BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95533
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13456 Sala Segunda. Sentencia 127/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso 
de amparo 3099-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:127
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  3099-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  el  auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 6 de Lorca, de 8 de abril de 2019, que desestimó el recurso de 
reposición interpuesto contra el auto, también impugnado, de fecha 17 de septiembre 
de 2018, por el que se inadmitió por extemporánea la demanda de oposición a la 
ejecución formulada por dicha mercantil en el procedimiento de ejecución hipotecaria 
núm.  70-2018,  instado  por  la  entidad  Banco  de  Sabadell,  S.A.  Ha  intervenido  el 
Ministerio Fiscal. Se ha personado la entidad Pera Assets Designated Activity Company, 
actuando como sucesora procesal del banco ejecutante. Ha sido ponente el magistrado 
don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 16 de mayo 
de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando en 
nombre  y  representación  de  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  bajo  la 
defensa del letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso demanda de amparo contra 
las resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a  o
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes: 456www.
bienae)s  hLiap oetenctiaddaods  Bcaonnctora  dlea  Sahaobraad erlel,c uSr.rAe.n, tein tdeerp uasmop adreom, aennd ar edlaec ióenje ccuocnió nla  sfoinbcrae 
rpergoicsetrdaiml i4e3n.t5o1 1d,e  inesjeccruitaci óenn  heipl oRteecgairsiatr o( ndúem . la7 0P-2ro0p1i8e)d, amd endúiamnt.e  3a udteo  dLeo rfceac.h aIn c2o0a ddeo   BOE-A-cable e
junio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca (en 
adelante, el juzgado) ordenó la ejecución del título hipotecario, despachó ejecución 
contra la ahora demandante de amparo y dispuso, a continuación, lo siguiente:
«El presente auto, junto con el decreto que dictará el letrado de la administración de 
Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte 
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), sin 
citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la 
ejecución.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada 
pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en el artículo 695 de 
la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la notificación del 
presente auto y del decreto que se dicte.»
b)  La  citada  notificación  se  produjo  a  través  del  servicio  de  notificaciones 
electrónicas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Más en concreto, el servicio 
remitió el 21 de junio de 2018 un correo electrónico en el que señalaba como asunto 
«Juzgados y Tribunales – Aviso de Notificación para el NIF B73836173», dirigida a 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L. – NIF B73258006. Según el texto del 
correo, la notificación venía referida al asunto «Jdo. 1 Inst. e Instr. n 6 de Lorca EJH/
0000070/2018»,  indicándole  que  la  «notificación  estará  disponible  en  su  Dirección 
Electrónica Habilitada única desde el 21-06-2018 hasta el 06-08-2018. Si no procediera a 
su lectura en el plazo indicado se producirán los efectos correspondientes, según la 
normativa aplicable». Más adelante se añadía que «independientemente del tiempo que 
tenga a su disposición el acto de comunicación, transcurridos tres días hábiles desde su 
puesta  a  su  disposición  sin  que  el  destinatario  haya  accedido  a  su  contenido,  se 
entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando todos sus 
efectos, conforme con lo establecido en el art. 162.2 de la LEC», para finalizar señalando 
que este «aviso conforme a lo dispuesto en el art. 25 del R.D. 1065/2015 no tiene efecto 
procesal alguno».
En la certificación emitida por el servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica  habilitada  también  consta  que  la  notificación  tenía  como  número  de 
referencia el 68357615b2bc0667678e, que fue puesta a disposición del destinatario el 21 
de junio de 2018 y que la fecha de aceptación fue el 31 de julio de 2018, figurando como 
certificado digital receptor el correspondiente a Juan Miguel Jiménez, en su calidad de 
representante de la citada mercantil.
c)  En  escrito  presentado  ante  el  juzgado  el  día  29  de  agosto  de  2018,  la 
demandante de amparo compareció en el procedimiento, formulando oposición a la 
ejecución, con su documentación adjunta.
d)  Con fecha 17 de septiembre de 2018, el juzgado dictó un auto por el que se 
acordó:  «Inadmitir  a  trámite  la  oposición  formulada  por  la  parte  ejecutada 
Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  y  Penrei  Inversiones,  S.L.  […]  por 
presentación fuera de plazo, contra Banco de Sabadell, S.A.», advirtiendo en pie de 
recurso que contra dicha resolución cabía recurso de reposición.
