BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 151 Viernes 25 de junio de 2021 Sec. I.   Pág. 76466
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
10592 Ley 2/2021, de 21 de mayo, de defensa, asistencia jurídica y comparecencia 
en juicio de la administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
La Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 40.1 del Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 9.1.1 de su Estatuto de Autonomía, ostenta competencia exclusiva para la 
creación, organización, régimen jurídico y funcionamiento de sus instituciones, así como 
la organización de su propia Administración. Por su parte, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, en su artículo 551.3 determina que «la representación y 
defensa de las Comunidades Autónomas… corresponderán a los letrados que sirvan en 
los servicios jurídicos de dichas Administraciones públicas, salvo que designen abogado 
colegiado que les represente y defienda».
Esta propuesta de ley del grupo parlamentario socialista, a pesar de tener un fiel 
precedente en un proyecto de ley anterior ya tramitado en esta cámara, nace con la 
vocación  natural  de  ser  expresión  de  la  voluntad  popular  configurada  tras  el 
procedimiento legislativo tramitado abierto, por tanto, a las mejoras y enmiendas que sea 
aconsejable incorporar.
Estas previsiones normativas que se pretenden introducir, unidas a una necesidad 
imperiosa  de  adaptación  del  funcionamiento  de  la  Abogacía  General  a  los  nuevos 
parámetros  de  agilidad  procesal  y  comunicaciones  telemáticas  introducidas  por  las 
últimas reformas legislativas, en especial la acometida en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así como la Ley 18/2011, de 5 
de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
Administración de Justicia, la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma 
administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, la Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder 
Judicial 6/1985, de 1 de julio, que dio nueva redacción al artículo 230 con la finalidad de 
que los Juzgados, Tribunales y la Fiscalía utilicen de forma obligatoria cualesquiera 
medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos puestos a su disposición, la 
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el Real 
Decreto  1065/2015,  de  27  de  noviembre,  sobre  comunicaciones  electrónicas  en  la 
Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se 
regula el sistema LexNET.
Todas ellas, amparan la necesidad de una ley que regule la asistencia letrada al 
Gobierno  y  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.  Más 
concretamente, la presente norma se propone mejorar la estructura y el funcionamiento 
de la Abogacía General de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el fin último de  e.
asegurar  que  la  mayor  eficacia  en  las  labores  de  asesoramiento  jurídico  y  de  w.
representación y defensa en juicio que le corresponde realizar, garantice el sometimiento  592ww
apcletunaoc idóen . la  Administración  al  derecho  y  el  adecuado  control  jurisdiccional  de  su
estaAb lelocse e fleac tdoesn coimtaidnoasc,i óyn c odne  la« cCoubeerrptou raS dueple rraionrg od ed eL leetyr aqduoes »se,  ppraercai seal  pCaruae erplloo , dsee   BOE-A-cable e
Administración Especial del grupo A, subgrupo 1, creado en virtud de la Ley 19/2015, 
de 23 de diciembre, por la que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, reguladora 
del  Consejo  Consultivo  de  Extremadura.  Dicha  denominación  es  acorde  con  las 
funciones que tienen atribuidas los funcionarios que pertenecen a dicho Cuerpo, en 
cuanto que en él se integraron los funcionarios del Cuerpo de Letrados del extinto 
Consejo Consultivo. Además, puesto que en la Administración Autonómica existe la 
Especialidad de Letrados del Cuerpo de Titulados Superiores, aquellos que tengan dicha 
especialidad pasarán a integrarse en dicho Cuerpo, en cuanto los requisitos de titulación 
y  las  funciones  que  desempeñan  son  las  mismas.  En  este  mismo  supuesto  se 
encontrarán aquellos funcionarios de carrera que perteneciendo a otros cuerpos de 
letrados  de  la  Administración  del  Estado  hayan  sido  transferidos  a  la  Comunidad 
Autónoma de Extremadura e integrados en la Especialidad de Letrados del Cuerpo de 
Titulados Superiores.
Se  consigue  así  una  uniformidad  en  la  denominación,  atendiendo  a  que  las 
funciones, titulación y acceso son idénticas, así como dotar a la Administración de la 
Comunidad Autónoma de un Cuerpo de Letrados, en consonancia con el resto de 
Administraciones  autonómicas.  El  acceso  al  Cuerpo  de  Letrados  se  realizará  por 
oposición libre, sin embargo, y atendiendo al largo tiempo transcurrido desde las últimas 
convocatorias de acceso a la Especialidad y con la finalidad de valorar el conocimiento y 
servicio a la Administración prestado por los que, en los años previos, han venido 
desempeñando con carácter temporal estas funciones, se prevé el sistema de concurso 
oposición por una única vez tras la entrada en vigor de la presente ley.
