BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Martes 9 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 138709
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
18376 Sala Primera. Auto 90/2021, de 4 de octubre de 2021. Recurso de amparo 
4997-2018. Rectifica un error material padecido en la sentencia 139/2021, de 
12 de julio, dictada en el recurso de amparo 4997-2018, promovido por la 
entidad Titania Compañía Editorial, S.L., en pleito civil.
ECLI:ES:TC:2021:90A
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente, los magistrados, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa 
Balaguer Callejón, en el recurso de amparo núm. 4997-2018 promovido por Titania 
Compañía Editorial, S.L., ha dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  En el recurso de amparo núm. 4997-2018, promovido a instancia de Titania 
Compañía Editorial, S.L., representada por el procurador de los tribunales don Luis 
Pozas Osset y asistida por el letrado don Guillermo Regalado Nores, ha recaído la 
STC 139/2021, de 12 de julio, por la que se desestima el recurso planteado.
2.  Mediante escrito registrado el 21 de julio de 2021, la mercantil recurrente en 
amparo, solicita la rectificación de la sentencia al considerar que la misma adolece de un 
error material identificado en el fundamento jurídico 6 de la sentencia, referido a la 
aplicación de la doctrina constitucional formulada en la sentencia a la solución del 
supuesto de hecho concreto. Ese error consiste, según la recurrente, en que la sentencia 
afirma que el órgano judicial corrigió, en la instancia, dos afirmaciones concretas del 
escrito  de  rectificación  inicialmente  presentado  por  el  señor  Temboury,  cuando  las 
rectificaciones realizadas por el órgano judicial fueron tres y no dos.
La recurrente afirma que «como quiera que la doctrina constitucional ha dado un 
importante giro en el entendimiento del Derecho de Rectificación y sabedores de que 
generará infinidad de dudas, con respuestas dispares según el órgano judicial llamado a 
resolver conflictos en esta materia –baste ver la divergente forma de interpretar del 
Ministerio Fiscal y los Magistrados del Tribunal– resulta de gran relevancia corregir el 
error material advertido, al ejemplificar otro supuestos (en lugar de los dos descritos en la 
sentencia serían tres) en que el órgano judicial efectuó una corrección de un exceso 
valorativo».
II. Fundamentos jurídicos
1.  El artículo 93.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que, en 
el  plazo  de  dos  días,  a  contar  desde  la  notificación,  las  partes  podrán  solicitar  la  s
aclaración de sus sentencias, precepto que ha de entenderse extendido al resto de  oe.
resoluciones  que  este  Tribunal  Constitucional  tiene  competencia  para  dictar  w.
(AATC 120/2019, de 21 de octubre, FJ 1, y 159/2020, de 14 de diciembre, FJ 1). 376ww
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citados), o dicho de otra manera, «no constituye un medio de impugnación para la 
sustitución o revisión de la decisión adoptada, pues contra las sentencias del Tribunal 
Constitucional no cabe recurso alguno» (ATC 102/2020, de 21 de septiembre, FJ único).
2.  La  parte  solicita  la  rectificación  de  un  error  material  contenido  en  la 
STC 139/2021, de 12 de julio, en relación con la descripción contenida en el FJ 6 
respecto del contenido de las resoluciones de instancia objeto del recurso de amparo.
Advertida la existencia del error material señalado, que en nada afecta ni a la 
doctrina constitucional contenida en la sentencia, ni al fallo de la misma, este tribunal 
procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, en relación con el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a su 
corrección, en los términos que seguidamente se precisan.
Donde dice:
«Desde la constatación de que el señor Temboury está ejerciendo su derecho de 
rectificación al referirse esencialmente su escrito a unos determinados hechos, el órgano 
judicial considera pertinente corregir muy ligeramente este escrito, al considerar que 
existe  un  exceso  en  dos  afirmaciones  concretas,  que  pasan  al  ámbito  de  las 
valoraciones. De un lado se suprime la mención inicial del escrito de que la fotografía 
divulgada en la noticia y en la que aparecía el señor Temboury carecía “por completo de 
interés informativo” y “lesiona claramente [su] derecho de intimidad”, manteniendo la 
afirmación de que la noticia “divulga una foto [suya] en un encuentro estrictamente 
privado”. Por otro lado, se suprime al final del escrito la frase “ni a efectos informativos”, 
que  ponía  de  manifiesto  que  el  contenido  de  la  conversación  que  tuvieron  los 
participantes en el encuentro no tenía relevancia en los hechos objeto de investigación 
en el sumario, ni tampoco la tenía, a juicio del titular del derecho de rectificación tampoco 
a efectos informativos.
