BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Sábado 18 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 53641
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8135 Sala Segunda. Sentencia 51/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de 
amparo 5546-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.  L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:51
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  5546-2018,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  el  auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 3 de Lorca, de 2 de julio de 2018, que inadmitió la demanda de 
oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 100-2018 instado por la entidad Banco de Sabadell; y contra el auto del 
mismo juzgado, de 12 de septiembre de 2018, que desestimó el recurso de reposición 
interpuesto contra la anterior resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha formulado 
alegaciones  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  actuando  como 
sucesora procesal del banco ejecutante. Ha sido Ponente el magistrado don Antonio 
Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 25 de 
octubre de 2018, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando 
en nombre y representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., bajo la 
defensa del letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso demanda de amparo contra 
las resoluciones arriba mencionadas. e
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de Lorca, resultando la primera de las demandadas la deudora hipotecaria, y la segunda 
titular de un derecho de uso y disfrute sobre dicho inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto de 2 de mayo de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  100-2018), 
requiriendo de pago a las ejecutadas y alternativo derecho a oponerse a la ejecución en 
el plazo de diez días.
b)  Con fecha 3 de mayo de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, un correo avisándole que tenía una 
notificación del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Lorca relativa al proceso «EJH/
0000100/2018»; notificación a la que podía acceder entre los días 3 de mayo y 18 de 
junio de 2018, a través de un enlace electrónico que también indicaba.
c)  Sin que conste que se hubiere accedido al enlace habilitado en el anterior 
mensaje,  con  fecha  17  de  junio  de  2018  el  servicio  de  notificaciones  electrónicas 
mencionado remitió un nuevo correo al buzón de la dirección electrónica habilitada de la 
recurrente en amparo, recordándole el anterior aviso y la posibilidad de acceder a la 
notificación en el enlace indicado, hasta las 23:59 horas del día 18 de junio de 2018.
d)  El día 18 de junio de 2018, por personal de la recurrente se accedió al enlace 
remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por el 
Juzgado de Primera Instancia ejecutor en relación con el procedimiento hipotecario núm. 
100-2018. Ese mismo día, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió un certificado 
electrónico que obra en las actuaciones del proceso (al igual que los anteriores correos), 
dejando constancia de que la notificación había sido «aceptada» en esa fecha.
e)  El 29 de junio de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el Juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución, 
aportando una serie de documentos.
f)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca dictó auto el 2 de 
julio de 2018, con esta parte dispositiva:
«Acuerdo:
1.  Inadmitir  a  trámite  la  oposición  formulada  por  la  parte  ejecutada  Penrei 
Inversiones,  S.L.,  y  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur  Inversiones,  S.L., 
representada por el procurador don Antonio Serrano Caro por presentación fuera de 
plazo, contra Banco Sabadell, S.A.
2.  Mandar seguir con la presente ejecución y en los términos ya acordados.»
En cuanto a la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, el auto razonó en 
su fundamento de Derecho único lo que sigue:
«Único.  Se establece en el artículo 134 LEC, la improrrogabilidad de los plazos 
establecidos en la misma, y en el artículo 136 LEC, que transcurrido o pasado el término 
señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se 
perderá  la  oportunidad  de  realizar  el  acto  de  que  se  trate,  y  previniéndose  en  el 
artículo 695 LEC, que el escrito de oposición a la ejecución deberá ser presentado 
dentro de los diez días siguientes al de la notificación del auto y decreto por el que se 
despacha ejecución y/o de la medida concreta de ejecución, y constando en el presente 
supuesto  que  la  parte  ejecutada  se  ha  opuesto  pasado  que  ha  sido  el  plazo  que 
legalmente  se  le  otorga,  debe  ser  inadmitida  su  oposición  por  extemporánea,  de  e.
conformidad con lo establecido en los preceptos citados.» w.
