BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 282 Jueves 25 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 145377
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
19513 Pleno. Sentencia 184/2021, de 28 de octubre de 2021. Recurso de amparo 
1611-2020.  Promovido  por  doña  Carme  Forcadell  Lluis  respecto  de  la 
sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que la condenó por un 
delito de sedición. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial 
efectiva, a un proceso con todas las garantías (imparcialidad judicial), al juez 
imparcial y ordinario predeterminado por la ley, a la presunción de inocencia, 
a la legalidad penal; derecho a la igualdad; libertades de reunión, expresión e 
ideológica:  sentencia  dictada  en  causa  especial  en  cuya  tramitación  se 
observaron las garantías procesales y en la que se impuso una pena que no 
puede considerarse desproporcionada o que desaliente el ejercicio de otros 
derechos fundamentales. Voto particular.
ECLI:ES:TC:2021:184
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez 
Sancho y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1611-2020, promovido por doña Carme Forcadell 
Lluis, representada por el procurador de los tribunales don Emilio Martínez Benítez y 
asistida por los letrados doña Olga Arderiu Ripoll y don Raimon Tomàs Vinardell, contra 
la sentencia núm. 459/2019, de 14 de octubre, dictada por la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo en la causa especial núm. 20907-2017; y contra el auto de 29 de 
enero  de  2020  del  mismo  tribunal,  que  desestimó  los  incidentes  de  nulidad  de 
actuaciones interpuestos frente a esta. Han comparecido el abogado del Estado, en la 
representación  que  legalmente  ostenta;  el  partido  político  Vox,  representado  por  la 
procuradora de los tribunales doña María del Pilar Hidalgo López y asistido por la letrada 
doña  Marta  Asunción  Castro  Fuentes;  y  don  Carles  Puigdemont  i  Casamajó, 
representado por el procurador de los tribunales don Carlos Ricardo Estévez Sanz y 
asistido por el letrado don Gonzalo Boye Tuset. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha 
sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Por escrito recibido en el registro general de este tribunal el día 11 de marzo  e
de 2020, el procurador de los tribunales don Emilio Martínez Benítez, actuando en  b
nombre y representación de doña Carme Forcadell Lluis, interpuso recurso de amparo  513ww
contra las resoluciones judiciales a las que se ha hecho mención en el encabezamiento.
2.  Son antecedentes procesales relevantes para resolver el presente recurso, los 
siguientes:
a)  El 22 de septiembre de 2017, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional formuló 
denuncia en relación con las concentraciones, ocupaciones de la vía pública y daños en 
bienes públicos registrados los anteriores días 20 y 21 de septiembre en la zona de la 
Rambla-Gran Vía, vía Laietana y avenida Diagonal de Barcelona, con ocasión de la 
práctica de una diligencia judicial de entrada y registro en la sede de la Secretaría 
General de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, así 
como  en  otros  puntos  de  la  ciudad.  En  la  denuncia  se  describían  conductas 
desarrolladas por voluntarios de la entidad Asamblea Nacional Catalana (ANC), entre 
otros,  que  se  valoraban  como  obstruccionistas  de  la  actividad  policial.  Las  únicas 
personas que fueron nominalmente citadas en dicha denuncia eran don Jordi Sànchez i 
Picanyol,  en  su  condición  de  presidente  de  la  ANC,  y  don  Jordi  Cuixart  Navarro, 
presidente de la entidad Òmnium Cultural. Los hechos denunciados se calificaron como 
constitutivos de un delito de sedición, previsto en los arts. 544 y ss. del Código penal (en 
adelante, CP). Fue repartida al Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia 
Nacional, que mediante auto de 27 de septiembre de 2017 incoó las diligencias previas 
núm.  82-2017,  en  el  curso  de  las  cuales  se  practicaron  diversas  diligencias  de 
investigación y se adoptaron medidas cautelares personales respecto de los citados 
denunciados.
b)  El 30 de octubre de 2017, el fiscal general del Estado presentó dos querellas por 
unos mismos hechos que consideraba podían ser constitutivos de delitos de rebelión 
(art. 472 CP), sedición (art. 544 CP) y malversación de caudales públicos (art. 432 CP).
La primera se presentó ante el juzgado central de instrucción de guardia de la 
Audiencia  Nacional.  Se  dirigió  contra  «todos  los  que  fueron  miembros  del  Consell 
Executiu del Govern de la Generalitat, en la actualidad cesados» con razón de las 
decisiones y actos adoptados en el ejercicio de su cargo. Esta querella fue acumulada a 
las citadas diligencias previas núm. 82-2017 que ya se tramitaban ante el Juzgado 
Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional, en las que, como se ha descrito, 
se investigaban algunos hechos parcialmente coincidentes ocurridos en Barcelona los 
días 20 y 21 de septiembre de 2017.
En  atención  a  la  prerrogativa  de  aforamiento  parlamentario  de  las  personas 
querelladas y el lugar de comisión de parte de los hechos que se les atribuían como 
delictivos, la segunda querella se formuló ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
Iba dirigida contra la aquí recurrente en su condición de presidenta del Parlamento de 
Cataluña y contra otros cinco integrantes de la mesa de dicha Cámara. Con excepción 
de una de ellas, todas conservaban en ese momento la condición de aforadas por formar 
parte de la diputación permanente de la asamblea legislativa, una vez había sido disuelta 
por efecto del acuerdo del Senado por el que se aprobaron «las medidas requeridas por 
el Gobierno al amparo del art. 155 de la Constitución» («BOE» de 27 de octubre 
de 2017).
c)  En este último caso, una vez registrada y designado ponente, la querella fue 
admitida a trámite por la sala de admisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 
mediante auto del siguiente día 31 de octubre de 2017 (ratificado en súplica por otro 
de 18 de diciembre de 2017), en el que se acordó:
(i)  declarar  la  competencia  de  la  sala  para  la  instrucción  y,  en  su  caso,  el 
enjuiciamiento  por  los  delitos  denunciados  y,  asimismo,  hacer  extensiva  esa  e
competencia, para el caso en que el magistrado instructor así lo considere oportuno,  bo
respecto de aquellas otras causas penales actualmente en tramitación y que puedan  513ww
rqeufeerreirlslaed ao sh;e ychos inescindibles respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los
Pab(loii)  Lldaeresnigan aCr oinnsdteru, chtoarc, iecnodnofo remxete anls itvuarn os ue sctoamblpeecitdeon,c iaal  m«paagrisat reald oc adseo  lae nS aqlau ed oenl 
magistrado  instructor  así  lo  considere  oportuno,  respecto  de  aquellas  otras  causas
penales  actualmente  en  tramitación  y  que  puedan  referirse  a  hechos  inescindibles 
respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los querellados».
d)  En aplicación de lo establecido en el art. 21 de la Ley de enjuiciamiento criminal 
(LECrim), el magistrado instructor dictó providencia de fecha 14 de noviembre de 2017 
por la que reclamó del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional 
que  informara  sobre  los  antecedentes  fácticos,  procesales  e  investigativos  de  dos 
procedimientos que, según señaló la Fiscalía General del Estado en la querella, se 
tramitaban en dicho juzgado en relación con los hechos también denunciados en la 
causa especial núm. 20907-2017.
Recibida la información solicitada, el magistrado instructor dictó auto de fecha 24 de 
noviembre de 2017 en el que, apreciando conexidad entre las tres causas, extendió la 
investigación  a  los  presidentes  de  las  asociaciones  Òmnium  Cultural  y  Asamblea 
Nacional Catalana y, también, a quienes habían sido miembros del Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña en la anterior legislatura. En la misma resolución, reclamó al 
Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional la remisión de las 
actuaciones  que  venía  tramitando  en  cuanto  hicieran  referencia  a  dichas  personas 
investigadas. No fueron incluidos en la investigación, sin embargo, dos oficiales de la 
policía autonómica catalana a los que se refería una de las causas seguidas ante el 
juzgado central de instrucción. Las actuaciones recibidas fueron acumuladas a la causa 
especial.
La reclamación y acumulación de las actuaciones solicitadas se justificó en la plena 
coincidencia de los hechos denunciados en las diversas actuaciones, y en la eventual 
existencia de «una estrategia concertada dirigida a declarar la independencia, que habría 
tenido  como  protagonistas  a  autoridades  gubernamentales,  parlamentarias  y  de 
movimientos sociales ideológicamente afines, cada uno de los cuales habría contribuido 
a ese objetivo desde el espacio funcional que le es propio». El instructor apreció que los 
hechos atribuidos a quienes extendía el ámbito subjetivo de investigación mantenían una 
«conexión material inescindible con los investigados a las personas aforadas». Y añadió 
que la unificación de las actuaciones en una sola causa ante la Sala de lo Penal del 
Tribunal  Supremo,  venía  justificada  por  una  finalidad  funcional  «concretada  en  la 
facilitación de la tramitación y en resolver los problemas derivados de la inescindibilidad 
del enjuiciamiento, lo que se manifiesta singularmente en todos aquellos casos en los 
que el objeto del proceso se configura por una unidad delictiva, con una pluralidad de 
partícipes, supuestos estos, específicamente contemplados en los números 1 y 2 del 
artículo 17 de la LECrim».
Por auto de 22 de diciembre de 2017, tras apreciar que «los hechos objeto de 
investigación  pudieran  haberse  desarrollado  bajo  la  dirección  y  coordinación  de  un 
conjunto de personas, entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los 
grupos  parlamentarios  independentistas  del  disuelto  Parlamento  de  Cataluña»,  el 
magistrado instructor amplió subjetivamente de nuevo la investigación por conexión 
procesal,  extendiéndola  a  dichos  responsables  políticos.  Al  mismo  tiempo,  ordenó 
comunicar  a  los  nuevos  investigados  la  existencia  del  procedimiento  a  fin  de  que 
pudieran ejercer su derecho de defensa (art. 118 LECrim).
Algunas de las personas sometidas entonces a investigación cuestionaron de nuevo 
la competencia objetiva de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La impugnación fue 
rechazada por resoluciones de 29 de enero y 10 de abril de 2018, que se remitieron a lo 
acordado y expuesto al admitir a trámite la querella.
e)  Por  auto  de  21  de  marzo  de  2018  el  magistrado  instructor  acordó  el  e.
procesamiento  de  la  demandante  de  amparo,  junto  con  otros  encausados,  por  el  w.b
presunto delito de rebelión. 513ww
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Trersibouluncailó Snu; py rpeomr oa, usteo  ddees 2e6s tdime ajuronnio l odse  r2e0c1u8rs does  dlae s aaplae ldaec iórenc, uurnsoo sd, eS ealllao sd eta lmo bPiéenn adle d leal 
aquí recurrente, entablados contra el auto de 9 de mayo de 2018.
f)  Una vez ratificado el procesamiento, el magistrado instructor declaró concluso el 
sumario mediante auto de 9 de julio de 2018, y remitió los autos y las piezas de 
convicción al tribunal competente para conocer del mismo.
El  Ministerio  Fiscal,  el  abogado  del  Estado  y  la  acusación  popular  instaron  la 
confirmación del auto de conclusión y la apertura del juicio oral contra la demandante y 
otros procesados.
Mediante escrito de 8 de octubre de 2018, entre otros procesados la recurrente 
interesó  el  sobreseimiento  de  la  causa  y,  subsidiariamente,  la  revocación  de  la 
conclusión del sumario para la práctica de nuevas diligencias.
Por sendos autos de 25 de octubre de 2018, la sala de enjuiciamiento (Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo) confirmó por medio de uno de ellos la conclusión del 
sumario, y por el otro declaró abierto el juicio oral contra los acusados, en lo que aquí 
importa contra la recurrente en amparo por el mismo delito por el que había sido 
procesada.
g)  En  sus  conclusiones  provisionales,  el  Ministerio  Fiscal  calificó  los  hechos 
atribuidos a la demandante como constitutivos de un delito de rebelión de los arts. 472.1, 
5 y 7, 473, inciso primero, y 478 CP, por el que interesó la imposición de las penas de 
diecisiete años de prisión y de diecisiete años de inhabilitación absoluta, así como la 
condena en costas.
En cuanto a la responsabilidad civil, se solicitó la remisión de particulares y de la 
sentencia al Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo previsto en los arts. 18.2 de la 
Ley Orgánica 1/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y en los arts. 16, 17 
y 49.3 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, para el establecimiento y 
reclamación definitiva de las cantidades totales desviadas.
El abogado del Estado por su parte calificó los hechos cometidos por la recurrente 
como constitutivos de un delito de sedición de los arts. 544 y 545.1 CP; solicitando la 
imposición  de  las  penas  de  diez  años  de  prisión  y  de  diez  años  de  inhabilitación 
absoluta, más la condena en costas y la fijación de la responsabilidad civil en los 
términos solicitados por el Ministerio Fiscal.
La acusación popular consideró que la conducta de la recurrente era constitutiva de 
los siguientes delitos: (i) dos delitos de rebelión de los arts. 472.5 y 7, 473.1 y 2 y 478 
CP; (ii) alternativamente, de dos delitos de sedición de los arts. 544 y 545.1 CP; (iii) en 
defecto  de  los  anteriores,  de  un  delito  de  desobediencia  grave  del  art.  419  y 
concordantes CP; (iv) en todo caso también, del delito de organización criminal de los 
arts. 570 bis, 1 y 2 a) y c), y 570 quater 2 CP.
En cuanto a las penas: (i) por cada delito de rebelión interesó la imposición de 
veinticinco  años  de  prisión  y  de  veinte  años  de  inhabilitación  absoluta;  (ii) 
alternativamente, por cada delito de sedición solicitó las penas de quince años de prisión 
y de quince años de inhabilitación absoluta; (iii) y en defecto de los anteriores, por el 
delito de desobediencia grave solicitó las penas de doce meses de multa (con una cuota 
mensual de 9.000 €) y de dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo 
público; (iv) del delito de organización criminal, las penas de doce años de prisión y de 
veinte años de inhabilitación especial para todas aquellas actividades económicas o 
negocios jurídicos relacionados con la actividad de la organización o grupo criminal o con 
su actuación en el seno de los mismos. También pidió la condena en costas, incluidas las 
de la acusación popular.
h)  Al amparo de lo previsto en el art. 666.1 LECrim, tanto la demandante como 
otras personas acusadas presentaron, como artículo de previo pronunciamiento, una  s
solicitud de declinatoria de jurisdicción en favor del Tribunal Superior de Justicia de  oe.
Cataluña. Para justificar su pretensión, invocó expresamente la vulneración del derecho  w.
al juez predeterminado por la ley (art. 24.2 CE). 513ww
medi)ia nTteo mauatnod doe  e2n7  cdoen dsiicdieermacbiróen  ded ic2h0a1 8p, eprosrp eecl tqivuae,  lala  saplrae tmenasniótunv of useu  dcoemsepsetitmenacdiaa 
porbojevtisivioan aplamrae ncteo naoccuesra dyo sju.zgar  los  delitos  por  los  que  los  procesados  habían  sido  BOE-A-cable e
j)  En  fecha  15  de  enero  de  2019,  la  demandante  presentó  el  escrito  de 
conclusiones provisionales, conforme a lo dispuesto en el art. 652 LECrim, en el que 
además  de  anunciar  la  interposición  de  algunas  cuestiones  previas  por  las  que 
procedería  la  nulidad  de  las  actuaciones  en  virtud  de  la  vulneración  de  derechos 
fundamentales, ex arts. 11.1 y 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y 
art. 786 LECrim, las cuales expone en un anexo 1 al que ahora se hará referencia, 
aquella  interesó  en  cuanto  al  fondo  su  libre  absolución  por  no  ser  los  hechos 
constitutivos de delito.
Asimismo,  propuso  la  prueba  que  consideró  pertinente,  tanto  anticipada  (otrosí 
primero digo) como de medios a practicar en la vista oral (otrosí segundo digo). Tras ello 
formuló las siguientes peticiones:
(i)  «se acuerde la publicidad de la totalidad del juicio, esto es, que el mismo sea 
retrasmitido, en tiempo real, en directo por los medios de comunicación sin restricción 
alguna» (otrosí tercero digo);
(ii)  que la recurrente «se pueda sentar junto con su abogada con el fin de poder 
garantizar mejor los derechos fundamentales a la defensa y a la asistencia jurídica de la 
misma, previstos en el art. 24.2 CE» (otrosí cuarto digo);
(iii)  que al ser intención de la recurrente realizar sus intervenciones (interrogatorio y 
última palabra) en idioma catalán, que es su lengua materna, «se interesa que se 
preparen los medios necesarios a fin de realizar traducción simultánea (no consecutiva) 
de las respuestas y manifestaciones de la misma» (otrosí quinto digo);
(iv)  «que se preserve que los familiares más próximos de la Sra. Forcadell puedan 
disponer de cinco plazas para acompañarla en la Sala de juicio; así como que sean 
reservadas  cinco  plazas  para  observadores  internacionales  que  la  misma  pueda 
designar» (otrosí sexto digo);
(v)  que con el fin de que la situación personal de la recurrente «no sea un obstáculo 
para  el  desarrollo  efectivo  y  con  todas  las  garantías  del  derecho  de  defensa  que 
ostenta», interesa se acuerde su libertad provisional, o en su defecto aquellas «medidas 
necesarias que reduzcan el desplazamiento de mi representada hacia el centro en que 
se encuentre recluida de libertad; así como que aseguren que su traslado se produce de 
manera segura, sin afectaciones a su persona y en horarios que permitan su descanso»; 
también «todas aquellas medidas precisas para asegurar la posibilidad de comunicación 
constante, directa y diaria con mi representada [de su procurador] en circunstancias de 
un ámbito de trabajo con la privacidad necesaria y ello, tanto con anterioridad como con 
posterioridad a las sesiones del acto del juicio oral […] de como mínimo media hora» 
(otrosí séptimo digo);
(vi)  «que el acto del juicio oral se desarrolle en instalaciones del Poder Judicial en 
la localidad de Barcelona» (otrosí octavo digo);
(vii)  que  durante  las  sesiones  de  prueba  del  juicio  oral  «se  establezcan  los 
mecanismos tecnológicos necesarios para facilitar la reproducción y/o visualización de 
aquellos medios documentales que la precisen» (otrosí noveno digo);
(viii)  «de  conformidad  con  lo  expuesto  en  el  cuerpo  del  presente  escrito 
denunciamos expresamente la vulneración de:
– Los arts. 24.1 y 2 de la Constitución Española, habida cuenta de que estos 
garantizan los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a la 
presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías, a utilizar los medios de 
prueba pertinentes para la defensa y al juez ordinario predeterminado por la ley (ex  e
art. 24.1 y 2 CE), como manifestación, asimismo, del derecho al juicio justo, a un  bo
procedimiento equitativo, a la igualdad de armas y a la segunda instancia (arts. 6 y 13  513ww
Ddeelr eCcEhoDsH C, iveill eas ryt.  P2o lídtieclo sP sroutsoccroitloo  p7o r deel lE sCtEadDoH e, sapratñ. o1l,4 a rdtse.l  4P7a yc t4o8  I)n.ternacional de
esto–s  Lgoasra anrttisz.a n1 4l,o s1 6d, e2r0e,c h2o1s  ya 2 3la  dieg ulaal dCaodn, sati tulac iólibne Ertsapda ñidoelao,l óhgaicbaid, aa  cluae nlibtae rdtaed q duee 
expresión, a la prohibición de censura previa, a la libertad de manifestación y al ejercicio
de la representación de la ciudadanía, en relación con el arts. 9, 10, 11 y 14 del CEDH, 
art. 3 del Protocolo Adicional del CEDH, art 1 del Protocolo 12 del CEDH; arts. 18, 19, 
21, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y arts. 10, 11, 20, 21, 
39 y 40 CDFUE.
– Los arts. 25 y 9.3 CE, art. 7 CEDH, art. 49 CDFUE, art. 15 PIDCP, art. 11.2 DUDH, 
que garantizan el principio de legalidad penal, de seguridad jurídica y la interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos» (otrosí décimo digo).
Se precisa que esta denuncia se realiza «a los efectos procesales en derecho y, en 
especial, a tenor del art. 33 LOTC, con el fin de interponer, en su día, si es necesario, el 
correspondiente Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional».
Respecto  del  anexo  I,  el  escrito  de  conclusiones  provisionales  argumentó  las 
siguientes  «cuestiones  previas  relacionadas  con  vulneraciones  de  derechos 
fundamentales»:
«– Primera.  Vulneración del principio de legalidad penal (art. 25 CE, art. 7 CEDH, 
art. 49 CDFUE, art. 15 PIDCP, art. 11.2 DUDH) en relación con el derecho a la tutela 
judicial efectiva y a un procedimiento con todas las garantías (art. 24 CE, 6 CEDH, 
art. 14 PIDCP) y la prohibición de arbitrariedad (art. 9.3 CE).
– Segunda.  Vulneración  de  los  derechos  a  la  libertad  ideológica,  libertad  de 
expresión, el derecho de reunión y el derecho de representación política (art. 16, 20, 21 
y 23 C.E.; art. 9, 10 y 11 CEDH y art. 3 del Protocolo Adicional; 18, 19, 21 y 25 PIDCP) 
en relación con la vulneración de la inviolabilidad parlamentaria (art. 57.2 EAC).
– Tercera.  Vulneración de la presunción de inocencia de mi representada (art. 24.2 
CE, art. 6.2 CEDH, art. 14.2 PIDCP y art. 11 DUDH).
– Cuarta.  Fragmentación y ruptura de la continencia de la causa vulnerando el 
derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a un procedimiento con todas las 
garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa ex art. 24.1 y 2 
CE, y al proceso debido y a la igualdad de armas art. 6 y 14 CEDH con afectación al 
derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE, art. 14 CEDH).
– Quinta.  Vulneración al derecho a un juez imparcial, a un procedimiento con todas 
las garantías y al juicio justo (art. 24.2 de la CE y 6 CEDH).
– Sexta.  En relación con la inexistencia de garantías procesales y la vulneración 
efectiva  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva,  el  derecho  de  defensa  y  a  un 
procedimiento con todas las garantías como expresión de un proceso debido (art. 24 CE, 
art. 6 CEDH y art. 14 PIDCP).
– Séptima.  Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a un 
procedimiento con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes para 
la defensa ex art. 24.1 y 2 CE, y del derecho al juicio justo, art. 6 CEDH. procede dejar 
sin  efecto  las  medidas  de  protección  acordadas  en  favor  de  la  letrada  de  la 
administración de justicia del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, a excepción de la 
reserva de domicilio personal.»
k)  Mediante auto de la Sala de lo Penal de Tribunal Supremo de 1 de febrero 
de 2019, se resolvió sobre la admisión de las pruebas propuestas por las partes. En 
concreto, en el fundamento  jurídico noveno  (págs. 121 a 125) figuran las pruebas 
interesadas por la recurrente que fueron admitidas, así como también aquellas que se 
inadmitieron.
En el mismo fundamento, además, se resolvió tener por formuladas las alegaciones  s
de los otrosíes tercero, cuarto, quinto, sexto, y séptimo digo, del escrito de conclusiones  oe.
derpeesrsot apvvruissueielons nteaaars alipemcosiió,rs  nmae dsodvt aeair   tSlioeda nealdarceo oce rhnqdo uaasedu  otlfoa ur  nedsdsoepal iemfcecietctuonhd tada  del2ee 5slo ) ls dib edoe etrertlo ansdreeí refpoesr r odoidvecoilts a icoveonosra rcyilre  intn«ooth.ev a e Fansñiniodoa o»dlm ,i gyyeoa n  q(otduebee,j ne edutonen  bcdíileaaa     2021-19513n https://www.
resolución se dispuso que «se tienen por hechas las valoraciones formuladas en los
anexos que acompañan al escrito de defensa, referidas a la vulneración de derechos 
fundamentales».
Conforme a lo ordenado por la Sala en la parte dispositiva del mismo auto, la letrada 
de la administración de justicia señaló como fecha de inicio para la celebración del juicio 
oral la del día 12 de febrero de 2019, previéndose su finalización para el 1 de junio 
del 2019, posteriormente ampliada hasta el 12 de junio de 2019. Consta en la sentencia 
posteriormente dictada, que los «familiares de los acusados dispusieron también de 
reserva  de  plaza  en  el  Salón  de  Plenos»  durante  las  sesiones  de  la  vista  oral 
(antecedente de hecho decimoctavo).
l)  En  sus  conclusiones  definitivas,  las  partes  acusadoras  mantuvieron  sus 
calificaciones jurídicas y peticiones de penas respecto de la demandante. Por su parte, 
esta última negó de nuevo los hechos y los delitos que le eran imputados, alegando de 
forma subsidiaria haber actuado bajo la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria del 
art. 57.1 del Estatuto de Cataluña, y la circunstancia eximente del art. 20.7 CP de obrar 
en el ejercicio legítimo de un derecho y/o cargo, o de obrar en estado de necesidad del 
art. 20.5 CP.
m)  En fecha 14 de octubre de 2019 recayó sentencia en la referida causa especial. 
La demandante fue considerada autora de un delito de sedición previsto en los arts. 544 
y 545.1 CP, y se le impusieron las siguientes penas: once años y seis meses de prisión y 
once  años  y  seis  meses  de  inhabilitación  absoluta,  con  la  consiguiente  privación 
definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tuviera la penada, aunque 
fueran electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, 
cargos, o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la 
condena.
A su vez, fue condenada al pago de una veinticuatroava parte del total de las costas 
procesales (que equivale a tres setentaidosavos), sin inclusión de las costas de la 
acusación popular.
La demandante fue absuelta de los delitos de rebelión y organización criminal.
n)  En las páginas 24 a 60 de la sentencia condenatoria se consignan los hechos 
que el Tribunal Supremo consideró probados, cuyo tenor literal, es el siguiente:
«1.  Con fecha 8 de septiembre de 2017, el "Diario Oficial de la Generalitat" núm. 
7451-A  publicó  la  Ley  del  Parlament  de  Cataluña  20/2017,  8  de  septiembre,  de 
transitoriedad jurídica y fundacional de la república.
Esta  norma,  integrada  por  89  artículos  y  tres  disposiciones  finales,  incluía 
proclamaciones  unilaterales  de  ruptura  con  el  sistema  constitucional  vigente.  Se 
presentaba como la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán, hasta tanto fuera 
aprobada la Constitución de la nueva república. Proclamaba que Cataluña se constituye 
en una república de derecho, democrática y social, en la que la soberanía reside en el 
pueblo de Cataluña, y en Arán en el pueblo aranés, de los que emanan todos los 
poderes del Estado. A efectos de ejercicio de su plena soberanía el territorio de Cataluña 
se declaraba compuesto por el espacio terrestre, incluido el subsuelo, correspondiente a 
sus límites geográficos y administrativos preexistentes, por el mar territorial, incluido su 
lecho y subsuelo y por el espacio aéreo situado sobre el espacio terrestre y el mar 
territorial de Cataluña.
Entre otras novedades, declaraba abolida la monarquía constitucional, convirtiendo al 
presidente  de  la  república  en  el  jefe  del  Estado  catalán,  que  asumía  su  más  alta 
representación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se transformaba en el 
Tribunal Supremo de Cataluña, órgano judicial superior en todos los órdenes, en el que  e.
culminaría la organización judicial de Cataluña. Instauraba un modelo de autogobierno  w.b
del Poder Judicial inspirado en la actuación coordinada con el Poder Ejecutivo y permitía  513ww
lfau nccioonnteinsu iedna dl osd et reasq uaeñloloss  ajnuteecrieosr esy  am laag iesntrtaraddoas  eqnu ev igvoern ídaen  lad elseeym. Speinñ aenmdboa rsguos, 
saeq uveelíloasn  jdueescpeosj ayd mosa gdies tsraud goasr aqnuteía l lecovanrsatintu mcieonnoasl  ddee  intraems oavñiolids adde,  eajle rrecfiecrioir seen l aC aletya lau ñuan, 
derecho de integración que había de solicitarse por los jueces en ejercicio, con arreglo a 
un procedimiento a regular en el futuro.
Se atribuía al Parlament, a propuesta del Gobierno de la Generalidad, una vez oída 
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, el nombramiento del Fiscal General de 
Cataluña.
Modificaba el régimen jurídico de la nacionalidad de los residentes en Cataluña, 
redefinía los límites territoriales que habrían de ser abarcados por el nuevo Estado y 
regulaba la sucesión del Estado catalán en la titularidad de todos los bienes y derechos 
del  Estado  español  en  Cataluña.  También  preveía  un  régimen  de  integración  del 
personal de las administraciones públicas que hasta entonces prestaran sus servicios en 
las administraciones central y autonómica, siempre condicionado a las adaptaciones que 
se  estimaran  indispensables  para  la  realidad  del  nuevo  Estado.  Se  convertía  a  la 
Generalidad en la autoridad fiscal llamada a la fijación, recaudación y gestión de todos 
los tributos e ingresos de derecho público y hacía de aquel órgano de Gobierno la 
autoridad aduanera y arancelaria del territorio de Cataluña.
2.  La  Ley  19/2017,  6  de  septiembre,  reguladora  del  llamado  referéndum  de 
autodeterminación, fue publicada en el "Diario Oficial de la Generalitat" núm. 7449A, de 6 
de septiembre de 2017.
En  su  preámbulo  se  expresaba  que  en  la  aprobación  de  esa  Ley  confluían  la 
legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional del pueblo catalán, con el 
derecho  de  autodeterminación  de  los  pueblos  consagrado  por  la  legislación  y  la 
jurisprudencia internacionales. Calificaba el acto de aprobación de la ley como un "acto 
de soberanía".
En el mismo texto legal se precisaba que si en el recuento de los votos válidamente 
emitidos llegara a haber más votos afirmativos que negativos, el resultado implicaría la 
independencia de Cataluña. Con este fin, el Parlament de Cataluña, dentro los dos días 
siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la sindicatura electoral, 
debería  celebrar  una  sesión  ordinaria  para  efectuar  la  declaración  formal  de  la 
independencia de Cataluña, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente.
3.  Ambos textos, a los que siguieron otras normas reglamentarias de desarrollo, 
formaban parte de una estrategia concertada por los principales acusados. De lo que se 
trataba era de crear una aparente cobertura jurídica que permitiera hacer creer a la 
ciudadanía que cuando depositara su voto estaría contribuyendo al acto fundacional de 
la República independiente de Cataluña. Ese acuerdo implicaba un reparto funcional 
entre sus protagonistas. Dña. Carme Forcadell Lluís era la presidenta del Parlament; D. 
Oriol Junqueras i Vies, era en aquellas fechas vicepresidente y consejero de Economía y 
Hacienda;  D.  Raül  Romeva  i  Rueda,  consejero  del  Departamento  de  Asuntos  y 
Relaciones  Institucionales  y  Exteriores  y  Transparencia;  D.  Josep  Rull  i  Andreu, 
consejero de Territorio y Sostenibilidad; Dña. Dolors Bassa i Coll, consejera de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias; Dña. Meritxell Borràs i Solé, consejera de Gobernación, 
Administraciones Públicas y Vivienda; y D. Carles Mundó i Blanch, consejero de Justicia.
D. Santiago Vila i Vicente, fue inicialmente consejero de Cultura y asumió con 
posterioridad, en los primeros días del mes de julio de 2017, el Departamento de 
Empresa y Conocimiento. En esas fechas se incorporó al Gobierno, como consejero de 
Presidencia, el acusado D. Jordi Turull i Negre. La Consejería de Interior fue asumida, en 
la misma remodelación del Gobierno, por D. Joaquim Forn i Chiariello.
Además del papel asumido por la presidenta del órgano parlamentario y por los 
miembros del ejecutivo autonómico, era indispensable conseguir la movilización de miles  e.
y miles de ciudadanos que, en un momento determinado, pudieran neutralizar cualquier  w.b
manifestación  de  poder  emanada  de  las  autoridades  judiciales  y  gubernativas  del  513ww
Eprsetasednot.a dCao nc oemstoe  lafin  exyp rceosnió ne l ddeel  "lodgerraerc huon aa  pdaerctiicdiipr"a,c isóen  sruemleavaronnte  ael nc olan ciceorntos ullotas 
arecsupseacdtoivso sD d. eJ olar dAi sSaàmnbclheeaz  NPacicioannayol lC  ya taDla. nJao yrd id eC uOixmanrtiu mNa Cvaurlrtuor. alE, roarng alnoisz alcídioenreess 
ciudadanas que fueron puestas por sus dos principales dirigentes al servicio de la
maniobra de presión política que había sido ideada de forma concertada con el resto de 
los acusados.
4.  El 1 de octubre de 2017 los ciudadanos de Cataluña fueron llamados a votar. La 
pregunta  incluida  en  las  papeletas  del  referéndum  fue  la  siguiente:  "¿quiere  que 
Cataluña  sea  un  estado  independiente  en  forma  de  república?".  El  resultado  del 
referéndum, conforme se establecía en su ley reguladora, tendría carácter vinculante y si 
en el recuento de los votos válidamente emitidos se computaban más votos afirmativos 
que negativos, el resultado implicaría ope legis la independencia de Cataluña, a la que 
debería  seguir  una  declaración  formal  del  Parlament,  concretando  sus  efectos  e 
iniciando el proceso constituyente.
Según los datos hechos públicos por el Gobierno de la Generalitat, el referéndum 
arrojó el siguiente resultado: de un total de 5 500 000 personas con derecho a voto, la 
cifra total de votantes ascendió a 2ï»¿ ï»¿286 217 personas. Se contabilizaron 2 044 058 
votos favorables al "Sí", cifra esta que representaba el 37 por 100 del censo electoral y 
poco más de una cuarta parte (el 27 por 100) de la población total de Cataluña en esas 
fechas.
El mismo día 1 de octubre, en ausencia de un genuino censo electoral en el que se 
relacionara  la  identidad  de  los  potenciales  votantes,  se  recurrió  al  llamado  "censo 
universal". En realidad, se trataba de un eufemismo presentado en rueda de prensa por 
los acusados Sres. Turull y Romeva, mediante el que cualquier ciudadano podría votar 
en un centro de votación a su elección, con independencia de su lugar de residencia y de 
las circunstancias que, de ordinario, determinan la inscripción censal.
La inexistencia de un censo con garantías autenticidad y la labor de los agentes de 
las  fuerzas  y  cuerpos  de  seguridad  del  Estado,  en  cumplimiento  de  resoluciones 
judiciales que días antes habían ordenado la incautación de todo el material electoral, 
hicieron imposible la designación controlada de los presidentes de mesa electoral. La 
consecuencia fue que las mesas se constituyeron con aquellos ciudadanos que en hora 
más temprana acudieron al centro de votación.
El presidente de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa había rechazado 
con anterioridad, por carta fechada el día 2 de junio de 2017, dirigida al presidente de la 
Generalitat, la invitación cursada con el fin de que esa institución cooperara en la 
celebración del referéndum del 1 de octubre. Según se explicaba en esa misiva, la 
pretendida cooperación de las autoridades catalanas con la Comisión debía hacerse con 
el  acuerdo  de  las  autoridades  españolas.  Recordaba  también  que  la  Comisión  de 
Venecia ha puesto especial énfasis en la necesidad de que cualquier referéndum se 
haga con el pleno cumplimiento de la Constitución y la legislación aplicable.
Tres días después de la celebración del referéndum del 1 de octubre, la Junta 
Electoral Central adoptó el acuerdo núm. 90/2017 (exp. 109/165): "la Junta Electoral 
Central, órgano que encabeza la administración electoral, competente para declarar y 
publicar los resultados de todos los referendos celebrados en España y competente, 
también, en las elecciones al Parlamento de Cataluña en razón de lo dispuesto en la 
disposición transitoria segunda de su Estatuto de Autonomía, a la vista de las consultas 
que se le han planteado, reunida en el día de la fecha en sesión ordinaria, ha acordado 
hacer público cuanto sigue:
1.º  El pasado día 1 de octubre de 2017 no ha tenido lugar en Cataluña ningún 
proceso que pueda ser considerado como referéndum en ninguna de las modalidades 
previstas por el ordenamiento jurídico: i) ni por el sujeto que lo convocó, incompetente; ii)  e
ni por la forma en que lo hizo, en vulneración de resoluciones firmes del Tribunal  bo
Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; iii) ni por su objeto,  513ww
itnracnosnpsatirtuecnicoinaa el;n  sivu)  dneis aprroorl lola,  esncortuotriinai o ayu csoenntcroial.  de  toda  garantía  de  objetividad  y
resu2lt.aº doQs udee,l  lplaomr atadnot ore, fecarérencdeunm  ddee  atoudtood evatelormr ilnoasc iqóune". se vienen presentando como
5.  El día 10 de octubre de 2017, el presidente de la Generalitat compareció ante el 
Pleno del Parlament. La sesión, iniciada con retraso por el desacuerdo entre algunas de 
las fuerzas políticas acerca del texto que iba a ser objeto de lectura, sirvió al Presidente 
para dar cuenta del resultado de la votación y manifestar que acataba el mandato del 
pueblo de Cataluña para convertirla en un Estado independiente en forma de república. 
Inmediatamente después afirmó "con la misma solemnidad el gobierno y yo mismo 
proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia 
de manera que en las próximas semanas emprendamos un diálogo, sin el que no es 
posible llegar a una solución. Creemos firmemente que el momento requiere, no solo la 
desescalada de las tensiones sino, sobre todo, la voluntad clara de avanzar en las 
peticiones y en el mandato del pueblo de Cataluña […] en la etapa de diálogo que 
estamos dispuestos a abrir".
Después de dicho discurso, los diputados de los grupos parlamentarios Junts pel Sí y 
la CUP-CC firmaron lo que calificaron como una declaración de independencia. En ella 
acordaban: a) constituir la república Catalana, como estado independiente y soberano; b) 
disponer la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la 
república;  c)  iniciar  un  proceso  constituyente;  d)  declarar  su  voluntad  de  abrir 
negociaciones con el Estado español, en pie de igualdad; e) comunicar a la comunidad 
internacional y a las autoridades de la Unión Europea la constitución de la república 
catalana y la propuesta de negociaciones con el Estado español, apelando a los Estados 
y  organizaciones  internacionales  a  reconocer  la  república  catalana  como  estado 
independiente y soberano; f) instar al Gobierno de la Generalidad a adoptar las medidas 
necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta declaración de independencia 
y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república y g) 
llamar a todos y cada uno de los ciudadanos a construir un Estado que traduzca en 
acción y conducta las aspiraciones colectivas.
La  suscripción  de  este  documento  se  realizó  fuera  del  Salón  de  Plenos  de  la 
Cámara.
6.  El 27 de octubre de 2017 cuatro parlamentarios que no son ahora objeto de 
juicio, pertenecientes a los grupos Junts pel Si y la CUP presentaron a la mesa del 
Parlament dos propuestas de resolución para su votación al Pleno. La primera tenía por 
objeto la declaración de independencia de Cataluña con un contenido idéntico a la 
declaración  efectuada  fuera  del  Parlament  a  la  que  hemos  hecho  referencia,  y  la 
segunda, el inicio de un proceso constituyente para la nueva república con la creación de 
un consejo asesor y la culminación mediante convocatoria de referéndum en el que se 
sometería a votación el texto de la Constitución de Cataluña.
Las propuestas se tramitaron y fueron posteriormente votadas por 82 de los 135 
diputados  del  Parlament.  El  resto  de  los  parlamentarios  abandonó  el  hemiciclo 
expresando  la  ilegalidad  de  las  propuestas.  La  votación  se  realizó  en  urna  y  con 
mantenimiento del secreto del voto para los participantes.
La denominada declaración de independencia fue aprobada con setenta votos a 
favor, diez en contra y dos abstenciones –de un total de 135 diputados autonómicos–. No 
llegó a tener concreción práctica alguna dado que el mismo día 27 de octubre el Pleno 
del Senado dictó un acuerdo aprobando las medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del interés general 
por parte de la Generalitat de Cataluña ("Boletín Oficial del Estado" –en adelante, 
"BOE"– de 27 de octubre de 2017), y disponiendo el cese inmediato de todos los 
miembros  del  Gobierno  de  la  Generalitat,  la  disolución  de  la  cámara  legislativa  e.
autonómica  y  la  convocatoria  de  elecciones  para  la  conformación  de  un  nuevo  w.b
Parlament. 513ww
7.  Esa simbólica e ineficaz declaración de independencia fue el desenlace de un
tpordooces sloo sd ree qtruaemriimtaiceinótno sle fgoisrmlautilvaad oqsu ep osre e dl eTsraibruronlalól  Ceno nasbtiiteurctaio nya cl oqnuteu,m uanza  oyp oostricai óvne za, 
advirtió, mediante notificaciones personales dirigidas a los acusados, de la ilegalidad de
las iniciativas que estaban siendo promovidas. Esos requerimientos fueron desatendidos, 
como también lo fue el efecto suspensivo que, por imperativo legal, se producía respecto 
de los actos de la Cámara impugnados ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de 
la Nación.
El letrado mayor y el secretario general del Parlament expresaron en sus respectivos 
informes que la admisión a trámite de ambas proposiciones de ley resultaba contraria a 
las  resoluciones  prohibitivas  del  Tribunal  Constitucional  anteriormente  indicadas  y 
conculcaba  los  requerimientos  expresamente  realizados  para  que  se  impidiera  o 
paralizara  cualquier  iniciativa  que  supusiera  ignorar  o  eludir  la  nulidad  de  las 
resoluciones parlamentarias que estas nuevas proposiciones de ley desarrollaban. Pese 
a la advertencia de ilegalidad, la mesa incluyó dichas proposiciones de ley en el orden 
del  día  respectivo,  dio  curso  a  la  iniciativa  legislativa,  las  admitió  a  trámite  por  el 
procedimiento  de  urgencia  y  rechazó  la  solicitud  de  reconsideración  de  ambas 
proposiciones de ley. De esta forma, la tramitación legislativa de las leyes de referéndum 
y transitoriedad se desarrolló a partir de una interpretación singularizada del reglamento 
del  Parlament,  con  el  exclusivo  objeto  de  imprimir  una  inusitada  celeridad  a  la 
aprobación de aquellos dos textos legales y, sobre todo, de silenciar la voz de los grupos 
parlamentarios que habían mostrado su desacuerdo con el proceso de ruptura.
El  pleno  del  Consejo  de  Garantías  Estatutarias  de  Cataluña,  institución  de  la 
Generalitat que vela para que las disposiciones de esta se adecuen al Estatuto y a la 
Constitución, adoptó dos acuerdos fechados los días 6 y 7 de septiembre de 2017. En 
ellos  se  decidió:  a)  comunicar  al  Parlament  el  carácter  preceptivo,  en  el  seno  del 
procedimiento  legislativo,  de  la  apertura  subsiguiente  a  la  publicación  de  cualquier 
proposición de ley del plazo de solicitud de dictamen a este Consejo, en garantía del 
derecho de los diputados en el ejercicio de su función y que correspondía a la mesa el 
envío  de  tales  solicitudes  de  dictamen  al  Consejo;  y  b)  recordar  que  todas  las 
proposiciones de ley, sin excepción, en fase de tramitación en el Parlament de Cataluña 
y  antes  de  ser  aprobadas  definitivamente,  deben  poder  ser  objeto  de  solicitud  de 
dictamen ante el Consejo, dado su carácter preceptivo, si así lo solicitan los sujetos 
legitimados.
El Pleno del Parlament, después de que una parte de los diputados presentes 
abandonara  la  sesión,  tras  un  debate  en  el  que  expresaron  la  ilegalidad  de  las 
decisiones propuestas, aprobó ambas proposiciones como las ya citadas Leyes 19/2017, 
de  6  de  septiembre,  del  referéndum  de  autodeterminación  ("Diario  Oficial  de  la 
Generalitat de Cataluña" –en adelante, "DOGC"– 6 de septiembre de 2017), y 20/2017, 
de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la república ("DOGC" de 8 
de septiembre de 2017).
Tanto los acuerdos de la mesa de admisión a trámite como los acuerdos del Pleno, 
que incluyeron el debate y votación de ambas proposiciones en el orden del día de las 
sesiones  del  6  y  del  7  de  septiembre,  suprimiendo  los  trámites  esenciales  del 
procedimiento  legislativo,  se  declararon  nulos  por  sendos  autos  del  Tribunal 
Constitucional –núms. 123/2017 y 124/2017, 19 de septiembre–. En ambas resoluciones 
se declaraba la inmediata ejecutividad desde su publicación –que tuvo lugar en el "BOE" 
núm. 229, de 22 de septiembre de 2017– y se acordaba deducir testimonio al Fiscal 
contra la Presidenta del Parlament de Cataluña, doña Carme Forcadell y otros miembros 
de la mesa, por incumplir el mandato legalmente previsto, en relación con los hechos 
objeto del incidente de ejecución, al permitir su admisión a trámite.
Ambas leyes fueron recurridas por el Gobierno del Estado y suspendidas por el  s
Tribunal  Constitucional  mediante  providencias  de  7  de  septiembre  de  2017.  La  oe.
Ley  19/2017  fue  finalmente  declarada  nula  por  STC  114/2017,  de  17  octubre,  e  w.
igualmente se declaró la nulidad de la Ley 20/2017 por la STC 124/2017, 8 noviembre.  513ww
Tcoodrraess polnadsi enrteesso aludcvioenrteesn ciadse ls obTrreib luan ailel gaClidoandst idtuec idoencails ionvoelsv ífauntu raas  y cloan pteonseibr ilidlaads 
de  incurrir  en  responsabilidades  penales.  Las  providencias  de  suspensión  fueron
notificadas personalmente con dichas advertencias a los miembros de la mesa y del 
Gobierno, y a otras autoridades (en este caso, los miembros de la sindicatura electoral).
7.1  Las impugnaciones que presidieron el devenir parlamentario de las Leyes 19 
y 20 de 2017 estaban en línea con toda una batería de recursos y requerimientos 
promovidos por el Gobierno de la nación ante el propio Tribunal Constitucional, frente a 
iniciativas parlamentarias anteriores, coetáneas y posteriores, llamadas a preparar el 
camino al referéndum finalmente celebrado el día 1 de octubre. Se perseguía así privar 
de  eficacia  a  un  cuerpo  normativo  en  abierta  contradicción  con  las  bases 
constitucionales del sistema.
La mesa del Parlament, compuesta por siete miembros y presidida por la acusada 
Dña. Carme Forcadell, tiene entre sus funciones calificar los escritos y documentos de 
naturaleza parlamentaria, así como declarar su admisión o inadmisión a trámite. Por ello, 
debieron haber sido inadmitidas a trámite y paralizadas todas las propuestas contrarias 
al orden constitucional. Su presidenta –respecto de otros integrantes de la mesa se sigue 
causa penal en otros órganos jurisdiccionales– desoyó las múltiples advertencias y 
requerimientos  personales  que  le  formuló  el  Tribunal  Constitucional  para  que  se 
abstuviera de tramitar iniciativas de esa índole. Votó sistemáticamente a favor de su 
admisión y abrió la posibilidad de que se incumplieran las normas constitucionales, 
estatutarias y legales, así como las resoluciones judiciales que pretendían restaurar la 
legalidad.
7.2  La primera iniciativa admitida a trámite permitió la aprobación por el Pleno del 
Parlament de la Resolución 1/XI, de 9 noviembre 2015, sobre el inicio del proceso 
político  en  Cataluña  como  consecuencia  de  los  resultados  electorales  del  27  de 
septiembre de 2015, para la creación del Estado catalán independiente. En su apartado 
sexto proclamaba que el Parlament y el proceso de desconexión "no se supeditarán a las 
decisiones  de  las  instituciones  del  Estado  español,  en  particular  del  Tribunal 
Constitucional".
Fue admitida a trámite por la mesa e impugnada ante el Tribunal Constitucional que, 
mediante su sentencia 259/2015, de 2 diciembre, la declaró inconstitucional.
7.3  La segunda iniciativa dio lugar a la aprobación de la resolución 5/XI, de 20 de 
enero de 2016 para la creación de una "comisión de estudio del proceso constituyente". 
La citada comisión fue constituida el 28 de enero de 2016 y alcanzó la conclusión de que 
el objetivo era llegar a la desconexión con las leyes españolas a través de la vía de la 
unilateralidad, es decir, a través de procedimientos ilegales.
El  auto  del  Tribunal  Constitucional  núm.  141/2016,  de  19  julio,  rechazó  la 
constitucionalidad de esa actividad de la comisión y advirtió a los miembros de la mesa 
sobre  su  deber  de  no  admitir  semejantes  iniciativas.  Sin  embargo,  a  pesar  de  la 
advertencia, las conclusiones de la mencionada comisión se debatieron en el Parlament 
de Cataluña el 27 de julio de 2016 y se aprobaron mediante la Resolución 263/XI, de 27 
de julio de 2016.
El auto del Tribunal Constitucional núm. 170/2016, de 6 de octubre, declaró la 
nulidad de la misma. Además, acordó la notificación personal de la resolución a la 
presidenta del Parlament de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario 
general, así como al presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña, con la advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones 
tendentes a dar cumplimiento a la Resolución 263/XI, y de su deber de impedir o 
paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente supusiera 
ignorar  o  eludir  la  nulidad  de  dicha  resolución,  apercibiéndoles  de  las  eventuales  e.
responsabilidades,  incluida  la  penal,  en  las  que  podrían  incurrir  en  caso  de  w.b
incumplimiento de lo ordenado por el tribunal. 513ww
prop7u.4e staLsa  dteer cinesrata irn aicli aGtiovbai,e arndom idtied ala p Gore lnae mraelistaat  eal  4c edleeb oractru ubnre r edfee r2é0n1d6u, mco vnitnecnuílaa nlates 
esorab rveo tlaa dian dmepaeynodrietanrciaiam deen teC.a Dtaiolu ñluag ayr  aab olard Raer suonlu pcrióonce 3s0o6 c/XoIn, sdtietu 4ye dnete o scit uebsrtea,  odpocniódne 
se volvía a proclamar –contra las decisiones del Tribunal Constitucional– el derecho de
autodeterminación de Cataluña, instando al Gobierno a iniciar la consulta democrática y 
a aportar para ello todos los recursos necesarios.
Por auto del Tribunal Constitucional núm. 24/2017, de 14 de febrero, se declaró la 
nulidad de la resolución. También se acordaba notificar personalmente el auto a la 
presidenta del Parlament de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario 
general del Parlament, así como al presidente e integrantes del Consejo de Gobierno de 
la Generalitat de Cataluña, con la advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera 
actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la Resolución 306/XI en los apartados 
anulados y de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que 
directa o indirectamente supusiera ignorar o eludir la nulidad de esos apartados de dicha 
resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las 
que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal. Por 
último, deducía testimonio para remisión al fiscal.
7.5  La siguiente iniciativa se plasmó en la Resolución 807/X1, de 7 de septiembre 
de 2017, por la que se designaron los miembros de la sindicatura electoral. Dicha 
resolución fue suspendida por providencia de la misma fecha del Tribunal Constitucional 
–notificada personalmente a los miembros del Gobierno, de la mesa y de la sindicatura–, 
en la que se imponían multas coercitivas a los designados. Posteriormente, la sentencia 
del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2017 declaró nula la referida resolución.
El  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  de  Estrasburgo  ha  inadmitido  la 
demanda núm. 70219-17 promovida por una de las personas a la que se impusieron las 
multas coercitivas por formar parte de esa administración electoral, en Decisión Aumatell 
i Arnau vs España de 11 de septiembre de 2018.
Finalmente, se solicitó la presentación de los resultados del referéndum ilegal el 4 de 
octubre de 2017, siendo dicho acto suspendido por auto del Tribunal Constitucional de 5 
de octubre de 2017. La mesa se reunió ese mismo día. El letrado mayor y el secretario 
general advirtieron por escrito de que ello suponía aplicar normas suspendidas por el 
Tribunal Constitucional. La mesa acordó, con el voto favorable de su presidenta –Sra. 
Forcadell–  admitir  a  trámite  la  solicitud  y  posteriormente  rechazar  la  solicitud  de 
reconsideración.
Por auto del Tribunal Constitucional de 5 de octubre de 2017 se admitió el recurso de 
amparo  frente  a  dichos  acuerdos  y  se  suspendió  cautelarmente  la  eficacia  de  los 
mismos. El auto se notificó a los miembros de la mesa, advirtiéndoles nuevamente de su 
deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera eludir la suspensión.
El 6 de octubre de 2017, el Gobierno de la Generalitat, mediante una carta firmada 
por el vicepresidente del Gobierno de la Generalitat D. Oriol Junqueras, su portavoz D. 
Jordi Turull y el consejero de Asuntos Exteriores D. Raül Romeva comunicó al Parlament 
el resultado del referéndum, afirmando que había ganado el «Sí» con un 90,18 por 100 
de los votos emitidos.
7.6  Con anterioridad, el impulso a lo que se presentaba como el camino hacia la 
independencia, con palmario incumplimiento de las bases de nuestro sistema normativo, 
había conocido otros hitos fundamentales.
Así, el día 30 de marzo de 2015 se formalizó el concierto de actuación ilegal 
mediante el acuerdo de una hoja de ruta respecto del proceso de independencia entre 
los partidos políticos Convergencia Democrática de Cataluña (representada por D. Josep 
Rull  Andreu)  y  Esquerra  Republicana  de  Cataluña,  con  las  entidades  soberanistas 
Òmnium  Cultural  (representada  por  una  persona  ya  fallecida),  Asamblea  Nacional 
Catalana (representada por su entonces presidenta Dña. Carme Forcadell Lluís) y la  s
Asociación de Municipios para la Independencia (en anagrama, AMI, representada por  oe.
quien entonces era su vicepresidente). w.
En el preacuerdo se proclamó que las elecciones que iban a celebrarse el día 27 de  513ww
sceapntdieidmabturrea sd seo b2e0r1a5n istteansd sríuapno nudnr íac aurná cpteror nupnlecbiaismciiteanrtioo,  fadveo ramboled oa  qlau ein dveoptaern dae nclaias 
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creación y puesta en marcha de las estructuras necesarias del nuevo Estado y con la 
elaboración de un proyecto de texto constitucional en el término de diez meses, el cual 
debería ser sometido a un referéndum vinculante que, en caso de ser positivo, permitiría 
proclamar la independencia.
El 12 de abril de 2015 la ANC –un mes antes de que el acusado D. Jordi Sànchez 
asumiera su presidencia– aprobó su propia hoja de ruta en la que aseguraba que velaría 
por el cumplimiento de las resoluciones del Parlament de Cataluña relativas al impulso 
del proceso, con especial atención "a las leyes de desconexión, a la convocatoria y 
realización de un referéndum vinculante en los términos establecidos, y la inmediata 
proclamación de la independencia en caso de victoria del Sí". Respecto del Poder 
Ejecutivo, afirmaba que había de trabajarse coordinadamente con el Gobierno para 
conseguir el máximo apoyo internacional respecto del derecho de autodeterminación y 
del reconocimiento del nuevo Estado catalán. También reflejaba expresamente que, ante 
la  posibilidad  de  que  la  Generalitat  de  Cataluña  fuera  "intervenida  políticamente  y 
jurídicamente por el Estado español y/o algún partido soberanista ilegalizado […] la 
ciudadanía emerge como el agente político que impulsa el proceso de independencia".
8.  Hasta llegar a la celebración del referéndum la actividad parlamentaria tuvo 
como complemento toda una serie de actos reglamentarios dirigidos a hacer posible lo 
que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal. Los requerimientos personales 
notificados a los acusados no fueron suficientes para impedir la organización de esa 
consulta que era presentada como la legítima expresión del "derecho a decidir".
8.1  En paralelo con la actividad del Parlament descrita más arriba, el 9 de junio 
de 2017, el vicepresidente de la Generalitat, el acusado D. Oriol Junqueras, tras una 
reunión con todo el Consejo de Gobierno, presentó en el "Pati dels Tarongers" del 
Palacio  de  la  Generalitat  la  pregunta  que  se  iba  a  formular  en  el  referéndum  de 
autodeterminación, estableciendo para su celebración la fecha del 1 de octubre. Fueron 
acompañados por todos los miembros de su Gobierno, por la presidenta del Parlament, 
algunos de los miembros de la mesa y varios parlamentarios de Junts pel Sí y de la CUP. 
El día 4 de julio de 2017 en un acto celebrado en el Teatro nacional de Cataluña se hizo 
la proclamación de la voluntad de realizar el referéndum de autodeterminación que el 
coacusado Sr Junqueras preveía que se celebraría con la "oposición descarnada del 
Estado".
8.2  Para  asegurar  que  la  Policía  autonómica  –dependiente  orgánica  y 
funcionalmente de la Consejería de Interior de la Generalitat–, en caso de cumplir con la 
legalidad constitucional vigente, no frustrase la realización del referéndum proyectado 
por los coacusados, a mediados de julio de 2017 se procedió a la sustitución de D. Jordi 
Jané por el acusado D. Joaquín Forn, para que respaldara sin reservas la celebración 
del referéndum. Unos días más tarde, ante el rumbo que tomaban los acontecimientos, 
también dimitió el hasta entonces Director General de Policía de la Generalitat, D. Albert 
Batlle.
Por  el  mismo  motivo  y  en  la  misma  época,  fueron  cesadas  las  consejeras  de 
Enseñanza, Dña. Meritxell Ruiz Isem, y de la Presidencia, Dña. Neus Munté Fernández, 
pasando a ocupar sus cargos Dña. Clara Ponsatí y el acusado D. Jordi Turull. También 
en ese momento fue cesado el consejero de Industria D. Jordi Baiget, a raíz de haber 
manifestado en una entrevista que consideraba una irresponsabilidad la celebración de 
un referéndum unilateral.
Fue en ese mismo mes de julio de 2017 cuando el Gobierno de la Generalitat aprobó  e
los  Decretos  108/17,  de  17  de  julio  y  110/17,  de  18  de  julio  por  los  que  se  bo
reestructuraban las competencias de los diferentes departamentos o consejerías, de  513ww
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Ley 81.39 /20E1l 76,  ddeel  sreepfetireémndburem  ddee  2a0u1t7o,d etrtaesr maipnraocbióanrs, el ap otor taelli dPaadr ldaem elonst  dinete Cgraatnatlueñs ad leal 
Gobierno de la Generalitat (presidente, vicepresidente y doce consejeros), firmaron el
Decreto 139/2017, de convocatoria del referéndum. El Pleno del Tribunal Constitucional, 
por  providencia  de  7  de  septiembre  de  2017,  suspendió  su  aplicación  –con  las 
correspondientes advertencias personales en orden a impedir los incumplimientos y 
sobre posibles responsabilidades penales– y mediante la sentencia núm. 122/2017, 
de 31 de octubre de 2017, fue declarada la inconstitucionalidad y nulidad de la citada 
norma.
El  mismo  6  de  septiembre  de  2017,  a  propuesta  del  Departamento  de  la 
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, el Gobierno 
autonómico  aprobó  el  Decreto  140/2017,  de  6  de  septiembre,  de  normas 
complementarias para la realización del referéndum de autodeterminación de Cataluña, 
en el que se contenían las previsiones sobre administración electoral –a través de las 
sindicaturas–, confección del censo, designación de apoderados e interventores de las 
mesas electorales, campaña institucional y electoral con uso de espacios públicos y 
medios de comunicación, procedimiento de votación presencial y en el extranjero, urnas, 
documentación electoral, escrutinio, personal colaborador de la administración electoral, 
observadores internacionales y administración o afectación laboral de los participantes. 
El  decreto  aparecía  firmado  por  el  presidente  de  la  Generalitat,  así  como  por  el 
vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, el acusado D. Oriol 
Junqueras. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de septiembre 
de  2017,  suspendió  su  aplicación,  con  las  señaladas  advertencias,  notificándola 
personalmente a los miembros del Gobierno autonómico y a numerosas autoridades. La 
sentencia núm. 121/2017, de 31 de octubre de 2017, declaró su inconstitucionalidad y 
nulidad.
8.4  En septiembre de 2017, la interventora general de la Generalidad dejó de 
remitir  información  al  Ministerio  de  Hacienda  comunicando  que  el  vicepresidente  y 
consejero de Economía y Hacienda, D. Oriol Junqueras, prescindía de la obligación de 
remitir información contable, y como responsable jerárquico, dispensaba de hacerlo a los 
interventores  concernidos.  En  estas  circunstancias,  ante  la  grave  quiebra  de  los 
principios de la Ley Orgánica 2/2002 y el incumplimiento del resto de obligaciones 
económico-financieras  asumidas  por  el  Gobierno  de  la  Generalidad,  la  Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por acuerdo de 15 de septiembre 
de 2017, publicado por Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre ("BOE" de 16 de 
septiembre de 2017), incrementó los controles fijados y ya incumplidos, y estableció un 
mecanismo de gestión de pago de determinados créditos presupuestarios de manera 
directa  a  los  acreedores  de  la  Generalidad,  solo  contra  factura  comunicada  por  la 
interventora general. Además de esto, sometió a autorización previa del Consejo de 
Ministros  todas  las  operaciones  de  endeudamiento  de  la  Comunidad,  incluidas  las 
operaciones a «corto plazo». Entre muchas otras medidas, se disponía que todos los 
órganos de contratación e interventores que fiscalizaran las actuaciones administrativas 
dirigidas a la entrega de bienes o prestación de servicios a la Comunidad Autónoma de 
Cataluña  o  las  entidades  de  su  sector  público,  debían  emitir  una  "declaración 
responsable" en la que constase que dichos bienes o servicios no guardan relación con 
la  financiación  de  actividades  ilegales,  debiendo  entregarse  dicha  declaración 
responsable al adjudicatario y al Ministerio de Hacienda. También se disponía que la 
Generalitat no podría ordenar la realización material de ningún pago por medio de 
servicios  contratados  con  entidades  de  crédito  sin  acompañar  un  certificado  del 
interventor que permitiera comprobar que el pago no guardara relación de cualquier 
índole con la financiación de actividades ilegales o prohibidas por los tribunales. s
Mediante acuerdo del Gobierno de la Generalitat de fecha 7 de septiembre de 2017 –a  oe.
propuesta del Vicepresidente, D. Oriol Junqueras, y de los Consejeros de Presidencia, D.  w.
Jordi Turull, y de Asuntos Institucionales y Exteriores, D. Raül Romeva– se autorizó a los  513ww
pdaiferare lan treesa ldizeapcaiórtna mdeeln rteofse rpéanrdau qmu.e realizaran las acciones y contrataciones necesarias
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asume directamente de manera colegiada los encargos a los departamentos o unidades 
competentes entre otras, las contrataciones, la aprobación del gasto, y las acciones 
político-administrativas necesarias para hacer efectiva la celebración del referéndum.
En concreto, y con carácter enunciativo y no limitativo, se autoriza: a) la confección, 
impresión, aprovisionamiento y reparto del material electoral necesario (urnas, papeletas 
de votación, sobres, actas de las mesas, manual de funcionamiento de las mesas 
electorales, acreditaciones, credenciales […]); b) la elaboración del censo electoral, su 
comunicación formal y trámite, si hace falta, a los ciudadanos y ciudadanas, y su 
impresión para su utilización el día de la votación de acuerdo con la normativa de 
protección de datos; c) la comunicación a los catalanes y catalanas residentes en el 
exterior con derecho a voto del mecanismo mediante el cual pueden ejercer el derecho a 
voto; d) la elaboración de una página web informativa y la adquisición de reservas de 
dominios y servicios de hospedaje, así como el uso de los ya existentes; e) encargo, 
contratación y diseño de las campañas de comunicación institucional, así como las 
relacionadas con los colaboradores y colaboradoras de la administración electoral; f) 
definición de las secciones censales y mesas electorales, nombramiento y comunicación 
formal de los miembros de las mesas electorales; g) utilización de los espacios de 
titularidad o con derecho de uso de la Generalitat de Cataluña, y organismos y entidades 
dependientes; h) la creación de un registro de colaboradores y colaboradoras de la 
administración electoral; i) utilización, en general, de los recursos humanos, materiales y 
tecnológicos  necesarios  para  garantizar  la  adecuada  organización  y  desarrollo  del 
referéndum de autodeterminación de Cataluña, así como aquellos de los que ya se 
dispone".
Añadía  el  último  apartado  que  "las  decisiones  y  actuaciones  nombradas  serán 
tomadas de forma colectiva y colegiada por parte de los miembros del Gobierno, y 
asumidas de manera solidaria".
9.  Los acusados D. Jordi Sànchez Picanyol y D. Jordi Cuixart Navarro eran los 
líderes  respectivos  de  la  Asamblea  Nacional  Catalana  y  Òmnium  Cultural.  Su 
contribución resultaba decisiva para los fines ideados. Ambas asociaciones cuentan con 
una amplia e histórica trayectoria de movilización popular. Los Sres. Sànchez y Cuixart 
ejercían  una  indiscutida  capacidad  de  liderazgo.  La  ausencia  de  violencia  en 
convocatorias multitudinarias añadía una seña de identidad que reforzaba, si cabe, su 
capacidad de convocatoria. De ahí que la vanguardia para la movilización ciudadana 
dirigida  a  la  celebración  del  referéndum  fuera  asumida  por  ambos  acusados.  Su 
autonomía orgánica y funcional y su funcionamiento asambleario no han sido obstáculo, 
en los últimos años, para mantener un estrecho contacto con los dirigentes políticos 
nacionalistas. Ello ha permitido su activa participación en el diseño de las distintas hojas 
de ruta que han venido dibujando el supuesto camino hacia la independencia.
El día 20 de septiembre de 2017, los acusados D. Jordi Sànchez Picanyol y D. Jordi 
Cuixart Navarro convocaron a la población a que compareciera ante la sede de la 
Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, sita 
en los números 19-21 de la Rambla de Cataluña, en Barcelona. Esa convocatoria se 
verificó a través de sus propias cuentas de Twitter y de las organizaciones que lideraban. 
El motivo fue que los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil de 
Barcelona,  por  orden  del  Juzgado  de  Instrucción  núm.  13  de  esa  ciudad,  habían 
practicado una serie de detenciones y habían iniciado la ejecución de la decisión judicial 
de registrar las instalaciones de la consejería, con la finalidad de encontrar elementos y 
datos que permitieran depurar las responsabilidades derivadas de la convocatoria del  e.
referéndum previsto para el 1 de octubre e impedir su celebración. w.b
Las  entidades  ANC  y  Òmnium  Cultural,  a  través  de  la  página  web  513ww
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Cultural, mediante mensajes de WhatsApp, a las 8:55 horas llamó a concentrarse,
además de en la sede de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, en las Consejerías de 
Exteriores, Bienestar y Familia, y Gobernación.
Las convocatorias no solo publicitaron que se estaba produciendo una actuación de 
la Guardia Civil tendente a impedir el referéndum, sino que divulgaban el lugar donde se 
efectuaba el registro judicial, emplazaban a la ciudadanía a defender las instituciones 
catalanas, exigían que la Guardia Civil pusiera en libertad a las personas que habían 
sido detenidas, y pedían a los catalanes que se movilizaran. Se les animaba diciendo 
que no podrían con todos ellos, que las fuerzas del orden se habían equivocado y que 
habían declarado la guerra a los que querían votar.
Los agentes de la Guardia Civil integrantes de la comisión judicial llegaron a la 
Consejería sobre las 08:00 horas del día 20 de septiembre de 2017, aparcando en la 
puerta  sus  vehículos.  En  los  minutos  siguientes  la  afluencia  de  personas  se  fue 
incrementando,  hasta  el  punto  de  que  a  las  10:30  horas  de  esa  mañana  los 
manifestantes habían rodeado por completo el edificio impidiendo a la comisión judicial la 
normal realización de sus funciones.
Bajo la sola protección del reducido número de Mossos d'Esquadra que diariamente 
se encarga de la vigilancia ordinaria en el acceso del edificio, quienes no recibieron 
refuerzo alguno durante el día, salvo la llegada de unos agentes de mediación, los 
acontecimientos se desarrollaron con la presencia de una cifra próxima a los 40000 
manifestantes,  que  se  agolpaban  en  un  ambiente  en  el  que  coexistían  los  gritos 
reivindicativos, contrarios a la presencia de la comisión judicial, y los actos lúdicos, 
algunos espontáneos, otros, promovidos por los organizadores.
No se estableció el perímetro de seguridad que la comisión judicial reclamó, de 
manera que para discurrir entre los miles de manifestantes allí congregados no había 
otro acceso que un estrecho pasillo humano que únicamente permitía el paso en fila 
individual, y que no era un cordón controlado policialmente sino formado por los propios 
voluntarios de la entidad convocante –ANC–, que llevaban chalecos identificativos de 
pertenecer  a  esa  organización.  Ese  pasillo  no  posibilitaba  que  la  comisión  judicial 
trasladara a través del mismo los efectos intervenidos, ni siquiera el mero paso de los 
agentes, como resultó con los Mossos de mediación que, confundida su adscripción por 
la concurrencia, sufrieron lanzamiento de objetos y tuvieron que guarecerse de manera 
precipitada en el inmueble contiguo.
Las  entidades  sociales  que  animaban  la  convocatoria  montaron  una  tarima  y 
repartieron agua y bocadillos entre los asistentes.
La movilización impidió que la Guardia Civil pudiera introducir en el edificio a los 
detenidos, quienes debían estar presentes en el registro, conforme disponen las leyes 
procesales.  También  impidió  que  pudiera  ser  atendida  la  orden  judicial  con  plena 
normalidad. Los vehículos de la Guardia Civil, tres Nissan Patrol con distintivos oficiales 
y matrículas PGC-5313-N, PGC-2446-N y PGC 5314-C, y cuatro vehículos camuflados 
Renault Megane PGC-8401-C, Ford Focus PGC- 8019-C, Laguna Renault PGC-6504-B 
y Hyundai 120 PGC-8784-C, terminaron con importantes destrozos.
Solo sobre las 00:00 horas se consiguió preparar una salida para que la letrada de la 
administración de justicia del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona pudiera 
abandonar el lugar con seguridad, infiltrándola entre los espectadores que abandonaban 
el teatro sito en el inmueble colindante, al que hubo que acceder desde la azotea de los 
edificios. El resto de los agentes de la Guardia Civil pudo salir cuando la manifestación 
ya se hubo disuelto, haciéndolo concretamente en dos turnos, uno a las 04:00 de la 
madrugada del día 21 de septiembre, y el otro a las 07:00 horas de esa misma fecha. s
La  efectiva  dispersión  de  los  últimos  manifestantes  tuvo  lugar,  ya  entrada  la  oe.
madrugada, a raíz de unas cargas policiales ejecutadas por la brigada antidisturbios de  w.
los Mossos. 513ww
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tumulto. Igualmente se negó a que los agentes de la Guardia Civil pudieran hacerse 
cargo de los vehículos policiales, si no se acercaban a pie, sin garantía alguna de 
indemnidad,  hasta  el  lugar  donde  estaban  estacionados  atravesando  la  masa  de 
personas que los rodeaban. Al ser informado por los agentes de que en el interior de 
esos coches había armas, dispuso lo necesario para aislar los vehículos.
Sobre las 21:15 horas de ese mismo día, el entonces jefe de la brigada antidisturbios 
de Mossos (BRIMO) pudo comprobar por sí la ingente multitud que se agolpaba a las 
puertas  de  la  Vicepresidencia  y  Consejería  de  Economía,  hasta  el  punto  de  que 
consideró, en términos de seguridad ciudadana, imposible su desalojo. Se entrevistó con 
el acusado Sr. Sànchez que, hasta tal punto ejercía el control sobre la masa, que se 
permitió reprochar a su interlocutor la presencia de los efectivos policiales: "saca a la 
BRIMO de aquí […], esto que estás haciendo no es lo que hemos acordado, largaos de 
aquí". Conforme avanzaban las horas de la noche, sin embargo, cambió hacia una 
actitud más colaboradora con los agentes.
Desde la llegada al lugar del acusado D. Jordi Cuixart, este y D. Jordi Sànchez se 
dirigieron en diversas ocasiones a la multitud para conducir su actuación. Así, en la tarde 
del día 20, el Sr. Cuixart, dirigiéndose a los congregados exigió la liberación de todos los 
detenidos y retó al Estado a acudir a incautar el material que se había preparado para el 
referéndum y que tenían escondido en determinados locales.
Tras esta intervención, tomó la palabra el acusado D. Jordi Sànchez, quien agradeció 
a los presentes que hubieran confiado en las entidades soberanistas. Recordó que estas 
entidades habían prometido salir a la calle a defender las instituciones cuando hiciera 
falta y que estaban allí. Proclamó que ese era el día y que había llegado el momento de 
salir a la calle para defender la dignidad, las instituciones y el referéndum, por lo que ni 
Rajoy,  ni  el  Tribunal  Constitucional,  ni  todas  las  Fuerzas  de  Seguridad  del  Estado 
podrían pararles. Aseguró que hacía un rato se había reunido con el presidente de la 
Generalitat y que este le había asegurado que habría referéndum. Terminó pidiendo que 
nadie se marchara a casa todavía, pues tenían una «noche larga e intensa», y que 
habían de trabajar porque ellos eran el sueño de un nuevo país.
Sobre las 23:41 horas, ambos acusados D. Jordi Sànchez y D. Jordi Cuixart, subidos 
sobre uno de los coches oficiales de la Guardia Civil, se dirigieron una vez más a los 
presentes. El Sr. Cuixart manifestó hablar en nombre de las entidades soberanistas, así 
como del PDeCat, ERC y la CUP-CC, proclamando que "todos estaban alzados" para 
luchar por su libertad y afirmó que "desde ese altar" –en clara referencia al vehículo 
policial– el Sr. Sànchez y él querían convocar a todos los asistentes a una movilización 
permanente  en  defensa  de  los  detenidos,  emplazándoles  a  una  concentración  que 
tendría lugar a las 12:00 horas del día siguiente, en el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña. Por su parte, D. Jordi Sànchez volvió a dirigirse a la multitud diciendo que ni el 
Tribunal Constitucional, ni Rajoy, ni la Guardia Civil, ni nadie lograría impedirlo y, tras 
instar a los congregados a que abandonaran la movilización de ese día, les pidió que 
acudieran a la manifestación del día siguiente ante el Tribunal Superior.
Estos actos fueron promovidos, dirigidos y queridos por los acusados Sres. Sànchez 
y Cuixart, que mantuvieron la convocatoria hasta las 00:00 horas –momento en el que se 
había  fijado  y  comunicado  previamente  su  finalización–,  llamando  entonces  a  la 
manifestación permanente y a presentarse a exigir la libertad de los detenidos al día 
siguiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
9.1  Hechos  similares  orientados  a  impedir  el  funcionamiento  normal  de  la 
administración de Justicia tuvieron lugar con ocasión de otros registros y detenciones  e.
acordadas por el Juzgado de Instrucción núm. 13 citado. w.b
Así, en el registro del domicilio de D. José María Jové se concentraron unas 400  513ww
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edificio el detenido D. Xavier Puig Farré las personas congregadas intentaron sustraerlo
del control de los agentes y el vehículo oficial fue zarandeado y golpeado. En el registro 
en las naves sitas en los números 17, 18 y 19 de la Urbanización Can Barris, carrer S, de 
Bigues i Riells (Barcelona), la actitud hostil de un grupo de entre 200 y 250 personas 
concentradas en el exterior hizo que el letrado de la administración de justicia tuviese 
que abandonar el lugar en un vehículo camuflado y que ocho furgones con el material 
intervenido sufrieran algunos daños. Asimismo, se produjeron incidentes en registros 
realizados en la localidad de Berga.
Los acusados Sres. Junqueras, Turull, Rull, Romeva, Forn, Sànchez y Cuixart y las 
Sras. Bassa y Forcadell, expresaron por los medios sociales mensajes de solidaridad, 
afecto y compromiso y expresiones de agradecimiento, animando a la participación 
activa  en  el  referéndum  declarado  ilegal,  y  estimulando  la  presencia  masiva  de 
ciudadanos en las urnas, pese a conocer que las Fuerzas de Seguridad del Estado 
habían recibido la encomienda específica del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
de impedir su celebración.
Así,  D.  Oriol  Junqueras,  el  mismo  27  de  septiembre  de  2017,  se  dirigió  a  los 
estudiantes  diciéndoles  que  eran  imprescindibles  para  implementar  la  república, 
añadiendo que "se trataba de una cuestión de democracia, derechos civiles y sociales" y 
que el país se sentía orgulloso de todos; D. Raül Romeva dispuso que, a través de 
Diplocat, se invitara a 33 diputados de 17 países para hacer un seguimiento internacional 
del acto ilegal; Dña. Carme Forcadell recibió a aquella delegación en el Parlamento 
autonómico y declaró que "los Mossos d'Esquadra no aceptaban el control del Estado 
que ha ordenado la fiscalía"; D. Joaquim Forn manifestó que "ante el discurso del miedo 
del Gobierno español, nosotros decimos: votaremos el 1-O"; y añadió el día 27 de 
septiembre de 2017 que "la Policía y la Guardia Civil venían a Cataluña a alterar el orden 
y que todas esas salidas de policías desde lugares del Estado español como si fuesen a 
la guerra no iban con ellos"; D. Josep Rull el 21 de septiembre de 2017 manifestó que 
había impedido atracar un buque para alojar miembros de la Policía Nacional en la bahía 
de Palamós; los Sres. Sànchez y Cuixart, el 22 de septiembre de 2017, en diversos 
medios de comunicación audiovisuales y escritos llamaron a la movilización permanente; 
D. Jordi Turull comunicó que "el 1-O está en manos de la gente» y que «el 1-O nos 
jugamos la independencia"; D. Jordi Cuixart, el 27 de septiembre de 2017, declaró que 
"si ganaba el sí se tendría que proclamar la república" y el 29 de septiembre de 2017, 
añadió "viva la revolución democrática catalana, movilízate para defender el referéndum, 
a partir de esta tarde todos a las escuelas", iniciando la denominada jornada de Escoles 
Obertes; el 29 de septiembre de 2017, Dña. Dolors Bassa retiró a los funcionarios de 
Enseñanza y Trabajo, de cuyos departamentos era titular, la competencia sobre los 
centros de votación, asegurándose la disponibilidad de los centros.
9.2  El día 21 de septiembre de 2017 se congregaron frente a la sede del Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Cataluña  unas  20000  personas,  convocadas  por  los  Sres. 
Sànchez y Cuixart, en protesta por las decisiones judiciales adoptadas para impedir la 
celebración del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. La acusada 
Dña. Carme Forcadell se dirigió a ellos en una alocución reclamando la libertad de los 
detenidos.
En el cuartel de la Guardia Civil en Travesera de Gracia, lugar donde los detenidos 
estaban custodiados, se congregaron 300 personas que llegaron a cortar la circulación.
Ese mismo día se produjeron concentraciones hostiles ante los cuarteles de Guardia 
Civil y Policía Nacional de Manresa, y se rodeó el cuartel de Sant Andreu de la Barca. 
Con anterioridad, se habían desarrollado incidentes en los que algunos ciudadanos, con  s
marcada hostilidad, increparon a los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad  oe.
del Estado que se hallaban alojados en distintos establecimientos hoteleros. w.
En la Ciudad de la Justicia, cuando los detenidos fueron puestos a disposición  513ww
Sjurdai.c iFaol,r csaed ecoll nyc leonst rSarreosn.  Runoamse 2va0 0y0 J puenrqsuoenraass,. entre las que se hallaban los acusados
El 22 de septiembre de 2017 se produjeron concentraciones, con similar inspiración, 
ante los cuarteles de la Guardia Civil de Canovelles, Vilanova y Ripoll y se empapelaron 
las oficinas del DNI de la Policía Nacional de Barcelona.
En relación con la votación, el día 1 de octubre los acusados D. Jordi Sànchez y D. 
Jordi Cuixart alentaron a los ciudadanos, a través de mensajes de Twitter y de los 
medios de comunicación, a ocupar los centros de votación antes de la hora en la que 
estaba  ordenada  la  intervención  de  la  policía  autonómica,  y  les  exhortaron  a  que 
impidieran que los agentes policiales pudieran proceder a su clausura y a la retirada del 
material electoral. También los animaron a que acudieran masivamente a votar –pese a 
la expresa y clara prohibición del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña– y a que protegieran después el recuento de los votos frente a las 
actuaciones que pudieran desarrollar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
10.  Ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
como diligencias previas 3/2017, se tramitaban las distintas querellas interpuestas por la 
fiscalía contra los miembros del Gobierno de la Generalitat, por la presunta desatención 
a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, antes reseñados, especialmente en 
cuanto a la advertencia a los miembros del Gobierno de abstenerse de llevar a cabo 
cualquier actuación que permitiese la preparación o celebración del referéndum previsto 
para el próximo 1 de octubre. En estas Diligencias se dictó auto de 27 de septiembre 
de 2017 por el que se acordaba "ordenar a los Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y 
Policía Nacional lo siguiente: a) impedir, hasta el 1 de octubre, la utilización de locales o 
edificios públicos –o de aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio público– 
para la preparación de la celebración del referéndum. En esa fecha, se impedirá su 
apertura, procediendo, en su caso, al cierre de todos aquellos que hubieran llegado a 
aperturarse; b) en el caso de que los actos de preparación del referéndum o los de 
votación el día 1 de octubre, tuvieran lugar en edificios con instalaciones compartidas de 
servicios públicos en funcionamiento ese día o en fechas anteriores, se procederá 
únicamente  al  cierre  de  aquellas  dependencias  en  las  que  se  hicieran  actos  de 
preparación o fuera a celebrarse la votación el día 1, cuidando de que no se vea 
afectado el resto de dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios 
que les sean propios; c) requisar todo el material relacionado con el referéndum que, en 
su caso, estuviera en disposición de introducirse, o fuera hallado dentro de dichos 
locales o edificios, incluyendo los ordenadores que constituyan el objeto o instrumento 
de los delitos que se investigan; d) asimismo, se impedirá la actividad y/o apertura de 
establecimientos públicos que se utilicen como infraestructura logística y/o de cálculo: 
centros de procesamiento, de recepción, de recuento o de gestión de votos.
Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional deberán actuar conjuntamente 
para la efectividad de lo ordenado, prestándose en todo momento el auxilio y apoyo 
necesario que haga posible el estricto cumplimiento de lo que se aquí se dispone, y con 
observancia de lo dispuesto en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica de fuerzas y cuerpos 
de seguridad y en el artículo 2.3 a) Decreto 770/2017 de 28 de julio.
Líbrense los oficios oportunos a los respectivos mandos de Mossos d'Esquadra, 
Guardia Civil y Policía Nacional".
En el fundamento jurídico 2 de esta misma resolución podía leerse lo siguiente: "en 
dicha tesitura se hace del todo previsible que esa actitud renuente al cumplimiento de los 
pronunciamientos constitucionales se materialice, finalmente, en una jornada del 1 de 
octubre en la que los querellados, desde su posición en el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, facilite todos los medios a su alcance para la definitiva consecución del  e.
referéndum, con clara vulneración de las determinaciones del Tribunal Constitucional.  w.b
[…] Así las cosas, y en el caso que nos ocupa, el artículo 13 LECrim permite acoger  513ww
cEusatandtaos  dme eDdeidreacsh ose, aqnu en esece assaireiansta ,p aar as ul av epzr,o steocbcrieó ne l dperli nccoiprrioe cdtoe  fsuonmcieotnimamieinetnot oa  dlaesl 
pdúebcilsicioans eys  jpuodri cliaasle sa,u ttaonritdoa dpeosr . lo[…s ]p aYr,t iccuolmaroe sn oc opmuoe dpeo rs lears  dper ooptiraos  mAoddmoin, isetlrloa cpioanseas, 
necesariamente, por adoptar todas aquellas medidas que impidan la consecución del
referéndum, sin afectar la normal convivencia ciudadana, además de garantizar que el 
resto de Administraciones con sede en Cataluña no se vean afectadas por las decisiones 
o actos de los querellados del Govern, en su claro afán por la celebración de un 
referéndum, suspendido por decisión del Tribunal Constitucional".
El 28 de septiembre de 2017, los máximos responsables policiales del Cuerpo de 
Mossos d'Esquadra, a instancia propia, se reunieron con el presidente de la Generalitat 
de Cataluña, su vicepresidente, el acusado D. Oriol Junqueras y el consejero de Interior 
D. Joaquim Forn. Dicha reunión tenía como finalidad poner de manifiesto el problema de 
seguridad ciudadana que podría plantearse el 1 de octubre, debido a la gran cantidad de 
colectivos  movilizados  en  aquellas  fechas  –entre  ellos  cuarenta  y  dos  Comités  de 
Defensa del Referéndum y posibles organizaciones contrarias al acto–. Propusieron 
expresamente la suspensión de la votación del día 1 de octubre. Pese a conocer las 
instrucciones contenidas en el auto de 27 de septiembre de 2017 del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña y los mandatos del Tribunal Constitucional que hemos venido 
citando, se les transmitió la decisión de seguir adelante con el referéndum. Ello dio lugar 
a la advertencia de D. Josep Lluís Trapero –jefe policial de los Mossos– de la posible 
concurrencia a la votación de dos millones de personas, con el riesgo subsiguiente de 
graves incidentes entre agentes policiales y ciudadanos.
El acusado Sr. Forn aceptó los criterios expuestos por el jefe de los Mossos 
fijando como objetivo prioritario de la intervención policial preservar la "convivencia" 
en referencia a una expresión presente en la imperativa resolución judicial, sin dar 
cuenta, desde luego, del sentido interesadamente atribuido a tal expresión. Con ello 
disimulaba –siquiera de modo inverosímil– su verdadero propósito de que la actuación 
de los Mossos no constituyera un riesgo para el objetivo delictivo de los coacusados. Se 
aparentó que la ponderación bajo el principio de proporcionalidad obligaba a no utilizar la 
fuerza para cumplir la decisión judicial sino de manera absolutamente exclusiva para 
defensa ante agresiones previas "de los ciudadanos a los policías".
Tras avalar esa estrategia, el Sr Forn advirtió además que las otras Fuerzas de 
Seguridad  del  Estado  solamente  "tendrían  que  actuar  a  requerimiento"  de  las 
autonómicas. Y protestó de forma contumaz por la designación de la coordinación a 
cargo  de  la  persona  designada  de  conformidad  con  lo  ordenado  en  el  auto  de  la 
magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, con anterioridad, en la 
resolución suscrita por el Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Las autoridades de la Administración central del Estado –secretario de Estado de 
Seguridad, delegado de Gobierno en Cataluña y coordinador Sr Pérez de los Cobos– 
creyeron en la previsión de "normalidad" afirmada por el acusado Sr Forn y que este 
cumpliría lo mandado por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
desde luego, en el tiempo que transcurriría hasta el comienzo de la jornada prevista para 
el 1 de octubre. Ello contribuyó a la inhibición de la actuación de las demás fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado en todo lo relativo a la ocupación de centros de 
votación bajo la iniciativa conocida como "Escoles Obertes".
Esa desleal actuación del acusado Sr. Forn tuvo como efecto que los centros no 
fueran sustraídos a la disponibilidad de los ciudadanos llamados a movilizarse para 
gestionar y hacer posible la jornada de votación. Con esa actitud se evidenció la firme 
decisión de la Consejería bajo la dirección del acusado Sr. Forn, no solamente de no 
impedir  la  votación,  sino,  antes  bien,  de  que  los  criterios  policiales  allí  expuestos 
garantizaran  su  efectiva  realización,  ante  la  fácil  previsión  de  que  los  ciudadanos 
convocados y llamados a ellos desatenderían cualquier requerimiento de los Mossos  s
d'Esquadra y les impedirían tanto el cierre de los centros como el acceso pacífico a ellos. oe.
11.  Las vísperas del día señalado para el referéndum, se llevó a cabo una intensa  513ww
ocacumppaarñ lao sd leoncaolmesin qaudea  s"eE shcaobleíasn  Odebseirgtensa"d. oE cno meolla c esnet rocso ndveo cvaobtaac ióan l.o Es nc siuud paudeasntoas e an 
rmeasprcohnas aby iliddaedseasrr oallo  loisn tedrivriencot orleas  adceu slaodsa  ceDnñtaro. s Dyo logras raBntaizsasra . quPea rala  liobredreanr   ddee 
disponibilidad iba a ser acatada por todos, avocó para sí la competencia ordinaria de los
directores responsables de los centros afectados. La finalidad era precisamente hacer 
posible  su  mantenimiento  en  condiciones  de  disponibilidad  para  la  logística  de  la 
votación.  Posibilidad  garantizada  porque  la  fuerza  policial  de  Mossos,  dependiente 
política y administrativamente del acusado Sr. Forn, se limitó a constatar el hecho. El 
pretexto para justificar la movilización era la conjetura simulada, que no verazmente 
creída, de que tales ocupaciones masivas de centros tenían una finalidad puramente 
festiva o lúdica, asumida por quienes allí concurrieron. El evidente objetivo, sin embargo, 
no era otro que permanecer allí hasta las tempranas horas de la mañana del día 1 de 
octubre, en que debían dar comienzo las sesiones de la votación. Se garantizaba así la 
total disponibilidad de esos centros, conjurando todo riesgo de cierre que quisieran llevar 
a cabo las unidades de Mossos u otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
12.  El día 1 de octubre de 2017 multitud de ciudadanos, atendiendo a los reiterados 
llamamientos, tanto de los acusados a que antes hemos hecho referencia como de otras 
personas y medios, se apostaron en los centros señalados para la emisión de voto. A 
varios de estos acudieron agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, con el propósito 
de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
acomodado,  a  su  vez,  a  las  resoluciones  del  Tribunal  Constitucional.  Este  había 
declarado ilícita la convocatoria y prohibido cualquier actuación que trajera causa de las 
leyes de transitoriedad y referéndum, requiriendo a los coacusados para impedir y 
paralizar  esas  actuaciones,  entre  las  que  se  incluía  el  insistente  llamamiento  a  la 
población para participar en la emisión de voto como si se tratara de un referéndum 
legal.
En diversos lugares de la geografía catalana se produjeron enfrentamientos entre 
miembros de las fuerzas de seguridad y ciudadanos que participaban en la emisión de 
voto, quienes intentaban impedir a toda costa el cumplimiento de la resolución judicial de 
la que eran portadores los agentes.
Los Mossos –que dependían administrativa y no solo políticamente del procesado Sr. 
Forn– no interfirieron la emisión de votos, más allá de alguna actuación aparente y en un 
mínimo número de centros. En algunos casos, llegaron incluso a recoger, hacerse cargo 
y trasladar material electoral, que les era entregado por los ciudadanos que llevaron a 
cabo la gestión de las correspondientes mesas de votación.
En la mayoría de los casos, ante la oposición decidida de los numerosos grupos 
compactados de personas que protegían el centro y que se negaban de forma rotunda a 
acatar la orden judicial de la que informaban los binomios de Mossos comisionados, 
estos siguiendo las instrucciones que tenían desistían de su objetivo ante la obvia 
imposibilidad de vencer la resistencia de esos grupos de personas.
Ante la actitud tácticamente predispuesta de quienes se apostaron a las entradas de 
los centros, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil se vieron obligados al uso de 
la  fuerza  legalmente  prevista.  El  enfrentamiento  entre  ciudadanos  y  agentes  de  la 
autoridad derivó en lesiones que, en numerosos casos, exigieron asistencia facultativa.
A  primeras  horas  de  la  tarde,  dado  que  el  uso  de  la  fuerza  podría  devenir 
desproporcionado, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil recibieron órdenes y 
se vieron irremediablemente forzadas a declinar el propósito inicial.
13.  Para  hacer  posible  la  celebración  del  referéndum,  previsto  como  requisito 
habilitante para la supuesta declaración de independencia, conforme a lo dispuesto en 
leyes de transitoriedad y de referéndum aprobadas por el Parlament, se originaron 
obligaciones pecuniarias contra el patrimonio de la Hacienda pública catalana. Ello, pese  e
a que ambas leyes fueron –como se ha expuesto supra– inicialmente suspendidas y  bo
luego anuladas por el Tribunal Constitucional. 513ww
presAulp useosctaoisre  ddee  lala  GLeenye rdaelitl atP adrela mCeantat ludñea  Cpaatraal u2ñ0a1 74,/ 2s0e1 7i,n tdroed u2j8e rodne  dmuararznote,  dsue 
btraajmo iteal ceiópníg sraefned amse ednidmaise nedna ms,a qteureia r edseu lotargríaanni zaapcrioóbna yd agse sctoiómno d deils pporosciceisóon  raedfiecrieonndaal 4rio0., 
Conforme a su contenido, en dos párrafos diferenciados se disponía lo siguiente: 1.  El
Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe habilitar las 
partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión 
para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña; 2.  El 
Gobierno,  dentro  de  las  posibilidades  presupuestarias,  debe  garantizar  la  dotación 
económica suficiente para hacer frente a las necesidades y los requerimientos que se 
deriven de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de Cataluña, acordado 
en  el  apartado  I  1.2  de  la  Resolución  306/XI  del  Parlament  de  Cataluña,  con  las 
condiciones  establecidas  en  el  dictamen  2/2017,  de  2  de  marzo,  del  Consejo  de 
Garantías Estatutarias.
Por providencia del Tribunal Constitucional, dictada el 4 de abril del mismo año, en el 
marco  del  recurso  de  inconstitucionalidad  formalizado  por  la  abogacía  del  Estado 
(recurso núm. 1638-2017), fue suspendida su vigencia y aplicación y se acordó notificar 
personalmente esa resolución, entre otros, a cada uno de los miembros del Consejo de 
Gobierno de la Generalitat, hoy acusados del delito de malversación, Sres. Junqueras i 
Vies, vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda; Romeva i Rueda, consejero 
del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia; 
Rull i Andreu, consejero de Territorio y Sostenibilidad; Mundó i Blanch, consejero de 
Justicia; Vila i Vicente, entonces consejero de Cultura; y Sras. Borràs i Solé, consejera 
de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda y Bassa i Coll, consejera de 
Trabajo,  Asuntos  Sociales  y  Familias.  Fue  también  notificada  a  la  consejera  de  la 
Presidencia, Dña. Neus Munté i Fernández, predecesora en el cargo del acusado don 
Jordi Turull i Negre; y al consejero de Interior, D. Jordi Jané i Guasch, predecesor a su 
vez en el cargo, del acusado D. Joaquim Forn i Chiariello.
A todos los personalmente notificados se les advirtió de su deber de impedir o 
paralizar  cualquier  iniciativa  que  pudiera  suponer  ignorar  o  eludir  la  suspensión 
acordada. En particular, de que "se abstuvieran de iniciar, tramitar, informar o dictar 
acuerdo  alguno  de  disposición  de  las  partidas  presupuestarias  impugnadas,  o  de 
cualesquiera otras, incluido el fondo de contingencia, adoptadas de conformidad con la 
disposición adicional cuadragésima, con el fin de financiar cualquier gasto derivado de la 
preparación, gestión y celebración del proceso referendario o del referéndum a que se 
refiere la disposición adicional impugnada; especialmente de licitar, ejecutar o fiscalizar 
contratos administrativos licitados por la Generalitat instrumentales para la preparación 
del referéndum; o de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de ampliación, 
modificación  o  transferencia  de  las  partidas  presupuestarias  impugnadas  o  de 
cualesquiera otras partidas presupuestarias o del fondo de contingencia, así como, en 
general,  cualquier  otra  medida  presupuestaria  acordada  con  el  aludido  fin,  con  la 
cobertura del precepto de la ley impugnada, incluidas las modificaciones de estructuras 
presupuestarias previstas en la disposición final segunda de la Ley impugnada dirigidos 
a tal finalidad, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en 
las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento".
13.1  Pese a ello, como ya hemos apuntado con anterioridad, el 9 de junio de 2017, 
desde El Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, su presidente, acompañado del 
vicepresidente Junqueras y de todo el Gobierno, anunció la pregunta del referéndum: 
"¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?" y el día de 
su celebración: el 1 de octubre.
Y el 4 de julio, fue presentada como acontecimiento social y político, en el Teatro 
Nacional de Cataluña, la futura Ley de referéndum. Fue el Grupo Parlamentario Junts 
Pel Si, quien contrató la cesión de uso del espacio del teatro, representado por quien  e.
entonces era su presidente, el acusado D. Jordi Turull, quien sería nombrado consejero  w.b
de Presidencia, solo algunos días después. En el acto de presentación, el frontal del  513ww
leas cpeonsaicriioó nlo  doec ulpoas beasnp leocst addipourteasd–o ss ed eul bgircuaproo nJ utnotdso Pse llo Ssí . mEine melb lraotes radle dl eGreocvheor n– ddees dlae 
GenUenraol itdaet. los conductores del acto fue el propio Sr. Turull, quien explicó el carácter
vinculante del referéndum en la proclamación de la independencia, en caso de ganar el
"Sí". También incluyó en su intervención una referencia a los mecanismos previstos para 
eludir  las  resoluciones  y  actuaciones  de  los  diversos  organismos  del  Estado  que 
previsiblemente  dificultarían  su  celebración.  La  factura,  con  cargo  al  referido  grupo 
parlamentario, por importe de 17.690,20 €, fue abonada por medio de transferencia 
bancaria tramitada por la oficina con el número 5000 de la sucursal de la entidad 
Caixabank, con data del día anterior a la celebración de esa presentación.
13.2  Los  gastos  del  referéndum  relacionados  con  la  publicidad  institucional, 
organización de la administración electoral, confección del registro de catalanes en el 
exterior,  material  electoral,  pago  de  observadores  internacionales  y  aplicaciones 
informáticas, son expresivos de la consciente y voluntaria desviación de destino de los 
fondos públicos. Supusieron gastos ajenos a cualquier fin público lícito y se ordenaron 
careciendo de cobertura presupuestaria. Fueron canalizados a través de la estructura de 
los departamentos de Vicepresidencia y Economía, Presidencia, Exteriores, Trabajo, 
Salud y Cultura. Se hicieron así realidad, con los matices que luego se expresan, unos 
gastos previsibles a partir del acuerdo plasmado por escrito el 6 de septiembre de 2017 y 
que fue la diáfana expresión de su consorcio delictivo:
a)  A través de la Presidencia de la Generalitat y el Departamento de Exteriores se 
hicieron posibles los gastos que a continuación se expresan. Fueron encauzados por 
medio del consorcio Diplocat, ente público adscrito al Departamento de Exteriores, de 
donde procede la partida presupuestaria transferida para sus gastos y funcionamiento. 
Su director del Pleno y del Consejo Ejecutivo es el Presidente de la Generalidad: (i) 
visitas de un nutrido grupo de parlamentarios europeos, entre los días 28 y 29 de 
septiembre y el 2 de octubre, orientadas a publicitar y legitimar el ilegal referéndum: 
43.341  €;  (ii)  contratación  de  un  equipo  de  investigación  experto  en  elecciones 
internacionales, en inglés International Election Expert Research Team (IEERT), dirigido 
por Dña. Helena Catt: 177 304,90 €; (iii) contratación con MN2S Managemet Limited de 
un equipo en el estuviera el político holandés D. Willem –Wim– Kok, en los días del 
referéndum: 54.030 €; si bien este importe fue devuelto porque la prestación no se 
realizó.
b)  Además de la referida relación del Departamento de Exteriores con Diplocat, los 
gastos generados a través de sus delegaciones en el exterior fueron los siguientes: (i) 
contratación de una consultora en Estados Unidos en agosto de 2017, durante tres 
meses,  para  hacer  tarea  de  lobby  en  defensa  de  la  celebración  del  referéndum: 
60.000  €;  (ii)  contratación  de  los  servicios  de  la  institución  The  Hague  Center  for 
Strategic Studies, como observadores internacionales para verificar el referéndum del 1 
de octubre: 167.065  €, si bien restan 47.635 € por abonar.
c)  A través del Departamento de Vicepresidencia y Economía fueron acordados los 
siguientes  gastos:  (i)  encargo  a  la  empresa  Unipost  para  la  distribución  de  las 
notificaciones  del  nombramiento  de  los  integrantes  de  las  mesas  electorales: 
193.899,98 €.
d)  Por medio del Departamento de Presidencia se lideró: (i) la puesta en marcha a 
través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (en adelante, 
CTTI), de la web referéndum.cat y los diversos aplicativos incorporados a la misma, 
relacionados directamente con el referéndum del 1 de octubre, tales como el referido a la 
crida extra: https://connectat.voluntariat.gencat.cat/crida/66, además de la actualización 
del registre.catalans.exteriors.gencat.cat. Estos servicios, pese a la propia normativa del 
CTTI y la intervención externa de DXC y T-Systems, no han sido cuantificados; (ii) 
campaña de difusión del Registro de Catalanes en el Exterior, desarrollada entre febrero  e.
y mayo de 2017 que generó una facturación por importe de 220.253,34 €, (266.506,54 €  w.b
con IVA), que no ha sido abonada. Su finalidad primordial, sin excluir otras, era la  513ww
Delñaab.o Traecreiósna  dGeu uixn,  cpeanras od idsee ñreos didee lnat ewse ebn p ealc etexptrealnrejeferore; n(idiiu) mco.cnatrta, tqauceió lnu edgeo s feurev icuitoilsiz acodna 
psearrvai cliao  pinrecslutasidóon  2d.7e0 0v í€n,c upleorso  rdeelaspciuoénsa deomsi tióco unn ae lf aicletugraal  nreefgearétivnad upmor.  eFsaec tiumrpóo rptoer.  ive)l 
difusión de la campaña Civisme, publicidad directa del referéndum del 1 de octubre, que
antes había resultado declarada desierta, a través de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales  (en  adelante,  CCMA),  organismo  que  facturó  por  sus  servicios, 
227.804,41  €,  pero  cuyo  abono  se  paralizó  por  expediente  administrativo;  (v) 
contratación de la cartelería del referéndum, en modo opaco por D. Antonio Molons, 
secretario de Difusión de la Generalitat, a pesar de lo cual, aunque las impresiones se 
realizaron, fueron intervenidas. Su valor era, al menos, de 47.151,70 €. Aunque alguna 
imprenta reclamó su importe, sus representantes manifestaron en el plenario que no 
persisten  en  sus  reclamaciones;  (vi)  encargo  a  Unipost  para  la  distribución  de  las 
notificaciones  del  nombramiento  de  los  integrantes  de  las  mesas  electorales: 
198.871,8 €.
e)  El Departamento de Trabajo posibilitó los siguientes gastos: (i) encargo a la 
empresa Unipost para la distribución de las notificaciones del nombramiento de los 
integrantes de las mesas electorales: 197.492,04 €.
f)  El Departamento de Salud también encomendó a Unipost para distribución de las 
notificaciones  del  nombramiento  de  los  integrantes  de  las  mesas  electorales: 
192.711,20 €.
g)  El  Departamento  de  Cultura  encargó  a  Unipost  para  distribución  de  las 
notificaciones  del  nombramiento  de  los  integrantes  de  las  mesas  electorales: 
196.696,98 €. Ninguno de esos pagos fue finalmente ejecutado a favor de Unipost. Su 
administradora concursal decidió no reclamarlo a las Consejerías que habían efectuado 
los respectivos encargos.
14.  Todos los acusados ahora objeto de enjuiciamiento eran conscientes de la 
manifiesta  inviabilidad  jurídica  de  un  referéndum  de  autodeterminación  que  se 
presentaba como la vía para la construcción de la República de Cataluña. Sabían que la 
simple  aprobación  de  enunciados  jurídicos,  en  abierta  contradicción  con  las  reglas 
democráticas previstas para la reforma del texto constitucional, no podría conducir a un 
espacio de soberanía. Eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía 
catalana como el ejercicio legítimo del "derecho a decidir", no era sino el señuelo para 
una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano. Bajo 
el  imaginario  derecho  de  autodeterminación  se  agazapaba  el  deseo  de  los  líderes 
políticos y asociativos de presionar al Gobierno de la Nación para la negociación de una 
consulta popular. Los ilusionados ciudadanos que creían que un resultado positivo del 
llamado  referéndum  de  autodeterminación  conduciría  al  ansiado  horizonte  de  una 
república soberana, desconocían que el "derecho a decidir" había mutado y se había 
convertido en un atípico "derecho a presionar". Pese a ello, los acusados propiciaron un 
entramado jurídico paralelo al vigente, desplazando el ordenamiento constitucional y 
estatutario y promovieron un referéndum carente de todas las garantías democráticas. 
Los ciudadanos fueron movilizados para demostrar que los jueces en Cataluña habían 
perdido  su  capacidad  jurisdiccional  y  fueron,  además,  expuestos  a  la  compulsión 
personal  mediante  la  que  el  ordenamiento  jurídico  garantiza  la  ejecución  de  las 
decisiones judiciales.»
ñ)  En el apartado B) de la fundamentación jurídica de la sentencia se lleva a cabo 
el denominado «juicio de tipicidad». En su punto 3 se descarta, con carácter general, que 
los hechos sean constitutivos de un delito de rebelión, si bien en el punto 4 se aprecia la 
comisión de un delito de sedición de los arts. 544 y 545 CP, otro de malversación de 
caudales públicos de los arts. 432.1 y 3, párrafo último CP (punto 5) y de un delito de 
desobediencia previsto en el art. 410 CP (punto 6) mientras que en el punto 7, también  e
con carácter general, se rechaza la comisión de un delito de organización criminal. bo
Luego de consignar varias consideraciones acerca de la delimitación progresiva del  513ww
ovabljoertaor  dlaesl  pprroecteensosi,o enne sl aasc uqsuaet osreia sa fifromrma uqlaudea es l eónr geal njou icdieo  oernajul,i cpiaumesie ensto e sne e lli mplietanraár iao 
p«ucueadned yoa  dceosnpculuéisrs dee ul ne sjufuiceiroz od ep rtiopbicaitdoardio  ddeef incaitirvgoo» y,  ldae s adleas fcuanrdgaom oefrnetcai dlao  cpoonr slaidse praacrtióens 
de los hechos como constitutivos de un delito de sedición tipificado en los arts. 544 y 545
CP. Pese a reconocer las similitudes existentes entre los delitos de rebelión y sedición, 
se destaca la diferente ubicación de esas figuras, pues mientras la primera de ellas se 
encuadra  en  título  vigésimo  primero  correspondiente  a  los  «delitos  contra  la 
Constitución», el delito de sedición se incardina dentro del título vigésimo segundo, 
relativo a los «delitos contra el orden público», siendo, por tanto, diferente el bien jurídico 
protegido, al igual que es distinta la finalidad perseguida por los partícipes, que en el 
caso  de  la  sedición  atañe  «al  impedimento  u  obstrucción  de  la  legítima  voluntad 
legislativa, gubernativa o jurisdiccional».
Posteriormente, tras poner de relieve que el delito de sedición constituye un aliud 
respecto de otras infracciones reguladas en el título vigésimo segundo del Código penal, 
la Sala expone los requisitos de esa figura penal, a saber:
(i)  La actividad delictiva no se desarrolla mediante un solo acto, pues requiere de la 
sucesión o acumulación de varios, toda vez que se trata de un delito «plurisubjetivo de 
convergencia, en la medida que su comisión exige un concierto de voluntades para el 
logro de un fin compartido», si bien los actos convergentes pueden no ser delictivos, 
aisladamente considerados.
(ii)  La  sedición  requiere  que  se  produzca  un  alzamiento  tumultuario.  La  mera 
reunión de una colectividad no es, sin más, delictiva. Los partícipes en esa reunión 
tumultuaria deben realizar actos de fuerza o al margen de las vías legales, aunque la 
descripción típica «no anuda al alzamiento público, presupuesto compartido con el delito 
de rebelión, su expresa caracterización como violento». La sala descarta que el vocablo 
«alzamiento» comporte necesariamente la violencia, ya que ninguna de las acepciones 
que el diccionario de la Real Academia Española vincula los términos «alzar», «alzarse» 
«tumultuario», de modo exclusivo con el empleo de violencia.
(iii)  el  delito  de  sedición  ha  sido  concebido  como  una  infracción  de  resultado 
cortado que exige de «una funcionalidad objetiva además de subjetivamente procurada 
respecto de la obstaculización del cumplimiento de las leyes o la efectividad de las 
resoluciones adoptadas por la administración o el poder judicial». Por ello, el resultado 
típico no tiene que ser efectivamente logrado, pues ello determinaría el agotamiento del 
delito, ni tiene que ser pretendido de manera absoluta por todos los autores; basta con 
que «se busque obstruir o dificultar en tales términos que resulte funcional para el 
objetivo de disuadir de la persistencia en la aplicación de las leyes, en la legítima 
actuación de la autoridad o corporación pública o funcionarios para el cumplimiento de 
sus resoluciones administrativas o judiciales».
La  sala  considera  que  los  hechos  probados  que  acontecieron  los  días  20  de 
septiembre  y  1  de  octubre  de  2017  configuran  el  delito  de  sedición.  La  hostilidad 
desplegada el día 20 de septiembre hizo inviable el cumplimiento normal de lo ordenado 
por el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, ocasionando «un miedo real», no 
solo  en  la  letrada  de  la  administración  de  justicia  actuante  en  la  sede  de  la 
vicepresidencia, sino también «en los funcionarios autonómicos bajo investigación que 
habían de ser trasladados, por exigencia legal, a los inmuebles en que se estaban 
practicando los registros, cuya presencia fue impedida por los acusados que lideraron la 
tumultuaria manifestación».
En relación con lo acontecido el día 1 de octubre, se señala que los congregados 
hicieron un uso suficiente de fuerza para neutralizar a los agentes que trataban de 
impedir la votación, a lo que estos venían obligados por expreso mandato judicial. La 
trascendencia de esos comportamientos rebasó «los límites de una laxa interpretación  e
del concepto de orden público, para incidir en el núcleo esencial de ese bien desde una  bo
perspectiva constitucional», pues a la vista del contenido de las Leyes 19 y 20 aprobadas  513ww
pinoter netlo  Pdaerl a«mdeenrotog adceió Cn adtaelu ñlaa , lesgei salapcreiócnia  vqáulied ala sv igreefnetreid, aasd ceomnádsu cdtaes  usnuap ucsoienrtounm uanz 
rebeDldeínat rao  adcea teasr tlea sa preasrtoalduoci ocnaebse  ddeels Ttaricbaurn qaul eC,o pnasrtaitu ecli oónrgaal»n.o sentenciador, el derecho
a la protesta «no puede mutar en un exótico derecho al impedimento físico a los agentes
de la autoridad a dar cumplimiento a un mandato judicial, y hacerlo de una forma 
generalizada en toda la extensión de una comunidad autónoma, en la que por un día 
queda suspendida la ejecución de una orden judicial». Por ello, ante un levantamiento 
proyectado, multitudinario y generalizado no es posible eludir la aplicación del delito de 
sedición, al quedar la autoridad del poder judicial en suspenso, sustituida por la propia 
voluntad  impuesta  por  la  fuerza  de  los  convocantes  del  referéndum  y  de  quienes 
secundaron la convocatoria. También afirma el referido órgano que el delito de sedición 
consumado no se borra por las actuaciones posteriores de terceros, tales como los 
denunciados  excesos  policiales  que  son  objeto  de  investigación  por  otros  órganos 
judiciales.
o)  El «juicio de autoría» de la demandante se expresa, de forma conjunta con otros 
acusados, en el apartado C) de los fundamentos jurídicos de la sentencia condenatoria:
(i)  En el punto 1 se vierten unas consideraciones respecto del delito de sedición 
que atañen a la demandante y a don Oriol Junqueras, don Raül Romeva, don Jordi 
Turull, don Josep Rull, doña Dolors Bassa, don Joaquim Forn, don Jordi Cuixart y don 
Jordi Sànchez. En síntesis, se reitera que el delito de sedición es una infracción penal 
«de resultado cortado» y, desde la perspectiva del bien jurídico protegido, se trata de un 
delito de consumación anticipada y de peligro concreto. Por ello, para colegir si el hecho 
es  imputable  objetivamente  a  la  conducta  realizada  debe  valorarse  si  el  sujeto  en 
cuestión  creó  o  aumentó  el  riesgo  de  lesión  del  bien  jurídico  protegido  y  si  su 
comportamiento  merece  la  consideración  de  adecuado,  teniendo  en  cuenta  la 
previsibilidad del riesgo objetivo relevante. Según se razona, el comportamiento atribuido 
a la demandante y a los restantes acusados indicados permite atribuirles el riesgo de 
lesión de los bienes jurídicos protegidos por el tipo penal, tanto en relación con los 
comportamientos tumultuarios, con episodios ocasionalmente violentos y, en todo caso, 
realizados al margen de las vías legales, como respecto de las «consecuencias de 
efectivas derogaciones  de la legalidad y  obstrucciones al cumplimiento de órdenes 
jurisdiccionales […] pues la estrategia de conductas penalmente típicas que cada uno 
asumió, se enmarcan en una decisión compartida, ab initio o de manera sobrevenida».
Se  considera  que  a  los  acusados  miembros  del  Govern  les  es  objetivamente 
imputable la conducta típica consistente en «la derogación de hecho de leyes vigentes y 
válidas a sustituir por no válidas y la movilización de ciudadanos para comportamientos 
tumultuarios obstativos de la ejecución de órdenes jurisdiccionales», en tanto que eran 
garantes de la indemnidad del bien jurídico protegido por el delito de sedición, a la vista 
de las competencias y atribuciones que la normativa autonómica asigna al Govern (Ley 
de Presidencia de la Generalitat y del Govern de Cataluña y la Ley Catalana 10/1994, 
de 11 de julio, de policía autonómica), en orden a la dirección de la acción política y de la 
administración  de  la  Generalitat,  la  atribución  de  la  iniciativa  legislativa,  la  función 
ejecutiva, la potestad reglamentaria y otras funciones, así como el mando supremo del 
cuerpo de Mossos d'Esquadra. Esas competencias no solo confieren un poder, pues 
también generan un deber del que deriva la obligación de vigilancia, a fin de garantizar 
que las fuerzas de seguridad citadas cumplan las funciones de policía judicial y, en 
general, las de «orden público o mera seguridad ciudadana», lo que incluye el debido 
cumplimiento de los requerimientos judiciales y, más aún, «conjurar todo riesgo de 
obstrucción a tal cumplimiento».
Añade la sala que «la presidencia del Parlament, tal como establece el Reglamento 
de la Cámara, ejerce la dirección de la mesa que controla la tramitación parlamentaria 
con el elenco de funciones especificadas en aquel reglamento. Además incumbe a la  e.
presidencia establecer y mantener el orden en los debates y cumplir y hacer cumplir  w.b
dicho reglamento. El carácter de autoridad en la estructura de un poder público también  513ww
csoumjetpao rtsaum ieancttou ascuipóonn ea  el lain cuCmonpslimtituiecnióton  dey  esael  doerbdeern anmorimenattoiv oj uyr ísdeic hoa. ceC uaa lnodso f inesus 
ecostnec odredliatod opsre etenn edle d teultietola dr»e. sedición, genera el riesgo de la lesión del bien jurídico que
Finalmente, se pone de relieve que, con base en los informes técnicos elaborados 
por los responsables policiales, los comportamientos lesivos para el orden público eran 
«de previsibilidad adecuada a la falta de una estrategia mínimamente prudente para 
evitarlos».
También se rechaza que la actuación voluntaria y libre de los ciudadanos supusiera 
una interferencia que priva de transcendencia causal a la actuación de los acusados, a 
los efectos de la imputación de los resultados a estos últimos, con base en la teoría de la 
«prohibición de regreso». Conforme se argumenta en la sentencia, la actuación de los 
ciudadanos no puede ser considerada extraña al comportamiento de los acusados, pues 
estuvo  preordenada  y  fue  promovida  ex  ante  por  estos  últimos,  «como 
imprescindiblemente  funcional  para  crear  el  riesgo  en  la  inaplicación  de  leyes  e 
incumplimiento  de  decisiones  legítimas  de  órganos  jurisdiccionales,  riesgo  luego 
realizado materialmente con tal comportamiento de los ciudadanos movilizados».
En suma, la imputación objetiva a todos los acusados citados se extiende tanto al 
riesgo determinante del resultado lesivo para el bien jurídico protegido, como al medio en 
que tal riesgo se generó, esto es, el tumulto en que se enmarcaron los actos hostiles y, 
en ocasiones, violentos.
(ii)  Más en concreto, de forma individualizada para la recurrente, en el punto 1.3 se 
recoge su juicio de autoría con el siguiente tenor literal:
«1.3.1  Su participación en los hechos, tal y como ha sido expuesto en el juicio 
histórico, le llevó a asumir un decidido protagonismo en el concierto delictivo ideado por 
los acusados. Incumplió de forma reiterada y contumaz las resoluciones del Tribunal 
Constitucional que trataban de preservar el principio de competencia y las bases de la 
creación  normativa.  Hizo  posible,  desde  su  privilegiada  posición  de  presidenta  del 
Parlament, la creación de una legalidad paralela carente de validez, que determinó una 
encadenada sucesión de recursos e impugnaciones del Gobierno del Estado ante el 
Tribunal Constitucional. Estas impugnaciones que, por imperativo legal implicaban la 
inmediata suspensión de la norma recurrida, fueron altivamente desatendidas por la 
acusada,  que  desoyó,  una  y  otra  vez,  los  requerimientos  recibidos  del  Tribunal 
Constitucional. En el desarrollo del concierto delictivo del que era partícipe, llegó a 
entorpecer gravemente el desempeño de la autoridad pública que se residencia en los 
tribunales de justicia, cuyos mandatos fueron claramente burlados. Tanto los del Tribunal 
Constitucional, como los de la jurisdicción ordinaria, en concreto los emanados del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del Juzgado de [I]nstrucción núm. 13 de 
Barcelona. Ante la consigna, "a la defensa de nuestras instituciones", alentó, organizó y 
protagonizó  actuaciones  multitudinarias  que  entorpecieron  la  labor  judicial  y  que 
generaron importantes enfrentamientos entre los ciudadanos y los miembros de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La celebración de referéndum, pese a su 
expresa prohibición, y la ulterior declaración de una inviable independencia, culminaron 
un proceso que colmó el tipo penal previsto de la sedición, previsto en los arts. 544 
y 545.1 CP.
Y  en  ese  plan  pluralmente  diseñado  y  desarrollado  a  través  de  actuaciones 
concatenadas, la procesada D.ª Carme Forcadell tuvo una intervención relevante y 
decisiva, que alcanzó su mayor intensidad en el pilar parlamentario a través del que se 
trató de tejer un entramado de legalidad paralela, carente de validez, pero que sirviera de 
soporte a la estrategia independentista.
Pero  la  Sra.  Forcadell  fue  algo  más  que  la  persona  que  encarnó  el  cargo 
institucionalmente llamado a presidir y moderar los procesos de creación legislativa. e.
En efecto, rebasó ese ámbito con decisiones y actos plenamente integrados en la  w.b
estrategia  delictiva  a  la  que  se  sumó  de  forma  activa.  Alentó  públicamente  la  513ww
cmuomvpililzimacieiónnto  mduel titlausd inraersiao ludceio nleas  cjuiuddicaidaalensía  y ene n lolas   paacrtoticsi padcei ónp roetne steal   fprreonhteib idaol 
qreufee réancdtuuamb,a tno doa  eslluo  eanm upna reox, prceosno  duensaa fpíor oatal goordneisnt ac opnrsetsiteuncicoian ale yn  am lausc haausto rdidea dleass 
movilizaciones desarrolladas especialmente en los meses de junio a octubre de 2017.
Respaldó abierta y públicamente, con flagrante vulneración del deber de neutralidad 
propio de su cargo, la acción de Gobierno, con destacada presencia orientada al mismo 
fin. Desafió la legalidad constitucional y el cumplimiento de las resoluciones judiciales, al 
margen  de  su  actividad  parlamentaria,  con  abiertos  llamamientos  a  votar  en  el 
pretendido referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre.
Con anterioridad a su faceta institucional como presidenta del Parlament, tuvo una 
relevante  proyección  como  presidenta  de  la  Asamblea  Nacional  Catalana.  En  ese 
concepto firmó la hoja de ruta aprobada por las entidades Convergencia Democrática de 
Catalunya-Reagrupament  Independentista;  Esquerra  Republicana  de  Catalunya; 
Asamblea nacional Catalana; Associació de Municipis per la Independència y Òmnium 
Cultural. Así lo ha admitido la propia acusada y en las actuaciones consta tal documento. 
Pero centrándonos en los hechos que hemos concretado como típicos, la intervención de 
la Sra. Forcadell alcanzó verdadero relieve penal en el comportamiento que desarrolló 
como presidenta del Parlament y de su mesa. Desbordó de forma notoria el espacio 
funcional de su cargo. Contravino la Constitución a través de distintas resoluciones y 
normas  que  fueron  sucesivamente  suspendidas  y  anuladas  por  el  Tribunal 
Constitucional. Y lo hizo consciente y deliberadamente, pues no solo fue reiteradamente 
notificada y requerida para que impidiera cualquier iniciativa legislativa que infringiera lo 
acordado en la sentencia núm. 259/2015, sino que también fue alertada por el secretario 
general y el letrado mayor del Parlament, D. Xavier Muro y D. Antonio Bayona, y por los 
representantes de los grupos políticos de Cs, PSC y PP, quienes instaron, sin éxito, la 
reconsideración de la actuación de la mesa. Con el voto de la mayoría de sus miembros, 
incluido el de ella, dio curso a las sucesivas iniciativas legales. Entre ellas las que 
confluyeron en las Leyes 19/2017 y 20/2017 del referéndum y de transitoriedad jurídica. 
Estos  extremos  han  sido  admitidos  por  la  procesada  y  constan  en  la  abundante 
documentación parlamentaria incorporada a la causa. Algunos de ellos fueron narrados 
de forma detallada en la vista oral, con ocasión de la declaración testifical de los Sres. 
Muro, Bayona, Espejo Saavedra y Pérez Ibáñez.
El papel que corresponde a la presidenta del Parlament y a su mesa viene delimitado 
por los artículos 37 a 42 del reglamento de la Cámara. De manera esencial, en lo que 
ahora centra nuestra atención, competía a la procesada la aprobación del orden del día 
de  las  reuniones  de  la  mesa,  y  dentro  de  esta  la  dirección  de  los  debates  con 
imparcialidad. La mesa tiene por misión, entre otras funciones, «calificar, de conformidad 
con el reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, y declarar su 
admisión o inadmisión a trámite». Desde el marco de actuación así delimitado, la Sra. 
Forcadell  permitió  la  incorporación  al  orden  del  día  de  la  mesa  de  iniciativas  que 
contravenían frontalmente lo acordado por el Tribunal Constitucional. Como miembro del 
órgano llamado a regir y ordenar los debates del Parlament, admitió a trámite las mismas 
y  les  dio  curso  parlamentario.  Pese  a  que  como  presidenta  le  incumbía,  no  frenó 
iniciativas para el debate en el Pleno, siendo conocedora de que esas iniciativas habían 
sido formalmente suspendidas por el Tribunal Constitucional, prohibiciones que habían 
sido objeto de notificación personal o, en algún caso, eran de conocimiento público.
La defensa de la acusada –también ella misma en su declaración– opuso que el 
cometido de la Sra. Forcadell como presidenta y miembro de la mesa solo le facultaba 
para  inadmitir  las  distintas  iniciativas  legislativas  por  razones  de  forma,  sin  estar 
facultada  para  abordar  su  contenido.  En  similar  sentido  se  manifestaron  otros 
presidentes de la institución que la precedieron o siguieron en el cargo, como Dña. Núria 
de  Gispert,  D.  Ernest  Benach,  o  el  actual  presidente  D.  Roger  Torrent.  También  s
testimoniaron a favor de esa tesis otros miembros de la mesa como la Sra. Simó o el Sr.  oe.
Corominas. Todos ellos prestaron declaración como testigos en la vista oral. w.
Sin embargo, la voluntarista versión de los representantes políticos –algunos de ellos  513ww
vinetresgiórand odse  elno se l témcinsmicoos p adreti dloa  qinuset iltau cSióran.  Fdeolr cPaadrelall–m seen th a–lslae cerne tvairsioib leg ecnoenrtaral syt el ectorand lao 
mayor–, quienes mantuvieron lo contrario.
D. Xavier Muro –letrado del Parlament desde el año 1992 y secretario general desde 
el mes de noviembre de 2016– admitió, como regla general, que la decisión acerca de la 
admisión a trámite de una iniciativa, debe centrarse en el examen de los obstáculos de 
forma. Incluso invocó en apoyo de esa tesis alguna jurisprudencia constitucional. Sin 
embargo, también precisó que esa misma jurisprudencia ha admitido excepciones a la 
regla general. Más allá de esos matices, el testigo reconoció que había advertido a la 
presidenta del Parlament y a los demás miembros de la mesa del riesgo de incurrir en 
responsabilidades. Lo hizo de forma escrita, en algunos supuestos y verbalmente "en 
muchas ocasiones". De hecho, en unión del letrado mayor advirtieron también de los 
problemas jurídicos asociados a una reforma del reglamento por el sistema de lectura 
única.
El letrado mayor del Parlament, D. Antonio Bayona, declaró en similares términos, 
asumiendo como "una función básica de cualquier persona que asesora a otra [la de] 
advertirle de las responsabilidades de tomar una decisión". Por eso, llegaron también a 
recordar, en contra de la reforma del reglamento, de que la Comisión de Garantías 
Estatutarias había insistido en la necesidad de oír el dictamen de los letrados. Se refirió a 
la existencia de precedentes de rechazo de iniciativas por la mesa por razones de fondo. 
Situó esos precedentes en los años 2009, 2010 y 2012.
Ambos testimonios cuentan con el respaldo de una preparación técnica de la que 
carecen los complacientes testigos de descargo. Pero más allá de esa evidencia, no 
tiene  lógica  admitir  como  una  de  las  características  definitorias  de  un  sistema 
democrático la posibilidad de dar curso legal a iniciativas que traen causa de decisiones 
suspendidas por el Tribunal Constitucional. De hecho, en legislaturas anteriores el propio 
Parlament  de  Cataluña  había  rechazado  iniciativas  populares  que  pretendieron  la 
celebración de un referéndum, adentrándose así en el planteamiento de fondo de la 
iniciativa.
La Sra. Forcadell era conocedora de la posibilidad de ejercicio de su potestad para 
vetar la tramitación de propuestas contrarias al orden constitucional, cualquiera que fuera 
su procedencia. Ella misma admitió que nunca daría curso a una iniciativa abiertamente 
contraria a los derechos fundamentales.
Cualquier duda al respecto quedó disipada por el Tribunal Constitucional, que afirmó 
en  distintas  resoluciones  lo  que  esta  Sala  viene  asociando  a  las  reglas  de 
funcionamiento de un sistema democrático. En efecto, en el auto núm. ATC 24/2017, 
de 14 de febrero, personalmente notificado a la acusada y que condensa la doctrina 
constitucional  al  respecto,  se  proclama  lo  siguiente:  "no  cabe  duda  de  que  a  la 
presidente le incumbe la función de dirigir el debate y de cumplir y hacer cumplir el 
reglamento de la Cámara (art. 39.1 [del Reglamento del Parlamento de Cataluña]), lo 
que  ha  de  cohonestarse  con  el  cumplimiento  de  las  resoluciones  del  Tribunal 
Constitucional, al que vienen obligados todos los poderes públicos, y por ende sus 
titulares (art. 87.1 LOTC). En tal sentido ha de advertirse que es cierto que, conforme a 
lo dispuesto para el procedimiento del debate de orientación política del Gobierno en el 
art. 152 [del Reglamento del Parlamento de Cataluña], la mesa admite las propuestas de 
resolución formuladas por los grupos parlamentarios que son 'congruentes con la materia 
que ha sido objeto del debate y que no significan moción de censura al Gobierno'. Sin 
embargo, ello no es razón bastante para entender que la presidenta viniera obligada a 
someter al Pleno la votación de las referidas propuestas de los grupos parlamentarios 
Junts pel Sí y CUP. Lo previsto en el art. 37.3, letras a) y e) [del Reglamento del 
Parlamento de Cataluña], faculta a la mesa del Parlamento, que actúa bajo la dirección  s
de la presidenta (art. 37.2 [del reglamento del Parlamento de Cataluña]), para decidir que  oe.
esas propuestas parlamentarias no debían tramitarse, por contravenir frontalmente los  w.
reiterados  pronunciamientos  de  este  tribunal  en  relación  con  el  llamado  'proceso  513ww
cfaocnuslttiatudyaesn ptea'.r aC inaabdem rieticr oard tarár,m pitoer  laostr ap rpoaprutees, taqsu eo  lparso pmoessicaiosn edse  plaress eCnátmadaarsa sp oers tláons 
g'praulpmoasr iapsa ryla emveidnetanrtieoss' , csuiny aq uceo netlrloa dsicucpioónng cao inn freal cDcieórne cahlgou noa  indceol ndsetrietucchioon faulniddaadm seenatanl   BOE-A-cable e
de los parlamentarios autores de la propuesta (art. 23.2 CE), como este tribunal ha 
tenido ocasión de declarar (SSTC 124/1995, de 18 de julio, FJ 2; 10/2016, de 1 de 
febrero, FJ 4, y 107/2016, de 7 de junio, FJ 3)".
Hemos dicho en algún otro precedente que el Estado de Derecho representa desde 
sus orígenes la victoria del dominio de la ley frente al capricho despótico. Presupone, 
entre  otros  elementos  identificadores,  que  todas  las  autoridades  integradas  en  la 
estructura del Estado obran conforme a las previsiones legales aprobadas con arreglo a 
la norma constitucional. La ruptura de las bases constitucionales y del marco normativo 
que hace posible el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, no 
puede  resultar  indiferente  al  derecho  penal.  Sobre  todo,  cuando  el  legítimo 
restablecimiento de la legalidad, expresado cautelarmente a través de una providencia 
de  suspensión  por  el  Tribunal  Constitucional,  es  desatendido  por  sus  principales 
destinatarios. Y la claridad de esta idea, llamada a actuar como presupuesto de la 
convivencia pacífica, no puede ser oscurecida mediante la voluntarista alegación de un 
equívoco  deber  como  presidenta  del  órgano  legislativo  y,  por  tanto,  facultada  para 
efectuar su propio juicio de ponderación y hacer caso omiso al requerimiento del Tribunal 
Constitucional (cfr. STS 177/2017, 22 de marzo).
1.3.2  La contribución de la procesada Sra. Forcadell a la consumación del delito de 
sedición por el que viene acusada fue palmaria.
La  STC  259/2015,  2  de  diciembre,  recaída  en  el  recurso  6330/2015  (BOE  12 
enero 2016) anuló la Resolución 1/XI del Parlament sobre el inicio de un proceso para la 
creación de un Estado Catalán independiente.
A los cuatro días de su publicación en el "BOE" se aprobó por el Parlament la 
Resolución 5/XI –fechada el 20 de enero de 2016– para la creación de una "comisión de 
estudio del proceso constituyente". El Gobierno de la Nación promovió un incidente de 
ejecución de la citada STC 259/2015, que fue resuelto por el ATC 141/2016 de 19 de 
julio, que anuló la citada resolución, en tanto la actividad de la comisión creada se 
orientara a dar continuidad y soporte al objetivo proclamado en la Resolución l/XI, esto 
es, la apertura de un proceso constituyente en Cataluña encaminado a la creación de la 
futura constitución catalana y del Estado Catalán independiente en forma de república, 
que ya había sido declarada inconstitucional por la sentencia cuya ejecución propició el 
incidente.
A su vez el ya mencionado ATC 141/2016 acordó advertir a los poderes implicados y 
a sus titulares, especialmente a la mesa del Parlament de Cataluña y a quien lo presidía, 
de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir los 
mandatos enunciados. La notificación a la Sra. Forcadell se produjo con fecha 21 de 
julio 2016.
Siete días después, el Parlament aprobó la Resolución 263/XI de 27 de julio, que 
ratificaba  las  conclusiones  de  la  "comisión  de  estudios  del  proceso  constituyente". 
Nuevamente se planteó un incidente de ejecución de la STC 259/2015. En esta ocasión 
el Tribunal Constitucional, mediante providencia de 1 de agosto de 2016, suspendió su 
eficacia a la vez que acordó advertir, entre otros a la Sra. Forcadell, del deber de impedir 
o paralizar toda iniciativa que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada. La 
resolución le fue notificada el 4 de agosto.
Con  posterioridad,  el  ATC  170/2016,  de  6  de  octubre  declaró  la  nulidad  de  la 
Resolución 263/XI. Por mandato del Tribunal Constitucional, este último auto se notificó 
personalmente,  entre  otros,  a  la  presidenta  del  Parlament  de  Cataluña,  con  la 
advertencia del deber de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a  s
dar cumplimiento a la Resolución 263/XI, y de impedir o paralizar cualquier iniciativa,  oe.
jurídica o material, que directa o indirectamente supusiera ignorar o eludir la nulidad de  w.
dicha resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal,  513ww
leen f ulaes  nqouteifi cpaoddorí aenl  rienqcuuerrriirm eienn ctaos eol  d11e  dinec uomctupblimrei ednet o2 0d1e6 l.o ordenado. A la Sra. Forcadell
de 2U0n1o6s,  dqíuaes  parnoteclsa msea baap reolb ód eproerc heol  Pdaer laamuteondte tlear mRiensaocliuócnió dne 3 0C6a/tXaIl udñea  4e  dien sotacbtuab rael   BOE-A-cable e
Gobierno  de  la  comunidad  autónoma  a  que  procediera  a  la  organización  de  una 
consulta. Al tiempo que se creó una comisión de seguimiento para la realización del 
referéndum.  De  otro  lado,  respecto  del  proceso  constituyente,  la  misma  resolución 
instaba al Gobierno de la Generalitat a crear un consejo asesor, fijar un calendario 
constituyente, aportar los recursos necesarios y amparar la deliberación y decisión que 
pudiera surgir de dicho proceso.
Nuevamente se planteó por el Gobierno de la nación incidente de ejecución de la 
STC 259/2015. El Tribunal Constitucional, también en este caso, mediante providencia 
de 13 de diciembre de 2016, suspendió su eficacia. Por ATC 24/2017 de 14 de febrero, 
se declaró la nulidad de tal resolución "en cuanto a los números 1 a 9 del epígrafe I.1.1, 
titulado  'Referéndum,  amparo  legal  y  garantías',  dentro  del  capítulo  I.1,  titulado 
'Referéndum'; y a los números 13 a 16 del capítulo I.2, titulado 'Proceso constituyente'; 
ambos capítulos comprendidos dentro del título I de dicha resolución, bajo el título de 'El 
futuro  político  de  Cataluña'".  La  providencia  y  el  auto  mencionados  se  notificaron 
personalmente  a  la  acusada  Forcadell,  la  primera,  el  día  20  de  diciembre  de  ese 
año 2016; el segundo, el 21 de febrero de 2017, a la vez que, en cumplimiento de lo 
acordado, se la requirió para que se abstuviera de realizar cualesquiera actuaciones 
tendentes a dar cumplimiento a la Resolución 306/XI en los apartados anulados. Fue 
advertida de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que 
directa o indirectamente supusiera ignorar o eludir la nulidad de esos apartados de dicha 
resolución; y se la apercibió de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en 
las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por el tribunal.
Una vez notificado el auto anterior, la Sra. Forcadell y otros cuatro miembros de la 
mesa votaron nuevamente a favor de la admisión a trámite de la ley de presupuestos, 
que cristalizó en la Ley 4/2017, de 28 marzo. Esta norma –como hemos apuntado en 
distintos pasajes de nuestra resolución– incorporaba una disposición adicional 40 que 
fijaba una partida presupuestaria para la celebración del referéndum del 1 de octubre 
acordado por la Resolución 306/XI, que –conviene recordar– acababa de ser anulada 
por el Tribunal Constitucional mediante el ATC 24/2017. La Ley 4/2017 del Parlamento 
Catalán  fue  de  nuevo  recurrida  por  el  Gobierno  de  la  Nación  ante  el  Tribunal 
Constitucional, que en STC 90/2017 de 5 de Julio declaró la nulidad de la mencionada 
disposición adicional 40.
El 31 de julio de 2017 se registró en el Parlament la propuesta de Ley del referéndum 
y el 28 de agosto de 2017 la de Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la 
república. Aun cuando los informes del letrado mayor del Parlament y de su secretario 
general expresaron que la admisión a trámite de ambas proposiciones de ley resultaba 
contraria a las resoluciones prohibitivas del Tribunal Constitucional y conculcaba los 
requerimientos expresamente realizados para que impidieran o paralizaran cualquier 
iniciativa que supusiera ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias que 
ahora se pretendían desarrollar, la mesa del Parlament las incluyó en el orden del día 
respectivo, y dio curso a la iniciativa legislativa. También desoyeron la mayoría de la 
mesa y quien la presidía las peticiones de reconsideración formuladas por los grupos 
políticos contrarios a la iniciativa, así como las que interesaban que se pidiera informe al 
Consejo de Garantías Estatutarias, lo que evidencia un propósito decisivo de sacar 
adelante el esqueleto normativo que formalmente amparara un proceso de inobservancia 
de las leyes e hiciera posible la celebración de una consulta popular para el ejercicio del 
pretendido "derecho a decidir".
Y así, en las maratonianas jornadas de los días 6, 7 y 8 de septiembre, con el  s
destacado y apasionado impulso de quien ostentaba su presidencia, el Parlament de  oe.
Cataluña  aprobó  las  Leyes  19/2017,  6  de  septiembre,  del  referéndum  de  w.
autodeterminación, y 20/2017, 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional  513ww
de laA mrebpaúsb lliecaye.s fueron inicialmente suspendidas por sendas providencias del Tribunal
CSSonTsCti t1u1c4io/2n0a1l 7d, ed e 71 7 doec tusberpet,i elam pbrrime edrae,  y2 102147/ 20y1 7d,e dfien i8ti vnaomvieenmteb rea,n lau lasedgaus ndpao.r  las  BOE-A-cable e
Se  pretendió  seguir  la  tramitación  del  procedimiento  de  lectura  única,  que  se 
descartó porque no concurrían los presupuestos que lo autorizaran, una vez que el 
Tribunal  Constitucional  suspendió  provisionalmente  la  reforma  del  reglamento  que 
pretendía superar aquel escollo.
La acusada en el acto del juicio alegó no recordar que se le hubieran notificado las 
mencionadas providencias de 7 de septiembre, ni efectuado los apercibimientos que las 
mismas acordaron. De ser cierta esa alegación –de hecho, la Sala no ha localizado la 
acreditación formal de ese requerimiento en la abundante documentación que obra en la 
causa– su inexistencia carecería de toda trascendencia a efectos penales. De un lado, 
por  el  carácter  público  de  esas  resoluciones,  que  la  propia  Sra.  Forcadell  admitió 
conocer. De otra parte, por las advertencias de carácter técnico que el secretario general 
y el letrado mayor del Parlament efectuaron.
Además, la jurisprudencia de esta Sala ha interpretado el alcance de la exigencia del 
requerimiento personal como presupuesto para la comisión del delito de desobediencia. 
La acusada Sra. Forcadell desobedeció de modo visible los mandatos del Tribunal 
Constitucional. Su desobediencia, frente a otros casos enjuiciados por esta Sala, queda 
absorbida por el delito de sedición que declaramos probado. Pese a todo, la lectura de 
alguno de los fragmentos de esos precedentes puede resultar ilustrativa: "la tesis de que 
sin notificación y sin requerimiento personales el delito de desobediencia previsto en el 
art. 410 CP no llega a cometerse obliga a importantes matices. En efecto, es entendible 
que  en  aquellas  ocasiones  en  las  que  el  delito  de  desobediencia  se  imputa  a  un 
particular [cfr. arts. 556, 348.4 c), 616 quater CP], el carácter personal del requerimiento 
adquiera una relevancia singular. Solo así se evita el sinsentido de que un ciudadano sea 
condenado penalmente por el simple hecho de desatender el mandato abstracto ínsito 
en una norma imperativa. De ahí que el juicio de subsunción exija que se constate el 
desprecio a una orden personalmente notificada, con el consiguiente apercibimiento 
legal que advierta de las consecuencias del incumplimiento. Sin embargo, en aquellas 
otras ocasiones en las que el mandato está incluido en una resolución judicial o en una 
decisión u orden de la autoridad superior (cfr. art. 410.1 CP) y se dirige, no a un 
particular,  sino  a  una  autoridad  o  funcionario  público,  la  exigencia  de  notificación 
personal del requerimiento ha de ser necesariamente modulada. Lo decisivo en tales 
casos  es  que  la  falta  de  acatamiento,  ya  sea  a  título  individual  por  el  funcionario 
concernido, ya como integrante del órgano colegiado en el que aquel se integra, sea la 
expresión de una contumaz rebeldía frente a lo ordenado. Lo verdaderamente decisivo 
es que el funcionario o la autoridad a la que se dirige el mandato tenga conocimiento de 
su  existencia  y,  sobre  todo,  del  deber  de  acatamiento  que  le  incumbe"  (cfr. 
SSTS 722/2018, 23 de enero de 2019 y 177/2017, 22 de marzo).
Conforme  a  esos  precedentes,  carece  de  relevancia  jurídica  la  falta  de  un 
requerimiento formal para evidenciar el dolo de la autoridad que desoye cumplir el 
mandato que conoce con exactitud.
El mismo camino siguió la Resolución 807/XI de 7 septiembre de 2017, de propuesta 
de la sindicatura electoral, declarada nula por el Tribunal Constitucional en la sentencia 
núm. 120/2017, 31 de Octubre. Una vez celebrado el referéndum, pese a que los 
letrados  del  Parlament  advirtieron  de  nuevo  del  riesgo  de  vulneración  de  las 
prohibiciones  del  Tribunal  Constitucional,  la  mesa  acordó  el  día  4  de  octubre,  a 
propuesta de Junts pel Sí y CUP-CC, con el voto favorable de la Sra. Forcadell y otros 
tres miembros más, admitir a trámite la solicitud de comparecencia del presidente Sr. 
Puigdemont ante el Parlament, acuerdo también suspendido por el ATC 134/2017, 5 de  s
octubre. oe.
Posteriormente, una vez comunicado formalmente por el Gobierno de la Generalitat  w.
que en el referéndum había ganado el «Sí» con un 90,18 por 100 de los votos emitidos,  513ww
Gele dníear a1l0it adte,  qouciteunb rme adnei f2e0s1tó7  accoamtapra r–eccoióm oa nytea  ehle Pmleonso s dueblr aPyaardlaom seunptr eal– p erel smidaenndtaet od ed leal 
ppeureob loa ñdaed iCóa tqaulueñ ae l pGaroab cieornnvoe rdtierl al ae nG uenn eErastliatadto  yin déel,p econmdieon tper eesnid feonrmtea,  pdreo preopnúíabnlic ala,   BOE-A-cable e
suspensión de los efectos de la declaración de independencia a fin de llegar a una 
solución acordada.
El 27 de octubre, después de dictada la STC 114/2017, 17 de octubre, que declaraba 
nula la Ley 19/2017 de referéndum, se produjo de nuevo una actuación relevante de la 
acusada cuyo voto, junto con el de otros miembros de la mesa, permitió la admisión a 
trámite de dos propuestas de resolución para su votación en el Pleno. La primera tenía 
por objeto la declaración de independencia de Cataluña. La segunda, el inicio de un 
proceso constituyente para la nueva república. Las propuestas se tramitaron, y fueron 
posteriormente votadas por 82 de los 135 diputados del Parlament, puesto que el resto 
de  los  parlamentarios  abandonaron  el  hemiciclo  expresando  la  ilegalidad  de  las 
propuestas que, sometidas a votación secreta en el Pleno, aprobaron la constitución de 
la República Catalana, como Estado independiente y soberano y el inicio de un proceso 
constituyente. Solo se aprobó la parte dispositiva y a petición de la secretaria primera se 
hizo constar en el acta de la sesión de la mesa que admitió a trámite las propuestas, que 
las mismas carecerían de efecto jurídico.
La votación fue secreta, por lo que se ignora exactamente el voto de la acusada 
Forcadell, pese a que el contenido de sus propias manifestaciones permite intuir su 
sentido. En cualquier caso, resulta irrelevante, ya que lo fundamental de cara a sustentar 
la tipicidad de su conducta es que permitió que todas las resoluciones que hemos 
analizado se admitieran a trámite y fueran objeto de votación, en contra de los continuos 
y sucesivos requerimientos del Tribunal Constitucional.
La Sala quiere subrayar, pese a su obviedad, que no es el sentido del voto lo que 
sustenta  la  condena  de  la  Sra.  Forcadell.  Ninguno  de  los  parlamentarios  ha  sido 
perseguido por lo que dijo, por lo que votó o por lo que, desde la consolidación de 
nuestro  sistema  constitucional,  puede  defender  cualquier  representante  político  sin 
obstáculo ni intromisión por parte de otros poderes del Estado. Su comportamiento, pese 
a las repetidas alegaciones de su defensa en este sentido, no se encontraba amparado 
por la inviolabilidad parlamentaria. Sobre los límites de esa causa de justificación ya nos 
hemos pronunciado supra. Se impone, pues, una remisión a lo ya tratado.
Se argumenta también que la tramitación parlamentaria respetó escrupulosamente el 
Reglamento de la Cámara. Aunque así fuera, lo decisivo fue que como presidenta del 
órgano legislativo no impidió que se votaran resoluciones abiertamente contrarias a lo 
declarado por el Tribunal Constitucional. Es más, impulsó de forma activa su tramitación. 
Contribuyó de manera efectiva y eficiente a la creación del riesgo que se concretó en el 
resultado producido, lo incrementó a lo largo del tiempo y, pudiendo hacerlo, no lo frenó. 
Gozó, por tanto, del pleno dominio del hecho.
1.3.3  La  Sra.  Forcadell  proyectó  su  actividad  pública  más  allá  del  ámbito 
parlamentario, apoyando decididamente al Govern en las decisiones concernientes a la 
preparación  del  referéndum  y  a  las  entidades  ANC  y  Òmnium  Cultural  en  las 
movilizaciones que propiciaron. Desbordó los contornos de la posición institucional que 
ostentaba y quebrantó el deber de neutralidad inherente a la misma.
La propia acusada ha admitido su presencia en los actos públicos organizados por el 
Gobierno de la Generalitat en preparación del referéndum. Acompañó al presidente y el 
vicepresidente en la presentación de la pregunta del referéndum en la tarde del 9 de 
junio de 2017 en el Pati dels Tarongers; estuvo presente en el acto de presentación de la 
propuesta de Ley de referéndum en el Teatro nacional el 4 de julio de 2017. Todo ello 
pese a conocer las decisiones del Tribunal Constitucional, y haber sido requerida, junto 
con los miembros del ejecutivo, para que se abstuvieran de actuaciones encaminadas a  s
la organización de la consulta. oe.
El  día  20  de  septiembre  hizo  acto  de  presencia  en  la  concentración  ante  la  w.
Consejería de Hacienda, promovida por ANC y Òmnium Cultural, mientras se realizaban  513ww
dmisistmintoo sd ríae,g isatcroosm paacoñradnaddoo su npao r float oagurtaofríiad aedn j uldai cqiaul.e Y s dee sddiset insguu cíau edneta  edsep Tawldiattse r ae slea 
daecufesnasdaan et nle su nnao sctorensc einnstrtaiuccióionn, . sNeo c toelgnóim e pl oter,x tl´o1:  "dA'o lcat upborret av odtealr Demep!"a.rtament d'Econimía  BOE-A-cable e
A última hora de la tarde de ese mismo día 20 de septiembre la Sra. Forcadell 
presidió en Sabadell una concentración en defensa de las instituciones en la que llamó 
de nuevo a votar el 1 de octubre.
A las 05:01h del 21 de septiembre desde su cuenta de Twitter se envió un mensaje 
con el siguiente texto: "Volem la libertat inmediata dels detinguts polítics. Us volem a 
casa, us volem amb les vostres families!". Y el día 1 de octubre, por la misma red, a 
las  14:39  horas  manifestó:  "Gràcies  a  tots  l'  que  heu  fet  posible  aquesta  jornada 
inoblidable malgat la violencia desmesurada d l'Estat. Moltes gràcies".
El día 21 de septiembre acudió a una concentración convocada ante el Tribunal 
Superior de Justicia, en protesta por las detenciones realizadas el día anterior. En una 
alocución a los concentrados, junto a los líderes de ANC y Òmnium Cultural –los Sres. 
Sànchez y Cuixart– exigió la libertad de los detenidos e instó a los presentes a votar en 
el referéndum, repitiendo, entre otras, la consigna "No tenim por". Y el día 22 hizo acto 
de presencia, junto a los acusados Sres. Junqueras y Romeva, en la concentración que, 
con el mismo fin que la anterior, se formó en la Ciudad de la Justicia con ocasión de la 
presentación  de  los  detenidos  ante  el  Juzgado  de  instrucción  núm.  13  de  los  de 
Barcelona. Ella misma lo confirmó en el acto del juicio.
Respaldó de nuevo la acción del Gobierno encaminada a la celebración del ilegal 
referéndum al recibir en reunión institucional a los observadores extranjeros que por 
mediación de Diplocat se desplazaron a Cataluña con el objetivo de vigilar la celebración 
del referéndum del 1 de octubre. Encuentro que publicitó a través de un mensaje en su 
cuenta de Twitter. El observador D. Bemhard Von Grünberg admitió en el juicio haber 
hablado con ella.
Cierto es que en acto del juicio compareció como testigo D. Jordi Martínez Soler, 
asesor parlamentario encargado de la llevanza de las redes sociales de la presidenta, 
quien afirmó haber sido él quien escribía muchos de los mensajes enviados a través de 
la cuenta oficial de la Sra. Forcadell. Aun cuando así fuera, la conducta de la acusada los 
días en los que se emitieron esos y sucesivos mensajes, pone de relieve que esa 
actuación  se  desarrolló,  ya  siguiendo  expresas  instrucciones,  ya  en  el  ámbito  de 
confianza de quien conoce la decidida voluntad política de la autoridad a la que asiste.
Una vez más, la Sala tiene que subrayar, en respuesta a legítimas alegaciones 
defensivas que cuestionan el fundamento de la condena de la Sra. Forcadell, que su 
declarada autoría no toma como presupuesto uno o varios discursos encendidos en 
defensa de la independencia de Cataluña. Pronunciarse públicamente a favor de la 
emancipación política de cualquier comunidad autónoma no es delito. Hacerlo en el 
contexto de una protesta ciudadana por una o varias detenciones que se consideran 
injustas, tampoco tiñe de ilicitud la conducta de ningún ciudadano. Se trata de actos 
garantizados y amparados por nuestro sistema constitucional. Lo mismo puede decirse 
del  hecho  de  recibir  protocolariamente  a  una  delegación  extranjera  invitada  como 
observadora de un referéndum.
Lo que justifica la condena de la Sra. Forcadell es su decisivo papel en la dirección 
de un proceso de creación normativa que, pese a su más que evidente insuficiencia 
jurídica, sirvió de ilusoria referencia para una ciudadanía que iba a ser movilizada como 
instrumento de presión al Gobierno del Estado. Una ciudadanía que actuaba en la 
confianza de que cuando depositaba su voto estaba siendo parte, no de una estrategia 
de simulación política frente al poder central, sino de la inmediata creación de un Estado 
soberano.  La  conducta  reprochada  a  la  Sra.  Forcadell  está  ligada  también  a  su 
protagonismo en el liderazgo de unos ciudadanos concentrados ante la sede de un  s
órgano jurisdiccional para protestar por las detenciones de funcionarios de la comunidad  oe.
autónoma.  Una  manifestación  que  había  sido  convocada  el  día  anterior  por  los  w.
coacusados Sres. Sànchez y Cuixart en el mismo acto en el que, durante más de doce  513ww
ahcoorardsa, dsae.  oLbos tqauceu linzóo  eels  diensdaifrerroellnot ed ea lu dnear edcilhigoe npceinaa dl,e e enn tfrina,d ae sy  lare geijsetcrou cjiuódni cdiael maecntotes 
sucesivos encaminados a promover la inobservancia de las leyes y a hacer inútiles las
decisiones jurisdiccionales y gubernativas que son adoptadas en el legítimo ejercicio del 
poder en una sociedad democrática.
La implicación personal de la acusada Forcadell en todo el proceso, al margen de 
su actuación en el ámbito parlamentario, quedó patente en el testimonio de D. Ferran 
López, en la fecha de los hechos jefe de la Comisaría de Coordinación Territorial de los 
Mossos. El testigo explicó que los mandos policiales pidieron que la acusada fuera 
invitada a participar en la reunión que mantuvieron con el presidente de la Generalitat, 
el vicepresidente Sr. Junqueras y el consejero de Interior Sr. Forn. No consta que fuera 
efectivamente convocada y ha quedado acreditado que no estuvo presente en tal 
reunión.  Pero  resulta  especialmente  significativo  que  quien  ostentaba  importantes 
responsabilidades en el mantenimiento del orden público, considerara que la presencia 
de la Sra. Forcadell en esa reunión –no se olvide, dirigida a alertar a los principales 
líderes políticos del alto riesgo de violencia en la fecha de celebración del referéndum– 
cerraba el círculo de la preeminencia institucional en el desarrollo del ilegal referéndum.
También aparece reflejada la asistencia de la Sra. Forcadell en la agenda reflejan 
fundamentalmente dos reuniones a las que, según las siglas consignadas, una de las 
intervinientes fue la Sra. Forcadell. La primera, el 13 de abril de 2016, junto a Dña. Marta 
Rovira y D. Josep María Jové, entre otros. En la transcripción realizada por la Guardia 
Civil, y ratificada en el acto del juicio por el agente que la realizó se relata: "necesitamos 
una estrategia y de todo lo que implica el proceso a nivel parlamentario. Hay un informe 
letrado sobre qué pasos seguir si tenemos o en función de las reacciones del Estado. 
Ponencia  (incidente  ejecución).  Ponencia  (incidente  ejecución).  Ponencia  conjuntas. 
Resolución CUP. […] ¿Qué hacemos si hay inhabilitaciones o multas? Pondríamos ir por 
incidente de ejecución (más rápido). En este caso sí que podemos tener tema (en los 
otros lo ven más complicado). Seguramente si hubiese habido Gobierno al Estado lo 
hubiésemos puesto en fiscalía directamente. […] Proceso preconstituyente. Se está 
intentando llegar a un acuerdo con las entidades. Encontrar un equipo impulsor para que 
se cree una gran plataforma que es donde podrá haber el debate ciudadano (aquí, 
Òmnium  Cultural  y  ANC).  Con  la  CUP  quiere  cerrar  la  estrategia.  Aceptan  equipo 
impulsor ('reinicia') pero quiere un multireferéndum al final del proceso preconstituyente 
por el Gobierno no por las entidades. […] Punto de consenso que las conclusiones sean 
vinculantes pero sin concretar modelo o forma de validación de esta vinculación. Quieren 
que Catalunya Sí que es Pot y Barcelona en Comú participen del proceso constituyente 
que formen parte del equipo impulsor, pero queda influir en la definición de este proceso. 
