BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 183 Viernes 3 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 46977
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7194 Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador mercantil XIII de Madrid a inscribir determinadas cláusulas de los 
estatutos sociales de una entidad.
En el recurso interpuesto por don J. S. M., como administrador único de la sociedad 
«Madas Patrimonial, S.L.», contra la negativa del registrador Mercantil XIII de Madrid, 
don Juan Sarmiento Ramos, a inscribir determinadas cláusulas de los estatutos sociales 
de dicha entidad.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 24 de julio de 2019 por la notaria de Leganés, 
doña María Victoria Valiente de Rafael, con el número 1.171 de protocolo, se constituyó 
la sociedad «Madas Patrimonial, S.L.».
Interesan en este expediente las siguientes disposiciones de los estatutos sociales:
«Artículo 11.   Transmisión forzosa.
1.  Notificado a la Sociedad el inicio o apertura de un procedimiento administrativo o 
judicial de embargo de las participaciones sociales frente a cualquiera de los socios de la 
sociedad  que  tuviera  como  objeto  la  inmovilización  de  las  mismas  que  pudiera 
desembocar en un procedimiento de ejecución forzosa, la Sociedad, a través del órgano 
de  administración,  podrá  adquirir  la  totalidad  de  las  participaciones  embargadas, 
debiendo ejercitar el derecho en un plazo máximo de tres meses a contar desde la 
notificación a la sociedad del procedimiento de embargo. En tal caso, podrá la Sociedad 
a través de su órgano de administración adquirirlas para sí misma siempre que se 
cumplan los requisitos legales de las participaciones en autocartera, o bien adquirirlas 
con el fin de amortizarlas en un acuerdo de reducción de capital.
2.  Si la Sociedad no hubiera ejercitado este derecho, el órgano de administración, 
en un plazo máximo de cinco días a contar desde el acuerdo por el que rehúse la 
adquisición en los términos anteriormente establecidos, o desde el vencimiento del plazo 
reseñado en el párrafo anterior, pondrá en conocimiento de todos los socios su derecho 
a adquirir las participaciones embargadas, quienes dispondrán de un plazo máximo de 
veinte días a contar desde la notificación efectuada por el órgano de administración para 
notificar a la sociedad el ejercicio de dicho derecho. Si todos o alguno de los socios 
comunican su intención de “adquirir las citadas participaciones, éstas se adjudicarán en 
proporción  a  su  participación  en  el  capital  social”  recalculado  sin  computar  las 
participaciones objeto de embargo ni, en su caso, las participaciones de los socios no 
interesados en la adquisición.
3.  En caso de adquisición de las participaciones sociales por la propia Sociedad o  s
por  los  socios  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  los  párrafos  anteriores,  el  precio  de  la  oe.
transmisión  se  corresponderá  con  el  valor  razonable  de  las  participaciones,  w.
eanptreo4nb.d aidéEonn dp oocsra esla o p Jdouern  tqvaau.leo rn ir alaz oSnoacbieled aedl  nvia nloinr gcuonnot adbele l oqsu seo crieossu leteje rdcietal súelntim sou  dbearleacnhcoe   2020-7194n https://ww
de adquisición preferente, se estará a lo dispuesto en los presentes Estatutos en materia
de exclusión de socios. De no seguirse el procedimiento de exclusión indicado, el órgano  Bc
de administración pondrá en conocimiento de la autoridad judicial o administrativa esta 
circunstancia, a fin de que proceda a la adjudicación de las participaciones en los 
términos legalmente previstos».
«Artículo 19, párrafos quinto y sexto.
(…)  En  tanto  las  participaciones  sociales  afectadas  por  el  embargo  no  sean 
transmitidas en los términos previstos en los presentes estatutos, conferirán a su titular el 
ejercicio de sus derechos económicos y políticos, a excepción del ejercicio del voto en 
acuerdos que tengan por objeto decisiones que requieran de una mayoría reforzada 
según  lo  establecido  en  la  Ley  y  en  los  presentes  estatutos,  detrayéndose  su 
participación del cómputo de votos a los efectos de quórum y mayorías establecidas. En 
cualquier caso, en caso de producirse el embargo de participaciones de cualquiera de 
los socios, se estará a lo dispuesto en el artículo relativo a la exclusión de socios.
El Presidente dirigirá el debate, dará la palabra por orden de petición y las votaciones 
se harán a mano alzada, salvo cuando la votación deba ser secreta por decisión del 
presidente o petición de la mayoría de los asistentes, excepto en los supuestos en que 
dicha votación secreta no sea legalmente posible».
«Artículo 32.
Serán causas de exclusión de la Sociedad las previstas por la Ley. Así mismo, será 
causa de exclusión de la Sociedad el inicio de un procedimiento administrativo o judicial 
que acuerde el embargo de las participaciones de cualquier socio, ya sea de forma total 
o parcial. No obstante, dicha exclusión deberá ser acordada por la Junta General. 
Iniciado  el  proceso  de  exclusión  de  la  Sociedad,  ésta  procederá  a  amortizar  las 
participaciones sociales del socio afectado por la exclusión, cuya valoración a efectos de 
su  contraprestación  corresponderá  con  el  valor  razonable  de  las  participaciones 
afectadas, entendiéndose por valor razonable el valor contable que resulte del último 
balance aprobado por la Junta».
II
Presentada el día 6 de septiembre de 2019 la referida escritura en el Registro 
Mercantil de Madrid, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Nota de inscripción.
Juan Sarmiento Ramos, Registrador Mercantil de Madrid, previo el consiguiente 
examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 
del Reglamento del Registro Mercantil, he resuelto practicar la inscripción del documento 
al tomo 39671 folio 30 inscripción 1, habiendo resuelto no practicar la inscripción de los 
extremos que constan a continuación conforme a los siguientes hechos y fundamentos 
de Derecho:
Hechos.
Diario/Asiento: 123/351.
F. presentación: 06/09/2019.
Entrada: 1/2019/130369,0.
Sociedad: Madas Patrimonial S.L. e.e
Hoja: M-704923. b
Autorizante: Valiente de Rafael María Victoria. 94ww
Protocolo: 2019/1171 de 24/07/2019.
Fundamentos de Derecho.
1.º  Si se tiene en cuenta: a) que los procedimientos judiciales (y el mismo criterio se 
aplica a los administrativos) se rigen por las leyes procesales correspondientes, sin que 
los particulares puedan establecer alteraciones no permitidas expresamente por ella (cfr. 
arts. 117 CE y 1 y ss. LEC), y b) que decretado y practicado el embargo, la traba queda 
sujeta a las determinaciones del juez que la acordó, no pudiendo ser alterada o alzada 
sino por decisión del órgano jurisdiccional correspondiente (cfr. artículos 1787 y 1789 Cc 
y 587 y 621 y ss. LEC), no podrán inscribirse las siguientes previsiones estatutarias:
a.  El número 4 del artículo 11, por cuanto la exclusión del socio embargado supone 
provocar una sustitución del objeto de la traba acordada, que dejará de serlo la propia 
participación embargada y pasaría a recaer sobre el valor de dicha participación. Y, 
además, porque presupone que el remate de la participación debe quedar subordinado 
al respeto de los plazos de ejercicio del derecho de preferente adquisición previamente 
establecidos o a la verificación de la exclusión del socio, siendo así que, como se ha 
dicho,  el  desenvolvimiento  de  la  ejecución  no  puede  quedar  entorpecido  por  tales 
previsiones estatutarias, las que solo podrán desarrollarse sin perjuicio del progreso del 
procedimiento judicial o administrativo en curso, conforme a sus normas reguladoras. 
Adviértase, que conforme al 109 LSC, solo se paraliza por un mes la aprobación del 
remate o de la adjudicación, una vez celebrada la subasta, pero no se contempla 
ninguna alteración procesal o suspensión, por razón de la sola traba
b.  El párrafo penúltimo del artículo 19, por cuanto siendo el derecho de voto uno de 
los esenciales que confiere la participación social (cfr. artículo 93 LSC), nada justifica su 
privación so pretexto del embargo de la participación social, pues se trata de una medida 
cautelar o preparatoria del remate, pero que en modo alguno conducirá necesariamente 
a dicho remate. La participación sigue perteneciendo al deudor embargado, y el embargo 
en nada afecta aun a la sociedad. Bien está que en tal caso pueda establecerse 
estatutariamente que el ejercicio del derecho de voto corresponda al acreedor ejecutante 
–bajo supervisión judicial– tal como posibilitan los artículos 132 y 133 LSC; pero suprimir 
totalmente este derecho una vez decretado y practicado el embargo, no es sino una 
medida encaminada a desvalorizar el propio embargo, a reducir el contenido jurídico del 
bien trabado, lo que resulta incompatible con su naturaleza y finalidad, carece de toda 
justificación y, por consiguiente, no puede ser admitido (cfr. artículo 28 LSC, 7 Cc).
