BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 275 Miércoles 17 de noviembre de 2021 Sec. I.   Pág. 141631
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
18816 Real Decreto 988/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la 
concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades 
de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas acciones de refuerzo de la 
conectividad en polígonos industriales y centros logísticos, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
I
La  Agenda  España  Digital  2025  recoge  un  conjunto  de  medidas,  reformas  e 
inversiones, articuladas en diez ejes estratégicos alineados con las políticas digitales 
marcadas por la Comisión Europea para el nuevo periodo. Las acciones de la Agenda 
están orientadas a impulsar un crecimiento más sostenible e inclusivo, impulsado por las 
sinergias de las transiciones digital y ecológica, que llegue al conjunto de la sociedad, 
marcándose  como  uno  de  sus  objetivos  el  de  garantizar  una  conectividad  digital 
adecuada para el 100 por ciento de la población, promoviendo la desaparición de la 
brecha digital entre zonas rurales y urbanas (meta 2025: 100 por ciento de la población 
con cobertura 100 Mbps).
Como  parte  del  esfuerzo  de  la  Agenda  España  Digital  2025,  el  Plan  para  la 
Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios 
(en adelante, Plan para la Conectividad), aprobado por el Consejo de Ministros el día 1 
de diciembre de 2020, contiene como medida número 6 el refuerzo de la conectividad en 
polígonos industriales y centros logísticos, dado que un número relevante de estos 
puntos con alta concentración empresarial no dispone de una conectividad de banda 
ancha adecuada para el desarrollo de su actividad.
La magnitud de la crisis económica, social y sanitaria provocada por la pandemia 
COVID-19 ha exigido una respuesta común a escala europea que se ha materializado 
con la puesta en marcha del nuevo Fondo de Recuperación «Next Generation EU», cuyo 
objeto es contribuir al proceso de recuperación de las economías de la Unión a partir 
de 2021. Dentro de este Fondo, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), 
establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021 (Reglamento del MRR), permitirá a España movilizar un 
volumen de inversión sin precedentes.
Con el fin de canalizar estas inversiones, contribuyendo a una recuperación sólida y 
sostenible  de  la  economía  española,  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia (PRTR), informado favorablemente por la Comisión Europea el 16 de junio 
de 2021 y aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 6 de julio de 2021, traza la 
agenda para la modernización de la economía española haciendo uso de los recursos 
económicos que provendrán de este Fondo.
El PRTR es un proyecto de país que requiere de la implicación de todos los agentes 
económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos 
de  la  administración  pública.  Los  proyectos  que  constituyen  el  PRTR  permitirán  la  e.
realización de reformas estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e  w.b
inversiones,  y,  por  lo  tanto,  supondrán  un  cambio  del  modelo  productivo  para  la  816ww
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pcoúnbvlicirotié, nsodcoilaal  ye ne comnáósm irceos.iliente  e  inclusiva,  de  especial  relevancia,  para  el  interés
Con el objeto facilitar el diseño y la ejecución de las actuaciones financiables con 
fondos  europeos,  así  como  la  implementación  del  Plan,  mediante  Real  Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, se han aprobado medidas urgentes para la 
modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación Transformación y Resiliencia.
Dentro de las diez políticas palanca que contempla el PRTR, una de las treinta líneas 
de acción que se identifican es la componente 15 (Conectividad digital, impulso a la 
ciberseguridad y despliegue del 5G), que tiene entre sus objetivos el impulso a la 
trasformación digital, apostando porque el 100 por ciento de la población disponga de 
una conectividad adecuada, promoviendo así la desaparición de la brecha digital entre 
zonas rurales y urbanas.
En línea con el citado Plan para la Conectividad, dentro de esta componente 15 del 
PRTR  se  contempla  la  inversión  C15.I2  «Acciones  de  refuerzo  de  conectividad  en 
centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización 
sectorial», que incluye acciones de refuerzo de la conectividad en centros de referencia, 
polígonos industriales y centros logísticos, así como acciones para la sociedad del 
Gigabit y el apoyo a proyectos tractores de digitalización sectorial. De acuerdo con lo 
previsto  en  el  PRTR,  dicha  inversión  –que  incluye  que  al  menos  1.600  pequeños 
polígonos industriales y ámbitos empresariales alcancen una velocidad de conectividad 
de 1-Gigabit–, deberá haberse implementado a más tardar el 31 de diciembre de 2023.
Estas actuaciones enlazan con las contempladas en el Plan para el despliegue de 
infraestructuras digitales previsto en la Agenda del Cambio para la promoción del avance 
científico y tecnológico, que incluye el despliegue de redes de banda ancha de velocidad 
ultra rápida para facilitar la transformación digital de la economía y de la sociedad, 
avanzando así en la consecución de los objetivos establecidos por la Comisión Europea 
en el documento «La conectividad para un mercado único digital competitivo-hacia una 
sociedad  europea  del  Gigabit»,  esto  es,  acceso  fijo  a  1  Gbps  para  los  motores 
socioeconómicos, acceso fijo universal para todos los hogares (rurales y urbanos) a una 
conexión a Internet que ofrezca velocidades de bajada de al menos 100 Mbps, y acceso 
móvil 5G en todas las zonas urbanas y principales vías de comunicación.
II
De acuerdo con lo anterior, el presente real decreto tiene por objeto la puesta en marcha 
de un programa de ayudas para potenciar la conectividad y el despliegue de infraestructuras 
de red en polígonos industriales y centros logísticos así como en otras áreas de alta 
concentración empresarial, especialmente en ámbitos rurales y zonas afectadas por el reto 
demográfico,  con  el  fin  de  impulsar  la  sociedad  del  Gigabit  y  ofrecer  soluciones  de 
conectividad a proyectos de carácter innovador de digitalización sectoriales.
Este programa de ayudas en forma de subvenciones estará destinado a proporcionar 
conectividad de redes de banda ancha de muy alta velocidad, capaces de prestar 
servicios a velocidades de 1 Gbps, en primer lugar, en la zona donde se ubiquen 
polígonos industriales y centros logísticos así como otras áreas de alta concentración 
empresarial; en segundo lugar, mediante la instalación de una red de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad que abarque los referidos ámbitos de actuación y, en su 
caso, sus zonas industriales adyacentes; y por último, mediante la instalación de una red  s
de comunicaciones electrónicas de alta velocidad en cada una de las fábricas, centros,  e.
unidades, instalaciones y dependencias que formen parte de aquéllos. w.
En los dos primeros casos, las ayudas se podrán otorgar para aquellas zonas  816ww
gbelaongcraásfi cdaes  aac cqeuseo  sdee  renfuieervean  geel naepraacrtiaódno (sA aN)G ()t raod picoior nsaulsm esingtlea sc oenno icnidgaléss  c(oNmGoA )z)o yn aesl 
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conocidas como zonas grises NGA) del artículo 52.3 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado, modificado por el Reglamento (UE) 2021/1237 de la Comisión, de 23 de julio 
de 2021 (Reglamento general de exención por categorías o Reglamento Gber). Por 
contra, en el tercer caso las ayudas se podrán otorgar únicamente para aquellas zonas 
geográficas del apartado a) del artículo 52.3 del Reglamento 651/2014 de la Comisión, 
de 17 de junio de 2014 (tradicionalmente conocidas como zonas blancas NGA).
La consulta sobre zonas elegibles que prevé este real decreto eximirá a las comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias directas de solicitar a la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales el informe previsto 
en  el  Real  Decreto  462/2015,  de  5  de  junio,  por  el  que  se  regulan  instrumentos  y 
procedimientos de coordinación entre diferentes Administraciones Públicas en materia de 
ayudas públicas dirigidas a favorecer el impulso de la sociedad de la información mediante el 
fomento de la oferta y disponibilidad de redes de banda ancha.
A través de la presente norma se regula, en primer lugar, la concesión directa, con 
carácter  extraordinario  y  por  razones  de  interés  público,  social  y  económico,  de 
conformidad con los artículos 22.2 c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla, así como su distribución y entrega, destinadas a sucesivas convocatorias 
de ayudas por dichas administraciones para el refuerzo de la conectividad en polígonos 
industriales y centros logísticos, incluidos zonas de actividad logística (ZAL), centros 
integrados de mercancías (CIM), hubs y plataformas logísticas o centros de distribución 
logística, entre otros. Asimismo, podrán optar a este programa de ayudas otras áreas de 
alta concentración empresarial como parques empresariales, viveros de empresas y 
parques tecnológicos o científicos.
Las razones de interés público, económico y social quedan acreditadas en primer 
lugar, por el hecho de que a nivel de la Unión se recomienda que este tipo de ayudas se 
realicen de forma coordinada entre los distintos niveles de administración territorial y a 
través planes o regímenes marco de alcance nacional, a cuyo objeto la concesión directa 
en un instrumento único de ayudas, para su posterior concesión por las Administraciones 
correspondientes en convocatorias sucesivas, se considera un medio particularmente 
idóneo. En segundo lugar, porque esas Administraciones son las mejor emplazadas para 
conseguir el objetivo perseguido por las ayudas, de aumento de la productividad a través 
de la digitalización de los sectores que desarrollan su actividad en polígonos industriales 
y centros logísticos y, en general, de transformación digital de la economía y de la 
sociedad, vía aumento de la conectividad, como clave para combatir la brecha digital 
entre zonas rurales y urbanas, haciendo frente al reto demográfico.
En este sentido, las actuaciones a realizar tendrán en cuenta criterios de creación 
neta de empleo en España, de participación de PYMES, micropymes, autónomos y 
startups, y de cohesión territorial, así como la dimensión de género y consideraciones 
medioambientales,  debiendo  en  todo  caso  respetarse  el  principio  de  no  causar  un 
perjuicio  significativo  (principio  DNSH  por  sus  siglas  en  inglés,  «Do  No  Significant 
Harm») a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento 
(UE)  2020/852  del  Parlamento  Europeo,  de  18  de  junio  de  2020,  relativo  al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. También tendrán en cuenta la mejora del 
impacto de género conforme a las recomendaciones contenidas en la «Guía para las  s
Administraciones Públicas para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones  oe.
financiables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia»,  w.
publicada por el Ministerio de Igualdad. 816ww
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Recuperación  y  Resiliencia  (MRR),  así  como  de  la  necesidad  de  impulsar  la 
transformación  digital  como  uno  de  los  principales  motores  de  crecimiento  y 
transformación  de  la  economía  española  en  los  próximos  años.  Dentro  de  la 
transformación digital, la conectividad de banda ancha de muy alta capacidad constituye 
un  factor  clave  para  el  desarrollo  de  la  actividad  económica,  el  aumento  de  la 
productividad, el impulso a la innovación y la vertebración territorial y social.
La distribución y entrega de las ayudas a las comunidades autónomas y a las 
ciudades de Ceuta y Melilla se realizará, en las cuantías y términos que figuran en el 
anexo I, conforme a los criterios que han sido consensuados en la Conferencia Sectorial 
para la Transformación Digital celebrada el día 6 de octubre de 2021.
Asimismo, la presente norma establece las disposiciones a que habrán de ajustarse 
las bases reguladoras de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla 
para  la  concesión  de  subvenciones  a  los  destinatarios  últimos  en  ejecución  de  su 
respectivo programa de ayudas, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su desarrollo por el Real 
Decreto 887/2006, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
De acuerdo con lo anterior, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla deberán realizar su convocatoria de ayudas conforme a lo establecido por este 
real decreto y sus respectivas bases reguladoras, designando el órgano competente 
para instruir y resolver el procedimiento de concesión de subvenciones, que se abonarán 
con posterioridad a la realización de la actividad o actuación objeto del programa de 
ayudas, excepto cuando los destinatarios últimos soliciten su abono, total o parcial, con 
carácter anticipado según determinen las respectivas bases reguladoras autonómicas y 
las correspondientes convocatorias.
Por tanto, mediante este real decreto se establecen las normas especiales de estas 
subvenciones,  así  como  la  distribución  y  entrega  de  las  mismas,  disponiendo  su 
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla por 
ser las administraciones más idóneas para dar cumplimiento a lo anterior, en su ámbito 
territorial,  según  lo  que  determinen  sus  respectivas  bases  reguladoras  y  las 
correspondientes convocatorias.
Con esta regulación, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, 
quedarán sujetas a las obligaciones que se establezcan en el PRTR en relación a esta 
inversión,  y  a  los  mecanismos  de  gestión  y  control  establecidos  en  el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE, 
así como a la normativa interna que se establezca para la gestión, seguimiento y control 
del mismo. En particular, será de aplicación, además de la normativa de la Unión 
Europea de ayudas de Estado y la normativa nacional general de subvenciones, lo 
previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como lo 
previsto en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 
procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector 
Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y 
objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El buen desarrollo del PRTR se evalúa mediante los hitos y objetivos asignados a cada 
inversión y componente, aprobados en el marco del mismo, lo que constituye condición  s
indispensable para el libramiento de los correspondientes fondos a nuestro país. Por ello, a  oe.
través de sus convocatorias de ayudas, las comunidades autónomas y las ciudades de  w.
Ceuta y Melilla deberán contribuir al cumplimiento de los hitos y objetivos asignados por la  816ww
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arreglo a lo establecido en este real decreto. Las comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla, al diseñar su respectivo programa de ayudas, deberán asegurar el 
cumplimiento del número de actuaciones que para cada una de ellas consta especificado en 
el anexo I, en particular, convocando ayudas para la realización de un mayor número de 
actuaciones a fin de garantizar dicho cumplimiento mínimo.
Para el cumplimiento del número mínimo de actuaciones a realizar que corresponda a 
cada comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y Melilla podrán computarse aquellas 
actuaciones realizadas en el marco de programas de ayuda adoptados con posterioridad al 1 
de  febrero  de  2020,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  17.2  del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
que dispone que las medidas iniciadas a partir del 1 de febrero de 2020 podrán optar a 
financiación siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el citado Reglamento.
Asimismo, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, en la 
gestión económica de los fondos recibidos con cargo a este real decreto, deberán 
garantizar el correcto seguimiento presupuestario de los compromisos y las obligaciones 
reconocidas, estableciendo sistemas de gestión contable independientes que permitan la 
total trazabilidad de los créditos en todo momento.
