BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Miércoles 22 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 158944
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
21183 Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  las  notas  de 
calificación del registrador mercantil XXIII de Madrid a propósito de una 
escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada.
En los recursos interpuestos por don Ricardo Cabanas Trejo, notario de Fuenlabrada, 
contra las notas de calificación emitidas por el registrador Mercantil XXIII de Madrid, don 
Fernando Trigo Portela, a propósito de una escritura de constitución de sociedad de 
responsabilidad limitada, en relación con la descripción del objeto social que consta en 
los estatutos.
Hechos
I
Mediante  escritura  autorizada  el  día  11  de  agosto  de  2021  por  el  notario  de 
Fuenlabrada don Ricardo Cabanas Trejo, con el número 1.908 de su protocolo, se 
procedió a fundar la compañía mercantil «La Suerte de tu Lado, S.L.» con el siguiente 
objeto social:
«Artículo 3.  Objeto social.
La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades:
Actividad  principal:  la  comercialización  de  juegos,  apuestas,  loterías  y  otras 
actividades, gestionados y patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado (LAE), así 
como la comercialización de otros juegos, apuestas, loterías y otras actividades, en tanto 
que sean compatibles con los de LAE que se encuentra comprendida en el epígrafe 
CNAE (9200).
La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes de su objeto social total o 
parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o de participaciones 
en sociedades con objeto idéntico o análogo.
Si  las  disposiciones  legales  exigieran  para  el  ejercicio  de  alguna  de  dichas 
actividades, algún título profesional, autorización administrativa o inscripción en algún 
registro  público,  dichas  actividades  deberán  realizarse  por  medio  de  personas  que 
ostenten la titulación, autorización o acreditación requerida, y en su caso no podrán 
iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos exigidos.
Aquellas actividades del objeto social que legalmente deban ser ejercitadas por 
profesionales titulados, no se realizarán directamente por la sociedad, sino en régimen 
de intermediación, por tanto, la sociedad queda fuera del ámbito de la Ley 2/2007, de 15 
de marzo, conforme a la exposición de motivos de la citada Ley.»
II es
Presentada el día 13 de agosto de 2021 dicha escritura en el Registro Mercantil de  w.
Mad«rFide, rfnuaen odboj eTtori gdoe  lPa osritgeulaie, nRtee ngoisttara ddeo rc aMlifeicraccainótnil: de Madrid, previo el consiguiente  2021-2118n https://w
deexal mReeng laym ceanliftioc adceiól nR, edgeis ctroon Mfoermrciadnatdil  cyo nh alobsié nadrtoícsuel odsa 1d8o  dceulm Cpólimdigieon tdoe  aC loom deisrcpiuoe ys t6o 
en el artículo 15.2 de dicho Reglamento, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos.
Diario/Asiento: 156/532.
F. presentación: 13/08/2021.
Entrada: 1/2021/127.520,0.
Sociedad: La Suerte de tu Lado SL.
Hoja:
Autorizante: Cabanas Trejo Ricardo.
Protocolo: 2021/1908 de 11/08/2021.
Fundamentos de Derecho.
1.  Defecto subsanable:
La sociedad tiene por objeto principal “la comercialización de juegos, apuestas, 
loterías y otras actividades, gestionadas y patrocinadas por Loterías y Apuestas del 
Estado (LAE)...”
No se indica que la citada actividad se regulará por la Ley del Juego, Ley 13/2011 
de 27 de mayo.
La comercialización de loterías de ámbito estatal solo puede realizarse o bien por los 
operadores designados o bien por los sujetos que expresamente hayan sido autorizados 
por estos (artículo 30 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre).
No se indica que no se iniciará ninguna de las actividades que constituyen el objeto 
social, si para ello fuera necesaria alguna autorización administrativa o la inscripción en 
registros públicos, hasta haber obtenido la autorización o inscripción de que se trata. Ni 
tampoco que quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley 
exige requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad.
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
Artículo 3.  Definiciones.
A efectos de esta Ley, los términos que en ella se emplean tendrán el sentido que se 
establece en el presente artículo.
b)  Loterías. Se entiende por loterías las actividades de juego en las que se otorgan 
premios en los casos en que el número o combinación de números o signos, expresados 
en el billete, boleto o su equivalente electrónico, coinciden en todo o en parte con el 
determinado  mediante  un  sorteo  o  evento  celebrado  en  una  fecha  previamente 
determinada o en un programa previo, en el caso de las instantáneas o presorteadas. 
Las loterías se comercializarán en billetes, boletos o cualquier otra forma de participación 
cuyo soporte sea material, informático, telemático, telefónico o interactivo.
Artículo 4.  Loterías.
1.  Las loterías de ámbito estatal quedarán reservadas a los operadores designados 
por la Ley.
2.  Corresponde al titular del Ministerio de Economía y Hacienda la autorización 
para  la  comercialización  de  loterías  de  ámbito  estatal.  La  autorización  fijará  las  e.e
condiciones de gestión de los juegos en: b
la fijcaba)))c   ióLELnoa ld sspe  odcl reoncrnúeedmncithceaiorjoeosn   mdedeseín   lyloiom ssre o mpq yauis rmitmsiciátoioxpssia.m npotae rdsae  ysl atlio ncsae dpleorob acra epcdriieómmni eidonest o.sso drtee oresc, lcaumaancdioó np.rocedan y  OE-A-2021-2118able en https://w
d)  Las condiciones en las que podrán realizar actividades de publicidad y patrocinio 
de las actividades autorizadas.
e)  Las medidas de protección a los menores, personas dependientes y para la 
prevención del fraude y del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en 
los términos de lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril.
3.  En la explotación y comercialización de las loterías, los operadores autorizados 
cooperarán con el Estado en la erradicación de los juegos ilegales, en la persecución del 
fraude y la criminalidad y en la evitación de los efectos perniciosos de los juegos.
4.  Los operadores autorizados, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones a 
las que se refiere el artículo 8 de esta Ley, notificarán a la Comisión Nacional del Juego 
un Plan de Medidas en el que se concreten los compromisos adicionales adquiridos por 
el operador en la gestión responsable del juego, la participación en la reparación de los 
efectos  negativos  del  mismo  y  la  contribución  del  operador  autorizado  a  planes, 
proyectos o actuaciones en beneficio de la sociedad.
Artículo 40.  Infracciones graves.
Son infracciones graves:
1)  La fabricación, comercialización, mantenimiento o distribución de material de 
juego propiedad de los operadores que desarrollen actividades de juego objeto de 
reserva en el artículo 4 de esta Ley sin la debida autorización.
Disposición transitoria cuarta bis.  Régimen sancionador aplicable a los puntos de 
venta en régimen administrativo de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.
Cuatro.
1.  Las infracciones administrativas en las que pueden incurrir los titulares de los 
puntos de venta de la red comercial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del 
Estado se clasifican en leves, graves y muy graves…
3.  Son infracciones graves:
c)  Desarrollar en el punto de venta cualquier otra actividad distinta de la prestación 
de los servicios de punto de venta y, en el caso de los establecimientos mixtos, cualquier 
otra actividad distinta de la actividad principal autorizada, salvo consentimiento previo y 
por escrito de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.
Al respecto es suficientemente ilustrativa la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 
julio de 2018. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
La actividad del juego, tanto en su organización y comercialización, ha sufrido una 
profunda transformación con la aparición de las nuevas tecnologías y su aplicación este 
sector. La desvinculación de la práctica del juego con la presencia física y con el territorio 
motivó, tal y como señala la exposición de motivos de la Ley 13/2011 “la necesidad de 
iniciar un nuevo camino en la regulación del sector del juego asegurando mayor eficacia 
en el cumplimiento de los objetivos ineludibles de tutela y protección social de los 
menores y de los participantes en los juegos, al tiempo que se pretenden alcanzar otras 
importantes  finalidades  como  son  la  prevención  de  actividades  fraudulentas  y  de 
blanqueo de capitales, y todo ello a través de una oferta dimensionada del juego, de una 
regulación de la práctica de aquellos juegos que puedan ser autorizados, así como del  s
control público del sector”. e.
En definitiva, el legislador estatal consideró necesario “dotar de un nuevo marco  w.
jipunarfoírdtriimccuoál atiracmo sela,n stt eea,le camt iváaitdqicauodesel lose s  idnjeute eregaxocpstil voqotuasec iy ó snee n y pl roagsce tqsictuiaóenn  l oads e tmr ajevudéeisgo osds ep  rdemese edánimcoisba ilteeosl e cetitesrtnóaentanicl o usyn,,    2021-2118n https://w
carácter accesorio”.
El legislador, por lo que ahora nos ocupa, muestra una gran preocupación en regular 
la venta y distribución de boletos y billetes de lotería y otras apuestas del Estado, 
estableciendo importantes controles, manteniendo la explotación reservada a ciertos 
operadores y con un estricto régimen de autorizaciones. Así se refleja en la
Exposición de Motivos de la Ley al afirmar:
“El gran volumen de juego asociado a las loterías, así como la posibilidad de que el 
carácter  de  documentos  de  pago  al  portador  de  sus  boletos  y  billetes  pueda  ser 
empleado como instrumento de blanqueo de capitales, requiere una reserva de esta 
actividad a determinados operadores, públicos o privados, que han de quedar sujetos a 
un estricto control público, asegurándose de este modo la protección de los intereses del 
Estado  contra  los  riesgos  de  fraude  y  criminalidad,  evitando  asimismo  los  efectos 
perniciosos del juego sobre los consumidores.
En este sentido, se hace plenamente necesario mantener la reserva en exclusiva de 
la actividad del juego de loterías de ámbito estatal a favor de la Sociedad Estatal Loterías 
y Apuestas del Estado y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), 
como operadores de juego que vienen explotando de forma controlada hasta la fecha 
estas loterías.
