BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 98 Miércoles 8 de abril de 2020 Sec. III.   Pág. 28682
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
4361 Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del 
registrador de la propiedad de Castellón de la Plana n.º 1, por la que se 
suspende la inscripción de una resolución expedida por la jefa de Sección de 
la  Secretaría  General  de  Patrimonio  del  Estado  de  la  Delegación  de 
Economía y Hacienda de Castellón.
En  el  recurso  interpuesto  por  don  A.  R.  M.  contra  la  nota  de  calificación  del 
registrador de la Propiedad Castellón de la Plana número 1, don Antonio Manrique Ríos, 
por la que se suspende la inscripción de una resolución expedida por la jefa de Sección 
de la Secretaría General de Patrimonio del Estado de la Delegación de Economía y 
Hacienda de Castellón.
Hechos
I
Se  presentó  copia  de  propuesta  y  acuerdo  de  adjudicación  por  subasta  de  un 
inmueble del Estado expedida por la jefa de Sección de la Secretaría General de 
Patrimonio del Estado de la Delegación de Economía y Hacienda de Castellón, de 
fecha 4 de septiembre de 2007, por la que se acordaba la adjudicación del inmueble 
inscrito en el Registro de la Propiedad de Castellón de la Plana número 1, finca registral 
número 10.561 a favor del Estado-Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
II
Presentada el día 19 de agosto de 2019 dicha documentación en el Registro de la 
Propiedad  de  Castellón  de  la  Plana  número  1,  fue  objeto  de  la  siguiente  nota  de 
calificación:
«Conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria (reformado por Ley 24/2001 de 27 de 
diciembre) y 98 y siguientes del Reglamento Hipotecario:
El  Registrador  de  la  Propiedad  que  suscribe,  previo  examen  y  calificación  del 
documento  presentado  el  19  de  agosto  de  2019,  bajo  el  asiento  número  522  del 
Diario 91, con número de entrada 4568, que corresponde a la resolución expedida el 16 
de julio de 2007 por la Jefa de Sección de la Secretaría General de Patrimonio del 
Estado de la Delegación de Economía y hacienda en Castellón, doña P. L. M., del que se 
ha aportado copia cotejada con fecha 19 de mayo de 2008, ha resuelto no practicar los 
asientos solicitados en base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
En el precedente documento se acuerda la adjudicación de la finca registral 10.561 
de la Sección 1.ª de este Registro, propiedad del Estado, que consta en el Inventario 
General de Bienes y Derechos del Estado con el número (…), a favor de don A. R. M.,  e.
con D.N.I. (…), observando que adolece de los siguientes defectos: w.b
pmúebdl12iica..  an.tPFe aallrataa  nco qdruraeet ospsla or neadladietjiunvdoteisc  aianc sliaócsnri  pccoiribcóujnen,t oset asd nneceli acsde ospcaeurrimsoo enenaletloev ast red enelgl  aad dojcauucdmciceeasntoat ori aoal   deRosnec grAiits.u tRrroa.    OE-A-2020-43able en https://
M., tales como si es mayor de edad o, en otro caso, la edad que tuviera, y su estado civil
-soltero, casado, viudo, separado o divorciado- y, de ser casado, el régimen económico 
matrimonial,  el  nombre  y  apellidos,  D.N.I.  del  otro  cónyuge  y  el  carácter  de  la 
adquisición.
3.  Falta justificante de haberse presentado o comunicado al Ayuntamiento de esta 
ciudad el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -
plusvalía-.
Por lo expuesto, se suspende la inscripción al considerar que existen contradicciones 
y faltan circunstancias que son necesarias para la inscripción de la escritura que se 
pretende:
1.º  En  relación  al  primero  de  los  defectos,  la  necesidad  del  otorgamiento  de 
escritura pública para proceder a la inscripción, resulta de: El artículo 2 de la Ley 
Hipotecaria, que literalmente dice "En los Registros expresados en el artículo anterior se 
inscribirán: 1.º Los títulos traslativos o declarativos del dominio de los inmuebles o de los 
derechos reales impuestos sobre los mismos. (...) 3.º Los actos y contratos en cuya 
virtud se adjudiquen a alguno bienes inmuebles o derechos reales, aunque sea con la 
obligación de transmitirlos a otro o de invertir su importe en objeto determinado. (...) 6.º 
Los títulos de adquisición de los bienes inmuebles y derechos reales que pertenezcan al 
Estado o a las corporaciones civiles o eclesiásticas, con sujeción a lo establecido en las 
leyes o reglamentos. (...)", y en su artículo 3, indica: "Para que puedan ser inscritos los 
títulos expresados en el artículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública, 
ejecutoria o documento auténtico expedido por Autoridad judicial o por el Gobierno o sus 
Agentes, en la forma que prescriban los reglamentos".
