BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59  Miércoles 10 de marzo de 2021  Sec. I.   Pág. 27586
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE JUSTICIA
3698 Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de asistencia jurídica gratuita.
El artículo 119 de la Constitución Española establece que la justicia será gratuita, 
cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia 
de recursos para litigar.
La Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, configura la prestación 
de la asistencia jurídica gratuita, consistente en la asistencia letrada, defensa y 
representación gratuita, como un servicio público que, con la participación de los Consejos 
Generales de la Abogacía Española y de los Procuradores de los Tribunales de España, 
se organiza por el Ministerio de Justicia y por las comunidades autónomas con 
competencias en materia de Justicia, a través de las Comisiones de Asistencia Jurídica 
Gratuita, de los Colegios de Abogados y de Procuradores, garantizando, en todo caso, su 
prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia en la 
efectiva aplicación de los fondos públicos puestos a su disposición.
El nuevo Reglamento de asistencia jurídica, que deroga el anterior, aprobado por Real 
Decreto 996/2003, de 25 de julio, pivota sobre cuatro ejes fundamentales, que buscan 
adecuar el servicio de asistencia jurídica gratuita a la realidad actual, redundando, a la 
postre, en una mayor agilidad y mejora de dicho servicio.
El objetivo fundamental, por tanto, que inspira este real decreto es reforzar el derecho 
a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, a través del fortalecimiento del servicio 
de asistencia jurídica gratuita, máximo garante de dicho derecho.
Por razones de técnica legislativa y para evitar la dispersión normativa, se ha optado 
por elaborar un nuevo texto que deroga el anterior. Su estructura, se ajusta a la sistemática 
de la ley que desarrolla, intentando respetar, al igual que esta última, la estructura del texto 
normativo hasta ahora vigente y el contenido que se sigue considerando adecuado, 
señalándose a continuación los principales cambios efectuados.
En primer lugar, tiene como objeto actualizar la composición de las Comisiones de 
Asistencia Jurídica Gratuita acomodándolas a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, que ya fueron modificadas por el apartado 7 de la disposición final tercera 
de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil.
En segundo lugar, busca actualizar las remisiones que realiza el Reglamento de 
asistencia jurídica gratuita a leyes administrativas que ya han sido derogadas por la 
legislación vigente.
Asimismo, en materia de tratamiento de datos especialmente protegidos se incorpora 
a los anexos del Reglamento de asistencia jurídica gratuita un nuevo formulario de 
autorización o revocación expresa de la persona solicitante de dicha prestación para 
consultar y recabar información económica, fiscal, patrimonial y social, relativa a su unidad 
familiar, por los Colegios de Abogados y las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, en 
consonancia con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que señala, en su artículo 28, que  s
los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder  oe.
de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración.  w.
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consagrar normativamente, como regla general, el pago mensual de la subvención de
asistencia jurídica gratuita, con cargo a las dotaciones presupuestarias del Ministerio de
Justicia, por los servicios de asistencia jurídica prestados en las comunidades autónomas 
que no han asumido competencias en materia de administración de Justicia, así como el 
importe correspondiente a los gastos de funcionamiento e infraestructura que se abonan 
tanto al Consejo General de la Abogacía Española como al Consejo General de Procuradores 
de los Tribunales de España, y ello en aras de promover una notable mejora del servicio de 
la asistencia jurídica gratuita, que redundará, en suma, en beneficio de todos los ciudadanos.
Y finalmente, en los últimos años ha venido quedando de manifiesto la necesidad de 
arbitrar un mecanismo que permita avanzar en una mayor armonización de la prestación 
del servicio de asistencia jurídica gratuita, que pasa, sin duda, por una especial cooperación 
entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en lo 
concerniente a la actividad desarrollada por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita 
dependientes de ambos Ministerios, así como con las propias comunidades autónomas 
que han asumido competencias en materia de administración de Justicia.
En este escenario, resulta especialmente relevante, asimismo, la participación del 
Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo General de Procuradores de los 
Tribunales de España, en su condición de actores principales en la prestación de este 
servicio público.
A tal objeto, se crea un Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, con la finalidad 
de impulsar una mayor coordinación y unificación de criterios en la prestación de la 
asistencia jurídica gratuita, en el que estarán presentes todas las administraciones con 
competencias en materia de administración de Justicia, así como los operadores judiciales 
que participan, de forma directa, en el ejercicio de esta prestación, es decir, abogados y 
procuradores, que estarán representados a través del Consejo General de la Abogacía 
Española y del Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España.
Este Consejo Estatal nace, de esta forma, con el objetivo final de establecer un punto 
de encuentro, en el que participen todos los operadores judiciales concernidos, con el 
propósito de compartir criterios de actuación, buenas prácticas y propuestas de mejora 
que redunden, en definitiva, en el fortalecimiento del servicio de asistencia jurídica gratuita.
Asimismo, este Consejo permitirá garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el 
acceso a la asistencia jurídica gratuita, máximo garante del derecho a la tutela judicial 
efectiva de todos los ciudadanos.
II
El presente real decreto se estructura en un artículo único que aprueba un nuevo 
Reglamento de asistencia jurídica gratuita, dos disposiciones adicionales, una disposición 
derogatoria única y tres disposiciones finales.
El presente real decreto que aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita se 
dicta al amparo de la habilitación conferida al Gobierno por la disposición final primera de 
la propia Ley 1/1996, de 10 de enero.
Este real decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial, por las 
comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de Justicia, por el 
Consejo General de la Abogacía Española y por el Consejo General de los Procuradores 
de los Tribunales de España. Asimismo, ha sido informado por la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Justicia, por la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Hacienda y por la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.
En la elaboración de esta norma se han observado los principios de buena regulación 
previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los principios de necesidad  s
y eficacia, puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que  oe.
se persiguen; el principio de proporcionalidad, ya que contiene la regulación imprescindible  w.
pjEuaurírrdaoi pcaaet,ae y.n aPd eoqrru  elao  e ldsae scm onáhesec,r eelasni tdneao cdromensa  e qel usree cs otsohe ed preerl enottreedn ecdnoeannm  lociesun bptrorii rnj;u cryiíp dieoicls op  dnriean cceiiofpicnioiae lnd yce id ase, e elganu U rtiandniaótdon    2021-3698n https://ww
que asegura la máxima eficacia de sus postulados con los menores costes posibles
inherentes a su aplicación, y de transparencia al haberse garantizado una amplia  Bc
participación en su elaboración. Esta norma se dicta al amparo de lo dispuesto en el
artículo 149.1. 5.ª y 18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de administración de Justicia y bases del régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa del Ministro 
de Política Territorial y Función Pública, con el informe de la Ministra de Hacienda, de 
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 9 de marzo de 2021,
DISPONGO:
Artículo único.  Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, cuyo texto se incluye a 
continuación de este real decreto.
Disposición adicional primera.  Autorización de cesión de datos personales a los Colegios 
de Abogados y a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
El tratamiento de los datos de naturaleza económica, fiscal, patrimonial y social se 
realizará según lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En todos los casos, se anexará a la solicitud de asistencia jurídica gratuita un formulario 
de autorización, denegación o revocación expresa de la autorización anteriormente 
prestada, que permita a la persona solicitante autorizar, denegar o revocar la consulta de 
información económica, fiscal, patrimonial y social, relativa a su unidad familiar, por parte 
del Colegio de Abogados que vaya a tramitar su solicitud de asistencia jurídica gratuita. La 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente realizará las comprobaciones y 
recabará por medios electrónicos toda la información que estime necesaria, en los términos 
establecidos en el apartado 1 del artículo 17 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
asistencia jurídica gratuita.
En el supuesto de que se deniegue o revoque la autorización de la consulta, el 
interesado deberá aportar la documentación que justifique el cumplimiento de los requisitos 
que se exigen.
Asimismo, en dicho formulario de autorización, denegación o revocación expresa, se 
informará a la persona solicitante de lo establecido en los artículos 13 y 14 del Reglamento 
(UE) 2016/679 Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
No obstante, el consentimiento del interesado será toda manifestación de voluntad 
libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una 
declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le 
concierne, tal y como se establece en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. e
Disposición adicional segunda.  Referencias normativas. 98ww
asisLteansc irae fjeurreídnicciaa sg rnaoturmitaa, tiavparso beafedcot upaodr aesl  Rene aol tDraesc rdeistop o9s9i6c/io2n0e03s , adl eR 2e5g ldaem ejunlitoo,  dsee 
entenderán realizadas a los preceptos correspondientes del Reglamento que se aprueba
por este real decreto. Bc
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de asistencia jurídica gratuita, así como las modificaciones a este operadas, 
y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente 
real decreto.
Disposición final primera.  Título competencial.
El presente real decreto se dicta en virtud del artículo 149.1. 5.ª y 18.ª de la Constitución 
Española, por el cual el Estado tiene competencia exclusiva sobre la Administración de 
Justicia y bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
Disposición final segunda.  Facultades de desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular del Ministerio de Justicia para dictar las disposiciones necesarias 
para el desarrollo y ejecución del presente real decreto.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 9 de marzo de 2021.
FELIPE R.
El Ministro de Justicia,
JUAN CARLOS CAMPO MORENO
REGLAMENTO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  Este reglamento regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
2.  Este Reglamento será de aplicación al reconocimiento por la Administración 
General del Estado del derecho de asistencia jurídica gratuita en relación con:
a)  Todo tipo de procesos ante juzgados y tribunales con jurisdicción en todo el 
territorio nacional o en el territorio de una comunidad autónoma que no haya recibido los 
traspasos en materia de provisión de medios al servicio de la Administración de Justicia.
b)  Los procedimientos administrativos cuya tramitación y resolución corresponda a 
órganos de la Administración General del Estado, siempre que se encuentren legalmente 
comprendidos en el derecho de asistencia jurídica gratuita.
3.  Se exceptúan de lo dispuesto en los apartados anteriores los artículos 17; 21; 
apartados 1, 3 y 4 del artículo 33; 39; 40 y 41 de este Reglamento, que, de conformidad 
con lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
Asistencia Jurídica Gratuita, serán de aplicación general en todo el territorio nacional.
TÍTULO I
Órganos competentes y procedimientos
CAPÍTULO I
Normas de organización y funcionamiento de las Comisiones de Asistencia 
Jurídica Gratuita
Artículo 2.  Ámbito territorial de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
1.  Se constituirá una Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita en la ciudad de 
Madrid para el reconocimiento de este derecho en relación con los procesos seguidos ante 
órganos jurisdiccionales que extiendan su competencia a todo el territorio nacional, así como 
una en cada capital de provincia del ámbito competencial del Ministerio de Justicia, en las 
ciudades de Ceuta y Melilla y en las islas de Menorca e Ibiza, a las que corresponderán las 
funciones y competencias de estas comisiones previstas en la Ley 1/1996, de 10 de enero, 
de asistencia jurídica gratuita, y en este reglamento, en su respectivo ámbito territorial.
2.  Por real decreto, previa aprobación de la persona titular del Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública, se podrá acordar la creación de delegaciones de las 
Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita en aquellos casos en los que el volumen de 
asuntos a tratar, las circunstancias geográficas u otras causas justificadas lo aconsejen. 
Cuando se trate de delegaciones de comisiones en cuya composición se integren 
funcionarios de Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, conforme a lo establecido  e.e
en el artículo 3.2, su creación se llevará a cabo a propuesta conjunta de la persona titular  b
del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 98ww
fijará3.  suE cl oremapl doesiccrieótno,  deen c lrae aqcuióen e dseta larásn d erelepgreacsieonnteasd adse telarsm imnaisrmá asus  áinmsbtiittuoc tieornreitosr iqaul ey 
integ4r.a nL caosn  dcealreágcatecri ogneense,r aqlu laes t eCnodmráisnio lnaess  mdeis Amsaisst efuncnicai oJnuerísd iqcau eG lraastu Citao.misiones de
Asistencia Jurídica Gratuita, estarán sujetas a las directrices de actuación y a los criterios
generales que, para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita, adopten las 
comisiones provinciales, y les serán de aplicación las reglas de funcionamiento que se 
prevén en este reglamento.
Artículo 3.  Composición y designación de miembros.
1.  La Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita estará compuesta por los 
Decanos del Colegio de Abogados y del Colegio de Procuradores de Madrid, o la persona 
profesional de la Abogacía y la Procura que ellos designen, un abogado o abogada del 
Estado y un funcionario o funcionaria del Ministerio de Justicia perteneciente a Cuerpos o 
Escalas del subgrupo A1. La Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita será 
presidida semestralmente por cada uno de sus miembros, a excepción del funcionario o 
funcionaria del Ministerio de Justicia, quien ejercerá, en todo momento, la Secretaría.
2.  Las restantes Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de las 
Comunidades Autónomas estarán integradas por el Decano del Colegio de Abogados y el 
del Colegio de Procuradores, o la persona profesional de la Abogacía y la Procura que 
ellos designen, y por dos miembros que designen las administraciones públicas de las que 
dependen. El órgano competente de la comunidad autónoma determinará cuáles de sus 
integrantes desempeñarán la Presidencia y la Secretaría.
