BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 205 Viernes 27 de agosto de 2021 Sec. I.   Pág. 103982
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
14237 Ley  4/2021,  de  2  de  agosto,  para  la  agilización  administrativa  y  la 
planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento 
europeo de recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Parlamento de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 4/2021, 
de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de 
los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado «Next 
Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
PREÁMBULO
I
La  crisis  sanitaria  provocada  por  el  SARS-CoV-2  ha  cambiado  el  escenario 
económico mundial, pues las medidas que han sido necesarias aplicar para evitar la 
propagación de la enfermedad, tanto las de ámbito internacional, como el cierre de 
fronteras,  como  las  de  ámbito  nacional,  entre  las  que  destacan  las  limitaciones  y 
restricciones a la circulación, el distanciamiento social, cierre de negocios, o la limitación 
de aforos, están teniendo un impacto importante en la sociedad y en la economía, 
especialmente en la actividad productiva de determinados sectores, como el turismo y el 
comercio, de gran relevancia para la economía canaria.
En este escenario, que afecta con carácter global al orden mundial y al conjunto de 
los países de la Unión Europea, el Consejo Europeo del 21 de julio de 2020 aprobó un 
paquete  de  medidas  dirigidas  a  la  reconstrucción  de  la  economía  de  sus  países 
miembros.
Estas medidas se concentran en la puesta en marcha de un instrumento europeo de 
recuperación («Next Generation EU») por valor de 750.000 millones de euros en precios 
constantes del año 2018 junto con un refuerzo del marco financiero plurianual (MFP) 
para 2021-2027.
Este instrumento europeo de recuperación en forma de transferencias y préstamos 
para el periodo 2021-26, se basa en tres pilares:
1.  La adopción de instrumentos para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros 
por recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis.
2.  La adopción de medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las 
empresas en dificultades.
3.  El  refuerzo  de  los  programas  clave  de  la  Unión  Europea  para  extraer  las 
enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente y 
acelerar la doble transición ecológica y digital.
Los  dos  instrumentos  de  mayor  volumen  del  «Next  Generation  EU»  son  los  oe.
siguientes: 237www.
núcl–e oE dl eMl efocnadnois mdeo  rpeacruap elara cRióencu, peesrtaác dióont ayd ol ac oRne s6i7lie2n.5c0ia0  (mMilRloRn)e,s  qduee  ecuornosst,i tudyee  loesl 
ccuoanlsetsit u3ir6á0n. 0c0o0m mo illtornaenss fesree ndceiassti nanroá nr eae mprbéoslstaambloess . y E3s1te2 .5i0n0s trmumilloennetos  dtieen eeu rcousa tsreo   BOE-A-cable e
objetivos principales: promover la cohesión económica, social y territorial de la Unión 
Europea; fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados miembros; 
mitigar las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la COVID-19; y apoyar las 
transiciones ecológica y digital. Para recibir apoyo financiero en el marco del MRR, los 
Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  deben  preparar  planes  nacionales  de 
recuperación  y  resiliencia  en  los  que  se  establezca  el  programa  de  inversiones  y 
reformas para los años 2021- 2023.
– El Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa 
(REACT-EU) dotado con 47.500 millones de euros. Los fondos de REACT-EU operan 
como fondos estructurales, pero con mayor flexibilidad y agilidad en su ejecución. Este 
instrumento promoverá la recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía.
El criterio de reparto del MRR garantiza un apoyo financiero mayor a aquellos 
Estados miembros cuya situación económica y social se haya deteriorado más como 
consecuencia de la pandemia y las medidas de restricción de la actividad económica 
necesarias para combatir el COVID-19.
Los  fondos  del  MRR  se  asignan  en  dos  tramos:  un  70%  sobre  indicadores 
económicos anteriores a la emergencia sanitaria y el restante 30% se decidirá en 2022 
con los datos que reflejen la evolución económica entre 2020 y 2022.
Según  los  indicadores  que  se  usarán,  España  recibiría  un  total  de 
aproximadamente 60.000 millones de euros en transferencias no reembolsables y podría 
acceder a un volumen máximo de 80.000 millones de euros en préstamos.
En cuanto al fondo REACT-EU, España recibirá algo más de 12.000 millones de 
euros para su ejecución en el periodo 2021-2022.
El 70% de las transferencias no reembolsables concedidas por el MRR deberá ser 
comprometido  por  la  Comisión  Europea  en  2021  y  2022.  El  30%  restante  se 
comprometerá  enteramente  a  finales  de  2023  y  podrá  ejecutarse  hasta  2026.  Los 
recursos del REACT-EU deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2023.
Tal inyección de recursos constituye una oportunidad única para España para llevar a 
cabo un proceso de transformación del modelo económico y social español hacia un 
modelo más sostenible y resiliente, que mejore la competitividad y el empleo y persiga 
una economía más justa y socialmente equitativa.
En respuesta a ello, por el Estado se aprobó el Real Decreto ley 36/2020, de 30 de 
diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la 
Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia,  con  el  fin  de  articular  un  modelo  de  gobernanza  para  la  selección, 
seguimiento,  evaluación  y  coordinación  de  los  distintos  proyectos  y  programas  de 
inversión, y que contiene reformas normativas de carácter horizontal que permiten una 
mejora de la agilidad en la puesta en marcha de los proyectos, una simplificación de los 
procedimientos manteniendo las garantías y controles que exige el marco normativo 
comunitario y una mayor eficiencia en el gasto público, ya que la envergadura de los 
retos que se avecinan y el escaso marco temporal en el que nos movemos exige la 
adopción de medidas que coadyuven a las administraciones públicas para desarrollar 
con éxito y en tiempo sus proyectos e inversiones.
II
Canarias no puede quedar al margen de este proyecto, máxime cuando ha quedado 
patente la vulnerabilidad de su modelo económico, siendo necesario llevar a cabo un  e.e
proceso de reforma del mismo hacia uno más sostenible y resiliente que permita una  b
rápida recuperación de la actividad económica, impulse la inversión pública y privada y el  237ww
aepmopyleoo a ld tee jcidaoli dpardo,d fuocmtiveon,t em leaj oerfeic lioesn cdiaa teons edreglé eticmap yle oe l yu csoon dtreib eunyear gaí alas  carletearcniaótniv daes , ulan 
mecoovnilóidmaidc a,s ossotceinailb lye ,t elrari toluricahl ad ec oCnatrnaa rieals  ceanm ebli om  acrlicmoá tdiceol , mfearvcoardeoz cúan iclao  ceouhroepseióon, 
fomente medidas de apoyo a sectores con dificultad e impulse la modernización y
transformación digital de la Administración y del sector privado; todo ello con el fin de 
crear una sociedad más competitiva y solidaria.
Se trata pues de fortalecer la economía canaria frente a futuras crisis, creando una 
sociedad moderna adaptable a los cambios, más justa y solidaria.
En este sentido, el 30 de mayo de 2020 se firma el Pacto para la Reactivación Social 
y  Económica  de  Canarias  con  un  amplio  apoyo  de  los  grupos  parlamentarios 
representados en el Parlamento de Canarias, las administraciones públicas de las islas 
(gobiernos autonómico, insulares y municipales), los agentes sociales y económicos 
representativos de nuestra Comunidad, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios de las Islas, los Colegios Profesionales de Trabajo Social y representantes del 
Tercer Sector en el Archipiélago.
Este Pacto dio lugar al Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias 
conocido como «Reactiva Canarias» que ha contado igualmente con amplio consenso. 
Dicho  Plan  fue  aprobado  definitivamente  por  el  Gobierno  de  Canarias  tras  haber 
manifestado su respaldo al mismo el Pleno del Parlamento de Canarias en sesión 
celebrada el 22 de octubre de 2020.
Este documento es una herramienta de trabajo y hoja de ruta para afrontar la crisis 
económica  y  social  tras  una  pandemia  sanitaria  sin  precedentes  que  ha  venido  a 
paralizar la actividad productiva en diversos sectores y que está azotando con fuerza a 
Canarias, constituye además un compromiso político para la recuperación con siete ejes 
prioritarios, que tienen que ver con contenidos más genéricos que se mantienen en el 
Plan  para  la  Reactivación  y  que  muestran  su  desarrollo  en  122  actuaciones  más 
concretas. Los ejes aluden a: el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales; 
el refuerzo de nuestras capacidades sanitarias y sociosanitarias; la atención y apoyo a 
las personas vulnerables; el mantenimiento y la recuperación del empleo; el impulso de 
la  actividad  económica;  la  agilización,  simplificación,  cooperación  y  coordinación 
administrativa y el impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible.
El Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias, «Reactiva Canarias» 
está alineado con los objetivos del instrumento europeo de recuperación denominado 
«Next Generation EU» y con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 
España que serán las guías base de referencia para la elaboración de los Instrumentos 
de planificación estratégica previstos en esta ley.
Por  tanto,  los  fondos  procedentes  del  instrumento  europeo  de  recuperación 
constituyen una oportunidad para poner en marcha la estrategia de recuperación a la 
que se comprometió el Gobierno de Canarias en su Pacto para la Reactivación Social y 
Económica, permitiendo el restablecimiento de la normalidad y la generación de riqueza 
y aprovechando para salir más fortalecidos, instaurando un modelo económico más 
sostenible, resiliente y solidario.
No obstante, el escaso marco temporal aprobado por la Unión Europea para la 
ejecución  de  los  fondos  del  «Next  Generation  EU»  constituye  un  reto  de  gran 
envergadura para una Administración aun excesivamente burocrática, que, aunque en 
los últimos años ha realizado un importante proceso de modernización, está lejos de 
poder responder de forma eficaz y con la agilidad necesaria para cumplir con los plazos 
previstos.
Si bien el Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aborda importantes reformas en 
diferentes áreas y materias, como la gestión de los recursos humanos, presupuesto,  s
procedimientos  administrativos,  contratación,  actividad  convencional,  subvenciones  y  oe.
otras dirigidas a modernizar y agilizar la Administración pública, muchas de ellas de  w.
aplicación  en  exclusiva  al  sector  público  estatal;  se  hace  necesario  que  por  la  237ww
Aurdgmenintiesstr aqcuióen  ppúebrmlicitaa nd eg elas tCioonmaru ncidoand  eAfiuctaócniao mya  deefi cCieanncaiar ialso ss ef oanddoopst end eml e«dNideaxst 
lGase ninevraetrisoino nEeUs» e, sqtaubel evcaine nddeos duen  rmefoodrzealor  ldae o gbolibgearcnióann zdae  hpalasntaif iacagril idzaer  folar mgeas etisótnra dtéeg liocas   BOE-A-cable e
fondos con medidas de simplificación y flexibilización de los procedimientos, así como 
procurar  una  adecuada  planificación  y  profesionalización  de  los  recursos  humanos 
encargados de gestionar los mismos.
III
La presente ley se estructura en 5 títulos, comprensivos de un total de 50 artículos, 
once disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.
El  título  I,  de  disposiciones  generales,  concreta  el  objeto  y  finalidad  de  la  ley 
orientado a la adopción de medidas que permitan a la Administración pública gestionar 
con eficacia y eficiencia los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación 
«Next Generation EU» para la consecución de los objetivos de recuperación económica 
tras la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 y limita su ámbito de aplicación 
exclusivamente  a  aquellas  actuaciones  y  procedimientos  que  tengan  por  objeto  la 
gestión y control de los fondos provenientes del instrumento europeo de recuperación 
«Next Generation EU».
El título II, dividido en dos capítulos, establece un modelo para la gobernanza de los 
proyectos.  El  capítulo  I  determina  una  organización  para  la  coordinación,  control  y 
seguimiento de los proyectos. En concreto, se crea la Comisión de Planificación y 
Gobernanza,  como  órgano  de  alta  dirección  y  gobernanza,  al  que  corresponde  la 
aprobación y seguimiento de los fondos, y un órgano de coordinación de los proyectos 
que  prestará  asistencia  a  la  comisión  y  aprobará  orientaciones,  manuales  de 
procedimiento y modelos de bases de convocatoria de subvenciones, para facilitar el 
trabajo de los gestores, así como establecerá recomendaciones e instrucciones sobre la 
adopción  de  herramientas  informáticas  o  digitales;  determina  que  la  autoridad 
responsable de los fondos procedentes del MRR y del REACT-EU ante la Administración 
General del Estado será la dirección general con competencia en materia de fondos 
europeos; atribuye el control de los fondos a la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, que actuará bajo la coordinación de la Intervención General de 
la Administración del Estado; así como se establecen las obligaciones de rendición de 
cuentas al Gobierno y de transparencia. Así mismo se incorpora una previsión para que 
la persona titular del departamento competente en materia de Hacienda y Presupuestos 
informe con carácter semestral al Parlamento de Canarias a través de su Comisión de 
Presupuestos  y  Hacienda.  Por  su  parte,  el  capítulo  II  regula  los  instrumentos  que 
servirán a la planificación estratégica y la gestión de los proyectos.
El título III está dedicado a la organización de los recursos humanos, un ámbito 
esencial en el desafío que para esta Administración supone que sus unidades vean 
multiplicada su carga de trabajo con unos recursos limitados por la falta de relevo de 
plantillas como consecuencia de las medidas de austeridad y contención del gasto 
impuestas desde la gran recesión. El Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, ha 
abierto un nuevo marco de reflexión estratégica sobre la organización, los procesos, la 
gestión del personal y la digitalización, proponiendo soluciones flexibles en materia de 
organización de recursos humanos para que la gestión del plan sea abordada con éxito, 
pero salvaguardando el interés general. En este título se adaptan dichas soluciones a la 
realidad de la Administración autonómica, contemplando el instrumento regulador de los 
recursos humanos adscritos a los planes y proyectos, las unidades administrativas de 
carácter provisional, su provisión de personal, una apuesta por la profesionalización de la 
función directiva pública profesional y las acciones de formación como medida para una  s
mayor capacitación de los recursos que van a gestionar los fondos para una ejecución  e.
más exitosa en la absorción de los fondos. w.
Asimismo, al objeto de reforzar temporalmente los recursos humanos con que cuenta  237ww
ey l eTvriitbaur nqaul eA deml minaisytorar tvivoolu dmee Cn odnetr aretocsu rPsoúsb liecsopse dceia lleas C eonm munaitdearida  Aduet ócnoonmtraat adcei óCna pnuaeridaas 
peúnbtolircpoesc ecru laal ifgiceasdtioósn  qduee l opsu efodnadno sa,s siset irp raelv étr iblau ncarel afucieórna  ddee  usnua  jboornlsaad ad eo redminpalreiaa ddoes   BOE-A-cable e
trabajo,  percibiendo  las  retribuciones  que  por  ello  corresponda  en  forma  de 
gratificaciones  por  servicios  extraordinarios,  horas  extraordinarias  o  concepto 
equivalente según la clase de vínculo del empleado.
El  título  IV  engloba  las  especialidades  en  materia  de  gestión  presupuestaria, 
administrativa, contractual y de gestión de subvenciones. En su capítulo I se recogen las 
medidas de gestión presupuestaria con la finalidad de coadyuvar a agilizar la dotación de 
los créditos de los proyectos financiados con fondos del «Next Generation EU».
En este sentido y a fin de iniciar con la mayor prontitud posible la ejecución de los 
créditos que se habiliten con cobertura en los recursos que se perciban y lograr el 
impacto perseguido desde la perspectiva económica y social así como para agilizar y 
flexibilizar  su  gestión,  por  una  parte  se  crean  los  servicios  70  «Mecanismo  de 
recuperación» y 71 «Ayuda a la recuperación (REACT-EU)» y por otra, se establece la 
prioridad en la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria que hayan 
de  implementarse  para  esa  habilitación.  Estos  expedientes  únicamente  incluirán  el 
correspondiente  anexo  y  la  documentación  contable  que  soporte  a  la  propuesta, 
incorporándose  el  informe  de  la  Dirección  General  competente  en  materia  de 
presupuesto siempre que por esta se estime procedente.
