BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 30 Jueves 4 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 12880
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
1640 Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad de Corralejo, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de rectificación de linderos.
En el recurso interpuesto por don F. R. R., contra la nota de calificación de la 
registradora de la Propiedad de Corralejo, doña María Isabel Cabra Rojo, por la que se 
suspende la inscripción de una escritura de rectificación de linderos.
Hechos
I
Mediante escritura pública otorgada el día 10 de enero de 2018, ante la Notaria de 
Corralejo,  doña  Irene  Carreño  Martín,  número  28  de  protocolo,  aclarada  por  otra 
otorgada el 20 de diciembre de 2019, por el Notario de Puerto del Rosario, don F. R. R. 
actualiza la descripción de la registral 23.950 del término de La Oliva y solicita la 
inscripción de la representación gráfica catastral de la misma.
II
Presentado  dicho  título  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Corralejo,  una  vez 
tramitado el procedimiento previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, es objeto de 
calificación negativa, en los siguientes términos: «La finca de cuya base gráfica se 
solicita inscripción, podría formar parte del dominio público, existiendo dudas fundadas 
en las siguientes circunstancias:
1.  La modificación de linderos variables a fijos.
– El lindero norte pasa de ser un lindero variable a un lindero fijo, ya que según el 
Registro linda con la finca con referencia catastral número 0896203, y según el Catastro, 
con  calle  (…),  que  lo  separa  de  las  parcelas  con  referencia  catastrales 
números 08960203FS1709N0001KG y 0896204FS1709N0001RG.
– El lindero oeste pasa de ser un lindero variable a un lindero fijo ya que según el 
Registro linda con finca con referencia catastral número 0896005, y según el Catastro, 
con  calle  (…),  que  lo  separa  de  la  parcela  con  referencia  catastral  número 
0896005FS1709N0001TG.
2.  Según resulta de los Fundamentos de Derecho Sentencia de la Sección Cuarta 
de la Audiencia Provincial de Las Palmas de fecha 29 de septiembre de 2014 en 
Recurso de Apelación, n.º rollo 288/2012, dimanante del juicio ordinario número 974/10, 
contra sentencia de fecha 30 de junio de 2011, aclarada por Auto de fecha 7 de julio 
de 2011, del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Puerto del Rosario, según los 
cuales «de las pruebas documentales y testificales resultó probado que se trata de un  e.
terreno que no está edificado, formado por un paseo marítimo y viario adyacente de uso  w.b
público, todo ello destinado al tránsito público, de los vecinos de Corralejo y del público  40ww
peúnb gliecon eeranl ,g eesntearnadl,o s ianb iseorltuoc isóinn  rdees tcriocnctiionnueidsa edl  dpeassdoe  oq utreá ndsicithoo e tne rdreicnhoo  fulueg agra npaadrao  eall 
mpaasre mo emdaiarníttiem ola,  ceo rigreusaplmonedniteen tdee sotbinraa dpoú balli cuas doe p rúebllleicnoo  rye fceorindsot ruecnc ilóan a dcetul adliiqduaed …y  dneol 
podría considerarse como circunstancias idóneas en orden a respaldar o sostener una
titularidad dominical de naturaleza privada como lo es la reivindicatoria en la demanda 
(en cuanto al dominio público marítimo terrestre, ex arts. 132 CE 339 CC y art. 3 Ley de 
Costas e.o., y en cuanto al paseo marítimo y viario adyacente destinados al tránsito 
público de los ciudadanos en general, ex arts. 132 CE, 343 CC, 70 y ss. Ley 7/85, de 2 
de abril LBRL, 74 y ss. TR Reg. Local, R.D.Leg. 781/1986, art. 1 y ss. Rgmto. Bienes de 
Entidades Locales, R. D. 1372/1986, de 13 de junio, arts. 62, 93, 105, 173-2 Ley de 
Haciendas Locales, e.o.) …».
Copia de dicha sentencia se aporta en escrito de oposición por la Familia B. M. y don 
O. D. en representación del Ayuntamiento de la Oliva.
3.  Manifiesta la familia B. M. que la finca registral 23.890 de la Oliva, de la que son 
titulares registrales, en origen no tiene lindero alguno, ni con (…), ni con ninguna otra 
finca, ya que lindaba al Este y al Sur con Riberas de Mar. (…) es un lindero sobrevenido 
con el tiempo y en la actualidad linda con (…), y dicha (…) con riberas del mar, 
acompañando al escrito de oposición los documentos que se citan el en antecedente de 
hecho cuarto.
4.  Según resulta de instancia presentada por el interesado al Ayuntamiento de La 
Oliva de fecha 28 de julio de 2015 testimoniada en el título, el Ayuntamiento de La Oliva 
vino girando tasas a los vecinos que utilizaban la finca objeto de calificación mediante 
colocación de mesas y sillas para dar servicio a los restaurantes colindantes.
Hechos:
1.  En virtud del precedente documento, aclarado en escritura autorizada por don 
José Ramón Entrena García el día 20 de diciembre de 2019 bajo el número 1145 de su 
Protocolo, Don F. R. R. rectifica la descripción de la finca registral número 23.950 de La 
Oliva, aclarando su superficie y linderos, y solicita la inscripción de la representación 
gráfica  de  la  misma,  que  según  manifiesta,  se  corresponde  con  la  parcela 
catastral 0697501FS1709N0001PG. La nueva descripción de la finca es la siguiente:
Urbana: Parcela o solar en el Casco de Corralejo, término municipal de La Oliva, isla 
de Fuerteventura, en la calle (…). Es parte que se segrega de la finca número 951. Tiene 
una superficie de doscientos cincuenta y tres metros cuadrados. Linda: Norte, con calle 
abierta  denominada  calle  (…),  titularidad  del  Ayuntamiento  de  la  Oliva  y  con 
parcela 9020 del polígono 2, en investigación, artículo 47 de la Ley 33/2003; Sur y Oeste, 
con calle abierta denominada calle (…), titularidad del Ayuntamiento de La Oliva; y Este, 
con calle abierta denominada calle (…), titularidad del Ayuntamiento de La Oliva, y con 
parcela 9020 del polígono 2 en investigación artículo 47 de la Ley 33/2003.
Con el objeto de identificar la finca, el señor R. R. incorpora en la escritura la 
siguiente documentación:
– Recibos de IBI y justificantes de abono de diversos ejercicios.
– Certificado de la Demarcación de Costas del que resulta que la finca no invade el 
dominio público marítimo terrestre.
– Instancias al Ayuntamiento de La Oliva con Registros de Entrada números 11.497 
de 28 de julio de 2015 y 3.463 de fecha 10 de marzo de 2017 por las que el señor R. R. 
solicita al Ayuntamiento, en la primera, que deje de cobrar la Tasa por la utilización de vía 
pública que eventualmente venía girando en relación con el inmueble a los vecinos que 
vienen utilizándolo para mediante la colocación de mesas y sillas con las que dan 
servicio a los clientes de los restaurantes colindantes con la indicada parcela, y en la 
segunda, que expida certificación en la que se haga constar que el Ayuntamiento de La  e.
Oliva no se considera propietario de la parcela y consecuentemente ha decidido dejar de  w.
cobrar al tasa por utilización de la vía pública que venía cobrando hasta el año 2016. 40ww
2.  Consultados  los  antecedentes  del  Registro  se  observa  que  la  finca  23.950 
obedece a la siguiente descripción:
Urbana: Parcela o solar en el casco de Corralejo, término municipal de La Oliva. 
Tiene una superficie de doscientos ochenta y nueve metros cuadrados. Linda: Norte, con 
la finca con referencia catastral número 0896203; Sur, finca matriz; Este, con línea 
interior del deslinde marítimo-terrestre, según el certificado de costas, límite interior del 
dominio  público  marítimo-terrestre;  y  Oeste,  finca  con  referencia  catastral 
número 0896005. Referencia Catastral: 0697501FS1709N0001PG.
3.  Con fecha 17 de enero de 2020 se dio inicio al procedimiento de inscripción de 
representaciones gráficas previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, habiéndose 
remitido notificaciones de su tramitación al Excmo. Ayuntamiento de La Oliva, Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Demarcación de Costas en Canarias, 
Doña E. M. R., Don J. M. B. M., Don G. B. M., Doña M. del R. B. M., Cualinda S.L., J.L.J. 
Parfums  S.L.,  Delval  Internacional  S.A.,  Autoridad  Portuaria,  Puertos  Canarios, 
comprobar nombres, haciéndose constar expresamente que disponen de un plazo de 
veinte días para alegar lo que a su derecho convenga.
4.  El día 12 de febrero de 2020 se presenta en este Registro escrito de oposición 
suscrito por la familia B. M. en el que hacen las siguientes manifestaciones:
«1)  La finca registral 23.890 de la Oliva, de la que son titulares registrales, en 
origen no tiene lindero alguno, ni con (…), ni con ninguna otra finca, ya que lindaba al 
este y al sur con Riberas de Mar. (…) es un lindero sobrevenido con el tiempo y en la 
actualidad linda con (…), y dicha (…) con riberas del mar.»
Se transcribe descripción de la finca según documento privado de fecha 31 de 
agosto de 1960 y su elevación a público.
«2)  Se aporta sentencia de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción n.º 4, 
número de procedimiento 430/2004, del mismo se extrae los siguientes párrafos, en que 
se puede leer los linderos de la finca:
.. Al sur (…); y al este (…)»
«3)  Se aporta sentencia de pleito entre el actual promotor y el Ayuntamiento:
Así las cosas, de la certificación de la Demarcación de Costas de Canarias … de 
fecha 31 de enero de 2011, obrante al folio 616 de las actuaciones resulta respecto a la 
parcela  del  documento  catastral  aportado  por  la  parte  actora  con  referencia 
catastral  069.7501,  una  parte  de  la  misma  con  una  superficie  de  40  m2 
aproximadamente,  forma  parte  integrante  del  dominio  público  marítimo-terrestre, 
titularidad del Estado,… de acuerdo con el deslinde de los bienes de dominio público 
marítimo terrestre aprobado por Orden ministerial de 28 de febrero de 1979, del Puerto 
de Refugio Pesquero de Corralejo, término municipal de La Oliva, …resultando así 
mismo … que el terreno restante (es decir, después de descontar los 40 m2 que invaden 
el dominio público marítimo terrestre, antes consignados), además de estar afecto por 
una servidumbre de tránsito, y en su mayor parte y el resto por una servidumbre de 
protección con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Costas, constituye un terreno que de 
las pruebas documentales y testificales resultó probado que se trata de un terreno que 
no está edificado, formado por un paseo marítimo y viario adyacente de uso público, todo  e.
ello destinado al tránsito público, de los vecinos de Corralejo y del público en general,  w.b
estando.» 40ww
prom45))o  toS«r Fedo eatlo pegoxrrpataefí da«i eddneetnle ue»ns, cpriaeacp eiroon dc luoacn qi eluane df ionla c eafli  sa2cp3aa.l8íra9ta 0sd eyo   pdsoeeslxaitcnoit oedn e(a …l as) od ybe rlneau  lrnaibcsei aar.ac tduealc mioanre»s. del  OE-A-2021-16able en https://
6)  «Fotografía actualizada del deslinde de Canarias, provincia de Las Palmas, 
Fuerteventura, zona norte Corralejo. En el apartado 5, extraído de la sentencia del 
rollo 288/2012, en dicho extracto de la certificación de costas se define perfectamente la 
parcela que se pretende inscribir».
7)  «Se aportan acta de manifestaciones de dos ex trabajadores de la mercantil 
Plalafusa empresa propietaria registral de la finca 951, en dichas actas se identifican 
perfectamente los linderos y las fincas existentes en la 951, en origen» reproduciendo un 
plano que según se manifiesta en el acta fue elaborado por encargo de don M. V. R. y 
don P. V. a los efectos de fijar los linderos del pueblo de Corralejo con el fin de respetarlo 
y delimitarlo, de la finca conocida por «(…)» con la que éste lindaba y sobre la que se 
estaban llevando a cabo operaciones de compraventa. Dicho plano 2.
Junto con el escrito, acompañan la siguiente documentación:
– Copia de documento privado de compraventa firmado el día 31 de agosto de 1960 
liquidado del pago del impuesto de Derecho Reales y Transmisiones de Bienes el día ver 
en el que Los Señores don J. S. U., don M. S. U., doña V. S. U., Doña C. S. U. y doña S. 
S. U. venden a don F. B. S. casado con doña E. M. R. un solar de doscientos cuarenta 
metros cuadrados en el cual se hallan cuatro habitaciones y un aljibe, que linda al Norte, 
con terrenos de «Plalafusa», al Este y sur, con la Marina y al oeste, con casa de los 
herederos de don M. F.
– Fotocopia de escritura autorizada por don Enrique Giner Albalate, Notario de Las 
Palmas, el día 10 de diciembre de 1969 bajo el número 888 de su Protocolo por el que 
los hermanos señores S. U. y sus respectivos cónyuges venden a don F. B. un solar en 
el pago de Corralejo en el término de La Oliva de doscientos cuarenta metros cuadrados 
sobre el cual y en toda su extensión existe construida una casa con cuatro habitaciones 
y un aljibe, siendo sus linderos: norte o fondo, Plalafusa S.A.; este o izquierda y sur o 
frontis  con  la  marina,  hoy  zona  marítimo  terrestre  deslindada;  oeste,  casa  de  los 
herederos de don M. F., corresponde a la derecha entrando.
– Fotocopia de sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 
de Puerto del Rosario, dictada en procedimiento número 430/2004 seguido por doña E. 