3.  En  las  Comisiones  de Asistencia  Jurídica  Gratuita  dependientes  de  la 
Administración General del Estado, los miembros que corresponden a la Administración 
pública serán un abogado o abogada del Estado y un funcionario o funcionaria, que 
ejercerá la Secretaría, perteneciente a cuerpos o escalas del subgrupo A1, con destino en 
la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia correspondiente o, en su defecto, un 
funcionario o funcionaria de los citados cuerpos o escalas que preste sus servicios en la 
Delegación o Subdelegación del Gobierno del territorio de que se trate. Para las comisiones 
de las islas, en las que no radica la capital de provincia, el funcionario o funcionaria será 
designado por el Director Insular de la Administración General del Estado, de entre los 
destinados en la respectiva Dirección Insular.
En las provincias donde exista más de un Colegio de Abogados o de Procuradores, su 
representante será designado de común acuerdo por los Decanos de éstos.
En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa de la persona que ejerza la 
Secretaría, será sustituido por el miembro de la Comisión que acuerde la misma.
Artículo 4.  Dependencia orgánica, soporte administrativo y sede.
1.  Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita quedarán adscritas orgánicamente 
a las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia o, donde no existan, a las 
Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno.
Estos órganos prestarán el soporte administrativo y el apoyo técnico necesarios para 
su funcionamiento.
2.  Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita tendrán su sede en las 
dependencias que los órganos mencionados en el apartado anterior pongan a su 
disposición o, en su caso, en los de órganos judiciales radicados en su ámbito territorial.
Artículo 5.  Información sobre los servicios de asistencia jurídica gratuita.
1.  El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los 
Procuradores de los Tribunales de España remitirán a las Comisiones de Asistencia  es
Jurídica Gratuita, en un formato que permita su tratamiento automatizado, las relaciones  o
dndóoeredm  cecobnolrereersge  yiojau a drepiosleesdl clieictdjrceoóirosncn,ii ceeaonll e,nt esaú soms aí  eedcrnsoo cl madriseoto   dcsdio vealeet alrgoslilsaae sd sd oerea,r v dmliacoaismos s iccj uodilrrieíord e jpiuscrspaotsoifce.nisadi iogenrnaattelu, seit ale t,se cpléoefnoc inianoldi ziyca alcaci oidóninree dsc ecpi ósonur    2021-3698n https://www.
Asimismo, en las sedes de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se 
expondrán las normas de funcionamiento, sede y horarios de atención al público de los 
servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados.
2.  Será obligación del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo 
General de los Procuradores de los Tribunales de España el mantenimiento y actualización, 
con carácter mensual, de las bases de datos de sus colegiados dados de alta en los 
servicios de asistencia jurídica gratuita, con respeto a lo dispuesto en la legislación sobre 
protección de datos de carácter personal. Esta información estará a disposición de toda 
persona interesada en acceder a los servicios de justicia gratuita.
Artículo 6.  Normas de funcionamiento.
1.  El funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se ajustará a 
lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y, con 
carácter general, se regirá por lo dispuesto en la Ley reguladora de Régimen Jurídico del 
Sector Público, en relación con los órganos colegiados.
2.  Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se reunirán, con carácter ordinario, 
una vez cada quince días hábiles, sin perjuicio de que el presidente de la comisión acuerde 
variar dicha periodicidad, atendiendo al volumen de los asuntos a tratar.
Artículo 7.  Funciones.
Son funciones de las comisiones, en los términos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, las siguientes:
a)  Reconocer, denegar o revocar, en su caso, el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita, mediante confirmación o modificación, en su caso, de las decisiones previamente 
adoptadas por los colegios profesionales.
b)  Efectuar las comprobaciones y recabar la información que a lo largo de la 
tramitación de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita se estimen necesarias, y 
requerir de la Administración correspondiente la confirmación de la exactitud de los datos 
alegados por las personas solicitantes, para lo cual podrán utilizarse, a tal efecto, los 
procedimientos telemáticos de transmisión de datos, siempre que la persona interesada 
así lo autorice.
c)  Adoptar, previa consulta a los respectivos colegios profesionales, aquellas medidas 
que permitan conocer, con la periodicidad que se estime conveniente, la situación de los 
expedientes.
d)  Recibir y trasladar al juzgado o tribunal correspondiente el escrito de impugnación 
de las resoluciones que, de modo definitivo, reconozcan o denieguen el derecho.
e)  Tramitar las comunicaciones relativas a la insostenibilidad de la pretensión 
presentadas por los abogados.
f)  Supervisar las actuaciones de los servicios de orientación jurídica previstos en el 
artículo 38, y actuar como órganos de comunicación con los colegios profesionales, a 
efectos de canalizar las quejas o denuncias formuladas como consecuencia de las 
actuaciones relacionadas con los servicios de asistencia jurídica gratuita, en aquellos 
casos en que tales iniciativas no se hayan planteado directamente ante los colegios.
g)  Cualquier otra competencia que le atribuya la normativa reguladora de la asistencia 
jurídica gratuita.
CAPÍTULO II
Procedimientos para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita
Sección 1.ª  Procedimiento general
Artículo 8.  Iniciación.
El procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita se iniciará 
a instancia de parte, mediante la presentación del modelo normalizado incluido en el anexo 
I.I, debidamente firmado por la persona peticionaria, y acompañándose la solicitud de la 
documentación que se señala en dicho anexo.
Los impresos se facilitarán en las dependencias judiciales, en los servicios de 
orientación jurídica de los Colegios de Abogados y en las sedes de las Comisiones de 
Asistencia Jurídica Gratuita.
Los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para que los 
profesionales  faciliten  los  impresos  a  los  interesados  y  recaben  de  estos  su 
cumplimentación. Además, los Colegios de Abogados pondrán en su web, a disposición de 
los ciudadanos, los impresos correspondientes, que podrán descargar y cumplimentar, 
para posteriormente remitirlos a los servicios de orientación jurídica de los citados 
Colegios, bien por correo electrónico o bien entregarlos los personalmente.
Artículo 9.  Presentación de la solicitud.
1.  Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita se presentarán ante los servicios de 
orientación jurídica del Colegio de Abogados del lugar en que se halle el juzgado o tribunal 
que haya de conocer del proceso principal, o ante el juzgado del domicilio de la persona 
solicitante si el proceso no se hubiera iniciado. En este último caso, el órgano judicial dará 
traslado inmediato de la petición al Colegio de Abogados territorialmente competente.
2.  Cuando  el  interesado  fundamente  su  pretensión  en  las  circunstancias 
excepcionales previstas en el artículo 5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita, para obtener el reconocimiento del derecho, la solicitud se presentará 
ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que resolverá determinando cuáles de los 
beneficios del artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, y con qué alcance, son de 
aplicación a la persona solicitante.
3.  En el orden penal y en el supuesto de que el juzgado o tribunal hubiera acordado 
cualquiera de las medidas privativas de libertad o restrictivas de derechos en los casos en 
que procedan conforme a la ley, de forma que no sea posible presentar la documentación 
exigida y en los plazos establecidos, el letrado o letrada que se designe remitirá 
directamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita la solicitud debidamente firmada 
por el interesado, en la que constará, de modo expreso, la identidad de la persona 
solicitante y del asunto o procedimiento de que se trate y a la que se unirá una diligencia 
acreditativa de la situación.
4.  Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita serán remitidas de forma electrónica, 
por los Colegios de Abogados o por el propio letrado o letrada, en los supuestos de los 
apartados 1 y 3 a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, a través del sistema 
establecido por el Ministerio de Justicia y por el Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. e
Sin perjuicio, de su posible presentación electrónica, para el supuesto contemplado en  bo
el apartado 2, los interesados podrán presentar, igualmente, en formato papel, y ante las  98ww
CArotmícuislioo n1e0s.  deS uAbssisatneancciióan J duerí ddiecafic Giernactuiaitsa., las solicitudes de asistencia jurídica gratuita. OE-A-2021-36able en https://
Los servicios de orientación jurídica de los Colegios de Abogados examinarán la  Bc
documentación presentada y, si apreciaran que es insuficiente o que en la solicitud existen
deficiencias, concederán al interesado un plazo de diez días hábiles para la subsanación 
de los defectos advertidos.
Transcurrido este plazo sin que se produzca la subsanación, el Colegio de Abogados 
archivará la petición, y lo notificará en el plazo de tres días hábiles a la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente.
Artículo 11.  Designaciones provisionales.
1.  Analizada la solicitud, y subsanados en su caso los defectos advertidos, si el 
Colegio de Abogados estimara que la persona peticionaria cumple los requisitos legalmente 
establecidos para obtener el derecho a la asistencia jurídica gratuita, procederá en el plazo 
máximo de quince días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud o desde la 
subsanación de los defectos, a la designación provisional de la persona profesional de la 
Abogacía y lo comunicará en el mismo momento al Colegio de Procuradores para que, 
dentro de los tres días hábiles siguientes, se designe a la persona profesional de la 
Procura si su intervención fuera preceptiva. En este último caso, el Colegio de Procuradores 
comunicará inmediatamente al de Abogados la designación efectuada.
2.  Realizada la designación provisional de la persona profesional de la Abogacía, y 
en su caso comunicada la de la persona profesional de la Procura, el Colegio de Abogados 
tendrá un plazo de tres días hábiles para trasladar a la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita correspondiente el expediente completo, en los términos establecidos en los 
apartados 2 y 3 del artículo 70 de la Ley reguladora de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, así como las designaciones efectuadas, a los 
efectos de la verificación y resolución definitiva de la solicitud.
Artículo 12.  Ausencia de designaciones provisionales.
En el caso de que el Colegio de Abogados estimara que la persona peticionaria no 
cumple los requisitos referidos en el apartado 1 del artículo anterior, o que la pretensión 
principal contenida en la solicitud es manifiestamente insostenible o carente de 
fundamento, comunicará a la persona solicitante en un plazo de cinco días hábiles que no 
ha efectuado el nombramiento provisional de profesional de la Abogacía y, al mismo 
tiempo, trasladará la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que esta 
resuelva definitivamente.
Artículo 13.  Designación provisional a requerimiento judicial.
1.  El órgano judicial que esté conociendo de un proceso podrá dictar resolución 
motivada, y requerirá de los colegios profesionales el nombramiento provisional de 
persona profesional de la Abogacía y, en su caso, profesional de la Procura si estimara 
preciso asegurar de forma inmediata los derechos de defensa y representación de las 
partes y alguna de ellas manifestara carecer de recursos económicos.
2.  Con dicha resolución, se adjuntará la solicitud del beneficio de justicia gratuita del 
interesado, debidamente firmada, solicitud que previamente le habrá sido facilitada por el 
propio órgano judicial.
El nombramiento provisional de profesional de la Abogacía y de la Procura a 
requerimiento judicial no obstará para que el posible interesado deba facilitar la 
correspondiente documentación para la obtención del beneficio de asistencia jurídica 
gratuita. es
Artículo 14.  Sustitución del profesional designado. w.
nom1b.r amLaie pnetors doen an ubeevnoesfi cpiarorifae sdieo nlaa laessi setne nscuias tjiutusctiicóina  dgera ltousit aq uteen dyraá  tdieenreenc hdoe asi ginnsatadro se,l 
mhuebdieiarnat ere asolizliacidtuod la d deebsidiganmaecniótne. justificada y que deberá presentar ante el Colegio que  BOE-A-cable e
Esta petición no suspenderá la actuación de los profesionales que ya tiene designados.
2.  Recibida la solicitud, dicho Colegio dará traslado por cinco días hábiles al 
profesional cuya sustitución se interesa. A continuación, y en el plazo de quince días 
hábiles, resolverá sobre esta petición de forma motivada.
La resolución por la que se aprecie que concurre causa que justifica la sustitución se 
comunicará por el Colegio correspondiente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, 
a la persona que formuló la petición y al nuevo profesional.
En el caso de que el Colegio correspondiente no aprecie que concurre causa que 
justifique el cambio solicitado, la resolución adoptada será comunicada por el citado 
Colegio a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y a la persona beneficiaria de justicia 
gratuita que formuló esta petición.
3.  Recibido el expediente, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dictará 
resolución confirmando o revocando el derecho al cambio del profesional.
Las resoluciones que dicte este órgano y que denieguen la sustitución del profesional 
designado, podrán ser impugnadas por la persona beneficiaria de asistencia jurídica 
gratuita en los términos del artículo 19 y según el procedimiento establecido en el 
artículo 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero.
4.  La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá denegar la tramitación de la 
solicitud de sustitución, confirmando la designación de los profesionales actuantes, 
siempre que la solicitud se funde en una causa que ya fue objeto de denegación con 
relación al mismo asunto y profesional, sin que concurran hechos nuevos o circunstancias 
que la justifiquen.
Artículo 15.  Reiteración de la solicitud.
1.  Cuando el Colegio de Abogados, en el plazo de quince días hábiles a contar desde 
la recepción de la solicitud o, en su caso, desde la subsanación de los defectos advertidos, 
no haya realizado ninguna de las actuaciones previstas en los artículos 11 y 12, la persona 
solicitante podrá reiterar su solicitud ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 
correspondiente.
2.  Reiterada la solicitud, la comisión recabará del colegio la inmediata remisión del 
expediente junto con un informe sobre la petición, y ordenará al mismo tiempo la 
designación provisional de profesional de la Abogacía y, si fuera preceptivo, de la Procura.