Respecto a lo anterior, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas señala 
en su artículo 113 «Formalización», lo siguiente: «1.  Con las salvedades establecidas 
en el apartado siguiente, los negocios jurídicos de adquisición o enajenación de bienes 
inmuebles y derechos reales se formalizarán en escritura pública. Los arrendamientos y 
demás negocios jurídicos de explotación de inmuebles, cuando sean susceptibles de 
inscripción en el Registro de la Propiedad, deberán formalizarse en escritura pública, 
para poder ser inscritos. Los gastos generados por ello serán a costa de la parte que 
haya solicitado la citada formalización. 2.  Las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o 
derechos reales sobre los mismos, cuando el cesionario sea otra Administración pública, 
organismo o entidad vinculada o dependiente, así como las enajenaciones de inmuebles 
rústicos cuyo precio de venta sea inferior a 150.000 euros se formalizarán en documento 
administrativo,  que  será  título  suficiente  para  su  inscripción  en  el  Registro  de  la 
Propiedad. 3.  Compete a la Dirección General del Patrimonio del Estado realizar los 
trámites conducentes a la formalización notarial de los contratos y demás negocios 
jurídicos sobre bienes y derechos de la Administración General del Estado a que se 
refiere este título. En el otorgamiento de las escrituras ostentará la representación de la 
Administración General del Estado el Director General del Patrimonio del Estado o 
funcionario en quien delegue.». A la vista del último artículo reseñado, no resulta de 
aplicación la excepción que se contemplada en su punto 2, puesto que la posibilidad de 
que se formalice en documento administrativo, lo es para el caso de enajenación de 
inmuebles rústicos, que no es el caso.
2.º  Respecto del segundo defecto, de conformidad con el Principio de Especialidad 
consagrados en los artículos 9 y 21 de la Ley Hipotecaria: «Los documentos relativos a 
contratos  o  actos  que  deban  inscribirse  expresarán,  por  lo  menos,  todas  las 
circunstancias que necesariamente debe contener la inscripción y sean relativas a las  e
personas de los otorgantes, a las fincas y a los derechos inscritos», y Artículo 51.9 del  bo
Reglamento Hipotecario: "La persona a cuyo favor se practique la inscripción y aquélla  61ww
dsieg uqieunietens p nroocrmedaas : eSl i bsiee ntr aot ad deere pcheors oqnuaes  sfíes icinassc,r isbea  esxep rdeesaterrámn ineal rnáonm cboren fyo rampee llaid olass; 
etul vdieorcau, mpreenctios annadcoio, ndael  edset aidr eenmtiadnacdi;p asdi oe,s l am caayuosra d; es i eedl asdu jeot,o e ens o storolt ecraos, oc,a lsaa deod,a vdi uqduoe, 
separado o divorciado y, de ser casado y afectar el acto o contrato que se inscriba a los
derechos  presentes  o  futuros  de  la  sociedad  conyugal,  el  régimen  económico 
matrimonial y el nombre y apellidos y domicilio del otro cónyuge; la nacionalidad y la 
vecindad  civil  del  sujeto  si  se  acreditan  o  manifiestan;  y  el  domicilio  con  las 
circunstancias que lo concreten".
3.º  Respecto del tercer defecto, conforme al artículo 254 apartado 5 de la Ley 
Hipotecaria, que establece que "El Registro de la Propiedad no practicará la inscripción 
correspondiente de ningún documento que contenga acto o contrato determinante de las 
obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, sin que se acredite previamente haber presentado la autoliquidación 
o, en su caso, la declaración, del impuesto, o la comunicación a que se refiere la letra b) 
del  apartado  6  del  artículo  110  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo".
