BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 36 Viernes 11 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 18142
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
2207 Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
y la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, para el desarrollo de las acciones de formación profesional 
para el empleo de las personas en situación de privación de libertad.
La Secretaria General de Formación Profesional y el Presidente de la Entidad Estatal 
de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, han suscrito un 
Convenio para el desarrollo de las acciones de formación profesional para el empleo de 
las personas en situación de privación de libertad.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anexo a la 
presente Resolución.
Madrid, 8 de febrero de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.
ANEXO
Convenio entre Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Entidad 
Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo para 
el desarrollo de las acciones de formación profesional para el empleo de las 
personas en situación de privación de libertad
En Madrid, a 2 de noviembre de 2021.
REUNIDOS
De una parte, doña Clara Sanz López, Secretaria General de Formación Profesional 
nombrada  por  Real  Decreto  178/2020,  de  29  de  enero,  actuando  en  nombre  y 
representación del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y competente para 
la firma de este convenio en virtud de lo dispuesto en la Orden EFP/43/2021, de 21 de 
enero, sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para 
gastos y de delegación de competencias.
Y de otra parte, don Ángel Luis Ortiz González, Presidente de la Entidad Estatal de 
Derecho  Público  Trabajo  Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo,  según 
nombramiento conferido por Real Decreto 504/2018, de 18 de junio, en relación con lo 
dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por el que se 
aprueba el Estatuto de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo, y en virtud de las facultades que le atribuye el apartado d) del  es
citado artículo 6 del Estatuto (CIF número Q2813006J). o
Actuando las partes en el ejercicio de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las  07ww
rfaeccuípltraodceasm eyn tea tlraib cuacpioanceidsa dq uye le gpiotimr aecllioó n tpieanrean o bcliognacresed idy acso,n vseen irr,e yc oan toacl eenfe cmtoutua  y
MANIFIESTAN
Primero.
Que el Ministerio de Educación y Formación Profesional es el organismo de la 
Administración General del Estado al que se le encomienda la propuesta y ejecución de 
la política del Gobierno en materia de formación profesional del sistema educativo y para 
el empleo, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por 
el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
Que el Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional encomienda a la 
Secretaría General de Formación Profesional, entre otras, la función de ejercer las 
competencias  atribuidas  al  Departamento  en  materia  de  formación  profesional  del 
sistema  educativo  y  de  formación  profesional  para  el  empleo.  En  particular,  le 
corresponde la ordenación, desarrollo, evaluación, gestión e innovación, de la formación 
profesional en el sistema educativo y para el empleo, y en concreto, respecto a esta 
última,  la  Formación  Profesional  de  desempleados  y  la  Formación  Profesional  de 
ocupados,  incluyendo  las  convocatorias  nacionales,  cuando  estas  respondan  a 
formación  vinculada  a  los  certificados  de  profesionalidad,  incluida  la  formación 
profesional dual del ámbito educativo.
Segundo.
Que Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo es una entidad estatal de 
derecho público de las previstas en la letra i) del apartado 2 del artículo 2 de la 
Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre,  General  Presupuestaria,  su  estatuto  se  regula 
mediante Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, y se encuentra adscrita al Ministerio 
del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, teniendo 
por objeto la promoción, organización y control del trabajo productivo y la formación y 
orientación para el empleo de los reclusos en centros penitenciarios; tiene personalidad 
jurídica  propia  y  plena  capacidad  pública  y  privada,  que  ejerce  sus  funciones  con 
autonomía e independencia respecto de las Administraciones Públicas.
Tercero.
Que la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación  Profesional  para  el  Empleo  en  el  ámbito  laboral,  establece  en  su 
artículo 6.5.d), la aplicación de la concesión directa de subvenciones de conformidad con 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por razones de interés 
público y social, a los convenios que suscriban las instituciones públicas competentes 
para la formación de las personas en situación de privación de libertad.