Artículo 16.  Instrucción del procedimiento.
1.  Recibido el expediente en cualquiera de los supuestos contemplados en los 
artículos 11, 12, 13 y 15, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dispondrá de un plazo 
de treinta días hábiles para efectuar las comprobaciones y recabar la información que 
estime necesarias para verificar la exactitud y realidad de los datos declarados por la 
persona solicitante.
2.  A los efectos previstos en el apartado anterior, la comisión podrá recabar de la 
Administración correspondiente la confirmación de los datos que consten en la 
documentación presentada con la solicitud, siempre que lo estime indispensable para 
dictar resolución, especialmente los de naturaleza tributaria y patrimonial.
La petición de esta información, siempre que el interesado así lo autorice, podrá 
obtenerse por la Comisión mediante los procedimientos de transmisión de datos a que se 
refiere el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las 
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución 
de la aportación de certificaciones por los ciudadanos. e.e
3.  Asimismo, dentro del plazo establecido en el apartado 1 de este artículo, la  b
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá oír a la parte o partes contrarias en el pleito  98ww
op uceodnetrna a lpaos rqtaure d saeto psr peaternad cao neojecrecrit alar  rleaa al cscitiuóanc, icóuna encdoon sóemainca c doen olac idpaesrs yo nsae  seoslticimitaen qteu.e
citadEans ,e cl ocanstion udaer án ola c torammpiatarecicóenr  deest alas  seonli ceilt updla, zsoin d pee drjiueizc idoí adse  hsáub dileerse dcheosd ae  pqeures ofunearrasne 
en el procedimiento en cualquier momento anterior a su resolución definitiva y su posterior 
impugnación.
4.  La fase de instrucción del procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia 
jurídica gratuita se regirá en todo caso por los principios de celeridad y sumariedad.
Artículo 17.  Resolución: Contenido y efectos.
1.  Realizadas las comprobaciones pertinentes, la comisión dictará resolución que 
reconozca o deniegue el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el plazo máximo de 
treinta días hábiles, a contar desde la recepción del expediente completo.
En el caso de dictar resolución estimatoria, la comisión determinará, cuando sea 
necesario conforme a lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia 
Jurídica Gratuita, cuáles de las prestaciones que integran el derecho son de aplicación a 
la persona solicitante.
Asimismo, a los efectos previstos por el artículo 6.10 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, 
de asistencia jurídica gratuita, cuando la persona solicitante a quien se reconozca el 
derecho acredite ingresos por debajo del indicador público de renta de efectos múltiples, 
se hará mención expresa de esta circunstancia en la resolución.
2.  El reconocimiento del derecho se adecuará a las prestaciones solicitadas. La 
resolución estimatoria del derecho implicará la confirmación de las designaciones de 
profesional de la Abogacía y, en su caso, de la Procura, efectuadas provisionalmente por 
los colegios profesionales. En el supuesto de que dichas designaciones no se hubieran 
producido, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita requerirá inmediatamente de los 
colegios el nombramiento de los profesionales que defiendan y, en su caso, representen 
al titular del derecho.
3.  La resolución desestimatoria implicará que las eventuales designaciones de oficio 
realizadas previamente queden sin efecto y, por tanto, la persona solicitante habrá de 
designar profesional de la Abogacía y de la Procura de libre elección. En tales casos, la 
persona peticionaria deberá abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados 
por los servicios efectivamente prestados por los profesionales designados de oficio con 
carácter provisional, pero la persona profesional de la Abogacía no podrá reclamar a la 
persona profesional de la Procura el pago de sus honorarios.
En todo caso, las personas profesionales de la Abogacía actuantes habrán de 
reembolsar a la Administración el importe de las retribuciones percibidas con motivo de su 
intervención profesional realizada hasta el momento en el supuesto de que fueran 
abonados los honorarios por parte del peticionario cuya solicitud hubiese sido desestimada.
Artículo 18.  Notificación de la resolución.
1.  La resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita se notificará en el 
plazo común de tres días hábiles a la persona solicitante, a los profesionales designados 
por el turno de oficio, al Colegio de Abogados y, en su caso, al Colegio de Procuradores, 
así como a las partes interesadas, y se comunicará al juzgado o tribunal que esté 
conociendo del proceso, o al juez decano de la localidad si aquel no se hubiera iniciado.
2.  Las notificaciones y comunicaciones las realizarán quienes ejerzan la Secretaría 
de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, a través de los órganos mencionados 
en el artículo 4.1. Se efectuarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, 
cuando aquellas tengan lugar entre administraciones públicas, órganos judiciales, 
profesionales de la justicia y Colegios profesionales. e.e
Artículo 19.  Silencio administrativo. 98ww
la C1o.m  isTiróann sdceu rArisdiost eenl pcilaaz Jou dríed itcreai nGtara dtuíaitsa  hháabyilae sd,i cetsatdaob lerecsidoolu ecnió enl  eaxrtpícreusloa ,1 7q,u seidna qráune 
ratificadas las decisiones previas adoptadas por el Colegio de Abogados, sin perjuicio de
la obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el artículo 24 de la Ley 
reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.  Si los colegios no hubieran adoptado decisión alguna en el supuesto a que se 
refiere el artículo 15.2, la falta de resolución expresa de la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita dará lugar a que la solicitud se considere estimada, por lo que, a petición del 
interesado, el juez o tribunal que conozca del proceso, o el juez decano competente si la 
solicitud se realizó antes de la iniciación de aquel, procederá a requerir de los colegios 
profesionales la designación de profesional de la Abogacía y, en su caso, de profesional 
de la Procura y a declarar el derecho en su integridad.
3.  Cuando el interesado haya fundado su pretensión en las circunstancias 
excepcionales previstas en el artículo 5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
asistencia jurídica gratuita, la falta de resolución expresa de la Comisión de Asistencia 
Jurídica Gratuita dará lugar a que la solicitud se entienda estimada y, por tanto, 
reconocido el derecho.
Artículo 20.  Impugnación de la resolución.
Las resoluciones que reconozcan o denieguen el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita podrán ser impugnadas por quienes sean titulares de un derecho o interés 
legítimo, según el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, de asistencia jurídica gratuita.
Artículo 21.  Revocación del derecho.
1.  La declaración errónea, el falseamiento u ocultación de datos por las personas 
solicitantes de asistencia jurídica gratuita que hayan sido determinantes para el 
reconocimiento del derecho darán lugar, en todo caso, a su revocación, que llevará consigo 
la obligación de pago de todos los honorarios de las personas profesionales de la Abogacía 
y la Procura devengados desde la concesión del derecho, así como el reembolso de la 
cantidad equivalente al coste de las demás prestaciones obtenidas.
2.  La Administración podrá exigir dicho reembolso mediante el procedimiento de 
apremio previsto en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio.
3.  La revocación del derecho será acordada por la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita competente, de conformidad con lo previsto en la Ley reguladora de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sección 2.ª  Procedimiento en los procesos especiales para el enjuiciamiento rápido de 
delitos
Artículo 22.  Iniciación y presentación de la solicitud.
1.  Cuando se trate de la prestación del servicio de asistencia letrada al detenido, preso 
o denunciado en el procedimiento especial, para el enjuiciamiento rápido de delitos en los 
que se haya procedido a la designación de profesional de la Abogacía de oficio, este 
informará a su defendido del derecho que le asiste para solicitar el beneficio de asistencia 
jurídica gratuita, y le advertirá que, de no serle reconocido el derecho, deberá abonar a su 
cargo los honorarios correspondientes. Cuando proceda, el letrado recabará de su defendido 
la cumplimentación del modelo de solicitud correspondiente establecido en el anexo I.II,  es
debidamente firmada, y dará traslado de esta, en el plazo de cuarenta y ocho horas al  bo
servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados competente para su tramitación. 98ww
adcer ela23d ..oi  tabclNDigióoaan dco apibór snelat vad inaeint  depme,r ee slsdai e ilcaanat terapezren  rleacsin oad n odlaace  u pprmreroecefusentrstasaiooccsinióó aennlc   ndodeenec ó leaams siAacisrboitaose  gnpaaconcirtae ípa  lae edrlt teCreas oddigleeanlg, a ainods ooids  tepsid aeAorrb,aá os  ligpanar  peddeceoirfssjeu.anic sliaao    OE-A-2021-36able en https://
apreciara que el posible beneficiario carece, de manera notoria, de medios económicos,
elaborará un informe conforme al modelo del anexo I.III que se unirá a la solicitud, para su 
valoración por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que procederá, en su caso, a 
recabar las informaciones que estime necesarias sobre la situación económica del 
interesado.
4.  En la solicitud deberán constar los datos identificativos de la persona solicitante y 
deberá estar debidamente firmada por esta. No obstante, si por cualquier circunstancia el 
asistido no firmara la solicitud y el letrado apreciara que es posible beneficiario de 
asistencia jurídica gratuita, se hará constar esta circunstancia, a fin de que continúe la 
tramitación, lo cual se acreditará mediante certificación expedida por el secretario del 
órgano judicial en el que se lleva a cabo la instrucción del procedimiento judicial.
Si al asistido no le fuese reconocida posteriormente la condición de beneficiario de 
asistencia jurídica gratuita, el letrado o letrada actuante habrá de reembolsar a la 
Administración el importe de las retribuciones percibidas con motivo de su intervención 
profesional cuando perciba de aquel sus honorarios conforme a las reglas ordinarias.
Este documento, en su caso, junto con el informe del letrado o letrada a que se refiere 
el párrafo anterior, se remitirá por el letrado al Colegio de Abogados correspondiente que, 
tras su registro, emitirá la oportuna valoración y lo remitirá a la Comisión de Asistencia 
Jurídica Gratuita para su resolución.
Artículo 23.  Presentación de documentación y remisión a la Comisión de Asistencia 
Jurídica Gratuita.
1.  La persona solicitante de asistencia jurídica gratuita estará obligada a presentar la 
documentación prevista en el anexo I.II en el servicio de orientación jurídica del Colegio de 
Abogados, en los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud.
2.  Transcurrido dicho plazo, si el interesado no aportase la documentación, se le 
tendrá por desistido de su solicitud, y procederá el Colegio de Abogados a su archivo y 
notificación a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente.
3.  Analizada la solicitud y documentación presentada, si esta fuere insuficiente, se 
le requerirá para que subsane los defectos advertidos en el plazo de diez días hábiles; 
de no hacerlo así, se le tendrá igualmente por desistido. Si la documentación fuese 
suficiente o subsanase los defectos advertidos, una vez analizado el informe emitido por 
el letrado o letrada, el Colegio de Abogados adoptará una primera decisión provisional 
sobre si la persona solicitante reúne los requisitos legalmente exigidos para la concesión 
del derecho y la trasladará, junto con el expediente completo, en el plazo de tres días 
hábiles a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para su verificación y resolución 
definitiva, comunicándole asimismo la designación de profesional de la Abogacía 
efectuada.
Artículo 24.  Instrucción y resolución del procedimiento.
Recibido el expediente en la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, esta dará 
preferencia absoluta a la tramitación de estas solicitudes procurando que la resolución, 
que reconozca o deniegue el derecho, se dicte con anterioridad a la fecha de celebración 
del juicio oral y sin que en ningún caso el plazo para efectuar comprobaciones y recabar la 
información necesaria para verificar la exactitud de los datos declarados, así como para 
dictar resolución, exceda de treinta días hábiles desde su recepción.
Artículo 25.  Ausencia de resolución expresa. e
pasoldaloizcpLoitta aae ndsfatatealst ba dpl eedoc erlio d esrole   rCseeoonqll uueeicgls iaiióotron tdís cee ule xAlogpb araoelnmgstaaee drndiooteesr    pleraers oftCeadrobuemlcneitcriesáidis ólo anas  lc  dpcoeuan mrfAiarpm ssliiseamtrce iibeónenncnti oade  epfJi coluairras íprd idaoicer atdce eis Gdli oderane ltearues ipct paehr roees vnoai na elaasl     2021-3698n https://www.
asistencia jurídica gratuita o al archivo de la solicitud por falta de documentación.
Artículo 26.  Aplicación supletoria de las normas comunes.
En lo no previsto expresamente en esta sección, se aplicarán a este procedimiento las 
normas comunes contenidas en la sección 1.ª
Sección  3.ª  Procedimiento  en  aquellos  procesos  judiciales  y  procedimientos 
administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia de género
Artículo 27.  Iniciación y presentación de la solicitud.
1.  Cuando se trate de la prestación del servicio de orientación jurídica, defensa y asistencia 
letrada a las mujeres víctimas de violencia de género, este se asegurará a todas las que lo 
soliciten, procediéndose de forma inmediata a la designación de profesional de la Abogacía de 
oficio dentro del turno especializado en la defensa de las víctimas de violencia de género que a 
tal efecto se establezca por los Colegios de Abogados en sus respectivos ámbitos.
2.  Designada la persona profesional de la Abogacía de oficio, esta informará a su 
defendida del derecho que le asiste para solicitar el beneficio de asistencia justicia gratuita, 
le informará de las prestaciones que comporta, auxiliándola si fuese necesario en la 
redacción de los impresos de solicitud, y le informará que, en caso de sentencia absolutoria 
firme o sobreseimiento por no resultar acreditados los hechos delictivos, no tendrá obligación 
de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.
