BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280 Viernes 23 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 91242
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
12823 Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador de la propiedad de Tías a inscribir una escritura de herencia 
internacional.
En el recurso interpuesto por don Javier Jiménez Cerrajería, Notario de Yaiza-Playa 
Blanca contra la negativa del registrador de la propiedad de Tías a inscribir una escritura 
de herencia internacional.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada por el Notario de Yaiza-Playa Blanca (Lanzarote) don 
Javier Jiménez Cerrajería se otorgó una escritura de manifestación y adjudicación de 
herencia sometida a la ley británica.
II
Presentado el citado título en el Registro de la Propiedad de Tías, fue objeto de la 
siguiente calificación negativa:
D. B. D. T. acepta la herencia causada por fallecimiento de su esposa, Doña N. M. T., 
de nacionalidad británica y con «domicile» en Inglaterra, y se adjudica la mitad indivisa 
de  un  apartamento  en  Puerto  del  Carmen,  término  municipal  de  Tías,  finca 
registral 11.924. Dicha causante falleció habiendo otorgado testamento el 5 de octubre 
de  2017  (con  posterioridad  a  la  entrada  en  vigor,  el  17  de  agosto  de  2015,  del 
reglamento sucesorio europeo) ante el Notario de Playa Blanca don Javier Jiménez 
Cerrajería con el número 841 de su Protocolo, que se testimonia, y en el que manifiesta 
su voluntad de testar conforme a su ley nacional (inglesa), instituyendo heredero a su 
esposo a quien nombra además «executor» exclusivamente en el caso de que fuere 
necesario para la ejecución de alguna de las disposiciones testamentarias.
No se acredita el nombramiento del compareciente como executor de la herencia 
mediante la exhibición del correspondiente certificado sucesorio o Grant of probate 
expedido por las Autoridades británicas. Fundamentos de Derecho: Son de aplicación los 
artículos 3, 4, 8, 14, 18, 19, 19 bis y 20 de la Ley Hipotecaria, 36, 47, 76 y 78 del 
reglamento para su ejecución, 20, 21, 22.2, 23, 24, 26, 27 y 83 del Reglamento (UE) 
no 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la 
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la 
aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis 
causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 12 de octubre de 2017 y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado (actualmente Dirección General de  es
Seguridad Jurídica y Fe Pública) de 20 de julio de 2015, y 15 de junio y 28 de julio  o
de 2016, 2 de marzo y 1 de junio de 2018 y 14 de febrero de 2019. 823ww
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declaración  de  herederos  abintestato  y  la  declaración  administrativa  de  heredero
abintestato a favor del Estado, así como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al 
que se refiere el capítulo VI del Reglamento (UE) n.º 650/2012, que deberán acompañar 
al  título  particional,  junto  con  los  denominados  documentos  complementarios:  los 
certificados de defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad.
Conforme al artículo 58 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica 
internacional en materia civil («El procedimiento registral, los requisitos legales y los 
efectos de los asientos registrales se someterán, en todo caso, a las normas del Derecho 
español»), el artículo 14 LH citado, en la medida que establece los títulos que permiten la 
inscripción en el registro de los bienes adquiridos por vía sucesoria, es aplicable a 
supuestos transfronterizos, como lex fori rectora del procedimiento registral, si bien en 
todo caso debe adaptarse a la ley sustantiva que rige la sucesión, ya que la transmisión 
de la propiedad por causa de muerte forma parte del ámbito de aplicación de la ley 
sucesoria, como ha afirmado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia 
Kubicka, que reconoció la eficacia real del legado vindicatorio polaco sobre una vivienda 
en Alemania, donde el legado carece de dicha eficacia traslativa por ser de naturaleza 
damnatoria u obligacional).
De acuerdo con nuestra ley sucesoria, según ha reiterado la DGRN (DGSJYFP), el 
testamento  es  a  la  vez  título  formal  y  material  –causa  jurídica–  de  la  sucesión,  a 
diferencia del acta de declaración de herederos abintestato, que es únicamente título 
formal, al ser la Ley el título material. Sin embargo, en el Derecho inglés (e igualmente 
en el de Gales y Escocia) el testamento no tiene el carácter de título material que 
constituya causa de la transmisión hereditaria. En la sucesión testada la posesión de los 
bienes se entrega fiduciariamente al executor, quien los transmitirá a su vez, finalmente y 
en  su  caso,  al  heredero,  a  través  de  un  acto  dispositivo  para  el  que  sólo  estará 
capacitado una vez obtenido el probate por el tribunal sucesorio, salvo en el caso de 
herencias de mínima cuantía.
