BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 16 Miércoles 19 de enero de 2022 Sec. III.   Pág. 5544
III. OTRAS DISPOSICIONES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS
Y LA COMPETENCIA
855 Comunicación 1/2021, de 20 de diciembre, de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se publican las Directrices sobre la 
resolución  de  conflictos  en  materia  de  acceso  a  infraestructuras  físicas 
susceptibles  de  alojar  redes  de  comunicaciones  electrónicas  de  alta 
velocidad.
COMUNICACIÓN/DTSA/001/21/COMUNICACIÓN CONFLICTOS DE ACCESO 
A INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS
1. Introducción
El Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el 
coste de despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta capacidad 
(Real  Decreto  330/20161),  atribuye  a  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la 
Competencia (CNMC) una serie de funciones encaminadas a garantizar el correcto 
desarrollo de las medidas contempladas en el mismo. En particular, corresponde a este 
organismo:
1  Mediante  el  Real  Decreto  330/2016,  se  procede  a  la  transposición  a  derecho  interno  de  la 
Directiva 2014/61/UE, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las 
redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
– La resolución de los conflictos que se puedan plantear en relación con el acceso a 
infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas de 
alta velocidad, incluyendo la determinación del precio de acceso (apartados 8 a 11 del 
artículo 4 del Real Decreto 330/2016);
–  La  resolución  de  los  conflictos  que  se  puedan  plantear  en  relación  con  la 
información mínima relativa a infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de 
comunicaciones electrónicas y estudios sobre el terreno (apartado 7 del artículo 5);
–  La  resolución  de  los  conflictos  que  se  puedan  plantear  en  relación  con  la 
coordinación de obras civiles y la información mínima relativa a obras civiles previstas 
(apartados 7 y 8 del artículo 6 y apartado 6 del artículo 7).
El Real Decreto 330/2016 resulta de aplicación desde el 16 de septiembre de 20162. 
Hasta la fecha, la CNMC ha venido ejerciendo las funciones arriba indicadas mediante la 
resolución, de manera individualizada, de los conflictos que se le han planteado.
2  Ver Disposición final quinta.
Transcurridos  más  de  cinco  años  desde  la  entrada  en  vigor  del  Real 
Decreto 330/2016, y a la luz de la experiencia adquirida, resulta conveniente aprobar una 
Comunicación donde se expliciten de manera transparente los criterios utilizados por la  e.e
CNMC en la tramitación de las controversias que se le han presentado en este ámbito,  b
sobre la base de las Resoluciones aprobadas hasta la fecha por este organismo. A este  w
irnefsrapeescttrou, ctluar aCs ofímsiucnaisc ascuióscne psteib lecse ndtera a leonja r loresd ecso ndfeli cctoosm uennic amciaotneerisa  edleec traócnciceasso  dea 
aloltsa  pvrienlcoicpiidoasd g (eanretírcaulleoss  q4u ey  p5o dderál nR reeagl irD leac arecttou)a3c. iLóan  dCeo mlau CniNcaMcCió ne nc oensttiee náem absitiom eisnm eol 
futuro, a la luz de la experiencia adquirida hasta la fecha y más allá de la problemática
concreta  que  pueda  suscitarse  en  casos  particulares  y  que  den  lugar  a  nuevos 
pronunciamientos de la CNMC a través de las resoluciones correspondientes.
3  Como se ha señalado, la CNMC tiene asimismo competencias para resolver los conflictos que se susciten en 
materia de coordinación de obras civiles o de información en dichas obras civiles (artículos 6, apartados 7 y 8, y 7, 
apartado 6, del Real Decreto 330/2016), pero hasta la fecha no se le han sometido controversias en esa materia.
2. Habilitación competencial
Los artículos 14.1, 20.6 y 30.3 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (LCNMC), otorgan al Consejo de la CNMC, entre 
otras, la facultad de aprobar las comunicaciones de carácter general que aclaren los principios 
que guían su actuación, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 30 de la citada Ley.
El artículo 8.2.i) del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia,  aprobado  por  el  Real  Decreto  657/2013,  de  30  de  agosto  (Estatuto 
Orgánico) indica igualmente que el Consejo de la CNMC ordenará la elaboración de las 
circulares, circulares informativas y comunicaciones de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la LCNMC.
A  este  respecto,  el  Pleno  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la 
Competencia, en su sesión de fecha 20 de diciembre de 2021, y previo trámite de 
audiencia, ha acordado aprobar la presente Comunicación.
3. Ámbito de aplicación de la comunicación
La  Comunicación  tiene  una  finalidad  principalmente  orientativa  del  contenido  de  la 
normativa citada (Real Decreto 330/2016) y de la práctica administrativa existente, y podrá 
ser objeto de revisión periódica, a la luz de la evolución de dicha normativa, de nuevos 
pronunciamientos que se emitan por este organismo y, asimismo, de la jurisprudencia que 
pueda dictarse en este ámbito4. La Comunicación debe entenderse sin perjuicio de la posible 
aplicación de la normativa horizontal en materia de defensa de la competencia.
4  A este respecto, a lo largo de la Comunicación se detallan las resoluciones de la CNMC que no son 
firmes, al haber sido recurridas ante la Audiencia Nacional y estar pendientes de sentencia.
Se  incluye,  en  el  Anexo  de  esta  Comunicación,  un  listado  de  las  resoluciones 
adoptadas hasta el momento por la CNMC5 en su aplicación de los artículos 4 y 5 del 
Real Decreto 330/2016.
5  Las resoluciones mencionadas a lo largo de la presente Comunicación están disponibles en la página 
web de la CNMC, https://www.cnmc.es/
4. Definiciones (artículo 3 del Real Decreto 330/2016)
El Real Decreto 330/2016 contiene en su artículo 3 una serie de definiciones, que 
permiten determinar el ámbito de aplicación de la norma.
A los efectos de instrumentalizar las obligaciones en materia de información mínima y 
acceso a infraestructuras físicas, las siguientes definiciones son particularmente relevantes: (i) 
infraestructura física; (ii) red de comunicaciones de alta velocidad; (iii) y sujetos obligados.
4.1  Infraestructura física. e.
El Real Decreto 330/2016 define la infraestructura física como: w
dsien  l«laeccgucaaerls qaou ,is eerb ro euclenam se elendmteoe  ndinteos  upanecactic vrioóe ndd, e p edenilslsatar,i dbcouo imdpoaorr eatus b,a elbereídarisgfi,ac mrio oást srtooilse  see,l nectmoraneddnautsoc sto ads ,e e cudánimfaica irroeasds,    OE-A-2022-85able en https://
instalaciones de antenas, torres y postes.»
El artículo 37.3 de la LGTel entiende, por infraestructuras susceptibles de ser utilizadas 
para el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas, los «tubos, postes, 
conductos, cajas, cámaras, armarios, y cualquier recurso asociado que pueda ser utilizado para 
desplegar y albergar cables de comunicaciones electrónicas, equipos, dispositivos, o cualquier 
otro recurso análogo necesario para el despliegue e instalación de las redes»6.
6  Por su parte, el Anexo II de la LGTel define «recursos asociados» como «las infraestructuras físicas, los 
sistemas, dispositivos, los servicios asociados u otros recursos o elementos asociados con una red de 
comunicaciones electrónicas o con un servicio de comunicaciones electrónicas que permitan o apoyen la 
prestación de servicios a través de dicha red o servicio o tengan potencial para ello. Incluirán, entre otros, 
edificios o entradas de edificios, el cableado de edificios, antenas, torres y otras construcciones de soporte, 
conductos, mástiles, bocas de acceso y distribuidores».
La LGTel y el Real Decreto 330/2016 definen por tanto la infraestructura física de 
manera amplia, entendiéndose por tal cualquier elemento de una red pensado para 
albergar otros elementos de una red sin llegar a ser un elemento activo de ella.
Consideración de las centrales de Telefónica como infraestructura física.
En su Resolución de 14 de enero de 2021 relativa al conflicto de acceso entre 
Orange y Telefónica7, la CNMC concluyó que la pretensión de Orange, en virtud de la 
cual  tenía  previsto  efectuar  un  tendido  de  fibra  óptica  dentro  de  las  centrales  de 
Telefónica a los efectos de conectar sus equipos de red fija y móvil, constituía una 
solicitud de acceso razonable. En la resolución, la CNMC puso de manifiesto que tanto el 
Real Decreto 330/2016 como la Directiva 2014/61/UE se refieren sin mayor matización a 
los edificios y entradas de edificios como partes integrantes de la infraestructura física de 
los sujetos obligados susceptibles de acceso, siempre que se utilicen para albergar otros 
elementos de red sin llegar a ser un elemento activo de ella (como ocurre en el caso de 
las centrales de Telefónica). La CNMC indicó por otra parte que la consideración en 
determinados  casos  de  los  edificios  como  infraestructura  física  no  presupone  la 
existencia de un derecho de acceso incondicional a cualquier edificio de cualquier sujeto 
obligado a los efectos de desplegar una red de comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, puesto que el Real Decreto 330/2016 sólo obliga a los citados sujetos a 
atender las solicitudes de acceso a su infraestructura física que sean razonables.
7  Esta resolución no es firme, al haber sido recurrida ante la Audiencia Nacional y estar pendiente de sentencia.
Por otra parte, si no se pretende un acceso a infraestructuras pasivas concretas, el 
acceso  al  dominio  público  o  a  la  propiedad  privada  debe  articularse  a  través  de  los 
procedimientos  y  autorizaciones  correspondientes.  A  este  respecto,  se  recuerdan  los 
derechos de ocupación del dominio público y la propiedad privada que tienen los operadores 
que  despliegan  redes  públicas  de  comunicaciones  electrónicas,  y  como  la  normativa 
elaborada por las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias y los 
instrumentos  de  planificación  territorial  o  urbanística  han  de  tener  en  consideración  la 
normativa sectorial de telecomunicaciones (ver artículos 29 y siguientes de la LGTel).
Derecho de ocupación del dominio público y derecho de acceso a infraestructuras físicas.
En  su  Acuerdo  de  11  de  diciembre  de  20198,  sobre  el  conflicto  relativo  a  la 
renovación  de  una  autorización  de  ocupación  interpuesta  por  Orange  frente  al 
Ayuntamiento de Gandía, la CNMC inadmitió la solicitud de Orange, al considerar que el  e.e
elemento que era objeto de la controversia con el Ayuntamiento (una parcela sin ningún  w.b
tipo de infraestructura, en la cual Orange había llevado a cabo su instalación de red  5ww
macócveils)o  neon  ploosd tíéar mprinoopsia dmeel nRtee adl eDfeincirreseto  c3o3m0/o2 0u1n6a. infraestructura física susceptible de
8  Este acuerdo no es firme, al haber sido recurrido ante la Audiencia Nacional y estar pendiente de sentencia. BOE-A-cable e
Tal y como detalla la CNMC en su acuerdo, la normativa sectorial de telecomunicaciones 
diferencia entre (i) los derechos de los operadores a la ocupación del dominio público, a ser 
beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al establecimiento a su favor de 
servidumbres y de limitaciones a la propiedad (tal y como estos derechos vienen configurados 
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título III de la LGTel) y (ii) el reconocimiento del derecho de 
acceso a infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas 
(en los términos recogidos en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título III de la LGTel).
El ejercicio del derecho de ocupación del dominio público, y el ejercicio del derecho de 
acceso a las infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas, 
están por tanto sometidos a procedimientos diferenciados, siendo asimismo diferente el papel 
que a la CNMC le corresponde desempeñar en cada uno de dichos procesos9.
9  Ver, en el mismo sentido, Resolución de 11 de febrero de 2020 del conflicto presentado por Antenas y 
Sistemas de Comunicaciones, S.L. contra el Ayuntamiento de Santos de la Humosa (CFT/DTSA/029/19).
Las funciones de la CNMC en la aplicación del principio de unidad de mercado vienen determinadas en la 
Ley 20/2013, de 9 de noviembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), e incluyen entre otras tanto la 
elaboración de informes en los procedimientos de reclamación e información previstos en los artículos 26 y 28 
LGUM, como la posible interposición de recursos contencioso-administrativos (artículo 27 LGUM).
La lista de elementos de red considerados como infraestructura física no es exhaustiva. No 
forman parte en todo caso del ámbito de aplicación del Real Decreto (al quedar expresamente 
excluidos de su definición) los elementos activos de una red, así como los elementos de red 
que pueden ser activados, tales como la fibra oscura. Están también expresamente excluidos 
del ámbito de aplicación del citado Real Decreto los elementos de redes utilizados para el 
transporte de agua destinada al consumo humano. Sin embargo, otros elementos de la red de 
agua  susceptibles  de  albergar  otros  elementos  físicos,  tales  como  los  destinados  a  la 
evacuación o tratamiento de aguas residuales, el alcantarillado y los sistemas de drenaje, sí 
son elementos accesibles conforme al Real Decreto 330/201610.
10  Ver a este respecto el apartado 5.a) iv del mismo artículo 3.
Acceso a la infraestructura física relacionada con el transporte de agua destinada al 
consumo humano.
En su Resolución de 15 de abril de 2020 relativa al conflicto interpuesto por Novatio 
frente al Ayuntamiento de Candelaria, la CNMC recuerda que el Real Decreto 330/2016 
no considera los elementos de redes utilizados para el transporte de agua destinada al 
consumo humano, incluyendo los tubos por los que circula el agua, como elementos 
susceptibles  de  alojar  redes  de  comunicaciones  electrónicas  de  alta  velocidad.  Sin 
embargo, siempre que no se interfiriera con la continuidad y seguridad en la prestación 
efectiva del servicio principal al que está destinada dicha infraestructura, la normativa 
sectorial no excluye el acceso a las arquetas y canalizaciones por las que discurren esos 
tubos, que no tienen ningún contacto con el agua de consumo humano, de conformidad 
con lo indicado en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen 
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Asimismo, los elementos físicos destinados a la producción, transporte o distribución 
de  gas,  electricidad  (incluida  la  iluminación  pública)  o  calefacción,  así  como  los 
destinados a prestar servicios de transporte, incluidos los ferrocarriles, las carreteras, los 
puertos o los aeropuertos, tienen la consideración de infraestructura física a los efectos 
del Real Decreto 330/2016. e.e
Acceso a la infraestructura física de los operadores de electricidad. ww.
operLaad oCrNesM Cd es ec ohma upnroicnaucniocniaedso  eelne cvtarórinaisc aosc aas ioinnfersa essotrburcet uerla a cfcíseicsao  pdoers ptinaartdea d ea  lolas 
provisión de servicios de producción, transporte o distribución de electricidad.