Igualmente, se flexibiliza el régimen competencial previsto para la autorización de las 
transferencias y las generaciones de crédito que se precisen tramitar para habilitar los 
créditos afectados a los fondos asociados al instrumento.
Para facilitar la ejecución de tales créditos se crean bolsas para su vinculación y, 
respecto a las transferencias de crédito precisas para realizar actuaciones en el marco 
del MRR o el REACT-EU, se establece que no se les aplique las restricciones recogidas 
en el artículo 54 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, 
ni las que se prevean en las leyes anuales de presupuestos.
En cuanto a la tramitación de los expedientes de modificaciones de crédito estos se 
simplifican  sustancialmente,  quedando  prácticamente  reducidos  a  la  documentación 
imprescindible.  Por  su  parte,  la  Dirección  General  competente  en  materia  de 
presupuesto dará prioridad a su tramitación, reduciendo a la mitad el plazo de que 
dispone para su análisis y estudio, emitiendo informe únicamente cuando lo estime 
adecuado y necesario.
Conviene resaltar el régimen previsto para la adquisición de compromisos de gastos 
de carácter plurianual, ya que el crédito a considerar para el cálculo de los porcentajes 
que se apliquen para determinar la cuantía habilitante toma como base el definitivo en el 
momento de proponer el compromiso, computado a nivel de sección, servicio, programa 
y capítulo, estableciéndose en el 100% de dicha base para el primer y segundo ejercicio.
Por último, como medida de flexibilidad, se establece la posibilidad de proceder a la 
tramitación anticipada de expedientes no solo de gastos de ejercicios posteriores, sino 
también de ejercicio corriente, ligados a modificaciones presupuestarias, pudiendo llegar 
a formalizarse el compromiso de gastos, para cualquier expediente que se financie con 
los fondos procedentes del MRR y de los fondos REACT-EU.
El capítulo II recoge dos medidas generales que persiguen la agilización de los 
procedimientos, una de ellas es la tramitación de urgencia y el despacho preferente de 
los asuntos relativos a los fondos procedentes del instrumento «Next Generation EU» y 
la otra es la exceptuación del trámite preceptivo de autorización previa del Gobierno de 
los  expedientes  de  gastos,  subvenciones  y  convenios  que  las  leyes  anuales  de 
presupuestos sujetan a su autorización, por razón de su cuantía.
El capítulo III recoge especialidades en materia de contratación pública con el fin de  s
implantar  una  cultura  en  la  gobernanza  de  la  contratación  pública  de  los  fondos  oe.
europeos,  que  sea  responsable,  abierta,  innovadora,  cooperativa,  profesionalizada,  w.
tecnológica y transformadora y de garantizar un régimen de contratación que permita dar  237ww
rmeospdueelos teac oan lóams iacpor emmáisa nstoesst enneicbeles,i dinatdeelisg epnútbel icya rse, sqiluieen taec tqúuee c noomso  pdreinpaamreiz amdeojor rd ep auran 
caofrmonot amr efujoturarar sl ac raisgisili dsaadn itya rsiaims,p clilfiimcaárt icloass ,t raálmimiteenst ahraiacsie, ntedcon oqluóeg iclaa sp roo peinae rcgoénttircaatsa,c iaósní   BOE-A-cable e
pública tenga un efecto de política palanca en sí misma, y que se ajuste a los requisitos y 
a la definición de contrato público que establece la normativa básica sobre contratación 
pública. Entre estas medidas se contempla el impulso de la contratación electrónica, la 
admisión de los bastanteos de los poderes realizados por los servicios jurídicos de 
cualquier otra administración pública, a fin de evitar una duplicidad innecesaria en un 
contexto de intensa contratación; así como la simplificación en la composición de las 
mesas de contratación en los procedimientos de adjudicación abiertos simplificados y su 
supresión en los abiertos simplificados abreviados.
Se  persigue  con  las  medidas  previstas  en  este  capítulo,  que  son  diversas  y 
heterogéneas,  convertir  la  contratación  pública  como  punto  estratégico  que  permite 
generar inversión pública para el crecimiento sostenible, alcanzar una mayor eficiencia 
en la distribución y gestión de los fondos europeos, así como dotar de mayor seguridad 
jurídica  y  transparencia  a  la  contratación  pública,  dar  apoyo  a  la  recuperación 
potenciando un modelo de contratación de obras y servicios públicos inteligentes y 
«circulares», que integren lo social, ambiental y la equidad como señas de identidad del 
modelo económico.
El capítulo IV recoge las especialidades en materia de gestión de subvenciones.
Como una de las medidas más destacadas, se establece la posibilidad de otorgar 
subvenciones de concurrencia no competitiva para aquellas subvenciones cuyo objeto 
sea  financiar  actuaciones  o  situaciones  concretas  que  no  requieran  de  valoración 
comparativa  con  otras  propuestas.  En  estos  casos  se  prevé  que  puedan  dictarse 
sucesivas resoluciones de concesión por orden de presentación de solicitudes, una vez 
realizadas  las  comprobaciones  de  concurrencia  de  la  situación  o  actuación 
subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento 
del crédito presupuestario asignado en la convocatoria. Regulando, al mismo tiempo, 
una  medida  ágil  de  publicación  o  notificación  del  agotamiento  del  crédito  y  las 
desestimaciones de las solicitudes por tal motivo, a través de la sede electrónica.
Paralelamente,  se  prevé  la  posibilidad  de  incremento  de  la  cuantía  máxima  o 
estimada de la convocatoria sin sujeción a los criterios más restrictivos regulados en el 
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Se establece la conservación de todos los actos cuando transcurrido el plazo de 
presentación de solicitudes previsto no hubiera finalizado al cierre del ejercicio.
Se contempla una regulación de las convocatorias abiertas, más flexible y amplia, 
que  permite  convocatorias  abiertas  hasta  un  máximo  de  dos  años,  salvo  en  las 
financiadas con el fondo REACT-EU que podrán extenderse como máximo hasta el 31 
de diciembre de 2022, aunar en un acto de convocatoria varios procedimientos de 
concesión, así como la posibilidad de que en estas se concreten los plazos de ejecución 
y justificación diferentes para los beneficiarios de cada procedimiento o el traslado de 
crédito no aplicado en un procedimiento de concesión al siguiente mediante resolución 
del centro gestor.
Se simplifica la documentación que tienen que presentar los beneficiarios de las 
subvenciones, regulando medidas como el incremento del umbral económico para la 
presentación de una cuenta justificativa simplificada y para acreditar que se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social o la 
posibilidad de realizar compensaciones entre los conceptos presupuestarios, siempre 
que se dirijan a alcanzar el fin de la subvención, en las memorias a presentar.
El título V introduce, en el ámbito autonómico canario, las medidas de simplificación  s
de la tramitación de convenios administrativos, incluyendo las previstas en el Real  oe.
Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, a fin de aprovechar las ventajas que puede  w.
implicar  la  utilización  de  los  convenios  en  la  gestión  del  instrumento  europeo  de  237ww
rceucmuppleimraiecinótno,  deest olo ess f,i npeesrm dietir ,i netnetrrées  ogtreonse orablj eptiuveodsa, nq uaer tliacsu laarcstuea ac iotrnaevsé sq udee  reeqnutiidearad eesl 
qcoume oc oolatrboosr efinne cso vni nlacu Aladdmosin ias tlroasc imónis, mcuoyso. sA spirmoicsemdoim, iseen troesa lsizoan  umnau crheom imsiáósn  áegsipleesc,í faicsaí   BOE-A-cable e
a los instrumentos de colaboración público-privada contemplados en el citado Real 
Decreto ley 36/2020.
Con el objeto de ahondar en la simplificación, se establece en la disposición adicional 
primera que el instrumento de planificación estratégica pueda tener la consideración de 
plan estratégico de subvenciones, siempre que contemple los requisitos mínimos que el 
mismo define.
La  disposición  adicional  segunda  determina  que  el  régimen  de  control  de  los 
expedientes de gastos de los fondos del «Next Generation EU» será el actualmente 
previsto para el resto de los expedientes, aclarando que la exceptuación del trámite de 
autorización previa del Gobierno de los expedientes de gastos no determina la no 
sujeción al régimen de fiscalización previa previsto actualmente en acuerdo de Gobierno.
La  disposición  adicional  tercera  suspende,  para  favorecer  la  movilidad  de  los 
recursos humanos, la regla de cesión del crédito prevista en el apartado 4 del artículo 50 
de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2021.
La disposición adicional cuarta regula la negociación colectiva de los instrumentos de 
ordenación previstos en la presente ley.
La disposición adicional quinta incluye las especificidades aplicables al personal 
estatutario.
La  disposición  adicional  sexta  diseña  las  unidades  administrativas  de  carácter 
provisional indispensables, con carácter inmediato, en las direcciones generales con 
competencia en materia de planificación, presupuesto y fondos europeos y de función 
pública y en la Intervención General.
La disposición adicional séptima establece una medida de simplificación para gastos 
menores, con alcance general a todas las administraciones y no vinculado en exclusiva a 
los gastos financiados con fondos europeos.
La disposición adicional octava permite durante el año 2021, mientras se mantenga 
la suspensión de las reglas fiscales, autorizar ampliaciones de crédito sin cobertura para 
afrontar situaciones sobrevenidas de extraordinaria y urgente necesidad, incluso cuando 
afecten a créditos vinculados al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia 
(MRR) o a la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa 
(REACT-UE), siempre que con ello se facilite su capacidad de ejecución.
La disposición adicional novena contempla una excepción a la previsión contenida en 
el artículo 34 de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, en virtud de la cual los funcionarios 
interinos, que no desempeñen puesto, «percibirán las retribuciones equivalentes a un 
puesto base de grupo o subgrupo en el que están incluidos», con el fin de que puedan 
percibir retribuciones superiores.
La disposición adicional décima prevé la adopción de medidas capacitación del 
personal y la posibilidad de abono del complemento de productividad al personal que 
quede adscrito a las unidades administrativas de carácter provisional y las creadas en la 
disposición adicional sexta para retribuir la especial dedicación y el rendimiento en la 
gestión de los Fondos procedentes del Instrumento «Next Generation EU».
La disposición adicional undécima contiene una habilitación a la Dirección General 
competente en materia de presupuesto para determinar, conjuntamente con el Servicio 
Canario  de  la  Salud,  el  modo  de  habilitar  en  el  presupuesto  de  gastos  del  citado 
organismo  los  créditos  vinculados  al  MRR  y  al  REACT-EU,  así  como  el  nivel  de 
vinculación que se le atribuye a los mismos. s
Después de la disposición derogatoria única, se contemplan las cinco disposiciones  oe.
finales. w.
En cuanto a la disposición final primera, resulta necesario, para garantizar el mejor  237ww
acopnrovvoeccahrsaem, ienatsoe gduera nldao  ejeelc upcuiónntu adle  relalesv oo fegretanse radcei oneaml pldeeo   puúnbal icAo dmquinei stdraecbieónn 
eefnevcetijveocsid ap,a rean l au enj eecsucceiónna rdioe  edset oisn tfeonnsdao st,r aqnusef osrem amcoiódnif iqduigeinta llo sy  agpraarnta deoxsig e2n yc ia3  ddeel   BOE-A-cable e
artículo 73 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, a fin de 
hacer que dicha regulación sea coherente con la redacción del artículo 61 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, tal y como ya había puesto de manifiesto, 
en diferentes ocasiones, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en sentencias 
de 17 de octubre de 2018 y de 14 de junio de 2019 y, en la misma línea, se modifica el 
apartado 2 del artículo 78 del mismo texto legal a fin de posibilitar la introducción de un 
elenco más amplio de méritos a valorar, más acordes con las necesidades actuales del 
servicio público que se le requiere a la Administración, avanzando en el objetivo de una 
Administración plenamente electrónica con la introducción de las competencias digitales 
como criterio en las bases de los procesos de provisión.
La disposición final segunda modifica la Ley 7/2014, de 30 de julio, de la Agencia 
Tributaria Canaria.  Por su parte la disposición final tercera introduce una cláusula de 
salvaguarda de rango reglamentario.
La disposición final cuarta dispone la aplicación supletoria respecto a la materia que 
se regula, de las disposiciones contenidas en el Real Decreto ley 36/2020, de 30 de 
diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la 
Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
Por último, la disposición final quinta determina la entrada en vigor de la presente ley.
La presente ley persigue, por tanto, con las medidas descritas dar respuesta a los 
desafíos que se le plantean a esta Administración para alcanzar con éxito la ejecución de 
todos los proyectos vinculados a los fondos del instrumento europeo de recuperación.
Todas las medidas organizativas y procedimentales que se contienen en la presente 
ley  constituyen  un  primer  avance  de  otras  que  se  podrán  ir  adoptando  para 
complementarlas, modularlas o suplirlas, en función de las necesidades extraordinarias y 
urgentes que se vayan presentando a lo largo del proceso de planificación, gestión y 
control de los fondos.
IV
La presente ley cumple con una finalidad de interés general y es el instrumento 
idóneo  para  alcanzar  los  objetivos  perseguidos,  lo  que  ha  quedado  plenamente 
justificado en apartados precedentes.
Igualmente, da cumplimiento a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y 
eficacia,  destacándose  que  las  medidas  que  incorpora  son  congruentes  con  el 
ordenamiento jurídico e incorporan la mejor alternativa posible dada la situación de 
excepcionalidad al contener la regulación necesaria e imprescindible para la consecución 
de los objetivos previamente mencionados.
Por lo que se refiere al principio de seguridad jurídica, respecto a las materias que 
podrían ser objeto de regulación reglamentaria, pero que se incluyen en la presente ley, 
cabe recordar la Sentencia del Tribunal Constitucional 14/2020, de 28 de enero, que 
señala en su FJ 5 que «(...) lo que este tribunal ha declarado inconstitucional, por 
contrario  al  artículo  86.1,  son  las  remisiones  reglamentarias  exclusivamente 
deslegalizadoras carentes de cualquier tipo de plazo [SSTC 29/1982, de 31 de mayo, 
FJ 6, y 29/1986, de 28 de febrero, FJ 2 c)], y no las habilitaciones reglamentarias 
relacionadas  con  cambios  organizativos  (STC  23/1993,  de  13  de  febrero,  FJ  6)  o 
necesarias, dada la imposibilidad técnica de proceder a una aplicación inmediata de los  s
preceptos del decreto ley (STC 12/2015, de 5 de febrero, FJ 5)». En suma, el Tribunal  e.
Constitucional sostiene que si se pretende utilizar un real decreto ley para ordenar una  w.
materia que antes era regulada por normas reglamentarias, la justificación del empleo de  237ww
eresgeu lparcoiódnu crteoq uneorríma aptriveoc isiammpeonntee  alal  eGleovbaiecriónno  dlae  enseec ersaindgaod  edne  erl amzoonmaer nptoo re nq uqéu ee ssea 
aprobó el real decreto ley en cuestión.
En  este  sentido,  debe  señalarse  que  las  reglas  en  materia  de  subvenciones 
introducidas en el capítulo IV del título IV de la presente ley, constituyen especialidades 
respecto de las reglas generales establecidas en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, 
por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, pero que deben introducirse de manera inmediata en el ordenamiento 
jurídico a fin de garantizar la máxima coherencia, sistematicidad y seguridad jurídica en 
el  régimen  especial  de  tramitación  y  concesión  de  las  subvenciones  que  sean 
financiables con fondos «Next Generation EU». Lo mismo cabe decir respecto de la 
admisibilidad en los contratos públicos de los bastanteos de poderes realizados por otras 
administraciones públicas, que alteran el régimen previsto en los artículos 26 y 28 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de 
Canarias,  aprobado  por  Decreto  19/1992,  de  7  de  febrero,  siendo  una  medida 
igualmente coyuntural, de aplicación exclusiva a unos determinados contratos y de 
carácter  transitorio,  que  no  tiene  la  voluntad  de  modificar  de  forma  permanente  el 
ordenamiento jurídico y que se justifica en la necesidad de aplicar de forma inmediata la 
misma para dar mayor agilidad a los contratos que se financian con fondos del «Next 
Generation EU».
