicnitoe sd edl ep rloocse stiotu slaer easc rdeed itleo se l daecrueecrhdoos  ddee u nu stoot aol 
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2.  Entre las restantes zonas, se dará carácter preferente al desarrollo de proyectos 
de polígonos agroforestales cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias:
a)  Zonas de elevada aptitud agropecuaria delimitadas en el Catálogo de suelos 
agropecuarios  y  forestales  de  Galicia  que  se  encuentren  en  situación  de  especial 
abandono.
b)  Ampliación de la base territorial de las explotaciones existentes mediante el 
acceso a tierras colindantes en situación de abandono o infrautilización o con usos u 
orientaciones  no  conformes  con  la  calificación  hecha  en  el  Catálogo  de  suelos 
agropecuarios y forestales de Galicia.
c)  Recuperación de tierras adecuadas para producciones acogidas a indicaciones 
geográficas  protegidas  y  denominaciones  de  origen  protegido,  así  como  para 
producciones que estén optando a ese reconocimiento o a cualquier otra marca de 
garantía de calidad.
Artículo 71.  Polígonos agroforestales de iniciativa privada.
1.  El desarrollo de polígonos agroforestales también se podrá realizar a iniciativa de 
agentes promotores productivos definidos en el artículo 4 de la presente ley.
2.  Dichos agentes, para poder iniciar el procedimiento para la aprobación de los 
polígonos  agroforestales,  deberán  contar  con  el  acuerdo  de  un  total  de  personas 
propietarias o representantes de los titulares de los derechos de uso o aprovechamiento 
sobre las parcelas afectadas que suponga un mínimo del 70 % del total de superficie 
incluida dentro del perímetro del polígono agroforestal.
Artículo 72.  Registro de Polígonos Agroforestales.
Se crea el Registro Público de Polígonos Agroforestales de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, adscrito a la consejería competente en materia de medio rural.
CAPÍTULO II
Agrupaciones y actuaciones de gestión conjunta
Artículo 73.  Disposiciones generales.
1.  La gestión conjunta de aprovechamientos agroforestales implica la obligatoriedad 
de su gestión y el aprovechamiento de manera conjunta durante el tiempo de vigencia de 
la correspondiente actuación de gestión conjunta forestal o agroganadera y, en particular, 
el cumplimiento obligatorio de las especificaciones previstas en ellos. No supondrá la 
reorganización de la propiedad de los terrenos agroforestales o fincas afectadas.
2.  Las  agrupaciones  agroforestales  de  gestión  conjunta  podrán  solicitar  la 
declaración de la utilidad pública e interés social de su actuación de gestión conjunta 
agroforestal. En este caso, se seguirá la tramitación establecida en los artículos 85 y 
siguientes para los polígonos agroforestales en lo que sea aplicable a las agrupaciones 
de gestión conjunta.
3.  Las agrupaciones forestales de gestión conjunta se regirán por la Ley 7/2012, 
de 28 de junio, de montes de Galicia, o norma que la sustituya, así como por lo dispuesto 
en la presente ley.
4.  Por orden de la consejería competente en materia de medio rural se desarrollará  e.e
un modelo de estatutos para los diferentes tipos de agrupaciones de gestión conjunta. b
Artículo 74.  Objeto de las agrupaciones de gestión conjunta.
1.  El objeto de las agrupaciones de gestión conjunta será, de forma exclusiva, uno 
o varios de los siguientes:
a)  La  movilización  de  terrenos  agroganaderos  o  forestales  por  medio  de  una 
actuación de gestión conjunta.
b)  La explotación y el aprovechamiento conjunto de los terrenos agroganaderos o 
forestales mediante una gestión sostenible y multifuncional de los productos y servicios 
agroganaderos o forestales, contribuyendo a aumentar la rentabilidad y calidad de las 
producciones. A estos efectos, se entenderá por recursos y servicios forestales aquellos 
definidos por el artículo 84 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, o 
norma que la sustituya.
c)  La  producción  y,  en  su  caso,  comercialización  conjunta  de  productos 
agroganaderos o forestales, la realización de mejoras en el medio rural, la promoción y 
desarrollo agrarios y la prestación de servicios comunes que sirvan a aquella finalidad.
d)  En el caso de las agrupaciones forestales, la gestión activa y sostenible según el 
instrumento de ordenación forestal y gestión forestal, y la valorización de las masas 
consolidadas de frondosas autóctonas, teniendo en cuenta los beneficios sociales y 
medioambientales que aportan a la sociedad gallega.
e)  El apoyo a la gestión sostenible en el marco de las estrategias de mitigación 
frente al cambio climático y en las políticas activas de descarbonización, así como 
proteger la biodiversidad.
f)  La restauración y conservación de ecosistemas agroforestales.
2.  Las agrupaciones de gestión conjunta podrán tener por objeto, además de los 
aprovechamientos correspondientes a su propia naturaleza, aprovechamientos mixtos, 
así  como  cualquier  otro  secundario  vinculado  a  estos  y  compatible  con  el  uso  de 
parcelas rústicas, de conformidad, en su caso, con las previsiones del Catálogo de 
suelos agropecuarios y forestales y de la legislación urbanística.
Artículo 75.  Requisitos de las agrupaciones agroganaderas de gestión conjunta.
1.  Las agrupaciones agroganaderas de gestión conjunta deberán disponer de la 
gestión de una superficie mínima de 10 hectáreas.
2.  Las personas o entidades que forman parte de la agrupación agroganadera 
deberán firmar un compromiso de pertenencia y de cesión o delegación de la gestión a la 
agrupación durante el tiempo previsto de vigencia de la actuación.
3.  Las agrupaciones agroganaderas podrán firmar acuerdos de cesión con las 
personas titulares de terrenos agroganaderos para el uso y el aprovechamiento de las 
fincas de estos últimos mediante cualquier negocio jurídico válido en derecho, y no será 
necesaria su integración como socios en dicha agrupación. Estos acuerdos incluirán 
expresamente la obligación de la persona cesionaria de cumplir con los plazos de cesión 
dispuestos en este artículo.
4.  Los estatutos de la agrupación de gestión conjunta recogerán, siempre que por 
su naturaleza mercantil les sean aplicables, entre otras, las siguientes previsiones:
a)  La mayoría de los derechos de voto deberá ser ejercida por las personas socias 
que aporten la propiedad o los derechos de uso de parcelas agroganaderas.
b)  Los derechos económicos de las personas miembros de la agrupación. A tales  e.e
efectos, en su caso, los estatutos sociales podrán prever la posibilidad de que cada  b
participación o acción social implique una diferente participación en los beneficios de la  669ww
socice)d adL.a obligatoriedad de que, en caso de obtención de resultados positivos en el
ecojenr cuicnio p eocrcoennótmajiec os opborre l ae el nretisdualdta, dsoe  dperol ceejedrac iac iola  od icsotrnib ulocsió cnr idteer iuons  boebnjeetfivicoios  mpaínraim sou, 
determinación que a tales efectos se fije en los estatutos.
Artículo 76.  Reconocimiento de las agrupaciones agroganaderas de gestión conjunta.
1.  Las solicitudes de las personas interesadas que pretendan el reconocimiento de 
la  agrupación  agroganadera  de  gestión  conjunta  deberán  cumplir,  además  de  los 
requisitos generales establecidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los siguientes:
a)  Identificar  la  tipología  de  la  agrupación  propuesta,  expresando  el  cultivo  o 
aprovechamiento productivo y sus características técnicas.
b)  Justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley, y, en 
particular, en su caso, la constitución de la entidad correspondiente que va a llevar a 
cabo la actuación de gestión conjunta, aportando sus estatutos.
c)  Aportar la documentación que acredite la disposición de los derechos de uso de 
la superficie de las tierras incluidas en el ámbito de la actuación de gestión conjunta. 
Deberá acreditarse la disposición de los derechos de uso de un porcentaje superior 
al 70 % de la superficie de las tierras incluidas en el ámbito de la iniciativa. Con respeto a 
la justificación de los derechos de uso, a los efectos de esta ley, salvo prueba en 
contrario, la Administración considerará a la persona que con tal carácter conste en 
registros públicos que produzcan presunción que solo pueda ser destruida judicialmente 
o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales, o, finalmente, a 
quien lo sea pública y notoriamente, aunque carezca del oportuno título escrito; todo ello 
en los términos del número 8 del artículo 19 de la presente ley.
d)  Acreditar la disponibilidad de los medios personales y técnicos precisos para la 
ejecución de la actuación de gestión conjunta.
Aportar, en su caso, la solicitud de la declaración de utilidad pública e interés social 
para la actuación de gestión conjunta.
e)  Los terrenos incluidos dentro del ámbito de la iniciativa no podrán formar parte 
de otra agrupación con el mismo objeto.
f)  Identificar la superficie de la iniciativa de actuación de gestión o comercialización 
conjunta.
2.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural solicitará la subsanación y mejora de la 
solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, y podrá 
requerir, de acuerdo con lo indicado en este precepto, la aclaración de la documentación 
presentada y la modificación del ámbito de la actuación.
3.  A  la  vista  de  la  documentación  proporcionada  y,  en  su  caso,  de  sus 
subsanaciones, el titular de la Dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
resolverá el reconocimiento de la agrupación de gestión conjunta y la viabilidad de la 
superficie de actuación si cumple con los requisitos establecidos en la presente ley, así 
como su inscripción en el Registro de Agrupaciones Agroforestales de Gestión Conjunta.
4.  La  Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural  notificará  la  resolución  de 
reconocimiento de la agrupación de gestión conjunta y de la viabilidad de la superficie de 
actuación dentro del plazo de seis meses, que se contarán desde la fecha en que la 
solicitud tuvo entrada en el registro del órgano competente para resolver. En caso de que 
la resolución no se dicte y notifique en el indicado plazo, las personas interesadas 
podrán considerar desestimada su solicitud a los efectos de la interposición de los 
recursos procedentes.
5.  El  reconocimiento  de  la  viabilidad  de  la  actuación  de  gestión  conjunta 
determinará la propuesta, por parte de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, de la  s
declaración  de  utilidad  pública  e  interés  social,  si  hubiese  sido  solicitada  por  la  oe.
agrupación. 669www.
Artículo 77.  Registro de Agrupaciones Agroforestales de Gestión Conjunta.
la CSoem curneidaa edl  ARuetgóinstorom aP údbel icGoa dlicei aA, garudpscarcitioon ae sla A cgoronfsoerjeesrítaa lecso mdep eGteenstteió ne nC monajtuenrtiaa  ddee 
medio rural, en el que se inscribirán las agrupaciones agroforestales de gestión conjunta 
a que se refiere el artículo 16 de la presente ley.
Artículo 78.  Gestión de las parcelas incluidas en el ámbito de la actuación de gestión 
conjunta.
En la superficie de la iniciativa de actuación de gestión conjunta, las personas 
titulares o con derechos de uso o aprovechamiento de parcelas no pertenecientes a la 
agrupación  de  gestión  conjunta,  o  que  no  tengan  acuerdos  de  cesión  con  dicha 
agrupación para el uso y el aprovechamiento de su finca, quedan obligadas a mantener 
una adecuada gestión agroforestal de su propiedad, al menos a poner en producción las 
tierras conforme a las buenas prácticas agroforestales recogidas, en su caso, en la 
declaración de utilidad pública e interés social, con el compromiso de mantenimiento de 
las mismas, como mínimo, por el tiempo previsto de vigencia de la actuación.
El incumplimiento de esta obligación podrá justificar el inicio de un procedimiento de 
declaración de parcelas en situación de abandono o infrautilización, según lo dispuesto 
en la presente ley.
2.  En caso de que, tras la declaración de abandono o infrautilización, las personas 
titulares de las parcelas opten por incorporarlas al Banco de Tierras, esta incorporación 
deberá efectuarse a través de un arrendamiento pactado o de mutuo acuerdo a favor de 
la agrupación de gestión conjunta, según lo regulado en el artículo 55 de esta ley.
3.  Las parcelas declaradas en situación de abandono o infrautilización en el número 
anterior  podrán  ser  objeto  del  régimen  de  permutas  voluntarias  o  de  permutas  de 
especial interés agrario, según lo dispuesto en la presente ley.
CAPÍTULO III
Aldeas modelo
Artículo 79.  Principios generales.
1.  En las aldeas modelo se procurará la recuperación de la actividad económica y 
social de los terrenos de antiguo uso agrícola, ganadero y forestal circundantes a la 
aldea, y particularmente de aquellos que se encuentren en situación de abandono e 
infrautilización, así como de los núcleos incluidos en ellas, con el objetivo de permitir su 
recuperación demográfica y la mejora de la calidad de vida de su población. A estos 
efectos, la consejería competente en materia de medio rural, a través de la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural, coordinará sus actuaciones, además de con los respectivos 
ayuntamientos, con las consejerías y entidades competentes, para promover, entre otras 
finalidades,  la  recuperación  de  la  capacidad  agronómica  del  perímetro  de  la  aldea 
modelo, la rehabilitación y recuperación arquitectónica y urbanística de su núcleo y la 
promoción del empleo.
2.  Las aldeas modelo se ubicarán en zonas en abandono o infrautilización de alta 
capacidad productiva para uno o varios cultivos o aprovechamientos, y tendrán por 
objeto principal poner en producción áreas de tierra agroforestal con buena aptitud 
agronómica  que  han  alcanzado  con  el  paso  del  tiempo  estados  de  abandono  y/o 
infrautilización,  recuperando  de  este  modo  una  adecuada  actividad  económica 
agroforestal.
3.  En  las  aldeas  modelo  se  prestará  especial  atención  al  mantenimiento,  es
conservación y recuperación de las infraestructuras agrarias de la zona de ejecución,  o
nAejuusgspeetiev4fniac.cc isaiaa dlL moGianse af.dnrllaeteeecg slaalto rrduase cc mtióDunurea rsodsa ser  rfaodijlaledlos e  caRie aumr rraoenld ,o yed  leolsa  uei rnrár  e ppdprr ooedyrcee e cdmctoiado mdatie vidn ooeosr s dl aeei nnextalceacerbiipóoocnrreia opscnr.i oaóNdlneu,os c p tsoivdera e p.beaijdertaceum tdaeern átlaen    OE-A-2021-10669able en https://www.
Los  cultivos  y  aprovechamientos  incluidos  dentro  del  proyecto  de  ordenación 
productiva deberán desarrollarse siempre mediante métodos y técnicas de producción 
sostenible.
5.  La declaración de una aldea modelo podrá llevar asociada la elaboración de un 
plan de dinamización que comprenda, total o parcialmente, el ámbito clasificado como 
suelo de núcleo rural que se encuentre dentro del perímetro de la aldea modelo.
6.  Para la puesta en marcha de una aldea modelo será necesaria la declaración de 
utilidad pública e interés social por parte del Consejo de la Xunta de Galicia.
Artículo 80.  Registro de Aldeas Modelo.
Se crea el Registro público de Aldeas Modelo de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
adscrito a la consejería competente en materia de medio rural.
Artículo 81.  Red de aldeas modelo de Galicia.
1.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural impulsará la creación de una red de 
aldeas modelo de Galicia como instrumento de colaboración funcional entre ellas, que 
tendrá los siguientes objetivos:
a)  La puesta en común de experiencias e información.
b)  La  coordinación  de  producciones  y  la  generación  de  sinergias  entre  las 
diferentes aldeas modelo.
c)  La promoción y puesta en valor de los productos procedentes de estas aldeas 
modelo.
d)  La consecución de estándares de excelencia por los productos procedentes de 
estas aldeas modelo.
2.  Podrán incorporarse a la red de aldeas modelo de Galicia tanto las aldeas 
modelo como cualquier otra aldea que, con las mismas finalidades y características, se 
desarrolle por la iniciativa privada.
Artículo 82.  Actuaciones de rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación 
en las aldeas modelo.
1.  Sin perjuicio de los instrumentos específicos previstos en la Ley 1/2019, de 22 de 
abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia, y de forma 
compatible  y  coordinada  con  ellos,  la  Xunta  de  Galicia  impulsará  programas  de 
financiación o actuaciones integradas y conjuntas de uno o varios de sus departamentos 
para impulsar la recuperación de los núcleos rurales de las aldeas modelo. En particular, 
se fomentará la recuperación de estos núcleos por parte de las personas propietarias, 
ayuntamientos o entidades públicas y privadas, mediante la aprobación de los planes de 
dinamización específicos previstos en la presente ley.
2.  Las intervenciones sobre el medio urbano que precisen la modificación de la 
ordenación urbanística del ámbito requerirán la previa o simultánea tramitación del nuevo 
instrumento de planeamiento o la modificación de aquel.
TÍTULO VI
Procedimientos de recuperación de tierras
 CAPÍTULO I
Procedimiento de aprobación de polígonos agroforestales
Sección 1.ª Procedimiento de aprobación de polígonos agroforestales 
de iniciativa pública
Artículo 83.  Inicio del procedimiento de aprobación para el desarrollo de los polígonos 
agroforestales de iniciativa pública.
1.  La  iniciación  del  procedimiento  para  la  aprobación  de  los  polígonos 
agroforestales de iniciativa pública será acordada por la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural, de oficio o a instancia de parte.
2.  El  acuerdo  de  inicio  será  motivado,  señalará  las  causas  que  justifican  el 
desarrollo del polígono agroforestal y determinará el plazo de la elaboración de un 
estudio de viabilidad. Dicho acuerdo se publicará en el «Diario Oficial de Galicia».
Artículo 84.  Estudio de viabilidad.
1.  Los servicios técnicos de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural elaborarán un 
estudio de viabilidad en el que se incluyan, al menos, los siguientes contenidos:
a)  Fijación del perímetro: el estudio recogerá el perímetro propuesto de actuación, 
con arreglo a la definición del mismo recogida en el artículo 4 de la presente ley. La 
superficie mínima será de 10 hectáreas, aunque excepcionalmente podrán llevarse a 
cabo polígonos para perímetros de menor superficie, de existir circunstancias de índole 
ambiental,  agroforestal  o  socioeconómica  que  así  lo  justifiquen,  debidamente 
acreditadas.
b)  Determinación del grado de abandono: se comprobará, en su caso, que en el 
interior del perímetro exista una situación productiva que permita presumir un estado de 
abandono o infrautilización no inferior al 50 % de su superficie, según lo dispuesto en el 
párrafo 2 del artículo 68 de esta ley y sin perjuicio de la resolución que se dicte tras la 
apertura de los correspondientes procedimientos regulados en la presente ley.
c)  Identificación  de  usos  y  actividades  admisibles:  se  seguirán  las  directrices 
establecidas en el Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia para el 
perímetro de afección, aunque podrán precisarse para adaptarlas a una escala espacial 
de  mayor  detalle.  En  el  supuesto  de  no  estar  desarrollado  el  Catálogo  de  suelos 
agropecuarios y forestales de Galicia, se elaborará un catálogo parcial para el perímetro 
de afección del polígono conforme a la metodología recogida en la presente ley. Este 
catálogo determinará los usos y actividades admisibles en el polígono.
d)  Documento  ambiental:  deberá  incluir  los  contenidos  regulados  en  la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, o norma que la sustituya.
e)  Análisis de precios de referencia: el estudio incluirá una valoración de las fincas 
a los efectos de su posible adquisición o arrendamiento o, en su caso, permuta, para lo 
cual se emplearán los precios de referencia determinados por el Comité técnico de 
precios y valores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53, teniéndose en cuenta las  e.
siguientes especificaciones: w.
culti1v.oºs  oS aep friojavreácnh parmecieionsto isg uparelevsis ptoosr  uy,n didea dtr adtea rssuep deerf ipcrieo yeenc tfousn cdieó ne dxtee ncsaidóan  usnuop edreio lro as 
lmasín i1m0a0  dhee ctetárrreenaos ,d dee c alaras cctearríasctitcearsís aticgarosn dóem ilcaa ssu hbozmonoag,é neenatesn.diendo por tal la unidad
2.º  Los  precios  fijados  se  corresponderán  con  los  de  los  cultivos  o 
aprovechamientos  de  los  establecidos  en  el  Catálogo  de  suelos  agropecuarios  y 
forestales de Galicia.
3.º  Estos precios servirán como precios mínimos en el proceso de selección de 
solicitudes por concurrencia establecido en el artículo 97 de la presente ley.
f)  Superficies mínimas: la Agencia Gallega de Desarrollo Rural determinará para 
cada polígono las superficies mínimas que serán empleadas en el diseño de los lotes 
establecidos en el artículo 68 de esta ley y, en su caso, como parcelas mínimas en los 
proyectos de reestructuración de la propiedad. La superficie mínima se determinará en 
función del tipo de cultivo o aprovechamiento y de sus características, valorando también 
el mercado de tierras en la zona en la que se localice el polígono.
g)  Vida  útil:  se  determinará  la  vida  útil  mínima  del  polígono  agroforestal  en 
correspondencia con la duración de los ciclos productivos de las orientaciones, cultivos, 
aprovechamientos o producciones.
2.  Una vez completado el estudio de viabilidad, de ser favorable, se remitirá a la 
persona  titular  de  la  dirección  de  la  Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural  para  su 
aprobación.
Artículo 85.  Declaración de utilidad pública e interés social.
1.  A propuesta de la persona titular de la dirección de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural, la persona titular de la consejería competente en materia de medio 
rural elevará al Consejo de la Xunta de Galicia la declaración de utilidad pública e interés 
social del polígono agroforestal.
2.  En la declaración de utilidad pública e interés social se incluirán:
a)  La delimitación del perímetro del polígono agroforestal, tal como se define en el 
artículo 4 de la presente ley. Esta delimitación podrá modificarse durante la ejecución de 
los proyectos cuando circunstancias de índole agroforestal, ambiental o socioeconómica 
así  lo  aconsejen,  y  será  precisa  resolución  motivada  de  la  persona  titular  de  la 
presidencia de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, a propuesta de la persona que 
ejerza la dirección.
b)  La vida útil mínima del polígono agroforestal.
c)  La identificación de usos y actividades admisibles, así como de buenas prácticas 
agroforestales.
d)  La autorización para la redacción del proyecto básico del polígono agroforestal.
e)  La autorización para la ejecución de los procedimientos de investigación de la 
titularidad y declaración de abandono y, en su caso, de los de reestructuración de la 
propiedad de la forma establecida en este título.
3.  La declaración de utilidad pública e interés social implicará el reconocimiento de 
la existencia de razones de interés público a los efectos de la aplicación de la tramitación 
de urgencia al procedimiento y a los informes ambientales y sectoriales por los órganos 
autonómicos y de la Administración local de la Comunidad Autónoma de Galicia.
4.  La declaración de utilidad pública e interés social, con el contenido señalado en 
el número 2 de este artículo, se publicará en el «Diario Oficial de Galicia».
Artículo  86.  Redacción  del  proyecto  básico  de  polígono  agroforestal  declarado  de  e
utilidad pública e interés social. bo
titula1r.  deU lnaa d vireezc cdióenc ladrea dlaa  Alag euntciliiad aGda plleúgbalic dae  eD ienstearrérosl los oRcuiarla ld aecl oprrdoayreác etol ,i nlaic ipoe drseo lnoas   2021-10669n https://ww
trámites precisos para la redacción del proyecto básico de polígono agroforestal. El 
proyecto incluirá los siguientes contenidos:
a)  El estudio de viabilidad, en el que figuren el perímetro, el catálogo parcial, el 
documento ambiental, los precios y las superficies mínimas y la vida útil.
b)  La revisión del parcelario afectado y la determinación de parcelas en que se 
presuma el estado de abandono o infrautilización.
c)  La delimitación de exclusiones de carácter productivo, ambiental, paisajístico y 
patrimonial.
d)  La investigación de la titularidad de las parcelas.
e)  Los compromisos de adhesión al proyecto, que deberán suponer un porcentaje 
mínimo del 70 % de la superficie de las tierras incluidas en el perímetro del polígono 
agroforestal.
f)  La propuesta de reestructuración de la propiedad del polígono agroforestal.
2.  El proyecto básico será elaborado por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
Artículo 87.  Exclusiones.
La Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá justificar la eventual exclusión total o 
parcial de áreas del interior del perímetro por las siguientes causas:
a)  Productivas: no sufrirán modificaciones derivadas del proyecto aquellas fincas o 
conjuntos de fincas que se encuentren ya en cultivo o aprovechamiento y que se 
desarrollen conforme a correctas prácticas agroforestales, salvo que voluntariamente 
decidan  su  incorporación,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  esta  ley  sobre 
reestructuración de la propiedad, en su caso.
b)  Ambientales y paisajísticas: las áreas especialmente sensibles desde el punto de 
vista ambiental o paisajístico, según lo establecido en las correspondientes normativas o 
instrumentos  sectoriales,  solo  podrán  ser  dedicadas  a  actividades  productivas  que, 
dentro de las propuestas, puedan compatibilizar ambas características. En caso de no 
ser compatibles, se respetará en esas áreas el estado original, y serán, por lo tanto, 
excluidas del perímetro.
c)  De patrimonio cultural: los elementos con protección deberán ser excluidos del 
perímetro, salvo que se apliquen técnicas que permitan el aprovechamiento productivo y 
estén debidamente aprobadas por la autoridad competente en la materia.
d)  Residenciales: quedarán excluidas las parcelas localizadas en el suelo de núcleo 
rural y las parcelas con edificaciones residenciales o cualquier otro tipo de edificación no 
relacionada con la actividad agroforestal.
Artículo 88.  Tramitación ambiental.
1.  Una vez acordado el inicio de la redacción del proyecto básico de polígono 
agroforestal, la persona titular de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
solicitará  la  emisión  de  informe  por  parte  de  aquellos  órganos  sectoriales  cuyas 
competencias se vean afectadas y pondrá de manifiesto la existencia de razones de 
interés público a los efectos de la tramitación de urgencia.
2.  En caso de que el proyecto deba someterse a evaluación ambiental, se solicitará 
del órgano competente el inicio del procedimiento de evaluación que corresponda y se 
tendrá en cuenta su ámbito y características. En este caso, se seguirá el procedimiento  e
de tramitación establecido en la normativa en materia de evaluación ambiental. bo
3.  En caso de que el proyecto no deba ser sometido a evaluación ambiental, la  669ww
Asogmenectiima ieGntaol.lega  de  Desarrollo  Rural  elaborará  un  informe  justificativo  del  no
Artículo 89.  Revisión del parcelario y estado de las parcelas.
1.  A  los  efectos  de  la  redacción  del  proyecto  básico,  la  Agencia  Gallega  de 
Desarrollo  Rural  realizará  una  comprobación  sobre  el  terreno  de  la  precisión  del 
parcelario existente mediante revisión de los límites de las parcelas, y, de ser necesario, 
se ejecutará un levantamiento topográfico o fotogramétrico complementario.
2.  Se podrá realizar, de ser preciso, una comprobación sobre el terreno de las 
características  técnicas  y  del  estado  de  las  parcelas  o  áreas  homogéneas  que 
compongan el perímetro por personal técnico competente, a los efectos de elaborar un 
informe individual de cada una de ellas, en el que se recoja:
a)  La superficie de la parcela o área homogénea correspondiente.
b)  La fotografía de la parcela o área homogénea correspondiente.
c)  La geolocalización de la parcela o área homogénea correspondiente.
d)  Las principales características físicas y técnicas de la parcela o área homogénea 
correspondiente.
e)  La valoración de la aptitud para el uso o usos previstos de la parcela o área 
homogénea correspondiente.
3.  Para la comprobación geométrica se tendrá en cuenta lo establecido en los 
artículos 20 y 21 de la presente ley.
4.  Los  resultados  de  la  comprobación  podrán  tomarse,  en  su  caso,  como 
fundamento para el inicio del procedimiento de declaración de finca en abandono o 
infrautilización, de acuerdo con el artículo 43 y siguientes de esta ley.
Artículo 90.  Investigación de la titularidad de las parcelas.
El procedimiento de investigación de la titularidad de las fincas incluidas en el 
perímetro del polígono agroforestal se llevará a cabo de acuerdo con lo recogido en el 
artículo  19,  aunque,  con  carácter  previo,  se  llevarán  a  cabo  los  trámites  que 
seguidamente se describen:
a)  La publicación del plano parcelario, elaborado según lo recogido en el artículo 88 
de esta ley, en la página web de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural y en el tablón 
edictal del ayuntamiento o ayuntamientos donde radique el polígono agroforestal por un 
plazo de veinte días hábiles.
b)  La recogida por parte de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural de los datos 
personales  de  las  personas  propietarias,  o  de  sus  representantes  legales,  de  las 
parcelas incluidas en el perímetro del polígono agroforestal. A tal efecto, se procederá a 
la consulta en los correspondientes registros de la propiedad y de los datos catastrales 
de las fincas comprendidas en el perímetro del polígono agroforestal o, en su caso, a la 
aportación por los interesados de la declaración a que se refiere el artículo 19.8 de esta 
ley. Deberán obtenerse todos los datos relativos a quien posee la parcela en concepto de 
dueño, a sus cargas y gravámenes y demás situaciones jurídicas que eventualmente 
puedan afectarles en lo referente a la propiedad, posesión o aprovechamiento.
c)  Recogidos los datos referidos en la letra anterior, estos serán notificados a las 
personas interesadas para que, en el plazo de quince días hábiles, puedan presentar las 
alegaciones pertinentes junto con la documentación justificativa de sus derechos, así 
como aportar cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores que se 
estimen cometidos en la documentación publicada. e.e
Cuando no se pueda determinar la identidad de las personas titulares de las fincas  b
afectadas, cuando se ignore el lugar de notificación o cuando, intentada esta, no se  669ww
p«uDeiadraio  pOrafcictiiacal rd ela  Gnaoltiicfiicaa»c iyó ne, ne setla  tasbel óhna reád ipcotar l mdeedl iaoy duen taumn ieanntuon, cqiou ep ucbolinctaednod reán l oesl 
adlaetgoasc cioantaesst rsaele cso mdep ulata rpáa drceesldae.  Eeln d íeas tsoigsu sieunptuee as tloas p, uebl lipcalaczióon p daeral a lnau pnrceios.entación de
d)  Una vez estudiadas las alegaciones, la dirección de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural dictará resolución con el siguiente contenido:
1.º  Determinación de la titularidad de las parcelas, a los efectos de la continuidad 
de la tramitación del proyecto básico.
2.º  En su caso, rectificación y complemento de los datos sobre la titularidad de los 
bienes o derechos o sobre sus características materiales o legales.
3.º  En su caso, identificación de las parcelas de titular ilocalizable e iniciación del 
procedimiento de investigación señalado en el artículo 19 de la presente ley.
e)  Contra esta resolución, que se notificará a las personas titulares de las fincas 
afectadas, cabrá recurso de alzada ante la persona que ejerza la presidencia de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural, cuya resolución agota la vía administrativa.