Adicionalmente, las ayudas estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos 
en la normativa en materia de ayudas de Estado. En concreto, y según se prevé para 
cada supuesto de ayuda, serán de aplicación los requisitos y condiciones establecidos 
bien en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior 
en  aplicación  de  los  artículos  107  y  108  del  Tratado,  modificado  por  el 
Reglamento (UE) 2021/1237 de la Comisión, de 23 de julio de 2021 (Reglamento general 
de  exención  por  categorías),  o  bien  en  el  Reglamento  (UE)  n.°  1407/2013  de  la 
Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 
del  Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea  a  las  ayudas  de  minimis 
(Reglamento de minimis).
De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  citado  Reglamento  (UE)  n.º  651/2014  de  la 
Comisión, este real decreto será comunicado a la Comisión Europea.
III
El  marco  regulador  de  estas  ayudas  resulta  conforme  con  la  jurisprudencia 
constitucional  consolidada  en  materia  de  ayudas  y  subvenciones  que  comenzó  a 
articularse con la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de febrero, y que, 
recientemente, se ha perfilado con las sentencias 9/2017, de 19 de enero, y 62/2018 
y 64/2018, de 7 de junio.
En cumplimiento de dicha jurisprudencia, este real decreto establece un modelo para 
la  concesión  de  ayudas  basado  en  mecanismos  de  cooperación  y  colaboración 
consustanciales a la estructura del Estado de las Autonomías que articula la Constitución 
Española. Se ha diseñado por ello un modelo para la concesión de las ayudas basado 
en una concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y 
Melilla, con el objeto de que puedan desarrollar su tramitación y efectuar la gestión de 
los fondos, con arreglo a criterios ajustados a los principios constitucionales y al orden de 
distribución de competencias. Se ha demostrado la eficacia de este mecanismo de 
colaboración en convocatorias anteriores relacionadas con eficiencia energética, así 
como con movilidad, durante los últimos años. s
En este sentido, entre las razones que justificarían acudir a la concesión directa (y no  e.
a otro mecanismo para la distribución de los fondos), estriba en que al Estado le  w.
corresponde,  en  exclusiva,  la  competencia  sobre  las  telecomunicaciones  816ww
(daicrthícau elox c1lu4s9i.v1i.d a2d1 .yª  CunEa),  gpeosrt iólon  qeufiec aezl  mdee jloors  sfoisntedmosa  epuarroap egoasra cnotinztaerm lap lacodeoxsi setne necl iaP ladne 
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ayudas a los destinatarios últimos y ello siempre bajo las disposiciones establecidas por 
el Estado, al tener atribuida, en exclusiva, la competencia sobre las telecomunicaciones.
En definitiva, se estima que el sistema de concesión directa, bajo las prescripciones 
del Estado, establecido en el real decreto, es el mecanismo más acorde para cohesionar 
la exclusividad competencial del Estado, respecto a las telecomunicaciones, con la 
necesidad de agilizar la puesta en marcha de las ayudas, contando para ello con la 
colaboración de las comunidades autónomas.
La coordinación y el seguimiento de este programa de ayudas será realizada por la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
IV
Este real decreto se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación que 
establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y se ha sometido a consulta de 
las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
Cumple, por tanto, con los principios de necesidad y eficacia, en el sentido enunciado 
en los párrafos anteriores, donde se explican la necesidad y fines perseguidos con su 
aprobación, referidos a la necesidad de reforzar la conectividad en proyectos tractores 
de  digitalización  sectorial  referidos  a  polígonos  industriales  y  centros  logísticos  y 
reactivar la actividad económica del país, en el marco de los objetivos perseguidos por el 
PRTR y por el Plan para la Conectividad. El dictado de esta norma es, por tanto, el 
instrumento más adecuado para garantizar la consecución de estos objetivos.
Es conforme también con el principio de proporcionalidad dado que no contiene 
restricciones de derechos, conteniendo la regulación imprescindible para atender la 
necesidad a cubrir.
Se adecúa, igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la 
norma  contribuye  a  reforzar  dicho  principio,  pues  es  coherente  con  los  planes  y 
normativa vigente en materia de Agenda Digital y establece estímulos económicos que 
facilitarán su mejor cumplimiento.
La  norma  cumple  con  el  principio  de  transparencia,  habiéndose  acordado  la 
distribución y entrega de las ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla conforme a los criterios consensuados en la Conferencia Sectorial para la 
Transformación Digital celebrada el día 6 de octubre de 2021, en ejecución de los cuales 
se dicta este real decreto. Además, define claramente sus objetivos, reflejados en su 
preámbulo.
También  se  encuentra  acreditado  el  principio  de  eficiencia  porque  la  iniciativa 
normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en 
su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Por último, en la elaboración y tramitación de este real decreto se ha tenido en 
cuenta  que  deberá  asegurarse  el  cumplimiento  del  principio  de  «no  causar  daño 
significativo» (principio do no significant harm-DNSH), de forma que en las convocatorias 
que se realicen, las beneficiarias directas garantizarán el pleno cumplimiento de dicho 
principio, de acuerdo con lo previsto en el PTRR, y por el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en todas las fases del diseño y ejecución de 
los proyectos y de manera individual para cada actuación.
También garantizarán el cumplimiento de las obligaciones de etiquetado climático y  s
digital, con un porcentaje del 0 por ciento y del 100 por ciento respectivamente, de acuerdo  e.
con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de  w.
Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento  816ww
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dicieAmsibmreis, mpoo, r seel  aqjuues tas ea  alop rueesbtaabnle cmideod ideans  eul rgReenatle sD epcarreato -lale ym 3o6d/e2r0n2iz0a, cdióen  3d0e  dlae   BOE-A-cable e
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia,  con  la  finalidad  de  acometer  un  proceso  de  modernización  de  la 
Administración Pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la 
ejecución del Plan y la mejor gestión de fondos, impulsando la colaboración público-
privada entre las administraciones públicas y el sector privado.
Por ello, en la tramitación de este real decreto, adoptado para la ejecución del PRTR, 
se ha aplicado lo previsto por los artículos 47 y 60 del citado Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, habiéndose emitido informe de la Abogacía del Estado, siéndole 
además de aplicación lo establecido en los artículos 60 y siguientes de dicho Real 
Decreto-ley, relativos a las medidas de agilización de las subvenciones financiables con 
fondos europeos.
El presente real decreto se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el 
artículo  149.1.  13.ª  y  21.ª  de  la  Constitución  Española,  que  atribuye  al  Estado  la 
competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica y las telecomunicaciones, respectivamente.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de 
Asuntos  Económicos  y  Trasformación  Digital,  y  previa  deliberación  del  Consejo  de 
Ministros en su reunión del día 16 de noviembre de 2021,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter 
extraordinario y por razones de interés público, social y económico, de una subvención a 
las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, conforme a las líneas 
de actuación fijadas en el artículo 12, así como su distribución y entrega en las cuantías 
y términos que figuran en el anexo I, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con los 
apartados 2 y 3 de su artículo 28.
2.  Asimismo, el presente real decreto establece las disposiciones a que habrán de 
ajustarse las bases reguladoras de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta 
y Melilla para la concesión a los destinatarios últimos de subvenciones para actuaciones 
de mejora de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos y otras áreas 
de alta concentración empresarial, en ejecución de su respectivo programa de ayudas.
3.  Este real decreto tiene por finalidad la ejecución parcial de la inversión C15.I2 
«Acciones  de  refuerzo  de  conectividad  en  centros  de  referencia,  motores 
socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial» de la componente 15 
del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  que  incluye  acciones  de 
refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos (Programa 
UNICO-Industria y empresas).
Por  ello,  con  estas  ayudas  se  pretende  contribuir  parcialmente  al  objetivo  total 
cuantitativo del CID #238 de la inversión C15.I2, que incluye que al menos 1.600 
pequeños polígonos industriales y ámbitos empresariales alcancen una velocidad de 
conectividad de 1-Gigabit. e.
De acuerdo con el PRTR, el plazo máximo para la ejecución de las actuaciones  w.b
objeto de ayuda es el 31 de diciembre de 2023. 816ww
Artículo 2.  Ámbito territorial y material de aplicación.
1.  Lo establecido por este real decreto será de aplicación en todo el territorio
nacional, de conformidad con lo consensuado con las comunidades autónomas y las
ciudades de Ceuta y Melilla en la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital 
celebrada el día 6 de octubre de 2021.
2.  A los efectos de este real decreto, se entenderán como ámbitos materiales de 
actuación los polígonos industriales y centros logísticos, así como otras áreas de alta 
concentración empresarial como parques empresariales, viveros de empresas y parques 
tecnológicos o científicos.
Artículo 3.  Régimen jurídico aplicable.
1.  El régimen jurídico, normativa específica aplicable, requisitos y obligaciones de 
los  beneficiarios,  serán  los  establecidos  en  este  real  decreto,  así  como  en  la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre;  en  su  Reglamento,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio. En defecto de lo previsto en esta normativa se 
aplicarán las normas de derecho administrativo. Asimismo, se aplicará la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la 
ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta Ley. 
También  es  de  aplicación  la  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de  Presupuestos 
Generales del Estado para 2021 en relación a la vinculación legal con la finalidad de los 
fondos  recibidos  para  la  ejecución  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia.
Asimismo, son de aplicación las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de 
intereses contenidas en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses 
financieros de la Unión a través del Derecho penal, (Directiva PIF), y en el Reglamento 
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento 
Financiero de la UE), transpuestas al derecho interno en la Ley Orgánica 1/2019, de 20 
de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero 
y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.
2.  Estas ayudas estarán asimismo sometidas al Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como a la normativa interna aplicable a la 
gestión,  seguimiento  y  control  que  se  establezca  para  el  Plan  de  Recuperación, 
Trasformación y Resiliencia de España, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia,  cuya  aplicación  será  de  obligado  cumplimiento.  En  particular,  es  de 
aplicación lo previsto en sus artículos 37 y 46 en relación, respectivamente, con la 
afectación legal de los ingresos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y 
Resiliencia, y las obligaciones de información para el seguimiento de los proyectos 
financiados a través del PRTR.
Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera otras disposiciones tanto del 
derecho  nacional  como  de  la  Unión  Europea  que  pudieran  resultar  de  aplicación, 
particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión de los fondos 
provenientes  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero  e.
de 2021, y el PRTR. En particular, será de aplicación lo previsto en el Reglamento  w.b
general de exención por categorías y en el Reglamento de minimis, así como en la  816ww
gOerdsteiónn  HFdPel/ 10P3l0a/n2 02d1e,  dRee c2u9p edrea csióenp,t ieTmrbarnes,f opromra lcaió qnu ey  seR ecsoinliefignuciraa,  eyl  silsat emOard deen 
HdeF Pl/a1 03in1fo/2r0m2a1c,i ódne  2a9  dper ospeoprtcieiomnbarre , ppoorr  lala qs ueE sneti deasdtaebsl edcee l elS peroctcoerd imPúiebnlitcoo y  fEosrmtaatatol, 
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de
ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3.  Esta  normativa  será  de  aplicación  a  las  respectivas  bases  reguladoras 
autonómicas y a las convocatorias que efectúen las comunidades autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla, con arreglo a lo establecido por este real decreto.
Artículo 4.  Vigencia del programa.
1.  El programa de ayudas que instrumenta este real decreto, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estará en vigor desde el día siguiente de 
la publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el 31 de 
diciembre de 2023.
2.  Las solicitudes de ayuda podrán cursarse a partir del momento y en la forma que 
establezcan las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en sus 
respectivas bases reguladoras y en las convocatorias.
3.  No obstante lo previsto en los apartados anteriores, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, las medidas iniciadas a partir del 1 de febrero 
de  2020  podrán  optar  a  financiación  siempre  y  cuando  cumplan  los  requisitos 
establecidos en el citado Reglamento.
CAPÍTULO II
Disposiciones por las que se regula la concesión directa de subvenciones a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla
Artículo 5.  Beneficiarias directas.
Podrán ser beneficiarias directas de las ayudas previstas en el presente real decreto 
las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, que deberán destinar el 
importe de las mismas a las líneas de actuación y a los destinatarios últimos a las que se 
refieren los artículos 12 y 13.
Artículo 6.  Observancia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y otros 
criterios.
1.  Las ayudas están sujetas al cumplimiento, ejecución y realización del objetivo y 
los  hitos  fijados  en  el  PRTR  para  la  inversión  C15.I2  «Acciones  de  refuerzo  de 
conectividad en centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tractores 
de  digitalización  sectorial»  de  la  componente  15  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, que incluye acciones de refuerzo de la conectividad en 
polígonos industriales y centros logísticos.
2.  Las beneficiarias directas se comprometen a convocar, resolver y desarrollar 
todas las actuaciones necesarias para la ejecución de las actuaciones a realizar, cuyo 
número mínimo para el conjunto de las líneas de actuación subvencionable previstas en 
este real decreto se especifica para cada una de ellas en el anexo I, en plazo y 
adecuándose a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
De acuerdo con lo anterior, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla se asegurarán que los beneficiarios últimos de los fondos procedentes del PRTR,  e.
los contratistas y subcontratistas así como medios propios, en su caso, cumplan con la  w.
normativa  europea  y  nacional  que  les  resulte  aplicable,  y  en  particular,  con  las  816ww
eotbiqliguaectaiodnoe csl imquáeti csoe y  ddeigriivtaaln,  pdrienlc iRpieog dlaem neon ctoa udsealr  MdaRñRo ,s iegsnpifeiccaiatilvmoe, netvei taern c omnafltiectroias  ddee 
ninotermreasteivsa,  freanu dme,a cteorrirau pdceió na,y nuod acso ndceu rrEesntcaiad od, e cdoombulen ifcinaacniócnia, cpióunb,l iccuamciópnlim  oiebnlitgoa dtoer iala,   BOE-A-cable e
cuando corresponda, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones («BDNS») y/o en 
la Plataforma de Contratos del Sector Público («PLACSP») y transferencia de datos, 
entre otros.
En particular, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán 
incluir en las convocatorias de ayudas, al menos, los siguientes requerimientos en 
relación  con  la  identificación  de  los  destinatarios  últimos,  sean  personas  físicas  o 
jurídicas, con la finalidad de ser incluidos en una base de datos única para dar adecuado 
cumplimiento al mandato establecido en la letra d) del apartado 2 del artículo 22 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, y de conformidad con lo previsto en el artículo 8.1 de la Orden HFP/1030/2021, 
de 29 de septiembre:
a)  NIF del beneficiario.
b)  Nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica.
c)  Domicilio fiscal de la persona física o jurídica.
d)  Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas 
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de 
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.
e)  Declaración  responsable  relativa  al  compromiso  de  cumplimiento  de  los 
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto 
de gestión.
f)  Los  beneficiarios  que  desarrollen  actividades  económicas  acreditarán  la 
inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración 
Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la 
fecha de solicitud de la ayuda.