La  Sociedad  Estatal  Loterías  y  Apuestas  del  Estado  continuará  sometida  a  un 
régimen de control público de su actividad dado el gran volumen de juego gestionado por 
esta y su extensa red comercial, de gran raigambre en la sociedad española desde hace 
más  de  250  años.  Por  otra  parte,  la  Organización  Nacional  de  Ciegos  Españoles 
(ONCE), que desde 1938 se ha consolidado en España como una institución social 
singular  en  el  objetivo  de  atención  a  las  personas  con  discapacidad,  seguirá 
manteniendo su singularidad jurídica en materia de juego en las actividades sujetas a 
reserva, tal y como se establece en las Disposiciones adicionales primera, segunda y 
tercera de esta Ley.
Con esta finalidad, se encomienda al Ministerio de Economía y Hacienda y a la 
Comisión Nacional del Juego, el establecimiento de los procedimientos de autorizaciones 
y  la  adopción  de  aquellas  medidas  que  permitan  el  seguimiento  y  control  de  los 
operadores que realicen actividades de juego sujetas a reserva en virtud de esta Ley y 
del control del cumplimiento, por parte de éstos, de las condiciones que se establezcan, 
en especial, en relación con la protección del orden público y la prevención del blanqueo 
de capitales y la financiación del terrorismo.”
Ya la jurisprudencia venía señalando que la intervención del Estado en materia de 
juego:
“(...),  revela  la  existencia  de  una  protección  a  intereses  superiores  de  carácter 
general, las actividades relativas al juego, por tanto, tiene un carácter privado, pero no 
pueden  ser  consideradas  actividades  empresariales  ‘normales’  toda  vez  que  sus 
condiciones de ejercicio vienen reglamentadas por la Ley por su interés general:
Se da la existencia de intereses definidos por parte de las personas que explotan la 
afición al juego, pero ha de ser intervenida por los poderes públicos, en aplicación de 
principios y valores contenidos en nuestro texto constitucional como los relativos a la 
protección de los derechos de los consumidores y usuarios (art. 51 CE)... por ello se 
respeta el principio de libertad de empresa pero se establecen unos límites que deben 
cumplirse y que se reflejan en la normativa vigente en el sector del juego, medidas que  e.e
pueden ser limitativas o que dificultan el libre desarrollo de la actividad empresarial, pero  b
deneset cáelinbs eajurrstioati dfui cnda ecdo aensmt rpopolr rae ldsaam p, irnopitsoetrrcqacutiióevn o l ady e ut rlnaoass c rueesgnuudalearnicocisóia,n  y ds hoeac tniaa ldl  aedc epti vreliodvsaa dlej,u cdeeagrd ososo  bedrl eeim  eaplz apacrrit nohc qaipucieeo    2021-21183n https://ww
la mLisam dao tcietrninea s ojubrries plarusd eecnocniaolm díaesl  Tdreib lau npaol bdlaec ióJnu s(t.i.c.)ia”  (SdeT Sl ad eU 2n7ió dne  Eaubrroilp deea  2t0a0m4b).ién
considera legítima la intervención de las autoridades nacionales en la reglamentación del
sector empresarial vinculado a la explotación de juegos de azar por razones de política 
social, protección de los menores de edad y de prevención del fraude fiscal y blanqueo 
de capitales.
En la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 24 de 
marzo de 1994 (C-275/92), se expone que en los Estados miembros los juegos de azar 
son objeto de una normativa particularmente estricta y de un estrecho control por parte 
de las autoridades públicas por razón de interés general, siempre que no constituyen un 
obstáculo injustificado de la libre protección de servicios o a las normas de competencia: 
“(...) Dichas particularidades justifican que las autoridades nacionales dispongan de una 
facultad  de  apreciación  suficiente  para  determinar  las  exigencias  que  implican  la 
protección de los jugadores y, más en general, habida cuenta de las particularidades 
socioculturales de cada Estado miembro, la protección del orden social, tanto en lo que 
se  refiere  a  las  modalidades  de  organización  de  las  loterías  y  al  volumen  de  las 
apuestas, como a la afectación de los beneficios que reportan. Ante estas circunstancias, 
las  autoridades  nacionales  deben  apreciar  no  sólo  si  es  necesario  restringirlas 
actividades de las loterías sino también prohibirlas, siempre que dichas restricciones no 
sean discriminatorias”.
Y de acuerdo con jurisprudencia consolidada del TJUE, recogida entre otras en las 
sentencias antes citadas de 8 de septiembre de 2009 (asunto 42/07), 3 de junio de 2010 
(asuntos C-203/08 y 258/08) y 8 de septiembre de 2010 (asuntos C-46/08 y C-316/07), 
los Estados miembros pueden restringir la organización y explotación de juegos de 
dinero por razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública y se ha 
considerado igualmente que razones imperiosas de interés general pueden justificar 
también las citadas restricciones, como los objetivos de protección de los consumidores, 
lucha contra el fraude y prevención tanto de la incitación al gasto excesivo en juego 
como de la aparición de perturbaciones en el orden social en general.
El art. 4 de la Ley 13/2011 establece una reserva a favor de ciertos operadores 
designados para todo lo relativo a la lotería de ámbito estatal, siendo el Servicio de 
Estatal  de  Loterías  y  Apuestas  del  Estado  (SELAE)  y  la  ONCE  los  operadores 
designados para su comercialización. La razón de ser de esta reserva y las restricciones 
impuestas a la libertad de organización y comercialización se basa en:
“El gran volumen de juego asociado a las loterías, así como la posibilidad de que el 
carácter  de  documentos  de  pago  al  portador  de  sus  boletos  y  billetes  pueda  ser 
empleado como instrumento de blanqueo de capitales, requiere una reserva de esta 
actividad a determinados operadores, públicos o privados, que han de quedar sujetos a 
un estricto control público, asegurándose de este modo la protección de los intereses del 
Estado  contra  los  riesgos  de  fraude  y  criminalidad,  evitando  asimismo  los  efectos 
perniciosos del juego sobre los consumidores.”
Por ello, el artículo 4, junto con establecer que las loterías de ámbito estatal quedan 
reservadas  a  los  operadores  designados,  establece  importantes  restricciones  a  la 
libertad de organización y comercialización.
Así,  el  Ministerio  de  Economía  y  Haciendo  al  concederlas  autorizaciones  para 
comercializarla lotería de ámbito estatal fijará las condiciones de gestión para el juego 
que incluye, entre otros aspectos: los derechos de los participantes y los procedimientos 
de reclamación, las condiciones en las que podrán realizar actividades de publicidad y 
patrocinio de las actividades autorizadas y las medidas de protección a los menores, 
personas dependientes y para la prevención del fraude y del blanqueo de capitales y de  e
la financiación del terrorismo en los términos de lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de  bo
abril. 3w
Ley R1e3a/l2 0D11e,c redteo  2176 1d4e/ 20m1a1y, o,d ed e 14re gduela cnióonv iedmelb rjeu,e gpoo, r eenl  loq uree lasteiv od eas alircreonllaci asla,   2021-2118n https://w
autorizaciones y registros del juego.
Artículo 30.  Colaboradores en la comercialización de productos de lotería.
1.  Las personas físicas o jurídicas que, no formando parte de la red externa de 
comercialización  de  los  operadores  designados  para  la  realización  de  actividades 
reservadas por la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, comercialicen o 
participen en la comercialización de juegos de lotería deberán contar con la autorización 
expresa  del  operador  designado  para  el  desarrollo  de  las  citadas  actividades,  con 
excepción de los terceros que, bajo la exclusiva responsabilidad de los gestores de la 
citada  red  externa  comercialicen  productos  de  loterías  de  acuerdo  con  los  usos  y 
costumbres tradicionalmente admitidas.
2.  La falta de autorización dará lugar a que el comercializador o la persona o 
entidad que participe en la comercialización pueda ser sancionado como autor de una 
infracción muy grave establecida en las letras g) o h) del artículo 39 de la Ley 13/2011, 
de 27 de mayo, de regulación del juego o grave establecida en la letra 1) del artículo 40 
de la misma Ley.
3.  Los operadores designados para la realización de actividades reservadas por la 
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, deberán comunicar a la Comisión 
Nacional del Juego con la periodicidad que ésta determine, la relación de las personas o 
entidades autorizadas para la comercialización de sus productos objetos de reserva.
En relación con la presente calificación: (…)
Madrid, treinta de agosto de dos mil veintiuno.»
III
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  don  Ricardo  Cabanas  Trejo,  notario  de 
Fuenlabrada, interpuso recurso el día 7 de septiembre de 2021 mediante el escrito que, 
a continuación, se transcribe:
«Digo:
Que, por medio del presente escrito, en tiempo y forma, vengo en interponer recurso 
gubernativo contra la calificación negativa formulada por el Registrador Mercantil de 
Madrid Don Fernando Trigo Portela, respecto de la escritura de constitución de sociedad 
limitada por mi autorizada el día 11/08/2021, con el número 1908 de mi protocolo, 
basándome, para ello, en los siguientes,
Hechos.
1.º  Que en la fecha indicada autoricé la escritura (…)
2.º  Que dicha escritura fue presentada en el Registro Mercantil competente el 
día 13/08/2021, con el número de Diario 156/532 y de entrada 1/2021/127.520 (…)
3.º  Que  fue  objeto  de  calificación  negativa  en  fecha  30/08/2021,  notificada  el 
día 30/08/2021 (…)
4.º  Que  no  estando  de  acuerdo  con  dicha  calificación  interpongo  recurso 
gubernativo sobre la base de los siguientes.
Fundamentos de Derecho.