M. R., don J. M. B. M., don G. B. M., doña M. del R. B. M. contra Delval Internacional 
S.A., Sincronia 99 S.L., J. L. J. E. e Industrias Theron Dos S.L. por el que se reconoce a 
favor de doña E. M. R. en cuanto a una mitad indivisa y a favor de don J. M., Don G. y 
doña M. del R. B. M., por terceras e iguales partes, en cuanto a la otra mitad indivisa, el 
pleno dominio del solar en el pago de Corralejo en el término municipal de La Oliva, que 
ocupa un extensión de 219 metros cuadrados sobre el cual en toda su extensión existe 
construida una casa de cuatro habitaciones y un aljibe.
– Fotocopia de sentencia 503/2014 dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia 
Provincial de Las Palmas el día 29 de septiembre de 2014, en Recurso de apelación 
número 288/2012 dimanante del juicio ordinario número 974/10, contra sentencia de 
fecha 30 de junio de 2011, aclarada por Auto de fecha 7 de julio de 2011, del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Puerto del Rosario, a instancia de don F. R. R. contra el 
Iltre. Ayuntamiento de La Oliva, don M. Á. C. F. y Cualinda, S.L., por la que desestima el 
recurso de apelación, confirmándola íntegramente con imposición a la parte apelante de 
las costas de la alzada.
– Fotocopia del Acta autorizada por Don Emilio Romero Fernández, Notario de Puerto 
del Rosario el día 29 de septiembre de 2003 en la que comparece don M. G. L. y manifiesta 
que entre los años 1965 y 1967 estuvo a cargo de los problemas que sus mandantes, familia  e
V. D., don P., Don G. y su anterior esposa, doña E. G. B., tras el cese como apoderado de  bo
don L. O. L. Conoció toda la situación del poblado marinero de Corralejo y sus aledaños,  40ww
ddoecsucumberinót anqduoe  lac saistui acniaódni ep atrean líoa  qudeo ccuommeunntoic ó dae  lops rompáiesd caodn. ocRideocsib qióu el afu eorardne np asdaen doir 
pquore  lan oo feicsitnuav iedrea nP loaclaufpuasad aesn p Coro rlorasl evjoe cqinuoes .q uLear íma aaycolaríraa rn too ddois ppoanraía p doed edro vceunmdeenr tapcairócne lyaas 
que les suponía tener que hacer un viaje a Lanzarote (notaría), ya que en Fuerteventura no
había. Fueron pasando los años sin que los vecinos se personasen y en 1985 le fue revocado 
el poder. El compareciente aclara que el interés de Plalafusa y de él mismo era determinar el 
espacio no ocupado por los marineros que residían en el pueblo, tal como refleja el plano que 
se  testimonia,  para  poder  realizar  las  ventas  de  las  parcelas  que  quedaban  libres 
relacionadas alfabéticamente, quedando claro que el pueblo de Corralejo no estaba en venta, 
respetando  así  las  propiedades  de  los  marineros.  Se  adjunta  al  acta  copia  del  plano 
incorporado en su día a la escritura autorizada por el Notario de Arrecife don Marcelino de la 
Muela Torrubiano, el día 29 de diciembre de 1961 con el número 1372 de su protocolo. Así 
mismo, se incorpora fotografía aérea del casco antiguo de Corralejo del año1960.
– Fotocopia del acta de manifestaciones autorizada por Don Manuel Emilio Romero 
Fernández, notario de Gran Canaria, el día 8 de julio de 2004, con el número 2179 de su 
protocolo en la que comparece don V. R. C. y manifiesta que el plano que en el acto se 
entrega es fotocopia auténtica del original, según testimonio en su reverso extendido por 
el  Notario  de  Puerto  del  Rosario  don  Emilio  Romero  Fernández,  elaborado  por  el 
compareciente en 1959 aproximadamente. Dicho plano fue elaborado por encargo de 
don M. V. R. y don P. V. a los efectos de fijar los linderos del pueblo de Corralejo, con el 
fin de respetarlo y delimitarlo de la finca conocida por «(…)» con la que éste lindaba y 
sobre la que se estaban llevando a cabo operaciones de compraventa. Dicho plano 
consta  de  varias  partes  o  fases,  que  tuvieron  lugar  en  distintas  fechas:  1.ª  Fase: 
consistente en delimitar las casas diseminadas formando un solo casco urbano, cuyo 
contorno  quedó  marcado  por  una  línea  continua.  2.ª  fase:  consistente  en  señalar 
elementos de urbanización del pueblo, nuevas parcelas y algunas edificaciones tanto en 
el  interior  como  en  el  exterior  del  mismo.  3.ª  Fase:  el  planeamiento  a  efectos  de 
parcelación de la zona aledaña al casco urbano. Esta última fase se hizo en coordinación 
con el Ayuntamiento de La Oliva, dado que el compareciente era aparejador al servicio 
del mismo, así como del resto de los Ayuntamientos de la Isla y del Cabildo Insular de 
Fuerteventura.
– Fotocopia de escritura autorizada por don Marcelino de la Muela Torrubiano, en 
sustitución de la notaría vacante de Puerto del Rosario, el día 29 de diciembre de 1961, 
con el número 1372 de su protocolo.
– fotocopia  de  querella  interpuesta  contra  el  interesado  con  fecha  9  de  marzo 
de 2009.
5.  El día 24 de mayo de 2020 se recibe en este Registro escrito de oposición de la 
Demarcación de Costas de Canarias suscrito por don R. L O. el día 18 de mayo de 2020 
del que resulta que la base gráfica remitida invade en parte el dominio público marítimo 
terrestre y el resto se encuentra afectado por las servidumbres de tránsito y protección 
de acuerdo con el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo 
de costa denominado «Caleta (…)», aprobado por O.O.M.M. 6 de octubre de 1970 y 28 
de febrero de 1979.
6.  El día 22 de mayo de 2020 se recibe escrito de La Autoridad Portuaria de Las 
Palmas emitido por su Director, don F. J. T. R., en el que se informa que la finca no 
invade el dominio público portuario estatal, si bien, esto no obstante, el dominio público 
portuario  afecto  al  Puerto  de  Corralejo  es  competencia  del  ente  público  Puertos 
Canarios.
7.  Con fecha dieciocho de junio de dos mil veinte, se toma anotación preventiva por 
imposibilidad del Registrador prevista en el artículo 42.9 de la Ley Hipotecaria, por los 
retrasos en la recepción de las notificaciones.
8.  Con fecha 22 de julio de 2020, don O. D. en representación del Ayuntamiento de  e.
La Oliva, presenta fotocopia de: w.b
núm–e rFoo 1to2c7o0p/2ia0 0d9e  sSeegnutiednoc iaan dtee  efle cJhuaz g2a2d od ed eju Pniroim deer a2 I0n1s0ta dniccitaa dnaú mene roP r4o cdeed imPuieenrttoo 
dSe.,l  MRo. sAa. rVio.  Fe.l,  dCíau a2l2id dae S j.uLn. ioy  Adeyu 2n0ta1m0 iqeuneto s dee i nLsata O pliovra D coonn  Fe.l  Ro.b jRe.t oc odnet rqau deo pñrao cBe.d Man.  Ta. 
desalojar la finca no perturbando por ningún concepto la plena eficacia del dominio 
inscrito que ostenta el demandante, demanda que se desestima.
– Fotocopia de sentencia 503/2014 dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia 
Provincial de Las Palmas el día 29 de septiembre de 2014, en Recurso de apelación 
número 288/2012 dimanante del juicio ordinario número 974/10, contra sentencia de 
fecha 30 de junio de 2011, aclarada por Auto de fecha 7 de julio de 2011, del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Puerto del Rosario, a instancia de Don F. R. R. contra el 
Iltre. Ayuntamiento de La Oliva, Don M. Á. C. F. y Cualinda, S.L., por la que desestima el 
recurso de apelación, confirmándola íntegramente con imposición a la parte apelante de 
las costas de la alzada.
La sentencia de primera instancia desestimó una demanda en la que se ejercitan las 
acciones declarativas de dominio, reivindicatoria e indemnizatoria de daños y perjuicios 
concluyendo que no queda probado el requisito de la identificación de la finca de la que 
resulta lo siguiente:
«De la certificación de la Demarcación de Costas de Canarias … de fecha 31 de 
enero de 2011, obrante al folio 616 de las actuaciones resulta respecto a la parcela del 
documento catastral aportado por la parte actora con referencia catastral 069.7501, una 
parte de la misma con una superficie de 40 m2 aproximadamente, forma parte integrante 
del  dominio  público  marítimo-terrestre,  titularidad  del  Estado,…  de  acuerdo  con  el 
deslinde  de  los  bienes  de  dominio  público  marítimo  terrestre  aprobado  por  Orden 
Ministerial de 28 de febrero de 1979, del Puerto de Refugio Pesquero de Corralejo, 
término municipal de La Oliva, …resultando así mismo … que el terreno restante (es 
decir, después de descontar los 40 m2 que invaden el dominio público marítimo terrestre, 
antes consignados), además de estar afecto por una servidumbre de tránsito, y en su 
mayor parte y el resto por una servidumbre de protección con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de Costas, constituye un terreno que de las pruebas documentales y testificales 
resultó probado que se trata de un terreno que no está edificado, formado por un paseo 
marítimo y viario adyacente de uso público, todo ello destinado al tránsito público, de los 
vecinos de Corralejo y del público en general, estando abierto sin restricciones el paso o 
tránsito en dicho lugar para el público en general, sin solución de continuidad desde que 
dicho terreno fue ganado al mar mediante la correspondiente obra pública de relleno y 
construcción del dique y del paseo marítimo, e igualmente destinado al uso público 
referido en la actualidad, habiéndose acreditado en el proceso, por otra parte, que desde 
los años 90, el Ayuntamiento cobra tasas por ocupación de vía pública con mesas y sillas 
o elementos análogos, a los codemandados, en concepto de utilización privativa o 
aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal,, de todo lo cual cabe 
concluir que, si bien es cierto que no ha lugar a que la Sala dicte un pronunciamiento 
expreso de titularidad pública municipal del terreno, o parte del terreno referido en el 
documento catastral con número de referencia catastral 069.7501, ni de ningún otro 
terreno, al no haberse formulado reconvención alguna por parte del Ilmo. Ayuntamiento 
de La Oliva (quién alegó el dominio público municipal de una parte de aquél y el dominio 
público  estatal  del  resto),  no  es  menos  cierto  que,  fundándose  como  funda  la 
desestimación de la demanda en la falta de prueba de la concurrencia del requisito de la 
identificación de la cosa, o prueba cumplida de identidad inequívoca de la cosa en su 
doble aspecto exigido por la consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, antes 
analizada, cabe agregar con carácter meramente complementario, que las circunstancias 
consignadas en el presente párrafo, en relación con el terreno aludido en el documento  e
catastral aportado por la actora con referencia número 069.7501, no podría considerarse  bo
como circunstancias idóneas en orden a respaldar o sostener una titularidad dominical  40ww
pdúeb nliactou rmalaerzíati mpori vtaedrrae sctorme,o e lxo  easrt sla.  1re3i2v inCdEic a3t3o9ri aC eCn  yla  adret.m 3a nLdeay  (deen  ccuoasntatos  ael. od.o, my ineion 
cciuuadnatdoa naol sp eans egoe nmeraarlí,t iemxo a ryt s.v i1a3ri2o  CaEd,y 3a4c3e nCteC ,d 7e0s tyin sasd.o Lse ya l7 /t8rá5n, sditeo  2p dúeb laicbor il dLeB RloLs, 
74 y ss. TR Reg. Local, R. D. Leg. 781/1986, art. 1 y ss. Rgmto. Bienes de Entidades
Locales, R. D. 1372/1986, de 13 de junio, arts. 62, 93, 105, 173-2 Ley de Haciendas 
Locales, e.o.), sin que haya lugar, reiteramos a dictar pensamiento expreso del dominio 
público  municipal  de  una  parte  del  terreno,  ni  del  todo,  al  no  haberse  formulado 
reconvención alguna por parte del Ayuntamiento en el presente proceso.»
9.  Retirado por el presentante el documento, el día 14 de septiembre de 2020, se 
presenta junto nueva certificación de la Demarcación de Costas de Canarias firmada 
electrónicamente por don R. L. U., jefe de la Demarcación, de fecha 20 de agosto 
de 2020, en la que se hace constar que se ha advertido un error en el informe emitido 
con fecha 15 de mayo de 2020, relativo a la finca: la parcela o solar en la calle (…), en el 
casco  de  Corralejo,  término  municipal  de  La  Oliva,  referencia 
catastral 0697501FS1709N0001PG y la rectifica en el sentido de hacer constar que de 
acuerdo con el plano que se acompaña a este informe, no invade el dominio público 
marítimo-terrestre y se encuentra afectada en parte por la servidumbre de tránsito y en 
su totalidad por la servidumbre de protección de acuerdo con el deslinde de los bienes 
de dominio público marítimo terrestre del tramo de costa denominado «Caleta (…)», 
aprobado por O.O.M.M. de 6 de octubre de 1970 y 28 de febrero de 1979.
Fundamentos de Derecho:
Primero.  Los documentos de todas clases, susceptibles de inscripción, se hallan 
sujetos a calificación por el Registrador, quien, bajo su responsabilidad, ha de resolver 
acerca de la legalidad de sus formas extrínsecas, la capacidad de los otorgantes y la 
validez de los actos contenidos en los mismos, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 18 y 19 de la Ley Hipotecaria y 98 a 100 del Reglamento para su ejecución.
Segundo.  Georrefenciación potestativa.
El artículo 9 de la Ley Hipotecaria impone como preceptiva la georreferenciación de 
la finca en ciertos casos, fuera de los cuales, la georreferenciación es potestativa para el 
interesado
«…Asimismo, dicha representación podrá incorporarse con carácter potestativo al 
tiempo de formalizarse cualquier acto inscribible, o como operación registral específica. 