3.  Si la interesada desea beneficiarse del derecho de asistencia jurídica gratuita, 
cumplimentará el modelo que se une como anexo I.IV y lo presentará en el Servicio de 
orientación jurídica del Colegio de Abogados territorialmente competente en el plazo máximo 
de cuarenta y ocho horas a contar desde el momento en que hubiese recibido la primera 
atención, o bien en el registro correspondiente del Juzgado de su domicilio dentro de ese 
mismo plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En este último caso, el juzgado remitirá la 
solicitud al Colegio de Abogados territorialmente competente de forma inmediata. En la solicitud 
constarán los datos identificativos de la persona solicitante y deberá estar debidamente firmada 
por esta. Dada la inmediatez en la prestación de asistencia jurídica, no será precisa la 
acreditación previa de la carencia de recursos económicos por parte de la asistida, sin perjuicio 
de la obligación de presentar la documentación necesaria en el Colegio de Abogados.
Artículo 28.  Presentación de la documentación.
1.  La persona solicitante de asistencia jurídica gratuita deberá presentar la 
documentación necesaria relacionada en el anexo I.IV en el Servicio de orientación jurídica 
del Colegio de Abogados juntamente con la solicitud, o bien en el plazo máximo de cinco 
días hábiles a partir de la presentación de la misma.
2.  Transcurrido dicho plazo, si la interesada no aportase la documentación se le 
tendrá por desistida de su solicitud y el Colegio de Abogados procederá a su archivo, 
dando cuenta al letrado para que actúe en consecuencia.
3.  Analizada la solicitud y la documentación presentada, si esta fuese insuficiente, se 
requerirá a la persona solicitante para que subsane los defectos advertidos en el plazo de 
diez días hábiles; de no hacerlo así, se le tendrá igualmente por desistida en su solicitud.
4.  Si la documentación fuese suficiente, subsanados en su caso los defectos 
advertidos, el Colegio de Abogados, en el plazo de tres días hábiles, trasladará el 
expediente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita junto con un informe sobre la 
procedencia de la pretensión, comunicando asimismo la designación efectuada del letrado  e
que ha asumido la asistencia de oficio. bo
Artíc1u. lo R29e.c ibIidnost reul cecxipóend yie rnetseo elunc ilóan C doeml ipsrioócne ddeim Aiseinsttoe.ncia Jurídica Gratuita y realizadas
las comprobaciones pertinentes, esta dictará resolución que reconozca o deniegue el
derecho en el plazo máximo de treinta días hábiles a contar desde la recepción del  Bc
expediente completo. Cuando se trate de la prestación del servicio de asistencia letrada a
la mujer víctima de un delito susceptible de enjuiciamiento rápido, la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita dará preferencia a la tramitación de la solicitud, procurando 
que la resolución por la que se reconozca o deniegue el derecho se dicte con anterioridad 
a la fecha de celebración del juicio oral.
2.  La resolución se notificará en el plazo común de tres días hábiles a la persona 
solicitante, al Colegio de Abogados y, en su caso al Colegio de Procuradores, a las partes 
interesadas y al juzgado o tribunal que esté conociendo del proceso, o al Juez Decano de 
la localidad si aquel no se hubiera iniciado.
Si la resolución fuese estimatoria, la persona profesional de la Abogacía del turno de 
oficio designada inicialmente y, en su caso, la persona profesional de la Procura, quedarán 
confirmados, asumiendo la asistencia jurídica, la defensa y, en su caso, la representación, 
gratuitas en todos los procesos y procedimientos administrativos que se deriven de la 
violencia padecida.
3.  Si fuese desestimatoria, la persona solicitante podrá designar profesionales de la 
Abogacía y de la Procura de libre elección, debiendo abonar los honorarios y derechos 
económicos ocasionados por los servicios efectivamente prestados a los profesionales 
designados de oficio con carácter provisional. En este caso, el letrado actuante habrá de 
reembolsar a la Administración el importe de las retribuciones percibidas con motivo de su 
intervención profesional.
Artículo 30.  Aplicación supletoria de las normas comunes.
En lo no previsto expresamente en esta sección, se aplicarán a este procedimiento las 
normas comunes contenidas en la sección 1.ª
TÍTULO II
Organización de los servicios de asistencia letrada, defensa y representación
CAPÍTULO I
Organización de la asistencia letrada de oficio
Artículo 31.  Regulación y organización.
1.  Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de Procuradores de los 
Tribunales de España aprobarán las directrices generales de organización y funcionamiento 
de los servicios de asistencia letrada de oficio, que serán comunicadas al Ministerio de 
Justicia, durante el mes de enero.
2.  Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de Procuradores de los 
Tribunales de España, aprobarán, a través de las Juntas de Gobierno de los Colegios de 
Abogados y Procuradores, la distribución objetiva y equitativa de los turnos para la 
designación de los profesionales de oficio, que serán comunicadas al Ministerio de Justicia, 
durante el mes de enero, incluyendo la relación de servicios disponibles y el horario de 
atención, así como el número e identificación de abogados y procuradores que prestará el 
servicio en dicho ejercicio.
3.  La organización de los servicios deberá garantizar su continuidad y, cuando el 
censo de profesionales lo permita, la especialización por órdenes jurisdiccionales, 
atendiendo a criterios de eficiencia y funcionalidad en la aplicación de los fondos públicos  es
puestos a su disposición, velando por la distribución objetiva de turnos y medios. bo
Los sistemas de distribución de turnos y medios serán públicos para todos los  98ww
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Artículo 32.  Requisitos generales mínimos exigibles a los Abogados y Procuradores de 
los Tribunales.
1.  Se establecen, como requisitos generales mínimos exigibles a los Abogados, para 
prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, los siguientes:
a)  Tener radicado su despacho, único o principal, en el ámbito del colegio responsable 
del servicio, y estar inscrito en este. En el caso de que el colegio tenga establecidas 
demarcaciones territoriales especiales a estos efectos, tener despacho en la demarcación 
territorial correspondiente, salvo que, en cuanto a este último requisito, la Junta de 
Gobierno del Colegio lo dispense excepcionalmente para una mejor organización y eficacia 
del servicio.
b)  Acreditar más de tres años de ejercicio efectivo de la profesión.
c)  Haber superado los cursos o pruebas de acceso a los servicios, establecidos por 
las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados.
No obstante, lo anterior, la Junta de Gobierno de cada colegio podrá dispensar 
motivadamente el cumplimiento de este requisito, si concurrieren en la persona solicitante 
experiencia y otras circunstancias que acreditasen su capacidad para la prestación del 
servicio.
2.  Se establecen, como requisitos generales mínimos exigibles a los Procuradores 
de los Tribunales, para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, los siguientes:
a)  Tener despacho abierto en el territorio del partido judicial en el que se haya de 
actuar.
b)  Acreditar la asistencia a los cursos de formación que, al efecto, hayan organizado 
los Colegios de Procuradores, así como la superación de las pruebas de aptitud celebradas 
a la finalización de los mismos.
No obstante, lo anterior, la Junta de Gobierno de cada colegio podrá eximir del 
cumplimiento del requisito establecido en la letra b) del punto anterior, si en la persona 
solicitante concurrieren experiencia u otras circunstancias que acreditasen su capacidad 
para la prestación del servicio.
3.  Los requisitos establecidos anteriormente serán de obligado cumplimiento para 
todos los Colegios de Abogados y de Procuradores, sin perjuicio de los requisitos 
complementarios que hayan establecido o puedan establecer las Comunidades Autónomas 
que han asumido competencias en materia de Administración de Justicia.
Artículo 33.  Obligaciones profesionales.
1.  Los abogados y procuradores designados de oficio desempeñarán sus 
funciones de forma real y efectiva hasta la finalización del procedimiento en la instancia 
judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones 
procesales en esta se produjeran dentro de los dos años siguientes a la resolución 
judicial dictada en la instancia.
2.  En el procedimiento especial para el enjuiciamiento rápido de delitos, la asistencia 
letrada se prestará por la misma persona profesional de la Abogacía desde el momento de 
la detención, si la hubiese, o desde que se requiera dicha asistencia y hasta la finalización 
del procedimiento, incluido el juicio oral y, en su caso, la ejecución de la sentencia.
3.  En el supuesto de asistencia a las víctimas de violencia de género, de terrorismo  e
y de trata de seres humanos, así como a las personas menores de edad y las personas  bo
con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situaciones de  98ww
adpdbierroeulictcsoecosdi ó oiamn  m illoeeasntlrt taroqadustao ea , d dslaeem s oidrnreeiiefs ineetrtrla aemtc ievioóosmntse e ju qnarutípodea i ecrttnaea ,nd qdgouea efhne as ncessat aarue  sysqa uua  isdefiiirsnraetae,cl niytzac aai acobi  óasinernc, d aaiirsrneáuc cmltutoaiiddr áoaens n l  aplao oelsrg  jeuupcnnrouoacc  medióseinso  msldo aesy     OE-A-2021-36able en https://
sentencia. Este mismo derecho asistirá también a los causahabientes en caso de 
fallecimiento de la víctima.
En estos supuestos la persona profesional de la Abogacía designada de oficio, deberá 
informar a su defendido que el beneficio de justicia gratuita se perderá tras la firmeza de 
la sentencia absolutoria, o del sobreseimiento definitivo o provisional por no resultar 
acreditados los hechos delictivos, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones 
disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.
4.  Sólo en el orden penal los letrados designados podrán excusarse de la defensa, 
siempre que concurra un motivo personal y justo, que será apreciado por los decanos de 
los colegios. En el supuesto de atención a las víctimas de violencia de género, la 
aceptación de la excusa en el orden penal implicará el cese en los demás procedimientos 
y la designación de un nuevo letrado.
Artículo 34.  Régimen de guardias.
1.  Para la atención letrada al detenido durante la detención y la realización de las 
primeras diligencias de instrucción criminal que resulten procedentes, así como para la 
asistencia letrada a quien se le atribuya un delito en el atestado policial, haya sido detenido 
o no, para cuya instrucción y enjuiciamiento es de aplicación el procedimiento especial 
previsto en el título III de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su redacción dada por la 
Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y 
faltas, y de modificación del procedimiento abreviado, todos los Colegios de Abogados 
establecerán un régimen de guardias que garantice, de forma permanente, la asistencia y 
defensa de aquellos.
2.  Para la orientación jurídica, defensa y asistencia letrada inmediatas de las mujeres 
víctimas de violencia de género en todos los procesos y procedimientos que tengan causa 
directa o indirecta en la violencia padecida y desde el momento en que lo requieran, todos 
los Colegios de Abogados establecerán un régimen de guardias especializado en la 
defensa de las víctimas de violencia de género.
3.  El régimen de guardias así como el número de letrados que integran cada servicio 
de guardia se determinará, entre otras circunstancias, en función del volumen de 
litigiosidad, ámbito territorial, características geográficas o situación y distancia de los 
centros de detención. A tal efecto, el Consejo General de la Abogacía Española, con la 
conformidad del Ministerio de Justicia, determinará los parámetros a que han de ajustarse 
los colegios profesionales en la determinación del número de letrados que ha de integrar 
el servicio de guardia.
Artículo 35.  Prestación de los servicios de guardia.
1.  Con carácter general, los servicios de guardia se prestarán con periodicidad diaria, 
y se incorporarán a estos, en situación de disponibilidad o de presencia física, todos los 
letrados que lo integren conforme al régimen establecido por el colegio respectivo, y que 
realizarán cuantas asistencias sean necesarias durante el servicio de guardia.
2.  Excepcionalmente, en aquellos colegios en los que la reducida dimensión de sus 
actividades u otras características así lo aconsejen, se podrán establecer servicios de 
guardia con diferente periodicidad, a los que se irán incorporando los letrados a medida 
que se produzca alguna incidencia que requiera asistencia letrada.
3.  Para la orientación jurídica, defensa y asistencia letrada inmediata de las mujeres  e.e
víctimas de violencia de género se establecerá en cada Colegio de Abogados una guardia  b
de disponibilidad de la que formarán parte letrados especializados en la defensa de las  98ww
vcoícntifmoramsi ddaed v cioolne nlocsia p daerá gméenteroros ,q eune  eal  tnaúl emfeecroto q suee d seete drmetienremni nceo npfoorr mele p ar olop idoi scpouleegsitoo  deen 
el ap4a. rtaEdl or é3g dimele anr tdíceu plor easntatecriióonr  yd ec osne rlavi cpieorsio ddeic giduaadr dqiuae q ausei mseis mdeot esrem dineete rremqiuneer.irá ser
conocido, con carácter previo, por el Ministerio de Justicia.
CAPÍTULO II
Reconocimiento, renuncia y cuestiones organizativas de la asistencia jurídica gratuita
Artículo 36.  Efectos del reconocimiento del derecho.
