BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 39 Viernes 14 de febrero de 2020 Sec. TC.   Pág. 14614
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2246 Pleno. Sentencia 1/2020, de 14 de enero de 2020. Recursos de amparo 
3218-2017,  3313-2017,  3331-2017,  3358-2017,  3362-2017  y  3376-2017 
(acumulados). Promovidos por don Pedro Chaparro Velacoracho y otras once 
personas más, en relación con las sentencias de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo que les condenaron por diversos delitos cometidos en el 
centro cultural «Blanquerna» en Madrid. Vulneración de los derechos a un 
proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: aplicación, en 
la casación y sin ofrecer a los acusados la posibilidad de alegar en su 
defensa, de la agravante de cometer el delito por discriminación ideológica y 
del subtipo agravado del delito de daños por recaer sobre bienes de uso 
público; inadmisión parcial del recurso de amparo en las alegaciones relativas 
a la libertad ideológica y de expresión.
ECLI:ES:TC:2020:1
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente,  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo 
Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, y la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En los recursos de amparo acumulados núms. 3218-2017, 3313-2017, 3331-2017, 
3358-2017,  3362-2017  y  3376-2017,  promovidos,  respectivamente,  por  don  Pedro 
Chaparro Velacoracho, representado por la procuradora de los Tribunales doña María del 
Carmen Iglesias Saavedra, bajo la asistencia del letrado don Santiago Borja Redondo; 
don  Víctor  Diego  Villalva  y  don  Santiago  Cabezuela  García,  representados  por  la 
procuradora de los Tribunales doña Cayetana de Zulueta Luchsinger, bajo la asistencia 
del letrado don Miguel Durán Campos; doña Paula Mijares Casado, representada por la 
procuradora  de  los  Tribunales  doña  María  del  Carmen  Iglesias  Saavedra,  bajo  la 
dirección del letrado don Santiago González Fernández; don José Pedro Cruz Sanz, don 
Javier Marcos Aroca, don Sergio Reguilón Fumero, don Manuel Andrino Lobo y don 
Jesús Fernando Fernández Gil, representados por la procuradora de los Tribunales doña 
Begoña del Arco Herrero, bajo la dirección del letrado don Santiago Miláns del Bosch; 
don Pablo Pavón Cadierno, representado por el procurador de los tribunales don Antonio 
Esteban Sánchez, bajo la dirección del letrado don Ignacio Gordillo Álvarez Valdés y de  e.e
la letrada doña Ana Blanco Vázquez de Prada; y don Íñigo Pérez de Herrasti Urquijo y  b
don Miguel Venegas Girón, representados por el procurador de los Tribunales don Javier  46ww
aCuatmo pdael  lCa rSesaplao ,d eb alojo  Plae ndairl edcecli óTnri bduenl alel tSraudpore mdoon  dPee 4d rdoe  Pmaabyloo  Pdeeñ 2a0 1M7u, ñpoozr,  eclo qnutrea  seel 
sdeensteesnticmiaa nn úlmos.  9d8ife3r/2e0n1te6s,  dinec i1d1e ndtee se ndeer on udlied a2d0 1d7e  –aacctluaaracdioan epso ri natuetrop udees t7o sd ec ofnetbrare rlao 
de 2017–, por la que se estima el recurso de casación núm. 722-2016 interpuesto contra
la sentencia de la Sección Trigésima de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 61/2016, 
de 19 de febrero de 2016, pronunciada en el procedimiento abreviado núm. 313-2015, y 
se condena a los recurrentes como autores de diversos delitos. Han comparecido el 
letrado de la Generalitat de Cataluña y don Tomás Bor, representado por la procuradora 
de los Tribunales doña Cristina Gramage López, bajo la dirección del letrado don José 
María  Pedregal  Gutiérrez.  Ha  intervenido  el  ministerio  fiscal.  Ha  sido  ponente  la 
magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  La procuradora de los Tribunales doña María del Carmen Iglesias Saavedra, en 
nombre y representación de don Pedro Chaparro Velacoracho, y bajo la dirección del 
letrado  don  Santiago  Borja  Redondo,  interpuso  recurso  de  amparo  contra  las 
resoluciones  judiciales  que  se  mencionan  en  el  encabezamiento  de  esta  sentencia 
mediante escrito registrado en este Tribunal el 21 de junio de 2017, dando lugar al 
recurso de amparo núm. 3218-2017.
2.  La procuradora de los Tribunales doña Cayetana de Zulueta Luchsinger, en 
nombre y representación de don Víctor Diego Villalva y don Santiago Cabezuela García, 
y bajo la dirección del letrado don Miguel Durán Campos, interpuso recurso de amparo 
contra las resoluciones judiciales que se mencionan en el encabezamiento de esta 
sentencia mediante escrito registrado en este Tribunal el 26 de junio de 2017, dando 
lugar al recurso de amparo núm. 3313-2017.
3.  La procuradora de los Tribunales doña María del Carmen Iglesias Saavedra, en 
nombre y representación de doña Paula Mijares Casado, y bajo la dirección del letrado 
don Santiago González Fernández, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones 
judiciales que se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia mediante escrito 
registrado en este Tribunal el 27 de junio de 2017, dando lugar al recurso de amparo 
núm. 3331-2017.
4.  La procuradora de los Tribunales doña Begoña del Arco Herrero, en nombre y 
representación de don José Pedro Cruz Sanz, don Javier Marcos Aroca, don Sergio 
Reguilón Fumero, don Manuel Andrino Lobo y don Jesús Fernando Fernández Gil, y bajo 
la dirección del letrado don Santiago Miláns del Bosch, interpuso recurso de amparo 
contra las resoluciones judiciales que se mencionan en el encabezamiento de esta 
sentencia mediante escrito registrado en este Tribunal el 28 de junio de 2017, dando 
lugar al recurso de amparo núm. 3358-2017.
5.  El procurador de los Tribunales don Antonio Esteban Sánchez, en nombre y 
representación de don Pablo Pavón Cadierno, y bajo la dirección del letrado don Ignacio 
Gordillo Álvarez Valdés y de la letrada doña Ana Blanco Vázquez de Prada, interpuso 
recurso  de  amparo  contra  las  resoluciones  judiciales  que  se  mencionan  en  el 
encabezamiento de esta sentencia mediante escrito registrado en este Tribunal el 29 de 
junio de 2017, dando lugar al recurso de amparo núm. 3362-2017.
6.  El  procurador  de  los  Tribunales  don  Javier  Campal  Crespo,  en  nombre  y 
representación de don Íñigo Pérez de Herrasti Urquijo y don Miguel Venegas Girón, y 
bajo la dirección del letrado don Pedro Pablo Peña Muñoz, interpuso recurso de amparo 
contra las resoluciones judiciales que se mencionan en el encabezamiento de esta  e
sentencia mediante escrito registrado en este Tribunal el 29 de junio de 2017, dando  bo
lugar al recurso de amparo núm. 3376-2017. 46ww
7.  Los recursos tienen su origen en los siguientes antecedentes:
a)  La sentencia de la Sección Trigésima de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 
81-2016, de 19 de febrero de 2016, en el procedimiento abreviado núm. 313-2015, 
declaró como hechos probados, en lo que se refiere a los recurrentes, lo siguiente:
«El  miércoles  11  de  septiembre  de  2013,  la  Delegación  del  Gobierno  de  la 
Generalitat de Catalunya ante el Gobierno del Estado organizó un acto institucional 
conmemorativo de la Diada Nacional de Catalunya, su festividad oficial, cuya celebración 
estaba prevista en el Centro Cultural "Blanquerna" […], propiedad de la Generalitat de 
Catalunya, que comenzaría sobre las 19:30 horas. A dicho acto se accedía, con carácter 
general y tras confirmación de asistencia, mediante invitación oficial del delegado del 
Gobierno […], remitida a diversas personas, entre ellas autoridades de distintos ámbitos 
cuya identidad no se había hecho pública. En la invitación oficial se indicaba que tras un 
discurso de bienvenida se llevaría a cabo una actuación musical a cargo de […], solista 
de la Orquesta Nacional y profesor asistente de la Escuela Superior de Música Reina 
Sofía, culminaría con la interpretación de "Els Segadors" y después se ofrecería a los 
asistentes una copa de cava.
A tal efecto se habilitó la sala de actos ubicada en la planta baja del Centro Cultural 
Blanquerna en la que dispusieron los organizadores como mobiliario, al tratarse de una 
celebración de pie, un atril con un micrófono y tras él y como única bandera la señera.
La celebración del acto conmemorativo de la Diada en "Blanquerna" se difundió por 
las redes sociales y un grupo de personas afiliadas o simpatizantes de formaciones 
políticas tales como Democracia Nacional, Falange, Nudo Patriota Español y Alianza 
Nacional, a través de tales medios, convocó una protesta contra lo que se calificaba 
como acto de exaltación del movimiento independentista catalán, que entendían tendría 
lugar en dicho centro cultural y en el curso de aquella convocatoria institucional, para lo 
cual  convinieron  reunirse  en  la  puerta  del  Centro  […],  lo  que  fueron  haciendo 
paulatinamente  formándose  en  dicho  acceso  un  grupo  indeterminado  de  personas, 
portando alguno de ellos banderas de España o de aquellas formaciones políticas.
Al indicado acto asistieron como público unas 200 personas […].
Pese a las previsiones, el acto se retrasó y no dio inicio hasta las 19:45 horas. En 
ese momento, cuando el Delegado de la Generalitat ante el gobierno nacional […] se 
dirigía al atril para tomar la palabra y presentar el acto, accedieron al interior del local un 
grupo de las personas que a la puerta se habían ido congregando. Entre ellas los 
acusados Javier Marcos Aroca (mayor de edad y sin antecedentes penales), Víctor 
Diego Villalba (mayor de edad y sin antecedentes penales), Santiago Cabezuela García 
(mayor de edad y sin antecedentes penales), Pedro Chaparro Velacoracho (mayor de 
edad  y  sin  antecedentes  penales),  Paula  Mijares  Casado  (mayor  de  edad  y  sin 
antecedentes  penales),  Íñigo  Pérez  de  Herrasti  Urquijo  (mayor  de  edad  y  sin 
antecedentes penales computables en esta causa), José Pedro Cruz Sanz (mayor de 
edad y sin antecedentes penales), […], Sergio Reguilón Fumero (mayor de edad y sin 
antecedentes penales computables en esta causa), Manuel Andrino Lobo (mayor de 
edad y sin antecedentes penales), Jesús Fernando Fernández Gil (mayor de edad y 
ejecutoriamente condenado el 29 de octubre de 2012 por delito de daños a la pena de 6 
meses de multa), Tomás Bor (mayor de edad y sin antecedentes penales), Miguel 
Venegas Girón (mayor de edad y sin antecedentes penales) y Pablo Pavón Cadierno 
(mayor de edad y sin antecedentes penales). Dichos acusados, con la finalidad de 
protestar frente al acto e impedir su celebración, actuando de forma conjunta y al 
unísono, accedieron en tropel a la planta a pie de calle del citado inmueble, donde se  e.
encuentra la librería abierta al público, rompiendo la puerta automática de cristal de  w.b
entrada al local causando daños tasados judicialmente en 1.372,14 euros. Y desde ella  46ww
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pese a lo cual sus facciones eran visibles e identificables. Este, en dirección al atril, fue
abriendo paso al grupo entre los asistentes, que se apartaban, empujando en un instante 
a uno de ellos, que le impedía el acceso pretendido y que resultó ser […], diputado en el 
Congreso de los Diputados, también empujado y derribado al suelo acto seguido por 
Javier Marcos Aroca. No consta que ni los mencionados acusados, ni las restantes 
personas que accedieron al inmueble conocieran la identidad o la condición de diputado 
del Sr. […].
Ya en el estrado, Jesús Fernando Fernández Gil arrojó al suelo de un manotazo la 
señera.
Por su parte, Pedro Chaparro Velacoracho golpeó el micrófono situado sobre el atril.
[JLLG] arrojó al suelo el atril ante el que, impasible, se mantenía el Delegado de la 
Generalitat ante el gobierno, […], cuya identidad y cargo desconocía, y encarándose a él 
le dirigió insultos relativos a su condición de catalán y amenazas de muerte obligándole a 
retroceder, intimidado por la proximidad corporal y sus palabras, hacia la pared situada a 
su espalda.
Paula Mijares Casado escupió al asistente al acto […], al que también el acusado […] 
propinó una bofetada y una patada en el muslo izquierdo, sin que le causara lesión ni 
precisara  asistencia  médica,  acto  este  que  fue  contenido  por  Pedro  Chaparro 
Velacoracho, retirándolo de su alcance.
Tras poco más de un minuto, el mentado grupo, que exhibía banderas de España y 
de  los  partidos  políticos  aludidos,  abandonó  el  local  coreando  "catalanidad  es 
Hispanidad" y "ser español es un orgullo" arrojando uno de sus componentes, cuya 
identidad no ha podido determinarse, un spray irritante que provocó picores, irritación, 
náuseas y otros menoscabos físicos en los asistentes al acto lo que obligó a suspender 
el mismo pues tuvieron que abandonar el local y ser alguno de ellos asistido por los 
servicios médicos que acudieron al lugar.
Cuando  el  indicado  grupo  estaba  ya  saliendo  de  la  sala,  Pedro  Chaparro 
Velacoracho dio un manotazo a la cámara con la que grababa el acto […], cámara de 
TV3, que al impactar contra su cuerpo le obligó a efectuar un movimiento brusco que le 
produjo contusión post-traumática en hombro derecho, de la que curó en 9 días con 
impedimento tras una primera asistencia médica.
Posteriormente  […]  pronunció,  en  unos  jardines  próximos,  unas  palabras  a  los 
asistentes que se mantenían en el lugar.
Los acusados consignaron el 1 de diciembre de 2014 la cantidad de 1.697 euros, a 
fin de hacer frente a la reparación de los perjuicios causados.
No  aparece  acreditado  que  las  personas  que  ejecutaron  los  hechos  descritos 
conocieran la identidad de […], ni el cargo de delegado de la Generalitat de Catalunya 
que ostentaba desde el mes de agosto de 2013. No consta que […], que asistía a la 
reunión, participara en la protesta mencionada, ni que coreara las consignas citadas o se 
dirigiera a los asistentes al acto con la finalidad descrita.»
b)  Esta sentencia, en virtud de los hechos declarados probados y por lo que 
interesa al presente recurso de amparo, condenó a todos los recurrentes, en quienes 
concurre la atenuante de reparación del daño, por (i) un delito de desórdenes públicos a 
la pena de seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el 
ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, excepto a don 
Jesús Fernando Fernández Gil, cuya pena fue de siete meses; (ii) un delito de daños a la 
pena  de  seis  meses  multa  con  cuota  diaria  de  10  €  y  responsabilidad  personal 
subsidiaria en caso de impago de la multa de un día de privación de libertad por cada 
dos cuotas de la multa no abonadas, excepto a don Jesús Fernando Fernández Gil, en  e.
quien, por concurrir la agravante de reincidencia, la pena de multa fue de dieciséis  w.b
meses. Además, se condenó a (iii) don Pedro Chaparro Velacoracho, por una falta de  46ww
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diaria de 10 € y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa de
un día de privación de libertad por cada dos cuotas de la multa no abonadas; (v) don 
Jesús Fernando Fernández Gil, por dos faltas de maltrato de obra, a sendas penas, de 
diez días multa con cuota diaria de 10 € y responsabilidad personal subsidiaria en caso 
de impago de la multa de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de la multa 
no abonadas. Los recurrentes fueron absueltos, entre otros, de los delitos de impedir el 
legítimo ejercicio de la libertad de reunión del que venían siendo acusados.
c)  Esta sentencia argumenta, en relación con estos pronunciamientos y por lo que 
interesa al presente recurso de amparo, lo siguiente:
(i)  Concurre un delito de desórdenes públicos, ya que (a) «se produjo un ataque 
colectivo, por parte de un grupo de más de 20 o 25 personas, a otro de ciudadanos cuya 
intención era asistir el 11 de septiembre de 2013 a un acto conmemorativo de la Diada 
Nacional de Catalunya, en un edificio propiedad de la Generalitat. Y ese ataque tuvo 
lugar de una manera, aunque muy breve, pues duró la intrusión poco más de un minuto, 
virulenta y con algún brote aislado de agresividad que fue incluso contenido por otro 
miembro del grupo […]»; (b) «la paz pública, como normalidad de la convivencia con un 
uso  pacífico  de  los  derechos,  especialmente  los  derechos  fundamentales,  se  vio 
alterada. Porque la invasión por el grupo de la sala donde el acto se iba a celebrar, 
arrojando al suelo, atril, micrófono, bandera y, sobre todo, esparciendo un spray irritante 
que provocó tos, picores, irritación, náuseas y otros menoscabos físicos en los asistentes 
al acto abocó de forma inevitable e inseparable a la acción a la suspensión del mismo, 
pues todos tuvieron que abandonar el local y varios de ellos debieron incluso ser 
asistidos por los servicios médicos que acudieron al lugar. Empleados del centro, ante la 
invasión, habían dado aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quienes, 
ante el desconocimiento de la causa o sustancia que provocaba aquellos malestares 
descritos, reclamó la presencia del grupo Tedax para la inspección mediante un equipo 
de detección química Chempro 100 de posibles gases que, tras una primera medición a 
las 19:56 horas, dio trazas de posible gas pimienta y a las 20:34 horas resultado 
negativo. También se realizó una inspección ocular del lugar en busca del bote, spray o 
continente de la sustancia esparcida –con resultado negativo– y se tomaron huellas –con 
los resultados que se expondrá–, y restos de ADN –sin resultado–. Así pues, la acción 
enjuiciada  produjo  como  efecto  directo  la  imposibilidad  de  celebración  del  acto, 
repercutió  de  forma  grave  en  las  condiciones  de  normalidad  de  los  asistentes  y 
organizadores del mismo y la normal convivencia»; y (c) «el comportamiento enjuiciado 
repercutió  de  forma  grave  en  las  condiciones  de  normalidad  de  los  asistentes  y 
organizadores del acto y la normal convivencia. Y desde luego que esta finalidad de 
atentar contra la paz pública no es compatible con la existencia de otra finalidad que los 
integrantes del grupo pudieran considerar legítima (la defensa de la unidad de España), 
pues sus autores emplearon procedimientos al margen de las reglas democráticas de 
convivencia mediante actos que implican alguna clase de violencia sobre cosas y sobre 
personas, suprimiendo la libertad de ejercicio de otros derechos por parte de terceros, 
siendo así que existen posibilidades alternativas menos gravosas para la paz pública» 
[fundamento de Derecho segundo, A)].
(ii)  Concurre un delito de daños del art. 263.1 del Código penal (CP), ya que ha 
quedado acreditada la realidad y entidad del daño de la puerta automática de cristal de 
entrada en Blanquerna, que los daños se produjeron cuando los acusados accedieron al 
local y que ese resultado no había sido producto del golpe de una única persona, sino 
que fueron varias las que forzaron y daban patadas a la puerta.
(iii) No concurre el delito de impedir el derecho de reunión, ya que «lo expuesto en el  e.
fundamento de derecho segundo en relación con el delito desórdenes públicos del  w.b
artículo 557.1 del Código penal impide la apreciación de este ilícito pues el artículo 514.4  46ww
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por los organizadores por la grave repercusión en las condiciones de normalidad de los
asistentes y organizadores del acto, atentando contra la paz pública, impidiendo el 
derecho de reunión y la normal convivencia. De tal forma que, si de nuevo se sancionara 
el que se impidiera el legítimo ejercicio de las libertades de reunión, en base al nuevo 
tipo penal que se invoca, se infringiría el principio ne bis in idem.  Así, la sentencia del 
Tribunal Constitucional 177/1999 señalaba que en un aspecto fundamental, el principio 
ne bis in idem prohíbe la doble condena por un mismo hecho (alcance material), y 
además, ahí lo novedoso, señala que este principio también tiene un alcance procesal, 
en el sentido que nadie puede ser objeto de más de un procedimiento por una misma 
causa:  nemo  debet  bis  venari  pro  una  et  aedem  causa»  (fundamento  de  Derecho 
tercero).
(iv)  No  concurre  en  los  acusados  la  agravante  de  haber  actuado  por  motivos 
ideológicos (art. 22.4 CP), ya que «su aplicación es restrictiva, ha de referirse a la víctima 
y no al sujeto activo y exige la prueba de la condición de la víctima y la intencionalidad 
del autor, elemento este último de carácter subjetivo relativo al móvil o ánimo específico 
que ha de inspirar la acción del autor y que no ha de ser otro que alguna de las 
motivaciones a las que el precepto hace referencia, debiendo recogerse estos extremos 
en la motivación existente en el fundamento de hechos probados»; añadiendo que «en el 
presente  caso,  en  los  relatos  factibles  del  ministerio  fiscal  y  de  las  acusaciones 
particulares  […]  no  se  recoge  referencia  alguna  a  que  en  los  hechos  objeto  de 
enjuiciamiento  se  hubiera  producido  por  discriminación  ideológica  o  política.  Se  ha 
insistido en que los acusados pertenecen a determinados grupos políticos y ellos así lo 
admiten; pero tal circunstancia no permite la aplicación de la agravante que se interesa» 
(fundamento de Derecho quinto).
d)  Esta sentencia estableció como antecedente procesal IV y V que dos de las 
acusaciones particulares calificaron los hechos por los que eran acusados todos los 
recurrentes en el trámite de calificaciones definitivas, entre otros, de un concurso de 
delitos de (i) desórdenes públicos (art. 557.1 CP), (ii) contra los derechos fundamentales 
y libertades públicas, por impedimento de la libertad de reunión (art. 514.4 CP) y (iii) un 
delito de daños que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal (art. 263.1 
y 2.4 CP). En concreto, la acusación particular descrita en el antecedente IV solicitó para 
todos los acusados la imposición de una pena de dos años y siete meses de prisión por 
el delito de desórdenes públicos (art. 557.1 CP) en concurso con el delito de impedir el 
derecho de reunión (art. 514.4 CP). Por su parte, la acusación particular descrita en el 
antecedente V –ejercida por la Generalitat de Cataluña y el delegado de la Generalitat 
ante el Gobierno del Estado– solicitó la imposición para todos los acusados de una pena 
de tres años, nueve meses y un día de prisión, por el delito de desórdenes público, y de 
dos años, seis meses y un día por el delito de impedir el derecho de reunión.
e)  El ministerio fiscal, por un lado, y la Generalitat de Cataluña y el delegado de la 
Generalitat ante el Gobierno del Estado, por el otro, formularon recurso de casación ante 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que fue tramitado con el núm. 722-2016. En 
sendos recursos alegaron, de manera coincidente, (i) infracción de ley del art. 849.1 de 
la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim), por indebida inaplicación del art. 22.4 CP 
(agravante de cometer el delito por motivos ideológicos); en el primero, además, se 
alegó (ii) la indebida aplicación de la atenuante de reparación de los daños al delito de 
desórdenes públicos; y, en el segundo, entre otros motivos, (iii) infracción de precepto 
penal de carácter sustantivo, al amparo del art. 849.1 LECrim, por inaplicación del 
art. 263.2.4 CP y quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.3 LECrim, por 
incongruencia omisiva al no resolver la sentencia impugnada sobre la pretensión de esta  e.
parte en relación a la aplicación del art. 263.2.4 CP (subtipo agravado del delito de daños  w.b
por recaer en bienes de uso público), y (iv) infracción de precepto penal de carácter  46ww
ismupsteadnirti veol ,d aelr eacmhpoa droe  rdeeul naiórtn. )8.49.1 LECrim, por inaplicación del art. 514.4 CP (delito de
f)  La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por primera sentencia núm. 983/2016, 
de 11 de enero de 2017, estimó parcialmente el recurso respecto de los siguientes 
extremos:
(i)  Considera que concurre en los hechos enjuiciados la agravante de actuar con el 
propósito de discriminación por razones ideológicas (art. 22.4 CP), argumentando que, 
tal como sostiene el ministerio fiscal, la protesta no es «contra el acto institucional de 
celebración de la Diada convocado por la Generalitat de Cataluña sino contra lo que se 
consideraba, en términos recogidos en los hechos probados "un acto de exaltación del 
movimiento independentista catalán", siendo las consignas coreadas por los acusados 
mientras  cometían  los  hechos  punibles,  "No  nos  engañan,  Cataluña  es  España", 
"Catalanidad es Hispanidad" y "Ser español es un orgullo", mientras exhibían banderas 
de España y de los partidos políticos intervinientes, dirigiendo insultos alguno de los 
acusados a las víctimas del delito referidas a su condición de catalanes y por el hecho de 
ser catalanes, realizando actos de violencia psíquica contra los asistentes al acto, así 
como  de  violencia  material,  como  se  recoge  en  los  hechos  probados,  sin  otra 
justificación que el hecho de considerar que los allí reunidos estaban realizando una acto 
de exaltación del independentismo catalán, utilizando "procedimientos al margen de las 
reglas  democráticas  de  convivencia  mediante  actos  que  implican  alguna  clase  de 
violencia sobre cosas y sobre personas, suprimiendo la libertad de ejercicio de otros 
derechos por parte de terceros (fundamento jurídico 2 de la sentencia), lo que evidencia 
que no existe otra motivación sino la ideológica, al sostener los acusados posturas 
antagónicas,  como  se  ha  dicho,  con  el  "catalanismo  o  movimiento  independentista 
catalán" reconociendo los acusados su pertenencia a tales partidos o grupos políticos e 
ideología ultra derecha, y muestra de esa motivación ideológica es que en los hechos 
probados se recoge expresamente que los insultos referidos fueron vertidos por la 
condición de catalán de la víctima, por lo que indudablemente debe inferirse el móvil 
ideológico como factor guía de la conducta de los acusados». En virtud de ello, en la 
sentencia  se  concluye  que  «a  la  vista  de  los  contundentes  argumentos  del  fiscal, 
secundados  por  las  acusaciones  […],  que  sostienen  la  misma  tesis  en  su  recurso 
(fundamento  jurídico  8),  y  habida  cuenta  de  que  en  el  factum  podemos  hallar  la 
descripción de los elementos constitutivos de la circunstancia agravante, se impone la 
aplicación de tal agravación que deberá alcanzar a los delitos que resulten cometidos, 
dado el propósito común de los asaltantes, intolerantes con un acto de celebración del 
día  de  Cataluña,  conmemoración  existente  en  todas  las  comunidades  autónomas 
españolas.  La  revocación  de  la  sentencia  en  este  extremo  determinará  una  nueva 
individualización de las penas» (fundamento de Derecho primero).
