BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 8 Lunes 10 de enero de 2022 Sec. III.   Pág. 2254
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
384 Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Dirección General del Agua, 
por  la  que  se  publica  el  Convenio  con  la  Junta  de  Andalucía  y  los 
Ayuntamientos de Almonte, Burguillos, Guillena, Sanlúcar de Barrameda, El 
Ejido, Roquetas de Mar y Adra, para la financiación, ejecución y explotación 
de determinadas infraestructuras de saneamiento y depuración necesarias 
para garantizar el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del Convenio entre la Administración General del Estado, representada por el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Junta de Andalucía, 
representada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
y los Ayuntamientos de Almonte, Burguillos, Guillena, Sanlúcar de Barrameda, El Ejido, 
Roquetas de Mar y Adra para la financiación, ejecución y explotación de determinadas 
infraestructuras de saneamiento y depuración necesarias para garantizar el cumplimiento 
de la directiva 91/271/CEE, suscrito el 28 de diciembre de 2021, que figura como anexo 
a esta resolución.
Madrid, 28 de diciembre de 2021.–El Director General del Agua, Teodoro Estrela 
Monreal.
ANEXO
Convenio entre la Administración General del Estado, representada por el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Junta de Andalucía, representada por la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y los Ayuntamientos 
de Almonte, Burguillos, Guillena, Sanlúcar de Barrameda, El Ejido, Roquetas de Mar y 
Adra para la financiación, ejecución y explotación de determinadas infraestructuras de 
saneamiento y depuración necesarias para garantizar el cumplimiento de la 
Directiva 91/271/CEE
En Madrid, a 28 de diciembre de 2021.
REUNIDOS
De una parte, doña Teresa Ribera Rodríguez, Vicepresidenta Tercera del Gobierno y 
Ministra  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico,  nombrada  por  Real 
Decreto  524/2021,  de  10  de  julio,  en  uso  de  la  competencia  que  establecen  los 
artículos 48.2 y 61 k), de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y de conformidad con lo dispuesto en la disposición Quinta, apartado 1.a) 
de la Orden TED/533/2021, de 20 de mayo de delegación de competencias (BOE de 31  s
de mayo de 2021). oe.
De  otra  parte,  doña  María  del  Carmen  Crespo  Díaz,  Consejera  de  Agricultura,  w.
Gpeonar nv eairldt ueqdru ídeae , s Pneeo sdmcebasr iayg mnDaieensn atloorrs oe lfCleooc Sntusoaesdjteoer nopisbo lrey D,  leeancsr  neCotoom ndbserele jeP yrra erses ipddreeen slteaen  J4tau/2cn0itóa1n 9 dd, eed  eAla 2n C1d aodlnuesc eeíanje,e rríeaon,,    2022-384n https://w
virtud de las competencias atribuidas en materia de aguas por el Decreto 103/2019,
de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de  Bc
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y facultada a los efectos del 
presente convenio por los artículos 9.2 y 26.2 i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.
De otra parte, doña Rocío del Mar Castellano Domínguez, Alcaldesa-Presidenta del 
Excmo. Ayuntamiento de Almonte que interviene en la representación que le confiere el 
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
en  nombre  y  representación  de  la  misma,  en  ejercicio  de  las  competencias  que 
establecen el artículo 25 de la citada Ley y demás normas concordantes, nombrada en 
virtud del acuerdo plenario adoptado en sesión de 14 de junio de 2019 y facultada para 
la firma del presente convenio por acuerdo plenario de fecha 20 de diciembre de 2021.
De  otra  parte,  don  Domingo  Delgado  Pino,  Alcalde-Presidente  del  Excmo. 
Ayuntamiento  de  Burguillos  que  interviene  en  la  representación  que  le  confiere  el 
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
en  nombre  y  representación  de  la  misma,  en  ejercicio  de  las  competencias  que 
establecen el artículo 25 de la citada Ley y demás normas concordantes, nombrado en 
virtud del acuerdo plenario adoptado en sesión de 14 de junio de 2019 y facultado para 
la firma del presente convenio por acuerdo plenario de fecha 23 de noviembre de 2021.
De otra parte, don Víctor Mora Escobar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de  Sanlúcar  de  Barrameda  que  interviene  en  la  representación  que  le  confiere  el 
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
en  nombre  y  representación  de  la  misma,  en  ejercicio  de  las  competencias  que 
establecen el artículo 25 de la citada Ley y demás normas concordantes, nombrado en 
virtud del acuerdo plenario adoptado en sesión de 14 de junio de 2019 y facultado para 
la firma del presente convenio por acuerdo plenario de fecha 30 de noviembre de 2021.
De  otra  parte,  don  Lorenzo  José  Medina  Moya,  Alcalde-Presidente  del  Excmo. 
Ayuntamiento  de  Guillena,  que  interviene  en  la  representación  que  le  confiere  el 
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
en  nombre  y  representación  de  la  misma,  en  ejercicio  de  las  competencias  que 
establecen el artículo 25 de la citada Ley y demás normas concordantes, nombrado en 
virtud del acuerdo plenario adoptado en sesión de 14 de junio de 2019 y facultado para 
la firma del presente convenio por acuerdo plenario de fecha 24 de noviembre de 2021.
De  otra  parte,  don  Francisco  Góngora  Cara,  Alcalde-Presidente  del  Excmo. 