En  el  presente  caso  la  causante,  de  nacionalidad  británica  y  que  mantiene  su 
domicile en Inglaterra (víd. STS 5 de diciembre de 2018, es decir, mantiene su contacto 
vital con su país), manifiesta su voluntad de testar conforme al derecho inglés, y lo hace 
ante  Notario  español,  de  acuerdo  con  las  formas  y  solemnidades  del  país  del 
otorgamiento, lo que determina la plena validez del testamento (art. 11.1 CC: «Las 
formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos se regirán 
por la ley del país en que se otorguen»). Sin embargo, para su eficacia, y por tanto para 
la inscripción del título otorgado con base en el mismo, debemos acudir a la ley que rige 
la sucesión, en este caso la inglesa, en la que el testamento no es título material de la 
transmisión hereditaria y por tanto no es posible reconocerlo como tal a los efectos del 
artículo 14 LH. De lo contrario, estaríamos concediendo al testamento una eficacia de la 
que carece con arreglo a la lex causae, lo que llevaría a la paradoja de que el executor 
designado por el difunto podría adjudicar(se) los bienes hereditarios sitos en España, 
pero, para hacerlo respecto de los bienes que aquel pudiera tener en Inglaterra, debería 
obtener el nombramiento del tribunal sucesorio, al igual que ocurre con los testamentos 
otorgados ante notario británico. Puede ocurrir incluso que el causante hubiera revocado 
el testamento notarial español otorgando otro posterior, incluso ante notario inglés, que al 
igual  que  aquel  deberá  ser  presentado  ante  el  Tribunal  para  el  nombramiento  de 
executor mediante la expedición del Grant of Probate, y así proceder a la adjudicación de 
los bienes.
Y es que el notario autorizante del documento presentado hace constar, por una 
parte, que no existe en el derecho del Reino Unido un registro obligatorio de testamentos  s
con el fin de poder comprobar la vigencia del exhibido –lo que hace aún más necesaria,  oe.
si cabe, la intervención judicial prevista en ese Ordenamiento a tales efectos–, y por otra,  w.
que tiene conocimiento suficiente del derecho aplicable como para aseverar que no se  823ww
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embargo no es aplicable a la sucesión, ni siquiera como lex rei sitae (art. 10.1 CC: La 
posesión, la propiedad, y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su 
publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen) puesto que esta no es 
aplicable a la transmisión de un patrimonio unitario, de una universalidad, que puede 
comprender bienes en España y otros países, y que se rige por la ley sucesoria.
La circunstancia de que en el presente caso se afirme que la causante carecía de 
bienes en el Reino Unido –a pesar de mantener allí su domicile– podría querer indicar 
que  los  órganos  jurisdiccionales  británicos  no  concederían  el  probate  para  que  el 
executor  pudiera  adjudicar  los  bienes  hereditarios  por  estar  todos  situados  en  el 
extranjero,  lo  cual  no  es  correcto  puesto  que,  como  es  sabido,  existe  gran 
discrecionalidad en este punto, de forma que es posible que se conceda el probate 
incluso para sucesiones testamentarias parciales, aún sin existir bienes en el Reino 
Unido, como confirma el precedente in the Estate of Wayland (1951, 2 All ER 1041), en 
el que se concedió el probate para un testamento parcial otorgado en Bélgica en el que 
sólo disponía de los bienes situados en Bélgica. En cualquier caso, si en un supuesto 
concreto no fuera así y los órganos jurisdiccionales británicos se negaran a conceder el 
probate al executor nombrado en el testamento, podría articularse una solución basada 
en la imposibilidad material de aplicar el derecho británico y con carácter subsidiario o 
integrativo, aplicar la ley española de forma atenuada, es decir en aquellos aspectos que 
no puedan ser regidos por el Derecho británico (criterio éste reconocido por nuestro 
Tribunal Supremo) y admitir, sí en tal caso, la eficacia del testamento sin probate, lo que 
exigiría, como requisito previo, la acreditación por los interesados de la decisión de la 
autoridad competente desestimando su solicitud.