c.  El  artículo  32  en  cuanto  prevé  como  causa  de  exclusión  el  embargo  de 
participaciones sociales. Ciertamente, el artículo 351 LSC permite a los socios en una 
sociedad de capital incluir en los estatutos causas de exclusión distintas de las previstas 
expresamente en la ley. Pero este principio debe moverse dentro de los márgenes que 
se fijan a la autonomía de la voluntad, tanto en el ámbito societario (cfr. artículo 28 LSC), 
como en el más amplio ámbito contractual (cfr. artículo 1255Cc), excluyéndose el abuso 
del derecho (cfr. artículo 7 Cc), así como la imposición de restricciones a los derechos 
individuales que carezcan de verdadera justificación (cfr. artículo 348 Cc). Y difícilmente 
puede entenderse justificada una restricción tan grave del derecho del socio, como es su 
exclusión  de  la  sociedad,  por  el  solo  hecho  de  haber  sufrido  el  embargo  de  su 
participación social, cuando tal embargo puede ser simplemente una medida cautelar 
que nada prejuzga sobre la legitimidad del [sic] pretensión del embargante, o una medida 
preparatoria de una ejecución que quizás no llegue a producirse (si se estiman las 
excepciones alegables por el embargado); y, más aún, cuando dicho embargo en nada 
perjudica ni compromete el desenvolvimiento de la vida de la sociedad. Si a todo ello se  e
añade el argumento ya señalado de que dicha exclusión es una medida incompatible con  bo
la traba misma, pues, de producirse efectivamente, provocaría una modificación del  94ww
opbrojecteos od ey  ldae ml cisomntar o(la dl eslu óstrigtuainr ola j upraisrdticicipciaocnióanl  ap oqru iseun  vcaolrorre sepno mndeetá tloicdoa) , dael cmisaiórng esno bdreel 
esuxc lsuuseiórtne ,d epl asroeccieo .evidente  la  imposibilidad  de  considerar  la  traba  como  causa  de
2.º  No se inscriben el apartado 3 del artículo 11 y el inciso final del artículo 32 (que 
señala como valor razonable el valor contable según el último balance aprobado), pues, 
habida  cuenta  de  la  indudable  posibilidad  de  discrepancia  entre  uno  y  otro  valor 
(plusvalías implícitas), se podría lesionar el derecho del socio afectado a obtener su 
verdadera participación en el patrimonio social, que es presupuesto de toda hipótesis en 
la que alguien es privado contra su voluntad de un derecho (cfr. artículos 33 CE, 52 LEF, 
635 y 637 y ss. LEC, estos últimos aplicables incluso a la ejecución de participaciones 
sociales; y en el específico ámbito societario los 107 y 353 LSC), y que viene exigido por 
la necesidad de evitar enriquecimientos injustos (vid resol dgrn 4-5-2005). Las cláusulas 
estatutarias  sobre  este  particular  han  de  garantizar  en  todo  caso  la  objetividad  y 
adecuación al valor real de la participación a transmitir forzosamente.
3.º  El último inciso del artículo 19, en cuanto admite votación secreta en las juntas, 
no puede ser inscrito. La identificación del sentido del voto de cada uno de los socios en 
las juntas generales tiene una gran transcendencia jurídica en multitud de supuestos, lo 
que impide la votación secreta, Así ocurre en los casos de acuerdos que comporten el 
derecho de separación del socio que no votó a favor del acuerdo (cfr. artículos 346 
LSC 62 y 99 LME); en los de exclusión del socio (cfr. artículo 352.3 LSC); para el 
cómputo de los votos en los casos de voto plural (cfr. artículo 188ISC); en los casos de 
conflicto de intereses del artículo 190.3 LSC, Se impediría el juego del mecanismo de 
reparto de la carga de la prueba, en él previsto; en el caso del artículo 73.2 LSC, podría 
darse la incongruencia de que el socio votare a favor y luego exigiese la constancia en 
acta de su oposición para liberarse de responsabilidad; en el caso del artículo 74.2 LSC, 
la legitimación para el ejercicio de la acción de responsabilidad contemplada exige el 
voto en contra; en el supuesto del artículo 15.1 LME, impediría el juego del mecanismo 
de separación automática en él previsto; lo mismo ocurriría en el supuesto del artículo 
16.2  LME;  impediría  el  mecanismo  de  la  adhesión  contemplado  en  el  206.4  LSC; 
ampliaría injustificadamente la legitimación para impugnar los acuerdos sociales, pues 
aunque no se diga expresamente, la doctrina de los actos propios debería justificar la 
exclusión de la legitimación al socio que voto a favor del acuerdo a impugnar; conclusión 
ésta que viene avalada en el artículo 389 LSC cuando vincula la legitimación para la 
impugnación del balance final de liquidación al voto en contra; etc., etc.
4.º  Por lo demás, los apartados 1 y 2 del artículo 11, en cuanto establecen que es el 
propio embargo –y no el remate– el evento determinante de los derechos de adquisición 
que contemplan (lo que constituye una hipótesis diferente de la prevista en el artículo 
109 LSC), y dada la eficacia erga omnes del embargo mientras no se alzado [sic], se 
inscriben bajo el presupuesto de que tales adquisiciones quedan supeditadas al embargo 
y remate subsiguiente –al igual que las que voluntariamente hubiere realizado un socio 
después de la traba de sus participaciones–, de modo que no excluyen la continuación 
de la ejecución sobre las participaciones trabadas conforme a sus normas específicas, 
en cuyo caso, la sociedad o los socios que hubieran adquirido tales participaciones 
embargadas quedarán privados de las mismas una vez alcanzado el remate en favor de 
tercero (sin perjuicio de la posibilidad de volver a hacer uso del derecho de retracto 
previsto en el artículo 109 LSC).
Haciéndose constar expresamente la no inclusión de la persona/s nombrada/s a que 
se refieren las inscripciones practicadas en este Registro en virtud de este documento. 
en el Índice Centralizado de Incapacitados ni en el Registro Público Concursal, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.
En relación con la presente calificación: (…) e.
Madrid, a veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. El registrador. Juan  94ww
Sarmiento Ramos».
III
Solicitada calificación conforme al cuadro de sustituciones, correspondiéndole a la 
registradora de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón número 2, doña Marta Cavero 
Gómez, quien, el día 29 de octubre de 2019, resolvió en los siguientes términos:
«(…) ratificar la nota de calificación en todos sus extremos, por los fundamentos 
expresados en la misma que doy por reproducidos y con la siguientes consideraciones 
[sic]:
Respecto de los apartados “a” y “c” del fundamento primero, añadir que, si bien se 
podría pensar que la DGRN avaló este supuesto en su resolución de fecha 9 de mayo 
último,  sin  embargo,  como  la  misma  puso  de  relieve,  “la  calificación  no  puede 
confirmarse en cuanto, admitiendo como admite (el registrador) tanto la configuración 
estatutaria del previo derecho de adquisición a favor de la sociedad y los socios como la 
causa de exclusión del socio consistente en el inicio del procedimiento de embargo,...”. 
Es decir, no se pronunció sobre estos extremos porque en aquel caso no los objetó el 
registrador en su nota.
Igualmente respecto del fundamento segundo, la resolución de 15 de noviembre 
de 2016 permitió el derecho de adquisición preferente por el valor contable según el 
último balance como valor razonable en un caso de transmisión voluntaria basándose en 
la unanimidad de los socios, pero: a) ni lo admitió ella misma para la sociedad como 
titular del derecho de adquisición preferente, pues el criterio sería falto de imparcialidad y 
objetividad ya que, como expresó la mencionada resolución, “el valor contable depende 
del balance aprobado por la Junta General”, si bien no lo había hecho constar el 
registrador en la nota impugnada, b) ni tampoco el criterio vale para la transmisión 
forzosa en la que los acuerdos de los socios no pueden perjudicar el legítimo derecho 
del acreedor a obtener el valor real del bien embargado y por eso el artículo 109.3 de la 
Ley de Sociedades de Capital se refiere claramente a “la consignación íntegra del 
importe del remate o, en su caso, de la adjudicación al acreedor y de todos los gastos 
causados”. Por otro lado, el artículo 635.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere a 
que lo embargado son las participaciones sociales y no un valor predeterminado por los 
socios con posible perjuicio del acreedor».
IV
Contra la nota de calificación sustituida, don J. S. M., como administrador único de la 
sociedad «Madas Patrimonial, S.L.», interpuso recurso el día 5 de diciembre de 2019 
mediante escrito en el que alegaba los siguientes fundamentos jurídicos:
«1)  Respecto a la negativa del Registrador de inscribir el número 4 del artículo 11 
de los Estatutos fundacionales de la entidad mercantil “Madas Patrimonial, S.L.” es 
preciso indicar que la cláusula estatutaria que se contiene en dicho apartado no merece 
la calificación negativa de su inscripción por cuanto que:
a)  Es una [sic] pacto establecido por los socios fundadores de la sociedad, que 
están casados en régimen de separación de bienes, sin oponerse a ninguna ley ni 
contradecir los principios configuradores de una sociedad limitada, como bien establece 
el artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital, y que por tanto, se fila por ambos 
socios en base al principio de autonomía de la voluntad que consagra el artículo 28 de la  e
Ley de Sociedades de Capital antes indicado. bo
A todo ello hay que añadir que en consonancia con el citado precepto de la Ley de  94ww
ESsotcaietudtaods eosb djeet oC daep ietaslt,e c raebceu rigsuoa, lsmoebnrete l ala b ianssec rdipec ilóon e dsteal bnleúcmideoro p 4o rd eell  aarrttííccuulloo  11715 d.2e  dloesl 
pRaecgtloasm ye nctoon ddiecli oRneesg,i sctorom oM eerl cparnetsile nqtuee,  qeuseta hbaleycaen  lcao npsoisdiebrialiddaod c odnev einnsiecnritpec ieósnt adbele cloesr 
los socios en los estatutos de la sociedad, siempre que, como ocurre en este supuesto,
no se opongan a ninguna ley ni a los principios configuradores de las sociedades 
limitadas.
b)  Respecto a este número 4 del artículo 11 de los Estatutos objeto de este recurso, 
hay que llamar la atención a que dicho párrafo va ha sido calificado positivamente para 
su inscripción con el mismo tenor literal exacto, por la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en Resoluciones de fecha 23 de mayo de 2019 y 9 de mayo de 2019, 
como se puede observar a la vista de dichas resoluciones, y en este sentido, se expone 
a continuación literalmente lo señalado por la Dirección General de los Registros y del 
Notariado  en  su  Resolución  de  23  de  Mayo  de  2019  sobre  el  extremo  objeto  de 
calificación negativa que se aborda en esta apartado, y que afecta al número 4 del 
artículo 11 de los Estatutos, precisamente para sustentar su inscripción registral, con el 
siguiente tenor:
“…Pero este régimen legal no impide que, con base en el principio de autonomía de 
la voluntad (cfr. artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital), puedan prevenirse en 
los estatutos sociales sistemas alternativos como los establecidos en los estatutos objeto 
de la calificación impugnada, que, en caso de inicio de un procedimiento de embargo –
en una fase anterior a la suspensión del remate o adjudicación a que se refiere el citado 
artículo 109 de la Ley de Sociedades de Capital– atribuye a la sociedad y a los socios el 
derecho  de  adquirir  tales  participaciones  por  su  valor  razonable  (con  la  correlativa 
obligación del socio de transmitirlas –cfr. artículo 188.3 del Reglamento de Registro 
Mercantil–), con la previsión añadida de que, en defecto de ejercicio de tal derecho de 
adquisición, pueda la junta general adoptar el acuerdo de excluir al socio afectado por el 
inicio de ese procedimiento de embargo de las participaciones, con la consiguiente 
amortización de las participaciones del socio afectado por la exclusión.”
