BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Sábado 15 de agosto de 2020 Sec. TC.   Pág. 70639
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
9775 Sala  Segunda.  Sentencia  87/2020,  de  20  de  julio  de  2020.  Recurso  de 
amparo  6127-2018.  Promovido  por  doña  M.V.A.  respecto  de  los  autos 
dictados por un juzgado de violencia sobre la mujer y la Audiencia Provincial 
de  Madrid  acordando  el  sobreseimiento  provisional  y  archivo  de  las 
actuaciones. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: archivo de 
las  diligencias  previas  que  no  satisface  el  derecho  a  obtener  una 
investigación suficiente y eficaz en el curso de un proceso penal.
ECLI:ES:TC:2020:87
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, 
ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6127-2018, promovido por doña M.V.A. contra los 
autos, de 11 de julio de 2018 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 3 de Madrid, 
que  acordó  el  sobreseimiento  provisional  y  archivo  de  las  diligencias  previas  núm. 
822-2017; y de 25 de octubre de 2018 de la Sección Vigesimoséptima de la Audiencia 
Provincial de Madrid, que desestimó el recurso de apelación formalizado por aquella 
contra la anterior resolución. Ha comparecido y formulado alegaciones don F.S.C. Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Antonio Narváez 
Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el día 19 de noviembre de 2018, la 
demandante doña M.V.A., representada por la procuradora de los tribunales doña Beatriz 
de Mera González y asistida por el abogado don Valentín Javier Sebastián Chena, 
interpuso  recurso  de  amparo  contra  los  autos  referidos  en  el  encabezamiento, 
respectivamente dictados por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 3 de Madrid y 
la Sección Vigesimoséptima de la Audiencia Provincial de la misma capital.
2.  Son hechos relevantes para resolver el presente recurso de amparo los que 
siguen:
a)  El día 11 de agosto de 2017 la ahora demandante de amparo doña M.V.A.  s
presentó escrito de denuncia contra su marido don F.S.C. en el decanato de los juzgados  e.
de Madrid, en el que le atribuía la comisión de hechos presuntamente constitutivos de los  w.
delitos de coacciones e injurias. De modo resumido, alegaba: 75ww
(i)  Que en el mes de abril de 2017 su esposo había abandonado el domicilio
lfiaqmuiidliaarc,i óhna bdiee nlad os occoiendvaedn iddeo  gaamnbaonsc ieanle sla. formulación de una demanda de divorcio con
(ii)  Que, desde la indicada fecha, el denunciado había venido adoptando una serie 
de  comportamientos  dirigidos  a  conseguir  que  aquella  firmara  una  propuesta  de 
convenio regulador perjudicial para sus intereses, tratando de doblegar para ello su 
voluntad. A tal efecto, destacaba que el denunciado, con holgada situación económica, 
habría puesto obstáculos a la actora para acceder al dinero y a otros recursos de 
carácter ganancial, de los que dependía económicamente, con objeto de que aquella 
firmara la propuesta de divorcio y abandonara la vivienda familiar, reconociendo así que 
carece de derechos sobre la misma, pese a haber sido abonada en su mayor parte con 
dinero ganancial. La demandante acompañaba sus afirmaciones de dos justificantes 
bancarios de transferencias (por importes de 600 y 1000 €) que, según manifestaba, 
eran los únicos que habría recibido en fechas 26 de abril y 24 de mayo de 2017, por los 
conceptos de «adelanto indemnización [de] separación» y «adelanto indemnización [de] 
divorcio», así como de capturas de pantalla relativas a conversaciones presuntamente 
habidas entre ambos.
(iii)  Que, al no haber logrado su propósito, el denunciado había conminado a la 
denunciante con revelar a la hija de esta (hija no común) un hecho íntimo y vinculado a 
su concepción que, hasta entonces, habían decidido mantener reservado. En apoyo de 
esta afirmación, adjuntaba el contenido de un correo electrónico supuestamente remitido 
por el denunciado a la hija de la denunciante el día 15 de junio de 2017.
(iv)  Que el día 7 de julio siguiente, el denunciado se había personado en una 
vivienda de su privativa titularidad, sita en la localidad de Noia, pero de uso familiar 
porque en ella residía los veranos y por motivos vacacionales la hija de la denunciante, 
para cambiar la cerradura de la puerta del inmueble, aprovechando una ausencia de 
esta, y así impedir su acceso a la demandante y a su hija. Agregaba a lo expuesto que, 
aun cuando tal hecho había sido objeto de denuncia individualizada por parte de la hija 
de la demandante, el mismo iba acompañado de otras conversaciones entre denunciante 
y denunciado sobre la conveniencia por parte de aquella de firmar la propuesta de 
divorcio que le había remitido el denunciado.
(v)  Que, en fechas 20 y 21 de julio de 2017, se cruzaron varios correos electrónicos 
entre el denunciado y la hija de la denunciante, en los que aquel se refería a la 
denunciante con términos como «ladrona», «psicópata» y «parásito».
(vi)  Que, finalmente, durante los años de convivencia el denunciado había venido 
sometiendo a la denunciante a gritos y alusiones continuas a su escasa valía y a sus 
supuestos problemas psicológicos, manteniéndola bajo una continua tensión emocional 
que  había  desembocado  en  una  depresión,  para  cuya  curación  estaba  precisando 
tratamiento farmacológico y terapéutico. Tal circunstancia había sido reconocida por el 
propio denunciado en algunos de sus correos electrónicos, en los que mostraba su 
arrepentimiento hacia la denunciante, adjuntándose copia de los mismos en forma de 
capturas de pantalla.
b)  La denuncia fue turnada al Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 3 de 
Madrid,  que,  por  auto  de  27  de  septiembre  de  2017,  inició  la  tramitación  de  las 
diligencias  previas  núm.  822-2017  seguidas  por  presunto  delito  de  coacciones, 
acordando  la  práctica  de  las  siguientes  actuaciones  de  investigación:  (i)  oír  en 
declaración  a  la  denunciante,  con  instrucción  de  sus  derechos  y  ofrecimiento  de 
acciones;  (ii)  oír  en  declaración  al  denunciado,  con  instrucción  de  sus  derechos  y 
acordar, dado el caso, su reconocimiento médico forense para la emisión del informe 
oportuno; y (iii) recabar la hoja histórico penal del denunciado.
c)  En relación con las dos primeras diligencias de investigación, después de un  e.
inicial intento de citación de la denunciante y del denunciado que no fue efectivo, el  w.b
juzgado consiguió citar a la ahora demandante a la que recibió declaración el día 18 de  75ww
mocatugbisrtera ddae  i2n0st1r7u.c toProar  dseul  ppraorctee,d immeiedniaton tea coprrdoóv idliebnracria e xdheo r9to  dael  joucztguabdreo  dcoem 2p0e1te7n, tela, 
choenc heols .fin de recibir declaración al denunciado, en calidad de investigado, sobre los
d)  En su declaración del día 18 de octubre de 2017, la actora ratificó el contenido de su 
denuncia y complementó sus alegaciones en el sentido de informar al juzgado de que el 
denunciado –que en aquel momento residía en China por razones de trabajo– estaría 
localizable en España durante las tres semanas siguientes, aportando un domicilio para su 
localización. Aclaró también que el contenido de los mensajes adjuntados a la denuncia se 
correspondía con ciertos correos electrónicos cruzados por la denunciante y por su hija con el 
denunciado,  pero  también  quiso  hacer  constar  «que  en  el  WhatsApp  tiene  mensajes 
procedentes del teléfono móvil del denunciado dirigidos a su terminal de móvil».
Por último, señaló que, desde la interposición de la denuncia, no había vuelto a tener 
ningún incidente con el denunciado, pero que, estaba «devolviendo recibos de luz y 
agua» que llegaban a su cuenta corriente por no poder asumirlos. Que trabajaba hasta el 
mes de diciembre de aquel año (2017) en que finalizaba una beca del Colegio de 
Abogados que le había sido concedida.
Concluida la declaración, y en unidad de acto, por el juzgado se acordó la citación de 
la denunciante «para el cotejo judicial» el día 31 de octubre siguiente, «apercibiéndole de 
la documentación que deberá aportar». No consta en el testimonio de las actuaciones 
remitidas por el órgano judicial que la diligencia judicial de cotejo de documentos llegara 
a ser efectuada.
e)  El 19 de octubre de 2017, día siguiente a la anterior declaración, la demandante 
se personó como acusación particular en las actuaciones. Aceptada su personación, 
mediante escrito registrado el 21 de noviembre de 2017, interesó la práctica de diversas 
diligencias  de  prueba,  siendo  estas:  (i)  la  unión  a  las  actuaciones,  como  prueba 
documental, del certificado médico adjuntado al escrito y extendido el 6 de noviembre 
anterior, en el que se hacía constar que la demandante acudió a consulta en el verano 
de 2015, siendo su segunda vez, y refirió ya entonces preocupación «por su marido, que 
de forma progresiva la agrede verbalmente», presentando «un estado depresivo-ansioso 
grave, reactivo a la consolidación de maltrato psicológico», que llevó a que un año antes 
de  la  fecha  de  emisión  de  este  certificado  se  le  prescribieran  antidepresivos  y 
ansiolíticos, recomendando baja laboral; (ii) con fundamento en dicho certificado médico, 
solicitaba la emisión de informe pericial por parte del psicólogo adscrito a la unidad de 
valoración forense integral de ese juzgado, con el fin de que analizara posibles rasgos 
psicológicos en la demandante, compatibles con vivencias de maltrato continuado; (iii) 
finalmente, interesaba nueva citación para el cotejo de cuantos mensajes y correos 
electrónicos reflejaba la denuncia, «al no haber sido posible su realización en la última 
fecha en que fue citada» (31 de octubre de 2017).
f)  Por medio de providencia de 25 de noviembre de 2017, el juzgado acordó, con 
carácter previo a admitir o denegar las diligencias solicitadas, estar a la espera de recibir 
el exhorto con la declaración del investigado y, con su resultado, acordar lo pertinente.
g)  La diligencia de declaración de don F.S.C. en calidad de denunciado, acordada por 
exhorto no pudo llevarse a cabo por la incomparecencia de aquel, pese a haber sido reiterada 
la citación en varias ocasiones. Tal circunstancia determinó que, a la vista de lo actuado, el 
juzgado dictara auto de 5 de febrero de 2018 por el que acordó el sobreseimiento provisional 
de las actuaciones en tanto el investigado se presentase o fuese habido con el fin de recibirle 
declaración [art. 641.1 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim)].
h)  Por posterior escrito de 12 de marzo de 2018, la representación procesal de la 
demandante solicitó el alzamiento del sobreseimiento y reapertura de las diligencias 
previas. Aportaba a tal fin lugar, fecha y hora en que el denunciado estaba previsto que 
compareciera para la sustanciación del procedimiento civil de divorcio contencioso núm.  s
16-2018, seguido ante ese mismo juzgado. Solicitaba que dicho acto procesal fuera  oe.
aprovechado para cursarle la pertinente citación en el procedimiento penal de referencia. w.
i)  Después de constatar aquellos extremos, el juzgado consiguió finalmente recibir  75ww
declEanra scuió nd eac dlaorna cFió.Sn.,C e. l edl edníau n1c1i addeo j ucloiom deen z2ó0 1d8e.stacando que los hechos denunciados
ennot rsaed aa jau slata vbiavnie nad ala  dree aNliodiaad s. eA lgor ehgaób íaq uceo meul nciacmadboio c odne  alan tecelarcraiódnu raa  lad ea cltao rpau, eprotarq duee   BOE-A-cable e
el inmueble era un bien privativo propio. Asimismo, que la demandante tenía uso de la 
vivienda conyugal pero no de la de A Coruña, aunque le había entregado las llaves por si 
alguna vez las necesitaba. Que se habían casado en 2010, si bien en enero de 2017 
cesaron en la convivencia, pues la relación afectiva «se rompió sobre el 2016».
En relación con la hija de la demandante, señala en su declaración que «le decía a M. 