Moción de la CUP sobre el proceso. Sesenta días para presentar un plan de actuación. 
¿Qué papel puede jugar el Govern? ¿Qué papel quieren ellos que juegue el Govern? 
Calendario  de  actuaciones:  Govern,  Parlament,  Preconstituent  acuerdo  con  entidad 
estructuras mínimas […]".
La segunda habría tenido lugar el día 22 de septiembre de 2016, con la asistencia, 
además de otros acusados declarados rebeldes, de D. Oriol Junqueras, Dña. Carme 
Forcadell y D. Jordi Turull. Según la transcripción efectuada se reflejó en la agenda lo 
siguiente:  "MHP.–Analiza  informe.  Seguimos  teniendo  el  mismo  problema  de  qué 
'legalidad' se impondrá y la gente seguirá. […] El referéndum en lo que genera más 
consenso pero ¿se podrá hacer? […] Calendario junio-julio. Aprobar leyes y él se inclina 
por probar de hacerlo. O acordado o no acordado con el Estado pero tiene riesgos. Que 
no se pueda hacer o que la gente no se movilice. […] Estos meses se pueden afrontar si 
afrontamos  el  calendario.  1)  OC  propuesta  referéndum  acordado  (cobertura  para 
prepararlo) que lo haremos sí o sí en julio. Referéndum o referéndum sin adjetivos. 2)  s
DPG:  CSQP  dispuesta  a  pedir  referéndum  al  estado.  3)  Presupuestos.  Incluirán  oe.
referéndum  (si  hay  partida  presupuestaria).  4)  Elecciones  Estado.  Habrá  terceras  w.
elecciones. Son una oportunidad inmensa. España falla ante comunidad internacional  513ww
pmráess epnotes ibpiolidr aúdl tidmea  hvaecze r( vuicnt ogrioal pien ddeep eenfdeectnot istmodoo  meál sin dinecpreemndeenntotis mmoá su npiadroti cqipuaec iósen 
iddiefear ednec iarel)f.e–rCéonndduimcio. n6a)m Goosv geornve erns pya pñroels ednécbiial  om eadnitáiitnicdae.p 5e)n Ad ennivtieslt ain tmeránsa cmioonvailli znauceióvna   BOE-A-cable e
popular difundida políticos juzgados. […] Esto facilitar condiciones para llegar a junio/julio 
aprobar  leyes  y  hacer  el  referéndum  en  septiembre.  A  partir  de  entonces  abrir 
negociación y solicitar implicación internacional. […] Sigue siendo un escenario incierto 
pero no tanto si además el govern y los altos cargos se hacen responsables (los 
funcionarios se 'ausentarán'). […] AM.–Lo que propone MHP es compartido por él. 
Tenemos el conflicto seguro y será más duro que el 9N. Algunas consideraciones: Cabe 
que eso se incardine dentro hoja de ruta. No perdemos de vista que no podemos 
abandonar el control.–Convocar elecciones no podemos renunciar. […] ¿Qué juega el 
Parlament? ¿Qué harán las grandes empresas del país? Comunicarlo bien. Aseguramos 
tráfico financiero los primeros tiempos. No podemos confiar en los impuestos y son 
millones de euros. […] Esquemas de seguridad de país. O hemos garantizado seguridad 
o algunos actores nos girarán la espalda (EVA…). Calibremos bien las reacciones del 
Estado (habría que estudiarlo bien).–Magnitud y consecuencia (ir contra funcionarios 
individuales, recuperación de competencias de seguridad, suspensión de autonomía…) 
[…] OJ: Ve bien el esquema. Concreta negociación presupuestos. No hay elecciones 
españolas. No hablamos del tema. Los temas planteados por AM se pueden discutir con 
más detalle y más adelante. […] CF: Hay gente de la CUP que dice que sin presupuesto 
puede continuar a legislatura. Tenemos la garantía que haremos el referéndum cuando 
vuelvan a salir los mismos que el 9N".
En su declaración en el juicio oral, la acusada admitió haber asistido a sendas 
reuniones con el Sr. Jové en las fechas indicadas. La primera, celebrada en el Parlament 
con la Sra. Rovira y el Sr. Jové como secretario general de Hacienda, pero negó que ese 
encuentro se desarrollara con el contenido que recoge la transcripción. Se trataba, en 
realidad, de una reunión para hablar de los presupuestos.
La segunda también la admite. Explicó que fue convocada por el Sr. Puigdemont 
para hablar de la cuestión de confianza, en la que anunció que iba a proponer un 
referéndum. D. Artur Mas en su declaración confirmó haber estado presente en esa 
reunión.
La jurisprudencia de esta Sala ha venido entendiendo que para que la ejecución 
conjunta pueda ser apreciada, no es preciso que todos y cada uno de los intervinientes 
en esa fase ejecutiva procedan a llevar a cabo la conducta prevista en el verbo nuclear 
del tipo. La coautoría requiere un elemento subjetivo consistente en un acuerdo respecto 
de la identidad de aquello que se va a ejecutar, el cual puede ser previo y más o menos 
elaborado, o puede surgir incluso de forma simultánea a la ejecución, precisándose sus 
términos durante esta, siempre que las acciones de cada interviniente no supongan un 
exceso imprevisible respecto a lo aceptado tácitamente por todos ellos, pues en ese 
caso  respondería  individualmente.  Y,  además,  superando  las  tesis  subjetivas  de  la 
autoría, es precisa una aportación objetiva y causal de cada coautor, orientada a la 
consecución  del  fin  conjuntamente  pretendido.  No  es  necesario  que  cada  coautor 
ejecute, por sí mismo, los actos que integran el elemento central del tipo, pues cabe una 
división del trabajo, sobre todo en acciones de cierta complejidad, pero sí lo es que su 
aportación lo sitúe en posición de disponer del condominio funcional del hecho. De esta 
forma  todos  los  coautores,  como  consecuencia  de  su  aportación,  dominan 
conjuntamente la totalidad del hecho delictivo, aunque no todos ejecuten la acción 
contemplada en el verbo nuclear del tipo. La consecuencia es que entre todos los 
coautores rige el principio de imputación recíproca que permite considerar a todos ellos 
autores de la totalidad con independencia de su concreta aportación al hecho (cfr. 
SSTS 1242/2009, 9 de diciembre; 170/2013, 28 de febrero; 761/2014, 12 de noviembre,  s
y 604/2017, 5 de diciembre, entre otras muchas).» oe.
p)  En el apartado D) de la fundamentación jurídica de la sentencia, se contiene la 
justificación de la individualización de las penas impuestas. En lo que se refiere a la 
recurrente, se realiza en los siguientes términos:
«[…] 2.  Delito de sedición.
La Sra. Forcadell era en el momento de los hechos la presidenta del Parlament. Ha 
quedado manifiestamente acreditado su relevante papel en la elaboración de un cuadro 
normativo, con aparente valor constitucional, llamado a dar cobertura a un referéndum 
suspendido por el Tribunal Constitucional y a una movilización ciudadana dirigida a hacer 
visible la pérdida de capacidad jurisdiccional de los órganos judiciales radicados en 
Cataluña. Las peripecias vividas en sede parlamentaria durante los días 6 y 7 de 
septiembre y las estrategias urdidas para eludir la suspensión decretada por el Tribunal 
Constitucional, le confieren un protagonismo de primer orden […].
Los tres acusados anteriores (Sres. Forcadell, Forn y Rull) participaban, como ha 
quedado expuesto, del carácter de autoridad […].
Procede imponer las siguientes penas:
Dña. Carme Forcadell, como autora de un delito de sedición, las penas de once años 
y seis meses de prisión y once años y seis meses de inhabilitación absoluta, con la 
consiguiente privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que 
tenga la penada, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos o 
cualesquiera otros honores, cargos, o empleos públicos y la de ser elegida para cargo 
público durante el tiempo de la condena.»
q)  En fecha 21 de octubre de 2019 se solicitó entre otros por la recurrente el 
complemento de la sentencia, al considerar que se había omitido el pronunciamiento 
sobre determinadas pretensiones formuladas. La sala acordó no haber lugar a ese 
complemento en auto dictado el 18 de noviembre de 2019.
r)  Frente a la referida sentencia, en fecha 10 de diciembre de 2019 el representante 
procesal  de  la  recurrente  interpuso  escrito  formulando  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones (art. 241 LOPJ), interesando en el suplico que se acordara su nulidad, 
dictando la sala otra resolución en términos que permitiera reparar las vulneraciones de 
derechos cometidas.
A efectos de su fundamentación, luego de advertir que la interposición de dicho 
incidente es un requisito indispensable para poder promover ulteriormente un recurso de 
amparo y que ese incidente cobra mayor incidencia al habérsele privado del derecho a 
una  segunda  instancia  [arts.  24.1  y  2  CE,  13  del  Convenio  europeo  de  derechos 
humanos (CEDH) y 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP)], 
se recuerda que dicha parte procesal ha denunciado diversas vulneraciones de sus 
derechos fundamentales a lo largo del proceso, tanto en el escrito de cuestiones previas 
como en el de defensa, y que esas alegaciones obtuvieron respuesta en la sentencia si 
bien en términos de los que discrepa por no haber reparado los derechos lesionados. 
Por lo que, «en consecuencia, las denuncia expresamente de nuevo, remitiéndose a los 
escritos presentados, así como a las alegaciones orales formuladas en el acto del juicio, 
ofreciendo a la Excma. Sala una nueva posibilidad de repararlas sobre la base de los 
argumentos ya expuestos en fases procesales anteriores». Se recuerdan a continuación, 
sin entrar a analizarlas, cuáles fueron esas vulneraciones:
«1)  Vulneración del derecho a la libertad de mi defendida y del derecho al respeto a  o
la vida familiar, reconocidos en los arts. 17 CE, 5 y 8 CEDH. 513ww
2)  Vulneración de derechos reconocidos en los arts. 9.3 CE, 24 CE, 6 y 13 CEDH, 
relativos al juicio justo, a la doble instancia y a la interdicción de la arbitrariedad de los 
poderes públicos:
– Vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, por haber 
asumido el Tribunal Supremo, de forma completamente arbitraria, una competencia que 
no le correspondía para enjuiciar los hechos; lo que, además, ha vulnerado el derecho a 
la doble instancia de mi representada (Art. 14.5 PIDCP y Art. 2 Protocolo 7 CEDH).
– Vulneración del derecho a un juez imparcial, en relación al derecho a un proceso 
con  todas  las  garantías,  por  no  haberse  estimado  las  alegaciones  en  tal  sentido 
formuladas a lo largo del procedimiento y por el rol asumido por el Sr. presidente del 
tribunal en el acto del juicio.
– Vulneración del principio de igualdad de armas por la fragmentación y ruptura de la 
continencia de la causa vulnerando, así, el derecho a la tutela judicial efectiva, a la 
defensa,  a  un  proceso  con  todas  las  garantáis  y  a  utilizar  los  medios  de  prueba 
pertinentes para la defensa. Ello se indica, en concreto:
– La dejación de la instrucción de la causa respecto a la policía judicial así como la 
acumulación  incontrolada  de  actuaciones  practicadas  en  otros  procedimientos  sin 
capacidad de las partes de intervención en las mismas. En concreto, por no haber tenido 
acceso esta parte a la instrucción practicada en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de 
Barcelona (Sumario 5-2018-L) y en el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la 
Audiencia Nacional (Sumario 7-2018).
– Ruptura de la continencia de la causa respecto de las personas que están a 
disposición de tribunales europeos.
– Ruptura de la continencia de la causa respecto a los restantes miembros de la 
mesa del Parlament.
– La falta de traslado y acceso a las actuaciones de manera íntegra, con infracción 
del art. 627 LECrim.
– La imposición de criterios procesales que restringen el derecho de defensa como 
el cómputo de plazos con expresa infracción de la ley y la jurisprudencia de este Excmo. 
Tribunal.
– La  inadmisión  arbitraria  de  recursos  sin  justificación  legal  alguna  o  alegando 
indebidamente su extemporaneidad.
– La  inadmisión  a  trámite  de  un  incidente  de  recusación  por  parte  del  mismo 
recusado, así como el arbitrario impedimento de recurrir dicha decisión.
– Vulneraciones de derechos que se generaron durante las sesiones de juicio oral:
• Imposibilidad de contrastar las declaraciones testificales con la prueba documental 
videográfica.
• Denegación de pruebas solicitadas en tiempo y forma.
• Restricción injustificada del alcance de los interrogatorios a las defensas.
• Vulneración del principio de igualdad de armas entre acusaciones y defensas y 
asunción del rol acusatorio por parte de la Presidencia del tribunal.
3)  Vulneración de la inviolabilidad parlamentaria, así como, de los derechos a la 
libertad ideológica, de expresión, de reunión y de representación política. (Arts. 16, 20, 
21 y 23 CE; Arts. 9, 10 y 11 CEDH y Art. 3 del Protocolo Adicional 1 CEDH; Art.18, 19, 21 
y 25 PIDCP).»
Tras este enunciado, se centra el escrito de nulidad en argumentar cuáles son las  b
tres «vulneraciones que se han producido por vez primera en la sentencia y que, por  513ww
atarnt.t o«7,P  erCismtEaeD rdaHe., f eanVrsuta.l n n4eo9ra  hcCaióD pnFo UddiEedl,o  d aderert.ne uc1hn5oc i aPfurI DnpdrCeaPvm,ia emanrteta.n l t1ea1» .:2la  DleUgDalHid)a de np ernealal c(iaórnt . c2o5n  CloEs,   OE-A-2021-19able en https://
derechos fundamentales a la libertad, a la libertad ideológica, a la libertad de expresión y
de reunión pacífica (arts. 16, 17, 20 y 21 CE, arts. 5, 9, 10 y 11 CEDH), prohibición de 
arbitrariedad en la aplicación de la ley penal (art. 9.3 CE).
Segunda.  Vulneración  de  la  presunción  de  inocencia  de  mi  representada 
(art. 24.2 CE, art. 6.2 CEDH, art. 14.2 PIDCP y art. 11 DUDH) en relación con el derecho 
a la igualdad (art. 14 CE y 14 CEDH). Lesión derivada de la sentencia dictada.
Tercera.  Vulneración de los artículos 14 (derecho a la igualdad), 24.1 CE (derecho a 
la tutela judicial efectiva y prohibición de indefensión), 24.2 CE (derecho a un proceso 
con todas las garantías), 120.3 CE y del principio de proporcionalidad, por ausencia de 
toda motivación en la individualización de la pena. Vulneración del derecho al juicio justo 
(art. 6 CEDH) y de la prohibición de discriminación (art. 14 CEDH).»
Formulado el suplico, consistente en que se declare la nulidad de la sentencia de 14 
de octubre de 2019, dictándose otra en su lugar en los términos solicitados, por medio de 
otrosí digo se dejó asentado que «a los efectos de eventual recurso de amparo y 
posterior  demanda  ante  el  Tribunal  Europeo  Derechos  Humanos,  se  tenga  por 
denunciada expresamente la vulneración de los arts. 9.3, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24 
y 25 CE y los arts. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 14 CEDH, art. 2 de Protocolo 7 y art. 3 del 
Protocolo Adicional 1 CEDH».
s)  Con fecha 29 de enero de 2020, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó 
auto por el que se acordó la desestimación de los incidentes de nulidad promovidos por 
la representación de los procesados, ya condenados, así como por el partido político 
Vox. Del mismo modo se acordó rectificar el error material sobre el cargo público 
ostentado por doña Dolors Bassa, identificada en el apartado 9.1 in fine de los hechos 
probados  como  titular  del  Departamento  de  Enseñanza,  además  del  de  Trabajo, 
manteniendo en su integridad las restantes referencias a la Consejería de que era titular.
Los motivos del incidente de nulidad de la aquí recurrente en amparo se resuelven 
por la sala en su fundamento de Derecho 9, limitándose al examen de las vulneraciones 
que  se  denunciaron  como  producidas  por  la  sentencia.  Todas  ellas  con  resultado 
desestimatorio, con remisión en algunas a lo razonado respecto de la misma causa de 
nulidad para otros acusados.
3.  La demanda de amparo se dirige contra la sentencia de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019, y contra el auto del mismo tribunal de 29 de 
enero de 2020 que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra 
aquella, interpuesto este último por las «vulneraciones de derechos que no pudieron ser 
alegadas con anterioridad» a ser dictada dicha sentencia. La recurrente articula su 
impugnación en seis quejas principales, dentro de las cuales agrupa a su vez las 
distintas denuncias de vulneración de derechos fundamentales. Esas seis quejas son:
«Primera.  Vulneración  del  derecho  a  un  procedimiento  equitativo  (art.  24.1 
y 24.2 CE, art. 6 CEDH).
Segunda.  Vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal (art. 25 CE, 
art. 7 CEDH, art. 49 CDFUE, art. 15 PIDCP, art. 11.2 DUDH) en relación con los 
derechos fundamentales a la libertad, a la libertad ideológica, a la libertad de expresión y 
de reunión pacífica (arts. 16, 17, 20 y 21 CE, arts. 5, 9, 10 y 11 CEDH). Prohibición de 
arbitrariedad en la aplicación de la ley penal (art. 9.3CE).
Tercera.  Vulneración de los derechos a la libertad de expresión, el derecho de 
reunión y el derecho de representación política (arts. 20, 21 y 23, art. 10, 11 y art. 3 
Protocolo Adicional) en relación con la vulneración de la inviolabilidad parlamentaria  s
(art. 57.2 EAC). oe.
(CaErtD.CQ 2Huu0)ai..n1rtt aaC..  E VyV uuallrnnte.e r1raa0cc iCióóEnn  DddHeel;l   daderetr.re e1cc6hh oyo   aad rltea.   9rlie bCueEnrtiDóanHd  )dy.e m eaxnpirfeessitóanc ióy na  (laar tl.ib 2e1rt aCdE id ye oalórtg. ic1a1   2021-19513n https://www.
Sexta.  Vulneración de derechos fundamentales en relación con la desviación en las
restricciones de derechos prevista en el art. 18 CEDH.»
Se expondrán a continuación cada una de esas seis quejas según aparecen en la 
demanda y las respectivas vulneraciones que contienen, si bien en la primera de ellas y 
por razón de lógica procesal se hará un ajuste en el orden de alguna de las lesiones 
alegadas.
Primera queja. «Vulneración del derecho a un procedimiento equitativo (art. 24.1 
y 24.2 CE, art. 6 CEDH)»:
Precisa  como  pórtico  de  sus  alegaciones  la  demanda  que  la  noción  de  un 
«procedimiento  justo»,  garantizado  por  el  art.  6.1  CEDH,  conlleva  valorar  el 
procedimiento en su conjunto, por lo que no cabe limitarse a un análisis individualizado y 
por tanto sesgado de las críticas planteadas por las partes, que es lo que ha hecho la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo. Cita como ejemplo de esta ponderación global del 
proceso ex art. 6.1 CEDH, a las SSTEDH de 23 de febrero de 1994, asunto Stanford 
contra el Reino Unido, § 24; 12 de julio de 1984, asunto Can contra Austria, § 48 (rectius: 
apartado 48 de la opinión de la Comisión Europea de Derechos Humanos, de 12 de julio 
de 1984, unida como anexo a la sentencia del caso, de 30 de septiembre de 1985, que 
acordó el archivo al haber llegado las partes a un acuerdo amistoso), y de 9 de abril 
de 1984, asunto Goddi contra Italia, § 28. Hecha esta salvedad, la demanda pasa a 
referirse a cada queja de lesión por separado:
3.1  «Derecho al tribunal predeterminado por la ley (arts. 24.2 CE y art. 6.1 CEDH)»:
Esta vulneración se produce, según la recurrente, por haberse atribuido el Tribunal 
Supremo  la  competencia  para  conocer  de  los  hechos  enjuiciados  mediante  una 
«aplicación arbitraria, discriminatoria e imprevisibles de las normas de competencias 
(art. 9.3 CE y art. 14 CEDH), con la consecuente vulneración también al derecho a la 
doble instancia penal (art. 2 del Protocolo 7 CEDH y art. 14.5 de PIDCP)». Tras recordar 
los trámites del proceso a quo en el que dicha parte puso de manifiesto esta queja ante 
la sala de enjuiciamiento, la interposición de un recurso de amparo con este objeto que 
resultó inadmitido por prematuro (STC 129/2018, de 12 de diciembre), y su examen en la 
sentencia impugnada que desestima este motivo en el fundamento de Derecho cuarto, 
se centra el debate en la razonabilidad de la aplicación de los criterios de competencia 
utilizados por el Tribunal Supremo, siguiendo la demanda la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en esta materia (cita las SSTEDH de 28 de noviembre 
de 2002, asunto Lavents c. Letonia; 9.  de enero de 2013, asunto Volkov c. Ucrania, 
§ 150).
Se adelanta que no existe una base racional para sustentar dicha competencia del 
Tribunal  Supremo,  atendiendo  al  art.  57.2  EAC;  que  ello  ha  traído  aparejada  la 
eliminación  del  derecho  a  la  doble  instancia  penal,  «produciéndose  así  un  efecto 
doblemente negativo» tratándose de un caso que ha «levantado amplias críticas en el 
sector doctrinal estatal, europeo e internacional»; y que aquel art. 57.2 EAC se integra en 
el haz de prerrogativas de protección de la función parlamentaria. A continuación la 
demanda desglosa esta queja en los siguientes aspectos:
3.1.1  «Vulneración  del  derecho  al  juez  predeterminado  por  ley»:  luego  de 
reproducir el tenor del art. 57.2 EAC, que fija la competencia del Tribunal Superior de 
Justicia  de  Cataluña  para  las  causas  penales  seguidas  contra  los  diputados  del 
Parlamento de Cataluña, siendo competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
solo en cuanto a los delitos atribuidos a aquellos que se hubieren cometido fuera del  e.e
territorio de dicha comunidad autónoma, se alega que «la totalidad de hechos que fueron  b
objeto del procedimiento (en fase de instrucción y en fase de enjuiciamiento)» y por los  513ww
squucee dfuideoro nco mcopnledteanmaednotse  loesn  «Caactaulsuandyoas»/,a sp»o re lno  lqau ec aluas ac oemsppeetceianlc ia2 0r9e0c7a-í2a0 1e7n,  a«qhuaenl 
Tocritbuubnrea l Sdeu p2e0ri1o7r  d(ea dJmusistiicóina , dneo  hlaa bqieunedroe lloaf,r eecnid oe ld aqtuoes  esne  ceosngtrraimrioe  lolas  aduotcotsri ndae  3d1e  dlae 
ubicuidad por el que el delito se comete en todas las jurisdicciones donde se haya
realizado  algún  elemento  del  tipo  –Acuerdo  del  Pleno  no  jurisdiccional  de  la  Sala 
Segunda del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2005– ), 21 de marzo y 9 de mayo 
de 2018 (procesamiento), o el auto de conclusión del sumario, sea respecto del delito de 
rebelión, sedición, desobediencia o malversación. Incluso, dice la demanda, el auto 
de 27 de diciembre de 2018 que resolvió la declinatoria de jurisdicción formulada por las 
defensas  reconoció  que  si  bien  algunos  hechos  sobrepasaron  los  iniciales  límites 
geográficos de la comunidad autónoma, no se recogieron en el auto de procesamiento 
aunque están en estrecha conexión con él. Tampoco determina ningún hecho (fuera del 
territorio de la comunidad) la sentencia.
En su lugar, prosigue la demanda, la Sala Segunda «articula un conjunto de criterios 
creados  ad  hoc  que  no  encuentran  base  legal  alguna  ni  habían  sido  aplicados 
anteriormente», como son:
a)  En el auto de 27 de diciembre de 2018 y en la sentencia (pág. 85), con base en 
los escritos de acusación, se funda la competencia en la atribución por el fiscal a algunos 
de  los  procesados  de  actos  ejecutivos  de  malversación,  vinculados  al  elemento 
tendencial  del  delito,  es  decir,  no  actos  típicos  objetivos  (del  supuesto  alzamiento 
público, violento o tumultuario) sino actos ejecutivos atípicos vinculados al elemento 
subjetivo  o  tendencial  «absolutamente  indeterminado».  Es  este  un  nuevo  criterio 
«especial, no previsto ni legal ni jurisprudencialmente, que se aparta de la doctrina hasta 
ahora  aplicada»  y  que  «supone  un  razonamiento  imprevisible,  irrazonable  y  que 
convierte la asunción de la competencia en una acción arbitraria, dando lugar a la 
vulneración del derecho a un tribunal predeterminado por ley».
b)  El principio de unidad patrimonial de las administraciones públicas (pág. 24 del 
auto de 27 de diciembre de 2018), también «imprevisible e irrazonable», que elimina el 
principio de autonomía financiera de la Generalitat de Cataluña (art. 201.2 EAC) y daría 
siempre la competencia al Tribunal Supremo contra las causas de aforados autonómicos 
por malversación.
c)  Los elementos fácticos que sirven para sustentar la competencia del Tribunal 
Supremo se refieren al delito de malversación, que según los escritos de acusación del 
Ministerio Fiscal y del abogado del Estado se comete en concurso medial con el de 
sedición (rebelión, para el ministerio público), tal como se recoge en la sentencia. Pero 
siendo  eso  así,  debieron  aplicarse  las  reglas  del  art.  18  LECrim  (la  competencia 
corresponde al tribunal en cuyo territorio se cometió el delito con pena más grave): en 
este caso el de rebelión o sedición «cuya competencia radica, exclusivamente, en el 
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya», insiste la demanda; regla competencial que 
se  utiliza  por  ejemplo  en  las  causas  del  tribunal  de  jurado  (acuerdo  del  Pleno  no 
jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 21 de junio de 2007); y,
d)  La  afirmación  hecha  en  la  sentencia  impugnada,  de  que  algunos  de  los 
acusados habían sido proclamados diputados y senadores, lo que «relativiza el alcance 
de la reclamación» de incompetencia, en referencia a los «Sres. Sànchez, Turull, Rull i 
Junqueras, así como el Sr. Romeva». Sin embargo, dice la demanda, dichos acusados 
recogieron su acta el 29 de mayo de 2019, tres meses después del comienzo del juicio 
oral y a solo cinco días de su finalización, y la competencia cristaliza con el auto de 
apertura del juicio oral, que fue anterior (criterio que deriva del acuerdo del Pleno no 
jurisdiccional del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2014), tal y como ya aplicó al 
negar el suplicatorio al Congreso de los Diputados de esos acusados.
Asimismo,  abonaría  la  tesis  de  la  imprevisibilidad  e  irrazonabilidad  de  los  e
mencionados criterios de asunción de competencia, según la recurrente, el hecho de  bo
que, de un lado, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en auto de 12 de noviembre  513ww
ddees 2o0b1e4d,i erencchiaa, zuós suurp caocmiópne tdeen cfuian pciaornae cso, nporceevra rdicea lcoisó np oys idbelelisto d eellietocsto drael  matarlivbeuridsaocsi óenn, 
uontrao sq ureesrpeollan saal bpleress pidoelíntitceo ds,e  fliaja nGdeon eerna lcitaamt dbeio  Claa tadleulñ Tar, iblau nparel sSiduepnetraio rd edle P Jaurlsatmiciean td ey 
Cataluña. Y de otro lado, a que este último tribunal «se ha declarado sistemáticamente
competente para el conocimiento de los mismos hechos objeto del procedimiento así 
como respecto a los delitos de rebelión y sedición», con mención de un total de siete 
autos dictados entre los años 2014 a 2017. A ellos añade que el 11 de octubre de 2017 
también  se  declaró  competente  por  hechos  sucedidos  el  1  de  octubre  (querella 
interpuesta  por  Vox  contra  el  Govern  y  la  mesa  de  Parlament,  por  desobediencia, 
conspiración  para  la  rebelión,  sedición  y  malversación)  y  que  se  abrieron  otras 
diligencias para conocer «de los mismos hechos que posteriormente han sido objeto del 
procedimiento ante el Tribunal Supremo». Indicación que se efectúa en la demanda, 
«[a]unque esta defensa lógicamente conoce que el Tribunal Supremo es órgano superior 
al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya».
Se reitera que por ello se ha vulnerado el derecho fundamental al juez ordinario 
predeterminado por la ley (art. 24.2 CE) y a un procedimiento con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), «como manifestación, asimismo, del derecho al juicio justo (art. 6 CEDH)».
3.1.2  «Vulneración del derecho a la doble instancia penal»: la demanda aduce el 
padecimiento de una segunda lesión como consecuencia de la anteriormente expuesta: 
la del derecho a la segunda instancia en el proceso penal, al tratarse de una causa 
especial enjuiciada por el Tribunal Supremo. Esto produce la vulneración de su derecho 
al recurso, enmarcado este en los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso 
con todas las garantías, arts. 24.1 y 24.2 CE, 13 CEDH y 14.5 PIDCP.
Tal imposibilidad de recurso, argumenta la demanda, ha sido criticada por el Comité 
de  Derechos  Humanos  de  las  Naciones  Unidas  en  las  causas  Terrón  c.  España, 
Capellades c. España y Pascual Estevill c. España.  La Ley 41/2015, de 5 de octubre, 
para la generalización de la segunda instancia penal, puso de relieve en su preámbulo 
apartado IV la necesidad de dar cumplimiento a esta exigencia internacional, pero esta 
no se produce en los casos de aforados, o de no aforados sujetos a tribunales superiores 
por motivo de conexión. Discrepa además del criterio sobre la suficiencia del fuero 
privilegiado del Tribunal Supremo como contrapeso a la falta de doble instancia (ATS 
de 9 de octubre de 2011, STC 5/1985, de 10 de abril), y afirma que el art. 71.3 CE no 
impone el conocimiento de causas penales en única instancia por la Sala de lo Penal del 
Tribunal  Supremo  (con  cita  del  voto  particular  del  magistrado  Vives  Antón  a  la 
STC 64/2001, de 17 de marzo).
3.2  «Derecho a un tribunal imparcial e independiente (art. 24.2 y art. 6.1 CEDH)»:
Se afirma en la demanda que esta vulneración se denunció en varios momentos 
procesales, sin haber encontrado reparación tampoco en la sentencia; en concreto: (i) 
respecto del magistrado instructor de la causa especial 20907-2017, se presentó escrito 
solicitando su abstención o en su caso recusación el 31 de mayo de 2018, petición que 
tras ser inadmitida por dicho magistrado y confirmarse por decisiones posteriores que 
detalla, dio lugar a la interposición del recurso de amparo núm. 4132-2019, inadmitido a 
su vez por prematuro por STC 20/2019, de 12 de febrero.; b) respecto a determinados 
magistrados de la sala de enjuiciamiento, se indican también los escritos presentados 
con este objeto, que fueron todos rechazados mediante resoluciones interlocutorias, y 
también por la sentencia aquí impugnada, en el fundamento de Derecho A.5. En sostén 
a la importancia del derecho a un juez imparcial ex art. 24.2 CE y art. 6 CEDH, cita la 
demanda las SSTC 69/1995, de 17 de marzo [rectius: 60/1995]; las SSTEDH de 1 de 
octubre de 1982, asunto Piersack c. Belgica; 26 de octubre de 1984, asunto De Cubber 
c. Belgica, y 24 de mayo de 1989, asunto Hauschildt c. Dinamarca, y la sentencia de 25 
de septiembre de 2001, asunto Sahiner c. Turquía, sobre la importancia que pueden  e
tener las apariencias en este ámbito; además de las SSTEDH de 25 de septiembre  bo
de 2001, asunto Kizilöz c. Turquía; 25 de julio de 2002, asunto Perote Pellón c. España,  513ww
vya 1lo7r adcieó nj undieo  dlaes  2s0o0s3p, eacshuanst oc oPmesoc aodbojer tiVvaalmereon tce.  jEussptiaficñaad, aesn,  cteusains toq uae  las ipgousei bllea 
STCA 6ñ9a/d2e0 0e1n,  sdue  1re7c doerr imdoa raz ola. jurisprudencia del Tribunal Europeo, que el derecho a la
imparcialidad judicial no puede interpretarse restrictivamente (STEDH de 17 de junio
de 1970 [rectius: 17 de enero de 1970], asunto Delcourt c. Bélgica), bastando una duda 
razonable  para  estimar  la  recusación  (STEDH  de  24  de  mayo  de  1989,  asunto 
Hauschildt c. Dinamarca). Y que tanto este Tribunal Constitucional como el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos han venido diferenciando entre la perspectiva subjetiva 
y la objetiva de la imparcialidad, con cita de la STC 162/1999, de 27 de septiembre.
Tras  estas  consideraciones,  pasa  el  escrito  de  demanda  a  mencionar  «las 
circunstancias subjetivas y objetivas» acaecidas durante el procedimiento, por las que se 
considera vulnerado el derecho al juez imparcial:
3.2.1  En  relación  con  la  actuación  del  magistrado  instructor  de  la  causa 
especial 20907-2017: se recuerda en línea de principio que también la garantía de la 
imparcialidad rige en la fase de instrucción del proceso penal (con invocación de la 
STEDH de 6 de enero de 2001, asunto Vera Fernández-Huidobro c. España, «entre 
otras»), garantía que habría quedado quebrantada de los modos siguientes:
a)  De un lado, se indica que en el auto dictado por dicho magistrado el 4 de 
diciembre de 2018 se hacía una referencia a la recurrente, diciendo que su actuación 
«consistió en favorecer la proclamación de una falsa legislación paralela. Es cierto que 
participó  de  una  intencionalidad  compartida,  y  que  menoscabó  el  valor  de  las 
instituciones catalanas y favoreció la ruptura social que hoy padecemos, pero no generó 
en si mismo los daños inmediatos, instantáneos e irreparables que sí pueden acompañar 
a la reiteración de los comportamientos de otros investigados».
De otro lado, en el auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018, pág. 54, el 
magistrado  instructor  se  refirió  a  los  hechos  investigados  como  «la  estrategia  que 
sufrimos»; es decir, utilizó en primera persona el «verbo sufrir y padecer», lo que «ya 
establece una apariencia de parcialidad respecto los presentes hechos al configurarse 
como […] una persona que "siente un daño moral" por los hechos objeto del presente 
procedimiento e imputados a mi representada»; un «posicionamiento como víctima de 
los hechos».
Un segundo momento en que se materializa esta percepción de parcialidad, prosigue 
la demanda, fue al acordar el interrogatorio de la letrada de la administración de justicia 
del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, quien declaró sin que pudiera ser 
visualizada por las defensas (tras un biombo), suscitando la oposición de los abogados 
por carecer esa medida de justificación, resultar desproporcionada y por ello vulneradora 
del derecho de defensa y del principio de inmediación, además de suponer una ofensa 
para los profesionales presentes, dado que se trataba de un «supuesto riesgo de que la 
testigo fuera fotografiada por ellos/as». Se reproduce a continuación el pasaje de la 
grabación de ese acto (minuto 15:40) en el que el magistrado instructor justificó dicha 
medida, aludiendo en primera persona a haber «vivido la divulgación de su domicilio de 
segunda residencia, […] la divulgación de su domicilio de primera residencia y […] la 
divulgación de su imagen permanentemente […] y no me quejo, pero desde luego voy 
acompañado […] de cuatro escoltas y les puedo asegurar que por la calle soy mirado en 
cada manzana siete veces». Así, sostiene la demanda que la medida que se comenta se 
adoptó por el magistrado partiendo de su «vivencia personal […] situándose en posición 
de  víctima»,  con  una  «concepción  subjetiva  y  personal  de  los  hechos  que  debían 
valorarse objetiva y racionalmente», «eliminando la objetividad necesaria», y por ello 
vulnerando el derecho al juez imparcial (arts. 24.2 CE y 6 CEDH).
b)  Aparte de lo anterior, se pormenorizan concretas actuaciones del magistrado 
instructor durante la investigación: e
rpseooclloíutb ircr.re1eas)n  epteneS, c laeato  li  amcdloeepng olvaoso sicce iiaónnrn v t leaadsl e tvi sgimseatneadtd oiddisdeo alq  sluaa erc ta .u tuet5itln0eizí5laaa ncLre iEólsaCn  d crepiom onp rdrs iiiascniqió óupnnee» ltd: i cedei óendn  ic«p pocurnrteiactvedrieroaitos ods ,ye  l da sle aeim   aohpcpauuollesartsabutcaaninó ida nea  lnday     2021-19513n https://www.
el acto de investidura del presidente de la Generalitat, indicándose en el auto que la
medida «garantiza así el acertado retorno al autogobierno».
b.2)  También concurrirían «criterios de oportunidad y no de legalidad, en la gestión 
de la emisión de las órdenes europeas»: tanto porque retiró dichas órdenes –dictadas 
inicialmente por el juzgado central de instrucción– «cuando percibió que los diferentes 
órganos jurisdiccionales» no las iban a ejecutar, como porque una vez dictadas otras 
nuevas, «se volvieron a reiterar cuando se había aceptado la entrega de alguno de los 
investigados, pero se había limitado al delito de malversación».
b.3)  Alega  también  que  el  magistrado  instructor  utilizó  «criterios  de  estrategia 
procesal  que  imposibilitaban  el  derecho  de  defensa»,  limitándose  en  este  punto  la 
demanda  a  decir  que  esa  estrategia  consistió  en  «la  creación  de  procedimientos 
judiciales paralelos con el mismo objeto en aras a crear una instrucción fragmentada», 
permitiendo con ello al Ministerio Fiscal «la selección de la prueba y su aportación al 
procedimiento creando una causa sesgada».
b.4)  «Utilización de criterios que restringían el derecho de defensa»: señala a 
continuación la demanda que durante toda la instrucción se aplicaron criterios de esa 
índole: (i) en cuanto al «cómputo de los plazos en días naturales infringiendo así la 
interpretación  de  la  propia  Sala  Segunda  del  Tribunal  Supremo  (por  ejemplo, 
STS 437/2012)», y notificando «plazos de dos y tres días los jueves y viernes para que 
abarcasen los fines de semanas», mediante auto de 5 de julio. La Sala de apelaciones, 
añade, estimó «el recurso del Sr. Sànchez, en el sentido que los plazos deberían haber 
sido computados como hábiles».
(ii)  También el magistrado instructor inadmitió recursos de reforma de las defensas 
cuando previamente había establecido, «en reiteradas resoluciones», la imposibilidad de 
inadmitirlos a la vista del art. 222 LECrim, «modificando así su criterio, en contra del 
principio pro actione, en este procedimiento».
c)  Finalmente, se denuncia la parcialidad del magistrado instructor «mediante la 
irregular inadmisión de los incidentes de recusación», en concreto el formulado por dicha 
parte el 31 de mayo de 2018, que resultó inadmitido por auto de 6 de junio de 2018. 
Asimismo,  la  irregular  inadmisión  de  los  «medios  impugnatorios  respecto  a  dicha 
decisión»: interpuesto en primer lugar recurso de reforma contra aquel auto de 6 de 
junio, se inadmitió por providencia de 12 de junio de 2018, recurrida a su vez en reforma, 
e inadmitida por nueva providencia de 28 de junio de 2018. En segundo lugar, instada la 
nulidad del mismo auto de 6 de junio, el incidente se inadmitió a trámite por auto de 4 de 
julio de 2018. Con todas estas inadmisiones, concluye la demanda, se obstruyó la 
posibilidad de someter esta cuestión a contradicción entre las partes, lo que supone 
criterios de oportunidad y no de legalidad. Y se reitera en que todo lo alegado comporta 
la lesión del derecho al juez imparcial (art. 24.2 CE).
3.2.2  «Vulneración del derecho a un tribunal imparcial respecto a los miembros del 
Tribunal Supremo que han compuesto la sala de enjuiciamiento»: se alegan diversas 
actuaciones acreditativas de dicha infracción:
a)  Dada  «su  participación  en  la  instrucción  de  la  causa  y  la  realización  de 
valoraciones previas respecto a los hechos de enjuiciamiento»: se recuerda que se 
formuló recusación de los «Excmos. Magistrados Sr. Manuel Marchena Gómez, Sr. 
Andrés Martínez Arrieta, Sr. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre y Sr. Luciano 
Varela Castro», al haber formado parte de la sala de admisión que dictó auto el 31 de 
octubre de 2017 acordando la admisión a trámite de la querella presentada, así como el 
auto confirmatorio de la misma. Cita en su apoyo la demanda jurisprudencia del Tribunal  e.
Europeo de Derechos Humanos respecto de la intervención de los magistrados en actos  w.
procesales previos al enjuiciamiento, la STEDH Gómez de Liaño c. España o en la  513ww
STEDH  Romero  Martín  c.  España;  jurisprudencia  que  exige  que  la  apariencia  de
imparcialidad debe examinarse caso por caso, lo que lleva a la recurrente a denunciar lo 
que sigue:
a.1)  En relación con la admisión de la querella, dice la demanda que en el auto de 
admisión se realizó un «juicio de tipicidad» sobre los hechos expuestos en la inicial 
notitia criminis, ya que a ello obliga el art. 313 LECrim, y tal cosa supuso una valoración 
fáctica  y  jurídica  que  trajo  consigo  la  afectación  de  la  imparcialidad  del  órgano 
enjuiciador. Además de que los hechos investigados se realizaron «de manera pública» y 
han tenido constante «plasmación y análisis en los medios de comunicación nacionales 
e internacionales», y que algunos hechos quedaron recogidos en diferentes diarios 
oficiales del Estado, la Sala llegó a rechazar la pertinencia de algunas pruebas, como 
«las grabaciones de comparecencias públicas de diferentes personas, por entender que 
eran hechos notorios no necesitados de prueba»; notoriedad esta que en relación con la 
naturaleza jurídico penal de los hechos, «vinculó, en cierta medida, el pronunciamiento 
que ha realizado la sentencia».
a.2)  El juicio de tipicidad cumplido por los magistrados en aquel auto, «va mucho 
más allá de la mera corroboración de unos supuestos indicios de criminalidad, sino que 
se profundiza en la calificación jurídica de los mismos», pasando a reproducir uno de los 
pasajes del auto de admisión de la querella, donde los magistrados «incluso introdujeron 
alternativas en dicha calificación» (en concreto, si los hechos integrarían el tipo del 
art. 472 CP, o el delito de los arts. 477 y 17.1 CP) y declararon que no se daba por 
supuestas «todas y cada una de las valoraciones fácticas y jurídicas» de la querella. Esa 
posibilidad de apreciación de «casi todas, muchas o algunas» de aquellas valoraciones, 
supone para la recurrente una «objetiva apariencia de pérdida de imparcialidad».
También  se  incurriría  en  predeterminación  de  los  hechos,  «incompatible  con  la 
debida imparcialidad», al aclarar el auto que no puede identificarse el resultado del delito 
con los efectos del delito, aunque estos puedan implicar la destrucción del Estado de 
Derecho.
b)  Prosigue diciendo la demanda, que el auto de admisión de la querella «conlleva 
un pronunciamiento acerca [de] la falta de apreciación y la no aplicación en el presente 
supuesto de la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria respecto a mi representada 
y al resto de los entonces querellados»: a criterio de la recurrente, esa prerrogativa debió 
traer  consigo  la  inadmisión  de  la  querella  interpuesta  contra  ella  y  los  restantes 
miembros  del  Parlament,  por  tanto  el  haberse  admitido  la  misma  supone  el 
desconocimiento de dicha garantía. Esta circunstancia, añade, se puso de manifiesto en 
el recurso de súplica promovido por el Sr. Joan Josep Nuet, y se desestimó por auto 
de 18 de diciembre de 2017.
c)  Se refiere en último lugar la demanda respecto de la queja de lesión del derecho 
al juez imparcial (art. 24.2 CE), a la recusación del presidente de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo, don Manuel Marchena Gómez, a raíz del mensaje enviado por la 
aplicación Whatsapp a numerosas personas por el senador del Partido Popular don 
Ignacio Cosidó, difundido en diversos medios de comunicación, reconocida su autoría 
por dicho parlamentario, y el cual tenía el siguiente texto:
«El pacto previo suponía (10 Psoe + 10 PP + el Presidente (Magistrado del Supremo) 
Psoe = 21) y sin derecho a veto de los candidatos propuestos por el otro. = (12 jueces + 
8 juristas de reconocido prestigio (JRP) + 1 Presidente) = 21 = ((3 jueces PP Congreso + 
3 jueces Psoe Congreso + 3 jueces PP Senado + 3 jueces Psoe Senado) + (2 JRP PP  s
Congreso + 2 JRP Psoe Congreso + 2 JRP PP Senado + 2 JRP Psoe Senado) + 1  oe.
Pv1po0erec,r osay il depeesol n Pn+tese emo l=e oP  s2tri ee1uns Dnied  iec1Phn1rot eev s odi=dce ae1 oln1ett.sre aC.   Ceomxnoac nlena ope ntcrraeiao:gs noE apcll ai,aP lacqPibuó rehna u,s fbeu, ileoe P bravtPe e tntteaieendmniodeo o sp9 1 o lvo0ro   mRvcoauisclbemaasloel c+ san ,eb uylam  P eéerlre niPcs aiS2dm0Oe1neE3tn e,t1  e=0y,     2021-19513n https://www.
ahora no. Un presidente gran jurista con muchísima experiencia en el Supremo, que
prestigiará el TS y el CGPJ, que falta le hace, y con una capacidad de liderazgo y
auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además 
controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61. Ha sido una jugada 
estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras 
de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y 
para el futuro de España.»
El contenido del mensaje revela, según la recurrente, que el Partido Popular había 
escogido a la persona designada para presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General 
del Poder Judicial (refiriéndose en ese mensaje a él como un presidente «excepcional»), 
con el consiguiente control de las resoluciones dictadas por esa sala (por la expresión: 
«además  controlando  la  sala  segunda  desde  detrás»).  La  posterior  carta  del  Sr. 
Marchena anunciando su voluntad de no ser incluido como candidato a presidente de 
ambos órganos, con alusión a aquellas publicaciones, y el hecho de que diputados, 
jueces  y  magistrados  consideraran  ese  nombramiento  «un  hecho  objeto  y  cierto», 
implica que él ya había dado su aceptación a dicho cargo, manifestando después el 
Partido Popular al conocer su intención de no postularse, que dejaba sin efecto la 
«negociación» con el Gobierno.
Dicho mensaje, remacha en este punto la demanda, «también implica una falta 
objetiva de apariencia de independencia». E insiste que la apariencia de parcialidad de 
dicho magistrado presidente de la Sala se vio afectada, vulnerándose con ello el derecho 
a un juez independiente e imparcial («art. 6.1 CEDH y art. 24.2 CEDH»).
3.3  «Fragmentación y ruptura de la continencia de la causa vulnerando el derecho 
a la tutela judicial efectiva, derecho de defensa y a utilizar los medios pertinentes para la 
defensa  afectando  al  proceso  equitativo  respecto  al  principio  contradictorio  y  a  la 
igualdad de armas (arts. 24.1 y 24.2 CE, art. 6 CEDH):
3.3.1  Se indica que a lo largo del proceso se ha denunciado la existencia de 
procedimientos  paralelos  ante  distintos  tribunales  con  el  mismo  objeto,  cuyas 
actuaciones  se  han  incorporado  de  manera  selectiva  siguiendo  el  criterio  de  la 
acusación, con indefensión para esta y las demás defensas. Se alude a las actuaciones 
provenientes de las diligencias de instrucción núm. 118-2017 del Juzgado de Instrucción 
núm.  13  de  Barcelona,  actuales  diligencias  5-2018;  y  las  diligencias  previas  núm. 
82-2017, actual sumario 7-2018 del Juzgado Central de Instrucción núm. 3, las cuales se 
considera  que  guardan  una  «conexión  material  inescindible»  con  los  hechos  de  la 
presente causa especial. También se menciona el sumario núm. 2-2019 del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña (en relación con el Sr. Josep María Jové) y 1-2019 
respecto  del  «resto  de  miembros  de  la  mesa  del  Parlament»;  y  las  diligencias  de 
investigación de la fiscalía núms. 32-16 y 33-16. Y en todas ellas, sin que las defensas 
hayan podido participar, padeciendo por ello indefensión.
Añade que tanto la magistrada del Juzgado Central de Instrucción, como el Ministerio 
Fiscal  y  el  Juzgado  de  Instrucción  núm.  13  de  Barcelona,  se  pronunciaron 
afirmativamente sobre la conexión de hechos, y además la providencia del magistrado 
instructor de 8 de mayo de 2018 vino a solicitar a aquel juzgado instructor más de mil 
folios de dichas actuaciones entre las que figuran las declaraciones de veintiséis testigos 
a los que esta defensa no ha podido interrogar. Así, no ha habido investigación «sino una 
mera recopilación de material probatorio proveniente de terceros procedimientos […] sin 
conocimiento ni participación de esta defensa», que solicitó se incorporara el testimonio 
íntegro de los sumarios 5-2018 y 7-2018 ya indicados, lo que se denegó por auto de 25  s
de octubre de 2018, solicitándose después en el escrito de conclusiones provisionales  oe.
pcqleoaugmreaa ollimed lpaaordstui.,ve óbs oadb earesnp tilucaiésps a qdquaue,e  q laus ees  edimnet penunugcenivaao r dasene   cdlaoesnn depegrnóua ep bnoaors  a hcuaotocne  d oemr i1eg nedcnei ó efnen b arl aessruo   adfcieatu b2ail0icd1ioa9nd, e loos    2021-19513n https://www.
Se alega igualmente dentro de este motivo la ruptura del principio de igualdad de
armas entre las partes, como elemento integrante de la noción de proceso equitativo
(con cita de la STEDH, Bulut c. Austria), invocando los arts. 6.1 y 6.3 CEDH en cuanto al 
derecho de acceso al expediente (y cita de la STEDH Huseyn y otros c. Azerbayán), así 
como el art. 7.2 de la Directiva 2012/13/UE, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 22 
de mayo de 2012, «relativa al derecho a la información en los procedimientos penales». 
Se recuerda que dicha parte solicitó a la sala de enjuiciamiento el planteamiento de una 
cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la adecuación de 
dicha directiva con la decisión de la Sala de no permitir el acceso de esta parte a los 
otros procedimientos «sobre los que las partes acusadoras tenían efectivamente acceso 
por ser parte en ellos».
Dicha petición, sigue recordando la demanda, fue negada verbalmente y no obtuvo 
respuesta después en la sentencia, lo que llevó a pedir su complemento, que no se 
concedió en el auto dictado al efecto, conculcándose así a su parecer el derecho a un 
procedimiento  equitativo  (art.  6.1  CEDH).  En  todo  caso,  se  deja  advertido  por  la 
demandante que la investigación del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona 
puede  ser  ilícita  por  su  carácter  prospectivo,  y  porque  concernía  a  hechos  sobre 
aforados, sobre los que no tiene competencia ese juzgado.
3.3.2  «Ruptura de la continencia de la causa respecto al resto de investigados en el 
procedimiento»:
a)  Se denuncia una «gestión del procedimiento en base a criterios de oportunidad 
que han afectado al derecho de defensa, el derecho a utilizar los medios de prueba 
pertinentes así como el derecho a la igualdad (art. 24.1 y 2 CE, art. 6 CEDH y art. 14 y 
art. 1 del Protocolo 12 del CEDH)», lo cual se evidenciaría: (i) en la gestión por el 
magistrado instructor de las órdenes europeas de detención y entrega, retirándolas y 
dejándolas sin efecto por dos veces (autos de 5 de diciembre de 2017 y de 19 de julio 
de 2018); además de denegarse la solicitud de algunos investigados de declarar por 
videoconferencia, y en concreto a doña Marta Rovira y a don Carles Puigdemont como 
prueba  para  el  acto  del  juicio  oral,  según  auto  de  1  de  febrero  de  2019.  Esas 
declaraciones testificales eran importantes, añade, pues la sentencia basa el juicio de 
autoría de la recurrente en reuniones en los que se encontraban estas dos últimas 
personas.
b)  Se critica también que se halla escindido la causa a favor del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña respecto de otros miembros de la mesa del Parlament de 
Cataluña (Sr. Lluís María Coromines, Sra. Anna Simó, Sra. Ramona Barrufet, Sr. Joan 
Josep Nuet y la Sra. Mireia Boya), siendo que el Ministerio Fiscal y la abogacía del 
Estado han hablado de una estrategia común con tres pilares básicos, uno de ellos el 
parlamentario, y que la conducta de la recurrente «es exactamente la misma que la del 
resto de los miembros de la mesa», objetando la razón dada para esa escisión, el no 
contemplar «un designio rebelde que sí se aprecian en otros».
3.4  «En relación con la infracción de garantías procesales y la vulneración efectiva 
del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa y a un procedimiento con 
todas  las  garantías,  como  expresión  al  derecho  a  un  procedimiento  equitativo, 
producidas durante el procedimiento (art. 24.1 y 24.2 CE, art. 6 CEDH)»:
3.4.1  «Vulneraciones  de  derechos  producidos  durante  la  tramitación  del 
procedimiento (fase de instrucción y fase intermedia)», se alegan las siguientes:
a)  «Arbitraria inadmisión del incidente de recusación formulado y de todos los 
recursos  interpuestos  contra  la  decisión  del  magistrado  instructor  de  no  tramitar  el  e.
incidente»:  la  demanda  da  cuenta  de  los  intentos  de  recusación  del  magistrado  w.
instructor, que no fueron aceptados: 513ww
(i)  Por auto de 6 de junio de 2018 por el que el propio magistrado inadmitió a
tLrOámPiJte,  lalas  pceutaicleiósn ,n oco pnu odmieirsoinó nf odreml udlaerb earle dgea cdiaorn etrsa;s yla dcaor eac liaesn ddoe maqáus epl adrete cso emxp aertte. n2c2ia3 
para acordar esa inadmisión, que recae sobre el juez o magistrado designado para
instruir el incidente, ex art. 225.3 LOPJ; citando en apoyo de su tesis el auto de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo núm. 329-2007, de 22 de junio de 2007. Se ha vulnerado 
así el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el derecho a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE).
(ii)  Ese mismo auto de 6 de junio de 2018 supuso una valoración por el magistrado 
instructor del motivo de recusación formulado por dicha parte, sin que se tramitase el 
correspondiente incidente, lo cual solo es procedente de manera excepcional y limitada, 
no siendo este el caso, con cita en su apoyo de la STC 7/1997, de 14 de enero. Se 
vulneró con ello el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa de la 
demandante (arts. 24.1 y 24.2 CE, y 6 CEDH). Se discrepa de las razones dadas en el 
auto para inadmitir la recusación, como la extemporaneidad de la solicitud, sin atender el 
auto a la delimitación hecha por la parte de los hechos sucedidos el 16 de mayo de 2018 
y otros anteriores, y a que el art. 56 LECrim no establece un plazo preclusivo para 
invocar la recusación excepto si la causa se conoce antes de proponerla; en todo caso 
se cumplió con el plazo del art. 107.1 LEC. De nuevo se insiste en la vulneración de los 
derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa, así como de las garantías al juez 
imparcial (arts. 24.1 y 24.2 CE y art. 5 CEDH).
(iii)  «Arbitraria inadmisión de los recursos interpuestos contra la decisión adoptada 
por el propio magistrado instructor de inadmitir a trámite el incidente de recusación»:
Se queja también la demanda de la inadmisión, por providencia del magistrado 
instructor de 12 de junio de 2018, del recurso de reforma promovido contra el auto de 6 
de junio de 2018, así como de la inadmisión por nueva providencia de 28 de junio 
de  2018,  del  recurso  de  reforma  instado  a  su  vez  contra  la  providencia  anterior. 
Inadmisión acordada «en base a una arbitraria interpretación del art. 228.3 LOPJ», 
puesto que la decisión del auto de 6 de junio era recurrible en reforma ex art. 217 
LECrim, y se advertía en el escrito del recurso que el art. 228.3 LOPJ no era aplicable a 
la inadmisión de un incidente de recusación, invocando en este sentido el ATC 192/2007, 
de 21 de marzo.
b)  «Falta de tramitación y resolución de recursos interpuestos en tiempo y forma»:
Alega la demanda que se produjo una improcedente conclusión del sumario al no 
haberse tramitado ni resuelto recursos interpuestos por dicha parte en tiempo y forma 
durante la fase de instrucción; en concreto: - Recurso de reforma presentado en fecha 6 
de  julio  de  2018  contra  la  providencia  de  fecha  25  de  junio.–Recurso  de  queja 
interpuesto en fecha 13 de julio de 2018 contra el auto de fecha 5 de julio, y - Recurso de 
queja interpuesto en fecha 6 de julio de 2018 contra el auto de 20 de junio de 2018; el 
primero citado incluso consta en una diligencia de constancia de 18 de octubre de 2018 
como devuelto, obligando a la parte a aportar en incidente de nulidad una auditoría del 
Ministerio de Justicia acreditando su presentación vía Lexnet; y el segundo consta como 
no presentado, según decreto de 6 de septiembre de 2018, aunque «se había aportado 
los justificantes de su presentación por Lexnet».
c)  «Falta de acceso a las pruebas con anterioridad al inicio del juicio oral, así como 
la inexistencia de tiempo para preparar debidamente la defensa»:
(i)  Sostiene  la  demanda  que  el  procedimiento  se  ha  tramitado  con  «indebida 
celeridad», en concreto se le notificó el 4 de febrero de 2019 el auto del día 1 de ese 
mismo mes, sobre la admisión de pruebas; y el día 4 de febrero se le notificó la diligencia 
de ordenación de 1 de febrero estableciendo el inicio del acto del juicio oral para el 12 de  e.
febrero, dedicado a las cuestiones previas y las declaraciones de los acusados. w.
Se recuerda que la recurrente presentó escrito el 6 de febrero de 2019 advirtiendo de  513ww
lcaa rfáaclttae rd aen ttricaisplaaddoo.  dDee  parhuíe bdae dduocceu mlae vnutalnl earapcoirótand dae p loors  ladse rpeachrtoess , ay  lala  dseofelicnistaad ya  ac olna 
uStTiliEzDacHió On AdOe  loNse fmtyeadniaoysa d Ke opmrupeabnaiy pae Yrtuinkeonst ecs.  (Raurts. ia2 4e.2n  CcuEa yn taor ta.  6la C iEmDpHor)t,a yn cciiata d dee n loa   BOE-A-cable e
menoscabar  los  derechos  procesales  de  una  de  las  partes  en  relación  con  el 
cumplimiento de los plazos, y del art. 6.3 b) CEDH. Añade que el juicio oral comenzó sin 
que obraran las pruebas documentales acordadas en el auto de 1 de febrero de 2019, 
conculcándose también el art. 7 de la antes citada Directiva 2012/13/UE.
(ii)  En la misma línea de impugnación, se critica que solo trascurrieran seis días 
hábiles entre la fecha de notificación de aquel auto de 1 de febrero de 2019, y el inicio 
del juicio oral, «plazo que resulta manifiestamente insuficiente» para conocer cuáles 
fueron las pruebas admitidas e inadmitidas, y para preparar la práctica de aquellas 
pruebas que se desarrollarían en el juicio, habiéndose solicitado la suspensión del inicio 
de dicha práctica, al tratarse de «miles de folios y centenares de testigos». Tal cosa ha 
supuesto una quiebra del derecho de defensa, y del art. 6.3 CEDH.
3.4.2  «Vulneración de derechos fundamentales durante el desarrollo del acto del 
juicio oral». La demanda alega la lesión del derecho a un procedimiento justo y equitativo 
(art. 6 CEDH), limitándose el derecho de defensa, el principio contradictorio y la igualdad 
de armas, merced a los siguientes acontecimientos de la vista oral:
a)  «Vulneración  del  derecho  de  defensa  y  el  principio  de  igualdad  de  armas 
derivado del tratamiento desigual en la exhibición de prueba documental durante los 
interrogatorios»:
La  queja  se  refiere  a  la  restricción  en  la  exhibición  de  la  prueba  documental 
videográfica, frente a la exhibición sin restricciones de los documentos «en el sentido 
físico», y a que la primera –prueba videográfica– se exhibió durante los interrogatorios 
con «un criterio desigual atentatorio del principio de igualdad de armas». Se menciona la 
prueba videográfica relativa al discurso de la demandante el 21 de septiembre de 2017 
en  el  Passeig  Lluís  Companys  de  Barcelona,  que  no  solo  se  exhibió  durante  su 
interrogatorio sino de nuevo a petición del Ministerio Fiscal en el trámite de la prueba 
documental, sin que hubiera contradicción entre su declaración y lo que se veía en el 
vídeo. En cambio, la defensa de la recurrente solicitó durante el interrogatorio del testigo 
Sr. Albano Dante Fachín la exhibición videográfica con el discurso pronunciado por él en 
aquel mismo acto, lo que fue denegado por el magistrado presidente de la sala. Esta 
postura es contraria a la que venía siendo aplicada por la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo con base en el art. 714 LECrim y al ser prueba pertinente implicó una merma 
del  principio  contradictorio,  impidiendo  a  las  defensas  «poner  de  manifiesto 
contradicciones en las declaraciones prestadas por los testigos». Al ser un cambio de 
criterio adoptado por la Sala después de los interrogatorios de los acusados, supuso un 
cambio sobrevenido en las reglas de la práctica de la prueba que lesionó la igualdad de 
armas (arts. 24.2 CE y 6.1 y 6.3 CEDH) en beneficio de la acusación. La exhibición de 
aquella prueba a los testigos era necesaria porque no recordaban el contenido de su 
actuación en aquel acto.
b)  «Vulneración  del  derecho  a  un  proceso  con  todas  las  garantías  y  de  los 
principios de igualdad de armas y acusatorio, en relación con el derecho a un tribunal 
imparcial, por la asunción de rol acusatorio por parte del tribunal»:
Menciona la demanda lo sucedido durante el interrogatorio en la vista oral como 
testigo del mayor del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, don Josep Lluís Trapero, y la 
actuación del magistrado presidente de la Sala en aplicación de lo dispuesto en el 
art. 708, apartado segundo LECrim [«El presidente, por sí o a excitación de cualquiera  e.e
de los miembros del tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime  b
conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren»], precepto que, aduce la  513ww
daecumsaantodraio,  eesn  dlae   faapsleic adceió nj uirceiost riocrtiavla,  ya nnteo  lpau endeec estriadeard  cdoen srigeos peutnaar   eplé rpdridinac ipdieo 
aimcpuasarcciiaólnid.a Ads íp, arreas ueltla  tqriubeu ndaul,r anot ep lear mdieticr laaral cmióang disetr aadqou elp rteessitdigeon teen  clao mspelseiótanr  dae  llaa 
vista del 19 de marzo de 2019, el presidente del tribunal rechazó que el fiscal actuante le
dirigiera una pregunta en relación con las reuniones de la junta de seguridad que 
tuvieron lugar el 26 y 28 de septiembre de 2017. Sin embargo, prosigue, al amparo del 
art. 708 LECrim el presidente de la Sala formuló a continuación al testigo la misma 
pregunta que había impedido formular a la fiscalía. A criterio de la demandante esta 
iniciativa del magistrado presidente no quedaba amparada en el art. 708 LECrim, y con 
aquella  pregunta  «asume  el  rol  acusatorio  que  correspondía  al  Ministerio  Fiscal, 
abogacía del Estado y acusación popular o, como mínimo, supone una complementación 
de la actuación de las acusaciones». Añade que la sentencia de condena refiere en la 
pág. 331 una supuesta implicación personal de la recurrente en los hechos, por una 
reunión con los cargos de los Mossos d'Esquadra que nunca se produjo, pero ese hecho 
fue introducido en virtud de la respuesta dada por el Sr. Trapero a la pregunta del 
magistrado presidente, lo que de otro modo, sin esa intervención suya, no se habría 
producido. De este modo, concluye, hubo la «vulneración a un proceso con todas las 
garantías, vulneración del derecho a igualdad de armas, del principio acusatorio y del 
derecho a un juez imparcial, por asunción de rol acusatorio por parte del magistrado 
presidente (art. 24.2 y 24.2 CE, art. 6.1 y 6.3 CEDH)».
c)  «Vulneración del derecho de defensa en relación con la restricción del alcance 
de los interrogatorios»:
Se queja en este punto la demanda de que se hayan limitado a las partes el alcance 
de los interrogatorios, debido a criterios distintos del que se deriva de los hechos 
enjuiciados. Por ejemplo, por la motivación expuesta en el escrito de conclusiones 
provisionales:
(i)  Aludiendo a supuestos concretos:
– Durante la declaración del testigo Sr. Ernest Benach el 28 de febrero de 2019, 
propuesto por la defensa de la ahora demandante para que declarara sobre los hechos 
del 6 y 7 de septiembre de 2017 por tener conocimiento directo de ellos, el magistrado 
presidente decretó su impertinencia porque el interés del testigo era ser «conocedor de 
"prácticas parlamentarias" en relación con el ejercicio de su cargo de M.H. presidente del 
Parlament», lo que impidió interrogarle sobre distintos aspectos.
– En  cambio,  el  testigo  Sr.  Espejo  Saavedra  fue  admitido  en  su  condición  de 
diputado autonómico por el grupo Ciudadanos, cuando en realidad no era miembro de la 
mesa del Parlament en la X Legislatura, y el presidente de la Sala declaró pertinentes 
preguntas de la fiscalía sobre inadmisión de legislativas populares.
– Las defensas protestaron porque en el interrogatorio el 20 de marzo de 2019 del 
agente de la guardia civil con tarjeta de identificación personal R77175H, se formularon 
preguntas  que  excedían  del  objeto  de  su  proposición,  contestando  el  magistrado 
presidente que la proposición de las partes no vinculaba la pertinencia del interrogatorio.
(ii)  Además de lo anterior, se objeta por la demanda el uso del art. 708 LECrim para 
limitar el objeto del interrogatorio de las partes a aquello que fuera preguntado por la 
proponente del testigo, como sucedió durante la declaración del entonces presidente del 
Parlamento de Cataluña, Sr. Torrent. Entiende la recurrente que el único límite debe ser 
el objeto de las acusaciones, y que de acuerdo con los principios de prueba libre –no de 
prueba tasada– y de adquisición procesal, una vez traído al proceso el testigo debe 
poderse valorar libremente su testimonio. A diferencia de lo que dice la sentencia, las 
defensas sufrieron restricciones en sus «contra interrogatorios». Añade que en el juicio  e.e
oral declararon «centenares de testigos» que no lo hicieron en la instrucción de esa  b
causa especial, sino en otros procedimientos en los que actuaba el Ministerio Fiscal.  513ww
aIn usins tper oqcuees coo cno enl ltoo dsaes v lualsn egraór aenl tdíaesr.echo de defensa, la igualdad de armas y el derecho
d)  «Vulneración  del  derecho  a  un  procedimiento  con  todas  las  garantías  y  al 
derecho de defensa por condiciones en las que se ha desarrollado el acto del juicio»:
Alega la demanda en primer lugar que la falta de previsión de un calendario sobre el 
desarrollo del juicio ha producido una merma de las garantías de la defensa de los 
acusados, al no disponer de tiempo suficiente para preparar las sesiones del juicio, que 
se celebraron mañana y tarde de lunes a jueves, más aun teniendo en cuenta que la 
recurrente estaba en prisión provisional, con imposibilidad material de comunicarse con 
ella después de las sesiones, o la necesidad de desplazamiento al centro penitenciario 
los fines de semana. Los señalamientos de las declaraciones se hacían además con 
pocos días de antelación, por ejemplo se fijaban en diligencia de ordenación del 18 de 
febrero de 2019, notificada al día siguiente, respecto de las declaraciones previstas para 
los días 26, 27 y 28 del mismo mes, lo que provocó una queja formal. Esto implicó una 
«restricción del ejercicio del derecho de defensa […] [art. 6.3 b) CEDH]».
3.5  «Vulneración del derecho a la presunción de inocencia de mi representada 
(art. 24.2 CE, art. 6.2 CEDH, art. 14.2 PIDCP)»:
Se alega la infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia de la 
demandante, «en diferentes facetas», causada por «autoridades judiciales y funcionarios 
públicos»; derecho reconocido en los arts. 24.2 CE, 6.2 CEDH, 14.2 PIDCP y 11 de la 
Declaración  universal  de  los  derechos  humanos  (DUDH),  vulneración  que  se  dice 
denunciada en el escrito de conclusiones provisionales, como cuestión previa en el juicio 
oral que es respondida negativamente en la sentencia (págs. 141 a 145) y en el incidente 
de nulidad contra la sentencia, de nuevo negada en el auto de 29 de enero de 2020 que 
resolvió el incidente. Pasa la demanda a exponer las facetas del derecho que habrían 
sido afectadas:
3.5.1  «Vulneración  de  la  presunción  de  inocencia  producida  durante  el 
procedimiento»:
Dice  la  demanda  que  según  «reiterada  jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de 
Derechos Humanos, la presunción de inocencia se vulnera cuando en una resolución 
judicial se refleja la opinión de que la persona objeto del procedimiento es culpable antes 
de  que  se  hubiese  probado  legalmente  su  culpabilidad.  Dicha  concepción  de  la 
presunción de inocencia se aplica incluso en ausencia de cualquier declaración formal, 
bastando únicamente una motivación que conlleve la concepción que el juez considera al 
interesado como culpable (entre otras, SSTEDH Minelli c. Suiza, § 37; Nerattini c. Grecia, 
§ 23; Didu c. Rumanía, § 41). Así, cualquier expresión prematura de culpabilidad de las 
personas  sometidas  al  procedimiento  constituye  una  violación  de  la  presunción  de 
inocencia (SSTEDH Nestak c. Eslovaqui[a], § 88; Garycki c. Polonia, § 66)». Y cita el 
considerando 16 de la Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo, de 9 de marzo 
de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal aspectos de la presunción de 
inocencia,  que  establece  que  «se  vulneraría  la  presunción  de  inocencia  si  las 
declaraciones públicas de las autoridades públicas, o las resoluciones judiciales que no 
fuesen de condena se refiriesen a un sospechoso o acusado como culpable mientras no 
se  haya  probado  su  culpabilidad  con  arreglo  a  la  ley.  Dichas  declaraciones  y 
resoluciones judiciales no deben reflejar la opinión de que esa persona es culpable».
Así las cosas, menciona la demanda el auto de la sala de recursos de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo, de 17 de abril de 2018, que al resolver la petición del  e.e
acusado Sr. Jordi Sànchez para que se le otorgara un permiso penitenciario para acudir  b
al Pleno de investidura (del presidente de la Generalitat) en la Cámara, es decir, no  513ww
lsao bsarela l odse dhiecach hoass tean jcuuicaitarod opsá geinn alas »c aeuns eal  easuptoe cpiaarl,a  s«inre eamlizbaar rugnoa,  «d[usr]oar ep rienncdoemnpteremnesnibtele, 
cinraítdicma»it idao  lala  reexstoraludcicióiónn d deel l trSibr.u Cnaalr ldees  PSucihgldeeswmiogn-Ht oplosrt eeinl  ddeelilt od ídae  5r edbee liaóbnr,i l inqcuuer rhieanbdíoa 
la sala en desviación procesal y lesión del derecho al juez imparcial (art. 6.1 CEDH).
Destaca de esas críticas el siguiente párrafo: «Y es que si los hechos que se han venido 
cometiendo en España se hubieran perpetrado en un Land de Alemania, con los mismos 
factores de evolución, tiempo y resultado, no parece muy factible que todo ello se 
saldara con una sentencia condenatoria meramente simbólica, como se dice en la 
resolución del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein».
Observa la demanda que (i) no precisa la sala que los hechos son presuntos o 
indiciarios, estando todavía en la instrucción, (ii) dice que los hechos se saldarán con 
una sentencia condenatoria, y (iii) que la condena «no resultará simbólica» sino por 
«delitos graves y ejemplificativa en términos de dureza». Luego, los «ahora condenados 
ya  eran  considerados  culpables»,  constituyendo  esto  una  lesión  del  derecho  a  la 
presunción de inocencia (arts. 24.2 CE y 6.2 CEDH).
3.5.2  «Vulneración  del  derecho  a  la  presunción  de  inocencia  respecto  al 
pronunciamiento condenatorio»:
Ya con relación a la sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, 
tras recordar la importancia del derecho fundamental en examen como pilar básico del 
sistema penal, principio informador del proceso penal y la doble exigencia de que un fallo 
de condena se sustente en verdaderos medios de prueba, con cita de la STC 189/1998, 
de 28 de septiembre, y que el juicio sobre esa prueba esté debidamente motivado, se 
considera  que  esta  última  condición  no  se  cumple  en  la  sentencia  dictada.  Para 
empezar, porque esta «no establece un apartado en el que aborde la valoración de la 
prueba practicada», pasando de los hechos probados al juicio de tipicidad y autoría, sin 
referencia a los medios probatorios. No es posible reconocer a las fuentes de prueba 
utilizadas para basar la condena, lo que conlleva indefensión. Tanto en el relato de los 
hechos del 20 de septiembre de 2017 y del 1 de octubre de ese año, como en la 
descripción del juicio de autoría, por ejemplo al describir episodios –indeterminados– de 
complicidad entre agentes y manifestantes, o a la hostilidad desplegada el día 20 de 
septiembre, o la afirmación de la repetición de la negativa verbalizada en «todos» los 
centros de votación. Se vulnera aquel derecho, ex arts. 24.1 y 24.2 CE y 6.2 CEDH.
3.5.3  «Vulneración de la presunción de inocencia de mi representada en relación 
con el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación (art. 14 CE, art. 14 CEDH 
y art. 1.2 Protocolo núm. 12 CEDH)»:
Continuando con el examen de la sentencia de 14 de octubre de 2019, se alega que 
la condena de la recurrente «se sustenta en una quiebra de cualquier razonamiento 
lógico entre los hechos declarados probados y el resultado de la actividad probatoria e 
implica una desigualdad de trato sufrida por la Sra. Forcadell para con los restantes 
miembros de la mesa del Parlament de Catalunya», a los que se juzga por el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña solo por el delito de desobediencia, lo que trae consigo 
la infracción de los preceptos citados. Dicho esto, se centra la demanda en afirmaciones 
contenidas al respecto en la sentencia sobre la recurrente:
(i)  «Permitir, como presidenta del Parlament, que se cree "una legalidad paralela 
carente de validez", desatendiendo los requerimientos del Tribunal Constitucional»: la 
conducta que se le atribuye es la misma que al resto de los miembros de la mesa, las 
propuestas de resolución se admitieron a trámite por dicho órgano colegiado donde la 
recurrente no utilizó su voto de calidad, su voto ha valido igual que el del resto de los 
miembros; y conforme declararon estos y los letrados del Parlament la demandante  e.e
tampoco  dio  indicación  a  los  miembros  de  la  mesa,  quienes  «además  tenían  más  b
experiencia, pues era su primera vez, y más conocimientos, en tanto que incluso algunos  513ww
hlaa abuíatonn coumrsíaa dpoa relasmtuedniotas ridae d De eloresc ahrots»..  7L2o.s1  mCEie my b5r8o Es AdCe , lay  lmase sfuan ecisotnáens a dmep easraed óorsg apnoor 
sDee sedjeer celons  dea ñmoasn eroac hreegnltaad, a perxo saigrtu. e3 7 lad el dReemgalanmdae,n toe ld ePl Paralarlmamenetn toh ad e eCfeactatuluañdao. 
pronunciamientos políticos sobre el derecho a la autodeterminación, y ha tramitado leyes
que propugnaban la independencia de Cataluña. El que existieran unos requerimientos 
previos del Tribunal Constitucional «nos situaría exclusivamente en el debate de si se ha 
cometido un delito de desobediencia, tal y como vienen siendo acusados el resto de 
miembros de la mesa del Parlament. La distinción de trato entre la presidenta y el resto 
de la mesa del Parlament vulnera el derecho a la igualdad de la misma (arts. 14 CE y 14 
CEDH y 1 del Protocolo 12)». El hecho probado séptimo de la sentencia, y los hechos 
del juicio de autoría acreditan que la actuación de la recurrente fue la misma que la del 
resto de los miembros de la mesa, y cuando la sentencia hace referencia a diversas 
iniciativas  aprobadas  (se  enumeran  por  la  demanda  varias),  lo  hace  refiriéndose 
únicamente a la mesa, o al acuerdo de la mayoría de esta.
Por otro lado, respecto de la afirmación de la sentencia de que «lo que justifica la 
condena de la Sra. Forcadell es su decisivo papel en la dirección de un proceso de 
creación normativa», en realidad «no existe referencia alguna a que haya participado» 
en  esa  creación,  ni  eso  tiene  reflejo  en  la  prueba  practicada,  es  una  afirmación 
irrazonable  «en  vista  de  los  hechos  y  la  prueba  practicada»  que  desconoce  el 
«funcionamiento de la institución parlamentaria». La iniciativa legislativa corresponde a 
los grupos parlamentarios y en algunos casos a la ciudadanía (art. 62.1 EAC), ni la 
presidencia  de  la  Cámara  ni  la  mesa  pueden  decidir  el  contenido  de  la  actividad 
legislativa.
(ii)  «Alentó, organizó y protagonizó actuaciones multitudinarias que entorpecieron la 
labor judicial y que generaron importantes enfrentamientos entre los ciudadanos y los 
miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado»: se trata según la demanda 
de «una inferencia irrazonable y absolutamente arbitraria que no encuentra sustento 
alguno en ningún hecho declarado como probado ni tampoco en el resultado de la 
prueba practicada». La demandante se limitó a asistir a determinados actos, no conllevó 
que los «organizara» o «protagonizara», como reconoce la sentencia al mencionar que 
«acompañó al presidente y el vicepresidente» (hecho probado 8.1) en alguno de ellos, o 
que «estuvo presente» en otro (hecho probado 13.1); actos a los que asistieron el 
conjunto de diputados del grupo parlamentario Junts pel Sí. Y su presencia en ellos no 
se relaciona con «alentar, organizar y protagonizar actuaciones multitudinarias» en los 
términos  arriba  referidos.  Igualmente  se  limitó  a  hacer  acto  de  presencia  en  la 
concentración  ante  la  Consejería  de  Hacienda,  como  hace  constar  la  sentencia 
(pág. 329), no hizo nada más.
En cuanto a la afirmación también de la sentencia (misma pág. 329) de que «[a] 
última hora de la tarde de ese mismo día 20 de septiembre la Sra. Forcadell presidió en 
Sabadell una concentración en defensa de las instituciones en la que llamó de nuevo a 
votar el 1 de octubre», se trata de una «falsa referencia […], referencia exagerada que 
pretende sobredimensionar un hecho sin que ello se relacione con la prueba practicada»; 
ella se limitó a hacer acto de presencia y en ese acto no hubo ningún incidente. Y sobre 
la afirmación de que el 21 de septiembre acudió a una concentración convocada en el 
Tribunal  Superior  de  Justicia,  lo  cierto  es  que  en  dicho  acto  participaron  más  de 
veinticinco  personas  incluyendo  expresidentes  y  diputados  del  Parlament,  alcaldes, 
periodistas,  representantes  sindicales,  y  en  su  intervención  la  demandante  incluyó 
llamamientos a no caer en provocaciones y actuar pacíficamente; acto también sin 
incidentes. Otro tanto es de decir de la afirmación de la sentencia de que «hizo acto de 
presencia» el día 22 en otra concentración en la Ciudad de la Justicia con los acusados 
Sres. Junqueras y Romeva.
Por lo que concierne a las reseñas en redes sociales, se menciona un mensaje en su  s
cuenta de Twitter del 20 de septiembre para que fueran a votar el 1 de octubre, «siete  oe.
días antes del auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que ordena impedir la  w.
votación, el cual es de fecha 27 de septiembre», por tanto es «objetivamente falso» que  513ww
luar nsaesn tesnec ihai caiefirrem e« pqeusee d iac haco ensotcimeru laqcuieó nl aas  laf uperrezsaesn cyia  smegausrividaa dde  hcaiubdíaand arneocsib eidno  lalas 
ceenlceobmraiecinódna» . eOsptreoc ífmicean sdaejle  Terinb uTnwailt teSru peel ri2o1r  ddee  Jsuespttiiceima bdree  sCoabtarelu ñlaa  ldibee ritmadp eddeir  lsous   BOE-A-cable e
políticos detenidos no tenía relación con los hechos del 1 de octubre. Y sobre el mensaje 
enviado a las 14:39 horas de ese día 1, «Gràcies a tots els que heu fet possible aquesta 
jornada inoblidable malgrat la violència desmesurada de l'Estat. Moltes gràcies», se ve 
claramente que la jornada ya ha transcurrido, pues «como se manifestó en juicio, las 
horas de los tuits no se corresponden con el horario español».
Además de lo dicho, considera la demanda que la sentencia revela contradicciones 
en el juicio de autoría de la demandante, en concreto entre estos dos pasajes:
– «Pronunciarse  públicamente  a  favor  de  la  emancipación  política  de  cualquier 
comunidad autónoma no es delito. Hacerlo en el contexto de una protesta ciudadana por 
una o varias detenciones que se consideran injustas, tampoco tiñe de ilicitud la conducta 
de ningún ciudadano. Se trata de actos garantizados y amparados por nuestro sistema 
constitucional». (pág. 330).
– «La  conducta  reprochada  a  la  Sra.  Forcadell  está  ligada  también  a  su 
protagonismo en el liderazgo de unos ciudadanos concentrados ante la sede de un 
órgano jurisdiccional para protestar por las detenciones de funcionarios de la comunidad 
autónoma».
Y sostiene que si conforme a la sentencia no queda acreditado que la recurrente 
asistiera a ninguna reunión del Govern, ni a reuniones con los Mossos, el hecho de que 
no la convocaran «puede tener una lectura mucho más beneficiosa» para ella, y en todo 
caso supone una interpretación contra reo que, partiendo de esta realidad, se afirme en 
la sentencia que la recurrente tuvo una «preeminencia institucional en el desarrollo ilegal 
del referéndum».
Se alega asimismo que es irracional y arbitrario el pronunciamiento en sentencia 
sobre el concierto de la demandante con el resto de los acusados, fundado en dos 
reuniones celebradas en abril y septiembre de 2016, que constan en un documento 
manuscrito que «no ha sido objeto de prueba alguna que acredite su autenticidad», y 
que en todo caso se refieren a hechos «cuando ni tan siquiera se había convocado el 
referéndum».
Finalmente, se destaca el pasaje de la sentencia, pág. 481, que establece: «La Sra. 
Forcadell era en el momento de los hechos la presidenta del Parlament. Ha quedado 
acreditado su relevante papel en la elaboración de un cuadro normativo, con aparente 
valor constitucional, llamado a dar cobertura a un referéndum suspendido por el Tribunal 
Constitucional y a una movilización ciudadana dirigida a hacer visible la pérdida de 
capacidad jurisdiccional de los órganos judiciales radicados en Cataluña». Insiste la 
demanda que el papel de la recurrente fue el mismo que el de los restantes miembros de 
la mesa de dicha Cámara, por lo que cualquier inferencia que pretenda diferenciarla a 
ella del resto, «no solo resulta irrazonable en vista a los hechos probados, sino que 
implica la vulneración del principio de igualdad». Cita en su apoyo la STC 149/2017, 
de 17 de diciembre, sobre el contenido esencial del derecho a la igualdad ante la ley del 
art. 14 CE; y dice que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
«acerca del concepto de discriminación contenido tanto en el art. 14 CEDH como en el 
art. 1.2 del Protocolo núm. 12 CEDH tiene determinado que "la noción de discriminación 
en el sentido del artículo 14 también incluye los casos en que una persona o grupo es 
tratado, sin justificación adecuada, menos favorable que otra" (cfr. STEDH de 24 de 
mayo de 2016, Biao c. Dinamarca, § 89) o que "la discriminación significa tratar de 
manera diferente, sin una justificación objetiva y razonable, a personas en situaciones 
similares relevantes" (Cfr. STEDH de 13 de noviembre de 2007, DH y otros c. República  e
Checa, § 175)». bo
Concluye  este  apartado  de  la  queja  reiterando  que  la  demandante  ha  sido  513ww
cporonbdaednoasd ay  pproorv osceadnic iuónn  trmaetod idainstcer imininfearteonricoia»s h aircraiaz oenllaab, lecos,n  ««qleuseió no rdillealn d elores chhoe cah olas 
CprEeDsuHn caiósín  cdoem oin oecl ednecrieac hdoe  ala l am tiustmelaa  cjuodniscaiagl reafdeoc teivna  e(al rat.r t2. 42.14 .2C EC)E y  ye l edne reel cahrot.  a6 .l2a 
igualdad (art. 14 CE y art. 14 CEDH y art. 1 del Protocolo 12)».
3.5.4  «Vulneración extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia de mi 
representada»:
Señala la demanda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene establecida 
constante jurisprudencia sobre la garantía de la presunción de inocencia no solo dentro 
del proceso penal sino fuera de él, asegurando que este «discurra en un ámbito público 
en el que se no culpabilice a las personas procesadas o acusadas», deber que alcanza a 
funcionarios, autoridades y representantes del Estado. Cita como ejemplo la STEDH 
Lizaso Azconobieta c. España, y en cuanto a la importancia de los términos con que 
aquellos funcionarios o autoridades realizan sus manifestaciones, las SSTEDH de 30 de 
junio de 2009, Viorel Burzo c. Romania, y de 10 de octubre de 2000, Daktaras c. 
Lithuania.
La aplicación de esta doctrina lleva a considerar que la presunción de inocencia «ha 
sido gravemente conculcada durante todo el procedimiento», dice, con permanentes 
manifestaciones sobre este y sobre la culpabilidad de los entonces acusados: (i) la rueda 
de prensa del fiscal general del Estado anunciando a la opinión pública la interposición 
de las querellas, junto con una comunicación oficial repartido a los periodistas en un 
archivo  informático  con  el  nombre  «más  dura  será  la  caída»;  (ii)  la  entonces 
vicepresidenta del Gobierno de la Nación, doña Soraya Sáenz de Santamaría, el 16 de 
diciembre de 2017 «presumió que su partido estaba "descabezando" y "liquidando" a los 
partidos políticos catalanes», (iii) el 1 de febrero de 2018 el Ministro de Justicia Sr. Rafael 
Catalá  «manifestó  ante  diferentes  medios  que  las  personas  que  estaban  siendo 
investigadas  en  fase  de  instrucción  serían  inhabilitadas  "muy  pronto"[…]»;  (iv)  la 
«Ministra de la Presidencia, relaciones con las Cortes e Igualdad, Sra. Carmen Calvo, 
manifestó en fecha 6 de noviembre de 2018 a preguntas de un diputado del PDeCAT 
que: "Sus compañeros están en prisión preventiva por haber cometido delitos"[…]»; (v) 
en una «entrevista de la secretaria de Estado en el medio británico de la BBC Radio la 
Sra. Irene Lozano afirmaba, sin tapujo alguno, que "no es algo que pasa cada día ni en 
cada país que líderes políticos que han cometido delitos vayan a juicio". Dicha afirmación 
además la realizaba quién ostentaba la Secretaría de Estado de España Global, creada 
en  octubre  de  2018,  con  el  principal  objetivo  de  influenciar  en  los  medios  de 
comunicación extranjeros respecto a lo sucedido en el juicio (recuérdese que el propio 
Gobierno ejercía la acusación a través de la Abogacía del Estado)»; (vi) «durante la 
deliberación del tribunal, durante el mes de agosto de 2019 salió publicado un informe 
elaborado por la secretaria de Estado de España Global en la que se afirmaban en 
varios de sus pasajes, la comisión de acciones constitutivas de delito, siendo que el 
mismo fue aportado al procedimiento mediante escrito de fecha 5 de septiembre de 2019 
por la representación del Sr. Sànchez, Rull y Turull», reproduciendo la demanda varios 
de sus pasajes.
Con todo ello reitera la recurrente la vulneración de su derecho a la presunción de 
inocencia, arts. 24.2 CE, 6.2 CEDH, 14.2 PIDCP y 11 DUDH.
3.6  «Vulneración de los artículos 14 (derecho a la igualdad), 24.1 CE (derecho a la 
tutela judicial efectiva y prohibición de indefensión), 24.2 CE (derecho a un proceso con 
todas las garantías), 120.3 CE y del principio de proporcionalidad, por ausencia de toda 
motivación en la individualización de la pena. Vulneración del derecho al juicio justo 
(art. 6 CEDH) y de la prohibición de discriminación (art. 14 CEDH)»:
Se  dice  que  la  sentencia  no  ofrece  una  mínima  motivación  respecto  de  la  s
individualización de la pena de once años y seis meses, impuestas a la recurrente, y  oe.
cvipnouadrlrnerteiebclruiadalcaa iórme»nl e.  pneRrtneinet rcceliuop elsiaor s d laaípmc rueiqtsetueasent o srdieiooeln   eyplsa r isend lc epid peleiaot is cp iaaoroccnpuueosssraa ctcipooiourninnoaei ltisidvt aaaymds   ebdlid éefena   lllaoloa ,p  imyea rpcqauuu seeeas nctaa iqó,l una«e  sllpnauúespbc edlericaesanba derionay     2021-19513n https://www.
formularse permitiendo a la defensa determinar su previsibilidad, art. 9.3 CE, con cita
también  del  art.  789.3  LECrim  y  el  acuerdo  del  pleno  no  jurisdiccional  de  la  Sala
Segunda del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2006, que vincula al órgano 
judicial con la pena que sustenten las acusaciones.
Siendo así, resultaría que la determinación de la pena impuesta a la recurrente no se 
relaciona con la petición del Ministerio Fiscal, que no formuló acusación por el delito 
objeto de condena, y excedió de la pedida por la abogacía del Estado como acusación 
particular, la cual era de diez años de prisión. Su cobertura únicamente está en la 
petición realizada por el partido político Vox, cuyo ejercicio de la acusación popular, 
según la propia sentencia, no fue positiva (pág. 151), su actuación se basó en criterios 
políticos y no técnicos. Al asumir esa petición, la sentencia impuso una pena basada en 
criterios irrazonables y arbitrarios, y vulneró también la proporcionalidad.
3.7  «Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa 
(art. 24.1 y 24.2 CE) en relación con la injustificada y arbitraria privación de libertad de mi 
representada (art. 17 CE y art. 5 CEDH en relación con el art. 17 CEDH)»:
Denuncia este apartado de la demanda que la recurrente fue privada de libertad 
desde el 23 de marzo de 2018, «de manera injustificada durante la tramitación de todo el 
procedimiento  durante  casi  once  meses»,  habiéndose  intentado  su  libertad 
infructuosamente (se detallan los distintos escritos presentados), y siendo la medida 
injustificada  se  vulneró  el  derecho  a  la  libertad  del  art.  5.1  y  5.3  CEDH  y  su 
mantenimiento,  lesiva  a  su  vez  del  procedimiento  justo  del  art.  6  CEDH.  Prosigue 
diciendo que la medida impuesta el 23 de marzo de 2018 «implicó ya en su momento 
una vulneración del derecho a la libertad habida cuenta de que la misma no se basaba 
en  "motivos  suficientes  y  pertinentes  valorados  con  diligencia  particular"  (SSTEDH 
Kavkazskiy c. Rusia, § 64; XY c. Hungría)»; se fundó únicamente en la gravedad de los 
hechos del auto de procesamiento y el incremento del riesgo de fuga, sin ponderar otras 
circunstancias que pudieran enervar ese riesgo, esto es, «[…]"con referencia a otros 
factores relevantes que pueden confirmar el peligro de fuga o hacer que parezca tan leve 
que no pueda justificar la detención a la espera del juicio" (SSTEDH Khudoyorov c. 
Rusia; Merabishvili c. Georgia)». Además, en virtud de hechos genéricos sin concreción 
a la conducta de cada uno, sin que hubieran cambiado las circunstancias de riesgo ya 
valoradas en el auto de 9 de noviembre de 2017 que acordó entonces la libertad bajo 
fianza, introduciendo como factor irrazonable la actuación de terceros investigados o que 
algunos  se  considerasen  inocentes,  ni  atendió  a  las  circunstancias  personales  y 
familiares de la recurrente. Asimismo, la medida se basó en conductas que expresaban 
el  ejercicio  de  derechos  fundamentales  «libertad  de  expresión,  libertad  de  reunión, 
representación política». Se invoca doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
sobre la necesidad de asegurar que no quepa otra medida menos gravosa STEDH 
Mangouras c. España y que los motivos pueden ser pertinentes pero no suficientes para 
mantener la medida. Se alega por esto lesión del art. 5.3 CEDH, con cita de las SSTEDH 
Radu c. Alemania, y Bykov c. Rusia, ya que el tribunal con posterioridad (autos de 27 de 
julio y 28 de septiembre de 2018, y autos de 14 de enero y 25 de enero de 2019) no 
valoró la vigencia de las razones iniciales, limitándose a una remisión automática a las 
contenidas en el auto de marzo de 2018; no tuvo en cuenta, se insiste, las circunstancias 
personales y familiares de la recurrente, o el hecho político de la formación de un nuevo 
Gobierno autonómico, ni la afectación de la medida a otros derechos fundamentales, ni 
la posibilidad de aplicar medidas menos lesivas, como la fianza y la libertad vigilada; 
añadiendo la cita de la STEDH Khudoyorov c. Rusia.
La medida no buscó asegurar a las personas al procedimiento, sino que atendió a la  e
situación política de Cataluña y evitar que los investigados «pudieran desarrollar su  bo
función de representación política produciéndose un evidente efecto desaliento en el  513ww
erejeurnciiócnio» . dSe ed cicithaon  dceormecoh oa paosyío  cloams oo peinni olonse sd 6e/r2e0c1h9o sy  d1e2 /l2ib0e1r9ta dd edl eg reuxppor edseió ntr ayb adjoe 
sobrAe  cdoentetinncuiaócni óanr bsietr ainridai cdae  qlau eO lNasU .resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo sobre
libertad de los investigados fueron recurridas ante este Tribunal Constitucional, pero
«dicha  instancia  ha  resultado  manifiestamente  ineficaz  para  la  protección  de  los 
derechos habida cuenta de que el recurso de amparo formulado por mi representada, 
presentado el 28 de junio de 2018, no ha sido resuelto hasta un año y medio después y 
cuando ya se había dictado la sentencia». Además, ha admitido a trámite todas las 
demandas de amparo de los acusados en la causa especial 20907-2017 en relación con 
la prisión provisional, y al considerarlos pronunciamientos no efectivos, han impedido de 
facto la presentación de demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo 
que considera una «vulneración de los derechos establecidos en el art. 5.3 y 5.4 CEDH, 
en relación con la prohibición de abuso de derecho del art. 17 CEDH».
También  se  denuncia  la  lesión  del  derecho  a  un  proceso  justo,  con  restricción 
indebida de las facultades de defensa, arts. 6.1 y 6.3 CEDH, puesto que la recurrente 
estaba privada de libertad en centro penitenciario situado a 700 kilómetros «de su 
domicilio y del despacho de sus abogados durante gran parte de la tramitación de la 
investigación», privándole de una correcta intervención en su defensa, haciéndose más 
intensa esa afectación durante los cuatro meses de celebración del juicio oral. Se reitera 
que al desarrollarse este en sesiones de mañana y tarde, de lunes a jueves, impedía una 
correcta  preparación  de  la  defensa  al  no  haber  tiempo  para  una  comunicación  y 
preparación efectiva entre letrados y defendidos; ella en concreto se levantaba entre 
las 5 y las 6 de la mañana, afrontando sesiones de ocho horas de juicio oral, más el 
traslado al centro penitenciario, durante cuatro meses.
Segunda  queja.  «Vulneración  del  derecho  fundamental  a  la  legalidad  penal 
(art. 25 CE, art. 7 CEDH, art. 49 CDFUE, art. 15 PIDCP, art. 11.2 DUDH) en relación con 
los  derechos  fundamentales  a  la  libertad,  a  la  libertad  ideológica,  a  la  libertad  de 
expresión y de reunión pacífica (arts. 16, 17, 20 y 21 CE, arts. 5, 9, 10 y 11 CEDH). 
Prohibición de arbitrariedad en la aplicación de la ley penal (art. 9.3 CE)»:
3.8  La demanda considera vulnerado por la sentencia de 14 de octubre de 2019 y 
el  auto  confirmatorio  de  29  de  enero  de  2020,  el  derecho  a  la  legalidad  penal 
(art. 25.1 CE) de la recurrente desde diversas perspectivas que articula por separado del 
siguiente modo:
3.8.1  «Principio  de  legalidad  penal:  necesaria  previsibilidad  de  las  conductas 
punibles y prohibición de interpretaciones extensivas o analógicas contra reo»:
Se vierten unas consideraciones generales sobre el principio de legalidad y su 
importancia en el Estado democrático y del derecho penal en el Estado de derecho, su 
cobertura en el art. 25 CE, art. 7 CEDH, art. 49 CDFUE, art. 15 PIDCP y art. 11.2 DUDH; 
su traducción en mandato básico a los órganos jurisdiccionales para que eviten la 
arbitrariedad (art. 9.3 CE); y que es inderogable conforme el art. 15 CEDH. Se enuncia a 
continuación el art. 7.1 CEDH relativo a la predeterminación legal de las conductas 
punibles y la irretroactividad de las penas, y la existencia de criterios jurisprudenciales 
interpretativos previsibles de los elementos del delito y de la pena, con cita de las 
SSTEDH Del Río Prada c. España; Dragotoniu and Militaru-Pidhorni c. Romania, o 
Pessino  c.  Francia;  Alimuçaj  c.  Albania;  Jorgic  c.  Alemania;  que  se  prohíben  las 
interpretaciones  extensivas  o  por  analogía  (SSTEDH  Vasiliauskas  c.  Lithuania  o 
Navalnyye c. Russia), y existe una correlación entre la previsibilidad de la norma y el 
grado de responsabilidad de la persona (STEDH GIEM SRL and others c. Italy). Añade 
que estos postulados del principio de legalidad guardan relación con el concepto de 
proceso debido del art. 6 CEDH, pues una subsunción arbitraria de los hechos en el tipo  s
penal puede conllevar la violación de ambos preceptos (STEDH Navalnyye c. Rúsia).  oe.
Sseienmtae)pn rcei« aeI minm poprpeuivgninisóainbd iladid eha aldab  erríenac  lucaor ranepcnluitcelca,a cladió ona  epdll iecp arlaicn incóionpr imdoe ad »ee: sletagsa glidaaradn ptíoars e dsetatesr mraiznoanríeas :que la  2021-19513n https://www.
Se aclara que a falta de precedentes en la aplicación del tipo penal de la sedición a
hechos similares a los aquí enjuiciados, la previsibilidad de la aplicación del tipo penal
depende  de  criterios  jurisprudenciales  generales  y  de  principios  del  ordenamiento, 
además  de  algunos  datos  peculiares  de  este  caso,  lo  que  permite  hablar  de  esa 
imprevisible aplicación:
(i)  En  primer  lugar,  y  al  margen  de  que  la  recurrente  no  participó  en  ello,  la 
organización  y  celebración  de  un  referéndum  declarado  ilegal  no  constituye  delito, 
careciendo de relevancia penal. Dicha figura se introdujo como art. 506 bis en la reforma 
del  Código  penal  de  2003  (Ley  Orgánica  20/2003,  de  23  de  diciembre),  pero  fue 
suprimido  dos  años  después,  despenalizando  esa  conducta,  mediante  la  Ley 
Orgánica 2/2005, de 22 de junio, que hace una referencia a esa eliminación en su 
exposición de motivos. Siendo así, «resultaba imprevisible que la convocatoria de un 
referéndum por parte del Govern de la Generalitat pudiese ser considerado como una 
conducta ilícita penalmente cuando la misma había sido expresamente excluida del 
ordenamiento penal por voluntad del legislador».
Critica a continuación la explicación dada por la sentencia impugnada al bien jurídico 
protegido por aquel art. 506 bis CP (preservar la competencia en la convocatoria de este 
acto) que cree se contradice con la voluntad expresa del legislador, y recalca que 
merced a esa despenalización el grupo parlamentario popular presentó una iniciativa en 
el año 2018 para su reintroducción en el Código penal. El Tribunal Supremo ha hecho 
caso omiso a esa derogación del art. 506 bis CP, mediante una aplicación analógica a 
hechos que debían quedar extramuros del derecho penal.
(ii)  La imprevisibilidad de la aplicación de la norma efectuada por la sentencia 
impugnada se deriva también, explica la demanda, de que la actuación del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo en casos anteriores relativos a 
hechos similares, fue «radicalmente distinta» a la expresada ahora, condenando solo por 
delito de desobediencia a una pena de inhabilitación; una similitud de hechos que consta 
en el relato de los escritos de conclusiones provisionales de las acusaciones.
(iii)  Y en tercer lugar, según la demanda los hechos por los que se condena a la 
recurrente ya estaban siendo investigados por «el Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya en el procedimiento diligencias previas núm. 1-2016 (hechos relacionados con 
el Parlament de Catalunya) y diligencias previas núm. 3-2017 (hechos relacionados con 
las  actuaciones  del  Govern  de  Catalunya)  con  anterioridad  a  la  asunción  de  la 
competencia  por  parte  del  Tribunal  Supremo»,  sin  que  en  ninguno  de  esos 
procedimientos se imputase a los investigados un delito de sedición, sea por la actividad 
parlamentaria de algunos, o por la voluntad del Govern de convocar un referéndum; 
acordándose al contrario la inadmisión de las querellas que así lo planteaban, entre el 
año 2015 y octubre de 2017 (se incluye una relación de tales resoluciones del Tribunal 
Superior), e incluso en un auto de 11 de octubre de 2017 por el que solo admitió una 
querella por los delitos de desobediencia y malversación.
(iv)  Porque no hay «prácticamente ningún precedente relevante y reciente sobre 
este delito por parte del Tribunal Supremo», pues ante perturbaciones del orden público 
«mucho más graves que las aquí enjuiciadas», el tipo habitualmente aplicado por los 
tribunales ha sido el de desórdenes públicos y no el de sedición, sin equivalente «en la 
gran mayoría de países europeos».
(v)  Y porque no se ha logrado ejecutar ninguna de las órdenes de detención y 
entrega en los países europeos donde se encuentran «residiendo libremente» algunos 
de los investigados en esta causa. Se cita como ejemplo la resolución «de 12 de julio 
de 2018, dictada el por el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein de la República 
Federal de Alemania» respecto de la solicitud de extradición de don Carles Puigdemont  e.
por el delito de rebelión, en la que se entendió que el delito no se había cometido, como  w.b
tampoco el delito de alteración del orden público. 513ww
b)  «Imprevisibilidad  en  la  interpretación  de  la  norma,  falta  de  taxatividad  y 
aplicación  analógica  respecto  a  conductas  que  constituyen  ejercicio  de  derechos 
fundamentales»:
Alega la demanda que el art. 544 CP, que define el delito de sedición, adolece de la 
falta  de  taxatividad  al  utilizar  conceptos  jurídicos  indeterminados  como  «alzarse», 
«tumultos»,  «fuerza»  o  «fuera  de  las  vías  legales»,  resultando  muy  difícil  conocer 
exactamente qué conductas se están prohibiendo por el legislador; con cita de la STEDH 
de 11 de abril de 2013 (asunto Vyerentsov c. Ucrania), y la STEDH de la Gran Sala, 
de 22 de marzo de 2001 (asunto Streletz, Kessler y Krenz c. Alemania). Además de esa 
falta de previsibilidad, el precepto se ha subsumido en situaciones no abarcadas por él, 
vulnerando la prohibición de analogía contra reo (arts. 4 CP y 25.1 CE).
Refiriéndose a los hechos enjuiciados, señala la demanda:
(i)  En cuanto a los hechos sucedidos el 20 de septiembre de 2017, se habla de una 
manifestación  ciudadana  de  40  000  personas,  pero  solo  muy  pocos  asistentes 
incurrieron en excesos, no hubo tumulto para impedir el incumplimiento de resoluciones 
judiciales  sino  el  ejercicio  de  derechos  fundamentales  (manifestación  y  libertad  de 
expresión, arts. 21 y 20 CE), las diligencias acordadas por la autoridad judicial se 
pudieron realizar. La sentencia aplica analógicamente in malam partem el art. 544 CP a 
un supuesto no abarcado por este precepto. Ninguno de los ciudadanos que asistieron 
han sido perseguidos por el delito de sedición, cuando de haber existido serían los 
autores materiales;
(ii)  Con relación a los hechos sucedidos el 1 de octubre de 2017, la sentencia 
fundamenta la condena en una breve descripción en la pág. 54 de los hechos probados 
sobre unos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y ciudadanos, «sin describir 
en absoluto en qué consistieron dichos "enfrentamientos" […]». Su subsunción en el 
art. 544 CP también denota una analogía in malam partem; solo se persiguió a algunos 
manifestantes  que  de  manera  aislada  incurrieron  en  desobediencia,  resistencia  o 
atentado contra los agentes. «Por consiguiente, los meros actos de "interposición física" 
(págs. 246), el "impedimento físico" (pág. 283) u "obstaculizar" el ejercicio de la función 
jurisdiccional  (págs.  247  o  363),  a  los  que  se  alude  en  varios  pasajes  de  la 
fundamentación jurídica de la sentencia, no puede constituir el "alzamiento tumultuario" 
sin incurrir en una extensión analógica contra reo». Fueron la Guardia Civil y la Policía 
Nacional las que desobedecieron la orden dada por el auto del Tribunal Superior de 
Justicia de 27 de septiembre de 2017, de no afectar a la normal convivencia ciudadana; 
actuación que además era innecesaria tras la suspensión de la ley que regulaba tal 
referéndum por providencia de 7 de septiembre de 2017 de este Tribunal Constitucional, 
posteriormente declarada su nulidad por STC 114/2017, de 17 de octubre. La realidad de 
lo acontecido fue la movilización de parte de la sociedad catalana para emitir un voto 
(«como participación en un referéndum o ya fuera como acto de protesta») de manera 
«absolutamente pacífica». No hubo alzamiento vinculado a la sedición.
Prosigue diciendo la demandante que la gravedad de la pena que conlleva el tipo 
obligaba a una interpretación restrictiva de este último, «teniendo que consistir el mismo 
en una sublevación o insurrección pública con conductas violentas». La sentencia no 
examina si concurre esta circunstancia sino la finalidad política de los hechos, lo que 
resulta irrelevante desde el punto de vista del bien jurídico protegido (el orden público). 
Ello entrañaría una aplicación analógica frente a unos hechos atípicos penalmente.
3.8.2  «El principio de legalidad en relación al juicio de autoría»: oe.
a)  En primer lugar, alega la demanda que la sentencia impugnada condenó a la  513ww
creacteugrroerníate  dpeo ar uutonroías  oh epcahrotisc ipsainc ióens taqru ea clere fduiteardea a tnrii blueigbalel  an i ajquuriespllaru. dSeen crieaplmitee nqtuee  ulnoas 
ceixuidstaiddoa nodse liqtou e dpea rtsiceidpiacrióonn,  ehl u2b0i edraen s espidtieom  lborse  oa uetol r1e sd em oactteurbiarele sd ed 2e0l 1«7a, ldzaem hiaebnetor   BOE-A-cable e
tumultuario» penado por ese tipo; antes al contrario, la sentencia incide en la falta de 
reproche penal alguno por el simple hecho de haber participado en las movilizaciones 
(págs. 240, 245 y 383).
Trae en este punto a colación la demanda el llamado principio de accesoriedad 
limitada en la participación del art. 28 CP, conforme al cual «el partícipe solo puede 
responder de un delito ajeno si el hecho cometido por el autor material es típico y 
antijurídico», con cita de las SSTS 214/2018, de 8 de mayo y 704/2018, de 15 de enero).
En el delito de sedición, explica la demanda, además de los ejecutores materiales o 
autores directos, que son quienes se alzan pública o tumultuariamente (art. 544 CP), se 
encuentran quienes «hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición, o aparecieren 
en ella como sus principales autores» (art. 545 CP). Por tanto, de acuerdo con el 
principio de accesoriedad limitada si no ha existido hecho antijurídico atribuible a uno o 
varios ejecutores materiales, no puede existir tampoco una «conducta de participación 
penalmente relevante, no se puede ser inductor/a de un alzamiento que no se ha 
producido ni puede concebirse una sedición sin alzados».
Descarta igualmente la demanda que se haya aplicado un supuesto de autoría 
mediata, posibilidad que no menciona en absoluto la sentencia. Los ciudadanos que se 
manifestaron o votaron los días de autos tenían «perfecto conocimiento» de que las 
leyes estaban suspendidas por el Tribunal Constitucional y que había una resolución 
judicial» ordenando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado impedir el uso de 
locales para la celebración del referéndum; los ciudadanos no actuaron como «meros 
instrumentos, totalmente "abducidos" […]» por los acusados. Esto llevó a la fiscalía a 
inventarse le figura del «autor mediato detrás del autor inmediato», que constituiría la 
inducción. En conclusión, se vulnera el derecho fundamental a la legalidad (ex art. 7 
CEDH), tal y como viene siendo interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. A título de ejemplo, se citan la SSTEDH de 11 de abril de 2013, asunto 
Vyerentsov c. Ucrania y de 21 de octubre de 2013, asunto Del Río Prada c. España.
b)  Sentado lo anterior, entiende también la demandante de amparo que el juicio de 
su autoría se estableció orillando también los propios hechos probados de la sentencia. No 
se tuvo en cuenta, en concreto, que por razón de su cargo (presidenta del Parlament) sus 
funciones no guardaban relación con las decisiones adoptadas por el Govern de la 
Generalitat;  que  ella  ni  siquiera  participó  en  las  iniciativas  parlamentarias  que  se 
declararon inconstitucionales, iniciativa que corresponde a los grupos parlamentarios; y 
que la sentencia no explica de qué modo su actuación aportó a la ejecución de los hechos 
que se consideraron penalmente relevantes. Solo se la relaciona con la manifestación 
del 21 de septiembre de 2017, la cual no tiene relación con los hechos del 20 de 
septiembre y 1 de octubre de 2017, considerados delictivos por la sala, ni se la relaciona 
con una supuesta inducción al alzamiento para impedir una orden judicial. Se produce por 
esto la vulneración de nuevo del principio de legalidad (arts. 25 CE y 7 CEDH).
3.8.3  «Principio de legalidad y proporcionalidad de las penas (art. 25 CE y art. 49.3 
CDFUE), que afecta a la libertad personal, a la libertad de reunión y manifestación, a la 
libertad de expresión y a la libertad ideológica (arts. 16, 17, 20 y 21 CE):
La demanda de amparo comienza por invocar las SSTC 85/1992; 50/1995; 66/1995, 
55/1996, y 136/1999, en la que el tribunal incluyó dentro del principio de legalidad penal 
la exigencia del carácter proporcionado de las penas, «en su relación con la libertad 
personal, la libertad de expresión, la libertad ideológica y con las libertades de reunión y 
de manifestación (art. 16, 17, 20 y 21 CE)». e
Afirma que las penas previstas para el delito de sedición son desproporcionadas,  bo
especialmente teniendo en cuenta la «grave indeterminación en el tipo objetivo que  513ww
doetrsocsr ibdee lietol sa, rto.  5e4n4  mCaPt»e,r iya  edne  cDoemrpeachraoc icóonm cpoanr aladso .p rAesvíi,s tcaosn efrno netal  plrao ppioe ncaó ddigeo h paasrtaa 
qquuein caeq uaeñlolas  edse  pdreissipórno pcoornc iootnroasd ad efrlietonste g raa vlaess  pcroemvios teals h eonm ioctirdoios  yd eelli taosse csoinnatrtoa,  eyl  aofrirdmena 
público, la mayoría inferiores a seis años (o hasta ese tiempo, si se usare armamento,
añade la demanda). También prevén penas menos graves en países como Alemania, 
Bélgica o Francia por hechos similares, como delito de desórdenes públicos, en otros ni 
se tipifica. Añade la posibilidad de aplicar en cambio una sanción administrativa bajo la 
Ley de seguridad ciudadana (art. 36.4) e invoca el principio de intervención mínima en el 
Derecho penal, «y más, cuando puede afectar a derechos fundamentales», con cita de la 
STC 136/1999 y de un artículo de doctrina científica.
Considera la demandante, en consecuencia, que la imposición de penas superiores 
a  los  diez  años  «por  una  supuesta  perturbación  del  orden  público  acontecida  en 
manifestaciones en las que afortunadamente no ha habido ni heridos graves, ni se han 
esgrimido armas y ni tan siquiera se han producido daños materiales, supone incurrir 
en una clara desproporción punitiva que "puede inhibir de modo natural el ejercicio de 
tales  libertades,  necesarias  para  el  funcionamiento  democrático  de  la  sociedad" 
(STC  136/1999)». Concluye  que  esta desproporción  y absoluta imprevisibilidad  ha 
producido la vulneración «del art. 25 CE, art. 7 CEDH, art. 49 CDFUE, art. 15 PIDCP y 
art. 11.2 DUDH en relación con el art. 9.3 y 24 CE, art. 6 CEDH, art. 14 PIDCP y 
art. 10 DUDH».
Tercera queja. «Vulneración de los derechos a la libertad de expresión, el derecho de 
reunión y el derecho de representación política (arts. 20, 21 y 23, arts. 10, 11 y art. 3 
protocolo adicional). En relación con la vulneración de la inviolabilidad parlamentaria 
(art. 57.2 EAC)»:
3.9  Dice la demanda que en este apartado denuncia «la vulneración del derecho a 
la representación política, derecho a la libertad de expresión y derecho de reunión que 
se invocan mediante la presente de manera autónoma, sin perjuicio de su estrecha 
relación con la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria» de la que gozaba la 
recurrente en su condición de presidenta del Parlament de Cataluña. Esta queja, precisa, 
ya  fue  planteada  en  otros  procedimientos  y  también  en  la  presente  causa 
especial  20907-2017,  al  impugnar  el  auto  de  procesamiento,  en  el  escrito  de 
conclusiones provisionales, en el escrito de cuestiones previas, y en el acto del juicio 
oral, y ha sido resuelto por la sentencia impugnada negando esa lesión, en el punto 17.2 
del apartado A) de los fundamentos de Derecho. Pasa de seguidas la demanda a 
desarrollar este motivo:
a)  «Respecto a la inviolabilidad parlamentaria»:
Ante todo, la demanda vierte unas consideraciones generales sobre este instituto. 
Cita al efecto el art. 55.1 EAC y la función representativa del pueblo de Cataluña que 
tiene el Parlamento, el cual se vertebra bajo el principio de autonomía parlamentaria que 
le permite actuar de manera libre e independiente. A su vez, el art. 57.1 EAC prevé la 
inviolabilidad de los miembros de la Cámara por los votos y opiniones emitidas en el 
ejercicio de su cargo, con cita también del art. 21 del Reglamento del Parlamento de 
Cataluña. El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por ley orgánica, se inserta 
en  el  bloque  de  constitucionalidad  del  Estado,  prosigue  diciendo,  mientras  que  el 
art. 71 CE recoge tal inviolabilidad en cuanto a los diputados, junto con el fuero y la 
inmunidad. La importancia de la inviolabilidad parlamentaria en el sistema democrático 
radica en ser una garantía del funcionamiento de la institución, y una prerrogativa del 
parlamentario.
b)  «La  inviolabilidad  de  la  institución  parlamentaria  y  la  restricción  indebida  y 
desproporcionada de los derechos a la participación política y a la libertad de expresión  e.
(art. 20 y 23 CE y art. 10 CEDH y art. 3 Protocolo Adicional) vulnerando el principio de  w.
separación de poderes»: 513ww
En esta primera faceta de aquella garantía, la institucional, la demanda cita la
SdeTlC  ó 2rg4a3n/1o9 8le8g eisnla ctiuvaon taol  aq ausee gpuerrater nlae zlicbaenr,t adlo  dceu eaxl peress itórna sdlaed laobsl ep aarlla mPaernlatamrieonst  y dlea 
Catalunya, con cita de la STC 36/1981. Entran así en juego, prosigue, valores como la
libertad y el pluralismo político, propios de la concepción democrática de un Estado 
(art. 1.1 CE), el derecho fundamental a la participación política y la libertad de expresión, 
además  de  garantía  de  la  separación  de  poderes.  La  función  representativa  del 
Parlamento  concreta  el  derecho  fundamental  de  los  ciudadanos  a  participar  en  la 
dirección de los asuntos públicos (art. 23.1 CE, art. 3 del Protocolo al Convenio europeo 
de derechos humanos), y protege a los parlamentarios de perturbaciones ilegítimas en el 
ejercicio de sus derechos, facultades y atribuciones (ius in officium), con cita de la 
STC 22/1997, FJ 2, que residencia esta protección en el art. 23.2 CE. Asimismo, reitera 
la demanda que la inviolabilidad parlamentaria protege la libertad de expresión de los 
parlamentarios y prohíbe la censura previa (arts. 20.1 y 2 CE, arts. 10 y 11 CEDH), con 
cita de las SSTEDH de 27 de febrero de 2001, asunto Jerusalén c. Austria, y de 23 de 
abril de 1992, asunto Castells c. Espanya.
La inviolabilidad parlamentaria, se añade, comporta una interpelación a los órganos 
judiciales para no injerirse en el funcionamiento de los órganos parlamentarios. Cita a 
continuación la STEDH de 16 de septiembre de 2014, Szél y otros c. Hungría, sobre las 
prerrogativas parlamentarias, la separación de los poderes legislativo y judicial y la 
protección de una democracia efectiva; así como el Informe de la Comisión de Venecia 
sobre el alcance y levantamiento de las inmunidades parlamentarias (Estudio núm. 
714/2013 de 14 de mayo de 2014). Sobre esta base, se observa que la sentencia 
impugnada  ha  limitado  la  prerrogativa  parlamentaria  aludiendo  a  su  sentencia 
STS 1117/2006, de 10 de noviembre (punto 17.3.3 de la sentencia), y aunque este 
Tribunal Constitucional declaró que no era de su competencia dirimir un conflicto de 
atribuciones entre un órgano intraparlamentario y otro judicial (ATC 515/2005, de 19 de 
diciembre), «el principio de inviolabilidad de las instituciones parlamentarias así como la 
separación de poderes en el estado español se vieron sensiblemente afectados» por la 
reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional incorporando nuevas facultades 
ejecutivas  al  tribunal  (Ley  Orgánica  15/2015,  de  16  de  octubre),  para  afrontar  «el 
conflicto  surgido  en  Catalunya»,  posibilitando  en  los  incidentes  de  ejecución  de  la 
STC  259/2015  «la  alteración  de  las  competencias  de  la  Mesa  del  Parlament», 
prohibiendo  iniciativas  parlamentarias.  Así  sucedió  con  los  requerimientos  sobre  el 
«deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o 
indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de dicha resolución», obligando a la 
mesa a ejercer un control de constitucionalidad en las iniciativas, hasta entonces no 
permitido (se citan los AATC 85/2006 y 135/2004 –en ese orden–).
Discrepa  la  demanda  de  la  fundamentación  en  este  punto  de  la  sentencia 
impugnada, que menciona un dictamen de la Comisión de Venecia, y la decisión de 7 de 
mayo de 2019, respecto a una demanda presentada por setenta y seis diputados del 
Parlament, pero que se refirió a un supuesto específico (anulación de un pleno que había 
aprobado una ley declarada inconstitucional) que no coincide con los requerimientos del 
Tribunal  Constitucional  que  afectaban  a  las  facultades  de  la  mesa  del  Parlament, 
limitando y prohibiendo el debate parlamentario. Cita también las SSTEDH asuntos 
Cordova c. Italia, y Karácsony y otros c. Hungría.  Se insiste por la demanda en que 
este Tribunal Constitucional realizó injerencias «en las facultades de mi representada 
como M.H. presidenta del Parlament, y que son el origen del presente procedimiento 
respecto a mi representada, constituían una restricción indebida y desproporcionada a la 
autonomía parlamentaria así como la eliminación del principio de inviolabilidad y, por ello, 
vulneran los derechos a la libertad de expresión y a la representación política tanto de mi 
representada como de los parlamentarios (arts. 20 y 23 CE, 10 CEDH y 3 Protocolo  s
adicional) y afectan al conjunto de actuaciones que los órganos de la jurisdicción penal  oe.
han adoptado respecto a la Sra. Carme Forcadell». Y aclara que las dos resoluciones  w.
invocadas  por  la  sentencia  impugnada  (de  la  Comisión  de  Venecia  y  del  Tribunal  513ww
Europeo de Derechos Humanos) no avalan la persecución penal a parlamentarios.
c)  «La  vulneración  de  la  prerrogativa  de  la  inviolabilidad  parlamentaria  de  mi 
representada y la vulneración del derecho a la libertad de expresión, de reunión y de 
representación política»:
Dice la demanda que la condena a la recurrente porque «lo decisivo fue que como 
presidenta del órgano legislativo no impidió que se votaran resoluciones abiertamente 
contrarias a lo declarado por el Tribunal Constitucional», vulnera la prerrogativa de la 
inviolabilidad parlamentaria que a aquella le asistía tanto en sus opiniones como en sus 
votos.  Se  cita  como  apoyo  el  Informe  sobre  la  inmunidad  de  los  miembros  del 
Parlamento  Europeo  –Dirección  de  Políticas  Internas–  de  2014;  el  informe  de  la 
Comisión de Venecia sobre alcance y levantamiento de las inmunidades parlamentarias, 
§ 53 y 62, y la STC 51/1985 sobre aquella prerrogativa en el marco de las funciones del 
diputado o senador «en el seno de cualesquiera de las articulaciones orgánicas de las 
Cortes Generales».
Respecto de las funciones parlamentarias de la mesa del Parlament, se cita el art. 37 
del Reglamento del Parlamento de Cataluña en sus apartados a) y d), de nuevo la 
STC  51/1985  y  el  auto  del  Tribunal  Supremo  núm.  641/2003,  de  23  de  enero, 
fundamento tercero. Sostiene que «todas las actuaciones por las que se condena a mi 
mandante se relacionan precisamente con la tramitación de iniciativas parlamentarias y 
la intervención en estas por la mesa, en su función de admisión y calificación a trámite 
de los escritos parlamentarios» (arts. 37.3, 152.1 y 153 del Reglamento del Parlamento 
de Cataluña), y su obligación de dirigir el debate parlamentario con respecto a las 
previsiones reglamentarias sobre las facultades del pleno (art. 81.3 del Reglamento del 
Parlamento de Cataluña); «la criminalización de la conducta de mi representada se ha 
basado siempre en el sentido del voto adoptado por ella en ejecución de las facultades 
parlamentarias que el ordenamiento le atribuyen ya fuera en sede de la mesa del 
Parlament, en sede la junta de portavoces o en el propio Pleno siendo todo ello inherente 
a la actividad parlamentaria interna del Parlament. Su condena en la sentencia recurrida 
«por el contenido de sus votos y opiniones generan una evidente vulneración de la 
inviolabilidad parlamentaria y con ella de los derechos fundamentales que tal institución 
protege».
La inviolabilidad, continúa diciendo la demanda, entendida como «verdadero límite a 
la jurisdicción de carácter absoluto» [STC 1533/2004 (sic)] implica que los órganos 
jurisdiccionales carecen de competencia para el procesamiento y enjuiciamiento de mi 
representada respecto a los hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones y, en 
consecuencia, las actuaciones penales en contra de la misma deben reputarse nulas». 
Se  niega  además  que  el  caso  enjuiciado  por  la  sentencia  1117/2006  del  Tribunal 
Supremo sea extrapolable al presente, e insiste en que los actos de tramitación de las 
iniciativas y ejercicio del voto basado en las opiniones expresadas como miembro de la 
mesa son actos parlamentarios de naturaleza política, protegidos por la inviolabilidad 
parlamentaria.
Discrepa también de la aseveración de la sentencia impugnada (pág. 321) acerca del 
control mediante un recurso de amparo de las decisiones de la mesa, en cuanto al 
parecer de la demandante tal aserto conlleva una confusión entre el objeto del proceso 
de  amparo  y  la  inviolabilidad  parlamentaria.  Además,  el  control  del  Tribunal 
Constitucional  en  amparo  se  circunscribe  a  la  afectación  de  aquellos  actos  en  los 
derechos de los parlamentarios. Como las acciones de la recurrente estaban cubiertas 
por aquella prerrogativa, su condena vulneró sus derechos «a la libertad de expresión y 
de representación política vinculados a la misma (art. 20 y 23 CE, art. 10 CEDH y art. 3  e.
Protocolo Adicional)». w.b
efecdto)  de«sLaal ierenstotr ioc ccihóinll iningd eefbfeidcat» :y desproporcionada en el debate parlamentario y el
Con el procesamiento y condena a la recurrente a once años y medio de prisión «por
el ejercicio de sus funciones», la restricción de los derechos vinculados a la inviolabilidad
parlamentaria se intensifica y agrava, derechos que son los de los arts. 20 y 23 CE, 10 
CEDH y 3 del Protocolo Adicional. Luego de hacer cita de un trabajo de doctrina 
científica, se tacha la condena de «injerencia absolutamente injustificada e indebida en 
términos  de  "previsibilidad",  "persecución  de  un  objetivo  de  interés  general"  y 
"necesariedad  y  proporcionalidad"  de  la  medida  restrictiva  (sentencia  del  Tribunal 
General Janusz Korwin-Mikke c. Parlamento Europeo)». Se habla de imprevisibilidad, de 
un lado, en relación con las facultades de este Tribunal Constitucional tras la reforma 
de 2015, y porque va en contra de lo dispuesto en el art. 57.1 EAC, que debería 
conllevar la imposibilidad de persecución penal de los miembros de la mesa con penas 
de  prisión,  vulnerándose  también  el  principio  de  legalidad  penal  «respecto  de  la 
aplicación de la institución de la inviolabilidad (art. 25 CE, art. 7 CEDH)».
Añade la demanda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hablado de un 
interés público primordial en garantizar la actividad del Parlamento (STEDH Karácsony y 
otros c. Hungría), el cual no es tenido en cuenta con la condena a la recurrente. Los 
once  años  y  medio  de  prisión  son  una  medida  restrictiva  de  sus  derechos, 
«absolutamente desproporcionada y su adopción pone en riesgo los valores vinculados 
con  la  preservación  de  una  sociedad  democrática»,  y  genera  un  «obvio  efecto 
desalentador para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y el derecho de 
representación política en sede de los órganos de representación de la ciudadanía cuya 
situación en la actualidad resulta ciertamente preocupante».
Concluye diciendo que este tribunal tiene ahora «la oportunidad de resituar los 
términos del debate político en las instituciones parlamentarias por cuanto la vigencia de 
la  Constitución  no  puede  derivar  en  la  prohibición  del  debate  de  ideas  en  sede 
parlamentaria y, ni mucho menos, no debe ni puede suponer la persecución penal, con 
penas de once años y medio, de quién permite dicho debate parlamentario por cuanto 
ello vulnera la prerrogativa de la inviolabilidad (art. 57.2 EAC) y, con ello, el derecho a la 
libertad de expresión, el derecho de reunión y el derecho de representación política 
(art. 21, 20 y 23 CE, art. 10 y 11 CEDH y art. 3 Protocolo Adicional)».
Cuarta queja. «Vulneración del derecho de reunión y manifestación (art. 21 CE y 
art. 11 CEDH)»:
3.10  Se explica en este motivo la supuesta afectación de la condena a la recurrente 
a los derechos fundamentales de reunión y libertad de expresión, vinculados a una 
sociedad democrática, cuyo ejercicio, dice la recurrente, se criminaliza. La sentencia 
analiza el tratamiento de los derechos fundamentales y los actos penales típicos como 
compartimientos  estancos,  negando  que  existan  los  primeros  e  identificando  la 
extralimitación de su ejercicio con la comisión de un delito de sedición. No se ofrece en 
la sentencia un análisis de la delimitación negativa del ejercicio de los derechos civiles o 
del efecto desaliento que implica la condena:
a)  «Contenido del derecho de reunión y manifestación»:
La demanda en este punto vierte consideraciones sobre la importancia de la libertad 
de reunión pacífica del art. 11 CEDH en una sociedad democrática junto con el derecho a 
la  libertad  de  expresión  del  art.  10  CEDH,  siendo  que  ambos  derechos  no  deben 
interpretarse de manera restrictiva (Cfr. STEDH Djavit an c. Turquía, § 56), y se hallan 
vinculados entre sí (Cfr. STEDH Ezelin c. Francia, § 37; STEDH Stankov and the United 
Macedonian Organisation Ilinden c. Bulgaria, § 85). La limitación de estos derechos 
«deberá  ser  sumamente  meticulosa  (Cfr.  STEDH  Freedom  and  Democracy  Party  e.
(ÖZDEP)  c.  Turquía  [GS],  §  37)»,  y  no  pueden  restringirse  «per  se  aquellas  w.
manifestaciones mediante las que se exprese el deseo de secesión de una parte del  513ww
t§e r9r7ito)»ri.o S (eSgTúEnD laH  dSetmanaknodva natned,  ltohse  hUenchiteods  dMeal c2e0d odnei asne pOtiregmabnrisea yti o1n  dIelin odcetnu bcr.e  Bduel g2a0r1ia7, 
ednej uirceiaudnoiósn p oyr  lam saennifteesntcaiaci óimn»p,u gsniatudaar,l a«sf ormbaajon  pealr tet idpeol  ndúec leola  esseendciicaiól nd,e l edse reuchnoa   BOE-A-cable e
desproporcionada y arbitraria restricción de ambos derechos y trae como consecuencia, 
«siendo el Tribunal Supremo plenamente consciente de ello, el conocido como chilling 
effect o efecto desalentador».
b)  «Ámbito de protección»:
Prosigue  resumiendo  la  demanda  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de 
Derechos Humanos en la materia, precisando que la protección de tales derechos se 
predica de reuniones o manifestaciones pacíficas, «sin intenciones violentas de sus 
organizadores  y  participantes  (Cfr.  STEDH  Stankov  and  the  United  Macedonian 
Organisation Ilinden c. Bulgaria, § 77»). El hecho de que exista un riesgo real de que la 
manifestación resulte en desorden, no hace que quede fuera del art. 11.1 CEDH y las 
restricciones deben ser las de su apartado 2 (Cfr. STEDH Taranenko c. Rusia, § 66); no 
puede ser considerada violenta una manifestación por la acción de un individuo concreto 
(Cfr. SSTEDH Frumkin c. Rusia, § 99; Mesut Yildiz and others c. Turquia, § 34). A mayor 
abundamiento, añade la demanda, «se protege también el derecho a pesar de ser una 
manifestación  ilegal,  que  quedará  amparada  por  aquel  siempre  que  la  misma  sea 
pacífica (STEDH Oya Ataman c. Turquia § 39-44)».
Alega la demanda que la sentencia recurrida no alcanza a dotar de contenido los 
hechos relativos a las movilizaciones del 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, como 
movilizaciones «violentas» o con «finalidades violentas» para su exclusión del ámbito de 
protección  del  derecho  de  reunión,  únicamente:  (i)  sobre  los  hechos  del  20  de 
septiembre, lo que se dice es que «los acontecimientos se desarrollaron con la presencia 
de una cifra próxima a los 40 000 manifestantes, que se agolpaban en un ambiente en el 
que coexistían gritos reivindicativos, contrarios a la presencia de la comisión judicial, y 
los actos lúdicos, algunos espontáneos, otros, promovidos por los organizadores» (pág. 
43  de  la  sentencia);  y  (ii)  sobre  los  hechos  del  1  de  octubre,  se  describen  como 
«actitudes de rebeldía y oposición a su ejecución por un conglomerado de personas en 
clara superioridad numérica», «actitud de oposición a posibilitar su actuación, incluso 
mediante fórmulas de resistencia – si se quiere, resistencia no violenta por acoger la 
terminología de la prueba pericial propuesta por D. Jordi Cuixart. Esa negativa, en ese 
escenario, aunque no se diese un paso más, es por sí sola apta e idónea para colmar las 
exigencias típicas del delito de sedición». Esas manifestaciones, al no ser violentas, 
«están protegidas por el derecho a la libertad de reunión y manifestación».
La conducta de la demandante se criminalizó en la sentencia, en el juicio de autoría 
de la sedición, diciendo que: «La conducta reprochada a la Sra. Forcadell está ligada 
también a su protagonismo en el liderazgo de unos ciudadanos concentrados ante la 
sede de un órgano jurisdiccional para protestar por las detenciones de funcionarios de la 
comunidad autónoma». En realidad lo que hizo fue exigir la libertad de los detenidos, «la 
mayoría de ellos cargos relevantes de un Gobierno democráticamente escogido por los 
ciudadanos» e instar a los presentes a votar en el referéndum, limitándose a participar 
en actos que no fueron violentos. Conforme al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
goza de la protección del art. 11 CEDH la concentración a las puertas de un tribunal, «en 
el que se juzgan penalmente unos hechos con un carácter eminentemente político, con 
el fin de expresar sus convicciones personales en relación con un asunto de importancia 
pública (Cfr. STEDH Navalnyy c. Rusia, [GS], § 110)».
c)  «Limitaciones del derecho a la libertad de reunión, obligaciones positivas en 
relación al ejercicio de dicho derecho y efecto desalentador»: s
Empieza este apartado reconociendo la demanda que el derecho de reunión no es  w.
absoluto sino que presenta las limitaciones impuestas en el art. 11.2 CEDH: prescritas  513ww
dpeomr olac ráleticy,a  qyu ere spueltresnig apnro puonr cifoinn adleagsí ti(mCofr,.  SquTeE DsHe aVny enreecnetssoavri acs.  Uecnr aunniaa,  §s o5c1ie)d. aEdl 
SreTqEuDisHito K dued rlae vliečgiuasli dya odt rgousa Crd.a L riteulaanciióan [ GcoSn],  l§a  1c0a8lid-1a1d0 )d,e l ola q lueey  eyn s eul  pprreevsiesinbtieli dcaads o(C nfro.   BOE-A-cable e
se cumple con el precepto de la sedición. El requisito de los fines legítimos, a su vez, 
debe interpretarse restrictivamente (Cfr. Kudrevičius y otros c. Lituania, [GS], § 142). 
Reitera que la sentencia impugnada no construye el delito de sedición bajo el fin de 
protección del orden público, sino un fin distinto, la protección del «orden político», la 
interferencia en el derecho ha venido provocada por el «ideario político subyacente» 
tanto en la concentración del 20 de septiembre como en el referéndum del 1 de octubre 
de 2017 (Cfr. STEDH Navalnyy c. Rusia, [GS], § 136); la sentencia no menciona cuál es 
el fin legítimo que persigue con la aplicación de un tipo penal que recoge penas de hasta 
quince años de prisión.
Esto último denota a su vez, según la demanda, la falta de proporcionalidad de la 
sanción. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: «a la 
hora de analizar la proporcionalidad de la restricción de los derechos previstos en el 
art. 11 CEDH la naturaleza y severidad de las sanciones impuestas (Cfr. Öztürk c. 
Turquía, [GS], § 70; STEDH Taranenko c. Rusia, § 75), siendo que cuando las sanciones 
impuestas  son  de  carácter  penal  se  requiere  especial  justificación  (Cfr.  STEDH 
Kudrevičius y otros c. Lituania, [GS], § 146) y deberá prestarse especial atención a la 
justificación cuando las penas impuestas por conductas no violentas sean privativas de 
libertad (STEDH Taranenko c. Rusia, § 87)». Esa falta de proporcionalidad provoca a su 
vez  un  efecto  desaliento  en  el  ejercicio  futuro  de  los  derechos  afectados.  Esta 
injustificada  restricción  de  los  derechos  de  reunión  y  manifestación,  y  la  falta  de 
proporcionalidad de las penas impuestas por la sentencia impugnada, han sido objeto de 
crítica, añade, por relatores especiales de Naciones Unidas, por el grupo de trabajo de 
Naciones Unidas sobre la detención arbitraria y por Amnistía International (se indican los 
enlaces de internet de los informes). Termina diciendo la demanda que este tribunal debe 
tutelar el derecho de reunión y protesta pacífica estimando este motivo.
Quinta queja. «Vulneración del derecho a la libertad de expresión y a la libertad 
ideológica (art. 20.1 CE y art. 10 CEDH; art. 16 y art. 9 CEDH)»:
3.11  La demanda trata de los derechos a la libertad de expresión e ideológica, 
afectados a su parecer por la sentencia recurrida, derechos que, advierte, tienen una 
relación  directa  con  la  inviolabilidad  parlamentaria,  remitiéndose  al  punto 
correspondiente ya dedicado a ella:
a)  «Contenido y ámbito de protección del derecho a la libertad de expresión»:
Tras indicar la cobertura normativa de este derecho fundamental (art. 10 CEDH, 
art. 19 DUDH 1948, art. 19 PIDCP 1966, art. 11 CDFUE y art. 20.1 CE, en ese orden), y 
de nuevo acudiendo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se 
indica que este derecho «no solamente protege aquellas ideas o expresiones inocuas o 
inofensivas para el sistema, sino que gozan el amparo del derecho aquellas que "hieren, 
ofenden o importunan" puesto que "así lo requiere el pluralismo, la tolerancia y el espíritu 
de apertura sin los cuales no existe ninguna "sociedad democrática"[…] (STEDH Stern 
Taulats y Roura Capellera c. España). Es más, "El Tribunal se siente en el deber de 
destacar  que  es  precisamente  cuando  se  presentan  ideas  que  ofende,  chocan  o 
perturban el orden establecido cuando la libertad de expresión es más preciosa" (Cfr. 
Otegi Mondragon c. España, 15 de marzo de 2011, § 56)».
Sentado  esto,  se  entiende  que  la  sentencia  impugnada  examina  la  posible 
vulneración de este derecho de manera «meramente formal», negando que se haya 
limitado por la aplicación del tipo penal de la sedición porque «no se castiga por difundir  e.
opiniones o doctrinas contrarias al actual estatus constitucional. Tampoco por propugnar  w.
una superación del marco político vigente (pág. 244)». Discrepa la demanda de que esto  513ww
slae ad eamsía, nsdí ahnat eh ahbai dsoid roe sctorincdcieónna ddeal  pdoerr ehcahboe rh aesmtait icdaou ospairn sioun veusl neenr adcoiósn m, raenitiefersatnadcoio qnuees 
d«eju rpídroicteos-ptae,n laal  sdeenl treenlactioa  fnáoc tiacnoa»l inzia l ae ll imefietacctoió dne ql udee rceocnhlloe vfuan.damental en el tratamiento  BOE-A-cable e
b)  «Criminalización del derecho a la libertad de expresión ejercido por la Sra. 
Carme Forcadell»:
Se evocan a continuación pasajes de la sentencia que analizan el juicio de autoría de 
la recurrente, donde se dice:
– «La Sra. Forcadell proyectó su actividad pública más allá del ámbito parlamentario, 
apoyando decididamente al Govern en las decisiones concernientes a la preparación del 
referéndum  y  a  las  entidades  ANC  y  Òmnium  Cultural  en  las  movilizaciones  que 
propiciaron».
– «El día 20 de septiembre hizo acto de presencia en la concentración ante la 
Consejería de Hacienda, promovida por ANC y Òmnium Cultural, mientras se realizaban 
distintos registros acordados por la autoridad judicial. Y desde su cuenta de Twitter ese 
mismo día, acompañando una fotografía en la que se distinguía de espaldas a la 
acusada  en  una  concentración,  se  colgó  el  texto:  "A  la  porta  del  Departament 
d'Economia defensant les nostres institucions. No tenim por, l'1 d'octubre votarem"».
– «A última hora de la tarde de ese mismo día 20 de septiembre la Sra. Forcadell 
presidió en Sabadell una concentración en defensa de las instituciones en la que llamó 
de nuevo a votar el 1 de octubre».
– «A las 5:01h del 21 de septiembre desde su cuenta de Twitter se envió un mensaje 
con el siguiente texto: "Volem la llibertat immediata dels detinguts polítics. Us volem a 
casa, us volem amb les vostres famílies!". Y el día 1 de octubre, por la misma red, a 
las 14:39 horas manifestó: "Gràcies a tots els que heu fet possible aquesta jornada 
inoblidable Malgrat la violència desmesurada de l'Estat. Moltes gràcies"».
– «El día 21 de septiembre acudió a una concentración convocada ante el Tribunal 
Superior de Justicia, en protesta por las detenciones realizadas el día anterior. En una 
alocución a los concentrados, junto a los líderes de ANC y Òmnium Cultural –los Sres. 
Sànchez y Cuixart– exigió la libertad de los detenidos e instó a los presentes a votar en 
el referéndum, repitiendo, entre otras, la consigna "No tenim por". Y el día 22 hizo acto 
de presencia, junto a los acusados Sres. Junqueras y Romeva, en la concentración que, 
con el mismo fin que la anterior, se formó en la Ciudad de la Justicia con ocasión de la 
presentación  de  los  detenidos  ante  el  Juzgado  de  Instrucción  núm.  13  de  los  de 
Barcelona».
Se  deriva  de  los  párrafos  reproducidos  que  la  «actividad  más  allá  del  ámbito 
parlamentario» en que basa su condena la sentencia, no son sino las afirmaciones 
realizadas en público o en redes sociales, de ideas o expresiones vinculadas al ideario 
político de la recurrente, como pedir la libertad inmediata de los políticos detenidos o la 
de «no temir por» expresada el 21 de septiembre, antes de existir una resolución judicial 
que  ordenara  a  las  fuerzas  de  seguridad  impedir  la  votación.  La  sentencia  debió 
ponderar  su  derecho  a  la  libertad  de  expresión,  no  causar  su  restricción 
desproporcionada.
c)  «Acerca de las restrictivas limitaciones al derecho a la libertad de expresión y la 
necesaria proporcionalidad»:
Respecto del art. 10.2 CEDH, dice la demanda que el requisito de que las medidas 
sean «necesarias» en una sociedad democrática equivale a una «necesidad social 
imperiosa» (cfr. STEDH Otegi Mondragon c. España, § 49). Que «las restricciones a la 
libertad de expresión «requieren no obstante una interpretación restrictiva» (Cfr. STEDH  e.e
Otegi Mondragon c. España, § 48), y que "la necesidad de restringirla debe estar  b
motivada de forma convincente" (Cfr. STEDH Stern Taulats y Roura Capellera c. España,  513ww
l§ib e3r0t)a.d A dseim eisxmproe,s «ióEnl  eanrt íceul láom 1b0i to§  d2e ld edli sCcuornsvoe nyi od enlo d deebjaat ea ppeonlíaticso r e–setnri cecli oqnuees  eas tlaa 
Taaduqluaitesr ey  laR omuráas  Caaltpae lilmerpao rct.a nEcsiap–a ñoa , c§u e3s1ti;o nOetes gdi eM oinntderraégso ng ecn.e rEasl»p a(ñCaf,r . §S 5S0T)E. DEHn 
idéntico sentido, la STEDH Mamere c. Francia, § 20, nos recuerda como «el artículo 10
requiere un alto nivel de protección del derecho a la libertad de expresión» cuando las 
expresiones se refieran a "cuestiones de interés general" y sean emitidas por una 
persona «en su calidad de representante electo» fijando el Tribunal Europeo Derechos 
Humanos que «el margen de apreciación disponible para establecer la "necesidad" de la 
medida impugnada era particularmente estrecho»».
Sobre esta base, reitera la demanda que todas las actuaciones de la recurrente fuera 
del Parlament de Cataluña que el Tribunal Supremo toma como fundamento para su 
condena, estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión, que proclamaba 
el uso de fines pacíficos. Entender que la recurrente ha incitado al uso de la violencia o 
al discurso del odio, «es absolutamente ilógico e irracional y orilla la realidad que consta 
probada». Se reitera también que la sentencia no evalúa la necesidad de la restricción 
que acuerda, ni pondera la proporcionalidad de la limitación de los fines perseguidos, y la 
condición de representante electo de la recurrente, cuyas expresiones son propias del 
debate político, cuestión de interés general. Se produce por tanto la vulneración de los 
arts. 20.1 CE y 10.1 CEDH que este tribunal debe reparar revocando la sentencia 
impugnada.
d)  «Vulneración del derecho a la libertad ideológica en relación con el derecho a la 
libertad de expresión (art. 16 CE, art. 9 CEDH)»;
Se indica que el derecho a la libertad de expresión y el de libertad ideológica son 
«dos vertientes de una misma realidad», y que «como nos recuerda el Tribunal Europeo 
Derechos Humanos en su sentencia Ivanova c. Bulgaria, 12 de abril de 2007, § 79, el 
derecho a tener una determinada creencia o pensamiento es absoluto, siendo que las 
limitaciones establecidas en el art. 9.2 CEDH únicamente vienen referidas a la expresión 
o exteriorización de dichas creencias». La sentencia recurrida emplea más páginas en 
demostrar  que  la  ideología  de  la  recurrente  no  tiene  sustento  en  el  ordenamiento 
internacional (páginas 199 a 224), que en fundamentar el juicio de autoría (pp. 316 
a 334), incurriendo la sentencia en un sesgo ideológico «en aras a criticar, censurar o 
incluso ridiculizar» su ideología. Se pone como ejemplo este párrafo del apartado de 
hechos probados:
«Bajo el imaginario derecho de autodeterminación se agazapaba el deseo de los 
líderes políticos y asociativos de presionar al Gobierno de la Nación para la negociación 
de  una  consulta  popular.  Los  ilusionados  ciudadanos  que  creían  que  un  resultado 
positivo del llamado referéndum de autodeterminación conduciría al ansiado horizonte de 
una república soberana, desconocían que el "derecho a decidir" había mutado y se había 
convertido en un atípico "derecho a presionar" […].»
En el juicio oral, objeta la demanda, no se practicó prueba sobre el grado de 
«ilusión» de los ciudadanos catalanes o sobre la intensidad de sus «ansias» para 
alcanzar un determinado horizonte. También considera la demanda que es ajeno a un 
pronunciamiento penal las consideraciones de la sentencia sobre la inexistencia del 
«derecho a decidir», reproduciendo estos párrafos del apartado 17.1 de los fundamentos 
de Derecho como ejemplo:
– «La conversión del "derecho a decidir", como indiscutible facultad inherente a todo 
ser humano, en un derecho colectivo asociado a un pueblo, encerrará siempre un salto 
al  vacío.  No  existe  un  "derecho  a  decidir"  ejercitable  fuera  de  los  límites  jurídicos 
definidos por la propia sociedad. No existe tal derecho. Su realidad no es otra que la de  e.e
una aspiración política. (pág. 214-215). b
– Y ello aunque pretenda camuflarse la falta de legitimidad política del proyecto  513ww
sqeucee sseio inmisptoan mdreíad isaonbtere l ae l tEotsatalitdaori ad ep dreeeremcihnoe.n (cpiaá gd. e2 1u5n- 2s1u6p)u.esto principio democrático
esta–n dLoa  relesigdietimncaiacdióan,  yp laor as egpuroirmá oevsetar nudnoa m  ireenfotrramsa E sdpea ñaal csaenac eu nc Eosntsatdituoc dioen dael rescighuoe, 
en el pueblo español del que emanan todos los poderes. (pág. 218).»
Estas afirmaciones se consideran algo «impropio de la actividad jurisdiccional en el 
ámbito penal» y muestra la connotación ideológica de la condena impuesta, dejando de 
garantizar el derecho a dicha libertad. En la misma línea se califican las aseveraciones 
de los hechos probados –página 37– acerca de la actividad de la recurrente como 
presidenta  de  la  Asamblea  Nacional  Catalana  en  tiempo  anterior  al  de  su  cargo 
parlamentario:
«Con anterioridad, el impulso a lo que se presentaba como el camino hacia la 
independencia, con palmario incumplimiento de las bases de nuestro sistema normativo, 
había conocido otros hitos fundamentales.
Así, el día 30 de marzo de 2015 se formalizó el concierto de actuación ilegal 
mediante el acuerdo de una hoja de ruta respecto del proceso a la independencia entre 
los partidos […], Asamblea Nacional Catalana (representada por su entonces presidenta 
Dña. Carme Forcadell Lluis).»
Y al tratar del juicio de autoría (pág. 317):
«Con anterioridad a su faceta institucional como presidenta del Parlament, tuvo una 
relevante proyección como Presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).»
Colige la demanda que las alusiones a un concierto «ilegal» del año 2015, o su cargo 
en una entidad social se vincula a la defensa de su ideario político, lo que no debería ser 
objeto de reproche en una sociedad democrática; en este caso mediante su corrección 
con «severísimas y desproporcionadas penas».
e)  «La  restricción  de  derechos  y  la  imposición  de  penas  desproporcionadas 
conlleva un efecto desaliento o chilling effect»:
La proporcionalidad de las medidas restrictivas de los derechos de los arts. 9 y 10 
CEDH, dice la demanda, debe tomar en cuenta el chilling effect o efecto desalentador, 
con cita de la STC 185/2003, FJ 5. La cobertura por los medios de comunicación 
nacional e internacional y el carácter de personalidades públicas de los acusados ha 
amplificado el efecto desalentador, trayendo a colación que la «STEDH Nemtsov c. 
Rusia, § 78 fija que "El efecto escalofriante de esas sanciones se amplificó aún más por 
el hecho de que se dirigían a una figura pública conocida, cuya privación de libertad 
estaba  destinada  a  atraer  una  amplia  cobertura  mediática"  […]».  La  imposición  de 
elevadas penas a los acusados y a la demandante desincentiva el ejercicio de derechos 
fundamentales por la ciudadanía, no solo los de aquella.
Sexta queja. «Vulneración de derechos fundamentales en relación con la desviación 
en las restricciones de derechos prevista en el art. 18 CEDH»:
3.12  Se hace una mención en este motivo al art. 18 CEDH, con una recapitulación 
final de la pretensión impugnatoria de la demanda. Se alega que aquel art. 18 prohíbe a 
los Estados utilizar las restricciones de derechos fundamentales para finalidades no 
contempladas en el Convenio, esto es, «sin que concurran causas que justifiquen dichas 
medidas» y ofrece su resumen de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en esta materia:
(i)  El art. 18 CEDH tiene un carácter accesorio: «De manera similar al artículo 14, el 
artículo 18 de la Convención no tiene existencia independiente. […] solo puede aplicarse  e
junto con un artículo de la Convención o sus Protocolos que establecen o califican los  bo
derechos  y  libertades  que  las  altas  partes  contratantes  se  han  comprometido  a  513ww
§ug na2 r8ap(8nriio))t »ipz.óaUsr intaoo   qdoue ife ilnonasel sicd rasitede  repionoscs utpeearniroatrr a:e n«s stbai ablajloe  crseeusr  tjqruiucricesi dólainc  rcdeióesnlt r di(ceScrTieóEcnhD fouH eo  M inliebdreearbbtiaidsdah  vseielsi   acq.pu lGeic esóoi rprvgaair aaa,    OE-A-2021-19able en https://
un propósito posterior; si la restricción perseguía tanto un propósito contemplado por el
Convenio como otro posterior, es decir, si existía una pluralidad de propósitos; y en su 
caso, cuál era el propósito predominante (STEDH Merabishvili c. Georgia)».
(iii)  Ejemplos de circunstancias a valorar: «"[el] contexto político, en sentido amplio, 
en el que se inició el procedimiento penal" (STEDH Khodorkovskiy c. Rusia, § 257); "si la 
fiscalía o las autoridades judiciales fueron impulsadas por aquella posterior finalidad" 
(STEDH  Tchankotadze  c.  Georgia,  §  114);  "la  forma  en  qué  se  tramitaron  los 
procedimientos penales" (STEDH Merabishvili c. Georgia, § 325) o "si los cargos se 
referían a sus actividades políticas o con delitos comunes" (STEDH Khodorkovskiy y 
Lebedev v. Rusia, § 906)».
En el presente caso, la demanda considera que se ha instrumentalizado un proceso 
penal para abordar un problema de contenido político, con restricción injustificada de los 
derechos fundamentales de la demandante. Se reiteran finalmente todos los derechos 
que se consideran vulnerados por la demanda, en la exposición de las quejas que ya se 
han expuesto.
La demanda solicita en consecuencia que se dicte sentencia por este tribunal en la 
que se acuerde:
«1)  Otorgar el amparo constitucional a mi representada.
2)  Reconocer a la recurrente su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el 
derecho de defensa y a un procedimiento con todas las garantías como expresión de un 
procedimiento equitativo y un juicio justo (art. 24.1 y 24.2 CE, art. 6 CEDH y art. 2 
Protocolo 7 CEDH); derecho a la igualdad (art. 14 CE, art. 14 CEDH, art. 1 Protocolo 12 
CEDH); derecho a la libertad (art. 17 CE y art. 5 CEDH); derecho a la legalidad penal 
(art. 25 CE y art. 7 CEDH); derecho a la libertad de expresión (art. 20 CE y art. 10 
CEDH); derecho a la libertad ideológica (art. 16 CE y art. 9 CEDH); derecho de reunión 
(art. 21 CE y art. CEDH); derecho de representación política (art. 23 CE con invocación 
del art. 57.2 EAC; art. 3 del Protocolo Adicional CEDH); todo ello con invocación del 
art. 18 CEDH.
3)  Reparar dichas vulneraciones declarando la nulidad de la sentencia de 14 de 
octubre de 2019, así como el posterior Auto de fecha 29 de enero de 2020, dictados por 
la Sala Segunda del Tribunal Supremo.»
Por medio de otrosí primero digo, la demanda formuló solicitud de suspensión de la 
pena de prisión «en aras a preservar el derecho a la libertad (art. 17 CE, art. 5 CEDH)», 
hasta la resolución del recurso.
Por medio de otrosí segundo digo, a su vez, se solicitó que la petición de medida 
cautelar fuera tramitada por la vía urgente del art. 56.6 LOTC.
4.  Por providencia de 6 de mayo de 2020, el Pleno de este tribunal, a propuesta de 
su presidente [art. 10.1 n) LOTC], acordó recabar para sí el conocimiento del recurso de 
amparo y admitirlo a trámite, por apreciar que concurre en el mismo una especial 
trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), dado que plantea un problema o afecta a 
una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 a)], y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto 
porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)].
A  tenor  de  lo  establecido  en  el  art.  51  LOTC,  acordó  también  dirigir  atenta 
comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que, en plazo que no 
exceda de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones 
correspondientes al auto de 29 de enero de 2020 y a la sentencia de 14 de octubre  e.
de 2019, dictados en la causa especial núm. 20907-2017; interesando al mismo tiempo  w.
que  se  emplazara  a  quienes  fueron  parte  en  el  procedimiento,  a  excepción  de  la  513ww
ddeemseaannd, aennt ee sdtee  parmocpeasroo,  cpoanrsat itquuceio neanl .el plazo de diez días pudiesen comparecer, si lo
medEiann tree laoctrioósní , coenl  Plale nsoo licniotu da pdreec isóu slap eunrsgióenn cfioar mexuclaedpac ioenna ll aa  dleam qauned as ed er eafimerpea reol   BOE-A-cable e
art. 56.6 LOTC, que justificaría su adopción inaudita parte de forma inmotivada, por lo 
que, a fin de resolver sobre la misma, se acordó formar la oportuna pieza separada y, en 
ella, conceder un plazo de tres días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para 
que efectúen alegaciones respecto a dicha petición.
