BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 135 Jueves 14 de mayo de 2020 Sec. I.   Pág. 32972
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
5021 Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas 
urgentes  en  materia  de  contratación,  convenios,  conciertos  educativos  y 
subvenciones,  servicios  sociales,  medio  ambiente,  procedimientos 
administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19.
I
La emergencia sanitaria que ha generado la propagación del COVID-19 en todo el 
mundo ha obligado a los gobiernos a adoptar medidas de todo tipo para luchar contra la 
ola de contagios y mitigar los efectos económicos y sociales que este fenómeno está 
produciendo. El Gobierno español, de acuerdo con el artículo 116.1 de la Constitución, 
aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El 
pasado día 17 de marzo ha aprobado el Real Decreto 465/2020, que modifica el anterior 
en algunos puntos y, en la misma fecha, ha dictado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19.
En las Illes Balears, el Consejo de Gobierno, en sesión de día 13 de marzo, adoptó el 
Acuerdo  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  de  medidas  excepcionales  para  limitar  la 
propagación y el contagio del COVID-19; y, en sesión de día 16 de marzo de 2020, las 
medidas concretas de carácter organizativo y de prestación de servicios públicos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector público instrumental, en el 
marco del Real Decreto 463/2020 y del Acuerdo de 13 de marzo de 2020 mencionados.
Todas estas acciones se justifican claramente por el carácter excepcional y las 
graves consecuencias de la pandemia. Los datos estadísticos relativos a la cantidad 
creciente de personas infectadas por el virus exigen una reacción rápida y enérgica de 
los poderes públicos, así como la colaboración de toda la sociedad. La respuesta que 
están dando los sistemas de salud, a pesar de los esfuerzos gigantescos del personal 
sanitario, no es hoy por hoy suficiente. Son necesarias otras actuaciones de contención 
que inevitablemente deben suponer restricciones al funcionamiento ordinario del tejido 
social.
En paralelo a las actuaciones de carácter sanitario, son imprescindibles medidas de 
carácter económico, social y administrativo que permitan luchar eficazmente contra la 
expansión del virus desde todos los frentes y que, al mismo tiempo, eviten o reduzcan su 
impacto  en  el  economía  y,  de  manera  especial,  en  los  sectores  sociales  más 
desprotegidos. Por ello, los poderes públicos ya están actuando en ámbitos como las 
relaciones laborales, la seguridad social, las familias y los colectivos vulnerables, el 
crédito y la banca o la contratación pública, entre otros.
Las iniciativas emprendidas por el poder ejecutivo estatal deben ser desarrolladas e 
implementadas, cuando sea necesario y donde sea necesario, por otras instancias y, 
especialmente,  por  los  gobiernos  autonómicos,  los  cuales,  en  el  ámbito  de  sus  s
competencias, pueden adecuar las medidas generales a las necesidades específicas de  e.
sus territorios. En este contexto, el Gobierno de las Illes Balears considera que es  w.
imprescindible  aprobar  con  carácter  de  urgencia  un  conjunto  de  medidas  que,  en  21ww
Bsianlteoanrísa,  cmoinre lno  edsisppeuceiasltmo eennt elo hs aacritaíc lualso sp e1r2s.o3n ya s1 6m dáesl  vEuslntaetruatob ledse,  alousto sneormvicíaio dse s olacsia Illeless, 
las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos.
Algunas de estas medidas se pueden implementar mediante instrumentos jurídicos 
de carácter no normativo, como mediante la formalización de convenios de colaboración 
entre las administraciones implicadas. Otras, como las relacionadas con el sistema de 
financiación autonómica, requieren que el legislador estatal apruebe nuevas normas, de 
lo que es plenamente consciente el Gobierno de las Illes Balears, que tiene intención de 
instar la aprobación de estas nuevas normas. Y, finalmente, hay otras que exigen ser 
incluidos en una norma autonómica de rango legal, como las que se aprueban en virtud 
de este Decreto ley.
II
De este modo, este Decreto ley tiene por objeto establecer determinadas medidas de 
rango legal en materia de contratos públicos (capítulo I, artículos 1 y 2); en materia de 
convenios, conciertos educativos y subvenciones (capítulo II, artículos 3, 4 y 5); en 
materia de servicios sociales (capítulo III, artículos 6 y 7); en materia de medio ambiente 
(capítulo  IV,  artículo  9);  en  materia  de  procedimientos  administrativos  (capítulo  IV, 
artículos 9 y 10), y en materia presupuestaria (capítulo V, artículo 11).