Artículo 91.  Exposición pública de las actuaciones.
1.  Una vez finalizadas las actuaciones recogidas en los artículos anteriores, la 
documentación resultante será expuesta en la página web de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural y en el tablón edictal del ayuntamiento o ayuntamientos afectados por el 
polígono agroforestal para su consulta durante un plazo de veinte días hábiles.
2.  En el «Diario Oficial de Galicia» se publicará un anuncio de dicha exposición 
pública a los efectos de que cualquier persona interesada pueda tomar conocimiento de 
las actuaciones.
3.  Durante este plazo podrán llevarse a cabo actuaciones de difusión pública por 
parte de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural tales como reuniones informativas, 
abiertas a todas las personas afectadas, para lo cual se contará con la colaboración del 
ayuntamiento  o  ayuntamientos  afectados  por  el  polígono.  En  estas  actuaciones  de 
difusión pública se presentarán las principales características del polígono agroforestal.
Artículo 92.  Compromisos de adhesión.
1.  Hasta el momento previo a la elaboración de la propuesta de reestructuración, 
las personas propietarias de las fincas o, en su caso, las titulares de las facultades de 
uso  y  aprovechamiento  sobre  aquellas,  podrán  optar  ante  la  Agencia  Gallega  de 
Desarrollo Rural por:
a)  Asignar compromisos de venta al agente promotor productivo al precio mínimo 
fijado o, en su caso, permutas. Estos precios deberán ser respetados o, en su caso, 
mejorados  por  el  agente  promotor  que  resulte  elegido  conforme  al  proceso  de 
concurrencia establecido en el artículo 97 de la presente ley.
b)  Asignar compromisos de arrendamiento al agente promotor productivo, por una 
duración con arreglo a la vida útil del proyecto, al precio mínimo fijado en el artículo 84. 
Estos precios deberán ser respetados o, en su caso, mejorados por el agente promotor 
que resulte elegido conforme al proceso de concurrencia establecido en el artículo 97 de 
la presente ley.
c)  Mantener y poner en producción con carácter individual las tierras conforme a las 
orientaciones determinadas para el proyecto y, dentro de estas, las buenas prácticas 
agroforestales recogidas en la declaración de utilidad pública e interés social, con el 
compromiso de mantenimiento de estas por el tiempo mínimo de la vida útil del proyecto. 
En caso de incumplimiento del compromiso, se observará lo dispuesto en el número 5 de  e
este artículo. bo
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transmisión  o  arrendamientos  mínimos,  así  como  las  orientaciones  de  producción
establecidas en el proyecto, y se las requerirá para que procedan a optar por alguna de
las alternativas establecidas en el punto anterior o para manifestar la no adhesión al 
proyecto.
3.  En parcelas incluidas en la Red gallega de espacios protegidos, se hará efectivo 
el derecho de tanteo a favor de la Administración, conforme recoge el artículo 32.c) de la 
Ley 5/2019, de 2 de agosto, de patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia, y el 
artículo  40  de  la  Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  de  patrimonio  natural  y  de  la 
biodiversidad, o normas que las sustituyan.
4.  La  superficie  que  se  integre  en  el  proyecto  deberá  representar  un  mínimo 
del 70 % del total de la superficie de las parcelas del perímetro del polígono. A estos 
efectos, se entenderá por superficie integrada en el polígono la que se derive de la firma 
de los compromisos y de la puesta en producción, de acuerdo con lo indicado en el 
número 1, así como la correspondiente a las parcelas integradas transitoriamente en el 
Banco de Tierras y a las de propiedad pública gestionadas por el Banco de Tierras que 
se integren en el proyecto.
De no alcanzarse dicho porcentaje mínimo, se resolverá el archivo del procedimiento 
de aprobación del proyecto por incumplimiento de sus requisitos básicos.
5.  De existir personas propietarias de las fincas, o, en su caso, titulares de las 
facultades de uso y aprovechamiento sobre aquellas, que no hayan accedido a optar 
individualmente por alguna de las opciones previstas en el número 1, siempre que se 
haya conseguido la superficie mínima prevista en el número anterior, y teniendo en 
cuenta las exclusiones señaladas en el artículo 87 de la presente ley, se entenderá que 
concurre la situación de infrautilización o abandono a los efectos de esta ley, y, una vez 
declarada por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, esta propondrá a la consejería 
competente en materia de medio rural la tramitación del procedimiento de declaración 
del  incumplimiento  de  la  función  social  de  la  propiedad  establecido  en  el  número 
siguiente de este artículo.
6.  La consejería competente en materia de medio rural iniciará el procedimiento 
notificando a las personas propietarias de las fincas o, en su caso, titulares de las 
facultades  de  uso  y  aprovechamiento  sobre  aquellas,  la  intimación  de  que  deben 
proceder a optar por cualquiera de las opciones establecidas en el número 1 de este 
artículo o a formular alegaciones en el plazo de quince días, con la advertencia expresa 
de que, en caso de que no se formule opción, se declarará el incumplimiento de la 
función social de la propiedad con las consecuencias establecidas en este artículo. Si no 
se formula la opción referida, la Consejería efectuará la declaración de incumplimiento 
de la función social de la propiedad, lo que conllevará la existencia de causa de interés 
social para la integración en el proyecto a través del arrendamiento de la finca por el 
Banco  de  Tierras  y  la  declaración  de  la  necesidad  de  ocupación  de  los  bienes  e 
incorporación al Banco de Tierras para esta finalidad.
Artículo 93.  Reestructuración de la propiedad de polígonos agroforestales.
1.  A la vista de la información recogida según la metodología desarrollada en los 
artículos  anteriores,  la  Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural  podrá  elaborar  una 
propuesta de reestructuración de la propiedad del polígono agroforestal.
2.  En la realización de esta propuesta de reestructuración de la propiedad deberán 
tenerse en cuenta los siguientes criterios:
a)  La propuesta de redistribución se llevará a cabo por superficies agrupadas por 
derechos de uso, considerando como tales las pertenecientes a cualquier persona titular,  e
excepto las incluidas en los compromisos de compra y arrendamiento señalados en el  bo
artículo anterior, que serán consideradas como de una única persona titular y que serán  669ww
pppreoorscmtPeeuarditroiaamrs mi eecesnonttnaot e  mdr eeoad dtcirsioifbtincruiacbiducuiarcórsienó n ndac,e li as l aiícemgomeimtnpeptrseee r  teiqptciuvrooeagm .isdoeotao e r np opesrlo ibadlruetíc,c tusivleoo   6sqe4ug, euc ioránre sseidul eltprear onecdeloed gliamid toioe tnaetlonid  adedel    OE-A-2021-10able en https://
de  estas  como  permutas  de  especial  interés  agrario.  Cuando  no  sea  posible,  y
subsidiariamente, se aplicarán los correspondientes procedimientos técnicos descritos 
en el título II de la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial 
agraria de Galicia.
b)  La superficie mínima por titular de derechos de uso será la determinada en el 
artículo 49 de la presente ley. En caso de que no se alcance esa superficie mínima, el 
Banco de Tierras dará prioridad a esas fincas para ser suplementadas con tierras por él 
gestionadas  y,  de  no  conseguirse  aún  dicha  superficie,  se  agruparán  las  tierras 
correspondientes a dos o más de las personas titulares.
c)  Las fincas incluidas en los compromisos para ser objeto de venta se agruparán 
en parcelas de superficie superior a la mínima regulada en el estudio de viabilidad.
d)  Las fincas incluidas en los compromisos para ser objeto de arrendamiento se 
localizarán preferentemente de forma que conformen lotes de parcelas arrendables de 
superficie superior a la mínima regulada en el estudio de viabilidad.
e)  Las  fincas  de  titularidad  del  Banco  de  Tierras  de  Galicia  o  integradas 
transitoriamente en este serán, asimismo, agrupadas en lotes de parcelas arrendables y 
participarán en el proyecto en iguales condiciones económicas que las arrendadas por 
medio de los compromisos señalados en el artículo anterior.
f)  De ser necesario, la deducción de superficie para infraestructuras se hará a costa 
de las parcelas de titularidad del Banco de Tierras y, de no ser suficientes, de las de 
titularidad futura del agente promotor productivo resultante de la elección en el proceso 
de concurrencia competitiva.
g)  La propuesta contendrá, asimismo, un anteproyecto de las obras e instalaciones 
que se van a ejecutar, desglosadas por unidades de obra, junto con un presupuesto 
estimado.
h)  Se podrá recoger en la propuesta de reestructuración el cambio de ubicación de 
las fincas excluidas por razones productivas, de acuerdo con lo indicado en el artículo 86 
de la presente ley, siempre que suponga objetivamente graves dificultades para la 
reordenación del polígono, justificado por informe técnico del órgano gestor del Banco de 
Tierras.
Los costes del cambio de localización, así como los de las obras e instalaciones 
necesarias, repercutirán a costa del agente promotor productivo adjudicatario. En todo 
caso se garantizará para sus titulares una capacidad productiva igual o superior a la de 
partida.
No se llevará a cabo este cambio de localización cuando se trate de áreas de cultivos 
de singular interés agronómico o ambiental o, en todo caso, cuando el traslado en 
iguales  condiciones  sea  técnicamente  inviable.  En  este  caso  deberán  incorporarse 
dentro de la propuesta de reestructuración soluciones alternativas que no impliquen 
dicho desplazamiento.
3.  La propuesta de redistribución se notificará a todas las personas propietarias 
afectadas  y  a  todas  las  titulares  de  derechos  reales  sobre  las  parcelas  objeto  de 
reestructuración, especificando las fincas de reemplazo que les asignarán y demás 
información sobre dicha propuesta, a efectos de que puedan formular alegaciones en un 
plazo de quince días hábiles para su examen por los servicios técnicos de la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural.
4.  Por resolución de la persona titular de la presidencia de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural se aprobará la propuesta de reestructuración de la propiedad junto con 
el acta de reorganización de la propiedad en el polígono agroforestal.
El acta de reorganización de la propiedad será objeto de protocolización notarial e  e.
inmatriculación registral a instancia de la dirección general de la Agencia Gallega de  w.b
Desarrollo  Rural,  de  conformidad  con  la  legislación  estatal  aplicable,  y  será  título  669ww
inscTriobdibol el oe na lnotse rtiéorrm, isnino sp eesrtjaubiclieoc iddeo sl ap oarp ersotbaa.ción, por parte de la presidencia de la
dAeg elnac ipar oGpaielledgaad  dae  qDuees adréro llluog Raru racol, mdoe  lcaosn smeocduiefincacicaio ndees  lad erl eacctitfaic adcei órne odrgea neizrraocrieósn, 
ejecución  de  sentencias  o  reconocimientos  de  titularidad  que  procedan,  y  será
documento  suficiente  para  su  inscripción  registral  el  acta  de  rectificación  o 
complementaria de la de reorganización de la propiedad, debidamente protocolizada 
notarialmente.
Asimismo, resultarán aplicables los artículos 70 y 71 de la Ley 4/2015, de 17 de 
junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia, o norma que la sustituya.
5.  En caso de que, tras la aprobación del acta de reorganización, la investigación 
de la titularidad de las parcelas dé como resultado la localización de algún titular, este 
deberá optar ante la Agencia Gallega de Desarrollo Rural por alguno de los compromisos 
indicados en el artículo 92 de la presente ley.
Artículo 94.  Aprobación del proyecto básico.
1.  Una vez finalizadas las actuaciones recogidas en los artículos anteriores y a la 
vista de sus resultados, la persona que ejerza la dirección de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural elaborará la propuesta de resolución de aprobación del proyecto básico 
de polígono agroforestal, que tendrá el contenido que se recoge en el artículo 86 de la 
presente ley.
2.  Esta propuesta de resolución se publicará en el «Diario Oficial de Galicia» y en el 
tablón edictal municipal y en la página web de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, y 
se abrirá trámite de audiencia por un plazo de quince días hábiles para que las personas 
interesadas formulen alegaciones. Asimismo, se notificará a las personas propietarias o 
titulares de derechos de aprovechamiento sobre parcelas incluidas en el perímetro del 
polígono agroforestal.
3.  A la vista de las alegaciones presentadas, la persona que ejerza la dirección de 
la Agencia Gallega de Desarrollo Rural propondrá a su presidencia la aprobación del 
proyecto básico del polígono agroforestal y de los pliegos de condiciones que rijan el 
procedimiento de concurrencia y su apertura.
Artículo 95.  Pliegos de condiciones y criterios de evaluación.
1.  Los pliegos de condiciones administrativas y técnicas particulares que apruebe la 
presidencia de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural establecerán:
a)  El procedimiento de concurrencia.
b)  Los requisitos de participación.
c)  Los criterios de solvencia económica, técnica y profesional y las obligaciones de 
los participantes y adjudicatarios.
d)  Los criterios de evaluación  y  sus  puntuaciones  relativas, en función de las 
características específicas de cada proyecto.
e)  La constitución de garantías, en la forma y cuantía que determinen, dirigidas a 
asegurar el mantenimiento de la propuesta presentada.
f)  Aquellas otras prescripciones que se estimen convenientes relativas al desarrollo 
del polígono, incluidas las condiciones relativas a la correcta ejecución de las obras del 
polígono, al cumplimiento de la propuesta presentada y, en general, al cumplimiento del 
resto de las obligaciones establecidas en la presente ley.
2.  Los criterios de selección deberán ponderar, en su caso, y entre otros, los 
siguientes aspectos:
a)  El precio ofertado de arrendamiento y de venta por unidad de superficie y  e
tipología de los terrenos, que será, como mínimo, igual al de los compromisos firmados  bo
o, en su caso, a la posibilidad de permuta. 669ww
artícbu)l o 3E8n  dees plae cpiraels, elan taep lelicya.ción de las medidas de acceso a la tierra recogidas en el
podrcá)  otEonrg caar spor edfeer elan cliicai,t aecnió lno sp oprli elogtoess,  reenc oegl idnaú meenr oe ld aer tlíoctuelso  y6 8b.a2j.ob )l ad efo remstaa  qleuye,  esne 
ellos  se  determine,  a  iniciativas  destinadas  específicamente  al  acceso  a  la  tierra
agroforestal  de  las  mujeres  que  sufren  violencia  de  género,  a  las  personas 
desempleadas de larga duración o mayores de 45 años y a la integración social de 
personas en riesgo de exclusión social.
d)  La  presentación  de  propuestas  que  tiendan  a  incrementar  la  capacidad 
productiva y las economías de escala de productores ya implantados en la zona de 
influencia  del  polígono,  de  acuerdo  con  lo  descrito  en  los  pliegos,  con  objeto  de 
promover la cohesión social y la fijación de población y actividades en el territorio.
e)  El incremento de la base territorial necesaria para una adecuada orientación de 
la actividad de las explotaciones agroforestales existentes con viabilidad económica 
acreditada.
f)  Las propuestas que favorezcan el mantenimiento de la población vinculada a la 
actividad agroforestal y que promuevan el papel de la mujer o la incorporación de 
personas jóvenes a las explotaciones.
g)  El carácter innovador del aprovechamiento productivo propuesto, así como la 
implantación de métodos de producción sostenibles.
h)  Las  propuestas  realizadas  por  cooperativas,  sociedades  agrarias  de 
transformación u otras entidades de la economía social.
i)  La propuesta realizada por las personas propietarias o titulares de los derechos 
de usos o aprovechamientos de parcelas que suponen un mínimo del 70 % de la 
superficie incluida en el perímetro del polígono, particularmente en caso de que lleven a 
cabo una actuación de gestión conjunta.
h)  El compromiso de residencia del agente promotor productivo en el ayuntamiento 
o ayuntamientos del polígono o en ayuntamientos limítrofes.
Artículo 96.  Aprobación del polígono agroforestal.
1.  La resolución de aprobación del polígono agroforestal por parte de la persona 
que  ejerza  la  presidencia  de  la  Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural  conllevará  la 
aprobación de los pliegos de condiciones de la concurrencia competitiva y la constitución 
formal del polígono agroforestal.
2.  En la resolución se expresará el régimen jurídico aplicable y las potestades que, 
de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley, corresponden a la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural en el marco del servicio público prestado por el Banco de Tierras de 
Galicia, y sus finalidades públicas de recuperación de las tierras abandonadas.
3.  La resolución de aprobación, que agotará la vía administrativa, se notificará a los 
interesados en el procedimiento y se publicará en el «Diario Oficial de Galicia».
Artículo 97.  Procedimiento de concurrencia de las propuestas de actuación en los 
polígonos agroforestales de iniciativa pública.
1.  A partir del día siguiente a la fecha de publicación de la resolución de aprobación 
del polígono agroforestal en el «Diario Oficial de Galicia» será abierto un plazo de 
presentación de propuestas de quince días hábiles por parte de los agentes promotores 
productivos interesados en el polígono agroforestal, conforme al contenido de los pliegos 
de condiciones administrativas y técnicas particulares aprobados.
2.  En caso de que no se presenten propuestas en plazo, la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural podrá declarar abierto un nuevo plazo de presentación, y se admitirán 
las propuestas que se presenten posteriormente atendiendo a su prioridad temporal, 
siempre que cumpla los requisitos de admisión establecidos en el pliego de condiciones  es
administrativas. bo
En el supuesto de que haya transcurrido el plazo de dos años desde la fecha de  669ww
ppGdueeabrclsillcaiociranaa»acrá siós  niplna r do qefpiun ieelaat l asirzreeaias chosiaó ludyncea i óndlna ep sl dr epefisrn oaeccpnaertsaod dbiomoa,  iceepiónnront osp d uuye e cls lapataso oselí,,gx  tlolaoinn scoA i tógiatneug nlradocreifeaol s rGep dsoaetllaí lgell aogesnan o  fd eaaelc gu «DrlDtoaeifadsorearieosrrs  oOdtallefoli, c  uiRyas ulo ldra aoesl     OE-A-2021-10able en https://
aprovechamiento sobre aquellas quedarán liberadas de los compromisos asumidos.
3.  La presentación de las propuestas supondrá la aceptación incondicionada de los 
pliegos de condiciones, así como de las condiciones del proyecto básico de polígono 
agroforestal. En particular, supondrá el compromiso de arrendar o comprar la totalidad de 
las fincas o, en su caso, de uno de los lotes, recogidos en los compromisos firmados 
conforme a lo establecido en el artículo 92 de la presente ley, así como de los de 
titularidad del Banco de Tierras que este ponga a disposición del polígono, a los precios 
formulados en su propuesta. En el caso de las parcelas objeto del procedimiento a que 
se refiere el artículo 92.6 de la presente ley, la presentación de las propuestas supondrá 
el compromiso de arrendar las fincas al Banco de Tierras por el justiprecio determinado o 
que se determine definitivamente o, en su caso, por el ofertado por el adjudicatario si 
este fuere superior.
Asimismo, implica el compromiso de constituir una garantía, en la forma y cuantía 
que se determine en los pliegos de condiciones, que garantice el mantenimiento de la 
propuesta  presentada  por  el  importe  que  se  recoja  en  el  pliego  de  condiciones 
administrativas, así como el compromiso de cumplir con la obligación de hacerse cargo 
de los costes previos que en él se detallen.
4.  Una vez transcurrido el plazo de presentación, se procederá al examen y a la 
valoración  de  las  propuestas  presentadas  por  los  servicios  técnicos  de  la  Agencia 
Gallega  de  Desarrollo  Rural  mediante  la  aplicación  de  los  criterios  de  evaluación 
señalados en el correspondiente pliego de condiciones administrativas. Realizada la 
valoración, se emitirá un informe técnico junto con una propuesta de adjudicación que 
será elevada a la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural para resolver.
5.  La resolución de la persona titular de la dirección de la Agencia Gallega de 
Desarrollo  Rural  sobre  el  agente  o  agentes  promotores  productivos  que  resultasen 
adjudicatarios será notificada a la totalidad de las personas solicitantes, junto con el 
resultado de la aplicación de los criterios de evaluación.
Contra  dicha  resolución  cabrá  recurso  de  alzada  ante  la  persona  titular  de  la 
presidencia de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, cuya resolución agotará la vía 
administrativa.
6.  Una vez resuelta la adjudicación, se dará un plazo de diez días hábiles para que 
los agentes adjudicatarios aporten la documentación justificativa requerida en el pliego. 
En  caso  de  incumplimiento  de  este  requisito  por  parte  de  alguno  de  los  agentes 
adjudicatarios, se procederá o bien a la adjudicación a la siguiente mejor propuesta o a 
declarar desierto el procedimiento, lo que deberá ser debidamente justificado por parte 
de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
Artículo 98.  Control del acaparamiento.
Para facilitar la participación de los agentes locales y de los colectivos vulnerables en 
la gestión total o parcial de los polígonos agroforestales e impedir el acaparamiento de 
tierras  en  los  polígonos  agroforestales,  además  de  las  medidas  señaladas  en  los 
artículos anteriores, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones específicas:
a)  Limitación del porcentaje de propiedad de un mismo agente promotor dentro del 
conjunto de polígonos, tanto de iniciativa pública como privada, desarrollados de acuerdo 
con la presente ley. Este porcentaje no podrá superar el 10 % de la superficie total a 
partir de que existan más de diez proyectos ejecutados o en ejecución, y operará 
siempre que el mismo agente promotor participe en más de tres polígonos.
b)  Cualquier cambio de titularidad en todo o en parte de la participación de un  e
agente promotor en un proyecto, en cualquier momento de su vida útil, deberá ser  bo
autorizado previamente por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, previa comprobación  669ww
sdieglu cieunmtep:limiento del requisito establecido en la letra anterior y teniendo en cuenta lo
1.º  En caso de que el agente promotor sea una persona jurídica y se extinga su
personalidad  jurídica  por  absorción  o  fusión,  continuará  el  proyecto  con  la  entidad  Bc
absorbente o que resulte de la fusión. Lo mismo se aplicará en los supuestos de escisión 
o transmisión de empresas o ramas de actividad de estas, en favor de la entidad que 
pase a asumir la rama de actividad a la que esté afecto el proyecto.
2.º  La subrogación tendrá que ser solicitada a la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural por la persona interesada en la transmisión del proyecto, acreditando el supuesto 
que la motiva, así como el mantenimiento de las condiciones impuestas, y autorizada 
expresamente por resolución de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, 
previo informe del órgano competente.
3.º  En cualquier caso, la nueva persona participante en el proyecto deberá acreditar 
una capacidad técnica y profesional equivalente a la del anterior titular.
4.º  La falta de resolución expresa de la solicitud de autorización de transmisión de 
la titularidad de la participación del proyecto en el plazo de seis meses tendrá efectos 
desestimatorios.
Artículo 99.  Redacción del proyecto técnico de ejecución de obras.
1.  El proyecto técnico de ejecución de obras necesarias, en base al contenido del 
proyecto básico que se señala en el artículo 86 de la presente ley será, en su redacción, 
responsabilidad de los agentes promotores del polígono. El proyecto técnico incluirá los 
siguientes contenidos:
a)  Las actuaciones en infraestructuras rurales colectivas indispensables para la 
ejecución del polígono agroforestal, según lo descrito en el apartado 2 del artículo 60 de 
la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia.
b)  Las restantes obras e instalaciones, con exclusión de las edificaciones, así como 
las operaciones agronómicas necesarias para la puesta en producción del polígono 
conforme a las buenas prácticas agroforestales.
c)  El contenido de los pliegos de condiciones técnicas y, en su caso, las propuestas 
de mejora recogidas en la oferta.
2.  Cuando el proyecto técnico de ejecución de obras por sus afecciones requiera la 
tramitación  de  varios  procedimientos  administrativos  de  competencia  de  la 
Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma,  incluidos  los  ambientales,  la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural realizará de forma simultánea la petición de todos 
los  informes  a  las  administraciones  y  a  los  órganos  sectoriales  afectados.  Los 
pronunciamientos contenidos en los informes sectoriales recabados en el procedimiento 
de aprobación del proyecto básico conservarán su validez, siempre que se mantengan 
las  circunstancias  que  los  motivaron,  por  lo  que  no  resultará  precisa  una  nueva 
tramitación sectorial.
3.  Se dará traslado del proyecto técnico de ejecución de obras al ayuntamiento a 
efectos de que informe en el plazo de un mes sobre su adecuación a la ordenación 
urbanística vigente y, en su caso, sobre las correcciones que haya que efectuar de 
acuerdo  con  la  indicada  ordenación,  que  deberán  ser  introducidas  por  el  agente 
promotor en el proyecto.
4.  El proyecto se someterá a la aprobación de la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural, que, en caso de encontrar deficiencias, señalará estas y dará un plazo de quince 
días para su subsanación.
5.  La ejecución de las obras e instalaciones descritas en la letra a) del número 1 de 
este  artículo  no  requerirá  de  título  habilitante  urbanístico.  El  resto  de  las  obras  e  s
instalaciones seguirán la tramitación establecida en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del  oe.
adesusixsepetanlloontt acadmicaeii oe ennGnet aofsuls icn gdicaaei,ón  naps doidnebe rl aqalacussi eó c cnaso reenaxa cingbte iadrdsíaesest  i caetaepnsrl ir ceidtaole cr aiciaóratlní.dc  auPla lpooso d 3lrdí9ágis. ogtnra)eo ndd.cueiac dsir iscmeh aínj uilmesytai fsipc aaarda a vmliavesien nntedu aeesv asasy    2021-10669n https://www.
Artículo 100.  Actuaciones de puesta en marcha del polígono agroforestal.
La  puesta  en  marcha  del  polígono  agroforestal  comprenderá  las  siguientes 
actuaciones:
a)  La  ejecución  de  los  compromisos  previos  de  arrendamiento,  permuta  o 
compraventa bajo las siguientes especificidades:
1.º  En el caso de arrendamientos, las personas propietarias o titulares de los 
derechos de aprovechamiento incorporarán las parcelas al Banco de Tierras de Galicia 
en los términos previstos en la presente ley, y se firmarán, en un plazo no superior a 
quince  días  hábiles  desde  la  incorporación,  los  contratos  de  arrendamiento  en  las 
condiciones fijadas.
En el caso de las parcelas objeto del procedimiento a que se refiere el artículo 92.6 
de la presente ley, estas serán arrendadas por el Banco de Tierras, estableciendo como 
precio del arrendamiento el justiprecio aceptado por el titular o el determinado por el 
Jurado de Expropiación de Galicia, o, en su caso, el ofertado por el adjudicatario, si este 
fuere superior. En caso de que aún no estuviere determinado el justiprecio en vía 
administrativa,  no  se  procederá  al  arrendamiento  y  ocupación  de  la  parcela  sin 
consentimiento de su titular.
2.º  En caso de compraventa, los contratos se firmarán en un plazo no superior a 
treinta días desde la notificación de la resolución de adjudicación.
3.º  En caso de permuta, los contratos se firmarán en un plazo no superior a treinta 
días desde la notificación de la resolución de adjudicación.
b)  La ejecución de las obras señaladas en el artículo 99, que correrán a cargo de 
las  personas  promotoras.  En  caso  de  tratarse  de  varios  agentes,  los  costes  se 
distribuirán de manera proporcional a la superficie ocupada por cada uno de ellos. Los 
casos señalados en el número 3 del artículo 67 y en la letra c) del número 2 del 
artículo 95 podrán ser financiados, total o parcialmente, por la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural, de acuerdo con las previsiones del título VII.
En  todos  los  casos  la  dirección  facultativa  de  las  obras  y  la  coordinación  de 
seguridad  y  salud  serán  llevadas  a  cabo  por  técnicos  competentes.  Deberá  darse 
traslado  a  la  Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural  con  el  fin  de  que  verifique  los 
requisitos mínimos de solvencia técnica previamente establecidos.
De tener que realizarse labores de acondicionamiento de los terrenos objeto de 
compraventa, arrendamiento o permuta, la ejecución de esas labores podrá correr a 
cargo de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, siempre por motivos de interés público 
o social, y de manera excepcional, de acuerdo con lo establecido en el título VII. En 
ningún caso se aplicará este último sistema a las obras e instalaciones, que correrán 
siempre por cuenta del agente o agentes promotores.
Las obras señaladas en el proyecto de ejecución se iniciarán en un período no 
superior a tres meses desde la aprobación del proyecto, salvo que se solicite, con una 
antelación mínima de quince días a la fecha límite de inicio, una prórroga por causas 
extraordinarias y no imputables a las personas promotoras, que deberá ser aprobada por 
la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
Las obras serán ejecutadas por la persona o personas promotoras y a su costa, sin 
perjuicio, en su caso, de la posibilidad de apoyo o de la percepción de financiación 
pública en las condiciones que se dispongan de acuerdo con la presente ley o en la 
normativa aplicable. e.
c)  El levantamiento topográfico final y replanteo de las parcelas resultantes de la  w.
reestructuración, notificación al catastro e inscripción en el registro de la propiedad.  669ww
RToudraals,  esisnt apse arjcutiucaioc iodneel sa bsoenráon  dlele vdaicdhaoss  ac ocastbeos  ppoorr  lae l Aaggeennctiea  oG aalgleegnate ds ep Droemsoatrororellos 
Dpreosdaurcrotilvloo sR. uLraal , idnesc aricpuceiórdno  rceognis ltora el sptaobdlreác idsoe re nfi neal ntíctuialod aV IpI odre  llaa  pAregseennctiae  leGya.llega de  BOE-A-cable e
Con  esta  última  actuación  se  permitirá  la  ocupación  de  los  terrenos  por  los 
adjudicatarios del proceso de concurrencia.
Artículo 101.  Finalización del polígono agroforestal.
Un polígono agroforestal se dará por finalizado cuando se alcance el fin de la vida útil 
del proyecto o se produzcan graves incumplimientos o abandono de la actividad por 
parte del agente promotor productivo.
2.  En caso de finalización de la vida útil antes de un año de la fecha final, los 
agentes promotores productivos podrán presentar ante la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural  una  solicitud  de  prórroga  del  polígono  agroforestal.  Esta  prórroga  podrá 
concederse en los términos establecidos en los pliegos de condiciones, siempre que se 
renueven  los  compromisos  de  adhesión  correspondientes  a  un  porcentaje  mínimo 
del 70 % de la superficie de las tierras incluidas en el perímetro del polígono agroforestal 
y se actualicen los precios de referencia.
3.  En  caso  de  finalización  por  incumplimiento  o  abandono  de  los  agentes 
promotores  productivos,  independientemente  de  la  ejecución  de  las  garantías, 
reclamación de daños e inicio del correspondiente procedimiento sancionador, de existir 
voluntad  de  las  personas  propietarias,  se  podrá  optar  por  el  inicio  de  un  nuevo 
procedimiento de selección, de conformidad con el artículo 96.
Sección 2.ª Procedimiento de aprobación de los polígonos cortafuegos
Artículo 102.  Procedimiento de aprobación de los polígonos cortafuegos.