Se mantiene la vigencia del Decreto 99/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de 
Extremadura y de la Comisión Jurídica de Extremadura, en tanto no se oponga a la 
presente ley y hasta que se proceda a su desarrollo reglamentario, en particular, a la 
enumeración  de  materias  que,  conforme  al  citado  decreto,  han  de  ser  informadas 
preceptivamente por la Abogacía General de la Junta de Extremadura. Finalmente, se 
deroga la Ley 8/1985, de 26 de noviembre, de comparecencia en Juicio.
El texto normativo resultante que se eleva ahora como propuesta de ley, en su 
anterior intento como proyecto de ley ya había sido sensible a distintas aportaciones en 
la fase de elaboración, cuenta con el dictamen sin objeciones sustanciales del Consejo 
de Estado, cuyas aportaciones y recomendaciones tendentes a la excelencia de la 
técnica normativa, ha asumido con agradecimiento. Por lo tanto, la presente propuesta 
de ley materialmente cuenta con la opinión favorable del Consejo de Estado.
En cuanto a la Comisión Jurídica, se actualiza el ámbito de actuación a recientes 
cambios legislativos estatales con la necesaria modificación de su configuración para 
integrarla en el sistema jurídico-administrativo autonómico a efectos de aumentar su 
eficacia y eficiencia. Esta integración orgánica, prevista en su ley de creación de 2015 se 
efectúa siguiendo el modelo estatal previsto en la ley de contratos del sector público, por 
tanto, sin menoscabo de la independencia de su criterio jurídico.
TÍTULO I
De la asistencia jurídica a la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura
Artículo 1.  De la potestad de la Junta de Extremadura ante la Justicia.
La Junta de Extremadura y sus organismos públicos dependientes comparecen en  b
juicio en el ejercicio de sus competencias de defensa del interés general en los mismos  592ww
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procesales, en virtud de lo prevenido en el artículo 38.g) y f) del Estatuto de Autonomía.
Artículo 2.  De la Abogacía General de la Junta de Extremadura.
1.  La representación y defensa de la Administración de la Junta de Extremadura y 
sus  organismos  públicos  dependientes  ante  toda  clase  de  órganos  judiciales, 
jurisdiccionales  y  ante  el  Tribunal  de  Cuentas,  les  corresponde  en  exclusiva  a  los 
letrados de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, desde el momento de su 
nombramiento y toma de posesión y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo 
de este artículo, que actuarán en defensa del interés público y bajo los principios 
jurídicos  inherentes  al  Estado  social  y  democrático  de  derecho,  previstos  en  la 
Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico.
La  representación  y  defensa  en  juicio  realizada  por  los  letrados  de  Junta  de 
Extremadura, así como, en su caso, la asistencia a órganos colegiados, tendrán carácter 
institucional y no personal, por lo que podrán intervenir diferentes letrados en relación 
con el mismo asunto.
2.  Con  carácter  excepcional,  cuando  la  autoprovisión  no  resulte  viable  por  la 
carencia, insuficiencia o inadecuación de los medios de que se disponga, a propuesta 
motivada del titular de la consejería interesada y previo informe del Letrado General, el 
Presidente de la Junta de Extremadura podrá encomendar la representación, defensa en 
juicio o asistencia jurídica puntual y concreta a profesionales colegiados, dando cuenta 
precisa  de  las  actuaciones  ejercitadas  a  la  Abogacía  General  con  la  necesaria 
incorporación  de  los  expedientes  finalizados  a  los  archivos  oficiales  previo  a  la 
liquidación de los honorarios.
3.  A la Abogacía General en su función consultiva le corresponde el asesoramiento 
jurídico de los asuntos que conozca el Consejo de Gobierno y de aquellas otras materias 
que se determinen reglamentariamente. Igualmente le corresponde la formulación de los 
criterios de interpretación y aplicación de las normas a los que habrán de ajustar la 
actividad de asesoramiento jurídico-administrativo las asesorías jurídicas de las distintas 
consejerías y sus organismos públicos dependientes, a través de la elaboración de 
instrucciones tendentes a asegurar, en todo caso, el mantenimiento del principio de 
unidad de doctrina.