Mediante providencia de igual fecha se acordó formar la correspondiente pieza 
separada de suspensión y, de conformidad con lo previsto en el art. 56 LOTC, se 
concedió un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y a la solicitante de amparo 
para que pudieran alegar lo que estimaran pertinente en relación con la petición de 
suspensión interesada. Por ATC 88/2020, de 22 de julio, se acordó denegar la medida 
cautelar solicitada.
5.  Mediante escrito de fecha 28 de mayo del 2020, la procuradora de los tribunales 
doña Pilar Hidalgo López, en nombre y representación del partido político Vox y asistida 
de la letrada doña Marta Castro Fuertes, interesó que se la tuviera por personada y 
parte.
6.  Por  escrito  de  fecha  5  de  junio  del  2020,  la  abogacía  del  Estado,  en  la 
representación que le es propia, solicitó que se la tuviera por personada y parte.
7.  El 18 de junio siguiente, el procurador de los tribunales don Carlos Ricardo 
Estévez  Sanz  interesó  que  se  le  tuviera  por  personado  y  parte,  en  nombre  y 
representación de don Carles Puigdemont i Casamajó, con la asistencia del letrado don 
Gonzalo Boye Tuset.
8.  Por diligencia de ordenación de 28 de septiembre de 2020, la secretaría del 
Pleno de este tribunal acordó tener por personados al partido político Vox, al abogado 
del Estado y a don Carles Puigdemont i Casajamó. A tenor de lo dispuesto en el art. 52 
LOTC, se dio vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, por un 
plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que 
dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convenga.
9.  En fecha 27 de octubre de 2020, la abogacía del Estado presentó su escrito de 
alegaciones, cuya sistemática se adecúa al orden y esquema de las vulneraciones 
invocadas por la recurrente. Tras enunciar las resoluciones impugnadas y los derechos 
fundamentales  alegados  como  vulnerados  por  la  demanda  en  su  definición  en  la 
Constitución e instrumentos internacionales, precisando que en el último motivo de 
aquella sin embargo no se alega la lesión de un derecho fundamental sino solo la del 
art. 18 CEDH, que no admite su vulneración autónoma, el escrito pasa a referirse a cada 
queja en particular.
9.1  En primer lugar analiza la denuncia de vulneración del derecho al juez ordinario 
predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), que ofrecía a su vez dos vertientes:
9.1.1  Acerca  de  la  lesión  estricta  del  derecho  fundamental  del  art.  24.2  CE, 
discrepa en primer término el abogado del Estado del criterio de la demanda de que 
debe hacerse una apreciación global de la equidad del procedimiento, siendo que la 
invocada STEDH Goddi c. Italia sí acomete un examen de las distintas irregularidades 
procesales denunciadas, aunque concluyera en su efecto conjunto. En todo caso, la 
sentencia impugnada ha dado un amplio espacio a la alegación de lesiones de derechos 
fundamentales, como ejemplo en fundamento jurídico A) 1, páginas 60 y siguientes. A  s
continuación el escrito del abogado del Estado resume la doctrina constitucional sobre el  oe.
derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (arts. 24.2 CE) que fija como canon  w.
de control el de la resolución arbitraria o irrazonada sobre las normas de competencia,  513ww
yc o1n1 5c/i2ta0 0d6e,  dlea s2 4S dSeT Sab r6il9, /s1i9e8n4d,o  dees ta1 1m adtee rijau ndioe,  leFgJa l2id;a d1 5o9r/d2in0a1r4ia, , doe  a6je ndae  aol cátmubbriteo, 
Gderol uCpo,n Av.eSn.i,o c .e Eusrolopveaoq udiea , d§e 5re8c ah o6s1 .humanos, con cita al respecto de la STEDH DMD  BOE-A-cable e
Dicho  esto,  entiende  el  abogado  del  Estado  que  la  demanda  defiende  que  la 
competencia se debe determinar a partir del relato histórico de la sentencia, pero no 
atiende al criterio justificado por esta última: la de evaluar la competencia del Tribunal 
Supremo en cada momento procesal a partir de los hechos relatados en los escritos de 
acusación y los que luego son objeto de «cristalización progresiva a lo largo de la 
instrucción», es decir, «para el caso de que fuesen ciertos, dónde se habrían cometido», 
a fin de aplicar el art. 57.2 EAC para determinar el ámbito territorial del delito y la 
competencia  objetiva,  como  razona  la  sentencia  en  la  pág.  256.  Se  recapitulan  a 
continuación las resoluciones interlocutorias que fueron fijando dicha competencia a lo 
largo del proceso, con detenimiento en el auto de 27 de diciembre de 2018 –que rechazó 
la declinatoria de jurisdicción planteada–, fundamentos 2.5 y 3.1. Aclara además que el 
criterio aplicado por la recurrida no fue ad hoc, sino que ya constaba en una reiterada 
jurisprudencia, con cita de la STS 484/2010, de 26 de mayo.
Reitera  que  la  demanda  ha  evadido  la  carga  de  criticar  los  argumentos  de  la 
sentencia  impugnada,  la  razonabilidad  del  criterio  sustentado  por  esta  para  fijar  la 
competencia, limitándose la recurrente a una crítica «aislada y descontextualizada de 
frases y párrafos concretos de las resoluciones sobre competencia, y argumentos obiter 
dicta de la sentencia; minimiza los acontecimientos sucedidos fuera de Cataluña para 
minimizar su relevancia penal, centrándose en el juicio de autoría, lo que no resulta 
admisible como criterio para fijar la competencia».
Niega  que  la  sentencia  se  «inventara»  los  hechos  acaecidos  en  el  extranjero, 
manteniéndose el tribunal fiel a la configuración de los «delitos de rebelión/sedición 
como delitos de resultado cortado», con cita también del auto de 18 de enero de 2019 
que desestimó los recursos contra el auto de 27 de diciembre de 2018. Este último, en 
su fundamento jurídico 3.2.2, se trae a colación en el escrito para respaldar asimismo la 
tesis de la unidad patrimonial de las administraciones públicas como criterio para la 
asunción  de  competencia  en  el  delito  de  malversación,  como  acordó  el  Tribunal 
Supremo. Y por lo que se refiere a la crítica de la demanda a la afirmación, a efectos 
competenciales,  de  la  adquisición  por  algunos  investigados  de  la  condición  de 
parlamentarios, se trataba, aclara, de un mero obiter dictum, existiendo solo criterio 
precedente en caso de pérdida de aforamiento una vez iniciado el juicio (acuerdo del 
pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2014).
9.1.2  En  cuanto  a  la  consecuencia  añadida  que,  colige  la  demanda,  tiene  la 
vulneración denunciada como sería la pérdida de la segunda instancia (art. 24 CE) por 
razón del aforamiento de la recurrente en el Tribunal Supremo, el escrito del abogado del 
Estado dice que a esta cuestión se da debida respuesta en el fundamento de Derecho A) 
4.1.5 de la sentencia, al que cabe remitirse, donde se ponderan también las garantías 
propias cuando quien conoce del asunto es el alto tribunal, criterio avalado por este 
Tribunal Constitucional en SSTC 51/1985, 10 de abril; 30/1986, de 20 de febrero, FJ 2; 
64/2001, 17 de marzo; 65/2001 y 66/2001, de 17 de marzo.
La garantía del art. 14.5 PIDCP, añade, ha tenido su cumplimiento en la ley 41/2015, 
de 5 de octubre, que generalizó la segunda instancia penal. Insiste en la garantía de 
confiar el aforamiento de diputados y senadores al Tribunal Supremo, valor protegido por 
los arts. 71.3 CE y 57.2 EAC; el art. 6 CEDH y el art. 2 del Protocolo 7 CEDH, cuyo 
apartado segundo prevé precisamente las excepciones al doble grado de jurisdicción, 
entre ellos si la causa se juzga por el más alto tribunal, apartado no mencionado en la 
demanda, y que el abogado del Estado pone en relación con el art. 123 CE y la 
competencia del Tribunal Supremo. El art. 14.5 PIDCP se remite además «a lo prescrito  s
por la ley». La demanda, remacha, incurre en «cierta contradicción» al no cuestionar el  oe.
art. 57.2 EAC, cuando lo que se ha hecho es precisamente aplicarlo. w.
9.2  «Vulneración del derecho a un juez imparcial»:
denuAndcviiaenrt ee ne l laab doegmadaon ddae,l  Eals tiagduoa l qquuee l aosc umrraen icfeosnt aoctioronse sc olensdiveansa ddoesl  deenr eecshtoe  qmuies mseo 
proceso, lo que busca es construir una causa general contra la justicia española, Tribunal
Supremo y Tribunal Constitucional, «a través de una recusación impertinente y abusiva 
formulada por la recurrente», algo de lo que ya dio cuenta la sentencia impugnada al 
desestimar este motivo. Conforme a doctrina constitucional (STC 143/2006, FJ 3) y a la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para determinar la existencia 
de una razón legítima para dudar de la imparcialidad de un juez, ha de tenerse en cuenta 
el punto de vista de quien emite la queja (Ferrantelli y Santangelo c. Italia, § 58; 
Padovani  c.  Italia,  §  27).  En  este  caso  la  queja  pierde  su  virtualidad.  Dicho  esto, 
desciende el escrito de alegaciones a las vulneraciones de este derecho puestas en la 
demanda:
9.2.1  En cuanto a la pérdida de la imparcialidad en la fase de instrucción por las 
afirmaciones hechas por el magistrado instructor situándose como víctima de los hechos, 
el escrito se remite a la respuesta, que considera razonada, de la sentencia impugnada. 
Por lo que concierne a la medida de protección visual de la testigo Sra. del Toro 
adoptada por el magistrado instructor, y un comentario de este donde de nuevo se 
situaría como víctima, no se comparte que subyazca en ello ninguna parcialidad de aquel 
sino solo su preocupación por la indebida difusión pública de datos personales de la 
testigo, a lo cual ya dio respuesta en su auto de 6 de junio de 2018.
9.2.2  Continúa el escrito refiriéndose a las quejas de parcialidad de la demanda 
contra la sala de enjuiciamiento. No aprecia tal lesión en el auto de admisión de la 
querella,  sin  que  la  demanda  haya  logrado  individualizar  «una  sola  frase  o 
razonamiento» del auto de 31 de octubre de 2017 en el que la sala evidencie una 
valoración  de  los  hechos  de  la  querella  y  su  tipicidad  en  punto  a  afectar  a  su 
imparcialidad,  en  todo  caso  la  lectura  de  dicha  resolución  permite  descartar  tales 
valoraciones. La sala se limita a «constatar» lo que afirma el fiscal en la querella, 
correspondiendo  al  instructor  la  práctica  de  las  diligencias  indispensables  para  su 
corroboración, a lo largo de la instrucción. La parte incumple la respectiva carga de 
alegación, como ya tuvo ocasión de apreciar el auto de la Sala Especial del art. 61 LOPJ, 
de  13  de  septiembre  de  2018,  FJ  5,  al  desestimar  la  recusación  planteada;  y 
posteriormente la propia sentencia impugnada, en su fundamento jurídico 5.5.3, que se 
reproduce.
También disiente el escrito de alegaciones del abogado del Estado de la afirmación 
de  que  la  admisión  a  trámite  de  la  querella  dejó  de  lado  la  prerrogativa  de  la 
inviolabilidad parlamentaria, lo que afectaría a la imparcialidad de la Sala; en realidad la 
recurrente confunde aquella inviolabilidad, que la sentencia aborda como causa de 
justificación, con una inmunidad procesal absoluta que el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña no contempla, fuera del aforamiento ante el tribunal competente.
Se refiere a continuación el escrito de alegaciones a la posible parcialidad del 
presidente de la Sala, a resultas de los mensajes (de Whatsapp) enviados por un 
senador, remitiéndose a la respuesta dada a esta cuestión por el auto 7/2018 de la Sala 
Especial del art. 61 LOPJ, y por el fundamento jurídico 5.5.6 de la sentencia impugnada, 
que reproduce.
9.3  «Fragmentación y ruptura de la continencia de la causa vulnerando el derecho 
a la tutela judicial efectiva, derecho de defensa y a utilizar los medios pertinentes para la 
defensa (art. 24.1 y 24.2 CE)»:
9.3.1  «Fragmentación de los procedimientos e investigación prospectiva»:
Se niega la voluntad prospectiva afirmada por la demanda; la atomización procesal  e.
que se denuncia es la consecuencia inevitable de atender de un lado a los aforamientos  w.
y de otro a la necesidad de mantener la conexión procesal con la consecuencia de la  513ww
climoniteaxciióónn  qdueel  hdae rveecnhiod oa a  liam pdoonbeler  lian srteafnocrmiaa,  yd ea lla  cLaeryá cdteer  ernejusticriicatmivoie ndteo  clarism irneagll apso rd lea 
«leeys c4a1lo/2n0e1s5 ,p adreti c5ip adteiv oosc tuebnr ela,  liemjeitcáuncdióonse  daes íl olsa  hceacuhsoas »e.s pSeec iarle ma itien veels teigsacrr itao  ldoes   BOE-A-cable e
alegaciones a lo razonado en los autos del magistrado instructor de 15 de febrero 
de 2018 y de la sala de 27 de diciembre de 2018, frente al intento de las defensas de 
ampliar la investigación a los solos colaboradores de los hechos. En todo caso, prosigue 
diciendo, las defensas han tenido oportunidad de conocer los elementos aportados 
desde otras causas y solicitar la incorporación de lo que han considerado procedente, 
sujeto a su admisión por el instructor y la sala, remitiéndose a lo dicho por el auto de 25 
de octubre de 2018, fundamento jurídico 5.3. Niega asimismo una conculcación de la 
Directiva 2012/13, cuyo considerando trigésimo primero aclara que el derecho de acceso 
del imputado lo es a las actuaciones del propio procedimiento donde se le investiga, no a 
las actuaciones de otros procedimientos ajenos, y se remite de nuevo a la respuesta 
dada a este punto por la sentencia recurrida.
9.3.2  Considera el abogado del Estado sobre este bloque de argumentación de la 
demanda:
(i)  que el trasfondo político que la recurrente atribuye a la gestión de las órdenes 
europeas de detención y entrega dictadas por el magistrado instructor es una afirmación 
no acreditada; lo cierto es, añade, que de lo que se trata es de cumplir con el art. 299 
LECrim (finalidades de la instrucción) y el auto del instructor ofrece argumentos jurídicos 
referidos a la normativa de la orden europea de detención y entrega.
(ii)  No es «serio» pretender la citación del Sr. Puigdemont para que venga «de 
testigo por la mañana y de acusado por la tarde», como ya aclaró el presidente de la 
Sala, además por delitos graves como la rebelión y la malversación.
(iii)  Tampoco es parangonable la situación con la de testigos admitidos que son 
investigados en otros procedimientos, no en el mismo, como sucede con la persona 
recién indicada, quien se halla en rebeldía voluntariamente.
(iv)  Y en cuanto a la ruptura de la continencia de la causa por comparación con 
otros miembros de la mesa del Parlament, señala el abogado del Estado que esta 
alegación fue objeto de «atinada respuesta» en el auto de 18 de enero de 2019, 
fundamento jurídico 2, que reproduce, recordando el principio de responsabilidad penal 
por hecho propio.
9.4  «Infracción de garantías procesales y la vulneración efectiva del derecho a la 
tutela  judicial  efectiva,  el  derecho  de  defensa  y  a  un  procedimiento  con  todas  las 
garantías, como expresión al derecho a un procedimiento equitativo, producidas durante 
el procedimiento (art. 24.1 y 24.2 CE)»:
9.4.1  Vulneraciones  de  derechos  producidos  durante  la  tramitación  del 
procedimiento (fase de instrucción y fase intermedia):
a)  «Arbitraria inadmisión del incidente de recusación formulado y de todos los 
recursos  interpuestos  contra  la  decisión  del  magistrado  instructor  de  no  tramitar  el 
incidente»:
(i)  Defiende el escrito de alegaciones la respuesta dada en el auto de 6 de junio 
de 2018, a la extemporaneidad en la recusación del magistrado instructor, al que se 
remite. Con base en los arts. 223 y 225 LOPJ, se recuerda que la extemporaneidad 
puede ser declarada o bien por el propio recusado o tribunales del que forma parte, o 
bien  por  el  instructor  designado  del  expediente,  por  lo  tanto,  aquel  también  es 
competente para apreciarla, pues quien ya conocía de antes la causa de recusación y  es
dilata invocarla, falta a la probidad y solo tiene la finalidad de retrasar el procedimiento. A  o
esta  misma  conclusión,  añade,  se  llega  con  arreglo  a  la  doctrina  constitucional,  513ww
SpaalTerCgtPea 1 oca5rilo 5 lpno/2le aq0snu0 tleae2  a, SrrFe TJlsaC p3 e r.1ec1cta6u /s2aa0 cl0aió8 na, ,pd rdeei cc1iiea3nc ddióeon  o qdcueteu  blaer nee ,ex FtseJtem 4 pc, aossroaobn rheeai d eadl ded  eetebnne esr ríd,s eec  itrdaigi lioegrle  ecnusccaiarn itddooe d  llaea    OE-A-2021-19able en https://
recusación  se  plantea  con  la  instrucción  avanzada,  tras  haberse  dictado  auto  de
procesamiento y adoptado medidas cautelares, lo que en este caso habían hechos los 
autos de 21 y 23 de marzo de 2018. Cita de nuevo la STC 155/2002, FJ 3, ahora en 
cuanto a que la determinación del dies a quo para el planteamiento de la recusación 
entraña un juicio de legalidad ordinaria, y se remite el abogado del Estado a la respuesta 
dada a esta cuestión en el auto de 6 de junio de 2018, la cual considera «razonada y 
razonable de la legalidad procesal». La recusación se planteó fuera de plazo.
(ii)  Se refiere a renglón seguido el escrito de alegaciones a que la inadmisión por 
abuso de derecho de la recusación por el propio recusado, está ligada a la finalidad de 
su planteamiento, que en este caso era evitar la competencia de la Sala Segunda del 
Tribunal  Supremo  mediante  la  manipulación  y  tergiversación  de  comentarios  del 
instructor, para «elaborar artificiosamente un relato de falta de imparcialidad objetiva», tal 
y  como  se  pronunció  el  auto  de  6  de  junio  de  2018.  No  en  vano,  los  recursos 
presentados eran decididos por la sala de recursos –compuesta por tres magistrados de 
la Sala Segunda–, y de haber prosperado la recusación obligando a redoblar la revisión 
de la instrucción, «hubiera provocado la quiebra de la competencia enjuiciadora de la 
Sala».
(iii)  Descarta asimismo el abogado del Estado la lesión del derecho a la tutela 
judicial efectiva, a la defensa y a un proceso con todas las garantías (arts. 24.1 y 24.2 
CE), por la inadmisión de los recursos e incidente de nulidad propuestos contra el auto 
de 6 de junio de 2018. La inadmisión del primer recurso de reforma se fundó en el 
art. 228.3 LOPJ, siguiendo el criterio del ATC 121/2017; mientras que el segundo recurso 
de reforma –interpuesto contra la providencia de 12 de junio de 2018– era claramente 
dilatorio. Y sobre el incidente de nulidad, el auto de 4 de julio de 2018 ya contestó sobre 
su  idoneidad  impugnatoria  en  este  ámbito,  pudiendo  presentarse  recurso  contra  la 
resolución  definitiva;  con  cita  también  de  la  STC  136/1999,  FJ  6,  sobre  la 
constitucionalidad de no caber recurso en todo caso contra la decisión de inadmisión de 
la recusación.
b)  «Falta de tramitación y resolución de recursos interpuestos en tiempo y forma»:
El abogado del Estado tacha de genérica por su parte, la queja de la demanda de 
haberse acordado la conclusión del sumario de manera improcedente, pues ni siquiera 
identifica los recursos no resueltos ni el efecto de ese cierre en el ejercicio de su derecho 
de defensa. Se recuerda que el concepto constitucional de indefensión es material, con 
cita de la STC 258/2007, de 18 de diciembre, FJ 3.
c)  «Falta de acceso a las pruebas con anterioridad al inicio del juicio oral, así como 
la inexistencia de tiempo para preparar debidamente la defensa»: dice el escrito que, de 
nuevo la recurrente no concreta a qué prueba se refiere y qué perjuicio ha originado en 
su defensa, es una alegación meramente formal sin relevancia constitucional.
9.4.2  Vulneración de derechos fundamentales durante el desarrollo del acto del 
juicio oral:
a)  «Vulneración  del  derecho  de  defensa  y  el  principio  de  igualdad  de  armas 
derivado del tratamiento desigual en la exhibición de prueba documental durante los 
interrogatorios»: sobre la alegación de la demanda de que se produjo una discriminación 
porque se admitió como prueba videográfica del Ministerio Fiscal la grabación de un 
discurso de la recurrente, y en cambio se inadmitió otra realizada en el mismo acto 
público por el testigo Sr. Dante Fachín, recuerda ante todo el abogado del Estado que la  e.e
sala otorgó a todas las partes la oportunidad de proponer la prueba videográfica y  b
cuando por razones de dirección procesal del debate se resolvió no permitir el contraste  513ww
timesptuiggon/vaíddae,o e, ns eel  faupnldicaóm epnatroa  jutroíddiacso  1la6s.1 .p2a, ratel sq,u eta sl ey r ecmoimteo.  Elno  toedxop liccaas ol,a  tasmepnotecnoc liaa 
ddee mlaa ngdraa baarcgiuómn ednet aa dqeu eql ueév emnotod,o  mpieernjutrdaicsó t ulav od elungeagra ceiló inn tdeerr olag aptrooryioe cdceiól nm seimncuioltnáandeoa 
testigo por la defensa de la demandante. De nuevo no se acredita afectación material de 
la alegada vulneración.
b)  «Vulneración  del  derecho  a  un  proceso  con  todas  las  garantías  y  de  los 
principios de igualdad de armas y acusatorio, en relación con el derecho a un tribunal 
imparcial,  por  la  asunción  de  rol  acusatorio  por  parte  del  tribunal»:  el  escrito  de 
alegaciones repasa como se produjo el episodio de la denegación de una pregunta al 
testigo Sr. Trapero a instancia de la defensa del Sr. Forn, y como el presidente de la sala 
después, al amparo de la facultad del párrafo segundo del art. 708 LECrim, formuló una 
pregunta al testigo. El escrito se remite en este punto a lo relatado al respecto en la 
sentencia  impugnada,  fundamento  jurídico  16.3.5.3.,  que  reproduce  y  considera 
suficiente.
c)  «Vulneración del derecho de defensa en relación con la restricción del alcance 
de los interrogatorios»: de nuevo en ejercicio de las facultades de dirección del art. 708 
LECrim, ahora en cuanto a la queja de trato discriminatorio entre testigos según la parte 
proponente, el abogado del Estado se remite a lo razonado en su respuesta por la 
sentencia impugnada, en su fundamento jurídico 16.2.2, que reproduce y considera 
suficiente. Añade tan solo que sobre el interrogatorio del Sr. Benach, la demanda no 
concreta qué pretendía preguntarle y por tanto qué perjuicios ha tenido para su defensa 
el no poder hacerlo. La queja es meramente formal y carece de contenido material.
d)  «Vulneración del derecho a un procedimiento con todas las garantías y del 
derecho de defensa por las condiciones en las que se ha desarrollado el acto del juicio»: 
sobre la intensidad de las sesiones semanales de la vista oral y su duración total, así 
como sobre las condiciones de privación de libertad de la recurrente, en menoscabo del 
ejercicio de su defensa, que expone la demanda, se remite de nuevo el abogado del 
Estado a la respuesta dada por la sentencia impugnada, que reproduce y considera 
suficiente.
9.5  «Vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE)»:
9.5.1  Vulneración  de  la  presunción  de  inocencia  producida  durante  el 
procedimiento: se centra el escrito de alegaciones en dos aspectos concretos:
(i)  Resolución del tribunal regional alemán sobre la extradición del Sr. Puigdemont: 
la demanda cuestiona en este punto el auto de la sala de recursos de 17 de abril 
de 2018, por tanto decisión no adoptada por la sala de enjuiciamiento, «por lo que 
difícilmente  del  mismo  puede  deducirse  prejuicio  alguno  sobre  la  recurrente».  Se 
recuerda además la reflexión hecha en ese auto a lo resuelto por el tribunal alemán si los 
hechos hubieran sucedido allí.
(ii)  Respecto de la rueda de prensa dada por el fiscal general del Estado y la 
existencia de un documento en archivo informático, la demanda no tiene en cuenta las 
razones dadas por la fiscalía acerca de la data y el carácter privado del documento, 
desconectado además de ese proceso, y utilizado solo para servir de soporte para 
redactar el borrador.
9.5.2  «Vulneración  del  derecho  a  la  presunción  de  inocencia  respecto  al 
pronunciamiento condenatorio»:
Sobre la queja de la demanda de una falta de motivación sobre la valoración de la 
prueba de cargo por el tribunal sentenciador, empieza el escrito de alegaciones por citar 
la STC 33/2015, de 2 de marzo, acerca del contenido del derecho a la presunción de  e.e
inocencia, para a continuación entender que lo manifestado por la demanda no es sino  b
una mera disconformidad con la valoración de la prueba efectivamente realizada por el  513ww
Thericbhuonsa l pSroubparedmoso ,d leo  lqau es eynate dnec iap osr es íd eexricvlaunir íad eq ulae  ascet ivhiudbaide rpar opbroadtourciaid ore laal izleasdióan e. nL oesl 
jsuaiclaio e onr avli,r tcuodn d leols  prreinqcuiipsiioto ds ed ein mvaeldidiaeczi ócno npsrtoitbuactioorniaa.l  rAeuqnuqeuried odsis, cyr efpuee  lvaa ldoeramdaan dpao r dlea 
esa valoración, el juicio de esta alcanza el estándar exigible, es lógica, coherente y
razonable, de acuerdo con las máximas de la experiencia, reglas de la lógica y principios 
científicos, aunque puedan existir otras conclusiones, pero de lo que se trata es de que 
la decisión soporta y mantiene la condena impuesta (cita las SSTC 68/1998, de 30 de 
marzo; 85/1999, de 10 de mayo; 117/2000, de 5 de mayo, y 124/2001, de 4 de junio). Así 
resulta del fundamento C), juicio de autoría, apartados 1.1 y 1.2 donde se analizan «de 
forma pormenorizada las pruebas que soportan la intervención» de la recurrente en los 
hechos y su condena. No se ha vulnerado la presunción de inocencia, se reitera que es 
solo discrepancia con la valoración de la prueba hecha por la sala.
9.5.3  «Vulneración de la presunción de inocencia en relación con el derecho a la 
igualdad y la prohibición de discriminación»:
Rechaza el escrito de alegaciones del abogado del Estado que se hubiere producido 
la lesión del art. 14 CE en relación con el trato procesal dispensado a la recurrente y a 
los demás miembros de la mesa del Parlament. Recuerda en tal sentido que conforme a 
la doctrina constitucional, lo propio del juicio de igualdad es su carácter relacional, que 
las situaciones subjetivas a comparar sean homogéneas o equiparables, que dicho 
término no resulte arbitrario o caprichoso (con cita de las SSTC 148/1986, de 25 de 
noviembre, FJ 6 y 156/2014, de 25 de septiembre, FJ 4); término de comparación que 
exige su debida acreditación (con cita de la STC 111/2001, de 7 de mayo, FJ 2). 
Partiendo de ello, descarta el abogado del Estado que se haya alegado en este caso un 
tertium comparationis válido: el reglamento del Parlament atribuye funciones distintas a 
la presidencia de la Cámara y a los demás miembros de la mesa (arts. 37, 39 y 42.2), y 
los  hechos  probados  que  constan  en  la  sentencia  entre  la  recurrente  y  los  otros 
parlamentarios,  son  distintos.  De  todo  ello  prescinde  indebidamente  la  demanda, 
trayendo a colación los párrafos de la sentencia impugnada sobre el juicio de autoría de 
la recurrente, que reproduce; así como las consideraciones vertidas al respecto en el 
auto de 29 de enero de 2020, de desestimación del incidente de nulidad.
9.5.4  Vulneración extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia:
Finalmente, entiende el escrito de alegaciones en relación con las intervenciones 
públicas de algunos cargos políticos y los hechos enjuiciados en la causa especial, que 
aquellas no pusieron en entredicho el derecho fundamental invocado por la recurrente, ni 
hubo interferencia en la labor de la sala jurisdiccional, tal y como se encargó de razonar 
la sentencia impugnada, en pasaje que se reproduce y considera suficiente.
9.6  «Vulneración de los artículos 14 (derecho a la igualdad), 24.1 CE (derecho a la 
tutela judicial efectiva y prohibición de indefensión), 24.2 CE (derecho a un proceso con 
todas las garantías), 120.3 CE y del principio de proporcionalidad, por ausencia de toda 
motivación en la individualización de la pena»:
Contesta aquí el abogado del Estado a la queja de falta de correlación entre la 
petición de pena del Ministerio Fiscal y la acusación particular, y la impuesta a la 
demandante en la sentencia. Para ello, comienza el escrito de alegaciones por hacer cita 
de la STC 1/2020, de 14 de enero, FJ 7, acerca del contenido del principio acusatorio, la 
vinculación del órgano judicial con lo pretendido por las partes en el proceso penal, y los 
aspectos sobre los que el juez no está a su vez vinculado sino que rige el principio de 
legalidad.  Con  este  punto  de  partida,  sostiene  que  en  el  presente  caso  no  se  ha 
vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías, porque tanto dicha abogacía  es
del Estado formuló petición de condena, conocida por la defensa, por el delito de  o
sedición en concurso con malversación, como la acusación popular del partido Vox  513ww
itdpmaeemp tilucbaiei óépsnnte a td cicenai oólpi fnsiec undópae e l oprpasoe  rna hae el,sac e ahp loceresag traegannoudd,n oiqdd uaeye   pmp orsooru dbbaoaslg niqduduinoaea r il aopdm ueqd euloane st de aea  fccseuounsm dadoece rirsoseenec edhdsioce  iy óce npos,ona rvsc i oenanlilceo ur,lea sr. ae ccLitoiaeon rnacper,e esnn taaoy     OE-A-2021-19able en https://
se produce la lesión que se denuncia.
9.7  Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa 
(art. 24.1 y 24.2 CE) por la privación de libertad de la recurrente:
No consta una contestación específica en el escrito de alegaciones a esta queja de la 
demanda (3.7), más allá de la ofrecida en el apartado 9.4.2 d).
9.8  Vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal:
9.8.1  Imprevisibilidad de las conductas y taxatividad de la norma penal:
(i)  La objeción puesta por la demanda a que se condena a la recurrente por la 
convocatoria de un referéndum cuando este hecho quedó despenalizado en tiempo 
anterior, obtiene respuesta oportuna en la sentencia recurrida marcando las diferencias 
entre el elemento objetivo del derogado art. 506 bis CP y los hechos aquí enjuiciados, en 
concreto en el fundamento jurídico A), 17.2, como acota el escrito de alegaciones del 
abogado del Estado, que lo reproduce y considera suficiente.
(ii)  Niega asimismo el escrito de alegaciones la pretendida indefensión del tipo 
penal aplicado, como aduce la demandante, por lo que no se infringe el principio de 
taxatividad, remitiéndose de nuevo a la respuesta dada por la sentencia impugnada. 
Nada impide a los ciudadanos, añade, a la lectura del art. 544 CP, saber «el ámbito de lo 
prohibido y prever, así, las consecuencias de sus acciones» (con cita del FJ 5 de la 
STC 283/2006, de 9 de octubre), niega «que no contenga el núcleo esencial de la 
prohibición». Cuestión distinta no proscrita por el principio de legalidad, es la necesaria 
concreción de los conceptos jurídicos incluidos en el precepto, tarea asignada a la 
jurisprudencia, dice. En este caso la sala ha actuado dentro de lo permitido por la norma 
y el desacuerdo de la recurrente no permite sustentar una vulneración constitucional. 
Remite por último a lo afirmado en este punto por el auto de 29 de enero de 2020, en su 
fundamento 2.4, que reproduce.
9.8.2  Principio de legalidad y juicio de autoría:
Con relación a la queja de la infracción por la sentencia recurrida del principio de 
accesoriedad en la participación, ya que no se ha castigado a los ciudadanos que 
participaron en las manifestaciones del 20 de septiembre de 2017 o a los votantes del 1 
de octubre, explica el abogado del Estado que supone distinguir dentro de la autoría 
entre aquella del autor en sentido estricto (art. 544 CP) y el partícipe (art. 545 CP), pues 
son distintos. El partícipe se refiere a «la intervención de un tercero en un hecho delictivo 
ajeno, coadyuvando al autor para su realización, siendo inherente a la cualidad del 
partícipe la circunstancia de que el mismo carezca del dominio funcional del hecho, 
correspondiendo este en exclusiva a quien es autor en sentido estricto». Tal distinción ha 
sido desarrollada por la STS 438/2004, fundamento de Derecho decimonoveno. La 
calificación como partícipe puede conllevar una minoración de la pena con los requisitos 
del art. 63 CP, si bien, advierte el escrito de alegaciones, «tal cuestión no fue planteada 
por las defensas en el acto del juicio». Distinta de esa participación delictiva en la que 
algunos solo coadyuvan a que se produzca el resultado sin ejecutar la acción típica, está 
el supuesto de una pluralidad de sujetos que intervienen en delitos multitudinarios, como 
el de sedición, al que a su vez se refiere la STS 457/2018, de 10 de octubre, fundamento 
de Derecho tercero, y la STS 905/2016.
La aplicación de esta doctrina jurisprudencial, prosigue diciendo el abogado del 
Estado, lleva a rechazar la tesis de la recurrente de que los autores strictu sensu del  es
delito de sedición fueron los ciudadanos que se manifestaron o que votaron en aquellas  o
jornadas. La sentencia recurrida califica expresamente a la demandante de autora del  513ww
rtndaeoemq liuteboisei é rdneue  np p suaeienrdaddi ecucincóot nlosm,er  arnolroo   l calaao  saot íupctutoeolnroraíd addu oecdr te am nsuee nqrc auea escp atpaorori otmsic,i baipsitlaieintcreoiianó l nq ed.ul e eLa  alaze lazasma cmacieiuóinetnotno rtt  oídep epnic ú aosb terldiocnesot i, dl ayeo  n tsu eecmsdutiuyrcilocitóu tocnaa  rnsieooox,     OE-A-2021-19able en https://
art. 28.1 CP. En este caso concurre una pluralidad subjetiva o coautoría definido por este 
último precepto.
Por tanto, al ser autora del delito, a la recurrente no le es de aplicación el principio de 
accesoriedad  en  la  participación,  aplicable  a  su  vez  a  inductores,  cooperadores 
necesarios o cómplices, pero no a los autores en sentido estricto. La recurrente no es 
que coadyuve a la ejecución del hecho delictivo ajeno, sino que a ella se le imputa 
objetivamente el resultado ocasionado por los hechos típicos del tipo por el que se la 
condena. Ha de rechazarse este motivo de nulidad de la demanda, finalizando con la cita 
del auto de 29 de enero de 2020 en respuesta a este punto de impugnación.
9.9  «Vulneración  del  derecho  a  un  juicio  justo  por  infringir  la  inviolabilidad 
parlamentaria y la criminalización de la actividad de creación legislativa»:
Por  lo  que  concierne  al  ámbito  objetivo  y  subjetivo,  alcance  y  límites  de  la 
inviolabilidad parlamentaria, este tema se analiza extensamente, observa el abogado del 
Estado, en el apartado A) 17.3 de la sentencia impugnada (páginas 227 y siguientes), a 
la cual se remite, y en la que se acogen las conclusiones del dictamen de la Comisión de 
Venecia en su sesión plenaria 11, y la decisión de 7 de mayo de 2019 del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en respuesta a la demanda 75147-2017 promovida por 
la  aquí  recurrente  y  otros  setenta  y  cinco  miembros  del  Parlament,  en  sentido 
denegatorio a sus pretensiones, y que el escrito reproduce en parte, dando por zanjada 
esta queja.
9.10  «Vulneración de derecho de reunión y manifestación»:
Comienza sus apreciaciones el abogado del Estado recordando que el derecho de 
reunión del art. 21 CE es una expresión colectiva de la libertad de expresión, que se 
ejerce mediante una asociación transitoria, y que no ha sido vulnerado por la sentencia 
impugnada, como se aduce de contrario. En desarrollo de aquel derecho está la Ley 
Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión que lo configura 
como derecho de titularidad individual pero de ejercicio colectivo, puesto al servicio «del 
intercambio,  o  expresión  de  las  ideas,  la  defensa  de  intereses  o  la  publicidad  de 
problemas o reivindicaciones» (con cita a este respecto, de las SSTC 85/1988, de 28 de 
abril, y 66/1995, de 8 de mayo). Es un derecho que se ejerce de manera pacífica y sin 
armas (arts. 21 CE y 1 de la Ley Orgánica 9/1983), y son ilícitas las manifestaciones 
tipificadas en leyes penales o si producen alteraciones del orden público, con peligro 
para  personas  y  bienes  (art.  5  de  la  Ley  Orgánica  9/1983).  Conforme  a  doctrina 
constitucional (STC 195/2003, de 27 de octubre), su ejercicio puede ser limitado por la 
Constitución y por la necesidad de preservar otros o derechos o bienes constitucionales.
Nuestro Código penal tipifica acciones que desbordan el ejercicio legítimo de los 
derechos de reunión o manifestación (arts. 513 y 514 CP), limitación que también 
reconoce la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si bien «conecta 
su legitimidad a la vigencia del principio de proporcionalidad (cfr. STEDH Ezelin c. 
Francia, 26 abril 1991) y a la necesidad de que no suponga un control ideológico sobre la 
finalidad de las manifestaciones (cfr. SSTEDH Ivanov v. Bulgaria, 20 octubre 2005, y 
Partido Demócrata Cristiano Popular c. Moldavia, 14 febrero 2006)».
En el presente caso, dice el escrito, es «evidente» que no ha habido limitaciones de 
tales derechos que obligara a ponderar si las mismas fueron constitucionales. «Tampoco 
los  acusados  Sr.  Junqueras  y  Sra.  Forcadell  –que  reforzaron  con  su  presencia  la 
reivindicación que animaba la protestas ante la sede de la Vicepresidencia y Consejería  e.
de Economía y el Tribunal Superior de Justicia–, ni los Sres. Cuixart y Sànchez –que  w.
desarrollaron un especial protagonismo en esos encuentros–, han sido acusados de un  513ww
pdreolitteos tdae» .r eLuan iósne not emnacniaif ersetaccuirórind ail íceitxap. liNcao  sqeu eh anla  crdimisicnraelpizaandcoia,  pforer nttaen toa,  alecytoess  doe 
rdeessoclaurcnioandeass  jou dsiucbiaidleass  sdeea  tocnuoa,l  afugeriraes  eyl  dneivsecla dlifeicl aódrograanso,  edsetlá nq uael  aebmriagnoa dne, ll adse rcercíthicoa as   BOE-A-cable e
la protesta. También las proclamas independentistas, discursos que traten de convencer 
de que un territorio tiene derecho a romper amarras con el Estado español, la defensa de 
un supuesto derecho de autodeterminación y las movilizaciones para la difusión de esas 
ideas,  son  todas  actuaciones  legítimas  y  no  se  han  cuestionado  en  la  sentencia 
impugnada.
Cosa bien distinta es «la oposición activa y concertada, frente a actuaciones de 
agentes  de  la  autoridad  con  respaldo  legal  y  constitucional  encaminadas  pura  y 
llanamente a dar cumplimiento a un específico y muy concreto mandato judicial. La 
estrategia desplegada que, en buena medida, fue estimulada y alentada con entusiasmo 
y un innegable poder de convicción y movilizador por los acusados –cada uno de ellos 
en su propio ámbito de actuación– fue desplegada para lograr que la votación prohibida 
se llevase a cabo imposibilitando de hecho, mediante la interposición física, la actuación 
de los agentes de la autoridad. Y esa actuación, es indudable, desborda totalmente los 
linderos de lo que ha de considerarse legítimo derecho de reunión para la exteriorización 
de la protesta o crítica por la actuación de los poderes públicos». No cabe hablar por 
ende  tampoco  de  una  causa  de  exclusión  de  la  antijuridicidad  del  art.  20.7  CP 
perpetrando «el ataque concertado a las bases constitucionales del sistema, valiéndose 
para ello de una multitud de personas convocadas para obstaculizar el ejercicio de la 
función jurisdiccional y que son movilizadas para hacer posible una votación declarada 
ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».
Finaliza  su  escrito  el  abogado  del  Estado  interesando  que  este  tribunal  dicte 
sentencia que desestime totalmente la demanda de amparo.
10.  En fecha de 30 de octubre de 2020 presentó sus alegaciones el partido político 
Vox.
Como alegación de principio, considera que la demanda de amparo no cumple con 
los requisitos del art. 44 LOTC, porque está interpuesta en fraude de ley para eludir la 
acción de la justicia, y con abuso de derecho. No puede aceptarse, añade, que las 
personas condenadas e inhabilitadas por el Tribunal Supremo utilicen la vía del recurso 
de amparo para acceder a la condición de parlamentarios que les ha sido expresamente 
privada por la sentencia que se recurre. Ese acceso choca frontalmente con preceptos 
como el art. 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Esta clase de 
estrategia procesal supone una transgresión de las reglas de la buena fe y entrañan 
abuso de derecho (arts. 11.1 y 11.2 LOPJ y art. 7.2 Código civil: CC).
Sentado  esto,  el  escrito  de  alegaciones  añade  a  continuación  que  la  especial 
trascendencia constitucional exigida legalmente es la «trascendencia constitucional, no 
social y política como quiere hacer ver la demandante al final de su justificación», por lo 
que  «no  concurre  la  especial  trascendencia  constitucional  a  la  que  aluden  los 
recurrentes».
Pasa a renglón siguiente el escrito de alegaciones a tratar de las distintas quejas de 
la demanda de amparo:
10.1  Respecto de la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley y la 
segunda instancia penal:
a)  Del primer derecho, sostiene que de lo alegado por la demandante aparte de 
pretender  eludir  la  acción  de  la  justicia,  no  se  desprende  que  la  atribución  de  la 
competencia  al  Tribunal  Supremo  sea  fruto  de  una  interpretación  manifiestamente 
errónea, irrazonable o arbitraria, con cita de la STC 183/1999, de 11 de octubre. No  s
procede este motivo del recurso. oe.
dicnuefreraenbcct)cah i oolD»na–ees  ssv ecduaxelcrnt eaemp raaceicsnoiioómnrnei s sgmd raseoevl  eñqddauealearde ds caoehs  o ch euaanay  naleda plo  rd aoeordltb .ui lnec2ti de inordes esltlaa a nPdacorleio aght oaapcdyeoaanlo  as– li«,7d m odd eejeudblz iiaegCnnaEtddeDoo  eH tele ,n anp bepaurrsrsiameo   eledarneas     2021-19513n https://www.
instancia por el más alto tribunal del Estado. Y recuerda la dicción del art. 57.2 EAC y la
competencia del Tribunal Supremo para conocer de la responsabilidad penal de los
diputados del Parlament, cuando se refiera a hechos cometidos fuera del territorio de 
Cataluña.
10.2  En referencia a la vulneración del derecho a un juez imparcial:
Señala que, de conformidad con la doctrina de este tribunal sobre el concepto de 
imparcialidad objetiva (STC 44/2009, de 12 de febrero), no bastan las meras sospechas 
de  quien  aduce  la  vulneración  de  la  imparcialidad  si  esos  temores  no  resultan 
objetivamente  justificados  (STEDH  de  6  enero  de  2010,  asunto  Vera  Fernández-
Huidobro c. España), si la recurrente no ha sido capaz «de hacer veraz sus temores de 
parcialidad  como  objetivamente  justificados  no  puede  pretender  que  el  Tribunal 
Constitucional  subsane  esta  insuficiencia  relevante,  que  impide  la  estimación  del 
motivo».
Tampoco el supuesto rol inquisitivo del presidente de la Sala merece acogida, toda 
vez que la pregunta formulada por la presidencia al testigo Sr. Trapero está amparada 
legalmente  por  el  art.  708  LECrim,  en  sintonía  con  el  art.  6  CEDH  y  la  doctrina 
constitucional (cita la STC 155/2002, de 22 de julio, con reseña de otras sentencias 
anteriores).  Por  tanto,  no  se  ha  justificado  que  ese  supuesto  rol  inquisitivo  haya 
vulnerado el derecho al juez imparcial, siendo que la decisión «precisamente amparó el 
derecho de defensa con cumplimiento de la normativa procesal».
Se refiere todavía dentro de este bloque de argumentación a los requisitos para la 
admisión de la prueba en juicio, distinguiendo entre otros entre la pertinencia y la 
necesidad, que en todo caso la prueba debe ser relevante y que no es un derecho 
ilimitado (con cita de la STC 246/2000), además de que no toda irregularidad procesal en 
materia de prueba causa efectiva indefensión (STC 35/2001). Tras la enumeración de 
todos  los  requisitos  para  su  admisión,  y  de  considerar  adecuada  la  actuación  del 
magistrado instructor en las diligencias de prueba, se concluye que no debe estimarse 
este motivo.
10.3  No  constan  alegaciones  sobre  la  queja  de  la  demanda  derivada  de  la 
fragmentación y ruptura de la continencia de la causa.
10.4  En cuanto al bloque de quejas de la demanda relativas a lesiones producidas 
durante el procedimiento, el escrito de alegaciones del partido político Vox se centra en 
la: «Vulneración del derecho a un proceso justo o equitativo, vulneración del principio de 
igualdad de armas»: con cita de la STC 33/2003, de 13 de febrero, sobre el contenido del 
derecho a la utilización de la prueba pertinente (art. 24.2 CE), se afirma en el escrito de 
alegaciones  que  las  quejas  de  trato  desfavorable  a  la  demandante  son  «minucias 
procesales  cuando  no  interpretaciones  interesadas»,  pues  no  se  le  ha  impedido 
proponer y practicar los elementos de prueba propuestos, ni ha argumentado como las 
no practicadas han afectado al sentido del fallo, por lo que no se ha vulnerado la 
igualdad de armas.
10.5  Sobre la vulneración del derecho a la presunción de inocencia que es objeto 
de denuncia, entiende que los distintos ejemplos que se mencionan corresponden a 
actuaciones llevadas a cabo con arreglo a derecho. Así: (i) la actuación de la policía 
judicial «como descubridor y garante de los efectos del delito»; (ii) la presentación de los 
escritos  de  calificación  provisional;  (iii)  las  apariciones  públicas  de  miembros  del 
Congreso de los Diputados en ejercicio de su libertad de expresión; (iv) la actuación de 
miembros del Gobierno, o de diputados, que nada tienen que ver con este proceso. Los 
magistrados  no  vulneraron  aquel  derecho,  y  respecto  a  la  alegación  de  que  a  la 
recurrente se le dispensó un trato distinto como presidenta de la mesa del Parlament, es  e
lo cierto que la sentencia impugnada define las acciones atribuidas a la recurrente. bo
10.6  «Ausencia de motivación en la individualización de la pena»: niega la falta de  513ww
mquoeti veasctaió sne r qeuspeejac.t oC odne  claita i nddeiv liad uSaTliSz a3c1ió0n/2 d0e1 9l,a d pee 1n3a  dime pjuuneisot,a e al e lsac drietom daen daalengtaec, idoen elos 
mtraangsisctrriabdeo sp asrete  ednecu esnut rafu nddeanmtroe n«tadceiló np odjuerrí ddicea  dyis carefircmioan aqliduaed  laq uea cotusatecniótan  pdaer al olas 
imposición de la pena». Descarta así el partido político Vox una vulneración del derecho 
de legalidad penal por falta de individualización de la pena.
10.7  «Injustificada y arbitraria privación de libertad»:
Se defiende la medida de prisión impuesta a la recurrente, ya que de un lado el 
riesgo de fuga quedaba acreditado con la actuación de «los fugados que huyeron en el 
momento posterior de la comisión de los delitos», y de otro lado dada las sospechas de 
destrucción de pruebas por los investigados, lo que impedía adoptar una medida menos 
gravosa. No se produjo por esto su privación de libertad injustificada y arbitraria.
10.8  «No  existe  vulneración  del  principio  de  legalidad  en  ninguna  de  sus 
vertientes»:
a)  «No existe vulneración del principio de legalidad por falta de taxatividad penal 
puesto que las conductas punibles se encuentran previstas en el Código penal»: tras 
reproducir pasajes de la sentencia impugnada en cuanto al principio de legalidad y su 
delimitación  constitucional,  niega  el  escrito  de  alegaciones  que  pueda  alegarse 
imprevisibilidad  de  las  conductas  de  la  recurrente  como  integradoras  del  delito  de 
sedición,  pues  como  también  declaró  la  sentencia  recurrida  aquella  ya  conocía  la 
consecuencia penal de la desatención a los requerimientos del Tribunal Constitucional.
b)  «Supuesta aplicación analógica del delito»: a juicio de Vox, el órgano judicial no 
llevó a cabo una interpretación analógica in malam partem del delito de sedición, pues de 
lo que se trata en realidad aquí es del principio de especialidad de la norma, que está 
acogida en la doctrina penal, con cita de la STC 125/2001, de 4 de junio.
c)  «No existe vulneración del principio de legalidad en relación al juicio de autoría»: 
contrariamente a lo que alega la demanda, en la sentencia se recogen las actuaciones 
de la recurrente, de manera delimitada dentro de la comisión del delito, y «cada uno de 
los recurrentes tenía una responsabilidad dentro de la comisión del delito». No hay 
indeterminación de la participación de la recurrente en el alzamiento sedicioso, siendo 
coautora del delito, llegándose a probar su «no accesoria» participación en los hechos 
objeto de condena. Ha de rechazarse por ello este motivo.
d)  «No existe imposición de pena desproporcionada»: rechaza igualmente esta 
queja  el  escrito  de  alegaciones  del  partido  político  Vox,  haciendo  cita  de  la 
STC 136/1999, de 20 de julio, sobre el principio de proporcionalidad de las penas. 
Advierte que el orden público alterado afectaba a la unidad política y territorial de la 
Nación española (art. 2 CE), «unido a que una pena inferior a la impuesta no hubiera 
sido suficientemente desmotivadora para reiterar las mismas conductas en el futuro –no 
puede obviarse que los condenados, aún hoy, mantienen públicamente que volverán a 
repetir los mismos hechos delictivos–», y que los hechos enjuiciados se cometieron por 
«miembros  y  dirigentes  de  partidos  políticos  que  ocupaban  cargos  públicos 
representando al Gobierno de España en el territorio de Cataluña». Lo que lleva a la 
desestimación del motivo.
10.9  «No  existe  vulneración  de  las  libertades  ideológicas,  de  reunión  pacífica, 
libertad de expresión y de participación política»: finalmente, el escrito de alegaciones de 
Vox se refiere a los derechos fundamentales sustantivos que se indican, los cuales se 
denuncian  como  vulnerados  por  la  demanda.  El  motivo  múltiple  se  rechaza,  por 
encontrarse «perfectamente definido el límite entre las restricciones y vulneraciones de 
derechos con las comisiones de delitos, por lo que en el momento en que se cruza la 
línea de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de las conductas descritas en el Código  e.
penal, estamos ante un delito». w.
Concluidas sus alegaciones en contestación a los motivos de impugnación de la  513ww
qdueem asned ad,e edlu ecsec reitno  edle lo ptraorstiíd od igpoo lídtieco a Vqouxe lslae.ñ aAl ac qouneti nnuoa cpiróonc,e deel  saucpolridcoa r dlae ls uesspcreitnos iódne 
parleegsaecnitoandeos. interesa de este tribunal se desestime íntegramente el recurso de amparo  BOE-A-cable e
11.  El  12  de  noviembre  de  2020  tuvo  entrada  en  este  tribunal  el  escrito  de 
alegaciones formulado por la fiscal jefe ante el Tribunal Constitucional.
Tras una detallada exposición de los antecedentes de hecho que consideró más 
relevantes,  el  escrito  analiza  los  motivos  de  amparo  planteados  en  la  demanda, 
comenzando  por  los  de  carácter  estrictamente  procesal,  y  siguiendo  por  los  que 
presentan un contenido material.
11.1  Vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y, como 
consecuencia, del derecho a la doble instancia (art. 24.2 CE).
11.1.1  Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley:
Luego de reproducir el apartado del fundamento de Derecho A), 4.1.1 a 4.1.4, en el 
que se contiene la respuesta de la sentencia impugnada a esta queja de la demanda, la 
fiscal hace cita de las SSTC 266/2015, FJ 2, y 35/2000, FJ 2 in fine, acerca del contenido 
esencial  de  este  derecho  fundamental,  y  de  la  STC  230/2009,  sobre  su  posible 
vulneración cuando la resolución en examen evidencia una manipulación arbitraria de las 
reglas legales sobre atribución de competencias al órgano judicial. Con este punto de 
partida, discrepa la fiscal de los motivos de la demanda, al no atender esta a las razones 
dadas por el Tribunal Supremo para haber conocido de la causa, en concreto tres: (i) las 
acusaciones situaron desde el primer momento a parte de los hechos objeto de reproche 
penal, fuera del ámbito de la comunidad autónoma de Cataluña, (ii) por la aplicación de 
la tesis de la ubicuidad, en virtud de la cual el delito se comete en todos los territorios 
donde se realicen actos expresivos de los elementos objetivos y subjetivos del tipo. Esos 
hechos cometidos fuera de Cataluña se describen en la sentencia, en concreto los 
cometidos para lograr la celebración del referéndum y que se votara en el extranjero, y 
para lograr apoyo internacional a la tesis independentista, teniendo en cuenta el cargo 
político de la recurrente, y (iii) por la adquisición de la condición de aforados de algunos 
acusados.
De todo ello «fluye» que la causa ha sido instruida y juzgada por el juez ordinario, 
mediante una razonable interpretación de la ley procesal, el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y la Constitución.
11.1.2  En cuanto a la vulneración del derecho al recurso como consecuencia de la 
infracción de las normas determinantes de la competencia que habrían privado a la 
demandante del derecho a la doble instancia según la demanda, la fiscal jefe se muestra 
contraria igualmente a la estimación de esta pretensión.
Tras reproducir la respuesta del Tribunal Supremo a esta alegación en el mismo 
fundamento de Derecho antes citado, apartado 4.1.5, se afirma que esta queja viene 
determinada por la supuesta falta de competencia del Tribunal Supremo para conocer 
del caso, la cual acaba de ser analizada (desmontándola), sin que sea preciso añadir 
nada más al respecto.
11.2  Vulneración del derecho a un juez imparcial:
La fiscal comienza su análisis reproduciendo la respuesta dada en la sentencia 
impugnada a esta queja de la demanda, en el fundamento de Derecho A), apartados 5.2, 
5.5.3, 5.5.4 y 5.5.6, citando a continuación las SSTC 47/2011, FJ 9, y 126/2011, FJ 15, 
sobre las dos modalidades de la imparcialidad judicial reconocidas, la objetiva y la 
subjetiva, y recuerda que se trata de una queja ya vertida en otros recursos de amparo  es
de  la  causa  especial  20907-2017,  y  que  ha  sido  rechazada  por  ejemplo  en  la  o
STC 29/2019. Dicho esto, la fiscal ofrece una consideración conjunta a las principales  513ww
sdspoieutub ealrdaeca  i loqacnu opeemasre rpqtlliracuoi,epm  aeleacst iteóerern  ct lrduaiber ru iecmnnuaptaela t rrhcocao ia mndlsiadeidgaseidcsra tarrua tlavdteudorlosnio  edrdr eead  dleamol  rasaóansrle gadra aedn  eoian  qecdunoeejnu lc iecdunieasjarume icicqeihaunometo  fi eueennsnetd o laa;m m yaee drn(omiti a)ias l:icl óa(tnios)     OE-A-2021-19able en https://
opiniones vertidas por un tercero ajeno al proceso, sobre circunstancias referidas al Sr.
presidente  de  la  Sala,  «también  resultan  ajenas  a  los  contornos  de  protección  del 
derecho fundamental que se esgrime como infringido».
11.3  Fragmentación y ruptura de la continencia de la causa, derecho de defensa y a 
la utilización de las pruebas:
Se indica en el escrito de alegaciones que las cuestiones agrupadas bajo este motivo 
se resuelven en el fundamento de Derecho A), apartados 4.1.2 y 4.1.6 de la sentencia 
impugnada, que reproduce, explicándose así la fragmentación procesal, dice, de un 
modo  razonable  a  lo  largo  del  procedimiento,  dada  la  necesidad  de  conjugar  el 
aforamiento  de  los  acusados  ante  la  Sala  Segunda  del  Tribunal  Supremo  con  la 
limitación de su extensión competencial a los no aforados, a partir de las infracciones 
penales investigadas.
La  Sala  del  Tribunal  Supremo  limitó  así  su  conocimiento  «a  uno  solo  de  los 
escalones participativos en el delito de sedición o rebelión», al igual que en el delito de 
malversación.  Cuando  no  se  han  dado  esas  circunstancias  las  causas  han  sido 
instruidas por otros tribunales conforme a las reglas de competencia aplicables, y a la 
recurrente no se le ha seguido otra causa judicial sino esta, en la que ha gozado de 
plena defensa. La demanda no cuestiona la interpretación realizada por el Tribunal 
Supremo de las normas pertinentes; en definitiva los escritos que esgrime denunciando 
una  conculcación  de  los  derechos  de  defensa,  por  el  motivo  del  fraccionamiento 
procedimental, carecen de razonamientos.
Por  lo  que  respecta  al  fraccionamiento  de  las  actuaciones  respecto  de  otros 
acusados, en concreto la gestión del magistrado instructor de las órdenes europeas de 
detención y entrega por criterios de oportunidad, se indica que la sentencia impugnada 
dio oportuna respuesta en el fundamento de Derecho A), apartado 10.3, que reproduce.
Y sobre la presunta indefensión derivada de no haber tenido la recurrente acceso a 
las pruebas de los otros procedimientos, señala la fiscal que esta queja se desestimó en 
la sentencia recurrida en el Fundamento de Derecho A), apartados 7.2, 8.2, 10.1, 10.2 
y 10.3 que reproduce. Considera correcta la respuesta dada, ya que la continencia de la 
causa  no  puede  servir  de  pretexto  para  la  tramitación  de  piezas  separadas  «para 
aquellos a quienes no se puede juzgar por encontrarse en rebeldía».
11.4  Vulneraciones de derechos en la fase de instrucción y fase intermedia:
11.4.1  Incidentes de recusación:
a)  En cuanto a la indebida inadmisión de la recusación del magistrado instructor 
resuelta por él mismo, a que se refiere la demanda, el escrito de alegaciones empieza 
citando  tanto  la  STC  229/2003,  FJ  10,  sobre  la  posibilidad  de  inadmisión  de  las 
solicitudes de recusación bien por incumplimiento de los requisitos formales como por la 
inexistencia de causa o invocación arbitraria o manifiestamente infundada de esta, como 
el ATC 414/1997, FJ 3, también sobre este mismo control, lo que sirve a la fiscal para 
afirmar que la queja no puede ser acogida, ya que aquella decisión de inadmisión fue 
adoptada de manera respetuosa con la jurisprudencia constitucional, y tanto la Ley 
Orgánica del Poder Judicial como dicha jurisprudencia permiten al propio recusado 
inadmitir una pretensión de ese tipo. En cuanto a la extemporaneidad de la recusación, 
«es uno de los supuestos más clásicos de inadmisión liminar» y está motivada. Y 
precisamente porque la causa de recusación se dedujo de manera extemporánea, hubo 
un defectuoso agotamiento de la vía judicial, con la consiguiente imposibilidad para este  e.e
tribunal de examinar en este recurso de amparo el fondo de la queja. b
b)  En segundo lugar se refiere el escrito de alegaciones a las quejas de la demanda  513ww
snoob trrea mlait aincaiódnm disei óont rodse  rreeccuurrssooss:  csoen ctirtaa  lpao rin laad fmiscitaidl ala s SoTlicCit u1d2 4d/e2 0r1e9c,u FsaJc 3ió, nq,u ye  spoobnree  dlae 
rdeelireevceh ola dse d iafecrceenscoi aasl  dreecnutrros od,e el na rct.u 2a4n.t1o  Ca Es ue nctoren terol ld ceorencshtiotu cdieo naaclc, eys oe na la pprlioccaecsióon y d eel 
esa doctrina se afirma que no consta que la inadmisión de los recursos interpuestos
carecieran de base legal (art. 228.3 LOPJ), sin que la demanda logre desvirtuar su 
validez.
Por el mismo motivo carece de entidad la queja sobre la devolución de recursos 
presentados  o  que  no  constaban  en  las  actuaciones,  además  la  demanda  «omite 
mencionar el contenido de las resoluciones que se dicen recurridas y los argumentos en 
que se sustentaban los recursos».
11.4.2  Vulneraciones de derechos durante la fase de juicio oral:
Hace  la  fiscal  respecto  de  este  bloque  de  argumentación  de  la  demanda  una 
consideración general, con reproducción del fundamento de Derecho A), apartado 7.2, 
de la sentencia impugnada, para decir que la recurrente no sufrió indefensión en cuanto 
a la administración de las pruebas, ya que todas las incorporadas a las actuaciones le 
fueron entregadas y se habilitó un nuevo turno de interrogatorio de procesados y de 
examen de los testigos para contrastar lo declarado con alguno de los documentos 
reclamados y que estaban todavía pendientes al inicio del plenario.
a)  Ya de manera específica, en cuanto a un desigual tratamiento a las partes en la 
exhibición  de  la  prueba  videográfica,  recuerda  a  su  vez  la  fiscal  que  la  sentencia 
impugnada desestimó este argumento en el fundamento de Derecho A), apartado 16.1, 
que reproduce, lo que muestra que debe desestimarse la queja porque el tribunal actuó 
con acomodo a la normativa procesal y a los usos forenses tradicionales; la parte no ha 
señalado ninguna infracción procesal; y el modo de practicar la prueba se aplicó por 
igual a todas las partes. Añade que la Sala exhibió a algunos testigos la documental solo 
cuando se cuestionaba la autenticidad o integridad de esta, no siendo necesario en los 
demás casos en los que la prueba videográfica se reprodujo del modo usual, tras la 
práctica de la prueba testifical y pericial.
b)  Continúa refiriéndose el escrito de alegaciones a la queja de asunción de un rol 
acusatorio por el presidente de la sala de enjuiciamiento al hacer una pregunta al testigo 
Sr. Trapero en uso de la facultad del art. 708 LECrim, a la cual se le dio respuesta en la 
sentencia impugnada en el fundamento de Derecho A), apartado 16.3.5, que reproduce. 
Entiende  la  fiscal  que  la  formulación  de  esa  pregunta  «en  un  plenario  que  se  ha 
prolongado durante meses no puede considerarse acreedora de la tacha que se esgrime 
dada su excepcionalidad, m[á]s si la misma se refiere a una cuestión ampliamente 
debatida, y sobre una reunión acreditada por otras pruebas, lo que no se cuestiona, por 
lo que no puede ser tachada de pérdida de imparcialidad del tribunal y de auxilio a la 
posición del Ministerio Fiscal al que se había impedido formular la pregunta por tratarse 
de un testigo que el ministerio público no había propuesto. A todo ello cabe añadir que la 
pregunta ya había sido formulada por otra de las defensas y la respuesta ha sido 
calificada de prescindible».
c)  Respecto del presunto trato desfavorable dado por el tribunal de enjuiciamiento a 
las defensas frente a las acusaciones, durante el interrogatorio de los acusados y de 
testigos, acota la fiscal que esta queja de la demanda obtiene respuesta en la sentencia 
impugnada en el fundamento A), apartado 16.2, que reproduce. Explica que la limitación 
al interrogatorio afectó a todos los testigos, de cargo y de descargo, sin que quepa 
hablar  de  indefensión  o  siquiera  desventaja  para  la  demandante  respecto  de  las 
acusaciones,  pues  aquella  «ha  podido  proponer  cuantas  testificales  ha  tenido  por 
oportunas e interrogarles sin traba e interrogar a los testigos propuestos por las demás 
partes  acusaciones  y  defensa,  con  los  mismos  límites  impuestos  a  todos,  sin  que  s
especifique ninguna merma probatoria específica». oe.
didmeeprseuadcgr)hr nooalClsad oraaom,  nuoe nl na ú spl ertsoilm ecfseouis ononmd eaocsmot ivndeo ent  otlodad e avd siese  tlsaaDts eoe  rgrabeallc,ro aheqnolu t meíaA is)sd  meya  opal aa rerl atsad udedlometasfae  dnn3eds.s2aae. ,4 sp,tlo aimry   aev6dul ,olm n leeoornd a oqcla uióe esnn e  pnqdetueerem n lcositieeas     2021-19513n https://www.
concluir que esta alegación no tiene sustento. Como señaló el Tribunal Supremo, se
posibilitó el constante contacto de la acusada con su defensa, sin que deba olvidarse
que no todos los días de la semana se celebraron sesiones de juicio oral. Tampoco se ve 
merma alguna de la defensa porque se fijase el calendario de práctica de la prueba con 
una semana de antelación, lo que se notificó a todas las partes, ni la demanda señala o 
apunta mínimamente en qué consistió esa merma defensiva.
11.5  Vulneración del derecho a la presunción de inocencia:
11.5.1  Vulneración de este derecho durante el procedimiento:
De  entrada,  como  fuente  general  para  sus  consideraciones,  la  fiscal  alude  al 
fundamento de Derecho C), juicio de autoría, 1. Delito de sedición, de la sentencia 
recurrida, que pasa a reproducir en lo que atañe a la aquí demandante, y cita después la 
STC  73/2019,  FJ  4,  en  cuanto  al  contenido  del  derecho  fundamental  en  examen, 
pasando a continuación a referirse a las situaciones que la demanda denuncia como 
vulneraciones del derecho del art. 24.2 CE.
Así, como primer dato que se alega por la demanda, el prejuzgamiento de la causa 
percibida por dicha parte en las críticas que vierte la sala de recursos de la Sala 
Segunda  del  Tribunal  Supremo  a  la  decisión  del  Tribunal  Regional  Superior  de 
Schleswig-Holstein para no entregar al acusado Sr. Pugdemont, críticas expuestas en 
auto de 17 de abril de 2018 donde aquella sala resuelve un recurso contra la denegación 
de un permiso penitenciario solicitado por el acusado Sr. Jordi Sànchez, la fiscal cita en 
su escrito de alegaciones la STC 129/2018, FJ 6, acerca del posible carácter prematuro 
de la interposición de un recurso de amparo –salvo excepciones– contra una resolución 
interlocutoria dictada en un proceso aún no finalizado, entendiendo que en este caso esa 
decisión inherente a otro acusado «en virtud de una circunstancia que no concernía a la 
ahora demandante», podía y de hecho fue objeto de un recurso de amparo propio, por lo 
que resulta «de extemporánea alegación en este momento». Además, lo afirmado por la 
Sala  lo  fue  entonces  como  «mero  obiter  dictum  […],  se  refiere  en  abstracto  a  la 
calificación jurídica de unos hechos y no a otra cuestión, que tenga relación con la queja 
aludida».
11.5.2  Vulneración de este derecho en la sentencia de condena:
El escrito de alegaciones afirma sobre esta parte de la queja, que la sentencia 
impugnada,  en  el  fundamento  ya  trascrito,  «con  gran  extensión  desmenuza 
pormenorizadamente la prueba que ha tenido en cuenta para la acreditación de los 
hechos y la participación en ellos de la ahora demandante», sobre la base de una 
diversidad de prueba: el reconocimiento parcial de sus propias manifestaciones por la 
recurrente  en  el  plenario,  lo  declarado  por  testigos  directos  de  los  hechos,  las 
comunicaciones y elementos fotográficos que acreditan su participación, los distintos 
procedimientos  legislativos  o  de  otra  índole  en  los  que  participó  en  el  Parlament, 
publicados en los diarios oficiales de la Generalitat, algunos documentos que acreditan la 
notificación personal de resoluciones del Tribunal Constitucional, la documental que la 
vincula en concierto con los demás condenados, y el examen de sus manifestaciones de 
descargo y de testigos de la defensa.
11.5.3  Vulneración de este derecho por trato discriminatorio con otros miembros de 
la mesa del Parlamento de Cataluña:
En este punto señala el escrito de alegaciones de la fiscal que «sus quejas referidas  s
a que su conducta ha merecido mayor reproche penal, al haber sido subsumida en un  oe.
tipo jurídico distinto y más grave al de otras personas que habían realizado idénticos  w.
hechos  que  la  señora  Forcadell,  no  guardan  relación  con  el  derecho  fundamental  513ww
efusngdriammideon,t acyi,ó ne nd e tload soe nctaesnoc,ia , neon  rdeosnpdeeta, nc omelo  rseel ahtoa  tdraen shcreitcoh ocso n parnotbeardioorsid andi,  slae 
describe una actuación notoriamente distinta y más amplia y compleja de la demandante
en relación a las otras persona[s], a las que se les sigue el procedimiento por otros 
ilícitos».
11.5.4  Vulneración de este derecho en el ámbito extraprocesal:
Respecto  a  la  repercusión  de  las  declaraciones  efectuadas  a  medios  de 
comunicación por una secretaria de Estado y por otros líderes políticos en relación con 
los hechos enjuiciados, de lo que se queja la demanda, el escrito de alegaciones se 
remite a la respuesta dada a este motivo por la sentencia impugnada, fundamento de 
Derecho A), apartado 9, que reproduce. Tras ello cita la STC 85/2019, FJ 10, relativa a la 
dimensión extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia, y el art. 4 de la 
Directiva UE/2016/343 por la que se refuerza aquel derecho en los procesos penales, 
extrayendo  de  todas  estas  referencias  una  conclusión,  y  es  que  la  queja  de  la 
demandante no se halla en el ámbito protegido por este Tribunal Constitucional y por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos: no se trata de declaraciones de autoridades 
que participan en el proceso antes de que se dicte la sentencia de condena, que es el 
supuesto al que se refiere la jurisprudencia europea, ni se trata de la absolución o 
archivo de un proceso penal y el debate sobre sus efectos fuera de él. Por el contrario, 
«[n]os encontramos en supuestos que se asemejan más a aquellos a que se refiere la 
STC 133/2018, FJ 4», que reproduce, y en la que este tribunal declaró que la protección 
contra la vulneración de aquella dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, 
cuando alguien considera a una persona como autora de un delito sin una previa 
resolución judicial que así lo fije, se canaliza a través de la tutela del derecho al honor.
Tampoco se trata el caso, añade la fiscal con cita de la STC 69/2001, FJ 6 y 14 b), de 
declaraciones dadas en medios de comunicación acerca de un proceso en curso y 
susceptibles de influir en la imparcialidad del tribunal competente; aspecto este, advierte 
en todo caso, que «ni siquiera es reseñado en la demanda».
11.6  Vulneración del derecho a la motivación de la pena:
Se pronuncia también el escrito de alegaciones de la fiscal por la queja de la 
demanda referida a la falta de motivación de la sentencia impugnada al individualizar las 
penas que se le imponen a la demandante, y a la conculcación del principio acusatorio al 
condenarle a una pena de prisión más grave de la solicitada por el Ministerio Fiscal y la 
acusación particular, solamente por el partido Vox que ejercía la acusación popular.
Así  las  cosas,  la  fiscal  menciona,  de  un  lado,  el  fundamento  de  Derecho  A), 
apartado 11.1 y 11.2, de la sentencia recurrida en cuanto a la necesaria distinción entre 
el ámbito jurisdiccional y la actividad política, pasaje que reproduce, y de otro lado el 
auto de la misma sala de 29 de enero de 2020, fundamento de Derecho 10.2.2, donde se 
resuelve esta denuncia de vulneración contra la sentencia. Cita también la STC 1/2020, 
FJ 7, en cuanto a la faceta del principio acusatorio relativa a la necesaria correlación 
entre las pretensiones de las partes y el fallo en los procesos penales, y a continuación 
vuelve  la  fiscal  a  la  sentencia  núm.  459/2019  del  Tribunal  Supremo,  ahora  para 
reproducir el razonamiento de la sala en cuanto a la individualización de las penas 
impuestas a la aquí recurrente, en el fundamento de Derecho D), apartado 2, que 
reproduce, así como lo hace con el párrafo del auto de 29 de enero de 2020, fundamento 
de Derecho 9.6, que descarta la falta de proporcionalidad de la pena.
Sostiene así, a la vista de estos razonamientos judiciales, que no concurre la falta de 
motivación de la pena «de la que se duele» la recurrente, pues le fue impuesta por su 
«participación  estelar  […]  y  su  protagonismo  en  los  hechos  tanto  en  el  pilar  e.
parlamentario  como  en  el  denominado  de  movilización  popular».  Además,  la  w.
demandante no discute que una de las partes solicitó la pena que finalmente se le  513ww
idmep eulslao., ni aduce que no tuviera conocimiento de esa petición o no pudiera defenderse
quejNai:n lgau mnoo tidvea clioósn  aprogru lma eqnuteo su nqau ep edras olnaa  dseem caonndsati,t upyreo syig eujee,r csitiarv elan  apcaursaa cfiuónnd paer nsaul   BOE-A-cable e
«es  ajena  a  la  violación  del  principio  acusatorio  o  [de]  necesaria  correlación  entre 
acusación y fallo»; y más allá de la opinión de los magistrados de la Sala sobre lo 
adecuado o no de que la legislación procesal permita el ejercicio de la acción popular por 
los partidos políticos, lo cierto es que descartaron que pudiera impedirse la actuación en 
dicha causa especial de Vox como acusadora popular, a la que, por otro lado, se le ha 
impedido el ejercicio de la acción civil y el devengo de costas.
11.7  Condiciones de la privación de libertad de la recurrente:
Sobre este motivo de la demanda, la fiscal invoca de nuevo la STC 129/2018, FJ 6, 
sobre  la  prematuridad  del  recurso  de  amparo  contra  decisiones  interlocutorias,  y 
recuerda que la demandante reconoce que ha interpuesto recursos en su momento 
contra la medida de prisión provisional que le fue impuesta, de los cuales ha conocido 
también este tribunal, por lo que no procede replantear este asunto ahora «a modo de un 
sedicente recurso contra las sentencias del Tribunal Constitucional, vetado por el art. 93 
LOTC».  Respecto  a  la  queja  sobre  el  menoscabo  de  su  derecho  de  defensa  por 
permanecer en prisión ya se ha contestado, e insiste en que no se ha producido tal 
merma procesal.
11.8  Vulneración del principio de legalidad:
11.8.1  Previsibilidad de las conductas y taxatividad del precepto penal:
a)  Comienza el examen de este grupo de quejas de la demanda, invocando la fiscal 
el auto de 29 de enero de 2020 impugnado, que respondió desestimando esa cuestión 
en el fundamento de Derecho 2.4, que reproduce. A renglón seguido hace cita de la 
STC 146/2017, «en el mismo sentido (SSTC 73/2019, 88/2018, 148/2018 y 172/2018) en 
su fundamento jurídico 3, […] en relación a la garantía material del principio de legalidad 
(art. 25. 1 CE)», que también reproduce, así como el tenor de los arts. 544 y 545 CP.
Tras hacerlo, sostiene el escrito de alegaciones que el «tipo penal utiliza términos de 
uso  común  tanto  para  definir  la  conducta  típica,  esto  es  el  alzamiento  público  y 
tumultuario como la finalidad que ha de perseguirse impedir por la fuerza o fuera de las 
vías legales la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación o funcionario 
público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las 
resoluciones administrativas o judiciales». Al ser términos «fácilmente comprensibles por 
cualquier ciudadano […] la conducta típica no puede tildarse de indefinida o de posibilitar 
una elección libre y arbitraria del juzgador». Prosigue diciendo que a su parecer la 
demanda  no  cuestiona  la  formulación  del  tipo  delictivo,  sino  que  discrepa  de  la 
subsunción  de  los  hechos  en  él,  y  al  efecto  se  remite  a  la  sentencia  impugnada, 
fundamento de Derecho A), apartado 13, referido a la alegada vulneración del principio 
de legalidad, que rechaza; lo mismo que en el auto denegatorio de su nulidad, de 29 de 
enero de 2020, Fundamentos 2.4, 2.5.1, 2.6, 3.2.2.3, y 6.2.4, que reproduce en parte, y 
considera respuesta suficiente a la queja planteada en la demanda.
b)  Respecto a un cuestionamiento por la demanda de la operación de calificación 
jurídica de los hechos probados por el Tribunal Supremo, pasa el escrito de alegaciones 
a reproducir en parte el fundamento de Derecho B), apartados 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 de la 
sentencia impugnada, así como el fundamento de Derecho C), acerca del juicio de 
autoría, apartado 1 dedicado al delito de sedición, y la STC 146/2017, FJ 4. Extrae de 
todas estas citas la fiscal un juicio favorable a la labor llevada a cabo en este punto por la 
Sala de lo Penal, puesto que mediante un «exhaustivo» examen de esas calificaciones  e.e
en cuanto al delito de sedición, analizó «el bien jurídico protegido y la finalidad lesiva del  b
sujeto sedicioso o sujeto activo de dicha figura delictiva para concretar su campo de  513ww
daepll icCaócdióigno,  ap deinfearl.e nTcaima bdieé no taransa lfizigau reals  tidpeol icdteiv aasc tuivbiidcaadd aqsu een d eelb me isremaoli zcaarpsíetu alol  yn otí tsuelor 
psulusrciseupbtijbelteiv os uo  cdoem cisoinóvne rmgeednicaian.t eS uen d esotielon ea cetno  eyl  aadneámlisáiss  ddeel  smue dniaot ucroamleizsaiv od ey  ddeel itloa 
finalidad con específico detenimiento en los términos más vagos cuestionados de los
utilizados por el legislador, que interpreta conforme a su estricto significado gramatical 
específicamente los vocablos "alzamiento y tumultuario"; […] define la conducta delictiva 
cuando además de una reunión de una colectividad de sujetos, tumultuaria y pública 
acude como medios comisivos a actos de fuerza o fuera de las vías legales, para 
dirigirse con potencial funcionalidad a lograr que las leyes no se cumplan o que se 
obstruya la efectividad de las órdenes o resoluciones judiciales o administrativas […]; se 
detiene  en  anteriores  pronunciamientos  de  la  Sala  aunque  referidos  a  un  artículo 
previgente y de análisis efectuados en el plano dogmático […]; analiza c[ó]mo debe 
establecerse la consumación en dicho supuesto dada su naturaleza de tipo penal de 
resultado cortado […]; c[ó]mo todos y cada uno de los elementos del tipo concurren en la 
conducta enjuiciada, en la que de forma generalizada y en toda la extensión de la 
comunidad  autónoma  se  produjo  un  levantamiento  multitudinario,  generalizado  y 
proyectado  de  forma  estratégica  que  determinó  que  la  autoridad  del  poder  judicial 
quedara en suspenso».
11.8.2  Principio de legalidad y juicio de autoría:
a)  Sobre  el  juicio  de  autoría,  pondera  de  manera  positiva  que  la  sala  de 
enjuiciamiento  atienda  a  «la  necesidad  de  tener  en  cuenta  la  adecuación  entre  la 
actividad desplegada y sus efectos lesivos para el bien jurídico protegido, de suerte que 
sean objetivamente previsibles, en definitiva que el riesgo producido o incrementado por 
la conducta se materialice con la actividad del autor, partiendo de la condición de 
presidente del Parlamento de la ahora demandante y, en concreto, que en el supuesto a 
presencia no juzgaba la denominada prohibición de regreso, en atención a como se 
habían planificado y desarrollado los hechos».
En  definitiva,  considera  el  escrito  de  alegaciones  que  todos  los  argumentos 
esgrimidos por la demanda en cuanto a la lesión del principio de legalidad han sido 
analizados  de  modo  pormenorizado  en  las  dos  resoluciones  impugnadas:  «la 
destipificación de la celebración de referéndum declarados ilegales, respecto de los 
pronunciamientos  jurisprudenciales  anteriores,  la  existencia  de  otros  procesos  en 
Cataluña sobre los mismos hechos o la no entrega de los evadidos […]; las [quejas] 
referidas a la falta de taxatividad o de aplicación analógica o de punición de conductas 
que constituyen ejercicio de derechos fundamentales, por lo que este motivo tampoco 
puede ser acogido». La recurrente en la articulación de su queja, añade la fiscal, olvida 
el relato fáctico que ha quedado acreditado, y lo cierto es que la sentencia, mediante un 
cumplido análisis del delito de sedición y su deslinde con otras conductas delictivas, llega 
de modo razonable a la conclusión «de que los hechos acreditados son subsumibles en 
el tipo de sedición».
b)  Se refiere también el escrito de alegaciones a la queja de la demanda de 
haberse condenado indebidamente como autora a la demandante de un delito donde no 
habría sido sino solo partícipe, sin que hayan merecido ningún reproche penal los 
ciudadanos que participaron en las movilizaciones, a la sazón los autores de ese delito. 
Contesta  el  escrito  de  alegaciones  a  esta  cuestión,  afirmando  que  de  nuevo  la 
demandante prescinde del relato fáctico acreditado, en concreto los que atañen a su 
participación en ellos, y las pruebas que sustentan esos hechos, sobre los cuales ya se 
ha pronunciado el escrito de alegaciones.
El motivo debe ser rechazado porque, contrariamente a lo que la recurrente dice, su 
condena no se debe a que se haya considerado «ni por asomo […] su inducción a los 
ciudadanos para que acudieran a manifestarse». La sentencia además analizó el hecho  e
objetivo de que ostentaba el cargo de presidenta del Parlament, «sin que se le haya  bo
imputado acto de competencia exclusiva del ejecutivo». Recuerda que las resoluciones  513ww
ipmlupruisgunbajedtaivsa h ayn  deesntatrbol edceid od qicuhea  «claa tseegdoircíiaó nc soem coo nmsutrlutiylaet eerna le lo t ipdoe  ccoomnov edreg ennactuiar.a leLzoas 
appluorartlaecsi óanu tinocreluss om acotenr iadlievse rsniod asdo nd ep afurtnícciipoense se na  ldae lcitoon saejecnuoc,i ótno ddoes  lac ofninvaelridgaedn  tcípoinc as»u. 
Aclara la fiscal que en estos casos «no rigen principios solamente predicables en caso
de participación de unos en delitos de otros como lo exigiría el principio de accesoriedad. 
Muy al contrario, en aquellos supuestos el principio rector es el de imputación recíproca. 
A todos se imputa lo que haga cualquiera de los coautores que actúan bajo acuerdo 
común. Y ello, aunque esa contribución, por parte de los que en tumulto ejecutan el 
elemento objetivo del tipo, no origine la misma responsabilidad penal o incluso no dé 
lugar a ninguna (folios 40 y 41 del auto resolutorio del incidente)».
La demandante fue condenada como autora y no como partícipe de un delito de 
sedición,  concluye  diciendo  el  escrito  de  alegaciones,  por  lo  que  no  resultaba  de 
aplicación el principio de accesoriedad limitada, no se ha producido ningún cambio de 
jurisprudencia ni se ha lesionado el principio de legalidad respecto a aquel principio de 
accesoriedad.
11.8.3  Principio  de  legalidad,  derechos  de  reunión,  manifestación,  libertad  de 
expresión e ideológica y proporcionalidad de las penas:
Comienza sus consideraciones la fiscal invocando el ATC 332/2005, FJ 4, que a su 
vez  menciona  el  ATC  233/2004,  acerca  de  la  doctrina  constitucional  sobre  la 
proporcionalidad de las penas, aseverando que esta queja de la demanda alega la 
desproporción  de  las  penas  impuestas  sin  argumentar  el  por  qué,  limitándose  a 
comparar la prevista para la sedición con otros ilícitos penales, o al derecho comparado 
o a referirse a las infracciones administrativas. Los hechos por los que se condenó a la 
demandante «afectaron al orden público en sus formas más graves», buscando impedir 
la aplicación general del ordenamiento jurídico de manera transitoria o definitiva, impedir 
mediante  vías  de  hecho  «el  cumplimiento  de  las  leyes  y  decisiones  de  acciones 
judiciales»,  poniendo  en  cuestión  «el  funcionamiento  del  estado  democrático  de 
derecho». La demanda, prosigue, no cuestiona el bien jurídico protegido en la sedición ni 
su  tipificación  penal,  «ni  argumenta  de  modo  convincente  la  existencia  de  medios 
alternativos menos restrictivos de derechos especialmente eficaces», lo que hace es 
obviar los hechos probados a los que toma por «meros desórdenes públicos». Por ello 
su  queja  sobre  falta  de  proporcionalidad  de  las  penas  de  la  sedición  que  le  han 
impuesto, carece «de todo sustento y argumentación».
11.9  Vulneración de la libertad de expresión, reunión y representación política, en 
relación con la vulneración de la inviolabilidad parlamentaria:
Pasa a referirse a esta queja de la demanda el escrito de alegaciones de la fiscal 
trayendo ante todo a colación lo expuesto al respecto por la sentencia recurrida en el 
fundamento  de  Derecho  A),  apartado  17.3,  que  reproduce.  Tras  ello,  cita  la 
STC 115/2019, FJ 6 («en el mismo sentido las SSTC 128/2019 y 156/2019»), que 
igualmente reproduce, acerca del control que pueden efectuar las mesas de las Cámaras 
sobre las iniciativas parlamentarias, y advierte que la demanda no ha cuestionado ni los 
incidentes  de  ejecución  de  la  STC  259/2015,  ni  la  constitucionalidad  de  la  Ley 
Orgánica  15/2015,  de  16  de  octubre,  de  reforma  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional  en  el  ámbito  de  la  ejecución  de  las  resoluciones  del  Tribunal 
Constitucional «como garantía del Estado de Derecho», y sobre la cual, añade, se han 
pronunciado las SSTC 185/2016 y 215/2016.
Definido entonces el alcance de la queja de la demanda, que postula que la condena 
de  la  demandante  por  sedición,  en  su  condición  de  presidenta  del  Parlament  de 
Cataluña, ha comportado la vulneración de su inviolabilidad parlamentaria, recuerda la 
fiscal cuál es el significado de dicha garantía (la no exigencia de responsabilidad por el  e.
ejercicio del voto, o por lo manifestado en ejercicio de su cargo); su naturaleza prioritaria  w.
dada  por  el  sistema  constitucional  para  evitar  las  represalias  a  la  actuación  del  513ww
spearr laumn ednetarericoh; os uim repcreosncorcipimtibielen toin aclbussool uctou afrnednote l aa  pcuearslqouniae rh tari baubnaanl duo ónragdaon os ue xctearrigoor;,  eyl 
aparecer como la primera prerrogativa que proclama el art. 71 CE.
Ahora bien, señala el escrito de alegaciones de la fiscal ajena a esa inviolabilidad 
parlamentaria se encuentran las funciones de control de las iniciativas parlamentarias 
que realizan las mesas de las Cámaras Legislativas, y tan ajena o más «cuando esa 
función de control le viene impuesta obligatoriamente cuando medie un mandato del 
Tribunal Constitucional, pues como recoge la jurisprudencia inconcusa de ese tribunal 
antes reseñada, en este supuesto existe un deber de la mesa de inadmitir a trámite la 
iniciativa presentada, en cuanto que el control material viene expresamente exigido por 
un  mandato  constitucional,  no  se  trata  de  un  ámbito  cubierto  por  la  inviolabilidad 
parlamentaria». En el mismo sentido cita la fiscal el ATC 55/2020, de 17 de junio, FJ 2 b), 
que reproduce, auto dictado en el recurso de súplica contra el ATC 11/2020; y cita 
también la STC 97/2020, FJ 6 B), b), que del mismo modo transcribe, sobre los casos en 
los que no cabe invocar la autonomía parlamentaria, cerrando así la fiscal su examen de 
esta queja.
11.10  Vulneración de los derechos de reunión y manifestación:
La  fiscal  jefe  informa  primeramente  de  la  respuesta  dada  a  esta  queja  por  la 
sentencia impugnada, fundamento de Derecho A), apartado 17.5.2, que reproduce, y a 
continuación cita la STC 62/2019, FJ 7, que igualmente reproduce, en cuanto a que el 
ejercicio legítimo de los derechos fundamentales resulta incompatible con la imposición 
de una sanción penal, que cabe la posibilidad de que existan conductas que exceden del 
ejercicio propio del derecho aunque no son merecedoras de reproche penal, y por último 
se producen casos en el que este último reproche sí está justificado. En el mismo 
sentido, cita la STC 5/2020 y el ATC 40/2020, FJ 4 –que reproduce en parte–.
Entrando ya en la queja, reflexiona la fiscal que la demanda de nuevo prescinde en 
este punto de los hechos declarados probados por la sentencia, reduciéndolo a «actos 
pacíficos y festivos de protestad ciudadana» y que a ella se la castiga por su simple 
presencia en un acto de manifestación donde no hubo incidente violento y en el que se 
protestaba por la detención de catorce personas, «la mayoría de ellos cargos relevantes 
de un Gobierno elegido democráticamente».
La realidad, sin embargo, acota el escrito de alegaciones, es distinta a lo que cuenta 
la demandante. Los hechos que le conciernen no se reducen a la participación pública 
indicada, y en todo caso no se restringieron los derechos a manifestarse y a expresar lo 
que tuvieran por conveniente, a los «miles de ciudadanos o millones» que participaron 
en los sucesos del 20 de septiembre y1 de octubre de 2017, como se reconoce en el 
factum (de la sentencia impugnada), fuese mediante decisión administrativa o judicial.
11.11  Vulneración del derecho a la libertad ideológica y de expresión:
Llegamos a la contestación de la fiscal a la penúltima queja de la demanda. Para tal 
fin, reproduce en primer término el fundamento de Derecho A), apartado 17.5, de la 
sentencia  impugnada,  que  reproduce,  y  tras  él  cita  de  la  STC  3/2020,  FJ  8,  que 
igualmente transcribe, en relación con un recurso de amparo promovido por otro de los 
acusados de la presente causa especial contra la medida de prisión provisional, y en la 
que se repasa doctrina sobre el contenido del derecho a la libertad ideológica del 
art. 16 CE. Pasa a continuación a hacer cita de la STC 62/2019, FJ 7, ya antes citada, y 
añade «[e]n el mismo sentido la STC 5/2020». Dice que de nuevo la demanda relata una 
situación fáctica que no se corresponde con los hechos probados de la sentencia, 
negando que se haya producido una criminalización de su ideario político, ni que la 
demandante o los demás acusados hayan sido condenados por ese ideario, sino por  e.
realizar las conductas que tipifica el Código penal. w.
La motivación política de sus actos no determina que se haya vulnerado su derecho  513ww
ae lelam elinbteor toabdj eitdiveoo ldóeg icloas  otip sous  pliebneartlaeds , dnei  seex tpipreifsicióan e, nn goe nseiernadl oco amqou eclalau sma odteiv aecxieónnc iuónn 
dmeu clah arse sppeornssoanbaisli,d adde nctrriom inoa lf.u eErla  iddeea risou  pcoolímticuon iddaed l aa uretócnuorrmenat,e  oe sin ccloumsop afrutiedroa  pdoer   BOE-A-cable e
España, y es una «opción política que forma parte del debate democrático, que concurre 
a los procesos electorales y hasta se alzan con el triunfo. Nada de esto tiene que ver con 
los hechos delictivos por los que ha sido condenada».
11.12  Restricciones de derechos y art. 18 CEDH:
La fiscal jefe se limita a comentar este último motivo de la demanda, invocando el 
fundamento  de  Derecho  A),  apartados  2.2  y  2.3  de  la  sentencia  impugnada,  que 
parcialmente reproduce, afirmando que lo pretendido por la recurrente «no hace sino 
incidir  en  las  vulneraciones  de  derechos  fundamentales  ya  aducidos  en  motivos 
anteriores que se reiteran aunándolos por responder a un único designio que es la 
instrumentalización del procedimiento penal para abordar un problema de contenido 
político  provocando  una  restricción  injustificada  de  los  derechos  fundamentales». 
Precisamente por ser repeticiones de las vulneraciones ya alegadas, la fiscal se remita a 
sus consideraciones ya vertidas sobre cada una.
Finaliza su escrito interesando a este Tribunal Constitucional que dicte sentencia 
cuyo pronunciamiento sea: «Desestimar la presente demanda».
12.  Con  fecha  20  de  mayo  de  2020,  la  representación  procesal  de  la  aquí 
recurrente presentó escrito de recusación respecto de la totalidad de los magistrados de 
este tribunal, cuestionando su imparcialidad por las causas séptima (Ser o haber sido 
denunciante o acusador de cualquiera de las partes), decima (Tener interés directo o 
indirecto en el pleito o causa) y undécima (Haber participado en la instrucción de la 
causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia) del art. 219 LOPJ. 
Mediante ATC 62/2020, de 17 de junio, se acordó no admitir a trámite la recusación 
formulada.
Contra dicha resolución se promovió por la misma recurrente recurso de súplica, el 
cual resultó desestimado por ATC 84/2020, de 21 de julio.
13.  A fin de tramitar y resolver la petición de recusación del magistrado de este 
tribunal don Antonio Narváez Rodríguez planteada por la demandante en este proceso 
de  amparo  mediante  escrito  de  fecha  30  de  octubre  de  2020,  el  Pleno  mediante 
providencia de fecha 17 de noviembre de 2020, con suspensión de las actuaciones 
correspondientes al presente recurso, acordó formar pieza separada.
Con fecha 16 de febrero de 2021, el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez 
formuló  abstención  en  relación  con  el  presente  proceso  constitucional  de  amparo; 
abstención  que,  por  unanimidad,  fue  considerada  justificada  por  el  Pleno  en  el 
Auto 18/2021, de 16 de febrero, lo que dio lugar a su aceptación y a acordar el archivo 
de la pieza separada formada en el presente recurso de amparo.
La demandante de amparo interpuso recurso de aclaración contra el citado Auto 
de 18/2021, de 16 de febrero. Por Auto 49/2021, de 21 de abril, este tribunal declaró no 
haber lugar a la aclaración solicitada.
14.  Por escrito registrado el 26 de marzo de 2021, don Emilio Martínez Benítez, 
procurador de los tribunales, en representación de doña Carme Forcadell Lluis, promovió 
la recusación del magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón.
Con fecha 7 de abril de 2021, el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón 
formuló su abstención en relación con el presente proceso constitucional de amparo, 
abstención que, por unanimidad, fue considerada justificada por el Pleno en auto de 20 
de abril de 2021, lo que dio lugar a apartarle definitivamente del presente recurso y de  e.e
todas sus incidencia. b
vota1c5ió. n dPeo rla p prorevsideenntec isae ndtee n2c6ia d eel  doícat u2b8r ed edl em i2s0m2o1 ,m sees  sye aññaoló. para la deliberación y
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y posiciones de las partes.
El presente recurso de amparo se dirige contra la sentencia núm. 459/2019, de 14 de 
octubre, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la causa especial núm. 
20907-2017,  que  condenó  a  la  demandante  como  autora  de  un  delito  de  sedición 
previsto en los arts. 544 y 545.1 CP a las penas de once años y seis meses de prisión e 
inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los honores, 
empleos y cargos públicos que tenga la penada, aunque sean electivos, e incapacidad 
para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos y la 
de ser elegida para cargo público durante el tiempo de la condena; y el auto de 29 de 
enero de 2020, que desestimó los incidentes de nulidad promovidos contra aquella 
sentencia.
La recurrente estructura su demanda en torno a seis quejas, algunas de las cuales 
agrupan plurales vulneraciones de derechos fundamentales, que cabe sintetizar como 
sigue:
Primera.  Vulneración del derecho a un procedimiento equitativo y un juicio justo 
(arts. 24.1 y 2 CE, 6 CEDH y 2 del Protocolo núm. 7 al CEDH) por vulneración de las 
principales garantías procesales. Esta primera queja se desdobla en la denuncia de 
múltiples lesiones de derechos:
(i)  Vulneración del derecho al tribunal predeterminado por ley (arts. 24.2 CE y 6.1 
CEDH), por haber asumido indebidamente el Tribunal Supremo la competencia para 
enjuiciar los hechos, lo que determina a su vez la vulneración del derecho a la doble 
instancia penal (arts. 24.1 y 2 CE, 13 CEDH y 14.5 PIDCP).
(ii)  Vulneración del derecho a un tribunal imparcial e independiente (arts. 24.2 CE 
y 6.1 CEDH), que imputa tanto al magistrado instructor como a los miembros de la sala 
de enjuiciamiento. Respecto a la actuación del primero, por expresiones vertidas en sus 
resoluciones que indican implicación personal, así como por sus actuaciones en relación 
con la adopción de medidas cautelares de prisión, la emisión de las órdenes europeas 
de detención y entrega, la adopción de una actuación procesal que imposibilitaba o 
dificultaba el ejercicio del derecho de defensa y la inadmisión irregular de los incidentes 
de recusación. Por lo que atañe a los miembros de la sala de enjuiciamiento, la quiebra 
del derecho se vincula con su participación en la instrucción de la causa y la realización 
de valoraciones previas respecto a los hechos enjuiciados al haber formado parte de la 
sala que admitió la querella, con la falta de aplicación de la prerrogativa de inviolabilidad 
parlamentaria y, respecto al presidente de la Sala de lo Penal, por el contenido del 
mensaje  enviado  por  un  senador  en  relación  con  su  futuro  nombramiento  como 
presidente del Consejo General del Poder Judicial.
(iii)  Vulneración del derecho a la presunción de inocencia (arts. 24.2 CE, 6.2 CEDH 
y 14.2 PIDCP) por carecer el juicio sobre la prueba de la debida motivación, por falta de 
justificación  de  la  condena  en  relación  con  el  resto  de  miembros  de  la  mesa  del 
Parlamento de Cataluña –con afectación del derecho a la igualdad y la prohibición de 
discriminación (arts. 14 CE, 14 CEDH y 1.2 del Protocolo núm. 12 al CEDH)–, por las 
expresiones vertidas en el auto del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2018 y, en su 
dimensión  extraprocesal,  por  las  manifestaciones  públicas  efectuadas  por  diversos 
cargos políticos.
(iv)  Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, derecho de defensa y a  e.
utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, afectando al proceso equitativo  w.
respecto al principio contradictorio y a la igualdad de armas (arts. 24.1 y 2 CE y 6  513ww
CcoEnDtiHne),n cpioar  dlae  lfara cgamuesnat arecsiópne cdtoe  alol sre psrtooc deed iimnvieensttoigsa dsoobs.re los hechos y la ruptura de la
dere(cvh) o Vduel ndeerfaecnisóan  yd ea  guanr apnrotícaesd pimroiceenstoa lecos ny  tdoedla dse lraesc hgoa raa nlatí atust e(alart sju. d2ic4i.a1l  ye f2e cCtivEa y,  e6l   BOE-A-cable e
CEDH). En concreto, denuncia como infracciones acaecidas durante la tramitación del 
procedimiento (fase de instrucción e intermedia) una arbitraria inadmisión del incidente 
de recusación formulado respecto del magistrado instructor y de todos los recursos 
interpuestos  contra  la  decisión  del  mismo  de  no  admitir  el  incidente,  la  falta  de 
tramitación y resolución de recursos interpuestos en tiempo y forma, la falta de acceso a 
las pruebas con anterioridad al inicio del juicio y la inexistencia de tiempo para preparar 
debidamente la defensa. Ya durante el desarrollo del juicio oral considera lesivo el 
tratamiento desigual en la exhibición de prueba documental durante los interrogatorios, la 
asunción de un rol acusatorio por parte del tribunal (que también afecta al principio 
acusatorio  y  el  derecho  a  un  juez  imparcial),  la  restricción  del  alcance  de  los 
interrogatorios y las condiciones en que se desarrolló el juicio.
(vi)  Vulneración del derecho a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, de defensa y 
a un procedimiento con todas las garantías y del principio de proporcionalidad y de la 
prohibición de discriminación por ausencia de motivación en la individualización de la 
pena (arts. 14, 24.1 y 24.2 CE, y 6 y 14 CEDH).
(vii)  Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa 
(art. 24.1 y 2 CE) en relación con la injustificada y arbitraria privación cautelar de libertad 
(arts. 17 CE y 5 CEDH en relación con el art. 17 CEDH).
Segunda.  Vulneración del derecho a la legalidad penal (arts. 25 CE, 7 CEDH, 49 
CDFUE, 15 PIDCP y 11.2 DUDH) en relación con los derechos fundamentales a la 
libertad ideológica, a la libertad personal, a la libertad de expresión y de reunión pacífica 
(arts. 16, 17, 20 y 21 CE y 5, 9, 10 y 11 CEDH) y de la prohibición de arbitrariedad en la 
aplicación de la ley penal (art. 9.3 CE). La vulneración se debe, según la demandante, a 
tres razones: (i) a la imprevisibilidad de la interpretación de los tipos de sedición y su 
aplicación analógica a los hechos, aprovechando su déficit de taxatividad, que afecta al 
ejercicio de derechos fundamentales; (ii) a la inexistencia de los requisitos legales de las 
conductas de autoría y participación y (iii) a la desproporción de la respuesta penal.
Tercera.  Vulneración de los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de 
representación política (arts. 20, 21 y 23 CE, 10 y 11 CEDH y 3 del Protocolo adicional, 
núm.  1  al  CEDH)  en  relación  con  la  vulneración  de  la  inviolabilidad  parlamentaria 
(art. 57.2 EAC), dado que se sancionan penalmente conductas cubiertas por la citada 
prerrogativa, lo que desencadena una restricción indebida y desproporcionada en el 
debate de la Cámara con un efecto desaliento.
Cuarta.  Vulneración del derecho de reunión y manifestación (arts. 21 CE y 11 
CEDH), por castigarse penalmente conductas que constituyen un ejercicio del derecho 
con fines políticos ilegítimos y de forma desproporcionada.
Quinta.  Vulneración del derecho a la libertad de expresión y a la libertad ideológica 
(arts. 20.1 CE y 10 CEDH; arts. 16 CE y 9 CEDH) por criminalizarse la expresión de 
ideas  políticas,  sobre  las  que  se  realizan  consideraciones  en  las  resoluciones  que 
muestran  un  sesgo  ideológico,  con  una  respuesta  penal  desproporcionada  y 
desalentadora del ejercicio de esos derechos por la ciudadanía.
Sexta.  Vulneración de derechos fundamentales en relación con la desviación en las 
restricciones de derechos prevista en el art. 18 CEDH, en tanto se limitan los derechos 
ya aludidos con una finalidad política no contemplada en el Convenio como fin legítimo 
para tal restricción.
La Abogacía del Estado interesó la desestimación del recurso de amparo. Por su 
parte, el partido político Vox opuso, como óbice procesal de admisibilidad, el carácter  e
abusivo del recurso y su falta de especial trascendencia constitucional y, en cuanto al  bo
fondo,  pidió  igualmente  su  desestimación.  El  Ministerio  Fiscal  solicitó  también  la  513ww
deseLsatsim aalecgióanc idoenle rse cduer slaos d pea artmesp ahraon. sido resumidas con amplitud en los antecedentes
edxea mesintaa r rceasdoalu ucinóan .d eN loa so qbusetajanste., una síntesis de estas será expuesta de nuevo al
Una vez fijado el objeto del recurso y las posiciones de las partes y tras resolver 
sobre los óbices procesales alegados en el siguiente fundamento, el examen de las 
múltiples quejas reseñadas partirá de un recordatorio del fundamento fáctico y jurídico de 
la  condena  impugnada  para  abordar  acto  seguido  las  vulneraciones  de  derechos 
fundamentales  denunciadas.  Su  análisis  comenzará  con  los  motivos  de  carácter 
procesal, donde, sucesivamente, se dilucidará sobre las alegaciones referidas a los 
derechos al juez ordinario predeterminado por la ley, al doble grado de jurisdicción penal, 
al juez imparcial, de defensa y de presunción de inocencia. El estudio de las lesiones de 
derechos sustantivos planteadas se iniciará con la queja relativa al derecho a la libertad 
personal vinculada a la prisión provisional, para resolver después las relativas a la 
inviolabilidad  parlamentaria,  al  derecho  a  la  legalidad  penal  en  conexión  con  los 
derechos a la libertad ideológica, a la libertad de expresión, de reunión y de participación 
política y al deber de motivación de la individualización de la pena. Por último, se 
procederá al análisis del motivo final de la demanda, referido a la supuesta finalidad 
política a la que obedecerían las restricciones de derechos cuestionadas a lo largo de la 
demanda.
2.  Requisitos de admisibilidad: ausencia de fraude de ley o de abuso de derecho y 
especial trascendencia constitucional del recurso.
Antes de llevar a cabo el análisis de las lesiones que se invocan en el recurso, 
procede descartar el óbice de admisibilidad alegado por el partido político Vox. Se aduce, 
en principio, el carácter abusivo o fraudulento de la demanda, dado que la recurrente 
persigue eludir la inhabilitación absoluta a la que ha sido condenada para acceder a la 
condición  de  parlamentaria,  lo  que  enlaza  con  una  estrategia  procesal  habitual  de 
recursos para evitar la responsabilidad penal. En apoyo de tal apreciación se cita el 
art. 11 LOPJ y el art. 7.2 del Código civil, así como un extracto de la sentencia de la Sala 
de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 474/2018, de 20 de julio, referido a la doctrina del 
abuso de derecho. La alegación termina con la afirmación de que no concurre especial 
trascendencia constitucional, en tanto que cuestión distinta de la trascendencia social o 
política que se alega en la demanda.
La doble objeción debe rechazarse por su falta de sustento.
a)  Como recoge la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo traída por 
la parte, con cita, a su vez, de la sentencia núm. 159/2014, de 3 de abril: «"la doctrina del 
abuso  de  derecho  se  sustenta  en  la  existencia  de  unos  límites  de  orden  moral, 
teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como institución de 
equidad, exige para poder ser apreciada, una actuación aparentemente correcta que, no 
obstante,  representa  en  realidad  una  extralimitación  a  la  que  la  ley  no  concede 
protección alguna, generando efectos negativos (los más corrientes, daños y perjuicios), 
al resultar patente la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima, así 
como la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho, exigiendo su apreciación una 
base fáctica que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y 
subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo)" [Sentencia 567/2012, 
de  26  de  septiembre,  con  cita  las  anteriores  sentencias  de  1  de  febrero  de  2006 
y 383/2005, de 18 de mayo]». Especifica, además, cuáles son los requisitos que deben 
concurrir para apreciar el abuso de derecho conforme a la jurisprudencia (sentencias 
núms. 455/2001, de 16 de mayo; 722/2010, de 10 de noviembre; 690/2012, de 21 de 
noviembre, y 159/2014, de 3 de abril): «a) el uso de un derecho objetivo y externamente  s
legal; b) daño a un interés, no protegido por una específica prerrogativa jurídica, y c) la  oe.
idyanaenm roqeorucmrahealo,i ld  edacneod ln o od tr ieonar tnecetcanishscoooióc,,  niadr ilegidd eema  dload d adroñee ag cerlo,as n ec"t qordaunari i ñoaiuo nar,ie m ml osuasus no fii nfnueoetscistteua enrd cdanoi e)ne,m ónom in foeeicrmnom - afsloao rescmudiabaitl"j ee os(tqib vdujaeei etli( vnema jee isjr(emcerijccoeii)rot ca [i .dc.s.ei]ou,l     2021-19513n https://www.
derecho no daña a nadie)».
El  recurso  de  amparo  cuyo  carácter  abusivo  o  fraudulento  se  denuncia  se  ha 
interpuesto contra la sentencia del Tribunal Supremo núm. 459/2019, de 14 de octubre, 
dictada en la causa especial núm. 20907-2017, y el posterior auto de 29 de enero 
de  2020.  Esto  es,  una  sentencia  condenatoria  del  Tribunal  Supremo  y  el  auto 
desestimatorio del incidente de nulidad formulado frente a dicha sentencia; resoluciones 
a las que la recurrente atribuye múltiples lesiones de sus derechos fundamentales y cuya 
nulidad solicita en orden a reparar esas vulneraciones alegadas. La demanda contiene 
asimismo la petición de suspensión cautelar de la ejecución de la pena de prisión 
impuesta para evitar un daño irreparable en el derecho a la libertad (art. 17 CE). Ni por 
su objeto ni por su contenido de denuncia ni por su suplico cabe apreciar un carácter 
abusivo  o  fraudulento  de  la  demanda.  Se  impugnan  por  quien  fue  condenada  las 
resoluciones  judiciales  dictadas  en  un  procedimiento  penal  concluso  y  tras  haber 
agotado los medios legales de impugnación, tal y como exige el art. 44.1 a) LOTC, y se 
persiguen efectos procesales de nulidad, que el art. 55.1 LOTC dispone en caso de 
otorgarse el amparo por apreciarse efectivamente el presupuesto de una vulneración 
iusfundamental, o, cautelarmente, de suspensión de la ejecución de la pena de prisión 
bajo la cobertura del art. 56 LOTC. Ni quien fuera acusación popular en el procedimiento 
penal ofrece razones mínimamente acreditativas del abuso de derecho que denuncia ni 
la demanda revela objetivamente dato alguno que avale tal afirmación, sin que, por 
supuesto, el hecho de que este tribunal haya denegado la solicitud de la medida cautelar 
solicitada (ATC 88/2020, de 22 de julio) o, en su caso, desestime el recurso convierta en 
abusivo o fraudulento el ejercicio legítimo del derecho de la recurrente a formular recurso 
de amparo.
b)  De otro lado, la parte niega que el recurso presente especial trascendencia 
constitucional, por entender que en él se alega trascendencia social y política y no 
constitucional.
Debe  puntualizarse  de  partida  que  la  demanda  contiene  un  apartado  expreso 
dedicado a justificar la concurrencia de especial trascendencia constitucional, que no 
solo apela a la trascendencia social y política de los hechos, sino que presenta cuatro 
razones.
(i)  La  previa  admisión  por  este  tribunal  de  otros  recursos  relacionadas  con  el 
derecho al juez predeterminado por la ley (recurso de amparo núm. 637-2018) así como 
respecto al derecho a un tribunal imparcial y a la tutela judicial efectiva (recurso de 
amparo núm. 4132-2018), donde se consideró presente el requisito respecto de la misma 
causa especial de origen.
(ii)  La demanda permite al Tribunal Constitucional «pronunciarse sobre aspectos 
respecto a los que no existe doctrina como la vigencia del principio de legalidad respecto 
a la aplicación al caso del delito de sedición y su relación con el ejercicio de derechos 
fundamentales, el alcance de la inviolabilidad parlamentaria o los límites y contenidos de 
derechos fundamentales de especial relevancia para la sociedad (derecho de reunión, 
derecho  a  la  libertad  de  expresión,  derecho  a  la  libertad  ideológica  o  derecho  de 
representación política)».
(iii)  El necesario pronunciamiento del Tribunal sobre la vigencia de las garantías 
procesales que se han vulnerado en contra de la jurisprudencia constitucional y del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
(iv)  La relación «con hechos de gran trascendencia social y política, tanto a nivel 
estatal como a nivel internacional, sobre las que resulta necesario que este tribunal se 
pronuncie y repare». e.
Este tribunal decidió admitir el recurso por providencia de 6 de mayo de 2020,  513ww
(aaprrte. c5ia0n.1d oL OqTuCe) , cdoandcou rqruee  epnla netel am uisnm poro bulneam ae osp aefceicatla  tara uscnean fdaecnectaia  deco unns tidtuecreiocnhaol 
feul ndaasmunetnot als suosbcrieta deol q utera nsoci ehnadye d odcetrli nac adseo e scteo ntrcirbeutnoa, l [pSoTrqCu 1e5 5p/2u0d0ie9r,a F Jt e2n ae)r]  yu qnuaes 
consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)], en consonancia parcial con 
lo aducido en la demanda.
A la luz de tales datos y de conformidad con nuestra doctrina, debemos rechazar la 
alegada inexistencia de especial trascendencia constitucional. Reiteradamente hemos 
declarado que «"es a este tribunal a quien corresponde apreciar si el contenido del 
recurso justifica una decisión sobre el fondo en razón de su especial trascendencia 
constitucional, que encuentra su momento procesal idóneo en el trámite de admisión 
contemplado en el art. 50.1 LOTC" [SSTC 192/2012, de 29 de octubre, FJ 2; 3/2020, 
de 15 de enero, FJ 4, y 34/2021, de 17 de febrero, FJ 2 a)]» (STC 144/2021, de 12 de 
julio, FJ 2). Como declara la STC 96/2012, de 7 de mayo, FJ 4, corresponde al tribunal 
apreciar si el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo por su especial 
trascendencia  constitucional,  atendiendo,  conforme  al  art.  50.1  b)  LOTC,  a  «su 
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su 
general  eficacia  y  para  la  determinación  del  contenido  y  alcance  de  los  derechos 
fundamentales».  Estos  criterios  fueron  desarrollados  a  título  enunciativo  en  la 
STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2. Entre ellos se encuentran los supuestos reseñados 
en la letra a), consistente en que se trate de un «recurso que plantee un problema o una 
faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina 
del Tribunal Constitucional», y en la letra g), atinente a que el caso «plantee una cuestión 
jurídica  de  relevante  y  general  repercusión  social  o  económica  o  tenga  unas 
consecuencias políticas generales». Estos fueron los supuestos que el Pleno consideró 
relevantes en la reunión del día 6 de mayo de 2020, en la que se analizó el presente 
recurso de amparo junto a los presentados por otras nueve de las doce personas 
condenadas en la causa penal previa.
No se ofrecen razones que justifiquen modificar la apreciación inicial hecha al admitir 
la demanda a trámite. La naturaleza y características del delito por el que la recurrente 
ha sido condenada en relación con los derechos fundamentales invocados, el carácter 
público y representativo del cargo que, en el momento de participar en los hechos que 
han dado lugar a la causa, ejercían la demandante –presidenta del Parlamento de 
Cataluña–  y  otros  acusados  y  condenados  en  la  presente  causa  –miembros  del 
Gobierno de la Generalitat– y la interrelación existente entre las demandas de amparo 
presentadas por unos y otros acusados, con distintos motivos en parte coincidentes, 
justificaron la decisión de admisión adoptada en su momento. La parte alegante se limita 
a negar la idoneidad de la «trascendencia social y política» aducida en la demanda como 
motivo de especial trascendencia constitucional. Desconoce así que se trata de uno de 
los supuestos que este tribunal ha considerado acreditativos de ese requisito al tiempo 
que  obvia  que  también  identificamos  como  causa  de  especial  trascendencia 
constitucional  el  planteamiento  en  el  recurso  de  una  cuestión  novedosa  sobre  los 
derechos fundamentales.
De acuerdo con lo expuesto, la pretensión de inadmisión debe ser desestimada, sin 
que descartar los motivos de inadmisión de la demanda alegados con carácter previo y 
general obste al examen de otros posibles óbices procesales en relación con cada una 
de las quejas de amparo, que, en su caso, serán resueltos al enjuiciarlas.
3.  Delimitación del fundamento fáctico y jurídico de la decisión de condena.
En los antecedentes de esta resolución hemos recogido íntegramente la declaración 
de hechos probados de la sentencia condenatoria impugnada. Hemos expuesto también 
los juicios de tipicidad y autoría que han justificado la condena de la recurrente. Dado el  e
contenido del enjuiciamiento constitucional planteado por la demandante y la extensión  bo
de dicho relato fáctico, que se refiere a diversas personas acusadas que protagonizaron  513ww
dinisdtiivnidtausa liczoanddou cdtea s caad alo  ulanrag od ed ela su nq udeiljaatsa dfoo rmpeurlíaoddaos  deen  tieelm rpeoc,u rasnot,e sc odnesild earnaámlisoiss 
ncoemcepsraersioió nr edaelilz aanr ádlisoiss  ecxopnuseidsetora ecnio ensetsa  sperenvteiansc iaq.ue tienen como finalidad facilitar la
La primera tiene un doble objeto: se dirige a recoger los citados juicios de autoría y 
tipicidad que delimitan, en la decisión de condena, la conducta de la recurrente que ha 
sido considerada delictiva y el contexto en que se desarrolló, así como las razones que 
han fundamentado su declaración de culpabilidad como autora de un delito de sedición 
(arts. 544 y 545.1 del Código penal).
La segunda pretende destacar los pronunciamientos que, a lo largo del desarrollo de 
los hechos que han sido después enjuiciados penalmente, ha venido haciendo este 
tribunal sobre la alegada inconstitucionalidad de algunas iniciativas parlamentarias y 
gubernamentales  relacionadas  con  los  hechos  declarados  probados,  que  estaban 
dirigidas a reivindicar y hacer efectivo el propósito unilateral de convocar y llevar a efecto 
un referéndum sobre la independencia de Cataluña, para dar así soporte o continuidad al 
proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de república.
3.1  Delimitación de la conducta de la recurrente que ha sido declarada delictiva.
a)  La  señora  Forcadell  fue  elegida  diputada  en  las  elecciones  autonómicas 
celebradas en Cataluña el 27 de septiembre de 2015. Participó en el proceso electoral 
integrada  en  una  candidatura  unitaria  que  propugnaba  como  objetivo  político  la 
independencia de Cataluña. Fue designada presidenta del Parlamento autonómico el 26 
de octubre de 2015; responsabilidad pública que ostentó durante el desarrollo de la XI 
Legislatura.
En la sentencia se declara probado que todos los acusados objeto de enjuiciamiento, 
entre los que se encuentran, además de la demandante, los miembros del Gobierno 
autonómico y los principales dirigentes de las entidades Asamblea Nacional Catalana 
(ANC) y Òmnium Cultural «eran conscientes de la manifiesta inviabilidad jurídica de un 
referéndum de autodeterminación que se presentaba como la vía para la construcción de 
la República de Cataluña». A pesar de ello, acordaron propiciar, con un reparto funcional 
de  tareas,  «en  abierta  contradicción  con  las  reglas  democráticas  previstas  para  la 
reforma  del  texto  constitucional»,  «un  entramado  jurídico  paralelo  al  vigente, 
desplazando el ordenamiento constitucional y estatutario y promovieron un referéndum 
carente de todas las garantías democráticas», desatendiendo la expresa prohibición del 
Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que «permitiera 
hacer creer a la ciudadanía que cuando depositara su voto estaría contribuyendo al acto 
fundacional de la República independiente de Cataluña». Para la consecución de su 
propósito, era además «indispensable conseguir la movilización de miles y miles de 
ciudadanos  que,  en  un  momento  determinado,  pudieran  neutralizar  cualquier 
manifestación  de  poder  emanada  de  las  autoridades  judiciales  y  gubernativas  del 
Estado».
Dicho concierto estratégico, y la decisión de llevarlo a cabo, se había producido 
antes de las elecciones autonómicas celebradas el 27 de septiembre de 2015, mediante 
un preacuerdo político u hoja de ruta que entonces las declaraba plebiscitarias. En el 
desarrollo de dicha estrategia común, tras los resultados de las elecciones autonómicas, 
cobró especial relevancia la decisión de celebrar durante la legislatura un referéndum 
vinculante que, en caso de obtener un resultado favorable, cualquiera que fuera el índice 
de participación ciudadana, justificaría la proclamación de Cataluña como un Estado 
independiente, que era el objetivo final de la estrategia acordada.
b)  La sentencia relata que la «simbólica e ineficaz declaración de independencia» 
aprobada por el Parlamento de Cataluña el día 27 de octubre de 2017, precedida por la 
comparecencia del presidente de la Generalitat ante el pleno del Parlament el anterior  e
día 10 de octubre, en la que dio cuenta del resultado de la votación celebrada y  bo
manifestó que acataba el mandato del pueblo de Cataluña para convertirla en un Estado  513ww
isnudseppeennsdióienn tdee  ednic hfao rmdeac ladraec iórenp, ú«bfluicea , el pdroepsoennileancdeo  dein mune dpiartoacmeeson ted e dtersapmuiétasc iólan 
ldeegli sllalatmivaa d[Loe yreesfe dréenl dPuamrl amdee ntaou tdoed eCtaetramluinñaac i1ó9n/,2 0y1 72, 0d/e1 061 7d,e  sdeep ti8e mdber e,s reepgtuielamdborrea, 
denominada de transitoriedad jurídica y fundacional de la república] que se desarrolló en
abierta y contumaz oposición a todos los requerimientos formulados por el Tribunal 
Constitucional que, una y otra vez, advirtió, mediante notificaciones personales dirigidas 
a los acusados, de la ilegalidad de las iniciativas que estaban siendo promovidas. Esos 
requerimientos fueron desatendidos, como también lo fue el efecto suspensivo que, por 
imperativo legal, se producía respecto de los actos de la Cámara impugnados ante el 
Tribunal Constitucional por el Gobierno de la Nación».
Continúa el relato fáctico de la sentencia resaltando que la mesa de la Cámara las 
incluyó «en el orden del día respectivo, dio curso a la iniciativa legislativa, las admitió a 
trámite por el procedimiento de urgencia y rechazó la solicitud de reconsideración de 
ambas proposiciones de ley», a pesar de los informes del letrado mayor y del secretario 
general del Parlamento que ponían de manifiesto que su admisión a trámite «resultaba 
contraria  a  las  resoluciones  prohibitivas  del  Tribunal  Constitucional  anteriormente 
indicadas  y  conculcaba  los  requerimientos  expresamente  realizados  para  que  se 
impidiera o paralizara cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la nulidad de las 
resoluciones parlamentarias que estas nuevas proposiciones de ley desarrollaban». Su 
tramitación parlamentaria «se desarrolló a partir de una interpretación singularizada del 
Reglamento del Parlament, con el exclusivo objeto de imprimir una inusitada celeridad a 
la aprobación de aquellos dos textos legales y, sobre todo, de silenciar la voz de los 
grupos parlamentarios que habían mostrado su desacuerdo con el proceso de ruptura».
Seguidamente,  el  Tribunal  Supremo  se  refiere  de  manera  individualizada  a  las 
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, notificadas personalmente a los 
miembros de la mesa, declarando la inconstitucionalidad y/o nulidad de los acuerdos del 
Parlamento y de sus órganos, en las que se recogían las correspondientes advertencias 
de que se abstuvieran de realizar cualesquiera actuaciones que directa o indirectamente 
supusieran ignorar o eludir lo resuelto por el Tribunal Constitucional, en relación con la 
admisión  y  tramitación  tanto  de  las  mencionadas  proposiciones  de  ley,  como  de 
iniciativas parlamentarias anteriores, coetáneas o posteriores «llamadas a preparar el 
camino al referéndum finalmente celebrado el día 1 de octubre», con las que «[s]e 
perseguía […] privar de eficacia a un cuerpo normativo en abierta contradicción con las 
bases constitucionales del sistema».
«[P]ropuestas contrarias al orden constitucional» –se afirma– que «debieron haber 
sido inadmitidas a trámite y paralizadas» por la mesa de la Cámara en sus funciones de 
calificar los escritos y documentos de naturaleza parlamentaria y declarar su admisión o 
inadmisión a trámite. El Tribunal Supremo concluye las precedentes consideraciones 
resaltando  que  la  presidenta  de  la  Cámara  «desoyó  las  múltiples  advertencias  y 
requerimientos  personales  que  le  formuló  el  Tribunal  Constitucional  para  que  se 
abstuviera de tramitar iniciativas de esa índole. Votó sistemáticamente a favor de su 
admisión y abrió la posibilidad de que se incumplieran las normas constitucionales, 
estatutarias y legales así como las resoluciones judiciales que pretendían restaurar la 
legalidad».
c)  El relato de hechos que sustenta la condena de la demandante recoge que doña 
Carme Forcadell, al igual que otros acusados, «expresaron por los medios sociales 
mensajes  de  solidaridad,  afecto  y  compromiso  y  expresiones  de  agradecimiento, 
animando a la participación activa en el referéndum declarado ilegal, y estimulando la 
presencia masiva de ciudadanos en las urnas, pese a conocer que las fuerzas de 
seguridad del Estado habían recibido la encomienda específica del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña de impedir su celebración».
Se recoge también que, tras ser invitados por el Gobierno autonómico treinta y tres  s
diputados de diecisiete países para hacer un seguimiento internacional del referéndum  oe.
ya convocado, la recurrente recibió a aquella delegación en el Parlamento y declaró que  w.
«los  Mossos  d’Esquadra  no  aceptaban  el  control  del  Estado  que  ha  ordenado  la  513ww
aF islac aslíead»e.  Sdeel  aTñraibduen aqlu eS,u eple 2ri1o rd dee s eJputsietimciab rdee d eC a2t0a1lu7ñ, ad upraarnat ep ruontae sctoanr cpeonrt rlaac aiócntu farecniótne 
ajupdriocxiaiml addiarimgiednat e a2 0i m0p0e0d ipr eresol nadse,s arrercollalom ód eplú brliecfaemréenndtuem la,  pau elsat a qeune  libaesritsatdie rdoen   BOE-A-cable e
quienes habían sido detenidos por orden judicial. También asistió a la concentración de 
protesta celebrada en la Ciudad de la Justicia cuando los detenidos fueron puestos a 
disposición judicial.
3.2  La subsunción de la conducta de la recurrente en el delito de sedición (arts. 544 
y 545.1 del Código penal).
A)  En relación con la actividad parlamentaria de la recurrente en la que se sustenta, 
en parte, su condena por delito de sedición (arts. 544 y 545.1 CP), el Tribunal Supremo 
razona en el apartado dedicado al «juicio de autoría» [fundamento de Derecho C), 
apartado 1.3.1] que «[i]ncumplió de forma reiterada y contumaz las resoluciones del 
Tribunal Constitucional que trataban de preservar el principio de competencia y las bases 
de la creación normativa. Hizo posible, desde su privilegiada posición de presidenta del 
Parlament, la creación de una legalidad paralela carente de validez que determinó una 
encadenada sucesión de recursos e impugnaciones del Gobierno del Estado ante el 
Tribunal Constitucional. […] En el desarrollo del concierto delictivo del que era partícipe, 
llegó a entorpecer gravemente el desempeño de la autoridad pública que se residencia 
en los tribunales de justicia, cuyos mandatos fueron claramente burlados».
Centrándose en los hechos considerados como típicos en relación con su actividad 
parlamentaria, resalta que «la intervención de la señora Forcadell alcanzó verdadero 
relieve penal en el comportamiento que desarrolló como presidenta del Parlament y de 
su mesa. Desbordó de forma notoria el espacio funcional de su cargo. Contravino la 
Constitución a través de distintas resoluciones y normas que fueron sucesivamente 
suspendidas  y  anuladas  por  el  Tribunal  Constitucional.  Y  lo  hizo  consciente  y 
deliberadamente,  pues  no  solo  fue  reiteradamente  notificada  y  requerida  para  que 
impidiera cualquier iniciativa legislativa que infringiera lo acordado en la sentencia núm. 
259/2015, sino que también fue alertada por el secretario general y el letrado mayor del 
Parlament […] y por los representantes de los grupos políticos de CS, PSC y PP, […]. 
Con el voto de la mayoría de sus miembros [de la mesa], incluido el de ella, dio curso a 
las sucesivas iniciativas legales. Entre ellas las que confluyeron en las Leyes 19/2017 
y 20/2017 del referéndum y de transitoriedad jurídica».
Continúa razonado el Tribunal Supremo que «competía a la procesada la aprobación 
del orden del día de las reuniones de la mesa, y dentro de esta la dirección de los 
debates con imparcialidad». En este marco de actuación, «la señora Forcadell permitió la 
incorporación al orden del día de la mesa de iniciativas que contravenían frontalmente lo 
acordado por el Tribunal Constitucional. Como miembro del órgano llamado a regir y 
ordenar  los  debates  del  Parlament,  admitió  a  trámite  las  mismas  y  les  dio  curso 
parlamentario. Pese a que como presidenta le incumbía, no frenó iniciativas para el 
debate en el Pleno, siendo conocedora de que esas iniciativas habían sido formalmente 
suspendidas por el Tribunal Constitucional, prohibiciones que habían sido objeto de 
notificación personal o, en algún caso, eran de conocimiento público».
Tras recoger la sentencia cada una de las resoluciones del Tribunal Constitucional 
que  suspendieron  y/o  declararon  la  inconstitucionalidad  y/o  nulidad  de  distintas 
iniciativas  parlamentarias  que  fueron  desatendidas  por  la  recurrente,  pese  a  las 
advertencias  que  se  le  efectuaron  de  que  se  abstuviera  de  realizar  cualesquiera 
actuaciones y que impidiera o paralizara cualquier iniciativa que supusiera ignorar o 
eludir aquellas resoluciones, el Tribunal Supremo afirma que «lo fundamental de cara a 
sustentar  la  tipicidad  de  su  conducta  es  que  permitió  que  todas  las  resoluciones 
[parlamentarias]  que  hemos  analizado  se  admitieran  a  trámite  y  fueran  objeto  de  e
votación,  en  contra  de  los  continuos  y  sucesivos  requerimientos  del  Tribunal  bo
Constitucional». Subraya, además, «pese a su obviedad, que no es el sentido del voto lo  513ww
qpueers esguustideon tap olar  cloo nqdueen ad idjoe,  lpao sr elñoo rqau eF ovrocatód eoll . pNoirn glou nqou ed,e  dloess dpea rllaa mceonntsaorliiodsa chiaó ns iddoe 
onbusetsátcrou los insit einmtrao mciosniósnti tpuociro pnaarl,t e pduee doetr odse pfeonddeerer s cdueall qEusietard ore»p. rEens efninta, n«tleo  dpeoclíistiicvoo  fsuien 
que como presidenta del órgano legislativo no impidió que se votaran resoluciones
abiertamente contrarias a lo declarado por el Tribunal Constitucional. Es más, impulsó de 
forma activa su tramitación. Contribuyó de manera efectiva y eficiente a la creación del 
riesgo que se concretó en el resultado producido, lo incrementó a lo largo del tiempo y, 
pudiendo hacerlo, no lo frenó. Gozó, por tanto, del pleno dominio del hecho».
B)  Al justificar la autoría de la señora Forcadell en la sentencia impugnada, se 
añade  que  su  conducta  fue  adecuada  para  producir  los  efectos,  objetivamente 
previsibles, que crearon o aumentaron el riesgo de lesión del bien jurídico protegido por 
el  delito  de  sedición.  El  comportamiento  protagonizado  por  la  demandante  permite 
atribuirle el recurso a comportamientos tumultuarios, ocasionalmente violentos, pero 
siempre fuera de las vías legales, así como la derogación de la legalidad vigente y la 
obstaculización del cumplimiento de las órdenes jurisdiccionales acordadas.
La intervención de la demandante se califica como relevante, decisiva y palmaria, 
con «mayor intensidad en el pilar parlamentario, a través del que se trató de tejer un 
entramado  de  legalidad  paralela,  carente  de  validez»  pero  útil  a  la  estrategia 
independentista.
Al margen de la actuación parlamentaria que ya ha sido expuesta, «alentó, organizó 
y  protagonizó  actuaciones  multitudinarias  que  entorpecieron  la  labor  judicial  y  que 
generaron importantes enfrentamientos entre los ciudadanos y los miembros de los 
cuerpos  y  fuerzas  de  seguridad  del  Estado».  Se  destaca  también  que  «[a]lentó 
públicamente la movilización multitudinaria de la ciudadanía en los actos de protesta 
frente al cumplimiento de las resoluciones judiciales y en la participación en el prohibido 
referéndum, todo ello en un expreso desafío al orden constitucional y a las autoridades 
que  actuaban  a  su  amparo,  con  una  protagonista  presencia  en  muchas  de  las 
movilizaciones desarrolladas especialmente en los meses de junio a octubre de 2017.
Respaldó abierta y públicamente, con flagrante vulneración del deber de neutralidad 
propio de su cargo, la acción de gobierno, con destacada presencia orientada al mismo 
fin. Desafió la legalidad constitucional y el cumplimiento de las resoluciones judiciales, al 
margen  de  su  actividad  parlamentaria,  con  abiertos  llamamientos  a  votar  en  el 
pretendido referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre».
En tal medida, se señala, «[l]a señora Forcadell proyectó su actividad pública más 
allá del ámbito parlamentario, apoyando decididamente al Govern en las decisiones 
concernientes a la preparación del referéndum y a las entidades ANC y Òmnium Cultural 
en las movilizaciones que propiciaron. Desbordó los contornos de la posición institucional 
que  ostentaba  y  quebrantó  el  deber  de  neutralidad  inherente  a  la  misma».  Así, 
«acompañó al presidente y el vicepresidente en la presentación de la pregunta del 
referéndum en la tarde del 9 de junio de 2017 en el Pati dels Tarongers; estuvo presente 
en el acto de presentación de la propuesta de ley de referéndum en el Teatro Nacional 
el 4 de julio de 2017. […] El día 20 de septiembre hizo acto de presencia en la 
concentración ante la Consejería de Hacienda, promovida por ANC y Òmnium Cultural, 
mientras  se  realizaban  distintos  registros  acordados  por  la  autoridad  judicial». 
Comportamientos semejantes de apoyo al referéndum ya convocado se produjeron en 
concentraciones públicas o en las redes sociales los días 20, 21 y 22 de septiembre, en 
los que alentó a los ciudadanos a participar en el referéndum convocado, pese a haber 
sido ya suspendido por este tribunal.
En conclusión, para la sala enjuiciadora «[l]o que justifica la condena de la señora 
Forcadell es su decisivo papel en la dirección de un proceso de creación normativa que, 
pese a su más que evidente insuficiencia jurídica, sirvió de ilusoria referencia para una 
ciudadanía que iba a ser movilizada como instrumento de presión al Gobierno del  s
Estado. Una ciudadanía que actuaba en la confianza de que cuando depositaba su voto  oe.
estaba siendo parte, no de una estrategia de simulación política frente al poder central,  w.
sino de la inmediata creación de un Estado soberano. La conducta reprochada a la  513ww
sceiuñdoardaa nFoosr ccaodneclel netrsatád olsig aandtae  ltaa msebdiéen d ea  usnu ó rpgraontaog jounriissdmicoc ioenna le pl alriad eprraoztgeost adr ep our nlaoss 
dsiedtoe nccoionnveosc addea  fuenl cdioían aarniotes ridoer  lpao rc olomsu nciodaacdu saaudtóonso mseañ.o Urensa  Smàanncihfeeszt ayc ióCnu iqxauret  heanb íeal   BOE-A-cable e
mismo acto en el que, durante más de doce horas, se obstaculizó el desarrollo de una 
diligencia de entrada y registro judicialmente acordada. Lo que no es indiferente al 
Derecho penal, en fin, es la ejecución de actos sucesivos encaminados a promover la 
inobservancia  de  las  leyes  y  a  hacer  inútiles  las  decisiones  jurisdiccionales  y 
gubernativas que son adoptadas en el legítimo ejercicio del poder en una sociedad 
democrática».
C)  Dicha apreciación de la sala enjuiciadora se apoya en una comprensión del 
delito de sedición que ha sido expresada en los siguientes términos en la decisión de 
condena:
a)  No  obstante  mantener  puntos  de  coincidencia  (autoría  colectiva  y  cierta 
hostilidad para obtener los fines perseguidos, en uno y otro caso), los delitos de rebelión 
y sedición han de ser diferenciados en atención al bien jurídico protegido, a su ubicación 
sistemática  en  el  Código  penal  y  a  los  distintos  fines  perseguidos  por  rebeldes  y 
sediciosos. Estos últimos –como en este caso se imputa a la recurrente– actúan con la 
intención  de  impedir  u  obstruir  la  legítima  voluntad  legislativa,  gubernativa  o 
jurisdiccional, siendo indiferente a su calificación penal la finalidad última que anima 
dicha conducta obstativa.
b)  Pese a su ubicación sistemática como delito contra el orden público (título XXII, 
capítulo I del Código penal), la Sala entiende más correcto, a efectos de ordenación, 
atender en cada caso concreto al interés protegido en cada uno de los distintos tipos 
penales incluidos en dicho título.
c)  La toma en consideración de la gravedad de las penas asociadas al delito de 
sedición y la entidad del interés protegido, que la sala sitúa en la protección de la paz 
pública, le lleva a concluir que la sedición no alcanza a toda turbación de la paz o 
tranquilidad pública, sino que, puesta en relación con otras figuras dirigidas a proteger el 
orden público, es algo más (un aliud) en cuanto exige conductas activas –alzamiento 
colectivo, vías de hecho o despliegue de resistencia–, que afectan a la colectividad 
interesada en la efectividad de las funciones legislativa, gubernativa o jurisdiccional. Para 
la sala, la idea de paz pública da cuenta de un bien jurídico que se identifica con el 
interés de la sociedad en la aceptación del marco constitucional, de las leyes y de las 
decisiones de las autoridades legítimas, como presupuesto para el ejercicio y disfrute de 
los derechos fundamentales. En definitiva, la conducta, para ser sediciosa, ha de ser 
apta para poner en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de Derecho, para 
derogar de hecho la efectividad de leyes o el cumplimiento de órdenes o resoluciones de 
funcionarios en el ejercicio legítimo de sus funciones.
d)  Como actividad delictiva, la sedición se caracteriza por cometerse a través de 
una pluralidad de actos, sucesivos o acumulados. Exige también una pluralidad de 
partícipes con un fin compartido que, en este caso, fue proclamar la independencia del 
territorio de Cataluña, si el resultado del referéndum era favorable a ello. La sedición 
exige como medio comisivo el alzamiento público y tumultuario, con abierta hostilidad, 
mediante actos de fuerza o que se realizan fuera de las vías legales. No es preciso que 
sea violento, como sí se exige en otros tipos penales. El alzamiento, añade la sala, «se 
caracteriza por esas finalidades que connotan una insurrección o una actitud de abierta 
oposición al normal funcionamiento del sistema jurídico, constituido por la aplicación 
efectiva de las leyes y la no obstrucción a la efectividad de las decisiones de las 
instituciones».
e)  Se trata de un tipo penal «de resultado cortado», es decir, para su consumación 
el impedimento tipificado no tiene por qué haber sido logrado efectivamente; lo exigible  e.
es que los actos realizados se dirijan a obtener el resultado que caracteriza el delito.  w.b
Basta que el alzamiento tumultuario busque impedir, obstruir o dificultar en términos tales  513ww
qleuyee sre, seunl tlea  fluengcítiiomnaa la pcaturaa ceiló onb djeet ilvao a dueto driisduaadd, icr odrep olara pceiórsni sptúebnlciciaa  eon f ulan acipolnicaarcioiósn p daera l aesl 
cumplimiento de sus resoluciones administrativas o judiciales.
La aplicación de los anteriores criterios a los hechos declarados probados hace a la 
sala concluir que:
(i)  «La  hostilidad  desplegada  hizo  inviable  el  día  20  de  septiembre  que  los 
funcionarios dieran cumplimiento con normalidad a las órdenes del Juzgado núm. 13 de 
Instrucción de Barcelona, ocasionando miedo real, no solamente en los funcionarios que 
ejecutaban  legítimas  órdenes  jurisdiccionales  –es  el  caso  de  la  letrada  de  la 
administración  de  justicia  actuante  en  la  sede  de  la  Vicepresidencia–,  sino  en  los 
funcionarios  autonómicos  bajo  investigación,  que  habían  de  ser  trasladados,  por 
exigencia legal, a los inmuebles en los que se estaban practicando los registros. Se 
trataba de los mismos funcionarios a los que los sediciosos decían querer defender, cuya 
presencia fue efectiva y definitivamente impedida por los acusados que lideraron la 
tumultuaria movilización».
(ii)  «Y  los  comportamientos  del  día  1  de  octubre  implicaron  el  uso  de  fuerza 
suficiente para neutralizar a los agentes de policía que legítimamente trataban de impedir 
la votación, según venían obligados por expreso mandato judicial. Se perseguía así 
abortar el cumplimiento de las órdenes de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia 
de  Cataluña  y  del  Tribunal  Constitucional.  Y  todo  ello  con  una  trascendencia  que 
rebasaba  con  mucho  los  límites  de  una  laxa  interpretación  del  concepto  de  orden 
público,  para  incidir  en  el  núcleo  esencial  de  ese  bien  desde  una  perspectiva 
constitucional. Basta,  en efecto, la lectura del hecho probado, donde se recoge el 
contenido esencial de las leyes 19 y 20 aprobadas por el Parlament en las fechas 
iniciales  de  septiembre  de  2017,  para  comprender  que,  aun  prescindiendo  de  su 
irrelevante  funcionalidad  a  los  fines  de  tipo  de  rebelión,  suponían  un  intento  de 
derogación de la legislación válida vigente, además de una contumaz rebeldía a acatar 
las resoluciones del Tribunal Constitucional».
3.3  Referencia a la actividad institucional relevante relacionada con los hechos 
enjuiciados y a su enjuiciamiento constitucional.
Tanto el programa político a cuyo cumplimiento era funcional la convocatoria de un 
referéndum limitado al territorio de Cataluña, como el compromiso conjunto de llevarlo a 
la  práctica,  fueron  reiteradamente  exteriorizados  en  sede  parlamentaria  durante  la 
legislatura  iniciada  tras  las  elecciones  autonómicas  de  2015.  Así,  la  sentencia 
impugnada  hace  referencia  a  la  siguiente  decena  de  decisiones  parlamentarias  o 
gubernamentales que, una vez sometidas a consideración ante este tribunal, fueron 
declaradas contrarias a la Constitución:
(i)  Resolución 1/XI, de 9 noviembre 2015, sobre el inicio del proceso político en 
Cataluña  como  consecuencia  de  los  resultados  electorales  del  27  de  septiembre 
de 2015. Fue declarada inconstitucional y nula mediante STC 259/2015, de 2 diciembre, 
en la que el tribunal apreció que la resolución parlamentaria anulada, que era el acto 
fundacional del proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de 
república, excluía la utilización de los cauces constitucionales para alcanzar tal objetivo.
Tras recordar que sobre los titulares de los cargos públicos recae un cualificado 
deber de acatamiento de la Constitución, que se traduce en el compromiso de realizar 
sus funciones de acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento jurídico, se 
reafirma que en el Estado constitucional el principio democrático no puede desvincularse 
de  la  primacía  incondicional  de  la  Constitución,  de  lo  que  es  garante  el  Tribunal 
Constitucional. Se destaca, también, que en nuestro modelo constitucional no cabe  e.
contraponer  legitimidad  democrática  y  legalidad  constitucional  en  detrimento  de  la  w.
segunda. La declaración de inconstitucionalidad concluye afirmando que el programa  513ww
Cpoálmítiacora e axuptroensóamdoic ean n loa  pRueesdoelu eciróigni r1s/eX eI nvu fluneenrate,  adsei mleisgmitiom, ideal da rjtu. r1íd6i8c aC yE ,p doalídtioca q, uhea «stlaa 
aarurtoogriadrasde.  lOa brpaontedsot adde  dees ev umlnoedraor,  eell  Poardrleanm ecnotnos tditeu ciConaatal luqñuae  ssoucsatveanrtíaa  ssuu   pprrooppiioa   BOE-A-cable e
fundamento constitucional y estatutario (arts. 1 y 2.4 EAC, antes citados), al sustraerse 
de toda vinculación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, e infringiría las 
bases  del  Estado  de  Derecho  y  la  norma  que  declara  la  sujeción  de  todos  a  la 
Constitución  (arts.  1.1  y  9.1  CE)».  De  esta  manera,  tratar  de  sortear,  eludir  o 
simplemente prescindir de los procedimientos de reforma constitucional sería intentar 
una inaceptable vía de hecho (incompatible con el Estado social y democrático de 
Derecho que se proclama en el art. 1.1 CE) para reformar la Constitución al margen de 
ella o conseguir su ineficacia práctica (FJ 4).
(ii)  Resolución  5/XI,  de  20  de  enero  de  2016,  de  creación  de  comisiones 
parlamentarias, que incluía la de una «comisión de estudio del proceso constituyente». 
El tribunal estimó entonces el incidente de ejecución planteado al apreciar que dicha 
resolución desconocía lo resuelto en la citada STC 259/2015 y contravenía de forma 
clara sus mandatos. En el ATC 141/2016, de 19 de julio, la actividad de la comisión 
creada  fue  declarada  absolutamente  inviable  si  no  se  entendía  condicionada  al 
cumplimiento  de  las  exigencias  de  la  Constitución  y,  singularmente,  de  los 
procedimientos  para  su  reforma.  Se  incluyó  adicionalmente  una  advertencia  a  los 
poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la mesa del Parlamento, de su 
deber  de  impedir  o  paralizar  cualquier  iniciativa  que  suponga  ignorar  o  eludir  los 
mandatos en él enunciados.
(iii)  Resolución  263/XI,  de  27  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  aprobaron  las 
conclusiones de la mencionada comisión de estudio del proceso constituyente. Fue 
declarada inconstitucional y nula por ATC 170/2016, de 6 de octubre, al apreciar también 
que desatendía los pronunciamientos derivados de la STC 259/2015, por lo que acordó 
notificarlo personalmente a la presidenta del Parlamento de Cataluña, a los demás 
miembros de la mesa del Parlamento y al secretario general, así como al presidente y 
demás  miembros  del  Consejo  de  Gobierno  de  la  Generalitat  de  Cataluña,  con  la 
advertencia  de  abstenerse  de  realizar  cualesquiera  actuaciones  tendentes  a  dar 
cumplimiento a esta, y de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o 
material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de dicha 
resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las 
que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este tribunal.
(iv)  Resolución  306/XI,  de  4  de  octubre  de  2016,  sobre  la  orientación  política 
general del Gobierno, en la que se proclamaba un presunto derecho imprescriptible e 
inalienable de Cataluña a la autodeterminación, e instaba al gobierno autonómico «a 
celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña, como muy tarde 
en septiembre de 2017, con una pregunta clara y de respuesta binaria». El ATC 24/2017, 
de 14 de febrero, tras recordar que el Parlamento de Cataluña no puede desconocer que 
la Comunidad Autónoma de Cataluña carece de competencias para convocar y celebrar 
un  referéndum  como  el  proyectado,  declaró  la  inconstitucionalidad  y  nulidad  de  la 
resolución  parlamentaria  impugnada  al  apreciar,  por  tercera  vez,  que  contravenía 
directamente los pronunciamientos de este tribunal que han sido analizados en los 
epígrafes precedentes. La decisión fue notificada a los miembros de los órganos rectores 
del Parlamento, así como a los del Gobierno autonómico.
Lo  expuesto  no  impidió  la  convocatoria  del  proyectado  referéndum,  previa 
aprobación de su norma reguladora. Lo que dio lugar a nuevos pronunciamientos de este 
tribunal.
(v)  Ley del Parlamento de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de 
la Generalitat de Cataluña para 2017 (disposición adicional cuadragésima y partidas  s
presupuestarias  «GO  01  D/227.0004/132.  Procesos  electorales  y  consultas  oe.
populares», «DD 01 D/227.0004/132. Procesos electorales y consultas populares» y  w.
«DD 01 D/227.00157132. Procesos electorales y participación ciudadana» de la citada  513ww
LSeTyC),  9q0u/2e0 1fu7e,  ddee c5l adraed jau liion,c oanl satpitrueccioianra ql uye  nsuel ad ireigní al oas  daapra crtoabdeorstu rrae sfeinñaandcoiesr ap oar  ulna 
psurosctaenstoiv orse fceormenod caorimo peqtueen cicaolenstr.avenía  el  orden  constitucional,  tanto  por  motivos  BOE-A-cable e
Al  determinar  los  efectos  del  fallo,  mantuvo  la  advertencia  a  autoridades  y 
funcionarios de la Generalitat de Cataluña «de su deber de impedir o paralizar cualquier 
iniciativa que pudiera suponer ignorar o eludir la suspensión acordada, advertencia esta 
que ha de hacerse extensiva a las autoridades que las hayan sucedido o puedan hacerlo 
en el futuro», concretada ahora en el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que 
pudiera suponer ignorar o eludir su fallo, en particular mediante la realización de las 
actuaciones allí especificadas.
(vi)  Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada «del 
referéndum  de  autodeterminación»,  que  fue  suspendida  por  este  tribunal  mediante 
providencia del día siguiente, 7 de septiembre, con expresa advertencia a los miembros 
del Gobierno catalán, a la presidenta del Parlamento y a distintos miembros de su 
órgano directivo, otros cargos públicos y suplentes de la sindicatura electoral, del deber 
de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión 
acordada. En particular, que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el 
ámbito de sus respectivas competencias acuerdo o actuación alguna que permita la 
preparación y/o la celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña 
regulado en la ley objeto de la presente impugnación y de poner a disposición de la 
sindicatura electoral de Cataluña o de las sindicaturas electorales de demarcación los 
medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de sus funciones con las 
advertencias de las eventuales consecuencias penales en caso de incumplimiento. La 
ley impugnada fue declarada inconstitucional y nula por STC 114/2017, de 17 de octubre.
(vii)  En desarrollo de la Ley 19/2017 se dictaron, inmediatamente, los decretos de la 
Generalitat de Cataluña 139/2017, de 6 de septiembre, de convocatoria del referéndum 
de  autodeterminación  de  Cataluña,  y  140/2017,  de  7  de  septiembre,  de  normas 
complementarias para su celebración. La vigencia de ambas normas fue suspendida por 
este  tribunal  mediante  providencias  de  7  de  septiembre  de  2017,  que  contenían 
advertencias semejantes a las reseñadas, dirigidas en esta ocasión a quienes integraban 
el Gobierno de la Generalitat. Ambos decretos fueron declarados inconstitucionales y 
nulos por SSTC 121/2017 y 122/2017, de 31 de octubre.
(viii)  Resolución 807/XI, de 7 de septiembre de 2017, por la que se designaron los 
miembros de la sindicatura electoral al amparo de la Ley 19/2017, del referéndum de 
autodeterminación. Esta resolución fue suspendida por providencia de la misma fecha 
del Tribunal Constitucional, y declarada inconstitucional y nula por STC 120/2017, de 31 
de octubre.
(ix)  Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, denominada «de 
transitoriedad  jurídica  y  fundacional  de  la  república»,  que  fue  suspendida  por  este 
tribunal  mediante  providencia  del  día  12  de  septiembre  siguiente,  con  similares 
advertencias. La ley impugnada fue declarada inconstitucional y nula por STC 124/2017, 
de 8 de noviembre.
Resulta  también  oportuno  reseñar  que,  después  de  la  desordenada  jornada  de 
votación, ajeno su recuento a los más esenciales controles de autenticidad, su resultado 
fue proclamado por los responsables del Gobierno autonómico y, tal y como preveían las 
leyes autonómicas suspendidas, dio lugar a una convocatoria del Pleno del Parlamento 
en la que, el 10 de octubre siguiente, compareció quien entonces era presidente de la 
Generalitat y, con invocación explícita de la entonces suspendida Ley 19/2017, dijo 
asumir, presentando los «resultados del referéndum», el «mandato del pueblo» para que 
Cataluña  se  convirtiera  en  «un  Estado  independiente  en  forma  de  república»,  sin 
perjuicio de proponer a la Cámara que se suspendieran «los efectos de la declaración de  s
independencia» a fin de iniciar «un diálogo sin el que no es posible llegar a una solución  oe.
acordada». w.
Concluida  esta  misma  sesión  parlamentaria,  el  propio  presidente  firmó  en  acto  513ww
ppúebl lSicío ,y j uCntUoP a- CoCtr,o su nmaie m«Dberocsla draecl ióGno bdieer nloos y  rdeippruetasednotsa nintteesg rdaed oCs aetna luloñsa g»r uepno sla J uqnutes 
fcigautarlaabnaan, ,c oemntore u no tErossta dpor oinnduenpceianmdiieennttoes y,  sloosb esraignuoi,e ndtee sD: er«eCcohnos, tditeumimoocsr átliac or ey psúobcliiacal.   BOE-A-cable e
Disponemos la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la 
república»  e  «Iniciamos  el  proceso  constituyente,  democrático,  de  base  ciudadana, 
transversal,  participativo  y  vinculante»,  todo  ello  suscrito  por  los  firmantes  como 
«legítimos representantes del pueblo de Cataluña».
(x)  Por último, en su sesión de 27 de octubre de 2017, se produjo la admisión a 
trámite, sometimiento a debate y aprobación por el Pleno del Parlamento de Cataluña, 
de las resoluciones denominadas «Declaración de los representantes de Cataluña» y 
«Proceso constituyente». Estas resoluciones, en tanto fue apreciado que plasmaban la 
contumaz voluntad de esa cámara de eludir los procedimientos de reforma constitucional 
para llevar adelante su proyecto político de desconexión del Estado español y crear un 
«Estado catalán independiente en forma de república», dando inicio al llamado «proceso 
constituyente», fueron declaradas inconstitucionales y nulas mediante ATC 144/2017, 
de 8 de noviembre, con notificación personal a la presidenta del Parlamento de Cataluña 
y presidenta de la Diputación Permanente, y a los restantes miembros de la mesa de la 
Diputación Permanente, con requerimiento personal de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la nulidad acordada, apercibiéndoles de 
las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir. En 
particular, de abstenerse de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, acuerdo o actuación que permita otorgar valor jurídico alguno 
a la declaración de independencia y, en especial, a las previsiones contenidas en la 
suspendida Ley 20/2017 en orden a la aplicación de un régimen jurídico transitorio, y a 
dar efectividad a las denominadas «comisión de investigación por el 1 de octubre» y 
«comisión parlamentaria de seguimiento del proceso constituyente», recogidas en las 
dos resoluciones anuladas.
Como es sabido, la reseñada actuación, protagonizada por quienes eran entonces 
cargos públicos autonómicos, en el Gobierno y en el Parlamento, dio lugar a que, 
mediante Acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017, fueran aprobadas, 
con determinadas modificaciones, las medidas cuya autorización fue solicitada por el 
Gobierno de la Nación al amparo del artículo 155 de la Constitución. Dicho precepto 
constitucional,  según  hemos  declarado,  constituye  una  modalidad  extraordinaria  de 
control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas dirigido a afrontar 
con  poder  de  coerción  los  incumplimientos  constitucionales  extremadamente 
cualificados, que es apta como medida de último recurso del Estado ante una situación 
de  incumplimiento  manifiesto,  contumaz  o  flagrante  de  las  obligaciones 
constitucionalmente impuestas [SSTC 6/1982, de 22 de febrero, FJ 7; 27/1987, de 27 de 
febrero, FJ 9, 49/1988, de 22 de marzo, FJ 31; 215/2014, de 18 de diciembre, FJ 8; 
41/2016, de 3 de marzo, FJ 16; 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 17 a), y 33/2018, de 12 
de abril, FJ 12].