1.  El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita llevará consigo la 
confirmación de las designaciones provisionales de persona profesional de la Abogacía y, 
en su caso, de la Procura de oficio, y si estas no se hubiesen producido, el nombramiento 
inmediato de los profesionales que defiendan y en su caso, representen al titular del 
derecho, así como del resto de las prestaciones que integren el derecho. En cada ámbito 
territorial, los Colegios de Abogados y los Colegios de Procuradores actuarán de manera 
coordinada para efectuar las designaciones que procedan en cada caso, y no podrá actuar, 
al mismo tiempo, un profesional de la Abogacía de oficio y un profesional de la Procura 
libremente elegido o viceversa, salvo que el profesional de libre elección renuncie por 
escrito a percibir sus honorarios o derechos ante el titular del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita y ante el colegio ante el que se halle inscrito.
2.  En el orden penal, se asegurará en todo caso la defensa desde el momento mismo 
de la detención, sin perjuicio del abono por el cliente de los honorarios devengados si no 
le fuese reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
3.  Cuando se trate de asistencia a la mujer víctima de violencia de género, se 
asegurará dicha asistencia desde el momento en que la mujer lo solicite, produciendo la 
falta de reconocimiento del derecho iguales efectos a los señalados en el apartado anterior.
Artículo 37.  Renuncia a la designación.
1.  Quienes crean tener derecho a la asistencia jurídica gratuita podrán renunciar 
expresamente a la designación de profesionales de la Abogacía y de la Procura de oficio, 
nombrando libremente a profesionales de su confianza, y deberá hacer constar este 
extremo en la solicitud. La renuncia afectará a ambos.
2.  La renuncia posterior a la designación, que asimismo deberá afectar a ambos 
profesionales, tendrá que ser comunicada expresamente a la Comisión de Asistencia 
Jurídica Gratuita y a los colegios profesionales, y no implicará la pérdida de las demás 
prestaciones del derecho a asistencia jurídica gratuita que se hubiesen reconocido.
3.  Para asegurar la efectiva y mutua comunicación de las renuncias de los 
profesionales a la percepción de honorarios y derechos, así como las de los interesados a 
las designaciones de oficio, los Colegios de Abogados y Procuradores adoptarán cuantas 
medidas sean necesarias.
Artículo 38.  Servicios de orientación jurídica.
1.  Cada Colegio de Abogados contará necesariamente con un servicio de orientación 
jurídica de gestión directa que asumirá, además de las funciones que le asigne la Junta de 
Gobierno, el asesoramiento previo a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, la 
información sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para su reconocimiento y 
el auxilio en la redacción de los impresos normalizados de solicitud. Este servicio tendrá 
carácter gratuito para las personas solicitantes.
2.  Los Colegios de Abogados adoptarán las medidas precisas para facilitar el acceso 
de los ciudadanos a los servicios de orientación jurídica y para difundir adecuadamente la  s
localización de sus dependencias y sus funciones. e.
Artículo 39.  Formación y especialización. 98ww
1.  De conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
dCeo mAsuinsitdeandceias  JAuurtíódnicoam Gasra ctuoimtap, eetle Mntiensis, tperreiov idoe i nJfuosrmticei ad, ed elo sm Canoenrsae jcooso Grdeinnaedraal ecso dne l alas 
Abogacía Española y de Procuradores de los Tribunales de España, establecerá los
requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los 
servicios de asistencia jurídica gratuita, así como aquellos relativos a experiencia 
profesional previa.
2.  Dichos requisitos serán de obligado cumplimiento para todos los colegios 
profesionales.
Artículo 40.  Responsabilidad patrimonial.
1.  Los daños producidos por el funcionamiento de los servicios colegiales de 
asistencia jurídica gratuita serán resarcidos conforme a las reglas y principios generales 
de responsabilidad patrimonial contenidos en la Ley reguladora del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.  La anulación o modificación de las decisiones adoptadas por los colegios 
profesionales respecto de las designaciones provisionales de profesionales de la Abogacía 
y de la Procura, que sean acordadas por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita en 
el momento de dictar resolución, o por los órganos judiciales que resuelvan las 
impugnaciones previstas en el artículo 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
Jurídica Gratuita, no suponen en sí mismas título de imputación de responsabilidad a los 
colegios profesionales.
3.  La tramitación de las reclamaciones de indemnización se ajustará a las siguientes 
precisiones:
a)  El procedimiento de reclamación de indemnización se iniciará mediante solicitud 
del interesado, que se dirigirá y presentará ante el colegio profesional que corresponda.
b)  La resolución final, que acuerde o desestime la indemnización reclamada, será 
adoptada, previo dictamen del Consejo de Estado, por la Junta de Gobierno del colegio 
respectivo.
Artículo 41.  Insostenibilidad de la pretensión.
1.  Cuando la persona profesional de la Abogacía designada para un proceso 
considere insostenible la pretensión que pretende hacerse valer, deberá comunicarlo a la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dentro de los diez días hábiles siguientes a su 
designación, mediante la presentación de un informe debidamente motivado en el que 
exponga los argumentos jurídicos en los que fundamenta su decisión, y se tramitará a 
continuación conforme a lo previsto en los artículos 32 a 35 de la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
Este mismo procedimiento se seguirá cuando se trate de interponer recursos contra 
resoluciones que hayan puesto fin al proceso en la instancia correspondiente, si el 
abogado o abogada del recurrente considerase inviable la pretensión.
2.  Los Colegios de Abogados llevarán un registro especial en el que se dejará 
constancia de los expedientes tramitados con motivo de la insostenibilidad de la pretensión 
formulada por los colegiados.
TÍTULO III
Subvención y supervisión de los servicios de asistencia jurídica gratuita
Artículo 42.  Subvención. s
1.  El Ministerio de Justicia subvencionará con cargo a sus dotaciones presupuestarias  w.b
la implantación y prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios  98ww
de AEblo igmapdoorst ey  Pdero clau rsaudbovreesn ceinó ns us eá mabpiltioc adreá  gae srteiótrnib.uir las actuaciones profesionales
pjurreídviicsata gsr paoturi tlaa,  laesyí  ecno mreola lcoisó nh ocnoonr aqruioiesn deesj asdeoasn  dbee npeefricciibairri opso rd aeql udeelrloesc hpor oafe lasi oansaislteesn dceial 
turno de oficio que hayan prestado el servicio de defensa por designación judicial de
detenidos, presos, investigados o acusados en un proceso penal, cuando en el 
correspondiente expediente de asistencia jurídica gratuita no se hubiera obtenido dicho 
beneficio por insuficiencia de documentación y no se hayan satisfecho los derechos y 
honorarios profesionales. Asimismo, se destinará a retribuir los gastos devengados por la 
tramitación de los expedientes de asistencia jurídica gratuita, así como, en su caso, el 
asesoramiento y la orientación previos al proceso.
2.  Los libramientos de las subvenciones se efectuarán mensualmente.
Artículo 43.  Retribución de Abogados y Procuradores.
1.  La retribución de los Abogados y Procuradores se realizará conforme a bases 
económicas y módulos de compensación fijados en atención a la tipología de 
procedimientos en los que intervengan dichos profesionales.
Los módulos y bases económicas de referencia, aplicables a partir de la entrada en 
vigor de este reglamento, serán los que se determinan en el anexo II.
2.  Para años sucesivos, la persona titular del Ministerio de Justicia, previo informe del 
Consejo General de la Abogacía Española, del Consejo General de Procuradores de los 
Tribunales de España y del Ministerio de Hacienda, determinará, en función de las 
dotaciones presupuestarias, el importe económico que, en atención a su complejidad, se 
asignará a cada una de las actuaciones previstas en el citado anexo II.
Artículo 44.  Devengo de la indemnización.
1.  Los abogados y procuradores devengarán la retribución correspondiente a su 
actuación,  en  los  porcentajes  establecidos  en  el  anexo  III,  una  vez  acrediten 
documentalmente ante sus respectivos colegios la intervención profesional realizada, que 
habrá de ser verificada por estos. Dicha documentación se conservará por los colegios, 
quienes la pondrán a disposición del Consejo General de la Abogacía Española y, en su 
caso, del Ministerio de Justicia cuando sea solicitada.
2.  Cuando se trate del servicio de asistencia letrada al detenido, la indemnización se 
devengará por servicio de guardia de veinticuatro horas al finalizar este y las asistencias 
realizadas se considerarán, con las limitaciones que se establezcan, como una única 
actuación.
Si, excepcionalmente, el servicio de guardia fuese de duración superior, se retribuirá 
por asistencia individualizada, sin que la retribución diaria de cada letrado, sea cual sea el 
número de las realizadas, pueda exceder del doble de la cantidad asignada por día a cada 
letrado por servicio de guardia de veinticuatro horas.
Las actuaciones posteriores a la primera declaración del detenido o preso se 
considerarán incluidas en la retribución que corresponda al procedimiento de que se trate 
conforme al baremo establecido en el anexo II.
3.  Cuando se trate de asesoramiento y asistencia a la mujer víctima de violencia de 
género, el servicio de guardia se retribuirá conforme al baremo establecido en el anexo II. Las 
actuaciones posteriores en procesos o procedimientos administrativos que tengan su origen 
directo o indirecto en la violencia padecida se retribuirán igualmente conforme a las bases y 
módulos establecidos en el anexo II correspondientes al procedimiento de que se trate.
4.  Cuando se trate de un procedimiento de enjuiciamiento rápido, excepto en el 
supuesto a que se refiere el apartado anterior, en el que las actuaciones que se realicen 
se retribuirán en la forma indicada en él, todas las actuaciones, incluida la asistencia 
letrada al detenido, si la hubiera, se considerarán incluidas en la retribución que  e.e
corresponda al procedimiento conforme al baremo establecido en el anexo II. No obstante,  b
si una vez prestada la asistencia letrada al detenido en las diligencias policiales o en la  98ww
pdreim trearma ictaocmiópna rreácpeindcai,a  ljau daiccitaula, ceiló june lze tdraedtear mdien aarsai sqtueen ceila p raol cdeedtiemnieidnot os neo c eosn ssuidsecreaprátib, lae 
eadfeocpttoasd ad ela  sreus orelutrcibióunc jiuódni,c icaol my por eavsiias tseun caicar eidnidtaivciidóuna.lizada, y se devengará una vez
5.  Asimismo, si durante el servicio de guardia los letrados a quienes por turno 
corresponda no hubiesen efectuado ninguna intervención, serán retribuidos por haber 
permanecido en disponibilidad en la cuantía que se fija en el anexo II.
Si, por el contrario, durante el tiempo de la guardia el número de letrados que 
constituye el servicio de guardia de asistencia para el enjuiciamiento rápido de delitos 
excepcionalmente resultase insuficiente, los letrados que forman parte del servicio de 
guardia de asistencia al detenido podrán pasar a reforzar dicho servicio, sin perjuicio de 
percibir la indemnización correspondiente por servicio de guardia al detenido. Este 
refuerzo, en cualquier caso, será acordado por el colegio correspondiente, a la vista de la 
situación planteada.
6.  En todos los casos, la documentación acreditativa de la actuación profesional 
realizada ha de ser presentada en el colegio, dentro del plazo de un mes natural, contado 
a partir de la fecha de su realización.
Artículo 45.  Gastos de funcionamiento e infraestructura.
1.  El coste que genera a los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores el 
funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades 
encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos y de la 
calificación provisional de las pretensiones solicitadas se compensará en función de la 
aplicación a cada expediente del siguiente módulo:
a)  Colegios de Abogados: 30 euros por expediente tramitado.
b)  Colegios de Procuradores: 3 euros por expediente tramitado.
2.  La cantidad resultante de multiplicar el módulo por cada expediente se devengará 
cuando quede constancia de que este está completo y ha sido enviado a la correspondiente 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para su resolución definitiva.
3.  Mensualmente, los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los 
Procuradores de los Tribunales de España, así como las Comisiones de Asistencia Jurídica 
Gratuita, remitirán, por separado, al Ministerio de Justicia una certificación que contenga 
el número de expedientes tramitados por cada Colegio de Abogados y de Procuradores 
que han tenido entrada en las respectivas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita en 
el mes anterior. La certificación mensual presentada por los Consejos Generales de la 
Abogacía Española y de los Procuradores de los Tribunales de España, deberá incluir, en 
un formato que permita su tratamiento automatizado, la información requerida en el 
artículo 49, apartado c).
4.  Con base en las certificaciones mensuales que remitan los Consejos Generales 
de la Abogacía Española y de los Procuradores de los Tribunales de España, así como 
las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y, previa revisión de las mismas, el 
Ministerio de Justicia efectuará los libramientos mensuales que correspondan, con cargo 
a sus dotaciones presupuestarias. Por las circunstancias que, en su caso, puedan 
concurrir en el calendario de cierre presupuestario de cada ejercicio, los libramientos 
correspondientes a los tres últimos meses del año podrán ser objeto de pago en el 
ejercicio inmediatamente siguiente.
5.  Para subvencionar el coste que generen, al Consejo General de la Abogacía 
Española y al Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España, sus 
actuaciones en materia de asistencia jurídica gratuita, los citados Consejos percibirán 
mensualmente una cantidad igual a la resultante de aplicar el 11,5 por ciento al importe  es
que corresponda a los colegios por los expedientes tramitados en dicho periodo, según lo  o
dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo. 98ww
Artículo 46.  Gestión colegial de la subvención.