4.  Los informes y dictámenes emitidos por los letrados de la Junta de Extremadura 
ostentan carácter técnico jurídico y, salvo que alguna disposición así lo establezca, no 
serán ni preceptivos ni vinculantes; pero los actos y resoluciones administrativas que se 
aparten de ellos habrán de ser motivados.
5.  Los contratos de aseguramiento que suscriba la Administración Autonómica o 
sus  Organismos  Públicos  adscritos  que  incluyan  servicios  de  asistencia  jurídica 
requerirán, previamente a la aprobación del expediente de licitación, el informe favorable 
de la Abogacía General de la Junta de Extremadura.
6.  Las causas generales de abstención y recusación previstas por el ordenamiento 
vigente resultarán aplicables a los letrados de la Abogacía General por su condición de 
letrado y de funcionario público.
7.  El  reglamento  de  organización  y  funcionamiento  de  la  Abogacía  General 
dispondrá lo necesario para que sus letrados legalmente habilitados ejerzan funciones 
de mediación en el seno de la Administración.
Artículo 3.  De la Dirección de la Abogacía General de la Junta de Extremadura.
1.  El nombramiento de la persona titular del cargo de Letrado/a General deberá 
recaer en funcionario/a público/a con titulación de Licenciatura o Grado de Derecho,  e
perteneciente  a  cuerpos,  escalas  o  especialidades  que  tengan  atribuidas  funciones  bo
jurisdiccionales  o  de  defensa  contenciosa  de  las  administraciones  públicas,  o  592ww
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a todos los efectos y será el órgano superior director de la misma.
2.  El nombramiento se realizará por Decreto del Consejo de Gobierno, y tendrá 
dependencia funcional tanto del Presidente de la Junta de Extremadura como de la 
consejería a la que esté orgánicamente adscrito.
Artículo 4.  De la transparencia y buen gobierno de la Abogacía General en el ejercicio 
de sus funciones.
1.  Por medio de una Memoria Anual se procederá a dar publicidad en el portal de 
transparencia y participación de la Junta de Extremadura de los informes emitidos por la 
Abogacía General sobre los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, y de 
procesos en los que sea o haya sido parte la Junta de Extremadura, cuantías, fallo de 
aquellas sentencias que hubieran adquirido firmeza, costas y cuantos otros datos sean 
de interés para el ciudadano siempre que no perjudiquen el ejercicio de defensa ni la 
correcta asistencia jurídica.
2.  El Letrado o Letrada General vendrá obligado a comparecer ante la comisión que 
corresponda a fin de informar a la Asamblea de Extremadura sobre la referida Memoria 
Anual.
3.  Lo previsto en el presente artículo se llevará a cabo siempre y en todo caso con 
estricto cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente en materia de protección de 
datos de carácter personal, así como la reserva de asuntos que estén en tramitación 
judicial en curso.
TÍTULO II
Normas específicas sobre la representación y defensa en juicio de la Junta de 
Extremadura
Artículo 5.  Del ejercicio de acciones judiciales.
1.  El ejercicio de acciones que supongan el inicio de la vía jurisdiccional por la 
Junta de Extremadura y sus organismos públicos dependientes requerirá, previo informe 
de  la  Abogacía  General,  expresa  autorización  del  Presidente  de  la  Junta  de 
Extremadura. No obstante, para la personación o el ejercicio de cualquier acción ante el 
Tribunal  Constitucional  será  necesario  acuerdo  favorable  del  Consejo  de  Gobierno. 
Queda exceptuado de estas autorizaciones el recurso de amparo por vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva derivado de actuaciones procesales en los que la 
Administración sea parte.
2.  A fin de la depuración técnica y buen fin de las actuaciones subsiguientes, para 
toda denuncia o iniciativa de actuación penal que se pretenda realizar por autoridad 
pública o personal al servicio de la Junta de Extremadura ante la Fiscalía u órganos 
judiciales  en  defensa  de  los  intereses  y  potestades  de  la  Administración  de  la 
Comunidad Autónoma de Extremadura se deberá recabar de urgencia el informe previo 
de la Abogacía General de la Junta de Extremadura. Se exime de tal informe previo las 
denuncias que se efectúen por la comisión de delitos fragrantes, las que deban ser 
interpuesta  por  agentes  de  la  autoridad  en  ejercicio  de  sus  funciones  de  policía 
administrativa, así como las que sean directa y personalmente interpuestas por los 
ofendidos.