Es cierto que, con anterioridad a la entrada en vigor del reglamento sucesorio 
europeo  era  relativamente  frecuente  que  los  británicos,  residentes  o  no,  otorgaran 
testamento  ante  notario  español  instituyendo  herederos  respecto  de  sus  bienes  en 
España conforme al derecho británico. Esta dualidad o división de títulos testamentarios 
que, como ha reconocido la DGRN (DGSJYFP) tanto han facilitado las sucesiones de los 
causantes británicos en España deberán sin embargo ser erradicadas de la práctica 
testamentaria notarial posterior a la entrada en vigor el 17 de agosto de 2015, del 
Reglamento Sucesorio Europeo, que consagra el principio de unidad de la sucesión, y 
así lo estableció claramente en la de 28 de julio de 2016, criterio reiterado en las 
posteriores de 02 de marzo de 2018 y de 14 de febrero de 2019, respetando como no 
podía ser de otra manera, la doctrina jurisprudencial y la práctica notarial reconocida con 
anterioridad,  pero  ya  erradicada.  Sin  embargo,  las  disposiciones  contenidas  en  el 
testamento otorgado en el presente caso tienen plena vocación de universalidad, de regir 
los efectos del total fenómeno sucesorio derivado del fallecimiento de la causante –y no 
sólo a ordenar la sucesión respecto de los bienes en España, aún cuando se afirme en 
este caso que la causante carecía de bienes en el Reino Unido, a pesar de mantener allí 
su domicile– y por tanto, su eficacia está sometida al ordenamiento por el que se rige, el 
derecho inglés, en el cual sin probate no cabe transmisión de la propiedad hereditaria en 
virtud del testamento y por tanto tampoco es posible la inscripción del documento de 
adjudicación de bienes otorgado por el executor. Visto lo expuesto,
Acuerdo Suspender la inscripción del documento. Tías, a tres de junio del año dos 
mil veinte.
III
Don  Javier  Jiménez  Cerrajería,  Notario  autorizante,  interpuso  recurso  contra  la  e.
calificación, mediante escrito que notificado el 4 de junio tuvo entrada en el Registro el 1  w.
de julio ambos de 2020 en el que alega los siguientes fundamentos jurídicos: 823ww
La cuestión planteada ya ha sido resuelta por la entonces DGRN en resoluciones
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calificada  ni  la  obtención  de  un  «probate»  –en  el  caso  concreto  de  un  «Grant  of
Probate»– por las autoridades británicas ni la intervención del «executor». Ambas se 
fundan en testamentos anteriores a la entrada en vigor del Reglamento (art. 83.2) pero 
observan identidad de razón.
El testamento abierto autorizado por un Notario español no necesita adveración ni 
ser complementado por ninguna autoridad extranjera para que tenga valor con título 
sucesorio material, como ha indicado la resolución de 2 de marzo de 2018.
La validez del testamento como título sucesorio no está regulada, por el contrario al 
reglamento, en nuestro derecho Internacional privado.
La  obtención  de  probate  no  es  un  sistema  asimilable  al  Registro  de  últimas 
voluntades del Reino de España, siquiera a un mero registro de testamentos, siendo el 
otorgamiento y la custodia de testamentos un acto privado.
La aplicación de la ley inglesa como ley rectora de la sucesión no determina que la 
necesidad de la intervención del executor en la adjudicación hereditaria de los bienes 
radicados  en  España,  sino  en  general  como  todo  personal  representive  es  solo 
predicable respecto de los bienes radicados en Inglaterra y que de conformidad con el 
artículo  10.1  del  Código  Civil  no  es  aplicable  a  la  transmisión  mortis  causa  de  la 
propiedad de los bienes situados en España. (Art. 23, 24, 26 y 29 del Reglamento; 
Formulario V, Reglamento de Ejecución UE n.º 1329/2014, de 9 de diciembre) asimismo 
en el Derecho inglés Will Act 1837 e interpretación del caso «The State of Wayland). Las 
voluntades –Will– en Derecho inglés es el conjunto de las disposiciones testamentarias 
sin que se ciña a un solo documento, en aras a su compatibilidad.
IV
Mediante escrito de 7 de julio de 2020, el registrador de la propiedad emitió informe y 
elevó el expediente a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos Vistos los artículos 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea; 1.2.k) y l), 10, 11, 12, 20, 21, 22.2, 26, 27, 34, 77, 80, 81, 82 y 83 y los 
considerandos 7, 23, 24, 40, 44 y 80 del Reglamento (UE) n.º 650/2012, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, 
el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los 
documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un 
certificado sucesorio europeo; los artículos 9.8 y 12.2 del Código Civil; el artículo 14 de la 
Ley Hipotecaria; los artículos 56 y de la Ley 29/2015, de 30 de junio de Cooperación 
Jurídica Internacional en materia Civil, la Sentencia del Tribunal del Tribunal de Justicia 
de  la  Unión  Europea  de  12  de  octubre  de  2017,  asunto  C–218/16  (Kubicka);  las 
Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2015 y 21 de noviembre de 2017; y 
las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de junio 
y 4 de julio de 2016, 2 de marzo y 1 de junio de 2018 y 14 de febrero de 2019.
