BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95621
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13463 Pleno.  Sentencia  134/2020,  de  23  de  septiembre  de  2020.  Recurso  de 
inconstitucionalidad  4178-2019.  Interpuesto  por  el  Gobierno  Vasco  en 
relación  con  diversos  preceptos  del  Real  Decreto-ley  15/2018,  de  5  de 
octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de 
los consumidores. Competencia sobre asistencia social y poder de gasto: 
nulidad  de  los  preceptos  legales  que  imponen  la  modalidad  y  momento 
temporal  de  pago  del  bono  social  térmico,  regulan  las  obligaciones 
informativas de los comercializadores de referencia y centralizan la gestión y 
pago del bono social térmico con cargo a los presupuestos generales del 
Estado de 2019 (STC 13/1992).
ECLI:ES:TC:2020:134
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don 
Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón; y la magistrada doña 
María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4178-2019 interpuesto por el Gobierno 
Vasco contra los arts. 9, 10 y 11, disposición adicional novena, disposición final tercera y 
anexo I del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la 
transición energética y la protección de los consumidores. Ha comparecido y formulado 
alegaciones el abogado del Estado. Ha sido ponente la magistrada doña Encarnación 
Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro del Tribunal Constitucional el 4 de julio 
de 2019, el Gobierno Vasco interpone recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 9, 
10 y 11, disposición adicional novena, disposición final tercera y anexo I del Real 
Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética 
y la protección de los consumidores.
El  recurso  se  fundamenta  en  los  motivos  que,  resumidamente,  se  exponen  a 
continuación.
Se plantea un recurso de inconstitucionalidad de carácter competencial, puesto que,  e
a  juicio  del  Gobierno  Vasco,  los  preceptos  objeto  de  impugnación  vulneran  la  b
competencia exclusiva que el art. 10.12 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco  463ww
c(EaAráPcVte)r  adteri bnuoyrem aas l ab ácsoimcausn eidna de l asuetnótnidoom qau een l am daotcetrriian ad ec oanssistitteunccioian asl ohcaia cl,o nnofi gtuiernaedno  leal 
sleugbisvleanccióionn ebsá.sica  y  no  se  ajustan  a  la  doctrina  constitucional  en  materia  de
La demanda analiza el objeto y finalidad del Real Decreto-ley 15/2018, indicando, 
tras describir su contenido, que se trata de una combinación de iniciativas y medidas que 
el  Estado  ubica  en  el  objetivo  de  la  transición  energética  y  la  protección  de  los 
consumidores.
En  lo  que  concierne  a  los  preceptos  objeto  del  presente  recurso  de 
inconstitucionalidad, relativos todos ellos al denominado bono social térmico, consistente 
en una ayuda económica directa destinada a los consumidores vulnerables para que 
puedan hacer frente a los gastos de calefacción, agua caliente o cocina, el escrito de 
recurso examina su posible encuadramiento material a partir de lo establecido en la 
disposición final tercera, que considera que las medidas se han dictado al amparo del 
art. 149.1.13, 14 y 25 CE. Se recuerda la doctrina constitucional acerca de los tres títulos 
competenciales  estatales  invocados  por  la  norma,  señalando  que  los  preceptos 
impugnados, en cuanto tienen por finalidad el otorgamiento de ayudas directas para 
casos de necesidad a través del denominado bono social térmico, no se ajustan al 
contenido  y  alcance  que  ha  atribuido  la  doctrina  constitucional  a  los  títulos 
competenciales  estatales  que  se  invocan  para  prestar  amparo  a  la  regulación 
impugnada.
Se recalca la distinta naturaleza del bono social eléctrico respecto a la del bono 
social térmico, en cuanto a su objeto, finalidad esencial y agentes intervinientes en su 
puesta en práctica. Cita al respecto la doctrina constitucional sobre el primero para 
resaltar que, en el caso del bono social térmico, no se cumplen las mismas condiciones, 
pues la única conexión entre ambos es la consistente en identificar como beneficiarios 
del bono social térmico a quienes también lo sean del eléctrico, pero sin que esto 
implique ninguna otra equivalencia o paralelismo en lo que se refiere al funcionamiento 
efectivo de ambas iniciativas. Se articula un programa de ayudas de carácter asistencial 
que nada tiene que ver con los derechos y las obligaciones derivadas de las relaciones 
entre  los  consumidores  o  usuarios  y  las  empresas  suministradoras  de  energía,  ni 
tampoco con las consecuencias derivadas de los impagos del suministro eléctrico o de 
gas.  Se  trata  únicamente  de  una  medida  de  fomento  cuyo  objetivo  es  abordar 
situaciones  de  necesidad,  es  decir,  un  programa  de  marcado  carácter  social  y 
asistencial. Tales diferencias determinan que las ayudas consistentes en el bono social 
térmico no puedan encuadrarse dentro de las reglas del art. 149.1.13 y 25 CE, toda vez 
que, por su naturaleza de ayudas públicas directas destinadas a paliar situaciones de 
necesidad de personas vulnerables, responden a lo que la doctrina constitucional ha 
definido como asistencia social, materia que corresponde en exclusiva a la comunidad 
autónoma del País Vasco. Competencia exclusiva que los preceptos impugnados rebajan 
a actividades de mera ejecución. Al respecto señala que la comunidad autónoma del 
País Vasco viene otorgando ayudas de carácter social equivalentes a la impugnada, en 
ejercicio de su competencia exclusiva en materia de asistencia social.
Por ello, el recurso sostiene que el Estado despliega una actividad legislativa en un 
ámbito que tiene constitucionalmente vedado y con independencia de que las ayudas 
previstas sean compatibles con la percepción de otras. La demanda aplica al caso la 
doctrina constitucional en materia de subvenciones y ayudas públicas. A este efecto, el 
escrito de recurso cita la STC 13/1992 y señala que tratándose de una materia de 
competencia exclusiva de la comunidad autónoma y en la que el Estado no dispone de 
título competencial debería aplicarse el primero de los cuatro supuestos mencionados en 
el fundamento jurídico 8 de la mencionada STC 13/1992, conforme al cual cuando las 
cantidades  consignadas  por  el  Estado  en  sus  presupuestos  tienen  como  objeto  y  s
finalidad una materia de competencia exclusiva autonómica, el Estado debe limitarse a  oe.
diseñar prioridades, territorializando los recursos para permitir la normación y gestión  w.
autonómicas. Nada de esto se ha hecho en los preceptos impugnados, puesto que su  463ww
irnesgtualnacciiaósn  raeustuolntaó macicaabsa deas  haesfetac tueal rp ulnotso  qpuaeg olsa  údneic ala fsu nacyióund aqsu ee cno rlraess pocanndteid aa dleass 
previamente determinadas por órganos estatales.
La demanda cita la STC 178/2011, que interpreta el alcance del mencionado primer 
supuesto de la STC 13/1992, aludiendo también a los votos particulares formulados a 
dicha doctrina, que, no obstante, se ha aplicado en decisiones posteriores a las que 
alude la demanda. Se sostiene que, incluso aplicando la doctrina de la STC 178/2011 y 
posteriores,  el  tribunal  ha  reconocido  que  pueden  producirse  vulneraciones  de  las 
competencias autonómicas. Según la demanda, el Tribunal Constitucional ha estimado 
dichas  vulneraciones  referidas  a  aspectos  tales  como:  requisitos  adicionales  de  la 
concesión de las ayudas; atribución a órganos estatales de competencias de tramitación; 
procedimiento de concesión de las ayudas; tramitación, resolución, pago y reintegro de 
las ayudas; lugar y plazo de presentación de las solicitudes; criterios de adjudicación de 
las ayudas o fijación de un criterio orientador que impida el margen autonómico. Por el 
contrario, la doctrina constitucional ha considerado incluidos dentro de las competencias 
estatales aspectos tales como la definición de la ayuda, destino y finalidad; requisitos 
para el acceso a las ayudas; financiación de los programas o determinación de los 
beneficiarios.
Finalmente, el recurso aplica la doctrina expuesta a los preceptos impugnados. Así, 
el art. 9 es contrario a las competencias autonómicas. Su apartado primero fija las 
cuantías individualizadas de las ayudas a otorgar y determina la periodicidad del pago. El 
apartado segundo también incurre en esa vulneración competencial en la medida en que 
no deja margen alguno a la comunidad autónoma para determinar la cuantía de la 
subvención y fija los criterios de concesión y el baremo correspondiente a cada uno de 
los criterios. El art. 10.1 impide a los órganos autonómicos la determinación final del 
número de beneficiarios con el fin de racionalizar la gestión de las ayudas y su aplicación 
efectiva, evitando situaciones de sobrefinanciación procurando que la correcta gestión 
del sistema alcance a quienes lo necesitan, promoviendo una verdadera cohesión social. 
El apartado segundo de este mismo art. 10 confiere a un órgano estatal determinadas 
funciones asociadas a la distribución de ayudas; el apartado tercero impone el momento 
en  el  que  ha  de  realizarse  el  pago;  el  apartado  cuarto  determina  que  en  las 
comunicaciones  y  procedimientos  relativos  al  programa  del  bono  social  térmico  se 
especificará  que  la  ayuda  es  otorgada  con  cargo  al  presupuesto  del  Ministerio  de 
Transición  Ecológica,  lo  que  es  un  aspecto  adjetivo  vinculado  a  la  gestión  y  a  la 
tramitación de las ayudas. El apartado quinto invade las competencias autonómicas al 
pretender determinar las iniciativas a adoptar por la comunidad autónoma y el apartado 
sexto se refiere a aspectos relacionados también con las competencias autonómicas en 
los que permite la intervención de órganos estatales. El art. 11 recoge una parte del iter 
procedimental tendente a la cuantificación de las ayudas, por lo que se refiere a un 
aspecto relativo a la gestión de las ayudas, que debe ser de competencia autonómica.