3.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán incluir en 
las respectivas bases reguladoras y en las correspondientes convocatorias de ayudas 
criterios  de  creación  neta  de  empleo  en  España,  subcontratación  a  empresas  que 
generen empleo en nuestro país o en la Unión Europea, cohesión territorial consistente 
en que la actividad y el empleo se genere en ciudades pequeñas o pueblos, fuera de las 
ciudades o zonas industriales y de Igualdad de género, debiendo tener especialmente en 
cuenta  a  pymes,  micropymes,  autónomos  y  start-ups.  Asimismo,  deberán  incluir 
criterios para mejorar el impacto de género y la presencia equilibrada de hombres y 
mujeres en las comisiones de evaluación, cuando procedan.
En particular, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán 
incluir en las respectivas bases reguladoras y en las correspondientes convocatorias la 
obligación de los destinatarios últimos de las ayudas de crear en España todo el empleo 
necesario para la prestación de la actividad objeto de la subvención, que se realizará con 
personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional.
Además, los destinatarios últimos deberán contribuir a los objetivos de autonomía 
estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de 
suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier 
componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, 
mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software 
asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
4.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla garantizarán el  e
pleno cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» (principio do no  bo
significant harm-DNSH), así como las condiciones específicas vinculadas a este principio  816ww
ipnasrtaru mlae inntvoesr sjuiórínd icCo1s5 a.I 2tr aqvuées  dinec lluoyse c ueal leasn esexo f oIrIm, aqluizea rdáenb leorsá cno mincplruoimrsies oesn f intoadnocsie rlooss 
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de  2021,  en  todas  las  fases  del  diseño  y  ejecución  de  los  proyectos,  y  con  la
Comunicación  de  la  Comisión  Guía  técnica  (2021/C  58/01)  sobre  la  aplicación  del 
principio de «no causar un perjuicio significativo», así como con lo requerido en la 
Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 
recuperación  y  resiliencia  de  España  (CID)  y  su  documento  anexo.  Ello  incluye  el 
cumplimiento de las condiciones específicas previstas en la Componente 15 y en la 
medida  I2  en  lo  referido  al  principio  DNSH,  y  especialmente  las  recogidas  en  los 
apartados 3 y 8 del documento del Componente del Plan y en el anexo a la CID.
Asimismo, garantizarán el cumplimiento de las obligaciones de etiquetado climático y 
digital, con un porcentaje del 0 por ciento y del 100 por ciento respectivamente, de 
acuerdo con lo previsto en el PRTR y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021.
5.  Además, y en virtud de lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 
2021/241  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  y  el 
artículo 129 del Reglamento Financiero, las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla condicionarán el pago de las ayudas al compromiso por escrito de los 
destinatarios últimos de conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar 
que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las 
autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
6.  En caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de 
los hitos fijados para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de la contribución 
comprometida para la inversión C15.I2 del PRTR, las comunidades autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla deberán reintegrar los fondos recibidos al Tesoro Público 
consecuencia de eventuales incumplimientos de conformidad con lo establecido para el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el artículo 7 séptima de la Ley 11/2020, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y el 
artículo 37.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, y ello sin perjuicio de los 
procedimientos de reintegro que, en su caso, deban promover frente a los destinatarios 
últimos de las ayudas. El procedimiento de reintegro al Tesoro Público se regulará por 
Orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda.
Artículo 7.  Requisitos y procedimiento para la concesión de la subvención directa a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla.
1.  Las  ayudas  serán  objeto  de  publicidad  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad 
de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2.  La aprobación y el compromiso del gasto se efectuará en los términos previstos 
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en la Ley 38/2003, 
de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones.  Para  su  tramitación,  les  serán  de 
aplicación las medidas de agilización previstas en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre.
3.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, a partir de la 
entrada en vigor de este real decreto, deberán solicitar y aceptar de forma expresa e 
inequívoca las ayudas mediante escrito dirigido a la persona titular de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ajustadas en su integridad a 
lo dispuesto en este real decreto.
En caso de que alguna comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y Melilla no  e.
solicitara la ayuda, o no cumpliera los requisitos para ser beneficiaria de la misma, las  w.b
cantidades correspondientes se destinarán íntegramente a incrementar la dotación del  816ww
fgoanrdaon tipzaardaa  dlais ptrleibnuac ieójne cpuocrió énx diteol  pprreesvuisptuoe esnto  eplr eavnisetxoo. I, con el objeto de que quede
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aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en los términos previstos en el
artículo 22 del citado reglamento. A efectos de la acreditación de la circunstancia de 
estar al corriente de las obligaciones tributarias, los beneficiarios de las subvenciones 
podrán  autorizar  al  órgano  gestor  para  consultar  dicha  información  con  la  Agencia 
Tributaria.  En  caso  de  que  no  se  autorice  dicha  consulta,  deberán  presentar  el 
correspondiente  certificado  acreditativo  de  que  se  encuentran  al  corriente  en  el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Además, el solicitante deberá adjuntar a su solicitud las siguientes declaraciones, de 
acuerdo con los modelos establecidos en el anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 29 
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia:
a)  Ausencia de conflicto de interés.
b)  Cesión y tratamiento de datos
c)  Compromiso de cumplimiento de principios transversales
Por último, la solicitud deberá incluir la aceptación expresa del cumplimiento de los 
hitos que figuran en el anexo I.
5.  La  persona  titular  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e 
Infraestructuras  Digitales  dictará  la  resolución  de  concesión  de  las  ayudas 
correspondientes a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, y 
ordenará el pago de las mismas conforme a lo previsto en este real decreto en las 
cuantías del anexo I, a las cuentas corrientes y titulares que aquéllas determinen.
6.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.2 del Reglamento de desarrollo de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla quedan exoneradas 
de la constitución de garantías por su condición de administración pública.
Artículo 8.  Obligaciones de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla.
1.  Las  cantidades  que  se  transfieran  por  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales  deberán  ser  destinadas  por  las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, exclusivamente a financiar 
las líneas de actuación subvencionable que se enumeran en el artículo 12.1 y con 
sujeción estricta a lo establecido en este real decreto.
2.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán cumplir, 
para la ejecución de su respectivo programa de ayudas, con lo establecido en este real 
decreto así como con los requisitos y límites establecidos en la normativa en materia de 
ayudas de Estado.
En  particular,  deberán  cumplir  con  los  requisitos  y  límites  establecidos  en  el 
Reglamento general de exención por categorías, así como, en los supuestos en que 
resulte de aplicación, en el Reglamento de minimis. A las ayudas otorgadas conforme a 
esta última disposición, resultará de aplicación el límite por única empresa, en los 
términos de dicho reglamento, de 200.000 euros durante cualquier periodo de tres 
ejercicios fiscales.
3.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, a través de sus 
respectivas  bases  reguladoras  autonómicas  y  las  correspondientes  convocatorias, 
deberán asegurar y garantizar el cumplimiento por parte de los destinatarios últimos de 
las ayudas, no sólo de los requisitos previstos en este real decreto, sino también de las  s
obligaciones contempladas para los beneficiarios de subvenciones en la Ley 38/2003,  oe.
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4.  El presupuesto transferido a las comunidades autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla deberá mantenerse diferenciado a todos los efectos de gestión, ejecución  Bc
presupuestaria, contabilidad y justificación. Las comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla, a efectos de garantizar la trazabilidad del gasto, deberán establecer 
sistemas de seguimiento contable diferenciado para cada una de las líneas de actuación 
subvencionable previstas en el artículo 12.1. Dicha información seguirá los criterios, 
directrices y periodicidad de reporte que pueda determinar la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales  a  fin  de  garantizar  el  correcto 
seguimiento presupuestario de los fondos, de acuerdo con las directrices dictadas tanto 
por los órganos competentes de la Administración General del Estado como de la Unión 
Europea en relación con el PRTR.
5.  Será de aplicación lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, así como lo previsto en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por 
la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las 
Entidades  del  Sector  Público  Estatal,  Autonómico  y  Local  para  el  seguimiento  del 
cumplimiento  de  hitos  y  objetivos  y  de  ejecución  presupuestaria  y  contable  de  las 
medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
6.  El saldo no ejecutado ni comprometido a la fecha de finalización del plazo de 
vigencia del programa previsto en el artículo 4 deberá reintegrarse al Tesoro Público, si 
bien se establecen dos hitos de control de la ejecución del presupuesto a los doce y 
dieciocho meses desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto, a efectos de 
poder  valorar  el  grado  de  ejecución  correspondiente  y,  en  su  caso,  una  eventual 
ampliación del presupuesto recibido o el reintegro anticipado del saldo no ejecutado ni 
comprometido, sin perjuicio de las posibles ampliaciones de presupuesto de acuerdo con 
el artículo 11.3.
Además de lo dispuesto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la 
que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, se establecen los siguientes hitos de control, referidos al número mínimo de 
actuaciones a realizar según se especifica para cada comunidad autónoma y ciudades 
de Ceuta y Melilla en el anexo I:
a)  A los 12 meses: haber registrado solicitudes por el número de actuaciones a 
realizar.
b)  A los 18 meses: haber dictado resoluciones de concesión por el número de 
actuaciones a realizar.
En consecuencia, a los efectos de poder determinar el grado de ejecución del 
presupuesto y absorción de los fondos correspondientes, las comunidades autónomas y 
las ciudades de Ceuta y Melilla deberán remitir un informe de sus respectivos órganos de 
gestión  en  las  fechas  que  se  determinen  por  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, y en todo caso, con las periodicidades 
dispuestas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para cada 
uno de los hitos de control establecidos.
El presupuesto se considerará que queda comprometido mediante la convocatoria 
correspondiente y el posterior registro de las solicitudes.
Asimismo,  el  presupuesto  se  considerará  ejecutado  mediante  las  distintas 
resoluciones de concesión de ayudas que hayan sido otorgadas a los destinatarios 
últimos de las mismas.
7.  A los efectos de garantizar el cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos  e
para el PRTR, podrá exigirse el reintegro total o parcial anticipado por la Secretaría de  bo
Estado  de  Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales  a  las  comunidades  816ww
aHuFtPón/1o0m3a0s/2 0y2 1a,  dlaes 2 9c iuddea sdeepst iedme bCree, uptoar  yla  Mqueeli llsae,  csoengfúignu ralo  edl issipsuteemstao  deen g elas tióOnr ddeenl 
PlanE dne  eRl eccauspoe rdaec ióanm, Tplriaancsiofonrems adceió np rye Rsuepsuilieesntcoi al.levadas a cabo de acuerdo con el
artículo  11.3  se  podrá  establecer  un  sistema  de  seguimiento  para  el  presupuesto
ampliado que procure el cumplimiento de los correspondientes hitos y objetivos, alineado 
con lo dispuesto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Dicho reintegro anticipado deberá producirse en el plazo máximo de un mes desde la 
fecha en que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales 
efectúe la correspondiente notificación a la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y 
Melilla afectada.
Asimismo, podrá exigirse el reintegro anticipado del presupuesto en caso de no 
facilitarse  por  las  comunidades  autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla 
beneficiarias directas los informes correspondientes a los hitos de control establecidos, 
previo requerimiento expreso de los mismos por parte de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
El  reintegro  anticipado  será  por  la  totalidad  del  presupuesto  recibido  por  las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias, de no facilitarse 
ningún  informe  de  ejecución,  con  independencia  de  su  grado  de  ejecución  y/o 
compromiso.
Las  cantidades  objeto  de  reintegro  anticipado  conforme  a  lo  previsto  en  este 
apartado se destinarán a incrementar la dotación del fondo para distribución por éxito 
previsto en el anexo I con el objeto de que quede garantizada la plena ejecución del 
presupuesto previsto.
8.  A efectos de efectuar un seguimiento adecuado del programa objeto de este real 
decreto, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán remitir 
anualmente a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales 
una memoria elaborada por sus respectivos órganos de control acerca del número de 
actuaciones  realizadas,  cuyo  número  mínimo  se  especifica  para  cada  comunidad 
autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla en el anexo I, sin perjuicio del informe final 
definitivo que emitan dichos órganos de intervención y control sobre el presupuesto total 
ejecutado, a fin de liquidar todas las obligaciones que se deriven del programa regulado 
en este real decreto.
9.  Para acordar una eventual ampliación del presupuesto inicialmente asignado a 
cada comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla beneficiarias, según distribución 
del anexo I, será condición indispensable cumplir con las obligaciones de información y 
seguimiento previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Artículo 9.  Otras obligaciones de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta 
y Melilla.
1.  Con  objeto  de  que  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e 
Infraestructuras Digitales, como órgano encargado de la gestión de los fondos de los 
programas aprobados por este real decreto, en el contexto del PRTR y el Mecanismo de 
Recuperación  y  Resiliencia,  pueda  certificar  o  acreditar  la  debida  ejecución  de  los 
mismos ante las autoridades competentes, las comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla beneficiarias deberán, además de cumplir con las obligaciones de 
información y seguimiento previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación 
y  Resiliencia,  remitir  cuanta  información  y  documentos  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales pudiera requerirles, así como cumplir 
puntualmente con lo que pudiera disponerse por cualquier norma o reglamentación  e.
aplicable. w.b
2.  Asimismo,  las  comunidades  autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  816ww
qcourerdeaspráonn diecnotme,p rao mceutmidpalsir   laesx prinesstarumcecnioten,e s cqoune   tlaan toa clae pStaecciórent arídae l dep rEesstuapduoe sdteo 
cToemlecpoemteunnteic laecsi odnireijsa  een  Ianpfrlaiceasctiróunc tduera csu aDlqiguiitearl enso rcmoamtiov a,c utaanlqtou ieeur roóprgeaan coo moo  anuatcoiroidnaadl, 
que pudiera aprobarse, particularmente la relativa a la ejecución o gestión tanto del
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el  Reglamento  (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, como del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como cualesquiera otras que 
pudieran considerarse necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto y finalidad 
de este real decreto.