Por  tanto,  en  base  a  las  argumentaciones  vertidas  en  el  presente  ordinal  y 
sustentadas por el apoyo de la propia Dirección General de los Registros y del Notariado 
en un caso idéntico al presente y por el artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital y 
por el artículo 175.2 del Reglamento del Registro Mercantil, procede que se subsane la 
calificación negativa de inscripción registral del número 4 del artículo 11 de los Estatutos 
objeto de este recurso, debiéndose inscribir, por tanto el citado número 4 del artículo 11 
de los Estatutos de la entidad mercantil “Madas Patrimonial, S.L.”.
2)  Respecto a la negativa del Registrador de inscribir el párrafo penúltimo del 
artículo 19 de los Estatutos fundacionales de la entidad mercantil “Madas Patrimonial, 
S.L.” es preciso indicar que la cláusula estatutaria que se contiene en dicho párrafo no 
merece la calificación negativa de su inscripción en base a los siguientes extremos:
a)  Es una [sic] pacto, como el antes analizado, que se establece por los socios 
fundadores de la sociedad, sin oponerse a ninguna ley ni contradecir los principios 
configuradores de una sociedad limitada, como bien establece el artículo 28 de la Ley de 
Sociedades de Capital, y que por tanto, se fija por ambos socios en base al principio de 
autonomía de la voluntad que consagra el artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital 
antes indicado.
De igual forma, como ocurre en el caso antes analizado, es preciso indicar que en 
consonancia con el citado precepto de la Ley de Sociedades de Capital, cabe igualmente 
la inscripción del párrafo penúltimo del artículo 19 de los Estatutos objeto de este 
recurso,  sobre  la  base  de  lo  establecido  por  el  artículo  175.2  del  Reglamento  del 
Registro  Mercantil  que  establece  la  posibilidad  de  inscripción  de  los  pactos  y  e.
condiciones,  como  el  presente,  que  hayan  considerado  conveniente  establecer  los  w.
socios en los estatutos de la sociedad, siempre que, como ocurre en este supuesto, no  94ww
se obp)o ngHaany  aq unein gteunnear  leeny  cnoi nas liodse rparciniócnip iaodse cmoánsfi gquurea deol rpeásr draef ola pse snoúcliteimdaod deesl  laimrtiítcaudloa s1.9
idnes clorisp cEiósnta ctuatno se lo mbjeistmo od etel nporer slietenrtael  reexcaucrstoo,  ypao rh laa  sDidiroe cccaiólifnic Gadeon eproasl idtivea lmose nRteeg pisatrrao ss uy   BOE-A-cable e
del Notariado, en su Resolución de fecha 23 de Mayo de 2019, como se puede observar 
a la vista de la misma, en base al siguiente razonamiento:
“4.  Por último, debe decidirse si es o no inscribible la cláusula estatutaria por la cual 
se previene que, mientras las participaciones sociales afectadas por el embargo no sean 
transmitidas en la forma establecida en los mismos estatutos –anteriormente expuesta–, 
tales participaciones no conferirán a su titular el ‘ejercicio del voto en acuerdos que 
tengan  por  objeto  decisiones  que  requieran  de  una  mayoría  reforzada  según  lo 
establecido en la Ley y en los presentes estatutos, detrayéndose su participación del 
cómputo de votos a los efectos de quórum y mayorías establecidas’.
Es cierto que, como expresa la registradora en su calificación, la Ley de Sociedades 
de Capital no contempla expresamente esta limitación en el ejercicio del derecho de 
voto, a diferencia de otros supuestos que cita. Pero tal circunstancia no autoriza para 
concluir que con tales previsiones legales expresas se cercena el margen de autonomía 
de la voluntad de los socios para prevenir la suspensión del ejercicio del derecho de voto 
en otros supuestos en los que, según la valoración de todos aquellos al instrumentar por 
unanimidad la cláusula debatida, existe un interés en dicha suspensión.
Si  se  tiene  en  cuenta  la  flexibilidad  del  régimen  jurídico  de  la  sociedad  de 
responsabilidad limitada, con admisión expresa de creación de privilegios respecto del 
derecho de voto (cfr. artículos 96 –‘a contario sensu’– y 188.1 de la Ley de Sociedades 
de Capital, con posibilidad incluso de crear participaciones sin voto –artículos 98 y 
siguientes  de  la  misma  ley–),  debe  admitirse  también  que  los  socios  configuren 
estatutariamente dicha prohibición de ejercicio del sufragio, más allá de los supuestos de 
conflicto de intereses expresamente contemplados en al artículo 190 de dicha ley. No 
puede haber obstáculo, pues, para que en esos concretos supuestos los estatutos 
prevean que en la formación del acuerdo social no cuente el socio cuyas participaciones 
se hallan en trance de transmisión por estar afectadas por el inicio de un procedimiento 
de embargo, al modo que la misma Ley de Sociedades de Capital prevé expresamente 
para otros supuestos (cfr. la Resolución de esta Dirección General de 16 de mayo 
de 1989).
Por tanto, en base a las argumentaciones vertidas en este ordinal y sustentadas por 
el apoyo de la propia Dirección General de los Registros y del Notariado en un caso 
idéntico al presente y por el artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital y por el 
artículo  175.2  del  Reglamento  del  Registro  Mercantil,  procede  que  se  subsane  la 
calificación negativa de inscripción registral del párrafo penúltimo del artículo 19 de los 
Estatutos  objeto  de  este  recurso,  debiéndose  inscribir,  por  tanto  el  citado  párrafo 
penúltimo del artículo 19 de los Estatutos de la entidad mercantil ‘Madas Patrimonial, 
S.L.’”.
3)  Respecto a la negativa del Registrador de inscribir el artículo 32 de los Estatutos 
fundacionales de la entidad mercantil “Madas Patrimonial, S.L.” es preciso indicar que 
dicha cláusula estatutaria no merece la calificación negativa de su inscripción por los 
siguientes motivos:
a)  Como en los casos antes expuestos, se trata de un pacto establecido por los 
socios fundadores de la sociedad, que no se opone a ninguna ley ni contradice los 
principios configuradores de una sociedad limitada, como bien establece el artículo 28 de 
la Ley de Sociedades de Capital, y que por tanto, se fija por ambos socios en base al 
principio  de  autonomía  de  la  voluntad  que  consagra  el  artículo  28  de  la  Ley  de  s
Sociedades de Capital antes indicado. oe.
A todo ello hay que añadir que en consonancia con el citado precepto de la Ley de  w.
oRSboejcgeilteaodm adedene tsoe  sddteee  lC rReaecpugitraisslt,or o,c  asMboeeb rricega unlaatli ml bqeaunsetee   eldase tai nblsolec creieps ctliaaób nlp edocesidilb oai lirdptíaocdur  loed le 3 2ain rtdsícecur illpoocs i ó1En7s 5td.a2et u dtlooessl    2020-7194n https://ww
pactos y condiciones, como el presente, que hayan considerado conveniente establecer
los socios en los estatutos de la sociedad, siempre que, como ocurre en este supuesto,
no se opongan a ninguna ley ni a los principios configuradores de las sociedades 
limitadas.
Precisamente, y con arreglo y absoluto respeto a la propia Ley de Sociedades de 
Capital, y sobre la base del principio de autonomía de la voluntad, expresado en el 
artículo 28 de dicho Texto Legal, es perfectamente legal la cláusula estatutaria contenida 
en  el  artículo  32  de  los  Estatutos  fundacionales  de  la  entidad  mercantil  “Madas 
Patrimonial, S.L.”, por cuanto que el propio artículo 351 de la Ley de Sociedades de 
Capital establece al respecto lo siguiente:
“Artículo 351.  Causas estatutarias de exclusión de socios.
En las sociedades de capital, con el consentimiento de todos los socios, podrán 
incorporarse  a  los  estatutos  causas  determinadas  de  exclusión  o  modificarse  o 
suprimirse las que figurasen en ellos con anterioridad.”
b)  Respecto a este artículo 32 de los Estatutos objeto igualmente de este recurso, 
hay  que  llamar  la  atención  a  que  dicho  precepto  estatutario  va  ha  sido  calificado 
positivamente para su inscripción con el mismo tenor literal exacto, por la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en Resolución de fecha 23 de mayo de 2019, 
como se puede observar a la vista de dicha resolución, y en este sentido, se expone a 
continuación literalmente lo señalado por la Dirección General de los Registros y del 
Notariado  en  su  Resolución  de  23  de  mayo  de  2019  sobre  el  extremo  objeto  de 
calificación negativa que se aborda en esta apartado, y que afecta al artículo 32 de los 
Estatutos, precisamente para sustentar su inscripción registral, con el siguiente tenor:
“…Pero este régimen legal no impide que. con base en el principio de autonomía de 
la voluntad (cfr. artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital), puedan prevenirse en 
los estatutos sociales sistemas alternativos como los establecidos en los estatutos objeto 
de la calificación impugnada, que, en caso de inicio de un procedimiento de embargo –
en una fase anterior a la suspensión del remate o adjudicación a que se refiere el citado 
artículo 109 de la Ley de Sociedades de Capital– atribuye a la sociedad y a los socios el 
derecho  de  adquirir  tales  participaciones  por  su  valor  razonable  (con  la  correlativa 
obligación del socio de transmitirlas –cfr. artículo 188.3 del Reglamento de Registro 
Mercantil–), con la previsión añadida de que, en defecto de ejercicio de tal derecho de 
adquisición, pueda la junta general adoptar el acuerdo de excluir al socio afectado por el 
inicio de ese procedimiento de embargo de las participaciones, con la consiguiente 
amortización de las participaciones del socio afectado por la exclusión.”
Por  tanto,  en  base  a  las  argumentaciones  vertidas  en  el  presente  ordinal  y 
sustentadas por el apoyo de la propia Dirección General de los Registros y del Notariado 
en un caso idéntico al presente y por los artículos 28 y 351 de la Ley de Sociedades de 
Capital y por el artículo 175.2 del Reglamento del Registro Mercantil, procede que se 
subsane la calificación negativa de inscripción registral del artículo 32 de los Estatutos 
objeto  de  este  recurso,  debiéndose  inscribir,  por  tanto  el  citado  artículo  32  de  los 
Estatutos de la entidad mercantil “Madas Patrimonial, S.L.”.