Con carácter general, los arts. 9, 10 y 11 del Real Decreto-ley 15/2018 no respetan 
las facultades que, en relación con los programas de ayuda en materia de asistencia 
social, se han reconocido como competencia de las comunidades autónomas. En dichos 
preceptos se contempla una gestión completamente centralizada en el ámbito de la 
administración general del Estado, otorgando a las comunidades autónomas el papel de 
simples pagadoras de las ayudas, sin ninguna otra función que la de ejercer el papel de 
ejecutoras de las órdenes procedentes de órganos pertenecientes a la administración del 
Estado.
La  disposición  adicional  novena  centraliza,  sin  fundamento  para  ello,  todos  los 
aspectos relativos a la gestión y pago de las ayudas para el año 2019. Por último, la 
disposición final tercera se impugna por la inadecuación de los títulos competenciales  s
que menciona para dar amparo a la regulación del bono social térmico en el Real  oe.
Decreto-ley 15/2018. w.
Terc2e.r a,P aocr oprrdoóv iaddemncitiair  dae  t5rá dmeit ese eplt ieremcburreso d ed e2 0in1c9o enls Ptitluecnioo,n aa lpidraodp;u edsatra  tdraes llaad Soe cdcei ólan 
dOergmáannicdaa  dye l dToricbuumnaeln Ctoosn sptriteusceionntaadl o(LsO, TcCon),f oarlm Ceo negsrteasbole dcee  loesl  Dariptíuctualod os3 4y  adle S elan aLdeoy, 
por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través de la ministra de Justicia, al
objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular 
las alegaciones que estimaren convenientes y publicar la incoación del recurso en el 
«Boletín Oficial del Estado».
3.  Mediante escrito registrado el día 13 de septiembre de 2019 la presidenta del 
Congreso de los Diputados comunicó al tribunal el acuerdo de la mesa de la cámara por 
el que se persona en el procedimiento y ofrece su colaboración a los efectos del art. 88.1 
LOTC. Lo mismo hizo el presidente del Senado por escrito que tuvo entrada en este 
tribunal el día 18 de septiembre.
4.  El abogado del Estado se personó en el proceso por escrito registrado el día 23 
de septiembre de 2019, solicitando una prórroga del plazo concedido para formular 
alegaciones, prórroga que le fue concedida por diligencia de ordenación de la secretaría 
de Justicia del Pleno de 24 de septiembre de 2019.
5.  Las alegaciones del abogado del Estado en las que interesa la desestimación del 
recurso se registraron en este Tribunal Constitucional el día 9 de octubre de 2019.
Expone en primer lugar los motivos que llevan al Gobierno a adoptar la regulación 
impugnada,  pretendiendo  responder  a  situaciones  de  vulnerabilidad  en  materia 
energética, tal como también se puso de manifiesto tanto en el debate de convalidación 
de la norma como en la memoria de impacto normativo.
En segundo lugar, se alega la inadmisibilidad del recurso en lo que respecta al 
art. 11, en cuanto que considera que este precepto queda fuera del acuerdo en el que el 
Gobierno Vasco decide interponer el recurso de inconstitucionalidad y del acuerdo de la 
Comisión  Bilateral  de  Cooperación  Administración  del  Estado-Administración  de  la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, por el que se inician negociaciones para resolver 
las discrepancias suscitadas en relación con los arts. 9, 10, disposición adicional novena 
y disposición final tercera del Real Decreto-ley 15/2018. Se sostiene que, pese a que 
tanto  en  el  acuerdo  del  Gobierno  Vasco  como  en  el  de  la  comisión  bilateral  de 
cooperación se hace mención a «cualesquiera otros preceptos que, vinculados o no a los 
anteriores, infrinjan preceptos constitucionales o vulneren competencias de la comunidad 
autónoma de Euskadi», tal fórmula no puede servir para dar cobertura a la impugnación 
del art. 11. Si el objeto del recurso de inconstitucionalidad viene determinado por el 
acuerdo para recurrir del órgano legitimado para ello, la exigencia de concreción de los 
preceptos  impugnados,  que  para  la  demanda  del  recurso  de  inconstitucionalidad 
establece el art. 33.1 LOTC, debe regir para al acuerdo que expresa la voluntad de 
recurrir por el órgano legitimado para ello. Es decir, si la demanda en el recurso de 
inconstitucionalidad debe concretar el precepto o preceptos recurridos, con más razón 
debe hacerlo el acuerdo que expresa la voluntad del órgano legitimado para recurrir. 
Tampoco este art. 11 guarda relación con los preceptos impugnados, sino con el art. 8, y 
no se incluyó en el mecanismo previo de conciliación previsto en el art. 33.2 LOTC.
Analiza a continuación el encuadramiento competencial de la cuestión controvertida 
en el recurso señalando que nos encontramos en la materia asistencia social. Alude a la 
doctrina constitucional en materia de subvenciones (cita las SSTC 13/1992 y130/2013, 
entre otras) y menciona la conflictividad competencial en este ámbito, específicamente 
en materia de asistencia social, que ha dado lugar a una muy completa y reiterada 
doctrina  constitucional  que  se  recoge  en  las  SSTC  178/2011,  de  8  de  noviembre; 
21/2013, de 31 de enero; 40/2013, de 14 de febrero; 52/2013, de 28 de febrero; 70/2013, 
de 14 de marzo, y 33/2014, de 27 de febrero. De acuerdo con ello, si el encuadramiento  s
competencial de la controversia en el régimen de distribución de competencias es el de  oe.
seslauus bfbaevvsreeiasnn teccdiineooc nnilaaae  ls sc o(osocembi ajpeiln,et cotdea enrysdc diinafeian  ereaálsl i ptdaeuatnnad tl  eodll a de se rue lpavguissu etlaasa tcyodiuó edna al )a sd d,ec eo m lmolaosp d eSaatelsTidpnCaec dica1 t o3pts/é1a c9rcna9ei c2nlaa,t r  arindelecegsl uu llyadaecesni ló dmnroé i dgsemeimn al easlans,     2020-13463n https://www.
beneficiarios y requisitos esenciales de acceso), mientras que se sitúa dentro de la
competencia autonómica lo atinente a su gestión, esto es, la tramitación, resolución y
pago de las subvenciones, así como la regulación del procedimiento correspondiente a 
todos estos aspectos.
Con arreglo a tales premisas se examinan los preceptos impugnados.
Respecto  al  art.  9  y  anexo  I  señala  que  el  escrito  de  demanda  se  centra  en 
argumentar que la determinación de la cuantía de la ayuda directa, y la previsión de 
pago único de la ayuda en el primer trimestre, vulneran la competencia autonómica de 
gestión de las ayudas en materia de asistencia social. Al respecto señala que la doctrina 
que cita la demanda se refiere a supuestos en los que las ayudas se otorgan en régimen 
de concurrencia competitiva en las que la determinación de la cuantía de la subvención, 
forma parte de la competencia de gestión autonómica, a ella corresponde resolver la 
concurrencia entre actividades o proyectos, de manera que la cuantía concreta no es un 
elemento central del régimen de ayudas. No sucede esto con el bono social térmico, que 
constituye una ayuda directa a consumidores vulnerables para subvenir a su gasto en 
invierno, de modo que tanto los elementos utilizados para la cuantificación de la ayuda, 
como el momento de su pago constituyen un aspecto central del régimen subvencional 
para que la ayuda sirva a su función. Resulta necesaria la colaboración estatal para el 
establecimiento de la cuantía de la ayuda, habida cuenta de que esta depende de dos 
factores fundamentales: el crédito disponible en los presupuestos generales del Estado y 
el  número  de  beneficiarios  pertenecientes  a  cada  zona  climática  y  grado  de 
vulnerabilidad. El anexo I, a su vez, determina los coeficientes de reparto en función de 
la zona climática; el grado de vulnerabilidad, siendo estos los dos únicos criterios para 
ponderar la intensidad de la ayuda que deben corresponder a valores únicos para todo el 
territorio nacional. El gasto térmico de cada hogar depende esencialmente de la zona 
climática  en  la  que  se  ubica;  el  grado  de  vulnerabilidad  del  beneficiario  permite 
considerar las circunstancias personales del mismo, determinando un mayor grado de 
necesidad de la ayuda para abonar las facturas. De este modo, no es posible establecer 
las bases de la ayuda y no determinar los coeficientes de reparto, puesto que se crearía 
una situación en la que beneficiarios pertenecientes a distintas comunidades autónomas 
pero ubicados en la misma zona climática y con el mismo grado de vulnerabilidad, 
percibirían  diferentes  cuantías  de  la  ayuda  a  pesar  de  tener  un  gasto  térmico 
equivalente.
La  previsión  de  un  pago  único  en  el  primer  trimestre  también  tiene  naturaleza 
material y sustantiva, que resulta un aspecto central en el régimen de la ayuda, por estar 
ligado al cumplimiento de su propia finalidad, es decir, aliviar el incremento de la factura 
energética de los hogares, especialmente en los meses de invierno, en la parte de la 
misma destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina.