I.  Sobre la indicación de la ley aplicable. es
El defecto formulado por el Registro Mercantil -RM- consiste en no haber indicado en  w.
Láeeml ybo ib1toj3e /te2os0 t1as1toa, cld iaselo  l2qo7u  pedu eel admse a ryaeoca,t liivdziaderal sdJeeu, seo g ocbo,i empnop rpr eocnru saliovnsato so  plade ercla odmmoerisermcsi oad leizssaeigc inóraendg odusela,  rloáo nteb riepíanos r p dolear    2021-2118n https://w
Rloesa sl uDjeetocrse qtou e1 6e1x4p/r2e0s1a1m, ednete 1 h4a ydaen  nsoidvoie maubtroer.i zAad coosn ptionru aecsitóons,,  clao nn octiata  ddee l caarlti.f ic3a0c dióenl   BOE-A-cable e
transcribe  distintas  disposiciones  legales  o  reglamentarias  y  da  cuenta  de  algunas 
resoluciones judiciales.
El objeto social aparece claramente definido en los estatutos por la comercialización 
de  juegos,  apuestas,  loterías  y  otras  actividades,  gestionados  y  patrocinados  por 
Loterías y Apuestas del Estado –LAE–, así como otros Juegos, apuestas, loterías y otras 
actividades, en tanto sean compatibles con los de LAE que se encuentra comprendida 
en el epígrafe 9200 CNAE. Por tanto, para precisar el alcance de esa actividad hay que 
tener en cuenta, de un lado, el ámbito de actividad cubierto por LAE, si bien no se hace 
con carácter exclusivo, siempre que las actividades extra LAE sean compatibles con las 
primeras, y, de otro lado, el epígrafe indicado de la CNAE.
Recordemos que LAE es un operador de loterías y juegos de azar de titularidad 
pública, con forma jurídica privada, dependiente de la Dirección General del Patrimonio 
del Estado, adscrita a su vez al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Sus 
funciones, en lo que ahora interesa, son las siguientes:
– La gestión, explotación y comercialización de las loterías y juegos de ámbito 
nacional en sus distintas modalidades, y en todo caso siempre que afecten a un territorio 
superior al de una Comunidad Autónoma –CA–.
– La gestión, explotación y comercialización de las apuestas mutuas deportivo-
benéficas, en cualquiera de sus modalidades, así como cualesquiera otros concursos de 
pronósticos  mutuales  y  benéficos  que  se  realicen  sobre  resultados  de  eventos 
deportivos.
– La gestión, explotación y comercialización de aquellos otros juegos que sean 
competencia del Estado y, asimismo, cuando expresamente lo autorice el Ministerio de 
Economía y Hacienda, de los correspondientes a las CCAAA u otros países, previo el 
acuerdo oportuno en dicha materia.
– La valoración comercial de los locales propuestos por los participantes en los 
procedimientos para la adjudicación de Administraciones de Loterías y en general de los 
puntos de venta de su red comercial.
– La realización de cuantas actividades y servicios relacionados con los juegos le 
sean encomendados.
Respecto del epígrafe CNAE, en las notas explicativas del INE, que como señalan 
las Ress. de 14106/2016. de 09/10/2018 y de 18/03/2021 han de ser tenidas en cuenta a 
la hora de acotar el alcance de las actividades incluidas en el objeto social, aparece 
descrito como sigue: “actividades de juegos de azar y apuestas. Esta clase comprende 
las actividades de juegos de azar y apuestas como: - la venta de billetes de lotería - la 
explotación de máquinas tragaperras - explotación de sitios de Internet dedicados a los 
juegos de azar virtuales - la correduría de apuestas y otras actividades afines - la 
explotación de agencias de apuestas hípicas - la explotación de casinos, incluidos los 
‘casinos flotantes’ - la suscripción a la apliación Quiz con premios (Febrero 2017)”.
Las actividades que integran el objeto social aparecen así claramente definidas, tanto 
por la mención expresa a las actividades gestionadas y patrocinadas por LAE, como por 
el epígrafe CNAE. No se alcanza a ver qué debe añadir a esa descripción una alusión 
específica a la Ley 13/2011. Valoremos, no obstante, tres posibles escenarios.
a)  Sometimiento a la Ley.
Quizá  el  RM  nos  quiera  dar  a  entender  que  es  necesario  indicar  que  dichas 
actividades se regularán por la Ley 13/2021 [sic], ya que, en ausencia de esa indicación,  e.
podría  generarse  por  medio  del  asiento  registral  la  impresión  de  que  la  sociedad  w.
dlpeeryeb tsiedenard áae u adtpoelriscizaaarbrcloeiól lnap,ro laPr ser araozl ó emns atdareg ilenant ed rdepesr ceertialplacci,ió óonn   lcooa brqjeeucteiev raeía sd  deloe  lla mm aisácmsti vomi,d íasnidinm,  ohn aosb edenert  idolaob ,tv eponuliudenost  allaad    2021-2118n https://w
osubbjejetoti vsao cdiael  leas s loac cieodmaedr c-siaulisz afucniódna ddoer ejuse-g does  sdoem aeztaerr sye d ae  uanpau edsetatesr,m vian addea s unyoorm qau.e S ei seal   BOE-A-cable e
ley es aplicable, y en ninguno de los preceptos que el RM trascribe en su nota de 
calificación se exige que las sociedades deban hacer constar en sus estatutos que las 
actividades que proyectan desarrollar se regularán por la misma. Sobre la exigencia de 
autorización previa, remito a lo que se dice después.
b)  Por razón del territorio.
Otra opción, es que la indicación de dicha Ley sea necesaria para saber que la 
sociedad se somete a la normativa estatal y no a la de una CA en concreto. Tampoco 
esta interpretación parece muy plausible. Como regla una sociedad puede actuar en todo 
el territorio del Estado, salvo que expresamente limite el ámbito de actuación a la CA 
donde  radica  su  domicilio  social,  u  otras  (Ress.  de  14/06/2016,  de  03/06/2016, 
de 16/02/2001). Por eso, en la determinación del objeto social se pueden combinar los 
criterios material y espacial, de suerte que para unas actividades se establezca un 
ámbito de actuación territorial distinto del de otras (Res. de 18/02/1999). En nuestro 
caso,  ninguna  razón  hay  para  exigir  una  indicación  expresa  del  sometimiento  a  la 
normativa estatal, y concretar por esa vía su ámbito territorial de actuación, por cuanto 
habría de ser justo al revés, es decir, si nada se dice en contrario, es estatal, y, además, 
las actividades se fijan tomando como referencia a LAE.
c)  Por la descripción del objeto.
La doctrina de este Centro Directivo es que una vez delimitado el objeto por medio 
de un sector o por una actividad de forma genérica, se incluyen en el mismo todas sus 
especies, de tal modo que se requiere una previsión específica para excluir alguna de 
ellas, y no a la inversa. Esto ha tenido como consecuencia una copiosa doctrina registral 
que exige, cuando el género pudiera incluir actividades sujetas a regulación especial, la 
exclusión de aquellas actividades o sectores de un modo expreso. En particular, ya 
desde la Res. de 17/11/1989 se viene entendiendo “que es la definición estatutaria del 
objeto  social  y  no  el  efectivo  desenvolvimiento  posterior  de  las  actividades  en  él 
comprendidos lo que determina la aplicabilidad de aquellas disposiciones especiales que 
provén  el  cumplimiento  de  ciertos  requisitos  por  razón  del  ámbito  de  actuación 
delimitado”  (entre  muchas,  v.  Ress.  20/12/1990,  de  15/12/1993,  de  11/12/1995, 
de 30/04/1999, de 27/02/2019, de 1410612018, de 21/01/2016).
Cuestión distinta es que, después, se admita. una exclusión meramente “genérica”, 
es decir, “referida a todas aquellas (actividades) que, por una u otra razón”, no le estén 
permitidas a la sociedad, “lo que contribuye a la concreción del objeto social por vía de 
excepción, la cual ante la constante mutación da la normativa legal en este punto no 
podrá, ciertamente, ser objeto de mayor precisión” (Ress. de 15/12/1993, de 07/04/1999, 
de 30/04/1999).
En nuestro caso, sin embargo, la descripción de actividad, lejos de ser genérica, es 
muy específica, no ofrece dudas a qué se va dedicar la sociedad, y en ese sentido se 
trata de un sector regulado, sujeto a exigencias específicas de autorización. A estos 
efectos, no parece necesario decir mucho más.
II.  La exigencia de requisitos especiales para desarrollar la actividad.
La indicación de la Ley 13/2011 en los estatutos, por tanto, nada añade desde el 
punto de vista de la identificación de las actividades a las que piensa dedicarse la 
sociedad, ni de la normativa a la que deba sujetarse. Queda, todavía, otra opción, pues,  es
al tratarse de una actividad sujeta a la obtención de una autorización específica, cabe  o
entender que es necesaria una salvedad en ese sentido, aunque según la doctrina de  3w
aerecsqttieuvS iisdCeiagteodúnsent rsq o ul aeqD  uisnreeeo catatcni vo ndonee stc taietcmusayaplierfoiincoc asoc e esiló nen  oc:rb aej“dqenautoo im e sroseeom  ceieinsanpdlt,eio cc.asif ii cqapurae r laan  one ollsrome  afiu,n eibcraiaas rtáan  ecncoiennsg auarnliuaad  iard leag  ullnoaass    OE-A-2021-2118able en https://w
autorización administrativa o la inscripción en registros públicos, hasta haber obtenido la
autorización o inscripción de que se trata. Ni tampoco que quedan excluidas todas 
aquellas  actividades  para  cuyo  ejercicio  la  Ley  exige  requisitos  especiales  que  no 
queden cumplidos por esta sociedad”.
