BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 213  Viernes 7 de agosto de 2020  Sec. I.   Pág. 65615
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
9340 Real Decreto 738/2020, de 4 de agosto, por el que se modifican el Real 
Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
planes y fondos de pensiones, y el Real Decreto 1060/2015, de 20 de 
noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras.
I
El 23 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la 
Directiva (UE) 2016/2341, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 
2016, relativa a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo. Esta 
Directiva (UE) 2016/2341, de 14 de diciembre de 2016 constituye una versión refundida de 
la originaria Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio 
de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo, a 
la cual deroga, agregando diversas novedades. Entre ellas destacan las relativas al 
procedimiento para iniciar una actividad transfronteriza de los fondos de pensiones de 
empleo y transferencias transfronterizas de planes de pensiones de empleo entre dichos 
fondos, sistema de gobierno, externalización de actividades, información a los partícipes 
potenciales, partícipes y beneficiarios y supervisión prudencial.
El plazo para la transposición de las disposiciones de la Directiva (UE) 2016/2341 a la 
legislación interna finalizó el 13 de enero de 2019, dando lugar a la apertura por la 
Comisión Europea del procedimiento de infracción nº 2019/0115 contra el Reino de 
España.
El 14 de octubre de 2019 se recibió Dictamen motivado de la Comisión Europea, en 
virtud del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por la no 
comunicación de las medidas de transposición al ordenamiento jurídico interno, de la 
Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre 
de 2016, habilitando un plazo adicional de dos meses a partir de la recepción de dicho 
Dictamen para adoptar las medidas necesarias para completar la transposición de la 
directiva y comunicarlas posteriormente a la Comisión Europea.
Por otra parte, la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta 
al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, introduce determinadas 
obligaciones que afectan a los fondos de pensiones de empleo en su condición de 
inversores institucionales.
El Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el 
ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de 
planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, modifica en el 
título II de su libro segundo el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de  e.
noviembre, incorporando parcialmente al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE)  w.b
2016/2341 y estableciendo mandatos para el posterior desarrollo reglamentario. 40ww
tranMspeodsiaicnióten  edsete l aresa al ndteecrrioertoe ss ed idreecstaivrarosl la2n0 1d6e/t2e3rm41in, addea s1 4m adtee rdiaicsi epmarbar ec odmep 2le0t1a6r  lay 
2lo0s1 f7o/n8d2o8s d dee 1 p7e dnes imonaeyso. de 2017, en lo que afectan a la normativa nacional reguladora de
Adicionalmente, se transpone al ordenamiento jurídico español el artículo 2, apartado 1, 
de la Directiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre 
de 2019 por la que se modifica la Directiva 2009/138/CE sobre el acceso a la actividad de 
seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), la Directiva 2014/65/UE relativa a los 
mercados de instrumentos financieros y la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención 
de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, cuyo plazo de transposición vence el 30 de junio de 2020.
Este real decreto consta de tres artículos, una disposición transitoria y dos 
disposiciones finales. El artículo primero modifica el Real Decreto 304/2004, de 20 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones. El artículo 
segundo modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real 
Decreto 304/2004, de 20 de febrero. El artículo tercero modifica el Real Decreto 1060/2015, 
de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras 
y reaseguradoras para transponer la modificación del mencionado porcentaje por la 
Directiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre 
de 2019.
II
El artículo primero modifica la disposición final primera del Real Decreto 304/2004, 
de 20 de febrero, que señala los títulos competenciales con arreglo a los cuales se dictan 
las disposiciones contenidas en el Reglamento de planes y fondos de pensiones. Desde 
su aprobación inicial el Reglamento ha sido objeto de modificaciones que han ido 
incorporando nuevas disposiciones en desarrollo, especialmente, de otras introducidas por 
distintas leyes en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones. La disposición final cuarta de este ha sido modificada por el Real Decreto-ley 
3/2020, de 4 de febrero, actualizando su contenido.