4)  En relación a la negativa del Registrador de inscribir tanto el apartado 3 del 
artículo 11 de los Estatutos fundacionales de la entidad mercantil “Madas Patrimonial, 
S.L.” como el inciso final del artículo 32 de dichos Estatutos, al señalar como valor 
razonable el valor contable según el último balance aprobado en Junta, es preciso  es
indicar que dichas cláusulas estatutarias no merecen la calificación negativa de su  o
inscripción por los siguientes motivos: 94ww
analaiz) anC soomno p aecnt olso se satanbtelericoidreoss  spuopr uloess tosso,c ioesv idfuenndtea dloorse sp adcet olas  seosctiaetduatadr,i oqsu eq uneo  ssee 
loimpoitnaedna , ac onminog ubniean  leesyt anbil eccoen etrla adrictíecnu lolo 2s8  pdrein claip iLoesy  cdoen fSigoucriaeddoardeess  ddee  Cunaap itsaol,c yie dqaude   BOE-A-cable e
por tanto, se tija por ambos socios en base al principio de autonomía de la voluntad que 
consagra el artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital antes indicado.
A  todo  ello  hay  que  añadir  que  con  arreglo  al  citado  precepto  de  la  Ley  de 
Sociedades de Capital, cabe igualmente la inscripción del artículo 32 de los Estatutos 
objeto  de  este  recurso,  sobre  la  base  de  lo  establecido  por  el  artículo  175.2  del 
Reglamento del Registro Mercantil que establece la posibilidad de inscripción de los 
pactos y condiciones, como el presente, que hayan considerado conveniente establecer 
los socios en los estatutos de la sociedad, siempre que, como ocurre en este supuesto, 
no se opongan a ninguna ley ni a los principios configuradores de las sociedades 
limitadas, y más en concreto, sobre la base del artículo 175.2, apartado b) del citado 
Reglamento del Registro Mercantil, puesto que según dicho precepto, podrán constar en 
las inscripciones las cláusulas estatutarias que establezcan por pacto unánime, como 
ocurre  en  el  presente  caso,  de  los  socios  de  los  criterios  y  sistemas  para  la 
determinación del valor razonable de las participaciones sociales previstas para el caso 
de transmisiones inter vivos o mortis causa o bien para la concurrencia de obligación de 
transmitir de conformidad con el artículo 188.3 del Reglamento del Registro Mercantil.
b)  Respecto tanto al apartado 3 del artículo 11 de los Estatutos objeto de este 
recurso como al inciso final del artículo 32 de los mismos, hay que llamar la atención a 
que  dichos  preceptos  estatutarios  ya  han  sido  calificados  positivamente  para  su 
inscripción con el mismo tenor literal exacto, por la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, en Resoluciones de fecha 23 de mayo de 2019 y 9 de Mayo de 2019, 
como se puede observar a la vista de dichas resoluciones, habiéndose permitido la 
inscripción de este articulado igualmente por la Resolución emitida por la Dirección 
General de Registros y del Notariado en fecha 15 de noviembre de 2016, y en este 
sentido, se expone a continuación literalmente lo señalado por la Dirección General de 
los Registros y del Notariado en estas tres resoluciones de 23 de mayo de 2019, 9 de 
mayo de 2019 y 15 de noviembre de 2016 sobre el extremo objeto de calificación 
negativa que se aborda en esta apartado, y que afecta tanto al apartado 3 del artículo 11 
de los Estatutos objeto de este recurso como al inciso final del artículo 32 de los mismo, 
en relación con considerar como valor razonable el valor contable según el último 
balance aprobado en Junta, sustentando la Dirección General de los Registros y del 
Notariado la permisibilidad de la inscripción de este tipo de clausulado de la siguiente 
forma:
– Resolución de la DGRN de fecha 23-05-2019:
“3.  Respecto de la forma de valoración de las participaciones del socio excluido 
deben recordarse las consideraciones de este Centro Directivo en la citada Resolución 
de 9 de mayo de 2019.
En relación con el régimen de transmisión voluntaria de participaciones sociales por 
acto ‘inter vivos’, a título oneroso o gratuito, esta Dirección General, en Resolución de 15 
de noviembre de 2016, admitió –en vía de principios– la inscripción de la disposición 
estatutaria por la que se atribuía a los socios un derecho de adquisición preferente que 
habría de ejercitarse por el valor razonable de las participaciones de cuya transmisión se 
tratara, que sería el valor contable resultante del último balance aprobado por la junta (o 
el precio comunicado a la sociedad por el socio comprador si fuera inferior a ese valor 
contable).
Según dicha Resolución, se puede afirmar que el valor razonable es el valor de 
mercado, sin bien, al no existir propiamente un mercado de participaciones sociales y  e
–salvo en el caso de sociedades abiertas– tampoco de acciones, dicho valor debe  bo
determinarse por aproximación según la normativa contable. Conforme a la Primera  94ww
PDaerctree,t o a1p5a1r4ta/2d0o0 76, .d2e,  1d6e ld eP nlaonvi emGbernee,r ‘avla lodre r azCoonnatabbleil iedsa de l iampproorbtaed poo r peol rq ueel  puReedael 
sdeerb idinatmerecnatme biniafodrom audna s,a qcutiveo r eaol icleiqnu uidnaad tor anusna cpciaósniv eon,  ceonntdreic iopnaerste dse  iinndteerpeesnaddeans ciay 
mutua’. Y la Norma Técnica de elaboración del informe especial del auditor de cuentas
para  estos  casos  publicada  mediante  Resolución  de  23  de  octubre  de  1991,  del 
presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se refiere a algunos 
métodos de valoración dinámicos que se consideran más adecuados respecto de las 
acciones de una sociedad que sigue en marcha, con criterios de flexibilidad, pues según 
reconoce dicha Norma ‘sólo puede hablarse de aproximaciones o juicios razonables’. Por 
ello, generalmente, el valor contable no será equivalente al valor razonable o de mercado 
de las participaciones sociales.
El régimen de transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos ‘inter 
vivos’ únicamente queda sujeto a los límites generales derivados de las leyes y de los 
principios configuradores del tipo social elegido (artículo 28 de la Ley de Sociedades de 
Capital) así como a las limitaciones específicas establecidas en el artículo 108 de la 
misma ley.
Entre tales limitaciones legales no existe ninguna que prohíba pactar como precio o 
valor de las participaciones objeto del derecho de adquisición preferente el valor contable 
que resulte del último balance aprobado por la junta general.”
– Resolución de la DGRN de fecha 09-05-2019:
“2.  Respecto del régimen de transmisión voluntaria de participaciones sociales por 
acto ‘inter vivos’, a título oneroso o gratuito, esta Dirección General, en Resolución de 15 
de noviembre de 2016, admitió –en vía de principios– la inscripción de la disposición 
estatutaria por la que se atribuía a los socios un derecho de adquisición preferente que 
habría de ejercitarse por el valor razonable de las participaciones de cuya transmisión se 
tratara, que sería el valor contable resultante del último balance aprobado por la junta (o 
el precio comunicado a la sociedad por el socio comprador si fuera inferior a ese valor 
contable).
Según dicha Resolución, se puede afirmar que el valor razonable es el valor de 
mercado, sin bien, al no existir propiamente un mercado de participaciones sociales y 
–salvo en el caso de sociedades abiertas– tampoco de acciones, dicho valor debe 
determinarse por aproximación, según la normativa contable. Conforme a la Primera 
Parte,  apartado  6.2,  del  Plan  General  de  Contabilidad  aprobado  por  el  Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, ‘valor razonable es el importe por el que puede 
ser  intercambiado  un  activo  o  liquidado  un  pasivo,  entre  partes  interesadas  y 
debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia 
mutua’. Y la Norma Técnica de elaboración del informe especial del auditor de cuentas 
para  estos  casos  publicada  mediante  Resolución  de  23  de  octubre  de  1991,  del 
presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se refiere a algunos 
métodos de valoración dinámicos que se consideran más adecuados respecto de las 
acciones de una sociedad que sigue en marcha, con criterios de flexibilidad, pues según 
reconoce dicha Norma ‘sólo puede hablarse de aproximaciones o juicios razonables’. Por 
ello, generalmente, el valor contable no será equivalente al valor razonable o de mercado 
de las participaciones sociales.
El régimen de transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos ‘inter 
vivos’ únicamente queda sujeto a los limites generales derivados de las leyes y de los 
principios configuradores del tipo social elegido (artículo 28 de la Ley de Sociedades de 
Capital) así como a las limitaciones especificas establecidas en el artículo 108 de la 
misma Ley.
Entre tales limitaciones legales no existe ninguna que prohíba pactar como precio o 
valor de las participaciones objeto del derecho de adquisición preferente el valor contable  e
que resulte del último balance aprobado por la junta general.” bo
“Sin  duda,  estas  consideraciones  deben  valorarse  para  determinar  si  es  o  no  94ww
idnesrcercibhiob led ed eatdeqrmuiisnicaidóan  cpláreufseurelan tseo. bPree reol,  psreegcúion  op uvsaolo rd ed er elaliesv pea ertsictaip aDcirioencecisó no bGjeeton edreall 
edne telram icniatandteas  Rpaersao liumcpióend ird lea  i1n5s crdipec iónno vdieem ubnrae  cdláeu s2u0la1 6e,s tantou tapruiae dseeng únco lnas ciduearla, resne 
caso de transmisión voluntaria de participaciones sociales por acto ‘inter vivos’, el valor
razonable para ejercitar el derecho de adquisición preferente coincidirá con el valor 
contable que resulte del último balance aprobado por la junta. Este mismo Centro 
Directivo ha entendido que los ‘límites dentro de los cuales han de quedar encuadradas 
las  restricciones  estatutarias  a  la  transmisibilidad  de  las  acciones  cobran  especial 
importancia respecto de la fijación del precio que los titulares del derecho de adquisición 
preferente en que tales restricciones se traduzcan habrán de satisfacer en caso de 
discrepancia sobre tal importe con el accionista afectado. En este extremo, según el 
criterio  de  esta  Dirección  General  (cfr.,  por  todas,  la  Resolución  de  20  de  marzo 
de 2001), debe admitirse la validez de la cláusula estatutaria siempre que, por asegurar 
al accionista la razonable posibilidad de transmitir sus acciones, no pueda entenderse 
que le convierta en una suerte de ‘prisionero de sus títulos’.”