Sin embargo. en el art. 3 de los estatutos sociales, en su párrafo cuarto, se dice lo 
siguiente: “si las disposiciones legales exigieran para el ejercicio de alguna de dichas 
actividades, algún título profesional, autorización administrativa o inscripción en algún 
registro  público,  dichas  actividades  deberán  realizarse  por  medio  de  personas  que 
ostenten la titulación, autorización a acreditación requerida, y en su caso no podrán 
iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos exigidos”.
No se alcanza a comprender la calificación del RM, por cuanto esa indicación ya se 
recoge en los estatutos, y en cuanto al último inciso, es decir, la proclamación solemne 
de que la sociedad no hará, toda aquello que no puede hacer, precisamente por no 
cumplir los requisitos singulares que en cada caso se exijan, al margen de resultar una 
simple perogrullada, no tiene sentido cuando el objeto social no es genérico, sino tan 
específico como éste. y en todo caso ya resulta de la previa exigencia de autorización/
registro para iniciar las actividades de que se trate.
Por todo ello, solicito se sirva admitir este recurso y ordene, si procede, la revocación 
de dicha calificación.»
IV
El registrador Mercantil de Madrid emitió el informe previsto en el artículo 327 de la 
Ley Hipotecaria el día 10 de septiembre de 2021, manteniendo la calificación impugnada, 
y elevó el expediente a esta Dirección General.
V
Después de haber presentado el anterior recurso, el día 4 de octubre de 2021 
comparecieron nuevamente ante el notario autorizante los fundadores de la sociedad a 
fin de otorgar una diligencia por la que se dotara de nueva redacción al artículo 3 de los 
estatutos  sociales,  ajustada  a  los  aparentes  requerimientos  del  registrador,  con  el 
siguiente texto modificado:
«Artículo 3.  Objeto social.
La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades:
Actividad  principal:  la  comercialización  de  juegos,  apuestas,  loterías  y  otras 
actividades, gestionados y patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado (LAE), así 
como con la comercialización de otros juegos, apuestas, loterías y otras actividades, en 
tanto  que  sean  compatibles  con  los  de  LAE  que  se  encuentra  comprendida  en  el 
epígrafe CNAE (9200). Dicha actividad se regulará por la Ley del Juego, ley 13/2011 
de 27 de mayo.
La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes de su objeto social total o 
parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o de participaciones 
en sociedades con objeto idéntico o análogo.
Si  las  disposiciones  legales  exigieran  para  el  ejercicio  de  alguna  de  dichas 
actividades, algún título profesional, autorización administrativa o inscripción en algún 
registro  público,  dichas  actividades  deberán  realizarse  por  medio  de  personas  que  e.
ostenten la titulación, autorización o acreditación requerida, y en su caso no podrán  w.
qtinouidceaidaser snae qc uuaemnlltapeslsid  aodcset i pvqoidura eed sestsae   sphoaacryaiea dcnua ydco.u mepjelirdcoic iolo sla  rleeqyu eisxiitgoes  reexqiugiisdiotoss.  eQsupeedcaianl eesx qcluueid naos   2021-2118n https://w
profAesqiuoenlalaless  atictutivlaiddaodse, sn od esel  orebajelitzoa rsáonc idailr eqcutaem leengtaelm peonr tela  dseobcieend asde, r sienjoe rceinta rdéagsi mpeonr   BOE-A-cable e
de intermediación, por tanto la sociedad queda fuera del ámbito de la Ley 2/2007 de 15 
de marzo, conforme a la exposición de motivos de la citada Ley.»
La nueva redacción se limitaba a añadir dos incisos a la anterior. El primero de ellos 
incorporaba al párrafo en que se definía la actividad principal la indicación de que «dicha 
actividad se regulará por la Ley del Juego, ley 13/2011 de 27 de mayo», y el segundo 
agregaba a las menciones referentes a actividades sometidas a regulación especial la 
previsión de que «quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley 
exige requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad».
VI
Una vez modificada la escritura y presentada de nuevo en el Registro Mercantil de 
Madrid, fue calificada negativamente otra vez el día 19 de octubre de 2021:
«Fernando Trigo Portela, Registrador Mercantil de Madrid, previo el consiguiente 
examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 
del Reglamento del Registro Mercantil y habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 15.2 de dicho Reglamento, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos.
Diario/Asiento: 156/532.
F. presentación: 13/08/2021.
Entrada: 1/2021/151.727,0.
Sociedad: La Suerte de tu Lado SL.
Hoja:
Autorizante: Cabanas Trejo Ricardo.
Protocolo: 2021/1908 de 11/08/2021.
Fundamentos de Derecho.
1.  Vuelto presentar el documento precedente, en unión de diligencia de fecha 4 de 
octubre de 2021, sigue subsistente, en parte, el defecto de la nota de calificación de 
fecha 30 de agosto de 2021, dado que:
En la nota de calificación se indica:
“No se indica que no se iniciará ninguna de tos actividades que constituyen el objeto 
social, si para ello fuera necesaria alguna autorización administrativa o la inscripción en 
registros públicos, hasta haber obtenido la autorización o inscripción de que se trata.”
En la escritura se dice:
Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de dichas actividades, algún 
título profesional, autorización administrativa o inscripción en algún registro público, 
dichas actividades deberán realizarse por medio de personas que ostenten la titulación, 
autorización o acreditación requerida, y en su caso no podrán iniciarse antes de que se 
hayan cumplido los requisitos exigidos.
Consecuentemente  esta  parte  del  defecto  no  ha  sido  subsanado,  pues  la  e.
autorización a que hace referencia el objeto no es la concedida o la propia sociedad, sino  w.b
lpar oqpuLSiaeee  ygloe ú1sgn3tie s/l2nala0t acd1i i1óso,npt rd oades e ipc2l eij7óur nsedo getnro ama:n aasyi totor,ar idvaeé c sru edagerut allaa bc icisóu nda eld  selael   jluaeecygt udoae.rl áju, eyg eol,l ae se sintáfr arcecsitórinn gmiduoy  pgorar vlae   OE-A-2021-2118able en https://w
la cesión del uso de la titularidad del punto de venta sin la correspondiente autorización-
Real  Decreto  1614/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  desarrolla  la 
Ley  13/2011,  de  27  de  mayo,  de  regulación  del  juego,  en  lo  relativo  a  licencias, 
autorizaciones y registros del juego.
Artículo 28.  Transmisión de la autorización.
La autorización para la comercialización de juegos de lotería no podrá ser objeto de 
cesión o de explotación por terceras personas, únicamente podrá llevarse a cebo la 
transmisión del título, previo el informe de lo Comisión Nacional del Juego y con la 
autorización del titular del Ministerio de Economía y Hacienda, en los casos de fusión, 
escisión  o  aportación  de  rama  de  actividad,  motivados  por  una  reestructuración 
empresarial, sin perjuicio de la autorización de la Comisión Nacional de la Competencia 
en el caso de que las anteriores operaciones constituyesen concentraciones económicas 
en el sentido de la Ley 16/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia
Se ha dado traslado de la nueva presentación del título calificado y de esta nota, a la 
Dirección  General  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública,  para  su  incorporación  al 
expediente del Recurso Gubernativo presentado por el Notario autorizante con fecha 7 
de septiembre de 2021.
Madrid, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno.»
VII
Contra la segunda nota de calificación, don Ricardo Cabanas Trejo, notario de 
Fuenlabrada, interpuso nuevo recurso el día 20 de octubre de 2021 en los siguientes 
términos:
«Digo:
Que, por medio del presente escrito, en tiempo y forma, vengo en interponer recurso 
gubernativo contra la calificación negativa formulada por el Registrador Mercantil de 
Madrid Don Fernando Trigo Portela, respecto de la diligencia de subsanación referida a 
la escritura de constitución de sociedad limitada por mí autorizada el día 11/08/2021, con 
el número 1908 de mi protocolo, basándome, para ello, en los siguientes,
Hechos.
1.º  Que en la fecha indicada autoricé la escritura (…)
2.º  Que dicha escritura fue presentada en el Registro Mercantil competente el 
día 13/08/2021, con el número de Diario 156/532, según consta en la nota de calificación 
(…)
3.º  Que  fue  objeto  de  calificación  negativa  en  fecha  30/08/2021,  notificada  el 
día 30/08/2021.
4.º  Que interpuse recurso gubernativo contra dicha calificación, el cual se halla en 
este momento en trámite.
5.º  Que en fecha 04/10/2021 los interesados otorgaron diligencia de subsanación 
del defecto, con independencia de la tramitación del recurso gubernativo, al objeto de 
obtener  su  inscripción,  habiendo  presentado  de  nuevo  el  documento,  con  dicha 
diligencia, el mismo día 04/10/2021, la cual ha sido objeto de nueva calificación negativa 
de 19/10/2021 en los términos de la nota (…) s
6.º  Que no estado de acuerdo con dicha calificación interpongo nuevo recurso  oe.
gubernativo sobre la base de los siguientes, w.
2021-2118n https://w
Fundamentos de Derecho.
I.  Sobre la falta de motivación suficiente de la primera calificación y la posible 
existencia de una nueva calificación.
Por fin descubrimos el sentido de uno de los defectos alegados en la primera nota de 
calificación. En esta se decía lo siguiente: “no se indica que no se iniciará ninguna de las 
actividades  que  constituyen  el  objeto  social,  si  para  ello  fuera  necesaria  alguna 
autorización administrativa o la inscripción en registros públicos hasta haber obtenido la 
autorización o inscripción de que se trata”. Conviene recordar lo que proclama el art. 3 
de los estatutos sociales, en su párrafo cuarto: “si las disposiciones legales exigieren 
para el ejercicio de alguna de dichas actividades, algún título profesional, autorización 
administrativa  o  inscripción  en  algún  registro  público,  dichas  actividades  deberán 
realizarse por medio de personas que ostenten la titulación, autorización o acreditación 
requerida,  y  en  su  caso  no  podrán  iniciarse  antes  de  que  se  hayan  cumplido  los 
requisitos exigidos”.