3.  La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura estará exenta de 
constituir ante los juzgados y tribunales de cualquier jurisdicción y ante los organismos  es
públicos toda clase de depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de  o
gafcooacrcnrmait4óean.nm  tí ayppLs olaa cppd ourJoenlua vdenriin scteat iolon asnd  l peeoers sne E  sclexaeastsnrste taoleembs yll aeeeedycsn.ui. drqaaus e e npa oserí  l sláaem  plbereigtovise ldaaec ei ónsnu  usnp acroo ncmeopsrmeatla e nyc coidanes r  apanocgduore árl edegoja elcr,c oeennr   lllaoa    OE-A-2021-10592able en https://www.
Artículo 6.  Disposición de la acción procesal.
1.  Los  allanamientos  a  las  pretensiones  de  contrario,  las  transacciones  sobre 
cuestiones litigiosas y los desistimientos de acciones jurisdiccionales iniciadas, en todo 
caso, previo informe preceptivo de la Abogacía General, requerirán autorización expresa 
del Presidente de la Junta de Extremadura, o del Consejo de Gobierno en los supuestos 
previstos en el artículo 17 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de la Hacienda 
Pública de Extremadura.
2.  Se exceptúan de la necesaria autorización, así como de lo dispuesto en el 
artículo  17  de  la  Ley  5/2007,  de  19  de  abril,  General  de  la  Hacienda  Pública  de 
Extremadura prevista en el párrafo anterior los siguientes supuestos:
a)  Las  transacciones  debidas  a  procedimientos  concursales,  que  únicamente 
requerirán de la Consejería competente del crédito afectado.
b)  Las transacciones a que se refiere el artículo 77 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa siempre que el acuerdo 
sea inferior a 50.000 euros, en cuyo caso únicamente se precisará la propuesta de gasto 
debidamente fiscalizada.
c)   Las transacciones o acuerdos a que lleguen las compañías aseguradoras de la 
Administración dentro del límite de la cobertura de la póliza suscrita.
d)  Las transacciones sobre la responsabilidad civil a las que pueda llegarse en los 
expedientes de reforma seguidos ante los Juzgados de Menores en los que comparezca 
la Junta de Extremadura en calidad de tutor del menor siempre que el acuerdo no afecte 
a cuantías superiores a 3.000 euros, las podrá realizar el/la letrado/a director del asunto, 
dando cuenta inmediata posterior al Letrado General.
En todos estos supuestos se precisará informe previo del letrado director del asunto 
con el visto bueno del Letrado General.
Artículo 7.  De la representación y defensa del personal al servicio de la Administración 
Autonómica.
1.  En los términos que se establezca reglamentariamente y siempre en defensa del 
interés  general,  por  el  Letrado  General  se  podrá  autorizar  que  los  letrados  de  la 
Abogacía General asuman la representación y defensa en juicio de las autoridades, 
personal funcionario y empleados de la Administración Autonómica, en procedimientos 
judiciales que se sigan frente a ellos por razón de actos u omisiones relacionados con el 
desempeño legítimo de sus respectivas funciones o cargos, siempre que no exista 
conflicto de intereses o perjuicio al interés público general.
2.  No procederá la anterior autorización de asistencia judicial en los siguientes 
supuestos:
a)  En aquellos que se susciten entre el personal al servicio de esta Administración 
o que estos promuevan contra sus superiores jerárquicos.
b)  En  los  procedimientos  en  el  que  el  solicitante  haya  encomendado  su 
representación y defensa a otros profesionales, o cuando no haya sido solicitada la 
asistencia en el inicio del procedimiento o primera instancia del mismo.
c)  En aquellos procesos en los que la representación y defensa del empleado 
público se encuentre incluida dentro de la cobertura y el alcance del contrato de seguro 
de responsabilidad civil profesional suscrito por la Junta de Extremadura. e.e
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Artículo 8.  Notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación 
procesal.
1.  En los procesos seguidos ante cualquier jurisdicción en que sean parte la Junta 
de  Extremadura  y  sus  organismos  públicos  dependientes,  salvo  que  las  normas 
procesales dispongan otra cosa, las notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás 
actos de comunicación procesal se entenderán directamente con los letrados de la Junta 
de Extremadura en las sedes oficiales y cuentas de correo electrónico acreditadas a tal 
efecto de la Abogacía General.
2.  Cuando  los  entes  públicos,  entes  consorciados  fundaciones  públicas  o 
instituciones afines de la Administración de la Comunidad Autónoma sean, en virtud del 
oportuno  convenio,  representados  y  defendidos  por  los  letrados  de  la  Junta  de 
Extremadura se aplicará igualmente lo dispuesto en el apartado anterior.