No  se  toma  anotación  preventiva  por  defectos  subsanables  por  no  haberse 
solicitado.  Se  procede  a  la  prórroga  del  asiento  de  presentación  conforme  a  lo 
establecido en el artículo 323 de la Ley Hipotecaria. Contra esta decisión (…)
Castellón de la Plana, a 9 de septiembre de 2019.–El Registrador, Fdo: Antonio 
Manrique Ríos».
III
Contra la anterior nota de calificación, don A. R. M. interpuso recurso el día 15 de 
octubre de 2019 mediante escrito en el que indicaba lo siguiente:
«Expongo:
Celebrada  subasta  pública  de  la  citada  finca  el  día  4-7-2007,  fue  adjudicada 
por 88.096,90E. El depósito y remate se ingresaron en tiempo y forma, sin oposición por 
parte de la AEAT.
El 1-10-2007, la AEAT me envió escrito para retirar las llaves del inmueble, sin hacer 
mención para formalizar escritura pública.
El  12-5-2008,  presentó  escrito  en  AEAT,  solicitando  Certificación  del  Acta  de 
Adjudicación como documento necesario para inscribir la finca.
Con fecha 16-5-2008, AEAT, en su escrito, accedió a mi petición enviándome la 
Certificación de Adjudicación, en la cual constaban todos los datos, siendo firmada por la 
Delegada de Economía y Hacienda, Jefe de Sección, pasando el Certificado al Servicio 
Jurídico del Estado, el cual no se opuso.
Presentada la Certificación en el Registro [sic] n.º 1 de Castellón, el responsable del 
mismo (D. P.) me informó que faltaban documentos, que debía solicitar AEAT, lo cual 
reclamé mediante mi solicitud el 5-8-2008.
Su respuesta a mi solicitud hasta la fecha, silencio administrativo. Habían cometido 
irregularidades y ocultación de datos: La finca había estado alquilada y no pagaban ni los 
inquilinos,  ni  la  Agencia  Tributaria,  los  gastos  de  comunidad  desde  el  año  1994, 
basándose en que no estaba constituida la comunidad de propietarios.
La AEAT es la principal responsable, junto con la comunidad, de inscribir en el 
Registro la Comunidad de Propietarios.
Se inscribió el 24-1-2008 en la AEAT y en el Registro n.º 1 (Castellón).
Se acordó en junta, según establece la Ley de Propiedad Horizontal en su art. 9 letra 
D, reclamar a AEAT la cantidad de 885E total, en concepto: 750E reparación patio por  s
motivos de salubridad y 135E cuotas ordinarias del año anterior. Su respuesta "silencio  oe.
administrativo". Finalmente tuve que abonarlo yo. w.
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desde  el  2008,  por  lo  cual,  he  tenido  que  pagar  impuestos  desde  esa  fecha.  Sin
cmbargo.cn realidad, yo no soy el propietario legal ya que me deniegan la inscripción en  Bc
el  Registro,  necesaria  para  estar  protegido  ante  terceros  y  ejercer  los  derechos 
fundamentales propios.
El Registro n.º 1 Castellón se basa en tres argumentos que no se sostienen, siendo 
contradictorios por lo expuesto anteriormente y por lo siguiente:
Primero: El 19-8-2019 presenté en la Agencia Tributaria Valenciana, el Certificado de 
Adjudicación siendo aceptado, validado y registrado con n.º de control (…).
El  no  aceptar  el  Registro  la  inscripción,  es  contraria  a  mi  escrito  solicitado 
el 12-5-2008, el cual fue aceptado por la AEAT, el 16-5-2008. Supone la anulación de la 
subasta por defecto de forma e irregularidades varias.
El  propio  Registrador  manifiesta  en  su  escrito  «Suspensión»  de  inscripción  por 
motivos en Ley Hipotecaria (art. 2) se inscribirán:
Tercero [sic]: Aquellos que el Gobierno o sus agentes expidan en la forma que 
prescriben los reglamentos.