1.  Los polígonos cortafuegos son un tipo específico de polígono agroforestal de 
iniciativa pública caracterizado por su aplicación exclusiva en las áreas cortafuegos, que 
justifican la delimitación de su perímetro en base a la minimización de la probabilidad de 
expansión de los incendios y de la superficie afectada.
2.  Los polígonos cortafuegos se regirán por lo dispuesto en la sección 1.ª de este 
capítulo con las siguientes especificidades:
a)  El inicio del procedimiento para la aprobación de los polígonos cortafuegos lo 
efectuará la Agencia Gallega de Desarrollo Rural de oficio, previa delimitación de las 
áreas cortafuegos por parte de los servicios técnicos de la consejería competente en 
materia forestal.
b)  El estudio de viabilidad del polígono cortafuegos podrá exceptuar el requisito del 
estado de abandono o infrautilización no inferior al 50 % de su superficie, cuando así se 
justifique por razones de prevención de incendios y mediante informe de la dirección 
general competente en materia de defensa del monte.
c)  El proyecto de polígono cortafuegos será elaborado por la Agencia Gallega de 
Desarrollo  Rural  y  tendrá  los  contenidos  establecidos  para  el  proyecto  básico  y  el 
proyecto técnico de ejecución de obras.
d)  Dado su objetivo fundamental de prevención de incendios, no se exigirá el 
cumplimiento del requisito establecido en el número 1 del artículo 68 y en la letra e) del 
número 1 del artículo 86.
e)  El procedimiento de concurrencia tendrá las siguientes particularidades:
1.º  A  partir  del  día  siguiente  a  la  fecha  de  publicación  de  la  resolución  de  s
aprobación del proyecto de polígono cortafuegos en el «Diario Oficial de Galicia» se  e.
abrirá un plazo de presentación de propuestas de quince días hábiles por parte de los  w.
agentes promotores productivos interesados en el polígono conforme al contenido del  669ww
plieg2o.º  deE cno ncdaicsioo ndees  andom  ipnriosdtruactiivrsaes  yn tinégcnuincaa ss poalirctiitcuudla rveásl.ida,  la  Agencia  Gallega  de
dDee straersro mlloe sReusr,a ld ep ofdorrám ad eqculaer aerl  apbroieyretoc tou nd en upeovlíog opnlaoz os edráe  apdrejusdeinctaadcoió anl  dperi mpreorp augeesntates   BOE-A-cable e
promotor productivo que durante este plazo haga una solicitud que se ajuste a los 
requisitos exigidos en esta ley.
3.º  Si, transcurrido el plazo indicado en el número anterior, no se presentó ninguna 
solicitud válida, el polígono podrá ser objeto de desarrollo directo o indirecto por la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural, que asumirá los compromisos del agente promotor 
productivo.
Sección 3.ª Procedimiento de aprobación de polígonos agroforestales 
de iniciativa privada
Artículo 103.  Inicio del procedimiento de aprobación para el desarrollo de los polígonos 
agroforestales de iniciativa privada.
1.  El inicio del procedimiento para la aprobación de los polígonos agroforestales de 
iniciativa privada lo podrá efectuar la Agencia Gallega de Desarrollo Rural a propuesta 
de uno o varios agentes promotores productivos interesados.
2.  Las solicitudes de los agentes promotores productivos que pretendan el inicio del 
procedimiento de aprobación de un polígono agroforestal se presentarán ante la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural, y deberán cumplir, además de los requisitos generales 
establecidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, los siguientes requisitos:
a)  La  identificación  del  perímetro  y  de  los  objetivos  del  polígono  agroforestal 
propuesto, expresando los cultivos o aprovechamientos productivos y sus características 
técnicas.
b)  La aportación de la documentación que acredite el acuerdo de las personas 
propietarias o representantes de los titulares de los derechos de uso o aprovechamiento 
que supongan un mínimo del 70 % del total de la superficie incluida dentro del perímetro 
del polígono agroforestal.
c)  La acreditación de la disponibilidad de los medios personales y técnicos precisos 
para la ejecución del polígono agroforestal.
d)  La  aportación  de  un  plan  de  negocio  del  proyecto  productivo  de  polígono 
agroforestal que acredite su viabilidad económica y técnica y, en particular, sus fuentes 
de  financiación  y  las  garantías  económico-financieras  que  sean  precisas  para  su 
ejecución.
e)  En su caso, la aportación de un documento ambiental, que deberá incluir los 
contenidos regulados en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, o 
norma que la sustituya.
3.  Los requisitos recogidos en las letras c) y d) del número anterior se entenderán 
cumplidos en caso de que el agente promotor productivo solicitante sea una explotación 
inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de Galicia con una antigüedad mínima 
de  tres  años  o  cuente  con  un  plan  de  viabilidad  aprobado  por  la  Administración 
autonómica, un titular inscrito en el Registro Voluntario de Silvicultores Activos o un titular 
de un terreno forestal inscrito en el Registro de Montes Ordenados, con una antigüedad 
mínima de tres años.
4.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá solicitar la subsanación, mejora y 
aclaración de la solicitud, y, en su caso, la mejora de los medios personales y técnicos y 
de  las  garantías  económico-financieras,  así  como  la  modificación  del  ámbito  de  la  es
actuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de  o
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 669ww
Artículo 104.  Informe de viabilidad.
Age1n.c iaA G alall evgias tad e dDee slaa rrsoollloic iRtuudr apl reexsaemnitnaadraá  lpao dr oeclu mageenntatec iópnr opmreosteonr tapdroad yu cvtaivloor,a rláa   BOE-A-cable e
la viabilidad del polígono agroforestal y el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la presente ley.
2.  Se elaborará, por parte de los servicios técnicos de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural, un informe de viabilidad que analice el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:
a)  La fijación del perímetro: el estudio recogerá el perímetro propuesto de actuación 
con arreglo a la definición del mismo recogida en el artículo 4. La superficie mínima será 
de 10 hectáreas, si bien podrán llevarse a cabo polígonos para perímetros de menor 
superficie, si existen circunstancias de índole ambiental, agroforestal o socioeconómica 
que así lo justifiquen, debidamente acreditadas, especialmente cuando contribuyan a 
reforzar la base territorial de las explotaciones existentes.
b)  La determinación del grado de abandono: se comprobará que en el interior del 
perímetro exista una situación productiva que permita presumir un estado de abandono o 
infrautilización no inferior al 50 % de su superficie, según lo dispuesto en el párrafo 2 del 
artículo 68 de esta ley y sin perjuicio de la resolución que se dicte tras la apertura de los 
correspondientes procedimientos regulados en la presente ley.
c)  El control del acaparamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 98 de 
la presente ley.
3.  Una vez analizada la documentación aportada con la solicitud y finalizado el 
informe señalado en el número anterior, se dará trámite de audiencia a las personas 
interesadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 de Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
4.  La resolución, de forma motivada, estimará o desestimará la solicitud de inicio de 
procedimiento, de acuerdo con la valoración de su viabilidad a que se refiere el número 2 
de este artículo. Dicha resolución deberá dictarse y notificarse dentro del plazo de seis 
meses desde la presentación de la solicitud. En caso de que la resolución no se dicte y 
notifique en el indicado plazo, las personas interesadas podrán considerar desestimadas 
sus solicitudes a los efectos de la interposición de los recursos procedentes.
Artículo 105.  Declaración de utilidad pública e interés social.
El reconocimiento de viabilidad determinará que la persona titular de la dirección de 
la Agencia Gallega de Desarrollo Rural proponga a la persona titular de la consejería 
competente en materia de medio rural que eleve al Consejo de la Xunta de Galicia la 
declaración de utilidad pública e interés social del proyecto de polígono agroforestal, 
según lo regulado en el artículo 84 de la presente ley.
Artículo 106.  Redacción del proyecto de polígono agroforestal declarado de utilidad 
pública e interés social.
1.  El agente promotor productivo deberá redactar y presentar a su cargo el proyecto 
de  polígono  agroforestal  en  el  plazo  que  se  señale  en  la  resolución  de  inicio  del 
procedimiento  de  aprobación  del  polígono  agroforestal  de  la  Agencia  Gallega  de 
Desarrollo Rural, el cual incluirá los contenidos del proyecto básico y del proyecto técnico 
de ejecución de obras regulados en los artículos 86 y 99 de la presente ley, que 
comprenden los siguientes puntos:
a)  El  perímetro,  el  catálogo  parcial,  el  documento  ambiental  y  los  precios  y  e
superficies mínimas. En la determinación de los precios se aplicará lo dispuesto en la  bo
letra e) del artículo 84.1. 669ww
infrabu)t ilizLaac rióenv.isión del parcelario afectado y la determinación de parcelas en abandono o
patrcim) onLiaa l.delimitación de exclusiones de carácter productivo, ambiental, paisajístico y
d)  La investigación de la titularidad de las parcelas.
e)  Los compromisos de adhesión al proyecto, que deberán suponer un porcentaje 
mínimo del 70 % de la superficie de las tierras incluidas en el perímetro del polígono 
agroforestal.
f)  La propuesta de reestructuración de la propiedad, en los términos regulados para 
los polígonos de iniciativa pública en el artículo 93 de la presente ley.
g)  El proyecto técnico de ejecución de obras, tramitado según lo dispuesto en el 
artículo 99 de la presente ley.
2.  El agente promotor productivo deberá solicitar, a través de Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural, los informes sectoriales o el inicio del procedimiento de evaluación 
ambiental que, en su caso, corresponda.
3.  A los efectos de la redacción del proyecto, la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural realizará una comprobación sobre el terreno de la precisión del parcelario en los 
términos regulados en el artículo 20 de la presente ley, así como, en su caso, la 
investigación  de  la  titularidad  de  las  parcelas  afectas  al  proyecto  de  polígono 
agroforestal, de acuerdo con el artículo 90 de la presente ley.
Artículo 107.  Exposición pública de las actuaciones.
1.  Una  vez  finalizadas  las  actuaciones  recogidas  en  el  artículo  anterior,  la 
documentación resultante será expuesta en la página web de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural y en el tablón edictal del ayuntamiento o ayuntamientos afectados por el 
polígono agroforestal para su consulta durante un plazo de veinte días hábiles.
2.  Asimismo, se notificará a las personas propietarias o titulares de derechos de 
aprovechamiento  de  terrenos  agroforestales  la  existencia  del  trámite  de  exposición 
pública, a los efectos de que puedan tomar conocimiento de las actuaciones.
Artículo 108.  Compromisos de adhesión.
1.  Hasta el momento previo a la elaboración de la propuesta de reestructuración, el 
agente  o  agentes  promotores  productivos,  de  conformidad  con  el  procedimiento 
establecido en el número 2 del artículo 92 de la presente ley, deberán presentar ante la 
Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural  compromisos  de  adhesión,  que  incluyen  los 
terrenos para los que el agente promotor productivo posea previamente derechos de uso 
y aprovechamiento, relativos a:
a)  Venta o, en su caso, permutas.
b)  Arrendamiento, por una duración conforme con la vida útil del proyecto.
c)  Mantenimiento  y  puesta  en  producción  de  las  tierras  conforme  a  las 
orientaciones determinadas en el proyecto, con el compromiso de su mantenimiento por 
el tiempo mínimo de la vida útil del proyecto.
2.  De existir personas propietarias de las fincas o, en su caso, titulares de las facultades 
de uso y aprovechamiento sobre aquellas, que no hayan accedido a optar individualmente 
por ninguna de las opciones previstas en el número anterior, y teniendo en cuenta las 
exclusiones señaladas en el artículo 87 de la presente ley, se entenderá que concurre la 
situación de infrautilización o abandono a los efectos de esta ley, y, una vez declarada por la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural, esta propondrá a la consejería competente en materia 
de medio rural la tramitación del procedimiento de declaración del incumplimiento de la 
función social de la propiedad establecido en el artículo 92.6 de la presente ley. e
Artículo 109.  Aprobación del proyecto de polígono agroforestal. 669ww
resu1lt.a dUosn,a l av eAzg efinncaializ Gadaallse glaa sd ea cDtueascairornoellos  Rciutaradla dse abnetreár isourmpeernvtiesa yr  loas l ac ovnistetan iddoes  sduesl 
proyecto, con especial atención a los precios y superficies mínimas fijados, así como a la
ordenación de usos propuesta. Bc
2.  Una vez verificados los contenidos del proyecto, la dirección de la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural podrá dictar propuesta de resolución de la aprobación del 
proyecto de polígono agroforestal.
3.  La propuesta de resolución de aprobación del proyecto de polígono se anunciará 
en el «Diario Oficial de Galicia», en el tablón edictal municipal y en la página web de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural, así como se notificará esta al agente o agentes 
promotores productivos.
A partir de la publicación y notificaciones señaladas, los agentes interesados en el 
polígono  dispondrán  de  un  plazo  de  diez  días  para  formular  las  correspondientes 
alegaciones sobre el proyecto.
4.  Finalizado el plazo de audiencia previsto en el número anterior, la persona titular 
de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural propondrá, en su caso, a su 
presidencia la aprobación del polígono agroforestal.
5.  La resolución de aprobación se publicará en el «Diario Oficial de Galicia» y en la 
página web de la Agencia. Asimismo, la aprobación supondrá la publicación del proyecto 
en la web de la Agencia.
6.  La puesta en marcha del polígono agroforestal se llevará a cabo de acuerdo con 
las reglas generales previstas en el capítulo I de este título.
CAPÍTULO II
Procedimiento de aprobación de aldeas modelo
Artículo 110.  Ámbito del procedimiento.
1.  El procedimiento regulado en la sección 1.ª de este capítulo se aplicará en el 
ámbito del suelo rústico dentro del perímetro de la aldea modelo, tal y como se define en 
el artículo 4 de la presente ley. Este ámbito será objeto de un proyecto de ordenación 
productiva, que delimitará un perímetro de actuación integral que podrá abarcar terrenos 
que no se incluyan en dicho proyecto por estar ya en explotación o parcelas que han 
sido excluidas voluntariamente por las personas titulares.
2.  El ámbito clasificado como suelo de núcleo rural dentro del perímetro de la aldea 
modelo  podrá  ser  objeto,  total  o  parcialmente,  de  un  plan  de  dinamización  en  los 
términos regulados en la sección 2.ª de este capítulo.
Sección 1.ª Procedimiento específico de declaración, aprobación y ejecución 
de aldeas modelo
Artículo 111.  Solicitud de declaración de aldeas modelo.
1.  Los ayuntamientos interesados en la declaración de una aldea modelo en su 
término municipal deberán presentar una solicitud acompañada de una propuesta de 
perímetro y de la documentación justificativa de los siguientes requisitos:
a)  Que el ayuntamiento justifique que dispone del acuerdo de las personas titulares 
de los derechos de aprovechamiento que alcancen el mínimo del 70 % de la superficie 
del perímetro propuesto de la aldea modelo.
Con la solicitud, los ayuntamientos presentarán una relación de personas titulares de 
derechos  de  aprovechamiento  de  las  parcelas  incluidas  dentro  de  la  propuesta  de  s
perímetro de aldea modelo, con indicación, respectivamente, de aquellas para las que se  oe.
adsteurisnt ípidcnourcánllo uel sa 1di 9óec.no 8a.n  udLsteaiod srleai zar aapuccrteoiióósrnniez ,na ddtceeei o  laaencqyer.usee dilrilátaanst i vaqacu oedm enp ota itfñuualead rpaidosas ddibe lee un ln olaco asdl ietzécarlram ryia ndcoeiós  nlae srse tqasupbeole nrcesidacohbsale ze,a nqr ouenel    2021-10669n https://www.
En el caso de las parcelas incluidas en el perímetro de la aldea modelo para las que
resulte imposible identificar a las personas propietarias, con respeto, en todo caso, de los  Bc
derechos de los posibles titulares, se aplicará el procedimiento de investigación de 
titularidad de las parcelas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la 
presente ley.
Las personas titulares de los derechos de aprovechamiento sobre parcelas incluidas 
en el perímetro propuesto con facultades para arrendarlas con arreglo a la legislación 
civil y que voluntariamente acuerden adherirse a una aldea modelo, deberán asumir el 
permiso  de  entrada  en  ellas  para  la  realización  de  las  actuaciones  preparatorias 
necesarias  para  materializar  la  cesión  e  incluir  adicionalmente  un  compromiso  de 
incorporación de dichas parcelas al Banco de Tierras para su cesión por un período 
mínimo de diez años, que por causas técnicas justificadas podrá ser reducido a cinco, a 
partir del momento en que exista, en su caso, una propuesta seleccionada en el proceso 
de concurrencia competitiva.
La cesión se realizará mediante la firma de un modelo normalizado aprobado por la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural en el que se declare la firmeza de los compromisos 
asumidos, incluido el de la formalización, por parte de las referidas personas titulares de 
derechos de aprovechamiento, de los contratos de arrendamiento con las personas 
arrendatarias en las condiciones que resulten de aplicar el correspondiente proyecto de 
ordenación  productiva  y  del  resultado  del  procedimiento  de  concurrencia  para  la 
selección de las personas arrendatarias previsto en la presente ley.
En el caso de incumplimiento de dicho compromiso, la persona titular de la finca 
deberá reembolsar a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural los costes derivados de las 
actuaciones preparatorias señaladas anteriormente.
b)  Que el ayuntamiento esté adherido al Sistema público de gestión de la biomasa 
en las fajas secundarias definido en el artículo 21 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de 
prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia.
c)  Que exista grave situación de abandono en un mínimo del 50 % del perímetro 
propuesto, lo que se acreditará mediante informe debidamente justificado.
d)  Que las tierras incluidas en el perímetro propuesto posean mayoritariamente 
buenas características productivas, lo que se acreditará mediante informe debidamente 
justificado.
2.  El Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, a propuesta de la 
persona  titular  de  su  dirección  general,  atendiendo  a  la  solicitud  del  ayuntamiento 
interesado y una vez incorporado al expediente el informe favorable del órgano gestor 
del Banco de Tierras de Galicia sobre la concurrencia de los requisitos expuestos en el 
punto anterior, declarará la aldea modelo.
3.  El  número  de  procedimientos  abiertos  de  declaración  de  aldeas  modelo  se 
adecuará a los medios humanos y materiales de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, 
y se podrán priorizar las actuaciones por resolución motivada de la persona titular de su 
dirección, en base a las características de las solicitudes referidas al cumplimiento de los 
requisitos del número 1 de este artículo.
4.  Reglamentariamente podrán recogerse otros requisitos que deberán cumplirse 
para la declaración de aldea modelo.
Artículo 112.  Declaración de utilidad pública e interés social.
1.  A propuesta de la persona titular de la dirección de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural, la persona titular de la consejería competente en materia de medio 
rural elevará al Consejo de la Xunta de Galicia la declaración de utilidad pública e interés  e
social de la aldea modelo. bo
2.  En la declaración de utilidad pública e interés social se incluirán: 669ww
artícau)l o L4a d ed elali mpriteasceiónnte  dleeyl . pEesrtíam deetrloim idtaec ilóan  aplodderaá  mmooddeiflioca, rtsael  dcuormanot es ela  deejefcinuec ióenn  deel 
los proyectos cuando circunstancias de índole agroforestal, ambiental o socioeconómica
así  lo  aconsejen,  y  será  precisa  resolución  motivada  de  la  persona  titular  de  la  Bc
presidencia de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, a propuesta de la persona titular 
de la dirección.
b)  La autorización para la redacción del proyecto de ordenación productiva.
c)  La autorización para la ejecución de los procedimientos de investigación de la 
titularidad y declaración de abandono.
3.  La declaración de utilidad pública e interés social implicará el reconocimiento de 
la existencia de razones de interés público a los efectos de la aplicación de la tramitación 
de urgencia al procedimiento y a los informes ambientales y sectoriales por los órganos 
autonómicos y de la Administración local de la Comunidad Autónoma de Galicia.
4.  La declaración de utilidad pública e interés social, con el contenido señalado en 
el número 2 de este artículo, así como la propia declaración de la aldea modelo, se 
publicarán en el «Diario Oficial de Galicia».
Artículo 113.  Proyecto de ordenación productiva.
1.  Una vez declarada la utilidad pública y el interés social de la aldea modelo, la 
persona titular de la dirección de la Agencia acordará el inicio de los trámites necesarios 
para la redacción del proyecto de ordenación productiva y autorizará las operaciones de 
limpieza para las parcelas que asuman el compromiso de adhesión al Banco de Tierras. El 
ámbito de la zona de actuación se definirá por un perímetro de actuación integral, que podrá 
abarcar terrenos que no se incluyan en el proyecto de ordenación productiva de la aldea 
modelo por estar ya en explotación o parcelas que han sido excluidas voluntariamente por 
las personas titulares. En cualquier caso, las parcelas excluidas deberán cumplir con los 
requisitos de limpieza y mantenimiento recogidos en la presente ley, sin perjuicio, en su 
caso, de la aplicación del procedimiento de declaración de abandono.
2.  Los  proyectos  de  ordenación  productiva  se  configuran  como  un  documento 
técnico en el que se delimitarán los usos productivos más idóneos para la explotación de 
las parcelas incluidas en la aldea modelo y serán elaborados por personal técnico 
competente en materia agroganadera o forestal de la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural con el siguiente contenido mínimo:
a)  La delimitación del perímetro.
b)  La relación de las parcelas incluidas en el perímetro, de las parcelas excluidas y 
de sus causas de exclusión, así como la relación de las parcelas cuyas personas 
titulares no haya sido posible localizar, de acuerdo con la certificación del ayuntamiento.
c)  Un estudio técnico que tendrá la consideración de catálogo parcial, según lo 
dispuesto en el artículo 31 de la presente ley, en el que se determinen aquellos cultivos o 
aprovechamientos para los que exista una mayor aptitud, técnicamente justificada, desde 
el punto de vista económico, técnico, social y ambiental, en la totalidad o en una parte 
del perímetro, que serán considerados como preferentes, y aquellos otros que, sin 
presentar  las  anteriores  características,  no  impliquen  daños  de  carácter  social  o 
ambiental, que serán considerados secundarios.
d)  El parcelario interior, junto con la aptitud o aptitudes productivas de cada parcela, 
y la relación de parcelas afectadas.
e)  Los  plazos  de  arrendamiento  para  todos  los  grupos  de  cultivos  o 
aprovechamientos,  con  indicación  expresa  de  aquellos  para  los  que,  por  razones 
técnicas, sea necesaria la ampliación del período mínimo de diez años.
f)  La descripción de las obras e infraestructuras necesarias para la puesta en  s
producción de las actividades a desarrollar en la aldea modelo, sin perjuicio de su  oe.
lppaao arsaltgde )ler aiao p Lrm rocesoos dnpeecrnelroteca.iccoiisóó nnm  deínenim  plaoro sc pdouene vsaotracresan tdoderai ama ipderenotlv ope qrcouhceae mrdeiisemunilettoen ntdo ea p dllaeics ac bpolanercsc uearl raleasns c inpiaca orccropemolarspa edstaoitsbiv raae    2021-10669n https://www.
las que existe un compromiso de incorporación al Banco de Tierras para su cesión ulterior en
arrendamiento. Estos precios se determinarán de acuerdo con lo señalado en el artículo 53. Bc
3.  Una  vez  acordado  el  inicio  de  la  redacción  del  proyecto  de  ordenación 
productiva, la persona titular de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
solicitará  la  emisión  de  informe  por  parte  de  aquellos  órganos  sectoriales  cuyas 
competencias se vean afectadas, poniendo de manifiesto la existencia de razones de 
interés público a los efectos de la tramitación de urgencia.
Artículo 114.  Tramitación ambiental.
1.  El borrador del proyecto de ordenación productiva, teniendo en cuenta su ámbito 
y características, podrá estar sujeto a evaluación ambiental. En este caso, se seguirá el 
procedimiento de tramitación establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, o normativa básica estatal que la sustituya.
2.  La  Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural  garantizará  que  los  trámites  de 
información pública y de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las 
personas  interesadas  en  el  procedimiento  de  evaluación  ambiental  se  realicen  de 
manera simultánea a los trámites análogos que, en su caso, deban practicarse en el 
procedimiento  sustantivo  de  adopción,  aprobación  o  autorización  del  proyecto  de 
ordenación productiva.
Artículo 115.  Aprobación del proyecto de ordenación productiva.
1.  Salvo  en  los  supuestos  en  que  el  proyecto  de  ordenación  productiva  se 
encuentre  sometido  al  procedimiento  de  evaluación  ambiental,  los  borradores  de 
proyectos de ordenación productiva se someterán a un trámite de información pública 
por un plazo de un mes desde la publicación del anuncio de dicho trámite en el «Diario 
Oficial  de  Galicia».  El  anuncio  se  remitirá  a  los  ayuntamientos  solicitantes,  que  lo 
publicarán también en el tablón edictal de los ayuntamientos donde esté ubicada la aldea 
modelo. Igualmente, el citado anuncio figurará en la página web de la Agencia Gallega 
de Desarrollo Rural, donde estará disponible toda la documentación.
2.  Concluida la tramitación de la evaluación ambiental, en los casos en que sea 
preceptiva, o finalizado el trámite de información pública regulado en el número anterior 
en los restantes supuestos, se evaluarán todas aquellas alegaciones presentadas, y se 
incorporarán, en su caso, las modificaciones procedentes en el contenido del proyecto 
de ordenación productiva.
3.  El  Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, concluida la 
tramitación anterior y a propuesta de la persona titular de su dirección general, aprobará 
el proyecto de ordenación productiva. La aprobación se publicará en el «Diario Oficial de 
Galicia», en el tablón edictal de los ayuntamientos donde se ubique la aldea modelo y en 
la página web de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
4.  El plazo máximo para aprobar el proyecto será de dieciocho meses, a contar 
desde la presentación de la solicitud.
Artículo 116.  Actuaciones de ejecución.
1.  Una vez concluidos los trabajos de limpieza y publicada la aprobación definitiva 
del proyecto de ordenación productiva, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural procederá 
a realizar la convocatoria de un procedimiento de concurrencia competitiva para la 
selección de propuestas para el aprovechamiento de parcelas incorporadas a la aldea 
modelo, y establecerá los requisitos de admisión de las propuestas de participación. s
2.  Las  propuestas  en  su  conjunto  deberán  recoger  la  totalidad  de  las  tierras  oe.
incluidas en la aldea modelo, aunque es posible que dos o más personas formulen  w.
propuestas parciales siempre que en su conjunto se incorpore la totalidad de las tierras  669ww
cinocmlupidleatsa se ny  llaa  aplrdoepau,e nsota e sxeis traena liscoel ayp asmeaie envtoaslu, asdea t rcaoten jusnietmampreen tdee.  Urenpaa rvtoe zd ree spuaerclteal alas 
cfiormncaudrores npcoiar ,c ayd sai  praerstuícltiap ef ainvdoirvaidbulea ll,a s epgroúpnu leasst ap,a rlocse lacso nqturaet ofisg ucroernr eesnp eoln rdeiepnatretos. serán  BOE-A-cable e
3.  En la referida convocatoria se determinarán los criterios más adecuados de 
valoración  para  la  selección  de  propuestas  de  aprovechamiento  de  los  terrenos 
incorporados  a  la  aldea  modelo  mediante  la  tramitación  de  un  procedimiento  de 
concurrencia  competitiva.  Entre  otros,  deberán  tenerse  en  cuenta,  en  su  caso,  los 
siguientes:
a)  La complementariedad con otros proyectos de aldea modelo y la generación de 
sinergias.
b)  Las orientaciones productivas definidas como preferentes, que se priorizarán con 
respecto a las secundarias.
c)  La ampliación de la base territorial de las explotaciones existentes.
d)  La producción ecológica.
e)  La continuidad con otras iniciativas de movilidad de tierras gestionadas por las 
mismas personas proponentes.
f)  Las  propuestas  presentadas  por  personas  que  aporten  un  compromiso  de 
residencia en el ámbito de actuación de la aldea modelo. Se les otorgará la máxima 
puntuación en el apartado a las formuladas por personas que vayan a residir en la aldea 
y, en segundo lugar, a las que vayan a residir en el ayuntamiento o en los ayuntamientos 
limítrofes.
g)  El precio ofertado de arrendamiento, que será, como mínimo, igual al establecido 
en el proyecto de ordenación productiva.
h)  La  incorporación  a  la  actividad  agraria,  valorándose  la  creación  de  nuevas 
explotaciones,  la  incorporación  de  personas  jóvenes  y  la  de  mujeres  titulares  o 
cotitulares de las explotaciones.
i)  La aportación de tierras que ya formen parte del perímetro de la aldea modelo. 
Obtendrán la puntuación máxima aquellas propuestas en que se proporcionen tierras 
gestionadas por las personas que concurran a la convocatoria.
j)  La aplicación de las medidas de acceso a la tierra recogidas en el artículo 38 de 
la presente ley.
k)  La gestión forestal activa y sostenible que promueva la multifuncionalidad, los 
servicios ecosistémicos y la lucha contra el cambio climático.
4.  Las propuestas de participación deberán contener una memoria que identifique, 
como  mínimo,  los  terrenos  que  se  pretenden  aprovechar,  los  cultivos  o 
aprovechamientos correspondientes y la renta que se vaya a satisfacer a las personas 
titulares de los derechos sobre ellos, en los términos establecidos en el proyecto de 
ordenación productiva. También deberán aportar, si así se incluye en la convocatoria, un 
proyecto básico de las obras que pretenda realizar para el desarrollo de su propuesta.
5.  A los efectos de la valoración de las propuestas y su viabilidad, la Agencia 
Gallega  de  Desarrollo  Rural  podrá  requerir  cuanta  documentación  complementaria 
estime pertinente, incluida la presentación de un proyecto de ejecución de la actuación 
propuesta.
6.  En caso de que se presenten propuestas que soliciten la cesión de terrenos por 
un plazo superior al mínimo de diez años, antes de la selección de la propuesta deberá 
darse traslado a las personas titulares de los derechos sobre los terrenos para que 
presten su conformidad. En caso de que alguna de las personas titulares no acepte el 
plazo, se dará traslado a la persona proponente para que replantee su propuesta. En 
caso contrario, no podrá ser seleccionada.
