BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Lunes 18 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 126761
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
16897 Resolución de 9 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Universidad de Sevilla, para la 
realización  de  prácticas  externas  en  Juzgados  y  Tribunales  de  las 
Comunidades Autónomas de Andalucía y de Extremadura.
Con fecha 24 de septiembre de 2021 se ha suscrito la el Convenio entre el Consejo 
General  del  Poder  Judicial,  el  Ministerio  de  Justicia,  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía  y  la  Universidad  de  Sevilla  para  la  realización  de  prácticas  externas  en 
Juzgados y Tribunales de las Comunidades Autónomas de Andalucía y de Extremadura.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 9 de octubre de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel. 
ANEXO
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y la Universidad de Sevilla para la realización 
de prácticas externas en Juzgados y Tribunales de las Comunidades Autónomas 
de Andalucía y de Extremadura
En Madrid, firmado electrónicamente.
REUNIDOS
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. 
Sr. don Carlos Lesmes Serrano, nombrado según Acuerdo (n.º2) del Pleno del Consejo 
del Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013 mediante Real 
Decreto 979/2013, de 10 de diciembre, en ejercicio de las facultades que le atribuye el 
artículo 585 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
La Ministra de Justicia, doña María Pilar Llop Cuenca, nombrada mediante el Real 
Decreto 526/2021, de 10 de julio, y en uso de las competencias que le corresponden en 
virtud del artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
El Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Excmo. Sr. 
don  Juan  Antonio  Marín  Lozano,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  Decreto  del 
Presidente  4/2019,  de  21  de  enero,  por  el  que  se  designan  los  Consejeros  y  las 
Consejeras de la Junta de Andalucía, y en el ejercicio de las facultades que le atribuyen 
los artículos 9.2 y 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la  es
Junta de Andalucía y el Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la  o
estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración  897ww
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Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 20.k) de los Estatutos de la
mencionada Universidad, aprobados por el Decreto 324/2003, de 25 de noviembre y 
modificados por el Decreto 348/2004, de 25 de mayo y Decreto 16/2008, de 29 de enero.
Las  partes  se  reconocen  mutuamente  plena  capacidad  de  actuar  en  la 
representación legal que ostentan para suscribir el presente Convenio y, a tal fin,
MANIFIESTAN
Primero.
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia de 
acuerdo con el artículo 149.1.5.ª de la Constitución Española.
Segundo.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el 
artículo 122.2 de la Constitución Española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los 
artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Tercero.
El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que 
la Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y 
apoyo a la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo la dirección 
de los servicios comunes procesales al Cuerpo de Letrados de la Administración de 
Justicia, funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de 
carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio 
de Justicia y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la 
dirección de la Oficina Judicial.
Cuarto.
El Real Decreto 142/1997, de 31 de enero, sobre traspaso de funciones de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de 
provisión  de  medios  materiales  y  económicos  para  el  funcionamiento  de  la 
Administración de Justicia establece en su anexo, apartado B), 1.a), que la adquisición y 
gestión de patrimonio mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con 
sede en la Comunidad Autónoma de Andalucía, corresponde a la citada Comunidad. 
Además, el apartado C) del mismo anexo establece en su punto 1, que se traspasan a 
esta Comunidad los bienes, derechos y obligaciones afectos al ejercicio de las funciones 
que asume la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Quinto.
A  su  vez  el  Reglamento  1/2000,  de  los  Órganos  de  Gobierno  de  Tribunales, 
aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, en su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en 
edificios judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la 
Sala de Gobierno, el de la Administración a quien corresponda la titularidad del inmueble 
y el de las demás Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere. es
Sexto. 897www.
con Elal  aArtdícmuilnoi s8tr0a cdieóln E dseta tJuutos tidceia ,A ucotorrneosmpoían dpea raa  Alan dCaolumcuían ideastda bAleuctóen qoumea,  eenje rrecelarc ilóans 
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Asimismo, el artículo 1.f) del Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece 
la  estructura  orgánica  de  la  Consejería  de  Turismo,  Regeneración,  Justicia  y 
Administración Local, dispone que compete a la misma las competencias en materia de 
Administración  de  Justicia  recogidas  en  el  capítulo  III  del  título  V  del  Estatuto  de 
Autonomía para Andalucía. Entre dichas competencias se encuentran las relativas a la 
dirección, impulso y coordinación de la provisión de los medios necesarios, personales y 
materiales, para el funcionamiento de la Administración de Justicia en Andalucía, la 
coordinación y planificación general de las competencias atribuidas a la Comunidad 
Autónoma en relación con tribunales, juzgados y fiscalías.