Mediante  Resolución  de  18  de  enero  de  2018,  la  CNMC  resolvió  el  conflicto 
interpuesto por Aitel frente a Endesa relativo al acceso a las infraestructuras de este 
último operador en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. En su resolución, la CNMC 
se refiere a una consulta formulada por Endesa a la Subdirección General de Calidad y 
Seguridad  Industrial  (Dirección  General  de  Industria  y  de  la  Pequeña  y  Mediana 
Empresa) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en la cual el citado 
organismo  indica  que,  desde  el  punto  de  vista  de  la  calidad  industrial,  no  resulta 
obligatorio que los servicios de baja tensión y de telecomunicaciones se instalen en 
tubos diferentes, incluso cuando los titulares de los servicios son diferentes, sin perjuicio 
de que dicha separación podría ser recomendable desde el punto de vista de la mejor 
gestión y mantenimiento de las instalaciones.
Por  otra  parte,  en  su  Resolución  de  6  de  marzo  de  2018  relativa  al  conflicto 
interpuesto por Novatio contra el Ayuntamiento de Candelaria, la CNMC constata que el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto parte de la base de que la instalación paralela de una red eléctrica 
destinada  al  alumbrado  y  una  red  de  comunicaciones  electrónicas  en  las  mismas 
infraestructuras o conducciones es posible, siempre que se respeten las medidas de 
seguridad y requisitos técnicos vigentes a tales efectos y no se ponga en riesgo el 
servicio de alumbrado público eléctrico prestado.
En definitiva, aun cuando a la hora de instrumentalizar el acceso deberá estarse a las 
circunstancias del caso concreto, en principio no deberían existir impedimentos que 
dificulten el despliegue de una red de comunicaciones electrónicas por la infraestructura 
física de terceros agentes activos en distintas áreas de actividad, tales como el gas, la 
electricidad o la calefacción.
4.2  Red de comunicaciones de alta velocidad.
Tal como señala el artículo 2.1 del Real Decreto 330/2016, la norma se aplica a las 
infraestructuras  físicas  susceptibles  de  alojar  redes  públicas  de  comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad y a las obras civiles relativas a dichas infraestructuras. El 
real decreto define la red de comunicaciones electrónicas de alta velocidad como una:
«red de comunicaciones electrónicas, incluyendo tanto redes fijas como móviles, 
capaz de prestar servicios de acceso de banda ancha a velocidades de al menos 30 
Mbps por abonado».
El acceso a la infraestructura física podrá por consiguiente llevarse a cabo tanto por 
parte de operadores de comunicaciones electrónicas que prestan servicios de acceso a 
la red de banda ancha desde una conexión fija como por parte de operadores que 
ofrecen servicios móviles de acceso a la red de banda ancha.
Igualmente, y siempre y cuando el objetivo perseguido con la instalación de la red 
sea la provisión de servicios de banda ancha de alta velocidad, el acceso deberá 
garantizarse con independencia de:
– El tipo de red de acceso de banda ancha (por ejemplo, fibra óptica o cable híbrido 
fibra-coaxial);
– La arquitectura de red (punto a punto o punto a multipunto);
– El tramo de red a desplegar (red de acceso o red troncal);
– La tipología de los clientes a los que se proveerán los servicios de banda ancha de 
alta velocidad (clientes residenciales o clientes empresariales). e.e
Por otra parte, en el caso de que la solicitud de acceso a la infraestructura física se  w
Dnrineoefaercmlrircieoaetrto eiv psa3 asa3r  0ac3/ o02ln 0aMt1 e6bnp,pir dessas,i nstna  eocpn ieór erlnjasu  uiLdclGtieao Tr áedsnlee  –r dvqpeiurc ieinao cpspil piucadealedmc aióeannnc  trcleeae,ss seu odnl tia ssdrpu eods s ebai caraitonípcndluieaclsoa  scac inoó3cnn7ht  eyoa nt 3riada8sa – s.vp eerleonvc eiisdli aoRdneeeassl    OE-A-2022-85able en https://
Acceso a la infraestructura física para la provisión de servicios de acceso a banda 
ancha a velocidades inferiores a 30 Mbps por abonado.
En su Resolución de 27 de julio de 2017 del conflicto interpuesto por D. José 
Bernabé García frente al Ayuntamiento de Pinoso, la CNMC concluyó que el Real 
Decreto 330/2016 no resultaba de aplicación, al no constituir la instalación radioeléctrica 
que este agente pretendía instalar una red de comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad. Según señalaba el operador, los servicios de banda ancha que se planeaba 
ofertar a los clientes a partir de la instalación de una red pre-Wimax/WiFi ofrecerían una 
velocidad de bajada de 8 Mbps, y una velocidad de subida de 1 Mbps. Para la resolución 
del  conflicto  de  referencia,  se  tomaron  en  consideración  en  consecuencia 
exclusivamente los principios generales contenidos en la LGTel en materia de acceso a 
infraestructura física (en particular, el artículo 37 de la LGTel).
Por otra parte, en la Resolución de 22 de febrero de 2018 relativa al conflicto 
interpuesto por Conred Comunicaciones Avanzadas frente al Ayuntamiento de Coín, la 
CNMC clarificó que a fin de poder acceder a las infraestructuras objeto del conflicto al 
amparo del Real Decreto 330/2016, Conred debía comprometerse expresamente, en el 
correspondiente contrato de acceso, a ofrecer velocidades de al menos 30 Mbit/s a los 
usuarios finales conectados a su red pre-Wimax/WiFi.
4.3  Sujetos obligados.
El Real Decreto 330/2016 identifica expresamente como sujetos obligados (por la 
normativa analizada) a los siguientes propietarios, gestores o titulares de derechos de 
utilización  de  infraestructuras  físicas  susceptibles  de  alojar  redes  públicas  de 
comunicaciones electrónicas de alta velocidad:
– Operadores  de  redes  que  proporcionen  una  infraestructura  física  destinada  a 
prestar un servicio de producción, transporte o distribución de (i) gas; (ii) electricidad 
(incluida la iluminación pública); (iii) calefacción o (iv) agua (incluidos los sistemas de 
saneamiento, pero no los elementos de redes utilizados para el transporte de agua 
destinada al consumo humano);
– Operadores  que  instalen  o  exploten  redes  públicas  de  comunicaciones 
electrónicas disponibles para el público (pero no los operadores que instalen o exploten 
redes privadas de comunicaciones electrónicas);
– Empresas que proporcionen infraestructuras físicas destinadas a prestar servicios 
de transporte, incluidos los ferrocarriles, las carreteras, los puertos y los aeropuertos, 
incluyendo a las entidades o sociedades encargadas de la gestión de infraestructuras de 
transporte de competencia estatal;
– Administraciones  Públicas  titulares  de  infraestructuras  físicas  susceptibles  de 
alojar redes de comunicaciones electrónicas11.
11  En relación con estos puntos, ver también el artículo 37, apartados 1 y 2, de la LGTel.
El Real Decreto 330/2016 garantiza, por tanto, el acceso a la infraestructura física de 
los  agentes  arriba  señalados  para  el  despliegue  de  redes  de  comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad, incluyendo el acceso por parte de los operadores de 
comunicaciones electrónicas a la infraestructura física de otros operadores que instalen 
o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas.
Por otra parte, el acceso a la infraestructura física de los operadores que instalan o  e.
explotan redes públicas de comunicaciones electrónicas está encaminado a garantizar el  w.b
despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad para la prestación  5w
dcoen ssiegruviiecniotes , deel  accocmesuon iac alaci oinnferase setlreuccttruórnaic faíssi caal  dpeú lbolsic oo,p ecroamdoor esse  dhea c osmeñuanliacdaoc.io nPeosr 
eplreocptorórcniiocnaesn  psoerr vpicaiortse  ddee g aost,r oesl ecatgriecnidteasd , (ccaolemfaoc, cpióonr  oe jaegmupal)o, , palorsa  eolp deerasdpolieregsu eq duee 
sus propias redes de producción, transporte o distribución, podrá llevarse a cabo en
condiciones comerciales, pero no al amparo de las obligaciones que establece el Real 
Decreto 330/2016.
Igualmente, de conformidad con el Real Decreto analizado, los operadores que 
instalen o exploten redes privadas de comunicaciones electrónicas (esto es, redes que 
no están destinadas en su totalidad o principalmente a la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles para el público12) podrán negociar el acceso a 
su infraestructura física, por parte de otro operador, en condiciones comerciales, pero no 
estarán  obligados  a  garantizar  el  acceso  en  los  términos  recogidos  en  el  Real 
Decreto 330/201613.
12  Ver apartado 32 del Anexo de definiciones de la LGTel («red pública de comunicaciones»).
13  Al igual que estas empresas no se benefician de los derechos que tienen reconocidos los operadores 
que explotan redes públicas de comunicaciones electrónicas (artículos 29 y 30 de la LGTel o 15.2 del Código 
Europeo de Comunicaciones Electrónicas, aprobado por la Directiva (UE) 2018/1972, de 11 de diciembre 
de 2018).
Redes privadas de comunicaciones electrónicas.
En su Resolución de 13 de marzo de 2019 relativa al conflicto de acceso entre el 
operador R.D.L. y La Manga Club, la CNMC analizó la solicitud de acceso por parte de 
R.D.L. a determinada infraestructura física en la cual se había instalado una red de 
comunicaciones electrónicas. Dicha red estaba siendo usada por La Manga Club para 
prestar servicios de comunicaciones internas entre las diferentes villas y apartamentos 
ubicados dentro de un complejo residencial.
La CNMC concluyó que La Manga Club no estaba sujeta a las obligaciones que en 
materia de acceso a infraestructuras pasivas contempla el Real Decreto 330/2016, en la 
medida  en  que  explotaba  una  red  puramente  privada,  destinada  a  satisfacer 
exclusivamente las necesidades propias de comunicación de sus titulares.
Por otra parte, por lo que respecta al acceso a infraestructuras de titularidad de las 
Administraciones  Públicas,  los  artículos  37.1  de  la  LGTel  y  4.6  del  Real 
Decreto 330/2016, prohíben expresamente su otorgamiento mediante procedimientos de 
licitación14.  La  CNMC  también  ha  señalado  que  la  normativa  sectorial  de 
telecomunicaciones no se opone a la firma de un convenio de colaboración entre un 
Ayuntamiento  y  un  operador  de  comunicaciones  electrónicas  como  instrumento 
regulador del acceso por parte del operador a la infraestructura física susceptible de 
alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas, siempre y cuando a través de 
dicho convenio no se excluya el derecho de otros operadores a la ocupación del dominio 
público y se tengan plenamente en cuenta los principios fundamentales que deben guiar 
el  acceso  a  dicha  infraestructura  (en  particular,  los  principios  de  igualdad  y  no 
discriminación entre operadores)15.
14  Ver, a estos efectos, Acuerdo de 11 de diciembre de 2019 por el que se inadmite la solicitud de 
conflicto de acceso en relación con la renovación de una autorización de ocupación, interpuesta por Orange 
Espagne, S.A. frente al Ayuntamiento de Gandía (CFT/DTSA/060/19). En la Resolución de 16 de junio de 2021 
del conflicto de acceso a infraestructuras entre Prior-Game y el Ayuntamiento de Pájara (CFT/DTSA/044/20), la 
CNMC ha señalado asimismo que la utilización de la figura de la concesión del uso del dominio público 
otorgada previa licitación vulnera las previsiones de la normativa sectorial de telecomunicaciones, en la medida 
en que el acceso a las infraestructuras de las Administraciones Públicas no puede otorgarse con carácter de 
exclusividad ni previa licitación.
15  Ver en particular Resolución de 24 de enero de 2017 del conflicto entre el Ayuntamiento de Torelló y  es
Guifi.net sobre las condiciones de acceso a infraestructuras susceptibles de alojar una red pública de  oe.
comunicaciones electrónicas (CFT/DTSA/009/16) y Acuerdo de 16 de marzo de 2017 por el que se da  w.
contestación a la consulta planteada por el Gobierno de Navarra en relación con las medidas previstas para  5w
i(nCcNeSnt/iDvaTrS Ae/l4 4d8e/1s6p)li.egue  de  redes  de  banda  ancha  en  zonas  rurales  y  desfavorecidas  de  Navarra
5. Información mínima relativa a infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes 
de comunicaciones electrónicas y estudios sobre el terreno (artículo 5 del Real 
Decreto 330/2016)
El artículo 5 del Real Decreto 330/2016 regula el acceso a la información mínima 
relativa  a  infraestructuras  físicas  susceptibles  de  alojar  redes  de  comunicaciones 
electrónicas y estudios sobre el terreno.
Previamente a analizar la regulación establecida en el real decreto, se recuerda que, 
en virtud de la Orden ECE/529/2019, de 26 de abril, se puso en funcionamiento el Punto 
de Información único (PIU) previsto en el Real Decreto 330/2016. La Orden establece 
que el PIU, entre otras cuestiones, proporcionará información relativa a las direcciones 
de contacto de los sujetos obligados, a donde los operadores que instalen o exploten 
redes  públicas  de  comunicaciones  electrónicas  podrán  dirigir  su  solicitud  inicial  de 
acceso a la información mínima.
