BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 251 Miércoles 20 de octubre de 2021 Sec. TC.   Pág. 127980
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
17103 Sala Segunda. Sentencia 154/2021, de 13 de septiembre de 2021. Recurso 
de amparo 3929-2020. Promovido por doña Juana Girona Benítez respecto 
de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera  instancia  de 
Barcelona  en  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria.  Vulneración  del 
derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de 
control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del 
Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). 
Voto particular.
ECLI:ES:TC:2021:154
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez  y  don  Ricardo  Enríquez  Sancho,  ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3929-2020, promovido por doña Juana Girona Benítez 
contra el auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 43 de Barcelona núm. 172/2020, de 6 
de julio de 2020, por la que se desestima el incidente de nulidad de actuaciones promovido 
contra el auto de 20 de septiembre de 2018, por el que se desestima el recurso de 
reposición interpuesto contra la providencia de 28 de mayo de 2018, pronunciados en el 
procedimiento de ejecución de títulos no judiciales núm. 685-2016. Ha sido parte la entidad 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée. Ha intervenido el Ministerio 
Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  Doña Juana Girona Benítez, representada por la procuradora de los tribunales 
doña  María  José  Carnero  López,  bajo  la  dirección  del  letrado  don  Iker  Cabezuelo 
Adame, formalizó la demanda de amparo contra las resoluciones judiciales que se 
menciona en el encabezamiento de esta sentencia mediante escrito registrado en el 
tribunal el 2 de diciembre de 2020.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  El 23 de junio de 2016, la entidad Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Sud Méditerranée presentó demanda de ejecución de un título no judicial contra la  s
demandante de amparo, por el impago de determinadas cuotas de un préstamo, siendo  e.
tramitado  con  el  núm.  685-2016  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  43  de  w.
Barcelona, que dictó auto de 6 de abril de 2017 despachando ejecución, no haciendo  103ww
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de 2b0) 17L, aa ledgeóm aanndtea netle j udzeg aadmo plaa roe,x ismteendciaian tdee  evsacrriiatos  creláguissturaladso  eenl  e2l 0t ítduelo  nao evijeemcubtarer   BOE-A-cable e
que  consideraba  podrían  ser  abusivas  instando  su  control  judicial.  La  petición  fue 
desestimada  por  providencia  de  28  de  mayo  de  2018,  con  el  argumento  de  que 
«teniendo por hechas las manifestaciones y habiendo precluido el plazo para presentar 
escrito de oposición, debe estarse al auto despachando ejecución, no apreciándose 
cláusulas abusivas al dictado del mismo».
c)  La demandante de amparo, mediante escrito registrado el 15 de junio de 2018, 
interpuso recurso de reposición, invocando la jurisprudencia constitucional y del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea sobre la obligación del control de abusividad de este tipo 
de contratos en estos procedimientos. El recurso fue desestimado por auto de 20 de 
septiembre de 2018 con el argumento de que «en el caso el recurrente no tiene en 
cuenta el texto íntegro de la resolución recurrida y que en la misma ya ha existido 
pronunciamiento  en  relación  al  control  de  oficio  de  cláusulas  abusivas.  Y  así  se 
establece expresamente en la resolución recurrida que al dictado del auto despachando 
ejecución no se aprecia la existencia de las mismas. Efectuado este control en el 
momento  inicial,  la  parte  ejecutada  tenía  el  trámite  de  oposición  para  efectuar 
alegaciones sobre dichas cláusulas, sin que hicieses manifestación alguna. Siendo ello 
así no puede reiterarse un nuevo control, ya efectuado este al despacho de ejecución».
d)  La  demandante  de  amparo,  mediante  escrito  de  25  de  octubre  de  2018, 
promovió incidente de nulidad de actuaciones, con expresa invocación del art. 24.1 CE y 
de la jurisprudencia constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la 
obligación de control, incluso de oficio, de la abusividad del clausulado sin que frente a 
ello pueda alegarse la preclusión del plazo. El incidente fue desestimado por auto núm. 