Que  el  artículo  32.1,  del  Real  Decreto  694/2017,  de  3  de  julio,  por  el  que  se 
desarrolla la Ley 30/2015, que regula el Sistema de Formación Profesional para el 
empleo en el ámbito laboral, contempla las iniciativas de formación profesional para el 
empleo, entre las que figura la formación de las personas en situación de privación de 
libertad, previa suscripción de los correspondientes convenios entre las instituciones 
competentes.
Cuarto. s
Que,  el  artículo  22.2.c)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  w.
Subvenciones establece que los convenios serán el instrumento habitual para canalizar  07ww
dlaess asruroblvloe ndceio lnae Lse yd eG econnecraels dióen  Sduibrevcetnac. ioAn essu,  avperzo,b eald oa rptíocru leol  R6e6a dl eDle Rcreegtola 8m8e7n/2to0 0d6e, 
dcuea 2n1tí ad ev ijeunlieo , imesptaubelsetcoe a q luae A ldams sinuisbtvreancicóionn peosr  duen ac onnocremsaió dne d riraencgtao  cleugyaol ,o stoer greagmiriáenn tpoo or   BOE-A-cable e
dicha  norma  y  por  las  demás  de  específica  aplicación  a  la  Administración 
correspondiente.
En  la  Administración  General  del  Estado,  en  las  Entidades  Locales,  y  en  los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ambas será de aplicación supletoria 
en defecto de lo dispuesto en aquella normativa lo previsto en la Ley General de 
Subvenciones y en este Reglamento, salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación 
de los principios de publicidad y concurrencia.
Cuando la Ley que determine su otorgamiento se remita para su instrumentación a la 
formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la  entidad  concedente  y  los 
beneficiarios será de aplicación al mismo lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 65 de 
dicho Reglamento.
Este convenio se encuentra incluido dentro de las excepciones contempladas en el 
apartado 1 de la instrucción cuarta contenida en la Orden PRA/1267/2017, de 21 de 
diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre 
de 2017, por el que se aprueban las instrucciones para la tramitación de convenios, no 
estando sometido al régimen jurídico de los convenios de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, dado que se rige por lo dispuesto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  las  partes  Acuerdan  suscribir  el  presente 
Convenio, que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del convenio.
El objeto del presente Convenio es instrumentar la subvención que se concede a 
través del Ministerio de Educación y Formación Profesional a la Entidad Estatal de 
Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo para el desarrollo de 
acciones de formación profesional para el empleo vinculadas al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales programadas para el año 2021 y con ejecución prevista 
hasta el 30 de junio de 2022, que faciliten a las personas en situación de privación de 
libertad la formación necesaria para la prestación de trabajos productivos remunerados, 
dentro de los establecimientos penitenciarios o en otros lugares de prestación en virtud 
de los distintos regímenes previstos en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento Penitenciario, así como su posterior reincorporación al 
trabajo remunerado e inserción laboral en el exterior.
Segunda. Ámbito de aplicación.
El presente convenio será de aplicación en todo el territorio nacional, pudiendo 
beneficiarse  de  las  acciones  contempladas  en  el  mismo  todos  los  internos  de  los 
establecimientos penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.
Tercera. Acciones a desarrollar.
1. Por el Ministerio de Educación y Formación Profesional:
a) Acreditación de instalaciones de los Centros Penitenciarios como centros de  e.
formación. w.b
FormLaa ccióonla pbaorraa ceiól nE mdpel elao  eEnn teidl adde sEasrrtoaltlaol  ddee  laD feorremcahcoi óPnú pbrloicfoe sTiornaabla pjoa rPae enli teemncpilaeroio s ey 
deest alabsle cines ata plaacritoirn dees  lad ea clroesd itCaecniótnro ps oPr lean Siteenccreiatariroísa  Gcoemneor acl ednet rFoos rmdea cfióonrm Parcoifóens iopnaaral, 
impartir acciones de formación profesional para el empleo, conforme a la normativa 
aplicable.
Teniendo en cuenta que las instalaciones de los Centros Penitenciarios del Ministerio 
del  Interior  son  bienes  afectados  al  uso  del  Estado,  están  legitimadas  para  estos 
cometidos, en cuanto que no realizan actividades económicas con ánimo de lucro, y sólo 
podrán participar como alumnos las personas en situación de privación de libertad, sin 
que resulte posible la participación de alumnos ajenos a los Centros Penitenciarios.