El juzgado basó su decisión, conforme a su fundamento de Derecho único, en lo 
siguiente: «Se establece en el artículo 134 de la LEC, la improrrogabilidad de los plazos 
establecidos en la misma, y en el artículo 136 de la LEC, que transcurrido o pasado el 
término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la 
preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, y previéndose  e
en el artículo 695 LEC, que el escrito de oposición a la ejecución deberá ser presentado  bo
en el plazo de los diez días siguientes a la notificación del auto y del decreto, y  456ww
csoidnos taenl dpol aezno  elq puree sleengtaelm suepnutee sstoe  qluee  olato prgaart,e  deejebceu tasdear  sinea hdam oitpiduae sstou  poapsoasdioci óqnu ep hoar 
extemporánea, de conformidad con lo establecido en los preceptos citados».
e)  Formalizado recurso de reposición, el juzgado dictó un nuevo auto el 8 de abril 
de 2019, por el que se desestimó el recurso, conforme a los motivos expuestos en su 
razonamiento jurídico segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de las recurrentes, las mismas desde el 1 de enero de 2017 (disposición 
transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC) están 
obligadas  a  relacionarse  con  la  administración  de  Justicia  por  medios  electrónicos 
[art. 14.2 a) de la Ley 39/2015 LPACAP y art. 273.3 a) de la LEC].»
Tras afirmar que los recurrentes interpretan de forma errónea la normativa aplicable, 
se citan los arts. 162.2 LEC; 33.2 y 34 de la Ley 18/11, de 5 de julio; 11.2 del Real 
Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre; y el acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2016, para concluir afirmando la 
«validez [de] la notificación a personas jurídicas por canales electrónicos».
A continuación, señala que «en el presente caso, consta que la notificación se puso a 
disposición de las recurrentes en fecha 21/06/18 no accediendo al contenido hasta el 
día 02/08/18 […], presentando los escritos de oposición a la ejecución en fecha 29/08/18, 
claramente fuera del plazo legalmente establecido en el art. 556.1 de la LEC (dentro de 
los diez días siguientes al de la notificación del auto despachando ejecución,) y siendo 
que conforme al art. 136 de la LEC transcurrido o pasado el término señalado para la 
realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la 
oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que dichas oposiciones son 
extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión».
Como pie de recurso, el auto indicó que dicha resolución «es firme, y contra la misma 
no cabe recurso alguno».
Este auto fue notificado en fecha 9 de abril de 2019 y, junto con el auto de 17 de 
septiembre de 2018, es el objeto del presente recurso interpuesto por la citada entidad 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causan la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad recurrente, al haberse 
efectuado  su  emplazamiento  como  ejecutada  en  el  procedimiento  hipotecario  de 
referencia, a través de un correo electrónico remitido por un servicio de notificaciones 
electrónicas, tratándose de su primer emplazamiento judicial.
La  recurrente  reconoce  que,  por  ser  una  persona  jurídica,  viene  obligada  a 
relacionarse con la administración de Justicia a través de medios electrónicos. Aclara, no 
obstante, que cuando es el primer emplazamiento y por tanto todavía aquella «no ha 
tenido ninguna relación con el juzgado correspondiente en este especial y concreto 
procedimiento»,  ha  de  practicarse  mediante  cédula  con  entrega  en  papel  de  la 
documentación correspondiente, conforme establece el art. 273 LEC, en relación con los 
arts. 135, 152, 162 y 155 LEC. Este último, precisa, «es categórico al respecto ya que en 
su  punto  primero  nos  indica  que  cuando  las  partes  no  actúen  representadas  por 
procurador o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de 
comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes». Añade que incluso la 
notificación  realizada  tampoco  cumple  con  las  formalidades  de  las  comunicaciones 
electrónicas. Además, su entidad nunca facilitó una dirección de correo electrónico a  s
efectos de notificaciones telemáticas y, a pesar de ello, se le remitió un aviso que no  oe.
