BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 248 Jueves 17 de septiembre de 2020 Sec. III.   Pág. 78214
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
10823 Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, para la gestión administrativa de 
la prestación de ingreso mínimo vital en el País Vasco.
Suscrito el 1 de septiembre de 2020 el Convenio entre el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo para la gestión administrativa de 
la prestación de ingreso mínimo vital en el País Vasco, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, 
que figura como anexo a la presente Resolución.
Madrid,  8  de  septiembre  de  2020.–La  Secretaria  General  Técnica,  Iría  Álvarez 
Besteiro.
ANEXO
Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo para la gestión administrativa de la prestación de ingreso mínimo 
vital en el País Vasco
En Madrid, a 1 de septiembre de 2020.
REUNIDAS
De una parte, doña Carmen Armesto González Rosón, Directora General del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, nombrada por Real Decreto 131/2020, de 21 de enero, 
actuando en nombre y representación del mismo en virtud del artículo 48.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y de otra, doña Beatriz Artolazabal Albeniz, Presidenta y representante legal de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, actuando en nombre y representación del mismo de 
conformidad con el artículo 5 de los Estatutos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
aprobados por Decreto 82/2012, de 22 de mayo.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 
para obligarse y convenir, y
EXPONEN
Primero.
Que el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo de 2020, por el que se establece el  e.e
ingreso mínimo vital crea y regula la prestación no contributiva de Seguridad Social del  w.b
ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión  823ww
csuoacinadl od es ela s epnecruseonntaresn  queen  vsivitauna csióonla s doe  invtuelgnreardaabsil ideand  unpao r unciadraedc edr e dceo nvreivceunrscoias, 
económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.
Segundo.
Que corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, de acuerdo con el Real 
Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto 
Nacional  de  la  Seguridad  Social,  el  reconocimiento  y  control  del  derecho  a  las 
prestaciones  económicas  del  sistema  de  la  Seguridad  Social  en  su  modalidad  no 
contributiva,  con  excepción  de  aquellas  cuya  gestión  esté  atribuida  al  Instituto  de 
Mayores y Servicios Sociales o servicios competentes de las Comunidades Autónomas.
Tercero.
Que el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en cuanto entidad gestora de la 
Seguridad Social con personalidad jurídica propia, tiene atribuidas, en virtud del Real 
Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, la 
competencia para el reconocimiento y control de esta prestación no contributiva de la 
Seguridad Social.
Cuarto.
La  disposición  adicional  quinta  del  Real  Decreto-ley  20/2020,  de  29  de  mayo, 
contempla que, en razón de la especificidad que supone la existencia de haciendas 
forales, las comunidades autónomas de régimen foral asumirán con referencia a su 
ámbito territorial, las funciones y servicios correspondientes que en este Real Decreto-
ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social en relación con la prestación 
económica  no  contributiva  de  la  Seguridad  Social  del  ingreso  mínimo  vital  en  los 
términos que se acuerde antes del 31 de octubre de 2020.
En el este sentido, la citada disposición establece que en tanto no se produzca la 
asunción de las funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco, se 
acordará mediante Convenio a suscribir entre los órganos competentes del Estado y de 
la  Comunidad  Autónoma  interesada,  una  encomienda  de  gestión  para  realizar  las 
actuaciones que se prevean en relación con la prestación del ingreso mínimo vital y que 
permita la atención integral de sus beneficiarios en el País Vasco.
Quinto.
Que, según lo dispuesto en la Ley 3/2011, de 13 de octubre, sobre Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, este organismo autónomo tiene como finalidad contribuir al pleno 
desarrollo del derecho al empleo, estable y de calidad, y favorecer la configuración de un 
mercado de trabajo que contribuya de forma eficiente a garantizar la empleabilidad de 
las  personas  trabajadoras,  y  a  cubrir  las  necesidades  de  personal  adaptado  a  los 
requerimientos de las empresas, así como favorecer la cohesión social y territorial, a 
través de la gestión de las políticas de empleo y de ejecución de la legislación laboral 
que le sean encomendadas.
Para el cumplimiento de estas finalidades, esta Ley le atribuye, entre otras funciones, 
la tramitación de las prestaciones económicas de garantía de ingresos y el desarrollo de 
cualesquiera otras funciones que en materia de políticas de empleo e inserción se 
deriven de las transferencias, delegaciones o encomiendas de gestión acordadas entre 
el Gobierno Vasco y el Gobierno del Estado.