3.  Serán nulas las notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de 
comunicación procesal que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en este artículo.
Artículo 9.  Fuero territorial de la Junta de Extremadura.
Para el conocimiento y resolución de los procesos civiles en que sea parte la Junta 
de  Extremadura  o  sus  Organismos  Públicos,  serán  en  todo  caso  competentes  los 
Juzgados y Tribunales que tengan su sede en las capitales de provincia y en Mérida en 
cuanto capital autonómica. Esta norma se aplicará con preferencia a cualquier otra 
norma sobre competencia territorial que pudiera concurrir en el procedimiento.
Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a los juicios universales ni a los 
juicios posesorios.
Artículo 10.  De la tasación de costas.
1.  La tasación de las costas en que fuere condenada la parte que actúe en el 
proceso en contra de la Junta de Extremadura, se regirá, en cuanto a sus conceptos e 
importe, por las normas generales, con inclusión, en su caso, de los correspondientes a 
las funciones de representación.
2.  Firme la tasación, su importe se ingresará en la forma legalmente prevista, 
dándosele el destino establecido presupuestariamente.
3.  En  la  jurisdicción  contenciosa,  para  el  cobro  de  las  costas  impuestas  a 
particulares,  en  defecto  de  pago  voluntario  en  el  plazo  de  dos  meses  desde  que 
adquiriera firmeza la tasación, se utilizará el procedimiento administrativo de apremio.
4.  Las costas a cuyo pago fuese condenada la Junta de Extremadura, una vez 
firmes, serán abonadas, en el plazo improrrogable de dos meses, con cargo a las 
respectivas partidas presupuestarias de la Consejería u organismo público dependiente 
afectado por la resolución judicial.
Artículo  11.  De  la  colaboración  en  la  defensa  judicial  y  del  empleo  de  medios 
informáticos y telemáticos.
1.  Todos los órganos y autoridades de la Administración de la Comunidad de 
Extremadura están obligados a prestar con la mayor diligencia la colaboración que en el 
ejercicio de sus funciones soliciten los letrados de la Abogacía General para la mejor 
defensa en juicio de los intereses de la Administración. Asimismo, a estos mismos fines 
deberán remitir con la mayor celeridad posible, cualquier comunicación que permita  e.
constancia de toda comunicación recibida con ocasión de actuaciones judiciales en los  w.b
que sea parte la Administración Autonómica. Con la misma diligencia, desde la Abogacía  592ww
Góregnaenroasl  sdee  clau rsAadrám ilnaiss trcaocmióunn iicnatecrioenseasd orse ceibni daloss  dper oócregsaonso, s esjupreiscdiaiclmcioennatele sc uaa nldoos 
orde2n. enL aal guAnbao gaacctuíaa ciGóne npeorra pl adrtee  dlae  laJ uAndtam indiest raEcxiótrne.madura  cursará  las  oportunas
instrucciones para coordinar la colaboración a la que se refiere el párrafo anterior, así
como la remisión e intercambio de documentos e información que tenga que llevarse a 
cabo,  para  el  cumplimiento  de  la  normativa  estatal  en  materia  de  comunicaciones 
telemáticas con órganos jurisdiccionales.
3.  En  las  relaciones  de  la  Abogacía  General  con  el  resto  de  órganos  de  la 
Administración Autonómica y de otras Administraciones, utilizará preferentemente el 
formato electrónico, siendo válidas las que empleen este medio a todos los efectos, y 
solo excepcionalmente, cuando el anterior no fuese posible, se realizará en soporte 
papel.
Artículo 12.  Del Cuerpo Superior de Letrados de la Junta de Extremadura.
1.  Se crea el Cuerpo Superior de Letrados de la Junta de Extremadura como 
cuerpo Especial del Grupo A, Subgrupo 1.
Se suprime el Cuerpo de Administración Especial del grupo A, subgrupo 1, creado en 
virtud de la Ley 19/2015, de 23 de diciembre, por la que se deroga la Ley 16/2001, de 14 
de  diciembre,  reguladora  del  Consejo  Consultivo  de  Extremadura.  Se  suprime, 
expresamente, la especialidad de Letrados del Cuerpo de Titulados Superiores grupo A, 
subgrupo 1, de la Junta de Extremadura.
El reglamento de organización y funcionamiento de la Abogacía General establecerá 
el estatuto jurídico de este Cuerpo, todo ello de conformidad en el marco general 
dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público.