[…] que era un peligro para la niña, que era muy joven [para] que tuviese relación con su 
padre, en relación con la violación»; que «se había preocupado durante toda la relación 
pero ella se pone muy nerviosa y él trataba de calmarla», agregando que hacía dos años 
que no la veía.
En  relación  con  los  WhatsApp  y  correos  electrónicos  que  había  aportado  la 
denunciante,  documentación  que  figuraba  en  autos,  declaró  que  no  recordaba  los 
correos y que eran de un teléfono «que desconoce». Igualmente, que «de ninguna de las 
maneras intentó amenazarla, ni coaccionarla con los correos» y que además ella «le 
decía ‘si no haces lo que te digo, te voy a denunciar’». Que «hace dos años bloqueó el 
teléfono y las llamadas telefónicas».
Cuando la titular del juzgado le instruyó del contenido de los correos, manifestó «que 
no  se  reconoce  como  la  persona  que  lo  escribe».  Que  «ella  tenía  acceso  a  las 
contraseñas» y que él solo quería una sentencia de divorcio y que aquello acabara.
Asimismo, manifestó que «ella le dijo que iba a alargar el proceso», que únicamente, 
por razones laborales, tuvieron contacto físico un año, pues de los ocho que llevaban 
casados, solo ese año tuvieron convivencia. Que la demanda de divorcio la presentó él 
en el mes de julio de 2017. Que la ahora demandante de amparo le «envía emails 
constantemente a él y su familia pero él no contesta»; aclara, también, que «ella es 
experta en penal y tiene independencia económica». Que no hubo ninguna denuncia por 
parte de la ahora demandante antes de que fuera planteada la demanda de divorcio. 
Añade que no sabía que la denunciante hubiera tenido tratamiento psíquico o psicológico 
e ignora si «como consecuencia de la violación que ella había sufrido ha estado en 
tratamiento. Que nunca ha dicho a nadie nada sobre la situación de la hija [de la 
demandante] y su procedencia».
j)  Una vez prestada declaración por el investigado, el mismo día 11 de julio de 2018 
el Juzgado de Violencia núm. 3 de Madrid dictó auto por el que acordó el sobreseimiento 
provisional de las actuaciones, al no apreciar indicios de la comisión de los delitos de 
maltrato habitual y coacciones en el ámbito familiar, que había sido objeto de denuncia.
La resolución judicial sopesaba, en primer término, que se trataba de versiones 
absolutamente  opuestas  sobre  lo  sucedido,  estimando  que  no  concurría  elemento 
objetivo alguno que corroborara lo denunciado.
Exponía, a continuación, que, aunque la denunciante hubiera referido un maltrato 
habitual, lo cierto es que el matrimonio había convivido esporádicamente, pues, en los 
siete años de relación, el denunciado había vivido en China, Perú y otros países. 
Consideraba, asimismo, como significativo que la esposa hubiera formulado denuncia a 
raíz de que el denunciado presentó la demanda de divorcio en julio de 2017. En cuanto 
al hecho de haber cambiado la cerradura de la vivienda radicada en A Coruña, se razona 
en el auto que se trata de un inmueble de la exclusiva propiedad del denunciado, de 
carácter privativo y no destinado a vivienda familiar, por lo que su conducta no integraría 
el delito de coacciones, al no acreditarse mínimamente el elemento intencional.
Finalmente, respecto del contenido de los mensajes y correos electrónicos aportados 
con la denuncia, se estimaron faltos de relevancia penal, pues «el hecho de que el 
denunciado reconozca que es un maltratador, que ha tratado mal a la denunciante, debe  s
contextualizarse en el victimismo de una persona que quiere reconducir una relación,  oe.
victimismo que se traduce en reconocer que ha hecho las cosas mal, para después pedir  w.
perdón». Igual ausencia de relevancia penal se apreció en las expresiones vertidas por el  75ww
qinuvee sptoigdardáon  ceonn sloidse craorrsreeo «sa efolertcutnróandiacso so  cnrou,z gardoosse rcaosn,  plae roh ijnao  dseo nla c odnesntuitnuctiivaanst ed,e o dpeinliitoon»e.s
provCisoiomnoa l cyo anrscehcivuoe ndceia la d cea ulos ae x«paul ensot os,e re ll ojsu zhgeacdhoo sd ed evnioulnecniacidao as ccoorndsót iteult isvoobsr deese dimeliieton»to.  BOE-A-cable e
k)  Mediante  escrito  datado  el  18  de  julio  de  2018  la  demandante  de  amparo 
interpuso  recurso  de  apelación  contra  la  precedente  resolución  de  sobreseimiento, 
interesando su revocación.
El  conocimiento  de  este  recurso  correspondió  a  la  Sección  Vigesimoséptima  de  la 
Audiencia Provincial de Madrid, quedando registrado como rollo de apelación núm. 2114-2018.
El escrito del recurso cuestionaba, en primer término, algunas afirmaciones del auto 
recurrido, entendiéndolas no solo ausentes de reflejo en el concreto procedimiento penal, 
sino además erróneas. Entre ellas, al hacer mención a lo significativo que resultaba que 
la recurrente hubiera presentado la denuncia poco después de registrarse la demanda 
de divorcio. Incidía, con este fin, en que la denuncia se presentó el 11 de agosto de 2017 
y la demanda de divorcio fue admitida a trámite en fecha posterior, concretamente el 26 
de septiembre siguiente, acordando posteriormente el juzgado de primera instancia al 
que fue turnada su inhibición a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 3 de 
Madrid, que era el que había tramitado las actuaciones penales iniciadas a partir de la 
denuncia de la actora.
Destacaba en su escrito que fue con ocasión de las desavenencias habidas entre los 
cónyuges a la hora de establecer las condiciones del divorcio –convenio regulador y 
liquidación  de  la  sociedad  de  gananciales–  como  surgieron  los  actos  de  coacción 
personal y económica que se denunciaban.
Para la recurrente resultaba sorpresivo el carácter esporádico de la convivencia 
conyugal en el que, asimismo, se apoyaba la decisión judicial recurrida. De un lado, se 
trataría de un dato sin sustento en las actuaciones y, de otro, el trabajo del denunciado 
en diferentes países no necesariamente implicaría una convivencia episódica, habiendo 
disfrutado de largas temporadas de convivencia en esos mismos países.
En otro orden de cosas, el recurso incidía en que los mensajes y correos electrónicos 
recibidos  por  la  denunciante  durante  la  negociación  de  los  términos  del  divorcio 
recogerían manifestaciones que evidenciarían actos de coacción psicológica, y que la 
resolución  combatida  habría  justificado  desde  una  actitud  benevolente  hacia  el 
denunciado. El recurso reseñaba, acto seguido, tales contenidos.
El sobreseimiento provisional decretado infringiría, en fin, los principios básicos del 
Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica, hecho en Estambul y suscrito por España. En concreto, la previsión de su 
art. 49.2, conforme al cual los estados firmantes adoptarán medidas «teniendo en cuenta 
la perspectiva de género en este tipo de violencia, para garantizar una investigación y un 
procedimiento efectivo por los delitos previstos en el presente Convenio». Al hilo de tal 
planteamiento,  el  recurso  cuestionaba  que  la  decisión  impugnada  no  hubiera 
profundizado con suficiente intensidad. En particular, en lo atinente al certificado médico 
aportado por la denunciante, del que el órgano judicial hizo caso omiso, pese a describir 
un estado depresivo-ansioso grave compatible con maltrato psicológico e interesar la 
actora en cuanto acusación particular que, con fundamento en el mismo, se evaluara 
pericialmente a la apelante por la unidad de valoración forense integral. Señala que tal 
petición había sido dejada por el juzgado a expensas del resultado de la declaración del 
investigado, pero cuando esta tuvo lugar, el juzgado obvio todo pronunciamiento sobre la 
práctica de dicha diligencia y procedió, sin más, al archivo de lo actuado.
Por último, a su parecer, devino precipitada la conclusión de atipicidad a la que también 
llegó la resolución impugnada en relación con los daños o sufrimientos de naturaleza 
económica, que el art. 3 del Convenio de Estambul encuadra entre los actos de violencia 
contra  la  mujer  en  el  ámbito  doméstico  y  que  también  reconocen  como  «violencia  s
económica» algunas leyes españolas, como la Ley canaria de prevención y protección  oe.
integral de las mujeres contra la violencia de género, al referirse a la privación intencionada  w.
de recursos para el bienestar físico o psicológico de una mujer y la limitación en la  75ww
dispEosni csióunm dae,  nloi sl are acpurrosoxism, parcoiópnio sa  olo cso mhepcahrtoidso rse,s eunlt aerl íáam cboirtore fcatma,i linair  soe d hea pbarríaenja .agotado
laopse mlaecidóino s ddeeja irnav essitnig aecfieócnt.o  Realz oanuetos  proerc ularsri dqou ey,  laq ureec, uprroern teel  sjoulzicgitaadboa  qau eq ulao  sfaulear daen   BOE-A-cable e
practicadas las diligencias solicitadas por aquella, como acusación particular, en su 
escrito  de  17  de  noviembre  de  2017  (pericial  psicológica  y  cotejo  de  mensajes); 
subsidiariamente, el recurso interesaba que fuera declarada la concurrencia de indicios 
bastantes de la comisión de un delito continuado de coacciones y otro de maltrato 
psicológico habitual y fuera ordenada la continuación de las actuaciones por los trámites 
del art. 779.1.4 LECrim.
l)  En el trámite de alegaciones del recurso de apelación, el Ministerio Fiscal interesó 
la estimación del recurso al entender que, a la vista de las diligencias practicadas y de 
aquellas que, solicitadas por la acusación denunciante, no se habían practicado, el 
sobreseimiento acordado podía resultar prematuro. Interesaba, en función de ello, que 
se dejara sin efecto el archivo, procediendo a practicar aquellas diligencias.
m)  Las alegaciones del investigado se incorporaron el 11 de septiembre de 2018. 
En ellas se oponía al recurso planteado de contrario, incidiendo en que, por la apelante, 
se faltaba a la verdad al apuntar problemas en el acceso al dinero ganancial. Igualmente, 
señalaba que, al confundir la negociación de los términos económicos del divorcio con 
una coacción, que no vendrían a acreditar los correos aportados con la denuncia, la 
denunciante había sacado de contexto su contenido.
Continuaba destacando que tampoco habría desatendido la instructora las pautas del 
Convenio de Estambul por el hecho de no incidir en el contenido del parte médico, que recoge 
un comentario de la paciente que se remonta a 2015. Así pues, resultando irrelevantes las 
diligencias de prueba propuestas por la acusación particular, solo cabría afirmar, con la 
resolución combatida, un conflicto entre las partes, ligado a la disolución de su vínculo 
matrimonial y con comportamientos más o menos reprochables, pero no por ello delictivos.
n)  Por auto de 25 de octubre de 2018 la Sección Vigesimoséptima de la Audiencia 
Provincial de Madrid desestimó el recurso.
En su fundamento jurídico segundo, la resolución venía a compartir la argumentación 
de instancia, tildándola de suficiente, razonable y lógica al no continuar el procedimiento. 
La Audiencia Provincial convenía, por un lado, con el órgano a quo en la ausencia de 
corroboraciones periféricas de las presuntas coacciones, que no fueron denunciadas 
hasta que el matrimonio se vio inmerso en una crisis de pareja que, a la vista de algunos 
de los mensajes adjuntados a la denuncia, habría comenzado meses o incluso años atrás.
El cambio de la cerradura del inmueble privativo del investigado tampoco sería por sí 
mismo ilustrativo de una intención de doblegar la voluntad de la denunciante con el fin de 
que se aviniese a la propuesta de convenio regulador. Tampoco habría dato objetivo 
alguno del presunto desvío de fondos gananciales o bien de obstáculos impuestos a su 
disfrute. El anuncio de desvelar circunstancias vinculadas a la intimidad de la hija de la 
denunciante,  más  allá  de  la  inmoralidad  que  pudiera  denotar,  tampoco  adquiriría 
relevancia penal para considerar este hecho alegado como separado de la propia crisis 
de pareja, pues para ello sería necesario que se concretara en forma de amenaza o 
coacción. En el criterio de la sala, tales expresiones se perciben, en cambio, como la 
intención de causar dolor en la denunciante y en su hija, sin que ello representara un 
indicio de las coacciones denunciadas.