Sexto. e.e
El artículo 11.1 de la Ley 40/2020, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  823ww
cdPpoeoúm dbdrlpiáicse otstine,e tnera cse itAanad cbodmlemeicn eeilson tqsdru aaóecdri aógla naa ,nr  eosoatiserl oimzasapd ócrmierógi nnqa iunsdeoter sa e atonicv ttoErievsni  dtsioadu dasde decseo  sdml adespe  ec EtaDenrenátriccdeitaaceshdr  oeme ssPa túdétebenrl  iiaecDlos eao drs eet éca chlcanot iim vcPiodisú amdbdelaei c slooa,     OE-A-2020-10able en https://
por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su 
desempeño.
Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los 
contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su 
naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.
Igualmente, el apartado 2 del artículo 11 de la citada Ley de Régimen Jurídico del 
Sector Público dispone que la encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad 
de  la  competencia  ni  de  los  elementos  sustantivos  de  su  ejercicio,  siendo 
responsabilidad del Instituto Nacional de la Seguridad Social dictar cuantos actos o 
resoluciones  de  carácter  jurídico  den  soporte  o  en  los  que  se  integre  la  concreta 
actividad material objeto de encomienda.
Séptimo.
Que la disposición final quinta del Real Decreto-ley 20/2020, modifica la disposición 
centésima cuadragésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2018, para la creación de la Tarjeta Social Digital, con el 
objetivo de mejorar y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las 
diferentes administraciones públicas.
En  este  sentido  la  nueva  redacción  de  la  disposición  adicional  centésima 
cuadragésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2018 establece en su apartado Dos, que la Tarjeta Social Digital incluirá la 
información actualizada correspondiente a todas las prestaciones sociales contributivas, 
no  contributivas  y  asistenciales,  de  contenido  económico,  financiadas  con  cargo  a 
recursos de carácter público, y además recogerá una información sobre las situaciones 
subjetivas previstas, y ofrecerá, en base a dicha información, utilidades a las distintas 
administraciones y ciudadanos.
En este contexto el apartado Cuatro de la citada disposición adicional establece que 
las  administraciones  públicas,  entidades  y  organismos  y  empresas  públicas 
responsables  de  la  gestión  de  las  prestaciones  sociales  públicas  de  contenido 
económico  anteriormente  indicadas,  facilitarán  al  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad 
Social  la  información  actualizada  correspondiente  a  los  datos  identificativos  de  los 
titulares  de  prestaciones  económicas,  así  como,  cuanto  determine  o  condicione  el 
reconocimiento y mantenimiento del derecho a aquellas de los beneficiarios, cónyuges y 
otros miembros de las unidades familiares, y los importes y clases de las prestaciones 
abonadas y la fecha de efectos de su concesión o reconocimiento.
De esta forma, la colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
Lanbide-Servicio  Vasco  de  Empleo  en  relación  con  la  facilitación  de  información 
precisada permitirá la evaluación de las medidas de inclusión, el análisis de impacto en 
los colectivos y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las diferentes 
administraciones públicas.
Por lo expuesto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo desean suscribir Convenio de colaboración en el que se encomiende la 
gestión de determinadas actividades administrativas de carácter administrativo y técnico 
para la gestión de la prestación no contributiva del Sistema de Seguridad Social que se 
soliciten en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como establecer los términos 
de la facilitación de datos que se deben incluir en la Tarjeta Social Digital. Ambas partes 
convienen la celebración del presente Convenio de encomienda en base a las siguientes e
CLÁUSULAS 823ww
Primera.  Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene como objeto una encomienda de gestión por la que el
Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  encomienda  a  Lanbide-Servicio  Vasco  de
Empleo la realización de actividades de información, iniciación y tramitación de los 
procedimientos administrativos para el reconocimiento y mantenimiento de la prestación 
no contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital.
Por otro lado, también tiene por objeto la colaboración de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo con el Instituto Nacional de la Seguridad Social en orden a facilitar los datos 
precisados en la disposición centésima cuadragésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de 
julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, para la creación de la Tarjeta 
Social Digital, en la redacción dada por la disposición final quinta del Real Decreto-ley 
20/2020, de 29 de mayo.