Trib1u.n alLeoss  dCeo Enssepjaoñsa G deisnterribauleirsá nd,e  elan tAreb osguasc ríae sEpsepcatiñvoosla  cyo ldeeg iPosro, ceulr aimdoproerste d dee l olas   BOE-A-cable e
subvención que corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones
profesionales realizadas y acreditadas por estos ante los citados Consejos Generales, 
así como de los expedientes tramitados, durante el mes inmediatamente anterior al de 
cada libramiento.
2.  Los Consejos Generales y los Colegios, en cuanto entidades colaboradoras para 
la gestión de la subvención, estarán sujetos a las reglas y obligaciones establecidas para 
dichos sujetos por la Ley General Presupuestaria.
Artículo 47.  Procedimiento de aplicación de la subvención.
1.  Mensualmente, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de 
los Procuradores de los Tribunales de España remitirán al Ministerio de Justicia sendas 
certificaciones que contenga los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas por 
cada colegio durante el mes anterior, junto con la justificación del coste económico asociado a 
aquellas. La certificación mensual deberá incluir, en un formato que permita su tratamiento 
automatizado, además de la información requerida en el artículo 49, apartados a) y b), el 
número de asistencias realizadas en cada servicio de guardia por cada profesional (solo en 
el caso del Consejo General de la Abogacía Española), y el número y detalle de prestaciones 
realizadas por cada profesional en cada expediente que tenga asignado.
2.  Basándose en dichas certificaciones y, previa revisión de las mismas, el Ministerio 
de Justicia efectuará, a continuación, los libramientos mensuales que correspondan, sin 
perjuicio de las posteriores regularizaciones que procedan, una vez cumplimentada en su 
totalidad la justificación anual regulada en los artículos siguientes. Por las circunstancias 
que, en su caso, puedan concurrir en el calendario de cierre presupuestario de cada 
ejercicio, los libramientos correspondientes a los tres últimos meses del año podrán ser 
objeto de pago en el ejercicio inmediatamente siguiente.
Artículo 48.  Justificación anual de la subvención.
Dentro del primer cuatrimestre de cada año, los Consejos Generales de la Abogacía 
Española y de Procuradores de los Tribunales de España justificarán ante el Ministerio de 
Justicia la aplicación de la subvención percibida durante todo el ejercicio inmediatamente 
anterior. Si incumplieran dicha obligación, se suspenderán los sucesivos libramientos 
hasta que se rinda la cuenta. En el supuesto en que la cuenta justificativa fuese incompleta, 
por retraso u omisión de algún Colegio de Abogados o de Procuradores, se detraerá de los 
libramientos posteriores una cantidad igual a la última distribuida por los Consejos 
Generales a dichos colegios.
Las diferencias que puedan resultar de los libramientos realizados, conforme a lo 
previsto en el apartado 2 del artículo anterior, se regularizarán por parte del Ministerio de 
Justicia, durante el ejercicio en el que hubiera sido presentada dicha justificación y una vez 
cumplimentado el trámite de justificación anual.
Esta regularización incluirá, asimismo, los libramientos realizados, por parte del 
Ministerio de Justicia, en concepto de gastos de infraestructura y gastos operativos de los 
servicios de asistencia jurídica gratuita durante el ejercicio al que se refiera dicha 
regularización.
Artículo 49.  Contenido de la justificación anual.
1.  La justificación anual de la aplicación de los fondos percibidos, a que se refiere el 
artículo anterior, deberá ser coherente con las certificaciones mensuales realizadas, según 
lo dispuesto en el artículo 47. Dicha justificación, de igual forma que las certificaciones  e
mensuales, deberá ser presentada en un formato que permita su tratamiento automatizado. bo
2.  La justificación anual, que deberá presentar el Consejo General de la Abogacía  98ww
Espaa)ñ olPa,a crao mcapdrean udneorá d leo slo ssi gtuurineonste sse e cxotrnesmigonsa:rá:
1.º  Número total de servicios de guardia realizados. Número de servicios de guardia  BOE-A-cable e
realizados por meses y en cada uno de los colegios. Número total de servicios de guardia
realizados por cada profesional, por meses y en cada uno de los colegios. Número de 
asistencias realizadas por cada profesional en servicios de guardia, por meses y en cada 
uno de los colegios.
2.º  Cuantía percibida por cada colegio profesional, total y por meses, por los servicios 
y prestaciones consignadas en el apartado anterior. Justificantes que acrediten la 
percepción de estas cuantías. Cuantía percibida por cada profesional, total y por meses, 
por los servicios y prestaciones consignadas en el apartado anterior. Justificantes que 
acrediten el pago de estas cuantías.
b)  De forma totalizada y, por cada tipo de procedimiento, se consignará:
1.º  Número total, y desglosado por colegios profesionales, de expedientes que han 
tenido entrada en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, que han finalizado y que 
permanecen abiertos. Número de expedientes que han tenido entrada en las respectivas 
Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y que han finalizado, por cada colegio profesional 
y desglosado por meses. Número de expedientes asignados a cada profesional, por meses 
y en cada uno de los colegios. Número de actuaciones realizadas por cada profesional, por 
meses y en cada uno de los colegios (excluidas las correspondientes a servicios de guardia).
2.º  Cuantía percibida por cada colegio profesional, total y por meses, por los servicios 
y actuaciones consignadas en el apartado anterior, así como justificantes que acrediten la 
percepción de estas cuantías. Cuantía percibida por cada profesional, total y por meses, 
por los servicios y actuaciones consignadas en el apartado anterior, así como justificantes 
que acrediten el pago de estas cuantías.
c)  En relación a los gastos de funcionamiento e infraestructura, se consignará:
1.º  Cuantía total percibida por los colegios profesionales de abogados, cuantía 
percibida por los colegios desglosada por meses y justificantes que acrediten la percepción 
de estas cuantías. Aplicación de estas cuantías a los gastos de los servicios de asistencia 
jurídica gratuita, consignando el detalle de aplicación de cada cantidad, por meses y 
colegios profesionales. Justificantes que acrediten el pago de estos gastos.
2.º  Cuantía total percibida por el Consejo General de la Abogacía Española. Cuantía 
percibida por el referido Consejo General desglosada por meses. Aplicación de estas cuantías 
a los gastos de los servicios de asistencia jurídica gratuita, consignando el detalle de aplicación 
de cada cantidad por meses. Justificantes que acrediten el pago de estos gastos.
3.º  Detalle de la aplicación realizada, en cumplimiento de los requisitos de formación 
y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, por 
cada colegio profesional y por el Consejo General de la Abogacía Española, así como 
justificantes que acrediten el pago de estos gastos.
d)  Importe de los intereses devengados, en su caso, por los sucesivos libramientos y 
aplicación de aquellos.
e)  Desglose de las desviaciones habidas respecto a las certificaciones mensuales y 
justificación de las mismas.
3.  La justificación anual que deberá presentar el Consejo General de Procuradores 
de los Tribunales de España, comprenderá los extremos señalados en los apartados b), c), 
d) y e) del apartado anterior.
Artículo 50.  Contabilización separada. e
Tanto el Consejo General de la Abogacía Española como los Colegios de Abogados,  w.
drreeegfbelearirmdáaensn c teoonn.  tIadlabé inLlitzeicayar   1so/eb1pl9iag9ra6ac,di óadnme  ce1on0rtr eed sleap soe ncnadenerotriá,d  adadel eC Aso slniibssrteeajodn acGisae p nJaeurraraí dal idtceean  PdGerorra catuu lriaatasd ,of iynre aeslin dd aeed sleotess    2021-3698n https://ww
Tribunales de España y a los Colegios de Procuradores.
TÍTULO IV
Asistencia pericial gratuita
Artículo 51.  Abono de honorarios.
1.  El abono de los honorarios devengados por los profesionales a los que se refiere 
el segundo párrafo del artículo 6.6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica 
gratuita, correrá a cargo del Ministerio de Justicia, excepto en los siguientes casos:
a)  Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso haya pronunciamiento sobre 
costas a favor del titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
b)  Cuando, venciendo en el pleito el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita 
y no existiendo en la sentencia pronunciamiento expreso sobre costas, los beneficios 
obtenidos por aquel en el procedimiento superen en tres veces la cuantía de las costas 
causadas en su defensa.
2.  En el supuesto de que en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado 
en costas el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita, quedará éste obligado a 
abonar las peritaciones realizadas por técnicos privados, si dentro de los tres años 
siguientes a la terminación del proceso viniese a mejor fortuna. Para hacer efectiva dicha 
obligación, será de aplicación el procedimiento al que hace referencia el artículo 21.
Artículo 52.  Coste económico de las pruebas periciales.
1.  Antes de la realización de la prueba pericial, el técnico privado designado conforme 
a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 6.6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
asistencia jurídica gratuita, remitirá a la Gerencia del Ministerio de Justicia competente por 
razón del territorio, para su aprobación, una previsión del coste económico de aquella, que 
incluirá necesariamente los extremos siguientes:
a)  Tiempo previsto para la realización de la pericia y valoración del coste por hora.
b)  Gastos necesarios para su realización.
c)  Copia de la resolución judicial que dio lugar a la realización de la prueba.
La previsión inicial del coste quedará automáticamente aprobada si en el plazo de un 
mes, desde su remisión, la Gerencia Territorial no formula ningún reparo a su cuantificación.
2.  La minuta de honorarios se ajustará a la previsión del coste económico, aprobada 
conforme a lo dispuesto en el apartado anterior. Para su devengo, el profesional aportará, 
además, documentos que acrediten el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita de quien instó la prueba pericial y pronunciamiento del órgano judicial sobre las 
costas generadas por el proceso.
TÍTULO V
El Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita
Artículo 53.  Objeto y finalidad.
1.  Se crea el Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, como órgano colegiado, 
con el fin de impulsar una adecuada coordinación en la prestación del servicio de asistencia  e.e
jurídica gratuita entre todas las administraciones públicas con competencias en materia de  b
Administración de Justicia, así como con el Ministerio de Política Territorial y Función  98ww
PPrúobcluicraad, oerle sC doen sloesj oT riGbuennaelreasl  ddee E lsap aAñbao.gacía Española y el Consejo General de
Just2ic. ia,E al  tCraovnésse djoe  Elas tDaitraelc dcieó nA sGisetneenrcaila p Jaurarí deilc Sae Grvriacitou iPtaú bsleic oa ddsec rJiubset icaila M. inisterio de
Artículo 54.  Funciones.
Para el cumplimiento de los fines descritos en el apartado 1 del artículo anterior, el 
Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita tendrá las siguientes funciones:
a)  Impulsar la coordinación entre las administraciones públicas con competencias en 
la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita y los operadores judiciales que 
participan en dicho servicio.
b)  Asesorar al Ministerio de Justicia en el diseño, desarrollo e implantación de 
mecanismos de mejora del servicio de asistencia jurídica gratuita.
c)  Elaborar propuestas normativas de mejora de la prestación de asistencia jurídica 
gratuita.
d)  Contribuir a la evaluación y seguimiento del funcionamiento del servicio de 
asistencia jurídica gratuita.
e)  Reforzar la coordinación institucional, mediante el intercambio y la difusión de 
buenas prácticas en el ejercicio del servicio de asistencia jurídica gratuita.
f)  Cualquier otra función orientada a alcanzar los fines previstos en el artículo anterior.
Artículo 55.  Composición.
1.  El Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita tendrá la siguiente composición:
a)  Presidencia: Persona titular de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia.
b)  Secretaría: Persona titular de la Subdirección General de Colaboración 
Institucional para el Servicio Público de Justicia.
c)  Vocales:
1.º  Dos Vocales del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Uno de ellos, 
designado a propuesta de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de las 
provincias adscritas a Comunidades Autónomas gestionadas por el Ministerio de Justicia, 
que no albergan Gerencia Territorial de Justicia. Este rotará con carácter anual atendiendo 
a las propuestas de las citadas delegaciones y subdelegaciones. El otro vocal será la 
persona titular de la Subdirección General encargada de la coordinación de los servicios 
prestados por la Administración General del Estado en el Territorio.
2.º  Un Vocal del Consejo General de la Abogacía Española.
3.º  Un Vocal del Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España.
4.º  Un Vocal, con rango de Director General, por cada comunidad autónoma con 
competencias en materia de Justicia.
5.º  Un Vocal, designado por el Ministerio de Justicia y que rotará anualmente, 
atendiendo a las propuestas de las Gerencias Territoriales de Justicia del territorio 
gestionado por el Ministerio de Justicia.
2.  Junto al vocal titular de la Comisión, se podrá designar un suplente, por cada uno 
de los citados órganos, para las distintas reuniones que se vayan celebrando. A tal efecto, 
se tendrá que comunicar a la Secretaría del Consejo Estatal de Asistencia Jurídica 
Gratuita, con la suficiente antelación, el número y la identidad de los asistentes.
3.  Asimismo, la Presidencia del Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, 
podrá invitar a participar a sus reuniones, a iniciativa del Ministerio de Justicia o de las dos 
terceras partes de sus miembros, a representantes de otras instituciones, expertos o 
cualquier persona cuando, en atención a las materias a tratar, así se considere oportuno.  e
Estos representantes actuarán con voz, pero sin voto. bo
Artíc1u. lo E56l .C  oOnsrgeajon izEasctiaótna ly  dreég Aimsiesnte dnec ifau nJcuioríndaicmai eGntroa.tuita se regirá, en cuanto a su
organización y funcionamiento, por lo establecido en la Ley reguladora de Régimen
Jurídico del sector público. Los acuerdos requerirán para ser adoptados el voto favorable  Bc
de las dos terceras partes de los vocales asistentes a la reunión.