adjpu eeztr rgoamapvidtéoíoass  i cdecieloó  n1nlao7,  c cddeoierrme  rcspeceuaipótlmatnine eedmnloetbe cre etelr  ólpd noleaibc z2jaoe0  thdo1ae 8db  deidliilete aaczdsl aadur.ínóat soe .xd Pteeesmsdepe o alra á tfonedecoah  aela sd tpeor ,e eesnle vaníouta tdoce iód anicq tdauedelol  e cpsoocrrrre iteool    2020-13456n https://www.
Sobre  el  auto  de  8  de  abril  de  2019,  se  rechaza  por  la  recurrente  que  haya
fundamentado su decisión en la Ley  del  procedimiento administrativo común, «que
consideramos inaplicable al ámbito procesal civil, puesto que además de existir normas 
concretas  al  respecto,  no  se  dan  en  uno  y  otro  ámbito  las  mismas  garantías 
procedimentales»; siendo que en materia de notificación de actos procesales existe su 
propia normativa tanto en la Ley de enjuiciamiento civil –los artículos arriba citados– 
como en el haz de garantías del propio art. 24 CE.
Con cita expresa de la doctrina de este tribunal sobre la relevancia de los actos de 
comunicación procesal desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva 
(entre  otras,  SSTC  115/1988,  195/1990  y  326/1993),  finaliza  solicitando  que,  con 
estimación del amparo, se acuerde la nulidad de los autos de 17 de septiembre de 2018 
y  de  8  de  abril  de  2019,  «reconociendo  el  derecho  individual  de  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., a obtener una resolución con respeto al derecho a la tutela 
judicial efectiva, y la nulidad de actuaciones y reposición de todo al momento previo a 
dictarse el auto de fecha 17 de septiembre de 2018, para que resuelva conforme a 
derecho, admitiendo a trámite la demanda de oposición al despacho de ejecución» 
formulada por la recurrente.
Por medio de un segundo otrosí digo, en el escrito de demanda se argumentó «que 
la continuación de la ejecución derivadas de los pronunciamientos judiciales que han 
sido objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a 
terceros, pueden hacer perder al recurso de amparo su finalidad», por lo que se solicitó 
«la suspensión de la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria 70-2018 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial».
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este tribunal dictó 
providencia el 25 de noviembre de 2019 por la que acordó: (i) admitir a trámite el 
recurso,  «apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia 
constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el 
recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el 
que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y porque el recurso puede 
dar  ocasión  al  tribunal  para  aclarar  o  cambiar  su  doctrina,  como  consecuencia  de 
cambios  normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho 
fundamental  [STC  155/2009,  FJ  2  b)]»;  (ii)  que,  obrando  ya  las  correspondientes 
actuaciones  jurisdiccionales,  se  dirija  atenta  comunicación  al  Juzgado  de  Primera 
Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, a fin de que se proceda a «emplazar a quienes 
hubieran  sido  parte  en  el  procedimiento»  de  origen,  excepto  a  la  «recurrente  en 
amparo», para poder comparecer en el presente proceso constitucional en el plazo de 
diez días; y (iii) formar la «oportuna pieza separada de suspensión».
5.  Por nueva providencia dictada por la Sección Cuarta de este tribunal en la misma 
fecha  se  dispuso  «formar  con  la  precedente  fotocopia,  la  oportuna  pieza  para  la 
tramitación del incidente sobre suspensión y conforme determina el artículo 56 de la Ley 
Orgánica de este Tribunal, conceder un plazo común de tres días a la parte recurrente y 
al Ministerio Fiscal para que aleguen lo que estimen pertinente sobre dicha suspensión». 
Este traslado fue cumplimentado por la parte recurrente, mediante escrito de fecha 3 de 
diciembre de 2019, en el que se ratificó en su petición inicial. Por su parte, el Ministerio 
Fiscal presentó informe en fecha 11 de diciembre de 2019, en el que interesó que se 
adoptara únicamente la medida de anotación preventiva de la demanda de amparo.