En  cuanto  al  art.  10,  señala  que  la  demanda  solo  argumenta  sobre  la 
inconstitucionalidad del requisito de pago en el primer trimestre, previsto en el apartado 
tercero,  y  la  exigencia  del  apartado  cuarto  de  que  en  las  comunicaciones  y 
procedimientos se especifique con claridad que la ayuda es otorgada con cargo al 
presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica. Respecto al apartado tercero, ya 
se ha señalado que es un aspecto central de la ayuda. El apartado cuarto sobre la 
necesidad  de  informar  del  carácter  estatal  de  la  financiación  es  exigencia  de  los 
principios esenciales en materia de gasto público de publicidad y transparencia, por lo 
que no se aprecia la invasión competencial denunciada. Por su parte, los apartados 
quinto y sexto tampoco vulneran las competencias autonómicas. El primero reconoce 
expresamente la competencia autonómica para ampliar la cuantía otorgada con cargo a 
sus propios presupuestos y el apartado sexto se limita a prever la remisión de un informe  s
detallando las ayudas otorgadas, las renuncias registradas, el grado de cofinanciación  oe.
que se haya producido y los remanentes que se pudieran haber generado, a los efectos  w.
de su consideración en el cálculo del reparto del siguiente ejercicio. 463ww
art. S11u,b seild aiabroiagmadeon ted eal  Elos tsaodsot esneiñdaol ar eqsupee cntoo  eas l ap oinsiabdlem riseimónit ird eell  rliesctaudrsoo a rlleí sppreecvtios tod eal 
cbaednae ficuinaari odse  y latsra ncsofmeruirn ildoasd eims paourtteósn oam laass.  cNoom usneirdíaa dpeoss iabuletó ncoomnoacse rs ine l cnoúnmoceeror  ldoes   BOE-A-cable e
pertenecientes a cada zona climática y grado de vulnerabilidad. Los requisitos técnicos 
del  envío  y  el  tratamiento  de  la  información  recibida  deben  realizarse  de  manera 
centralizada, con el fin de garantizar que los comercializadores de referencia no tengan 
que preparar diversos archivos informáticos y comprobar que cada beneficiario solo 
percibe la ayuda una única vez y por un único domicilio.
La gestión centralizada para el año 2019 que deriva de la disposición adicional 
novena se justifica por el abogado del Estado en necesidades excepcionales derivadas 
de la adecuada tramitación administrativa de la ayuda respecto a cuestiones tales como 
la  información  a  los  potenciales  beneficiarios,  la  recepción  de  las  solicitudes  o  la 
realización del pago. En sucesivos ejercicios las comunidades autónomas comunicarán a 
los potenciales beneficiarios su condición como tales y les facilitarán igualmente los 
canales  autonómicos  para  renunciar  a  la  ayuda  o  modificar  los  datos  bancarios. 
Asimismo, las comunidades autónomas podrán realizar las verificaciones que consideren 
pertinentes sobre el cumplimiento de las condiciones de acceso a la ayuda por parte de 
los  potenciales  beneficiarios.  Como  resultado  de  este  proceso,  las  comunidades 
autónomas determinarán el listado final de beneficiarios realizando, finalmente, el pago 
de la ayuda.
Por último, el abogado del Estado estima que la disposición final tercera aborda 
títulos competenciales respecto a otras previsiones del Real Decreto-ley 15/2018 no 
controvertidas  en  el  presente  procedimiento,  por  lo  que  no  resulta  necesario 
pronunciamiento al respecto.
6.  Por providencia de 22 de septiembre de 2020 se señaló para deliberación y fallo 
de esta sentencia el día 23 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del proceso y posiciones de las partes.
El objeto de la presente resolución es resolver el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por el Gobierno Vasco contra los arts. 9, 10 y 11, disposición adicional 
novena, disposición final tercera y anexo I del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, 
de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.
Los  preceptos  impugnados  regulan  determinados  aspectos  de  la  ayuda  directa 
denominada bono social térmico que se establece en el citado Real Decreto-ley 15/2018. 
El art. 9 se refiere a los criterios de distribución de la ayuda del bono social térmico entre 
los beneficiarios; el art. 10, al procedimiento para la determinación y pago del importe de 
la ayuda; y el art. 11 a las obligaciones de los comercializadores de referencia respecto a 
la determinación del importe y el pago de la ayuda. La disposición adicional novena 
regula la gestión y pago de esta ayuda en el año 2019; la disposición final tercera 
expresa los títulos competenciales a cuyo amparo se dicta el Real Decreto-ley 15/2018; y 
el anexo I se refiere a la metodología para el cálculo de la cuantía de la ayuda anual a 
asignar a cada uno de los beneficiarios del bono social térmico.
Se trata de un recurso de inconstitucionalidad de carácter competencial, puesto que, 
a  juicio  del  Gobierno  Vasco,  los  preceptos  objeto  de  impugnación  vulneran  la 
competencia exclusiva que el art. 10.12 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, 
de Estatuto de Autonomía para el País Vasco (EAPV), atribuye a la comunidad autónoma 
en materia de asistencia social y no se ajustan a la doctrina de este tribunal en materia 
de subvenciones y ayudas públicas. El abogado del Estado ha negado la vulneración  es
competencial expuesta, argumentando que los preceptos recurridos responden a un  bo
adecuado ejercicio de la potestad de gasto estatal en materia de asistencia social, tal  463ww
como dicha potestad ha sido configurada por la doctrina constitucional.
2.  Delimitación del objeto del recurso.
Debemos, en primer lugar, delimitar el objeto del proceso y al efecto resolver la 
solicitud de inadmisión parcial en relación con el art. 11 deducida por el abogado del 
Estado.
Alega que el recurso debe ser inadmitido en lo que respecta a dicho art. 11, en 
cuanto que considera que este precepto, pese a que se ha impugnado en la demanda, 
en  realidad  no  se  contempla  en  el  acuerdo  en  el  que  el  Gobierno  Vasco  decide 
interponer el recurso de inconstitucionalidad y tampoco en el acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco por el que se decidió, a iniciativa del Gobierno Vasco, aplicar 
el procedimiento previsto en el art. 33.2 LOTC.
Es doctrina consolidada de este tribunal que en los supuestos en que se acuda al 
trámite conciliatorio previo contemplado en el citado precepto de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, el marco de la discrepancia o controversia es el que se establece 
«en el acuerdo sobre iniciación de las negociaciones, que es objeto de publicación oficial 
y se comunica al Tribunal Constitucional. Este acuerdo es el que desempeña una función 
de delimitación del contenido de un eventual recurso de inconstitucionalidad posterior» 
(por  todas,  STC  43/2017,  de  27  de  abril,  FJ  2).  Es,  pues,  necesario  examinar  el 
contenido del citado acuerdo.
Concretamente, el punto 1 del acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
de 5 de diciembre de 2018, que fue objeto de publicación oficial («Boletín Oficial del 
Estado», núm. 18, de 21 de enero de 2019), contempla el inicio de negociaciones para 
resolver las discrepancias suscitadas en relación con:
«[L]os  siguientes  preceptos  del  Real  Decreto-ley  15/2018,  de  5  de  octubre,  de 
medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores:
– Artículos 9 y 10, sobre criterios de distribución de la ayuda del bono social térmico 
y  sobre  procedimiento  para  la  determinación  y  pago  del  importe  de  la  ayuda, 
respectivamente.
– Disposición adicional novena, sobre gestión y pago de las ayudas de bono social 
térmico para el año 2019.
– Disposición final tercera, sobre títulos competenciales.
Así  como  contra  cualesquiera  otros  preceptos  que,  vinculados  o  no  con  los 
anteriores, vulneren principios constitucionales o invadan competencias de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi.»
El acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-
Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  es  coincidente  con  la 
voluntad impugnatoria del Gobierno Vasco, acreditada de modo expreso en el previo 
acuerdo de 3 de octubre de 2018, por el que se autoriza la interposición del presente 
recurso.  Dicho  acuerdo,  en  el  que  también  se  decide  «impulsar  previamente  el 
mecanismo previsto en el art. 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional», alude al recurso contra los arts. 9 y 10 así como contra las 
disposiciones adicional novena y final décima, añadiendo a continuación «así como 
contra cualesquiera otros preceptos que, vinculados o no con los anteriores, vulneren 
principios  constitucionales  o  invadan  competencias  de  la  Comunidad  Autónoma  de  e.e
Euskadi». Expresión esta última que es la misma que emplea el posterior acuerdo por el  b
que se pone en marcha el procedimiento de conciliación previsto en el art. 33.2 LOTC,  463ww
eesn,  upnoors  toétrrma inpoasr tied,é netli cporse asu lpau veosluton tande ceexsparreios adpaa rpao rl ae l alepgliictiamcaiódno  dpealr am reeccuarnriisr,m loo  qduee 
resoFluincaiólmn ednet ed,i sccorempoa nscei aesx pporenveis eton  elan  edle amrta. n3d3a.2,  lLaOs TnCeg.ociaciones desarrolladas en el
seno de la comisión bilateral de cooperación no han dado como resultado la resolución
de  las  discrepancias  surgidas  en  relación  con  el  Real  Decreto-ley  15/2018,  con  la 
consecuencia de que el recurso se ha interpuesto contra los arts. 9, 10 y 11, disposición 
adicional novena, disposición final tercera y anexo I del Real Decreto-ley 15/2018.