Asimismo se modifica el límite previsto para los pagos por anticipo de caja fija 
previsto en el artículo 9.2 del Decreto 151/2004, de 2 de noviembre, por el que se regula 
el régimen de provisiones de fondos a las habilitaciones de pagos de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se aprueba el sistema informático 
contable con la denominación SIHABIL, con el fin de dar mayor agilidad a la contratación 
de  gastos  menores,  si  bien,  salvaguardando  el  rango  reglamentario  para  la 
determinación del citado límite.
En cuanto al principio de transparencia, en su parte expositiva y su memoria se 
explica suficientemente su contenido y sus fines.
Finalmente, respecto del principio de eficiencia, no se imponen más cargas que las 
estrictamente necesarias.
V
La presente ley contiene un amplio y heterogéneo abanico de medidas, cuyo nexo 
común es que se trata de medidas de carácter autoorganizativo, adoptadas con vistas a 
facilitar a la Administración autonómica a gestionar con éxito los fondos procedentes del 
«Next Generation EU». Se trata en general de medidas de organización interna y de 
carácter  coyuntural,  que  pretenden  imprimir  mayor  agilidad  y  eficiencia  en  el 
funcionamiento cotidiano de la Administración.
Las medidas organizativas que se concretan en el título II de esta ley se sustentan en 
la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Canarias para establecer la 
organización y el régimen de funcionamiento de su Administración, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución y que incluye, en todo caso, la 
facultad para crear, modificar y suprimir los órganos, unidades administrativas y las 
entidades que la configuran o que dependen de ella (cfr. artículo 104 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias).
El título III dedicado a la gestión de los recursos humanos recoge medidas que se 
enmarcan en la competencia autonómica en materia de función pública prevista en el 
artículo 107 del Estatuto de Autonomía y que se insertan con pleno respeto de la 
competencia  del  Estado  para  establecer  las  bases  del  régimen  estatutario  de  los  s
funcionarios públicos, en virtud del artículo 149.1.18.ª de la Constitución española. e.
Otro bloque de materias contenidas en la ley son las de naturaleza presupuestaria,  w.
en relación con las medidas recogidas en el capítulo I del título IV, ostentando la  237ww
Ccoonm luan aiduatdo nAoumtóían ofimnaan cdiee raC aqnuaer iaties nceonm rpeectoennocciaidsa se nla ms actoemriau ndidea dheasc ieanudtóan oemn arse laecni óenl 
Aarutítcounloom 1ía5)6.  dAel  rleac oCnooncsetirtsuec ióqnu ee slpaa ñCoolam u(anridtíacdu loAsu t1ó6n5o my as idgeu ieCnatensa rdiaesl  Ecusetanttuat o cdoen   BOE-A-cable e
Hacienda propia para el desarrollo y ejecución de sus competencias, se está infiriendo a 
la comunidad autónoma capacidad para su regulación en la forma que más convenga a 
sus intereses peculiares. Dentro de las previsiones estatutarias, interesa especialmente 
dejar constancia que se contempla, entre ellas, la competencia para la gestión de los 
fondos europeos (artículo 175 y 197.2), en la medida en que la ley incluye medidas 
adoptadas en el ejercicio de tales competencias. Asimismo, las medidas recogidas en 
materia de gestión presupuestaria, dirigidas a la dotación de forma ágil de los proyectos 
financiados con fondos europeos, se regulan con pleno respeto al marco normativo 
institucional  establecido  en  la  Constitución  y  en  la  Ley  Orgánica  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Las medidas procedimentales recogidas en el capítulo II del título IV se amparan en 
las competencias que tiene conferidas la comunidad autónoma en materia de régimen 
jurídico y procedimiento administrativo común por el artículo 106.2 a) del Estatuto de 
Autonomía. Se trata de dos medidas coyunturales para agilizar la tramitación de los 
procedimientos teniendo la comunidad autónoma amplia capacidad para su disposición, 
sin que constituya vulneración alguna de las bases recogidas en la legislación estatal en 
materia de procedimiento administrativo común.
El capítulo III del título IV y la disposición adicional séptima recoge especialidades en 
materia de contratación pública que viene a regular la comunidad autónoma en ejercicio 
de las competencias que le reconoce el artículo 106.2 c) del Estatuto de Autonomía con 
pleno respeto de la competencia exclusiva del Estado para establecer la legislación 
básica de contratos.
Queda  por  referirse  al  título  competencial  atinente  a  las  subvenciones,  que  el 
Estatuto de Autonomía sitúa en el ámbito de la competencia sobre fomento. No es un 
título autónomo, sino que debe situarse en conexión con una de las materias sobre las 
que  la  comunidad  autónoma  tiene  reconocida  competencia.  Así  lo  establece  el 
artículo 102 del Estatuto de Autonomía que dice: «1. En las materias de su competencia, 
corresponde a la comunidad autónoma el ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos 
efectos podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos propios, regulando o, en su 
caso,  desarrollando  los  objetivos  y  requisitos  de  otorgamiento  y  gestionando  su 
tramitación y concesión».
Las subvenciones no constituyen un título competencial en sí mismo, sino que son 
un instrumento al servicio de una competencia sustantiva. Y la comunidad autónoma 
puede en el desarrollo de sus propias competencias sustantivas establecer normas 
propias de subvenciones de aplicación en las materias sobre las que tiene competencia 
y siempre que no contradigan la legislación básica estatal en la materia.
Por lo que se refiere al título V, dedicado a la cooperación interadministrativa y la 
colaboración  y  participación  público-privada,  el  mismo  encuentra  su  amparo  en  los 
artículos 191 y 194 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
En definitiva, la comunidad autónoma, en líneas generales, ostenta competencia 
sobre las materias que son objeto de la ley, sobre la base de los títulos competenciales 
que le reconoce el Estatuto de Autonomía y que han quedado determinados en los 
párrafos anteriores.
VI
Esta ley se tramita después de la promulgación y convalidación parlamentaria del 
Decreto  ley  4/2021,  de  31  de  marzo,  de  medidas  urgentes  para  la  agilización  s
administrativa  y  la  planificación,  gestión  y  control  de  los  Fondos  procedentes  del  e.
Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito  w.
de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se establecen medidas tributarias  237ww
eenl « eBl oImleptíune Ostfoic iGale dnee rCala Innadriiraesc»to e Cl 1a ndaer iaob prial rdae l a2 0lu2c1h, ato cdoan tvreaz l aq uCeO eVl IPDa-1rl9a,m peunbtloic aadcoor deón 
su tramitación por el procedimiento de urgencia.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  La presente ley tiene por objeto establecer las disposiciones generales precisas 
para facilitar la planificación, gestión, ejecución y control de los fondos procedentes del 
Instrumento  Europeo  de  Recuperación  «Next  Generation  EU»,  en  especial  del 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  (en  adelante,  MRR)  afecto  al  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  y  la  Ayuda  a  la  Recuperación  para  la 
Cohesión y los Territorios de Europa (en adelante REACT-EU), con la finalidad de llevar 
a  cabo  un  proceso  de  reforma  del  modelo  económico  que  permita  una  rápida 
recuperación de la actividad económica, impulse la inversión pública y privada y el apoyo 
al tejido productivo, mejore los datos del empleo y contribuya a la creación de un empleo 
de  calidad,  fomente  la  eficiencia  energética  y  el  uso  de  energías  alternativas,  la 
movilidad  sostenible,  la  lucha  contra  el  cambio  climático,  favorezca  la  cohesión 
económica, social y territorial de Canarias en el marco del mercado único europeo, 
fomente medidas de apoyo a sectores con dificultad e impulse la modernización y 
transformación digital de la Administración y del sector privado; todo ello con el fin de 
crear una sociedad más competitiva y solidaria.
2.  Esta ley establece un modelo para la gobernanza y la planificación de proyectos 
e incorpora un conjunto de medidas administrativas, de organización de los recursos y 
de gestión presupuestaria y económica que persiguen contribuir a una gestión más ágil y 
eficiente para facilitar la adecuada absorción de los mencionados fondos y cumplir los 
objetivos recogidos en el apartado anterior.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1.  Esta ley es aplicable a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, sus organismos autónomos y demás entidades de derecho público vinculadas 
o dependientes de esta en lo que respecta a las actuaciones y procedimientos que 
tengan por objeto la planificación, puesta a disposición de recursos y la gestión y control 
de los fondos provenientes del instrumento europeo de recuperación «Next Generation 
EU».
2.  Asimismo  el  capítulo  III  del  título  IV  será  de  aplicación  a  todas  las 
administraciones públicas canarias y a su sector público institucional cuando gestione, 
mediante la contratación pública, los citados fondos.
TÍTULO II
Modelo de gobernanza
CAPÍTULO I
Estructura de gobernanza
Artículo 3.  Comisión de Planificación y Gobernanza de los fondos «Next Generation 
EU».
1.  Para la alta dirección y gobernanza de los planes y proyectos financiados con  bo
fondos «Next Generation EU», se crea la Comisión de Planificación y Gobernanza. 237ww
2a.)   LEal  pcroemsiidseiónnt ee sdtealr Gá ocboimerpnuoe dstea  Cpaonr:arias, quien ejercerá la presidencia de esta.
b)  El vicepresidente del Gobierno de Canarias, quien ejercerá la vicepresidencia de
esta.
c)  Las personas titulares de las consejerías del Gobierno.
d)  La persona titular de la Viceconsejería de la Presidencia.
e)  La persona titular de la viceconsejería competente en materia de hacienda, 
planificación y presupuestos.
f)  La persona titular del centro directivo competente en materia de planificación y 
presupuesto, en su condición de autoridad de gestión de los fondos europeos.
3.  Las funciones de la comisión serán las siguientes:
a)  El establecimiento de las directrices políticas generales para la gobernanza de 
los fondos «Next Generation EU».
b)  La aprobación de los instrumentos de planificación estratégica departamentales 
para la gestión de los fondos.
c)  El seguimiento estratégico de los planes.
d)  Modificar, en su caso, la composición del Comité Director de Planes y Proyectos, 
a que se refiere el artículo siguiente.
e)  La ejecución de aquellas otras actividades o funciones que le encomiende el 
Gobierno de Canarias.
f)  La  aprobación  de  los  instrumentos  de  planificación  específicos  sobre  la 
organización administrativa y la estructura de personal de las unidades administrativas 
de  carácter  provisional  que  se  creen  en  la  Dirección  General  de  Planificación  y 
Presupuesto, la Intervención General y la Dirección General de la Función Pública, 
conforme a lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la presente ley.
g)  Las demás funciones que se le atribuyan en la presente ley.
Artículo 4.  Comité Director de Planes y Proyectos.
1.  Para la coordinación de los planes y proyectos previstos en la presente ley se 
crea el Comité Director de Planes y Proyectos.
2.  El comité estará compuesto por:
a)  El vicepresidente o vicepresidenta del Gobierno de Canarias, quien ejercerá la 
presidencia.
b)  La persona titular de la Viceconsejería de la Presidencia, quien ejercerá la 
vicepresidencia primera.
c)  La persona titular de la viceconsejería competente en materia de hacienda, 
planificación y presupuestos, quien ejercerá la vicepresidencia segunda.
d)  La  persona  titular  de  la  viceconsejería  competente  en  materia  de 
administraciones públicas, quien ejercerá la vicepresidencia tercera.
e)  La persona titular de la dirección general competente en materia de planificación 
y presupuesto, que actuará como Secretaría.
f)  La persona titular de la dirección general competente en materia de investigación 
y coordinación del desarrollo sostenible.
g)  La persona titular de la dirección general competente en materia de función 
pública.
h)  La persona titular de la dirección general competente en materia de asuntos 
europeos.
i)  La persona titular de la dirección general competente en materias del área de 
modernización administrativa.
j)  La  persona  titular  de  la  dirección  general  competente  en  materia  de  e.
telecomunicaciones y nuevas tecnologías. w.b
k)  La persona titular de la dirección general competente en materia de contratación. 237ww
finanl)c iaAdqouse clloans  footnradso sp e«rNsoenxat sG qeunee,r aetnio fnu nEcUió»n,  ddee tlear mevinoelu lcai óCno dmei sloiósn p dlaen ePsla yn ipfircoayceiócnto ys 
Gobernanza.
3.  Las funciones del comité serán las siguientes:
a)  Asistencia y soporte técnico a la Comisión de Planificación y Gobernanza.
b)  Proponer la aprobación de los instrumentos de planificación estratégica para la 
gestión, así como el seguimiento y verificación de estos y su modificación.
c)  Proporcionar  apoyo  técnico  a  la  autoridad  responsable  de  los  proyectos 
financiados con fondos «Next Generation EU».
d)  Informar y asistir a los órganos y unidades de gobernanza, seguimiento y de 
ejecución de los planes y proyectos.
e)  Realización de los estudios, informes y análisis para la ejecución de los planes y 
proyectos incluyendo, en su caso, propuestas de reasignación de su financiación.
f)  La aprobación de las orientaciones, manuales de procedimiento o modelos de 
bases para convocatorias de subvenciones o ayudas, convenios o cualesquiera otros 
que se considere puedan servir de orientación a los gestores por razones de eficacia o 
eficiencia.
g)  La  aprobación  de  recomendaciones  e  instrucciones  sobre  la  adopción  de 
herramientas informáticas o digitales.
h)  El seguimiento del cumplimiento de las propuestas, criterios o recomendaciones 
dictadas por el mismo.
i)  La ejecución de aquellas otras actividades o funciones que le encomiende la 
Comisión de Planificación y Gobernanza.
j)  Las demás funciones que se le atribuyan en la presente ley.
4.  El comité funcionará bajo las siguientes reglas:
– La  presidencia,  a  propuesta  de  los  miembros  del  comité,  podrá  invitar  a  las 
sesiones del órgano a representantes de otras administraciones públicas, organismos y 
otras entidades públicas o privadas, que considere adecuadas por su participación en la 
gestión en proyectos con financiación de los mencionados planes.
– Los vocales podrán asistir acompañados de asesores técnicos por razón de la 
materia a tratar.
– La presidencia tendrá la potestad de incluir, atendiendo a la urgencia y naturaleza 
de estos, asuntos no comprendidos en el orden del día de las sesiones.
– En caso de ausencia, vacante, enfermedad u otra causa legal de la persona titular 
de la presidencia, le sustituirán los titulares de las vicepresidencias.
– El impulso de los trabajos corresponderá a la persona titular de la dirección 
general competente en materia de planificación y gestión de fondos europeos.
5.  El comité director podrá crear las estructuras necesarias para el buen desarrollo 
de sus funciones, en los términos regulados en el título III.
Artículo  5.  Autoridad  responsable  de  los  proyectos  financiados  con  fondos  «Next 
Generation EU».
1.  El órgano de la Consejería competente en materia de hacienda con competencia 
en  materia  de  fondos  europeos  actuará  como  responsable  ante  la  Administración 
General del Estado para el MRR, en los términos que se establezcan en la normativa 
estatal y europea, y bajo la supervisión del Comité Director de Planes y Proyectos.
Dicho centro directivo ejercerá, a tal efecto, las siguientes funciones:
a)  En relación con la Administración General del Estado, la responsabilidad general  o
ecdanes l loEabc,) )s g  etaenLAdstiatosdió .eansgd uuedprseae llr ro MvlcaisRa ilcóReons,o   ayrddc eetinun aatliocndsidaó odnp e crcsooo imymne opclo tlóioscrs agd daefanipnsoaa  erdntnaec mi eacldeo monnstteoa nsccc,to oioón dnr geafa dolnaono  dMAso,dRs mo Rrqig.nuaisent irsapmcroioócsne  dyG,e eennn e drsaeull    OE-A-2021-14237able en https://www.
mencionado MRR.
d)  La presentación de los informes a elevar al Gobierno de Canarias, así como los 
exigidos por la Administración General del Estado y previstos en la normativa reguladora 
del MRR en Canarias.