Así se acordó por medio del auto 5/2020, de 27 de enero, dictado por la Sección  e
Cuarta de este tribunal. En el mismo se denegó la suspensión solicitada y se ordenó la  bo
anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad, con  456ww
are mtails eiófenc atol ,r eqfueeri deos tjau zmgaeddoid paa «rase la r eepxuptead iidcióónne dae pl amraa nedvaitmarie enlt op eorpjuoirctiuon doe. rSivea cdoon dseid eqruae, 
rlae feardeqnucisiaic eiónn l ad deel mbiaennd pao»r. tercero lo hiciera irreivindicable, situación a la que se hace
6.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 12 de diciembre de 2019, 
la procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu, actuando en nombre y 
representación de la entidad Pera Assets Designated Activity Company, bajo la dirección 
letrada de don Alejandro Ingram Solís, solicitó que se le tuviera por personada en este 
recurso, en su condición de adquirente de los créditos hipotecarios que anteriormente 
eran de la titularidad de la entidad Banco de Sabadell, S.A. Estos créditos le habían sido 
cedidos por esta en virtud de escritura suscrita el 23 de julio de 2019, ante el Notario de 
Madrid don Carlos de Alcocer Torra.
7.  Con fecha 4 de marzo de 2020, la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de 
este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que se acordó, de un lado, tener por 
personado y parte a la entidad Pera Assets Designated Activity Company, a través de la 
procuradora mencionada, y de otro, dar vista de las actuaciones a las partes personadas 
y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el art. 52.1 LOTC.
8.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones el 15 de abril de 2020. En el mismo interesó que se dictara resolución 
estimatoria del recurso de amparo reiterando los argumentos expuestos en la demanda. 
Además, se hace una reseña expresa de la sentencia que resuelve el recurso de amparo 
núm. 5377-2018, que se corresponde con la STC 40/2020, de 27 de febrero. En esta 
resolución, por aplicación de las SSTC 6/2019, de 17 de enero, y 47/2019, de 8 de abril, 
se confirma la doctrina que defiende en este recurso, en torno a la necesidad de que el 
primer emplazamiento o citación se efectúe en el domicilio de la persona jurídica que 
figure como demandada, según impone el artículo 155.1 LEC.
9.  La fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 8 de 
junio de 2020, por el que interesó de este tribunal que dictara sentencia otorgando el 
amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial  efectiva  sin  indefensión  (art.  24.1  CE),  y  su  restablecimiento  mediante  la 
declaración  de  nulidad  de  «todo  lo  actuado  desde  la  notificación  efectuada 
electrónicamente del auto despachando ejecución acordado por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, en el juicio de ejecución hipotecaria 70-2018», 
además de la consiguiente retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente 
anterior a aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de formular la 
oposición a la ejecución». Su petición se basa en los siguientes argumentos:
a)  En primer lugar, y con carácter previo a formular las alegaciones de fondo del 
recurso, la fiscal expuso sus razones para considerar correctamente agotada la vía 
judicial previa al amparo por parte de la recurrente [art. 44.1 a) LOTC], al no ser 
necesario interponer incidente de nulidad de actuaciones contra el auto desestimatorio 
de la reposición –el cual no producía en origen la lesión–, ni resultar previsiblemente útil 
de haberse presentado. Tampoco la demanda de amparo es prematura por interponerse 
tras el segundo de esos autos, sin esperar a la finalización del proceso ejecutivo, 
atendida  la  doctrina  de  este  tribunal  para  situaciones  similares  (ver,  por  todas,  la 
STC 4/2010, de 17 de marzo, FJ 4).
b)  En segundo lugar, la fiscal considera que la vulneración alegada se centra en 
dos aspectos bien diferenciados. Por un lado, haber optado el juzgado por la notificación 
electrónica a través de la dirección electrónica habilitada y no a través de la notificación 
personal en el domicilio en la sociedad, de conformidad con el art. 155.1 LEC; y por otro,  e.
por la errónea aplicación del art. 273.3 a) LEC y de los arts. 14.2 y 43.2, segundo  w.
párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de  456ww
las aTdramsi naisntaralizcaiorn leas f upnúdbalicmaesn.tación de las resoluciones impugnadas, la fiscal considera
qSuTeC  e4n7 /2e0s1t9e,  dcaes 8o  dees  abprriol,c eedne unnte s uhpauceesr toa psilmicailaciró rne fedreid ola a  duonc tprirnoac esseon ltaabdoar alp, opre rloa   BOE-A-cable e
donde resultan de aplicación subsidiaria las normas de la Ley de enjuiciamiento civil, en 
especial los arts. 155 y 273.4, segundo párrafo, de los que se deriva la obligatoriedad de 
que el primer emplazamiento se realice de manera personal y con entrega en papel de la 
documentación.
c)  El Ministerio Fiscal destaca la importancia de los actos de comunicación para 
garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en particular, 
cuando se trata del emplazamiento, citación o notificación a quien ha de ser o poder ser 
parte  en  el  procedimiento.  Pero  analiza  igualmente  el  sistema  de  notificaciones 
telemáticas,  y  con  reseña  de  lo  dispuesto  en  el  art.  162.2  LEC  y  cita  de  las 
SSTC 58/2010, de 4 de octubre; 97/2012, de 7 de mayo, y 6/2019, de 17 de enero, 
destaca que en el presente caso «la notificación llegó a conocimiento de la destinataria 
en el momento en que accedió a la página a la que se le derivó desde el servicio de 
notificaciones, lo que hizo en el plazo en el que este le indicó que estaría disponible». 
Sin embargo, «la juez no tuvo en cuenta que la información contenida en el aviso que 
efectuó el servicio de notificaciones electrónicas era contradictoria y que llevó a creer a 
la  ejecutada  que  durante»  el  tiempo  que  la  notificación  estaba  disponible  «podría 
acceder a ella, y así lo hizo el último día señalado al efecto». A partir de ese momento, 
«y  siguiendo,  también,  las  indicaciones  del  propio  auto  por  el  que  se  despachaba 
ejecución y que es objeto de la notificación, en el plazo de diez días formuló oposición». 
Para la fiscalía, la juez podría haber estimado el recurso de reposición, «una vez tuvo 
conocimiento […] de las contradicciones contenidas en el aviso […] subsanando la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que se ocasionó al no haberse 
efectuado la notificación en el domicilio del ejecutado de conformidad con el art. 155.2 de 
la LEC. Sentada la existencia de vulneración […], ha de concluirse que esta se perpetuó 
con la desestimación del recurso de reposición».
10.  Por  la  Secretaría  de  Justicia  se  ha  dictado  diligencia  el  1  de  septiembre 
de 2020, dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del 
Ministerio Fiscal y de la representación procesal de la recurrente en amparo, quedando 
el asunto concluso y pendiente para deliberación cuando por turno corresponda. No 
consta presentado dentro del plazo del art. 52.1 LOTC, o con posterioridad, ningún 
escrito de alegaciones de la entidad Pera Assets Designated Activity Company.
11.  Mediante providencia de fecha 17 de septiembre de 2020, se señaló para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia e instrucción de 
Lorca,  los  cuales,  tras  emplazarlas  por  vía  electrónica  a  través  del  servicio  de 
notificaciones electrónicas y de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, han inadmitido a trámite los ulteriores escritos de oposición a la 
ejecución, los recursos de reposición o de nulidad de actuaciones, por considerarlos 
extemporáneos  o  improcedentes,  al  entender  realizados  conforme  a  Derecho  los 
emplazamientos comunicados a través del sistema de notificaciones telemáticas. s
En concreto, en el presente recurso la entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa  oe.
Sur, S.L. impugna los autos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de  w.
LhoiprocLtaea,c  ddaeerim o1 an7nú dmdae.   d7se0e -pa2tm0ie1pm8a.brore a dleeg a2,0 e1n8  eys ednec i8a ,d lea  vaublrnile rdaec i2ó0n1 d9e, l ddiectraedcohso  feunn deal mperonctaels oa   2020-13456n https://ww
la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  en  su  vertiente  de  derecho  a  no  padecer
indefensión, al no haberse efectuado aquel emplazamiento de manera personal y con  Bc
entrega  en  papel  de  la  documentación  correspondiente,  tal  y  como  establecen  las 
normas de la Ley de enjuiciamiento civil.