Este tribunal ha declarado que la legitimación, esto es, la capacidad suficiente para 
ejercer la acción de inconstitucionalidad prevista en el art. 32.1 LOTC, se enlaza en el 
art. 32.2 LOTC con la existencia del «previo acuerdo adoptado al efecto», de tal forma 
que la legitimación no puede ser negada, ni, en consecuencia, puede ser rehusado el 
pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión deducida, salvo por inexistencia de la 
voluntad que se manifiesta. En efecto, con respecto a quien tiene la legitimación para 
ello «el ejercicio de la acción requiere la previa formación de la voluntad impugnatoria de 
acuerdo con las reglas de procedimiento interno propias del órgano en cuestión, y el 
recurso no será admisible cuando no se acredite la preexistencia de tal voluntad» 
(STC 236/2015, de 19 de noviembre, FJ 2).
Exigido para cada impugnación un previo acuerdo adoptado al efecto (art. 32.2 
LOTC) la demanda no puede ampliar el objeto del recurso (por todas, STC 68/2018, 
de 21 de junio, FJ 2), cosa que no ha ocurrido aquí, ni tampoco instar la declaración de 
inconstitucionalidad por conexión o consecuencia que es, cuando proceda, prerrogativa 
de este tribunal, «sin que pueda ser objeto de pretensión de parte» (STC 49/2018, de 10 
de mayo, FJ 2).
En este caso, el Gobierno Vasco, por su condición de legitimado para la interposición 
del recurso de inconstitucionalidad [arts. 162.1 a) CE y 32.2 LOTC], es el único que 
puede determinar el alcance de su voluntad impugnatoria. Dicha voluntad ha quedado 
expresada en el precitado acuerdo de 3 de octubre de 2018, en los términos que ya se 
han expuesto y que coinciden con el acuerdo de ambas partes en el seno de la comisión 
bilateral de cooperación (en un sentido similar, STC 102/2018, de 4 de octubre, FJ 2). 
Por otra parte, habiéndose aplicado el procedimiento previsto en el art. 33.2 LOTC, es 
relevante a efectos de admisión del recurso, «el objeto señalado en el acuerdo adoptado 
en el seno de esa comisión a que se refiere la letra b) de ese mismo artículo 33.2 por los 
órganos  competentes  de  las  dos  administraciones  implicadas  a  fin  de  iniciar  las 
negociaciones para la resolución de las discrepancias que las separan» (STC 65/2018, 
de 7 de junio, FJ 3). Objeto que, como ya hemos señalado, había quedado delimitado 
por relación al previo acuerdo del Gobierno Vasco, sin que, por otra parte, conste 
objeción alguna por parte de la administración general del Estado respecto a la forma de 
identificar el objeto de la negociación que reclama el art. 33.2 LOTC y que se plasmó en 
el  acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral  de  Cooperación  Administración  del  Estado-
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 5 de diciembre de 2018. 
Es clara, pues, la existencia del acuerdo en el que se pone de manifiesto la concertación 
de voluntades para aplicar el procedimiento previsto en el art. 33.2 LOTC, el contenido 
de dicho acuerdo y su adopción conforme a las exigencias del mencionado precepto. Y 
en dicho acuerdo se identifica como posible objeto de la negociación, y, por tanto, de un 
eventual  recurso  de  inconstitucionalidad,  además  de  los  arts.  9  y  10  y  de  las 
disposiciones  adicional  novena  y  final  tercera  del  Real  Decreto-ley  15/2018, 
«cualesquiera  otros  preceptos  que,  vinculados  o  no  con  los  anteriores,  vulneren 
principios  constitucionales  o  invadan  competencias  de  la  comunidad  autónoma  de 
Euskadi», expresión que, sin duda, incluye al art. 11 que, además, dado su contenido, 
guarda relación con los mencionados, en tanto que integrante de la regulación del bono 
social térmico.
En suma, por lo expuesto, no es posible sino concluir que, formulada la voluntad  s
impugnatoria del Gobierno Vasco en los términos que ya han quedado aquí recogidos y  oe.
cumplidos los requisitos del citado art. 33.2 LOTC, tal como aquí se han cumplido, la  w.
admisión del recurso resulta obligada [así, SSTC 207/2013, de 5 de diciembre, FJ 1 a);  463ww
f1e1b1r/e2r0o1, 4F, Jd e2  2a6)] .d Leo j ucnoion,t raFrJio 1  inac);u r5r9ir/í2a0 e1n6 , udne  ri1g7o rdisem mo afrozrom, aFl Je 2xc, eys 1iv7o/,2 0p1o8rq, udee  p2o2d rdíea 
«sufrpursetrmaor  eld ien terlaé s Cpúobnlsictiotu ocbiójent ivmo eedni aqnutee  esetle  ternibjuuincaial mdeiesnatror olldee s ul afu nlceiyó n idmep guagrnaandtae   BOE-A-cable e
(SSTC 86/1982, de 23 de diciembre, FJ 2; 42/1985, de 15 de marzo, FJ 2, y 17/1990, 
de 7 de febrero, FJ 1, por todas), una vez ha sido puesta de manifiesto la voluntad 
impugnatoria  por  quienes  constitucionalmente  tienen  atribuida  tal  legitimación» 
(STC 47/2005, de 3 de marzo, FJ 3). Por lo demás, la demanda también satisface los 
requisitos de los arts. 33.1 y 85.1 LOTC, al identificar tanto el objeto del recurso como la 
causa petendi, elementos sin los cuales no resulta concebible el proceso.
Procede,  en  consecuencia,  rechazar  la  petición  de  inadmisión  parcial  por 
extemporaneidad del recurso respecto del art. 11.
3.  Regulación del bono social térmico.
Los preceptos impugnados se refieren al denominado bono social térmico por lo que 
resulta conveniente ahora referirse, siquiera brevemente, a su regulación.
El preámbulo del Real Decreto-ley 15/2018 justifica la creación del bono social 
térmico, en los siguientes términos: «Además de las referidas mejoras del marco vigente, 
se considera necesario ampliar la protección a otros usos energéticos, para lo que se 
crea un bono social para usos térmicos, que permitirá aliviar la factura energética de los 
hogares para los combustibles para calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. Los 
consumidores vulnerables que estén acogidos al bono social de electricidad a 31 de 
diciembre de 2018, o que hayan presentado la solicitud completa antes de esa fecha y 
resulten beneficiarios, recibirán a lo largo del invierno un bono que les permitirá sufragar 
otros usos energéticos del hogar distintos de la electricidad. La cuantía del bono se 
modulará por la zona climática en la que se encuentre la vivienda y dependerá del grado 
de vulnerabilidad del hogar. Se prevé en el Real Decreto-ley que la gestión y el pago del 
bono social térmico corresponderá a las comunidades autónomas y las ciudades con 
estatuto de autonomía si bien con carácter excepcional, y dado el calendario en que nos 
hallamos, la necesidad de que el bono social térmico llegue a sus destinatarios en 
invierno exige que este ejercicio 2018 el pago de la ayuda será realizado por el Ministerio 
para la Transición Ecológica».
El Real Decreto-ley 15/2018 crea, en su art. 5, este programa de concesión directa 
de ayudas destinadas a compensar la pobreza energética en consumidores vulnerables, 
en lo que respecta a energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. 
Conforme al art. 6, el bono social térmico es compatible con la percepción de otras 
ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, de las que pudieran beneficiarse los 
destinatarios de la ayuda. También es compatible con la percepción del bono social de 
electricidad. Esta ayuda se financia con cargo a los presupuestos generales del Estado y 
está condicionada a la disponibilidad presupuestaria fijada en cada año en la Ley de 
presupuestos generales del Estado para este concepto (art. 7). Los beneficiarios son 
aquellos consumidores que sean beneficiarios del bono social de electricidad, previsto en 
el art. 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, a 31 de diciembre 
del año anterior (art. 8). El cuestionado art. 9 prescribe que la cantidad consignada en la 
partida presupuestaria con cargo a la que se financie el bono social térmico se distribuirá 
entre todos los beneficiarios, determinándose la cuantía a percibir atendiendo al grado 
de vulnerabilidad, así como a la zona climática en la que se localice la vivienda y 
aplicando la metodología contemplada en el anexo I. El también impugnado art. 10 
regula cuestiones relativas al procedimiento para la determinación y pago del importe de 
la ayuda y el art. 11 las obligaciones de los comercializadores de referencia en punto a la 
remisión de información para determinar el importe de la ayuda y proceder a su pago.  e
Finalmente, la disposición adicional novena fija un régimen específico para la gestión y  bo
pago  de  las  ayudas  con  cargo  a  los  presupuestos  generales  del  Estado  para  el  463ww
año 2019.
4.  Encuadramiento competencial.
De acuerdo con nuestra doctrina (por todas, STC 87/2016, de 26 de abril, FJ 3), la 
resolución  de  aquellas  controversias  que  se  susciten  respecto  a  la  regulación  y 
aplicación de las ayudas o subvenciones que puedan establecerse en las distintas áreas 
o segmentos de la acción pública ha de tener en cuenta la distribución de competencias 
existente en la materia en la que proceda encuadrar las subvenciones de que se trate, 
para lo cual hay que examinar el contenido concreto de las disposiciones objeto de 
recurso. Su resolución exige, por tanto, la realización del encuadramiento de las ayudas 
cuestionadas en la materia que corresponda, a fin de determinar si, a la vista de las 
competencias  del  Estado  y  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco,  se  han 
producido las vulneraciones denunciadas.