Don  Miguel  Temboury  no  se  opuso,  en  sede  judicial,  a  ninguna  de  las  dos 
modificaciones y, sin embargo, el medio de comunicación considera que la publicación 
de la rectificación con esas dos correcciones supone la vulneración de su derecho a la 
libertad de información al poner de manifiesto un exceso en el ejercicio del derecho de 
rectificación por parte del actuante en la instancia. No es posible estimar esta queja. El 
órgano judicial opta por la estimación de la pretensión de rectificación al entender 
predominante la presencia del elemento fáctico, tal y como también se entiende en esta 
sede.  La  corrección  mínima  que  introduce  coadyuva  al  refuerzo  del  derecho  a  la 
información del que es titular el recurrente en amparo, porque depura el contenido del 
escrito eliminando dos elementos netamente valorativos que no son en absoluto ni 
esenciales,  ni  preponderantes  en  el  escrito.  Por  tanto,  ninguna  incorrección 
constitucional cabe reconocer en las resoluciones objeto del recurso de amparo en lo 
que hace a la interpretación y extensión del derecho de rectificación y, adicionalmente, 
en lo que hace a la observancia del derecho a la información, respecto del que la 
rectificación actúa, si se ejercita dentro de los límites constitucionales previstos, como 
refuerzo y no como límite.»
Debe decir:
«Desde la constatación de que el señor Temboury está ejerciendo su derecho de 
rectificación al referirse esencialmente su escrito a unos determinados hechos, el órgano 
judicial considera pertinente corregir muy ligeramente este escrito, al considerar que  e.e
existe  un  exceso  en  tres  afirmaciones  concretas,  que  pasan  al  ámbito  de  las  b
valoraciones. De un lado se suprime, en el párrafo segundo, la mención inicial del escrito  376ww
dcaer eqcuíea  l“ap ofro tocogmrapfílae tod ivduelg aindtae réesn  ilnaf onromtiactiiav oy”  ey n“ lleas iqounea  acplaarraemcíean teel  [sseuñ] odr eTreemchboo udrey 
iennticmuiednatdro”,  emsatrnictteanmieenndtoe  lpar ivaafidrmo”a. cPióonr  doetr oq ulaed ola,  sneo tsicuiap ri“mdievnu,l gean  uenla p áfortroa fo[s uteyrac]e eron  duenl 
escrito  de  rectificación,  los  incisos  “el  entrecomillado  es  deliberado  para  intentar
perjudicarme” y, al final del escrito, la frase “ni a efectos informativos”, que ponía de 
manifiesto que el contenido de la conversación que tuvieron los participantes en el 
encuentro no tenía relevancia en los hechos objeto de investigación en el sumario, ni 
tampoco la tenía, a juicio del titular del derecho de rectificación tampoco a efectos 
informativos.
Don Miguel Temboury no se opuso, en sede judicial, a ninguna de las modificaciones 
y, sin embargo, el medio de comunicación considera que la publicación de la rectificación 
con esas correcciones supone la vulneración de su derecho a la libertad de información 
al poner de manifiesto un exceso en el ejercicio del derecho de rectificación por parte del 
actuante en la instancia. No es posible estimar esta queja. El órgano judicial opta por la 
estimación de la pretensión de rectificación al entender predominante la presencia del 
elemento fáctico, tal y como también se entiende en esta sede. La corrección mínima 
que introduce coadyuva al refuerzo del derecho a la información del que es titular el 
recurrente en amparo, porque depura el contenido del escrito eliminando elementos 
netamente valorativos que no son en absoluto ni esenciales, ni preponderantes en el 
escrito.  Por  tanto,  ninguna  incorrección  constitucional  cabe  reconocer  en  las 
resoluciones objeto del recurso de amparo en lo que hace a la interpretación y extensión 
del derecho de rectificación y, adicionalmente, en lo que hace a la observancia del 
derecho a la información, respecto del que la rectificación actúa, si se ejercita dentro de 
los límites constitucionales previstos, como refuerzo y no como límite.»
Por lo expuesto, la Sala
ACUERDA
Corregir  el  error  material  padecido  en  el  fundamento  jurídico  sexto  de  la 
STC 139/2021, de 12 de julio, en los términos exactos contenidos en el fundamento 
jurídico 2 de este auto.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–
Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Cándido  Conde-Pumpido 
Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.