– Resolución de la DGRN de fecha 15-11-2016:
“Se puede afirmar que el valor razonable es el valor de mercado, sin bien, al no 
existir propiamente un mercado de participaciones sociales y –salvo en el caso de 
sociedades  abiertas–  tampoco  de  acciones,  dicho  valor  debe  determinarse  por 
aproximación, según la normativa contable. Conforme a la Primera Parte, apartado 6.2, 
del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, ‘valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o 
liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen 
una  transacción  en  condiciones  de  independencia  mutua’.  Y  la  Norma  Técnica  de 
elaboración del informe especial del auditor de cuentas para estos casos publicada 
mediante  Resolución  de  23  de  octubre  de  1991,  del  presidente  del  Instituto  de 
Contabilidad  y  Auditoría  de  Cuentas,  se  refiere  a  algunos  métodos  de  valoración 
dinámicos que se consideran más adecuados respecto de las acciones de una sociedad 
que sigue en marcha, con criterios de flexibilidad, pues según reconoce dicha Norma 
‘sólo puede hablarse de aproximaciones o juicios razonables’. Por ello, generalmente, el 
valor  contable  no  será  equivalente  al  valor  razonable  o  de  mercado  de  las 
participaciones sociales.
Ahora bien, la norma establecida en el artículo 107.2.d) de la Ley de Sociedades de 
Capital, dado su carácter subsidiario, sólo es aplicable a falta o por insuficiencia del 
régimen estatutario, y éste únicamente queda sujeto a los limites generales derivados de 
las leyes y de los principios configuradores del tipo social elegido (artículo 28 de la Ley 
de Sociedades de Capital) así como a las limitaciones específicas establecidas en el 
artículo 108 de la misma Ley.
Entre tales limitaciones legales no existe ninguna que prohíba pactar como precio o 
valor de las participaciones objeto del derecho de adquisición preferente el valor contable 
que resulte del último balance aprobado por la junta general.”
Por  tanto,  en  base  a  las  argumentaciones  vertidas  en  el  presente  ordinal  y 
sustentadas por el apoyo de la propia Dirección General de los Registros y del Notariado 
en las resoluciones antes expuestas ante casos idénticos al presente y por el artículo 28 
de la Ley de Sociedades de Capital y por los artículos 175.2, 175.2b) y 188.3 del 
Reglamento  del  Registro  Mercantil,  procede  que  se  subsanen  las  calificaciones 
negativas de inscripción registral tanto del apartado 3 del artículo 11 de los Estatutos 
objeto  de  este  recurso  como  del  inciso  final  del  artículo  32  de  dichos  Estatutos, 
debiéndose inscribir, por tanto, el apartado 3 del artículo 1.1 de los Estatutos objeto de 
este recurso y el inciso final del artículo 32 de dichos Estatutos de la entidad mercantil  s
“Madas Patrimonial, S.L.”. oe.
5)  Respecto a la negativa del Registrador de inscribir el último inciso del artículo 19  94ww
dpere cloisso  Einsdtiactaurt oqsu ef ulan dcalácuiosnualale es stdaetu ltaa riean qtiudea ds em ceornctaienntiel  e“Mn addicahso  Ppaátrrriamfoo nniaol ,m Ser.Le.c”e  elas 
calificación negativa de su inscripción en base al siguiente extremo:
a)  Es una pacto, como los antes analizados, que se establece por los socios 
fundadores de la sociedad, sin oponerse a ninguna ley ni contradecir los principios 
configuradores de una sociedad limitada, como bien establece el artículo 28 de la Ley de 
Sociedades de Capital, y que por tanto, se fija por ambos socios en base al principio de 
autonomía de la voluntad que consagra el artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital 
antes indicado.
De igual forma, como ocurre en los casos antes analizados, es preciso indicar que en 
consonancia con el citado precepto de la Ley de Sociedades de Capital, cabe igualmente 
la inscripción del último inciso del artículo 19 de los Estatutos objeto de este recurso, 
sobre la base de lo establecido por el artículo 175.2 del Reglamento del Registro 
Mercantil que establece la posibilidad de inscripción de los pactos y condiciones, corno el 
presente, que hayan considerado conveniente establecer los socios en los estatutos de 
la sociedad, siempre que, como ocurre en este supuesto, no se opongan a ninguna ley ni 
a los principios configuradores de las sociedades limitadas.
Es más, un ejemplo evidente de que el pacto objeto de este análisis no contradice la 
legislación  vigente  en  la  materia  ni  los  principios  que  configuran  a  las  sociedades 
limitadas es que dicho pacto establece expresamente lo siguiente: “...excepto en los 
supuestos en que dicha votación secreta no sea legalmente posible.” Por tanto, resulta 
dicho pacto totalmente respetuoso con la legislación ya que no ampara que se pueda 
producir una votación secreta cuando no sea legalmente posible.
En base a lo expuesto anteriormente, con el apoyo del artículo 28 de la Ley de 
Sociedades  de  Capital  y  del  artículo  175.2  del  Reglamento  del  Registro  Mercantil, 
procede que se subsane la calificación negativa de inscripción registral del inciso último 
del artículo 19 de los Estatutos objeto de este recurso, debiéndose inscribir, por tanto el 
citado inciso último del artículo 19 de los Estatutos de la entidad mercantil “Madas 
Patrimonial, S.L.”.
b)  Respecto a la negativa del Registrador de inscribir los apartados 1 y 2 del 
artículo 11 de los Estatutos fundacionales de la entidad mercantil “Malas Patrimonial, 
S.L.”  es  preciso  indicar  que  las  cláusulas  estatutarias  que  se  contienen  en  dichos 
apartados no merecen, en ningún caso, la calificación negativa de su inscripción en base 
a los siguientes extremos:
a)  En primer lugar, es preciso indicar que se trata de pactos, como los antes 
analizados, que se establecen por los socios fundadores de la sociedad, sin oponerse a 
ninguna ley ni contradecir los principios configuradores de una sociedad limitada, como 
bien establece el artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital, y que por tanto, se fijan 
por ambos socios en base al principio de autonomía de la voluntad que consagra el 
artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital antes indicado.
De igual forma, como ocurre en los casos antes analizados, es preciso indicar que en 
consonancia con el citado precepto de la Ley de Sociedades de Capital, cabe igualmente 
la inscripción de los apartados 1 y 2 del artículo 11 de los Estatutos objeto de este 
recurso,  sobre  la  base  de  lo  establecido  por  el  artículo  175.2  del  Reglamento  del 
Registro  Mercantil  que  establece  la  posibilidad  de  inscripción  de  los  pactos  y 
condiciones,  corno  el  presente,  que  hayan  considerado  conveniente  establecer  los 
socios en los estatutos de la sociedad, y de lo establecido por el artículo 188.3 del 
Reglamento del Registro Mercantil, siempre que, como ocurre en este supuesto, no se 
opongan a ninguna ley ni a los principios configuradores de las sociedades limitadas.
b)  Respecto a los apartados 1 y 2 del artículo 11 de los Estatutos objeto de este 
recurso, es preciso resaltar el hecho de que dichos pactos estatutarios ya han sido  e.
calificados positivamente para su inscripción con el mismo tenor literal exacto, por la  w.b
Dirección General de los Registros y del Notariado, en Resoluciones de fecha 23 de  94ww
mreasyoolu cdioen 2e0s,1 9y  eyn  9e sdtee  smeanytiod od, es e2 e0x1p9o, nceo ran oc osneti npuuaecdióen  olibtesrearlvmaer nate  lalo  vsiesñtaa laddeo d picohr alas 
Dmiareycoc dióen  2G0e1n9e yra 9l  ddee  lomsa yRoe gdies tr2o0s1 9y  dsoebl rNeo ltoasri aedxotr eemn oess toabsj edtoos d ree scoalluifcicioanceiósn  dnee g2a3t idvae 
que se abordan en estos dos apartados, número 1 y 2 del artículo 11 de los Estatutos
objeto  de  este  recurso,  sustentando  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado la permisibilidad de la inscripción de este tipo de clausulado de la siguiente 
forma:
– Resolución de la DGRN de fecha 23-05-2019:
“2.  En  relación  con  el  derecho  de  adquisición  preferente  en  caso  de  inicio  o 
apertura de un procedimiento administrativo o judicial de embargo de las participaciones 
sociales, esta Dirección General se ha pronunciado recientemente para una cláusula 
idéntica en la Resolución de 9 de mayo de 2019, según la cual debe tenerse en cuenta 
que,  respecto  del  régimen  de  transmisión  de  participaciones  sociales  en  caso  de 
procedimiento  administrativo  o  judicial  de  embargo,  el  artículo  109  de  la  Ley  de 
Sociedades de Capital establece la suspensión del remate y de la adjudicación de las 
participaciones sociales embargadas y el derecho de los socios y, en su defecto –sólo si 
los estatutos le atribuyen en su favor el derecho de adquisición preferente–, de la 
sociedad, a subrogarse en lugar del rematante o, en su caso, del acreedor, mediante la 
aceptación expresa de todas las condiciones de la subasta y la consignación íntegra del 
importe del remate o, en su caso, de la adjudicación al acreedor y de todos los gastos 
causados. Pero este régimen legal no impide que, con base en el principio de autonomía 
de la voluntad (cfr. artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital), puedan prevenirse 
en los estatutos sociales sistemas alternativos como los establecidos en los estatutos 
objeto de la calificación impugnada, que, en caso de inicio de un procedimiento de 
embargo –en una fase anterior a la suspensión del remate o adjudicación a que se 
refiere el citado artículo 109 de la Ley de Sociedades de Capital– atribuye a la sociedad 
y a los socios el derecho de adquirir tales participaciones por su valor razonable (con la 
correlativa obligación del socio de transmitirlas –cfr. artículo 188.3 del Reglamento de 
Registro Mercantil–), con la previsión añadida de que, en defecto de ejercicio de tal 
derecho de adquisición, pueda la junta general adoptar el acuerdo de excluir al socio 
afectado por el inicio de ese procedimiento de embargo de las participaciones, con la 
consiguiente amortización de las participaciones del socio afectado por la exclusión.”