2.  El Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita se reunirá, al menos, dos veces 
al año. No obstante, la Presidencia podrá convocar reuniones extraordinarias, por iniciativa 
propia o a instancia de al menos dos terceras partes de sus Vocales, cuando resultare 
necesario abordar algún asunto con carácter urgente o si así se estimara oportuno. 
Asimismo, se podrán celebrar las reuniones del Consejo Estatal de Asistencia Jurídica 
Gratuita con carácter presencial o por medios telemáticos.
3.  Con el fin de garantizar la operatividad en el cumplimiento de los fines del Consejo 
Estatal, se podrán crear, a propuesta de su Presidencia, grupos de trabajo, de acuerdo con 
las áreas de estudio, debate o diálogo que resulten de interés.
4.  La Secretaría del Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita remitirá la 
convocatoria, junto con la propuesta de orden del día, a través de medios electrónicos, a 
los vocales del Consejo Estatal, con al menos, dos semanas de antelación a la fecha de 
su celebración. Asimismo, los Vocales podrán proponer, hasta una semana antes de la 
fecha prevista de celebración de la reunión, a la Secretaría del Consejo Estatal otros 
asuntos, para su inclusión en el orden del día.
5.  La Secretaría del Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita recogerá en un 
acta lo tratado en cada reunión. A los efectos de la elaboración de las actas, las reuniones 
podrán ser grabadas, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Régimen 
Jurídico del Sector Público. El acta, cualquiera que sea el formato en que se recoja, se 
hará llegar a los vocales para su conocimiento con posterioridad a la reunión y será 
sometida a aprobación del Consejo Estatal en la siguiente reunión.
6.  Los vocales del Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita y los asistentes 
que no ostenten esa condición no percibirán retribución alguna por su participación en las 
reuniones.
Artículo 57.  No incremento de gasto.
El funcionamiento del Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita no supondrá 
incremento alguno del gasto público y será atendido con los medios materiales y 
personales existentes en el Ministerio de Justicia.
ANEXO I.I
Solicitud de asistencia jurídica gratuita (*)
I.DATOS DEL DECLARANTE
a.Persona física.
APELLIDOS Y NOMBRE NIF/TARJETA RESIDENCIA
NACIONALIDAD FECHA DE  ESTADO CIVIL
NACIMIENTO ❑soltero   ❑ casado   ❑ unión de hecho
legalmente constituida
❑viudo   ❑ separado   ❑ divorciado
PROFESIÓN RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL
❑Gananciales   ❑ Separación de bienes   ❑ Otro ___________
DOMICILIO (calle, número 
MUNICIPIO PROVINCIA
y piso) USO
❑Propiedad
❑Alquiler
❑Otro
CÓDIGO POSTAL TELÉFONO  fijo
móvil
CÓNYUGE: APELLIDOS Y NOMBRE NIF/T. RESIDENCIA PROFESIÓN
FAMILIARES QUE CONVIVEN CON EL DECLARANTE
Apellidos y nombre Parentesco Edad (hijos)
___________________________________ ___________________ ______
___________________________________ ___________________ ______
___________________________________ ___________________ ______
___________________________________ ___________________ ______
___________________________________ ___________________ ______
b.Persona jurídica.
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD C.I.F.
DOMICILIO (calle, número y piso) MUNICIPIO PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL TELÉFONO FAX
FUNDACIONES: Año 
ASOCIACIONES: Fecha de declaración utilidad pública
inscripción en registro
(*) Antes de cumplimentar la solicitud, léanse las INSTRUCCIONES y la DECLARACIÓN que figuran en la última página.
II.DATOS ECONÓMICOS
INGRESOS ANUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR s
Concepto Retención judicial  w.
Declarante/Cónyuge/Hijos/Otros Importe bruto (salario, subsidios, ...) 98ww
_________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________
______________________________________________________________________ ________________________
PROPIEDADES INMUEBLES
Descripción (piso,  Uso (vivienda,  Cargas 
Lugar (calle ...) Valoración
local, ...) negocio, ...) (hipotecas,...)
______________________ _____________
_________________ _____________ _____________
______________________ _____________
_________________ _____________ _____________
______________________ _____________
_________________ _____________ _____________
REFERENCIA CATASTRAL 
CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
Producto (letras, bonos, 
Entidad Saldo Importe
depósitos)
______________________ _____________ _____________
______________________
______________________ _____________ _____________
______________________
______________________ _____________ _____________
______________________
OTRAS PROPIEDADES MUEBLES
Concepto (vehículos, ...) Año adquisición Valoración
______________________ _____________ _____________
______________________ _____________ _____________
______________________ _____________ _____________
III.DATOS DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL
El declarante es TIPO DE PROCEDIMIENTO
❑demandante/actor     ❑ otro:
❑demandado/denunciado
❑detenido
OBJETO Y PRETENSIÓN (Descripción del objeto del procedimiento judicial y de la pretensión que se desea ejercitar)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
N.º PROCEDIMIENTO ÓRGANO JUDICIAL SITUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
❑Iniciado
❑En ejecución de sentencia
❑Sentenciado
PARTE/S CONTRARIA/S
Apellidos y nombre/Denominación Domicilio
________________________________ ______________________________________________
________________________________ ______________________________________________
IV.DECLARACIÓN RESPONSABLE Y SOLICITUD
DECLARO bajo mi total y expresa responsabilidad que son ciertos y completos todos los datos que figuran en 
esta solicitud, así como en la documentación que se acompaña, y que pretendo litigar sólo por derechos propios. 
También declaro  saber conprecisión y aceptar que:
1. Esta solicitud no suspende por sí misma el curso del proceso y que, por tanto, deberá solicitar personalmente
al órgano judicial la suspensión del transcurso de cualquier plazo que pudiera provocarme indefensión o preclusión del 
trámite.
2. El tratamiento de mis datos personales se realizará según lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, siendo el fin del tratamiento el reconocimiento del derecho a asistencia jurídica gratuita, y siendo la comisión de 
asistencia jurídica gratuita que corresponda destinataria de mis datos. 
3. En el caso de que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita deniegue la solicitud que formulo, me
corresponderá abonar los honorarios y derechos económicos que deriven de la intervención de los profesionales 
designados previamente a la resolución de mi pretensión.
4. La declaración errónea, falsa o con ocultación de datos relevantes supondrá la revocación del reconocimiento
del derecho; en tal caso, vendré obligado a pagar las prestaciones que haya obtenido, además de quedar sujeto a las 
responsabilidades que se me puedan exigir.
Conociendo todo  lo anterior,SOLICITO  que se mereconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita en:
LA PERSONA SOLICITANTE
______________________________
(lugar y fecha)
Fdo.: ____________________________
V.DOCUMENTACIÓN QUE LA PERSONA DECLARANTE ADJUNTA, salvo autorización expresa de cesión de
datos personales y consulta de información especialmente protegida, conforme al Anexo I.V.
❑Fotocopia del DNI, los ciudadanos de la Unión Europea.
❑Fotocopia del pasaporte o tarjeta de residencia, los extranjeros.
❑Declaración de utilidad pública (asociaciones) o inscripción registral (fundaciones).
❑Declaración impositiva de la unidad familiar (IRPF y, en su caso, Patrimonio) o de la persona jurídica (impuesto sobre
sociedades).
❑Certificado de la Agencia Tributaria de haber presentado la declaración del IRPF, o en su defecto, certificado de
imputaciones de no haber presentado declaración si no está obligado a ello.
❑Certificación catastral (bienes inmuebles).
❑Nota simple del Registro de la Propiedad (si se alegan cargas sobre el inmueble).
❑Certificado de los centros de trabajo y de las altas y bajas de la Seguridad Social.
❑Certificado de empresa que acredite los ingresos brutos anuales.
❑Certificado del INEM en el que conste la percepción de ayuda por desempleo y período al que se extiende.
❑Certificado de cobro de pensiones públicas.
OTRA DOCUMENTACIÓN
❑________________________________________________________
❑________________________________________________________
VI.INFORMACIÓN A LA PERSONA SOLICITANTE
Se informa personalmente a la persona interesada, por parte de la persona profesional de la Abogacía del Ilustre Colegio 
de Abogados de _________________________ , de la documentación que deberá aportar para subsanar los defectos 
observados en la presentación de esta solicitud, por lo que se le concede un plazo de diez días hábiles que concluye el 
día .
Se le informa asimismo que, de no atender este requerimiento en el  plazo indicado, su solicitud seráarchivada de 
conformidad con el artículo 14 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
En ____________________________, a ____ de ____________ de _______
EL LETRADO/A ENTERADO/A 98ww
N.° ___________ EL/LA SOLICITANTE
Fdo.: _________________________________
VII.INSTRUCCIONES DECLARANTE
– Se consignarán todos los datos identificativos de la persona solicitante; si actúa en representación de una persona jurídica,
cumplimentará los datos de ésta.
– Los datos del cónyuge y del régimen económico matrimonial se consignará en caso de matrimonio o unión de hecho. Si el cónyuge
convive con el declarante, se indicará en el apartado familiares.
DATOS ECONÓMICOS
– Se detallarán los ingresos anuales de la unidad familiar indicando la moneda en la que se perciben. Sólo en el caso de carecer
absolutamente de ingresos no se consignará cifra, pero se indicará con claridad «No existen».
– Las propiedades inmuebles reflejarán si se trata del domicilio utilizado por la unidad familiar, de vivienda en otro uso, local de negocio,
plaza de garaje, solar, etc. También, el valor de mercado o catastral y las hipotecas o créditos que graven la propiedad de la unidad familiar.
ANEXO I.II
Solicitud del beneficio de asistencia jurídica gratuita por asistencia letrada en el 
procedimiento especial de enjuiciamiento rápido
Impreso que debe rellenar el detenido, preso o denunciado. 
D._____________________________________________________________________________ NIF
  _____________,   teléfono   _________________,  vecino de
_________________________________calle____________________________________________________
_____________________________ solicito formalmente que me sea reconocido el derecho a la asistencia 
jurídica gratuita establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, para las diligencias siguientes: 
Procedimiento ___________________________________________________________________________ 
Órgano   jurisdiccional 
__________________________________________________________________________ 
Delito que se   le imputa 
________________________________________________________________________ 
A tal fin manifiesta expresamente que sus recursos e ingresos económicos computados anualmente por todos 
los  conceptos  y  por  unidad  familiar  no  superan  los  ___________euros  (*)  mensuales,  siendo  de 
_________________ euros. 
También solicita que le sean designados profesionales de la Abogacía y la Procura del turno de oficio, y se 
compromete a abonar la minuta las referidas personas profesionales que le asistan de oficio en caso de que no 
le fuera reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. 
Datos de interés económico o social de la persona solicitante: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(*) Cantidad correspondiente al salario mínimo interprofesional vigente. 
Firma de la persona solicitante Lugar y fecha 
I. INFORMACIÓN A LA PERSONA SOLICITANTE
Se informa personalmente a la persona interesada, por parte de la persona profesional de la Abogacía del Ilustre 
Colegio de Abogados de ____________________________________, de la documentación que deberá aportar, 
para lo que se le concede un plazo de cinco días que concluye el día ______________________________.
Se le informa asimismo que, de no atender este requerimiento en el plazo indicado, su solicitud será archivada de 
conformidad con el artículo 14 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. En 
_______________________, a ________de _____________ de_______
EL LETRADO/A N.º_____________ EL/LEAN TSEORLAICDITOA/ANTE 2021-3698n https://ww
Fdo.: _________________________
II.DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR LA PERSONA SOLICITANTE, salvo autorización expresa de
cesión de datos personales y consulta de información especialmente protegida, conforme al Anexo I.V.
❑Fotocopia del DNI, los ciudadanos de la Unión Europea.
❑Fotocopia del pasaporte o tarjeta de residencia, los extranjeros.
❑Declaración de utilidad pública (asociaciones) o inscripción registral (fundaciones).
❑Declaración impositiva de la unidad familiar (IRPF y, en su caso, Patrimonio) o de  la personajurídica (impuesto sobre sociedades).
❑Certificado de la Agencia Tributaria de haber presentado declaración de IRPF, o en su defecto, certificado de imputaciones de no haber
presentado declaración si no está obligado a ello.
❑Certificación catastral (bienes inmuebles).
❑Nota simple del Registro de la Propiedad (si se alegan cargas sobre el inmueble).
❑Certificado de los centros de trabajo y de las altas y bajas de la Seguridad Social.
❑Certificado de empresa que acredite los ingresos brutos anuales.
❑Certificado del INEM en el que conste la percepción de ayuda por desempleo y período al que se extiende.
❑Certificado de cobro de pensiones públicas.