(ii)  Considera que la atenuante de reparación del daño (art. 21.5 CP) no puede 
aplicarse al delito de desórdenes públicos, ya que «la sola consignación de una cantidad 
de dinero podrá considerarse reparación en el sentido del artículo 21.5 del Código penal 
respecto  a  ilícitos,  como  los  daños  y  las  lesiones,  con  perjudicados  concretos  y 
determinados, que verán así minoradas, al menos crematísticamente, las consecuencias 
de tales actos antijurídicos, pero no respecto a aquéllos otros ilícitos en los que no puede 
individualizarse en un sujeto concreto el perjuicio causado, casos estos últimos en que la 
apreciación de la atenuante exigirá forzosamente otro tipo de reparación distinta». A 
partir de ello concluye que «resulta que ni en los hechos probados ni en los fundamentos 
jurídicos –como apunta el fiscal– existe dato alguno que permita su extensión atenuatoria 
al delito de desórdenes públicos y por ende debe suprimirse de tal delito la circunstancia 
atenuante, ya que el mero hecho de una consignación de una cantidad para cubrir de  e.
forma genérica el importe de los daños causados, en nada afecta al delito de desórdenes  w.b
públicos, cuyo bien jurídico protegido es el orden público, es decir, un bien que no posee  46ww
rceapráacratecrió pnr ipvaatdroim, osniniaol . uLna  csaernátcetnecr iap úpbolric sou  yp asrotcei anlo y h qau ees tpaebrl esceid, on oa slilgenvaac icóonn sdiignoe raurniaa 
a(flugnudnaam  epnotro  dlae  Dceormecishióon s eyg unedfeoc)t.os  del  concreto  delito  de  desórdenes  públicos»
(iii) Considera que concurre el subtipo agravado del delito de daños de que recaiga 
en bienes de uso público (art. 263.2.4 CP), argumentando que (a) los recurrentes en 
casación parten de los hechos probados que dejan sentado que el acto de celebración 
del día de Cataluña tuvo lugar en la Delegación del Gobierno de la Generalitat ante el 
Gobierno del Estado, local propiedad de la Generalitat y que en ese mismo «factum se 
describe que el grupo de asaltantes al edificio, para acceder al mismo "rompieron la 
puerta automática de cristal de la entrada al local causando daños tasados judicialmente 
en 1.372,14 €"»; (b) «El carácter público de tal inmueble, resulta de diversos textos 
normativos, que oportunamente cita (art. 5.1 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre sobre 
patrimonio de las administraciones públicas; art. 3.1 del Decreto-legislativo 1/2002 de 24 
de  diciembre  sobre  Ley  de  patrimonio  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  y  la  Ley 
Orgánica 6/2006 de 19 julio de reforma del Estatuto de autonomía de Catalunya)»; (c) el 
fiscal, al apoyar este motivo de casación, refuerza los argumentos del recurso de la 
acusación, añadiendo «el Decreto de la Generalitat de Catalunya 158/2002 de 11 junio, 
de reestructuración de la Delegación del Gobierno de la Generalitat en Madrid, al que se 
remite el Decreto 93/2008 del 9 abril, en el que se establece la adscripción de la 
delegación al departamento de la Presidencia (artículo 2) y dentro de sus dependencias 
incorpora "el Centro Cultural Blanquerna" (art. 5); y (d) «la sentencia recoge el carácter 
público del inmueble y la rotura de la cerradura y daños ocasionados en la puerta de 
acceso ocasionados por el grupo de personas que accedió de modo violento al local. 
Todo ello abocaría a la aplicación del subtipo agravado interesado por la acusación». De 
todo ello concluye la sentencia que «ante unos hechos probados y su desarrollo en los 
fundamentos  jurídicos,  que  acreditan  sin  ningún  género  de  dudas,  que  los  daños, 
superiores en valor a los 400 €, se produjeron en un local de naturaleza pública, 
determina inexorablemente la aplicación de la agravación del artículo 263.2.4 del CP», 
ya que «el fundamento de la agravación se halla en el menoscabo de la utilidad pública 
prestada por los locales o en los perjuicios que ocasiona en el funcionamiento del 
servicio público a que los bienes se encuentran afectos. Sobre este punto nuestro 
Código  acoge  la  idea  de  que  el  bien  dañado  esté  afecto  a  un  servicio  público, 
destacando que la afectación o vinculación a dicho servicio es sin exigencia añadida de 
que tal destino o aplicación lo sea en función a su especial naturaleza o por haber sido 
objeto  de  algún  tipo  de  acondicionamiento,  como  apostilla  el  Ministerio  Fiscal» 
(fundamento de Derecho quinto).
(iv)  Considera que concurre el delito de impedir el derecho de reunión (art. 514.4 
CP) en concurso ideal (art. 77 CP) con el delito de desórdenes públicos (art. 557.1 CP), 
que había sido excluido de la sentencia de instancia por aplicación del principio non bin 
in idem.  A esos efectos, la sentencia de casación argumenta que (a) los recurrentes 
habían alegado que «para la operatividad del principio non bis in idem es preciso que se 
produzca no solo la identidad de hechos y sujeto sino identidad de fundamento para 
castigar; es decir que la norma proteja idénticos intereses o bienes jurídicos y este no es 
el caso, ya que el bien jurídico protegido en el artículo 557.1 CP es la paz pública o el 
orden público, en su manifestación de pacífica convivencia social con posibilidad de 
ejercer en plenitud los derechos fundamentales de los que gozan, mientras que el bien 
jurídico protegido por el artículo 514.4 es el ejercicio legítimo del derecho fundamental de 
reunión», concluyendo de ello «que el delito de desórdenes públicos del artículo 557.1 
CP no exige que los hechos que tipifica (alteración de la paz y el orden público con 
violencia) impidan la celebración de una reunión; y el delito del artículo 514.4 CP 
tampoco exige que la conducta de impedir una reunión se efectúe mediante los hechos  s
tipificados en el artículo 557.1 CP (no exige este precepto, por ejemplo, que se actúe en  oe.
grupo, ni que se produzca una alteración de la paz y el orden público). Incluso nos dicen  w.
que de reputar un concurso de normas y no de delitos determinaría la imposición de la  46ww
mpeinnias tdeerilo a fristíccaull op r5e1s4ta.4 u Cn Pa pqouyeo  epsa mrcáiasl  aglr amvoet iqvuoe e lna  edl esl eanrttiídcou lod e5 q5u7e.1  dCePbe;  ye n(bte) nqdueer seel 
rqeuael,  laolse ginajnudsoto qs uteíp eicno slo sre hseuclthaonste psr odbea daomsb soes  ddiceelit oqsu ee astl áanc teon a sciosnticeurorsno 2 i0d0e aple, rpseornoa sn oy   BOE-A-cable e
los acusados «con la finalidad de protestar frente al acto e impedir su celebración 
conjunta y el mismo» y en segundo fundamento se manifiesta que la acción enjuiciada 
produjo «como efecto directo la imposibilidad de la celebración del acto». Además, el 
fiscal también destaca que es posible la condena por este concurso después de dictar 
sentencia absolutoria, ya que están incorporados a los hechos probados todos los 
elementos nucleares del delito (objetivos y subjetivos) y la cuestión se limita a un 
problema estrictamente jurídico que no impide mutar una sentencia absolutoria en otra 
de signo condenatorio o que contenga una agravación de la pena impuesta, sin que en 
este caso resulte necesario oír personalmente al acusado pues dicha audiencia ninguna 
garantía añadiría a la defensa, que ha podido replicar y defenderse en la instancia de tal 
imputación. En atención a ello, la sentencia establece que «los argumentos tanto de los 
recurrentes como del fiscal son plenamente acogibles por las propias razones que lo 
sostienen,  sin  que  las  razones  que  justifican  la  absolución  por  este  delito  puedan 
prevalecer. Dicha conducta, a diferencia de lo que manifiesta la Audiencia, no estaría 
absorbida por el delito de desórdenes públicos, ni se infringiría el principio non bis in 
idem. Sin perjuicio de aplicar un solo tipo delictivo en su mitad superior (la que asigne 
pena más grave), el concurso ideal es evidente, en tanto en cuanto se puede impedir 
una reunión, sin cometer desórdenes públicos, o producirse una situación de desórdenes 
públicos sin que existan personas reunidas en el ejercicio de ese derecho fundamental» 
(fundamento de Derecho sexto).
g)  La  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  por  segunda  sentencia  núm. 
983/2016, de 11 de enero de 2017, en coherencia con las razones expuestas para 
estimar el recurso, impuso a los recurrentes, tras la aclaración efectuada por auto de 7 
de febrero de 2017, las siguientes penas: (i) a todos los recurrentes la pena de dos años 
y  diez  meses  por  los  delitos  de  desórdenes  públicos  y  vulneración  del  derecho 
fundamental de reunión, en concurso ideal, con la agravante de actuar por motivos de 
discriminación ideológica; excepto a don Jesús Fernando Fernández Gil, que se impuso 
una pena de dos años y once meses; y (ii) a todos los recurrentes la pena de un año y 
un mes de prisión y multa de catorce meses con una cuota diaria de 10 € y arresto 
sustitutorio de un día por cada dos cuotas impagadas por el delito de daños ocasionados 
en bienes de propiedad pública, con la agravante de actuar por motivos ideológicos 
discriminatorios y la atenuante de reparación del daño; excepto a don Jesús Fernando 
Fernández Gil, que se impuso una pena de un año y un mes de prisión y multa de 
dieciocho meses con igual cuota y arresto sustitutorio en caso de impago, por concurrir 
también la agravante de reincidencia.
h)  Los recurrentes doña Paula Mijares Casado y don Pedro Chaparro Velacoracho, 
mediante escrito registrado el 1 de febrero de 2017, promovieron incidente de nulidad de 
actuaciones por considerar vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE), alegando, entre otros extremos, (i) que se había apreciado en la sentencia de 
casación, frente a lo establecido en la de instancia y aun no modificando formalmente los 
hechos declarados probados, la agravante de actuación por motivos ideológicos a pesar 
de que, modificando la realidad de lo afirmado en esos hechos, no concurría el necesario 
elemento subjetivo de esa agravación; (ii) que se había apreciado en la sentencia de 
casación la concurrencia de un delito contra el derecho de reunión en concurso ideal con 
el de desórdenes públicos, de la que habían sido absueltos en la sentencia de instancia, 
a pesar de que no concurría el elemento subjetivo de ese tipo penal. Ambos recurrentes, 
mediante escrito registrado el 6 de febrero de 2017, realizaron alegaciones ampliatorias 
al previo incidente de nulidad de actuaciones por considerar vulnerados los principios  e.
acusatorio y de congruencia con fundamento en que (i) la pena máxima de prisión  w.b
solicitada por las distintas acusaciones es de dos años a pesar de lo cual se han  46ww
aimlepguaecsioton essa dneci olanse ps asrtuepse rreiocruersri daa se.llo y (ii) se ha omitido cualquier referencia a las
Diegi)o  VEill larelbcau rrye ndtoen d oSna nJotiaség oP eCdarboe Czruuezla S aGnazr,c píao,r  puonr  laodtroo, ,y m loesd riaencuter resnetnedso dso ne sVcírcittoosr 
registrados el 13 de febrero de 2017, promovieron incidente de nulidad de actuaciones
con idéntico contenido, por considerar vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), alegando, entre otros aspectos, (i) que se había vulnerado el principio 
acusatorio ya que ni el ministerio fiscal ni las acusaciones personadas habían instado en 
sus respectivos escritos de acusación una condena por la relación concursal del delito de 
impedir el derecho de reunión con el delito de desórdenes públicos por el que finalmente 
se ha condenado en la sentencia de casación, lo que ha impedido el ejercicio del 
derecho de defensa y (ii) que se habían lesionado las garantías de inmediación, oralidad 
y contradicción, ya que la sentencia de casación sin dar trámite de audiencia (a) apreció 
la agravante de actuar por motivos ideológicos, (b) condenó por un delito de impedir el 
derecho de reunión en concurso ideal con el delito de desórdenes públicos, agravando 
con ello las consecuencias jurídicas impuestas en la sentencia de instancia.
j)  El recurrente don Pablo Pavón Cadierno, mediante escrito registrado el 13 de 
febrero  de  2017,  promovió  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  por  considerar 
vulnerados (i) los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), proceso con todas 
las garantías y presunción de inocencia (art. 24.2 CE), por casar y anular la sentencia de 
instancia para aplicar la agravante de actuar por motivos ideológicos revalorando los 
hechos para derivar la concurrencia de un elemento subjetivo sin haber oído a los 
acusados, castigando con ello de manera desproporcionada y contraria a los derechos a 
la libertad ideológica y de expresión; (ii) el derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE) por haberse aplicado sin celebración de vista en el recurso de casación y 
agravando las consecuencias de la sentencia de instancia (a) la agravante de actuar por 
motivos ideológicos, y (b) el subtipo agravado de que los daños recayeran en bienes de 
uso público, reexaminando el comportamiento y las intenciones de los condenados; (iii) 
el principio acusatorio, pues se condenó en la casación al recurrente a una pena superior 
a la solicitada por el fiscal y (iv) del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por 
haberse excluido en la casación la aplicación de la atenuación por reparación del daño al 
delito de desórdenes públicos a través de una motivación irrazonable.
k)  El recurrente don Javier Marcos Aroca, mediante escrito registrado el 14 de 
febrero  de  2017,  promovió  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  por  considerar 
vulnerados (i) los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE), por haberse agravado en la sentencia de casación las 
consecuencias jurídicas del delito sin haberse dado trámite de audiencia en relación con 
(a) la condena por un delito contra el derecho de reunión, que se aprecia incluyendo 
elementos subjetivos explícitamente excluidos en la sentencia de instancia y añadiendo 
un dato objetivo nuevo como es la violencia en la actuación de los acusados, (b) la 
aplicación del subtipo agravado del delito de daños por recaer en bienes de uso público y 
(c) la aplicación de la agravante de haber actuado por motivos ideológicos; (ii) el derecho 
a la legalidad penal (art. 25.1 CE), desde la perspectiva del ne bis in idem, por haberse 
condenado por unos mismos hechos por sendos delitos contra el derecho de reunión y 
de desórdenes públicos en concurso ideal de delitos y no mediante una relación de 
concurso de normas; (iii) los derechos a la libertad ideológica (art. 16 CE) y de expresión 
[art. 20.1 a) CE] por la agravación de la pena por aplicación del art. 22.4 CE –actuación 
por  móviles  ideológicos–  que  sirve  en  este  caso  para  penalizar  ideas  políticas 
discrepantes; y (iv) el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por defectuosa 
motivación en relación con (a) la aplicación de la agravante del art. 22.4 CP, (b) la 
limitación de la atenuante de reparación del daño al delito de daños, (c) la aplicación del 
subtipo agravado del delito de daños a los que recaen sobre bienes de uso público, y (d) 
la subsunción del elemento violencia en el delito de impedir el derecho de reunión. s
l)  Los recurrentes don Sergio Reguilón Fumero, don Manuel Andrino Lobo y don Jesús  oe.
Fernando Fernández Gil, mediante escrito registrado el 24 de febrero de 2017, promovieron  w.
incidente de nulidad de actuaciones por considerar vulnerados (i) el derecho a un proceso  46ww
ccoonn steocduaesn lacisa sg ajuraríndtiícaass ( adretl.  d2e4l.i2to C sEin)  phoarb hearsbee rdsaed aog trraávmaidteo  deen  alau dseienntceinac eian d ree lcaacsióanc icóonn l alas 
ya p(libc)a cdióen  la(a )a dgeral vsaunbtteip od ea ghraavbaedr oa dcetul addeoli top odre  mdaoñtiovso sp oidr ereoclóageicr oesn;  b(iiei)n edse l ddee uresoch poú bal icloa   BOE-A-cable e
legalidad penal (art. 25.1 CE) por haber subsumido de manera imprevisible los hechos en el 
subtipo agravado de daños por recaer en bienes de uso público; (iii) del derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el principio acusatorio al haberse condenado por penas 
superiores a las solicitadas por las acusaciones y haberse apreciado el delito de impedir el 
derecho de reunión en concurso ideal con el delito de desórdenes públicos, que nunca fue 
interesado por las acusaciones; (iv) del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) porque 
se  ha  incurrido  en  la  prohibición  de  bis  in  idem  al  sancionar  unos  mismos  hechos 
calificándolos simultáneamente como delito de impedir el derecho de reunión y delito de 
desórdenes  públicos,  provocando,  además,  un  efecto  desaliento  en  los  derechos 
fundamentales  de  reunión  y  manifestación  al  tratarse  de  una  sanción  penal 
desproporcionada, y (v) del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por hacerse 
inferencias erróneas en relación con la concurrencia de la agravante del art. 22.4 CP.
m)  Los recurrentes don Íñigo Pérez de Herrasti Urquijo y don Miguel Venegas 
Girón, mediante escrito registrado el 8 de marzo de 2017, promovieron incidente de 
nulidad  de  actuaciones  por  considerar  vulnerados  los  derechos  a  la  tutela  judicial 
efectiva (art. 24.1 CE) y  a un proceso  con todas las garantías (art. 24.2 CE) por 
infracción de las garantías de inmediación, oralidad y contradicción, ya que la sentencia 
de casación sin dar trámite de audiencia (a) condenó por el subtipo agravado del delito 
de daños al recaer sobre bienes de uso público, (b) condenó por un delito de impedir el 
derecho de reunión en concurso ideal con el delito de desórdenes públicos y (c) apreció 
la agravante de actuar por motivos ideológicos.
n)  Los recurrentes don José Pedro Cruz Sanz, don Javier Marcos Aroca, don 
Sergio Reguilón Fumero, don Manuel Andrino Lobo y don Jesús Fernando Fernández 
Gil, mediante escrito registrado el 21 de marzo de 2017, reiteraron sus alegaciones para 
sustentar su incidente de nulidad de actuaciones y se adhirieron expresamente a los 
escritos de impugnación del resto de los condenados, solicitando que «se estime los 
motivos  argumentados  en  los  incidentes  de  nulidad  que  las  defensas  hemos 
presentado».
o)  El recurrente don Pablo Pavon Cadierno, mediante escrito registrado el 23 de 
marzo  de  2017,  reiteró  sus  alegaciones  para  sustentar  su  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones y se adhirió expresamente a los escritos de impugnación del resto de los 
condenados.
p)  Los recurrentes, don Íñigo Pérez de Herrasti Urquijo y don Miguel Venegas 
Girón, mediante escrito registrado el 24 de marzo de 2017, se ratificaron en su escrito de 
promoción del incidente de nulidad de actuaciones.
q)  Los recurrentes, don Víctor Diego Villalva y don Santiago Cabezuela García, 
mediante escrito registrado el 24 de marzo de 2017, reiteraron sus alegaciones para 
sustentar su incidente de nulidad de actuaciones y se adhirieron expresamente a los 
escritos de impugnación del resto de los condenados.
r)  El letrado de la Generalitat de Cataluña, mediante escrito registrado el 21 de 
marzo de 2017, y el ministerio fiscal, mediante escrito registrado el 7 de marzo de 2017, 
solicitaron la desestimación de las nulidades formuladas.
s)  La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, mediante auto de 4 de mayo de 2017, 
desestimó íntegramente los incidentes de nulidades planteados por los recurrentes. Los 
argumentos expuestos en relación con los diferentes motivos de nulidad fueron los 
siguientes:
(i)  En relación con la condena en la casación por el delito de impedir el derecho de 
reunión (art. 514 CP) se afirma que (a) «el hecho de esparcir el contenido del spray  e.
cuando ya se retiraban del lugar por una persona no determinada no es el elemento  w.b
esencial del delito sino uno más, ya que la interrupción se había producido desde el  46ww
hpeecrshoon adse  qlau ee nntora tduavi,e praonr  ploa rqtuiceip naoci óhna ye nu naac toinsd ienbteidrrau petxivteonss dióen l ad ere luan rióens pqounes aseb ileidsatadb aa 
gceralevbermanednote  eenl  deel slaorcraoll,l oa d elo  uqnuae r esuen aióñna ldícei taq,u qeu eel  etripao u np eonbajel ttiavom ybaié cno cnassetgiguaid op ecrutuarnbdaor 
se abandonó la Sala» (fundamento de Derecho segundo); (b) no resultaba preciso oír a
los acusados por abordarse un problema de subsunción, que parte del más absoluto 
respeto a los hechos probados que no hace ningún cuestionamiento o valoración de los 
hechos; (c) cabe apreciar en el relato de hechos probados la violencia configuradora del 
medio comisivo típico de este delito tanto en lo relativo al ejercicio de fuerza sobre las 
personas y sobre cosas, que ha determinado las condenas por delitos de daños y contra 
las personas y (d) no hay una infracción del non bis in idem por la condena simultánea 
de ambos delitos, ya que el relato de hechos probados evidencia que en este caso los 
desórdenes públicos lo eran con la intención expresa de impedir una reunión.
(ii)  En relación con la condena en casación por el delito agravado de daños por 
recaer sobre bienes de uso público y por la aplicación de la agravante por actuar con 
motivaciones de discriminación ideológica se reitera, con remisión a la sentencia, que es 
una mera cuestión jurídica, ya que se trata de elementos subjetivos que aparecen 
descritos en el relato de hechos probados. En concreto se afirma que «acerca de la 
agravación  del  delito  de  daños  (cuestión  jurídica  4,  sin  influencia  constitucional)  el 
elemento subjetivo rezumaba en el factum, ya que los acusados enterados por las redes 
sociales de la celebración del acto y del lugar, acordaron a una hora determinada 
concentrarse en el edificio donde se iba a celebrar. Por tanto sabían que era la sede 
donde se iba a celebrar la Diada de Cataluña (Centro Cultural de Blanquerna), […], a 
donde  fueron  acudiendo  paulatinamente»  y  se  añade  que  «es  evidente  que  todos 
conocían la cualificación del art. 263.2.4: que los daños "afecten a bienes de dominio o 
uso público o comunal"» y «podrían ignorar si el edificio sede de la Delegación del 
Gobierno de Cataluña, era propiedad de la Generalitat o lo poseía en arrendamiento, 
pero lo que no podían desconocer es que se estaba dando un "uso público" al inmueble» 
(fundamento de Derecho primero).
(iii)  Se  señala  que  ha  existido  una  motivación  suficiente  tanto  respecto  de  la 
aplicación de la agravante de actuar por motivos de discriminación ideológica a todos los 
ilícitos como respecto de la consideración del local donde se desarrollaba la reunión 
como  un  bien  de  uso  público  objeto  de  una  superior  protección  penal  en  esa 
consideración.
(iv)  En  relación  con  la  aplicación  de  un  concurso  ideal  entre  los  delitos  de 
desórdenes públicos y de impedir el derecho de reunión, que no fue concretamente 
solicitado por las acusaciones, se argumenta que, habiéndose solicitado la concurrencia 
de ambos delitos en concurso real, la solución del concurso ideal es una opción más 
favorable al reo.