En ambos casos se aplicarán los requisitos establecidos en el artículo 199.
… Para la incorporación de la representación gráfica de la finca al folio real, deberá 
aportarse junto con el título inscribible la certificación catastral descriptiva y gráfica de la 
finca,  salvo  que  se  trate  de  uno  de  los  supuestos  en  los  que  la  ley  admita  otra 
representación gráfica georreferenciada alternativa.
En todo caso, la representación gráfica alternativa habrá de respetar la delimitación 
de la finca matriz o del perímetro del conjunto de las fincas aportadas que resulte de la 
cartografía catastral. Si la representación gráfica alternativa afectara a parte de parcelas 
catastrales, deberá precisar la delimitación de las partes afectadas y no afectadas, y el 
conjunto de ellas habrá de respetar la delimitación que conste en la cartografía catastral. 
Dicha representación gráfica deberá cumplir con los requisitos técnicos que permitan su 
incorporación al Catastro una vez practicada la operación registral.
La representación gráfica aportada será objeto de incorporación al folio real de la 
finca, siempre que no se alberguen dudas por el Registrador sobre la correspondencia 
entre dicha representación y la finca inscrita, valorando la falta de coincidencia, siquiera 
parcial, con otra representación gráfica previamente incorporada, así como la posible 
invasión del dominio público.» e.e
Dicho  precepto  se  completa  con  los  artículos  10  y  199  del  mismo  texto  legal,  40ww
NrPtéerocgotnuapilricaeioandsdda oodp  .yal arda e R elael  sDioniltrueecrccicóainóm nbC Giooe nndjueenr atianl  fdoderelm  Calaac tiaóDsnit rreoec ndctreióe n2  6e lG dCeen aoetcartasult brorde e y d elloo s2s 0 R1R5ee ggloiissstt rrrooessq  uydis eidt oelasl    OE-A-2021-16able en https://
Tercero.  Procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria. El artículo 199 de la 
Ley Hipotecaria regula el procedimiento para la inscripción de la representación gráfica 
georreferenciada de la finca y su coordinación con el Catastro, disponiendo que el titular 
registral del dominio o de cualquier derecho real sobre finca inscrita podrá completar la 
descripción literaria de la misma acreditando su ubicación y delimitación gráfica y, a 
través de ello, sus linderos y superficie, mediante la aportación de la correspondiente 
certificación catastral descriptiva y gráfica. Así mismo, el apartado 2 prevé que cuando el 
titular manifieste expresamente que la descripción catastral no se corresponde con la 
realidad física de su finca, deberá aportar, además de la certificación catastral descriptiva 
y gráfica, una representación gráfica georreferenciada alternativa.
«… El Registrador solo incorporará al folio real la representación gráfica catastral tras 
ser notificada a los titulares registrales del dominio de la finca si no hubieran iniciado 
éstos el procedimiento, así como a los de las fincas registrales colindantes afectadas. La 
notificación se hará de forma personal. En el caso de que alguno de los interesados 
fuera desconocido, se ignore el lugar de la notificación o, tras dos intentos, no fuera 
efectiva la notificación, se hará mediante edicto insertado en el «Boletín Oficial del 
Estado», sin perjuicio de utilizar, en todo caso, el sistema de alertas previsto en la regla 
séptima del artículo 203. Los así convocados o notificados podrán comparecer en el 
plazo de los veinte días siguientes ante el Registrador para alegar lo que a su derecho 
convenga.  Cuando  las  fincas  colindantes  estén  divididas  en  régimen  de  propiedad 
horizontal, la notificación se realizará al representante de la comunidad de propietarios. 
No será precisa la notificación a los titulares registrales de las fincas colindantes cuando 
se trate de pisos, locales u otros elementos situados en fincas divididas en régimen de 
propiedad horizontal.
La certificación gráfica aportada, junto con el acto o negocio cuya inscripción se 
solicite, o como operación específica, será objeto de calificación registral conforme a lo 
dispuesto en el artículo 9.
El Registrador denegará la inscripción de la identificación gráfica de la finca, si la 
misma coincidiera en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, 
circunstancia que será comunicada a la Administración titular del inmueble afectado. En 
los demás casos, y la vista de las alegaciones efectuadas, el Registrador decidirá 
motivadamente según su prudente criterio, sin que la mera oposición de quien no haya 
acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes 
determine necesariamente la denegación de la inscripción. La calificación negativa podrá 
ser recurrida conforme a las normas generales.
Si la incorporación de la certificación catastral descriptiva y gráfica fuera denegada 
por la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas, el promotor podrá instar el 
deslinde conforme al artículo siguiente, salvo que los colindantes registrales afectados 
hayan  prestado  su  consentimiento  a  la  rectificación  solicitada,  bien  en  documento 
público,  bien  por  comparecencia  en  el  propio  expediente  y  ratificación  ante  el 
Registrador, que dejará constancia documental de tal circunstancia, siempre que con ello 
no se encubran actos o negocios jurídicos no formalizados e inscritos debidamente.
En caso de calificación positiva, la certificación catastral descriptiva y gráfica se 
incorporará  al  folio  real  y  se  hará  constar  expresamente  que  la  finca  ha  quedado 
coordinada gráficamente con el Catastro, circunstancia que se notificará telemáticamente 
al mismo y se reflejará en la publicidad formal que de la misma se expida.
2.  Cuando el titular manifieste expresamente que la descripción catastral no se 
corresponde con la realidad física de su finca, deberá aportar, además de la certificación  e.
catastral descriptiva y gráfica, una representación gráfica georreferenciada alternativa. w.b
El Registrador, una vez tramitado el procedimiento de acuerdo con el apartado  40ww
aafnetcetraiodro, se, nin ecol rqpuoera raád elam ráesp rsees ednetabceiróán  ngorátiffiiccaa ra alte rlonsa titvitau laarl efos lioca rteaaslt,r ayl elos  ccoomlinudnaicnaterás 
dails Cpuaetasstotr oe na  efiln  adpea rqtaudeo  in3c odreplo arert ílcau lroe c1ti8fi cdaecli ótne xqtou er ecfuonrrdeisdpoo nddea l ad eL eayc udeerld oC actoans trloo 
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo…»
Cuarto.  Identidad de la finca. En todo caso, será objeto de calificación por el 
registrador la existencia o no de dudas en la identidad de la finca, pues tal y como 
dispone el artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria:
«… La representación gráfica aportada será objeto de incorporación al folio real de la 
finca, siempre que no se alberguen dudas por el Registrador sobre la correspondencia 
entre dicha representación y la finca inscrita, valorando la falta de coincidencia, siquiera 
parcial, con otra representación gráfica previamente incorporada, así como la posible 
invasión  del  dominio  público.  Se  entenderá  que  existe  correspondencia  entre  la 
representación gráfica aportada y la descripción literaria de la finca cuando ambos 
recintos se refieran básicamente a la misma porción del territorio y las diferencias de 
cabida, si las hubiera, no excedan del diez por ciento de la cabida inscrita y no impidan la 
perfecta identificación de la finca inscrita ni su correcta diferenciación respecto de los 
colindantes.
…A efectos de valorar la correspondencia de la representación gráfica aportada, en 
los supuestos de falta o insuficiencia de los documentos suministrados, el Registrador 
podrá  utilizar,  con  carácter  meramente  auxiliar,  otras  representaciones  gráficas 
disponibles, que le permitan averiguar las características topográficas de la finca y su 
línea poligonal de delimitación.
Todos los Registradores dispondrán, como elemento auxiliar de calificación, de una única 
aplicación informática suministrada y diseñada por el Colegio de Registradores e integrada en 
su sistema informático único, bajo el principio de neutralidad tecnológica, para el tratamiento 
de representaciones gráficas, que permita relacionarlas con las descripciones de las fincas 
contenidas en el folio real, previniendo además la invasión del dominio público, así como la 
consulta de las limitaciones al dominio que puedan derivarse de la clasificación y calificación 
urbanística,  medioambiental  o  administrativa  correspondiente.  Dicha  aplicación  y  sus 
diferentes actualizaciones habrán de ser homologadas por la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, para establecer el cumplimiento de los requisitos de protección y 
seguridad adecuados a la calidad de los datos…»
Este criterio se reitera en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria:
«…. El Registrador denegará la inscripción de la identificación gráfica de la finca, si la 
misma coincidiera en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, 
circunstancia que será comunicada a la Administración titular del inmueble afectado. En 
los demás casos, y la vista de las alegaciones efectuadas, el Registrador decidirá 
motivadamente según su prudente criterio, sin que la mera oposición de quien no haya 
acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes 
determine necesariamente la denegación de la inscripción. La calificación negativa podrá 
ser recurrida conforme a las normas generales.
Si la incorporación de la certificación catastral descriptiva y gráfica fuera denegada 
por la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas, el promotor podrá instar el 
deslinde conforme al artículo siguiente, salvo que los colindantes registrales afectados 
hayan  prestado  su  consentimiento  a  la  rectificación  solicitada,  bien  en  documento 
público,  bien  por  comparecencia  en  el  propio  expediente  y  ratificación  ante  el 
Registrador, que dejará constancia documental de tal circunstancia, siempre que con ello 
no se encubran actos o negocios jurídicos no formalizados e inscritos debidamente.»
Recuerda la DGRN en las resoluciones que tienen por objeto el nuevo procedimiento 
del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, que la regulación de este precepto se incardina en  s
el marco de la desjudicialización de procedimientos que constituye uno de los objetivos  oe.
principales de la nueva Ley 15/2015 de 2 de julio, de -la Jurisdicción Voluntaria, y de la  w.
laLoles Ry  en1go3it/sa2tr0rioo1 s5d ,e yd  lear  e2Pg4rio sdptreiae djduoanrdieo sy,   radetegri ublluáayn edPnordosope i ceeodnma edps.e tatUe núnclotii amd ape a lorlaos s lpa r potrrcainemcdiiiptmaiociesión ntdo eys   rqeeussetoa l aufnceiuócentav ana    2021-1640n https://ww
regulación de la Jurisdicción Voluntaria es que, salvo que la Ley expresamente lo prevea,
la  formulación  de  oposición  por  alguno  de  los  interesados  no  hará  contencioso  el
expediente, ni impedirá que continúe su tramitación hasta que sea resuelto, tal y como 
se destaca en la Exposición de Motivos de la citada Ley 15/2015 o su artículo 17.3. No 
es razonable entender que la mera oposición que no esté debidamente fundamentada, 
aportando una prueba escrita del derecho de quien formula tal oposición, pueda hacer 
derivar  el  procedimiento  a  la  jurisdicción  contenciosa  y  no  puede  ser  otra  la 
interpretación de esta norma pues de otro modo se desvirtuaría la propia esencia de este 
expediente  según  se  ha  concebido  en  el  marco  de  la  reforma  de  la  jurisdicción 
voluntaria,  indica  la  DGRN  en  res.  de  12  de  junio  de  2018.  En  consecuencia,  el 
registrador ha de decidir según su prudente criterio, oyendo a los notificados, teniendo 
en cuenta cada una de las alegaciones y sin que la mera oposición de quien no ha 
acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes 
determine necesariamente la denegación de la inscripción, pues como tiene señalado la 
DGRN el objeto de la intervención de los titulares colindantes es evitar que puedan 
lesionarse sus derechos, generar dobles inmatriculaciones o que accedan al Registro 
situaciones que se estén resolviendo en procedimiento judicial. (Resoluciones de 8 de 
octubre de 2005, 2 de febrero de 2010, 13 de julio de 2011, 2 de diciembre de 2013, 3 de 
julio de 2014, 19 de febrero de 2015, 21 de abril de 2016, 12 de junio de 2018, 7 de junio 
de 2019, entre otras).
Las dudas sobre la identidad de la finca pueden referirse a que la representación 
gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio 
público, a la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o se encubriese un 
negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria (cfr. artículos 199 
y 201 de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 22 de abril, 8 de junio, 10 de octubre 
de 2016 y 7 de junio de 2019). Y como se ha visto, el registrador podrá utilizar, con 
carácter meramente auxiliar, otras representaciones gráficas disponibles, que le permitan 
averiguar las características topográficas de la finca y su línea poligonal de delimitación, 
para  lo  que  podrá  acudirse  a  la  aplicación  informática  prevista  en  dicha  norma  y 
homologada en la Resolución de esta Dirección General de 2 de agosto de 2016.
Quinto.  Posible invasión de finca colindante o dominio público. Con la ayuda de del 
programa  auxiliar  de  bases  gráficas  el  registrador  ha  de  calificar  la  base  gráfica 
valorando si la misma puede invadir en todo o en parte el perímetro de otra finca 
colindante o el dominio público. En caso de invasión de finca colindante o dominio 
público, ha de denegarse la inscripción.
«… La representación gráfica aportada será objeto de incorporación al folio real de la 
finca, siempre que no se alberguen dudas por el Registrador sobre la correspondencia 
entre dicha representación y la finca inscrita, valorando la falta de coincidencia, siquiera 
parcial, con otra representación gráfica previamente incorporada, así como la posible 
invasión del dominio público…». (artículo 9 LH.)
«El Registrador denegará la inscripción de la identificación gráfica de la finca, si la 
misma coincidiera en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, 
circunstancia que será comunicada a la Administración titular del inmueble afectado. …». 
(Artículo 199.1 parr. cuarto.)