Segunda.  Encomienda y aceptación.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social encomienda a Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, que acepta, la colaboración en las actuaciones que se relacionan en la cláusula 
quinta de este Convenio.
Tercera.  Objeto de la encomienda.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
colaborarán  en  los  procedimientos  administrativos  relativos  a  la  prestación  no 
contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital, en los términos establecidos 
en este Convenio.
El ámbito material de este Convenio comprende la realización de determinadas 
actividades  de  información,  iniciación,  instrucción  y  comprobación  de  condiciones  y 
requisitos,  relativas  a  los  procedimientos  administrativos  de  reconocimiento, 
modificación, extinción o revisión del derecho a la prestación no contributiva del ingreso 
mínimo vital que se solicite en el territorio del País Vasco, por personas residentes en 
dicho territorio, cualquiera que sea la nacionalidad del solicitante, y cuyo reconocimiento 
y control corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Cuarta.  Competencia.
Sin  perjuicio  de  las  funciones  administrativas  encomendadas  a  Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social dictar las 
resoluciones que afecten al reconocimiento del derecho a la prestación, así como la 
realización  de  las  actividades  relativas  al  control,  revisión  de  actos  administrativos, 
declaración de la obligación de reintegro de las prestaciones indebidas, y ejercicio de la 
potestad sancionadora.
A este respecto, corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social acordar la 
iniciación de oficio de los procedimientos relativos a la modificación, extinción, y revisión 
de  prestaciones,  adopción  y  alzamiento  de  medidas  cautelares,  resolución  de  las 
cuestiones incidentales que pudieran surgir durante el transcurso de los procedimientos 
administrativos,  así  como  dictar  los  actos  relativos  al  ejercicio  de  la  potestad 
sancionadora.
Igualmente, corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social dictar los 
actos que den lugar a finalización del procedimiento administrativo.
Asimismo, corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería 
General de la Seguridad Social, cada una en el ámbito de su competencia, la realización 
de todas las actuaciones conducentes al reintegro de las prestaciones indebidamente  s
percibidas. oe.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 40/2015, de 1 de  w.
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la encomienda de gestión no supone  823ww
cseiesniódno  drees lpao tnitsualabriildidaadd  ddee lla I NcSomS pdeictetanrc icau nain dtoes  loasc teolse mo erenstooslu scuiosntaenst idveo sc daerá scute er jjeurrcídicicioo, 
den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
Quinta.  Funciones administrativas encomendadas.
Se  encomienda  a  Lanbide-Servicio  Vasco  de  Empleo  realizar  las  siguientes 
funciones:
a)  Funciones en materia de información:
1. La información relativa a los requisitos necesarios, para obtener la prestación no 
contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital, así como la información 
relativa al contenido y alcance del derecho.
2. Información relativa a la solicitud del derecho a la prestación del ingreso mínimo 
vital, así como del ejercicio de los derechos y obligaciones del interesado durante el 
procedimiento administrativo.
b)  Obligaciones  en  materia  de  iniciación  e  instrucción  del  procedimiento 
administrativo para el reconocimiento del ingreso mínimo vital.
1.  Poner  a  disposición  de  los  interesados  el  modelo  de  solicitud  normalizado 
facilitado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y asesorar sobre los requisitos y 
de los medios necesarios para su presentación
2. Ofrecer asesoramiento, asistencia y orientación en todas las cuestiones relativas a 
la tramitación y valoración del cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a 
la prestación de ingreso mínimo vital.
3.  Recibir  y  registrar  las  solicitudes  de  los  interesados,  comprobando  que  se 
acompaña la documentación necesaria para su instrucción que se enumera en el Anexo 
I de este Convenio, así como la declaración responsable para acreditar el valor del 
patrimonio, rentas e ingresos de acuerdo con lo establecido en los artículos 18, 19 y 24 
del Real Decreto-ley 20/2020.
4.  Requerir  a  los  interesados  la  subsanación  de  la  solicitud,  si  esta  no  fuera 
acompañada de la documentación necesaria para la justificación de los requisitos y 
recabar de las personas interesadas cuanta documentación fuere precisa para completar 
el expediente; así como, en su caso, proponer al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social que acuerde la finalización del procedimiento administrativo.
