BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 89 Miércoles 14 de abril de 2021 Sec. I.   Pág. 42567
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
5869 Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión 
directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y 
Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad 
eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia Europeo.
La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis económica, social y 
sanitaria. La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea. 
Para dar respuesta a medio plazo, se ha puesto en marcha un ambicioso Fondo de 
Recuperación para contribuir al proceso de reconstrucción de las economías en el 
mundo post-COVID-19, a partir de 2021.
El nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU permitirá a España movilizar 
un volumen de inversión sin precedentes y en este contexto se aprobó el 7 de octubre 
de 2020 el marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 
España, que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española. El 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, regulado posteriormente por el 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, es un proyecto de país que requiere de la 
implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno 
y  del  conjunto  de  los  recursos  de  la  administración  pública.  Los  proyectos  que 
constituyen  el  Plan  de  Recuperación  Transformación  y  Resiliencia,  permitirán  la 
realización  de  reformas  estructurales  en  los  próximos  años,  mediante  cambios 
normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo 
para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19 y 
además una transformación hacia una estructura más resiliente e inclusiva, de especial 
relevancia, todo ello, para el interés público, social y económico.
Este  Plan  tiene  entre  sus  objetivos  que  nuestro  país  apueste  por  la 
«descarbonización», invirtiendo en infraestructuras verdes, de manera que se transite 
desde  las  energías  fósiles  hasta  un  sistema  energético  limpio,  siendo  la  transición 
ecológica uno de los cuatro ejes transversales del Plan en nuestro país.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), remitido a la Comisión 
Europea en mayo de 2020, proporciona el marco director del programa de inversiones y 
reformas  para  una  transición  medioambiental  justa  que  desarrolle  las  capacidades 
estratégicas de la economía verde.
Por  otro  lado,  las  prioridades  del  marco  general  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia están completamente alineadas con las siete iniciativas 
bandera europeas (Flagship initiatives) recientemente presentadas por la Comisión en la 
Estrategia  Anual  de  Crecimiento  Sostenible  2021.  Entre  estas  iniciativas  bandera 
europeas destaca el apoyo a la electrificación, la integración de energías renovables y el  s
hidrógeno  renovable  y  el  despliegue  de  infraestructura  de  recarga  de  vehículos  e.
eléctricos. w.
En este contexto, deben llevarse a cabo medidas en el marco del Mecanismo de  69ww
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ayudas reguladas por este real decreto pueden considerarse incluidas dentro del pilar de 
transición ecológica previsto por su artículo 3 así como entre los tipos de intervención a 
que se refiere el anexo VI, todo ello con el objetivo de hacer frente a los efectos sin 
precedentes  de  la  crisis  de  la  COVID-19  así  como  los  impactos  económicos  que 
conlleva.  Estos  recursos  adicionales  deben  utilizarse  de  modo  que  se  garantice  el 
cumplimiento de los objetivos intermedios y las metas pertinentes, en los plazos que se 
establezcan.
Para dotar de mayor flexibilidad a las Administraciones Públicas competentes, y con 
el objetivo de una gestión eficaz del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
es  necesario  adoptar  medidas  que  permitan  reorganizar  los  recursos  existentes, 
priorizando las necesidades y el cumplimiento de objetivos a través de un instrumento de 
planificación estratégica, para la gestión y la mejor ejecución de los proyectos, y la 
canalización de las inversiones o actuaciones que sea preciso realizar.
Dentro de las diez políticas palanca que contempla el marco general del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado el 7 de octubre de 2020, una de 
las treinta líneas de acción es la componente 1, Plan de choque de movilidad sostenible, 
segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos que incluye, entre otros, el 
despliegue masivo de infraestructura de recarga como clave para el impulso del vehículo 
eléctrico. Este Plan de choque constituye uno de los elementos esenciales para el 
desarrollo de los territorios y la cohesión social y territorial, así como para el incremento 
de la productividad, la mejora de la competitividad y la capacidad de exportación de la 
economía. Los programas de incentivos que se aprueban por este real decreto anticipan 
la  ejecución  de  las  actuaciones  que  se  enmarcan  dentro  de  la  mencionada 
componente 1 y podrán ser complementados con otros programas en el marco de la 
misma componente.
Por ello, a fin de promover la electrificación de la movilidad, el impulso a la industria y 
al sector empresarial asociado, y siguiendo la línea de ediciones anteriores del Programa 
MOVES, se aprueban dos programas de incentivos destinados a promover la movilidad 
eléctrica: programa para el fomento de la adquisición de vehículos eléctricos y programa 
de apoyo al despliegue de la infraestructura de recarga, que podrán ser financiados con 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la medida en que resulten incluidos en 
el definitivo Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se apruebe por las 
instituciones europeas competentes, existiendo crédito presupuestario con cargo a la 
aplicación presupuestaria 23.50.420B.748 «Al IDAE. Para la promoción de energías 
renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia» de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021, para lo que se consignará una dotación en el presupuesto del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al que se encuentra 
adscrito.
La progresiva implementación de la generación eléctrica con energías renovables, la 
electrificación del transporte, y las medidas de eficiencia energética, serán las principales 
tecnologías que permita «descarbonizar» el sector transporte.
Por otro lado, el segundo sector de la economía que, en cifras absolutas, debe de 
reducir más emisiones de CO  en la próxima década es el sector de la movilidad y el 
2
transporte, con un objetivo de reducción de 27 MtCO eq, lo que equivale a una reducción 
2
del 33 %.
El  sector  del  transporte  es  actualmente  el  mayor  emisor  de  gases  de  efecto 
invernadero en España. Esto se debe fundamentalmente a que este sector es también el  es
mayor consumidor de energía, que procede en su casi totalidad de combustibles fósiles,  o
derivados del petróleo. Ello hace que el transporte deba ser un sector prioritario en todas  69ww
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el artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, contribuyendo
al  cumplimiento  de  los  objetivos  citados,  así  como  a  la  «descarbonización»  del 
transporte.
Así mismo, la nueva edición de estos programas favorecerá la generación de empleo 
y la actividad económica, en un contexto de recuperación económica tras la pandemia, 
inducida por las distintas líneas de ayuda. Cabe destacar el beneficio derivado de la 
reducción de las importaciones de combustibles fósiles y mejora de la competitividad de 
las  empresas.  De  manera  adicional  a  la  mejora  de  la  eficiencia  energética  y 
medioambiental  pueden  destacarse  otros  efectos  sociales  positivos  de  esta  nueva 
edición  de  los  programas,  como  el  apoyo  especial  al  colectivo  de  personas  con 
discapacidad y movilidad reducida que necesiten adaptar sus vehículos, a los autónomos 
del sector del taxi o VTC, o a las que estén empadronadas en municipios de menos 
de 5.000 habitantes. Así mismo se incrementa la ayuda destinada a la adquisición de 
furgonetas y motocicletas eléctricas, por considerarse que tienen especial relevancia en 
la electrificación del reparto urbano de mercancías. Además, se amplía la elegibilidad de 
los vehículos de demostración, con menos de 9 meses de antigüedad, a las motos. Por 
último, se incrementa la ayuda por achatarramiento de vehículos de más de siete años 
en  las  categorías  M1  y  N1  y  se  introduce  esta  posibilidad  a  la  categoría  L.  El 
achatarramiento  de  vehículos  antiguos,  que  deberá  llevarse  a  cabo,  previa 
descontaminación, a través de los Centros Autorizados de Tratamiento, no sólo es 
importante para reducir emisiones y mejorar la seguridad vial, sino que contribuye a 
cadenas de valor tan diversas como la del aluminio, el acero, el cobre, ciertos metales 
preciosos, los plásticos, las gomas o cauchos entre otros, en el contexto de la economía 
circular.
Esta nueva edición de los programas de incentivos de movilidad eléctrica también 
colaborará  con  la  reducción  de  las  emisiones  de  contaminantes  atmosféricos, 
fundamentalmente partículas y óxidos de nitrógeno cuyo principal responsable es el 
sector del transporte por carretera y que en las ciudades representa un gran problema 
para la salud de los ciudadanos, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos de 
reducción de emisiones establecidos en la Directiva 2016/2284 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones 
nacionales  de  determinados  contaminantes  atmosféricos  así  como  los  de  la 
Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, 
relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. El 
principal  instrumento  para  cumplir  los  objetivos  de  reducción  de  los  contaminantes 
atmosféricos es el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica 
(PNCCA). En el marco de este Programa, la «descarbonización» y la reducción de las 
emisiones contaminantes en el sector del transporte se lograrán mediante la reducción 
del consumo de combustible (por ejemplo, fomentando el cambio modal a modos más 
eficientes)  y  con  la  contribución  de  distintas  tecnologías  (principalmente  los 
biocarburantes y la electricidad renovable).
Como  se  ha  apuntado,  estos  programas  contienen  elementos  comunes  con 
anteriores ediciones de los programas de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible 
MOVES y MOVES II. El programa MOVES, aprobado mediante Real Decreto 72/2019 
de 15 de febrero, estuvo vigente entre febrero y diciembre de 2019, contando con un 
presupuesto  de  45  millones  de  euros.Tras  la  finalización  de  la  vigencia  de  dicho 
programa  se  consideró  conveniente  aprobar  una  segunda  edición  del  mismo, 
denominada MOVES II, mediante Real Decreto 659/2020, de 16 de junio, que modificó 
ciertos requisitos de la primera edición a fin de conseguir una mejor ejecución de los  s
fondos  destinados  al  programa  y  una  mejor  contribución  a  los  objetivos  de  oe.
«descarbonización» del sector transporte, de acuerdo con lo establecido en el Plan  w.
Nacional Integrado de Energía y Clima, PNIEC 2021-2030. Este programa MOVES II,  69ww
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lo  que  supone  la  realización  de  un  esfuerzo  adicional  para  fomentar  el  transporte 
sostenible, incluido el desarrollo de una infraestructura de combustible alternativa para 
los vehículos eléctricos, en sintonía con la Recomendación del Consejo Europeo relativa 
al Programa Nacional de Reformas de 2020 de España y por la que se emite un 
dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de España, lo que dota 
a  estos  programas  de  un  carácter  singular  y  justifica  el  interés  público,  social  y 
económico del mismo, dada la gran importancia de su impacto socio-económico. Se 
mantendrá la exigencia de un descuento por parte del fabricante/importador o punto de 
venta de al menos 1.000 euros para las adquisiciones de vehículos de categorías M1 y 
N1, como muestra de la implicación del sector en el fomento de la electromovilidad.
Los criterios que sirven de base para la distribución de los correspondientes créditos, 
así como para su entrega han sido consensuados con las comunidades autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla en la Conferencia Sectorial de Energía celebrada el 11 de 
enero de 2021. Asimismo, las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla 
fueron informadas de los costes indirectos que podrán ser financiados con cargo a 
dichos créditos, en la medida en que no sean de naturaleza recurrente y se encuentren 
dentro del horizonte temporal de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
y  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  así  como  se  encuentren 
vinculados con la implantación y gestión de los programas de incentivos aprobados por 
este real decreto.
La  concesión  de  las  ayudas  establecidas  por  este  real  decreto  permite  a  las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias no sólo destinar los 
créditos correspondientes a los destinatarios últimos previstos en el mismo, según lo que 
se determine en sus respectivas convocatorias, sino también que sean éstas quienes 
ejecuten  las  propias  actividades  objeto  de  las  ayudas,  a  través  de  las  inversiones 
directas que pudieran efectuar con cargo a tales créditos, y de acuerdo con la previa 
reserva de presupuesto que pudieran establecer.
Como criterio de distribución territorial del crédito, se mantiene, como en ediciones 
anteriores, el criterio objetivo del Padrón municipal de habitantes según lo establecido 
por el Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las 
cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero 
de 2020, incluido en anexo V de este real decreto.
La coordinación y el seguimiento de estos programas será realizada por el IDAE. 
Estas  funciones  se  desarrollarán  a  través  de  la  Comisión  Consultiva  de  Ahorro  y 
Eficiencia  Energética,  regulada  en  el  artículo  12  del  Estatuto  del  Instituto  para  la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 
de enero, y en el que están representadas todas las comunidades autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla.
El procedimiento de concesión de las ayudas será mediante concesión directa a las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, dado que, de acuerdo con el 
artículo 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
concurren  razones  de  interés  social  y  económico  que  justifican  la  dificultad  de  su 
convocatoria  pública  en  concurrencia  competitiva.  Debido  a  la  necesidad  de 
«descarbonizar» el sector transporte para la consecución de los objetivos fijados por el 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, y teniendo en cuenta que la 
tipología de actuaciones subvencionables, relativas a la promoción de la renovación del 
parque  nacional  de  vehículos  por  vehículos  eléctricos  y  el  despliegue  de  su 
infraestructura de recarga, no posibilitan una comparación de las ayudas entre sí, se  s
requiere el cumplimiento de unos requisitos predeterminados de eficiencia energética,  oe.
sostenibilidad e impulso del uso de las energías alternativas, por lo que se considera a  w.
las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla como las administraciones  69ww
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ddieretecrtmasin qeune e pnu dsuiesr arne sllpeevcatri vaa sc acboon.vocatorias y, en su caso, conforme a las inversiones  BOE-A-cable e
Por tanto, mediante este real decreto se establecen las normas especiales de estas 
subvenciones, con el carácter de bases reguladoras, así como la distribución y entrega 
de  las  mismas,  disponiendo  su  concesión  directa  a  las  comunidades  autónomas  y 
ciudades de Ceuta y Melilla.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán realizar su 
convocatoria de ayudas conforme a lo establecido por este real decreto, designando el 
órgano competente para instruir y resolver el procedimiento de concesión de las ayudas 
y, en su caso, establecer la reserva de presupuesto correspondiente para la realización 
por  su  parte  de  inversiones  directas  para  la  ejecución  de  las  actividades 
subvencionadas. Serán subvencionables las actuaciones que se realicen y cumplan los 
requisitos establecidos hasta la finalización de la vigencia de los programas.
Asimismo,  las  ayudas  reguladas  por  este  real  decreto  tienen  carácter  singular 
derivado de la necesidad de minimizar la dependencia, a nivel nacional, de los productos 
petrolíferos en el transporte por carretera, con gran repercusión en la calidad del aire de 
nuestras ciudades, teniendo en cuenta, a su vez, la necesidad de implementar diversos 
instrumentos que incentivan modelos alternativos de desplazamiento tanto urbano como 
interurbano. En consecuencia, la singularidad también se fundamenta en criterios de 
oportunidad, que implican la exigencia de establecer las actuaciones más idóneas para 
alcanzar los objetivos de «descarbonización» previstos.
Cuando los destinatarios últimos de estas ayudas sean personas físicas que realicen 
alguna actividad económica (autónomos), por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el 
mercado, estarán sometidos a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento 
(UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación 
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las 
ayudas de minimis, sin perjuicio del resto de disposiciones tanto de derecho nacional 
como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que 
se  aprueben  en  el  ámbito  de  la  ejecución  y  gestión  tanto  del  Mecanismo  de 
Recuperación  y  Resiliencia  como  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia.
