BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 144 Jueves 17 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 73924
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
10144 Resolución de 15 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Consejo Insular de Menorca, para el 
desarrollo de los talleres y programas de intervención en el medio abierto y 
en el ámbito de las penas y medidas alternativas.
Habiéndose suscrito el 4 de junio de 2021 el Convenio entre el Ministerio del Interior 
y  el  Consell  Insular  de  Menorca  para  el  desarrollo  de  los  talleres/programas  de 
intervención en el medio abierto y en el ámbito de las penas y medidas alternativas, 
procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura 
como anexo a esta Resolución.
Madrid,  15  de  junio  de  2021.–El  Secretario  General  Técnico,  Juan  Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, y el Consell Insular de Menorca para el desarrollo de 
los talleres/programas de intervención en el medio abierto y en el ámbito de las 
penas y medidas alternativas
En Madrid, a 4 de junio de 2021.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/2018, de 18 de 
junio, actuando por delegación de competencias del Secretario de Estado de Seguridad, 
según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden INT/985/2005, 
de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las 
delegaciones efectuadas por otras autoridades, en relación con el artículo 62.2.g) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a 
los efectos del presente convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid.
Y de otra parte, doña Susana Irene Mora Humbert, Presidenta del Consell Insular de 
Menorca (en adelante, el Consell Insular), cargo que ostenta por Acuerdo del Pleno del 
Consell Insular de Menorca reunido en sesión extraordinaria en fecha 6 de julio de 2019, 
actuando en nombre y representación del mismo en virtud de las atribuciones que le 
confiere el citado Acuerdo de Pleno, y en el ejercicio de las facultades atribuidas por el 
artículo 9.1 y 9.2.q) de la Ley de 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares, y los 
artículos 34 y 41.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 
local, en nombre y representación del Consell Insular de Menorca. Con domicilio a los 
efectos del presente convenio en Plaza de la Biosfera, 5, 07703 Mahón (Islas Baleares).
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero.
Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la 
dignidad de la persona, la interpretación de los derechos fundamentales de conformidad 
con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en 
nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos en 
beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción dada por 
la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la anterior, remiten las 
circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, estableciéndose en el citado 
artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad –que no podrán imponerse sin el 
consentimiento  del  penado–  le  obligan  a  prestar  su  cooperación  no  retribuida  en 
determinadas  actividades  de  utilidad  pública.  Estas  circunstancias  de  ejecución  se 
mantuvieron por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, desarrollada reglamentariamente 
por el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, y por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 
marzo, ambas modificativas del Código Penal.
Tercero.
Que la citada Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código 
Penal,  introduce  una  nueva  regulación  en  materia  de  suspensiones  de  condena. 
Desaparece la dualidad suspensión/sustitución de condena y, como señala el nuevo 
texto en su exposición de motivos: «(…) el tradicional régimen de sustitución de la pena 
pasa  a  ser  regulado  como  una  modalidad  de  suspensión  (…)»,  desapareciendo  el 
artículo 88. Igualmente se modifica el contenido del artículo 83 relativo a los deberes y 
prohibiciones que pueden condicionar las suspensiones de condena. En concreto, el 
artículo 83.1 6.º establece la obligación de participar en programas formativos, laborales, 
culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de 
los animales, de igualdad de trato y no discriminación y otros similares cuando sean 
cometidos sobre la mujer, por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya 
estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia. Por su 
parte, en su apartado 7.º se establece la posibilidad de participar en programas de 
deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes o de 
tratamiento de otros comportamientos adictivos.
Cuarto.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria. e.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la  w.
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio  144ww
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Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Quinto.
Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su 
artículo 41.3, atribuye a los Consejos Insulares de las Islas Baleares, las competencias 
que  corresponden  a  las  Diputaciones  Provinciales  y  las  que  les  correspondan  de 
conformidad con su Estatuto de Autonomía.
Así mismo, la Ley 8/2000 en sus artículo 5.2 a) y 46.1 atribuye a los Consejos Insulares 
la facultad de firmar convenios para favorecer las relaciones interadministrativas, facilitar la 
colaboración y la cooperación recíproca así como para la consecución de finalidades 
comunes de interés público.
Sexto.
Que  según  el  artículo  49  del  Código  Penal,  los  trabajos  en  beneficio  de  la 
comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a 
prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que 
podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, 
en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, 
así  como  en  la  participación  del  penado  en  talleres  o  programas  formativos  o  de 
reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.
Séptimo.
Que las nuevas figuras penales surgidas como consecuencia de una nueva realidad 
social ponen de relieve que este tipo de conductas constituyen un problema social de 
enorme trascendencia, por el daño que producen, por su extensión, y por el significado 
que  guarda  su  naturaleza.  Todo  ello  hace  necesario  que  las  instituciones  deban 
coordinarse para contribuir a su erradicación.
Octavo.