5.  Comprobar  que  todos  los  datos  relativos  a  la  solicitud  están  correctamente 
cumplimentados, especialmente el apartado relativo a la declaración responsable de 
rentas y patrimonio, y efectuar las comprobaciones pertinentes sobre la acreditación de 
los requisitos, verificando en particular los que se enumeran en el Anexo II de este 
Convenio, recabando de los servicios administrativos de la Comunidad Autónoma o de 
otros organismos los informes que, en su caso, pudieran ser necesarios en orden a 
comprobar la veracidad de la documentación presentada y a acreditar las situaciones 
exigidas  para  el  reconocimiento  del  derecho,  especialmente  en  lo  referente  a  la 
comprobación de los miembros de la unidad de convivencia, su coincidencia con las 
personas que realmente viven en el domicilio, y los cambios de domicilio.
6.  Remitir  al  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  a  través  de  los  medios 
electrónicos establecidos al efecto en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, una 
vez  completada  y  verificada  la  documentación  y  efectuadas  las  comprobaciones 
oportunas, el expediente administrativo completo, incluyendo la propuesta de resolución, 
así como todos los informes recabados y los escritos de alegaciones y otros documentos 
presentados por los interesados relevantes para el reconocimiento de la prestación.
Asimismo, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a través de sus empleados, asistirá a  e.e
los interesados en el uso de los medios electrónicos en los términos establecidos en el  b
artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común  823ww
dqeu el asse  Addemsainrriosltlreanc iyo ndees  loPsú bmliecdaiso,s y e elenc tcróonniccroest oh apbairlaita qduoes  aal  terafevcétso , daec claesd aanp laic alac iSoendees 
dEilsepcotrnóen idcea  lodse  mlae dSioesg uerliedcatdró nSicoocsia nl. eDcees aersiotes , msuo didoe, nstiif icaalgcuiónno  od feir mloas e ilnetcetrróensaicdao esn n eol 
procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un empleado público
mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este 
caso,  será  necesario  que  el  interesado  que  carezca  de  los  medios  electrónicos 
necesarios se identifique ante el empleado público habilitado y preste su consentimiento 
expreso  para  esta  actuación,  debiéndose  remitir  copia  al  Instituto  Nacional  de  la 
Seguridad Social del documento en el que se refleje el consentimiento.
7. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo notificará la resolución del procedimiento, que 
se dicte por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a la persona solicitante en el 
plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada en su registro de la solicitud de 
la  prestación,  así  como  en  el  plazo  máximo  de  diez  días  desde  que  se  dicte  la 
resolución.
La notificación trasladará al interesado la resolución dictada por la persona titular de 
la  Dirección  Provincial  del  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  respetando  el 
formato en que fue dictada, que tendrá que atenerse en todo caso a lo dispuesto en el 
Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, la Orden de 27 de septiembre de 1999 y 
demás normas de aplicación y desarrollo.
c)  Obligaciones  en  la  comprobación  de  requisitos  para  el  mantenimiento  del 
derecho reconocido.
1.  Comprobar de oficio el mantenimiento de la unidad de convivencia declarada y 
recibir las comunicaciones de los interesados en relación con las variaciones en la 
unidad de convivencia, así como los cambios de domicilio a efectos de asegurar que las 
notificaciones se lleven a efecto.
2.  Recibir  y  trasladar  al  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  las 
comunicaciones de los interesados que puedan afectar al mantenimiento, modificación o 
extinción de la prestación, tales como las relativas a variaciones de carácter económico 
(declaración de la renta de las personas físicas, entre otros documentos) y patrimonial, 
que puedan determinar o modificar la situación de vulnerabilidad.
3.  Recibir y trasladar al Instituto Nacional de la Seguridad Social las notificaciones 
relativas al ejercicio del derecho de opción al que se refiere la disposición transitoria 
primera del Real Decreto-ley 20/2020.
4.  Recibir las comunicaciones que realicen los interesados o de los documentos 
que presenten en relación con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
artículo 33 del Real Decreto-ley 20/2020.
5.  Comprobar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a titulares y 
beneficiarios de las prestaciones, trasladando al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
la propuesta para el inicio de los procedimientos de modificación, revisión del derecho a 
la prestación del ingreso mínimo vital o del procedimiento sancionador correspondiente. 