En relación con la obligación de acceso a la información mínima, resulta relevante 
hacer referencia a los siguientes aspectos: (i) el contenido de la solicitud de acceso a la 
información mínima y puesta a disposición de la información solicitada; (ii) los estudios 
sobre el terreno; y (iii) las excepciones al derecho de acceso a la información mínima.
5.1  Contenido  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  información  mínima  y  puesta  a 
disposición de la información solicitada.
El apartado 1 del artículo 5 del Real Decreto 330/2016 establece que:
«1.  A fin de solicitar el acceso a una infraestructura física de conformidad con el 
artículo 4, los operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones 
electrónicas  tienen  derecho  a  acceder,  previa  solicitud  por  escrito  en  la  que  se 
especifique la zona en la que tienen intención de desplegar elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta velocidad a la siguiente información mínima relativa 
a las infraestructuras físicas existentes de cualquiera de los sujetos obligados:
a)  Localización y trazado de la infraestructura,
b)  Tipo y utilización de la misma, describiendo su grado de ocupación actual,
c)  Punto de contacto al que dirigirse.»
Por su parte, según establecen los apartados 3 y 4 del artículo 5:
«3.  Sin perjuicio de las limitaciones a las que se refiere el apartado anterior, los 
sujetos obligados tienen la obligación de atender las solicitudes de información mínima 
relativa a las infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones 
electrónicas, otorgando el acceso a dicha información en condiciones proporcionadas, no 
discriminatorias y transparentes, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud.
4.  Dicha información mínima deberá entregarse en formato electrónico, respetando 
los requisitos definidos en el Anexo I de este real decreto.»
Por último, el Anexo I del Real Decreto detalla el contenido de la información mínima 
relativa  a  infraestructuras  físicas  susceptibles  de  alojar  redes  de  comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad.
El Real Decreto 330/2016 establece, por consiguiente, un plazo de dos (2) meses a 
partir de la fecha de recepción de la solicitud para que el sujeto obligado garantice el  e.
acceso a la información mínima, en condiciones proporcionadas, no discriminatorias y  w.b
transparentes. 5w
DecAre teof,e clato ss odliec itluad  adpelic aaccicóens od ea l alsa  pinrefovrimsioanceiósn  cmonínteimniad adse ebne ráe,l  aerntí ctuoldoo  5c daesol ,R seearl 
razonable y, por consiguiente, suficientemente precisa.
Contenido de la solicitud de acceso a la información mínima.
En su Resolución de 18 de enero de 2018 relativa al conflicto interpuesto por Aitel 
frente a Endesa, la CNMC concluyó que el primer escrito remitido a Endesa por el 
operador solicitante de acceso no constituía una solicitud razonable de acceso a la 
información mínima, al no concretarse el área geográfica concreta donde estaba previsto 
efectuar el despliegue de red, más allá de una referencia genérica a la totalidad del 
municipio de Santa Cruz de Tenerife. Las deficiencias detectadas fueron subsanadas 
mediante  un  escrito  posterior,  en  el  que  el  solicitante  de  acceso  identificaba 
concretamente el conjunto de vías por donde tenía previsto que discurriera el trazado de 
su red.
En su Resolución de 28 de noviembre de 2019 relativa al conflicto interpuesto por 
Juan de Frutos García Distribución Eléctrica frente a Esyta Networks, la CNMC concluyó 
que la solicitud de acceso efectuada por Esyta Networks no había sido formulada en 
términos suficientemente precisos, habida cuenta de que, en un primer momento, la 
solicitud se efectuó al amparo del artículo 4 del Real Decreto 330/2016 (acceso a 
infraestructuras) y, mediante un escrito posterior, este operador solicitó el acceso a la 
información mínima en materia de infraestructuras sobre la base del artículo 5 del citado 
Real Decreto. Las deficiencias detectadas fueron finalmente subsanadas, mediante un 
nuevo escrito donde se identificaba la base legal y el ámbito específico donde Esyta 
Networks precisaba tener acceso a la información mínima sobre la infraestructura física.
5.2  Estudios sobre el terreno.
El  suministro  de  la  información  mínima  relativa  a  las  infraestructuras  físicas 
susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones de alta velocidad puede verse 
complementado con la realización de estudios sobre el terreno de elementos específicos 
de dichas infraestructuras.
Tal y como establece el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 330/2016, la 
autorización para realizar estudios sobre el terreno deberá otorgarse por el sujeto 
obligado en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud. En su escrito, el 
demandante de acceso habrá de especificar los elementos de red afectados con 
vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de 
alta velocidad.
Oportunidad de llevar a cabo previamente estudios sobre el terreno.
En su Resolución de 6 de marzo de 2018 relativa al conflicto interpuesto por 
Novatio frente al Ayuntamiento de Candelaria, la CNMC informó al operador de la 
conveniencia de realizar solicitudes previas de información sobre la localización y 
trazado de la infraestructura o el tipo y utilización de la misma, así como, de efectuar 
estudios sobre el terreno de los elementos específicos de las infraestructuras físicas 
susceptibles  de  alojar  redes  de  comunicaciones  electrónicas,  con  anterioridad  a 
realizar la correspondiente solicitud de acceso, si se entiende que el acceso a la 
información  y  los  estudios  sobre  el  terreno  son  necesarios  y/o  relevantes  para 
decidir sobre la solicitud de acceso.
Realización con carácter facultativo de replanteos conjuntos.
En su Resolución de 15 de abril de 2020 relativa al conflicto interpuesto por Novatio  s
frente al Ayuntamiento de Candelaria, la CNMC concluyó que no era posible instar al  oe.
Ayuntamiento de Candelaria a llevar a cabo un replanteo conjunto con el operador de  w.
comunicaciones electrónicas de las infraestructuras susceptibles de ser ocupadas, al no  5w
heestcahro d, ieclh aa rtpícousliob il5id daedl  cRoenatel mDepclardeato  e3n3 0la/2 0L1G6T erel gnui lae ne l edl eRreecahl oD deec rleotso  s3o3li0c/i2ta0n1t6e.s  Ddee 
daecc leasso i nafr apeesdtirru lcat urreaasli zfíascicióans  sdues ecsetputdibioless  sdoeb raelb eelr gtearrr esnuos  rdeed eloss d eel efimbrean tóopst iceas,p peecírfoic noos   BOE-A-cable e
dispone  expresamente  que  para  ello  sea  necesario  que  intervengan  los  sujetos 
obligados.
En todo caso, la CNMC señaló que la realización de replanteos conjuntos podría 
resultar muy beneficiosa tanto para el demandante de acceso como para el sujeto 
obligado, pues es un proceso que agiliza y facilita la ocupación ordenada y pactada de 
las infraestructuras públicas, tal y como pone de manifiesto la inclusión del replanteo 
conjunto dentro del procedimiento de gestión contemplado en la oferta MARCo de 
Telefónica.
5.3  Excepciones al acceso a la información mínima.
El Real Decreto 330/2016 contempla una serie de excepciones al derecho de acceso 
a la información mínima de los sujetos obligados. En concreto, y conforme al apartado 2 
del artículo 5, el acceso a la información mínima podrá estar limitado por los siguientes 
motivos:
a)  Seguridad e integridad de las redes;
b)  Seguridad y defensa nacional;
c)  Salud o seguridad pública;
d)  Infraestructuras críticas16;
16  En relación con las infraestructuras críticas, habrá de estarse a lo dispuesto en la Ley 8/2011, de 28 de 
abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.
e)  Confidencialidad o existencia de secreto comercial u operativo.
Igualmente, de conformidad con lo previsto en el apartado 6 del artículo 5, las 
solicitudes  de  acceso  a  la  información  mínima  podrán  ser  denegadas  de  manera 
justificada en los siguientes casos:
a)  Infraestructuras nacionales críticas. A estos efectos, el operador gestor de tales 
infraestructuras deberá recabar informe de la Secretaría de Estado de Seguridad del 
Ministerio del Interior, que podrá acordar impedir el acceso a la información si de ella 
pudiera derivarse afectación a la seguridad de dichas infraestructuras o a la seguridad 
nacional.
b)  Infraestructuras  que  no  se  consideren  técnicamente  adecuadas  para  el 
despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. Los motivos de 
denegación basados en la falta de adecuación técnica serán determinados mediante 
orden ministerial, previo informe del departamento con competencia sectorial sobre dicha 
infraestructura.
c)  Motivos de defensa nacional, seguridad y salud pública.
Las excepciones al derecho de acceso a la información mínima arriba señaladas 
deberán estar suficientemente acreditadas, y serán evaluadas en profundidad por la 
CNMC en la tramitación de los conflictos que se interpongan a este respecto.
En particular, la denegación de una solicitud de acceso a la información mínima de 
una infraestructura nacional calificada como crítica, o que no se considere técnicamente 
adecuada, deberá estar suficientemente justificada, y deberá venir sustanciada por los 
informes y/o la orden ministerial a los que hace referencia el artículo 5.6 del Real 
Decreto 330/2016. s
Interpretación estricta de las excepciones al derecho de acceso a la información  w.b
mínima. 5ww
Mdea glaEt enMl  oCsuvoi lmiRdueansdio cdlauecc ilioaón nDe sidr eeAc v7cai óndnze a Gdneaonsve,ie rSam.l Lbd.reUe  .T dfrreáe fni2ct0oe1  ea8n  l rame lSaautteibvradia ir aedlce cc aioócnncf leiGcsteoon  aein rltaael  rindpfeuo erGsmteoas ctpiióóonnr    OE-A-2022-85able en https://
mínima de la infraestructura física gestionada por la DGT, la CNMC señaló que la
negativa genérica por parte de la DGT a suministrar cualquier tipo de información relativa 
a las infraestructuras propias, sin que se detallasen las razones que motivaban tal 
negativa,  suponía  vaciar  de  contenido  las  previsiones  contenidas  en  la  normativa 
sectorial de telecomunicaciones y no podía ser admitida.
La CNMC instó por consiguiente a la DGT a suministrar la información solicitada por 
el  operador  de  comunicaciones  electrónicas  o  motivar  suficientemente  la  respuesta 
negativa a la solicitud de información, especificando en particular las infraestructuras 
concretas  que  deberían  quedar  excluidas  del  ámbito  de  aplicación  del  Real 
Decreto 330/2016 y las causas de exclusión en cada caso concreto. La CNMC instó, 
asimismo, a la DGT a ofrecer al operador de comunicaciones electrónicas información 
sobre el resto de infraestructuras no afectadas por ninguna causa de exclusión, al objeto 
de que pudiera valorar la posibilidad de construir trazados alternativos en el despliegue 
de su red.
En el mismo sentido, en su Resolución de 11 de diciembre de 2019 sobre el conflicto 
entre Aireon y la Dirección General de Carreteras en relación con la información sobre 
infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas, la 
CNMC  reiteró  que  la  denegación  genérica  del  derecho  de  acceso  a  todas  las 
infraestructuras  de  la  Dirección  General  de  Carreteras  no  resultaba  una  medida 
proporcionada. En su resolución, la CNMC señaló que los problemas de seguridad 
invocados no tenían por qué concurrir en todas las infraestructuras físicas del sujeto 
obligado,  pudiendo  a  mayor  abundamiento  existir  alternativas  viables  en  trazados 
paralelos o cercanos a las infraestructuras que podrían interesar al solicitante de acceso 
a la información mínima (o que, al menos, le permitirían valorar la posibilidad de construir 
trazados alternativos en el despliegue de su red).
En la resolución, la CNMC indicó, asimismo, que el hecho de que la red del operador 
de comunicaciones electrónicas demandante de acceso no constituyese un servicio 
público o que la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras no se refiriese a estas 
redes (haciendo alusión a las obras o instalaciones solo cuando la prestación de un 
servicio público de interés general así lo exija) no podía constituir por sí solo un motivo 
suficiente para denegar la solicitud de acceso, pues presupondría dejar en la práctica sin 
efecto las obligaciones que los sujetos obligados han de asumir de conformidad con la 
LGTel y el Real Decreto 330/2016. La CNMC recordó que la normativa sectorial de 
telecomunicaciones reconoce el derecho de los operadores al despliegue de redes de 
comunicaciones electrónicas de muy alta velocidad, así como el derecho de acceso a las 
infraestructuras físicas susceptibles de alojar este tipo de redes, configurándose a mayor 
abundamiento las telecomunicaciones como servicios de interés general, que se prestan 
en régimen de libre competencia.
6. Acceso a infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad (artículo 4 del Real Decreto 330/2016)
El artículo 4 del Real Decreto 330/2016 detalla el contenido de la obligación de 
acceso  a  infraestructuras  físicas  susceptibles  de  alojar  redes  de  comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad.
En  relación  con  dicha  obligación,  resulta  relevante  hacer  referencia  a  los 
siguientes aspectos: (i) el carácter complementario del Real Decreto 330/2016 y la 
regulación ex ante; (ii) el contenido de la solicitud de acceso; (iii) la ocupación 
irregular de la infraestructura; (iv) los efectos del silencio; y (v) las excepciones al  s
derecho de acceso. e.
6.1  Carácter complementario del Real Decreto 330/2016 y la regulación ex ante. 5ww
rseigcnoEirfdinca arret ilvqaouc eidó,e ne  mcno eenrsc etaeld  aoác mceenbs iltooo s,a   lmala e CirncNfarMadeoCss t rhmuaca tyeuosrartai sfbtíasleiscc adid edo e bula nonapd easr eaardnieoc rh dade,e  rcoelbaslruiagltdaaoc  iimoconpneo srp toamdnáetesr    OE-A-2022-85able en https://
estrictas que las contempladas en el Real Decreto 330/201617 y que este operador ha de 
cumplir.