Séptimo.
Uno de los fines de la Universidad de Sevilla es el de la preparación académica y 
profesional  de  los  distintos  ámbitos  y  disciplinas  de  sus  estudiantes  y  para  dar 
cumplimiento a este objetivo, resulta de interés la organización de prácticas externas que 
completen los conocimientos adquiridos en las aulas.
Octavo.
Las instituciones firmantes manifiestan su más amplia coincidencia en diversos fines 
de  interés  común,  siendo  uno  de  ellos  el  de  la  formación  integral  de  alumnado 
universitario, a través de una formación que combine la teoría y la práctica.
Noveno.
El  Real  Decreto  592/2014,  de  11  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las  prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, desarrolla aspectos tales como los 
objetivos  de  las  prácticas,  las  entidades  colaboradoras  y  los  destinatarios,  requisitos, 
tutorías y contenidos de los convenios de cooperación educativa. Además, dicha regulación 
ha  de  promover  la  incorporación  de  estudiantes  en  prácticas  en  el  ámbito  de  las 
administraciones  públicas,  impulsando  la  empleabilidad  de  los  futuros  profesionales, 
fomentando su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando respuesta 
al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del conocimiento.
Décimo.
El presente Convenio se ajusta al modelo de Convenio Prácticum aprobado por la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Undécimo.
Es deseo de las instituciones firmantes la organización de prácticas externas en 
juzgados y tribunales en la forma que se detalla en la parte dispositiva de este Convenio, 
por considerar que esta actividad puede resultar de gran interés para la formación de 
profesionales que en un futuro pudieran colaborar o dar servicio a la Administración de 
Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de la misma.
Dicha  colaboración  se  concreta  en  que  el  alumnado  que  cursa  estudios  en  la 
Universidad de Sevilla pueda realizar prácticas externas en juzgados y tribunales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y de la Comunidad Autónoma de Extremadura de 
conformidad con las siguientes, es
CLÁUSULAS 897ww
Primera.  Objeto y compromisos de las partes.
Constituye  el  objeto  del  presente  Convenio  la  realización  de  prácticas  externas
curriculares  y  extracurriculares  (en  adelante,  prácticas  externas)  por  el  alumnado  Bc
matriculado en la asignatura de prácticas académicas, de estudios oficiales de grado o 
máster que imparte la Universidad de Sevilla y siempre de titulaciones relacionadas con 
profesiones  de  la  Administración  de  Justicia,  en  los  juzgados  y  tribunales  de  las 
Comunidades Autónomas de Andalucía y de Extremadura.
Por un lado, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía se compromete a permitir la realización de las 
prácticas externas objeto del presente Convenio, así como a facilitar el acceso del 
alumnado a las sedes de los juzgados y tribunales.
Por un lado, y con respecto a la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en relación 
a la cual no hay una transferencia de medios materiales y económicos, el Ministerio de 
Justicia se compromete a permitir la realización de las prácticas externas objeto del 
presente Convenio, así como a facilitar el acceso del alumnado a las sedes de los 
juzgados y tribunales.
Por otro lado, la Universidad de Sevilla se compromete a que la persona o personas 
que ejerza/n la tutoría de las prácticas en el órgano judicial pueda disfrutar de los 
siguientes derechos, en el marco de la normativa propia de la Universidad de Sevilla que 
sea de aplicación:
a)  Reconocimiento de su actividad colaboradora mediante documento acreditativo 
expedido  por  la  Universidad  de  Sevilla  que  certifique  su  actividad  como  tutor/a  de 
estudiantes en prácticas.
b)  Ser informada acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así 
como del proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo.
c)  Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo necesarios 
en el cumplimiento de los fines propios de su función.
d)  Disfrutar  del  acceso  a  bibliotecas,  instalaciones  deportivas  o  actividades 
culturales, entre otras.
La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de 
Justicia  y  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  estará  siempre  supeditada  a  las 
necesidades y disponibilidad del juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas 
externas, por lo que surgida tal necesidad o falta de disponibilidad, en su caso, el 
Convenio  quedará  suspendido,  en  tanto  persistan  estas  situaciones  o,  en  su  caso 
extinguido  sin  que  sea  preciso  denuncia  previa  en  este  sentido  y  sin  derecho  a 
reclamación alguna por parte de la Universidad de Sevilla o concesión de indemnización 
o compensación a su favor.