Tampoco encuentra la Audiencia Provincial de Madrid corroboraciones del supuesto 
maltrato psicológico, en apoyo de lo cual únicamente se dispone de una pluralidad de 
mensajes, correspondientes a periodos de tiempo diferentes y separados entre sí, en los 
que el denunciado se presentaría a sí mismo como un maltratador psicológico. Sin 
embargo, la autoatribución de tal condición no es en sí misma indicio del delito en 
cuestión.  El  certificado  médico,  finalmente,  tan  solo  mencionaba  preocupación  y  s
depresión en la denunciante ante el presunto maltrato verbal que habría manifestado  oe.
sufrir del investigado. w.
En conclusión, en el momento de dictarse la resolución, los hechos denunciados se  75ww
cdoenbsieidnedroa beannm parrivcaadrsoes  d«ed ernetlreov adnec iala p elanmale ny tafabllteo s ndoerm laal idmaáds  qmuíen imaac ocmoprraoñbao raac iólons, 
procesos  de  ruptura,  como  el  que  se  deja  entrever  en  los  diversos  documentos
presentados, sin que sea la finalidad del proceso penal realizar un juicio de valor acerca 
del comportamiento más o menos ético de las partes de una pareja que se disgrega».
La  sala  entiende  que  actuó  correctamente  el  órgano  a  quo  al  sobreseer 
provisionalmente las actuaciones, en el ámbito de las funciones que le encomiendan los 
arts. 798 y 779.1 LECrim, pues, ni se estima justificada la comisión de los hechos que 
dieron lugar a la formación de la causa, ni se vislumbran diligencias de investigación 
útiles a tal fin.
3.  La demanda de amparo se dirige contra el auto, dictado por el juzgado instructor 
de las diligencias, que acordó el sobreseimiento provisional y subsiguiente archivo de las 
actuaciones,  así  como  el  posteriormente  dictado,  en  trámite  de  apelación,  por  la 
Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó aquella decisión.
Entiende la demandante que ambas resoluciones vulneran su derecho a la tutela 
judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  como  garantía  de  una  resolución  judicial  motivada, 
razonada y razonable. Tal queja es tributaria de la vertiente de aquel mismo derecho 
fundamental que consiste en obtener una investigación eficaz de lo denunciado, acorde 
con el canon establecido en el art. 49.2 del Convenio de Estambul, sobre prevención y 
lucha contra la violencia sobre la mujer y la violencia doméstica.
Para la demandante, el origen de la infracción de sus derechos proviene de la 
decisión de sobreseer, dictada de forma irrazonable y erróneamente motivada por parte 
del juzgado, que ha impedido una investigación efectiva de los hechos, a pesar de que 
podrían  haber  quedado  acreditados  con  las  diligencias  que  había  solicitado  la 
demandante, en cuanto acusación particular personada, y que dejó aquel sin proveer, al 
haber  decidido  sobreseer  inmediatamente  después  de  que  el  denunciado  prestara 
declaración en calidad de investigado.
Afirma, por otro lado, que el auto judicial recoge información que no se encuentra en 
el procedimiento penal y. cuya fuente no cita, para insinuar cierto ánimo espurio en la 
denunciante. Así, cita al respecto un pasaje de la resolución que dice: «es significativo 
que la denunciante formule precisamente la denuncia cuando el investigado presentó la 
demanda de divorcio en el mes de julio de 2017». Sin embargo, la demandante señala 
que lo cierto fue que los mensajes del denunciado habían sido enviados entre mediados 
y finales de julio de 2017 y la denuncia fue interpuesta a primeros de agosto; por tanto, 
en fecha anterior a que la demanda de divorcio que presentó el denunciado ante un 
juzgado de primera instancia de Madrid fuera admitida a trámite, que lo fue el día 26 de 
septiembre de 2017, por lo que difícilmente la demandante podía tener conocimiento de 
su existencia o, por lo menos, no consta en tal sentido en las actuaciones.
Según refiere, el juzgado también minimiza el contenido de los mensajes remitidos 
por el denunciado –incluso de aquellos en los que reconoce haber sido agresivo con la 
denunciante,  solicitando  su  perdón–  desde  una  valoración  psicológica,  en  lugar  de 
jurídica,  y  describe  lo  que  la  doctrina  denomina  «ciclo  de  violencia»  –agresividad, 
maltrato, arrepentimiento, perdón y vuelta a empezar– con actitud benevolente, tildando 
lo  ocurrido  de  victimismo  por  parte  de  quien  quiere  reconducir  una  relación, 
reconociendo aquello que ha hecho mal.
Por otro lado y, en relación a la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, la 
demandante considera que el órgano de apelación ha venido a desmarcarse del criterio 
de instancia para reconocer –también desde una valoración alejada de lo jurídico– que la 
denunciante ha sido el sujeto pasivo de una actitud por parte del denunciado que debe 
calificarse de inmoral y poco ética, mas no delictiva.
Para la actora, aun aceptando que su declaración y la del denunciado puedan  e.
entenderse  contradictorias  entre  sí,  debió  profundizarse  en  la  investigación  de  los  w.b
hechos a tenor del informe médico aportado, dada la referencia que en él se hace a las  75ww
acognressuilvtaidsa dr evaelirzbaadl,a qs ued ehsadber íae ll leavñaod o2 a0 1la5  dceonmuon cicaonntes eac uuenn cciuaa ddreo  duen ad espirteusaicóinó.n  Edlleo 
dsoebbreer íala  hcaubeesrt iócno nrdeuccaibdaon dao  quunea,  tvaal loyr accoiómno  psroofliecsitióo,n aell  djuez gínaddool eh pusbiiceoraló gpircoaf usnodbizrea dloa 
situación de maltrato alegada.
En lugar de ello, el juzgado cerró la investigación mediante una resolución que no 
motivó las razones por las que había obviado la práctica de las diligencias expresamente 
interesadas por la demandante, como acusación personada en las actuaciones, que 
habían sido apoyadas por el Ministerio Fiscal, por lo que, con este proceder, el juzgado 
ha  infringido  el  canon  de  motivación  reforzada  que,  más  allá  del  art.  24  CE,  se 
desprendería del Convenio de Estambul anteriormente citado, lesionándole su derecho a 
la tutela judicial efectiva.
Agrega a lo expuesto que, similar criterio cabe extraer de la doctrina establecida por 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH de 2 de mayo de 2017, asunto B.V. 
c. Bélgica, § 56 y 57, por remisión al asunto Armani Da Silva c. Reino Unido). En suma, 
el derecho de la demandante a una investigación y un procedimiento efectivos no devino 
garantizado por el juzgado de violencia sobre la mujer.
Sobre estos extremos centra la demandante la especial trascendencia constitucional 
del recurso, entendiendo que brinda ocasión para que este tribunal establezca el canon 
de  motivación  exigible  a  las  resoluciones  judiciales  que  acuerdan  el  final  de  una 
investigación en procedimientos relacionados con la violencia sobre la mujer, al amparo 
de los derechos y directrices internacionales. Según refiere, se trata, además, de una 
cuestión jurídica de relevante y general repercusión social. Considera que, en su defecto, 
los órganos judiciales habrían incurrido en una negativa manifiesta respecto de su deber 
de acatar la doctrina constitucional preexistente en materia de motivación reforzada y 
que, entre otras, recogen las SSTC 130/2016, de 18 de julio, y 39/2017, de 24 de abril, 
en cuanto al deber de desplegar una investigación eficaz respecto de las denuncias que, 
con fundamento en el derecho a no sufrir un trato inhumano y/o degradante, versen 
sobre maltrato policial a personas detenidas.
La demanda interesa finalmente, en el suplico, que se declare vulnerado el derecho a 
la tutela judicial efectiva de la recurrente, anulando el auto de sobreseimiento, así como 
el dictado en apelación y confirmatorio de la decisión, acordándose una retroacción de 
las actuaciones «compatible con los principios y derechos del Convenio de Estambul, 
sobre la práctica de las pruebas solicitadas por la acusación particular».
4.  Por diligencia de ordenación de 18 de enero de 2019, la Sección Cuarta de este 
tribunal acordó, con carácter previo a resolver sobre la admisibilidad del recurso, dirigir 
atenta comunicación al Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 3 de Madrid y a la 
Sección  Vigesimoséptima  de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid,  con  el  fin  de  que 
remitieran  certificación  o  copia  adverada  de  sus  respectivas  actuaciones  en  este 
procedimiento. El día 22 de febrero de 2019 se reiteró dicha petición respecto de la 
audiencia provincial.
A su vista, el día 16 de septiembre de 2019, la indicada Sección del tribunal dictó 
providencia admitiendo a trámite el recurso [arts. 49.1 y 50.1 a) de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC)], apreciando en el mismo una especial trascendencia 
constitucional  por  plantear  un  problema  o  afectar  a  una  faceta  de  un  derecho 
fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, de 25 de junio, 
FJ 2 a)]. Acordó también el emplazamiento, por término de diez días, de quienes 
hubieran sido parte en el procedimiento, con excepción de la recurrente, a los efectos de 
poder comparecer en el presente proceso de amparo.
5.  Mediante  diligencia  de  ordenación  de  18  de  octubre  de  2019  se  tuvo  por 
personada y parte en este proceso a la representación procesal de don F.S.C., que 
ostentaba la condición de investigado en el procedimiento de origen, entendiéndose con  e
su procurador, don Luis de Villanueva Ferrer, las sucesivas actuaciones, bajo la dirección  bo
del letrado don Pedro López Torres. 75ww
al  MSien iastceorriod ó,F tiascmabl,i énp,o dr apr lvaizsota  cdoem laúsn  acdteu avceioinntees  rdeíacisb id(aarst .a  5la2s.1 p aLrOteTs Cp)e, rspoanraad aqsu ey 
formularan las alegaciones que estimaran pertinentes.
6.  El  día  7  de  noviembre  de  2019  fueron  registradas  en  este  tribunal  las 
alegaciones del Ministerio Fiscal, que concluyen con la solicitud del otorgamiento de 
amparo  a  la  recurrente,  por  entender  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
vulneraron el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su 
doble vertiente de obtener una resolución judicial motivada, razonada y razonable, así 
como de que no se hubiera seguido una investigación y procedimiento efectivos ante el 
órgano judicial competente. El escrito pone, además, en relación el contenido de la 
pretensión de amparo con el art. 49.2 del Convenio de Estambul sobre prevención y 
lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.
Tras repasar la doctrina constitucional sobre el acceso a la jurisdicción y sobre la 
motivación de las resoluciones judiciales que acuerdan el archivo de una causa penal 
(entre otras, SSTC 214/1999, de 29 de noviembre, FJ 4; 106/2011, de 20 de junio, FJ 3, 
y 39/2017, de 24 de abril, FJ 2; así como el ATC 36/2017, de 27 de febrero, FJ 3), la 
fiscal ante este tribunal trae a colación lo declarado en la STC 59/2008, de 14 de mayo, 
FJ 8, sobre la finalidad y el ámbito de protección de la Ley integral sobre violencia de 
género, que conecta con diversos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos  en  los  que,  en  supuestos  relacionados  con  la  violencia  de  género,  ha 
apreciado este la lesión del art. 3 del Convenio (SSTEDH de 9 de junio de 2009, asunto 
Opuz c. Turquía, § 144, 158 a 161, y 200; de 2 de marzo de 2017, asunto Talpis c. Italia; 
de 23 de mayo de 2017, asunto Bălşan c. Rumania; de 9 de julio de 2019, asunto 
Volodina c. Rusia, y de 19 de marzo de 2019, asunto EB c. Rumanía). Recuerda también 
que el citado Convenio de Estambul prevé en su art. 44.2 (rectius: art. 49.2) que, por los 
estados firmantes, se adopten medidas «teniendo en cuenta la perspectiva de género de 
este tipo de violencia, para garantizar una investigación y un procedimiento efectivos» 
por los delitos que el propio convenio prevé y que, en líneas generales, afectan a los 
actos  que  impliquen  una  violación  de  los  derechos  humanos  como  forma  de 
discriminación contra las mujeres por razón de género, o bien puedan implicar daños o 
sufrimientos para las mismas de naturaleza física, sexual, psicológica o económica.