Las  acreditaciones  deberán  solicitarse  a  las  unidades  administrativas  con 
competencia  en  la  materia  que  determine  la  Secretaría  General  de  Formación 
Profesional. No se podrá iniciar ninguna acción formativa sin disponer de la citada 
acreditación.
Se verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos de espacios, instalaciones y 
equipamientos especificados en los reales decretos que regulan los certificados de 
profesionalidad para los que se acredita el centro, a excepción de los referidos a la 
normativa  industrial  e  higiénica  sanitaria  correspondiente  y  a  las  medidas  de 
accesibilidad universal de los participantes, para los que se estará a lo dispuesto en la 
normativa de aplicación en el ámbito del Ministerio del Interior.
b) Comprobación periódica del cumplimiento de los requisitos de los centros de 
formación y de las acciones formativas:
La  Secretaría  General  de  Formación  Profesional,  siempre  que  se  programen 
acciones  formativas  para  los  centros  acreditados,  comprobará  anualmente  las 
acreditaciones realizadas, revisando el cumplimiento de las condiciones establecidas 
para dicha acreditación, de acuerdo al artículo 12 bis, del Real Decreto 34/2008, por el 
que se regulan los certificados de profesionalidad.
2. Por la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo
a) Programación de acciones formativas.
La Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo, una vez se conozca la existencia de la reserva presupuestaria contemplada en 
la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, presentará a la Comisión 
Mixta la solicitud de programación.
La Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, tendrán en cuenta tanto 
para elaborar la programación como para aprobar las acciones formativas, los objetivos y 
sectores prioritarios establecidos en el I Plan Estratégico de Formación Profesional 
2019-2022, en el Plan de Modernización de la Formación Profesional por el que se 
consolida y desarrolla, así como, en su caso, las indicaciones establecidas en el Real 
Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de 
Activación  para  el  Empleo  2017-2020.  En  los  Informes  anuales  de  prospección  y 
detección de necesidades formativas y en los trabajos de prospección del Observatorio 
de  las  Ocupaciones  y  del  Observatorio  Profesional  del  Instituto  Nacional  de  las 
Cualificaciones  se  puede  obtener  información  sobre  las  actividades  económicas  y 
ocupaciones  con  mejores  perspectivas  de  empleo  y  las  necesidades  formativas 
detectadas.
En la solicitud de programación que presente la Entidad Estatal de Derecho Público  e.
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo se incluirá la denominación del centro  w.b
de formación, su número de censo, los certificados de profesionalidad que se pretenden  07ww
simepleacrctiiro nacodno s idned iccaadcaió nc erdtieficl adcoó ddigeo p rodfee siloan aelidspaedc, ieall idnaúdm, erloo sd e maóludmunlooss , feolr mnúamtiveoros 
idnec lhuoirr aostr aas i mepspaertciri ayl ideal dmeósd duelo  fdoerm foarcmióanc ióconm pprálecmticean teanri ac eidnótrnoesa dse  ptararab aejos.t eS ec opleocdtriávno 
tales como Técnicas de búsqueda de empleo y otros módulos que puedan incorporarse
a los Certificados de Profesionalidad para cursar itinerarios formativos que mejoren sus 
posibilidades de inserción laboral.
Examinada la solicitud de programación por la Comisión regulada en la cláusula 
octava, ésta propondrá la programación definitiva para su aprobación a la Subdirección 
General  de  Planificación  y  Gestión  de  la  Formación  Profesional  del  Ministerio  de 
Educación y Formación Profesional.
b) Selección de alumnos y cumplimiento de los requisitos de acceso.
Dadas las especiales características de los alumnos la selección se realizará por los 
Centros Penitenciarios.
