BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 291 Miércoles 4 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 95964
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
13549 Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora mercantil I de Madrid a practicar el depósito de cuentas anuales 
de una sociedad, relativas al ejercicio de 2019.
En el recurso interpuesto por don D.A.M., en nombre y representación de la sociedad 
«Lekoko Comunicación Ibérica, S.L.», contra la negativa de la Registradora Mercantil I 
de  Madrid,  doña  Isabel  Adoración  Antoniano  González,  a  practicar  el  depósito  de 
cuentas anuales de dicha sociedad, relativas al ejercicio de 2019.
Hechos
I
El día 16 de julio de 2020 se presentaron en el Registro Mercantil de Madrid, para su 
depósito, las cuentas anuales de la sociedad «Lekoko Comunicación Ibérica S.L.», 
relativas al ejercicio 2019, causando el asiento de presentación 42245 del Diario 38.
II
La documentación presentada fue objeto en el Registro Mercantil de Madrid de 
calificación negativa el día 31 de julio de 2020 en los siguientes términos:
«Doña Isabel A. Antoniano González, Registradora Mercantil de Madrid, previo el 
consiguiente examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de 
Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, he resuelto no practicar el depósito 
solicitado conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
(…)
Fundamentos de Derecho (defectos):
No puede efectuarse el depósito por encontrarse la hoja de esta sociedad cerrada 
temporalmente hasta que se depositen las cuentas del ejercicio anterior (art. 378 RRM y 
RDGRN de 26 de mayo de 2009 y 25 de marzo 2011 entre otras).
En relación con la presente calificación: (…). Madrid, a 31 de julio de 2020. La 
registradora. Fdo. Isabel Adoración Antoniano González.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don D.A.M., en nombre y representación de la 
sociedad «Lekoko Comunicación Ibérica S.L.», interpuso recurso el día 6 de agosto 
de 2020, posteriormente subsanado en cuanto a la firma, y previo requerimiento del 
Registrador, el día 18 de agosto de 2020, en los términos siguientes: es
(…) w.
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empresa  no  podría  haber  realizado  ninguna  operación,  hasta  no  tener  escritura 
debidamente registrada, es decir, como pronto el 21 de enero de 2019, pero no en 
el 2018.
Sexto.–Para más abundar, la Sociedad no realizó ninguna operación hasta que no 
estuvo de alta en 036 de Hacienda que fue presentado el 21 de septiembre de 2019, con 
el número de presentación (…)
A los presentes hechos, le son de aplicación los siguientes fundamentos de Derecho:
Primero.–Infracción del artículo 378 de Reglamento del Registro Mercantil.
La decisión recurrida vulnera el artículo 378 del Reglamento del Registro Mercantil, 
pues no ha transcurrido un año desde la fecha del cierre de ejercicio social, sin que se 
haya practicado el depósito de cuentas, así el artículo 378 del RRM dice en su párrafo la:
"Transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya 
practicado en el Registro el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el 
Registrador Mercantil no inscribirá ningún documento presentado con posterioridad a 
aquella fecha, hasta que, con carácter previo, se practique el depósito.”
Pues bien, lo cierto es que la inscripción registral de la Escritura de Constitución de 
Sociedades de 17 de enero de 2019, requisito indispensable para el comienzo de las 
operaciones, pues ni la Agencia Tributaria, ni los organismos de la Seguridad Social, 
permiten el comienzo de las operaciones, sino se presenta la escritura fundacional 
registrada.
Es decir, no se puede operar, si la escritura fundacional no está registrada.
Así las cosas, el primer ejercicio social de la mercantil es 2019, y por tanto no ha 
transcurrido un año desde la fecha de cierre de ejercicio social que requiere el art 378 
para proceder al cierre de la hoja registral. ...»
IV
El día 24 de agosto de 2020 la Registradora Mercantil elevó el expediente a esta 
Dirección General con su preceptivo informe.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 38 del Código Civil; 20, 116, 119, 120 y 125 del Código de 
Comercio; 24, 33, 35, 39, 40, 279 y 282 de la Ley de Sociedades de Capital; 378 y 387 
del Reglamento del Registro Mercantil; las Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de 
junio de 1995, 27 de noviembre de 1998 y 24 de noviembre de 2010, y las Resoluciones 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de diciembre de 1985, 20 
de marzo de 1986, 1 y 30 de abril y 11 de diciembre de 1997, 22 de abril de 2000, 14 de 
febrero y 4 de julio de 2001, 22 de febrero de 2003, 18 de febrero de 2004, 3 de octubre 
de 2005, 15 de enero de 2007, 26 de mayo de 2009, 25 de marzo y 21 de noviembre 
de 2011, 21 de mayo de 2013, 4 de noviembre de 2014 y 20 de marzo y 23 de diciembre 
de 2015, 20 de abril de 2016 y Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública de 7 de febrero de 2020.