Estas ayudas, para los casos de empresas, personas jurídicas que realicen alguna 
actividad  económica  y/o  mercantil,  estarán  sometidas  a  los  requisitos  y  límites 
establecidos  en  el  Reglamento  (UE)  n.º  651/2014  de  la  Comisión,  de  17  de  junio 
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, aplicándose la 
exención por categoría de ayudas para la protección del medio ambiente (sección 7), sin 
perjuicio del resto de disposiciones tanto de derecho nacional como de la Unión Europea 
que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de 
la ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del Plan 
de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia.  El  artículo  36.2  del  mencionado 
Reglamento, establece que las inversiones deberán cumplir una de las condiciones 
siguientes:  a)  deberán  permitir  al  beneficiario  incrementar  el  nivel  de  protección 
medioambiental  derivado  de  sus  actividades  superando  las  normas  de  la  Unión 
aplicables, independientemente de la existencia de normas nacionales obligatorias más 
estrictas que las de la Unión; b) deberán permitir al beneficiario aumentar el nivel de 
protección medioambiental derivado de sus actividades en ausencia de normas de la 
Unión. Tanto la adquisición de vehículos eléctricos como el despliegue infraestructura de 
recarga de vehículos eléctricos, supone, en todos los casos, una mejora medioambiental, 
en un contexto de un suministro eléctrico cada vez más renovable. La infraestructura de  s
recarga sólo puede ser utilizada por vehículos de cero o bajas emisiones, y por tanto,  oe.
incrementa  el  nivel  de  protección  ambiental,  con  independencia  de  quien  sea  el  w.
propietario del vehículo eléctrico que utilice la infraestructura de recarga. 69ww
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electricidad  o  con  el  gestor  de  que  se  trate,  en  línea  con  lo  exigido  en  el  Real 
Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, por el que se establece un marco de medidas para 
la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos. En España, el 
servicio de recarga se encuentra liberalizado por lo que los precios de recarga son 
fijados por el mercado. Por otra parte, los programas de ayudas regulados por este Real 
Decreto  son  territorializados,  gestionados  por  las  Administraciones  autonómicas, 
dirigidos por tanto a despliegues locales en sus respectivos territorios, con limitaciones 
establecidas por beneficiario para garantizar que los recursos puedan canalizarse a un 
amplio abanico de actores. Estos programas serán complementarios y sinérgicos con 
otras  líneas  de  actuación  en  desarrollo  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
El  marco  regulador  de  estas  ayudas  resulta  conforme  con  la  jurisprudencia 
constitucional  consolidada  en  materia  de  ayudas  y  subvenciones  que  comenzó  a 
articularse con la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de febrero, y que, 
recientemente, se ha perfilado con las sentencias 9/2017, de 19 de enero, y 62/2018 
y 64/2018, de 7 de junio.
En cumplimiento de dicha jurisprudencia, este real decreto establece un modelo para 
la  concesión  de  ayudas  basado  en  mecanismos  de  cooperación  y  colaboración 
consustanciales a la estructura del Estado de las Autonomías que articula la Constitución 
Española. Se ha diseñado por ello un modelo para la concesión de las ayudas basado 
en la colaboración de las comunidades autónomas que pueden desarrollar su tramitación 
y efectuar la gestión de los fondos, con arreglo a criterios ajustados a los principios 
constitucionales y al orden de distribución de competencias.
Este real decreto se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación que 
establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se ha sometido a consulta de 
las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, a través de la Conferencia 
Sectorial de Energía de 11 de enero de 2021 y la Comisión Consultiva de Ahorro y 
Eficiencia Energética del IDAE de 11 de diciembre de 2020.
Cumple por tanto con los principios de necesidad y eficacia, en el sentido enunciado 
en los párrafos anteriores, donde se explican la necesidad y fines perseguidos con su 
aprobación, que son la necesidad de «descarbonizar» el sector transporte y reactivar la 
actividad económica del país, en el marco de los objetivos perseguidos por el Plan 
Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima 2021-2030, mejorando la eficiencia energética, la calidad del aire de 
las ciudades, la promoción de las energías alternativas y la diversificación de las fuentes 
de  energía  usadas  en  el  transporte.  El  dictado  de  esta  norma  es,  por  tanto,  el 
instrumento más adecuado para garantizar la consecución de estos objetivos.
Es conforme también con el principio de proporcionalidad dado que no contiene 
restricciones de derechos ni impone obligaciones a sus destinatarios, conteniendo la 
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir.
Se adecúa, igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la 
norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente con los planes y normativa 
vigente  en  materia  de  eficiencia  energética  y  establece  estímulos  económicos  que 
facilitarán su mejor cumplimiento.
La norma cumple con el principio de transparencia ya que han participado en la 
elaboración de la misma los potenciales destinatarios. Además, define claramente sus 
objetivos, reflejados en su preámbulo y en la memoria que la acompaña. s
Finalmente, se encuentra acreditado el principio de eficiencia porque la iniciativa  oe.
normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en  w.
su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 69ww
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Administración Pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la 
ejecución del Plan y la mejor gestión de fondos, impulsando la colaboración público- 
privada entre las Administraciones Públicas y el sector privado.
Por ello, en la tramitación de este real decreto, adoptado para la ejecución anticipada 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se ha aplicado lo previsto por 
los  artículos  47  y  60  del  citado  Real  Decreto-ley  36/2020,  de  30  de  diciembre, 
habiéndose emitido informes de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 61.2 del mismo.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª 23.ª 
y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en 
materia de legislación básica sobre protección del medioambiente, sin perjuicio de las 
facultades  de  las  comunidades  autónomas  de  establecer  normas  adicionales  de 
protección, y sobre las bases del régimen minero y energético, respectivamente.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la 
Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico,  y  previa  deliberación  del  Consejo  de 
Ministros en su reunión del día 13 de abril de 2021,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter 
extraordinario, y por razones de interés público, social y económico, de ayudas a las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, así como su distribución y 
entrega, en las cuantías y términos que figuran en el anexo V, de acuerdo con lo previsto 
en  el  artículo  22.2.c)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  en  relación  con  el 
artículo 28.2 y 3 de la misma ley.
A su vez, también constituye el objeto de este real decreto la aprobación de los 
programas  de  incentivos  a  la  movilidad  eléctrica:  programa  para  el  fomento  de  la 
adquisición  de  vehículos  eléctricos  y  programa  de  apoyo  al  despliegue  de  la 
infraestructura  de  recarga,  ambos  en  el  ámbito  del  marco  general  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, estableciendo las normas especiales, con el 
carácter de bases reguladoras, para la concesión de subvenciones de los mismos,
2.  La  finalidad  de  este  real  decreto  es,  por  tanto,  contribuir  al  cumplimiento 
anticipado  de  los  objetivos  que  se  establezcan  en  el  Plan  de  Recuperación, 
Transformación  y  Resiliencia  que  se  apruebe  por  las  instituciones  europeas 
competentes,  así  como  a  la  «descarbonización»  del  sector  transporte  mediante  el 
fomento de la electrificación de la movilidad para la consecución de los objetivos fijados 
tanto  por  el  Plan  Nacional  Integrado  de  Energía  y  Clima  2021-2030,  como  en  el 
Programa  Nacional  de  Control  de  la  Contaminación  Atmosférica,  promoviendo  la 
adquisición de vehículos eléctricos así como la infraestructura de recarga adecuada en 
todo el territorio nacional.
Artículo 2.  Ámbito territorial de aplicación. e.
Lo establecido por este real decreto será de aplicación en todo el territorio nacional,  69ww
dCee uctoan yfo Mrmeildillaad e cno lna  lCoo cnofenrseenncsiuaa Sdeoc ctoornia lla dse c Eonmeurgníidaa cdeelesb araudtóan eolm 1a1s d ye  leanse croiu ddaed 2e0s2 d1e.
Artículo 3.  Régimen Jurídico aplicable.
1.  El régimen jurídico, normativa específica aplicable, requisitos y obligaciones de 
los beneficiarios y procedimiento de concesión será el establecido por este real decreto, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su 
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En 
defecto  de  lo  previsto  en  esta  normativa  se  aplicarán  las  normas  de  Derecho 
Administrativo.
2.  También será de aplicación el Reglamento (UE) n ° 1407/2013 de la Comisión, 
de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea  a  las  ayudas  de  minimis,  y  el 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, conforme a lo establecido en este real 
decreto, sin perjuicio, del resto de disposiciones tanto del derecho nacional como de la 
Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben 
en  el  ámbito  de  la  ejecución  y  gestión  tanto  del  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
3.  Esta  normativa  será  de  aplicación  a  las  convocatorias  que  efectúen  las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, con arreglo a lo establecido por 
este real decreto.
Artículo 4.  Vigencia de los programas.
1.  Los programas de incentivos a la movilidad eléctrica, que se aprueban por este 
real decreto, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
estarán en vigor desde el día siguiente de la publicación de este real decreto en el 
«Boletín Oficial del Estado» hasta el 31 de diciembre de 2023.
Las solicitudes de ayuda correspondientes podrán cursarse a partir del momento y 
en la forma que establezcan las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla en sus respectivas convocatorias. Las inversiones directas que éstas pudieran 
llevar a cabo serán realizadas conforme a lo que se establece por este real decreto.
2.  A  la  finalización  del  expresado  plazo  de  vigencia  no  serán  admitidas  más 
solicitudes, sin perjuicio de la financiación de las inversiones directas que hubieran 
podido comunicarse por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2.
CAPÍTULO II
Bases reguladoras de la concesión directa de ayudas a las comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla
Artículo 5.  Beneficiarias directas.
Serán beneficiarias directas de las ayudas previstas en los programas de incentivos 
a  la  movilidad  eléctrica,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia, aprobados por este real decreto, las comunidades autónomas y las ciudades  s
de Ceuta y Melilla, que deberán destinar el importe de las mismas a los sujetos que se  e.
enumeran en el artículo 11.1, sin perjuicio de las inversiones directas que puedan llevar a  w.
cabo. Estas ayudas están sujetas, en todo caso, al cumplimiento, ejecución y realización  69ww
de los objetivos, actividades y condiciones establecidas por este real decreto.
Artículo 6.  Trámites para la concesión de las ayudas.
1.  Tras la publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado», el 
IDAE procederá a notificar a todas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta 
y Melilla, la disponibilidad del presupuesto correspondiente al importe total de las ayudas 
establecidas en anexo V, publicándose también en la página web del Instituto.
2.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán solicitar 
y aceptar de forma expresa e inequívoca, mediante escrito dirigido a la persona titular de 
la Dirección General del IDAE, la ayuda concedida y ajustada en su integridad a este real 
decreto. Del mismo modo, procederán a comunicar el importe que reservan para la 
realización por su parte de las inversiones directas que vayan a llevar a cabo en 
cualesquiera de las tipologías de actuación contempladas en el anexo I, y que pretendan 
financiar con cargo a una parte de las ayudas que reciban.
3.  La persona titular de la presidencia del IDAE dictará la resolución de concesión 
de las ayudas correspondientes a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta 
y Melilla y ordenará el pago de las mismas conforme a lo previsto en este real decreto y 
las cuantías del anexo V a las cuentas corrientes y titulares que las mismas determinen.
Artículo 7.  Obligaciones de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
1.  Las  cantidades  transferidas  por  el  IDAE  deberán  ser  destinadas  por  las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla a financiar las actuaciones 
previstas  en  este  real  decreto,  realizadas  directamente  por  las  administraciones 
autonómicas correspondientes o por cualesquiera de los sujetos que, como destinatarios 
últimos de las mismas, son objeto de enumeración en el artículo 11.1, y con sujeción 
estricta a lo establecido en este real decreto.
2.  Las convocatorias de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla 
deberán efectuarse en un plazo de máximo tres meses desde la entrada en vigor de este 
real decreto, debiendo publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, así 
como su extracto en el diario oficial que corresponda, y estarán vigentes hasta la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes previsto en el artículo 4.
3.  Para  el  caso  de  las  inversiones  directas,  las  administraciones  de  las 
correspondientes  comunidades  autónomas  y  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  deberán 
cumplir con las obligaciones que se establecen expresamente para las mismas en este 
real decreto así como, en la medida que sean compatibles con su naturaleza, con las 
que se prevén para los destinatarios últimos de las ayudas, sin perjuicio de que por parte 
del  IDAE  pueda  exigirse  el  cumplimiento  de  otras  obligaciones  derivadas  del 
cumplimiento de la normativa tanto nacional como europea que pudiera resultar de 
aplicación  para  la  ejecución  y  gestión  tanto  del  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4.  Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, a través de sus 
respectivas convocatorias, deberán asegurar y garantizar el cumplimiento por parte de 
los destinatarios últimos de las ayudas no solo de los requisitos previstos en este real 
decreto  sino  también  de  las  obligaciones  contempladas  para  los  beneficiarios  de 
subvenciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su 
reglamento de desarrollo, así como tanto en la normativa nacional como europea que 
pudiera  resultar  de  aplicación  para  la  ejecución  y  gestión  tanto  del  Mecanismo  de 
Recuperación  y  Resiliencia  como  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia. Asimismo, deberán garantizar que los destinatarios últimos presentan la  e
documentación exigida en el anexo II de este real decreto o la que figure en sus  bo
respectivas convocatorias complementariamente o en sustitución de ésta, en caso de  69ww
vnreiogsreum5nlt.aca tiraiv E apdl  reeso uaclorleodsdpo epe nnraoto ega .rpe aljEiemccsaautbastlas ep d eroceno v nnmisiv taocotoc eeamrntiaop  rredioale msa  aretyhtíicuadudbolaro ása n 4 dl  aedd  eeefebs cetaahrjádau o srd.teaeinr stfeeing,a rlaeizrnsa ect ioóadnl o IdD ecAla Esp,ol as, zi oab  idelean    OE-A-2021-58able en https://
se establecen tres hitos de control de la ejecución del presupuesto a los seis, doce y
quince meses desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto, a efectos de 
poder  valorar  el  grado  de  ejecución  correspondiente  y,  en  su  caso,  una  eventual 
ampliación del presupuesto recibido o el reintegro anticipado del saldo no ejecutado ni 
comprometido, sin perjuicio de las posibles ampliaciones de presupuesto de acuerdo con 
el artículo 10.3.
En consecuencia, a los efectos de poder determinar el grado de ejecución del 
presupuesto y absorción de los fondos correspondientes, las comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla deberán remitir un informe de sus respectivos órganos de 
gestión en las fechas que se determinen por IDAE para cada uno de los anteriores hitos 
de control.
El presupuesto se considerará que queda comprometido mediante la convocatoria 
correspondiente y el posterior registro de las solicitudes o, en el caso de inversiones 
directas, mediante la generación del crédito que proceda y la publicación de los pliegos 
de licitación de que se trate.
Asimismo,  el  presupuesto  se  considerará  ejecutado  mediante  las  distintas 
resoluciones de concesión de ayudas que hayan sido otorgadas a los destinatarios 
finales de las mismas o, en el caso de inversiones directas, mediante la adjudicación de 
los correspondientes contratos.
6.  Podrá exigirse el reintegro anticipado al IDAE de un porcentaje del 50% del 
presupuesto no comprometido por las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y 
Melilla, si a los quince meses desde la publicación de este real decreto, se constatase un 
grado de compromiso del presupuesto asignado a cada una de ellas inferior a un 
porcentaje del 80 % del mismo. Dicho reintegro anticipado deberá producirse en el plazo 
máximo de un mes desde la fecha en que el IDAE efectúe la correspondiente notificación 
a la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla afectada.
Asimismo, podrá exigirse el reintegro anticipado del presupuesto, en caso de no 
facilitarse por las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias 
los informes correspondientes a los hitos de control establecidos, así como en caso de 
no estar al corriente en el volcado de la información prevista por el siguiente apartado 7, 
previo requerimiento expreso de los mismos por parte del IDAE. El reintegro anticipado 
será  por  la  totalidad  del  presupuesto  recibido  por  las  Comunidades  autónomas  y 
ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias, de no facilitarse ningún informe ni ninguna 
información a que se refiere el siguiente apartado 7, con independencia de su grado de 
ejecución y/o compromiso.
A  efectos  de  determinar  la  cantidad  a  reintegrar  al  finalizar  la  vigencia  de  los 
programas, las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla deberán remitir 
un informe de sus respectivos órganos de intervención y control a fin de liquidar todas las 
obligaciones que se deriven de las convocatorias realizadas.
7.  Para acordar una eventual ampliación del presupuesto inicialmente asignado a 
cada comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla beneficiarias, según distribución 
del Anexo V, será condición indispensable que el IDAE disponga de los informes de 
ejecución correspondientes, así como del volcado de la información de las solicitudes y 
resoluciones de concesión en la aplicación informática que el IDAE pondrá a disposición 
de  las  comunidades  autónomas  y  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  para  realizar  la 
coordinación y seguimiento de los programas, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 9.3.
Artículo 8.  Otras obligaciones de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y  s
Melilla beneficiarias. e.
1.  Con  objeto  de  que  el  IDAE,  como  Organismo  Intermedio,  o,  en  su  caso,  69ww
dreescpreotnos,a ebnle  edl ec olan tegxetsot iódne l dPe lalons  dfeo nRdeocsu pdeer alocsió np,r oTgrraanmsfaosr maapcrioóbna dyo Rs epsoilrie necsitae  yre aell 
eMjeeccuacniiósnm doe  dloes  mReiscmuopse raanctieó nla sy  auRteosriidlieandceisa ,c opmupeedtae ncteesrt,i fliacsa rc oom uancirdeadditeasr  aluat ódneobmidaas 
y  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  beneficiarias  deberán  remitir  cuanta  información  y
documentos el IDAE pudiera requerirles, así como cumplir puntualmente con lo que 
pudiera disponerse por cualquier norma o reglamentación aplicable.