Ayuntamiento  de  El  Ejido  que  interviene  en  la  representación  que  le  confiere  el 
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
en  nombre  y  representación  de  la  misma,  en  ejercicio  de  las  competencias  que 
establecen el artículo 25 de la citada Ley y demás normas concordantes, nombrado en 
virtud del acuerdo plenario adoptado en sesión de 14 de junio de 2019 y facultado para 
la firma del presente convenio por acuerdo plenario de fecha 16 de diciembre de 2021.
De otra parte, don Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar y Presidente del Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del 
Agua de Uso Urbano en el Poniente Almeriense, que interviene en la representación que 
le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local. Facultado para la firma del presente convenio en los términos que se 
recogen en los acuerdos adoptados por la Junta General del Consorcio para la Gestión 
del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano en el Poniente Almeriense y el pleno del 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar el 9 de diciembre de 2021.
De  otra  parte,  don  Manuel  Cortés  Pérez,  Alcalde-Presidente  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Adra, que interviene en la representación que le confiere el artículo 21  s
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en nombre y  oe.
representación  de  la  misma,  en  ejercicio  de  las  competencias  que  establecen  el  w.
artículo 25 de la citada Ley y demás normas concordantes, nombrado en virtud del  4w
parceuseerndtoe  pcloennvaerinoi oa dpoopr taacduoe erdno s pelseiónna rdioe d 1e4 f edceh jau n2io0  ddee  d2i0c1ie9m yb fraec duelta 2d0o2 1p.ara la firma del
Las partes se reconocen, en el concepto en que intervienen, la capacidad legal y 
representación necesarias para formalizar el presente convenio y
MANIFIESTAN
I.  La Constitución Española reconoce en su artículo 45, como principio rector de la 
política social y económica, el derecho de disfrutar de un medio ambiente adecuado para 
el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo y la obligación de los 
poderes públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con 
el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, 
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
La Constitución reconoce en el artículo 149. 1. 23.º la competencia exclusiva del 
Estado en materia de legislación básica sobre protección de medio ambiente.
El artículo 148.1. 4.º de la Constitución establece que las Comunidades Autónomas 
podrán asumir competencias en materia de obras públicas de interés de la comunidad 
autónoma dentro de su territorio. Respecto de la legislación en materia de protección del 
medio ambiente, las comunidades autónomas tienen la facultad de establecer normas 
adicionales de protección de acuerdo con el artículo 149.1.23.º
II.  El  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico  es  el 
departamento competente en el ámbito de la Administración General del Estado para la 
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio 
climático, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar, del agua, y de 
la energía para la transición a un modelo productivo y social más ecológico.
Corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el 
ámbito de las competencias del Estado, la elaboración de la legislación estatal en 
materia de aguas y costas, medio ambiente, meteorología y climatología; la gestión 
directa del dominio público hidráulico en las cuencas hidrográficas cuyo ámbito excede 
de una Comunidad Autónoma, del dominio público marítimo-terrestre; la representación 
del Estado en los organismos internacionales correspondientes a estas materias, sin 
perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación; así como la coordinación de actuaciones, la cooperación y la concertación 
en el diseño y aplicación de todas las políticas que afecten al ámbito de competencias de 
las Comunidades Autónomas y de las restantes Administraciones públicas, propiciando 
su participación a través de los órganos e instrumentos de cooperación adecuados.
Por su parte, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente es el órgano directamente 
responsable  de  la  definición,  propuesta  y  ejecución  de  las  políticas  del  Ministerio 
referentes a la definición de los objetivos y programas derivados de la Directiva Marco 
del Agua y la gestión directa del dominio público hidráulico.
III.  La  Ley  Orgánica  2/2007,  de  19  de  marzo,  de  Reforma  del  Estatuto  de 
Autonomía para Andalucía, reconoce en su artículo 221 a la Comunidad Autónoma la 
posibilidad de suscribir instrumentos de colaboración adecuados al cumplimiento de 
objetivos de interés común. Su artículo 50.2 atribuye a la Comunidad Autónoma, dentro 
de  su  ámbito  territorial,  la  competencia  ejecutiva  sobre  la  adopción  de  medidas 
adicionales de protección y saneamiento de los recursos hídricos y de los ecosistemas 
acuáticos.
Y el artículo 56.7 atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia 
exclusiva en materia de planificación, construcción y financiación de las obras públicas 
en el ámbito de la Comunidad, siempre que no estén declaradas de interés general por  s
el Estado. e.
Asimismo, el artículo 8.1 f) de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía,  w.
atribuye a la Administración de la Junta de Andalucía la planificación, programación y  4w
ejecEunci ócnu mdep lliamsi eonbtroa sd eh idlar áduislicpaoss idcieó nin taedréicsio dnea ll as eCgoumnudnai ddaed  laA uctiótandoam Lae dye 9 A/2n0d1a0lu, ceíal .26
Adeu tóoncotumbare d ed eA n2d0a1l0u,c íeal  dCeotenrsmeijnoa ddaes  Goobbraiesr nhoid rdáeuclliacarós , deen trinet elaréss  qduee  slae  Cenocmuuennitdraand   BOE-A-cable e
algunas de las actuaciones objeto de este convenio, destinadas al cumplimiento del 
objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía y de la Comisión Europea, mientras que 
el resto de las actuaciones se mantienen en la competencia originaria atribuida a los 
municipios.
IV.  El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, enumera, entre las competencias propias a ejercer por el municipio, las 
relativas a la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable a domicilio y 
evacuación y tratamiento de aguas residuales urbanas.