En  particular,  las  comunidades  autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla 
quedarán  expresamente  comprometidas  a  cumplir  con  lo  previsto  en  la  Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como con lo previsto en la 
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y 
formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de 
ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En este contexto, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas por 
el artículo 8, los órganos responsables de la gestión de las ayudas de cada comunidad 
autónoma y de las ciudades de Ceuta y Melilla deberán:
a)  Comprobar que se han ejecutado las actuaciones objeto de las ayudas.
b)  Comprobar que el gasto declarado por los destinatarios últimos de las ayudas ha 
sido pagado y cumple con la legislación aplicable.
c)  Comprobar que no se da el caso de doble financiación del gasto con otros 
regímenes de financiación, comunitarios o nacionales. A tal efecto, y sin perjuicio de 
otras formas de comprobación, requerirán una declaración responsable del solicitante 
sobre otras fuentes de financiación.
d)  Garantizar que los destinatarios últimos de las ayudas, con excepción de las 
personas físicas que no desarrollen alguna actividad económica por la que ofrezcan 
bienes y/o servicios en el mercado, utilizan un sistema de contabilidad diferenciado o un 
código contable adecuado para las transacciones relacionadas con la operación.
e)  Aplicar medidas para asegurar la regularidad del gasto subyacente y para evitar 
el fraude y la corrupción, los conflictos de intereses o la doble financiación, eficaces y 
proporcionadas en función de los riesgos detectados y en todo caso, aquellas que 
resulten necesarias en aplicación de las instrucciones, directrices y normas que las 
autoridades nacionales competentes o de la Unión Europea pudieran dictar en relación al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En particular, en el supuesto de que cualquiera de sus empleados públicos considere 
que en su labor de gestión de fondos «Next Generation EU» se pueda plantear un 
conflicto de interés, aquél deberá abstenerse de continuar con su labor, de conformidad 
con el artículo 53.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y con el 
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
f)  Establecer  los  procedimientos  para  garantizar  que  se  dispone  de  la 
documentación sobre el gasto y las auditorías necesarias para contar con una pista de 
auditoría apropiada y conservar la documentación soporte conforme a lo estipulado en el 
artículo  132  del  Reglamento  Financiero,  el  cual  establece  la  obligación  de  los 
perceptores de conservar los documentos justificativos, en formato electrónico. Como 
especialidad, el periodo de conservación de la información de las ayudas objeto de este 
real decreto y las convocadas al efecto por las comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla será de 10 años, de acuerdo con el artículo 12 del Reglamento  e.
general de exención por categorías y 6 del Reglamento de minimis. w.b
g)  Realizar  las  oportunas  verificaciones  administrativas  de  la  totalidad  de  las  816ww
doeple graacsitoon, elas  rqeuaeli dsaed v daey alons a p iangcolusi ry e snu  saodlieccituuadceisó nd ea  plaasg coo, nqduieci ognaerasn dtiec elans  laa yruedgausla.ridad
selehc)c ioRnaedaalisz aar  tlraasv éosp odretu unna sm évetordifioc adcei omnuees sstroebor eq ueel  tgearrreannotic dee s uo preerparceisoennetsa tcivoidnacrde.tas
i)  Asumir el riesgo de las irregularidades que se puedan detectar, solventándolas 
directamente con los destinatarios últimos de la ayuda.
j)  Realizar un seguimiento detallado y particularizado del presupuesto recibido, que 
permita verificar el cumplimiento de límites, condiciones e intensidades de ayuda a 
otorgar establecidos en la normativa europea en materia de ayudas de Estado, aplicando 
cualquier norma o reglamentación que resulte aplicable para la gestión y ejecución, tanto 
al  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  como  al  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
k)  Establecer un sistema de seguimiento de los presupuestos de cada una de las 
líneas de actuación subvencionable diferenciado.
l)  Consultar  los  datos  que  periódicamente  publique  en  su  sede  electrónica  el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre zonas blancas y grises 
NGA o zonas elegibles en cada momento, así como consultar al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital sobre unidades inmobiliarias correspondientes a 
los ámbitos materiales de actuación a que hace referencia el artículo 2, ubicados en su 
territorio, que hayan sido elegidas en el marco de las convocatorias del programa de 
ayudas regulado en la Orden ETD/348/2020, de 13 de abril, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al Programa de extensión de la 
banda ancha de nueva generación, modificada por la Orden ETD/704/2021 de 25 de 
junio  (nuevo  Programa  de  Universalización  de  Infraestructuras  Digitales  para  la 
Cohesión), a fin de excluir de las convocatorias a aquéllas que hayan obtenido, o para 
las que se estén tramitando, ayudas en el marco de dicho programa.
Dicha consulta sobre zonas elegibles eximirá a las comunidades autónomas y a las 
ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias directas de solicitar a la Secretaría de Estado 
de  Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales  el  informe  previsto  en  el  Real 
Decreto 462/2015, de 5 de junio, por el que se regulan instrumentos y procedimientos de 
coordinación entre diferentes Administraciones Públicas en materia de ayudas públicas 
dirigidas a favorecer el impulso de la sociedad de la información mediante el fomento de 
la oferta y disponibilidad de redes de banda ancha.
Las  comunidades  autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  identificarán  y 
publicarán las zonas elegibles para cada convocatoria teniendo en cuenta la información 
a que hace referencia este apartado.
m)  Comprobar que los perceptores de fondos harán mención del origen de esta 
financiación  y  velarán  por  darle  visibilidad,  incluido,  cuando  proceda,  mediante  el 
emblema  de  la  Unión  y  una  declaración  de  financiación  adecuada  que  indique 
«financiado por la Unión Europea-Next Generation EU», en particular cuando promuevan 
las  acciones  y  sus  resultados,  facilitando  información  coherente,  efectiva  y 
proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y 
el público.
n)  Garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar daño significativo», de 
acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en todas las fases del diseño y 
ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación, teniendo en cuenta la 
«Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio así 
como la «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar 
un perjuicio significativo al medioambiente» publicada por del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. s
Para ello, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla preverán  oe.
mecanismos de verificación del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras  w.
para asegurar su implementación. 816ww
digitaAls, icmoins muno ,p ogracreannttaizjea rdáenl  0e lp ocru mciepnlimtoi eyn dtoe l 1d0e0  lapso r ocbielingtaoc rioenspees ctdivea meteiqnutee,t addeo a cculimerádtoic coo ny 
lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
Además, garantizarán el respeto a la normativa medioambiental aplicable, incluido el 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio 
de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En todo caso, se respetarán los 
procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la 
legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar 
de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
ñ)  Aplicar  criterios  de  creación  neta  de  empleo  en  España,  subcontratación  a 
empresas  que  generen  empleo  en  nuestro  país  o  en  la  Unión  Europea,  cohesión 
territorial consistente en que la actividad y el empleo se genere en ciudades pequeñas o 
pueblos, fuera de las ciudades o zonas industriales y de Igualdad de género, debiendo 
tener especialmente en cuenta a pymes, micropymes, autónomos y start-ups.
o)  Garantizar la aplicación de la perspectiva de género en todas sus actuaciones, 
siguiendo  las  recomendaciones  contenidas  en  la  Guía  para  las  Administraciones 
Públicas para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones financiables en el 
marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  publicada  por  el 
Ministerio de Igualdad.
p)  Recopilar, de conformidad con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  la  información 
relativa  a  la  ejecución  del  respectivo  programa  de  ayudas  de  una  manera  clara, 
estructurada y entendible por la ciudadanía, con el objetivo de cumplir con los principios 
de accesibilidad, interoperabilidad y reutilización de acuerdo con los parámetros fijados 
por la Oficina del Dato, dependiente de la Secretaria de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial.
3.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla a las que se haya 
transferido presupuesto deberán remitir cuanta información y documentos les requiera la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. La Secretaría 
de  Estado  de  Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales  podrá  requerir  a  los 
órganos responsables de la gestión de las ayudas de cada comunidad autónoma y de 
las ciudades de Ceuta y Melilla, la aportación de cualquier documentación justificativa 
adicional para verificar la efectiva adecuación de la actuación ejecutada que fue objeto 
de ayuda. La información requerida se entregará en un plazo máximo de 10 días desde 
la recepción del requerimiento.
4.  Los órganos responsables de la gestión de las ayudas de cada comunidad 
autónoma y de las ciudades de Ceuta y Melilla deberán someterse a cualesquiera 
actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la Secretaría General de 
Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de 
Cuentas, los órganos de control y fiscalización de la Unión Europea, y a cualesquiera 
otras  actuaciones  de  comprobación  y/o  control  financiero  que  puedan  realizar  los 
órganos o autoridades de control competentes, tanto nacionales, como de la Unión 
Europea, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las 
ayudas financiadas con fondos europeos, aportando para ello cuanta información le sea 
requerida y cooperando plenamente en la protección de los intereses financieros, tanto 
nacionales,  como  de  la  Unión  Europea,  concediendo  los  derechos  y  el  acceso 
necesarios a tales órganos o autoridades. e.
Asimismo, estos órganos responsables de la gestión aplicarán procesos de control  w.b
interno  apropiados  en  los  niveles  de  gestión,  diseñados  para  ofrecer  garantías  816ww
rdaez olansa bolepse draec iloan ceosn; sefiacubciliidóand d ed elo slo ssi guiniefonrtmese so;b jseatilvvoasg:u eafridciaac iad,e e floicsie naccitaiv yo se cyo ndoem ílaa 
oinpfoerrmacaiocinóens;  gsuebstyióance andteesc,u ay dpar edvee nlocsió rnie, sdgeotse crceilóanti,v ocso rare lcac lieógna yli dsaedg uyi mreigeunltaor iddea dfr adued laess 
e irregularidades.
5.  El incumplimiento por parte de las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores podrá dar 
lugar, en caso de no subsanarse, al inicio de un procedimiento de reintegro por la 
totalidad  de  las  cantidades  percibidas,  y  a  la  exigencia  del  interés  de  demora 
correspondiente desde el momento  del  pago  de la  subvención, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, se considerarán también causas de reintegro las siguientes:
a)  El incumplimiento del principio de DNSH.
b)  El incumplimiento de las obligaciones de información y publicidad.
c)  El incumplimiento de las obligaciones en materia de etiquetado digital.
d)  El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la citada Orden.
Artículo 10.  Coordinación y seguimiento.
1.  El órgano competente para realizar la coordinación y el seguimiento de este 
programa es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
2.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla remitirán a la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales la información 
que ésta le solicite, para realizar el seguimiento del programa. Dicha información será 
puesta  a  disposición  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e 
Infraestructuras Digitales, así como, en su caso, de cualquier otra autoridad competente 
para la evaluación de la gestión y ejecución tanto del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Artículo 11.  Financiación y costes indirectos imputables.
1.  Este programa está dotado con una cuantía inicial de cien millones de euros para el 
conjunto de las líneas de actuación subvencionable previstas en el artículo 12.1 que será 
objeto de financiación con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
al estar incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2.  El presupuesto disponible con cargo a la aplicación presupuestaria 27.50.460C.754 se 
distribuirá entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla según se indica 
en el anexo I.
3.  El presupuesto del programa podrá ser ampliado, si existiese disponibilidad 
presupuestaria para esta misma finalidad, y siempre que no hubiera expirado su plazo de 
vigencia, tanto con fondos que provengan de los Presupuestos Generales del Estado, 
como de otros orígenes, siempre que hayan sido transferidos o reconocidos los créditos 
en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
La ampliación del presupuesto para aquellas comunidades autónomas y ciudades de 
Ceuta  y  Melilla  que  expresamente  lo  soliciten  estará  condicionada  al  adecuado 
cumplimiento por parte de las beneficiarias directas de los correspondientes hitos y 
objetivos  de  compromiso  y  ejecución,  así  como  las  obligaciones  de  reporte  de 
información, establecidos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
4.  Conforme a lo establecido en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de  s
noviembre, así como en el artículo 83.3 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por  oe.
Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  se  prevé  un  máximo  del  4  por  ciento  del  w.
perne esLul aapsnu eecxsootmo I u acnsoiidmganoda ecdsoo s aateu sctó ainndodami rceaocsmt oyus n ilmiadsap duc tiauabdulateódsne oasm  ladase  y aC caet uulaatsac  iocyin ueMdsae dsliuellabs  vdpeeon dcCrioáennua taidm ayps u.Mtaerli llaal   2021-18816n https://ww
presupuesto del programa de ayudas aprobado por este real decreto, como costes
indirectos, en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con los principios y  Bc
normas de contabilidad generalmente admitidas, y siempre que se correspondan o estén 
relacionados con el período en que efectivamente tengan que realizarse las actuaciones 
subvencionables, y con el límite establecido en el párrafo anterior, los costes indirectos 
que se detallan en el apartado siguiente.
5.  Tendrán la consideración de costes indirectos imputables al presupuesto del 
programa, los siguientes gastos de gestión:
a)  El coste de la tramitación de los expedientes de solicitud de ayudas con su 
evaluación administrativa y técnica, así como su resolución;
b)  El  coste  de  la  prestación  de  servicios  específicos  correspondientes  a  las 
actuaciones de control y verificación, y pago de la ayuda e inspección del proceso, así 
como, en su caso, la revocación y reintegro de las ayudas;
c)  El coste de las herramientas informáticas que específicamente se desarrollen o 
adapten para la gestión telemática de las solicitudes, control y seguimiento de los 
programas;
d)  El coste de la prestación de servicios específicos de atención a consultas de los 
solicitantes;
e)  El coste de las actividades específicas de promoción y difusión del programa. No 
tendrán esta consideración las campañas de comunicación.
Se incluyen, asimismo, como costes indirectos imputables los costes de contratación 
de nuevo personal, conforme a la normativa que resulte de aplicación, y sin que en 
ningún caso pueda deducirse la existencia de una relación laboral indefinida entre la 
Administración  Pública  y  el  personal  adscrito  a  la  gestión  de  las  ayudas.  Esta 
contratación podrá formalizarse mediante contratos por obra o servicio determinado o a 
través de cualquier otra modalidad legal de incorporación de personal con contratos de 
duración determinada a la que pudieran acogerse las comunidades autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias. Los costes de contratación de personal, tanto 
técnico  como  administrativo,  en  los  que  se  incurra  para  prestar  los  servicios 
especificados en este apartado 5, incluirán la cuota patronal de la seguridad social y 
otros  costes  similares  de  los  contratos,  siempre  que  este  personal  esté  dedicado 
exclusivamente a la gestión temporal de las ayudas.