En lo no previsto en este reglamento de organización y funcionamiento se estará con 
carácter supletorio a lo establecido en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.
2.  El personal funcionario de carrera que, a la entrada en vigor de la presente ley, 
tenga la Especialidad de Letrados del Cuerpo de Titulados Superiores de la Junta de 
Extremadura,  sea  cual  sea  su  situación  administrativa,  pasa  a  integrarse 
automáticamente en el Cuerpo Superior de Letrados de la Junta de Extremadura. De la 
misma  forma  se  integran  en  este  Cuerpo  Superior  de  Letrados  de  la  Junta  de 
Extremadura el personal funcionario perteneciente al Cuerpo de Administración Especial 
del grupo A, subgrupo 1, creado en virtud de la Ley 19/2015, de 23 de diciembre, por la 
que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, reguladora del Consejo Consultivo de 
Extremadura. Queda integrado igualmente, de modo automático, el personal funcionario 
de carrera que perteneciendo a otros Cuerpos de Letrados de la Administración del 
Estado o de la Seguridad Social hayan sido transferidos a la Comunidad Autónoma de 
Extremadura e integrados en el Cuerpo de Titulados Superiores Especialidad Letrados.
3.  El acceso al Cuerpo Superior de Letrados se realizará mediante la superación de 
las  pruebas  selectivas  específicas,  debiendo  hallarse  en  posesión  del  título  de 
Licenciado o Graduado en Derecho, mediante el sistema de oposición libre, en los 
términos previstos en la legislación básica en materia de función pública, en el que se 
evalúe el conocimiento completo, profundo y práctico tanto del derecho autonómico, del 
derecho  procesal,  así  como  del  resto  del  ordenamiento  jurídico  necesario  para  el 
desempeño de la función letrada.
4.  Las plazas singularizadas de Letrados de la Abogacía General de la Junta de 
Extremadura serán ocupadas, con carácter general, por personal funcionario del Cuerpo 
de  Letrados  de  la  Junta  de  Extremadura.  Asimismo,  por  razones  debidamente 
justificadas,  también  se  podrán  proveer  por  personal  funcionario  interino,  en  los 
supuestos del artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. El 
reglamento de organización y funcionamiento también dispondrá lo pertinente respecto a  e.
la adscripción y demás formas de provisión temporal de las plazas de Letrados/as a  w.b
personal  funcionario  de  carrera  que,  siendo  Licenciados  o  Graduados  en  Derecho,  592ww
Apedrmteinniesztrcaacnió anl  Agruutpoon óAm1ic, aC, uoe rpdoe  dceu eTriptuolsa doy s eSsuppeeciraiolirdeasd eess paenciáalloidgaads  judreí diccuaa ldqeu ielar 
Administración Pública, que no pertenezcan al Cuerpo de Letrados.
Disposición adicional primera.  De la Comisión Jurídica de Extremadura.
1.  La Comisión Jurídica de Extremadura creada dentro de la Abogacía General de 
la Junta de Extremadura por la Ley 19/2015, de 23 de diciembre, por la que se deroga la 
Ley 16/2001, de 14 de diciembre, reguladora del Consejo Consultivo de Extremadura, se 
regirá por lo establecido en la presente disposición adicional y en su caso por su 
legislación específica.
2.  La Comisión Jurídica de Extremadura es un órgano colegiado consultivo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, se incardina orgánicamente en la Abogacía 
General y ejerce las funciones que le atribuye la presente ley con independencia de 
criterio jurídico.
Sin perjuicio de esta autonomía funcional en el desarrollo de las deliberaciones y en 
la  emisión  de  dictámenes  y  resoluciones  a  adoptar  como  órgano  colegiado,  la 
organización y funcionamiento de los recursos humanos, presupuestarios y de régimen 
interior de la Comisión Jurídica se integrarán a todos los efectos en la Abogacía General.
3.  La Comisión Jurídica de Extremadura ejercerá sus funciones respecto de la 
actividad de la Administración de la Junta de Extremadura, sus organismos autónomos y 
entidades de derecho público dependiente de la misma, las entidades locales y las 
universidades públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4.  La Comisión Jurídica de Extremadura deberá ser consultada en todos aquellos 
asuntos que por ley resulte preceptiva la emisión de dictamen por la Administración 
consultiva, así como en los dispuestos por esta ley, a excepción de los supuestos 
previstos por el Estatuto de Autonomía de Extremadura en los que se estará a lo 
dispuesto por el artículo 24 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de 
Estado.