1.  El recurso plantea, como única cuestión, un tema ya resuelto por este Centro 
Directivo. Concretamente si debe exigirse en una sucesión sujeta a Derecho británico 
(Inglaterra y Gales) el acompañamiento de la resolución, expedida por el «Probate 
Service» no contenciosa y más próxima, en el Derecho español, con las consiguientes 
adaptaciones, a un acto de jurisdicción voluntaria, conocida por «probate» («Grant of 
Representation»),  con  la  peculiaridad  de  que  el  testamento  ante  notario  español,  e.e
correctamente extendido a la totalidad de sus bienes, en el que el causante ordenaba  b
«professio iuris» a la ley nacional del testador, y concretamente a su «domicile», se  823ww
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2.  En la primera de ellas se estableció en su fundamento noveno tras describir en el 
octavo el sistema británico:
«Este  sistema  que  de  alguna  forma  intentó  contemplarse  en  el  artículo  29  del 
Reglamento Europeo de Sucesiones, sin que contentara a Reino Unido e Irlanda, no 
puede ser exigido en España en una sucesión sobre bienes situados en España y, en el 
caso concreto, al que cabe limitarse ahora, de sucesión testamentaria. La lex rei sitae 
conlleva que los procedimientos necesarios para la transmisión de los inmuebles, una 
vez  establecida  la  sucesión  mortis  causa  (artículo  1  del  Reglamento  Europeo  de 
Sucesiones) se determine por la ley del lugar de situación de los inmuebles con las 
necesarias adaptaciones (artículos 1.2.k y.l, 10, 11 y 27 y Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 12 de octubre de 2017, asunto C-218/16 [Kubicka]).
Por lo tanto, es de aplicación el artículo 14 de la ley Hipotecaria, en la redacción 
dada por la disposición final primera de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación 
jurídica internacional en materia civil, según el cual quedará redactado en los siguientes 
términos:  «El  título  de  la  sucesión  hereditaria,  a  los  efectos  del  Registro,  es  el 
testamento, el contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la declaración de herederos 
abintestato y la declaración administrativa de heredero abintestato a favor del Estado, así 
como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al que se refiere el capítulo VI del 
Reglamento (UE) n.º 650/2012».
De este precepto resulta con claridad que en nada se hace preciso, en este concreto 
supuesto que se examina, conforme al ordenamiento español y pese a no existir reenvío 
al mismo, la designación de un ejecutor por el Probate Service británico, institución 
referida a la liquidación de bienes en Reino Unido».
No  cabe  más  que  confirmar  la  doctrina  expresada  al  no  existir  elemento  que 
justifique su variación.
3.  Finalmente, la exigencia del registrador relativa a que debe solicitarse en Reino 
Unido  el  Probate  y  que  sea  la  negativa  a  su  expedición  la  que  demuestre  su 
innecesesariedad, por no existir bienes en Reino Unido, además de suponer un trámite 
costoso y dilatorio y por lo tanto contrario a la interpretación del Reglamento, dirigido a 
facilitar  la  vida  de  los  ciudadanos  europeos  –en  su  aplicación  universal–,  resulta 
incompatible con el tenor del artículo 12, párrafos 1 y 2 del Reglamento (UE) 650/2012, 
facilitando precisamente la sucesión de bienes en un Estado miembro cuando esté 
implicado un tercer país, como lo es Reino Unido, al establecer, en términos aplicables a 
las herencias no contenciosas ante notario español, en cuanto actúa como autoridad 
sucesoria, que «Cuando la herencia del causante comprenda bienes situados en un 
tercer Estado, el tribunal que sustancie la sucesión podrá, a instancia de una de las 
partes, no pronunciarse sobre uno o más de dichos bienes, en caso de que quepa 
esperar que su resolución respecto de los mismos no vaya a ser reconocida ni, en su 
caso, declarada ejecutiva en ese Estado. El apartado 1 no afectará al derecho de las 
partes a limitar el alcance de los procedimientos en virtud de la ley del Estado miembro 
del tribunal que conozca del asunto».
Por lo tanto, debe ser confirmada la doctrina ya dictada respecto de las sucesiones 
regidas por la ley británica sobre bienes situados en España, por «professio iuris» 
(incluso  tácita  transitoria)  y  ahora  por  la  «professio  iuris»  establecida  en  títulos 
sucesorios otorgados tras la entrada en aplicación del Reglamento ante Notario español, 
sin que sea necesaria para la liquidación sucesoria la obtención de «probate» en Reino 
Unido ni acreditar la imposibilidad de su obtención. e
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normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 1 de octubre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.