El  Decreto  ley  se  completa  con  una  disposición  adicional  y  una  disposición 
transitoria, relativas, respectivamente, a la publicidad adicional y al régimen transitorio y 
retroactivo de determinadas medidas en materia de contratación pública; y también con 
una disposición derogatoria, con la cláusula de estilo propia de la derogación tácita, y 
tres disposiciones finales, por las que se dispone, por una parte, la modificación puntual 
de la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social 
en la comunidad autónoma de las Illes Balears; por otro, la facultad de desarrollo 
reglamentario del Decreto ley por el Consejo de Gobierno, y, finalmente, la entrada en 
vigor.
III
El decreto ley, regulado en el artículo 49 del Estatuto de autonomía de las Illes 
Balears a imagen de lo previsto en el artículo 86 del texto constitucional, constituye un 
instrumento  en  manos  del  Gobierno  de  la  Comunidad  Autónoma  para  afrontar 
situaciones de extraordinaria y urgente como la que antes se ha descrito, si bien con el 
límite  de  no  poder  afectar  determinadas  materias.  Como  disposición  legislativa  de 
carácter provisional, la permanencia del decreto ley en el ordenamiento jurídico está 
condicionada a la ratificación parlamentaria correspondiente.
En el contexto de alarma sanitaria que están afrontando todas las comunidades 
autónomas, el Gobierno de las Illes Balears considera plenamente adecuado el uso del 
decreto ley para dar cobertura a un conjunto de medidas de carácter social y económico 
directamente dirigidas a combatir los efectos derivados del COVID-19. Desde el punto de 
vista de la extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de decretos 
leyes, las medidas que ahora se adoptan responden a la exigencia de que haya una 
conexión  de  sentido  o  relación  de  adecuación  entre  la  situación  excepcional  y  las 
medidas que se pretenden adoptar, que deben ser idóneas, concretas y de eficacia 
inmediata.
En todo caso, el propio Tribunal Constitucional, en las sentencias 29/1986, de 20 de 
febrero, y 237/2012, de 13 de diciembre, ha dejado claro que no se debe confundir la 
eficacia inmediata de la norma provisional con su ejecución instantánea y, por tanto, se 
debe permitir que las medidas adoptadas con carácter de urgencia prevean un posterior  e.
desarrollo normativo o actuaciones administrativas de ejecución de las medidas legales. w.b
Conviene añadir que el presente Decreto ley encuentra también anclaje, desde el  21ww
plousn ptou ndteo sv i1s tya  5d edle ml aarrtcícou cloo m31p,e dteenl Ecisatla, teunto l odse  pauuntotonso m1,í a1 5d,e 2 l1a sy I l4le6s d Beal laeratírcsu.lo 30, y en
Por todo ello, al amparo del artículo 49 del Estatuto de autonomía, a propuesta de la 
consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad, de la consejera de Hacienda y Relaciones 
Exteriores, de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes, del consejero de Educación, 
Universidad e Investigación y del consejero de Medio Ambiente y Territorio, y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de día 20 de marzo de 2020, se 
aprueba el siguiente Decreto Ley:
CAPÍTULO I
Medidas en materia de contratos públicos
Artículo 1.  Tramitación de emergencia.
1.  La adopción de cualquier tipo de medida o actuación por parte de los órganos de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de los entes del 
sector público instrumental autonómico para hacer frente directa o indirectamente los 
efectos del COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata.
En cuanto a la contratación pública, deberá adoptarse al amparo de lo previsto en el 
artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la 
que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  directivas  del  Parlamento 
europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 por el cual se concretan las 
medidas que se deben adoptar en materia de contratación pública como consecuencia 
de aquello que dispone el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el cual se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, y del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el cual 
se aprueba el Plan de medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio 
del COVID-19 (BOIB núm. 37, de 18 de marzo).
2.  De acuerdo con la previsión establecida en el apartado anterior, a todos los 
contratos que deban suscribir la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears  o  los  entes  del  sector  público  instrumental  autonómico  para  atender  las 
necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por 
el Consejo de Gobierno o por los órganos superiores de la Administración o de los entes 
mencionados  para  hacer  frente  al  COVID-19  les  es  aplicable  la  tramitación  de 
emergencia.