– Resolución de la DGRN de fecha 09-05-2019:
“3.  Hechas las anteriores consideraciones, debe tenerse en cuenta que, respecto 
del  régimen  de  transmisión  de  participaciones  sociales  en  caso  de  procedimiento 
administrativo o judicial de embargo, el artículo 109 de la Ley de Sociedades de Capital 
establece la suspensión del remate y de la adjudicación de las participaciones sociales 
embargadas y el derecho de los socios y, en su defecto –sólo si los estatutos le atribuyen 
en su favor el derecho de adquisición preferente–, de la sociedad, a subrogarse en lugar 
del rematante o, en su caso, del acreedor, mediante la aceptación expresa de todas las 
condiciones de la subasta y la consignación íntegra del importe del remate o, en su caso, 
de la adjudicación al acreedor y de todos los gastos causados. Pero este régimen legal 
no impide que, con base en el principio de autonomía de la voluntad (cfr. artículo 28 de la 
Ley de Sociedades de Capital), puedan prevenirse en los estatutos sociales sistemas 
alternativos como los establecidos en los estatutos objeto de la calificación impugnada, 
que, en caso de inicio de un procedimiento de embargo –en una fase anterior a la 
suspensión del remate o adjudicación a que se refiere el citado artículo 109 de la Ley de 
Sociedades de Capital– atribuye a la sociedad y a los socios el derecho de adquirir tales 
participaciones  por  su  valor  razonable  (con  la  correlativa  obligación  del  socio  de 
transmitirlas –cfr. artículo 188.3 del Reglamento de Registro Mercantil–), con la previsión  e.
añadida de que, en defecto de ejercicio de tal derecho de adquisición, pueda la junta  w.
general adoptar el acuerdo de excluir al socio afectado por el inicio de ese procedimiento  94ww
pdaer ticeimpabcaiorgnoe s ddeel  sloacsi o apfaerctitcaidpoa cpioonr elas  exccoluns iólan .” consiguiente  amortización  de  las
Por  tanto,  en  base  a  las  argumentaciones  vertidas  en  el  presente  ordinal  y
sustentadas por el apoyo de la propia Dirección General de los Registros y del Notariado
en las resoluciones antes expuestas ante casos idénticos al presente y por el artículo 28 
de la Ley de Sociedades de Capital y por los artículos 175.2 y 188.3 del Reglamento del 
Registro Mercantil, procede que se subsanen las calificaciones negativas de inscripción 
registral de los apartado 1 y 2 del artículo 11 de los Estatutos objeto de este recurso, 
debiéndose inscribir, por tanto, los apartados 1 y 2 del artículo 11 de los Estatutos de la 
entidad mercantil “Mallas Patrimonial, S.L.”».
V
Mediante  escrito,  de  fecha  27  de  diciembre  de  2019,  el  registrador  elevó  el 
expediente, con su informe, a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 33 y 117 de la Constitución Española; 1 y 57 del Código de 
Comercio; 7, 1255, 1256, 1258, 1281 a 1289, 1291 y 1911 del Código Civil; 23.f), 28, 
73.2, 74.2, 83, 93, 94, 96, 107, 108, 109, 123.2, 127, 132, 133, 148.a), 159.1, 188, 190, 
206.4, 275, 346, 351, 352, 353, 389 y 392.1 de la Ley de Sociedades de Capital; 15 y 16 
de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles; 1, 551, 587, 621 y siguientes, 635, 637 y 570 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil; 74 y 75 de la Ley del Notariado; la disposición final cuarta de la Ley 36/2011, de 10 
de octubre, reguladora de la jurisdicción social; los artículos 123.6, 175.2.b), 186.6 y 188 
del Reglamento del Registro Mercantil; 80.6 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, 
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Recaudación;  99  del  Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social; las Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de 
septiembre de 1997, 27 de mayo de 2013 y 12 de noviembre de 2014; las Resoluciones 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 16 de mayo de 1989, 30 de 
marzo, 17 de mayo y 20 de agosto de 1993, 7 de junio de 1994, 30 de marzo y 8 y 28 de 
julio de 1999, 21 de marzo de 2001, 15 de octubre y 1 de diciembre de 2003, 4 de mayo 
de 2005, 28 de julio de 2009, 2 de noviembre de 2010, 19 de agosto de 2011, 28 de 
enero de 2012, 23 de abril y 23 de julio de 2015, 15 de noviembre de 2016 y 9 y 23 de 
mayo de 2019, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública de 6 de febrero de 2020.
1.  Mediante la escritura objeto de la calificación impugnada se constituye una 
sociedad  de  responsabilidad  limitada  en  cuyos  estatutos  sociales  se  dispone  que, 
notificado a la sociedad el inicio o apertura de un procedimiento administrativo o judicial 
de embargo de las participaciones sociales frente a cualquiera de los socios de la 
sociedad  que  tuviera  como  objeto  la  inmovilización  de  las  mismas  que  pudiera 
desembocar en un procedimiento de ejecución forzosa, la sociedad, a través del órgano 
de  administración,  podrá  adquirir  la  totalidad  de  las  participaciones  embargadas, 
debiendo ejercitar el derecho en un plazo máximo de tres meses a contar desde la 
notificación a la sociedad del procedimiento de embargo; y si la sociedad no ejercita este 
derecho, todos los socios podrán adquirir las participaciones embargadas, en el plazo 
máximo de veinte días. Además, se dispone que, en todos los casos anteriores, «el 
precio de la transmisión se corresponderá con el valor razonable de las participaciones, 
entendiéndose por valor razonable el valor contable que resulte del último balance 
aprobado por la Junta». Se añade también que «en tanto las participaciones sociales  e.e
afectadas  por  el  embargo  no  sean  transmitidas  en  los  términos  previstos  en  los  b
presentes estatutos, conferirán a su titular el ejercicio de sus derechos económicos y  94ww
dpeoclíitsicioonse, sa q ueex creeqpuciióenra nd deel  uenjear cmicaioy odríeal  revfootroz aedna  saecguúenr dloo se sqtaubel ecteidnog aenn  lpao Lr eyo byj eeton 
elofse cptorse sdeen teqsu oerusmta tuy tomsa, ydoerítarasy eésntdaobsleec isdua sp»a. rTtiacmipbaicéiónn s ed edl iscpóomnep uqtou ed «ee lv oPtroess idae nlotes 
dirigirá el debate, dará la palabra por orden de petición y las votaciones se harán a mano
alzada, salvo cuando la votación deba ser secreta por decisión del presidente o petición 
de la mayoría de los asistentes, excepto en los supuestos en que dicha votación secreta 
no sea legalmente posible». Y, por último, se establece que será causa de exclusión de 
la sociedad –que deberá ser acordada por la junta general– el inicio de un procedimiento 
administrativo o judicial que acuerde el embargo de las participaciones de cualquier 
socio, ya sea de forma total o parcial, debiendo proceder la sociedad «a amortizar las 
participaciones sociales del socio afectado por la exclusión, cuya valoración a efectos de 
su  contraprestación  corresponderá  con  el  valor  razonable  de  las  participaciones 
afectadas, entendiéndose por valor razonable el valor contable que resulte del último 
balance aprobado por la Junta».
Interesa  dejar  constancia  de  que  los  artículos  estatutarios  que  han  quedado 
transcritos (salvo en lo relativo a la votación secreta en junta general) son reproducción 
literal de los incorporados a la escritura pública que fue objeto del recurso resuelto, en el 
sentido de declararlos inscribibles, por la Dirección General de los Registros y del 
Notariado mediante la Resolución de 23 de mayo de 2019 (que, a su vez, coinciden casi 
en su totalidad con los que fueron examinados en la Resolución de 9 de mayo de 2019) 
y por esta Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en Resolución de 6 de 
febrero de 2020.
El registrador, sin hacer referencia alguna a esas Resoluciones de 9 y 23 de mayo 
de 2019, resuelve no practicar la inscripción de dichas disposiciones por los argumentos 
que expone por extenso en la calificación transcrita «supra».
Esas objeciones no pueden ser confirmadas para unas disposiciones estatutarias 
que son idénticas a las entonces analizadas, pues razones análogas a las que se alegan 
ahora no fueron desconocidas en las mencionadas Resoluciones cuya doctrina debe 
reiterarse ahora.
2.  En relación con el derecho de adquisición preferente en caso de inicio o apertura 
de un procedimiento administrativo o judicial de embargo de las participaciones sociales, 
la Dirección General de los Registros y del Notariado en las citadas Resoluciones de 9 
y 23 de mayo de 2019 afirma que debe tenerse en cuenta que, respecto del régimen de 
transmisión  de  participaciones  sociales  en  caso  de  procedimiento  administrativo  o 
judicial de embargo, el artículo 109 de la Ley de Sociedades de Capital establece la 
suspensión del remate y de la adjudicación de las participaciones sociales embargadas y 
el derecho de los socios y, en su defecto –sólo si los estatutos le atribuyen en su favor el 
derecho de adquisición preferente–, de la sociedad, a subrogarse en lugar del rematante 
o, en su caso, del acreedor, mediante la aceptación expresa de todas las condiciones de 
la  subasta  y  la  consignación  íntegra  del  importe  del  remate  o,  en  su  caso,  de  la 
adjudicación al acreedor y de todos los gastos causados. Pero este régimen legal no 
impide que, con base en el principio de autonomía de la voluntad (cfr. artículo 28 de la 
Ley de Sociedades de Capital), puedan prevenirse en los estatutos sociales sistemas 
alternativos como los establecidos en los estatutos objeto de la calificación impugnada, 
que, en caso de inicio de un procedimiento de embargo –en una fase anterior a la 
suspensión del remate o adjudicación a que se refiere el citado artículo 109 de la Ley de 
Sociedades de Capital– atribuye a la sociedad y a los socios el derecho de adquirir tales 
participaciones  por  su  valor  razonable  (con  la  correlativa  obligación  del  socio  de 
transmitirlas –cfr. artículo 188.3 del Reglamento de Registro Mercantil–), con la previsión 
añadida de que, en defecto de ejercicio de tal derecho de adquisición, pueda la junta 
general adoptar el acuerdo de excluir al socio afectado por el inicio de ese procedimiento 
de  embargo  de  las  participaciones,  con  la  consiguiente  amortización  de  las  e.