Descendiendo al supuesto de autos, el Ministerio Fiscal considera que la decisión de 
sobreseimiento acordada por el juzgado de violencia sobre la mujer resulta precipitada, 
pues se decanta por el archivo de las actuaciones sin realizar más diligencias de 
investigación que tomar declaración a la denunciante y al denunciado, obviando ordenar 
otras diligencias para el debido esclarecimiento de ciertos términos de la denuncia.
La ausencia de indicios bastantes de los hechos objeto de denuncia que, a la vista 
de su resultado, aprecia la instructora, decantándose por la versión del denunciado, fue 
oportunamente  puesta  en  entredicho  por  la  denunciante  con  ocasión  del  aporte 
documental que hizo valer en su recurso de apelación. Sin embargo, la Audiencia 
Provincial de Madrid ha compartido la conclusión de instancia, que estima basada en 
una motivación suficiente, razonable y lógica. Para la sala de apelación, según dice la 
fiscal, los hechos denunciados no revisten suficiente entidad penal, al carecer de una 
mínima corroboración periférica. Se valoran «incardinados en la lamentable normalidad 
que, de ordinario, acompaña a los procesos de ruptura […], sin que el proceso penal 
tenga por finalidad realizar un juicio de valor acerca del comportamiento más o menos 
ético de las partes de una pareja que se disgrega».
La fiscal pone, no obstante, el acento en que ambos órganos judiciales omiten tomar 
en consideración que se trataba de la fase de investigación de unos hechos cuya 
tipicidad penal, caso de entenderse acreditados, no ofrecería dudas. También marginan 
que no se haya practicado ninguna diligencia de investigación añadida a las indicadas  s
declaraciones de las partes, correspondiendo al instructor su impulso, que no debe  oe.
quedar limitado o constreñido al examen de lo aportado con la denuncia. En este  w.
sentido,  considera  el  ministerio  público  que  los  hechos  denunciados  tenían  fácil  75ww
dcoernruonbcoiraa,c ibóans; taabsaí , ofpicairaar  ac olmasp rdoibsatinr taloss  enetliedmadeensto bs aneccaorniaósm; iceons  cuqaunet oa aflol reasnt addoe  dlea 
smaislumda d eh albaí ad esnoulinccitiaadnote ,d etal mebqiuéinp op oddeí av asleorr aocbiójent od edle  jupzrugeabdao . mTéoddiacsa , etsatla ys  cporumeob alas   BOE-A-cable e
habrían podido arrojar luz sobre lo denunciado, para descartarlo o corroborarlo, y dotar o 
privar,  con  ello,  de  verosimilitud  a  otros  datos  no  cuestionados,  tales  como  las 
expresiones vertidas por el denunciado, permitiendo contextualizarlas para su correcta 
valoración penal.
En suma, estima la fiscal que, ni la simple contradicción entre las versiones de la 
denunciante y el denunciado, ni la lamentable normalidad de situaciones como las que 
acompañan a las rupturas de pareja, son argumentos suficientes para abstenerse de 
todo impulso procesal limitando la instrucción al análisis de la idoneidad, a modo de 
prueba plena, de aquella que acompaña a la denuncia; menos aún puede justificarse que 
no se acceda a practicar las mínimas diligencias probatorias instadas por la denunciante, 
cuya realización se impide con el archivo directo de las actuaciones.
Concluye la representante del Ministerio Fiscal su exposición solicitando que se 
otorgue el amparo para declarar vulnerado el derecho de la demandante a obtener una 
tutela judicial efectiva de los tribunales. Interesa, en consecuencia, que se anulen ambas 
resoluciones judiciales, acordando este tribunal una retroacción de las actuaciones al 
momento anterior al del dictado de la primera de ellas con el fin de que, por el juzgado 
de violencia sobre la mujer de procedencia, se dicte una nueva resolución, respetuosa 
con el indicado derecho fundamental.
7.  El día 14 de noviembre de 2019 entraron en el registro de este tribunal las 
alegaciones complementarias de la demandante de amparo, que se han limitado a 
ratificar íntegramente las alegaciones del escrito de demanda, así como la pretensión de 
otorgamiento del amparo solicitado en el suplico.
8.  Con fecha 20 de noviembre de 2019 presentó sus alegaciones en el registro de 
este tribunal la representación de don F.S.C., parte denunciada en el procedimiento de 
origen, que ha mostrado su oposición a la concesión del amparo por entender que las 
resoluciones judiciales impugnadas están ajustadas a derecho.
Recuerda, a tal fin, que es doctrina constitucional consolidada (por todas, STC de 31 
de enero de 1994) que «la finalidad hacia la que ha de tender toda instrucción criminal 
consiste en averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos, con todas las 
circunstancias que puedan influir en su calificación». Descendiendo a las circunstancias 
del caso, pone en entredicho los distintos pilares sobre los que la demandante apoya la 
concesión del amparo, conviniendo con los argumentos de la magistrada instructora –de 
la que recalca su condición de especialista en violencia de género– en la irrelevancia, a 
efectos penales, de los distintos indicios sometidos a su valoración en el procedimiento 
de referencia. Incide, en este sentido, en que el hecho de que las diligencias practicadas 
no tuvieran por resultado la continuación de la causa no implica que no se hayan 
esclarecido  los  hechos  denunciados,  sino  simplemente  que  no  existen  indicios  de 
comisión  de  delito  alguno.  Recuerda,  al  efecto,  que  la  práctica  de  diligencias  de 
investigación, aun cuando forme parte del marco constitucional de utilización de los 
medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24 CE), no obliga al órgano judicial a 
admitir  cualesquiera  diligencias,  sino  únicamente  aquellas  que  estime  razonables, 
pertinentes y relevantes a los fines de la investigación penal.
En el caso, fue precisamente la prueba propuesta y practicada a instancias de la 
denunciante  lo  que  hizo  innecesario  desplegar  nuevas  diligencias  de  investigación, 
llevando al órgano judicial al oportuno archivo de las actuaciones. Las resoluciones 
judiciales recurridas ofrecen para ello una motivación suficiente, razonable y lógica que 
justifica no proseguir, sin que por ello sufra el derecho de la demandante a obtener una  e
tutela efectiva de los tribunales, habiendo visto satisfecho, en particular, su derecho a  bo
utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. 75ww
de lDase srcaazrotan,e ps odr eú lrtiemleov,a ennc isau sc oanlesgtitauccioionneasl  qquuee ,e el sagsruimntiod aqsu ee nno lsa  odceumpaa nrdeaú,n are ncionggeu nlaa 
STC 155/2009, de 25 de junio.
9.  Por diligencia de ordenación de 25 de mayo de 2020, este tribunal acordó dirigir 
atenta comunicación al Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 3 de Madrid a fin de 
que  remitiera  la  declaración  de  11  de  julio  de  2018  de  don  F.S.C  obrante  en  las 
diligencias  previas  núm.  822-2017,  dado  que,  en  el  testimonio  de  las  actuaciones 
remitido por el juzgado, se habían omitido los folios 101 a 105.
10.  Recibidos los testimonios interesados, por diligencia de ordenación de 25 de 
mayo de 2020, se acordó dar vista de los mismos a las partes personadas y al Ministerio 
Fiscal para que, en el plazo común de tres días, pudieran formular las alegaciones que 
estimaran oportunas.
11.  El día 15 de junio de 2020, la representación de la demandante presentó escrito 
en el registro de este tribunal ratificándose en las alegaciones anteriormente formuladas. 
Igualmente, en la misma fecha la representación de don F.S.C. hizo lo propio, reiterando 
lo ya alegado anteriormente y solicitando la «inadmisión de los recursos de casación 
interpuestos»  (sic).  Finalmente,  en  fecha  22  de  junio  siguiente,  el  Ministerio  Fiscal 
presentó sus alegaciones complementarias en el sentido de ratificarse en el contenido de 
su anterior escrito, si bien con la única rectificación de que no se tuviera en cuenta lo que 
había destacado al folio 17, en el que ponía de manifiesto que «la declaración del marido 
no obraba incorporada a las actuaciones».
12.  Por providencia de 16 de julio de 2020, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 20 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Delimitación del objeto del recurso y pretensiones de las partes.
La demanda de amparo impugna los autos, de 11 de julio y de 25 de octubre 
de 2018, dictados, el primero, por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 3 de 
Madrid y, el segundo, por la Sección Vigesimoséptima de la Audiencia Provincial de 
Madrid, que, respectivamente, acordaron el sobreseimiento provisional de las diligencias 
previas iniciadas a partir de la denuncia presentada por la recurrente contra su marido, 
del que se encontraba en trámites de divorcio, atribuyéndole la comisión de hechos 
presuntamente constitutivos de los delitos de coacciones y maltrato habitual y, en trámite 
de apelación, la confirmación de aquella decisión de instancia.
a)  Antes de resumir las pretensiones de las partes en este proceso, corresponde a 
este tribunal adoptar las medidas que estime pertinentes para la adecuada protección de 
los derechos reconocidos en el art. 18. 1 y 4 CE, en aplicación de lo dispuesto en el 
art. 86.3 LOTC, en el acuerdo del Pleno de este tribunal de 23 de julio de 2015, por el 
que se regula la exclusión de los datos de identificación personal en la publicación de las 
resoluciones jurisdiccionales («Boletín Oficial del Estado» núm. 178, de 27 de julio 
de 2015), así como en las SSTC 84/2018, de 16 de julio, FJ 1, y 99/2019, de 18 de julio, 
FJ 2 (Pleno), entre otras.
En el caso de autos, ninguna de las partes comparecidas en este proceso como 
tampoco el Ministerio Fiscal han solicitado expresamente que no aparezcan los datos 
personales de aquellas en la sentencia, pero este tribunal ha acordado omitir todos los 
que permitirían una completa identificación de quienes figuran como denunciante y 
denunciado en el procedimiento judicial del que trae causa este de amparo, al objeto de 
preservar sus derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de sus datos  e.
personales (art. 18, apartados 1 y 4 CE), así como los de terceras personas que, siendo  w.b
ajenas al presente proceso de amparo, podrían verse afectadas por lo resuelto en esta  75ww
sentEenn cciao.nsecuencia, este tribunal ha acordado recoger únicamente las iniciales de los
dlaast oasc tiudaecnitoifniceast.ivos de la recurrente y de la parte que ha comparecido y personado en
b)  En relación con las pretensiones de las partes, la demandante denuncia la 
vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en la vertiente que 
reconoce el derecho a una investigación eficaz de los hechos objeto de denuncia, en el 
seno de un proceso penal iniciado a su instancia.
Según se ha expuesto con mayor detalle en los antecedentes de esta resolución, la 
actora sitúa esta infracción en el sobreseimiento provisional y subsiguiente archivo de las 
actuaciones penales que decidió el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 3 de 
Madrid en un auto que fue dictado inmediatamente después de recibir declaración a don 
F.S.C. en calidad de investigado, sin haber dado curso, ni antes ni después de aquel 
trámite, a la práctica de unas diligencias de investigación propuestas por la demandante, 
en su calidad de acusación particular personada. Aquella resolución fue posteriormente 
confirmada, en trámite de apelación, por otro auto de la Sección Vigesimoséptima de la 
Audiencia Provincial de Madrid.
En  íntima  conexión  con  la  anterior  pretensión,  también  afirma  que  los  autos 
impugnados infringen la vertiente de la tutela judicial efectiva que reconoce el derecho a 
una respuesta judicial motivada, razonada y razonable. Para la demandante, ambas 
resoluciones se fundamentan en consideraciones alejadas de lo jurídico e, incluso, del 
concreto contenido de las actuaciones, alcanzando una conclusión de irrelevancia penal 
cuya raíz última obedece a esa deficiente profundización en la investigación de los 
hechos denunciados.