Asimismo, la Universidad se compromete, en función de su disponibilidad, a prestar 
su  colaboración  al  Ministerio  de  Justicia  y  al  Consejo  General  del  Poder  Judicial 
mediante la cesión de aulas, con ocasión de la celebración de pruebas correspondientes 
a los procesos selectivos para el ingreso o acceso de personal funcionario al servicio de 
la Administración de Justicia y de acceso a las Carreras judicial y fiscal.
Las  partes  determinarán,  de  común  acuerdo,  el  número  de  estudiantes  que 
realizarán las prácticas en los juzgados y tribunales.
Segunda.  Condiciones y requisitos generales de las prácticas.
1.  Las prácticas externas se ajustarán en todo caso a la normativa vigente, y en 
especial a lo establecido en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se 
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. s
Cada alumno/a deberá suscribir al inicio de las prácticas el documento que se  oe.
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b)  Prácticas  extracurriculares:  son  aquellas  que  los  estudiantes  realizan  con 
carácter voluntario, durante su período de formación y que, aun teniendo los mismos 
fines, no están incluidas en los planes de estudios sin perjuicio de su mención posterior 
en el Suplemento Europeo al Título.
3.  El alumnado será propuesto por la persona que ejerza la Dirección de las 
prácticas externas de la Universidad de Sevilla.
4.  Las  prácticas  externas  del  alumnado  se  ajustarán  a  las  necesidades 
organizativas establecidas por la persona o personas que ejerce/n su tutoría donde se 
realicen las mismas, de tal modo que no se entorpezca el desempeño normal de sus 
funciones.
El acceso del alumnado a las actuaciones judiciales, se producirá en la medida que 
lo permita la situación del procedimiento, su declaración o no de secreto y quedando 
salvaguardado el deber de reserva o sigilo y preservada, en todo caso, la identidad de 
las personas implicadas o partes.
Las prácticas externas tendrán la duración que determine la Universidad de Sevilla, 
realizándose en horario de mañana en los juzgados o tribunales, en ambos casos a 
establecer  por  la  persona  responsable  de  los  mismos  en  función  del  mejor 
funcionamiento del órgano jurisdiccional.
En  los  supuestos  de  faltas  reiteradas  de  puntualidad,  asistencia,  incorrecto 
comportamiento del alumnado o perturbación del normal funcionamiento del juzgado o 
tribunal donde se realicen las prácticas externas, el Consejo General del Poder Judicial, 
el  Ministerio  de  Justicia,  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  o  los  juzgados  y 
tribunales afectados, podrán suspender de forma inmediata y cautelar dichas prácticas, 
poniéndolo  en  conocimiento  de  la  Universidad,  para  que  adopte  las  medidas  que 
considere oportunas.
5.  El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunidad 
Autónoma  de  Andalucía  quedan  exentos  de  cualquier  responsabilidad  respecto  al 
alumnado del curso, cuyas prácticas externas son de carácter estrictamente académico. 
En  ningún  caso,  se  entenderá  que  entre  las  partes  se  establecen  relaciones 
contractuales de clase mercantil, civil o laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la 
sustitución  de  la  prestación  laboral  propia  de  puestos  de  trabajo  cubriendo  así 
necesidades  ordinarias  de  la  Administración  de  Justicia  en  detrimento  de  personal 
público al que le correspondería ocupar las plazas que tuviesen atribuidas el desempeño 
de esas funciones, en lugar de recibir una adecuada formación práctica, todo ello al no 
concurrir los requisitos que exigen las leyes. Como consecuencia de ello, el Consejo 
General  del  Poder  Judicial,  el  Ministerio  de  Justicia  y  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía no están obligados a realizar contraprestación económica alguna.
La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso a la 
función pública, ni podrá computarse a efectos de antigüedad o de reconocimiento de 
servicios previos en el conjunto de las Administraciones Públicas.
Tercera.  Cobertura de riesgos.
La contingencia de accidentes sufridos o que ocasione el alumnado durante la 
realización de las prácticas externas a que se refiere el presente Convenio será asumida, 
exclusivamente, por la Universidad de Sevilla, en aquellos casos no cubiertos por el 
seguro escolar.
La Universidad estará obligada a suscribir una póliza de seguros para cubrir los  e
daños de cualquier tipo que pudiera ocasionar el alumnado participante en las prácticas  bo
externas, así como aquellos que pudiera padecer el mismo en caso de accidente, en los  897ww
casos en los que no lo asuma el seguro escolar, durante todo el periodo de duración.