Este real decreto modifica la disposición final primera del Real Decreto 304/2004, con 
el fin de actualizarla y ajustarla a la disposición final cuarta del texto legal, teniendo en 
cuenta  determinadas  modificaciones  del  Reglamento  que  afectan  a  los  títulos 
competenciales señalados. Entre otras pueden citarse las siguientes que constituyen 
legislación mercantil con arreglo al artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española: las 
disposiciones adicionales quinta y sexta del Reglamento, incorporadas por el Real Decreto 
681/2014, de 1 de agosto, que desarrollan la disposición adicional sexta del texto refundido 
de la ley, la cual regula las movilizaciones entre planes de pensiones, planes de previsión 
asegurados y planes de previsión social empresarial, introducida por la disposición final 
decimotercera de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; la disposición 
adicional octava del Reglamento relativa a la disposición anticipada e inembargabilidad de 
los derechos económicos en los sistemas de previsión social complementaria análogos a 
los planes de pensiones, redactada por el Real Decreto de 62/2018, de 9 de febrero, en 
desarrollo de la disposición adicional octava del texto refundido de la ley introducida por la 
disposición final cuarta de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras; y la transitoria séptima del 
Reglamento, relativa a la disposición anticipada y movilizaciones de derechos consolidados 
correspondientes a aportaciones realizadas a planes de pensiones y sistemas de previsión 
social complementarios análogos con anterioridad a 1 de enero de 2016, redactada por el 
Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero., en concordancia con la transitoria séptima del 
texto refundido de la ley en su redacción dada por la disposición final primera de la  s
Ley 26/2014, de 27 de noviembre. oe.
En cuanto a la transposición de la DirectIiIvIa (UE) 2016/2341, del Parlamento Europeo
yin tdroedl uCcoen esne jeol,  Rdeeg 1la4m deen tod idciee mplabnree sd ye  f2o0n1d6o,s  edle a pretíncsuiloon sees gduisnpdoos idceio neesste e nre mala dteerciare dtoe   BOE-A-cable e
información a los potenciales partícipes, partícipes y beneficiarios, requisitos de aptitud y
honorabilidad de quienes ejercen la dirección efectiva y las funciones clave en el sistema 
de gobierno de los fondos de pensiones, evaluación interna de riesgos y externalización 
de actividades.
En materia de información a los partícipes potenciales, partícipes y beneficiarios de los 
planes de pensiones de empleo, la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2016, contiene una regulación más detallada que la 
Directiva 2003/41/CE a la que sustituye, con ánimo de garantizar un elevado nivel de 
transparencia a lo largo de las distintas fases de un plan de pensiones, y, en particular, en 
cuanto a los derechos de pensión devengados, el nivel previsto de las prestaciones de 
jubilación, los riesgos y garantías y los costes.
El artículo 10 bis del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos 
de Pensiones, introducido por el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, establece los 
principios generales a los que debe ajustarse la información disponiendo que 
reglamentariamente se regularán los términos, el contenido y los medios de suministro de 
la información, tanto con ocasión de la incorporación al plan de pensiones como con 
carácter periódico y en caso de movilización de derechos a otro plan y de movilización del 
plan a otro fondo de pensiones, así como el acceso a las especificaciones del plan, a las 
normas de funcionamiento, política de inversión y cuentas anuales del fondo de pensiones 
y cualquier información complementaria que deba facilitarse con carácter general o a 
solicitud del partícipe o beneficiario. Hasta la fecha el Reglamento de planes y fondos de 
pensiones venía regulando con detalle las obligaciones y derechos de información de 
partícipes y beneficiarios de los planes de pensiones de empleo, individuales y asociados. 
No obstante, para completar la transposición es preciso abordar algunos aspectos nuevos 
de la directiva relativos a los planes de pensiones de empleo.
El artículo 37 de la Directiva (UE) 2016/2341 incide en la información a los partícipes 
potenciales y la información general sobre el plan de pensiones. Presta especial atención 
al perfil de inversión y los riesgos financieros asumidos por los partícipes y beneficiarios, 
los costes, la rentabilidad histórica de las inversiones, los cambios de las especificaciones 
del plan o la posibilidad de transferir los derechos consolidados, entre otros aspectos. Para 
su transposición este real decreto incorpora en el Reglamento de planes y fondos de 
pensiones la regulación del denominado «documento de información general sobre el plan 
de pensiones» para los planes de pensiones de empleo. Este documento es similar al 
documento de datos fundamentales para el partícipe de los planes de pensiones del 
sistema individual. Deberá estar actualizado y a disposición de los partícipes potenciales, 
partícipes y beneficiarios. A su vez, se modifica el contenido de los boletines de adhesión 
de los planes de empleo, teniendo en cuenta que el uso de estos es optativo, pudiendo 
realizarse la incorporación automática al plan por acuerdo colectivo.