Asimismo, las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla quedarán 
comprometidas expresamente, con la aceptación del presupuesto correspondiente, a 
cumplir las instrucciones que tanto IDAE como cualquier órgano o autoridad competente 
les dirija en aplicación de cualquier normativa, tanto europea como nacional, que pudiera 
aprobarse  para  la  ejecución  o  gestión  tanto  del  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En este contexto, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas por 
el artículo 7, los órganos responsables de la gestión de las ayudas de cada comunidad 
autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla deberán:
a)  Comprobar  que  se  han  entregado  los  bienes,  servicios  o  productos 
subvencionados.
b)  Comprobar que el gasto declarado por los destinatarios últimos de la ayuda ha 
sido pagado y cumple con la legislación aplicable.
c)  Comprobar que no se da el caso de doble financiación del gasto con otros 
regímenes de financiación comunitarios o nacionales.
d)  Garantizar que los destinatarios últimos de las ayudas, con excepción de las 
personas físicas que no desarrollen actividades económicas por las que ofrezcan bienes 
y/o servicios en el mercado utilizan un sistema de contabilidad diferenciado o un código 
contable adecuado para las transacciones relacionadas con la operación.
e)  Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en función de los riesgos 
detectados.
f)  Establecer  los  procedimientos  para  garantizar  que  se  dispone  de  la 
documentación sobre el gasto y las auditorías necesarias para contar con una pista de 
auditoría apropiada.
g)  Realizar  las  oportunas  verificaciones  administrativas  de  la  totalidad  de  las 
operaciones subvencionadas, que garanticen la regularidad del gasto, la realidad de los 
pagos y su adecuación a las condiciones de la ayuda.
h)  Realizar las oportunas verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas 
seleccionadas a través de un método de muestreo que garantice su representatividad.
i)  Asumir el riesgo de las irregularidades que se puedan detectar, solventándolas 
directamente con los destinatarios últimos de la ayuda.
j)  Realizar un seguimiento detallado y particularizado del presupuesto recibido, que 
permita verificar el cumplimiento de los límites, condiciones e intensidades de ayuda a 
otorgar establecidos tanto por el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 
de diciembre de 2013 así como por el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, 
de 17 de junio de 2014, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13, aplicando 
asimismo cualquier norma o reglamentación que resulte aplicable para la gestión y 
ejecución  tanto  al  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  como  al  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En su caso, para la transferencia electrónica de información, el IDAE publicará en su 
web las instrucciones técnicas que faciliten el intercambio de datos entre los sistemas de 
las respectivas comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla y los sistemas del 
IDAE que deban reportar a las autoridades competentes. A tal efecto, las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla deberán facilitar al IDAE la información puntual 
de cada expediente que se indica en el Anexo IV, en las siguientes fases: e
a)  Al momento de registrar las solicitudes. w.
de acby))u  dCaA)ul. amnodmo esnet op rdoed uszeclae cccuioanlqauri elar sm oopdeifricaaccioiónne sd e( rleasso cluocnidóinc iodneefins itiniviaci adlees c.oncesión  2021-5869n https://ww
d)  Cuando se realice la verificación documental, certificación y pago de las ayudas
otorgadas.
e)  Cuando se realice la verificación «in situ» de los expedientes seleccionados al 
efecto.
El IDAE publicará en su web las instrucciones sobre formatos y modelos ajustados a 
los requerimientos que, en su caso, pudiera recibir para la ejecución y gestión tanto del 
Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  como  del  Mecanismo  de 
Recuperación  y  Resiliencia.  El  órgano  instructor  de  cada  comunidad  autónoma  y 
ciudades de Ceuta y Melilla remitirá al IDAE la documentación justificativa que le sea 
solicitada.
El  IDAE  podrá  requerir  al  órgano  responsable  de  la  gestión  de  las  ayudas  la 
aportación de cualquier documentación justificativa adicional a la expuesta para verificar 
la efectiva adecuación de la actuación ejecutada a la que fue objeto de ayuda, quedando 
el órgano instructor de las ayudas obligado a su entrega en un plazo máximo de un mes 
desde la recepción de la comunicación por parte del IDAE.
Los órganos responsables de la gestión de las ayudas de cada comunidad autónoma 
y ciudades de Ceuta y Melilla deberán someterse a cualesquiera otras actuaciones de 
comprobación y control financiero que pueda realizar el IDAE, la Secretaría General de 
Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de 
Cuentas, los órganos de control y fiscalización de la Comisión Europea y a cualesquiera 
otras  actuaciones  de  comprobación  y/o  control  financiero  que  puedan  realizar  los 
órganos o autoridades de control competentes, tanto nacionales como de la Unión 
Europea, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las 
ayudas cofinanciadas con fondos europeos, aportando para ello cuanta información le 
sea requerida y cooperando plenamente en la protección de los intereses financieros 
tanto nacionales como de la Unión Europea, concediendo los derechos y el acceso 
necesarios a tales órganos o autoridades.
Asimismo, estos órganos aplicarán procesos de control interno apropiados en los 
niveles de gestión, diseñados para ofrecer garantías razonables de la consecución de los 
siguientes objetivos: eficacia, eficiencia y economía de las operaciones; fiabilidad de los 
informes; salvaguardia de los activos y de la información; gestión adecuada de los 
riesgos  relativos  a  la  legalidad  y  regularidad  de  las  operaciones  subyacentes,  y 
prevención, detección, corrección y seguimiento de fraudes e irregularidades.
2.  El incumplimiento por parte de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta 
y Melilla de las obligaciones que se establecen en el anterior apartado podrá dar lugar, 
en caso de no subsanarse, al inicio de un procedimiento de reintegro por la totalidad de 
las cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora correspondiente desde 
el momento del pago de la subvención, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 9.  Coordinación y seguimiento.
1.  El organismo competente para realizar la coordinación y el seguimiento de los 
programas de incentivos aprobados por este real decreto es el IDAE.
2.  La coordinación de los programas se realizará por el IDAE con las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla a través de la Comisión Consultiva de Ahorro y 
Eficiencia Energética, regulada en el artículo 12 del Real Decreto 18/2014, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la  Energía,  que  asumirá  todas  aquellas  funciones  que  resulten  necesarias  para 
garantizar la corrección y transparencia del proceso a llevar a cabo, una vez se produzca  e
el cierre de las distintas convocatorias y de los programas, a los efectos de asegurar la  bo
comprobación de la efectiva aplicación de los fondos transferidos. 69ww
ieinnnffoo err3mml.  aaanccLeiióóaxnnso    sqcIeuVorem áp  euaplnru aIiedD sarAetdaEae  lasilze  dasair su spetoóol lnisscoieictmgeióu ancism o dniyee  len lIlat Dofso A drEcmei u ayldo todas ed yr e elaslsa  usSdl etecac odrCneodetsai ucrdtiíoaaen   dleyoe ss  M Eqpeusrlteoial gldasro ea r mdeeemas tsEait.i bnrDáleenirccg ehílanaa     OE-A-2021-58able en https://
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como, en su caso,
de cualquier otra autoridad competente para la evaluación de la gestión y ejecución tanto 
del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  como  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
Artículo 10.  Financiación y costes indirectos imputables.
1.  Los programas de incentivos aprobados por este real decreto estarán dotados 
con una cuantía inicial conjunta de cuatrocientos millones de euros (400 millones de 
euros), previamente transferidos a IDAE desde los Presupuestos Generales del Estado 
de  la  aplicación  presupuestaria  23.50.420B.748  «Al  IDAE.  Para  la  promoción  de 
energías  renovables,  eficiencia  energética  y  movilidad  sostenible.  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia». Este presupuesto podrá ser objeto de financiación con el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la medida que los programas de incentivos 
aprobados  por  este  real  decreto  resulten  incluidos  en  el  Plan  de  Recuperación, 
Transformación  y  Resiliencia  que  se  apruebe  por  las  instituciones  europeas 
competentes.
2.  El presupuesto disponible se distribuirá entre las comunidades autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla según lo establecido en el anexo V.
3.  El presupuesto de los programas podrá ser ampliado, si existiese disponibilidad 
presupuestaria para esta misma finalidad, y siempre que no hubiera expirado el plazo de 
vigencia de los mismos, tanto con fondos que provengan de los Presupuestos Generales 
del Estado, como de otros orígenes, siempre que hayan sido transferidos al IDAE e 
incorporados a su patrimonio propio.
En este caso, la ampliación del presupuesto se realizará para aquellas comunidades 
y ciudades autónomas que lo soliciten, siempre que se aprecie un grado de ejecución 
adecuado, conforme a los hitos señalados en el apartado 5 del artículo 7, se haya 
verificado el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 7 del mismo precepto y se haya 
justificado al IDAE la necesidad de ampliar el mismo teniendo en cuenta eventuales 
solicitudes  que  pudieran  encontrarse  en  lista  de  espera  así  como  el  ritmo  de 
formalización de nuevas solicitudes y/o la previsión de la evolución del mismo.
El Consejo de Administración del IDAE realizará una propuesta de asignación a 
estas comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, conforme a lo anterior, del 
presupuesto que pudiera corresponderles, según la disponibilidad presupuestaria y al 
orden de solicitud realizada al IDAE a tal efecto, acordándose la ampliación y nueva 
asignación, así como concesión de ayuda y orden de pago correspondiente mediante 
Resolución de la persona titular de la presidencia del IDAE.
La ampliación del presupuesto correspondiente podrá estar condicionada o limitada, 
en  la  relativo  a  su  aplicación,  a  alguna  de  las  actuaciones  subvencionables  o 
destinatarios  últimos  establecidos  por  este  real  decreto,  con  el  objetivo  de  dar 
cumplimiento a las condiciones, límites e intensidades de ayuda establecidos tanto por el 
Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 como por el 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 13, o cualquier otra norma o reglamentación que resulte 
aplicable a la gestión y ejecución tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4.  Según lo establecido en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
así  como  en  el  artículo  83.3  de  su  reglamento  de  desarrollo,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, se prevé un máximo del 2,5 por ciento del presupuesto 
asignado a cada comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla en el anexo V como  e.
costes indirectos imputables a las actuaciones subvencionadas. w.b
En este contexto, de conformidad con lo informado en la Conferencia Sectorial de  69ww
ECneeurtgaí ay  cMeleelbillraa,d pao edlr á1n1  dimep euntaerr,o  ddees d2e0 2e1l , 1la ds ec oemneurnoi ddaed e2s0 a2u1t óanl opmreassu yp uceiusdtoa ddees  ldoes 
pimropgurtaamblaess   dae  lainsc eanctitvuoasc ioanperosb asduobsv epnocrio neasbtele sr,e ael nd elcar eptoa,r teco mquoe  coraszteosn aibnldeimreecntotes 
corresponda  de  acuerdo  con  los  principios  y  normas  de  contabilidad  generalmente
admitidas, y siempre que se correspondan o estén relacionados con el período en que 
efectivamente tengan que realizarse las actuaciones subvencionables, y con el límite 
establecido en el párrafo anterior, los costes indirectos que se detallan en los siguientes 
apartados.
5.  Tendrán la consideración de costes indirectos, imputables al presupuesto de los 
programas, los siguientes gastos de gestión, incluyendo el coste de las actuaciones 
preparatorias previas que fueran necesarias para establecer y mantener la prestación de 
servicios, suministro de bienes o la realización de las actividades correspondientes:
a)  El  coste  de  la  prestación  de  servicios  específicos  correspondientes  a  la 
tramitación de los expedientes de solicitud de ayudas con su evaluación administrativa y 
técnica, así como su resolución;
b)  el  coste  de  la  prestación  de  servicios  específicos  correspondientes  a  las 
actuaciones de control y verificación y pago de la ayuda e inspección del proceso, así 
como, en su caso, la revocación y reintegro de las ayudas;
c)  el coste de las herramientas informáticas que específicamente se desarrollen o 
adapten para la gestión telemática de las solicitudes y control y seguimiento de los 
programas y hospedaje;
d)  el coste de la prestación de servicios específicos de atención a consultas de los 
solicitantes;
e)  el coste de las actividades específicas de promoción y difusión de los programas. 
No tendrán esta consideración las campañas de comunicación.
6.  Se  incluyen,  asimismo,  como  costes  indirectos  imputables  los  costes  de 
contratación de nuevo personal, conforme a la normativa que resulte de aplicación, y sin 
que en ningún caso pueda deducirse la existencia de una relación laboral entre la 
Administración General del Estado y el personal adscrito a la gestión de los programas 
de incentivos, bien sea mediante contratos por obra o servicio determinado o a través de 
cualquier otra modalidad legal de incorporación de personal con contratos de duración 
determinada, a la que pudieran acogerse las comunidades autónomas y ciudades de 
Ceuta y Melilla, tanto técnico como administrativo, en el que se incurra para prestar los 
servicios especificados en el anterior apartado 5, incluyendo la cuota patronal de la 
seguridad social y otros costes similares de los contratos, siempre que este personal 
esté dedicado exclusivamente a la gestión temporal de tales programas, para lo que el 
equipo  de  técnicos  y  administrativos  podrán  trabajar  en  cualesquiera  convocatorias 
vigentes de distintos programas siempre que pueda imputarse el número de horas de 
trabajo, para su justificación, dentro de los costes de gestión previstos en este real 
decreto,  y  el  órgano  fiscalizador  correspondiente  de  cada  comunidad  autónoma  o 
ciudades de Ceuta y Melilla pueda informar o certificar dicha imputación de costes en el 
correspondiente programa de que se trate.
7.  No tendrán la consideración de costes indirectos imputables al presupuesto de 
los programas los gastos de gestión recurrentes, entre otros, los correspondientes a 
gastos  de  constitución,  funcionamiento  o  estructura  permanente  o  habitual  de  las 
entidades colaboradoras, agencias u otros organismos de las comunidades y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla que se encarguen de la gestión de las actuaciones de los 
programas de incentivos aprobados por este real decreto, ni tampoco los que no se 
encuentren dentro del horizonte temporal de ejecución del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
8.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias  e
tendrán  que  aportar  al  IDAE  declaración  de  los  costes  indirectos  imputados  a  las  bo
actuaciones subvencionadas en su ámbito territorial de aplicación, mediante un informe  69ww
dreef lesjues t oredsopse lcotsiv doast oósrg qauneo sp edrem iintatenr vveernifcicióanr  qy uceo nnotr osle,  dhea  msuapneerraad oq ulae  pdaicrthea p droepcloarrcaiocinóanl 
dqiusep olnei brlee sduelt elo sa tprirbougirbalem aas , caasdí ac oumnoa  lad ec aenltliadsa dd ieml ppuotarcdean yta sjeu  ctootrarle sdpeol ndperenscuiap utaensttoo 
con los costes considerados como con el período en que efectivamente tengan que
realizarse las actuaciones subvencionables, sin perjuicio de las demás obligaciones de 
justificación establecidas por este real decreto y por la normativa aplicable.
9.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán asignar, 
a través de las convocatorias que desarrollen al efecto, el presupuesto que les haya 
correspondido, por cada tipología de actuación subvencionable prevista en este real 
decreto, sin perjuicio de lo establecido, en su caso, para las inversiones directas y costes 
indirectos imputables.
10.  El reparto presupuestario inicial entre los programas de incentivos aprobados 
por este real decreto se realizará teniendo en cuenta lo siguiente:
a)  Hasta un ochenta por ciento del presupuesto para el programa de apoyo a la 
adquisición de vehículos eléctricos (Programa de incentivos 1).
b)  Hasta un cincuenta por ciento del presupuesto para el programa de apoyo al 
despliegue de infraestructura de recarga (Programa de incentivos 2)
11.  En los programas 1 y 2, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla  podrán  reservar  parte  del  presupuesto  para  solicitudes  de  solicitantes  con 
discapacidad y movilidad reducida, o empadronadas en municipios de menos de 5.000 
habitantes, o bien para operaciones de adquisición de vehículos que lleven asociado el 
achatarramiento de otro vehículo.