Por su parte, el artículo 9.4 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, atribuye a los municipios dentro del ciclo integral del agua de uso urbano, la 
competencia  de  ordenación,  gestión,  prestación  y  control  de  los  servicios  de 
saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos de 
población  a  través  de  las  redes  de  alcantarillado  municipales  hasta  el  punto  de 
interceptación con los colectores generales o hasta el punto de recogida o para su 
tratamiento. Asimismo, le atribuye el servicio de depuración de las aguas residuales 
urbanas,  que  comprende  su  interceptación  y  el  transporte  mediante  los  colectores 
generales, su tratamiento y el vertido del efluente a las masas de aguas continentales o 
marítimas.
V.  La Directiva Comunitaria 91/271/CEE incorporada a la legislación española por 
el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, obliga a todos los Estados Miembros a 
disponer  de  un  saneamiento  y  depuración  adecuado  en  todas  sus  aglomeraciones 
urbanas para evitar en lo posible la contaminación de las aguas continentales y costeras. 
Para ello, se aprobaron el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 1995-2005 y el 
siguiente Plan correspondiente al período 2006-2015.
VI.  Con fecha 19 de enero se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real 
Decreto  1/2016,  de  8  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  la  revisión  de  los  Planes 
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta,  Melilla,  Segura  y  Júcar,  y  de  la  parte  española  de  las  demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
Con  fecha  22  de  enero  se  publicó  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  el  Real 
Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de las 
demarcaciones  hidrográficas  de  Galicia-Costa,  de  las  Cuencas  Mediterráneas 
Andaluzas,  del  Guadalete  y  Barbate,  y  del  Tinto,  Odiel  y  Piedras,  si  bien  dicha 
disposición  ha  quedado  anulada  en  lo  que  respecta  a  las  Cuencas  Mediterráneas 
Andaluzas y a Guadalete y Barbate por la Sentencia de 11 de abril de 2019, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, y se procederá a la aprobación de un nuevo Plan en 
cuanto se ultime la tramitación correspondiente. Los Planes Hidrológicos vigentes para 
esas dos demarcaciones tras dicha anulación y hasta aprobación de un nuevo plan son 
los correspondientes al periodo 2009-2015.
Los  vigentes  planes  hidrológicos,  tanto  de  demarcaciones  hidrográficas 
intercomunitarias como de demarcaciones hidrográficas intracomunitarias cuyo ámbito 
territorial se localiza parcial o totalmente en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
incorporan  dentro  de  sus  respectivos  programas  de  medidas,  las  medidas  básicas 
concernientes  al  saneamiento  y  depuración,  cuya  ejecución  antes  del  año  2021 
constituye un hito fundamental para la consecución de los objetivos medioambientales 
de las masas de agua y para el definitivo cumplimiento de la normativa europea sobre 
depuración de aguas residuales urbanas.
VII.  Con fecha 19 de julio de 2017 el entonces Ministerio de Agricultura y Pesca,  s
Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del  oe.
Territorio de la Junta de Andalucía, suscribieron un Protocolo General, por el que se  w.
definen las líneas a seguir por ambas administraciones para el cumplimiento de la  4w
Dámirebcittoiv dae  9la1 /C27o1m/CunEiEda, ds oAburteó neolm Tar adtea mAniednatolu cdíae  (leans  aAdgeulaanst eR, Pesroidtoucaolelos  GUernbearnaal)s. en el
coorEdnin aedl a,P lrao teojecoculoc ióGne dneelr aclo nsjeu nteos tdaeb loebcrea se dl eo sbajenteivaom ideen tol leyv daer puar accaióbno,,  ndeece sfoarrmiaas   BOE-A-cable e
para el cumplimiento de lo establecido en los Programas de Medidas de los respectivos 
Planes  Hidrológicos,  planificando  su  ejecución  y  promoviendo  aquellas  que  se 
consideren necesarias para el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE. Asimismo, las 
partes firmantes manifiestan su voluntad de suscribir los convenios específicos que 
pudieran resultar convenientes para la ejecución de las actuaciones que gozan tanto de 
declaración  de  Interés  General  del  Estado  como  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía.
VIII.  Por otra parte, de acuerdo con el artículo 124.4 del texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, con base en la 
reiterada doctrina del Tribunal Constitucional sobre colaboración entre el Estado y las 
entidades públicas infra estatales, se admite que todas ellas puedan realizar y financiar 
conjuntamente obras hidráulicas de su respectiva competencia mediante el oportuno 
convenio. Así, el Estado puede realizar y financiar, junto con la respectiva Comunidad 
Autónoma o Corporación Local, obras hidráulicas de la competencia de estas últimas, y, 
a la inversa, las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales pueden, junto con el 
Estado, realizar y financiar obras hidráulicas de la competencia de éste (por tratarse de 
obras de interés general).
IX.  Las actuaciones objeto de este convenio se enmarcan, por una parte, dentro del 
conjunto de actuaciones que llevarán a cabo en colaboración la Administración General 
del Estado y la Junta de Andalucía para desarrollar el Protocolo General, suscrito el 19 
de julio de 2017. Por otra, se incluyen tres actuaciones necesarias para dar cumplimiento 
a la citada Directiva, lo que va a representar una mejora muy sustancial en los niveles de 
depuración de la provincia de Almería.