Por otra parte, la Directiva (UE) 2016/2341, en sus artículos 38 y 39, introduce la 
denominada declaración de las prestaciones de pensión, la cual ha de suministrarse a los 
partícipes de los planes de pensiones de empleo al menos con carácter anual, debiendo 
incluir, entre otros datos, información sobre las previsiones de prestaciones de pensión 
basadas en la edad de jubilación y una limitación de responsabilidad, en el sentido de que 
estas previsiones pueden diferir del valor final de las prestaciones recibidas. La Directiva 
establece que si las previsiones de prestaciones de pensión se basan en estimaciones 
económicas, la información deberá incluir el mejor de los casos estimados así como una 
estimación desfavorable, teniendo en cuenta la naturaleza específica del plan de 
pensiones. La referida declaración de las prestaciones de pensión se incluye en la 
información anual que se ha de facilitar a los partícipes de los planes de pensiones de  es
empleo. Esta incluirá, entre otros pormenores, la información sobre las previsiones de  o
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En cuanto a los medios de acceso o suministro de la información, la Directiva (UE) 
2016/2341 dispone que la información se facilitará a los partícipes potenciales, partícipes 
y beneficiarios de forma gratuita por medios electrónicos, incluidos un soporte duradero o 
una página web, o en papel. Este real decreto modifica el Reglamento de planes y fondos 
de pensiones dando prioridad al suministro a través de medios electrónicos, incluidos un 
soporte duradero o una página web, como criterio general, manteniendo la entrega en 
papel si así se solicita expresamente, con el fin de reducir las cargas administrativas 
facilitando un acceso a la información actualizada más inmediato. El mismo criterio se 
establece para la información a suministrar a los partícipes y beneficiarios de los planes de 
pensiones individuales y asociados. Igualmente se modifica la regulación del contenido del 
boletín de adhesión de los planes de pensiones.
En otro orden de cosas, se ha tenido en cuenta el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de 
agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por 
pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de 
entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, cuyo artículo primero modifica la disposición adicional primera del texto refundido 
de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, incorporando la obligación 
de informar a los partícipes de los planes de pensiones de empleo sobre las condiciones 
que rigen el tratamiento de los derechos consolidados que se mantengan en el plan 
después del cese de la relación laboral, por lo que este real decreto también la traslada, 
por razones de sistemática, al Reglamento de planes y fondos de pensiones.
IV
Por otra parte, la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 14 de diciembre de 2016, incluye la regulación del sistema de gobierno de los fondos 
de pensiones de empleo para potenciar la adecuada gestión de los riesgos y de esta 
manera fortalecer la protección de los partícipes y beneficiarios.
El capítulo VIII del texto refundido de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de 
Pensiones, en su redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, contiene 
la regulación general del sistema de gobierno abarcando, entre otros aspectos, sus 
requisitos generales, las funciones clave (función de gestión de riesgos, función de 
auditoría interna y función actuarial), la externalización de actividades, incluidas las 
funciones clave, los requisitos de aptitud y honorabilidad de quienes ejerzan la dirección 
efectiva de las entidades gestoras de los fondos de pensiones, de los titulares de las 
funciones clave y, en su caso, de las personas o entidades a quienes se haya externalizado 
alguna de las funciones clave. Aunque el ámbito de aplicación de la directiva se circunscribe 
a los fondos de pensiones de empleo, dado que las entidades gestoras son autorizadas 
para gestionar fondos de pensiones de empleo y personales, en la ley se ha optado porque 
la regulación del sistema de gobierno en su conjunto abarque también la gestión de los 
fondos de pensiones personales, que desarrollan planes de pensiones del sistema 
individual y asociado, salvo algunos aspectos que se limitan a los planes y fondos de 
pensiones de empleo.
Por otra parte, como mejora de la sistemática, se reordenan los actuales artículos del 
Reglamento de planes y fondos de pensiones relativos al control interno de las entidades 
gestoras y al control de la política de inversiones de los fondos de pensiones.