12.  Las administraciones de las correspondientes comunidades autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla podrán llevar a cabo inversiones directas en cualesquiera de 
las tipologías de actuación contempladas por el anexo I, para lo que podrán reservar una 
parte del presupuesto siempre que lo hubieran comunicado conforme a lo previsto en el 
artículo 6.2.
13.  Durante  los  dos  meses  siguientes  a  la  finalización  de  la  vigencia  de  las 
correspondientes convocatorias, si alguna de las partidas destinadas a un programa de 
actuación no se hubiera agotado y otra tuviera lista de reserva o espera, se podrá 
reasignar el presupuesto entre los programas de incentivos, a criterio de la comunidad 
autónoma o ciudad de Ceuta o Melilla, quedando por tanto sin efecto los porcentajes 
máximos establecidos inicialmente en el anterior apartado 10 para el reparto entre los 
mismos, y liberándose las reservas de presupuesto que se hubieran podido establecer.
En  este  contexto,  podrán  también  incorporarse,  en  su  caso,  los  remanentes 
correspondientes al presupuesto que no hubiera podido destinarse a la financiación de 
las inversiones directas que pudieran haber sido comunicadas por las comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, siempre que en las correspondientes 
convocatorias se hubiera previsto esta posibilidad.
CAPÍTULO III
Bases reguladoras de la concesión de ayudas por las comunidades autónomas a 
los destinatarios últimos
Artículo 11.  Destinatarios últimos de las ayudas.
1.  Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas previstas en este real decreto, 
conforme a lo previsto en el mismo para cada tipología de actuación, siempre que tengan 
su  residencia  fiscal  en  España,  y  a  lo  que  se  establezca,  en  su  caso,  en  las 
convocatorias que realicen las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,  s
cualesquiera de los sujetos que se enumeran a continuación: oe.
1.º  Las  personas  físicas  que  desarrollen  actividades  económicas,  por  las  que  69ww
eonfr eezlc aCne bniseon edse y /Eom sperrevsicaioriso se,n P erlo mfeesricoandaole, se ny  cRueyote cnaesdoo rheasb rdáen  ldae  Aegsetanrc diaa dEosst adtea la dltae 
Administración Tributaria.
2.º  Las  personas  físicas  mayores  de  edad,  a  excepción  de  los  casos  de 
discapacidad, que podrán ser menores de edad, con residencia fiscal en España y no 
incluidas en el anterior apartado.
3.º  Las comunidades de propietarios, reguladas por la Ley 49/1960, de 21 de julio, 
sobre propiedad horizontal, que habrán de cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y en particular con lo establecido en su artículo 11.3.
4.º  Las personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento de 
presentar la solicitud, y otras entidades, con o sin personalidad jurídica, cuyo número de 
identificación fiscal (NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, R o W. También 
serán elegibles las Entidades de Conservación de Polígonos o Sociedades Agrarias de 
Transformación cuyo NIF comience por V.
5.º  Las entidades locales conforme al artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  y  el  sector  público  institucional  de 
cualesquiera Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, siempre que no ejerzan 
actividades económicas por las que ofrezcan bienes y servicios en el mercado en cuyo 
caso se considerarán incluidas en el anterior ordinal 4.º
2.  Las  correspondientes  administraciones  de  las  comunidades  autónomas  y 
ciudades de Ceuta y Melilla podrán llevar a cabo inversiones directas en una o varias de 
las tipologías de actuación contempladas por el anexo I, en los términos y condiciones 
establecidos por este real decreto, que podrán ser financiadas con cargo a una parte del 
presupuesto con el que cada una de ellas cuente de conformidad con lo dispuesto en el 
anexo V, siempre que tales administraciones lo comuniquen al tiempo de formular su 
aceptación de la ayuda concedida, según lo previsto en el artículo 6.2 de este real 
decreto.
Artículo 12.  Requisitos para obtener la condición de destinatario último de las ayudas.
1.  Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla especificarán los 
destinatarios  últimos  a  los  que  irá  dirigida  cada  una  de  las  actuaciones  de  sus 
respectivas convocatorias. Asimismo, podrán establecer requisitos adicionales a cumplir 
por los destinatarios últimos, relacionados con su residencia fiscal o con la necesidad de 
contar con establecimientos permanentes en la comunidad o ciudades de Ceuta y Melilla 
convocante de las ayudas.
2.  No podrán ser destinatarios últimos de las ayudas:
a)  Para la actuación definida en el anexo I como Programa de incentivos 1, relativa 
a la adquisición de vehículos eléctricos, los concesionarios o puntos de venta cuyo 
epígrafe de la sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas 
sea  el  615.1  o  el  654.1,  conforme  a  lo  dispuesto  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la 
instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
b)  Quienes no cumplan alguna de las circunstancias previstas en el artículo 21 
del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En este contexto, el 
destinatario  último  suscribirá,  junto  con  la  solicitud  de  ayuda,  declaración 
responsable  que  acredite  no  tener  pendiente  obligaciones  de  reintegro  de 
subvenciones o ayudas o, en su caso, el cumplimiento de las mismas, conforme a  s
los términos establecidos en dicho artículo 21. El destinatario último deberá también  oe.
encontrarse al corriente en el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en  w.
eeconl ntar erlta íec Slulaleosg ,u 1hr3iad ldalaedr  sSleao  acLlie acyl,o  r3cro8ien/2ns0tied0 e3er,ná  dneedl  oc1su7em  adp elei msntioeev nriteeoms dpbeer cest,ou G sq eounbeel iregala l dcdieoesn teiSnsua bttarvirbeioun tcaúiroltianimse osy,,    2021-5869n https://ww
con la presentación de su solicitud de ayuda, autorizará, indistintamente, tanto al
órgano  administrativo  concedente  como  instructor  para  que  puedan  consultar  Bc
directamente dicha información de forma directa con la Administración tributaria o de 
la Seguridad Social correspondiente en los momentos en que sea preciso durante la 
tramitación del procedimiento.
c)  Las empresas que se encuentren en situación de crisis, conforme a la definición 
que a estos efectos se realiza en el Reglamento UE 651/2014, de 17 de junio de 2014 y 
en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración 
de empresas no financieras en crisis (Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, 
de 31 de julio de 2014).
d)  Las empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente 
sobre cualquier ayuda o subvención que les hubiera sido otorgada con anterioridad, bien 
por haberse declarado ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, bien por 
cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones que le vinieran atribuidas en la 
concesión.
Artículo 13.  Actuaciones subvencionables.
1.  Serán  actuaciones  subvencionables  las  relacionadas  a  continuación,  que 
deberán cumplir los requisitos que se establecen en el anexo I, y se corresponden, 
respectivamente,  con  los  programas  de  incentivos  que  se  aprueban  por  este  real 
decreto: Programa para el fomento de la adquisición de vehículos eléctricos y programa 
de apoyo al despliegue de infraestructura de recarga:
a)  Programa  de  incentivos  1  (Programa  para  el  fomento  de  adquisición  de 
vehículos eléctricos): Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de 
combustible.
No serán actuaciones subvencionables las adquisiciones de vehículos de categorías 
M2, M3, N2 y N3.
b)  Programa de incentivos 2 (Programa de apoyo al despliegue de infraestructura 
de recarga): Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
2.  Para los destinatarios últimos a que se refiere el artículo 11.1, ordinal 1.º, la 
concesión de las ayudas de los programas que se aprueban por este real decreto estará 
sometida, específicamente, a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) 
n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, sin perjuicio, del resto de 
disposiciones  tanto  del  derecho  nacional  como  de  la  Unión  Europea  que  pudieran 
resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución 
y  gestión  tanto  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  como  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Es por ello, que el importe total de las ayudas de minimis que podrá concederse a 
cada uno de estos destinatarios últimos no podrá exceder la cifra de 200.000 euros 
durante  cualquier  período  de  tres  ejercicios  fiscales,  debiéndose  adjuntar  una 
declaración responsable de ayudas recibidas junto a la solicitud de ayuda.
Asimismo, el importe total de las ayudas de minimis que podrá concederse a cada 
uno  de  estos  destinatarios  últimos,  en  el  caso  de  que  realicen  por  cuenta  ajena 
operaciones  de  transporte  de  mercancías  por  carretera,  no  podrá  exceder  la  cifra 
de 100.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales, no pudiendo 
destinarse las mismas para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por 
carretera, ni a ninguno de los sectores mencionados en el artículo 1 del Reglamento 
(UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013. s
El periodo de elegibilidad para la admisión de las correspondientes actuaciones  oe.
subvencionables  por  los  programas  de  incentivos  aprobados  por  este  real  decreto,  w.
psdueejr eí2ot0ad2so1  ad hle ar éjsugtsaitm ilfaiec nafi ncdiaóelni zm ayc ineióijmenc isud ceei óslanp  evdciegif eilcanascd imao  idseemn  aleasss.t ec oanpvaorctaadtoor,i asse, rcáo dne isnddee peel n1d0e ndcei aa dberill   2021-5869n https://ww
3.  Para los destinatarios últimos a que se refiere el artículo 11.1, ordinal 4.º, así
como los incluidos en el ordinal 5.º que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, la  Bc
concesión de las ayudas de los programas aprobados por este real decreto estará 
sometida a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión,  de  17  de  junio  de  2014,  aplicándose  la  exención  correspondiente  a  la 
categoría de ayudas para la protección del medio ambiente (sección 7), sin perjuicio, del 
resto  de  disposiciones  del  derecho  de  la  Unión  Europea  que  pudieran  resultar  de 
aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión 
tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
Es por ello, que el presupuesto medio anual que podrá dedicarse a las ayudas de 
esta categoría (sección 7), para cada una de las actuaciones o programas o regímenes 
de incentivos diferenciados, enumerados en el apartado 1, no podrá superar la cifra 
de 150 millones de euros, y se establecerá un límite de ayuda por destinatario último y 
convocatoria que se establece en el anexo III.
Para los destinatarios últimos previstos en este apartado, y a efectos de mantener el 
efecto incentivador de los programas de incentivos aprobados por este real decreto, sólo 
podrán  admitirse  las  actuaciones  subvencionables  que  se  vayan  a  realizar  con 
posterioridad a la fecha de registro de la correspondiente solicitud de ayuda por parte de 
los mismos, asimismo con independencia del período de justificación y ejecución de las 
mismas.
4.  Para el resto de destinatarios últimos a que se refiere el artículo 11.1 así como 
para las inversiones directas que puedan llevar a cabo las comunidades autónomas y las 
ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  beneficiarias,  se  establecen  en  el  anexo  III  los 
correspondientes límites de cuantías de ayuda a conceder por destinatario último y 
proyecto de inversión o actuación subvencionable, siendo el período elegible para la 
admisión de las mismas desde el 10 de abril de 2021 hasta la finalización de la vigencia 
de las convocatorias, con independencia del período de justificación y ejecución de las 
mismas.
5.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla se asegurarán 
del  cumplimiento  de  lo  previsto  en  los  apartados  precedentes,  debiendo  estar  en 
disposición de acreditar las circunstancias establecidas en los mismos, tanto ante el 
IDAE como ante cualquier otra autoridad nacional o europea competente.
El incumplimiento de lo anterior dará lugar, en caso de no subsanarse, al inicio de un 
procedimiento de reintegro por la totalidad de las cantidades percibidas y a la exigencia 
del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 14.  Cuantía de las ayudas.
La cuantía de las ayudas se incluye en el anexo III de este real decreto para cada 
uno de los programas de incentivos y tipologías de actuaciones subvencionables, así 
como tipo de destinatario último.
Artículo 15.  Incompatibilidad de las ayudas.
Las ayudas de los programas de incentivos que se aprueban por este real decreto 
serán incompatibles con otras subvenciones o ayudas que pudieran concederse para la 
misma  finalidad,  procedentes  de  cualesquiera  administraciones  o  entes  públicos  o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Artículo  16.  Procedimiento  de  concesión  de  las  ayudas  por  las  comunidades  o
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias a los destinatarios últimos. 69ww
ayud1a. s Lqause  creocmibuannid acodmeso  abuetónneoficmiaarsia ys  ldaisre cctiuads addee sla dse a yCueduatas  rye gMuelalidllaa sd epsotri neasrtáen  relaasl 
dtreacvréest od ae  clausa lceosrqrueiseproan ddeie lnotse ss ucjoentovso cparetovriisatso sq puoer  peul balirqtíuceunlo,  1d1o nddee e ssete  croenatle dmepclreento l,o as   BOE-A-cable e
requisitos correspondientes para su concesión, según el territorio en que se apliquen, y 
de acuerdo con lo establecido por este real decreto así como sin perjuicio de las 
inversiones directas que aquellas pudieran realizar.
2.  A efectos del periodo de elegibilidad para la admisión de las actuaciones para 
aquellos destinatarios últimos definidos en el artículo 11.1, ordinales 1.º, 2.º, 3.º y 5.º, 
estos últimos siempre que no hayan declarado actividad económica por la que ofrezca 
bienes y/o servicios en el mercado, se considerarán las actuaciones subvencionables 
contempladas en el anexo I, cuya inversión se inicie desde el 10 de abril de 2021 y con 
independencia, en su caso, del período necesario para ejecutar y justificar las mismas. 
Para aquellos destinatarios últimos definidos en el artículo 11.1, ordinal 4.º, así como los 
incluidos en el ordinal 5.º con actividad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios 
en el mercado, el periodo de elegibilidad para la admisión de las actuaciones será desde 
la fecha de registro de la solicitud de ayuda, y con independencia, en su caso, del 
período necesario para ejecutar y justificar las mismas.
3.  En caso de que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla establezcan en sus convocatorias que las solicitudes de ayuda se realicen a 
través  de  una  entidad  colaboradora,  como  pueden  ser  los  puntos  de  venta  de 
vehículos o los instaladores de infraestructura de recarga, podrán incluir en las 
mismas la excepción de que, en los casos en que los destinatarios últimos sean los 
definidos en el ordinal 5.º del artículo 11.1, puedan éstos formular directamente la 
solicitud,  a  efectos  de  poder  tramitarla  con  anterioridad  a  la  publicación  de  la 
licitación pública correspondiente.
4.  Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta el 
agotamiento de los fondos. En caso de agotamiento del presupuesto asignado a 
cada comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y Melilla, y siempre que no hubiera 
expirado la vigencia de los programas, podrán seguir registrándose solicitudes en 
lista de reserva provisional, que serán atendidas por riguroso orden de entrada, 
supeditadas a que se produzcan desestimaciones o revocaciones de las solicitudes 
de  ayuda  previas  que  pudieran  liberar  presupuesto  o  bien  se  incorpore  nuevo 
presupuesto a la convocatoria. En ningún caso, la presentación de una solicitud a la 
lista de reserva provisional generará derecho alguno para la persona solicitante, 
hasta que no se valide la solicitud.
5.  El  formulario  de  solicitud  de  ayuda  se  acompañará  de  la  documentación 
requerida  en  las  correspondientes  convocatorias  que  realicen  las  comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. El anexo II recoge la documentación 
recomendada, que podrá ser sustituida por otra, en caso de resultar procedente, o por 
procedimientos  alternativos  que  pudieran  establecer  expresamente  las  comunidades 
autónomas  o  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  al  respecto  en  sus  respectivas 
convocatorias,  conforme  a  su  propia  normativa  de  aplicación,  y  siempre  y  cuando 
queden acreditados, al menos, idénticos extremos a los recogidos en tales apartados del 
anexo II.
6.  La resolución definitiva del procedimiento y de concesión de la ayuda, así como 
su entrega al destinatario último, corresponde a cada comunidad autónoma o ciudades 
de Ceuta y Melilla, una vez comprobado el cumplimiento íntegro de las condiciones y 
requisitos establecidos y de la documentación aportada. El plazo máximo para resolver y 
notificar la resolución será de seis meses contados desde la fecha de presentación de la 
solicitud. En caso de no haberse recibido resolución en dicho plazo, se entenderá 
desestimada la solicitud. La resolución que se adopte por la comunidad autónoma o  s
ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  podrá  ser  recurrida  en  la  forma  establecida  en  la  oe.
convocatoria. w.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 62.1 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de  69ww
ddiecsietimnabnre a,  fyin atennciieanr daoc tueanc icouneenst ao  sqiutuea claiosn easy ucdoansc reptraesv iqsutaes  npoo rre qeusiteer erne adl ed veaclroertaoc iósne 
ccoormrepsaproantivdaie nctoens   optorra so rpdreonp udees tapsr,e sseen tpaocdiórná nd ed icstaorli cliatusd eres soulnuac iovneezs  rdeea lizcaodnacse silóans   BOE-A-cable e
comprobaciones  de  concurrencia  de  la  situación  o  actuación  subvencionable  y  el 
cumplimiento  del  resto  de  requisitos  exigidos,  hasta  el  agotamiento  del  crédito 
presupuestario asignado en las convocatorias.