X.  En  este  sentido,  el  hoy  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto 
Demográfico  y  actual  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía, manifiestan su intención de llevar a cabo un 
convenio específico en desarrollo del Protocolo General citado para llevar a cabo las 
siguientes actuaciones incluidas en el Anexo C del mismo relativas al «Saneamiento del 
entorno de Doñana», actuaciones que cuentan con declaración de interés autonómico: 
ampliación y mejora de la EDAR de Matalascañas (Huelva), EDAR y colectores en 
Burguillos y Guillena (Sevilla) y adecuación y mejora de la EDAR de Sanlúcar de 
Barrameda  y  agrupación  de  vertidos  y  colectores  en  sus  núcleos  de  Sanlúcar  de 
Barrameda (Cádiz).
La declaración de interés general del Estado, a la que hace referencia el citado 
Protocolo,  no  ha  sido  reconocida  como  tal  jurídicamente  al  constatar  que  estas 
actuaciones no están incluidas en el ámbito geográfico del «Entorno de Doñana», por lo 
que no quedan amparadas en la declaración de interés general del Estado establecida 
por el Real Decreto Ley 3/1993 de 26 de febrero «Saneamiento entorno Doñana».
La ampliación de la EDAR de Matalascañas (T.M. de Almonte, Huelva) corresponde 
a  prioridad  1  establecida  en  el  Protocolo.  Las  actuaciones  que  corresponden  a 
prioridad 1, se encuentran incursas en el procedimiento de infracción N.º 2004/2031, 
abierto por la Comisión Europea, con Sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea al Reino de España de fecha 25 de julio de 2018 por su retraso en 
atender  las  obligaciones  de  tratamiento  de  las  aguas  residuales  de  determinadas 
aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes-equivalentes que vierten sus 
aguas a zonas normales. Mediante esta sentencia el Tribunal de Justicia declara que 
España ha incumplido su obligación de dar cumplimiento a una sentencia previa de 2011 
del mismo Tribunal. s
La actuación de Burguillos (Sevilla) corresponde a la prioridad 3 establecida en el  oe.
Protocolo correspondiente al procedimiento de infracción 2012/2100, mientras que las de  w.
Sanlúcar  de  Barrameda  (Cádiz)  y  Guillena  (Sevilla)  corresponden  prioridad  4  y  4w
procPeodri mloie tnatnot od,e e isn fpraricocriiódna d2 0d1e6 t/o2d1a3s4 .las Administraciones firmantes agilizar al máximo
liam peujeecsutcaisó np odre l ae Ustnaisó no bEruarso, pdeea .manera que se pueda cumplir con las responsabilidades  BOE-A-cable e
Las actuaciones citadas cuentan con la declaración de interés autonómico en el 
Acuerdo  de  26  de  octubre  de  2010  del  Consejo  de  Gobierno.  No  obstante,  estas 
actuaciones  se  encuentran  situadas  en  el  ámbito  territorial  correspondiente  a  la 
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, disponiendo la Confederación de medios de 
toda índole y pudiendo prestar toda clase de servicios técnicos para estas obras que se 
encuentran en su ámbito de gestión, por lo que razones de eficiencia tanto económica 
como técnica aconsejan que dichas obras sean ejecutadas por la Administración General 
del Estado.
XI.  Por otra parte, tanto la Administración General del Estado como la Junta de 
Andalucía  son  conscientes  del  interés  y  necesidad  de  solucionar  el  problema  de 
depuración en la Provincia de Almería y, concretamente en los municipios de El Ejido, 
Roquetas de Mar y Adra por lo que se entiende necesario incluir en este convenio las 
actuaciones relativas a las ampliaciones de las EDAR de El Ejido, Roquetas de Mar y 
Adra, declaradas de interés general del Estado en el Anexo II de la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional, epígrafe Cuenca del Sur de España (hoy Cuencas 
Mediterráneas  Andaluzas)  «Saneamiento,  depuración  y  reutilización  de  aguas  del 
Campo de Dalías». No obstante, estas actuaciones se encuentran situadas en el ámbito 
territorial correspondiente a la Demarcación Hidrográfica de Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas, cuyo organismo de cuenca es la Consejería, disponiendo ésta de medios de 
toda índole y pudiendo prestar toda clase de servicios técnicos para estas obras que se 
encuentran en su ámbito de gestión, por lo que razones de eficiencia tanto económica 
como  técnica  aconsejan  que  dichas  obras  sean  ejecutadas  por  la  Administración 
Autonómica.
La Directiva 2000/60/CE del Parlamento y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, 
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas, y que se impulsa desde los Gobiernos Central y Autonómico, tiene como objetivo 
alcanzar un buen estado de las aguas mediante medidas para mejorar su protección y 
promover su gestión y uso sostenibles.
XII.  De esta forma, se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 48.3 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que indica que «la 
suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la 
utilización  conjunta  de  medios  y  servicios  públicos,  contribuir  a  la  realización  de 
actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad  financiera».  En  este  sentido,  el  presente  convenio  establece  una 
corresponsabilidad en actuaciones e inversión global equilibrada al 50 %, asignando a la 
Administración del Estado actuaciones del ámbito de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y a la Administración Autonómica actuaciones del ámbito de las Cuencas 
Mediterráneas  Andaluzas,  lo  que  supondrá  una  agilización  en  todos  los  trámites 
administrativos  (tramitación  ambiental,  autorizaciones  de  vertidos,  concesiones  de 
reutilización, etc.) así como una optimización del personal que se asigne al control y 
dirección de las obras y a todas las gestiones que fueran necesarias por conocimiento de 
las peculiaridades del territorio, y de los desplazamientos de personal que en su caso 
fueran necesarios.