En estos casos, si es necesario hacer pagos a cuenta por actuaciones preparatorias 
a realizar por el contratista, no se aplicará lo que dispone respecto de las garantías la 
Ley 9/2017 citada, y corresponde al órgano de contratación, mediante una decisión 
motivada de la que se dejará constancia en el expediente, determinar la concurrencia de 
esta circunstancia en función de la naturaleza de la prestación a contratar y la posibilidad 
de satisfacer la necesidad por otras vías.
3.  La entrega de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genere la 
adopción de las medidas para la protección de la salud de las personas frente al 
COVID-19 se podrá realizar a justificar.
Artículo 2.  Otras medidas.
Con  el  objeto  de  evitar  los  efectos  negativos  sobre  el  empleo  y  la  viabilidad 
empresarial  de  las  empresas  contratistas  de  la  Administración  de  la  Comunidad  es
Autónoma de las Illes Balears y de las entidades de su sector público instrumental, se  o
iDffnareescntcurtruleetac taco li- oaliemn yepl asa8  c/n2ctoe0o c2nee0scse,o ajnderóeriaam s 1 ic7dpo ead  yrea Hs  moahccaaiiaecrzeln odrd ,ea eld  fCeey cO mtiVRveoIeDd lia-ldo1ca 9iosd. niuseprsgu eeEnstxteotes  reieonxr etresal  oaprdratiínrcaau rlioqa us3 e4p  addriaec tl ehR acelaeasrl    OE-A-2020-5021able en https://www.
CAPÍTULO II
Medidas en materia de convenios, conciertos educativos y subvenciones
Artículo 3.  Régimen especial de los convenios relacionados con el COVID-19.
1.  En la tramitación administrativa y la suscripción de convenios en el ámbito de la 
gestión  de  la  emergencia  sanitaria  causada  por  el  COVID-19  no  se  aplicarán  las 
disposiciones contenidas en los apartados 1 y 2, letras a), b ) y c), del artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2.  Asimismo, los convenios mencionados en el apartado anterior se perfeccionan y 
despliegan efectos desde el consentimiento de las partes, sin perjuicio de su publicación 
en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» y en el Registro de convenios al que se refiere 
el artículo 82 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Artículo 4.  Mantenimiento de los conciertos educativos y de los módulos económicos.
Se mantienen los conciertos educativos vigentes a la entrada en vigor de este 
Decreto ley y se continuarán financiando íntegramente los módulos relativos al personal 
docente y a otros gastos mientras se mantenga el estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Artículo 5.  Medidas en materia de subvenciones.
El órgano concedente de la subvención podrá acordar, motivadamente, medidas de 
ordenación e instrucción necesarias para evitar que la situación creada por el COVID-19 
provoque perjuicios graves en los intereses y derechos de la persona beneficiaria, 
derivados  de  la  imposibilidad  de  cumplir  el  plazo  para  la  ejecución  del  proyecto 
subvencionado, o de ejecutarlo totalmente, de tal manera que estas situaciones no se 
consideren como incumplimiento, a los efectos de reintegro o pérdida del derecho a la 
subvención.
Igualmente, podrá acordar no suspender plazos cuando el interesado muestre su 
conformidad.
Estas excepciones deberán acordarse de manera casuística y siempre motivadamente, 
ponderando los intereses en juego y el interés público.
CAPÍTULO III
Medidas en materia de servicios sociales
Artículo 6.  Medidas relativas a colectivos en situación de vulnerabilidad económica.
1.  El Decreto 117/2001, de 28 de septiembre, por el que se regula la renta mínima 
de inserción, será aplicable a las personas en situación de vulnerabilidad económica 
como consecuencia de la emergencia sanitaria COVID-19 y de la declaración del estado 
de alarma, a las que se refiere el artículo 9 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. es
La acreditación de la situación de vulnerabilidad económica a que se refiere el  o
párrafo anterior y de los requisitos establecidos en el artículo 6 del Decreto 117/2001 se  21www.
sdoecbiea leresa.lizar por medio de un informe del órgano competente en materia de servicios
2.  No  obstante  lo  establecido  en  el  apartado  anterior,  para  las  personas  en 
situación de vulnerabilidad económica mencionadas que sean destinatarias de la renta 
mínima de inserción no es aplicable el capítulo IV del Decreto 117/2001.
Artículo 7.  Otras medidas en materia de servicios sociales.