En la Ley de Patrimonio de las Administraciones Publicas, art 113 en el punto 3.º 
dice: «Compete a DGPE realizar los trámites necesarios». En el punto primero al final 
dice: «Los gastos generados por ello serán a cargo de la parte que haya solicitado la 
formalización.» Es por esto último, por lo cual, la AEAT aceptó mi petición de admitir un 
Certificado de Adjudicación, para evitarse gastos y problemas sin resolver, como son: el 
no abonar lo establecido por Ley referente a los gastos de comunidad y la falta de 
información en las bases de la subasta acerca de la ilegalidad de la finca, en cuanto a la 
obligatoriedad de tener constituida legalmente la Comunidad de Propietarios, requisito 
indispensable para poder subastar el piso.
En cuanto al punto segundo sobre circunstancias de D. A. R. M. su DNI es (…), su 
dirección en fecha de adjudicación: (…); edad 20 años; estado civil: Soltero; carácter de 
la adquisición: Privativo.
Todos estos datos constan en documentación originales aportadas.
Respecto al punto 3 sobre la falta de justificación de haber presentado o comunicado 
al Ayuntamiento de Castellón sobre Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana o plusvalía: El impuesto del IBI y otros, los abono desde 
hace 12 años, sin escritura ni registro. Por consiguiente, AEAT, debió de informar a las 
administraciones y no necesitó ni escritura, ni notario, sólo Certificado de Adjudicación.
En el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 Marzo, se establece: Es el vendedor 
quien ha de pagar. Este documento de plusvalía del terreno, debió aportármelo AEAT 
cuando le solicite la documentación en fecha 5-8-2008 necesaria para registrar.
Ante las circunstancias descritas, yo pensaba que AEAT se había encargado de 
realizar las gestiones necesarias para inscribir y que estas se habían realizado.
Cuando comprobé que no era propietario de la finca, solicité una hoja simple al 
Registro, sorprendiéndome por no ser el titular legal después de 12 años. Presenté un 
recurso el 2-5-2017 ante Subsecretaría General de Hacienda, sin que hasta la fecha 
haya recibida comunicación alguna.
Una vez aceptada mi petición de emitir Certificado Adjudicación por parte de AEAT, la 
misma
Administración Estatal u otro Órgano inferior, no puede tomar una decisión contraría 
perjudicando a terceros, después de 12 años cumpliendo con todas mis obligaciones».
IV
El Registrador de la Propiedad emitió informe en defensa de su nota de calificación,  bo
ratificándola  en  cuanto  al  defecto  apuntado,  y  elevó  el  expediente  a  este  Centro  61ww
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Fundamentos de Derecho
Vistos  los  artículos  3,  9  y  254.5  de  la  Ley  Hipotecaria;  51  del  Reglamento 
Hipotecario; 104 y 110.6.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; 113 
de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y 
las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 22 de 
febrero de 2006, 5 de diciembre de 2011, 30 de enero, 3 y 10 de octubre y 27 de 
noviembre de 2014, 5 de marzo, 17 de julio y 28 de agosto de 2015 y 7 de enero 
de 2016.
1.  Se discute en el presente expediente si procede practicar la inscripción de la 
adquisición de un bien inmueble transmitido al recurrente por la Dirección General del 
Patrimonio  del  Estado  mediante  la  presentación  de  una  propuesta  y  acuerdo  de 
adjudicación suscrita por la jefa de Sección de la Secretaría General de Patrimonio del 
Estado de la Delegación de Economía y Hacienda, con el conforme de la delegada del 
Ministerio de Economía y Hacienda. Se trata de la enajenación de un inmueble del 
Estado que se dice no necesario para el uso general, ni para el servicio público, ni 
resulta conveniente su explotación. A su vez es objeto de calificación la insuficiente 
identificación  del  adquirente  mediante  la  reseña  de  las  preceptivas  circunstancias 
personales y la falta de justificación de la presentación o comunicación al Ayuntamiento 
de Castellón en relación al Impuesto de Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza 
Urbana.
2.  Este Centro Directivo (vid. Resoluciones recogidas en los «Vistos») ha analizado 
el  alcance  del  denominado  cierre  registral  por  no  acreditar  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones fiscales, tanto en relación a los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas  y  Actos  Jurídicos  Documentados  y  de  Sucesiones  y  Donaciones,  como 
respecto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(Plusvalía).