La solicitud de adopción de dichas medidas y el acuerdo del Senado que las autorizó 
fueron sometidas a control de este tribunal en sendos recursos de inconstitucionalidad, 
que dieron lugar a las SSTC 89 y 90/2019, de 2 de julio, que ratificaron su conformidad a 
la Constitución. Este tribunal apreció entonces (STC 89/2019, FJ 6) que las actuaciones 
autonómicas referidas al denominado «proceso de transición nacional» incurrieron en los 
supuestos genéricamente enunciados en el art. 155.1 CE. Sus hitos más inmediatos 
fueron fijados por el Gobierno en la aprobación de las Leyes 19/2017 y 20/2017, de 6 y 8 
de septiembre, intituladas, respectivamente, «del referéndum de autodeterminación» y 
«de transitoriedad jurídica y fundacional de la república», y en el impulso que el Gobierno 
de la Generalitat había dado al pretendido referéndum, respaldando plenamente su  s
desarrollo material el 1 de octubre de 2017. oe.
Resulta oportuno destacar ahora que, al valorar la concurrencia del presupuesto  w.
habilitante recogido en el art. 155 CE, apreciamos que se contravino, por un lado, el  513ww
ma alan dCaotnos dtietul cairótn.  9y. 1d CebEe, nd ea daeccuueardr os uc oanc teula ccuióanl  tao dsouss  lodse tpeormdeinreasc ipoúnbelsic, ocsu eessttiáonn asnudjeot olas 
Cfuoenrzcalu imdeo so belingtaorn cdees  las eCñoanlasntidtuoc ióqnu ey   «dseel  oprdreetneanmdíiean toa síj urílad icoru pfutunrdaa ddoe le no redlelan.   BOE-A-cable e
constitucional, ignorando que una comunidad autónoma no es un ente soberano, sino 
que, por el contrario, está sometido a la Constitución, al estatuto de autonomía y al resto 
del ordenamiento jurídico».
Al ratificar las medidas adoptadas, señalamos en la STC 89/2019 cómo «ante la 
evidencia de un gobierno que ha provocado una grave crisis constitucional, con la 
proclamación  de  una  "república  catalana"  (ficticia  en  Derecho,  pero  afirmada  y 
propugnada de facto) mediante la que se pretendía quebrar la unidad de la Nación 
española constituida en Estado social y democrático de Derecho (arts. 1, apartados 1 
y 2, y 2 CE), no pueden tacharse de excesivas las medidas autorizadas por el Senado 
para el cese y sustitución de quienes, si bien ostentaban aún los títulos respectivos de 
presidente y vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y de miembros de su Consejo 
de Gobierno, actuaban como un mero poder de hecho» (STC 89/2019, de 2 de julio, 
FJ 12).
Para el tribunal, con las medidas entonces adoptadas, el Senado hubo de «salir al 
paso, en defensa de la Constitución y del estatuto de autonomía, de la arbitrariedad 
desplegada, con desprecio de toda norma que no sirviera a su propósito, por el Gobierno 
autonómico, socavando su propio fundamento constitucional y estatutario (arts. 1 y 2.4 
EAC), sustrayéndose de toda vinculación a la Constitución y al resto del ordenamiento 
jurídico». Así el cese del Govern «se acordó para restaurar el orden constitucional así 
comprometido.  En  concreto,  para  que  los  titulares  de  estos  cargos  públicos  no 
prosiguieran en la perpetración de actuaciones de ese género, sirviéndose para ello, 
como propias, de las instituciones de todos los ciudadanos de Cataluña, ni consumaran 
su propósito último de quebrar el Estado».
En definitiva, cabe concluir que el intento de quebrar la unidad de la Nación española 
constituida en Estado social y democrático de Derecho (arts. 1, apartados 1 y 2, y 2 CE), 
adquiere mayor gravedad porque se produce en un modelo de articulación del poder 
como el reconocido por nuestra Constitución, que, como hemos recordado desde la 
STC 42/2014, de 25 de marzo, ha supuesto el reconocimiento, también de Cataluña, 
como sujeto jurídico, en tanto que nacionalidad histórica. A través del reconocimiento de 
la autonomía es como se promueve en nuestro ordenamiento la conciliación de la unidad 
y la diversidad.
Como hemos recordado en nuestra jurisprudencia, la Constitución no constituye un 
texto jurídico intangible e inmutable. La previsión de la reforma constitucional reconoce y 
encauza  la  aspiración,  plenamente  legítima  en  el  marco  constitucional,  dirigida  a 
conseguir que el poder constituyente constitucionalizado en los arts. 167 y 168 CE revise 
y  modifique  la  norma  fundamental.  Así,  todas  y  cada  una  de  las  determinaciones 
constitucionales son susceptibles de modificación, pero para ello es preciso que «el 
intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de 
reforma de la Constitución, pues el respeto a estos procedimientos es, siempre y en todo 
caso, inexcusable» (STC 138/2015, de 11 de junio, FJ 4, y jurisprudencia allí citada). Y 
tal y como hemos tenido ocasión de recordar, la apertura de la norma fundamental para 
su revisión formal es plena, y la pueden solicitar o proponer, entre otros órganos del 
Estado,  las  asambleas  de  las  comunidades  autónomas  (arts.  87.2  y  166  CE; 
STC 42/2014, FFJJ 3 y 4).
4.  El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
4.1  Posiciones de las partes.
Como  en  recursos  anteriores  planteados  por  otros  recurrentes  que  han  sido  oe.
qpcdoureene dadjaebe trneilnar;m od1soi0n s6a oe/d2bno0l  il2gap1a om, r  dialsae m  ld1ae1e yc t eadlaruemss  maind aaepryce oins;sai oil1  n(2Seh1saS/ 2nTp0 Co2vr 1 3u l4alyn/s 2e 10rq2a2u2d1e/o,2   dl0ae2e  1lS 1,a 7ddl aede re ed 2cef eh dblooer e  Pjrauoeln ;n i9oaju1)l, e/ 2dzla0e  2l po1Trr,erd idbsineeua nn2rtaie2ol     2021-19513n https://www.
Supremo asumió, extendió y mantuvo la competencia objetiva para la averiguación y
enjuiciamiento de los hechos que, como delictivos, le fueron atribuidos a la recurrente en 
la querella inicial presentada por el Ministerio Fiscal ante la propia Sala.
Como con más detalle ha sido expuesto en los antecedentes de esta resolución, la 
recurrente entiende que la asunción de la competencia objetiva para el conocimiento de 
la  causa  por  parte  de  la  Sala  Penal  del  Tribunal  Supremo  supone  una  aplicación 
arbitraria, discriminatoria e imprevisible, por novedosa, de las normas de atribución de 
competencia objetiva establecidas por la ley. Entiende que su conducta debiera haber 
sido investigada y enjuiciada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues 
niega  que  los  hechos  investigados,  aquellos  por  los  que  fue  procesada  y  los  que 
después fueron enjuiciados, hubieran tenido lugar, ni siquiera en parte relevante, fuera 
del  territorio  de  la  comunidad  autónoma  catalana.  Considera,  además,  que  la 
interpretación judicial cuestionada carece de base legal y ha sido establecida única y 
específicamente para desatender su petición, ya que son jurídicamente irrazonables 
tanto los argumentos que justificaron la desestimación de la declinatoria de jurisdicción 
propuesta  por  varios  acusados,  ex  art.  666.1  LECrim,  como  artículo  de  previo 
pronunciamiento (auto de 27 de diciembre de 2018, ratificado en súplica por otro de 18 
de enero de 2019), como los expuestos en la sentencia condenatoria para desestimar la 
vulneración de derechos fundamentales que ahora se reitera en esta sede. La aducida 
irrazonabilidad  e  imprevisibilidad  de  la  interpretación  judicial  cuestionada  se  apoya 
también en su supuesta contradicción con anteriores criterios del Tribunal Supremo en 
supuestos  asimilables,  y  en  las  resoluciones  dictadas  por  otros  órganos  judiciales, 
singularmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El abogado del Estado propone la desestimación de la queja. Tras sintetizar la 
jurisprudencia de este tribunal sobre el contenido del derecho fundamental alegado, con 
referencia a las SSTC 69/1984, de 11 de junio; 115/2006, de 24 de abril, y 159/2014, 
de 6 de octubre, así como a la STEDH de 5 de octubre de 2010, asunto DMD Group, 
A.S. c. Eslovaquia, considera que, a la vista de los razonamientos con los que el Tribunal 
Supremo ha mantenido su competencia de enjuiciamiento, no estamos en este caso en 
un supuesto que suponga una manipulación manifiesta de las reglas legales sobre 
atribución de competencia cuya interpretación y aplicación al caso pueda calificarse 
como  «arbitraria,  inasumible  o  irrazonada»,  sino  ante  «una  apreciación  del  órgano 
jurisdiccional conforme a la cual y en el plano estrictamente jurídico, considera su 
competencia sin atisbo de error evidente o manifiesto ni arbitrariedad alguna, sea o no 
discutido su razonamiento desde otros puntos de vista, entre ellos el del demandante de 
amparo». Afirma que, al remitirse al contenido fáctico de los escritos de acusación para 
determinarla, la Sala Segunda del Tribunal Supremo no ha utilizado en este caso un 
criterio ad hoc para afirmar su competencia. Por último, refuta los distintos argumentos 
que sustentan este motivo de amparo con remisión expresa al contenido del auto de 27 
de diciembre de 2018 que desestimó la declinatoria de jurisdicción planteada, al que más 
adelante nos referiremos.
Asimismo, el Ministerio Fiscal propugna en sus alegaciones la desestimación de este 
motivo de amparo. Confrontando el contenido de la queja con la jurisprudencia de este 
tribunal y la del Tribunal Supremo sobre el contenido del derecho fundamental alegado, 
concluye que la aplicación judicial de las normas sobre competencia en relación con el 
criterio geográfico de atribución de competencia establecido en el art 57.2 EAC, no 
puede  considerarse  un  razonamiento  arbitrario  que  suponga  una  manipulación 
fraudulenta de la norma aplicada, por más que de ella discrepe la recurrente. Considera 
que  la  Sala  se  apoya  razonadamente  en  criterios  establecidos  en  la  ley  y  en  la  s
jurisprudencia ordinaria precedente: así, lo serían la consideración de los hechos que, en  oe.
cada  fase  del  proceso,  quedan  delimitados  como  objeto  del  mismo;  la  particular  w.
naturaleza colectiva de los delitos objeto de la acusación y la consideración de los  513ww
ealcetmose ndteo se jeocbujectiióvno ss ey  rseuablijzeatinv oesn  ddei feloresn ttiepso slu gdaerliecsti vgoeso, gsriánf icqouse,,  peune dloas s deer loitobsv iacduoy oesl 
principio de ubicuidad como criterio de competencia territorial.
Por su parte, la representación procesal del partido político Vox apoya también la 
desestimación de esta queja. Con referencia a la STC 183/1999, de 11 de octubre, 
afirma que la asunción por el Tribunal Supremo de la competencia objetiva para la 
investigación  y  enjuiciamiento  de  los  hechos  objeto  de  querella  se  apoya  en  una 
interpretación de la ley que no es manifiestamente errónea ni arbitraria o irrazonable, 
sino  simple  aplicación  de  los  preceptos  legales  reguladores  de  la  atribución  de 
competencia objetiva en el supuesto de hecho analizado.
4.2  Respuesta del órgano judicial.
4.2.1  La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asumió y mantuvo su competencia 
objetiva  para  la  averiguación  y  el  enjuiciamiento  de  los  hechos  atribuidos  a  la 
demandante, y al resto de personas acusadas en la causa, en aplicación de la siguiente 
base normativa:
(i)  El art. 57.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), conforme al cual:
«1.  La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:
[…]
2.º  De  la  instrucción  y  enjuiciamiento  […]  de  las  causas  que,  en  su  caso, 
determinen los estatutos de autonomía.»
(ii)  El  art.  57.1  y  2  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Cataluña  (EAC;  Ley 
Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña), que 
establece el aforamiento parlamentario de los diputados autonómicos:
«1.  Los miembros del Parlamento son inviolables por los votos y las opiniones que 
emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato tendrán inmunidad a los efectos 
concretos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito.
2.  En las causas contra los diputados, es competente el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña. Fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible 
en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.»
(iii)  El artículo 17.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, al regular el 
enjuiciamiento de delitos conexos, señala:
«1.  Cada delito dará lugar a la formación de una única causa.
No obstante, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa 
cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes 
para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes 
salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso.
2.  A  los  efectos  de  la  atribución  de  jurisdicción  y  de  la  distribución  de  la 
competencia se consideran delitos conexos:
1.º  Los cometidos por dos o más personas reunidas.
2.º  Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera 
precedido concierto para ello.
3.º  Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución.
[…].» e.e
(iv)  El artículo 272, párrafos segundo y tercero de la Ley de enjuiciamiento criminal,  513www.
segú«nS ie l eclu aql:uerellado  estuviere  sometido,  por  disposición  especial  de  la  ley,  a
determinado tribunal, ante este se interpondrá la querella.
Lo mismo se hará cuando fueren varios los querellados por un mismo delito o por 
dos o más conexos y alguno de aquellos estuviere sometido excepcionalmente a un 
tribunal que no fuere el llamado a conocer, por regla general, del delito.»
4.2.2  De las decisiones adoptadas a lo largo de la causa se deriva que han sido 
tres los criterios concurrentes tomados en consideración por la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo para afirmar su competencia objetiva:
(i)  La prerrogativa de aforamiento especial parlamentario: desde su inicio, y durante 
todo el desarrollo de la causa judicial previa, una o varias de las personas a las que se 
refería  la  querella  –después  sometidas  a  investigación,  procesadas  o  finalmente 
acusadas–, mantuvieron la condición de diputados del Parlamento de Cataluña.
En el momento inicial, al ejercer el Ministerio Fiscal la acción penal ante el Tribunal 
Supremo, la recurrente y otros querellados formaban parte de la diputación permanente 
del Parlamento de Cataluña –una vez fue disuelto por Real Decreto 946/2017, de 27 de 
octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su disolución–. 
Como se desprende de los antecedentes que se recogen en las SSTC 4/2020, 9/2020, 
11/2020, 23/2020, 36/2020, 38/2020, 97/2020, 193/2020 y 194/2020, poco después de la 
admisión  a  trámite  de  la  querella,  una  vez  acumuladas  las  causas  por  conexidad 
procesal, la recurrente y otras personas coencausadas se postularon y fueron elegidas 
para  integrar  el  Parlamento  de  Cataluña  que  fue  constituido  tras  las  elecciones 
autonómicas celebradas el 21 de diciembre de 2017, cargo representativo del que cesó a 
petición propia en la última semana del mes de marzo de 2018. Más avanzada la causa, 
ya iniciado en el mes de febrero de 2019 el juicio oral ante la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo, tras las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019, 
algunos coacusados pasaron a integrarse como miembros de las Cortes Generales 
(art. 57.2 EAC). Otros, en fin, concurrieron y fueron elegidos diputados del Parlamento 
Europeo tras las elecciones desarrolladas con tal fin el 26 de mayo de 2019, adquiriendo 
así  las  prerrogativas  que  les  reconoce  el  Protocolo  sobre  los  privilegios  y  las 
inmunidades de la Unión Europea.
(ii)  La ubicación geográfica de los hechos imputados y enjuiciados: como veremos 
a continuación, el relato fáctico que dio sustento a la querella inicial y a los escritos de 
acusación formulados afirmaba, en cada caso, la realización de algunos hechos típicos 
fuera del territorio de la comunidad autónoma catalana (art. 57.2 EAC). Resulta oportuno 
anticipar ya que, conforme a la previsión legal, son estos extremos, y no el relato fáctico 
del auto de procesamiento o el que finalmente se recoge en la sentencia condenatoria, 
los que han de ser tomados en consideración para la fijación de la competencia objetiva 
de investigación o enjuiciamiento de los hechos denunciados o de los que sustentan la 
acusación.
(iii)  La apreciación de conexidad procesal entre los delitos investigados en las 
diversas causas acumuladas: la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo consideró que los 
hechos  investigados  en  las  actuaciones  penales  dirigidas  contra  varias  personas 
entonces no aforadas, que habían sido miembros del Gobierno de la Generalitat o eran 
líderes de asociaciones ciudadanas, eran plenamente coincidentes con los de aquellas 
otras  causas  que  se  seguían  contra  los  que  sí  tenían  reconocida  la  prerrogativa 
parlamentaria de aforamiento ante la Sala Penal del Tribunal Supremo; de manera que 
los delitos a que se referían eran procesalmente conexos y debían ser investigados y 
enjuiciados en una sola causa (arts. 17.1 y 2, y 272 LECrim).
Así se describe en las diversas resoluciones que sobre la propia competencia han  e
sido dictadas en el desarrollo de la causa judicial previa. Son paradigmáticos en este  bo
sentido el auto de 31 de octubre de 2017, por el que la querella fue admitida a trámite  513ww
d(rea t2if0ic1a8d,o p eonr  eslú qpulicea l ap osra laau dtoe  deen j1u8ic idaem dieicnietom dbersee dseti m20ó1 l7a)s,  pye etilc aiountoe sd ed e2 7d edceli ndaictoiermiab dree 
j(uarrits. d6ic6c6ió.1n  LpEroCpruime)s,t aqsu ec ofmueo  taamrtíbciuélno  rdaeti ficparedvoi oe np rsoúnpulniccaia mpoier natou top odre  lo1s8  adceu seandeoros 
de 2019.
4.2.2.1  La decisión inicial de admisión a trámite de la querella formulada por los 
delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos –auto de Sala de 31 de 
octubre de 2017– justifica la asunción de competencia para la averiguación de los 
hechos imputados identificando en primer lugar la ya citada norma delimitadora del 
aforamiento de los parlamentarios (art. 57.2 EAC), pero también aquella otra que permite 
afirmar que todos los querellados, menos uno, mantenían en ese momento su condición 
parlamentaria por formar parte de la diputación permanente de la entonces disuelta 
asamblea legislativa catalana [art. 24 d) del Reglamento del Parlamento de Cataluña].
A continuación, la sala explica que la regla de aforamiento no atiende únicamente a 
la condición parlamentaria de los inicialmente investigados (condición que nunca ha sido 
cuestionada), sino que, para determinar el juez competente, la norma obliga también a 
tomar  en  consideración  un  elemento  geográfico  –el  lugar  de  comisión  del  hecho 
presentado como ilícito–, a tenor del cual será competente el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña o la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en función de que los 
hechos atribuidos tengan lugar en el territorio de la comunidad autónoma o fuera de él.
Para determinar esta última circunstancia, la Sala atiende al relato de hechos que se 
afirman como delictivos en la querella, sin pronunciarse sobre su realidad o la existencia 
de indicios que los avalen. En su examen constata que, en el apartado 29 de los hechos, 
descritos  bajo  el  enunciado  «Aspectos  internacionales  de  la  declaración  de 
independencia de Cataluña», el Ministerio Fiscal sitúa la ejecución de parte de los 
hechos imputados fuera del territorio de la comunidad autónoma catalana.
Así, en la querella, considera el fiscal que la celebración de una consulta, a modo de 
referéndum, sobre la independencia del territorio de Cataluña, constituía el elemento 
central del delito de rebelión imputado a las personas querelladas, señalando que, en su 
fase  preparatoria,  el  Gobierno  de  la  Generalitat,  decidido  a  promover  y  celebrar 
unilateralmente dicha consulta, desarrolló una campaña internacional de imagen, dirigida 
a justificar la necesidad de intercesión de la comunidad internacional en su propósito 
secesionista. Con este fin, en enero de 2016, constituyó un «Departamento de asuntos 
exteriores,  relaciones  internacionales  y  transparencia,  atribuyendo  en  él  un  papel 
relevante a las delegaciones en el exterior, cuya partida presupuestaria fue incrementada 
en más del 100 por 100 con el fin de preparar el proceso constituyente de la república 
catalana.  Centra  también  su  imputación  en  el  Consejo  de  Diplomacia  Pública  de 
Cataluña (Diplocat), a quien correspondía la labor de lobby internacional realizando 
actividades de difusión de la pretensión de independencia (foros, visitas organizadas, 
información  en  Internet,  formación  de  activistas  como  observadores  en  procesos 
electorales, diversos contratos con organizaciones de los países donde radican las 
sedes en el exterior para promover y favorecer la pretensión de independencia).
Entre los hechos realizados en el exterior, se incluyen en la querella las páginas web 
internacionales creadas desde el Gobierno de la Generalitat para informar y facilitar la 
participación en la consulta ilegal promovida; sitios web que, tras ser judicialmente 
clausurados otros radicados en España, se localizaron en terceros países para eludir el 
control de las autoridades españolas. A las delegaciones en el exterior se les otorga en 
la querella un papel trascendental en el transcurso de la consulta sobre la independencia 
que se intentó celebrar el 1 de octubre de 2017: facilitaron el voto de los ciudadanos 
catalanes residentes en el exterior, crearon un registro y modelos impresos, recogían y 
custodiaban las papeletas de los ciudadanos que decidían participar y realizaron también 
su escrutinio. Se refiere también a la participación de diversos voluntarios observadores 
en el desarrollo de la consulta del 1 de octubre, asistencia que considera fruto de la  s
actuación de Diplocat. A los expuestos se añaden en el relato de la querella otros  oe.
aspectos  denominados  como  «efectos  internacionales»  de  la  actuación  imputada,  w.
aunque la sala de admisión, al asumir la competencia, ya determinó como premisa que  513ww
p«uneod caanb iem cpolincafur,n pdoirr  eslu r epsroupltiaad noa dtuerla dleezliato,  lac odne slotrsu cecfeiócnto dse dl Eels tdaedlioto d, ep oDre mreácsh oq»u.e estos
estaAb lepcairdtior sd ep oers teal  cPonlesntaot adceió nla,  lSa aslaal ad ed el oa dPmeinsiaóln d aecl laTrraib quunea,l  cSounpforermmeo ,a  ccuriatenrdioos  loyas   BOE-A-cable e
hechos imputados se ejecutan en diversos lugares, el delito se entiende cometido en 
todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo (acuerdo 
de 3 de febrero de 2005 del Pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal), por lo que la 
competencia objetiva se atribuye al juez de cualquiera de las jurisdicciones territoriales 
que primero haya iniciado las actuaciones procesales dirigidas a la instrucción de la 
causa.
La resolución analizada concluye señalando que «el relato que sirve de soporte 
fáctico a la querella entablada por el Ministerio Fiscal […] parte de la base de una 
estrategia concertada dirigida a declarar la independencia, que habría tenido como 
protagonistas a autoridades gubernamentales, parlamentarias y de movimientos sociales 
ideológicamente afines, cada uno de los cuales habría contribuido a ese objetivo desde 
el espacio funcional que le es propio. La existencia de una actuación ejecutada fuera de 
España, tendencialmente dirigida a hacer realidad el designio independentista, permite 
tener por colmada, […] a los exclusivos efectos de determinar la competencia objetiva, la 
referencia geográfica a la que el art. 57.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña asocia 
la  competencia  de  esta  Sala.  El  carácter  plurisubjetivo  del  delito  de  rebelión  hace 
perfectamente explicable, a la hora de valorar la verdadera entidad de cada una de las 
aportaciones individuales, un reparto de cometidos en el que la coincidencia en la 
finalidad que anima la acción –la declaración de independencia de Cataluña– tolera 
contribuciones fácticas de muy distinto signo y, precisamente por ello, ejecutadas en 
diferentes puntos geográficos».
La decisión de asumir la competencia objetiva para la investigación de los hechos 
objeto de querella indicó, finalmente, que «será la instrucción la que ponga de manifiesto 
la procedencia o improcedencia de reclamar para esta Sala, como sugiere el Ministerio 
Fiscal, el conocimiento de aquellos hechos inicialmente tramitados en otros órganos 
jurisdiccionales, pero que presenten una naturaleza inescindible respecto de los que aquí 
van a ser investigados y, en su caso, enjuiciados».
4.2.2.2  Siguiendo  este  último  criterio  de  conexidad  procesal  entre  los  delitos 
investigados,  el  magistrado  instructor  acordó  la  extensión  subjetiva  del  ámbito  de 
investigación  a  otras  personas,  entonces  no  aforadas  (auto  de  24  de  noviembre 
de 2017). Concretamente, al presidente de la asociación Asamblea Nacional Catalana y 
al presidente de la asociación Òmnium Cultural. La extendió también a quienes habían 
sido miembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en la ya disuelta legislatura 
anterior. Poco tiempo después, por medio de auto de 22 de diciembre de 2017, la 
investigación se amplió «a los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios 
independentistas del disuelto Parlamento de Cataluña».
La extensión de la competencia a los nuevos investigados no aforados se justificó en 
la  existencia  de  plena  coincidencia  entre  los  hechos  denunciados  en  las  diversas 
actuaciones penales ya iniciadas; se apreció, además, la eventual existencia de «una 
estrategia concertada dirigida a declarar la independencia, que habría tenido como 
protagonistas a autoridades gubernamentales, parlamentarias y de movimientos sociales 
ideológicamente afines, cada uno de los cuales habría contribuido a ese objetivo desde 
el espacio funcional que le es propio».
El  instructor  consideró  que  los  hechos  atribuidos  a  las  personas  no  aforadas 
mantenían una conexión material inescindible con la conducta imputada a las personas 
cuyo estatus parlamentario les reconocía aforamiento (art. 57.2 EAC). Añadió que la 
unificación de las actuaciones en una sola causa, ante la Sala Penal del Tribunal 
Supremo, venía justificada por una finalidad funcional «concretada en la facilitación de la  s
tramitación  y  en  resolver  los  problemas  derivados  de  la  inescindibilidad  del  oe.
enjuiciamiento, lo que se manifiesta singularmente en todos aquellos casos en los que el  w.
objeto  del  proceso  se  configura  por  una  unidad  delictiva,  con  una  pluralidad  de  513ww
apratríctíucliop e1s7,  dseu plau eLsEtoCsr imes»t.os, específicamente contemplados en los números 1 y 2 del
de lCoso ndcislutiynóto ssu a rcatzuoannatemsi ehnat ot esneidñoa launndao  squuseta n«taivuindqaude m east eerviaidl epnrtoep iqau, elo l aq uinet emrvaernccai ólan   BOE-A-cable e
necesidad del enjuiciamiento conjunto es que no pueda alcanzarse un pronunciamiento 
sobre el objeto del proceso si no se analizan integralmente las actuaciones desarrolladas 
por aquellos y el cuadro de intenciones que les inspiraba. Una agrupación procesal que 
afecta necesariamente a la competencia y que viene expresamente prevista en nuestro 
ordenamiento jurídico en el artículo 272 de la LECrim».
4.2.2.3  A su vez, mediante auto de 27 de diciembre de 2018 (confirmado en súplica 
por otro de 18 de enero de 2019), una vez ratificada la conclusión del sumario, declarada 
la  apertura  del  juicio  oral  y  formulados  los  escritos  de  acusación,  la  sala  de 
enjuiciamiento,  al  desestimar  las  diversas  peticiones  de  declinatoria  de  jurisdicción 
planteadas  por  las  defensas  de  las  personas  acusadas,  se  remitió  a  los  criterios 
expuestos  en  los  anteriores  pronunciamientos  dictados  en  la  fase  de  instrucción, 
tomando ahora en consideración los hechos imputados en los escritos de calificación 
provisional.
De nuevo, como presupuesto metodológico, destacó la Sala que en nuestro sistema 
procesal «el objeto del proceso penal es de cristalización progresiva», pues se dibuja de 
una forma incipiente con la denuncia o querella y se va perfilando conforme avanzan las 
investigaciones; considera también que «el auto de procesamiento permite al instructor 
proclamar, también en el plano indiciario, los elementos fácticos sobre los que ha de 
apoyarse la competencia del tribunal». Para la Sala, «ese objeto queda provisionalmente 
fijado en las conclusiones y con esa provisionalidad se inician los debates del juicio 
oral». Por ello, «el momento procesal en el que se encuentra la causa –tramitación de 
los artículos de previo pronunciamiento– define un marco procesal renovado que exige 
del órgano de enjuiciamiento ponderar si los presupuestos sobre los que descansa 
nuestra competencia siguen presentes o si, por el contrario, aconsejan su reexamen». 
Continúa la Sala señalando que tal reexamen, una vez las acusaciones pública y popular 
han presentado sus conclusiones provisionales, ha de realizarse exclusivamente a partir 
de  la  afirmación  fáctica  que  les  sirve  de  sustento.  De  esta  forma,  lo  que  permite 
determinar el órgano de enjuiciamiento es el contenido de la pretensión acusatoria, pues 
incorpora al proceso el relato fáctico que va a ser su objeto de análisis y asocia a dicho 
relato la calificación jurídica pretendida y la pena imponible, para el caso de que los 
hechos que son presupuesto de la acusación resulten acreditados en el plenario.
En tal medida, la Sala constata en su resolución que tanto la acusación del Ministerio 
Fiscal y de la acción popular por delito de rebelión como el relato fáctico sobre el que se 
construye la pretensión acusatoria por delito de malversación de caudales públicos (por 
el que no ha sido condenada la demandante) incorporan hechos que desbordan el límite 
territorial de la comunidad autónoma catalana (apartado 3.1 del fundamento de Derecho 
tercero),  sin  que  sea  relevante  que  el  auto  de  procesamiento  no  se  refiriera 
provisionalmente a hechos realizados fuera de España, pues el relato fáctico del auto de 
procesamiento  no  cierra  la  posibilidad  de  acusación  por  hechos  que,  sin  ser 
extravagantes a él, se encuentren en estrecha conexión con dicho relato.
Sucintamente expuestos, tal y como se recoge en los escritos de calificación, los 
hechos  objeto  de  acusación  realizados  fuera  de  Cataluña  por  algunos  de  los 
investigados,  luego  acusados,  fueron  los  siguientes:  las  concretas  iniciativas  de 
búsqueda de la legitimación internacional mediante la creación de estructuras de Estado, 
incluidas las de acción exterior, dirigidas a preparar, financiar y legitimar la celebración 
del referéndum, con financiación de actuaciones realizadas fuera de España, incluido un 
contrato dirigido a «internacionalizar» la consulta, para la inserción publicitaria de una 
conferencia sobre la consulta en diversos medios internacionales de prensa escrita;  s
todas estas actuaciones estaban al servicio de la pretensión independentista; se hace de  oe.
nuevo referencia a la creación del departamento de asuntos exteriores de la Generalitat,  w.
al incremento de las delegaciones exteriores en países europeos, en la Unión Europea y  513ww
perno taEgsotandizoasd aU npidoor s, Dyip loac alat,  rceoanlizsaocrcióion   pdúeb luicnoa- prciavamdpoa ñqau ein tearcntaucairoían ale nd e ciommapgleenta, 
fvuinecrau ladceió nE scpoanñ eal  Gcoonb iemrneod icaadtoarleásn , ya  mcoondsou ldtoer ecsu eqrpuoe  dfiapcloilmitaártíiacno , eqnuceu efirnmtróo sc oqnutrea toses   BOE-A-cable e
consideraban útiles para promover la aceptación de la realización del referéndum; en 
tales actividades también habría coadyuvado Òmnium Cultural; se incluye también la 
referencia  a  la  creación  y  mantenimiento  de  webs  internacionales  dirigidas  a  la 
internacionalización del proceso independentista; en el conjunto de actividades dirigidas 
a ese mismo fin se incluyen por las acusaciones la contratación y financiación de 
expertos y observadores internacionales para dar una apariencia de normalidad a la 
pretendida votación. Según estas acusaciones, las conductas descritas, además de 
cooperar en el ilegal designio independentista unilateral (que calificaron como delito de 
rebelión), serían constitutivas de otro de malversación de caudales públicos.
La Sala concluyó entonces señalando que: «la competencia de esta Sala para el 
enjuiciamiento de los hechos que son objeto de acusación fluye del propio relato que 
ofrecen el fiscal, la Abogacía del Estado y la acción popular para justificar la imputación 
de sendos delitos de rebelión y malversación de caudales públicos. Los arts. 57.2 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, y 73.3 a) LOPJ, no admiten otro desenlace cuando 
los hechos se sitúan por las acusaciones fuera del ámbito de la comunidad autónoma 
catalana». La conclusión toma en consideración de nuevo la denominada «doctrina de la 
ubicuidad», según la cual el delito se comete en cualquiera de los territorios donde se 
realizan algunos de los elementos objetivos o subjetivos del tipo, por lo que «la atribución 
por  el  fiscal  a  algunos  de  los  procesados  de  actos  ejecutivos,  no  necesariamente 
violentos  pero  vinculados  al  elemento  tendencial  del  delito  por  el  que  se  formula 
acusación  (cfr.  art.  472.5  [CP]),  justifica  la  aplicación  del  art.  57.2  del  Estatuto  de 
Autonomía que señala a esta Sala como el órgano competente para la investigación y 
enjuiciamiento de hechos ejecutados fuera del territorio de la comunidad autónoma».
Para  la  Sala  no  obsta  a  lo  expuesto  que,  al  igual  que  la  de  Cataluña,  otras 
comunidades autónomas cuenten con delegaciones en el exterior, pues lo relevante no 
es  su  existencia,  sino  la  acusación  de  que  fueron  puestas  al  servicio  de  fines 
secesionistas. Rechaza también que se pueda cuestionar que el resultado de los delitos 
de malversación por los que se formula acusación se haya producido fuera del ámbito 
territorial catalán, dado el principio de unidad patrimonial que inspira la regulación del 
patrimonio de las administraciones públicas.
Por otra parte, al analizar específicamente la jurisprudencia previa que le fue alegada 
como término de comparación, concluye la Sala que, debido a los delitos investigados en 
aquellos  precedentes,  se  trata  de  supuestos  objetivamente  distintos,  por  lo  que  la 
asunción de competencia cuestionada no contradice las resoluciones a que se refieren 
las defensas de los acusados (autos de la Sala de lo Penal de 12 de noviembre de 2014 
y  26  de  abril  de  2006).  Tampoco  considera  término  de  comparación  suficiente  el 
contenido de los pronunciamientos previos de otros tribunales –singularmente el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña– pues el criterio razonado de decisión de la Sala no 
queda vinculado por los que hayan utilizado otros órganos judiciales al abordar las 
causas que a ellos se les han planteado.
Por  último,  atendiendo  objetivamente  a  la  naturaleza  colectiva  y  estructura 
subjetivamente plural de algunos de los delitos imputados, la sala argumenta en favor de 
la  inescindibilidad  de  los  hechos  sometidos  a  valoración  judicial;  circunstancia  que 
aconseja y justifica que sean enjuiciados conjuntamente los acusados aforados y otros 
que no disponen de dicha prerrogativa parlamentaria. En tal sentido, se añade que «la 
estructura  de  los  tipos  por  los  que  se  formula  acusación  es  incompatible  con  un 
enjuiciamiento separado por órganos jurisdiccionales diferentes. La inescindibilidad del 
hecho –tal y como se describe por el fiscal– sugiere evitar la artificial fragmentación del  s
objeto del proceso, dificultando sobremanera el enjuiciamiento de los hechos que se  oe.
califican  como  constitutivos  de  delitos  de  rebelión  y  malversación  que,  en  su  w.
configuración  legal,  se  presentan  como  un  único  tipo  agravado  (cfr.  arts.  472  513ww
y 4743..22. 2C.4P )»E. stos  mismos  criterios  fueron  expuestos  en  la  sentencia  condenatoria
aimcpuusagdnoasd a[ FaJl  jAu)s t4ifi]c. aEr nl ae dllaess,e satliemgaacniódno  ddee  lnause vcou elsat iovnuelnse rparceivóina sd pella dneteraedchaos  paol rj uleozs   BOE-A-cable e
predeterminado por la ley, discutieron la competencia de la sala de enjuiciamiento. Con 
remisión a los autos ya reseñados, la Sala complementó la decisión de mantenimiento 
de su competencia de enjuiciamiento argumentando de forma más extensa sobre la 
vigencia y fundamento de la doctrina de la ubicuidad; sobre la naturaleza colectiva de los 
delitos de rebelión y sedición, que constituye un elemento diferenciador de la acusación 
formulada en esta causa frente a los precedentes alegados por las defensas como 
término de comparación; acerca de la inescindibilidad de la causa en relación con la 
acusación  por  delito  de  rebelión  y  de  malversación  de  caudales  públicos,  dada  la 
conexión material o instrumental de los hechos y delitos imputados; y en relación con el 
carácter no vinculante que la jurisprudencia de un tribunal superior de justicia tiene para 
el Tribunal Supremo. Estos concretos pronunciamientos de la decisión de condena 
fueron ratificados al desestimar las peticiones de nulidad de actuaciones planteadas por 
los condenados (auto de 29 de enero de 2020).
4.3  Doctrina jurisprudencial.
La fundamentación jurídica expresada en la demanda de amparo para apoyar esta 
queja  es  sustancialmente  idéntica  a  la  analizada  por  el  Pleno  en  las  recientes 
SSTC 34/2021, de 17 de febrero; 91/2021, de 22 de abril; 106/2021, de 11 de mayo, 
y 121/2021 y 122/2021, de 2 de junio), que han dado respuesta a las pretensiones de 
amparo formuladas por otras personas que han sido condenadas en la misma causa 
penal. En tal medida, la doctrina constitucional que se sintetiza a continuación es en todo 
coincidente con la expuesta al fundamentar dichas resoluciones.
a)  El derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley es una 
consecuencia necesaria del principio de división de poderes. En favor de todos los 
ciudadanos, está reconocido en el art. 24.2 CE y se proyecta tanto sobre el órgano 
judicial  como  sobre  sus  integrantes.  Desde  sus  primeros  pronunciamientos 
(STC 47/1983, de 31 de mayo, FJ 2), este tribunal ha tenido ocasión de determinar tanto 
el fundamento como el contenido del derecho alegado.
A tenor de dicha doctrina, hemos reiterado que su contenido exige, en primer lugar, 
que el órgano judicial al que se atribuye un asunto litigioso haya sido creado previamente 
por la norma jurídica, que esta le haya investido de jurisdicción y competencia con 
anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial y que su régimen 
orgánico  y  procesal  no  permita  calificarle  de  órgano  especial  o  excepcional.  La 
generalidad y la abstracción de los criterios legales de atribución competencial garantiza la 
inexistencia de jueces ad hoc; la anterioridad de tales criterios al caso a enjuiciar garantiza 
que una vez determinado en concreto el juez de un caso en virtud de la aplicación de las 
reglas  competenciales  establecidas  en  las  leyes,  no  podrá  ser  desposeído  de  su 
conocimiento en virtud de decisiones tomadas por órganos gubernativos (SSTC 101/1984, 
de 8 de noviembre, FJ 4, y 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 8).
En  segundo  término,  en  relación  con  quienes  lo  integran,  el  derecho  alegado 
garantiza también que la composición del órgano judicial venga determinada por la ley y, 
además, que en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido 
para la designación de los miembros que han de constituir el órgano correspondiente 
(SSTC 47/1983, de 31 de mayo, FJ2, y 93/1988, de 24 de mayo, FJ 4). La garantía no 
sería eficaz si bastase con determinar legalmente el órgano judicial, pero pudieran 
designarse o alterarse arbitrariamente sus componentes, que son quienes, en definitiva, 
van a ejercitar sus facultades intelectuales y volitivas en las decisiones que hayan de  s
adoptarse. oe.
cpsoeren tdsrAeat itttteaurar ymdveeé in sega dlad eroian  anteqmtiruzbéeaas,r  s l daceoi xrimenigcdoeteo np acepinanrasdol,iet zeqnagucrieeida mo se oo pnsimo  frump eaeánrlsc t eiad aloeiddbreeajecldath invdotae e  ,adl ole vs ijl eueónegregzit  aimnpoaorrodcscii nójluaandmr idiocae ida lsoleeu gs atf,au llmmnoc ebqinóiuétneen,     2021-19513n https://www.
expresamente, aunque con distinta dicción, en el art. 14.1 del Pacto internacional de
derechos civiles y políticos y en el art. 6.1 del Convenio para la protección de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Dados los términos del debate que se plantea en la demanda, en tanto se cuestiona 
únicamente  la  competencia  de  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  para  la 
investigación y enjuiciamiento de los hechos atribuidos al demandante, entre otros, 
resulta oportuno recordar que aunque la determinación del órgano judicial competente 
para conocer de un asunto exige siempre una operación de subsunción en la norma 
general  previa  que  atribuye  la  competencia,  la  jurisprudencia  de  este  tribunal  ha 
establecido, también desde sus primeras resoluciones, que la previsión contenida en el 
art.  24.2  CE  no  va  encaminada  a  dilucidar  en  una  instancia  final  cuestiones  de 
competencia o conflictos jurisdiccionales (STC 49/1983, de 1 de junio, FJ 8).
No  le  corresponde  a  este  tribunal  decidir  en  amparo  simples  cuestiones  de 
competencia entre órganos que pertenecen todos a la jurisdicción ordinaria, ya que la 
manera en que se apliquen los criterios legales de delimitación de competencias entre 
ellos no es materia que, por sí sola, sea objeto del derecho fundamental reconocido por 
el art. 24.2 de la Constitución (SSTC 43/1985, de 22 de marzo, FJ 2, y 93/1988, antes 
citada). En tal medida, hemos reiterado que «no cabe confundir el contenido del derecho 
al juez ordinario predeterminado por la ley con el derecho a que las normas sobre 
distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales se interpreten en un 
determinado sentido». La atribución que el art. 117.3 de la Constitución lleva a cabo en 
favor de juzgados y tribunales del ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de 
procesos, según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan, 
supone  que  «la  interpretación  de  las  normas  que  regulan  la  competencia,  y,  por 
consiguiente, la determinación de cuál sea el órgano competente, es cuestión que 
corresponde  en  exclusiva  a  los  propios  tribunales  de  la  jurisdicción  ordinaria  y  los 
criterios  de  aplicación  de  la  delimitación  de  competencias  entre  distintos  órganos 
jurisdiccionales no constituyen por sí solos materia que sea objeto del derecho al juez 
ordinario predeterminado por la ley» (STC 183/1999, de 11 de octubre, FJ 2, con cita de 
otras anteriores).
No  obstante,  en  este  aspecto,  hemos  reconocido  que  el  derecho  al  juez 
predeterminado por la ley puede quedar en entredicho cuando un asunto se sustraiga 
indebida e injustificadamente de aquel al que la ley lo atribuye para su conocimiento, 
manipulando el texto de las reglas de distribución de competencias con manifiesta 
arbitrariedad. Con el fin de evitar tan indeseado efecto, aunque no corresponde al 
Tribunal Constitucional juzgar el acierto o desacierto del órgano judicial en el proceso de 
selección e interpretación de la norma aplicable, sí le compete revisar en su análisis que 
la interpretación y aplicación de las normas de competencia realizadas por el órgano 
jurisdiccional  ordinario  sean  fundadas  en  Derecho,  esto  es,  no  resulten  arbitrarias, 
manifiestamente irrazonables o consecuencia de un error fáctico patente (ATC 262/1994, 
de 3 de octubre, FJ 1, y STC 70/2007, de 16 de abril, FJ 4), pues si así fuera, el efecto 
de tan improcedente aplicación de la norma desconocería el monopolio legislativo en la 
determinación previa del órgano judicial que ha de conocer del caso.
b)  Dado que forman parte de una cultura europea común, los criterios que definen 
la doctrina de este tribunal sobre la necesidad de predeterminación legal de los órganos 
judiciales, de quiénes han de integrarlos y de la competencia que les corresponde, son 
semejantes  a  los  que,  desde  sus  primeras  resoluciones,  se  desprenden  de  la 
jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos.  La  semejanza  no  se 
extiende solo a la definición del contenido del derecho y a su fundamento, sino también  s
al criterio de análisis utilizado para abordar las quejas que en esta materia le han sido  oe.
presentadas. w.
De acuerdo con lo establecido en el art. 6.1 CEDH: «Toda persona tiene derecho a  513ww
tqruibeu nsaul  cianudseap esnedai eonídtea  ee qiumitpaatirvcaia, lp, úebslitcaabmleecnidteo  yp odre nletryo  d[…e ]u»n.  pElla ztroib ruanzaoln aebulreo,p peoor  huan 
qseuñea uland oó rqguaen oe sjtuad iúclitaiml an oe xepsrteasbilóenc ideos  rceoflnefjoor mdeel  par ilnac ivpoiolu dnetal dE sdteald ole gdies laDdeorer cchaor,e dceardíoa   BOE-A-cable e
necesariamente de la legitimidad requerida en una sociedad democrática para oír la 
causa de un particular. La exigencia de previsión legal se extiende tanto al órgano mismo 
como a sus integrantes y, en tal medida, abarca la interpretación y aplicación de las 
normas  relativas  a  los  mandatos,  las  incompatibilidades  y  la  recusación  de  los 
magistrados (SSTEDH de 22 de febrero de 1996, asunto Bulut c. Austria, § 29; de 22 de 
junio de 2000, asunto Coëme y otros c. Bélgica, y de 28 de noviembre de 2002, asunto 
Lavents c. Letonia).
En  otros  pronunciamientos  (sentencia  de  5  de  octubre  de  2010,  asunto  DMD 
GROUP,  A.S.  c.  Eslovaquia),  el  tribunal  europeo  ha  destacado  que  la  expresión 
«establecido por la ley» tiene por objeto asegurar «que la organización judicial en una 
sociedad democrática no dependa de la discrecionalidad del poder ejecutivo, sino que 
esté regulada por la ley emanada del Parlamento» (asunto Zand c. Austria, informe de la 
Comisión de 12 de octubre de 1978). Incluso cuando existe una previsión legal expresa, 
la organización del sistema judicial no puede quedar a la valoración discrecional de las 
autoridades judiciales. Lo dicho no significa que los tribunales no tengan cierta libertad 
para interpretar la legislación nacional relevante (SSTEDH de 22 de junio de 2000, 
asunto Coëme y otros c. Bélgica, antes citado, § 98, y de 28 de abril de 2009, asunto 
Savino y otros c. Italia,). Aunque corresponde en primer lugar a los tribunales nacionales 
la interpretación de las normas reguladoras, su incumplimiento conlleva, en principio, la 
violación del artículo 6.1 CEDH cuando se constate una violación flagrante de dichas 
previsiones, no con razón de una mera discrepancia de interpretación de las normas 
sobre competencia (sentencia de 28 de noviembre de 2002, asunto Lavents c. Letonia).
Al respecto, la Corte ha recordado que el artículo 6 CEDH no concede al imputado el 
derecho a elegir la jurisdicción que le juzgará, por lo que, en protección del derecho 
analizado,  la  tarea  que  le  corresponde  se  limita  a  examinar  si  existían  motivos 
razonables  (no  arbitrarios)  que,  conforme  a  la  previsión  legal,  justificaran  que  las 
autoridades del Estado se declarasen competentes para conocer del asunto (sentencia 
de 12 de julio de 2007, asunto Jorgic c. Alemania, § 64 a 72, referida al enjuiciamiento 
por actos de genocidio cometidos fuera de Alemania).
4.4  Resolución de la queja.
4.4.1  En su recurso, la demandante sostiene que debió ser investigada y juzgada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Considera arbitraria, irrazonable e 
imprevisible la interpretación efectuada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
sobre la norma estatutaria que determina la competencia penal para enjuiciar a quienes, 
como consecuencia de su condición de diputados autonómicos, son titulares de la 
prerrogativa parlamentaria de aforamiento (art. 57.2 EAC). Dicha calificación la asocia a 
la excesiva trascendencia competencial que la Sala ha dado a la ubicación geográfica 
fuera de Cataluña de parte de los hechos imputados en la querella inicial y en los 
escritos de acusación a quienes fueron finalmente condenados. Afirma que los hechos 
relevantes atribuidos en la causa no tuvieron lugar fuera del territorio de Cataluña, y que 
los  utilizados  para  justificar  la  competencia  cuestionada  son  criterios  ad  hoc  que 
contradicen anteriores pronunciamientos del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de 
Justicia  de  Cataluña,  dictados  en  otros  procesos  penales  en  los  que  también  se 
imputaba el delito de rebelión.
A partir de la concreta vertiente del derecho fundamental alegado y la doctrina 
jurisprudencial que sobre su contenido ha sido expuesta en el anterior subepígrafe 4.3, la 
cuestión que hemos de resolver se concreta en determinar si las resoluciones judiciales  e
por las que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asumió la competencia para la  bo
investigación de los hechos atribuidos en la querella, la extendió después, por razones  513ww
dmea nctounveox idpaadra p reol ceesnajul icei ainmeisecnitnod ibdieli dlaods  dhee clah ocsa uqsuae,  ad lioesro nno  saufostreandtoos  ay,  flain aplmreetenntes,i ólan 
ahceumsoasto srieañ, aslea daop oaynatens ,e na teranzdoidnoa meli ecnatonso na rdbeit rcaorinotsro, li rqrauzeo nnoasb leess  op riomppiore evnis idbelefesn. sCao mdeol 
derecho fundamental alegado, la discrepancia expresada por la recurrente, más allá de
exteriorizar una diferencia razonada de criterio con la interpretación judicial de la ley 
procesal  aplicable,  solo  presentará  relieve  constitucional  en  el  caso  de  que  pueda 
concluirse que, mediante una manipulación arbitraria de las normas legales aplicables, el 
conocimiento del caso ha sido sustraído de forma injustificada al órgano judicial al que la 
ley lo atribuye.
Cabe destacar, como consideración previa, que en nuestro ordenamiento procesal la 
exigencia de responsabilidad penal a un investigado solo puede venir apoyada en una 
inicial atribución fáctica y delictiva que se expresa por referencia a dos parámetros: 
hechos supuestamente cometidos y calificación jurídica provisional de estos como delito. 
Sobre este presupuesto, los hechos atribuidos por quien ejerce la acción penal han de 
ser investigados, contrastados y en su caso, declarados probados. De otra parte, su 
calificación  jurídica  es  provisional  durante  la  fase  de  investigación  e  intermedia 
(SSTC 20/1987, de 19 de febrero, FJ 4, y 186/1990, de 15 de noviembre, FJ 4), pues 
solo después de practicar contradictoriamente la prueba en un juicio público, si se 
mantiene la acusación, pueden los hechos imputados ser afirmados como delictivos por 
el órgano de enjuiciamiento, tras subsumirlos en un concreto tipo penal.
Expuesto de forma sintética el desarrollo del proceso penal, resulta jurídicamente 
indiscutible,  a  tenor  de  las  normas  que  lo  regulan,  que  la  evaluación  inicial  de  la 
competencia objetiva para la investigación de una causa penal solo puede tener como 
referencia los hechos atribuidos en la querella y su calificación jurídica provisional. 
Tampoco cabe discutir fundadamente que la acumulación de causas basada en su 
conexidad procesal, con la consiguiente extensión objetiva y subjetiva del ámbito de 
investigación y enjuiciamiento, está expresamente prevista en la ley como posibilidad 
(art. 17 LECrim) y tiene la finalidad de facilitar el esclarecimiento de hechos complejos y 
determinar más fácilmente la responsabilidad penal procedente en el caso de delitos 
plurisubjetivos. Por último, la competencia para enjuiciamiento viene determinada en la 
ley  a  partir  de  la  imputación  fáctica  y  calificación  de  los  hechos  realizada 
provisionalmente por las acusaciones que se ve sometida a debate contradictorio en el 
juicio oral.
A partir de estos criterios normativos, a la vista del ámbito de control que a este 
tribunal  corresponde  en  garantía  del  derecho  al  juez  predeterminado  por  la  ley, 
analizaremos cada una de las decisiones que, en distintas fases del desarrollo de la 
causa, llevaron a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a asumir la competencia 
inicial  de  investigación,  a  extenderla  a  los  no  aforados  y  a  mantenerla  para  el 
enjuiciamiento de las pretensiones acusatorias formuladas.
4.4.2  Al admitir a trámite la querella inicial (auto de 31 de octubre de 2017), para 
determinar su propia competencia, salvo que hubiese considerado que los hechos en 
que se fundaba eran manifiestamente falsos o no eran constitutivos de delito (arts. 269 
y 313 LECrim), la Sala únicamente podía atender al relato fáctico de la querella y a la 
relación que mantuviera con la calificación jurídica provisional que se aducía por el 
querellante (delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y conexos). 
A partir de dicho relato fáctico y su calificación jurídica, a la vista del tenor literal de la 
regla  especial  establecida  en  el  art.  57.2  EAC,  resultaban  determinantes  tanto  la 
condición parlamentaria de varias personas querelladas, que les otorgaba fuero especial, 
como el lugar de comisión de los hechos que se les atribuían, dado que, según el 
Estatuto de Autonomía, dicho criterio determinaba la competencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña o del Tribunal Supremo.
Habiendo utilizado la Sala dichos criterios legales para justificar su competencia de  s
forma motivada, no podemos compartir que su decisión inicial se haya apoyado en  oe.
valoraciones  o  razonamientos  que  puedan  ser  calificados  como  arbitrarios,  w.
manifiestamente irrazonables o ad hoc; es decir, aplicados en el caso concreto con la  513ww
únicLao fsin aclriidteardio dse  jjuursídtiifcicoasr  luat iplizroapdioas c opmorp elate nScaiala. de lo Penal del Tribunal Supremo –
ecoxtnesnidsearmaecinótne  ddee slocsri toesle meenn toasn tenruiocrleeasr ese pdíger alfaess –n odrmana s clueegnatlae s ddee   alatr ibtuocmióan   deen   BOE-A-cable e
competencia: aforamiento especial parlamentario, lugar atribuido de la comisión del 
delito  y  conexidad  procesal  derivada  de  la  necesidad  de  esclarecer  y  valorar 
conjuntamente  los  diversos  hechos  atribuidos  a  las  distintas  personas  sometidas  a 
investigación.
Por  una  parte,  la  Sala  tuvo  en  cuenta  los  pasajes  fácticos  de  la  querella  que 
describen  los  que  denomina  «aspectos  internacionales  de  la  declaración  de 
independencia», donde se describen como típicos hechos acaecidos fuera del territorio 
de Cataluña. En segundo término, se destaca en la resolución el carácter complejo del 
hecho atribuido, así como su naturaleza plurisubjetiva y colectiva, que fue expuesto por 
el Ministerio Fiscal en la querella como fruto de una estrategia concertada que presenta 
un elemento tendencial notorio: declarar la independencia de una parte del territorio 
español.
Es precisamente la toma en consideración de que una pluralidad de sujetos intervino 
concertadamente en el hecho atribuido lo que justificó razonadamente la decisión de 
interconectar en la misma causa contribuciones fácticas acaecidas dentro y fuera del 
territorio de Cataluña, pues todas ellas se presentaron al tribunal como consecuencia de 
un reparto funcional de cometidos coincidentes en la finalidad que animó la acción 
denunciada. Se trataba de hechos diversos que se consideró no podían ser escindidos 
en diversos procesos sin desvirtuar la perspectiva global desde la que habían de ser 
contemplados, tanto en fase de averiguación, como de enjuiciamiento.
Por tanto, son razonamientos que tienen que ver con los diversos hechos atribuidos 
a las personas querelladas, con el lugar donde supuestamente se produjeron, con la 
calificación jurídica provisional expresada en la querella y con la condición parlamentaria 
de varios aforados. No parte la Sala de premisas inexistentes o patentemente erróneas. 
Y su desarrollo argumental no incurre en quiebras lógicas ni se aleja del tenor de la 
norma aplicada, sino que, descartando la identidad objetiva de los supuestos de hecho y 
la  calificación  provisional  de  los  precedentes  jurisprudenciales  alegados  por  la 
demandante, se apoya en otros, con expresa referencia a un acuerdo del Pleno no 
jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que, ya en 2005, acogió la 
denominada «doctrina de la ubicuidad», antes descrita, aplicable a los casos en que un 
mismo delito se hubiere cometido en diversas jurisdicciones territoriales.
Que se utilizaran criterios jurisprudenciales adicionales y específicos para abordar y 
resolver un caso complejo como el que era objeto de investigación no permite sostener, 
sin  más,  el  carácter  arbitrario  de  la  solución  dada.  La  demandante  discrepa 
específicamente de los que fueron utilizados para extender la autoría por colaboración a 
quienes protagonizaron tareas relevantes dirigidas al mismo fin que los denunciados, 
pero, dada la naturaleza y características de los delitos de rebelión y sedición imputados 
(colectivos,  plurisubjetivos  y  de  resultado  cortado),  tal  discrepancia  en  Derecho  no 
constituye parámetro suficiente para justificar la vulneración ahora analizada, ni permite 
apreciar la arbitrariedad que alega en el tratamiento del presente caso.
Tampoco  resulta  fundada  la  queja  que  se  expresa  utilizando  como  término  de 
comparación la respuesta judicial dada a anteriores acciones penales ya enjuiciadas. 
Como extensamente ha argumentado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al 
rechazar la declinatoria de jurisdicción, lo relevante es que los que se proponen como 
término de comparación son casos distintos referidos a hechos diferentes que, por ello, 
no  son  válidos  para  cuestionar  la  decisión  adoptada  en  la  presente  causa. 
Singularmente, en la demanda, las diferencias expresadas se alegan como patentes en 
relación  con  la  causa  especial  precedente  que  fue  iniciada  en  relación  con  la  s
convocatoria y desarrollo el 9 de noviembre de 2014 de la denominada «consulta popular  oe.
no referendaria sobre el futuro político de Cataluña». Pero es un término de comparación  w.
que no se apoya en los delitos atribuidos, sino en la supuesta identidad de los hechos  513ww
pqruoep osnirevnie roenn  dlae   sduesmteanntod a a cdoimchoa  eclaelmificeanctoió nd. eP ecroon terans taeq, uelall osim  spuuptauceisótno s tuqvuoe  usen 
pernetrseu psuí,e shtaon  fáscidtioc oe ndjiusitciniatod oys  neon  slae  perxetesnednitóe  ac aluossa t ippeons apl.e Enanl etso dqou ec,a sinot,e rmcoáns eacltlaád does   BOE-A-cable e
expresar  su  discrepancia  al  respecto,  no  se  aportan  en  la  demanda  argumentos 
suficientes  que,  desde  la  perspectiva  que  nos  es  propia,  permitan  cuestionar  la 
respuesta que la recurrente ha recibido del Tribunal Supremo sobre esta cuestión en el 
auto de 27 de diciembre de 2018, por el que fue rechazada la declinatoria de jurisdicción 
planteada.
En definitiva, en cuanto a la asunción de la competencia para la averiguación del 
delito  denunciado,  la  conclusión  alcanzada  es  consecuencia  lógica  de  las  razones 
jurídicas  expuestas  y  no  supone  una  manipulación  arbitraria  de  la  regla  legal  de 
atribución de competencia, por lo que la vulneración alegada ha de ser desestimada.
4.4.3  Como ha quedado expuesto, la extensión subjetiva de la competencia a otras 
personas no aforadas sometidas a investigación fue acordada por auto del magistrado 
instructor  de  24  de  noviembre  de  2017,  en  atención  a  las  normas  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento criminal que establecen el conocimiento conjunto en un solo proceso de 
los delitos conexos cuya inescindibilidad sea apreciada (arts. 17.1 y 2 y 272 LECrim). Por 
tanto, tampoco puede ser fundadamente cuestionada la extensión de la causa por 
conexidad procesal a otros investigados.
4.4.4  Igual  suerte  desestimatoria  ha  de  seguir,  por  las  mismas  razones,  la 
vulneración que se asocia al auto de 27 de diciembre de 2018 que desestimó las 
diversas declinatorias de jurisdicción planteadas. Sus razonamientos son semejantes y 
abundan en los que ya han sido expuestos. El único elemento diferencial de su análisis 
radica  específicamente  en  que  la  competencia  de  enjuiciamiento  fue  ratificada  en 
atención  al  relato  fáctico  que  sustentaba  las  pretensiones  acusatorias  provisionales 
entonces  formuladas.  De  forma  razonada,  la  Sala  mantuvo  su  criterio  anterior  al 
constatar que tanto la acusación por los delitos de rebelión y sedición como el relato 
fáctico sobre el que se construye la acusación por malversación de caudales públicos –
en  relación  con  otros  acusados–  incorporaban  hechos  que  desbordaron  el  límite 
territorial de la comunidad autónoma catalana.
En definitiva, el mantenimiento de la competencia para enjuiciamiento vino apoyado 
en todo momento en los elementos que, en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
definen la regla de atribución competencial (art. 57.2 EAC). La consideración de que, a 
las personas investigadas y luego acusadas, se atribuían hechos relevantes para la 
calificación  jurídica  como  rebelión,  sedición  y  malversación  de  caudales  públicos, 
cometidos  dentro  y  fuera  del  territorio  de  Cataluña,  se  apoyó  en  datos  objetivos 
confirmados por la instrucción. Esta valoración, que constituye el elemento nuclear del 
disentimiento expresado en el recurso de amparo, no es exorbitante, como se denuncia, 
no se desvía de la previsión legal, ni viene apoyada en un razonamiento arbitrario, ajeno 
al sentido de la norma, irrazonable por su incoherencia lógica, o apoyado en un error 
patente pues, en este último sentido, no se evaluaron hechos cometidos, sino hechos 
atribuidos por los acusadores.
No era jurídicamente viable que, en dicho momento procesal, esto es, antes de 
practicarse la prueba de cargo y descargo, la sala de enjuiciamiento dejara de tomar en 
consideración los hechos atribuidos por la acusación para determinar su competencia 
objetiva, pues es la acusación, salvo que carezca manifiestamente de justificación o sea 
inverosímil, la que delimita el marco objetivo a partir del cual ha de ser establecida la 
competencia.
Lo expuesto permite apreciar que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en 
cuanto es el órgano judicial establecido por la ley para exigir responsabilidad por delito 
a  los  diputados  autonómicos,  cuando  los  hechos  atribuidos  tienen  lugar  fuera  del  s
territorio catalán, lo es también para investigar y enjuiciar las acciones penales que  oe.
contra ellos se dirijan en esos casos; lo que nos lleva a concluir que las resoluciones  w.
impugnadas en amparo no vulneraron el derecho de la recurrente al juez ordinario  513ww
predPertoecremdinea, edno  cpoonr slae cleuye.ncia, desestimar este motivo del recurso de amparo.
5.  El derecho al doble grado de jurisdicción en los procesos penales desarrollados 
en única instancia ante el Tribunal Supremo.
La desestimación del precedente motivo de amparo lleva también consigo la del que, 
por conexión, denuncia la indebida limitación del derecho al doble grado de jurisdicción 
en materia penal. La demandante ha visto cómo la investigación y el enjuiciamiento de 
las imputaciones que recaían sobre ella y el resto de las personas acusadas se trasladó 
ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debido a que, en todo momento, o bien 
ella  misma  u  otras  personas  investigadas  o  acusadas  tuvieron  o  mantuvieron  la 
condición necesaria para el aforamiento parlamentario previsto en el art. 57.2 EAC. Ya 
nos hemos referido antes a la condición parlamentaria de la recurrente, a la que renunció 
en el mes de marzo de 2018, una vez iniciada la causa penal; a lo que ha de añadirse 
que la Sala apreció fundadamente identidad fáctica y conexidad procesal entre los 
hechos y delitos que les fueron atribuidos.
Tal  y  como  expresa  la  sentencia  impugnada,  este  tribunal  ya  ha  abordado  en 
anteriores  pronunciamientos  esta  cuestión  en  sentido  desestimatorio  (por  todas, 
SSTC 51/1985, de 10 de abril, FJ 3; 136/1999, de 20 de julio, FJ 11, y 64/2001, de 17 de 
marzo, FJ 5). Las ha analizado también, específicamente, al resolver otras quejas de 
amparo idénticas planteadas por otras personas coacusadas en la misma causa penal 
(SSTC 34/2021, de 17 de febrero, FJ 3; 91/2021, de 22 de abril, FJ 3; 106/2021, de 11 de 
mayo, FJ 3, y 121/2021 y 122/2021, de 2 de junio, FJ 4). Por ello, dado que la queja 
planteada y los argumentos que la sustentan guardan identidad con los ya resueltos, 
procede también reiterar aquí la doctrina y conclusión entonces establecidas.
En ellas hemos afirmado que la garantía que implica la instrucción y el enjuiciamiento de 
la causa por el tribunal más alto en el orden penal (art. 123.1 CE) integra en parte –acceso 
a una instancia judicial superior a la que de ordinario enjuicia inicialmente este tipo de 
conflictos– y sustituye en lo demás –posibilidad de una segunda decisión– la garantía 
que ahora aduce la recurrente, que presupone, precisamente, que la primera instancia 
no sea la instancia suprema en el orden jurisdiccional penal. Así, hemos señalado que el 
derecho de todo culpable a que «el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto 
sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley», en los términos 
expuestos en el art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, se 
integra en el contenido del derecho a un proceso con todas las garantías reconocido en 
el art. 24.2 CE. Sin embargo, a lo expuesto no obsta que, en casos de aforamiento ante 
el Tribunal Supremo, incluso cuando, en atención a las reglas procesales de conexión, el 
enjuiciamiento en única instancia se extiende a personas no aforadas, la restricción de 
su derecho a someter la declaración de la pena y la culpabilidad ante un tribunal superior 
encuentre justificación suficiente.
Tal consideración se basa en dos valores constitucionalmente relevantes. De una 
parte,  la  protección  de  la  propia  prerrogativa  parlamentaria,  que  constituye  una 
salvaguarda de la independencia institucional tanto de la asamblea legislativa afectada 
como del propio Poder Judicial, de modo que preserva un cierto equilibrio entre los 
poderes y, al propio tiempo, garantiza la resistencia más eficaz frente a la eventual 
trascendencia de la resolución judicial en la composición del Parlamento, cuando es 
obligado enjuiciar la causa ante el Tribunal Supremo, órgano superior en todos los 
órdenes jurisdiccionales (STC 69/2001, de 17 de marzo, FJ 6). Y, en segundo lugar, se 
apoya en la inescindibilidad de la causa, apreciación esta que ya hemos declarado 
razonada: se atiende así a las exigencias de una buena administración de justicia en 
materia penal, entre las que se encuentra la necesidad de coordinar la apreciación de los  e.
hechos y de las responsabilidades de los intervinientes cuando la realización del delito  w.b
se atribuye al concurso de una pluralidad de personas o a la realización conjunta de una  513ww
pluraCloidmado  deest eh etcrihbousn.al observó en su STC 51/1985, hay determinados supuestos en que
lsae rg adreabnidtíaam qeunet eo fsreacties feecl hsao msient imneiecnetsoid daedl  dfael loq uceo nedxeisntaat,o croiom ao  utanl ,t ruibnu rneacl usruspoe ariuotró pnuoemdoe. 
En la citada resolución estimamos que «no había vulneración del derecho a la revisión de
la condena cuando esta era pronunciada en única instancia por el Tribunal Supremo». El 
propio art. 6 CEDH no enuncia expresamente el derecho fundamental aquí considerado, 
aunque sí viene reconocido en el art. 2 de su Protocolo núm. 7 (de 22 de noviembre 
de 1984, firmado por España el 19 de marzo de 1985, cuyo Instrumento de ratificación 
de 28 de agosto de 2009 fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de octubre 
siguiente). Dicha adición recoge el contenido del derecho plasmado en el art. 14.5 del 
Pacto internacional de derechos civiles y políticos, cuyo influjo ha sido decisivo en esta 
materia (STC 42/1982). Pero, al mismo tiempo que lo reconoce, el Protocolo establece 
una  excepción  en  este  caso  significativa,  ya  que  su  enunciado  admite  que  las 
legislaciones de los Estados contratantes lo excluyan, entre otros supuestos «cuando el 
culpable  haya  sido  juzgado  en  primera  instancia  por  el  más  alto  tribunal».  Dicha 
circunstancia es la que aquí concurre, dado que la demandante ha sido juzgada en única 
instancia por el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes 
(art. 123 CE), contra cuyas resoluciones no cabe recurso ordinario alguno.
A lo expuesto no obsta que, como se alega en la demanda, en diversos dictámenes 
sobre el fondo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a partir del de 5 
de noviembre de 2004 emitido en el caso Terrón c. España, haya considerado que en 
nuestro ordenamiento procesal se incumple el art. 14.5 PIDCP cuando es el Tribunal 
Supremo quien juzga en primera y única instancia a personas aforadas que gozan de 
inmunidad de jurisdicción ordinaria por su condición de diputados o a aquellas personas 
que, sin disfrutar de la condición de aforados, también son juzgadas en primera instancia 
por  el  Tribunal  Supremo  al  tratarse  de  un  asunto  en  el  que  hay  varias  personas 
encausadas de las que, al menos una, sí goza de la condición de aforado.
Como señalamos en la STC 70/2002, de 3 de abril, FJ 7, y hemos reiterado en las 
SSTC 240/2005, de 10 de octubre; 296/2005, de 21 de noviembre; 116/2006, de 24 de abril, 
y 23/2020, de 13 de febrero, el art. 14.5 PIDCP, ratificado por España y cuyo contenido ha 
de tenerse en cuenta en la interpretación de las normas constitucionales relativas a los 
derechos  fundamentales  (art.  10.2  CE),  consagra  el  derecho  a  un  doble  grado  de 
jurisdicción en materia penal en los siguientes términos: «Toda persona declarada culpable 
de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto 
sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley». Ahora bien, ha de 
tenerse en cuenta que las competencias del Comité, en virtud de los arts. 41 y 42 del Pacto 
y del Protocolo facultativo de 16 de diciembre de 1966, le habilitan exclusivamente para 
recibir y examinar comunicaciones tanto de Estados parte que aleguen que otro Estado 
parte incumple las obligaciones del Pacto, como de individuos que aleguen ser víctimas de 
violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. Y, respecto de las 
comunicaciones individuales, en virtud del art. 5 párrafo 4 del Protocolo, está habilitado para 
presentar sus observaciones al Estado parte y al individuo, haciendo constar en su caso la 
existencia de una violación del Pacto en el caso concreto. Por tanto, ha de tenerse en 
cuenta  que  las «observaciones»  que  en  forma  de  dictamen  emite  el  Comité  no son 
resoluciones judiciales, puesto que el Comité no tiene facultades jurisdiccionales (como 
claramente se deduce de la lectura de los arts. 41 y 42 del Pacto), y sus dictámenes no 
pueden constituir la interpretación auténtica del Pacto, dado que, en ningún momento, ni el 
Pacto ni el Protocolo facultativo le otorgan tal competencia.
Las anteriores consideraciones justifican en este caso que no se pueda apreciar 
como indebida la denunciada limitación del derecho al doble grado de jurisdicción en 
materia penal para revisar el fallo condenatorio y la pena impuesta; lo que conlleva la 
desestimación de este motivo de amparo. s
6.  El derecho a un juez imparcial. w.b
invoLcaa cdióenm eaxnpdraenstae  ddeel  aamrt.p 2a4ro C aEle yg ad elal  avrut.l n6e CraEcDióHn .d Eell  pdlearnetcehaom aie nutno  jduee ze simtep amrocitaivl,o  cdoenl 
rdeecruercshoo  sfeu nddeasmareronltlaal  eanle vgaardiaos,  pqrueesjaesn tcaonn dcrisettiansta q nuaet,u srainle pzear jyu icsiiog ndiefic sauc iróenla, cpioórn  lcoo nq ueel 
deben ser examinadas de manera individualizada.
Según la demanda, la vulneración se habría producido:
a)  En la fase de instrucción, cuando el magistrado instructor se posicionó como 
víctima de los hechos investigados, lo que se plasmó en tres momentos concretos: (i) 
cuando empleó, en el auto de 4 de diciembre de 2017 y en relación con la conducta de la 
recurrente, la expresión «favoreció la ruptura social que hoy padecemos»; (ii) en el auto 
de procesamiento de 21 de marzo de 2018, al referirse a «la estrategia que sufrimos» 
con respecto a los hechos que motivaron tal pronunciamiento; y (iii) cuando concedió el 
estatus de testigo protegido a la letrada de la administración de justicia del Juzgado de 
Instrucción núm. 13 de Barcelona, partiendo de su «vivencia personal […] situándose en 
posición de víctima».
b)  En la fase de juicio oral: (i) al haber formado parte los magistrados señores 
Marchena Gómez, Martínez Arrieta, Berdugo Gómez de la Torre y Varela Castro, de la 
sala de admisión que dictó auto el 31 de octubre de 2017 acordando la admisión a 
trámite de la querella; y (ii) por el mensaje telemático enviado por el senador señor 
Cosidó a numerosas personas en el que se refería al proceso de negociación entre los 
partidos políticos para la conformación de un nuevo Consejo General del Poder Judicial, 
y el papel que podría jugar el magistrado don Manuel Marchena Gómez para controlar 
«desde atrás» la Sala Segunda del Tribunal Supremo y el propio asunto objeto de 
recurso, si era elegido presidente.
La heterogeneidad de los alegatos aconseja iniciar su análisis mediante la reseña de 
la doctrina jurisprudencial sobre el derecho invocado.
6.1  Doctrina jurisprudencial.
6.1.1  Doctrina del Tribunal Constitucional.
El derecho al juez imparcial aparece expresamente reconocido en el art. 6.1 CEDH. 
Este precepto, bajo el epígrafe «Derecho a un proceso equitativo», garantiza a toda 
persona el «derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un 
plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por ley».
Como es conocido, nuestro texto constitucional no recoge este derecho de forma 
singularizada. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que, inicialmente, se considerara 
englobado en el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (STC 47/1983, de 31 
de mayo, FJ 2). A partir de la STC 113/1987, de 3 de julio, FJ 2, y, sobre todo, de la 
STC 145/1988, de 12 de julio, FJ 5, el derecho al juez imparcial se reconoce integrado 
en el derecho a un juicio con todas las garantías, «aunque no se cite en forma expresa» 
en el art. 24.2 CE. Se continuaba así con la progresiva confluencia (art. 10.2 CE) entre 
nuestra doctrina y la desarrollada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la 
interpretación del art. 6.1 CEDH, representada en aquel momento por las SSTEDH de 1 
de octubre de 1982, asunto Piersack c. Bélgica, y de 26 de octubre de 1984, asunto De 
Cubber c. Bélgica, y plasmada posteriormente –entre otras muchas– en las SSTEDH 
de 24 de mayo de 1989, asunto Hauschildt c. Dinamarca, de 25 de noviembre de 1993, 
asunto Holm c. Suecia, de 28 de octubre de 1998, asunto Castillo Algar c. España, de 22 
de junio de 1989, asunto Langborger c. Suecia, o más recientemente, en las SSTEDH 
de  6  de  enero  de  2010,  asunto  Vera  Fernández-Huidobro  c.  España,  o  de  6  de 
noviembre de 2018, asunto Otegi Mondragón y otros c. España.
Este tribunal ha conformado un cuerpo doctrinal sobre el derecho al juez imparcial 
que, de forma sistematizada y en lo que ahora interesa para la resolución de este  e.e
recurso, puede exponerse de la siguiente manera: b
Ea)l   dEelr deechreoc hao  aul nju ejzu eimz piamrcpiaarl ceias l un«ac ognasratitnutyíae  fuunndaa mgeanrtaanl tdíae l sfuisntdeammae dneta jul sdtieci a.la
yaad mqinuies trsaicni ójnu edze  jiumsptiacirac iaeln  nuon  Ehsatya,d op rdoep iDamereenctheo,  qpuroec ceosnod icjuiorinsad icscui oenxaisl.t ePncoira  emllios,m ala,   BOE-A-cable e
imparcialidad judicial, además de reconocida explícitamente en el art. 6.1 del Convenio 
europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
(CEDH), está implícita en el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), 
con una especial trascendencia en el ámbito penal. El reconocimiento de este derecho 
exige, por estar en juego la confianza que los tribunales deben inspirar en una sociedad 
democrática, que se garantice al acusado que no concurre ninguna duda razonable 
sobre la existencia de prejuicios o prevenciones en el órgano judicial» (SSTC 205/2013, 
de 5 de diciembre, FJ 2, y 133/2014, de 22 de julio, FJ 2).
En efecto, «ser tercero entre partes, permanecer ajeno a los intereses en litigio y 
someterse exclusivamente al ordenamiento jurídico como criterio de juicio, son notas 
esenciales  que  caracterizan  la  función  jurisdiccional  desempeñada  por  jueces  y 
magistrados» (STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5). «Esta sujeción estricta a la ley 
supone  que  la  libertad  de  criterio  en  que  estriba  la  independencia  judicial  no  sea 
orientada a priori por simpatías o antipatías personales o ideológicas, por convicciones e 
incluso por prejuicios o, lo que es lo mismo, por motivos ajenos a la aplicación del 
Derecho. En definitiva, la obligación de ser ajeno al litigio puede resumirse en dos reglas: 
primera, que el juez no puede asumir procesalmente funciones de parte; segunda, que 
no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de 
hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición 
anímica a su favor o en contra (STC 5/2004, de 16 de enero, FJ 2)» (STC 60/2008, de 26 
de mayo, FJ 3).
b)  La imparcialidad judicial comprende dos vertientes: subjetiva y objetiva.
En línea con lo anterior, «se viene distinguiendo entre una imparcialidad subjetiva, 
que garantiza que el juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes, en la que 
se integran todas las dudas que deriven de las relaciones del juez con aquellas, y una 
imparcialidad objetiva; es decir, referida al objeto del proceso, por la que se asegura que 
el juez se acerca al thema decidendi sin haber tomado postura en relación con él (así, 
SSTC 47/2011, de 12 de abril, FJ 9; 60/2008, de 26 de mayo, FJ 3, o 26/2007, de 12 de 
febrero, FJ 4)» (STC 133/2014, de 22 de julio, FJ 2).
En el mismo sentido, se destaca que «[j]unto a la dimensión más evidente de la 
imparcialidad judicial, que es la que se refiere a la ausencia de una relación del juez con 
las partes que pueda suscitar un interés previo en favorecerlas o perjudicarlas, convive 
su vertiente objetiva […] que se dirige a asegurar que los jueces y magistrados que 
intervengan en la resolución de una causa se acerquen a la misma sin prevenciones ni 
prejuicios que en su ánimo pudieran quizás existir a raíz de una relación o contacto 
previos con el objeto del proceso» (STC 143/2006, de 8 de mayo, FJ 3).
c)  La imparcialidad objetiva debe ser ponderada en cada caso concreto.
Como  «causas  significativas  de  tal  posible  inclinación  previa  objetiva»  se  han 
considerado la «realización de actos de instrucción, que pueden suponer un contacto 
con el litigio que dificulte su correcto enjuiciamiento posterior; la adopción de decisiones 
previas que comporten un juicio anticipado de culpabilidad; o la intervención previa en 
una  instancia  anterior  del  mismo  proceso  (SSTC  157/1993,  de  6  de  mayo,  FJ  3; 
299/1994, de 14 de noviembre, FJ 3; 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5; 151/2000, 
de 12 de junio, FJ 3; STEDH de 23 de mayo de 1991, caso Oberschlick, § 48 a 52) o, 
más en general, el pronunciamiento sobre los hechos debatidos en un pleito anterior 
(SSTC 138/1994, de 9 de mayo, FJ 7, y 47/1998, de 2 de marzo, FJ 4, y SSTEDH de 7  e.
de agosto de 1996, caso Ferrantelli y Santangelo, y de 26 de agosto de 1997, caso De  w.
Haan).  Debemos  subrayar  en  cualquier  caso  que  ni  esta  relación  de  causas  de  513ww
pcoamrcpiaolirdtaa dn eocbejestaivriaa mtieennete  etal lc taarcáhcate, rc udees tcióenrr aqduae  nhia blar ác doen caunrraelinzcairas ed ee nt aclaeds as cuapsuoe sat olas 
luz de sus concretas características (SSTC 170/1993, de 27 de mayo, FJ 3; 162/1999, 
de 27 de septiembre, FJ 5)» (STC 156/2007, de 2 de julio, FJ 6).
«La concreción de esta doctrina constitucional se ha producido principalmente al 
estudiar la incompatibilidad de las facultades de instrucción y de enjuiciamiento, pero sin 
perder de vista que lo decisivo es el criterio material que anima la apreciación de la 
pérdida  de  imparcialidad  más  que  el  concreto  tipo  de  actuación  judicial  del  que 
pretendidamente se derivaría la pérdida de imparcialidad. […] "la determinación de 
cuáles son las circunstancias específicas que posibilitan en cada caso considerar como 
objetivamente justificadas las dudas sobre la imparcialidad judicial no está vinculada 
tanto con una relación nominal de actuaciones o decisiones previas que queden vedadas 
al juzgador cuanto, especialmente, con la comprobación, en cada supuesto en particular, 
de si la intervención previa en la que el interesado centra sus dudas ha sido realizada 
por  el  órgano  judicial  teniendo  que  adoptar  una  decisión  valorando  cuestiones 
sustancialmente  idénticas  o  muy  cercanas  a  aquellas  que  deben  ser  objeto  de 
pronunciamiento o resolución en el enjuiciamiento sobre el fondo. Y ello porque la 
imparcialidad  trata  de  garantizar  también  que  el  juzgador  se  mantenga  ajeno, 
específicamente, a la labor de incriminación o inculpación del acusado, aun cuando esta 
sea solo indiciaria y provisional" […] deben considerarse objetivamente justificadas las 
dudas sobre la imparcialidad judicial y, por tanto, vulnerado el derecho al juez imparcial, 
cuando  la  decisión  a  la  que  se  pretende  vincular  la  pérdida  de  imparcialidad  se 
fundamenta en valoraciones que resulten sustancialmente idénticas a las que serían 
propias de un juicio de fondo sobre la responsabilidad penal, exteriorizando, de este 
modo, un pronunciamiento anticipado al respecto» (STC 143/2006, de 8 de mayo, FJ 3).
d)  La imparcialidad judicial se presume.
Según la misma doctrina, «aun cuando es cierto que en este ámbito las apariencias 
son  muy  importantes  […],  no  basta  con  que  tales  dudas  o  sospechas  sobre  [la] 
imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar caso a 
caso si las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se hallan 
objetiva y legítimamente justificadas (SSTC 69/2001, de 17 de marzo, FFJJ 14 y 16; 
140/2004, de 13 de septiembre, FJ 4). Por ello la imparcialidad del juez ha de presumirse 
y las sospechas sobre su idoneidad han de ser probadas (SSTC 170/1993, de 27 de 
mayo, FJ 3; 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5) y han de fundarse en causas tasadas 
e interpretadas restrictivamente sin posibilidad de aplicaciones extensivas o analógicas» 
(STC 60/2008, de 26 de mayo, FJ 3).
e)  El  derecho  al  juez  imparcial  debe  hacerse  valer  a  través  del  incidente  de 
recusación
El  instrumento  primordial  para  preservar  el  derecho  al  juez  imparcial  es  la 
recusación, cuya importancia resulta reforzada si se considera que estamos no solo ante 
un presupuesto procesal del recurso de amparo por la supuesta vulneración del derecho 
al juez imparcial, sino que el derecho a recusar se integra, asimismo, en el contenido del 
derecho a un proceso público con todas las garantías, reconocido en el art. 24.2 CE 
(STC 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 4). Por tanto, la privación de la posibilidad de 
ejercer  la  recusación  «implica  la  restricción  de  una  garantía  esencial  que  aparece 
establecida legalmente con el fin de salvaguardar aquella imparcialidad del juzgador 
protegida constitucionalmente (SSTC 230/1992, de 14 de diciembre, FJ 4; 282/1993, 
de 27 de septiembre, FJ 2; 64/1997, de 7 de abril, FJ 3; y 229/2003, 18 de diciembre,  e.
FJ 10)» (STC 116/2008, de 13 de octubre, FJ 2). w.
La STC 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 5, señala que «el derecho a plantear la  513ww
rceocnufisgaucriaócni,ó nin sleegrtaol ,( aS SsTu Cv e3z2, /e1n9 9e4l ,d deere 3c1h od ea  elan eimrop, aFrcJi a4l;i dya 1d3 d7e/1l 9ju9z4g,a ddeo r9,  edset ám sauyjeot,o F aJ 
lúan irceoc)u esna claiósn n soerm parso poorgnágnai ctaasn  yl uperogcoe osa tlaens  [p…ro].n Ptou ecso mbioe ns, e[e tsean]g eax icgoennocciaim leiegnatlo d ed eq ulae   BOE-A-cable e
existencia de la causa que la funde no carece de toda trascendencia constitucional. […] 
Por ello es lícito que el legislador imponga la carga de impugnar esa idoneidad subjetiva 
con premura y que, en consecuencia, limite o excluya la posibilidad de la invocación 
tardía  de  la  causa  de  recusación  cuando  esta  se  dirija,  no  ya  a  apartar  al  iudex 
suspectus del conocimiento del proceso, sino a anular lo ya decidido definitivamente por 
él. Precisamente por ello el art. 223.1 LOPJ requiere, por razones inmanentes al proceso 
mismo en el que se trata de hacer valer el derecho a la imparcialidad judicial, un obrar 
diligente de la parte a la hora de plantear la recusación, so pena de verse impedida para 
hacer valer la causa de recusación como causa de nulidad de la sentencia. Existen, 
pues,  muy  poderosas  razones  para  impedir  que  la  alegación  de  las  causas  de 
recusación  que  traducen  dudas  sobre  la  imparcialidad  subjetiva  de  un  tribunal  se 
exteriorice una vez conocida la resolución final del proceso desfavorable a los intereses 
de la parte, cuando esta abrigaba tales dudas con anterioridad a que se emitiera el fallo. 
Resulta, en consecuencia, constitucionalmente lícita la aplicación de un criterio riguroso 
a la hora de enjuiciar tanto si la parte obró con diligencia para hacer valer la recusación 
en un momento anterior a la sentencia, como la realidad de la concurrencia de la causa 
de recusación que eventualmente se invoque».
f)  El incidente de recusación puede ser rechazado a limine, incluso por el órgano 
recusado.
Aunque la «regla general es […] que el órgano recusado ha de dar curso a la 
recusación para que sea examinada por un órgano distinto a aquel de quien se sospecha 
la parcialidad», eso «no significa […] que en casos muy excepcionales la recusación no 
pueda  rechazarse  de  plano  por  el  propio  órgano  recusado,  lo  que  resulta 
constitucionalmente admisible, a decir de la STC 47/1982, de 12 de julio, cuando se 
propone por quien no es parte en el proceso o falta alguno de los presupuestos de 
admisibilidad, tales como que se incumplan los requisitos formales que afectan a la 
esencia del procedimiento (entre ellos, la extemporaneidad), cuando no se alega la 
causa en que legítimamente puede fundarse la recusación, o cuando no se establecen 
los hechos que le sirven de fundamento (FJ 3). […] En el mismo sentido dijimos en la 
STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 5, que "la inadmisión liminar de la recusación puede 
sustentarse tanto en la falta de designación de una causa legal de abstención como en 
su invocación arbitraria"» (STC 155/2002, de 22 de julio, FJ 2). Mientras que «en la ya 
citada STC 47/1982, de 12 de julio, analizando un supuesto de rechazo a limine de la 
recusación  por  los  propios  recusados,  ya  admitimos  que  un  tal  rechazo  "puede 
producirse por incumplimiento de los requisitos formales que afectan a la esencia del 
procedimiento" (FJ 3), entre los que, a tenor de lo dispuesto en el art. 223.1 LOPJ, ha de 
incluirse la formulación de la recusación en plazo» (STC 155/2002, de 22 de julio, FJ 3). 
En esta misma resolución se añadía que el rechazo liminar de la recusación puede 
acordarse cuando «la improcedencia de la recusación […] pueda apreciarse prima facie 
de modo manifiesto, claro y terminante y, además, que la tramitación ordinaria del 
incidente pueda causar perjuicios relevantes al proceso principal» (STC 155/2002, de 22 
de julio, FJ 6). Conviene insistir, siguiendo a la citada STC 140/2004, en que resulta, 
«constitucionalmente lícita la aplicación de un criterio riguroso a la hora de enjuiciar tanto 
si la parte obró con diligencia para hacer valer la recusación en un momento anterior a la 
sentencia,  como  la  realidad  de  la  concurrencia  de  la  causa  de  recusación  que 
eventualmente se invoque» (FJ 5).
6.1.2  Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. oe.
Ya hemos señalado anteriormente que la doctrina de este tribunal es semejante a la  513ww
qEuuero, pdeeos ddee  sDuesr epcrhimose rHasu mreasnoolus,c icoonmeso,  esxep rdeessiópnre nddee u ndae  clau ltjuurrais pjururíddeicnac icao dmeúl nT raib nuinvaell 
europeo.  En  efecto,  aunque  se  observa  alguna  diferencia  en  los  criterios  de
sistematización, tanto el método de análisis como el contenido de su doctrina son 
esencialmente coincidentes.
Así, en la STEDH de 6 de noviembre de 2018, asunto Otegi Mondragón y otros c. 
España, § 52 a 57), con cita de otras anteriores, se realiza una exposición de los 
principios generales en esta materia que, en lo que ahora interesa, se pueden resumir de 
la siguiente manera.
a)  La  imparcialidad  judicial  comprende  dos  perspectivas:  subjetiva  y  objetiva. 
Expone  el  tribunal  europeo  que  «la  existencia  de  imparcialidad  a  los  efectos  del 
artículo 6.1 [CEDH] debe ser analizada de acuerdo con un criterio subjetivo, teniendo en 
cuenta las convicciones personales y el comportamiento de un juez en particular, es 
decir, analizando si el juez se encontraba afectado por cualquier prejuicio personal o 
predeterminación en relación a un concreto caso; y también de acuerdo con un criterio 
objetivo; es decir, analizando si el tribunal en sí mismo y, entre otros aspectos, su 
composición ofrecían suficientes garantías para excluir cualquier duda legítima relativa a 
su imparcialidad (véase, por ejemplo, SSTEDH de 15 de diciembre de 2005, asunto 
Kyprianou c. Chipre [GC], § 118, y de 15 de octubre de 2009, asunto Micallef c. Malta 
[GC], § 93)».
b)  Las vertientes subjetiva y objetiva están íntimamente relacionadas. El tribunal 
reconoce que «no hay una nítida división entre la imparcialidad subjetiva y la objetiva, 
pues el comportamiento de un juez no solo puede suscitar desconfianzas objetivas sobre 
su imparcialidad por parte del observador externo (criterio objetivo) sino también entrañar 
el  análisis  de  sus  convicciones  personales  (criterio  subjetivo)  (véase  Kyprianou, 
anteriormente citado, § 119). Por ello, en aquellos casos en los que pudiera ser difícil 
encontrar pruebas en base a las cuales rebatir la presunción de imparcialidad subjetiva 
de un juez, la exigencia de imparcialidad objetiva proporciona una importante garantía 
adicional (véase Pullar c. Reino Unido, de 10 de junio de 1996, § 32, Informes 1996-III)».
c)  La imparcialidad judicial se presume. En relación con el criterio subjetivo, el 
«principio  según  el  cual  a  un  tribunal  se  le  debe  presumir  carente  de  prejuicios 
personales o de parcialidad está reconocido desde antaño por la doctrina de este tribunal 
(véase Kyprianou, anteriormente citado, § 119, y Micallef, anteriormente citado, § 94). La 
imparcialidad personal de un juez debe presumirse mientras no se pruebe lo contrario 
(véase Hauschildt c. Dinamarca, de 24 de mayo de 1989, § 47, Serie A núm. 154). 
Respecto del tipo de prueba que se requiere para ello, este tribunal, por ejemplo, 
requiere que se acredite si el juez ha mostrado hostilidad o animadversión por razones 
personales (véase De Cubber c. Bélgica, de 26 de octubre de 1984, § 25, Serie A 
núm. 86)».
d)  La imparcialidad ha de analizarse en función de las circunstancias del caso 
concreto. En relación con el criterio objetivo, se deben «analizar los vínculos jerárquicos 
o  de  otra  naturaleza  que  existen  entre  el  juez  y  los  otros  protagonistas  de  un 
procedimiento (ibid.  § 97). Por lo tanto, se debe analizar en cada caso concreto si dicho 
vínculo es de tal naturaleza e intensidad como para implicar una falta de imparcialidad 
por parte del tribunal (véase Pullar, anteriormente citado, § 38)».
e)  La importancia de la apariencia de imparcialidad. Como es conocido, el tribunal 
europeo tiene declarado que «las apariencias pueden alcanzar una cierta importancia o, 
en otras palabras, "la justicia no solo tiene que aplicarse, sino que también debe ser 
aparente que se administra" (véase De Cubber, anteriormente citado, § 26). Lo que está 
en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar en los ciudadanos en una 
sociedad democrática. Por lo tanto, cualquier juez respecto del cual pueda existir un  e.
motivo legítimo para temer de su falta de imparcialidad debe abstenerse (véase Castillo  w.b
Algar  c.  España,  de  28  de  octubre  de  1998,  §  45,  Informes  1998-VIII;  y  Micallef,  513ww
antefr)i orLmaesn ted ucditaasd os, o§b 9re8 )»la.  imparcialidad  han  de  estar  objetivamente  justificadas.
Fdeinl ajulmeze,n etex,i syt eenn  htoedchoo csa asocr, e«dsieta ddeobs eq uaen apliuzdaire srai,n c goenn ienrdaerp deunddaesn csioab dree ls cuo immppoarrtcaimaliiednatdo. 
Esto supone que a la hora de decidir sobre si en un caso concreto hay una razón
justificada para temer que un juez en concreto o un tribunal carecen de imparcialidad, el 
punto de vista de la persona afectada es importante pero no decisivo. Lo que es decisivo 
es  determinar  si  dicho  temor  puede  considerarse  objetivamente  justificado  (véase 
Micallef, anteriormente citado, § 96)».
También ha señalado el Tribunal de Estrasburgo que la existencia de procedimientos 
nacionales  destinados  a  garantizar  la  imparcialidad,  como  las  normas  sobre  la 
recusación de los jueces, es un factor relevante. Tales normas expresan la preocupación 
del legislador nacional por eliminar cualquier duda razonable sobre la imparcialidad de 
un juez o un tribunal y constituyen un intento de garantizar la imparcialidad mediante la 
eliminación de la causa de tales preocupaciones. Además de garantizar la ausencia real 
de sesgo, su objetivo es eliminar cualquier apariencia de parcialidad reforzando así la 
confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar al público 
(véase Micallef c. Malta, § 99, antes citado, y SSTEDH de 15 de julio de 2005, Mežnarić 
c. Croacia, § 27, y de 20 de noviembre de 2012, Harabin c. Eslovaquia, §132). El 
Tribunal Europeo tendrá en cuenta estas reglas para apreciar si el tribunal ha sido 
imparcial  y,  en  particular,  si  las  dudas  del  demandante  pueden  considerarse 
objetivamente justificadas (SSTEDH de 25 de febrero de 1992, Pfeifer et Plankl c. 
Austria, § 6; de 23 de mayo de 1991, Oberschlick c. Austria –núm. 1–, § 50, y, mutatis 
mutandis, de 17 de junio de 2003, Pescador Valero c. España, § 24 a 29).
Una vez expuesta la doctrina de este tribunal y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos procede abordar el análisis de las distintas quejas formuladas en la demanda 
que se agrupan bajo la denominación común de derecho al juez imparcial.
6.2  La imparcialidad del magistrado instructor.
6.2.1  Posiciones de las partes.
La demanda cuestiona, en primer lugar, la imparcialidad del magistrado instructor de 
la causa. Se alega que se presentó escrito solicitando su abstención o, en su caso, 
recusación el 31 de mayo de 2018, petición que, tras ser inadmitida por dicho magistrado 
y confirmarse por las decisiones posteriores que detalla, dio lugar a la interposición del 
recurso  de  amparo  núm.  4132-2018,  inadmitido  a  su  vez  por  prematuro  por 
STC 20/2019, de 12 de febrero.
Sostiene la recurrente que el citado magistrado instructor, partiendo de sus vivencias 
personales, se situó en una posición de víctima respecto de los hechos investigados, lo 
que se materializó en tres acontecimientos concretos: cuando empleó, en el auto de 4 de 
diciembre de 2017 y en relación con la conducta de la recurrente, la expresión «favoreció 
la ruptura social que hoy padecemos»; en el auto de procesamiento de 21 de marzo 
de 2018, al referirse a «la estrategia que sufrimos» respecto de los hechos investigados; 
y cuando concedió el estatus de testigo protegido a la letrada de la administración de 
justicia del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona.
A estos tres acontecimientos agrega la parte recurrente lo que, a su juicio, son 
consecuencias de la pérdida de la necesaria imparcialidad por el instructor. Se queja de 
la aplicación de criterios de oportunidad y no de legalidad en la adopción de medidas 
cautelares de prisión provisional, en la emisión de órdenes europeas de detención y 
entrega y en la adopción de decisiones procesales que imposibilitaron o restringieron el 
derecho de defensa, como el cómputo de plazos en días naturales, la inadmisión de 
recursos de reforma, «la irregular inadmisión de los incidentes de recusación» y de 
«medios impugnatorios respecto a dicha decisión». Se refiere con ello a la inadmisión,  e.
por providencia de 12 de junio de 2018, del recurso de reforma interpuesto contra el auto  w.
de 6 de junio de 2018 que inadmitió el incidente de recusación presentado el 31 de mayo  513ww
daen tejurnioior,  ddee c2is0ió1n8 , raescíu rcroidmao a a s ula  vienza demn isreiófonr mdeal , inincaiddemnitteid ad ep onru lniduaedv ad ep raocvtidueancicoian edse p 2o8r 
auto de 4 de julio de 2018.
En otro apartado de su demanda, que ha sido resumido en el apartado 3.4.1 a) de 
los  antecedentes  de  esta  resolución,  la  parte  recurrente  se  queja,  desde  una 
perspectiva  puramente  procedimental,  con  invocación  de  los  derechos  a  la  tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), de 
la, a su juicio, indebida inadmisión del incidente de recusación y de los recursos y 
remedios que siguieron a esa decisión. Se aduce que la inadmisión es solo procedente 
de  manera  excepcional  y  limitada,  no  siendo  este  el  caso,  y  que  se  aprecia  la 
extemporaneidad  sin  atender  a  la  delimitación  hecha  por  la  parte  de  los  hechos 
sucedidos el 16 de mayo de 2018 y otros anteriores y que el art. 56 LECrim no 
establece un plazo preclusivo para invocar la recusación, excepto si la causa se conoce 
antes de proponerla; en todo caso –dice–, se cumplió con el plazo del art. 107.1 LEC. 
En  relación  con  los  recursos,  alega  que  el  art.  228.3  LOPJ  no  era  aplicable  a  la 
inadmisión de un incidente de recusación, siendo recurrible en reforma ex art. 217 
LECrim.
La  Abogacía  del  Estado  se  remite  a  la  respuesta,  que  considera  razonada, 
contenida en la sentencia impugnada, y manifiesta que la preocupación del instructor 
del proceso por evitar la indebida difusión pública de los datos personales de la testigo 
letrada de la administración de justicia no expresa prejuicios ni posición subjetiva 
alguna sobre los hechos investigados, a lo cual ya dio respuesta en su auto de 6 de 
junio de 2018. Defiende también la argumentación dada en dicho auto en cuanto a la 
extemporaneidad  de  la  recusación  del  magistrado  instructor,  a  la  que  se  remite. 
Descarta asimismo el abogado del Estado la lesión del derecho a la tutela judicial 
efectiva, a la defensa y a un proceso con todas las garantías (arts. 24.1 y 24.2 CE), por 
la inadmisión de los recursos y del incidente de nulidad promovidos contra el citado 
auto de 6 de junio de 2018. Alega que la inadmisión del primer recurso de reforma se 
fundó en el art. 228.3 LOPJ, siguiendo el criterio del ATC 121/2017; mientras que el 
segundo recurso de reforma –interpuesto contra la providencia de 12 de junio de 2018– 
era claramente dilatorio. Y sobre el incidente de nulidad, el auto de 4 de julio de 2018 ya 
contestó sobre su idoneidad impugnatoria en este ámbito, pudiendo presentarse recurso 
contra la resolución definitiva.
El partido político Vox indica, con carácter general, que la parte recurrente no ha 
justificado las razones de esta supuesta vulneración del derecho al juez imparcial, y el 
Ministerio Fiscal, tras reproducir la respuesta dada en la sentencia impugnada a esta 
queja, recuerda que se trata de un motivo ya esgrimido en otros recursos de amparo de 
la causa especial núm. 20907-2017, y que ha sido rechazado. En cuanto a la inadmisión 
de la recusación por el magistrado instructor, considera el Ministerio Público que dicha 
decisión fue adoptada de manera respetuosa con la jurisprudencia constitucional, era 
conforme a la LOPJ y se halla debidamente motivada. Y precisamente porque la causa 
de recusación se dedujo de manera extemporánea, hubo un defectuoso agotamiento de 
la vía judicial, con la consiguiente imposibilidad para este tribunal de examinar en este 
recurso de amparo el fondo de la queja. En relación con los recursos, tras poner de 
manifiesto el canon de control constitucional, se afirma que no consta que la inadmisión 
de los mismos careciera de base legal, citando al efecto el art. 228.3 LOPJ.
6.2.2  Respuesta del órgano judicial.
Esta queja recibió una respuesta en el auto del magistrado instructor de la causa 
especial de 6 de junio de 2018 que inadmitió a trámite el incidente de recusación 
formulado  por  la  defensa  de  la  ahora  demandante  de  amparo.  A  esta  resolución  e
siguieron la providencia de 12 de junio de 2018, por la que se inadmitió a trámite el  bo
recurso de reforma interpuesto contra el citado auto de 6 de junio; la providencia de 28  513ww
pdreo vjuidneion cdiae  a2n0te1r8io, r pdoer  1la2  dqeu eju nsieo  iyn, afidnmalimtióe nat et,r áeml aituet oe dl er e4c udres oju ldioe  dree f2o0rm18a  pcoor netlr aq ulea 
ptarmimbeiér nlu sgea ri ndaed 6m diteió  juan tiroá mdeit e2 0e1l 8in.cidente de nulidad interpuesto contra el auto citado en
La también citada STC 20/2019, de 12 de febrero, acordó inadmitir el recurso de 
amparo presentado por doña Carme Forcadell contra dichas resoluciones judiciales, al 
concluir que, «dado el momento procesal en el que se ha planteado la demanda, en el 
que permanecía abierto un cauce procesal legalmente pertinente en el que dilucidar las 
cuestiones en la vía judicial […] las vulneraciones alegadas han sido planteadas de 
forma prematura en el proceso de amparo, lo que justifica su inadmisión a trámite» 
(FJ 3).
Siguiendo un orden cronológico, cabe distinguir tres hitos principales:
a)  Mediante providencia de 7 de mayo de 2018, el magistrado instructor acordó 
practicar la declaración testifical de la letrada de la administración de justicia del Juzgado 
de Instrucción núm. 13 de Barcelona, fijando para ello el 16 de mayo siguiente. El día 
señalado para la práctica de la declaración, con carácter previo al comienzo de la misma, 
el citado magistrado dictó una resolución in voce, posteriormente documentada en forma 
de auto, razonando la aplicación de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de 
protección a testigos y peritos en causas criminales, evitando la identificación visual de la 
testigo.
El citado auto, tras afirmar la relevancia del testimonio, señala lo que sigue:
«[L]a identificación física del testigo o el reconocimiento visual de quién es la persona 
concreta que declara, no es un elemento que resulte preciso para que las defensas 
puedan constatar si la declarante pudo estar o no presente en el lugar de los hechos y 
evaluar con ello la credibilidad del testimonio, sino que su visualización se centra en el 
interés  que  las  propias  defensas  expresan,  esto  es,  poder  percibir  una  expresión 
corporal que puede servir o coadyuvar en la evaluación subjetiva de la credibilidad del 
contenido de su relato.
Y a este interés, inherente a la exigencia de inmediación que rige el proceso penal, 
se enfrenta al riesgo que el Ministerio Fiscal apunta con su petición, y que los artículos 1 
y 2 de la LO 19/1994 recogen como una excepción al contacto visual que normalmente 
acompaña a la realización de la prueba en presencia de las partes.
Constante la instrucción de esta causa, la divulgación pública del domicilio y del 
aspecto  fisonómico  de  determinados  funcionarios  vinculados  a  la  administración  de 
justicia y al esclarecimiento de los hechos que aquí se investigan, concretamente de 
varios jueces y fiscales, ha disparado actuaciones de amenazas o de acoso en su 
espacio de vida personal y familiar, que han justificado una custodia policial y que en 
modo alguno pueden entenderse inherentes a la función pública que desempeñan y 
asumirse en un Estado de Derecho.
Y  aunque  es  evidente  que  una  declaración  testifical  en  fase  instructora  va 
acompañada de un deber de reserva que tutelaría que la imagen de la declarante pueda 
desvelarse y difundirse […], no puede descartarse que una actuación individual y aislada 
que captara la imagen de la declaración y la divulgara públicamente con posterioridad, 
bastaría para introducir un grave riesgo personal y familiar en la testigo que, por las 
razones anteriormente expuestas, no se justifica en la fase procesal en la que nos 
encontramos.
Debe tenerse en cuenta, además, que en declaraciones anteriores abordadas en 
este proceso, se constató que el contenido de las intervenciones de distintos testigos y 
encausados era replicado en el exterior de manera simultánea a que se realizaran las 
manifestaciones, lo que no solo motivó la advertencia por parte del instructor, sino que 
hubiera  de  habilitarse  para  las  sesiones  siguientes  un  inhibidor  de  frecuencia  que  e
inutilizó la operatividad de los medios telemáticos que pudieran introducirse en la sala y  bo
que resultó exitoso. En ese contexto la posibilidad de una captura no autorizada de  513ww
iimntárogdeunceirs  npoa rrae slual tat edsetisggor,a ceiand aamteenncteió ng raatu istau,  cfounn clioósn  riepsúgbolicsa q uye  scuo ndsiifduesrióann dpou eldoes 
precedentes que se han referido.»
El auto anterior fue objeto de recurso de reforma por varias de las defensas, entre las 
que se encontraba la de la recurrente. El recurso fue desestimado por auto de 5 de julio 
de 2018.
b)  Con fecha 31 de mayo de 2018, la representación procesal de doña Carme 
Forcadell Lluís presentó escrito solicitando la abstención o, en su caso, la recusación del 
magistrado instructor por haber manifestado criterios subjetivos y personales a lo largo 
del procedimiento. Concretamente, se aducía que al adoptar oralmente la decisión de 
proteger en su declaración testifical a la letrada de la administración de justicia, el citado 
magistrado manifestó su propia vivencia en relación con la divulgación de la dirección de 
sus  residencias  y  de  su  imagen,  así  como  en  relación  con  la  necesidad  de  ir 
acompañado  de  cuatro  escoltas,  lo  cual,  a  juicio  de  la  recusante,  suponía  que  el 
instructor se situó como víctima de los hechos objeto del procedimiento. También se 
hacía referencia a otros episodios procesales que habrían sido indicativos de este mismo 
posicionamiento por parte del instructor, destacándose, entre ellos, el empleo de la 
expresión «la estrategia que sufrimos» en el auto de procesamiento de 21 de marzo 
de 2018.
Como se ha adelantado, el incidente de recusación fue inadmitido por auto de 6 de 
junio de 2018 por considerarlo extemporáneo. El citado auto argumenta lo que sigue:
«[E]l  escrito  de  recusación  no  identifica  ninguna  actuación,  ninguna  opinión,  o 
ninguna manifestación personal del instructor que preste apoyo a lo que se afirma, algo 
que resulta particularmente llamativo si se considera que quien resuelve ha ejercido una 
larga  actividad  profesional  de  veinticinco  años  en  Cataluña  y  ha  desempeñado 
responsabilidades  públicas  e  institucionales  que,  de  ser  como  se  afirma,  hubieran 
permitido aportar alguna manifestación de pensamiento o alguna actitud que fuera reflejo 
del prejuicio que se reprocha. […]
[E]l recurso tergiversa las razones con las que se argumentó procesalmente la 
decisión. En el auto que resuelve la cuestión, de fecha 16 de mayo de 2018, se expresa 
que son varios los jueces y fiscales que ejercen en Cataluña y que han precisado 
protección policial con ocasión de la difusión pública de su imagen o de la ubicación de 
su domicilio, y se añade que durante la instrucción de este procedimiento se habían 
producido varios episodios de captación del sonido (al menos), correspondiente a las 
declaraciones que –a puerta cerrada– habían prestado los investigados o testigos, así 
como la circunstancia de que estas declaraciones se habían radiado al exterior mientras 
se  producían,  lo  que  había  obligado  a  instalar  un  instrumento  electrónico  para  la 
inhibición de señal de aparatos con conexión telefónica que pudieran ubicarse en la sala 
de audiencias. Se añadía que ni el conocimiento del domicilio de la testigo, ni su 
visualización corporal, aportaban o fortalecían una determinada vía de descargo para los 
procesados,  dado  que  las  defensas  no  habían  sustentado  que  la  adopción  de  las 
medidas de protección que se debatían pudieran restringir su estrategia de defensa, 
habiéndose limitado a afirmar que la falta de contacto visual les impedía observar la 
expresión física que acompañara a la declaración y, con ello, conformarse una idea de la 
verosimilitud del testimonio. Y se completaba la resolución recordando que el artículo 3 
de  la  Ley  Orgánica  19/1994,  de  23  de  diciembre,  de  protección  de  testigos, 
expresamente recoge que: "Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el 
Ministerio Fiscal y la autoridad judicial cuidarán de evitar que a los testigos o peritos se 
les hagan fotografías". Y desde luego, se tergiversa cuando se dice que el instructor 
evidenció un subjetivismo personal en las explicaciones orales que se adelantaron al 
auto, pues el comentario al que hace referencia la recusación reflejaba que el riesgo que  e.
trataba de prevenirse no era irreal, y se constata que las declaraciones en modo alguno  w.b
sugieren que el instructor pueda conducirse con prejuicios contra el pensamiento político  513ww
tqruaen spcuriebdea lnit eteranlemre lnotse  inevne ssuti geasdcoristo, )p, unei se xepl rdeissac uerls oor idgee ne sdtee  lianss tarumcetonra z(qause,  nlai  rreeflceujas aqnutee 
pudiEenra  tpordooc ecdaesro d, elo u nq udee tseerm ainnaadlizoa s eachtoorra i deeso lsóig ilcao r.ecusación se formuló en el plazo
legalmente previsto, pudiéndose concluir que la referencia al acto procesal desarrollado
el día 16 de mayo del año en curso, no es sino un mecanismo para defraudar el cómputo 
del plazo fijado por el legislador. Por más que la procesada expresa que fue esta 
concreta actuación judicial la que le evidenció la ausencia de imparcialidad del instructor, 
lo cierto es que enumera una larga lista de actuaciones procesales anteriores que le 
permiten confirmar esa convicción. En ese contexto, no puede la recusante argüir que es 
la última actuación procesal (la del 16 de mayo), la que completa el cuadro indiciario que 
permite apreciar la concurrencia de la causa de recusación que ahora esgrime y que, por 
tanto, no pudo denunciarlo con anterioridad. Ello es así porque muchos de estos actos 
procesales anteriores ya fueron denunciados por los encausados (de los que se dio 
traslado a la recusante) y, algunos, por su propia representación en el escrito de 27 de 
marzo de 2018, mediante el que recurrió en reforma el auto de procesamiento de 21 de 
marzo de 2018 (desestimado por auto de 9 de mayo de 2018).»
c)  Posteriormente, la sentencia recurrida en amparo, en su fundamento de Derecho 
A), apartado 5.5.2, se refiere a la recusación del magistrado instructor fundada en la 
expresión «la estrategia que sufrimos». Rechaza la misma por remisión a lo dicho por la 
sala de recursos en el auto de 18 de junio de 2018 por el que se desestimó el recurso de 
apelación interpuesto por otro procesado contra el auto de 12 de abril de 2018, por el 
que se le denegó la libertad interesada. Más en concreto, señala que la «queja […] 
desenfoca y descontextualiza el sentido de las expresiones utilizadas por el magistrado 
instructor, tiñendo así de falta de imparcialidad lo que ha de ser entendido como una 
percepción generalizada de la forma en que se fueron desarrollando los acontecimientos 
en  Cataluña,  con  ocasión  de  exponer  el  instructor  el  desarrollo  de  la  estrategia 
secesionista  que  se  recogía  en  el  Libro  Blanco  que  era  objeto  de  explicación  y 
comentario en la resolución recurrida». La expresión controvertida «ha de entenderse 
como la expresión de la incomodidad o desazón que generaba la repetición de noticias e 
imágenes que cualquier ciudadano podía percibir a diferentes horas del día relacionadas 
con la evolución del llamado procés y a las incidencias que en el día a día se iban 
produciendo. […] Sin embargo, una referencia incidental de esa índole en la redacción 
de una resolución judicial nada tiene que ver con una posible pérdida de imparcialidad a 
la hora de adoptar una decisión sobre el caso. Atribuir a una expresión de esa naturaleza 
las connotaciones propias de un signo revelador de pérdida de imparcialidad nos llevaría 
a unas consecuencias tan desmesuradas y distorsionadas que haría muy difícil celebrar 
un juicio o realizar una investigación en el ámbito judicial. Pues, de aplicarse los baremos 
que postula la defensa para valorar que existe una pérdida de imparcialidad, habría que 
anular todos aquellos procedimientos en los que la actitud poco comedida o desabrida 
de un acusado, o simplemente la pesadez o el incordio de uno de los protagonistas de 
un juicio, generara un estado de desazón o una sensación de molestia o de incomodidad 
en el juzgador que pudiera afectar a su grado de imparcialidad a la hora de enjuiciar un 
caso». Para el Tribunal Supremo, estos razonamientos permiten descartar la vulneración 
del derecho al juez imparcial por parte del magistrado instructor.
6.2.3  Resolución de la queja.
El motivo de amparo del que se trata ha sido rechazado en las SSTC 91/2021, de 22 
de abril; 106/2021, de 11 de mayo, y 121/2021, de 2 de junio.
a)  Las quejas que denuncian, desde la perspectiva puramente procedimental, la 
indebida inadmisión del incidente de recusación y de los recursos que siguieron a esta 
decisión carecen de sustantividad propia a fin de efectuar el enjuiciamiento que ahora  e.
nos compete. w.
Según hemos señalado, la posibilidad abstracta de rechazar a limine un incidente de  513ww
recuEsna ctioódno,  inccalsuos,o  cpoonr  einl dperoppeinod óerngcaian od reel caucsiaedrtoo,  dheal  smidaog aisdtmraidtiod ai npsotrr uecsttoer  tarilb udneacild.ir el
rraezcohnaezos  dlime ifnoanrd od,e  dseu  lap rtoapcihaa  rdeecu psaarcciióanli,d alod  ddeetle crmitaindaon mtea egsis tqraudeo l ap odre psaerstteim daecl itórnib,u pnoarl   BOE-A-cable e
encargado del enjuiciamiento –la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo–, descarta la 
relevancia jurídica de la denunciada irregularidad procesal, en cuanto afectante a un 
trámite puramente instrumental para la tutela del derecho fundamental al juez imparcial 
que, en última instancia, quedó salvaguardado, como constatamos a continuación.
Esas mismas consideraciones son trasladables para desestimar el reproche que se 
hace en la demanda a la inadmisión de los recursos de reforma y del incidente de 
nulidad de actuaciones interpuestos contra la resolución inicial. Conviene subrayar que 
respecto de dichas decisiones judiciales, que aparecen suficientemente motivadas, el 
control que corresponde ejercer a este tribunal ex art. 24.1 CE es aún más reducido (por 
todas, STC 104/2021, de 10 de mayo, FJ 3).
b)  Los argumentos empleados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para 
desestimar la denunciada pérdida de imparcialidad del magistrado instructor, trasladados 
a la tacha aquí formulada, y el contenido del fundamento jurídico 5.2.3 c) de nuestra 
STC 91/2021, seguida de las otras ya citadas, en donde descartamos la queja atinente a 
la expresión antes trascrita empleada en el auto de procesamiento, al que nos remitimos 
y damos por reproducido, nos llevan también a afirmar que el motivo de amparo carece 
de fundamento.
La conclusión que alcanzamos con respecto a la expresión contenida en el auto de 
procesamiento resulta enteramente trasladable en lo que concierne a las empleadas por 
el magistrado instructor en el auto de 4 de diciembre de 2017, en la declaración de la 
testigo más arriba identificada y en el auto de 16 de mayo de 2018. Observamos que no 
nos ofrece la parte recurrente una mínima argumentación de la que se pueda inferir el 
sentimiento de victimización del magistrado instructor que, a juicio de la demandante, 
denota un interés personal incompatible con la necesaria imparcialidad. Atendidos el 
sentido y contexto en que fueron vertidas, este tribunal entiende, al igual que lo hiciera 
en relación con la expresión contenida en el auto de procesamiento, que de tales 
manifestaciones, por sí solas, no se desprende una desventaja para la parte recurrente, 
ni una falta de equidad o una discriminación en el trato dispensado por el magistrado 
instructor, de las que pudiera deducirse un posicionamiento en su perjuicio, indicativo de 
una falta de imparcialidad [STC 91/2021, FJ 5.2.3 c)].
c)  Finalmente, lo que la parte recurrente califica como consecuencias de la pérdida 
de la necesaria imparcialidad por el instructor no son más que eventualidades procesales 
desfavorables para sus intereses. La argumentación de la demanda sobre este punto 
parece descansar en una premisa, según la cual, al margen de su fundamento jurídico, 
toda decisión perjudicial para esa parte tiene por causa una posición previa o un prejuicio 
del  instructor,  idea  que  resulta  inaceptable.  Sin  perjuicio  de  su  examen,  en  un 
fundamento posterior y desde la perspectiva del derecho de defensa (art. 24 CE), la 
demanda no justifica la relevancia de esos acontecimientos, ni es posible inferir de ellos 
merma alguna de la imparcialidad judicial.
6.3  La imparcialidad de los magistrados de la sala de enjuiciamiento.
6.3.1  Posiciones de las partes.
La demanda cuestiona la imparcialidad de los magistrados integrantes de la sala de 
enjuiciamiento  al  haber  formado  parte  los  magistrados  señores  Marchena  Gómez, 
Martínez Arrieta, Berdugo Gómez de la Torre y Varela Castro, de la sala de admisión que 
dictó el auto el 31 de octubre de 2017 acordando la admisión a trámite de la querella así 
como el auto confirmatorio de aquella primera decisión; y por el mensaje de Whatsapp  s
del senador señor Cosidó acerca de la propuesta de nombramiento del magistrado señor  oe.
MpSdaeuarsprldacreehmm edenoena,tt r aálrcosioo » m.qduoee l  pPrpeaesrrtimdideiotni rtíPea o, pdeuenlla  rCp, ao«lnacsobenrjaotrs o Gladere nll aec raiStal addlaoe  lS sePengoauddneodr ra J yud depilc oiTarrtla ibvyuo nzda el dl SeTlu rpigbrreuumnpaool    2021-19513n https://www.
En relación con la admisión de la querella, según la demandante, se realizó un
«juicio  de  tipicidad»  que  fue  mucho  más  allá  de  la  mera  corroboración  de  unos
supuestos  indicios  de  criminalidad,  profundizando  en  la  calificación  jurídica  de  los 
mismos, predeterminando los hechos y efectuando un pronunciamiento sobre la no 
aplicación en el presente supuesto de la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria 
respecto de la recurrente y el resto de los querellados. En cuanto al mensaje citado, tras 
reproducir  su  contenido,  sostiene  que  la  apariencia  de  imparcialidad  de  dicho 
magistrado, presidente de la Sala, se vio afectada.
Para el abogado del Estado procede rechazar estas quejas con base en la extensa 
argumentación que sobre ellas contiene la sentencia recurrida y el auto núm. 7/2018 de 
la Sala del art. 61 LOPJ, y subraya que, respecto de la primera tacha, la demanda no 
identifica una frase o razonamiento del auto de 31 de octubre de 2017 en el que la Sala 
evidencie una valoración de los hechos de la querella y su tipicidad. El partido político 
Vox, como se ha señalado, ofrece una respuesta común, según la cual la recurrente no 
ha justificado las razones de esta supuesta vulneración del derecho al juez imparcial.
El Ministerio Fiscal apunta que este tribunal ha descartado de manera inconcusa que 
el mero acto de admisión de la querella pueda comprometer la imparcialidad ulterior del 
órgano de enjuiciamiento; y que, respecto de las opiniones vertidas por un tercero ajeno 
al proceso sobre circunstancias referidas al presidente de la Sala, «también resultan 
ajenas a los contornos de protección del derecho fundamental que se esgrime como 
infringido».
6.3.2  Respuestas del órgano judicial.
a)  La tacha relativa a la participación de los magistrados integrantes del tribunal de 
enjuiciamiento en la sala que admitió a trámite la querella fue extensamente respondida 
en  la  sentencia  impugnada  [fundamento  jurídico  A),  apartado  5.5.3],  siguiendo  lo 
razonado por el auto núm. 3/2018, de 13 de septiembre, dictado por la Sala del art. 61 
LOPJ en su rollo núm. 5-2018, por el que se desestimó el incidente de recusación 
planteado, por este mismo motivo, por la demandante de amparo y por otros de los 
procesados.
Para  la  Sala,  la  lesión  invocada  está  en  abierta  oposición  con  su  propia 
jurisprudencia, y las del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, acerca de la necesaria dualidad funcional entre quien investiga y quien juzga. 
Se citan, a tal efecto, las SSTC 162/1999, de 27 de diciembre, FJ 6; 69/2001, de 17 de 
marzo, FJ 14 a); 155/2002, de 22 de julio, FJ 2; 38/2003, de 27 de febrero, FJ 3; 
39/2004, de 29 de marzo; 45/2006, de 13 de febrero, y 143/2006, de 8 de mayo, y la 
STS 36/2006, de 19 de enero. También se citan las SSTEDH de 1 de octubre de 1982, 
caso Piersack c. Bélgica, § 30; de 26 de octubre de 1984, caso De Cubber c. Bélgica, 
§ 24; de 25 de julio de 2002, caso Perote Pellón c. España, § 43, y de 17 de junio 
de 2003, caso Pescador Valero c. España, § 21.
Conforme a esta doctrina, el Tribunal Supremo entiende que lo determinante es que 
no concurra «ninguna duda razonable sobre la existencia de prejuicios o prevenciones 
en el órgano judicial, incluidas aquellas que, desde una perspectiva objetiva, pueden 
producirse, entre otras consideraciones, por haber tenido el juzgador una relación o 
contacto previo con el thema decidendi». Para ello es necesario comprobar «en cada 
supuesto  en  particular,  […]  si  la  intervención  previa  en  la  que  el  interesado  hace 
residenciar sus dudas ha sido realizada por el órgano judicial teniendo que adoptar una 
decisión valorando cuestiones sustancialmente idénticas o muy cercanas a aquellas que 
deben ser objeto de pronunciamiento o resolución en el enjuiciamiento sobre el fondo». 
Así ha ocurrido, por ejemplo, «en los autos de inculpación y procesamiento, ya se  e
efectúe de forma preventiva, como acaece al acordar la adopción de medidas cautelares  bo
(STC 310/2000, de 18 de diciembre, FJ 4)». Por el contrario, se ha descartado en los  513ww
sduicpieumesbtroes,  FdeJ  6a)d. mLios iróenle av atnrátem, istee gdúen  uenl aT rdibeunnuanlc Siau op reqmueor,e ellas  s(Si lTaC « p1a6r2ti/c1i9p9a9c,ió dne i m2p7l idcae 
ucunl pparboilniduandc iaqmueie nnoto  desojab rme arlogse n hpeacrhao su,n as onbureev ae ld eacuistoiór n dsein  lporse jumicisiomso sso byr es oebl rfeo ndsou 
de la causa. Por lo tanto, es necesario comprobar la intensidad del juicio emitido sobre el 
objeto del proceso».
A continuación, la sentencia impugnada se remite a la decisión adoptada por la Sala 
a que se refiere el artículo 61 LOPJ que, al resolver en el auto núm. 3/2018, de 13 de 
septiembre,  el  incidente  de  recusación  planteado  por  este  motivo  apreció  que  no 
concurría la causa de recusación alegada (art. 219.11 LOPJ), porque «es claro que 
admitir a trámite la querella, acto inicial del proceso penal, no es instruir, ni mucho menos 
resolver la causa en una instancia o grado anterior del proceso». Del mismo modo, 
afirmó que los magistrados no hicieron «otra cosa que recibir la querella, constatar que 
reunía las […] condiciones requeridas y pasar el asunto al instructor a quien por turno 
correspondía. No puede decirse, así, que hayan entrado en el examen de los hechos 
reprochados en esta causa, ni efectuado valoraciones jurídicas sobre los mismos, ni 
tomado decisiones que puedan afectar a la marcha del proceso».
b)  La segunda de las quejas fue rechazada como causa de recusación en el auto 
núm. 7/2018, de 5 de diciembre, de la Sala del art. 61 LOPJ y aparece abordada 
definitivamente  en  el  fundamento  de  Derecho  A),  apartado  5.5.6,  de  la  sentencia 
impugnada con un extenso razonamiento en el que se hacía una remisión expresa al 
citado auto. De forma resumida, estas resoluciones argumentan, en primer lugar, que la 
tacha  de  parcialidad  «solo  puede  valorarse  a  partir  de  los  actos  propios  de  ese 
magistrado, por lo que hace, por lo que dice e, incluso, por lo que aparenta» pero no por 
la «opinión de un tercero, volcada en un sistema telemático de mensajería instantánea»; 
en segundo lugar, que el mensaje no deja de ser un «argumentario que un político utiliza 
para justificar un pacto con otra formación política y realiza afirmaciones […] en su propia 
defensa para justificar un pacto que estaba siendo criticado por su grupo parlamentario 
porque consideraban que era un mal acuerdo. El político se justifica a sí mismo y usa en 
su  defensa  cualquier  argumento  que  le  parece  adecuado.  Pero  algo  que  debe 
interpretarse como una opinión –inaceptable– realizada en el ámbito político, no es 
trasladable, sin más, al ámbito jurisdiccional»; en tercer lugar, que en el planteamiento de 
la recusación se omiten dos hechos relevantes: por un lado, que el pacto se alcanzaba 
«por los dos principales partidos políticos (PP y PSOE), cuyas diferencias ideológicas 
son evidentes» por lo que, en teoría, la designación podría derivar de su valía personal y 
profesional y su adecuación para el cargo, no de la cercanía con un partido político; y, 
por  otro,  que  el  propio  magistrado  recusado  se  había  «auto  descartado»  de  ese 
supuesto pacto, lo que no se compadece con una presunta «coincidencia de intereses».
6.3.3  Resolución de la queja.
Las denuncias de falta de imparcialidad de la sala de enjuiciamiento de que se trata 
han sido también rechazadas por las citadas SSTC 91/2021, de 22 de abril; 106/2021, 
de 11 de mayo, y 121/2021, de 2 de junio.
A)  Respecto de la cuestión relativa a participación de los magistrados que dictaron 
la  sentencia  en  la  sala  de  admisión  de  la  querella,  siguiendo  los  fundamentos 
jurídicos 5.4.3 y el fundamento jurídico 6.4.3 de las citadas sentencias, cabe hacer las 
siguientes consideraciones:
a)  Un análisis de este motivo de amparo remite, necesariamente, al momento de la 
incoación de la causa especial núm. 20907-2017. Este procedimiento tuvo su origen en 
una querella presentada por el entonces fiscal general del Estado. Tras el análisis y 
estudio de la querella, la sala de admisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo  e.
dictó un auto en fecha 31 de octubre de 2017, por el que se declaraba la competencia de  w.
ese tribunal para la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento de los hechos objeto de la  513ww
eqsutearbealla ,c opmropcueedsiétan dopsoer  alo sla  mdeasgigisntraacdióons  dree cmusaagdisotsra dyo  pinosrt ruecl tomr.a Lgais tsraadlao  ded oand mJuisliióánn 
Sánchez Melgar, que no formó parte de la sala de enjuiciamiento.
Lo primero que conviene señalar es que, como se ha razonado anteriormente, la falta 
de  imparcialidad  judicial  ha  de  ponerse  de  manifiesto  a  través  de  las  causas  de 
abstención y/o recusación previstas en la norma correspondiente. En este caso, la parte 
invoca el motivo recogido en el art. 219.11 LOPJ; es decir, «[h]aber participado en la 
instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia». 
Parece claro, en línea con lo argumentado en el auto núm. 3/2018, de 13 de septiembre, 
de la Sala del art. 61 LOPJ, que la admisión a trámite de una querella no puede 
equipararse a la compleja actividad instructora de una causa penal que, además, ha sido 
ejercida en este caso por un magistrado distinto a los recusados. La instrucción requiere 
actos de imputación formal, decisiones sobre la situación personal o medidas cautelares 
de carácter real, sobre la búsqueda de fuentes de prueba, así como sobre la declaración 
de la existencia de indicios de la comisión de un hecho delictivo y de la participación de 
su autor suficientemente sólidos como para permitir la continuación del procedimiento en 
fases ulteriores, hasta llegar al juicio oral. Nada de esto se resuelve en el auto de 
admisión a trámite de la querella. Como tampoco se puede considerar que ese auto 
implica la resolución del pleito o causa en anterior instancia, porque no contiene un 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
No obstante, la doctrina de este tribunal sobre la vertiente objetiva de la imparcialidad 
judicial determina un análisis ad casum de la concreta actuación jurisdiccional que es 
objeto  de  controversia.  Por  ello,  aunque  hemos  declarado  que  la  «admisión  de  la 
querella […] no vulnera el derecho al juez imparcial» (STC 45/2006, de 13 de febrero, 
FJ  5),  en  el  necesario  examen  de  las  condiciones  formales  o  extrínsecas  que 
corresponde realizar en este tipo de resoluciones pueden deslizarse expresiones de las 
que pueda deducirse una previa toma de partido de los magistrados. Es decir, aunque no 
sea propio de su naturaleza, en pura hipótesis cabría considerar que los magistrados 
hubieran podido introducir en el auto de admisión a trámite de la querella algunas 
manifestaciones de las que deducirse su falta de imparcialidad en el momento del 
enjuiciamiento, derivadas de una toma de postura anticipada sobre la realidad del hecho 
delictivo o de su autoría. Eso obliga a una casuística labor ponderativa que pasa por el 
estudio  detallado  del  auto  controvertido.  Una  vez  más,  nos  encontramos  ante 
alegaciones ancladas en elementos fácticos que es preciso apreciar o descartar para 
determinar, eventualmente, su relevancia a fin de valorar la vulneración del derecho 
fundamental objeto de la impugnación.
b)  La demandante señala que el auto de admisión a trámite de la querella contiene 
un  juicio  de  tipicidad  que  fue  mucho  más  allá  de  la  mera  corroboración  de  unos 
supuestos  indicios  de  criminalidad,  profundizando  en  su  calificación  jurídica  y 
predeterminando los hechos.
Sin embargo, la premisa de la que parte la demanda no puede ser compartida por 
este tribunal. Como es conocido, el auto de admisión a trámite de una querella «es un 
acto  jurisdiccional  que  no  expresa  ni  exterioriza  toma  de  posición  anímica  y  está 
configurado legalmente como un juicio claramente distinto del razonamiento fáctico y 
jurídico que permite afirmar, más allá de toda duda razonable, que unos hechos previstos 
en la ley como delito han sido cometidos por un acusado» (STC 162/1999, de 27 de 
diciembre, FJ 6). A través de ese auto se trata de comprobar, en los términos dispuestos 
en los arts. 269, 313 y 270 y ss. LECrim, si los hechos descritos en la querella son 
constitutivos de delito y pueden ser atribuidos a una persona concreta y determinada, 
procediendo, en consecuencia, su investigación. En ese momento procesal, la sala 
únicamente podía atender al relato fáctico de la querella y a su calificación jurídica, de  s
manera que su admisión a trámite solo podría ser obviada si los hechos en que se  oe.
fundaba eran manifiestamente falsos o no eran constitutivos de delito. No obstante, una  w.
admisión a trámite de una querella no prejuzga la existencia de delito ni su autoría. No  513ww
condEilc iaountao  edle d leav esanliar  fduetu raod dmeisl ipórno cseed mimuieenvteo .e Nn oe sdee cplalarnao c ufulpnacbioilnidaal dy  oe sin eoscpeencciiaal.mente
treigsuisro.so en su análisis prospectivo sobre los hechos. Varias expresiones abonan esta  BOE-A-cable e
Así, en el fundamento jurídico 3 (páginas 4 y 5), se dice:
«Las dificultades ya puestas de manifiesto se intensifican cuando la determinación de 
la competencia objetiva exige de esta sala una aproximación a los hechos que son 
objeto de querella que nunca puede ir más allá de una valoración puramente conjetural o 
hipotética de su verdadera existencia. Desde esta perspectiva, a los exclusivos efectos 
de proclamar nuestra competencia objetiva, la sala constata que el Ministerio Fiscal […] 
sitúa la ejecución de parte de los hechos imputados fuera del territorio de la comunidad 
autónoma catalana […]. [E]l relato que sirve de soporte fáctico a la querella entablada 
por el Ministerio Fiscal –cuya hipotética existencia solo se valora a los efectos de 
resolver sobre la competencia de esta sala–.»
En el fundamento jurídico 4 (páginas 5 y 6), se recoge expresamente lo siguiente:
«En la incipiente fase del proceso en el que se inserta la presente resolución, 
constatamos que el fiscal alude a la existencia de un delito […]. Hemos dicho en 
numerosas resoluciones que el proceso penal es de cristalización progresiva. Será a lo 
largo de la instrucción cuando los hechos imputados, a la vista de las diligencias de 
investigación acordadas por el instructor, confirmen o desmientan su realidad.»
Finalmente, el fundamento jurídico 5 (página 6) insiste en estas ideas cuando señala:
«La decisión que ahora acordamos se basa, con carácter exclusivo, en lo que la 
querella afirma. Así lo impone nuestro ámbito valorativo como sala de admisión. La 
presente resolución no da por supuestas todas y cada una de las valoraciones fácticas y 
jurídicas que se deslizan en la acción penal entablada. Será el instructor llamado a 
asumir la investigación quien deberá acordar la práctica de las diligencias indispensables 
para el exacto conocimiento de los hechos y su inicial subsunción. Y será la instrucción 
la que ponga de manifiesto la procedencia o improcedencia de reclamar para esta sala, 
como  sugiere  el  Ministerio  Fiscal,  el  conocimiento  de  aquellos  hechos  inicialmente 
tramitados  en  otros  órganos  jurisdiccionales,  pero  que  presenten  una  naturaleza 
inescindible respecto de los que aquí van a ser investigados y, en su caso, enjuiciados.»
Como se puede comprobar, el auto de admisión no contiene un pronunciamiento 
sobre el fondo del asunto, no afirma la existencia de delito ni la culpabilidad de sus 
presuntos autores. Ni siquiera introduce matiz alguno del que se pudiera derivar un 
avance  sobre  estos  extremos.  Su  ámbito  valorativo  se  circunscribe  a  una  estricta 
comprobación de la apariencia delictiva de los hechos expuestos en la querella inicial 
para descartar una denuncia arbitraria. Por lo tanto, de sus términos no se deduce una 
toma de posición de los magistrados sobre los hechos objeto de su enjuiciamiento, por lo 
que no puede imputárseles tacha de parcialidad alguna.
B)  La cuestión relativa a la supuesta pérdida de apariencia de imparcialidad del 
presidente de la Sala por causa del mensaje enviado a través de una aplicación de 
mensajería instantánea (Whatsapp) por el entonces senador del Partido Popular, don 
Ignacio Cosidó, a numerosas personas, ha sido también abordada en los FFJJ 5.6.3 
y  6.6.3  de  las  citadas  SSTC  91/2021,  106/2021  y  121/2021,  respectivamente. 
Reproducimos, a continuación, su contenido.
El texto del mensaje, recogido en el citado auto núm. 7/2018, de 5 de diciembre, de 
la Sala Especial del art. 61 LOPJ, presentaba el siguiente tenor literal: s
«El  pacto  previo  suponía  (10  PSOE  +  10  PP  +  el  Presidente  (Magistrado  del  w.b
Supremo) PSOE = 21) y sin derecho a veto de los candidatos propuestos por el otro. =  513ww
P(1P2  Cjuoencgerse +so 8  +ju 3ri sjtuaesc dees  rPeScoOnEo cCidoon gprreessoti g+io  3(J RjuPec) e+s  1P PPr eSseidneandtoe ) +=  32 1ju =e c(e(3s  jPuSecOeEs 
PSSenOaEd oS) e+n (a2d oJ)R P+  P1 PP Creosnidgerensteo  +=  22 1J RDPic PhSo OdEe  Cootrnag mreasnoe +ra 2:  JERl PP PP Ph uSbeinearad ote +n i2d oJ R1P0 
vocales, y el PSOE 10 vocales + el Presidente = 11. Con la negociación, el PP tiene 9
vocales  +  el  Presidente  =  10,  y  el  PSOE  tiene  11  vocales.  Con  otras  palabras, 
obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, que fue 
vetado por Rubalcaba en 2013, y ahora no. Un presidente gran jurista con muchísima 
experiencia en el Supremo, que prestigiará el Tribunal Supremo y el CGPJ, que falta le 
hace,  y  con  una  capacidad  de  liderazgo  y  auctoritas  para  que  las  votaciones  no 
sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y 
presidiendo la sala 61. Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera 
línea.  Nos  jugábamos  las  renovaciones  futuras  de  2/3  del  TS  y  centenares  de 
nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España. Lo 
único que puede sonar mal son los nombramientos de algunos vocales del PSOE, pero 
el pacto previo suponía no poner vetos a nombres, para no eternizar la renovación que 
tiene fecha de caducidad el 4 de diciembre. En cualquier caso, sacar a de Prada de la 
Audiencia Nacional es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP. Otra 
consideración importante, es que este reparto 50% para los próximos años, supone más 
de lo que nos correspondería por el número de escaños o si hubiesen entrado otras 
fuerzas políticas. En fin, un resultado esperanzador. Lo que leo estos días es de una 
ignorancia que raya el delito. Si alguien quiere más detalles, estoy encantado. Abzo 
fuerte.»
Rechazamos la queja con base en las siguientes consideraciones, siguiendo a la 
citada STC 91/2021, FJ 5.6.3 c):
Se hace necesario insistir en que la regla general es que la imparcialidad judicial se 
presume. Quien alega la parcialidad debe invocar una causa de recusación prevista 
legalmente, o un hecho o circunstancia de semejante entidad y significación como para 
presumir una falta de imparcialidad. Además, en cualquiera de los casos, se habrá de 
ofrecer un principio de prueba objetivo que permita entrar en el análisis de la cuestión 
planteada.
La imparcialidad judicial se configura como una garantía esencial del funcionamiento 
del sistema de derechos y libertades. El ciudadano debe tener la certeza de que su 
asunto será resuelto por un tribunal que no haya tenido contacto previo con las partes o 
con  el  objeto  del  proceso.  Por  eso,  en  esta  materia  son  también  importantes  las 
apariencias.  Sin  embargo,  la  duda  sobre  la  imparcialidad,  o  incluso  sobre  la  mera 
apariencia de imparcialidad, ha de estar basada en datos objetivos, de forma que se 
pueda entender como legítimamente justificada. Un sistema en que cualquier alegación 
sobre la parcialidad de un magistrado determinara su exclusión de un tribunal supondría 
un  grave  quebranto  de  las  garantías  para  el  resto  de  las  partes  implicadas  en  la 
resolución de la controversia. Eso es lo que explica que las causas de abstención y/o 
recusación hayan de ser interpretadas en sentido restrictivo y, por lo tanto, alegadas 
mediante la aportación de un principio de prueba objetivo que justifique su análisis y 
ponderación. En estas coordenadas se enmarca la exigencia de que la imparcialidad de 
un magistrado solo pueda ponerse en cuestión por la conducta o las expresiones u 
opiniones del propio magistrado, no de un tercero.
En este caso, ese tercero es un miembro de un partido político que remite un 
argumentario  a  través  de  una  plataforma  de  mensajería  instantánea  que,  por  su 
contenido y su contexto temporal –de conocimiento público–, aparece inserto en una 
controversia provocada dentro de ese partido, frente a quienes no parecían satisfechos 
con un determinado pacto supuestamente alcanzado para promover la renovación de los 
vocales  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial.  El  mensaje,  por  tanto,  tenía  una  e
inequívoca  naturaleza  política  y  estaba  dirigido  –aparentemente–  a  describir  las  bo
hipotéticas bondades de un acuerdo alcanzado con un partido político rival. En ese afán  513ww
usen ad efuselirzzaab ap oulíntiac ai npaocre phtaacbelers eim caogne ne ld «ec osengtruoild»i sdmeo u innac osnadlaic idoen aJl udseti clioas  qiunete, repsoer so tdrea 
npuaertset,r oe tse xatob scooluntsatmituecnioten ailn (caormt. p1a1t7ib lye  ssc.o nC Ela).  Ninod eopbesntadnetnec, iaa njauldizicaidaol  egna rasun ticzoandjau nteon, 
algunos  de  los  términos  del  mensaje  podrían  entenderse,  incluso,  en  un  sentido
completamente contrario al pretendido por el recurrente. El magistrado recusado no sería 
un instrumento de un partido político, sino un candidato de consenso entre dos fuerzas 
políticas antagónicas. Un magistrado –se dice en el mensaje– «excepcional», «gran 
jurista», con «muchísima experiencia en el Supremo», que «prestigiará» el Tribunal 
Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, y con «capacidad de liderazgo y 
auctoritas».
En cualquier caso, no corresponde a este tribunal hacer una valoración política sobre 
ese mensaje. En este apartado de la demanda solo se trata de valorar si su contenido 
permite descartar, por sí mismo, la imparcialidad de un magistrado. Y la respuesta solo 
puede ser negativa.
La  demandante  no  ha  aportado  ningún  dato  objetivo  sobre  la  conducta  o  las 
opiniones o expresiones del magistrado recusado de las que se deduzca una toma de 
posición previa sobre el fondo del asunto, o un interés sobre el sentido en que deba 
resolverse la controversia sometida a su consideración, que es la causa de recusación 
alegada (art. 219.10 LOPJ). Es más, los hechos subsiguientes a la publicación de ese 
mensaje –notoriamente conocidos– indican justamente lo contrario. El magistrado emitió 
un comunicado público, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Las noticias divulgadas en los últimos días acerca de mi hipotética designación 
como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, me 
obligan a hacer las siguientes precisiones:
1.  Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento 
al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal.
2.  Mi  trayectoria  como  magistrado  ha  estado  siempre  presidida  por  la 
independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional.
3.  El examen de las resoluciones que durante años he dictado como magistrado del 
Tribunal Supremo –de forma especial, como presidente de la sala de admisión de las 
causas contra aforados–, es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la 
aplicación del Derecho a la opción política del querellado o denunciado.
4.  Por todo ello, anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para 
el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de presidente del 
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.»
Como se puede ver, en ese comunicado no solo se negaba toda participación en 
aquella supuesta estrategia de control de una sala de Justicia al servicio de un partido 
político, sino que se descartaba de manera firme y decidida cualquier postulación para el 
cargo al que se aludía (presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 
Judicial).
Sin embargo, la recurrente solo parece haber tenido en cuenta el mensaje de un 
tercero frente al comportamiento inequívoco del magistrado recusado, que contradice 
abiertamente las expresiones vertidas por un cargo público en un ámbito estrictamente 
político. Esa lectura parcial de lo acontecido no puede recibir amparo de este tribunal. 
Las  consecuencias  de  una  eventual  estimación  del  recurso  por  este  motivo  son 
fácilmente previsibles, al mismo tiempo que inasumibles. Cualquier mensaje emitido por 
un  tercero  podría  doblegar  la  aplicación  estricta  de  las  normas  sobre  competencia 
objetiva o funcional, o sobre el régimen de abstenciones y recusaciones. Aunque solo 
nos moviéramos en el plano de las apariencias, las dudas sobre la imparcialidad solo 
pueden provenir de los actos o conductas del magistrado, objetivamente constatables.  s
Cualquier duda basada en convicciones personales o criterios subjetivos, o en hechos u  oe.
domeparinrePgicoeohnnroe  l dosd e eed lxs ecpu iuu tecedrosacmtdeoarp,o noesorl,t   amanm oocit oeipvnnoufto oenr,dmo ep ap oirurm qeeupdl elteirc  iebapnurr otnlosaanp l cetaaer casshr u.sa ec od enesv tpeaanríriaec niarceliicdaoa.ndo cdiee nudno  muna ginisetrxaisdtoe,n tael   2021-19513n https://www.
7.  El derecho de defensa en la instrucción del proceso.
7.1  Posiciones de las partes.
La  demanda,  con  invocación  de  los  derechos  a  la  tutela  judicial  efectiva,  a  la 
defensa, a un proceso justo con todas las garantías y a la igualdad de armas (arts. 24.1 
y 24.2 CE, y art. 6 CEDH), denuncia lo que, a su juicio, constituye una serie de 
irregularidades procesales que tienen en común haber tenido lugar en las fases de 
instrucción e intermedia del proceso penal. La queja aparece dividida en tres grandes 
bloques.
A)  La fragmentación y ruptura de la continencia de la causa ha generado a la 
recurrente una efectiva indefensión material. Bajo este enunciado distingue la demanda 
dos apartados:
a)  Fragmentación de la causa. Se alega que los hechos objeto de la causa especial 
fueron  inicialmente  investigados  en  distintos  procedimientos  paralelos  seguidos  por 
varios  órganos  judiciales  (Audiencia  Nacional,  Juzgado  de  Instrucción  núm.  13  de 
Barcelona,  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cataluña)  y  por  la  Fiscalía.  En  dichos 
procedimientos no han podido participar los investigados y sus actuaciones se han 
incorporado  de  manera  selectiva  a  la  causa  especial,  siguiendo  el  criterio  de  la 
acusación, con indefensión para la recurrente y el resto de las defensas. Se refiere, en 
concreto, a las diligencias de instrucción núm. 118-2017 (sumario núm. 5-2018) del 
Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona; a las diligencias previas núm. 82-2017 
(sumario núm. 7-2018), del Juzgado Central de Instrucción núm. 3; a los sumarios núms. 
2-2019, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en relación con el señor Josep 
María Jové, y 1-2019 respecto del «resto de miembros de la mesa del Parlament»; y a 
las diligencias de investigación de la Fiscalía núms. 32-16 y 33-16.
Según la recurrente, los titulares de los citados juzgados de instrucción y el Ministerio 
Fiscal  se  pronunciaron  afirmativamente  sobre  la  conexión  de  hechos,  y  en  el 
procedimiento  seguido  ante  el  Tribunal  Supremo  se  acordó  por  el  instructor  la 
incorporación de más de mil folios de aquellas actuaciones entre las que figuran las 
declaraciones de 26 testigos a los que la defensa no ha podido interrogar. De este modo, 
en la instrucción de la causa especial no habría habido investigación «sino una mera 
recopilación  de  material  probatorio  proveniente  de  terceros  procedimientos  […]  sin 
conocimiento ni participación de esta defensa», que solicitó se incorporara el testimonio 
íntegro de los sumarios 5-2018 y 7-2018 ya indicados, lo que se denegó por auto de 25 
de octubre de 2018, solicitándose después en el escrito de conclusiones provisionales 
como prueba anticipada. Esta prueba también se denegó por auto de 1 de febrero 
de 2019, lo que motivó después que se impugnaran las pruebas con origen en las 
mencionadas actuaciones paralelas. Se queja también la demandante de amparo de que 
no  tuvo  acceso  a  dichas  actuaciones,  a  diferencia  de  lo  sucedido  con  las  partes 
acusadoras. Dicha petición fue negada verbalmente y no obtuvo respuesta después en 
la sentencia, lo que llevó a pedir su complemento, que no se concedió en el auto dictado 
al efecto, conculcándose así, a su parecer, el derecho a un procedimiento equitativo 
(art. 6.1 CEDH). Se queja finalmente de la investigación del Juzgado de Instrucción núm. 
13  de  Barcelona,  porque  existen  indicios  racionales  de  su  ilicitud  por  su  carácter 
prospectivo  y  porque  concernía  a  hechos  sobre  aforados,  sobre  los  que  no  tiene 
competencia ese juzgado.
b)  Ruptura de la continencia de la causa en cuanto al resto de investigados en el  e.
procedimiento. Dicha escisión se habría producido en dos sentidos: (i) Respecto de doña  w.
Marta Rovira y don Carles Puigdemont, debido a la gestión por el magistrado instructor  513ww
ddoes l avse cóerdse (naeusto esu droep 5e adse  ddeic dieemtebnrcei ódne  y2 e0n1t7r eyg ad,e  r1e9tir dáen djuolliaos  dye d 2e0já1n8d).o Elalslo s sinu peufescot,o a p sour 
vjuidiceioo,c olan ferruepntcuiraa  yd seu  lain tecrovnetninceiónnc,ia c odme o late sctaiguossa,  eanl  deel njueigcaior.s eS esguú nd escel aaradcuicóen,  spuosr   BOE-A-cable e
declaraciones testificales eran importantes, pues la sentencia basa el juicio de autoría de 
la recurrente en reuniones en las que se encontraban estas dos últimas personas. (ii) En 
relación con otros miembros de la mesa del Parlament de Cataluña (señor Coromines, 
señora Simó, señora Barrufet, señor Nuet y señora Boya), cuyo enjuiciamiento quedó 
encomendado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pese a que el Ministerio 
Fiscal y la Abogacía del Estado habían hablado de una estrategia común con tres pilares 
básicos,  uno  de  ellos  el  parlamentario,  y  a  que  la  conducta  de  la  recurrente  «es 
exactamente la misma que la del resto de los miembros de la mesa».
B)  Indebida  inadmisión  del  incidente  de  recusación,  de  todos  los  recursos 
interpuestos  contra  esta  decisión  y  falta  de  tramitación  y  resolución  de  recursos 
presentados en tiempo y forma. En este apartado se incluyen tres quejas.
Las dos primeras, que han sido tratadas en el fundamento precedente, cuestionan la 
inadmisión liminar de la de recusación del magistrado instructor, por auto de 6 de junio 
de 2018 dictado por el propio magistrado recusado, así como de los recursos de reforma 
y del incidente de nulidad de actuaciones que siguieron a esta primera decisión. La 
tercera  lesión  se  hallaría,  según  la  demandante  de  amparo,  en  la  improcedente 
conclusión del sumario al no haberse tramitado ni resuelto algunos de los recursos 
interpuestos por esa parte en tiempo y forma durante la fase de instrucción. En concreto, 
se trata de un recurso de reforma presentado el 6 de julio contra una providencia de 25 
de junio, de un recurso de queja interpuesto el 6 de julio contra un auto de 20 de junio y 
de un recurso de queja interpuesto el 13 de julio contra un auto de 5 de julio, todos de 
ese mismo año 2018.
C)  Falta de acceso a la prueba documental con anterioridad al inicio del juicio 
oral  e  insuficiencia  de  tiempo  para  preparar  debidamente  la  defensa.  En  este 
apartado, la demanda critica la celeridad con la que se convocó a las partes al juicio, 
una vez se resolvió sobre la prueba por auto de 1 de febrero de 2019. Aduce que solo 
trascurrieron seis días hábiles entre la fecha de notificación de aquel auto y el inicio 
del juicio oral –el 12 de febrero–, «plazo que resulta manifiestamente insuficiente» para 
conocer cuáles fueron las pruebas admitidas e inadmitidas y para preparar la práctica de 
aquellas que se desarrollarían en el juicio. Se queja también de la falta de traslado de 
prueba documental aportada por las partes y de la solicitada con carácter anticipado, y 
de que el juicio oral comenzó sin que obraran las pruebas documentales recabadas en 
cumplimiento del auto antes citado.
El abogado del Estado, en cuanto al primer bloque de quejas, niega la naturaleza 
prospectiva afirmada por la demanda y aduce que la atomización procesal que se 
denuncia es la consecuencia inevitable de atender, de un lado, a los aforamientos y, de 
otro, a las normas de conexión procesal, limitándose así la causa especial a investigar a 
uno solo de los «escalones participativos en la ejecución de los hechos». Se remite a lo 
razonado en los autos del magistrado instructor de 15 de febrero de 2018 y de la Sala 
de 27 de diciembre de 2018, frente al intento de las defensas de ampliar la investigación 
a los meros colaboradores en los hechos, y aduce que, en todo caso, las defensas han 
tenido oportunidad de conocer los elementos aportados desde otras causas y solicitar la 
incorporación de lo que han considerado procedente (auto de 25 de octubre de 2018, 
FJ 5.3). Niega asimismo una conculcación del derecho de acceso a las actuaciones y 
subraya que el considerando 31 de la Directiva 2012/13/UE aclara que el derecho de 
acceso del imputado lo es a las actuaciones del propio procedimiento donde se le 
investiga, no a las actuaciones de otros procedimientos ajenos.
Respecto  del  segundo  punto,  aduce  la  Abogacía  del  Estado  que  las  órdenes  e.
europeas de detención y entrega obedecen al cumplimiento de las finalidades de la  w.b
instrucción, de acuerdo con el art. 299 LECrim, ofreciendo el instructor los argumentos  513ww
jPuuríidgidceoms oqnut ep areras uqltuaen  veexniggiab le«sd;e  qtueest ignoo  peosr  «las emriaoñ»a npare tye nddee ra clau sacidtaoc ipóonr  dlae lt asredñeo»r, 
psirtoucaecdióimn iennot opsa;r ayn geonn caubalen tcoo an  llaa  druep ttuersati gdoes  laad cmointitdinoesn qcuiae  deer alna  icnavuessati graedsopse ceton  oottrrooss 
miembros  de  la  mesa  del  Parlament,  que  esta  alegación  fue  objeto  de  «atinada 
respuesta» en el auto de 18 de enero de 2019, FJ 2.
En relación con el segundo bloque de quejas, el abogado del Estado descarta las 
vulneraciones denunciadas por las razones que hemos apuntado en el fundamento 
jurídico anterior; y tacha de genérico el motivo de amparo relativo la conclusión del 
sumario de manera improcedente, recordando al efecto que el concepto constitucional 
de indefensión es material. Esto mismo aduce respecto del último motivo incluido en este 
apartado, subrayando que la queja sobre la insuficiencia de tiempo para preparar la 
defensa y la falta de acceso a las pruebas es una alegación meramente formal sin 
relevancia constitucional, al no concretar la parte recurrente a qué prueba se refiere y 
qué perjuicio ha originado a su defensa.