En virtud de lo manifestado, las partes convienen en firmar el presente convenio con 
arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS s
Primera.  Objeto del convenio. w.
AdmEinl isptrreasceionntee s cfoirnmvaenntieos  tpieanrea  lpao fri naonbcjeiatoc iófinja, re jleacsu clíinóena ys  pdoes tecroiolarb eoxrapcloiótanc ióenn trdee  llaass 
actuaciones detalladas en la cláusula siguiente.
Segunda.  Compromisos asumidos por las partes.
a)  Compromisos asumidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico:
1.º  La  financiación,  en  los  términos  de  la  cláusula  siguiente,  la  redacción  del 
proyecto y ejecución de las siguientes actuaciones:
– Ampliación y mejora de la EDAR de Matalascañas T.M. de Almonte (Huelva).
– EDAR y colectores en Burguillos T.M. Burguillos (Sevilla).
– EDAR y colectores en Guillena T.M. Guillena (Sevilla).
– La redacción del proyecto de adecuación y mejora de la EDAR de Sanlúcar de 
Barrameda  y  agrupación  de  vertidos  y  colectores  en  los  núcleos  de  Sanlúcar  de 
Barrameda (Cádiz).
2.º  Entregar las infraestructuras, una vez finalizadas las obras y su periodo de 
puesta en marcha, a los Ayuntamientos que asumirán mediante el presente convenio la 
explotación de dichas infraestructuras.
3.º  El Ministerio podrá iniciar las actuaciones correspondientes a la adecuación y 
mejora de la EDAR de Sanlúcar de Barrameda y agrupación de vertidos y colectores en 
los  núcleos  de  Sanlúcar  de  Barrameda  (Cádiz)  una  vez  finalizado  el  proyecto, 
pudiéndose firmar el convenio específico para esta actuación justo antes de la fecha del 
acta  de  comprobación  del  replanteo  de  las  obras.  Dicho  convenio  recogerá,  para 
la EDAR de Sanlúcar de Barrameda, todas las condiciones, derechos y obligaciones de 
las partes firmantes establecidas en el presente convenio.
b)  Compromisos asumidos por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía:
1.º  La  financiación,  en  los  términos  de  la  cláusula  siguiente,  la  redacción  del 
proyecto y la ejecución de las siguientes actuaciones:
– Ampliación de la EDAR de El Ejido (Almería).
– La  redacción  del  proyecto  de  ampliación  de  la  EDAR  de  Roquetas  de  Mar 
(Almería).
– Ampliación de la EDAR de Adra (Almería).
2.º  Entregar las infraestructuras, una vez finalizadas las obras y su periodo de 
puesta  en  marcha,  a  los  Ayuntamientos  que  asumirán  la  explotación  de  las 
infraestructuras, mediante el presente convenio.
3.º  La  Junta  de  Andalucía  podrá  iniciar  las  actuaciones  correspondientes  a  la 
Ampliación de la EDAR de Roquetas de Mar una vez finalizado el proyecto, pudiéndose 
firmar el convenio específico para esta actuación justo antes de la fecha del acta de 
comprobación del replanteo de las obras. Dicho convenio recogerá, para la EDAR de 
Roquetas del Mar, todas las condiciones, derechos y obligaciones de las partes firmantes 
establecidas en el presente convenio.
c)  Compromisos asumidos por los Ayuntamientos de Almonte, Burguillos, Guillena, 
El Ejido y Adra:
1.º  Participar  en  la  definición  de  los  proyectos  de  obra  que  redacten  la  s
Administración General del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Andalucía para  oe.
atender al saneamiento y depuración de su municipio facilitando que pueda llegarse a la  w.
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precisos para la ejecución de las obras.
3.º  La  explotación  y  adecuado  mantenimiento  de  las  infraestructuras  una  vez 
finalizadas  y  entregadas  por  el  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto 
Demográfico o por la Junta de Andalucía.
4.º  La realización a su costa, como administración competente en el servicio de 
saneamiento  y  depuración,  de  las  reparaciones,  mejoras  y  ampliaciones  de  las 
infraestructuras  construidas  que  se  requieran  para  garantizar  su  adecuado 
mantenimiento y explotación, así como de aquellas actuaciones necesarias en el futuro 
para garantizar el cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas.
5.º  Abonar la Tarifa de Utilización del Agua prevista en el artículo 114.2 del texto 
refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio (en adelante, TRLA).
6.º  La  aprobación  y,  en  su  caso,  revisión  y  adaptación  del  Reglamento  de 
prestación  del  servicio  público  de  depuración  de  aguas  y  aprobación  de  la 
correspondiente tarifa o tasa de depuración con carácter previo a la firma del acta de 
replanteo, en cumplimiento del principio de recuperación de costes y, en su caso, la 
aprobación de la correspondiente Ordenanza de vertidos o su modificación para la 
efectiva prestación del servicio. La mencionada tasa o tarifa deberá cubrir tanto la 
explotación como el adecuado mantenimiento de las infraestructuras.
d)  Compromisos  asumidos  por  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  de  Barrameda  y 
Roquetas de Mar:
Participar en la definición de los proyectos de obra que redacten la Administración 
General del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Andalucía para atender al 
saneamiento y depuración de su municipio facilitando que pueda llegarse a la solución 
técnica más adecuada. Una vez redactado el proyecto, la ejecución y explotación de las 
obras serán objeto de un convenio específico.