(v)  En relación con la vulneración de los arts. 16 –libertad ideológica– y 20.1 a) –
libertad de expresión– CE, como consecuencia de la aplicación de la circunstancia 
agravante  del  art.  22.4  del  Código  penal,  se  argumenta  que  la  aplicación  de  esta 
agravación trae causa de la prevalencia de otros derechos fundamentales, como son el 
de igualdad o no discriminación y el de reunión.
(vi)  En relación con la inaplicación en casación de la atenuante de reparación del 
daño al delito de desórdenes públicos se expone que se han dado razones suficientes 
sobre  la  restricción  de  esta  atenuación  a  daños  individualizados  susceptibles  de 
reparación.
(vii) En relación con las penas concretamente impuestas en casación no se vulnera 
el principio de proporcionalidad ya que establecieron las penas en el mínimo posible.
8.  El demandante en el recurso de amparo núm. 3218-2017, don Pedro Chaparro 
Velacoracho,  solicita  la  anulación  de  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  con 
retroacción de actuaciones para que se dicten nuevas resoluciones con respeto a los  e.
derechos  fundamentales  reconocidos,  alegando  la  concurrencia  de  las  siguientes  w.b
vulneraciones: 46ww
a)  La vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a un
pseroncteensoci ac odne t ocdaassa lcaisó ng,a rfarenntítaes  ay  ala l ap porseicsiuónnc icóonn dtrea riinao cdeen cliaa  (saernt.t e2n4c.2ia  CdEe) , iynas tqaunec iala, 
concluye la concurrencia de la agravante de realizar los hechos por discriminación
ideológica (art. 22.4 CP) y el subtipo agravado del delito de daños por haber recaído 
sobre bienes de uso público (art. 263.2.4 CP), sin dar trámite de audiencia mediante una 
reinterpretación de los hechos para sustentar la existencia de elementos subjetivos del 
injusto,  lo  que  entra  en  contradicción  con  la  jurisprudencia  constitucional  sobre  la 
exigencia de que una agravación de la responsabilidad penal en la segunda instancia en 
estas circunstancias exige el respeto al principio de inmediación y de audiencia del 
acusado.
b)  La vulneración del principio acusatorio por haberse impuesto una condena de 
distinta  naturaleza  y  con  una  pena  superior  a  la  interesada  por  las  acusaciones 
particulares, ya que la sentencia de casación condenó, entre otros, por un delito de 
desórdenes públicos (art. 557.1 CP) en concurso ideal (art. 77 CP) con el delito de 
impedir el derecho de reunión (art. 514.4 CP) y, sin embargo, la más grave de las 
acusaciones –la ejercida por la Generalitat de Cataluña– aunque acusó por el art. 514.4 
CP, solicitando una pena de dos años y seis meses, inferior a la impuesta por el Tribunal 
Supremo, de dos años y diez meses, esta acusación lo fue de forma alternativa, residual 
y subsidiaria del delito de coacciones, delito por el que fue absuelto el recurrente. 
Además, la Generalitat de Cataluña ni siquiera concretó en el recurso de casación qué 
penas procedía imponer. Por ello, la sentencia de casación incurre en incongruencia 
extrapetita al imponerse penas más graves a las solicitadas, violándose el principio 
acusatorio.
c)  La vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE) por una indebida aplicación de la agravante de 
actuar por motivos ideológicos (art. 22.4 CP), ya que se realiza un juicio de inferencia 
erróneo para concluir la concurrencia de esta agravante pues la premisa del ánimo 
subjetivo del autor se basa en argumentos de la condición del sujeto activo sin incidir 
exclusivamente en la condición de las víctimas.
d)  La vulneración del principio de legalidad (art. 25.1 CE) y del derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) por falta de motivación al afirmarse la concurrencia del 
subtipo agravado del delito de daños de recaer sobre bienes de dominio o uso público, 
ya que no se exponen las razones de cuál es el interés especial digno de protección 
sobre  el  que  recae  la  infracción  ni  si  el  daño  está  afecto  al  servicio  público, 
especialmente  tomando  en  consideración  que  los  daños  recaen  sobre  una  puerta 
automática de cristal de entrada a un local, que es una librería donde se ejerce una 
actividad de lucro de compraventa y del alquiler de espacio para particulares.
e)  La vulneración de los derechos a la libertad ideológica (art. 16 CE) y de reunión 
(art. 21 CE), ya que sancionar en régimen de concurso ideal los desórdenes públicos y el 
impedir el derecho de reunión supone un doble reproche por los mismos hechos, pues 
toda lesión violenta del derecho de reunión es una alteración del orden público, por lo 
que existe un concurso de normas por especialidad y no de delitos, incurriéndose en una 
infracción del non bis in idem.  Además, se argumenta que la finalidad del recurrente no 
era impedir el derecho de reunión, sino ejercer el derecho fundamental de manifestación, 
en defensa de la unidad de España, por lo que la sanción penal de manera añadida por 
un delito de impedir el derecho de reunión resulta desproporcionada y produce un efecto 
desaliento en el ejercicio del derecho de reunión.
9.  Los demandantes en el recurso de amparo núm. 3313-2017, don Víctor Diego 
Villalva y don Santiago Cabezuela García, solicitan la anulación de las resoluciones 
judiciales impugnadas y que se confirme la sentencia de instancia o se acuerde la 
retroacción de actuaciones para que se dicten nuevas resoluciones con respeto a los  e.
derechos  fundamentales  reconocidos,  alegando  la  concurrencia  de  las  siguientes  w.b
vulneraciones: 46ww
a)  La vulneración del principio  acusatorio, ya que  han  sido condenados en la
sideenatel n(acrita.  d7e7  cCaPs)a ccioónn  eplo dr eulnito d deelit oim dpee ddeirs eólr ddeenreecsh poú dbelic roesu (naiórtn.  5(a5r7t..1 5 C14P.)4  eCnP c)o pnecsuers ao 
que dicha acusación nunca fue formulada por ninguna de las acusaciones, no habiendo
tenido la oportunidad de defenderse contra ella. Se argumenta que esta condena se 
deriva del acogimiento en la sentencia de casación de la argumentación dada por el 
ministerio fiscal a uno de los motivos de casación planteados por las acusaciones 
particulares. En concreto, las acusaciones partían de que procedía la existencia de un 
concurso real entre ambos delitos mientras que el ministerio fiscal consideraba que lo 
correcto era un concurso ideal entre ambos.
b)  La vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la 
defensa (art. 24.2 CE), ya que, en contradicción con la jurisprudencia constitucional y la 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se ha agravado en la segunda instancia la 
condena de los recurrentes en cuanto a la apreciación de la agravante de haber actuado 
por motivos ideológicos (art. 22.4 CP) sin haberse dado un previo trámite de audiencia y 
sin respeto al principio de inmediación a pesar de afirmar la concurrencia de un elemento 
subjetivo del ilícito y proceder a una revaloración de los hechos fundados en pruebas 
personales. Se argumenta que en la sentencia de instancia no se contempla que los 
recurrentes  convocaran  la  protesta,  que  fuesen  simpatizantes  ni  afiliados  de  las 
formaciones políticas identificadas como de extrema derecha o que se les identificara 
como portadores de banderas de España o de esas formaciones políticas, por lo que no 
se recoge ningún hecho probado a partir del cual concluir que actuasen movidos por 
motivación de discriminación ideológica. Por el contrario, en la sentencia de casación, se 
realiza una nueva valoración de la prueba practicada, extendiendo el contenido de los 
hechos declarados probados en la sentencia de instancia mucho más allá de su concreto 
contenido.
10.  La demandante en el recurso de amparo núm. 3331-2017, doña Paula Mijares 
Casado, solicita la anulación de las resoluciones judiciales impugnadas y que se declare 
la firmeza de la sentencia de instancia, alegando la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), que sustenta en que (i) la aplicación que se ha hecho de 
la  agravante  de  motivación  ideológica  (art.  22.4  CP)  es  producto  de  una  exégesis 
normativa confusa; (ii) la sentencia de casación no acoge ninguno de los motivos de 
oposición alegados contra los recursos de casación interpuestos, por lo que se viola el 
principio de congruencia; (iii) la desestimación de plano de los ocho incidentes de nulidad 
planteados ha producido la indefensión más absoluta; y (iv) se remite, además, a los 
motivos alegados en su incidente de nulidad de actuaciones
11.  Los demandantes en el recurso de amparo núm. 3358-2017, don José Pedro 
Cruz Sanz, don Javier Marcos Aroca, don Sergio Reguilón Fumero, don Manuel Andrino 
Lobo y don Jesús Fernando Fernández Gil, solicitan la anulación de las resoluciones 
judiciales impugnadas con la inmediata y efectiva reposición de los derechos lesionados, 
alegando la concurrencia de las siguientes vulneraciones:
a)  La vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), 
con quiebra del principio de inmediación, por haberse agravado la pena en la segunda 
instancia sin haberse celebrado una vista en que se hiciera efectivo el derecho de 
audiencia, tal como viene siendo exigido por la jurisprudencia constitucional y la del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tanto en relación con la apreciación de la 
agravante de motivación ideológica (art. 22.4 CP), como el subtipo agravado de que los 
daños hayan recaído en bienes de propiedad o uso públicos (art. 263.2.4 CP) y el delito 
de impedir el derecho de reunión (art. 557.1 CP) en concurso ideal con el delito de 
desórdenes  públicos,  tratándose  en  todos  los  casos  de  cuestiones  fácticas  y  no  s
estrictamente jurídicas. oe.
b)  La vulneración del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE) y del derecho a la  w.
dtdueetle iltaloa s aj gudrdeai cvdiaaenls tóeerf deidecetniovelaós  g(piacúrabt..l  iEc2o4ns. 1c y u CaenEl t)do e pa oi mlra pl ace odaniprs rieedlce diraaeccrieióócnnh  odd eed  equ unree cu eonlni óncneu xryso o pe oindrt erleaa  lla oepsnl idctraeecl itilóoonss    2020-2246n https://ww
de desórdenes y el de impedir el derecho de reunión es la de un concurso ideal de
delitos, se afirma que supone una doble sanción por los mismos hechos, ya que la
eventual intención de atentar contra el orden público, entendido como impedir el libre 
ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluye implícitamente el 
impedir el derecho de reunión, por lo que la vulneración de este ya está incluida en el 
tipo de desórdenes. De ese modo se trataría, como se estableció en la sentencia de 
instancia, de un concurso de leyes a resolver por el principio de especialidad y no de 
delitos,  no  habiéndose  dado  debido  cumplimiento  a  las  exigencias  del  deber  de 
motivación respecto de la procedencia en este caso de un concurso ideal de delitos y no 
respondiendo tampoco la aplicación del delito de impedir el derecho de reunión a una 
interpretación que se desprenda del tenor literal de la norma. Por su parte, respecto de la 
aplicación de la agravante de actuar por motivos ideológicos, también se afirma que 
resulta contraria al art. 25.1 CE, ya que se hace una interpretación contra su tenor literal 
al optar por partir de la visión de la víctima como elemento esencial de la misma y no al 
ánimo con el que actúa el autor. Se argumenta que el plus de antijuridicidad a que hace 
referencia este artículo es la actuación por motivos de racismo, antisemitismo o cualquier 
tipo de discriminación, pero ninguna interpretación del precepto puede llevar a considerar 
que los recurrentes actuaban por ese móvil. En este caso, la acción de los recurrentes 
estaba dentro de su derecho a expresar su pensamiento o ideología sobre una cuestión 
política,  independientemente  de  que  tal  manera  de  expresarse  sea  antijurídica.  La 
ideología ha motivado la protesta, pero no está teñida de racismo, antisemitismo o 
discriminación. Solo expresan su opinión contraria a la ideología de la víctima.
c)  La vulneración del principio acusatorio (art. 24.2 CE) y del derecho a la tutela 
judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  ya  que  la  sentencia  de  casación  condena  por  una 
concurrencia ideal de delitos de desórdenes públicos y de impedir el derecho de reunión 
que nunca fue solicitada por las acusaciones, imponiendo con ello una pena mayor a la 
solicitada por dichas acusaciones. Se pone de manifiesto que la acusación nunca solicitó 
la concurrencia de ambos delitos en concurso ideal, sino que en su calificación definitiva 
estableció sus conclusiones de modo alternativo: desórdenes públicos en concurso con 
daños  y  alternativamente  el  derecho  de  impedir  el  derecho  de  reunión  de  no  ser 
condenados por desórdenes públicos. Además, es la acusación quien introduce en el 
recurso de casación la cuestión ex novo del concurso de normas entre ambos delitos por 
alternatividad  pero  nunca  el  concurso  ideal  de  delitos,  no  habiéndose  dado  la 
oportunidad  a  los  recurrentes  de  que  esta  cuestión  fuera  objeto  de  debate  o 
contradicción en ninguna de las instancias.
d)  La  vulneración  de  los  derechos  fundamentales  a  la  libertad  de  expresión 
[art. 20.1 a) CE] y a la libertad ideológica (art. 16 CE), ya que la apreciación de la 
agravante  de  actuar  por  motivos  ideológicos  ha  supuesto  una  aplicación 
desproporcionada de la pena de prisión contraria a la efectividad de estos derechos 
sustantivos al implicar un efecto disuasorio a su ejercicio. Se argumenta que debió 
imponerse la pena de multa pues los hechos se circunscriben en un discurso político 
contrario a las tesis separatistas.
e)  La vulneración del principio de legalidad penal (art. 25.1), ya que se ha impuesto 
las costas a los recurrentes por la desestimación del incidente de nulidad de actuaciones 
planteado. Se alega que el fundamento o fin de la previsión del art. 241 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de que la desestimación del incidente implica la 
imposición  de  costas  al  promotor  no  puede  resultar  de  aplicación  a  momentos 
procesales circunscritos en fase de casación cuando la libertad personal está en juego. 
La aplicación automática de las costas por el criterio del vencimiento es una solución que 
estaría  condicionando  la  defensa  de  los  derechos  fundamentales  a  la  capacidad  s
económica de los recurrentes. oe.
12.  El demandante en el recurso de amparo núm. 3362-2017, don Pablo Pavón  46ww
Cdea daiecrtnuoa,c isoonleicsit ap laar aa nquulaec isóen  ddeic tleans  rneuseovluacsi orneesso ljuucdiiocniaeless  ciomnp uregsnpaedtaos  ac olno sr edtreoraeccchióons 
dfuen idnasmtaennctiaal,e asl ergeacnodnoo claid ocos noc,u rsruebnsciidai adreia lmase nsitgeu, iednetcelasr vaunldnoe rlaac ifoirnmeesz:a de la sentencia
a)  La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y del 
derecho  a  la  presunción  de  inocencia  (art.  24.2  CE),  ya  que  se  ha  agravado  la 
responsabilidad penal del recurrente en la segunda instancia sin otorgar el preceptivo 
trámite de audiencia, valorando elementos subjetivos a partir de elementos fácticos 
basados en pruebas personales, en cuanto a la aplicación de la agravante de haber 
actuado por motivos ideológicos (art. 22.4 CE). Se argumenta que se ha aumentado la 
condena con fundamento en la concurrencia de un elemento subjetivo del injusto, que no 
ha podido ser valorado por el órgano judicial de casación con la preceptiva inmediación, 
en contradicción de la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos sobre el particular, produciendo con ello también una vulneración del derecho 
a la presunción de inocencia, pues la concurrencia de esta agravante está vinculada 
exclusivamente a pruebas personales valoradas sin la debida inmediación.
b)  La vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE), en relación con la condena por el delito de 
impedir  el  derecho  de  reunión,  ya  que  del  relato  de  hechos  probados  solo  puede 
derivarse la autoría de un delito de desórdenes públicos respecto del recurrente, pues el 
de impedir el derecho de reunión solo se puede vincular a la acción de verter un spray en 
la sala al momento de abandonarla pero no se ha determinado quien fue el autor de esa 
conducta. Igualmente, se argumenta que la sentencia de casación deriva el elemento 
subjetivo de la intención de impedir el ejercicio del derecho de reunión, en contradicción 
con lo afirmado por la sentencia de instancia, sin una valoración directa del testimonio 
del recurrente.
c)  La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE), ya que se ha agravado la pena en segunda 
instancia  atribuyendo  al  colectivo  conductas  subjetivas  que  solo  pueden  ser 
individualizadas con audiencia del reo. Se argumenta que la sentencia de casación 
resolvió sobre la aplicación de la agravante de discriminación por motivos ideológicos, 
aplicándola al delito de daños y desórdenes públicos, sin demostrar que hubiera ninguna 
irrazonabilidad en la inferencia de la sentencia de instancia en la que se había llegado a 
la conclusión de que no había un móvil discriminatorio. Se incide en que la circunstancia 
agravante del art. 22.4 CP es una circunstancia personal, por lo que, en casos de 
codelincuencia, puede haber aspectos objetivos o subjetivos que no se comuniquen al 
resto de partícipes, por lo que no es posible aplicarla sin prueba del elemento subjetivo 
en el autor individual. Es obligatorio comprobar la intención del acusado en relación con 
los hechos que se le imputan, para lo que es necesario celebrar una vista en presencia 
del  tribunal.  Del  mismo  modo,  se  añade  que,  en  la  sentencia  de  casación,  en 
contradicción  con  lo  concluido  en  la  sentencia  de  instancia  a  partir  de  la  prueba 
practicada a su presencia, se infiere el conocimiento del carácter público del centro 
cultural  para  aplicar  el  subtipo  agravado  de  que  los  daños  recaen  en  bienes  de 
propiedad o uso público con fundamento en conjeturas, pues el centro cultural con 
apariencia de simple librería es anunciado por la propia Generalitat como una librería.
13.  Los demandantes en el recurso de amparo núm. 3376-2017, don Íñigo Pérez de 
Herrasti Urquijo y don Miguel Venegas Girón, solicitan la anulación de las resoluciones 
judiciales  impugnadas  con  retroacción  de  actuaciones  para  que  se  dicten  nuevas 
resoluciones  con  respeto  a  los  derechos  fundamentales  reconocidos,  alegando  la 
concurrencia de las siguientes vulneraciones:
a)  La vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE),  e
ya que, en contradicción con jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de  bo
Derechos  Humanos,  sin  la  preceptiva  celebración  de  vista  se  ha  producido  en  la  46ww
sseugbusunndcai óinns dtaen ceilae munean tvoasl osruabcjieótniv does  dperul etibpaos,  psienr sroensapleetsa,r  suinn  ltará dmeibteid dae in amueddieiancciióan, ,p ya rlaa 
aapglriacvaacrió lna sd ree lsap oangsraavbailnidtea ddees  apcetunaarle pso irm mpouteivsotass i deeno llaó gpirciomse, r(aii )i nlas taapnlciciaa creiólant idveals s au b(it)ip loa 
agravado del delito de daños por recaer en bienes de propiedad o uso público y (iii) 
apreciar la concurrencia del delito de impedir el derecho de reunión.
b)  La vulneración del derecho a la libertad ideológica (art. 16 CE) y a la libertad de 
expresión [art. 20.1 a) CE], así como del principio de proporcionalidad de la pena, ya que 
se ha impuesto una pena de prisión por unas infracciones cometidas dentro del discurso 
político que solo resulta compatible con la libertad de expresión, según la jurisprudencia 
del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos,  en  circunstancias  excepcionales, 
especialmente cuando se han lesionado gravemente otros derechos fundamentales, 
como es el supuesto en que se difunda un discurso de odio o incitación a la violencia. 
Sin embargo, en el presente caso, la acción de protesta duró algo más de un minuto, tras 
lo cual los acusados abandonaron voluntariamente el local. Las consignas que corearon 
no pueden ser consideradas discurso del odio ni incitación a la violencia, por lo que las 
penas impuestas suponen una infracción del principio de proporcionalidad de las penas y 
una vulneración de los citados derechos fundamentales.
14.  La  Sala  Segunda  de  este  Tribunal,  por  sendas  providencias  de  16  de 
noviembre de 2017, acordó la admisión a trámite de los recursos de amparo núms. 
3218-2017, 3313-2017, 3331-2017, 3358-2017, 3362-2017 y 3376-2017, apreciando que 
concurre en los mismos una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] como consecuencia de que la doctrina de 
este Tribunal sobre el derecho fundamental que se alega podría estar siendo incumplida 
de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria o pudieran existir resoluciones 
judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 e)]; dirigir 
atenta comunicación a los órganos judiciales para que remitan certificación o fotocopia 
adverada de las actuaciones y emplazamiento para que puedan comparecen en los 
recursos de amparo quienes hubieran sido parte en el procedimiento; dar audiencia a las 
partes recurrentes y al ministerio fiscal por si procediera la acumulación de los recursos 
de  amparo  núms.  3218-2017,  3313-2017,  3331-2017,  3358-2017,  3362-2017 
y 3376-2017; y la formación de pieza separada para la tramitación del incidente sobre la 
suspensión solicitada.
15.  La Sala Segunda de este Tribunal, por AATC 155/2017, 156/2017, 157/2018, 
158/2017, 159/2017 y 160/2017, todos ellos de 21 de noviembre, acordó la suspensión 
exclusivamente en lo referido a las penas privativas de libertad y accesorias a las 
mismas impuestas a los recurrentes.
16.  La Sala Segunda de este Tribunal, por ATC 44/2018, de 23 de abril, acordó la 
acumulación  de  los  recursos  de  amparo  núms.  3313-2017,  3331-2017,  3358-2017, 
3362-2017 y 3376-2017, al recurso de amparo núm. 3218-2017, para que siguieran una 
misma tramitación hasta su resolución, también única, desde el común estado procesal 
en que se hallan.
17.  La secretaría de justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, por diligencias de 
ordenación  de  25  de  mayo  de  2018,  acordó  tener  por  personado  al  letrado  de  la 
Generalitat de Cataluña y a la procuradora de los Tribunales doña Cristina Gramage 
López, en nombre y representación de don Tomás Bor, y dar vista de las actuaciones al 
ministerio fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días para presentar 
las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52 LOTC.
18.  El  ministerio  fiscal,  por  escrito  registrado  el  22  de  junio  de  2018,  formuló  e.e
alegaciones interesando los siguientes pronunciamientos: b
gCparaorsan«anu1dtn.ío ac,is aI nmdSaeiedal nmnattoiirtati .rgd  o2ee 4 lc .2omC noaCdtbeEiven ozap u rdepoeloma r o vevulGil dndaoeer rlcapitícooai r ód nPey  e dddearVloñ  oídcCset ohreeran cp habDorier ioena ge Vosue  ndla eVcp oirdlolroaacmlcbehasinoo i.o  c rPoeoa snuup sletaooc  dtMpoaú isjba lrdlieaceossl     OE-A-2020-22able en https://
del art. 263.2.4 CP.
2.  Inadmitir el motivo por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del 
art. 24.2 CE en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías promovido 
por Pablo Pavón Cadierno respecto a los pronunciamientos de condena por los delitos 
de daños en bienes de dominio o uso público del art. 263.2.4 CP y concurso ideal de los 
delitos de desórdenes públicos del art. 557.l CP y de impedimento del derecho de 
reunión del art. 514.4 CP.
3.  Inadmitir el motivo por vulneración del principio de legalidad del art. 25.1 CE 
promovido  por  José  Pedro  Cruz  Sanz,  Pablo  Pavón  Cadierno  y  Pedro  Chaparro 
Velacoracho.
4.  Inadmitir el motivo de vulneración del principio de legalidad del art. 25.1 CE 
promovido  por  Javier  Marcos  Aroca  respecto  del  pronunciamiento  de  condena  por 
haberse apreciado la agravante del art. 22.4 CP.
5.  Inadmitir el motivo por vulneración de las libertades de pensamiento del art. 16.1 
CE y expresión del art. 20.1 a) CE promovido por José Pedro Cruz Sanz.
6.  Declarar vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías del art. 24.2 
CE por haberse apreciado la concurrencia de la agravante de obrar por motivos de 
discriminación  por  razones  ideológicas  sin  haber  sido  oídos  previamente  a  ser 
condenados de Víctor Diego Villalba, Santiago Cabezuela García, José Pedro Cruz 
Sanz,  Javier  Marcos  Aroca,  Sergio  Reguilón  Fumero,  Manuel  Andrino  Lobo,  Jesús 
Fernando Fernández Gil, Íñigo Pérez de Herrasti Urquijo y Miguel Venegas Girón.
En consecuencia, declarar la nulidad de las sentencias de 11 de enero de 2017 y 
autos de 7 de febrero de 2017 y de 4 de mayo de 2017, respecto del pronunciamiento 
relativo a la concurrencia de la agravante del art. 22.4 CP y proceder a dictar nueva 
sentencia con respeto al derecho vulnerado tal como se ha indicado precedentemente.