En su calificación ninguna pista daba el Registro Mercantil -RM- sobre el motivo por 
el cual el párrafo trascrito debía considerarse contra legem, razón por la cual en la 
subsanación posterior los interesados se centraron en incluir una declaración genérica 
de exclusión de todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exige requisitos 
especiales  que  no  queden  cumplidos  por  la  sociedad,  como  así  se  indicaba 
expresamente en la calificación. Sinceramente, se pensó que quizá al RM se le había 
pasado que la otra declaración ya estaba recogida en los estatutos, pues ninguna razón 
daba para no aceptarla.
Ahora el RM nos revela que el motivo era otro. Según parece, para el RM los 
términos en los que se redactó aquel párrafo presuponen que la autorización no sería la 
concedida a la propia sociedad, “sino la que ostente otra persona a través de la cual se 
actuará, y ello está restringido por la propia legislación del juego”. Como fundamentos de 
derecho cita la Disposición transitoria cuarta bis de la Ley 13/2011, en cuanto a la 
concreta infracción muy grave del uso de la titularidad del puesto de venta sin la 
correspondiente autorización (letra f) del punto 4), y el art. 28 del RD 1614/2011 relativo a 
la transmisión de la autorización.
El problema es que nada de esto se dijo en la primera calificación, pues en ella, ni se 
expuso la razón de fondo (para nada se alude en ella a la actuación por medio de un 
tercero), ni aparecían entonces los preceptos ahora invocados (no se citaba el art. 28, y 
la infracción era la de la letra c) del punto 3).
Obsérvese que el defecto, tal y como se había formulado por el RM, era que en los 
estatutos  “faltaba”  algo  (que  la  sociedad  no  iniciaría  su  actividad  hasta  cumplir 
determinados requisitos), no que “sobraba” algo (que la sociedad actúe a través de otra 
persona).  En  esta  segunda  calificación,  si  hemos  de  hacer  caso  de  los  nuevos 
fundamentos de derecho que invoca, esa actuación “a través” de otro ahora sí que se 
convierte en un problema, pues “ello está restringido por la propia legislación del juego”, 
con cita de normas referidas a la cesión “del uso” y a la transmisión de la autorización. A 
pesar de ello, el RM nos sigue dejando en penumbra, pues no aclara si, para subsanar, 
basta con “añadir”, o, también, hay que “quitar”. Según se interprete su calificación 
puede ser una cosa, o las dos.
Esta defectuosa motivación de la primera calificación ha supuesto un doble perjuicio.
A  mí,  como  notario  autor  del  recurso  gubernativo,  al  haberme  hurtado  el 
conocimiento de las razones por las cuales el RM no aceptaba aquella cláusula, pues no  e
pude  combatir  unos  argumentos  que  no  me  fueron  comunicados  y  que,  con  total  bo
sinceridad, difícilmente podía imaginar en esos términos. De ahí mi absoluta sorpresa al  3w
encoPnetrroa,r mcoen c soenr  egsrtaav neu eesvtaa  cmaalifnicifaiecsiótan .indefensión que se me ha causado, mucho peor  2021-2118n https://w
aeds qeuli spiceirójuni cdioe  quunea  ased mlein iesstrtaác piórno vdoec alontdeor íaa  ploosr  lian tefareltasa ddeo si,n sqcureip ctiieónne dne b llao qsuoecaieddaa dla, 
con el riesgo de perder unas cantidades entregadas en concepto de arras. Ante esta
premura, se optó por subsanar en los términos requeridos por el RM, sin esperar a la 
resolución del recurso por esta Dirección General, pero, para ello, hubo que interpretar la 
nota de calificación del RM, que en ningún lugar indicaba que el problema con aquel 
párrafo viniera por una supuesta interposición de tercero. No hubo otra opción, ante la 
imposibilidad de contactar telefónicamente con el RM para ver en qué términos quería 
que se le hiciera.
Ahora, habiendo tenido la gentileza de apurar hasta el límite el plazo para calificar, el 
RM se digna aclarar su primera calificación, aunque lo hace, en realidad, con una nueva 
calificación. Mes y medio más tarde ya sabemos en qué estaba pensando el RM.
El comportamiento del funcionario supone una clara infracción de su obligación de 
formular una primera -y única- calificación global y unitaria, sin ir añadiendo defectos 
según le parezca.
II.  Sobre la falta de fundamento de la nueva calificación.
Dando por supuesto que se trata de una calificación nueva, o, al menos, con una 
motivación tardía, tampoco resulta admisible. Según el RM la autorización que se recoge 
en los estatutos no es la concedida a la propia sociedad, sino la que ostente otra 
persona a través de la cual se actuará. Es una interpretación carente de fundamento.
En su primera parte el precepto estatutario contempla tres posibles situaciones 
obstativas del ejercicio de la actividad prevista en los estatutos: que se trate de una 
actividad profesional, que se requiera autorización administrativa, o que se requiera la 
inscripción en algún registro público. Sobre esta base, de un modo genérico, que en 
realidad la convierte en una pura cláusula de estilo, se establece una doble salvaguarda 
frente a calificaciones negativas del RM.
Por un lado, en aquellas situaciones en las que la sociedad no cumpla, o no pueda 
cumplir con ciertos requisitos de orden subjetivo, se dispone que intervendría en régimen 
de mera intermediación con la persona que sí los satisfaga. Así lo confirma el último 
párrafo del art. 3 de los estatutos referido específicamente a las actividades propias de 
los profesionales titulados, cláusula que no ha sido objeto de calificación negativa por 
parte del RM. Si me apuran, son dos cláusulas inútiles en el presente caso, pues las 
únicas actividades previstas en los estatutos no encajan en su supuesto de hecho, pero 
que sean superfluas, tampoco debería convertir a una de ellas -no, a la otra- en defecto 
para inscribir. Aunque, según se ha indicado antes, tampoco está tan claro que fuera un 
defecto, pues en su primera calificación no pide que se elimine la referencia al tercero. 
Será que entonces le parecía bien.
Por otro lado, como resulta del inciso último (“y en su caso no podrán iniciarse antes 
de que se hayan cumplido los requisitos exigidos”), se dispone la suspensión del inicio 
de  actividades  hasta  que  se  cumplan  los  requisitos  precisos  de  autorización  o  de 
registro. Pero este “en su caso” ahora está referido a la misma sociedad, no a las otras 
personas que le sirvan de intermediario, pues para estas ya se cuenta con el anterior 
inciso. Simplemente, ese es “otro caso”. Este párrafo final sí que ahora es aplicable y 
deja claro que la sociedad, ella misma, no podrá actuar en tanto no cumpla esos 
requisitos administrativos. En definitiva, lo que el RM venía exigiendo desde su primera 
calificación. De todos modos, se trata de una exigencia que, como tal, tampoco resulta 
de una norma específica, por más que se haya convertido en cláusula de estilo de los 
estatutos. El régimen de esas autorizaciones y registros especiales ya resulta de los arts. 
84 y 85 del Reglamento del Registro Mercantil, y para nada se pide una declaración 
expresa en tal sentido, perfectamente prescindible, por obvia. e
Sostener,  como  hace  el  RM,  que  esta  sociedad  pretende  actuar  por  persona  bo
interpuesta es tan indefendible como afirmar que algunas de sus actividades habrán de  3w
soebrje etoje drceit acadlaifsic paocrió pnr onfeegsaiotinvaal.es titulados, y vuelvo a recordar que esto último no ha sido  2021-2118n https://w
la soRceieadlmade nytae , heas  duenjaa dinot ecrlaprroe teanci ólan  squubes asonlaoc icóanb eq uteild eaxr cdluey “er ectuoarclqiduaie”,r  macátxivimidea dc ucaunydoos 
requisitos  especiales  no  cumpla,  que  es  tanto  como  decir  que  no  iniciará  esas
actividades, hasta que haya cumplido los requisitos exigidos. No entiendo qué más 
necesita el RM para inscribir.
No obstante, como ya he tenido ocasión de poner de manifiesto en otro recurso 
anterior contra el mismo funcionario, da la impresión de que este tiene a gala cumplir en 
sentido contrario la doctrina del Centro Directivo sobre la necesidad de aplicar los arts. 
1284 y 1285 Código Civil, que recordémoslo, exhorta a que si una cláusula de un 
contrato  admitiera  diversos  sentidos  -en  nuestro  caso,  el  artículo  de  los  estatutos 
debatido- deberá entenderse en el más adecuado para que surta efecto, y que las 
cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras atribuyendo a las 
dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas (entre otras, Res. de 25/05/2016). 
Para este funcionario parece que es justo al revés, lo que tampoco debería extrañar si 
recordamos que la anterior Dirección General de los Registros y del Notariado ya tuvo 
ocasión  de  reprocharle  que,  en  ocasiones,  sus  calificaciones  eran  “un  cúmulo  de 
dificultades artificiales puestas al documento” (Ress. de 29/03/2001, de 20/03/2002).
III.  Sobre la incoherencia de la calificación.
Pero la calificación del RM es todavía más sorprendente, porque no ha puesto 
defecto alguno a la previsión del objeto indirecto en los mismos estatutos, es decir, al 
desarrollo de las actividades que integran el objeto social por medio de otras sociedades, 
supuesto paradigmático de actuación interpuesta. Pero esto lo encuentra bien el RM, lo 
otro no. Parece que los defectos se escogen ad gustum por este RM, aunque su 
elección, a veces, resulte un poco aleatoria e impredecible (otro ejemplo de incoherencia 
de este mismo RM en la Res. de 13/04/2021, donde termina inscribiendo, sin hacer caso 
de su propia nota).