Igualmente, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo notificará las decisiones que acuerde el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre adopción y alzamiento de medidas 
cautelares y cuestiones incidentales.
La notificación dará traslado al interesado del acuerdo adoptado por la persona titular 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social respetando el 
formato en que haya sido dictado, que tendrá que atenerse en todo caso a lo dispuesto 
en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, la Orden de 27 de septiembre de 
1999 y demás normas de aplicación y desarrollo.
6.  Comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a través de los informes 
pertinentes  que  se  remitan  con  la  periodicidad  que  establezca  la  Comisión  de 
Seguimiento, la eventual comisión de las infracciones recogidas en el artículo 34 del 
Real Decreto-ley. e.
7.  Una vez acordado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social el inicio del  w.b
procedimiento,  y  adoptadas  en  su  caso  las  medidas  cautelares,  le  corresponde  a  823ww
LSaengbuirdidea-Sde Srvoicciioa l Vlaa scporo pduee sEtam pdlee or eisnoslturuciiró ny  ecno mreulancicióanr  aclo nIn slotistu tpor oNceadciimonieanl todse  dlea 
mla oodbifliigcaacciióónn,  deex rtienicnitóeng,r ore dveis liaósn ,p erejesrtcaicciioon dees  ilnad peobtiedsatmade nstaen pceiorcniabdidoarsa. y declaración de
8.  Notificar las resoluciones y acuerdos que se adopten por el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social.
La notificación trasladará al interesado la resolución dictada por la persona titular de 
la  Dirección  Provincial  del  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  respetando  el 
formato en que fue dictada, que tendrá que atenerse en todo caso a lo dispuesto en el 
Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, la Orden de 27 de septiembre de 1999 y 
demás normas de aplicación y desarrollo.
d) Obligaciones en materia de reclamaciones previas a la vía judicial.
Recibir y trasladar al Instituto Nacional de la Seguridad Social, las reclamaciones 
previas a la vía judicial que presenten los interesados en materia de ingreso mínimo vital, 
así como de la documentación que se acompañe, entre la que se incluirá un informe 
elaborado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
Sexta.  Funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social para dar efectividad a 
las funciones encomendadas a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
1.  Poner  a  disposición  de  Lanbide-Servicio  Vasco  de  Empleo  los  modelos 
normalizados actualizados para la solicitud de la de la prestación del ingreso mínimo 
vital.
2.  Poner en conocimiento de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo las circulares, 
instrucciones y criterios de gestión o normativos que sean dictados por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social o por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones que afecten a la prestación del ingreso mínimo vital.
3.  Recibir los expedientes iniciados e instruidos por Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, o las propuestas de inicio de procedimientos de oficio a fin de que por la entidad 
gestora se dicte el acuerdo que corresponda.
4.  Dictar los actos administrativos decisorios en orden a incoar los procedimientos 
que se deban iniciar de oficio, acordar las decisiones sobre adopción y alzamiento de 
medidas provisionales y dictar los actos que finalicen los procedimientos administrativos.
Séptima.  Confidencialidad.
Lanbide-Servicio  Vasco  de  Empleo  en  el  expediente  administrativo  que  haya 
instruido  tomará  las  medidas  oportunas  para  que,  en  el  curso  del  procedimiento 
administrativo, quede garantizada la confidencialidad de los datos suministrados por los 
solicitantes, que deben limitarse a los imprescindibles para acceder a la prestación del 
ingreso mínimo vital.
En  todo  caso  todos  los  empleados  públicos  y  organismos  que  intervengan  en 
cualquier actuación referente al ingreso mínimo vital quedarán obligados a mantener 
secreto  sobre  las  identidades,  datos  y  demás  informaciones  que  obren  en  las 
actuaciones administrativas.