170/2020,  de  6  de  julio,  argumentando  que  «en  el  caso  que  nos  ocupa,  ninguna 
infracción  se  ha  producido  que  determine  indefensión  para  la  parte  promotora  del 
incidente. El incidente instado por la Sra. Girona, pretende una nueva resolución en 
relación a una cuestión sobre la que este juzgado ya se ha pronunciado, pretendiendo 
una suerte de recurso utilizando el incidente excepcional de nulidad de actuaciones. 
Dicho mecanismo excepcional no puede ser utilizado con esa finalidad, excediendo de 
su ámbito legal, por lo que procede desestimar el incidente de nulidad de actuaciones».
3.  La demandante de amparo solicita que se otorgue el amparo por vulneración del 
derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  declarándose  la  nulidad  de  las 
resoluciones impugnadas con retroacción de actuaciones para que se pronuncie una 
resolución respetuosa con dicho derecho, con fundamento en que la decisión judicial de 
negarse  a  realizar  el  control  de  abusividad  solicitado  incurre  en  una  interpretación 
irrazonable y arbitraria de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
en materia de cláusulas abusivas, que obliga a los tribunales a examinar de oficio y en 
cualquier momento del proceso la abusividad de las cláusulas del contrato sobre las que 
no ha recaído una decisión judicial con la fuerza de cosa juzgada, sin que quepa admitir, 
como se pretende en las resoluciones judiciales, la existencia de ese control, ni siquiera 
externo, cuando no existe un razonamiento expreso sobre el particular.
La demandante de amparo argumenta, en un apartado específico dedicado al efecto, 
que el recurso plantea una especial transcendencia constitucional, pues, (i) a pesar de 
haberse  dictado  ya  pronunciamientos  claros  del  Tribunal  Constitucional  sobre  el 
particular,  en  la  jurisdicción  ordinaria  continúan  dictándose  resoluciones  que 
contravienen la jurisprudencia constitucional y (ii) plantea una cuestión de calado social y 
económico, al estar en juego el derecho a la vivienda, por las consecuencias que puede 
entrañar para el Estado el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea y las 
numerosas ejecuciones que se producen en España. e.
4.  La Sección Tercera de este tribunal, por providencia de 19 de abril de 2021,  103ww
aucnoar deós plae caidaml itsraiósnc ean tdreánmciitae  dceoln psrteitusecinotnea rle c[aurrts. o5, 0a.p1r edceia nlad oL qeuy eO crognácnuicrrae  edne l eTl rmibisumnaol 
Cploannstetiatu cuinoan acl u(LeOstTióCn) ]j uproídrqicuae  deel  arseulenvtoa nsteu syc itgaednoe trraaln srecpieenrdceu seiól nc assooc icaol noc reetcoo npóomrqiucae 
[STC 155/2009, FJ 2 g)], dirigir atenta comunicación al órgano judicial para que remita
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones y emplazamiento para que puedan 
comparecen en el recurso de amparo quienes hubieran sido parte en el procedimiento.
5.  La secretaría de justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 14 de mayo de 2021, acordó tener por personada a la entidad Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, representada por la procuradora 
de los tribunales doña Paloma Ortiz-Cañavate Levenfeld, y dar vista de las actuaciones 
al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por el plazo común de veinte días para 
presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52 
LOTC.
6.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado en este tribunal el 11 de junio de 2021, 
interesó que se estimara el recurso por vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE) anulándose las resoluciones impugnadas con retroacción de 
actuaciones al pronunciamiento de la providencia de 28 de mayo de 2018. Tras la 
transcripción de la jurisprudencia establecida en la STC 31/2019, de 28 de febrero, con 
amplia referencia a los diferentes fundamentos de la STJUE de 26 de enero de 2017, el 
fiscal concluye que se ha vulnerado el art. 24.1 CE, ya que (i) ni en el auto despachando 
la ejecución ni en la providencia en la que se afirma que ya ha existido un control de 
abusividad  se  realiza  ningún  examen  ni  alusión  sobre  la  eventual  abusividad  del 
clausulado del contrato; (ii) la carencia de cualquier tipo de valoración sobre el carácter 
abusivo no puede ser sobreentendida con la mera afirmación de que no tienen tal 
carácter; y (iii) no puede alegarse el supuesto efecto preclusivo derivado de la ausencia 
de oposición a la ejecución por tratarse de una obligación de control que se impone al 
juzgador incluso de oficio.