IV.  Sobre la solicitud de inscripción parcial.
De todos modos, no hay mal que por bien no venga, y ahora que ya sabemos en qué 
consiste el defecto, haciendo uso de la facultad que los otorgantes me han conferido en 
la misma escritura fundacional de subsanar electrónicamente los defectos advertidos por 
el RM en su calificación, creo que podemos conseguir el objetivo final, sin más que 
eliminando  algunas  palabras  de  la  cláusula,  con  lo  cual,  al  quitar  lo  que  –
supuestamente– no gusta al funcionario, ya tenemos lo que –claramente– sí quiere que 
aparezca.
Por  ello,  inmediatamente  después  de  haber  interpuesto  este  recurso,  y  como 
presentante del título, procederé a solicitar la inscripción parcial del párrafo en los 
siguientes términos: “si las disposiciones legales exigieren para el ejercicio de alguna de 
dichas actividades… autorización administrativa o inscripción en algún registro público… 
no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos exigidos”.
Confiemos en que no haya más sorpresas en forma de nuevas calificaciones y que, 
de una vez por todas, esta sociedad ya se pueda inscribir. Como presagio de futuro, 
tantos problemas para constituirse quizá sea un buen augurio y anticipe la venta del 
Gordo de Navidad por esta administración de lotería. A ver si hay suerte con la solicitud 
de inscripción parcial y se inscribe antes de esas fechas.
Al margen de esto, considero innecesario recordar que la subsanación del defecto y 
la práctica en su caso de la inscripción solicitada no son obstáculo para la interposición 
del recurso contra la calificación, que habrá de seguir su trámite (Res. de 11/01/2016).
Por todo ello, solicito se sirva admitir este recurso y ordene, si procede, la revocación  e.e
de dicha calificación.» b
VIII 2021-2118n https://w
telemPráetsiceanmtaednote  leal  inssecgriupncdióon  praerccuiarsl od, e elan  eslacr itumrais, mreac ibfieecnhdao,  ele ld ían o2t2a rdioe  oscotulicbirtóe 
de 2021 notificación de haberse cumplimentado, pero el día 26 de octubre de 2021 volvió
a recibir notificación de calificación negativa en idénticos términos que la referida en el 
apartado VI. Ante este anómalo proceder, el notario compareció nuevamente por medio 
del siguiente escrito:
«1.  Que  en  fecha  07/09/2021  interpuse  por  conducto  telemático  recurso 
gubernativo contra la calificación negativa del Registrador Mercantil de Madrid Don 
Fernando Trigo Portela, en relación con la escritura de constitución de sociedad limitada 
por mí autorizada el día 11/08/2021, con el número 1908 de protocolo.
2.  Que en fecha 04/10/2021 los interesados otorgaron diligencia de subsanación 
del defecto, con independencia de la tramitación del recurso gubernativo, al objeto de 
obtener  su  inscripción,  habiendo  presentado  de  nuevo  el  documento,  con  dicha 
diligencia, el mismo día 04/10/2021, la cual fue objeto de una nueva calificación negativa 
de fecha 19/10/2021 (…)
3.  Esta segunda calificación, a su vez, fue objeto de nuevo recurso gubernativo por 
mi parte que se presentó por conducto telemático el día 20/10/2021, con número de 
entrada 1/2021/155.959,0 (…)
4.  Que,  posteriormente,  pero  el  mismo  día  20/10/2021,  presenté  por  conducto 
telemático solicitud de inscripción parcial, con número de entrada 1/2021/156.199.0 (…)
5.  Que en fecha 22/10/2021 recibo la comunicación de inscripción de la sociedad, 
en los términos que resultan de la comunicación (…)
6.  No obstante, el día 26/10/2021 vuelvo a recibir la misma comunicación de la 
calificación negativa a la que se ha hecho referencia en el anterior punto 2 (…) Como 
puede verse, además del número de hoja, que antes no figuraba, el CSV también ha 
cambiado.
Esta última comunicación me resulta por completo desconcertante, no solo porque la 
sociedad ya está inscrita, también porque esa segunda calificación ya fue objeto de 
recurso gubernativo, que, supongo, habrá sido remetido por el funcionario, junto con el 
correspondiente expediente, al Centro Directivo.
No obstante, ante la eventualidad de que el Registrador no hubiera dado curso al 
expediente, pongo el hecho en conocimiento de esta Dirección General, al objeto de que 
pueda reclamar el expediente del Registrador, caso de no haberlo remitido.
De todos modos, y para evitar cualquier duda al respecto, volveré a interponer el 
mismo recurso gubernativo, para que no haya dudas en cuanto a su tramitación.
En el presente caso se han causado graves perjuicios a los interesados por la 
demora en la inscripción, muy especialmente por la forma en que el Registrador rechazó 
la subsanación que se indica en el punto 2, así que determinar si dicha calificación fue 
conforme a Derecho, tanto por su contenido, como por una posible falta de carácter 
global y unitario, constituye una circunstancia relevante de cara a posibles demandas de 
responsabilidad. No es una cuestión que haya quedado resuelta con la inscripción 
parcial  de  la  sociedad,  siendo  necesario  que  la  Dirección  General  competente  se 
pronuncie sobre la corrección de ambas calificaciones, por eso mi interés en asegurar 
que el segundo recurso siga su trámite.
Por todo ello, solicito se sirva admitir este escrito y ordene, si procede, la remisión del 
expediente indicado.»
IX
Mediante escrito, de fecha 3 de noviembre de 2021, el registrador Mercantil remitió a  oe.
esta Dirección General el segundo recurso y el escrito referido en el apartado anterior. w.
Fundamentos de Derecho 2021-2118n https://w
AdmVinisistotrsa tliovos  Caortmícúunlo sd e5 l7a s dAed mlai nLisetrya c3io9n/2e0s1 P5,ú bdliec a1s ; d1e9  boicst udber ela,  Ldeeyl  HPirpoocteedciamriiae;n 4to,   BOE-A-cable e
9, 10, 11, 12 y 13 y la disposición adicional primera y las disposiciones transitorias cuarta 
y cuarta bis de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego; la disposición 
adicional trigésima cuarta de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2010; los artículos 14 del Real Decreto-ley 13/2010, 
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para 
fomentar la inversión y la creación de empleo; 28 y 30 del Real Decreto 1614/2011, de 14 
de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del 
juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego; las Resoluciones de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de octubre de 1998, 22 de 
marzo de 2001, 25 de octubre de 2007, 14 de abril y 21 de diciembre de 2010, 26 de 
enero de 2011, 28 de febrero y 20 de julio de 2012, 12 de febrero de 2016, 26 de abril 
y 19 de junio de 2017, 21 de noviembre de 2018 y 1 de marzo y 4 de abril de 2019, y las 
Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 18 de 
febrero y 14 de octubre de 2021.
1.  El  artículo  57  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, faculta al órgano administrativo 
que tramite un procedimiento para que, de oficio o a instancia de parte, decida «su 
acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre 
que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento».
Según  ha  quedado  expuesto  en  los  «Hechos»,  los  dos  recursos  han  sido 
presentados por don Ricardo Cabanas Trejo, el documento calificado negativamente en 
las dos ocasiones ha sido la misma escritura autorizada por el notario impugnante, 
ambas  calificaciones  han  sido  realizadas  por  el  mismo  registrador  Mercantil,  don 
Fernando Trigo Portela, una y otra versan sobre la definición estatutaria del objeto social, 
y los textos legales a que afecta la controversia son los mismos. Tales circunstancias 
revelan  tanto  una  íntima  conexión  como  una  identidad  sustancial  entre  los  dos 
expedientes,  entrando  así  en  la  zona  de  certeza  de  los  dos  conceptos  jurídicos 
indeterminados  que  alternativamente  incluye  el  artículo  57  de  la  Ley  39/2015  para 
permitir al órgano que cuente con la competencia para tramitarlos y resolverlos adoptar 
la decisión de unir los procedimientos. En consecuencia, se acuerda de oficio acumular 
ambos  expedientes  a  efectos  de  solventarlos  en  una  única  resolución  (sobre  la 
acumulación de recursos, vid. la Resolución de este Centro Directivo de 21 de diciembre 
de 2010).
2.  Debe traerse a colación aquí el consolidado criterio de esta Dirección General 
sobre la necesidad de fundamentar adecuadamente las calificaciones negativas, postura 
que ha tenido su formulación más reciente en la Resolución de 14 de octubre de 2021, 
en los siguientes términos: «Debe recordarse la doctrina de este Centro Directivo según 
la cual cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, conforme a los 
principios básicos de todo procedimiento y a la normativa vigente, que al consignarse los 
defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también 
una  motivación  suficiente  de  los  mismos,  con  el  desarrollo  necesario  para  que  el 
interesado  pueda  conocer  con  claridad  los  defectos  aducidos  y  con  suficiencia  los 
fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación (cfr. artículo 19 bis de la Ley 
Hipotecaria y Resoluciones de 2 de octubre de 1998, 22 de marzo de 2001, 14 de abril 
de 2010, 26 de enero de 2011, 20 de julio de 2012, 12 de febrero de 2016, 26 de abril 
y 19 de junio de 2017, 21 de noviembre de 2018, 1 de marzo y 4 de abril de 2019 y 18 de 
febrero de 2021, entre otras muchas). Es indudable que, de este modo, serán efectivas 
las garantías del interesado recurrente, quien al conocer en el momento inicial los  e.
argumentos  en  que  el  registrador  funda  jurídicamente  su  negativa  a  la  inscripción  w.b
qismoupleicu ipgtaunddaaiteo rrapiano, d sareá r l ara evleleisgvtaaar n ytelaos sd  peaf urlonasd l aahm ereecshnootolsus c yió drnea  zdodenel arremecciheuonrs tooes. n T aadlmousbc iidéqonus eh  pao amrp oaeynl etre engsidiuso tr taeedssotiasr    2021-2118n https://w
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rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones de este Centro Directivo), sino que es
preciso justificar la razón por la que el precepto de que se trate es de aplicación y la 
interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de 
las citadas Resoluciones), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación 
dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma».