En relación con los documentos relativos al sistema de gobierno, el artículo 28 de la  s
Directiva (UE) 2016/2341 introduce la obligación de realizar una evaluación interna de  oe.
riesgos periódica en los fondos de pensiones de empleo, la cual se regula en el artículo 30  w.
qimnutarinnoqeduruaice risde ogdu eplla otrer  axelt olm  Rreeenfuaonls d Dcidaeodc arde tetro el-asl  eaLyñe oy3 s/d2, e0y ,2R e0en,g  tduoelda oc4 ic ódanes do fe,e  ibnPmrlaeenrode,is a dtyae mFboieennndtdeoo sd  eedsfeep Pcutéeusna sdriseoe nq edusee,    2020-9340n https://ww
se produzcan cambios significativos del perfil de riesgo del fondo de pensiones o de los
planes de pensiones integrados en el mismo. Dicho artículo 30 quinquies dispone que  Bc
reglamentariamente se determinará el contenido que la evaluación interna de riesgos ha
de incluir. En concordancia con el artículo 30 quinquies del texto refundido de la Ley de 
Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, introducido por el Real Decreto-ley 3/2020, 
de 4 de febrero, se añade un nuevo artículo 81 quáter en el Reglamento de planes y 
fondos de pensiones estableciendo el contenido de la evaluación interna de riesgos 
periódica en los fondos de pensiones de empleo. Incluye, entre otras cuestiones, la 
evaluación de la eficacia del sistema de gestión de riesgos y de los riesgos operacionales, 
complementándose con la ampliación del contenido de la revisión financiera actuarial 
periódica de los planes de pensiones de empleo por expertos independientes regulada en 
el artículo 23.
Asimismo, se modifican las disposiciones del Reglamento de planes y fondos de 
pensiones relativas a la contratación de la gestión de inversiones de los fondos de 
pensiones con terceras entidades autorizadas conforme a diversas directivas, con el fin de 
actualizar las referencias a estas.
Se modifica también el artículo 81.3 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, 
que regula la delegación de funciones de las entidades gestoras de fondos de pensiones 
para su adecuación al artículo 30 sexies del texto refundido de la Ley de Regulación de 
Planes y Fondos de Pensiones, introducido por el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de 
febrero, relativo a la externalización de actividades.
Por otra parte, el artículo 30 quáter del texto refundido de la Ley de Regulación de 
Planes y Fondos de Pensiones, introducido también por el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 
de febrero, regula la función actuarial relativa a los planes de pensiones de empleo, 
establecida por la Directiva, así como los servicios actuariales. Mediante este real decreto 
se actualiza la disposición adicional tercera del Reglamento de planes y fondos de 
pensiones para incluir dicha función actuarial en los servicios actuariales para el 
desenvolvimiento ordinario del plan de acuerdo con la ley.
V
La Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo 
de 2017, introduce en la Directiva 2007/36/CE un nuevo capítulo I ter en el que se 
establecen determinadas obligaciones aplicables a los fondos de pensiones de empleo en 
su condición de inversores institucionales.
En sus considerandos la Directiva (UE) 2017/828 señala que los inversores 
institucionales y los gestores de activos son con frecuencia importantes accionistas de las 
sociedades cotizadas en la Unión Europea y desempeñan un papel destacado en el 
gobierno corporativo de esas sociedades y también, de forma más general, en lo que se 
refiere a su estrategia y rendimiento a largo plazo. También señala la Directiva (UE) 
2017/828 que la experiencia de los últimos años ha puesto de manifiesto que los inversores 
institucionales y los gestores de activos no suelen implicarse en las sociedades en las que 
tienen acciones, y se ha demostrado que, a menudo, los mercados de capitales ejercen 
presión sobre las sociedades para que obtengan resultados a corto plazo, lo que puede 
poner en riesgo el rendimiento financiero y no financiero de las mismas y conducir, entre 
otras consecuencias negativas, a un nivel de inversión que diste de ser óptimo, en 
aspectos tales como la investigación y desarrollo, en detrimento del rendimiento a largo 
plazo, tanto de las sociedades como de los inversores.
Considera también la Directiva (UE) 2017/828 que, «a menudo, los inversores 
institucionales y los gestores de activos no son transparentes ni sobre sus estrategias de 
inversión y políticas de implicación ni sobre la aplicación de las mismas. La revelación  s
pública de esta información podría tener un efecto positivo en la concienciación de los  oe.
inversores, permitir a los beneficiarios finales, por ejemplo, futuros pensionistas, optimizar  w.
sfsooumcsi eedndetaacdirs  lciaoi vnimiel»sp.  liDdceae c icnióovnne fdroserimó enisd,t aofdas c cyilo imtnae rlo joe rela sdrt iasábulol ergeconid deoinc etiórnen  l oldases  a csrutoíeccnuietlaodssa  da3e  looscs yt ii ensstue ysre  3as acncdoioonsnie iyss  tada esla,l    2020-9340n https://ww
capítulo I ter de esta Directiva, los Estados miembros han de garantizar que los inversores
institucionales desarrollen y pongan en conocimiento del público una política de implicación  Bc
de accionistas y que revelen públicamente la manera en que los elementos principales de
su estrategia de inversión son coherentes con el perfil y la duración de sus pasivos, en 
particular sus pasivos a largo plazo, y la forma en que contribuyen al rendimiento a medio 
y largo plazo de sus activos.