Tercera.  Financiación de las actuaciones.
3.1  La inversión total necesaria para las actuaciones objeto del presente convenio 
se ha estimado en 74.590.000 euros, IVA incluido, siendo el porcentaje de financiación a 
aportar por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del 50% y 
por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta 
de Andalucía el otro 50%, con el siguiente reparto para cada una de las actuaciones:
a)  Actuaciones recogidas en el Protocolo General. 37.590.000 euros, repartidos en 
las siguientes obras, que serán financiadas y ejecutadas por la Dirección General del 
Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:
– Ampliación y mejora de la EDAR de Matalascañas T.M. de Almonte (Huelva): 
29.250.000 euros.
– EDAR y colectores en Burguillos T.M. Burguillos (Sevilla): 3.840.000 euros.
– Proyecto de adecuación y mejora de la EDAR de Sanlúcar de Barrameda y 
agrupación de vertidos y colectores en los núcleos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz): 
1.500.000 euros.
– EDAR y colectores en Guillena T.M. de Guillena (Sevilla): 3.000.000 de euros.
Estas  obras  serán  financiadas  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  o
23.05.456A.601 del presupuesto de gastos de la Dirección General del Agua. Una vez  ww.
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b)  Actuaciones  de  depuración  y  saneamiento  en  la  provincia  de  Almería. 
37.000.000  de  euros,  repartidos  en  las  siguientes  obras,  que  serán  financiadas  y 
ejecutadas por la Consejería:
– Ampliación de la EDAR de El Ejido (Almería): 27.000.000 de euros.
– Proyecto de ampliación de la EDAR de Roquetas de Mar (Almería): 1.500.000 euros.
– Ampliación de la EDAR de Adra (Almería): 8.500.000 euros.
Estas  obras  serán  financiadas  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  de  la 
Consejería 1300208141 G/51D/61000/00 OIF2001 2020000170 correspondiente al canon 
de mejora de infraestructuras hidráulicas declaradas de interés de la Comunidad Autónoma, 
debiendo someterse a fiscalización previa los correspondientes expedientes de gastos.
3.2  Los importes son estimativos por lo que a la finalización de cada una de las 
obras objeto de este convenio y finalizados sus periodos de puesta en marcha, el 
Ministerio  y  la  Consejería  realizarán  el  balance  económico  de  las  actuaciones 
financiadas y ejecutadas por las dos administraciones. Dicho balance se realizará por 
cada una de las obras previstas y deberá ser aprobado por las partes firmantes a 
propuesta de la Comisión Mixta de Seguimiento del convenio, y del mismo se deducirá 
en su caso la compensación económica entre las dos administraciones que corresponda 
con el fin de conseguir el 50% de financiación global recogido en la presente cláusula.
El importe total incluirá los costes relativos a la redacción del proyecto, redacción de 
los documentos necesarios para su tramitación ambiental y para la ejecución de las 
obras, los costes relativos al expediente de expropiación de bienes y derechos que, en 
su caso, fueran necesarios y los costes de asistencia técnica a la Dirección de las Obras 
para el control y vigilancia de estas, así como, para el desarrollo de las labores de 
seguridad y salud en las obras y vigilancia ambiental.
Para la adecuada ejecución de los compromisos asumidos se establece la siguiente 
distribución de anualidades:
A)  Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Dirección General 
del Agua:
1.ª anualidad: 10.000 euros.
2.ª anualidad: 1.950.000 euros.
3.ª anualidad: 12.380.000 euros.
4.ª anualidad: 7.000.000 euros.
5.ª anualidad: 16.250.000 euros.
Total: 37.590.000 euros.
B)  Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta 
de Andalucía:
1.ª anualidad: 10.000 euros.
2.ª anualidad: 1.950.000 euros.
3.ª anualidad: 12.500.000 euros.
4.ª anualidad: 12.500.000 euros.
5.ª anualidad: 10.040.000 euros.
Total: 37.000.000 euros.
3.3  Durante la ejecución de las obras y redacción de los proyectos objeto del  e.
convenio, tendrán carácter obligatorio los reajustes de anualidades que sean necesarios,  w.b
que deban tramitar la Dirección General del Agua y la Junta de Andalucía para adaptar  4w
dlaesl  taepxotort arecqiouneersir áe clao ncóomrreicsapso nadl ireitnmteo  Addee enjdeac umcoiódnif idcaet ilvaas  eonb rloass .t éCrumailnqousie pr remvoisdtiofisc aecnió lan 
cláu3s.u4l a dSéi cipmoar .circunstancias  sobrevenidas,  constatadas  en  la  Comisión  Mixta  de
Seguimiento del convenio y aprobadas por la misma, se produjera un incremento del
gasto sobre el presupuesto global establecido en la presente cláusula, ello conllevará la 
tramitación y aprobación de la correspondiente adenda de modificación del presente 
convenio en los términos previstos en la cláusula décima.
Cuarta.  Titularidad de las instalaciones objeto del convenio.