17  Tal y como puso de manifiesto la Comisión Europea en el asunto CZ/2018/2067-69 (carta de 
comentarios de fecha 27 de abril de 2018), la regulación asimétrica puede resultar necesaria para disciplinar el 
comportamiento  de  un  operador  que  tiene  la  capacidad  de  actuar  de  manera  independiente  de  sus 
competidores, sus clientes y los consumidores. Las obligaciones fijadas en el Real Decreto 330/2016 (así como 
en  la  Directiva  2014/61/EU)  tienen  a  estos  efectos  carácter  de  mínimos,  por  lo  que  podrían  resultar 
insuficientes para garantizar que el acceso a la infraestructura física del operador con PSM se lleva a cabo en 
condiciones de igualdad.
La Resolución de la CNMC de 6 de octubre de 2021, por la que se aprueba la 
definición y análisis de los mercados de acceso local al por mayor facilitado en una 
ubicación  fija  y  acceso  central  al  por  mayor  facilitado  en  una  ubicación  fija  para 
productos del mercado de masas, la designación del operador con poder significativo de 
mercado y la imposición de obligaciones específicas, es particularmente relevante a los 
efectos de lo analizado en la presente Comunicación18. En la resolución precitada, se 
concluye que Telefónica de España, S.A.U. ostenta una posición de poder significativo 
en los mercados de referencia (mercados mayoristas de banda ancha), a resultas de la 
cual se establecen una serie de obligaciones. Conforme al Anexo 3 de la Resolución, 
Telefónica  está  obligada  a  garantizar  el  acceso  a  su  infraestructura  de  obra  civil 
(canalizaciones, cámaras, arquetas, conductos, postes) a precios orientados en función 
de los costes de producción19.
18  Como asimismo había que tener en cuenta hasta dicha fecha la Resolución de 24 de febrero de 2016, 
que establecía la regulación de los mercados de banda ancha anteriormente en vigor.
19  Estas obligaciones están en particular desarrolladas en la oferta mayorista de acceso a registros y 
conductos de Telefónica de España, S.A.U. (oferta MARCo) y estaban asimismo reguladas en la anterior 
Resolución de 24 de febrero de 2016.
Según establece el Considerando (12) de la Directiva 2014/61/UE, de 15 de mayo 
de  2014,  relativa  a  medidas  para  reducir  el  coste  del  despliegue  de  las  redes  de 
comunicaciones electrónicas de alta velocidad20:
20  DOUE L155/1 de 23 de mayo de 2014.
«a la luz del principio lex specialis, cuando sean de aplicación medidas reguladoras 
más específicas conformes con el Derecho de la Unión, estas deben prevalecer sobre 
los derechos y obligaciones mínimos previstos en la presente Directiva. Por tanto, la 
presente Directiva debe entenderse sin perjuicio del marco regulador de la Unión relativo 
a las comunicaciones electrónicas […], incluidas las medidas nacionales adoptadas de 
conformidad con dicho marco regulador, como las medidas reguladoras específicas 
simétricas o asimétricas.»
Por su parte, el apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto 330/2016 establece que:
«Los sujetos obligados deberán atender y negociar las solicitudes de acceso a su 
infraestructura física al objeto de facilitar el despliegue de redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad. En los casos en que la solicitud de acceso se produzca 
sobre una infraestructura gestionada o cuya titularidad o derecho de uso corresponda a 
un operador de comunicaciones electrónicas sujeto a obligaciones motivadas por los  s
artículos 13 y 14 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, el  oe.
acceso  a  dichas  infraestructuras  físicas  será  coherente  con  tales  obligaciones  y  la  w.
introLdausc cmióend iddea sp rcoocnetdeimmpielandtoass  ye nta erel aRse naul Deveacsre steo  b3a3s0a/2rá0 1e6n  dlaesb eyna  epxoirs ttaennttoe se.»ntenderse  2022-855n https://w
esixn  paenrtjeu icdioe  dem elarsc aodbolsig. acLioosn esc oqnufelic htoasy aqnu peo dsied o pimlapnoteneenrs er eclaotnivfoorsm ea la  alac creesgou laac iólna   BOE-A-cable e
infraestructura física del operador declarado con poder significativo de mercado deberán 
por consiguiente dilucidarse atendiendo al marco regulatorio que le resulte de aplicación 
a dicho agente en cada caso concreto, esto es (i) las obligaciones que en materia de 
acceso a infraestructura han sido configuradas por la regulación ex ante de mercados 
(de naturaleza asimétrica) o (ii) en su defecto, las obligaciones establecidas sobre los 
operadores de comunicaciones electrónicas en virtud del Real Decreto 330/2016, en el 
supuesto  de  que,  en  el  caso  concreto,  la  regulación  ex  ante  (de  contenido  más 
específico) no resulte de aplicación.
Aplicación  subsidiaria  al  operador  con  poder  significativo  de  mercado  del  Real 
Decreto 330/2016.
En su Resolución de 14 de enero de 2021 relativa al conflicto de acceso entre 
Orange  y  Telefónica,  la  CNMC  confirmó  que  la  Directiva  2014/61/UE  y  el  Real 
Decreto 330/2016 pueden resultar de aplicación a los operadores declarados con poder 
significativo  de  mercado,  en  la  medida  en  que  no  resulten  de  aplicación,  a  la 
infraestructura física a la que se pretende acceder, las obligaciones específicamente 
contenidas en la regulación ex ante de mercados.
Aceptar la tesis contraria supondría garantizar a Telefónica un trato más favorable 
para la parte de su infraestructura física que no está cubierta por la oferta regulada de 
acceso (oferta MARCo), respecto del trato que se dispensa al resto de operadores 
activos en el sector de las comunicaciones electrónicas (o en otros sectores como los 
mercados del gas y la electricidad) y que no ostentan la posición de preeminencia de que 
goza Telefónica en los mercados afectados.
En su Resolución de 18 de marzo de 202121 relativa al conflicto de acceso entre 
Axent y Telefónica, la CNMC concluyó que la red que Axent pretendía desplegar no 
podía encuadrarse, en el momento en que se llevó a cabo el análisis, dentro de los usos 
contemplados  por  la  oferta  MARCo.  Sin  embargo,  la  CNMC  confirmó  la  plena 
aplicabilidad del Real Decreto 330/2016. Según dispone dicha norma, el acceso a la 
infraestructura física de los sujetos obligados (entre los que figura Telefónica) ha de 
garantizarse con independencia del tipo de red desplegada, siempre y cuando el objeto 
del acceso sea el tendido de una red de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. 
De conformidad con el régimen establecido por el Real Decreto 330/2016, Telefónica no 
puede  por  tanto  denegar  el  acceso  a  su  infraestructura  sobre  la  base  de  que  el 
despliegue a efectuar sea para red fija o móvil, de la tecnología empleada, o del tramo 
de red (red de acceso o red troncal).
21  Esta resolución no es firme, al haber sido recurrida ante la Audiencia Nacional y estar pendiente de 
sentencia.
En otro orden de cosas, cabe recordar que el acceso a los recursos de red ubicados 
en el interior o proximidad de los edificios es objeto de regulación específica, contenida 
en particular en la Resolución de 12 de febrero de 2009, por la que se aprueba la 
imposición de obligaciones simétricas de acceso a los operadores de comunicaciones 
electrónicas, en relación con las redes de fibra de su titularidad que desplieguen en el 
interior de los edificios22.
22  Expediente MTZ 2008/965.
Igualmente,  para  los  edificios  con  infraestructuras  comunes  de  comunicaciones  oe.
electrónicas en su interior ha de estarse al artículo 45 de la LGTel y al Reglamento  w.
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los  5w
Dseercvriecitoos 3 4d6e/ 2t0e1le1c, odme u1n1i cdaec imóna rzeon,  ye la  isnute nrioorrm daeti vlaa sd ee ddiefiscaarcrioolnloe.s, aprobado por Real
6.2  Contenido de la solicitud de acceso a la infraestructura física.
Según dispone el artículo 4 del Real Decreto 330/2016, cuando un operador de 
comunicaciones electrónicas realice una solicitud razonable, por escrito, de acceso a la 
infraestructura física de alguno de los sujetos obligados, este estará obligado a atender y 
negociar  dicha  solicitud  de  acceso,  en  condiciones  equitativas  y  razonables,  en 
particular, en cuanto al precio.
Cualquier denegación de acceso deberá justificarse de manera clara al solicitante, en 
el plazo máximo de dos (2) meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud de 
acceso completa, exponiendo los motivos en los que se fundamenta.
El Real Decreto 330/2016 detalla, asimismo, el contenido de la solicitud de acceso. 
La misma deberá presentarse por escrito, y habrá de especificar, como mínimo:
a)  El motivo de acceso a la infraestructura.
b)  Una descripción de los elementos a desplegar en la infraestructura.
c)  El plazo en el que se producirá el despliegue en la infraestructura.
d)  La zona en la que se tiene intención de desplegar elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
e)  La suscripción de una declaración de confidencialidad en relación a cualquier 
información que se reciba como resultado del acceso a la infraestructura.
En la resolución de conflictos, la CNMC analiza el contenido de la solicitud de acceso 
remitida por escrito por el operador interesado en acceder a la infraestructura física. A 
este respecto, y en línea con las consideraciones efectuadas en relación con el acceso a 
la información mínima, la solicitud de acceso no podrá ser excesivamente genérica, y 
deberá, por ejemplo, delimitar de una manera suficientemente precisa la zona específica 
en la que se tiene intención de desplegar elementos de red, así como, una descripción 
técnica de dichos elementos.
Contenido de la solicitud de acceso a la infraestructura física.
En su Resolución de 6 de marzo de 2018 relativa al conflicto interpuesto por Novatio 
frente al Ayuntamiento de Candelaria, la CNMC constató que la solicitud cumplía los 
requisitos establecidos en los artículos 4 y 5 del Real Decreto 330/2016, conteniendo 
toda la información y detalle necesario para que el Ayuntamiento pudiera realizar un 
análisis  adecuado  y  razonable  de  la  solicitud,  incluido  el  cálculo  del  precio.  En 
consecuencia, la CNMC instó a la Administración local a que en un plazo determinado 
evaluase la viabilidad de las infraestructuras áreas y las canalizaciones solicitadas y 
llegase a un acuerdo de acceso a las mismas con el operador o, en caso necesario, 
dictase una resolución de denegación de acceso debidamente motivada.
En su Resolución de 11 de febrero de 2020 relativa al conflicto interpuesto por 
Antenas  y  Sistemas  de  Comunicaciones  contra  el  Ayuntamiento  de  Santos  de  la 
Humosa, la CNMC puso de manifiesto que las solicitudes iniciales de acceso formuladas 
por Antenas y Sistemas de Comunicaciones no contenían una descripción formal de los 
elementos que este operador pretendía instalar, en los términos indicados en el artículo 4 
del Real Decreto 330/2016, haciéndose únicamente mención a las características del 
servicio de acceso a internet que Antenas y Sistemas de Comunicaciones ofrecería al 
Ayuntamiento a cambio de la ocupación solicitada23. Las deficiencias detectadas fueron 
finalmente subsanadas por el operador, mediante la aportación de un nuevo escrito que 
reflejaba de manera correcta el contenido de la solicitud de acceso. e.e
23  Ver, en el mismo sentido, la Resolución de 28 de mayo de 2020 del conflicto de acceso a  5w
(ecinCol fFdmraeTpes/lsDepttlTriaueS,cg Adtuue/e0rba,1 esa0r s/á1ín p9c r)oce,mo sdneoocn nrltoeadstdea od rsl eaet ap CllooleNrss  M edVCleei mr lssaeeo znñnota onlósCa   aoqe munde euq snuppiecale arsagce iao qtrniu eeeenns e ,ul  aninsaSt e i.nsLnfo.cr laiiócecnisto utdnrdeut r cdadte ue rsaaepscll e,c geeAasl yrop.u lnaptzuaoem deiaen n dqtoeu cel asdreea  rpsreFo odcruotucminroáa    OE-A-2022-85able en https://
En su Resolución de 15 de abril de 2020 relativa al conflicto interpuesto por Novatio 
frente al Ayuntamiento de Candelaria, la CNMC recuerda que el derecho de acceso 
reconocido  a  los  operadores  de  comunicaciones  electrónicas  conforme  el  Real 
Decreto 330/2016 no es absoluto ni exigible erga omnes, por lo que no puede invocarse 
o utilizarse de forma abusiva o desordenada (como ocurriría en el caso de que el 
operador de comunicaciones electrónicas sometiera al sujeto obligado a una carga 
excesivamente elevada, mediante la presentación de sucesivas solicitudes de acceso de 
manera no coordinada). Conforme al principio de proporcionalidad que debe regir la 
resolución de este tipo de conflictos, la CNMC advirtió, por consiguiente, de la necesidad 
de que el operador de comunicaciones electrónicas analizase en conjunto su plan de 
despliegue  y  presentase  a  la  Administración  municipal  solicitudes  coordinadas 
–razonables–  de  acceso,  para  que  la  Administración  pudiera  valorar,  asimismo,  en 
conjunto, el otorgamiento del acceso y las alternativas existentes.
A fin de obtener la información necesaria para poder efectuar una solicitud completa 
de acceso, el operador interesado podrá hacer uso de los mecanismos de acceso a la 
información mínima contemplados en el artículo 5 del Real Decreto 330/2016.
Acceso a la información mínima sobre infraestructuras físicas como posible paso 
previo a la formalización de una solicitud de acceso.
En su Resolución de 18 de diciembre de 2018 relativa al conflicto interpuesto por 
Oxon 3 Comunicación Natural frente al Ayuntamiento de Cabranes, la CNMC constató 
que la solicitud de acceso a la infraestructura física formulada por el operador de 
comunicaciones electrónicas no incluía toda la información y el detalle necesarios para 
que el ayuntamiento pudiera realizar un análisis adecuado y razonable de la misma. En 
particular, en la solicitud no se describían con suficiente detalle los elementos de red que 
el  operador  de  comunicaciones  electrónicas  pretendía  desplegar  en  la  citada 
infraestructura (como, por ejemplo, el estándar de conexión de las antenas de radio, las 
características de los equipos e instalaciones a desplegar o los mecanismos de gestión 
de los usuarios finales que le permitirían prestar a cada uno de ellos los servicios de 
banda ancha de al menos 30 Mbps).