El Ministerio Fiscal interesa, también, la estimación del recurso. Considera que la 
conclusión judicial de archivo del procedimiento vulnera el derecho de la demandante a 
la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) desde el prisma de la investigación eficaz de los 
hechos denunciados, al haber llegado a aquella conclusión sin haber dado antes ocasión 
a  la  práctica  de  ciertas  diligencias,  oportunamente  interesadas  por  la  acusación 
particular, que cabía entender pertinentes para el buen esclarecimiento de los hechos.
Igualmente,  entiende  que  el  juzgado  podría  haber  acordado  de  oficio  ciertas 
diligencias  de  índole  económica  fácilmente  deducibles  del  objeto  de  la  denuncia, 
marginando así el deber de impulso que le compete como órgano encargado de la 
investigación y que no debe quedar constreñido al contenido de lo propuesto en la 
denuncia.
Por  último,  la  representación  procesal  de  don  F.S.C.  –investigado  en  el 
procedimiento penal de origen– se opone a la estimación del recurso. Luego de recordar 
las finalidades a las que va dirigida la instrucción penal, pone en entredicho cada uno de 
los presupuestos de hecho alegados por la demandante para sustentar su pretensión de 
amparo.
Conviene  con  la  magistrada  instructora  en  la  irrelevancia  penal  de  los  hechos 
sometidos  a  su  consideración.  Estima  que  el  hecho  de  no  dar  continuidad  al 
procedimiento  no  implica  que  la  investigación  sea  defectuosa,  pues  simplemente 
constata la ausencia de indicios de delito.
Afirma, también, que las resoluciones judiciales recurridas ofrecen una motivación 
que considera suficiente, razonable y lógica en pro del archivo, sin que por ello sufra el 
derecho de la demandante a obtener una tutela judicial efectiva.
En sus alegaciones descarta, por último, que el asunto tenga especial relevancia 
constitucional desde ninguno los enfoques que, con fundamento en las letras a), f) y g) 
de la STC 155/2009, FJ 2, identifica la demanda.
2.  Óbice procesal: especial trascendencia constitucional del recurso.
Antes de abordar la cuestión de fondo debatida en este proceso, es necesario dar  bo
respuesta al óbice procesal opuesto por la representación de don F.S.C. en relación con  75ww
lcao necsuprerecniacli at rdaissccreenpdae.ncia  constitucional  apreciada  en  el  presente  recurso,  de  cuya
con alo)  qLuae  dreislepvoannecni alo cso anrststi.t u4c9io.1n ayl  5e0s.,1  cbie) rLtaOmTeCn tye,,  proerq cuoisnitsoig euxieignitbel,e  ddee o rcdoennfo prmúbidliacdo 
procesal (STC 159/2019, de 12 de diciembre, FJ 2, por remisión a la STC 113/2012,
de 24 de mayo, FJ 2, y las allí citadas). Exigencias de certeza y buena administración de 
justicia (STEDH de 20 de enero de 2015, asunto Arribas Antón c. España, § 46) obligan, 
pues, a explicitar el cumplimiento del mismo con el fin de hacer cognoscibles los criterios 
empleados al efecto por este tribunal.
En cualquier caso, debemos recordar también que la inicial admisión a trámite de la 
demanda  de  amparo  no  es  obstáculo  para,  después,  abordar  o  reconsiderar  en 
sentencia  la  concurrencia  de  los  presupuestos  y  requisitos  procesales  (por  todas, 
SSTC 19/2014, de 10 de febrero, FJ 2, o 69/2011, de 16 de mayo, FJ 2). Nada impide 
que este tribunal, en el trámite de dictar sentencia y, por tanto, en un momento o fase 
procesal distintos del previsto para la admisión del recurso, pueda examinar, incluso de 
oficio, los requisitos exigidos para su admisión a trámite y, en caso de comprobar su 
incumplimiento, dictar un pronunciamiento de inadmisión del amparo solicitado (entre 
muchas, SSTC 126/2011, de 18 de julio, FJ 2, y 8/2017, de 19 de enero, FJ 2).
b)  A partir de las anteriores consideraciones iniciales, este tribunal decidió admitir el 
presente recurso de amparo porque apreció una especial trascendencia constitucional en 
el mismo (art. 50.1 LOTC), vinculada al planteamiento de un problema o afectación de 
una  faceta  del  derecho  fundamental  concernido  sobre  el  que  no  hay  doctrina 
[STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 a)].
No encontramos ahora razones para modificar esa apreciación. Ciertamente, hasta 
este momento, el tribunal no había tenido ocasión de pronunciarse sobre el marco 
constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva, en su faceta de investigación penal 
eficaz, cuando las alegaciones de maltrato habitual denunciadas cursan bajo el ámbito 
de privacidad característico de las relaciones entre particulares unidos por un vínculo 
familiar y/o afectivo, que puedan tener su origen o causa en aquella eventual conducta 
denunciada. Semejante contexto dota de relevancia constitucional al enjuiciamiento del 
caso de autos, en cuanto que sitúa a este tribunal ante la tarea de cohonestar el papel 
que, a la luz de nuestra Constitución (en concreto, de su art. 24.1 CE), compete a los 
órganos judiciales en su deber de investigar hechos que, según el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, afectan a entornos o colectivos especialmente vulnerables (entre 
otras, SSTEDH de 17 de octubre de 2006, asunto Okkali c. Turquía; de 26 de marzo 
de 1985, asunto X e Y c. Países Bajos; de 21 de enero de 2003, asunto August c. Reino 
Unido; de 9 de junio de 2009, asunto Opuz c. Turquía).
Por las razones expuestas, procede desestimar el óbice procesal formulado por la 
representación de don F.S.C.
3.  La tutela judicial efectiva y la investigación penal suficiente y eficaz.
A)  El derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho de acceso a la 
jurisdicción mediante el ejercicio de la acción penal, se ha configurado en la doctrina de 
este tribunal como un ius ut procedatur, cuyo examen constitucional opera desde la 
perspectiva del art. 24.1 CE, siéndole asimismo aplicables las garantías del art. 24.2 CE 
(SSTC 41/1997, de 10 de marzo, FJ 5; 218/1997, de 4 de diciembre, FJ 2; 31/1996, 
de 27 de febrero, FFJJ 10 y 11, o 199/1996, de 3 de diciembre, FJ 5).
Son sus notas características las que siguen:
a)  El  ejercicio  de  la  acción  penal  no  otorga  a  sus  titulares  un  derecho 
incondicionado a la apertura y plena sustanciación del proceso penal; tampoco impone a 
los  órganos  judiciales  la  obligación  de  realizar  una  investigación  más  allá  de  lo 
necesario, alargando indebidamente la instrucción o el proceso (SSTC 176/2006, de  s
junio, FFJJ 2 y 4; 34/2008, de 25 de febrero, FJ 2, o 26/2018, de 25 de febrero, FJ 2). oe.
b)  El  querellante  o  denunciante  ostenta,  como  titular  del  ius  ut  procedatur,  el  w.
fdcuoennrdefoacrhdmoai  deaan d dp ceoornenec rlha ose  nr(eS gSmlaTasCr cd h1ea2l  0pu/r2on0c 0ep0sr,oo  dcjueess 1too0   ypd eean  omabla,t eyaon ,e qrF ueJe n4  é,e lo l u 1nm2ai/s 2rme0s0op6 u,s edese t as1u r6sa tzdaoenn ceaienb elerdo ey,    2020-9775n https://ww
FJ 2), pero no incluye el derecho material a obtener una condena y a la imposición de
una pena, pues el ius puniendi es de naturaleza exclusivamente pública y su titularidad
corresponde al Estado [SSTC 157/1990, de 18 de octubre (Pleno); 232/1998, de 1 de 
diciembre, FJ 2; 34/2008, de 25 de febrero, FJ 3, y 26/2018, de 5 de marzo, FJ 3, entre 
otras].
c)  La tutela judicial efectiva del denunciante o querellante es satisfecha por la 
resolución judicial que acuerde la terminación anticipada del proceso penal, sin apertura 
de la fase de plenario, cuando aquella se asiente sobre una razonada y razonable 
concurrencia de los motivos legalmente previstos para acordar el sobreseimiento, libre o 
provisional  (arts.  637  y  641  LECrim  y,  dado  el  caso,  art.  779.1.1  LECrim).  Por  el 
contrario, habrá vulneración de este derecho si la decisión judicial de no proseguir con la 
indagación penal afecta, en cualquiera de esos momentos procesales, a diligencias 
oportunamente solicitadas por el recurrente, parte en el proceso judicial, que incidan en 
su derecho a la utilización de medios de prueba; o también cuando, realizadas estas de 
modo bastante, se vea afectada la determinación de lo sucedido a partir de las mismas o 
bien la calificación jurídica de los hechos que se constatan (STC 26/2018, de 5 de 
marzo, FJ 3).
d)  La efectividad del derecho a la tutela judicial coincidirá en estos casos con la 
suficiencia de la indagación judicial. Dependerá, pues, no solo de que la decisión de 
sobreseimiento  esté  motivada  y  jurídicamente  fundada,  sino  también  de  que  la 
investigación de lo denunciado haya sido suficiente y efectiva, ya que la tutela que se 
solicita consiste inicialmente en que se indague sobre lo acaecido.
e)  La suficiencia y efectividad de la investigación solo pueden evaluarse valorando 
las concretas circunstancias de la denuncia y de lo denunciado, así como la gravedad de 
lo denunciado y su previa opacidad (SSTC 34/2008, FJ 4, y 26/2018, FJ 3), de tal 
manera que habrá vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva cuando no se abra 
o se clausure la instrucción existiendo sospechas razonables de la posible comisión de 
un delito y revelándose tales sospechas como susceptibles de ser despejadas mediante 
la investigación. Esta exigencia no comporta la apertura de la instrucción en todo caso, 
del mismo modo que no impide su clausura temprana. Tampoco existe un derecho a la 
práctica ilimitada de la prueba, de manera tal que imponga la realización de cuantas 
diligencias de investigación se perciban como posibles o imaginables, propuestas por las 
partes o practicadas de oficio, particularmente si resulta evidente que el despliegue de 
mayores  diligencias  deviene  innecesario.  Semejante  obligación  conduciría  a 
instrucciones inútiles en perjuicio del interés general en una gestión racional y eficaz de 
los recursos de la Administración de Justicia (SSTC 34/2008, de 25 de febrero, FJ 6; 
63/2010, de 18 de octubre, FJ 2; 131/2012, de 18 de junio, FJ 2, y 153/2013, de 9 de 
septiembre).
B)  Sin embargo, la necesidad de adecuar la interpretación de las normas relativas a 
derechos fundamentales y libertades reconocidos por la Constitución a los tratados y 
acuerdos internacionales de derechos humanos ratificados por España (art. 10.2 CE), de 
modo especial el Convenio europeo de derechos humanos (CEDH), debe llevarnos a 
tener en especial consideración la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. En particular, sobre la exigencia dirigida a los órganos judiciales para que 
estos extremen la diligencia a observar en la investigación, enjuiciamiento y, en su caso, 
represión de hechos presuntamente delictivos, cometidos sobre víctimas vulnerables en 
supuestos de violencia de género o de la que tiene lugar dentro del ámbito familiar o 
afectivo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recalcado el deber que incumbe a los 
Estados firmantes del Convenio de Roma de reforzar su actuación en las áreas de  e.
prevención, protección y castigo de aquellas conductas que, dentro de su respectiva  w.b
jurisdicción, puedan implicar una vulneración de los derechos a la vida y a la interdicción  75ww
vdied ala  ptorirvtaudraa  yy l olsa  trinattiomsi dinahdu mfaamnioliasr  y (daertg. r8a dCanEtDesH ()a, rdtse.  2m yo d3o C tEaDl Hqu) ee ns ee l eálmimbiintoe  dtoed laa 
pparostievcidcaiódn, , opmeirsoi ótna,m ibnieéfnic adcei af aolt an edgel ilgae dnecibai ddae dl iEligsetandcoia  eenn  lalass  llaabboorreess  ddee  pinrveevsetnigcaiócnió ny 
allí donde se revele necesaria. Lógicamente, el deber de protección eficaz solo puede
concurrir si en el caso concreto existió un efectivo conocimiento de los hechos o la posibilidad 
de conocerlos por parte de las autoridades y sus agentes, adoptando medidas tendentes a 
reducir o minimizar ese riesgo, siempre desde el pleno respeto a los derechos y garantías 
procesales del investigado (SSTEDH de 28 de octubre de 1998, asunto Osman c. Reino 
Unido, § 116, y de 9 de junio de 2009, asunto Opuz c. Turquía § 129).