7.  Declarar vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías del art. 24.2 
CE por haber sido condenados por el subtipo agravado del delito de daños en bienes de 
dominio o uso público o comunal del art. 263.2.4 CP por no haber sido oídos Víctor 
Diego Villalba. Santiago Cabezuela García. José Pedro Cruz Sanz, Javier Marcos Aroca, 
Sergio Reguilón Fumero, Manuel Andrino Lobo, Jesús Fernando Fernández Gil, Pablo 
Pavón Cadierno, Íñigo Pérez de Herrasti Urquijo, Miguel Venegas Girón, Pedro Chaparro 
Velacoracho y Paula Mijares Casado.
En consecuencia, declarar la nulidad de las sentencias de 11 de enero de 2017 y 
autos de 7 de febrero de 2017 y de 4 de mayo de 201 7, respecto del pronunciamiento 
relativo a la condena por el subtipo agravado del delito de daños en bienes de dominio o 
uso público o comunal del art. 263.2.4 CP y proceder a dictar nueva sentencia con 
respeto al derecho vulnerado tal como se ha indicado precedentemente.
8.  Declarar vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías del art. 24.2 
CE y el derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 CE de Pablo Pavón Cadierno, 
Pedro  Chaparro  Velacoracho  y  Paula  Mijares  Casado  por  haberse  apreciado  la 
concurrencia, en los mismos, de la agravante de discriminación por motivos ideológicos 
del art. 22.4 CP.
En consecuencia, declarar la nulidad de las sentencias de 11 de enero de 2017 y 
autos de 7 de febrero de 2017 y de 4 de mayo de 2017 en cuanto al pronunciamiento de 
apreciar la concurrencia de la agravante del art. 22.4 CP para los recurrentes Pablo 
Pavón Cadierno, Pedro Chaparro Velacoracho y Paula Mijares Casado.
9.  Igualmente, respecto de Pablo Pavón Cadierno, Pedro Chaparro Velacoracho y 
Paula Mijares Casado es procedente, declarar la nulidad de aquellos pronunciamientos 
relativos  a  las  penas  impuestas  que  fueron  determinadas  con  apreciación  de  la  s
mencionada agravante para que se proceda a una nueva fijación de las penas. oe.
10.  Desestimar en todo lo demás los motivos por vulneración del derecho a un  w.
proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE de los recurrentes. 46ww
y S1a1n.t iagDoe sCeasbtimezaure lloas  Greasrtcaínat,e sJ omséo tiPvoesd rdoe  Camrupza rSoa anlze,g aJadvoise rp oMr aVríccotos r ADrioecgao,  VSilelarlgbiao 
Reguilón Fumero, Manuel Andrino Lobo, Jesús Fernando Fernández Gil, Pablo Pavón
Cadierno,  Íñigo  Pérez  de  Herrasti  Urquijo,  Miguel  Venegas  Girón,  Pedro  Chaparro 
Velacoracho y Paula Mijares Casado.»
El ministerio fiscal sustenta estas peticiones con la siguiente fundamentación jurídica:
a)  En el fundamento de derecho primero hace una descripción de las invocaciones 
realizadas en los diferentes recursos de amparo, exponiendo en el fundamento de 
derecho segundo que el orden de su análisis ha de comenzar con la invocación del 
derecho a un proceso con todas las garantías por su carácter procesal, que, en caso de 
ser apreciado, supondría la nulidad de la sentencia o de alguno de sus pronunciamientos 
con retroacción de actuaciones para que haya un nuevo pronunciamiento con respeto a 
dicho derecho fundamental, procediendo a continuación con el análisis del resto de 
vulneraciones.
b)  En el fundamento de derecho tercero, el ministerio fiscal aborda el análisis de lo 
que afirma es la queja principal de los recurrentes relativa a la vulneración del derecho a 
un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) por la agravación que ha supuesto 
para los recurrentes la condena en casación, sin haberse dado un previo trámite de 
audiencia, respecto de (i) la aplicación de subtipo agravado del delito de daños por 
recaer en bienes de uso público (art. 263.2.4 CP), (ii) la aplicación de un concurso ideal 
entre los delitos de impedir el derecho de reunión (art. 514.4 CP) y de desórdenes 
públicos (art 557.1 CP) y (iii) la aplicación de la agravante de obrar por causa de 
discriminación por motivos ideológicos (art. 22.4 CP); aspectos todos ellos de los que 
habían sido absueltos los recurrentes en la sentencia de instancia.
Como concreción subjetiva de esta invocación, el ministerio fiscal afirma que don 
Pedro Chaparro Velacoracho, demandante en el recurso de amparo núm. 3218-2017; 
doña Paula Mijares Casado, demandante en el recurso de amparo núm. 3313-2017; y 
don Santiago Cabezuela García y don Víctor Diego Villalba, demandantes en el recurso 
de amparo núm. 3331-2017, no suscitaron esta invocación respecto del pronunciamiento 
de condena por el delito de daños en bienes de dominio o uso público del art. 263.2.4 CP 
ni en el incidente de nulidad de actuaciones ni tampoco en sus demandas de amparo, 
por lo que respecto de estos recurrentes esta cuestión está incursa en la causa de 
inadmisión de falta de agotamiento de la vía judicial previa [art. 50.1 a), en relación con 
el art. 44.1 a) LOTC].
En cuanto a esta invocación, el ministerio fiscal hace una extensa exposición de la 
jurisprudencia constitucional sobre el particular con una amplia cita de la STC 88/2013, 
de 11 de abril, concluyendo lo siguiente:
(i)  Por lo que se refiere a la aplicación del subtipo agravado del delito de daños por 
recaer en bienes de uso público, argumenta que la sentencia de instancia consideró 
probado que los recurrentes «entraron en tropel a la planta a pie de calle del citado 
inmueble,  donde  se  encuentra  la  librería  abierta  al  público,  rompiendo  la  puerta 
automática de cristal de entrada al local causando daños», pero no condenó por el 
subtipo agravado del delito de daños en bienes de dominio o uso público o comunal, 
limitándose a señalar que se trataba de un especio público en un edificio propiedad de la 
Generalitat  de  Cataluña,  pero  sin  pronunciarse  sobre  dicho  carácter  de  bienes  de 
dominio o uso público o comunal. Por el contrario, la sentencia de casación concluyó la 
concurrencia de este subtipo agravado derivada directamente del carácter público del 
local, exponiendo en el auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones que el 
elemento  subjetivo  sobre  el  conocimiento  de  ese  carácter  público  del  bien  dañado  s
rezumaba en el factum, ya que los acusados, enterados por las redes sociales de la  oe.
celebración del acto y del lugar, acordaron a una hora determinada concentrarse en el  w.
epcedúlibefilcbicirooa  r daloal n idDnemia dusaee b dilbeea.   CAaa  tcpaealulreñtibar r adyr .e n Poeo llrpo o,t adeníalt onm,  dsienasisbctíoeanrnioo c qeufirse c qaeulr ea a sfliaerm  seaes dtaqebu aed  odnlaad nedc oosn euc nliub sauió saon    2020-2246n https://ww
alcanzada en la sentencia de casación sobre la concurrencia del subtipo agravado de
daños por el uso público del bien se ha producido con una vulneración del derecho a un
proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE por no oír a los recurrentes, que no han 
podido exponer su versión de los hechos respecto a la concurrencia del elemento 
subjetivo del subtipo del delito de daños por los que se les condena y del que habían 
sido absueltos en la instancia. El ministerio fiscal incide en que «la condena en casación 
por  este  delito  de  daños  en  bienes  de  dominio  o  uso  público  conlleva  una 
reconsideración de los hechos probados para determinar el elemento subjetivo del delito, 
referido al conocimiento que los condenados tenían de la condición de bien de dominio o 
uso público o comunal del local donde se celebraba el día de la Diada de Cataluña, 
expresamente en el auto resolutorio del incidente de nulidad declara que todos conocían 
la cualificación del art. 263.2.4 CP, esto es, el carácter de bien de dominio o uso público 
o comunal, con base en un razonamiento inductivo de los distintos elementos que sobre 
el carácter público del acontecimiento del convocante del evento, la Delegación de la 
Generalitat de Cataluña ante el Gobierno del Estado, del objeto de la celebración, el día 
de la Diada de Cataluña, y del hecho de que la sentencia de instancia declara que se 
trataba  de  un  "espacio  público".  De  manera  que  la  divergencia,  que  supone  un 
agravamiento de la condena impuesta, no se reduce a una mera cuestión jurídica de la 
concurrencia de los elementos del delito, sino en relación con una cuestión de naturaleza 
fáctica, como es la concurrencia del elemento subjetivo del delito, a saber, si eran 
conscientes de aquel carácter de bien de dominio o uso público del local donde se 
celebraba el acto, la librería o centro cultural Blanquerna, con independencia del carácter 
institucional del mismo, que no era ignorado por los condenados, con lo que contradice 
la conclusión a la que llegó la Audiencia Provincial […]».
(ii)  Por lo que se refiere a la aplicación de la agravante por haber actuado por 
motivos de discriminación ideológica (art. 22.4 CP), el ministerio fiscal argumenta que la 
discrepancia entre la sentencia de instancia y la de casación radica en que, mientras la 
primera rechazó su aplicación al entender que en los relatos fácticos de las acusaciones 
no se describía este móvil, ya que para apreciar la agravación no es suficiente que los 
acusados  pertenezcan  a  distintos  grupos  políticos  sino  que  es  preciso  que  quede 
acreditado el elemento intencional discriminatorio por motivos ideológicos; la segunda 
concluye  su  aplicación  al  considerar  que  de  los  hechos  probados  se  deriva  la 
intencionalidad discriminatoria cuando se afirma que la concentración convocada lo fue 
para impedir la celebración del acto al tener posiciones antagónicas con el movimiento 
independentista catalán. A partir de ello sostiene que «supone valorar un elemento 
anímico del sujeto, la intencionalidad o ánimo que guía la conducta del sujeto activo del 
delito,  el  móvil  subjetivo  que  mueve  la  conducta  del  mismo,  y  aunque  llega  a  la 
conclusión de la existencia de dicho móvil ideológico a partir de las inferencias que 
realiza con escrupuloso respeto a los hechos probados, sin embargo, en cuanto que 
supone valorar la intencionalidad que guio al sujeto a realizar los hechos por los que 
fueron condenados, era necesario que el Tribunal Supremo oyera el testimonio de los 
recurrentes para valorar dicho elemento subjetivo del móvil de la conducta de aquellos 
de manera que se les ha privado de la posibilidad de dar su versión sobre dicho 
elemento anímico vulnerándose su derecho de defensa y por ello su derecho a un 
proceso  con  todas  las  garantías  al  desconocerse  la  doctrina  de  este  Alto  Tribunal 
expuesta en la STC 88/2013, por todas». A ello añade que, «además, los distintos 
elementos de los hechos declarados probados por la sentencia de instancia a partir de 
los cuales el Tribunal Supremo aprecia la agravante del art. 22.4 CP, son el resultado, 
entre otras, de la prueba testifical practicada con inmediación, contradicción y oralidad 
ante la Audiencia Provincial, circunstancia que no se da en el proceder del Tribunal  s
Supremo. De nuevo el Tribunal Supremo aprecia un elemento subjetivo, como es el  oe.
móvil de la conducta del sujeto, para declarar probado la concurrencia de la agravante  w.
de discriminación por motivos ideológicos del art. 22.4 CP sin valorar el testimonio de los  46ww
irdeecoulróregnictoess  as olobsr er eluan iidnotesn ecino neal lcideandtr od ec udltiusrcarli mBilnaanrq uceornn as, ucso nctoranddiuccietansd oy  lap opro smtuortaiv does 
rlae cuSrarelan tedse  sionbsrtea nsci iae l fqinu ed er escuh caoznód uscut aa eprrae cdiiascciróimn indaer  am laons erreau nqiduoes  aplo rn sou  ocoírn dai cilóons   BOE-A-cable e
de catalanes y sus tesis separatistas no les ha permitido dar su versión sobre el móvil 
discriminatorio y los hechos que se les imputan en tal sentido, vulnerando el derecho a 
un proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE de los recurrentes».
(iii) Por lo que se refiere a la aplicación del delito de impedir el derecho de reunión en 
concurso ideal con el delito de desórdenes públicos, el ministerio fiscal argumenta que 
respecto de esta cuestión no cabe apreciar la vulneración alegada del derecho a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), ya que, si bien es cierto que la sentencia 
de instancia no condenó por el delito de impedir el derecho de reunión, la apreciación de 
ese delito en la sentencia de casación no trae causa, como alegan los recurrentes, de la 
apreciación  autónoma  del  elemento  subjetivo  de  este  delito  y,  por  tanto,  de  una 
revaloración de la declaración de hechos probados, sino de una estricta cuestión jurídica 
como era la de determinar si la relación entre los delitos de impedir el derecho de 
reunión y de desórdenes públicos era de concurso de leyes, que era lo sostenido por la 
sentencia de instancia, o de concurso de delitos, que fue lo sostenido por la sentencia de 
casación. A esos efectos, el ministerio fiscal expone que la lectura de la sentencia de 
instancia pone de manifiesto que el motivo para no apreciar el delito de impedir el 
derecho de reunión en los recurrentes es estrictamente técnico-jurídico y no fáctico, ya 
que, tras haberse apreciado la concurrencia de un delito de desórdenes públicos, al 
momento de analizar la subsunción de la conducta en el delito de impedir el derecho de 
reunión, se razona que, si bien «no se pudo conmemorar la Diada en los términos 
pretendidos  y  previstos  por  los  organizadores  por  la  grave  repercusión  en  las 
condiciones de normalidad de los asistentes y organizadores del acto, atentando contra 
la paz pública, impidiendo el derecho de reunión y la normal convivencia», sin embargo, 
«si de nuevo se sancionara el que se impidiera el legítimo ejercicio de las libertades de 
reunión, en base al nuevo tipo penal que se invoca, se infringiría el principio ne bis in 
idem». Por el contrario, la sentencia de casación niega esa eventual infracción del non 
bis  in  idem  y  que  la  relación  entre  ambos  delitos  sea  de  concurso  de  normas, 
argumentando  que  ambos  delitos  pueden  concurrir  conjuntamente  pues  se  puede 
impedir una reunión sin cometer desórdenes públicos o producirse estos desórdenes 
públicos sin que existan personas reunidas en el ejercicio de ese derecho fundamental. 
Por  tanto,  el  ministerio  fiscal  concluye  que  la  sentencia  de  casación  resuelve  un 
problema estrictamente jurídico sobre la relación concursal entre ambos delitos sin 
revisar el factum de la sentencia de instancia, por lo que «en el presente caso, no le era 
obligado al Tribunal Supremo oír a los recurrentes si quería ser respetuoso con el 
derecho fundamental un proceso con todas las garantías ya que ha llevado a cabo una 
mera operación de calificación jurídica de los hechos declarados probados que recogen 
los elementos objetivos y subjetivos del delito de impedimento del derecho de reunión, 
que como se ha indicado no es penado por la sentencia de la Audiencia Provincial por 
aplicación del principio non bis in idem como manifestación del principio de legalidad del 
art. 25.1 CE».
c)  En el fundamento de derecho cuarto, el ministerio fiscal analiza la invocación del 
derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), en relación con la vulneración del 
derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), respecto de todas las 
consecuencias agravatorias apreciadas en la sentencia de casación sin haber oído 
previamente a los recurrentes.
Como concreción subjetiva y objetiva de esta invocación, el ministerio fiscal afirma 
que  (i)  don  Pablo  Pavón  Cadierno,  demandante  en  el  recurso  de  amparo  núm. 
3362-2017, invoca este derecho tanto en relación con la agravante de obrar por motivos  e.
de discriminación ideológica, como respecto de la apreciación del subtipo agravado del  w.b
delito de daños por afectar a bienes de dominio o uso público o comunal y del delito de  46ww
irmesppeedcirt oe al  dlae raepcrheoc iadcei órne udneiló na,g rpaevraon tqeu, ep oern l oe lq uinec iedle rnetest od ed en uculideasdtio, nseoslo – haargbuemr esnidtóo 
cdoensdóerdneandeos  ppoúrb leiclo ss uyb teipl od ea gimrapveaddior  edl ed edraeñchoos  dye  proeru neiló nc–o ndceubreson  sideer ailn addeml idtiedlaitso  pdoer 
estar incursas en la causa de inadmisión de falta de agotamiento de la vía judicial previa
[art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a) LOTC] y (ii) don Pedro Chaparro Velacoracho, 
demandante en el recurso de amparo núm. 3218-2017, y doña Paula Mijares Casado, 
demandante en el recurso de amparo núm. 3313-2017, no suscitaron esta invocación 
respecto del pronunciamiento de condena por el delito de daños en bienes de dominio o 
uso público del art. 263.2.4 CP ni en el incidente de nulidad de actuaciones ni tampoco 
en sus demandas de amparo, limitándola a la aplicación de la agravación de actuar por 
motivos de discriminación ideológica, por lo que el análisis de esta invocación debe 
también quedar limitado a este particular para ambos recurrentes.
El  ministerio  fiscal,  tras  reproducir  la  jurisprudencia  constitucional  sobre  esta 
invocación, con cita de la STC 88/2013, afirma, respecto de la aplicación de la agravante 
de actuar por móviles de discriminación ideológica, que «también debemos concluir que 
se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), toda vez que la 
parte nuclear de la actividad probatoria de la concurrencia de los elementos que integran 
la agravante de marcado carácter subjetivo resulta entre otras pruebas de la testifical 
que  ha  permitido  fijar  a  la  Audiencia  Provincial  los  diferentes  hechos  de  violencia, 
intimidación y vejatorios dado que son dichos actos y expresiones insultantes los que se 
toman en cuenta para fijar los elementos que integran la agravante y, en su caso, de los 
testimonios de los inculpados, esto es, son pruebas de naturaleza personal, entre otras, 
las que fijan el factum que integra la agravante por lo que al haberse fundado el factum 
de la sentencia de instancia sobre la agravante en pruebas personales, tales como la 
testifical, y no haber oído a los testigos el Tribunal Supremo de manera personal y 
directa, habría desconocido el derecho a un proceso con todas las garantías por lo que 
al excluirse de la valoración aquellas pruebas inciden sobre las inferencias que realiza el 
órgano de casación para concluir la existencia de la agravante de modo que habría 
vulnerado el derecho a presunción de inocencia del art. 24.2 CE». A partir de ello, solicita 
«la  anulación  de  los  pronunciamientos  de  la  sentencia  sobre  la  apreciación  de  la 
agravante de discriminación por motivos ideológicos y aquellos relativos a las penas 
impuestas las cuales se han cuantificado tomando en cuenta la agravante referida».
d)  En el fundamento de Derecho quinto, el ministerio fiscal analiza las invocaciones del 
derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) con fundamento en que se han apreciado, sin 
concurrir los elementos típicos de que los integran, (i) el concurso ideal entre el delito de 
desórdenes públicos del art. 557.1 CP y el de impedir el derecho de reunión del art. 514.4 
CP, (ii) el subtipo agravado el delito de daños por recaer en bienes de dominio o uso público 
y (iii) la agravante de discriminación por motivos ideológicos del art. 22.4 CP.
Como concreción subjetiva y objetiva de esta invocación, el ministerio fiscal afirma 
que (i) don José Pedro Cruz Sanz, uno de los demandantes en el recurso de amparo 
núm. 3358-2017, y don Pablo Pavón Cadierno, demandante en el recurso de amparo 
núm. 3326-2017, no alegaron la vulneración del art. 25.1 CE en sus incidentes de 
nulidad  de actuaciones  por  lo  que esta invocación  debe ser inadmitida para estos 
concretos  recurrentes  por  estar  incursa  en  la  causa  de  inadmisión  de  falta  de 
agotamiento de la vía judicial previa [art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a) LOTC]; 
(ii) esa misma causa de inadmisión y por el mismo motivo concurre respecto de don 
Pedro Chaparro Velacoracho, demandante en el recurso de amparo núm. 3218-2017, y 
don Javier Marcos Aroca, uno de los demandantes en el recurso de amparo núm. 
3358-2017,  que  tampoco  suscitaron  en  su  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  la 
vulneración de este derecho respecto de la aplicación del subtipo agravado del delito de 
daños y (iii) don  Sergio Reguilón Fumero, don Manuel Andrino Lobo y don Jesús 
Fernando  Fernández  Gil,  también  demandantes  en  el  recurso  de  amparo  núm.  s
3358-2017, si bien suscitaron la cuestión de la vulneración del art. 25.1 CE respecto de  oe.
la aplicación del subtipo agravado del delito de daños en su incidente de nulidad, sin  w.
embargo, no lo han invocado en el recurso de amparo por lo que es un aspecto que  46ww
qtaumep eolc aon páuliesidse d seel rp orebsjeetnot ed em portoivnou ndceia ammiepnatroo.  Edenb dee qfinuietidvaar,  ecilr cmuinnsisctreitroio  afi slac aql useojsat ieqnuee 
enfúemct.ú 3a3 5d8o-n2 0J1a,v rieers pMeactroc odse  Alar occoan, duennoa  edne  cloosn cduersmoa inddeaanl tpeosr  elons  edle rlietocsu rdseo  ddees óarmdepnaeros   BOE-A-cable e
públicos del art. 557.1 CP y de impedir el delito de derecho de reunión del art. 514.4 CP, 
ya que también la invocación de este derecho realizada por este recurrente respecto del 
pronunciamiento de condena por haberse apreciado la agravante del art. 22.4 CP está 
incursa en la causa de inadmisión de falta de agotamiento de la vía judicial previa 
[art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a) LOTC] al no haberse hecho valer en su 
incidente de nulidad de actuaciones.
El  ministerio  fiscal,  tras  reproducir  la  jurisprudencia  constitucional  sobre  esta 
invocación, con cita de la STC 12/2018, afirma que en la sentencia de casación no se ha 
vulnerado el art. 25.1 CE, ya que el razonamiento en virtud del cual se aprecia el 
concurso ideal entre los delitos de impedir el derecho de reunión y el de desórdenes 
públicos responde a un modo de razonar que no conduce a una subsunción contraria al 
tenor literal de los preceptos penales aplicados, «pues de la lectura de los hechos 
probados se deduce los elementos típicos de ambas figuras delictivas, y explica por qué 
el delito de desórdenes públicos no absorbe al delito de impedimento del derecho de 
reunión al no apreciarse identidad de fundamento de penar, lo que conlleva el respeto al 
principio non bis in idem, por ello no puede considerarse contrario a las pautas de 
razonamiento  comúnmente  aceptadas  la  apreciación  de  ambos  delitos,  si  bien  en 
concurso  ideal».  El  ministerio  fiscal,  además,  pone  de  manifiesto  que  «a  mayor 
abundamiento, en el presente supuesto, ateniéndose a los hechos declarados probados 
por los órganos judiciales, no puede afirmarse que la regla concursal aplicada por el 
Tribunal Supremo (concurso ideal de delitos entre los previstos en los arts. 557.1 y 514.4 
CP) sea imprevisible conforme al tenor literal de la norma aplicada (art. 77 CE) y a las 
pautas interpretativas al uso en la comunidad jurídica, habiendo invocado la acusación 
particular la existencia de un concurso real en ambos delitos, de apreciarse la existencia 
de delito de impedimento del derecho de reunión al tratarse de unos mismos hechos 
presididos por idéntico dicho concurso real e interpretarse que se trataba de una unidad 
de propósito, debía rechazarse concurso ideal, por lo que no cabe apreciar tampoco la 
vulneración de los derechos fundamentales invocados en este caso».
e)  En el fundamento de derecho sexto, el ministerio fiscal analiza las invocaciones 
de los derechos a la libertad ideológica (art. 16 CE) y de expresión [art. 20.1 a) CE] por 
considerar que se ha sancionado desproporcionadamente el ejercicio de estos derechos 
fundamentales de los recurrentes.
Como concreción subjetiva y objetiva de esta invocación, el ministerio fiscal afirma 
que  (i)  don  Pablo  Pavón  Cadierno,  demandante  en  el  recurso  de  amparo  núm. 
3326-2017, no ha suscitado esta cuestión en el recurso de amparo y (ii) don José Pedro 
Cruz Sanz, uno de los demandantes en el recurso de amparo núm. 3358-2017, si bien la 
ha alegado en su recurso de amparo, no suscitó la cuestión en el incidente de nulidad de 
actuaciones,  por  lo  que  esta  invocación  debe  ser  inadmitida  para  este  concreto 
recurrente por estar incursa en la causa de inadmisión de falta de agotamiento de la vía 
judicial previa [art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a) LOTC], pero no respecto del 
resto de demandantes en el recurso de amparo núm. 3358-2017. Igualmente, considera 
que también ha existido un correcto agotamiento y una invocación en sus demandas de 
amparo de este derecho por parte de don Íñigo Pérez de Herrasti Urquijo y don Manuel 
Venegas Girón, demandantes en el recurso de amparo núm. 3376-2017.