Octava.  Información de la disposición adicional centésimo cuadragésima primera de la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Lanbide-Servicio  Vasco  de  Empleo  se  compromete  a  realizar  todas  las  tareas 
necesarias  para  facilitar  los  datos  de  las  prestaciones  sociales  y  asistenciales,  de 
contenido económico con cargo a recursos públicos, a cargo de dicho organismo, en los  e
términos establecidos en la disposición adicional centésimo cuadragésima primera de la  bo
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en la  823ww
mrperadeyasEotcan.cc ióieonsn teeds as deasno tpcidoiaorl ,e lasL  adnpibsúipbdoleisc-iaScseió,r nv iscfeiino a cVl oaqmsucpinort oadm ede etEel m Rpael eaolr e,D aeelincz raesrut o t-coleodyna ds2i c0i/lóa2ns0  2d0ae,c  gtdueeas ct2oio9rn  ddeees    OE-A-2020-10able en https://
necesarias para garantizar la actualización del sistema de Tarjeta Social Digital con
información  de  las  nuevas  altas,  bajas  y  variaciones  que  se  produzcan  de  las 
prestaciones del ingreso mínimo vital y de cualquier otra prestación pública contributiva, 
no contributiva o asistencial cuya gestión tenga encomendada.
Esta información actualizada alcanzará a los datos identificativos de los titulares de 
las  prestaciones  económicas,  así  como,  en  cuanto  determinen  o  condicionen  el 
reconocimiento y mantenimiento del derecho a aquellas, a los datos de los beneficiarios, 
cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, y los importes y clases de las 
prestaciones abonadas y la fecha de efectos de su concesión o reconocimiento.
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo Local tendrá acceso permanente a la información 
de Tarjeta Social Digital, funcionalidades y servicios en los términos que se determinen 
reglamentariamente conforme lo que se establece en la disposición adicional centésima 
cuadragésima  primera  de  la  Ley  6/2018,  en  la  redacción  dada  a  la  misma  por  la 
disposición final quinta del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en cuanto encargado del tratamiento de los 
datos relativos a la Tarjeta Social Digital, se atendrá a la hora de facilitar los datos a las 
instrucciones que determine el Instituto Nacional de la Seguridad Social, siendo de 
aplicación las obligaciones que se indican en la cláusula novena de este Convenio.
Novena.  Protección de datos personales.
El control y seguridad de los datos tratados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 2016/679, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales,  en  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal aprobado por Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, así como por lo establecido en el artículo 20 del Real 
Decreto-ley 20/2020, y en la demás normativa de aplicación en materia de protección de 
datos personales, y en los protocolos de Seguridad aprobados por el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se compromete a velar por la estricta observancia 
de la legislación vigente en relación con la protección de los datos personales, el uso de 
la informática en su tratamiento y a tomar las medidas oportunas para garantizar la 
confidencialidad de los datos suministrados por los solicitantes, que deben limitarse a los 
imprescindibles para acceder a la prestación del ingreso mínimo vital.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre 
de 2020, de Régimen Jurídico del Sector Público la entidad encomendada, Lanbide 
Servicio-Vasco de Empleo tendrá la consideración de encargado del tratamiento de los 
datos, en los términos establecidos en los artículos 24 y 25 RGPD, y del artículo 28 y 33 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los derechos digitales.
Como encargado del tratamiento Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y según lo 
previsto en el artículo 28.3 RGPD:
1)  Tratará  los  datos  personales  únicamente  siguiendo  las  instrucciones 
documentadas del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
2)  Garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan 
comprometido  a  respetar  la  confidencialidad  o  estén  sujetas  a  una  obligación  de 
confidencialidad de naturaleza administrativa o estatutaria. e
3)  Tomará todas las medidas necesarias de conformidad con lo dispuesto en el  bo
artículo 32 del RGPD. 823ww
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siempre  que  sea  posible,  para  que  este  pueda  cumplir  con  sus  obligaciones  de
responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los 
interesados.
6)  Ayudará al Instituto Nacional de la Seguridad Social en cuanto responsable del 
tratamiento a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 
32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a 
disposición del encargado.
7)  El Instituto Nacional de la Seguridad Social acordará la supresión o devolución 
de todos los datos personales tratados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo una vez 
finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes a 
menos que sea necesaria su conservación de acuerdo con la legislación vigente.
A este respecto, la documentación en poder de cada Administración relativa a los 
controles  efectuados  sobre  la  custodia  y  utilización  de  los  datos  cedidos,  deberá 
conservarse por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, así como los documentos 
en los que conste autorización expresa de los interesados a Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo.