En la STEDH de 9 de junio de 2009, caso Opuz c. Turquía, el tribunal identificó por 
primera vez el maltrato y la violencia intrafamiliar con la violación de los derechos 
reconocidos en el art. 3 CEDH. Reflexionó, también, sobre la variedad de formas que 
admite la violencia doméstica (física, psicológica y verbal), reconociéndola como «un 
problema generalizado que afecta a todos los Estados miembros y que no siempre 
emerge, ya que a menudo ocurre en las relaciones personales o en círculos cerrados. Y 
no afecta únicamente a las mujeres. Los hombres pueden ser también víctimas de 
violencia doméstica, así como los niños, que con frecuencia son víctimas directas o 
indirectas» (STEDH de 9 de junio de 2009, asunto Opuz c. Turquía, § 132).
Por  esta  razón,  su  erradicación  desencadena  obligaciones  positivas  para  los 
Estados, que deben tomar las medidas necesarias para proveer una protección efectiva 
de  quienes  sufran  violencia  basada  en  su  género,  incluyendo  sanciones  penales, 
remedios civiles y provisiones compensatorias para su protección frente a todo tipo de 
violencia  (§  74),  con  inclusión  del  daño  o  sufrimiento  físico,  mental  o  sexual,  las 
amenazas de dichos actos, las coacciones y cualesquiera otras formas de privación de 
su libertad (§ 75).
Después de estas consideraciones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 
urgido a eliminar toda aquiescencia o falta de compromiso institucional que lleve a 
situaciones  de  impunidad,  pero  también  de  pasividad  –incluso  no  intencional–  del 
sistema por omisión de la oportuna respuesta por parte de las autoridades; respuesta 
que habrá de incluir, cuando proceda, la vía judicial (§ 141).
Con el precedente de los asuntos Kontrovà c. Eslovaquia (STEDH de 31 de mayo 
de 2007) y Branko Tomašić y otros c. Croacia (STEDH de 15 de enero de 2009), en los 
que ya había apreciado deficiencias en el comportamiento de las respectivas autoridades 
estatales a la hora de velar por la vida de quienes resultaron ser víctimas de su pareja o 
de su progenitor por falta de medidas adecuadas para su protección (art. 2 CEDH), en el 
asunto  Opuz  c.  Turquía  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  conectó  el 
compromiso exigible de los Estados firmantes del convenio con el establecimiento de 
sistemas efectivos de amparo, físico y jurídico, de las personas más vulnerables en el 
ámbito familiar, de modo que cada ordenamiento configure mecanismos de prevención y 
protección, pero también de tipificación y castigo de aquellas conductas lesivas de los 
derechos recogidos en el convenio (más recientemente, también en STEDH de 11 de 
julio de 2017, asunto Ž.B. c. Croacia, § 48 y ss.).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló que compete a los Estados, no 
solo implementar y supervisar cuantos instrumentos favorezcan la adecuada protección 
ex ante de los más vulnerables, sino también actuar bajo un deber de diligencia en las 
tareas de investigación, persecución y, dado el caso, sanción ex post sobre quienes 
resulten responsables del ataque a los derechos protegidos por el convenio en sus 
relaciones familiares (STEDH de 9 de junio de 2009, asunto Opuz c. Turquía, seguida de 
STEDH de 14 de octubre de 2010, asunto A. c. Croacia; STEDH de 30 de noviembre 
de 2010, asunto Hajduovà c. Eslovaquia; STEDH de 30 de octubre de 2012, asunto E.M. 
c. Rumanía; STEDH de 13 de noviembre de 2014, asunto Durmaz c. Turquía, y STEDH 
de 23 de febrero de 2016, asunto Civek c. Turquía, por citar algunas). s
Más recientemente, con ocasión del asunto Talpis c. Italia (STEDH de 2 de marzo  oe.
de 2017), el Tribunal de Estrasburgo ha reiterado el deber de diligencia en el tratamiento  w.
de las denuncias por violencia doméstica. Recuerda, en este sentido, que los niños y  75ww
edfeicmaázs,  ppreersseornváans dvoulolnse frraebnltees  ae fno reml aásm pbairttoic ufalamrmiliaern tetie gnreanv edse dreec hoofe nas au naa l ap irnetveegnricdióand 
dined espue npdeiernstoen aq.u eE plloe rmimitap lidcae teerml idneabr elar s dcea uessatsa bdleec deer lituon  cosmisetetimdoa,  ajusdí iccioaml oe fdicea zs ues   BOE-A-cable e
responsables (STEDH de 2 de marzo de 2017, asunto Talpis c. Italia, § 98 y 99, por 
remisión a la STEDH de 9 de junio de 2009, asunto Opuz c. Turquía, § 159).
El tribunal, asimismo, ha insistido en que, en estos casos, el deber de diligencia 
exigible a las autoridades estatales resulta inherente a la obligación de investigar e 
implica, también, rapidez de respuesta o reacción a la hora de recabar y custodiar los 
vestigios de delito de forma inmediata o, al menos, tan pronto como sea posible, así 
como  de  practicar  cuantas  diligencias  de  prueba  resulten  pertinentes  en  un  plazo 
razonable, evitando en esta tarea toda discriminación o desigualdad entre las partes 
(STEDH de 12 de abril de 2016, asunto M.C. y A.C. c. Rumanía, § 71-73 y 110-113).
En  suma,  las  obligaciones  anudadas  al  art.  3  CEDH  no  se  podrán  considerar 
satisfechas si los mecanismos de protección previstos en el Derecho interno existen 
solamente en teoría: es primordial que funcionen de forma efectiva en la práctica, lo que 
conlleva el estudio eficaz y temprano del caso, sin retrasos inútiles (STEDH de 2 de 
marzo de 2017, asunto Talpis c. Italia, § 104, 105 y 106, por remisión a la STEDH de 9 
de junio de 2009, asunto Opuz c. Turquía, § 150 y 151; en similar sentido, STEDH de 23 
de enero de 2014, asunto W. c. Eslovenia, § 65; también STEDH de 3 de octubre 
de 2017, asunto D.M.D. c. Rumanía, § 40).
Recuerda, finalmente, la corte europea que, en los procedimientos internos, debe 
tenerse en cuenta que el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 
contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de 
mayo de 2011, y en vigor en España desde el 1 de agosto de 2014 –invocado por la aquí 
demandante– fija para los Estados parte la obligación de adoptar las medidas necesarias 
para garantizar que las investigaciones y los procedimientos penales relativos a toda 
forma de violencia con encaje en su campo de aplicación sean despachadas sin retrasos 
injustificados y tomando en consideración cuantos derechos asisten a la víctima en las 
distintas fases del procedimiento penal.
Así, en el tratamiento de las denuncias de violencia contra la mujer, corresponde a 
los órganos judiciales nacionales tener en cuenta la situación de precariedad y de 
particular vulnerabilidad moral, física y/o material en que pueda encontrarse la víctima, 
evaluando su situación en el más breve plazo posible; de este modo, incluso la forma en 
la que las autoridades internas conduzcan el procedimiento penal importa, pues deben 
evitar contribuir a la situación derivada de los hechos desde una pasividad judicial 
contraria a las exigencias del art. 3 CEDH (STEDH de 2 de marzo de 2017, asunto Talpis 
c. Italia, § 129, 130 y 131).
C)  Como no podría ser de otro modo, este tribunal, en concurrente diálogo con la 
jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos,  debe  tomar  en 
consideración el canon reforzado del deber de actuación diligente y sin dilaciones que 
debe exigirse a las autoridades de los Estados miembros encargadas de la persecución 
penal cuando aprecien la existencia de sospechas fundadas de delito cometido en 
contextos vinculados a la violencia de género.
a)  En sede constitucional de amparo, este tribunal tuvo ya ocasión de referirse a la 
exigencia de una investigación suficiente y eficaz con ocasión del enjuiciamiento de un 
recurso de amparo en el que la recurrente puso en relación el derecho a la tutela judicial 
efectiva  con  el  derecho  a  la  integridad  física  y  moral,  así  como  a  no  sufrir  tratos 
inhumanos o degradantes (art. 15 CE). La STC 106/2011, de 20 de junio, declaró 
entonces  que  «[e]stamos  en  estos  casos  ante  decisiones  judiciales  ‘especialmente 
cualificadas en función del derecho material sobre el que recaen, sin que a este tribunal,  e
garante último de los derechos fundamentales a través del recurso de amparo, pueda  bo
resultarle indiferente aquella cualificación cuando se impugnan ante él este tipo de  75ww
rseinsoo luqcuieo npeuse, dpeu epsro ndou csiorsloe  suen  eenfeccuteon tdrear ievna djuoe og or eefll edjoe rseocbhroe  ala l ar etuptaerlaac jiuódni cdiaell  edfeercetcivhao, 
finudnedpaemnednetnacl iac udyea q uinev loac daecicólanr ascoiósnte dneía l al ale spiórent esnesai ósno loa unntea  deel  laósrg hainpoó tejusidsi cpiaols, ibcleosn’ 
(SSTC 196/2005, de 18 de julio, FJ 3; 74/2007, de 16 de abril, FJ 3, y 34/2008, de 25 de 
febrero, FJ 3)» (STC 106/2011, FJ 2).
En tales supuestos, continuaba señalando la STC 106/2011, «el art. 24.1 CE exige, 
además de una resolución motivada y fundada en Derecho, una resolución coherente 
con el derecho fundamental que está en juego (STC 63/2005, de 17 de marzo, FJ. 3). 
Sobre  todo  es  necesario  que  la  resolución  judicial  sea  ‘conforme’  con  el  mismo 
(STC 24/2005, de 14 de febrero, FJ 3), ‘compatible’ con él (STC 196/2005, de 18 de julio, 
FJ  4),  esto  es,  que  exprese  o  trasluzca  ‘una  argumentación  axiológica  que  sea 
respetuosa’ con su contenido (STC 63/2005, de 17 de marzo, FJ 3). De este modo, como 
subrayaba la STC 224/2007, de 22 de octubre, es ‘perfectamente posible que existan 
resoluciones judiciales que satisfagan las exigencias del meritado art. 24.1 CE, por 
recoger las razones de hecho y de Derecho que fundamenten la medida acordada, pero 
que, desde la perspectiva del libre ejercicio de los derechos fundamentales, no expresen 
de  modo  constitucionalmente  adecuado  las  razones  justificativas  de  las  decisiones 
adoptadas’ (FJ 3). En estos casos, la evaluación de la efectividad y de la suficiencia de la 
tutela  judicial  dispensada  coincidirá  con  la  suficiencia  de  la  indagación  judicial  y 
dependerá, no solo de que las decisiones impugnadas de cierre de la misma estén 
motivadas  y  jurídicamente  fundadas,  sino  también  de  que  sean  conformes  con  el 
derecho fundamental que se invoca como lesionado». (STC 106/2011, FJ 2).
b)  Por otro lado, en contextos vinculados a la violencia de género y a la violencia 
intrafamiliar y/o doméstica, la STC 67/2011, de 16 de mayo, FJ 3, con cita expresa de la 
exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 
protección integral contra la violencia de género, vino a coincidir en que este tipo de 
violencia no constriñe sus efectos a la relación inter privatos de las partes implicadas, 
dado que repercute o se proyecta sobre una sociedad en la que genera rechazo y 
alarma colectivos. Por esta razón, la violencia de género –también la violencia familiar y 
doméstica– implica de forma muy significativa a los poderes públicos, los cuales, lejos de 
permanecer ajenos a ella, adquieren de conformidad con el art. 9.2 CE la obligación de 
adoptar  medidas  de  acción  positiva  que  remuevan  los  obstáculos  que  impidan  o 
dificulten la plenitud de los derechos fundamentales que, en función de las distintas 
formas posibles de violencia, pueda resultar afectados. Es esta obligación la que llevó al 
legislador de 2004 a proporcionar una respuesta legal integral, que posteriormente ha ido 
adquiriendo un notable desarrollo, también en su perspectiva procesal.