Según Oxon 3, sin embargo, al tratarse de una solicitud previa de acceso, no podía 
describirse de forma definitiva el número ni las características concretas de las celdas de 
radio que finalmente se instalarían, dado que el despliegue está siempre supeditado a 
factores como la ocupación actual de la infraestructura, las posibilidades reales de 
suministro eléctrico e incluso a otras características del entorno (orografía, dificultades 
de acceso, niveles de ruido, etc.) que el operador no conoce.
En  su  resolución,  la  CNMC  reiteró  la  importancia  de  que  los  operadores  de 
comunicaciones electrónicas formulen una solicitud de acceso a infraestructuras lo más 
completa posible, estando dichos operadores legitimados, conforme al artículo 5 del Real 
Decreto 330/2016, a solicitar a los sujetos obligados, con carácter previo al acceso, la 
información mínima necesaria sobre las infraestructuras físicas que se pretenden ocupar 
para la instalación de redes de alta velocidad, así como, a realizar estudios sobre el 
terreno de elementos específicos de dicha infraestructura, para, por ejemplo, conocer su 
grado de ocupación, las necesidades de suministro eléctrico o las características del 
entorno.
Una vez Oxon 3 subsanó su solicitud inicial de acceso, aportando la información 
técnica y económica necesaria para que pudiera valorarse la misma, el Ayuntamiento de  s
Cabranes concedió el acceso a la infraestructura física, declarándose por consiguiente  oe.
concluso el procedimiento ante la CNMC por desaparición sobrevenida del objeto que  w.
justiNficoó  osbus itnainctiea clioó na.nterior, esta Comisión se ha pronunciado en contra de una actitud  2022-855n https://w
perxecseesnivtaamr, ednetbei eensdtori crteas peent alras ev aulno rparciinócnip dioe  dlea sb useonlicai tfued ey sd ed ec oalaccbeosraoc iqóune p soer  epl uteitdualanr   BOE-A-cable e
de  la  infraestructura,  indicando  por  ejemplo  al  solicitante  del  acceso  las  posibles 
deficiencias de su solicitud, de ser factible el acceso24.
24  Ver por ejemplo Resolución de 18 de febrero de 2021 del conflicto entre Del-Internet y Adif relativo al 
acceso a las infraestructuras físicas de este último operador en Tarragona (CFT/DTSA/054/20).
6.3  Ocupación irregular de la infraestructura.
La CNMC ha tenido la ocasión de pronunciarse acerca de la viabilidad de una 
solicitud de acceso conforme al Real Decreto 330/2016, en supuestos en que con 
anterioridad a la solicitud se llevó a cabo la ocupación irregular de la infraestructura 
física25.
25  Ver por ejemplo Resolución de 8 de febrero de 2018 del conflicto de acceso a infraestructuras 
municipales  formulado  por  Videocam  Producciones  frente  al  Ayuntamiento  de  Santa  Pola 
(CFT/DTSA/003/17);  Resolución  de  15  de  abril  de  2020  del  conflicto  de  acceso  a  infraestructuras 
interpuesto  por  Novatio  Comunicaciones  Avanzadas,  S.L.  contra  el  Ayuntamiento  de  Candelaria 
(CFT/DTSA/024/19); Resolución de 5 de noviembre de 2020 del conflicto entre Adamo Telecom Iberia y 
EDistribución Redes Digitales relativo al acceso a las infraestructuras físicas de este último operador en 
Vilanova del Vallès (CFT/DTSA/022/20).
En dichas instancias, la CNMC no podrá convalidar la ocupación irregular, estando el 
operador interesado en regularizar la situación obligado a cumplir con el procedimiento y 
los requerimientos que establece el artículo 4 del Real Decreto 330/2016.
Solo sobre la base de una solicitud completa de acceso, podrá el propietario de la 
infraestructura –a la luz de las circunstancias concretas del caso– determinar, en tanto 
que sujeto obligado, si el despliegue de la red puede regularizarse en los términos 
planteados; si es necesario efectuar ciertas modificaciones o plantear alternativas viables 
de  acceso  según  prevé  la  normativa  (en  particular,  el  artículo  4.7  del  Real 
Decreto 330/2016)26; o si directamente ha de denegarse el acceso por motivos objetivos 
y suficientemente justificados.
26  Con independencia de la cuestión relativa a la titularidad de las instalaciones, será conveniente que el 
despliegue de una red de fibra óptica se lleve a cabo de manera coordinada con el propietario o gestor de una 
red eléctrica que transcurre en paralelo con la nueva red desplegada, a fin de evitar situaciones de riesgo que 
puedan afectar a la calidad de los servicios, ver Resolución de 28 de noviembre de 2019 del conflicto entre 
Juan de Frutos García Distribución Eléctrica y Esyta Networks relativo al acceso a las infraestructuras físicas 
del primer operador en el municipio de Navalmanzano (CFT/DTSA/047/19).
Solicitudes  de  acceso  a  la  infraestructura  física  en  el  caso  de  ocupaciones 
irregulares.
En su Resolución de 8 de febrero de 2018 relativa al conflicto interpuesto por 
Videocam frente al Ayuntamiento de Santa Pola, la CNMC se pronunció sobre el derecho 
de  acceso  de  un  operador  de  comunicaciones  electrónicas  conforme  al  Real 
Decreto 330/2016, en un supuesto en que con anterioridad a la solicitud de acceso, el 
operador había procedido a ocupar irregularmente (y sin que mediara autorización del 
propietario) la infraestructura física objeto del conflicto, pretendiendo posteriormente 
regularizar la situación de ocupación ilegal.
En su resolución, la CNMC determinó que el regulador sectorial no podía convalidar 
una situación de ocupación irregular como la expuesta. A mayor abundamiento, en 
relación con la solicitud de acceso efectuada por Videocam con posterioridad a la  e.
ocupación, la CNMC concluyó que dicha solicitud no tenía un carácter completo. En  w.b
particular, la solicitud de Videocam no aportaba una descripción técnica y funcional de  5w
leosst ánedleamreesn tdoes  trdaen smreids iódne, slapsle gvaedloocsid a(dtaeles so fecortmadoa sl,o se tcp.)u nntio ess pdeec ifiicnatebrac olanse xmióend, idloass 
de protección que se planeaba adoptar para garantizar la continuidad y seguridad en la
prestación de los servicios públicos municipales que el ayuntamiento venía prestando 
sobre la base de la infraestructura física.
La CNMC desestimó por consiguiente la solicitud de Videocam.
En  su  Resolución  de  9  de  septiembre  de  2021  del  conflicto  entre  Grupo 
Empresarial Peluche e Iberdrola, la CNMC desestimó la solicitud de intervención 
formulada por Grupo Empresarial Peluche, en virtud de la cual solicitaba mantener el 
despliegue de red irregularmente efectuado en la infraestructura física de Iberdrola 
en el municipio de Cox.
Durante la tramitación del procedimiento, quedó acreditado que la red de fibra óptica 
irregularmente instalada por Grupo Empresarial Peluche en la red de distribución aérea 
de baja tensión de Iberdrola no resultaba compatible con las distancias mínimas de 
seguridad establecidas en el Reglamento electrotécnico para baja tensión. Asimismo, se 
verificó que el operador estaba haciendo uso no sólo de la infraestructura de Iberdrola 
sino también de los elementos activos de su red eléctrica (cables de baja tensión), lo 
cual es una práctica no amparada por el Real Decreto 330/2016.
6.4  Negociación del acceso y efectos del silencio.
Conforme a lo establecido en el apartado 7 del artículo 4 del Real Decreto 330/2016, 
cualquier denegación de acceso deberá justificarse de manera clara al solicitante, en el 
plazo máximo de dos (2) meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud de 
acceso completa, exponiendo los motivos en los que se fundamenta. La denegación 
deberá basarse en criterios objetivos, transparentes y proporcionados, tales como los 
indicados  en  el  citado  apartado  7  en  materia  de  excepciones  al  acceso  a  la 
infraestructura física.
Según el apartado 8 del artículo 4, cualquiera de las partes podrá plantear un 
conflicto ante la CNMC cuando se deniegue el acceso o cuando transcurrido el plazo de 
dos (2) meses, antes mencionado, no se llegue a un acuerdo sobre las condiciones en 
que debe producirse el mismo.
Durante la tramitación del correspondiente procedimiento, la CNMC verificará la 
manera en que se han llevado a cabo las negociaciones de acceso, y en caso de 
estimarlo necesario solicitará cualquier tipo de documentación (tales como actas de las 
reuniones mantenidas, correspondencia intercambiada, etc.) que permita acreditar que 
las negociaciones se han llevado a cabo de buena fe entre las partes, y que no ha 
resultado  posible  llegar  a  un  acuerdo  sobre  los  aspectos  que  requieren  de  un 
pronunciamiento formal por parte de este organismo.
En particular, cuando el sujeto obligado ya explote en el mercado sus propias 
redes desplegadas a partir de la infraestructura física objeto de la solicitud de acceso, 
la CNMC verificará que las condiciones de acceso planteadas al operador tercero 
respetan  plenamente  el  principio  de  no  discriminación,  en  los  términos  del  Real 
Decreto  330/2016.  Por  ejemplo,  si  el  sujeto  obligado  ya  tiene  desarrollados 
determinados protocolos a nivel interno para la realización de obras o tareas de 
mantenimiento  en  la  infraestructura  por  la  que  discurre  su  red,  en  principio  no 
resultará  razonable  exigir  del  operador  solicitante  de  acceso  otras  condiciones  o 
actuaciones diferentes que las que requiere para sí mismo.
Por otra parte, como se ha visto, el Real Decreto 330/2016 establece la obligación de 
que el sujeto obligado dé contestación a la solicitud formal de acceso interpuesta por el 
operador interesado.
El real decreto no regula los efectos del silencio del titular de la infraestructura ante la  e
solicitud de acceso. No obstante, en el caso de que el sujeto obligado a dar acceso sea  bo
una Administración Pública, cabe recordar las previsiones contenidas en los artículos 21  w
yA d2m4 idneis tlraa cLieoyn e3s9 /P2ú0b1l5ic, adse ( L1P dAeC o)c.tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
resoSluecgióúnn  erexcporegsea  eyl  aar tíncoutliofi c2a1rl ad ee nl at oLdPoAsC lo, sla p Arodcmedinimistireanctioósn  ceusatálq uoiebrliag aqduae  as edaic tsaur 
forma de iniciación. Por su parte, de conformidad con el artículo 24.1 de la misma Ley, el
silencio tendrá efecto desestimatorio en una serie de procedimientos tasados que allí 
explícitamente se mencionan, incluyendo en particular aquellos cuya estimación tuviera 
como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros, facultades relativas al 
dominio público o al servicio público. En cualquier caso, y conforme al artículo 24.3 de la 
LPAC, en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa 
posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación 
alguna al sentido del silencio27.
27  Ver Resolución de 6 de marzo de 2018 del conflicto de compartición de infraestructuras interpuesto por 
Novatio Comunicaciones Avanzadas, S.L. contra el Ayuntamiento de Candelaria (CFT/DTSA/026/17).
Las Administraciones Públicas tienen en definitiva (al igual que el resto de sujetos 
obligados) el deber de detallar de manera expresa las razones por las que –en los casos 
que así sea– procede denegar una solicitud de acceso a la infraestructura física de la 
que son titulares. Esta obligación de dictar una resolución expresa puede ser exigida 
incluso  una  vez  transcurrido  el  plazo  de  dos  (2)  meses  recogido  en  el  Real 
Decreto 330/2016 para negociar las condiciones de acceso, y podrá venir a reconocer el 
derecho de acceso del operador solicitante con independencia de los efectos que, hasta 
el momento en que se dicte resolución expresa, pueden emanar del silencio de la 
Administración pública, en el caso de que se puedan adquirir facultades sobre el dominio 
público.
En cualquier caso, ha de recordarse que las Administraciones públicas son sujetos 
obligados  en  tanto  operadores  económicos  titulares  y  gestores  de  infraestructuras 
pasivas, y no actúan en este caso como poderes públicos.
Obligación de las Administraciones Públicas de resolver.
En su Resolución de 22 de febrero de 2018 relativa al conflicto interpuesto por 
Conred frente al Ayuntamiento de Coín, la CNMC concluyó que la solicitud de acceso 
formulada por Conred parecía, en principio, razonable, al ajustarse a los requisitos 
previstos en el artículo 4 del Real Decreto 330/2016, y existir, en las infraestructuras 
objeto del conflicto, redes de la misma naturaleza que la red de Conred. La CNMC 
indicó, por consiguiente, en su resolución que, ante la solicitud completa de acceso 
formulada  por  Conred,  el  Ayuntamiento  de  Coín  debería  haber  contestado 
expresamente a la misma, bien autorizando el acceso, o bien motivando las razones 
de su denegación de conformidad con los motivos previstos en el artículo 4.7 del Real 
Decreto 330/2016.
En el mismo sentido, en su Resolución de 18 de febrero de 2021 del conflicto entre 
Del-Internet  y  Adif,  la  CNMC  concluyó  que  la  existencia  en  la  normativa  sectorial 
ferroviaria  de  requisitos  de  autorización  previa  para  la  realización  de  obras  e 
instalaciones resultaba perfectamente compatible con el artículo 24.1 de la LPAC, que se 
refiere a los efectos desestimatorios del silencio en aquellos supuestos en que se 
transfirieren al solicitante facultades relativas al dominio público o al servicio público 
(como ocurría en el conflicto de referencia). Los preceptos invocados en ningún caso 
podían eximir a Adif de su obligación de resolver –aun cuando hubiera vencido el plazo 
máximo de resolución– de manera expresa las solicitudes de acceso planteadas por un 
operador de comunicaciones electrónicas, atendiendo a los principios sentados en el 
propio artículo 24 de la LPAC, así como, en el Real Decreto 330/2016 (esto es, bien 
garantizando el acceso, bien motivando de manera clara las razones por las que debe  s
denegarse  el  mismo,  sobre  la  base  de  criterios  objetivos,  transparentes  y  oe.
proporcionados). w.
por Epanr tdee dfinei tliav aa,u etonr idcaasdo rse sdpeo nsisleanbcleio d aed mmointiivsatrra yti vjou,s tsifeicgauri raád eexciusatideanmdoe nutnea l oosb mligoatcivióons 
por los que se deniega el acceso, estando en todo caso la CNMC facultada para resolver 
los conflictos que se puedan plantear a tal efecto28.