La DGRN en resoluciones, entre otras, de 23 de mayo de 2018, 29 de noviembre 
de 2019 insiste en la cautela que ha de tener el registrador a la hora de inscribir fincas 
que puedan invadir terrenos de dominio público e incide en lo siguiente:
«… Avanzando decididamente en la senda de la protección registral del dominio  e.
público, incluso del no inscrito debidamente, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma  w.
de la Ley Hipotecaria, al dar nueva redacción a diversos artículos de la Ley Hipotecaria,  40ww
dpere lvaé  rqeupere, seenn ttaocdioó nc agsráof,i ceal  rgeegoisrtrreafdeorer ntcraiatadraá  ddee  feinvcitaasr  ylaa  iinnsmcaritprcicióunla ddaes n cuueavnadso f itnucvaiesr oa 
dteurdmains afunnted ayd arse isteorbardea l ae pno sviabrleio isn vparseicóenp dtoesl  ddoem ilnai o Lpeúyb liHcoip.o Atescí asreia e, xyp rensoa  sdoel om aenne real   BOE-A-cable e
artículo  9  que  ya  contiene  una  proclamación  general  al  respecto,  sino  también  en 
diversos artículos del Título VI de la ley que contienen manifestaciones concretas del 
mismo  principio  general  (así,  por  ejemplo,  los  artículos  199,  203  y  205). 
Consecuentemente con todo ello, la propia Ley 13/2015, además, trata de proporcionar a 
los registradores los medios técnicos auxiliares que les permitan conocer la ubicación y 
delimitación del dominio público, incluso no inarticulado, señalando en el nuevo artículo 9 
de la Ley Hipotecaria que «todos los Registradores dispondrán, como elemento auxiliar 
de  calificación,  de  una  única  aplicación  informática  (...)  para  el  tratamiento  de 
representaciones gráficas, que permita relacionarlas con las descripciones de las fincas 
contenidas en el folio real, previniendo además la invasión del dominio público, así como 
la consulta de las limitaciones al dominio que puedan derivarse de la clasificación y 
calificación urbanística, medioambiental o administrativa correspondiente» (vid. también 
la disposición adicional primera). Tal profusión normativa, aun cuando pueda incluso 
llegar  a  ser  reiterativa,  no  hace  sino  asentar  el  principio  general,  ya  vigente  con 
anterioridad  a  la  Ley  13/2015,  de  que  los  registradores  deben  evitar  practicar 
inscripciones de bienes de propiedad privada que invadan en todo o en parte bienes de 
dominio público, inmatriculado o no, pues el dominio público, por la inalienabilidad que le 
define, supone, precisamente, la exclusión de la posibilidad de existencia de derechos 
privados sobre esa concreta porción del territorio catalogada como demanial…»
[Prórroga del asiento de presentación y oferta de recursos]
Corralejo, municipio de La Oliva, a siete de octubre de dos mil veinte.
Fdo.: María Isabel Cabra Rojo (sello y firma ilegible de la registradora).
III
Contra la anterior nota de calificación, don F. R. R., interpuso recurso fechado el 
día 14 de octubre de 2020, que tuvo entrada en el Registro el mismo día, en el que alega 
lo siguiente:
«Primera.–Mediante  instancia  privada  suscrita  el  26  de  diciembre  de  2019 
(Asiento 977, Diario 100), don F. R. R. solicita en el Registro de la Propiedad de 
Corralejo la inscripción de la representación gráfica catastral de la finca 23.950 de La 
Oliva y la consecuente rectificación de su descripción.
Pretendía el compareciente, en apretadísima síntesis, dar inicio al procedimiento 
previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, a fin de proceder a la inscripción de la 
representación gráfica catastral de la finca registral 23.950 de La Oliva, así como su 
coordinación con el Catastro.
Debe tenerse en cuenta que –tal y como consta en el documento a que más adelante 
se hará mención, identificado como Documento Número Tres–, la base gráfica de la finca 
indicada ya había sido incorporada al asiento por la Registradora, si bien determinadas 
alteraciones de su superficie (dirigidas a evitar la invasión del dominio público marítimo 
terrestre) y sus linderos (a fin de evitar cualquier tipo de controversia al apreciarse una 
defectuosa descripción literaria de la finca), hacían necesaria una nueva incorporación 
tras las modificaciones practicadas.
Acompañaba así el promoviente, en justificación de su pretensión, el documento autorizado 
el día 10 de enero de 2018 por la Notario de Corralejo doña Irene Carreño Martín, con el 
número 28 de su Protocolo, a virtud del cual se procede a la actualización de los linderos de la 
indicada finca registral conforme a la realidad y tal y como constan en el Catastro, en unión de  es
otro documento autorizado el día 20 de diciembre de 2019 por el Notario de Puerto del Rosario  bo
don José Ramón Entrena García, con el número 1.145 de su Protocolo, a virtud del cual se  40ww
apdecal raltaArea P   reereoslq ptaueinei rtdúeealnrtidiotme rd  oeye   ndCs oeocc ruirunaasmlnetaetjoo nl .atao  c loasne ps atinarnccoceirlaap  odoreba jbleaa tobna ,d sceeo  lnga rsáe flri cefaifne  rredidgeai ssatr caerlse dcderiit taluarr  aflians c,t aiyt u eelanll roeid ld aRedeb gdidieso t rlaoa    OE-A-2021-16able en https://
las dudas que sobre la titularidad de la misma había realizado la Registradora de la
Propiedad de Corralejo en diversas y anteriores calificaciones, al apreciar dudas sobre el 
carácter  público  de  la  parcela,  además,  fotocopias  cotejadas  por  el  Notario  de  los 
siguientes documentos:
Certificación  Catastral  Descriptiva  y  Gráfica  de  la  parcela 
catastral 0896203FS1709N0001KG.
Recibos  acreditativos  del  pago  del  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles  (IBI)  de  los 
ejercicios 2011 a 2019 al Ayuntamiento de La Oliva en relación con la indicada parcela 
catastral 0896203FS1709N0001KG.
Informe emitido con fecha de 14 de noviembre de 2012 por el Ayuntamiento de La 
Oliva acreditando la correspondencia entre los recibos acompañados y la parcela con 
referencia catastral 0896203FS1709N0001KG, toda vez que en los recibos no aparece la 
indicada referencia, sino el número fijo 34632378.
Cédula  de  Calificación  Urbanística  correspondiente  a  la  parcela 
catastral 0896203FS1709N0001KG expedida con fecha de 13 de julio de 2018 por la 
Secretaria del Ayuntamiento de La Oliva.
Certificado expedido con fecha de 19 de julio de 2019 por el Jefe de la Demarcación 
de  Costas  de  Canarias,  Don  Rafael  López  Orive,  indicativo  de  que  la  parcela 
catastral 0896203FS1709N0001KG no invade el dominio público marítimo terrestre.
Instancias presentadas por el promotor del Expediente al Ayuntamiento de La Oliva 
con fecha de 28 de julio de 2015 y 10 de marzo de 2017 instando a dicha Corporación a 
dejar de cobrar la Tasa por utilización de vía pública que venía girando el Ayuntamiento a 
los  titulares  de  los  restaurantes  adyacentes  a  la  parcela 
catastral  0896203FS1709N0001KG  por  la  utilización  de  mesas  y  sillas  con  fines 
comerciales  y  hosteleros,  así  como  informando  al  Ayuntamiento  del  carácter  de 
propiedad privada de la referida parcela.»
Segunda.  Presentado  dicho  documento  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de 
Corralejo, con fecha de 17 de enero de 2020 la Registradora de la Propiedad de 
Corralejo da inicio al procedimiento previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, para 
la inscripción de la representación gráfica catastral de la finca registral 23.950 de La 
Oliva, y su coordinación con el Catastro y, en cumplimiento del citado artículo, procede a 
la notificación, como posibles afectados, de las siguientes personas o entidades:
1.  Ayuntamiento de La Oliva.
2.  Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
3.  Demarcación de Costas de Canarias.
4.  Doña E. M. R.
5.  Don J. M. B. M.
6.  Don G. B. M.
7.  Doña M. del R. B. M.
8.  Cualinda, S.L.
9.  J.L.J. Parfums, S.L.
10.  Delval Internacional, S.A.
11.  Autoridad Portuaria.
12.  Puertos Canarios
A los solos efectos de la mejor comprensión de los siguientes párrafos, incorporamos 
un pequeño plano extraído de la sede electrónica del catastro antes de analizar una por 
una las alegaciones (o falta de ellas) presentadas por cada una de las personas a las  e.
que la Registradora notificó, como posibles afectados, la existencia del expediente. w.
acre1d.i taEdol  Aeynu nlata nmoitean tdoe  dcea lLifiac aOcilóivna  ecl ormesptaor edcee  sau st rdaavétoss  dpee rdsoonna lÓes.  Dni.  t(anmo pcoocnos tlaa 
chiarcburínas tdaen cdieat erremlaintivaar,  sai  lnao  accornesdtiatarecinó nd icdheo sla  erxetpreremsoesn teanc ieóln e qxupee ddieicnete ,o slate innteafri,c aloc iac udael 
tal comparecencia) y se limita a aportar, sin efectuar alegación alguna, fotocopias de las 
siguientes sentencias:
1.1  Sentencia  de  fecha  22  de  junio  de  2010,  dictada  en  el  Procedimiento 
número 1270/2009, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de 
Puerto del Rosario.
1.2  Sentencia número 503/2014, de 29 de septiembre de 2014, dictada por la 
Sección  Cuarta  de  la  Audiencia  Provincial  de  Las  Palmas,  en  el  Recurso  de 
Apelación 288/2012, dimanante del juicio ordinario número 974/2010, aclarada por Auto 
de fecha 7 de julio de 2011, del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Puerto del 
Rosario.
A propósito de la existencia de los procedimientos a que se acaba de hacer mención, 
hemos de manifestar:
a.  Que con fecha de 13 de octubre de 2009 don F. R. R. interpone demanda de 
Juicio Verbal para la tutela de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad 
(artículo 41 de la ley Hipotecaria) frente a doña B. M. Á. T. S., don M. Á. C. F., la entidad 
mercantil Cualinda, S.L. y el Ayuntamiento de La Oliva, la cual dio lugar a los autos de 
juicio verbal 1270/2009, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número Cuatro de Puerto del Rosario.
Argumentaba el actor que, siendo titular registral de la finca a que se refiere el 
presente expediente (registral 23.950 del Registro de la Propiedad de Corralejo), los 
demandados doña B. M. Á. T. S., don M. Á. C. F. y la entidad mercantil Cualinda, S.L. 
venían ocupando el referido inmueble mediante la utilización de mesas y sillas con 
destino a la actividad de hostelería, y que el Ayuntamiento de La Oliva cobraba a dichas 
personas una Tasa por utilización de vía pública, siendo evidente que dicha parcela, de 
titularidad privada, ni era pública, ni era tampoco una vía.
Tras la oportuna tramitación, con fecha de 22 de junio de 2010, recayó sentencia a 
virtud  de  la  cual  se  desestima  íntegramente  la  demanda,  con  base  en  la  falta  de 
identificación de la finca. Debe observarse que en la referida Sentencia no se hace 
mención en apartado alguno al hecho de que la finca sea de titularidad pública, sino 
simplemente al hecho de que no ha quedado perfectamente acreditada (a juicio de la 
juzgadora) la identidad de la misma. También debe observarse que ninguno de los 
demandados manifestó ni alegó ser propietario del inmueble, limitándose a poner de 
manifiesto circunstancias tales como la falta de incorporación de la referencia catastral al 
asiento registral o errores en la descripción de la parcela.
La mencionada Sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Las Palmas 
con fecha de 11 de diciembre de 2011 (Sección Cuarta, Recurso de Apelación 864/2011), 
sin que tampoco en esta ocasión la Sala haga constar que la finca en litigio perteneciera 
a ninguno de los codemandados.
b.  Que con fecha de 20 de septiembre de 2010 don F. R. R. interpone una nueva 
demanda de Procedimiento Ordinario en ejercicio de las acciones declarativa de dominio 
y  reivindicatoria  frente  a  don  M.  Á.  C.  F.,  la  entidad  mercantil  Cualinda,  S.L.  y  el 
Ayuntamiento  de  La  Oliva,  la  cual  dio  lugar  a  los  Autos  de  Procedimiento 
Ordinario 974/2010, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
Dos de Puerto del Rosario.
Argumentaba el actor que, siendo titular registral de la finca a que se refiere el 
presente expediente (registral 23.950 del Registro de la Propiedad de Corralejo), los  s
demandados don M. Á. C. F. y la entidad mercantil Cualinda, S.L. venían ocupando el  oe.
referido inmueble mediante la utilización de mesas y sillas con destino a la actividad de  w.
uhptoúilsbiztleiaclcaei,ró ínnai ,  deyer a qv utíaaem  pepúl obAcliyocua un, ntsaaime vniíedano.t oe vdidee Lnate O qluivea d cicohbara pbaar cae ldai,c dhea st itpuelarsriodnaads p urinvaa dTaa,s nai  peorar   2021-1640n https://ww
Tras la oportuna tramitación, con fecha de 30 de julio de 2011, recayó sentencia a
virtud de la cual se desestima íntegramente la demanda, con base nuevamente en la
falta de identificación de la finca. En concreto, refiere la Sentencia las contradicciones 
existentes entre la descripción registral y la descripción catastral de la misma. Pero debe 
observarse nuevamente que en la referida Sentencia no se hace mención en apartado 
alguno al hecho de que la finca sea de titularidad pública, sino simplemente al hecho de 
que no ha quedado perfectamente acreditada (ajuicio de la juzgadora) la identidad de la 
misma. También debe observarse que ninguno de los demandados manifestó ni alegó 
ser propietario del inmueble, limitándose a poner de manifiesto circunstancias tales como 
las divergencias entre el asiento registral y la certificación catastral o la existencia de una 
invasión de 40 metros cuadrados del dominio público marítimo.