El partido político Vox contesta a los motivos de amparo relativos a las vulneraciones 
de  derechos  fundamentales  producidas  durante  el  procedimiento  con  un  alcance 
general. Aduce que las quejas de trato desfavorable a la demandante son «minucias 
procesales  cuando  no  interpretaciones  interesadas»,  pues  no  se  le  ha  impedido 
proponer y practicar los elementos de prueba propuestos, ni ha argumentado cómo las 
no practicadas han afectado al sentido del fallo, por lo que no se ha vulnerado la 
igualdad de armas.
Por último, el Ministerio Fiscal, sintéticamente, señala que la fragmentación procesal 
se explica de un modo razonable a lo largo del procedimiento, dada la necesidad de 
conjugar el aforamiento de los acusados ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo con 
la limitación de su extensión competencial a los no aforados, a partir de las infracciones 
penales  investigadas  [fundamento  de  Derecho  A),  apartados  4.1.2  y  4.1.6,  de  la 
sentencia]. El Tribunal Supremo limitó así su conocimiento «a uno solo de los escalones 
participativos  en  el  delito  de  sedición  o  rebelión»,  al  igual  que  en  el  delito  de 
malversación, y cuando no se han dado esas circunstancias de aforamiento y conexidad 
las causas han sido instruidas por otros tribunales conforme a las reglas de competencia 
aplicables,  habiendo  gozado  la  recurrente  de  una  defensa  plena.  Reproduce  el 
fundamento de Derecho A), apartados 7.2, 8.2, 10.1, 10.2 y 10.3 de la sentencia, para 
contestar a las quejas relativas a las órdenes europeas de detención y entrega y al 
acceso a las pruebas obrantes en los otros procedimientos.
Una vez contestado el motivo atinente a la inadmisión de la recusación y de los 
recursos subsiguientes en los términos indicados en el fundamento anterior, añade el 
Ministerio Público que carece de entidad la queja sobre la devolución de recursos 
presentados o que no constaban en las actuaciones, además de que la demanda «omite 
mencionar el contenido de las resoluciones que se dicen recurridas y los argumentos en 
que se sustentaban los recursos».
7.2  Respuestas del órgano judicial.
Las quejas que la parte recurrente agrupa en este motivo de amparo recibieron 
diversas respuestas a lo largo de la causa en variadas ocasiones. Omitimos aquí las 
relativas  al  incidente  de  recusación  que  han  sido  reproducidas  en  un  fundamento 
precedente  y,  sin  perjuicio  de  alguna  referencia  singularizada,  destacamos  las 
contenidas  en  la  sentencia  condenatoria  impugnada  que,  a  su  vez,  recogen  lo 
argumentado en resoluciones precedentes, singularmente, en auto de 1 de febrero 
de 2019 que resolvió sobre la proposición de pruebas.
i)  Dentro del fundamento de Derecho A), el apartado 4.1.6, a propósito de la  s
alegación de algunos de los procesados sobre la falta de competencia del Tribunal  oe.
Snou ptreenmíaon  plaar ac ocnodnioccióenr  edne  laaf omraisdmosa,  claau Ssaa lae sapbeocriadla d, ec olons  ahlceacnhcoes  agterinbeuriadlo, sl aa  cquueiesntióens   2021-19513n https://www.
relativa a la inescindibilidad de los hechos objeto de la causa. Razona al respecto lo que 
sigue:
«[L]a Sala ha optado por no provocar una artificial ruptura del relato histórico, tal y 
como había sido delimitado provisionalmente por las acusaciones. La acusación referida 
a los delitos de rebelión y sedición –infracciones penales de comisión plural y ejecución 
colectiva– hacía aconsejable no fragmentar el hecho justiciable. De lo contrario, se corría 
el riesgo de generar dilaciones indebidas carentes de toda justificación. Pero era también 
necesario excluir la falsa idea de que todo aquel que hubiera resultado imputado en otro 
órgano jurisdiccional por cualquiera de esos dos tipos penales habría de ser incorporado 
a la causa seguida ante esta Sala. Es perfectamente posible en términos jurídicos una 
inescindibilidad limitada a uno de los escalones participativos en la ejecución de los 
hechos.
Del mismo modo, el tratamiento conjunto de los hechos calificados como delito de 
malversación estaba justificado a la vista de la conclusión primera de las respectivas 
acusaciones. El acuerdo del Consejo de Gobierno de septiembre de 2017, en el que de 
forma solidaria los consejeros asumían la responsabilidad por los gastos exigidos por el 
referéndum del 1 de octubre, envolvía a aforados y no aforados en una unidad jurídica 
que aconsejaba un examen unitario.
No sucedía así con aquellos otros no aforados a los que solo se imputaba un delito 
de desobediencia. Y esa fue la causa –como hemos explicado supra– de la estimación 
parcial de la declinatoria de jurisdicción que fue resuelta mediante el auto de esta Sala 
de fecha 27 de diciembre de 2018.»
ii)  En el mismo fundamento de Derecho A), el apartado 7.2 ofrece una respuesta al 
alegato  común  de  las  defensas  de  haber  sufrido  indefensión  en  las  fases  de 
investigación e intermedia, al no habérseles dado traslado de las pruebas documentales 
que habían sido requeridas por el auto de la Sala de 1 de febrero de 2019. Razona al 
respecto el Tribunal Supremo lo que sigue:
«Tampoco en este caso la Sala detecta indefensión alguna.
El auto de admisión de pruebas ordenó la práctica de los actos de requerimiento que 
fueran precisos para incorporar a esta causa los documentos interesados por las partes. 
La  práctica  totalidad  de  esos  documentos,  una  vez  constatada  su  existencia  y 
disponibilidad,  fueron  debidamente  remitidos  por  las  entidades  públicas  y  privadas 
requeridas. De hecho, la queja formulada entonces no ha tenido continuidad en el 
plenario, de suerte que ni las acusaciones ni las defensas han incluido en sus informes 
alegación  alguna  sobre  la  inexistencia  o  falta  de  incorporación  a  la  causa  de  un 
documento que fuera considerado clave para el adecuado ejercicio del derecho de 
defensa.
El  tribunal  concedió,  en  el  momento  de  resolver  sobre  las  cuestiones  previas 
planteadas al inicio del juicio oral, la posibilidad de un segundo turno de interrogatorio de 
los procesados o examen de los testigos, si las partes consideraran necesario contrastar 
lo ya declarado con alguno de los documentos reclamados y todavía pendientes en el 
momento del inicio del plenario.
Ninguna de las partes ejerció esta facultad. La indefensión, por tanto, no existió.»
iii)  En ese mismo fundamento de Derecho A), la sala de enjuiciamiento dedicó el 
apartado 8 a dar respuesta al planteamiento efectuado por otra de las defensas a 
propósito  de  la  petición  de  incorporación  de  testimonio  íntegro  de  las  diligencias  e.
practicadas por el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona y de participación en las  w.
citadas  diligencias,  así  como  en  relación  con  los  procedimientos  seguidos  ante  el  513ww
Juzgado Central de Instrucción núm. 3 y el Juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona.
Según la sentencia, el argumento empleado por la defensa «[p]arte de un equívoco». Y 
continúa razonando lo que sigue:
«De un lado, se protesta por no haber sido llamado a declarar en un procedimiento 
que se sigue en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, al que se califica de 
"instrucción paralela". Da la impresión de que lo que se reivindica es el derecho a ser 
imputado en un procedimiento distinto para, de esa forma, tener acceso a fuentes de 
prueba cuyo contenido, sin embargo, se desconoce. Si bien se mira, lo que se está 
reivindicando es una suerte de imputación preventiva, paralela a la que afecta a los 
acusados en este procedimiento. Se trataría así de estar en condiciones de ejercer una 
defensa ad cautelam por si algo de lo que pueda haber allí, pudiera servir aquí.
Es evidente que los acusados "[…] nunca han sido llamados a prestar declaración en 
ninguna condición procesal". Y no lo han sido porque el objeto de las diligencias de 
investigación  seguidas  en  el  Juzgado  de  Instrucción  núm.  13  de  Barcelona  no  es 
coincidente con el que aquí ha sido objeto de investigación y enjuiciamiento.
[…], nuestro sistema procesal no conoce la figura de la imputación paralela, solo 
encaminada a lograr presencia en un proceso en el que no se es parte, por si algo de lo 
que allí se discute –cuyo contenido no se conoce– pudiera servir de base como elemento 
de descargo. Nótese que lo que la defensa ha interesado como prueba y que ha sido 
denegado por esta Sala, no es la incorporación a la causa de uno u otro documento, sino 
el testimonio íntegro de todo el procedimiento seguido en el Juzgado de Instrucción núm. 
13 de Barcelona.
[…] Se olvida, además, que ninguno de los documentos o informes que el fiscal o las 
demás acusaciones han podido señalar para su aportación probatoria, ha irrumpido en la 
presente causa sin posibilidad de contradicción para las defensas. El bloque probatorio 
sobre el que se ha construido la apreciación de esta Sala se ha generado, de forma 
única y exclusiva, en el plenario. Nada de lo que aquí se razona para respaldar el juicio 
de autoría ha sido ajeno a la contradicción de las partes […].
Ya en nuestro auto de fecha 1 febrero 2019, al dar respuesta a esta petición, a la que 
se sumaba la solicitud de incorporación a la causa de otros dos procedimientos que se 
seguían en el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional y en el 
Juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona, razonábamos en los siguientes términos: 
"carece de sentido y es contrario a las más elementales reglas de competencia y 
conexión en el proceso penal acordar la incorporación íntegra de un sumario que se 
sigue en un Juzgado Central de Instrucción por hechos que el Excmo. Sr. magistrado 
instructor y la sala de recursos no han considerado conectados, en términos procesales, 
a la presente causa. […] La declaración de impertinencia también alcanza, por las 
mismas razones, a la prueba documental propuesta en el apartado 3, consistente en que 
'[…] se recabe, de forma anticipada al acto del juicio oral, testimonio íntegro de las 
diligencias previas 1439-2017 del Juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona para su 
incorporación  a  las  actuaciones'".  Añadíamos  que  "[…]  en  la  misma  justificación 
expuesta por la defensa para respaldar la procedencia de la incorporación de esas 
diligencias previas a la presente causa, pueden hallarse las claves que justifican nuestra 
denegación. Razona la defensa en los siguientes términos: '[…] en dicho procedimiento 
se  investigan  los  hechos  sucedidos  durante  la  jornada  del  referéndum  de 
autodeterminación tanto en lo relativo a las imputaciones efectuadas contra agentes de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por actuaciones lesivas no justificadas por 
el cumplimiento del deber ni cobertura legal ni basada en mandato judicial, como frente a 
ciudadanos, por lo que su objeto engloba informaciones directamente relacionadas con  e.
el objeto del proceso'. w.b
En efecto, no son las informaciones sino los hechos los que determinan la conexión  513ww
dperol creesfearl.é Endnu amq uqeul ep rhoacebdráimn iednet os eser  vinavloersatidgoasn  yh,e cehno ss us uccaesdoi,d oesn jduuicriaandtoes l ae cne leelb mraacriócon 
ipnrfoocrmesaatli vean,  seiln qou lea  sgee neusitnáa  dceosnaerrxoióllna npdroo clae sianlv elas tqiguaec ijóuns.t ifNicoa  eesl , trpaotra mtainetnot,o  lau nciotanreiox idóen 
unas u otras conducta".
La respuesta entonces ofrecida por la Sala, referida a la improcedencia de incorporar 
el  testimonio  íntegro  de  otros  procedimientos,  seguidos  ante  distintos  órganos 
jurisdiccionales, con una delimitación objetiva y subjetiva distinta a la que define la 
presente  causa,  fue  proclamada  como  una  regla  general  para  filtrar  la  propuesta 
probatoria de las partes. Y esta regla estaba concebida, precisamente, para garantía de 
las partes y para hacer realidad el principio de contradicción y el efectivo derecho de 
defensa.
En el FJ 2.1.4 del ya mencionado auto de fecha 1 de febrero de 2019, señalábamos 
lo siguiente: "[…] la lectura de la prueba documental propuesta por el fiscal, la Abogacía 
del  Estado,  la  acusación  popular  y  las  defensas  pone  de  manifiesto  que  en  su 
descripción, en no pocos casos, se mezclan documentos, diligencias que no tienen ese 
carácter –pero que han sido documentadas– y piezas de convicción. La Sala no admite 
la indiscriminada cita de folios, incorporados a esta u otra causa, con la pretensión de 
que puedan servir de respaldo a argumentos de inculpación. Por esta misma razón, 
tampoco admite la reclamación preventiva e indiscriminada de testimonio de todas las 
actuaciones seguidas ante otros órganos jurisdiccionales.
La Sala anticipa que solo formará convicción probatoria a partir de documentos en 
sentido estricto y piezas de convicción. En consecuencia, rechaza la cita genérica o la 
reclamación  para  su  unión  a  la  presente  causa  de  atestados  policiales,  diligencias 
preprocesales del Ministerio Fiscal o actos procesales documentados que se hayan 
generado en otros procedimientos con distinto objeto y tramitados por otros órganos 
jurisdiccionales,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  al  alcance  de  las  acusaciones  y  las 
defensas de solicitar en el plenario la lectura de aquellos documentos o el examen de las 
piezas de convicción que, filtrados entonces por el principio de contradicción, podrán 
integrar  la  apreciación  probatoria.  De  ahí  que  solo  estos  documentos  y  aquellos 
susceptibles de valoración a los exclusivos efectos previstos en los arts. 714 y 730 de la 
LECrim y, por tanto, sometidos durante el plenario al principio de contradicción y al 
derecho de defensa, serán integrados en la prueba documental. Del mismo modo, 
conforme previene el art. 726 de la LECrim, el tribunal examinará por sí mismo y 
someterá a contradicción, los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción 
que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos".
En definitiva, las razones que fueron apuntadas en el auto de pertinencia de las 
pruebas propuestas para el plenario han desplegado una función saneadora que ha 
beneficiado de modo especial a las defensas. Con esa finalidad fueron filtradas las 
propuestas probatorias de las acusaciones y de las defensas. No ha habido, por tanto, 
vulneración del derecho a un proceso justo […].»
iv)  La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo también ofrece una respuesta a la 
cuestión relativa a la pretendida prueba testifical del señor Puigdemont. La sentencia 
dice al respecto en el apartado 10.3 b) del fundamento de Derecho A):
«La propuesta como testigo de quien, en la misma causa, ha sido procesado como 
autor de un delito de rebelión y otro de malversación, resulta extravagante. La LECrim no 
avala esa esquizofrenia procesal, conforme a la cual formaría parte de la normalidad ese 
inédito  desdoblamiento  del  concepto  en  el  que  alguien  es  llamado  al  proceso.  El 
argumento de que la Sala ha admitido la pertinencia de la declaración de testigos que se 
hallan  imputados  en  otras  causas  penales,  es  confuso.  Esos  testigos,  que  tan 
impropiamente  quiere  identificar  la  defensa  con  la  situación  procesal  del  señor 
Puigdemont, han sido advertidos de la singularidad de su estatuto jurídico, hasta el punto  e
de que algunos de ellos tuvieron a bien comparecer asistidos de letrado. Pero, en todo  bo
caso, son testigos/acusados en distintos procedimientos. No es este el supuesto de  513ww
hhae chqou eqruideo  idceonmtipfiacare clae rs itvuoalucniótna rdiaeml esnetñeo rp Paruaig dlae minovnets, tqiguaiecinó ns ey h caollan oecnim rieebnetold ídae y  lnoos 
hechos que le atribuyen las acusaciones.»
En el auto previo, de 1 de febrero de 2019, se rechazó esta prueba testifical por 
cuanto «la condición de parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no 
enjuiciada, es manifiestamente incompatible con el deber de declarar y la obligación de 
decir verdad que asume todo testigo» (razonamiento jurídico 3.3).
v)  Finalmente, el alegato de la recurrente sobre la indebida escisión de la causa 
respecto de otros miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña recibió contestación 
expresa de la sala de enjuiciamiento en el auto de 18 de enero de 2019, que resolvió los 
recursos de súplica interpuestos contra el auto de 27 de diciembre de 2018, por el que 
se desestimó la declinatoria de jurisdicción promovida como artículo de previo y especial 
pronunciamiento. Su fundamento 2.2 señala al respecto que la argumentación de la 
ahora demandante de amparo «parece sugerir la existencia de una identidad corporativa 
con consecuencias jurídico-procesales». Y añade:
«Sin embargo, el Derecho penal solo conoce la responsabilidad por el hecho propio. 
No existe una responsabilidad solidaria ni un extravagante litis consorcio, en el que la 
pertenencia a uno u otro ente público sea la que determine la competencia del órgano 
jurisdiccional llamado al enjuiciamiento. Ni el fiscal, ni la Abogacía del Estado, ni la 
acusación popular igualan en la exigencia de responsabilidades a la señora Forcadell y 
al resto de los integrantes de la mesa. La Sala ignora si ese tratamiento diversificado se 
corresponde o no con la realidad. Será la prueba practicada en el plenario la que 
resuelva lo que ahora no es objeto de valoración, pero que sí justifica un tratamiento 
competencial diferenciado.»
7.3  Encuadramiento de las quejas y doctrina constitucional.
Como se ha anticipado, las quejas agrupadas en este motivo de amparo, con cita 
nominal de varios derechos fundamentales y vertientes del derecho a la tutela judicial 
efectiva con prohibición de indefensión (art. 24 CE), tienen en común versar sobre 
supuestas  irregularidades  procesales  acaecidas  durante  la  fase  de  instrucción  del 
proceso penal. Por esta razón, con la excepción de las que afectan al incidente de 
recusación que, por incidir en el derecho al juez imparcial (art. 24.2 CE) han sido 
examinadas en el fundamento jurídico anterior, todas ellas se reconducen al derecho de 
defensa que, en la citada fase del proceso penal, tiene una singular caracterización. A 
continuación sintetizamos la doctrina constitucional fijada en esta materia.
a)  Como señaló la STC 186/1990, de 15 de noviembre, FJ 5, «[e]ntre las garantías 
que incluye el art. 24 de la Constitución para todo proceso penal destacan, por ser 
principios consustanciales al proceso, los principios de contradicción y de igualdad. 
Según  constante  y  reiterada  doctrina  de  este  tribunal  –entre  otras  muchas, 
SSTC 76/1982, 118/1984, 27/1985, 109/1985, 47/1987, 155/1988 y 66/1989–, el art. 24 
de la Constitución, en cuanto reconoce los derechos a la tutela judicial efectiva con 
interdicción de la indefensión, a un proceso con todas las garantías y a la defensa, ha 
consagrado, entre otros, los citados principios de contradicción e igualdad, garantizando 
el libre acceso de las partes al proceso en defensa de derechos e intereses legítimos. 
Ello impone la necesidad, en primer término, de que se garantice el acceso al proceso de 
toda persona a quien se le atribuya, más o menos, fundadamente un acto punible y que 
dicho acceso lo sea en condición de imputada, para garantizar la plena efectividad del 
derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra ella, aun en la fase de 
instrucción judicial, situaciones de indefensión (SSTC 44/1985 y 135/1989). Por ello, tan 
pronto  como  el  juez  instructor,  tras  efectuar  una  provisional  ponderación  de  la  e.
verosimilitud  de  la  imputación  de  un  hecho  punible  contra  persona  determinada,  w.
cualquiera que sea la procedencia de esta, deberá considerarla imputada con ilustración  513ww
yeax pqreusea e dl eclo hneocchimo iepnutnoib dlee  clau yima ppuatraticciiópna cfioórnm sae  plea ratetr idbeuly ceo pnateran ipdeor mesiteirn scuia la duetol ddeefreencshao, 
nfuencdeasmideandt adle a  qlau ed etofednos par eonce laso f apseen dael  einsstétr upcrecisóidni.d Eon p soer glau npdoos itbéirlmidaindo ,d eex uignea  taemfebcitéivna  lay   BOE-A-cable e
equilibrada contradicción entre las partes a fin de que puedan defender sus derechos, 
así como la obligación de que los órganos judiciales promuevan el debate procesal en 
condiciones que respeten la contradicción e igualdad entre acusación y defensa. En el 
proceso penal, además, la necesidad de la contradicción y equilibrio entre las partes está 
reforzada por la vigencia del principio acusatorio –que también forma parte de las 
garantías sustanciales del proceso– que, entre otras exigencias, impone la necesidad de 
que la función de la acusación sea acometida por un sujeto distinto al órgano decisor 
(nemo iudex sine acusatore) y de que el objeto procesal sea resuelto por un órgano 
judicial  independiente  e  imparcial,  para  lo  cual  es  imprescindible  disponer  de  la 
posibilidad de conocer los argumentos de la otra parte y manifestar ante el juez los 
propios, así como poder acreditar los elementos fácticos y jurídicos que fundamentan las 
respectivas pretensiones. Del principio de "igualdad de armas", lógico corolario de la 
contradicción, se deriva asimismo la necesidad de que las partes cuenten con los 
mismos medios de ataque y de defensa, idénticas posibilidades y cargas de alegación, 
prueba de impugnación –por todas SSTC 47/1987 y 66/1989–, sin que sean admisibles 
limitaciones a dicho principio, fuera de las modulaciones o excepciones que puedan 
establecerse en la fase de instrucción (o sumarial) por razón de la propia naturaleza de 
la actividad investigadora que en ella se desarrolla, encaminada a asegurar el éxito de la 
investigación  y,  en  definitiva,  la  protección  del  valor  constitucional  de  la  justicia 
(SSTC 13/1985, 176/1988 y 66/1989)». En mismo sentido, entre otras, la STC 178/2001, 
de 17 de septiembre, FJ 3.
b)  En línea con lo anterior hemos declarado que «el derecho constitucional de 
defensa contradictoria surge desde el momento en que se imputa a una persona un acto 
punible,  pero  no  es  posible  trasladar  a  la  fase  de  investigación  las  garantías  de 
contradicción exigibles en el acto del juicio oral, pues "si las leyes procesales han 
reconocido, y este tribunal recordado, la necesidad de dar entrada en el proceso al 
imputado desde su fase preliminar de investigación, lo es solo a los fines de garantizar la 
plena efectividad del derecho de defensa y evitar que puedan producirse contra él, aun 
en  la  fase  de  investigación,  situaciones  materiales  de  indefensión  (SSTC  44/1985, 
135/1989, 273/1993). Pero la materialidad de esa indefensión [...] exige una relevante y 
definitiva  privación  de  las  facultades  de  alegación,  prueba  y  contradicción  que 
desequilibre la posición del imputado" (SSTC 14/1999, de 22 de febrero, FJ 6; 87/2001, 
de 1 de mayo, FJ 3)» (STC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 4).
Constituye jurisprudencia reiterada de este tribunal que «el art. 24 de la Constitución 
prohíbe que el inculpado no haya podido participar en la tramitación de las diligencias de 
investigación judiciales o que la acusación se "haya fraguado a sus espaldas" […]. 
Reiterando esta doctrina y extractando la anterior, en la STC 14/1999, de 22 de febrero, 
FJ 6 (igualmente, SSTC 19/2000, de 31 de enero, FJ 5; 68/2001, de 17 de marzo, FJ 3, 
y 87/2001, de 2 de abril, FJ 3), hemos sostenido que la posibilidad de ejercicio del 
derecho de defensa contradictoria ha sido concretada por este tribunal en tres reglas ya 
clásicas (STC 273/1993, de 20 de septiembre): a) nadie puede ser acusado sin haber 
sido, con anterioridad, declarado judicialmente imputado; b) como consecuencia de lo 
anterior, nadie puede ser acusado sin haber sido oído con anterioridad a la conclusión de 
la investigación; y c) no se debe someter al imputado al régimen de las declaraciones 
testificales, cuando de las diligencias practicadas pueda fácilmente inferirse que contra él 
existe la sospecha de haber participado en la comisión de un hecho punible, ya que la 
imputación no ha de retrasarse más allá de lo estrictamente necesario. Ahora bien, si las 
leyes procesales han reconocido, y este tribunal recordado, la necesidad de dar entrada  s
en el proceso al imputado desde su fase preliminar de investigación, lo es solo a los fines  oe.
de  garantizar  la  plena  efectividad  del  derecho  a  la  defensa  y  evitar  que  puedan  w.
producirse  contra  él,  aun  en  la  fase  de  investigación,  situaciones  materiales  de  513ww
indecfe) nsLióan d»o (cStrTinCa 1 c2o6n/2s0tit1u1c,i odnea 1l 8h ad ev jeunliiod,o F iJn s1i2s)ti.endo en la exclusiva relevancia de la
n«eingdaecfieónns idóen  [mlaa] tgeariraaln»t:í a« l[ad ein ldae tfuetneslaió nju, dqicuiea l]s ye  pcaornac icbuey ac opnrsetviteunccioiónna lmsee ncoten fcigoumraon u lnoas   BOE-A-cable e
demás derechos instrumentales contenidos en el art. 24 CE, ha de ser algo real, efectivo 
y actual, nunca potencial o abstracto, por colocar a su víctima en una situación concreta 
que le produzca un perjuicio, sin que le sea equiparable cualquier expectativa de un 
peligro o riesgo. Por ello hemos hablado siempre de una indefensión "material" y no 
formal para la cual resulta necesaria pero no suficiente la mera transgresión de los 
requisitos configurados como garantía, siendo inexcusable la falta de esta, cuando se 
produce de hecho y como consecuencia de aquella. No basta, pues, la existencia de un 
defecto procesal si no conlleva la privación o limitación, menoscabo o negación, del 
derecho a la defensa en un proceso público con todas las garantías "en relación con 
algún interés" de quien lo invoca (STC 90/1988)» (STC 181/1994, de 20 de junio, FJ 2). 
«Para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúe al 
interesado  al  margen  de  toda  posibilidad  de  alegar  y  defender  en  el  proceso  sus 
derechos, no basta con una vulneración meramente formal, sino que es necesario que 
de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, con real menoscabo 
del derecho de defensa y con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses 
del afectado» (SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 4; 164/2005, de 20 de junio, FJ 2, 
y 25/2011, de 14 de marzo, FJ 7).
7.4  Resolución de las quejas.
La aplicación de la doctrina constitucional expuesta nos conduce a la desestimación 
del motivo de amparo a partir de la constatación de que la parte recurrente, más allá de 
la invocación de las irregularidades procedimentales acaecidas en la fase instructora, no 
ha justificado la causación de un perjuicio real y efectivo para sus propios intereses. El 
denunciado menoscabo de las posibilidades de defensa durante la instrucción carece de 
relevancia constitucional.
A)  En relación con el primer bloque de quejas, en que se denuncia la ruptura de la 
continencia de la causa, este tribunal se limita a constatar, conforme al estrecho margen 
de  control  que  tiene  atribuido,  que  esta  cuestión  recibió  una  respuesta  expresa  y 
razonada por parte del órgano judicial y que no se causó indefensión a la parte. No nos 
ofrece  la  demandante  de  amparo  razonamiento  alguno  para  demostrar  que  la 
denominada fragmentación de la causa le haya causado efectiva indefensión. El Tribunal 
Supremo ofrece una respuesta explícita y razonable sobre las causas que llevaron a 
adoptar esas decisiones procesales.
a)  La conexidad de los hechos delictivos, a efectos de la tramitación en un único 
procedimiento (art. 17 LECrim), ha de valorarse en los momentos iniciales del proceso, 
en la fase de investigación o intermedia. No puede establecerse a posteriori, con base en 
el relato fáctico finalmente fijado en la sentencia, dictada tras la celebración del juicio 
oral, una vez que han quedado definitivamente delimitados, a partir de las pruebas 
practicadas, los acontecimientos que determinaron el procesamiento y fueron el objeto 
de las acusaciones.
Es cierto que los hechos objeto de la causa especial fueron inicialmente investigados 
en  distintos  procedimientos,  especialmente  en  las  citadas  diligencias  previas  núm. 
11-2017  seguidas  por  el  Juzgado  de  Instrucción  núm.  13  de  Barcelona.  En  ese 
procedimiento se desarrollaron gran parte de las diligencias de investigación, incluidos 
interrogatorios, cumplió un papel importante la Guardia Civil en funciones de policía 
judicial y se recabó toda clase de documentación que fue considerada de interés para la 
causa,  perjudicara  o  favoreciera  a  los  intereses  de  quienes  a  la  postre  fueron  e.
procesados. Lógicamente, en esa fase inicial, como reitera el Tribunal Supremo, no solo  w.
no es posible adquirir un conocimiento completo y acabado de los hechos, que, por  513ww
edxeifginibicleió nu,n  sjoulioc ioa psaorbercee nla  cpoemrtoin epnrcoivai syio nuatillmideandt ed ed elalism idtaildigoesn, cisains od eq uien vetasmtigpaoccioó n eas 
purnaac tviceazr q euqeu eivl aolebnjetteo  adle ql upero hceas doe p perneacl ehdae rq uae ldaa dporá dceticfian iddoe.  lLao p rreuleevbaan eten,  ecol mjuoic ihoe omraols,   BOE-A-cable e
dicho,  es  que  esa  actividad  de  indagación  no  se  haga  a  espaladas  del  inculpado 
causándole indefensión, de lo que la demanda no da razón alguna. Decae por ello la 
crítica efectuada sobre el hecho de no haber sido parte y tomado conocimiento del 
contenido de dicho procedimiento seguido por ese otro órgano judicial.
Concretamente, en lo que concierne a la problemática que plantea respecto de las 
diligencias seguidas por Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, cabe añadir que 
ni tan siguiera considera la parte recurrente la respuesta dada por la Sala de lo Penal del 
Tribunal  Supremo  en  la  sentencia,  antes  trascrita,  ni,  por  consiguiente,  desarrolla 
discurso alguno tendente a refutarla. A lo largo de la argumentación contenida en la 
demanda no se justifica la realidad de la aducida «fragmentación de la continencia de la 
causa», que la Sala enjuiciadora niega; tampoco se atiende a la distinción efectuada por 
el tribunal sentenciador entre documentos en sentido estricto, piezas de convicción y 
actuaciones procesales documentadas; ni se alude a la introducción en el plenario, bajo 
la vigencia del principio de contradicción, de dichos documentos y piezas de convicción, 
así como de las informaciones que, documentadas en diligencias policiales y judiciales, 
habrían de introducirse por medio de las declaraciones de las personas que las hubieran 
suministrado.
No puede sustentarse el alegato de infracción del principio de igualdad en el solo 
dato del número de diligencias de investigación admitidas o denegadas a uno u otro de 
los sujetos intervinientes durante la investigación sumarial. Además, la naturaleza y el fin 
de la fase de instrucción del proceso penal (art. 299 LECrim) explica el gran número de 
actuaciones practicadas a instancia del Ministerio Público, lo que no supone quebranto 
de la igualdad de partes ni merma del derecho de defensa en cuanto se desarrolle con 
plenitud en la fase de juicio oral, como aconteció en el caso examinado.
b)  Las consideraciones anteriores son trasladables para contestar la queja relativa 
a la escisión del proceso penal respecto de otros investigados. También sobre este punto 
estimamos que la actuación del Tribunal Supremo resulta razonablemente fundada y 
ofrece una respuesta motivada a las protestas efectuadas por la defensa, sin que se 
haya  producido  merma  alguna  de  las  posibilidades  de  contradicción  y  prueba  con 
relevancia constitucional.
(i)  En primer lugar, las decisiones adoptadas respecto a doña Marta Rovira y don 
Carles  Puigdemont  fueron  debidamente  motivadas  por  el  instructor  conforme  a  las 
finalidades  de  la  instrucción  señaladas  en  el  art.  299  LECrim,  respetando  así  las 
exigencias constitucionales. Constituyen respuestas coherentes con la posición procesal 
que asumieron dichas personas por razón de la supuesta participación en los hechos 
que se les imputaba y por su comportamiento durante el proceso, al no comparecer al 
llamamiento judicial, eludiendo así la acción de la Justicia. Cabe añadir que, como 
hemos  apuntado  en  anteriores  ocasiones,  el  pretendido  interrogatorio  del  señor 
Puigdemont en calidad de testigo resulta incompatible con su posición procesal, hasta el 
punto de que la práctica de esta prueba pugnaría con las garantías del art. 24.2 CE 
[STC 91/2021, FJ 7.2.3 b) (ii)].
En otro orden de cosas, la demanda sustenta la relevancia de tales declaraciones 
–testificales– a partir de la afirmación de que la sentencia basó el juicio de autoría de la 
recurrente en reuniones en las que se encontraban esas personas. Sin embargo, lo 
cierto es que la responsabilidad que se atribuye a la recurrente en la sentencia recurrida 
tiene por base un relato fáctico complejo, que va mucho más allá del contenido de las 
citadas reuniones, y que comprende un conjunto de actividades con las que la misma 
contribuyó, desde su posición como presidenta del Parlament, al concierto delictivo. Los  e.
hechos,  como  la  reiterada  desatención  a  los  requerimientos  de  este  Tribunal  w.b
Constitucional, la llamada a la «participación activa en el referéndum declarado ilegal» y  513ww
sae lgau «ripdraeds ednecl iaE smtaadsoiv haa dbeía cni urdeacidbaidnoo sla e enn lcaosm uirennadsa,  peespsee caíf iccoan doecle Tr rqibuuen laals S fuupeerzriaosr  ddee 
cJounstciceinat radceio nCeast amluuñltait uddien ariimasp eyd eirl  resust oc deele abcratucaiócnio»n, ess uq uceo hnadnu cstiad o edne scdreittaesrm, einna qduaes 
se fundó el juicio de autoría, no presentan conexión con las mencionadas reuniones ni
fueron extraídas por la sala de enjuiciamiento de las declaraciones de las referidas 
personas. Sobre todo ello, nos remitimos a los antecedentes de hecho de esta sentencia 
así como al resumen del juicio de autoría contenido en el precedente fundamento 
jurídico 3 y al posterior fundamento jurídico 8 en que examinamos la queja relativa al 
derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
(ii)  En relación con la denunciada escisión de la causa respecto de otros miembros 
de la mesa del Parlamento de Cataluña, tampoco aceptamos la premisa de la que parte 
el motivo de amparo, según la cual la conducta de la recurrente «es exactamente la 
misma» que la de esas otras personas. Hemos de reparar en que en esta misma 
afirmación funda la parte recurrente la queja relativa al derecho a la presunción de 
inocencia (art 24.2 CE) en relación con la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), 
materia a la que dedicamos un fundamento más abajo. Cabe señalar sobre este punto 
que esa alegada identidad, fáctica y jurídica, no podía verificarse en el momento en que 
se acordó esa escisión, lógicamente con anterioridad a la celebración del juicio. Lo 
determinante es que la instrucción de la causa penal no apuntaba indicios en el sentido 
indicado y, como señaló la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, lo cierto es que 
ninguna  de  las  acusaciones  –Fiscalía,  Abogacía  del  Estado  y  acusación  popular– 
atribuyó  las  mismas  responsabilidades  a  esas  personas.  La  conducta  del  resto  de 
miembros de la mesa contra los que se dirigió la acción penal constituyó objeto del 
procedimiento sumario núm. 1-2019 de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña en el que recayó sentencia de 19 de octubre de 2020. En ella se 
condena a don Lluís M. Corominas i Díaz, doña Anna Simó i Castelló, doña Ramona M. 
Barrufet i Santacana y don Lluís Guinó i Subirós por un delito de desobediencia, se 
absuelve a doña Mireia Boya e Busquet de este mismo delito por el que también fue 
acusada y se les absuelve a todos ellos del delito de organización criminal por el que 
fueron además acusados. La lectura de esa sentencia evidencia que ni la acusación, ni 
los  hechos  declarados  probados,  ni  los  juicios  de  tipicidad  y  de  autoría  resultan 
coincidentes con los que determinaron la condena de la recurrente que es objeto del 
presente recurso de amparo.
B)  A  la  queja  contenida  en  el  segundo  apartado  y  en  lo  que  concierne  a  la 
inadmisión del incidente de recusación por el magistrado instructor y de los recursos e 
incidente de nulidad de actuaciones, nos hemos referido en el fundamento anterior, al 
que nos remitimos. En este sede solo cabe insistir en que, descartada la lesión del 
derecho fundamental al juez imparcial, la denunciada irregularidad procedimental no 
tendría proyección alguna sobre la validez de la condena penal que es objeto de este 
recurso de amparo en cuanto carece de conexión con la misma, pues no predetermina, 
condiciona, ni incide en dicha decisión.
Esta  misma  razón  se  extiende  a  la  queja  relativa  a  falta  de  resolución  de 
determinados  recursos  de  naturaleza  interlocutoria.  Ni  siquiera  nos  indica  la  parte 
recurrente la materia sobre la que versaban tales recursos ni en qué medida esa falta de 
respuesta demandada pudo tener incidencia en el desenlace condenatorio al que llegó la 
sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Esto último es lo decisivo.
C)  Finalmente, en cuanto a la denuncia de falta de acceso a la prueba documental 
con  anterioridad  al  inicio  del  juicio  oral  e  insuficiencia  de  tiempo  para  preparar 
adecuadamente la defensa, tampoco la parte recurrente expresa el perjuicio real y 
concreto que dicha circunstancia le causó para ese fin. No ha de olvidarse, en este 
punto, que la situación de prisión provisional en que se hallaban varias de las personas 
procesadas  exigía  reducir  al  mínimo  imprescindible  los  tiempos  hasta  alcanzar  la  e.
respuesta  penal,  a  lo  que  apunta  el  tribunal  sentenciador  en  el  apartado  6.2  del  w.b
fundamento  de  Derecho  A)  de  la  sentencia  impugnada,  al  que  nos  referimos  más  513ww
addeefelannstae..  NEos tian dmician imla izdaecmióann ddae ll ati eramzpóon,  psoinr  elam qbuaer glao ,a ndou csied ah cizeole ari dcaods taco dne lla d qeureec sheo  fdijóe 
perl uineibcaio,  sduep luasso s uens isoancersif idceiol  pjuaicraio s our adle, fuennas av. eLza  qaupeo dsíec triecaso alvfiiróm saocbióren  dlae  pqruoep oesl icpilóanz od –e
de seis días hábiles, dice– resulta «manifiestamente insuficiente» para conocer cuáles
fueron las pruebas admitidas e inadmitidas y para preparar la práctica de las que se 
habrían de desarrollarse en el juicio, no constituye sino una genérica referencia no 
contrastable  de  la  que  no  es  posible  deducir  el  menoscabo  concreto  en  que  la 
indefensión consiste. Por el contrario, la considerable duración de la fase instructora y 
del mismo juicio oral, de lo que se da cuenta en los antecedentes de esta sentencia, 
evidencia que la defensa dispuso de tiempo suficiente para preparar los interrogatorios 
de los testigos en que tuviera interés. Tampoco señala la recurrente por qué el traslado 
de la documentación aportada por el resto de las defensas y de la recabada de modo 
anticipado «escasos días» antes del inicio de las sesiones del juicio oral mermó sus 
posibilidades de prueba y de alegación. Recordamos la falta de protesta respecto de 
esta cuestión en los informes finales de las defensas y que la sala de enjuiciamiento 
ofreció la posibilidad de un segundo turno de interrogatorio de procesados y testigos. 
Además, atendiendo a que, como venimos diciendo, el juicio oral se prolongó durante 
varios meses, entendemos que, al evacuarse los citados informes finales, las defensas 
habían dispuesto de un periodo de tiempo razonable.
En cualquier caso, lo relevante es que la demandante de amparo no menciona 
ninguna diligencia de investigación o medio de prueba que no haya podido incorporar a 
la causa, ni alegación alguna que no hubiera podido efectuar por las razones indicadas.
En síntesis, la parte recurrente no especifica qué concreta facultad procesal se 
resintió o fue mermada por las anteriores circunstancias, una vez que el proceso penal 
se  abrió  a  la  defensa  contradictoria  plena,  lo  que  nos  lleva  a  concluir  que  las 
irregularidades denunciadas en la demanda de amparo en relación con la fase de 
instrucción del proceso penal no han causado a la parte indefensión material.
Procede, en consecuencia, desestimar también este motivo del recurso de amparo.
8.  El derecho de defensa en el juicio oral.
8.1  Posiciones de las partes.
La demanda invoca los derechos de defensa, a un proceso justo con todas las 
garantías y a la igualdad de armas (arts. 24.1 y 24.2 CE, y 6 CEDH), para denunciar un 
conjunto de infracciones procesales que tienen en común haber tenido lugar durante la 
fase de juicio oral del proceso penal. Podemos distinguir cuatro apartados:
a)  Tratamiento  desigual  en  la  exhibición  de  prueba  documental  durante  los 
interrogatorios.  Según  la  demanda,  el  tribunal  de  enjuiciamiento  dispensó  un  trato 
distinto a la acusación y a la defensa respecto de la exhibición de la prueba documental 
videográfica.  Denuncia,  en  concreto,  que  durante  el  interrogatorio  de  la  recurrente 
señora Forcadell se reprodujo la prueba videográfica relativa al discurso pronunciado por 
la  demandante  el  21  de  septiembre  de  2017  en  el  Passeig  Lluís  Companys  de 
Barcelona, lo que se repitió con posterioridad a pesar de que no existió contradicción 
entre su declaración y lo que se veía en el vídeo. En cambio, la defensa de la recurrente 
solicitó  durante  el  interrogatorio  del  testigo  don  Albano  Dante  Fachín  la  exhibición 
videográfica  con  el  discurso  pronunciado  por  él  en  aquel  mismo  acto,  lo  que  fue 
denegado por el presidente de la Sala. Esta negativa sobrevenida a la reproducción del 
material videográfico durante el interrogatorio de los testigos se mantuvo durante todo el 
juicio y supuso, a juicio de la recurrente, una restricción injustificada del derecho de 
defensa y lesión del principio de igualdad de armas.
b)  Asunción de un rol acusatorio por parte del tribunal de enjuiciamiento. Se refiere 
aquí la demanda a lo sucedido durante el interrogatorio del testigo don Josep Lluís  e.
Trapero, mayor del Cuerpo de Mossos d’Esquadra. El presidente del tribunal rechazó  w.
que el fiscal actuante le dirigiera una pregunta en relación con las reuniones de la junta  513ww
adme psaergou rdideal da rqt.u e7 0t8u vLieErConri mlu, gealr  ceitla 2d6o  yp re2s8i ddeen tese fpotriemmublór ea  dceo n2t0in1u7a. cSióinn  eaml tbeasrtgigoo,  laal 
emsistam ian icpiraetgivuan dtae lq muea ghiasbtríaad iom ppreedsiiddoe nfoterm nuol aqru ae dlaa bFais acmalpíaa.r aAd car ietenr ieol  daert .l a7 0d8e mLEanCdraimn,t ey,   BOE-A-cable e
con aquella pregunta «asume el rol acusatorio». Añade que la sentencia de condena 
refiere en la pág. 331 una supuesta implicación personal de la recurrente en los hechos, 
por una reunión con los cargos de los Mossos d’Esquadra que nunca se produjo, pero 
ese hecho fue introducido en virtud de la respuesta dada por el señor Trapero a la 
pregunta del magistrado presidente, lo que, de otro modo, sin esa intervención, no se 
habría producido. De esta forma, concluye, hubo una vulneración del derecho a un 
proceso con todas las garantías, del derecho a la igualdad de armas, del principio 
acusatorio y del derecho a un juez imparcial.
c)  Restricción  del  alcance  de  los  interrogatorios.  Se  queja  la  demanda  de  la 
limitación por el presidente de la sala enjuiciadora del alcance de los interrogatorios de 
los  testigos  en  aplicación  de  criterios  distintos  del  que  se  deriva  de  los  hechos 
enjuiciados y de una interpretación del art. 708 LECrim contraria al derecho de defensa. 
Se refiere a los siguientes sucesos: (i) en la declaración del testigo don Ernest Benach, 
propuesto por la defensa de la ahora demandante para que declarara sobre los hechos 
del 6 y 7 de septiembre de 2017 por tener conocimiento directo de ellos, el magistrado 
presidente decretó su impertinencia porque el interés del testigo era ser «conocedor de 
"prácticas parlamentarias" en relación con el ejercicio de su cargo de M.H. presidente del 
Parlament», lo que impidió interrogarle sobre distintos aspectos; (ii) en cambio, el testigo 
señor Espejo Saavedra fue admitido en su condición de diputado autonómico por el 
grupo Ciudadanos, cuando en realidad no era miembro de la mesa del Parlament en la X 
Legislatura, y el presidente declaró pertinentes preguntas de la Fiscalía sobre inadmisión 
de iniciativas legislativas populares; (iii) con ocasión del interrogatorio del agente de la 
Guardia Civil con tarjeta de identificación profesional R77175H, las defensas protestaron 
porque se formularon preguntas que excedían del objeto de su proposición, contestando 
el magistrado presidente que dicha proposición de las partes no vinculaba la pertinencia 
del  interrogatorio;  (iv)  el  interrogatorio  del  entonces  presidente  del  Parlamento  de 
Cataluña, señor Torrent, se limitó indebidamente en aplicación del art. 708 LECrim, 
atribuyendo a este precepto una interpretación contraria al derecho de defensa, en 
cuanto que, a juicio de la parte, el único límite debe ser el objeto de las acusaciones.
d)  Finalmente, se queja la demandante de la excesiva celeridad con que se celebró 
el juicio oral. Aduce que la falta de previsión de un calendario sobre el desarrollo del 
juicio ha producido una merma de las garantías de la defensa de los acusados, al no 
disponer de tiempo suficiente para preparar las sesiones con su letrado, que tuvieron 
lugar mañana y tarde de lunes a jueves, más aun teniendo en cuenta que la recurrente 
estaba  en  prisión  provisional,  con  imposibilidad  material  de  comunicarse  con  ella 
después  de  las  sesiones,  provocando  la  necesidad  de  desplazamiento  al  centro 
penitenciario los fines de semana. Añade que los señalamientos de las declaraciones se 
hacían además con pocos días de antelación y pone como ejemplo que, en diligencia de 
ordenación de 18 de febrero de 2019, notificada al día siguiente, se señalaron las 
declaraciones previstas para los días 26, 27 y 28 del mismo mes.
La Abogacía del Estado, en cuanto al primer bloque de quejas, recuerda que la Sala 
otorgó a todas las partes la oportunidad de proponer la prueba videográfica y, cuando por 
razones  de  dirección  procesal  del  debate,  se  resolvió  no  permitir  el  contraste 
testigo/vídeo,  se  aplicó  para  todas  las  partes,  tal  y  como  lo  explica  la  sentencia 
impugnada, en el apartado 16.1.2 del fundamento de Derecho A), al que se remite. En 
todo caso, tampoco la demanda argumenta de qué modo perjudicó la denegación de la 
proyección  simultánea  de  la  grabación  de  aquel  evento,  mientras  tuvo  lugar  el 
interrogatorio del testigo don Albano Dante Fachín por la defensa de la demandante. En  s
cuanto al resto de los aspectos mencionados, el abogado del Estado se remite a lo  oe.
relatado al respecto en la sentencia impugnada [apartados 16.3.5.3, 16.2.2 y 6.1 del  w.
fundamento de Derecho A)] que reproduce y considera suficiente, añadiendo que, en  513ww
rperleagcuiónnta crloen y ,e pl oinr tetarnrotog,a qtouréio p deerjlu siceioñso rh Ba etennaicdho,  plaa rdae smua dnedfae nnsoa  ceol nncor eptoad qeur éh apcreertelon, ddíae 
modo que, a su juicio, la queja es meramente formal y carece de contenido material.
El partido político Vox, como hemos señalado, contesta genéricamente afirmando 
que las quejas de trato desfavorable a la demandante son «minucias procesales cuando 
no interpretaciones interesadas», pues no se le ha impedido proponer y practicar los 
elementos de prueba propuestos, ni ha argumentado cómo las no practicadas han 
afectado al sentido del fallo, por lo que no se ha vulnerado la igualdad de armas.
El Ministerio Fiscal, en relación con la cuestión relativa a la exhibición del material 
videográfico  durante  los  interrogatorios,  indica  que  la  Sala  sentenciadora  actuó  de 
acuerdo con la normativa procesal y los usos forenses tradicionales; y el modo de 
practicar la prueba se aplicó por igual a todas las partes. Añade que la Sala exhibió a 
algunos testigos la documental solo cuando se cuestionaba la autenticidad o integridad 
de esta, no siendo necesario en los demás casos en los que la prueba videográfica se 
reprodujo del modo usual, tras la práctica de la prueba testifical y pericial. Respecto de la 
cuestión relativa al interrogatorio del señor Trapero, entiende que la formulación de esa 
pregunta «en un plenario que se ha prolongado durante meses no puede considerarse 
acreedora de la tacha que se esgrime dada su excepcionalidad, m[á]s si la misma se 
refiere a una cuestión ampliamente debatida, y sobre una reunión acreditada por otras 
pruebas, lo que no se cuestiona, por lo que no puede ser tachada de pérdida de 
imparcialidad del tribunal y de auxilio a la posición del Ministerio Fiscal al que se había 
impedido formular la pregunta por tratarse de un testigo que el Ministerio Público no 
había propuesto». Añade que «la pregunta ya había sido formulada por otra de las 
defensas y la respuesta ha sido calificada de prescindible». En cuanto a la materia 
relativa a la restricción del alcance de los interrogatorios, explica el Ministerio público que 
dicha limitación afectó a todos los testigos, de cargo y de descargo, sin que quepa hablar 
de indefensión o siquiera desventaja para la demandante respecto de las acusaciones, 
pues  aquella  «ha  podido  proponer  cuantas  testificales  ha  tenido  por  oportunas  e 
interrogarles sin traba e interrogar a los testigos propuestos por las demás partes», «con 
los mismos límites impuestos a todos, sin que especifique ninguna merma probatoria 
específica».  Finalmente,  para  contestar  al  último  punto,  la  fiscal  reproduce  los 
apartados 3.2.4 y 6.1.2 y 3 del fundamento de Derecho A) de la sentencia, y añade que 
se posibilitó el constante contacto de la acusada con su defensa, sin que deba olvidarse 
que no todos los días de la semana se celebraron sesiones de juicio oral. Tampoco se ve 
merma alguna de la defensa porque se fijase el calendario de práctica de la prueba con 
una semana de antelación, lo que se notificó a todas las partes, ni la demanda señala o 
apunta mínimamente en qué consistió esa merma defensiva.
8.2  Respuestas del órgano judicial.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo da una respuesta a cada una de las quejas 
formuladas en la sentencia que es objeto del presente recurso de amparo.
8.2.1  Reproducción de la documental videográfica.
La problemática de la reproducción de la prueba videográfica con ocasión de los 
interrogatorios está tratada en el apartado 16.1 del fundamento de Derecho A). Tras una 
amplia referencia al significado del principio de contradicción con cita de jurisprudencia 
constitucional  y  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos,  el  Tribunal  Supremo 
argumenta lo que sigue:
«El  compartido  error  de  las  defensas  consiste  en  identificar  el  principio  de 
contradicción con la posibilidad –en palabras del letrado de los señores Sànchez, Turull y  e.e
Rull–, "[…] de contrastar la veracidad de los testigos declarantes". Y, sobre todo, con la  b
posibilidad de exponerlo y razonarlo mientras el testigo declara. 513ww
YC onnot reasd eecsier  eslu cpoonntee ntiednoe mr alate oripaol rdteuln pidraindc ipdieo  dinete crorongtraard iac ctioódno.s y cada uno de los
itmesptliigcoas  lad epl ofsisibcialidl ayd  ddee  laapso ratacru sparcuieobnaess  ppearrsao nnaeleustr ayli zdaor cusum etenstatilmeso nqiuoe.  Cdoenbtilriatedne ceirl 
valor incriminatorio que las acusaciones pretenden atribuir a los testimonios y a los
documentos presentados como prueba de cargo. Y, desde luego, ninguna limitación 
tuvieron  las  defensas  al  respecto.  La  presentación  de  centenares  de  testigos  de 
descargo y de miles de páginas de documentos en respaldo de sus tesis, es una 
evidencia que ha quedado reflejada en la causa y en la grabación de las sesiones del 
juicio oral.
Contradecir  no  significa  valorar  la  credibilidad  del  testigo  mientras  este  presta 
declaración. Las inferencias probatorias sobre lo que cada uno de los testigos describe 
no precisa de una permanente puesta en contraste con el contenido de otras pruebas. 
De hecho, esa anticipada reflexión sobre la veracidad de un testimonio siempre será 
incompleta mientras la prueba propuesta no se haya desarrollado en su integridad. 
Precisamente por eso, es en el momento de las conclusiones definitivas y del informe 
final, cuando las partes –acusaciones y defensas– pueden extraer de cada fuente de 
prueba el valor jurídico que quieran atribuirle.
Ese contraste es, sin embargo, obligado cuando lo que se está cuestionando no es la 
virtualidad probatoria de una declaración testifical o de un documento, sino cuando lo 
que se pone en duda es su integridad o su autenticidad. En tales casos, la Sala no tuvo 
inconveniente en acordar la inicial exhibición de documentos que, por una u otra razón, 
llegaron a ser cuestionados.
La mejor muestra del desenfocado entendimiento del principio de contradicción por 
alguna de las defensas, lo ofrece el hecho de que uno de los letrados llegó a contrastar 
el testimonio de un agente de policía, no con lo que reflejaba un vídeo, sino con su 
propia versión de lo que ese vídeo expresaba: "[…] es que lo estoy viendo yo", llegó a 
afirmar, convirtiendo lo que tenía que haber sido el examen de un testigo en un insólito 
careo entre el ciudadano que declara y el letrado que lo interroga.
No ha habido quiebra del principio de contradicción ni, por supuesto, limitación del 
derecho de defensa. Sobre la realidad de ese principio y de las ilimitadas posibilidades 
de defensa, basta reparar en las fuentes y en los elementos de prueba valorados por la 
Sala para formar convicción acerca de uno de los pasajes clave del relato de las 
acusaciones, a saber, lo que sucedió el día 1 de octubre. El Tribunal ha tomado en 
consideración el testimonio de los agentes antidisturbios que acudieron a los centros de 
votación –testigos de cargo ofrecidos por el fiscal y las acusaciones para demostrar la 
oposición de la ciudadanía al cumplimiento de las resoluciones judiciales–. Ha valorado 
también la declaración de los ciudadanos que sufrieron esa intervención –testigos de 
descargo aportados por las defensas para demostrar la violencia policial y la existencia 
de  una  actuación  legítima  de  desobediencia  civil–.  Y,  en  fin,  ha  proclamado  sus 
inferencias a partir de los vídeos grabados por los agentes actuantes, como reflejo de las 
dificultades de su labor, y por los ciudadanos que quisieron ofrecer pruebas de lo que 
consideraron excesos policiales.
Todas las fuentes de prueba han sido objeto del examen cruzado de acusaciones y 
defensas.
[…] La defensa de los señores Junqueras y Romeva ha insistido en que "[…] la 
pertinencia de exhibir dicho material a quienes declaren en el juicio oral reside en su 
utilidad de cara a la formación de la convicción del tribunal, que se vincula con la 
necesidad de someter a contradicción el material videográfico con la fuente de prueba 
testifical, en aquellos supuestos en que ello sea imprescindible o incluso simplemente 
útil".
Pues bien, la Sala ha proclamado el juicio histórico sin apoyarse en la versión 
excluyente de uno u otro de los testigos que depusieron acerca de lo que sucedió en los  s
centros de votación del día 1 de octubre. Ninguno de ellos ha sido tomado como  oe.
testimonio de referencia para construir el juicio de autoría. Los varios centenares de  w.
testigos que declararon en el plenario ofrecieron una versión filtrada por una profunda  513ww
ócardrgean eesm reocciiboindaals.  Epol rn lúoms eargoe ndtee sp deers olan aasu toqruidea dse y  clao ndciennátmraicroan d ee ne nefsreonst acmenietrnotos,  qluaes 
sperelescidtiivóa s, uu na crteucauceiórdno,  hpaanr cimiapl u–ecsotnos ecine ntoted oos  ienlcloosn s–cpieonlicteía–s  qyu cei uddeabdilaitnao esn–o urmnae mmeenmteo rilaa   BOE-A-cable e
potencial carga probatoria de cada una de esas fuentes de prueba. Lo propio puede 
decirse de los acontecimientos que tuvieron lugar en distintos puntos de Cataluña el 
día 20 de septiembre.
Solo así se entiende, por ejemplo, que la versión de muchos de los agentes quedara 
luego en entredicho al observar el contenido de los vídeos. La afirmación de que no se 
usaron las defensas quedó, en ocasiones, desmentida por la realidad de las imágenes. 
Pero también explica que el testimonio de buena parte de los ciudadanos estuviera 
marcado por una versión absolutamente parcial de lo realmente acontecido. Sin ánimo 
exhaustivo, solo a los efectos de dar respuesta a quienes han visto vulneración del 
principio de contradicción en la práctica de la prueba testifical de las acusaciones, pero 
interpretan  la  declaración  de  los  testigos  de  las  defensas  como  el  testimonio  de 
ciudadanos comprometidos con la verdad, valgan algunos ejemplos.
El testigo don Pere Font, propuesto por la defensa de los señores Turull, Rull y 
Sànchez, afirmó a preguntas de su letrado que estaba sentado en el centro de votación y 
se le acercaron dos policías, "[…] con una maza encima de su cabeza y unas tenazas". 
Al cabo de un momento, sin decir nada, "[…] le cogieron de los testículos y le levantaron 
hasta dejarlo caer". Se da la circunstancia, sin embargo, que con posterioridad a los 
hechos tuvo que ser asistido por una contusión en la rodilla. La testigo doña Marina 
Garcés, profesora de filosofía en la universidad de Barcelona, afirmó que durante los 
incidentes del día 20 de septiembre ante la Consejería de Economía "[…] el ambiente fue 
distendido" y que "[…] nunca vio hostilidad […] solo vio a gente que cantaba, ninguna 
agresividad, sino todo lo contrario […]. Ni siquiera vio ningún tipo de inquietud, alarma o 
alerta". Don Lluís Matamala, abogado en ejercicio que acudió a alguno de los centros de 
votación habilitados en Manresa, señaló que no hubo insultos a los agentes, ni se les 
agredió, "[…] ni hubo una respuesta agresiva, nada, no vio ningún forcejeo, no vio 
ninguna patada". El testigo don Jaume Pich, abogado mediador, declaró que él estaba 
sentado en el suelo y los antidisturbios "arrancaban a la gente del suelo". Pero "nadie 
ponía resistencia […] No vio ninguna patada de los que estaban sentados, no vio ningún 
escupitajo". Doña Silvia Carmona Belmonte, también abogada mediadora, declaró, en 
relación con algunos de los incidentes acaecidos en uno de los colegios de Manresa, 
que durante el desarrollo de todos los incidentes solo oyó dos insultos, fueron los únicos: 
alguien dijo en catalán "hijos de puta". Y sobre la inflamación testicular sufrida por un 
policía –según su versión, como consecuencia de una patada–, afirmó doña Silvia que la 
causa no pudo ser una patada, nadie dio una patada. La verdadera causa hay que 
buscarla –según puntualizó– en el hecho de que, en el momento de la intervención, los 
agentes están "cuerpo con cuerpo y los escudos y las porras están muy próximos".
Son  solo  cinco  cualificados  ejemplos  del  tono  general  de  las  declaraciones 
testificales  presentadas  por  las  defensas.  El  verdadero  principio  de  contradicción 
consiste en hacer posible –como se hizo– un interrogatorio cruzado que permitiera al 
tribunal conocer los extremos fácticos que cada una de las partes quería ofrecer al 
órgano  decisorio.  Una  verdad  enriquecida  por  la  exhibición  –ya  en  la  prueba 
documental– de cerca de un centenar de vídeos sobre los hechos.
En definitiva, la práctica de la prueba se ajustó a la secuencia ordinaria de los actos 
procesales. Sin convertir el principio de preclusión en una rígida regla de ordenación del 
procedimiento, lo cierto es que la presente causa penal, después del debate inicial sobre 
vulneración  de  derechos  fundamentales,  dio  paso  a  la  práctica  ordenada  del 
interrogatorio de los procesados, el examen de los testigos y la prueba documental. La 
confrontación de las declaraciones personales con documentos fue declarada pertinente  s
y  ofrecida  a  todas  las  partes  siempre  que  estuviera  en  juego  la  autenticidad  del  oe.
documento sobre el que se formulaban las preguntas, no cuando lo que se pretendía era  w.
ofrecer a la Sala una valoración anticipada acerca de la credibilidad de los testigos.» 513ww
8.2.2  Rol inquisitivo del presidente del tribunal.
El apartado 16 del fundamento de Derecho A) de la sentencia aborda la materia
relativa al alcance de los interrogatorios, en que la Sala responde a las protestas
formuladas por las distintas defensas. A rechazar el motivo sobre el denunciado «rol 
inquisitivo» asumido por el presidente del tribunal con ocasión de la testifical del señor 
Trapero dedica la citada resolución el apartado 16.3.5 de ese mismo fundamento de 
Derecho A).
Comienza la Sala sentenciadora por reseñar el contenido del art. 708 LECrim que, en 
su primer párrafo, dispone que «[e]l presidente preguntará al testigo acerca de las 
circunstancias expresadas en el primer párrafo del artículo 436, después de lo cual la 
parte que le haya presentado podrá hacerle las preguntas que tenga por conveniente. 
Las demás partes podrán dirigirle también las preguntas que consideren oportunas y 
fueren pertinentes en vista de sus contestaciones». Añade al segundo párrafo que «[e]l 
presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del tribunal, podrá dirigir 
a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los 
que declaren». Tras ellos describe brevemente las circunstancias en que se desarrolló el 
interrogatorio:
«[E]l testigo señor Trapero había sido propuesto por la acusación popular y por las 
defensas de los señores Sànchez, Cuixart y Forn. Tras finalizar el interrogatorio de la 
acusación popular y después de preguntar aquello que estimó conveniente, el Ministerio 
Fiscal formuló una pregunta al testigo relativa a la reunión de la junta de seguridad que 
tuvo lugar el 28 de septiembre de 2017. Como quiera que la única acusación no había 
traído a colación ese encuentro durante su interrogatorio, la defensa del señor Forn 
intervino para advertir a la Sala que, de conformidad con el criterio suscrito por la Sala en 
la interpretación del primero de los párrafos del art. 708 de la LECrim, el fiscal no podía 
interrogar al testigo sobre ese extremo. La queja fue acogida por la Sala, se abrió turno 
para el interrogatorio de las defensas y, al terminar este, el presidente formuló una única 
pregunta, al amparo del párrafo segundo del art. 708 de la LECrim, sobre las razones 
que motivaron ese encuentro.»
Acto seguido se exponen algunos pronunciamientos de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo sobre la interpretación que debe darse al citado precepto, a fin de conjugar su 
aplicación con el respeto a los derechos de las partes. Se citan y extractan parcialmente, 
a tal efecto, la STS 28/2011, de 26 de enero, y otras anteriores de 31 de mayo de 1999 
y 28 de septiembre de 1994. Para el Tribunal Supremo, «se impone […] la búsqueda de 
un equilibrio entre la actitud del juez que con su actuación busca suplir las deficiencias 
de la acusación –lo que implicaría una visible quiebra de su estatuto de imparcialidad– y 
la de aquel que solo persigue aclarar algunos de los aspectos sobre los que ha versado 
la  prueba  […]  y  que  las  preguntas  de  las  partes  no  han  logrado  esclarecer 
suficientemente. Así, mientras que la primera de las actitudes descritas implicaría una 
inaceptable vulneración del principio acusatorio, en lo que tiene de inderogable escisión 
funcional entre las tareas de acusación y las labores decisorias, la segunda de ellas no 
tendría  por  qué  merecer  censura  constitucional  alguna».  También  se  reseña 
parcialmente la STS 1084/2006, de 24 de octubre, en la que se destacó la existencia de 
facultades similares en los sistemas procesales de nuestro entorno (Alemania, Italia, 
Francia y Portugal). En la más reciente STS 205/2015, de 10 de marzo, se distinguía 
entre imparcialidad y absoluta pasividad, y se contemplaba expresamente el supuesto de 
«juicios largos con algunas dosis de lógica tensión», en los que las facultades de 
dirección del acto obligan a sostener una posición proactiva en la que pueden cometerse 
errores, a los que «nadie está sustraído», pero que no son «necesariamente signo de 
parcialidad, ni han de interpretarse como tales, ni bastan para anular un juicio. Pueden  e
ser fruto de un determinado estilo o forma de dirigir el debate. Para afirmar que se ha  bo
producido un desbordamiento tal de la función de la presidencia que ha degenerado en  513ww
parcPiaalridaa lda,  Snaol ab adset ae ncjuuaiclqiaumieire nptroe,s luan dtoo cetxrcineas od eol  dTerisbaucniaelr tSou»p.remo está en línea con los
plarso nSuSnTcCia m2i2e9n/t2o0s0 3d,e  dees t1e8  trdibeu dniacli,e menbtrree,  lyo s3 3q4u/e2 0s0e5 ,d edset a2c0a nd ey  deicxiteramcbtaren.  pLaor crieallemveannttee 
es que las preguntas del órgano enjuiciador versen sobre los hechos objeto de la
acusación, a los efectos de alcanzar el grado preciso de convicción para la adopción de 
una  decisión.  No  pueden  ser  manifestación  de  una  actividad  inquisitiva  encubierta, 
sustituyendo a la acusación, ni una toma de partido a favor de las tesis de esta. Tampoco 
generan indefensión si la parte pudo formular alegaciones al respecto en el acto de la 
vista.
Eso es lo que ha ocurrido en el presente caso, según la sentencia impugnada. Un 
«juez necesita lógicamente conocer, con la mayor certeza posible, la realidad fáctica 
sobre la que ha de aplicar el Derecho. No parece jurídicamente admisible privar al 
órgano jurisdiccional de esa cuestionada iniciativa probatoria –que en nuestro Derecho 
cuenta con suficiente base legal–, siempre que la misma esté ceñida a los hechos objeto 
de la correspondiente causa penal, que se trate de fuentes probatorias existentes en la 
propia  causa,  y  que,  en  todo  caso,  se  respeten  convenientemente  el  principio  de 
contradicción y el derecho de defensa de todas las partes implicadas en el proceso. Con 
estas limitaciones, la actuación judicial no atenta contra el principio acusatorio ni el juez 
pierde por ello su necesaria imparcialidad».
Expuesto lo anterior, la sentencia ahora impugnada señala lo siguiente:
«[L]a pregunta formulada por el presidente al testigo –señor Trapero– no introdujo 
elemento alguno que no hubiera sido objeto de debate cruzado entre las partes. El 
testigo había sido ampliamente interrogado sobre la reunión de la junta de seguridad 
celebrada el día 28 de septiembre de 2017. Al término del interrogatorio de las partes, 
conforme consta en el soporte digital en el que fue grabada la declaración del señor 
Trapero, el presidente procedió a dar lectura al párrafo segundo del art. 708 de la LECrim 
y formuló –previa deliberación del tribunal que así lo había acordado– la siguiente 
pregunta: "[…] usted ha declarado sobre una reunión que promueve, en la que están 
responsables políticos […] y de la fuerza que usted dirigía. Se habló de la presencia del 
señor Castellví […] La pregunta, buscando lo que el precepto establece, […] es una 
pregunta encaminada a depurar esos hechos que han sido objeto de respuesta […] a 
instancia de su letrado. Es exactamente: ¿qué preocupación motivó la iniciativa que 
provoca que convoque o exprese el deseo de que esa reunión se produzca? ¿Qué 
mensaje quiere usted transmitir a esos responsables políticos y qué respuesta obtiene? 
Exclusivamente es eso".
Una vez obtenida la respuesta del señor Trapero, la presidencia del tribunal ofreció a 
los  letrados  de  las  defensas  la  oportunidad  de  repreguntar  lo  que  a  su  derecho 
conviniera. La defensa de los señores Turull, Rull y Sànchez pidió en ese momento una 
aclaración acerca de la autoría de unas declaraciones públicas de uno de los acusados. 
Esa pregunta, por cierto, no fue precedida ni seguida de ninguna protesta por el mismo 
letrado  que  ahora  ve  en  la  iniciativa  del  Tribunal  una  gravísima  quiebra  de  la 
imparcialidad. La defensa de los señores Junqueras y Romeva tampoco formuló protesta 
y renunció a su derecho a hacer alguna pregunta. Y el letrado del señor Forn –que 
tampoco hizo constar ninguna protesta– dijo textualmente: "[…] creo que ya se lo había 
preguntado, pero sin todo este antecedente. Una vez que ha explicado todo esto, la 
pregunta sería […]".
A juicio de la Sala, esta explicación –"creo que ya se lo había preguntado"– es la 
mejor muestra de que la pregunta del presidente, amparada en el art. 708 de la LECrim, 
solo buscó lo que el precepto autoriza, esto es, depurar los hechos sobre los que el 
testigo ha declarado.  La propia defensa  reconoció que, sin la minuciosidad de las 
aclaraciones sobrevenidas, la pregunta ya había sido hecha.
Concluir  que  esa  pregunta  implicaba  la  prueba  de  un  cognitivo  prejuicio  del  e.
presidente  –y  con  él,  de  toda  la  Sala–  sobre  la  culpabilidad  de  cualquiera  de  los  w.b
acusados, carece del más mínimo sentido. Cuando en un juicio oral en el que se ha  513ww
qreucieibbidrao  ddee cllaa raimcipóanr caia ulidna ndú msee rcoo npsrótrxuiymeo  aa  ploasrt icr udaetr oucniean túonsi ctae sptirgeogsu,n etal ,o erilg ednis cduer slao 
haargbuíam esindtoa li nhtaro ddeu csiedro,  dpeosr duen  luteesgtiog,o m aánste croionr,s iesnte tnétrem. iEnlo hse qcuheo  psoodbrríea ne lr eqpuuet asres ep rae gpurniotóri 
no favorables para algunos de los acusados. Preguntar a otro de los asistentes a ese
encuentro sobre el decurso de la reunión, no era tanto para acreditarla –que ya lo 
estaba, por esa y por otras declaraciones posteriores– como para esclarecer la forma en 
que se desenvolvió lo que ex ante podría, según la respuesta, beneficiar también a las 
defensas.  No  necesariamente  habría  de  ser  un  testimonio  más  incriminatorio.  Y 
podemos decir, en todo caso, que la respuesta que dio el testigo a esa pregunta es 
totalmente prescindible a efectos de construir el relato de hechos probados, en tanto que 
esa  reunión  ha  quedado  acreditada  por  varias  fuentes  de  prueba  en  términos 
esencialmente iguales.»
8.2.3  Alcance de los interrogatorios.
El apartado 16.2 del fundamento de Derecho A), aborda la queja sobre la indebida 
restricción del alcance de los interrogatorios, con especial referencia a la declaración del 
señor Torrent.
La respuesta parte de la interpretación que la Sala efectúa del primer párrafo del 
artículo 708.1 LECrim, trascrito más arriba. La Sala de enjuiciamiento describe su criterio 
interpretativo en el apartado 16.2.2 de la siguiente forma:
«[L]a  redacción  originaria  de  la  LECrim  lleva  a  sus  últimas  consecuencias  el 
verdadero significado del principio de contradicción. Tras las preguntas predefinidas por 
el art. 436 –generales de la ley–, […] el presidente ha de dar oportunidad a quien lo haya 
propuesto  para  formular  las  preguntas  que  tenga  por  conveniente.  Terminado  su 
interrogatorio, es el turno de las demás partes. Pero las preguntas susceptibles de 
formulación condicionan el juicio de pertinencia a que se formulen "a la vista de sus 
contestaciones". Solo entonces se está haciendo realidad el interrogatorio cruzado que 
anima y da vida al principio de contradicción y, con él, al derecho de defensa.
Cuando, como en este caso, la defensa propugna una interpretación en la que el 
turno de repreguntas no conozca límites, se está arriesgando a que sus testigos se 
conviertan en testigos de cargo. Para ello solo es necesario contar con la habilidad del 
Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones. Si después del interrogatorio de la 
defensa el presidente de la Sala permitiera que las repreguntas del fiscal no fueran tales, 
sino  que  abordaran  aspectos  que  no  han  aflorado  en  el  examen  verificado  por  la 
defensa, se produciría una mutación de la prueba de descargo. El letrado que la hubiera 
propuesto tendría que observar con resignación y paciencia, cómo su testigo sería 
implacablemente interrogado sobre aspectos que interesaran al fiscal y que no tuvieran 
la más mínima conexión con las razones que justificaron la llamada de ese testigo como 
testigo de descargo. Bien es cierto que ese defecto podría aliviarse si se abriera un 
nuevo turno de repreguntas que diera a la defensa oportunidad para contradecir las 
respuestas ofrecidas por el declarante. Pero bastaría que cualquiera de esas preguntas 
en turno de réplica desbordara los términos del contrainterrogatorio del fiscal para tener 
que abrir un nuevo debate. Se estaría alentando así un encadenamiento dialéctico de la 
prueba  testifical  que  implicaría,  además  de  una  permanente  confrontación  ajena  al 
principio contradictorio, una vulneración del derecho de defensa.»
Se refiere después, en el apartado 16.2.3, a la valoración concreta de la relevancia 
del interrogatorio del testigo señor Torrent, y dice:
«[S]i el testimonio del señor Torrent sobre lo que sucedió el día 1 de octubre era tan 
importante, no se entiende bien la razón por la que no fue propuesto como testigo por las 
defensas. Con independencia de ello, mal puede hablarse de un testigo indispensable  e.e
para el esclarecimiento de los hechos cuando su aportación –que hasta ese momento  b
había pasado desapercibida para las defensas– se limitaba a contar su experiencia el  513ww
cdiíuad a1d daen íao cytu eblr ep.a pSeolb dree  elol sd aegseanrrtoelslo a dneti deisstau rbjoiornsa, dhaa,n s duesc vlaicraisditou dmeáss,  ldae  aucnti tucedn dteen alar 
hdaeb tleasrstieg,o psu. eTso,d does  ienldloesfe hnasnió nc odnetraivdaod asu d ep elars iomnpaol sviibvielidnacida  ddeul rsaenñteo r eTsoer redníat . dNe oe xppuleicdaer 
su particular experiencia sobre hechos que fueron descritos detalladamente por otros 
muchos testigos presenciales.»
Respecto  de  la  protesta  formulada  por  algunas  de  las  defensas  de  haberse 
desbordado el objeto de los interrogatorios de algunos testigos de la acusación, el 
apartado 16.2.4 añade lo siguiente:
«Este razonamiento, que motivó una protesta formal durante el plenario, se adscribe 
a una visión ya superada del proceso penal. La idea de que solo pueden ser traídos a 
juicio aquellos testigos que previamente han declarado en la instrucción, trastoca la 
funcionalidad de las fases de investigación (cfr. art. 299 LECrim) y del juicio oral. Solo a 
partir  de  un  erróneo  entendimiento  del  plenario  como  un  trámite  en  el  que  se  da 
oportunidad a las partes para "ratificar" ante el tribunal sentenciador lo que ya se ha 
declarado ante el juez instructor, podría suscribirse ese razonamiento. Ver en un testigo 
que no ha declarado en la fase sumarial una potencial fuente de indefensión, supone un 
retroceso histórico que pugna, no ya con la previsión del art. 715 de la LECrim, sino 
incluso con conocidos pasajes –de ahí su innecesaria cita– de la exposición de motivos 
de la decimonónica Ley de enjuiciamiento criminal.»
8.2.4  Desarrollo del juicio oral.
A la cuestión de la denunciada merma del derecho de defensa por la celeridad en el 
desarrollo del juicio y la situación de prisión provisional de algunos de los acusados 
dedica la sala de enjuiciamiento el apartado 6 del fundamento de Derecho A) de la 
sentencia.
El apartado 6.1 se refiere a la compatibilidad del derecho de defensa con la medida 
cautelar, tema planteado por dos de las defensas de otros procesados. Y razona:
«El argumento sobre el que se construye la negativa incidencia que la medida 
cautelar que afecta a los procesados habría tenido en el derecho de defensa, no se 
sostiene.  Las  medidas  cautelares  de  restricción  de  la  libertad  se  acomodan  a  sus 
presupuestos legitimadores. La defensa no cuestiona ahora la efectiva concurrencia de 
esos presupuestos –cfr. art. 503 y ss. LECrim–. Se limita a afirmar el efecto pernicioso 
que esa limitación puede traer consigo en el acopio de las pruebas necesarias para 
hacer valer su defensa.
Ningún  sistema  procesal  democrático  admite,  desde  luego,  dos  clases  de 
procesados, aquellos que gozan de libertad provisional y, por tanto, pueden preparar 
adecuadamente  su  defensa  y  aquellos  otros  sometidos  a  prisión  preventiva  y  que 
resultan  indefensos.  La  mejor  prueba  de  ello  es  que  el  letrado  que  hace  valer  la 
incompatibilidad entre privación de libertad y derecho de defensa no menciona un solo 
medio de prueba o una sola diligencia de investigación que no haya podido incorporar a 
la causa por razón del internamiento que afecta a sus clientes. La capacidad de solicitar 
diligencias de investigación durante la fase de instrucción está expresamente reconocida 
por el art. 311 de la LECrim. La aportación de medios de prueba para hacer valer durante 
el plenario está admitida, sin más límites que su declaración de pertinencia, por el 
art. 656 de la LECrim.»
A la cuestión suscitada por otra de las defensas sobre la celeridad de las sesiones 
del juicio dedica la sentencia el aparado 6.2. Dice aquí la Sala lo siguiente:
«Carece de lógica lamentar la prisión preventiva de un procesado y, al mismo tiempo,  oe.
añorar mayor lentitud en la tramitación del procedimiento. La prisión preventiva, como  w.
excepcional fórmula de asegurar los fines del proceso, no tolera un tempo lento en la  513ww
ap ráucnt iccaa ldeen dloasr ioa cdtoes  aplrtoac evsealolecsid. aNdo.  sPee trroa tlaa,  dperisvdaec iólune gdoe,  dlieb esrotamde t–eqr ueel ,e ncjoumicoia mseie nhtao 
razonado en otras resoluciones que obran en la causa, no admitía medidas alternativas
por el alto riesgo de fuga–, impone sus propias razones para no distanciar las fechas de 
señalamiento.
La queja sobre vulneración del derecho de defensa silencia que la Sala ha permitido, 
durante el tiempo de estancia en las dependencias del Tribunal Supremo en las que se 
ha desarrollado el juicio, el ilimitado contacto entre los letrados y sus patrocinados. Ese 
contacto no ha sido ni siquiera restringido durante el tiempo dedicado al almuerzo.
En suma, el desarrollo del juicio ha sido la mejor muestra de la claridad con la que el 
letrado que ahora lamenta ese ritmo ha hecho valer sus argumentos exoneratorios.
Cuanto antecede convierte en innecesario el excepcional juicio de ponderación o 
balanceo que se sugiere entre el derecho de defensa y el derecho al descanso laboral y 
la conciliación familiar del letrado que asume su ejercicio.»
8.3  Encuadramiento de las quejas y doctrina constitucional.
Las  quejas  agrupadas  en  este  motivo  de  amparo,  con  cita  nominal  de  varios 
derechos  fundamentales,  tienen  en  común  versar  sobre  irregularidades  procesales 
acaecidas durante la fase de juicio oral del proceso penal. En los tres primeros casos, las 
denunciadas vulneraciones tuvieron lugar con ocasión de la práctica de determinadas 
pruebas, si bien ni se invoca el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes 
(art. 24.2 CE) ni se desarrolla una argumentación sobre los aspectos fácticos en que las 
mencionadas irregularidades pudieron incidir. Todas ellas han de reconducirse, por tanto, 
para integrarse en la esfera de protección del derecho de defensa en condiciones de 
igualdad.
Siguiendo  la  STC  130/2002,  de  3  de  junio,  podemos  sistematizar  la  doctrina 
constitucional  sobre  este  derecho  fundamental  en  el  ámbito  proceso  penal  en  los 
siguientes términos:
a)  «[L]a primera y más importante garantía debida del proceso penal, a los efectos 
de que este pueda tenerse por un juicio justo, es indudablemente aquella que impone al 
juez (hasta el punto de constituir parte de su estatuto constitucional, art. 117.1 CE), y en 
lo que ahora interesa, al juez penal, la inquebrantable obligación de someterse de forma 
exclusiva y sin desfallecimiento o excepciones al ordenamiento jurídico. Especialmente, 
a las normas procesales que establecen la forma en la que debe ejercer su función 
jurisdiccional en los procesos penales. Pues su estricta sujeción a la ley, en este caso, a 
la ley procesal, garantiza la objetividad e imparcialidad del resultado de su enjuiciamiento 
del asunto que se someta a su examen.
La estricta sujeción del juez a la ley penal sustantiva y procesal que rige sus actos y 
decisiones constituye la primera y más importante garantía del juicio justo en la medida 
en que dicha sujeción asegura a las partes en el proceso que el juez penal es un tercero 
ajeno  a  los  intereses  en  litigio  y,  por  tanto,  a  sus  titulares  y  a  las  funciones  que 
desempeñen  en  el  proceso.  Alejamiento  que  le  permite  decidir  justamente  la 
controversia, situándose por encima de las partes acusadoras e imputadas. Por esta 
razón le está vedado constitucionalmente asumir en el proceso funciones de parte 
(STC 18/1989, de 30 de enero, FJ 1, con cita de la STC 53/1987, de 7 de mayo, FFJJ 1 
y 2), o realizar actos en relación con el proceso y sus partes que puedan poner de 
manifiesto que ha adoptado una previa posición a favor o en contra de una de ellas, lo 
que es aún más relevante cuando se trata del imputado en el proceso penal (por todas 
STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5)» (STC 130/2002, FJ 3, y, con posterioridad, 
SSTC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 14, y 12/2011, de 28 de febrero, FJ 3). s
«De ahí que la imparcialidad objetiva del juez penal resulta sin duda una garantía  oe.
ethpesaone riqanduccoeti ua oall codya  osdq ieudóbeeni   defdaose rtdm áae afle i rpnqmr uoajeucr ee sqgseouo  e epe xeescn nlual ayle  ajscu tosatont odfmi.aa Ean tdlze uajrudi aeqa zu " lledea,egs bí eteainm p gaaua rnriseaaon nbsctrioizeaca sisre  usdq oaunndee   uemdtler uaómylri gdoiamacnrdpáo.o t iHcrjutaaed,nm ictloeoiasssl     2021-19513n https://www.
tribunales deben inspirar al acusado y al resto de los ciudadanos" (STC 162/1999, FJ 5)»
(STC 130/2002, FJ 3). Muy expresivamente, «la Justicia no solo debe realizarse, también
debe verse que se realiza» [en palabras de la STEDH de 26 de octubre de 1984, De 
Cubber c. Bélgica, § 26, «según un adagio inglés citado en la sentencia Delcourt de 17 
enero 1970, "justice must not only be done: it must also be seen to be done"; expresión 
reiterada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (entre otras, en las SSTEDH 
de 15 de octubre de 2009, caso Micallef c. Malta; § 98, y de 22 octubre 2019, caso Deli 
c. Moldavia, § 36)].
«También hemos sostenido que aquel puede traspasar el límite que le impone el 
principio acusatorio cuando, perdiendo su apariencia de juez objetivamente imparcial, ha 
llevado a cabo una actividad inquisitiva encubierta al desequilibrar la inicial igualdad 
procesal de las partes en litigio, al respaldar una petición de una de ellas formulada en 
clara conculcación de lo dispuesto en la legalidad sustantiva o procesal y que puede 
deparar un perjuicio a la otra (STC 188/2000, de 10 de julio, FJ 2).
El derecho a un proceso judicial con todas las garantías (art. 24.2 CE), por lo tanto, 
otorga  al  acusado  y  procesado  el  derecho  a  exigir  del  juez  penal  la  observancia 
inexcusable de una actitud neutra respecto de las posiciones de las partes en el proceso, 
lo que obviamente tiene lugar si actúa en el proceso penal con estricta sujeción a lo que 
las normas procesales establecen. Esta estricta sujeción a lo dispuesto en la ley procesal 
garantiza su neutralidad y asegura la igualdad procesal entre las partes en el proceso. 
Pues esa igualdad, que constituye un principio constitucional de todo proceso integrado 
en el objeto del derecho a un proceso judicial con todas las garantías (art. 24.2 CE), 
significa que los órganos judiciales vienen constitucionalmente obligados a aplicar la ley 
procesal de manera igualitaria de modo que se garantice a todas las partes, dentro de 
las respectivas posiciones que ostentan en el proceso y de acuerdo con la organización 
que a este haya dado la ley, el equilibrio de sus derechos de defensa, sin conceder trato 
favorable a ninguna de ellas en las condiciones de otorgamiento y utilización de los 
trámites comunes, a no ser que existan circunstancias singulares determinantes de que 
ese equilibrio e igualdad entre las partes solo pueda mantenerse con un tratamiento 
procesal distinto que resulte razonable, y sea adoptado con el fin precisamente de 
restablecer  dichos  equilibrio  e  igualdad  (STC  101/1989,  de  5  de  junio,  FJ  4)» 
[STC 130/2002, FJ 3].
b)  Como ya hemos expuesto, no toda infracción de una norma procesal genera 
necesariamente  una  vulneración  de  la  prohibición  constitucional  de  indefensión 
(art. 24.1 CE) o del derecho a un proceso judicial con todas las garantías (art. 24.2 CE). 
«Para  que  esa  irregularidad  procesal  o  infracción  de  las  normas  de  procedimiento 
alcance  relevancia  constitucional  debe  producir  un  perjuicio  real  y  efectivo  en  las 
posibilidades de defensa de quien las denuncie, lesionando acaso su derecho a la tutela 
judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE). En definitiva ha de comportar una 
indefensión  material  y  no  meramente  formal  o,  aun  no  causando  esa  indefensión 
material, la irregularidad o infracción de las normas procesales ha de suponer una 
quiebra de las garantías esenciales del proceso justo (STC 53/1987, de 7 de mayo). Así 
ocurriría de haber provocado esa irregularidad o infracción de normas procesales la 
pérdida de neutralidad del juez penal, traspasando los límites constitucionales que a su 
obrar le imponen su obligada apariencia de imparcialidad, y el principio acusatorio, 
ocasionando una objetiva ruptura de la igualdad y equilibrio procesales de las partes en 
litigio, que el juez debe preservar aplicando con corrección las normas procesales que 
sirven justamente a ese propósito (STC 101/1989, de 5 de junio, FJ 4). De no hacerlo 
así, el juez habrá vulnerado el derecho a un proceso judicial con todas las garantías 
(art. 24.2 CE; STC 188/2000, de 10 de julio, FJ 2)» (STC 130/2002, FJ 4). s
c)  «[E]l régimen procesal de la prueba en el proceso penal posee una indudable  oe.
relevancia  constitucional  habida  cuenta  de  su  estrecha  conexión  con  las  garantías  w.
constitucionales del acusado, y muy en particular con los derechos fundamentales a  513ww
(uatirlti.z a2r4 .l2o sC mE)e. dLiao se sdteri cptaru seubjae cpióenrt idneeln jtueesz  (paertn. a2l 4a.l2 r éCgEim) eyn a p rlao cperseaslu dnec ilóan p rduee binao ecne nscuias 
distintas fases, y muy en especial la relativa a su admisión y práctica, constituye una
garantía  más  del  proceso  justo  (art.  24.2  CE)  en  los  términos  señalados  en  el 
fundamento jurídico precedente» (STC 130/2002, FJ 5).
La facultad de intervenir en la prueba ajena para controlar su correcta práctica y 
contradecirla  es  también  una  específica  manifestación  del  derecho  de  defensa  del 
acusado  (por  todas,  SSTC  176/1988,  de  4  de  octubre;  122/1995,  de  18  de  julio, 
y 76/1999, de 26 de abril) e incluye «interrogar o hacer interrogar a los testigos que 
declaren contra él», dando al mismo una ocasión adecuada y suficiente para discutir un 
testimonio en su contra e interrogar a su autor en el momento en que declare o en un 
momento posterior del proceso (SSTC 2/2002, de 14 de enero, FJ 4, y 57/2002, de 11 de 
marzo, FJ 3, con cita de las SSTEDH de 24 de noviembre de 1986, caso Unterpertinger 
c. Austria, § 31; de 20 de noviembre de 1989, caso Kostovski c. Holanda, § 41; de 27 de 
septiembre de 1990, caso Windisch c. Austria, § 26; de 19 de febrero de 1991, caso 
Isgro c. Italia, § 34; de 20 de septiembre de 1993, caso Saïdi c. Francia, § 43, y de 27 de 
febrero de 2001, caso Luca c. Italia, § 40).
d)  Si bien no todas las irregularidades e infracciones del régimen legal de prueba 
poseen relevancia constitucional a los efectos de las garantías del art. 24.1 y 2 CE, «no 
es menos cierto que […] el impulso probatorio del órgano judicial (tanto de oficio como a 
petición de parte) puede, en ocasiones y a la vista de las circunstancias del caso, 
traspasar los límites que le imponen el debido respeto al principio acusatorio, en el 
sentido de que quien debe formular la acusación y sobrellevar la carga de la prueba 
inculpatoria  es  la  acusación  y  no  quien  ha  de  dictar  sentencia  en  el  proceso, 
menoscabando  reflejamente  aquella  apariencia  de  imparcialidad  objetiva  que  debe 
preservarse en todo momento (STC 186/1990, de 15 de noviembre, FJ 5). Por ello debe 
indagarse –a la vista de los datos objetivos que quepa extraer del modo de proceder que 
en  cada  caso  haya  observado  el  órgano  judicial–  si  tras  un  impulso  probatorio 
aparentemente neutral, incluso al abrigo de lo dispuesto en el art. 729.2 LECrim, el juez 
no ha emprendido en realidad sino una actividad inquisitiva encubierta» (STC 130/2002, 
FJ 5, con cita de la STC 188/2000, de 10 de julio, FJ 2). La observancia de tales 
principios se impone también en el interrogatorio de los testigos en el acto del juicio oral, 
como se refleja, entre otras, en la STC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 14. En todo 
caso, para determinar si se ha producido la quiebra de esta esencial igualdad de armas 
es preciso analizar las circunstancias particulares de cada caso.
8.4  Resolución de las quejas.
8.4.1  Exhibición de prueba documental videográfica.
El motivo de amparo que denuncia un desigual tratamiento en la exhibición de 
prueba documental videográfica durante los interrogatorios no aparece ligado en la 
demanda a merma o desventaja alguna en cuanto a las posibilidades de contradicción, ni 
a incidencia en el resultado probatorio. El argumento toma como premisa un término de 
comparación no válido, como es el interrogatorio de un testigo, que equipara al de la 
recurrente señora Forcadell, parte acusada en el proceso penal. Además, la propia 
demanda  reconoce  que  se  trató  de  un  hecho  reconocido,  sobre  el  que  no  existió 
contradicción. Cabe añadir que el material videográfico al que se refiere refleja hechos 
propios de los declarantes (los discursos pronunciados por la acusada y el testigo con 
ocasión de un determinado acto público), razón por la que su reproducción, en uno u otro 
momento, resultó intrascendente en orden a formar la convicción judicial. En esto último 
abundaremos a continuación. s
Este mismo motivo de amparo fue desestimado, si bien desde la perspectiva del  oe.
mdqeuorede Eoscni hgd olueí ne apen ral aaf u ccpnotirdcnuaa elmrob  eeaqln, u iteneont sea  relalrílon  sfgáuealno tadgoraorgimsou  mdedenee t nlotaet sajsu bttriaagídm ociscba,oib é teo7n m. s2cea.it2ña  uaddnlaae spr  S uqSTnuSCteoT   eC9ds1 e1t/ a20p 06qa2/ur2t1ei0d,j a2ad,1 e i en yne2 1 x2l2oa d1 cret/eo2 la.0a b2Ntirv1oiol.,   saaell    2021-19513n https://www.
impidió contrastar las declaraciones testificales con la prueba documental videográfica.
El contraste existió, pues en las sesiones del juicio oral se practicó el interrogatorio de
los testigos y se reprodujo el material videográfico. Lo que se denegó, como se encarga 
de aclarar desde un principio el tribunal de enjuiciamiento, fue la exhibición de la prueba 
documental videográfica a los testigos en el momento de recibírseles declaración, lo que 
es muy distinto.
Entendemos que el Tribunal Supremo ofrece una contestación fundada, tomando en 
consideración, principalmente, las siguientes razones:
a)  Se permitió la confrontación de las declaraciones personales con documentos 
cuando lo cuestionado era su integridad o su autenticidad, pero no cuando lo que con 
ello se pretendía era poner en duda la credibilidad del testimonio. La valoración sobre la 
credibilidad de los testigos, que corresponde al tribunal enjuiciador, pertenece a un 
momento posterior a la práctica de los interrogatorios y de la totalidad de la prueba en el 
juicio oral (art. 741 LECrim), precisamente porque lo que el principio de contradicción 
exige es que tales declaraciones puedan confrontarse con las restantes pruebas. Es en 
el momento de las conclusiones definitivas y el informe final cuando la defensa pudo y 
debió hacer valer el resultado de la reproducción del material videográfico para debilitar 
el valor incriminatorio de las testificales de la acusación o para fortalecer la credibilidad 
de lo declarado por los testigos de descargo.
b)  La valoración de la fuerza de convicción o de la credibilidad de una determinada 
declaración testifical constituye un juicio instrumental previo al enjuiciamiento complejo 
que lleva al relato de hechos probados. La función del interrogatorio cruzado no es 
juzgar  al  propio  testigo,  cuyo  rasgo  característico  es  su  ajenidad  al  proceso.  Esa 
consecuencia indeseable se produciría en el caso de admitir un «insólito careo entre el 
ciudadano que declara y el letrado que lo interroga» confrontando tal declaración con 
«su propia versión» del contenido de un determinado vídeo, como apunta el Tribunal 
Supremo. Por otra parte, la posibilidad de que, a la vista de imágenes, un testigo se 
retracte o rectifique su declaración, además de remota, no redunda en una mayor utilidad 
de  esta  práctica,  pues  el  mismo  resultado  puede  alcanzarse  sin  tal  esfuerzo, 
comparando directamente su testimonio con el contenido de la prueba videográfica y 
cualesquiera otras llevadas al plenario.
c)  Ninguna  declaración  testifical  fue  determinante.  El  Tribunal  Supremo,  que 
complementa lo que dice con ejemplos bien ilustrativos, acepta de buen grado que el 
contenido de muchos testimonios quedó en entredicho con la observación de los vídeos, 
lo que, por otra parte, se explica por los diversos factores a los que también alude, 
presididos por la «profunda carga emocional» que pesaba en los declarantes. En todo 
caso, la convicción del órgano de enjuiciamiento sobre los acontecimientos que tuvieron 
lugar en distintos puntos de Cataluña el día 20 de septiembre de 2017 y en los centros 
de votación el día 1 de octubre del mismo año, no es consecuencia de la valoración 
excluyente de una u otra declaración testifical. Por el contrario, como se expresa en la 
sentencia recurrida, el relato fáctico es consecuencia de la valoración del conjunto de 
pruebas  practicadas,  y  concretamente,  sobre  lo  acaecido  el  1  de  octubre,  las 
declaraciones de los agentes antidisturbios que acudieron a los centros de votación, 
«testigos de cargo ofrecidos por el fiscal y las acusaciones para demostrar la oposición 
de la ciudadanía al cumplimiento de las resoluciones judiciales», de los ciudadanos que 
sufrieron la intervención de tales agentes, «testigos de descargo aportados por las 
defensas para demostrar la violencia policial y la existencia de una actuación legítima de 
desobediencia civil», así como las inferencias extraídas de los vídeos grabados por los 
agentes actuantes y por los ciudadanos «que quisieron ofrecer pruebas de lo que 
consideraron excesos policiales». e.
Este tribunal entiende, a la vista de cuanto se ha expresado, que la motivación  513ww
ceamlipfilceaardsae  pdoer a erbl iTtrraibriuan oa l irSrauzporenmabol ep. aEran  dtoednoe gcaasr olo,  npore steen adpidreoc eias  qsuuifeicbirean dtee  yla n iog upauldeadde 
dcaeu psaarrtae sin dnei fqeunes ióenl  malogduon ae an  lqau pea rftinea rlemceunrrteen stee. practicó la prueba testifical en el juicio
8.4.2  Rol acusatorio de la presidencia de la sala juzgadora.
El motivo de amparo que denuncia la asunción de un rol inquisitivo por el presidente 
del  tribunal  de  enjuiciamiento  ha  sido  desestimado  también  en  las  SSTC  91/2021, 
106/2021 y 121/2021. En línea con lo declarado en el FJ 5.7.3 de la primera de las 
citadas  sentencias,  al  que  siguen  fundamentos  análogos  de  las  mencionadas  a 
continuación, insistimos en los siguientes aspectos.
a)  El  análisis  y  resolución  de  este  motivo  de  amparo  requiere  algunas 
consideraciones previas:
(i)  La primera se refiere al objeto de la pregunta controvertida formulada por el 
presidente de la sala de enjuiciamiento.
La demanda hace referencia a dos reuniones mantenidas por el señor Trapero en 
fechas 26 y 28 de septiembre de 2017. La propia sentencia parece dar a entender que la 
pregunta  venía  referida  a  una  reunión  de  la  junta  de  seguridad  de  la  Comunidad 
Autónoma de Cataluña. Sin embargo, esa reunión tuvo lugar el día 27 de septiembre 
de 2017, mientras que el visionado completo de la declaración del señor Trapero pone 
de manifiesto que la pregunta estaba referida a otra reunión que se mantuvo el día 28 de 
septiembre  de  2017  entre  los  mandos  del  cuerpo  de  Mossos  d’Esquadra  y  los 
procesados señores Puigdemont, Junqueras y Forn. No se atribuye intervención alguna 
a la señora Forcadell.
(ii)  Sobre la interpretación que la sala de enjuiciamiento mantuvo en relación con 
uno de los preceptos que regulan el interrogatorio de los testigos.
En el apartado segundo de este mismo fundamento, al dar cuenta de las respuestas 
dadas a la queja por la sala de enjuiciamiento, hemos reseñado la interpretación del 
primer párrafo del art. 708 LECrim sostenida por el Tribunal Supremo. La Sala realiza 
una interpretación de ese primer párrafo del art. 708 LECrim y, más en concreto, del 
juicio  de  pertinencia  sobre  las  preguntas  formuladas  a  un  testigo  en  el  «turno  de 
repreguntas», que se deriva de las «contestaciones» que el testigo haya realizado a las 
preguntas formuladas por la parte que lo propuso. Conforme a la literalidad del precepto, 
el criterio expuesto por la Sala determina que, si la parte proponente no pregunta sobre 
una cuestión concreta, el resto de las partes no podrá formular preguntas sobre esa 
cuestión, porque no habría existido una previa «contestación» del testigo. Con ello se 
pretende preservar la vigencia estricta del principio de contradicción y, por conexión, del 
derecho de defensa.
La  interpretación  ofrecida  por  el  tribunal  sentenciador  no  ha  sido  objeto  de 
impugnación, por lo que no procede hacer pronunciamiento alguno sobre la misma. En 
todo caso, se trataría de una cuestión de aplicación de la legalidad ordinaria, sobre la 
que este tribunal solo podría hacer un control meramente externo o de razonabilidad 
(STC  8/2014,  de  27  de  enero,  FJ  3),  sin  ignorar  que  caben  también  otras 
interpretaciones alternativas, que son usuales en la práctica judicial.
(iii)  Las defensas no efectuaron protesta alguna frente a la pregunta formulada por 
el tribunal.
El visionado de la sesión celebrada el 14 de marzo de 2019 pone de manifiesto que 
la sala (16:12 horas) denegó la pregunta del ministerio fiscal sobre la reunión ya descrita. 
Conforme al criterio mantenido durante todo el desarrollo del juicio oral, que ya ha sido 
expuesto, el testigo no había sido propuesto por la fiscalía y la acusación popular 
proponente no había formulado pregunta alguna sobre esa reunión. Por lo tanto, no se  s
podía preguntar sobre algo que no hubiera sido objeto de una contestación previa del  oe.
dtdlaeee ss rtelliaigzu oónp. i ruóEennlg a ruse mnoptbreaern.e sc Neilónaont  aq oanub telesa t  and«noeret l esum,en i anióh isnalot bed írleaaio  rlp agpo oúqd budidleieco  no eop hs reeiezs goituna cntmeotarnorrsso. t gahNarai tnbsogulraiu onpn dra(oo1 t»pe6,as: 2etra4tne   p hcfolooarrr rmalaas u r)del,ó efe enolre ebtgnejeacsccitaiiiógó anon     2021-19513n https://www.
alguna sobre esta mención. En su turno de intervención, el letrado del señor Forn sí
formuló una pregunta sobre esa reunión, alegando que podía hacerlo porque el testigo
también había sido propuesto por esa parte (17:38 horas). La Sala así lo admitió y el 
resto de los intervinientes en el proceso no formuló protesta alguna. Al término del 
interrogatorio de las partes (18:53 horas), la Sala hizo uso de lo dispuesto en el párrafo 
segundo del art. 708 LECrim, y formuló la pregunta ahora impugnada. Nadie elevó 
protesta alguna.
b)  La contextualización de los elementos fácticos y jurídicos concurrentes permiten 
abordar la cuestión planteada.
El art. 708 LECrim, en su párrafo segundo, señala expresamente lo siguiente: «El 
presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del tribunal, podrá dirigir 
a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los 
que declaren».
Esta facultad debe ser considerada como una herramienta necesaria para el ejercicio 
de la inmediación judicial que se configura como un presupuesto del principio de libre 
valoración de la prueba, integrándose en el derecho a un proceso público con todas las 
garantías reconocido en el art. 24.2 CE (STC 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 10, con 
cita de las SSTEDH de 26 de mayo de 1988, asunto Ekbatani c. Suecia, § 24 y 27; de 29 
de octubre de 1991, asunto Helmers c. Suecia, § 31 y 32, y de 27 de junio de 2000, 
asunto Constantinescu c. Rumanía, § 53, doctrina que se consolida, con matices, en la 
STC 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 15).
La inmediación implica la práctica de la prueba a presencia del tribunal, a fin de que 
este pueda percibir y valorar por sí mismo todo el acervo probatorio propuesto por las 
partes. Eso requiere que los magistrados no alberguen duda alguna sobre el contenido 
de lo que se practica, sin perjuicio de su validez y suficiencia como fuente probatoria. En 
el caso de un testigo, el tribunal no puede tener incertidumbre alguna sobre lo que el 
testigo dice, desde el punto de vista de un mero entendimiento lógico. Pero también es 
necesario tener clara la conexión o relación entre lo que el testigo dice y los aspectos 
esenciales de los hechos enjuiciados. Por tanto, forma parte de la propia naturaleza de la 
inmediación judicial que el tribunal pueda formular preguntas a un testigo sobre aquellos 
aspectos fácticos que no le hayan quedado claros como resultado del interrogatorio de 
las partes. Ese es el sentido de la expresión «depurar los hechos» contenida en el 
art. 708, párrafo segundo, LECrim. Se trata de desbrozar, limpiar o aclarar los hechos 
que, en definitiva, son el objeto del juicio oral, para su adecuado discernimiento.
Esta facultad no puede confundirse con la función estricta de valoración de la prueba. 
La valoración es una actividad jurisdiccional posterior, que presupone necesariamente 
que el tribunal haya percibido con claridad lo ocurrido en el juicio oral. Nótese que el 
art. 708, en su párrafo segundo, de la Ley de enjuiciamiento criminal permite depurar 
«los hechos», no el «testimonio». El testimonio será luego objeto de valoración (o 
depuración, en cuanto a su validez, credibilidad y suficiencia para acreditar o no los 
hechos enjuiciados) conforme a lo dispuesto en el art. 741 LECrim.
En todo caso, la potestad del tribunal recogida en el precepto citado encuentra como 
límite infranqueable la vigencia del principio acusatorio. El órgano de enjuiciamiento no 
puede introducir hechos que no hayan sido objeto de acusación y sobre los que, por lo 
tanto, el procesado no haya podido ejercer su derecho de defensa en condiciones de 
igualdad con el resto de las partes. El uso de esta prerrogativa no puede suponer, en 
modo alguno, que el tribunal se convierta en acusación, en juez y parte al mismo tiempo, 
con la consiguiente pérdida de su debida imparcialidad. En consecuencia, lo relevante 
son los hechos, y estos vienen definidos por los escritos de acusación, que constituyen 
el objeto del proceso penal y, por lo tanto, del acervo probatorio propuesto por las partes. e.
En el presente supuesto, la reunión celebrada el 28 de septiembre de 2017 entre los  w.b
mandos del cuerpo de Mossos d’Esquadra y algunos de los procesados estaba incluida  513ww
deenl  loosb jeetsoc rditeo sla d per uceablifaic aa cdióens pplerogvairs idounraal ndtee  tlao dvaisst ala osr paal. rAtessí ,a lacu rseafedroernacsi,a f oar mesatnad roe upnairótne 
fdigeul reasbcari teon d leals a pbáoggiandaos  d4e0l  Ey s4t1a ddoe, l ye esncr iltao  pdáegl inMai n2is0t edreiol  eFsicsrciatol,  deen  lala sa cpuásgaicniaósn  2p0o pyu 2la1r 
ejercida por el partido político Vox.
Además, la existencia y contenido de esta reunión había sido puesta de manifiesto 
en una declaración anterior del testigo señor Castellví, y la defensa del procesado señor 
Forn también había formulado una pregunta sobre el contenido de esa reunión, antes de 
que la Sala hiciera uso del párrafo segundo del art. 708 LECrim.
Una vez que la reunión estaba incluida en los escritos de acusación, y que su 
celebración y contenido habían sido introducidos en el juicio oral, la iniciativa de la Sala 
no puede considerarse como impropiamente inquisitiva o desconocedora del principio 
acusatorio. La sala de enjuiciamiento no introdujo un hecho nuevo. La pregunta no pudo 
conformar  una  nueva  acusación,  sino  que  esta  venía  determinada  por  los  hechos 
contenidos en los escritos de calificación provisional, en los que se hacía una referencia 
expresa a la iniciativa para celebrar la reunión, así como a su contenido y finalidad. Y, 
precisamente, la pregunta pretendía aclarar el motivo, la finalidad y el contenido de la 
reunión. No otra cosa significa preguntar acerca de la «preocupación que motivó la 
iniciativa», el «mensaje» que se quería «transmitir» y la «respuesta» obtenida. Planteada 
la pregunta en esos términos, su objetivo y finalidad quedaba englobada sin dificultad en 
los estrictos límites exigidos por el art. 708 LECrim, párrafo segundo, («depurar los 
hechos»), sin infracción del principio acusatorio. Ninguna tacha de parcialidad se puede 
derivar del cumplimiento estricto de las normas procesales.
Ni siquiera puede achacarse a la Sala una mera incoherencia en su actuación. Al 
margen de que la mera contradicción de criterio, o incluso un hipotético error en el 
desarrollo de una vista oral (sobre todo, en un juicio de estas dimensiones y duración), 
no implica, por sí misma, una vulneración de un derecho fundamental ni ha de conllevar, 
necesariamente, la pretendida –y desproporcionada– consecuencia de la nulidad de la 
sentencia, parece claro que la actuación de la Sala encuentra amparo en dos preceptos 
legales diferentes. Los criterios valorativos para la consideración de una pregunta como 
pertinente pueden ser diferentes en función de que el interrogatorio sea formulado por 
una parte o por el tribunal. En el primer caso, la apreciación exige una ponderación sobre 
el principio de contradicción e igualdad de armas, como presupuestos del derecho a la 
defensa.  En  el  segundo,  entra  en  juego  la  inmediación  judicial  como  condición 
imprescindible para la libre valoración de la prueba, con el límite del respeto al principio 
acusatorio. Por todo ello, y conforme a la concreta interpretación del primer párrafo del 
art. 708 LECrim acogida por la Sala, la pregunta podía ser denegada; mientras que el 
segundo párrafo del mismo precepto amparaba la pregunta formulada por el tribunal, 
según hemos expuesto.
Con independencia de todo lo anterior, el carácter meramente aclaratorio de la 
pregunta formulada por la Sala se pone de manifiesto cuando la sentencia señala su 
nula  trascendencia  desde  el  punto  de  vista  del  acervo  probatorio  utilizado  para  la 
condena. Efectivamente, una lectura de la resolución impugnada permite apreciar que, 
en el marco del principio de libre valoración de la prueba, valorada en su conjunto, la 
sentencia no aparece apoyada en la contestación del señor Trapero a la pregunta 
formulada por la Sala, es decir, que fue inocua desde la perspectiva de la afectación 
material de los derechos de la recurrente.
Mención aparte merece el hecho de que, en todo caso, la pregunta formulada por la 
Sala fue seguida de la concesión de un nuevo turno para el interrogatorio de las partes, 
que fue utilizado por la defensa del señor Forn para volver a preguntar por la citada 
reunión, sin protesta alguna del resto de los intervinientes.
Ese  nuevo  turno,  no  previsto  expresamente  en  la  normativa  procesal,  permite 
descartar cualquier indefensión material para las partes derivada de la pregunta hecha  s
por la Sala. Con su actuación, el tribunal sentenciador no incurrió en una «insólita  oe.
situación de contradicción entre el interrogatorio de la presidencia y las defensas», sino  w.
que puso de manifiesto un escrupuloso respeto al derecho de defensa, a la vigencia de  513ww
plorso cpersinoc cipoino sto ddaes  claosn tgraadraicnctiíóans  (ea rti.g 2u4a.l2d aCdE )d.e armas integrados en el derecho a un
8.4.3  Restricción de los interrogatorios.
La cuestión referente a la alegada restricción del alcance de los interrogatorios para 
la defensa fue examinada en el fundamento jurídico 6.3 de la tan citada STC 91/2021, al 
que siguen fundamentos análogos de las también citadas SSTC 106/2021 y 121/2021.
En línea con tales precedentes, en el presente recurso de amparo cabe hacer las 
siguientes consideraciones:
a)  Para dar una contestación a esta queja es preciso efectuar una valoración global 
sobre el desarrollo del juicio oral y, dentro del mismo, sobre el interrogatorio de los 
testigos de cargo y de descargo.
Es  fácil  de  comprender  que  no  resulta  exigible  infalibilidad  ni  al  presidente, 
encargado de dirigir el debate (art. 683 LECrim), ni a los restantes miembros de un 
tribunal de enjuiciamiento. Las circunstancias particulares del juicio que sometemos a 
examen, desarrollado en largas sesiones de mañana y tarde durante meses y en el que 
fueron interrogados más de quinientos testigos, hace aún más asequible la comprensión 
de lo anterior. El desacierto, por tanto, en el ejercicio de las funciones procesales propias 
de la dirección del examen de los testigos a que se refieren los artículos arts. 701 y 
siguientes de la Ley de enjuiciamiento criminal, es una posibilidad real. Con ello no 
queremos dar a entender –debemos aclarar esto de entrada– que la exigencia de 
sometimiento  a  la  ley  procesal  sea  menor  que  en  otros  casos.  Lo  que  queremos 
expresar es que no corresponde a este Tribunal Constitucional otorgar el amparo frente a 
simples  irregularidades  procesales.  Hemos  de  insistir  en  esta  idea.  El  control  que 
compete a este tribunal pasa por efectuar una valoración externa del conjunto de la 
actividad jurisdiccional desarrollada en el juicio para determinar si efectivamente se 
respetaron los principios de neutralidad judicial e igualdad de armas, sin olvidar que las 
infracciones procesales solo tienen relevancia constitucional cuando se produce una 
disminución real y efectiva de garantías, y que para alcanzar una convicción sobre la 
existencia o no de esa diferencia de trato jurídicamente relevante es preciso efectuar un 
juicio de ponderación con arreglo a criterios cualitativos. Lo determinante no es el 
número de supuestos agravios que la parte pueda llegar a invocar (de otro modo, 
bastaría que la parte contraria citara igual número de afrentas para enervar el motivo), 
sino su importancia, puesta en relación con el comportamiento del órgano jurisdiccional 
respecto a las demás partes y en el conjunto del debate procesal.
La argumentación de la queja en la demanda, como hemos visto, está basada sobre 
determinados episodios del juicio (cuatro, en este caso) en los que, según la parte 
recurrente, el tribunal de enjuiciamiento se desvió de la correcta aplicación de la ley 
procesal en contra de las defensas.
Este tribunal, sin embargo, constata que no existió ese trato peyorativo hacia la 
defensa. Más allá de que todas las protestas han recibido una respuesta expresa de la 
sala sentenciadora, del acierto de dichas respuestas (en términos de ajuste a la norma 
procesal), y de que, como también constatamos, esas incidencias carecen de relevancia 
para la formación del relato fáctico del que dimana la condena, podemos ya adelantar 
que estimamos que tales acontecimientos, valorados en su conjunto y en el contexto de 
todo el juicio oral, resultan manifiestamente insuficientes para fundar la existencia del 
trato desfavorable del que se queja la recurrente.
Para alcanzar esa conclusión tomamos en consideración el desarrollo del juicio en su 
integridad, el relato de hechos probados y las razones de la condena de la recurrente, de 
todo lo cual se ha dado cuenta en los antecedentes y en el fundamento jurídico 3 de esta  e
resolución, así como los acontecimientos en que la parte demandante funda su queja y  bo
las respuestas ofrecidas por el Tribunal Supremo. De esto se desprende que se trata de  513ww
ancoo npteercmimiteienn taofsir mmeanr onrei sq, uiniecbidrae ndceia sl ao  iigrrueagludlaadri ddaed easr pmraosc ensai lemse lremvae s,d eal  lod esuremcoh,o  qudee 
defebn)s a.A  juicio  de  este  tribunal,  ninguno  de  estos  acontecimientos,  considerados
aisladamente, tiene la entidad suficiente como para deducir una quiebra de la neutralidad
judicial. Tomados conjuntamente y en el contexto del juicio, la tacha se desvanece por 
completo.
Examinamos a continuación los episodios concretos a que se refiere la demanda:
(i)  Respecto del interrogatorio del señor Benach, el visionado de la grabación de la 
sesión celebrada el 14 de marzo de 2019 (vídeo 2, minuto 9:16, correspondiente a 
las  11:49  horas)  revela  que,  un  vez  que  el  testigo  aclaró  que  fue  presidente  del 
Parlamento  de  Cataluña  desde  2003  hasta  diciembre  de  2010,  respondió  a  varias 
preguntas sobre el funcionamiento de dicha institución, con carácter general. En relación 
con la sesiones de los días 6 y 7 de septiembre de 2017 declaró que se hallaba presente 
como invitado. Al ser preguntado sobre la actuación de la mesa en dichas sesiones fue 
cuando  intervino  el  presidente  apuntando  la  improcedencia  de  tales  preguntas  y 
aclarando que la utilidad de la declaración se hallaba en cuanto el testigo podía dar 
cuenta de «prácticas parlamentarias», usos que no están en el texto del Reglamento de 
la Cámara, y que no habría de ser interrogado sobre el comportamiento de la mesa, al 
no formar parte de la misma. No se formuló protesta alguna.
(ii)  El señor Espejo declaró en la sesión de 4 de marzo de 2019 (minuto 35, vídeo 5, 
correspondiente  a  las  16:44  horas)  señalando  en  primer  lugar  su  condición  de 
vicepresidente segundo de la mesa de Parlamento en el momento de ser interrogado. 
Responde también sobre «prácticas parlamentarias», reconoce que no era miembro de 
la mesa en la X Legislatura, pero sí lo era en la fecha de los hechos enjuiciados –XI 
Legislatura–,  dando  cuenta  de  lo  acontecido  en  el  seno  del  mencionado  órgano 
parlamentario, del que formaba parte, sobre los hechos por los que se seguía proceso 
penal. Tampoco hay protestas.
(iii)  El brigada de la Guardia Civil con tarjeta de identificación profesional R77175H 
declaró en la sesión de 20 de marzo de 2019 (vídeo 1). Tras un extenso interrogatorio 
del fiscal, y llegado su turno tras una hora y trece minutos, la letrada señora Roig, 
defensora del señor Cuixart, formuló protesta, alegando que las preguntas del ministerio 
público, quien había propuesto la prueba, desbordaron el objeto de dicha proposición, al 
haber versado sobre hechos ajenos a determinada entrada y registro en que el testigo 
participó. Dicha protesta fue objeto de una extensa respuesta por parte del presidente 
del tribunal que puso de manifiesto, en síntesis, que el alcance del interrogatorio no 
podía  limarse  al  contenido  de  la  proposición  –«tres  renglones»  del  escrito  de 
calificación– y que la restricción del objeto del interrogatorio de testigos en juicio oral al 
contenido  de  su  intervención  en  la  fase  de  instrucción  obedece  a  una  superada 
concepción del proceso penal que contraría la funcionalidad asignada por la ley al 
plenario.
(iv)  Finalmente, de la declaración del señor Torrent, que tuvo lugar a partir de 
las 16:09 horas del día 4 de marzo de 2019, y de la polémica planteada con ocasión de 
la misma, da buena cuenta el texto de la sentencia que ha sido reproducido más arriba.
Como nota común de los episodios señalados, que se extiende a todo el juicio oral, 
puede apuntarse que la presidencia del tribunal confirió un ancho margen a todos los 
intervinientes  para  preguntar,  contestar  y  repreguntar.  Se  observa  que  todas  las 
intervenciones del presidente, que han quedado reseñadas, muy contenidas a partir del 
reconocimiento de tal amplitud en preguntas y repuestas, obedecen a un criterio según el 
cual los testigos habrían de declarar sobre hechos en los que, además, hubieran tomado 
parte personalmente. Trataron así de excluirse las valoraciones que, como reiteró el 
presidente de la Sala, corresponde efectuarlas al tribunal de enjuiciamiento y, en la  e
medida de lo posible, cuando había testigos directos, los testimonios de referencia. bo
No  es  función  de  esta  jurisdicción  constitucional  valorar  el  acierto  o  no  de  las  513ww
ajunritsedriiocrceiósn  rseusbpsuideisatraias , [acrto. m5o3 .2v CenEim yo asr t.r e4p4i.t1ie nc)d oL.O  TECn] , rlae aaliudsaedn, cipao dr e sperro teessttaa  deu nlaa 
pcoanrtset ateanm oaslg quuneo sl osd ea ceosnttoesc imeipeinstoodsi oesn  nlooss  qeuxei mlae  padrete  srue cuerxraemnteen s. usEtne nttao dsou  qcauseoja, 
obedecen a un discurso lógico, y los que vinieron acompañados de protesta han recibido
por  parte  del  tribunal  encargado  del  enjuiciamiento  –que,  conforme  a  nuestra 
Constitución, se trata del órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo 
dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123.1 CE)–, una respuesta 
explícita, completa, razonada y razonable. La motivación contenida en la sentencia y que 
ha sido expuesta, que cubre la totalidad de las protestas, y las intervenciones del 
presidente del tribunal en el ejercicio de su función de dirección del debate procesal, 
cumplen con el canon constitucional de razonabilidad que resulta aplicable, y descartan 
la sospecha de arbitrariedad y de trato desfavorable que suscita la parte recurrente. 
Todas y cada una de las decisiones adoptadas por el presidente en la dirección del juicio 
que han merecido reproche por parte de las defensas tienen una explicación razonada, 
siquiera no sea del agrado de la demandante de amparo.
c)  Finalmente, las irregularidades denunciadas en la demanda de amparo no han 
causado a la parte indefensión material.
Esta conclusión, que es reiterada por el Tribunal Supremo a lo largo del citado 
apartado 16 del fundamento de Derecho A) de la sentencia recurrida en amparo, se 
alcanza observando la relación de hechos probados, de la que se ha dejado literal 
constancia  en  los  antecedentes  de  esta  sentencia,  y  los  términos  en  que  ha  sido 
planteada la queja en la demanda, de lo que también se ha dado cuenta anteriormente. 
La parte recurrente no liga ninguna de las concretas vicisitudes en las que funda este 
motivo con algún hecho que se estimó probado o con la preterición por la sentencia de 
algún otro que, a su juicio, debiera haber integrado el relato histórico. Esto es lo que 
hubiera sido constitucionalmente relevante y justamente es lo que no consta: la mínima 
incidencia de las supuestas infracciones procesales en el resultado probatorio y, en 
definitiva, en las razones que llevaron a la condena de quien ahora recaba el amparo de 
esta jurisdicción constitucional.
En definitiva, este tribunal entiende que la igualdad de las partes en el proceso ha 
sido respetada y no se han menoscabado sus facultades de participación en la práctica 
de la prueba testifical.
8.4.4  Condiciones en el desarrollo del juicio oral.
La queja sobre las inadecuadas condiciones de celebración del juicio debido a su 
celeridad y a la situación de privación de libertad de la recurrente, también recibió una 
respuesta expresa por parte de la sala de enjuiciamiento, que este tribunal considera 
razonable y suficiente.
El  alegato  sobre  la  falta  de  tiempo  para  preparar  adecuadamente  la  defensa 
constituye una reiteración del motivo esgrimido respecto de la fase de instrucción. Nos 
remitimos a la respuesta ofrecida en el fundamento precedente de esta sentencia. 
Tampoco  aquí  la  parte  recurrente  expresa  el  perjuicio  real  y  concreto  que  dicha 
circunstancia  le  causó  para  su  defensa.  No  menciona  la  demanda  intervención  o 
alegación alguna que se viera impedida o menoscabada, u omisión en el juicio oral que 
fuera debida a la mencionada celeridad. Es más, el ejemplo con el que pretende hacer 
valer su argumento, en el que alude a la notificación del señalamiento de una sesión con 
una semana de antelación, no es, a nuestro juicio, indicativo de la insuficiencia de tiempo 
alegada. Por el contrario, atendiendo a la duración de la fase instructora, a la progresiva 
decantación  de  los  hechos  a  enjuiciar  con  ocasión  de  la  fase  intermedia,  y  a  la 
prolongación de las sesiones del juicio oral, entendemos, con el tribunal sentenciador, 
que la defensa ha dispuesto razonablemente de tiempo suficiente para preparar su  s
intervención en la práctica de las pruebas y su informe final. La situación de prisión  oe.
ptdroeremesl tvjarueinmincgotiiiodvs a ooe  rdenaun l cr uaoqnnnu ts«eeii  dleisemle rti aiteeacmndiócopno o cnq otdurneaetdba ilaccat a olsad ae olrn aeat rcld euae rllmr oeesunn eltjeeurtz ircnoaiao»dm .oisnie vyna tlsoidu asp  eperamsttraitoi ócc iondnaucdrlaounsst ie[ó… nla,]  smn is ásexisqimiuoeine ersasi    2021-19513n https://www.
En la STC 5/2020, de 15 de enero, FJ 14, con ocasión del recurso de amparo dirigido
contra la medida cautelar de prisión provisional, dimos respuesta a una queja en la que
la recurrente denunciaba afectación de su derecho de defensa para reclamar su puesta 
en libertad. De acuerdo con lo dicho entonces, cabe reiterar que «resulta patente que la 
pretensión analizada es genérica e indeterminada, pues no especifica qué actuaciones 
procesales  ni  qué  facultades  del  derecho  de  defensa  se  han  visto  decisivamente 
afectadas o limitadas» por el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional, 
«de manera que haya sufrido un menoscabo sensible de los principios de contradicción y 
de igualdad de armas (STC 62/2009, de 9 de marzo, FJ 4)».
Procede, en consecuencia, desestimar también este motivo del recurso de amparo.
9.  El derecho a la presunción de inocencia.
Conforme  queda  reflejado  en  los  antecedentes  de  esta  resolución,  las  quejas 
asociadas a la vulneración de este derecho fundamental se bifurcan en tres vertientes 
diferentes, toda vez que los hechos que las sustentan se atribuyen al propio tribunal 
sentenciador, a la sala de recursos que dictó el auto de 17 de abril de 2018 y, en su 
dimensión  extraprocesal,  a  los  cargos  públicos  que  se  identifican  en  el  escrito  de 
demanda. A la hora de analizar las referidas denuncias, este tribunal no seguirá el orden 
establecido  en  el  escrito  de  demanda,  pues  considera  más  oportuno  mantener  el 
esquema seguido en el apartado de antecedentes de esta resolución. Por tanto, en 
primer  lugar  se  dilucidará  sobre  la  vulneración  del  referido  derecho  durante  la 
sustanciación del procedimiento; luego, se resolverá respecto de la lesión atribuida a la 
sentencia condenatoria; y finalmente decidiremos sobre la conculcación de la presunción 
de inocencia en su dimensión extraprocesal.
9.1  Doctrina constitucional.
Previamente a resolver la temática que específicamente se suscita, parece oportuno 
reproducir la doctrina constitucional que en relación con el derecho a la presunción de 
inocencia expusimos en el fundamento jurídico 8.4 de la STC 122/2021, de 2 de junio.
Señalábamos  allí  que  es  doctrina  reiterada  de  este  tribunal,  como  expone  la 
STC 105/2016, de 6 de junio, FJ 8, que «el derecho a la presunción de inocencia se 
configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que 
exige una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a 
todos  los  elementos  esenciales  del  delito,  y  que  de  la  misma  quepa  inferir 
razonablemente  los  hechos  y  la  participación  del  acusado  en  los  mismos.  A  este 
respecto,  el  tribunal  ha  manifestado  en  numerosas  ocasiones  su  radical  falta  de 
competencia "para la valoración de la actividad probatoria practicada en el proceso penal 
y  para  la  evaluación  de  dicha  valoración  conforme  a  criterios  de  calidad  o  de 
oportunidad, quedando limitada la misión de este tribunal, cuando le es invocado el 
derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), a supervisar externamente la 
razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante 
[…] Igualmente se ha destacado que, a falta de prueba directa, la prueba de cargo sobre 
la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito puede ser indiciaria, 
siempre que se parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de 
delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde 
con las reglas del criterio humano, puesto de manifiesto en la sentencia, y que el control 
de la solidez de la inferencia puede llevarse a cabo tanto desde el canon de su lógica o 
coherencia, siendo irrazonable cuando los indicios constatados excluyan el hecho que de 
ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente a él, como desde el de su suficiencia 
o carácter concluyente, excluyéndose la razonabilidad por el carácter excesivamente  e.
abierto, débil o indeterminado de la inferencia" (entre otras muchas, SSTC 127/2011,  w.
de 18 de julio, FJ 6, y 142/2012, de 2 de julio, FJ 5)». 513ww
en qSuueb «ralay aid toanmebidiéand  lian ccriitmadinaa tSoTriCa  d1e0b5e/2 s0e1r6 n, oF Js o8l,o q auper eecsitaed atr ipbourn aell  hjuae zh,e scihnoo  htainmcbaipéiné 
pculaasnmtoa daa l ae vna llao rsaecniótenn dceia l,a d per ufoerbma ay  qlau efi jalac icóanr ednec lioas  oh eincshuofsic ipernocbiaad does  lean tmraoñtiav alac ilóens ieónn   BOE-A-cable e
del derecho a la presunción de inocencia, lo que impone como canon de análisis no ya la 
mera cognoscibilidad de la ratio decidendi de la decisión judicial, sino una mínima 
explicación de los fundamentos probatorios del relato fáctico, con base en el cual se 
individualiza  el  caso  y  se  posibilita  la  aplicación  de  la  norma  jurídica  (por  todas, 
STC 22/2013, de 31 de enero, FJ 5, y las resoluciones allí citadas)». Ese específico 
deber de motivación ex art. 24.2 CE es diferente y más estricto que el genérico del 
derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva,  «dado  que  está  precisamente  en  juego  aquel 
derecho y, en su caso, el que resulte restringido por la pena, que será el derecho a la 
libertad cuando […] la condena lo sea a penas de prisión» (SSTC 209/2002, de 11 de 
noviembre, FJ 3; 169/2004, de 6 de octubre, FJ 6; 143/2005, de 6 de junio, FJ 4; 
12/2011, de 28 de febrero, FJ 6, y 22/2013, de 31 de enero, FJ 5). En este marco, la 
jurisprudencia constitucional también ha establecido que la presunción de inocencia se 
extiende a verificar si se ha dejado de someter a valoración la prueba de descargo 
aportada, exigiéndose una ponderación de la misma, pero sin que ello implique que esa 
ponderación se realice de modo pormenorizado, ni que la ponderación se lleve a cabo 
del modo pretendido por el recurrente, sino solamente que se ofrezca una explicación 
para su rechazo (así, SSTC 104/2011, de 20 de junio, FJ 2; 88/2013, de 11 de abril, 
FJ 12; o 2/2015, de 19 de enero, FJ 4).
En síntesis, los órganos judiciales «han de exteriorizar razonadamente y de forma 
lógica los motivos que fundamentaron su convicción inculpatoria, más allá de toda duda 
razonable» SSTC 129/1998, de 16 de junio, FJ 4, o 141/2001, de 18 de junio, FJ 6); y la 
función de este tribunal se ciñe a comprobar que el órgano judicial efectivamente expone 
las razones que le han conducido a fijar el relato fáctico a partir de la actividad probatoria 
practicada y efectuar un control externo del razonamiento lógico seguido respetuoso con 
el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria en orden a la fijación de los hechos 
(STC 67/2021, de 17 de marzo, FJ 3).
9.2  Vulneración de la presunción de inocencia producida durante el procedimiento.
9.2.1  Posiciones de las partes.
Para  la  demandante,  según  «reiterada  jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de 
Derechos Humanos, la presunción de inocencia se vulnera cuando en una resolución 
judicial se refleja la opinión de que la persona objeto del procedimiento es culpable antes 
de  que  se  hubiese  probado  legalmente  su  culpabilidad.  Dicha  concepción  de  la 
presunción de inocencia se aplica incluso en ausencia de cualquier declaración formal, 
bastando únicamente una motivación que conlleve la concepción que el juez considera al 
interesado  como  culpable».  Apuntala  esta  afirmación  en  el  considerando  16  de  la 
Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, 
por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de 
inocencia,  que  establece  que:  «Se  vulneraría  la  presunción  de  inocencia  si  las 
declaraciones públicas de las autoridades públicas, o las resoluciones judiciales que no 
fuesen de condena se refiriesen a un sospechoso o acusado como culpable mientras no 
se  haya  probado  su  culpabilidad  con  arreglo  a  la  ley.  Dichas  declaraciones  y 
resoluciones judiciales no deben reflejar la opinión de que esa persona es culpable».
Refiere que el auto de la sala de recursos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, 
de 17 de abril de 2018, al resolver la petición de don Jordi Sànchez para que se le 
otorgara un permiso penitenciario para acudir al pleno de investidura del presidente de la 
Generalitat,  dedica  hasta  cuatro  páginas  para  «realizar  una  dura  e  incomprensible  s
crítica» a la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein del día 5 de abril, que había  oe.
dfcinaoeacmstdtoeamrtceiietasidnb odlde oe   leaeel n v eopExlásutrrpcraaaiódfñnoica, i  óestniene   mhdeupel bol iq eusyraee n ñre ospsoreu srltPtpiaeuednitogrea,d: d eno«mo qe ounpne atu  rnsepi co laerlon  sdme  lud hyeed  ceAfhalilteocomst i badlqeneu i aeq, ru ecseboe en tlo ihóldoanosn,    mesvliielseonmn iddsoeoos     2021-19513n https://www.
saldara con una sentencia condenatoria meramente simbólica, como se dice en la
resolución del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein».
Señala a su vez que la sala de recursos no precisó si los hechos son presuntos o 
indiciarios, pese a que el procedimiento estaba en fase de instrucción; y añadió que los 
mismos se saldarán con una sentencia condenatoria. Por ello, la demandante entiende 
que  el  órgano  judicial  mantuvo  la  opinión  de  que  los  ahora  condenados  eran  ya 
considerados culpables.
La Abogacía del Estado sostiene que el auto de fecha 17 de abril de 2018 no fue 
dictado por la sala de enjuiciamiento, por lo que difícilmente puede deducirse perjuicio 
alguno sobre la recurrente.
Por  su  parte,  el  Ministerio  Fiscal  destaca  que  el  auto  en  que  se  inserta  la 
argumentación  cuestionada  guarda  relación  con  las  razones  dadas  por  el  Tribunal 
Regional  Superior  de  Schleswig-Holstein  para  no  acceder  a  la  entrega  del  señor 
Puigdemont;  que  el  referido  auto  resuelve  un  recurso  contra  la  denegación  de  un 
permiso penitenciario solicitado por don Jordi Sànchez, decisión que fue objeto de un 
recurso de amparo propio. Por tanto, se trata de una decisión interlocutoria atinente a 
otro acusado «en virtud de una circunstancia que no concernía a la demandante», de ahí 
que la queja resulta de extemporánea alegación. Por último, señala que lo afirmado por 
el tribunal fue un mero obiter dictum.
9.2.2  Respuesta del órgano judicial.
En los apartados 9.1 a 9.3 del fundamento de Derecho A) de la sentencia impugnada 
solo se da respuesta a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, con 
motivo de declaraciones a la «BBC» de doña Irene Lozano y otros líderes políticos. El 
contenido de lo argumentado al respecto se analizará en un apartado posterior de esta 
sentencia.
9.2.3  Resolución de la queja.
En la demanda se afirma que en el escrito de conclusiones provisionales se alegó, 
como cuestión previa, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia; y también 
se  refiere  que  dicha  queja  fue  resuelta  en  las  pp.  141  a  145  de  la  sentencia 
condenatoria. No obstante, aun cuando en el anexo de las conclusiones provisionales se 
planteó la cuestión previa atinente a la vulneración del derecho a la presunción de 
inocencia (arts. 24.2 CE, 6.2 CEDH, 14 PIDCP y 11 DUDH), concretamente como 
cuestión previa tercera, en dicho apartado no se hace referencia al contenido del auto 
de 17 de abril de 2018 para fundar la vulneración del referido derecho fundamental, en 
los términos expresados en la demanda.
El art. 44.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece, como 
requisito de admisibilidad del recurso de amparo, «que se haya denunciado formalmente 
en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto 
como,  una  vez  conocida,  hubiera  lugar  para  ello».  En  relación  con  el  precepto 
anteriormente transcrito, este tribunal ha asentado una pacífica doctrina cuyo contenido 
queda sintetizado del siguiente modo:
«[L]a finalidad de preservar la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo ha 
guiado la interpretación del mismo y el contenido mínimo del que debe dotarse a la 
invocación para que pueda considerarse cumplida. En tal sentido, hemos rechazado una 
interpretación literal o excesivamente rigorista, aunque el rechazo de tal entendimiento 
formalista no ha llegado ni puede llegar a un vaciamiento absoluto de un precepto legal 
cuya ordenación responde a la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo, que se  e.e
desprende claramente del art. 53.2 CE, de modo que el titular del derecho fundamental  b
debe facilitar su protección y hacer posible, con su invocación, que el órgano judicial  513ww
nreummeedroies alsa  repsreosluucniotan evsi oqlaucei ócno ndsetilt uyceonrr eusnp ocnudeierpnote  judriesrpercuhdoe.n cEianl  ceosnes oslideandtidoo, ,e seten 
tsruibpuonnael  hnae cdeescalariraa deo  iqnueex,c usis baibelne mlae inntveo claa ccióitan  fcoormncarle etax igyi dnau pmoérr iecla a rdt.e 4l 4p.r1e cce) pLtOo TdCe  nlao 
Constitución  en  el  que  se  proclama  el  derecho  o  los  derechos  supuestamente
vulnerados, ni siquiera la mención de su nomen iuris, la invocación ha de efectuarse, sin 
embargo, de manera que se cumpla la finalidad perseguida con su exigencia, lo que 
significa que se ha de ofrecer base suficiente para que, en la vía judicial, puedan 
conocerse las concretas vulneraciones de derechos fundamentales después aducidas en 
el recurso de amparo, lo que requiere, al menos, una delimitación del contenido del 
derecho que se dice vulnerado o, en otras palabras, que el tema quede acotado en 
términos que permitan a los órganos judiciales pronunciarse sobre el mismo. Así, hemos 
señalado que lo decisivo es que, a través de las alegaciones que se formulen en la vía 
judicial, de los términos en que se ha planteado el debate en la vía procesal o de la 
descripción fáctica o histórica de los datos o circunstancias de hecho de la violación del 
derecho fundamental o del agravio del mismo, se permita a los órganos judiciales su 
conocimiento en orden a que, de un lado, puedan argumentar y pronunciarse sobre la 
cuestión y, de otro, reparen, en su caso, la vulneración aducida (entre las más recientes, 
STC 211/2007, de 8 de octubre, FJ 3).
También tiene declarado este tribunal que el momento procesal oportuno para la 
invocación en el previo procedimiento judicial del derecho fundamental vulnerado es el 
inmediatamente subsiguiente a aquel en el que sobreviene la pretendida lesión, sin 
perjuicio de reiterarla en la posterior cadena de recursos (SSTC 62/1999, de 26 de abril, 
FJ 3, o 132/2006, de 27 de abril, FJ 2). Igualmente, es preciso poner en conocimiento del 
órgano judicial el hecho fundamentador de la vulneración, de modo que la pretensión 
deducida en amparo no tenga un contenido distinto al que se hizo valer ante los órganos 
judiciales, pues si la queja se argumenta con base en otras razones el recurso de 
amparo perdería el carácter de subsidiariedad que la Constitución y la Ley Orgánica de 
este Tribunal le atribuyen (SSTC 201/2000, de 24 de julio, FJ 3, y 130/2006, de 24 de 
abril, FJ 4, por todas)» (STC 62/2008, de 26 de mayo, FJ 2).
Por otro lado, la resolución en que se inserta la argumentación que la demandante 
reprueba desestimó el recurso de apelación, que fue interpuesto por don Jordi Sànchez 
Picanyol contra la denegación del permiso penitenciario que este último interesó para 
poder acudir a la celebración del pleno de investidura que iba a tener lugar en el 
Parlament. El auto de fecha 17 de abril de 2018 fue impugnado ante este tribunal 
mediante la interposición del recurso de amparo núm. 2228-2018, que fue ulteriormente 
desestimado por la STC 4/2020, de 15 de enero. Sin embargo, en el citado recurso no se 
denunció por el entonces recurrente, señor Sànchez, la vulneración del derecho a la 
presunción de inocencia por los motivos que ahora la demandante atribuye a ese auto 
de 17 de abril de 2018. Y como así se refleja en los antecedentes de la sentencia citada, 
doña Carme Forcadell Lluís se personó en el indicado recurso de amparo, pero no 
formuló alegaciones cuando le fue conferido el traslado para tal menester.
Por tanto, de todo lo expuesto se desprende que la recurrente no planteó en el 
escrito de conclusiones provisionales, como cuestión previa, la queja que luego formula 
en la demanda de amparo, lo que de por sí resulta asaz para apreciar la falta de 
invocación temporánea de la lesión en sede judicial, con contravención de lo establecido 
en el art. 44.1 c) LOTC. Por otro lado, el demandante de amparo en el recurso núm. 
2228-2018 no planteó la queja que la recurrente suscita en este punto, ni esta última 
formuló alegación alguna en el referido recurso, pese a estar personada, a fin de poner 
de manifiesto las consideraciones que en la presente demanda expone respecto de la 
argumentación dada por la sala de recursos en relación con la decisión adoptada por el 
tribunal alemán identificado con anterioridad.
Al margen de las razones apuntadas concurre otra razón de calado para rechazar la  e.
queja: las frases que, a juicio de la demandante, vulneraron su derecho a la presunción  w.b
de inocencia fueron expresadas por un órgano judicial diferente del que enjuició a los  513ww
maceudsiaddao qsu ey  qduicietón  lfaosrm ruelsóo elul criaoznoensa mquieen stoe  qcuoem sbea cteune setino neas tfeu er elac usrasloa.  dPeo rre ctaunrstoo,s  edne  llaa 
Sdeall ap Sreesgeunnted a redceul rTsroib uanmapl aSruop, reaml  óor, gnaandoa  ecnajbueic iraedporor cqhuaer,  ddeicstdóe  lalas  preerssopleucctiiovnae ps roqpuiae 
constituyen el objeto del presente recurso, respecto del cual tampoco se afirma en la
demanda que fuera influido o mediatizado por lo expuesto en el auto dictado por la sala 
de recursos.
9.3  Vulneración de la presunción de inocencia producida en el pronunciamiento 
condenatorio.
En la demanda de amparo también se expresa que el fallo condenatorio lesionó el 
derecho a la presunción de inocencia de la recurrente (art. 24.2 CE). Pese a que son dos 
las quejas que se dirigen contra la sentencia de fecha 14 de octubre de 2019, solamente 
en la rúbrica de una de ellas se hace constar que la vulneración se ha producido en la 
sentencia, pues en el título de la segunda queja hace mención a la conculcación de la 
presunción de inocencia sufrida en relación con el derecho a la igualdad y la prohibición 
de  discriminación.  No  obstante,  como  materialmente  ambas  denuncias  atañen  a  la 
sentencia condenatoria serán analizadas dentro de este apartado, si bien de manera 
separada.
9.3.1  Vulneración  del  derecho  a  la  presunción  de  inocencia  por  falta  de 
identificación probatoria e inconcreción de determinados hechos probados.
9.3.1.1  Posiciones de las partes.
La demandante de amparo afirma que el derecho a la presunción de inocencia exige 
que el fallo condenatorio se sustente en verdaderos medios de prueba. Sin embargo, 
señala que en el presente caso esta última condición no se cumple, porque la sentencia 
«no establece un apartado en el que aborde la valoración de la prueba practicada», 
pasando de los hechos probados al juicio de tipicidad y autoría, sin referencia a los 
medios probatorios. Por ello, sostiene que no es posible reconocer las fuentes de prueba 
utilizadas para basar su condena, lo que conlleva indefensión.
La recurrente trae a colación algunos pasajes del relato fáctico que considera que 
adolecen de la debida concreción y en los que tampoco se identifica su relación con las 
pruebas practicadas. En concreto, alude a los siguientes extremos: (i) en la pág. 45 se 
afirma que la movilización «también impidió que pudiera ser atendida la orden judicial 
con  normalidad»  pero  no  se  indica  cuáles  serían  las  condiciones  de  normalidad 
alteradas, pues no se hace referencia «a hechos exactos sobre dicha práctica ni cómo la 
movilización ciudadana pudo afectarlos»; (ii) en la pág. 46 se dice que durante los 
disturbios, don Jordi Sànchez se «erigió en el interlocutor», pero no se dejó constancia 
de qué hechos constituyeron esos «disturbios» o qué resultados lesivos se produjeron; 
(iii) en la pág. 54 se afirma que «en diversos lugares de la geografía catalana se 
produjeron enfrentamientos entre miembros de las fuerzas de seguridad y ciudadanos», 
sin mayor concreción respecto de los lugares, centros de votación y la naturaleza de los 
enfrentamientos; (iv) en la pág. 55 se afirma de manera contradictoria que «los agentes 
de Policía Nacional y Guardia Civil se vieron obligados al uso de la fuerza legalmente 
previsto» para posteriormente referir que «a primeras horas de la tarde, dado que el uso 
de la fuerza podría devenir desproporcionado, los agentes de la Policía Nacional y 
Guardia Civil recibieron órdenes y se vieron irremediablemente forzados a declinar su 
propósito inicial».
Por último, expone que el juicio de tipicidad se formula con base en referencias 
genéricas que no se relacionan con los hechos ni con las pruebas practicadas. A título 
de ejemplo, indica que la sentencia describe que «han quedado evidenciados episodios 
de auténtica complicidad», en relación con la actitud de los agentes y manifestantes,  e.e
pero no se hace mención a las pruebas en que se funda ese aserto; al igual que cuando  b
se refiere a que «la hostilidad desplegada hizo inviable el día 20 de septiembre que los  513ww
fquunec io«neanr iotosd doise ralons  ccuemnptrloims iedneto  vcootanc nióonr msael idraedp itaió l alsa  ónredgeanteivsa» ; voe rcbuaalnizdaod as ed seo sfotiremnae 
tvoedhoesm loesn tcee»n, trcousa dned ov oetna ceiól na.cto del juicio oral no se practicó prueba en relación con
La Abogacía del Estado alega que la queja de la recurrente encubre una mera 
disconformidad con la valoración de la prueba practicada por el órgano judicial, pues el 
relato fáctico deriva de la actividad probatoria realizada en el juicio oral, conforme al 
principio de inmediación, y su resultado alcanza el estándar exigible. Afirma que en el 
fundamento de Derecho C), relativo al juicio de autoría, en sus apartados 1.1 y 1.2, se 
analizan  de  forma  pormenorizada  las  pruebas  que  soportan  la  intervención  de  la 
recurrente en los hechos por los que resulta condenada. Por todo ello, colige que no se 
ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.
Para  el  partido  político  Vox  no  se  ha  producido  vulneración  del  derecho  a  la 
presunción de inocencia durante el procedimiento, toda vez que los ejemplos que se 
exponen  en  la  demanda  corresponden  a  actuaciones  llevadas  a  cabo  conforme  a 
Derecho, entre ellas la actuación de la policía judicial como «descubridor y garante de 
los efectos del delito».
La fiscal también interesa la desestimación de la queja. Afirma que la sentencia 
impugnada desmenuza pormenorizadamente la prueba que ha tenido en cuenta para la 
acreditación de los hechos y la participación en ellos de la ahora demandante, sobre la 
base  de  una  diversidad  de  prueba:  el  reconocimiento  parcial  de  sus  propias 
manifestaciones en el plenario, lo declarado por testigos directos de los hechos, las 
comunicaciones y elementos fotográficos que acreditan su participación, los distintos 
procedimientos  legislativos  o  de  otra  índole  en  los  que  participó  en  el  Parlament, 
publicados en los diarios oficiales de la Generalitat, algunos documentos que acreditan la 
notificación personal de resoluciones del Tribunal Constitucional, la documental que la 
vincula en concierto con los demás condenados y el examen de sus manifestaciones de 
descargo y de testigos de la defensa.
9.3.1.2  Respuesta judicial.
En el folio 29 del escrito de interposición del incidente de nulidad de actuaciones, la 
recurrente alega que «la sentencia que ahora se recurre, no expone cómo realiza la 
valoración de la prueba, esto es, expone unos hechos que declara probados y explica la 
calificación jurídica de los mismos sin motivar con base a qué pruebas se declaran 
probados y sin explicar el motivo por el que los considera probados. Ello se concretará 
mediante ejemplos a continuación».
En el apartado 9.5 del auto que resuelve los incidentes de nulidad de actuaciones 
planteados, el órgano judicial dirime la queja de lesión del derecho a la presunción de 
inocencia.  Según  se  resume  en  la  indicada  resolución,  la  demandante  alegó  la 
vulneración de la presunción de inocencia en relación con el derecho de igualdad, al 
afirmar que «no consta la más mínima prueba en su contra y que la sentencia no explica 
cómo realiza la valoración de la practicada. Incide en que su actuación no se distingue 
del resto de los miembros de la mesa del Parlament». La respuesta del tribunal fue la 
siguiente:
«Se descarta igualmente la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
Las pruebas valoradas por esta Sala para declarar probados los hechos por los que 
la  señora  Forcadell  ha  sido  condenada,  se  explicitan  en  el  apartado  C)  de  los 
fundamentos de Derecho, al examinar el juicio de autoría correspondiente (punto 1.3), e 
incluyen testificales, documentales y su propia declaración. Las alegaciones del escrito 
presentado ponen de manifiesto una clara discrepancia con dicha valoración y con las 
inferencias que de ella se obtienen, pero ello no implica la insuficiencia de los medios de  s
prueba analizados. oe.
cnvouunlenfvHeoorrea mmmdidooearsda dio d d cepeosa ntlrao acsu a rneddaceo or jeunccrsoihsindop esraru andfurtee ndnrdiecoaciramiids iearoendnit teaeqslreua yseda ,a ( A eadTld eoSi np ect2said6tdae ad nsSete  ae alnadb ,erl ai ln  no2rue 0lspi1dou8aleu d–dc reióde necc  uoqarnsucvoeteu  r1sate4cir is1ote5an -ce2ehs0na,1   d7due–en     2021-19513n https://www.
entre otros muchos).»
9.3.1.3  Resolución de la queja.
La  queja  reflejada,  cabe  ya  anticiparlo,  debe  ser  desestimada  conforme  a 
continuación se razona. En lo concerniente a las alegaciones acerca de la inexistencia 
de  un  apartado  concretamente  destinado  a  la  valoración  de  la  prueba  y  de  la 
inconcreción del relato histórico, este tribunal constata que, aun cuando en la sentencia 
no se ha acotado uno o varios apartados destinados a la valoración de las pruebas 
practicadas,  ello  no  significa  que  la  referida  resolución  se  halle  huérfana  de  tal 
ponderación, pues en diferentes partes de la fundamentación jurídica se hace referencia 
al contenido de determinados medios probatorios y se plasman la consideraciones que 
de los mismos extrae el tribunal. Por otro lado, la mera alusión a los déficits indicados no 
basta para tener por cumplida la carga argumental que a la demandante concierne, a fin 
de explicitar la indefensión material que alega. Por ello, en este apartado solamente se 
analizarán los aspectos concretos que en la demanda se especifican como ejemplos de 
la vulneración del derecho fundamental a que alude.
a)  En  relación  con  los  acontecimientos  del  día  20  de  septiembre  de  2017,  la 
primera censura que se formula recae sobre la ausencia de explicación sobre cuáles 
debieron ser las condiciones de «normalidad» de los registros que se vieron afectadas 
por la movilización. También se cuestiona que se haga referencia a los «disturbios» 
habidos cuando don Jordi Sànchez se erigió en interlocutor, pero no se especifica en qué 
consistieron esos disturbios y qué resultados lesivos se produjeron. Formulada en estos 
términos, la crítica que la recurrente esgrime debe ser rechazada. A tal efecto, procede 
traer  a  colación  los  razonamientos  dados  en  el  fundamento  jurídico  8.5  de  la 
STC 122/2021, de 2 de junio, a fin de refutar la denuncia relativa a la vulneración del 
derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), pues estos reflejan la entidad de los 
disturbios y la afectación al desarrollo de los registros judicialmente acordados:
«De conformidad con ese rechazo general, tampoco puede compartirse la queja 
específica aducida como ejemplo de los déficit explicativos de falta de explicitación y 
consiguiente soporte probatorio de lo relatado sobre lo ocurrido el 20 de septiembre con 
ocasión de la práctica de la diligencia judicial acordada por el Juzgado de Instrucción 
núm. 13 de Barcelona. Según el criterio del recurrente, el déficit se evidencia en los 
pocos párrafos destinados a explicitar la valoración probatoria sobre lo acaecido el 20 de 
septiembre y su intervención (pp. 386 y 387) y lo consignado al respecto en el relato 
fáctico (pp. 45, 46 y 47). Sin embargo, la lectura íntegra de la sentencia, de sus hechos 
probados  y  de  sus  fundamentos  jurídicos,  lleva  a  la  conclusión  opuesta.  Obvia  el 
recurrente que lo sucedido el 20 de septiembre no solo le concierne a él y a su actuación 
ese día ante la sede de la vicepresidencia del Govern y, en consonancia, no solo se 
analiza en el epígrafe 1.9 del fundamento de Derecho C), dedicado a individualizar su 
juicio de autoría tras haberse hecho lo propio respecto al resto de acusados. Como la 
propia sentencia indica en ese punto 1.9, el episodio se ha analizado al describir la 
autoría de otros coacusados –señaladamente, de los señores Forn y Sànchez–, siendo 
comunes las fuentes de prueba, que no se limitan a la declaración del recurrente o de los 
testigos  de  la  defensa,  como  parece  sugerir  la  demanda,  sino  que  incluyen  las 
declaraciones de otros acusados, el testimonio de los agentes de la policía estatal y 
autonómica presentes, de ciudadanos y responsables políticos, documental, grabaciones 
y mensajes enviados por las redes sociales. A esas fuentes y a los resultados de la 
prueba practicada en el plenario se refiere expresamente la resolución en diversos  s
lugares  del  fundamento  C),  donde  también  efectúa  su  valoración,  conducente  a  la  oe.
fEijna ctiaóln s ednetl idreol,a ctoa bdee  dloess thaeccahr,o ssi na cáaneimciod odse  eel x2h0a udset ivsiedpatdie mni bmrea yqoure d ceotanlsleta y e enn e cl ofancetxuiómn.   2021-19513n https://www.
con lo expuesto en los antecedentes y el fundamento tercero de esta resolución, las 
siguientes referencias:
[...]
(iii)  Apartado  1.7:  juicio  de  autoría  del  señor  Forn.  Declaraciones  del  señor 
Sànchez; de diversos miembros de la Guardia Civil que actuaban como policía judicial en 
el registro de la Vicepresidencia y Consejería de Hacienda, sobre la imposibilidad de 
entrar con el detenido, al que algunos manifestantes intentaron sacar del vehículo en el 
que iba y que fue zarandeado, sobre las manifestaciones masivas de "no saldréis" o las 
advertencias de los señores Sànchez y Cuixart de que, si pretendían salir con la cajas 
con los efectos del registro, "os matan"; y declaración del señor Forn, documental y 
declaraciones de mandos y agentes de los Mossos d’Esquadra sobre la comunicación 
tardía y autorización de la protesta, la orden de conferir facultades mediadoras al señor 
Sànchez, que decidió aspectos como la entrada o no de los detenidos al lugar de los 
registros, no invitar a los recurrentes a apartarse del edificio o el momento de invitar a los 
manifestantes a disolverse y que, previamente, había reprochado al agente que dirigía la 
Brigada Móvil de Orden Público su presencia, realizando una llamada al señor Forn, 
quien luego llamó al agente para informarle de la aludida labor mediadora del señor 
Sànchez.
(iv)  Apartado 1.8: juicio de autoría del señor Sànchez. Testimonios de diversos 
miembros de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Civil sobre el liderazgo del señor 
Sànchez y su capacidad de decisión sobre lo que procedía o no hacer, incluida la 
indicación al jefe de la brigada de sacar de allí a la BRIMO ("esto que estás haciendo no 
es lo que hemos acordado, largaos de aquí"), la imposibilidad de acceder con los 
detenidos a la institución para el registro, que no se pudo hacer en la forma que dispone 
la ley, como acreditan las imágenes de este y otros registros, y testifical y análisis de los 
mensajes y páginas web que organizaron grupos de Whatsapp para la movilización, con 
llamadas acreditadas a concentrarse e intervenciones dirigidas a la multitud, todo ello 
junto al señor Cuixart y la entidad Òmnium Cultural.»