La primera de las calificaciones emitidas por el registrador Mercantil únicamente 
dedica cuatro párrafos a identificar los defectos que, a su juicio, impiden la inscripción:
«La sociedad tiene por objeto principal “la comercialización de juegos, apuestas, 
loterías y otras actividades, gestionadas y patrocinadas por Loterías y Apuestas del 
Estado (LAE)...”
No se indica que la citada actividad se regulará por la Ley del Juego, Ley 13/2011 
de 27 de mayo.
La comercialización de loterías de ámbito estatal solo puede realizarse o bien por los 
operadores designados o bien por los sujetos que expresamente hayan sido autorizados 
por estos (artículo 30 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre).
No se indica que no se iniciará ninguna de las actividades que constituyen el objeto 
social, si para ello fuera necesaria alguna autorización administrativa o la inscripción en 
registros públicos, hasta haber obtenido la autorización o inscripción de que se trata. Ni 
tampoco que quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley 
exige requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad.»
El resto de las menciones contenidas en la nota es una reproducción de textos 
legales y reglamentarios de cuya redacción no se desprende directamente la exigencia 
de las previsiones estatutarias que demanda, y tampoco incluye razonamiento alguno 
que, con apoyo en esos fragmentos, pudiera fundamentar tales imposiciones.
Esta insuficiencia ilustrativa de la primera nota de calificación se confirma cuando los 
otorgantes  de  la  escritura,  con  la  finalidad  de  salvar  el  obstáculo  planteado  a  la 
inscripción, otorgan una diligencia para adecuar la definición del objeto social a los 
requerimientos del registrador, presentan la escritura nuevamente a inscripción, y se 
sorprenden con una nueva calificación negativa porque, tanto el notario como ellos, no 
habían llegado a comprender el alcance de una de las faltas. A consecuencia de ello, la 
solución fue optar por la inscripción parcial eliminando el inciso cuestionado.
Pero tampoco la segunda nota de calificación puede estimarse suficiente, pues, 
según alega, las normas que cita tan solo impiden la cesión no autorizada de la actividad 
comercializadora de loterías, pero no incluye razonamiento alguno que sirva de nexo 
para sostener que el objeto social de la compañía incluye o permite la comercialización 
irregular vía cesión.
3.  Dejando aparte la falta de fundamentación de las notas, procede examinar si los 
defectos del registrador encuentran algún apoyo en la normativa aplicable. Para ello, 
debe tenerse en cuenta que, como resulta del propio texto estatutario, el objeto social 
cuestionado es el correspondiente a un establecimiento de administración de loterías, 
integrado en la red comercial externa de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del 
Estado.
Tal como resulta de los «Hechos», el primero de los defectos advertidos consiste en 
que «no se indica que la citada actividad [la comercialización de juegos, apuestas, 
loterías y otras actividades, gestionadas y patrocinadas por Loterías y Apuestas del 
Estado] se regulará por la Ley del Juego, Ley 13/2011 de 27 de mayo». Repasada la ley 
que cita, no se halla pasaje alguno que obligue a incluir un inciso de esa índole en la 
definición del objeto social de las compañías mercantiles operadoras de una licencia de  e
juego. Se refiere a ellas el artículo 13.1 de la Ley, estableciendo al efecto que las  bo
personas jurídicas que pretendan obtener licencias generales para la explotación y  3w
csoomcieedrcaida liaznaócnióimn ad ey  tjueengeor s« ccoomn oc úanráiccote or bnjeot oo csaosciioanl alal,  ohragbarnáizna dcieó na,d coopmtaerr claia lfiozramciaó nd ey   2021-2118n https://w
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de apoyo legal, sino también en la falta de desatender el mandato sobre la forma social, 
pues en la escritura se constituye una sociedad de responsabilidad limitada.
Pero el desacierto no se encuentra en un lapsus o en una interpretación infundada 
de la Ley 13/2011 como norma reguladora, sino en que este texto legal no es aplicable a 
los puntos de venta y delegaciones que conforman la red comercial de Loterías y 
Apuestas  del  Estado.  El  régimen  actual  de  las  tradicionalmente  conocidas  como 
«administraciones de loterías» arranca de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, en cuya disposición adicional 
trigésima  cuarta  se  estableció  que,  desde  el  1  de  enero  de  2010,  y  con  vigencia 
indefinida, los puntos de venta y delegaciones comerciales, quedarían sometidos en su 
selección, contratación, extinción y régimen jurídico, así como en su vinculación con la 
entidad, al derecho privado, concediéndose el plazo de un año a los entonces titulares 
de los establecimientos para optar por la aplicación del nuevo régimen o continuar con el 
anterior, de carácter público, hasta el fallecimiento, jubilación, renuncia o cese del titular; 
y aclaraba en su apartado tercero que los juegos y apuestas que gestiona la mencionada 
entidad pública se comercializarán en las condiciones que la misma establezca con 
sujeción a las normas de derecho privado. Posteriormente, por medio del artículo 14 del 
Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral 
y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, se creó la Sociedad 
Estatal Loterías y Apuestas del Estado, a la que se asignó «el ejercicio de la totalidad de 
las facultades que tenía atribuidas el ente público empresarial Loterías y Apuestas del 
Estado para la gestión exclusiva de los juegos de titularidad estatal, quedando así mismo 
subrogada en todos los derechos y obligaciones derivados de la aportación de los 
citados activos y pasivos, bienes y derechos desde la fecha de efectividad de la misma».
En el panorama así diseñado irrumpe la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación 
del juego. En el segundó párrafo de su artículo 1, al delimitar el objeto de la ley, tras 
aludir a la actividad del juego en general, declara incluidos en su ámbito de «los juegos 
desarrollados  por  las  entidades  designadas  por  esta  Ley  para  la  realización  de 
actividades  sujetas  a  reserva,  con  independencia  del  canal  de  comercialización  de 
aquéllos». Del inciso transcrito debe aclararse un extremo y resaltar otro: lo primero, que 
las «actividades sujetas a reserva» son las loterías de ámbito estatal, cuyos operadores 
han ser designados por Ley (artículo 4.1), lo que efectúa la disposición adicional primera 
de este mismo texto legal a favor de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado 
y la Organización Nacional de Ciegos Españoles; y lo segundo, resaltar la trascendencia 
de la locución adverbial «con independencia», referida al canal de comercialización de 
aquéllos, cuyo significado es el de excluir del objeto de la norma lo concerniente a los 
conductos  de  puesta  en  el  mercado,  deslinde  que  confirma  el  apartado  4  de  la 
disposición adicional primera de la Ley al establecer que «los juegos gestionados por la 
Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE se comercializarán en 
billetes, boletos o cualquier otra forma de participación cuyo soporte pueda ser material, 
informático, telemático, telefónico o interactivo, directamente o a través de cualquier 
establecimiento de su red comercial externa».
El artículo 9 de la Ley 13/2011 dispone en su apartado 1 que las actividades de juego 
no reservadas, es decir, las distintas de las loterías de ámbito estatal, se encuentran 
sometidas a la previa obtención de título habilitante, precisando que tienen tal condición 
las licencias y autorizaciones, y en el apartado 4 prohíbe la cesión o explotación por 
terceras personas de los títulos habilitantes de juego, salvo en casos de fusión, escisión 
o aportación de rama de actividad, motivados por una reestructuración empresarial,  s
previa autorización de la Comisión Nacional del Juego. En los artículos 10 a 12 se  oe.
regulan las licencias y autorizaciones, reservando las primeras para las actividades de  w.
jdueepgeQon undeoied onact eaassc irodeneda itllaa yd  Sola,o scp sioeerdg autadnn dEtaoss, t apqtauarel a d llaea  saL ococttieavrsidíiaoasnd a ylde eAs  polau ese ssaptadosmr ádidneiicsl atrEsa.sctiaodnoe se sdtea blloetceirdíaass   2021-2118n https://w
después del 1 de enero de 2010 no se encuentra sometida a la Ley 13/2011.
4.  El segundo defecto de la primera nota de calificación, reiterado en la segunda, 
gira en torno a una pretendida sujeción de la apertura del establecimiento de loterías a la 
obtención de una previa licencia o autorización administrativa, extendido en la segunda a 
la, también pretendida, prohibición de su cesión.
En la primera formulación, el defecto consta descrito en los siguientes términos: «La 
comercialización de loterías de ámbito estatal solo puede realizarse o bien por los 
operadores designados o bien por los sujetos que expresamente hayan sido autorizados 
por estos (artículo 30 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre). No se indica 
que no se iniciará ninguna de las actividades que constituyen el objeto social, si para ello 
fuera necesaria alguna autorización administrativa o la inscripción en registros públicos, 
hasta haber obtenido la autorización o inscripción de que se trata. Ni tampoco que 
quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exige requisitos 
especiales que no queden cumplidos por esta sociedad».
Para  apreciar  la  invocada  sujeción,  conviene  transcribir  el  artículo  30,  Real 
Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 
de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del 
juego:
«Artículo 30.  Colaboradores en la comercialización de productos de lotería.