anteC eosmteo  trpibieu ndael  sreinc uerfesoct,o sse s uosfrpeecnías iv«ores»cu.rso de reposición en el plazo de cinco días
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recurso  argumentó  que  la  notificación  y  requerimiento  de  pago  tuvo  lugar  cuando
accedió al contenido de la notificación electrónica remitida y no antes, siendo desde 
entonces  que  cabía  computar  el  plazo  de  diez  días  del  art.  556  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil (LEC). Con invocación de doctrina de este Tribunal Constitucional 
sobre el derecho a no padecer indefensión y la importancia de los actos de comunicación 
procesal, afirmó que de no tener el juzgado por formulada su demanda de oposición al 
despacho de ejecución, se vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva y sin 
indefensión, quedando denunciado a esos efectos.
h)  El juzgado ejecutor dictó auto el 12 de septiembre de 2018 en desestimación del 
recurso de reposición, con los argumentos que expuso en su razonamiento jurídico 
segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de las recurrentes, las mismas desde el 1 de enero de 2017 (Disposición 
Transitoria Cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC) están 
obligadas  a  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medios  electrónicos 
[art. 14.2 a) de la Ley 39/2015 LPACAP y art. 273.3 a) de la LEC].
Interpretan las recurrentes de forma errónea la normativa aplicable. Es cierto que la 
notificación  por  medios  electrónicos  efectivamente  se  realiza  cuando  el  destinatario 
accede a su contenido. Ahora bien, hierran [sic] en el plazo en el que puede acceder a 
su contenido a efectos de la práctica de la notificación, el cual es de diez días naturales 
desde la puesta a su disposición y ello por imperativo de la art. 43 de la citada LPACAP 
(ley 39/2015) [sic]. Así dice el artículo 43.2 de la citada ley que ‘Las notificaciones por 
medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el 
acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter 
obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada 
cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la 
notificación sin que se acceda a su contenido.’
En  el  presente  caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las 
recurrentes en fecha 3 de mayo de 2018 no accediendo al contenido hasta el día 18 de 
junio (fuera de los diez días naturales), presentando los escritos de oposición a la 
ejecución en fecha 29 de junio claramente fuera del plazo legalmente establecido en el 
art.  556.1  LEC  (dentro  de  los  diez  días  siguientes  al  de  la  notificación  del  auto 
despachando ejecución) y siendo que conforme al art. 136 LEC transcurrido o pasado el 
término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la 
preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que 
dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión.»
Como pie de recurso, el auto indicó que dicha resolución «es firme, y contra la misma 
no cabe recurso alguno». Tanto este auto, como el anterior de 2 de julio de 2018, se 
notificaron al procurador de la demandante de amparo a través del sistema Lexnet, tal y 
como obra en las actuaciones.
Notificado así el 17 de septiembre de 2018 el auto desestimatorio del recurso de 
reposición, por la indicada mercantil se interpuso el presente recurso de amparo.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causaron, en primer lugar, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad 
recurrente, al haberse efectuado su emplazamiento como ejecutada en el procedimiento  s
hipotecario de referencia a través de un correo electrónico remitido por un servicio de  oe.
notificaciones electrónicas, y no mediante entrega de la documentación correspondiente  w.
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el cómputo del plazo para oponerse, desde la fecha del envío del correo a la dirección
electrónica habilitada y no del acceso a la notificación, inadmitiendo así su escrito.
Sobre el auto que desestimó el recurso de reposición promovido contra la anterior 
resolución —y del que se resumen sus argumentos—, se rechaza por la recurrente que 
el  juzgado  haya  fundamentado  su  segunda  decisión  en  la  «Ley  de  procedimiento 
administrativo común, que consideramos inaplicable al ámbito procesal civil, puesto que 
además de existir normas concretas al respecto, no se dan en uno y otro ámbito las 
mismas garantías procedimentales». Precisa que en materia de notificación de actos 
procesales existe su propia normativa tanto en la Ley de enjuiciamiento civil, según ha 
expuesto, como en el haz de garantías que se derivan del art. 24 CE.