La mencionada Sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Las Palmas 
con  fecha  de  29  de  septiembre  de  2014  (Sección  Cuarta,  Recurso  de 
Apelación 288/2012), sin que tampoco en esta ocasión la Sala haga constar que la finca 
en litigio perteneciera a ninguno de los codemandados, si bien pone de manifiesto, como 
aduce la Registradora, la existencia de una porción de terreno que invade el dominio 
público marítimo terrestre y la existencia de discrepancias entre la descripción literaria 
que de la finca figura inscrita en el Registro de la Propiedad y el Catastro, de las que se 
pudiera derivar una afección de bienes de titularidad pública, cual sucede con la calle 
que separa la finca litigiosa de las referencias catastrales colindantes según el título.
c.  A  modo  de  recapitulación,  podemos  concluir  que  aquellos  procedimientos 
judiciales finalizaron con resultado absolutamente desfavorable para el hoy recurrente, al 
ponerse de manifiesto diversas circunstancias que llevaron a los Jueces y Magistrados 
que resolvieron la controversia a sostener que no quedaba debidamente cumplimentado 
el  requisito  formal  (según  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo)  de  la  perfecta 
identificación de la finca registral 23.950 de Corralejo, pero sin que en ningún caso se 
declarara la nulidad de la inscripción o la existencia de derecho real alguno a favor de 
ninguno de los demandados.
2.  La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar no responde al 
requerimiento de la Registradora, por lo que ha de entenderse que no se opone a la 
incorporación de la base gráfica al asiento.
3.  La  Demarcación  de  Costas  de  Canarias  responde  al  requerimiento  de  la 
Registradora con fecha de 24 de mayo de 2020, aportando un Certificado expedido por 
don R. L. O. del que resulta que la base gráfica invade en parte el dominio público 
marítimo terrestre.
No obstante, ha de advertirse que con fecha de 14 de septiembre de 2020 se 
presenta una nueva Certificación por parte de la Demarcación de Costas de Canarias en 
la que se hace constar la existencia de un error en el anterior certificado, siendo así que, 
en realidad, la base gráfica no invade el dominio público marítimo terrestre, si bien se 
encuentra afectada en parte por la servidumbre de tránsito y en su totalidad por la 
servidumbre de protección.
En  definitiva,  queda  constancia  de  que  la  base  gráfica  cuya  incorporación  se 
pretende no invade el dominio público marítimo terrestre.
4.  Doña E. M. R. no responde al requerimiento de la Registradora, por lo que ha de 
entenderse que no se opone a la incorporación de la base gráfica al asiento.
5, 6 y 7.–Don J. M. B. M., don G. B. M. y doña M. del R. B. M. (la familia B. M., en 
palabras de la Registradora), responden al requerimiento con fecha de 12 de febrero 
de 2020, formulando oposición a la incorporación de la base gráfica al asiento.
Manifiestan ser titulares registrales de la finca registral 35025000260847 (se trata del  e
Código IDUFIR de la finca registral 23.890), y que dicha "finca registral en origen no tiene  bo
lindero alguno", manifestación que no solo es manifiestamente falsa, sino que contradice  40ww
arebdiearctacimóne notreig einl aclo) nlate innisdcor ipdceiló anr taíc lual oe x9p rdees ilóan L -eeyn tHreip oottreocsa-r diae,  lqouse l incodnedroicsi odnea l a(d feinscdae. su
elevAapcioórnta an ,p úabdleicmoá dse, l umni scmoon tqrauteo,  pcurirviaodsaom deen tceo, mnop rhaavne ntetan iyd ou ancac eessoc raitlu Rrae gpiústbrloic dae d lae 
Propiedad. Aportan, además, copia de una Sentencia que declara a los comparecientes
como copropietarios de la finca registral 23.890, finca registral que no coincide, ni en 
todo ni en parte con la finca registral a la que se refiere el presente expediente, siendo 
simplemente fincas colindantes separadas entre sí por una calle. Por otro lado, aportan 
la Sentencia número 503/2014, de 29 de septiembre de 2014, dictada por la Sección 
Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en el Recurso de Apelación 288/2012, 
dimanante del juicio ordinario número 974/2010, ya aportada por el Ayuntamiento de La 
Oliva y a la que ya se ha hecho referencia, insistiendo en el argumento de que en la 
Sentencia se destaca el hecho de que la finca a que se refiere el presente expediente 
invade  parcialmente  (en  unos  40  metros  cuadrados)  el  dominio  público  marítimo 
terrestre.
Aportan también copia de una denuncia penal en la que se afirma que la finca a que 
se refiere el presente expediente invade el dominio público marítimo terrestre. Y aportan, 
finalmente, diversos documentos no incorporados al Registro (actas de manifestaciones, 
certificación de costas, fotografías de la parcela, etc.…).
Del contenido de tales manifestaciones se desprende:
1.º  Que los comparecientes se oponen a la inscripción de la base gráfica.
2.°  Que los comparecientes son titulares registrales de una finca (la 23.890) que se 
encuentra situada al Norte de la finca a que se refiere el presente expediente (la 23.950), 
estando ambas separadas por una calle, por lo que no colindan entre sí.
3.°  Que  la  finca  de  los  comparecientes  está  perfectamente  identificada 
catastralmente, si bien no ha sido incorporada la base gráfica a su asiento.
4.°  Que los comparecientes no ostentan ni alegan ostentar derecho alguno (ni 
inscrito ni no inscrito) sobre la finca a que se refiere el presente expediente.
5.°  Que los comparecientes parecen discutir la legalidad del asiento, pero no han 
interpuesto demanda ni procedimiento alguno para declarar su nulidad o rectificación 
(llegan a identificar, en el hecho 6° de su escrito, la finca a que se refiere el presente 
expediente en un plano, añadiendo la expresión "invento de finca que se pretende 
registrar").
Sobra advertir que la finca a que se refiere el presente expediente (es decir, la 23.90) 
ya está registrada, y que el presente expediente tiene por objeto tan solo la incorporación 
de la base gráfica al asiento.
8.  Cualinda, S.L. no responde al requerimiento de la Registradora, por lo que ha de 
entenderse que no se opone a la incorporación de la base gráfica al asiento.
9.  J.L.J. Parfums, S.L. no responde al requerimiento de la Registradora, por lo que 
ha de entenderse que no se opone a la incorporación de la base gráfica al asiento.
10.  Delval Internacional, S.A., no responde al requerimiento de la Registradora, por 
lo que ha de entenderse que no se opone a la incorporación de la base gráfica al 
asiento.
11.  La Autoridad Portuaria responde al requerimiento con fecha de 22 de mayo 
de 2020, manifestando que la finca no invade el dominio público portuario estatal, si bien, 
ello  no  obstante,  el  dominio  público  portuario  afecto  al  Puerto  de  Corralejo  es 
competencia del ente público Puertos Canarios.
12.  Puertos Canarios no responde al requerimiento de la Registradora, por lo que 
ha de entenderse que no se opone a la incorporación de la base gráfica al asiento.
Tercera.  Como se puede comprobar, todas las alegaciones de quienes formularon 
oposición a la incorporación de la base gráfica registral al asiento aparecen fundadas en  s
la  circunstancia  de  que  la  expresión  literaria  original  de  la  finca  registral  23.950  oe.
presentaba discrepancias con la información proporcionada por el Catastro, por un lado,  w.
yas ufeppcoetrarqfriuc aiee  v didaeele  lusa n dodesel  sA4cy0ru ipmncteaiótmnro iesdn ect oul aadd efr ianLdcaoa Os )pli voeadl ,í dapo oimnr fioentriroior s pleaú dbqolui.ceo  lma amríitsimmoa  tienrvraedstírae  (ye np oudníaa   2021-1640n https://ww
Pues bien, es precisamente en atención a estas circunstancias que don F. R. R. ha
realizado diversas y numerosas gestiones dirigidas, precisamente, y por un lado, a la
perfecta identificación de la finca y, por otro lado, a corregir aquellas otras circunstancias 
de las que se derivaba una afección del dominio público (tanto del dominio público 
marítimo terrestre como de viales del Ayuntamiento de La Oliva). Dichas gestiones 
pueden resumirse de la siguiente forma:
1.°  Procedió al otorgamiento de una escritura pública de rectificación de linderos 
(autorizada ante la Notario de Corralejo doña Irene Carreño Martín el 10 de enero 
de 2018) a virtud de la cual procedió a rectificar la descripción de la finca registral 23.950 
a fin de adecuarla a la realidad y a los datos del Catastro. Copia de dicha escritura se 
acompaña como Documento Número Uno.
2.°  Procedió  a  solicitar  el  oportuno  deslinde  a  la  Demarcación  de  Costas  de 
Canarias, comprobando que, efectivamente, la parcela en cuestión invadía en unos 36 
metros cuadrados el dominio público marítimo terrestre.
3.°  Tras obtener este dato, procedió a efectuar las correcciones oportunas a fin de 
corregir la superficie y linderos de la parcela ante la Dirección General del Catastro, con 
el objetivo de que la parcela catastral dejara de invadir el dominio público.
4.º  Corregida  la  cabida  y  linderos  de  la  parcela  catastral,  que  pasó  de  una 
superficie originaria de 289 metros cuadrados a una superficie final de 253 metros 
cuadrados, procedió nuevamente a solicitar a la Demarcación de Costas de Canarias la 
emisión  de  un  nuevo  Certificado,  indicándose  en  esta  ocasión  que  la  parcela  (ya 
corregida) no invadía el dominio público marítimo terrestre.
5.°  Y, finalmente, procedió al otorgamiento de una escritura pública de aclaración y 
acta de representación gráfica y coordinación catastral (autorizada por el Notario de 
Puerto del Rosario Don José Ramón Entrena García el día 20 de diciembre de 2019) a 
virtud  de  la  cual  aclaraba  la  superficie  de  la  parcela  (descontando  los  36  metros 
cuadrados que había perdido la finca) y sus linderos, presentando la base gráfica y 
solicitando su incorporación al Registro. Copia de dicha escritura se acompaña como 
Documento Número Dos.
En prueba de su pretensión, además, incorporó al documento al que nos acabamos 
de  referir  Certificación  Catastral  Descriptiva  y  Gráfica  de  la  parcela  (ya  corregida), 
recibos expedidos a su nombre del Impuesto de Bienes Inmuebles correspondientes a la 
parcela catastral de referencia en relación con los ejercicios 2011 a 2019, Cédula de 
Calificación Urbanística expedida por el Ayuntamiento de La Oliva, Certificación de la 
Demarcación de Costas de Canarias acreditativa de la no invasión del dominio marítimo 
terrestre y diversas instancias dirigidas al Ayuntamiento de La Oliva.
En definitiva, todas y cada una de las alegaciones formuladas en contra de la 
incorporación de la base gráfica al asiento tienen su fundamento en la descripción de la 
finca registral 23.950 antes de verificarse todos aquellos actos realizados, precisamente, 
con la finalidad de solventar aquellas otras circunstancias ya analizadas con anterioridad, 
quedando  las  mismas  completamente  en  evidencia  si  lo  que  analizamos  es  la 
descripción de la finca tras las gestiones de referencia (la finca ya no invade el dominio 
público  marítimo  terrestre,  no  afecta  al  vial  del  Ayuntamiento  de  La  Oliva  y  han 
desaparecido las discrepancias existentes entre el Registro y el Catastro, habiéndose 
procedido a su perfecta coordinación).
Cuarta.  Con fecha de 7 de octubre de 2020, la Registradora denegó la inscripción 
solicitada al considerar que "la finca de cuya base gráfica se solicita inscripción, podría 
formar  parte  del  dominio  público,  existiendo  dudas  fundadas  en  las  siguientes  s
circunstancias: oe.
1.  La modificación de linderos de variables afijos. El lindero norte pasa de ser un  40ww
lrienfdeereron cviaa rciaabtales traa l unnú mlienrdoe r0o8 9fi6jo2,0 3y ay  qseugeú nse eglú Cn aetal sRtroe,g icsotrno  clainlldea ( …co),n q ulae  flion csae pcaorna 
dy e0 89la6s2 04pFaSrc1e7l0a9s N0c0o0n1 RrGef.erencia  catastrales  números  0896203FS1709N0001HG  BOE-A-cable e
El lindero oeste pasa de ser un lindero variable a un lindero fijo, ya que según el 
Registro linda con la finca con referencia catastral número 0896005 y según el Catastro, 
con  calle  (…),  que  lo  separa  de  la  parcela  con  referencia  catastral 
número 0896005FS1709N0001TG.
2.  Según resulta de los Fundamentos de Derecho Sentencia de la Sección Cuarta 
de la Audiencia Provincial de Las Palmas de fecha 29 de septiembre de 2014 en 
Recurso de Apelación, n.º rollo 288/2012, dimanante del juicio ordinario número 974/10, 
contra sentencia de fecha 30 de junio de 2011, aclarada por Auto de fecha 7 de julio 
de 2011, del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Puerto del Rosario, según los 
cuales "de las pruebas documentales y testificales resultó probado que se trata de un 
terreno que no está edificado, formado por un paseo marítimo y viario adyacente de uso 
público, todo ello destinado al tránsito público, de los vecinos de Corralejo y del público 
en general, estando abierto sin restricciones el paso o tránsito en dicho lugar para el 
público en general, sin solución de continuidad desde que dicho terreno fue ganado al 
mar mediante la correspondiente obra pública de rellano y construcción del dique y del 
paseo marítimo, e igualmente destinado al uso público referido en la actualidad... no 
podría considerarse como circunstancias idóneas en orden a respaldar o sostener una 
titularidad dominical de naturaleza privada como lo es la reivindicatoria en la demanda 
(en cuanto al dominio público marítimo terrestre, ex arts. 132 CE 339 CC y art. 3 Ley de 
costas e.o. y en cuanto al paseo marítimo y viario adyacente destinados al tránsito 
público de los ciudadanos en general, ex arts. 132 CE, 343 CC, 70 y ss. Ley 7185, de 2 
de abril LBRL, 74 y ss. TR Reg. Local, R.D. Leg. 781/1986, art. 1 y ss. Rgmto. Bienes de 
Entidades Locales, R.D. 1372/1986, de 13 de junio, arts. 62, 93, 105, 173-2 Ley de 
Haciendas Locales, e.o.)...