8)  Lanbide-Servicio Vasco de Empleo pondrá a disposición del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente cláusula, así como para permitir y contribuir a la 
realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o de otro auditor autorizado por dicho responsable.
Décima.  Financiación del Convenio.
No se prevé financiación específica para hacer frente a las obligaciones de este 
Convenio corriendo cada una de las partes con los gastos que correspondan por las 
actuaciones que se deriven del mismo.
Undécima.  Modificación del Convenio.
La modificación del Convenio de encomienda de gestión requerirá acuerdo expreso 
de los firmantes mediante la suscripción de la correspondiente adenda al mismo.
Duodécima.  Incumplimiento del Convenio.
En caso de incumplimiento del Convenio por alguna de las partes de las obligaciones 
y compromisos asumidos, la otra parte podrá requerir al correcto cumplimiento en el 
plazo de un mes. Si persistiere el incumplimiento transcurrido el plazo indicado en el 
requerimiento, se podrá resolver el Convenio.
Decimotercera.  Seguimiento y solución de discrepancias.
Para la realización del seguimiento de la buena marcha del Convenio y para la 
resolución de las discrepancias que pudieran surgir en la aplicación del mismo se creará 
una Comisión mixta de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio.
Integrarán esta Comisión cuatro miembros en representación del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, uno de ellos a propuesta de la Dirección General de Ordenación 
de la Seguridad Social y otro a propuesta de la Secretaría General de Objetivos y 
Políticas de Inclusión y Previsión Social; y cuatro en nombre de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo.
Esta Comisión mixta se constituirá en el plazo máximo de un mes a contar desde la  e.e
fecha de la firma del Convenio, recayendo la presidencia en el Instituto Nacional de la  w.b
Seguridad Social. Asimismo la Comisión mixta contará con un secretario con voz pero  823ww
fsuinn cvioontoa,r iodse.signado  por  el  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  de  entre  sus
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problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.
La Comisión deberá reunirse una vez al año y cuando alguna de las partes lo solicite. 
A esta Comisión mixta podrá incorporarse el personal técnico que se considere oportuno, 
con voz, pero sin voto, según los temas a tratar. Los acuerdos de la Comisión se 
adoptarán por mayoría.
El funcionamiento de la Comisión mixta se ajustará a lo establecido en los artículos 
15 a 22 de la Ley 40/2020, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimocuarta.  Causas de resolución.
El Convenio de encomienda de gestión podrá resolverse por las siguientes causas:
a) Por cualquiera de las causas establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
b) Por pérdida sobrevenida del objeto de la encomienda.
Decimoquinta.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio se perfeccionará en el momento de su suscripción, tras lo cual 
será publicado en el «Boletín Oficial del País Vasco», si bien comenzará su eficacia a 
partir de su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación y su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico 
del Sector Público. Una vez firmado será, asimismo, remitido al Senado.
De conformidad con lo establecido en la disposición quinta del Real Decreto-ley 
20/2020, de 29 de mayo, el plazo de vigencia del Convenio se extiende hasta el 31 de 
octubre  de  2020  pudiendo  ser  prorrogado,  en  su  caso,  hasta  que  se  apruebe  la 
transferencia de funciones y servicios correspondientes que en el citado Real Decreto-
ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social en relación con la prestación 
económica no contributiva del ingreso mínimo vital.
No obstante, la encomienda afectará a todas las solicitudes de la prestación del 
ingreso mínimo vital correspondientes a personas con residencia en el País Vasco 
presentadas a partir de la firma del Convenio.
Decimosexta.  Naturaleza jurídica.
La  encomienda  de  gestión  tiene  naturaleza  administrativa,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el Capítulo II y VI del Titular Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y está excluido del ámbito de aplicación de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, conforme a lo dispuesto en los 
apartados 1 y 3 de su artículo 6, regulándose por sus normas especiales y aplicándose 
los  principios  de  la  Ley  indicada  para  resolver  las  dudas  y  lagunas  que  pudieran 
presentarse.
Decimoséptima.  Jurisdicción competente.
Las  cuestiones  litigiosas  serán  de  conocimiento  y  competencia  del  orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de dicha jurisdicción. es
Decimoctava.  Publicidad. 823ww
lo dEisspteu eCsoton veenn iola d eL eeyn c1o9m/2ie0n1d3a,  ddee  g9e sdtieó nd siceireám obbrjee,t od dee  tpraunbslipcaarceiónnc iad,e  aacccueesrdoo  ac olan 
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expresamente su consentimiento para que se le dé al presente Convenio la publicidad 
exigida.