OTRA DOCUMENTACIÓN
❑____________________________________________________________________________________
❑____________________________________________________________________________________
ANEXO I.III
Informe de carencia notoria de medios económicos
A LA COMISIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
D/D.ª ____________________________________________________________ 
colegiado n.° ________________ designado con fecha ________________________  
para la defensa de los intereses de D/D. ª 
_______________________________________________________ en las diligencias 
_________________________________  
que se tramitan en el Juzgado 
____________________________________________________ por el delito 
______________________________ 
EXPONE 
1. Que ha resultado imposible para esta persona profesional de la Abogacía la
obtención de otros datos económicos que los consignados en la solicitud de asistencia 
jurídica  gratuita,  a  pesar  de  haber  recabado  del  interesado  la  aportación  de  la 
documentación pertinente. 
2. Que, no obstante, de toda la información obtenida considero que la situación
económica de la persona solicitante:  
❑ SÍ es merecedora del reconocimiento de los beneficios del artículo 6 de la Ley de
asistencia jurídica gratuita.
❑NO es merecedora del reconocimiento de los beneficios del artículo 6 de la Ley de
asistencia jurídica gratuita.
3. Tratándose de un procedimiento penal en el que la defensa letrada es
obligatoria e inexcusable, se hace constar que la persona profesional de la Abogacía 
firmante designada en el procedimiento de referencia continuará actuando mientras no 
se resuelva en contrario. 
Madrid, a ______________ de _______ de __________ 
Firma de la persona profesional de la Abogacía 
ANEXO I.IV
Solicitud del derecho de asistencia jurídica gratuita para la defensa y representación 
letrada a las víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres 
humanos, menores de edad y personas con discapacidad intelectual en los 
supuestos previstos en el párrafo g) del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero
APELLIDOS Y NOMBRE  N.I.F. N.I.E.(o, en defecto de N.I.E. nº pasaporte) 
NACIONALIDAD  FECHA DE NACIMIENTO  LUGAR DE NACIMIENTO 
DOMICILIO (calle, número y piso)  MUNICIPIO  PROVINCIA  CÓDIGO POSTAL 
ESTADO CIVIL  PROFESIÓN  U OFICIO 
SOLICITO formalmente que me sea reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita establecida en la Ley 1/1996, de 10 de enero, para las 
siguientes diligencias: 
Defensa y representación en: 
PROCEDMIENTO JUDICIAL / ADMINISTRATIVO  ÓRGANO JUDICIAL / ORGANISMO O ENTIDAD PÚBLICA 
A tal fin, manifiesto expresamente que: 
Mi relación con el agresor es: 
PARENTESCO  SITUACIÓN LEGAL  MEDIDAS JUDICIALES 
………………………………………………  ………………………………………………  ……………………………………………… 
………………………………………………  ………………………………………………  ……………………………………………… 
Mi situación familiar es (familiares que conviven con la persona solicitante): 
APELLIDOS Y NOMBRE  PARENTESCO  EDAD 
………………………………………………  ………………………………………………  ……………………………………………… 
………………………………………………  ………………………………………………  ……………………………………………… 
I. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA PERSONA SOLICITANTE, salvo autorización expresa de cesión de datos
personales y consulta de información especialmente protegida (1)
 DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA:
 Fotocopia del N.I.F., los españoles y ciudadanos de la Unión Europea; fotocopia de la Tarjeta de Identidad de Extranjero en
vigor o, en su defecto, del Pasaporte en vigor, los extranjeros no nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea. 
 
 
 
(1)   AUTORIZO EXPRESAMENTE al Colegio de Abogados que vaya a tramitar la solicitud y a la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita correspondiente para que acceda a los datos personales de la persona solicitante, información familiar y social, y aquella 
que acredite su condición de víctima relativa a su unidad familiar para justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
(2)   DENIEGO EXPRESAMENTE mi consentimiento para que el Colegio de Abogados y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
obtenga de forma directa mis datos personales e información familiar, social y aquella que acredite mi condición de víctima relativa a
su unidad familiar para justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 1/ 1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica
gratuita. En tal caso, la persona solicitante deberá aportar la documentación que acreditan sus datos de identidad e información 
familiar, social y aquella que acredite su condición de víctima relativa a su unidad familiar para justificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
(3)   REVOCACIÓN EXPRESA DE LA AUTORIZACIÓN ANTERIORMENTE PRESTADA Y DENEGACIÓN EXPRESA DE LA CONSULTA DE
DATOS PERSONALES E INFORMACIÓN FAMILIAR, SOCIAL Y AQUELLA QUE ACREDITE SU CONDICIÓN DE VÍCTIMA RELATIVA A SU  e
UNIDAD FAMILIAR. En tal caso, la persona solicitante deberá aportar la documentación que acredita los datos de identidad e oe.
información familiar, social y aquella que acredite su condición de víctima relativa a su unidad familiar para justificar el cumplimiento  w.
de los requisitos exigidos por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.  98ww
Firma de la persona solicitante Lugar y fecha 
      …………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………. 
ANEXO I.V
Autorización, denegación o revocación expresa de cesión de datos personales y 
consulta de información especialmente protegida para la tramitación de la solicitud 
de asistencia jurídica gratuita
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  las 
personas solicitantes de asistencia jurídica gratuita tienen derecho a no aportar 
documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan 
sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá 
consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. 
  AUTORIZO EXPRESAMENTE al Colegio de Abogados que vaya a tramitar la 
solicitud y a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente para que 
acceda a los datos personales de la persona solicitante e información económica, 
fiscal, patrimonial y social, relativa a su unidad familiar para justificar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica 
gratuita. 
    REVOCACIÓN  DE  LA  AUTORIZACIÓN  ANTERIORMENTE  PRESTADA  Y 
DENEGACIÓN  EXPRESA  DE  LA  CONSULTA  DE  DATOS  PERSONALES  E 
INFORMACIÓN ECONÓMICA, FISCAL, PATRIMONIAL Y SOCIAL RELATIVA A MI 
UNIDAD  FAMILIAR.  En  tal  caso,  la  persona  solicitante  deberá  aportar  la 
documentación que acreditan los datos de identidad e información económica, fiscal, 
patrimonial y social manifestada en la solicitud de asistencia jurídica gratuita. 
  NO AUTORIZO Y DENIEGO EXPRESAMENTE LA CONSULTA DE DATOS 
PERSONALES E INFORMACIÓN ECONÓMICA, FISCAL, PATRIMONIAL Y SOCIAL 
RELATIVA  A  MI  UNIDAD  FAMILIAR.  En  caso  de  no  autorizar  y  denegar 
expresamente, la persona solicitante deberá aportar la documentación que acreditan 
los  datos  de  identidad  e  información  económica,  fiscal,  patrimonial  y  social 
manifestada en la solicitud de asistencia jurídica gratuita. 
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE_______________ 
ANEXO II
Módulos y bases de compensación económica-Abogados
Asistencia al detenido o preso
Asistencia individualizada (procedimiento penal general). 81,14 €
Asistencia individualizada (procedimiento enjuiciamiento rápido). 72,12 €
Servicio de guardia de veinticuatro horas. Asistencia al detenido-Audiencia Nacional. 157,64 €
Servicio de guardia de veinticuatro horas. Asistencia al detenido 
154,16 €
(procedimiento penal general).
Servicio de guardia de 24 horas. Asistencia al detenido en Procedimiento de 
72,12 €
Enjuiciamiento Rápido (carácter excepcional).
Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer víctima de violencia de género
Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
81,14 €
servicio de guardia de veinticuatro horas.
Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya 
requerido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada  81,14 €
asistencia (con un límite de 162,28 euros).
Por disponibilidad y por asesoramiento previo prestado con asistencia en la 
formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada  121,50 €
asistencia (con un límite de 243 euros).
Vía previa administrativa o conciliación previa en materia laboral. 81,14 €
Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la asistencia:
– Dista más de 5 km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se 
13,06 €
comprende el partido judicial.
– Dista más de 25 km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se 
32,68 €
comprende el partido judicial.
– Dista más de 50 km. de la sede del Colegio en cuya circunscripción se 
54,45 €
comprende el partido judicial.
Jurisdicción penal
Procedimiento con Tribunal del Jurado. 405,69 €
Procedimiento penal de especial complejidad. 360,61 €
Por cada mil folios. 22,41 €
A partir de cinco comparecencias ante el juzgado, por cada cinco 
24,30 €
comparecencias.
A partir de dos días de vista, por cada día. 64,91 €
Procedimiento penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional. 378 €
Por cada mil folios. 22,41 € es
A partir de cinco comparecencias ante el juzgado, por cada cinco  22,80 € w.b
comparecencias. 98ww
A partir de dos días de vista, por cada día. 68,40 €
Procedimiento penal general. 324,54 €
Procedimiento penal general ante la Audiencia Nacional. 339,60 € Bc
Procedimiento abreviado. 270,00 €
Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional. 270,00 €
Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia a detenido. 273,38 €
Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia a detenido. 264,00 €
Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil. 270,00 €
Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional. 270,00 €
Expedientes de vigilancia penitenciaria. 137,03 €
Expedientes de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional. 140,92 €
Asistencia a la comparecencia de la orden de protección. 81,14 €
Juicios de faltas. 94,50 €
Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia a juicio oral. 268,85 €
Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:
– Si distan más de 5 km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se 
14,42 €
comprende el partido judicial.
– Si distan más de 25 km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se 
34,50 €
comprende el partido judicial.
– Si distan más de 50 km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se 
50,00 €
comprende el partido judicial.
Jurisdicción civil
Juicio ordinario. 320,87 €
Verbal. 202,50 €
Juicio completo de familia contencioso. 270,00 €
Medidas provisionales. 72,12 €
Juicio completo de familia de mutuo acuerdo. 162,00 €
Filiación, paternidad, capacidad. 240,00 €
Monitorio. 157,16 €
División Judicial de patrimonios. 202,50 €
Cambiario. 202,50 €
Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio. 72,12 €
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o 
provisionales del artículo 770.6.ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de  72,12 €
Enjuiciamiento Civil.
Procesos sobre guardia y custodia o alimentos de hijos menores. 144,00 €
Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos. 72,12 € s
Procedimiento completo de modificación de medidas. 121,50 € bo
Jurisdicción voluntaria. 180,00 € 98ww
Jurisdicción contencioso-administrativa
Vía administrativa previa (extranjería y asilo). 97,36 €
Vía administrativa previa (extranjería y asilo) ante la Audiencia Nacional. 90,00 €
Recurso contencioso-administrativo. 238,00 €
Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. 249,60 €
Jurisdicción social
Procedimiento íntegro. 158,66 €
Recurso de suplicación. 86,54 €
Jurisdicción militar
Fase sumarial. 72,12 €
Fase juicio oral. 142,91 €
Recursos
Recurso de casación. 301,50 €
Recurso de casación cuando no se formaliza y hay solo anuncio. 28,85 €
Recurso de amparo. 301,50 €
Recurso de apelación. 122,60 €
Normas generales
75 % de la cuantía 
Transacciones extrajudiciales. aplicable  al 
procedimiento.
Informe motivado de la insostenibilidad de la pretensión. 40,57 €
Procedimientos en vía administrativa
Solicitudes y reclamaciones. 20,00 €
Recursos en vía administrativa. 60,00 €
Módulos y bases de compensación económica-Procuradores
Jurisdicción penal
Todos los procedimientos. 24,34 €
Apelaciones. 25,25 €
Jurisdicción civil
Todos los procedimientos. 32,45 €
Apelaciones. 25,24 €
ANEXO III
Momento del devengo de la indemnización
Los Abogados y Procuradores devengarán la indemnización correspondiente a su 
actuación en el turno de oficio, con arreglo a los siguientes porcentajes:
1.  Un 70 por 100.
a)  En procesos civiles, incluidos los de familia, a la presentación de la copia de la 
providencia de admisión de demanda o teniendo por formulada la contestación de esta.
b)  En apelaciones civiles, a la presentación de la copia de providencia admitiendo a 
trámite el recurso o, en su caso, la personación en la alzada.
c)  En procedimientos penales, a la presentación de la copia de la diligencia o solicitud 
de actuación procesal en la que intervenga la persona profesional de la Abogacía o de la 
Procura o de la apertura del juicio oral.
d)  En apelaciones penales, a la presentación de la copia de la resolución judicial 
teniendo por formalizado o impugnado el recurso o del señalamiento para la vista.
e)  En los demás procedimientos, a la presentación de la copia de la diligencia judicial 
acreditativa de la intervención de la persona profesional de la Abogacía, o de la Procura.
f)  En los recursos de casación formalizados, a la presentación de la copia de la 
providencia por la que se tenga por formalizado el recurso.
g)  En los recursos de casación no formalizados, a la presentación de la copia del 
informe dirigido al colegio, fundamentando la inviabilidad del recurso.
2.  El restante 30 por 100 de los asuntos procedentes, a la presentación de la copia 
de la sentencia o resolución que ponga fin a la instancia.
3.  En las transacciones extrajudiciales e informe de insostenibilidad de la pretensión, 
se devengará la totalidad de la indemnización correspondiente a la presentación de 
documento suscrito por el interesado o del informe de insostenibilidad.
4.  En las salidas a centros de prisión, se devengarán la totalidad de la indemnización 
a la presentación de certificación expedida por el centro penitenciario, acreditativa de la 
actuación realizada.
5.  En la vía administrativa previa (extranjería y asilo), se devengará la totalidad de la 
indemnización a la presentación de la copia de la resolución o acto administrativo que 
suponga la finalización del procedimiento.