3.  Manifiesta la familia B. M. que la finca registral 23.890 de la Oliva, de la que son 
titulares registrales, en origen no tiene lindero alguno, ni con (…), ni con ninguna otra 
finca, ya que lindaba al este y al sur con Riberas de Mar. (…) es un lindero sobrevenido 
con el tiempo y en la actualidad linda con (…), y dicha (…) con riberas del mar, 
acompañando al escrito de oposición los documentos que se citan en el antecedente de 
hecho cuarto.
4.  Según resulta de instancia presentada por el interesado al Ayuntamiento de La 
Oliva de fecha 28 de julio de 2015 testimoniada en el título, el Ayuntamiento de La Oliva 
vino girando tasas a los vecinos que utilizaban la finca objeto de calificación mediante 
colocación de mesas y sillas para dar servicio a los restaurantes colindantes.
Analizaremos a continuación pormenorizadamente cada una de las cuatro referidas 
circunstancias.
1.  Sobre la modificación de linderos de variables a fijos. La descripción de la finca, 
en origen, tal y como actualmente figura inscrita en el Registro de la Propiedad y como 
aparece descrita en el título de adquisición, es la siguiente:
Urbana: Parcela o solar en el casco de Corralejo, término municipal de La Oliva. Es 
parte que se segrega de la finca número 951. Manifiesta que tiene asignada la siguiente 
referencia catastral 0896213. Tiene una superficie de doscientos ochenta y nueve metros 
cuadrados (289 m2). Linda: Norte, con la finca con referencia catastral número 0896203; 
Sur,  finca  matriz;  Este,  con  línea  interior  del  deslinde  marítimo  terrestre,  según  el 
certificado de costas que se dirá: límite interior del dominio público marítimo-terrestre; y 
Oeste, finca con referencia catastral número 0896005. s
Consta incorporada la referencia catastral de la referida finca al siento registral,  oe.
siendo la misma la referencia catastral 0697501FS1709N0001PG. w.
idnete rCAe ostrarradavoleé jssoo  ldyic eitllaa   plcaroo icnnessdecicrmiupieceninóttneo   drpeer celtavif iisrcetaopc rieóesnne  ndetela  casiróutín c dugelroás cfi1rci9ap9 cc ióadntea,  slstariae lnL ddeeoy   laHla i fpidnoecteascc 2ari3rpi.ac9 i5óe0nl    2021-1640n https://ww
pretendida la siguiente:
Urbana: Parcela o solar en el casco de Corralejo, término municipal de La Oliva, isla 
de Fuerteventura, en la calle (…). Es parte que se segrega de la finca número 951. Tiene 
una superficie de doscientos cincuenta y tres metros cuadrados. Linda: Norte, con calle 
abierta  denominada  calle  (…),  titularidad  del  Ayuntamiento  de  La  Oliva  y  con 
parcela 9020 del polígono 2, en investigación, artículo 47 de la Ley 33/2003; Sur y Oeste, 
con calle abierta denominada calle (…), titularidad del Ayuntamiento de La Oliva; y Este, 
con calle abierta denominada calle (…), titularidad del Ayuntamiento de La Oliva y con 
parcela 9020 del polígono 2, en investigación, artículo 47 de la Ley 33/2003.
Consta incorporada la referencia catastral de la referida finca al siento registral, 
siendo la misma la referencia catastral 0697501FS1709N0001PG.
Como se puede apreciar, la finca pasa de tener una superficie original de 289 metros 
cuadrados a tener una superficie de 253 metros cuadrados. Esta variación de superficie tiene 
su origen –como ya se ha advertido con anterioridad– en la circunstancia de que, inicialmente, 
la finca invadía el dominio público marítimo terrestre en una superficie de 36 metros cuadrados. 
Corregida esta circunstancia, se produce la disminución en la superficie.
Por  otro  lado,  la  descripción  literaria  de  la  finca  provocó  que  los  Tribunales 
apreciaran una falta de identificación de la finca, al observar discrepancias entre los 
linderos  expresados  en  el  asiento  registral  y  los  linderos  que  se  derivaban  de  la 
observación del Catastro. Así, si bien en la descripción literaria de la parcela se indicaba 
que lindaba al norte con la finca con referencia catastral número 0896203 (referencia 
catastral  completa  actual  0896203FS1709N000IKG)  y  al  Oeste  con  la  finca  con 
referencia  catastral  número  0896005  (referencia  catastral  completa 
actual 0896005FS1709N0001TO), lo cierto es que del Certificado catastral se desprendía 
que en la realidad dichas parcelas catastrales estaban separadas entre sí por una calle 
abierta denominada calle (…), titularidad del Ayuntamiento de La Oliva.
Así las cosas, la modificación de linderos pretendida se hace en orden a la perfecta 
descripción de la finca, sin que la finca aumente su superficie ni altere su situación física 
detallada, quedando perfectamente definidos los datos relativos a su naturaleza, linderos 
y superficie, y sin que afecte la nueva descripción a ninguna de las parcelas colindantes, 
ni al vial público titularidad del Ayuntamiento de La Oliva, ni tampoco al dominio público 
marítimo terrestre, razón por la que no se alcanza a comprender el fundamento del 
defecto apreciado por la Registradora.
2.  Sobre la invocación de los Fundamentos de Derecho de la Sentencia de la 
Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de fecha 29 de septiembre 
de 2014. Lo primero que tenemos que advertir es que, con independencia del contenido 
de los Fundamentos de Derecho de la referida resolución, lo verdaderamente relevante 
de la misma es su parte dispositiva. Y, en este sentido, ha de clarificarse que en la parte 
dispositiva de la Sentencia invocada (ni tampoco en la de aquella otra de la que trae 
causa) ni se cuestiona, ni se anula, ni se altera el título del actor y ahora promoviente del 
expediente. Simplemente se pone de manifiesto, por un lado, la circunstancia de que la 
finca invade en una superficie de unos 40 metros cuadrados el dominio público marítimo 
terrestre, y que existen discrepancias entre la descripción literaria del asiento registral y 
la realidad que refleja el Catastro, siendo así que pudiera producirse una invasión del 
viario público que corresponde al Ayuntamiento de La Oliva.
Pues bien, es precisamente el contenido de esa sentencia (y de las que trae causa) 
lo que ha motivado al compareciente a iniciar el procedimiento que ahora nos ocupa, a 
fin de excluir de la parcela aquella superficie que invadía el dominio público, por un lado, 
y efectuar las correcciones y aclaraciones oportunas en aras de evitar la invasión del  e.
viario público que corresponde al Ayuntamiento de La Oliva. Efectuadas todas esas  w.b
correcciones y aclaraciones, en la actualidad se han solemnizado escrituras públicas  40ww
(ecnutyrea  lian sdcerispccriiópnc iósne  lpitreertaerniad ed)e  dlea  lfainsc aq uye  lsae r edaelridivaad  ucnaat atsottraall  yy  peexrtrfeacrrteag cisotrinacl,i ddeen ctiaal 
manEenra e qsutee  sseen ptirdood,u yz crae dlau nadnasniaddoa  scoobnrceo lrad acnuceiast ieónnt,r eto edl aCsa ltaass tvroa lyo realc Rioengeiss treofe.ctuadas
en  las  resoluciones  judiciales  dictadas  con  anterioridad  a  la  solemnización  de  los
documentos notariales cuya inscripción se pretende están directamente referidas a la 
descripción registral de la finca antes de efectuarse los otorgamientos cuya inscripción 
se pretende, por lo que carece a nuestro juicio de sentido que sean esgrimidas como 
argumento para denegar la inscripción de aquellos instrumentos notariales que tienden, 
precisamente, a salvar aquellos obstáculos. Dicho de otro modo, no puede utilizarse 
como argumento para denegar la inscripción los errores en la descripción literaria de la 
finca  existentes  antes  de  la  solemnización  de  aquellos  otros  instrumentos  públicos 
dirigidos y encaminados a enmendarlos.
3.  Sobre la oposición que formula la familia B. M. Ya aludíamos anteriormente a la 
inconsistencia  y  falsedad  de  las  alegaciones  de  aquellas  personas  a  quienes  la 
Registradora denomina «familia B. M.». Ciertamente, se trata de tres hermanos que 
aparecen como titulares registrales de la finca 23.890 de la Oliva, cuya descripción es la 
siguiente:
«Urbana: Solar en el pago de Corralejo, en el término municipal de La Oliva, que 
ocupa una extensión de 219 metros cuadrados, sobre el cual en toda su extensión existe 
construida una casa de cuatro habitaciones y un aljibe. Linderos: al Norte, retranqueo de 
la calle (…) y finca identificada catastralmente con el número 0896202, propiedad de C. 
S. F.; al Oeste, finca identificada catastralmente con el número 0896204, propiedad de 
Transland Comercial, S.A.; al sur, (…); y al este, (…).
Está identificada catastralmente con la referencia catastral 0896203FS1709NOOOJ KG.»
Pues bien, ni de las alegaciones, ni de la documentación que aportan, ni del análisis de la 
realidad catastral se desprende otra conclusión que la de que las fincas registrales 23.950 (a 
la que se refiere el presente expediente) y 23.890 (titularidad de la familia B. M.) son 
independientes entre sí, estando separadas por un vial perteneciente al Ayuntamiento de La 
Oliva, sin que exista el menor atisbo de superposición entre ambas.
Por lo demás, las aseveraciones realizadas a propósito de que nos encontramos 
ante una '«finca inventada» o a la existencia de una denuncia penal, así como aquellas 
otras relativas a documentos que no han sido objeto de inscripción y que ninguna 
referencia contienen relativa a la finca que nos ocupa, resultan ciertamente gratuitas y no 
pueden  tener  ningún  efecto,  máxime  cuando  de  las  mismas  no  se  desprende 
circunstancia alguna de la que resulte un perjuicio concreto para el derecho inscrito a su 
favor. Dicho en otros términos, si se practica la incorporación de la base gráfica al 
asiento, el derecho inscrito a favor de los oponentes seguirá intacto e incólume.
Debemos reiterar, una vez más, que lo que pretenden los oponentes al expediente es 
que no se practique la incorporación al asiento registral de la base gráfica, perpetuando 
una situación de contradicción entre el asiento y la realidad extrarregistral que en nada 
afecta  a  sus  derechos,  como  expresamente  reconocen.  No  se  desprende  de  sus 
manifestaciones, en este sentido, que la finca propiedad del promovente del expediente 
afecte  a  ningún  otro  derecho  real,  ni  inscrito  ni  no  inscrito,  basándose  todas  sus 
manifestaciones en una serie de conjeturas incoherentes e irrazonables (la finca invade 
el dominio público, invento de finca que se pretende registrar, no existe la finca que se 
pretende inscribir, etc.…). Es incuestionable, en este sentido, que la finca existe, que 
está  catastrada,  que  aparece  incorporada  la  referencia  catastral  al  asiento,  que  el 
promovente  lleva  abonando  los  recibos  del  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles  al 
Ayuntamiento desde al menos el año 2011, que la finca no invade el dominio público 
marítimo terrestre, que el Ayuntamiento carece de título ni inscrito ni no inscrito sobre 
esa franja de terreno y que ninguno de los citados al expediente ha acreditado ostentar  e
derecho de ninguna especie sobre el inmueble. bo
4.  Sobre la circunstancia de que el Ayuntamiento de La Oliva vino girando tasas a  40ww
sloilsla vse pcainroas d qaur es eurtviliicziaob aa nlo sla r efinstcaau roabnjetetos  dcoel icnadlaifnictaecsi.ón mediante colocación de mesas y
de rPefaerrair nfinoas liaz alar  ccoirnc uenl sútlatinmcoia d deefe qcutoe ,s uebfescatnivaabmlee natper,e ecina deol  ppaosr alad oR eelg Aisytruandtoarmai,e hnetom does 
La  Oliva  vino  girando  una  tasa  por  utilización  de  vía  pública  a  los  titulares  de
restaurantes de la zona que utilizaban la superficie de dicha parcela para la colocación 
de mesas y sillas con las que dar servicio a los clientes de tales establecimientos.
Dicha circunstancia (cuya evitación, por otro lado, constituye el objetivo último del 
promovente del expediente) ya ha desaparecido, pues precisamente fue cuando se puso 
en conocimiento del Ayuntamiento que la finca en cuestión estaba inscrita, catastrada, y 
que el propio Ayuntamiento giraba (y cobraba) los recibos correspondientes al Impuesto 
de Bienes Inmuebles (expedidos a nombre del promovente), cuando la Corporación dejó 
de cobrar el importe de dicha tasa, por considerarla absolutamente improcedente.
Así  las  cosas,  no  puede  esgrimirse  como  justificación  de  la  denegación  de  la 
inscripción una circunstancia que, afortunadamente, ya ha desaparecido, precisamente 
al tomar conocimiento el Ayuntamiento de la misma y constatar que se trataba de una 
propiedad privada.
Quinta.  Llegados a este punto, procede reiterar la doctrina de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado relativa a la inscripción de representaciones gráficas. El 
artículo 9 de la Ley Hipotecaria, contempla en su apartado b) la posibilidad de incorporar 
a la inscripción, como operación específica, la representación gráfica georreferenciada 
de  la  finca  que  complete  su  descripción  literaria,  expresándose,  si  constaren 
debidamente  acreditadas,  las  coordenadas  georreferenciadas  de  sus  vértices.  La 
incorporación de la representación gráfica a la inscripción tiene como consecuencia que 
«una vez inscrita la representación gráfica georreferenciada de la finca, su cabida será la 
resultante de dicha representación, rectificándose, si fuera preciso, la que previamente 
constare  en  la  descripción  literaria»  (párrafo  séptimo  del  artículo  9.b)  de  la  Ley 
Hipotecaria).