Sin perjuicio de los casos en los que resulte preceptivo, el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Extremadura, por conducto de su Presidente, podrá recabar dictamen del 
Consejo  de  Estado  en  aquellos  asuntos  en  que,  por  la  especial  competencia  o 
experiencia del mismo, lo estimen conveniente.
Los dictámenes de la Comisión Jurídica de Extremadura no serán vinculantes, salvo 
en los casos que legalmente así se establezca.
5.  La Comisión Jurídica de Extremadura deberá ser consultada en los siguientes 
asuntos:
a)  Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general, que no sean de 
organización  y  funcionamiento,  y  se  dicten  en  ejecución  de  las  leyes  y  sus 
modificaciones.
b)  Transacciones  judiciales  o  extrajudiciales  sobre  los  derechos  de  contenido 
económico de la Junta de Extremadura, así como el sometimiento a arbitraje de las 
cuestiones que se susciten sobre los mismos.
c)  Expedientes tramitados por la Junta de Extremadura, las entidades locales de 
Extremadura y las universidades públicas sobre:
a.  Reclamaciones de responsabilidad patrimonial, cuando la cantidad reclamada 
sea igual o superior 50.000 mil euros.
b.  Revisión de oficio de actos administrativos en los supuestos establecidos en las 
leyes.
d)  Recursos extraordinarios de revisión.
e)  En materia de contratación pública: e.
a.  La  interpretación,  nulidad  y  resolución  de  los  contratos,  cuando  se  formule  592ww
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igual o superior a 6.000.000 de euros.
c.  Las  reclamaciones  dirigidas  a  la  Administración  con  fundamento  en  la 
responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las 
indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros.
f)    Creación  o  supresión  de  municipios,  así  como  la  alteración  de  términos 
municipales.
6.  En materia de recursos contractuales de Extremadura, la Comisión Jurídica se 
constituye como el órgano competente en materia de recursos contractuales previsto en 
el artículo 46 y concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014.
La Comisión Jurídica de Extremadura tanto a petición de parte como en su defecto 
de oficio se pronunciará sobre la existencia de temeridad o mala fe en la interposición del 
recurso o en la solicitud de medidas cautelares, acordando en tal supuesto la imposición 
de una multa de 1.000 a 30.000 euros, justificando las causas que motivan la imposición 
y las circunstancias determinantes de su cuantía. La imposición de multas al recurrente 
sólo procederá en el caso de que se hubieran desestimado totalmente las pretensiones 
formuladas en el escrito de recurso o el mismo fuere inadmitido. Lo anteriormente 
dispuesto  se  aplicará,  ponderadamente  según  proceda,  en  los  casos  en  que  el 
expediente instruido concluya por renuncia, desistimiento o causa similar imputable al 
recurrente o el mismo recurso pierda su objeto y finalidad.
En el caso de imposición de multa se trasladará a la Administración competente que 
procederá a su exacción conforme al procedimiento previsto en el Decreto 67/1994, 
de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de recaudación de multas de 
Extremadura.
7.  La  Comisión  Jurídica  de  Extremadura,  como  órgano  colegiado,  estará 
compuesta por el presidente, que tendrá voto de calidad, y cuatro vocales, además del 
secretario, que será un funcionario letrado de la Abogacía General, que tendrá voz, pero 
no voto.
a)  El presidente y los vocales serán nombrados mediante Decreto del Consejo de 
Gobierno garantizando la representación equilibrada entre mujeres y hombres.
Dicho nombramiento habrá de recaer entre funcionarios de carrera de cualquier 
Administración  Pública  para  cuyo  acceso  al  cuerpo  o  especialidad  se  exigieran  la 
licenciatura o grado en derecho, deberán llevar en servicio activo en dicho cuerpo o 
especialidad más de diez años, no haber desempeñado en los dos años anteriores cargo 
público representativo o de naturaleza eventual, y reúnan las condiciones, experiencia, 
cualificación y cualquier otro requisito de idoneidad que, en su caso, se determine 
reglamentariamente.
b)  El presidente y los vocales de la Comisión Jurídica serán declarados en situación 
de Servicios Especiales, prestarán sus servicios en régimen de dedicación exclusiva y 
estarán  sujetos  al  régimen  de  incompatibilidades  previsto  para  los  altos  cargos. 
Igualmente, el desempeño de estos puestos no será compatible con cargo alguno de 
representación popular ni con el desempeño de todo cargo político o administrativo, el 
desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos o asociaciones 
con ánimo de lucro, ni con toda clase de empleo al servicio de los mismos.
c)  El Presidente y los vocales de la Comisión Jurídica desempeñarán su función por  s
un  período  de  cinco  años,  pudiendo  ser  reelegidos  por  una  sola  vez.  oe.