Alega también la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en cuanto a un proceso de defensa contradictoria, y del derecho a la 
asistencia letrada (art. 24.2 CE), aunque sin concreción al caso. Y solicita la estimación 
del amparo, con nulidad de los dos autos recurridos y la retroacción de las actuaciones al 
momento previo al dictado de la primera de aquéllas, a fin de que el juzgado a quo 
admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de un «segundo otrosí digo», el escrito de demanda argumentó «que la 
continuación de la ejecución derivadas [sic] de los pronunciamientos judiciales que han 
sido objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a 
terceros, pueden hacer perder al recurso de amparo su finalidad, por lo que solicitó la 
suspensión de la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria 100-2018 
seguido ante el Juzgado de Primer Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial».
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este Tribunal dictó 
providencia el 17 de junio de 2019 por la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, 
«apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
[art. 50.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso plantea un 
problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina 
de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]; así como que el recurso puede dar ocasión al 
Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos 
relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, 
FJ 2 b)]»; (ii) requerir al juzgado a quo para que en plazo no superior a diez días 
remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones del procedimiento de 
ejecución hipotecaria núm. 100-2018; (iii) previamente emplazar a quienes hubieran sido 
parte en éste, excepto a la recurrente en amparo, para poder comparecer en el presente 
proceso constitucional en del plazo de diez días, a efecto de formular alegaciones; y (iv) 
formar la correspondiente pieza separada de suspensión.
5.  Mediante providencia de la Sala Segunda, Sección Cuarta, de este Tribunal, 
de 24 de junio de 2019, se acordó oficiar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm.  3  de  Lorca,  para  que  remitiera,  a  la  mayor  brevedad  posible,  certificación 
acreditativa de la interposición o no de recurso de apelación contra alguna de las 
resoluciones dictadas en las actuaciones principales o en alguna pieza separada en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria seguido en ese juzgado con el número 100/2018, 
y si ha recaído resolución se remita a esta Sala testimonio de la misma.
Con  fecha  17  de  julio  de  2019,  se  recibió  en  el  registro  de  este  Tribunal  la 
correspondiente certificación del juzgado a quo fechada el 4 de julio de 2019, en la que 
se hizo constar «que en los presentes autos no se han interpuesto ni en el procedimiento 
principal ni en las piezas correspondientes al mismo, recurso de apelación por ninguna  e
de las partes personadas en el procedimiento». bo
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como  personada  como  parte  recurrida,  entendiéndose  con  dicha  procuradora  las
actuaciones sucesivas de este proceso.
7.  Con fecha 16 de septiembre de 2019, la Secretaría de Justicia de la Sala 
Segunda de este Tribunal dictó diligencia de ordenación por la que, de un lado, decidió 
tener  por  personado  y  parte  al  Banco  de  Sabadell  a  través  de  la  procuradora 
mencionada, y de otro lado acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas 
y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el art. 52.1 LOTC.
8.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones  el  14  de  octubre  de  2019,  por  el  que  interesó  se  dictara  resolución 
estimatoria del recurso de amparo, haciendo mención a la STC 47/2019, de 8 de abril, 
que a su parecer respalda los argumentos que defiende en este recurso, en torno a la 
necesidad de que el primer emplazamiento o citación al demandado se efectúe en su 
domicilio, como impone el artículo 155.1 LEC.
9.  Con fecha 17 de octubre de 2019, la procuradora doña Blanca María Grande 
Pesquero, formalizó escrito de alegaciones ante este Tribunal actuando en nombre y 
representación de la entidad Pera Assets Designated Activity Company, y asistida por el 
letrado don Alejandro Ingram Solís, a fin de «formular oposición al recurso de amparo». 
Se interesó en el mismo la denegación del amparo solicitado por la entidad recurrente, y 
que  «se  tenga  por  subrogada  a  mi  representada  Pera  Assets  Designated  Activity 
Company como parte en este procedimiento, en lugar de la actora y a mí como parte 
legítima  en  dicha  representación».  En  dicho  escrito,  la  mercantil  defendió  la 
interpretación que hace el juzgado de las normas citadas en los dos autos impugnados, 
por lo que el escrito de oposición a la ejecución se presentó «claramente fuera del plazo 
legalmente establecido en el artículo 556.1 LEC».