El  ministerio  fiscal,  tras  reproducir  la  jurisprudencia  constitucional  sobre  esta 
invocación, con cita de la STC 112/2016, afirma que en la sentencia de casación no se 
han  vulnerado  estos  derechos  fundamentales,  ya  que  los  recurrentes  no  fueron 
sancionados «por su ideología ni por los eslóganes o frases pronunciadas en defensa de  s
dicha ideología, se les sanciona por los actos de violencia, intimidación e insultantes  oe.
hacia los reunidos y las consecuencias que tuvieron sobre el acto de celebración del día  w.
de  la  Diada  de  Cataluña  en  el  centro  cultural  Blanquerna,  que  se  concretó  en  la  46ww
seusstapbean spiróong rdaem laad rae upnoiró lno sp aorrag alnai zcaedleobrerasc dióenl  adcetlo d»í.a A d eel lola  sDe iaadñaa ddee q Cuaet alolus ñrae ctuarl reconmteos 
hpaebnrsíaamn iehnetcohso  e« uidne eajse,r cpicuieos  asbeu smivaon difiee sutan  dceorne cahcoto, sc odme ov iloal elinbceirat aqdu dee t reaxnpsrgerseidóenn d ey   BOE-A-cable e
lesionan derechos fundamentales, como el derecho de reunión y el de igualdad, y bienes 
constitucionalmente  protegidos,  como  el  respeto  al  libre  ejercicio  de  los  derechos 
fundamentales de terceros o el orden público y la paz social», recordando que «la propia 
Constitución en el art. 16.1, donde se recoge esta libertad de pensamiento y a tener una 
ideología, señala como límite a su manifestación el mantenimiento del orden público 
protegido por la ley». El ministerio fiscal concluye que «no cabe afirmar que en el 
presente caso la condena por los delitos que lo han sido los recurrentes tenga un efecto 
desalentador para las libertades en cuestión más cuando estas libertades han entrado en 
conflicto con otros derechos fundamentales o intereses de significada importancia social 
y  política  respaldados  por  la  legislación  penal,  sin  que  dichas  libertades  queden 
desnaturalizadas por las condenas impuestas. Es evidente que la forma en que se 
desarrollaron  los  hechos  pone  en  riesgo  principios  y  valores  de  la  convivencia 
democrática de la sociedad, como es el pluralismo político y el respeto a los derechos 
fundamentales de los demás, no se ha sancionado un determinado pensamiento político, 
la  condena  radica  en  la  realización  de  conductas  delictivas  no  necesarias  para 
exteriorizar una ideología contraria a las tesis de los reunidos».
f)  En el fundamento de derecho séptimo, el ministerio fiscal expone que don Javier 
Marcos Aroca, uno de los demandantes en el recurso de amparo núm. 3358-2017, alega 
la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por incurrir en un 
defecto constitucional de motivación tanto en relación con la no aplicación general de la 
atenuación de reparación  del daño –que queda limitada al delito de daños– como 
respecto de la apreciación de la violencia necesaria para apreciar el delito de impedir el 
derecho de reunión.
El  ministerio  fiscal,  tras  reproducir  la  jurisprudencia  constitucional  sobre  esta 
invocación, afirma que en la sentencia de casación no se han vulnerado estos derechos 
fundamentales, pues «se han explicitado las razones por las cuales no es aplicable al 
delito de desórdenes públicos la atenuante de reparación del daño y solo al delito de 
daños en la medida en que los daños no pueden ser monetariamente indemnizados para 
el delito de desórdenes públicos, dado que el bien jurídico protegido es el orden público, 
un bien de carácter público que per se no puede llevar una reparación patrimonial, y 
porque el perjudicado es la sociedad en su conjunto y solo puede considerarse la 
reparación a que se refiere el art. 21.5 CP cuando se trate de daños y lesiones con 
perjudicados  concretos  cuya  reparación  ve  disminuida  dichas  consecuencias 
perjudiciales y no cabe la reparación respecto a aquellos otros ilícitos en los que no 
puede individualizarse en un sujeto concreto el perjuicio causado». A ello añade, por lo 
que se refiere a la concurrencia de la violencia para subsumir el delito de impedimento 
del derecho de reunión, que «el Tribunal Supremo en su auto resolutorio del incidente 
explicita la existencia del requisito de la violencia, a partir del factum de la sentencia de 
instancia, describiendo así una serie de actos de los partícipes que manifiestan una 
situación de violencia, intimidación y vejación para los asistentes al acto de celebración 
del día de la Diada de Cataluña en el centro cultural Blanquerna».
g)  En el fundamento de derecho ocho, el ministerio fiscal analiza la invocación del 
derecho a la legalidad penal invocado por los demandantes en el recurso de amparo 
núm.  3358-2017  por  haberse  impuesto  las  costas  en  el  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones, argumentando que (i) esta invocación debe reconducirse a la vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24.1 CE en su vertiente de 
derecho a una resolución motivada y fundada en derecho y que (ii) se está cuestionando 
la constitucionalidad de la norma, pero que no cabe apreciar la vulneración aducida, ya  s
que el órgano judicial se ha limitado a aplicar una disposición legal que claramente  oe.
impone con carácter imperativo las costas al promotor del incidente de nulidad cuyas  w.
peticiones se hubieran desestimado. 46ww
19.  Los demandantes en los recursos de amparo núms. 3218-2017, 3313-2017
ym 3a3yo5 8d-e2 021071 8p rreastiefinctáanrdoons seu, se na leegseancicoian,e es nm laesd ifaonrtme uslaednadso se ne sscursit orse srpeegcistitvraadso dse eml a3n1d daes 
de amparo.
20.  Los demandantes en los recursos de amparo núms. 3331-2017 y 3376-2017 
presentaron sus alegaciones mediante sendos escritos registrados el 1 de junio de 2018 
ratificándose, en esencia, en las formuladas en sus respectivas demandas de amparo.
21.  El letrado de la Generalitat de Cataluña presentó sus alegaciones mediante 
escrito registrado el 31 de mayo de 2018 en el que solicita la integra desestimación de 
los recursos de amparo, con fundamento en los siguientes argumentos:
a)  No concurre la vulneración alegada del derecho a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE) por infracción del principio acusatorio, ya que si bien en la 
sentencia  de  casación  se  condenó  por  el  delito  de  impedir  el  derecho  de  reunión 
(art. 514.4 CP) en concurso ideal con un delito de desórdenes públicos (art. 557.1 CP), 
ello  no  implica  que  se  haya  impuesto  una  pena  superior  a  las  solicitadas  por  las 
acusaciones.  Destaca  que,  en  primer  lugar,  tanto  en  los  escritos  provisionales  de 
acusación como en los definitivos de las acusaciones particulares, incluyendo la ejercida 
por la Generalitat de Cataluña, ya se calificaron los hechos con la concurrencia real de 
ambos delitos. En segundo lugar, las acusaciones particulares cuando interpusieron el 
recurso  de  casación  volvieron  a  insistir  en  la  calificación  de  los  hechos  como  un 
concurso real entre ambos delitos y no como un mero concurso de normas por el que 
había optado la sentencia de instancia, aspecto que fue apoyado por el ministerio fiscal. 
En tercer lugar, la sentencia de casación finalmente consideró que, en efecto, no existía 
un concurso de normas sino de delitos, pero en su modalidad de concurso ideal y no real 
como habían pedido las acusaciones. Por tanto, queda acreditado, por un lado, que los 
recurrentes conocieron en todo momento la pretensión acusatoria de que se aplicara la 
pena  correspondiente  a  ambos  delitos  y,  por  tanto,  pudieron  alegar  contra  dicha 
pretensión; y, por otro, que la sentencia de casación al aplicar la modalidad concursal 
ideal y no la real optó, frente a lo pretendido por la acusación, por una calificación más 
favorable, lo que determina que deba excluirse la aducida vulneración del principio 
acusatorio.
b)  No concurre la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) 
por la falta de motivación que se imputa a la sentencia de casación respecto del delito de 
daños  en  bienes  de  dominio  o  uso  público  (art.  263.2.4  CP),  ya  que  tanto  en  el 
fundamento de derecho quinto de la sentencia de casación como en el segundo del auto 
desestimatorio  del  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  se  expone  la  cita  de  las 
disposiciones legales en que se fundamenta la resolución y el razonamiento que justifica 
la subsunción.
c)  No concurren las vulneraciones de los derechos a la libertad ideológica (art. 16 
CE), de expresión [art. 20.1 a) CE] o de reunión (art. 21 CE), ya que las condenas no 
traen causa de la exteriorización o manifestación de un determinado credo o ideología ni 
por las consignas coreadas o los símbolos que portaban sino por la ejecución de 
concretos actos de violencia sobre las personas y la acusación de daños en bienes 
públicos.
22.  El demandante en el recurso de amparo núm. 3362-2017 y la procuradora doña 
Cristina Gramage López no han presentado alegaciones.
23.  Por providencia de 14 de enero de 2020, se señaló ese mismo día para la 
deliberación y votación de la presente sentencia.
II. Fundamentos jurídicos oe.
1.  El objeto del recurso: El objeto de los presentes recursos de amparo acumulados  46ww
dees redcehteorsm fiunnadr asmi elansta lreess:oluciones judiciales impugnadas han vulnerado los siguientes
a)  Los  derechos  a  un  proceso  con  todas  las  garantías  y  a  la  presunción  de
inocencia  (art.  24.2  CE)  por  haberse  aplicado  en  la  sentencia  de  casación  (i)  la
agravante genérica de haber actuado por móviles de discriminación ideológica (art. 22.4 
CP) a todos los delitos; (ii) el subtipo agravado del delito de daños por recaer en bienes 
de uso público (art. 263.2.4 CP), y (iii) el delito de impedir el derecho de reunión 
(art. 514.4 CP) en concurso ideal (art. 77 CP) con el delito de desórdenes públicos 
(art.  557.1  CP),  agravando  con  ello  en  la  segunda  instancia  las  responsabilidades 
penales impuestas en la primera, sin haberse dado un previo trámite de audiencia.
b)  El  derecho  a  un  proceso  con  todas  las  garantías  (art.  24.2  CE),  desde  la 
perspectiva del principio acusatorio, ya que se ha producido una condena en casación 
por un delito de impedir el derecho de reunión, en concurso ideal con un delito de 
desórdenes públicos, que se alega que no fue objeto de acusación y con una pena 
superior a la interesada por las acusaciones.
c)  La  vulneración  del  derecho  a  la  legalidad  penal  (art.  25.1  CE),  desde  la 
perspectiva de la interdicción de incurrir en bis in idem, ya que se alega que se han 
castigado unos mismos hechos de manera simultánea como delito de impedir el derecho 
de  reunión  y  delito  de  desórdenes  públicos  provocando  una  sanción  que  resulta 
desproporcionada y produce un efecto desaliento en el ejercicio del derecho de reunión.
d)  La vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la 
legalidad penal (art. 25.1 CE) por una interpretación y aplicación que no respeta el tenor 
literal de los preceptos penales relativos a (i) la agravante de actuar por motivos de 
discriminación ideológica, (ii) el subtipo agravado del delito de daños de recaer sobre 
bienes de dominio o uso público y (iii) el delito de impedir del derecho de reunión en 
concurso ideal con el delito de desórdenes públicos.
e)  La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la 
perspectiva del derecho a la motivación, ya que se alega que (i) la sentencia de casación 
y el auto desestimatorio de los incidentes de nulidad de actuaciones no se pronuncian ni 
acogen ninguno de los motivos alegados por las defensas y (ii) ha existido una condena 
en costas en el incidente de nulidad de actuaciones.
f)  La vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de expresión [art. 20.1 
a) CE] y a la libertad ideológica (art. 16 CE), ya que se alega que (i) la apreciación de la 
agravante de actuar por motivos de discriminación ideológica ha supuesto una aplicación 
desproporcionada de la pena de prisión contraria a la efectividad de estos derechos 
sustantivos al implicar un efecto disuasorio a su ejercicio; (ii) ya que sancionar en 
régimen de concurso ideal los delitos de desórdenes públicos y el de impedir el derecho 
de reunión supone un doble reproche que hace que la sanción sea desproporcionada y 
produce un efecto desaliento en el ejercicio del derecho de reunión, y (iii) se ha impuesto 
una pena de prisión por unas infracciones cometidas dentro del discurso político que solo 
resulta compatible con la libertad de expresión, según la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo  de  Derechos  Humanos,  en  circunstancias  excepcionales,  especialmente 
cuando  se  han  lesionado  gravemente  otros  derechos  fundamentales,  como  es  el 
supuesto en que se difunda un discurso de odio o incitación a la violencia, lo que no 
sucede en este caso.
g)  La vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), en 
relación con la condena por el delito de impedir el derecho de reunión, ya que se alega 
que no quedó probada la autoría de la acción de verter un spray en la sala al momento 
de abandonarla.
2. La especial trascendencia constitucional del recurso: Este Tribunal ha establecido 
que el requisito de admisibilidad de la especial trascendencia constitucional a que se 
refiere el art. 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) se exige del  e.
recurso y no de cada uno de los motivos en los que se fundamenta. A esos efectos, en la  w.b
STC 2/2013, de 14 de enero, se afirma que, como el recurso de amparo no ha perdido  46ww
vsiuo ladcimioennessi ódne  sluobs jedteivrae cchooms oy  ilnibsetrrutamdeenst of upnrdoacmeseanlt apleasr,a  «psrie esel rcvoanr teon irdeos tdaebll erceecru rlsaos 
jdues tsifuic cao unntean dideoc,i ssiiónn q suoeb sreea e pl ofosnibdleo  i[n…cl]u dire ob ee xscelur ira ddmetietirdmoi nya deoxas mminoativdoos e enn  lafu ntoctiaólnid daed 
su  especial  trascendencia  constitucional.  Dicho  en  otras  palabras,  la  especial
trascendencia constitucional se exige del recurso y no de cada uno de los motivos en 
concreto» (FJ 3).
En el presente caso la Sala Segunda de este Tribunal decidió la admisión de estos 
recursos de amparo ahora acumulados al apreciar que concurre en los mismos dicha 
especial trascendencia constitucional como consecuencia de que la doctrina sobre el 
derecho fundamental que se alega podría estar siendo incumplida de modo general y 
reiterado  por  la  jurisdicción  ordinaria  o  pudieran  existir  resoluciones  judiciales 
contradictorias  sobre  el  derecho  fundamental.  Al  haber  sido  muy  numerosas  las 
invocaciones  de  derechos  fundamentales  realizadas  en  las  diversas  demandas,  es 
preciso aclarar que la concreta doctrina que se considera que podría estar siendo 
incumplida  de  modo  general  es  la  establecida  por  el  Pleno  de  este  Tribunal 
Constitucional en la STC 167/2002, de 18 de diciembre, FFJJ 9 a 11, según la cual el 
respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, que forman parte del 
contenido del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), impone 
inexorablemente que toda condena articulada sobre pruebas personales se fundamente 
en  una  actividad  probatoria  que  el  órgano  judicial  haya  examinado  directa  y 
personalmente  en  un  debate  público,  en  el  que  se  respete  la  posibilidad  de 
contradicción.  Esta  jurisprudencia  ha  sido  posteriormente  complementada  por  la 
STC 184/2009, de 7 de septiembre, FJ 3, señalando que, en aquellos casos en los que 
se condena en segunda instancia, revocando una previa absolución, o se agravan sus 
consecuencias, debe igualmente atenderse a la eventual exigencia de la audiencia 
personal  del  acusado  como  garantía  específica  vinculada  al  derecho  de  defensa 
(art. 24.2 CE).
En aplicación de esta doctrina, son muy numerosas las sentencias que ha debido 
dictar  este  Tribunal  en  la  materia,  bien  constatando  este  incumplimiento 
(SSTC 125/2017, de 13 de noviembre; 73/2019, de 1 de julio, y 88/2019, de 1 de julio), 
bien con fundamento en la necesidad de aclarar algunos aspectos (SSTC 146/2017, 
de 14 de diciembre; 36/2018, de 23 de abril; 37/2018, de 23 de abril; 59/2018, de 4 de 
junio) o en ambos conjuntamente (STC 105/2016, de 6 de junio). Igualmente, son 
reiteradas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pronunciadas en 
los últimos años en que se ha apreciado la vulneración del art. 6.1 del Convenio europeo 
de derechos humanos en esta materia (SSTEDH de 8 de octubre de 2013, asunto Nieto 
Macero c. España; de 8 de octubre de 2013, asunto Román Zurdo y otros c. España; 
de 12 de noviembre de 2013, asunto Sainz Casla c. España; 8 de marzo de 2016, asunto 
Porcel Terribas y otros c. España; 13 de junio de 2017, asunto Atutxa Mendiola y otros c. 
España; o 24 de septiembre de 2019, asunto Camacho Camacho c. España).
3.  La  delimitación  subjetiva  del  recurso:  Es  preciso  hacer  una  serie  de 
consideraciones previas en respuesta a las cuestiones suscitadas por el ministerio fiscal 
en cuanto al alcance subjetivo de los pronunciamientos de este Tribunal en la resolución 
del presente recurso de amparo acumulado, tomando en consideración las invocaciones 
efectivamente  planteadas  en  las  respectivas  demandas  de  amparo  y  su  correcto 
agotamiento por haber sido oportunamente suscitado en la tramitación de los incidentes 
de nulidad de actuaciones promovidos en la vía judicial previa:
a)  La vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, en relación con 
la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), con fundamento en una agravación de la 
responsabilidad en la segunda instancia sin audiencia previa respecto de la aplicación de 
la agravante de actuar por motivaciones ideológicas (art. 22.4 CP), ha sido alegada por  e
todos los recurrentes y, además, fue puesta de manifiesto por todos ellos de manera  bo
directa en los respectivos incidentes de nulidad de actuaciones. Por tanto, cualquier  46ww
geevennetruaal lp aprrao ntoudnocsia lmosie rnetcou rerestnimteast.orio sobre el particular tendrá un alcance subjetivo
la prbe)s uLnaci óvnu lndeer aincoiócne ndceial  d(earret.c 2h4o. 2a  CunE )p, reonce usnoa c aognr atovdaacsió lna sd gea lara rnetísapso, nesna breilliadcaidó ne nco lan 
segunda instancia, sin audiencia previa respecto de la aplicación del subtipo agravado el
delito de daños, por recaer en bienes de dominio o uso público (art. 263.2.4 CP). Ha sido 
alegada por todos los recurrentes, excepto por los demandantes en los recursos de 
amparo núms. 3313-2017 –don Víctor Diego Villalba y don Santiago Cabezuela García– 
y  la  demandante  en  el  recurso  de  amparo  núm.  3331-2017  –doña  Paula  Mijares 
Casado–, lo que determina que cualquier eventual pronunciamiento estimatorio sobre 
este particular por parte de este Tribunal Constitucional no les resulte de aplicación por 
ser una cuestión no suscitada en sus demandas.
Respecto del resto de demandantes que sí han hecho invocación de este derecho, 
es de destacar que, tal como se ha expuesto en los antecedentes, en las actuaciones se 
constata que el demandante en el recurso de amparo núm. 3218-2017 –don Pedro 
Chaparro Velacoracho–, si bien ha alegado esta vulneración en su demanda de amparo, 
no suscitó esta cuestión en el incidente de nulidad de actuaciones que promovió en la 
vía judicial previa ni tampoco en la fase de alegaciones formuló ningún tipo de adhesión 
a ese motivo formulado en alguno de los incidentes planteados por otros condenados, ya 
que no hizo uso de la facultad de alegaciones que le fue concedida. No obstante, aunque 
el ministerio fiscal ha suscitado que la invocación por parte de este recurrente debe estar 
incursa en la causa de inadmisión de falta de agotamiento de la vía judicial previa 
[art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a) LOTC], resultaría en exceso rigorista apreciar 
dicha causa de inadmisión –o la de falta de denuncia formal [art. 50.1 a), en relación con 
el art. 44.1 c) LOTC]– respecto de este recurrente, ya que, siendo un motivo de alcance 
general para todos los condenados, habiendo sido suscitado en diversos incidentes de 
nulidad  de  actuaciones  por  otros  condenados  y  resuelto  por  el  órgano  judicial  de 
casación,  no  puede  descartarse  que  la  previsión  del  art.  903  LECrim  hubiera 
determinado  que  una  eventual  estimación  de  esta  concreta  cuestión  le  hubiera 
aprovechado, colmando con ello la posibilidad de una restauración temprana en la vía 
judicial  previa,  cuya  ausencia  es  el  fundamento  que  justifica,  por  razones  de 
subsidiariedad, la concurrencia de estas causas de inadmisión (SSTC 39/2004, de 22 de 
marzo, FJ 2; 127/2011, de 18 de julio, FJ 2 b), y 133/2014, de 22 de julio).
c)  La vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, en relación con 
la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), se fundamenta en una agravación de la 
responsabilidad en la segunda instancia sin audiencia previa, respecto de la aplicación 
del delito de impedir el derecho de reunión (art. 514.4 CP) en concurso ideal con el delito 
de desórdenes públicos. Ha sido alegada por todos los recurrentes, excepto por los 
demandantes  en  los  recursos  de  amparo  núms.  3218-2017  –don  Pedro  Chaparro 
Valacoracho–  y  3313-2017  –don  Víctor  Diego  Villalba  y  don  Santiago  Cabezuela 
García–, lo que determina que cualquier eventual pronunciamiento estimatorio sobre 
este particular por parte de este Tribunal Constitucional no les resulte de aplicación por 
ser una cuestión no suscitada en sus demandas.
Respecto del resto de demandantes que sí han hecho invocación de este derecho, 
es de destacar que, tal como se ha expuesto en los antecedentes, en las actuaciones se 
constata que tres de los demandantes en el recurso de amparo núm. 3358-2017 –don 
Sergio Reguilón Fumero, don Manuel Andrino Lobo y don Jesús Fernando Fernández 
Gil– y el demandante en el recurso de amparo núm. 3362-2017 –don Pablo Pavón 
Cardierno–, si bien han alegado esta vulneración en sus respectivas demandas de 
amparo, no suscitaron esta cuestión en los incidentes de nulidad de actuaciones que 
promovieron en la vía judicial previa. No obstante, habiendo quedado acreditado que 
todos ellos en sus escritos de alegaciones a los incidentes de nulidad de actuaciones 
interpuestos por los restantes condenados se adhirieron expresamente a su motivación,  s
resultaría en exceso formalista considerar que su invocación está incursa en la causa de  oe.
inadmisión de falta de agotamiento de la vía judicial previa [art. 50.1 a), en relación con  w.
el art. 44.1 a) LOTC] –o la de falta de denuncia formal [art. 50.1 a), en relación con el  46ww
amret.d 4ia4n.1te  cd)i cLhOa TaCd]h–e sreiósnp,e sceto h dueb ieersat odsa dreoc uunrrae notpeosr,t uynai dqaude e nfeoc tpivuae dael  ódregsacnaor tjaurdsicei aql udee, 
rimeepsutganbaleccióenrl,o sc oelmn asnud doe rceocnh oe,l loe nl ac apsoos idbeili dhaadb edre s iudnoa e rsetismtaaudroa ceióstne  tceomnpcrraentoa  meont ilvao  vdíae   BOE-A-cable e
judicial  previa,  cuya  ausencia  es  el  fundamento  que  justifica,  por  razones  de 
subsidiariedad, la concurrencia de estas causas de inadmisión, sin perjuicio de lo ya 
dicho en relación con la eventual aplicabilidad del art. 903 LECrim.
d)  La  vulneración  del  derecho  a  la  legalidad  sancionadora  (art.  25.1  CE),  se 
fundamenta en que se ha hecho una interpretación y aplicación en la sentencia de 
casación que no respeta el tenor literal de la agravante de actuar por motivos ideológicos 
(art. 22.4 CP). Ha sido alegada, bien con invocación del art. 25.1 CE, bien con la del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en los recursos de amparo núm. 