En  relación  con  la  específica  participación  del  señor  Cuixart  en  los  referidos 
acontecimientos, resulta oportuno reproducir los pasajes en los que se refleja la prueba 
en la que el órgano judicial fundó su convicción, dada la relación que dicho aspecto 
guarda con el objeto de la queja ahora analizada:
«Después del examen de la prueba en relación con los otros ocho acusados, con 
expresión  de  las  pruebas  practicadas  –entre  otras,  las  arriba  enunciadas–  y  su 
valoración como prueba de cargo de los elementos del delito, la Sala realiza el juicio de 
autoría del señor Cuixart en el apartado 1.9. Comienza enumerando la prueba practicada 
de la que extrae la convicción sobre lo ocurrido: "[l]a declaración de los agentes de la 
policía  estatal  y  autonómica  que  estuvieron  allí,  el  testimonio  de  los  ciudadanos  y 
responsables políticos que fueron llamados como testigos por acusación y defensa y, 
sobre todo, la declaración del propio señor Cuixart, permiten dibujar un escenario fiel a lo 
verdaderamente acontecido. Los vídeos exhibidos en el plenario –incluido el grabado por 
la cámara de seguridad que se hallaba en el interior del edificio que era objeto de 
registro– y la lectura de algunos de los mensajes enviados por redes sociales, refuerzan 
nuestras  inferencias"  […].  También  se  recoge  la  convocatoria  a  través  de  diversas 
cuentas de Twitter desde primeras horas de la mañana del 20 de septiembre en acción 
conjunta  con  el  señor  Sànchez  en  las  que  "no  solo  publicitaron  que  se  estaba  s
produciendo una actuación de la Guardia Civil tendente a impedir el referéndum, sino  oe.
clqmibiuuoeedvr atiladidzdiaav nuraaíl agnl aa,a bsa da leepnnfe etreánslndo denluora glsleaa ssrq   duindiecso itnehitdnuaedcb oiíoa snqneeu  sese i cdfneaooct  atdpulaeoantdbearanísa i,dn eea lcx soi,rg eníyga  tinosp dteqroodus íea j enulal dl oaiGcs iu alooal,s r q deuciamea  tCpalaillvaasizn lf aeupbseua rszqnieau rseaa    desleanel     2021-19513n https://www.
orden se habían equivocado, y que habían declarado la guerra a los que querían votar".
Hechos no negados por el recurrente, como tampoco que la tarde del día 20 se dirigió a
los congregados y exigió la liberación de todos los detenidos, apeló, pese a reivindicar el 
pacifismo de la movilización, "a la determinación mostrada en la guerra civil, empleando 
la expresión '¡no pasarán!', y retó al Estado a acudir a incautar el material que se había 
preparado  para  el  referéndum  y  que  tenían  escondido  en  determinados  locales, 
acabando su alocución con las siguientes palabras; 'hoy estamos decenas de miles aquí, 
mañana seremos centenares de miles allá donde se nos requiera […] no tengáis ninguna 
duda de que ganaremos nuestra libertad’".
Las numerosas y diversas pruebas mencionadas, unidas a lo referido al razonar 
sobre la responsabilidad del recurrente por sedición en el punto 1.9, desmienten la falta 
de motivación y la –pretendidamente conectada– inexistencia de prueba de cargo del 
relato fáctico sobre lo acontecido el 20 de septiembre ante la sede de la vicepresidencia 
de la Generalitat, su incidencia en la práctica del registro y la intervención en los hechos 
del recurrente como promotor de una oposición material a la ejecución de los mandatos 
judiciales dirigidos a impedir el referéndum ilegal. Las declaraciones de los testigos y las 
imágenes muestran la existencia de una manifestación multitudinaria y las llamadas del 
recurrente y del señor Sànchez a tal concentración en orden a impedir la práctica judicial, 
cuyo desarrollo se describe en los términos fijados esencialmente por la prueba testifical 
y los vídeos. A la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la 
prueba, se aprecia de forma indubitada la razonabilidad de la versión judicial de los 
hechos.»
También deben tenerse en cuenta las consideraciones que, en las pp. 362 y 363 de 
la sentencia, asienta el tribunal enjuiciador sobre los acontecimientos anteriormente 
referidos y los testigos que depusieron al respecto:
«Es patente que la movilización del día 20 de septiembre ante la Consejería de 
Hacienda tenía por finalidad impedir la realización de la diligencia de registro y hacer 
imposible la presencia de los detenidos. También lo es que fue una movilización eficaz, 
al menos en cuanto a que llegó a generar graves dificultades que obstaculizaron la 
normalidad para la obtención de las fuentes probatorias y para la necesaria libertad de 
movimientos de los funcionarios que las llevaron a cabo.
El cabo primero núm. K47019K, que intervino esa misma mañana en la detención del 
señor Jové, relató cómo el teniente de la Guardia Civil situado en la Consejería de 
Hacienda le indicó que el coacusado don Jordi Sànchez había advertido de que no 
podría entrar allí el detenido. [...].
El teniente de la GC C573935 relató en el testimonio prestado en el juicio oral que 
durante  su  presencia  en  la  Consejería  de  Hacienda  oyó  cómo  de  la  multitudinaria 
acumulación de gentío procedían gritos en que se afirmaba "no saldréis", en inequívoca 
referencia a los funcionarios que pretendían cumplir el mandato judicial de registro. Narró 
cómo don Jordi Sànchez y don Jordi Cuixart le advirtieron sobre las 21:30 de que, si 
pretendían salir con las cajas con efectos del registro, "os matan"».
b)  Otra  de  las  críticas  que  se  formulan  atañe  a  la  indeterminación  de  las 
circunstancias por las que se afirma que la hostilidad desplegada «hizo inviable el día 20 
de septiembre que los funcionarios dieran cumplimiento con normalidad a las órdenes». 
Para refutar este alegato basta con reiterar lo detallado por el tribunal sentenciador en el 
apartado 9 de los hechos probados, en el que se describe con claridad cuáles fueron las 
circunstancias  que  impidieron  que  se  desarrollara  con  normalidad  el  registro 
judicialmente acordado: principalmente, las que se detallan en las pp. 43 a 45 de la  e.
sentencia, que se obstaculizó que los detenidos pudieran ser introducidos en el edificio a  w.
registrar, que se produjeron daños en los vehículos policiales y se impidió que los  513ww
mcuieamntbor oas l adse  plar uceobmaiss iódne  jluadsi cqiaule p sued iesriravnió s eall irt rdibeul nreafl epriadroa  ecdoinficsiiog ncaorn t anloersm haelicdhaods. ,Y n eons 
remitimos a las declaraciones efectuadas por el entonces jefe de la BRIMO (pp. 374
y 375), así como las declaraciones testificales que se indican en las pp. 362 y 363 de la 
sentencia.
c)  En  lo  concerniente  a  los  hechos  acaecidos  el  día  de  la  votación,  las 
reprobaciones que en la demanda se formulan también deben desecharse.
(i)  Es cierto que en la página 54 de la sentencia no se recogen los particulares 
aspectos de los enfrentamientos a que se refiere la recurrente. Sin embargo, en el 
fundamento jurídico 11.4.3.2 de la STC 91/2021, de 22 de abril, este tribunal ya sostuvo 
que la parquedad descriptiva acerca de ese aspecto «no implica que se haya omitido la 
consignación de los datos imprescindibles para poder calificar los hechos como un delito 
de  sedición»,  para  más  adelante  añadir  «[a]sí  pues,  teniendo  en  cuenta  los 
acontecimientos precedentes y la naturaleza del delito de sedición, cabe colegir que, 
pese a la brevedad de detalles que el relato ofrece respecto de los enfrentamientos 
producidos, no debe apreciarse la insuficiencia de los hechos probados que proclama el 
demandante. Y ello, porque el relato histórico consignado en la sentencia alcanza el 
umbral exigido para considerar adecuada, desde la perspectiva del art. 25.1 CE, la 
subsunción de los hechos en la norma penal de aplicación».
(ii)  Tampoco se advierte la contradicción que, según la recurrente, obra en la pág. 
55 de la sentencia. Concretamente, en el apartado 8.5 de la STC 122/2021 ya citada, 
este tribunal razonó lo siguiente respecto de contradicción que entonces también se 
denunció, al igual que especificó los elementos probatorios de que se sirvió el órgano de 
enjuiciamiento:
«Cabe puntualizar, además, que no se aprecia la contradicción que denuncia entre 
apreciar la necesidad inicial de un uso policial de fuerza y el desistimiento de tal uso por 
poder devenir desproporcionado. Se trata de un desarrollo vinculado al desenvolvimiento 
de  la  jornada  electoral  desde  la  mañana  del  día  de  celebración  del  referéndum  a 
primeras horas de la tarde de ese 1 de octubre.»
En el presente supuesto, sin perjuicio de reiterar la inexistencia de contradicción que 
entonces apreciamos, la alegación de la demandante en este punto debe ser rechazada, 
vista  la  detallada  explicación  que  ofrece  el  órgano  sentenciador  respecto  de  los 
elementos de que se sirvió para formar su convicción sobre lo sucedido el día 1 de 
octubre del 2017, a lo largo de las páginas 166 a 168 de la sentencia cuestionada en 
esta sede, de las cuales resultan particularmente significativos los siguientes apartados:
«No ha habido quiebra del principio de contradicción ni, por supuesto, limitación del 
derecho de defensa. Sobre la realidad de ese principio y de las ilimitadas posibilidades 
de defensa, basta reparar en las fuentes y en los elementos de prueba valorados por la 
Sala para formar convicción acerca de uno de los pasajes clave del relato de las 
acusaciones, a saber, lo que sucedió el día 1 de octubre. El tribunal ha tomado en 
consideración el testimonio de los agentes antidisturbios que acudieron a los centros de 
votación –testigos de cargo ofrecidos por el fiscal y las acusaciones para demostrar la 
oposición de la ciudadanía al cumplimiento de las resoluciones judiciales–. Ha valorado 
también la declaración de los ciudadanos que sufrieron esa intervención –testigos de 
descargo aportados por las defensas para demostrar la violencia policial y la existencia 
de  una  actuación  legítima  de  desobediencia  civil–.  Y,  en  fin,  ha  proclamado  sus 
inferencias a partir de los vídeos grabados por los agentes actuantes, como reflejo de las 
dificultades de su labor, y por los ciudadanos que quisieron ofrecer pruebas de lo que 
consideraron excesos policiales. e.
Todas las fuentes de prueba han sido objeto del examen cruzado de acusaciones y  w.
defensas. 513ww
uno [.u.. ]o ltar oS adlea  lhoas  pterosctilgaomsa qduoe e dl jeupicuisoi ehriosntó raiccoe rscian  adpeo lyoa rqsuee  esnu lcae dveiór seiónn  loesx cclueynetrnotse  ddee 
vreoftearceiónnci ad epl adraía  c1o ndsetr uoirc tuebl rjeu.i cNioi ndgeu naou tdoer íae.l loLso sh av asriidoos  tcoemnatednoa rceosm doe  tetesstitmigoonsi oq udee   BOE-A-cable e
declararon  en  el  plenario  ofrecieron  una  versión  filtrada  por  una  profunda  carga 
emocional. El número de personas que se concentraron en esos centros, las órdenes 
recibidas por los agentes de la autoridad y la dinámica de enfrentamiento que presidió su 
actuación, han impuesto en todos ellos –policías y ciudadanos– una memoria selectiva, 
un recuerdo parcial –consciente o inconsciente– que debilita enormemente la potencial 
carga probatoria de cada una de esas fuentes de prueba. Lo propio puede decirse de los 
acontecimientos  que  tuvieron  lugar  en  distintos  puntos  de  Cataluña  el  día  20  de 
septiembre.»
(iii)  Respecto de los «episodios de auténtica complicidad» a que alude la demanda, 
basta con decir que en la p. 284 de la sentencia en que se inserta el inciso se expresa 
también que lo afirmado se «deducía claramente de algunas imágenes y escenas». Y 
respecto de la «negativa verbalizada de forma vehemente» que según la sentencia se 
produjo en todos los centros de votación, hemos de responder que en el contexto de la 
argumentación judicial la referida frase no resulta determinante para tener por acreditada 
la comisión del delito de sedición. La apreciación de esta infracción penal en absoluto 
depende de que esa circunstancia se produjera en todos y cada uno de los centros de 
votación, de manera que la eventual omisión de la frase resultaría inane a los efectos 
indicados.
9.3.2  Vulneración de la presunción de inocencia en relación con el derecho a la 
igualdad y la prohibición de discriminación.
9.3.2.1  Posiciones de las partes.
En la demanda de amparo se alega que la condena de la recurrente implica una 
desigualdad de trato sufrida por la señora Forcadell respecto de los restantes miembros 
de la mesa del Parlament de Cataluña, a los que se juzga por el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña solo por el delito de desobediencia. Para la recurrente, la sentencia 
considera que su conducta ha consistido en:
a)  «Permitir, como presidenta del Parlament, que se cree "una legalidad paralela 
carente de validez", desatendiendo los requerimientos del Tribunal Constitucional». Sin 
embargo, aquella opone que la conducta que se le atribuye es la misma que al resto de 
los miembros de la mesa. Las propuestas de resolución se admitieron a trámite por dicho 
órgano colegiado, sin que la recurrente utilizara el voto de calidad ni diera indicaciones a 
los miembros de la mesa.
Señala  que  los  miembros  de  la  mesa  están  amparados  por  la  autonomía 
parlamentaria establecida en los arts. 72.1 CE y 58 EAC y las funciones de ese órgano 
se ejercen de manera reglada ex art. 37 del Reglamento del Parlamento de Cataluña. 
Añade  que  desde  los  años  ochenta  el  Parlament  ha  efectuado  pronunciamientos 
políticos sobre el derecho a la autodeterminación y ha tramitado leyes que propugnaban 
la independencia de Cataluña, de manera que los requerimientos previos del Tribunal 
Constitucional «nos situaría exclusivamente en el debate de si se ha cometido un delito 
de desobediencia, tal y como vienen siendo acusados el resto de miembros de la mesa 
del  Parlament».  Afirma  que  cuando  la  sentencia  alude  a  las  diversas  iniciativas 
aprobadas, se refiriere únicamente a la mesa o al acuerdo de la mayoría de esta. Por 
ello, la distinción de trato entre la presidenta y el resto de la mesa del Parlament vulnera 
el derecho a la igualdad de la misma (arts. 14 CE, 14 CEDH y 1 del Protocolo núm. 12 
al CEDH). e.e
Rechaza también las consideraciones que la sentencia efectúa para justificar su  b
condena, al aludir a «su decisivo papel en la dirección de un proceso de creación  513ww
naomrémna tidvae» . qSuoeb rlea  esreef epraidrati cualafirrm caocnisóind ereas  quirera nzoon eaxbilset,e  ppurueesbtoa  dqeu eta l dceirsccuonnsotacen ciae,l 
gfurnucpioosn apmarileanmtoe ndtea rliao sin ys teitnu caiólgnu npoasrl acmaseonsta ari ala.  Lcaiu dinaicdiaantiívaa  (alergt.i s6la2t.i1v aE AcoCr)r;e sppoor nedlleo , an il olas 
presidencia  de  la  Cámara  ni  la  mesa  pueden  decidir  el  contenido  de  la  actividad
legislativa. Reitera que tuvo la misma participación que los restantes miembros de la 
mesa que están siendo enjuiciados por su participación en un delito de desobediencia, 
de acuerdo con los hechos probados de la sentencia; de ahí que el pronunciamiento 
condenatorio de que ha sido objeto resulta irrazonable y, en todo caso, vulnera el 
derecho a la igualdad (art. 14 CE).
b)  «Alentó, organizó y protagonizó actuaciones multitudinarias que entorpecieron la 
labor judicial y que generaron importantes enfrentamientos entre los ciudadanos y los 
miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado». Frente a este aserto 
opone que el hecho de asistir a determinados actos no implica que los organizara o 
protagonizara, como reconoce la sentencia al mencionar que «acompañó al presidente y 
al vicepresidente» (hecho probado 8.1) en alguno de ellos, o que «estuvo presente» en 
otro (hecho probado 13.1); actos a los que también asistieron el conjunto de diputados 
del grupo parlamentario Junts pel Sí. Asimismo, afirma que se limitó a hacer acto de 
presencia en la concentración ante la Consejería de Hacienda, como se hace constar en 
la pág. 329 de la sentencia, y rechaza la afirmación que figura en la indicada página, 
acerca de que presidió en Sabadell una concentración en defensa de las instituciones en 
la  que  llamó  de  nuevo  a  votar  el  1  de  octubre,  pues  lo  que  se  pretende  es 
sobredimensionar el hecho de que hiciera acto de presencia en este acto, en el que no 
hubo ningún incidente. Y sobre su participación en la concentración del día 21 de 
septiembre de 2017 ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, refiere que en 
dicho  acto  participaron  más  de  veinticinco  personas,  incluyendo  expresidentes  y 
diputados  del  Parlament,  alcaldes,  periodistas,  representantes  sindicales,  y  en  su 
intervención efectuó llamamientos a no caer en provocaciones y actuar pacíficamente. 
En relación con el acto que tuvo lugar el 22 de septiembre en la Ciudad de La Justicia, la 
demandante reproduce la anterior argumentación.
Por otro lado, expone que cuando emitió los mensajes en las redes sociales para 
animar a la ciudadanía a votar no podía tener conocimiento de que la fuerzas y cuerpos 
policiales habían recibido la encomienda del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 
impedir la celebración del referéndum, pues el mensaje de su cuenta de Twitter fue de 
fecha 20 de septiembre, esto es «siete días antes del auto del Tribunal Superior de 
Justicia  de  Cataluña  que  ordena  impedir  la  votación,  el  cual  es  de  fecha  27  de 
septiembre». El mensaje en Twitter, de fecha 21 de septiembre de 2017, reclamando la 
libertad de los políticos detenidos no tenía relación con los hechos del 1 de octubre y el 
mensaje enviado a las 14:39 horas del día 1 de octubre («Gràcies a tots els que heu fet 
possible aquesta jornada inoblidable malgrat la violència desmesurada de l’Estat. Moltes 
gràcies»), lo remitió cuando la jornada de votación ya había transcurrido, pues «como ya 
se manifestó en el juicio, las horas de los tuits no se corresponden con el horario 
español».
También pone de relieve las contradicciones en las que, según su criterio, el órgano 
judicial incurre al formular el juicio de autoría, al afirmar, en la pág. 330 de la sentencia 
que  «[p]ronunciarse  públicamente  a  favor  de  la  emancipación  política  de  cualquier 
comunidad autónoma no es delito. Hacerlo en el contexto de una protesta ciudadana por 
una o varias detenciones que se consideran injustas, tampoco tiñe de ilicitud la conducta 
de ningún ciudadano. Se trata de actos garantizados y amparados por nuestro sistema 
constitucional». Y añade que, como así refleja la sentencia, no queda acreditado que la 
recurrente asistiera a ninguna reunión del Govern ni a reuniones con los Mossos. Por 
tanto, la afirmación de que la recurrente tuvo una «preeminencia institucional en el 
desarrollo ilegal del referéndum» supone una interpretación contra reo. s
Asimismo, considera que es irracional y arbitrario el pronunciamiento de la sentencia  oe.
sobre el concierto de la demandante con el resto de los acusados, fundado en dos  w.
reuniones celebradas en abril y septiembre de 2016 que constan en un documento  513ww
hmaa nsuidsoc rritaot ifqicuaed «an poo hr as us idaou toobr»je, tyo  qduee p reune btoad aol gcuansao  qsuee r eafcierered itae  rseuu naiuotneensti ccidealedb [r.a..d] ansi 
«pcausaanjed doe n lia  tpaáng s. i4q8u0ie drae  slae  sheanbteían cciao,n evonc eald qou ee ls ree afefirrémnad uqmue»:.  «F[iln]aa lsmeeñnotrea,  Fcourecsatdioenlla e real   BOE-A-cable e
en el momento de los hechos la presidenta del Parlament. Ha quedado manifiestamente 
acreditado su relevante papel en la elaboración de un cuadro normativo, con aparente 
valor constitucional, llamado a dar cobertura a un referéndum suspendido por el Tribunal 
Constitucional y a una movilización ciudadana dirigida a hacer visible la pérdida de 
capacidad jurisdiccional de los órganos judiciales radicados en Cataluña». Al respecto 
reitera que el papel de la recurrente fue el mismo que el de los restantes miembros de la 
mesa de dicha Cámara, por lo que cualquier inferencia que pretenda diferenciarla del 
resto de sus miembros «no solo resulta irrazonable en vista a los hechos probados, sino 
que implica la vulneración del principio de igualdad».
La Abogacía del Estado rechaza que se haya producido la lesión del art. 14 CE en 
relación con el trato procesal dispensado a la recurrente y a los demás miembros de la 
mesa del Parlament. Recuerda en tal sentido que, conforme a la doctrina constitucional, 
lo propio del juicio de igualdad es su carácter relacional, lo que exige que las situaciones 
a comparar sean homogéneas o equiparables y que dicho término no resulte arbitrario o 
caprichoso (con cita de las SSTC 148/1986, de 25 de noviembre, FJ 6, y 156/2014, 
de 25 de septiembre). En el presente caso descarta que se haya alegado un tertium 
comparationis válido, habida cuenta que el Reglamento del Parlament atribuye funciones 
distintas a la presidencia de la Cámara y a los demás miembros de la mesa (arts. 37, 39 
y 42.2 del Reglamento del Parlamento de Cataluña) y los hechos probados atribuidos a 
la recurrente y los otros parlamentarios son distintos, circunstancia esta que no toma en 
cuenta la demanda.
El  partido  político  Vox  defiende  que  los  hechos  censurados  en  la  demanda 
corresponden a actuaciones efectuadas conforme a Derecho. Niega que la demandante 
haya sido objeto de un trato distinto como presidenta de la mesa del Parlament.
La fiscal afirma que la queja referida a que la conducta de la demandante ha 
merecido mayor reproche penal, al haber sido subsumida en un tipo jurídico distinto y 
más grave que el aplicado a otras personas que habían realizado idénticos hechos, no 
guarda relación con el derecho fundamental que se dice vulnerado; y, en todo caso, 
añade que esa queja no respeta el relato de hechos probados ni la fundamentación de la 
sentencia, en donde, como se ha transcrito con anterioridad, se describe una actuación 
notoriamente distinta y más amplia y compleja de la demandante en relación a las otras 
personas a las que se les sigue el procedimiento por otros ilícitos penales.
9.3.2.2  Repuestas del órgano judicial.
En  este  punto  nos  remitimos  a  los  extremos  consignados  en  el  fundamento 
jurídico 9.3.1.2 de esta resolución, en el que transcribimos el apartado 9.5 del auto que 
resuelve los incidentes de nulidad suscitados. No obstante, al resolver la denuncia de 
vulneración  del  principio  de  legalidad  penal,  el  órgano  judicial  expone  una 
argumentación, en el apartado 9.3, que guarda cierta relación con la queja sintetizada 
que ahora nos concierne:
«Hemos de reiterar que la señora Forcadell ha sido condenada por aquellos hechos 
declarados probados en el juicio histórico y valorados con detalle en el punto 1.3 del 
fundamento C) de la sentencia dictada, donde se explica su decidido protagonismo en el 
concierto delictivo ideado por los acusados –y al que hemos aludido reiteradamente en 
este auto–, y se concluye cómo su actuación rebasó el ámbito de su cargo institucional, 
con  actos  y  decisiones  plenamente  integrados  en  dicha  estrategia  delictiva,  en  un 
expreso desafío al orden constitucional y a las autoridades que actuaban a su amparo.  s
Su contribución a la consumación del delito de sedición fue –concluye la sentencia–  oe.
CpparaolbmpTeiaao ramsia,q b.udiéíe nrse cirrteeitsorausrl t acqo upnea , dtceeontmatello e q dueeens  talloacs a s aeepñsaotarrta aú dlFtoimosr acm ardeeenslocl ilouhncaia ódsnoi,d sno o dc eeo snla dn eesnceaendsteaan ricpoio aqr  udheice tccaahddoaas.    2021-19513n https://www.
coautor ejecute, por sí mismo, los actos que integran el elemento central del tipo, pues
cabe una división del trabajo, sobre todo en acciones de cierta complejidad, pero sí lo es
que su aportación lo sitúe en posición de disponer del condominio funcional del hecho. 
De esta forma todos los coautores, como consecuencia de su aportación, dominan 
conjuntamente la totalidad del hecho delictivo, aunque no todos ejecuten la acción 
contemplada en el verbo nuclear del tipo. La consecuencia es que entre todos los 
coautores rige el principio de imputación recíproca que permite considerar a todos ellos 
autores de la totalidad con independencia de su concreta aportación al hecho.
En definitiva, no ha sido condenada la señora Forcadell, como se alega, por la 
convocatoria de un referéndum ilegal.
El relato de hechos probados –y no el sostenido por la parte– pone de manifiesto la 
irrelevancia de las alusiones que se hacen sobre el objeto de otros procesos penales. 
Idéntica irrelevancia ha de sostenerse, por razones obvias, respecto a las resoluciones 
dictadas por tribunales extranjeros que también se mencionan en el escrito.»
9.3.2.3  Resolución de la queja.
Aun cuando la demandante unifica las reprobaciones que dirige contra la sentencia 
bajo  la  misma  rúbrica,  cabe  no  obstante  distinguir  varias  vertientes  claramente 
diferenciadas, como a continuación se explica:
a)  Critica la recurrente que, pese a desarrollar esencialmente la misma conducta 
que la de los restantes miembros de la mesa del Parlament, sin embargo ha sido 
condenada  como  coautora  de  un  delito  de  sedición,  mientras  que  el  resto  de  los 
miembros del indicado órgano parlamentario solamente han sido acusados de un delito 
de desobediencia, cuyo enjuiciamiento corresponde al Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña.
En el rollo del sumario núm. 1-2019 recayó la sentencia núm. 10/2020, de 19 de 
octubre, de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en 
cuya virtud cuatro miembros de la mesa (señores Corominas y Guinó y señoras Simó y 
Barrufet) resultaron condenados por un delito de desobediencia del art. 410 CP. En un 
apartado anterior dimos respuesta a la denuncia relativa a la vulneración del derecho de 
defensa, por haberse sustanciado un procedimiento diferente para el enjuiciamiento de la 
conducta de los miembros de la mesa del Parlament, con ruptura de la continencia de la 
causa. En esencia, en ese apartado pusimos de relieve que, conforme al contenido de la 
indicada sentencia, ni la acusación ni los hechos declarados probados ni los juicios de 
tipicidad y autoría resultan coincidentes con los que determinaron la condena de la 
demandante. Sin perjuicio de reiterar la argumentación dada al resolver ese motivo, la 
queja que ahora nos compete analizar se circunscribe a la denuncia de trato peyorativo 
del que aquella dice haber sido objeto en la aplicación de la ley penal, en relación con los 
restantes miembros de la mesa del Parlament, habida cuenta de que ha sido condenada 
como coautora del delito de sedición. Desde esta perspectiva, la vulneración a que se 
alude debe ser encuadrada en la vertiente del art. 14 CE relativa al derecho a la igualdad 
en la aplicación judicial de la ley, puesto que lo que reprocha es haber recibido una 
respuesta penal más severa que la de los restantes miembros de la mesa quienes, sin 
embargo, a juicio de la recurrente, tuvieron el mismo comportamiento.
En la STC 120/2019, de 28 de febrero, FJ 3, este tribunal recordó que la consolidada 
doctrina  constitucional  sobre  la  igualdad  en  la  aplicación  judicial  de  la  ley  queda 
sintetizada, entre muchas otras, en la STC 13/2011, de 28 de febrero, FJ 3, con cita de la 
STC 31/2008, de 25 de febrero, FJ 2, según las cuales los requisitos concurrentes para 
apreciar la lesión son los siguientes: s
«a)  La acreditación de un tertium comparationis, puesto que el juicio de igualdad  w.
solo  puede  realizarse  sobre  la  comparación  entre  la  sentencia  impugnada  y  las  513ww
ipgrueacleedse pneteros  rreessuoelultcoiso ndees f odreml am cisomntora ódrigctaonroia .judicial dictadas en casos sustancialmente
Salab,)  sinLoa  tiadmenbtiiédna dl ad ed eó rlag aSneoc jcuiódnic,i aal,l  econntesniddeieranrdsoe  pcoard taa lu, nnao  dseo loe sltaa sid econmtidoa dó rdgea nloa   BOE-A-cable e
jurisdiccional  con  entidad  diferenciada  suficiente  para  desvirtuar  una  supuesta 
desigualdad en la aplicación de la ley. Esta exigencia permite valorar si la divergencia de 
criterio expresada por el juzgador es fruto de la libertad de apreciación del órgano 
jurisdiccional en el ejercicio de su función juzgadora (art. 117.3 CE) y consecuencia de 
una diferente apreciación jurídica de los supuestos sometidos a su decisión, o, por el 
contrario, un cambio de valoración del caso, carente de fundamentación suficiente y 
razonable.
c)  La  existencia  de  alteridad  en  los  supuestos  contrastados,  es  decir,  de  "la 
referencia a otro" exigible en todo alegato de discriminación en aplicación de la ley, 
excluyente de la comparación consigo mismo.
d)  Finalmente  la  ausencia  de  toda  motivación  que  justifique  en  términos 
generalizables el cambio de criterio, bien lo sea para separarse de una línea doctrinal 
previa y consolidada, bien lo sea con quiebra de un antecedente inmediato en el tiempo 
y exactamente igual desde la perspectiva jurídica con la que se enjuició. Como también 
está dicho en esa misma doctrina, la razón de esta exigencia estriba en que el derecho a 
la igualdad en la aplicación de la ley, en conexión con el principio de interdicción de la 
arbitrariedad (art. 9.3 CE), obliga a que un mismo órgano jurisdiccional no pueda cambiar 
caprichosamente el sentido de sus decisiones adoptadas con anterioridad en casos 
sustancialmente  iguales  sin  una  argumentación  razonada  de  dicha  separación  que 
justifique que la solución dada al caso responde a una interpretación abstracta y general 
de  la  norma  aplicable  y  no  a  una  respuesta  ad  personam,  singularizada.  Lo  que 
negativamente significa que no podrá apreciarse la lesión de este derecho fundamental 
cuando el cambio de criterio responda a una vocación de generalidad, ya sea porque en 
la resolución se explicitan las razones que lo motivan o porque así se deduzca de otros 
elementos  de  juicio  externos,  como  pueden  ser  significativamente  posteriores 
pronunciamientos coincidentes con la línea abierta en la sentencia impugnada, que 
permitan apreciar dicho cambio como solución genérica aplicable en casos futuros y no 
como fruto de un mero voluntarismo selectivo frente a casos anteriores resueltos de 
modo diverso.»
Teniendo en cuenta la doctrina traída a colación, cumple afirmar que en el presente 
supuesto no concurren los requisitos necesarios para apreciar la vulneración de la 
indicada vertiente del principio de igualdad reconocido en el art. 14 CE. Como ha 
quedado reflejado al compendiar los términos de la demanda, el tertium comparationis 
que la recurrente invoca son los restantes miembros de la mesa que, según refiere 
genéricamente, «están siendo juzgados por un presunto delito de desobediencia ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña». Por tanto, en la propia demanda se reconoce 
que esos restantes «miembros de la Mesa» están sujetos al enjuiciamiento de un tribunal 
distinto del que condenó a la recurrente como autora de un delito de sedición. Esta sola 
circunstancia resulta asaz para desechar la vulneración del derecho a la igualdad en la 
aplicación judicial de la ley, pues el tertium comparationis escogido está sujeto a la 
jurisdicción de un tribunal diferente, de manera que no concurre el requisito de la 
«identidad de órgano judicial» exigido por la doctrina constitucional.
Cierto es que la demandante alega también la vulneración del derecho al juez 
ordinario predeterminado por la ley, al haber sustanciado el procedimiento y enjuiciado 
los hechos el Tribunal Supremo. Sin embargo, dicha queja ya ha sido desestimada en un 
apartado anterior, por lo que el incumplimiento del requisito de la «identidad del órgano 
judicial» al que se ha hecho referencia debe ser apreciado sin ambages para refutar la 
vulneración del principio de igualdad en la aplicación judicial de la ley. e.
b)  Rechaza la recurrente que, en calidad de presidenta del Parlament, permitiera la  w.b
creación de una legalidad paralela carente de validez, desatendiendo los requerimientos  513ww
dqeule  Tlraib usneanlt eCnocnias tirteufcieiornea fl.u eAr oens tea drmesitpideacsto ,a r etcráumeridtea  pqoure  mlaasy porroíap upeosrt alsa  dme erseas,o lcuocmióon 
ótiergnaenno  ucnoalesg ifaadcou,l tasidne qs uye  hlimiciietarcai ounseos d eelx pvroetosa dmee cnatelid aredg; uqlaudea lso se mn ieeml bRreogsl adme elan tmo edseal 
Parlament  de  Cataluña;  y  que  los  grupos  parlamentarios  ostentan  la  iniciativa
parlamentaria  y  son  los  protagonistas  de  toda  la  actividad  legislativa  sobre  cuyo 
contenido no puede decidir la mesa.
Antes de resolver sobre este punto, conviene precisar que el reproche objeto de 
análisis versa sobre la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 
CE) y no a la conculcación del principio de legalidad en materia penal (art. 25.1 CE). Por 
tanto, nuestra respuesta se circunscribirá al contexto propio del derecho invocado en 
este apartado, sin que proceda dilucidar ahora sobre si los hechos tenidos en cuenta por 
el tribunal sentenciador para fundar la coautoría de la recurrente vulneran o no el 
derecho a la legalidad en materia penal, en tanto que, como aquella viene a colegir, todo 
la más serían constitutivos de un delito de desobediencia. Una vez efectuada la anterior 
precisión, procede retomar parte de las consideraciones que el tribunal sentenciador 
formula en el apartado 1.3 del fundamento de Derecho C) de la sentencia recurrida para 
asentar la participación de la demandante de amparo en el delito de sedición. En ese 
apartado resumidamente se refiere que:
(i)  Esta última actuó conforme al «concierto delictivo ideado por los acusados» y 
«en ese plan pluralmente diseñado y desarrollado a través de actuaciones concatenadas 
[...] tuvo una intervención relevante y decisiva que alcanzó su mayor intensidad en el 
pilar parlamentario a través del que se trató de tejer un entramado de legalidad paralela, 
carente de validez, pero que sirviera de soporte a la estrategia independentista». Estas 
consideraciones ponen de relieve que para el tribunal sentenciador la conducta de la 
recurrente  se  incardina  dentro  del  plan  concertado  por  los  acusados,  cuya 
implementación se ajustó a la estrategia previamente acordada. Nada se dice acerca de 
que  los  restantes  miembros  de  la  mesa  del  Parlament,  a  los  que  se  refiere  la 
demandante, actuaran de consuno conforme al concierto delictivo a que se ha hecho 
mención.
(ii)  En las pp. 316 y 317 de la sentencia se pone de relieve que, en el ejercicio de 
su cargo, de manera consciente y deliberada la demandante contravino la Constitución a 
través de distintas resoluciones y normas que fueron sucesivamente suspendidas y 
anuladas por el Tribunal Constitucional; y ello, a pesar de ser advertida por el secretario 
general y el letrado mayor del Parlament y de que reiteradamente fue notificada y 
requerida para que impidiera cualquier iniciativa legislativa que infringiera lo acordado en 
la STC 259/2015. Así pues, en el contexto de la estrategia acordada por los acusados, el 
órgano de enjuiciamiento asienta, en las páginas indicadas, lo que consideró que fue la 
concreta aportación de la demandante al designio común.
(iii)  En las páginas 317 a 320 de la indicada resolución, la sala enjuiciadora sale al 
paso de las alegaciones que entonces opuso la recurrente: básicamente, que como 
presidenta  y  miembro  de  la  mesa  solo  estaba  facultada  para  inadmitir  iniciativas 
legislativas  por  razones  de  forma,  pero  no  de  contenido.  Sobre  esta  cuestión,  la 
sentencia pone en valor el testimonio dado por el secretario general y el letrado mayor 
del Parlament (señores Muro y Bayona), quienes advirtieron a la demandante de que 
existían precedentes de rechazo de iniciativas por la mesa por razones de fondo y de las 
responsabilidades  en  que  podría  incurrir  por  desoír  los  requerimientos  del  Tribunal 
Constitucional.
(iv)  El órgano judicial colige sin ambages que en el ejercicio del cargo de presidenta 
del Parlament y de su mesa, la demandante permitió la incorporación al orden del día de 
iniciativas que contravenían frontalmente lo acordado por el Tribunal Constitucional; y no 
obstante, las admitió a trámite, les dio curso parlamentario y no frenó su debate en el 
Pleno, pese a ser consciente de que habían sido suspendidos formalmente por el  e.
indicado  tribunal.  También  se  deja  constancia  en  la  sentencia  de  que  aquella  era  w.b
conocedora  de  la  posibilidad  de  vetar  la  tramitación  de  propuestas  contrarias  a  lo  513ww
sreesñuoeralto F eonrc saeddeell  ecroan sctoitnuoccioendaolr, ap udees l ae np olasi bpiálidga. d3 1d9e  deeje lrac icsieon dteen scuia  psoet easftiarmd ap aqruae  v«e[tla]ar 
lpar otrcaemdeitnacciiaó.n  Edlela  pmroispmueas taadsm ciotinót rqauriea sn auln coard edna rcíao ncsutritsuoc ioan uanl, ac uinailcqiautieivraa  aqbuiee rftuaemrae nstue 
contraria a los derechos fundamentales». Pese a ello, el tribunal sentenciador refiere que
no hizo uso de tales facultades y, en suma, no impidió que se votaran «resoluciones 
abiertamente contrarias a lo declarado por el Tribunal Constitucional» e impulsó de forma 
activa su tramitación.
En  las  páginas  320  a  326  de  la  sentencia  se  detalla  cuál  fue  la  actividad 
parlamentaria que guarda relación con los hechos enjuiciados, a partir de la publicación 
en el «BOE» de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, y el contenido de las resoluciones 
dictadas por este tribunal en relación con la misma. Del compendio realizado deben 
destacarse las referencias a la admisión a trámite de las iniciativas de las leyes de 
referéndum y de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, que culminaron con 
la aprobación de las Leyes 19/2017 y 20 2017, respectivamente. La tramitación de estas 
iniciativas fue suspendida por sendas providencias de este tribunal, de fecha 7 de 
septiembre de 2017, y declarada su nulidad por las SSTC 114/2017, de 17 de octubre, 
y 124/2017, de 8 de noviembre.
En dichas páginas también se pone de relieve que la intervención de la recurrente 
propició la admisión a trámite de las iniciativas y su ulterior aprobación como leyes, pese 
a ser consciente de que su proceder contravenía lo ordenado por este tribunal. Por ello, 
en la pág. 324 se afirma que «[l]a acusada señora Forcadell desobedeció de modo 
visible los mandatos del Tribunal Constitucional. Su desobediencia, frente a otros casos 
enjuiciados por esta Sala queda absorbida por el delito de sedición que declaramos 
probado».
A modo de conclusión, en la pág. 327 de la sentencia se afirma que: «[s]e argumenta 
también que la tramitación parlamentaria respetó escrupulosamente el Reglamento de la 
Cámara. Aunque así fuera, lo decisivo fue que como presidenta del órgano legislativo no 
impidió  que  se  votaran  resoluciones  abiertamente  contrarias  a  lo  declarado  por  el 
Tribunal Constitucional. Es más, impulsó de forma activa su tramitación. Contribuyó de 
manera efectiva y eficiente a la creación del riesgo que se concretó en el resultado 
producido, lo incrementó a lo largo del tiempo, y, pudiendo hacerlo, no lo frenó. Gozó, por 
tanto, del pleno dominio del hecho».
Lo anteriormente expuesto pone de relieve que el tribunal enjuiciador no asienta la 
responsabilidad  penal  de  la  recurrente  en  asertos  manifiestamente  irrazonables  o 
caprichosos. No le reprocha que no hubiera modificado las iniciativas legislativas, (cuyo 
contenido corresponde ser delimitado, en efecto, por los grupos parlamentarios), sino el 
hecho de no haber impedido, mediante el ejercicio de las facultades que ostentaba como 
presidenta  de  la  Cámara  y  de  la  mesa,  que  iniciativas  parlamentarias  claramente 
opuestas a los mandatos del Tribunal Constitucional fueran admitidas y tramitadas. Este 
es el aspecto nuclear en que el tribunal sentenciador funda la coautoría de la recurrente, 
con motivo de su actuación en el ámbito parlamentario, aunque su participación en el 
delito de sedición no solo se asienta en esa actividad aisladamente considerada.
Insiste la demandante en que su conducta no difiere de la de los restantes miembros 
de la mesa, en un intento de degradar su responsabilidad penal a la correspondiente, 
todo lo más, a un delito de desobediencia previsto en el art. 410 CP. Sin perjuicio de 
reiterar que para el órgano de enjuiciamiento la conducta penalmente relevante de la 
recurrente no solo se circunscribe la actividad parlamentaria, debemos añadir que a este 
tribunal solo le corresponde valorar, en los términos que han quedado reflejados, sobre 
las consideraciones que la sentencia lleva a cabo para fundar la participación de aquella 
en el delito de sedición, debiendo remitirnos, por lo demás, a la respuesta dada en la 
letra a) de este apartado.
c)  También protesta la recurrente por el aserto consignado en la sentencia, que  e.
refiere  que  «alentó,  organizó  y  protagonizó  actuaciones  multitudinarias  que  w.b
entorpecieron la labor judicial y que generaron importantes enfrentamientos entre los  513ww
ceixupdoandea,n oess ay  lionsfe mreinecmiab roess  dierr alozso ncaubelrep oys  ya bfuseorluzatasm deen tsee gaurrbiditaradr iad,e l yE sntaod oe»n.c Sueengtúran 
sfoursmteunlator  leal  arenltaetroio rf ádcetisccoa lnifii catacmiópno creos peenc teol  dreesl upltraodcoe ddeer  dlae l ptrruibeubnaa l psraecnttiecnacdiaa.d oTrr, aas 
continuación analiza los actos en que intervino; y, respecto de todos ellos, proclama que
su comportamiento en absoluto permite afirmar lo que la sentencia impugnada proclama, 
pues se limitó a asistir a los referidos eventos pero sin ostentar el papel protagonista que 
se le asigna.
Para  el  tribunal  sentenciador,  la  actividad  pública  extraparlamentaria  de  la 
demandante  supuso  un  apoyo  decidido  al  Govern  en  la  labor  de  preparación  del 
referéndum. En el apartado 1.3.3 del mencionado fundamento de Derecho C), el órgano 
enjuiciador recopila los actos en que participó la demandante y la concreta intervención 
que en los mismos tuvo, siendo destacable la actuación llevada a cabo favor de la 
celebración  del  referéndum,  por  concurrir  con  otros  dirigentes  políticos  al  acto  de 
presentación de la propuesta de ley de referéndum, por los llamamientos que efectuó 
para  que  la  ciudadanía  acudiera  a  votar  y  por  su  participación  en  reuniones 
institucionales con observadores extranjeros, que acudieron para vigilar el desarrollo de 
la votación del día 1 de octubre, así como el mensaje que envió desde su cuenta de 
Twitter en el que expresó su agradecimiento a quienes acudieron a votar.
Teniendo en cuenta el canon de enjuiciamiento al que estamos sujetos, que impide a 
este tribunal formular valoraciones alternativas de la actividad probatoria conforme a 
criterios  de  calidad  u  oportunidad,  la  queja  que  formula  la  demandante  debe 
desestimarse. El órgano judicial asienta su autoría en la valoración conjunta de la 
conducta que desempeñó en el ámbito parlamentario, en su calidad de presidenta de la 
Cámara autonómica y de su mesa, y en las intervenciones que llevó a cabo fuera de ese 
ámbito, amén de los mensajes que a través de su cuenta de Twitter emitió. Pero la 
participación que a la recurrente se le atribuye no solo se sustenta en las circunstancias 
antes referidas, pues como ha quedado reflejado en el apartado 1.3 del fundamento de 
Derecho C), se estima acreditado que la conducta de aquella se inserta en la estrategia 
acordada por todos los acusados. En las pp. 330 a 333 el tribunal sentenciador también 
pone de manifiesto la intervención de la demandante en las reuniones que tuvieron lugar 
los días 13 de abril y 22 de septiembre, ambos del año 2016, cuyo contenido aparece en 
la agenda Moleskine intervenida en el registro practicado en el domicilio del señor Jové. 
Y finalmente, el referido tribunal expone los argumentos doctrinales que le llevan a 
apreciar  la  participación  como  coautora  de  la  recurrente:  (i)  el  elemento  subjetivo 
consistente en un acuerdo respecto de la identidad de aquello que se va a ejecutar, que 
puede ser previo, más o menos elaborado o puede surgir de forma simultánea a la 
ejecución; (ii) la aportación subjetiva y causal de cada coautor, que no es necesario que 
consista en la ejecución, por sí mismo, de los actos que integran el elemento central del 
tipo, pues cabe una división del trabajo; (iii) y que la aportación lo sitúe en posición de 
disponer del «condominio funcional del hecho», de manera que todos los coautores 
dominen  la  totalidad del hecho delictivo, aunque  no  todos ellos ejecuten la acción 
contemplada en el verbo nuclear del tipo, y la concurrencia de estas circunstancias 
determina que entre todos los autores rija el «principio de imputación recíproca» que 
permite  considerarles  autores  de  la  totalidad,  con  independencia  de  su  concreta 
aportación al hecho.
La argumentación anteriormente resumida llevó al tribunal enjuiciador a apreciar la 
responsabilidad  penal  de  la  demandante.  Y  como  se  constata,  no  fueron  hechos 
aisladamente considerados los que sirvieron de sostén a la condena, sino la valoración 
conjunta de la actividad parlamentaria y la conducta realizada extramuros de la Cámara 
autonómica, sin perder de vista la argamasa que aglutina su proceder con el de otros 
acusados; a saber, el concierto existente entre todos ellos. Siendo así y teniendo en 
cuenta el canon de enjuiciamiento al que nos debemos sujetar, hemos de convenir que  s
las consideraciones y valoraciones efectuadas por el órgano de enjuiciamiento que la  oe.
demandante cuestiona no incurren en los vicios de irrazonabilidad o arbitrariedad que,  w.
según  nuestra  doctrina,  darían  lugar  a  la  vulneración  del  derecho  fundamental  513ww
invocado.
9.4  Vulneración extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia.
9.4.1  Posiciones de las partes.
Tras  enunciar  la  doctrina  constitucional  que  se  considera  de  aplicación,  en  la 
demanda se arguye que la presunción de inocencia ha sido gravemente conculcada 
durante todo el procedimiento con permanentes manifestaciones sobre la culpabilidad de 
los  entonces  acusados:  (i)  en  la  rueda  de  prensa  del  fiscal  general  del  Estado 
anunciando a la opinión pública la interposición de las querellas; (ii) por la entonces 
vicepresidenta del Gobierno de la Nación, señora Sáenz de Santamaría, que el 16 de 
diciembre de 2017 «presumió [de] que su partido estaba "descabezando" y "liquidando" a 
los partidos políticos catalanes»; (iii) por el ministro de Justicia, señor Catalá, que el 1 de 
febrero de 2018 «manifestó ante diferentes medios que las personas que estaban siendo 
investigadas en fase de instrucción serían inhabilitadas "muy pronto"»; (iv) por la ministra 
de la presidencia, señora Calvo, que dijo en fecha 6 de noviembre de 2018, a preguntas 
de un diputado del PDeCAT, que «[s]us compañeros están en prisión preventiva por 
haber cometido delitos»; (v) por la por secretaria de Estado de España Global, señora 
Lozano, que en una entrevista radiofónica afirmó que «no es algo que pasa cada día ni 
en cada país que líderes políticos que han cometido delitos vayan a juicio»; (vi) durante 
la deliberación del tribunal, concretamente, en el mes de agosto de 2019, salió publicado 
un informe elaborado por la secretaria de Estado de España Global en el que se 
afirmaba la comisión de acciones constitutivas de delito.
La Abogacía del Estado sostiene, en relación con las intervenciones públicas de 
algunos cargos políticos y los hechos enjuiciados en la causa especial, que no pusieron 
en entredicho el derecho fundamental invocado por la recurrente, ni hubo interferencia 
en la labor de la sala jurisdiccional, tal y como se razona en la sentencia impugnada.
La fiscal se remite a la respuesta dada a este motivo por la sentencia impugnada, en 
el fundamento de Derecho A), apartado 9, que reproduce. Tras ello, cita la STC 85/2019, 
FJ 10, relativa a la dimensión extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia, y 
el art. 4 de la Directiva (UE) 2016/343, por la que se refuerza aquel derecho en los 
procesos penales. De todo ello colige que la queja de la demandante no se halla en el 
ámbito protegido por este Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, pues no se trata de declaraciones de autoridades que participan en el proceso 
antes de que se dicte la sentencia de condena, que es el supuesto al que se refiere la 
jurisprudencia europea.
Considera  que  el  presente  supuesto  se  asemeja  más  al  contemplado  en  la 
STC 133/2018, en la que este tribunal declaró que la protección contra la vulneración de 
aquella  dimensión  extraprocesal  de  la  presunción  de  inocencia,  cuando  alguien 
considera a una persona como autora de un delito sin una previa resolución judicial que 
así lo fije, se canaliza a través de la tutela del derecho al honor. Finalmente, señala que 
las declaraciones efectuadas en medios de comunicación no son susceptibles de influir 
en la imparcialidad del tribunal competente; aspecto este, que ni siquiera se afirma en la 
demanda.
9.4.2  Respuesta del órgano judicial.
La  sentencia  recurrida  en  amparo  aborda  esta  temática  en  el  apartado  9  del 
fundamento de Derecho A). En el apartado 9.1 se precisa que la demandante de amparo 
incluye,  entre  quienes  habrían  vulnerado  ese  derecho,  «a  lo  largo  de  la  fase  de 
instrucción,  a  la  entonces  vicepresidenta  del  Gobierno,  doña  Soraya  Sáenz  de  e.
Santamaría y al ex ministro de Justicia, don Rafael Catalá. Ya en la fase intermedia, se  w.
habrían sumado a esa criminalización anticipada, presumiendo sentencias condenatorias  513ww
lcausa nCdoort eesl  juei cIgiou atolddaadv,í ad onñoa s eC ahrambeían  inCicailavdoo, ,l ídlae rmeisn ipsotrlaít idcoes P dreesl igdreunpcoia p, aRrelalamceionntaersio c odne 
Ciudadanos, el presidente autonómico de Madrid y otros representantes políticos».
Después de repasar la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la 
denominada dimensión extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia, y la 
propia jurisprudencia sobre esta misma materia, el órgano de enjuiciamiento declara que 
es preciso «estar al alcance y al contenido concreto de esas declaraciones que se 
consideran  vulneradoras  del  derecho  a  la  presunción  de  inocencia».  Y  prosigue  el 
discurso con las siguientes palabras, que trascribimos literalmente:
«En  el  supuesto  que  nos  ocupa,  más  allá  del  acierto  o  desacierto  de  esas 
manifestaciones, mal puede entenderse que menoscaba la repetida regla de tratamiento 
quien condiciona la existencia del delito al desarrollo del juicio ("[…] delitos penales que 
están siendo juzgados"). Esas palabras, torpes en su enunciado y en su expresión, lo 
que reflejan es el deseo de subrayar el desafío que para el Poder Judicial iba a tener el 
enjuiciamiento de unos líderes políticos. La opinión de quien así se expresa carece, 
como es evidente, de toda capacidad para influir en la valoración probatoria que ha 
asumido esta Sala.
El  debate  sobre  la  procedencia  de  un  indulto,  cuando  todavía  ninguno  de  los 
acusados ha sido declarado culpable, es un elocuente ejemplo de falta de rigor y 
responsabilidad institucional. Pero está fuera de dudas que no es incompatible creer en 
la inocencia de cualquiera de los acusados y, al propio tiempo, reivindicar el indulto para 
el caso en que esa inocencia no fuera judicialmente declarada.
Sea como fuere, esa anticipada e inaceptable afirmación de culpabilidad, compartida 
por no pocos representantes políticos, no ha tenido –no puede tener– ningún reflejo en el 
proceso de valoración probatoria que ha llevado a cabo esta Sala. Conviene marcar una 
nítida diferencia entre las vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia que 
pueden originarse en el seno del proceso y aquellas otras vulneraciones sociales de la 
presunción de inocencia, entendida ahora como regla de tratamiento. En el primer caso, 
las  consecuencias  han  de  fijarse  atendiendo  a  la  gravedad  que  encierra  un 
desbordamiento  de  los  límites  del  Estado  en  la  actuación  del  ius  puniendi.  En  el 
segundo, la reparación en nada interfiere la legitimidad de la actuación jurisdiccional 
dirigida a la proclamación del juicio de autoría. El razonamiento de las defensas parece 
equiparar esas dos formas de vulneración del derecho a la presunción de inocencia. 
Unas  declaraciones  políticas  que  implicaran,  por  ejemplo,  la  torpe  y  anticipada 
afirmación de culpabilidad de quienes están siendo enjuiciados, nunca pueden acarrear 
como ineludible consecuencia la obligación del tribunal de interrumpir el enjuiciamiento y 
dictar sentencia absolutoria. Lo verdaderamente determinante es que la culpabilidad de 
los acusados sea el desenlace de una práctica probatoria desarrollada conforme a los 
principios constitucionales que enmarcan el ejercicio de la función jurisdiccional. Y esto 
es lo realmente acontecido en el presente juicio.»
La queja fue reproducida en el incidente de nulidad de actuaciones que la recurrente 
articuló contra la sentencia, en el entendimiento de que la sentencia citada no reparó la 
lesión denunciada.
9.4.3  Encuadramiento de la queja: la dimensión extraprocesal del derecho a la 
presunción de inocencia.
En este apartado procede reproducir las consideraciones obrantes en el fundamento 
jurídico 8.3 de la STC 91/2021, de 21 de abril, ya que la demandante también concreta la 
vulneración  en  la  conducta  desarrollada  por  terceras  personas  ajenas  al  tribunal 
sentenciador: e.
«El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de nuestra  513ww
Cdeornescthitou caió nre cdiibsipr olnae c odnes iudneara cvieórnt ieyn teel  tora tdoim deen snioó na uetxotrr aop rnooc epsaarlt ícqiupee  ceonn hsteitcuhyoes  «deel 
ócargráacntoe rc doemlipcetivteon ote  aqnuáelo gaos í al oe sdteocsl,a srein,  pyr edveitae rrmesinoalu cpioórn  ednicdtea deal  pdoerr eecl hpoo dae rq upeú bnlioc os ue 
apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza
en las relaciones jurídicas de todo tipo» [STC 109/1986, de 24 de septiembre, FJ 1, 
seguida por SSTC 283/1994, de 24 de octubre, FJ 2; 166/1995, de 20 de noviembre, 
FJ 3; 244/2007, de 10 de diciembre, FJ 2, y 133/2018, de 13 de diciembre, FJ 4 a)].
Como recordó el Pleno en la citada STC 133/2018, «[e]ste tribunal ha considerado 
que la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, reconocida también por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el marco del artículo 6.2 CEDH (SSTEDH, 
de 10 de febrero de 1995, asunto Allenet de Ribemont c. Francia; de 26 de marzo 
de  2002,  asunto  Butkevicius  c.  Lituania;  de  28  de  junio  de  2011,  asunto  Lizaso 
Azconobieta  c.  España),  encuentra  específica  protección  en  nuestro  sistema  de 
derechos fundamentales a través o por medio de la tutela del derecho al honor, operando 
dicha presunción como elemento instrumental del enjuiciamiento de una posible lesión 
del derecho al honor (STC 244/2007, FJ 2). […] "[E]sta dimensión extraprocesal de la 
presunción de inocencia, no constituye por sí misma un derecho fundamental distinto o 
autónomo del que emana de los artículos 10 y 18 de la Constitución, de tal modo que ha 
de ser la vulneración de estos preceptos, y señaladamente del artículo 18, lo que sirva 
de base a su protección a través del recurso de amparo, [p]orque […] la presunción de 
inocencia que garantiza el artículo 24.2 CE, alcanza el valor de derecho fundamental 
susceptible de amparo constitucional, cuando el imputado en un proceso penal, que ha 
de considerarse inocente en tanto no se pruebe su culpabilidad, resulte condenado sin 
que  las  pruebas,  obtenidas  y  practicadas  con  todas  las  garantías  legal  y 
constitucionalmente exigibles, permitan destruir dicha presunción. En los demás casos 
relativos al honor y a la dignidad de la persona, que no son una presunción sino una 
cualidad consustancial inherente a la misma, serán los derechos consagrados en el 
artículo 18 CE los que, por la vía del recurso de amparo, habrán de ser preservados o 
restablecidos" (STC 166/1995, FJ 3; doctrina que reitera la STC 244/2007, FJ 2)» 
[STC 133/2018, FJ 4 a)]».
9.4.4  Resolución de la queja.
En el escrito de demanda se ha puesto de relieve que, durante la sustanciación del 
presente  procedimiento,  personas  con  responsabilidades  gubernamentales  han 
efectuado declaraciones respecto de los acusados, creando así un evidente ámbito de 
criminalización y culpabilización de sus conductas. Sin embargo, en el referido escrito no 
se  dice  de  qué  modo  o  en  qué  aspectos  esas  manifestaciones  influyeron  en  los 
miembros del tribunal sentenciador, lo cual ha sido expresamente rechazado por dicho 
órgano. Siendo así, para desestimar la queja basta con reproducir la respuesta que 
entonces  dispensamos  en  el  apartado  8.3  de  la  sentencia  anteriormente  traída  a 
colación:
«A la vista del planteamiento efectuado por el recurrente, que ni tan siquiera insinúa 
que las declaraciones que tacha de lesivas de su derecho a la presunción de inocencia 
hayan  podido  incidir  en  el  ánimo  de  algún  miembro  de  la  sala  sentenciadora,  la 
contestación que ofrece el tribunal es muy simple. Se trata de una materia ajena al 
proceso y, por esto mismo, ni puede ser enjuiciada en esta sede, ni merece más 
respuesta que el rechazo de su toma en consideración.
La  vulneración  del  derecho  a  la  presunción  de  inocencia  en  su  dimensión 
extraprocesal, que es lo que aquí se denuncia, no es imputable a la sentencia recurrida 
en amparo. Tampoco cabe reprochar eficazmente a dicha sentencia, ni al tribunal que la 
dictó, no haber tutelado el derecho de que se trata, por la sencilla razón de que no  s
constituía el objeto del proceso resolver sobre esta materia, ni era función del tribunal  oe.
pdtueimtneaalEanll   adjuj eulzali cg dciaoeod rnoeqdrcu ehepno ra osf nuneuni , ndnpcaooimasr  retsapnenitd atoael ,l  i niernventoes cpglaaerad c otdeo el n mopoba ajtreneatdn,o aí aed  neds lue sp sucrbe aocsuraedcsneaot  e,e l anroe  teconlur ogprcsariooórl cnade .e sd Eoaen mlp  epdpnaeriarfnoilnc .diitpieviola  q, udleae    2021-19513n https://www.
subsidiariedad que preside la jurisdicción constitucional de amparo [art. 53.2 CE y arts.
43.1 y 44.1 a) LOTC]. La parte demandante dispone de cauces procesales adecuados y
suficientes  para  la  protección  de  su  derecho  fundamental.  De  no  obtener  la  tutela 
pretendida, una vez agotada la vía judicial precedente, podrá acudir en amparo ante este 
Tribunal Constitucional (art. 53.2 CE).»
En consecuencia, este motivo de amparo ha de ser desestimado.
10.  El derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa en relación con la 
privación cautelar de libertad.
10.1  Posiciones de las partes.
Refiere la recurrente que, de manera injustificada, ha estado privada cautelarmente 
de libertad desde el 23 de marzo de 2018, habiendo intentado infructuosamente que se 
dejara sin efecto esa medida, mediante peticiones efectuadas los días 25 de mayo, 16 
de julio, 16 de septiembre y 21 de diciembre de 2018 y los días 14 de enero y 12 de junio 
de 2019. Prosigue diciendo que la medida impuesta el 23 de marzo de 2018 implicó ya 
en su momento una vulneración del derecho a la libertad, habida cuenta que la misma no 
se basaba en «motivos suficientes y pertinentes valorados con diligencia particular», 
toda vez que se fundó únicamente en la gravedad de los hechos recogidos en el auto de 
procesamiento y el incremento del riesgo de fuga, sin ponderar otras circunstancias que 
pudieran enervar ese riesgo. Añade que la prisión provisional se adoptó en virtud de 
hechos genéricos sin concreción, sin que hubieran cambiado las circunstancias de riesgo 
ya valoradas en el auto de 9 de noviembre de 2017, en cuya virtud se acordó entonces la 
libertad  bajo  fianza,  al  introducir  como  factor  novedoso  la  actuación  de  terceros 
investigados, sin atender a las circunstancias personales y familiares de la recurrente. 
Asimismo, señala que la medida se basó en conductas que eran fruto del ejercicio de la 
libertad de expresión, libertad de reunión y representación política.
También critica que el tribunal, en los autos de 27 de julio y 28 de septiembre 
de 2018 y de 14 de enero y 25 de enero de 2019 efectuara una remisión automática a 
las razones contenidas en el auto de 23 marzo de 2018, sin tener en cuenta las 
circunstancias personales y familiares de la recurrente, el hecho político de la formación 
de  un  nuevo  Gobierno  autonómico,  la  afectación  de  la  medida  a  otros  derechos 
fundamentales o la posibilidad de aplicar alternativas menos lesivas, como la fianza y la 
libertad vigilada. Por ello, sostiene que la prisión provisional se ha mantenido de manera 
injustificada e innecesaria durante casi diecinueve meses.
Añade que la medida cautelar acordada no buscó asegurar la sujeción de su persona 
al procedimiento, sino que atendió a la situación política de Cataluña y pretendió evitar 
que los investigados pudieran desarrollar su función de representación política, lo que se 
tradujo en un evidente «efecto desaliento» en el ejercicio de dicho derecho, así como en 
el  de  los  derechos  de  libertad  de  expresión  y  de  reunión.  Indica  también  que  las 
resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo sobre libertad de los investigados fueron 
recurridas ante este tribunal, pero «dicha instancia ha resultado manifiestamente ineficaz 
para la protección de los derechos habida cuenta de que el recurso de amparo […], 
presentado el 28 de junio de 2018, no ha sido resuelto hasta un año y medio después y 
cuando ya se había dictado la sentencia». Además, señala que este tribunal admitió a 
trámite  todas  las  demandas  de  amparo  de  los  acusados  en  la  causa 
especial  20907-2017  en  relación  con  la  prisión  provisional;  y  al  considerar  sus 
pronunciamientos como no efectivos, afirma que han impedido de facto la presentación 
de demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que considera una 
«vulneración de los derechos establecidos en el art. 5.3 y 5.4 del CEDH, en relación con  e.
la prohibición de abuso de derecho del art. 17 CEDH». w.
También denuncia la derivada lesión del derecho a un proceso justo, con restricción  513ww
iensdteabbiad ap rdivea dlaas  dfea cluiblteardtaeds  deen  duenf ecnesnatr, o( apret.n 6ite.1n cyi a3ri oC sEiDtuHad),o p au e7s0to0  qkuileó mlae trreocsu drree nsteu 
dinovmesictiiglioa cyió nd,e l pdrievsápnadcohleo  ddee  suunsa  acboorgreacdtoas  indtuerravnetnec igórna ne np asrtue  ddeef elan stara, mqiutaec iófune  dme álas   BOE-A-cable e
intensa durante los cuatro meses de celebración del juicio oral, pues al desarrollarse en 
sesiones de mañana y tarde, de lunes a jueves, impedía una correcta preparación de la 
defensa, al no haber tiempo para una comunicación efectiva entre letrados y defendidos.
La Abogacía del Estado únicamente alega en relación con la vulneración del derecho 
a un procedimiento con todas las garantías y del derecho de defensa por las condiciones 
en las que se ha desarrollado el acto del juicio, que en la demanda se denuncia en otro 
apartado.
El partido político Vox justifica la medida de prisión impuesta a la recurrente, ya que, 
de un lado, el riesgo de fuga quedaba acreditado con la actuación de «los fugados que 
huyeron en el momento posterior de la comisión de los delitos»; y por otro lado existían 
sospechas de destrucción de pruebas por los investigados, lo que impedía adoptar una 
medida menos gravosa. No se produjo por esto una privación de libertad injustificada y 
arbitraria.
La  fiscal  recuerda  que  la  demandante  interpuso,  en  su  momento,  recursos  de 
amparo contra la medida de prisión provisional, de los cuales ha conocido este tribunal. 
Por ello no procede replantear este asunto ahora «a modo de un sedicente recurso 
contra las sentencias del Tribunal Constitucional, vetado por el art. 93 LOTC». Respecto 
a la queja sobre el menoscabo de su derecho de defensa por permanecer en prisión 
insiste en que no se ha producido tal merma procesal.
10.2  Respuesta del órgano judicial.
En el escrito de demanda no se refleja que se haya dirigido al tribunal sentenciador 
denuncia alguna en los términos que han sido sintetizados, sin que tampoco en las 
resoluciones  impugnadas  en  este  recurso  conste  una  respuesta  acorde  con  su 
contenido.
No obstante, en la pág. 2 del escrito de formulación del incidente de nulidad, la 
recurrente advierte de que «[l]as denuncias que se exponen a continuación se centrarán 
exclusivamente en aquellas vulneraciones que se han producido por vez primera en la 
sentencia y que, por tanto, esta defensa no ha podido denunciar previamente.
Así,  esta  representación  no  reproducirá  en  el  presente  incidente  aquellas 
vulneraciones de derechos fundamentales que han sido argumentadas en el trámite de 
cuestiones previas o mediante anexo adjuntado al escrito de defensa y que han sido 
respondidas en la sentencia y/o en otras resoluciones previas. Sin embargo, esta parte 
considera  que  tales  vulneraciones  no  han  sido  debidamente  reparadas  por  dicha 
sentencia y, en consecuencia, las denuncia expresamente de nuevo, remitiéndose a los 
escritos presentados, así como a las alegaciones orales formuladas en el acto de juicio, 
ofreciendo a la Excma. Sala una nueva posibilidad de repararlas sobre la base de los 
argumentos ya expuestos en fases procesales anteriores. Nos referimos, en concreto, a 
las siguientes vulneraciones:
«1)  Vulneración del derecho a libertad de mi defendida y del derecho al respeto a la 
vida familiar, reconocidos en los arts. 17 CE, 5 y 8 CEDH.»
Por su parte, en los apartados 6.1 y 6.2 del fundamento de Derecho A) de la 
sentencia recurrida ante esta sede, el tribunal sentenciador responde al alegato de 
vulneración del derecho de defensa y del derecho a un proceso justo, en los términos ya 
reflejados en un apartado anterior de esta resolución.
10.3  Resolución de la queja. e.e
La queja anteriormente resumida no merece acogida favorable, por los motivos que a  513ww
contain) uaLcaió nco snes trietuflceijoanna:lidad de la prisión provisional de que fue objeto la demandante
fnuúem r.e c3o7n0o7c-2id0a1 8p,o rq ulae  SfuTeC  p5r/o2m02o0v,id doe  c1o5n tdrae  leonse arou,t oqsu ed ep u2s3o  dfien  mal arrezcou rys o1 7d ed ea mmpaayroo   BOE-A-cable e
de 2018. En la indicada impugnación aquella alegó la vulneración del derecho a libertad 
personal (art. 17.1 CE) y este tribunal rechazó que se hubiera producido la referida 
lesión, en el entendimiento, desde el parámetro de enjuiciamiento que nos es propio, de 
que la medida cautelar adoptada en sede judicial no infringió la garantía de petición de 
parte establecida en el art. 539 LECrim; que se respetó la dimensión procedimental del 
control judicial exigido; que la prisión provisional acordada se sustentó en los indicios de 
participación delictiva por parte de la recurrente y tuvo por finalidad neutralizar los 
riesgos de fuga y reiteración delictiva; y que la privación cautelar de libertad no conculcó 
los derechos a la libertad ideológica, a la libertad de expresión y a la participación y 
representación política (arts. 16, 20 y 23 CE).
También se alegó en el referido recurso la vulneración del derecho de defensa, 
debido a la distancia existente entre el centro penitenciario donde entonces se hallaba 
internada y el domicilio profesional de su abogado. Dicha queja fue desestimada, por los 
motivos expuestos en el fundamento jurídico 14 de la referida sentencia.
b)  El objeto del presente recurso de amparo es ajeno a las resoluciones que 
resolvieron sobre la prisión provisional acordada respecto de la recurrente, pues lo que 
en el mismo se impugna es la sentencia condenatoria recaída en la causa especial núm. 
20907-2017, así como el auto resolutorio de los incidentes de nulidad deducidos contra 
la misma. Es más, la firmeza de la sentencia de fecha 14 de octubre de 2019 puso fin, 
precisamente, a la situación de privación preventiva de libertad en la que hasta entonces 
se hallaba la demandante.
Cierto es que se alega en la demanda que la vulneración del derecho a la libertad 
(art.17 CE) se mantuvo durante casi diecinueve meses, periodo este durante el cual 
interesó el cese de la prisión provisional acordada; en síntesis, por variación de las 
circunstancias tenidas en cuenta, la existencia de medidas alternativas menos gravosas, 
la concurrencia de circunstancias personales especiales y por la necesidad de garantizar 
el  derecho  de  defensa.  El  tribunal  sentenciador  se  pronunció  en  su  día  sobre  las 
peticiones de libertad que le fueron interesadas, concretamente en los autos de 26 de 
julio  de  2018  (Roj:  ATS  8683/2018);  de  28  de  septiembre  de  2018  (Roj: 
ATS 14199/2018); de 14 de enero de 2019 (Roj: ATS 34/2019); de 25 de enero de 2019 
(Roj: ATS 511/2019); y de 21 junio de 2019 (Roj: ATS 7009/2019), en cuya virtud el 
mentado órgano rechazó dejar sin efecto la prisión provisional. De ahí que en el escrito 
de demanda la recurrente alegue que «[n]inguna de las peticiones efectuadas por las 
defensas, en aras a modificar las circunstancias anteriormente referidas, fueron acogidas 
por la sala de enjuiciamiento».
Conforme a una incontrovertida doctrina de este tribunal, la situación de prisión 
preventiva  no  constituye  una  situación  jurídica  intangible  o  consolidada,  pues  de 
conformidad con lo previsto en el art. 539 LECrim, «"los autos de prisión y libertad 
provisionales serán reformables durante todo el curso de la causa". Dicho precepto 
faculta, indiscutiblemente, a los órganos judiciales a modificar una situación anterior (de 
prisión o de libertad) "cuantas veces sea procedente" y a modificar la cuantía de la fianza 
"en  lo  que  resulte  necesario  para  asegurar  las  consecuencias  del  juicio".  Como 
recordábamos en la STC 66/1997, de 7 de abril, FJ 1, la incidencia del paso del tiempo 
en el sustento de la medida de prisión provisional "obliga a posibilitar en todo momento el 
replanteamiento procesal de la situación personal del imputado y, por así expresarlo, a 
relativizar o circunscribir el efecto de firmeza de las resoluciones judiciales al respecto 
con la integración del factor tiempo en el objeto del incidente".
La particular característica de que los autos referidos a la situación personal del  s
imputado no alcancen en ningún caso la eficacia de cosa juzgada (ATC 668/1986, de 30  oe.
de julio, FJ 1) conlleva que las partes puedan reiterar sus peticiones en esta materia –por  w.
más que hubieran sido ya total o parcialmente denegadas– obligando al juzgador a  513ww
rreeiatelizraarr  usun ap nreuteevnas iróenf le–xaióunn  sdoebsrpeu léas c duee shtiaóbne yra a dgeoctaiddidoa l.o Es sptao sfaibcleuslt arde cduer slaoss –p anrote se sdteá 
ssiuqpueiedriata daa l ap oarp loar tlaecyi óanl  addev ennuiemvioesn toe ledme ennuteovso ds eh ejucihcioos  oe na reglu cmuersnota dceiol nperso cdeissotin, tnais a udne   BOE-A-cable e
las que ya hubieran sido expuestas con anterioridad» (STC 66/2008, de 29 de mayo, 
FJ 3).
De acuerdo con los anteriores postulados, cada nueva resolución denegatoria del 
órgano  judicial,  en  respuesta  a  solicitudes  de  cese  de  la  prisión  provisional,  es 
susceptible de ser recurrida en esta sede, tras el preceptivo agotamiento de la vía 
judicial, a través del recurso de amparo. Por tanto, si la recurrente afirma que las 
desestimaciones acordadas sobre ese particular por el tribunal enjuiciador fueron lesivas 
del  derecho  a  la  libertad  reconocido  en  el  art.  17  CE  y,  por  ende,  restringieron 
indebidamente el derecho de defensa y las garantías de un proceso equitativo por las 
razones ya expuestas, debería haberse decantado entonces por interponer recurso de 
amparo contra las indicadas decisiones del tribunal sentenciador, a fin de intentar reparar 
en esta sede constitucional esas vulneraciones, con escrupuloso respeto al principio de 
subsidiaridad estatuido en el art. 44 LOTC y concordantes.
Por tanto, no resulta de recibo que este tribunal proceda, en el seno del presente 
recurso de amparo, a dirimir nuevamente sobre la constitucionalidad de las resoluciones 
relativas a la prisión provisional de la recurrente (ya dilucidada en la STC 5/2020) ni 
tampoco sobre las decisiones en cuya virtud el órgano de enjuiciamiento resolvió no 
modificar esa situación, las cuales no fueron impugnadas expresamente en tiempo y 
forma ante esta sede constitucional. Y a mayor abundamiento, añadimos que resulta 
inviable conocer, en el presente recurso, sobre la constitucionalidad de los autos en cuya 
virtud el tribunal sentenciador resolvió mantener la prisión provisional acordada en su 
día,  habida  cuenta  de  la  insuficiencia  argumental  de  la  demanda  respecto  de  la 
inconstitucionalidad de esas resoluciones.
En relación con la denuncia relativa a la vulneración de los derechos de defensa y a 
un proceso justo, que se anuda a la lesión del derecho reconocido en el art. 17 CE, nos 
remitimos a la respuesta ya dada en el fundamento jurídico 8.4.4 de esta resolución.
Resta una última cuestión que dirimir. En el motivo también se reprueba el proceder 
de este tribunal por haber resuelto sobre la constitucionalidad de la prisión provisional 
con posterioridad a que hubiera recaído sentencia condenatoria, impidiendo de facto la 
posible presentación de demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se 
alega que ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional han reparado la lesión 
sufrida por la demandante y concluye que ese proceder implica una vulneración de los 
derechos establecidos en el art. 5.3 y4 CEDH y, a su vez, constituye un abuso de 
derecho contemplado en el art. 17 CEDH.
En la medida que la demandante considera a este tribunal responsable de las 
vulneraciones anteriormente reflejadas debemos rechazar, de entrada, que este recurso 
de amparo sea el cauce adecuado para dirimir sobre esta temática. Como anteriormente 
hemos indicado, el referido recurso se dirige contra las actuaciones llevadas a cabo por 
el tribunal enjuiciador, que culminaron con el dictado de la sentencia condenatoria, de 14 
de octubre de 2019, y el auto desestimatorio de los incidentes de nulidad interpuestos 
contra la resolución antes indicada, de 29 de enero de 2020. Por ello, en el seno del 
presente procedimiento no tiene cabida una queja que se asocia a la tardía resolución, 
por parte de este tribunal, de los recursos de amparo interpuestos contra los autos que 
acordaron y confirmaron la prisión provisional de la demandante. Y en cualquier caso, 
debemos recordar que el recurso de amparo solo tiene cabida contra las actuaciones 
mencionadas en los arts. 42 y 44 LOTC.
Por las razones expuestas, el motivo de amparo ha de ser desestimado.
11.  La inviolabilidad parlamentaria (art. 57.1 EAC). bo
1L1a. 1d emPaonsdicaionntee sd ed ea mlaps apraor taefsir.ma que ha planteado la vulneración de la prerrogativa  2021-19513n https://ww
Ades í,l aa nintev ieoslateb itlirdibaudn apla erlna mloesn dtaiferirae netne sd iinvceirdseonst ems odme eenjetocsu caió lno  dlea rlgao S dTeCl  2p5ro9c/2e0d1im5,i ednet o2.   BOE-A-cable e
de diciembre. También en las diligencias previas núm. 1-2016 seguidas ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, solicitando su archivo. Y, en fin, ya en la causa especial 
núm. 20907-2017, en los recursos de reforma y apelación interpuestos contra el auto de 
procesamiento, en el escrito de conclusiones provisionales, en el trámite de cuestiones 
previas y en acto del juicio, siendo desestimada finalmente su pretensión en la sentencia 
ahora recurrida en amparo [fundamento de Derecho A), apartado 17.3].
Según  dice,  las  prerrogativas  parlamentarias  tienen  por  finalidad  asegurar  la 
independencia y la libertad del Parlamento frente al resto de los poderes del Estado. En 
concreto, la inviolabilidad es una garantía institucional dirigida a preservar un debate 
absolutamente libre en la Cámara, sin limitaciones e injerencias, para que sus miembros 
puedan tomar decisiones y emitir su voto con la máxima libertad. La inviolabilidad 
parlamentaria se erige así como la principal garantía del principio de separación de 
poderes, en la medida en que es una interpelación a los órganos judiciales para asegurar 
un  ámbito  inmune  a  cualquier  injerencia  jurisdiccional  (SSTC  243/1988,  de  19  de 
diciembre; 22/1997, de 11 de febrero, y STEDH de 16 de septiembre de 2014, asunto 
Szél y otros c. Hungría). El art. 57.1 EAC y, en términos sustancialmente idénticos, el 
art. 21 del Reglamento del Parlamento de Cataluña reconocen la inviolabilidad de los 
miembros de la Cámara «por los votos y las opiniones que emitan en el ejercicio de su 
cargo».
Añade que la inviolabilidad parlamentaria y la separación de poderes se han visto 
afectadas  por  la  Ley  Orgánica  15/2015,  de  16  de  octubre,  de  reforma  de  la  Ley 
Orgánica 2/1979, de 2 de octubre, del Tribunal Constitucional, por la que a este tribunal 
se le confirieron nuevas facultades ejecutivas a raíz del conflicto político surgido en 
Cataluña. En efecto, con el conjunto de incidentes de ejecución de la STC 259/2015 se 
pretendió alterar las competencias de la mesa del Parlamento de Cataluña en aras a que 
limitase preventivamente la capacidad de debate de la propia Cámara, mediante la 
prohibición  de  tramitar  iniciativas  parlamentarias  presentadas  por  quien 
democráticamente representaba a la ciudadanía. En este sentido, los requerimientos de 
este tribunal dirigidos a los miembros de la mesa, entre ellos a la demandante de amparo 
como presidenta, que les advertían del «deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, 
jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad» 
declarada de determinadas resoluciones o actos parlamentarios, limitaban la capacidad 
de debate de la Cámara, restringiendo indebida y desproporcionadamente su autonomía 
e inviolabilidad.
Las actuaciones por las que la demandante ha sido condenada están relacionadas 
con  la  tramitación  de  iniciativas  parlamentarias  y  las  funciones  que  al  respecto 
corresponden a la mesa en orden a calificar y decidir sobre su admisión (arts. 37, 152 
y 153 del Reglamento del Parlamento de Cataluña), o, en fin, con las facultades de la 
presidencia  de  dirigir  los  debates  parlamentarios  (art.  81.3  del  Reglamento  del 
Parlamento de Cataluña). Así pues, la criminalización de su conducta se ha basado en 
las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de las facultades que el ordenamiento le 
atribuye como presidenta, ya fuera en la mesa, en la junta de portavoces o en el Pleno. 
De modo que la incoación del procedimiento penal por el ejercicio de sus funciones 
parlamentarias y, en fin, la condena que le ha sido impuesta constituyen una evidente 
vulneración  de  la  inviolabilidad  parlamentaria  y,  por  consiguiente,  de  sus  derechos 
fundamentales a la libertad de expresión y de representación política [arts. 20.1 a) y 23 
CE, 10 CEDH y 3 del Protocolo Adicional núm. 1]. El contenido de esta queja se reitera 
con ocasión de la denunciada vulneración del principio de legalidad (art. 25 CE). s
La demandante sostiene, por último, en lo que a esta queja se refiere, que la  oe.
condena que se le ha impuesto de once años y medio de prisión, en tanto que restricción  w.
de los derechos inherentes a su cargo de presidenta del Parlamento de Cataluña, resulta  513ww
u«npae rsinejceurecniócnia d ea busno loubtajemtiveon tdee i ninjutesrtéifsic agdean eera iln»d ye b«indeac eesna rtiéerdmaidn oys p rdoep o«rpcrioenviasliibdialidd»a dd»e, 
Jlaa nmuesdz idKao rrewsintr-icMtiivkak e( sce.n tePnacrliaam deenl toT ribEuunroapl eGoe).n eEranl  dperi m3e1r  dleu gmara, yola  dem e2d0i1d8a,  raessuunlttao   BOE-A-cable e
imprevisible,  por  cuanto  la  prerrogativa  de  la  inviolabilidad  debía  conllevar  la 
imposibilidad de una persecución penal por el ejercicio de sus funciones, lo que implica 
también la vulneración del principio de legalidad penal (arts. 25 CE y 7 CEDH). En 
segundo lugar, las medidas penales adoptadas difícilmente pueden tener relación con un 
interés general o la preservación de la democracia política efectiva. Y, en fin, la pena 
impuesta resulta una medida restrictiva de derechos absolutamente desproporcionada, 
que pone en riesgo valores vinculados con la preservación de una sociedad democrática.
El abogado del Estado se opone a la estimación de este motivo de la demanda de 
amparo por considerar que los ámbitos objetivo y subjetivo, el alcance y los límites de la 
inviolabilidad parlamentaria se hallan extensamente analizados en la sentencia recurrida 
[fundamento de Derecho A), apartado 17.3], a cuyos razonamientos, que parcialmente 
transcribe, se remite.
El Ministerio Fiscal también interesa la desestimación de esta queja de amparo. 
Reproduce el fundamento de Derecho A), apartado 17.3 de la sentencia impugnada y 
precisa que el recurso no tiene por objeto el conjunto de incidentes de ejecución de la 
STC 259/2015, en los que se han dictado resoluciones que son de público conocimiento, 
así como tampoco enjuiciar la constitucionalidad de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de 
octubre,  de  reforma  de  la  Ley  Orgánica  2/1979,  de  3  de  octubre,  del  Tribunal 
Constitucional. A su juicio la inviolabilidad nada tiene que ver con las funciones de 
control de las iniciativas parlamentarias que realizan las mesas de las Cámaras sujetas a 
su norma reglamentaria. Mucho menos, señala el Ministerio Fiscal, cuando esa función 
de control le viene impuesta obligatoriamente por mediar un mandato de este tribunal, 
pues en tal supuesto existe un deber de las mesas de inadmitir la iniciativa presentada, 
en  cuanto  el  control  material  viene  expresamente  exigido  por  aquel  mandato.  En 
definitiva, no se trata de un ámbito cubierto por la inviolabilidad, que se extiende a las 
manifestaciones emitidas por los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones.
11.2  La  respuesta  judicial  a  la  alegada  vulneración  de  la  inviolabilidad 
parlamentaria.
11.2.1  En las diligencias previas 1-2016 seguidas ante la Sala de lo Civil y Penal 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, acumuladas a la causa especial núm. 
20907-2017 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La demandante de amparo invocó por vez primera la prerrogativa parlamentaria de la 
inviolabilidad (art. 57.1 EAC) en las diligencias previas núm. 1-2016 seguidas ante la 
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a raíz de las 
querellas presentadas por el Ministerio Fiscal contra ella, en su condición de presidenta 
del Parlamento de Cataluña, y otros miembros de la mesa de la Cámara por supuestos 
delitos  de  desobediencia,  prevaricación  y  malversación  como  consecuencia  de 
decisiones y actos adoptados en el ejercicio de sus cargos. En concreto, se trataba de 
decisiones  y  actos  relacionados  con  la  admisión  y  tramitación,  desatendiendo  los 
requerimientos efectuados por este tribunal, de determinadas iniciativas parlamentarias 
que  contravenían  los  pronunciamientos  de  la  STC  259/2015,  que  declaró  la 
inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución del Parlamento de Cataluña 1/XI, de 9 de 
noviembre, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los 
resultados electorales del 27 de septiembre de 2015, y los de otras resoluciones también 
de este tribunal dictadas en diversos incidentes de ejecución dimanantes de aquella 
sentencia. s
La demandante solicitó en el recurso de súplica contra el auto de 27 de febrero  oe.
daderec  hl2aLi0v aion1 S v7dia,o ellpa alo abdr i elcied alloa u dqsC.uaie,v  ials ly ec  Poaendnsmaidilt eidórea lra  T qtruribáeum sniutae l a Slcaut upsaeecrgiioóurnn  ddeeas  tJadubesa tli acpisra o qdteuege Cirdeaallt aapslou rñi nalat e drpeprsueeerrssottigamasót,i  velaal    2021-19513n https://www.
alegación de algunos de los querellados de que la inviolabilidad parlamentaria confería
cobertura a las decisiones y actos objeto de la querella, al estimar que «[e]n principio y
sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción, no es posible apreciar que los 
hechos denunciados, cuya comisión se ha atribuido indiciariamente por el fiscal a los 
querellados, se hallen amparados por la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria, a 
la luz de lo que se ha venido entendiendo para situaciones similares por el TS (STS2 
1117/2006, de 10 nov.) y por el [Tribunal Constitucional] (SSTC 51/1985, de 10 de abril; 
243/1988,  de  19  de  diciembre,  y  9/1990,  de  18  de  enero),  que  advierten  que  la 
prerrogativa de que se trata no ampara cualquier actuación de los parlamentarios sino 
solo sus declaraciones de juicio o voluntad –"opiniones" (art. 71.1 CE), "los votos y las 
opiniones" (art. 57.1 EAC)–, ni ha sido establecida para generar "zonas inmunes" al 
imperio de la ley.
Por  lo  demás  [añade  la  Sala],  prima  facie  no  parece  que  la  cuestión  pueda 
concebirse de forma diferente en la legislación internacional (art. 8 del Protocolo núm. 7 
sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea)» (auto de 16 de marzo 
de 2017, fundamento de Derecho tercero 2).
La Sala mantuvo el sentido de su decisión en el posterior auto de 11 de octubre 
de 2017, que resolvió los recursos de súplica interpuestos por los querellados contra el 
auto de 12 de septiembre de 2017, por el que se admitió a trámite la tercera de las 
querellas formulada por el Ministerio Fiscal por idénticos hechos. La Sala consideró en 
aquel  auto  que,  «siendo  evidente  que  la  concreta  conducta  por  la  que  deben  ser 
investigados los recurrentes no es exactamente la misma por la que el art. 57.1 EAC les 
concedería la inviolabilidad», ha de «aceptar  provisionalmente la tesis enunciada y 
razonada por el fiscal en su querella sobre dicha cuestión, sin llegar a hacerla nuestra en 
absoluto y a los meros efectos de posibilitar el ejercicio de la acción penal por el 
ministerio público, que es asimismo titular del derecho a la tutela judicial efectiva (vid. 
ATC 97/2001, de 24 abr., y STS2 1308/2003, de 7 ene., FD 2)». Se transcribe a 
continuación el razonamiento del Ministerio Fiscal, conforme al cual, en síntesis, quedan 
fuera del ámbito de protección de la prerrogativa de la inviolabilidad «aquellas conductas 
en donde, además de la opinión, sea necesaria la concurrencia de otra actuación, como, 
por ejemplo, en el caso del delito de desobediencia a resoluciones judiciales previsto y 
penado  en  el  art.  410  CP  (STS  núm.  1117/2006,  de  10  de  noviembre)  o  de 
desobediencia ejercida de manera levemente violenta (STSJ Navarra, Sala de lo Civil y 
Penal Sección Primera, de 29 de junio de 2008)». La Sala concluyó afirmando que era 
suficiente «por el momento con el plausible razonamiento transcrito para mantener la 
decisión sobre la incoación del procedimiento adoptada en el auto recurrido, teniendo en 
cuenta, además, que el Tribunal Constitucional no ha considerado ab initio excluida –es 
cierto que tampoco la ha afirmado– la presunta responsabilidad penal de los querellados 
en  virtud  de  la  prerrogativa  prevista  en  el  art.  57  EAC,  según  es  de  ver  en  las 
resoluciones  de  dicho  Alto  Tribunal  que  suspendieron  la  eficacia  de  las  leyes 
promulgadas los días 6 y 7 [sic] de septiembre pasado, ni en las que dispusieron deducir 
testimonio  para  su  investigación  en  esta  sede  jurisdiccional  penal  (AATC  123/2017 
y 124/2017, de 19 de septiembre)» (FJ 2.2).
11.2.2  En la causa especial núm. 20907-2017 seguida ante la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo.
11.2.2.1  La fase de instrucción.
La demandante de amparo en la causa especial núm. 20907-2017 invocó por vez 
primera la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria, por su condición de presidenta  s
del Parlamento de Cataluña, en el recurso de reforma que interpuso contra el auto de  oe.
prperroleacstEeouns nd ateoeml   dhiaeeeunlcittthoooo   dddsee er   erp2esr1buo elctdaleieóns ntame m(saa irredztneso.t   ola4d,s7 ee 2 dl2  iy0ilni g1cse8otrn,nu ccecioantors dre  apld nrqeateudcsetici c,Ca ae Pdun)ant.rsoe s ao  eltarso pasec, ctsuífeaic coaióscn oa rddpeóal r tePala dsroluasym oee npn oteorl    2021-19513n https://www.
de Cataluña, del que formaban parte algunos encausados, entre ellos, la demandante
(antecedente de hecho único, apartados 10 a 23). Fundó su procesamiento, en lo que a
su actividad parlamentaria se refiere, en la consideración de que desde la presidencia de 
la Cámara «sometió a la decisión de los diputados la aprobación de la legislación de 
soporte que sirve de coartada legitimadora al proceso, aun contrariando para ello las 
reiteradas  prohibiciones  y  requerimientos  del  Tribunal  Constitucional».  Concluye 
afirmando, en lo que concierne a dicha actividad parlamentaria, que la demandante 
«puso finalmente la institución parlamentaria al servicio del violento resultado obtenido 
con el referéndum y de la proclamación de la república» (FJ 2).
El magistrado instructor en auto de fecha 9 de mayo de 2018, que desestimó los 
recursos  de  reforma  contra  el  auto  de  procesamiento,  examinó  conjuntamente, 
rechazándola, la alegación deducida por varios procesados de que su actuación estaba 
exenta de responsabilidad en atención a la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria 
que les reconocía el art. 57.1 EAC. Después de traer a colación la doctrina de la 
STS  1117/2006,  de  10  de  noviembre,  y  de  diversas  resoluciones  de  este  tribunal, 
consideró  que  «concurren  en  los  procesados  indicios  de  que  no  les  alcanza  la 
inviolabilidad  que  esgrimen»,  no  «solo  porque  su  actuación  desborda  su  labor 
parlamentaria, al importar y convertir la sede de la representación ciudadana en un mero 
instrumento para facilitar la ejecución de una actuación delictiva ideada, propiciada, 
impulsada y coordinada desde fuera de la actividad parlamentaria, sino porque ejercieron 
su parlamentarismo con desatención de los mandatos que, en defensa de los derechos 
constitucionales de todos, emitió el Tribunal Constitucional, y que lo hizo precisamente 
en aplicación de los mecanismos que nuestro ordenamiento jurídico establece para 
conducir  la  actuación  del  Parlamento  estatal  y  de  los  Parlamentos  autonómicos». 
Finaliza su razonamiento afirmando que la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria, 
creada  «para  garantizar  un  funcionamiento  libre  de  la  Cámara  autonómica  de 
representación de los ciudadanos, para favorecer así el mejor disfrute de los derechos 
constitucionales», no se puede transmutar en un «instrumento que permita desactivar las 
previsiones de la norma suprema, permitiéndoles eludir la función específica que tiene el 
Tribunal Constitucional de que estas transgresiones se corrijan» (FJ 16).
La sala de recursos en su auto de 26 de junio de 2018, que desestimó los recursos 
de apelación interpuestos contra el auto de procesamiento, dio por reproducidos, en lo 
que  atañe  a  la  denunciada  vulneración  de  la  inviolabilidad  parlamentaria,  los 
razonamientos del magistrado instructor, sin perjuicio «del examen que de la cuestión 
pueda realizar en un momento posterior el tribunal de enjuiciamiento». A lo que añadió 
que «los actos de desobediencia no se han producido en una ocasión aislada respecto 
de  una  concreta  resolución,  sino  que,  al  menos  desde  noviembre  de  2015,  las 
resoluciones del Tribunal Constitucional, que fueron oportunamente notificadas a los 
obligados por ellas, fueron sistemáticamente ignoradas, y por ello incumplidas, por los 
procesados, que actuaban como integrantes del Gobierno o de la mesa del Parlamento 
de la comunidad autónoma». En este sentido, la Sala entiende que «"la sustracción 
frente a las normas generales del Derecho común se concreta, básicamente, en la 
inviolabilidad de las opiniones manifestadas en el quehacer parlamentario", pero no 
alcanza a la comisión de hechos constitutivos de delitos no relacionados con la emisión 
de opiniones, sean estas del tipo que sean» (FJ 6).
11.2.2.2  La fase de juicio oral.
La demandante reiteró, iniciada ya la fase de juicio oral, la alegada vulneración de la 
inviolabilidad parlamentaria en el escrito de conclusiones provisionales, en el trámite de 
cuestiones previas y en el acto del juicio oral, a lo que la sala de enjuiciamiento dio  e
respuesta en la sentencia impugnada en amparo, al analizar aquella prerrogativa como  bo
causa de justificación o exclusión de la responsabilidad penal aducida por algunos de los  513ww
procLeas aSdaolsa,  econm eisepnezcaia pl, opro rre laco arhdoarra q rueec utrarenntote l a[F Jju Aris),p arupdaertnacdioa  1c7o.n3s].titucional como la
sinuvyioal abpirloidpaiad   fhreannt ep rao cllaam  eaxdiog endceia  fodrem ar esrpeoitnesraadbail id«a[dee]ls  vpaelonra leesx oyn esraut onriaot urdaele zlaa 
constitucional como garantía parlamentaria», cuya «concurrencia blinda a su titular frente
a la respuesta penal que pueda cercenar la capacidad del parlamentario –y con él, del 
órgano legislativo– para debatir y formar criterio sobre los problemas que afectan e 
interesan a la sociedad». Así entendida, «no ve en la inviolabilidad de los parlamentarios 
un privilegio, sino un presupuesto sine qua non para el adecuado ejercicio de la función 
parlamentaria.  Desde  esta  perspectiva,  podría  incluso  afirmarse  [se  sostiene  en  la 
sentencia] que se trata de una prerrogativa ilimitada siempre que, claro es, se conecte a 
su verdadero significado material», pues «[e]sta concepción funcional de la inviolabilidad 
como mecanismo de garantía de las tareas legislativas es, desde luego, la vía más 
segura para no errar en la definición de los contornos en los que opera la exclusión de la 
antijuridicidad».
Lo anterior no empece para que la Sala considere que «[l]a necesidad de fijación de 
límites a la inviolabilidad se hace más que evidente cuando lo que se reclama no es la 
exclusión de responsabilidad penal por unas afirmaciones o por el sentido de un voto 
que ha podido ofender la honorabilidad de terceros, sino por unos hechos que las 
acusaciones califican como constitutivos de un delito de rebelión o sedición».
Seguidamente  trae  a  colación  la  STS  1117/2006,  de  10  de  noviembre,  como 
resolución precedente en la que tuvo ocasión de señalar «los límites a los que alcanza 
esta prerrogativa», para poner de manifiesto la identidad existente entre el supuesto 
entonces enjuiciado y el ahora considerado, pues «[e]n ambos casos, late una actitud de 
contumaz rechazo por la mesa de un Parlamento autonómico a lo ordenado por una 
instancia jurisdiccional». Si en aquel supuesto la Sala entendió que la inviolabilidad 
parlamentaria no podía dar cobertura a la decisión de los parlamentarios imputados de 
no cumplir «lo resuelto en una sentencia firme, que afectaba a la disolución de un grupo 
parlamentario» esto es, «un acto de ejecución de una sentencia firme, que requería la 
cooperación de los responsables de la Cámara para su ejecución» (arts. 118 CE y 18 
LOPJ), en el caso que nos ocupa considera que «el acto parlamentario que se aparta de 
su genuina funcionalidad y se convierte en el vehículo para desobedecer lo resuelto por 
el Tribunal Constitucional no es un acto amparado por el Derecho, no es un acto que 
pueda cobijarse bajo la prerrogativa constitucional de la inviolabilidad», pues «[e]sta no 
protege  frente  a  actos  de  consciente  desatención  a  lo  resuelto  por  el  Tribunal 
Constitucional».
«El parlamentario requerido [continúa razonando la Sala], es evidente, tendrá su 
opinión sobre el alcance y las consecuencias políticas de acatar el mandato, pero esa 
opinión no tiene conexión alguna con el ejercicio de sus funciones, desde el momento en 
que el ordenamiento jurídico otorga al Tribunal Constitucional la legitimidad para formular 
esos  requerimientos.  Ninguno  de  los  procesados  lo  es  por  el  sentido  de  su  voto. 
Tampoco por haber abanderado o emitido una opinión favorable a un proceso unilateral 
de independencia. No existe barrera de protección frente al ejercicio de la acción penal 
cuando esta se promueve por hechos delictivos que nada tienen que ver con el estatuto 
personal del parlamentario y con las prerrogativas que hacen posible la emisión de su 
voto en libertad». En definitiva, concluye en este punto la sentencia, «[e]l rechazo de las 
resoluciones del Tribunal Constitucional, dictadas por este en el marco funcional que le 
es propio y debidamente notificadas al parlamentario que desoye el requerimiento, es 
subsumible  en  el  delito  de  desobediencia  que,  en  función  de  las  circunstancias 
concurrentes, será el tipo aplicable o quedará subsumido –como en el caso de la señora 
Forcadell ocurre– en otras figuras penales más graves».
La  Sala  reproduce  a  continuación  una  de  las  conclusiones  del  dictamen  de  la 
Comisión  de  Venecia  núm.  827/2015,  de  10  de  marzo,  conforme  a  la  cual  «las  s
resoluciones de los tribunales constitucionales han de ser respetadas por todos los  oe.
organismos públicos y por todos los particulares» so pena de vulnerar «los principios del  w.
Estado de Derecho, la separación de poderes y la cooperación leal entre los órganos  513ww
«e[sl]taa talelegsit»im, iyd arde cdueemrdoac rqáutiec ae dl eT rliab uancatul aEcuióronp deeol  dTeri bDunearel cChoonss tHituumcioannaols»  hean  rlae cdoencoisciiódno 
daem p7a droe  my aoytoro ds es 2e0te1n9t,a q yu ec iinncaod mmitiieóm lab rdoesm daenld Pa aprrlaommeonvitdoa  dpeo rC laa taalhuoñraa.  rCecounrcrelunytee  esun   BOE-A-cable e
razonamiento afirmando que «el blindaje democrático que proporciona la prerrogativa de 
la inviolabilidad se conecta con el ejercicio de la función parlamentaria y la necesidad de 
preservar a toda asamblea legislativa de interferencias externas en el momento de la 
formación de su voluntad», pero «no extiende su protección a actos intencionados de 
rechazo de las decisiones del Tribunal Constitucional que gocen de una cobertura legal 
previsible y cierta y que impongan una restricción justificada para la consecución de un 
fin constitucionalmente legítimo y necesario en una sociedad democrática».
11.3  La  regulación  de  la  prerrogativa  de  la  inviolabilidad  de  los  diputados  del 
Parlamento de Cataluña.
A)  Como antecedente remoto de la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria 
suele evocarse el reconocimiento en el Bill of Rights de 1689 de la libertad de expresión, 
de debates o de actuaciones en el Parlamento británico (freedom of speech). En Europa 
continental el origen constitucional de esta prerrogativa se sitúa en la Constitución 
francesa de 1789, al proclamar que «los representantes de la Nación son inviolables: no 
podrán ser perseguidos, acusados ni juzgados en ningún tiempo por lo que hubieren 
dicho, escrito o hecho en el ejercicio de sus funciones de representación» (art. 8). En 
nuestro país se recoge la prerrogativa, con fórmulas no muy dispares, en los textos 
constitucionales a partir del de 1812, en el que se dispuso que «los diputados serán 
inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad, 
podrán ser reconvenidos por ellas» (art. 128).
En  la  actual  regulación  constitucional  de  la  prerrogativa  de  la  inviolabilidad 
parlamentaria  es  posible  discernir  esencialmente  dos  modelos,  sin  perjuicio  de  las 
peculiaridades que pueden derivarse de su acotación temporal y espacial en cada 
ordenamiento y a salvo, en todo caso, el ejercicio de la potestad disciplinaria interna de 
la Cámara: a) el de aquellos ordenamientos que no establecen expresamente ningún 
límite en la definición del alcance de la prerrogativa (art. 26 de la Constitución de la 
República francesa de 1958; art. 68 de la Constitución de la República italiana de 1947; 
art. 157 de la Constitución de la República portuguesa de 1976; art. 71.1 CE); b) el de los 
que expresamente establecen límites, necesitados de una posterior concreción legal o 
reglamentaria (art. 46 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania 
de 1949), o reconocen a la Cámara la posibilidad de levantar la prerrogativa (art. 57 de la 
Ley Constitucional de Dinamarca; art. 30 de la Constitución de Finlandia de 1999; 
capítulo IV, art. 8 de la Constitución de Suecia de 1974).
B)  La Constitución española de 1978 nada dice sobre las prerrogativas de los 
miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, refiriéndose 
solo a las de los miembros de las Cortes Generales (art. 71 CE). A falta de una 
regulación constitucional, el estatuto de autonomía de cada comunidad autónoma, en 
tanto que «norma institucional básica» de la respectiva comunidad (art. 147.1 CE), es la 
sede normativa adecuada para regular el estatuto de los miembros de su asamblea 
legislativa y, por ello, sus prerrogativas [SSTC 36/1981, de 12 de noviembre, FF JJ 4 y 5; 
36/2014, de 27 de febrero, FJ 6 b), y 159/2019, de 12 de diciembre, FJ 6 b)].
En términos sustancialmente similares a los previstos para los miembros de las 
asambleas legislativas de otras comunidades autónomas en sus respectivos estatutos de 
autonomía y en los reglamentos de sus Cámaras, y también con idéntico alcance al que 
este tribunal viene confiriendo a la prerrogativa de la inviolabilidad de los miembros de 
las Cortes Generales ex art. 71.1 CE, los diputados del Parlamento de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, a los efectos que ahora interesan y de conformidad con lo  e
dispuesto en el art. 57.1 EAC, «son inviolables por los votos y las opiniones que emitan  bo
en el ejercicio de su cargo». Esta previsión estatutaria ha sido desarrollada por el art. 21  513ww
dinevli oRlaebgillaidmaedn, tion cdleuls oP adrelasmpueénsto  ddee  hCaabtearlu fñinaa, liczoandfoo rmsue  mala cnudaalt o«,[ l]poosr  dlaipsu toapdinoiso ngeosz ayn  ldoes 
votoAss eí mpituideoss,  dlousr adnitpeu etal deojesr cidceiol  dPea rsluasm feunntcoi odnee s»C.ataluña,  en  los  términos  que  han
quedado expuestos, gozan de la prerrogativa de la inviolabilidad como miembros de una
institución –el Parlamento–, a la que el propio Estatuto de Autonomía atribuye la cualidad 
de  inviolable  [art.  55.1  EAC;  en  este  sentido,  STC  123/2017,  de  2  de  noviembre, 
FJ 2 B c); AATC 147/1982, de 22 de abril; 526/1986, de 18 de junio, y 1326/1988, de 19 
de diciembre].
11.4  Doctrina jurisprudencial sobre la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria.
A)  Este tribunal ya ha tenido ocasión de abordar la prerrogativa de la inviolabilidad 
parlamentaria en relación tanto con los miembros de las Cortes Generales como con los 
de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, sentando al respecto una 
doctrina que, atendiendo a las especificidades del caso ahora considerado, conviene 
traer a colación, puesto que puede aportar la fundamentación precisa para la resolución 
de la cuestión en disputa.
a)  La prerrogativa de la inviolabilidad «se orienta a la preservación de un ámbito 
cualificado de libertad en la crítica y en la decisión sin el cual el ejercicio de las funciones 
parlamentarias  podría  resultar  mediatizado  y  frustrado,  por  ello  el  proceso  de  libre 
formación de voluntad del órgano» (STC 51/1985, de 10 de abril, FJ 6). En otras 
palabras, la inviolabilidad, al igual que la inmunidad, aunque una y otra prerrogativa 
tienen un contenido propio y una finalidad específica, «encuentran su fundamento en el 
objetivo común de garantizar la libertad e independencia de la institución parlamentaria, 
y en tal sentido son complementarias». Al servicio de este objetivo, se confieren al 
parlamentario «en su condición de miembro de la Cámara legislativa y […] solo se 
justifican en cuanto son condición de posibilidad del funcionamiento eficaz y libre de la 
institución» [SSTC 243/1988, FJ 3 A), y 9/1990, de 18 de enero, FJ 3 B)].
b)  El ámbito material de la inviolabilidad no abarca «cualesquiera actuaciones de 
los parlamentarios y sí solo sus declaraciones de juicio o voluntad» (STC 51/1985, FJ 6). 
En términos del art. 57.1 EAC, aquel ámbito se extiende a «los votos y las opiniones que 
emitan» los diputados del Parlamento de Cataluña (en este sentido, en relación con los 
diputados y senadores de las Cortes Generales, cabe citar la STC 36/1981, FJ 1).
En cuanto a su ámbito funcional, de manera similar a lo que este tribunal tiene 
declarado en relación con los miembros de las Cortes Generales, el nexo entre la 
inviolabilidad y el ejercicio del cargo de parlamentario está claramente expuesto en el 
art. 57.1 EAC, de modo que la prerrogativa protege a los miembros de la Cámara en el 
ejercicio de las funciones propias del cargo, «en tanto que sujetos portadores del órgano 
parlamentario, cuya autonomía, en definitiva, es la protegida a través de esta garantía 
individual». Estas funciones son solo las que el diputado ejercita «en la medida en que 
[participa] en actos parlamentarios y en el seno de cualesquiera de las articulaciones 
orgánicas» de la Cámara. Así pues, dado que «[e]l interés, a cuyo servicio se encuentra 
establecida  la  inviolabilidad  es  el  de  la  protección  de  la  libre  discusión  y  decisión 
parlamentarias», quedan extramuros de la prerrogativa «los actos [que] hayan sido 
realizados por su autor en calidad de ciudadano (de "político" incluso), fuera del ejercicio 
de competencias y funciones que le pudieran corresponder como parlamentario». Las 
funciones  estatutaria  y  constitucionalmente  relevantes  para  la  prerrogativa  «no  son 
indiferenciadamente todas las realizadas por quien sea parlamentario, sino aquellas 
imputables a quien, siéndolo, actúa jurídicamente como tal». Este entendimiento estricto 
del ámbito funcional de la prerrogativa de la inviolabilidad no ha sido obstáculo para que 
este tribunal lo extienda también a «los actos "exteriores" a la vida de las Cámaras, que 
no sean sino reproducción literal de un acto parlamentario» [STC 51/1985, FJ 6; en el  s
mismo sentido, SSTC 243/1988, FJ 3 B), y 206/1992, de 27 de noviembre, FJ 5]. oe.
RcmueaagnlYlidad,a maetdoen  n idfntioenh l,ed  prpeeaol nrPrlt aealom rl aaeq mnulateea  nrsmitooei,  s drmdeeefa iC e mra(eStoa TdaluCo ñ s aqu3,u 6 áes/mu1, s9cb 8oeit1mofe,  octFet oJmes xp 6pso)re,re  aesnla,xo tmli aeed npnedrtceeean rerd o« isgpinpaocotrli unvlaseao,   e eedln xeat sitnrpatc.un iéót2osn1 »  q dddueeeell     2021-19513n https://www.
que haber finalizado aquel mandato (STC 51/1985, FJ 6).
En definitiva, la inviolabilidad es una prerrogativa de naturaleza sustantiva que 
garantiza  la  irresponsabilidad  jurídica  de  los  parlamentarios  por  las  opiniones 
manifestadas y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones, entendiendo por tales 
aquellas que realicen en actos parlamentarios y en el seno de cualesquiera de las 
articulaciones de las Cámaras o, por excepción, en actos exteriores a estas que sean 
reproducción literal de  un acto  parlamentario, siendo su  finalidad  específica la de 
asegurar a través de la libertad de expresión de los parlamentarios la libre formación de 
la voluntad del órgano legislativo al que pertenezcan. Se configura, por lo tanto, como 
un límite a la jurisdicción que tiene carácter absoluto, en la medida en que impide la 
apertura de cualquier clase de proceso o procedimiento que tenga por objeto exigir 
responsabilidad a los miembros de la Cámara por las opiniones manifestadas y votos 
emitidos en el ejercicio de sus funciones. Este efecto impeditivo exigirá la constancia 
cierta de que se dan los presupuestos fácticos que conforman la prerrogativa de la 
inviolabilidad (SSTC 36/1981, FJ 1; 51/1985, FJ 6; 243/1988, FJ 3; 9/1990, FJ 3, 
y 30/1997, de 24 de febrero, FF JJ 5, 6 y 7). Ahora bien, en ningún caso puede impedir 
–dada la finalidad que la justifica– la aplicación, cuando proceda, de las normas de 
disciplina parlamentaria previstas en los reglamentos de las Cámaras (STC 76/2016, 
de 25 de abril, FJ 3; en este sentido, también, STEDH de 17 de mayo de 2016, asunto 
Karácsony y otros c. Hungría, § 139 y ss.).
c)  La inviolabilidad no es, al igual que las demás prerrogativas parlamentarias, «un 
"privilegio", es decir, un derecho particular de determinados ciudadanos, que se vieran, 
así, favorecidos respecto del resto» (STC 206/1992, FJ 3; doctrina que reiteran las 
SSTC 123/2001 y 124/2001, de 4 de junio, FJ 4), ni tampoco puede considerarse como 
expresión  de  un  pretendido  ius  singulare  (STC  22/1997,  FJ  5).  Las  prerrogativas 
parlamentarias, entre ellas la de la inviolabilidad, se atribuyen a los miembros de las 
Cámaras legislativas no en atención a un interés privado de sus titulares, sino a causa 
de un interés general, cual es, como ya hemos dicho, el de asegurar su libertad e 
independencia en tanto que reflejo de la que se garantiza al órgano al que pertenecen 
(STC 22/1997, FJ 5).
En  este  sentido,  hemos  venido  declarando  desde  la  STC  51/1985,  que  las 
prerrogativas parlamentarias, también la de la inviolabilidad, «han de ser interpretadas 
estrictamente para no devenir privilegios que puedan lesionar derechos fundamentales 
de terceros» (FJ 6), pues «[l]a existencia de tal tipo de privilegios pugnaría, entre otras 
cosas, con los valores de "justicia" e "igualdad" que el art. 1.1 de la CE reconoce como 
"superiores" de nuestro ordenamiento jurídico» (STC 90/1985, de 22 de julio, FJ 6; 
doctrina que reiteran las SSTC 123/2001 y 124/2001, FJ 4). Tal entendimiento estricto 
«debe hacerse a partir de una comprensión del sentido de la prerrogativa misma y de los 
fines que esta procura» (STC 51/1985, FJ 6), esto es, «tanto en el sentido lógico de 
sujeción a los límites objetivos que les impone la Constitución, como en el teleológico de 
razonable  proporcionalidad  al  fin  al  que  responden,  debiendo  rechazarse  en  su 
consecuencia, todo criterio hermenéutico permisivo de una utilización injustificada de los 
privilegios» [STC 243/1988, FJ 3 A)]. En fin, «las prerrogativas parlamentarias son 
"sustracciones al Derecho común conectadas a una función", y solo en tanto esta función 
jurídica se ejerza, pueden considerarse vigentes» (STC 51/1985, FJ 6), de modo que 
«no es constitucionalmente legítima una extensión legislativa (STC 186/1989) o una 
interpretación analógica de las mismas (STC 51/1985)» [STC 22/1997, FJ 5; en el mismo 
sentido, las SSTC 70/2021 y 71/2021, de 18 de marzo, FJ 3 A) d)].
B)  Los criterios reseñados de la doctrina de este tribunal sobre las prerrogativas  e.
parlamentarias  y,  en  particular,  sobre  la  inviolabilidad,  se  asemejan  a  los  que  se  w.b
desprenden de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del  513ww
eTlreibmuennatlo d eh eJrumseticniéau dticeo l ae Un nliaó nd Eeuterrompeinaa,c qióune  dceoln ssteitunytiedno  eyx  aalrcta. n1c0e.2  dCeE  lousn  dreelreevcahnotes 
fnuonvdieammbernet,a FleJs  5q Bue);  9la7 /C2o0n2s0t,i tduec i2ó1n  dpero jucllaiom, Fa J[ p5o Dr )t,o yd a7s0,/ 2la0s2 1S, SFTJC 3  1B5)]5./2019, de 28 de
a)  El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha observado que el hecho de que 
los  Estados  concedan  generalmente  una  inmunidad  más  o  menos  extensa  a  los 
miembros del parlamento constituye una antigua práctica, que tiene como finalidad la 
protección de la libre expresión de la Cámara y el mantenimiento de la separación de los 
Poderes Legislativo y Judicial. Bajo sus diferentes formas, la inmunidad parlamentaria 
puede  servir  para  proteger  un  régimen  jurídico  verdaderamente  democrático,  que 
constituye la piedra angular del sistema del Convenio, en la medida en que tiende a 
proteger la autonomía del legislador y la oposición parlamentaria.
La garantía de la inmunidad parlamentaria en sus dos dimensiones (irresponsabilidad 
e inviolabilidad) –señala el Tribunal Europeo– es un privilegio que no se concede a los 
miembros  del  Parlamento  en  atención  a  su  persona  sino,  a  través  de  ellos,  a  la 
institución parlamentaria para garantizar su independencia y buen funcionamiento. La 
inmunidad jurisdiccional –inviolabilidad en la terminología de su jurisprudencia– tiene 
como  objeto  asegurar  esa  plena  independencia  previniendo  toda  eventualidad  de 
procesos penales que obedezcan a móviles políticos (fumus persecutionis), protegiendo 
así  a  la  oposición  de  presiones  o  abusos  de  la  mayoría.  Por  su  parte,  la  no 
responsabilidad parlamentaria protege la libertad de expresión de los miembros del 
Parlamento, en el bien entendido de que no solo beneficia a estos, sino que esta libertad 
debe ser preservada para salvaguardar los intereses del Parlamento en su conjunto 
(STEDH asunto Karácsony y otros c. Hungría, § 138; con referencia a las SSTEDH de 17 
de diciembre de 2002, asunto A. c. Reino Unido, § 85; de 3 de diciembre de 2009, 
asunto Kart c. Turquía, § 81, y de 11 de febrero de 2010, asunto Syngelidis c. Grecia, 
§ 42; también SSTEDH de 20 de diciembre de 2016, asunto Uspaskich c. Lituania, § 98, 
y de 22 de diciembre de 2020, GS, asunto Selahattin Demirtaş c. Turquía, –núm. 2–, 
§ 256).
b)  El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido en el diseño de las 
inmunidades parlamentarias, que entra dentro del campo del derecho parlamentario, un 
amplio margen de apreciación a los Estados miembros, si bien considera que, desde el 
punto de vista de su compatibilidad con el Convenio, cuanto más amplia sea una 
inmunidad, más imperiosas deben ser las razones que puedan justificar dicha amplitud. 
En este sentido, postula que las inmunidades han de ser objeto de un estricto juicio de 
proporcionalidad cuando las conductas o hechos en cuestión no tengan conexión con la 
actividad parlamentaria (STEDH, de 20 de abril de 2006, asunto Patrono, Cascini y 
Stefanelli c. Italia, § 63, y la dictada en el asunto Kart c. Turquía, § 82 y 83).
c)  En fin, por lo que se refiere en particular a la irresponsabilidad parlamentaria, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos subraya en su jurisprudencia la importancia de la 
libertad de expresión para los miembros del Parlamento. En este sentido, observa que si bien 
la libertad de expresión es importante para todos, lo es especialmente para un representante 
electo  del  pueblo,  pues  representa  a  su  electorado,  llama  la  atención  sobre  sus 
preocupaciones y defiende sus intereses. Por consiguiente, considera que las interferencias 
en la libertad de expresión de un miembro del Parlamento requieren un estricto escrutinio por 
parte del tribunal (STEDH asunto Selahattin Demirtaş c. Turquía, –núm. 2–, § 242, con cita de 
la STEDH de 23 de abril de 1992, asunto Castells c. España, § 42; en el mismo sentido, 
STEDH asunto Karácsony y otros c. Hungría, § 137).
Estos  principios  han  sido  confirmados  en  asuntos  relativos  tanto  a  la  libertad  de 
expresión de los miembros de Parlamentos nacionales o regionales (SSTEDH Karácsony y 
otros c. Hungría, § 137; de 27 de febrero de 2001, asunto Jerusalem c. Austria, § 36, y 
de 15 de marzo de 2011, asunto Otegi Mondragón c. España § 50), como a las restricciones  s
del derecho de acceso a los tribunales derivadas de la inmunidad parlamentaria (SSTEDH  oe.
asunto A. c. Reino Unido, § 79; de 30 de enero de 2003, asunto Cordova c. Italia, –núm. 1–,  w.
§ 59; de 30 de enero de 2003, asunto Cordova c. Italia, –núm. 2–, § 60; asunto Patrono,  513ww
CItaalsiac,i n§i  7y1 S)]t.efanelli c. Italia, § 61), y de 24 de febrero de 2009, asunto C.G.I.L. y Cofferati c.
un eNleov acadboe n divuedl ad,e p pureost,e qccuieó np a(SraT EelD THri bSuenlaahl Eatutirno pDeeom eirl tdaişs ccu. rTsuor qpuaírala, m–neúnmta.r i2o– g, o§z a2 4d4e,   BOE-A-cable e
con cita de la STEDH asunto Karácsony y otros c. Hungría, § 138). En particular observa 
que la norma de la inmunidad parlamentaria da fe de este nivel de protección, sobre todo 
cuando  protege  a  la  oposición  parlamentaria,  pues  en  su  jurisprudencia  concede 
importancia  a  la  protección  de  la  minoría  parlamentaria  frente  a  los  abusos  de  la 
mayoría. Sin embargo, la libertad del debate parlamentario o político no es absoluta, 
pudiendo estar sometida a algún tipo de restricciones para evitar formas de expresión 
como los llamamientos directos o indirectos a la violencia (STEDH (Selahattin Demirtaş 
c. Turquía, –núm. 2–, § 245, con cita de la STEDH asunto Karácsony y otros c. Hungría, 
§ 139).
C)  Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene declarado que la 
inmunidad de los diputados del Parlamento Europeo comprende las dos formas de 
protección normalmente reconocidas a los parlamentarios de las Cámaras legislativas 
nacionales de los Estados miembros: la inmunidad por las opiniones expresadas y los 
votos emitidos en el ejercicio de sus funciones y la inviolabilidad parlamentaria que, en 
principio,  confiere  protección  frente  a  las  actuaciones  judiciales  (arts.  8  y  9, 
respectivamente, del Protocolo núm. 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la 
Unión Europea; STJUE de 21 de octubre de 2008, asunto Marra, § 24). Con referencia 
expresa a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de 
Justicia  de  la  Unión  Europea  ha  afirmado  que  las  inmunidades  reconocidas  a  los 
miembros del Parlamento Europeo tienen por objeto garantizar la independencia de esta 
institución en el cumplimiento de su misión (SSTJUE de 19 de marzo de 2010, asunto 
Gollnisch c. Parlamento Europeo, § 94, y de 19 de diciembre de 2019, asunto Junqueras 
Vies, § 82 a 84; con cita de las SSTJUE de 10 de julio de 1986, asunto Wybot, § 12 y 22, 
y de 22 de marzo de 2007, asunto Comisión de las Comunidades Europeas c. Bélgica, 
§ 56, y ATJUE de 6 de diciembre de 1990, asunto Zwartveld y otros, § 19).
Por lo que se refiere a la inmunidad por las opiniones expresadas y votos emitidos 
por los eurodiputados en el ejercicio de las funciones parlamentarias (art. 8 del Protocolo 
núm. 7), el tribunal ha declarado que con ella se pretende proteger su libertad de 
expresión e independencia, de modo que se opone a cualquier procedimiento judicial 
motivado  por  tales  opiniones  y  votos.  Si  bien  ha  extendido  la  protección  de  la 
prerrogativa a las opiniones expresadas fuera del recinto del Parlamento, ya que a los 
efectos del citado art. 8 lo relevante no es el lugar donde se realiza la declaración, sino 
su naturaleza y contenido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entiende, sin 
embargo, que, de conformidad con el tenor literal de dicho precepto, para que una 
opinión pueda estar amparada por la inmunidad debe haber sido emitida por un diputado 
«en el ejercicio de sus funciones», lo que requiere que exista una relación directa entre 
la opinión expresada y las funciones parlamentarias (SSTJUE asunto Marra, § 26 y 27, y 
de 6 de septiembre de 2011, asunto Patriciello, § 26 a 33).
11.5  Resolución de la queja.
11.5.1  Encuadramiento de la queja y consideraciones previas a su enjuiciamiento.
La cuestión ahora controvertida consiste en determinar si han resultado vulnerados 
los derechos de la demandante a la libertad de expresión y de representación política 
[arts. 20.1 a) y 23 CE], en relación con la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria 
(art. 57.1 EAC), como esta sostiene, o no, como mantienen, por el contrario, el abogado 
del  Estado  y  el  Ministerio  Fiscal.  La  recurrente  entiende  que  se  ha  producido  la 
denunciada vulneración porque, a pesar de gozar de aquella prerrogativa ex art. 57.1  e.
EAC, se le ha incoado un proceso penal en el que ha sido condenada como autora de un  w.
delito de sedición por el ejercicio de sus funciones como presidenta del Parlamento de  513ww
pCaartlaalmuñean taerina s.r eElanc iódne finciotinv a,l al a acdrmimisinióanli zayc iótrna mdeita scuió nc odned ucdteat esrem ihnaa dbaass aindioc iaetniv aesl 
eojredrecnicaiom, iepnrotote jguirdídoi cpoo rc olam por eprrreosgiadteivnata d dee l ala i nCváiomlaabriali.dad, de facultades que le confiere el  BOE-A-cable e
Un adecuado encuadramiento de este motivo de amparo requiere tener presente que 
la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria, de la que es titular la demandante ex 
art. 57.1 EAC y que pretende preservar con su queja, junto con las de la inmunidad y el 
aforamiento «se incorpora y encuentra su acomodo natural, […] en el contenido del 
derecho fundamental reconocido en el art. 23.2 CE […], que garantiza no sólo el acceso 
o permanencia en el cargo representativo, sino también los derechos y prerrogativas 
propios del status del cargo» (SSTC 123 y 124/2001, FJ 3, con cita de la STC 22/1997, 
FJ 2). De modo que el derecho fundamental al ejercicio del cargo público representativo 
en condiciones de igualdad y con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE) es el 
derecho verdaderamente nuclear y vertebrador de este motivo del recurso de amparo. 
Así pues, sin necesidad de detenernos en otro tipo de disquisiciones sobre los contornos 
propios de la libertad de expresión de los parlamentarios y de la prerrogativa de la 
inviolabilidad, la invocada vulneración de esta libertad es meramente tributaria de la del 
derecho al ejercicio del cargo público representativo (art. 23.2 CE), por lo que solo si se 
apreciara la lesión de este último podría llegar a entenderse vulnerada la libertad de 
expresión  de  la  demandante  [en  este  sentido,  por  todas,  SSTC  123/2001,  FJ  3, 
y 70/2021, FFJJ 2 c) y 5].
Dos consideraciones más son necesarias antes de proceder al enjuiciamiento de 
esta queja. La primera referida a que tanto durante la tramitación de las diligencias 
previas núm. 1-2016 incoadas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que se 
acumularon a la causa especial núm. 20907-2017, seguida ante la Sala de lo Penal de 
Tribunal Supremo, como durante la instrucción y la fase de juicio oral de esta última se 
ha dado respuesta expresa al planteamiento de la demandante de que su actuación 
como  presidenta  del  Parlamento  se  encontraba  protegida  por  la  prerrogativa  de  la 
inviolabilidad, lo que le eximía de cualquier tipo de responsabilidad, incluida la penal. Así 
pues, en los términos de los que ya se ha dejado constancia, los órganos judiciales, en 
cuantas  ocasiones  han  sido  requeridos  por  la  recurrente,  se  han  pronunciado, 
desestimando sus alegaciones, sobre si aquella actuación objeto del proceso penal se 
hallaba amparada o no por la prerrogativa de la inviolabilidad, como viene exigiendo el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH caso Selahattin Demirtaş c. Turquía, –
núm. 2–, § 303].
La segunda consideración atañe a que la condena de la recurrente se funda no solo 
en su actividad como presidenta del Parlamento, sino que la Sala de lo Penal del 
Tribunal  Supremo  ha  estimado  que  la  conducta  penalmente  reprochable  que  le  es 
imputable rebasó el ámbito parlamentario con otras «decisiones y actos plenamente 
integrados en la estrategia delictiva a la que se sumó de forma activa», alentando 
«públicamente la movilización multitudinaria de la ciudadanía en los actos de protesta 
frente al cumplimiento de las resoluciones judiciales y en la participación en el prohibido 
referéndum, todo ello en un expreso desafío al orden constitucional y a las autoridades 
que  actuaban  a  su  amparo,  con  una  protagonista  presencia  en  muchas  de  las 
movilizaciones desarrolladas especialmente en los meses de junio a octubre» [FJ C), 
apartado 1.3.1]. En este sentido, se relatan en la sentencia las concretas decisiones y 
actuaciones de la recurrente ajenas al ámbito parlamentario que el Tribunal Supremo ha 
tenido en cuenta, además de la actividad en la Cámara, para sustentar su condena [FJ 
C), apartado 1.3.2]. En consecuencia, dado que la condena de la recurrente como autora 
de un delito de sedición no se funda únicamente en la actividad que llevó a cabo como 
presidenta del Parlamento, la hipotética estimación de la denunciada vulneración de la 
prerrogativa de la inviolabilidad no podría conducir sin más a su anulación. s
11.5.2  La Ley Orgánica 15/2015 y las medidas de ejecución adoptadas por este  w.b
tribunal en relación con la demandante de amparo. 513ww
La demandante sostiene que la inviolabilidad parlamentaria y, por consiguiente, la
soecptuabrraec,i ódne d er epfoordmeare sd, es el ah aL evyis toO ragfáencitcaad a2 p/1o9r7 l9a,  Ldeey  O3 rgdáen icoac t1u5b/r2e0, 1d5e, l deT r1ib6u ndael 
Constitucional, por la que se confirieron a este tribunal nuevas facultades de ejecución.
En este sentido, afirma que mediante el conjunto de incidentes de ejecución de la 
STC  259/2015  –que  declaró  la  inconstitucionalidad  y  nulidad  de  la  Resolución  del 
Parlamento de Cataluña 1/XI, de 9 de noviembre, sobre el inicio del proceso político en 
Cataluña  como  consecuencia  de  los  resultados  electorales  del  27  de  septiembre 
de 2015– se ha pretendido alterar las competencias de la mesa del Parlamento en el 
ejercicio de sus facultades de decidir sobre la admisión y tramitación de las iniciativas 
parlamentarias en aras a limitar la capacidad de debate de la Cámara.
Como el Ministerio Fiscal señala, este recurso de amparo no puede tener por objeto 
los incidentes de ejecución de la STC 259/2015, tramitados ante este tribunal y ya 
definitivamente  resueltos,  ni  tampoco  el  enjuiciamiento  de  la  mencionada  Ley 
Orgánica  15/2015,  de  6  de  octubre,  sobre  cuya  constitucionalidad  nos  hemos 
pronunciado  en  las  SSTC  185/2016  y  215/2016,  de  3  de  noviembre  y  de  15  de 
diciembre, respectivamente. No obstante, en modo alguno resulta ocioso hacer siquiera 
una breve referencia a la cobertura constitucional de la citada Ley Orgánica 15/2015 y a 
las concretas facultades de ejecución de las que este tribunal ha hecho uso en relación 
con la demandante de amparo.
Aquella  ley  orgánica,  como  declaramos  en  la  STC  185/2016,  «define  en  su 
preámbulo como uno de los principales componentes de cualquier función jurisdiccional 
"la  existencia  de  instrumentos  suficientes  para  garantizar  la  efectividad  de  las 
resoluciones dictadas en el ejercicio de dicha función", lo que constituye además "un 
elemento  esencial  para  la  existencia  de  un  Estado  de  Derecho".  La  finalidad  que 
persigue la reforma es la de introducir "en sede constitucional, instrumentos de ejecución 
que dot[e]n al tribunal", que tiene encomendada la función de supremo intérprete y 
garante de la Constitución mediante el ejercicio de su función jurisdiccional, "de un haz 
de  potestades  para  garantizar  el  cumplimiento  efectivo  de  sus  resoluciones".  El 
legislador [dijimos] deja constancia en el preámbulo de la ley de la conveniencia de 
completar los principios generales en materia de ejecución contenidos hasta ahora en la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de desarrollar "los instrumentos necesarios" 
para  que  la  garantía  de  la  efectividad  de  aquellas  resoluciones  sea  real,  por  "la 
necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar tal 
efectividad"» (FJ 2).
Aunque la Constitución no contiene previsión alguna en materia de ejecución de las 
resoluciones  de  este  tribunal,  «es  obvio,  [continua  la  sentencia]  que  esta  falta  de 
previsión no puede interpretarse, en el modelo de jurisdicción constitucional diseñado por 
el constituyente […] como un desapoderamiento al Tribunal Constitucional de la potestad 
de ejecutar y velar por el cumplimiento de sus resoluciones». Y ello porque este tribunal 
«ha sido configurado en el texto constitucional como un verdadero órgano jurisdiccional 
que tiene conferido en exclusiva el ejercicio de la jurisdicción constitucional, de modo 
que, en cuanto cualidad inherente a la función de administrar Justicia, también de la 
Justicia  constitucional,  ha  de  postularse  del  tribunal  la  titularidad  de  una  de  las 
potestades en que el ejercicio de su jurisdicción consiste, cual es la de la ejecución de 
sus resoluciones, pues quien juzga ha de tener la potestad de obligar al cumplimiento de 
sus decisiones. Si ello no fuera así, [concluíamos en este extremo] el tribunal, único en 
su  orden,  carecería  de  una  de  las  notas  esenciales  del  ejercicio  de  la  función 
jurisdiccional y con ello de la potestad necesaria para garantizar la supremacía de la 
Constitución (art. 9.1 CE), en tanto que supremo intérprete y garante último de la misma 
(art. 1.1 LOTC)» (FJ 9).
«Cuestión distinta a la de la titularidad de la potestad de ejecución de sus propias  s
resoluciones [declaramos entonces y hemos de reiterar ahora] es la de la forma o el  oe.
modo en que se pueda articular dicha ejecución, que, por razones de efectividad o,  w.
incluso, de oportunidad, puede llegar a reclamar el auxilio de otros órganos públicos, así  513ww
ccoummop limlai edneto l osy  inlas truemfeecntitvoidsa od  mdeed idaaqsu eplluaess taress oal uscuio ndeissp os[…ici]ó nc upeasratio ngeasra nqtiuzaer  eell 
ecox nasrttit.u 1y6e5n teC Eha» . dDejea dmoo ad od isqpuoes, ic«ieónn  dperiln cleipgiios,la sdionr  poergrjáunicicioo  ddee l laTsri btaucnhaal sC oqnuset itpuuceiodnaanl   BOE-A-cable e
llegar a dirigirse o merecer sus concretas previsiones o los singulares instrumentos o 
medidas  destinados  a  garantizar  la  efectividad  de  las  resoluciones  del  Tribunal 
Constitucional,  la  regulación  de  la  ejecución  de  sus  resoluciones  es  materia  que 
encuentra cobertura en la reserva de ley orgánica del art. 165 CE» (ibidem).
Descendiendo de lo general a lo particular, las concretas medidas o facultades de 
ejecución de las que este tribunal ha hecho uso en relación con la demandante de 
amparo, esto es, la notificación personal de sus resoluciones, la advertencia del deber de 
impedir  o  paralizar  cualquier  iniciativa  parlamentaria  que  supusiera  contravenir 
frontalmente  sus  pronunciamientos  y  el  apercibimiento  de  las  eventuales 
responsabilidades, incluida la penal, en las que pudiera incurrir en caso de incumplir lo 
por  él  ordenado,  encuentran  su  fundamento  legal  en  las  competencias  que  tiene 
atribuidas para preservar su jurisdicción y el cumplimiento de sus resoluciones. En 
concreto, en lo que ahora interesa, en los arts. 87.1, párrafo segundo, LOTC («el 
Tribunal Constitucional podrá acordar la notificación personal de sus resoluciones a 
cualquier autoridad o empleado público que se considere necesario») y 92.1, párrafo 
primero, LOTC («[e]l Tribunal Constitucional […] [p]odrá disponer en la sentencia, o en la 
resolución,  o  en  actos  posteriores,  […]  las  medidas  de  ejecución  necesarias»). 
Asimismo, de conformidad con el art. 92.4 d) LOTC, este tribunal puede «[d]educir el 
oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera 
corresponder» a quienes hubieran de llevar a cabo el cumplimiento de sus resoluciones, 
como ha hecho con la demandante de amparo (AATC 180/2019, de 18 de diciembre, 
y 31/2020, de 25 de febrero, FJ 2).
Además de la referida cobertura legal, tales admoniciones y apercibimientos de 
eventuales  responsabilidades  penales,  así  como  la  deducción  de  testimonios  de 
particulares  no  suponen  una  restricción  ilegítima  de  la  autonomía  e  inviolabilidad 
parlamentaria, ni conllevan una usurpación de atribuciones de los órganos competentes 
de la Cámara, ni imponen una inadmisible censura del debate parlamentario, contraria al 
principio  democrático,  ni,  en  fin,  comprometen  el  ejercicio  de  los  derechos  de  los 
diputados, pues tienen un fundamento constitucionalmente legítimo, ya que responden a 
la finalidad de garantizar el cumplimiento de las resoluciones de este tribunal, lo que es 
consecuencia obligada de la sumisión de todos los ciudadanos y los poderes públicos a 
la Constitución (art. 9.1 CE) [por todos, AATC 170/2016, de 6 de octubre, FJ 7; 24/2017, 
de 14 de febrero, FJ 9; 123/2017, de 19 de septiembre, FJ 8; 6/2018, de 30 de enero, 
FJ 6; 180/2019, de 18 de diciembre, FJ 9; 33/2020, de 25 de febrero, FJ 2; 52/2020, 
de 15 de junio, FJ 2 e), y 53/2020, de 17 de junio, FJ 2].
11.5.3  El deber de cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Todos los poderes públicos, incluidas las Cámaras legislativas, y, por ende, sus 
miembros, están obligados al debido y efectivo cumplimiento de las sentencias y demás 
resoluciones del Tribunal Constitucional (art. 87.1, párrafo primero, LOTC), lo que, como 
acabamos de señalar, es consecuencia de la sujeción de todos –ciudadanos y poderes 
públicos– a la Constitución (art. 9.1 CE), sin que el contenido de las disposiciones, 
resoluciones o actos emanados de los poderes públicos, cualquiera que sea, pueda 
menoscabar la integridad de las competencias que la Constitución le encomienda. Esta 
obligación, en lo que ahora interesa, de los poderes públicos de cumplir las sentencias y 
demás resoluciones del Tribunal Constitucional y las medidas que a este le confiere el 
ordenamiento para velar por ella responden a la finalidad constitucionalmente legítima de 
«garantizar  la  defensa  de  la  posición  institucional  del  Tribunal  Constitucional  y  la  e
efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito jurisdiccional frente  bo
a cualquier intromisión ulterior de un poder público que pudiera menoscabarla», que es  513ww
Cloo nmsitsitmucoió nq,u ea  ldae qcuire  qtuoed oss irloves  pao dlear efsin aplúidbalidc osd ee s«tápnre ssuebrvoardr inlaa dosus p(raermt. a9c.í1a  CdEe) , lay 
jcuuryisod iscucpiorneaml»o  [iSntTéCrp r1e8te5 /2y 0g1a6r,a nFtJe  1ú0lt ima)o;  eens  eels tme istrmibou nsael netind oe,l  SeSjeTrcCic i2o1 d5e/2 0s1u6 f,u FncJi ó6n, 
y 46/2018, de 26 de abril, FJ 5, y AATC 141/2016, de 19 de julio, FJ 7; 170/2016, FFJJ 2, 
6 y 10, y 33/2020, FJ 2].
a)  El  deber  de  lealtad  a  la  Constitución,  que  es  un  soporte  esencial  del 
funcionamiento  del  Estado,  cuya  observancia  resulta  obligada  a  todos  los  poderes 
públicos (STC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 4) y que comprende el respeto a las 
decisiones de este tribunal (SSTC 158/2004, de 21 de septiembre, FJ 7; 38/2012, de 26 
de marzo, FJ 9, y 21/2013, de 31 de enero, FJ 8), impone que sean las propias 
asambleas legislativas las que, en su condición de poderes constituidos, deben velar, 
prima facie, por que sus decisiones se acomoden, en todo momento, a la Constitución y 
al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), sin perjuicio, claro está, de que la última 
palabra, cuando así se le pida, corresponderá a este tribunal (STC 259/2015, FJ 4, y 
AATC 141/2016, FJ 5, y 170/2016, FJ 4). «Que esto sea así para todo poder público 
deriva, inexcusablemente, de la condición de nuestro Estado como constitucional y de 
Derecho» (STC 259/2015, FJ 4). Interesa recordar, una vez más, que la autonomía 
parlamentaria no puede en modo alguno servir de pretexto para que una Cámara se 
considere legitimada para atribuirse la potestad de vulnerar el orden constitucional, ni 
erigirse en excusa para soslayar el cumplimiento de las resoluciones de este tribunal 
(STC 259/2015, FJ 7, y AATC 170/2016, FJ 4; 24/2017, FJ 8; 123/2017, FJ 4; 180/2019, 
FFJJ 7 y 9, y 53/2020, FJ 2).
b)  La obligación de cumplir «lo que el Tribunal Constitucional resuelva» (art. 87.1 
LOTC)  veda  que  las  mesas  de  las  Cámaras  puedan  admitir  a  trámite  iniciativas 
parlamentarias que de forma manifiesta incumplan el deber de acatar lo decidido por 
este tribunal (SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril, FJ 5). De modo que la facultad –
que no obligación– de las mesas de inadmitir a trámite iniciativas o propuestas cuya 
contradicción  con  el  Derecho  o  inconstitucionalidad  sean  «palmarias  y  evidentes» 
(SSTC 107/2016, 108/2016 y 109/2016, de 7 de junio) se transforma en obligación 
cuando la admisión a trámite suponga la transgresión de un mandato o pronunciamiento 
de este tribunal, que exige que se impida o paralice cualquier iniciativa contraria al 
mismo. «Entenderlo de otro modo sería asumir que el valor de cosa juzgada de las 
sentencias del tribunal es relativo, y no se aplica a la doctrina que se deriva de sus 
pronunciamientos,  lo  que  resulta  incompatible  con  la  interpretación  que  nuestra 
jurisprudencia ha hecho de los arts. 164.1 CE y 40.2 LOTC» [STC 115/2019, de 16 de 
octubre, FJ 7, con cita de la STC 119/2012, de 4 de junio, FJ 5; y también, ATC 11/2020, 
de 28 de enero, FJ 3 b)]. Así pues, en tales supuestos existe «un deber de la mesa de 
inadmitir a trámite la iniciativa presentada, en cuanto que el control material de la misma 
viene expresamente exigido por un mandato jurisdiccional que impone esa obligación» y, 
obviamente, «aquello que se configura como un deber de conducta cuya transgresión 
lleva  aparejada  consecuencias  que  pueden  llegar  a  ser  penales  no  puede  ser 
considerado, al mismo tiempo, un agere lícito» (STC 47/2018, FJ 5).
El incumplimiento por las mesas del obligado respeto a lo resuelto por este tribunal 
tiene  además  una  incidencia  directa  en  el  ius  in  officium  de  los  miembros  de  las 
cámaras, pues si estos «participan en la tramitación de una iniciativa que contraviene de 
modo manifiesto un pronunciamiento de este tribunal infringen también el deber de 
acatar la Constitución (art. 9.1 CE) y de cumplir lo que este tribunal resuelva (art. 87.1 
LOTC). Por el contrario, si cumplen su deber constitucional de respetar lo resuelto por 
este tribunal y no participan en ese procedimiento están desatendiendo las funciones 
representativas inherentes a su cargo. Esta disyuntiva supone condicionar el ejercicio de 
este derecho fundamental a que los parlamentarios violen el referido deber constitucional  e.
y esta condición no puede entenderse conforme con el artículo 23.2 CE, que garantiza a  w.b
los cargos públicos el legítimo ejercicio de sus funciones. Por otra parte, la participación  513ww
aecnt ueascoiósn  pdroec elad imCáiemnatorsa,  daeu nuqnuae  aspeaar iepnacriaa  dvoet aler geitnim  cidoandtr ad,e msuopcorántdicríaa  qouteo rgnaor  caa blae 
eastrtieb ueirxlter esmino  mqueen o«slac asbaalvr asguu aprrdoap idae f ulonsc ibóine nceosn csotintusctiitouncaiol»n.a Cleosn pcrloutíeagmidooss a cfiormnllaenvdao q ueen 
la tramitación de iniciativas que incumplan manifiestamente las decisiones del Tribunal
Constitucional vulnere no solo el artículo 87.1 LOTC y el artículo 9.1 CE, sino también el 
artículo  23  CE,  pues  en  relación  con  esa  concreta  iniciativa  los  parlamentarios  no 
podrían  ejercer  legítimamente  las  funciones  representativas  propias  de  su  cargo» 
[STC 46/2018, FJ 5; en el mismo sentido SSTC 47/2018, FJ 6, y 128/2019, de 11 de 
noviembre, FJ 2 c), y ATC 11/2020, FJ 3 b)].
Para poder apreciar que las mesas de las cámaras al admitir a trámite una iniciativa 
han incumplido el deber constitucional de acatar lo resuelto por este tribunal (arts. 9.1 CE 
y 87.1 LOTC) «no es suficiente con que el objeto de la misma pueda ser contrario a la 
jurisprudencia constitucional. Es más, ni siquiera es necesario. Lo determinante a estos 
efectos es que la decisión de admitirla a trámite conlleve incumplir lo decidido por el 
tribunal y la mesa sea consciente de que al tramitarla puede estar incumpliendo su deber 
constitucional  de  acatar  lo  resuelto  por  este  tribunal.  Por  ello,  para  que  pueda 
considerarse que existe este incumplimiento es preciso que la mesa tramite la iniciativa a 
sabiendas de que existe una resolución de este tribunal que le impide darle curso. Así 
sucede, entre otros supuestos, en los casos en los que la resolución contenga una 
expresa decisión de la que se derive esa consecuencia (por ejemplo, traiga causa de un 
acto o una norma cuya eficacia se encuentre suspendida al amparo del art. 161.2 CE o 
infrinja una medida cautelar o cualquier otro pronunciamiento que este tribunal haya 
podido adoptar en el ejercicio de su jurisdicción) o cuando sea aplicación de un acto o 
norma anterior que haya sido declarado inconstitucional» [STC 46/2018, FJ 6; en el 
mismo sentido, SSTC 96/2019, de 15 de julio, FJ 6 b); 115/2019, FJ 7, y 128/2019, FJ 2, 
y ATC 11/2020, FJ 3 b)]. Sin embargo, la reiteración del contenido de un acto o norma 
declarados  inconstitucionales  no  puede  considerarse,  de  modo  sistemático,  «un 
incumplimiento del deber de respetar lo resuelto por el Tribunal Constitucional, porque 
pueden concurrir circunstancias nuevas que pudieran justificar un cambio de criterio del 
tribunal  o  puede  haber  transcurrido  el  tiempo  suficiente  para  considerar  que  la 
tramitación  de  la  iniciativa  no  tiene  como  objetivo  eludir  el  cumplimiento  de  las 
resoluciones del Tribunal Constitucional», pues «[e]l carácter dinámico de la jurisdicción 
constitucional,  que  garantiza  la  posibilidad  de  que  el  tribunal  pueda  revisar  su 
jurisprudencia,  justifica  que  en  tales  circunstancias  la  reiteración  del  acto  o  norma 
declarada inconstitucional sea constitucionalmente admisible» (STC 115/2019, FJ 7).
c)  También los titulares de los cargos públicos, entre ellos los miembros de las 
Cámaras  legislativas,  están  obligados,  como  hemos  dicho,  al  debido  y  efectivo 
cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones de este tribunal. Pero además 
recae sobre ellos un cualificado deber de acatamiento a la Constitución, «que no se cifra 
en una necesaria adhesión ideológica a su total contenido, pero sí en el compromiso de 
realizar sus funciones de acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento 
jurídico» (art. 9.1 CE) [STC 259/2015, FJ 4; en el mismo sentido, SSTC 101/1983, de 18 
de noviembre, FJ 3, y 122/1983, de 16 de diciembre, FJ 4 A), y AATC 141/2016, FJ 5; 
123/2017, FJ 8; 124/2017, FJ 8, y 144/2017, de 8 de noviembre, FJ 6]. De modo que 
«las manifestaciones de la libertad ideológica de los titulares de los poderes públicos sin 
la cual no sería posible ni el pluralismo ni el desarrollo del régimen democrático ha de 
armonizarse en su ejercicio con el necesario cumplimiento del deber positivo inherente al 
cargo público de respetar y actuar en su ejercicio con sujeción a la Constitución, y por 
ello,  si  se  pretendiera  modificarla,  [se  ha  de  actuar]  de  acuerdo  con  los  cauces 
establecidos por la misma. En definitiva, cuando la libertad ideológica se manifiesta en el 
ejercicio de un cargo público, ha de hacerse con observancia de deberes inherentes a tal 
titularidad» [STC 101/1983, FJ 5; en el mismo sentido, STC 122/1983, FJ 4 B)]. s
d)  La obligación de los poderes públicos y, por ende, de sus titulares, de cumplir las  oe.
resoluciones del Tribunal Constitucional ha sido igualmente puesta de manifiesto por el  w.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Tercera) en la decisión de inadmisión,  513ww
dseet e7n dtae  ym cainycoo d dei p2u0t1a9d,o sd em láas d deeml aPnadrlaa minetenrtpou dees tCa aptoarlu lñaa a choonratr ar eecl uArTreCn t1e3 e4n/2 a0m17p,a dreo  5y 
dpea roac etul bdríea,  9p odr ee lo qcutueb sree,  aacl oordbóje tsou sdpee qnudee r clao msepsairóenc ideeral  Pelle npore dsied elan tCeá dmea lraa  Gcoennveorcaalidtaot   BOE-A-cable e
para evaluar los resultados del «referéndum» del día 1 de octubre, a los efectos de lo 
dispuesto  en  el  art.  4  de  la  Ley  19/2017,  de  6  de  septiembre,  denominada  «del 
referéndum  de  autodeterminación».  El  tribunal  observa  en  aquella  decisión  que  el 
acuerdo de «la mesa del Parlamento autonómico de autorizar la celebración del Pleno 
implicaba un incumplimiento manifiesto de las decisiones del Tribunal Constitucional de 7 
y 12 de septiembre de 2017, que habían acordado la suspensión de las Leyes 19/2017 
y 20/2017, respectivamente. Así, al adoptar la medida de suspensión provisional, el 
Tribunal Constitucional buscó asegurar el cumplimiento de sus propias decisiones, con el 
fin de preservar el orden constitucional. En apoyo de este planteamiento, el tribunal 
observa [continúa la decisión] que del dictamen emitido por la Comisión de Venecia […] 
se desprende que es obligatorio cumplir las sentencias de los tribunales constitucionales, 
siendo estos últimos competentes para adoptar las medidas que consideren pertinentes 
para lograrlo» (§ 36).
En  los  antecedentes  de  hecho  de  la  decisión,  en  el  apartado  «Derecho  y 
jurisprudencia  nacionales  pertinentes»,  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos 
reproduce la conclusión del dictamen de 3 de marzo de 2017 de la Comisión Europea 
para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia) «sobre la Ley 15/2015 
de  16  de  octubre  de  2015  que  modifica  la  Ley  Orgánica  2/1979»  del  Tribunal 
Constitucional, a la que se refiere su decisión en los fundamentos de Derecho, que a 
continuación se transcribe:
«La  Comisión  de  Venecia  recuerda  que  las  sentencias  de  los  Tribunales 
Constitucionales  son  definitivas  y  de  obligado  cumplimiento.  Como  corolario  de  la 
supremacía de la Constitución, las resoluciones judiciales del Tribunal Constitucional 
deben ser respetadas por parte de todos los órganos públicos y por los particulares. 
Ignorar  una  resolución  judicial  del  Tribunal  Constitucional  equivale  a  ignorar  la 
Constitución y el poder constituyente que han atribuido la competencia de garantizar 
dicha supremacía al Tribunal Constitucional. Cuando cualquier autoridad pública rehúsa 
cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional, él o ella viola los principios del Estado 
de Derecho, la separación de poderes y la leal cooperación entre organismos estatales. 
Por tanto, las medidas para hacer cumplir dichas resoluciones judiciales son legítimas.»
11.5.4  Los proyectos políticos que pretendan la alteración del orden constitucional y 
el respeto a los procedimientos de reforma constitucional.
El deber de lealtad y acatamiento a la Constitución de las asambleas legislativas y de 
sus miembros, en los términos en los que ha quedado expuesto, en nada empece la 
condición  de  aquellas  como  «escenarios  privilegiados  del  debate  público» 
(STC 226/2004, de 29 de noviembre, FJ 6), cuyo eventual resultado no debe condicionar, 
en principio, la viabilidad misma del debate (AATC 135/2004, de 20 de abril, FJ 6, 
y 189/2015, de 5 de noviembre, FJ 3).
En nuestro ordenamiento, «el debate público en las asambleas legislativas sobre 
proyectos  políticos  que  pretendan  modificar  el  fundamento  mismo  del  orden 
constitucional  goza  –precisamente  al  amparo  de  la  Constitución–  de  una  irrestricta 
libertad, siempre que estos proyectos no se articulen o defiendan a través de una 
actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto 
de los mandatos constitucionales y que el intento de su consecución efectiva se realice 
en el marco constitucional, lo que excluye la conversión de esos proyectos políticos en 
normas o en otras determinaciones del poder público de manera unilateral, despreciando  s
el procedimiento de reforma constitucional (SSTC 42/2014, FJ 4, y 259/2015, FJ 7)»  oe.
ac(leAasxTíd  Capp eo u1rrnpq4aeu1 te/du2 ea0n  1ulya6e s,sa  tdddraeem t eCi1tre9om  nydisn etrai etcjuugicoluiionlóa,en  sF,s  uJcc  oo5rmne; svoetii sntluie óecynil o  smtnuoaiptsaleeml rsi(oo as rrso,t e.nn n 1ost6 iudp8sor ce CeAteEpTnt)Cid.b  elD1e e7sp  0adm/re2ao 0 mds1oío6  ld,aq iF fuicJceo a n7«cd)i[.óti ]cnEoi,ódl lnpoa e sde roesy     2021-19513n https://www.
para ello es preciso que "el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de
los procedimientos de reforma de la Constitución […]" […]. Es plena la apertura de la
norma fundamental a su revisión formal, que pueden solicitar o proponer, entre otros 
órganos del Estado, las asambleas de las comunidades autónomas (arts. 87.2 y 166 
CE)» [STC 114/2017, de 17 de octubre, FJ 5 d); en el mismo sentido, STC 124/2017, 
de 8 de noviembre, FJ 5 d)].
Hasta este punto es cierta la afirmación de que la Constitución es un marco de 
coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones 
políticas de muy distinto signo. En efecto, hemos de reiterar una vez más que «la 
Constitución depara la más amplia libertad para la exposición y defensa públicas, dentro 
o fuera de las instituciones, de cualesquiera concepciones ideológicas, incluyendo las 
que "pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional, 
incluso  como  principio  desde  el  que  procurar  la  conformación  de  una  voluntad 
constitucionalmente legitimada para, mediante la oportuna e inexcusable reforma de la 
Constitución, traducir ese entendimiento en una realidad jurídica" (SSTC 31/2010, de 28 
de junio, FJ 12, y 259/2015, FJ 7). Pero la conversión de esos proyectos políticos o 
cualesquiera otros en normas o en otras determinaciones del poder público no es posible 
sino  mediante  los  procedimientos  de  reforma  constitucional,  cuya  observancia  "es, 
siempre y en todo caso, inexcusable" (STC 103/2008, FJ 4). De modo que cuando un 
poder público pretende alterar el orden constituido de manera unilateral e ignorando los 
procedimientos  de  reforma  expresamente  previstos  a  tal  fin  por  la  Constitución 
"abandona la única senda que permite llegar a este punto, la del Derecho", con el 
consiguiente "daño irreparable para la libertad de los ciudadanos" [STC 259/2015, FJ 7, 
doctrina  que  reiteran,  entre  otras,  SSTC  90/2017,  FJ  6  b),  y  114/2017,  FJ  5  C)]» 
[STC  124/2017,  FJ  5  d)].  Así  pues,  como  dijimos  en  la  STC  103/2008,  de  11  de 
septiembre, «tratar de sortear, eludir o simplemente prescindir de esos procedimientos 
sería  intentar  una  inaceptable  vía  de  hecho  (incompatible  con  el  Estado  social  y 
democrático de Derecho que se proclama en el art. 1.1 CE) para reformar la Constitución 
al margen de ella o conseguir su ineficacia práctica» [FJ 4; doctrina que reiteran las 
SSTC 138/2015, de 11 de junio, FJ 4; 259/2015, FJ 7, y 90/2017, de 5 de julio, FJ 6 b)].
11.5.5  La resolución del Parlamento de Cataluña 1/XI, de 9 de noviembre, y las 
iniciativas parlamentarias que han dado continuidad y soporte al denominado «proceso 
constituyente» catalán.