4.1  La Administración General del Estado en ningún caso adquiere la titularidad de 
las obras objeto del presente convenio descritas en la cláusula segunda a) que ejecuta y 
financia mediante el convenio que se suscribe de acuerdo con la previsión contenida en 
el artículo 124.4 del TRLA. Sin embargo, pasa a ser titular de las obras previstas en la 
cláusula segunda b) en razón a que son obras declaradas de interés general del Estado 
en el Anexo II de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, epígrafe 
Cuenca del Sur de España (hoy Cuencas Mediterráneas Andaluzas) «Saneamiento, 
depuración y reutilización de aguas del Campo de Dalías».
4.2  El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, conforme se produzca por 
cada  administración  la  finalización  de  las  obras  cuya  financiación  y  ejecución  han 
asumido en virtud de la cláusula tercera, procederán a entregar las infraestructuras para 
su uso y explotación al Ayuntamiento correspondiente.
4.3  Los  Ayuntamientos  de  Almonte,  Burguillos  y  Guillena  serán  los  titulares 
respectivos de cada infraestructura desde el momento en que se produzca la entrega 
prevista en el apartado 4.2 de la presente cláusula, asumiendo además del uso y 
explotación  de  las  infraestructuras,  los  derechos  y  obligaciones  inherentes  a  dicha 
titularidad  y  la  competencia  para  prestar  el  servicio  de  depuración  de  las  aguas 
residuales urbanas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.4 de la Ley 5/2010, de 11 
de junio, de Autonomía Local de Andalucía. Los Ayuntamientos de El Ejido y Adra 
asumirán la explotación y mantenimiento de las infraestructuras, pero sólo adquirirán la 
titularidad de las mismas previa aprobación del correspondiente expediente patrimonial 
que tramite el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
4.4  La titularidad de las obras que, en su caso, se lleven a cabo mediante la 
suscripción de convenios específicos con los Ayuntamientos de Sanlúcar de Barrameda 
y Roquetas de Mar se establecerá, conforme proceda, en dichos convenios.
Quinta.  Procedimiento de entrega de las infraestructuras.
Una vez finalizadas las obras, las partes suscribirán las oportunas Actas de entrega 
de las obras de las distintas actuaciones relacionadas en la cláusula segunda. En dichas 
Actas se realizará una descripción detallada de la instalación, maquinaria y equipos 
técnicos que contiene; así como de los terrenos y edificaciones que comprende y de las 
demás circunstancias que permitan su identificación.
Con carácter previo al momento de suscribir el Acta, se realizará una visita técnica 
por  representantes  de  las  distintas  Administraciones  que  dejará  constancia  de  la 
situación y el correcto funcionamiento de las instalaciones.
Sexta.  Derechos y obligaciones de las partes.
6.1  Después  del  acto  formal  de  entrega  de  las  obras,  serán  por  cuenta  del 
Ministerio o de la Consejería las indemnizaciones y responsabilidades que se deriven 
directa  o  indirectamente  de  las  obras  cuya  ejecución  haya  asumido,  así  como  las  s
derivadas de los recursos, demandas y reclamaciones que pudieran interponerse contra  oe.
actos expresos y presuntos adoptados por el Ministerio/Junta de Andalucía, en función  w.
de las obras a ejecutar por cada una de dichas Administraciones. 4w
ejerc6i.c2i o qTuoed oc olorr eespstoanbdleec aid ola se nA dlma inpisretrsaecnioten ecsl áreusspuelac tos ed ee nlatsie npdroep isaisn  cpoemrpjueicteion cdiaesl 
de autorización, control e inspección.
Séptima.  Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por las partes.
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada 
una de las partes se dará traslado a la Comisión Mixta de Seguimiento del convenio que 
podrá  determinar,  en  su  caso,  la  posible  indemnización  a  satisfacer  por  dicho 
incumplimiento.
A los efectos del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los 
criterios  y  el  procedimiento  para  determinar  y  repercutir  las  responsabilidades  por 
incumplimiento  del  Derecho  de  la  Unión  Europea,  en  relación  con  la 
Directiva  91/271/CEE  sobre  tratamiento  de  aguas  residuales  urbanas,  el  presente 
convenio no supone  alteración  alguna  de la competencia que sobre el servicio de 
saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas contempla el ordenamiento 
jurídico español, por ceñirse a la ejecución de las infraestructuras necesarias para 
posibilitar dicho servicio.
Octava.  Vigencia del convenio.
El presente convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles 
desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el Boletín Oficial del 
Estado en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización y en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, y será remitido al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de 
Andalucía electrónicamente en el plazo de tres meses desde su formalización, según lo 
dispuesto en los artículos 48.8 y 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y el artículo 31.7 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas 
de Andalucía, y mantendrá su vigencia durante un período de 4 años. Antes de la 
finalización de dicho plazo, los firmantes podrán acordar su prórroga por un período de 
hasta 4 años adicionales.
La prórroga será acordada, antes de que finalice el plazo de vigencia, por mutuo 
acuerdo de las partes, mediante la formalización de la correspondiente Adenda, previo 
cumplimiento de todos los trámites y requisitos que resulten preceptivos de conformidad 
con las disposiciones vigentes.
Novena.  Extinción del convenio.
La extinción del convenio se producirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Para la extinción ordinaria 
por el transcurso del plazo de vigencia estipulado, cualquiera de las partes formulará a 
las otras un requerimiento con al menos 6 meses de antelación, advirtiendo de la 
extinción y acordando los efectos de esta.
Serán causas de resolución:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o  e.
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la  w.b
Comisión Mixta de Seguimiento. 4w
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previsto.
d)  Por decisión judicial firme declaratoria de la nulidad del convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
f)  Por la entrada en vigor de disposiciones legales o reglamentarias que determinen 
su extinción.