2.  El  centro  directivo  de  la  Consejería  de  Hacienda,  Presupuestos  y  Asuntos 
Europeos con competencia en materia de fondos europeos actuará como autoridad 
responsable  ante  la  Administración  general  del  Estado  para  el  REACT-EU,  en  los 
términos que se establezca en la normativa estatal y europea, desarrollando a tal efecto 
las competencias que legal y reglamentariamente tenga establecidas. A tal fin será 
dotada de los recursos personales y materiales necesarios para el correcto ejercicio de 
sus funciones conforme a la asistencia técnica prevista en este instrumento.
Dicho centro directivo ejercerá, a tal efecto, las siguientes funciones:
a)  En relación con la Administración general del Estado, la responsabilidad general 
en la gestión del REACT-EU, actuando como órgano de contacto de la Administración 
general del Estado.
b)  Asegurar la coordinación con los departamentos, órganos, organismos y, en su 
caso, entidades locales y entidades implicadas en el mencionado instrumento.
c)  La  supervisión  de  los  proyectos  financiados  con  fondos  que  proceden  del 
mencionado instrumento REACT-EU.
d)  La presentación de los informes a elevar al Gobierno de Canarias, así como los 
exigidos por la Administración general del Estado y previstos en la normativa reguladora 
del REACT-EU en Canarias.
Artículo 6.  Control de los proyectos financiados con fondos «Next Generation EU».
1.  La Intervención General de la comunidad autónoma tendrá a su cargo el ejercicio 
de las funciones y competencias que le atribuye la normativa europea o estatal respecto 
del instrumento europeo de recuperación.
2.  En  particular,  corresponderá  a  la  Intervención  General  de  la  comunidad 
autónoma las actuaciones derivadas del ejercicio del control de los fondos que se exijan 
por la normativa europea y estatal, bajo la coordinación de la Intervención General del 
Estado.
La  Intervención  General  de  la  comunidad  autónoma,  para  el  ejercicio  de  estas 
funciones adicionales a sus funciones, tendrá acceso a los sistemas de información de 
los departamentos, órganos y organismos que participen en la gestión de proyectos 
financiados con cargo a los fondos de los planes «Next Generation EU», al efecto de 
garantizar  la  evaluación  continuada  de  las  operaciones,  así  como  a  cualquier  otro 
registro en el que se reflejen actuaciones de ejecución de este. Cualquier entidad pública 
o  privada  quedará  obligada  a  facilitar  la  información  que  en  el  ejercicio  de  estas 
funciones le sea solicitada.
3.  La Intervención General de la comunidad autónoma será dotada de los recursos 
personales y materiales necesarios para el correcto ejercicio de sus funciones.
Artículo 7.  Rendición de cuentas al Gobierno y al Parlamento.
La persona titular de la consejería competente en materia de hacienda informará 
trimestralmente al Gobierno de Canarias sobre los progresos y avances de los proyectos 
financiados con fondos «Next Generation EU».
Asimismo, con carácter semestral, la persona titular de la Consejería competente en  e.
materia de hacienda y presupuestos informará al Parlamento de Canarias a través de la  w.b
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 237ww
Artículo 8.  Obligaciones en materia de transparencia.
El Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias publicará en un apartado
específico,  sin  perjuicio  de  las  obligaciones  que,  con  carácter  general,  vienen
establecidas  en  la  normativa  en  materia  de  transparencia,  los  instrumentos  de 
planificación estratégica e información sobre el estado de ejecución de los proyectos 
financiados con fondos «Next Generation EU». Asimismo, publicará los datos relativos a 
los contratos y los acuerdos marco financiados con cargo a los fondos provenientes del 
Instrumento «Next Generation EU».
CAPÍTULO II
Instrumentos de planificación y gestión
Artículo 9.  Instrumentos de planificación estratégica para la gestión.
1.  Los departamentos y sus organismos dependientes o, en su caso, los centros 
directivos  encargados  de  la  gestión  de  proyectos  financiados  con  fondos  «Next 
Generation EU», elaborarán un instrumento de planificación estratégica para la gestión 
de los mismos en el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley.
En todo caso, el instrumento de planificación y su dimensión estarán vinculados a la 
aprobación de los mencionados fondos conforme a su normativa reguladora europea y 
estatal.
2.  El instrumento de planificación estratégica tendrá, como mínimo, el siguiente 
contenido:
a)  La referencia a los objetivos del Plan para la Reactivación Social y Económica de 
Canarias y a los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que 
se pretenden cubrir.
b)  Estimación de las inversiones y gastos vinculados a la absorción de fondos 
europeos que haya de gestionar el departamento u organismo o centro directivo.
c)  Descripción de los objetivos y actuaciones encomendadas al departamento que 
indique las tareas, las cargas de trabajo y el aumento de unas y otras.
d)  Propuesta detallada de organización de los recursos humanos del departamento 
u organismo para hacer frente a la debida racionalización y optimización de los mismos, 
con arreglo a los mecanismos y fórmulas que se contemplan en el título III, y de 
creación, en su caso, de las unidades administrativas provisionales a que se refiere el 
artículo 13.
e)  Propuesta de formación para el personal adscrito a las unidades que asuman la 
gestión de proyectos o tareas ligadas a la ejecución de planes y proyectos financiados 
con fondos «Next Generation EU».
En lo que se refiere a la organización administrativa y las estructuras de personal, el 
instrumento de planificación estratégica requerirá el informe favorable previo de las 
direcciones  generales  competentes  en  materia  de  planificación  y  presupuesto  y  de 
función pública, en el plazo de cinco días.
El  informe  de  la  Dirección  General  competente  en  materia  de  planificación  y 
presupuesto tendrá por objeto analizar la adecuación a la normativa presupuestaria, de 
costes de personal y de fondos europeos; la existencia de financiación adecuada y 
suficiente; y la incidencia de aquel instrumento en la consolidación del gasto de personal. 
Asimismo,  el  incumplimiento  de  los  compromisos  adquiridos  en  el  instrumento  de 
planificación estratégica podrá conllevar a la revisión de las condiciones fijadas en dicho 
instrumento, inclusive la revisión de la asignación de los recursos previstos. s
3.  El  Comité  Director  de  Planes  y  Proyectos  facilitará  a  los  departamentos  y  oe.
organismos un modelo para la confección del instrumento de planificación estratégica. w.
4.  Una vez elaborado, el instrumento de planificación estratégica se presentará  237ww
aCnotme iseiló nC odme iPtéla Dniifriecactcoiór nd ye  GPolabneerns ayn zPar opyaerac tsous ,a ap roebfeacctioósn .de que aquel se eleve a la
pers5o.n aUs ntiatu lvaerez s adper olabsa dsoe cerel tianrsíatrsu mgeennetora ldees  tpélacnniicfiacas cdióen l oess dtreaptéagrtiacam ednet ogse asfteiócnta, dlaoss   BOE-A-cable e
impulsarán  las  acciones  necesarias  en  materia  de  estructuras,  recursos,  medios, 
personal y gestión presupuestaria para poner en marcha los proyectos en el ámbito de 
sus competencias.
6.  Si por razones de eficacia o eficiencia fuere necesario comunicar externamente 
algún elemento o actividad de la planificación estratégica se adoptarán las medidas en 
materia de publicidad institucional necesarias para ello.
7.  Igualmente,  se  preverá  la  comunicación  pública  de  todos  los  elementos 
requeridos  por  la  normativa  comunitaria  o  estatal  en  cuanto  a  la  publicidad  de  la 
financiación con recursos europeos.
Artículo 10.  Instrucciones de gestión.
1.  El  Comité  Director  de  Planes  y  Proyectos  establecerá  orientaciones  y 
recomendaciones comunes para la implementación de las acciones contenidas en el 
instrumento  de  planificación  estratégica  contemplado  en  el  artículo  anterior,  en  los 
ámbitos siguientes:
a)  Implementación de buenas prácticas, recomendaciones o modelos.
b)  Adopción de medidas para la comunicación de datos e información.
c)  Convocatoria de grupos técnicos de trabajo.
d)  Medidas de formación.
e)  Establecimientos de objetivos o indicadores para la evaluación de los progresos 
y avances de los proyectos financiados con fondos «Next Generation EU».
2.  Las personas titulares de las secretarías generales técnicas y las personas 
titulares de los órganos y organismos responsables de la ejecución de los proyectos 
financiados con fondos «Next Generation EU», en su ámbito de competencias, dictarán 
las instrucciones oportunas para la adopción de las recomendaciones, orientaciones o 
modelos tipo aprobados de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, así como 
cualesquiera otras que estimen oportuno para la mejor gestión, en particular en estos 
ámbitos:
a)  Prioridades de tareas o acciones.
b)  Designación de unidades responsables de liderar acciones o proyectos.
c)  Reorganización de medios y recursos.
d)  Creación de grupos de trabajo o equipos para la realización de encargos.
TÍTULO III
Gestión de recursos humanos
Artículo 11.  Organización de los recursos.
1.  Los  departamentos  y  organismos  públicos  encargados  de  la  gestión  de 
proyectos  financiados  con  fondos  «Next  Generation  EU»  organizarán  los  medios  y 
recursos de conformidad con el instrumento de planificación estratégica aprobado y de 
acuerdo con los criterios establecidos en el presente título.
2.  La cobertura de las necesidades de personal relacionadas con el incremento de 
carga de trabajo provocado por la gestión de los proyectos financiados con fondos «Next 
Generation EU» se realizará preferentemente con los efectivos del departamento u  es
organismo encargado de su gestión. A tal efecto, las personas titulares de las secretarías  bo
generales técnicas u órganos asimilados de los departamentos y organismos públicos  237ww
elpanescr ma3ar.ictg acai Doadngoeeis lis zad acenru e ellaacre  degsojeae srccituaioócsnni  ó pdnlaae  dr aenlo  ollsaor m spr raceotidtiyvaiesadct ortiobsbsá up scirniiocódyanie c caadtdpeool sicsp.a eebrnsleo  enlea ansp  aym ratpatuederoisa at ondste ed riemo ro trivmaiblpidauajlosd a qrdáuenel    OE-A-2021-14able en https://
personal,  así  como  en  la  normativa  vigente  en  esta  Administración  autonómica  en
materia de provisión de puestos de trabajo, se emplearán preferentemente estos modos 
de provisión:
a)  Redistribución de efectivos.
b)  Reasignación de efectivos.
c)  Atribución temporal de funciones.
d)  Movilidad funcional.
Artículo 12.  Gestión de personas.
Las personas titulares de las secretarías generales técnicas u órganos asimilados 
con competencia en materia de recursos humanos de los departamentos y organismos 
públicos  responsables  de  la  ejecución  de  proyectos  financiados  con  fondos  «Next 
Generation EU», así como la persona titular de la Dirección General de la Función 
Pública, de acuerdo con los principios de gestión enumerados en el artículo 3 del Real 
Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la  modernización  de  la  Administración  pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 81 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y el artículo 46 de la Ley 2/1987, 
de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, adoptarán las acciones pertinentes para 
movilizar  y  redistribuir  los  recursos  necesarios  en  orden  a  optimizar  la  gestión  y 
absorción de los fondos europeos ligados a la ejecución de los proyectos financiados con 
cargo a los mismos, teniendo como prioridades el aprovechamiento del talento y la 
experiencia adquirida de las personas al servicio de la Administración.
Artículo 13.  Unidades administrativas de carácter provisional.
1.  Son unidades administrativas de carácter provisional aquellas que por razones 
de eficacia y eficiencia, y de acuerdo con el instrumento de planificación aprobado, 
puedan constituirse para la gestión y ejecución de proyectos financiados con fondos 
«Next Generation EU», en las que se centralizará la gestión de los proyectos y acciones 
del referido plan. Asimismo, se podrán crear unidades de carácter transversal en el 
ámbito competente para facilitar la diagnosis y planificación de las necesidades de 
personal de los departamentos, organismos y entidades responsables de implementar 
los  proyectos  financiados  con  fondos  «Next  Generation  EU»,  así  como  para  su 
seguimiento, control y supervisión presupuestarias.
2.  En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de los instrumentos de 
planificación  estratégica  previstos  en  el  artículo  9  de  la  presente  ley  se  aprobará, 
mediante orden conjunta de las consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y 
Seguridad y de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, la constitución de tales 
unidades administrativas de carácter provisional, a propuesta conjunta de la Dirección 
General de Planificación y Presupuesto y de la Dirección General de la Función Pública, 
previa iniciativa de la persona titular de la secretaría general técnica correspondiente, 
con un plazo determinado vinculado al desarrollo de los proyectos o a la ejecución del 
plan.
Artículo 14.  Ordenación de los recursos humanos en los departamentos, órganos y 
organismos responsables de la gestión de los proyectos financiados con cargo a los  s
fondos de los planes «Next Generation EU». oe.
1.  La orden conjunta de la consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y  237ww
Sanetgeuriroidr acdo nyt edmep lHaarác ielonsd ap, uPesretossu pduee sttroasb ayjo  Ays upnetorfsil eEs uproropfeeossio nparelevsis tdae  elna se ul naidrtaícduelos 
«aNdmexint iGsteranteivraasti orne sEpUo»n.sables de la gestión de los proyectos financiados con fondos
Asimismo,  establecerá  excepcionalmente  en  aquellos  casos  en  los  que  resulte 
imprescindible la creación o modificación de puestos de trabajo cuyas funciones estén 
directamente relacionadas con la gestión de proyectos financiados con fondos «Next 
Generation  EU»,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  instrumento  de  planificación 
estratégica  para  la  gestión  aprobado.  El  nivel  de  los  puestos  de  trabajo  de  estas 
unidades será el establecido con carácter general.
2.  Sin perjuicio de la prioridad en la redistribución y el aprovechamiento de los 
recursos existentes, la provisión de los puestos de trabajo también contemplará los 
restantes modos de provisión contemplados en la normativa en materia de función 
pública.
3.  Los puestos de trabajo provenientes de la relación de puestos de trabajo del 
departamento u organismo afectado con los que se dote esta unidad serán reasignados 
a su unidad de origen una vez se cumpla este plazo.
4.  La Dirección General de la Función Pública dictará las instrucciones pertinentes 
con el fin de procurar una tramitación ágil y preferente en la provisión de los puestos de 
trabajo de las unidades administrativas responsables de la gestión de los proyectos 
financiados con cargo a los fondos de «Next Generation EU».
Artículo  15.  Nombramiento  de  personal  estatutario  de  carácter  temporal,  personal 
funcionario interino y contratación de personal laboral con contratos de duración 
determinada.
1.  Los  departamentos  y  organismos  públicos  encargados  de  la  gestión  de  los 
fondos europeos de los Planes «Next Generation EU», podrán reforzar sus plantillas con 
el  nombramiento  de  personal  estatutario  de  carácter  temporal,  personal  funcionario 
interino y contratación de personal laboral con contratos de duración determinada, de 
acuerdo con lo establecido en su instrumento de planificación estratégica para la gestión, 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto Marco 
del personal estatutario de los servicios de salud y el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores y la normativa autonómica de aplicación.
2.  A tal efecto, los órganos competentes en materia de recursos humanos y la 
Dirección General de Planificación y Presupuesto darán prioridad a la tramitación de las 
autorizaciones  de  contratos  de  duración  determinada  y  nombramiento  de  personal 
estatutario temporal y personal funcionario interino en el marco de los planes de gestión 
de fondos europeos, siempre de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en 
materia presupuestaria y de recursos humanos.