Las actuaciones de la demandante de amparo en el ámbito parlamentario que el 
Tribunal Supremo ha considerado penalmente reprochables, y en las que funda en parte 
su  condena  como  autora  de  un  delito  de  sedición  en  tanto  que  integradas  en  un 
concierto criminal previo, han consistido en no haber impedido o paralizado y haber 
impulsado  en  su  condición  de  presidenta  del  Parlamento  de  Cataluña,  pese  a  las 
reiteradas advertencias que este tribunal le venía haciendo, la admisión, tramitación y 
votación  en  la  Cámara  de  determinadas  iniciativas  parlamentarias,  de  naturaleza 
legislativa y no legislativa, que de manera individualizada se mencionan en la sentencia 
al relatar el juicio de autoría [fundamento de Derecho C), apartado 1.3.2]. Todas estas 
iniciativas parlamentarias tenían como denominador común que con ellas se pretendía 
dar soporte y continuidad a la Resolución del Parlamento de Cataluña 1/XI, de 9 de 
noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia 
de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015, cuya inconstitucionalidad y 
nulidad había sido declarada por la STC 259/2015.
a)  La citada resolución declaraba «solemnemente el inicio del proceso de creación  s
de un estado catalán independiente en forma de república» y proclamaba «la apertura de  oe.
uemCnnae  tnpaucrlnouio cñnaeaans 5duo/an Xc co,si aenddnseott ie2 tun3myc deaiaenr c teeeos n [tde…aer o]r  e «pdsdaeoer la2us 0ccpi1oóre3nnp,e,  axpairoóa rdnr  li aflaed qsree ulb neEac ssisaeet as dad edpo er loa elb asró pef uaslatñou oldrulae»c ci.có laonCrn aodscmteiitólou nP c diadóirejnliam  scmooaesbta neletraoann n daílaea»     2021-19513n https://www.
y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña (STC 42/2014), no era susceptible de una
interpretación de conformidad con la Constitución, pues en tanto que la aspiración
política del llamado derecho a decidir «puede ser defendida respetando la Constitución y, 
singularmente, los procedimientos para su revisión formal», el Parlamento de Cataluña al 
adoptar la resolución 1/XI «está excluyendo la utilización de los cauces constitucionales 
(art. 168 CE) para la conversión en un "estado independiente" […] de lo que hoy es la 
Comunidad Autónoma de Cataluña. El Parlamento, en efecto, "proclama la apertura de 
un proceso constituyente […] para preparar las bases de la futura constitución catalana" 
[…]; se compromete a tramitar en determinado plazo una ley, junto a otras, de "proceso 
constituyente" […]; afirma, en tanto que "depositario de la soberanía" y "expresión del 
poder constituyente", que en el proceso que emprende no se supeditará a las decisiones 
de  las  instituciones  del  Estado  español  y,  en  particular,  a  las  de  este  Tribunal 
Constitucional […]; por último insta al "futuro gobierno" de la Comunidad Autónoma "a 
cumplir exclusivamente las normas o los mandatos emanados de esta cámara"» (F 3).
Proseguíamos  el  enjuiciamiento  de  su  contenido  afirmando  que  «[l]a  resolución 
impugnada contrapone el supuesto alcance del "mandato democrático" recibido por el 
Parlamento de Cataluña en las elecciones de 27 de septiembre de 2015 […], o el 
carácter "legítimo y democrático" del Parlamento de Cataluña por idéntica razón […], a la 
legalidad y la legitimidad de las instituciones del Estado, en particular de este Tribunal 
Constitucional,  al  que  se  considera  directamente  "carente  de  legitimidad  y 
competencia"». La resolución pretende en suma «fundamentarse en un principio de 
legitimidad democrática del Parlamento de Cataluña, cuya formulación y consecuencias 
están  en  absoluta  contradicción  con  la  Constitución  de  1978  y  con  el  Estatuto  de 
Autonomía», con lo que «trastoca no solo los postulados del Estado de Derecho, basado 
en el pleno sometimiento a la Ley y al Derecho, sino la propia legitimidad democrática 
del  Parlamento  de  Cataluña,  que  la  Constitución  reconoce  y  ampara»  pues  «[s]in 
conformidad con la Constitución no puede predicarse legitimidad alguna» (FJ 5).
«La resolución impugnada desconoce y vulnera [continuábamos diciendo] las normas 
constitucionales que residencian en el pueblo español la soberanía nacional y que, en 
correspondencia  con  ello,  afirman  la  unidad  de  la  Nación  española,  titular  de  esa 
soberanía (arts. 1.2 y 2 CE). Se trata de una infracción constitucional que no es fruto, 
como  suele  ocurrir  en  las  contravenciones  de  la  norma  fundamental,  de  un 
entendimiento equivocado de lo que la misma impone o permite en cada caso», sino que 
más bien es resultado «de un expreso rechazo a la fuerza de obligar de la Constitución 
misma, frente a la que se contrapone, de modo expreso, un poder que se reclama 
depositario de una soberanía y expresión de una dimensión constituyente desde los que 
se ha llevado a cabo una manifiesta negación del vigente ordenamiento constitucional. 
Se trata de la afirmación de un poder que se pretende fundante de un nuevo orden 
político y liberado, por ello mismo, de toda atadura jurídica» (FJ 6).
Advertíamos entonces frente a tales pretensiones, que «[l]a Cámara autonómica no 
puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de 
vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad», pues «[o]brando de 
ese modo, el Parlamento de Cataluña socavaría su propio fundamento constitucional y 
estatutario (arts. 1 y 2.4 EAC […]), al sustraerse de toda vinculación a la Constitución y al 
resto del ordenamiento jurídico, e infringiría las bases del Estado de Derecho y la norma 
que declara la sujeción de todos a la Constitución (arts. 1.1 y 9.1 CE)». Insistíamos y 
recordábamos  que  «el  respeto  a  los  procedimientos  de  reforma  constitucional  es 
inexcusable» (FJ 7).
Siendo  precisamente  los  descritos  el  contenido  y  la  finalidad  de  la  resolución 
impugnada, este tribunal procedió a cancelar su apariencia de juridicidad mediante su  s
declaración de inconstitucionalidad. oe.
b)  El conjunto de iniciativas parlamentarias destinadas a dar soporte y continuidad  w.
al «proceso constituyente» que se pretendía poner en marcha con la resolución 1/XI,  513ww
cpuayraal izaód,m sisinióon ,q utrea maidtaecmióáns  yim vpoutalscóió, np elas ed eam laansd aandtvee rdteen acimasp adroe  neos tes otlroib nuon ailm dpeid iqóu oe 
icmopnisdtiieturcai oon paal ora elizl ainsceu mcupalilmquieienrt oin diceia stiuvsa  rqeuseo luimcipolniceass,e f ulae raolnte arapcroióbna duansila pteorra el l dPelle mnoa rdceol   BOE-A-cable e
Parlamento. Con ocasión de la impugnación de las resoluciones parlamentarias o textos 
legislativos resultantes de dichas iniciativas ya hemos tenido ocasión de declarar que su 
aprobación  plasmaba  «la  contumaz  voluntad  de  esa  Cámara  de  eludir  los 
procedimientos de reforma constitucional para llevar adelante su proyecto político de 
desconexión del Estado español y crear un "estado catalán independiente en forma de 
república", dando inicio al llamado "proceso constituyente", lo que implica "intentar una 
inaceptable vía de hecho (incompatible con el Estado social y democrático de Derecho 
que se proclama en el art. 1.1 CE) para reformar la Constitución al margen de ella o 
conseguir  su  ineficacia  práctica"  (SSTC  103/2008,  FJ  4,  y  259/2015,  FJ  7)» 
(ATC 144/2017, FJ 6, que estimó el incidente de ejecución contra las resoluciones del 
Parlamento de Cataluña denominadas «Declaración de los representantes de Cataluña» 
y «Proceso Constituyente»).
Utilizando idénticas o similares palabras, este tribunal se ha pronunciado en el mismo 
sentido en los AATC 170/2016, FJ 7, que estimó el incidente de ejecución contra la 
Resolución 263/XI, de 27 de julio de 2016, por la que se ratifica el informe y las 
conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente; 24/2017, FJ 9, que 
estimó el incidente de ejecución contra la Resolución 306/XI, de 6 de octubre de 2016, 
sobre la orientación política general del Gobierno; y 123/2017 y 124/2017, FFJJ 8, que 
estimaron los incidentes de ejecución promovidos contra los acuerdos de admisión a 
trámite  de  la  proposición  de  ley  del  referéndum  de  autodeterminación,  por  el 
procedimiento de urgencia, y de la de transitoriedad jurídica y fundacional de la república 
y contra su inclusión en el orden del día del Pleno de la Cámara para su debate y 
votación.
En esta antijurídica voluntad del Parlamento de Cataluña de continuar el llamado 
«proceso  constituyente»,  hemos  insistido  en  los  recursos  interpuestos  contra  las 
Leyes 19/2017, de 6 de septiembre, y 20/2017, de 8 de septiembre, denominadas, 
respectivamente, «del referéndum de autodeterminación» y «de transitoriedad jurídica y 
fundacional de la república». En efecto, dijimos que con ocasión de la aprobación de 
ambas leyes «la Cámara, […] con pleno desconocimiento de la lealtad constitucional, "ha 
deparado […] un atentado a la consideración del Estado español –en el que se integra la 
Comunidad Autónoma de Cataluña– como Estado de Derecho y democrático, basado en 
los principios constitucionales que enuncia el art. 1.1 CE y que son a la vez valores 
comunes de los Estados miembros de la Unión Europea y en los que ella misma se 
fundamenta (art. 2 del Tratado de la Unión Europea)". Ha pretendido también "cancelar 
de hecho en el territorio de la comunidad autónoma y para todo el pueblo catalán la 
vigencia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de cualesquiera reglas de 
Derecho que no se avinieran o acomodaran a su nuda voluntad". Al obrar de este modo, 
la Cámara "se ha situado por completo al margen del derecho", ha dejado "de actuar en 
el ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias propias y ha puesto en riesgo 
máximo, para todos los ciudadanos de Cataluña, la vigencia y efectividad de cuantas 
garantías y derechos preservan para ellos tanto la Constitución como el mismo Estatuto". 
En fin, con tan grave atentado al Estado de Derecho, ha conculcado, "con pareja 
intensidad,  el  principio  democrático,  habiendo  desconocido  el  Parlamento  que  el 
sometimiento de todos a la Constitución es otra forma de sumisión a la voluntad popular, 
expresada esta vez como un poder constituyente del que es titular el pueblo español, no 
ninguna fracción del mismo" no pudiendo desvincularse en el Estado constitucional "el 
principio democrático de la primacía incondicional de la Constitución" [STC 259/2015, 
FJ 4 b)]» [STC 124/2017, FJ 5 e), con cita de la STC 114/2017, FJ 5 D)]. s
En fin, en una consideración conjunta de las iniciativas parlamentarias que han  oe.
tenido por objeto el inicio del denominado «proceso constituyente» al que nos venimos  w.
refiriendo o que le han dado soporte y continuidad, este tribunal ha afirmado que «[l]a  513ww
asupcroebsaiócnió tne mdpeo ralal  dere asocolunctieócni m1ie/XntIo, sd een  e9l  ádmeb itnoo vdieelm Pbarrela mdeen t2o0 d1e5 ,C aatnaululañdaa d epsodre  llaa 
Sy T2C0 /2205197/,2 0d1e5 8,  dhea sstae ptlaie mabprreo,b daecinóonm  dinea dlaass  "Ldeeyl eres fe1ré9n/2d0u1m7 , ddee a u[6to] ddeete rmseinpatiecimónb"r ey,   BOE-A-cable e
"de transitoriedad jurídica y fundacional de la república", y la sesión celebrada el 10 de 
octubre de 2017, así como el propio desarrollo de la sesión parlamentaria celebrada 
el  27  de  octubre  de  2017,  en  la  que  se  aprobaron  las  impugnadas  resoluciones 
denominadas "Declaración de los representantes de Cataluña" y "Proceso constituyente" 
evidencian la inadmisible pretensión de una parte de la Cámara autonómica de no 
respetar "el orden constitucional que sustenta su propia autoridad" (STC 259/2015, FJ 7) 
y de incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional, obviando que "es a la propia 
Cámara autonómica a la que corresponde velar por que su actuación se desarrolle en el 
marco  de  la  Constitución  y  que  todos  los  poderes  públicos  están  obligados  al 
cumplimiento  de  lo  que  el  Tribunal  Constitucional  resuelva  (art.  87.1  LOTC)" 
(AATC 141/2016, FJ 7, y 24/2017, FJ 10, por todos)» [ATC 144/2017, FJ 7].
11.5.6  Las  actuaciones  de  la  demandante  de  amparo  como  presidenta  del 
Parlamento de Cataluña no están protegidas por la inviolabilidad parlamentaria (art. 57.1 
EAC).
Las opiniones y los votos emitidos por la demandante de amparo en el ejercicio de 
sus funciones como presidenta del Parlamento de Cataluña de convocar y dirigir la mesa 
de la Cámara, participar, como miembro de esta, en las decisiones de calificación, 
admisión y tramitación de las iniciativas parlamentarias, así como la de convocar y fijar el 
orden del día de las sesiones del Pleno y dirigir sus debates (arts. 37, 39.1, 42.1, 72.2 
y 83.2 del Reglamento del Parlamento de Cataluña) están, en principio, protegidas por la 
prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria reconocida en los arts. 57.1 EAC y 22 del 
Reglamento del Parlamento de Cataluña.
Esta genérica afirmación no puede, sin embargo, desviar la atención de que nuestro 
enjuiciamiento en este caso, en el que debemos afrontar una insólita e inédita situación 
jurídica e institucional, ha de atender, no a una consideración abstracta del ejercicio de 
aquellas funciones, sino a si las concretas actuaciones parlamentarias de la demandante 
en su desempeño que el Tribunal Supremo ha estimado penalmente reprochables están 
protegidas por la prerrogativa de la inviolabilidad, sin que proceda concebir hipótesis 
distintas de las que trae causa este motivo del recurso de amparo.
Como ya hemos señalado, la demandante, incumpliendo y desatendiendo de manera 
contumaz los pronunciamientos, advertencias y requerimientos de este tribunal, no solo 
no ha impedido o paralizado, sino que, además, ha impulsado la tramitación, el debate y 
la votación en la Cámara de iniciativas parlamentarias que tenían por objeto servir de 
soporte y dar continuidad, eludiendo los procedimientos de reforma constitucional, al 
proyecto político de separación de la Comunidad Autónoma de Cataluña del Estado 
español y de creación de un estado catalán independiente en forma de república, dando 
inicio  al  denominado  «proceso  constituyente».  Es  obvio  que  la  recurrente  ha 
quebrantado, a sabiendas y de manera reiterada, la obligación de los titulares de los 
poderes públicos, que también recae sobre los miembros de las Cámaras legislativas, de 
atender al debido y eficaz cumplimiento de las resoluciones de este tribunal, lo que es 
consecuencia de la sujeción de todos a la Constitución (art. 9.1 CE). Hemos de insistir en 
que esta obligación responde a la finalidad constitucionalmente legítima de «garantizar la 
defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional y la efectividad de sus 
sentencias  y  resoluciones,  protegiendo  su  ámbito  jurisdiccional  frente  a  cualquier 
intromisión ulterior de un poder público que pudiera menoscabarla»; o lo que es lo 
mismo, sirve a la finalidad de «preservar la supremacía de la Constitución, a la que todos 
los poderes públicos están subordinados (art. 9.1 CE), y cuyo supremo intérprete y  e
garante  último  es  este  tribunal  en  el  ejercicio  de  su  función  jurisdiccional»  bo
[STC 185/2016, FJ 10 a), por todas]. 513ww
tribuEnla iln hcuam inpcliimdiideon toa dpeomr álas  dseombraen dlaa nctoen ddiecli ódne bye rp odsei caiócna tainrs ltaitsu crieosnoallu cdieo nleas C dáem easrate, 
pcounelsle veal banno   ilma pepdreimteennstioó,n , la efneoc tivpaamraelinzatec iócno nos ueml adimap, ulpseos ed e a aqlouse llams anindicaitaotsiv ays 
advertencias de este tribunal, de trasmutar la naturaleza del Parlamento de Cataluña, ya
que su tramitación, debate y aprobación han supuesto el ejercicio por parte de este de 
facultades que con toda evidencia no son las propias de un Parlamento autonómico. La 
demandante ha propiciado con su conducta la adopción por la Cámara de leyes y 
resoluciones con las que se ha querido alterar unilateralmente el orden constitucional, 
prescindiendo,  subrayamos  una  vez  más,  de  los  procedimientos  de  reforma 
constitucional, sin supeditarse a las decisiones de las instituciones del Estado y, en 
particular, a las de este tribunal. Hemos de recalcar que «[n]ingún poder constituido 
puede pretender situarse por encima de la norma fundamental» [SSTC 114/2017, FJ 5 
a); 46/2018, FJ 8, y 89/2019, de 2 de julio, FJ 13 a)], que es lo que ocurre si la Cámara, 
con patente menosprecio de su condición de órgano constituido, tramita y aprueba 
iniciativas  que  tienen  por  objeto  subvertir  el  ordenamiento  constitucional,  como 
abiertamente se ha perseguido en este caso (en este sentido, STC 46/2018, FJ 8).
La demandante de amparo, al haber impulsado, con obstinada desatención a los 
reiterados  pronunciamientos,  advertencias  y  requerimientos  de  este  tribunal,  las 
iniciativas  parlamentarias  a  las  que  nos  venimos  refiriendo,  ha  favorecido  que  el 
Parlamento  de  Cataluña  adoptase  resoluciones  y  aprobase  textos  legislativos  que 
colocaron a la Cámara, con igual obstinada desatención a nuestros pronunciamientos, 
advertencias y requerimientos, en una situación de absoluta ajenidad al ordenamiento 
constitucional, al margen por completo del Derecho, actuando como mero poder de 
hecho, abandonando declaradamente el ejercicio de sus funciones constitucionales y 
estatutarias, despojándose, en fin, de su fundamento constitucional y estatutario [en este 
sentido, por todas, SSTC 259/2015, FJ 7; 114/2017, FJ 5 d); 124/2017, FJ 5 e); 46/2018, 
FJ 8, y 89/2019, FJ 12]. Como venimos advirtiendo, el Parlamento de Cataluña al 
aprobar tales iniciativas, cuya tramitación ha propiciado la demandante, ha desconocido 
la fuerza vinculante de la Constitución, así como ha olvidado «la permanente distinción 
entre  la  objetivación  del  poder  constituyente  [formalizado  en  la  Constitución]  y  la 
actuación de los poderes constituidos, los cuales nunca podrán rebasar los límites y las 
competencias establecidos por aquel» y ha ignorado igualmente su sujeción al Estatuto 
de Autonomía de Cataluña, que de la Constitución trae causa y que es fundamento 
inmediato de sus propias potestades [SSTC 259/2015, FJ 4 b); 114/2017, FJ 5 a), 
y 124/2017, FJ 5 a)].
Las actuaciones de la recurrente en el ejercicio de sus funciones como presidenta del 
Parlamento de Cataluña con las que ha impulsado la admisión, tramitación, debate y 
votación de las mencionadas iniciativas parlamentarias, que han servido de soporte a las 
decisiones  adoptadas  por  la  Cámara,  no  están  protegidas  por  la  inviolabilidad 
parlamentaria  al  desviarse  manifiestamente  de  la  finalidad  institucional  de  esta 
prerrogativa.
En efecto, como ya hemos señalado, la inviolabilidad de la que gozan los miembros 
de las asambleas legislativas por las opiniones y votos emitidos en su seno es reflejo de 
la que se garantiza al órgano al que pertenecen, siendo su finalidad la de asegurar el 
proceso de libre formación de la voluntad de la Cámara en el ejercicio de sus funciones 
(STC 30/1997, FJ 5). Por lo tanto, el nexo entre la prerrogativa y el ejercicio de las 
funciones parlamentarias es condición sine qua non para que opere la protección que 
aquella dispensa a los miembros de la Cámara. En otras palabras, que la Cámara actúe 
jurídicamente  como  tal  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  parlamentarias  constituye 
presupuesto de la prerrogativa, vinculándose de esta forma al «funcionamiento regular 
de  las  asambleas  y  de  sus  órganos»  (STC  51/1985,  FJ  6).  En  consecuencia,  la 
prerrogativa decae cuando la Cámara no actúa jurídicamente en el ejercicio de sus  s
funciones, quedando entonces dicha actuación fuera de su ámbito de protección. oe.
Así acontece en este caso con la actuación parlamentaria de la recurrente como  w.
presidenta de la Cámara en la que se ha fundado en parte su condena, pues reviste  513ww
Cmaetraol ucñaar áqcuteer  sinitsutaruromne nat ael srtees, pceocmtoo  dhee mlaso sr editiechraod, aesn d eucnias iopnoessic idóenl  dPea rlaajmeneindtaod  dael 
moradregneanm ideenlt oD ceorencshtiotu, cyio, npaol,r  acl oancstiugauri ecnotem, oc omne reox pproedsear  rdeen uhnecciah o,a la besjeorlcuitcaiom ednet el aasl   BOE-A-cable e
funciones constitucionales y estatutarias que le son propias. El legítimo ejercicio de estas 
funciones es presupuesto, hemos de insistir, de la protección que a los miembros de la 
Cámara  dispensa  la  inviolabilidad  parlamentaria.  Por  ello,  las  actuaciones  de  la 
demandante de amparo quedan fueran del ámbito de funcionalidad de la prerrogativa.
En este sentido, ya hemos tenido ocasión de declarar que el expreso repudio por 
parte del Parlamento de Cataluña al carácter vinculante de la Constitución y del Estatuto 
de Autonomía que debe presidir su actuación «privaba a las disposiciones y actos así 
adoptados de toda presunción de legitimidad y a quienes los impulsaron, tramitaron y 
aprobaron  de  la  posibilidad  de  invocar  las  facultades  y  prerrogativas  asociadas  al 
ejercicio de la función parlamentaria [SSTC 114/2017, FFJJ 2 A) a) y 5 d), y 46/2018, 
FJ 8]» [STC 89/2019, FJ 7 a)].
La conclusión alcanzada se cohonesta con la finalidad de la prerrogativa de la 
inviolabilidad  y  responde,  además,  a  una  interpretación  estricta  de  la  misma.  La 
indispensabilidad de esta interpretación estricta se impone, de acuerdo con la doctrina 
constitucional de la que se ha dejado constancia, en la medida en que, la prerrogativa al 
incidir «"negativamente en el ámbito del derecho a la tutela judicial", pues "impide la 
apertura  de  cualquier  proceso  o  procedimiento  que  tenga  por  objeto  exigir 
responsabilidad  a  los  diputados  o  senadores  por  las  opiniones  manifestadas  en  el 
ejercicio de sus funciones"» (STC 30/1997, FJ 5), aparece prima facie como una posible 
excepción a uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, el sometimiento de todos 
al «imperio de la ley como expresión de la voluntad popular» (STC 206/1992, FJ 3). O, lo 
que  es  lo  mismo,  la  necesidad  de  una  interpretación  estricta  del  alcance  de  las 
prerrogativas parlamentarias, también la de la inviolabilidad, resulta de la prohibición de 
su entendimiento como «un privilegio» personal o como expresión de un pretendido ius 
singulare establecido a fin de sustraer los comportamientos de los miembros de las 
cámaras del conocimiento o decisión de los jueces y tribunales, pues la existencia de tal 
tipo de privilegios pugnaría, entre otras cosas, con los valores de «justicia» e «igualdad» 
que el art. 1.1 CE reconoce como «superiores» de nuestro ordenamiento jurídico (en 
este sentido, SSTC 51/1985, FJ 6; 90/1985, FJ 6; 123/2001 y 124/2001, FJ 4).
Esta interpretación estricta de las prerrogativas parlamentarias debe hacerse «a 
partir de una comprensión del sentido de la prerrogativa misma y de los fines que esta 
procura» (SSTC 123/2001 y 124/2001, FJ 4); esto es, «tanto en el sentido lógico de 
sujeción  a  los  límites  objetivos  que  les  impone  la  Constitución  [o  el  Estatuto  de 
Autonomía],  como  en  el  teleológico  de  razonable  proporcionalidad  al  fin  al  que 
responden,  debiendo  rechazarse  en  su  consecuencia,  todo  criterio  hermenéutico 
permisivo de una utilización injustificada de los privilegios» [STC 243/1988, FJ 3 A)]. 
Dicho de otro modo, en lo que ahora interesa, las prerrogativas parlamentarias, entre 
ellas la de la inviolabilidad, «son "sustracciones al Derecho común conectadas a una 
función", y solo en tanto esta función jurídica se ejerza, pueden considerarse vigentes» 
(STC 51/1985, FJ 6).
Por el contrario, la extensión de la prerrogativa de la inviolabilidad a actuaciones de 
la Cámara o de sus órganos que son expresión de un mero poder de hecho, al margen 
por  completo  del  Derecho  y  del  ejercicio  de  las  funciones  que  constitucional  y 
estatutariamente tiene encomendadas, como pretende la recurrente en amparo, ni se 
cohonesta con la finalidad institucional de la prerrogativa, ni es congruente con una 
interpretación estricta de la misma. Tal extensión desborda un ejercicio razonable y 
proporcional de la prerrogativa en detrimento de principios y valores constitucionales en 
los que se sustenta el Estado español como social y democrático de Derecho y de  s
derechos  fundamentales  de  terceros  [en  este  sentido,  por  todas,  SSTC  259/2015,  oe.
FJ 4 b), y 46/2018, FJ 5]. w.
«nec1e1s.5id.7a d y« Pprreovpiosribciiloidnaadli»d,a d«»p deer slae cpuecnióan i mdpeu esutan.  objetivo  de  interés  general»  y
La demandante de amparo sostiene, por último, en lo que a esta queja se refiere,
que la condena que se le ha impuesto, en tanto que supone una restricción a sus
facultades inherentes al cargo de presidenta del Parlamento de Cataluña, resulta una 
injerencia  absolutamente  injustificada  e  indebida  en  términos  de  «previsibilidad», 
«persecución de un objetivo de interés general» y «necesariedad y proporcionalidad».
a)  En primer lugar, desde la perspectiva que ahora nos ocupa, no se puede calificar 
la condena de la recurrente como una medida «imprevisible», puesto que la prerrogativa 
de la inviolabilidad debería conllevar, en su opinión, la imposibilidad de una persecución 
penal por el ejercicio de sus funciones como presidenta de la Cámara.
Además de las consideraciones que hemos efectuado sobre esta prerrogativa y, en 
concreto, sobre si las acciones de la demandante podían encontrar cobertura en la 
misma,  es  suficiente  para  desestimar  la  «imprevisibilidad»  que  se  denuncia  con 
constatar que en la sentencia del Tribunal Supremo [FJ C), apartado 1.3.2] se recogen 
las reiteradas admoniciones, más de una docena, que este Tribunal Constitucional dirigió 
a la demandante, que le fueron notificadas personalmente. En ellas se le advirtió del 
deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera eludir o 
ignorar los pronunciamientos y mandatos de este tribunal en relación con el proceso de 
desconexión de la Comunidad Autónoma de Cataluña del Estado español y de creación 
de un estado catalán independiente en forma de república. En particular, del deber de 
abstenerse de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus competencias, 
acuerdo o actuación que supusiera incumplir aquellos pronunciamientos o mandatos. 
Dichas advertencias fueron acompañadas de los correspondientes apercibimientos sobre 
las posibles responsabilidades en las que podría incurrir, incluida la penal, en caso de 
que fueran desatendidas, como de manera contumaz así ocurrió, deduciéndose, a tal 
efecto, testimonio al Ministerio Fiscal a fin de que procediera, en su caso, a exigir la 
responsabilidad penal en la que pudiera incurrir, entre otros, la presidenta de la Cámara 
por infringir el deber de «[t]odos los poderes públicos» de cumplir «lo que el Tribunal 
Constitucional resuelva» (art. 87.1 LOTC).
A mayor abundamiento, en varias de las resoluciones notificadas personalmente a la 
demandante en las que se incluyeron los mencionados apercibimientos y advertencias, 
este  tribunal  le  recordaba,  entre  otros  extremos,  que  «la  autonomía  parlamentaria 
(art. 58 del Estatuto de Autonomía de Cataluña) no puede servir de pretexto para que la 
Cámara autonómica pueda "arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que 
sustenta su propia autoridad" (STC 259/2015, FJ 7)» (ATC 170/2016, FJ 4; en el mismo 
sentido, AATC 24/2017, FJ 8; 123/2017 y 124/2017, FJ 4).
Más concretamente, por lo que se refiere a la actuación de la demandante, este 
tribunal le advirtió de manera reiterada que al permitir la admisión, tramitación, debate y 
votación de iniciativas parlamentarias con las que se pretendía dar soporte y continuidad 
al denominado «proceso constituyente» incurría en «un incumplimiento objetivo de su 
deber  de  impedir  o  paralizar  cualquier  iniciativa  que  suponga  ignorar  o  eludir»  los 
pronunciamientos  y  mandatos  que  había  dictado  en  relación  con  dicho  proceso 
(AATC 170/2016, FJ 8; 24/2017, FJ 10; 123/2017 y 124/2017, FJ 9, y 144/2017, FJ 7).
Ante  las  alegaciones  de  la  demandante  de  que  actuaba  en  el  ejercicio  de  las 
facultades  que  le  confería  el  reglamento  de  la  Cámara,  este  tribunal  declaró  con 
insistencia  que  «[l]as  disposiciones  reglamentarias  de  las  Cámaras  no  pueden 
contradecir el imperio de la Constitución como norma suprema, ni ser interpretadas de 
forma que entren en contradicción con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional» 
(ATC 170/2016, FJ 8), de modo que la presidenta y los demás miembros de la mesa no 
estaban en modo alguno obligados «por un cumplimiento escrupuloso del Reglamento 
de la Cámara que resultara inconciliable» con sus pronunciamientos y advertencias  e.
(ATC 124/2017, FJ 9). w.b
En particular, por lo que atañe a las concretas facultades que reglamentariamente le  513ww
cinocnu mebl ecnu ma plalim pireenstiod edneta  ldaes  lrae sCoálumcaiornae, sd ijdimelo sT rqibuuen saul  Cejoenrcsitcitiuoc «iohnaa ld, ea lc oqhuoen evsietanresne 
soebnligtidaod,o sle t oaddovse rlotism poosd qeurees  lapsú bplirceovsis, iyo npeosr  ednedl ere sgulas mtiteunlatore (sa (ratsr.t . 3877 .y1  8L1O)T fCa)c»u.l tEann  eas tlae 
mesa  del  Parlamento,  que  actúa  bajo  la  dirección  de  la  presidenta  (art.  37.2  del
Reglamento  del  Parlamento  de  Cataluña),  para  no  tramitar  las  iniciativas  que 
contravinieran los pronunciamientos de este tribunal (AATC 170/2016, FJ 8; 24/2017, 
FJ 10; 123/2017 y 124/2017 FJ 9, y 144/2017, FJ 7).
Las advertencias y apercibimientos que este tribunal ha dirigido a la demandante, así 
como los pronunciamientos de los que acabamos de dejar constancia, hacen inverosímil 
la denunciada falta de «previsibilidad» de la posible responsabilidad penal en la que 
podría incurrir, al estimar que su conducta estaba protegida por la prerrogativa de la 
inviolabilidad.
b)  Igual suerte desestimatoria ha de merecer la consideración de que las medidas 
penales  adoptadas  difícilmente  pueden  tener  relación  con  un  interés  general  o  la 
preservación de la democracia política.
Es preciso insistir de nuevo, frente a esta alegación, en que el deber de los poderes 
públicos y también de sus titulares de cumplir las resoluciones de este tribunal (art. 87.1 
LOTC) es consecuencia obligada de la sujeción de todos a la Constitución (art. 9.1 CE) y 
responde a la finalidad constitucionalmente legítima de «garantizar la defensa de la 
posición institucional del Tribunal Constitucional y la efectividad de sus sentencias y 
resoluciones, protegiendo su ámbito jurisdiccional frente a cualquier intromisión ulterior 
de un poder público que pudiera menoscabarla», que es lo mismo que decir que sirve a 
la finalidad de «preservar la supremacía de la Constitución, a la que todos los poderes 
públicos están subordinados (art. 9.1 CE), y cuyo supremo intérprete y garante último es 
este tribunal en el ejercicio de su función jurisdiccional» [STC 185/2016, FJ 10 a), por 
todas].
Asimismo, la estrategia concertada con los demás condenados a cuyo servicio ha 
puesto la recurrente en amparo su actuación como presidenta de la Cámara tenía por 
objeto, eludiendo los procedimientos de reforma constitucional, el inicio del denominado 
«proceso constituyente» al que nos venimos refiriendo, con el que se pretendía deparar 
«un atentado a la consideración del Estado español –en el que se integra la Comunidad 
Autónoma  de  Cataluña–  como  Estado  de  Derecho  y  democrático,  basado  en  los 
principios constitucionales que enuncia el artículo 1.1 CE y que son a su vez valores 
comunes a los Estados miembros de la Unión Europea y en los que ella misma se 
fundamenta (art. 2 del Tratado de la Unión Europea)». Así pues, las medidas adoptadas 
responden  a  la  finalidad  de  preservar  el  orden  constitucional,  que  aquel  proceso 
pretendía subvertir cancelando «de hecho, en el territorio de Cataluña y para todo el 
pueblo  catalán,  la  vigencia  de  la  Constitución,  [y]  del  Estatuto  de  Autonomía» 
[STC 114/2017, FJ 5 d)].
En consecuencia, resulta evidente que la condena de la recurrente responde al 
interés general de preservar el orden constitucional y la democracia.
c)  Por último, la demandante entiende que la pena que se la ha impuesto es 
absolutamente desproporcionada y pone en riesgo valores vinculados con una sociedad 
democrática. El examen de esta alegación se efectuará al enjuiciar en su conjunto la 
queja  relativa  a  la  proporcionalidad  de  la  pena  que  le  ha  sido  impuesta  desde  la 
perspectiva del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE).
En consecuencia, por las razones expuestas ha de ser desestimado este motivo del 
recurso de amparo.
12.  El derecho a la legalidad penal en relación con otros derechos fundamentales.
12.1  Encuadramiento y ordenación de las quejas. s
Como muestra la amplia exposición realizada en los antecedentes (apartados 3.8,  w.
3.10  y  3.11),  las  quejas  que  la  demanda  designa  como  segunda,  cuarta  y  quinta  513ww
fcrountov edreg elan  ceonn ddeennau npceianra ll aa  vounlncee raañcioósn  yd see lioss m deesreesc hdoes  pfruisnidóanm ceonmtaol easu tdoera l ad ere ucnu rdreenlitteo 
ldeeg aslieddaidci ópne.n aEln e ne slao sti pmifiocativcoiósn  sye a pploicnaecnió ne nd er elolasc tióipno sla pse neaxliegse nccoina se ld deel bdideore rcehsop eato  laa   BOE-A-cable e
los derechos de reunión, de libertad de expresión y de libertad ideológica. A juicio de la 
demandante, el ejercicio de los derechos ni se tuvo en cuenta para delimitar la conducta 
típica ni para subsumir los hechos en el tipo penal ni para excluir el efecto desaliento de 
la condena.
Se trata de un planteamiento análogo al realizado en sus demandas de amparo por 
otros  condenados  en  el  procedimiento  penal,  sin  perjuicio  de  las  diferencias  en  la 
concreta argumentación fáctica y jurídica que lo desarrolla. Como en esas ocasiones, 
analizaremos las quejas bajo el rótulo «el derecho a la legalidad penal en relación con 
otros derechos fundamentales», donde se examinarán los diversos aspectos planteados 
en ellas, que cabe ordenar en dos bloques para su análisis sistemático y completo: (i) la 
imprevisibilidad  de  la  condena  por  basarse  en  una  interpretación  y  subsunción 
irrazonables que no tienen en cuenta el ejercicio de derechos fundamentales y (ii) la falta 
de proporcionalidad y el efecto disuasorio del ejercicio de los derechos fundamentales 
del castigo penal. El análisis de este segundo bloque integrará además la alegación de 
falta de proporcionalidad enunciada in fine en la queja tercera de la demanda bajo la 
invocación de los derechos de libertad de expresión, de reunión y de representación 
política en relación con la inviolabilidad parlamentaria.
12.2  Interpretación y aplicación del delito de sedición.
12.2.1  Posiciones de las partes.
En el desarrollo de los citados motivos segundo, cuarto y quinto, la demandante 
razona su rechazo a la interpretación judicial del delito de sedición y a la específica 
subsunción de su conducta como tal ilícito, que considera una aplicación analógica in 
malam partem, en tanto conlleva una absoluta imprevisibilidad de la aplicación de la 
norma  al  caso.  Los  diversos  argumentos  empleados  para  fundar  esta  apreciación 
pueden sintetizarse como sigue.
a)  La recurrente defiende en el motivo segundo la necesidad de una interpretación 
restrictiva del art. 544 CP que exija violencia, dada la falta de determinación del tipo 
penal, la gravedad de la pena y la vinculación de las conductas con el ejercicio del 
derecho de protesta pacífica. Sin embargo, se lamenta, la sentencia impugnada ha 
preferido poner el acento en la finalidad política de los hechos, que es irrelevante desde 
la  perspectiva  del  orden  público  como  bien  jurídico  tutelado,  y  no  en  los  medios 
comisivos. En esta necesidad de delimitar la conducta típica en atención a los derechos 
fundamentales de reunión, libertad de expresión e ideológica insiste en los motivos 
cuarto y quinto.
b)  Con mayor amplitud sostiene la imprevisibilidad de la aplicación de la norma al 
caso desde una doble perspectiva.
Comienza  el  motivo  segundo  detallando  diversas  circunstancias  que,  según  su 
criterio, determinan esa imprevisibilidad: (i) la irrelevancia penal de la convocatoria de un 
referéndum ilegal tras la derogación del art. 506 bis CP por la Ley Orgánica 2/2005; (ii) la 
calificación de los hechos sucedidos en el denominado 9-N (celebración de una consulta 
declarada ilegal por el Tribunal Constitucional por parte del Govern) como delito de 
desobediencia, castigado con pena de inhabilitación; (iii) la investigación inicial de los 
hechos objeto de condena por los tribunales, antes de la asunción de competencia por el 
Tribunal Supremo, nunca fue por la comisión de un posible delito de sedición, que fue 
descartada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al inadmitir las querellas que 
entre  2015  y  octubre  de  2017  lo  denunciaban;  (iv)  la  inexistencia  de  precedentes  e.
relevantes y recientes de aplicación del delito, ya que las perturbaciones del orden  w.
público, incluso más graves que las enjuiciadas aquí, se califican como desórdenes  513ww
lpaú bsleicdoicsi óyn n; o(v c) olma oa ulas efingcuiraa  tdoetacli mdoen eójneiccuac yió sni nd ee qluaisv aólerdneten eesn  dDee rdeectheon ccioómn pya reandtore gdae 
dqiuceta rdeassid reens plibercetom ean ptee resno ndaivse irnsvoess ptigaaísdeass e eunro eple porso, cheadbimiéinednotos ep roerc lhoasz madisom lao sc ohmecishióons   BOE-A-cable e
tanto del delito de alta traición como del de alteración del orden público (resolución de 12 
de julio de 2018 del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, Alemania).
De otro lado argumenta que el tipo se ha visto desbordado en su tenor literal al 
subsumirse conductas no abarcadas por él, vulnerando la prohibición de analogía contra 
reo de los arts. 25.1 CE y 4 CP, y que, además, constituyen el ejercicio de derechos 
fundamentales. Especifica a continuación que los hechos sucedidos el 20 de septiembre 
de 2017 fueron ejercicio de los derechos de manifestación y libertad de expresión, que 
las diligencias judiciales pudieron realizarse y que ninguno de los ciudadanos asistentes 
ha sido perseguido penalmente. Concluye que ni hay tumulto ni concurre la intención de 
impedir las diligencias judiciales que se pudieron realizar. En lo que atañe al 1 de 
octubre, sostiene que el relato de hechos probados no describe los enfrentamientos 
entre los agentes y los ciudadanos, sin que un mero enfrentamiento con la policía pueda 
considerarse un alzamiento. Insiste en que solo se persiguió a algunos manifestantes 
que de manera aislada incurrieron en desobediencia, resistencia o atentado y no como 
autores materiales de un delito de sedición. Según la demandante, los actos de mera 
interposición física no pueden calificarse como alzamiento tumultuario ni cabe apreciar la 
finalidad típica de la sedición (impedir el cumplimiento de una resolución judicial) sin 
incurrir en analogía en contra de reo.
c)  La vulneración del derecho a la legalidad penal por sancionarse el ejercicio de 
derechos fundamentales se reitera posteriormente al denunciar de forma autónoma en 
los motivos cuarto y quinto la lesión de los derechos sustantivos implicados. En lo que 
atañe al derecho de reunión, la recurrente, tras recordar la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos concernida, subraya en el motivo cuarto que el derecho 
alcanza a toda reunión pacífica, a lo que no obsta que exista riesgo de desorden, la 
actuación violenta de un individuo concreto o que la manifestación sea ilegal. Desde tal 
ámbito  de  protección,  apunta,  los  hechos  objeto  de  enjuiciamiento  no  pueden 
caracterizarse como movilizaciones violentas o con finalidades violentas ni, por tanto, 
excluirse del ámbito de protección del derecho de reunión, siendo solo admisibles las 
restricciones del art. 11.2 CEDH. Sostiene, de un lado, que la finalidad del día 20 de 
septiembre era la protesta por unas actuaciones (detenciones de funcionarios públicos) 
que se consideraban injustas y la de la movilización del día 1 de octubre no era otra que 
emitir  un  voto,  en  ningún  caso  la  finalidad  impeditiva  de  la  sedición.  Y  que  la 
criminalización de actos de protesta se evidencia en el juicio de autoría relativo a su 
actuación, donde se le reprocha «la simple presencia en un acto de manifestación [la 
protesta del 21 de septiembre frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña] [en] el 
que no se produjo incidente violento alguno y que tenía como única finalidad la de 
protestar  por  las  detenciones  de  hasta  14  personas,  la  mayoría  de  ellos  cargos 
relevantes de un gobierno democráticamente escogido por los ciudadanos», lo que 
constituye una actuación que goza de la protección del Derecho según el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (STEDH de 15 de noviembre de 2018, asunto Navalnyy 
c. Rusia [GS], § 110). De otro lado, aduce que el precepto penal de la sedición permite 
una aplicación extensiva del tipo penal como la realizada, que no restringe el derecho 
por un fin legítimo de tutela del orden público, sino por la protección de un supuesto 
«orden político».
En la queja quinta, que también construye a partir de la doctrina del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos sobre los derechos a la libertad de expresión y la libertad 
ideológica,  expresa  primero  su  discrepancia  con  la  consideración  de  la  sentencia 
impugnada de que la libertad de expresión no se ha visto limitada por la aplicación del  s
tipo  penal  de  sedición,  ya  que  «"no  se  castiga  por  difundir  opiniones  o  doctrinas  oe.
contrarias al actual estatus constitucional. Tampoco por propugnar una superación del  w.
marco político vigente" (pág. 244)». A su entender, diversas afirmaciones de la sentencia  513ww
c–orenpdreondaudcaid apso r aeqmuíi tier no ploinsio naenste ceend emnatensif e[s3ta.1c1io nbe)]s–  dpeo nperont edseta ,r elalies vdee  q2u0e  yh a2 1s iddeo 
osectputbierme.b rSei,n d oenmdbea ergxoig, ióo lpao npeu,e sttoad eans  lisbuesr taadc tduea cloiosn edse tefuneidroas  dye lll aPmaór laam veontat r qeul e1d daen   BOE-A-cable e
amparadas por el derecho a la libertad de expresión, por tratarse de manifestaciones que 
insisten  en  la  actuación  pacífica,  sin  que  pueda  apreciarse  incitación  al  uso  de  la 
violencia o un discurso de odio. Añade que tampoco en momento alguno se evalúa una 
posible  necesidad  de  restringir  el  derecho  ni  se  pondera  la  proporcionalidad  de  la 
limitación teniendo en cuenta su condición de representante electa y que las expresiones 
criminalizadas se enmarcan en el ámbito del discurso y el debate político.
Por lo que se refiere a la vulneración del derecho a la libertad ideológica en relación 
con la libertad de expresión, la recurrente aprecia sesgos ideológicos en la sentencia 
recurrida,  tanto  por  dedicar  un  amplio  espacio  para  argumentar  la  inexistencia  del 
derecho a decidir, mayor que el dedicado a fundamentar el juicio de autoría, como por la 
introducción de apreciaciones subjetivas en los hechos probados. Como ejemplo cita la 
parte  final  del  relato  fáctico,  donde  se  alude  a  un  «imaginario  derecho  de 
autodeterminación» bajo el que  «se agazapaba  el  deseo de los líderes políticos y 
asociativos de presionar al Gobierno de la Nación» o a que «los ilusionados ciudadanos 
[…] creían  que un  resultado positivo  del  llamado referéndum de autodeterminación 
conduciría al ansiado horizonte de una república soberana». Asimismo evidencian la 
criminalización del ideario político de la recurrente, según defiende, las referencias en los 
hechos probados a su cargo de presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, que 
revelan la vinculación de la condena con su ideario político y su implicación en la 
defensa y promoción del mismo.
d)  Como adicional foco de vulneración del derecho a la legalidad penal se señala 
en el motivo segundo la inexistencia de una categoría de autoría o participación que 
permita atribuir a la demandante los hechos objeto del procedimiento. Se razona en 
primer lugar que no puede hablarse de inducción u otra modalidad de participación, ya 
que el principio de accesoriedad limitada que le es aplicable requiere una conducta típica 
antijurídica de autoría en la que participar y ni se ha producido un alzamiento ni hay 
alzados, sin que se haya perseguido a ningún ciudadano por delito de sedición. En 
segundo lugar, rechaza la demandante la posibilidad de calificar su actuación como 
autoría  mediata,  no  solo  porque  esa  figura  no  es  mencionada  en  la  sentencia 
impugnada,  sino  porque  ha  quedado  probado  que  los  ciudadanos  tenían  perfecto 
conocimiento de la suspensión de las leyes por el Tribunal Constitucional así como de la 
resolución judicial que indicaba a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que 
debían  impedir  la  utilización  de  locales  para  la  preparación  de  la  celebración  del 
referéndum.
La recurrente advierte que la sentencia condenatoria, al utilizar normas de atribución 
alejadas de los principios establecidos normativa y jurisprudencialmente orilla los hechos 
probados. No tiene en cuenta que el cargo de la demandante, presidenta del Parlament, 
está  desvinculado  de  las  decisiones  del  Govern  y  de  las  iniciativas  parlamentarias 
censuradas  ni  aborda  cuál  fue  su  aportación  respecto  a  los  hechos  penalmente 
relevantes,  limitando  su  intervención  a  una  manifestación  el  21  de  septiembre 
irrelevante.
El abogado del Estado recoge bajo el título «vulneración del derecho fundamental a 
la legalidad penal» sus alegaciones contrarias a la estimación de las quejas segunda a 
quinta de la demanda, que, en lo que ahora interesa, agrupa en torno a los siguientes 
puntos:
(i)  Imprevisibilidad. Rechaza las alegaciones de imprevisibilidad de la condena por 
la exclusión del ordenamiento penal de la conducta de convocar un referéndum ilegal 
con los razonamientos de la sentencia impugnada vertidos en el fundamento de Derecho  e.
A), apartado 17.2, que reproduce. w.b
(ii)  Taxatividad.  Asimismo  descarta  el  reproche  de  falta  de  taxatividad  de  la  513ww
tqipuiefi cdaecfiióenn dpeenn aqlu, ec itloasn daor tslo. s5 r4a4z oyn 5a4m5i eCnPto sp rdeesle anutaton  duen a2 9e sdtreu cetnueraro t ídpeic a2 0q2u0e  (pFeJr m2.i4te) 
cinotneorpcreert aecli óánm jubritisop rdued elon cpiarol,s ccorimtoo  dlae  qaunet ehmacaen ola,  sseinn tpeenrcjuiaic ciou edseti olnaa dnae.cesidad de una
(iii)  Accesoriedad en la participación. El abogado del Estado no considera que la 
conducta de la recurrente sea de participación, ámbito en el que opera el principio de 
accesoriedad. A su juicio, el delio de sedición es un delito multitudinario en el que 
intervienen  una  pluralidad  de  sujetos,  siendo  típicas  tanto  las  conductas  de 
materialización efectiva del alzamiento como la realización de conductas que posibiliten 
el alzamiento de otros, como sería el caso.
(iv)  Vulneración  del  derecho  de  reunión  y  manifestación.  Subraya  que  no  hay 
limitaciones  del  derecho  de  reunión  cuya  adecuación  al  canon  constitucional  deba 
calibrarse, porque ni los ciudadanos ni la demandante y el resto de acusados han sido 
acusados por un delito de reunión o manifestación ilícita. Coincide con la sentencia 
recurrida en que no se ha criminalizado la protesta, sino la oposición activa y concertada 
frente a actuaciones de agentes de la autoridad con respaldo legal y constitucional, 
encaminadas pura y llanamente a dar cumplimiento a un específico y muy concreto 
mandato judicial.
La representación del partido político Vox estima que no existe vulneración del 
principio de legalidad en ninguna de sus vertientes. (i) No aprecia falta de taxatividad, 
puesto que las conductas punibles se encuentran previstas en el Código penal, ni 
imprevisibilidad en la consideración del comportamiento de la recurrente como integrador 
del  delito  de  sedición,  pues,  como  declaró  la  sentencia  recurrida,  ya  conocía  la 
consecuencia penal de la desatención a los requerimientos del Tribunal Constitucional. 
(ii) A su entender, el órgano judicial no llevó a cabo una interpretación analógica in 
malam partem del delito de sedición, pues de lo que se trata en realidad aquí es del 
principio de especialidad de la norma. (iii) Tampoco se vulnera el principio de legalidad 
en relación con el juicio de autoría, pues la sentencia señala que cada acusado tenía una 
responsabilidad dentro de la comisión del delito, recogiendo la sentencia las actuaciones 
de la recurrente que, junto con las del resto de condenados, permiten concluir su 
participación principal y no meramente accesoria en el delito.
También descarta la vulneración de las libertades ideológicas, de reunión pacífica, 
libertad de expresión y de participación política, por encontrarse «perfectamente definido 
el límite entre las restricciones y vulneraciones de derechos con las comisiones de 
delitos, por lo que en el momento en que se cruza la línea de la tipicidad, antijuricidad y 
culpabilidad de las conductas descritas en el Código penal, estamos ante un delito».
La fiscal jefe ante el Tribunal Constitucional rechaza todas las vulneraciones del 
derecho  a  la  legalidad  penal  en  relación  con  los  derechos  de  reunión,  libertad  de 
expresión e ideológica denunciadas en la demanda.
(i)  Comienza  descartando  un  déficit  de  taxatividad.  Considera  que  el  tipo  de 
sedición (arts. 544 y 545 CP) «utiliza términos de uso común tanto para definir la 
conducta típica, esto es el alzamiento público y tumultuario como la finalidad que ha de 
perseguirse», fácilmente comprensibles por cualquier ciudadano, por lo que la conducta 
típica no puede tildarse de indefinida o de posibilitar una elección libre y arbitraria del 
juzgador contraria al art. 25.1 CE.
(ii)  Dicho  lo  anterior,  puntualiza  que,  a  su  juicio,  la  demandante  no  cuestiona 
realmente la formulación del tipo delictivo de sedición, sino la subsunción de los hechos 
en él. Frente a tal cuestionamiento y tras reproducir amplios extractos de la sentencia 
[FFJJ A), apartado 13; B), apartados 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6, y C), apartado 1] y el auto 
(FFJJ 2.4, 2.5.1, 2.6, 3.2.2.3 y 6.2.4) recurridos, defiende esa calificación, tanto la 
interpretación de tipo penal como la estricta subsunción. e
En cuanto a la comprensión del delito, destaca que la Sala de lo Penal ha examinado  bo
la ubicación sistemática del delito sedición, el bien jurídico protegido y la finalidad lesiva  513ww
mdeisl msuoj ectaop íatucltoiv yo  típtualroa  dceol nCcóredtiagro  spue ncaal.m Apnoa ldizea  taapmlicbaiécnió lna  nreescpeescidtoa da d eo tmroúsl tidpelelisto asc tdoesl 
peal raan sáuli sriesa ldizeal cmióend, isou  ccoamráicstiveor  pylu rdiseu blaje tfiivnoa loid adde,  ccoonnv eergsepnecciíafi caos í dceotmenoim siee ndteot ieenne  leons 
términos más vagos y cuestionados de los utilizados por el legislador, subrayando los
efectos  que  su  carácter  de  delito  de  resultado  cortado  tienen  en  cuanto  a  la 
consumación.
Acto seguido arguye que la sentencia explicita cómo «todos y cada uno de los 
elementos del tipo concurren en la conducta enjuiciada, en la que de forma generalizada 
y  en  toda  la  extensión  de  la  comunidad  autónoma  se  produjo  un  levantamiento 
multitudinario, generalizado y proyectado de forma estratégica que determinó que la 
autoridad del poder judicial quedara en suspenso». Y que en el juicio de autoría se 
resalta la necesidad de adecuación entre la actividad desplegada y sus efectos lesivos 
para  el  bien  jurídico,  partiendo  de  la  condición  de  presidenta  del  Parlament  de  la 
demandante, y que no opera la denominada prohibición de regreso en atención a cómo 
se habían planificado y desarrollado los hechos.
Concluye  que  la  demandante  «construye  su  queja  partiendo  de  que  ha  sido 
condenada por organizar un referéndum o porque se realizaron dos manifestaciones 
pacíficas,  olvidando  el  relato  fáctico  que  se  ha  considerado  acreditado»  y  que  la 
sentencia «realiza un cumplido análisis de la figura delictiva de sedición y su deslinde 
con otras conductas contempladas en el mismo capítulo del pertinente título del Código 
penal, llegando de modo razonable a la conclusión de que los hechos acreditados son 
subsumibles en el tipo de sedición».
(iii)  Igualmente, a juicio de la fiscal, que trae lo dicho en el apartado 17.5.1 y 2 del 
fundamento de Derecho A) de la sentencia impugnada, las quejas por vulneración de los 
derechos de reunión y de libertad de expresión e ideológica vuelven a prescindir de los 
hechos declarados probados por la sentencia. Así, aluden a «actos pacíficos y festivos 
de protesta ciudadana» e identifican la conducta castigada de la demandante con su 
simple presencia en un acto de manifestación. Pero los hechos que le conciernen no se 
reducen a la participación pública indicada, y en todo caso no se restringieron los 
derechos a manifestarse y a expresar lo que tuvieran por conveniente a los «miles de 
ciudadanos o millones» que participaron en los sucesos del 20 de septiembre y el 1 de 
octubre de 2017. Tampoco, dice después, se ha criminalizado el ideario político de la 
recurrente.  «La  demandante  ha  sido  condenada  por  haber  realizado  determinadas 
conductas que están tipificadas como delito, sin que el extremo de que la motivación 
última que le haya llevado a realizar los actos delictivos haya sido su ideario político, 
como así lo ha expresado cada vez que ha tenido por conveniente, convierta su condena 
penal  en  una  vulneración  de  su  libertad  ideológica  o  de  su  libertad  de  expresión, 
simplemente ocurre, que en la calificación jurídica de los hechos por ella realizados, su 
móvil carece de relevancia jurídico penal».
(iv)  La fiscal no considera que la conducta de la demandante sea de participación, 
pues «los hechos que se han declarado probados y la intervención en los mismos de la 
demandante no se circunscriben, ni por asomo, a su inducción a los ciudadanos para 
que acudieran a manifestarse». Destaca, en particular, que su protagonismo en el ámbito 
parlamentario ha sido analizado exhaustivamente en la resolución cuestionada sin que 
se le haya imputado acto de competencia exclusiva del Ejecutivo. Asimismo recuerda 
que el Tribunal Supremo subraya la naturaleza plurisubjetiva del delito de sedición y que 
los «plurales autores materiales no son partícipes en delito ajeno, todos convergen con 
su aportación incluso con diversidad de funciones a la consecución de la finalidad 
típica». No rige el principio de accesoriedad de la participación, sino el principio de 
imputación recíproca de las contribuciones de la coautoría, aunque no originen la misma 
responsabilidad penal o no den lugar a ninguna.
12.2.2  Pronunciamientos del órgano judicial. e.
A)  No se castiga el ejercicio legítimo de derechos fundamentales. 513ww
castLigaa nSdaol ae lr eecjehraczicói ol alse gaítliemgoa cdioen eloss  cdoemreucnheoss  dqeu el oash oarcau sinavdoocsa  dlae  dqeume ansed aensteta bean 
amparo y que, por ello, su actuación no podía ser sancionada penalmente tanto en la
sentencia  como  al  desestimar  la  petición  de  nulidad  de  actuaciones.  En  ambas
resoluciones con apoyo en la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.
En el apartado 17.5 del fundamento de Derecho A) de la sentencia se excluye que 
las conductas atribuidas a los acusados constituyan el ejercicio legítimo de derechos 
fundamentales y que la condena vulnere esos derechos.
(i)  La Sala defiende en primer lugar que ninguno de los actos imputados queda 
comprendido en el contenido material de la libertad de expresión ni se criminaliza el 
discurso político, pues no se castiga por difundir opiniones o doctrinas contrarias al 
actual  estatus  constitucional.  Lo  que  es  objeto  de  reproche  penal  es  «definir  una 
legalidad paralela de corte constituyente y movilizar a una multitud de ciudadanos para 
oponerse a la ejecución de las decisiones legítimas de la autoridad judicial, celebrando 
un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, cuyo resultado era la condición necesaria para la entrada vigor de 
la ley de transitoriedad, que implicaba la definitiva ruptura con la estructura del Estado». 
Además de no afectarse el contenido material del derecho a la libertad de expresión de 
los acusados, el Tribunal Supremo aduce que la defensa de la integridad territorial y la 
prevención del delito son, según el art. 10.2 CEDH, legítimas limitaciones a la libertad de 
expresión que, en el presente caso, tampoco han existido.
(ii)  Asimismo el órgano judicial opone que ha estado en todo momento fuera de 
controversia la legitimidad del derecho de reunión, sin que se hayan criminalizado actos 
de protesta. Destaca que, en este caso, no es la supuesta ilegitimidad de la convocatoria 
lo que ocasiona la reacción penal, no son los actos de protesta lo que se considera 
delictivo, cuya legitimidad y protección constitucional no merma por tener por destinatario 
al poder central, a la máxima autoridad del Estado o a la misma Constitución. La 
responsabilidad penal surge de la apreciación de una estrategia concertada y alentada 
por  los  acusados  para  lograr  que  se  llevase  a  cabo  la  votación  prohibida  en  el 
referéndum, previamente declarado como «de autodeterminación», imposibilitando de 
hecho, mediante la interposición física, la actuación de los agentes de la autoridad. Es 
esa actuación, consistente en el llamamiento a «la oposición activa y concertada, frente 
a  actuaciones  de  agentes  de  la  autoridad  con  respaldo  legal  y  constitucional 
encaminadas pura y llanamente a dar cumplimiento a un específico y muy concreto 
mandato judicial», lo que se considera que desborda totalmente los linderos del legítimo 
ejercicio  del  derecho  de  reunión  dirigido  a  exteriorizar  la  protesta  o  crítica  por  la 
actuación de los poderes públicos. Y concluye afirmando que, en este caso: «no puede 
quedar amparado en una causa de exclusión de la antijuridicidad el ataque concertado a 
las bases constitucionales del sistema, valiéndose para ello de una multitud de personas 
convocadas  para  obstaculizar  el  ejercicio  de  la  función  jurisdiccional  y  que  son 
movilizadas  para  hacer  posible  una  votación  declarada  ilegal  por  el  Tribunal 
Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».
(iii)  El mismo rechazo le merece el pretendido efecto exoneratorio derivado del 
ejercicio legítimo del derecho a la libertad ideológica, que, según afirma la sentencia, ha 
permanecido incólume a lo largo del proceso. «Su condición de parte pasiva nada tiene 
que ver con los postulados políticos que cada uno de ellos suscribe. De hecho, han 
podido participar [como afirma la sentencia] incluso en campaña electoral durante el 
tiempo de prisión preventiva. Han podido difundir sus ideas y son estas ideas las que, 
hoy por hoy, sostienen la acción de gobierno de la Generalitat».
El auto de 29 de enero de 2020 reitera que la actuación de la demandante «desbordó 
ampliamente  los  márgenes  del  ejercicio  legítimo  de  los  derechos  de  reunión,  e.
manifestación, libertad de expresión y libertad ideológica». Añade que la actuación  w.b
conjunta de los condenados por sedición puso en cuestión el funcionamiento del Estado  513ww
dmeomdooc raáltgicuon od es eD egreecnheora,  puonr  loe fqeucteo  sdei srueasspoertiao  eol  pdrienscaipleion tdaed opr rodpeo rctaiolensa liddaedre cyh eons 
flousn dcaomndeenntaaldeoss, ,c yu yeon tereje reclliociso,  qau lae ddae mmauny dleajnotse  d(Fe Jl o9s. 3c)o.mportamientos que se imputan a
En lo relativo al derecho de reunión, la cuestión encuentra un desarrollo más extenso 
y con amplio apoyo jurisprudencial en la respuesta que dio la Sala al desestimar la 
solicitud de nulidad de actuaciones que, con el mismo fundamento, planteó el señor 
Cuixart (auto de 29 de enero de 2020, FJ 2.5).
B)  Interpretación judicial del delito de sedición.
En el apartado 4 del fundamento de Derecho B) de la sentencia recurrida se analizan 
las características y naturaleza jurídica del delito de sedición. En el apartado 2 ñ) de los 
antecedentes y en el fundamento jurídico 3 de esta resolución, a los que nos remitimos, 
se refleja esa interpretación del delito de sedición.
Asimismo, para rechazar la vulneración del art. 25.1 CE denunciada en el incidente 
de nulidad de actuaciones por la recurrente, el auto del Tribunal Supremo de 29 de enero 
de 2020 se remite en su apartado 9.3 a las consideraciones ya vertidas al hilo de las 
denuncias formuladas en otros incidentes sobre la correcta interpretación efectuada por 
la Sala de los arts. 544 y 545 CP. Es en el apartado 3.2.2.2 del auto donde se defiende in 
extenso la razonabilidad de la interpretación del contenido típico:
«El reproche que hace el incidente es que expandimos su alcance hasta abarcar 
inocuos actos de "resistencia organizada no violenta".
Una lectura sosegada de la sentencia, ajena al filtro –tan legítimo como interesado– 
que hace la defensa del penado, convierte en inaceptable el reproche de laxitud al 
alcance dado por esta Sala a la descripción del tipo penal. Y degrada a la condición de 
mera licencia literaria considerar que la sentencia utiliza el fin impuesto por el tipo a los 
autores o que el aspecto teleológico, no solamente no reduce el ámbito de lo prohibido, 
sino que lo prolonga como si fuera de ductilidad inagotable.
La  sentencia  advierte  de  que  esa  específica  finalidad  típica  de  la  sedición  le 
diferencia  de  otros  delitos  lesivos  del  orden  público,  y  subraya  incluso  de  la  débil 
funcionalidad taxonómica de este concepto, en la medida que está presente en la 
práctica totalidad de los delitos.
Reprocha la defensa a la resolución cuya nulidad se pretende, que no participe de 
una vocación reductora del ámbito de la sedición. Quien así razona, sin embargo, 
prescinde de que la sentencia se cuida de llamar la atención de la exigencia de entidad 
de la lesión o riesgo que aquella estima debe constatarse en la conducta respecto del 
bien jurídico protegido. Y que allí se concluye que "la sedición no alcanza a toda 
turbación de la paz o tranquilidad pública". También se pasa por alto el fragmento de la 
sentencia que excluye relevancia penal a la "mera reunión de una colectividad de 
sujetos".
Y, respecto al componente subjetivo, la sentencia acota lo punitivo bajo la rúbrica 
"sedición", exigiendo que el comportamiento afecte "a la colectividad interesada en la 
efectividad de las funciones" legítimamente ejercidas por autoridad o funcionario público. 
Y, redundando en tan restrictiva construcción del tipo penal, enfatiza la sentencia que el 
tumulto ponga "efectivamente en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de 
Derecho".
Ahí cualquier lectura sabrá encontrar la irreductible diversidad entre lo sedicioso y el 
mero desorden de episódicos tumultos obstativos de alguna concreta orden judicial o 
administrativa. Como, por ejemplo, una más o menos dimensionada concurrencia de 
individuos para dificultar, incluso impedir, una actuación de lanzamiento o desahucio de 
un particular. s
Aún dentro de ese marco referido a la corrección de la interpretación del contenido  oe.
tdcroeanlv  éPplasrre o rdcpeeeob pnaetecloiót  uanpad,e cernieomacnláo,e snsr ed qmpuurzuoeclct aihst uleaad   islrnaeea sddrtiireacinfisóej.ann  salaa  u aan p dllaiec lasitbeoin lditdeean dmc ieadd eqilo usae ri,tn írcdouemltoep ri5me4nin4da oad  osssuu,  ppcuoaemresentottiesd sodc oae    2021-19513n https://www.
violencia, en el sentido de agresión y acometimiento a la autoridad o sus agentes como
exigencia  de  proporcionalidad  ínsita  en  el  principio  de  legalidad.  Quedaría  así
extramuros del contenido típico lo que denomina "resistencia grupal pasiva", que llevaría 
a cabo la población masivamente con técnicas tradicionales que no van más allá del 
punto decisivo del empleo de la violencia, ni proactiva ni reactiva.
Sin embargo, la sentencia, conjurando todo riesgo de interpretación laxa, también se 
cuida de reducir lo tipificado mediante la exigencia de medios empleados con ocasión del 
comportamiento penado. Aunque sin derogar la voluntad expresa del legislador que ha 
querido castigar, no solamente el uso de la fuerza, sino también el extravío fuera del 
cauce legal, subrayando que el tipo no exige la caracterización del alzamiento como 
violento.»
C)  Subsunción de la conducta.
El apartado 1.3 del fundamento de Derecho C) de la sentencia impugnada contiene 
el juicio de autoría relativo a la demandante, que debe ponerse en relación con las 
consideraciones previas formuladas al inicio del fundamento sobre la existencia una 
decisión compartida en la que se inserta cada una de las conductas penalmente típicas 
de  los  acusados,  distinguiendo  entre  los  miembros  del  Ejecutivo,  la  presidenta  del 
Parlament y los particulares. En los antecedentes –apartado 2 o)– y el fundamento 
jurídico 3 de esta resolución, a los que nos remitimos, se refleja la argumentación que 
sostiene la calificación de la conducta de la demandante como autoría de un delito de 
sedición.
El auto de 29 de enero de 2020 argumentó asimismo en el apartado 9.3 la suficiencia 
del relato histórico para valorar la relevancia de la actuación de la recurrente a los 
efectos de subsumirla en el tipo penal de la sedición en respuesta a sus alegaciones de 
ausencia de responsabilidad personal.
«Hemos de reiterar que la señora Forcadell ha sido condenada por aquellos hechos 
declarados probados en el juicio histórico y valorados con detalle en el punto 1.3 del 
fundamento C) de la sentencia dictada, donde se explica su decidido protagonismo en el 
concierto delictivo ideado por los acusados –y al que hemos aludido reiteradamente en 
este auto–, y se concluye cómo su actuación rebasó el ámbito de su cargo institucional, 
con  actos  y  decisiones  plenamente  integrados  en  dicha  estrategia  delictiva,  en  un 
expreso desafío al orden constitucional y a las autoridades que actuaban a su amparo. 
Su contribución a la consumación del delito de sedición fue –concluye la sentencia– 
palmaria.
También resulta patente que la señora Forcadell ha sido condenada por hechos 
propios, descritos con detalle en los apartados mencionados de la sentencia dictada. 
Cabe aquí reiterar que, como destaca esta última resolución, no es necesario que cada 
coautor ejecute, por sí mismo, los actos que integran el elemento central del tipo, pues 
cabe una división del trabajo, sobre todo en acciones de cierta complejidad, pero sí lo es 
que su aportación lo sitúe en posición de disponer del condominio funcional del hecho. 
De esta forma todos los coautores, como consecuencia de su aportación, dominan 
conjuntamente la totalidad del hecho delictivo, aunque no todos ejecuten la acción 
contemplada en el verbo nuclear del tipo. La consecuencia es que entre todos los 
coautores rige el principio de imputación recíproca que permite considerar a todos ellos 
autores de la totalidad con independencia de su concreta aportación al hecho.
En definitiva, no ha sido condenada la señora Forcadell, como se alega, por la 
convocatoria de un referéndum ilegal.
El relato de hechos probados –y no el sostenido por la parte– pone de manifiesto la  s
irrelevancia de las alusiones que se hacen sobre el objeto de otros procesos penales.  oe.
IddicétnaEtdilc aaas  uiprtrooer l etsrveiba unrnceiamal eihtsea  e adxt er acsononjestritneounsa eqcrusióeen ,t  apemoxrbp irréaenzs oasnmee emsn eotenb cviaioa nsla,o n r ereesnps peeocl tneods ciadr oitlao s.a» lr erseosloulcvieorn eesl   2021-19513n https://www.
iEnfceidcteivnatem deen teo,t roe nc oeal caupsaardtaod, oe l3 s.2e.ñ2o.3r  Flao rSna, lsao rberceu eelr dpari nqcuipei oe ld dee alictoc edseo rsieeddaicdió lnim eitsa duan.   BOE-A-cable e
delito de naturaleza plurisubjetiva unilateral o de convergencia, que alude con el término 
«inductores» a los «promotores» que ejecutan la sedición desempeñando su particular 
papel, de modo que las aportaciones de los intervinientes lo son a título de coautoría, 
donde rige el principio de imputación recíproca, no el de accesoriedad.
Resulta pertinente asimismo traer las consideraciones vertidas en el auto de 29 de 
enero de 2020 (FJ 3.2.2.3) sobre la existencia de un «alzamiento» el 20 de septiembre y 
el 1 de octubre al fundar la desestimación de la queja formulada al respecto por la 
representación del señor Forn.
«En efecto, el hecho probado, de contenido no cuestionado en ningún apartado de 
este incidente, proclama que el 20 de septiembre, las asociaciones dirigidas por los 
coacusados y penados señores Sànchez y Cuixart, sabiendo que se estaban ejecutando 
diversas  detenciones  dispuestas  para  garantizar  la  presencia  de  los  detenidos  en 
registros inmediatos por orden del juez de instrucción núm. 13 de Barcelona, convocaron 
y  lograron  concentrar  una  gran  multitud  de  ciudadanos  para  lo  que  denominaban 
eufemísticamente  "defensa"  de  las  instituciones  catalanas  y  se  motivaba  a  los 
convocados con la consigna de que, si esa convocatoria llegaba a ser multitudinaria, los 
que tenían encomendada la ejecución de la legítima orden judicial "no podrían con todos 
ellos".
Pues bien, el vaticinio de los penados se verificó casi en su totalidad. El hecho 
probado da cuenta de que los detenidos no pudieron presenciar los registros al hacer 
inviable su acceso al edificio en el que habían de realizarse. Se dificultó la extracción 
desde dicho edificio de los efectos incautados, hasta el punto de que la letrada de la 
administración de justicia hubo de abandonar el edificio horas más tarde, huyendo del 
lugar a escondidas y por lugar ajeno a la función de entrada y salida de personas.
También da cuenta el hecho probado de otros actos obstruccionistas llevados a cabo 
simultáneamente por ciudadanos concurrentes en número no escaso ese mismo día con 
ocasión del cumplimiento por funcionarios policiales y judiciales de sendas órdenes del 
ya citado Juzgado núm. 13 de Barcelona. Se impidió la salida de algún detenido durante 
minutos, hubo que resguardar a una letrada de la administración de justicia en un coche 
camuflado y fue golpeado y zarandeado otro vehículo policial.
Y también refleja el hecho probado que la realización de actos de votación, a modo 
de referéndum convocado para el 1 de octubre, había sido prohibida por el Tribunal 
Constitucional, y que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había 
ordenado impedir que ese acto se llevase efectivamente a cabo. Pese a ello, ese día, y 
ya desde el anterior, numerosos grupos de ciudadanos se apostaron –dice el hecho 
probado–, tras la insistente convocatoria por los acusados, en los centros dedicados a 
colegio electoral. Y esos ciudadanos se enfrentaron a los agentes policiales en los casos 
en que acudieron para dar cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Constitucional y el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Agentes que en numerosos casos desistieron 
de hacer cumplir aquellas órdenes judiciales ante la "obvia imposibilidad de vencer la 
resistencia de esos grupos de personas". Del enfrentamiento y resistencia se derivaron 
lesiones que en "numerosos casos" exigieron asistencia facultativa. Lo que esta Sala da 
por  probado  es  incompatible  con  la  repetida  descripción  de  una  actitud  ciudadana 
limitada a interponer pasivos sus cuerpos, sin actuación agresiva alguna contra los 
agentes policiales intervinientes.
El relato expuesto, incluso el admitido en la minimalista descripción de la defensa, 
evidencia la inviabilidad del esfuerzo argumental llamado a criticar la subsunción de tales 
hechos en el tipo penal de sedición. Es infundado el reproche de una distorsionadora  e.
ampliación de los supuestos del concepto típico de alzamiento tumultuario. Porque la  w.b
sentencia conjura el riesgo de laxitud de lo tipificado añadiendo a la búsqueda de la  513ww
frienlaaltiod adde  tlíop ipcrao beal droe.curso a un medio típico restrictivo. En términos que aparecen en el
[T…am] poco es aceptable la miniaturización de la trascendencia de los hechos que, para
tratar de sustraerlos al alcance del tipo penal, se intenta por el incidente. Ni en la
interpretación del tipo la sentencia criminalizaría como sedición supuestos de actos 
colectivos  de  ciudadanos  intentando  el  incumplimiento  de  órdenes  judiciales,  cuya 
acotada dimensión en modo alguno pone en cuestión el Estado democrático. Ni cabe 
ignorar en el que hemos juzgado que al extravío del procedimiento seguido se une el 
ataque y consiguiente efectivo riesgo para el modo democrático de convivencia que se 
quisieron dar todos los ciudadanos españoles, incluidos los de la comunidad en que se 
integran los movilizados.
Finalmente, la condición de la sedición como tipo penal de resultado cortado nos 
lleva a atribuir funcionalidad objetiva, además de subjetivamente procurada, a los actos 
que lograron obstruir la efectividad de las órdenes emanadas del Tribunal Constitucional, 
del Juzgado núm. 13 de Barcelona y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.»
12.2.3  Doctrina constitucional.
12.2.3.1  Prohibición de interpretaciones y aplicaciones irrazonables de las normas 
penales.
El art. 25.1 CE establece que «[n]adie puede ser condenado o sancionado por 
acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o 
infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento».
a)  Según doctrina asentada de este tribunal, el mandato enunciado contiene un 
derecho fundamental subjetivo que comprende una garantía formal, consistente en la 
necesaria existencia de una norma con rango de ley como presupuesto de la actuación 
punitiva  del  Estado,  que  defina  las  conductas  punibles  y  las  sanciones  que  les 
corresponden,  y  una  garantía  material  en  orden  a  asegurar  la  predeterminación 
normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes (por todas, 
STC 24/2004, de 24 de febrero, FJ 2).
La garantía material, en relación con el legislador, se traduce en el mandato de 
taxatividad (lex certa), que comporta fundamentalmente la exigencia de una tipificación 
precisa dotada de la adecuada concreción en la descripción que incorpora. De otro lado, 
la analogía in malam partem y las interpretaciones extensivas de la norma penal por 
parte de los órganos judiciales han sido expresamente reprobadas por nuestra doctrina, 
por contravenir el mandato del art. 25.1 CE. Esta censura queda reflejada, entre otras, 
en la STC 229/2007, de 5 de noviembre, FJ 4.
«A  este  respecto,  hemos  destacado  que  "la  garantía  material  del  principio  de 
legalidad comporta el mandato de taxatividad o certeza", que se traduce en la exigencia 
de predeterminación normativa de las conductas punibles y de sus correspondientes 
sanciones (lex certa). Esta exigencia tiene implicaciones no solo para el legislador, sino 
también para los órganos judiciales. En su labor de interpretación y aplicación de las 
leyes penales, estos últimos se hallan también sometidos al principio de tipicidad, en el 
sentido de que, por un lado, se encuentran en una situación de sujeción estricta a la ley 
penal (SSTC 133/1987, de 21 de julio, FJ 5; 182/1990, de 15 de noviembre, FJ 3; 
156/1996, de 14 de octubre, FJ 1; 137/1997, de 21 de julio, FJ 6; 151/1997, de 29 de 
septiembre, FJ 4; 232/1997, de 16 de diciembre, FJ 2) y, por otro, les está vedada la 
interpretación extensiva y la analogía in malam partem (SSTC 81/1995, de 5 de junio, 
FJ 5; 34/1996, de 11 de marzo, FJ 5; 64/2001, de 17 de marzo, FJ 4; 170/2002, de 30 de 
septiembre,  FJ  12),  es  decir,  la  exégesis  y  aplicación  de  las  normas  fuera  de  los 
supuestos y de los límites que ellas mismas determinan.» e.e
A su vez, este tribunal ha precisado las exigencias a que se deben sujetar los  513ww
órganos judiciales al verificar la labor de subsunción de los hechos en la norma penal en
una doctrina que recoge con detalle la STC 129/2008, de 27 de octubre, FJ 3, en los 
siguientes términos:
«El  derecho  a  la  legalidad  penal  (art.  25.1  CE)  supone  que  nadie  puede  ser 
condenado  por  acciones  u  omisiones  que  no  constituyan  delito  o  falta  según  la 
legislación vigente en el momento de tales conductas. Se quiebra así el derecho cuando 
la conducta enjuiciada, la ya delimitada como probada, es subsumida de un modo 
irrazonable en el tipo penal que resulta aplicado, bien por la interpretación que se realiza 
de la norma, bien por la operación de subsunción en sí. En tales supuestos la condena 
resulta sorpresiva para su destinatario y la intervención penal es, amén de contraria al 
valor de la seguridad jurídica, fruto de una decisión judicial que rompe el monopolio 
legislativo en la definición de las conductas delictivas (por todas, STC 137/1997, de 21 
de julio, FJ 6).
En el examen de razonabilidad de la subsunción de los hechos probados en la norma 
penal el primero de los criterios está constituido por el respeto al tenor literal de la norma, 
"pues  el  legislador  expresa  el  mensaje  normativo  con  palabras  y  con  palabras  es 
conocido  por  sus  destinatarios.  Este  respeto  no  garantiza  siempre  una  decisión 
sancionadora acorde con las garantías esenciales de seguridad jurídica o de interdicción 
de la arbitrariedad, pues, entre otros factores, el lenguaje es relativamente vago y 
versátil, las normas son necesariamente abstractas y se remiten implícitamente a una 
realidad normativa subyacente, y dentro de ciertos límites (por todas, STC 111/1993, 
de 25 de marzo), el propio legislador puede potenciar esa labilidad para facilitar la 
adaptación de la norma a la realidad (ya en la STC 62/1982, de 15 de octubre; […] 
STC 53/1994, de 24 de febrero). Debe perseguirse, en consecuencia, algún criterio 
añadido que, a la vista de los valores de seguridad y de legitimidad en juego, pero 
también  de  la  libertad  y  la  competencia  del  juez  en  la  aplicación  de  la  legalidad 
(SSTC 89/1983, de 12 de marzo; 75/1984, de 27 de junio; 111/1993, de 25 de marzo), 
distinga entre las decisiones que forman parte del campo de decisión legítima de este y 
las que suponen una ruptura de su sujeción a la ley […] La seguridad jurídica y el 
respeto  a  las  opciones  legislativas  de  sanción  de  conductas  sitúan  la  validez 
constitucional de la aplicación de las normas sancionadoras desde el prisma del principio 
de legalidad tanto en su respeto al tenor literal del enunciado normativo, que marca en 
todo  caso  una  zona  indudable  de  exclusión  de  comportamientos,  como  en  su 
razonabilidad. Dicha razonabilidad habrá de ser analizada desde las pautas axiológicas 
que informan nuestro texto constitucional (SSTC 159/1986, 59/1990, 111/1993) y desde 
modelos de argumentación aceptados por la propia comunidad jurídica […] Dicho de otro 
modo, no solo vulneran el principio de legalidad las resoluciones sancionadoras que se 
sustenten en una subsunción de los hechos ajena al significado posible de los términos 
de  la  norma  aplicada.  Son  también  constitucionalmente  rechazables  aquellas 
aplicaciones  que  por  su  soporte  metodológico  –una  argumentación  ilógica  o 
indiscutiblemente extravagante– o axiológico –una base valorativa ajena a los criterios 
que  informan  nuestro  ordenamiento  constitucional–  conduzcan  a  soluciones 
esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles 
para sus destinatarios" (STC 137/1997, de 21 de julio, FJ 7; también, entre otras, 
SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7; 13/2003, de 28 de enero, FJ 3; 138/2004, 
de 13 de septiembre, FJ 3; 242/2005, de 10 de octubre, FJ 4; 9/2006, de 16 de enero, 
FJ 4; 262/2006, de 11 de septiembre, FJ 4).»
b)  La razonabilidad axiológica de la labor interpretativa y subsuntiva que exige el  e
art. 25.1 CE debe ponerse en relación con la premisa tantas veces repetida por este  bo
tribunal de que «los hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados como  513ww
daectliotos» d (eS SeTjeCrc i2c/i2o0 d0e1 , udne  d1e5r edceh oe nfeurnod, aFmJe 2n;t a8l 8y/2 c0o0m3,o d eco 1n9d udceta ms acyoon,s FtitJu t8iv; a2s9 /d2e0 0u9n, 
d11e2 2/260 1d6e,  ednee r2o0,  dFeJ  j3u;n i1o0, 4F/2J0 21,1 o,  d3e5 /2200 2d0e,  djuen i2o5,  FdJe  6fe; b1re7r7o/2, 0F1J5 4, )d. eL a2s2  cdoen djuulciota, sF Jq u2e; 
constituyen  ejercicio  regular  de  un  derecho  fundamental  no  pueden  ser  objeto  de
reproche jurídico alguno. Tampoco debido a la aplicación de previsiones legales de 
naturaleza sancionadora cuya finalidad sea la protección de otros derechos o bienes 
constitucionalmente reconocidos, aunque la subsunción de los hechos en la norma fuera 
conforme a su tenor literal (en ese sentido, SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5, 
y 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 3).
En la concreción de tal criterio, hemos explicado que el órgano judicial que debe 
aplicar una norma penal a conductas en las que se halla implicado el ejercicio de un 
derecho fundamental «ha de tener presente el contenido constitucional del derecho de 
que se trate, es decir, el haz de garantías y posibilidades de actuación o resistencia que 
otorga». Ello supone, en primer lugar y de forma indiscutible, que no puede incluir entre 
los supuestos sancionables aquellos que son ejercicio del derecho «ni puede interpretar 
la norma penal de forma extensiva, comprendiendo en la misma conductas distintas de 
las expresamente previstas, pues en virtud de su conexión con el derecho fundamental 
la garantía constitucional de taxatividad ex art. 25.1 CE deviene aún más reforzada» 
(STC 88/2003, FJ 8, con apoyo en las SSTC 110/2000, de 5 de mayo FJ 5; 2/2001, FJ 3, 
y 196/2002, de 28 de octubre, FJ 6).
c)  Debe recordarse para terminar que la tarea de este tribunal de fiscalizar la 
interpretación y aplicación de la norma penal por parte de los juzgados y tribunales, labor 
aplicativa que les corresponde en exclusiva (art. 117.3 CE), no atañe a «la determinación 
de la interpretación última, en cuanto más correcta, de un enunciado penal, ni siquiera 
desde los parámetros que delimitan los valores y principios constitucionales. Y tampoco 
le compete la demarcación de las interpretaciones posibles de tal enunciado. De un 
modo mucho más restringido, y desde la perspectiva externa que le es propia como 
tribunal  no  inserto  en  el  proceso  penal,  nuestra  tarea  se  constriñe  a  evaluar  la 
sostenibilidad constitucional de la concreta interpretación llevada a cabo por los órganos 
judiciales. […] Por ello forma parte del objeto de nuestro análisis la motivación judicial de 
tales interpretación y subsunción, pero no la argumentación del recurrente en favor de 
una interpretación alternativa, cuya evaluación de razonabilidad per se nos es ajena y 
solo podrá ser tomada en cuenta en la medida en que incida en la irrazonabilidad de la 
interpretación judicial impugnada» (STC 129/2008, FJ 3).
12.2.3.2  El  ámbito  constitucional  de  protección  de  las  libertades  de  reunión  y 
manifestación.
Como ya expusimos en la STC 122/2021, de 2 de junio, FJ 9.3:
«[E]n nuestra jurisprudencia hemos declarado el contenido constitucional del derecho 
de reunión, y sus límites internos y externos, con una doctrina que entronca con la del 
Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos,  cuyo  contenido  ha  sido  exhaustivamente 
expuesto en la STEDH de 5 de enero de 2016, asunto Frumkin c. Rusia, § 93 a 99. Al 
igual que la libertad de expresión, el derecho de reunión y el de manifestación son 
libertades políticas básicas sobre las que se asienta nuestro orden político (art. 10.1 CE). 
En tal medida, las limitaciones a su ejercicio deben ser interpretadas restrictivamente. 
Así, hemos expresado que el derecho de reunión es una manifestación colectiva de la 
libertad de expresión efectuada a través de una asociación transitoria de personas que 
opera de manera instrumental al servicio del intercambio o exposición de ideas, de 
defensa de intereses o de publicidad de problemas y reivindicaciones, constituyendo un 
cauce  del  principio  democrático  participativo.  Sus  elementos  configuradores  son  el 
subjetivo (agrupación de personas), el temporal (duración transitoria), el finalista (licitud  s
de la finalidad perseguida) y el real u objetivo (lugar de celebración): así aparece  oe.
esddeniecñ  ileaa1mls5a  bdSdroSee ,yT  aFCd Jie c 6n3ie6 .lm/a1 b9Sr9eT5,C ,  Fd8eJ5  /813 9;d 8e38 8m, /d2ae0y 0o29,8 ,F  dJde e3 a ; b91r 9ild,6 eF/2 J0f e20b,2 ry,e  drdoee, s 2aF8rJ rd oe2lla , odyco t ud1be9rs3ep/,2 uF0éJ1s 1,4 ,e;  nd1te7r 0e/ 12o20tr 0ad8se,,    2021-19513n https://www.
Hemos  resaltado  también  "el  relieve  fundamental  que  este  derecho  –cauce  del
principio democrático participativo– posee, tanto en su dimensión subjetiva como en la
objetiva, en un Estado social y democrático de Derecho como el proclamado en la 
Constitución", señalando que "para muchos grupos sociales este derecho es, en la 
práctica,  uno  de  los  pocos  medios  de  los  que  disponen  para  poder  expresar 
públicamente  sus  ideas  y  reivindicaciones"  (SSTC  66/1995,  FJ  3;  196/2002,  FJ  4; 
195/2003, FJ 3; 110/2006, FJ 3; 301/2006, FJ 2, y 170/2008, FJ 3). Es más, la libertad de 
reunión, como manifestación colectiva de la libertad de expresión, está intensamente 
vinculada con el pluralismo político en tanto coadyuva a la formación y existencia de la 
opinión pública, "de forma tal que se convierte en una condición previa y necesaria para 
el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, 
como lo son precisamente los derechos de participación política de los ciudadanos" 
(STC 170/2008, FJ 4). Como afirmamos en la STC 101/2003, de 2 de junio, FJ 3, "sin 
comunicación pública libre quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la 
Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y 
absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el art. 1.2 
CE, que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política".
Esa  caracterización  pone  de  manifiesto  el  estrecho  vínculo  que  existe  entre  el 
derecho de reunión y la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE], y el de ambos derechos 
con la democracia, directa y representativa. Esta conexión ha sido enfatizada también 
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que califica la libertad de expresión 
(art. 10 CEDH) como lex generalis en relación con la libertad de reunión (art. 11 CEDH), 
que de aquella sería lex specialis (STEDH de 5 de marzo de 2009, asunto Barraco c. 
Francia, § 26). Por tanto, pese a ser un derecho autónomo con ámbito de aplicación 
propio, cuando el objetivo del ejercicio del derecho de reunión es la expresión pacífica de 
opiniones propias en un foro público a través de la reivindicación o la protesta, su 
contenido debe también examinarse, de forma complementaria, a la luz del art. 10 CEDH 
(por todas, STEDH de 15 de octubre de 2015, de la Gran Sala, dictada en el asunto 
Kudrevičius y otros c. Lituania, § 85 y 86).
Ahora bien, ya se trate de reuniones privadas o públicas, estáticas o en forma de 
manifestación, hemos de destacar que lo que el art. 21 CE reconoce y protege es el 
derecho de reunión pacífica (lo que descarta, obviamente, el uso de armas); pero no son 
las únicas excepciones, pues también quedan excluidas de su ámbito de protección 
aquellas reuniones o manifestaciones en las que sus organizadores o participantes 
tengan intenciones violentas, pretendan inducir a otros a ejercer la violencia o socaven 
de cualquier otra manera los fundamentos de una sociedad democrática. Esta última 
expresión ha sido siempre vinculada en la casuística jurisprudencia del tribunal europeo 
a llamamientos a la violencia, al odio o a la misma insurrección armada (SSTEDH de 2 
de octubre de 2001, asuntos Stankov y United Macedonian Organisation Ilinden c. 
Bulgaria; de 20 de octubre de 2005, United Macedonian Organisation Ilinden e Ivanov c. 
Bulgaria, § 99; de 23 de octubre de 2008, asunto Serguei Kouznetsov c. Rusia, § 45; 
de 21 de octubre de 2010, asunto Alekseyev c. Rusia, § 80, o de 20 de septiembre 
de 2018, asunto Mushegh Saghatelyan c. Armenia, § 227).
Una vez definido, resta por señalar que el contenido del derecho de reunión puede 
verse modulado por los límites a su ejercicio que forzosamente impone la protección de 
otros bienes o derechos constitucionales. Como señalamos en la STC 193/2011, de 12 
de diciembre, FJ 3, "el derecho recogido en el art. 21 CE no es un derecho absoluto o 
ilimitado,  sino  que,  al  igual  que  los  demás  derechos  fundamentales,  puede  verse 
sometido  a  ciertas  modulaciones  o  límites,  entre  los  que  se  encuentran  tanto  el 
específicamente previsto en el propio art. 21.2 CE –alteración del orden público con  s
peligro para personas y bienes–, como aquellos otros que vienen impuestos por la  oe.
necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado del derecho pueda entrar en colisión  w.
con otros valores constitucionales (STC 42/2000, de 14 de febrero, FJ 2)". Límites que,  513ww
ccoitamno,  rheacno rddea msoesr  neenc leas SaTriCos 1 "9p5a/r2a0 0c3o,n dsee g2u7i rd eel  ofcintu pberers, eFgJu 7id, oy,  edne btoiednadso l aast eqnudee ar llaí  slea 
qpuroiepno rsceio inmapliodnaed  [e…nt]r ye,  eeln s taocdroif iccaios od,e rle dsepreetcahr os uy  cloan steitnuiadcoió ens eennc liaa l"q.ue se halla aquel a  BOE-A-cable e
Así lo prevé expresamente también el Convenio europeo de derechos humanos 
cuando, en el párrafo segundo del art. 11, admite y advierte que "el ejercicio de estos 
derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la 
ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad 
nacional,  la  seguridad  pública,  la  defensa  del  orden  y  la  prevención  del  delito,  la 
protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades 
ajenos".»
12.2.4  Resolución de la queja.
La imprevisibilidad que la recurrente achaca a la condena, lesiva de los arts. 25.1, 
21, 20 y 16 CE, se debe tanto a la interpretación del delito de sedición efectuada por el 
Tribunal Supremo como a la calificación ulterior de los hechos como tal ilícito. Sostiene 
que la primera no se acomoda a un entendimiento restrictivo del delito de sedición que 
exija violencia, que, a su juicio, resulta obligado para superar la indeterminación del 
art. 544 CP, concordar con la gravedad de la pena prevista y evitar la interferencia con el 
ejercicio  de  los  derechos  fundamentales  concernidos,  singularmente,  el  derecho  de 
reunión.  La  subsunción  posterior,  a  su  entender,  desborda  el  ámbito  penalmente 
relevante  compatible  con  los  derechos  fundamentales  de  reunión,  de  libertad  de 
expresión  y  de  libertad  ideológica,  por  no  existir  un  alzamiento  tumultuario  ni  una 
actuación eficaz para impedir la actuación pública, sino conductas relacionadas con el 
ejercicio de esos derechos, tanto por parte de los ciudadanos como por la suya, así 
como por carecer su actuación en concreto de los requisitos para ser considerada autora 
del delito.
Debe puntualizarse que, si bien la demanda apela al mandato de taxatividad de la 
norma, no plantea una queja autónoma al respecto que cuestione la constitucionalidad 
del art. 544 CP, sino que el empleo por el legislador de conceptos jurídicos que la 
recurrente juzga indeterminados se esgrime como uno de los factores que apoya la 
necesidad  de  una  interpretación  restrictiva  y,  por  el  contrario,  ha  permitido  una 
interpretación extensiva indebida. No existe, por tanto, una denuncia autónoma de la 
falta de la taxatividad del precepto lesiva del art. 25.1 CE, que, de cualquier manera, 
hemos descartado en resoluciones previas (SSTC 91/2021, de 22 de abril, FJ 11.2; 
106/2021, de 11 de mayo, FJ 11.2, y 121/2021, de 2 de junio, FJ 12.2).
Sentado  lo  anterior,  el  análisis  de  estas  alegaciones  partirá  del  examen  de  la 
sostenibilidad  constitucional  de  la  interpretación  del  delito  de  sedición  para  pasar 
después a dilucidar si la estricta operación subsuntiva desborda el ámbito de aplicación 
del tipo penal fijado, incurriendo en infracción del derecho a la legalidad penal en relación 
con los derechos de reunión, a la libertad de expresión y a la libertad ideológica.
12.2.4.1  Interpretación  restrictiva  del  delito  de  sedición  fruto  de  una  reducción 
teleológica y sistemática del ámbito típico.
El art. 544 CP, que inaugura el capítulo primero –«Sedición»– del título XXII del 
libro II del Código penal –«Delitos contra el orden público»–, describe la conducta típica 
del siguiente modo:
«Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se 
alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, 
la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario 
público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de  e.e
las resoluciones administrativas o judiciales.» b
qldaue emco Eacnsonftonderta imtenrintibdeeua  endlana  c ls roheenalna  tecteelin ónacnirdi atco.  o i2mon5c p.la1aus  gCiiónnEntae  ddrypae r e –epl StraaoSrcntTi.óu C2nn1  c1j uiaC2dr2Eisc/e 2ida 0sel2 o d1lbae,r  le ded exleo él2sigt  oeda sesdi psejue  dsnceetioo de,si c sFsiaóJu  nsf1i cg0yiut .a2hrad.a3 o d.as1ev –plai.co laLtrid ovlaoas     OE-A-2021-19able en https://
razonamientos entonces vertidos, tanto sobre el derecho de reunión y sus límites como
en el aspecto concreto de la razonabilidad de la interpretación del delito de sedición 
efectuada por el órgano judicial, conducen a descartar también la inconstitucionalidad de 
la opción interpretativa alegada por la demandante, sin perjuicio de que proceda abundar 
en algunos aspectos al hilo de las alegaciones de la demanda.
En el fundamento jurídico 9.4.3 de la STC 122/2021 y tras exponer nuestra doctrina y 
la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho de reunión y sus límites, 
advertimos  que  este  derecho  admite  limitaciones,  en  particular  cuando  su  ejercicio 
adopta  formas  injerentes  en  otros  derechos  o  valores  constitucionales,  no 
necesariamente  violentas.  De  modo  más  específico,  antes  de  concluir  que  «[l]a 
necesidad en una sociedad democrática de proteger la efectividad de las resoluciones de 
los órganos judiciales y de este tribunal como último garante de la Constitución no puede 
ser razonadamente puesta en entredicho», razonábamos como sigue:
«Hemos  destacado  en  anteriores  resoluciones,  singularmente  en  las 
SSTC 136/1999, de 20 de julio, FJ 15, y 112/2016, de 20 de junio, FJ 2, que la libertad de 
expresión –de la que el derecho de reunión es una manifestación colectiva–, en cuanto 
es garantía del disentimiento razonado, otorga a los ciudadanos el derecho a expresar 
sus juicios de valor sin sufrir intromisiones por parte de los poderes públicos que no 
estén apoyadas en leyes que impongan límites constitucionalmente admisibles. Cuando 
la opinión es instrumento de participación política o se refiere a asuntos de interés 
general, su protección adquiere una extensa amplitud ya que el bien jurídico tutelado por 
ella  es  la  formación  de  una  opinión  pública  libre.  Sin  embargo,  en  atención  a  tal 
fundamento, no cabe considerar ejercicio legítimo de la libertad de expresión, reunión o 
manifestación aquellos mensajes o conductas que, por su contenido o por la forma de 
desarrollarse, persigan una finalidad ilícita o sean causa de efectos prohibidos por la ley, 
es decir, aquellos casos en que los derechos se ejercitan de forma desmesurada y 
exorbitante en atención al fin al cual la Constitución le concede su protección preferente 
(STC 171/1990, de 12 de noviembre, FJ 6).
Como ha señalado el Tribunal Europeo Derechos Humanos, en las sociedades 
democráticas modernas, durante el ejercicio del derecho de reunión y manifestación en 
las vías públicas, no son infrecuentes las conductas físicas obstructivas que afectan al 
tráfico rodado o a la libre circulación de personas, de manera que quedan perturbadas 
de forma relevante las actividades que llevan a cabo los demás, e incluso las de los 
agentes  encargados  de  garantizar  la  seguridad  ciudadana  y  el  orden  público 
(SSTC 59/1990, de 29 de marzo, FJ 8, y 193/2011, antes citada). No obstante, se trata 
de conductas que no forman parte del núcleo de facultades de actuación que define la 
libertad que reconoce el artículo 11 CEDH; esto es, si bien –como hemos ya expuesto– 
no  están  excluidas  del  ámbito  general  de  protección  que  el  reconocimiento  de  tal 
derecho conlleva, no son el objeto principal de protección de esta libertad pública, por 
hallarse  alejadas  de  su  fundamento  (STEDH  de  15  de  octubre  de  2015,  asunto 
Kudrevičius y otros c. Lituania, § 97).
Se trata de conductas que admiten limitaciones, precisamente, en garantía de la 
seguridad  y  el  orden  público  o  la  prevención  de  delitos.  Dichas  restricciones,  en 
protección de estos bienes constitucionalmente relevantes, pueden tener carácter penal 
cuando, como en este caso, así lo prevé la ley con una respuesta proporcionada al fin de 
protección.
Por  ello,  no  podemos  compartir  la  concepción  del  derecho  de  reunión  pacífica 
expresada por el recurrente según la cual, cuando la convocatoria no tiene intenciones 
violentas, su ejercicio no admite límite alguno que no derive de la idea de control del  e.
orden público o paz pública que el recurrente propugna, es decir, únicamente cuando "se  w.b
impide de forma duradera el ejercicio de los derechos fundamentales a los ciudadanos".  513ww
cCoonm olo asc aqbuaem odse bdee  ecxopeoxnisetrir,  ael nm acrognecno rddeal nccoian tepnriádcot icdae,  loess  deproescibhloes  fcuonndfraomnetanrt alleass 
prereletveannstioens eqsu dee  juesxtpifrieqsuieónn , srue urneisótnri coc mióna,n ibfeiesnta cpiaórna  ciomnp oetdroirs e bl iedneessa rcroolnlos tidtuec iloan raelmuneinótne, 
bien para exigir responsabilidades a quienes las promuevan o participen en ellas. Y
desde luego, es posible tomar en consideración los efectos materiales que, sobre dichos 
bienes, pueden ocasionar dichas concentraciones convocadas en espacios públicos.»
De otro lado y con apoyo en lo reseñado en el fundamento jurídico 10.2.3.1 de la 
STC 122/2021, concluimos que el Tribunal Supremo efectúa una interpretación restrictiva 
del  art.  544  CP,  atenta  a  delimitar  su  ámbito  típico  del  ejercicio  de  derechos, 
singularmente del derecho de reunión, a poner en relación el significado lesivo de la 
conducta típica con la gravedad de las penas previstas y a definir su aplicación en 
armonía sistemática con otros delitos, destacadamente, con el delito de rebelión y otros 
tipos contra el orden público.
Para ello recordábamos los aspectos esenciales de la interpretación del Tribunal 
Supremo cuestionada. En el apartado 4 del fundamento de Derecho B), el órgano judicial 
primero  (i)  singulariza  el  delito,  respecto  del  delito  de  rebelión  y  otros  ilícitos 
contemplados bajo la rúbrica «Delitos contra el orden público» y, en atención a su 
estructura típica y su gravedad, sienta la necesidad de una afección severa al bien 
jurídico  para  apreciar  su  existencia  como  condición  de  respeto  del  principio  de 
proporcionalidad.  Fijado  ese  entendimiento  exigente,  (ii)  desgrana  los  elementos 
objetivos y subjetivos del delito a partir del tenor literal del precepto y la reducción 
teleológica reseñada.
(i)  La Sala efectúa un análisis del objeto de protección desde la conciencia de la 
similitud de la estructura típica del delito de sedición con el delito de rebelión, pero 
también del diverso lugar sistemático que, sin embargo, ocupan ambos ilícitos –bajo los 
títulos XXII «Delitos contra el orden público» y XXI «Delitos contra la Constitución», 
respectivamente–, así como atento a la pluralidad de tipos incluidos en el título XXII y la 
notable  gravedad  de  algunos  de  ellos,  que  «desbordan  los  reducidos  límites  del 
concepto  de  orden  público  concebido  como  bien  jurídico  autónomo».  Opta  por  el 
concepto de paz pública, más amplio que el de orden público, como bien jurídico 
tutelado, sin perjuicio de delimitar en cada caso el interés protegido. En línea con 
pronunciamientos anteriores del propio tribunal, identifica ese objeto de protección «con 
el interés de la sociedad en la aceptación del marco constitucional, de las leyes y de las 
decisiones de las autoridades legítimas, como presupuesto para el ejercicio y disfrute de 
los derechos fundamentales». La especificidad del delito de sedición radica, a juicio de la 
Sala, en los rasgos que, conforme a su estructura típica, lo cualifican frente a otros 
delitos contra el orden público, de modo que no alcanza a toda turbación de la paz o 
tranquilidad pública. Subraya que no solo constituye un supuesto cualificado por «la 
entidad de la lesión o riesgo generado para el bien jurídico», respecto a los tipos de 
atentado o mero desorden, sino también un aliud respecto a la desobediencia, dados los 
requisitos típicos de «conductas activas, alzamiento colectivo, vías de hecho, despliegue 
de resistencia». Desde tal conciencia de un desvalor cualificado, que ancla asimismo en 
el principio de proporcionalidad penal, la Sala requiere que la conducta «afecte a la 
colectividad interesada en la efectividad de las funciones [ejercidas por las autoridades 
gubernativas y judiciales]» así como la valoración de «si el tumulto imputado a los 
autores pone efectivamente en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de 
Derecho».
(ii)  Sentado tal punto de partida, el órgano judicial fija los elementos típicos del 
delito:
Primero,  se  trata  de  un  delito  compuesto,  que  se  comete  por  la  sucesión  o  s
acumulación de actos, y un delito plurisubjetivo de convergencia, que requiere una unión  oe.
rcoeu cuaonnSnidóecongie, u dranteodd  euodmn,e a eáv lso cm loduleened tcsaitoeidv reci dtsoua.mmdi usdilevtuo as eurisjae  teyol  spa únlzboali mceasie,,  nssteion  r temucmáusurr,l etdu ceaolriicmot,iov l aom,  qesudineioo is mq cupoelimc eaisl  qidvueoelsi t olaa   samucertgoraes    2021-19513n https://www.
de fuerza o fuera de las vías legales. Advierte aquí la Sala que, a diferencia del delito de
rebelión, la descripción típica no exige que el alzamiento, que sí ha de ser público y
puede responder a patrones organizativos, sea además violento, como ya constató en su 
sentencia de 10 de octubre de 1980, si bien al analizar el art. 218 del Código penal 
entonces vigente, dado que, junto a los modos violentos, absolutos o compulsivos, sobre 
las personas o las cosas, se contemplan los modos fuera de las vías legales. No 
obstante, el Tribunal Supremo hace suya aquí una interpretación restrictiva defendida por 
la doctrina en orden a deslindar la sedición de la pacífica oposición colectiva a la 
ejecución de las leyes o al ejercicio de la función pública. Se considera que la expresión 
«tumultuario»  significa  abierta  hostilidad,  «y  adiciona  un  contenido  de  hostilidad  y 
violencia que no tiene por qué ser física ni entrañar el uso de la fuerza, como expresa la 
alternativa modal entre esta o "fuera de las vías legales", pero que ha de vivificarse 
necesariamente en actitudes intimidatorias, amedrentadoras, injuriosas, etc.». Matiza de 
este modo su entendimiento de 1980 con la exigencia de medios más incisivos.
Tercero, la actuación del grupo debe tener la finalidad de derogar de hecho la 
efectividad de las leyes o el cumplimiento de órdenes o resoluciones de funcionarios en 
el  ejercicio  legítimo  de  sus  funciones.  Este  requisito  típico  precisa,  de  un  lado, 
funcionalidad objetiva respecto a la obstaculización del cumplimiento de las leyes o la 
efectividad de las resoluciones administrativas o judiciales. Pero, además, incorpora un 
elemento subjetivo de tendencia, sin que el impedimento tipificado tenga que ser logrado 
efectivamente. En tal medida se caracteriza como delito de resultado cortado, que se 
consuma con la realización de la conducta típica animada con tal finalidad.
A la luz de la interpretación expuesta, hemos considerado que el Tribunal Supremo 
se muestra consciente de la gravedad del tipo y de la necesidad de delimitarlo respecto a 
otros delitos –rebelión, atentado, desórdenes públicos y desobediencia–, pero también 
respecto a conductas que suponen el ejercicio de derechos. Procede la Sala, por ello, a 
una interpretación correctora o restrictiva, que, tras identificar un bien jurídico protegido 
que trasciende el orden público, persigue expresamente excluir la posibilidad de que 
cualquier perturbación de la tranquilidad pública, incluso fruto de una actuación colectiva 
pacífica al margen de la vías legales, sea subsumible en el tipo con tal de perseguir una 
finalidad impeditiva cualquiera y, en general, dotar a la conducta típica de un desvalor 
congruente  con  la  gravedad  de  la  penas,  en  términos  absolutos  y  en  términos 
comparativos con otros ilícitos. Para tal fin, la interpretación incide en la necesidad de 
una pluralidad de actos; en la característica de convergencia subjetiva, que precisa la 
concurrencia no solo de varias personas, sino de un número considerable; acoge la 
interpretación del término «tumultuario» como abierta hostilidad, correctora del amplio 
campo de aplicación que dibuja la dualidad de medios fijada por el legislador –«por la 
fuerza o fuera de las vías legales»– al tiempo que la respeta, como no puede ser de otro 
modo;  y  cualifica  la  finalidad  impeditiva  con  un  efectivo  cuestionamiento  del 
funcionamiento del Estado democrático de Derecho.
Este entendimiento del delito, frente a lo que sostiene la recurrente no incurre en 
procedimientos  analógicos  ni  en  una  interpretación  extensiva  incompatible  con  el 
ejercicio de derechos fundamentales. Por el contrario, tres son los vectores de restricción 
manejados por el órgano judicial, fuente del desvalor del hecho típico: la exigencia de 
hostilidad, la identificación del bien jurídico y la exigencia de un elevado grado de 
potencial  lesividad.  La  hostilidad  apunta  a  una  delimitación  de  los  medios  típicos, 
precisamente para eludir una eventual subsunción de protestas colectivas pacíficas. El 
bien jurídico se identifica con un interés que trasciende el orden público para designar la 
paz  pública  en  el  sentido  del  «interés  de  la  sociedad  en  la  aceptación  del  marco 
constitucional, de las leyes y de las decisiones de las autoridades legítimas, como  s
presupuesto para el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales» como valor de  oe.
mayor entidad en juego. Y ese interés determina, a su vez, que la lesividad de la  w.
conducta típica deba traspasar la mera perturbación de la paz pública y alcanzar una  513ww
pfuenlicgiroon aelli dfuandc ioobnjaemtiviae nctou adlietal tsivisat eym acu daenmtitoactirváatimcoe,n ate l ain qteunes sau, blaje taivpatmituedn tpea srae  oproiennetra  elan 
daectsuoabceiódnie. nPciaar,a r elos isqteunec inao o b aatsetnat,a dpou,n tnui asliez aa lecal nTzraib, usneagl úSnu apcrelamrao ,e xcporne scaomnednutceta esn  deel   BOE-A-cable e
auto de 29 de enero de 2020, con «el mero desorden de episódicos tumultos obstativos 
de alguna concreta orden judicial o administrativa. Como, por ejemplo, una más o menos 
dimensionada concurrencia de individuos para dificultar, incluso impedir, una actuación 
de lanzamiento o desahucio de un particular» (FJ 3.2.2.2).
Probablemente es la necesidad de violencia defendida por la recurrente la que 
introduce con más claridad un requisito extratípico delimitador, que ni viene exigido por el 
tipo penal ni abona una interpretación sistemática, y que, como hemos referido, no 
impone el derecho de reunión, sin perjuicio de que la violencia pueda concurrir en 
muchas ocasiones y sea determinante para alcanzar el grado de lesividad típico. La 
relevancia  penal  de  las  conductas  sancionadas  en  el  tipo  de  sedición,  que, 
evidentemente, no solo es susceptible de ser cometido mediante manifestaciones o 
protestas,  no  radica  en  llamar  o  participar  en  movilizaciones  ciudadanas  ni  en  el 
contenido reivindicativo de la protesta, sino en la instrumentalización simultánea para 
incitar y procurar el incumplimiento de la Constitución, la ley y los mandatos judiciales 
emitidos para tutelarla. Como ya subrayamos con anterioridad, la necesidad en una 
sociedad democrática de proteger la aplicación de las leyes y la efectividad de las 
resoluciones de los órganos judiciales y de este tribunal como último garante de la 
Constitución no puede ser razonadamente puesta en entredicho. Tampoco la necesidad 
de  hacerlo,  en  concreto,  frente  a  acciones  especialmente  idóneas  para  lograr  la 
inaplicación de las leyes y el impedimento de las funciones administrativas y judiciales 
por su dimensión colectiva y su carácter violento o abiertamente hostil.
Sin  olvidar  que  nuestra  tarea  de  amparo  del  derecho  a  la  legalidad  penal  no 
presupone una valoración de la interpretación de la norma penal en términos de calidad 
o de oportunidad ni el análisis de la mayor o menor razonabilidad de la interpretación 
alternativa que propone la recurrente, este tribunal aprecia que la restricción del ámbito 
típico es una orientación común a ambas propuestas interpretativas, que, sin embargo, 
se encauza por vías diferentes. En el caso de la propuesta de la recurrente, mediante la 
exigencia irrestricta de violencia; en la interpretación judicial, poniendo el acento en la 
definición y la afectación del bien jurídico y la exigencia de abierta hostilidad y no 
exclusivamente por la presencia de una violencia no exigida en el precepto, a diferencia 
de otras previsiones del Código penal. Se trata de una interpretación sistemática y 
teleológicamente consistente que encuentra eco en la doctrina, sin perjuicio de opciones 
interpretativas distintas.
No obsta a la razonabilidad de la interpretación judicial del art. 544 CP que se 
eliminara en 2005 el delito de convocatoria ilegal de referéndum a la que apela la 
demanda como factor de imprevisibilidad. El otrora vigente art. 506 bis CP sancionaba 
«a la autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias 
o  atribuciones  para  ello,  convocare  o  autorizare  la  convocatoria  [...]  de  consultas 
populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la 
Constitución». Esa definición típica, centrada en aspectos competenciales, en nada 
interfiere con la conducta delictiva descrita en el art. 544 CP, atinente a una actuación 
colectiva dirigida a impedir la actuación pública mediante el uso de fuerza o fuera de las 
vías legales. Su derogación no oscurece el posible ámbito aplicativo que se sigue del 
tenor del art. 544 CP, determinante de la necesaria previsibilidad para el ciudadano de la 
condena por tal delito. A decir verdad, la recurrente esgrime este argumento desde una 
premisa, que la condena penal tiene por objeto la convocatoria de un referéndum, que no 
es aceptable, como se desarrollará en los siguientes apartados.
A tenor de lo expuesto y del parámetro de enjuiciamiento constitucional aplicable –adverar  s
que se trata de una interpretación posible, en cuanto razonable y por ello previsible–, la  oe.
vulneración del derecho a la legalidad penal aducida por la recurrente debe descartarse. La  w.
comprensión del delito cuestionada como una interpretación extensiva no extravasa el tenor  513ww
luitneara bl adsee l aa xnioolrómgaic an i inuctioliznas tmituéctioodnoasl. no aceptados en los medios jurídicos ni se sustenta en
12.2.4.2  Subsunción razonable de la conducta de la recurrente en el art. 545.1 CP 
en relación con el art. 544 CP.
Se  queja  la  recurrente  de  la  calificación  de  los  hechos  como  un  alzamiento 
tumultuario, por entender que no lo fueron los acontecimientos del 20 de septiembre y 
el 1 de octubre, como acreditaría la falta de persecución penal de los ciudadanos como 
«alzados». Esa circunstancia, junto con la cobertura de su actuación por la inviolabilidad 
parlamentaria y los derechos de reunión, libertad de expresión y libertad ideológica, 
impide,  a  su  juicio,  verificar  en  su  conducta  los  requisitos  de  una  autoría  o  una 
participación en el delito de sedición y afirmar su responsabilidad penal.
Antes de analizar la sostenibilidad de lo argumentado, conviene puntualizar, como 
hemos hecho en resoluciones precedentes respecto a las alegaciones análogas de 
demandantes condenados en el mismo procedimiento, que, como es natural, las quejas 
de la recurrente sobre la concreta subsunción de los hechos y su conducta en el delito 
de sedición entroncan en gran medida con la interpretación que juzga más adecuada de 
ese delito, que implica la necesidad de apreciar violencia activa generalizada como 
elemento típico delimitador en relación con el derecho de reunión. Nuestra respuesta a 
estas alegaciones sobre la indebida calificación de los hechos debe partir, sin embargo, 
de las consideraciones más arriba efectuadas sobre la compatibilidad con los derechos 
de reunión y a la legalidad penal (arts. 21 y 25.1 CE) de la interpretación del delito de 
sedición efectuada por el Tribunal Supremo, que no requiere dicha violencia. Resulta 
descartable desde un principio que el entendimiento del que parte el órgano judicial de la 
conducta típica «alzamiento tumultuario» y del medio comisivo de actuación «fuera de 
las  vías  legales»  como  exigentes  de  una  abierta  hostilidad  resulte  un  concepto 
sorpresivo por imprevisible. Decae así la premisa sobre la que en gran medida se 
construye la queja sobre la irrazonabilidad de la subsunción; esto es, un entendimiento 
distinto del tipo penal aplicado que exige violencia.
Asimismo resulta oportuno recordar que la garantía de tipicidad se quiebra cuando la 
conducta enjuiciada, la ya delimitada como probada en la resolución judicial en su 
completud y no aspectos parciales o la que considera acreditada la demandante, es 
subsumida de un modo irrazonable en el tipo penal que resulta aplicado. Para resolver al 
respecto deben tenerse presentes los hechos probados, muy singularmente, cuáles han 
sido las actuaciones de la demandante conducentes a declarar su responsabilidad penal.
Por último, debe tenerse presente que hemos descartado (FJ 11) ya que la actuación 
parlamentaria de la recurrente quede cubierta por la prerrogativa de la inviolabilidad 
parlamentaria, por situarse fuera del ámbito funcional en que opera.
Desde tales presupuestos deben desestimarse las alegaciones de la demandante, 
que cuestionan la existencia de un alzamiento tumultuario, de alzados en cuyo hecho 
típico  y  antijurídico  haya  participado  y,  en  general,  de  una  conducta  de  autoría  o 
participación por su parte y afirmarse que la subsunción cuestionada no infringe el 
derecho a la legalidad penal ni los derechos de reunión, de libertad de expresión y de 
libertad ideológica.
A)  Alzamiento tumultuario.
La recurrente rechaza que existiera un alzamiento tumultuario. Según expone, no lo 
eran los hechos del 20 de septiembre, manifestaciones que tenían una finalidad de 
protesta articulada mediante gritos reivindicativos y lúdicos y no una finalidad impeditiva, 
pudiendo realizarse las diligencias judiciales. Tampoco los hechos del 1 de octubre, que  s
describe como movilizaciones para emitir un voto, donde no hubo más que resistencia no  oe.
sicvdeoioénmlnetoitndic toeoa js eqs rueicnesi cg liaoeri  nmdf iiendrelao sldsidoe alpruedocc rio htíonopte ircdosaes    adrcneeotu ennlrdaiioóe rsnnee.a sddD iocfersi eó nnneut.ne e C veaoal   rpdaarecrogtbceueermmidzeiaomn stit eoopndsrt oaoens q upeunesicnvaiaaasllr e n(cnoSotseSn scTe enCon  ,et 9rlai1 nmc/c2ioil0sunm2seo1os,,     2021-19513n https://www.
FFJJ 11.4.3.1.2 y 11.4.3.2; 106/2021, FFJJ 11.4.3.1.2 y 11.4.3.2; 121/2021, FJ 12.4.3,
y 122/2021, FJ 10.2.3.2). En esas resoluciones hemos apreciado que la consideración
de que existe un alzamiento tumultuario público en el sentido del art. 544 CP obedece a 
una subsunción razonable por parte del Tribunal Supremo de los hechos probados.
a)  Sobre lo ocurrido el 20 de septiembre de 2017, el apartado 9 del relato fáctico 
refleja  con  nitidez  que  la  movilización  perturbó  el  normal  desenvolvimiento  de  la 
diligencia  judicial  que  debía  ser  realizada,  hasta  el  extremo  de  que  se  impidió  la 
introducción  de  los  detenidos  en  el  edificio  a  registrar  y  de  que  la  letrada  de  la 
administración de justicia tuvo que marcharse del lugar del registro «infiltrándola entre 
los espectadores que abandonaban el teatro sito en el inmueble colindante al que hubo 
que  acceder  desde  la  azotea  de  los  edificios»,  mientras  que  la  fuerza  actuante 
(miembros de la Guardia Civil) solo pudieron «salir cuando la manifestación ya se hubo 
disuelto, haciéndolo concretamente en dos turnos, uno a las 04:00 de la madrugada del 
día 21 de septiembre, y el otro a las 07:00 horas de esa misma fecha». También queda 
reflejado cuál era el propósito perseguido con la convocatoria, el preeminente papel 
desempeñado por dos de los acusados, el señor Sànchez y el señor Cuixart, quienes 
claramente exteriorizaron la finalidad que perseguían, tanto al promover la movilización 
como al ejercitar funciones de dirección. Asimismo, en el relato histórico se describen los 
incidentes que se produjeron con ocasión de los registros en el domicilio de don José 
María Jové, en la sede del Departamento de Exteriores y en las naves sitas en la 
urbanización Can Barris, que también perturbaron y entorpecieron su normal desarrollo.
La secuencia de acontecimientos a que se ha hecho mención denota que, en contra 
de lo sostenido, el día 20 de septiembre no solo tuvo lugar una manifestación de 
personas que ejercieron un derecho fundamental. Es perfectamente posible que muchos 
de los allí presentes se limitaran a participar en un acto de protesta, en línea con lo que 
dice la recurrente y la propia sentencia impugnada, que relata que «coexistían los gritos 
reivindicativos, contrarios a la presencia de la comisión judicial, y los actos lúdicos, 
algunos espontáneos, otros, promovidos por los organizadores». Pero, con sujeción a lo 
narrado en ella, otros individuos realizaron actos idóneos y orientados a impedir el 
normal  desenvolvimiento  de  la  diligencia  judicial,  como  lo  fueron,  entre  otros,  los 
incidentes  relativos  a  los  vehículos  policiales  o  el  encierro  de  la  letrada  de  la 
administración de justicia o de los miembros de la Guardia Civil. El tipo penal de sedición 
no  requiere  la  implicación  de  un  elevado  número  de  alzados,  siempre  que  sea 
considerable, ni que estos últimos actúen en un contexto absolutamente desvinculado de 
manifestaciones o reuniones cuyo propósito sea reivindicativo o de protesta. Por ello, es 
perfectamente  posible  que  en  una  congregación  multitudinaria  algunos  de  los 
intervinientes lleven a cabo actos constitutivos del referido delito, que es lo que la Sala 
pone  de  manifiesto,  aunque  no  se  pueda  discriminar  quiénes  o  cuántos  de  los 
participantes actuaron de ese modo, lo cual resulta comprensible si se tienen en cuenta 
las circunstancias acontecidas.
Por otro lado, pese a los esfuerzos dialécticos de la recurrente para restar valor 
incriminatorio  a  lo  ocurrido  durante  la  realización  de  los  registros  acordados 
judicialmente, el relato histórico es concluyente al reflejar los incidentes acontecidos 
durante la realización de esas diligencias y su contenido coactivo, sin que se conviertan 
actos reivindicativos y lúdicos en actos de hostilidad como sostiene. Teniendo en cuenta 
el  tenor  del  precepto  aplicado  (art.  544  CP)  y  la  naturaleza  jurídica  de  «delito  de 
resultado cortado» que le atribuye el órgano sentenciador, desde la perspectiva en que 
se sitúa este tribunal, debemos colegir que la consideración de que esos incidentes 
constituyen  un  alzamiento  tumultuario,  dada  la  hostil  obstaculización  por  los 
congregados,  y  fueron  ejecutados  para  impedir  el  desarrollo  de  lo  acordado  e.
judicialmente, en consonancia con una estrategia previamente concordada, no incurre en  w.b
ninguno de los déficits que conforme a nuestra doctrina supondrían una quiebra del  513ww
princbi)p ioE dne  rtealxaactióivnid caodn e lna  lajo ranpalidcaa cdióenl  1d ed ela o ncoturmbrae ,p elan apla.rquedad con que se describen
oloms ihtideoch loas  caocnaseicgindaocsi óenn  deel  alpoasr taddaoto s1 2i mdep rleossc hinedcibhloess  pproabraa dpoosd neor  icmaplifliiccaar  qluoes  shee hchaoyas 
como un delito de sedición. La sentencia de la que trae causa el presente recurso
contempla la activa promoción del referéndum, por parte de la demandante y otros 
acusados, y el llamamiento a la ciudadanía para que participara en la consulta. También 
refleja el contenido esencial del auto dictado por la Sala Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 27 de septiembre de 2017, que ordenaba a 
las fuerzas policiales que llevaran a cabo una serie de actuaciones para impedir que la 
votación programada para el 1 de octubre de 2017 tuviera lugar.
Tal y como se indica en el reiterado apartado, hubo dos escenarios diferenciados. En 
la  mayoría  de  los  casos,  la  actuación  de  «grupos  compactados  de  personas  que 
protegían el centro y que se negaban de forma rotunda a acatar la orden judicial de la 
que  informaban  los  binomios  de  Mossos  comisionados»,  dio  lugar  a  que  estos 
desistieran de cumplir la referida orden, ante la imposibilidad de vencer la resistencia de 
esas personas agrupadas. En relación con la intervención de los miembros de la Policía 
Nacional y de la Guardia Civil se describe otra secuencia distinta: «[a]nte la actitud 
tácticamente predispuesta de quienes se apostaron a las entradas de los centros, los 
agentes de Policía Nacional y Guardia Civil se vieron obligados al uso de la fuerza 
legalmente prevista. El enfrentamiento entre ciudadanos y agentes de la autoridad derivó 
en lesiones que, en numerosos casos, exigieron asistencia facultativa». Finalmente, se 
afirma que «[a] primeras horas de la tarde, dado que el uso de la fuerza podría devenir 
desproporcionado, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil recibieron órdenes y 
se vieron irremediablemente forzadas a declinar el propósito inicial».
Los acontecimientos narrados reflejan que, desde el poder público autonómico, se 
había promovido la celebración del referéndum y facilitado que el mismo pudiera llevarse 
a cabo, con una participación, estimada por el entonces jefe policial de los Mossos 
d’Esquadra,  de  unos  dos  millones  de  personas.  Así  pues,  teniendo  en  cuenta  los 
acontecimientos precedentes y la naturaleza del delito de sedición, cabe colegir que, 
pese a la brevedad de detalles que la sentencia ofrece respecto de los enfrentamientos 
producidos, el relato histórico consignado alcanza el umbral exigido para considerar 
adecuada, desde la perspectiva del art. 25.1 CE, la subsunción de los hechos en la 
norma penal de aplicación.
El alegato de que solo se emplearon técnicas de resistencia no violenta, que no 
pueden configurar un «alzamiento», debe decaer, pues ignora que el escenario descrito 
en los hechos probados dista de ser un simple ejercicio de no violencia o, incluso, un 
simple enfrentamiento con la policía. La sentencia impugnada refleja que la multitud de 
personas a la que alude asumió un protagonismo activo para que la votación pudiera 
llevarse a cabo en los centros habilitados para ello. Y ese protagonismo se exteriorizó de 
dos maneras diferentes: haciendo ostensible la inutilidad de emplear la fuerza para 
cumplimentar la orden judicial, ante el decidido empeño de persistir en el designio de no 
acatar lo ordenado; o bien mediante el enfrentamiento directo con los policías nacionales 
y guardias civiles.
No se pone en cuestión lo afirmado por la demandante, cuando refiere que el 
propósito de los que participaron en la movilización ciudadana fue votar, máxime si se 
tiene  en  cuenta  que  un  número  elevado  de  ciudadanos  consiguió  su  objetivo.  Sin 
embargo, vistos los factores concurrentes que el relato de hechos probados recoge, ese 
propósito se antoja perfectamente compatible con los fines del delito de sedición. Debe 
advertirse que para el tribunal sentenciador ese dato no ha sido el único elemento 
determinante de la apreciación de ese delito. Para dicho órgano, las decisiones del 
Tribunal Constitucional que privaron de soporte jurídico al desarrollo del denominado 
«referéndum», lo ordenado en la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia  s
ya mencionado y el despliegue de las fuerzas policiales para garantizar el cumplimiento  oe.
del mandato judicial, datos estos conocidos por la demandante, constituyen un cúmulo  w.
de factores que convergen con la efectiva movilización ciudadana para votar, de manera  513ww
aqjueen oloss a el n«farelznatmamieinetnot opsú yb liaccot oys  tudme uolptuoasriicoi»ó ny  aa lq eume pslee or edfeie rfeu elraz as eon tuetnilicziaac nióon  rdees uvltíaans 
extralegales para, precisamente, impedir la eficacia de lo acordado por los tribunales.
B)  Alzados.
La recurrente sostiene, en conexión con lo aducido respecto a la inexistencia de un 
alzamiento  típico,  que  la  sentencia  impugnada  no  fija  la  existencia  de  alzados, 
imprescindible, conforme al principio de accesoriedad limitada de la participación, para 
imputarle la conducta de inducción castigada en el art. 545.1 CP, que presupone un 
alzamiento efectuado por ejecutores materiales que no se ha producido. Y tampoco 
puede  apreciarse  una  autoría  mediata,  que  no  se  plantea  en  la  sentencia  y  sería 
incompatible con el conocimiento de los ciudadanos actuantes de la situación.
Para responder a esta cuestión debe tenerse presente una doble constatación. En 
primer lugar, que, conforme se ha razonado en el punto anterior, los hechos probados y 
la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada sí afirman razonablemente la 
existencia de un alzamiento público tumultuario. Como acabamos de señalar, consta en 
los hechos probados la actuación abiertamente hostil de algunos de los concentrados, 
tanto el 20 de septiembre como, muy especialmente, el 1 de octubre, donde hubo actos 
de auténtica violencia, impulsada por una finalidad impeditiva. Como la propia recurrente 
destaca en su argumentación para rechazar una autoría mediata, «de la abundante 
testifical  practicada  en  el  acto  de  juicio,  se  desprendió  sin  lugar  a  dudas  que  los 
ciudadanos/as tenían perfecto conocimiento de que las leyes habían sido suspendidas 
por el Tribunal Constitucional y que había una resolución judicial que indicaba a los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que debían de impedir la utilización de 
locales para la preparación de la celebración del referéndum». Desde tal apreciación, no 
resulta  razonable  negar  la  finalidad  impeditiva  de  la  actuación,  tanto  desde  una 
perspectiva objetiva de funcionalidad como desde una subjetiva. En particular, no parece 
discutible que, tal y como afirma expresamente la sentencia condenatoria, la presencia 
de los ciudadanos en los colegios se dirigía a neutralizar la actuación policial impeditiva 
del referéndum, finalidad que efectivamente se logró. No puede compartirse la idea de 
que falta el elemento típico del alzamiento.
En segundo lugar, debe tenerse presente que el tribunal sentenciador no castiga a la 
recurrente ni al resto de acusados como inductores partícipes en una sedición ajena ni 
como autores mediatos, sino como autores directos de un delito de sedición. En tanto 
que delito plurisubjetivo de convergencia, ese tipo aúna aportaciones diversas que lo 
hacen posible, siendo la suya, como presidenta del Parlament, singularmente importante 
en  tanto  que  posibilitadora  del  marco  normativo  impulsor  del  referéndum  y  de  la 
movilización ciudadana para asegurar su celebración, lo que determina que se aplique el 
art. 545.1 CP. Este precepto considera típicas actuaciones que en otros ámbitos podrían 
ser de participación, pero aquí se han elevado a conductas de autoría, de modo que su 
realización  es  ya  delictiva,  sin  tener  que  asociarse  a  un  hecho  principal  típico  y 
antijurídico. En absoluto se plantea, por tanto, un problema atinente al principio de 
accesoriedad que rige en el ámbito de la participación penal, como ya sentamos en la 
STC 91/2021, FJ 11.3.3. Tampoco, en realidad, un problema relativo al principio de 
imputación recíproca, que, conforme expone el Tribunal Supremo, permite la imputación 
a los coautores de las distintas aportaciones mientras no se vea desbordado el acuerdo 
de actuación conjunta.
C)  Autoría.
A lo largo de los motivos segundo, cuarto y quinto que ahora examinamos, la 
recurrente añade a las consideraciones generales sobre la inexistencia de un alzamiento  s
tumultuario  y,  en  consecuencia,  de  alzados,  diversos  argumentos  relativos  a  la  oe.
ssisreueradspz itcioeminómaanbnb. riifleAeid, s asqtaduuc  eideo eenns teetcsána  dlcfieufuirceb, ariaesr e rts daule ap l  occPoro annercdll raedemnetaaree  nccptho oonqr  dusdueuec   tlrpaaea  urcsntoieciómnipntoea.  ncAcicódoianen  mserteáintcsu u,tl airvsr aeipd  raidog etnee ossurtgaanr   iqmddueeee  l i2tteoo1s d tddáaeens     2021-19513n https://www.
amparadas por la libertad de expresión, en tanto insisten en la actuación pacífica, y se
menoscaba su libertad ideológica, dada la referencia en los hechos probados a su cargo
como presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, reveladora de la toma en cuenta de 
su ideario político. No se tiene en cuenta –finaliza– que su cargo de presidenta del 
Parlament  está  desvinculado  de  las  decisiones  del  Govern  y  de  las  iniciativas 
parlamentarias censuradas ni se aborda cuál fue su aportación a los hechos penalmente 
relevantes  más  allá  de  su  intervención  en  la  manifestación  irrelevante  del  21  de 
septiembre.
De nuevo nos vemos obligados a recordar la necesidad de estar a los hechos 
probados en su integridad así como al juicio de autoría asentado en ellos, ambos 
expuestos en los antecedentes y en el fundamento jurídico 3 de esta resolución, para dar 
respuesta a esta queja. En ellos se ofrece una visión global sobre los factores que el 
tribunal enjuiciador ha tomado en consideración para fundar la condena de la recurrente 
como autora del delito de sedición, que, debe advertirse ya, trascienden ampliamente los 
que cuestiona en este motivo de la demanda.
Tal y como reseñamos en el fundamento jurídico 3, los hechos probados narran que 
la recurrente y el resto de acusados se concertaron para llevar adelante su programa 
político, en el que el referéndum constituía un hito fundamental, perseguido mediante la 
producción  normativa,  el  apoyo  financiero  y  logístico  y  la  movilización  social.  Ese 
concierto  determinó  un  proceso  de  tramitación  legislativa  en  abierta  y  contumaz 
oposición a todos los requerimientos de este tribunal y al efecto suspensivo legal de las 
impugnaciones realizadas por el Gobierno, como advertían los informes técnicos, así 
como asentado en una interpretación del Reglamento del Parlament dirigida a imprimirle 
celeridad y «silenciar la voz de los grupos parlamentarios» en desacuerdo. La presidenta 
del  Parlament,  concluye  el  relato  fáctico,  «desoyó  las  múltiples  advertencias  y 
requerimientos  personales  que  le  formuló  el  Tribunal  Constitucional  para  que  se 
abstuviera de tramitar iniciativas de esa índole. Votó sistemáticamente a favor de su 
admisión y abrió la posibilidad de que se incumplieran las normas constitucionales, 
estatutarias y legales así como las resoluciones judiciales que pretendían restaurar la 
legalidad».  Se  refiere  también  el  factum  a  que  la  demandante,  al  igual  que  otros 
acusados, estimuló «la presencia masiva de ciudadanos en las urnas, pese a conocer 
que las Fuerzas de Seguridad del Estado habían recibido la encomienda específica del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cataluña  de  impedir  su  celebración»,  habiendo 
declarado que «los Mossos d’Esquadra no aceptaban el control del Estado que ha 
ordenado la Fiscalía». Asimismo se alude a su intervención en la concentración de 21 de 
septiembre frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a la concentración de 
protesta en la Ciudad de la Justicia.
A partir de los referidos hechos, el juicio de autoría se apoya de forma preponderante 
en su actividad parlamentaria, a la que se atribuye hacer posible la creación de una 
legalidad paralela que, en el desarrollo del concierto delictivo, contribuyó a entorpecer 
gravemente el desempeño de la autoridad pública. Fue decisivo que, como presidenta 
del órgano legislativo, no solo no impidió que se votaran resoluciones abiertamente 
contrarias a lo declarado por el Tribunal Constitucional, sino que impulsó de forma activa 
su  tramitación  a  sabiendas  de  esa  contrariedad,  de  la  que  había  sido  advertida, 
contribuyendo de forma efectiva y eficiente a la creación del riesgo que se concretó en el 
resultado producido. La sentencia impugnada añade a ese «pilar parlamentario» de su 
responsabilidad su actuación promotora del referéndum en sintonía y apoyo decidido a 
las decisiones del Govern sobre el referéndum y a las movilizaciones que propiciaron las 
entidades ANC y Òmnium Cultural. Y recuerda in fine que, conforme a su comprensión 
de la coautoría, la ejecución conjunta no exige una realización del verbo típico nuclear  s
por cada autor en fase ejecutiva, sino una aportación determinante de un condominio  oe.
funcional del hecho que permite la imputación recíproca de las actuaciones de los  w.
intervinientes en tanto no supongan un exceso imprevisible respecto a lo acordado. 513ww
partLicoipsa eclieómn econntossc iqeunete  syo vsotielunnetanr ilaa  erens lpao ensstarabtielidgaiad  cdoen clae rtraedcau rcreonnt ere spoanrt,o p fourn ctaionntoa,l  dsue 
Droeleresc, hdois,e ñcoand al ap aarap odretascaicóant aers eeln sciisatle mdea  nimorpmualstaivro  eslo ablruem ebl rqaumei esnet oe ddifeic au neal E lsetgaadloid daed   BOE-A-cable e
paralela  como  presidenta  del  Parlament  y  el  apoyo  continuado  a  la  actuación  del 
Gobierno y los líderes de la sociedad civil. Lo que la recurrente denomina «actuación 
parlamentaria» y describe como una mera gestión de las iniciativas legislativas de otros 
constituye una conducta de promoción de la inobservancia de la Constitución y las leyes 
así como de impedimento del cumplimiento de decisiones judiciales no cubierta por la 
prerrogativa  de  la  inviolabilidad  parlamentaria,  tal  y  como  hemos  expuesto  en  el 
fundamento anterior, por suponer una actuación no solo fuera de sus funciones, sino 
radical y reiteradamente opuesta a su deber de cumplir la Constitución. De otro lado, las 
referencias en la sentencia a su participación en protestas o a sus manifestaciones de 
apoyo y promoción del referéndum o a su condición de expresidenta de la entidad ANC, 
que la recurrente juzga objeto de sanción a pesar de constituir ejercicio de sus libertades 
de expresión, ideológica y de reunión, son elementos acreditativos de su compromiso 
con la estrategia global y muestra de su apoyo en todos los órdenes a su consecución. 
Como  hemos  repetido  en  innumerables  ocasiones,  los  acusados  no  han  sido 
condenados –tampoco la demandante– por profesar, defender o promover un ideario 
político, cuya oposición a la actual conformación territorial del Estado no ha sido óbice 
para su abierta defensa sin cortapisas.
La  demandante  es  condenada  por  su  actuación  parlamentaria,  abiertamente 
contraria a la Constitución y en contumaz oposición a los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional,  cuyas  notificaciones,  requerimientos  y  advertencias,  también  de  la 
posible relevancia penal de su conducta, ignoró. Y lo es en la medida en que se inserta 
en un acuerdo con el resto de acusados, que permite la imputación recíproca en tanto no 
se rebase. Ese acuerdo incluía, además de la actividad normativa de cobertura que 
impulsa, una actuación del Ejecutivo de promoción, dotación, organización y gestión del 
referéndum  y  una  actividad  movilizadora  de  la  ciudadanía,  todas  con  innegable 
aceptación de la concurrencia de seguros hechos hostiles, cuando no violentos. Además 
de contribuir de forma decisiva a la producción legislativa que da cobertura al referéndum 
como hito en la estrategia común, la demandante apoya sin ambages la actuación del 
Govern,  como  pone  de  relieve  su  presencia  en  actos  señalados  del  Ejecutivo  de 
promoción de la consulta, así como la movilización para asegurar su celebración, que 
fomenta con su presencia y llamadas a la protesta y, muy significativamente, con su 
llamamiento al voto, aun conociendo la prohibición de la celebración.
No se castiga, en suma, la expresión de apoyo a la independencia de Cataluña ni 
participar en una manifestación pacífica el 21 de septiembre, como sostiene la demanda 
en distintas ocasiones, sino las actuaciones que, junto a las del resto de coautores, 
fueron determinantes de una actividad hostil, o incluso violenta, dirigida a impedir el 
cumplimiento de la Constitución y de las resoluciones del Tribunal Constitucional y del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Tampoco la condena se funda en la ideología, 
que resulta irrelevante para el delito de sedición. Es su afinidad orgánica e institucional, 
no ideológica, con el resto de acusados, miembros del Gobierno autonómico y líderes 
asociativos, la que muestra su compromiso con la estrategia delictiva y aportación a la 
misma. De ahí el sentido incriminatorio de su presencia en actos del Govern o de su 
condición de expresidenta de la ANC.
A tenor de lo señalado, es la consideración global de la conducta de la demandante 
la  que  muestra  su  compromiso  y  aportación  a  una  estrategia  política  asentada  en 
normas inconstitucionales, gestión irregular y movilización ciudadana impeditivas de las 
resoluciones del Tribunal Constitucional en defensa de la Constitución. No una visión 
atomizada de su actuación como la que ofrece la demanda, que desagrega su labor de  s
presidenta del Parlament y cada una de sus intervenciones, minimizando su papel en lo  oe.
sucedido y la inserción de su conducta en el concierto delictivo. w.
Con ello descartamos también que la aplicación del tipo penal de sedición a la  513ww
cdoenmdauncdtaa  dael  ilnai cdioe mdaenl dmanotteiv os esae gimunpdreov. isCibulaen edno  astee nacliuódne a a l olsa  hdeecshpoesn arelizfearcidióons  deen  llaa 
ccoonnsvuolctaa todreial  9d ed eu nno vreiefmerbérned udme ,2 0a1 4la,  ac alalif iicnaacdiómnis iqóune d em eqrueecrieól lalas  rceelaletibvraasc iaó nh edceh olas   BOE-A-cable e
previos a los sucesos del 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017, a la ausencia de 
condenas previas similares por sedición o a la motivación de resoluciones judiciales 
extranjeras  denegatorias  de  la  cooperación  solicitada,  se  obvia  que  los  hechos 
vinculados a esos argumentos no son los hechos declarados probados por la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo y, sobre todo, que no son comparables. No se condena a la 
recurrente por convocar un referéndum, ni por su celebración sin incidentes y fuera del 
marco  de  un  aparente  proceso  constituyente,  sino  por  hechos  sin  precedentes 
comparables que la sentencia impugnada fija, dándoles una unidad de sentido de la que 
carece el sustrato fáctico de los términos de comparación traídos por la demandante.
12.3  La  sanción  penal  no  es  desproporcionada  ni  disuasoria  del  ejercicio  de 
derechos fundamentales.
12.3.1  Posiciones de las partes.
La denuncia de falta de proporcionalidad de la restricción de derechos por la cuantía 
de la pena y el desencadenamiento de un efecto desalentador del ejercicio de esos 
derechos se denuncia con argumentos comunes y cruzados en las quejas numeradas 
como segunda, tercera, cuarta y quinta.
a)  Bajo la invocación del principio de legalidad y proporcionalidad de las penas en 
relación con la libertad personal, la libertad de expresión, la libertad ideológica y la 
libertad de reunión y manifestación, la demandante cuestiona en el motivo segundo de 
su  recurso  la  proporcionalidad  abstracta  y  concreta  de  las  penas  por  el  delito  de 
sedición.
Resalta  primero  el  carácter  desproporcionado  de  las  penas  previstas  en  el 
art. 544 CP en abstracto, que es desalentador del ejercicio de esos derechos. En apoyo 
de tal consideración se apela a la comparación con otros delitos del Código penal 
español, con los delitos más graves –que tienen penas inferiores a la máxima del delito 
de  sedición–  y  con  otros  delitos  contra  el  orden  público,  con  penas  notablemente 
inferiores. También se pone en relación con las previsiones –no detalladas– de otros 
ordenamientos europeos que, a juicio de la recurrente, o contienen delitos semejantes 
con penas menos graves o ni siquiera tienen figuras parecidas. Por último se apunta 
que, cuando las ilegalidades se vinculan al ejercicio de derechos fundamentales, se han 
utilizado  las  previsiones  sancionadoras  administrativas  de  la  Ley  de  seguridad 
ciudadana.
Tampoco  la  aplicación  concreta  del  tipo  penal  ha  sido  proporcionada  según  la 
demandante. Censura que la sentencia no toma en consideración que existe un ejercicio 
de derechos fundamentales, como revela la ausencia de persecución penal de los 
manifestantes. Y considera que la desproporción punitiva que supone sancionar con 
penas superiores a diez años una supuesta perturbación del orden público acontecida en 
manifestaciones en las que no ha habido heridos graves ni se han exhibido armas ni ha 
habido daños materiales puede inhibir de modo natural el ejercicio de las libertades.
b)  La falta de proporcionalidad y el efecto desaliento de la condena se reiteran en 
las quejas que alegan la violación de diversos derechos fundamentales por la entidad de 
la condena. En la tercera, al sostener que la condena vulnera la prerrogativa de la 
inviolabilidad  y,  con  ello,  el  derecho  a  la  libertad  de  expresión,  de  reunión  y  de 
representación  política.  Y  en  las  quejas  cuarta  y  quinta  de  la  demanda,  donde, 
respectivamente, se denuncia la violación del derecho de reunión y del derecho a la 
libertad de expresión e ideológica en relación con el derecho a la legalidad penal, tras  e.
imputarse  a  la  sentencia  impugnada  una  visión  formalista  que  separa  como  w.
comportamientos estancos el ejercicio de los derechos y el carácter penalmente típico de  513ww
todaE enx trlaa limquiteajcai ónq.ue  la  demanda  presenta  como  tercera  y  como  colofón  de  sus
mraezdoinoa msoiebnrteo sl,a  sbea ased udcee  quunea  lain tiemrvpeonscicióiónn  cdoen suisntae nptee nean  dep eprmrisitiiór nl ad etr aomncitea caióñno sd ey   BOE-A-cable e
iniciativas parlamentarias resulta una medida restrictiva desproporcionada, que pone en 
riesgo los valores vinculados con la preservación de una sociedad democrática, dado su 
efecto desalentador en los derechos a la libertad de expresión y de representación 
política en sede de los órganos de representación de la ciudadanía.
En el motivo cuarto se mantiene que los hechos acaecidos el 20 de septiembre y el 1 
de octubre de 2017 así como los hechos que se le reprochan (su participación en un acto 
de protesta por las detenciones) forman parte del núcleo esencial del derecho de reunión 
y  manifestación  y  su  calificación  como  delito  de  sedición  supone  una  restricción 
desproporcionada y arbitraria que lleva aparejado un efecto desalentador. Aduce que, si 
bien el derecho es susceptible de limitarse conforme al art. 11.2 CEDH, lo es en tanto las 
restricciones estén prescritas por la ley, persigan un fin legítimo y sean necesarias en 
una  sociedad  democrática  para  lograr  dicho  objetivo  y  cumplan  el  canon  de 
proporcionalidad, exigencias que no se cumplen. A su entender, no se satisface la 
exigencia de legalidad por falta de calidad de la ley y de previsibilidad. Tampoco se 
persiguen fines legítimos, en tanto la restricción sirve a un fin de protección del orden 
político y no a la tutela del orden público como bien jurídico protegido por el delito, siendo 
el motivo de la interferencia en el derecho el ideario político subyacente. Por lo demás, 
existe una falta de proporcionalidad de la sanción, dado que se castigan con penas 
privativas de libertad conductas no violentas situadas en el ámbito del derecho de 
reunión, lo que provoca un efecto desaliento en el ejercicio futuro del derecho.
De forma análoga, también con cita de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y desde la premisa de que se criminalizan las opiniones vertidas por la 
recurrente en los actos de protesta de 20 de septiembre y 1 de octubre, se denuncia en 
el motivo quinto que en momento alguno se evalúa una posible necesidad de restringir el 
derecho a la libertad de expresión ni se pondera la proporcionalidad de la limitación 
teniendo en cuenta la condición de la demandante de representante electa y que las 
expresiones criminalizadas se enmarcan en el ámbito del discurso y el debate político 
como exige el art. 10.2 CEDH. El motivo finaliza con un recordatorio de la doctrina del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de este Tribunal Constitucional sobre el 
efecto desalentador que la imposición de penas tan elevadas tiene en el ejercicio de los 
derechos  fundamentales  por  la  ciudadanía  y  su  papel  en  la  valoración  de  la 
proporcionalidad de una restricción de las libertades de expresión e ideológica.
Como ya expusimos en el apartado anterior, tanto el abogado del Estado como el 
Ministerio  Fiscal  y  el  partido  político  Vox  rechazan  que  la  conducta  imputada  a  la 
recurrente  constituya  un  ejercicio  legítimo  de  los  derechos  bajo  los  que  pretende 
ampararse: libertad ideológica, libertad de expresión, reunión y participación política con 
apoyo en lo sostenido en las resoluciones impugnadas.
El partido político Vox considera, además, que no existe una pena desproporcionada 
conforme a la doctrina constitucional reflejada en la STC 136/1999, de 20 de julio, dado 
que el orden público alterado afectaba a la unidad política y territorial de la Nación 
española (art. 2 CE), una pena inferior a la impuesta no hubiera sido suficientemente 
desmotivadora de la reiteración delictiva –los condenados mantienen públicamente que 
volverán a repetir su actuación– y los hechos enjuiciados se cometieron por «miembros y 
dirigentes de partidos políticos que ocupaban cargos públicos representando al Gobierno 
de España en el territorio de Cataluña».
El Ministerio Fiscal tampoco encuentra sostén para la queja de vulneración de los 
derechos fundamentales invocados junto con el derecho a la legalidad penal por falta de 
proporcionalidad. Opone que la demanda parte de minimizar el alcance de los hechos  s
sancionados, que se ven reducidos a una supuesta perturbación del orden público  oe.
acontecida en manifestaciones en que no hubo ni heridos graves, ni se han esgrimido  w.
armas ni se han producido daños materiales, y no se apoya más que en referencias a  513ww
ointfrroasc ciliíocniteoss  apdemnainleisst,r aatli vdaesr escinh ou lcteormiopr aarragduom seinnt aecxiaómn.i nAa rs up rejuciecipot,o  loaslg uhneoch oo sa  pmore rlaoss 
qguraev esse» , cbounsdceannód oa  imlap eddeimr alan daapnlitcea c«ióanfe cgteanroenra la dl eol rdoerdne npaúmbliiecnot oe nju rsíduisc of odrem amsa nmeáras   BOE-A-cable e
transitoria o definitiva, impedir mediante vías de hecho «el cumplimiento de las leyes y 
decisiones de acciones judiciales», poniendo en cuestión «el funcionamiento del Estado 
democrático de Derecho».
12.3.2  Pronunciamientos del órgano judicial.
Deben tenerse en cuenta los pronunciamientos del Tribunal Supremo ya sintetizados 
o  transcritos  atinentes  a  la  falta  de  cobertura  de  las  conductas  en  los  derechos 
fundamentales invocados así como lo referido sobre la reducción teleológica del ámbito 
típico del delito de sedición que efectúa para evitar precisamente la punición del ejercicio 
del derecho de reunión. En particular, debe recordarse lo manifestado en apartado 9.3 
del auto de 29 de enero de 2020 al desestimar las alegaciones análogas que contiene el 
incidente de nulidad:
«El factum revela con claridad, como ocurre con el resto de los acusados, que la 
actuación de la señora Forcadell desbordó ampliamente los márgenes del ejercicio 
legítimo de los derechos de reunión, manifestación, libertad de expresión y libertad 
ideológica. Cabe aquí reiterar que la actuación conjunta de los condenados por sedición 
puso en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de Derecho. Y por esto la 
aplicación  del  delito  de  sedición  en  el  caso  de  autos  respeta  el  principio  de 
proporcionalidad propio de un Derecho penal democrático y en modo alguno genera un 
efecto disuasorio o desalentador de tales derechos fundamentales (STC 62/2019, 7 de 
mayo, con cita de otras muchas), cuyo ejercicio queda muy lejos de los comportamientos 
que se imputan a los condenados, y entre ellos, a la señora Forcadell.»
En el fundamento 9.4 la Sala de lo Penal se remite asimismo a lo resuelto con 
anterioridad sobre la supuesta desproporción de las penas previstas para el delito de 
sedición.  De  esas  manifestaciones  efectuadas  en  otros  lugares  del  auto,  resulta 
pertinente recordar lo manifestado en el apartado 2.6 al descartar la vulneración del 
principio de proporcionalidad alegada por el señor Cuixart (FJ 2.6).
«Decíamos en la sentencia cuya nulidad se insta que la concreta gravedad del delito 
de sedición "radica en su especificidad típica respecto de los otros tipos de la rúbrica". 
Esta especificidad implica que los autores han de poner efectivamente en cuestión el 
funcionamiento del Estado democrático de Derecho.
Nuestra sentencia no sanciona el mero hecho de la manifestación o de la protesta 
expresada. Lo que implica la gravedad que justifica la sanción penal proporcionada es 
que, a través de las convocatorias enjuiciadas, se propició un levantamiento, en plena 
coordinación  con  las  autoridades  autonómicas,  que  dificultaba  o  hacía  ineficaces 
resoluciones  judiciales,  implementaba  una  normativa  autonómica  anticonstitucional 
adoptada –pero ya suspendida– y lograba que el referéndum ilícito se celebrara a pesar 
de la prohibición judicial. Se daba así paso al desplazamiento del orden constitucional, al 
menos de manera formal. Se procuraba que el mismo sirviera de sustento previsto en la 
antidemocrática norma para que, con absoluta deslealtad constitucional, el president del 
Govern,  tras  el  apoyo  del  Parlament,  declarara  formalmente  la  independencia  de 
Cataluña, si bien suspendida segundos después. Tal fue la ostensible gravedad del ilícito 
cometido,  que  el  mando  jerárquicamente  superior  de  Mossos  d’Esquadra  llegó  a 
manifestar en el juicio oral que tenía preparado un operativo específico para la previsible 
detención del president que, consciente de las consecuencias de su actuación, huyó al 
extranjero, lo que sin duda es muestra de la previsibilidad de la reacción penal. e.e
El ejercicio de ponderación para establecer el canon de proporcionalidad entre los  b
hechos y las restricciones que la sentencia penal supone para los derechos de reunión y  513ww
eexxpprreessiaónn., ha de partir de esa premisa. Y pasa por los particulares que a continuación se
septLieam fibnraeli dearad  odbes ltaasc ucloiznavro ucnaato rreiasso lquuceió dni ejurdoinc ilaulg, alar  rae laal izmaacsióivna d ceo nucnu rreregnisctriao  ddeirli g2i0d od ea 
conjurar las actividades preparatorias de un referéndum declarado ilegal. La actuación
fue tan intensa y amedrentadora durante el registro y en actuaciones policiales previas 
de  conducción  de  detenidos  para  su  presencia  en  el  mismo,  que  se  impidió 
efectivamente  su  normal  desarrollo  y  la  disponibilidad  de  los  efectos  intervenidos, 
causando pánico en la letrada de la administración de justicia, hasta el punto que hubo 
de llevarse a cabo una forzada evacuación de la misma.
El dominio de los convocantes sobre los miles de manifestantes allí reunidos era de 
tal naturaleza que, pese a su ilícita finalidad, los responsables de orden público, al 
tiempo  que  renunciaron  a  cualquier  intervención  que  posibilitara  el  normal 
desenvolvimiento del registro (como que pudieran acceder a los despachos registrados 
los titulares de los mismos), renunciaron al control del orden público y lo delegaron en 
uno de los convocantes, por indicación expresa del consejero señor Forn.