Teniendo en cuenta lo establecido en los apartados 1 y 6 del artículo 1 de la Directiva 
2007/36/CE, en redacción dada por la Directiva (UE) 2017/828, de 17 de mayo, el ámbito 
objetivo se circunscribe a la inversión en acciones de sociedades admitidas a negociación 
en un mercado regulado que esté situado u opere en un Estado miembro de la Unión 
Europea.
En la legislación española el artículo 69 del Reglamento de planes y fondos de 
pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, ya venía estableciendo 
la obligación de que en el informe de gestión anual del fondo de pensiones se deje 
constancia de la política de la comisión de control del fondo, o en su caso de la entidad 
gestora, con relación al ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores 
integrados en el fondo, así como el deber de que los fondos de pensiones cuenten con una 
declaración de los principios de la política de inversión, la cual debe hacer referencia, entre 
otros elementos, a la colocación estratégica de los activos del fondo con respecto a la 
naturaleza y duración de sus compromisos.
El apartado 9 del artículo 16 del texto refundido de la Ley de Regulación de Planes y 
Fondos de Pensiones, en redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, 
establece que la comisión de control del fondo de pensiones, con la participación de la 
entidad gestora, elaborará por escrito una declaración de estrategia de inversión a largo 
plazo, a la que se dará suficiente publicidad. Dicho apartado 9 dispone también que 
reglamentariamente se determinará el contenido mínimo e incluirá información relativa a 
cómo los elementos principales de la estrategia de inversión en sociedades cuyas acciones 
estén admitidas a negociación en un mercado regulado que esté situado u opere en un 
Estado miembro de la Unión Europea, son coherentes con el perfil y la duración de los 
pasivos, en particular los pasivos a largo plazo, y a la manera en que contribuyen al 
rendimiento a medio y largo plazo de los activos.
Para completar la transposición de la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de mayo de 2017 en el ámbito de la ordenación de los fondos de 
pensiones, el artículo segundo de este real decreto modifica el Reglamento de planes y 
fondos de pensiones, introduciendo el desarrollo de las obligaciones específicamente 
aplicables a los fondos de pensiones de empleo que se derivan de dicha Directiva, 
relacionadas con la política de implicación y la estrategia de inversión y acuerdos con los 
gestores de activos. Para ello, este real decreto modifica los artículos 69, 89 y 90 del 
Reglamento de planes y fondos de pensiones y añade un nuevo artículo 69 bis. Para los 
supuestos en que se contrate la gestión de activos del fondo con un gestor de activos, se 
admite la posibilidad, contemplada en la referida Directiva (UE) 2017/828, de encomendar 
al gestor el ejercicio de derechos inherentes a los títulos, que en la norma reglamentaria 
estaba reservado a la comisión de control o a la gestora por delegación. Con ello se 
amplían las posibilidades de ejercitar tales derechos y desarrollar las políticas de 
implicación.
Las disposiciones de este real decreto se establecen sin perjuicio de otras medidas 
normativas que se adopten para la transposición de la Directiva (UE) 2017/828 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, en lo que ésta afecte a la 
regulación general de las sociedades de capital y a la específica de otros tipos de entidades 
financieras.
VI bo
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relativa a los mercados de instrumentos financieros y la Directiva (UE) 2015/849 relativa a
la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la  Bc
financiación del terrorismo, modifica el umbral para la aplicación del ajuste por volatilidad
sobre el tipo de interés que han de emplear las entidades aseguradoras y reaseguradoras 
en el cálculo de sus provisiones técnicas.
La modificación de la normativa europea cambia el importe necesario para la activación 
del uso del ajuste por volatilidad sobre la estructura temporal de tipos de interés sin riesgo 
a utilizar para el cálculo de las provisiones técnicas, reduciendo el umbral previsto de 100 
puntos básicos a 85 puntos básicos. Por ello, se debe modificar el porcentaje que figura en 
el artículo 57.4 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, sustituyendo los 100 
puntos básicos por los 85 que establece la nueva Directiva (UE) 2019/2177 que se 
transpone, sin que quepan otras alternativas regulatorias.