El artículo 254.1 de la Ley Hipotecaria dispone: «Ninguna inscripción se hará en el 
Registro de la Propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos 
establecidos o que se establecieren por las leyes, si los devengare el acto o contrato que 
se pretenda inscribir». Más específicamente el mismo artículo establece en su punto 5: 
«El Registro de la Propiedad no practicará la inscripción correspondiente de ningún 
documento que contenga acto o contrato determinante de las obligaciones tributarias por 
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin que 
se  acredite  previamente  haber  presentado  la  autoliquidación  o,  en  su  caso,  la 
declaración, del impuesto, o la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 
del artículo 110 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo». Y a los efectos de 
aclarar en qué consiste este cierre registral, el artículo 255, párrafo primero, de la misma 
ley establece: «No obstante lo previsto en el artículo anterior, podrá extenderse el 
asiento de presentación antes de que se verifique el pago del impuesto; más en tal caso 
se suspenderá la calificación y la inscripción u operación solicitada y se devolverá el 
título  al  que  lo  haya  presentado,  a  fin  de  que  se  satisfaga  dicho  impuesto».  En 
consecuencia, la falta de acreditación de la liquidación del Impuesto de Plusvalía supone 
el cierre del Registro (salvo en lo relativo a la práctica del asiento de presentación) y la 
suspensión de la calificación del documento.
3.  La  doctrina  mantenida  por  este  Centro  Directivo  ha  establecido  que  el  e
registrador, ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite, no sólo ha de  bo
calificar su validez y licitud, sino decidir también si se halla sujeto o no a impuestos; la  61ww
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sqeureá  lsau faicdiemninteis btriaecni ópna rfais caaclc eradteifri,q eune  claa snoo a fsirumjeactiióvon,,  ab ilean  inpsacrraip csiuósnp seinnd neerlcae seind acda dsoe 
negativo, en tanto no se acredite adecuadamente el pago, exención, prescripción o
incluso la no sujeción respecto del impuesto que aquel consideró aplicable, de modo que 
el registrador, al sólo efecto de decidir la inscripción, puede apreciar por sí la no sujeción 
fiscal  del  acto  inscribible,  evitando  una  multiplicación  injustificada  de  los  trámites 
pertinentes para el adecuado desenvolvimiento de la actividad jurídica registral. Ahora 
bien, no concurriendo circunstancias de realización de especial tarea de cooperación con 
la Administración de Justicia (Resolución de 21 de diciembre de 1987) ni resultando 
supuestos  de  expresa  e  indubitada  no  sujeción  al  Impuesto  (apartados  2  a  4  del 
artículo 104 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) o de 
clara causa legal de exención fiscal, imponer al registrador la calificación de la sujeción o 
no al Impuesto de ciertos actos contenidos en el documento presentado a inscripción 
supondría obligarle a realizar inevitablemente declaraciones tributarias que (aunque sea 
con los limitados efectos de facilitar el acceso al Registro de la Propiedad) quedan fuera 
del ámbito de la competencia reconocida a este Centro Directivo, de modo que, aunque 
es  posible  que  el  registrador  aprecie  la  no  sujeción  de  determinado  acto  a  las 
obligaciones fiscales, ha de tenerse en cuenta que si para salvar su responsabilidad 
exigiere la correspondiente nota de pago, exención, prescripción o no sujeción, habrán 
de ser los órganos tributarios competentes -en este caso, municipales- los que podrán 
manifestarse al respecto al recibir la comunicación impuesta por ley, sin que corresponda 
a esta Dirección General el pronunciarse, a no existir razones superiores para ello (por 
ejemplo, cfr. artículo 118 de la Constitución) o tratarse de un supuesto en el que se esté 
incurriendo en la exigencia de un trámite desproporcionado que pueda producir una 
dilación indebida.
En el presente caso estamos ante un supuesto de clara exención, por cuanto el 
artículo 105.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, determina que: «2. 
Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor 
cuando  la  obligación  de  satisfacer  aquél  recaiga  sobre  las  siguientes  personas  o 
entidades: a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que 
pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades 
de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas 
entidades locales» (cfr. artículo 106.1.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales).