La  otra  convocatoria  para  la  fecha  del  1  de  octubre  por  parte  de  diversas 
organizaciones,  de  muy  diferente  impronta  e  implicación,  originó  un  levantamiento 
llevado a cabo en modo tumultuario, desplegado por todo el territorio de Cataluña. Tuvo 
por finalidad ocupar los edificios –en su gran mayoría públicos– previstos como colegios 
electorales, evitando que pudiera frenarse la celebración del ilegal referéndum, como 
había sido judicialmente ordenado, en consonancia con las múltiples resoluciones del 
Tribunal Constitucional. La celebración del referéndum fue acordada por el Govern, en el 
que se integraban los coacusados, como paso previo a la declaración de una república 
catalana independiente, reforzando el llamamiento con propaganda del mismo, cuyo 
gasto,  así  como  del  resto  de  los  preparativos  ocultaron.  Y  de  forma  individual 
parlamentarios e integrantes del mismo, lo apoyaron.
Por ende, se trataba de una conducta de máxima gravedad contra el orden público, 
pero que también afectaba al orden constitucional. Aunque la intención exclusivamente 
fuera, por este medio coactivo, lograr forzadas concesiones del Gobierno y autoridades 
estatales, en ese camino continuamente explicitado hacia la independencia.
La efectividad de la convocatoria de la población, y correlativo incremento de la 
gravedad del plan de los acusados, se garantizaba por parte de las asociaciones civiles 
OC y ANC a cuyos llamamientos acudían decenas o centenares de miles de personas, 
según la ocasión. Y por la sintonía concordada con el Parlament y el propio Govern que, 
con absoluta deslealtad democrática, abandonó la tutela del orden público y contravino la 
legalidad constitucional.
La entidad antijurídica de la conducta de los penados, que desbordó el cauce de los 
derechos de reunión y manifestación, se realza por la deslealtad institucional entre 
entidades autonómicas y el Estado, con hostilidad frente a las instituciones del Estado, 
especialmente frente al Tribunal Constitucional.
Cada Estado tipifica, en función de su historia, los atentados que cuestionan su 
propia preservación. Los supuestos de traición en España, a diferencia de múltiples 
ejemplos de Derecho comparado, solo contemplan penas de muy grave entidad en 
conductas  relacionadas  con  la  guerra.  Pero  deviene  especialmente  sensible  a  las 
asonadas  y  alzamientos  que  han  quebrado  su  orden  constitucional,  de  rara 
contemplación en otros países. De ahí las penas del delito de sedición que, como hemos 
indicado,  implica  un  efectivo  cuestionamiento  de  la  primacía  de  la  ley  y  del 
funcionamiento del Estado democrático de Derecho. De ahí también que en un país 
vecino se castigue aún de forma más severa el intento de secesión mediante el abuso o 
la usurpación de soberanía, sin más aditamentos.»
12.3.3  Doctrina constitucional.
Como expusimos en la STC 122/2021, FJ 10.1 E), también desde el prisma del  bo
derecho  reconocido  en  el  art.  25.1  CE  ha  sido  objeto  de  análisis  el  principio  de  513ww
pprrionpcoiprcioio dnea lipdraodp odrec iloansa pliednaads p. uEend lea  sSeTr Cin 5fe5r/i1d9o9 d6e,  ddeiv 2e8rs does  mpraerczeop, tFoJs  3c,o dnisjitmituocsi oqnuael eesl 
c–o1n.1s,t it9u.y3e  y e1n0 .n1u edset rloa  oCrodnesntaitmucieiónnto– . uSne  ctraantoan d ed eu nc ocnrsitteitruioc iodnea liindtaedrp raeutatócnióonm oq uecu nyao 
alegación pueda producirse de forma aislada, esto es, sin referencia a otros preceptos
constitucionales (STC 62/1982, de 15 de octubre, FFJJ 3 y 5; 160/1987, de 27 de 
octubre, FJ 6; 177/2015, de 22 de julio, FJ 2, y 112/2016, de 20 de junio, FJ 2).
El ámbito en el que normalmente y de forma muy particular resulta aplicable el 
principio de proporcionalidad es el de los derechos fundamentales, donde constituye una 
regla de interpretación que, por su mismo contenido, se erige en límite de toda injerencia 
estatal, incorporando, incluso frente a la ley, exigencias positivas y negativas. Así ha 
venido reconociéndolo este tribunal en reiteradas sentencias en las que ha declarado 
que la desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados para conseguirlo 
puede dar lugar a un enjuiciamiento desde la perspectiva constitucional cuando esa falta 
de  proporción  implica  un  sacrificio  excesivo  e  innecesario  de  los  derechos  que  la 
Constitución garantiza.
Tanto la configuración legislativa de las limitaciones de los derechos fundamentales 
como su aplicación judicial o administrativa concreta han de quedar reducidas por tanto a 
las que se hallen dirigidas a un fin constitucionalmente legítimo que pueda justificarlas. Y 
aun así, identificada tal finalidad legítima, la limitación solo se hallará justificada en la 
medida en que suponga un sacrificio del derecho fundamental estrictamente necesario 
para conseguirlo y resulte proporcionado a ese fin legítimo. En términos semejantes se 
ha expresado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al interpretar las cláusulas que, 
en los arts. 8 a 11 del Convenio, admiten injerencias y restricciones de los derechos 
fundamentales cuando, previstas en la ley, son necesarias en una sociedad democrática 
para la satisfacción de un fin legítimo.
Como hemos manifestado en las SSTC 121/2021 y 122/2021, FFJJ 12.1 y 10.1, 
respectivamente, dos perspectivas no excluyentes son posibles: la que tiene que ver con 
la naturaleza y extensión de la sanción impuesta, que atiende a la cantidad y calidad de 
la pena en relación con el tipo de comportamiento incriminado, y la relacionada con la 
conducta que se sanciona y su conexión con el ejercicio de derechos fundamentales, 
que es la que aquí interesa.
La STC 177/2015 ha puesto de manifiesto los riesgos derivados de la utilización del 
ius puniendi en la respuesta estatal ante un eventual ejercicio, extralimitado o no, del 
derecho a la libertad de expresión, por la desproporción que puede suponer acudir a esta 
potestad y el efecto desalentador que ello puede generar para el regular ejercicio de los 
derechos  fundamentales  (en  el  mismo  sentido  STC  112/2016).  Por  ello,  tanto  el 
legislador al definir la norma penal, como el juez al aplicarla, no pueden «reaccionar 
desproporcionadamente frente al acto de expresión, ni siquiera en el caso de que no 
constituya legítimo ejercicio del derecho fundamental en cuestión y aun cuando esté 
previsto legítimamente como delito en el precepto penal» (STC 110/2000, de 5 de mayo, 
FJ 5).
En  nuestra  jurisprudencia  el  juicio  de  proporcionalidad  de  las  limitaciones  de 
naturaleza penal ha sido específicamente abordado en reiteradas ocasiones en el ámbito 
de conductas relacionadas con las libertades de expresión e información, de las que la 
libertad de reunión es una modalidad concreta (STC 85/1988, de 28 de abril, FJ 2). En la 
ya  citada  STC  110/2000,  destacamos  que  la  dimensión  objetiva  de  los  derechos 
fundamentales, su carácter de elementos esenciales del ordenamiento jurídico, permite 
afirmar que «no basta con la constatación de que la conducta sancionada sobrepasa las 
fronteras de la expresión constitucionalmente protegida», sino que ha de garantizarse 
que la reacción frente a dicha extralimitación «no pueda producir "por su severidad, un 
sacrificio innecesario o desproporcionado de la libertad de la que privan, o un efecto [...] 
disuasor o desalentador del ejercicio de los derechos fundamentales implicados en la  s
conducta sancionada"» (en el mismo sentido, SSTC 88/2003, de 19 de mayo, FJ 8,  oe.
y 187/2015, de 21 de septiembre, FJ 4). Sobre la exigencia de proporcionalidad cabe  w.
citar en el mismo sentido la STC 85/1992, de 8 de junio, FJ 4, y las SSTEDH de 13 de  513ww
jdueli o1 9d9e9 1, 9a9s5u,n atos uNnitlsoe Tno yls tJooyh Mnsileons lca.v Nskoyr uce. gRae, in§o 5 U3,n yid doe,  §2 95 2d ea  f5e5b;r edreo  2d5e  d2e0 0n0o,v iaesmubnrteo 
Fuentes Bobo c. España, § 49 y 50.
Pero tal límite no opera exclusivamente en el ámbito del art. 20.1 CE, sino en relación 
con todos los derechos fundamentales: SSTC 190/1996, de 25 de noviembre, FJ 3, sobre 
libertad de información y honor; 136/1999, de 20 de julio, FJ 20, sobre libertad de 
expresión y libertad ideológica en campaña electoral; 88/2003, de 19 de mayo, FJ 8, sobre 
derecho de reunión en el ámbito de la acción sindical; 104/2011, de 20 de junio, sobre 
derecho de huelga; y 140/2016, de 21 de julio, FJ 10, sobre acceso a la justicia. Y, en el 
mismo sentido se ha pronunciado, también de forma reiterada, el Tribunal Europeo de 
Derechos  Humanos  en  las  SSTEDH,  de  22  de  febrero  de  1989,  asunto  Barfod  c. 
Dinamarca, § 29; de 20 de mayo de 1999, asunto Bladet Tromsø y Stensaas c. Noruega, 
§ 64; de 21 de marzo de 2002, asunto Nikula c. Finlandia, § 54; de 15 de diciembre 
de 2005, asunto Kyprianou c. Chipre, § 175, 181 a 183; de 21 de julio de 2011, asunto 
Heinisch c. Alemania, § 91 y 92; de 3 de octubre de 2013, asunto Kasparov y otros c. 
Rusia, § 84; de 15 de mayo de 2014, asunto Taranenko c. Rusia, § 95 y 96; de 14 de 
octubre de 2014, asunto Yilmaz Yildiz y otros c. Turquía, § 33; de 15 de octubre de 2015, 
asunto Gafgaz Mammadov c. Azerbaiyán, § 50, y más recientemente, la STEDH de 4 de 
septiembre de 2018, asunto Fatih Taş c. Turquía –núm. 5–, § 40.
12.3.4  Resolución de la queja.
La recurrente formula en los motivos segundo a quinto una doble queja desde la 
perspectiva de la sanción penal y el ejercicio de derechos fundamentales. De un lado, 
considera que una interpretación y aplicación del delito respetuosa de los derechos 
fundamentales conduce a la imposibilidad de condenar por sedición, por cuanto su 
ámbito aplicativo no puede incluir conductas que constituyen un ejercicio legítimo de los 
mismos y, en todo caso, su particular conducta es ejercicio de los derechos a la libertad 
de expresión, a la libertad ideológica, de reunión y de representación política. Sobre ello 
ya nos hemos pronunciado en este fundamento y en el fundamento 11, descartando 
tanto que los hechos de 20 de septiembre y de 1 de octubre queden amparados por el 
ejercicio del derecho de reunión como que la conducta de la acusada determinante de 
responsabilidad penal sea ejercicio de sus derechos de reunión, de libertad de expresión 
y de libertad ideológica o esté cubierta por la prerrogativa de la inviolabilidad. De otro 
lado, y es la cuestión que ahora abordamos, la demanda apunta a la eficacia de los 
derechos  fundamentales  cuando  la  conducta  no  constituye  ejercicio  legítimo  de  un 
derecho, sino un ejercicio extralimitado pero todavía conectado con el derecho, donde 
opera  el  principio  de  proporcionalidad  de  las  penas  vinculado  al  llamado  efecto 
desaliento. La alegada vulneración del art. 25.1 CE en relación con otros derechos 
fundamentales deriva en este caso de la aplicación de un precepto penal que establece 
una consecuencia jurídica que, por su gravedad, en relación con la entidad del supuesto 
de hecho que justifica su condena, incurre en manifiesta desproporción y, además, 
puede desalentar el ejercicio de los derechos fundamentales concernidos. La lesión se 
atribuye al precepto penal que estatuye las penas asociadas al delito de sedición y a la 
duración de las que específicamente han sido impuestas a la recurrente.
Sobre  ambos  aspectos  procede  pronunciarse,  lo  que  haremos  con  base  en  la 
doctrina constitucional referida y los razonamientos vertidos en resoluciones previas 
sobre similares quejas de falta de proporcionalidad planteadas por otros condenados en 
el mismo procedimiento penal, en especial, en las SSTC 91/2021, FJ 11.5, y 122/2021, 
FJ 10.3.3, sin olvidar las particularidades que la condena de la demandante y su queja 
presentan.
12.3.4.1  Proporcionalidad de las penas en abstracto. oe.
Debemos recordar de partida que, si bien el recurso de amparo no ha sido concebido  513ww
pdaorcatr ineal  eanujutoicriiazma ietanl toe vdeen tluaasl iddaisdp ocsuicainodnoe ss ed er ecparroácchtear  agle pnreorpailo,  spinre ecempbtoa rgaop,l icnaudeos trlaa 
rleesfeiórenn dceia us)n,  dtaelr eyc hcoo mfuon dpalmanetnetaa l e(Sn TeCs t1e6 7p/u2n0t1o3 ,d ed el a7  ddeem oacntudbar el,a F qJ u2e,j ac odne u lftaelrtaio rdees   BOE-A-cable e
proporcionalidad de las penas. En ese examen, de conformidad con nuestra doctrina y 
en atención al amplio margen de libertad del legislador, procede un juicio muy cauteloso, 
únicamente dirigido a descartar aquellas normas que produzcan «"un patente derroche 
inútil de coacción que convierte la norma en arbitraria y que socava los principios 
elementales de justicia inherentes a la dignidad de la persona y al Estado de Derecho" 
(STC 55/1996, fundamento jurídico 8) o una "actividad pública arbitraria y no respetuosa 
con la dignidad de la persona" (STC 55/1996, fundamento jurídico 9) y, con ello, de los 
derechos y libertades fundamentales de la misma» (STC 136/1999, FJ 23).
Desde tales premisas debe descartarse la falta de proporcionalidad denunciada.
a)  Al hilo del análisis de la constitucionalidad de la interpretación judicial del delito 
de sedición en el previo apartado 12.2.4.1, señalamos que, precisamente, es la gravedad 
de  las  penas  previstas  lo  que  ha  justificado  que  la  Sala  haga  una  interpretación 
restrictiva, aun cuando diferente de la que se propone en la demanda, exigiendo que la 
acción enjuiciada, para ser considerada típica, afecte a un bien jurídico más complejo y 
relevante que el tradicional orden público, que da nombre al título XXII y, cabe añadir, se 
tutela también por la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana. En 
efecto, la Sala ha considerado que tanto la sedición como los delitos de terrorismo, 
ubicados en el mismo título XXII, «desbordan los reducidos límites del concepto de orden 
público  concebido  como  bien  jurídico  autónomo».  Y  sobre  tal  disensión,  hemos 
apreciado ya que esa interpretación más exigente, centrada en la idea de «paz pública» 
como interés protegido por la norma, identificada como «el interés de la sociedad en la 
aceptación del marco constitucional, de las leyes y de las decisiones de las autoridades 
legítimas, como presupuesto para el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales», 
no puede ser calificada como irrazonable ni, por ello, indebida.
El tenor literal del art. 544 CP revela que, a diferencia de otras infracciones contra el 
orden público, en el delito de sedición concurre además un aspecto teleológico que lo 
singulariza:  el  propósito  de  impedir,  por  la  fuerza  o  fuera  de  las  vías  legales,  «la 
aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, 
el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las 
resoluciones  administrativas  o  judiciales».  Este  elemento  diferencial  supone  que,  al 
margen de la protección del orden público, el precepto penal pretende precaver el 
potencial  daño  que  la  conducta  de  los  sujetos  activos  pudiera  ocasionar  en  la 
organización estatal, al tratar de socavar la eficacia de las leyes o la ejecución de los 
acuerdos o resoluciones adoptados en el ámbito administrativo o judicial. Ese factor 
tendencial concierne a un aspecto medular del funcionamiento regular del Estado, en 
tanto que, conforme lo establecido en el art. 1.1 CE, España se constituye en un «Estado 
social y democrático de Derecho». La acción, por otra parte, debe realizarse a través de 
un alzamiento público y tumultuario, elemento no solo expresivo de la mayor gravedad 
de  la  conducta,  sino  también  articulador  de  la  delimitación  entre  manifestaciones 
pacíficas de protesta y el ámbito típico del delito. Por tanto, el propósito neutralizador 
descrito comporta un plus de gravedad cuya repercusión en las penas establecidas no 
parece cuestionable al hacer el juicio comparativo propuesto.
De esta forma, para el tribunal sentenciador, únicamente aquellas conductas que son 
aptas para impedir u obstruir de forma grave la legítima voluntad legislativa, gubernativa 
o jurisdiccional, solo en caso de que se realicen a través de un alzamiento público y 
tumultuario, podrán ser consideradas sediciosas. Según su entendimiento, las conductas 
típicas han de afectar a la paz pública, concebida de forma rigurosa como el interés de la 
sociedad en el mantenimiento del marco constitucional, de las leyes y de las decisiones  e.
de las autoridades legítimas, ya sean judiciales o gubernativas, así como de la actuación  w.b
de  sus  agentes,  debidamente  habilitados.  Por  ello,  cabe  afirmar  que  la  sala  de  513ww
eimnpjuoicniea mcioemntoo  rinetqeurpisrietota  dceo ns us eavperreidcaiadc iólons  lae leampetitnutdo s ddee ll ad ecloitnod udcet as, eqduiceió nd ecbuea nsdeor 
Dtuemreuclthuoa;r ipaa, rap adrear opgoanr edre  ehne chcou elas teiófne cteivl idfaudn cdioen laams ileenyetos  od eell  cEusmtapdliom iednetmo odcer áótricdoe ndees 
o resoluciones dictadas en el ejercicio legítimo de las funciones públicas atribuidas. Solo
estas conductas especialmente graves por el medio y efecto al que se dirigen pueden 
ser calificadas como sedición.
Desde un punto de vista abstracto, este entendimiento restrictivo del tipo penal, en 
atención  a  la  mayor  necesidad  de  tutela  que  deriva  del  interés  que  protege  y  la 
delimitación  con  el  ejercicio  del  derecho  de  reunión,  impide  valorar  como 
desproporcionadas las penas previstas en la ley. En tal sentido pierden cualquier fuerza 
de convicción los argumentos de tipo sistemático que en la demanda ponen en relación 
el  delito  de  sedición  con  otros  recogidos  en  el  Código  penal  o  en  las  leyes 
administrativas, pues, en ninguno de ellos se exige ni el propósito que la impulsa, ni el 
modo de actuación tumultuario que la caracteriza ni, en fin, se produce esta especial 
afección al interés protegido definido como paz pública.
b)  Adicionalmente, todavía en un plano abstracto, cabe añadir que la regulación 
como delito de la sedición permite atemperar la respuesta penal a la gravedad de la 
acción, pues se construye y ordena en el Código penal a través de diversos grados de 
penalidad que atienden, singularmente, a varios factores: (i) la intensidad de la conducta 
en relación con el interés protegido; (ii) la simultánea comisión de otros delitos que 
tengan atribuidas penas graves (art. 547 CP); (iii) el grado de participación que se haya 
tenido en la conducta sediciosa, distinguiendo la de quien simplemente participa en el 
alzamiento (art. 545.2) y la de aquellos que la hubieren inducido, sostenido, dirigido o 
aparecieren en ella como autores principales (art. 545.1 CP); y (iv) por último, se prevé 
una  modalidad  doblemente  agravada  cuando,  en  el  caso  precedente,  se  trate  de 
personas que estuvieren constituidas en autoridad.
Por tanto, en la regulación de la sedición, dejando al margen los actos preparatorios 
(provocación, conspiración y proposición), la penalidad prevista se extiende por una 
escala  gradual  que  permite  imponer  desde  uno  hasta  quince  años  de  prisión  e 
inhabilitación  absoluta.  La  pena  del  tipo  básico  de  sedición,  la  de  los  simples 
participantes, es de cuatro a ocho años de prisión. Cuando la sedición no llegue a 
entorpecer de modo grave el ejercicio de la autoridad y no haya ocasionado la comisión 
de otro delito castigado con pena grave, la pena prevista es de uno a cuatro años de 
prisión. Solo los líderes o promotores, directores o quienes aparezcan como principales 
autores de la sedición ven elevada la cuantía de su pena abstracta imponible (de ocho a 
diez años). La previsión penal más agravada (de diez a quince años de duración) se 
establece únicamente cuando estos últimos fueren personas constituidas en autoridad, 
dado el especial deber de lealtad con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico 
que contraen al acceder a dicha posición pública.
c)  Tampoco es posible fundar ni apreciar la falta de proporción de la regulación 
legal atendiendo a la propuesta de comparación que se formula con las elegidas figuras 
afines extraídas del Derecho extranjero. Cabe subrayar de principio que, conforme a 
nuestra doctrina, «el control de la ley penal que este tribunal tiene asignado debe venir 
presidido, en todo caso, por el reconocimiento de la competencia exclusiva del legislador 
para el diseño de la política criminal, correspondiéndole un amplio margen de libertad, 
dentro  de  los  límites  de  la  Constitución,  para  la  configuración  tanto  de  los  bienes 
penalmente protegidos y los comportamientos penalmente reprensibles, como del tipo y 
la cuantía de las sanciones penales, o la proporción entre las conductas que pretende 
evitar y las penas con las que intenta conseguirlo (SSTC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 9; 
163/1999, de 20 de julio, FJ 23; 127/2009, de 26 de mayo, FJ 8; 203/2009, de 27 de 
octubre, FJ 5; 60/2010, de 7 de octubre, FJ 7)» (STC 160/2012, de 20 de septiembre, 
FJ 2). Cada sistema penal responde a su propia estructura interna. La dosimetría penal  s
entre sus previsiones responde en cada sociedad a características históricas y sociales  oe.
singulares que no la hacen apta para ponerla en relación con otros modelos punitivos  w.
distintos vigentes en otras sociedades, por más que compartan valores similares en su  513ww
oforrgmaansiz adcieó ne. jTeacmucpioócno  dsee  tolams anp eenna sc,o nlsoisd erbaecnióenfi ceions  lap pernoitpeunecsiatari odse,  cloams paforramciaósn  ldaes 
caognradvuacctaiósn  adfinee sla sy  pcuoenddeunct adsa r oc ulae nteax idstee nlac iap rodpeo roctioronsa lipdraedc edpet olsa  rqeuaec csióen  rpeefinearal.n E  na   BOE-A-cable e
definitiva, en términos constitucionales no cabe sustentar el juicio de proporcionalidad en 
tan exiguos datos, sin poner en cuestión toda la dosimetría del Código penal.
De acuerdo con lo argumentado, debemos rechazar que el tipo de sedición fijado por 
el legislador vulnere el principio de proporcionalidad penal, habida cuenta del interés 
social  que  tutela,  el  medio  comisivo  y  la  configuración  normativa  de  las  distintas 
modalidades de sedición.
12.3.4.2  Proporcionalidad de las penas impuestas en concreto.
Para  responder  adecuadamente  a  la  queja  suscitada  por  la  demandante  es 
conveniente realizar tres consideraciones previas.
En primer lugar, ha de tenerse presente que la demandante fue condenada como 
autora de un delito de sedición de los arts. 544 y 545.1, segundo inciso (persona 
constituida en autoridad). La pena que autoriza imponer el art. 545 CP para quienes 
resulten ser promotores de la sedición y «personas constituidas en autoridad» es de diez 
a quince años de prisión e inhabilitación absoluta.
Debemos incidir asimismo en un aspecto sobre el que ya hemos advertido en otras 
partes de esta sentencia: que la recurrente argumenta a partir de un relato dulcificado y 
una selección de los hechos y comportamientos que determinan la respuesta penal en 
general y su condena penal a título de coautora en particular, centrándose en episodios 
singulares al tiempo que obvia el conjunto de actuaciones que fundan la calificación de 
los  hechos  como  sedición  y  su  individual  consideración  penal  de  promotora  de  la 
sedición.
Por  último,  como  hemos  señalado,  es  doctrina  constitucional  asentada  que  la 
reacción penal frente a dicha extralimitación no puede producir por su severidad un 
sacrificio innecesario o desproporcionado de la libertad de la que privan o un efecto 
desalentador del ejercicio de los derechos fundamentales implicados en la conducta 
sancionada. No obstante, la referida doctrina se asienta en la premisa de que pueda 
seguir hablándose de conexión de la conducta con el derecho fundamental afectado; 
esto es, en tanto la conducta penada se sitúe en el marco y contexto objetivo del 
derecho  fundamental  invocado  en  atención  a  su  contenido,  finalidad  o  medios 
empleados. No es así si se enmarca en un ámbito absolutamente ajeno al derecho 
concernido (STC 88/2003, de 19 de mayo, FJ 11), es solo un aparente ejercicio del 
mismo,  ya  que  por  su  contenido,  por  la  finalidad  o  por  los  medios  empleados 
desnaturaliza el ejercicio del derecho y se sitúa objetivamente al margen del contenido 
propio del mismo (STC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5), o, por supuesto, si la 
invocación del derecho fundamental se convierte en un mero pretexto o subterfugio para, 
a  su  pretendido  amparo,  cometer  actos  antijurídicos  (STC  104/2011,  de  20  de 
junio, FJ 6).
Dicho lo anterior, cabe anticipar que tampoco la pena de once años y seis meses de 
prisión y de inhabilitación absoluta que se le impuso como autora de un delito de 
sedición  agravado  adolece  de  una  falta  de  proporcionalidad  constitucionalmente 
relevante. Las razones que conducen a tal conclusión son las que siguen.
a)  Una  primera  reflexión  debe  traer  no  solo  lo  acabado  de  referir  sobre  los 
elementos  de  desvalor  del  delito  de  sedición,  cuya  aplicación  a  la  conducta  de  la 
recurrente hemos declarado ya conforme con el art. 25.1 CE desde la perspectiva 
subsuntiva, sino la particular gravedad de los hechos que se le imputan.
Así, hemos explicado los factores de desvalor que justifican la pena legalmente  s
prevista para el delito de sedición, entre los que no se encuentran la causación de  oe.
ielnejvesoicoDcunaceedi ósaon sto r so ee en ll ta lraedu mond,cep ómllae ea olfn  i1ndd aeadl  ienda oarom dcim tauqpsbu,id reede,  e eae rpnmar  eaiemcnsiepaterera  dla cirqa  cuseooelm , d lieapssi eóaarnsrur edsogeelluonl í rcadei aefee  ruld idnemo  aa edpnseatdalriaetsotn o.ct eijru crdeuifncesiartéal nncdcuuiyamas    2021-19513n https://www.
de  cuyo  resultado  pretendía  depender  unilateralmente  la  decisión  acerca  de  la
independencia de Cataluña. Esta propuesta, expresada en las normas aprobadas por el
Parlamento de Cataluña, había sido suspendida por este Tribunal Constitucional, en 
cuanto era formal y materialmente contraria a la Constitución y al Estatuto de Autonomía 
de Cataluña. La gravedad constitucional de esta pretensión, cuya consumación dependía 
de los representantes políticos y cargos públicos que actuaron concertadamente, ha sido 
ya  puesta  de  manifiesto  al  describir  la  actividad  institucional,  parlamentaria  y 
gubernamental  que,  en  favor  de  esta,  fue  desarrollada  a  lo  largo  de  la  legislatura 
(fundamento jurídico 3 de esta resolución). Es precisamente esa gravedad del caso 
concreto la que en gran medida permite descartar la falta de proporcionalidad de las 
penas impuestas.
Pero, además, la actuación de la recurrente se juzga prominente en las resoluciones 
impugnadas, que hacen hincapié en su protagonismo en el concierto delictivo ideado, 
aunando  su  actuación  parlamentaria  determinante  de  un  entramado  normativo  de 
soporte a la estrategia independentista con el impulso a las actuaciones multitudinarias 
que entorpecieron la labor judicial y generaron los enfrentamientos así como el respaldo 
a la acción de Gobierno, y califican su contribución a la consumación del delito de 
sedición como palmaria.
b)  Al juicio favorable a la proporcionalidad de la sanción impuesta a la recurrente no 
obsta la alegada relación de su conducta con el ejercicio del derecho de reunión pacífica 
(art. 21 CE), de libertad de expresión (art. 20 CE), de libertad ideológica (art. 16 CE) así 
como del derecho de representación pública (art. 23 CE) y el supuesto efecto desaliento 
que su condena determina. Debe recordarse de nuevo que el factor determinante de la 
condena  de  la  demandante  fue  su  intervención  como  presidenta  del  Parlament, 
impulsando la aprobación de las normas ulteriormente declaradas inconstitucionales por 
este tribunal. También que, pese a la nitidez de los requerimientos que en su día 
formulamos para el restablecimiento del orden constitucional, finalmente el referéndum 
del día 1 de octubre de 2017 llegó a celebrarse, con los incidentes y enfrentamientos ya 
relatados, siendo destacable la activa promoción y facilitación de ese evento por parte de 
la recurrente, a la que se le atribuye, hay que insistir, un papel protagónico en el 
concierto de los acusados y una aportación esencial con su actuación parlamentaria y de 
apoyo constante al Govern y a los líderes de las asociaciones.
(i)  Hemos tenido ocasión de descartar en el fundamento 11.5.6 que las actuaciones 
parlamentarias de la demandante estén protegidas por la prerrogativa de la inviolabilidad 
y,  por  ello,  que  su  castigo  conculque  el  derecho  al  ejercicio  del  cargo  público 
representativo (art. 23.2 CE). Y no lo están, según dijimos, porque esas actuaciones, 
realizadas en el ejercicio de sus funciones como presidenta del Parlamento de Cataluña, 
con las que ha impulsado la admisión, tramitación, debate y votación de iniciativas 
parlamentarias que tenían por objeto servir de soporte y dar continuidad, eludiendo los 
procedimientos de reforma constitucional, al proyecto político de desconexión de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña del Estado español y de creación de un Estado 
catalán independiente en forma de república, dando inicio al denominado «proceso 
constituyente»,  se  desvían  manifiestamente  de  la  finalidad  institucional  de  la 
prerrogativa. Las opiniones y votos emitidos por la recurrente como presidenta –según 
concluimos– revisten mero carácter instrumental respecto de las reiteradas decisiones 
del Parlamento de Cataluña que situaron a la Cámara en una posición de ajenidad al 
ordenamiento constitucional, al actuar como mero poder de hecho, absolutamente al 
margen  del  Derecho  y,  por  consiguiente,  con  expresa  renuncia  al  ejercicio  de  las 
funciones constitucionales y estatutarias que le son propias. El legítimo ejercicio de estas 
funciones es presupuesto –insistíamos– de la protección que a los miembros de la  e.
Cámara  dispensa  la  inviolabilidad  parlamentaria.  Por  ello,  las  actuaciones  de  la  w.b
demandante de amparo quedan fueran del ámbito de funcionalidad de la prerrogativa. 513ww
consNtiotu sceio ntraalt ay,  epsotar tutatanrtoia,m deen tuen ate naícat uaascigiónna deaxstr alali mdietamdaan ddaennttero,  sdien ol adse  fuunncai ocnoensd uqcutae 
pCoorn csotimtupcilóento  yfu deeral  Edset aetsueto á dmeb iAtou,t oenno tmaníato,  ssiutupáonndeo esle r eapl umdaior gael nc adreálc tDeer rveinchcuol.a Enstea  dfea ltlaa 
de nexo entre sus funciones como presidenta del Parlament y el efectivo desempeño
parlamentario de la recurrente impide apreciar que la sanción penal de su conducta 
genere el alegado efecto desincentivador de los derechos a la libertad de expresión, de 
reunión y de representación política en sede de los órganos de representación de la 
ciudadanía.
(ii)  Del examen de las resoluciones impugnadas no se desprende que su condena 
derive  de  la  sola  participación  o  apoyo  de  los  actos  multitudinarios  a  los  que 
repetidamente  se  ha  hecho  referencia,  del  mismo  modo  que  no  se  anuda  a  sus 
manifestaciones llamando a la disidencia política o directamente a su opción política o 
ideológica. El comportamiento sancionado de la recurrente no consistió en el ejercicio de 
los derechos de reunión, expresión, o manifestación. El mensaje reivindicativo de la 
independencia de Cataluña y esa reclamación política están presentes en la vida social y 
política catalana con plena normalidad. Desde el advenimiento de la democracia, tras la 
aprobación de la Constitución en 1978, no ha sufrido ni sufre merma alguna en su 
expresión y reivindicación, ni es el objeto de la condena penal que se cuestiona. En este 
punto,  convenimos  con  la  fundamentación  expresada  en  la  sentencia  cuestionada 
[fundamento de Derecho A), apartado 17.5.2] cuando reitera la legitimidad constitucional 
de la discrepancia, de la crítica descarnada a las decisiones de los poderes públicos, de 
la reivindicación de programas políticos distintos de los previstos en la Constitución, ya 
sea el supuesto derecho de autodeterminación o el deseo de independencia de una 
parte del territorio del Estado español. Es igualmente legítimo llamar a la movilización en 
defensa de tales propuestas, incluirlas en los programas políticos y defenderlas en las 
convocatorias electorales. Ninguna de esas conductas ha sido ni debe ser perseguida 
penalmente. Distinto es promover un referéndum ilegal confiando en la presencia masiva 
de ciudadanos, no siempre en actitud pacífica, para impedir la actuación policial en 
cumplimiento de lo ordenado por la autoridad judicial.
(iii)  Ciertamente, el ilícito que se le imputa se vincula a hechos realizados en el 
contexto del ejercicio del derecho de reunión, como son las movilizaciones acaecidas los 
días 20 de septiembre y 1 de octubre. Pero no solo no cabe dilucidar sobre la eventual 
vulneración  de  los  derechos  fundamentales  de  terceros,  los  ciudadanos  que  se 
movilizaron  los  citados  días,  sino  que  dichas  movilizaciones,  al  margen  de  la 
consideración de la conducta individual de cada participante, presentan características 
que permiten definirlas como alzamiento público tumultuario, como ya indicamos. En 
otras palabras, la conexión con el derecho de reunión de la conducta de la recurrente 
que es objeto de reproche penal viene dada por la necesaria presencia del elemento 
típico «alzamiento tumultuario» para imputarle el tipo de promoción por autoridad de la 
sedición (arts. 544 y 545.1 CP). Es ahí donde debe evitarse una caracterización típica de 
las  movilizaciones  contraria  o  desalentadora  del  ejercicio  del  derecho  de  reunión, 
orientación que de forma confesa anima la interpretación y subsunción realizada en la 
sentencia impugnada y que, conforme a nuestra doctrina y la del Tribunal Europeo de 
Derechos  Humanos,  resulta  respetuosa  del  derecho  de  reunión  en  los  términos 
señalados en el apartado 2.4 de este fundamento. Debemos reiterar que, según declara 
de modo expreso el Tribunal Supremo, su comprensión del ámbito típico se orienta y 
permite  deslindar  las  actuaciones  colectivas  constitutivas  de  sedición  no  solo  de 
manifestaciones de protesta amparadas por el derecho de reunión, sino también de las 
protestas impeditivas que, sin estar cubiertas por el art. 21 CE, merecen, sin embargo, 
una calificación penal diversa y menos severa.
La afirmación de que resulta desalentador el riesgo de ser encausado por sedición 
por impulsar o participar en una movilización de protesta obvia que esas acciones en  s
absoluto serían típicas según los arts. 544 y 545.1 CP, conforme a la interpretación del  oe.
delito que acoge la sentencia impugnada. En su proyección al caso, esa conclusión  w.
procede, más bien, de dulcificar lo acontecido el 20 de septiembre y el 1 de octubre  513ww
fcraesnttieg aad also  mqeurea sr emfleojavi liezla crieolnaetos  dmea shiveacsh,o sy  pdreo bcaodnossi dye,r aer nc ocmonos efucunednacmiae,n teon tdeen dseur 
choenmdoesn are psue tipdroe, sleonsc hiae cehno sla n aprrroatdeostsa  edne el l2 f1a cdtuem s edpistiteamn bdree .t aPne irdoí,l iccao mvios iótann ota, sin vcelucseos,   BOE-A-cable e
de ser protestas con un efecto colateral obstaculizador del ejercicio de las funciones 
judiciales  y  policiales  y  de  tan  estrecha  atención  a  los  aspectos  relevantes  de  su 
actuación;  y  es  en  la  medida  en  que  lo  hacen  y  concurren  los  requisitos  típicos 
correspondientes que se subsumen en el art. 544 CP.
Por lo demás, es indudable que objetivamente la actuación de los ciudadanos que se 
enfrentaron el 1 de octubre de 2017 con los agentes encargados de ejecutar las órdenes 
judiciales con el fin de mantener los centros de votación operativos para la votación, 
ocasionándose  heridos,  no  es  más  que  un  aparente  ejercicio  del  derecho  de 
manifestación. Considerar que concurre un alzamiento a tenor de la conducta de esos 
manifestantes y de otros que asimismo mantuvieron, cuando menos, una actitud de 
abierta hostilidad intimidatoria hacia los agentes o la comisión judicial y, en ocasiones, 
ejercieron violencia o fuerza; esto es, por su despliegue de conductas ajenas al haz de 
facultades que confiere el derecho de reunión, que no por las acciones pacíficas de los 
miles de ciudadanos a los que apela la recurrente de forma indiscriminada, no puede 
estimarse desalentador del ejercicio del derecho del que tanto se ha separado aquella 
actuación.
(iv)  Tampoco se debe la condena a once años y seis meses de prisión impuesta a 
la recurrente a sus opiniones de apoyo a diversas manifestaciones de protesta ni a su 
liderazgo pasado de la Asamblea Nacional Catalana, afectando a la libertad de expresión 
y la libertad ideológica. No se trata de elementos típicos del delito de sedición, sino de 
elementos acreditativos de su compromiso y de su contribución al plan global tantas 
veces citado, en este caso, de su apoyo a la movilización social.
Considerar  que  la  condena  se  asienta  sobre  las  opiniones  de  la  recurrente 
vinculadas a su ideario político resulta inaceptable a la vista de los razonamientos 
repetidos del tribunal sentenciador, que insiste en separar la legitimidad de la defensa de 
una opción política o la discrepancia con las leyes y las decisiones judiciales, también 
cuando se exterioriza mediante la protesta, actuaciones que no pueden ser objeto de 
reacción  penal,  del  «ataque  concertado  a  las  bases  constitucionales  del  sistema, 
valiéndose  para  ello  de  una  multitud  de  personas  convocadas  para  obstaculizar  el 
ejercicio de la función jurisdiccional y que son movilizadas para hacer posible una 
votación declarada ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña».
Como declaramos en la STC 122/2021, de 2 de junio, FJ 11.4.2.2, «ni en nuestro 
sistema constitucional ni en nuestro ordenamiento jurídico existe prohibición o limitación 
alguna para sostener tesis independentistas en los distintos territorios del Estado, ni para 
constituir partidos políticos que acojan un ideario independentista y concurran a las 
elecciones, ni para su expresión pública individual o colectiva. Así lo atestigua la propia 
existencia de un movimiento independentista catalán apoyado por sectores amplios de la 
sociedad  catalana  y  vinculado  a  los  partidos  políticos  que  detentan  el  Gobierno 
autonómico,  que  ejerce  su  libertad  de  expresión  y  de  reunión  en  defensa  de  sus 
postulados ideológicos sin cortapisas, evidenciando que tal ideología no es objeto de 
persecución ni de trato discriminatorio de ninguna índole, ni por el Tribunal Supremo ni 
por ninguna otra instancia judicial o poder público del Estado».
A tenor de lo referido en los puntos anteriores, debe descartarse que la severidad de 
la  pena  impuesta  genere  un  efecto  desaliento  en  el  ejercicio  de  los  derechos 
fundamentales  invocados  por  la  demandante  que  la  descalifique  como 
desproporcionada. Aun cuando los sucesos presentan aspectos que guardan relación 
con el derecho de reunión y manifestación, la libertad de expresión, la libertad ideológica  s
y el derecho de representación política, la conducta de la demandante desencadenante  oe.
de su responsabilidad penal no presenta la proximidad o vecindad con el pleno ejercicio  w.
del derecho precisa para apreciar el riesgo del alegado efecto desincentivador. 513ww
c)  En estrecha relación con las anteriores consideraciones sobre el desvalor de la
faucntudaacmióenn tadlees , ldae bdee rmecaonrddaanrstee  qyu e slau  cadleifisccaocnióenx idóen  suc ocno ndeul cteaj etirecniceio e nd ceu endtear eccohmoos 
elemento agravatorio su condición de autoridad en tanto que presidenta del Parlament.
Otra  vez  debemos  recordar  lo  dicho  en  el  fundamento  11,  en  particular,  en  el 
apartado  titulado  «El  deber  de  cumplir  las  resoluciones  el  Tribunal  Constitucional» 
(FJ 11.5.3). Allí hemos subrayado que el deber de lealtad a la Constitución de todos los 
poderes públicos, también de las asambleas legislativas, comprende el respeto a las 
decisiones de este tribunal (SSTC 158/2004, de 21 de septiembre, FJ 7; 38/2012, de 26 
de marzo, FJ 9, y 21/2013, de 31 de enero, FJ 8), sin que la autonomía parlamentaria 
pueda servir de pretexto para que una cámara se considere legitimada para atribuirse la 
potestad de vulnerar el orden constitucional, ni erigirse en excusa para soslayar el 
cumplimiento  de  las  resoluciones  del  Tribunal  Constitucional  (STC  259/2015,  FJ  7; 
AATC 170/2016, FJ 4; 24/2017, FJ 8; 123/2017, FJ 4; 180/2019, FFJJ 7 y 9, y 53/2020, 
FJ 2). Y específicamente señalamos que los titulares de los cargos públicos, entre ellos 
los  miembros  de  las  Cámaras  legislativas,  están  obligados  al  debido  y  efectivo 
cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones de este tribunal. Pero además –
según hemos reiterado– recae sobre ellos un cualificado deber de acatamiento a la 
Constitución, «que no se cifra en una necesaria adhesión ideológica a su total contenido, 
pero sí en el compromiso de realizar sus funciones de acuerdo con ella y en el respeto al 
resto del ordenamiento jurídico» (art. 9.1 CE) [STC 259/2015, FJ 4; en el mismo sentido, 
SSTC 101/1983, de 18 de noviembre, FJ 3, y 122/1983, de 16 de diciembre, FJ 4 A), y 
AATC 141/2016, FJ 5; 123/2017, FJ 8; 124/2017, FJ 8, y 144/2017, de 8 de noviembre, 
FJ 6].
Ese deber, cuyo incumplimiento cualifica la gravedad de la conducta, determina 
también la inadmisibilidad de pretextar el ejercicio de un derecho para legitimar que el 
titular  de  un  poder  público  incumpla  las  obligaciones  que  la  propia  Constitución  le 
impone, entre ellas, el cumplimiento de las resoluciones de este tribunal (art. 87.1 
LOTC),  al  igual  que  las  dictadas  por  los  jueces  y  tribunales  (art.  118  CE).  Como 
recordamos en la STC 91/2021, FJ 11.5.2.3, hemos advertido que «"[e]n el Estado social 
y democrático de Derecho configurado por la Constitución de 1978 no cabe contraponer 
legitimidad democrática y legalidad constitucional en detrimento de la segunda", pues la 
legitimidad de cualquier actuación del poder público se basa en su conformidad con la 
Constitución,  que  tiene,  precisamente,  su  fundamento  en  el  principio  democrático 
(art. 1.1 CE). De modo que "la primacía incondicional de la Constitución es garantía de la 
democracia tanto por su fuente de legitimación y por su contenido como por la previsión 
misma de procedimientos para su reforma" (STC 259/2015, FJ 5)».
El argumento expuesto también resultaría aplicable en relación con el supuesto 
favorecimiento del ejercicio de derechos fundamentales por parte de los ciudadanos que 
acudieron a votar el día 1 de octubre de 2017, algunos de los cuales participaron en los 
enfrentamientos con las fuerzas policiales que se detallan. La demandante era titular de 
un  poder  público  autonómico;  y  en  ejercicio  de  ese  poder  realizó  una  actividad 
frontalmente contraria a Derecho, puesto que se sirvió de los ciudadanos que acudieron 
a votar para desbordar «tumultuariamente» las defensas de la legalidad establecidas por 
el Estado de Derecho. Por tanto, debemos rechazar que, so pretexto de facilitar el 
ejercicio  de  esos  derechos,  estuviera  autorizada  para  incumplir  las  obligaciones 
inherentes al cargo que desempeñaba.
En síntesis, entendemos que, en términos absolutos, las penas asociadas al delito de 
sedición no incumplen los postulados establecidos por nuestra doctrina en materia de 
proporcionalidad.  Tampoco  presentan  tal  déficit  las  concretamente  impuestas  a  la 
recurrente. Con independencia del grado de eficacia o acierto técnico del legislador, 
aspectos que son ajenos al enjuiciamiento de este tribunal, no se constata que la  s
regulación  penal  cuestionada  comporte  un  desequilibrio  manifiesto,  excesivo  o  oe.
irrazonable entre el desvalor de la conducta penal y las sanciones a ella asociadas, de  w.
modo que la penalidad que cuestiona la recurrente produzca «un patente derroche inútil  513ww
ddee  cjouascticciióan  qinuhee creonntveise rtea  lal an odrmigan iedna da rbdietr arliaa  yp qeurseo snoac ayv a alol s Epsritnacdiop iods ee leDmeerenctahloe»s 
(eSl TcCa s1o3 6p/1re9s9e9n, tFe,J  2a3 )lo. sE nq autee nrceiiótenr aad laam geranvtee dhaedm does l ohs einchteor erseefse rjeunrícdiiac,o sla t ucteolnacdlouss ieónn   BOE-A-cable e
expuesta es asimismo trasladable a las concretas penas impuestas a la recurrente, 
donde no apreciamos ni una falta de armonía entre la gravedad de la conducta y la 
sanción ni un riesgo de efecto desalentador del ejercicio de derechos fundamentales. 
Esa doble conclusión conduce a desestimar la queja y, con ello, los motivos segundo, 
tercero, cuarto y quinto de la demanda.
13.  La individualización de la pena impuesta.
13.1  Posiciones de las partes.
Aduce la recurrente que la determinación de la duración de las concretas penas que 
le han sido impuestas carece de la más mínima fundamentación, lo que impide conocer 
las razones que han llevado a imponerle la pena de once años y seis meses de prisión y 
accesorias. Considera que, por ello, la sentencia condenatoria impugnada ha vulnerado 
su derecho a la tutela judicial efectiva puesto en relación con la exigencia constitucional 
de motivación de las resoluciones judiciales (arts. 24.1 y 120 CE y art. 6 CEDH). Afirma 
también la quiebra del principio acusatorio y de la exigencia de proporcionalidad de las 
penas privativas de libertad y de derechos. Desde otra perspectiva, denuncia que la 
pena impuesta sea superior a la solicitada por el Ministerio Fiscal y el abogado del 
Estado, por lo que su cobertura procesal se apoya en la acusación popular ejercida por 
el partido político Vox, cuya actuación en el proceso se ha producido por criterios 
políticos  y  no  técnicos,  por  lo  que  sus  pretensiones  punitivas  debieran  haber  sido 
orilladas por la sala enjuiciadora para no incurrir en la falta de proporcionalidad que 
también fundamenta su queja.
El Ministerio Fiscal, por su parte, tras recordar los pronunciamientos recogidos en la 
sentencia condenatoria sobre la participación en esta causa de la acusación popular y la 
fundamentación  de  la  pena  impuesta  [fundamento  de  Derecho  D),  apartado  2]  no 
comparte la alegada falta de motivación de la pena de la que la recurrente se duele, 
dado  que  ha  sido  «impuesta  por  la  participación  estelar  de  la  demandante  y  su 
protagonismo en los hechos tanto en el pilar parlamentario como en el denominado de 
movilización popular». Por otra parte, ha tenido conocimiento previo en el proceso de la 
pretensión  punitiva  formulada  por  el  partido  político  Vox,  superior  a  la  finalmente 
impuesta, por lo que los argumentos en los que funda su queja no guardan relación con 
el contenido del derecho fundamental que se dice vulnerado (STC 1/2020, de 14 de 
enero, FJ 7).
Para el abogado del Estado no cabe apreciar la quiebra del principio acusatorio 
aducida por cuanto la demandante ha tenido «un conocimiento efectivo de la posibilidad 
de que le fuera impuesta una condena por el delito de sedición en concurso con el de 
malversación [sic]», y dado que «la pena definitivamente impuesta no resulta superior a 
la pretendida por alguna de las acusaciones, debe concluirse que no se ha vulnerado el 
derecho  a  un  proceso  con  todas  las  garantías»,  pues  pudo  articular  todos  los 
instrumentos probatorios y alegatorios para defenderse de la condena solicitada y de la 
cuantificación de la pena que finalmente se le impuso en la sentencia.
El partido político Vox ha solicitado también la desestimación de esta queja tras citar 
la jurisprudencia de la propia Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
13.2  Respuesta del órgano judicial.
a)  La recurrente ha sido condenada conforme a lo establecido en los arts. 544 
y 545.1 del Código penal, que definen y establecen las penas previstas en caso de  e.e
sedición protagonizada por una persona constituida en autoridad. En este caso, la  b
recurrente era presidenta del Parlamento de Cataluña, y en tal condición protagonizó los  513ww
hechSoesg úpno r ploresv qéu eel  haar ts. i5d4o4 c oCnPd,e snoand are.os de sedición «los que, sin estar comprendidos
feune real  ddeel itlaos d veí aresb leelgióanle, ss,e l aa lacepnlic paúcbiólinc ad ey  tlausm luelytueasr ioa mae cnutea lqpuairear  imaupteodriidr,a pdo, rc olar pfuoerarzcaió no 
oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de
sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales». Su previsión punitiva 
abstracta establece un trato diferenciado en función de que sus protagonistas fueren, o 
no, personas constituidas en autoridad. Las penas imponibles a sus autores principales 
aparecen establecidas en el art. 545 CP, a cuyo tenor: «1. Los que hubieren inducido, 
sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán 
castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si 
fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la 
inhabilitación absoluta por el mismo tiempo».
b)  Al justificar la concreta condena de la señora Forcadell como autora del delito de 
sedición [fundamento de Derecho D), Penas, apartado 2], la sentencia señala lo que 
sigue:  «La  señora  Forcadell  era  en  el  momento  de  los  hechos  la  presidenta  del 
Parlament. Ha quedado manifiestamente acreditado su relevante papel en la elaboración 
de un cuadro normativo, con aparente valor constitucional, llamado a dar cobertura a un 
referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y a una movilización ciudadana 
dirigida a hacer visible la pérdida de capacidad jurisdiccional de los órganos judiciales 
radicados en Cataluña. Las peripecias vividas en sede parlamentaria durante los días 6 
y 7 de septiembre y las estrategias urdidas para eludir la suspensión decretada por el 
Tribunal Constitucional, le confieren un protagonismo de primer orden».
En atención a dichos parámetros se le impuso una pena once años y seis meses de 
prisión e inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los 
honores, empleos y cargos públicos que tenga la penada, aunque sean electivos, e 
incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o empleos 
públicos y la de ser elegida para cargo público durante el tiempo de la condena. Dicha 
pena es inferior a la impuesta al vicepresidente del Govern y a otros miembros del 
Gobierno autonómico a los que se ha declarado autores, en concurso medial, de los 
delitos de malversación de caudales públicos y sedición.
Al rechazar mediante auto de 29 de enero de 2020 la solicitud de nulidad de la 
condena, que fue instada por la demandante con el mismo razonamiento que ahora se 
plantea en esta sede, la sala de enjuiciamiento descartó que la pena que le había sido 
impuesta fuera inmotivada, arbitraria o desproporcionada, remitiéndose a lo ya expuesto, 
así como a la motivación de la pena impuesta a otros condenados. En la resolución se 
expresa lo siguiente: «Descartamos la irracionalidad o arbitrariedad que se denuncia, así 
como la falta de proporcionalidad de dicha pena, que se mantiene en la mitad inferior de 
la legalmente prevista. Una lectura detallada de tales argumentos y, también, los que 
amparan la individualización de las penas de los demás acusados, evidencia, por otro 
lado, que no se ha vulnerado el principio de igualdad».
13.3  Doctrina constitucional.
En una jurisprudencia muy consolidada, a la que se refiere la STC 108/2001, de 23 de 
abril, este tribunal ha venido declarando que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye 
el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la 
motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir requerida por el art. 120.3 CE, es 
una exigencia derivada de su art. 24.1. Esta exigencia constitucional entronca de forma 
directa con el principio del Estado democrático de Derecho (art. 1 CE) y con una 
concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente en el 
carácter vinculante que para todo órgano jurisdiccional tienen la ley y la Constitución.
Si  bien  la  razón  última  que  sustenta  este  deber  de  motivación,  en  tanto  que  e
obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión, reside en la interdicción de la  bo
arbitrariedad y, por tanto, en la necesidad de evidenciar que el fallo de la resolución no  513ww
teésr muinn ossim dpele D ye raercbhitora, rliao  eaxcitgoe ndcei av odleu nmtaodti vdaecl iójunz gcuamdoprl,e s uinnoa  udnoab ldee fcinisaiólidna rda zinomnaeddaia tean: 
rdaec iounna lliaddaod,  eenx teel rieojreizrcai ciloa sd er elfale pxiootneessta dq ujuer ishdaicnc ioconnadl, uqcuideo  paarl afleallalom  econmteo p ofatecntocria  deel 
valor de la seguridad jurídica, de manera que sea posible lograr el convencimiento de las
partes en el proceso respecto de la corrección y justicia de la decisión; de otro, garantiza 
la posibilidad de control de la resolución por los tribunales superiores mediante los 
recursos que procedan, incluido este tribunal a través del recurso de amparo.
En precedentes resoluciones hemos exigido un canon más riguroso en la motivación 
cuando el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra conectado con otro derecho 
fundamental. En particular, este deber reforzado de motivación se impone en el caso de 
las sentencias penales condenatorias cuando el derecho a la tutela judicial efectiva se 
conecta,  directa  o  indirectamente,  con  el  derecho  a  la  libertad  personal.  En  una 
sentencia penal, el deber de motivación incluye la obligación de fundamentar los hechos 
y la calificación jurídica, así como la pena finalmente impuesta, obligación esta última a 
la que se refiere también el art. 72 CP (SSTC 193/1996, de 26 de noviembre, FJ 3; 
43/1997, de 25 de enero, FJ 2; 47/1998, de 2 de marzo, FJ 6; 136/2003, de 30 de junio, 
FJ 3; 170/2004, de 18 de octubre, FJ 2; 98/2005, de 18 de abril, FJ 2, o 91/2009, de 20 
de abril, FJ 7).
En este último ámbito concreto, el control que ejerce el Tribunal Constitucional se 
circunscribe a la mera comprobación de la relación directa y manifiesta existente entre la 
norma que el juzgador declara aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la 
argumentación jurídica de la misma. Y dado que no existe un derecho fundamental del 
justiciable a una determinada extensión de la motivación, nuestro control en amparo 
debe  limitarse  a  comprobar  si  existe  fundamentación  jurídica  y,  en  su  caso,  si  el 
razonamiento que contiene constituye, lógica y jurídicamente, motivación suficiente de la 
decisión adoptada, cualquiera que sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de 
motivación por remisión.
Cabe  recordar  que,  en  nuestro  ordenamiento  jurídico,  el  sistema  legal  de 
determinación de la pena se caracteriza por la estrecha vinculación del juez a la ley; el 
margen de arbitrio judicial se encuentra estrechamente limitado y, en ocasiones, puede 
quedar poco espacio para la motivación judicial, en la medida en que esta se erige en 
expresión de la racionalidad de la decisión y, por tanto, en excluyente de la arbitrariedad 
judicial. Así pues, en principio, será el margen de arbitrio judicial del que, en cada caso, 
goce el juez para imponer la pena que corresponda al delito cometido, la medida de la 
motivación constitucionalmente exigible.
Al  enjuiciar  quejas  anteriores  relativas  a  la  suficiencia  de  la  motivación  de  la 
determinación concreta de la pena, hemos reiterado que «[los] datos básicos del proceso 
de individualización de la pena han de inferirse de los hechos probados, sin que sea 
constitucionalmente  exigible  ningún  ulterior  razonamiento  que  los  traduzca  en  una 
cuantificación de pena exacta, dada la imposibilidad de sentar un criterio que mida lo 
que, de suyo, no es susceptible de medición». Nuestro control ha de ceñirse, pues, a 
determinar si, en el caso concreto, atendidas la previsión legal y los datos que los 
hechos probados relatan, la motivación acerca del quantum de la pena impuesta resulta 
o no manifiestamente irrazonable o arbitraria (STC 47/1998, de 31 de marzo, FJ 6, o más 
recientemente, SSTC 196/2007, de 11 de septiembre, FJ 7; 40/2008, de 10 de marzo, 
FJ 4, y 205/2009, de 23 de noviembre, FJ 5). En definitiva, se ciñe a examinar si la 
concreta extensión de la pena impuesta es coherente con los elementos objetivos y 
subjetivos cuya valoración exigen los preceptos legales relativos a la individualización de 
la pena (arts. 61 a 72 CP).
13.4  Resolución de la queja.
En el caso presente, a partir de los pronunciamientos judiciales cuestionados, la  e
previsión  legal  aplicada,  la  conducta  declarada  como  probada  y  los  delitos  que  bo
fundamentan su condena, nos corresponde determinar si la imposición a la demandante  513ww
dduer aucnióan p seen as itpúraiv aetniv laa  dmeit alidb einrtfaedri oyr  ddee  lad eqreuceh eoss  ldeeg aolmnecen tea ñimosp oyn ibseleis ( dmieezs eas q, uciunycae 
easñtoasb)l,e cviideonse  poarp loaysa ndoar means  puennaa laepsl iacpalcicióanb lersa zaol ncaadsao  qduee  hloasn  scirditoe ryiao sd edsec ritgarsa.duación
El Código penal configura un sistema de penas relativamente determinadas con 
criterios judiciales de graduación. Su objetivo es conjugar la necesidad de imponer 
límites a la discrecionalidad judicial con la necesidad de personalizar o individualizar la 
respuesta penal concreta. La determinación de la pena en los delitos dolosos se produce 
a partir del marco penal abstracto señalado por la ley para el tipo de delito consumado. 
Dicho marco penal se individualiza en atención al grado de ejecución de la conducta 
delictiva, al grado de participación de la persona acusada, y a la concurrencia de 
circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad  penal,  agravantes  o  atenuantes, 
genéricas o específicas (art. 66 CP).
En la causa penal en la que, junto con otros acusados, ha sido condenada la 
demandante, una vez descartados quienes lo han sido exclusivamente por un delito de 
desobediencia (a los que se ha impuesto una pena de multa e inhabilitación especial), la 
decisión plural de condena ha sido ordenada cuantitativamente en atención a los delitos 
cometidos (uno o varios en relación de concurso medial), a la condición de autoridad de 
sus autores (gubernativa o parlamentaria), al protagonismo concreto atribuido a cada 
uno de los acusados y a la relevancia del papel desempeñado en cada caso. De esta 
forma:
(i)  Quienes no eran miembros del Govern ni estaban constituidos en autoridad han 
sido condenados como autores de un delito de sedición a penas privativas de libertad y 
derechos cuya duración es de nueve años.
(ii)  Los miembros del Govern condenados como autores constituidos en autoridad 
de un único delito de sedición, han sido condenados a la pena de diez años y seis meses 
de privación de libertad e inhabilitación absoluta.
(iii)  La recurrente, que era entonces presidenta del Parlamento de Cataluña, ha sido 
condenada también por un único delito de sedición; lo ha sido a la pena de once años y 
seis meses de privación de libertad y de derechos.
(iv)  Tres de los titulares de consejerías de Gobierno que han sido condenados 
conjuntamente por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, han visto 
incrementadas sus penas hasta una duración de doce años.
(v)  Por último, el vicepresidente del Gobierno autonómico, a quien la sentencia 
condenatoria sitúa «en la cúspide del organigrama político-administrativo que fue puesto 
al servicio del proceso sedicioso», ha sido condenado, como autor de los dos delitos 
reseñados,  a  una  pena  superior,  con  una  duración  de  trece  años  de  prisión  e 
inhabilitación absoluta.
En la conducta de la recurrente, calificada como constitutiva de un delito doloso 
consumado en grado de autoría, el tribunal sentenciador no ha apreciado la concurrencia 
de ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad. En estos supuestos, en 
última instancia, el art. 66.1.6 CP prevé específicamente dos criterios de graduación al 
establecer que «[c]uando no concurran atenuantes ni agravantes [los jueces y tribunales] 
aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que 
estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la 
mayor o menor gravedad del hecho». Hemos de destacar que el marco penal abstracto 
que  establece  el  art.  545.1  CP  para  los  autores  principales  del  delito  de  sedición 
constituidos en autoridad se extiende desde una pena mínima de diez años de prisión 
hasta una máxima de quince años.
a)  Cabe  ya  anticipar  que  la  aplicación  a  la  presente  queja  de  los  criterios  s
jurisprudenciales  de  control  expuestos  justifica  su  desestimación,  pues  la  oe.
fcrueonlnad tEialvolm osas en enaálte alliamsc iiiseón nnddt ioyves ildc  ouroenablclajiezrtetoaitv caodi óseen x  ythde eesnc uslhabióo jpenset  idnvpeoar os.lab c apudeyonasa ,  vimdaelopl ruajeucsiicótaino  a ed lxaei  gdaeeunmt olaornísad  apynr etdece ee pslta oc soc holeengrcearenlettaes    2021-19513n https://www.
determinación de la pena impuesta a la demandante y a otros acusados permite apreciar
que para la Sala su concreta duración deriva de la relevancia objetiva de su concreta
participación  en  el  hecho  complejo  enjuiciado  (al  igual  que  se  aprecia  en  la 
individualización de la pena impuesta a los señores Junqueras, Sànchez y Turull), cuya 
antijuridicidad se ve agravada en su caso por la alta responsabilidad institucional que 
ejercía, en tanto desempeñaba la presidencia del Parlamento de Cataluña, y fue con su 
colaboración  imprescindible  como,  al  margen  de  la  Constitución,  el  Estatuto  de 
Autonomía y el reglamento parlamentario, se tramitó y aprobó el cuadro normativo que 
pretendía dar legitimidad a la convocatoria de un referéndum sobre la independencia y a 
dar validez formal a sus resultados. Por tanto, no cabe hablar de ausencia de motivación, 
sino de discrepancia de la demandante con la motivación expresada.
La toma en consideración de tales criterios de individualización de la pena no permite 
afirmar fundadamente que su motivación es insuficiente, irrazonable o arbitraria, ni en sí 
misma, ni en comparación con la impuesta al resto de personas acusadas, pues el 
tribunal sentenciador no se ha apartado de los criterios legales que, en el Código penal, 
disciplinan la individualización judicial de la pena cuando no concurren atenuantes ni 
agravantes. Son criterios que tienen que ver con las circunstancias y el rol que ha 
protagonizado la demandante en la acción concertada que ha sido declarada delictiva. 
Es también coherente con el papel que, según el relato fáctico, desempeñó en los 
hechos que han dado lugar a su condena; y, también, con la objetiva gravedad del delito 
por el que ha sido condenada, la cual aparece justificada a lo largo de la sentencia 
impugnada  en  cuanto  con  su  conducta  puso  «efectivamente  en  cuestión  el 
funcionamiento del Estado democrático de Derecho».
Se trata de criterios explícitos y ajustados a la previsión legal, aunque hayan sido 
expresados de forma escueta. Pese a su concisión, una vez puestos en relación con el 
resto de las condenas y su justificación, no apreciamos ni su supuesta insuficiencia ni 
tampoco que su contenido sea irrazonado o arbitrario. De esta manera, afirmada la 
inexistencia  de  arbitrariedad  o  irrazonabilidad  en  la  motivación  de  las  decisiones 
cuestionadas, no es labor de este tribunal sustituir al juzgador en su cometido de 
determinar la pena a imponer en el caso concreto, ni reducir el margen de arbitrio que en 
dicho cometido le concede la ley.
b)  Tampoco desde la perspectiva de la proporcionalidad abstracta o concreta de la 
pena impuesta, abordada en esta misma resolución a partir del contenido del principio de 
legalidad  de  las  infracciones  y  sanciones  (art.  25.1  CE),  puede  acogerse  la  queja 
analizada por las razones que en dicho análisis tomamos en consideración, argumentos 
a los que ahora nos remitimos para rechazar la queja.
c)  Por último, constatamos que la pena impuesta lo ha sido por debajo de las 
pretensiones cuantitativas ejercitadas por la acusación popular, de las que la recurrente 
fue debidamente informada en el momento procesal oportuno, lo que permite descartar 
la aducida vulneración del denominado «principio acusatorio» en cuanto sujeta al tribunal 
sentenciador  al  quantum  máximo  de  pena  solicitado  por  las  partes.  La  anterior 
constatación surte pleno efecto pese a las consideraciones realizadas por la Sala en 
relación con la previsión legal vigente que admite la participación de los partidos políticos 
en las causas penales. Como señalamos en la STC 91/2021, de 22 de abril, FJ 10, al 
abordar una queja semejante: «una vez personada en legal forma una acusación, no 
puede desecharse su posición procesal, con independencia del juicio que merezca la 
legislación que permite esa personación. En consecuencia, la pena interesada por una 
acusación popular válidamente constituida en el proceso puede ser tenida en cuenta a 
los efectos de fijar el límite máximo penológico imponible».
En conclusión, procede la desestimación del motivo de amparo dado que la sala de  e.
enjuiciamiento ha motivado y explicitado las circunstancias legalmente previstas que ha  w.b
tenido en cuenta para la individualización de la pena impuesta a la recurrente, lo ha  513ww
yh ercehleov daen cfoiar mdae  ralaz ocnoanddau cyt ac oenncojuridceia dcoan,  sloins  crreitbearsioasr  lelag adleusra, caitóenn ddieen dlaos  ap lrae tgernasvieodnaeds 
apcoussibailtiodraiads  dfoer mcuuelasdtiaosn apro dr ilcahso p arartzeosn paemriseonntoa daals  seonli clait acra ususa n. uLlaid raedc uyr rae nttrea vhéas  tednei deos tlae 
proceso de amparo, por lo que hemos de concluir que ninguna lesión cabe apreciar de
los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías invocados 
en la demanda de amparo.
14.  La limitación de las restricciones de los derechos (art. 18 CEDH).
14.1  Posiciones de las partes.
La demanda concluye con una sexta queja que denuncia la vulneración del art. 18 
CEDH, que, según se explica, contiene una cláusula de cierre destinada a evitar la 
desviación en el uso y la aplicación de las restricciones de derechos fundamentales por 
los Estados. Se trata de una cláusula accesoria, que debe relacionarse con los derechos 
del Convenio, que pueden ser restringidos únicamente para las finalidades previstas. La 
jurisprudencia europea aprecia que hay supuestos de restricción en los que concurren 
diversas finalidades, siendo alguna de ellas una finalidad «posterior», no contemplada en 
el Convenio, que en caso de ser la predominante supone la lesión de la prohibición de 
desviación (STEDH de 28 de noviembre de 2017, Merabishvili c. Georgia).
La  recurrente  señala  como  una  de  tales  finalidades  proscritas  el  propósito  de 
naturaleza política que, a su entender, concurre en el caso, como evidencia que presente 
muchas  de  las  características  que  identifican  esa  finalidad  en  la  jurisprudencia  del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos: el contexto político en el que se inició el 
procedimiento penal (STEDH de 31 de mayo de 2011, asunto Khodorkovskiy c. Rusia, 
§ 257), si la Fiscalía o las autoridades judiciales fueron impulsadas por esa finalidad 
posterior (STEDH de 21 de junio de 2016, asunto Tchankotadze c. Georgia, § 114), la 
forma en que se tramitaron los procedimientos penales (STEDH de 28 de noviembre 
de 2017, asunto Merabishvili c. Georgia, § 325), o si los cargos se refieren a actividades 
políticas o a delitos comunes (STEDH de 25 de julio de 2013, Khodorkovskiy y Lebedev 
c. Rusia, § 906). En concreto, alude a (i) la utilización de tipos penales que implican la 
criminalización del ejercicio de  derechos  fundamentales que vulnera el principio de 
legalidad penal y permite una respuesta punitiva absolutamente desproporcionada sobre 
unos hechos carentes de relevancia penal, pero de gran trascendencia política; (ii) la 
vulneración del derecho de representación política (art. 23 CE y art. 3 del Protocolo 
adicional al CEDH) de los acusados, con instrumentalización de la prisión provisional y 
del derecho a la libertad de los mismos (art. 17 CE, art. 5 CEDH, art. 9 PIDCP y art. 6 
CDFUE) en aras de desalentar a la ciudadanía y sus representantes respecto al ejercicio 
de derechos fundamentales; (iii) el desarrollo del procedimiento judicial en un contexto 
de excepción en el que se han visto afectadas las principales garantías del proceso 
debido (tribunal predeterminado por la ley e imparcial y principio de igualdad de armas); 
y (iv) la condena a once años y medio de prisión por permitir como presidenta del 
Parlament  la  tramitación  y  el  debate  de  las  iniciativas  parlamentarias  por  quienes 
ostentaban la representación de la mayoría de la ciudadanía de Cataluña.
Al comienzo de su escrito de alegaciones, el abogado del Estado recuerda que, de 
acuerdo con la doctrina constitucional (SSTC 41/2002, de 25 de febrero, FJ 2; 56/2003, 
de 24 de marzo, FJ 1, u 85/2003, de 8 de mayo, FJ 6), no puede examinarse en amparo 
si la resolución recurrida respeta o viola artículos del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos  o  de  otro  texto  internacional,  sin  perjuicio  de  su  función  hermenéutica 
constitucionalmente reconocida (art. 10.2 CE). Y añade que, amén de no establecerse 
derecho alguno tutelable en amparo, de acuerdo con el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, el art. 18 CEDH no es susceptible de vulneración autónoma y solo cabe su 
invocación en conjunto con otros artículos. s
La fiscal entiende que el motivo no solo carece de cobertura en el procedimiento de  oe.
tiaanadmsleutprscua ivdmroiaoe,sl na sptcairinoleioznv aeiacqsmiu.óeen n tpeeon l eítnéic l aes,l  erre ecmrueirittsieéorn,a dnsoi nsl aems  aá svs uaulnrsge uraamleceigonantcaeicosi nóednse q  yudaee  rlveaec rdhteiod sar esfs upenondn acdmoenre tnarat au ldneeas    2021-19513n https://www.
14.2  Pronunciamientos del órgano judicial.
La sentencia recurrida respondió a la denuncia de un «contexto de vulneración de 
derechos fundamentales» vinculado a la salvaguardia de la indisolubilidad territorial 
española formulada por otro acusado, el señor Cuixart, al inicio de sus alegaciones de 
vulneración de derechos fundamentales en las cuestiones previas, en los puntos 2.2 
y 2.3 del fundamento A), «Vulneración de derechos fundamentales». Resulta asimismo 
pertinente atender a lo respondido por la Sala de forma individual a las específicas 
denuncias de lesión de distintos derechos en los puntos siguientes, contenido que 
hemos expuesto en los fundamentos anteriores de esta resolución al hilo del examen de 
los correspondientes motivos de amparo.
En  las  cuestiones  previas  relacionadas  con  vulneraciones  de  derechos 
fundamentales  desarrolladas  por  la  recurrente  en  el  anexo  1  de  su  escrito  de 
conclusiones  provisionales,  no  opone  la  infracción  del  art.  18  CEDH  ni  realiza  un 
planteamiento  unificador  de  esas  supuestas  vulneraciones  en  torno  a  una  común 
finalidad ulterior.
En el punto 2.2 aludido la Sala recuerda, con carácter previo, que la protección de la 
unidad territorial no es una extravagancia de nuestro sistema constitucional, sino una 
previsión constitucional habitual, protegida incluso con mayor rigor que en la Constitución 
española, como acreditan las múltiples referencias de Derecho comparado que recoge. 
Y en el apartado 2.3 rechaza la denuncia, a la que opone que:
«Lo que la defensa del señor Cuixart denomina una sobreprotección de la unidad 
territorial no fue sino la legítima actuación de dos órganos jurisdiccionales –Juzgado de 
Instrucción núm. 13 de Barcelona y Tribunal Superior de Justicia de Cataluña– para la 
investigación  y  enjuiciamiento  de  unos  hechos  que,  en  el  plano  indiciario  que  se 
corresponde  con  el  momento  inicial  de  cualquier  investigación,  presentaban  los 
caracteres de delito. Esa actuación judicial no puede ser etiquetada como una reacción 
llamada a desbordar el Estado democrático de Derecho. Tampoco lo fueron las acciones 
promovidas por el Ministerio Fiscal. Ninguna anomalía democrática se esconde en el 
hecho de que los poderes del Estado, respetando sus respectivos espacios funcionales, 
pongan en marcha los mecanismos institucionales para la defensa de los valores propios 
de  una  sociedad  democrática.  Las  órdenes  impartidas  por  el  fiscal  o  un  órgano 
jurisdiccional  a  las  fuerzas  y  cuerpos  de  seguridad  del  Estado  nunca  pueden  ser 
tomadas  como  la  expresión  patológica  de  una  política  represiva.  Las  decisiones 
judiciales son susceptibles de recurso y los excesos que se cometan en ejecución de lo 
resuelto pueden ser –están siendo– objeto de investigación.
En consecuencia, cuando para el análisis de las posibles vulneraciones de derechos 
fundamentales se arranca de un presupuesto contextualizador que todo lo explicaría, se 
está  incurriendo  en  un  error.  Se  nubla  el  análisis  y  se  convierten  las  legítimas 
actuaciones del Estado en actos represivos llamados a subyugar un pueblo.»
Los fundamentos del auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones 
formulado por la recurrente así como de los planteados por el resto de condenados no 
aluden expresamente a la cláusula del art. 18 CEDH en momento alguno. Tampoco el 
escrito de la recurrente invoca el art. 18 CEDH o contiene un planteamiento global 
alusivo a un fin ulterior oculto de las restricciones de derechos. El auto sí descarta, como 
se ha ido mostrando en los fundamentos anteriores de esta resolución, las lesiones de 
derechos  fundamentales  aducidas  en  el  referido  incidente  de  nulidad.  Esto  es,  la  s
vulneración del derecho a la legalidad penal en relación con los derechos a la libertad, la  oe.
ilepmibnruep rerretebalvaadic,s  iilóibadnl eea co uyolsó ndeg eniecscla pida,r eo dlrpaeeo c rplhcibroioue neartab aldaado   is gdduueefai c llaidee axncdpote,rn e pdysoe iórlna nla a i;r  ryfdaa elztdlao ed nd eaerrbee imculihdnooaitói dvan a  dlcaepi ó apancrte írdfisibceuua nli,ar cl eipvó aonelr lo d rdeeae lc ilniitócooanc,r  eádyn cedct eielaarl     2021-19513n https://www.
derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías por la falta de
motivación de la individualización de la pena.
14.3  Doctrina constitucional.
Nos hemos ocupado en extenso de la doctrina y práctica del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos respecto al art. 18 CEDH así como del encuadramiento y sentido 
constitucional de una queja que lo invoque en la STC 122/2021, FFJJ 11.3 y 11.4.1, 
respectivamente, a cuyo contenido íntegro nos remitimos, sin perjuicio de recordar los 
principales aspectos de lo entonces dicho.
Bajo la rúbrica «Limitación de la aplicación de las restricciones de derechos», el 
art.  18  CEDH  establece  que  «[l]as  restricciones  que,  en  los  términos  del  presente 
Convenio, se impongan a los citados derechos y libertades no podrán ser aplicadas más 
que con la finalidad para la cual hayan sido previstas». La jurisprudencia del Tribunal 
Europeo  de  Derechos  Humanos  ha  configurado  este  precepto  como  una  cláusula 
relacional, que debe alegarse en conjunción con el derecho o derechos cuya restricción 
se atribuye a una finalidad –única o predominante– distinta de las dispuestas por el 
Convenio como posible fuente de justificación de la limitación (FJ 11.3).
Conforme a lo dicho en la STC 122/2021, FJ 11.4.1, la prohibición de uso desviado 
de  las  restricciones  de  derechos  del  art.  18  CEDH  se  vincula  «con  la  exigencia 
constitucional  de  supeditar  toda  injerencia  en  los  derechos  fundamentales  a  la 
persecución de un fin legítimo con el que la actuación del poder público debe mostrarse 
congruente. El hecho de que nuestra Constitución no contenga un precepto análogo al 
art. 18 CEDH en relación con las limitaciones de los derechos fundamentales, aunque sí 
proclama el sometimiento de la actuación administrativa a los fines que la justifican 
(art. 106 CE), en modo alguno supone que ese criterio interpretativo de la legitimidad de 
las medidas restrictivas y su función de cláusula de garantía de los derechos no opere en 
nuestro ordenamiento constitucional». En concreto, «[l]a garantía que se presenta como 
complementaria y adicional en el art. 18 CEDH y que refuerza la exigencia de estricta 
sujeción al objetivo legítimo que dispone el Convenio para las restricciones de derechos 
se  corresponde  así  con  la  exigencia  de  congruencia  estricta  con  el  fin 
constitucionalmente  legítimo  como  condición  de  constitucionalidad  de  toda  medida 
restrictiva de derechos fundamentales».
Cuando se alude a las exigencias del art. 18 CEDH en un motivo de amparo, no se 
trata de evaluar la observancia del texto internacional, que no le corresponde a este 
tribunal,  sino  de  comprobar  si  se  han  respetado  o  infringido  los  preceptos 
constitucionales que reconocen los derechos fundamentales susceptibles de amparo. En 
particular, debe revisarse la legitimidad de las restricciones de derechos «desde la 
perspectiva de los objetivos que las han determinado, para verificar, en atención a una 
visión contextualizada, si se corresponden con los fines constitucionalmente legítimos 
que  el  ordenamiento  persigue  con  ellas  o  existe  una  finalidad  impropia  a  la  que 
obedecen de forma predominante».
14.4  Resolución de la queja.
El planteamiento procesal del motivo suscita varias dudas. De un lado, y como 
destacan el abogado del Estado y la fiscal, la demanda invoca en exclusiva la lesión del 
art. 18 CEDH, de modo que la queja no se funda en ningún derecho fundamental 
susceptible de tutela mediante el recurso de amparo. Como acabamos de recordar, «no 
le  corresponde  a  este  tribunal,  al  conocer  un  recurso  de  amparo,  examinar  la 
observancia o inobservancia, per se, de textos internacionales que obliguen a España, 
sino  comprobar  el  respeto  o  la  infracción  de  los  preceptos  constitucionales  que  s
reconocen derechos fundamentales y libertades públicas susceptibles de amparo (arts.  oe.
p5mdr3eae.rt2ceee crphCiatoEsos s  r ayhd tuife4micb9aaa.1dnn oo LsssO  epyrTo  Cric nE)ot,e nspr spilanorñe sat pa»tedr ar(ojStusaSi cdTdiooCes    d1yce0 o 7anq/cf2ouu0reem0,r 5didp,o aodsdr e  i nm9cto eadnrnen d almaact aiooDy noeda,ce leFlla sJra  a3rsct;o.i  ó2b1n4re0 4 .u/22lna 0isvC0 e7Emr,s,  idastelma  l1dae0ess     2021-19513n https://www.
de diciembre, FJ 2; 126/2009, de 21 de mayo, FJ 3; 66/2011, de 5 de mayo, FJ 2,
y 138/2012, de 20 de junio, FJ 3, entre muchas).
No obstante lo anterior y en tanto se destaca por la demandante que la invocación 
del art. 18 CEDH es accesoria, cabría entender que debe ponerse en relación con los 
derechos fundamentales cuya lesión ha venido denunciando en las quejas precedentes. 
Aun así, lo cierto es que la recurrente no ha planteado en el procedimiento del que trae 
causa  el  presente  proceso  de  amparo  una  denuncia  análoga.  Nunca  se  invocó 
formalmente el art. 18 CEDH en relación con los preceptos constitucionales que aduce, 
ni  en  el  escrito  de  conclusiones  provisionales  registrado  el  15  de  enero  de  2019, 
específicamente, en el anexo 1 que contiene el planteamiento de las cuestiones previas 
relacionadas con vulneraciones de derechos fundamentales, ni en el escrito de solicitud 
de nulidad de actuaciones enviado el 10 de diciembre de 2019. Y tampoco se articuló 
materialmente una pretensión global autónoma respecto a la lesión de los distintos 
derechos fundamentales esgrimidos que, en los términos que ahora plantea la demanda 
de amparo, apele a la existencia de una finalidad ulterior oculta que resulta predominante 
respecto a los fines legítimos que permiten la restricción de los derechos invocados. En 
tal sentido, la queja adolece de falta de la subsidiariedad exigida en el art. 44.1 c) LOTC, 
por no haberse planteado la cuestión constitucional durante el procedimiento, dando 
oportunidad al Tribunal Supremo de pronunciarse al respecto.
De  cualquier  manera,  el  sucinto  desarrollo  del  motivo  apela  como  elementos 
acreditativos  de  la  supuesta  finalidad  política  del  proceso  y  la  condena  (i)  a  la 
criminalización del ejercicio de derechos fundamentales con una pena desproporcionada 
motivada por la relevancia política de los hechos, (ii) a la vulneración del derecho a la 
libertad y a la representación política por haberse acordado prisión provisional y (iii) a un 
contexto de excepcionalidad procesal. De esas alegaciones se infiere que, en realidad, 
en  este  último  motivo  vienen  a  reiterarse  las  múltiples  vulneraciones  de  derechos 
fundamentales que se han ido desgranando a lo largo de la demanda. Todas ellas han 
sido  descartadas  en  esta  resolución  en  los  fundamentos  precedentes,  a  los  que 
debemos remitirnos para excluir la finalidad política, por otro lado, aducida ahora sin 
mayor precisión por la demandante.
En línea con lo que expresamos ante la queja análoga formulada por el señor Cuixart 
(STC  122/2021,  FJ  11.4.2),  debemos  recordar  que  hemos  constatado  que  las 
actuaciones judiciales cuestionadas no han lesionado las garantías del proceso debido, 
singularmente las que subraya la demandante: el derecho al juez predeterminado por la 
ley (FJ 4.4) e imparcial (FFJJ 6.2.3 y 6.3.3) y el principio de igualdad de armas (FFJJ 7.4 
y 8.4), como tampoco se han menoscabado los derechos de libertad ideológica, de 
libertad de expresión, de reunión y de representación política en relación con el derecho 
a la legalidad sancionadora y el principio de proporcionalidad penal (FFJJ 11.5.6 y 7, 
12.2.4 y 12.3.4).
Asimismo debemos insistir, como antes hicimos en el fundamento jurídico 9.3, en que 
este tribunal tuvo ocasión de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la prisión 
provisional de la demandante –que no ha sido objeto del presente proceso de amparo– 
en la STC 5/2020, de 15 de enero, donde verificamos que la medida cautelar adoptada 
no infringió la garantía de petición de parte establecida en el art. 539 LECrim, que se 
respetó la dimensión procedimental del control judicial exigido, que la prisión provisional 
acordada se sustentó en los indicios de participación delictiva por parte de la recurrente y 
tuvo por finalidad neutralizar los riesgos de fuga y reiteración delictiva y que la privación 
cautelar de libertad no conculcó los derechos a la libertad ideológica, la libertad de 
expresión y a la participación y representación política (arts. 16, 20 y 23 CE).
En suma, hemos rechazado ya que el procedimiento penal y la condena obedezcan  s
a  una  finalidad  espuria  de  persecución  o  castigo  por  la  posición  política  de  la  oe.
demandante o esté conectada, siquiera, con ese posicionamiento y activismo ideológico.  w.
La queja de la recurrente –que desde el momento de su detención el proceso penal  513ww
plaesr sseugcueísai vuansa d feinnaulindcaiads u dltee rivourl ndeer arecipórne sdióen s puosl ídtiecare–c hyoas h fau nsdidaom deenstaclaersta, dsain a ql urees hoalvgear 
rEelf emroetnivcoia d aehboer ad eas ensintigmuanras ea lye,g caocnió énl ,e eslt rriecctaumrseon dtee  naumepvaar oq.ue no haya sido examinada.  BOE-A-cable e
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por doña Carme Forcadell Lluís.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. -Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Ricardo 
Enríquez Sancho.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formulan el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos y la magistrada 
doña María Luisa Balaguer Callejón respecto de la sentencia pronunciada en el recurso 
de amparo avocado núm. 1611-2020
Con el máximo respeto a nuestros compañeros de Pleno, manifestamos nuestra 
discrepancia con parte de la fundamentación jurídica y con el fallo de la sentencia, que 
consideramos que debería haber sido estimatorio por vulneración del derecho a la 
legalidad sancionadora (art. 25.1 CE), en relación con los derechos a la libertad personal 
(art. 17.1 CE), a la libertad ideológica (art. 16 CE), de reunión (art. 21 CE) y a la 
representación política (art. 23.2 CE) por haberse impuesto una pena desproporcionada.
Las razones de nuestra discrepancia son muy semejantes a las ya expuestas en los 
votos particulares formulados a las SSTC 91/2021, de 22 de abril, y 106/2021, de 11 de 
mayo, en que se resolvieron sendos recursos de amparo formulados por miembros del 
Govern, y a las SSTC 121/2021 y 122/2021, de 2 de junio, formulados por líderes de 
organizaciones  de  la  sociedad  civil  –todos  ellos  condenados  en  la  sentencia 
impugnada–, que consideramos necesario reproducir con las singularidades que se 
plantean en este caso vinculadas a que la recurrente fue condenada por actuaciones 
preponderantemente desarrolladas en su condición de presidenta del Parlamento de 
Cataluña. A esos efectos, como destacábamos en esos votos particulares, entendemos 
que la sentencia posee una indudable calidad técnica y pone de relieve el esfuerzo del 
tribunal para responder a las muchas cuestiones planteadas, en relación con un asunto 
de una complejidad técnica muy por encima de la media. Este voto particular en nada 
desmerece ese trabajo ni la argumentación con la que muestra su acuerdo la mayoría 
del Pleno, pero sí se expresa con la intención de poner de manifiesto la posibilidad, 
técnica también, de formular un juicio distinto sobre la proporcionalidad de las penas 
impuestas, más acorde con una interpretación abierta del principio de legalidad y en 
sintonía con la que está presente en el ámbito de la cultura jurídica común de los países 
de la Unión Europea. Una visión del principio de legalidad que encuentra su articulación 
óptima en la preservación del Estado de Derecho.
1.  Han sido muy diversos los derechos fundamentales invocados por la recurrente 
respecto del procedimiento penal desarrollado ante la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo que ha culminado con su condena a once años y seis meses de prisión y otros 
tantos de inhabilitación absoluta por la comisión de un delito de sedición de los arts. 544  e.e
y 545.1 CP. Nuestro principal desacuerdo con la posición mayoritaria en la que se  w.b
sustenta la sentencia radica en lo que consideramos un análisis de constitucionalidad y  513ww
uenspae crieaslmoleunctióen e nf ilnaa pl rodyee cclaió nin dveolc parciniócnip iod edle  pdreorpeocrhcoio naa lidlaa dl epgeanlaidl aad l a scaunacniotinficaadcoiróan, 
udnea la  vpiseinóan  rmeaálsiz afdleax ipboler  edle ól rgparinnoc ipjuiod icdiael  sleegnatelindcaida dpoer,n aalle. jaFdleox dibeil ildaa qdu eq uceo,n sai dseura mveozs, 
asociamos a una perspectiva en la que la defensa del Estado de Derecho y de los
principios  asociados  a  esta  noción  básica  de  las  democracias  modernas  deben 
conjugarse con una protección y garantía de los derechos fundamentales incluso de 
quienes no comparten la misma visión del respeto al Estado de Derecho.
Un  análisis  alternativo,  que  nosotros  consideramos  de  mayor  corrección 
constitucional y más respetuoso con el actual estándar en el derecho nacional y europeo 
de los derechos humanos, hubiera debido desembocar, tal como sostuvimos en la 
deliberación,  en  una  sentencia  estimatoria.  Esta  sentencia,  sin  negar  la  eventual 
relevancia penal de la conducta enjuiciada, hubiera debido acordar la necesidad de una 
cuantificación de la pena acorde con el principio de proporcionalidad penal en atención a 
la gravedad de la conducta enjuiciada y a su vinculación con el contexto del ejercicio de 
derechos fundamentales sustantivos, máxime en el caso de la recurrente, cuya condena 
se centra en hechos desarrollados en su condición de presidenta del Parlamento de 
Cataluña y, por tanto, en conexión con el ejercicio del derecho de representación política 
(art. 23.2 CE).
2.  El proceso argumental que nos ha llevado a defender esta posición durante la 
deliberación exige, por la interrelación que hay entre muchos de los aspectos alegados 
bajo la invocación del derecho a la legalidad penal y su conexión con otros derechos 
sustantivos, que se aborden, a pesar de que no se discrepe con la fundamentación ni la 
solución aportada a todos ellos, las siguientes garantías del principio de legalidad penal: 
(i) el principio de taxatividad en la configuración legal del delito de sedición; (ii) el 
principio de prohibición de interpretación extensiva o analógica en la aplicación judicial 
del delito de sedición; (iii) el principio de proporcionalidad penal en la configuración legal 
del delito de sedición, y (iv) el principio de proporcionalidad penal en la cuantificación de 
la pena en el momento judicial de su aplicación.
I.  Sobre el cumplimiento del principio de taxatividad en la configuración legal del 
delito de sedición.
3.  La  recurrente  no  establece  en  su  demanda  una  invocación  autónoma  del 
derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) por la eventual vulneración del principio de 
taxatividad o certeza en la configuración del delito de sedición, como sí han hecho otros 
condenados en la sentencia impugnada con el argumento de que los elementos que 
delinean  este  tipo  penal  resultan  indeterminados  y  de  difícil  aprehensión  para  la 
ciudadanía,  quien  no  podría,  en  consecuencia,  ordenar  su  comportamiento  con  la 
previsibilidad necesaria para no incurrir en una conducta delictiva. No obstante, por la 
conexión  que  mantiene  con  la  invocación  de  este  derecho  con  fundamento  en  su 
aplicación  extensiva  y  desproporcionada,  resulta  necesario  hacer  una  serie  de 
consideraciones sobre la respuesta dada a esta cuestión por el tribunal en las sentencias 
ya pronunciadas con anterioridad respecto de otros condenados, a las que se remite la 
posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia, argumentando que la conducta 
sancionada resulta reconocible con un razonable grado de claridad.
4.  En términos generales estamos de acuerdo con esta conclusión. Pero, tal y 
como pone de manifiesto parte de la doctrina penalista, la solución no era clara ni 
inequívoca desde el principio. Esta falta de certeza, sobre la que reflexionó y resolvió en 
extenso  el  tribunal  en  pronunciamientos  precedentes,  con  una  argumentación 
sumamente lógica, es un punto determinante para la posterior aplicación del principio de 
proporcionalidad. Es decir, sin discrepar de la subsunción ni los argumentos a este 
respecto, se puede admitir la existencia de dudas notables, y ello posee relevancia para  e.
el  posterior  análisis  de  la  garantía  de  proporcionalidad  penal.  Por  estas  razones  w.
exclusivamente, los párrafos que siguen hacen patente la relativa indeterminación de la  513ww
cdoensfcigripucraió lne gdael mlae nctoen dau pcatart isr adnec ieolneamdean teons  edle d uenli tofu edrete s ecadricáicótne.r  Enlo rdmelaittoiv od eq usee,d ifcreiónnte s ae 
caiquudealdloasn od. eL ocsa reálecmteer ndtoess cdreip ctiavorá, ctteiern neonr muantaiv om aápsa redcifeícnil  daep mreahneenrsaió mn uyp osre ñpaalratdea  deenl   BOE-A-cable e
todos los aspectos esenciales delimitadores de la conducta sancionada, ya que están 
presentes tanto para describir la acción típica –alzamiento público y tumultuario–, como 
el medio comisivo –fuerza o fuera de las vías legales– o la finalidad perseguida –impedir 
la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público 
el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las 
resoluciones administrativas o judiciales–. Estos elementos, al deber ser interpretados 
por parte de los aplicadores del derecho no a partir de su directa comprensión en el 
lenguaje común, sino mediante un proceso interpretativo más complejo en que influyen 
criterios que trascienden de los meramente gramaticales, implican un mayor grado de 
imprevisibilidad en su aplicación para el ciudadano.
Tampoco  cabe  ignorar  en  este  sesgo  de  relativa  indeterminación  del  delito  de 
sedición algunos aspectos sistemáticos como son: (i) La referencia expresa que se hace 
en la tipificación de este delito en el art. 544 CP a «sin estar comprendidos en el delito de 
rebelión», la cual pone de manifiesto una voluntad legislativa de que, en última instancia, 
el delito de sedición se configure como un escalón inmediato inferior de responsabilidad 
o residual en relación con el delito de rebelión. (ii) La íntima conexión que guarda el 
delito de sedición con otros tipos penales que se sancionan dentro del título relativo a los 
delitos contra el orden público, como se refleja en que (a) la acción pública y tumultuaria 
con fines de alteración de la paz pública es también parte de la descripción típica del 
delito  de  desórdenes  públicos  del  art.  557  CP  y  (b)  la  finalidad  de  impedir  el 
cumplimiento  de  acuerdos  o  resoluciones  administrativas  o  judiciales  es  también 
elemento constitutivo de los delitos de desobediencia de los arts. 410 y 556.1 CP.
Esta  relativa  indeterminación  del  delito  de  sedición  parece  que  resulta  también 
difícilmente  rebatible  a  partir  de  la  labor  interpretativa  complementaria  de  la 
jurisprudencia, dado el escaso número de ocasiones en las que el Tribunal Supremo ha 
tenido la oportunidad de analizar este delito. Así se acredita en la propia sentencia 
impugnada que cita como único precedente en su labor exegética del art. 544 CP la STS 
de 10 de octubre de 1980, que, en análisis de la regulación del art. 218 del Código penal 
de 1973 vigente en aquel momento, confirmó la condena por un delito de sedición, pero 
de la que reconoce que su «valor hermenéutico es más que limitado, al referirse a un 
artículo previgente» [FJ B) 4.4]. La misma consideración podría hacerse de las SSTS 
de 3 de julio de 1991 y 11 de marzo de 1994, que también en aplicación de dicho 
precepto ya derogado confirmaron la absolución por el delito de sedición.
5.  En conclusión, si bien la configuración legal del delito de sedición supera a 
nuestro  juicio  el  estándar  constitucional  establecido  por  el  principio  de  taxatividad, 
interesa resaltar, por su trascendencia respecto de la aplicación de otras garantías del 
derecho a la legalidad penal, la presencia de rasgos de relativa incertidumbre para la 
ciudadanía potencial autora de este delito derivados de (i) la alta presencia de elementos 
normativos en su configuración legal, (ii) la muy limitada posibilidad de que se pudieran 
aprehender  dichos  elementos  a  partir  de  una  previa  labor  complementaria  de  la 
jurisprudencia y (iii) la íntima conexión que mantiene en su umbral superior de gravedad 
con el delito de rebelión y en su umbral inferior con otros delitos contra el orden público.
II.  Sobre el cumplimiento del principio de prohibición de interpretación extensiva o 
analógica en la aplicación judicial del delito de sedición.
6.  La recurrente fundamentó una de las invocaciones del derecho a la legalidad 
penal  (art.  25.1  CE)  en  la  eventual  vulneración  del  principio  de  prohibición  de  s
interpretación y aplicación analógica o extensiva del delito de sedición, con el argumento  oe.
daddeueeft  eoq2cru0ítae1u  7ocl saoea nln a e blnolao s rr e Chdlaoeecnc ishsóeuonjbs ec srcouíaonn n cddsióeiivdn eeE rrdscaeoodlsn o óosarm gsspaíeaend,co itcc oiojousnsd  coicoosicma a–l oslho ióeasnrb a píandro ,e rde eulnsactu rielddta oiloidsgto reoe ncsl co,2 ian(0i s)  jtudistdeuui c crsiioeaenllpa atcqileimuómene  bndsrteeee     2021-19513n https://www.
estaba desarrollando allí, y el 1 de octubre de 2017, con ocasión de la celebración del
denominado referéndum–, y (ii) la propia consideración como sediciosos de los hechos 
que tuvieron lugar ambos días.
Esta invocación ha sido rechazada por la posición mayoritaria en la que se sustenta 
la sentencia argumentando que, con carácter general, la sentencia impugnada, con un 
razonable grado de concreción, ha fijado el soporte fáctico sobre el que fundamentar la 
existencia  de  la  infracción  penal  tanto  en  relación  con  los  actos  constitutivos  del 
«alzamiento tumultuario», que exige el tipo penal, como respecto del desarrollo de la 
estrategia ideada por los acusados, entre ellos la ahora recurrente, que sustentan su 
autoría.
7.  La argumentación desarrollada por la posición mayoritaria en la que se sustenta 
la sentencia, no siendo irrazonable, podría haber sido diversa al valorar la aplicación del 
principio de prohibición de la analogía del tipo penal de sedición, porque también aquí 
cabían dudas lógicas.
Son  fundamentadas  las  dudas  sobre  la  construcción  de  la  responsabilidad  por 
autoría que se ha desarrollado en la sentencia impugnada con el argumento de una 
supuesta amplia concertación de voluntades entre miembros del Govern, de la sociedad 
civil y de la propia recurrente, en su condición de presidenta del Parlamento de Cataluña. 
El juicio de su autoría, tal como se reconoce por parte de la posición mayoritaria en la 
que se sustenta la sentencia, se apoya de forma preponderante no en el desarrollo del 
verbo típico nuclear del delito de sedición, sino, como parte de ese concierto, en el 
ejercicio de sus funciones de presidenta del Parlamento de Cataluña, consistentes en 
impulsar  la  admisión,  tramitación,  debate  y  votación  de  concretas  iniciativas 
parlamentarias en abierta contradicción de lo acordado por el Tribunal Constitucional, 
que han servido de soporte a las decisiones adoptadas por la cámara. No obstante, si 
bien en algunos casos el desarrollo de estos actos parlamentarios de la recurrente 
podrían ser consideradas condiciones necesarias para la consecución de su alegada 
contribución al plan delictivo del establecimiento de una normativa paralela justificativa 
de  la  convocatoria  del  referéndum,  sin  embargo,  para  consumar  dicha  aportación 
delictiva,  se  exigía  también  la  concurrencia  de  voluntades  ajenas  a  la  recurrente 
protegidas por el derecho de representación política (art. 23.2 CE), como era la de los 
miembros de la mesa del Parlamento, sin cuyo voto mayoritario no se podía dar lugar a 
aprobar la tramitación de las iniciativas parlamentarias, y, lo que es más importante, de 
los miembros del Pleno del Parlamento de Cataluña, cuyos votos mayoritarios eran 
necesarios para la aprobación de las iniciativas sometidas a trámite.
También son aceptables las dudas relativas a que los actos del 20 de septiembre y 1 
de  octubre  de  2017  representen  actos  típicos  de  alzamiento  público  y  tumultuario 
desarrollados a partir de conductas de fuerza o vías de hecho. Es laxa la interpretación 
de estos medios comisivos realizada por las resoluciones judiciales impugnadas como 
sinónimos de «extravío procedimental». Admite dudas proyectar la idea de alzamiento 
tumultuario  sobre  dichas  movilizaciones.  Los  acontecimientos  del  20  de  septiembre 
de 2017 se desarrollan en el curso de una concentración por lo que, en principio, se 
encuentran  amparados  en  el  ejercicio  del  derecho  de  reunión,  sin  perjuicio  de  los 
excesos en los que algunos manifestantes pudieran haber incurrido en el ejercicio de 
este derecho. En relación con la multitudinaria movilización ciudadana del día 1 de 
octubre de 2017, los incidentes que se produjeron, aunque importantes, tuvieron carácter 
aislado, por lo que no resulta fácil atribuir a esa movilización ciudadana que tuvo lugar 
ese día con el fin de ejercer un supuesto derecho de voto elementos tumultuarios.
Por otra parte, si, en los términos exigidos por el órgano judicial, el delito de sedición  e.
no criminaliza meros actos colectivos de la ciudadanía intentando el incumplimiento de  w.b
órdenes  judiciales,  sino  «el  ataque  y  consiguiente  efectivo  riesgo  para  el  modo  513ww
dtaemmpooccroá ticcaob dríea  cpornevsicvienndciria d qeu eo tsraes q cuoisniesridoenr adcairo ntoedso, sr elocso ncoiucdidaadsa neons  leassp areñsoolelusc [io…n]e»s, 
simispteumgnaa ddaesm, oqcuráet i(ci)o  pteonníean  sdoeb rme alonsif ierisetsog eols  mpureyt eanltdoi dcoosn toro gl einnsetritaudcoiosn caol nq uees teols  paroctpoios 
colectivos, singularmente la suspensión de cualquier tipo de eficacia de la normativa que
pretendía dar legitimidad al denominado referéndum del 1 de octubre de 2017 y de los 
resultados  de  dicho  referéndum,  y  (ii)  inciden  en  que  la  pretensión  real  de  los 
condenados «era presionar al Gobierno de la nación para negociar un referéndum, este 
sí, susceptible de homologación». Ambos aspectos son relevantes en lo relativo a la 
subsunción del delito de sedición en tanto que servirían para proyectar serias dudas de 
tipicidad de la conducta respecto de la exigencia, reconocida por el propio órgano 
judicial, de la existencia de un efectivo riesgo para el sistema democrático, cuando (i) la 
pretensión real no era la declaración unilateral de independencia sino la presión política 
para poder conseguir, en su caso, dicha pretensión por procedimientos homologados por 
el actual régimen constitucional, y (ii) cuando, en su caso, dichos riesgos estaban 
controlados  mediante  los  instrumentos  establecidos  en  el  ordenamiento  jurídico  del 
propio sistema democrático. Específicamente, en el caso de la considerada aportación 
preponderante de la recurrente al concierto criminal que ha dado lugar a su condena por 
un delito de sedición, consistente en impulsar desde su condición de presidenta del 
Parlamento de Cataluña diversas actuaciones favorecedoras de la creación de una 
normativa  paralela  justificadora  del  referéndum  en  contradicción  con  los  reiterados 
requerimientos  del  Tribunal  Constitucional,  el  riesgo  de  creación  de  esa  supuesta 
legalidad paralela se mantuvo controlada, como se ha relatado de manera extensa en la 
sentencia impugnada, mediante la intervención de este tribunal en una variedad de 
procedimientos constitucionales anulatorios de dichas actuaciones.
8.  Estas valoraciones no permiten descartar a priori la invocación del principio de 
prohibición de la analogía en la aplicación de los tipos penales. La conducta enjuiciada 
podría haber tenido un encaje natural en otros tipos penales como los desórdenes 
públicos o, singularmente, en lo que se refiere a la concreta aportación de la recurrente, 
la desobediencia. No obstante, aun pudiendo concluirse que las labores interpretativa y 
subsuntiva del delito de sedición en este caso se han conducido con un grado de 
previsibilidad  suficiente  para  colmar  el  estándar  del  principio  de  prohibición  de  la 
analogía, sin embargo, por su trascendencia respecto de la aplicación del principio de 
proporcionalidad  penal,  deben  destacarse  determinados  aspectos  esenciales  en  el 
proceso argumental para la desestimación de esta vulneración.
Así,  es  relevante  que,  (i)  desde  la  perspectiva  de  la  acción  típica,  se  haya 
interpretado y considerado concurrente un alzamiento público y tumultuario, a partir de la 
idea  de  actos  públicos  cívicos  multitudinarios  con  incidentes  aislados;  (ii)  desde  la 
perspectiva de los medios comisivos, se haya interpretado y considerado concurrente el 
uso de fuerza o fuera de las vías legales, a partir de la idea de «extravío procedimental»; 
(iii)  desde  la  perspectiva  del  resultado  típico,  se  haya  considerado  concurrente  la 
existencia de un efectivo riesgo para el modo democrático de convivencia a partir de 
situaciones que estaban controladas mediante instrumentos legales y cuyo objetivo era 
ejercer  presión  política  para  posibilitar  la  búsqueda  de  vías  legales  de 
autodeterminación, y (iv) desde la perspectiva de la autoría, se haya interpretado y 
considerado concurrente la responsabilidad penal de la recurrente a partir no de su 
participación directa y singular en los hechos declarados sediciosos, sino de su actividad 
como presidenta del Parlamento de Cataluña en la medida en que pretendía hacer 
posible  una  legalidad  paralela  favorecedora  de  la  ejecución  delictiva,  para  la  que 
necesitaba, por cierto, la esencial contribución en muchas de sus actuaciones del voto 
favorable de la mayoría de los miembros de la mesa y del Pleno del Parlamento de 
Cataluña, que eran voluntades ajenas a su disponibilidad al estar protegidas en su 
autonomía y responsabilidad por el derecho de representación política. e.
Todos  estos  aspectos  son  de  interés  para  el  ulterior  análisis  del  principio  de  w.b
proporcionalidad penal, pues, aunque la interpretación y aplicación judicial del delito de  513ww
pserodhicibióicni ónp uddeie lara a nsaulpoegríaar,  neol  peusetdáen doabrv iacorsnes tqituuec ioenl óarl gaenstoa bjuledcicidiaol  oppotór  eenl  epsrtian claipbioo r ddee 
iunnteorsp rheetacchioósn  yy  psuabrtsicuipnacicóiónn p oern  eenltloesn dqeur er essep osnitsúaabnl ee pne lnoa lq au ela s ree cpuordrerínat ec oenns vidireturadr  deel 
umbral mínimo de tipicidad del delito de sedición en atención a los medios comisivos
utilizados, las conductas desarrolladas, la afectación al orden público y el grado de 
participación. En última instancia, si estas consideraciones no han tenido una traducción 
en términos de su subsunción en delitos de una inferior gravedad –desórdenes públicos 
o desobediencia, por ejemplo– sí resulta exigible constitucionalmente en términos de 
proporcionalidad penal, que deban tener un reflejo en la cuantificación de la pena dentro 
de su calificación como delito de sedición.
III.  Sobre  el  cumplimiento  del  principio  de  proporcionalidad  penal  en  la 
configuración penal del delito de sedición.
9.  La recurrente también ha invocado el principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), 
en su dimensión del principio de proporcionalidad penal, alegando que el delito de 
sedición (i) se sanciona con unas penas privativas de libertad elevadas y (ii) la conducta 
tipificada puede implicar una restricción de los derechos de reunión pacífica, libertad de 
expresión, libertad ideológica y, singularmente en su caso, el de representación política, 
provocando con ello un efecto desincentivador de tales derechos.
La posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia, en respuesta a esta 
invocación, incluye una transcripción del fundamento jurídico 23 de la STC 136/1999, 
de 20 de julio (asunto mesa nacional de Herri Batasuna), en que se destacan los dos 
aspectos  siguientes:  (i)  El  amplio  margen  de  libertad  del  legislador  penal  para  la 
configuración de los tipos y la cuantificación de las penas producto de un complejo juicio 
de oportunidad. (ii) La limitación del control de constitucionalidad en esta materia a la 
verificación de que no se produzca un patente derroche inútil de coacción que convierta 
la norma en arbitraria y que socave los principios elementales de justicia inherentes a la 
dignidad de la persona y al Estado de Derecho. A estos efectos, se debe indagar sobre 
(a) si los fines de protección de la norma penal son relevantes; (b) si la medida era 
idónea y necesaria para alcanzar esos fines de protección, por no ser manifiestamente 
suficientes  medios  alternativos,  y  (c)  si  el  precepto  es  desproporcionado  desde  la 
perspectiva de la comparación entre la entidad del delito y la entidad de la pena.
Existen  tres  aspectos  que  a  nuestro  juicio  deberían  haber  sido  objeto  de  un 
tratamiento más detenido por su relevancia para dar una respuesta más fundamentada a 
esta invocación. Estos aspectos son: (i) un análisis más en profundidad del principio de 
proporcionalidad  penal  en  la  jurisprudencia  constitucional;  (ii)  una  exposición  más 
detallada de la jurisprudencia establecida en la STC 136/1999 como precedente más 
relevante  para  la  resolución  de  la  invocación,  y  (iii)  el  tratamiento  del  principio  de 
proporcionalidad penal en la jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos y 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
10.  La resolución de la invocación del principio de proporcionalidad penal en la 
configuración del delito de sedición hubiera exigido un análisis más en profundidad del 
tratamiento que la jurisprudencia constitucional ha dedicado a este principio. La mera 
exposición –parcial, en relación con lo que después se dirá– de la STC 136/1999 refleja 
una visión jurisprudencial pretendidamente unitaria o monolítica que no se adecua a la 
realidad de una jurisprudencia constitucional más matizada y en la que cabe apreciar 
hasta dos corrientes o posiciones en convivencia simultánea, que se pueden concretar 
del siguiente modo:
(i)  La inicial posición del tribunal respecto de la eventual existencia de un principio 
de proporcionalidad penal estaba presidida por dos ideas fundamentales: (a) negar su 
conformación como una garantía reconocida en alguno de los derechos fundamentales  e.
alegables en amparo, especialmente en el art. 25.1 CE, y (b) ubicar de manera residual  w.
los supuestos de desproporción penal evidente en la configuración de los tipos penales  513ww
rceosmpoe toa ctau alcai ondeigsn ildeagdis lahtuivmasa ncao n(tarartr.i as1 0a.1 l oCs Ep)r inccoipni ous ndae  pjuosstiibciilaid a(adr t.d 1e. 1c oCnEtr)o yl  ddee 
constitucionalidad muy debilitada y excepcional.
En ese sentido, la STC 65/1986, de 22 de mayo, es categórica al afirmar que «en 
principio, el juicio sobre proporcionalidad de la pena, prevista por la ley con carácter 
general, con relación a un hecho punible que es presupuesto de la misma, es de 
competencia del legislador. […] Consecuentemente, no cabe deducir del artículo 25.1 de 
la Constitución Española un derecho fundamental a la proporcionalidad abstracta de la 
pena con la gravedad del delito» (FJ 3). En relación con ello, en el fundamento jurídico 2 
se hacía una consideración general sobre que «el principio de proporcionalidad de la 
pena  pueda  considerarse  consagrado  por  otros  preceptos  constitucionales. 
Especialmente los que constituyen a España como Estado de Derecho y proclaman la 
justicia como valor superior de su ordenamiento jurídico (art. 1) y el que establece que la 
dignidad de la persona humana y los derechos que le son inherentes son fundamento del 
orden político y de la paz social (art. 10)». En consolidación de esta posición acudieron 
las SSTC 160/1987, de 27 de octubre, FJ 6, y 150/1991, de 4 de julio, FJ 4.
Esta corriente es la que se ha asentado en relación con las invocaciones del principio 
de proporcionalidad sancionadora en el ámbito del derecho administrativo sancionador 
[así, por ejemplo, ATC 145/2015, de 10 de septiembre, FJ 4, y STC 13/2021, de 28 de 
enero,  FJ  5  b)],  sin  duda  por  la  imposibilidad  de  que  en  estos  casos  exista  una 
vinculación de la proporcionalidad penal con una eventual limitación del derecho a la 
privación de libertad.
(ii)  La  anterior  posición  jurisprudencial  sufrió  un  importante  giro  con  la 
STC 55/1996, de 28 de marzo, que aborda el principio de proporcionalidad penal, aun 
pretendiendo  mantener  una  cierta  línea  continuista,  desde  una  perspectiva 
completamente diferente caracterizada por los tres criterios siguientes: (a) el principio de 
proporcionalidad no es un canon autónomo; (b) el principio de proporcionalidad penal 
está conectado con el principio general de proporcionalidad vinculado a los derechos 
fundamentales, y (c) la fundamentación del principio de proporcionalidad penal se integra 
por la relación con la eventual restricción de derechos fundamentales en que pueda 
consistir la conducta sancionada o, más claramente, con la consecuencia jurídica de 
privación de libertad que implica, pero con un reconocimiento natural en el art. 25.1 CE, 
lo que permite hacer operativo y normalizado un control de constitucionalidad también en 
vía de amparo de este principio.
Así, cabe destacar, respecto del criterio (a), la afirmación de que «el principio de 
proporcionalidad no constituye en nuestro ordenamiento constitucional un canon de 
constitucionalidad autónomo cuya alegación pueda producirse de forma aislada respecto 
de otros preceptos constitucionales. […] Dicho con otras palabras, desde la perspectiva 
del  control  de  constitucionalidad  que  nos  es  propio,  no  puede  invocarse  de  forma 
autónoma y aislada el principio de proporcionalidad, ni cabe analizar en abstracto si una 
actuación de un poder público resulta desproporcionada o no. Si se aduce la existencia 
de desproporción, debe alegarse primero y enjuiciarse después en qué medida esta 
afecta  al  contenido  de  los  preceptos  constitucionales  invocados:  solo  cuando  la 
desproporción  suponga  vulneración  de  estos  preceptos  cabrá  declarar  la 
inconstitucionalidad» (FJ 3).
Respecto de los criterios (b) y (c), la afirmación más destacada es que «el ámbito en 
el  que  normalmente  y  de  forma  muy  particular  resulta  aplicable  el  principio  de 
proporcionalidad es el de los derechos fundamentales […]. Esta es, pues, la perspectiva 
de enjuiciamiento que debemos adoptar aquí, analizando si la sanción establecida por el 
legislador entraña un sacrificio desproporcionado de los derechos de libertad ideológica y 
de libertad personal, derecho este último que invocado en el contexto de penas de  s
privación de libertad remite naturalmente al art. 25.1 CE» (FJ 3). De ese modo, en esta  oe.
resolución se analiza el cuestionamiento del entonces delito de insumisión –negativa a  w.
cumplir el servicio social sustitutorio al servicio militar– por falta de proporcionalidad  513ww
pcoemnaol , easbpoercdiaanlmdeon ttaen yto d lea  mreasntreicrac iómnu yq ueex tpeondsíaa  dseul pdoenreerc hdoe  ala l ali bliebretratda did aepolliócagnicdao  (eFlJ t e5s),t 
(gFeJn e7r)a, ln edcee spirdoapdo drceio lan aslaidnacdió ne np esnua ld (iFmJe 8n)s yió and deecu faincaiólind acdu apnetitrasteivgau iddea  lap opre nlaa  s(FaJn c9i)ó.n  BOE-A-cable e
Esta posición jurisprudencial tuvo una inmediata proyección en la STC 136/1999, 
de 20 de julio, que es el único supuesto en que hasta ahora se ha estimado un recurso 
de amparo por vulneración del principio de proporcionalidad penal en la configuración 
legislativa  de  un  tipo  penal,  y  fue  seguida  posteriormente  en  el  análisis  de 
constitucionalidad de las invocaciones de falta de proporcionalidad penal en relación con 
los diversos delitos de violencia de género (así, por ejemplo, AATC 233/2004, de 7 de 
junio, y 332/2005, de 13 de septiembre, o SSTC 99/2008, de 24 de julio; 45/2009, de 19 
de febrero; 127/2009, de 26 de mayo, o 60/2010, de 7 de octubre).
11.  En los términos ya mencionados, el análisis que se hace por parte de la 
posición mayoritaria de la STC 136/1999 a nuestro juicio no desarrolla con la debida 
atención dos criterios centrales que conforman parte de la posición del tribunal respecto 
del principio de proporcionalidad penal en la configuración legislativa de los tipos penales 
y que son de interés para la resolución del presente recurso de amparo:
(i)  La STC 136/1999, como planteamiento central y a los efectos de establecer el 
encaje constitucional del principio de proporcionalidad penal –en aquel caso en relación 
con el delito de colaboración con banda armada–, asume los planteamientos de la 
STC 55/1996 y subraya que dicho principio está vinculado tanto a la restricción que 
puede suponer el tipo penal de determinados derechos fundamentales por la conducta 
sancionada como a la restricción que supone la imposición de una pena privativa de 
libertad y, por tanto, que ambos aspectos pueden ser objeto de análisis en vía de amparo 
bajo  la  invocación  del  art.  25.1  CE  en  relación  con  los  derechos  fundamentales 
sustantivos concernidos.
Así, en esta resolución se afirma que «en materia penal, ese sacrificio innecesario o 
excesivo de los derechos puede producirse bien por resultar innecesaria una reacción de 
tipo penal o bien por ser excesiva la cuantía o extensión de la pena en relación con la 
entidad del delito (desproporción en sentido estricto). En esta materia, en la que la 
previsión y aplicación de las normas supone la prohibición de cierto tipo de conductas a 
través de la amenaza de la privación de ciertos bienes –y, singularmente, en lo que es la 
pena más tradicional y paradigmática, a través de la amenaza de privación de la libertad 
personal–, la desproporción afectará al tratamiento del derecho cuyo ejercicio queda 
privado o restringido con la sanción. El contexto sancionador nos va a conducir con 
naturalidad del ámbito de la libertad personal (art. 17 CE) –cuando, como es ahora el 
caso, la pena sea privativa de libertad– al ámbito del principio de legalidad en materia 
sancionadora (art. 25.1 CE) (SSTC 55/1996, 161/1997, 61/1998), sin que, en conexión 
también con él, quepa descartar que quede también lesionado el derecho cuyo ejercicio 
quedaba  implicado  en  la  conducta  prohibida.  En  el  presente  caso  la  pretendida 
desproporción afectaría, pues, como hemos avanzado, al art. 25.1 CE en su relación con 
la libertad personal (art. 17 CE) y con las libertades de expresión y de información del 
art. 20 CE y la de participación en los asuntos públicos del art. 23 CE» (FJ 22).
(ii)  La  STC  136/1999  hizo  radicar  la  inconstitucionalidad  de  la  configuración 
legislativa del delito de colaboración con banda armada desde la perspectiva de la 
cuantificación de la pena considerando los tres aspectos siguientes: (a) la conducta 
típica, si bien no suponía una limitación desproporcionada de los derechos a la libertad 
de información, expresión o participación política, sí se mueve en la órbita de dichos 
derechos por lo que establecer una penas elevadas puede implicar un efecto desaliento 
respecto de su ejercicio; (b) ese efecto desaliento puede verse potenciado en los casos 
en que, aunque el tipo penal no infrinja la taxatividad, sí use conceptos indeterminados  e
que generen más incertidumbre, y (c) es precisa algún tipo de previsión legal que  bo
permita  atemperar  la  sanción  penal  para  adecuar  su  cuantificación  a  este  tipo  de  513ww
supuReesstpoes.cto del aspecto (a), la STC 136/1999 afirma que «hemos reiterado que la
dpiofulístiicóan  ndoe c eosntsatsit uiydee ausn  ee jeinrfcoicrmioa lcícioitnoe dse y l aess tlieb emrtoaddoe sd dee  peaxrpticreipsaiócnió, nd ee nin floar macatcivióidna dy 
de participación política y, por ello, no están tuteladas por esos derechos constitucionales
y por ello pueden ser objeto de sanción penal; sin embargo, también hemos señalado 
que es indudable que las conductas incriminadas son actividades de expresión de ideas 
e informaciones y constituyen una forma de participación política y, en consecuencia, una 
sanción  penal  desproporcionada  puede  producir  efectos  de  desaliento  respecto  del 
ejercicio lícito de esos derechos. En suma, aun admitiendo la legitimidad del recurso a la 
vía penal, la pena no puede proyectarse con la dureza que el tipo previene sobre la 
universalidad de los componentes del órgano dirigente de una asociación política que, si 
bien extralimitándose, han actuado en un ámbito en el que las formaciones políticas 
deben operar con la mayor libertad sin más limitaciones que las estrictamente necesarias 
para preservar la libertad de los ciudadanos» [FJ 29 c)].
Respecto del aspecto (b), la STC 136/1999 afirma que «finalmente debe tenerse en 
cuenta que ese efecto disuasorio se refuerza en supuestos como el presente en el que la 
relativa indeterminación del precepto, aunque no plantee problemas desde el punto de 
vista de la taxatividad, puede crear alguna incertidumbre acerca de si la expresión de 
unas ideas, la comunicación de una información o la participación en una determinada 
actividad pública es lícita o, por el contrario, resulta muy severamente penada. Esta 
incertidumbre puede inhibir de modo natural el ejercicio de tales libertades, necesarias 
para  el  funcionamiento  democrático  de  la  sociedad  y  radicalmente  imprescindibles 
cuando tal ejercicio se refiere a los partidos políticos y al momento en el que se dirigen a 
recabar la voluntad de los ciudadanos» [FJ 29 d)].
Respecto del aspecto (c), la STC 136/1999 afirma que «el precepto resulta, en 
efecto, inconstitucional únicamente en la medida en que no incorpora previsión alguna 
que hubiera permitido atemperar la sanción penal a la entidad de actos de colaboración 
con banda armada que, si bien pueden en ocasiones ser de escasa trascendencia en 
atención al bien jurídico protegido, no por ello deben quedar impunes. Expresado en 
otros términos, no es la apertura de la conducta típica de colaboración con banda 
armada la que resulta constitucionalmente objetable, sino la ausencia en el precepto de 
la  correspondiente  previsión  que  hubiera  permitido  al  juzgador,  en  casos  como  el 
presente, imponer una pena inferior a la de prisión mayor en su grado mínimo. A partir, 
por tanto, de la apreciación por parte de la Sala sentenciadora de que nos encontramos 
ante uno de los mencionados "actos de colaboración" con banda armada, el precepto 
legal en cuestión hubiera debido permitir la imposición de una pena proporcionada a las 
circunstancias  del  caso:  no  habiéndolo  hecho  así,  el  reiterado  precepto  incurre  en 
inconstitucionalidad en el sentido que se acaba de indicar» (FJ 30).
12.  Un último aspecto de la mayor utilidad en la resolución de la invocación del 
principio de proporcionalidad penal en la configuración legislativa del delito de sedición 
hubiera sido profundizar en la jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos y 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta materia.
La jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos sobre este principio está 
fundamentada  en  los  tres  aspectos  esenciales  siguientes:  (i)  El  principio  de 
proporcionalidad penal en cuanto a la determinación legislativa de la cuantificación de la 
pena vinculado a la afectación del derecho a la libertad no tiene un reconocimiento 
expreso entre las garantías del Convenio europeo de derechos humanos, singularmente 
el derecho la legalidad penal (art. 7 CEDH), y queda dentro del margen de apreciación 
nacional (así, STEDH de 9 de julio de 2013, asunto Vinter y otros c. Reino Unido, § 105). 
(ii) Solo cuando la sanción fuera extremadamente desproporcionada, podría entrar en 
juego, en su caso, la prohibición de penas inhumanas del art. 3 CEDH (así, STEDH de 9 
de julio de 2013, asunto Vinter y otros c. Reino Unido, § 102). (iii) El principio de  e.
proporcionalidad penal en cuanto al recurso al derecho penal vinculado a la sanción de  w.b
conductas que supongan una injerencia en el ejercicio de derechos fundamentales  513ww
ssuussttaannttiivvooss  eqnu eeld Ca oninvceluniidoo e udroepnetroo  ddee d elare cphrooste hcucmióna nodsis.pensada  a  dichos  derechos
EuroRpeesop eDcetore cdheo se Hstuom  úalntiomso ,e sl oq umeá, sc osni gcnaifriáccatteivro g ednee rlaal , jpuorissipbriluitdae unnci ac odnetrlo lT irnibculunsaol 
abstracto y no solo aplicativo, cuando la configuración legislativa del tipo penal se hace
de tal modo que no existe un ámbito de aplicación autónomo que no sea lesivo de dicho 
derecho. Ese control se ha realizado, por ejemplo, respecto del derecho a la vida privada 
(art. 8 CEDH) en relación con la sanción penal de determinadas relaciones íntimas entre 
personas del mismo sexo (así, SSTEDH de 22 de octubre de 1981, asunto Dudgeon c. 
Reino Unido, o de 26 de octubre de 1988, asunto Norris c. Irlanda), o de carácter 
incestuoso (así, STEDH de 12 de abril de 2012, asunto Stübing c. Alemania), o, respecto 
del derecho a la libertad de expresión (art. 10 CEDH) en relación con la sanción de 
injurias  a  determinadas  instituciones  (así,  STEDH  de  25  de  junio  de  2002,  asunto 
Colombani y otros c. Francia). Más allá de ello, si la conclusión es que dicha tipificación 
no vulnera en sí misma el derecho sustantivo concernido, la cuantificación abstracta de 
la pena no es controlable desde el Tribunal Europeo Derechos Humanos y se remitiría a 
cada acto concreto de aplicación el análisis de si en las circunstancias del caso, por 
estar afectado el ejercicio de un derecho fundamental sustantivo, la sanción penal es 
desproporcionada en el sentido de que es innecesaria en una sociedad democrática, en 
cuyo caso se habría vulnerado dicho derecho sustantivo (así, por ejemplo, respecto de 
pronunciamientos que conciernen a España, SSTEDH de 15 de marzo de 2011, asunto 
Otegi Mondragón c. España, y de 13 de marzo de 2018, asunto Stern Taulats y Roura 
Capellera c. España).
13.  La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el principio 
de proporcionalidad penal resulta de especial interés tomando en consideración que el 
art. 49.3 CDFUE reconoce el principio de proporcionalidad penal como una garantía 
autónoma dentro del derecho a la legalidad penal, al establecer que «la intensidad de las 
penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción» y que, además, 
dicho precepto ha sido expresamente invocado por la recurrente en su demanda. A esos 
efectos, los aspectos centrales de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea sobre el particular son las siguientes:
(i)  Se trata de un principio penal autónomo e independiente con sustantividad 
propia (STJUE de 4 de octubre de 2018, asunto C-384/17, § 40-45), conforme al cual las 
sanciones previstas en una normativa no deben exceder de lo que resulta necesario para 
lograr los objetivos legítimamente perseguidos por esa normativa y la gravedad de las 
sanciones  deberá  adecuarse  a  la  gravedad  de  las  infracciones  que  castigan, 
garantizando un efecto realmente disuasorio (SSTJUE de 16 de julio de 2015, asunto 
C-255/14, § 22-23; y de 11 de febrero de 2021, asunto C-77/20, § 37-38).
(ii)  La proporcionalidad de una sanción debe valorarse tanto desde la perspectiva 
del sacrificio que supone la conducta tipificada para los derechos del potencial autor 
(STJUE de 12 de septiembre de 2019, asunto C-64/18 y acumulados, § 42) como desde 
la perspectiva de la repercusión de la sanción en el ejercicio de derechos (STJUE de 11 
de febrero de 2021, asunto C-77/20, § 54).
(iii)  La determinación de que una sanción es desproporcionada se vincula también 
con la posibilidad otorgada por la normativa de aminoraciones de responsabilidad o 
sustituibilidad de las sanciones (STJUE 12 de septiembre de 2019, asunto C-64/18 y 
acumulados, § 42-47).
(iv)  La  proporcionalidad  penal  exige  que  se  individualice  el  grado  de 
responsabilidad  del  sujeto  cuando  actúa  en  conjunción  con  otros  responsables  en 
atención a su contribución al hecho (sentencia del Tribunal General de 15 de julio 
de 2015, asunto T-418/10, § 411-413).
14.  Los criterios operativos establecidos en la STC 136/1999 y la jurisprudencia del  oe.
Thddaeeriystbeaaur lnmievainunl tlaonEn euq rqruaouedpe oep  nooeo dl  Drcípaoer nrigenseccidhnipeoeirosrea  mrdHsoeeus  m epqnaruo neepo los eer ncjye iol rancT iaccrlioiibodnu afdnidgea u l prdaedecnerieóa cnlJ h unloesis gt icadfuilea nds ddedaele m d eeelalln it topaU oldenteesió  nsnncei i addEli ecusieródofneep c estlaeoa     2021-19513n https://www.
perspectiva de la gravedad de la sanción privativa de libertad que comporta por las
razones siguientes:
(i)  El delito de sedición establece en su configuración legislativa la sanción de 
conductas que pueden desarrollarse en la órbita del ejercicio de derechos fundamentales 
sustantivos,  singularmente  los  derechos  a  la  libertad  ideológica,  de  reunión  y  de 
participación política, que son los también alegados por la recurrente. Esto no determina, 
sin  embargo,  que  este  tipo  penal  sea  inconstitucional  en  su  actual  configuración 
legislativa, opinión que compartimos con la posición mayoritaria en la que se sustenta la 
sentencia. No cabe apreciar que, en sí misma considerada, la acción tipificada en el 
delito de sedición sea siempre y en todo caso una restricción ilegítima de derechos 
sustantivos sin espacio para la sanción de conductas por completo ajenas ya no solo al 
núcleo esencial de estos derechos sustantivos sino también a un ejercicio extralimitado 
que se mueva en su contexto.
No obstante, sí hay que dejar constancia de esa potencial conexión del delito de 
sedición  con  el  contexto  del  ejercicio  de  determinados  derechos  fundamentales 
sustantivos. Ese es un aspecto relevante que debe analizarse en el momento aplicativo 
por parte del órgano judicial penal en una doble dimensión: (a) en la verificación general 
–y previa a la propia labor de subsunción penal– de que en el caso concreto cualquier 
respuesta penal pueda resultar una injerencia desproporcionada por tratarse de una 
conducta que se desenvuelve dentro del ejercicio de un derecho fundamental o en su 
contexto, en cuyo caso dicha respuesta penal sería lesiva del derecho fundamental 
sustantivo concernido (así, por ejemplo, STC 35/2020, de 25 de febrero, FJ 5), y (b) en la 
verificación consecuente a la labor de subsunción penal de que –una vez acreditado que 
en el caso concreto la respuesta penal puede resultar una injerencia proporcionada por 
tratarse  de  una  conducta  que,  aun  desenvolviéndose  en  la  órbita  de  un  derecho 
fundamental, suponía el ejercicio ilegítimo de este– la respuesta penal no se imponga de 
una manera tan particularmente severa que pueda generarse un efecto desaliento en 
estos derechos, en cuyo caso esa cuantificación de la pena sería lesiva del principio de 
proporcionalidad penal como garantía del derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1), 
en relación con el derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE) y al derecho fundamental 
sustantivo concernido.
Por otra parte, el delito de sedición, como ya se ha expuesto, se configura con el uso 
de conceptos relativamente indeterminados y a partir de una relación sistemática con 
otros delitos tanto en su umbral superior de responsabilidad como inferior que, si bien no 
implican un nivel de vaguedad tal que permita concluir la vulneración del principio de 
taxatividad, sí le dota de un ámbito de incertidumbre que al ubicarse en el contexto del 
ejercicio de derechos fundamentales puede coadyuvar a un efecto desaliento en el caso 
de que se haga una aplicación del tipo sin tomar en consideración estos aspectos en la 
cuantificación concreta de la pena por parte del órgano judicial.
(ii)  Las consecuencias jurídicas previstas para el delito de sedición, en principio, 
tampoco pueden ser consideradas como groseramente desproporcionadas en la medida 
en  que  el  legislador  ha  configurado  este  delito  incluyendo  previsiones  legales  que 
permiten atemperar la sanción penal para adecuar su cuantificación a la singularidad de 
cada conducta enjuiciada.
Se constata que, en sede de tipicidad, el tipo penal básico tiene un marco penal de 
cuatro a ocho años de prisión e inhabilitación especial (art. 545.2 CP), de ocho a diez 
años para los principales autores y de diez a quince años si los autores estuvieran 
constituidos en autoridad (art. 545.1 CP). No obstante, se ha configurado legalmente que 
este marco penal puede verse reducido en uno o dos grados escala en el caso de que 
no se haya llegado a entorpecer de un modo grave el ejercicio de la autoridad pública ni  s
ocasionado la perpetración de otro delito grave (art. 547 CP), lo que determina que (a)  oe.
para el tipo básico se pueda modular la pena con marcos penales de uno a dos años –si  w.
se rebaja en dos grados– o de dos a cuatro años –si se rebaja en un grado–; (b) para la  513ww
rpeesnpaolenss adbeil iddoasd  ad ceu alotrso  apñrionsc ip–asil esse  areubtoarjae se ns ed ops ugerdaad oms–o dou dlaer  cluaa trpoe naa o cchoon  amñoasr c–ossi 
esen  raeubtaojraid eand  ulan  mgroadduol–a;c yió n(c )s ep aprau elad er ehsapcoenrs aab piliadratidr  ddee  qmuaiercnoess  peesntuavleiess edne  cdoonss taitñuoidso sy   BOE-A-cable e
seis meses a cinco años –si se rebaja en dos grados– o de cinco a diez años –si se 
rebaja en un grado–.
Igualmente, es constatable la posibilidad de atemperación de la cuantificación de la 
pena por la comisión de este delito a través del juego de las circunstancias modificativas 
de la responsabilidad penal como pueden ser la eximente incompleta del ejercicio de un 
derecho  (art.  21.1,  en  relación  con  el  art.  20.7  CP),  o  la  atenuante  de  analógica 
significación a la eximente incompleta del ejercicio de un derecho (art. 21.7, en relación 
con los arts. 21.1 y 20.7 CP). En ambos casos, los arts. 68 y 66.1.2 CP posibilitan por la 
concurrencia de estas circunstancias modulaciones de la respuesta penal inferiores en 
uno o dos grados escala.
Llegado el caso, el propio Código penal admite otras formas, atípicas y diferidas, de 
posible atemperación que se ponen a disposición del órgano judicial, como son las 
previstas en el art. 4.3 CP relativas a la posibilidad de que, cuando considere que una 
pena sea notablemente excesiva, acuda al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la 
modificación del precepto o la concesión de indulto.
15.  En conclusión, la configuración legislativa del delito de sedición penal tanto 
desde la perspectiva del potencial efectos desaliento que podría generarse en el ejercicio 
de derechos fundamentales como de la posibilidad efectiva que aporta para adecuar la 
cuantificación  de  la  pena  a  la  gravedad  de  la  conducta  no  permite  concluir  una 
vulneración  del  principio  de  proporcionalidad  penal,  sin  perjuicio  de  la  eventual 
vulneración que podría producirse de este principio en el momento aplicativo por parte 
del órgano judicial penal.
IV.  Sobre  el  cumplimiento  del  principio  de  proporcionalidad  penal  en  la 
cuantificación judicial de la pena.
16.  La recurrente hace también una invocación del derecho a la legalidad penal, 
alegando  que  el  órgano  judicial  le  ha  impuesto  una  pena  desproporcionada  a  la 
gravedad de la conducta (arts. 25.1 CE en relación con el art. 17 CE y el art. 49 CDFUE) 
y que se lesionan, además, los derechos fundamentales a la libertad de reunión pacífica 
y a las libertades de expresión e ideológica (arts. 16, 20 y 21 CE), además del derecho 
de representación política (art. 23.2 CE) por el efecto desincentivador que genera esa 
severa pena en el ejercicio de esos derechos fundamentales. A estos efectos, destaca 
aspectos como que la pena de once años y seis meses de prisión es similar a la aplicada 
por los delitos de homicidio y que el órgano judicial no ha utilizado ninguna de las 
previsiones  legales  para  adecuar  la  pena  a  la  gravedad  del  hecho  como  eran  las 
relativas  a  las  formas  imperfectas  de  ejecución,  el  tipo  atenuado  de  sedición  del 
art. 547 CP, o las circunstancias genéricas atenuadoras de la responsabilidad penal por 
la vinculación de los hechos al contexto del ejercicio de derechos fundamentales.
La posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia rechaza esta invocación 
argumentando que la gravedad de la conducta se acredita a partir de la concurrencia de 
los elementos del tipo de sedición y que la conducta de la recurrente no constituye un 
mero exceso o extralimitación en el ejercicio de derechos fundamentales, sino que se 
sitúa en un ámbito absolutamente ajeno a los mismos, ya que su finalidad era neutralizar 
las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional y los órganos judiciales mediante 
la movilización ciudadana, por lo que no puede alegarse un eventual efecto desaliento 
para considerar desproporcionadas las penas impuestas.
17.  Discrepamos  del  análisis  que  realiza  la  posición  mayoritaria  en  la  que  se  e.
sustenta la sentencia de esta invocación y de su conclusión de que no concurre una  w.
vulneración del principio de proporcionalidad penal en la cuantificación de la pena. 513ww
Su sAu jleocsi óónrg aa nlao sC joundsictiitaulecisó np etnaamlebsié lne sle cso irmrepsopnoen duen ala  fuanpclicióanc ipórnin dceip laal  ndoer mreastpiveato p ae nloasl. 
dreesrpeochnodse , fupnodr aemjeemntpalloe,s  lae n oblali gaapcliiócna ciiómnp udees tae sad ensodrem aatnivtiag upoe npaolr.  Ala  ejusrais perxuidgeenncciiaa   BOE-A-cable e
constitucional a los jueces penales de que, con carácter previo a su genuina labor de 
interpretar y aplicar la normativa penal, asuman, en su función de garantes de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos, la valoración de si la conducta enjuiciada 
supone el ejercicio de derechos fundamentales, de modo tal que si se omite ausencia de 
esa  valoración  se  considera  vulnerado  el  derecho  fundamental  concernido.  En  esa 
misma línea y también desde una estricta perspectiva constitucional, el más completo 
cumplimiento de las exigencias del art. 25.1 CE por parte del juez penal no se agota en 
la prohibición de la analogía en la interpretación y aplicación de los tipos penales, sino 
que se proyecta también sobre la verificación de que la respuesta penal en la aplicación 
de esos tipos y en la individualización de la sanción no resulte desproporcionada.
El principio de proporcionalidad penal, de ese modo, impone un estándar de control, 
como ya se desarrolló de manera más elaborada en las SSTC 55/1996 y 136/1999 y se 
ha expuesto anteriormente, para determinar si la respuesta penal en las concretas 
circunstancias del caso, tomando en consideración el sacrificio que supone la pena en 
términos de privación de libertad y el efecto desaliento que puede generar en el ejercicio 
de derechos fundamentales sustantivos vinculados a la conducta sancionada, resulta por 
su  severidad  innecesaria  para  la  consecución  de  la  finalidad  perseguida  con  la 
tipificación del delito por ser alcanzable con una menor intensidad penal –o lo que es lo 
mismo, con un menor sacrificio de derechos fundamentales–. Este parámetro de control 
implica  una  visión  de  conjunto  en  que  han  de  ponderarse,  (a)  debido  al  carácter 
relacional  del  principio  general  de  proporcionalidad,  la  incidencia  que  la  concreta 
respuesta penal supone en todos los derechos fundamentales que puedan resultar 
concernidos y los costes tanto en términos de sacrificio real como en el potencial efecto 
desincentivador que puede tener sobre ellos, y (b) las posibilidades normativas con las 
que cuenta el órgano judicial penal para adecuar la cuantificación de esa respuesta 
penal para aportar una respuesta proporcionada; ya que es competencia de ese órgano 
judicial apreciar cuál de ellas resulta de aplicación.
18.  La posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia ha hecho una 
especial incidencia en la desestimación de la invocación del principio de proporcionalidad 
penal argumentando que la pena impuesta –once años y seis meses de prisión y de 
inhabilitación– está comprendidas dentro de la horquilla que establece del delito de 
sedición, concretamente de diez a quince años.
A esos efectos, es de destacar que la determinación de esa pena no se relaciona con 
la petición del Ministerio Fiscal, que no formuló acusación por el delito de sedición, y que 
excedió de la pedida por la abogacía del Estado como acusación particular, que era de 
diez años de prisión. Su cobertura únicamente está en la petición realizada por el partido 
político  Vox.  Sin  perjuicio  de  las  eventuales  consecuencias  que  pudiera  tener  esta 
circunstancia  en  el  principio  acusatorio,  no  puede  obviarse,  en  el  juicio  de 
proporcionalidad que ahora nos incumbe, el hecho de que se haya acudido también 
como justificación de la individualización de la pena a una petición realizada por una 
acusación popular que, por ser ejercida por un partido político, la propia sentencia 
impugnada califica como perturbadora y respecto de la que insta al Gobierno sobre la 
conveniencia de su supresión en la legislación procesal penal. En definitiva, incluso en el 
marco legal de la individualización concreta de la pena el órgano judicial contaba con los 
suficientes instrumentos normativos como para haber adecuado la cuantificación de la 
pena, al menos, al mínimo legal posible de diez años.
19.  Nuestra discrepancia, sin embargo, va más allá de la posibilidad de que se  e
hubiera impuesto la pena mínima del marco penal abstracto. Consideramos que en el  bo
caso  concurrían  circunstancias  suficientes  que,  en  aplicación  del  principio  de  513ww
pcuroapnotirfcicioancaiólind adde  plae nraels, phuuebsietar apne dneatle, ram cinriatedroio u ndae l póorngdaenroa cjuiódnic qiaul,e  cpoenr mlait iaeprali caajcuisótna r dlea 
pgrreavviesdioande stí paicteam (paertr.a 5d4o7ra Cs Pd)e not rao  ldae c eosnac ucrarelinficciaac idóen  cdierc usendsticainócni arse lmatoivdaisfi caa tsivua sin dfeer iolar 
responsabilidad penal o, incluso con la aplicación de otros tipos penales como podría 
ser, en este caso, la desobediencia. Estas circunstancias son las siguientes:
(i)  La  configuración  legal  del  delito  de  sedición  se  ha  realizado  mediante  la 
presencia de rasgos de incertidumbre para el ciudadano potencial autor de este delito 
derivado de (a) la alta presencia de elementos normativos, (b) la nula posibilidad de que 
se pudieran aprehender dichos elementos a partir de una previa labor complementaria 
de la jurisprudencia que era inexistente hasta el momento presente, y (c) la íntima 
conexión que mantiene en su umbral superior de gravedad con el delito de rebelión y en 
su umbral inferior con otros delitos contra el orden público.
(ii)  Estos  rasgos  de  incertidumbre,  ante  la  eventualidad  de  que  la  conducta 
sancionable pudiera desenvolverse en el contexto o la órbita de ejercicio de derechos 
fundamentales sustantivos como los derechos a la libertad ideológica, de expresión, de 
reunión o de participación política, son susceptibles de generar un efecto desaliento 
especialmente derivado de las altas penas previstas por su comisión.
(iii)  En  ese  contexto  de  incertidumbre  estructural  del  delito  de  sedición,  las 
resoluciones  judiciales  impugnadas  han  optado  en  la  labor  de  interpretación  y 
subsunción para entender responsable penal a la recurrente de ese delito por sancionar 
unos hechos que se sitúan en el umbral mínimo de tipicidad de este delito: (a) La acción 
típica  de  alzamiento  público  y  tumultuario  se  ha  proyectado  sobre  actos  públicos 
multitudinarios con incidentes aislados. (b) Los medios comisivos típicos se han reducido 
a supuestos de «extravío procedimental». (c) El resultado típico de un efectivo riesgo 
para el modo democrático de convivencia se ha predicado de situaciones controlables y 
controladas mediante instrumentos legales, el objetivo de aquellas era ejercer presión 
política  para  posibilitar  la  búsqueda  de  vías  legales  de  autodeterminación  y  se 
desarrollaron  con  reiterados  llamamientos  a  que  tuvieran  carácter  pacífico. 
Singularmente, en relación con las actuaciones parlamentarias en que se concreta la 
preponderante aportación de la recurrente a la conducta delictiva global de los acusados, 
el  riesgo  de  creación  de  esa  supuesta  legalidad  paralela  se  mantuvo  controlada 
mediante  la  intervención  de  este  tribunal  en  una  variedad  de  procedimientos 
constitucionales anulatorios de dichas actuaciones.
(iv)  La autoría de la recurrente se ha construido sobre consideraciones normativas 
ajenas a su participación directa y singular en los hechos declarados sediciosos –los 
del 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017–, como es la existencia de un concierto de 
voluntades  en  que  su  actividad  parlamentaria  en  su  condición  de  presidenta  del 
Parlamento de Cataluña posibilitó el marco normativo impulsor del referéndum y de la 
movilización  ciudadana  para  asegurar  su  celebración  y  la  consecutiva  imputación 
recíproca y solidaria de responsabilidad con el resto de condenados. Así, se incide en 
que  la  recurrente  es  condenada  principalmente  por  su  actuación  parlamentaria, 
consistente  en  impulsar  la  admisión,  tramitación,  debate  y  votación  de  concretas 
iniciativas parlamentarias, que han servido de soporte a las decisiones adoptadas por la 
cámara en abierta contradicción con la Constitución y en contumaz oposición a los 
pronunciamientos  del  Tribunal  Constitucional,  cuyas  notificaciones,  requerimientos  y 
advertencias, también de la posible relevancia penal de su conducta, ignoró, en la 
medida en que se inserta en un acuerdo con el resto de acusados, que incluía, la 
creación de una normativa de cobertura al referéndum.
Estas actuaciones, a los efectos de su calificación penal y determinación de la pena, 
aunque  eventualmente  pudieran  ser  en  sí  mismas  consideradas  como  una 
desobediencia al Tribunal Constitucional, e incluso, utilizadas para su subsunción en el  e.
delito  de  sedición,  como  condiciones  necesarias  para  la  consecución  del  objetivo  w.b
pretendido, no resultaban suficientes para consumar la aportación delictiva que se alega  513ww
cnoonrmcearttiavad a pcaorna leelal  rejusstoti fidcea ticvoan ddeen aldao sc opnovr oecastteo ridae lidtoe l dere fqeuréen dsuem e. staSbel eceixeirgaí au nlaa 
Pcoanrlcaumrreenntcoi ad ed Cela tvaolutoñ a,m aajeyonroit aar isou  dceo ntlorosl  ym fiuenmcbiornoes s dpea rllaam  emnetasari asy.  Ndeol  pParleenceo  qdueel 
estas consideraciones hayan tenido algún reflejo en el juicio sobre la proporcionalidad de 
la pena.
(v)  La aplicación del delito de sedición se ha realizado sobre dos actos que, al 
margen de que pudieran suponer una confrontación con decisiones jurisdiccionales, se 
desenvolvían en el contexto del derecho de reunión pacífica y se desarrollaron con solo 
puntuales incidentes. En estas circunstancias debía evitarse que la sanción –derivada de 
la negación de la autoridad de las decisiones que se incumplían por parte de las 
conductas objeto de la acusación y del llamamiento general a manifestar pública y 
cívicamente ese desacuerdo–, no implicara una sanción excesivamente severa de una 
actividad que, aunque implicara un ejercicio extralimitado e ilegítimo, se desarrollaba en 
la órbita de protección de aquel derecho y, por tanto, debía evitarse que se generara un 
efecto desaliento, tal como ya hemos desarrollado ampliamente en los votos particulares 
formulados a las ya citadas SSTC 121/2021 y 122/2021.
(vi)  La participación que, dentro del concierto de voluntades, se considera relevante 
para establecer la responsabilidad penal de la recurrente por el delito de sedición y 
condenarla a sendas penas de prisión e inhabilitación durante once años y seis meses, 
como ya se ha reiterado, se concreta preponderantemente en su actividad de presidenta 
del Parlamento de Cataluña, consistente en impulsar la admisión, tramitación, debate y 
votación de concretas iniciativas parlamentarias.
La posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia ha considerado, de 
manera correcta a nuestro parecer, que la circunstancia de que se tratara de actuaciones 
netamente parlamentarias no permitía, por sí sola, la apreciación de la prerrogativa de 
inviolabilidad del art. 57.1 EAC, ya que se adoptaban en abierto incumplimiento de 
previas resoluciones del Tribunal Constitucional que concretamente advertían sobre ese 
particular. Ahora bien, lo relevante en el análisis de la invocación del art. 25.1 CE, desde 
la perspectiva del principio de proporcionalidad, no es que en aplicación del art. 23.2 CE 
resultara concurrente la prerrogativa de inviolabilidad, sino el hecho de que, siendo una 
conducta que se desarrollaba en el contexto de una actividad parlamentaria propia del 
derecho de representación política, aunque lo fuera de una manera extralimitada, esta 
circunstancia debía tener reflejo en el juicio de proporcionalidad indispensable para la 
determinación de la responsabilidad penal. A esos efectos, la posición mayoritaria en la 
que se sustenta la sentencia considera que la actuación de la recurrente no fue una 
mera extralimitación dentro de las funciones que constitucional y estatutariamente tenía 
asignadas, sino de una conducta por completo fuera de ese ámbito, en tanto suponía el 
repudio al carácter vinculante de la Constitución y del Estatuto de Autonomía.
Discrepamos  de  esa  apreciación.  La  conducta  de  la  recurrente,  que  ha  sido 
considerada preponderante en el juicio sobre su autoría del delito de sedición, no parece 
que  pueda  razonablemente  controvertirse  que  se  ha  desarrollado  en  el  contexto 
subjetivo y objetivo del ejercicio de su derecho fundamental de representación política, 
en los términos ampliamente desarrollados en la jurisprudencia constitucional. Se trata, 
subjetivamente,  de  actuaciones  realizadas  no  solo  por  una  diputada,  sino  por  una 
persona  de  tal  condición  especialmente  cualificada  como  es  la  presidenta  de  un 
parlamento. La relevancia de esa condición institucional, tal como se sostuvo en la 
STEDH de 22 de diciembre de 2020, asunto Selahattín Demirtaş c. Turquía –núm. 2–, 
§ 395, aunque lo fuera en un contexto distinto y respecto de la figura de un líder de la 
oposición, determina un superior nivel de protección contra cualquier injerencia, como la 
que en este caso supone una condena penal. Por otro lado, objetivamente, se refería a 
actuaciones propias de ese cargo –bien de manera individual bien en la condición de  s
miembro de algún órgano colegiado de la Cámara–, como era el impulsar la admisión,  oe.
tramitación, debate y votación de concretas iniciativas parlamentarias. De ese modo,  w.
esta circunstancia, por sí sola, implica la exigencia de que cualquier injerencia sea objeto  513ww
ddee  udnic jhuaic iion jseorebnrec isau  enne cleas irdeasdtr iecnci óunn ay s oecfeiecdtoa dd deesmalioecnrtáot icqau ey  spouberdee la g pernoeproarrc iosonbarlied aedl 
ejercicio del derecho de representación política.
Ciertamente, coincidimos con la apreciación de la opinión mayoritaria en la que se 
sustenta la sentencia de que todas estas actuaciones se realizaron en extralimitación del 
derecho de representación política, en tanto que suponía un abierto enfrentamiento con 
concretos requerimientos de este tribunal sobre determinados deberes de abstención 
derivados tanto de la Constitución como del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de los 
propios pronunciamientos de este tribunal. Esta extralimitación posibilita la injerencia en 
el derecho de representación política en la medida en que supone el repudio al carácter 
vinculante de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña e ignora la 
posición institucional del Tribunal Constitucional en nuestro sistema constitucional. Es 
más, no excluimos que esta extralimitación, al vincularse con el incumplimiento de 
requerimientos  de  este  tribunal  en  que,  además,  ya  se  advertía  de  eventuales 
responsabilidades penales, pudiera justificar incluso una injerencia en este derecho de 
representación política de la recurrente en forma de condena penal como respuesta 
necesaria en una sociedad democrática.
No obstante, discrepamos de que esa mera extralimitación resulte suficiente sin una 
ponderación de la proporcionalidad de la respuesta penal para la severa condena de 
once años y seis meses de prisión e inhabilitación impuesta a la recurrente por el 
devastador efecto desaliento que tiene sobre el ejercicio de este derecho fundamental; y 
de que no se hayan valorado alternativas de determinación de la pena que, como se 
expone a continuación, había puesto el legislador a disposición de los aplicadores del 
derecho para hacer efectivo el principio de proporcionalidad como contenido esencial del 
derecho  a  la  legalidad  pernal  (art.  25.1  CE),  en  relación  con  el  derecho  de 
representación política (art. 23.2 CE).
(vii)  La  normativa  penal  hace  una  previsión  expresa  de  la  posibilidad  de 
atemperación de la cuantificación de la pena por la comisión de este delito tanto a través 
del tipo atenuado o impropio de la sedición del art. 547 CP como del juego de las 
circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad  penal  –eximente  incompleta  del 
ejercicio de un derecho (art. 21.1, en relación con el art. 20.7 CP), o la atenuante de 
analógica significación a la eximente incompleta del ejercicio de un derecho (art. 21.7, en 
relación con los arts. 21.1 y 20.7 CP)– que posibilitaban una modulación de la respuesta 
penal inferiores en uno o dos grados escala. A pesar de ello, el órgano judicial no ha 
considerado adecuado hacer uso de ninguna de esas previsiones. Tampoco, se acudió, 
ante la eventual consideración de que fueran razones dogmáticas o de recta aplicación 
de la normativa penal las que impedían la atemperación del rigor de la pena que debía 
imponerse o incluso su tipificación conforme a otros tipos penales –singularmente el 
delito  de  desobediencia–,  a  los  remedios  extraordinarios  de  acudir  al  Gobierno 
exponiendo lo conveniente sobre la modificación del precepto o la concesión de un 
indulto  parcial  que  adecuara  la  respuesta  penal  a  la  gravedad  de  la  conducta 
minimizando con ello la desproporcionada severidad de la pena.
20.  En  definitiva,  todas  estas  son  las  razones  por  las  que  defendimos  en  la 
deliberación que, sin controvertir la relevancia penal de la conducta de la recurrente, nos 
parecía  que  el  rigor  de  la  respuesta  penal  resultaba  contrario  a  las  exigencias 
constitucionales del principio de proporcionalidad penal, pues aquella podía haber sido 
ajustada cuantitativamente acudiendo a previsiones de la normativa penal.
Esta posición tiene un sustento constitucional básico: la consideración de que el 
principio de proporcionalidad, tal y como se formula en el art. 49.3 de la Carta de 
Derechos  Fundamentales  de  la  Unión  Europea,  está  indefectiblemente  vinculado  al 
principio de legalidad que recoge el art. 25 CE. La exigencia de que «la intensidad de las  e.
penas  no  deberá  ser  desproporcionada  en  relación  con  la  infracción»  traduce  un  w.b
principio general de proporcionalidad de los delitos y las penas que se deriva de las  513ww
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imposición de las penas se deriva la privación del derecho a la libertad y cuando la
aplicación del tipo penal suscita dudas como las que ponemos de manifiesto en este 
voto.
Debemos insistir en una idea final: las sanciones previstas en una norma no deben 
exceder de lo que resulta necesario para lograr los objetivos legítimamente perseguidos 
por esa normativa y la gravedad de las sanciones debe adecuarse a la gravedad de las 
infracciones que se castigan. La gravedad de los hechos enjuiciados en la instancia no 
se cuestiona en ningún momento. Pero hubiera sido necesario tener en cuenta las dudas 
técnicas que el recurso al tipo penal de sedición suscita en este caso. Así debía hacerse 
para evitar cualquier reparo en el sentido de que las sanciones impuestas exceden de lo 
necesario para alcanzar la garantía del Estado de Derecho que ellas mismas persiguen. 
Porque sin garantía de la preservación de la norma el Estado de Derecho no es posible. 
Pero sin una observancia escrupulosa de los derechos fundamentales tampoco lo es.
Madrid, a veintiocho de octubre de dos mil veintiuno.–Juan Antonio Xiol Ríos.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.