1.  Las personas físicas o jurídicas que, no formando parte de la red externa de 
comercialización  de  los  operadores  designados  para  la  realización  de  actividades 
reservadas por la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, comercialicen o 
participen en la comercialización de juegos de lotería deberán contar con la autorización 
expresa  del  operador  designado  para  el  desarrollo  de  las  citadas  actividades,  con 
excepción de los terceros que, bajo la exclusiva responsabilidad de los gestores de la 
citada  red  externa  comercialicen  productos  de  loterías  de  acuerdo  con  los  usos  y 
costumbres tradicionalmente admitidas.
2.  La falta de autorización dará lugar a que el comercializador o la persona o 
entidad que participe en la comercialización pueda ser sancionado como autor de una 
infracción muy grave establecida en las letras g) o h) del artículo 39 de la Ley 13/2011, 
de 27 de mayo, de regulación del juego o grave establecida en la letra l) del artículo 40 
de la misma Ley.
3.  Los operadores designados para la realización de actividades reservadas por la 
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, deberán comunicar a la Comisión 
Nacional del Juego con la periodicidad que ésta determine, la relación de las personas o 
entidades autorizadas para la comercialización de sus productos objeto de reserva.»
De  la  lectura  atenta  del  apartado  1  del  artículo  resulta  que  la  exigencia  de 
autorización  expresa  para  participar  en  la  comercialización  de  juegos  de  lotería 
únicamente alcanza a las personas que no formen parte de la red externa de la Sociedad 
Estatal de Loterías y Apuestas del Estado o de la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles, y aun así se exceptúan los terceros que, bajo la exclusiva responsabilidad de 
los gestores de la red externa, comercialicen productos de loterías de acuerdo con los 
usos y costumbres tradicionalmente admitidos (por ejemplo, la de vender billetes de 
lotería en bares, especialmente del sorteo de Navidad); además, la competencia para 
conceder tal permiso corresponde al operador correspondiente y, por tanto, no tiene 
carácter administrativo. El apartado 2 se ocupa de calificar la infracción como muy grave. 
Y el apartado 3 simplemente impone a los operadores reservados (SELAE y ONCE) el  e
deber de comunicar periódicamente a la Comisión Nacional del Juego la relación de  bo
personas o entidades autorizadas para la comercialización de sus loterías. Por lo tanto,  3w
EeinsstteteagD dreaoasr,rs etníecci  hupealanodr  alaat  a drmleeasd pe ocemcoxopmig eeeñenracscritia aaclb  oelmedxceteeelt r idnpnoaeis nrd mgaeúu islnxaoi  l,iSa tiorptecaosim e ddbdeaieé d ínn Ec doosdmtleeabp tcaeeol t emdpneerc erLicasoi tataela rresdíanems  ei nayllia tsAe.tnrpacutieióvsnat  asap  adrelaal    OE-A-2021-2118able en https://w
incumbencia de incluir en el texto estatutario el propósito de no iniciar las actividades sin
la previa obtención de autorización o necesaria inscripción en un registro administrativo, 
así como la exclusión de aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos 
especiales  que  la  sociedad  no  cumpla.  Este  tipo  de  previsiones  estatutarias, 
demandadas en algún caso por la legislación administrativa de sectores económicos con 
regulación  especial,  se  han  convertido  en  cláusulas  de  estilo  orientadas  a  evitar 
obstáculos inesperados en la inscripción registral que puedan suponer un contratiempo 
en el desarrollo del proyecto empresarial. Más allá de los supuestos en que una norma 
expresamente  lo  solicite,  o  lo  demande  la  propia  delimitación  del  objeto,  las 
determinaciones de la índole descrita tienen el significado de una protesta solemne de 
cumplimiento de un determinado sector del ordenamiento, sin ninguna trascendencia, 
pues resulta evidente que, recogida en los estatutos o no, la obtención de la autorización 
o licencia será necesaria para cumplir con la norma que la establezca, como habrá de 
cumplir también las reglas vigentes la instalación eléctrica del local comercial, o las de 
seguridad e higiene. En consecuencia, a falta de una norma que la imponga, o de 
necesidades de identificación del objeto, carece de fundamento la pretensión formulada 
por el registrador sobre la inclusión de promesas de sumisión a normas administrativas.
Sin perjuicio de ello, el defecto que el registrador advierte en la ausencia de una 
cláusula promisoria del género comentado no se compadece con la realidad, pues, tal 
como resulta del expediente, y advierte el impugnante en su primer recurso, en el párrafo 
tercero del artículo estatutario correspondiente se incluye la siguiente previsión: «Si las 
disposiciones legales exigieran para el ejercicio de alguna de dichas actividades, algún 
título profesional, autorización administrativa o inscripción en algún registro público, 
dichas actividades deberán realizarse por medio de personas que ostenten la titulación, 
autorización o acreditación requerida, y en su caso no podrán iniciarse antes de que se 
hayan cumplido los requisitos exigidos».
Además, en la diligencia de subsanación que el notario autorizó el día 4 de octubre 
de 2021 con ánimo de salvar el problema de la inscripción, se añadió al párrafo transcrito 
el siguiente inciso: «Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la 
ley exige requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad».
5.  Presentada  la  escritura  una  vez  subsanada,  fue  calificada  nuevamente  con 
defectos. Esta segunda nota de calificación presenta tres deficiencias.
La primera es que el registrador la aprovecha para justificar el defecto puesto en la 
primera nota sobre la falta de referencia a las autorizaciones administrativas, precisando 
que la cláusula de estilo incluida originariamente no hace referencia a la concedida a la 
propia sociedad, sino a la que ostente otra persona a través de la cual se actuaría, lo 
que, según él, está restringido por la propia legislación del juego. Tal apreciación se 
contradice  abiertamente  con  el  fragmento  del  texto  estatutario  controvertido,  que 
comienza con el condicional «si las disposiciones legales exigieran para el ejercicio de 
alguna de dichas actividades»; no parece discutible que, si la circunstancia de la que se 
hace depender la observancia de unos requisitos es el apremio de una disposición legal, 
el resultado de cumplimentarlo no puede ser ilegal; además, aunque en el intermedio 
contiene alusiones a cualidades o títulos de personas físicas, termina con la frase «y en 
su caso no podrán iniciarse [las actividades] antes de que se hayan cumplido los 
requisitos exigidos», expresión que, claramente, también afecta a la sociedad.
La segunda es que, para justificar la antijuridicidad de la pretendida cesión de uso 
que consagra la cláusula estatutaria, cita la disposición transitoria cuarta bis de la 
Ley 13/2011. Efectivamente, en el apartado cuatro.4.f) se tipifica como infracción muy 
grave  «la  transmisión  de  la  titularidad  del  punto  de  venta  sin  la  correspondiente  s
autorización o la cesión de su uso por cualquier título», pero oculta que en el apartado  oe.
uno de la misma disposición es establece que «el presente régimen de infracciones y  w.
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Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2010,  no  se  hubieran  acogido  al 
régimen de Derecho Privado en el plazo establecido en el apartado segundo de la citada 
Disposición, les será de aplicación la correspondiente normativa administrativa hasta la 
extinción de los mismos por concurrir los supuestos previstos en la citada disposición». 
Como  se  ha  señalado  en  el  fundamento  tercero,  desde  la  entrada  en  vigor  de  la 
disposición  adicional  trigésima  cuarta  de  la  Ley  26/2009,  de  23  de  diciembre,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, las administraciones de loterías 
existentes en tal momento podían optar por acogerse al nuevo régimen de Derecho 
privado  o  continuar  sujetas  al  anterior,  de  carácter  público,  hasta  el  fallecimiento, 
jubilación, renuncia o cese del titular, pero que no se pueden transmitir o ceder.
La tercera inexactitud afecta a la última norma que invoca, el artículo 28 del Real 
Decreto 1614/2011, con la siguiente redacción: «La autorización para la comercialización 
de  juegos  de  lotería  no  podrá  ser  objeto  de  cesión  o  de  explotación  por  terceras 
personas. Únicamente podrá llevarse a cabo la transmisión del título, previo el informe 
de la Comisión Nacional del Juego y con la autorización del titular del Ministerio de 
Economía  y  Hacienda,  en  los  casos  de  fusión,  escisión  o  aportación  de  rama  de 
actividad, motivados por una reestructuración empresarial, sin perjuicio de la autorización 
de la Comisión Nacional de la Competencia en el caso de que las anteriores operaciones 
constituyesen concentraciones económicas en el sentido de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de defensa de la competencia». Bastaría recordar que, como se ha indicado, las 
administraciones de lotería no están sujetas a autorización administrativa para concluir 
que esta previsión no les resulta aplicable. No obstante, debe aclararse el sentido de esa 
norma en el sistema de organización del juego en España. Como se ha indicado en el 
fundamento tercero, el artículo 4.1 de la Ley 13/2011 dispone que «las loterías de ámbito 
estatal quedarán reservadas a los operadores designados por la Ley» (SELAE y ONCE), 
lo que no impide que esos operadores hayan de contar con autorización del Ministerio de 
Hacienda para la comercialización de las distintas modalidades de lotería (artículo 4.2). 
El artículo 28 del Real Decreto 1614/2011 está incardinado en el Capítulo IV del Título I 
(de las licencias y autorizaciones), que lleva por rúbrica «de la autorización para el 
desarrollo  de  juegos  de  lotería»,  y  son  esas  autorizaciones,  las  concedidas  a  los 
operadores, las que no pueden cederse ni ser explotadas por terceros, salvo en los 
casos que el propio artículo admite.
En virtud de lo expuesto, esta Dirección General ha acordado estimar los recursos y 
revocar las notas de calificación impugnadas.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 3 de diciembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.
2021-2118n https://w