Los alumnos deberán reunir los requisitos de acceso establecidos en el artículo 20 
del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero. Aunque los Certificados de Profesionalidad 
de nivel 1 no tengan requisitos de acceso, el Centro Penitenciario garantizará y llevará a 
cabo las acciones necesarias para que los alumnos seleccionados puedan realizar el 
curso con aprovechamiento.
Las personas formadas en el marco de este convenio podrán computarse a los 
únicos  efectos  de  dar  cumplimiento  a  los  compromisos  vinculados  al  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
c) Formadores.
Con una semana de antelación sobre el inicio de cada curso de Certificado de 
Profesionalidad los Centros Penitenciarios entregarán a la Subdirección General de 
Planificación y Gestión de la Formación Profesional, para cada uno de los módulos 
formativos  de  los  Certificados  de  Profesionalidad  la  siguiente  documentación  que 
acredite el cumplimiento de los requisitos de los formadores de cada curso según lo 
establecido en el artículo 13.1 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y de acuerdo 
con el artículo 29 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla 
el Real Decreto 34/2008:
– Acreditación de titulación requerida y/o experiencia profesional en el campo de las 
competencias relacionadas con el módulo formativo.
– Acreditación de la competencia docente.
d) Inicio de las acciones formativas.
El Centro Penitenciario encargado de impartir los cursos entregará a la Subdirección 
General  de  Planificación  y  Gestión  de  la  Formación  Profesional  la  siguiente 
documentación:
– Con una semana de antelación sobre el inicio de cada curso de Certificado de 
Profesionalidad, las fechas y el horario concreto de la acción formativa, así como los 
documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos de acceso de los alumnos.
– En la primera semana de impartición del curso de Certificado de Profesionalidad, 
los siguientes anexos establecidos en la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, o 
documentos similares emitidos por la aplicación informática de gestión de la Entidad 
Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo:
• Planificación de la acción formativa, Anexo III.
• Programación didáctica de cada módulo formativo Anexo IV y Anexo VIII del  e.e
Módulo de formación práctica en centros de trabajo. b
• Planificación de la evaluación del aprendizaje, Anexo V. 07ww
deovacul–um aAcelin óftinon sa fliiszniaamrl  iela(l Arcenuser sxeoom  eitlV idIInIo)f so rdmpeoe r  dlalea   eOavpradlilecuanac ciióEónnS  Siinn/d1foi8vr9imd7uá/2ati0lciza1a 3dd, oe  d(gAee nse1txi0óo n Vd deI)e  y o leacl t uAEbcnrtteaid,  daedo    OE-A-2022-22able en https://
Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
El Centro Penitenciario custodiará las pruebas de evaluación teórico-prácticas de 
cada uno de los módulos.
Cuarta. Financiación.
Las acciones formativas serán objeto de subvención por parte del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, con el límite de los módulos económicos máximos 
aplicables a efectos de la determinación y justificación de las subvenciones destinadas a 
la financiación establecidos en la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se 
desarrolla  el  Real  Decreto  694/2017,  de  3  de  julio,  por  el  que  se  desarrolla  la 
Ley  30/2015,  de  9  de  septiembre,  por  la  que  se  regula  el  Sistema  de  Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las 
administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. Los cursos 
que se imparten en el marco de este convenio serán objeto de publicidad.
Esta subvención se concede de forma directa, de conformidad con el artículo 6.5.d) 
de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre y por consiguiente al tratarse de una subvención 
cuyo otorgamiento o cuantía viene impuesto a la Administración por una norma de rango 
legal  por  el  artículo  22.2.b)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones,  canalizándose  a  través  de  este  convenio  y  de  la  resolución  de  la 
Secretaría General de Formación Profesional por la que se acuerde su concesión.
Esta subvención será compatible con aquellas que se puedan percibir para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, el importe de las 
subvenciones  en  ningún  caso  podrá  ser  de  tal  cuantía  que,  aisladamente  o  en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la 
actividad subvencionada.