28  La obligación por parte de las Administraciones Públicas de detallar las razones por las que procede 
denegar el acceso es particularmente relevante, habida cuenta del derecho que asiste a los solicitantes de 
acceso a interponer el correspondiente conflicto ante la CNMC en el caso de que la respuesta sea negativa o 
no exista una respuesta explícita a una solicitud formal de acceso. A estos efectos, y en contestación a la 
Petición número 1230/2016, de 31 de mayo de 2017, por las que se solicitan aclaraciones sobre la 
interpretación de la Directiva 2014/61/UE, la Comisión Europea señala que la Directiva «no contempla plazos 
alternativos más largos [que el plazo de dos meses recogido en la Directiva] para la tramitación de solicitudes 
de acceso a infraestructuras físicas. Se aplicarán a todos los operadores de red los mismos plazos, lo cual 
incluye en su caso también a las autoridades públicas». Señala igualmente la Comisión Europea que, en casos 
de silencio administrativo por parte de una autoridad pública, el hecho de que dicha autoridad «se abstuviera 
de responder no constituiría una denegación basada en criterios objetivos, transparentes y proporcionados, 
como dispone la Directiva, y las partes estarían facultadas para elevar el asunto al organismo de resolución de 
controversias a nivel nacional […]».
La  citada  contestación  de  la  Comisión  Europea  está  disponible  en  el  siguiente  enlace:  http://
www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PETI/CM/2017/09-07/1127333ES.pdf
El rechazo injustificado por parte de las Administraciones Públicas a tramitar las 
solicitudes de acceso a infraestructura física cursadas por terceros operadores y el 
incumplimiento de las resoluciones dictadas por esta Comisión podrá dar lugar a la 
incoación  de  los  correspondientes  procedimientos  sancionadores  –al  amparo  del 
artículo 76.12 de la LGTel– y de ejecución forzosa por parte de la CNMC –ver disposición 
adicional sexta de la LGTel–29.
29  Ver Resolución de 8 de julio de 2021 por la que se procede a la ejecución forzosa de la Resolución 
de 15 de abril de 2020 mediante la imposición de una multa coercitiva al Ayuntamiento de Candelaria 
(EJF/DTSA/001/21).
6.5  Excepciones al acceso a la infraestructura física.
Al igual que ocurría con el acceso a la información mínima, el Real Decreto 330/2016 
contempla en los apartados 5 y 7 del artículo 4 una serie de excepciones al derecho de 
acceso a la infraestructura física de los sujetos obligados. En primer lugar, no existirá 
una obligación de negociar el acceso en relación con infraestructuras vinculadas con:
a)  La defensa nacional o la seguridad pública.
b)  Infraestructuras críticas30, respecto de las cuales para la negociación del acceso 
será preceptivo el informe de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de 
Interior.
30  En relación con las infraestructuras críticas, habrá de estarse a lo dispuesto en la Ley 8/2011, de 28 de 
abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.
En segundo lugar, las solicitudes de acceso podrán ser denegadas de manera 
justificada en los siguientes casos:
a)  Infraestructuras  que  no  se  consideren  técnicamente  adecuadas  para  el 
despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. Los motivos de 
denegación basados en la falta de adecuación técnica serán determinados mediante 
orden ministerial, previo informe del departamento con competencia sectorial sobre dicha 
infraestructura. e
b)  Falta de disponibilidad de espacio para acoger los elementos de las redes de  bo
comunicaciones electrónicas de alta velocidad, incluidas las futuras necesidades de  w
epsúpbalcdicc))  aio,  EEdlaxxe iislss estteeugnnjueccrtiiiodaa a  odddbee lv i girraiaieel dsosogg l.oaos sp  prpoaatreraac  claliaó i nnd tceeifgverilni.dsaad  nya lcaio sneagl,u rlaid asde gduer iudnaad  rpeúdb, liecna ,p laar tiscaulluadr   OE-A-2022-85able en https://
de las infraestructuras nacionales críticas.
e)  Existencia  de  riesgos  de  interferencias  graves  de  los  servicios  de 
comunicaciones electrónicas previstos, con la prestación de otros servicios a través de la 
misma infraestructura física.
f)  Disponibilidad de medios alternativos viables de acceso a la infraestructura de 
red física al por mayor facilitados por el sujeto obligado y que sean adecuados para el 
suministro de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, siempre que 
dicho acceso se ofrezca en condiciones justas y razonables.
g)  Ausencia de garantías de que no se comprometerá la continuidad y seguridad de 
la prestación de los servicios que en dicha infraestructura realiza su titular, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 37, apartados 1 y 2, de la LGTel.
En tanto derogaciones al derecho general de acceso, y al igual que ocurría con las 
derogaciones al derecho de acceso a la información mínima, las excepciones arriba 
señaladas deberán estar suficientemente acreditadas, y serán evaluadas en profundidad 
por la CNMC en la tramitación de los conflictos que se puedan plantear a este respecto.
En particular, como se ha señalado anteriormente, la denegación de una solicitud de 
acceso a una infraestructura nacional calificada como crítica, o que no se considere 
técnicamente  adecuada,  deberá  estar  suficientemente  justificada,  y  deberá  venir 
sustanciada por los informes y/o la orden ministerial a que hace referencia el artículo 4 
del Real Decreto 330/2016.
Igualmente, la denegación del acceso sobre la base de la falta de disponibilidad de 
espacio  deberá  estar  suficientemente  sustanciada  como  para  permitir  a  la  CNMC 
verificar la efectiva ausencia de espacio en el momento en que se interpone el conflicto o 
en el corto-medio plazo (por ejemplo, en el caso de que el espacio esté reservado para 
su uso por el sujeto obligado u otros agentes). A este respecto, la CNMC podrá requerir 
del sujeto obligado la aportación de cualquier documentación (como por ejemplo el plan 
de negocio) que permita acreditar las necesidades de espacio existentes en el momento 
en que se formula una solicitud de acceso a la infraestructura física31.
31  En relación con la invocación, por el titular de la infraestructura, de la falta de idoneidad técnica o la 
ausencia de espacio como posibles causas de denegación del acceso, y la manera en que dichas excepciones 
deben ser documentadas a los efectos de su posterior verificación, ver en particular la Resolución de 28 de 
mayo de 2020 del conflicto de acceso a infraestructuras presentado por Virson Comunicaciones, S.L. contra el 
Ayuntamiento de Fortuna (CFT/DTSA/010/19).
Interpretación estricta del régimen de excepciones al acceso a la infraestructura 
física32.
32  Ver también el apartado anterior sobre las excepciones al derecho de acceso a información mínima, 
cuyo análisis en algún caso se extiende a las excepciones al acceso.
En su Resolución de 5 de marzo de 2020 relativa al conflicto interpuesto por Orange 
frente al Ayuntamiento de Valencia, la CNMC recordó reiterada doctrina, conforme a la 
cual  la  existencia  de  condicionantes  externos  (como,  por  ejemplo,  la  ausencia  de 
normativa reguladora municipal en la materia, o la falta de personal técnico cualificado 
competente para valorar las solicitudes de acceso) no puede, en ningún caso, constituir 
una causa suficiente para denegar una solicitud de acceso cursada según los términos 
del artículo 4 del Real Decreto 330/201633.
33  En el mismo sentido, en la Resolución de 8 de julio de 2021 del conflicto entre Fibra a la Porta, S.L. y  e.
la  Diputación  de  Alicante  relativo  al  acceso  a  infraestructuras  físicas  en  el  municipio  de  Biar  w.b
(CFT/DTSA/026/21), la CNMC concluyó que la existencia de actos administrativos en curso, en virtud de los  w
cecoul nacafleliscsot o laa an  aDulniipz auodtpaoec rinaóodn o edrr aep  rpiAvoalsicdibaoln,e tn edo e tceteonrnímas itniptaurería vn iuis sntoiaq  uppiroeosrcaibe dldeee c rm aaua snlaae  rdace ea sdpieóronnxe igdmaeac dilóaan  i endlf ermal eaoscmtcreeunsctotou.  rtAae  mefíspstoiocrsaa  le oefebncj eqtotuose ,  deseenl  
eofbelicgtaudaorí aa  ldaa cr eascicóens, os ieenn dloos  eténr mtoidnoo sc adseol  Rlae aclo Dmepcarñeítao  3e3lé0c/t2ri0c1a6 b.eneficiaria de la cesión igualmente un sujeto
En su Resolución de 28 de mayo de 2020 del conflicto de acceso a infraestructuras 
presentado por Virson Comunicaciones frente al Ayuntamiento de Fortuna, la CNMC 
señaló que la existencia de otras infraestructuras disponibles en una misma localidad, 
pertenecientes  a  terceros  operadores,  no  podía  invocarse  por  el  Ayuntamiento  de 
Fortuna como un motivo de denegación del acceso a su infraestructura física. A este 
respecto,  el  Real  Decreto  330/2016  no  requiere  de  los  solicitantes  de  acceso  que 
justifiquen  la  preferencia  en  el  uso  de  determinadas  infraestructuras  frente  a  otras 
disponibles (que no tienen por qué conocer).
En su Resolución de 18 de febrero de 2021 del conflicto entre Del-Internet y Adif, la 
CNMC concluyó que la provisión de un servicio de acceso a la red de fibra oscura por 
parte de un operador tercero no podía considerarse una alternativa viable al acceso a la 
infraestructura física que el propio sujeto obligado (en ese caso, Adif) ha de poner a 
disposición  de  los  operadores  de  comunicaciones  electrónicas.  La  CNMC  puso  en 
particular de manifiesto que los operadores alternativos pueden tener una preferencia –si 
el  despliegue  resulta  viable–  en  proceder  al  tendido  de  sus  propias  redes  de 
comunicaciones electrónicas de alta velocidad, en lugar de tener que alquilar la red de 
terceros.
7. Precios de acceso (artículo 4 del Real Decreto 330/2016)
En relación con los precios de acceso, resulta procedente efectuar una serie de 
consideraciones  en  relación  con  (i)  la  determinación  del  precio  de  acceso  a  la 
infraestructura física; y (ii) la determinación del precio de acceso a la información mínima 
relativa a la infraestructura física.
7.1  Precios de acceso a la infraestructura física.
La Directiva 2014/61/UE señala que los precios de acceso a la infraestructura física 
deberán negociarse en condiciones equitativas y razonables. En los mismos términos, el 
Real Decreto 330/2016 dispone que los sujetos obligados deberán atender y negociar las 
solicitudes  de  acceso  a  su  infraestructura  física  que  se  les  puedan  plantear,  en 
condiciones equitativas y razonables, en particular en cuanto al precio.
El Real Decreto 330/2016 aporta sin embargo una descripción más detallada que la 
contenida  en  la  Directiva  2014/61/UE  de  los  diferentes  elementos  que  podrán  ser 
tomados en consideración por la CNMC a la hora de fijar los precios de acceso34.
34  Ver en todo caso el Considerando (19) de la Directiva, según el cual «[a]l determinar los precios para la 
concesión del acceso, el organismo de resolución de controversias debe velar por que el suministrador del 
acceso tenga una justa oportunidad de recuperar los costes que haya sufragado al proporcionar el acceso a su 
infraestructura física, teniendo en cuenta las condiciones específicas nacionales y las estructuras tarifarias que 
existan para ofrecer una justa oportunidad de recuperar los costes teniendo en cuenta la imposición de 
soluciones anteriores por parte de las autoridades reguladoras nacionales. Al hacerlo, el organismo de 
resolución de controversias deberá asimismo tener en cuenta la repercusión del acceso solicitado en el plan de 
negocios del suministrador del acceso, en particular las inversiones realizadas por el suministrador del acceso 
al que se solicita el acceso, concretamente las inversiones realizadas en la infraestructura física a la cual se 
solicita acceso. En el caso concreto del acceso a las infraestructuras físicas de los suministradores de redes 
públicas de comunicaciones, las inversiones realizadas en esa infraestructura pueden contribuir directamente a 
la consecución de los objetivos de la Agenda Digital y la competencia en mercados descendentes puede verse 
influida por el parasitismo. Por lo tanto, cualquier obligación de acceso debe tener plenamente en cuenta la 
viabilidad económica de esas inversiones en función de su perfil de riesgo, del calendario de recuperación de la 
inversión, de la incidencia del acceso sobre la competencia en mercados descendentes y por consiguiente en  s
los precios y en la recuperación de la inversión, de la depreciación de los activos de la red en el momento de la  e.
solicitud  de  acceso,  del  modelo  de  negocio  que  justifique  la  inversión  realizada,  en  particular  en  las  b
infraestructuras físicas de reciente construcción utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones  w
seolelicctirtóannitcea dse  daec caelstao »v.elocidad, y de la posibilidad de codespliegue que se haya ofrecido anteriormente al  2022-855n https://w
A este respecto, el apartado 9 del artículo 4 señala que la CNMC determinará el 
precio de manera que el suministrador de acceso tenga la oportunidad de recuperar sus 
costes de manera justa, y tendrá en cuenta:
a)  La incidencia del acceso solicitado en el plan de negocio del suministrador de 
acceso.
b)  Las inversiones realizadas por el suministrador del acceso, concretamente las 
inversiones realizadas en la infraestructura física a la cual se solicita acceso para la 
prestación de servicios de comunicaciones de alta velocidad.
c)  La imposición de soluciones anteriores por parte de la CNMC.
d)  Las circunstancias características del área geográfica de que se trate.