3218-2017, 3331-2017 y 3358-2017. El hecho de que esta invocación no hubiera sido 
alegada en los incidentes de nulidad de actuaciones interpuestos por los demandantes 
en el recurso de amparo 3218-2017 y 3331-2017 y alguno de los del recurso de amparo 
núm. 3358-2017 no permite apreciar la causa de inadmisión de falta de agotamiento de 
la vía judicial previa [art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a) LOTC] –o la de falta de 
denuncia formal [art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 c) LOTC]– respecto de dichos 
recurrentes, ya que, siendo un motivo de alcance general para todos los condenados y 
habiendo sido suscitado en diversos incidentes de nulidad de actuaciones por otros 
condenados y resuelto por el órgano judicial de casación, no puede descartarse que la 
previsión del art. 903 LECrim hubiera determinado que una eventual estimación de esta 
concreta cuestión les hubiera aprovechado, colmando con ello la posibilidad de una 
restauración temprana en la vía judicial previa, cuya ausencia es el fundamento que 
justifica, por razones de subsidiariedad, la concurrencia de estas causas de inadmisión 
(STC 39/2004, de 22 de marzo, FJ 2).
e)  La vulneración del derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE), se funda 
en que se ha hecho una interpretación y aplicación en la sentencia de casación que no 
respeta el tenor literal del subtipo agravado del delito de daños de recaer sobre bienes 
de dominio o uso público. Esta causa solo ha sido alegada por el recurrente en el 
recurso de amparo núm. 3218-2017. Si bien este recurrente no hizo invocación de este 
derecho  en  su  incidente  de  nulidad  de  actuaciones,  resultaría  en  exceso  rigorista 
apreciar la causa de inadmisión de falta de agotamiento de la vía judicial previa [art. 50.1 
a), en relación con el art. 44.1 a) LOTC] –o la de falta de denuncia formal [art. 50.1 a), en 
relación con el art. 44.1 c) LOTC]– respecto de este recurrente, ya que, siendo un motivo 
de alcance general para todos los condenados, habiendo sido suscitado en diversos 
incidentes de nulidad de actuaciones por otros condenados y resuelto por el órgano 
judicial de casación, no puede descartarse que la previsión del art. 903 LECrim hubiera 
determinado  que  una  eventual  estimación  de  esta  concreta  cuestión  le  hubiera 
aprovechado, colmando con ello la posibilidad de una restauración temprana en la vía 
judicial  previa,  cuya  ausencia  es  el  fundamento  que  justifica,  por  razones  de 
subsidiariedad, la concurrencia de estas causas de inadmisión (STC 39/2004, de 22 de 
marzo, FJ 2).
f)  La  vulneración  del  derecho  a  la  libertad  de  pensamiento  (art.  16  CE)  y  de 
expresión [art. 20.1 a) CE], se fundamenta en que apreciar en la sentencia de casación 
la agravante de actuar por motivos ideológicos (art. 22.4 CP) ha supuesto una aplicación 
desproporcionada de la pena de prisión contraria a la efectividad de estos derechos 
sustantivos, al implicar un efecto disuasorio a su ejercicio. Solo ha sido alegada por los 
recurrentes en el recurso de amparo núm. 3358-2017. Esta concreta invocación con este 
concreto fundamento solo fue invocada por uno de los demandantes en este recurso –
don Javier Marcos Aroca– en su incidente de nulidad de actuaciones. No obstante, 
habiendo quedado acreditado que el resto de demandantes en el recurso de amparo  s
núm.  3358-2017  en  sus  escritos  de  alegaciones  a  los  incidentes  de  nulidad  de  oe.
actuaciones interpuestos por los restantes condenados se adhirieron expresamente a  w.
sus motivos de nulidad, resultaría en exceso formalista considerar que está incurso en la  46ww
crealuascaió nd ec oinna deml aisritó. n4 4d.e1  faa)lt aL OdeT Ca]g o–toa mlai edneto  fadleta l ad ev íad ejunduincciaial  pforermviaal  [[aarrtt..  5500. .11  aa)),,  eenn 
rdeelasccaiórnta rcsoen q eule ,a mrt.e d4i4a.n1t ec )d iLcOhaT Cad]–h erseisópne, csteo  hdueb ieesrato sd ardeoc uurnrean otepso, rtyuan idqaude  enfoe cptiuvae dael   BOE-A-cable e
órgano judicial de reestablecerlos en su derecho, en caso de haber sido estimado este 
concreto motivo de impugnación, colmando con ello la posibilidad de una restauración 
temprana en la vía judicial previa, cuya ausencia es el fundamento que justifica, por 
razones de subsidiariedad, la concurrencia de estas causas de inadmisión, sin perjuicio 
de lo ya dicho en relación con la eventual aplicabilidad del art. 903 LECrim.
g)  La vulneración del derecho a la libertad de pensamiento (art. 16 CE) y de 
expresión [art. 20.1 a) CE], se funda en que sancionar en la sentencia de casación el 
delito de impedir el derecho de reunión en régimen de concurso ideal con el delito de 
desórdenes  públicos  supone  un  doble  reproche  que  hace  que  la  sanción  sea 
desproporcionada y produce un efecto desaliento en el ejercicio del derecho de reunión. 
Esta causa solo ha sido alegada por el recurrente en el recurso de amparo núm. 
3218-2017. Del mismo modo, la vulneración del derecho a la libertad de pensamiento 
(art. 16 CE) y de expresión [art. 20.1 a) CE], con fundamento en que se ha impuesto una 
pena de prisión por unas infracciones cometidas dentro del discurso político que solo 
resulta compatible con la libertad de expresión, según la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, en circunstancias excepcionales como es el supuesto 
en que se difunda un discurso de odio o incitación a la violencia, solo ha sido alegada 
por los recurrentes en el recurso de amparo núm. 3376-2017. Sin embargo, estas 
concretas invocaciones con estos concretos fundamentos no fueron alegadas por estos 
recurrentes ni por ningún otro en los incidentes de nulidad de actuaciones interpuestos 
por lo que son invocaciones incursas en la causa de inadmisión de falta de denuncia 
formal en la vía judicial previa [art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 c) LOTC].
4.  La jurisprudencia constitucional sobre los derechos a un proceso con todas las 
garantías y a la presunción de inocencia en la condena en la segunda instancia penal, 
revocando una previa absolución, o la agravación de sus pronunciamientos.  En los 
términos  en  que  ha  sido  expuesto  más  ampliamente  en  los  antecedentes,  los 
demandantes de amparo han invocado el derecho a un proceso con todas las garantías 
y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), por la agravación en las sentencias de 
casación, de los pronunciamientos de la sentencia de instancia relativos a la aplicación 
(i) de la agravante genérica de haber actuado por móviles de discriminación ideológica 
(art. 22.4 CP) a todos los delitos; (ii) del subtipo agravado del delito de daños por recaer 
en bienes de uso público (art. 263.2.4 CP), y (iii) del delito de impedir el derecho de 
reunión (art. 514.4 CP) en concurso ideal con el delito de desórdenes públicos. Los 
demandantes consideran que estas agravaciones de los pronunciamientos de la primera 
instancia  se  han  producido  revalorando  pruebas  personales  y  sin  haber  dado  la 
posibilidad de ser oídos para concluir en la sentencia de casación la concurrencia de 
elementos subjetivos.
El ministerio fiscal, por su parte, también considera que se ha vulnerado el derecho a 
un proceso con todas las garantías, en relación con la presunción de inocencia, pero 
solo en lo relativo a la aplicación de la agravante del art. 22.4 CP y del subtipo agravado 
del  delito  de  daños.  En  ambos  casos  se  trataba  de  la  subsunción  de  elementos 
subjetivos para los que resultaba necesario haber oído previamente a los acusados; pero 
no respecto de la condena por el delito de impedir el derecho de reunión, que trae causa 
de  una  mera  discrepancia  jurídica  sobre  si  la  relación  de  este  delito  con  el  de 
desórdenes públicos es de concurso de normas o de delitos.
El Pleno de este Tribunal ha resumido en las SSTC 88/2013, de 11 de abril, FFJJ 7 
a 9, y 146/2017, de 14 de diciembre, FFJJ 6 y 7, la doctrina constitucional al respecto, 
recordando que esta cuestión ha sido objeto de un detenido y extenso análisis en  e.
numerosas sentencias, inspiradas en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos  w.b
Humanos. Esta doctrina tiene su origen en la STC 167/2002, de 18 de diciembre, FFJJ 9  46ww
ap u1b1lic, ideand ,q iunem eedl iaPclieónno y  dceo netrsatdei cTcrióibnu,n qaul ed feocrmlaarón  pqauret ee dl erl ecsopneteton idao  lodse l pdreinrecciphioo sa  duen 
pcoroncdeesnoa  acortnic utloaddaas s olabsr e gparruaenbtaíass p e(arsrto. n2a4le.2s  sCe Efu),n dimampoennete  ienne xuonraa balcetmiveidnated  pqruoeb attoodriaa 
que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente en un debate público, en
el  que  se  respete  la  posibilidad  de  contradicción;  ha  sido  complementada  con  la 
STC 184/2009, de 7 de septiembre, FJ 3, señalando que también en estos casos se 
debe igualmente atender a la exigencia de la audiencia personal del acusado como 
garantía específica vinculada al derecho de defensa (art. 24.2 CE).
A partir de ello, se ha consolidado una jurisprudencia constitucional que puede 
quedar resumida, a los efectos que interesan en este recurso de amparo acumulado, en 
los siguientes elementos esenciales: (i) es contrario a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE) que un órgano judicial, conociendo a través de un recurso, condene a 
quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación a partir de una nueva 
valoración de pruebas personales o de una reconsideración de los hechos estimados 
probados, para establecer su responsabilidad penal o una agravación de la misma, 
siempre que no haya celebrado una audiencia pública en que se desarrolle la necesaria 
actividad probatoria, con las garantías de publicidad, inmediación y contradicción que le 
son propias, y se dé al acusado la posibilidad de defenderse, exponiendo su testimonio 
personal;  (ii)  no  cabe  efectuar  ese  reproche  constitucional  cuando  la  condena 
pronunciada en la segunda instancia o la agravación de la situación, a pesar de no 
haberse celebrado vista pública, tenga origen en una controversia estrictamente jurídica 
entre los órganos judiciales de primera y segunda instancia, en que no estén implicadas 
las garantías de publicidad, inmediación y contradicción y para cuya resolución no 
resulte necesario oír al acusado y, (iii) por lo que se refiere a los concretos supuestos en 
que la controversia o discrepancias se producen en relación con la concurrencia de los 
elementos subjetivos necesarios para establecer o agravar la responsabilidad penal, tal 
enjuiciamiento deberá venir presidido, en todo caso, por la previa audiencia al acusado, 
ya que forma parte, a estos efectos, de la vertiente fáctica del juicio que corresponde 
efectuar a los órganos judiciales.
En relación con esta última cuestión, es de destacar que este Tribunal ha afirmado 
que «el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado claro que todo el juicio de 
inferencia sobre el elemento subjetivo del delito, el ánimo de delinquir, es cuestión de 
hecho que cuando está articulado a partir de los datos extraídos de pruebas personales, 
exige la celebración de vista cuando se trata de revocar una sentencia absolutoria o, en 
su  caso,  como  aquí  sucede,  empeorar  la  condena.  Esta  jurisprudencia  resulta  de 
aplicación incluso si el control se hace en casación y la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo aduce que no puede celebrar vista, lo que ha traído consigo que precisamente 
resoluciones  del  Tribunal  Supremo,  y  de  este  Tribunal  Constitucional  que  las 
confirmaban, hayan sido declaradas contrarias al art. 6.1 del Convenio europeo para la 
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, por ejemplo, en 
las SSTEDH de 22 de noviembre de 2011, asunto Lacadena Calero c. España; 20 
marzo 2012, asunto Serrano Contreras c. España, o 27 de noviembre de 2012, asunto 
Vilanova Goterris c. España.  Estas mismas resoluciones señalan que el derecho a la 
inmediación supone una vista con práctica de esa prueba personal. Así se afirma que 
"no es posible proceder a valorar jurídicamente la actuación del acusado sin tratar de 
acreditar previamente la realidad de dicha actuación, lo que implica necesariamente la 
comprobación de la intención del acusado en relación con los hechos que se le imputan" 
(SSTEDH de 22 de noviembre de 2011, asunto Lacadena Calero c. España, § 47; o 20 
marzo 2012, asunto Serrano Contreras c. España; § 38); que "las cuestiones que deben 
ser examinadas por el Tribunal Supremo necesitan la valoración directa del testimonio 
del imputado o de otros testigos" (STEDH 20 marzo 2012, asunto Serrano Contreras c. 
España, § 40); o que "el imputado no fue oído personalmente sobre una cuestión de  s
hecho determinante para la valoración de su credibilidad" (SSTEDH 20 marzo 2012,  oe.
asunto Serrano Contreras c. España; § 41, o 27 de noviembre de 2012, asunto Vilanova  w.
Goterris c. España, § 35)» (STC 172/2016, de 17 de octubre). 46ww
FJ 6Ig; u3a7l/m20e1n8te, , dlaes 2 S3 SdTeC a 1b4ri6l,/ 2F0J1 77;,  5d9e/ 21041 d8e,  ddeic i4e mdeb rjeu,n FioJ,  7F;J  336,/ 2y0 7138/,2 d0e1 92,3 d dee 2 a0b driel, 
dmeal ydoe, liFtoJ,  2e,s itnec Tidreibnu enna l,q pueer «fileann dloo  reelf ecrreitnetreio a d lea  laac SreTdCit a1c8ió4n/2 d0e0 9lo, sa feirlmemó e"nqtuoes  tsaumbbjeiétinv oesl   BOE-A-cable e
enjuiciamiento sobre la concurrencia de los elementos subjetivos del delito forma parte, a 
estos efectos, de la vertiente fáctica del juicio que corresponde efectuar a los órganos 
judiciales, debiendo distinguirse del mismo el relativo a la estricta calificación jurídica que 
deba asignarse a los hechos una vez acreditada su existencia. De este modo, si bien la 
revisión de la razonabilidad de las inferencias a partir de la cual el órgano a quo llega a 
su conclusión sobre la inexistencia de dolo –u otro elemento subjetivo del tipo– no 
precisará de la garantía de inmediación si tal enjuiciamiento no se produce a partir de la 
valoración de declaraciones testificales, sí deberá venir presidido, en todo caso, por la 
previa audiencia al acusado" (STC 126/2012, de 18 de junio, FJ 4).
Tal ampliación era el corolario de la recepción, entre otras muchas, de las SSTEDH 
de 10 de marzo de 2009, asunto Igual Coll c. España, § 27; 21 de septiembre de 2010, 
asunto Marcos Barrios c. España, § 32; 16 de noviembre de 2010, asunto García 
Hernández c. España, § 25; 25 de octubre de 2011, asunto Almenara Álvarez c. España, 
§ 39; 22 de noviembre de 2011, asunto Lacadena Calero c. España, § 38. A las que 
siguieron con posterioridad las SSTEDH de 27 de noviembre de 2012, asunto Vilanova 
Goterris y Llop García c. España, y de 13 de junio de 2017, asunto Atutxa Mendiola y 
otros c. España (§§ 41 a 46).
Esta última resolución del Tribunal de Estrasburgo merece una especial referencia. 
En ella se constata que el Tribunal Supremo, pese a que reprodujo los hechos que 
habían sido considerados probados en la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, efectúa una nueva valoración de los distintos 
elementos de prueba que ya habían sido examinados por el órgano de instancia: por una 
parte, medios de carácter documental y, por otra, testimonios propuestos tanto por la 
parte  acusadora  como  por  los  demandantes,  así  como  las  declaraciones  de  estos 
últimos. Y concluyó que los acusados se habían negado «de manera consciente y 
deliberada» a acatar la resolución del propio Tribunal Supremo. La STEDH consideró 
que el Tribunal Supremo procedió a una nueva valoración de las pruebas sin haber 
tenido un contacto directo con las partes y, sobre todo, sin haber permitido que estas 
últimas  expusieran  sus  argumentos  en  respuesta  a  las  conclusiones  expuestas. 
Finalmente, el Tribunal Europeo razonó que el Tribunal Supremo, para llegar a esa 
distinta interpretación jurídica del comportamiento de los demandantes, se pronunció 
sobre circunstancias subjetivas que conciernen a los interesados; a saber, que eran 
conscientes de la ilegalidad de sus actos. La sentencia entendió que ese elemento 
subjetivo resultó decisivo en la determinación de la culpabilidad de los demandantes, 
pues el Tribunal Supremo sí que entendió que hubo intencionalidad por parte de los 
demandantes  sin  valorar  directamente  su  testimonio,  dato  que  contradice  las 
conclusiones de la instancia que sí había oído a los acusados y a otros testigos (§§ 41 
y 42). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos indicó que las cuestiones que debían 
ser examinadas por el Tribunal Supremo requerían la valoración directa del testimonio de 
los demandantes. Y habida cuenta de todas las circunstancias del proceso, concluyó que 
los demandantes fueron privados de su derecho a defenderse en el marco de un debate 
contradictorio, estimando en consecuencia, violación del derecho a un proceso equitativo 
garantizado por el artículo 6.1 del Convenio (§§ 45 y 46).»
Por último, el Pleno de este Tribunal también ha establecido en la STC 88/2013, 
de 11 de abril, que si bien la lesión del derecho a un proceso con todas las garantías –
esté vinculado con la valoración de pruebas practicadas sin las debidas garantías o con 
no haberse dado al acusado la posibilidad de ser oído– no necesariamente tiene una 
repercusión inmediata en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia; sin  e.
embargo,  cuando  quede  plenamente  acreditado  con  la  lectura  de  las  resoluciones  w.b
judiciales que la condena o agravación de la responsabilidad penal se ha basado de  46ww
pmaarntire rdae e uxncalu saicvtaiv oid aedse pnrcoibaal teonr iau npar avcatliocaradcaiós ns ion  rleacso dnesbididearasc gióanr adnet íhaes,c htaoms boibétne ndiedboesr aá 
eesfeticmtoa rdsee  evxuclnluesriaódno d eel  ldae vreaclohroa caió lna  jpurdeiscuianl cdióen d diceh ainso cperunecbiaa,s « pyoan qduríea  eyna  tdaele sm caansifoiess teol 
que  la  inferencia  sobre  la  conclusión  condenatoria  sería  ilógica  o  no  concluyente,
consumando de esa manera la lesión del derecho a la presunción de inocencia» (FJ 12). 
En aplicación de este criterio, en supuestos en que la vulneración del derecho a un 
proceso con todas las garantías se ha afirmado con motivo de que en la segunda 
instancia penal se ha establecido o agravado la responsabilidad penal por considerar 
concurrente  elementos  subjetivos  no  apreciados  en  la  instancia,  la  jurisprudencia 
constitucional más reciente –incidiendo en que forma parte del contenido esencial del 
derecho a la presunción de inocencia la obligación de someter a valoración la versión o 
la prueba de descargo aportada y ponderar los distintos elementos probatorios (así, 
STC 104/2011, de 20 de junio, FJ 2)– ha concluido que la vulneración del derecho a la 
presunción de inocencia, cuando la concurrencia de dicho elemento subjetivo «solo 
podría ser inferida por el órgano judicial de segunda instancia tras escuchar el testimonio 
de los acusados con publicidad, inmediación y contradicción, pues la ponderación de 
dichos testimonios es absolutamente esencial para poder inferir de manera concluyente 
la culpabilidad de los acusados y, muy especialmente, la de su testimonio exculpatorio, 
habida cuenta de la ya señalada obligación derivada del derecho a la presunción de 
inocencia de someter a valoración la versión o la prueba de descargo aportada por 
aquellos» (SSTC 59/2018, de 4 de junio, FJ 5; 73/2019, de 20 de mayo, FJ 4, o 88/2019, 
de 1 de julio, FJ 4).
5. Los  derechos  a  un  proceso  con  todas  las  garantías  y  a  la  presunción  de 
inocencia  en  la  aplicación  de  la  agravante  de  cometer  el  delito  por  discriminación 
ideológica y del subtipo agravado del delito de daños por recaer sobre bienes de uso 
público en la sentencia de casación. En aplicación de la jurisprudencia constitucional 
expuesta este Tribunal considera que la agravación de la responsabilidad penal en las 
resoluciones  de  casación,  derivada  de  la  apreciación  de  (i)  la  agravante  genérica, 
aplicada a todos los ilícitos, de cometer el delito por discriminación ideológica (art. 22.4 
CP) y (ii) del subtipo agravado del delito de daños por recaer sobre bienes de uso 
público  (art.  263.2.4  CP),  ha  vulnerado  los  derechos  a  un  proceso  con  todas  las 
garantías y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), al no haberse posibilitado un 
trámite de audiencia a los acusados que les hubiera permitido exponer su testimonio 
exculpatorio con el fin de que fuera debidamente ponderado por el órgano judicial de 
segunda instancia.
a)  Por lo que respecta a la aplicación de la agravante genérica de cometer el delito 
por discriminación ideológica (art. 22.4 CP), en las actuaciones queda acreditado, como 
se ha expuesto ampliamente en los antecedentes, que el órgano judicial de instancia, 
ante el que se había practicado la prueba y tuvo la oportunidad de oír directamente las 
declaraciones de los acusados, desestimó la aplicación de la agravante genérica de 
cometer el delito por discriminación ideológica (art. 22.4 CP), argumentando que (i) la 
pertenencia a diferentes grupos políticos de los autores y las víctimas no permite su 
aplicación automática, (ii) se exige la prueba de la intencionalidad del autor, elemento de 
carácter subjetivo relativo al móvil o ánimo específico que ha de inspirar la acción del 
autor y (iii) que en los relatos fácticos de acusaciones no se recoge referencia alguna a 
que en los hechos objeto de enjuiciamiento se hubiera producido por discriminación 
ideológica o política.
Por su parte, el órgano judicial de casación, en virtud de los recursos planteados por 
las  acusaciones  y  sin  previa  celebración  de  audiencia  en  que  pudiera  tomar 
conocimiento directo de lo declarado por los acusados sobre el particular, consideró 
aplicable  esta  agravante  genérica  respecto  de  todos  los  ilícitos  cometidos  por  los  e
acusados, argumentando que la conducta desarrollada por estos, tal como se exponía  bo
en el relato de hechos probados, lo fue en relación con lo que consideraban un acto de  46ww
ecoxareltaadcaiósn  yd eld me olvoims ieinnstou ltionsd epreefnedriednotsis taa  claat alcáonn, dciocimóno  sdee  decraivtaalbaan edse,  la«sp ocro nlos igqnuaes 
aincduusdaadbolse»m (efunnted admebeen tinof edreir Dsee reelc mhoó vpilr iimdeeoroló).gico como factor guía de la conducta de los
Estos antecedentes ponen de manifiesto que (i) las sentencias de instancia y de 
casación coinciden en considerar necesario para la aplicación de la citada agravante que 
concurriera un específico móvil en la conducta de los acusados; (ii) la controversia entre 
los  órganos  judiciales  de  instancia  y  de  casación  versaba  exclusivamente  sobre  si 
concurría ese específico elemento subjetivo de actuar con un ánimo de discriminatorio 
política; (iii) la sentencia de instancia, que había tenido un contacto directo e inmediato 
con el testimonio de los acusados y con todo el acervo probatorio, negó que hubiera 
quedado acreditada la existencia de ese ánimo en la conducta de los acusados y (iv) la 
sentencia  de  casación,  por  el  contrario,  afirmó  la  existencia  de  ese  ánimo  en  los 
acusados, sin haberles dado la posibilidad efectiva de ser escuchados y sin haber tenido 
contacto directo con cualquier otro acervo probatorio de naturaleza personal.
Por tanto, es preciso concluir, de conformidad con lo también interesado por el 
ministerio fiscal, que se ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), ya que esa agravación en la sentencia de casación, aunque se hiciera sin 
una modificación de la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia, 
toma como fundamento para afirmar la necesaria concurrencia del específico móvil 
discriminatorio  en  la  conducta  de  los  acusados,  una  revaloración  de  esos  hechos 
declarados probados, que le estaba constitucionalmente vedada sin un previo trámite de 
audiencia  en  que  los  acusados  pudieran  dirigirse  al  tribunal  que  agravó  su 
responsabilidad penal. En conexión con ello, también debe concluirse la vulneración del 
derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), dado que la concurrencia de dicho 
elemento subjetivo del ánimo de cometer el delito por discriminación ideológica no ha 
sido inferida por el órgano judicial de segunda instancia tras escuchar el testimonio 
exculpatorio de los acusados, incumpliendo con ello la obligación derivada del derecho a 
la presunción de inocencia de someter a valoración la versión o la prueba de descargo 
aportada por los acusados.
b)  Por lo que respecta a la aplicación del subtipo agravado del delito de daños por 
recaer  sobre  bienes  de  uso  público  (art.  263.2.4  CP),  en  las  actuaciones  queda 
acreditado, como se ha expuesto ampliamente en los antecedentes, que el órgano 
judicial de instancia condenó por el tipo básico del delito de daños (art. 263.1 CP), al 
considerar probado que se produjeron daños en la puerta automática de acceso al local 
en que se estaba desarrollando el acto conmemorativo de la Diada, pero sin hacer 
ningún tipo de consideración respecto de la naturaleza de ese bien como de uso público 
a pesar de que había sido expresamente solicitada la aplicación del subtipo agravado 
por las acusaciones.