7.  El órgano de gestión del Banco de Tierras de Galicia emitirá una propuesta de  e
selección de las propuestas admitidas en la que se justifique la aplicación de los criterios  bo
de  valoración  establecidos  en  la  convocatoria,  de  acuerdo  con  las  previsiones  del  669ww
pdreo syeelcetcoc dióen  ocrodrerensapcoiónnd eprráo dau clati vpae rdseo nlaa  atiltduelaar  mdeo dlae ldoi.r eLcac iróens odleu claió nA gdeenl cpiaro Gceadlliemgiae ndtoe 
Dcueasnadrroo lllaos  pRruorpaul,e sqtuaes  ptraemsebniétand apso dnroá  cduemcplalaranr l oqsu ree qeuli siptorosc.edimiento  quede  desierto
8.  En  caso  de  que  no  se  presenten  en  plazo  propuestas  o  ninguna  de  las 
presentadas cumpla los requisitos exigidos, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
podrá  acordar  la  apertura  de  un  nuevo  plazo  de  presentación,  y  se  admitirán  las 
propuestas que se presenten dentro del nuevo plazo atendiendo a su prioridad temporal, 
siempre que cumplan los requisitos de admisión previstos en la convocatoria y el plazo 
de duración del compromiso de incorporación de las personas titulares de los derechos 
de aprovechamiento de las parcelas al Banco de Tierras.
9.  Se notificará a cada participante la estimación o desestimación de su solicitud 
con indicación de los recursos que procedan.
10.  Una vez resuelto el procedimiento de selección, que no podrá exceder del plazo 
de seis meses, a contar desde la publicación de la convocatoria, se procederá a la 
incorporación de las parcelas al Banco de Tierras de Galicia y a la firma de los contratos 
de arrendamiento con la persona que haya formulado la propuesta seleccionada.
Artículo 117.  Compromisos de la Administración autonómica.
1.  La  declaración  de  aldea  modelo  determinará  la  asunción  por  parte  de  la 
consejería con competencias en medio rural de la limpieza de los terrenos de las 
personas titulares incluidos en su perímetro que asuman el compromiso de incorporación 
de dichos terrenos al Banco de Tierras.
2.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá acometer las actuaciones técnicas 
necesarias, incluida, en su caso, la redacción del proyecto de obras e instalaciones, que 
incluirá los siguientes contenidos:
a)  Las actuaciones en infraestructuras rurales colectivas indispensables para la 
ejecución del proyecto de ordenación productiva, según lo descrito en el número 2 del 
artículo 60 de Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de 
Galicia.
b)  Las restantes obras e instalaciones, con exclusión de las edificaciones, así como 
las operaciones agronómicas necesarias para la puesta en producción.
c)  El contenido de los pliegos de condiciones técnicas y, en su caso, las mejoras 
recogidas en la propuesta.
En caso de ser necesario, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá solicitar los 
correspondientes  informes  sectoriales  para  la  ejecución  de  las  obras.  Los 
pronunciamientos contenidos en los informes sectoriales recabados en el procedimiento 
de aprobación del proyecto de ordenación productiva conservarán su validez siempre 
que se mantengan las circunstancias que los motivaron, por lo que no resultará precisa 
una nueva tramitación sectorial.
Del proyecto de obras e instalaciones se dará traslado al ayuntamiento a efectos de 
que informe en el plazo de un mes sobre su adecuación a la ordenación urbanística 
vigente y, en su caso, sobre las correcciones que sea necesario efectuar de acuerdo con 
la indicada ordenación, que deberán ser introducidas en el proyecto. El proyecto se 
someterá a la aprobación de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, que, en caso de 
encontrar  deficiencias,  señalará  estas  y  dará  un  plazo  de  quince  días  para  su 
subsanación.
La ejecución de las obras e instalaciones descritas en la letra a) de este número no 
requerirá de título habilitante urbanístico. El resto de las obras e instalaciones seguirán la 
tramitación establecida en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, sin que  s
sean de aplicación las distancias mínimas a viviendas y asentamientos de población  oe.
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acondicionamiento,  limpieza  y  puesta  en  cultivo  de  las  fincas  que  haya  asumido
atendiendo a las potencialidades productivas de la aldea modelo. En su caso, esta  Bc
previsión se recogerá en el pliego de condiciones y se incorporará en el acuerdo firmado 
con el arrendatario en el momento de la firma de los contratos de arrendamiento.
4.  La aprobación de la declaración de aldea modelo y del proyecto de ordenación 
productiva  determinará  que  los  terrenos  de  las  fajas  secundarias  de  gestión  de  la 
biomasa de la aldea modelo que no estén incluidos en el perímetro de aldea modelo o 
que, incluidos en él, no se incorporen al Banco de Tierras, puedan acogerse al Sistema 
público de gestión de la biomasa definido en el artículo 21 quater de la Ley 3/2007, de 9 
de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia. En estos 
casos, si las personas titulares de los terrenos aceptan su incorporación al indicado 
sistema, la Administración autonómica aplicará la tarifa correspondiente durante el plazo 
de duración de dicho sistema.
5.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural promoverá la adopción de acuerdos con 
operadores económicos con el objetivo de intentar garantizar la viabilidad económica de 
la  aldea  modelo  mediante  el  compromiso,  entre  otros,  de  adquisición  de  las 
producciones resultantes de la puesta en valor de los terrenos, sin perjuicio de la libertad 
de contratación de las personas arrendatarias de los terrenos.
Sección 2.ª Planes de dinamización del núcleo rural de las aldeas modelo
Artículo 118.  Concepto y objeto de los planes de dinamización del núcleo rural de las 
aldeas modelo.
1.  El plan de dinamización del núcleo rural de las aldeas modelo es un instrumento 
de planificación que formulará un programa plurianual que abarcará, total o parcialmente, 
los ámbitos clasificados como suelo de núcleo rural dentro del perímetro de las aldeas 
modelo, y en el que se integran actuaciones a nivel arquitectónico y tecnológico dirigidas 
a fomentar políticas de rehabilitación de edificios y de viviendas y la mejora del espacio 
público junto con otras a nivel económico, ambiental y social.
2.  Los  planes  de  dinamización  tienen  como  objeto  coordinar  las  actuaciones 
públicas y privadas destinadas a la dinamización y a la regeneración de estos ámbitos, 
así como al impulso de la recuperación de la actividad económica, a la innovación 
tecnológica y a la mejora de las condiciones de vida de las personas residentes. Estas 
actuaciones  incluirán,  entre  otras,  la  mejora  de  la  habitabilidad  de  las  viviendas, 
atendiendo  a  criterios  de  eficiencia  energética  y  de  integración  paisajística,  la 
implantación de sistemas alimentarios locales y canales cortos de comercialización, la 
promoción  de  estrategias  para  la  generación  de  valor  añadido  en  los  productos 
agroalimentarios, el diseño de modelos de negocio local sostenibles o el desarrollo de 
soluciones basadas en la naturaleza.
3.  La consejería competente en materia de medio rural elaborará un modelo de 
plan de dinamización del núcleo rural de las aldeas modelo que servirá como guía para 
su redacción.
Artículo 119.  Contenido de los planes de dinamización del núcleo rural de las aldeas 
modelo.
Los planes de dinamización de los núcleos rurales de las aldeas modelo contendrán, 
al menos, las siguientes determinaciones:
a)  La delimitación del ámbito objeto de la actuación, que podrá ser continuo o  es
discontinuo. o
frarieennfceáeuslbropi )ddge oeorsa sLi cn aaitó le idnglroée adsssd e coptmrusripir onícsgcaitrói ipácnifolo iac,sd  at er egay ce nlloonassne fmo ororamemblejíojaaesrc  taiidvó vdeonee s rla  dalamqes u  cbeaaioe lld insdeeteaaa cdls,po   denrmeerosh omviadgiíbdeuaiale loi tnd,ap  eclqae iuóltnaeen  ap  ldadpoe aubf  eloeadrqdcmeuiifónieucn  laai.ncbcciieoólunnnieer  fsditc aeyimel  onbpt riléaolanns     OE-A-2021-10669able en https://www.
c)  El análisis del ámbito de actuación y la diagnosis de los problemas existentes 
que  obstaculicen  o  impidan  su  rehabilitación.  Este  análisis  deberá,  como  mínimo, 
abarcar los siguientes aspectos:
1.º  El estudio de la edificación existente, en el que se tendrán en cuenta el estado 
de conservación de las edificaciones y sus condiciones de habitabilidad y de capacidad, 
o las carencias, para acoger usos residenciales, su grado de ocupación, los usos y las 
actividades,  los  valores  singulares  del  ámbito  en  su  conjunto  y  de  sus  elementos 
singulares merecedores de protección, y la puesta en valor del patrimonio cultural.
2.º  La identificación de sus titulares o, en los casos en que no se tenga certeza 
sobre su titularidad, la indicación sobre la procedencia de iniciar un procedimiento de 
investigación de la titularidad.
3.º  El estudio de las dotaciones y de los equipamientos, en el que se indiquen los 
valores y las deficiencias existentes y se analicen las posibilidades de incluir nuevas 
dotaciones con el objetivo de potenciar la renovación y la regeneración del ámbito.
4.º  El estudio de los espacios libres, de carácter público y privado, así como de las 
características de los servicios urbanísticos existentes, y en el que se analicen los 
déficits que puedan existir.
5.º  El análisis de la población residente, que deberá recoger, como mínimo, los 
aspectos relativos a la edad, a la ocupación y al régimen de tenencia de las viviendas.
6.º  El  análisis  de  las  actividades  económicas  que  se  desarrollen  y  de  las 
potencialidades que se puedan detectar para generar nuevas actividades.
7.º  El estudio del comercio de cercanías, con sus déficits y sus carencias.
d)  La propuesta de intervención, en la que se especificarán las medidas que el 
programa  propone  adoptar  en  los  campos  social,  económico,  tecnológico  y  de 
intervención en la edificación y en la renovación y rehabilitación.
La propuesta de intervención deberá recoger la relación y la ubicación de las obras y 
actuaciones integradas en el plan y la estimación de los costes de dichas obras y 
actuaciones. Igualmente, la propuesta podrá incluir previsiones sobre la intermediación 
de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural en la compraventa, permuta o arrendamiento 
de edificaciones en la aldea modelo.
Las actuaciones de intervención en la edificación y en la renovación y rehabilitación 
deberán sujetarse a lo establecido en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia, y en la Ley 1/2019, de 22 de abril, de rehabilitación y de regeneración y 
renovación urbanas de Galicia. De acuerdo con lo indicado, en particular, con carácter 
previo al inicio de las actuaciones de rehabilitación, el ayuntamiento, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1/2019, podrá delimitar, en su caso, el ámbito de la 
actuación, mediante un acuerdo administrativo de identificación de la actuación aislada 
de rehabilitación o de delimitación de un área de actuación conjunta, que tendrá el 
contenido expresado en la norma citada. Asimismo, las actuaciones de intervención 
podrán ser desarrolladas, en colaboración con el ayuntamiento, directamente por parte 
de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
e)  La memoria de viabilidad económica, que contendrá la formulación del programa 
de inversiones públicas y privadas que prevé el plan.
Este programa deberá reflejar los recursos directos e indirectos con los que se 
pretenda financiar las obras y las actuaciones incluidas en el plan, así como establecer el 
orden de prioridades para su ejecución y la programación temporal para la iniciación de 
las obras y de las actuaciones que incluye. e
En este programa de inversiones, la financiación pública preverá las aportaciones del  bo
ayuntamiento  que  contribuyan  a  financiar  las  actuaciones  recogidas  en  el  plan.  La  669ww
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estar supeditada a la resolución de las oportunas convocatorias públicas.
f)  El análisis de la eventual eficacia de las medidas propuestas para conseguir los 
fines establecidos, con indicación de la coherencia entre las normas y las actuaciones 
propuestas, particularmente las previstas en el proyecto de ordenación productiva.
g)  El programa de seguimiento y de evaluación anual de las actuaciones.
h)  Los mecanismos para fomentar la participación social de la población y de sus 
entidades representativas y la gobernanza de las aldeas modelo.
Artículo 120.  Procedimiento de formulación y aprobación de los planes de dinamización 
del núcleo rural de las aldeas modelo.
1.  Los planes de dinamización de los núcleos rurales de las aldeas modelo serán 
formulados por los ayuntamientos, que podrán pedir la colaboración de la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural para su realización.
2.  La  tramitación  de  los  planes  de  dinamización  se  ajustará  al  siguiente 
procedimiento:
a)  El  ayuntamiento  elaborará  el  proyecto  del  plan  de  dinamización,  que  será 
redactado  por  equipos  multidisciplinares  atendiendo  a  las  actividades  propuestas  y 
conforme a los objetivos, los criterios básicos de la intervención, la propuesta de las 
medidas que se deben adoptar y la evaluación económica de las actuaciones públicas y 
privadas que se prevean, con indicación del organismo o de los organismos encargados 
de su financiación. Asimismo, cuando el documento establezca la posibilidad de que 
otras administraciones participen en la financiación o en la adopción de las medidas 
propuestas, deberá acreditarse la disponibilidad o la posibilidad de su obtención.
b)  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural será la entidad pública encargada de la 
tramitación  del  plan  de  dinamización.  Recibida  la  documentación  correspondiente 
enviada por el ayuntamiento, el citado organismo remitirá el documento a los distintos 
departamentos de la Xunta de Galicia afectados por el plan para la emisión del informe 
en el plazo de un mes.
Estos informes deberán pronunciarse sobre la viabilidad técnica y, en su caso, la 
financiación de las actuaciones que les corresponden, propondrán los programas de 
actuación o las actividades y formularán, en su caso, las propuestas de modificación o 
las  observaciones  y  alternativas  que  estimen  convenientes.  En  dicho  informe  se 
establecerán las condiciones a las cuales deberán ajustarse los programas incluidos en 
el plan de dinamización para garantizar la participación del organismo correspondiente.
c)  Al recibir los informes, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, en su caso, 
propondrá al ayuntamiento que elaboró el plan las correcciones que deberán introducirse 
en el documento. En caso de que no sean realizadas, la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural procederá al archivo del expediente.
d)  Realizadas las correcciones, o en caso de no ser necesarias, el plan será 
sometido  a  la  aprobación  del  Consejo  de  la  Xunta  de  Galicia,  a  propuesta  de  la 
consejería competente en materia de medio rural.
e)  En caso de que el Consejo de la Xunta de Galicia acuerde la aprobación del 
plan, determinará, asimismo, las consejerías y los organismos de la Xunta de Galicia que 
deberán participar en él.
f)  El acuerdo se publicará en el «Diario Oficial de Galicia», en la página web de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural y en el tablón edictal del ayuntamiento.
Artículo 121.  Modificaciones y revisiones de los planes de dinamización del núcleo rural  es
de las aldeas modelo. bo
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CAPÍTULO III
Medidas de fomento de la incorporación de personas jóvenes o emprendedoras 
a la actividad agraria: espacios agrarios de experimentación
Artículo 122.  Espacios agrarios de experimentación.
1.  Los  espacios  agrarios  de  experimentación  se  configuran  como  espacios 
destinados a la formación y experimentación de actividades agrarias, en los que las 
personas jóvenes o emprendedoras puedan recibir formación y probar su modelo de 
negocio en un entorno favorable que fomente la innovación y facilite su incorporación 
progresiva al sector agrario y la transferencia de conocimiento.
2.  El objetivo de estos espacios será facilitar procesos progresivos de nuevas 
incorporaciones, particularmente de personas jóvenes, al sector agrario a través de las 
siguientes actuaciones:
a)  Impulso  de  nuevos  modelos  de  relevo  generacional  en  el  ámbito  agrario, 
proporcionando el espacio físico, las herramientas y las infraestructuras necesarias para 
iniciar proyectos nuevos e innovadores.
b)  Impulso de nuevos modelos de formación, asesoramiento y transferencia de 
conocimiento.
c)  Provisión de espacios para el ensayo de nuevas ideas y proyectos antes de su 
incorporación efectiva al mercado y la validación de su viabilidad técnica y económica.
d)  Fomento de la bioeconomía circular, de las cadenas cortas de comercialización y 
de modelos agroecológicos.
Artículo  123.  Declaración  y  ámbito  espacial  de  los  espacios  agrarios  de 
experimentación.
1.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá declarar, mediante acuerdo de su 
Consejo Rector, una aldea modelo como espacio agrario de experimentación cuando, 
finalizado el procedimiento de concurrencia competitiva regulado en el artículo 116, no se 
hayan  presentado  en  plazo  propuestas  o  ninguna  de  las  presentadas  cumpla  los 
requisitos exigidos.
2.  En el caso de que el espacio agrario de experimentación non abarcase la 
totalidad de las parcelas de la aldea modelo, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
podrá convocar un nuevo procedimiento de concurrencia competitiva en los términos 
previstos en el artículo 116, referido a las parcelas no integradas en dicho espacio.
Artículo 124.  Efectos de la declaración de espacio agrario de experimentación.
1.  La declaración de espacio agrario de experimentación tendrá carácter temporal. 
Su vigencia no podrá exceder del plazo de duración del compromiso de incorporación de 
las personas titulares de derechos de aprovechamiento de las parcelas al Banco de 
Tierras.
2.  Finalizado el plazo de vigencia del espacio agrario de experimentación, podrá 
realizarse una nueva convocatoria del procedimiento de concurrencia competitiva para la 
selección de propuestas para el aprovechamiento de las parcelas integradas en él, en 
los términos previstos en el artículo 116.
3.  Entre los criterios de valoración de la nueva convocatoria del procedimiento de  e
concurrencia competitiva deberá incluirse la continuidad en sus explotaciones de las  bo
personas jóvenes o emprendedoras que hayan participado en el espacio agrario de  669ww
experimentación.
Artículo 125.  Funcionamiento de los espacios agrarios de experimentación.
1.  Una vez declarado el espacio agrario de experimentación se procederá a la 
incorporación de las parcelas integradas en él al Banco de Tierras de Galicia. La Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural podrá asumir como arrendatario la firma de los contratos de 
arrendamiento de dichas parcelas por el tiempo de vigencia del espacio agrario de 
experimentación. En estos contratos de arrendamiento se aplicarán los precios mínimos 
recogidos en el proyecto de ordenación productiva de la aldea modelo.
2.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural redactará un plan de actuaciones para la 
puesta  en  marcha  de  las  actividades  del  espacio  agrario  de  experimentación,  que 
deberán ajustarse a las establecidas en el proyecto de ordenación productiva previsto en 
el artículo 113. Asimismo, la Agencia podrá ejecutar total o parcialmente las obras 
correspondientes para la puesta en marcha del espacio agrario de experimentación.
3.  La  Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural  podrá  suscribir  convenios  de 
colaboración con los ayuntamientos afectados, con otras administraciones públicas o con 
entidades  públicas  o  privadas  para  el  desarrollo  de  los  espacios  agrarios  de 
experimentación.
TÍTULO VII
Instrumentos de fomento de la recuperación de la tierra agraria de Galicia
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 126.  Medidas de fomento.
1.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá:
a)  Realizar trabajos de mejora en las fincas integradas en el Banco de Tierras, de 
acuerdo con lo previsto en las condiciones generales de prestación del servicio, con la 
finalidad de conservar los recursos naturales de aquellas y favorecer su explotación 
racional.
b)  Establecer líneas de ayudas destinadas a la limpieza, a la puesta en cultivo o 
funcionamiento y a las mejoras, incluso de carácter permanente, en las fincas integradas 
en el Banco de Tierras, cuyos beneficiarios podrán ser tanto las personas titulares como 
las personas arrendatarias de estas.
c)  Ejecutar,  en  todo  o  en  parte,  las  obras  correspondientes  a  los  polígonos 
agroforestales, a las aldeas modelo o a las actuaciones de gestión conjunta previstos en 
la presente ley, con carácter excepcional, y siempre por motivos de interés público o 
social.
d)  Conceder de forma directa ayudas, y prestar apoyo técnico y financiero a la 
tramitación con respecto a los polígonos agroforestales, a las aldeas modelo o a las 
actuaciones de gestión conjunta que posean carácter singular por desarrollarse dichos 
proyectos a través de los procedimientos previstos en la presente ley, previa justificación 
de su interés público, social o económico que dificulte su convocatoria pública.
e)  Suscribir,  directamente  con  los  interesados  o  con  entidades  financieras, 
convenios para facilitar operaciones financieras o la concesión de subvenciones y otras 
ayudas económicas a las personas arrendatarias de las fincas integradas en el Banco de  e.
Tierras, destinadas a la adquisición de su propiedad. w.
f)  Promover convenios con sociedades de garantía recíproca para apoyar a los  669ww
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incremento de su base territorial y a los colectivos vulnerables que se recogen en la 
letra b) del artículo 38 de la presente ley.
g)  Subvencionar,  total  o  parcialmente,  los  precios  de  arrendamiento  en  los 
polígonos agroforestales, en las aldeas modelo y en las actuaciones de gestión conjunta 
de tierras a los que se refiere el título V, mediante ayudas a las personas titulares o 
arrendatarias  siempre  que  se  considere  que  las  condiciones  económicas  de  la 
transferencia sean incompatibles con la viabilidad técnica o social del proyecto.
h)  Subvencionar los proyectos previos respecto de los polígonos agroforestales o 
de las actuaciones de gestión conjunta, sea total o parcialmente. En el caso de que las 
actuaciones se proyectasen en municipios o áreas rurales que presenten grave regresión 
demográfica podrán concederse de forma directa.
2.  Asimismo, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá:
a)  Suscribir convenios con otras administraciones o entidades públicas o privadas 
titulares de fincas de tierra agroforestal, con el fin de que estas se puedan incorporar al 
Banco de Tierras de Galicia.
b)  Establecer  incentivos  para  que  las  personas  titulares  de  fincas  de  tierra 
agroforestal las incorporen al Banco de Tierras de Galicia.
c)  Impulsar  convenios  de  colaboración  con  entidades  colaboradoras  para  la 
realización  de  actuaciones  de  asesoramiento  en  la  puesta  en  marcha  de  los 
instrumentos de movilización y de recuperación de la tierra agraria.
3.  Los planes y los programas autonómicos de ayudas plurianuales destinados al 
desarrollo  rural  o  al  fomento  de  la  actividad  agroforestal  en  Galicia  procurarán  el 
establecimiento de líneas de ayuda específicas destinadas a la movilización y a la 
recuperación de la tierra agroforestal, particularmente con el objetivo de incentivar a las 
personas  titulares  de  explotaciones  agroforestales,  y  especialmente  a  las  de 
explotaciones ganaderas, a que amplíen la base territorial de aquellas a través de las 
fórmulas establecidas en la presente ley.
CAPÍTULO II
Medidas fiscales y financieras de incentivo a la recuperación de la tierra agraria 
de Galicia
Artículo 127.  Medidas fiscales específicas de carácter autonómico.
La Comunidad Autónoma de Galicia, en el ámbito de sus competencias y con la 
finalidad de prevenir el abandono y favorecer la recuperación de la tierra agraria de 
Galicia, la adecuada ordenación de los usos, el fomento de la actividad económica y el 
asentamiento de la población en el rural, la prevención y lucha contra los incendios 
forestales, así como los restantes objetivos previstos en la presente ley, regulará los 
incentivos fiscales adecuados en los impuestos de carácter autonómico sobre los que 
tenga  competencia,  así  como  en  los  impuestos  estatales  cedidos  a  la  Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con las competencias normativas asumidas con respecto a cada 
uno de ellos.
Artículo 128.  Interlocución con el Estado en el ámbito fiscal.
1.  La Xunta de Galicia procurará mantener una interlocución activa con el Estado  bo
presentando propuestas de carácter fiscal a los efectos de poder alcanzar, a través de  669ww
pmreedseidnatse  dleey .competencia estatal en esta materia, los objetivos comunes previstos en la
2.  A tal efecto, la Xunta de Galicia llevará a cabo, por los cauces legalmente 
establecidos, las propuestas que considere adecuadas para el cumplimiento de dichos 
objetivos, y de manera particular:
a)  La prevención del abandono y la recuperación de la tierra agraria de Galicia, así 
como la adecuada ordenación de usos del suelo.
b)  El fomento de la actividad agrícola, ganadera y forestal.
c)  El asentamiento de población en el rural.
3.  Para dar cumplimiento al objetivo de prevención del abandono y recuperación de 
la tierra agraria de Galicia y a la adecuada ordenación de usos del suelo, las propuestas 
en  materia  tributaria  deberán  recoger,  al  menos,  incentivos  fiscales  en  los  tributos 
estatales para promover:
a)  El arrendamiento de las parcelas rústicas al Banco de Tierras.
b)  La transmisión o arrendamiento de las parcelas rústicas que se incorporen a los 
polígonos agroforestales, a las agrupaciones de gestión conjunta o a las aldeas modelo.
c)  La incorporación de agentes promotores a los polígonos agroforestales o a las 
aldeas modelo.
d)  El desarrollo de las agrupaciones agroforestales de gestión conjunta.
e)  El impulso de las permutas que se hagan en suelo rústico y que, de acuerdo con 
esta ley, sean declaradas de especial interés agrario.
f)  De manera general, la movilidad de la tierra en la superficie rústica gallega, 
mediante bonificaciones en las compraventas o cesiones que eviten, en la mayor medida 
posible, la tributación de las rentas percibidas y sus efectos negativos en otras rentas 
percibidas por las personas propietarias. Se regulará de manera particular la tributación 
de los propietarios residentes en el rural y que perciban cualquier tipo de pensión 
contributiva o no contributiva.
4.  Para dar cumplimiento al objetivo de fomento de la actividad agrícola, ganadera y 
forestal y al asentamiento de población en el rural, las propuestas en materia tributaria 
deberán recoger, al menos:
a)  Incentivos fiscales en los tributos estatales para el impulso de la gestión forestal 
sostenible, de manera particular:
1.º  La configuración de un régimen fiscal específico para la figura del silvicultor 
activo, cualquiera que sea su forma de organización, como sujeto que desarrolla la 
gestión forestal sostenible.
2.º  La reducción del tipo impositivo aplicable en el impuesto sobre sociedades a las 
comunidades de montes vecinales en mano común.
3.º  El establecimiento de un régimen fiscal que permita promover la figura del 
inversor forestal.
4.º  La profundización en los beneficios fiscales para las agrupaciones forestales de 
gestión conjunta en el impuesto que grave su renta.
5.º  El establecimiento de beneficios fiscales para la tributación de los dividendos 
percibidos por los socios de las sociedades de fomento forestal.
6.º  La  profundización  en  los  beneficios  fiscales  para  las  personas  titulares  o 
gestoras de montes abertales.
7.º  La  promoción  del  relevo  generacional  y  la  incorporación  de  jóvenes  a  la  es
actividad forestal. o
b)  Incentivos fiscales en los tributos estatales para el impulso de la competitividad  669ww
de las explotaciones agrícolas y ganaderas, de manera particular:
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implantación y mantenimiento de las explotaciones agroganaderas en el territorio rural.
2.º  La profundización en los beneficios fiscales previstos en la legislación estatal 
que regula la modernización de las explotaciones agrarias.
3.º  La promoción del relevo generacional y de la incorporación de jóvenes a la 
actividad agroganadera.
c)  Incentivos fiscales en los tributos estatales para favorecer el asentamiento de la 
población en el territorio rural, de manera particular:
1.º  La promoción de la dinamización, la regeneración y recuperación demográfica y 
la mejora de la calidad de vida de la población de los núcleos rurales existentes.
2.º  El impulso de la rehabilitación de sus edificaciones con criterios de eficiencia 
energética y de integración paisajística.
3.º  La configuración de un régimen fiscal específico para los modelos de negocios 
locales sostenibles y que opten por soluciones basadas en la naturaleza.
Artículo 129.  Medidas financieras de incentivo a la recuperación de la tierra agraria de 
Galicia.
1.  La Comunidad Autónoma de Galicia, en el ámbito de sus competencias y con la 
finalidad de dar cumplimiento a los objetivos previstos en la presente ley, podrá articular 
medidas financieras de incentivo a la recuperación de la tierra agraria de Galicia.
2.  Las medidas financieras tendrán por objeto apoyar las inversiones requeridas por 
los instrumentos de recuperación de la tierra agraria regulados en esta ley, y pueden 
consistir, entre otras, en:
a)  Ayudas públicas.
b)  Líneas de crédito, que podrán ser bonificadas.
c)  Otros  instrumentos  financieros,  en  particular,  préstamos  garantizados 
cofinanciados por fondos estructurales o de inversión europeos.
d)  La potenciación de la inversión en tierra agroforestal dentro de los planes de 
responsabilidad social corporativa de las empresas.
e)  El impulso de vehículos de inversión ligados a los instrumentos de recuperación 
de la tierra agraria de Galicia.
f)  Contratos temporales de gestión pública para el caso de las agrupaciones de 
gestión conjunta.
3.  Para  optar  a  esas  medidas  financieras  de  incentivo  los  instrumentos  de 
recuperación de tierras deberán estar inscritos en el correspondiente registro.
Artículo 130.  Contratos temporales de gestión pública.
1.  La consejería competente en materia de medio rural o la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural podrán concertar contratos temporales, de carácter voluntario, con las 
agrupaciones de gestión conjunta agroforestales, de acuerdo con las prioridades que se 
fijen y, en particular, cuando carezcan de los recursos iniciales económicos y financieros 
suficientes para asegurar su gestión sostenible.
2.  Esta  actividad  de  prestación  de  servicios  que  se  pone  a  disposición  de  la 
ciudadanía tendrá la consideración de servicio público y se regirá por lo dispuesto en la 
presente ley.
A estos efectos, la Consejería y la Agencia Gallega de Desarrollo Rural aprobarán  s
las condiciones generales en que se realizará la prestación de estos servicios y de los  o
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compensación por los servicios de gestión prestados. Las inversiones iniciales para las
obras y los servicios realizados con cargo a los contratos de gestión pública tendrán la
naturaleza de anticipo reintegrable y se compensarán con cargo a los ingresos obtenidos 
por los aprovechamientos agroforestales o por cualquier otro ingreso de naturaleza 
ordinaria o extraordinaria.
4.  La gestión o la ejecución de las actuaciones agroforestales en los terrenos objeto 
de estos contratos podrán ser realizadas por la Administración, bien directamente o por 
medio de sus entes instrumentales, bien indirectamente mediante su contratación, de 
acuerdo con lo indicado en la legislación de contratos del sector público.
TÍTULO VIII
Normas de control, inspección, infracciones y sanciones
CAPÍTULO I
Régimen de control e inspección
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 131.  Funciones de control e inspección.
1.  La  consejería  competente  en  materia  de  medio  rural  llevará  a  cabo  las 
actuaciones de control e inspección que considere necesarias sobre las parcelas que se 
incluyan en el ámbito de aplicación de la presente ley.
2.  Los  hechos  constatados  y  formalizados  por  dicho  personal  en  las 
correspondientes actas de inspección tendrán presunción de veracidad, sin perjuicio de 
las pruebas que puedan aportar las personas interesadas en defensa de sus respectivos 
derechos e intereses.
3.  En el desarrollo de sus funciones de control e inspección, el personal funcionario 
tendrá la consideración de agente de la autoridad, con los efectos previstos en el 
artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas. Asimismo, en el ejercicio de la función inspectora, 
podrán solicitar el apoyo necesario de cualquier otra autoridad, incluyendo las fuerzas y 
cuerpos de seguridad.
Artículo 132.  Facultades de inspección.