En  la  determinación  del  precio,  la  CNMC  deberá,  por  tanto,  velar  porque  el 
suministrador de acceso tenga la oportunidad de recuperar sus costes de manera justa.
Entre otros aspectos, en la resolución de un conflicto, la CNMC podrá requerir del 
sujeto obligado toda la información que permita verificar la existencia de los costes en 
que haya incurrido dicho agente para la provisión del acceso.
Cuando los costes que se hayan debido asumir para garantizar el acceso puedan 
afectar a la tramitación de varias solicitudes (tales como los costes de desarrollo de los 
sistemas  operativos  necesarios  para  proveer  el  acceso),  dichos  costes  podrán  ser 
repartidos entre los diferentes solicitantes de acceso. Igualmente, podrá considerarse 
que la asunción de parte de los costes por el propio sujeto obligado resulta razonable, en 
el  caso  de  que  por  ejemplo  dicho  agente  se  beneficie  asimismo  de  las  mejoras 
implementadas en sus sistemas para facilitar el acceso.
Fijación de los precios de acceso por las Administraciones Públicas.
En su Resolución de 24 de enero de 2017 relativa al conflicto interpuesto por 
Guifi.net  frente  al  Ayuntamiento  de  Torelló  en  materia  de  precios  de  acceso  a  la 
infraestructura física de dicha administración, la CNMC llevó a cabo un análisis del 
estudio de costes que sirvió de base al Ayuntamiento de Torelló para fijar el precio de 
acceso, y procedió a efectuar los ajustes al estudio que estimó necesarios. Así, por 
ejemplo, la CNMC concluyó que el período de amortización empleado en el estudio de 
costes para anualizar los costes de construcción de las conducciones subterráneas (15 
años)  era  notablemente  reducido,  puesto  que  los  activos  de  esta  naturaleza 
(infraestructuras de obra civil, canalizaciones, cámaras de registro subterráneas) se 
caracterizan por presentar vidas útiles más amplias, generalmente no inferiores a los 30 
años.
Por otra parte, en su Resolución de 10 de octubre de 201935 relativa al conflicto 
interpuesto  por  GTD  Cableado  de  Redes  Inteligentes  contra  el  Ayuntamiento  de 
Barcelona y la empresa pública Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA), la CNMC se 
pronunció sobre la posible revisión de los cánones que GTD debía satisfacer por el 
acceso a la infraestructura de alcantarillado público del Ayuntamiento de Barcelona y el 
mantenimiento de la misma. GTD solicitó la intervención de la CNMC ante la negativa del 
Ayuntamiento de Barcelona y BCASA a revisar unos precios que habían estado vigentes 
desde el año 2006.
35  En sentencia de fecha 15 de noviembre de 2021 (rec. 2459/2019), la Audiencia Nacional desestimó el 
recurso interpuesto contra la citada resolución de la CNMC. s
En su resolución, la CNMC concluyó que la solicitud de revisión del canon que GTD  b
había de satisfacer por el uso de la red de alcantarillado público resultaba razonable.  w
Pdeasraa rfruonlldoa dmeel nmtaerr ceasdtao  cdoen cllauss iócno,m lau nCicNaMcioCn sees  reelfeiecrteró an icfaacst odreess dceo mlao  fe(ic) hlaa  eevno luqcuieó ns ey 
vseulsoccriidbaiedr oqnu elo lsa  cnoonrvmeantiiovsa;  e(ini)  mela otebrjieat idveo  adcec epsroom ao icniófrna edsetrl udcetusrpali efígsuicea  dbeu srecdae ass edgeu araltra, 
y que podría verse comprometido si los precios de acceso no se corresponden con la
realidad del mercado; (iii) el rol fundamental que todas las entidades y administraciones 
públicas  titulares  de  infraestructuras  deben  desempeñar  a  la  hora  de  promover  el 
despliegue de redes de nueva generación; (iv) la desproporción entre los cánones fijados 
en su momento por el Ayuntamiento de Barcelona y que permanecen aún vigentes, y las 
referencias contenidas en la oferta MARCo de Telefónica; y (v) la necesidad de tomar en 
consideración  que,  dada  la  naturaleza  de  las  infraestructuras  del  Ayuntamiento  de 
Barcelona (alcantarillado público), el coste de alquiler o de derecho de uso debería ser 
más reducido que el precio aplicado a las canalizaciones que están destinadas en 
exclusiva al despliegue de redes de comunicaciones electrónicas.
La CNMC puso en todo caso de manifiesto que la revisión del precio debería hacerse 
por los cauces legalmente establecidos en la normativa reguladora de las Haciendas 
Locales, tomándose, asimismo, en consideración las previsiones contenidas en la LGTel 
(en particular, en lo relativo a la regulación del acceso a las infraestructuras susceptibles 
de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas).
En relación con la cuota que GTD debía abonar en concepto de mantenimiento, la 
CNMC  concluyó  que  el  importe  establecido  por  BCASA  para  la  misma  resultaba 
razonable. En particular, a la luz de la información aportada por las partes, se concluyó 
que la presencia de redes de comunicaciones electrónicas en las infraestructuras de 
alcantarillado requiere de un mantenimiento específico, con el objetivo de evitar que los 
elementos  portantes  de  las  redes  puedan  desprenderse  y  producir  obturaciones  e 
inundaciones que afecten al servicio principal para el que están destinadas dichas 
infraestructuras. Los costes de mantenimiento asociados a este tipo de infraestructuras 
no son, por consiguiente, equiparables a los costes que pueden tener que asumirse por 
el mantenimiento de infraestructuras destinadas exclusiva o principalmente a albergar 
redes de comunicaciones electrónicas.
Sin perjuicio de los elementos arriba especificados, y atendiendo a lo dispuesto en el 
apartado 10 del artículo 4, la CNMC tomará en cuenta una serie de factores adicionales 
en el caso de que el operador garante del acceso sea un operador de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas. En particular, la CNMC habrá de:
a)  Tomar en consideración los objetivos y principios fijados en el artículo 3 de la 
LGTel.
b)  Contemplar la inversión realizada en la infraestructura física a la cual se solicita 
el  acceso,  de  manera  que  se  eviten  situaciones  que  degraden  o  desequilibren  la 
competencia por la falta de inversión de ciertos operadores cuyo negocio se base 
exclusiva o mayoritariamente en la utilización de infraestructuras de otros.
c)  Tener  plenamente  en  cuenta  la  viabilidad  económica  de  las  inversiones 
realizadas por el suministrador del acceso en función de (i) su perfil de riesgo; (ii) el 
calendario  de  recuperación  de  la  inversión;  (iii)  la  incidencia  del  acceso  sobre  la 
competencia  en  mercados  descendentes  y,  por  consiguiente,  en  los  precios  y  la 
recuperación de la inversión; (iv) la depreciación de los activos de la red en el momento 
de la solicitud de acceso; (v) el modelo de negocio que justifique la inversión realizada, 
en particular, en las infraestructuras físicas de reciente construcción utilizadas para la 
prestación  de  servicios  de  comunicaciones  electrónicas  de  alta  velocidad;  y  (vi)  la 
posibilidad de despliegue conjunto que se haya ofrecido anteriormente al solicitante de 
acceso.
El Real Decreto 330/2016 se refiere, por tanto, a la posible consideración de una  s
serie  de  elementos  adicionales  de  juicio  en  el  supuesto  de  que  el  titular  de  la  oe.
infraestructura física sea un operador de redes públicas de comunicaciones electrónicas. w.
dlae sAcLegane cdnoednnatt reiDbsu igdcieitóa ncl,o  dmaesu eín siccteao cmtiiopono, e dsee le  ilhneefcrctarhóeons ticrduaecst  upqruauesed  ael  alva e ccrsooemn sapefeectucetcnaicódinaa   dpeeon rl  olalsos so  ibnmjveeetirvrscoioasnd deoess    2022-855n https://w
que los diferentes operadores hayan decidido realizar aguas arriba, son algunos de los
elementos  mencionados  en  el  Considerando  (19)  de  la  Directiva  2014/61/UE  para
justificar las posibles diferencias en la fijación de los precios de acceso en función de la 
tipología  de  los  sujetos  obligados  a  dar  acceso  (operadores  de  comunicaciones 
electrónicas frente a otros agentes).
Determinación  del  precio  de  acceso  a  la  infraestructura  de  los  operadores  de 
comunicaciones electrónicas.
En su Resolución de 16 de noviembre de 2017 relativa al conflicto interpuesto por 
A2Z frente a Telefónica, la CNMC se pronunció sobre el precio que debía regir el acceso 
por  parte  de  Telefónica  a  la  infraestructura  física  del  operador  de  comunicaciones 
electrónicas A2Z.
En la resolución, la CNMC llevó a cabo un estudio orientativo que sirvió de base para 
fijar el precio de acceso, tomando en consideración una serie de elementos como la vida 
útil de las canalizaciones; la tasa anual de coste de capital (WACC); los costes de 
mantenimiento o los costes comunes.
Una vez determinado el precio objetivo, la CNMC valoró la razonabilidad del mismo a 
la luz del precio vigente en la oferta MARCo de Telefónica (precio que en el caso 
analizado era superior al precio resultante del estudio orientativo). A este respecto, la 
CNMC señaló que en un caso como el que era objeto de análisis –donde no se disponía 
de otras referencias directas de costes– el precio vigente en la oferta regulada MARCo 
podía constituirse como un umbral mínimo que permitiese asegurar la razonabilidad del 
precio de acceso de A2Z a la infraestructura, determinándose, por tanto, el precio 
definitivo sobre la base de dicha referencia36.
36  En el mismo sentido, en la Resolución de 8 de julio de 2021 del conflicto de acceso a infraestructuras 
municipales presentado por Jeyca Tecnología y Medio Ambiente frente al Ayuntamiento de Fuentes de León 
(CFT/DTSA/055/20), la CNMC señaló que la oferta de referencia para el acceso a los centros emisores de 
Cellnex (oferta ORAC) podía considerarse una referencia válida para determinar los precios del acceso a las 
infraestructuras municipales objeto del conflicto (en particular, una torreta de telecomunicaciones sita en el 
antiguo centro de televisión).
Como se ha indicado, las previsiones relativas al precio contenidas en el Real 
Decreto 330/2016 no resultarán de aplicación en el caso de que se formule una solicitud 
de acceso a la infraestructura física de Telefónica sobre la base de la oferta regulada 
MARCo (aplicándose en dichos supuestos los precios allí contenidos).
7.2  Precios de acceso a la información mínima relativa a la infraestructura física.
En  contraposición  con  las  previsiones  contenidas  en  materia  de  acceso  a  la 
infraestructura física, el Real Decreto 330/2016 no contiene referencia alguna al precio 
que, en su caso, podrá tener que ser satisfecho por el solicitante de acceso a la 
información mínima.
A este respecto, la imposición de un precio de acceso a la información mínima no 
razonable o excesivo podría erigirse como una significativa barrera para el posterior 
despliegue de red por parte de los operadores de comunicaciones electrónicas, en un 
momento temporal en que normalmente el acceso efectivo a la infraestructura física 
todavía no se habrá producido. Por consiguiente, en el caso de que un sujeto obligado 
desee facturar a un operador tercero por la preparación y remisión de la información 
mínima, deberá justificar fehacientemente la existencia de un coste específico en el que 
debe incurrir por la generación de la información requerida, y que puede, por ello, ser 
repercutido  a  los  operadores  terceros37.  La  existencia  de  dichos  costes  podrá  ser  e.
verificada por la CNMC en la tramitación del correspondiente procedimiento que se  w.b
plantee a tal efecto. 5w
37  Ver a este respecto Resolución de 18 de enero de 2018 del conflicto entre Aitel y Endesa relativo al
a(CcFceTs/Do TSa A/la0s2 5/i1n7fr aAeitsetlr uvcst uErnadse sdae I nefrsatees trúulctitmuroa so).perador  en  el  municipio  de  Santa  Cruz  de  Tenerife
Puesta a disposición de terceros de la información mínima.
En su Resolución de 18 de enero de 2018 relativa al conflicto interpuesto por Aitel 
frente a Endesa, la CNMC concluyó que el cumplimiento de las obligaciones que en 
materia de información mínima establece el Real Decreto 330/2016 no puede quedar 
supeditado al alta por parte del operador solicitante de acceso en una base digital 
cartográfica de pago gestionada por terceros, debiendo el sujeto obligado plantear al 
menos  otras  vías  alternativas  que  permitan  al  operador  solicitante  disponer  de  la 
información mínima necesaria sin necesidad de hacer uso –si no lo desea– de una base 
de datos de terceros.
Tal y como señala la CNMC en su resolución, la información contenida en un portal 
de Internet gestionado por terceros podría carecer de la necesaria concreción, y/o no 
reflejar  adecuadamente  los  elementos  contemplados  en  el  Anexo  I  del  Real 
Decreto  330/2016,  lo  que,  en  cualquier  caso,  haría  necesario  complementar  la 
información mediante la remisión de solicitudes adicionales de información al sujeto 
obligado, pudiendo así dilatarse de manera no justificada el acceso a la información 
mínima.
8. Conclusiones
La  aprobación  del  Real  Decreto  330/2016  supuso  un  hito  importante  para  el 
desarrollo  del  sector  de  las  telecomunicaciones.  Los  trabajos  de  obra  civil  pueden 
suponer hasta el 80% del coste total del despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas, lo que pone de manifiesto la relevancia de las medidas encaminadas a 
estimular el uso de las infraestructuras físicas susceptibles de alojar dichas redes.