7.  Los destinatarios últimos de las ayudas reguladas en este real decreto, en el 
plazo máximo de doce meses contados desde la fecha de la notificación de la resolución 
de concesión, deberán justificar la realización de la inversión requerida para llevar a cabo 
la actuación objeto de ayuda, a través de la presentación, al órgano autonómico que se 
determine en las convocatorias de las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y 
Melilla, de la documentación establecida a tal efecto en el anexo II de este real decreto 
y/o de la documentación complementaria o sustitutiva, en caso de resultar procedente, 
que pudieran requerir las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla en sus 
respectivas convocatorias para cada actuación subvencionable. La documentación que 
se  aporte  para  justificar  la  ejecución  de  la  actuación  debe  ser  coherente  con  la 
información aportada en el formulario de solicitud de la ayuda.
Comprobada la ejecución de la actuación por parte de los sujetos que reciban la 
ayuda conforme al artículo 11.1, así como la entrega de toda documentación exigida en 
el apartado anterior dentro del plazo establecido, el órgano competente de la comunidad 
autónoma o ciudades de Ceuta y Melilla ordenará el pago de la subvención, con expresa 
referencia a la procedencia de los fondos, mencionando al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico así como el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia y al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, conforme a lo que pudiera 
establecerse al respecto.
8.  En caso de que el destinatario final de la ayuda no cumpliera con la obligación de 
justificación  establecida  en  el  precedente  apartado  no  se  procederá  al  pago  de  la 
subvención y se declarará la pérdida del derecho al cobro de la misma, de conformidad 
con  lo  establecido  en  el  artículo  89  del  reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, utilizando, para ello, el 
procedimiento previsto en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
9.  Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer en 
sus convocatorias la posibilidad de dotar anticipos a los destinatarios últimos que así lo 
soliciten, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a)  Dichos anticipos sean objeto de una garantía otorgada por un banco u otra 
entidad financiera que esté establecida en España, conforme a lo establecido en el 
artículo 45 y sucesivos del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, o bien de una línea de 
crédito  que  ofrezcan  como  garantía  cualquier  organismo  o  administración  pública 
española.
b)  Dichos anticipos no superen el cien por ciento del importe total de la ayuda que 
se vaya a conceder al beneficiario.
c)  Dichos anticipos se destinen exclusivamente a cubrir gastos del proyecto objeto 
de subvención y justificarse en el plazo de un año desde su desembolso.
d)  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  61.3  del  Real  Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, los destinatarios últimos de estos anticipos deberán 
acreditar que se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso 
de cualesquiera otros anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos 
específicamente  consignados  para  la  gestión  de  fondos  europeos  en  los 
Presupuestos Generales del Estado. Corresponderá a las comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla comprobar el cumplimiento de tales condiciones con 
anterioridad al pago, exigiendo, cuando no pueda acreditarse de otro modo, una  e.
declaración responsable del destinatario último o certificación del órgano competente  w.b
si éste fuere una administración pública. 69ww
10.  Las  comunidades  autónomas  podrán  establecer  en  sus  convocatorias  la
posibilidad de ampliar el plazo de justificación de las actuaciones, de conformidad con lo
previsto en el artículo 70 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
11.  La información sobre las concesiones de subvenciones realizadas al amparo de 
este real decreto será comunicada a la Base de Datos Nacional de Subvenciones por las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en los términos en que se 
establece dicha obligación de comunicación por el artículo 20 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, y demás normativa de desarrollo de dicha obligación.
12.  Asimismo  esta  información  también  será  comunicada  al  IDAE  por  las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla como órgano competente 
para la coordinación y seguimiento de los programas, a través de la correspondiente 
aplicación informática dispuesta por el IDAE para la coordinación y seguimiento de los 
programas.
13.  Lo previsto en los anteriores apartados resultará aplicable a las inversiones 
directas que lleven a cabo las administraciones de las comunidades autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla, en la medida que sea compatible con la naturaleza de tales 
operaciones, sin perjuicio de que el IDAE pueda establecer la exigencia del cumplimiento 
de condiciones específicas y/o un procedimiento alternativo aplicable conforme a la 
normativa que resulte de aplicación.
Artículo  17.  Órganos  competentes  para  ordenar  e  instruir  el  procedimiento  de 
concesión de ayudas.
1.  El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión de 
ayudas será el que determine cada comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla 
en su convocatoria. Corresponderá al órgano instructor la comprobación de que las 
solicitudes cumplen debidamente los requisitos exigidos. Las comunidades autónomas y 
las ciudades de Ceuta y Melilla podrán decidir si gestionan las ayudas directamente o a 
través de una entidad colaboradora, que deberá cumplir los requisitos establecidos en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La entidad colaboradora deberá 
cumplir las obligaciones y desempeñar las funciones previstas en el artículo 15 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y será seleccionada con observancia a lo dispuesto 
en  el  artículo  16  de  la  citada  Ley.  La  selección  de  esta  entidad  colaboradora  no 
supondrá,  en  ningún  caso,  exclusión  de  la  responsabilidad  y  obligaciones  que  las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla tengan asumidas en virtud de lo 
dispuesto por este real decreto.
2.  En  la  Instrucción  del  procedimiento,  los  órganos  competentes  de  las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla velarán por respetar las 
normas de subvención nacionales que pudieran afectar a la financiación con fondos 
europeos de las ayudas que se otorguen en el marco de este real decreto. A tal efecto, el 
IDAE facilitará al órgano instructor de la comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y 
Melilla cuantas instrucciones reciba de las autoridades de gestión o de certificación tanto 
del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  como  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en la medida que les afecten. Así mismo, los órganos 
responsables de la gestión de las ayudas de cada comunidad autónoma y ciudades de 
Ceuta  y  Melilla  deberán  conservar  los  documentos  originales,  justificativos  de  la 
actuación realizada y la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de 
las  actuaciones  de  comprobación,  control  y  fiscalización  correspondientes.  La 
disponibilidad  de  los  documentos  se  ajustará  a  lo  dispuesto  en  la  reglamentación 
aplicable a los fondos europeos. e.
Artículo 18.  Órganos competentes para la resolución del procedimiento de concesión 
de ayudas.
El órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión de ayudas 
será el que determine cada comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla en su 
respectiva convocatoria.
Artículo 19.  Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas por el destinatario último de la 
ayuda  y  la  exigencia  del  interés  de  demora,  desde  el  momento  del  pago  de  la 
subvención,  en  los  supuestos  establecidos  en  este  real  decreto  así  como  en  el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 20.  Publicidad.
1.  Toda referencia a la actuación objeto de las ayudas reguladas por las presentes 
bases  en  publicaciones,  actividades  de  difusión,  páginas  web  y  en  general  en 
cualesquiera medios de difusión debe cumplir con los requisitos que figuren en el Manual 
de Imagen del Plan de Incentivos a la Movilidad Eléctrica que estará disponible en la web 
del IDAE, en el que  figurarán el Ministerio  para la  Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico y el Plan de incentivos a la Movilidad Eléctrica, MOVES III, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, todo ello conforme a lo que se establezca al respecto, y en los términos 
previstos en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 31 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.  Asimismo,  tanto  en  la  convocatoria  de  las  comunidades  autónomas  y  las 
ciudades de Ceuta y Melilla, como en la resolución que se notifique a los destinatarios 
últimos,  deberá  mencionarse  al  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto 
Demográfico, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia.
3.  En el contexto de los dos anteriores apartados, los receptores de financiación de 
la Unión Europea deben de mencionar el origen de esta financiación y garantizar su 
visibilidad,  en  particular  cuando  promuevan  las  actuaciones  subvencionables  y  sus 
resultados,  facilitando  información  coherente,  efectiva  y  proporcionada  dirigida  a 
múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.
Disposición adicional única.  Contención del gasto de personal.
Lo dispuesto en este real decreto no supondrá incremento de dotaciones, ni de 
retribuciones,  ni  de  otros  gastos  de  personal,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el 
artículo  10.4,  en  relación  a  los  costes  indirectos  reconocidos  a  las  comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla como beneficiarias directas de las ayudas.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 13.ª, 23.ª 
y 25.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en materia 
de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades  es
de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección, y sobre  bo
las bases del régimen minero y energético, respectivamente. 69ww
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 13 de abril de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno
y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
ANEXO I
Requisitos de las actuaciones subvencionables
Los requisitos que deben cumplir las tipologías de actuaciones subvencionables son 
los siguientes:
Programa de incentivos 1: Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de 
combustible
1.  Será  actuación  subvencionable  la  adquisición  directa  o  por  medio  de 
operaciones  de  financiación  por  leasing  financiero  o  arrendamiento  por  «renting» 
(también llamado leasing operativo) de vehículos nuevos, matriculados por primera vez 
en España a nombre del destinatario último de la ayuda, salvo en los casos de «renting» 
en los que podrá estar matriculado a nombre de la empresa de «renting». Además, la 
fecha de factura de compraventa y fecha de matriculación deberá ser posterior al 9 de 
abril  de  2021  para  aquellos  destinatarios  últimos  definidos  en  el  artículo  11.1, 
ordinales 1.º, 2.º, 3.º y 5.º, estos últimos siempre que no hayan declarado actividad 
económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, así como para las 
inversiones directas de la administración autonómica; y posteriores a la fecha de registro 
de la solicitud en la convocatoria del programa que se corresponda con la presente 
tipología  de  actuación  para  los  destinatarios  últimos  definidos  en  el  artículo  11.1, 
ordinal 4.º, así como los incluidos en el ordinal 5.º con actividad económica por la que 
ofrezca bienes y/o servicios en el mercado. El pago del precio del vehículo, incluido el 
abono de posibles cantidades a cuenta o bajo cualquier otro concepto, deberá ser 
realizado en fecha posterior al 9 de abril de 2021 o posterior a la fecha de registro de la 
solicitud, según la diferenciación de destinatario último mencionada anteriormente.
También será subvencionable la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de 
combustible  de  categorías  M1,  N1,  L3e,  L4e  y  L5e  y  con  hasta  nueve  meses  de 
antigüedad (vehículos de demostración), contada desde su primera matriculación hasta 
la primera de las siguientes fechas, fecha de la factura de compra venta o fecha de 
registro de solicitud, y cuya titularidad deberá ostentarla un concesionario o punto de 
venta del grupo fabricante/importador que realice la venta del vehículo al destinatario 
último  de  la  ayuda.  En  este  caso  el  vehículo  deberá  haber  sido  adquirido  por  el 
concesionario o punto de venta como vehículo nuevo al fabricante o importador. Se 
establece un máximo de treinta vehículos de demostración de la misma titularidad, según 
definición anterior, en cada convocatoria.
En ningún caso serán actuaciones subvencionables en este programa o tipología de 
actuación las adquisiciones de autocares o autobuses de la categoría M2 o M3, y 
camiones o furgones de categoría N2 y N3.
2.  Los  vehículos  susceptibles  de  ayudas  deberán  pertenecer  a  alguna  de  las 
categorías siguientes:
a)  Turismos M1: Vehículos de motor con al menos cuatro ruedas diseñados y 
fabricados  para  el  transporte  de  pasajeros,  que  tengan,  además  del  asiento  del 
conductor, ocho plazas como máximo.
b)  Furgonetas o camiones ligeros N1: Vehículos de motor concebidos y fabricados 
principalmente  para  el  transporte  de  mercancías  y  cuya  masa  máxima  en  carga 
técnicamente admisible (MMTA) no supere las 3,5 toneladas. s
c)  Cuadriciclos ligeros L6e: Cuadriciclos ligeros cuya masa en vacío sea inferior o  oe.
igual  a  350  kg,  no  incluida  la  masa  de  las  baterías,  cuya  velocidad  máxima  por  w.
cdoen msdt)ar urccChciauó an(dn sroiec aiicn liconlsufe idrpiooe rs eaold  ipogesus aLol 7 ade e4:  5Vla ekshm íbc/hau,tl eoyrs íp adoset)e  cninucfaieatr rimoor á ruoxie midgaau sain,l  fcaeo rin4o 5ru 0on  akigg mu aealn sa ae  4le  cknaW os.ord edne   2021-5869n https://ww
transporte de pasajeros y a 600 kg en el caso de transporte de mercancías, y que no
puedan clasificarse como cuadriciclos ligeros. Bc
e)  Motocicletas  L3e,  L4e,  L5e:  Vehículos  con  dos  ruedas,  o  con  tres  ruedas 
simétricas o asimétricas con respecto al eje medio longitudinal del vehículo, de más 
de 50 cm3 o velocidad mayor a 50 km/h y cuyo peso bruto vehicular no exceda de una 
tonelada.
3.  Los modelos de vehículos susceptibles de ser incentivados deben figurar en la 
Base  de  Vehículos  del  IDAE,  (http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-
programa-MOVES), y cumplir los siguientes requisitos:
a)  Para los vehículos pertenecientes a las categorías M y N se exige la pertenencia 
a alguno de los siguientes tipos:
i.  Vehículos eléctricos puros (BEV), propulsados total y exclusivamente mediante 
motores eléctricos cuya energía procede, parcial o totalmente, de la electricidad de sus 
baterías, utilizando para su recarga la energía de una fuente exterior al vehículo, por 
ejemplo, la red eléctrica.
ii.  Vehículos  eléctricos  de  autonomía  extendida  (EREV),  propulsados  total  y 
exclusivamente mediante motores eléctricos cuya energía procede, parcial o totalmente, 
de la electricidad de sus baterías, utilizando para su recarga la energía de una fuente 
exterior al vehículo y que incorporan motor de combustión interna de gasolina o gasóleo 
para la recarga de las mismas.
iii.  Vehículos  híbridos  «enchufables»  (PHEV),  propulsados  total  o  parcialmente 
mediante motores de combustión interna de gasolina o gasóleo y eléctricos cuya energía 
procede, parcial o totalmente, de la electricidad de sus baterías, utilizando para su 
recarga la energía de una fuente exterior al vehículo, por ejemplo, la red eléctrica. El 
motor eléctrico deberá estar alimentado con baterías cargadas desde una fuente de 
energía externa.
iv.  Vehículo eléctrico de células de combustible (FCV): Vehículo eléctrico que utiliza 
exclusivamente energía eléctrica procedente de una pila de combustible de hidrógeno 
embarcado.
v.  Vehículo eléctrico híbrido de células de combustible (FCHV): Vehículo eléctrico 
de células de combustible que equipa, además, baterías eléctricas recargables.
b)  Los vehículos M1 y N1, que se acojan al programa de incentivos, deberán contar 
con  un  descuento  de  al  menos  1.000  euros  en  la  factura  de  venta  por  parte  del 
fabricante/importador o punto de venta del vehículo adquirido, a trasladar al destinatario 
último de la ayuda.
c)  Para los vehículos pertenecientes a la categoría L se exige:
i.  Estar propulsados exclusivamente por motores eléctricos y estar homologados 
como vehículos eléctricos.
ii.  Las motocicletas eléctricas nuevas (categorías L3e, L4e y L5e) susceptibles de 
ayuda han de tener baterías de litio, motor eléctrico con una potencia del motor igual o 
superior a 3 kW, y una autonomía mínima de 70 km.
d)  Asimismo, y en el caso de adquisición de vehículos nuevos de categorías M1, 
N1 y L, se podrá incrementar el importe de ayuda para la adquisición del vehículo 
subvencionable,  en  la  cuantía  recogida  en  el  anexo  III  de  este  real  decreto,  si  el 
destinatario último acredita la baja definitiva en circulación de un vehículo matriculado en 
España, siendo su titular en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico,  es
y siempre que sendos vehículos reúnan los requisitos que en este real decreto se  o
detallan. 69ww
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presentación  del  correspondiente  certificado  acreditativo  de  la  baja  definitiva  del
vehículo. El vehículo a achatarrar deberá ser, indistintamente, de categoría M1 o N1, 
para el caso de adquisiciones de vehículos M1 o N1, o M1, N1 o L para el caso de 
adquisiciones de vehículos de esta categoría, y estar matriculado en España al menos 
siete años antes de la primera de las siguientes fechas, fecha de la factura de compra 
venta o fecha de registro de solicitud. Adicionalmente, e independientemente de la 
categoría del vehículo a achatarrar, el destinatario último de la ayuda deberá además 
ostentar  la  titularidad  del  vehículo  achatarrado  al  menos  durante  los  doce  meses 
anteriores a la primera de las siguientes fecha, fecha de la factura de compra venta o 
fecha  de  registro  de  solicitud,así  como  presentar  el  último  recibo  del  Impuesto  de 
Vehículos de Tracción Mecánica, debidamente abonado, al menos desde 2020.