En  el  ejercicio  de  sus  funciones  propias  de  control  e  inspección,  el  personal 
funcionario está facultado para las siguientes tareas:
a)  Acceder,  identificándose  previamente,  a  parcelas,  explotaciones,  locales  e 
instalaciones, a menos que tengan el calificativo de vivienda, y a la documentación 
industrial, mercantil y contable de las empresas que inspeccionan cuando lo consideren 
necesario en el curso de sus actuaciones, que en todo caso tienen carácter confidencial. 
El personal funcionario está obligado a cumplir con el deber de secreto profesional, y su 
incumplimiento podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad.
b)  Solicitar información a las personas presentes, tomar las muestras necesarias 
para  practicar  los  análisis  correspondientes  y  llevar  a  cabo  las  pruebas,  las 
investigaciones o los exámenes que sean necesarios para asegurarse de la observancia 
de las disposiciones vigentes. s
c)  Levantar el acta correspondiente y, cuando adviertan alguna conducta que pueda  oe.
representar una infracción, adoptar las medidas cautelares necesarias para asegurar la  w.
eficacia de la resolución final que pueda recaer. 669ww
Artículo 133.  Obligaciones de las personas inspeccionadas.
1.  Las personas físicas y jurídicas que en el ejercicio de sus actuaciones estén
comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley están obligadas a consentir
las visitas de inspección y a conservar durante un tiempo mínimo de cuatro años la 
documentación  relativa  a  sus  obligaciones  en  condiciones  que  permitan  su 
comprobación.
2.  A  requerimiento  de  los  órganos  competentes  o  de  los  inspectores  están 
obligadas a:
a)  Suministrar cualquier clase de información sobre las instalaciones, los productos, 
los servicios o los sistemas de producción, y permitir la comprobación directa de los 
inspectores.
b)  Exhibir  la  documentación  que  sirva  de  justificación  de  las  transacciones 
efectuadas, y también facilitar que se obtenga una copia o una reproducción de la 
documentación.
Sección 2.ª Inspección de fincas
Artículo 134.  Objeto de las inspecciones de fincas.
Están sujetas a las actuaciones de inspección reguladas en esta ley las fincas de 
tierra agroforestal situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia que 
puedan encontrarse en situación de abandono o infrautilización, las fincas para las que 
se lleve a cabo la investigación de la propiedad al amparo de esta ley, aquellas que 
pretendan incorporarse o estén incorporadas al Banco de Tierras de Galicia o aquellas 
otras que estén o puedan estar incluidas en alguno de los instrumentos de recuperación 
de tierras desarrollados en esta ley.
Artículo 135.  Contenido de las inspecciones de fincas.
1.  Las actuaciones de inspección de las fincas de tierra agroforestal en los casos 
recogidos en esta ley estarán destinadas a la comprobación geométrica de lindes, su uso 
actual y las características que puedan servir de base técnica para la determinación de 
su uso potencial productivo.
2.  Adicionalmente, las fincas que se pretendan incorporar o que estén incorporadas 
al Banco de Tierras de Galicia, con independencia de que el aprovechamiento esté o no 
cedido  temporalmente  a  terceras  personas,  estarán  sujetas  a  las  actividades  de 
inspección recogidas en esta ley.
Artículo 136.  Personal inspector de fincas.
Las  funciones  de  dirección  y  ejecución  de  la  actividad  de  inspección  serán 
desempeñadas  por  personal  funcionario  de  la  Administración  de  la  Comunidad 
Autónoma de Galicia con competencias técnicas en la materia, con la colaboración, en 
su caso, de otros sujetos habilitados al efecto.
Artículo 137.  Obligaciones de las personas titulares de las fincas.
Las personas propietarias de las fincas sujetas a inspección o, en su caso, aquellas 
que sean titulares de las facultades de  uso y  aprovechamiento de aquellas, están 
obligadas  a  colaborar  con  el  personal  inspector,  facilitándole  cuanta  información  y 
documentación precise para el desarrollo de sus funciones, así como el acceso a las 
fincas. e.e
CAPÍTULO II
Órdenes de ejecución, multas coercitivas y ejecución subsidiaria
Artículo 138.  Órdenes de ejecución, multas coercitivas y ejecución subsidiaria.
1.  La consejería competente en materia de medio rural, de oficio o a instancia de 
cualquier interesado, mediante el correspondiente expediente y previa audiencia de los 
interesados, podrá dictar órdenes de ejecución que obliguen a las personas propietarias 
de las fincas o, en su caso, titulares de las facultades de uso y aprovechamiento sobre 
aquellas a realizar las actuaciones necesarias para dar el debido cumplimiento a los 
deberes recogidos en esta ley.
2.  Las  órdenes  de  ejecución  contendrán  la  determinación  concreta  de  las 
actuaciones que se realizarán, conforme a las condiciones establecidas en esta ley. 
Asimismo,  deberán  fijar  el  plazo  para  el  cumplimiento  voluntario  por  parte  de  las 
personas  responsables  de  lo  ordenado,  que  se  determinará  en  razón  directa  a  la 
importancia, volumen y complejidad de las actuaciones que se pretenden realizar.
3.  En caso de incumplimiento de la orden de ejecución, la Administración procederá 
a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas o la ejecución 
subsidiaria.
4.  La imposición de una multa coercitiva irá precedida del preceptivo requerimiento 
de ejecución de la resolución, y se advertirá al destinatario del plazo de que dispone para 
su cumplimiento y de la cuantía de la multa coercitiva que puede serle impuesta en caso 
de incumplimiento. Las multas coercitivas serán reiteradas por lapsos de tiempo no 
inferiores a un mes si las personas responsables persisten en el incumplimiento del 
deber. El plazo señalado tendrá que ser, en todo caso, suficiente para el cumplimiento de 
la obligación de que se trate y la multa, proporcionada a la gravedad y alarma social 
generada, sin que pueda exceder nunca de 1.000 euros.
Estas  multas  coercitivas  son  independientes  y  compatibles  con  las  multas  que 
puedan imponerse en concepto de sanción y, en el caso de impago, serán exigibles por 
vía de apremio.
5.  La  consejería  competente  en  materia  de  medio  rural  podrá  proceder  a  la 
ejecución  subsidiaria  de  las  obligaciones  que  correspondan  a  las  personas 
responsables,  y  a  su  coste,  previo  apercibimiento,  una  vez  transcurrido  el  plazo 
establecido para su ejecución voluntaria.
CAPÍTULO III
Régimen sancionador
Sección 1.ª Infracciones
Artículo 139.  Infracciones.
1.  Las infracciones administrativas relativas al incumplimiento de lo prescrito en la 
presente ley se clasifican en leves, graves y muy graves.
2.  Se consideran infracciones leves:
a)  La ocupación de fincas incorporadas al Banco de Tierras sin que exista cultivo 
sobre ellas o que estén ocupadas por cultivos agrícolas o aprovechamientos ganaderos. e.
b)  La obstaculización o el impedimento, por parte de la persona titular de una finca  w.
arrendada, de su ocupación por parte de la persona arrendataria. 669ww
selecc)c ioLnaa dnao c ofomrmo aalrizreancdióant adriea , uunn ac ovnetzra ntoo tidfieca adrar ednicdhaam sieenletoc cpióonr,  ppaorrt ec adues al aim ppeurtsaobnlea 
a esta.
d)  En el caso de declaración de fincas en abandono o infrautilización con una 
superficie igual o inferior a una hectárea, la falta de comunicación a la Administración 
pública de la opción elegida, conforme a lo establecido en el número 3 del artículo 44 de 
esta ley, o el incumplimiento de la realización de la opción elegida en el plazo establecido 
en el número 4 del mismo artículo.
e)  Las acciones y las omisiones que den lugar a la concurrencia de alguna de las 
circunstancias establecidas en el artículo 42.1 de esta ley para que una finca sea 
declarada en estado de abandono o infrautilización, siempre que la finca tenga una 
superficie inferior a una hectárea.
3.  Se consideran infracciones graves:
a)  La  ocupación  de  fincas  incorporadas  al  Banco  de  Tierras  cuando  estén 
ocupadas por aprovechamientos forestales.
b)  En  caso  de  declaración  de  fincas  en  abandono  o  infrautilización  con  una 
superficie superior a una hectárea, la falta de comunicación a la Administración pública 
de la opción elegida, conforme a lo establecido en el artículo 44.3, o el incumplimiento de 
la realización de la opción elegida en el plazo establecido en el número 4 del mismo 
artículo.
c)  Las acciones y las omisiones que den lugar a la concurrencia de alguna de las 
circunstancias establecidas en el artículo 42.1 para que una finca sea declarada en 
estado  de  abandono  o  infrautilización,  siempre  que  la  finca  tenga  una  superficie 
comprendida entre una y diez hectáreas.
d)  La realización de aprovechamientos distintos de los admitidos por el Catálogo de 
suelos agropecuarios y forestales de Galicia o por los catálogos parciales, en caso de 
estar estos vigentes, así como aquellos distintos a los permitidos en la disposición 
transitoria primera de la presente ley.
e)  La obstrucción o la negativa a facilitar las funciones de inspección reguladas en 
esta  ley  por  cualquier  medio,  incluyendo  la  negativa  a  suministrar  información  o 
documentación  precisa  para  el  desarrollo  de  dichas  funciones  o  el  suministro  de 
información inexacta o falsa.
f)  El incumplimiento de las medidas cautelares y preventivas adoptadas por la 
autoridad competente.
4.  Se consideran infracciones muy graves:
a)  Las acciones y las omisiones que den lugar a la concurrencia de alguna de las 
circunstancias establecidas en el artículo 42.1 para que una finca sea declarada en 
estado de abandono o infrautilización, siempre que la finca tenga una superficie superior 
a diez hectáreas.
b)  La existencia de graves deficiencias o el abandono por un agente promotor de 
un polígono agroforestal o una aldea modelo.
Sección 2.ª Sanciones
Artículo 140.  Sanciones.
A las infracciones tipificadas en el artículo anterior se les aplicarán las siguientes 
sanciones:
a)  Infracciones leves: apercibimiento o multa de hasta 600 euros. bo
b)  Infracciones graves: multa de entre 601 y 3.000 euros. 669ww
c)  Infracciones muy graves: multa de entre 3.001 y 6.000 euros.
Artículo 141.  Sanciones accesorias.
1.  A las personas responsables de infracciones muy graves podrá aplicárseles la 
inhabilitación  durante  un  período  de  dos  años  para  ser  adjudicatarias  en  cualquier 
concepto de fincas incorporadas al Banco de Tierras de Galicia.
2.  El órgano competente para resolver impondrá acumulativamente, en su caso, la 
sanción accesoria de decomiso definitivo de la madera correspondiente a las especies 
arbóreas  retiradas  por  la  Administración  en  el  caso  de  ocupación  ilegal  con 
aprovechamiento forestal recogido en el artículo 139 de la presente ley.
Artículo 142.  Criterios de gradaciones de las sanciones.
1.  Para la determinación concreta de la sanción que se imponga, de entre las 
asignadas a cada tipo de infracción, se tomarán en consideración los siguientes criterios:
a)  La existencia de intencionalidad.
b)  La  reiteración,  entendida  como  la  concurrencia  de  varias  infracciones  o 
irregularidades que se sancionen en el mismo procedimiento, así como el incumplimiento 
de apercibimientos previos.
c)  La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.
d)  La  reincidencia,  en  los  términos  establecidos  por  la  legislación  de  régimen 
jurídico del sector público.
e)  La extensión de la superficie de la finca.
f)  La situación de la finca dentro del perímetro de un instrumento de recuperación 
de tierras de los previstos en esta ley.
2.  Los criterios de gradación recogidos en el número 1 no se podrán utilizar para 
agravar la infracción cuando estén contenidos en la descripción de la conducta infractora 
o formen parte del propio ilícito administrativo.
3.  La  propuesta  de  resolución  del  procedimiento  sancionador  y  la  resolución 
administrativa que recaiga deberán explicitar los criterios de gradación de la sanción 
tenidos en cuenta, de entre los señalados en el número 1 de este artículo. Cuando no se 
considere  relevante  a  estos  efectos  ninguna  de  las  circunstancias  enumeradas,  la 
sanción se impondrá en la cuantía mínima prevista para cada tipo de infracción.
Sección 3.ª Procedimiento sancionador
Artículo 143.  Principios generales.
1.  La potestad sancionadora en el ámbito competencial autonómico corresponderá 
a  la  consejería  competente  en  materia  de  medio  rural  y  se  ejercerá  a  través  del 
correspondiente procedimiento sancionador, para lo cual resultarán aplicables las reglas 
y  los  principios  establecidos  en  la  legislación  sobre  el  procedimiento  administrativo 
común y sobre el régimen jurídico del sector público.
2.  El plazo máximo para la tramitación, resolución y notificación del procedimiento 
sancionador será de un año, a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación. Al 
transcurrir dicho plazo sin que se haya dictado y notificado una resolución expresa, se 
producirá  la  caducidad  del  procedimiento  en  la  forma  prevista  por  la  legislación 
reguladora del procedimiento administrativo común.
Artículo 144.  Competencias sancionadoras. b
tmcipoainfyis1coe.ar j desarLuísaap   eeccnroof imlcmaiep pp eerdteteeesn neltcaeni a tmee  npilse ammyr aaca ,ot ienrerrcneiao s eapdlro e cne amdl sepeo rda odi oclea e  rdepuisermatrasli eroe nnsntiao tuc  tausitdyauoanla  cráei odmnne bae lidlat ooá j rems fepab otisturoi rt aúlda etese   lrmairn itáfforisnar iccadacle i,do  ouen n ellaaas     OE-A-2021-10able en https://
jefatura territorial.
Si la infracción administrativa afecta al ámbito territorial de dos o más provincias, la 
competencia para la incoación podrá ser ejercida por cualquiera de las personas titulares 
de las jefaturas territoriales correspondientes, las cuales lo notificarán a la otra jefatura 
territorial afectada.
2.  La competencia para resolver corresponde:
a)  En el caso de las infracciones leves, a la persona titular de la jefatura territorial 
correspondiente de la consejería competente en materia de medio rural en caso de que 
la infracción afecte a una única provincia, o a la persona titular del órgano directivo 
competente en materia de desarrollo rural o de planificación y ordenación forestal, según 
el caso, si la infracción afecta a más de una provincia.
b)  En el caso de las infracciones graves, a la persona titular del órgano directivo 
competente en materia de desarrollo rural o de planificación y ordenación forestal, según 
el caso.
c)  En el caso de las infracciones muy graves, a la persona titular de la consejería 
competente en materia de medio rural.
Artículo 145.  Sujetos responsables.
1.  La responsabilidad de las infracciones reguladas en este título recaerá sobre:
a)  La persona física o jurídica, así como los grupos de afectados, las uniones y 
entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que 
sean titulares del dominio o de otro derecho real de uso y aprovechamiento sobre las 
fincas,  excepto  la  existencia  de  cualquier  tipo  de  cesión  del  derecho  de  uso  y 
aprovechamiento en favor de una tercera persona, en cuyo caso la responsabilidad 
recaerá sobre esta última, salvo que acredite que las personas arrendadoras o cedentes 
le impiden el normal desarrollo de los derechos de uso y aprovechamiento de las fincas.
b)  Si la persona jurídica autora de una infracción tipificada en la presente ley se 
extingue antes de ser sancionada, se considerarán responsables las personas físicas 
que, desde sus órganos de dirección o actuando a su servicio o por ellas mismas, 
determinaron con su conducta la comisión de la infracción. Las personas socias o 
partícipes en el capital responderán solidariamente del pago de la sanción y, en su caso, 
del importe de la reparación del daño, hasta el límite del valor de la cuota de liquidación 
que se les haya adjudicado.
2.  Cuando  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  prevé  la  presente  ley 
corresponda a varias personas conjuntamente, o si la infracción es imputable a varias 
personas y no es posible determinar el grado de participación de cada una de ellas, 
responderán, en su caso, de manera solidaria de las infracciones que se cometan y de 
las sanciones que se impongan.
3.  En las infracciones imputadas a una persona jurídica también se consideran 
responsables las personas físicas que integren sus órganos rectores o de dirección, y 
también los técnicos responsables de la elaboración y del control, cuando se acredite su 
responsabilidad.
4.  Sin perjuicio de las sanciones que correspondan, las personas responsables de 
las  infracciones  administrativas  deberán  indemnizar  por  los  daños  y  los  perjuicios 
causados y, en su caso, restituir la legalidad jurídica conculcada. De no satisfacerse la 
indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se 
procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  e.
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. w.b
Artículo 146.  Reconocimiento de la responsabilidad.
resp1o.n sIanbiciliiaddaod , upno dpráro rceesdoilmveiersneto  esl apnroccioendaimdoier,n tsoi  cloan  plear simonpao siicnifóranc dtoer ala  rseacnocnioócne q usue 
proceda.
2.  El pago voluntario por parte de la presunta persona responsable, en cualquier 
momento anterior a la resolución, implicará la finalización del procedimiento, salvo en lo 
relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización 
por los daños y los perjuicios causados por la comisión de la infracción.
3.  En ambos casos, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará 
reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta. Las citadas 
reducciones  deberán  estar  determinadas  en  la  notificación  de  iniciación  del 
procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o a la renuncia de 
cualquier acción o recurso en la vía administrativa contra la sanción.
El  porcentaje  de  reducción  previsto  en  este  número  podrá  ser  incrementado 
reglamentariamente.
Artículo 147.  Reparación del daño o indemnización.
1.  Con independencia de las infracciones y sanciones que les sean impuestas, las 
personas infractoras estarán obligadas a reparar el daño causado al patrimonio de las 
administraciones públicas o, de no ser posible, a indemnizar a aquellas por los daños y 
perjuicios.
2.  El órgano competente para sancionar determinará en la resolución sancionadora 
la forma y el plazo en que la reparación se deberá llevar a cabo o, en su caso, la 
imposibilidad de la reparación y el consiguiente establecimiento de la indemnización. 
Una vez firme la resolución de la infracción cometida, se determinarán los daños y 
perjuicios según un criterio técnico debidamente motivado y se establecerán la forma y el 
plazo en que la reparación deberá llevarse a cabo o, en su caso, la imposibilidad de la 
reparación y consecuente establecimiento de la indemnización que pudiere corresponder 
por daños y perjuicios.
Artículo 148.  Vinculación con el orden jurisdiccional penal.
1.  En cualquier momento del procedimiento sancionador en que el instructor del 
procedimiento  u  órgano  competente  para  resolver  estime  que  los  hechos  también 
pueden  ser  constitutivos  de  ilícito  penal,  lo  pondrá  en  conocimiento  del  órgano 
jurisdiccional competente y le dará traslado de la denuncia y de las demás actuaciones 
practicadas.
Se solicitará, asimismo, dicha comunicación cuando se tenga conocimiento de que 
se está desarrollando un procedimiento penal sobre los mismos hechos que son objeto 
de un procedimiento administrativo.
2.  De  estimarse  que  existe  identidad  de  sujeto,  hecho  y  fundamento  entre  la 
infracción  administrativa  y  la  infracción  penal  que  podría  corresponder,  el  órgano 
competente para la resolución del procedimiento sancionador acordará su suspensión 
hasta que se tenga conocimiento de la resolución judicial que recaiga.
3.  Una vez que el órgano competente para resolver tenga conocimiento de la 
resolución judicial penal, acordará la no exigencia de responsabilidad administrativa o la 
continuación del procedimiento sancionador. Durante el tiempo en que el procedimiento 
sancionador esté en suspenso por la incoación de un proceso penal, se entenderá 
interrumpido tanto el plazo de prescripción de la infracción como el de caducidad del 
propio procedimiento.
4.  La sanción penal excluirá la imposición de la sanción administrativa en los casos 
en que se haya apreciado la identidad del sujeto, hecho y fundamento. De no estimarse  es
la  existencia  de  delito  o  falta,  el  órgano  competente  continuará,  en  su  caso,  el  bo
procedimiento sancionador, teniendo en cuenta los hechos declarados probados en la  669ww
resolución firme del órgano judicial competente.
Artículo 149.  Plazos de prescripción.
1.  Las infracciones leves tipificadas en la presente ley prescriben a los seis meses; 
las graves, a los dos años; y las muy graves, a los tres años.
El plazo de la prescripción comienza a computar desde el día en que se cometió la 
infracción o desde que se tuvo conocimiento de su comisión.
2.  En las infracciones continuadas y permanentes, el plazo de prescripción no 
comenzará a computarse hasta que cese la situación infractora. A estos efectos, se 
entiende que existe una infracción permanente cuando una actividad concreta produce 
efectos que perduran en el tiempo. Se consideran, asimismo, comprendidas dentro de 
las infracciones permanentes las infracciones por omisión en las que el incumplimiento 
en un determinado momento de una obligación produce efectos permanentes.
3.  Interrumpe la prescripción de la infracción la iniciación, con conocimiento de la 
persona a la que se atribuya la responsabilidad, del procedimiento sancionador.
4.  En caso de concurrencia de infracciones leves, graves y muy graves, o cuando 
alguna  de  estas  infracciones  sea  medio  necesario  para  cometer  otra,  el  plazo  de 
prescripción es el establecido para la infracción más grave de las cometidas.
5.  Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescriben al año; 
las impuestas por infracciones graves, a los dos años; y las impuestas por infracciones 
muy graves, a los tres años. Estos plazos comienzan a contarse a partir del día siguiente 
a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución sancionadora.
6.  La obligación de reparar el daño causado regulada en la presente ley prescribirá 
en el plazo de quince años, a contar desde que la Administración dicte el acto que 
acuerde su imposición, independientemente de la fecha de inicio del cómputo de la 
prescripción de la sanción, conforme a lo que establece el número 2 de este artículo.
Disposición adicional primera.  Simplificación administrativa.
1.  En los procedimientos de recuperación de tierras regulados en la presente ley se 
tendrá en cuenta el principio general de gestión simultánea de todos los tramites que 
puedan realizarse de este modo, segundo lo establecido en la Ley 9/2021, de 25 de 
febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de 
Galicia.
2.  Asimismo, salvo que la presente ley establezca un plazo inferior, los informes 
que deban solicitarse a los órganos de la Administración autonómica gallega como 
consecuencia de las afecciones sectoriales de los instrumentos de recuperación de 
tierras se emitirán en el plazo general de tres meses. En caso de producirse una demora 
en su emisión, tendrán la consideración de favorables a la implantación del concreto 
instrumento de que se trate, salvo en los supuestos en que la normativa estatal que 
resulte de aplicación determine otra solución.
3.  Con  carácter  general,  los  pronunciamientos  contenidos  en  los  informes 
sectoriales emitidos en los procedimientos establecidos en la presente ley conservarán 
su validez en los sucesivos trámites de competencia de la Administración general de la 
Comunidad Autónoma y de las entidades instrumentales del sector público autonómico 
de  Galicia,  siempre  que  se  mantengan  las  circunstancias  que  motivaron  tales 
pronunciamientos.  Esta  conservación  de  trámites  también  se  mantendrá  en  los 
supuestos en que la implantación de los instrumentos de recuperación de tierras requiera 
de un título municipal habilitante.
4.  En los casos en que un mismo órgano sectorial autonómico deba emitir informe  e
para  varios  efectos,  dentro  de  los  trámites  ambiental,  urbanístico  y  trámite  de  la  bo
autorización substantiva, emitirá un único informe que abarque los distintos aspectos  669ww
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competencia de la Administración general de la Comunidad Autónoma y de las entidades
instrumentales  del  sector  público  autonómico  de  Galicia,  incluidos  los  ambientales, 
podrán tramitarse conjuntamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2021, de 25 
de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de 
Galicia.  En  estos  supuestos,  el  órgano  responsable  de  la  tramitación  someterá  a 
información pública, de forma simultánea, el proyecto de ejecución y el documento 
ambiental correspondiente y realizará de manera simultánea la petición de todos los 
informes a las administraciones y a los órganos sectoriales afectados, tanto los exigidos 
por la norma reguladora de la autorización sectorial como los exigidos a los efectos de la 
tramitación ambiental y urbanística.
Disposición adicional segunda.  Plazos de los procedimientos y sentido del silencio 
administrativo.
1.  El plazo máximo para resolver los procedimientos previstos en la presente ley 
que no tengan fijado un plazo específico será de dos años, contado desde la fecha del 
acuerdo de inicio o, en el caso de iniciación a solicitud de una persona interesada, desde 
la fecha en que la solicitud haya entrado en el registro del órgano competente para su 
tramitación.
2.  El silencio administrativo, en el ámbito de la presente ley y para los casos en que 
no estén previstos expresamente sus efectos, producirá efectos desestimatorios de la 
solicitud en el caso de procedimientos iniciados a instancia de una de las partes.
Disposición adicional tercera.  Permutas que afecten a montes de titularidad pública o 
montes vecinales en mano común.
En caso de permutas que afecten a montes de utilidad pública o montes vecinales en 
mano común, se tendrá en cuenta la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, y 
la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, o normas que 
las sustituyan.
Disposición  adicional  cuarta.  Colaboración  para  la  creación  de  empleo  y  el 
asentamiento de la población en el ámbito rural.
La  consejería  con  competencias  en  materia  de  empleo  y  la  consejería  con 
competencias  en  materia  de  medio  rural  establecerán,  mediante  convenios  u  otros 
instrumentos de cooperación, las acciones de colaboración que permitan realizar una 
adecuada intermediación en el mercado laboral.
A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, ambas consejerías llevarán a 
cabo,  dentro  de  sus  respectivos  ámbitos,  la  recopilación  y  el  tratamiento  de  datos 
econométricos, así como la promoción, creación y desarrollo de herramientas tanto para 
la formación y asesoramiento como para la gestión y explotación de aquellos, y que 
permitan realizar el cruce de datos de oferta y demanda de empleo entre otras acciones.
Disposición adicional quinta.  Cuestiones judiciales.
Las resoluciones dictadas en los procedimientos de recuperación de tierras previstos 
en el título VI de la presente ley no quedarán en suspenso por las cuestiones judiciales 
que se promuevan entre particulares sobre los derechos afectados por ellas.
Disposición adicional sexta.  Acceso a la información catastral. e.e
Los centros directivos, organismos y entidades públicas adscritos a la consejería  669ww
catdiotqaumutloaepsrleel atsdse e no pt enes orusemjonebn tomraessa,   tpoeaa rpiesaeni vlltdoiiddesoa  smdd,ee eslrd  aiiqomzu óprenuu  refasisglo tucopri oeasdnl,or  ábecnrnóe  d alibacgiscoe e nbdiedaesesr  enidnstie fmi dcfuaeoet ribmdvloaea ts oy ds ci goddinotea mll e Ciylc  ailfdiitonair  seddtcreetoa    ptcaooo ddmlaoeossr     OE-A-2021-10able en https://
realizar las funciones en materia de investigación de la titularidad que los instrumentos,
medidas y acciones de control y sanción en materia agroforestal les son encomendados 
en virtud de la presente ley y de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, así 
como para aquellas otras actuaciones administrativas declaradas en dichas leyes que 
tengan como objeto el tratamiento de los datos con fines de investigación científica o 
histórica o fines estadísticos, siempre que este tratamiento se realice con las garantías 
adecuadas  para  los  derechos  y  libertades  de  los  solicitantes  en  los  términos  del 
artículo 89, número 1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE.
Disposición adicional séptima.  Información al servicio provincial de montes.
La Agencia Gallega para el Desarrollo Rural solicitará informe al correspondiente 
servicio  provincial  en  materia  de  montes  en  la  tramitación  de  los  instrumentos  de 
recuperación  de  la  tierra  agraria  desarrollados  en  esta  ley.  El  citado  informe  se 
pronunciará, en su caso, sobre la existencia de afección con alguna de las superficies 
inscritas en el Sistema registral forestal de Galicia.
Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio de usos del suelo.
1.  Mientras no estén aprobados los catálogos oficiales de suelos agropecuarios y 
forestales, se seguirán los siguientes criterios:
a)  A  los  suelos  que  actualmente  estén  clasificados  como  suelos  rústicos  de 
especial protección agropecuaria o forestal, de acuerdo con la legislación del suelo, les 
corresponderá el uso acorde con su clasificación.
b)  En caso de los suelos que actualmente estén clasificados como suelos rústicos 
de protección ordinaria de acuerdo con lo dispuesto en la legislación del suelo y tengan 
actualmente  un  uso  agropecuario  o  forestal,  mantendrán  dicho  uso  hasta  que  se 
aprueben los catálogos oficiales, de acuerdo con las siguientes normas:
1.º  Si  los  terrenos  están  destinados  actualmente  al  uso  agropecuario  se 
considerarán como agropecuarios, por lo que no tendrán la consideración de monte o 
terreno forestal a los efectos de lo establecido en la legislación de montes. Si los 
terrenos son de uso mixto agrosilvopastoral o compatibilizan un uso agrícola principal o 
mayoritario en dicho terreno con un uso forestal, seguirán manteniendo el uso actual.
2.º  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado tercero, se considerará que el uso 
de los terrenos es forestal en los supuestos establecidos en el artículo 2.1 a), b) y d) de 
la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia. En particular, tendrán uso forestal 
aquellos  terrenos  inscritos  en  el  Sistema  registral  forestal  de  Galicia  creado  en  el 
artículo 126 de la citada ley.
2.  Para proteger de forma transitoria su potencialidad agropecuaria y de acuerdo 
con la finalidad de recuperar la tierra de uso agrícola, mientras no estén aprobados los 
catálogos oficiales de suelos agropecuarios y forestales, las tierras de antiguo uso 
agrícola integradas en suelos clasificados como rústicos de protección ordinaria se 
entenderán de uso agrícola y no tendrán la naturaleza jurídica de monte, salvo en el 
caso previsto en el número siguiente.
En estos terrenos en ningún caso se entenderá como cambio de uso del suelo la  e
recuperación del uso agrícola, y ello con independencia de que las operaciones de  bo
recuperación impliquen modificaciones en las condiciones de limpieza y mantenimiento  669ww
dpero dlausc tifvinac.as o cualquier otra intervención encaminada a la mejora de su capacidad
fore3st.a leMs,ie unntr atse rnreon oe srtéúnst iacop rodbea dporost elocsc iócna táolrodginoasr ioaf icnioa lesse  dceo nssuideelorsa raág eronp eecsutaadrioo sd ey 
abandono y tendrá uso forestal cuando en él se vengan desarrollando aprovechamientos
de los recursos forestales definidos en el artículo 84 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de 
montes de Galicia.