Que la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento tiene como 
finalidad incidir en el comportamiento del penado, tratando de evitar la repetición de 
iguales o parecidas conductas en un futuro y detener una posible espiral de agresiones y 
violencia. En definitiva, es una cuestión de suma importancia social en la que ha de 
implicarse toda la sociedad y, especialmente, las Administraciones Públicas.
Noveno.
Que a su vez, para el contexto de internos condenados a privación de libertad, tanto 
en segundo grado de tratamiento, como terceros grados o régimen de semilibertad, el 
artículo 59 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, determina que: «1. El 
tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a 
la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. 2. El tratamiento 
pretende  hacer  del  interno  una  persona  con  la  intención  y  la  capacidad  de  vivir 
respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, 
en la medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de 
responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en 
general».
En consonancia con lo anterior, el artículo 65.2 del mismo texto normativo establece  es
que: «La progresión en el tratamiento dependerá de la modificación de aquellos sectores  bo
o rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva; se  144ww
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Décimo.
Que los manuales de los talleres y programas objeto del presente convenio se pueden 
encontrar en el siguiente enlace https://www.institucionpenitenciaria.es/es/web/home/fondo-
documental/publicaciones  de  la  página  web  de  instituciones  penitenciarias,  y  han  sido 
incluidas en el catálogo de publicaciones oficiales del Ministerio del interior.
Por todo ello, es fundamental desarrollar programas de intervención específicos con 
los penados cuya situación penal y penitenciaria así lo requiera.
Por lo expuesto, se acuerda suscribir el presente convenio que se regirá por las 
siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto la efectiva puesta en marcha de los Talleres/
Programas de Intervención del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del 
Centro  Penitenciario  de  Menorca,  que  podrá  estar  dirigido  tanto  a  condenados  a 
privación de libertad en régimen de tercer grado, como a aquellos condenados a penas y 
medidas alternativas que dependan del Centro Penitenciario de Menorca y dentro de su 
ámbito territorial insular. Así como favorecer la participación en los citados talleres/ 
programas  por  medios  telemáticos  a  los  penados  que  carezcan  de  los  recursos 
económicos necesarios. Para ello, es necesario la instalación de una conexión a internet 
suficiente.
Segunda.  Ámbito de aplicación.
El presente convenio sólo será de aplicación en el Centro Penitenciario de Menorca y 
dentro del ámbito territorial insular.
Tercera.  Compromisos  que  asume  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a través de la Subdirección 
General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, se compromete a:
1.  Posibilitar  el  desarrollo  del  taller  o  programa  de  intervención,  mediante  la 
derivación de los casos de penados con sometimiento a esta regla de conducta, por 
condenas a medidas y penas alternativas, y aquellos internos condenados a privación de 
libertad que así lo requieran, en concreto aquellos que no tienen medios económicos 
para poder realizar cualquiera de los talleres o programas de modo telemático.
2.  Garantizar que el desarrollo del programa o taller será acorde con los principios 
constitucionales así como el pleno respeto a los derechos de las víctimas.
3.  Proponer a los penados que desarrollarán el programa/taller de que se trate.
4.  Establecer un plan de seguimiento, evaluación y control de la calidad del taller o 
programa.
5.  Coordinar  e  integrar  todas  las  actuaciones  realizadas,  a  fin  de  dar  fiel 
cumplimiento del taller o programa a los destinatarios del mismo.
6.  Adoptar las medidas de seguridad oportunas cuando el programa o taller se  es
desarrolle en un Centro de Inserción Social. o
7.  Informar al Consell tanto del inicio como de la finalización del taller/programa  144ww
para que se realicen las gestiones necesarias para el alta y baja de la conexión.
Cuarta.  Compromisos que asume el Consell Insular.
El Consell Insular se compromete a:
1.  Aportar la conexión a internet que permita el desarrollo del Taller/Programa vía 
telemática del entorno a unos 40 penados al año estimadamente, una media de diez 
semanas por curso. Las semanas totales constituirían una bolsa única, permitiendo que 
haya penados que puedan beneficiarse de dicha conexión cuando el curso supere las 
diez semanas de duración, deduciéndolas del total de dicha bolsa. En concreto de 
aquellos penados que no tengan medios económicos para poder seguir los talleres/
programas de modo telemático.
2.  Realizar  las  gestiones  necesarias  para  la  instalación  y  desinstalación  de  la 
conexión a internet en el domicilio de los penados que lo necesiten durante el tiempo de 
duración de los programas o talleres que tengan que realizar.
Quinta.  Obligaciones económicas o contractuales.
Del presente convenio no se generarán obligaciones de carácter económico para la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
No obstante, el Consell Insular de Menorca asumirá el coste de las conexiones de 
red necesarias para que los penados puedan participar en el Taller/ Programa así como 
de la instalación y desinstalación de las mismas.