Durante el período de vigencia del estado de alarma declarado inicialmente por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se establecen 
las siguientes normas excepcionales:
1.ª  Las solicitudes de inicio del procedimiento descrito en el artículo 12 de la 
Ley 5/2016, de 13 de abril, de la renta social garantizada, podrán ser presentadas, en 
representación de los interesados, por los trabajadores sociales de los servicios sociales 
municipales o por los funcionarios del Servicio de Información de la Consejería de 
Asuntos Sociales y Deportes.
2.ª  Para  el  acceso  a  las  prestaciones  de  dependencia  reguladas  en  el 
Decreto 83/2010, de 25 de junio, por el que se establecen los principios generales del 
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de 
protección  de  los  servicios  y  el  régimen  de  compatibilidad  de  las  prestaciones  del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears, y se crea la Red Pública de Atención a la Dependencia de 
las Illes Balears, para las personas valoradas como dependientes, será suficiente lo que 
disponga el plan individual de atención emitido por el trabajador social.
3.ª  Los  beneficiarios  de  las  prestaciones  de  dependencia,  previstas  en  el 
Decreto 84/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los criterios para calcular la 
capacidad económica con el fin de establecer la participación económica de las personas 
beneficiarias de las prestaciones asistenciales que forman parte de la Red Pública de 
Atención  a  la  Dependencia  de  las  Illes  Balears,  y  para  concretar  las  prestaciones 
económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que queden en 
suspenso, quedan exentos de participar económicamente en su coste.
4.ª  Para garantizar la asistencia a las personas necesitadas, quedan suspendidos 
los requerimientos profesionales establecidos en el artículo 17 del Decreto 86/2010, 
de 25 de junio, por el que se establecen los principios generales y las directrices de 
coordinación para la autorización y acreditación de los servicios sociales de atención a 
personas  mayores  y  personas  con  discapacidades,  y  se  regulan  los  requisitos  de 
autorización y acreditación de los servicios residenciales de carácter suprainsular para 
estos sectores de población.
5.ª  Se  suspende  la  aplicación  del  capítulo  IV  del  Decreto  117/2001  antes 
mencionado para todos los beneficiarios de la renta mínima de inserción.
CAPÍTULO IV
Medidas en materia de medio ambiente
Artículo 8.  Medidas extraordinarias en relación con la gestión de los residuos sanitarios.
1.  Se incorpora la infección por COVID-19 en el anexo I del Decreto 136/1996, de 5 
de  julio,  de  ordenación  de  la  gestión  de  los  residuos  sanitarios  en  la  comunidad  s
autónoma de las Illes Balears. e.
2.  Los residuos sanitarios procedentes de centros asistenciales y de la actividad  w.
asistencial  ambulante  en  pacientes  diagnosticados  o  sospechosos  de  padecer  el  21ww
sCigOuVieIDn-te1s9  csreiterárino sc:onsiderados residuos de riesgo y en su gestión se atenderá a los
1.º  Su segregación, recogida, almacenamiento, transporte y gestión, en general,
incluyendo  el  tratamiento  final  y  eliminación,  se  llevará  a  cabo  atendiendo  a  lo
establecido para el grupo III del Decreto 136/1996. Se identificarán con una etiqueta de 
COVID-19  o  AISLAMIENTO  y  se  priorizará  su  transporte  hasta  las  plantas  de 
tratamiento; todo ello con el fin de aumentar las medidas de seguridad en su gestión.
2.º  Los residuos cortantes y punzantes que contengan o puedan contener líquidos 
biológicos o secreciones, se recogerán en envases rígidos de cierre hermético. Si no lo 
son, estos se podrán agrupar a la vez en envases herméticos de mayor capacidad 
(30/60 litros), pero sin hacer un uso abusivo.
3.º  Para  el  resto  de  residuos  procedentes  de  la  atención  sanitaria  a  estos 
pacientes, como pueden ser los equipos de protección individual (EPI), materiales de 
cura, gasas, sondas, bolsas de suero vacías, tubuladuras y otros, se tendrá en cuenta la 
previsión de la mencionada norma, si bien, en caso de utilizar la opción de doble bolsa 
de galga 300, de capacidad hasta 100 litros y con cierre de seguridad, excepcionalmente 
esta podrá ser de color diferente al amarillo siempre que resulte identificada como se 
establece en la letra a) anterior.