3.  Los nombramientos y contratos de este personal se formalizarán solo por el 
tiempo imprescindible para la ejecución de los proyectos financiados con fondos «Next 
Generation EU».
4.  También se dará prioridad a la tramitación de expedientes que tengan como 
objeto  el  nombramiento  de  personal  estatutario  de  carácter  temporal,  personal 
funcionario  interino  y  contratación  de  personal  laboral  con  contratos  de  duración 
determinada en el resto de unidades que hayan visto mermado su número de efectivos 
por haber sido reasignados en el ámbito del instrumento de planificación estratégica 
recogido en el artículo 9 de la presente ley.
5.  A los efectos previstos en este artículo, se dotará a los órganos competentes en 
materia de función pública, de personal estatutario y de planificación y presupuestos de 
los medios personales y materiales necesarios para poder ejercer las funciones de 
gestión, coordinación, emisión de criterios, orientaciones y asesoramiento, así como  e.
cualesquiera otras que deban permitir una aplicación homogénea de las medidas de  w.b
gestión de los fondos europeos. 237ww
procLead ismeileenctcoisó ná dgeilel sp,e qrsuoen agla prarenvtiicseton  elons  epl rpinrecispeionste  daer tíicguulaol dsaed ,a rmticéuriltaor,á  caa ptraacvidéasd d ey 
publicidad, atendiendo preferentemente a las habilidades y competencias requeridas.
Artículo 16.  Atribución temporal de funciones.
1.  Dentro del ámbito de los departamentos o entidades a los que se adscriben los 
proyectos  y  programas  para  la  gestión  de  fondos  europeos  se  podrán  atribuir 
temporalmente funciones con carácter total o parcial al personal funcionario de carrera, 
estatutario fijo y laboral fijo, sin que en ningún caso dicha atribución implique cambio de 
adscripción de puesto de trabajo, ni del carácter definitivo o temporal de adscripción al 
mismo.
2.  Las atribuciones temporales de carácter parcial no pueden exceder el cincuenta 
por ciento de la jornada del puesto de trabajo principal.
3.  La atribución temporal de funciones tiene carácter voluntario.
4.  Cuando la atribución temporal de funciones implique el ejercicio de funciones y 
tareas propias de un puesto de trabajo con mayores retribuciones complementarias que 
las del puesto de adscripción, se deberán percibir estas retribuciones, durante todo el 
periodo en que se ejerzan, y en proporción al porcentaje de dedicación que se haya 
fijado, dentro de los límites establecidos en el apartado 2 de este artículo.
Artículo 17.  Personal directivo vinculado a programas y proyectos para la gestión de 
fondos europeos.
1.  En atención al volumen de fondos comprometidos, la especial complejidad de los 
proyectos, o a la concurrencia de otras circunstancias que lo justifiquen, con carácter 
excepcional y justificado, podrá designarse personal directivo responsable de la gestión 
de programas y proyectos financiados con fondos europeos, así como de aquellas 
unidades de asistencia y soporte a los mismos, que deberá estar en posesión de 
titulación oficial universitaria, al menos de Nivel 2, del Marco Español de Cualificaciones 
para  la  Educación  Superior  (MECES),  así  como  con  conocimientos  y  experiencia 
probada en la previa asunción de funciones similares de gestión u organización en 
organismos públicos o privados.
2.  La  resolución  de  nombramiento  o  la  contratación  de  personal  directivo 
corresponderá al titular del departamento o, en su caso, del órgano de gobierno de los 
organismos y entidades públicas. El nombramiento o contratación se vinculará a la 
gestión de fondos europeos, fijándose expresamente su duración vinculada al proyecto, 
y sin que de ninguna forma pueda llevar aparejado ninguna adquisición de derechos 
sobre una plaza o puesto de trabajo más allá de los contemplados por la legislación 
vigente.
3.  Las  designaciones  de  personal  directivo  se  formalizarán  mediante 
nombramientos  administrativos  en  los  programas  adscritos  a  los  departamentos  y 
organismos públicos y, en su caso, mediante contratos laborales de alta dirección en los 
programas adscritos a las otras entidades del sector público.
4.  La selección del personal para la ocupación de puestos directivos vinculados a la 
gestión de fondos europeos se sujetará a criterios de idoneidad, y se debe llevar a cabo 
mediante procedimientos ágiles que garanticen la publicidad y la concurrencia. Para la 
designación de este personal se podrán tener en cuenta, entre otros, los conocimientos 
especializados en la gestión de fondos europeos, la experiencia profesional en funciones 
directivas y de coordinación de equipos de trabajo, así como la capacitación técnica 
vinculada al ámbito material del proyecto o programa.
5.  El personal directivo vinculado a la gestión de fondos europeos está sujeto a 
evaluación del cumplimiento de los objetivos asignados al proyecto, de acuerdo con  e
criterios  de  eficacia,  eficiencia,  responsabilidad  para  la  gestión  y  control  de  los  bo
resultados. En los términos que se determinen, este personal presentará periódicamente  237ww
puareen slraouc silmbt aoierdb mionjesodt rieviaamos sisng oinfzbiajaardcedoi ooesnsl  .era esLl s appu orletorav gcdareoalus mdaeec ani  óolcan o p gmrdeeepsvsotiisfórattnaav so y erl aeld bgeclae ello smdseee  rnlde tceseu u.emltsaptdeliom spi eeanrlsctooa nndazeal,  dlsooissn   eodnbe jerreeticlvahocosió  nao    OE-A-2021-14able en https://
6.  Las retribuciones de este personal serán las que se determinen en el instrumento 
de planificación estratégica, y se integrarán por una parte fija y una variable en función 
de los objetivos o resultados alcanzados.
7.  El régimen de incompatibilidades del personal directivo vinculado a la gestión de 
fondos europeos es el establecido para los altos cargos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.
8.  El personal directivo vinculado a la gestión de fondos europeos que reúna la 
condición  de  personal  funcionario  de  carrera  será  declarado  en  la  situación 
administrativa que corresponda conforme a la normativa en materia de función pública, 
teniendo en cuenta que a esos efectos estará asimilado a alto cargo.
Respecto del personal directivo que sea personal laboral fijo de la Administración, le 
resultará  de  aplicación  la  situación  que  corresponda  de  acuerdo  con  la  legislación 
vigente, teniendo en cuenta que a esos efectos estará asimilado a alto cargo.
Artículo 18.  Formación.
1.  Se potenciará mediante acciones específicas de formación la capacitación de los 
empleados públicos en aquellas materias de especial relevancia para la gestión pública y 
el  desarrollo  de  tareas  vinculadas  a  la  ejecución  de  los  proyectos  y  programas 
financiados con fondos «Next Generation EU».
El Instituto Canario de Administración Pública, en el ámbito de sus competencias, y, 
en su caso, de acuerdo con las orientaciones establecidas por el Comité Director de 
Planes y Proyectos, impartirán formación a medida para la gestión de los fondos en 
materias  tales  como  planificación  estratégica,  habilidades  directivas,  contratación 
pública, procedimientos de subvenciones y ayudas, gestión financiera o presupuestaria, 
convenios o colaboración público-privada, entre otras.
2.  La formación vinculada a la ejecución de estos fondos tendrá un enfoque de 
formación en competencias y orientada al cumplimiento de objetivos y la resolución de 
problemas, con especial intensidad en la adquisición y mejora de habilidades digitales.
3.  Esta formación contará con la adecuada financiación presupuestaria, adicional a 
la contemplada en el presupuesto de los departamentos, y prioridad en sus planes de 
formación, de acuerdo con lo establecido en el instrumento de planificación estratégica 
para la gestión.
Artículo  19.  Refuerzo  del  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  la 
Comunidad Autónoma de Canarias.
1.  En el seno del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias se creará una bolsa de empleados públicos, con independencia 
de su vínculo funcionarial, laboral o estatutario que, además de disponer del título de 
Licenciatura  en  Derecho  o  equivalente,  cuenten  con  conocimientos  y  experiencia 
probada en materia de contratación pública dentro de los últimos diez años, y presenten 
su solicitud para formar parte de la misma.
2.  Corresponderá al titular del órgano la asignación de los expedientes al personal 
integrante  de  la  bolsa,  en  función  de  la  capacidad  y  eficiencia  demostrada  en  la 
resolución de los recursos que se vayan asignando a cada uno de los integrantes de la 
misma.
En ningún caso se podrán asignar asuntos propios de un departamento a personal 
que se encuentre adscrito a dicho departamento. es
3.  La asistencia al tribunal se deberá prestar fuera de la jornada ordinaria de trabajo  bo
y se retribuirá como gratificaciones por servicios extraordinarios, horas extraordinarias, o  237ww
cimopnucetaprtáo  ae qlousiv carléednitteo se nco fnusnicginóand does  lpaa crlaa stael  dfien avliídnacdu loe nd ecal edma pselecacdióon p púrbelsicuop.u Eels gtaarsiato. se
TÍTULO IV
Especialidades de gestión de los proyectos y programas financiados con cargo a 
los fondos «Next Generation EU»
CAPÍTULO I
Medidas de gestión presupuestaria
Artículo 20.  Habilitación y vinculación de los créditos.
1.  Los créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que se 
habiliten en los presupuestos de gastos se dotarán en el servicio 70 «Mecanismo de 
recuperación».
2.  Los créditos vinculados al REACT-EU que se habiliten en los presupuestos de 
gastos se dotarán en el servicio 71 «Ayuda a la recuperación (REACT-EU)».
3.  Los créditos de los servicios señalados en los apartados anteriores se dotarán en 
la sección y programa correspondiente a la actuación a desarrollar según su normativa 
reguladora.  Cuando  su  destino  no  esté  inicialmente  determinado,  los  créditos  se 
habilitarán en el servicio 70 «Mecanismo de recuperación» o en el servicio 71 «Ayuda a 
la  recuperación  (REACT-EU)»,  según  corresponda,  de  la  sección  19  «Diversas 
consejerías».
4.  Los créditos dotados en los servicios señalados en los apartados anteriores solo 
podrán financiar actuaciones que resulten elegibles conforme a su marco regulatorio. Los 
entes  del  sector  público  autonómico,  las  corporaciones  locales  y  sus  entidades 
dependientes destinarán los créditos exclusivamente a dichas actuaciones y, en caso de 
no realizarse el gasto o de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, 
reintegrarán los fondos percibidos.
5.  Los créditos dotados en el servicio señalado en el apartado 1 de este artículo 
vinculan a nivel de sección, servicio, programa y fondo, salvo los del capítulo 1 «Gastos 
de personal», que vinculan a nivel de sección, servicio, programa, capítulo y fondo.
Los créditos dotados en el servicio señalado en el apartado 2 de este artículo 
vinculan a nivel de sección, servicio, programa, capítulo y fondo.
Artículo 21.  Régimen competencial.
1.  La persona titular de la consejería competente en materia de hacienda autorizará 
las transferencias de crédito entre distintas secciones presupuestarias que afecten a los 
servicios 70 «Mecanismo de recuperación» y 71 «Ayuda a la recuperación (REACT-
EU)».
De las autorizaciones efectuadas dará cuenta al Gobierno mensualmente.
2.  La persona titular de la consejería competente en materia de hacienda autorizará 
las transferencias de crédito que sean precisas entre los créditos de una misma sección 
presupuestaria  que  afecten  simultáneamente  a  los  servicios  70  «Mecanismo  de 
recuperación» y 71 «Ayuda a la recuperación (REACT-EU)».
3.  Las personas titulares de los departamentos autorizarán las transferencias de 
crédito  de  su  respectiva  sección  presupuestaria  que  afecten  o  bien  al  servicio  70 
«Mecanismo de recuperación» o al servicio 71 «Ayuda a la recuperación (REACT-EU)» y 
no se encuentren en los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2 de este artículo. s
4.  La persona titular de la consejería competente en materia de hacienda autorizará  e.
las generaciones de crédito que afecten a los servicios 70 «Mecanismo de recuperación»  w.
y 71 «Ayuda a la recuperación (REACT-EU)». 237ww
ni laD efin laalsid aaudt onrii zealc idoensetsin eafteacritou avdinaise rsaen  ddaertáe rcmueinnatdao asl  Gpoorb ilear nAod mmiennissturaaclmióenn ote  ecnutaen ddeo 
procedencia.
5.  Las restantes modificaciones de crédito que pudieran tramitarse se ajustarán al 
régimen competencial previsto en la normativa vigente.
Artículo 22.  Régimen de las transferencias de crédito.
1.  La realización de actuaciones en el marco del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia  o  en  el  del  REACT-EU  con  créditos  consignados  inicialmente  en  el 
presupuesto para otras actuaciones, comportará la necesidad de tramitar previamente 
una  transferencia  de  crédito  para  posicionarlos  en  el  servicio  70  «Mecanismo  de 
recuperación» o 71 «Ayuda a la recuperación (REACT-EU)».
2.  A las transferencias de crédito previstas en el artículo anterior no le serán de 
aplicación las restricciones recogidas en el artículo 54 de la Ley 11/2006, de 11 de 
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, ni las limitaciones que se prevén anualmente 
en las leyes de presupuesto.
Artículo 23.  Tramitación de los expedientes de modificaciones de crédito de los entes 
con presupuesto limitativo.
Los  procedimientos  se  iniciarán  por  el  centro  gestor  responsable  de  los 
correspondientes programas de gastos y se remitirán los expedientes a la Dirección 
General competente en materia de presupuesto incluyendo el correspondiente anexo y la 
documentación  contable  que  dé  soporte  a  la  propuesta.  La  Dirección  General 
competente en materia de presupuesto dará prioridad a la tramitación de los expedientes 
que afecten a los servicios 70 y 71 y dispone de un plazo máximo de cinco días para su 
análisis y estudio y, en su caso, para emitir informe.
La Dirección General competente en materia de presupuesto una vez analizada la 
documentación remitida podrá solicitar la subsanación o aclaración de cualquier extremo 
concediendo un plazo de cinco días para ello.
Si la Dirección General competente en materia de presupuesto está plenamente 
conforme con la propuesta podrá someterla a la autorización del órgano competente sin 
necesidad de emitir informe. En caso contrario, elevará el informe desfavorable al órgano 
competente para resolver.
Artículo 24.  Tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias de los 
entes con presupuesto estimativo.
Cuando la propuesta de variación de los presupuestos de explotación y capital derive 
de subvenciones, aportaciones, o encargos a los entes con presupuesto estimativo, con 
cobertura en créditos dotados en los servicios 70 «Mecanismo de recuperación» o 71 
«Ayuda  a  la  recuperación  (REACT-EU)»,  e  implique  un  incremento,  individual  o 
acumulativo, superior a 150.000 euros, de cualquiera de las cifras incluidas en sus 
presupuestos de explotación y capital, requerirá autorización, previa o simultánea a la 
modificación  de  crédito  de  que  derive,  y  su  tramitación  se  ajustará  al  siguiente 
procedimiento:
– La  información  de  la  propuesta  se  grabará  por  los  entes  con  presupuesto 
estimativo  en  el  módulo  específico  de  SefLogic  y  se  comunicarán  a  la  oficina 
presupuestaria de la consejería a la que estén adscritos, o a la que corresponda por 
razón de la materia si se encontraran adscritos a más de una, para su validación o 
rechazo. e.
– Una  vez  validada  la  información  por  la  oficina  presupuestaria,  esta  solicitará  w.b
informe a la Dirección General competente en materia de presupuesto acompañando el  237ww
anex–o  Lrae sDumireecnc idóen  laG menoedriafilc accoimónp,e qteunet es ee enx mtraaete drieal  rdeefe prirdeos umpóudeusltoo  ddea Sráe fpLroiogriicd.ad a la
tarnaámliistaisc iyó ne sdtued eios tyo,s e enx spue dciaesnote, sp,a yra d eismpoitinr dinráfo drme eu.n plazo máximo de cinco días para su
– La Dirección General competente en materia de presupuesto, una vez analizada la 
propuesta grabada, podrá solicitar la subsanación o aclaración de cualquier extremo 
concediendo un plazo de cinco días para ello.