En  ningún  caso  se  derivarán  relaciones  de  naturaleza  laboral,  contractual, 
funcionarial o estatuaria entre los profesionales que realicen los talleres o programas y la 
Administración Penitenciaria.
Sexta.  Recursos humanos.
El presente convenio no generará ningún tipo de vínculo contractual ni laboral entre 
las partes firmantes y las personas físicas que desempeñen las actividades propias del 
mismo.
Séptima.  Confidencialidad y protección de datos.
1.  El Consell Insular De Menorca se compromete a mantener en secreto todos los 
datos  e  informaciones  facilitados  por  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias y que sean concernientes a la ejecución del objeto del presente convenio. 
En particular, será considerado como información confidencial todos los datos relativos al 
penado, debiendo el Consell Insular mantener dicha información en reserva y secreto y 
no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica 
que no sea parte del presente convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por  parte  de  las  autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, 
y  a  la  libre  circulación  de  dichos  datos  y  por  la  que  se  deroga  la  Decisión 
Marco 2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de  e
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter  bo
personal  respectivamente  recabados  en  el  ámbito  del  trabajo  en  beneficio  de  la  144ww
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salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a 
otras Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del  presente  convenio,  actuarán  como  responsables  del  tratamiento  la  Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias y el Consell Insular de Menorca. Los datos objeto 
de tratamiento tendrán por finalidad la ejecución de sanciones penales, al amparo de la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro 
sistema penal, y se clasificarán en las siguientes categorías: nombre y apellidos del 
penado, DNI y copia de los hechos probados del testimonio de sentencia.
4.  Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5.  Las  partes  firmantes  del  convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  las  hubiera  cometido  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido.
Octava.  Financiación del convenio.
El presente convenio no conlleva coste para la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.
Los únicos gastos serán los derivados de la contratación de la red wifi que serán 
asumidos  en  su  totalidad  por  el  Consel  Insular  de  Menorca  y  los  routers  para  la 
utilización de los datos.
Previsión de costes asumidos por el Consell Insular de Menorca por el periodo 
temporal máximo de duración previsto del presente convenio:
Año 2021 2022 Total
Coste 5.000€ 5.000€ 10.000€
Novena.  Justificación del Convenio.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias mandará a principios de cada 
año una relación de los talleres/programas que pretenda impartir con un calendario de 
los mismos.
Durante  el  primer  trimestre  del  ejercicio  siguiente,  la  secretaría  General  de 
Instituciones  Penitenciarias,  presentará  al  Consell  Insular  de  Menorca  el  plan  de 
seguimiento, evaluación y control de la calidad de los talleres o programas realizados 
durante el ejercicio anterior.
Décima.  Comisión de Seguimiento.
1.  Se establece una Comisión de Seguimiento del presente convenio, constituida 
por dos representantes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por dos 
representantes del Consell Insular de Menorca que serán nombrados por el Secretario 
General de Instituciones Penitenciarias y por la Presidenta del Consell, respectivamente.
2.  Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que  es
éstos designen. o
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cumplimiento que se deriven del presente convenio.
5.  La Comisión de Seguimiento, se reunirá siempre que lo solicite por escrito una 
de las partes.
6.  El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Undécima.  Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y del Consell Insular de Menorca.
Los  acuerdos  de  modificación,  prórroga  y  resolución  del  convenio  deberán  ser 
tramitados de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, e inscritos en 
el Registro Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación del Sector 
Público Estatal y publicados en el «Boletín Oficial del Estado».
Duodécima.  Causas de extinción.
1.  Los  convenios  se  extinguen  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2.  Son causas de resolución:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados, siendo en el seno de 
la Comisión de seguimiento dónde podrá fijarse la misma.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e)  Cualquier otra causa distinta de las anteriores previstas en el convenio o en otras 
leyes.
Si al producirse la resolución existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a 
propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio, podrá acordar 
la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, 
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
Decimotercera.  Validez, eficacia, vigencia y prórroga.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  el  presente  convenio  resultará  eficaz  una  vez  sea  inscrito  en  el  Registro 
Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal  e
y  tras  su  publicación  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado».  En  el  mismo  artículo  se  bo
establecen los requisitos para la validez del mismo cuyo cumplimiento se observa en el  144ww
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La vigencia de este convenio será de dos años. Antes de la finalización de la 
vigencia del convenio, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Consell 
Insular de Menorca podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por hasta 
otros dos años adicionales.
Decimocuarta.  Legislación aplicable.
Este Convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación, modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por 
conciliación  en  la  Comisión  de  Seguimiento  serán  sometidas  a  los  tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos 
ejemplares  originales,  igualmente  válidos,  en  lugar  y  fecha  arriba  indicados.–El 
Secretario  General  de  Instituciones  Penitenciarias,  Ángel  Luis  Ortiz  González.–La 
Presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana I. Mora Humbert.