A partir de las consideraciones expuestas, hemos de señalar ya que, para que la 
investigación penal concretamente desplegada satisfaga el derecho a la tutela judicial 
efectiva de quien se encuentra en posición de víctima en supuestos de violencia de 
género o cometida en un entorno familiar o afectivo, será necesario no solo activar sin 
demoras –cuando corresponda– las medidas de protección personal adecuadas al caso, 
sino también desplegar una instrucción que profundice sobre los hechos denunciados 
con el fin de descartar toda sospecha fundada de delito.
El comportamiento exigible del órgano judicial en modo alguno implica la obligación 
de  admitir  o  practicar  cualesquiera  diligencias,  sino  únicamente  aquellas  que  se 
evidencien como pertinentes y relevantes a los fines pretendidos. Pero deberá continuar 
la tarea de investigación mientras, subsistiendo la sospecha fundada de la comisión de 
los hechos de que se ha tenido noticia y de su relevancia penal, resulte necesario 
profundizar en su indagación.
c)  En ocasiones, el marco de privacidad o clandestinidad en el que aparecen 
contextualizados los hechos objeto de una denuncia de esta naturaleza, o bien sus  s
propias características fácticas, determinan que se carezca de evidencias físicas que  oe.
apoyen la versión del suceso que puedan proporcionar quienes aparecen en el proceso  w.
como denunciante o como denunciado. Con frecuencia, sus respectivos testimonios no  75ww
soloL par essimenutlatánn deiafe croenndciiacisó,n s idneo  tqeuseti geon tyr apnr eesnu anbtaie vrítcat icmoan tqraudei,c cdieó no rednintraer isoí,. acompaña a
qauteiennto  dae nlausn cciair cuunnas tsaintucaiacsió nq udee  cmircaultnradtaon r esquu ideerecl adrealc jiuóenz.  Qunu ieenx afmigeunra p eanrt iceul laprrmoceenstoe   BOE-A-cable e
como víctima de maltrato se encuentra a priori en una posición privilegiada como testigo 
directo de aquellos hechos que le afectan, y que, con frecuencia, se desenvuelven en un 
entorno  de  privacidad,  sin  que,  no  obstante  lo  dicho,  aquella  declaración  goce  de 
prevalencia alguna en la convicción judicial, pero sin olvidar, tampoco, que el examen de 
su testimonio sí permite combinar los parámetros de ausencia de incredibilidad subjetiva, 
verosimilitud del testimonio y persistencia en la incriminación a los que viene refiriéndose 
la jurisprudencia ordinaria, parámetros que no resultan necesariamente confluyentes o 
sumatorios para que esta testifical pueda adquirir un significado incriminatorio.
Por otro lado, el conflicto emocional que, con frecuencia, subyace a este tipo de 
denuncias ha de ser igualmente ponderado por el juez, sopesando cuantos detalles 
puedan evidenciar animadversión hacia la persona denunciada con el fin de diferenciar 
los supuestos en los que este sesgo denote posibles móviles espurios en la denuncia de 
aquellos otros en los que es la propia victimización la que genera sentimientos de odio, 
recelo,  resentimiento,  inseguridad  o  incluso  miedo  hacia  el  presunto  agresor,  sin 
empañar por ello la idoneidad del testimonio.
No basta con una indagación que, en relación con los hechos denunciados, se 
muestre superficial. La adecuada satisfacción del derecho fundamental a la tutela judicial 
requiere que el órgano encargado de la investigación, tras sopesar la notitia criminis y 
evaluar  positivamente  la  concurrencia  de  indicios  de  delito,  reaccione  prontamente 
practicando cuantas diligencias –bien propuestas por las partes, bien acordadas de 
oficio– resulten naturalmente idóneas en relación con los hechos concretos del caso.
d)  Igualmente,  a  la  hora  de  ponderar  si,  en  función  del  contenido  de  estas 
diligencias de naturaleza personal, debe proseguirse o no con la indagación penal, juega 
singular relevancia la percepción que de aquellos testimonios opuestos obtenga el juez 
encargado  de  la  instrucción.  Sobre  esa  percepción,  preferentemente  basada  en  la 
inmediación, podrá fundamentarse una convicción judicial de archivo de las actuaciones, 
si fuere oportuna. Ahora bien, el canon reforzado constitucionalmente exigible (deber de 
investigación  suficiente  y  eficaz),  en  los  casos  en  que  las  víctimas  sean  personas 
especialmente vulnerables en supuestos de violencia de género obliga al juez instructor 
a  que  su  investigación  no  quede  constreñida  al  mero  contraste  superficial  de  los 
testimonios enfrentados entre sí, por compensación o contrapeso entre ambos. Además, 
la resolución judicial que, en su caso, acuerde el archivo de las actuaciones deberá 
evidenciar  que  los  testimonios  han  quedado  sometidos  a  un  filtro  especialmente 
minucioso o de detalle, que preste singular atención, tanto a los particulares del caso, 
como a la diferente posición que, en relación con los hechos, ostentan las partes.
Este canon reforzado del deber de investigación suficiente y eficaz se entenderá 
debidamente colmado en tanto en cuanto, subsistiendo la sospecha fundada de delito, 
se practiquen otras diligencias de investigación que, complementando esos testimonios 
enfrentados de las partes unidas por una relación de afectividad, presente o pasada, 
permitan ahondar en los hechos descartando o confirmando aquella sospecha inicial.
El deber de diligencia requerirá abundar en la investigación allí donde no se hayan 
agotado las posibilidades razonables de indagación sobre los hechos de apariencia 
delictiva, vulnerándose el derecho a la tutela judicial efectiva si el órgano judicial clausura 
precipitada o inmotivadamente la investigación penal.
e)  En resumen, la investigación penal requiere en estos casos que la intervención 
judicial colme dos necesidades muy concretas: (i) emplear cuantas herramientas de 
investigación se presenten como racionalmente necesarias, suficientes y adecuadas 
ante toda sospecha fundada de delito, y (ii) evitar demoras injustificadas que puedan  s
perjudicar el curso o el resultado de la investigación, además de la adecuada protección  oe.
de quien figure como víctima, allí donde dicha protección se revele necesaria. w.
4.  Análisis del caso: Valoración del Tribunal.
anteAri opr asrotibr red ee l ldaesr eccohnos iad eurnaac ioinnveess tiqguaec ióhne msuofisc ieenxtpeu ye setfoic aezn  eenl  eflu mndaarcmoe dnetol  djeurreídcihcoo 
a la tutela judicial, es hora ya de analizar el caso de autos.
A)  Como ha quedado expuesto, la demanda de amparo impugna los autos del 
juzgado  de  violencia  sobre  la  mujer  que  acordaron  el  sobreseimiento  provisional  y 
archivo de las actuaciones, y de la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó en 
trámite de apelación aquella decisión de la instancia.
Según la demandante, dichas resoluciones han vulnerado su derecho a la tutela 
judicial efectiva desde una doble vertiente: (i) de una parte, por no haber realizado el 
juzgado instructor una investigación suficiente y eficaz de los hechos denunciados por la 
recurrente, al haber cerrado prematuramente la investigación sin haber dado ocasión a la 
práctica  de  ciertas  diligencias  que,  propuestas  en  tiempo  y  forma  por  la  actora, 
constituida  como  acusación  particular,  resultaban  adecuadas  para  el  mejor 
esclarecimiento de los hechos; (ii) de otro lado, porque ninguna de las resoluciones 
impugnadas ha ofrecido una motivación suficiente que haya satisfecho la efectividad de 
sus exigencias de tutela, al haber ofrecido argumentos a favor del archivo que, en unos 
casos, carecen de respaldo en las actuaciones obrantes en el procedimiento y, en otros, 
obedecen a esa misma deficitaria indagación del contenido de la denuncia, lo que ha 
llevado a una errónea banalización de los hechos como mero conflicto de pareja.
B)  Para dar respuesta a ambas quejas de una forma ordenada y coherente, hemos 
de proceder conforme a la lógica de la «mayor retroacción», asegurando con ello no solo 
la más amplia tutela de los derechos fundamentales, sino también su correspondencia 
con los motivos que confieren especial trascendencia constitucional al presente recurso 
de amparo (SSTC 152/2015, de 6 de julio, FJ 3, y 56/2019, de 6 de mayo, FJ 2).
El punto de partida de nuestro enjuiciamiento ha de ser, por ello, el del examen de la 
instrucción, realizada en el seno de las diligencias previas núm. 822-2017, abiertas por el 
Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 3 de Madrid, de modo que, solo en el caso de 
que aquella se acomode a una investigación suficiente y eficaz constitucionalmente 
exigible, conforme al canon reforzado desarrollado en el fundamento jurídico anterior, 
procederá abordar después si las resoluciones judiciales impugnadas han fundamentado 
de forma razonable, no arbitraria, o no incursa en error patente en su resultado la 
decisión final de sobreseimiento provisional y subsiguiente archivo del procedimiento, 
dando  por  ello  aplicación  a  alguna  de  las  causas  de  archivo  legalmente  previstas 
(STC 63/2002, de 11 de marzo, FFJJ 3 y 4).
a)  Al examinar si la conclusión de archivo del procedimiento penal estuvo precedida 
de  una  investigación  suficiente  y  eficaz,  así  como  respetuosa  con  las  garantías 
inherentes al ius ut procedatur que, como manifestación del ejercicio de la acción penal, 
corresponde a la demandante (SSTC 45/2005, de 28 de febrero, FJ 2; 45/2009, de 15 de 
junio, FJ 4, o 94/2010, de 15 de noviembre, FJ 3), hemos de aproximarnos a las 
circunstancias del caso.
Según hemos recogido en los antecedentes de forma detallada, la demandante 
presentó la denuncia el día 11 de agosto de 2017, cuyo conocimiento correspondió al 
Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 3 de Madrid, que inició un procedimiento penal 
en cuyo transcurso recibió declaración a la actora en calidad de denunciante el día 18 de 
octubre de 2017.
En su comparecencia ante el juzgado, doña M.V.A. ratificó su denuncia, que amplió 
en algunos extremos. En unidad de acto y, según refleja el acta de su declaración, la 
autoridad judicial accedió a su petición de cotejo de los mensajes y correos electrónicos 
adjuntados  a  la  denuncia,  pero  esta  diligencia  no  llegó  a  practicarse,  ni  en  aquel 
momento, ni con posterioridad.
Al día siguiente, esto es, en fecha 19 de octubre de 2017, la demandante se personó  e.
en las actuaciones en calidad de acusación particular y solicitó unos días más tarde,  w.b
concretamente en fecha 21 de noviembre siguiente, la práctica de diversas diligencias de  75ww
persutee bsae nqtuideo t,e niníatenr epsoór  osebrje tnou eavcaremdeitnatre l ocsi tapdreas upnatroas  edle lcitootse jqou ed eh ambeían sdaejensu nyc iacdoorr. eEons 
eAlle pcrtorópnioic oties mrepfole, jaadpoosrt óe nc olam doe dnoucnucmiae, natsaíl  cuonm inof odrem oet rmoés dqicuoe  etenn eíal  qtaume bsieé nh adcisíap ocnoinbsletasr. 
que, en el verano de 2015, había acudido a la consulta de una doctora refiriendo
preocupación «por su marido, que de forma progresiva la agrede verbalmente» y en el 
que la facultativa certificaba que dejaba constancia de que la explorada presentaba 
entonces «un estado depresivo-ansioso grave, reactivo a la consolidación de maltrato 
psicológico», por lo que le prescribió medicación y recomendó baja laboral.
Vinculada a esta documental, la recurrente propuso al juzgado ser explorada por 
un/a psicólogo/a adscrito/a la unidad de valoración forense integral, con el fin de que 
emitiera  un  informe  pericial  que  sopesara  la  eventual  concurrencia  «de  rasgos 
psicológicos compatibles con una situación vivencial de maltrato continuado».