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por  la  Consejería  a  la  que  esté  adscrita  la  Abogacía  General,  entre  los  letrados
funcionarios de carrera integrados en la misma. Igualmente se designará un letrado
suplente. Ejercerán sus funciones de forma compatible con las tareas ordinarias de su 
puesto de trabajo, y ello con derecho a las asistencias o indemnizaciones que por razón 
del servicio se establezcan reglamentariamente.
8.  Los  asuntos  que  deba  conocer  la  Comisión  Jurídica  se  turnaran  entre  los 
miembros con voz y voto que se responsabilizarán de la instrucción de los mismos, así 
como de elevar al pleno la ponencia que corresponda.
9.  Las resoluciones que adopte la Comisión Jurídica de Extremadura en materia de 
recursos contractuales podrán ser objeto de recurso contencioso-administrativo por parte 
de la Administración Autonómica mediante la actuación de la Abogacía General de la 
Junta de Extremadura cuando resulte necesario para la defensa de sus intereses.
Disposición adicional segunda.  Representación de otros entes.
La representación y defensa ante los órganos judiciales de los restantes entes 
públicos  no  referidos  en  el  artículo  1,  entes  consorciados,  fundaciones  públicas,  o 
instituciones afines de la Administración de la Comunidad Autónoma requerirá la previa 
suscripción de un convenio de colaboración, previo informe favorable de la Abogacía 
General de la Junta de Extremadura, en el que se especificará las condiciones jurídicas y 
compensaciones económicas que correspondan por la prestación del servicio.
Disposición transitoria primera.  Nombramientos temporales de funcionarios interinos y 
de funcionarios adscritos.
El personal funcionario con nombramiento temporal que sin tener la especialidad de 
letrados se encuentren a la entrada en vigor de esta ley desempeñando funciones de la 
citada especialidad en la Abogacía General en régimen de interinidad, adscripción o 
provisión temporal en cualquiera de sus formas, en tanto no finalice la causa que motivó 
su  nombramiento  se  mantendrán  temporalmente  en  sus  funciones  en  igualdad  de 
condiciones respecto a los funcionarios del cuerpo de letrados, siéndoles de aplicación lo 
dispuesto en la presente ley.
Disposición transitoria segunda.  Concurso-oposición.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, la primera convocatoria de pruebas de 
acceso que se convoque tras la entrada en vigor de la presente ley se realizará por el 
sistema de concurso oposición. La convocatoria de dichas pruebas selectivas no podrá 
demorarse más allá de nueve meses desde la entrada en vigor de la presente ley.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en la presente ley.
2.  En  especial,  queda  derogada  la  Ley  8/1985,  de  26  de  noviembre,  de 
Comparecencia en Juicio. De la misma forma se deroga la disposición adicional primera 
de la Ley 19/2015, de 23 de diciembre, por la que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de 
diciembre, reguladora del Consejo Consultivo de Extremadura por la que se crea la 
Comisión Jurídica de Extremadura.
3.  El Decreto 99/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura,  es
permanecerá en vigor en lo que no contradiga a la presente ley y hasta que se produzca  bo
el desarrollo reglamentario de la misma. 592ww
Disposición final primera.  Habilitación normativa y desarrollo reglamentario.
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de organización y funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura en 
el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, resultando aplicable 
de manera supletoria la normativa relativa a los Servicios Jurídicos del Estado.
2.  Se autoriza al titular de la Consejería a la que se encuentre adscrita la Abogacía 
General a dictar los actos necesarios para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 
de la presente ley.
3.  En  la  página  web  institucional  de  la  Junta  de  Extremadura  se  publicará  la 
relación de letrados de la Abogacía General, el domicilio a efectos de notificaciones 
judiciales y los funcionarios habilitados para recibir notificaciones judiciales, así como sus 
sistemas de acreditación personal para el adecuado ejercicio de la función letrada.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Diario Oficial 
de Extremadura».
Por  tanto,  ordeno  a  quienes  sea  de  aplicación  esta  ley,  que  cooperen  a  su 
cumplimiento y a los tribunales y autoridades que corresponda la hagan cumplir.
Mérida, 21 de mayo de 2021.–El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara.
(Publicada en el «Diario Oficial de Extremadura» número 99, de 26 de mayo de 2021)