En cuanto a la liquidación del convenio prevista en el artículo 52 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se realizará separadamente 
para cada una de las obras previstas en la cláusula tercera.
Décima.  Modificación del convenio.
La modificación del convenio se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 49.g) 
de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público, 
mediante la formalización de la correspondiente Adenda, previo cumplimiento de los 
trámites y requisitos que resulten preceptivos de conformidad con las disposiciones 
vigentes.
Undécima.  Comisión mixta de seguimiento.
11.1  Constitución y funcionamiento:
La Comisión de Seguimiento estará formada por dos representantes de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible designados por el Director 
General  de  Infraestructuras  del  Agua,  otros  dos  del  Ministerio  para  la  Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico de los cuales uno pertenecerá a la Dirección General 
del Agua y otro a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y un representante de 
cada uno de los Ayuntamientos, los cuales únicamente serán convocados a aquéllas 
reuniones que afecten a las infraestructuras en ejecución en su respectivo término 
municipal,  en  las  que  contarán  con  voz  y  voto,  sin  que  puedan  participar  en  las 
cuestiones que afecten al resto de Ayuntamientos. Esta Comisión estará válidamente 
constituida a la fecha de publicación del presente convenio en el BOE, previa inscripción 
en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector 
público estatal.
El funcionamiento de dicha Comisión se acogerá a lo dispuesto sobre órganos 
colegiados en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La Comisión será presidida por el representante de la Administración General del 
Estado designado que desempeñe el puesto de mayor rango administrativo. Actuará 
como Secretario de la Comisión el funcionario de dicha Administración que se designe 
por  el  Director  General  del  Agua,  entre  quienes  desempeñen  un  puesto  de  nivel 
administrativo  26  o  superior  en  la  Dirección  General  del  Agua  a  propuesta  del 
Subdirector General Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras. El Secretario de la 
Comisión tendrá voz, pero no voto.
11.2  Funciones:
La Comisión realizará, además de las recogidas en el artículo 49.f) de la citada 
Ley 40/2015, las siguientes funciones:
a)  Garantizar  el  intercambio  de  información  y  la  toma  de  acuerdos  entre  el 
Ministerio, la Junta de Andalucía y los distintos Ayuntamientos en todos los aspectos  e.
relativos a la ejecución del convenio. w.
b)  Formular la propuesta de aprobación del balance económico del convenio y en  4w
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incucm) pliEmlaiebnotroa dr ell ocso nvcerinteiori.os  para  determinar  las  indemnizaciones  en  caso  de  BOE-A-cable e
d)  Proponer a los órganos respectivos de decisión, las cuestiones que puedan 
plantearse en caso de producirse la extinción anticipada.
Los miembros de la Comisión podrán invitar a las sesiones de la misma a los 
técnicos o expertos que se juzguen convenientes, de acuerdo con la naturaleza de los 
asuntos a tratar, que tendrán voz, pero no voto en la reunión.
La Comisión se reunirá una vez al año a lo largo de la vigencia del convenio en 
sesión ordinaria para cada una de las obras especificadas en el convenio, siempre que la 
propia Comisión no decida otra cosa. En sesión extraordinaria la Comisión se reunirá en 
el plazo máximo de un mes desde la solicitud fehaciente al respecto de cualquiera de las 
partes.  Los  representantes  de  los  Ayuntamientos  únicamente  serán  convocados  a 
aquellas reuniones en las que se traten cuestiones de su competencia.
La Comisión Mixta de Seguimiento deberá prestar el visto bueno a los diferentes 
estudios, proyectos y/o anteproyectos que definan las obras a ejecutar con cargo al 
presente convenio.
Duodécima.  Derecho aplicable.
El régimen jurídico aplicable a este convenio es el establecido en el Capítulo VI del 
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de Derecho Administrativo 
en  materia  de  interpretación,  modificación  y  resolución  de  las  cuestiones  no 
contempladas en el convenio que se suscribe.
Resulta de aplicación al mismo el artículo 124.4 del TRLA.
Este convenio tiene naturaleza administrativa y, por consiguiente, los litigios que se 
puedan presentar en su interpretación y ejecución, no resueltos por la Comisión Mixta de 
Seguimiento, serán competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En prueba de conformidad se firman nueve ejemplares, en el lugar y fecha señalados 
en  el  encabezamiento.–Por  el  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto 
Demográfico,  la  Vicepresidenta  Tercera  del  Gobierno  y  Ministra  para  la  Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.–Por la Junta de Andalucía, 
la  Consejera  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible,  María  del 
Carmen Crespo Díaz.–Por el Ayuntamiento de Almonte, la Alcaldesa-Presidenta, Rocío 
del  Mar  Castellano  Domínguez.–Por  el  Ayuntamiento  de  Burguillos,  el  Alcalde-
Presidente, Domingo Delgado Pino.–Por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, el 
Alcalde-Presidente, Víctor Mora Escobar.–Por el Ayuntamiento de Guillena, el Alcalde-
Presidente, Lorenzo José Medina Moya.–Por el Ayuntamiento de El Ejido, el Alcalde-
Presidente, Francisco Góngora Cara.–Por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, el 
Alcalde-Presidente,  Gabriel  Amat  Ayllón.–Por  el  Ayuntamiento  de  Adra,  el  Alcalde-
Presidente, Manuel Cortés Pérez.