Las partes en este proceso no discrepan sobre el encuadramiento competencial de la 
ayuda  controvertida,  ya  que  coinciden  en  afirmar  que  estamos  ante  subvenciones 
dirigidas a financiar programas en materia de asistencia social, criterio que comparte 
este tribunal.
El preámbulo del Real Decreto-ley 15/2018 confirma este apreciación al afirmar que 
«al  configurarse  el  bono  social  térmico  como  una  ayuda  directa  con  cargo  a  los 
presupuestos generales del Estado, y ser considerado por lo tanto como una actuación 
que cabe encuadrar en materia de asistencia social, competencia que ha sido asumida 
estatutariamente por todas las comunidades autónomas, corresponde su gestión por ello 
a las comunidades autónomas, sin perjuicio de la competencia del legislador estatal para 
establecer los criterios y metodología para el reparto y cálculo de la ayuda unitaria».
El objeto de las ayudas impugnadas y el modo en que han sido configuradas por el 
legislador estatal lleva a la misma conclusión. Se trata de ayudas directas derivadas del 
presupuesto del Estado que se otorgan a todos aquellos que sean beneficiarios del bono 
social de electricidad (art. 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico 
y Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor 
vulnerable,  el  bono  social  y  otras  medidas  de  protección  para  los  consumidores 
domésticos de energía eléctrica). Precisamente las diferencias en la configuración de 
este bono social térmico son las que hacen que su encuadramiento competencial sea 
diferente de aquel que, de acuerdo con nuestra doctrina (por todas, STC 54/2018, de 24 
de mayo, FJ 3) es aplicable al bono social eléctrico, en cuanto integrante del bloque 
normativo relativo al establecimiento de las condiciones de acceso y suspensión del 
suministro de energía eléctrica y cuyo coste, conforme establece el artículo 45.4 de la 
Ley 24/2013, será asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen 
la actividad de comercialización de energía eléctrica, o por las propias sociedades que 
así lo hagan si no forman parte de ningún grupo societario. A diferencia del anterior, con 
el bono social térmico se articula un programa de ayudas de carácter asistencial con 
cargo al presupuesto estatal que nada tiene que ver con los derechos y las obligaciones 
derivados  de  las  relaciones  entre  los  consumidores  o  usuarios  y  las  empresas 
suministradoras de energía, ni tampoco con las consecuencias derivadas de los impagos 
del suministro eléctrico o de gas.
La vinculación a la asistencia social de las ayudas objeto del presente proceso se ve 
confirmada por el hecho de que, aun configuradas como «destinadas a paliar la pobreza 
energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a 
calefacción, agua caliente sanitaria o cocina», lo cierto es que no hay mecanismo alguno 
en la norma para asegurar que los fondos otorgados se destinan por sus perceptores a 
la finalidad prevista, lo que acentúa todavía más el carácter asistencial de esta ayuda, en  e.
cuanto destinada a determinados beneficiarios en situación de vulnerabilidad. w.b
Por  tanto,  las  ayudas  previstas  en  las  disposiciones  objeto  de  recurso  son  463ww
encuEasdtera tbrilbeusn eanl  ylaa  mhaa tteerniaid aos oisctaesnicóina  sdoec diaelf.inir el alcance de la materia asistencia social
cinutaenrndaoc iohnaa leasf icrmomadoo l a qCuaer ta« s[ao]cteianl deieunrodpoe aa,  lal aass ispteanuctaias  sodcei al,a legnu nsoesn tidinos tarubmstreancttoos, 
abarca a una técnica de protección situada extramuros del sistema de la Seguridad
Social, con caracteres propios, que la separan de otras afines o próximas a ella. Se trata 
de un mecanismo protector de situaciones de necesidad específicas, sentidas por grupos 
de población a los que no alcanza el sistema de Seguridad Social y que opera mediante 
técnicas distintas de las propias de esta. Entre sus caracteres típicos se encuentran, de 
una  parte,  su  sostenimiento  al  margen  de  toda  obligación  contributiva  o  previa 
colaboración económica de los destinatarios o beneficiarios, y, de otra, su dispensación 
por entes públicos o por organismos dependientes de entes públicos, cualesquiera que 
estos sean. De esta forma, la asistencia social vendría conformada como una técnica 
pública  de  protección,  lo  que  la  distingue  de  la  clásica  beneficencia,  en  la  que 
históricamente halla sus raíces» (STC 36/2012, de 15 de marzo, FJ 4).
Establecido que la materia a la que se refieren las normas impugnadas es asistencia 
social, corresponde examinar la distribución de competencias sobre la misma que se 
deriva de lo dispuesto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para el País 
Vasco. La Constitución se refiere a la asistencia social en el art. 148.1.20 como una 
materia sobre la que las comunidades autónomas pueden asumir la competencia. Así lo 
ha  hecho  el  País  Vasco  en  el  art.  10.12  EAPV,  que  caracteriza  las  competencias 
autonómicas en materia de asistencia social como exclusivas. Son «las comunidades 
autónomas las que tienen la competencia para diseñar su propia política de asistencia 
social, sin perjuicio de las competencias que al Estado correspondan en virtud del 
artículo 149.3, del art. 150.3 o, en su caso, del art. 149.1» (STC 146/1986, de 25 de 
noviembre, FJ 5). Ahora bien, siendo esta «una materia compleja, que resulta central en 
un Estado social, las competencias exclusivas no pueden entenderse en su estricto 
sentido de exclusión de actuación en el campo de lo social, no solo de otros entes 
públicos, sino incluso de entidades privadas y, por supuesto, del Estado, ‘respecto de 
aquellos problemas específicos que requieran para su adecuado estudio y tratamiento un 
ámbito más amplio que el de la comunidad autónoma’, especialmente en cuanto se 
refiera a ‘la existencia de problemas y de tratamiento de problemas que exceden del 
ámbito de la comunidad autónoma, en cuanto se trate de políticas de asistencia social, 
que  solo  tengan  sentido  en  cuanto  referidas  al  país  en  su  conjunto’,  si  bien,  el 
reconocimiento de la existencia de problemáticas sociales que requieran un tratamiento 
global no tiene por qué llevar a negar la competencia de la comunidad autónoma para 
gestionar la problemática de que se trate dentro de su territorio (STC 146/1986, FJ 5)» 
(STC 36/2012, de 15 de marzo, FJ 4).
5.  Doctrina constitucional sobre subvenciones y ayudas públicas en materia de 
asistencia social.
Una  vez  realizado  el  encuadramiento  competencial,  es  preciso  tomar  en 
consideración la doctrina de este tribunal en relación con las subvenciones.
Doctrina que parte del principio de que «la legitimidad constitucional del régimen 
normativo  y  de  gestión  de  las  subvenciones  fijado  por  el  Estado  depende  de  las 
competencias que el Estado posea en la materia de que se trate», ya que «la subvención 
no es un concepto que delimite competencias» (STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 4). Por 
tanto,  las  diversas  instancias  territoriales  ejercerán  sobre  las  subvenciones  las 
competencias que tienen atribuidas, de modo que si la materia o sector de la actividad 
pública a la que aquellas se dirigen son de competencia exclusiva del Estado, no se 
plantea ningún problema en cuanto a la delimitación competencial. Cuando, por el 
contrario, en tal materia o sector hayan asumido competencias en uno u otro grado las 
comunidades  autónomas,  las  medidas  que  hayan  de  adoptarse  para  conseguir  la  e
finalidad a que se destinan los recursos deberán respetar el orden constitucional y  bo
estatuario de competencias, pues, de no ser así, el Estado restringiría la autonomía  463ww
pFoJ lí7ti)c.a de las comunidades autónomas y su capacidad de autogobierno» (STC 13/1992,
estaLbale dcioóc turinn ae saql ureemspae cdteo  dqeuleimdióta rceiócno pciloamdap eetne nlcai aSl TeCn tr1e3 /e1l 9E9s2t aedno  lay  lqause c eosmteu ntridibaudneasl 
autónomas en cuanto al ejercicio de la potestad subvencional de gasto público, resumido
en cuatro supuestos generales. Como recordó la STC 33/2014, de 27 de febrero, FJ 3, 
pese al carácter abierto del esquema en el que se insertan, esa doctrina sigue siendo 
referente constante tanto de nuestras decisiones posteriores como de las alegaciones de 
las  partes  en  los  procesos  de  constitucionalidad.  Estos  supuestos  generales  tratan 
precisamente de conciliar la distribución competencial existente en cada materia entre el 
Estado y las comunidades autónomas con la reconocida potestad subvencional de gasto 
público que ostenta el Estado. Potestad que ha sido reconocida cuando hemos afirmado 
de manera reiterada que «el Estado siempre podrá, en uso de su soberanía financiera 
(de gasto, en este caso), asignar fondos públicos a unas finalidades u otras» (por todas, 
STC 13/1992, FJ 7).