En prueba de conformidad de cuanto antecedente, los comparecientes firman por 
triplicado ejemplar y a solo efecto el presente Convenio, en el lugar y fecha indicados en 
el encabezamiento–Por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Directora General 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Carmen Armesto González Rosón.–Por 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la Presidenta, Beatriz Artolazabal Albeniz.
ANEXO I
Documentación que debe acompañar a la solicitud
1.  La identidad tanto de las personas solicitantes como de las que forman la unidad 
de convivencia, se acreditará mediante el documento nacional de identidad en el caso de 
los españoles o el libro de familia o certificado literal de nacimiento, en el caso de 
menores de 14 años que no tengan documento nacional de identidad, y mediante el 
documento de identidad de su país de origen o de procedencia, o el pasaporte, en el 
caso de los ciudadanos extranjeros.
2.  Documento acreditativo de la residencia en España. Si el interesado no tiene 
nacionalidad española, la residencia se acreditará mediante la inscripción en el registro 
central de extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea, Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar 
de  ciudadano  de  la  Unión  o  autorización  de  residencia,  en  cualquiera  de  sus 
modalidades, en el caso de extranjeros de otra nacionalidad.
3.  Libro de familia, certificado del registro civil o inscripción en un registro de 
parejas de hecho en los términos del artículo 221.2 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, a efectos de acreditar el vínculo matrimonial, el parentesco o la 
constitución de pareja de hecho. En los supuestos de acogimiento familiar permanente o 
guarda con fines de adopción se deberá presentar resolución judicial que acredite dicha 
situación.
4.  Certificación de empadronamiento. La existencia de la unidad de convivencia en 
los términos establecidos en el artículo 6.2 del Real decreto-ley 20/2020 se acreditará 
con  la  certificación  de  empadronamiento  donde  conste  todas  las  personas 
empadronadas en el domicilio del solicitante.
5.  En su caso, orden de protección a favor de la víctima o informe del Ministerio 
Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia 
de género.
6.  En casos de separación o divorcio, la unidad de convivencia establecida en el 
artículo 6.2.b) del Real Decreto-ley 20/2020, se acreditará con la presentación de la 
demanda o resolución judicial.
7.  La situación de demandante de empleo se acreditará con la tarjeta de demanda 
expedida por la administración competente.
ANEXO II
Requisitos a verificar por la Lanbide-Servicio Vasco de Empleo
1.  La  identidad  y  edad  del  solicitante  y  de  los  miembros  de  la  unidad  de  s
convivencia. e.
2.  El vínculo familiar entre el solicitante y los miembros de la unidad de convivencia  w.
hasta  el  segundo  grado  de  consanguinidad  o  afinidad,  así  como,  en  su  caso,  la  823ww
exis3te. ncSiait udaec vioínnceusl oj umríadtircimaso ndiael  oo tcroons stmituiecmióbnr odse  pdaer eljaa  duen ihdeacdh od.e convivencia tutela,
sgiutuaardcaio nceosn  jfuinríedsic daes  daed ocpocnifóonr moi daacdo gciomni eenl tRo efaalm Dileiacrr epteor-mleay n2e0n/2te0,2 y0 .el resto de posibles  BOE-A-cable e
4.  El empadronamiento colectivo por domicilio de todas las personas que figuran 
empadronadas en el domicilio del solicitante y fechas de empadronamiento.
5.  La  residencia  legal  en  España,  mediante  el  certificado  de  inscripción  en  el 
registro central de extranjeros, tarjeta de familia de ciudadano de la Unión, tarjeta de 
autorización  de  residencia  de  todas  las  personas  que  conforman  la  unidad  de 
convivencia.
6.  Aportación de la declaración responsable sobre los requisitos de patrimonio y 
rentas.
ANEXO III
Condiciones de Interoperabilidad
El  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  se  compromete  a  facilitar  la 
interoperabilidad de los servicios electrónicos de captura y transmisión de datos para 
garantizar la correcta gestión de la prestación de ingreso mínimo vital.