participaciones del socio afectado por la exclusión. w.b
No puede desconocerse la peculiar naturaleza jurídica de la participación social en  94ww
ccuoamnptloe taq upeo snicoi órne psroecsiaeln ctau yuon cao nreteanliiddaod y  fcísaircaac teecríosntiócamsi cvaiemneennt ed eafuintóidnoosm pao,r  slain noo rumnaa 
edsicthaatu tnaoriram rae cptoerram daen elazc vaid dae yn tfruon cdieo nlaoms iceanutoc edse  lleag saolecsie dparede, sdtea bmleocdidoo qsu, ea  seiellma pdreeb qeureá 
estarse para resolver las incidencias que se planteen en su actuación y tráfico (y también
a  la  hora  de  determinar  lo  que  debe  quedar  en  el  ámbito  propio  del  principio  de 
responsabilidad universal por las deudas con todos los bienes y derechos del obligado al 
pago, atendiendo a los diferentes intereses en juego). La previsión estatutaria como la 
debatida en el presente caso, que establece el derecho de la sociedad y de los socios a 
evitar el ingreso de nuevos miembros mediante el abono del valor de las participaciones, 
contribuye a definir el contenido jurídico de la posición social representada por aquéllas, 
y no resulta incompatible con las normas procedimentales, cuyo carácter subordinado –
en cuanto deben dar cauces de actuación de los derechos sustantivos– no puede 
desconocerse (cfr., especialmente, el artículo 635.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
según el cual –y para la fase propiamente de realización de bienes embargados–, si lo 
embargado  fueren  participaciones  sociales,  la  realización  se  hará  atendiendo  a  las 
disposiciones estatutarias y legales sobre enajenación de participaciones y, en especial, 
a los derechos de adquisición preferente; vid., también, la disposición final cuarta de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social –«en lo no previsto en 
esta Ley regirá como supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil…»–; artículo 80.6 del Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación; y artículo 99 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social). De este modo, 
en un caso como el presente, ejercitado el derecho de adquisición o excluido el socio 
cuyas participaciones están afectadas por el inicio de un procedimiento de embargo, el 
precio de la transmisión o la cuota de liquidación del socio excluido sustituye a las 
participaciones social cuyo embargo se pretendía iniciar.
3.  Respecto de la forma de valoración de las participaciones del socio excluido 
deben recordarse las consideraciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado en las citadas Resoluciones de 9 y 23 de mayo de 2019.
En relación con el régimen de transmisión voluntaria de participaciones sociales por 
acto «inter vivos», a título oneroso o gratuito, esa Dirección General, en Resolución 
de  15  de  noviembre  de  2016,  admitió  –en  vía  de  principios–  la  inscripción  de  la 
disposición estatutaria por la que se atribuía a los socios un derecho de adquisición 
preferente que habría de ejercitarse por el valor razonable de las participaciones de cuya 
transmisión se tratara, que sería el valor contable resultante del último balance aprobado 
por la junta (o el precio comunicado a la sociedad por el socio comprador si fuera inferior 
a ese valor contable).
Según dicha Resolución, se puede afirmar que el valor razonable es el valor de 
mercado, sin bien, al no existir propiamente un mercado de participaciones sociales y –
salvo  en  el  caso  de  sociedades  abiertas–  tampoco  de  acciones,  dicho  valor  debe 
determinarse por aproximación, según la normativa contable. Conforme a la Primera 
Parte,  apartado  6.2,  del  Plan  General  de  Contabilidad  aprobado  por  el  Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, «valor razonable es el importe por el que puede 
ser  intercambiado  un  activo  o  liquidado  un  pasivo,  entre  partes  interesadas  y 
debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia 
mutua». Y la Norma Técnica de elaboración del informe especial del auditor de cuentas 
para  estos  casos  publicada  mediante  Resolución  de  23  de  octubre  de  1991,  del 
presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se refiere a algunos 
métodos de valoración dinámicos que se consideran más adecuados respecto de las 
acciones de una sociedad que sigue en marcha, con criterios de flexibilidad, pues según 
reconoce dicha Norma «sólo puede hablarse de aproximaciones o juicios razonables». 
Por ello, generalmente, el valor contable no será equivalente al valor razonable o de  e.
mercado de las participaciones sociales. w.b
El régimen de transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos «inter  94ww
pvirvinocsi»p ioúsn iccaomnfeignutrea dqoureedsa d seul jetiptoo  as olocsia ll ímeleitegsid og e(naertríacluelso  d2e8r idvea dlao sL edye  dlaes  Sleoyceiesd ya ddees  ldoes 
mCaispmitaal )le ay.sí como a las limitaciones específicas establecidas en el artículo 108 de la
Entre tales limitaciones legales no existe ninguna que prohíba pactar como precio o 
valor de las participaciones objeto del derecho de adquisición preferente el valor contable 
que resulte del último balance aprobado por la junta general.
Es  cierto  que,  respecto  de  la  transmisión  de  acciones,  el  artículo  123.6  del 
Reglamento del Registro Mercantil establece que no podrán inscribirse en tal Registro 
«las restricciones estatutarias que impidan al accionista obtener el valor real de las 
acciones». Y la Dirección General de los Registros y del Notariado, en la Resolución 
de 4 de mayo de 2005, entendió que aunque el artículo 188 del Reglamento del Registro 
Mercantil en relación con las participaciones de sociedades de responsabilidad limitada 
no recoja una prohibición como la que se establece en el artículo 123.6, debe respetarse 
el «principio de responder o buscar el valor real o el “valor razonable”» y, por tanto, la 
doctrina de Resoluciones como las de 7 de junio de 1994 o 30 de marzo de 1999 según 
las cuales «el valor resultante del balance no puede equipararse al valor real, ni hoy día 
al valor razonable, por cuanto la contabilización en el balance está sujeto a una serie de 
principios, tales como la prohibición de incluir determinados elementos como puede ser 
el fondo de comercio no adquirido a título oneroso (cfr. artículo 39.6 del Código de 
comercio), o la obligación de hacerlo con otros elementos esenciales del activo por el 
precio de adquisición (artículo 38.1, f), y en general el de prudencia que si impide la 
inclusión de beneficios potenciales obliga a hacerlo con las pérdidas y riesgos que 
tengan tal carácter (art. 38.1, c) y que si son lógicos en cuanto a otros fines de interés 
público, en especial la protección de los acreedores sociales, quiebran a la hora de 
proteger el derecho del socio a obtener el valor de su participación en la sociedad si se 
fija en atención de los datos contables». En la citada Resolución de 2005, ese Centro 
Directivo pone de relieve que otra solución implicaría para el socio una prohibición 
indirecta de disponer sin las garantías establecidas en la Ley (vigente artículo 108.3 de la 
Ley de Sociedades de Capital) o la atribución de los demás socios de la facultad de 
obtener  un  enriquecimiento  injusto  o  sin  causa,  contrario  a  uno  de  los  principios 
generales que informan nuestro ordenamiento jurídico.
Sin  duda,  estas  consideraciones  deben  valorarse  para  determinar  si  es  o  no 
inscribible determinada cláusula sobre el precio o valor de las participaciones objeto del 
derecho de adquisición preferente. Pero, según puso de relieve la Dirección General de 
los Registros y del Notariado en la citada Resolución de 15 de noviembre de 2016, no 
pueden  considerarse  determinantes  para  impedir  la  inscripción  de  una  cláusula 
estatutaria según la cual, en caso de transmisión voluntaria de participaciones sociales 
por  acto  «inter  vivos»,  el  valor  razonable  para  ejercitar  el  derecho  de  adquisición 
preferente coincidirá con el valor contable que resulte del último balance aprobado por la 
junta. Ese mismo Centro Directivo ha entendido que los «límites dentro de los cuales han 
de  quedar  encuadradas  las  restricciones  estatutarias  a  la  transmisibilidad  de  las 
acciones cobran especial importancia respecto de la fijación del precio que los titulares 
del derecho de adquisición preferente en que tales restricciones se traduzcan habrán de 
satisfacer en caso de discrepancia sobre tal importe con el accionista afectado. En este 
extremo, según el criterio de esta Dirección General (cfr., por todas, la Resolución de 20 
de marzo de 2001), debe admitirse la validez de la cláusula estatutaria siempre que, por 
asegurar al accionista la razonable posibilidad de transmitir sus acciones, no pueda 
entenderse que le convierta en una suerte de «prisionero de sus títulos». Así, una 
cláusula que por el sistema de fijación de dicho precio impida, prima facie, al accionista 
obtener el valor razonable de las acciones ha de reputarse nula conforme al artículo 63.2 
de la Ley de Sociedades Anónimas (actualmente, artículo 123.2 de la Ley de Sociedades  s
de Capital) en tanto en cuanto haga prácticamente intransmisible la acción. Éste es el  oe.
sentido  que,  en  consideración  a  su  rango  normativo,  debe  darse  a  la  norma  del  w.
artículo 123.6 del Reglamento del Registro Mercantil y, por ende, no pueden proscribir  94ww
leols m peancctoiosn aqduoe ,p armecpeaprtaod loesg aeln»  l(aR aeusotoluncoimónía d dee 1  lad ev odliucnietmadb rdee d loes 2 s0o0c3i)o.s, no contradigan
la inAsscirmipiscmióno , deen  cRláeussoululacsió nd ed ev a2l odrea cnióonv iedme bprea rdtieci p2a0c1i0o,n eesl  msioscmiaole Cs epnatrroa  heal  acdamsoit iddeo   BOE-A-cable e
transmisión voluntaria por acto «inter vivos» de las mismas aun cuando no coincida 
dicho valor con el valor razonable determinado por auditor de cuentas, por entender que 
no rebasan los límites generales de la autonomía de la voluntad (cfr. artículos 1255 
y 1258 del Código Civil y 28 de Ley de Sociedades de Capital), y que su acceso al 
Registro Mercantil tiene claro apoyo en la norma del artículo 175.2.b) del Reglamento del 
Registro Mercantil, introducida por el Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero, siempre 
que no perturben la realización del valor patrimonial de las participaciones con una 
dificultad objetiva que sea prácticamente insalvable, máxime si se tiene en cuenta que, al 
ser aplicadas, deben respetarse los límites impuestos por los usos, la buena fe y la 
prohibición de abuso del derecho –cfr. artículos 1 y 57 del Código de Comercio y 7, 1258, 
1287 y 1291 del Código Civil–. Debe tenerse en cuenta también, que la elaboración de 
las cuentas no puede quedar a la libérrima decisión de la sociedad sino que está sujeta a 
estrictas normas contables e incluso penales. Por otra parte, si por las circunstancias del 
caso concreto, la fijación del valor de las participaciones pudiese implicar para el socio 
una vinculación excesiva o abusiva, o un perjuicio para terceros, quedará a salvo el 
eventual control judicial de este extremo, atendiendo a tales circunstancias.