VII
En cuanto a las disposiciones de la parte final, la disposición transitoria de este real 
decreto fija un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para llevar a cabo las 
adaptaciones a lo previsto en el mismo en materia de información a los partícipes 
potenciales, partícipes y beneficiarios de los planes de pensiones y boletines de adhesión 
para las nuevas incorporaciones a los planes de pensiones.
En cuanto a la primera declaración anual de las prestaciones de pensión, la disposición 
transitoria dispone que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
establecerá el plazo para elaborarla y facilitarla a partícipes y beneficiarios de los planes 
de pensiones de empleo mediante la misma circular por la que se han de regular las 
normas para el cálculo de la información sobre previsiones de prestaciones de pensión.
Asimismo, dado que la disposición adicional decimoquinta del Real Decreto-ley 3/2020, 
de 4 de febrero, establece que reglamentariamente se determinará el plazo para que las 
entidades gestoras realicen la primera evaluación interna de riesgos periódica de los 
fondos de pensiones de empleo prevista en el artículo 30 quinquies del texto refundido de 
la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, la disposición transitoria de este 
real decreto dispone que deberá elaborarse y aprobarse en seis meses desde la entrada 
en vigor.
Por otra parte, la disposición transitoria de este real decreto dispone que las entidades 
gestoras de fondos de pensiones que a la entrada en vigor de este real decreto tengan 
externalizadas actividades, distintas de las funciones clave, deberán comunicarlas a la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en la información estadístico 
contable anual correspondiente al ejercicio 2019.
En cuanto a la adaptación a las nuevas obligaciones en materia de implicación de 
accionistas y estrategia de inversión que afectan a fondos de pensiones de empleo, la 
disposición transitoria fija un plazo de seis meses desde la entrada en vigor y, respecto de 
la nueva información anual relativa al ejercicio del voto en las juntas generales, dispone 
que la primera publicación será la referida al ejercicio 2020.
La disposición final primera señala que mediante este real decreto se completa la 
transposición al derecho español de la Directiva 2016/2341 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2016, y se efectúa la transposición parcial de la Directiva 
2017/828, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017 y de la Directiva 
(UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2019.
Por último la disposición final segunda fija la entrada en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
VIII es
El real decreto es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el  w.
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común  40ww
dmea nlaifsi eAsdtom ienli scturamcipolnimesie nPtúob ldicea slo. sD per ilno ceipxipouse dsteo  neenc leossi dpaádrr ayf oesfi caancteiar,io arel sc osme pploentaer  dlea 
t1r4a ndsep odsicicieiómn bdree  ldae D 2ir0e1c6ti,v aco (nUtEin)u 2a0r 1la6 /t2r3a4n1sp, odseilc Pióanr ladme elan tDo irEeucrtoivpae o(U yE d) e2l 0C1o7n/8s2e8jo,,  ddeel   BOE-A-cable e
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, en lo referente a fondos de
pensiones, e iniciar la transposición parcial de la Directiva (UE) 2019/2177, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2019. El real decreto es acorde al principio 
de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para la consecución de los 
objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad 
jurídica. En cuanto al principio de transparencia, el proyecto normativo, en lo referente a la 
transposición de la Directiva (UE) 2016/2341, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de diciembre de 2016 fue sometido al trámite de consulta pública establecido en el 
artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y al trámite de audiencia 
e información públicas contenido en el artículo 26.6 de la misma, al afectar a los derechos 
e intereses legítimos de las personas. La necesidad de una iniciativa regulatoria para la 
transposición de la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de mayo de 2017 también se sometió al trámite de consulta pública previa.
Este real decreto se dicta en virtud de los mandatos y habilitaciones para el desarrollo 
reglamentario contenidos en los artículos 10 bis, 16.9, 28.4, 30 quinquies y 30 sexies y 
disposición final tercera del texto refundido de la Ley de Regulación de Planes y Fondos 
de Pensiones, así como en la disposición adicional decimoquinta del Real Decreto-ley 
3/2020, de 4 de febrero.