– Si la Dirección General competente en materia de presupuesto está plenamente 
conforme con la propuesta, sin necesidad de emitir informe, lo comunicará a la oficina 
presupuestaria  correspondiente  que  podrá  someterla  a  la  autorización  del  órgano 
competente.
– Autorizada la modificación, la oficina presupuestaria deberá registrar la versión 
definitiva en el módulo específico de SefLogic.
Artículo 25.  Compromisos de gasto de carácter plurianual.
1.  Podrán adquirirse compromisos de gastos con cargo a créditos del servicio 70 
«Mecanismo de recuperación» que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel 
en que se autoricen, siempre que no superen cinco anualidades ni el ejercicio 2026 y 
que el gasto que se impute a cada uno de esos ejercicios, calculado sobre el crédito 
inicial a nivel de sección, servicio, programa y capítulo, no exceda de los siguientes 
porcentajes: el primer y segundo ejercicio el 100%, el tercero el 70%, el 60% en el cuarto 
y 50% en el quinto.
2.  También podrán adquirirse compromisos de gastos con cargo a créditos del 
servicio  71  «Ayuda  a  la  recuperación  (REACT-EU)»  con  las  mismas  condiciones 
señaladas en el apartado anterior, a excepción del número de anualidades, que no 
excederán del ejercicio de 2023.
3.  El Gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación 
de los porcentajes anteriores, incrementar el número de anualidades o autorizar la 
adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores 
en el caso de que no exista crédito en el ejercicio corriente.
Artículo 26.  Incorporaciones y generaciones de crédito.
El régimen aplicable a las generaciones e incorporaciones de crédito con cobertura 
en el remanente de tesorería afectado para los créditos de los servicios 70 «Mecanismo 
de  recuperación»  y  71  «Ayuda  a  la  recuperación  (REACT-EU)»  será  el  previsto 
anualmente  en  la  ley  de  presupuestos  generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Canarias para las generaciones e incorporaciones con financiación afectada.
Artículo 27.  Tramitación anticipada de expedientes de gastos.
1.  Se  establece  la  posibilidad  de  proceder  a  la  tramitación  anticipada  de 
expedientes de gasto de ejercicios posteriores, llegando a la fase de formalización del 
compromiso de gasto, para cualquier tipo de expediente que se financie con los fondos 
procedentes  del  Mecanismo  para  la  Recuperación  y  Resiliencia  y  del  REACT-EU, 
cualquiera que sea el instrumento o negocio jurídico utilizado para tal fin.
2.  Se  permite  la  tramitación  anticipada  de  expedientes  de  gasto  sin  crédito 
disponible en el ejercicio corriente, cualquiera que sea el instrumento o negocio jurídico 
utilizado para tal fin, para cualquier tipo de expediente que se financie con los fondos 
procedentes  del  Mecanismo  para  la  Recuperación  y  Resiliencia  y  del  REACT-EU, 
siempre que se acredite que se ha solicitado la modificación presupuestaria necesaria 
para  la  disposición  del  crédito  aplicable,  quedando  supeditado  el  compromiso  a  la  s
aprobación de dicha modificación. oe.
En este caso, la existencia de crédito deberá quedar acreditada en el expediente de  w.
gastos con anterioridad a la formalización del compromiso correspondiente. 237ww
los l3ím. iteEsn d teo deoje crcaiscoio, sla p oasdtqeuriiosirceisó ns idgeu iednictheoss: compromisos de gastos no podrá superar
a)  Podrán adquirirse compromisos de gastos anticipados con cargo a créditos del
servicio  70  «Mecanismo  de  recuperación»  que  hayan  de  extenderse  a  ejercicios
posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no superen cinco anualidades ni el 
ejercicio 2026.
b)  También podrán adquirirse compromisos de gastos anticipados con cargo a 
créditos del servicio 71 «Ayuda a la recuperación (REACT-EU)» siempre que el número 
de anualidades no excedan del ejercicio 2023.
CAPÍTULO II
Medidas administrativas generales para la agilización de los procedimientos
Artículo 28.  Tramitación de urgencia y despacho preferente.
1.  Los procedimientos administrativos, de gestión presupuestaria, de subvenciones 
y ayudas, encargos a medios propios personificados y demás expedientes de gastos, 
salvo los contratos públicos, que se tramiten para la gestión, seguimiento y control de los 
fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación «Next Generation EU» se 
tramitarán por urgencia y se despacharán con carácter preferente.
La tramitación por urgencia prevista en este apartado determinará en exclusiva la 
reducción a la mitad de los plazos internos para la emisión de informes y dictámenes que 
sean preceptivos, sin que afecte a los plazos de convocatoria pública, plazos referidos a 
la presentación de solicitudes y recursos, subsanación de requerimientos o cualesquiera 
otros  plazos  que  limiten  los  derechos  de  terceros  o  que  no  puedan  reducirse  por 
aplicación de la normativa básica y sin perjuicio de los plazos específicos previstos en 
esta norma.
2.  La tramitación de urgencia de los contratos y acuerdos marcos se sujetará a lo 
dispuesto en la normativa básica estatal.
Artículo 29.  Exceptuación del trámite preceptivo de autorización previa del Gobierno.
1.  Los  expedientes  de  gastos,  las  subvenciones  directas  a  que  se  refiere  el 
artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los 
préstamos  directos  y  los  convenios  que  suscriba  la  Administración  pública  de  la 
Comunidad Autónoma de Canarias con los cabildos insulares y los ayuntamientos que 
se vayan a financiar con fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación 
«Next Generation EU» quedan exceptuados de la autorización previa del Gobierno que 
en atención a su cuantía se establezca en las leyes anuales de presupuesto.
2.  De los citados expedientes se dará cuenta al Gobierno trimestralmente.
CAPÍTULO III
Especialidades en materia de contratación pública
Artículo 30.  Medidas de eficiencia en la tramitación.
A los efectos de agilizar y simplificar la contratación del sector público canario en el 
ámbito de esta ley, los procedimientos se sujetarán a las siguientes normas:
1.  Los procedimientos de contratación del sector público canario se tramitarán, 
exclusivamente, de forma electrónica, incluida la tramitación de los contratos menores, 
salvo  que  quede  acreditado  que  por  razones  técnicas  no  sea  posible  aportar  e
determinada documentación, en cuyo caso se admitirá el registro ordinario de entrada. bo
2.  Corresponde a las unidades administrativas de los órganos de contratación, en  237ww
ccueartliqficuaiedro f adsee  indsecl ripprcoicóend eimn ieenl tRo,e glais torbol igOaficciióanl  ddee  Lciocintasduoltarer sy ,y  eEnm spur ecsaasso C, loabstiefincaedr aesl 
del S3.e ctLoar sP úmbeliscaos ( Rdeo leccoen)t rdaeta lcoisó no pye, reand osrue sc aescoo,n lóoms iócrogsa qnuoes  ldiceit ecno nat ruantaac cióonn taradtmacitiióránn.
el bastanteo de los poderes para licitar, así como, en su caso, de representación para
actuar en el ámbito de la contratación del sector público autonómico efectuados por los 
servicios jurídicos de cualquier otra administración pública.
Igualmente, respecto a las garantías a constituir por los operadores económicos, 
serán admitidos los bastanteos de los poderes otorgados a los apoderados de la entidad 
avalista  o  aseguradora  realizados  por  los  servicios  jurídicos  de  cualquier  otra 
administración pública.
4.  Por debajo de los umbrales comunitarios, la publicación del anuncio de licitación 
se realizará, exclusivamente, en el perfil del contratante alojado en la plataforma de 
contratación pública correspondiente.
5.  En los pliegos de cláusulas administrativas deberá incluirse que las garantías 
podrán constituirse mediante retención en el precio del contrato.
6.  Con el fin de mejorar la especialización y profesionalización de la contratación 
pública los departamentos tenderán a conformar mesas de adjudicación de carácter 
permanente.
Artículo 31.  Asesoramiento y supervisión.
Sin perjuicio de las funciones del Comité Director de Planes y Proyectos previstas en 
el artículo 4 de la presente ley, corresponde al órgano con competencias horizontales en 
materia de contratación pública prestar asesoramiento facultativo en las licitaciones 
financiadas  con  fondos  «Next  Generation  EU»,  así  como  establecer  criterios 
interpretativos de la normativa aplicable en materia de contratación pública.
Para el ejercicio de las funciones de coordinación y asesoramiento, y sin perjuicio de 
que se puedan crear otros mecanismos organizativos y ámbitos de colaboración, el 
órgano con competencias horizontales en materia de contratación pública creará, en el 
plazo de un mes desde la aprobación de la ley, un grupo de trabajo en el seno de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa para la elaboración de modelos de 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de pliegos de prescripciones técnicas, 
así como para impulsar la aprobación de instrucciones y recomendaciones en materia de 
contratación pública dirigidas a todo el sector público.
Este grupo de trabajo deberá estar formado, como mínimo, por representantes del 
órgano con competencias horizontales en materia de contratación pública y del Servicio 
Jurídico del Gobierno de Canarias. También podrán formar parte de él organizaciones 
empresariales o profesionales de Canarias representativas de la actividad específica de 
la contratación pública y representantes de los departamentos de la Administración de la 
comunidad autónoma.
Artículo 32.  División preferente por lotes.
En los contratos que se liciten por lotes, con el fin de facilitar el acceso de las 
pequeñas y medianas empresas, se deberá establecer, salvo justificación motivada en 
contrario, una limitación de licitación o de adjudicación del número de lotes, así como los 
criterios a aplicar en caso de que no se presenten a la licitación tantas proposiciones 
como lotes, en cuyo caso se excepcionará dicha limitación.
Artículo 33.  Exención de la exigencia de retención del uno y medio por ciento cultural.
No será de aplicación la retención del 1,5% a que se refiere el artículo 131 de la 
Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, a los contratos de obra  s
pública financiados con fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación  oe.
«Next Generation EU», cualquiera que sea su valor estimado. w.
Artículo 34.  Consultas preliminares de mercado.
emp1r.e saEsn  ya rafasv oar efacceirli talar  lap rceosnecnutarrceiónnc iad ey  psaorltuicciipoanceisó n indneo vlaasd opreaqsu, elñoass  óyr gmaendoisa ndaes 
contratación podrán realizar consultas de mercado con vistas a preparar la contratación
e informar a los operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos de la 
contratación, siempre que el órgano de contratación no sea especialista en la materia 
objeto de la licitación.
2.  El periodo de consulta preliminar no tendrá una duración superior a quince días 
naturales desde la publicación del anuncio en el perfil del contratante ubicado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público.
Artículo 35.  Información pública.
1.  Con carácter previo a la publicación del anuncio de licitación y con el fin de que 
cualquier operador económico pueda realizar las alegaciones pertinentes, el órgano de 
contratación  podrá  someter  a  información  pública  la  documentación  contractual  de 
aquellos expedientes que por su singularidad o especificidad considere oportunos, con 
vistas a una eficiente y transparente preparación de la contratación.
2.  El periodo de información pública no tendrá una duración superior a quince días 
naturales desde la publicación del anuncio en el perfil del contratante ubicado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público.
Artículo 36.  Modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares.
Con el fin de agilizar y homogeneizar los procesos de contratación, el centro directivo 
con  competencias  horizontales  en  materia  de  contratación  pública  aprobará,  previo 
informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y del Servicio Jurídico del 
Gobierno de Canarias, los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
de utilización común por todos los órganos de contratación del sector público autonómico 
con presupuesto limitativo para los contratos que se encuentren en el marco de esta ley.
Hasta que dichos pliegos no estén aprobados, los departamentos responsables de la 
gestión de los fondos podrán tramitar los expedientes de acuerdo a los propios pliegos 
que se elaboren desde los mismos.
Artículo 37.  Criterios específicos.
Para facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas, así como a las 
empresas emergentes, en los procedimientos de contratación se velará especialmente 
por incorporar de manera transversal criterios de adjudicación o de solvencia sociales y/o 
medioambientales;  de  digitalización  y  de  innovación;  y  de  responsabilidad  social 
corporativa, siempre que guarden relación con el objeto del contrato.
Artículo 38.  Solvencias de los licitadores.
1.  Para la acreditación de solvencia económica y financiera, en el supuesto de 
optarse por la acreditación de esta solvencia mediante justificación del volumen anual de 
negocios, su exigencia no excederá de una vez el valor anual medio del contrato, tanto 
sea inferior a un año o a la media plurianual.
2.  En  los  procedimientos  no  sujetos  a  regulación  armonizada  no  se  exigirán 
requisitos de solvencia que limiten el acceso a las empresas de nueva creación.
Artículo 39.  Valor estimado de los contratos.
Para determinar el valor estimado del contrato, se tendrá en cuenta, además de los  es
costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros que se  o
deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el  237ww
abindedmnueEsinflti ricsidaitoerl, at iantsildvleeau  ssad tterepi anallod.rtsriác c uaola srltoee ssq  uyy  eep lea srmataé bteolle dzcocá adlc eue lloc ád ldecepu alolrot ascm ogneasntstaotor ásc  oegmne pneeel trepanllieetesg  oey n d eeml  cablteáenuriesauf icldaieos    OE-A-2021-14able en https://
contratación pública de la Administración pública de la comunidad autónoma.
Artículo  40.  Mesas  de  contratación  en  los  procedimientos  abiertos  simplificados  y 
simplificados abreviados.
Las mesas de contratación que se constituyan en los procedimientos de adjudicación 
abiertos simplificados estarán integradas por una presidencia, una secretaría y una 
vocalía que ha de estar adscrita al órgano proponente del contrato.
En los procedimientos abiertos simplificados abreviados no se constituirán mesas de 
contratación.
Artículo 41.  Criterios de adjudicación.
La selección de los criterios de adjudicación debe alinearse de forma clara con la 
mejor relación calidad-precio, con la idea de valor frente al precio.
Cuando haya una pluralidad de criterios de adjudicación, se priorizarán los criterios 
evaluables directamente mediante fórmulas. En el caso de que uno de ellos fuere el 
precio, este criterio supondrá como máximo el 30% del total de puntos de la licitación.
La valoración del precio se efectuará mediante fórmulas logarítmicas que minimicen 
su impacto, no siendo válidas aquellas en las se puntúe menos a las ofertas más bajas.
Se minimizarán los criterios sujetos a juicio de valor, que no podrán representar más 
del 40% del total de puntuación. Dichos criterios se podrán someter a valoración de un 
comité de expertos cuando el importe de la licitación sea superior a dos millones de 
euros.
Los pliegos deberán incorporar alguno de los siguientes criterios de adjudicación y/o 
condiciones especiales de ejecución, siempre que guarden relación con el objeto del 
contrato:  mejoras  salariales  o  de  las  condiciones  laborales;  estabilidad  laboral; 
incorporación de personas en riesgo de exclusión (incluidas las personas en paro de 
larga duración); subcontratación con algún centro especial de trabajo o empresa de 
inserción; cálculo del ciclo de vida; comercio justo; criterios ambientales; de digitalización 
y de innovación y conocimiento; de fomento de las pymes y las entidades del tercer 
sector, o igualdad de género y en contratos de suministro de alimentos criterios relativos 
a su frescura y condiciones de producción.
Artículo 42.  Responsable del contrato y delegado del contratista.
1.  Se reforzará la figura del responsable de contrato del órgano de contratación. 
Para ello, el órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al 
ente contratante o ajena a él, como responsable del contrato, al que corresponderá la 
supervisión e inspección de los trabajos objeto de este, adoptando decisiones y dictando 
las  instrucciones  con  el  fin  de  que  su  realización  se  efectúe  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el contrato. Se determinará en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares las funciones concretas del responsable del contrato que, en todo caso, 
estarán en el marco de las establecidas anteriormente. Entre sus funciones estará la de 
comprobar el resultado de los trabajos realizados y su adecuación al pliego y prestar 
conformidad a la factura correspondiente.