Por lo demás, admitidos los privilegios respecto de los derechos económicos de las 
participaciones  sociales,  en  el  reparto  de  las  ganancias  sociales  y  en  la  cuota  de 
liquidación del socio (cfr. arts. 95, 275 y 392.1 de Ley de Sociedades de Capital), deben 
admitirse  también  cláusulas  como  la  enjuiciada  en  la  citada  Resolución  de  15  de 
noviembre de 2016, en el marco de la autonomía privada, con los límites generales 
derivados de la prohibición de pactos leoninos y perjudiciales a terceros. Tales cláusulas 
no hacen más que delimitar el contenido económico del derecho del socio a percibir el 
valor de sus participaciones sociales en caso de transmisión voluntaria. Una cláusula 
como la entonces permitida no puede reputarse como prohibición indirecta de disponer, 
pues no impide «ex ante» y objetivamente obtener el valor razonable, o un valor que 
será más o menos próximo a aquél según las circunstancias y los resultados de la 
sociedad así como del hecho de que se hayan retenido o no las ganancias. Por ello, no 
puede afirmarse que dicha cláusula tenga objetivamente carácter expropiatorio o sea 
leonina  para  el  socio  transmitente.  Y,  aun  cuando  en  el  momento  de  realizar  la 
transmisión el valor contable fuera inferior al valor razonable, tampoco puede afirmarse 
que comporte enriquecimiento injusto o sin causa en favor de los restantes socios o de la 
sociedad, en tanto que responde a lo pactado y aceptado previamente por todos los 
socios. Por lo demás, si el acuerdo sobre la referida disposición estatutaria ha sido 
adoptado por unanimidad de los socios en junta general universal, se cumple el requisito 
establecido en el citado artículo 175.2.b) del Reglamento del Registro Mercantil para la 
inscripción  del  «pacto  unánime  de  los  socios  de  los  criterios  y  sistemas  para  la 
determinación del valor razonable de las participaciones sociales previstas para el caso 
de transmisiones «inter vivos» o «mortis causa» (…)».
Si  se  tienen  en  cuenta  «mutatis  mutandis»  las  consideraciones  anteriormente 
expresadas sobre la admisión por la Resolución de 15 de noviembre de 2016 de la 
inscripción de la disposición estatutaria sobre un derecho de adquisición preferente 
ejercitable por el valor razonable de las participaciones, que sería el valor contable 
resultante del último balance aprobado por la junta, no puede confirmarse la concreta 
objeción que opone el registradora la forma de valoración de las participaciones del socio 
excluido.
4.  También se cuestiona si es o no inscribible la cláusula estatutaria por la cual se 
previene que, mientras las participaciones sociales afectadas por el embargo no sean  e.
transmitidas en la forma establecida en los mismos estatutos –anteriormente expuesta–,  w.b
tales participaciones no conferirán a su titular el «ejercicio del voto en acuerdos que  94ww
etesntagbalne cipdoor  eonb jleat oL edye yc iseino nleoss  pqruees enreteqsu ieersatna tudtoes , udneat ramyéanyodroísae  rseufo przaardticai psaecgióúnn  delol 
cómEpsu tcoi edreto v oqtuoes,  ac olomso e feexcptoress dae e ql uroerguismtr ayd mora yeonr ísaus  ecastliafibclaecciiódna,s l»a. Ley de Sociedades
de Capital no contempla expresamente esta limitación en el ejercicio del derecho de
voto, a diferencia de otros supuestos que cita. Pero tal circunstancia no autoriza para 
concluir que con tales previsiones legales expresas se cercena el margen de autonomía 
de la voluntad de los socios para prevenir la suspensión del ejercicio del derecho de voto 
en otros supuestos en los que, según la valoración de todos aquellos al instrumentar por 
unanimidad la cláusula debatida, existe un interés en dicha suspensión.
Si  se  tiene  en  cuenta  la  flexibilidad  del  régimen  jurídico  de  la  sociedad  de 
responsabilidad limitada, con admisión expresa de creación de privilegios respecto del 
derecho de voto (cfr. artículos 96 –«a contario sensu»– y 188.1 de la Ley de Sociedades 
de  Capital,  con  posibilidad  incluso  de  crear  participaciones  sin  voto  –artículo  98  y 
siguientes  de  la  misma  ley–),  debe  admitirse  también  que  los  socios  configuren 
estatutariamente dicha prohibición de ejercicio del sufragio, más allá de los supuestos de 
conflicto de intereses expresamente contemplados en al artículo 190 de dicha Ley. No 
puede haber obstáculo, pues, para que en esos concretos supuestos los estatutos 
prevean que en la formación del acuerdo social no cuente el socio cuyas participaciones 
se hallan en trance de transmisión por estar afectadas por el inicio de un procedimiento 
de embargo, al modo que la misma Ley de Sociedades de Capital prevé expresamente 
para otros supuestos (cfr. la Resolución de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 16 de mayo de 1989). Por lo demás, no cabe acoger argumentos –como 
pretende el registrador en su calificación– que limitan la autonomía de la voluntad 
basados en la idea de que los estatutos son normas que surtirán efecto «erga omnes», 
también respecto de futuros socios; este argumento, que puede ser válido en ciertos 
aspectos relativos a la sociedad anónima cotizada, no puede admitirse en la generalidad 
de las sociedades de capital, y, concretamente, en el presente caso en que se aprueban 
los estatutos por unanimidad y no es imaginable que los futuros adquirentes de las 
participaciones sociales no conozcan el régimen aplicable según los estatutos que gozan 
de la publicidad del Registro Mercantil.
5.  Por último, debe decidirse si debe o no inscribirse la cláusula estatutaria por la 
que, en relación con las juntas generales, se dispone que «el Presidente dirigirá el 
debate, dará la palabra por orden de petición y las votaciones se harán a mano alzada, 
salvo cuando la votación deba ser secreta por decisión del presidente o petición de la 
mayoría de los asistentes, excepto en los supuestos en que dicha votación secreta no 
sea legalmente posible».
Considera el registrador que esta disposición, en cuanto admite votación secreta en 
las juntas, no puede ser inscrita. Afirma que la identificación del sentido del voto de cada 
uno de los socios en las juntas generales tiene una gran transcendencia jurídica en 
multitud de supuestos (como algunos ejemplos que reseña), lo que impide la votación 
secreta.
Respecto de la forma de votación en las juntas generales la Ley de Sociedades de 
Capital no impone un sistema que deba aplicarse en todos los casos; concretamente, no 
establece que la votación sea siempre pública ni prohíbe la votación secreta. La forma 
de votación no afecta a las relaciones con terceros –a diferencia de lo que ocurre, por 
ejemplo, con las facultades de representación– sino al ámbito de relaciones internas 
entre los socios, por lo que, en vía de principios, se trata de una cuestión que se 
encuadra en el marco de la organización corporativa con libertad de regulación con base 
en la autonomía de la voluntad (cfr. artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital), 
siempre con el presupuesto de respeto del principio de votación por mayoría. Así, el 
artículo 159.1 de la Ley de Sociedades de Capital establece que «Los socios, reunidos 
en junta general, decidirán por la mayoría legal o estatutariamente establecida, en los  e.
asuntos propios de la competencia de la junta»; según el artículo 23.f) de la misma Ley,  w.b
en los estatutos se hará constar «el modo de deliberar y adoptar sus acuerdos los  94ww
Róreggainstorso  cMoelercgaiandtiol,s « dloes  lae sstaotcuiteodsa dd»e;b eyr, ácno ndfeotremrme inaal ra ertlí cmuolod o1 8e6n. 6q udee l laR eJugnlatma eGneton edraell 
delibLear avroát ay caiódno pstaer áp suuesd ea crueearldizoasr» .de distintas formas: a mano alzada, nominal, por
aclamación, votación secreta por papeleta, etc. Ciertamente, la votación secreta puede
presentar algunos inconvenientes: para constatar la capacidad o legitimación para emitir 
el voto, determinar la legitimación de los disidentes a efectos de la impugnación de los 
acuerdos, identificación de quienes votan en contra y puedan así ejercitar el derecho de 
separación en los casos establecidos por la ley o los estatutos sociales, etc. A estos 
inconvenientes se refiere con detalle el registrador en su calificación, pero debe tenerse 
en  cuenta  que  algunas  de  las  dificultades  referidas  podrán  quedar  obviadas  (por 
ejemplo, el socio que desee impugnar el acuerdo de que se trate podrá, después de la 
votación, optar por identificarse a tales efectos y solicitar que conste en el acta de la 
junta su oposición; pueden arbitrarse sistemas que hagan que el voto sea secreto 
respecto de los socios pero no para la mesa o el presidente de la junta; cabe prevenir 
sistemas basados en el uso de papeletas o sobres anónimos, códigos matemáticos, 
identificaciones alfanuméricas, contraseñas, distintos colores y diferentes urnas, etc.).
En cualquier caso, en la cláusula estatutaria debatida en este expediente se dejan 
expresamente a salvo «los supuestos en que dicha votación secreta no sea legalmente 
posible», por lo que los referidos inconvenientes de esta forma de votación quedan 
soslayados mediante esa salvedad y ésta es la razón fundamental que permite concluir 
en la admisibilidad de tal disposición.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 27 de febrero de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.