El contenido de este real decreto se sometió a la consideración de la Junta Consultiva 
de Seguros y Fondos de Pensiones, a audiencia de las Comunidades Autónomas y ha 
recibido informes evacuados por la Agencia Española de Protección de Datos y del 
Consejo de Consumidores y Usuarios. Por último, con respecto al principio de eficiencia, 
si bien supone un aumento de las cargas administrativas, estas son imprescindibles y en 
ningún caso innecesarias.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, con la aprobación previa de la Ministra de 
Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de agosto de 2020,
DISPONGO:
Artículo primero.  Modificación Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones.
Se modifica la disposición final primera del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones, quedando como 
sigue:
«Disposición final primera.  Títulos competenciales.
Las disposiciones contenidas en el Reglamento de planes y fondos de pensiones 
que se inserta a continuación tienen la consideración de ordenación básica de la 
banca y los seguros, y de la planificación general de la actividad económica, con 
arreglo al artículo 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, salvo las materias a que se 
refieren los párrafos siguientes, que se consideran competencia exclusiva del 
Estado:
a)  Con arreglo al artículo 149.1.6.ª de la Constitución, se consideran legislación 
mercantil las materias reguladas en: s
1.º  Los títulos I y II, salvo los artículos: 19, 20, 21, 23, 27 a 32, ambos inclusive,  b
34, 40, 41, 47, 48, 48 bis, 49, 53 y 54. 40ww
adic2io.ºn aLl ate drciseproas,i cliaósn  daidsipcioosniacli opnreimse arad,i cloiosn aapleasrt aqduoisn t5a,,  6s eyx 8ta d ey  loac dtaisvpao syic lióans 
ddiissppoossiicciioónne tsra tnrsaintosritiao rsiaésp tpimrima.era, segunda y sexta, así como el apartado 1 de la
b)  Con arreglo al artículo 149.1.14.ª de la Constitución, se consideran 
legislación de la hacienda general las materias reguladas en la disposición adicional 
cuarta y en la disposición final primera.»
Artículo segundo.  Modificación del Reglamento de planes y fondos de pensiones, 
aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.
El Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 
304/2004, de 20 de febrero, queda modificado como sigue:
Uno.  El párrafo h) del artículo 18 quedando redactado como sigue:
«h)  Normas relativas a las altas y bajas de los partícipes y, en particular, 
movilidad de los derechos consolidados. Asimismo, deberán prever el procedimiento 
de transferencia de los derechos consolidados correspondientes al partícipe y, en su 
caso, de los derechos económicos correspondientes al beneficiario que, por cambio 
de colectivo laboral o de otra índole, altere su adscripción a un plan de pensiones, de 
acuerdo con lo previsto en este reglamento. Las especificaciones de los planes de 
pensiones de empleo y, en su caso, su base técnica deberán indicar las condiciones 
que rigen el tratamiento de los derechos consolidados que se mantengan en el plan 
después del cese de la relación laboral y las posibilidades de movilización.»
Dos.  Se modifica el apartado 6 del artículo 22 quedando como sigue:
«6.  Con periodicidad anual, de acuerdo con lo dispuesto en este reglamento 
sobre obligaciones de información, la entidad gestora del fondo de pensiones en el 
que el plan se encuentre integrado facilitará a cada partícipe certificación sobre las 
aportaciones, directas o imputadas, realizadas en cada año natural y el valor, al final 
del año natural, de sus derechos consolidados.»
Tres.  Se modifica el apartado 3 del artículo 23 quedando redactado como sigue:
«3.  Con carácter general, la revisión de los planes de pensiones tendrá el 
siguiente contenido mínimo:
3.1  Aspectos actuariales:
a)  Descripción de los aspectos fundamentales del plan.
b)  Datos del colectivo valorado.
c)  Metodología actuarial.
d)  Hipótesis utilizadas.
e)  Análisis de las aportaciones, prestaciones y derechos consolidados y 
económicos.
f)  Resultados y análisis de las valoraciones actuariales.
g)  Análisis de la cuenta de posición del plan.
h)  Análisis de la solvencia del plan.
i)  Proyecciones efectuadas hasta la próxima revisión actuarial.
j)  Evaluación de las necesidades globales de financiación del plan de 
pensiones, incluida una descripción del plan de financiación cuando ello sea 
aplicable.
k)  Evaluación de los riesgos para los partícipes y beneficiarios en relación con  e.e
el pago de sus prestaciones de jubilación y la eficacia de cualquier medida  b
correctora, teniendo en cuenta, cuando proceda. 40ww
en q12u..e   pLLuooessd  mmenee ccreaadnnuiisscmmirsooess   lddoees   irdneeddreuexccachcioóiósnn  dd.ee  plaesn spiórens atadcqiounireidso, se,n e np aqrutiécu claorn dlaic mioendeisd ay   OE-A-2020-93able en https://
por parte de quién.
l)  Evaluación cualitativa de los mecanismos de protección de las pensiones de 
jubilación, incluidos, cuando proceda, las garantías, los compromisos y cualquier 
otro tipo de apoyo financiero por parte de la empresa promotora, en su caso, en 
favor del plan de pensiones, de los partícipes y beneficiarios, y la cobertura a través 
un plan de financiación o de la contratación de seguros u otras garantías.
m)  Conclusiones y recomendaciones.