4.  Las adquisiciones de vehículos por medio de operaciones de financiación por 
«renting» sólo podrán ser objeto de ayuda a condición de que:
a)  El correspondiente contrato de arrendamiento establezca una duración mínima 
de dos años desde la fecha de su entrada en vigor y cuya formalización sea en todo 
caso, posterior al 9 de abril de 2021, al igual que la fecha de la correspondiente factura 
de compraventa y de matriculación del vehículo, para aquellos destinatarios últimos 
definidos en el artículo 11.1, ordinales 1.º, 2.º, 3.º y 5.º, siempre que no hubieran 
declarado actividad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, e 
inversiones directas de la administración autonómica; y posteriores a la fecha de registro 
de  la  solicitud  en  la  convocatoria  correspondiente  de  este  programa  para  los 
destinatarios últimos definidos en el artículo 11.1, ordinal 4.º, así como los incluidos en el 
ordinal  5.º  con  actividad  económica  por  la  que  ofrezca  bienes  y/o  servicios  en  el 
mercado.
b)  La tramitación de la solicitud de ayuda podrá ser gestionada por el destinatario 
último de la ayuda o por entidades colaboradoras según se hubiera especificado en la 
convocatoria de la respectiva comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y Melilla.
c)  El  contrato  de  arrendamiento  deberá  establecer  expresamente  que  el 
arrendatario es el destinatario último de la ayuda que se otorgue, debiendo constar en el 
mismo, también expresamente, que una vez la empresa de «renting» reciba el pago del 
importe de la misma en esa fecha aplicará el total de dicha ayuda a la reducción de las 
cuotas de pago o renta del arrendamiento que queden por satisfacer por parte del 
arrendatario.
d)  El contrato recogerá que, en caso de que el importe de la suma de las cuotas 
pendientes por abonar fuera inferior al importe de la ayuda, el excedente de ayuda 
pendiente de abonar al destinatario último deberá ser abonado por la compañía de 
«renting»  al  destinatario  último  a  la  finalización  del  contrato  de  arrendamiento.  El 
arrendatario, por tanto, como destinatario último de la ayuda, será quien deba cumplir los 
requisitos e incompatibilidades que se prevén en las Bases.
e)  En  el  caso  de  las  operaciones  de  «renting»,  en  todos  los  supuestos, 
independientemente de quien tramite la ayuda, el destinatario último de la ayuda firmará 
un documento de cesión del derecho de cobro a favor de la compañía de «renting» que 
formalice la operación.
Programa de incentivos 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos
1.  Serán actuaciones subvencionables los sistemas de recarga de baterías para  es
vehículos eléctricos en la modalidad de adquisición directa. Además, en el caso de  bo
comunidades de propietarios, será subvencionable las canalizaciones necesarias para  69ww
rdpeiúscbpalLoircagno ae i crni nofdrtmeaeleo igls adet renup tcureets uaionr  aslpa tra dirvleeaac cdairóoergn.ca ae rvgléianc ctrudicleaa d vaye  dhdeíec u vseloehsrí vcieuclliéooc  etdrléiecc octsroi cmpoou.dnricáa csieorn etasn ptoa rad ed oatcacre dsoe   OE-A-2021-58able en https://
Se consideran como costes subvencionables el proyecto, la obra civil, los costes de 
ingeniería  y  dirección  de  obra,  el  coste  de  la  propia  infraestructura  de  recarga,  la 
instalación o actualización de cualquier elemento eléctrico, incluido el transformador, 
trabajos  de  conexión  a  la  red  de  distribución,  centros  de  seccionamiento  y 
transformación  y  acometida  de  media  tensión,  necesarios  para  conectar  la 
infraestructura de recarga a la red o a la unidad de producción o almacenamiento local 
de electricidad, la adecuación de terrenos o carreteras, los costes de instalación y costes 
por  permisos  relacionados  y  necesarios.  Los  costes  de  la  unidad  de  producción 
renovable o almacenamiento local para generar o almacenar la energía eléctrica, caso 
de existir, serán elegibles únicamente si están exclusivamente dedicados al punto de 
recarga y se pueden considerar parte de la estación de recarga. No podrán ser elegibles 
por tanto unidades de producción de energía renovable conectadas a la red, aunque 
estén  vinculadas  parcialmente  al  punto  de  recarga.  También  se  considerará 
subvencionable, caso de existir, el sistema de pago integrado en la estación de recarga, 
la señalización de las estaciones de recarga y el sistema de gestión, control y seguridad.
No  se  considera  subvencionable  la  instalación  de  contadores  inteligentes,  que 
habrán de ser facilitados por las compañías eléctricas a los consumidores (usuarios 
finales o gestores de recarga), generalmente bajo régimen de alquiler.
En el caso de aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios existentes de 
régimen de propiedad horizontal, será actuación subvencionable la preinstalación eléctrica 
para la recarga de vehículo eléctrico que incluya una conducción principal por zonas 
comunitarias (mediante tubos, canales, bandejas, etc.), de modo que se posibilite la 
realización de derivaciones hasta las estaciones de recarga ubicadas en las plazas de 
aparcamiento, tal y como se describe en el apartado 3.2 de la ITC-BT-52 del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
También serán elegibles los sistemas de gestión de la carga de los vehículos eléctricos, 
así como instalaciones de telecomunicaciones, internet, 3G, 4G o sistemas similares que 
permitan garantizar una carga de vehículos inteligente que minimice las necesidades de 
un aumento de la potencia eléctrica contratada.
A efectos de elegibilidad para la admisión de las actuaciones, para aquellos destinatarios 
últimos definidos en el artículo 11.1, ordinales 1.º, 2.º, 3.º y 5.º, de estos últimos los que no 
hayan declarado actividad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, e 
inversiones directas de la administración autonómica se exigirá que la fecha de la factura 
correspondiente a la adquisición e instalación de la infraestructura correspondiente sea 
posterior al 9 de abril de 2021; y para los destinatarios últimos definidos en el artículo 11.1, 
ordinal 4.º, así como los incluidos en el ordinal 5.º con actividad económica por la que ofrezca 
bienes y/o servicios en el mercado, las fechas de los contratos, factura y justificantes de pago 
deberán  ser  posteriores  a  la  fecha  de  registro  de  la  solicitud  en  la  convocatoria 
correspondiente de este programa.
2.  La infraestructura de recarga podrá estar destinada a los siguientes usos:
a)  Uso privado en sector residencial, incluidas las viviendas unifamiliares.
b)  Uso público en sector no residencial (aparcamientos públicos, hoteles, centros 
comerciales, universidades, hospitales, polígonos industriales, centros deportivos, etc.).
c)  Uso privado en zonas de estacionamiento de empresas privadas y públicas, para 
dar servicio a su propia flota.
d)  Uso público en zonas de estacionamiento de empresas privadas y públicas, para 
dar servicio a sus trabajadores y clientes.
e)  Uso público en vía pública, ejes viarios urbanos e interurbanos. e.
f)  Uso público en red de carreteras, siendo de especial interés la infraestructura de  w.b
recarga en estaciones de servicio y gasolineras. 69ww
Los sistemas de recarga, deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.º  Para las instalaciones conectadas en baja tensión, instalación de acuerdo con el
Reglamento electrotécnico de baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2
de agosto, concretamente ITC-BT-52. Grado de protección IP e IK adecuado en función 
de la ubicación según REBT.
2.º  Alimentación: monofásica o trifásica 230-400 VAC o voltajes superiores para el 
caso de recarga ultra rápida.
3.º  Protecciones eléctricas de acuerdo con la normativa de seguridad.
4.º  Declaración CE.
5.º  Para el caso de recarga de acceso público, deberá disponer, al menos, de 
conector tipo 2 según IEC 62.196-2, o conector CCS2- Combo 2, según IEC 62196, con 
compatibilidad  con  modo  3  o  modo  4  según  instalación,  con  medida  de  energía 
integrada.  Según  el  artículo  4  del  Real  Decreto  639/2016,  de  9  de  diciembre, 
proporcionará la posibilidad de recarga puntual a los usuarios de vehículos eléctricos, sin 
necesidad de que medie contrato con el operador del punto de recarga que se trate, 
facilitando el servicio de recarga a disposición de los usuarios interesados de una forma 
abierta, transparente y no discriminatoria. Además, deberá garantizar que el punto esté 
operativo al menos durante cinco años. Además, deberá disponer de los siguientes 
requisitos de conectividad:
a)  Acreditar que la instalación dispone de interfaz de conexión que la permita plena 
conectividad y de sistema de memoria para almacenaje local de datos.
b)  Compatible con el protocolo OCPP v1.6 o versión superior, mediante el uso de 
servicios web (SOA); y actualizable a versiones superiores.
c)  Medida de la potencia y de la energía transferida.
d)  Módulo  de  comunicación  móvil  3G/GPRS  o  superior  o  cualquier  canal  de 
comunicación equivalente.
3.  Los sistemas de recarga se clasificarán, según su potencia, de la siguiente 
forma:
a)  Sistema de recarga vinculado: Potencia inferior a 7 kW.
b)  Sistema de recarga convencional: Potencia igual o superior a 7 kW e inferior 
a 15 kW.
c)  Sistema de carga semirrápida: Potencia igual o superior a 15 kW e inferior a 40 kW.
d)  Sistema de carga rápida: Potencia igual o superior a 40 kW e inferior a 100 kW.
e)  Sistema de carga ultra rápida: Potencia igual o superior a 100 kW.
En caso de existir distintas potencias en un mismo sistema de recarga, éste se 
clasificaría atendiendo a la potencia máxima de los puntos de recarga de la instalación.
ANEXO II
Documentación
La documentación que se relaciona a continuación, en caso de resultar procedente, 
podrá ser sustituida por otra o por procedimientos alternativos que pudieran establecer 
expresamente las comunidades autónomas o las ciudades de Ceuta y Melilla al respecto 
en sus respectivas convocatorias, conforme a su propia normativa de aplicación, siempre 
y cuando queden acreditados idénticos extremos a los recogidos en tales apartados.
1. Documentación requerida para realizar la solicitud de ayuda
El formulario de solicitud de ayuda se acompañará de la documentación requerida en  bo
las  correspondientes  convocatorias  que  realicen  las  comunidades  autónomas  y  las  69ww
ccoiundtaindueasc idóen :Ceuta y Melilla, recogiendo en todo caso la documentación que figura a
a)  Fotocopia del DNI, para los ciudadanos españoles, o de documento equivalente
que acredite la identidad de los extranjeros y en el que figure el NIE, de la persona física  Bc
titular del establecimiento o de la tarjeta de identificación fiscal donde conste el NIF de la 
persona jurídica, así como, en ambos casos, de su representante. No será necesaria su 
aportación si el interesado presta su consentimiento expreso para que sus datos de 
identidad personal puedan ser consultados por el órgano instructor mediante el Sistema 
de Verificación de Datos de Identidad que cada comunidad autónoma pudiera tener 
establecido. No obstante, conforme a lo establecido por el artículo 28 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, se eximirá a los interesados de la presentación de documentación que 
haya  sido  elaborada  por  cualquier  Administración,  o  que  haya  sido  ya  aportada 
anteriormente  por  los  mismos,  siempre  que  el  interesado  no  se  oponga  a  que  la 
administración actuante pueda consultar o recabar dichos documentos. Por su parte, la 
disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, reconoce la potestad de 
verificación de las administraciones públicas, en relación con los datos personales que 
obren en su poder, para comprobar la exactitud de los mismos.
b)  Las  personas  jurídicas,  públicas  o  privadas,  y  otras  entidades,  con  o  sin 
personalidad jurídica, además de lo establecido en el apartado anterior, deberán aportar 
documentación  acreditativa  de  las  facultades  de  representación  de  la  persona  que 
formule la solicitud de ayuda como representante de las mismas, debidamente inscrita, 
en su caso, en los registros públicos correspondientes.
c)  En el caso de una entidad vinculada o dependiente del sector público deberá 
presentar una declaración responsable donde acredite su adscripción, especificando si 
se refiere a la Administración General del Estado, a una comunidad autónoma o a una 
entidad local, y donde declare si desarrolla actividad económica por la que ofrezca 
bienes y/o servicios en el mercado.
d)  Si se trata de profesionales autónomos, además deberá aportarse certificado de 
alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores o el Certificado de 
Situación Censal, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, salvo 
consentimiento expreso del interesado para que sus datos puedan ser solicitados de 
forma  directa  a  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  al  amparo  del 
artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y conforme a 
lo regulado en la Orden de 18 de noviembre de 1999 por la que se regula el suministro 
de  información  tributaria  a  las  Administraciones  Públicas  para  el  desarrollo  de  sus 
funciones, así como los supuestos contemplados en el artículo 113.1 (actual 95.1) de la 
Ley General Tributaria.
e)  En el caso de empresas, declaración responsable en la que figure la condición 
de Pequeña, Mediana o Gran Empresa, según la definición recogida en el anexo I del 
Reglamento UE 651/2014, de 17 de junio de 2014, o en su caso, si se trata de una 
entidad sin actividad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado,
f)  Documentación que acredite encontrarse al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, cuando la cuantía de la 
ayuda supere los 10.000 euros por destinatario último, conforme a lo previsto por la 
letra c) del artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que 
se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En caso 
de no estar obligados a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren 
los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se deberá hacer mención expresa del 
fundamento de dicha exención, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de  s
este  reglamento.  Por  el  contrario,  no  existiendo  exención  de  la  obligación  de  oe.
presentar  tales  declaraciones  o  documentos,  deberán  constar  certificaciones  w.
acreditativas del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad  69ww
Sdeo caiaylu, dsae gcúonn llloe vparreáv islato a eunto erilz aarctiíócnu lod e2l 2s doelicl imtainstme op. aLraa  pqruees eenlt aócrigóann doe c loan scoeldiceintuted 
oabrttíecnugloas  1d8e  yf o1r9m ad eld Rireecgtlaa mlae natoc rdeed itlaa cLióeny  Gdee nlearsa l cdierc uSnusbtvaenncciaiosn epsre, vaipsrtaosb aedno  ploosr   BOE-A-cable e
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos, en cuyo 
caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo 
aportar entonces la certificación
g)  Declaración  responsable  de  que  no  concurre  ninguna  de  las  circunstancias 
enumeradas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, 
en  particular,  de  hallarse  al  corriente  en  el  pago  de  obligaciones  por  reintegro  de 
subvenciones, en los términos previstos en el artículo 25 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, que no se encuentra en situación de crisis y que no está sujeta a una 
orden de recuperación por declaración de la Comisión de ayuda ilegal e incompatible, 
según Reglamento 651/2014, de 17 de junio de 2014.
h)  Para todas las actuaciones, declaración de otras ayudas solicitadas o percibidas, 
bien para la misma actuación, o bien bajo el régimen de minimis en los tres últimos años.
i)  Para las actuaciones del Programa de Incentivos 2 definidas en el anexo I, se 
solicitará Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer que contenga, al menos, 
descripción  y  alcance  de  la  actuación,  inversión,  coste  subvencionable  y  ayuda 
solicitada.
j)  Aquellos destinatarios últimos que pertenezcan a un colectivo con derecho a un 
incremento en la ayuda de acuerdo con lo indicado en el Anexo III, como puede ser 
discapacidad por movilidad reducida y necesitar adaptación en el vehículo, o estar 
empadronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes, deberán acreditar su 
condición mediante la documentación que determine la comunidad autónoma. Para los 
casos de estar empadronados en municipios de menos de 5.000 habitantes, deberá 
acreditarse el empadronamiento con fecha anterior a la factura correspondiente a la 
actuación subvencionable, y una permanencia de al menos dos años desde el registro 
de la solicitud. El uso de taxi o de Servicios de Vehículos con Conductor, se acreditará en 
la fase de justificación, mediante el Permiso de circulación, según se detalla en el 
siguiente apartado 2.