Asimismo, la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación 
para  el  Empleo  no  estará  obligada  a  la  presentación  de  avales  o  garantías  para 
responder, con carácter previo, de la correcta aplicación de las subvenciones, según el 
régimen general de garantías de acuerdo con lo establecido en el artículo 42.2.a) del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La concesión de subvenciones por parte del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional estará condicionada a la existencia de disponibilidades presupuestarias por 
parte  de  dicho  Ministerio,  provenientes  de  la  correspondiente  reserva  de  crédito 
establecida en la normativa presupuestaria de cada ejercicio. A los efectos del presente 
convenio, conforme al Acuerdo por el que se formaliza la distribución por Departamentos 
Ministeriales del Presupuesto General del Estado para 2021, las subvenciones para 
acciones  formativas  se  financiarán  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
18.05.241B.442 del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional para el ejercicio 2021.
El importe total que el Ministerio de Educación y Formación Profesional se obliga a 
comprometer en las subvenciones derivadas del desarrollo de las acciones formativas 
previstas en el convenio ascenderá a la suma de un millón setecientos cuarenta y ocho 
mil setecientos setenta y cinco euros (1.748.775,00 €).
De acuerdo con el artículo 32.3 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, el Ministerio 
de  Educación  y  Formación  Profesional  anticipará  hasta  el  cien  por  ciento  de  la 
subvención concedida a la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y  e.
Formación para el Empleo, una vez aprobada la programación definitiva. w.
La ejecución de las acciones objeto de financiación con cargo a este convenio  07ww
dlaesb efarásens q udeedl aprr oficneadlizimadieanst oe nd es ug teostatiólidna dde a  gfeacshtoas 3 a0s doec ijaudnoios  dae  q2u0e2 2h, ainccel uryeefenrdeon ctoiad aesl 
artículo 73 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria.
Quinta. Justificación económica.
La Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo deberá justificar, antes del 30 septiembre de 2022, los gastos derivados de la 
realización de las acciones de formación profesional para el empleo ante la Subdirección 
General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional según lo establecido en 
la Resolución de 18 de noviembre de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se regula la justificación de gastos derivados de la realización de acciones de 
formación  profesional  para  el  empleo,  en  materia  de  formación  de  oferta  dirigidas 
prioritariamente a trabajadores desempleados, o normativa que la sustituya, pudiendo 
presentar la modalidad de cuenta justificativa simplificada. En cualquier caso, se exigirá 
la presentación de los modelos que figuran como anexos I y II en la citada Resolución o 
los que se establezcan al efecto en sustitución de los previstos en la citada Resolución y 
realizará anualmente una liquidación y el reintegro de los importes no gastados.
Teniendo en cuenta las peculiaridades que concurren en el medio penitenciario y que 
la finalidad fundamental de las acciones de formación profesional para el empleo, que 
son  objeto  de  este  convenio,  es  contribuir  a  la  reinserción  socio-laboral  de  los 
participantes en las mismas una vez que sean puestos en libertad, las bajas producidas 
durante  el  desarrollo  de  los  cursos  debido  a  motivos  derivados  de  la  situación 
penitenciaria tales como modificación de la clasificación penitenciaria, excarcelación, 
expulsión  por  motivos  disciplinarios,  traslados  a  otros  departamentos  o  centros 
penitenciarios, incorporación de los alumnos a la actividad laboral que se desarrolla en 
los  talleres  penitenciarios,  o  cualquier  otra  circunstancia  análoga  a  las  anteriores 
derivada de las propias actuaciones penitenciarias, no serán consideradas como bajas 
de alumnos en los cursos a efectos exclusivamente de liquidación económica de la 
subvención  asignada,  debiendo  presentar  un  informe  que  justifique  el  motivo  de 
abandono  junto  con  la  liquidación  económica  del  curso  determinada  en  el  párrafo 
anterior.
Sexta. Mecanismos  de  seguimiento  y  control  de  la  ejecución  del  convenio  y  de 
compromisos adquiridos.
La Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo,  como  beneficiario  de  la  subvención,  deberá  someterse  a  los  controles  y 
auditorias  de  calidad  de  la  formación,  según  lo  previsto  en  el  artículo  21  de  la 
Ley  30/2015,  de  9  de  septiembre,  por  la  que  se  regula  el  Sistema  de  Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral y el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, 
que  desarrolla  la  Ley.  Asimismo,  la  Entidad  Estatal  de  Derecho  Público  Trabajo 
Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo  se  someterá  a  los  procedimientos  de 
comprobación  y  control  que  determine  el  Ministerio  de  Educación  y  Formación 
Profesional de acuerdo con los previstos en los artículos 44 a 51 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como a los que se establezcan en la 
resolución por la que se formalice la concesión. Sin perjuicio de lo anterior, dicha entidad 
habrá de someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control que 
puedan realizar los órganos de control competentes, en particular, al control financiero de 
la Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del 
Tribunal de Cuentas.
La Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo entregará al Ministerio de Educación y Formación Profesional un informe una  e.e
vez finalizadas las acciones formativas aprobadas en la programación, en el que figuren  b
fechas de inicio y fin de las acciones y horario; número total de cursos propuestos,  07ww
psuesnpiteenndciiadroios s(;e nc uersseo sc asmoá, sju sitmifipcaarctiiódno)s,  impopra rtfiadmosil;i ad isptrroibfuecsiióonn apl or( npúromveinroc iaasb ys ocleuntotr oys 
speoxrcoe, netadjaed ,s onbivree l eal ctaodtaélm), icyo p yo rn caocmiounnaildidaadde; sn aúumtóenroo malausm; ndoisst rifbourmciaódno dse,  ya lnuúmmneorso  pdoer 
alumnos con evaluación positiva.
La verificación de la calidad, evaluación, seguimiento y control de las acciones 
formativas programadas y ejecutadas en los Centros Penitenciarios, se llevará a efecto 
por las Unidades Administrativas que determine el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. Para ello se coordinarán y programarán las visitas de seguimiento y control.
Séptima. Protección de datos personales.
Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo 
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga  la  Directiva  95/46/CE  (Reglamento  General  de  protección  de  datos,  RGPD 
europeo), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, y en las disposiciones de desarrollo que 
se dicten.
Los  datos  personales  que  se  traten  con  motivo  del  presente  Convenio  se 
incorporarán a los Registros de Actividades de Tratamiento de las partes intervinientes, y 
de los encargados del tratamiento de datos personales, con la finalidad de gestionar las 
actuaciones que se prevén en el Convenio de Colaboración. Los titulares de los datos 
personales podrán ejercitar ante los responsables o los encargados del tratamiento de 
los datos personales los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 
los datos personales, y de limitación u oposición al tratamiento.
Sobre la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para 
el  Empleo  y  el  Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional  recaen  las 
responsabilidades que deriven de la condición de responsables del tratamiento de datos 
personales. La Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación 
para  el  Empleo  y  el  Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional  asumen  la 
obligación de informar a los interesados sobre las características del tratamiento de los 
datos personales, y las obligaciones que se deriven de la implantación de medidas 
técnicas y organizativas de cada corresponsable y el mecanismo establecido en caso de 
violaciones de seguridad; así como el establecimiento de los oportunos mecanismos de 
respuesta al ejercicio de derechos por parte de los interesados.
Si la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, destinasen o tratasen los 
datos  personales  a  finalidad  distinta  de  la  prevista  en  el  presente  Convenio  de 
Colaboración, los comunicaran o los utilizaran incumpliendo lo estipulado en el Convenio 
de Colaboración y/o la normativa de protección de datos personales, cada uno de los 
antes citados responderá de las consecuencias que deriven de los daños y perjuicios en 
que pueda haber incurrido, a fin de garantizar la indemnización efectiva del interesado, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 82.5 RGPD europeo.
Octava. Comisión Mixta del convenio.
Como mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y 
de los compromisos adquiridos, y al objeto de garantizar la adecuada coordinación entre 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Entidad Estatal de Derecho 
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, se creará la Comisión Mixta 
para la coordinación y seguimiento de este Convenio.