7.  La parte comparecida, por escrito registrado el 27 de mayo de 2021, presentó 
sus alegaciones solicitando que se inadmita el presente recurso, ya que en el incidente 
de nulidad de actuaciones formulado no se invocó el art. 24.1 CE y ha sido utilizado de 
manera  improcedente;  y,  subsidiariamente,  se  desestime  el  recurso,  pues,  en  los 
términos afirmados por la resolución recurrida, el control de abusividad ya se realizó en 
el auto despachando la ejecución.
8.  La demandante de amparo no presentó alegaciones.
9.  Por providencia de 9 de septiembre de 2021 se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 13 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso.
El objeto de este recurso es determinar si vulnera el derecho a la tutela judicial 
efectiva del recurrente (art. 24.1 CE) la decisión judicial adoptada en el procedimiento de 
ejecución de títulos no judiciales de rechazar la petición, amparada en la aplicación de la 
normativa comunitaria y en la jurisprudencia que la interpreta, de analizar la abusividad 
de determinadas cláusulas del contrato de préstamo cuya ejecución se instaba, con el 
argumento de que el auto despachando la ejecución ya había desarrollado el control de 
oficio de la abusividad del clausulado del título no judicial en que se fundaba la ejecución 
y tampoco se había instado dicho control en el trámite de oposición de la ejecución. s
2.  La concurrencia de causas de inadmisión del recurso. w.
manLear ap imarptero cceodmepnatere dciedla in cciodnesnidtee rdae  qnuuelid alad  ddee macatnudaacnioten edse y  aqmuep,a arod ehmaá su, tsiliez alidmoit ód ea 
npilnagnútena dr eerne cdhioc hfuon idnacmideennttael .cuestiones de legalidad ordinaria sin invocar la lesión de
En primer lugar, cabe descartar la alegación referida a la falta de invocación del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en el incidente de nulidad 
de actuaciones, ya que su suplico contiene una expresa referencia a este precepto 
constitucional como causal de la nulidad. También en el desarrollo argumental se hace 
expresa  mención  a  la  jurisprudencia  constitucional  en  la  materia,  lo  que,  desde  la 
perspectiva de la subsidiariedad del amparo, es más que suficiente al haber dado 
posibilidad  al  órgano  judicial  para  propiciar  un  pronunciamiento  y  eventual 
restablecimiento de dicho derecho fundamental en la vía judicial ordinaria.
En  segundo  lugar,  se  descarta  la  improcedencia  de  este  remedio  procesal  por 
aplicación de la reiterada jurisprudencia constitucional sobre que no cabe apreciar dicha 
improcedencia  en  supuestos  en  que  el  órgano  judicial  ha  sustanciado  el  incidente 
(STC 39/2016, de 3 de marzo, FJ 2), tal como ha sucedido en este caso.
3.  La  jurisprudencia  constitucional  sobre  el  control  de  abusividad  en  los 
procedimientos ejecutivos y su vinculación con el derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE).
El  tribunal  se  ha  pronunciado  en  la  STC  31/2019,  de  28  de  febrero,  sobre  la 
proyección que respecto del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) tiene el 
deber  de  control  de  abusividad  del  clausulado  de  los  títulos  no  judiciales  en  los 
procedimientos  judiciales  amparado  en  el  Derecho  de  la  Unión  Europea 
(Directiva  93/13/CEE,  del  Consejo,  de  5  de  abril,  sobre  cláusulas  abusivas  en  los 
contratos celebrados con consumidores y STJUE de 26 de enero de 2017, C-421/14, 
asunto Banco Primus, S. A., c. Jesús Gutiérrez García). En dicha resolución, este 
tribunal  ha  declarado  que,  de  acuerdo  con  la  Directiva  93/13/CEE,  conforme  a  la 
interpretación realizada por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia 
de 26 de enero de 2017), las «cláusulas cuyo eventual carácter abusivo no haya sido 
aún examinado en un anterior control judicial del contrato controvertido concluido con la 
adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada, deben ser conocidas por el juez 
nacional, bien a instancia de parte o de oficio» (FJ 6). De ese modo, la STC 31/2019 
establece (i) que no cabe considerar que el plazo para denunciar la existencia de 
cláusulas abusivas haya precluido solo porque la parte ejecutada no formulase oposición 
a la ejecución en el plazo de diez días previsto en el art. 557, en relación con el art. 556, 
ambos  de  la  LEC  (FJ  6);  y  (ii)  que  si  «no  consta  en  ningún  apartado  del  auto 
despachando  la  ejecución  que  se  haya  producido  un  examen  del  clausulado 
contractual», no puede entenderse realizado y justificado con la simple afirmación de que 
la demanda ejecutiva «cumple los requisitos establecidos en el artículo 685 LEC» (FJ 8). 