2. Documentación requerida para justificar la actuación realizada
Para cada actuación se aportará la documentación justificativa que se requiera en las 
correspondientes convocatorias de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta 
y Melilla, siendo necesaria, al menos, la siguiente:
A)  Programa de incentivos 1: Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de 
pila de combustible
1.º  Copia de la Ficha Técnica (Tarjeta ITV) del vehículo adquirido.
2.º  Copia del Permiso de Circulación del vehículo adquirido o fotocopia del 
Permiso de Circulación provisional emitido por la Dirección General de Tráfico. En 
los casos en que se emita Permiso temporal para vehículos cuya matrícula comience 
con la letra P, se exigirá la aportación de fotocopia del Permiso de Circulación 
definitivo en el plazo de subsanación que se establezca en la convocatoria de la 
comunidad  autónoma  o  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla.  Además,  en  los  casos  de 
vehículos eléctricos y de pila de combustible de hasta nueve meses de antigüedad, 
se aportará el permiso de circulación del vehículo a nombre del concesionario, punto 
de venta o fabricante/importador que realice la venta del vehículo al destinatario 
último de la ayuda. Para los usos de servicio de taxi o de servicios de alquiler con  e.
conductor (VTC) se verificará que en el campo D.4 del vehículo adquirido, conste  w.b
PUBL-Taxi (código A04) o «alquiler con conductor (ACC)». 69ww
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destinatario último de las ayudas cumple con sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad  Social,  resultando  aplicable  lo  establecido  en  la  letra  f)  del  anterior 
apartado 1.
4.º  En el caso de «renting» o leasing operativo, se adjuntará adicionalmente copia 
del contrato de «renting» o leasing operativo, que establezca una duración mínima de 
dos años y donde figure como arrendatario del mismo el solicitante de ayuda o potencial 
destinatario final de la ayuda. La fecha de este contrato deberá ser posterior al 9 de abril 
de 2021 para los destinatarios últimos definidos en el artículo 11.1, ordinales 1.º, 2.º, 3.º 
y 5.º, estos últimos si no declaran actividad económica por la que ofrezca bienes y/o 
servicios  en  el  mercado,  así  como  para  las  inversiones  directas  de  la  propia 
administración autonómica. Por su parte, será posterior a la fecha de registro de la 
solicitud de ayuda en los casos de destinatarios últimos definidos en el artículo 11.1, 
ordinal 4.º, así como los incluidos en el ordinal 5.º con actividad económica por la que 
ofrezca bienes y/o servicios en el mercado. Además, se incluirá expresamente que la 
empresa de «renting» repercutirá el total de la ayuda en las cuotas del arrendatario que 
queden por abonar con efectos desde la fecha en que la empresa de «renting» reciba el 
importe de la ayuda. En caso de que el importe de la suma de las cuotas pendientes por 
abonar fuera inferior al importe de la ayuda, el contrato de «renting» habrá de recoger 
también la forma y plazo de abono del excedente de ayuda al destinatario último a la 
finalización del contrato de arrendamiento.
5.º  Si  la  ayuda  se  hubiera  tramitado  directamente  por  el  destinatario  último, 
documento de endoso o de cesión del derecho de cobro en el que autorice a la empresa 
de «renting» a recibir la ayuda.
6.º  Copia de la factura de compraventa del vehículo, a nombre del destinatario 
último o, en los casos de adquisiciones por renting o leasing financiero, a nombre de 
la empresa de renting o leasing, debiendo ser la fecha de la misma posterior al 9 de 
abril  de  2021  para  los  destinatarios  últimos  definidos  en  el  artículo  11.1, 
ordinales  1.º,  2.º,  3.º  y  5.º,  estos  últimos  siempre  que  no  declaren  actividad 
económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, así como para las 
inversiones directas de la propia administración autonómica. Será posterior a la 
fecha de registro de la solicitud de ayuda en los casos de destinatarios últimos 
definidos en el artículo 11.1, ordinal 4.º, así como los incluidos en el ordinal 5.º con 
actividad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado. No serán 
admisibles las autofacturas. En la factura deberá constar la matrícula o número de 
bastidor, marca, modelo y versión del vehículo adquirido y un descuento por parte 
del  fabricante/importador  o  punto  de  venta  de  al  menos  1.000  euros  para  las 
adquisiciones de vehículos de categorías M1 y N1, por el «Programa MOVES III», 
que deberá reflejarse antes de la aplicación de IVA o IGIC.
7.º  Documentos justificativos del pago de la factura de compraventa del vehículo: 
Se considerarán válidos aquellos justificantes de pago que permitan identificar:
a)  Al destinatario último: debe quedar claro que el único pagador es el destinatario 
final de la ayuda, ya sea mediante un pago directo por el mismo o en su nombre 
(mediante la correspondiente acreditación documental), o en su caso, por la empresa de 
«renting» o leasing financiero, justificado éste mediante el correspondiente contrato y 
certificado de pago de la entidad financiera al proveedor en nombre del destinatario 
último.
b)  Al tercero (punto de venta o concesionario) que percibe las cantidades pagadas.
c)  La fecha de pago (fecha valor) o salida efectiva de los fondos del destinatario  e.
último de la ayuda. Para el caso de destinatarios últimos definidos en el artículo 11.1,  w.b
ordinal 4.º, así como los incluidos en el ordinal 5.º con actividad económica por la que  69ww
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de))   EEln v leohsí ccualsoo os bdjeet o« rdeen tlian gs»u,b av elan ceimónp.resa arrendadora.
8.º  Certificación que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de 
la ayuda. El destinatario último de la ayuda deberá ser titular del número de cuenta en el 
que se ingrese la ayuda, salvo en el caso que las convocatorias hayan establecido 
entidades  colaboradoras  o  intermediarias  como  puntos  de  venta  de  vehículos  o 
empresas de «renting», que hayan adelantado el importe de la ayuda al destinatario 
último, en cuyo caso, siempre que se acredite con la correspondiente factura o contrato, 
así como justificante de pago, la cuenta podrá ser la de la entidad colaboradora o 
intermediaria. Igualmente, en el caso de operaciones de «renting», siempre que se 
acredite el contrato, así como el justificante de pago del vehículo y el documento por el 
cual se cede el derecho de cobro, en cuyo supuesto la cuenta será la de la entidad de 
«renting».
9.º  En relación con la documentación del vehículo que se achatarra, se aportará:
a)  Copia del «Certificado acreditativo de la baja definitiva del vehículo», por parte 
del correspondiente Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CAT), en nombre 
de la Dirección General de Tráfico o, en su defecto, informe del Registro General de 
Vehículos de la correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico, que acredite la baja 
definitiva.
b)  Copia del Permiso de Circulación del vehículo donde conste su fecha de primera 
matriculación, fecha de matriculación en España y fecha de expedición. En ausencia de 
cualquiera de estos documentos, se aportará el Informe de la Dirección General de 
Tráfico con el historial del vehículo.
c)  Copia del recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo 
achatarrado, debidamente abonado, al menos desde el ejercicio de 2020.
B)  Programa de incentivos 2: Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos
1.º  Memoria Técnica o proyecto de la instalación realizada si así lo requiere, según 
el Reglamento electrotécnico de baja tensión.
2.º  Para los casos de recarga de acceso público, ubicación de los sistemas de 
recarga, referencia de estos en un plano, indicando dirección, número y coordenadas 
GNSS  (GPS,  Galileo  u  otras  constelaciones,  compatibles  con  el  Real  Decreto 
1071/2007, de 27 de julio) de longitud y latitud. En el caso de edificios y parking, las 
coordenadas se referirán al acceso principal de vehículos al mismo.
3.º  Facturas. Las facturas deberán ser detalladas, y ser expedidas a nombre del 
destinatario último de la ayuda, o de la empresa de renting en su caso, de manera que 
puedan identificarse los conceptos objeto de ayuda. Su fecha deberá ser, en todo caso, 
posterior al 9 de abril 2021 para los destinatarios últimos definidos en el artículo 11.1, 
ordinales 1.º, 2.º, 3.º y 5.º, estos últimos siempre que no hayan declarado actividad 
económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, así como para las 
inversiones directas de la propia administración autonómica. Será posterior a la fecha de 
registro de la solicitud de ayuda en los casos de destinatarios últimos definidos en el 
artículo 11.1, ordinal 4.º, así como los incluidos en el ordinal 5.º con actividad económica 
por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado. Se exime de la obligación de 
presentar aquellas facturas que tengan un importe inferior a 3.000 euros, de conformidad 
con lo establecido por la letra b) del artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre.
4.º  Documentos justificativos del pago de las facturas de compraventa imputadas.  e.e
Se considerarán válidos aquellos justificantes de pago que permitan identificar: b
úalctirmeabdo))i   tadcAAei lló  ltdnaee  rdacsoetyicnuruoadm taqa,eur inebot i apeúlen ltcr icmosireboraee,   sdlmapesoeb ndcedai aiqnenutntiedeteda )uad.nre  scp lpaaargogo aq dduaierse e.clt oú noic eon p asgua ndoomr ebsre e l( mdeesdtiiannattea rliao   OE-A-2021-58able en https://
c)  La fecha de pago (fecha valor) o salida efectiva de los fondos del destinatario 
último. Para el caso de destinatarios últimos definidos en el artículo 11.1, ordinal 4.º, así 
como los incluidos en el ordinal 5.º con actividad económica por la que ofrezca bienes 
y/o servicios en el mercado, las fechas de pago deberán ser posteriores a la fecha de 
registro de la solicitud, a efectos de cumplir con el carácter incentivador.
5.º  De acuerdo con lo previsto por la letra a) del artículo 63 del Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, para subvenciones concedidas por importe inferior 
a  100.000  euros  y  de  manera  opcional,  podrá  entregarse,  por  tener  carácter  de 
documento  con  validez  jurídica  para  la  justificación  de  la  subvención,  una  cuenta 
justificativa  simplificada  según  lo  previsto  en  el  artículo  75  del  Reglamento  de  la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  aprobado  por  Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  con  el  alcance  que  será  detallado  en  las 
correspondientes convocatorias de ayuda de las respectivas comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla. Así mismo dichas convocatorias podrán establecer la 
exención de la obligación de aportar la documentación que se indica en los anteriores 
números 3.º y 4.º de este apartado b) si se hace entrega de esta cuenta justificativa 
simplificada.
6.º  Para el caso en que el destinatario último sea una persona jurídica pública, 
declaración  responsable  que  facilite  enlace  donde  pueda  acreditarse  la  fecha  de 
publicación de pliegos de licitación para la adquisición de los bienes y/o servicios objeto 
de ayuda, expedido por órgano competente de la persona jurídica pública beneficiaria 
correspondiente.
7.º  Para el caso en que el destinatario último sea una persona física o jurídica 
privada, copia de contrato de suministro de los bienes y/o servicios objeto de ayuda, 
formalizado por la persona física o jurídica privada beneficiaria correspondiente. Para el 
caso de destinatarios últimos definidos en el artículo 11.1, ordinal 4.º, así como los 
incluidos en el ordinal 5.º con actividad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios 
en el mercado las fechas de formalización de los contratos deberán ser posteriores a la 
fecha de registro de la solicitud, a efectos de cumplir con el carácter incentivador.
8.º  Copia de certificado de instalación eléctrica otorgado por el órgano competente 
de  la  comunidad  autónoma.  Las  actuaciones  deberán  aportar  la  documentación 
justificativa que acredite que cuentan con las preceptivas licencias y autorizaciones 
administrativas en el caso de que la actuación lo requiera. En el caso de recarga de 
acceso  público,  deberá  acreditar  que  no  discrimina  el  acceso  a  ningún  usuario, 
permitiendo la recarga sin que medie contrato entre operador del punto de recarga y 
usuario.
9.º  Certificación que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de 
la ayuda. El destinatario último deberá ser titular del número de cuenta en el que se 
ingrese la ayuda.
10.º  En  caso  de  exigirse  en  las  respectivas  convocatorias  de  ayudas  de  las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla la aportación con las solicitudes 
correspondientes de memorias económicas, se aplicará lo previsto en la letra d) del 
artículo  63  del  Real  Decreto-ley  36/2020,  de  30  de  diciembre,  en  cuanto  a  la 
flexibilización de los compromisos plasmados en las mismas.
ANEXO III
Cuantía de las ayudas e.e
Para cada una de las actuaciones, la cuantía de las ayudas es la siguiente: 69ww
Programa de incentivos 1: Adquisición de vehículos eléctricos
1.  En el caso de que el solicitante de la ayuda esté comprendido entre los definidos
en el artículo 11.1, ordinales 1.º, 2.º, 3.º o 5.º, este último siempre que no tenga actividad
económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado así como para las 
inversiones  directas  de  la  administración  autonómica,  se  establecen  las  siguientes 
cuantías individuales de ayuda fija que se abonará siempre que no se supere el límite de 
precio venta del vehículo establecido en la siguiente tabla, no procediendo el abono de la 
misma en caso contrario, y entendiéndose como precio para determinar dicho límite el 
precio  de  venta  al  cliente  en  el  momento  de  solicitar  la  ayuda  o,  en  el  caso  de 
inversiones directas, el precio resultante de la adjudicación correspondiente, antes de 
IVA o IGIC.
Para los casos de adquisición de vehículos de categoría M1 por destinatarios últimos 
que sean personas físicas con discapacidad con movilidad reducida y vehículo adaptado 
o que se adapte para su conducción, siempre que la adaptación conste en la ficha 
técnica del vehículo adquirido se incrementará la cuantía de la ayuda en un 10%. Este 
incremento también aplicará a la adquisición de vehículos de categoría N1 por parte de 
profesionales  autónomos  personas  con  discapacidad  con  movilidad  reducida  que 
adapten el vehículo para su conducción.
Asimismo, para aquellos habitantes de municipios de menos de 5.000 habitantes, 
que acrediten su empadronamiento y lo mantengan durante al menos dos años desde la 
fecha de registro de la solicitud, verán incrementada la ayuda en un 10 %.
Para las adquisiciones de vehículos M1 que se destinen al uso de taxi, tendrán una 
ayuda adicional del 10 % de la ayuda que le hubiera correspondido, siempre que se 
acredite que, en el permiso de circulación, en el campo D4 del vehículo adquirido, conste 
PUBL-Taxi (código A04). Igualmente, para aquellos vehículos M1 que se destinen a 
servicios de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) tendrán una ayuda adicional 
del 10 % siempre que se acredite que, en el permiso de circulación, en el campo D4, 
conste «alquiler con conductor (ACC)».
Las  ayudas  adicionales  del  10 %  indicadas  en  los  párrafos  anteriores  no  son 
acumulables entre sí.
Para los casos de vehículos de categorías M1, N1 o L, en que el adquirente titular del 
vehículo subvencionable, o el arrendatario del vehículo en el caso de las operaciones de 
«renting» o leasing operativo, acredite la baja definitiva en circulación de un vehículo 
matriculado en España en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, la 
cuantía  de  la  ayuda  ascenderá  al  importe  establecido  en  la  columna  «Ayuda  con 
achatarramiento». El vehículo a achatarrar deberá ser, indistintamente, de categoría M1 
o N1 para los casos de adquisiciones de M1 o N1 o categoría M1, N1 o L para el caso de 
adquisiciones de categoría L, y en ambos casos, estar matriculado en España al menos 
siete años antes de la primera de las siguientes fechas, fecha de la factura de compra 
venta o fecha de registro de solicitud y cumplir con los requisitos indicados en el Anexo I. 
Esta ayuda resulta también acumulable al incremento de ayuda recogido en los párrafos 
anteriores para los colectivos descritos.