Los terrenos rústicos de protección ordinaria en situación de abandono solo se 
considerarán como montes o terrenos forestales si se les reconoce esta condición 
mediante resolución del órgano territorial competente en materia de medio rural donde 
radique el terreno, que podrá tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a)  Usos que consten en el Sistema de información geográfica de parcelas agrícolas 
del año 2007. En particular, se atenderá a la clasificación de su uso como forestal.
b)  Existencia de lindes con terrenos forestales.
c)  El avance de los estudios técnicos que se realicen en el marco del procedimiento 
de elaboración del catálogo.
d)  Los datos de actividad forestal existentes en el órgano forestal.
En estos terrenos en ningún caso se entenderá como cambio de uso del suelo la 
recuperación del uso forestal, y ello con independencia de que las operaciones de 
recuperación impliquen modificaciones en las condiciones de limpieza y mantenimiento 
de las fincas o cualquier otra intervención encaminada a la mejora de su capacidad 
productiva.
4.  Lo  dispuesto  en  esta  disposición  se  aplicará  a  todos  los  procedimientos 
administrativos que se encuentren en tramitación en el momento de la entrada en vigor 
de la presente ley.
5.  De conformidad con lo establecido en el artículo 139.3 letra d) de la presente ley, 
constituye infracción grave la realización de aprovechamientos distintos de los permitidos 
en esta disposición y en los catálogos de suelos agropecuarios y forestales de Galicia, 
en caso de estar vigentes.
Disposición transitoria segunda.  Calificación provisional de los montes inscritos en el 
Sistema registral forestal de Galicia.
En tanto no se aprueben los catálogos previstos en el artículo 25 de la presente ley, 
será considerado suelo rústico de protección forestal, en todo caso, el correspondiente a 
los montes o terrenos forestales inscritos en el Sistema registral forestal de Galicia, 
creado al amparo del artículo 126 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia.
Disposición transitoria tercera.  Calificación provisional de los enclaves forestales en 
terrenos agrícolas.
Mientras  no  estén  aprobados  los  catálogos  oficiales  de  suelos  agropecuarios  y 
forestales, tendrán la condición de monte o terreno forestal los enclaves forestales en 
terrenos agrícolas con superficie mínima de 5 hectáreas, salvo que dichos enclaves se 
compusiesen de masas forestales de frondosas del anexo I de la Ley 7/2012, de 28 de 
junio, de montes de Galicia, por lo que se disminuirá, para estos casos, dicha superficie 
mínima hasta 1 hectárea.
Disposición transitoria cuarta.  Expedientes en tramitación en el Banco de Tierras de 
Galicia.
Todos los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley 
pasarán a tramitarse de conformidad con lo establecido en ella, salvo aquellos respecto  e
de los cuales ya se haya dictado propuesta de resolución, que continuarán tramitándose  bo
por la normativa de conformidad con la cual hayan sido iniciados. En todo caso, la  669ww
iampplicleamcieónnt acdieó n lean  epl rSesiteengtael.  ley  a  los  referidos  procedimientos  precisará  de  su
Disposición transitoria quinta.  Funcionamiento de la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural.
La Agencia Gallega de Desarrollo Rural adaptará su organización y funcionamiento a 
lo dispuesto en la presente ley en un plazo máximo de seis meses desde su entrada en 
vigor.
Disposición transitoria sexta.  Infracciones, sanciones y recursos.
1.  A los procedimientos sancionadores en tramitación en la fecha de entrada en 
vigor de la presente ley les será aplicable la normativa vigente en el momento de la 
comisión de la infracción, salvo que el régimen sancionador establecido en esta ley sea 
más  favorable  para  el  infractor.  La  competencia  para  resolver  el  procedimiento 
sancionador se regirá, en todo caso, por la normativa vigente en el momento de su 
iniciación.
2.  Los recursos administrativos contra resoluciones recaídas en procedimientos 
sancionadores tramitados con arreglo a la normativa anterior que en la fecha de entrada 
en vigor de la presente ley estén pendientes de resolución se resolverán de acuerdo con 
la normativa anterior.
Disposición transitoria séptima.  Aplicación de precios.
Se aplicarán precios calculados en base a métodos de valoración comúnmente 
aceptados y debidamente justificados, a excepción de los de arrendamiento del Banco 
de Tierras, para los que se mantendrán los precios de referencia oficiales en vigor en el 
momento de la aprobación de la ley, en tanto no se disponga del documento técnico 
descrito en el apartado 4 del artículo 13, que deberá ser aprobado en el plazo máximo de 
un año desde la entrada en vigor de la presente ley.
Disposición transitoria octava.  Régimen de adquisición por parte de la Comunidad 
Autónoma de Galicia de los inmuebles situados en su territorio vacantes por haber 
sido abandonados por sus dueños o cuyos dueños son desconocidos.
Lo dispuesto en la presente ley en lo referente a la adquisición por parte de la 
Comunidad Autónoma de Galicia de los inmuebles situados en su territorio vacantes por 
haber  sido  abandonados  por  sus  dueños  o  cuyos  dueños  son  desconocidos  será 
aplicable a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
Disposición transitoria novena.  Repoblaciones con el género Eucalyptus.
1.  Con  carácter  transitorio,  hasta  el  31  de  diciembre  de  2025  solo  estarán 
permitidas  las  repoblaciones  con especies del género  Eucalyptus en los siguientes 
casos:
a)  Repoblaciones previstas en instrumentos de ordenación o gestión forestal que 
hayan sido aprobados por la Administración forestal antes de la entrada en vigor de esta 
disposición, o en dichos instrumentos cuando su solicitud de aprobación se encontrase 
en tramitación con anterioridad a la entrada en vigor de esta disposición, y que fuesen, 
finalmente, objeto de aprobación por la Administración forestal.
b)  Repoblaciones que, en superficie, sean equivalentes a otras ya existentes y que  s
tengan una ocupación dominante de individuos del género Eucalyptus y cuyos titulares  oe.
decidan transformarlas en otras formaciones específicas, sean masas de coníferas o de  w.
fypr eoerntned oneselac ser ercása tadolu  mcdieifso mlliaao s .lte iEtgusilsatalra syc  irónenop  opsboeladccrtáoio rsinauel psev dirgaeerb neatr eáa,n q uyc eullalma  pqnliuur eelo vf aud eiss opubupjeeesrtfotioc d ieee n td rlaea  nprsrefeopsroembnaltaecci óilóenny.    2021-10669n https://ww
En todo caso, será necesaria autorización previa emitida por el órgano territorial competente
en materia de medio rural donde radique el monte o terreno forestal. Bc
2.  Con carácter transitorio, hasta el 31 de diciembre de 2025 las reforestaciones 
con especies del género Eucalyptus únicamente estarán permitidas cuando la ocupación 
anterior del terreno objeto de la reforestación haya constituido una masa pura o mixta 
dominante de este género, y siempre y cuando las plantaciones anteriores se hayan 
realizado respetando lo dispuesto en la legislación sectorial vigente.
3.  A  los  efectos  de  lo  indicado  en  los  números  anteriores,  se  entenderá  por 
dominante aquella ocupación que, dentro de la misma parcela catastral, suponga un 
porcentaje de pies mayores del género Eucalyptus superior al 50 % del total de la masa. 
A estos efectos, se considerarán pies mayores aquellos que presenten un diámetro 
normal igual o superior a 7,5 centímetros. En caso de que la ocupación del eucalipto sea 
superior al 50 % e inferior al 80 % del total de la masa, será necesaria autorización 
previa emitida por el órgano territorial competente en materia de medio rural donde 
radique el monte o terreno forestal.
Igualmente,  podrá  solicitarse  autorización  ante  el  mismo  órgano  para  aquellas 
parcelas  pobladas  con  pies  del  género  Eucalyptus  que  estén  siendo  gestionadas 
conforme a la adhesión a modelos silvícolas orientativos EG2 o EN2 cuyo objetivo de 
gestión sea la producción de madera para sierra, chapa o bateas en turnos superiores a 
veinticinco años.
4.  El plazo para la ejecución de las nuevas plantaciones que se realicen con el 
género  Eucalyptus  y  que  hayan  sido  autorizadas  conforme  al  artículo  67  de  la 
Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, finalizará a los treinta días de la 
entrada en vigor de la presente ley.
5.  La fecha establecida en los anteriores números 1 y 2 de esta disposición podrá 
ser objeto de revisión en base a los datos consolidados obtenidos por el inventario 
forestal continuo de Galicia y en la revisión de las medidas establecidas en el Plan 
forestal de Galicia 2021-2040.
6.  A los efectos previstos en esta disposición, se entenderá por repoblación forestal 
la introducción de especies forestales arbóreas o arbustivas en un terreno mediante 
siembra o plantación, y podrá ser forestación o reforestación.
La reforestación consistirá en la reintroducción de especies forestales, mediante 
siembra o plantación, en terrenos que estuvieron poblados forestalmente hasta épocas 
recientes, pero que quedaron rasos a causa de talas, incendios, vendavales, plagas, 
enfermedades u otros motivos.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Se deroga la Ley 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras.
2.  Asimismo, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley.
Disposición final primera.  Modificación del Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, por 
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado.
Se modifica el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en 
materia de tributos cedidos por el Estado, en los términos que se indican a continuación:
Uno.  Se añaden dos nuevos números cinco y seis al artículo 3, con el siguiente  s
contenido: oe.
«Cinco.  Actividad agraria, explotación agraria, elementos de la explotación,  669ww
agricultor profesional, silvicultor activo y titular de la explotación.
agraAri alo",s  e"efexcptloosta pciróenv istaogsr aernia "e,s te" etleexmtoe nrteofsu nddideo , lalo s ecxopnlocetapctioósn "d, e ""aagcrtiicvuidltaodr 
profesional", "silvicultor activo" y "titular de la explotación" serán los recogidos en 
la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias.
Seis.  Obras de rehabilitación.
A los efectos previstos en este texto refundido, para determinar el concepto de 
obras de rehabilitación, en todo aquello que no venga expresamente regulado en 
él, será de aplicación lo previsto en la normativa reguladora del impuesto sobre el 
valor añadido.»
Dos.  Se modifica el número quince del artículo 5, que queda redactado como sigue:
«Quince.  Deducción por inversión en empresas que desarrollen actividades 
agrarias.
1.  Los contribuyentes podrán deducir en la cuota íntegra autonómica, y con 
un límite conjunto de 20.000 euros, el 20 % de las cantidades o, en caso de 
aportaciones no dinerarias, del valor de los bienes que destinen en el ejercicio a 
las siguientes inversiones:
a)  Adquisición de capital social a consecuencia de acuerdos de constitución 
de  sociedades  o  de  ampliación  de  capital,  así  como  cualquier  aportación  a 
reservas en:
1.º  Sociedades de fomento forestal reguladas en la Ley 7/2012, de 28 de 
junio, de montes de Galicia, y otro tipo de sociedades de gestión conjunta.
2.º  Entidades agrarias, cooperativas agrarias o de explotación comunitaria de 
la tierra que tengan por objeto exclusivo actividades agrarias.
3.º  Entidades que tengan por objeto la movilización o recuperación de las 
tierras  agrarias  de  Galicia  al  amparo  de  los  instrumentos  previstos  en  la 
Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia.
b)  Préstamos realizados a favor de las mismas entidades citadas en la letra 
a) anterior, así como garantías que el contribuyente constituya personalmente a 
favor de estas entidades.
c)  Aportaciones  que  los  socios  capitalistas  realicen  a  cuentas  en 
participación constituidas para el desarrollo de actividades agrarias y en las que el 
partícipe gestor sea alguna de las entidades citadas en la letra a) anterior.
2.  Para tener derecho a estas deducciones deberán cumplirse los siguientes 
requisitos:
a)  Las  operaciones  a  las  que  sea  de  aplicación  la  deducción  deben 
formalizarse en escritura pública, en la cual debe especificarse la identidad de los 
contribuyentes que pretendan aplicar esta deducción y el importe de la operación 
respectiva.
b)  Las  inversiones  realizadas  deben  mantenerse  en  el  patrimonio  del 
contribuyente durante un período mínimo de cinco años, computado a partir del 
día siguiente a la fecha en que se formalice la operación en escritura pública. En 
caso de operaciones de financiación, el plazo de vencimiento deberá ser superior 
o igual a cinco años, sin que se pueda amortizar una cantidad superior al 20 %  s
anual del importe de la principal. Durante ese mismo plazo de cinco años deben  oe.
fmsuoancnciceito)ed nnaeedEsr ls e eecn oj leqancustur eigtb iavmuaryaasetn entnrítaieia s ldpi zceuóo e ndldasier teii tncufvocideriómarsnsai .órd npu, arparetnerto ed  eeunln  cn oipnnlgasúzeonjo  c dadese o da ipeduzme idaneñis otllrsea,v canióri  nap  duceea dblaeo    2021-10669n https://www.
mantener una relación laboral con la entidad objeto de la inversión durante ese
mismo  plazo,  excepto  en  el  caso  de  sociedades  laborales  o  sociedades 
cooperativas.
Esta deducción es incompatible con las recogidas en los números nueve, diez 
y once de este artículo.»
Tres.  Se añade un nuevo número veinte al artículo 5, con el siguiente contenido:
«Veinte.  Deducción  por  adquisición  y  rehabilitación  de  viviendas  en  los 
proyectos de aldeas modelo.
1.  Los contribuyentes podrán deducir en la cuota íntegra autonómica el 15 % 
de las cantidades satisfechas en el ejercicio para la adquisición o rehabilitación de 
viviendas, siempre que:
a)  Las viviendas se sitúen en terrenos que se integren en proyectos de 
aldeas modelo, de conformidad con lo previsto en la Ley 11/2021, de 14 de mayo, 
de recuperación de la tierra agraria de Galicia.
b)  Las viviendas estén destinadas a residencia de los contribuyentes que las 
adquieran o rehabiliten, ya sea con carácter habitual o esporádico.
La base de esta deducción no podrá exceder de 9.000 euros anuales para el 
caso  de  construcciones  destinadas  a  constituir  la  vivienda  habitual  de  los 
contribuyentes. En otro caso, la base de la deducción no podrá exceder de 4.500 
euros anuales.
La base de la deducción estará constituida por las cantidades satisfechas para 
la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los gastos originados que 
hayan corrido a cargo del adquirente, y, en el caso de financiación ajena, la 
amortización, los intereses, el coste de los instrumentos de cobertura del riesgo de 
tipo  de  interés  variable  de  los  préstamos  hipotecarios  regulados  en  el 
artículo décimo noveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de 
reforma económica, y demás gastos de ella derivados. En caso de aplicación de 
los  citados  instrumentos  de  cobertura,  los  intereses  satisfechos  por  el 
contribuyente se aminorarán en las cantidades obtenidas por la aplicación del 
citado instrumento.
2.  A los efectos de la presente deducción, tendrán la consideración de obras 
de rehabilitación aquellas que cumplan los siguientes requisitos:
a)  Que  dispongan  de  los  permisos  y  autorizaciones  administrativas 
correspondientes.
b)  Que tengan por objeto principal la reconstrucción de la vivienda mediante 
la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras 
obras análogas, siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitación 
exceda del 25 % del precio de adquisición, si se efectuó esta durante los dos años 
inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación, o, en otro caso, 
del valor de mercado que tenga el inmueble en el momento de dicho inicio. A 
estos efectos, se descontará del precio de adquisición o del valor de mercado del 
inmueble la parte proporcional correspondiente al suelo. Cuando no se conozca el 
valor del suelo, este se calculará prorrateando el coste de adquisición satisfecho o 
el valor de mercado entre los valores catastrales del suelo y de la construcción de  e.
cada año. w.b
prevEissttaas  deend luocsc nióúnm reersousl ttarerác ei nyc doimecpiaotcibhloe.,» para las mismas inversiones, con las
Cuatro.  Se modifica la letra b) del apartado 1 del número cinco del artículo 7, que 
queda redactada como sigue:
«b)  Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, 
ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad o afinidad, hasta el 
cuarto grado incluido, de la persona causante.»
Cinco.  Se modifican las letras a) y b) del número 2 del apartado cinco del artículo 7, 
que quedan redactadas como sigue:
«a)  Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, 
ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad o afinidad, hasta el 
cuarto grado incluido, de la persona causante.
b)  Que las personas adquirentes o sus cónyuges tengan la condición de 
personas  agricultoras  profesionales  en  cuanto  a  la  dedicación  de  trabajo  y 
procedencia de rentas y sean bienes titulares de una explotación agraria a la cual 
estén afectos los elementos que se transmiten o bien personas socias de una 
sociedad agraria de transformación, cooperativa de explotación comunitaria de la 
tierra o sociedad civil que sea titular de una explotación agraria a la que estén 
afectos los elementos que se transmiten. La condición de persona agricultora 
profesional deberá tenerse en la fecha de devengo del impuesto o adquirirse en el 
plazo de un año, contado desde el día siguiente a la fecha de devengo.
El incumplimiento de los requisitos y de las condiciones establecidas conlleva 
la pérdida del beneficio fiscal, y el contribuyente deberá ingresar la cantidad 
derivada del beneficio fiscal junto con los intereses de demora. A estos efectos, el 
sujeto pasivo deberá practicar la correspondiente autoliquidación y presentarla en 
el  plazo  de  un  mes,  contado  desde  el  momento  en  que  se  incumplan  los 
requisitos.»
Seis.  Se elimina el apartado 4 del número cinco del artículo 7.
Siete.  Se modifica el número seis del artículo 7, que queda redactado como sigue:
«Seis.  Reducción por adquisición de fincas rústicas.
1.  Cuando en la base imponible de una adquisición mortis causa estuviere 
incluido el valor de fincas rústicas de dedicación forestal situadas en terrenos 
incluidos en la Red gallega de espacios protegidos, y siempre que la adquisición 
corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y 
colaterales, por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado incluido, de la 
persona causante, se practicará una reducción del 95 % del mencionado valor.
Las personas adquirentes deberán mantener las fincas adquiridas durante los 
cinco años siguientes al devengo del impuesto, salvo que dentro de dicho plazo 
fallezca  la  persona  adquirente  o  las  transmita  en  virtud  de  pacto  sucesorio 
conforme a lo previsto en la Ley de derecho civil de Galicia.
2.  En los casos en que en la base imponible de una adquisición mortis causa 
estuviere incluido el valor de fincas rústicas, se practicará una reducción del 99 % 
del mencionado valor cuando concurran las siguientes circunstancias:
a)  Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, 
ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad o afinidad, hasta el  s
cuarto grado incluido, de la persona causante. oe.
b)  Que  las  fincas  rústicas  adquiridas  no  se  encuentren  en  situación  de  w.
abandono o, si lo están, cambie esa situación en el plazo de un año desde la  669ww
adquc)is icQióune. se mantengan las fincas adquiridas al margen de una situación de
abandono durante, al menos, un plazo de cinco años desde su adquisición o
desde el momento en que cambió dicha situación de abandono, salvo que el 
adquirente fallezca dentro de este plazo.
A los efectos de la reducción prevista en este número 2, se entenderá por 
fincas rústicas las que se correspondan con el suelo rústico definido como tal en el 
artículo 31 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
En caso de que sobre el suelo rústico exista una construcción que no esté 
afecta a una explotación agraria en funcionamiento, la reducción no se extenderá 
a  la  parte  de  la  base  liquidable  que  se  corresponda  con  el  valor  de  dicha 
construcción y del suelo sobre el que se asienta, salvo que en el plazo máximo de 
un año desde que tuvo lugar la adquisición de las fincas rústicas se incorporen a 
polígonos agroforestales, proyectos de aldeas modelo o agrupaciones de gestión 
conjunta previstos en la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra 
agraria de Galicia, o bien dichas fincas ya hayan estado adheridas a alguno de 
estos instrumentos en el momento en que tuvo lugar la adquisición mortis causa. 
En ese caso, la reducción sí comprenderá el valor de las construcciones que 
existan sobre las fincas y del suelo sobre el que se asienten.
Una  vez  finalizado  el  plazo  de  un  año  sin  que  haya  tenido  lugar  la 
incorporación a que se refiere el párrafo anterior, en el plazo de un mes el 
adquirente deberá presentar una autoliquidación complementaria, incorporando a 
la base liquidable el 99 % del valor de las construcciones y del suelo sobre el que 
se asientan e ingresando la cuantía que resulte de ella y los correspondientes 
intereses de demora.
Asimismo, a los efectos de calificar la situación de abandono de una finca 
rústica  se  atenderá  a  la  definición  de  «tierra  agroforestal  en  situación  de 
abandono»  prevista  en  el  artículo  4  de  la  Ley  11/2021,  de  14  de  mayo,  de 
recuperación de la tierra agraria de Galicia.»
Ocho.  Se modifica la letra c) del número cinco del artículo 8, que queda redactada 
como sigue:
«c)  Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, 
ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad o afinidad, hasta el 
cuarto grado incluido, de la persona donante».
Nueve.  Se elimina el último párrafo del número cinco del artículo 8.
Diez.  Se añade un nuevo número nueve al artículo 8, con el siguiente contenido:
«Nueve.  Reducción por adquisición de fincas rústicas.
En los casos en que en la base imponible de una adquisición lucrativa inter 
vivos esté incluido el valor de fincas rústicas, se practicará una reducción del 99 % 
del mencionado valor cuando concurran las siguientes circunstancias:
a)  Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, 
ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad o afinidad, hasta el 
cuarto grado incluido, de la persona donante.
b)  Que la adquisición se formalice en escritura pública.
c)  Que las fincas rústicas adquiridas no estén en situación de abandono o, si 
lo están, cambie esa situación en el plazo de un año desde la adquisición. s
d)  Que se mantengan las fincas adquiridas al margen de una situación de  oe.
abandono durante, al menos, un plazo de cinco años desde su adquisición o  w.
desde el momento en que cambió dicha situación de abandono, salvo que el  669ww
adquirente fallezca antes de dicho plazo.
corrAes ploosn deafenc tocos nd ee le sstuae lroe druúcsctiicóon  sdee fiennidteon dceormá op otar l finecna se lr úasrttiíccauslo l a3s1 q udee  slea 
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
En caso de que sobre el suelo rústico exista una construcción que no esté 
afecta a una explotación agraria en funcionamiento, la reducción no se extenderá 
a  la  parte  de  la  base  liquidable  que  se  corresponda  con  el  valor  de  dicha 
construcción y del suelo sobre el que se asienta, salvo que en el plazo máximo de 
un año desde que tuvo lugar la adquisición de las fincas rústicas se incorporen a 
polígonos agroforestales, proyectos de aldeas modelo o agrupaciones de gestión 
conjunta previstos en la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra 
agraria de Galicia, o bien dichas fincas ya hayan estado adheridas a alguno de 
estos instrumentos en el momento en que tuvo lugar la adquisición lucrativa 
inter  vivos.  En  ese  caso,  la  reducción  sí  comprenderá  el  valor  de  las 
construcciones que existan sobre las fincas y del suelo sobre el que se asienten.
Una  vez  finalizado  el  plazo  de  un  año  sin  que  haya  tenido  lugar  la 
incorporación a que se refiere el párrafo anterior, en el plazo de un mes el 
adquirente deberá presentar una autoliquidación complementaria, incorporando a 
la base liquidable el 99 % del valor de las construcciones y del suelo sobre el que 
se asientan e ingresando la cuantía que resulte de ella y los correspondientes 
intereses de demora.
Asimismo, a los efectos de calificar la situación de abandono de una finca 
rústica  se  atenderá  a  la  definición  de  «tierra  agroforestal  en  situación  de 
abandono»  prevista  en  el  artículo  4  de  la  Ley  11/2021,  de  14  de  mayo,  de 
recuperación de la tierra agraria de Galicia.»
Once.  Se modifica el apartado dos del artículo 13 ter, que queda redactado como 
sigue:
«Dos.  Deducción por inversiones en empresas agrarias.
1.  Los contribuyentes podrán aplicar una deducción del 100 % de la parte de 
la  cuota  del  impuesto  que  proporcionalmente  corresponda  al  valor  de  los 
siguientes bienes o derechos:
a)  Participaciones en el capital social de:
1.º  Sociedades de fomento forestal reguladas en la Ley 7/2012, de 28 de 
junio, de montes de Galicia.
2.º  Entidades agrarias, cooperativas agrarias o de explotación comunitaria de 
la tierra que tengan por objeto exclusivo actividades agrarias.
3.º  Las entidades que tengan por objeto la movilización o recuperación de las 
tierras  agrarias  de  Galicia,  al  amparo  de  los  instrumentos  previstos  en  la 
Ley 11/2021, de 14, de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia.
b)  Préstamos realizados a favor de las mismas entidades citadas en la letra 
a) anterior, así como garantías que el contribuyente constituya personalmente a 
favor de estas entidades.
c)  Participaciones  de  los  socios  capitalistas  en  cuentas  en  participación 
constituidas para el desarrollo de actividades agrarias y en las que el partícipe 
gestor sea alguna de las entidades citadas en la letra a) anterior.
En el caso de participaciones en el capital social de entidades, la deducción 
solo se aplicará al valor de estas, determinado según las reglas de este impuesto,  s
en la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios  oe.
para el ejercicio de la actividad agraria, aminorados en el importe de las deudas  w.
derivadas  de  la  misma,  y  el  valor  del  patrimonio  neto  de  la  entidad.  Para  669ww
sdieetmerpmrein qaur ee setsat ap rroepfleojrec ifóienl msee ntotem laa rváe erdl avdaelorar  qsuituea sceió dne pdautzricmao dneia ll ad ec olan teanbtiildidaadd.,
deduEcnc ieóln  csaosloo  dsee  parpélsictaamráo sa l oi mppaortritceip aqcuieo nfeinsa necni ec ulae natacsti veidna dp aartgicriapraiac iódne,  llaa   BOE-A-cable e
entidad, entendiéndose que financian esta actividad en la parte que resulte de 
aplicar a su cuantía total la proporción determinada conforme a lo previsto en el 
párrafo anterior.
2.  Para tener derecho a esta deducción deberán cumplirse los siguientes 
requisitos:
a)  Las inversiones a las que sea aplicable la deducción deben formalizarse 
en  escritura  pública,  en  la  cual  debe  especificarse  la  identidad  de  los 
contribuyentes que pretendan aplicar esta deducción y el importe de la operación 
respectiva.
b)  Las  inversiones  realizadas  deben  mantenerse  en  el  patrimonio  del 
contribuyente durante un período mínimo de cinco años, computado a partir del 
día siguiente a la fecha en que se formalice la operación en escritura pública. En el 
caso de operaciones de financiación, el plazo de vencimiento deberá ser superior 
o igual a cinco años, sin que se pueda amortizar una cantidad superior al 20 % 
anual del importe del principal. Durante ese mismo plazo de cinco años deben 
mantenerse las garantías constituidas.
3.  Esta  deducción  será  incompatible  con  la  aplicación  para  los  mismos 
bienes o derechos de las exenciones del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de 
junio, del impuesto sobre el patrimonio, aunque dicha exención sea parcial.»
Doce.  Se suprime el tercer párrafo del apartado cuatro del artículo 13 ter.
Trece.  Se eliminan los números tres y cinco del artículo 13 ter y se renumeran las 
restantes deducciones.
Catorce.  Se añade un número seis al artículo 13 ter del Decreto legislativo 1/2011, 
de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, con la 
siguiente redacción:
«Seis.  Deducción por incorporación de bienes y derechos a los instrumentos 
de movilización o recuperación de las tierras agrarias de Galicia.
Si entre los bienes o derechos de contenido económico computados para la 
determinación de la base imponible se hubiesen incluido bienes incorporados a 
polígonos agroforestales, proyectos de aldeas modelo o agrupaciones de gestión 
conjunta previstos en la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra 
agraria de Galicia, el contribuyente podrá aplicar una deducción del 100 % en la 
parte de la cuota que proporcionalmente corresponda a dichos bienes o derechos, 
siempre que dicha adscripción se mantenga durante un plazo de, al menos, cinco 
años.
Los citados bienes y derechos deberán estar inscritos en los registros que 
resulten de aplicación, conforme a lo previsto en la Ley de recuperación de la 
tierra agraria de Galicia.
Esta deducción será incompatible con la aplicación para los mismos bienes o 
derechos de las exenciones del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
impuesto sobre el patrimonio, aunque dicha exención sea parcial.»
Quince.  Se modifica el número dos del artículo 16, que queda redactado como  s
sigue: oe.
«Dos.  Deducción por arrendamiento de fincas rústicas. 669ww
ptraatnrSismmeo isneiiosantlaeebss l ey capeca ttoursnim ajuo rndídieaidcleuoscs c dióoonnc ueemrones nalatsa , dcoudsoe,t ale  nd iemell p su1ue0ps0ut eos% to s edoneb  raelar r emtnradonadsmamliideisanidtoo n ddeees    OE-A-2021-10able en https://
fincas rústicas, siempre que las personas arrendatarias tengan la condición de
agricultores profesionales en cuanto a la dedicación de trabajo y procedencia de 
rentas o de silvicultores activos y sean titulares de una explotación agraria a la 
cual  queden  afectos  los  elementos  objeto  del  alquiler,  o  bien  socios  de  una 
sociedad agraria de transformación, cooperativa de explotación comunitaria de la 
tierra o sociedad civil que sea titular de una explotación agraria a la que queden 
afectos los elementos arrendados.
También se establece una deducción en la cuota del 100 %, en la modalidad 
de  transmisiones  patrimoniales  onerosas,  del  impuesto  sobre  transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados, para los arrendamientos o cesiones 
temporales  de  fincas  rústicas  que  se  lleven  a  cabo  para  su  incorporación  a 
polígonos agroforestales, proyectos de aldeas modelo o agrupaciones de gestión 
conjunta previstos en la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra 
agraria de Galicia.»
Dieciséis.  Se modifica el número tres del artículo 16, que queda redactado como 
sigue:
«Tres.  Deducción aplicable a la transmisión, al arrendamiento o a la cesión 
temporal de terrenos incorporados al Banco de Tierras de Galicia.
1.  Las transmisiones en propiedad, el arrendamiento o la cesión temporal de 
terrenos en que intervenga el Banco de Tierras de Galicia, conforme a lo previsto 
en la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia, 
disfrutarán de una deducción en la cuota tributaria del 100 % en el impuesto de 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Este beneficio fiscal 
será  incompatible  con  cualquier  otro  que  pueda  ser  aplicable  a  esas 
adjudicaciones o al encargo de mediación.
2.  La  aplicación  de  dicho  beneficio  fiscal  quedará  condicionada  al 
mantenimiento, durante un período mínimo de cinco años, del destino agrario del 
terreno,  salvo  en  los  supuestos  de  expropiación  para  la  construcción  de 
infraestructuras públicas o para la edificación de instalaciones o construcciones 
asociadas a la explotación agraria.
3.  En caso de incumplimiento de dicha condición, la persona beneficiaria 
deberá ingresar el importe del beneficio disfrutado y los intereses de demora, 
mediante la presentación de una autoliquidación complementaria, en el plazo de 
un mes desde el incumplimiento de la condición.»