Cuarta.  Condiciones específicas de las prácticas externas.
1.  El alumnado estará obligado a:
a)  Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas por el juzgado o tribunal donde 
se realicen las prácticas externas.
b)  Adoptar una actitud activa en las tareas que se le encomienden, inherentes a las 
líneas de formación para las que han sido seleccionados/as.
c)  Mantener contacto con la persona o personas que ejercen la tutoría y con la 
persona que ejerce la Dirección de las prácticas externas, si se designan, en la forma en 
que se establezca.
d)  Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales.
e)  Mantener el deber de secreto y confidencialidad en materia de medios, procesos 
o  de  aquellas  actuaciones  judiciales  o  administrativas  de  las  que  pudieran  tener 
conocimiento por razón de las prácticas externas realizadas durante su estancia en el 
juzgado o tribunal donde se realicen, inclusive una vez finalizadas éstas, para lo cual 
deberá suscribir el anexo del presente Convenio.
f)  En caso de que esté establecido, entregar la memoria final en el plazo previsto a 
la persona que desempeñe la tutoría universitaria, a fin de poder superar las prácticas 
externas curriculares y la correspondiente mención favorable en las prácticas externas 
extracurriculares.
2.  Los/las estudiantes que realicen las prácticas no llevarán a cabo ninguna de las 
funciones atribuidas en los artículos 476, 477 y 478 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
a los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia.
3.  El alumnado tiene derecho a:
a)  Desarrollar la actividad en que consistan las prácticas y en el horario estipulado.
b)  Obtener una certificación final del desarrollo de su actividad y del nivel de 
aprovechamiento alcanzado.
c)  Obtener permiso para acudir a las convocatorias de evaluación que le afecten.
4.  El juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, nombrará a la 
persona o personas que ejercerá/n la tutoría de las mismas, que podrá recaer en 
Magistrado/a, Juez/a o Letrado/a de la Administración de Justicia. La persona designada 
para realizar la tutoría debe obtener la declaración de compatibilidad con carácter previo 
al ejercicio de la actividad. La misión de estas personas será:
a)  Fijar el plan de trabajo del alumnado.
b)  Orientar al mismo en sus dudas y dificultades.
c)  Evaluar la actividad del/la alumna/o mediante un informe.
Se podrá establecer una tutoría mixta desempeñada por Juez/a o Magistrado/a y 
Letrado/a de la Administración de Justicia.
5.  El alumnado que finalice el periodo establecido de prácticas externas, recibirá un 
certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde consten las horas realizadas, la 
naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado según la persona o 
personas que ejerzan la tutoría de las mismas.
La Universidad de Sevilla emitirá un documento acreditativo a la persona o personas 
que ejerza/n la tutoría que lo soliciten, por la colaboración prestada en el programa de  s
prácticas externas. oe.
Quinta.  Protección de Datos. 897ww
Todos  los  afectados  por  el  presente  Convenio  vendrán  obligados  por  las
Pdiasrplaomsiceinotnoe Es uryo peeox iyg ednecl iCaso nseesjtoa,b dleec 2id7a sd e paobrr il deel  2R0e1g6l,a rmeleantitvoo  a(U laE p) ro2te0c1c6i/ó6n7 9d e dlaesl 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general 
de protección de datos), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás disposiciones vigentes 
sobre la materia.
Sexta.  Financiación.
El  presente  Convenio  no  conlleva  obligaciones  financieras  o  contraprestación 
económica para ninguna de las partes.
En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del 
Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía 
no se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, las partes se 
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían 
para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.
Séptima.  Difusión.
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de aplicación en materia de 
publicidad y transparencia en relación con la suscripción del presente Convenio, la 
Universidad de Sevilla se compromete a destacar en su Memoria anual y en cuantas 
acciones  realice  para  difusión  de  las  actividades  objeto  de  este  Convenio,  la 
colaboración  prestada  por  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  el  Ministerio  de 
Justicia, la Comunidad Autónoma de Andalucía y los tribunales y juzgados afectados.
Octava.  Comisión de Seguimiento y Control.
1.  Para  el  adecuado  seguimiento,  coordinación,  control  e  interpretación  de  lo 
establecido en el presente Convenio, se crea una Comisión de Seguimiento paritaria 
integrada por dos miembros designados por cada una de las instituciones firmantes y 
un/a  representante  de  la  Delegación  del  Gobierno  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía que forma parte de la representación del Ministerio de Justicia en la citada 
comisión. La Comisión se reunirá al menos una vez al año y cuando lo determinen las 
partes.