En el presente caso, puesto que la comunidad autónoma ostenta una competencia 
exclusiva sobre asistencia social y ya hemos comprobado que las normas cuestionadas 
se insertan en dicho ámbito material, nos encontramos ante el primer supuesto recogido 
en el fundamento jurídico 8 a) de la STC 13/1992.
Dicho supuesto se refiere a los casos en los que «la comunidad autónoma ostenta 
una competencia exclusiva sobre una determinada materia y el Estado no invoca título 
competencial alguno, genérico o específico, sobre la misma. El Estado puede, desde 
luego, decidir asignar parte de sus fondos presupuestarios a esas materias o sectores. 
Pero,  de  una  parte,  la  determinación  del  destino  de  las  partidas  presupuestarias 
correspondientes no puede hacerse sino de manera genérica o global, por sectores o 
subsectores enteros de actividad. Por otra parte, esos fondos han de integrarse como un 
recurso  que  nutre  la  Hacienda  autonómica,  consignándose  en  los  presupuestos 
generales del Estado como transferencias corrientes o de capital a las comunidades 
autónomas, de manera que la asignación de los fondos quede territorializada, a ser 
posible, en los mismos presupuestos generales del Estado».
Ahora bien, el encuadramiento de la cuestión en el ámbito de la asistencia social ‘«no 
supone, no obstante, la imposibilidad para el Estado de financiar este tipo de acciones 
de fomento en materias atribuidas a la competencia exclusiva de las comunidades 
autónomas, pues […] el Estado tiene […] la capacidad para poner su poder de gasto al 
servicio de una política de asistencia social, en el ejercicio soberano de la función 
legislativa presupuestaria, sin perjuicio de que corresponda a la comunidad autónoma la 
competencia exclusiva en materia de asistencia social’ (STC 26/2013, FJ 6) y, por ende, 
ciertas facultades de regulación y ejecución de esas ayudas» (STC 78/2014, de 28 de 
mayo, FJ 6).
Una  vez  encuadrado  el  régimen  de  las  subvenciones  objeto  de  conflicto  en  el 
supuesto a) del fundamento jurídico 8 de la STC 13/1992, debe recordarse la doctrina de 
este tribunal que, a partir de la STC 178/2011, de 8 de noviembre, FJ 7, con ocasión de 
un conflicto referido a subvenciones relativas al área de la asistencia social, y, por 
consiguiente,  incluido  en  el  primer  supuesto  del  fundamento  jurídico  8  de  la 
STC  13/1992,  ha  declarado  que  «consideraremos  incluida  en  la  esfera  de  la 
competencia estatal la regulación de los aspectos centrales del régimen subvencional —
objeto y finalidad de las ayudas, modalidad técnica de las mismas, beneficiarios y 
requisitos esenciales de acceso— mientras que situaremos dentro de la competencia 
autonómica lo atinente a su gestión, esto es, la tramitación, resolución y pago de las 
subvenciones, así como la regulación del procedimiento correspondiente a todos estos 
aspectos, ya que es doctrina reiterada de este tribunal que ‘las normas procedimentales 
ratione materiae deben ser dictadas por las comunidades autónomas competentes en el 
correspondiente sector material, respetando las reglas del procedimiento administrativo  s
común (por todas, STC 98/2001, de 5 de abril, FJ 8, con cita de la STC 227/1998, de 26  oe.
de noviembre, FJ 32)’ (STC 188/2001, de 20 de septiembre)» (STC 87/2016, de 28 de  w.
abril, FJ 6, citando la STC 36/2012, de 15 de marzo, FJ 8). 463ww
6.  Resolución de la controversia.
A  partir  del  planteamiento  competencial  expuesto,  debemos  proceder  ahora  al 
examen de los distintos preceptos impugnados.
a)  El art. 9 presenta la siguiente redacción:
«Artículo 9.  Criterios de distribución de la ayuda del bono social térmico entre los 
beneficiarios.
1.  La cantidad consignada en la partida presupuestaria con cargo a la que se 
financie el bono social térmico en cada ejercicio presupuestario se distribuirá, entre todos 
los beneficiarios del artículo 8, mediante la concesión de un pago único anual.
2.  La cuantía a percibir por cada beneficiario se determinará atendiendo a su grado 
de vulnerabilidad según se defina en la normativa reguladora del bono social eléctrico, 
así como a la zona climática en la que se localice la vivienda en la que se encuentre 
empadronado, todo ello en aplicación de la metodología contemplada en el anexo I del 
presente Real Decreto-ley.»
La  representación  procesal  del  Gobierno  Vasco  considera  que  la  fijación 
individualizada de las cuantías a otorgar que resulta de la aplicación de los criterios de 
concesión de las ayudas del apartado segundo en relación con el anexo I y también la 
determinación  de  la  periodicidad  del  pago  son  contrarias  a  las  competencias 
autonómicas. Por el contrario, según el abogado del Estado, los elementos utilizados 
para la cuantificación de la ayuda así como el momento de su pago constituyen un 
aspecto central del régimen subvencional para que la ayuda sirva a su función.
El bono social térmico depende en su configuración de dos factores: la disponibilidad 
presupuestaria  expresada  en  el  crédito  incorporado  al  efecto  en  los  presupuestos 
generales  del  Estado  y  el  número  de  beneficiarios,  determinado  por  relación  a  la 
regulación  del  bono  social  de  electricidad  contenida  en  la  Ley  24/2013  y  sus 
disposiciones  de  desarrollo.  Cumpliéndose  los  requisitos  previstos  en  la  normativa 
citada,  se  tiene  derecho  a  la  percepción  de  la  ayuda  en  una  cuantía  que  viene 
determinada por la dotación de crédito existente y por la aplicación al beneficiario de los 
criterios objetivos para distribuir los fondos presupuestarios determinados por la norma. 
Estos criterios en función de los que se cuantifica la ayuda son dos: i) respecto al grado 
de vulnerabilidad de los beneficiarios, el ya mencionado Real Decreto 897/2017 incluye 
como elementos que definen la situación de vulnerabilidad el nivel de renta, el grado de 
discapacidad, el grado de dependencia y la minoría de edad y a partir de ellos identifica 
los colectivos destinatarios, en este caso, de las ayudas directas consistentes en el bono 
social térmico; ii) la zona climática en la que se encuentre la vivienda del beneficiario se 
determina en función de su altitud y la provincia en la que se ubique, teniendo en cuenta 
los seis intervalos de severidad climática invernal, de acuerdo con el apéndice B 3 del 
documento  descriptivo  «Climas  de  Referencia»  del  Código  técnico  de  edificación, 
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Así  configurados,  no  se  aprecia  causa  de  inconstitucionalidad  en  cuanto  a  los 
requisitos que han de cumplir los beneficiarios de las ayudas, que son condiciones de 
otorgamiento de las ayudas que el Estado puede fijar. Lo mismo cabe decir en cuanto a 
las determinaciones del art. 9 en relación con los criterios a partir de los cuales se 
determina la cuantía de las ayudas, pues se trata de criterios objetivos de reparto que 
son esenciales para que la ayuda cumpla su finalidad. En este caso lo determinante es  e.
que no se trata de ayudas otorgadas en régimen de concurrencia competitiva, pues ni  w.b
siquiera  es  necesaria  la  previa  solicitud  del  beneficiario,  ya  que  basta  con  el  463ww
dcuem qpuliem, ieanl teos dtaeb lloesc erre quuni smitoasr cpoa rrae gtelandeor  dqeuree crheos pao nlad ea yau dvaa. loYr eess oú ncoicno sin dpeaprae ntdoednoc eial 
tpeerrrcitiobriiro p noar cloiosn bael,n seefi cpiareridoest ear mpainrteir,  deenl  mmíanyimoro o d em 2e5n o€r  pgrreavdisot,o e el nim epl oarntee xdoe I ,l aq uaeyduadnad oa 
en todo caso garantizada la puesta a disposición de las comunidades autónomas de los 
fondos necesarios para el pago de las ayudas.
No sucede lo mismo con la previsión de que la ayuda ha de abonarse mediante la 
concesión de un pago único anual. No se trata de un aspecto central del régimen de la 
ayuda. Aun siendo conveniente que, tal como dice el preámbulo, se reciba a lo largo del 
invierno, no se puede obviar que estamos en un ámbito en el que la competencia estatal 
se limita a regular los aspectos centrales de la ayuda. Teniendo presente lo anterior, no 
es posible apreciar una relación directa con la finalidad que la ayuda persigue que 
justifique  que  esta  previsión  pudiera  ser  fijada  por  el  Estado,  en  tanto  que  las 
necesidades a atender (gasto de energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria 
o cocina) pueden ser más acuciantes en unos u otros períodos del año, pero, al menos 
en dos casos, se extienden, obviamente, a todo el año. Además, ya se ha se ha 
señalado que la regulación estatal no incluye ningún mecanismo destinado a asegurar 
que la ayuda se destine efectivamente a la finalidad para la que fue concedida, lo que 
reduce la necesidad de que el Estado, al regular los criterios de reparto, sea el que 
determine un aspecto que no es central en el régimen de la subvención, sino que está 
más  directamente  relacionado  con  la  gestión  autonómica,  como  es  determinar  la 
periodicidad del pago.
En consecuencia, el inciso «mediante la concesión de un pago único anual» del 
apartado primero del art. 9 es contrario a las competencias autonómicas y, por ello, es 
inconstitucional y nulo.
b)  El art. 10 dispone lo siguiente:
«Artículo 10.  Procedimiento para la determinación y pago del importe de la ayuda.