6.  No tendrán la consideración de costes indirectos imputables al presupuesto del 
programa los gastos de gestión recurrentes, entre otros, los correspondientes a gastos 
de constitución, funcionamiento o estructura permanente o habitual de las entidades 
colaboradoras, agencias u otros organismos de las comunidades autónomas y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla que se encarguen de la gestión del programa de ayudas 
aprobado  por  este  real  decreto,  ni  tampoco  los  que  no  se  encuentren  dentro  del 
horizonte temporal de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
7.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias 
directas  tendrán  que  aportar  a  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e 
Infraestructuras  Digitales  una  declaración  de  los  costes  indirectos  imputados  a  las 
actuaciones subvencionadas en su ámbito territorial de aplicación, mediante un informe 
de sus respectivos órganos de intervención y control, de manera que dicha declaración 
refleje todos los datos que permitan verificar que no se ha superado la parte proporcional 
que  le  resulte  atribuible  a  cada  una  de  ellas  del  porcentaje  total  del  presupuesto 
disponible del programa, así como la cantidad imputada y su correspondencia, tanto con 
los  costes  considerados,  como  con  el  período  en  que  efectivamente  tengan  que  e
realizarse las actuaciones subvencionables, sin perjuicio de las demás obligaciones de  bo
justificación establecidas por este real decreto y por la normativa aplicable. Asimismo, la  816ww
cSueacnretatasr íaa cdlaer aEcsiotandeos  doe  Tinefloercmomacuiónnic aacdioicnieosn ael  Inpfrreaceissetr ucetnu raresl aDciigóinta leas  dpiocdhroás  scoolicsitteasr 
indir8e.c toLsa.s comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán asignar,
a través de las convocatorias que efectúen, el presupuesto que les haya correspondido
de acuerdo con la distribución establecida al respecto por el anexo I, sin perjuicio de lo 
previsto, en su caso, para los costes indirectos imputables.
CAPÍTULO III
Disposiciones de aplicación a las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones por las comunidades autónomas y por las ciudades de Ceuta 
y Melilla a los destinatarios últimos
Artículo 12.  Líneas de actuación subvencionable.
1.  De conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 83 de su reglamento de desarrollo 
aprobado  por  Real  Decreto  887/2006,  las  subvenciones  se  destinarán  a  cubrir 
inversiones  y  gastos  directamente  relacionados  para  desarrollar  las  siguientes 
actuaciones:
a)  Línea de actuación 1: proporcionar conectividad de redes de banda ancha de 
muy alta velocidad, capaces de prestar servicios a velocidades de 1 Gbps, en los 
ámbitos de actuación material a que hace referencia el artículo 2 de este real decreto.
b)  Línea de actuación 2: instalar una red de comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, capaz de prestar servicios a velocidades de 1 Gbps, que abarque el conjunto 
del  ámbito  de  actuación  material,  así  como,  en  su  caso,  sus  zonas  industriales 
adyacentes, a fin de interconectar cada uno de los centros, unidades, instalaciones y 
dependencias que lo conforman.
Dentro de esta línea de actuación se distingue entre:
i)  ámbitos materiales de actuación ubicados en terrenos cuya gestión corresponde 
a una entidad de derecho público, y
ii)  ámbitos materiales de actuación ubicados en terrenos cuya gestión corresponde 
a una entidad de derecho privado.
c)  Línea de actuación 3: instalar una red de comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, capaz de prestar servicios a velocidades de 1 Gbps, en cada una de las 
fábricas, centros y dependencias que formen parte del ámbito de actuación material.
2.  En las líneas de actuación 1 y 2, a que hacen referencia los apartados a) y b) 
anteriores, las ayudas se podrán otorgar en aquellas zonas geográficas descritas en el 
apartado a) y el apartado b) –en este último supuesto cuando la cobertura o previsiones de 
cobertura  en  los  próximos  tres  años  sea  proporcionada  por  un  solo  operador–  del 
artículo 52.3 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por 
el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior 
en  aplicación  de  los  artículos  107  y  108  del  Tratado,  modificado  por  el 
Reglamento (UE) 2021/1237 de la Comisión, de 23 de julio de 2021 (tradicionalmente 
conocidas como zonas blancas y grises NGA, respectivamente). Además, en el supuesto ii) 
del apartado b) anterior, sólo se otorgarán ayudas en los límites del Reglamento de minimis.
En la línea de actuación 3 a que se refiere el apartado c) anterior, las ayudas sólo se 
podrán  otorgar  en  aquellas  zonas  geográficas  descritas  en  el  apartado  a)  del 
artículo 52.3 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, 
por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado  e
interior  en  aplicación  de  los  artículos  107  y  108  del  Tratado  modificado  por  el  bo
Reglamento (UE) 2021/1237 de la Comisión, de 23 de julio de 2021 (tradicionalmente  816ww
Rdcoeen gdo3liacc. miiedemaEnslb  tporcel oad mdzeeo om   2mzi0noá2inmx3ai.miss. ob plaanrcaa lsa  NejGecAu) cyió, na ddeem laáss ,a dcetunatrcoio ndees l oosb jleímtoi tdees  apyreuvdiast oess  eenl  3e1l   OE-A-2021-18able en https://
Artículo 13.  Destinatarios últimos de las ayudas.
1.  Podrán solicitar y, en su caso, obtener la condición de beneficiario-destinatarios 
últimos de las ayudas para cada una de las líneas de actuación subvencionable previstas 
en el artículo anterior:
a)  Para la línea de actuación 1: las personas físicas o jurídicas que ostenten la 
condición  de  operador  debidamente  habilitado,  conforme  a  lo  establecido  en  los 
artículos 6 y 7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Los solicitantes deberán acreditar la solvencia económica y financiera, así como la 
solvencia técnica o profesional, en los términos que se recojan en las respectivas bases 
reguladoras autonómicas y en las convocatorias.
b)  Para  la  línea  de  actuación  2:  cabe  distinguir,  conforme  a  lo  previsto  en  el 
artículo 12.1.b, apartados i) y ii), anterior:
i)  En el supuesto de ámbitos de actuación material ubicados en terrenos cuya 
gestión corresponde a una entidad de derecho público: las personas físicas o jurídicas 
que ostenten la condición de operador debidamente habilitado, conforme a lo establecido 
en los artículos 6 y 7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
Los solicitantes deberán acreditar la solvencia económica y financiera, así como la 
solvencia técnica o profesional, en los términos que se recojan en las respectivas bases 
reguladoras autonómicas y en las convocatorias.
ii)  en el supuesto de ámbitos de actuación material ubicados en terrenos cuya gestión 
corresponde a una entidad de derecho privado: las comunidades de propietarios sujetas al 
régimen de propiedad horizontal, las agrupaciones de propietarios y las personas jurídicas o 
entidades vinculadas a la gestión, funcionamiento o dinamización de un polígono industrial o 
centro logístico, incluidas las entidades urbanísticas colaboradoras de conservación previstas 
en el artículo 24 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, así como las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de 
unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, 
puedan beneficiarse de esta actuación.
En el caso de que estos destinatarios realicen alguna actividad económica, por la 
que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, las ayudas estarán sometidas a los 
requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.° 1407/2013 de la Comisión, 
de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
c)  Para la línea de actuación 3: las personas físicas y jurídicas titulares de bienes 
inmuebles situados en un ámbito material de actuación o, en su caso, en sus zonas 
industriales adyacentes, así como las comunidades de propietarios sujetos al régimen de 
propiedad horizontal, establecido en el artículo 396 del Código Civil, así como en los 
correlativos de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.
En el caso de que estos destinatarios realicen alguna actividad económica, por la 
que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, las ayudas estarán sometidas a los 
requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.° 1407/2013 de la Comisión, 
de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
2.  La condición de beneficiario destinatario último de la ayuda se obtiene por estar  e.e
en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o por concurrir las  b
circunstancias determinadas en las bases reguladoras y en la convocatoria. 816ww
circu3n. staLnocsi asd epsrteinvaistatariso se nú letilm aorstí cunloo  1p3o ddráen  lae sLteayr  3in8c/2u0rs0o3s,  deen  17n indgeu nnao videem blraes, 
Gdee nlaesra ql udee,  Spuobr vreanzcóino ndees . laDsic phearss opnroahsi bqicuieo nleass  arifgeecnta roá nd eta omtrbaiésn c air cauqnusetallnacsi aesm, pprueesdaas 
presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, 
de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario las empresas que estén sujetas 
a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea 
que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, o las 
empresas que se encuentren en situación de crisis con arreglo a lo que establecen el 
artículo  1.4.c)  y  2.18)  del  Reglamento  general  de  exención  por  categorías  y  las 
Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no 
financieras en crisis (2014/C 249/01).
A  tal  efecto,  y  sin  perjuicio  de  su  eventual  comprobación  por  la  Administración 
concedente, junto con la solicitud de ayuda, se suscribirá una declaración responsable que 
acredite no tener pendiente obligaciones de reintegro de subvenciones o ayudas o, en su 
caso, el cumplimiento de las mismas. Asimismo, junto a la solicitud, se autorizará al órgano 
administrativo concedente la consulta a la información de la Administración tributaria o de la 
Seguridad Social en relación con el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
4.  Los destinatarios últimos destinarán el importe íntegro de la ayuda que reciban al 
pago  de  las  correspondientes  actuaciones  subvencionables.  Esta  regla  resultará 
igualmente  de  aplicación,  cuando  se  trate  de  agrupaciones  de  personas  físicas  o 
jurídicas, públicas o privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan 
llevar a cabo las actuaciones subvencionables, con independencia de que tanto el 
importe de la misma como el coste de las obras deba repercutirse entre los integrantes 
de las mismas. No obstante, cuando alguno de sus integrantes incurra en una o varias 
prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no 
se atribuirá a dicho integrante la parte proporcional que le correspondería de la ayuda 
recibida,  que  se  prorrateará  entre  los  restantes,  siempre  que  se  mantenga  el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la condición de destinatario último 
por parte de la entidad de que se trate.
5.  Los destinatarios últimos deberán cumplir con las obligaciones previstas en el 
artículo 14 de la citada ley, así como con las contenidas en este real decreto, las que se 
determinen en las respectivas bases reguladoras autonómicas y en la convocatoria, las 
que  figuren  en  la  resolución  de  concesión  de  las  ayudas  y  en  las  instrucciones 
específicas que, en su caso, dicte el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital  en  materia  de  ejecución,  seguimiento,  pago  de  las  ayudas,  información  y 
publicidad, justificación y control del gasto.
6.  Los destinatarios últimos que no sean personas físicas deberán mantener un sistema 
de contabilidad separada, o un código contable diferenciado que recoja adecuadamente 
todas las transacciones relacionadas con la actuación objeto de ayuda. Asimismo, deberán 
disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos 
exigidos por la legislación aplicable al beneficiario, así como las facturas y demás justificantes 
de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Este 
conjunto de documentos constituye el soporte justificativo de la ayuda concedida, garantiza 
su adecuado reflejo en la contabilidad de los destinatarios y deberá conservarse durante un 
plazo mínimo de diez años.
7.  El  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  obligaciones  señaladas  en  los 
apartados 4 a 6 anteriores, podrá ser causa de la pérdida de derecho al cobro o del 
reintegro  de  la  ayuda  concedida  según  la  fase  procedimental  en  que  se  halle  la 
tramitación del expediente. s
Artículo 14.  Requisitos aplicables a las actuaciones subvencionables y subcontratación. w.
artíc1u.l o P1a2r.a1  pao) dedre boebrátenn ellre vlaar ses ubav ecnacbioó n,p olra su na cotupaecraiodnoers  dea   tqeuleec osmeu nriecfaiecrioen eesl 
Ldeeyb i9d/a2m0e1n4t,e d eh 9a bdielit amdaoy,o ,c Gonefnoermrael  dea  Telole ceosmtaubnleiccaidcoio neens .los  artículos  6  y  7  de  la
Los proyectos se referirán a redes de acceso, concepto bajo el que se consideran 
incluidos  los  enlaces  de  transmisión  con  la  red  de  agregación  («backhaul»),  con 
expresión  y  motivación  de  la  solución  tecnológica  más  adecuada  sin  que  quepa 
condicionar las ayudas a una solución tecnológica concreta. De acuerdo con lo previsto 
en el artículo 52.5 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 
de 2014, el proyecto incluirá inversiones significativas en infraestructura pasiva más allá 
de las inversiones marginales relacionadas simplemente con la mejora de los elementos 
activos de la red.
Al objeto de facilitar la reutilización de las infraestructuras existentes, todo operador 
que posea o controle una infraestructura susceptible de ser reutilizada en el ámbito 
material de actuación y que desee presentarse a alguna convocatoria, deberá informar y 
dar  acceso  a  la  misma  a  terceros  operadores,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  los 
artículos 4 y 5 del Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para 
reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, que traspone la Directiva 2014/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 15 de mayo de 2014.
2.  Las actuaciones a que se refiere el artículo 12.1 b) deberán llevarse a cabo, cuando las 
actuaciones se ejecuten en terrenos cuya gestión corresponde a una entidad de derecho público, 
por un operador de telecomunicaciones debidamente habilitado, conforme a lo establecido en los 
artículos 6 y 7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones o, cuando las 
actuaciones se ejecuten en terrenos cuya gestión corresponde a una entidad de derecho 
privado,  por  empresa  instaladora  inscrita  en  el  Registro  de  empresas  instaladoras  de 
telecomunicación al que se refiere el artículo 3 del Reglamento regulador de la actividad de 
instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real 
Decreto 244/2010, de 5 de marzo, inscritas en el tipo «B» o «F» del Registro de empresas 
instaladoras de telecomunicación, según lo establecido en la Orden ITC/1142/2010, de 29 de 
abril, por la que se desarrolla el citado Reglamento.
Para las actuaciones a realizar por un operador de telecomunicaciones serán de 
aplicación las previsiones contenidas en el apartado 1 anterior.
3.  Las actuaciones a que se refiere el artículo 12.1 c) deberán llevarse a cabo por 
empresas instaladoras inscritas en el Registro de empresas instaladoras de telecomunicación 
al que se refiere el artículo 3 del Reglamento regulador de la actividad de instalación y 
mantenimiento  de  equipos  y  sistemas  de  telecomunicación,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 244/2010, de 5 de marzo, inscritas en el tipo «B» o «F» del Registro de empresas 
instaladoras de telecomunicación, según lo establecido en la Orden ITC/1142/2010, de 29 de 
abril, por la que se desarrolla el citado Reglamento.