No consta presentado dentro del plazo del art. 52 LOTC, o con posterioridad, ningún 
escrito de alegaciones de la entidad Banco de Sabadell, S.A.
10.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 30 
de octubre de 2019, por el que interesó de este Tribunal que dictara sentencia otorgando 
el amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), nulidad de «todo lo actuado desde la 
notificación efectuada electrónicamente del auto despachando ejecución acordado por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Lorca, en el juicio de ejecución 
hipotecaria 100/2018», y retroacción de las actuaciones al momento inmediato anterior a 
aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de formular oposición a 
la ejecución». Basó esta petición en los siguientes argumentos:
a)  Previo a formular las alegaciones de fondo del recurso, la fiscal expuso sus 
razones para considerar correctamente agotada la vía judicial previa al amparo por parte 
de la recurrente [art. 44.1 a) LOTC], al no ser necesario interponer incidente de nulidad 
de actuaciones contra el auto desestimatorio de la reposición —el cual no producía en 
origen la lesión—, ni resultar previsiblemente útil de haberse presentado. Tampoco la 
demanda de amparo es prematura por interponerse tras el segundo de esos autos, sin 
esperar a la finalización del proceso ejecutivo, atendida la doctrina de este Tribunal para 
situaciones similares.
b)  En  cuanto  al  fondo,  la  alegada  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial 
efectiva, (art. 24.1 CE) por haberse inadmitido a trámite, por extemporáneo, el escrito de 
oposición a la ejecución de la recurrente, considera la fiscal sobre todo que procede 
hacer aplicación de la doctrina sentada por la STC 47/2019, de 8 de abril, en un  e.
supuesto  similar,  referido  a  un  proceso  laboral,  pero  donde  resultan  de  aplicación  w.
subsidiaria las normas de la Ley de enjuiciamiento civil, en especial los arts. 155 y 273.4,  35ww
sseeg ruenadlicoe p dáerr amfoa,n deera l opse rqsuoen asle y  dceorniv ae nlatr eogbali geant opraiepdeal dd ed ela q duoec ueml pernimtaecri óenm. pElla rzeasmuliteandtoo 
es  que  ambas  resoluciones  del  juzgado  sumieron  a  la  recurrente  en  indefensión
prohibida  por  el  art.  24.1  CE,  pero  además  conculcaron  el  canon  exigible  de 
razonabilidad, ante tal errónea selección de las normas.
11.  En  relación  con  el  escrito  presentado  por  la  representante  procesal  de  la 
entidad Pera Assets Designated Activity Company, tras haberse recibido del Juzgado de 
Primera Instancia núm. 3 de Lorca una copia del auto dictado en el proceso a quo el 12 
de noviembre de 2019, aceptando la sucesión procesal solicitada, y copia del auto de 12 
de diciembre de 2019, desestimando el recurso de reposición interpuesto contra aquél, la 
Sección Cuarta de este Tribunal dictó providencia el 23 de enero de 2020, acordando 
tener por personada como parte comparecida en el presente recurso a la entidad Pera 
Assets Designated Activity Company, en virtud de sucesión procesal, y por efectuadas 
sus alegaciones en el trámite del art. 52 LOTC.
12.  Por la Secretaría de Justicia se ha dictado diligencia el 5 de febrero de 2020, 
dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del Ministerio 
Fiscal y de los representantes procesales de la recurrente en amparo y de la entidad 
comparecida a título de sucesora procesal, quedando el asunto concluso y pendiente 
para deliberación cuando por turno correspondiera.
13.  Respecto de la solicitud de suspensión formulada por la recurrente en amparo 
mediante otrosí de su escrito de demanda, por auto de la Sala Segunda de este Tribunal 
de 15 de julio de 2019, se acordó: «1.º Denegar la suspensión cautelar solicitada […]; 2.º 
Ordenar  la  anotación  preventiva  de  la  demanda  de  amparo  en  el  registro  de  la 
propiedad, a cuyo efecto el referido juzgado ha de expedir el mandamiento oportuno, 
para que pueda practicarse la misma en relación con el inmueble a que se refieren las 
presentes actuaciones».