A lo largo de los últimos años, la CNMC ha resuelto múltiples conflictos en materia de 
acceso a la infraestructura de obra civil y a la información mínima, según lo dispuesto en 
la LGTel y en el Real Decreto 330/2016. Las presentes directrices tienen un carácter 
eminentemente divulgativo, y buscan poner de manifiesto de una manera transparente la 
aplicación realizada por parte de la CNMC de los principios generales contenidos en la 
normativa correspondiente. En particular, cabe formular las siguientes consideraciones:
1.  El Real Decreto 330/2016 tiene como objetivo esencial establecer medidas para 
promover y garantizar el acceso por parte de los operadores a las infraestructuras físicas 
susceptibles  de  alojar  redes  de  comunicaciones  electrónicas  de  alta  velocidad.  El 
ejercicio por parte de los operadores del derecho de ocupación del dominio público –que 
no  implique  la  ocupación  de  infraestructuras  de  la  Administración  pública–,  en  los 
términos establecidos en la LGTel, está sometido a unos procedimientos diferentes a los 
regulados en el Real Decreto 330/2016, siendo asimismo diferente el papel que la CNMC 
debe desempeñar en dichos procesos.
2.  La LGTel y el Real Decreto 330/2016 definen la infraestructura física de manera 
amplia, entendiéndose por tal cualquier elemento de una red pensado para albergar 
otros elementos de una red sin llegar a ser un elemento activo de ella. Esta definición 
puede por consiguiente abarcar elementos de una red distintos de los tradicionalmente 
considerados como elementos de obra civil (conductos y postes).
3.  A  los  efectos  del  Real  Decreto  330/2016,  las  redes  de  comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad incluyen tanto redes fijas como móviles, capaces de 
prestar servicios de acceso de banda ancha a velocidades de al menos 30 Mbps por 
abonado. El acceso a la infraestructura física deberá garantizarse con independencia del  es
tipo de red de acceso de banda ancha que se pretenda desplegar, la arquitectura de la  bo
red, el tramo de fibra óptica que se plantea tender o la tipología de los clientes a los que  w
qoseup ieepr4nrae.e dssot Laredaráse   bLsdeGeenr Tvc eioccl moioynu. sneidilc eaRrcaeiroasnle e Dss euecjleeretcottosró  n3oi3bc0laig/s2a,0 ds1oin6so .  ptEraosmptabu igédnnea fanin  oiucpinóeanr a cdinoocnrlecusey pedc einó rone  dsaeómslo pa lciaat i vldooess    OE-A-2022-85able en https://
en otros sectores como el gas, la electricidad, la calefacción o el agua, a empresas que
proporcionan infraestructuras físicas destinadas a prestar servicios de transporte, y a las 
administraciones públicas titulares de infraestructuras físicas.
5.  La regulación ex ante de los mercados mayoristas de banda ancha establece 
una serie de obligaciones específicas en materia de acceso a la infraestructura de obra 
civil del operador con poder significativo de mercado. En caso de que puedan ser 
invocadas, dichas medidas resultarán de aplicación preferente al operador designado. 
Dicho agente está asimismo obligado a garantizar el acceso a su infraestructura física, 
en aquellas instancias en que no resulte de aplicación la regulación ex ante pero sí 
pueda invocarse el Real Decreto 330/2016, en los términos allí contenidos. Ambos 
conjuntos de normas tienen por consiguiente un carácter complementario, debiendo la 
CNMC garantizar la coherencia en su aplicación.
6.  El acceso a la información mínima puede constituir una herramienta útil para 
evaluar,  con  anterioridad  a  una  solicitud  formal,  la  viabilidad  del  acceso  a  las 
infraestructuras físicas del sujeto obligado. Las excepciones al derecho de acceso a la 
información mínima deberán estar debidamente fundadas.
7.  Las solicitudes de acceso a la información mínima y a las infraestructuras físicas 
no han de ser excesivamente genéricas, ateniéndose su contenido a los requisitos 
fijados en el Real Decreto 330/2016. En materia de acceso, la solicitud deberá en 
particular delimitar de una manera suficientemente precisa la zona específica en la que 
se tiene intención de desplegar elementos de red, aportándose una descripción técnica 
de dichos elementos. En todo caso, las deficiencias en la solicitud puestas de manifiesto 
por el sujeto obligado podrán ser subsanadas por el demandante de acceso, en el marco 
de las negociaciones de buena fe que ambas partes han de mantener con carácter 
previo al acceso a la infraestructura física.
8.  El  derecho  de  acceso  reconocido  a  los  operadores  de  comunicaciones 
electrónicas en la LGTel y el Real Decreto 330/2016 no es absoluto ni exigible «erga 
omnes», por lo que no puede utilizarse de forma abusiva o desordenada. En particular, el 
Real Decreto 330/2016 no ampara la ocupación irregular de la infraestructura física de 
los sujetos obligados.
9.  Las excepciones al derecho de acceso a las infraestructuras físicas han de estar 
debidamente fundadas, y serán evaluadas en detalle por la CNMC en caso de conflicto. 
Los sujetos obligados deberán en todo caso justificar de manera clara los motivos en que 
se  fundamenta  la  denegación  del  acceso,  sobre  la  base  de  criterios  objetivos, 
transparentes y proporcionados.
10.  Cuando  proceda  a  la  fijación  de  precios,  la  CNMC  verificará  los  criterios 
establecidos en la LGTel y en el Real Decreto 330/2016 para la determinación del precio 
de acceso a las infraestructuras de los sujetos obligados en general, y de los operadores 
de  redes  públicas  de  comunicaciones  electrónicas  en  particular.  La  CNMC  podrá 
asimismo tomar en consideración otras referencias de precios existentes, como por 
ejemplo  los  precios  contenidos  en  la  oferta  de  referencia  del  operador  con  poder 
significativo en los mercados mayoristas de banda ancha.
Madrid, 20 de diciembre de 2021.–La Presidenta de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, Cani Fernández Vicién.
ANEXO
Resoluciones de la CNMC en materia de acceso a infraestructuras físicas (Real 
Decreto 330/2016) e.e
1.  Resolución de 24 de enero de 2017 del conflicto entre el Ayuntamiento de Torelló  w
ypre laGdn u2ptie.úf iab.ndlAiecacta  us pdeooerbrd  rcoeeo  lmdl aeGus  no1cib6coia nedcdreinioc onimo endaseer zes ol Ned cdaetev raóa c2nrrc0iace1a s7seo  n (paC o rFrien Tlefar/laDc qeiTóusSnter A ucs/c0oet0un 9dr a/al1as 6 scs )ou.mnstceeedspitdatiacbsilóe nsp  rade evl aias tlcoaojsan rsp uuanlrtaaa    OE-A-2022-85able en https://
incentivar el despliegue de redes de banda ancha en zonas rurales y desfavorecidas de 
Navarra (CNS/DTSA/448/16).
3.  Resolución de 14 de septiembre de 2017 en virtud de la cual se procede a 
declarar concluso el procedimiento relativo al conflicto interpuesto por Lorca TV en 
materia de acceso a la infraestructura física de telecomunicaciones de Vodafone, por 
desistimiento de la primera entidad (CFT/DTSA/012/17)
4.  Resolución de 16 de noviembre de 2017 sobre el conflicto de compartición de 
infraestructuras presentado por A2Z frente a Telefónica, por ocupación de un tramo de 
canalización ubicado en la localidad murciana de Torre Pacheco (CFT/DTSA/004/17).
5.  Resolución de 18 de enero de 2018 del conflicto entre Aitel y Endesa relativo al 
acceso a las infraestructuras de este último operador en el municipio de Santa Cruz de 
Tenerife (CFT/DTSA/025/17).
6.  Resolución de 8 de febrero de 2018 del conflicto de acceso a infraestructuras 
municipales formulado por Videocam Producciones, S.L. frente al Ayuntamiento de Santa 
Pola (CFT/DTSA/003/17).
7.  Resolución de 22 de febrero de 2018 del conflicto de acceso a infraestructuras 
formulado por Conred Comunicaciones Avanzadas, S.L. frente al Ayuntamiento de Coín 
(CFT/DTSA/007/17).
8.  Resolución  de  6  de  marzo  de  2018  del  conflicto  de  compartición  de 
infraestructuras  interpuesto  por  Novatio  Comunicaciones  Avanzadas,  S.L.  contra  el 
Ayuntamiento de Candelaria (CFT/DTSA/026/17).
9.  Resolución de 7 de noviembre de 2018 del conflicto de acceso entre Magtel y la 
DGT en relación con la falta de información sobre infraestructuras físicas susceptibles de 
alojar redes de comunicaciones electrónicas (CFT/DTSA/022/17).
10.  Resolución  de  18  de  diciembre  de  2018  del  conflicto  de  compartición  de 
infraestructuras  interpuesto  por  Oxon  3  Comunicación  Natural,  S.L.  contra  el 
Ayuntamiento de Cabranes (Principado de Asturias) (CFT/DTSA/024/18).
11.  Resolución de 13 de marzo de 2019 del conflicto de acceso entre R.D.L. y La 
Manga Club, S.L., sobre la rescisión del contrato de acceso a una red de cobre suscrito 
entre ambas entidades (CFT/DTSA/051/17).
12.  Resolución de 30 de abril de 2019 por la que se archiva el conflicto entre Aurea 
Energía y Telecomunicaciones, S.L. y UFD Distribución de Electricidad, S.A. relativo al 
acceso  a  las  infraestructuras  físicas  de  este  último  operador,  por  desaparición 
sobrevenida de su objeto (CFT/DTSA/063/18).
13.  Resolución de 10 de octubre de 2019 por la que se pone fin al conflicto de 
acceso a infraestructuras interpuesto por GTD Cableado de Redes Inteligentes, S.L. 
contra el Ayuntamiento de Barcelona y contra Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. en materia 
de precios (CFT/DTSA/037/18).
14.  Resolución de 28 de noviembre de 2019 del conflicto entre Juan de Frutos 
García Distribución Eléctrica y Esyta Networks relativo al acceso a las infraestructuras 
físicas del primer operador en el municipio de Navalmanzano (CFT/DTSA/047/19).
15.  Resolución de 11 de diciembre de 2019 del conflicto de acceso entre Aireon y la 
Dirección General de Carreteras en relación con la información sobre infraestructuras 
físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas (CFT/DTSA/008/19).
16.  Acuerdo de 11 de diciembre de 2019 por el que se inadmite la solicitud de 
conflicto de acceso en relación con la renovación de una autorización de ocupación, 
interpuesta  por  Orange  Espagne,  S.A.  frente  al  Ayuntamiento  de  Gandía 
(CFT/DTSA/060/19). s
17.  Resolución de 11 de febrero de 2020 del conflicto presentado por Antenas y  oe.
Sistemas de Comunicaciones, S.L. contra el Ayuntamiento de Santos de la Humosa  w.
(CFT/DTSA/029/19). 5w
Oran1g8e.  ERspeasoglnuec,i óSn. Ad.Ue . 5fr ednete m aal Arzyou ndtea m2i0e2n0to  ddeel  Vcaolennflciciato ( CdFe Ta/DccTeSsAo/ 0in6t9e/r1p9u)e.sto por
19.  Resolución  de  5  de  marzo  de  2020  por  la  que  se  declara  concluso,  por 
desistimiento del solicitante, el procedimiento relativo al conflicto interpuesto por Orange 
Espagne, S.A.U. frente al Ayuntamiento de Madrid (CFT/DTSA/097/19).
20.  Resolución de 15 de abril de 2020 del conflicto de acceso a infraestructuras 
interpuesto por Novatio Comunicaciones Avanzadas, S.L. contra el Ayuntamiento de 
Candelaria (CFT/DTSA/024/19).
21.  Resolución de 28 de mayo de 2020 del conflicto de acceso a infraestructuras 
presentado  por  Virson  Comunicaciones,  S.L.  contra  el  Ayuntamiento  de  Fortuna 
(CFT/DTSA/010/19).
22.  Resolución de 17 de septiembre de 2020 por la que se declara concluso, por 
desistimiento del solicitante, el procedimiento relativo al conflicto interpuesto por Inger 
TV,  S.L.  frente  a  Cliko  Opera,  S.L.  por  el  precio  de  acceso  a  infraestructuras 
(CFT/DTSA/172/19).
23.  Resolución de 5 de noviembre de 2020 del conflicto entre Adamo Telecom 
Iberia,  S.A.  y  EDistribución  Redes  Digitales,  S.L.U.  relativo  al  acceso  a  las 
infraestructuras  físicas  de  este  último  operador  en  Vilanova  del  Vallès 
(CFT/DTSA/022/20).
24.  Resolución de 10 de diciembre de 2020 por la que se declara concluso el 
conflicto  de  acceso  a  las  infraestructuras  municipales  presentado  por  Antenas  y 
Sistemas de Comunicación S.L. frente al Ayuntamiento de Pioz, por pérdida sobrevenida 
del objeto (CFT/DTSA/035/20).
25.  Resolución de 14 de enero de 2021 del conflicto interpuesto por Orange contra 
Telefónica  relativo  al  acceso  a  las  infraestructuras  físicas  de  este  último  operador 
(CFT/DTSA/079/20).
26.  Resolución de 18 de febrero de 2021 del conflicto entre Del-Internet y Adif 
relativo al acceso a las infraestructuras físicas de este último operador en Tarragona 
(CFT/DTSA/054/20).
27.  Resolución de 18 de marzo de 2021 del conflicto de acceso a infraestructuras 
pasivas interpuesto por Axent Infraestructuras de Telecomunicaciones, S.A. frente a 
Telefónica de España, S.A.U. (CFT/DTSA/071/20).
28.  Resolución de 8 de julio de 2021 del conflicto entre Fibra a la Porta, S.L. y la 
Diputación de Alicante relativo al acceso a infraestructuras físicas en el municipio de Biar 
(CFT/DTSA/026/21).
29.  Resolución de 9 de septiembre de 2021 del conflicto entre Grupo Empresarial 
Peluche  S.L.  e  I-De  Redes  Eléctricas  Inteligentes,  S.A.U.  relativo  al  acceso  a  las 
infraestructuras  físicas  de  este  último  operador  en  el  municipio  de  Cox 
(CFT/DTSA/187/20).