El día 25 de noviembre de 2017, el juzgado de violencia sobre la mujer tuvo por 
personada a la denunciante como acusación particular, si bien dejó sin resolver sobre las 
diligencias solicitadas acordando, en su lugar, estar a la espera de recibir el exhorto con 
la declaración del denunciado, que había remitido a otro órgano judicial para su debido 
cumplimiento.
Aquella diligencia de declaración no pudo llevarse a efecto hasta el día 11 de julio 
de 2018 en que el propio juzgado instructor la pudo realizar con don F.S.C. en calidad de 
investigado. A su finalización, el juzgado, sin haber acordado la práctica de ninguna otra 
diligencia  o  actuación,  dictó  auto  de  la  misma  fecha  decidiendo  el  sobreseimiento 
provisional y archivo de las actuaciones.
b)  A la vista de la exposición cronológica de la tramitación de este procedimiento 
hemos de advertir que, el juzgado, en la investigación de unos hechos en los que la ahora 
recurrente había denunciado, además de la comisión de un presunto delito coacciones, el 
haber sufrido maltrato psicológico habitual en el ámbito familiar por parte del esposo, no dio 
respuesta  alguna  acerca  de  si  las  diligencias  que  habían  sido  promovidas  por  la 
demandante, constituida como acusación particular, tenían o no relación con los hechos 
denunciados y podían servir o no para su acreditación y esclarecimiento.
Se trata de un asunto en el que la naturaleza de tales hechos denunciados (maltrato 
habitual) y el entorno familiar en el que supuestamente se habrían podido cometer 
aquellos,  entraña  con  frecuencia,  como  hemos  dicho  supra,  la  realización  de  una 
complicada investigación por parte de los órganos judiciales, fiscales, policía judicial y 
equipos técnicos de apoyo, que ven dificultada su labor de indagación debido al entorno 
de privacidad y de sigilo en que se suelen desenvolver las relaciones personales entre 
los componentes de un núcleo familiar o afectivo.
Por  ello,  el  juzgado  instructor  de  las  diligencias,  que  es  un  órgano  judicial 
especializado en la investigación de hechos presuntamente constitutivos de delitos de 
esta naturaleza, debería haber tenido en cuenta todas las circunstancias del caso, a 
partir de las actuaciones practicadas hasta aquel momento, de tal manera que hubiera 
debido  valorar  la  pertinencia  de  las  diligencias  de  investigación  que  habían  sido 
propuestas por la denunciante, erigida en acusación particular en el procedimiento, para 
tratar de acreditar los hechos denunciados, y haber resuelto, bien su práctica o la 
denegación de su realización, antes de haber llegado a tal decisión final del proceso.
Además,  en  relación  con  la  diligencia  de  cotejo  de  mensajes  propuesta  por  la 
denunciante, el propio juzgado instructor ya se había pronunciado a favor de su práctica 
cuando, en el curso de la declaración de doña M.V.A., llegó a ordenar la citación de la 
denunciante «para el cotejo judicial» el siguiente día 31 de octubre, con apercibimiento 
«de la documentación que deberá aportar». Sin embargo, el órgano judicial no llegó a 
cumplimentar esta diligencia y tampoco dictó  ninguna otra resolución posterior que 
decidiera si, finalmente, aquella diligencia de cotejo judicial debería realizarse o no.
Por  otro  lado,  aceptada  por  el  juzgado  la  incorporación  a  las  actuaciones,  como  s
documental, de un certificado médico en el que se describían circunstancias anímicas en la  oe.
demandante, que invocaba esta como susceptibles de acreditar una conexión con los hechos  w.
objeto de denuncia, la solicitud que, ligada al mismo, efectuó proponiendo someterse a una  75ww
feaxcpielo, rancoi ópno dfoermenosse c odnes iídnedroalre  cposmicoo lóingciocan,v eenriae nuten ap odri liignesnócliitaa , dinea dinevceusatidgaa coió ne xqtruaeñ,a  par imloas 
hechos denunciados (STEDH de 30 de octubre de 2012, asunto E.M. c. Rumanía).
La  providencia  de  25  de  noviembre  de  2017,  que  ordenó  la  incorporación  a  las 
actuaciones del escrito de la denunciante en el que solicitaba la práctica de las anteriores 
diligencias y que la tuvo por parte personada en calidad de acusación particular, no resolvió 
sobre su práctica sino que se limitó a ordenar que «[c]on carácter previo a admitir o denegar 
las diligencias solicitadas, estese a la espera de recibir el exhorto con la declaración del 
investigado y con su resultado se acordará». No resolvió, pues, ni a favor ni en contra de su 
realización, sino que se limitó a posponer todo pronunciamiento y supeditarlo al resultado de 
la declaración del denunciado como investigado, de modo tal que solo a su vista pudiera 
decidirse sobre su pertinencia o falta de ella.
Una vez recibida la declaración a don F.S.C. en calidad de investigado, el juzgado 
acordó en el mismo día el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones. 
Decidió que los mensajes y correos que obraban en el atestado no tenían ninguna 
relevancia penal, sin ni siquiera haber cotejado judicialmente los mismos y desarrollado 
una investigación sobre su contenido. En el mismo sentido, tampoco resolvió sobre las 
diligencias de investigación propuestas por la denunciante, en su calidad de acusación 
particular personada, a los efectos de poder acreditar el supuesto maltrato habitual que 
había denunciado. No reflejó razón ni pronunciamiento alguno sobre la práctica de la 
pericial psicológica que aquella había propuesto y que, en una primera aproximación, no 
cabría entender como extravagante en relación con los hechos, sino, por el contrario, en 
consonancia con tales alegaciones de maltrato. La pretensión de práctica de prueba 
quedó así irrazonablemente incontestada, omitiéndose todo juicio de relevancia que 
permitiera a la demandante conocer y, en su caso, rebatir en vía de recurso las razones 
por las que cabría entender impertinente, inconveniente o innecesaria su realización.
c)  Dejando al margen otros aspectos de la resolución judicial de archivo que no 
afectan a esta cuestión, como el sobreseimiento vinculado a la disposición sobre la 
vivienda de titularidad privada, hemos constatado que el eje de las dos decisiones 
judiciales impugnadas se apoya en el contenido de las declaraciones de denunciante y 
denunciado, cuyas versiones son consideradas por las resoluciones impugnadas como 
contradictorias y opuestas entre sí para sostener sus propias versiones de los hechos. 
Pese a ello, el Ministerio Fiscal, en el trámite de audiencia previo a la resolución del 
recurso de apelación formalizado por la ahora demandante contra el auto de archivo del 
juzgado, se había adherido al recurso «entendiendo que el archivo de la causa [era] 
prematuro y que [existían] diligencias de investigación para el esclarecimiento de los 
hechos que [podían] ser practicadas» (fundamento de Derecho 1 del auto de 25 de 
octubre  de  2018  de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid  resolutorio  del  recurso  de 
apelación), por lo que, también para el fiscal, la práctica de aquellas diligencias deberían 
ser valoradas en su pertinencia por el juzgado instructor, calificando, además, como 
«prematuro» el cierre de la investigación.
En esa tesitura, en las resoluciones ahora impugnadas, se afirma que la versión de la 
denunciante aparece privada de apoyos, externos a su declaración, que corroboren 
como datos periféricos, el contenido de lo declarado. Partiendo de esta premisa, se 
descarta que las alegaciones de maltrato puedan ser compatibles con una convivencia 
matrimonial  que  se  tilda  de  esporádica,  a  tenor  de  los  deberes  profesionales  del 
denunciado. Se considera igualmente significativo que la denuncia se formule en fechas 
próximas a la de presentación de la demanda de divorcio. Finalmente, se descarta que 
los diferentes mensajes aportados con la denuncia ostenten relevancia penal, por más 
que en alguno de ellos el denunciado emplee expresiones desafortunadas o incluso 
groseras, o bien se describa a sí mismo como un maltratador, pues ello se valora dentro  s
del victimismo de quien reconoce haber obrado mal ante una crisis de pareja y reclama  oe.
el perdón del ofendido. w.
A tales conclusiones no precede en el auto de archivo razonamiento alguno que  75ww
perxapclitcicitaen dlaos  arqauzeolnlaess  dpiliogre nlacsia sq upero breastourltiaasb aq uinen heacbeísaa rpioro pauheosntdoa lra  eanc ulsaa cinióvne sptaigraticcuiólanr, 
einnn erecleascaiórino  coinnd asug asri tusaocbióren  plas icsoitlóugaicciaó.n T adme popcreos sióen  exepcroensóam laic ara zaó nl ap oqr ulae ,q usee greúsnu ltlea   BOE-A-cable e
denunciante, habría sido sometida con la finalidad de aceptar los términos del convenio 
regulador del divorcio propuesto por el denunciado, y que –tal y como expresa la fiscal 
ante este tribunal en sus alegaciones– permitía desplegar de oficio un amplio abanico de 
diligencias para su mejor esclarecimiento.
d)  La investigación de los hechos se ciñó, en fin, a recabar la declaración de ambas 
partes en el conflicto y adjuntar al proceso la documental aportada por la denunciante. 
Obvió,  en  cambio,  la  instructora  realizar  cualesquiera  otras  diligencias  que,  bien 
interesadas por las partes, bien deducibles de oficio, pudieran presentarse como idóneas 
a resultas de esos mismos testimonios. Al proceder de este modo el juzgado a quo 
incumplió su deber de investigar sobre los hechos desde la específica atención a las 
circunstancias del caso, habiendo decidido archivar las actuaciones sin antes haber 
despejado la sospecha fundada sobre los hechos y su relevancia penal, siendo estos 
susceptibles de una indagación más profunda.
En definitiva, las resoluciones judiciales impugnadas lesionaron de este modo el 
derecho de la actora a obtener una investigación suficiente y eficaz que demandaba sus 
exigencias de tutela judicial efectiva. Tal conclusión hace innecesario el examen de la 
segunda de las quejas expresadas en la demanda, vinculada a la motivación desde la 
que las resoluciones judiciales traídas en amparo acuerdan el archivo del proceso.
5.  Estimación del recurso de amparo y sus efectos.
La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que hemos apreciado en los 
anteriores  fundamentos  jurídicos  de  esta  sentencia  conduce  derechamente  a  la 
estimación del recurso de amparo y a la declaración de nulidad de las dos resoluciones 
judiciales impugnadas (art. 55.1 LOTC).
El auto de 11 de julio de 2018, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 3 de 
Madrid, que acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, fue dictado sin 
haber agotado previamente la indagación sobre los hechos denunciados allí donde aún 
resultaba  posible.  El  posterior  auto  de  25  de  octubre  de  2018,  de  la  Sección 
Vigesimoséptima de la Audiencia Provincial de Madrid, que vino a confirmar tal decisión, 
perpetuó  la  situación,  dejando  sin  reparar  la  precedente  vulneración  del  derecho 
fundamental.
Debemos, pues, acordar la nulidad de ambas resoluciones judiciales, con retroacción 
de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al del dictado de la primera de 
ellas, para que, por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 3 de Madrid se resuelva 
lo pertinente sobre aquellas diligencias que puedan resultar necesarias para colmar la 
tarea de investigación de forma suficiente y eficaz, que sea respetuosa con el derecho 
fundamental vulnerado, sin que en modo alguno ello implique prejuzgar el resultado 
último de la investigación.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña M.V.A. y, en su virtud:
1.º  Declarar vulnerado el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva sin  e.
indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente del derecho a obtener una investigación  w.
suficiente y eficaz en el curso de un proceso penal. 75ww
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de 11 de julio
d8e2 22-021081 7d)e, la Jsuí zcgoamdoo  ddee l Vaiuotleon dceia 2 s5o bdree  olac tMuburjee rd neú 2m0.1 38  ddee  Mlaa Sdreidc c(idóinlig Veingceiasism porseévpiatism naú dme. 
la Audiencia Provincial de Madrid (recurso de apelación núm. 2114-2018).
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la 
primera de las mencionadas resoluciones, con el fin de que el Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer núm. 3 de Madrid dicte otra nueva resolución respetuosa con el derecho 
fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinte de julio de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo 
Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.