Según  dicho  artículo  9.b),  para  efectuar  esta  incorporación  potestativa  han  de 
aplicarse con carácter general los requisitos establecidos en el artículo 199 de la Ley 
Hipotecaria.  Dicho  precepto  regula  el  procedimiento  para  la  inscripción  de  la 
representación gráfica georreferenciada de la finca y su coordinación con el Catastro, 
disponiendo que «el titular registral del dominio o de cualquier derecho real sobre finca 
inscrita podrá completar la descripción literaria de la misma acreditando su ubicación y 
delimitación gráfica y, a través de ello, sus linderos y superficie, mediante la aportación 
de la correspondiente certificación catastral descriptiva y gráfica».
En todo caso, será objeto de calificación por el Registrador la existencia o no de 
dudas  en  la  identidad  de  la  finca,  pues  tal  y  como  dispone  el  artículo  9.b)  «la 
representación gráfica aportada será objeto de incorporación al folio real de la finca, 
siempre que no se alberguen dudas por el Registrador sobre la correspondencia entre 
dicha  representación  y  la  finca  inscrita,  valorando  la  falta  de  coincidencia,  siquiera 
parcial, con otra representación gráfica previamente incorporada, así como la posible 
invasión  del  dominio  público.  Se  entenderá  que  existe  correspondencia  entre  la 
representación gráfica aportada y la descripción literaria de la finca cuando ambos 
recintos se refieran básicamente a la misma porción del territorio y las diferencias de 
cabida, si las hubiera, no excedan del diez por ciento de la cabida inscrita y no impidan la 
perfecta identificación de la finca inscrita ni su correcta diferenciación respecto de los 
colindantes».
Por tanto, las dudas pueden referirse a que la representación gráfica de la finca 
coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, a la 
posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o a la circunstancia de que se 
encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria 
(cfr. artículos 199 y 201 de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 22 de abril, 8 de junio  e.
y 10 de octubre de 2016, entre otras). w.b
Además, dispone el precepto que a los efectos de valorar la correspondencia de la  40ww
areupxrieliasre, ntoatcraiósn  rgerpárfeicsae natapcoirotandeas,  gerl árfeicgaisst raddisopro npiobdlerás , uqtiulizea rl,e  copne rmcaitraánc tearv mereigruaamre nlates 
pcaordarcát earcísutdicirasse  tao ploag arápfliiccaasc iódne  ilnaf ofirnmcáat iyc as up rleínveisata p eonlig doincahla d neo drmelaim yi tahcoimóno,l opgaardaa l oe nq ulae 
Resolución de esta Dirección General de 2 de agosto de 2016. En el caso que nos
ocupa, resulta curioso advertir que la Registradora ha hecho uso de dicha aplicación 
informática  y  ha  procedido  a  marcar  la  parcela  en  cuestión  como  expediente  en 
tramitación, de lo que se desprende sin ambages la circunstancia de que no alberga 
ninguna duda sobre cuál es la parcela cuya inmatriculación se pretende.
Procede,  en  consecuencia,  entrar  a  analizar  si  los  motivos  esgrimidos  por  la 
registradora en la nota de calificación justifican la denegación de la inscripción de la 
representación  gráfica  solicitada  y  la  consiguiente  rectificación  de  la  descripción, 
considerando que todo juicio de identidad de la finca por parte del registrador no puede 
ser arbitrario ni discrecional, sino que ha de estar motivado y fundado en criterios 
objetivos y razonados.
Esta  Dirección  General  ha  señalado  (desde  la  resolución  de  17  de  noviembre 
de 2015 que es reiterada en numerosas posteriores como las más recientes de 22 de 
octubre de 2018, 8, 19, 27 y 28 de noviembre de 2018), que «el procedimiento previsto 
en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria es aplicable incluso cuando la magnitud de la 
rectificación superficial excediera del diez por ciento de la superficie inscrita o se tratase 
de una alteración de linderos fijos, pues, por una parte, la redacción legal no introduce 
ninguna restricción cuantitativa ni cualitativa al respecto, y por otra, los importantes 
requisitos,  trámites  y  garantías  de  que  está  dotado  tal  procedimiento  justifican 
plenamente esta interpretación sobre su ámbito de aplicación».
Por otra parte, como se ha reiterado en numerosas ocasiones (cfr., entre otras, 
Resoluciones de 1 de agosto de 2018, 28 de marzo o 30 de abril de 2019), «en todo 
caso la representación gráfica aportada debe referirse a la misma porción de territorio 
que la finca registral, lo que es presupuesto para la tramitación de este procedimiento y 
deberá ser objeto de calificación por el registrador».
Asimismo esta Dirección General señaló en la resolución de 5 de diciembre de 2018 
que «aun cuando la identidad total entre la descripción literaria y la gráfica en el título 
sólo se exige en los supuestos de inmatriculación (y sin perjuicio de que la descripción 
registral siempre será la que resulte de la representación gráfica, según dispone el 
artículo  9.b)  de  la  Ley  Hipotecaria),  es  presupuesto  de  aplicación  de  cualquier 
procedimiento  para  la  rectificación  de  descripción  de  la  finca  que  se  aprecie  una 
correspondencia entre la descripción de la finca que conste en el Registro y la que 
resulte de la representación gráfica de la misma que se pretende inscribir».
En el caso de este expediente, es incuestionable que tal correspondencia no admite 
discusión, por cuanto con anterioridad a la tramitación del expediente ya constaba 
incorporada la referencia catastral de la parcela al asiento registral, siendo así que la 
pretensión  de  incorporación  de  la  base  gráfica  registral  viene  referida  a  la  misma 
referencia catastral, una vez efectuadas aquellas correcciones destinadas a excluir del 
asiento aquella porción de terreno que invadía el dominio público marítimo terrestre.
Consta así en el expediente de referencia que con fecha de 24 de febrero de 2011 
fue aportada a la finca cuya rectificación se solicita el número de referencia catastral, 
siendo el mismo el 0896203FS1709N0001KG, que es idéntico al que se refiere ahora la 
representación gráfica cuya inmatriculación se pretende. Es más, no cabe bajo ninguna 
circunstancia sostener que pueda existir alguna duda sobre aquella correspondencia si 
se tiene en cuenta que con fecha de 1 de abril de 2015 la propia Registradora de la 
Propiedad emitió un dictamen relativo a la base gráfica registral de la finca 23.950 de La 
Oliva en el que se hacía constar que la representación gráfica de la finca registral de 
referencia "es coincidente en cuanto a su situación, superficie y linderos, con la que 
figura inscrita", por lo que procede a su validación e incorporación al archivo de bases  s
gráficas de ese Registro. oe.
En  este  sentido,  consta  incorporada  a  la  escritura  pública  de  capitulaciones  w.
matrimoniales, división y adjudicación de la Sociedad de Gananciales autorizada por el  40ww
Ndeo ta2r0io1 4d e(N Púmueerrtoo  ddee l PRroostoacriool oD 3o2n9 )E, mciuliyoo  Roormigienraol  Fseer naácnodmepza ñeal  dcíoam 1o4  Ddoec ufemberenrtoo 
NRúemgisetrroa doTrrae sd, e elal  Prerfoepriieddoa dD, icetna muneinó n sdoeb rlea  CBoansseu ltGa rdáefi cEax pCeadtiaesnttreasl  deem Initifdraoc cpióonr  dlae   BOE-A-cable e
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias relativo a 
la base gráfica registral de la finca 23.950 de La Oliva, coincidente con la parcela con 
referencia catastral 0896203FS1709N0001KG.
Así las cosas, clarificada la perfecta correspondencia entre la descripción de la finca 
que consta en el Registro y la que resulta de la representación gráfica de la misma que 
se pretende inscribir, habremos de referimos a la oposición del colindante (familia B. M.). 
Pues bien, lo cierto es que no expresa la Registradora en su nota de calificación que 
efectivamente la registral 23.890 (propiedad de la familia B. M.) resulte ser efectivamente 
invadida,  total  o  parcialmente,  como  consecuencia  del  acceso  al  Registro  de  la 
representación gráfica georreferenciada de la finca objeto del expediente regulado en el 
artículo 199 de la Ley Hipotecaria, limitándose a transcribir literalmente determinados 
párrafos del escrito de alegaciones presentado por el colindante.
Siguiendo la doctrina de esta Dirección General en la Resoluciones de 13 de julio 
de 2017 y 24 de abril de 2018, no es razonable entender que la mera oposición que no 
esté debidamente fundamentada, aportando una prueba escrita del derecho de quien 
formula tal oposición, pueda hacer derivar el procedimiento a la jurisdicción contenciosa. 
No puede ser otra la interpretación de esta norma pues de otro modo se desvirtuaría la 
propia esencia de este expediente según se ha concebido en el marco de la reforma de 
la jurisdicción voluntaria.
Y lo cierto es que las alegaciones que formula la familia B. M. no se refieren a la 
existencia de alguna circunstancia de la que se derive una invasión, siquiera parcial, de 
su finca (la registral 23.890), sino que suponen un ataque (gratuito e infundado) a la 
inscripción de la finca 23.950, ataque que deberá ser objeto de la oportuna interpelación 
judicial a través de la correspondiente acción de nulidad, total o parcial, del asiento. 
Ahora bien, ya no es que esa cuestión no haya sido resuelta en procedimiento judicial 
alguno, sino que lo cierto es que a día de hoy ni tan siquiera existe constancia de que se 
haya procedido a interponer demanda alguna.
Y, por último, y a propósito de la posible titularidad pública de la parcela en cuestión 
(en todo o en parte), consta en el expediente que ninguna de las Administraciones a las 
que se dio la posibilidad de formular oposición al expediente lo verificó, siendo así que 
algunas de ellas dejaron pasar el trámite, lo que equivale a la no oposición, mientras que 
otras certificaron que la finca no invadía el dominio público.
En definitiva, en el caso que nos ocupa, no pueden considerarse fundados los 
motivos por los que la oposición del titular colindante debe prevalecer sobre la solicitud 
de  la  representación  gráfica  catastral,  resultando,  además,  que  por  las  propias 
Administraciones  presuntamente  afectadas,  se  han  evacuado  informes  de  los  que 
expresamente resulta que sus fincas no se ven afectadas por la práctica de la operación 
solicitada. Así, la Demarcación de Costas de Canarias certifica que la finca en cuestión 
no invade el dominio público marítimo terrestre, la Autoridad Portuaria certifica que la 
finca  no  afecta  al  dominio  público  de  dicha  entidad,  limitándose  el  resto  de 
Administraciones  consultadas  a  no  formular  alegación  alguna  (Puertos  Canarios, 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, entre otras) o a poner de 
manifiesto  (sin  realizar  alegación  alguna)  la  existencia  de  procedimientos  judiciales 
anteriores que no alteraron el derecho del promovente y que aparecían referidos a la 
descripción original de la finca antes de los actos de corrección y aclaración cuya 
inscripción se pretende ahora. Dicho en otros términos, ninguna de las Administraciones 
notificadas procedió a invocar un derecho público susceptible de protección.
En este sentido, tal y como señaló esta Dirección General en las Resoluciones de 15  s
de marzo y 12 de abril de 2016, la protección registral que la Ley otorga al dominio  oe.
público no se limita exclusivamente al que ya consta inscrito, sino que también se hace  w.
extensiva  al  dominio  público  no  inscrito,  pero  de  cuya  existencia  tenga  indicios  40ww
sinusfcicriiepncitóens. el registrador y con el que pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de
prevPisotro  teanl  mdiosttiivnota, sc oleny ecsa reáscpteerc iparleesv,i oc oam loa  lpar ádcet iccao sdtaes  lao  dines cmriopncitóens,,  eyl  creognifsotrrmadeo ra  hloa   BOE-A-cable e
de  recabar  informe  o  certificación  administrativa  que  acrediten  que  la  inscripción 
pretendida no invade el dominio público.
En otros casos, como ocurre con la legislación de suelo, también existen previsiones 
expresas de que el registrador, antes de acceder a la inscripción de edificaciones, habrá 
de comprobar que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres 
de uso público general.
Y  avanzando  decididamente  en  la  senda  de  la  protección  registral  del  dominio 
público, incluso del no inscrito debidamente, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma 
de la Ley Hipotecaria, al dar nueva redacción a diversos artículos de la Ley Hipotecaria, 
prevé que, en todo caso, el registrador tratará de evitar la inscripción de nuevas fincas o 
de la representación gráfica georreferenciada de fincas ya inmatriculadas cuando tuviera 
dudas fundadas sobre la posible invasión del dominio público.
Así se expresa de manera terminante y reiterada en varios preceptos de la Ley 
Hipotecaria, y no sólo en el artículo 9 que ya contiene una proclamación general al 
respecto,  sino  también  en  diversos  artículos  del  Título  VI  de  la  ley  que  contienen 
manifestaciones concretas del mismo principio general, como los artículos 199, 203 
y 205.
Consecuentemente  con  todo  ello,  la  propia  Ley  13/2015,  además,  trata  de 
proporcionar a los registradores los medios técnicos auxiliares que les permitan conocer 
la ubicación y delimitación del dominio público, incluso no inmatriculado, regulando en el 
artículo 9 de la Ley Hipotecaria y en la disposición adicional primera de la Ley 13/2015 la 
aplicación auxiliar que permita el tratamiento de representaciones gráficas previniendo la 
invasión del dominio público.