2.  En el caso de modificación en la designación del responsable del contrato, debe 
comunicarse por escrito y de manera inmediata al contratista.
3.  El adjudicatario asume las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata 
de los trabajos que ejecute debiendo designar, en el momento de la perfección del 
contrato, un delegado o interlocutor representante de la dirección de los trabajos, que  s
deberá ser un técnico competente en las materias objeto del contrato. Este delegado  oe.
será el encargado de dirigir y coordinar los trabajos y de transmitir las instrucciones  w.
perjeeccuiscaiósn .al personal adscrito a la ejecución del trabajo para garantizar su correcta  2021-14237n https://ww
CAPÍTULO IV
Especialidades en materia de subvenciones
Artículo 43.  Bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones.
1.  Las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones  financiables  con  fondos  del 
instrumento  europeo  de  recuperación  «Next  Generation  EU»  podrán  incorporar  la 
convocatoria de las mismas.
2.  Para  la  tramitación  de  la  aprobación  de  las  bases  reguladoras  de  estas 
subvenciones sólo serán exigibles el informe del Servicio Jurídico del Gobierno de 
Canarias y el de la Intervención General al que hace referencia el artículo 9.1 del 
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, que, en todo caso será emitido 
en el plazo improrrogable de siete días, sin perjuicio del informe de la Dirección General 
competente  en  materia  de  asuntos  europeos  a  que  se  refiere  el  apartado  3  del 
mencionado artículo 9.
Artículo 44.  Subvenciones de concurrencia no competitiva.
1.  En el caso de subvenciones financiables con los fondos del instrumento europeo 
de  recuperación  «Next  Generation  EU»,  reguladas  por  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones, y por el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el 
que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Canarias,  y  cuyo  objeto  sea  financiar  actuaciones  o  situaciones  concretas  que  no 
requieran de valoración comparativa con otras propuestas, se podrán dictar sucesivas 
resoluciones de concesión por orden de presentación de solicitudes una vez realizadas 
las comprobaciones de concurrencia de la situación o actuación subvencionable y el 
cumplimiento  del  resto  de  requisitos  exigidos,  hasta  el  agotamiento  del  crédito 
presupuestario asignado en la convocatoria.
2.  Cuando el agotamiento del crédito no tenga lugar en un solo acto de concesión, 
sino que su disposición se realice en actos sucesivos, el órgano gestor deberá publicar, 
en  la  sede  electrónica,  el  agotamiento  de  la  partida  presupuestaria  asignada  y  la 
desestimación expresa de las solicitudes posteriores; salvo que proceda el supuesto 
previsto en el artículo 45.7 de esta ley.
Artículo 45.  Convocatoria abierta de subvenciones.
1.  En las bases reguladoras que se tramiten para la ejecución de subvenciones con 
cargo a los fondos del instrumento europeo de recuperación «Next Generation EU» se 
deberá prever, como regla general, la realización de convocatorias abiertas.
2.  La vigencia de las convocatorias abiertas podrá extenderse a un máximo de dos 
años, salvo en las financiadas con el fondo REACT-EU que podrán extenderse, como 
máximo, hasta el 31 de diciembre de 2022.
3.  Se deberá concretar en el acto de convocatoria el número de procedimientos de 
concesión que se sucederán a lo largo de uno o varios ejercicios presupuestarios, los 
plazos de solicitud, el importe estimado a otorgar en cada procedimiento y su plazo 
máximo de resolución. También podrán concretarse plazos de ejecución y justificación 
diferentes para los beneficiarios de cada procedimiento.
4.  Cuando se acuerde la realización de convocatorias abiertas en concurrencia  e.
competitiva,  solo  podrá  acordarse  una  concesión  (provisional/definitiva)  por  cada  w.b
procedimiento, sin que procedan resoluciones sucesivas, salvo el supuesto del apartado  237ww
sépt5im. o,C lueatrnad ao)  sdee  aecsutee rmdies mlao r peraeliczeapctioó.n de convocatorias abiertas en concurrencia no
ccoomncpeestiiótinva p, odre notrrdoe nd ed eca pdrae speronctaecdióimni edneto s soelic pituodderásn,  ednic tlaors  stuécremsiinvoass  rreecsoogluidcioosn eesn  deel 
apartado 1 del artículo 44.
6.  Cuando a la finalización de un periodo se hayan concedido las subvenciones 
correspondientes y no se haya agotado el importe máximo a otorgar se podrá trasladar la 
cantidad no aplicada al procedimiento siguiente, mediante resolución del centro gestor. 
Si el traslado implica un ajuste contable de anualidades de la convocatoria y, en su caso, 
autorización de nuevo gasto plurianual u otro expediente de modificación de crédito, 
resultará de aplicación lo dispuesto en el capítulo I del título IV de esta ley.
7.  Cuando a la finalización de un periodo se hayan concedido las subvenciones 
correspondientes y queden solicitudes pendientes de conceder por agotamiento del 
crédito presupuestario se podrá constituir una lista de reserva y, alternativamente:
a)  Incrementar el crédito de ese procedimiento para atender las solicitudes en lista.
b)  Otorgar preferencia a la lista para ser resuelta con cargo a los créditos del 
siguiente procedimiento. Esta opción no podrá utilizarse cuando el procedimiento sea de 
concurrencia competitiva y la prelación de solicitudes conlleve la aplicación de criterios 
de  valoración,  en  cuyo  caso  solo  podrán  compararse  las  solicitudes  de  un  mismo 
período.
Artículo 46.  Otras medidas para la mejora de la gestión de ayudas y subvenciones.
1.  En el caso de convocatorias de subvenciones que se tramiten con cargo a los 
fondos  del  instrumento  europeo  de  recuperación  «Next  Generation  EU»  se  podrá 
incrementar, siempre que exista crédito disponible, la cuantía total máxima o estimada de 
las mismas, sin sujeción a las reglas que prevé el artículo 14.4 del Decreto 36/2009, 
de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.
2.  En el caso de que, habiendo transcurrido el plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la convocatoria, no se hubiera resuelto al cierre del ejercicio, se conservarán 
todos los actos a efectos de su resolución en el ejercicio presupuestario siguiente, 
siempre que exista disponibilidad presupuestaria.
Artículo 47.  Justificación de la aplicación de las subvenciones.
Para la justificación de la aplicación de las subvenciones relacionadas con el uso de 
fondos europeos de los planes «Next Generation EU» se establecen las siguientes 
singularidades:
a)  Se eleva el umbral económico previsto en el artículo 28.1 del Decreto 36/2009, 
de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, para la presentación de una cuenta justificativa 
simplificada por parte del beneficiario de la subvención, ampliándose dicho importe hasta 
los 100.000 euros.
En estos supuestos se deberá recoger en las bases reguladoras o en la convocatoria 
la obligación del centro gestor de someter a comprobación posterior el contenido de 
dichas cuentas justificativas. Dicha comprobación se podrá realizar utilizando técnicas de 
muestreo.
Cuando se utilice la cuenta justificativa como método de justificación se podrá utilizar 
como mecanismo de selección el censo de auditores del Servicio Canario de la Salud.
b)  Se  eleva  hasta  10.000  euros  el  límite  de  3.000  euros  contemplado  en  el 
artículo 24.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  para  acreditar  el  cumplimiento  de  obligaciones  e.
tributarias y con la Seguridad Social en la normativa de subvenciones. w.b
c)  Para  los  supuestos  en  que  las  solicitudes  deban  venir  acompañadas  de  237ww
mseenmtidoori ads ee cqouneó msieca sp,e srme iftlaenxi bciloizmarpáenn lsoasc cioonmeps roemntisreo s lopsla scmoandceops teons  lapsre msuispmuaess,t aedno es,l 
ssuiebmvpernec ióqnu ye  sneo d irsijea n tara atelcna ndzea r melo fdinif idcea claio snuebsv esnucsitóann.ciales  del  proyecto  objeto  de
TÍTULO V
Cooperación interadministrativa y colaboración y participación público-privada
Artículo 48.  Convenios para la ejecución de proyectos con cargo a fondos europeos 
«Next Generation EU».
Con el fin de facilitar la cooperación interadministrativa y con el sector privado, las 
administraciones  públicas  de  Canarias  y  sus  organismos  públicos  y  entidades  de 
derecho público, vinculados o dependientes, incluidas las universidades públicas y entes 
dependientes, podrán promover la suscripción de convenios para realizar actividades 
para el cumplimiento de finalidades de interés general vinculadas a los programas y 
proyectos financiados con fondos «Next Generation EU», con el objetivo de facilitar y 
agilizar  los  procedimientos  aplicables,  participar  en  la  ejecución  de  los  proyectos, 
cooperar con recursos humanos y materiales, prestar colaboración en la gestión de 
ayudas  y  subvenciones  y,  en  general,  contribuir  al  cumplimiento  de  sus  objetivos 
previstos en los mismos.
Artículo 49.  Régimen jurídico de los convenios para la ejecución de proyectos con 
cargo a fondos europeos «Next Generation EU».
La tramitación de los convenios previstos en el presente capítulo se regirá por lo 
previsto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, con las siguientes especialidades:
a)  Su  tramitación  y  formalización  tiene  carácter  preferente  y  se  rige  por  los 
principios de simplificación y agilización con el objetivo de garantizar el cumplimiento 
eficaz de las finalidades perseguidas con su formalización. Solo resultarán exigibles el 
informe del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias y el informe del centro directivo 
competente en materia de planificación y presupuesto, así como aquellos otros que sean 
preceptivos conforme a la normativa de aplicación, sin perjuicio de aquellos informes que 
se prevean en la legislación básica estatal.
b)  Excepcionalmente, el plazo de vigencia de estos convenios podrá tener una 
duración superior a la legalmente establecida, pudiendo llegar como máximo a seis años, 
con posibilidad de una prórroga de hasta seis años de duración. Esta excepción deberá 
justificarse motivadamente por el órgano competente.
c)  En caso de que se inicie en el ejercicio corriente la tramitación del expediente 
pero su ejecución presupuestaria no vaya a tener lugar hasta el ejercicio siguiente u 
otros ejercicios posteriores, será posible su tramitación anticipada, pudiendo llegar hasta 
la fase de formalización del convenio en el ejercicio corriente.
d)  El acreedor de la Administración, en los términos que se determinen en el 
convenio podrá tener derecho a percibir un anticipo por las operaciones preparatorias 
que resulten necesarias para realizar las actuaciones financiadas hasta un límite máximo 
del 50% de la cantidad total a percibir.
e)  Los convenios previstos en el presente título quedan excluidos de la aplicación 
del Decreto 11/2019, de 11 febrero, por el que se regula la actividad convencional y se 
crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la 
Comunidad  Autónoma  y  el  Registro  Electrónico  de  Órganos  de  Cooperación  de  la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 50.  Mecanismos de colaboración con el sector privado. w.b
Ripmaeprstl1iiecli.mei pneaScncieaitóa  nycp  ióedonned  lr eáfdoln edn  edcsolraae sRra rEro aAllmcoCt eudTcae-acE eniUosisn tcameosson  as edc lted uoreaibv cjaeciodotinavlaesobs  do.derea lec sióMtaneb clceaocnneis r meelso p saedcceito osRr  depecr uidvpiaáedlrooag coieó nyn   dlaey    OE-A-2021-14able en https://
2.  Cuando sea procedente podrán acudirse a los instrumentos de colaboración 
público-privada  para  la  ejecución  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia de la Economía Española previstos en el capítulo VII del título IV del Real 
Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la  modernización  de  la  Administración  pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Disposición adicional primera.  Consideración del instrumento de planificación como 
plan estratégico de subvenciones.
1.  El instrumento de planificación estratégica a que se refiere el artículo 9 de esta 
ley tiene la consideración de plan estratégico de subvenciones, a efectos de lo previsto 
en el artículo 6 del Decreto 36/2009, de 31 de mayo, por el que se establece el régimen 
general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el artículo 8 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o normas que los 
sustituyan.
2.  Para la consideración como tal, además del informe de la dirección general 
competente en materia de presupuestos y del contenido mínimo a que se refiere el 
artículo 9 de la presente ley, el mencionado instrumento de planificación estratégica 
deberá  contener,  de  forma  expresa,  las  líneas  de  subvenciones  a  conceder, 
especificando para cada una de ellas lo siguiente:
a)  Denominación de la línea de subvención, relacionándola con los objetivos y 
actuaciones encomendadas al departamento.
b)  Gasto previsiblemente aparejado a cada línea de subvención.
c)  Potenciales beneficiarios o sectores afectados.
d)  Procedimiento de concesión.
e)  Régimen  de  seguimiento  y  evaluación,  estableciendo  para  cada  línea  de 
subvenciones un conjunto de indicadores relacionados con los objetivos a conseguir, que 
permita  conocer  los  progresos  conseguidos  en  el  cumplimiento  de  los  objetivos  y 
actuaciones encomendadas al departamento.
3.  Dichos planes y su actualización deberán ser publicados en el Sistema Nacional 
de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, así como en la web departamental.
4.  A los efectos de lo dispuesto en el apartado primero anterior, no se requerirá la 
publicación en el «Boletín Oficial de Canarias» a que se refiere el artículo 31.1 a) de la 
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.
Disposición  adicional  segunda.  Régimen  de  control  aplicable  a  los  expedientes 
financiados con cargo a los fondos de los planes «Next Generation EU».
1.  Los expedientes de gasto financiados con cargo a los fondos de los planes «Next 
Generation EU», se sujetarán al régimen de control actualmente previsto en los acuerdos 
de Gobierno, sin perjuicio de las modificaciones que sobre dicho régimen pueda acordar 
el  Consejo  de  Gobierno  a  propuesta  de  la  persona  titular  del  departamento  con 
competencias en materia de hacienda previo informe de la Intervención General a la 
vista del volumen y naturaleza de los expedientes de gastos tramitados con cargo a 
dichos fondos.
La exceptuación del trámite de autorización previa del Gobierno a que se refiere el 
artículo 29 de esta ley no exime de fiscalización previa a los expedientes que por razón  e.
de su cuantía deben someterse a la función interventora, de conformidad con el régimen  w.b
actualmente previsto. 237ww
otro2, .d ebEile nddeos pdaec hpor odneu necsiatorsse e exlp óerdgieanntoe sd eg oczoanrtáro ld ee np erilo rpidlaazdo  rmesápxeimctoo  ddee  scieutael qduíiaesr 
hábiles.
Disposición  adicional  tercera.  Cesión  del  crédito  presupuestario  derivado  de  la 
movilidad del personal.
La cesión del crédito que exige el artículo 50, apartado 4, de la Ley 7/2020, de 29 de 
diciembre,  de  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias 
para 2021, no será de aplicación en los casos en que la provisión del puesto de trabajo 
obedezca a la cobertura de necesidades de personal relacionadas con el incremento de 
la carga de trabajo provocado por la gestión de proyectos financiados con fondos «Next 
Generation EU».
Disposición adicional cuarta.  Negociación colectiva de los instrumentos de ordenación 
previstos en la presente ley.
1.  Los  instrumentos  de  ordenación  de  los  recursos  humanos  previstos  en  la 
presente  ley  serán  objeto  de  negociación  en  el  seno  de  las  mesas  sectoriales  de 
negociación correspondientes en virtud del vínculo de los puestos afectados y en la 
Comisión Asesora de Plantillas, en el caso de afectar a puestos de personal laboral.