Por su parte, el órgano judicial de casación, ante la alegación de la omisión de 
pronunciamiento sobre esta acusación, en su sentencia consideró concurrente este 
subtipo agravado, argumentando que el carácter público del inmueble resultaba de 
diversos textos normativos, siendo también recogido ese carácter público del inmueble y 
la rotura de la cerradura y daños ocasionados en la puerta de acceso en la sentencia de 
instancia, lo que aboca a la aplicación del subtipo agravado, ya que el fundamento de 
esa agravación se halla en el menoscabo de la utilidad pública prestada por los locales o 
en los perjuicios que ocasiona en el funcionamiento del servicio público a que los bienes 
se encuentran afectos. En el auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones, el 
órgano judicial de casación, ante la alegación de que la sentencia de casación había 
omitido valorar la concurrencia de elemento subjetivo relativo al conocimiento por parte 
de los condenados del carácter público de ese bien, se afirma que «el elemento subjetivo 
rezumaba en el factum», añadiendo que «es evidente que todos conocían la cualificación  s
del art. 263.2.4: que los daños "afecten a bienes de dominio o uso público o comunal"» y  oe.
«podrían ignorar si el edificio sede de la Delegación del Gobierno de Cataluña, era  w.
propiedad  de  la  Generalitat  o  lo  poseía  en  arrendamiento,  pero  lo  que  no  podían  46ww
dDeesrecochnoo cperrim eesr oq).ue se estaba dando un "uso público" al inmueble» (fundamento de
habíEas ttoesn idaon teucne dcoennttaecst op odnireenc tdoe  em iannmifeiedsiatoto q cuoen ( ie) l etle óstrigmaonnoi oju ddeic ilaols d aec iunssatadnocsi ay,  qcoune   BOE-A-cable e
todo el acervo probatorio, omitió pronunciarse en su sentencia sobre la concurrencia de 
los elementos objetivos y subjetivos necesarios para poder aplicar el subtipo agravado 
del delito de daños por recaer sobre bienes de uso público, limitándose a constatar la de 
los elementos constitutivos del tipo básico; (ii) el órgano judicial de casación, por el 
contario, en su sentencia aplicó este subtipo agravado justificando la concurrencia de 
sus elementos objetivos y en el auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones, 
la del elemento subjetivo referido al conocimiento que tenían los acusados de que el bien 
dañado  era  un  bien  de  uso  público,  y  (iii)  que  la  concurrencia  de  este  específico 
conocimiento por parte de los acusados se afirmó sin haberles dado la posibilidad 
efectiva de ser escuchados y sin haber tenido contacto directo con cualquier otro acervo 
probatorio de naturaleza personal.
Por tanto, de conformidad con lo también interesado por el ministerio fiscal, es 
preciso concluir que se ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías 
(art.  24.2  CE),  ya  que  la  aplicación  de  este  subtipo  agravado  en  la  sentencia  de 
casación, aunque se hiciera sin una modificación de la declaración de hechos probados 
de  la  sentencia  de  instancia,  toma  como  fundamento  para  afirmar  la  necesaria 
concurrencia del conocimiento de la cualidad de los bienes dañados como de uso 
público  por  parte  de  los  acusados,  una  revaloración  de  esos  hechos  declarados 
probados, que le estaba constitucionalmente vedada, sin un previo trámite de audiencia 
en que los acusados pudieran dirigirse al tribunal que agravó su responsabilidad penal. 
En conexión con ello, también debe concluirse la vulneración del derecho a la presunción 
de inocencia (art. 24.2 CE), dado que la concurrencia de dicho elemento subjetivo del 
conocimiento de la cualidad del bien dañado como de uso público no ha sido inferida por 
el órgano judicial de segunda instancia tras escuchar el testimonio exculpatorio de los 
acusados, incumpliendo con ello la obligación derivada del derecho a la presunción de 
inocencia de someter a valoración la versión o la prueba de descargo aportada por los 
acusados.
c)  La vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE) respecto de estas dos concretas agravaciones de 
la responsabilidad penal en la segunda instancia determina la estimación del amparo, 
siendo preciso para el restablecimiento en la integridad de los derechos reconocidos la 
anulación de las resoluciones impugnadas en cuanto a la aplicación de (i) la agravante 
del art. 22.4 CP para la totalidad de los ilícitos por los que han sido condenados todos los 
demandantes de amparo, y (ii) del subtipo agravado del delito de daños por recaer sobre 
bienes de uso público (art. 263.2.4 CP), en vez del tipo básico (art. 263.1 CP). En este 
caso resulta procedente la retroacción de actuaciones para que se pronuncie nueva 
sentencia de casación con respeto al derecho fundamental reconocido, a los únicos 
efectos  de  establecer  una  nueva  determinación  de  la  pena  acorde  con  dichas 
anulaciones.
Como se expuso anteriormente, las vulneraciones del art. 24.2 CE en relación con la 
aplicación de la agravante del art. 22.4 CP ha sido invocada por la totalidad de los 
demandantes de amparo, por lo que la anulación acordada sobre este particular lo es 
respecto de todos ellos. Por el contrario, las vulneraciones del art. 24.2 CE en relación 
con la aplicación del subtipo agravado del delito de daños por recaer en bienes de uso 
público  ha  sido  invocada  por  todos  los  demandantes  de  amparo,  excepto  por  los 
demandantes en el recurso de amparo núms. 3313-2017 –don Víctor Diego Villalba y 
don  Santiago  Cabezuela  García–  y  la  demandante  en  el  recurso  de  amparo  núm. 
3331-2017 –doña Paula Mijares Casado–, por lo que la anulación acordada sobre este  s
particular no les resulta de aplicación. Todo ello, sin perjuicio de lo que decida el órgano  oe.
judicial, en su plena capacidad de interpretación y aplicación de la previsión del art. 903  w.
LECrim, respecto de si las anulaciones de sus pronunciamientos de casación pueden  46ww
aproPvoerc hoatrra a p laorste d, elam áess tcimonadcieónna ddeo se esnta l ov uqlunee rlaecsi ófune hrea cfaev ionrnaebclee.sario que este Tribunal
adpelbicaa cpióronn duen ceiasras ea gsraovbaren tela dse li navrot.c 2a2c.i4o nCePs  yq udee l tsoumbatipno  caogmraov apdroe sduepl uaerst.t o2 6f3á.c2t.ic4o C Pla,   BOE-A-cable e
como son las referidas a las alegaciones de (i) la vulneración de los derechos a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la legalidad penal (art. 25.1 CE), fundamentado en que 
se ha hecho una interpretación y aplicación que no respeta el tenor literal de la agravante 
del art. 22.4 CP y del subtipo agravado del art. 263.2.4 CP, y (ii) la vulneración de los 
derechos fundamentales a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] y a la libertad 
ideológica (art. 16 CE), fundamentado en que la apreciación de la agravante del art. 22.4 
CP  supone  una  aplicación  desproporcionada  de  la  pena  de  prisión  contraria  a  la 
efectividad de estos derechos sustantivos al implicar un efecto disuasorio de su ejercicio.
6. Los  derechos  a  un  proceso  con  todas  las  garantías  y  a  la  presunción  de 
inocencia en la condena por el delito de impedir el derecho de reunión en la sentencia de 
casación.  Este  Tribunal  considera,  en  aplicación  de  la  jurisprudencia  constitucional 
expuesta  en  el  fundamento  jurídico  4,  que  la  condena  de  los  acusados  en  las 
resoluciones de casación por un delito de impedir el derecho de reunión (art. 514.4 CP) 
en concurso ideal con el delito de desórdenes públicos, por el que ya fueron condenados 
en la instancia, no ha vulnerado los derechos a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Porque dicha condena trae 
causa de una controversia estrictamente de interpretación normativa para la que no 
resultaba necesario un trámite de audiencia a los acusados que les hubiera permitido 
exponer  su  testimonio  exculpatorio,  para  que  fuera  debidamente  ponderado  por  el 
órgano judicial de segunda instancia.
En las actuaciones queda acreditado, como se ha expuesto ampliamente en los 
antecedentes, que el órgano judicial de instancia condenó por un delito de desórdenes 
públicos, pero afirmó que no concurría el delito de impedir el derecho de reunión, con el 
argumento de que el art. 514.4 CP sanciona la conducta de impedir el legítimo ejercicio 
de las libertades de reunión o manifestación o la perturbación grave del desarrollo de 
una reunión o manifestación lícita, que es la misma por la que se ha considerado que 
concurre el delito de desórdenes públicos, «de tal forma que si de nuevo se sancionara 
el que se impidiera el legítimo ejercicio de las libertades de reunión, en base al nuevo 
tipo penal que se invoca, se infringiría el principio ne bis in idem» (fundamento de 
Derecho tercero).
Por su parte, la sentencia de casación condena por el delito de impedir el derecho de 
reunión (art. 514.4 CP) en concurso ideal (art. 77 CP) con el delito de desórdenes 
públicos (art. 557.1 CP), con el argumento de que no concurre la necesaria identidad de 
fundamento entre ambos tipos penales para la aplicación del principio non bis in idem, 
pues el bien jurídico protegido en el artículo 557.1 CP es la paz pública o el orden 
público, en su manifestación de pacífica convivencia social con posibilidad de ejercer en 
plenitud los derechos fundamentales de los que gozan, mientras que el bien jurídico 
protegido por el artículo 514.4 CP es el ejercicio legítimo del derecho fundamental de 
reunión, de modo tal que el delito de desórdenes públicos no exige que se impida la 
celebración de una reunión y el delito del artículo 514.4 CP tampoco exige que la 
conducta de impedir una reunión se efectúe mediante una alteración de la paz y el orden 
público. De ese modo, concluye que el delito de impedir el derecho de reunión no estaría 
absorbido por el delito de desórdenes públicos, ni se infringiría el principio non bis in 
idem, pero que «el concurso ideal es evidente, en tanto en cuanto se puede impedir una 
reunión, sin cometer desórdenes públicos, o producirse una situación de desórdenes 
públicos sin que existan personas reunidas en el ejercicio de ese derecho fundamental» 
(fundamento de Derecho sexto).
Estos antecedentes ponen de manifiesto que (i) las sentencias de instancia y de  e.
casación coincidían en considerar que concurrían en la conducta de los acusados los  w.b
elementos objetivos y subjetivos necesarios tanto del delito de desórdenes públicos  46ww
jcuodmicoia dleesl  ddeel itinos dtaen icmiap eyd dire e lc daesareccióhno  vdeer sreaubnai óenx,c ylu (siiiv) alam ceonntetr osvoebrrseia s ei netnre e lsotse  ócragsaon olas 
rdeelareccióhno  ndoer mreautivnaió ne netrrea  elal  ddeel itou nd ec odnecusórsrod endees  npoúrmblaicso,s  eyn  eclu ydoe litcoa sdoe,  ipmopr ehdairb eerl 
coincidencia en los elementos configuradores de ambos delitos, resultaba necesario para
no infringir el principio del non bis in idem aplicar solo aquel que abarcara toda la ilicitud 
de la conducta, que fue la solución por la que optó la sentencia de instancia apreciando 
únicamente el delito de desórdenes públicos, o la de un concurso de delitos, en cuyo 
caso, por haber solo una parcial coincidencia en los elementos configuradores de ambos 
delitos pero una divergencia en otros, podrían aplicarse simultáneamente ambos en 
concurso ideal con el fin de abarcar toda la ilicitud de la conducta sin infracción del 
principio del non bis in idem, que fue la solución por la que optó la sentencia de 
casación.
Por tanto, es preciso concluir, de conformidad con lo también interesado por el 
ministerio fiscal, que no se han vulnerado el derecho a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE) ni el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), con el 
que está relacionado, ya que la agravación que en la sentencia de casación ha supuesto 
la condena por el delito de impedir el derecho de reunión, no exigía al órgano judicial de 
segunda instancia tomar conocimiento directo del testimonio de los acusados. Esta 
agravación no se derivaba de una discrepancia con el órgano judicial de instancia sobre 
la existencia de la totalidad de los elementos configuradores de este delito para la que 
haya tenido que acudir a una revaloración de los hechos declarados probados, sino de 
un debate estrictamente jurídico sobre las relaciones normativas entre ambos delitos y 
su incidencia en el principio del non bin in idem, que es por completo ajeno a cuestiones 
de valoración probatoria o fácticas.
Por otra parte, tampoco concurre la vulneración del derecho a la presunción de 
inocencia (art. 24.2 CE), alegada en relación con la condena por este delito de impedir el 
derecho de reunión con fundamento en que no quedó probada la autoría de la acción de 
verter un spray en la sala al momento de abandonarla, por lo que habría existido una 
indebida extensión de la responsabilidad a personas que no tuvieran participación en 
actos interruptores de la reunión. Esta invocación solo tiene sentido si se parte del 
presupuesto fáctico de que la conducta constitutiva de este delito ha sido fijada por la 
sentencia de casación exclusivamente en la acción de verter un spray en el local donde 
se desarrollaba la reunión. Sin embargo, como queda acreditado en las actuaciones y se 
ha expuesto en los antecedentes, el órgano judicial de casación ya hizo expreso en el 
auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones, que el hecho de que fuera 
esparcido el contenido del spray por una persona no determinada cuando el grupo ya se 
retiraba del lugar, no es el elemento esencial del delito sino uno más, pues (i) la 
interrupción violenta se había producido desde el hecho de la entrada como pone de 
manifiesto la circunstancia de que todos los acusados han sido condenados por un delito 
de daños provocados en el momento del acceso al local y algunos de ellos, además, por 
delitos contra las personas, y (ii) la perturbación grave del desarrollo de una reunión, que 
también es una conducta típica configuradora de este delito, ya se había consumado 
cuando se abandonó la sala y se esparció el spray. Por tanto, al no quedar acreditado el 
presupuesto fáctico en que se fundamenta esta concreta invocación del derecho a la 
presunción de inocencia, también debe ser desestimado en ese extremo.
7.  El principio acusatorio y la condena en la sentencia de casación por un delito de 
impedir el derecho de reunión en concurso ideal con un delito de desórdenes públicos: 
En el presente recurso de amparo acumulado, en los términos en que ha sido expuesto 
más ampliamente en los antecedentes, ha sido también invocado el derecho a un 
proceso  con  todas  las  garantías  (art.  24.2  CE),  desde  la  perspectiva  del  principio 
acusatorio, por haberse impuesto una condena de distinta naturaleza y con una pena 
superior  a  la  interesada  por  las  acusaciones  particulares,  ya  que  la  sentencia  de  e.
casación condenó, entre otros, por un delito de desórdenes públicos (art. 557.1 CP) en  w.b
concurso ideal (art. 77 CP) con el delito de impedir el derecho de reunión (art. 514.4 CP).  46ww
CSea taalufirñma,a  aquuneq ulea  amcuássó  gpraovr ee l daer t.l a5s1 4a.c4u sCaPc,i oyn esso,l icliató  eujenrac idpae npao dr el ad oGse anñeorasl itya ts edies 
dmee sfoersm, ain faelrtieorrn aa tliav aim, rpeuseidsutaa lp yo rs eulb Tsridibiaurniaa l dSeul pdreemlitoo , ddee  cdooasc acñioonse sy,  daieñza dmiéensdeoss, elo  qfuuee 
nunca se solicitó la concurrencia de esos delitos en concurso ideal, siendo una cuestión
introducida ex novo por el ministerio fiscal en su escrito de impugnación de los recursos 
de casación, por lo que no se ha dado la oportunidad a los condenados de que esta 
cuestión fuera objeto de debate o contradicción en ninguna de las instancias, vulnerando 
con ello el principio acusatorio.
El letrado de la Generalitat de Cataluña, por su parte, afirma que no se ha lesionado 
el principio acusatorio, ya que (i) tanto en los escritos provisionales de acusación como 
en  los  definitivos  de  las  acusaciones  particulares,  incluyendo  la  ejercida  por  la 
Generalitat de Cataluña, ya se calificaron los hechos con la concurrencia real de ambos 
delitos; (ii) las acusaciones particulares volvieron a insistir en dicha calificación en el 
recurso de casación frente a la consideración de la sentencia de instancia de que se 
trataba de un mero concurso de normas, y (iii) en el marco de ese debate en la casación, 
la sentencia finalmente consideró que, en efecto, no existía un concurso de normas sino 
de delitos, pero en su modalidad de concurso ideal y no real como habían pedido las 
acusaciones. De todo ello concluye que (i) los recurrentes conocieron en todo momento 
la pretensión acusatoria de que se aplicara la pena correspondiente a ambos delitos y, 
por tanto, pudieron alegar contra dicha pretensión, y (ii) la sentencia de casación al 
aplicar la modalidad concursal ideal y no la real optó, frente a lo pretendido por la 
acusación, por una calificación más favorable, lo que determina que deba excluirse la 
aducida vulneración del principio acusatorio.
La doctrina de este Tribunal, en relación con el principio acusatorio, ha establecido 
que si bien este principio no aparece expresamente mencionado entre los derechos 
constitucionales que disciplinan el proceso penal, hay que reconocer como protegidos en 
el art. 24.2 CE ciertas garantías que configuran los elementos estructurales de dicho 
principio, que trasciende el derecho a ser informado de la acusación, ya que quedan 
vinculados, además, con los derechos constitucionales de defensa y a la imparcialidad 
judicial (así, STC 113/2018, de 29 de octubre, FJ 3). A ello se ha añadido que entre el 
haz de garantías protegidas por el art. 24.2 CE conformadoras del principio acusatorio (i) 
se encuentra la de que nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha 
acusado y de la que, por lo tanto, haya podido defenderse, habiendo precisado a este 
respecto  que  por  "cosa"  no  puede  entenderse  únicamente  un  concreto  devenir  de 
acontecimientos, un factum, sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto 
modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos, pues el debate contradictorio 
recae no solo sobre los hechos, sino también sobre su calificación jurídica; (ii) la íntima 
relación existente entre el principio acusatorio y el derecho a la defensa implica la 
exigencia de que el imputado tenga posibilidad de rechazar la acusación que contra él ha 
sido formulada tras la celebración del necesario debate contradictorio en el que haya 
tenido oportunidad de conocer y rebatir los argumentos de la otra parte y presentar ante 
el órgano judicial los propios, tanto los de carácter fáctico como los de naturaleza 
jurídica; (iii) este derecho de defensa contradictoria determina la obligación del órgano 
judicial  de  pronunciarse  dentro  de  los  términos  del  debate,  tal  y  como  han  sido 
formulados por la acusación y la defensa, lo cual, a su vez, significa que en última 
instancia ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia, y 
(iv) esa sujeción no es tan estricta como para impedir al órgano judicial modificar la 
calificación de los hechos enjuiciados en el ámbito de los elementos que han sido o han 
podido ser objeto de debate contradictorio, de manera que no se produce infracción 
constitucional alguna cuando el juez valora los hechos y los calibra de modo distinto a 
como venían siéndolo, siempre y cuando ello no suponga la introducción de un elemento 
o dato nuevo al que, dado su lógico desconocimiento, no hubiera podido referirse la  s
parte para contradecirlo en su caso (así, por ejemplo, STC 172/2016, de 17 de octubre,  oe.
FJ 10). w.
En las actuaciones quedan acreditados, como se ha expuesto ampliamente en los  46ww
antecedentes, los siguientes extremos:
proc(ei)s alDeos sI Vd ey  Vla sd ea clau ssaecnitoennecsia  pdaer tiicnusltaarnecsi,a ,c coamliofic asreo nd elossta hceac heons  lopso r alonste cqeudee enrtaens 
acusados todos los recurrentes en el trámite de calificaciones definitivas, entre otros, de
un concurso de los delitos de desórdenes públicos (art. 557.1 CP), contra los derechos 
fundamentales  y  libertades  públicas,  por  impedimento  de  la  libertad  de  reunión 
(art. 514.4 CP) y de daños que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal 
(art. 263.1 y 2.4 CP); una de las acusaciones particulares pidió la imposición para todos 
los acusados de una pena de dos años y siete meses de prisión por el delito de 
desórdenes públicos (art. 557.1 CP) en concurso con el delito de impedir el derecho de 
reunión (art. 514.4 CP) y otra de las acusaciones particulares, la imposición para todos 
los acusados de una pena de tres años, nueve meses y un día de prisión, por el delito de 
desórdenes públicos, y de dos años, seis meses y un día por el delito de impedir el 
derecho de reunión.
(ii)  La sentencia de instancia afirmó que no concurría el delito de impedir el derecho 
de  reunión,  con  el  argumento  de  que  el  art.  514.4  CP  sanciona  la  conducta  de 
imposibilitar  el  legítimo  ejercicio  de  las  libertades  de  reunión  o  manifestación  o  la 
perturbación grave del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, que es la misma 
por la que se ha considerado que concurre el delito de desórdenes públicos, «de tal 
forma que si de nuevo se sancionara el que se impidiera el legítimo ejercicio de las 
libertades de reunión, en base al nuevo tipo penal que se invoca, se infringiría el principio 
ne bis in idem» (fundamento de Derecho tercero).
(iii) La acusación particular ejercida por la Generalitat de Cataluña y el delegado de la 
Generalitat ante el Gobierno del Estado formularon recurso de casación, alegando, entre 
otros extremos, la inaplicación del delito de impedir el derecho de reunión (art. 514.4 
CP), que la sentencia de instancia había considerado en concurso de normas con el 
delito de desórdenes públicos, por haber absorbido la totalidad de su reproche penal.
(iv)  La  sentencia  de  casación  consideró  que  concurría  el  delito  de  impedir  el 
derecho de reunión (art. 514.4 CP) en concurso ideal (art. 77 CP) con el delito de 
desórdenes públicos (art. 557.1 CP), con el argumento de que el delito de impedir el 
derecho  de  reunión  no  estaría  absorbido  por  el  delito  de  desórdenes  públicos, 
condenando a todos los ahora recurrentes, tras la aclaración efectuada por auto de 7 de 
febrero de 2017, por este concurso con la agravante del art. 22.4 CP a la pena de dos 
años y diez meses, excepto a don Jesús Fernando Fernández Gil, que le impuso una 
pena  de  dos  años  y  once  meses.  El  auto  resolutorio  del  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones especificó que, habiéndose solicitado la concurrencia de ambos delitos en 
concurso real, la solución del concurso ideal, que supone la imposición de la pena del 
más grave de los delitos en su mitad superior, es una opción más favorable para los 
acusados que la del concurso real solicitada por la acusación, que suponía la sanción 
independiente y acumulada de ambos delitos.
En atención a lo expuesto, hay que concluir que en este caso no se ha vulnerado el 
derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), desde la perspectiva del 
principio acusatorio, ya que (i) los acusados tuvieron efectivo conocimiento de la petición 
de  ciertas  acusaciones  en  sus  escritos  de  acusación  provisional,  posteriormente 
elevadas a definitivas, de que se les considerara autores, por el delito de desórdenes 
públicos, y por otro delito de impedir el derecho de reunión, solicitando la imposición de 
penas de tres años, nueve meses y un día de prisión, por el primer delito, y de dos años, 
seis meses y un día, por el segundo; de modo tal que en la primera instancia pudieron 
articular  todos  los  instrumentos  probatorios  y  alegatorios  para  defenderse  de  esas 
acusaciones y de la concreta petición de pena; (ii) los acusados tuvieron conocimiento 
efectivo de la petición de alguna de las acusaciones en sus escritos de recurso de 
casación de que se revisara la absolución por el delito de impedir el derecho de reunión  s
acordada en la primera instancia en virtud de la aplicación de un concurso de normas y  oe.
reiterando la acusación de que fueron objeto en la primera instancia se les condenara,  w.
además de por el delito de desórdenes públicos, por el delito de impedir el derecho de  46ww
mreoudnoió nta le qnu eco ennc ulars ose rgeuanl dcao inn sltaasn cpiean taasm bseiéñna lpauddaise roenn  asrutisc uelasrc rtiotodso sd elo sa cinusstarucmióenn; tdoes 
apmrobboasto drieolsit oys  ayl edgea ltao rcioosn cpreatraa  pdeetfiecinódne drsee p deen ae, sya ( ipii)r elate cnosniódne ndae  fqinuaelm seen cteo nimdepnuaersata p eonr   BOE-A-cable e
casación a los demandantes de amparo por ambos delitos en concurso ideal, tal como 
había considerado el ministerio fiscal en su escrito de alegaciones en el recurso de 
casación,  y  no  en  concurso  real,  tal  como  pretendían  las  acusaciones  con  penas 
conjuntas de dos años y diez meses, excepto a don Jesús Fernando Fernández Gil, a 
quien se impuso una pena de dos años y once meses, lo fue aplicando una solución que 
era más favorable y con una pena inferior a la pretendida por las acusaciones en el 
recurso de casación y que, además, no cuenta con ningún elemento frente al que no se 
hubieran podido defender pues, en última instancia, un concurso ideal como el aplicado 
en este caso no es más que un concurso real atenuado en cuanto a su responsabilidad 
por la relación entre ambos delitos de compartir determinados elementos típicos.