4.  Respecto de la insuficiente identificación del adquirente mediante la reseña en el 
título objeto de calificación de las circunstancias contenidas en los artículos 9 y 51 de la 
Ley y del Reglamento Hipotecario debe confirmarse que el principio de especialidad 
determina  la  oportuna  concreción  en  el  asiento  registral  de  las  circunstancias 
identificadoras de los sujetos intervinientes en el mismo, de tal manera que se eviten 
ambigüedades u omisiones que pudieran menoscabar la seguridad jurídica ofrecida por 
la  publicidad  tabular.  En  el  presente  expediente  resulta  que  el  adquirente  queda 
exclusivamente identificado en el título objeto de calificación mediante su nombre y 
apellidos, domicilio y número de identificación fiscal, sin contener referencia alguna a su 
mayoría de edad y a su estado civil y, en caso de estar casado, el régimen económico 
matrimonial vigente, así como en su caso el carácter del bien.
Resulta indubitado que tales extremos deben resultar del propio título objeto de 
calificación ya que resultan imprescindibles tanto para que el registrador competente 
pueda desarrollar su imperativa función calificadora en relación a la capacidad para 
adquirir, como para practicar el oportuno asiento registral con completa identificación del  s
nuevo titular registral, extremo que por otro lado resultará determinante para calificar la  oe.
legalidad de futuros negocios respecto del mismo bien. No puede tenerse en cuenta la  w.
información aportada con el escrito a estos efectos, conforme al artículo 326 de la Ley  61ww
Hipo5t.e caProiar.  úPltoimr too,d soe e dllois ceul tdee efenc teol  dperebsee sneter  ceoxnpfeirdmieandtoe. si la certificación administrativa
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inscripción en el Registro de la Propiedad. Para resolver sobre el particular hay que partir 
del concepto legalmente vigente de documento inscribible que, como señala el artículo 3 
de la Ley Hipotecaria, deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria o 
documento auténtico expedido por autoridad judicial o por el Gobierno o sus agentes, en 
la forma que prescriban los reglamentos.
Como ha señalado este Centro Directivo en otras ocasiones, al exigir el artículo 3 de 
la Ley Hipotecaria para inscribir en el Registro los títulos relativos a bienes inmuebles o 
derechos reales que estén consignados en escritura pública, ejecutoria o documento 
auténtico,  no  quiere  decir  que  puedan  constar  en  cualquiera  de  estas  clases  de 
documentos indistintamente, sino en aquellos que legalmente sean los propios del acto o 
contrato que haya de inscribirse, de modo que la doctrina y preceptos hipotecarios no 
reputan indiferente la especie de documento auténtico presentado en el Registro, y 
exigen el congruente con la naturaleza del acto inscribible (Resolución de 22 de febrero 
de 2006 y las que en la misma se citan).
La Ley del Patrimonio de las Administraciones públicas en su artículo 113 establece 
que: «1. Con las salvedades establecidas en el apartado siguiente, los negocios jurídicos 
de adquisición o enajenación de bienes inmuebles y derechos reales se formalizarán en 
escritura pública. Los arrendamientos y demás negocios jurídicos de explotación de 
inmuebles, cuando sean susceptibles de inscripción en el Registro de la Propiedad, 
deberán  formalizarse  en  escritura  pública,  para  poder  ser  inscritos.  Los  gastos 
generados por ello serán a costa de la parte que haya solicitado la citada formalización. 
2. Las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, 
cuando el cesionario sea otra Administración pública, organismo o entidad vinculada o 
dependiente, así como las enajenaciones de inmuebles rústicos cuyo precio de venta 
sea inferior a 150.000 euros se formalizarán en documento administrativo, que será título 
suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad. 3. Compete a la Dirección 
General del Patrimonio del Estado realizar los trámites conducentes a la formalización 
notarial de los contratos y demás negocios jurídicos sobre bienes y derechos de la 
Administración General del Estado a que se refiere este título. En el otorgamiento de las 
escrituras  ostentará  la  representación  de  la  Administración  General  del  Estado  el 
Director  General  del  Patrimonio  del  Estado  o  funcionario  en  quien  delegue»  (cfr. 
artículo 98 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas).
Por todo ello el defecto debe ser confirmado.
Esta  Dirección  General  ha  acordado  estimar  parcialmente  el  recurso  y  revocar 
parcialmente la calificación impugnada, en los términos que resultan de los anteriores 
fundamentos de Derecho.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 9 de enero de 2020.–El Director General de los Registros y del Notariado, 
Pedro José Garrido Chamorro.