Diecisiete.  Se modifica el número cinco del artículo 16, que queda redactado como 
sigue:
«Cinco.  Deducción aplicable a las transmisiones de suelo rústico.
A las transmisiones inter vivos de suelo rústico se les aplicará una deducción 
del 100 % de la cuota. A estos efectos, se entenderá como suelo rústico el 
definido como tal en el artículo 31 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia.
En caso de que sobre el suelo rústico exista una construcción que no esté 
afecta a una explotación agraria en funcionamiento, la deducción no se extenderá 
a la parte de la cuota que se corresponda con el valor en la base liquidable de 
dicha construcción y del suelo sobre el que se asienta, salvo que se trate de  es
transmisiones de fincas rústicas que en el plazo máximo de un año desde que  o
tuvo lugar su adquisición se incorporen a polígonos agroforestales, proyectos de  669ww
acdaoleddm he1epa4rrsi ed dnameds o emdraeáa l yoaeo llo,g   vudaaneglo orr rue pdcdaeuec p ieoelarnssate ocscisó o dnnie nsd stgreture uclsamct iióoetinnen ertcorsaos  n.q ajuugEenrna ta rei axepi ssrdteteaev n isG ctsaoaosslibo cer,iae n, l  alloaa  s dq Leufeidneyuc  ya1ca1cs i /ó2eyn0s  2tdé1sen,íl     OE-A-2021-10able en https://
suelo sobre el que se asienten.
En caso de incumplimiento de dicha condición, la persona beneficiaria deberá 
ingresar el importe del beneficio disfrutado y los intereses de demora, mediante la 
presentación de una autoliquidación complementaria, en el plazo de un mes desde 
el incumplimiento de la condición.»
Dieciocho.  Se  añade  un  nuevo  número  diez  al  artículo  16,  con  el  siguiente 
contenido:
«Diez.  Deducción  aplicable  a  las  transmisiones  de  elementos  afectos  a 
explotaciones agrarias.
Se aplicará una deducción del 100 % de la cuota del impuesto que pudiere 
devengarse como consecuencia de las transmisiones inter vivos del pleno dominio 
o del usufructo de elementos afectos a una explotación agraria, ya sea como 
consecuencia de su transmisión individualizada o con ocasión de la transmisión 
inter vivos del pleno dominio o del usufructo de una explotación agraria en su 
integridad.
La aplicación de esta deducción quedará condicionada a la concurrencia de 
los siguientes requisitos:
a)  Que la adquisición se formalice en escritura pública.
b)  Que los elementos adquiridos se mantengan afectos a la explotación 
agraria durante un plazo de cinco años desde su adquisición, bien directamente 
por parte del adquirente, salvo que este fallezca dentro de este plazo, o bien por 
parte  de  aquellas  personas  a  las  que  el  adquirente  les  haya  transmitido  los 
elementos en virtud de un pacto sucesorio, antes de la finalización de ese plazo de 
cinco años. El titular de la explotación durante este plazo de mantenimiento debe 
tener la condición de persona agricultora profesional o silvicultora activa.
c)  Que en el seno de la explotación agraria de la que proceden los elementos 
adquiridos  se  hayan  venido  realizando,  efectivamente,  actividades  agrarias 
durante un período superior a los dos años anteriores al devengo del impuesto.
Esta deducción resultará incompatible, para un mismo negocio jurídico, con la 
prevista en los números cuatro y cinco.»
Diecinueve.  Se modifica el número siete del artículo 17, que queda redactado como 
sigue:
«Siete.  Deducción  aplicable  a  las  agregaciones,  agrupaciones  y 
segregaciones para posterior agregación o agrupación de fincas que contengan 
suelo rústico.
1.  A las agregaciones y agrupaciones de fincas que contengan suelo rústico 
se les aplicará una deducción del 100 % en la cuota correspondiente al gravamen 
gradual sobre actos jurídicos documentados, documentos notariales, que recaiga 
sobre dicho suelo. A estos efectos se entenderá como suelo rústico el definido 
como tal en el artículo 31 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
En caso de que sobre el suelo rústico exista una construcción que no esté 
afecta a una explotación agraria en funcionamiento, la deducción no se extenderá 
a la parte de la cuota que se corresponda con el valor en la base liquidable de 
dicha construcción y del suelo sobre el que se asienta, salvo que se trate de  e.
agrupaciones de fincas rústicas que se lleven a cabo, para su incorporación, en el  w.b
plazo máximo de un año desde la fecha de devengo, a polígonos agroforestales,  669ww
Lperoyy 1e1c/t2o0s 2d1e,  daeld 1e4a sd em modaeyloo,  doe a rgercuuppaecriaocnieósn  ddee  lgae tsietirórna  acgornajurinat ad ep rGeavliisctioas,  oe nq ulea 
cyoam epsrtéenn daedrháe erild avsa lao ra dlgeu nlaos d ceo enssttorusc icnisotnruems eqnuteo se, xeinst acnu ysoo cbareso l alas  dfiendcuacsc iyó nd esíl 
suelo sobre el que se asienten.
2.  La deducción regulada en el número 1 de este apartado será, asimismo, 
aplicable,  con  las  mismas  condiciones,  a  las  segregaciones  de  fincas  que 
contengan  suelo  rústico  cuando  dicha  segregación  tenga  por  finalidad  una 
agregación o agrupación de fincas de suelo rústico posterior que se vaya a realizar 
en los mismos términos que se establecen en el número 1 de este apartado. Esta 
condición se entenderá cumplida solamente cuando en la misma escritura pública 
de segregación o en una escritura pública de la misma fecha se otorgue la 
agregación o agrupación de fincas que incluya alguna de las fincas segregadas.
3.  En caso de incumplimiento de los requisitos exigidos en los números 
anteriores para la aplicación de esta deducción, la persona beneficiaria deberá 
ingresar el importe del beneficio disfrutado y los intereses de demora, mediante la 
presentación de una autoliquidación complementaria, en el plazo de un mes desde 
el incumplimiento de la condición.»
Veinte.  Se añade un nuevo número once al artículo 17, con el siguiente contenido:
«Once.  Deducción  aplicable  en  supuestos  de  transmisión  de  elementos 
afectos a explotaciones agrarias.
Se aplicará una deducción del 100 % de la cuota del impuesto que pueda 
devengarse como consecuencia de las transmisiones inter vivos del pleno dominio 
o del usufructo de elementos afectos a una explotación agraria, ya sea como 
consecuencia de su transmisión individualizada o con ocasión de la transmisión 
inter vivos del pleno dominio o del usufructo de una explotación agraria en su 
integridad.
La aplicación de esta deducción quedará condicionada a la concurrencia de 
los siguientes requisitos:
a)  Que los elementos adquiridos se mantengan afectos a la explotación 
agraria durante un plazo de cinco años desde su adquisición, bien directamente 
por parte del adquirente, salvo que este fallezca dentro de este plazo, o bien por 
parte  de  aquellas  personas  a  las  que  el  adquirente  les  haya  transmitido  los 
elementos en virtud de un pacto sucesorio, antes de la finalización de ese plazo de 
cinco años. El titular de la explotación durante este plazo de mantenimiento debe 
tener la condición de persona agricultora profesional o persona silvicultora activa.
b)  Que en el seno de la explotación agraria de la que proceden los elementos 
adquiridos  se  hayan  venido  realizando,  efectivamente,  actividades  agrarias 
durante un período superior a los dos años anteriores al devengo del impuesto.
Esta deducción resultará incompatible, para el mismo negocio jurídico, con la 
prevista en el número dos.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del 
patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Se añade, en el capítulo II del título III, la sección 4.ª, «Adquisición de inmuebles 
vacantes», integrada por el artículo 59 bis, a la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del 
patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia, con la siguiente redacción:
«Sección 4.ª Adquisición de inmuebles vacantes e
Artículo 59 bis.  Inmuebles vacantes y sin dueño conocido. 669ww
Com1u. nidAadde mAáustó ndoem lao sd eb ieGnaelisc iaq,u ep esrtee nlee caet raib ueysetan,  ap otrr adveérse cdheol  msiuncisetseoriroio  dae  llaa 
ley, la propiedad de los inmuebles situados en su territorio vacantes por haber sido
abandonados por sus dueños o cuyos dueños sean desconocidos. Bc
2.  Sin embargo, no se derivarán obligaciones o responsabilidades para la 
Comunidad Autónoma de Galicia por razón de la propiedad de estos bienes en 
tanto no se produzca su incorporación efectiva al patrimonio de la Comunidad 
Autónoma, previa instrucción del correspondiente expediente de investigación, que 
se tramitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 117 de la presente ley o, 
en su caso, en la legislación especial que la regula.
3.  La Comunidad Autónoma de Galicia podrá tomar posesión de los bienes 
así adquiridos en vía administrativa, siempre que no fueren poseídos por nadie a 
título de dueño y sin perjuicio de los derechos de terceros.
4.  De existir un poseedor a título de dueño, la Comunidad Autónoma de 
Galicia deberá llevar a cabo la acción que corresponda ante los órganos del orden 
jurisdiccional civil.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de 
Galicia.
La Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, queda modificada como sigue:
Uno.  Se suprimen las letras c) y e) del número 1 del artículo 2.
Dos.  Se suprime la letra d) del número 2 del artículo 2.
Tres.  Se modifica la letra e) del número 2 del artículo 2, que queda redactada como 
sigue:
«2.  No tienen la consideración de monte o terreno forestal:
e)  Los terrenos rústicos de especial protección agropecuaria.»
Cuatro.  Se modifica el número 39, y se añaden los números 40, 41, 42 y 43 al 
artículo 8, con la siguiente redacción:
«39.  Silvicultor/a  activo/a:  personas  o  entidades,  con  o  sin  personalidad 
jurídica,  que  sean  personas  propietarias,  titulares  o  gestoras  de  los 
aprovechamientos  y  servicios  ecosistémicos  de  aquellas  unidades  de  gestión 
forestal que cuenten con un instrumento de ordenación o de gestión forestal y 
siempre que dispongan o estén incluidos dentro de un certificado de gestión 
forestal  sostenible  emitido  por  un  sistema  de  certificación  forestal  reconocido 
internacionalmente, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional novena 
de la presente ley.
40.  Unidades de gestión forestal: son montes o parcelas forestales con lindes 
identificables incluidos en un único instrumento de ordenación o gestión forestal.
41.  Explotación forestal: unidad de gestión forestal con fines primordialmente 
de  mercado,  entendiendo  esta  como  el  conjunto  de  bienes  y  derechos 
organizados por la persona titular, arrendataria o gestora en el ejercicio de la 
actividad silvícola y que constituye en sí misma una unidad técnico-económica.
42.  Certificado de gestión forestal sostenible: título o documento, expedido 
por una tercera parte independiente, que acredita que, en los montes o unidades 
de gestión forestal en él incluidos, se lleva a cabo una gestión forestal sostenible, 
según requisitos determinados previamente por un sistema de certificación forestal 
reconocido internacionalmente.
43.  Personas titulares de certificados de gestión forestal sostenible: persona  es
o entidad a la que se le ha expedido un certificado de gestión forestal sostenible.» o
Cinco.  Se añade un nuevo número al artículo 20 en su parte final: 669ww
«4.  Las  comunidades  de  montes  vecinales  en  mano  común  podrán
apqeurteelnlaesc earg aru lpaasc iaognreusp aqcuioen edsis pfoornegsatanl,e sd ednet rgoe dsetió snu c osunpjuenrtfaic,i ep rdeefe raecnttueamcieónnt ed ea 
gestión conjunta, de parcelas colindantes con el límite del monte vecinal. Con la
finalidad de procurar una explotación más eficiente y sostenible del monte, las 
comunidades  de  montes  vecinales  en  mano  común  tendrán  plena  capacidad 
jurídica para la realización de actos o negocios jurídicos para pertenecer a las 
agrupaciones de gestión conjunta.»
Seis.  Se añade un artículo 60 bis, con la siguiente redacción:
«1.  Las personas propietarias de montes o terrenos forestales privados que 
pretendan  realizar  cambios  de  actividad  de  forestal  a  agrícola  tendrán  que 
presentar la comunicación previa o, en su caso, la solicitud de autorización de 
cambio de actividad, de acuerdo con lo establecido en el número 1 del artículo 60 
de la presente ley, ante la persona titular de la jefatura territorial de la consejería 
competente en materia de montes en cuyo ámbito se sitúe el monte o terreno 
forestal en que se va a realizar el cambio de actividad a agrícola o la mayor 
superficie de aquel, en caso de estar situado en el ámbito de más de una jefatura 
territorial.
2.  Cuando para la realización del cambio de actividad de forestal a agrícola 
sea  necesaria  la  realización  de  un  aprovechamiento  forestal,  la  solicitud  de 
autorización  o  la  comunicación  previa  irán  acompañadas  de  la  solicitud  de 
autorización o, en su caso, de la declaración responsable de aprovechamiento 
forestal, conforme al régimen normativo de aplicación.
3.  En caso de cambios de actividad sujetos a autorización, tras la instrucción 
del procedimiento por parte de la jefatura territorial, corresponderá a la persona 
titular del centro directivo competente en materia forestal resolver sobre la solicitud 
de autorización de cambio de actividad de forestal a agrícola presentada en el 
plazo máximo de seis meses. El aprovechamiento forestal, mediante declaración 
responsable,  no  se  podrá  realizar  hasta  que  se  dicte  la  resolución  sobre  la 
autorización de cambio de actividad solicitada.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, la solicitud 
de autorización se entenderá desestimada, al tratarse de una actividad que puede 
dañar el medio ambiente.
4.  Los  cambios  de  actividad  sujetos  a  comunicación  previa  podrán  ser 
realizados  desde  el  momento  en  que  se  presente  esta,  sin  perjuicio  de  las 
facultades  de  comprobación,  control  e  inspección  que  tengan  atribuidas  la 
Administración  forestal  y  las  demás  administraciones  públicas  competentes, 
excepto en los casos en que para la realización del cambio de actividad sea 
necesaria la realización de un aprovechamiento forestal sujeto a autorización. En 
estos últimos supuestos, no se podrá realizar el cambio de actividad hasta que el 
titular  de  la  jefatura  territorial  competente  se  pronuncie  sobre  la  solicitud  de 
autorización  del  aprovechamiento  forestal  o  bien  hasta  que  esta  se  estime 
concedida por silencio administrativo.
Cuando la realización del cambio de actividad requiera de una evaluación de 
impacto ambiental, la comunicación previa no podrá presentarse hasta que el 
órgano ambiental concluya dicha evaluación y esté publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Diario Oficial de Galicia». A estos efectos, actuará como 
órgano sustantivo aquel competente en la actividad o uso a que se vaya a destinar 
la finca.
5.  El plazo máximo para la realización del cambio de actividad y, en su caso, 
del aprovechamiento maderero necesario, será de doce meses, que se contarán  e
desde la fecha de la notificación de la autorización de cambio de actividad o desde  bo
la presentación de la comunicación previa. 669ww
implEiqnu eenl  lac arseoa lizdaec icóanm dbei oasp rdoeve cahcatimvidieandt oss ufjoerteosst aale sc osumjeutnoisc aac iaóunt oprirzeavciaió nq, ueel 
palparzoov edceh admocieen tmo efoseress tsael  oc odmepsdueta rlaá  fdeecshdae  elna  qnuoeti fiecsatcai ósne  dees tilma ea uctoonriczeadciidóan  pdoerl 
silencio administrativo.
Cuando se demore la ejecución por causas no imputables al propietario del 
monte o terreno forestal, dicho plazo podrá ser prorrogado por la persona titular 
del centro directivo competente en materia forestal, previa solicitud justificada, por 
un único plazo, que no podrá exceder en ningún caso del inicialmente concedido.»
Siete.  Se suprime el artículo 61, «Cambio de actividad agrícola a forestal».
Ocho.  Se suprime el número 4 del artículo 62, «Supuestos especiales de cambio de 
actividad».
Nueve.  Se modifica el número 6 del artículo 62, que queda redactado como sigue:
«6.  Las plantaciones para la mejora de la explotación agrícola o ganadera 
consistentes en fajas cortavientos de hasta 10 metros de ancho y los bosquetes 
para la protección de ganado de hasta 500 metros cuadrados no tendrán la 
consideración de plantaciones forestales. En ningún caso podrán emplearse para 
tal fin plantas del género Eucalyptus.»
Diez.  Se suprime el número 1 del artículo 67, «Condiciones que deben cumplir las 
repoblaciones forestales».
Once.  Se modifican los números 2 y 4 del artículo 67, que quedan redactados como 
sigue:
«2.  Queda prohibida la siembra o plantación, incluso de pies aislados, en 
todo  terreno  forestal  y  en  las  zonas  de  influencia  forestal  definidas  en  la 
Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales 
de Galicia, con ejemplares del género Acacia y cualquier otro sin aprovechamiento 
comercial relevante que se determine mediante orden de la consejería competente 
en materia de montes.
4.  Quedan  prohibidas  las  reforestaciones  y  las  nuevas  plantaciones 
forestales con el género Eucalyptus en aquellas superficies pobladas por especies 
del anexo I y en las masas compuestas por formaciones arbóreas donde estén 
mezclados o intercalados pies mayores pertenecientes a especies del anexo I con 
pies mayores del género Eucalyptus, cuando estos últimos integren un porcentaje 
de individuos inferior al 50 % del total de la masa. Esta prohibición se aplicará 
incluso con posterioridad al aprovechamiento final de esa masa mixta o a su 
afectación  por  un  incendio  forestal.  Se  exceptuarán  de  esta  prohibición  las 
parcelas pobladas con pies del género Eucalyptus que estén siendo gestionadas 
conforme  a  modelos  silvícolas  EG2  o  EN2  cuyo  objetivo  de  gestión  sea  la 
producción  de  madera  para  sierra,  chapa  o  bateas  en  turnos  superiores  a 
veinticinco años y siempre y cuando hayan obtenido autorización previa emitida 
por el órgano territorial competente en materia de medio rural donde radique el 
monte o terreno forestal.
A estos efectos, se considerarán pies mayores aquellos que presenten un 
diámetro normal igual o superior a 7,5 centímetros. Esta prohibición no será 
aplicable en los casos de regeneración posterior a la plantación o regeneración, en 
piso inferior o sotobosque, de especies del anexo I.
En  masas  consolidadas  de  frondosas,  la  prohibición  anterior  se  extiende 
igualmente a las reforestaciones y a las nuevas plantaciones intercaladas con el 
género Pinus, Picea sp., Abies sp., Pseudosuga sp. y Tsuga sp.»
Doce.  Se modifica la letra a) del número 2 del artículo 70, que queda redactada de  e.e
la siguiente manera: b
cpcooennrsjj«uuoannn)tta aas,   Sdmteiete u vdlsaiinaurecnsus te lta eerlranár   eaalnap osuos nr,ct aaoq cruairóeegns r upsdpoeean  cdtaiíióetcunnrle otedcssio t andar eágc  rapumprpoaeapcdciiediiaodannadtede s j u dlrfaeíod  rileiconsastte  atpgleearrasrrace i ndóloeans    ggdyeee/oss tt iilóódannes     OE-A-2021-10able en https://
derechos de aprovechamiento sobre ellos.»
Trece.  La letra d) del número 2 del artículo 121 queda con la siguiente redacción:
«d)  Las agrupaciones forestales de gestión conjunta.»
Catorce.  El artículo 122 queda con la siguiente redacción:
«Artículo 122.  Agrupaciones forestales de gestión conjunta.
1.  Las personas propietarias o titulares de derechos de aprovechamiento de 
terrenos forestales que pretendan su gestión conjunta de acuerdo con las normas 
de la presente ley podrán solicitar su reconocimiento como agrupación forestal de 
gestión conjunta.
2.  Las agrupaciones tendrán por finalidad la gestión conjunta y sostenible de 
los  terrenos  forestales,  su  recuperación  e  impedir  su  abandono;  favorecer  la 
gestión, producción y comercialización conjunta; servir como instrumento para la 
conservación del medio ambiente, la prevención y defensa contra los incendios 
forestales, la protección frente a catástrofes y la mitigación y adaptación contra el 
cambio climático; y la creación de empleo endógeno, colaborando en el aumento 
de la calidad de vida y en expectativas de desarrollo de la población rural.
3.  De acuerdo con las finalidades expresadas en el número anterior, por 
trascender sus fines y objetivos de aquellos exclusivamente de interés particular, 
podrá declararse de interés general la gestión conjunta realizada por las indicadas 
agrupaciones forestales.
4.  Podrán  solicitar  el  reconocimiento  como  agrupaciones  forestales  de 
gestión conjunta las siguientes entidades cuya actividad se desarrolle en terrenos 
forestales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia:
a)  Asociaciones sin ánimo de lucro constituidas para el auxilio, apoyo y 
asesoramiento  a  las  personas  propietarias  o  titulares  de  los  derechos  de 
aprovechamiento de terrenos en la planificación de la gestión forestal y en la 
gestión y comercialización conjunta de sus aprovechamientos, siempre que estén 
compuestas  por  personas  titulares  de  los  indicados  derechos  dentro  de  la 
Comunidad Autónoma de Galicia.
b)  Sociedades civiles y comunidades de bienes.
c)  Cooperativas y otras entidades de economía social.
d)  Sociedades agrarias de transformación.
e)  Sociedades  mercantiles  reguladas  en  la  legislación  de  sociedades  de 
capital.
f)  Sociedades de fomento forestal.
g)  Cualquier otra que tenga por objeto la recuperación, de forma conjunta, de 
tierras forestales.»
Quince.  El artículo 122 bis queda con la siguiente redacción:
«Artículo 122 bis.  Objeto de las agrupaciones forestales de gestión conjunta.
1.  El objeto de las agrupaciones forestales de gestión conjunta será, de 
forma exclusiva, uno o varios de los siguientes:
a)  La movilización de terrenos forestales por medio de una actuación de 
gestión conjunta. e.
b)  La explotación y el aprovechamiento conjunto de los terrenos forestales  w.
mediante una gestión sostenible y multifuncional de los productos y servicios  669ww
ffoorreessttaalleess.,  cAo netrsitbousy eenfedcot oas ,a usme eenntater nldae rreánnt apboilrid aredc uyr slao sc ayli dsaedr vdiceio lso sf orerecsutrasloess 
aquellos definidos por el artículo 84 de la presente ley.
c)  La comercialización y/o producción conjunta de productos forestales, la 
realización de mejoras en el medio rural, la promoción y desarrollo agrarios y la 
prestación de servicios comunes que sirvan a aquella finalidad.
d)  La gestión activa y valorización de las masas consolidadas de frondosas 
autóctonas, teniendo en cuenta los beneficios sociales y ambientales que aportan 
a la sociedad gallega.
e)  El apoyo a la gestión forestal sostenible en el marco de las estrategias de 
mitigación y adaptación frente al cambio climático y en las políticas activas de 
descarbonización,  sin  olvidar  su  papel  como  refugio  de  la  biodiversidad  y  la 
importancia que presenta en servicios fundamentales para la vida.
f)  La restauración y conservación de ecosistemas forestales.
2.  Las agrupaciones de gestión conjunta podrán tener por objeto, además de 
los aprovechamientos correspondientes a su propia naturaleza, aprovechamientos 
mixtos, así como cualquier otro secundario vinculado a estos y compatible con el 
uso de parcelas rústicas, de conformidad con las previsiones de la legislación 
urbanística.»
Dieciséis.  Se añade un artículo 122 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 122 ter.  Requisitos de las agrupaciones forestales de gestión conjunta.
1.  Las agrupaciones forestales de gestión conjunta deberán disponer de la 
gestión de una superficie mínima de 10 hectáreas.
2.  Las personas o entidades que formen parte de la agrupación forestal 
deberán firmar la cesión o delegación de la planificación de la gestión forestal o de 
la representación para la gestión y comercialización conjunta durante un plazo 
mínimo de diez años, o el plazo que permita completar el turno de corta del 
aprovechamiento principal, en caso de que este sea mayor.
3.  Las agrupaciones forestales podrán firmar acuerdos de cesión con las 
personas titulares de terrenos forestales para el uso y el aprovechamiento de su 
finca mediante cualquier negocio jurídico válido en derecho, y no será necesaria 
su  integración  como  socios  en  dicha  agrupación.  Estos  acuerdos  incluirán 
expresamente la obligación de la persona cesionaria de cumplir con los plazos de 
cesión dispuestos en este artículo.
La Administración forestal facilitará a las personas titulares de fincas forestales 
modelos tipo para la constitución de un derecho de uso y aprovechamiento a favor 
de terceras personas.
4.  Los estatutos de la agrupación de gestión conjunta recogerán, siempre 
que  por  su  naturaleza  mercantil  sean  aplicables,  entre  otras,  las  siguientes 
previsiones:
a)  La mayoría de los derechos de voto deberá corresponder a las personas 
socias que aporten la propiedad o los derechos de uso de parcelas forestales.
b)  Los derechos económicos de las personas miembros de la agrupación. A 
tales efectos, en su caso, los estatutos sociales podrán prever la posibilidad de 
que cada participación o acción social implique una diferente participación en los 
beneficios de la sociedad.
c)  La obligatoriedad de reservar, de los ingresos que obtengan por la gestión 
de los aprovechamientos forestales, al menos: e.
1.º  La cuantía necesaria para hacer frente a los costes previstos en las  669ww
aoc gtueasctiióonn efosr eosbtjaelt.o de planificación dispuestas en los instrumentos de ordenación
resu2lt.aº nteEsl  cdiee nin pcoern dciioesn tfoo rdees taloless ,i npglraegsaoss  og etenmerpaodroasle sa,  psaarltviro  dqeu elo sse p jruosdtuificqtuoes 
documentalmente ante la consejería competente en materia de montes que es 
suficiente la reserva de un porcentaje menor.
5.  Las agrupaciones forestales de gestión conjunta deberán presentar ante la 
Administración forestal, sobre los terrenos que tengan la condición de monte, un 
instrumento de ordenación o gestión forestal para dicha superficie de acuerdo con 
lo previsto en la presente ley, en el plazo de un año desde su inscripción en el 
Registro de Agrupaciones de Gestión Conjunta de Terrenos Forestales.
6.  Las agrupaciones forestales de gestión conjunta deberán disponer de los 
servicios para la gestión profesionalizada mediante personal técnico competente 
en  materia  forestal.  Este  personal  técnico  deberá  elaborar  el  preceptivo 
instrumento de ordenación o gestión y prestar el apoyo técnico que asegure una 
gestión forestal sostenible y el cumplimiento de las obligaciones normativamente 
aplicables.  Sin  embargo,  no  será  necesario  que  la  administración  de  una 
agrupación forestal de gestión conjunta sea desempeñada por una empresa de 
servicios forestales.
7.  Mediante  desarrollo  reglamentario  podrán  determinarse  requisitos 
adicionales  que  deberán  cumplir  estas  agrupaciones  forestales  de  gestión 
conjunta y las particularidades de su régimen jurídico.»
Diecisiete.  Se añade un artículo 122 quater, con la siguiente redacción:
«Artículo  122  quater.  Del  reconocimiento  de  las  agrupaciones  forestales  de 
gestión conjunta.
1.  Las  solicitudes  de  las  personas  interesadas  que  pretendan  el 
reconocimiento de la agrupación forestal de gestión conjunta deberán, además de 
los requisitos generales establecidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
presentar la siguiente documentación:
a)  Identificar la tipología de la agrupación propuesta.
b)  Justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley 
y, en particular, en su caso, la constitución de la entidad correspondiente que va a 
llevar a cabo la actuación de gestión conjunta, aportando sus estatutos.
c)  Identificar  la  superficie  de  la  iniciativa  de  actuación  de  gestión  o 
comercialización conjunta.
d)  Proporcionar la documentación que acredite la disposición de los derechos 
de uso de la superficie de las tierras de naturaleza forestal incluidas en el ámbito 
de la iniciativa de  gestión o  comercialización  conjunta. Deberá acreditarse la 
disposición de los derechos de uso de un porcentaje superior al 70 % de la 
superficie de las tierras incluidas en el ámbito de la iniciativa. Con respecto a la 
justificación de los derechos de uso, a los efectos de la presente ley, salvo prueba 
en contrario, la Administración considerará a la persona que con tal carácter 
conste  en  registros  públicos  que  produzcan  presunción  que  solo  pueda  ser 
destruida judicialmente o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en 
registros fiscales, o finalmente a quien lo sea pública y notoriamente, aunque 
carezca del oportuno título escrito.
e)  Acreditar la disponibilidad de los medios personales y técnicos precisos y 
la obligación de mantenerlos a lo largo de toda la actividad. e.
f)  Aportar, en su caso, la solicitud de la declaración de utilidad pública e  w.b
interés social para la actuación de gestión conjunta. 669ww
2.  Los terrenos incluidos dentro del ámbito de la iniciativa no podrán formar
part3e.  deE ol tróar gaagnrou pfaocreiósnta cl,o pnr eelv mia isremmoi soibójne tao .este de la documentación requerida,
comunicará dicha solicitud a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural para su
conocimiento y solicitará, en su caso, la subsanación y mejora de la solicitud, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015. En particular, podrá 
solicitar,  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  este  precepto,  la  aclaración  de  la 
documentación presentada y la modificación del ámbito de la actuación.
4.  A la vista de la documentación aportada y, en su caso, sus subsanaciones, 
el  órgano  forestal  resolverá  el  reconocimiento  de  la  agrupación  de  gestión 
conjunta.  El  órgano  forestal  notificará  la  resolución  de  reconocimiento  de  la 
agrupación de gestión conjunta y de la viabilidad de la superficie de actuación 
dentro del plazo de seis meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido 
entrada en el registro del órgano competente para resolver. En caso de que no se 
dicte y notifique en el indicado plazo la resolución, las personas interesadas 
podrán considerar desestimada su solicitud a los efectos de la interposición de los 
recursos procedentes.
5.  Una  vez  reconocida  la  agrupación,  esta  se  inscribirá  de  oficio  en  el 
Registro de Agrupaciones Forestales regulado en el artículo 126 de la presente 
ley. Dicha resolución e inscripción serán comunicadas a la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural para su inscripción en la sección forestal del Registro Público de 
Agrupaciones Agroforestales de la Comunidad Autónoma de Galicia.
6.  Las asociaciones sin ánimo de lucro podrán ser declaradas de utilidad 
pública  de  acuerdo  con  los  requisitos  establecidos  en  la  legislación  de 
asociaciones.  En  particular,  la  Administración  autonómica  entenderá  que 
promueven el interés general, a los efectos de lo previsto en la legislación de 
asociaciones, aquellas inscritas en el Registro de Agrupaciones Forestales de 
Gestión Conjunta cuya actividad se refiera a terrenos compuestos, al menos, en 
un 85 % por formaciones arbóreas de las especies del anexo I de la Ley 7/2012, 
de 28 de junio, de montes de Galicia, o de pino del país (Pinus pinaster Ait.).