El Ministerio Fiscal, por su parte, interesa la estimación del amparo por el primer 
motivo.
2.  Aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la cuestión planteada.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 27 de febrero, en la que ha tenido la 
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra 
dos autos de coincidente contenido con el que ahora se impugna, y donde se dio 
respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio 
de la demanda. Descartada en este caso la concurrencia de algún elemento distintivo 
que  obligue  a  una  fundamentación  o  resultado  diferente  a  lo  declarado  entonces, 
procede por tanto que hagamos aplicación de la citada sentencia 40/2020.
En primer lugar, en el fundamento jurídico 2 se descarta cualquier posible óbice 
procesal, tanto por falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo [art. 44.1 a) 
LOTC] como por ser prematuro el amparo. En el primer caso, porque no cabe recurso 
contra el auto desestimatorio de la reposición, como se indica en el pie de recurso de 
este. En el segundo supuesto, porque no es exigible esperar a la finalización del proceso 
ejecutivo hipotecario  a quo, ya que condicionar  la interposición de la demanda de 
amparo a este hecho genera una dilación injustificada que se traduciría en un gravamen 
adicional o en la intensificación de la lesión constitucional que denuncia, como ya se 
expuso en las SSTC 39/2015, de 2 de marzo, y 49/2016, de 14 de marzo.
En segundo lugar, en el fundamento jurídico 3 de esa resolución se advierte que es 
de aplicación la doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de enero, 
FJ 4 a), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de abril, 
FJ 4 a), recaída en proceso de amparo. En ambos supuestos se afirma la «garantía del 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la Ley de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), como primera 
comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida por una 
comunicación electrónica», tal y como ocurre con la efectuada a través de la dirección 
electrónica habilitada. El emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 LEC, y lo 
complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las copias de 
los escritos y documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento de este 
deber  del  órgano  judicial  «acarrea  por  tanto  la  conculcación  de  aquel  derecho 
fundamental»,  como  ya  ha  declarado  este  tribunal  en  varios  recursos  de  amparo 
referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo 
fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Finalmente, constata entonces la STC 40/2020, en su fundamento jurídico 4, como 
ha de hacerse también en el presente supuesto, que las dos resoluciones judiciales 
impugnadas vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no 
proceder a su emplazamiento personal en el proceso a quo a efectos de requerirle de 
pago o alternativamente permitirle presentar su oposición a la ejecución. Por el contrario, 
el juzgado optó por un emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones 
electrónicas  y  dirección  electrónica  habilitada  de  la  Fábrica  Nacional  de  Moneda  y 
Timbre, que no está previsto en la normativa procesal para estos casos, y que apenas 
consistía en un aviso remitiendo a un enlace de internet para poder conocer el contenido 
de la notificación. Además, para el cómputo del plazo de presentación del escrito de  e
oposición se invocaron normas del procedimiento administrativo común, que son ajenas  bo
al ámbito jurisdiccional en el que nos encontramos, en alegal conjunción con el plazo del  456ww
eajret.c 5u5c6ió nL,E lCo.  qTuoed od eeltleor mpriondau jloa  uensati minadceióbnid ad edle naemgpaacrioó np doer  vsuul neesrcarcitioó nd ed oep sous icdióenre ach loa 
rfuencodnaomceimntiaeln tao  dlae  ttault edlear ejucdhioc.ial efectiva sin padecer indefensión (art.24. 1 CE), con
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  la  entidad  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L. y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los autos de 17 de 
septiembre de 2018 y de 8 de abril de 2019, dictados por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 
70-2018, así como la nulidad de las actuaciones realizadas a partir del auto de 20 de 
junio de 2018 por el que se acordó el despacho de la ejecución y el requerimiento de 
pago a la entidad deudora.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
requerimiento de pago a la entidad ejecutada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
trámite  por  el  citado  juzgado,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–
Firmado y rubricado.