En el seno de la Comisión de Seguimiento se podrá pactar acuerdos respecto a la 
ejecución y contenido de la formación, en desarrollo del Plan Bolonia, siempre que no 
afecte  al  contenido  mínimo  y  esencial  del  Convenio,  sin  necesidad  de  que 
posteriormente se incluyan como anexos del Convenio.
2.  La  Comisión  se  regirá,  en  cuanto  a  su  funcionamiento,  periodicidad  de  las 
reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el capítulo II del título 
preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.
Novena.  Efectos y modificación del Convenio.
1.  El presente Convenio tendrá una duración de cuatro años naturales y producirá 
efectos, una vez inscrito en el registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de 
cooperación  del  sector  público  estatal  en  los  términos  del  artículo  48.8  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y asimismo será 
objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado». e.e
Será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso por igual periodo, que  w.b
deberá formalizarse con un mes de antelación a la expiración del Convenio. 897ww
con Ausni mpliaszmoo m, cínuiamlqou dieer atr edse  mlaess peas rate lsa  ffiermchaan teens  qpuoed rsáe  pprroecteenddear  as us ue xdpeirnaucniócnia. expresa
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Décima.  Causas de extinción.
1.  Los  convenios  se  extinguen  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2.  El presente Convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
Comisión de Seguimiento y control de la ejecución del Convenio y a las demás partes 
firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera 
previsto.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
3.  Desde la fecha del acuerdo de resolución del Convenio o de la notificación de la 
voluntad  de  extinción,  en  los  términos  de  la  presente  cláusula,  la  colaboración  se 
mantendrá, en todo caso, y continuarán hasta su finalización las actividades de prácticas 
iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia, siempre condicionado a lo establecido 
en el cuarto párrafo de la cláusula primera del presente Convenio.
Undécima.  Naturaleza del Convenio y resolución de controversias.
El presente Convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las 
partes de manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula octava.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre 
las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y,  de  conformidad  con  cuanto  antecede,  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que 
legalmente  corresponden  a  cada  uno  de  los  firmantes,  obligando  con  ello  a  las 
Instituciones  que  representan,  suscriben  electrónicamente  el  presente  Convenio.–El 
Presidente  del  Tribunal  Supremo  y  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  Carlos 
Lesmes Serrano.–La Ministra de Justicia, Pilar Llop Cuenca.–El Vicepresidente de la 
Junta de Andalucía y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local, Juan Antonio Marín Lozano.–El Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, 
Miguel Ángel Castro Arroyo. e.e
ANEXO
En ………………........., a ................................................................. de
 DATOS DEL ESTUDIANTE SELECCIONADO 
 Nombre y Apellidos:  DNI: 
 Titulación que cursa:   Centro: 
 Domicilio:   Municipio:  Provincia:   Cód. Postal: 
 Teléfono móvil:   Teléfono fijo:   e-mail: 
 DATOS DEL JUZGADO O TRIBUNAL DÓNDE SE REALIZARÁ LA PRÁCTICA 
 Denominación: 
 Domicilio del Juzgado o Tribunal se realizará la práctica: 
 Municipio:   Provincia: 
 DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 Ref. Convocatoria:  Modalidad de la práctica:   Centro gestor: 
 Fecha inicio:  Fecha final:  Total horas:   Total meses: 
 Horario: 
(Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante 
en      la universidad.) 
 Tutor del Juzgado o Tribunal :   email:   Teléfono: 
 Tutor de la Universidad:   email:   Teléfono: 
Pr Proyecto formativo (tareas a desarrollar): 
 DECLARA: 
El/la alumno/a manifiesta conocer y aceptar las condiciones y compromisos establecidos en el convenio y da su conformidad para realizar las citadas 
prácticas externas  asumiendo el compromiso  del deber de secreto y confidencialidad en materia de datos de las personas, procesos y actuaciones 
judiciales de las que pudiera tener conocimiento, manteniendo el secreto durante y una vez finalizado el periodo de prácticas externas; así como conocer 
que en caso de incumplimiento incurriría en las  responsabilidades a que hubiere lugar. 
Por parte del Juzgado o Tribunal donde se realiza la  Por parte del estudiante,  Por parte de la Universidad, 
práctica, 
Fdo. Fdo. Fdo.