Tal profusión normativa, aun cuando pueda incluso llegar a ser reiterativa, no hace 
sino asentar el principio general, ya vigente con anterioridad a la Ley 13/2015, de que los 
registradores deben evitar practicar inscripciones de bienes de propiedad privada que 
invadan en todo o en parte bienes de dominio público, inmatriculado o no, pues el 
dominio público, por la inalienabilidad que le define, supone, precisamente, la exclusión 
de la posibilidad de existencia de derechos privados sobre esa concreta porción del 
territorio.
Aunque,  como  señala  el  artículo  199,  «la  mera  oposición  de  quien  no  haya 
acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes no 
determina necesariamente la denegación de la inscripción», ello no puede entenderse en 
el sentido de que no sean tenidas en cuenta tales alegaciones para formar el juicio del 
registrador, especialmente cuando se ponga de manifiesto una situación de alteración de 
la  configuración  física  de  la  finca  que  implicaría  invasión  de  dominio  público, 
circunstancia proscrita por la legislación hipotecaria.
No obstante lo anterior, en el concreto supuesto de este expediente, no puede 
compartirse el criterio de la registradora, toda vez que las distintas Administraciones que 
pudieran resultar eventualmente perjudicadas se han pronunciado expresamente en el 
sentido de no advertir invasión demanial alguna. Una mera visualización de la aplicación 
informática registral homologada por la Resolución de esta Dirección General de 2 de 
agosto de 2016 nos permite comprobar que, por su ubicación, la parcela cuya base 
gráfica se pretende inscribir tan sólo puede afectar, por uno de sus lados, con el dominio 
público marítimo terrestre y, por el otro, con la calle (…), titularidad del Ayuntamiento de 
La Oliva.
Pues bien, si se tiene en cuenta que la Demarcación de Costas de Canarias certificó 
que la finca no invade el dominio público marítimo terrestre y que el Ayuntamiento de La  s
Oliva  no  realizó  alegación  ni  manifestación  alguna,  limitándose  a  aportar  aquellas  oe.
Sentencias relativas a la descripción originaria de la parcela que ponían en entredicho la  w.
posible  invasión  de  la  calle  (…)  (posible  invasión  que  ya  no  puede  producirse  a  40ww
hcoanbsreemcuoesn cdiea  dceoln coltuoirrg aqmueie netsot ed ed elafesc etos csreituñraalasd poú bpiocra sla c uRyeag iisntsrcardipocraió, nt asle  cpormetoe nedset)á, 
formulado en su nota de calificación, no puede confirmarse.
Sexta.  A  los  oportunos  efectos,  acompaño  al  presente  escrito  los  siguientes 
documentos:
Documento  Número  Uno,  consistente  en  copia  autorizada  de  la  escritura  de 
rectificación de linderos autorizada por la Notario de Corralejo Doña Irene Carreño Martín 
el día 10 de enero de 2018 (Número de Protocolo 28), a la cual figura incorporada la 
calificación negativa de la Registradora de la Propiedad de Corralejo de 07 de octubre 
de 2020, que me fuera notificada con fecha de 09 de octubre de 2020, a virtud de la cual 
se  deniega  la  inscripción  de  la  representación  gráfica  catastral  de  la  finca 
registral 32.950, la cual es objeto del presente recurso.
Documento  Número  Dos,  consistente  en  copia  autorizada  de  la  escritura  de 
aclaración y acta de representación gráfica y coordinación catastral autorizada por el 
Notario de Puerto del Rosario Don José Ramón Entrena García el día 20 de diciembre 
de 2019 (Número de Protocolo 1.145).
Documento  Número  Tres,  consistente  en  copia  autorizada  de  la  escritura  de 
capitulaciones matrimoniales, división y adjudicación de la Sociedad de Gananciales 
autorizada por el Notario de Puerto del Rosario Don Emilio Romero Fernández el día 14 
de febrero de 2014 (Número de Protocolo 329)».
IV
La registradora de la propiedad de Corralejo, emitió informe ratificando la calificación 
en todos sus extremos y elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, 10 y 199 de la Ley Hipotecaria; artículo 27 de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas; artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y las 
resoluciones de este Centro Directivo de 16 de diciembre de 1991, 15 de marzo de 1993, 
13 de junio de 2014, 15 de marzo de 2016, 12 de abril de 2016, 23 de agosto de 2016, 
14 de septiembre de 2016, 18 de abril y 2 de junio de 2017, 19 de junio de 2019 y 18 de 
septiembre de 2019.
1.  Es objeto de este expediente decidir si procede practicar la inscripción de la 
representación gráfica catastral de la registral 23.950 del término de La Oliva.
La  registradora  califica  negativa  por  la  posible  invasión  demanial,  basándose, 
resumidamente: – En la alteración de los linderos, que de variables pasan a ser fijos; – 
la existencia de una Sentencia dictada por la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de 
Las Palmas de 29 de septiembre de 2014, de la que interesa destacar que resultando 
probado que se trata de un terreno que no está edificado, formado por un paseo 
marítimo y viario adyacente de uso público, todo ello destinado al tránsito público, de los 
vecinos de Corralejo y del público en general, estando abierto sin restricciones el paso o 
tránsito en dicho lugar para el público en general, sin solución de continuidad desde que 
dicho terreno fue ganado al mar mediante la correspondiente obra pública de relleno y 
construcción del dique y del paseo marítimo, e igualmente destinado al uso público 
referido en la actualidad… no podría considerarse como circunstancias idóneas en orden 
a respaldar o sostener una titularidad dominical de naturaleza privada como lo es la 
reivindicatoria en la demanda; – la aportación por el Excmo. Ayuntamiento de La Oliva de  es
distintas Sentencias, entre ellas, la anterior, en que se desestiman demandas planteadas  o
Aelplionnoysd ru l ataneit  tulaca ltilmar itScruieueulasnnr, rst d ostdea,ee  nqgl acuúla iaenr e   rdfsgeigeuigsu  itqtsrrítuaatruel a lc2o l oe3 2mld .38Eeo.9 9x a0dc5d,me0 qbm ouea.ain ssAn aicedydijauóaednn recot afin;ec m –icloaih e  ladranede tfooo ea p rdecoidencsa  iiLó1c sani9óe  6Onrn0e tle,eiivv xnciapnoc rdvinaeii ce,sl aanaastemso  írreg iicbaniroe tamcernao odfsno o tqrdr muateae ulse  lmasal usdpa  arrafo;i n– pplco oiyaosr,      OE-A-2021-1640able en https://www.
propietarios de tales fincas por la ocupación de la vía pública debido a la colocación de 
mesas y sillas para dar servicio a las terrazas de los restaurantes existentes en la zona.
El recurrente alega, en síntesis: – Que el Excmo. Ayuntamiento de La Oliva no 
formula  oposición  expresa  y  que  la  Sentencia  aportada  desestima  la  demanda  del 
promotor del expediente por no quedar acreditada la identidad de la finca; – que la 
oposición del colindante se basa en la manifestación falsa de que la finca carece de 
linderos, que se basa en documentos que no han tenido acceso al Registro; – afirma que 
la Sentencia referida señala que la registral 23.950 invade el dominio público en una 
superficie de 40 metros cuadrados aproximadamente; – que la finca de los colindantes 
está perfectamente identificada y delimitada, no ostentando derecho alguno sobre la 
finca a que se refiere el expediente y que parecen discutir la legalidad del asiento, pero 
sin haber interpuesto demanda de nulidad del mismo; en definitiva, que las alegaciones 
tienen su fundamento en la descripción de la registral 23.950 antes de verificarse por el 
promotor del expediente todos los actos conducentes a acomodar la descripción registral 
de la finca con la consignada en Catastro, respetando con ello el dominio público 
marítimo terrestre; que en la meritada Sentencia no se cuestiona ni se anula el título del 
actor, simplemente se pone de manifiesto la invasión demanial antes referida y las 
discrepancias entre la descripción literaria de la finca y la obrante en Catastro, así como 
una posible invasión del viario público; y finalmente, la manifestación de que el Excmo. 
Ayuntamiento de La Oliva ya no cobra tasa alguna por ocupación de la vía pública.
Son circunstancias de hecho relevantes para la resolución de este expediente las 
siguientes:
– La  registral  23.950  del  término  de  La  Oliva  se  formó  por  segregación  de  la 
registral 951, en virtud de escritura otorgada en el año 2002, contando con una cabida 
inscrita de 289 metros cuadrados y linda al Sur, con la finca matriz; Este, con línea 
interior del deslinde marítimo-terrestre, según el certificado de costas, límite interior del 
dominio  público  marítimo-terrestre;  y  Oeste,  finca  con  referencia  catastral 
número 0896005.
– Consta  incorporada  su  referencia  catastral,  siendo  ésta  la  siguiente: 
0697501FS1709N0001PG.
– De conformidad con la representación gráfica catastral cuya inscripción se solicita, 
la descripción de la finca pasa a ser la siguiente: Parcela o solar en el Casco de 
Corralejo, término municipal de La Oliva, isla de Fuerteventura, en la calle (…). Es parte 
que se segrega de la finca número 951. Tiene una superficie de doscientos cincuenta y 
tres metros cuadrados. Linda: Norte, con calle abierta denominada calle (…), titularidad 
del Ayuntamiento de la Oliva y con parcela 9020 del polígono 2, en investigación, 
artículo 47 de la Ley 33/2003; Sur y Oeste, con calle abierta denominada calle (…), 
titularidad del Ayuntamiento de La Oliva; y Este, con calle abierta denominada calle (…), 
titularidad  del  Ayuntamiento  de  La  Oliva,  y  con  parcela  9020  del  polígono  2  en 
investigación artículo 47 de la Ley 33/2003.
2.  El artículo 9 de la Ley Hipotecaria contempla en su apartado b) la posibilidad de 
incorporar  a  la  inscripción,  como  operación  específica,  la  representación  gráfica 
georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, expresándose, si 
constaren debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices.
Según  dicho  artículo  9.b),  para  efectuar  esta  incorporación  potestativa  han  de 
aplicarse con carácter general los requisitos establecidos en el artículo 199.
Según el artículo 199 apartado 1, párrafo 4.º, «el registrador denegará la inscripción  e
de la identificación gráfica de la finca, si la misma coincidiera en todo o parte con otra  bo
base gráfica inscrita o con el dominio público, circunstancia que será comunicada a la  40ww
aAldemgainciisotnraecsi óne fetictutulaard adse, l einl mrueegbisletr aadfoerc taddeoc.id Eirán  lmoso tidveamdaáms ecnates oss,e gyú nla  svuis tap ruddee nlates 
fcinritcear ioo,  sdine  qucuea llaq umieerraa  odpeo slaicsió nre dgeis tqruaileens  ncoo lhinadyaan atecsr eddietatedrom sineer  tintuelcaer sraergiaismtreanl tdee  llaa 
denegación de la inscripción. La calificación negativa podrá ser recurrida conforme a las 
normas generales».
En relación con la protección registral del dominio público, debe recordarse que, 
como afirmó la Dirección General de los Registros y del Notariado en las Resoluciones 
de 15 de marzo y 12 de abril de 2016 o las más recientes de 4 de septiembre de 2017 
y 13 de abril de 2018, la obligación legal a cargo de los registradores de la propiedad de 
tratar de impedir la práctica de inscripciones que puedan invadir el dominio público tiene 
su origen y fundamento, con carácter general, en la legislación protectora del dominio 
público, pues, como señala la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, tanto en su artículo 6 como en su artículo 30, los bienes y 
derechos  de  dominio  público  o  demaniales  son  inalienables,  imprescriptibles  e 
inembargables,  lo  cual  no  es  sino  manifestación  del  principio  y  mandato  supremo 
contenido en el artículo 132 de la Constitución.
La Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria, al dar nueva 
redacción  a  diversos  artículos  de  la  Ley  Hipotecaria,  prevé  que,  en  todo  caso,  el 
registrador tratará de evitar la inscripción de nuevas fincas o de la representación gráfica 
georreferenciada de fincas ya inmatriculadas cuando tuviera dudas fundadas sobre la 
posible invasión del dominio público.
Así se expresa de manera terminante y reiterada en varios preceptos de la Ley 
Hipotecaria, y no sólo en el artículo 9 que ya contiene una proclamación general al 
respecto,  sino  también  en  diversos  artículos  del  título  VI  de  la  Ley  que  contienen 
manifestaciones concretas del mismo principio general.
3.  En el presente caso, la registradora señala en su nota de calificación una posible 
invasión del dominio público, basándose en los datos y circunstancias que se recogen en 
su nota de calificación.
De la documentación aportada al expediente tramitado conforme al artículo 199 de la 
Ley Hipotecaria, se deduce la existencia de una situación controvertida respecto de la 
titularidad de la porción de terreno objeto de este recurso.
En este sentido se aportaron por el Ayuntamiento de la Oliva y por un colindante 
diversas Sentencias en las que se pone en cuestión la identidad entre la finca registral y 
su  exacta  ubicación,  rechazándose  expresamente  una  acción  reivindicatoria  y 
declarativa del recurrente, precisamente por este motivo.
Por su parte, los colindantes invocan, además, una denuncia presentada en el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de los de Puerto del Rosario por 
presuntos delitos.
En consecuencia, debe confirmarse la calificación, pues dados los términos de los 
pronunciamientos judiciales aportados debe entenderse que la registradora ha decidido 
motivadamente  según  su  prudente  criterio  la  denegación  de  la  inscripción,  siendo 
plenamente aplicable lo dispuesto en el artículo 199 apartado 1, párrafo 4.º de la Ley 
Hipotecaria, anteriormente transcrito.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria. e
Madrid, 14 de enero de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe  w.
Pública, Sofía Puente Santiago 2021-1640n https://ww