4.º  Excepcionalmente  y  de  manera  extraordinaria  en  casos  justificados  que 
deberán contar con una aprobación expresa por parte de la administración competente 
en materia de residuos y salud pública, por motivos de operatividad, se permitirán otras 
condiciones  o  períodos  de  almacenamiento  superiores  a  los  previstos  en  el 
artículo 9.10.g) del Decreto 136/1996 antes mencionado, siempre que se mantengan las 
medidas suficientes de prevención y salubridad.
5.º  Su  transporte  exterior  hasta  las  plantas  o  instalaciones  de  tratamiento  o 
eliminación autorizadas, incluido el transporte marítimo entre islas, tendrá consideración 
de esencial.
6.º  Dado  su  carácter  infeccioso  y  las  previsiones  del  artículo  5.3.c)  del  Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, que regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero, no se permite en ningún caso su eliminación por vertido.
CAPÍTULO V
Medidas en materia de procedimientos administrativos
Artículo 9.  Medidas en materia de suspensión de plazos administrativos.
1.  En  el  marco  de  lo  establecido  en  la  disposición  adicional  tercera  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, corresponde a los 
consejeros y las consejeras del Gobierno de las Illes Balears y a las personas titulares 
de la presidencia o del órgano unipersonal equivalente de los entes del sector público 
instrumental  autonómico  acordar,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  mediante 
resolución motivada, y entre otras posibles medidas de ordenación e instrucción, dejar 
sin  efecto  la  suspensión  de  los  plazos  administrativos  de  los  procedimientos 
administrativos en los casos en que la suspensión o paralización pueda causar perjuicios 
graves en los derechos o los intereses de las personas que tengan la condición de 
interesadas en el procedimiento. Asimismo pueden adoptar en este ámbito cualquier 
medida destinada a evitar o paliar situaciones de vulnerabilidad originadas por el estado 
la alarma.
En estos casos, es necesario  obtener  la conformidad expresa de las personas 
interesadas  respecto de las medidas a adoptar o respecto de la no suspensión de los 
plazos. e.e
2.  Asimismo, corresponde a las autoridades mencionadas en el apartado anterior  b
decidir  motivadamente  la  continuación  o  incluso  el  inicio  de  los  procedimientos  21ww
qaudem isneisatnra itnivdoissp reenfsearibdloess  ap aloras  lhae pcrhootesc jcuisótnif idcaetl ivinotse rdéesl  geesntaedraol  od ep aarlaar mel af uyn cdieo naaqmuieelnlotos 
básico de los servicios.
En  estos  casos,  no  será  necesario  obtener  la  conformidad  de  las  personas 
interesadas.
3.  Lo que establecen los apartados anteriores de este artículo debe entenderse sin 
perjuicio  de  la  aplicación  de  las  normas  generales  relativas  a  la  delegación  de 
competencias, delegación de firma y suplencia.
4.  En el ámbito de los consejos insulares y de los municipios de las Illes Balears, 
corresponde a los órganos competentes en cada caso el ejercicio de las medidas a que 
se refiere este artículo y la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020.
Artículo  10.  Interrupción  del  cómputo  del  plazo  de  duración  máxima  de  los 
procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados 
por la Agencia Tributaria de las Illes Balears.
1.  El período comprendido desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril 
de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de 
aplicación  de  los  tributos,  sancionadores  y  de  revisión  tramitados  por  la  Agencia 
Tributaria de las Illes Balears, si bien durante el mencionado período la Administración 
puede impulsar, ordenar y hacer los trámites imprescindibles.
2.  Asimismo, el período al que se refiere el apartado anterior no computará a 
efectos de los plazos establecidos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, ni a efectos de los plazos de caducidad.
CAPÍTULO VI
Medidas en materia presupuestaria
Artículo 11.  Financiación de las medidas.
1.  Se autoriza a la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores para que habilite 
los  créditos  necesarios  en  las  correspondientes  secciones  presupuestarias  para  la 
ejecución de las medidas previstas en este Decreto ley, en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno  de  13  de  marzo  de  2020  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  de  medidas 
excepcionales para limitar la propagación y el contagio del COVID-19, y, en general, en 
el resto de instrumentos jurídicos normativos o no normativos que impliquen un gasto a 
cargo del presupuesto de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears imputable al 
programa presupuestario a que se refiere el apartado siguiente de este artículo.
Estos créditos tendrán la condición de ampliables, a los efectos previstos en la 
Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears.