1.  El número total de beneficiarios del bono social térmico se determinará, de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  8,  atendiendo  al  número  total  de 
consumidores que sean beneficiarios del bono social de electricidad previsto en el 
artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, a 31 de diciembre 
del año anterior.
2.  La gestión y el pago de las ayudas corresponderá a las comunidades autónomas 
y a las ciudades con estatuto de autonomía. A estos efectos, el Ministerio para la 
Transición Ecológica, a partir de la información a que hace referencia el artículo 11, 
calculará la distribución territorial del presupuesto disponible en el ejercicio para este fin 
y transferirá los importes a las administraciones competentes para su pago, junto con la 
información de los beneficiarios y los importes que les corresponden de acuerdo con lo 
previsto en los apartados anteriores.
3.  Las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía realizarán el 
pago de la ayuda a los beneficiarios durante el primer trimestre del año, en la forma que 
estimen más procedente de acuerdo a sus procedimientos, organización y el colectivo de 
beneficiarios, garantizando en todo caso la posibilidad de renuncia a la ayuda por parte 
de los beneficiarios que así lo soliciten.
4.  En las comunicaciones y procedimientos que las administraciones competentes 
para la gestión y el pago establezcan en relación al bono social térmico, se especificará 
con claridad que la ayuda es otorgada con cargo al presupuesto del Ministerio para la 
Transición Ecológica.
5.  Las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía podrán 
ampliar  la  cuantía  otorgada  con  cargo  a  sus  propios  presupuestos,  debiendo 
especificarse el porcentaje de cofinanciación de las administraciones participantes en las  e.
comunicaciones a que se refiere el apartado anterior. w.b
6.  Una vez realizado el pago, las comunidades autónomas y ciudades con estatuto  463ww
dEes taaduoto dneo mEínae rrgeíma itdireátna lleann deol  lparsi maeyur dsaesm oetsotrrgea ddaesl ,a lñaos  ruenn uinnfcoiarms er eag islatr aSdeacsr,e etal rgíara ddeo 
hdaeb ceorf igneannecriaacdioó,n a q luoes,  eefne cstuo sc adseo s, us ec ohnasyidae prarocdióunc iedno  ey l locás lcreumloa dneeln rteepsa qrtuoe d seel  spiugduiieernaten 
ejercicio.»
El Gobierno Vasco cuestiona que corresponda al Estado la determinación de los 
beneficiarios prevista en el apartado primero, así como las funciones asumidas por un 
órgano estatal en el apartado segundo; la determinación del momento en el que ha de 
efectuarse el pago del apartado tercero; la previsión del apartado cuarto acerca de la 
necesidad de hacer constar que la ayuda es otorgada con cargo al presupuesto del 
Ministerio para la Transición Ecológica, así como la referencia del apartado quinto a la 
cofinanciación y también el apartado sexto. Considera que todos ellos se refieren a 
aspectos relacionados con la gestión de la ayuda que son contrarios a las competencias 
autonómicas en materia de asistencia social. El abogado del Estado defiende que todas 
estas previsiones se refieren a aspectos centrales de las ayudas previstas o bien se 
vinculan  con  el  carácter  estatal  de  la  financiación,  por  lo  que  no  vulneran  las 
competencias autonómicas.
(i)  El apartado primero, en cuanto relativo a la determinación de los beneficiarios 
conforme a lo previsto en la normativa reguladora del sector eléctrico, no vulnera las 
competencias autonómicas, puesto que se trata de uno de los aspectos centrales de la 
ayuda que el Estado puede legítimamente regular.
(ii)  No  plantea  problema  alguno  desde  la  perspectiva  competencial,  antes  al 
contrario, la previsión del apartado segundo de que el órgano estatal responsable de la 
ayuda  proceda  a  la  distribución  territorial  de  los  fondos  a  partir  de  la  información 
disponible  de  los  posibles  beneficiarios  de  la  misma  y  transfiera  los  importes 
correspondientes,  teniendo  en  cuenta,  además,  que  se  trata  de  un  programa  de 
concesión directa de ayudas que se configura como una prestación dineraria directa, 
otorgada por la administración a aquellos consumidores que cumplen ciertos requisitos 
fijados  en  la  norma,  sin  que  medie  solicitud  por  parte  de  estos.  Sin  embargo,  la 
determinación concreta de los beneficiarios y de los importes que le corresponden a 
cada uno de ellos, aplicando los criterios previamente establecidos por el Estado es una 
función de naturaleza ejecutiva cuya reserva a un órgano estatal contraviene el orden 
constitucional de distribución de competencias. Es, por tanto, inconstitucional y nulo el 
inciso «junto con la información de los beneficiarios y los importes que les corresponden 
de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores».
(iii)  El apartado tercero impone a las comunidades autónomas que hagan efectivo 
el pago de la ayuda en el primer trimestre del año. Frente a lo que sostiene el abogado 
del Estado, no puede considerarse que se trate de un aspecto central del régimen de la 
ayuda.  Si  bien  parte  de  las  necesidades  que  se  pretenden  atender,  como  la  de 
calefacción, pueden ser más intensas a lo largo del primer trimestre del año, se trata en 
el fondo de sufragar gastos de energía, ya sea esta en forma de calefacción, agua 
caliente sanitaria o cocina, atendiendo así las necesidades básicas de la vida cotidiana 
de los beneficiarios. A lo anterior se añade, como ya ha quedado apuntado, que la norma 
no  regula  mecanismo  alguno  para  asegurar  que  los  importes  asignados  a  cada 
beneficiario se destinen efectivamente al fin previsto en el Real Decreto-ley 15/2018. 
Teniendo en cuenta que, conforme a la doctrina constitucional que ya se ha expuesto, el 
Estado puede regular los aspectos centrales de la ayuda, hay que considerar que el 
inciso «durante el primer trimestre del año» no forma parte de dichos aspectos, por 
cuanto no puede considerarse imprescindible para que cumpla su finalidad. Por tanto, 
cercena el margen necesario para que la comunidad autónoma pueda desarrollar sus 
competencias de gestión de las ayudas y es inconstitucional y nulo.
(iv)  El  apartado  cuarto  persigue  el  objetivo  de  asegurar  el  interés  público, 
fortaleciendo la transparencia de la administración y facilitando el conocimiento de la  e.
gestión  de  los  fondos  públicos,  dando  así  a  conocer  actuaciones  administrativas  w.b
concretas que interesan a un grupo determinado. Así, en cuanto medio para asegurar la  463ww
rdeifsupseiócnto d dee l as ua catidveidcauda cdieó nfo aml eonrdtoe nd ecsoanrsrotiltluacdiao,n nailn dgeu ndais ttaricbhuac icóanb dee i mcopmutpaer taeln pcrieacse, pstion 
cqoume pseet eanlccaian caeu tao ncóommipcrae.nder en qué extremo esta previsión menoscaba o disminuye la
(v)  El apartado quinto no condiciona las competencias autonómicas. La declaración 
de compatibilidad, que no es sino una consecuencia del origen estatal de los fondos, se 
remite a lo que disponga cada comunidad autónoma, que queda en libertad para decidir 
cofinanciar la ayuda o establecer, en su caso, otro tipo de subvenciones o ayudas que 
sean compatibles con el bono social térmico (art. 6 del Real Decreto-ley 15/2018).
(vi)  Finalmente, no vulnera las competencias autonómicas el apartado sexto, por 
cuanto  la  remisión  de  un  informe  se  inserta  con  naturalidad  en  las  relaciones  de 
colaboración que han de existir entre las administraciones públicas y, además, sirve al 
adecuado ejercicio de las facultades estatales en relación con el bono social térmico.
c)  Conforme al art. 11, relativo a las obligaciones de los comercializadores de 
referencia:
«Con el único fin de poder determinar el importe de la ayuda del bono social térmico 
y proceder a su pago, los comercializadores de referencia deberán remitir a la Dirección 
General de Política Energética y Minas, antes del 15 de enero de cada año, un listado de 
aquellos  de  sus  clientes  que  sean  beneficiarios  del  bono  social  eléctrico  a  31  de 
diciembre del año anterior, en el que conste la siguiente información.
i.  Nombre y DNI del beneficiario.
ii.  Domicilio completo, indicando vía, número, código postal y municipio.
iii.  Si  tiene  la  consideración  de  consumidor  vulnerable  severo  o  en  riesgo  de 
exclusión social.
iv.  Datos de la cuenta bancaria.»
El Gobierno Vasco alega que este precepto recoge una parte del iter procedimental 
tendente a la concesión de las ayudas que se inserta en las competencias de gestión 
que deberían corresponder a la comunidad autónoma. El abogado del Estado entiende 
que la remisión de esta información y su tratamiento centralizado es necesario para 
garantizar la efectividad de la ayuda.