Por tanto, al haber quedado acreditado que los demandantes de amparo tuvieron, 
tanto en la primera instancia como en el recurso de casación, un conocimiento efectivo 
de la posibilidad de que le fuera impuesta una condena por el delito de desórdenes 
públicos en concurso ideal con el de impedir el derecho de reunión y que la pena 
definitivamente  impuesta  no  resulta  superior  a  la  pretendida  por  alguna  de  las 
acusaciones, debe concluirse que no se ha vulnerado el derecho a un proceso con todas 
las  garantías  de  los  demandantes  de  amparo,  desde  la  perspectiva  del  principio 
acusatorio, pues estos pudieron articular todos los instrumentos probatorios y alegatorios 
para defenderse de la condena por ambos delitos y de la cuantificación de la pena que 
finalmente se les impuso en la sentencia de casación.
8.  El principio de legalidad y la condena en la sentencia de casación por un delito 
de  impedir  el  derecho  de  reunión  en  concurso  ideal  con  un  delito  de  desórdenes 
públicos: En el presente recurso de amparo acumulado, en los términos en que ha sido 
expuesto más ampliamente en los antecedentes, ha sido invocado el derecho a la 
legalidad penal (art. 25.1 CE), tanto desde la perspectiva del obligado respeto al non bis 
in idem como de la prohibición de una interpretación y aplicación penal imprevisible, 
respecto de la condena en la sentencia de casación por un concurso ideal de los delitos 
de desórdenes públicos y de impedir el derecho de reunión. Se afirma que esta condena 
que ha provocado una sanción desproporcionada a los acusados, ya que la eventual 
intención de atentar contra el orden público, entendido como impedir el libre ejercicio de 
los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluye implícitamente el impedir el 
derecho  de  reunión,  por  lo  que  dicha  vulneración  ya  está  incluida  en  el  tipo  de 
desórdenes. Igualmente, se alega que se ha hecho una aplicación del delito de impedir 
el derecho de reunión al margen de su tenor literal, tanto en lo relativo a la apreciación 
del elemento subjetivo de este delito como de la concurrencia del medio comisivo 
violento, así como de la apreciación misma del concurso ideal de delitos.
El ministerio fiscal, por su parte, afirma que no se ha vulnerado el art. 25.1 CE, ya 
que el razonamiento para apreciar en este caso el concurso ideal entre ambos delitos 
responde a un modo de razonar que no es contrario al tenor literal de los preceptos 
penales aplicados ni puede ser considerado imprevisible, ya que los hechos probados 
permiten deducir los elementos típicos de ambas figuras delictivas. El órgano judicial de 
casación expone las razones por las que el delito de desórdenes públicos no absorbe al 
de impedir el derecho de reunión por no apreciarse la identidad de fundamento, lo que 
excluye la lesión del principio del non bis in idem.  Igualmente, afirma, por lo que se 
refiere a la concurrencia de la violencia para subsumir dicho delito, que en el auto 
resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones se expone la concurrencia de este 
medio comisivo mediante la descripción de actos de los partícipes que manifiestan una 
situación de violencia, intimidación y vejación para los asistentes al acto de celebración  e.
de la Diada de Cataluña en el centro cultural Blanquerna. w.b
a)  Por lo que respecta a la vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25.1  46ww
CapEli)c, adceiósnd ed lea  ploesr sptiepcotsiv ap ednea lleas i,n theardyi ccqiuóen  ddee sltaa cirarar zqounea birleiditaedra edna mlae nintete rperl etTarcibióunn ayl 
sCaonncsiotitnuacdioonreasl  yh ae l dceocnltarroal ddoe l qpureo ce(si)o  ldae  isnutebrspurentcaiócnió nd e dleols  choenctheonsid por odbea doloss  enti plooss 
preceptos aplicados es una cuestión ajena al contenido propio de nuestra jurisdicción al
ser  esta  una  función  que,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  117.3  CE, 
corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales ordinarios, (ii) a la jurisdicción de 
amparo  le  compete  la  labor  de  verificar  que  la  concreta  aplicación  de  la  norma 
sancionadora respeta las exigencias del derecho a la legalidad penal, tomando en 
consideración que la constitucionalidad de la aplicación de las normas sancionadoras 
depende  tanto  del  respeto  al  tenor  literal  del  enunciado  normativo,  como  de  su 
previsibilidad, que debe ser analizada desde las pautas axiológicas que informan nuestro 
texto constitucional y conforme a modelos de argumentación aceptados por la propia 
comunidad  jurídica,  y  (iii),  de  ello  se  concluye,  que  no  solo  vulneran  el  derecho 
fundamental a la legalidad penal aquellas aplicaciones de la norma sancionadora que se 
sustenten en una subsunción de los hechos ajena al significado posible de los términos 
de  la  norma  aplicada,  sino  que  son  constitucionalmente  rechazables  aquellas  que 
conduzcan a soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, 
por ello, imprevisibles para sus destinatarios (así, por ejemplo, STC 146/2017, de 14 de 
diciembre, FJ 4).
En las actuaciones quedan acreditados, como se ha expuesto ampliamente en los 
antecedentes, los siguientes extremos:
(i)  La sentencia de instancia, en el fundamento jurídico segundo, hace expreso que 
«ese ataque tuvo lugar de una manera, aunque muy breve, pues duró la intrusión poco 
más de un minuto, virulenta y con algún brote aislado de agresividad que fue incluso 
contenido por otro miembro del grupo. Así lo han puesto de manifiesto no solo los 
testigos sino, especialmente, la elocuencia de diversas grabaciones de los hechos con 
las que ha contado la Sala», insistiendo después en que «el comportamiento enjuiciado 
repercutió  de  forma  grave  en  las  condiciones  de  normalidad  de  los  asistentes  y 
organizadores del acto y la normal convivencia. Y desde luego que esta finalidad de 
atentar contra la paz pública no es compatible con la existencia de otra finalidad que los 
integrantes del grupo pudieran considerar legítima (la defensa de la unidad de España), 
pues sus autores emplearon procedimientos al margen de las reglas democráticas de 
convivencia mediante actos que implican alguna clase de violencia sobre cosas y sobre 
personas, suprimiendo la libertad de ejercicio de otros derechos por parte de terceros, 
siendo así que existen posibilidades alternativas menos gravosas para la paz pública». 
En  el  fundamento  jurídico  tercero,  se  incide  en  que  «con  el  comportamiento  que 
enjuiciamos no se pudo conmemorar la Diada en los términos pretendidos y previstos 
por los organizadores por la grave repercusión en las condiciones de normalidad de los 
asistentes y organizadores del acto, atentando contra la paz pública, impidiendo el 
derecho de reunión y la normal convivencia», pero se exponen las razones por las que 
se considera que no es posible condenar por un delito de impedir el derecho de reunión, 
a  pesar  de  concurrir  todos  sus  elementos  objetivos  –ejercicio  de  violencia  y  la 
perturbación del ejercicio del derecho de reunión– y subjetivo –finalidad de que la 
reunión no se celebrara–, por aplicación del non bis in idem al quedar absorbida la 
totalidad de estos elementos por el delito de desórdenes públicos.
(ii)  Por su parte, en la sentencia de casación, se concluye que concurre el delito de 
impedimento del derecho de reunión (art. 514.4 CP), en concurso ideal (art. 77 CP) con 
el delito de desórdenes públicos (art. 557.1 CP), con el argumento de que no existe la 
necesaria identidad de fundamento entre ambos tipos penales para la aplicación del 
principio non bis in idem, pues el bien jurídico protegido en el delito de desórdenes 
públicos es la paz pública o el orden público, en su manifestación de pacífica convivencia 
social, con posibilidad de ejercer en plenitud los derechos fundamentales, mientras que  e.
el bien jurídico protegido por el delito de impedir el derecho de reunión es el ejercicio  w.b
legítimo del derecho, de forma que el delito de desórdenes públicos no exige que se  46ww
iemxpigidea q ulae  ceeslae bcroancdióunc tad es eu neafe cretúuen imóne dyia enlt ed uen iam apletedriar ceiól nd edree clah op adze y  reelu onridóenn t apmúbploiccoo. 
aDbes oersbeid om opdoor , esl ed ee xdpeosnóerd qeunee se pl údbelliictoo sd, en i imsep eindfirri negl irdíae reelc hpori ndceip iroe unnoinó nb inso i ne sidtaermía, 
pero que «el concurso ideal es evidente, en tanto en cuanto se puede impedir una
reunión, sin cometer desórdenes públicos, o producirse una situación de desórdenes 
públicos sin que existan personas reunidas en el ejercicio de ese derecho fundamental» 
(fundamento de Derecho sexto).
(iii) Por último, en el auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones se 
señala que la interrupción violenta se había producido desde el hecho de la entrada 
como  pone  de  manifiesto  la  circunstancia  de  que  todos  los  acusados  han  sido 
condenados por un delito de daños provocados en el momento del acceso al local y 
algunos de ellos, además, por delitos contra las personas; y la perturbación grave del 
desarrollo de una reunión, que también es una conducta típica configuradora de este 
delito, ya se había consumado cuando se abandonó la sala.
En  atención  a  estos  antecedentes,  hay  que  concluir  que  no  se  ha  hecho  una 
interpretación  y  aplicación  de  la  legalidad  penal,  al  considerar  concurrentes  los 
elementos típicos del delito de impedir el derecho de reunión y la figura del concurso 
ideal de delitos, fuera del tenor literal de estas previsiones legales o que los hiciera 
imprevisibles por ser ajenos a los criterios y pautas axiológicas comúnmente aceptadas. 
Responden a una normal comprensión del medio comisivo violento en el contexto de 
este delito las circunstancias puestas de manifiesto en la vía judicial de la existencia de 
una conducta agresiva contra bienes y personas en el acceso y durante el transcurso del 
tiempo que los acusados permanecieron en el local, que incluso se ha concretado en la 
condena por delitos de daños y otros delitos contra las personas. Igualmente, responde a 
esos criterios y pautas axiológicas comúnmente aceptadas, la conclusión, ya derivada en 
la  sentencia  de  instancia,  de  que  la  finalidad  de  la  conducta  de  los  condenados 
invadiendo de tal manera el local público, conocedores de que unas personas se reunían 
en conmemoración de la Diada de Cataluña, era tanto la de atentar contra la paz pública 
como la de suprimir la libertad de ejercicio de derecho de reunión por parte de terceros. 
Del  mismo  modo,  tampoco  puede  objetarse  desde  la  perspectiva  del  deber  de 
motivación conforme a criterios interpretativos de previsibilidad por responder a pautas 
comúnmente aceptadas en la comunidad jurídica y en la doctrina que se considera que, 
por la existencia de un distinto bien jurídico protegido en dos preceptos penales que 
comparten  determinados  elementos  típicos  comunes,  lo  procedente  era  aplicar  un 
concurso ideal de delitos.
b)  Por lo que respecta a la vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 
CE), desde la perspectiva del principio non bis in idem, hay que destacar que es doctrina 
constitucional reiterada que (i) en su vertiente material este principio impide que un 
mismo sujeto sea sancionado en más de una ocasión con el mismo fundamento y por los 
mismos hechos, toda vez que ello supondría una reacción punitiva desproporcionada 
que haría quebrar, además, la garantía del ciudadano de previsibilidad de las sanciones, 
y (ii) que la jurisdicción de amparo tiene competencia para revisar el pronunciamiento de 
los órganos judiciales sobre la existencia de la triple identidad requerida de sujeto, hecho 
y  fundamento,  o  incluso  para  analizarla  directamente,  en  cuanto  constituye  el 
presupuesto de la interdicción constitucional de incurrir en bis in idem y delimita el 
contenido de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 25.1 CE, (al respecto, 
SSTC 2/2003, de 16 de enero, FJ 5, y 91/2009, de 20 de abril, FJ 6).
En el presente caso, tal como también se concluyó en la STC 91/2009, en que se 
discutía la vulneración del non bis in idem en un supuesto muy semejante al ahora 
planteado, hay que descartar la infracción del art. 25.1 CE, desde esta perspectiva, ya 
que la cuestión acerca de si la aplicación conjunta de los delitos por los que han sido 
condenados los demandantes configura un concurso de normas o de delitos ha recibido  e.
una específica argumentación en las resoluciones impugnadas, que concluye que en el  w.b
presente caso la regla a aplicar es la del concurso ideal, fundando tal conclusión en que  46ww
dlae saócrdcieónne sd peúlicbtliivcao s saet enptraoryíae cctao ntsroab lrae  pdaoz sp úbbielicnae so  jeulr íodridceons  pdúisbtliincoto sm: ieenl tradse liqtou e deel 
dfuenlidtoa mdee nitmalp, eddeir  feolr mdear eqcuheo e dl ed erelituon idóen  dperostóergdeerníae se pl úebjelirccoicsi on ole geíxtiimgeo  qduee  essete i mdeprideac hloa 
celebración de una reunión y el delito de impedir el derecho de reunión tampoco exige
que esa conducta se efectúe mediante una alteración de la paz y el orden público. De 
ese modo, la aplicación de ambos tipos delictivos en concurso ideal se justifica desde un 
perspectiva constitucional en que cada uno de ellos responde a un distinto fundamento, 
pues son diversos los intereses que cada precepto aspira a proteger. Por tanto, no 
concurriendo la triple identidad que presupone la infracción del principio non bis in idem, 
debe concluirse que la resolución judicial de casación no ha vulnerado el derecho a la 
legalidad penal.
9.  La  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  por  defectos 
constitucionales de motivación en la sentencia de casación y el auto resolutorio del 
incidente de nulidad de actuaciones: En el presente recurso de amparo acumulado, en 
los términos en que ha sido expuesto más ampliamente en los antecedentes, han sido 
alegados,  bajo  diversas  invocaciones,  defectos  constitucionales  de  motivación  en 
relación  con  diversas  cuestiones  suscitadas  en  la  vía  judicial,  que  deben  ser 
reconducidas al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). En concreto, estas 
quejas se refieren, en el recurso de amparo núm. 3331-2017, a que (i) la sentencia de 
casación no acoge ninguno de los motivos de oposición alegados contra los recursos de 
casación  interpuestos,  por  lo  que  se  viola  el  principio  de  congruencia,  y  (ii)  la 
desestimación de plano de los ocho incidentes de nulidad planteados ha producido la 
indefensión más absoluta; y, en el recurso de amparo núm. 3358-2017, a que (iii) se han 
impuesto las costas a los recurrentes por la desestimación del incidente de nulidad de 
actuaciones planteado, siendo la aplicación automática de las costas por el criterio del 
vencimiento una solución que condiciona la defensa de los derechos fundamentales a la 
capacidad económica de los recurrentes.
El ministerio fiscal, por su parte, argumenta que la queja sobre la imposición de 
costas en el incidente de nulidad de actuaciones está cuestionando la constitucionalidad 
de la norma, pero que no cabe apreciar la vulneración aducida, ya que el órgano judicial 
se ha limitado a aplicar una disposición legal que claramente impone con carácter 
imperativo las costas al promotor del incidente de nulidad cuyas peticiones se hubieran 
desestimado.
Este Tribunal ha reiterado, que (i) la obligación de motivar las resoluciones judiciales no 
es solo una exigencia impuesta a los órganos judiciales por el art. 120.3 CE, sino también, y 
principalmente, un derecho de los intervinientes en el proceso que forma parte del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado por el art. 24.1 CE, que únicamente se 
satisface si la resolución judicial, de modo explícito o implícito, contiene los elementos de 
juicio suficientes para que el destinatario y, eventualmente, los órganos encargados de 
revisar  sus  decisiones,  puedan  conocer  cuáles  han  sido  los  criterios  jurídicos  que 
fundamentan la decisión, constituyéndose en una garantía esencial para el justiciable 
mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la 
aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no el fruto de la arbitrariedad, y (ii) que, 
desde  la  perspectiva  del  deber  de  motivación  de  las  resoluciones  judiciales,  podrá 
considerarse que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el razonamiento 
que funda dicha resolución resulte arbitrario, irrazonable o incurso en error patente, ya que 
no  pueden  admitirse  como  decisiones  motivadas  y  razonadas  aquellas  en  que  se 
comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o que siguen un 
desarrollo argumental incurso en quiebras lógicas de tal magnitud que conduzcan a la 
evidencia de no poder considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas (así, por 
ejemplo, STC 133/2013, de 5 de junio FJ 5).
Por lo que se refiere a la falta de respuesta a las controversias suscitadas por las  e.
partes, la doctrina constitucional ha establecido que (i) concierne al derecho a la tutela  w.b
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), produciéndose su vulneración, en esencia,  46ww
ecunacunednot ruan ar epsrpeuteensstaió na lrgeulenvaa, ntseiq yu iedreab idtáacmitae,n tep oprl apnaterated ad aen tees tuen,  óyr g(aiin) o laju doicmiaisl iónno 
daelenguanccioiandeas  adpeobreta dreafse reirns es ua d elafesn spare, tseinns qiounee psu efodram eunlatdeansd eprsoer  vlausln epraardteos e syt en doe rae clhaos 
por el hecho de que el órgano judicial no dé respuesta explícita y pormenorizada a todas
y cada una de las alegaciones vertidas en el proceso, pudiendo darse una respuesta 
solo genérica (así, por ejemplo, STC 23/2018, de 5 de marzo, FJ 3).
Por  lo  que  se  refiere  a  la  imposición  de  costas  procesales,  la  jurisprudencia 
constitucional ha reiterado que (i) ninguno de los dos sistemas en que se estructura la 
imposición de costas, esto es, el objetivo o del vencimiento y el subjetivo o de la 
temeridad, afectan a la tutela judicial efectiva, pues la decisión sobre su imposición 
pertenece, en general, al campo de la legalidad ordinaria y corresponde en exclusiva a 
los órganos judiciales en el ejercicio de su función, (ii) en relación con el contenido de la 
motivación que debe acompañar la decisión sobre la imposición de costas procesales, 
debe distinguirse aquellos casos en los que el pronunciamiento viene impuesto ope legis, 
de aquellos que son fruto de una decisión adoptada dentro del ámbito de arbitrio previsto 
por la norma, y (iii) en lo relativo a la motivación de la imposición de costas conforme al 
criterio de vencimiento, sin prever excepciones, que es el que se plantea en el presente 
recurso, al no existir un margen de apreciación, sino que, por imperativo legal, la única 
decisión que puede adoptarse es la que la norma contempla, no existe un deber de 
motivación  sobre  la  imposición  de  las  costas  procesales  que  vaya  más  allá  de  la 
motivación necesaria para estimar o desestimar las pretensiones que constituyan el 
objeto del concreto proceso, de cuyo resultado es consecuencia inescindible la decisión 
sobre las costas causadas (así, por ejemplo, STC 51/2009, de 23 de febrero, FJ 2).
En atención a lo expuesto, hay que desestimar todas las invocaciones realizadas. En 
primer lugar, por lo que se refiere a la alegación de que la sentencia de casación no 
acoge ninguno de los motivos de oposición planteados contra los recursos de casación 
interpuestos, por lo que se viola el principio de congruencia, hay que destacar que un 
análisis de los antecedentes fácticos del recurso pone de manifiesto que sí han sido 
rechazadas  diversas  pretensiones  de  las  acusaciones  en  el  recurso  de  casación, 
habiendo sido acogidos distintos motivos de oposición de los demandantes de amparo, y 
que no han quedado sin respuesta ninguna de las cuestiones suscitadas en dicho 
recurso. Así, por ejemplo, la sentencia de casación rechazó los motivos de casación 
relativos a (i) considerar concurrente un delito de atentado a la autoridad (fundamento 
jurídico tercero); (ii) la aplicación del art. 557 bis 3 CP, en la redacción actualmente 
vigente, en tanto prevé una modificación específica del delito de desórdenes públicos 
(fundamento  jurídico  cuarto);  (iii)  la  aplicación  en  concurso  real  de  los  delitos  de 
desórdenes públicos y de impedir el derecho de reunión (fundamento jurídico sexto), o 
(iv) la concurrencia de un delito de ultraje a la bandera de una comunidad autónoma 
(fundamento jurídico séptimo). Por tanto, hay que rechazar la presente alegación por no 
quedar acreditado el presupuesto fáctico que la fundamenta, sin perjuicio de que, al 
margen de las cuestiones ya resueltas en este recurso, tampoco la demandante que 
plantea esta invocación ha cumplido con la carga procesal que le compete de determinar 
respecto de qué concreto motivo de oposición la respuesta judicial aportada ha incurrido 
en la incongruencia denunciada.
En segundo lugar, en las actuaciones se constata que no ha existido un rechazo de 
plano de los incidentes de nulidad interpuestos. Al contrario, ha quedado acreditado que 
se han sustanciado todos ellos de acuerdo con las reglas del art. 241 LOPJ, dándose 
trámite de audiencia a todas las partes personadas, y se ha dado una respuesta expresa 
a todas las cuestiones suscitadas en los mismos, aunque sea de modo desestimatorio a 
través de un auto motivado. Por tanto, hay que rechazar la presente alegación por no 
quedar acreditado el presupuesto fáctico que la fundamenta, sin perjuicio de que, al 
margen de las cuestiones ya resueltas en este recurso, tampoco la demandante que  s
plantea esta invocación ha cumplido con la carga procesal que le compete de determinar  oe.
respecto de qué concreto motivo alegado en su incidente de nulidad se ha incurrido en el  w.
rechazo de plano denunciado. 46ww
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condenará, por medio de auto, al solicitante en todas las costas del incidente […]». Por 
tanto, en atención a que el auto impugnado desestimó todos los motivos de nulidad 
presentados,  la  imposición  de  costas  que  estableció  en  aplicación  de  la  normativa 
aplicable entonces no incurrió en ningún defecto constitucional de motivación, ni supone 
en sí mismo una vulneración del art. 24.1 CE. Todo ello con independencia de que este 
recurso de amparo vaya a anular dicho auto en alguno de sus extremos por considerar 
que alguno de los motivos de nulidad debería haber sido estimado y la posible influencia 
que ello tenga en la imposición de costas.
10.  Conclusión: En definitiva, el presente recurso de amparo debe ser parcialmente 
estimado en relación con las invocaciones de los derechos a un proceso con todas las 
garantías y a la presunción de la inocencia (art. 24.2 CE), con el alcance subjetivo y con 
los efectos establecidos en el apartado c) del fundamento jurídico 5, siendo procedente 
la inadmisión de la invocación señalada en el apartado g) del fundamento jurídico 3 y la 
desestimación del resto de invocaciones por los motivos expuestos en el resto de la 
fundamentación jurídica de esta sentencia.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar parcialmente los recursos de amparo interpuestos por don Pedro Chaparro 
Velacoracho, don Víctor Diego Villalva, don Santiago Cabezuela García, doña Paula 
Mijares Casado, don José Pedro Cruz Sanz, don Javier Marcos Aroca, don Sergio 
Reguilón Fumero, don Manuel Andrino Lobo, don Jesús Fernando Fernández Gil, don 
Pablo Pavón Cadierno, don Íñigo Pérez de Herrasti Urquijo y don Miguel Venegas Girón 
y, en su virtud:
1.º  Inadmitir las invocaciones del derecho a la libertad ideológica (art. 16.1 CE) y a 
la libertad de expresión [art. 20.1 a) LOTC] realizadas por los demandantes don Pedro 
Chaparro Velacoracho, don Íñigo Pérez de Herrasti Urquijo y don Miguel Venegas Girón.
2.º  Declarar  que  se  han  vulnerado  los  derechos  a  un  proceso  con  todas  las 
garantías y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) de todos los demandantes en el 
extremo  relativo  a  la  aplicación  de  la  agravante  de  haber  cometido  el  delito  por 
discriminación ideológica (art. 22.4 CP) y de los demandantes don Pedro Chaparro 
Velacoracho, don José Pedro Cruz Sanz, don Javier Marcos Aroca, don Sergio Reguilón 
Fumero, don Manuel Andrino Lobo, don Jesús Fernando Fernández Gil, don Pablo 
Pavón Cadierno, don Íñigo Pérez de Herrasti Urquijo y don Miguel Venegas Girón en el 
extremo relativo a la aplicación del subtipo agravado del delito de daños por recaer en 
bienes de uso público (art. 263.2.4 CP)
3.º  Restablecerlos en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2017 y de las sentencias núm. 
983-2016, de 11 de enero de 2017 –aclaradas por auto de 7 de febrero de 2017–, 
pronunciadas en el recurso de casación núm. 722-2016 en los extremos y con el alcance 
subjetivo señalados en el apartado anterior. e.e
4.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al de la sentencia anulada, para  46ww
qfuuned aeml óerngtaaln roe cjuodniocciaidl op.ronuncie nueva resolución que sea respetuosa con el derecho
5.º  Desestimar los recursos en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a catorce de enero de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago 
Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez 
Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.