Por ello concluye «que el juzgado vulneró el derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE) con su inmotivada contestación acerca de la existencia de un 
control de la cláusula previo a la denuncia –única excepción contemplada por el Tribunal 
de Justicia para excluir, de haberse dictado resolución firme, un examen posterior–, pues 
‘mal  se  puede  realizar  un  control  –ni  siquiera  externo–  de  lo  que  carece  de  un 
razonamiento expreso’» (FJ 8).
4.  Aplicación de la jurisprudencia constitucional al caso planteado.
En el presente caso, han quedado acreditados los siguientes extremos:
a)  El órgano judicial despachó ejecución por auto de 6 de abril de 2017 haciendo 
únicamente una general referencia a que el título ejecutivo no adolece de ninguna  e.e
irregularidad formal, pero ninguna mención se contiene respecto de la inexistencia de  b
abusividad en el clausulado, que permita evidenciar que existió siquiera un control  103ww
judicbi)a l eLxate drneom saonbdraen dteic hdoe  eaxmtrpeamroo., si bien no se opuso al despacho de la ejecución,
mcláeudsiaunlates , elos cqriutoe  dfuireig dideon eagl ajudzog eand os uincsetsói veals  croenstorolul cdioen elas  a(pbruosviivdideandci ad ed ed e2t8e rdmei nmadaayos 
de 2018 y autos de 20 de septiembre de 2018 y núm. 172/2020, de 6 de julio de 2020)
con el doble argumento de que en el auto de despacho de la ejecución ya había existido 
un  pronunciamiento  sobre  el  particular  y  que  la  demandante  de  amparo  no  hizo 
manifestación alguna sobre esta cuestión en el trámite de oposición.
En atención a estos antecedentes y tomando en consideración la jurisprudencia 
establecida en la citada STC 31/2019, el tribunal concluye, de conformidad con lo 
también solicitado por el Ministerio Fiscal, que se ha producido una vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), ya que (i) la genérica y formularia 
mención en el auto despachando la ejecución a la inexistencia de irregularidad formal en 
el título no judicial que da lugar a la ejecución no satisface las exigencias que respecto 
de la obligación de control judicial sobre la abusividad del clausulado se derivan de la 
jurisprudencia constitucional y (ii) tampoco lo hace el efecto preclusivo que pretende 
proyectar el órgano judicial sobre el trámite de oposición por tratarse de una obligación 
judicial de control que debe ejercerse incluso de oficio.
Por tanto, debe otorgarse el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE) con los efectos de la declaración de nulidad las resoluciones 
impugnadas  y  la  retroacción  de  actuaciones  para  que  haya  un  pronunciamiento 
respetuoso con el derecho constitucional reconocido.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Juana Girona Benítez y, en su 
virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de la 
providencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 43 de Barcelona de 28 de mayo 
de 2018 y de los autos de 20 de septiembre de 2018 y núm. 172/2020, de 6 de julio 
de 2020, pronunciados en el procedimiento de ejecución de títulos no judiciales núm. 
685-2016.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la primera de 
las resoluciones anuladas para que el órgano judicial pronuncie una nueva respetuosa 
con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a trece de septiembre de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Ricardo 
Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo núm. 3929-2020
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del  o
Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el  103www.
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Las razones de mi discrepancia han quedado detalladamente expuestas en el voto 
particular formulado a la sentencia 31/2019, de 28 de febrero, que resolvió una demanda 
de amparo sustancialmente idéntica a la presente, al que por tanto me remito.
Y en tal sentido emito mi voto particular.
Madrid, a trece de septiembre de dos mil veintiuno.–Ricardo Enríquez Sancho.–
Firmado y rubricado.