14.  Mediante providencia de 11 de junio de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos Juzgados de Primera Instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, han 
inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquéllas, al 
considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de plazo realizado con arreglo a 
normas del procedimiento administrativo común.
En concreto, en el presente recurso la entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., impugna los autos del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Lorca, de 2 de 
julio de 2018 y 12 de septiembre de 2018, recaídos en el proceso hipotecario núm. 
100-2018.
La demanda de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  aquel 
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación  e.
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil.  w.b
Aduce otras dos quejas por lesión del derecho a un proceso con todas las garantías  35ww
((aarrtt..  2244..22  CCEE)),,  eanm sbua sfa, cseint ae mdeb adregfeon, scaa rceonntetrsa ddiec tsooripao; ryte e al drgeuremcehnot aal  lpar oapsiios.t eEnlc Miai nleistrteardioa 
lFai secanlt,i dpaodr  scuo mpapratere, cinidtear essea  olap oensetim aa claió nd edmela anmdap aeron  pcoura enl tpor iaml efro mndooti,v oin, tmerieesnatrnadso q usue 
desestimación.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este Tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 27 de febrero, en la que ha tenido la 
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra 
dos  autos  de  coincidente  contenido  con  los  que  ahora  se  impugnan,  y  donde  dio 
respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio 
de  la  demanda.  Descartada  aquí  la  concurrencia  de  algún  elemento  distintivo  que 
obligue a una fundamentación o resultado distinto a lo declarado entonces, procede por 
tanto que hagamos aplicación de la citada sentencia 40/2020.
En tal sentido, luego de despejar en el fundamento jurídico 2 cualquier posible óbice 
procesal por falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo [art. 44.1 a) LOTC], 
al no caber recurso contra el auto desestimatorio de la reposición y así indicarlo el pie de 
recurso de éste, y no ser tampoco el amparo prematuro por interponerse sin esperar a la 
finalización  del  proceso  ejecutivo  hipotecario  a  quo,  se  aborda  en  el  fundamento 
jurídico 3 el examen de la queja de fondo por lesión del art. 24.1 CE derivada de la 
inadmisión  del  escrito  de  oposición  a  la  ejecución,  advirtiéndose  que  resulta  de 
aplicación al caso la doctrina de este Tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de 
enero, FJ 4 a), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de 
abril,  FJ  4  a),  recaída  en  proceso  de  amparo,  «en  relación  con  la  garantía  de 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la Ley de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), como primera 
comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida por una 
comunicación electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la 
dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 
LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las 
copias de los escritos y documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento 
de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho 
fundamental», tal y como ya ha declarado este Tribunal en varios recursos de amparo 
referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo 
fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata entonces la STC 40/2020, en su FJ 4, como ha de hacerse también ahora, 
que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la tutela judicial 
efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento personal en el proceso a 
quo a efectos de requerirla de pago o alternativamente permitirle presentar su oposición 
a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un emplazamiento electrónico a través 
del servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la normativa procesal y que apenas 
consistía en un aviso remitiendo a un enlace de internet para poder conocer el contenido 
de la notificación. Además, computó el plazo para presentar el escrito de oposición 
invocando normas del procedimiento administrativo común, que son ajenas al ámbito 
jurisdiccional en el que nos encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 
LEC. Todo lo cual determina la estimación del amparo por vulneración de su derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con 
reconocimiento de tal derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (arts. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental  s
de la demandante. oe.
En atención a todo lo expuesto, el FTAriLbLuOnal Constitucional, POR LA AUTORIDAD  2020-8135n https://ww
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer 
indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 2 de julio de 2018 y 12 de septiembre 
de 2018, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca en 
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  100-2018,  así  como  la  nulidad  de  las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la 
dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo esta 
última  por  el  juzgado  ejecutor,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de junio de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Fernando  Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.