7.  La declaración de utilidad pública de la asociación se hará por iniciativa de 
las correspondientes asociaciones mediante orden de la consejería competente en 
la materia, previa instrucción del correspondiente procedimiento.»
Dieciocho.  Se añade un artículo 122 quinquies, con la siguiente redacción:
«Artículo 122 quinquies.  Sociedades de fomento forestal.
1.  A los efectos de la presente ley, serán consideradas como sociedades de 
fomento  forestal  aquellas  agrupaciones  de  gestión  conjunta  constituidas  por 
entidades  que  tengan  la  forma  de  sociedades  mercantiles  reguladas  en  la 
legislación de sociedades de capital o de sociedades reguladas por la legislación 
civil. Para mejorar la sostenibilidad de las agrupaciones, también podrán incluirse 
en la agrupación personas propietarias o titulares de derechos de uso de parcelas 
no forestales.
2.  En el caso de las sociedades de fomento forestal, podrán pertenecer a la 
sociedad personas físicas o jurídicas que no sean titulares de derechos de uso de 
parcelas siempre que su participación en conjunto no supere, en ningún caso, 
el 49 % de las acciones o participaciones sociales.
3.  Mediante  desarrollo  reglamentario,  se  determinarán  los  requisitos 
adicionales que deberán cumplir estas sociedades, su objeto y finalidad y otras 
particularidades de su régimen jurídico.»
Diecinueve.  Se añade un artículo 122 sexies, con la siguiente redacción: oe.
«Artdíceu gloe s1t2ió2n s feoxreiesst.a l cGoensjutinótna .de las parcelas incluidas en el ámbito de actuación  2021-10669n https://ww
las 1p.e rsEonn alas  stiutuplearrfeicsi eo d eco lna  idneicrieactihvoas  ddee a cutsuoa coió na pdreo vgeecshtaiómni efonrteos tdael  cpoanrjcuenltaas, 
forestales no pertenecientes a la agrupación forestal de gestión conjunta, o que no
tengan acuerdos de cesión con dicha agrupación para el uso y el aprovechamiento 
de su finca, quedan obligadas a mantener una adecuada gestión forestal de su 
propiedad, al menos mediante su adhesión a modelos silvícolas o de gestión 
forestal orientativos y referentes de buenas prácticas forestales que alcancen un 
nivel de actividad de gestión forestal equiparable al de la agrupación forestal. El 
incumplimiento de esta obligación podrá justificar el inicio de un procedimiento de 
declaración de parcelas en situación de abandono o infrautilización, según lo 
dispuesto en la legislación en materia de recuperación de la tierra agraria.
2.  En caso de que, tras la declaración de abandono o infrautilización, las 
personas titulares de las parcelas opten por incorporarlas al Banco de Tierras, esta 
incorporación deberá efectuarse a través de un arrendamiento pactado a favor de 
la agrupación de gestión conjunta, según lo dispuesto en la legislación en materia 
de recuperación de la tierra agraria.
3.  Las parcelas declaradas en situación de abandono o infrautilización en el 
número anterior podrán ser objeto del régimen de permutas voluntarias o de 
permutas de especial interés agrario, según lo dispuesto en la legislación en 
materia de recuperación de tierra agraria.»
Veinte.  Se añade un capítulo IV en el título X, titulado «Del Registro Voluntario de 
Silvicultores/as Activos/as».
Veintiuno.  Se añade un artículo 125 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 125 bis.  Del Registro.
1.  En  el  Registro  figurará,  para  cada  silvicultor/a  activo/a  inscrito/a,  una 
anotación  con  respecto  a  la  unidad  o  unidades  de  gestión  forestal 
correspondientes. La unidad de gestión forestal podrá estar conformada por una 
única parcela forestal o por una pluralidad de montes o parcelas, que deberán 
encontrarse todas ellas situadas dentro del territorio de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.
2.  La transmisión de la propiedad de la unidad de gestión forestal, o del 
derecho que atribuya su uso y disfrute, conllevará la transmisión de la condición 
de silvicultor/a activo/a al adquirente, siempre que este manifieste su voluntad y 
compromiso de continuar con su gestión de conformidad con el instrumento de 
ordenación o de gestión en vigor. En caso contrario, una vez comunicada la 
transmisión, se procederá a dar de baja de oficio a la unidad de gestión del 
Registro Voluntario de Silvicultores/as Activos/as.
3.  Los silvicultores/as activos/as podrán actuar por medio de representante 
ante el Registro, de acuerdo con el régimen general de representación previsto en 
el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas. En particular, las personas o entidades 
que sean titulares de certificados de gestión forestal sostenible en vigor, con 
superficie  en  el  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  y  con  los 
requisitos previstos en la legislación del procedimiento administrativo, podrán ser 
designadas como representantes para cualquier tramitación ante el Registro.»
Veintidós.  Se añade un artículo 125 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 125 ter.  De la inscripción, modificación y baja en el Registro Voluntario  s
de Silvicultores/as Activos/as. oe.
1.  Las solicitudes de las personas o entidades interesadas en que sean  669ww
rreeqcounisoitcoisd agse nceormaleos  peesrtasobnleacsid ossi lveicnu letol raarst ícualcot iv6a6s  ded elbae rLáeny,  3a9d/2e0m1á5s,  ddee 1  ldoes 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
presentar la siguiente documentación:
a)  Relacionar  las  unidades  de  gestión  forestal  que  se  registrarán,  que 
deberán ser identificadas bien por las referencias catastrales que correspondan, 
bien por el código de aprobación de su instrumento de ordenación o de gestión 
forestal,  o  a  través  del  código  de  adhesión  expresa  a  referentes  de  buenas 
prácticas y a los modelos silvícolas o de gestión forestal orientativos otorgados por 
el órgano forestal.
b)  Aportar la documentación que acredite la disposición de los derechos de 
uso de la superficie de las unidades de gestión forestal. A estos efectos, la 
justificación de los derechos de uso podrá hacerse mediante la documentación 
acreditativa que conste en los registros públicos que produzcan presunción de 
titularidad que solo pueda ser destruida judicialmente o, en su defecto, a quien 
aparezca con tal carácter en registros fiscales o, finalmente, a quien los tenga 
pública y notoriamente, aunque carezca del oportuno título.
c)  En caso de que la inscripción sea realizada por representación, deberá 
presentar documento acreditativo de la representación.
2.  El  órgano  forestal,  previa  remisión  de  la  documentación  requerida, 
solicitará, en su caso, la subsanación y mejora de la solicitud, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015; en particular, podrá solicitar, de 
acuerdo con lo indicado en este precepto, la aclaración de la documentación 
presentada y la modificación del ámbito de la actuación.
3.  A la vista de la documentación proporcionada y, en su caso, de sus 
subsanaciones, el órgano forestal resolverá el reconocimiento como silvicultor/a 
activo/a. El órgano forestal notificará la resolución de reconocimiento dentro del 
plazo de tres meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el 
registro del órgano competente para resolver. En caso de que no se dicte y 
notifique en el indicado plazo la resolución, las personas o entidades interesadas 
podrán considerarlas estimadas a los efectos de la interposición de los recursos 
procedentes.  Una  vez  reconocido  como  silvicultor/a  activo/a,  procederá  a 
inscribirse  de  oficio  en  el  Registro  Voluntario  de  Silvicultores/as  Activos/as 
regulado en el artículo 126 de la presente ley.
4.  El  Registro  Voluntario  de  Silvicultores/as  Activos/as  expedirá 
certificaciones de su contenido, que podrán ser obtenidas, por medios telemáticos, 
por cualquier sujeto que acredite un interés legítimo en su obtención y utilizando 
un certificado de firma electrónica reconocido. Asimismo, de forma agregada, la 
información sobre el número y superficie registrada será publicada y difundida 
periódicamente  mediante  los  informes  de  estadística  forestal,  al  amparo  del 
artículo 103 de la presente ley.
5.  Cualquier alteración de los datos inscritos o bajas deberá ser comunicada 
al  órgano  forestal  en  un  plazo  máximo  de  tres  meses  desde  que  se  haya 
producido. En caso de que una unidad de gestión pase a estar incluida en otro 
certificado de gestión forestal sostenible, el silvicultor/a activo/a, bien directamente 
o bien a través de su representante, deberá igualmente comunicar al Registro 
dicha circunstancia.
6.  El órgano forestal podrá, en colaboración con las personas titulares de 
certificados  de  gestión  forestal  sostenible  y  con  los  sistemas  de  certificación  e
forestal, realizar controles administrativos con el fin de asegurar la veracidad de la  bo
información registrada. La detección de discrepancias significativas de información  669ww
podr7á.  prLoad upceirr slao nbaa jat idtuel aorf icdioe  dlea  lac oinnsscerjieprcíiaó nc doenl  sciolvmicpuelttoern/ac ieans  eel nR emgiastterori.a  de
rmeognistteras l ppoadrraá e, lm reecdoiannotcei morideennto,  ere ignuslcarri plocsió ann ceoxmoso  dseilv sicoulilctoitru/ad ,a mctoivdoif/iac.a»ción y baja
Veintitrés.  Se suprime el número 3 de la letra e) del artículo 128.
Veinticuatro.  Se modifican el número 1 de la letra e) y los números 1 y 2 de la letra i) 
y la letra ñ) y se añade la letra z) del artículo 128, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 128.  Infracciones en materia de montes.
e)  Infracciones en materia de cambios de actividad:
1.  La realización de cambios de actividad forestal a agrícola sin que se haya 
obtenido la preceptiva autorización para aquellos casos en que lo exija la presente 
ley y el incumplimiento de las condiciones previstas en la autorización otorgada al 
efecto.
i)  Infracciones en materia de repoblaciones forestales, nuevas plantaciones y 
cultivos energéticos:
1.º  La realización de repoblaciones forestales con las especies que estén 
expresamente prohibidas en la presente ley.
2.º  La realización de reforestaciones o nuevas plantaciones intercaladas con el 
género Eucalyptus en aquellas parcelas pobladas por especies del anexo I, incluso 
con posterioridad a su aprovechamiento o a su afectación por un incendio forestal, o 
la realización de nuevas plantaciones con el género Eucalyptus sin que se haya 
obtenido la preceptiva autorización en los casos previstos en la presente ley.
ñ)  Infracciones en materia de aprovechamientos:
1.º  La realización de aprovechamientos forestales recogidos en el artículo 92 
de la presente ley, cuando no se disponga de un instrumento de ordenación o de 
gestión  forestal  aprobado  por  la  Administración,  sin  que  se  haya  obtenido 
previamente  la  preceptiva  autorización  de  la  Administración  forestal  para  su 
ejecución en los casos en que esta sea preceptiva.
2.º  La realización de aprovechamientos madereros o de biomasa en montes 
de gestión privada sin cumplir el requisito de la declaración responsable preceptiva 
en los casos establecidos en la presente ley o incumpliendo los plazos para su 
ejecución.
3.º  La realización de aprovechamientos madereros en montes de gestión 
privada,  incorporando  a  la  preceptiva  declaración  responsable  inexactitudes, 
falsedades u omisiones, de carácter esencial, de cualquier dato o información, así 
como  la  no  presentación  de  la  documentación  que  sea  requerida.  Las 
sobredeclaraciones o infradeclaraciones de volúmenes y o densidades existentes 
en una parcela se considerarán falsedades de carácter esencial.
La  no  presentación  de  cualquier  documentación  que  sea  requerida  a  los 
gestores de los aprovechamientos en cumplimiento de la legislación vigente será 
considerada como una omisión de carácter esencial.
4.º  La realización de aprovechamientos en masas consolidadas de frondosas 
autóctonas  en  superficies  mayores  de  15  hectáreas  sin  disponer  de  un 
instrumento de ordenación o de gestión forestal aprobado por la Administración.
5.º  La  realización  de  aprovechamientos  madereros  sin  extracción  o 
trituración de la biomasa forestal residual, excepto en los casos establecidos en la 
presente ley. es
6.º  La  realización  en  montes  de  gestión  pública  de  aprovechamientos  o
goarmeettareqsodnut ieeiiósnrrnisesto terpros uú smebe llss eicitnnaaat db.opjl uerdodcivsiidcepaoeutsare srspeitoao  rd aeae nl l a lalc o euscjm eopcprlruileeicmgsiópoienosn  ntddodee ie  pdlnoretsee  s atcloipcrdirepaoncsvci eoiacnlah esdas em to éicbecolnnigrtitocaaasc  siooe,  nndae esms í  cocyuno atmealqso u  lindoeoesr     OE-A-2021-10669able en https://www.
7.º  La realización de aprovechamientos de corchos o resinas en montes de 
gestión privada sin obtener la autorización de la Administración forestal en caso de 
que esta sea preceptiva o sin cumplir el requisito de la declaración responsable 
preceptiva en los casos establecidos en la legislación vigente.
z)  El  incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  el  Reglamento 
(UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 20 de octubre 
de  2010,  por  el  que  se  establecen  las  obligaciones  de  los  agentes  que 
comercializan madera y productos de la madera. Además de las infracciones 
recogidas en el artículo 67.r) de la Ley 43/2003, de montes, serán sancionables:
1.º  El incumplimiento de la obligación de presentación de la comunicación 
anual  de  datos  al  Registro  de  Empresas  del  Sector  Forestal,  prevista  en  el 
artículo 103.
2.º  La  falsedad  o  la  omisión  o  inexactitud  de  carácter  esencial  en  la 
documentación generada por la empresa (desde la adquisición hasta la venta del 
producto)  que,  en  cumplimiento  de  la  diligencia  debida,  permite  identificar  el 
producto garantizando su trazabilidad.»
Veinticinco.  Se modifica la letra a) del número 1 y se añaden las letras l), m), n) y ñ) 
en el número 2 del artículo 129, que queda redactado como sigue:
«1.  Infracciones leves:
a)  Las infracciones tipificadas en la letra e).2 del artículo 128 de la presente ley.
2.  Infracciones graves:
l)  Las infracciones tipificadas en la letra ñ).3 del artículo 128 de la presente ley.
m)  Las infracciones tipificadas en la letra z) del artículo 128 de la presente ley.
n)  Las infracciones tipificadas en la letra i).1 del artículo 128 de la presente 
ley, cuando se trate de nuevas plantaciones realizadas con el género Eucalyptus 
que incumplan la disposición transitoria novena de la Ley 11/2021, de 14 de mayo, 
de recuperación de la tierra agraria de Galicia.
ñ)  Las infracciones tipificadas en la letra i).2 del artículo 128 de la presente ley.»
Veintiséis.  Se  añade  la  letra  n)  en  el  número  1  del  artículo  132,  que  queda 
redactado como sigue:
«1.  Para  la  concreta  determinación  de  la  sanción  imponible,  entre  las 
asignadas a cada tipo de infracción, se tomarán en consideración, además de los 
criterios establecidos en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, los que 
siguen,  que  deberán  ser  debidamente  motivados  en  la  resolución  del 
procedimiento:
n)  El valor de la madera o productos forestales objeto del incumplimiento de 
los deberes de información.»
Veintisiete.  Se modifica el número 1 del artículo 133, que queda redactado como 
sigue:
«1.  Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada  e.e
caso  procedan,  el  infractor  deberá  reparar  el  daño  causado  en  la  forma  y  b
condiciones fijadas por el órgano sancionador. Esta obligación es imprescriptible  669ww
en eLl ac atrsaon sdme idsaióñno sd ea ll ad opmaricneiola p púobrli ceol  rfeosrepsotnasl.able de la infracción no extinguirá la
oóbrgliagnaoc iósann dcieo nraedpoarr,a nr i etrl adnasñmoi ticráa udsicahdao  oebnli glaac fióonrm aal  nyu ecvoon dtiitcuiloanr edse  fliaja pdaarsc eploar.» el
Veintiocho.  Se modifica el número 2 y se añade el número 5 en el artículo 135, que 
quedan redactados como sigue:
«2.  La inhabilitación para realizar actividades de producción, intermediación, 
gestión o aprovechamiento en el campo forestal.
5.  La imposibilidad de instar nuevos procedimientos para la realización de 
aprovechamientos madereros y leñosos en montes de gestión privada mediante 
declaración responsable durante un período de un año.»
Veintinueve.  Se  modifica  la  disposición  adicional  segunda,  que  queda  con  la 
siguiente redacción:
«Disposición adicional segunda.  Mecenazgo.
A  las  asociaciones  sin  ánimo  de  lucro  reconocidas  como  agrupaciones 
forestales de gestión conjunta de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley les 
será de aplicación el régimen con respecto a los incentivos fiscales al mecenazgo 
previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, cuando cumplan los 
requisitos establecidos en la misma.»
Treinta.  Se añade una nueva disposición adicional novena, que queda redactada 
de la siguiente forma:
«Disposición adicional novena.  Reconocimiento de la condición de titulares de 
explotación agraria de las personas silvicultoras activas.
Se reconoce la condición de titulares de explotación agraria a las personas 
inscritas en el Registro Voluntario de Silvicultores/as Activos/as, al amparo del 
artículo 126 de la ley, a los efectos de su posibilidad de asociación para la 
promoción de la constitución de sociedades agrarias de transformación.»
Treinta y uno.  Se añade una disposición adicional décima, que queda redactada de 
la siguiente forma:
«Disposición  adicional  décima.  De  los  titulares  con  terrenos  inscritos  en  el 
Registro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas.
1.  Aquellos titulares inscritos en una agrupación forestal de gestión conjunta 
que  posean  terrenos  inscritos  en  el  Registro  de  Masas  Consolidadas  de 
Frondosas Autóctonas serán dados de alta de oficio por el órgano forestal como 
silvicultores/as activos/as.
2.  Estos titulares disponen de un plazo máximo de tres años desde el día 
siguiente a su inscripción en el Registro de Agrupaciones de Gestión Conjunta 
para disponer del instrumento de ordenación o gestión forestal y de certificado de 
gestión forestal sostenible pertinente; su falta producirá su baja, igualmente de 
oficio, como silvicultores/as activos/as.»
Treinta y dos.  Se modifica el número 3 de la disposición transitoria décima, que 
queda redactado como sigue:
«3.  Las repoblaciones existentes en el momento de la entrada en vigor de la  o
presente ley tienen un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de  669www.
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especies no incluidas en el anexo I el 1 de enero de 2021.»
Treinta y tres.  Se añade la letra g) en el número 1 de la disposición derogatoria 
única, que queda con la siguiente redacción:
«g)  Los artículos 4, 5 y 7, el número 2 del artículo 8 y el número 5 del 
artículo 16 del Decreto 45/2011, de 10 de marzo, por el que se regula el fomento 
de las agrupaciones de propietarios forestales, los requisitos y calificación de las 
sociedades de fomento forestal y la creación de su registro.»
Treinta y cuatro.  Se añade una nueva disposición adicional undécima, que queda 
redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional undécima.  Terrenos inscritos en el Registro de Montes de 
Varas, Abertales, de Voces, de Vocerío o de Fabeo.
En el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
aquellos térreos inscritos en el Registro de Montes de Varas, Abertales, de Voces, 
de Vocerío o de Fabeo gozarán de los mismos incentivos y estarán en las mismas 
condiciones  que  aquellos  terrenos  inscritos  en  el  Registro  de  Agrupaciones 
Forestales de Gestión Conjunta.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la 
estructura territorial agraria de Galicia.
La Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia, 
queda modificada como sigue:
Uno.  Se añade un número 6 al artículo 6 con la siguiente redacción:
«6.  Cuando las iniciativas de reestructuración parcelaria que se recogen en 
las letras b) y c) del número 1 de este artículo tengan por objeto terrenos de 
monte,  se  priorizarán  aquellas  que  aporten  el  compromiso,  por  parte  de  los 
afectados por el proceso, de llevar a cabo una gestión y un aprovechamiento de 
los  terrenos  de  manera  sostenible  y  viable  mediante  su  integración  en 
agrupaciones de gestión conjunta o, en su caso, polígonos agroforestales.»
Dos.  Se suprimen las letras f) y g) del artículo 9 de la Ley 4/2015, de 17 de junio, de 
mejora de la estructura territorial agraria de Galicia.
Tres.  Se añade un número 4 al artículo 11 con la siguiente redacción:
«4.  Publicado el decreto por el que se declara la reestructuración parcelaria 
de una zona, el servicio provincial competente por razón de la materia elaborará y 
pondrá a disposición de todos los interesados un listado de personas titulares que 
deseen adquirir, enajenar o permutar terrenos aportados al proceso.
La inclusión en el referido listado podrá llevarse a cabo hasta la declaración de 
la firmeza de bases y será necesario que, junto con la solicitud, se autorice a la 
Administración al tratamiento de los datos proporcionados con el único fin de 
facilitarlos  a  terceras  personas  que  acrediten  su  interés  en  la  adquisición, 
enajenación  o  permuta  de  los  terrenos  afectados  por  el  proceso  de 
reestructuración e incluidos en el listado elaborado.»
Cuatro.  Se modifica el artículo 22, al que se añaden unos nuevos puntos 17 y 18: es
«17.  La  resolución  favorable  del  órgano  ambiental  con  respeto  a  la  w.
evaluación de impacto ambiental de la zona de reestructuración parcelaria. Para  669ww
edlelo i,m spea pcrtoo caemdebrieán ptarel.viamente según lo establecido en la normativa de evaluación
por s1u8s.  caUrnaact edreíslitmiciatasc, icóonn dsetit ulaysa nz omnaassa ds ec oonbslioglaiddaad acso ndsee frrvoancdióons ays  paruottóecctcoinóans q.»ue,  BOE-A-cable e
Cinco.  Se suprime el número 6 del artículo 34 de la Ley 4/2015, de 17 de junio, de 
mejora de la estructura territorial agraria de Galicia.
Seis.  Se modifica el número 3 del artículo 41, «Tramitación de la documentación», 
que queda redactado como sigue:
«3.  Una  vez  aprobadas  las  bases,  solo  se  tramitarán  las  solicitudes  de 
cambio de titularidad de parcelas de aportación que se presenten antes de la 
fecha límite que se determine para cada zona por la dirección general competente 
en materia de reestructuración parcelaria, a propuesta del servicio provincial. Esta 
resolución será objeto de publicación en los términos establecidos en el número 1 
del artículo 42 de la presente ley.
Transcurrido dicho plazo y hasta el momento de la aprobación del acuerdo, 
únicamente se admitirán las solicitudes de cambio de titularidad de las parcelas de 
aportación, siempre y cuando el cambio afecte a la totalidad de las parcelas 
aportadas por una persona titular y la transmisión se haga íntegramente a otra, 
con la excepción de los cambios derivados de sentencias judiciales firmes, que 
serán tramitadas siempre. En todo caso, la persona titular adquirente quedará 
subrogada  en  la  posición  de  la  anterior  persona  titular,  con  las  limitaciones, 
deberes y obligaciones que resulten del proceso.
En el caso de fallecimiento de un titular y cuando exista partición de herencia, 
se  procederá  a  la  tramitación  del  cambio  de  titularidad  hasta  la  firmeza  del 
acuerdo, siempre y cuando esta partición afecte a parcelas de reemplazo íntegras. 
En todo caso, la persona titular adquirente quedará subrogada en la posición de la 
anterior persona titular, con las limitaciones, deberes y obligaciones que resulten 
del proceso.»
Siete.  Se modifican los números 1, 2 y 3 del artículo 48, «Tramitación», que quedan 
redactados como sigue:
«1.  Comprobado el cumplimiento de los objetivos generales conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7 de la presente ley, así como los requisitos establecidos 
en los artículos 46 y 47, el servicio provincial emitirá informe dirigido a la dirección 
general competente en materia de desarrollo rural, en el que analizará la viabilidad 
de la ejecución del proceso de reestructuración y propondrá la aceptación o 
denegación de la solicitud de reestructuración.
2.  En  caso  de  que  la  propuesta  sea  de  aceptación  de  la  solicitud  de 
reestructuración y los peticionarios manifiesten su voluntad de continuidad del 
proceso, la dirección general competente en desarrollo rural se dirigirá a los 
órganos de las administraciones autonómica, central y local que pudieren verse 
afectados por razón de sus competencias por el proceso, con el objeto de solicitar, 
en un plazo máximo de dos meses, la información necesaria, conocer la existencia 
de planes o actuaciones específicas sobre la zona a la que pudiere afectar la 
delimitación del perímetro o la ejecución del procedimiento y, en general, para 
cualquier otra incidencia que deba ser reflejada en el expediente.
A la vista de ello, la citada dirección general comunicará el resultado del 
informe a las personas solicitantes para que, en el plazo de quince días naturales, 
a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción de la notificación, en su 
caso, aleguen lo que estimen oportuno.
3.  Completados los trámites de los números anteriores, a propuesta de la  s
dirección general competente en materia de desarrollo rural, mediante orden de la  oe.
Cpsirotounpa4sice.e idojeanCrdeíoa sdn,  etjsru aferi ínrdáeci scaatasaus  dt ooearr jidvezoenacnada,sa c  liaaólas n l a eap jgeearrcgasurorucinapióa apnsco  iródp lnerao ls py p iperaeotfarcesrecioastnasoad  sayd  spet a iptrruoetliacre urseeltarls ur pecdrstoeu.c raedcseioróe ncp hododesr á lany    2021-10669n https://www.
presentar  recurso  de  alzada  ante  la  consejería  competente  en  materia  de
desarrollo rural.»
Ocho.  Se  modifica  el  número  1  del  artículo  50,  «Ejecución  de  los  trabajos 
técnicos», que queda redactado como sigue:
«1.  El  procedimiento  de  ejecución  de  los  trabajos  técnicos  responderá 
estrictamente a lo expuesto en el título II. En todo lo que le sea aplicable se 
redactará  el  preceptivo  documento  ambiental,  que  será  remitido  al  órgano 
competente  con  el  fin  de  que  este  realice  la  tramitación  establecida  en  la 
normativa de evaluación ambiental.»
Nueve.  Se  suprime  el  título  IV,  «Reestructuración  de  la  propiedad  mediante 
permutas voluntarias», y, en consecuencia, los artículos 55, 56 y 57.
Diez.  Se modifica la disposición transitoria sexta, «Coordinación catastral», que 
queda redactada como sigue:
«Las actuaciones a que se refieren los apartados anteriores deberán llevarse a 
cabo dentro del plazo de los siete años siguientes a la entrada en vigor de la 
presente ley».
Once.  Se añade una nueva disposición transitoria novena, que queda redactada de 
la siguiente manera:
«Disposición  transitoria  novena.  Limitación  de  los  cambios  de  titularidad  en 
bases definitivas aprobadas no firmes.
Lo establecido en el número 3 del artículo 41 de la Ley 4/2015, de 17 de junio, 
de mejora de la estructura territorial de Galicia, será de aplicación a todos los 
procedimientos  de  concentración  parcelaria  que  se  encuentren  en  bases 
definitivas aprobadas y no hayan alcanzado aún la aprobación del acuerdo en el 
momento de la entrada en vigor de la presente ley.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia.
Se modifican las letras a) y b) del número 2 del artículo 34 de la Ley 2/2016, de 10 de 
febrero, del suelo de Galicia, con la siguiente redacción:
«a)  Suelo rústico de protección agropecuaria, constituido por los terrenos que 
hayan sido objeto de concentración o reestructuración parcelaria con resolución 
firme y los terrenos de alta productividad agropecuaria que sean delimitados en el 
catálogo oficial correspondiente por el órgano que ejerza la competencia sectorial 
en materia agrícola o ganadera.
A los efectos de lo previsto en esta letra, no se entenderán incluidos los 
terrenos  que  formen  parte  de  procesos  de  concentración  o  reestructuración 
parcelaria que tengan naturaleza forestal.
b)  Suelo rústico de protección forestal, constituido por los terrenos de alta 
productividad forestal que sean delimitados en el catálogo oficial correspondiente 
por el órgano que ejerza la competencia sectorial en materia forestal.»
Disposición final sexta.  Modificación del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia.
Se modifica la tabla 1 del anexo II del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, 
que queda redactada como sigue:
Ámbito de la administración  Norma que exige 
«Momento de la solicitud Condición que exige el informe Informe exigido
de la solicitud el informe
(...). (...). (...). (...). (...).
Cuando se prevea la reclasificación o 
Tras la aprobación inicial  Informe de la consejería 
Administración de la  recategorización de suelos incluidos en  Artículo 32.8 de la 
del instrumento de  competente en materia 
Comunidad Autónoma. catálogos de suelos de alta  Ley ___.
planeamiento. de medio rural.
productividad agropecuaria o forestal.
(...). (...). (...). (...). (...).»
Disposición  final  séptima.  Modificación  de  la  disposición  transitoria  cuarta  de  la 
Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
Se añade un nuevo párrafo en el número 1 in fine de la disposición transitoria cuarta 
de la Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda 
redactado como sigue:
«Previamente a la cancelación del convenio o consorcio, deberá existir un 
instrumento  de  ordenación  o  gestión  forestal,  conforme  al  artículo  81  de  la 
Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, que garantice la continuidad de 
la gestión forestal sostenible».
Disposición final octava.  Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Ley 11/2021, 
de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia.
1.  Con el fin de llevar a cabo el seguimiento e la evaluación de la presente ley se 
creará, en el plazo de un año desde su entrada en vigor y mediante decreto del Consejo 
de la Xunta, la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Ley 11/2021, de 14 de mayo, 
de recuperación de la tierra agraria de Galicia.
2.  La  Comisión  tendrá  una  composición  plural  y  contará  con  la  presencia  de 
expertos y especialistas en la materia, procedentes del ámbito universitario, académico o 
de los colegios profesionales relacionados con el ámbito sectorial.
3.  La Comisión tendrá las siguientes funciones:
a)  Remitir bianualmente al Parlamento de Galicia un informe de evaluación sobre 
las actuaciones realizadas por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural en materia de 
recuperación de la tierra agraria.
b)  Conocer los informes de control de la gestión económico-financiera emitidos por 
los órganos de control externo e interno, y proponer las estrategias encaminadas a 
corregir las deficiencias observadas.
c)  Analizar  los  recursos  personales,  materiales  y  presupuestarios  que  la  s
Administración autonómica debe soportar para la consecución de los objetivos de esta  e.
ley, así como su escenario plurianual. w.
Disposición final novena.  Habilitación para el desarrollo normativo.
desaSrero allou tdoeri zlaa  parle Cseonntsee ljeoy d.e la Xunta para dictar las disposiciones necesarias para el
Disposición final décima.  Entrada en vigor .
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial de 
Galicia», excepto lo dispuesto en los números uno, dos y tres de la disposición final 
primera, que tendrá efectos desde el 1 de enero de 2021.
Santiago de Compostela, 14 de mayo de 2021.–El Presidente, Alberto Núñez Feijóo.
(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia» número 94, de 21 de mayo de 2021)