1.  En el presente recurso se pretende el depósito de las cuentas anuales del  s
ejercicio 2019, estando el Registro cerrado por falta de depósito de las correspondientes  oe.
al ejercicio anterior. w.
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«da  comienzo  a  sus  operaciones  el  día  del  otorgamiento  de  su  escritura  de
constitución.» Dicha escritura fue presentada en el Registro Mercantil de Madrid el día 3 
de enero de 2019 y quedó inscrita el día 17 del mismo mes.
El recurrente alega, en síntesis, que la sociedad no podría haber realizado ninguna 
operación hasta tener la escritura debidamente registrada, es decir como pronto el 17 de 
enero de 2019, pero no en el 2018; y a mayor abundamiento, el alta en Hacienda se 
presentó en septiembre de 2019.
2.  El recurso debe ser desestimado.
Es constante la doctrina recogida en Resoluciones anteriores (14 de febrero de 2001, 
23 de diciembre de 2015 y 20 de abril de 2016), en los siguientes términos, que resultan 
de  la  última  Resolución  citada:  “para  la  mayoría  de  la  doctrina  y  para  el  Tribunal 
Supremo (cfr., por todas, las Sentencias de 8 de junio de 1995 y 27 de noviembre 
de 1998), no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de 
personalidad jurídica. Así lo afirma también al Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de 
noviembre de 2010: desde que se otorga la escritura pública entra en juego la previsión 
del artículo 33 en relación al artículo 24 de la Ley de Sociedades de Capital, de forma 
que del contrato deriva cierto grado de personalidad. Asimismo, de ciertos preceptos 
legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares gozan de 
personalidad jurídica -o, al menos, de cierta personalidad-, suficiente para adquirir y 
poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, 
conforme al artículo 38, párrafo primero, del Código Civil (cfr. artículos 33 y siguientes de 
la Ley de Sociedades de Capital, a los que remiten los artículos 125 del Código de 
Comercio); igualmente, resultaba ya del tenor del artículo 116, párrafo segundo, del 
Código de Comercio. La inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que 
las sociedades de capital adquieran «su» especial personalidad jurídica –la personalidad 
jurídica correspondiente al tipo social elegido, no la personalidad jurídica en abstracto– 
(artículo  33  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital),  que  añade  la  limitación  de 
responsabilidad  de  los  socios,  y  para  excluir  la  responsabilidad  solidaria  de  los 
administradores (junto a la de la propia sociedad), conforme al artículo 120 del Código de 
Comercio. La existencia de la sociedad no inscrita como «sociedad» resulta también del 
propio artículo 39 de la Ley de Sociedades de Capital, cuando determina la aplicación de 
las normas de la sociedad civil o de la colectiva -según el carácter de su objeto-. 
Igualmente, la facultad de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el 
artículo 40 de la Ley de Sociedades de Capital, más parece presuponer su previa 
existencia y autonomía que lo contrario, como se infiere de que hable del «patrimonio 
social», dando idea de un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad; y del 
«reparto de cuota», reparto de cuota que habrá de realizarse tras la «liquidación del 
patrimonio social» (cfr. Resolución de 22 de abril de 2000).
Este mismo criterio fue el mantenido, para un supuesto de sociedad en formación –
como en el presente caso–, por este Centro Directivo en Resolución de 25 de marzo 
de 2011, según la cual al haberse dispuesto en los estatutos que la sociedad «dará 
comienzo  a  sus  operaciones  el  día  del  otorgamiento  de  la  escritura  pública  de 
constitución», el primer ejercicio fue el comprendido entre el día de ese otorgamiento y 
el 31 de diciembre del mismo año. Como se añade en dicha Resolución, aun cuando la 
sociedad no hubiera realizado actividad mercantil alguna al cierre de ese primer ejercicio, 
subsistiría su obligación de presentar los documentos contables en el Registro Mercantil 
competente, y sólo cambiaría su contenido. La Ley autoriza, expresamente, a que la 
fecha de comienzo de la actividad pueda ser, por disposición estatutaria, una posterior a 
la fecha de la escritura de constitución (artículo 24 de la Ley de Sociedades de Capital);  s
lo que no autoriza, en ningún caso, es que la fecha de comienzo de operaciones quede  oe.
en suspenso a voluntad de la sociedad a efectos del cumplimiento de una obligación  w.
legal como es el depósito de las cuentas anuales. Existía por tanto una obligación legal  549ww
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documentos contables correspondientes al ejercicio del 2018, aunque su contenido se 
ajuste a lo manifestado por el recurrente de no haber realizado actividad mercantil 
alguna.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto en los 
términos que resultan de los anteriores Fundamentos de Derecho.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 19 de octubre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.