4.  Las actuaciones objeto de ayuda deberán cumplir con la normativa vigente que les sea 
de aplicación, así como contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas en el 
caso de que las mismas lo requieran. Además, deberán cumplir con las condiciones específicas 
para la ejecución de la inversión C15. I2 que se establecen en el anexo II.
5.  El destinatario último podrá subcontratar con terceros la ejecución de parte de la 
actividad subvencionada con terceros, siempre y cuando el coste de la subcontratación 
no supere el 50 por ciento del importe total de la misma. Toda subcontratación estará 
sujeta a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y a lo 
previsto en este apartado. Asimismo, se aplicará la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren  s
contratos que deban someterse a esta ley. oe.
Cuando la subcontratación exceda del 20 por ciento del importe de la ayuda y dicho  w.
importe sea superior a 60.000 euros, deberá celebrarse un contrato por escrito entre las  816ww
cpuaartnedso y s seu p cueblleiqburaec liaó nre sseo leuncitóenn ddeer ála a cuotonrciezasidóan .p Eonr  eclu óarlqguaineor  ccaosnoc,e edne nlotes  dceo nlatr aatyousd sae, 
mel eanrctíiocunlaor á6 8si. 2e xdisetle R oe gnloa mvinecnutola caipórno beandtroe  plaosr  pRaertael sD, deecr aectou e8r8d7o/ 2c0o0n6 l,o  dees t2a1b ledceid jou leion.   BOE-A-cable e
Asimismo, para salvaguardar el efecto incentivador, el contrato no podrá haber sido 
firmado antes de la presentación de la solicitud.
Cuando la subcontratación no vaya a iniciarse en el año de concesión de la ayuda y 
en el momento de aceptación de la misma el destinatario último no haya seleccionado el 
contratista, la resolución de concesión condicionará la autorización de la subcontratación 
que supere las cifras señaladas en el apartado anterior a que en el contrato a firmar se 
respete lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el 
artículo 68 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. A tal 
efecto, el destinatario último presentará una declaración responsable en el momento de 
aceptación de la ayuda propuesta. El contrato y las ofertas preceptivas se remitirán en el 
momento de la justificación de la ayuda.
El  subcontratista  deberá  cumplir  los  mismos  requisitos  que  se  exigen  para  ser 
beneficiario  de  la  ayuda.  No  podrá  realizarse  la  subcontratación  del  proyecto  con 
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias detalladas en el 
artículo 29.7 de la referida Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 15.  Gastos subvencionables.
1.  Las  ayudas  se  destinarán  a  financiar  inversiones  y  gastos  que  estén 
directamente relacionados y sean necesarios para la realización de los proyectos, en los 
términos previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el 
artículo 83 del Reglamento de dicha ley, y que se materialicen en el período que va 
desde la presentación de la solicitud hasta la fecha de finalización del proyecto, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 4.3.
Se consideran inversiones y gastos elegibles los siguientes conceptos asociados al 
proyecto:
a)  Infraestructuras y obra civil.
b)  Equipamiento y otros materiales.
c)  Gastos de personal propio.
d)  Otros costes generales o indirectos imputables al proyecto, como la realización 
del correspondiente informe técnico, según se determinen en las respectivas bases 
reguladoras autonómicas y en las correspondientes convocatorias.
En el caso de la línea de actuación subvencionable prevista en el artículo 12.1 a) y el 
supuesto previsto en el apartado i) de la línea de actuación subvencionable referida en el 
artículo  12.1  b),  los  costes  elegibles  se  limitarán  a  los  necesarios  para  la  creación  o 
adaptación de las infraestructuras de red que sean susceptibles de ser utilizadas por los 
demás operadores a través del acceso mayorista a que se refiere el artículo siguiente. No 
serán elegibles las partidas de gasto asociadas a infraestructuras no relacionadas con el 
acceso mayorista, destinadas a su uso exclusivo por el operador beneficiario de la ayuda.
2.  Dentro  de  los  gastos  subvencionables,  conforme  el  artículo  31.8  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se admitirán los impuestos 
indirectos aplicables cuando no sean susceptibles de recuperación o compensación por 
el  beneficiario.  No  obstante  lo  anterior,  se  excluye  expresamente  de  los  gastos 
subvencionables al impuesto sobre el valor añadido (IVA) y, en su caso, al impuesto 
general indirecto canario (IGIC).
3.  Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4.3, sólo se admitirán inversiones y 
gastos que se hubieran comprometido o realizado con posterioridad a la fecha de  s
registro de la solicitud de la ayuda. La elaboración de proyectos técnicos o informes  oe.
ftlaaé ccftnau4iccr.ta oudsrEaa s  nsíc  eonpanion  dpgaroúnásnt ets ecreriaorio srcriod oa ane dlsla  icd afoee lsrcatah edfa ead cd ehce aoa e mddnqoetur  agirsedaigcasii tóseotnn rs o dvu edibg evolo erlsa nd  cgesiaoo esnlistcaotibetsul  epds,ru, o absguvierneam nmccpuairoae dnn eqad uboael yeh usluad bp afioeesdcr.arhá as  siddeoer    2021-18816n https://www.
superior al valor de mercado. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las
cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  Bc
Público, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas 
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la 
obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales 
características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, 
presten o suministren.
5.  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 31.4.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, las infraestructuras y equipos que sean objeto de ayuda deberán permanecer 
afectos al fin concreto del proyecto durante un periodo mínimo de cinco años, contados a partir 
de la finalización del mismo, o hasta el final de su vida útil si esta fuera menor de 5 años.
Artículo 16.  Acceso mayorista.
1.  Los operadores destinatarios últimos de las ayudas de la línea de actuación 
subvencionable prevista en el artículo 12.1 a) y el supuesto previsto en el apartado i) de 
la línea de actuación subvencionable referida en el artículo 12.1 b) quedarán obligados a 
ofrecer a los demás operadores que lo soliciten acceso mayorista, activo y pasivo, 
efectivo a las infraestructuras subvencionadas durante un periodo mínimo de siete años 
a partir de la fecha de entrada en servicio del proyecto del que se trate, de forma abierta, 
no  discriminatoria  y  respetando  el  principio  de  no  discriminación  tecnológica.  Para 
permitir un acceso efectivo, se aplicarán las mismas condiciones de acceso a la totalidad 
de la red subvencionada, incluidas las partes de dicha red en las que se hayan usado 
infraestructuras existentes.
En caso de que el proyecto contemple despliegues de fibra óptica, dicho acceso 
incluirá también la posibilidad de acceder a la fibra oscura, con una desagregación total y 
efectiva, así como a los conductos, postes, armarios, arquetas y demás elementos de 
obra civil. El acceso a estos últimos no debe ser limitado en el tiempo. En el caso de las 
ayudas a la construcción de conducciones, estas serán lo suficientemente grandes para 
dar cabida a varias redes de cable y diferentes topologías de red.
Además de la desagregación y el acceso a la línea física, en función de la opción 
tecnológica seleccionada para el despliegue de la red NGA, si existiera una demanda 
real, debería prestarse, en condiciones equitativas y no discriminatorias, un acceso 
mayorista  de  desagregación  virtual,  que  consistirá  en  un  acceso  activo  con  una 
interconexión de las redes en la propia central de cabecera de la red de acceso, al poder 
ser una opción preferida por terceros operadores distintos del receptor de la ayuda.
La velocidad de acceso ofrecida será, como mínimo, la establecida en el objetivo del 
proyecto y, en todo caso, deberá permitir la replicabilidad de los servicios minoristas 
ofrecidos por el operador beneficiario.
En el caso de redes «backhaul» se deberá también incluir el servicio mayorista de 
líneas alquiladas o circuitos punto a punto, en función de la tecnología empleada para la 
implementación de dicha red.
Las  obligaciones  de  acceso  serán  ejecutadas  con  independencia  de  cualquier 
cambio en la propiedad, la gestión o el funcionamiento de la red subvencionada. En el 
caso de las ayudas a la construcción de conducciones, éstas serán lo suficientemente 
grandes para dar cabida al menos a tres redes y diferentes topologías de red.
2.  Los precios de este acceso mayorista efectivo se basarán en los principios de 
fijación de precios establecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia o en los precios mayoristas fijados por dicha Comisión al operador con 
Poder Significativo de Mercado para servicios similares que serán considerados como 
precios  máximos.  En  caso  de  no  existir  una  oferta  de  referencia  equivalente,  la  e.
referencia será la de los precios medios existentes en España y en caso de no existir  w.b
tampoco esta referencia, se aplicará el criterio de orientación a costes, todo ello teniendo  816ww
ceuna cnudeon stae  ltarsa tea ydued ausn  roepciebriaddaosr  pinotre eglr aodpoe rvaedrotirc adlme elan tree, dl.o sE np rceucaiolqsu dieerfain iddeo slo dse cbaesráons 
dpiesrcmriimtiri nalac iórne pcolicna lbai lridaamda  mdein olraisst a odfeelr otapse ramdionro briestnaesf icyia riqou.e  no  se  produzca  una
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia podrá asesorar a la 
autoridad concedente de la ayuda en materia de precios y condiciones de acceso 
mayorista. Además, resolverá los conflictos entre operadores solicitantes de acceso y 
operadores destinatarios últimos de las ayudas, dictando instrucciones para el efectivo 
cumplimiento de la obligación de acceso mayorista a la que se refiere este apartado, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia, teniendo en cuenta las condiciones de 
mercado y la ayuda recibida.
3.  El detalle de la oferta mayorista deberá estar disponible para los terceros operadores 
interesados con un tiempo de antelación suficiente al inicio de la explotación minorista de la 
red NGA por el operador destinatario último de la ayuda. Cuando el destinatario último de la 
ayuda sea un operador integrado verticalmente, el acceso debe poder ser concedido al 
menos 6 meses antes de iniciar la prestación de los servicios minoristas.
Artículo 17.  Compatibilidad de las ayudas.
Las ayudas previstas en este real decreto serán compatibles con cualquier otra 
ayuda de otros programas o instrumentos de cualesquiera administraciones públicas u 
organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, particularmente de la Unión 
Europea, en tanto que dicha ayuda no cubra los mismos costes (de acuerdo con el 
principio de no duplicidad en la financiación previsto en el artículo 9 Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021).
Además,  en  el  caso  de  las  ayudas  correspondientes  a  la  línea  de  actuación 
subvencionable prevista en el artículo 12.1 c) y al supuesto previsto en el apartado ii) de 
la línea de actuación subvencionable referida en el artículo 12.1 b), serán compatibles 
cuando, de forma acumulada, no se superen los límites establecidos por el Reglamento 
(UE)  n.°  1407/2013  de  la  Comisión,  de  18  de  diciembre  de  2013,  para  aquellos 
destinatarios finales que sean empresas o realicen alguna actividad económica, por la 
que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado.
Artículo 18.  Intensidad máxima de las ayudas.
1.  Se entiende por intensidad de ayuda el importe bruto de la ayuda expresado en 
porcentaje de los costes subvencionables del proyecto.
La intensidad máxima de la ayuda no podrá superar el 80 por ciento del coste de 
todos los conceptos subvencionables. La ayuda máxima que se podrá solicitar por 
proyecto  no  podrá  superar  ni  la  intensidad  máxima  de  la  ayuda  ni  las  dotaciones 
asignadas  para  cada  tipo  de  actuación  en  las  respectivas  bases  reguladoras 
autonómicas y en la convocatoria.
2.  El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía, que 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo  19.  Procedimiento  de  concesión  de  las  ayudas  por  las  comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla a los destinatarios últimos.
1.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla destinarán las 
ayudas  que  reciban  como  beneficiarias  directas  a  conceder  subvenciones  a  los 
destinatarios últimos previstos en el artículo 13.1, a través de las correspondientes  s
convocatorias que publiquen, donde se contemplen los requisitos correspondientes para  oe.
su concesión de acuerdo con lo establecido por este real decreto y en las respectivas  w.
bases reguladoras autonómicas. 816ww
actu2a.c ióEnl  spurobcveednicmioiennatbol ed ep rceovnisctae seiónn  epl aarart ílcausl oa y1u2d.1a sa c) oyr reasl psounpduieensttoe sp are vlais ltíon eean  deel 
arepaal rdtaedcore i)to d see lraá  líenle dae d ceo naccuturarecniócnia s cuobmvepnectiitoivnaa,b cleo nrefofermridea a e lno se lp arirntícciuplioo s1 d2e.1 p bu)b dliec ideastde,   BOE-A-cable e
transparencia,  objetividad,  igualdad  y  no  discriminación,  respetando  el  principio  de 
neutralidad tecnológica, y se iniciará de oficio por el órgano competente para convocar 
las ayudas.
Los criterios objetivos de valoración para el otorgamiento de la subvención, y en su 
caso,  la  ponderación  de  los  mismos,  así  como  el  importe  individualizado  de  la 
subvención o el criterio para su determinación, serán determinados en las respectivas 
bases reguladoras autonómicas y en las convocatorias. En todo caso, conforme al 
Reglamento general de exención por categorías, en condiciones de calidad similares se 
concederá la ayuda al solicitante que haya solicitado el importe de ayuda más bajo.
Se constituirá una comisión de evaluación cuya composición será determinada en las 
bases reguladoras autonómicas y en la convocatoria, y regirá su funcionamiento por lo 
dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Corresponde a la comisión de evaluación realizar, una vez superada la fase de 
preevaluación para verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir 
la condición de beneficiario de la subvención cuando aquella se prevea en las bases 
reguladoras  autonómicas  y  en  la  convocatoria,  elaborar  un  informe  concretando  el 
resultado de la evaluación efectuada.
3.  El procedimiento de concesión para las ayudas correspondientes al supuesto 
previsto  en  el  apartado  ii)  de  la  línea  de  actuación  subvencionable  referida  en  el 
artículo 12.1 b) y a la línea de actuación subvencionable prevista en el artículo 12.1. c) 
de este real decreto, teniendo en cuenta que se destinan a financiar actuaciones o 
situaciones concretas que no requieren de valoración comparativa con otras propuestas, 
será  el  de  concesión  por  riguroso  orden  de  presentación  de  las  solicitudes 
correspondientes  hasta  el  agotamiento  del  crédito  presupuestario  asignado  en  las 
convocatorias,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  62.1  del  Real  Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre.