La impugnación debe ser estimada. Hay que tener presente que la información se 
solicita con «el único fin de poder determinar el importe de la ayuda del bono social 
térmico y proceder a su pago», es decir, se vincula directamente a tareas de gestión que, 
como ya hemos señalado, exceden de las facultades estatales en relación con esta 
ayuda y se incluyen en las competencias autonómicas para gestionarla. Tampoco puede 
encontrar justificación por el hecho de que se trate de una información que el Estado 
precisa y que pueda ser puesta a disposición de las comunidades autónomas, pues 
sobre este aspecto el precepto guarda silencio. Conforme a la propia regulación del bono 
social  térmico,  no  corresponde  al  Estado  determinar  los  importes  concretos  de  las 
ayudas a percibir por los beneficiarios, ni, mucho menos, proceder a su pago. Al Estado 
compete calcular la distribución territorial del presupuesto disponible en el ejercicio y 
transferirlos a las comunidades autónomas competentes para su pago, conforme al art. 9 
y anexo I, para lo cual le es suficiente la información relativa al número de beneficiarios 
pertenecientes  a  cada  zona  climática  y  grado  de  vulnerabilidad,  sin  que  le  resulte 
necesario para la realización de dichas tareas establecer esta obligación de remisión de 
información de modo tan detallado y centralizar su remisión en un órgano estatal.
La inconstitucionalidad y nulidad del art. 11 conlleva también la del inciso «a partir de 
la información a que hace referencia el artículo 11» del art. 10.2.
d)  La disposición adicional novena señala:
«Disposición adicional novena.  Gestión y pago de las ayudas en concepto de bono  w.b
social térmico con cargo a los presupuestos generales del Estado para el año 2019. 463ww
1.  Excepcionalmente, la gestión y pago de las ayudas en concepto de bono social
ctéornmsiicgon eq ueen  plorosc epdreas uoptouregsatro sc ogne ncearragloe sa  dleal  pEasrttaiddao  ppraersau peul eastñaor ia2 0q1u9e  sae  tarel afliinz asráe 
directamente por el Ministerio para la Transición Ecológica en concertación con las 
comunidades autónomas conforme al procedimiento que se detalla a continuación.
2.  Antes del 7 de enero de 2019, las comercializadoras de referencia remitirán a la 
Dirección General de Política Energética y Minas el listado de sus clientes que, a 
fecha 31 de diciembre de 2018, fueran beneficiarios del bono social eléctrico, junto con la 
información  establecida  en  el  artículo  11.1  del  presente  Real  Decreto-ley.  Las 
comercializadoras de referencia informarán igualmente de aquellas solicitudes del bono 
social eléctrico que se hayan presentado de forma completa antes del 31 de diciembre 
de 2018 y se encuentren pendientes de resolver.
3.  Con  arreglo  a  dicha  información,  el  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica 
informará a los consumidores de su condición de potenciales beneficiarios de la ayuda 
en concepto de bono social térmico, otorgándoles un plazo de diez días desde la 
recepción de la comunicación para que puedan ejercitar la opción de renuncia a la 
ayuda.
4.  Antes del 31 de enero de 2019, las comercializadoras de referencia remitirán a la 
Dirección General de Política Energética y Minas el listado de los clientes que, como 
resultado de la tramitación de las solicitudes pendientes a 31 de diciembre de 2018, 
hayan resultado beneficiarios del bono social eléctrico con efectos anteriores a la fecha 
de 1 de enero de 2019.
5.  El número total de  beneficiarios  del  bono social  térmico se determinará en 
función de los consumidores a los que se refieren los apartados segundo y cuarto de la 
presente  disposición  que  no  hubieran  presentado  renuncia  a  la  ayuda  en  el  plazo 
concedido. La cantidad consignada en la partida presupuestaria correspondiente se 
distribuirá entre todos los beneficiarios según la metodología prevista en el Anexo I del 
presente Real Decreto-ley.
6.  La cantidad que con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior corresponda 
percibir a cada uno de los beneficiarios del bono social térmico será abonada por el 
Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  en  forma  de  pago  único  mediante  una 
transferencia bancaria.»
El  escrito  de  interposición  del  recurso  sostiene  que  esta  disposición  adicional 
centraliza, sin fundamento para ello, todos los aspectos relativos a la gestión y pago de 
las ayudas para el año 2019. Para el abogado del Estado la gestión centralizada tenía 
por  objeto  asegurar  la  disponibilidad  de  los  fondos  por  parte  de  los  beneficiarios, 
atendiendo a la fecha en la que se aprobó el Real Decreto-ley 15/2018.
Esta impugnación debe ser estimada. Puesto que la comunidad autónoma ostenta 
una competencia exclusiva sobre asistencia social y el Estado no ha invocado título 
competencial suficiente, genérico o específico, sobre la misma, nos encontramos, como 
ya hemos señalado antes, en el primer supuesto recogido en el fundamento jurídico 8 a) 
de la STC 13/1992. Supuesto que excluye la posibilidad de gestión centralizada, pues 
esta solo es posible que tenga lugar cuando el Estado haya invocado y ostente algún 
título competencial. Al no cumplirse el presupuesto exigido por el supuesto cuarto de la 
STC 13/1992, FJ 8 d), para poder justificar la gestión centralizada, el relativo a que el 
Estado ostente algún título competencial, genérico o específico, sobre la materia, no es 
procedente entrar a examinar si se dan el resto de circunstancias que exige aquel 
apartado para justificar la gestión de subvenciones por el Estado (STC 87/2016, de 28 de 
abril, FJ 6, por todas).
Debe también recalcarse que es doctrina reiterada de este tribunal que «la garantía 
de la eficacia de la normativa estatal ha de cohonestarse con el respeto al principio de  e.
autonomía, de modo que […] las dificultades que pudieran existir [...] no pueden ser  w.b
alegadas  para  eludir  competencias  que  constitucionalmente  correspondan  a  una  463ww
sceopmtuienmidbarde , aFuJt ó8n)»o m(SaT (CS S10T0C/ 22051/72,0 d1e5 ,2 0d ed e1 9ju ldioe) . fEebl rpeordoe, rF dJe  5g,a syt o1 7e8s/t2a0ta1l 5e, nd me a7te rdiae 
‘ddee natyrou’d, ays n oo  ‘saul bmvaerngceionn’,e dse lp oúrbdliecna sd e« ecso msipeemtepnreci ausn  yp doed elor si nlísmtriutemse qnutael  laq uCeo nsest ietujecriócne 
establece» (STC 13/1992, FJ 6). En suma, lo que el Estado debió hacer fue instrumentar
mecanismos que permitieran a las comunidades autónomas realizar la gestión de las 
ayudas, integrando su actividad del modo que resultase más adecuado, sin que a este 
tribunal le corresponda señalar ni el alcance ni la intensidad de los mecanismos que 
debieron ponerse en marcha al efecto.
Consecuentemente, la disposición adicional novena es inconstitucional, y nula.
e)  La  disposición  final  tercera  se  impugna  por  la  inadecuación  de  los  títulos 
competenciales que menciona para dar amparo a la regulación del bono social térmico 
en el Real Decreto-ley 15/2018.
Esta impugnación debe ser estimada, pues tanto la norma estatal como el abogado 
del Estado en sus alegaciones han ubicado la regulación del bono social térmico en la 
materia asistencia social «sin perjuicio de la competencia del legislador estatal para 
establecer los criterios y metodología para el reparto y cálculo de la ayuda unitaria», en 
los términos de la doctrina constitucional (STC 178/2011, por todas).
Por tanto, la disposición final tercera es contraria a la Constitución, en el sentido de 
que los títulos competenciales que allí se citan no amparan a la regulación objeto del 
presente proceso.
7.  Alcance de la declaración de inconstitucionalidad.
Llegados a este punto, antes del fallo, solo nos resta pronunciarnos sobre el alcance 
que tiene la vulneración de competencias en que, según hemos visto, incurren las 
disposiciones objeto de recurso. Por ello hay que tener en cuenta que «[l]a necesidad 
siempre presente de procurar conservar la eficacia jurídica de aquellos actos cuya 
anulación pudiera afectar a legítimos derechos de terceros generados en su día por la 
presunción de legalidad de los mismos, conduce a que la declaración de infracción 
competencial no implique la de aquellas resoluciones que ya hayan agotado sus efectos 
por referirse a un ejercicio económico cerrado» (STC 9/2017, de 19 de enero, FJ 3).
Consecuentemente,  la  pretensión  del  Gobierno  Vasco  respecto  a  la  disposición 
adicional novena puede estimarse satisfecha mediante la declaración de la titularidad de 
la  competencia  controvertida,  sin  que  la  declaración  de  la  infracción  competencial 
implique la de aquellas resoluciones que, al amparo de dicha disposición adicional 
novena, han concedido o no las subvenciones cuestionadas, ya dictadas, notificadas y 
ejecutadas.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno 
Vasco contra los arts. 9, 10 y 11, disposición adicional novena, disposición final tercera y 
anexo I del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la 
transición energética y la protección de los consumidores y en su virtud:
1.º  Declarar que son inconstitucionales y nulos los incisos «mediante la concesión 
de un pago único anual» del apartado primero del art. 9; «junto con la información de los 
beneficiarios y los importes que les corresponden de acuerdo con lo previsto en los  s
apartados anteriores» y «a partir de la información a que hace referencia el artículo 11»  e.
del apartado segundo del art. 10 y «durante el primer trimestre del año» del apartado  w.
tercero del art. 10, así como el art. 11 del Real Decreto-ley 15/2018. 463ww
2.º  Declarar que la disposición adicional novena y la disposición final tercera del 
Real Decreto-ley 15/2018 son inconstitucionales en los términos de los fundamentos 
jurídicos 7 y 6 e), respectivamente.
3.º  Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintitrés de septiembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–
Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–María  Luisa  Balaguer 
Callejón.–Firmado y rubricado.