2.  El instrumento de planificación estratégica a que se refiere el artículo 9 de esta 
ley, así como la orden prevista en el artículo 14, tienen la consideración de instrumentos 
de  planificación  y  ordenación  de  recursos  humanos  a  los  efectos  previstos  en  los 
artículos 69 y 74 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y concordantes de la normativa autonómica.
Disposición adicional quinta.  Medidas en materia de personal estatutario.
1.  A los efectos previstos en la presente ley, el personal estatutario del Servicio 
Canario de la Salud podrá prestar servicios en sus órganos centrales y territoriales, tanto 
en virtud de adscripción como de nombramiento específico para dicho ámbito. A dichos 
efectos se podrán crear unidades administrativas de carácter provisional en plantillas 
orgánicas específicas, integradas por los puestos directivos y las plazas y puestos de 
trabajo que deban ser desempeñados por personal estatutario. Al personal que ocupe 
puestos directivos le será de aplicación lo previsto en el artículo 17.8 de la presente ley.
2.  La selección del personal estatutario temporal para la finalidad prevista en la 
presente ley se sujetará a criterios de idoneidad, pudiendo efectuarse convocatorias 
específicas con independencia de las listas de empleo, mediante procedimientos ágiles 
que garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia. 
Se podrá utilizar el sistema de concurso y el sistema previsto en el artículo 31.6 de la 
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud.
Disposición  adicional  sexta.  Creación  de  unidades  administrativas  de  carácter 
provisional en las Direcciones Generales competentes en materia de planificación y 
presupuesto y de función pública y en la Intervención General.
1.  En atención a las funciones que en la planificación, gestión, ejecución y control 
de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación «Next Generation 
EU» corresponden a las Direcciones Generales competentes en materia de planificación 
y presupuesto y de función pública y a la Intervención General, se crean en estos 
órganos las siguientes unidades administrativas de carácter temporal:
a)  En la Dirección General competente en materia de planificación, presupuesto y  bo
fondos europeos, la Subdirección de Costes de Personal, la Subdirección de Gestión de  237ww
SFSouunbbbddd)oiirr see ccEEccniiuóó rnnol  apdd eeeo  DRPsi,rel aellanaccic fiSiiocóuannbce disóGi rnPee rcynec esRiróuaanplc  uidoecensolat malMirzpiaeaesccte aiócnnontinse dm  leaoel  U nEd nmeimó pRnlae etEoec uruPirapoú epbredlaicaeco. ió yfnu  lnayc  SiRóuneb sdipliireúenbcclciiciaóa n,y   dlleaa    OE-A-2021-14able en https://
Selección y Provisión del Empleo Público.
c)  En  la  Intervención  General,  la  Subdirección  de  Coordinación  del  control  de 
fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia y la Subdirección de Coordinación para el 
suministro de información.
La organización administrativa y la estructura de personal de estas unidades de 
carácter temporal se deberá establecer en un instrumento de ordenación de recursos 
específico distinto de los instrumentos de planificación estratégica a que se refiere el 
artículo 9 de la presente ley, que será aprobado por la Comisión de Planificación y 
Gobernanza.
La supresión de las citadas unidades temporales se acordará mediante Orden de las 
personas titulares de los departamentos con competencia en materia de hacienda y 
función pública, respectivamente, una vez se justifiquen y liquiden los fondos «Next 
Generation EU».
2.  Los  créditos  vinculados  a  éstas  unidades  de  carácter  provisional  de  las 
mencionadas  Direcciones  Generales  competentes  en  materia  de  planificación  y 
presupuesto,  y  de  función  pública  y  en  la  Intervención  General  se  dotarán  en  los 
presupuestos  de  gastos  en  el  Servicio  72  «Unidades  administrativas  de  carácter 
provisional en las Direcciones Generales competentes en materia de planificación y 
presupuesto y de función pública y en la Intervención General.
Disposición adicional séptima.  Gastos menores.
1.  Con carácter general, los contratos de obras, servicios y suministros cuyo valor 
estimado fuera inferior a 5.000 euros, IGIC excluido, se considerarán gastos menores. El 
reconocimiento de la obligación y el pago de los gastos menores solo requiere de la 
aprobación del gasto y que se justifique la prestación correspondiente mediante la 
presentación de la factura o del documento equivalente ante el órgano competente, que 
será debidamente conformado. Estos gastos menores no requieren ninguna tramitación 
sustantiva o procedimental adicional a los actos de gestión presupuestaria señalados, 
que podrán acumularse en un único acto simultáneo de autorización, disposición y 
reconocimiento de la obligación.
En todo caso, los gastos menores constituyen pagos menores a los efectos del inciso 
final del artículo 63.4, del tercer párrafo del artículo 335.1 y del tercer párrafo del 
artículo 346.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2.  Con cargo a los anticipos de caja fija, podrán realizarse pagos individualizados 
por importe que no exceda de 5.000 euros, quedando modificado el límite contenido en 
el apartado segundo del artículo 9 del Decreto 151/2004, de 2 de noviembre, por el que 
se regula el régimen de provisiones de fondos a las habilitaciones de pagos de la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se aprueba el sistema 
informático contable con la denominación de Sihabil.
La  presente  disposición  adicional  será  de  aplicación  a  todos  los  poderes 
adjudicadores canarios, sin perjuicio de los requisitos y trámites adicionales que puedan 
establecer en el ámbito de sus competencias.
Disposición adicional octava.  Ampliaciones de crédito sin cobertura en situaciones de 
extraordinaria y urgente necesidad.
Durante el ejercicio 2021 y en tanto se mantenga la suspensión de las reglas  oe.
fiscales, tras la activación de la cláusula de escape prevista en el artículo 11.3 de la Ley  w.
FeOnirng amánnaciicteearr aia,2  e/d2le 0G 1ho2ab, cieiderenn doa,2 ,7a   ppodrdeor páua ebasruitlat,o  rddizeea  lra E apsmetaprbslioialindcaiao dnti etuPsl aresr isndu epc uloaeb seCtraoturnirasa e jyne erícSae ocssoatemrinapisbe itlpeidanartdea    2021-14237n https://ww
afrontar situaciones sobrevenidas de extraordinaria y urgente necesidad, incluso cuando
afecten a créditos vinculados al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia  Bc
(MRR) o a la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa 
(REACT-UE), siempre que con ello se facilite su capacidad de ejecución.
Disposición adicional novena.  Retribuciones del personal funcionario interino nombrado 
para atender el incremento de la carga de trabajo provocado por la gestión de 
proyectos financiados con fondos «Next Generation EU».
El personal funcionario interino que no desempeñe puesto de trabajo incluido en las 
relaciones  de  puestos  de  trabajo  vigentes  en  cada  momento,  nombrado  para  la 
realización  de  funciones  directamente  relacionadas  con  la  gestión  de  proyectos 
financiados con fondos «Next Generation EU», podrá percibir retribuciones superiores a 
las del puesto base correspondiente al grupo en que se clasifique el cuerpo y escala al 
que se adscriba, dentro de los límites establecidos con carácter general.
Disposición  adicional  décima.  Capacitación  del  personal  y  complemento  de 
productividad.
1.  En  el  marco  del  instrumento  de  planificación  estratégica  aprobado  por  el 
departamento u organismo, se adoptarán medidas para fomentar la capacitación del 
personal  y  el  reconocimiento  de  su  trabajo,  tanto  del  esfuerzo  colectivo  como  del 
esfuerzo individual.
2.  El personal, cualquiera que sea su vinculación jurídica con la administración 
autonómica canaria, adscrito a las unidades administrativas de carácter provisional que 
se  constituyan  conforme  a  lo  previsto  en  los  correspondientes  Instrumentos  de 
Planificación Estratégica, o a las creadas en virtud de lo dispuesto en la disposición 
adicional sexta de la presente ley, podrá percibir un complemento en concepto de 
productividad,  que  retribuirá  el  especial  rendimiento,  la  actividad  y  dedicación 
extraordinarias  y  el  interés  o  iniciativa  con  que  se  desempeñen  las  funciones  de 
planificación, gestión, ejecución y control de los fondos procedentes del Instrumento 
Europeo de Recuperación «Next Generation EU».
Disposición adicional undécima.  Habilitación de los créditos vinculados al Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia y al REACT-EU en el presupuesto de gastos del 
Servicio Canario de la Salud.
La  Dirección  General  competente  en  materia  de  presupuesto  dispondrá, 
conjuntamente  con  el  Servicio  Canario  de  la  Salud,  el  modo  de  habilitar  en  el 
presupuesto  de  gastos  del  citado  organismo  los  créditos  vinculados  al  MRR  y  al 
REACT-EU, así como el nivel de vinculación que se le atribuye a los mismos.
A  excepción  de  lo  señalado  en  el  párrafo  anterior,  las  restantes  previsiones 
contenidas para estos créditos en el Capítulo I del Título IV de la presente ley, resultarán 
de aplicación a estos créditos.
Las  referencias  contenidas  en  esta  ley,  a  los  Servicios  70  «Mecanismo  de 
Recuperación»  y  71  «Ayuda  a  la  recuperación  (REACT-EU),  se  adaptarán  a  la 
nomenclatura que se establezca para el Servicio Canario de la Salud».
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Quedan derogadas cuantas disposiciones legales o reglamentarias se opongan a 
lo establecido en la presente ley. e.e
2.  En  particular,  queda  derogado  el  Decreto  ley  4/2021,  de  31  de  marzo,  de  w.b
medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de  237ww
lGose nFeorantdioons  EpUro»c,e edne netel sá mdbeilt oIn dsetr ulam eCnotmo uEnuidroapde Ao udtóen Romecau pdeer aCcaiónna ridaesn yo mpoinra edlo q «uNe esxet 
ceosntatrbale lcae nC OmVeIdDid-1a9s,  tari beuxtcaeripacsi óenn  deel  sImusp udeissptoo sGiceionneeras l fiInnadlieresc stoe gCuanndaar ioa  speaxrata ,l aa mlucbhaas 
incluidas, las cuales permanecerán en vigor.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función 
Pública Canaria.
Se modifica la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, en los 
siguientes términos:
Uno.  Se  modifica  el  apartado  2  del  artículo  73,  que  queda  redactado  en  los 
siguientes términos:
«2.  El personal funcionario de carrera se seleccionará ordinariamente por el 
sistema de oposición y por el sistema de concurso-oposición. Sólo en virtud de ley 
podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso de valoración 
de méritos.»
Dos.  Se  modifica  el  apartado  3  del  artículo  73,  que  queda  redactado  en  los 
siguientes términos:
«3.  La selección del personal laboral fijo, previa a la contratación, se realizará 
por los sistemas de concurso de valoración de méritos, concurso-oposición o de 
oposición.»
Tres. Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 78, en los siguientes 
términos:
«2.  El concurso es el sistema normal de provisión de puestos de trabajo en el 
que se tendrán en cuenta únicamente los méritos previstos en las bases de la 
correspondiente convocatoria, de acuerdo con la relación de puestos de trabajo y 
la reglamentación que en su día se apruebe.
Las bases podrán considerar como méritos, entre otros, la valoración del 
trabajo desarrollado en los puestos anteriores, la experiencia, la antigüedad, las 
competencias digitales, los cursos de formación y perfeccionamiento superados en 
el  Instituto  Canario  de  Administración  Pública,  en  el  Instituto  Nacional  de 
Administración  Pública  y  demás  centros  oficiales  de  formación  y 
perfeccionamiento  de  funcionarios  y  las  titulaciones  académicas  directamente 
relacionadas con el puesto que se trata de proveer.
También  podrán  considerarse  otros  méritos  tales  como  titulaciones 
profesionales, las acreditaciones oficiales de conocimiento de idiomas extranjeros 
y las que reglamentariamente se determinen.
Los concursos de méritos deberán resolverse en el plazo máximo de quince 
meses contados desde el día siguiente al de la finalización del de presentación de 
solicitudes, salvo que en la respectiva convocatoria se fije un plazo inferior.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 7/2014, de 30 de julio, de la Agencia 
Tributaria Canaria.
Se modifica la Ley 7/2014, de 30 de julio, de la Agencia Tributaria Canaria, en los 
siguientes artículos:
Uno.  Se modifica la letra c del apartado 2 del artículo 10, que queda redactada en 
los siguientes términos:
«c)  Convocar y resolver los procedimientos de selección y provisión de los  oe.
puestos de la Agencia Tributaria, en los términos previstos en el artículo 30 de  w.
esta ley.» 2021-14237n https://ww
Dos.  Se modifica la letra i del apartado 2 del artículo 11, que queda redactada en 
los siguientes términos:
«i)  Aprobar y elevar a la consejería competente en materia de función pública 
la propuesta de oferta pública de empleo y aprobar, a propuesta de la Dirección, 
los criterios de selección del personal que solo pueda desempeñar sus funciones 
en la Agencia Tributaria Canaria, así como las bases generales de los concursos 
destinados a la provisión de los puestos de trabajo de la misma.»
Tres.  Se modifica el artículo 30, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 30.  Procesos selectivos y provisión de puestos de trabajo.
1.  Corresponde a la Agencia Tributaria Canaria:
a)  Elaborar,  convocar,  gestionar  y  resolver  las  convocatorias  para  la 
selección  del  personal  funcionario  de  las  escalas  tributarias  reguladas  en  la 
presente ley, así como las convocatorias para la selección del personal laboral que 
pueda ser adscrito a la Agencia Tributaria Canaria conforme a lo establecido en su 
relación de puestos de trabajo.
b)  Elaborar, convocar, gestionar y resolver las convocatorias de provisión de 
los puestos de trabajo de la Agencia Tributaria Canaria. A la cobertura de estos 
puestos  de  trabajo  podrán  concurrir  funcionarios  pertenecientes  a  cuerpos  o 
escalas  no  tributarios,  así  como  el  personal  laboral  de  los  diferentes  grupos 
profesionales, cuando así lo establezca la relación de puestos de trabajo de la 
Agencia Tributaria Canaria.
c)  La movilidad de los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo de la 
Agencia  Tributaria  Canaria  y  que  pertenezcan  a  especialidades  o  escalas 
adscritas a ella, para la cobertura de puestos de trabajo de otros departamentos u 
organismos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 
o de otras Administraciones Públicas, estará sometida a la condición de la previa 
autorización de aquélla, que podrá denegarla en atención a las necesidades del 
servicio.
2.  Los procedimientos de provisión y selección se ajustarán, en todo caso, a 
las disposiciones reguladoras del régimen jurídico del empleo público.»
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 35, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«Artículo 35.  Recursos y medios informáticos.
1.  Corresponde a la Agencia Tributaria Canaria:
a)  La dirección, planificación y coordinación de la informática de la Agencia.
b)  El desarrollo, implantación y mantenimiento de los sistemas informáticos.
c)  El desarrollo y gestión de las aplicaciones informáticas.
d)  La gestión de los medios que integran el sistema informático.
Para el ejercicio de las competencias citadas en este apartado, se establecerá 
la oportuna coordinación con la consejería competente en materia informática y de  es
telecomunicaciones  en  aquellas  actuaciones  en  las  que  sea  precisa  la  o
interconexión o interoperabilidad de los sistemas de información de la Agencia  237ww
Tributaria Canaria con los sistemas de información corporativos.»
Disposición final tercera.  Cláusula de salvaguarda de rango reglamentario.
Se mantiene el rango reglamentario de la norma modificada en virtud del apartado 2 
de la disposición adicional séptima.
Disposición final cuarta.  Aplicación supletoria del Real Decreto ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia o norma que le sustituya.
A falta de disposición expresa en la presente ley, y aun no teniendo carácter básico, 
serán de aplicación supletoria respecto a la materia que se regula las disposiciones 
contenidas en el Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, o norma que lo sustituya.
Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Canarias».
Por tanto, ordeno a la ciudadanía y a las autoridades que la cumplan y la hagan 
cumplir.
Canarias, 2 de agosto de 2021.–El Presidente, Ángel Víctor Torres Pérez.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 160, de 4 de agosto de 2021)