Se considerará agotado el presupuesto cuando se efectúe el registro de la última 
solicitud  de  ayuda  que  totalice  el  importe  asignado  a  las  respectivas  comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla. En caso de que se agote el presupuesto 
asignado, y siempre que no hubiera expirado la vigencia del programa, podrán seguir 
registrándose solicitudes en lista de reserva provisional que serán atendidas por riguroso 
orden de entrada, cuestión que deberá ser notificada al destinatario último afectado para 
su  conocimiento,  y  estarán  supeditadas  a  que  se  produzcan  desestimaciones  o 
revocaciones de las solicitudes de ayuda previas que pudieran liberar presupuesto, o 
bien se incorpore nuevo presupuesto a la convocatoria. En ningún caso la presentación 
de  una  solicitud  a  la  lista  de  reserva  provisional  generará  derecho  alguno  para  el 
solicitante hasta que no se valide la solicitud.
4.  Las  convocatorias  detallarán  al  menos  el  contenido  mínimo  previsto  en  el 
artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se publicarán en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS).
5.  A la finalización del período de vigencia de cada una de las correspondientes 
convocatorias y, en todo caso, a la expiración de la vigencia de este programa, no serán 
admitidas más solicitudes, debiendo las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta  y  Melilla,  en  su  caso,  reembolsar  a  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales  el  remanente  presupuestario  que 
pudiera existir a esa fecha, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.
Artículo  20.  Órganos  competentes  para  ordenar  e  instruir  el  procedimiento  de  e.
concesión de ayudas. w.
ayud1a. s Esel órárg ealn oq uceo mdpeetetermntien ep acraad oar dceonmaur nei dinasdt ruaiur tlóonso pmroac ey dliamsi ecniutodsa ddee sc odnec eCseióunta d ey 
MeliCllao rerens spuosn rdeesrpáe actl ivóargs abnaos einss rterugcutloard olar acso ym epnro lbaa ccoiónnv odcea toqruiae. las solicitudes, que se
presentarán por medios electrónicos en los supuestos previstos en el artículo 14 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, cumplen debidamente los requisitos exigidos en las 
respectivas bases reguladoras autonómicas y en la convocatoria.
En  particular,  deberá  requerir  la  acreditación  del  cumplimiento  de  los  requisitos 
necesarios para adquirir la condición de beneficiario previstos en el apartado 3 del 
artículo 13. A los efectos de respetar los límites máximos de las ayudas establecidas por 
la  normativa  de  la  Unión  Europea,  los  destinatarios  últimos  a  los  que  resulten  de 
aplicación los límites y requisitos de las ayudas de mínimis conforme al artículo 13 
deberán presentar declaración responsable relativa a todas las ayudas concedidas al 
proyecto.  Asimismo,  todos  los  destinatarios  últimos  deberán  presentar  declaración 
responsable de que la empresa no está en crisis de acuerdo con la definición de 
«empresa en crisis» que se establece en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento 
(UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014.
2.  En los supuestos en que resulte de aplicación el procedimiento de concurrencia 
competitiva conforme a lo previsto en el artículo 19.2 anterior, el órgano competente para 
la  instrucción,  realizará  de  oficio  cuantas  actuaciones  estime  necesarias  para  la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse la propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán decidir si 
gestionan las ayudas directamente o a través de una entidad colaboradora, que deberá 
cumplir  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre. La entidad colaboradora deberá cumplir las obligaciones y desempeñar las 
funciones previstas en el artículo 15 de dicha ley y será seleccionada con observancia a 
lo dispuesto en su artículo 16. La selección de esta entidad colaboradora no supondrá, 
en ningún caso, exclusión de la responsabilidad y obligaciones que las comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla tengan asumidas en virtud de lo dispuesto 
por este real decreto.
4.  En  la  instrucción  del  procedimiento,  los  órganos  competentes  de  las 
comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla velarán por respetar las 
normas de subvención nacionales que pudieran afectar a la financiación con fondos 
europeos, de las ayudas que se otorguen en el marco de este real decreto. A tal efecto, 
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales facilitará al 
órgano instructor de la comunidad autónoma y de las ciudades de Ceuta y Melilla 
cuantas instrucciones reciba de las autoridades de gestión o de certificación, tanto del 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  como  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en la medida que les afecten. Asimismo, los órganos 
responsables de la gestión de las ayudas de cada comunidad autónoma y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla deberán conservar los documentos originales, justificativos 
de la actuación realizada y la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser 
objeto de las actuaciones de comprobación, control y fiscalización correspondientes. La 
disponibilidad  de  los  documentos  se  ajustará  a  lo  dispuesto  en  la  reglamentación 
aplicable a los fondos europeos.
Artículo 21.  Órganos competentes para la resolución del procedimiento de concesión 
de ayudas.
1.  El órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión de 
ayudas será el que determine cada comunidad autónoma y las ciudades de Ceuta y 
Melilla en sus respectivas bases reguladoras y en la respectiva convocatoria. e.
La resolución definitiva del procedimiento de concesión de la ayuda, así como su  w.b
entrega al destinatario último, se efectuará una vez comprobado el cumplimiento íntegro  816ww
de la2s.  coEnnd liociso nseusp uye rsetqousi seinto sq uees traebsleucltied odse  ya dpelic laac dióonc ueml pernotacecidóinm aiepnotort addea .concurrencia
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concesión en el plazo que se fije en las respectivas bases reguladoras autonómicas y en 
la convocatoria, contado desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución.
3.  En los supuestos en que resulte de aplicación el procedimiento de concesión 
directa hasta el agotamiento de los fondos conforme a lo previsto en el artículo 19.3 
anterior, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses 
contados desde la fecha de presentación de la solicitud.
En estos supuestos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62.1 del Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, y teniendo en cuenta que las ayudas se destinan a 
financiar  actuaciones  o  situaciones  concretas  que  no  requieren  de  valoración 
comparativa  con  otras  propuestas,  se  podrán  dictar  las  resoluciones  de  concesión 
correspondientes  por  orden  de  presentación  de  solicitudes  una  vez  realizadas  las 
comprobaciones  de  concurrencia  de  la  situación  o  actuación  subvencionable  y  el 
cumplimiento  del  resto  de  requisitos  exigidos,  hasta  el  agotamiento  del  crédito 
presupuestario asignado en las convocatorias.
4.  En todos los supuestos, el vencimiento del plazo aplicable sin que se haya 
dictado y notificado o publicado resolución expresa, legitima a los interesados para 
entender desestimada la solicitud de ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 25.5 
de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre.  La  resolución  que  se  adopte  por  las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrá ser recurrida en la 
forma establecida en las respectivas bases reguladoras y en las convocatorias.
5.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla realizarán el 
seguimiento, control y, en su caso, resolverán sobre la pérdida del derecho a obtener las 
ayudas  concedidas  al  amparo  de  este  real  decreto,  así  como  exigirán  el  reintegro 
correspondiente del importe de las ayudas además del posible cobro de intereses de 
demora. Asimismo, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla serán 
responsables de realizar las labores de verificación de la correcta realización de gasto 
por parte de los destinatarios últimos de las ayudas.
Artículo  22.  Justificación  de  la  realización  de  las  actuaciones  subvencionables  y 
régimen de anticipos.
1.  Los destinatarios últimos de las ayudas reguladas en este real decreto deberán 
justificar la realización de la inversión requerida para llevar a cabo la actuación objeto de 
ayuda en el plazo que prevea la resolución de concesión, y en todo caso en un plazo 
máximo de tres meses desde la finalización de la actuación teniendo en cuenta la fecha 
límite de 31 de diciembre de 2023 prevista en el artículo 12.3. Lo anterior, de acuerdo 
con el artículo 30 y sucesivos, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el título II, 
capítulo II, del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así 
como en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Dicha justificación se realizará a través de la presentación, al órgano autonómico que 
se  determine  en  las  respectivas  bases  reguladoras  y  en  las  convocatorias  de  las 
comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla, de la documentación 
justificativa de la realización de la actuación y de la documentación complementaria, en 
caso de resultar procedente, que pudieran requerir las comunidades autónomas o las 
ciudades de Ceuta y Melilla en sus respectivas bases reguladoras y en las convocatorias 
para cada línea de actuación subvencionable. La documentación que se aporte para 
justificar la ejecución de la actuación debe ser coherente con la información aportada con 
la solicitud. e.
En la justificación se verificará que los fondos concedidos se han utilizado para los fines  w.b
previstos y se han gestionado de conformidad a todas las normas aplicables y, en particular, a  816ww
dlaosb nleo rfminaansc riaeclaiótinva psr oac elad epnretev ednecli óMne dcea ncisomnfolic dtoe  dRee icnotenrsétrsu, cdceió nfr ayu dRee, sdiliee nccoiarr.u Epcni ópna ryt icduel alra, 
sOep earteancidoenraál eas  lo( OpAre)v iesntotr ee nl ae l Canoemxiosi óan l aE Duerocpiseióan  yd eE lsap aCñoam icsoiónnfo qrmuee  aaplr uReebgal aloms eAnctou e(rUdoEs) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
En todo caso, en la justificación, se tendrá en cuenta lo establecido en artículo 63 del 
Real decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, que recoge ciertas singularidades en la 
justificación de las subvenciones relacionadas con el uso de fondos europeos.
2.  Comprobada  la  ejecución  de  la  actuación,  así  como  la  entrega  de  toda  la 
documentación exigida en el párrafo anterior dentro del plazo establecido, el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma o ciudades de Ceuta y Melilla ordenará el pago 
de la subvención, con expresa referencia a la procedencia de los fondos, mencionando 
al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como el Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  y  al  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, conforme a lo que pudiera establecerse al respecto.
3.  En caso de que el destinatario final de la ayuda no cumpliera con la obligación de 
justificación, no se procederá al pago de la subvención y se declarará la pérdida del 
derecho al cobro de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del 
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, utilizando, para ello, el procedimiento previsto en el 
artículo 42 de dicha ley.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer en 
sus respectivas bases reguladoras y en las convocatorias la posibilidad de ampliar el 
plazo de justificación de las actuaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 70 
del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4.  La información sobre las concesiones de subvenciones realizadas al amparo de 
este real decreto será comunicada a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS) por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, en los 
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y la 
normativa de desarrollo de dicha obligación. Asimismo, esta información también será 
comunicada  a  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e  Infraestructuras 
Digitales, como órgano competente para la coordinación y seguimiento del programa.
5.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla habilitarán un sistema de 
gestión y control de expedientes que permita verificar y validar administrativamente el cien por 
ciento del coste declarado por los destinatarios últimos de las ayudas, así como verificar sobre el 
terreno un conjunto representativo de las actuaciones realizadas.
6.  Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, el importe total o 
parcial de la ayuda podrá ser abonado, para aquellos destinatarios últimos que así lo 
soliciten, con carácter anticipado una vez dictada la resolución de concesión de la ayuda 
y tras haberse acreditado por el beneficiario el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para el pago. En este caso, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 19.5 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no se considerará que el pago anticipado de la ayuda 
genere  ingresos  financieros  que  deban  ser  contabilizados  como  un  incremento  del 
importe  de  la  ayuda  concedida  debido  a  la  tipología  de  proyectos  que  involucran 
actuaciones en múltiples zonas requiriendo importantes inversiones desde el inicio del 
plazo de ejecución del proyecto.
Adicionalmente,  en  las  respectivas  bases  reguladoras  autonómicas  y  en  las 
convocatorias se podrá exigir al beneficiario la constitución de garantías, ante la Caja General 
de Depósitos, en cualquiera de las modalidades previstas en la normativa de la citada Caja 
(Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja 
General de Depósitos) y con los requisitos establecidos para las mismas. En su caso, el 
importe de las garantías y el plazo para su aportación se determinarán en la correspondiente  s
convocatoria. oe.
Los anticipos, que no podrán superar el cien por ciento del importe total de la ayuda  w.
que se vaya a conceder al beneficiario, se destinarán exclusivamente a cubrir gastos del  816ww
proyAedcitcoi oonbajelmtoe dnete s, uyb dvee nacciuóenr dqou ec osne  jluos etisfitqaubelenc aiddoe ecuna edla amrteícnutelo. 61.3 del Real Decreto-
alecyr e3d6it/a2r0 2q0u,e  dsee  3e0n cduee ndtircaine mabl rceo, rrloiesn tdee dsteinl aptaagrioo sd eú ltlaims oosb ldigea ceisotnoess a dneti criepeoms bdoelbsoe rdáen   BOE-A-cable e
cualesquiera  otros  anticipos  concedidos  anteriormente  con  cargo  a  los  créditos 
específicamente consignados para la gestión de fondos europeos en los Presupuestos 
Generales del Estado. Corresponderá a las comunidades autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla comprobar el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad al pago, 
exigiendo, cuando no pueda acreditarse de otro modo, una declaración responsable del 
destinatario último o certificación del órgano competente si éste fuere una administración 
pública.
El pago de la ayuda quedará condicionado a la presentación de los resguardos de 
constitución de las garantías que, en su caso, se hayan establecido y a que exista 
constancia  por  el  órgano  instructor  de  que  el  beneficiario  cumple  los  requisitos 
establecidos en este real decreto, los señalados en el artículo 34 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, así como a los demás requisitos que, en su caso, se establezcan en 
las respectivas bases reguladoras autonómicas y en la correspondiente convocatoria.
Además, y únicamente para la línea de actuación subvencionable prevista en el 
artículo 12.1 a) y para el supuesto previsto en el apartado i) de la línea de actuación 
subvencionable referida en el artículo 12.1 b) de este real decreto, durante la fase de 
ejecución, los destinatarios últimos de las ayudas presentarán informes de seguimiento 
sobre el avance técnico y económico del proyecto, con el calendario y contenido que se 
especifique  en  la  resolución  de  concesión.  Asimismo,  deberán  facilitar  cuanta 
información adicional sobre el desarrollo del proyecto le sea expresamente solicitada por 
el órgano encargado del seguimiento de las ayudas.
Artículo 23.  Reintegro y criterios de graduación de incumplimientos.
1.  El incumplimiento de los requisitos establecidos en este real decreto y demás 
normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido 
en  la  correspondiente  resolución  de  concesión,  dará  lugar,  previo  el  oportuno 
procedimiento  de  reintegro,  a  la  pérdida  del  derecho  al  cobro  de  la  ayuda  y  a  la 
obligación de devolver la totalidad o parte de las ayudas percibidas y los intereses de 
demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el título II de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre y en el título III de su Reglamento.