2.  Todos los créditos mencionados deben imputarse al programa presupuestario de 
gasto  413G  (Acciones  públicas  relativas  al  COVID-19),  que  se  habilitará  al  efecto, 
siempre que la gestión presupuestaria lo permita, y se financiarán con cargo al fondo de 
contingencia, en la forma prevista en el apartado 3 del artículo 38 de la Ley 14/2014, o 
con baja en otros créditos de los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Las aplicaciones del fondo de contingencia para esta exclusiva financiación serán 
aprobadas por la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores con el informe del 
director  general  competente  en  materia  de  presupuestos,  sin  necesidad  de  la 
autorización previa del Consejo de Gobierno.
Los expedientes de modificación de crédito mencionados no estarán sometidos a la  es
fiscalización previa de la Intervención General. o
aIll ensiv3 Be. la dlePeaa rsrsae  yclo cpisóa ncra ryé l dapi trAoogsge rdanemc iaea s Tpterai brpaur tolaagr riAaad mdmeai  nlpaisrset rIsalluecpsióu Bne asdlteeaa rliraos  .Cseo mesutnaibdlaedc eA uuntóan ovimncau dlaec ilóans   2020-5021n https://www.
4.  Asimismo, no será necesario que el Consejo de Gobierno exceptúe la aplicación 
de los límites de los gastos con alcance plurianual a los que se refiere la letra a) del 
artículo 65.5 de la Ley 14/2014.
5.  Excepcionalmente, se podrán aprobar transferencias de crédito que minoren 
créditos para operaciones de capital en los casos en que los créditos incrementados se 
destinen a financiar operaciones corrientes con cargo al programa presupuestario 413G.
Disposición adicional única.  Publicidad adicional de determinadas medidas.
1.  Las resoluciones o acuerdos que se adopten en aplicación de lo previsto en el 
artículo  34  del  Real  Decreto-ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  deberán  publicarse 
inmediatamente en el perfil del contratante del correspondiente órgano de contratación.
2.  También  deberá  publicarse  en  el  perfil  del  contratante  el  texto  íntegro  del 
artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, mientras continúe vigente el 
estado de alarma.
Disposición transitoria única.  Normas transitorias.
Lo que establece el artículo 1 de este Decreto ley se aplicará también a los contratos 
cuya tramitación se haya iniciado antes de la entrada en vigor de este Decreto ley.
Disposición derogatoria única.  Normas que se derogan.
Quedan derogadas las normas de rango legal y reglamentario que contradigan o se 
opongan a todo lo que establece este Decreto ley.
Disposición final primera.  Modificaciones de la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de 
servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Illes 
Balears.
1.  La  disposición  adicional  única  de  la  Ley  12/2018,  de  15  de  noviembre,  de 
servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Illes 
Balears, pasa a ser la disposición adicional primera.
2.  Se añade una disposición adicional, la disposición adicional segunda, en la 
Ley 12/2018 citada, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional segunda.  Régimen extraordinario.
Cuando hayan sido declaradas algunas de las situaciones contempladas en el 
artículo  116  de  la  Constitución  española,  o  en  caso  de  declaración  de  zona 
afectada gravemente por una emergencia de protección civil por el Consejo de 
Ministros, el régimen jurídico que se establezca en materia de suspensión y 
ejecución  de  contratos  se  aplicará  a  los  conciertos  sociales  definidos  en  el 
artículo 2 de la presente Ley.»
Disposición final segunda.  Facultades de desarrollo normativo.
Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que dicte los decretos que sean 
necesarios para el desarrollo normativo de todo lo que establece este Decreto ley.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor. e.
Este Decreto ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín  21ww
Oficial de las Illes Balears».
No obstante, la norma contenida en el artículo 10 despliega efectos desde el día 18 
de marzo de 2020.
Palma, 20 de marzo de 2020.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.–
La Consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad, Pilar Costa i Serra.–La Consejera de 
Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez Grau.–El Consejero de Educación, 
Universidad e Investigación, Martí X. March i Cerdà.–La Consejera de Asuntos Sociales 
y Deportes, Fina Santiago Rodríguez.–El Consejero de Medio Ambiente y Territorio, 
Miquel Mir Gual.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 40, de 21 de marzo de 2020; convalidado por 
Resolución del Parlamento de las Illes Balears, publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 58, 
de 18 de abril de 2020)