El  límite  de  ayuda  para  los  destinatarios  últimos  definidos  en  el  artículo  11.1, 
ordinal 1.º será el establecido en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, 
de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
Los límites de ayuda para los destinatarios últimos definidos en el artículo 11.1, 
ordinal 2.º, será de un vehículo por destinatario último y convocatoria. Los límites de 
ayuda para los destinatarios últimos definidos en el artículo 11.1, ordinales 3.º y 5.º, así 
como  para  las  inversiones  directas  de  las  administraciones  autonómicas  será  de 
cincuenta vehículos por destinatario último y año. s
Autonomía en modo de  Límite precio venta  Ayuda (€)
funcionamiento eléctrico 
Motorización Categoría vehículo (€) sin IVA o 
(km)
según ciclo WLTP IGIC Sin achatarramiento Con achatarramiento
Pila de combustible 
– – 4.500 7.000
(FCV, FCHV)
M1 Mayor o igual de 30 y 
45.000 (53.000 para  2.500 5.000
menor de 90
PHEV, EREV, BEV vehículos BEV de 8 o 9 
plazas).
Mayor o igual de 90 4.500 7.000
PHEV, EREV, BEV, Pila 
N1 Mayor o igual de 30 7.000 9.000
combustible
–
L6e 1.400 1.600
–
L7e 1.800 2.000
BEV
L3e, L4e, L5e, con P ≥ 
Mayor o igual de 70 10.000 1.100 1.300
3kW
2.  En el caso de que el solicitante de la ayuda esté comprendido en el ordinal 4.º 
del artículo 11.1, o en el ordinal 5.º en el caso de aquellas entidades públicas con 
actividad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, y según el 
tamaño de la empresa o entidad, según se define en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 
de  la  Comisión,  de  17  de  junio  de  2014,  se  establecen  las  siguientes  cuantías 
individuales de ayuda fija de manera que no se sobrepase lo establecido en el citado 
Reglamento, y que será abonada siempre que no se supere el límite de precio venta de 
vehículo establecido en la siguiente tabla, no procediendo el abono de la misma en caso 
contrario,  y  aplicándose  la  misma  regla  prevista  en  el  apartado  anterior  para  la 
determinación de dicho límite.
Para los casos de categorías M1, N1 o L, en que el adquirente titular del vehículo 
subvencionable,  o  el  arrendatario  del  vehículo  en  el  caso  de  las  operaciones  de 
«renting» o leasing operativo, acredite la baja definitiva en circulación de un vehículo 
matriculado en España, en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, 
ascenderá  al  importe  establecido  en  la  columna  «Ayuda  con  achatarramiento».  El 
vehículo a achatarrar deberá ser, indistintamente, de categoría M1 o N1, así como 
categoría M1, N1 o L para las adquisiciones de categoría L, estar matriculado en España 
al menos siete años antes de la primera de las siguientes fechas, la fecha de la factura 
de compra venta o la fecha de registro de solicitud y cumplir con los requisitos indicados 
en el Anexo I.
El límite de ayuda será de cincuenta vehículos por destinatario último y año.
Nota: La autonomía en modo de funcionamiento exclusivamente eléctrico se define 
como la distancia capaz de recorrer el vehículo utilizando exclusivamente la energía 
acumulada en sus baterías, y que declara el fabricante en la documentación técnica y 
comercial del vehículo.
Ayuda (€)
Autonomía en modo de  Límite precio venta 
Sin achatarramiento Con achatarramiento
Motorización Categoría funcionamiento eléctrico  vehículo (€) antes de IVA 
(km) o IGC
Gran  Gran 
PYME PYME
empresa empresa
Pila combustible (FCV, 
– – 2.900 2.200 4.000 3.000
FCHV)
Mayor o igual de 30 y 
M1 menor de 90
45.000 (53.000 para  1.700 1.600 2.300 2.200
Mayor o igual de 30 y 
PHEV, EREV, BEV, vehículos BEV de 8 o 9 
menor de 90
plazas)
Mayor o igual de 90 2.900 2.200 4.000 3.000
N1 Mayor o igual de 30 3.600 2.900 5.000 4.000
L6e – 800 1.000
PHEV, EREV, BEV, pila   
de combustible L7e 1.200 1.500
L3e, L4e, L5e, con P ≥ 
Mayor o igual de 70 10.000 750 700 950 900
3kW
Programa de incentivos 2: Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos
El límite de ayuda será de ochocientos mil euros (800.000 €) por expediente, salvo 
para los destinatarios últimos definidos en el artículo 11.1, ordinal 1.º, que tendrán el 
límite por solicitante de la normativa europea que le sea de aplicación y los destinatarios 
últimos definidos en el artículo 11.1, ordinal 2.º, que tendrán un límite de cinco mil euros 
(5.000 €) por expediente.
En ningún caso a un mismo destinatario último podrá concedérsele más de dos 
millones y medio de euros (2,5 M€) en todo el periodo de vigencia de la correspondiente 
convocatoria autonómica.
Para los destinatarios últimos de ayuda incluidos en el artículo 11.1, ordinales 1.º, 2.º, 
3.º y 5.º, este último siempre que no tenga actividad económica por la que ofrezca bienes 
y/o servicios en el mercado, la ayuda, para instalación de infraestructura de recarga de 
vehículos  eléctricos,  así  como  para  actuaciones  de  preinstalación  de  recarga  en 
comunidades de propietarios, será del 70% del coste subvencionable, siempre que no se 
superen los límites del párrafo anterior. Podrá alcanzar el 80% del coste subvencionable 
para aquellas actuaciones que justifiquen encontrarse en municipios de menos de 5.000 
habitantes.
Para los destinatarios últimos de ayuda incluidos en el artículo 11.1, ordinal 4.º, así 
como los incluidos en el ordinal 5.º con actividad económica por la que ofrezca bienes 
y/o  servicios  en  el  mercado,  la  ayuda  a  otorgar  será  de  un  40 %  de  los  costes 
subvencionables, siempre que la infraestructura de recarga sea de acceso público y 
potencia ≥ 50 kW y este ubicada en un municipio de menos de 5.000 habitantes, 
reduciéndose al 35 % de los costes subvencionables en el resto de zonas.
Las ayudas a otorgar mencionadas en el párrafo anterior, podrán incrementarse 
en 10 puntos porcentuales en el caso de las ayudas concedidas a medianas empresas y  es
en 20 puntos porcentuales si las ayudas van destinadas a pequeñas empresas. o
arceoycumadPoraga  laroaa s s  oleiontaosc r ldgudeaied rsou tssisne oear ántpa  rerdiivloe aos dur dúonil  nto3iam 0ld o 5e%s.  ºa  dccdeoce nea l syoaousc d tpicavúo ibdisnlaticecdlsou e ,i sdcpuooebsnrv oóee mnnc iocceinaol  ,npa caorutbtíeaclennuscdlo.i oa P 1 laai1nr .fi1ane, fr eriooasrretd osaisnt r a5ucl0c a4 tsuk.oºWr,as ,, a  dlsleaaí     2021-5869n https://www.
ayuda  podrá  incrementarse  en  10  puntos  porcentuales  en  el  caso  de  inversiones
situadas en municipios de menos de 5.000 habitantes.
ANEXO IV
Información a remitir al IDAE por las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla
Con el fin de realizar un adecuado seguimiento y coordinación de los programas, y 
poder cumplir con el reporte de hitos ligados a desembolsos económicos, en el marco 
del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  a  petición  del  IDAE  se 
requerirá, periódicamente, la carga de información técnica y presupuestaria, en una 
aplicación informática dispuesta por el IDAE a tal efecto, de las solicitudes de ayudas 
formalizadas, resueltas y ejecutadas y, en su caso, de las actuaciones realizadas a 
través de las inversiones directas, así como de los oportunos informes de seguimiento de 
los programas a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
Adicionalmente, para el caso de las ayudas concedidas a los destinatarios últimos a 
que se refiere el artículo 11.1, ordinal 4.º, así como los incluidos en el ordinal 5.º con 
actividad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, sometidas a 
los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, 
de 17 de junio de 2014, aplicándose la exención correspondiente a la categoría de 
ayudas para la protección del medio ambiente (sección 7), será necesario aportar la 
información detallada del presupuesto comprometido en cada una de las actuaciones 
subvencionables.
Del mismo modo se ofrecerá información particularizada respecto al cumplimiento de 
los  límites,  condiciones  e  intensidades  de  ayuda  a  otorgar  establecidos  por  el 
Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, así como 
cualquier norma o reglamentación que resulte aplicable tanto al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia como al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El IDAE podrá requerir a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla 
la documentación necesaria para poder certificar el gasto incurrido.
A continuación, se detallan los campos que se podrán requerir en el seguimiento de 
las ayudas, con el fin de que se tengan en cuenta en el diseño de las convocatorias por 
parte de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
Información de las solicitudes de ayuda recibidas
1.  Solicitud:
a.  Referencia BDNS.
b.  Código de la solicitud.
c.  Fecha de registro.
d.  Estado de la solicitud:
i.  Activada.
ii.  Resuelta favorablemente.
iii.  Justificada.
e.  Importe de la ayuda solicitada.
2.  Identificación del destinatario último:
a.  Nombre  y  apellidos/Razón  social/  del  destinatario  último  y  en  su  caso  del 
Representante legal. e.
b.  NIF del destinatario último y en su caso, del representante legal. w.
c.  Naturaleza jurídica del destinatario último: 69ww
i.  Personas físicas mayores de edad y personas discapacitadas menores de edad.
iiii.i.   PCroomfeusnioidnaadle sd ea uptróonpoiemtaorsio.s.
iv.  Empresas privadas.
v.  Entidades locales y sector público institucional.
vi.  Administraciones de las CC.AA.
d.  Tipo de empresa (naturaleza de destinatario último):
i.  Pequeña empresa.
ii.  Mediana empresa.
iii.  Gran empresa.
e.  Domicilio del destinatario último y en su caso del representante legal:
i.  Municipio.
ii.  Provincia.
iii.  Comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y Melilla.
f.  Pertenencia a colectivo de Personas con discapacidad y movilidad reducida.
g.  Pertenencia  a  colectivo  de  personas  empadronadas  en  municipio  <5.000 
habitantes.
h.  Pertenencia a colectivo sector del Taxi o VTC.
3.  Programa de incentivos 1: Adquisición de vehículos eléctricos:
a.  Marca y modelo de los vehículos objeto de apoyo.
b.  Categoría de los vehículos objeto de apoyo:
i.  M1.
ii.  N1.
iii.  L3e, L4e, L5e, L6e, L7e.
c.  Motorización de los vehículos objeto de apoyo:
i.  Eléctricos.
ii.  Híbridos «enchufables».
iii.  Hidrógeno de pila de combustible (FCV; FCHV).
d.  En caso de adquisición de vehículos M1, N1 o L, indicar si se presenta vehículo 
a achatarrar:
i.  Sí.
ii.  No.
e.  En caso de adquisición de vehículos M1, N1 o L, indicar si el vehículo es de 
demostración (de hasta 9 meses de antigüedad y con titularidad previa a nombre del 
concesionario o punto de venta):
i.  Sí
ii.  No
f.  Inversión.
g.  Importe de la ayuda solicitada para cada vehículo.
4.  Programa  de  incentivos  2:  Implantación  de  infraestructura  de  recarga  de 
vehículos eléctricos: es
a.  Localización  (Comunidad  autónoma,  provincia,  municipio,  coordenadas  de  w.
geolbco..c  aPlNizoúatmecineócrnoia  ed dnee  cp alaus noint osdstea  dlraeec criaóerncga.ar gdae  paocrc ienssota plaúcbiólicno.). 2021-5869n https://ww
d.  Tipo de recarga (preinstalación, vinculado, convencional, semi rápida, rápida o
ultra rápida). Bc
e.  Inversión.
f.  Coste subvencionable de cada una de las actuaciones.
g.  Tipo de uso:
i.  Público.
ii.  Privado.
h.  Ayuda solicitada.
Información tras la resolución de las ayudas
Se  indicará  cuáles  de  las  solicitudes  han  resultado  desfavorables  y  cuales 
favorables, y para estas últimas se actualizará toda la información anterior, añadiendo 
además la siguiente información para las tres tipologías de actuación:
a.  Fecha de resolución.
b.  Fecha de notificación de la resolución favorable.
c.  Inversión total a realizar.
d.  Coste subvencionable.
e.  Importe de la ayuda concedida.
f.  Indicadores  de  Impacto:  Emisiones  evitadas  de  CO ,  número  de  vehículos 
2
eléctricos incentivados y número de puntos de recarga incentivados. IDAE facilitará 
hipótesis para la estimación de las emisiones evitadas de las actuaciones.
g.  Fecha máxima de ejecución de las actuaciones.
Así mismo se informará de cualquier cambio o modificación de la resolución de 
ayudas inicial
Información tras la ejecución y verificación de las actuaciones
En  esta  fase  se  actualizará  toda  la  información  anterior,  añadiendo  además  la 
siguiente información para las tres tipologías de actuación:
Programa de incentivos 1: Adquisición de vehículos eléctricos
a)  Matrícula del vehículo adquirido.
b)  Inversión elegible total justificada.
c)  Importe de la ayuda final abonada.
d)  Motivo, en su caso, de la reducción de ayuda abonada respecto a la concedida.
e)  Fecha de pago de la ayuda final y número de operación contable.
f)  NIF del destinatario del pago de la ayuda.
g)  Importe de otras ayudas recibidas, indicando si son de régimen de minimis o no, 
y si son para la misma actuación.
h)  Fecha real de inicio de las actuaciones.
i)  Fecha real de conclusión de las actuaciones.
j)  Fecha de registro de la documentación justificativa (remitida por el DUA).
k)  Fecha del primer pago (del DUA al proveedor).
l)  Fecha del último pago (del DUA al proveedor).
m)  Motivo de retraso en el pago de la ayuda al DUA (si es mayor de 90 días desde 
la justificación). e.e
n)  Indicadores  de  impacto  finales:  Emisiones  evitadas  de  CO2  y  número  de  w.b
vehículos eléctricos incentivados. 69ww
o)  Si la operación ha sido objeto de verificación sobre el terreno (Sí/No).
Programa de incentivos 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos
a)  Localización  (Comunidad  autónoma,  provincia,  municipio  y  coordenadas  de 
geolocalización en caso de acceso público).
b)  Inversión elegible total justificada.
c)  Importe de la ayuda final abonada.
d)  Motivo, en su caso, de la reducción de ayuda abonada respecto a la concedida.
e)  Fecha de pago de la ayuda final y número de operación contable.
f)  NIF del destinatario del pago de la ayuda.
g)  Importe de otras ayudas recibidas, indicando si son de régimen de minimis o no, 
y si son para la misma actuación.
h)  Fecha real de inicio de las actuaciones.
i)  Fecha real de la conclusión de las actuaciones.
j)  Fecha de registro de la documentación justificativa (remitida por el DUA).
k)  Fecha del primer pago (del DUA al proveedor).
l)  Fecha del último pago (del DUA al proveedor).
m)  Motivo de retraso en el pago de la ayuda al DUA (si es mayor de 90 días desde 
la justificación).
n)  Indicadores de Impacto finales: Emisiones evitadas de CO  y número de puntos 
2
de recarga incentivados.
o)  Si la operación ha sido objeto de verificación sobre el terreno (Sí/No).
ANEXO V
Distribución del presupuesto
Conforme a lo establecido en los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Energía 
de 11 de enero de 2021, el criterio de distribución por comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla para el presupuesto inicial será el Padrón municipal de 
habitantes según lo establecido por el Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por 
el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón 
municipal referidas al 1 de enero de 2020, resultando las siguientes cuantías:
Presupuesto MOVES III
Comunidad Autónoma
(€)
01 Andalucía. 71.353.165
02 Aragón. 11.206.480
03 Asturias, Principado de. 8.588.130
04 Balears, Illes. 9.875.856
05 Canarias. 18.342.808
06 Cantabria. 4.913.764
07 Castilla y León. 20.188.644
08 Castilla-La Mancha. 17.240.773
09 Cataluña. 65.587.765 s
10 Comunitat Valenciana. 42.632.398 b
11 Extremadura. 8.969.182 69ww
12 Galicia. 22.775.753
13 Madrid, Comunidad de. 57.152.998
14 Murcia, Región de. 12.739.521
Presupuesto MOVES III
Comunidad Autónoma
(€)
15 Navarra, Comunidad Foral de. 5.573.749
16 País Vasco. 18.718.371
17 Rioja, La. 2.696.806
18 Ceuta. 709.805
19 Melilla. 734.032
    Total. 400.000.000