La  Comisión  Mixta  estará  compuesta  por  dos  representantes  de  la  Secretaría  e.e
General  de  Formación  Profesional  y  dos  representantes  de  la  Entidad  Estatal  de  b
Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. 07ww
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Por parte del Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo los representantes serán:
a) El Director-Gerente de la Entidad.
b) La Jefa del Área de Formación para el Empleo y la Inserción Laboral.
La Comisión Mixta estará presidida por el Subdirector General de Planificación y 
Gestión de la Formación Profesional que designará a un funcionario como Secretario.
Los miembros de esta Comisión Mixta podrán acudir asistidos por cuantos técnicos 
se estimen necesarios.
En caso de ausencia, tanto el presidente como los demás integrantes de la Comisión 
Mixta, podrán ser sustituidos por las personas que designen cada una de las partes.
La Comisión Mixta se reunirá, al menos, anualmente o, con carácter extraordinario, a 
petición de cualquiera de las partes.
Las funciones de la Comisión Mixta serán las siguientes:
a) Colaborar en la organización, planificación y preparación de las acciones a 
desarrollar, efectuando la correspondiente propuesta de programación de las mismas.
b) Efectuar el seguimiento y evaluación de las acciones y de sus resultados, sin 
perjuicio de las competencias del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en 
cuanto órgano encargado de la gestión de las acciones de formación profesional para el 
empleo y concedente de subvenciones y ayudas públicas.
c) Determinar las normas de coordinación de todas aquellas visitas antes, durante y 
después  de  las  acciones  formativas,  en  función  de  lo  establecido  en  la  Orden 
TMS/368/2019, de 28 de marzo.
d) Estudiar nuevas fórmulas de colaboración entre ambas partes y proponer la 
realización de otras acciones en el marco del presente convenio.
e) Proponer la modificación o ampliación del convenio si cambiaran las normas o 
circunstancias en las que se basa o aparecieran otras nuevas.
f) La Comisión Mixta realizará una valoración del cumplimiento del convenio, tras el 
informe anual realizado por el Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo.
g) Interpretar las dudas que puedan surgir como consecuencia del desarrollo del 
Convenio.
En lo no regulado expresamente con arreglo a los apartados anteriores, se aplicará 
lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo II, del Título Preliminar, de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Novena. Naturaleza jurídica y jurisdicción.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa.
El presente convenio se encuadra en el artículo 6.5.d) de la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en 
el  ámbito  laboral,  el  22.2.b)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones y en el artículo 66 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo.
En lo no regulado expresamente en el presente convenio, será de aplicación lo 
previsto con carácter general en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y su normativa de desarrollo. e.
Las  partes  se  comprometen  a  intentar  resolver  de  manera  amistosa  cualquier  w.b
desacuerdo  que  pudiera  surgir  en  el  desarrollo,  interpretación  o  cumplimiento  del  07ww
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supletoria,  por  el  procedimiento  previsto  en  la  Disposición  adicional  única  de  la
Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de 
Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del 
Estado.
Décima. Consecuencias en caso de incumplimiento.
Los  incumplimientos  de  sus  compromisos  por  las  entidades  asociadas,  tras  el 
oportuno  requerimiento  fehaciente  no  atendido,  supondrán  que  quede  sin  efecto  la 
colaboración y la pérdida de la condición de entidad colaboradora, sin perjuicio del 
cumplimiento hasta su finalización de las obligaciones inherentes a las acciones en curso 
y de la indemnización de los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan irrogado. 
Dichas  indemnizaciones  se  determinarán  atendiendo  al  importe  de  la  financiación 
atribuida a las acciones de responsabilidad de la entidad colaboradora.
Undécima. Resolución.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Serán causas de resolución:
a) El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
presidente de la Comisión Mixta y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera 
previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes.
Duodécima. Vigencia del convenio.
El presente convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma hasta el 30 de junio 
de  2022,  sin  perjuicio  de  los  plazos  de  justificación  económica  establecidos  en  la 
cláusula quinta.
De forma adicional, será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman las partes intervinientes el 
presente  convenio.–La  Secretaria  General  de  Formación  Profesional,  Clara  Sanz 
López.–El Presidente de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo, Ángel Luis Ortiz González.