Los criterios de graduación de incumplimientos serán los siguientes:
a)  El incumplimiento total y manifiesto del objetivo para el que se concedió la 
ayuda,  o  cualquier  otra  irregularidad  que  presente  carácter  sistémico  o  afecte  a 
elementos esenciales del proyecto financiado, será causa de reintegro total de la ayuda 
y, en su caso, de la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de 
percibir.
b)  El incumplimiento parcial del objetivo o que afecte a actividades concretas, o 
cualquier  otra  irregularidad  que  únicamente  afecte  a  elementos  no  esenciales  del 
proyecto, conllevará la devolución de aquella parte de la ayuda destinada a los mismos y, 
en su caso, de la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
Las comunidades autónomas se asegurarán del reintegro de las cuantías percibidas 
por  los  destinatarios  últimos  en  el  caso  de  incumplimiento  del  principio  de  DNSH, 
conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, y la normativa nacional que se haya dictado al respecto. 
2.  Será de aplicación lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de  s
noviembre, si concurriesen los supuestos de infracciones administrativas en materia de  oe.
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el artículo 66 de la misma ley.
Artículo 24.  Actuaciones de comprobación y control.
1.  Todas las actuaciones estarán sometidas a lo establecido en el título III de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en materia de control financiero.
2.  Asimismo, estarán sometidas al seguimiento y control que se establezca para el 
Plan  de  Recuperación,  Trasformación  y  Resiliencia,  así  como  las  obligaciones 
específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento y 
demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea se establezcan y cuya 
aplicación sea de obligado cumplimiento.
3.  De acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, los destinatarios últimos 
de las ayudas estarán obligados a facilitar las comprobaciones del órgano autonómico 
encargado del seguimiento de las ayudas encaminadas a comprobar la realización de las 
actividades objeto de la ayuda, conforme a lo establecido en la resolución de concesión 
de  la  misma.  Asimismo,  estarán  sometidos  al  control  financiero  de  la  Intervención 
General de la Administración del Estado, al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas y 
a los controles que puedan realizar los órganos de control y fiscalización de la Comisión 
Europea, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las 
ayudas financiadas con fondos europeos.
4.  La  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales 
podrá  realizar  cuantas  inspecciones  sean  precisas  para  comprobar  y  verificar  el 
cumplimiento de las condiciones, requisitos y objetivos a que están sometidas las ayudas 
reguladas en este real decreto.
En particular, los destinatarios últimos de las ayudas correspondientes a la línea de 
actuación subvencionable prevista en el artículo 12.1 a) y al supuesto previsto en el 
apartado i) de la línea de actuación subvencionable referida en el artículo 12.1 b) de este 
real decreto, al objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de información referidas en 
el apartado 3.4. k) de las Directrices de la Unión Europea para la aplicación de las 
normas  sobre  ayudas  estatales  al  despliegue  rápido  de  redes  de  banda  ancha 
(2013/C 25/01), deberán facilitar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras  Digitales,  tras  la  finalización  del  proyecto  y  durante  los  tres  años 
siguientes, la siguiente información referida a 31 de diciembre de cada año: la fecha de 
entrada en servicio, los productos de acceso mayorista ofertados, el número de usuarios 
finales y de prestadores de servicios que utilizan las infraestructuras objeto de ayuda, así 
como  el  número  de  usuarios  a  los  que  da  cobertura  y  los  índices  de  utilización. 
Asimismo, estos destinatarios últimos vendrán obligados a facilitar cualquier información 
adicional que se requiera por la Comisión Europea.
5.  A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, la Administración y 
cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del citado reglamento podrán acceder a la 
información contenida en el Registro de Titularidades Reales (disposición adicional tercera de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo), o el acceso a otras bases de datos de la Administración que puedan suministrar 
dichos datos sobre los titulares reales. También será posible la cesión de información entre estos 
sistemas y el Sistema de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa 
europea y nacional aplicable.
Artículo 25.  Publicidad.
1.  La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto en  bo
el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, mediante su publicación en la Base  816ww
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en publicaciones, material inventariable, actividades de difusión, páginas web y otros
resultados, y en general, en cualesquiera medios de difusión, debe cumplir con los 
requisitos que figuren en el Manual de Marca del PRTR, de mayo de 2021, de la 
Secretaría de Estado de Comunicación, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, que estará disponible en la Web de la Secretaría de 
Estado  de  Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales,  en  el  que  figurarán  el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como entidad financiadora, y 
el logotipo del presente Programa UNICO-Industria y empresas, en el marco del Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  y  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, todo ello conforme a lo que se establezca al respecto, en particular lo 
establecido en el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en los términos previstos en el artículo 18.4 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 31 de su Reglamento, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan 
de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  deberá  exhibirse  de  forma  correcta  y 
destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga 
«financiado  por  la  Unión  Europea-Next  Generation  EU»,  junto  al  logotipo  del  PRTR, 
disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.
Además, las instalaciones correspondientes a los ámbitos materiales de actuación 
objeto de ayudas deberán estar señalizadas de acuerdo con lo que se indique en el 
Manual a que hace referencia este apartado.
2.  Asimismo, tanto en la convocatoria de las comunidades autónomas y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla, como en la resolución que se notifique a los destinatarios 
últimos, deberá mencionarse el Programa UNICO-Industria y empresas, el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular, todas las 
convocatorias del programa deberán contener, tanto en su encabezamiento como en su 
cuerpo de desarrollo, la siguiente referencia «Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU».
3.  En el contexto de los dos anteriores apartados, los receptores de financiación de la 
Unión Europea deben de mencionar el origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, 
en  particular  cuando  promuevan  las  actuaciones  subvencionables  y  sus  resultados, 
facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, 
incluidos los medios de comunicación y el público. Asimismo, será también de aplicación lo 
dispuesto en la normativa asociada a los fondos de Next Generation EU.
4.  Adicionalmente, los destinatarios últimos de las ayudas correspondientes a la 
línea de actuación subvencionable prevista en el artículo 12.1 a) y al supuesto previsto 
en el apartado i) de la línea de actuación subvencionable referida en el artículo 12.1 b) 
de este real decreto, estarán obligados a facilitar a los demás operadores un acceso 
completo  y  no  discriminatorio  a  la  información  sobre  la  infraestructura  desplegada 
(incluidas conducciones, distribuidores en la calle, fibra, etc.), de modo que estos puedan 
establecer fácilmente la posibilidad de acceso a dicha infraestructura.
Disposición adicional primera.  Gastos de personal.
Las  medidas  previstas  en  este  real  decreto  no  podrán  suponer  incremento  de 
dotaciones, ni de retribuciones, ni otros gastos de personal salvo lo establecido en el 
artículo 11 de este real decreto en relación a los costes indirectos reconocidos a las  e.
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla como beneficiarias directas  w.b
de las ayudas. 816ww
Disposición adicional segunda.  Modificaciones presupuestarias.
Para  dar  cumplimiento  a  lo  previsto  en  este  real  decreto  se  realizarán  las 
modificaciones presupuestarias que sean necesarias de conformidad con lo establecido 
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 21.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las 
bases  y  coordinación  de  la  planificación  general  de  la  actividad  económica  y  las 
telecomunicaciones, respectivamente.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 16 de noviembre de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA
ANEXO I
Distribución territorial del presupuesto y número mínimo de actuaciones a realizar
El criterio de distribución de los presupuestos se basa en una ponderación compuesta de (i) 
la superficie de cada comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla (50 por ciento) y (ii) el 
número de empresas establecidas en su territorio (50 por ciento).Se ha reservado el 17,50 por 
ciento de los fondos totales del período 2021-2023 para su distribución en la anualidad 2023 
entre aquellas comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla que hayan alcanzado un 
porcentaje mínimo del 90 por ciento del número de actuaciones acumuladas correspondientes 
a 2021 y 2022. Se entenderá alcanzada la actuación cuando se haya resuelto la convocatoria 
correspondiente y se hayan resuelto las solicitudes presentadas. El fondo se distribuirá entre el 
número de CCAA y ciudades de Ceuta y Melilla que hayan alcanzado dicho porcentaje mínimo 
en función, dentro de éstas, del criterio de reparto antes señalado (ponderación compuesta de (i) 
la superficie de cada comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla (50 por ciento) y (ii) el 
número  de  empresas  establecidas  en  su  territorio  (50  por  ciento)),  en  función  de  las 
comunidades autónomas y ciudades autónomas que hayan entrado en este reparto adicional.
En el caso de que ninguna comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y Melilla alcanzara el 
citado porcentaje mínimo, el fondo para distribución por éxito se distribuirá entre las cinco 
comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla que hayan alcanzado los mayores 
porcentajes del número de actuaciones acumuladas correspondientes a 2021 y 2022, y dentro 
de éstas, conforme al criterio de reparto señalado (ponderación compuesta de (i) la superficie de 
cada comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla (50 por ciento) y (ii) el número de 
empresas establecidas en su territorio (50 por ciento)).
Actuaciones
Criterio Reparto CC.AA. 2021 2022 2023 Dotación total % total presup.
a realizar
Andalucía. 16,46% 4.115.000 4.115.000 5.349.500 13.579.500 13,58% 218
Aragón. 6,05% 1.512.500 1.512.500 1.966.250 4.991.250 4,99% 80
Asturias, Principado de. 2,05% 512.500 512.500 666.250 1.691.250 1,69% 27
Balears, Illes. 1,96% 490.000 490.000 637.000 1.617.000 1,62% 26
Canarias. 2,98% 745.000 745.000 968.500 2.458.500 2,46% 39
Cantabria. 1,10% 275.000 275.000 357.500 907.500 0,90% 15
Castilla y León. 11,66% 2.915.000 2.915.000 3.789.500 9.619.500 9,62% 155
Castilla - La Mancha. 9,74% 2.435.000 2.435.000 3.165.500 8.035.500 8,04% 129
Cataluña. 12,42% 3.105.000 3.105.000 4.036.500 10.246.500 10,25% 165
Comunitat Valenciana. 7,74% 1.935.000 1.935.000 2.515.500 6.385.500 6,39% 103
Extremadura. 5,10% 1.275.000 1.275.000 1.657.500 4.207.500 4,21% 68
Galicia. 5,83% 1.457.500 1.457.500 1.894.750 4.809.750 4,81% 77
Madrid, Comunidad de. 8,90% 2.225.000 2.225.000 2.892.500 7.342.500 7,34% 118
Murcia, Región de. 2,54% 635.000 635.000 825.500 2.095.500 2,09% 34
Navarra, Comunidad Foral de. 1,68% 420.000 420.000 546.000 1.386.000 1,39% 22
País Vasco. 2,82% 705.000 705.000 916.500 2.326.500 2,32% 37 oe.
Rioja, La. 0,83% 207.500 207.500 269.750 684.750 0,69% 11 816ww
CM  eeTuloiltltaaa..l. 10000,,,000068%%% 25.0012050...000000000 25.0012050...000000000 32.5012096...050000000 82.5046096...050000000 8200,,,500056%%% 1.32611 OE-A-2021-18able en https://
  2021 2022 2023 Dotación total % total presup. Actuaciones
Fondo para distribución por éxito. 0 0 17.500.000 17.500.000 17,50% 281
  Total Fondos. 25.000.000 25.000.000 50.000.000 100.000.000 100,00% 1.607
ANEXO II
Condiciones específicas para la ejecución de la inversión C15.I2
– Los  equipos  que  se  utilicen  cumplirán  con  los  requisitos  relacionados  con  el 
consumo  energético  establecidos  de  acuerdo  con  la  Directiva  2009/125/EC  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un 
marco  para  el  establecimiento  de  requisitos  de  diseño  ecológico  aplicables  a  los 
productos relacionados con la energía, para servidores y almacenamiento de datos, o 
computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas. Para la instalación 
de las infraestructuras IT, se seguirá la versión más reciente del Código de conducta 
europeo sobre eficiencia energética de centros de datos, o en el documento CEN-
CENELEC CLC TR50600-99-1 "Instalaciones e infraestructuras de centros de datos - 
Parte 99-1: Prácticas recomendadas para la gestión energética.
– Se  realizará  una  evaluación  del  riesgo  climático  y  la  vulnerabilidad  de  las 
instalaciones de infraestructuras IT y en su caso, se establecerán las soluciones de 
adaptación adecuadas para cada caso.
– Los riesgos de degradación ambiental relacionados con la conservación de la 
calidad del agua y la prevención del estrés hídrico se identificarán y abordarán con el 
objetivo de lograr un buen estado del agua y un buen potencial ecológico, tal como se 
define en el artículo 2, puntos 22 y 23, del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco 
para  facilitar  las  inversiones  sostenibles  y  por  el  que  se  modifica  el 
Reglamento  (UE)  2019/2088,  de  conformidad  con  la  Directiva  2000/60/CE  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, y un plan de gestión del 
uso y la protección del agua, desarrollado en virtud de la misma para la masa o masas 
de agua potencialmente afectadas, en consulta con las partes interesadas pertinentes. 
Se incluirá como requisito de implementación de las actuaciones incluidas en esta 
medida no se van a realizar infraestructuras que puedan alterar la hidrología.
– Los equipos utilizados cumplirán con los requisitos de eficiencia de materiales 
establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 2009, para servidores y almacenamiento de datos, u 
ordenadores  y  servidores  de  ordenadores  o  pantallas  electrónicas.  Los  equipos  no 
contendrán  las  sustancias  restringidas  enumeradas  en  el  anexo  II  de  la 
Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, 
sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos, excepto cuando los valores de concentración en peso en 
materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo. Al final de su vida 
útil,  el  equipo  se  someterá  a  una  preparación  para  operaciones  de  reutilización, 
recuperación o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la eliminación de todos los 
fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el anexo VII de la Directiva 2012/19/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE). Al menos el 70 por ciento (en peso) de los residuos de  e
construcción y demolición no peligrosos (excluido el material natural mencionado en la  bo
categoría  17  05  04  en  la  Lista  europea  de  residuos  establecida  por  la  816ww
poDlarpe eecjperisaariarcóairnoqd nuo2eí 0aps0 a d0rdae/e5   sr3eur2le l/ersEenidCuout) i louigzstiea linczyeia órnnead,ld  oroPe rscer,oi scetilodancuj eoloa lsyos    praedaccertuau p agseceurissoattnciiótieuónsinr    poddrteeer o vosritse rmtsoaisads t umeeoransiat  eeledrsiseata, l e dcisneo,v  naienscrctusrluuieócirdndca,oi óss nc el oaránsy     OE-A-2021-18able en https://
demolición de la UE.