3.2  Aspectos financieros:
a)  Criterios básicos de la política de inversiones fijada por la comisión de 
control.
b)  Características de los activos que integran la cartera.
c)  Establecimiento de índices de referencia que reflejen la política y la 
estrategia de inversión.
d)  Análisis de las posibles desviaciones respecto de los índices de referencia.
e)  Políticas de gestión y distribución de activos según criterios de rentabilidad 
y riesgo. Adecuación de estas políticas a los objetivos y características de cada 
plan.
f)  Análisis de sensibilidad de las inversiones.
g)  Análisis de la duración de las carteras y de la congruencia de plazos 
respecto de las obligaciones de cada plan.
h)  Cuando en las decisiones de inversión se tengan en cuenta factores 
ambientales, sociales y de gobierno, una evaluación cualitativa de los riesgos 
nuevos o emergentes, incluidos los riesgos relacionados con el cambio climático, la 
utilización de los recursos y el medio ambiente, los riesgos sociales y los riesgos 
relacionados con la depreciación de los activos derivada del cambio reglamentario.
i)  Proyecciones efectuadas hasta la próxima revisión.
j)  Conclusiones y recomendaciones.
3.3  Evaluación de la metodología e hipótesis utilizadas para determinar las 
previsiones recogidas en la declaración de las prestaciones de pensión.»
Cuatro.  Se modifican los apartados 1, 2, 4 y 5 y se añaden tres nuevos apartados 7, 8 
y 9 al artículo 34, quedando con la siguiente redacción:
«1.  En los planes de pensiones de empleo, en los términos del artículo 10 bis 
del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, la entidad 
gestora o en su caso el promotor o la comisión de control del plan, deberán facilitar 
a los partícipes, potenciales partícipes y beneficiarios información adecuada sobre 
el plan de pensiones de conformidad con lo establecido en este artículo.
Deberá elaborarse y poner a disposición de los partícipes, potenciales partícipes 
y beneficiarios un documento de información general sobre el plan de pensiones 
con el siguiente contenido mínimo:
a)  Definición del plan de pensiones de empleo.
b)  Denominación y modalidad del plan de pensiones y número identificativo en 
el registro especial.
c)  Denominación del fondo de pensiones y número identificativo en el registro 
especial. e
d)  Denominación y domicilio social del promotor del plan y de las entidades  bo
gestora y depositaria del fondo, así como el número identificativo de dichas  40ww
entidea) deRsé egnim loesn  rdeeg iasptroorst aecsiopneecsia yle cso cnotirnregsepnocniadsi ecnutbeise.rtas, con especial referencia
ap olassib piliedrasdon daes  scion nptoinsuibairli draeda ldizea ancdcoe saop oar tlaa cjuiobnileasc iótrna. sE ne ls auc caaescoi,m siee nintod icdaer ál alas 
contingencias de jubilación, incapacidad y dependencia pudiendo solicitar el cobro
de la prestación con posterioridad. Se indicarán los límites de las aportaciones, con 
advertencia de las sanciones administrativas previstas en el texto refundido de la 
Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones por incumplimiento de los 
citados límites.
f)  Referencia, en su caso, a los supuestos excepcionales de liquidez o 
disposición anticipada.
g)  Carácter no reembolsable de los derechos consolidados en tanto no se 
produzcan las circunstancias que permiten el cobro.
h)  Régimen de las prestaciones, especificando las formas de cobro, posibles 
beneficiarios y procedimiento para la solicitud de las prestaciones por parte del 
beneficiario, con especial referencia a la fecha de valoración de los derechos 
consolidados, así como, en caso de cobros parciales, el criterio para seleccionar las 
aportaciones de las que derivan los derechos consolidados o económicos objeto de 
cobro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 bis de este reglamento, y en su 
caso, grado de aseguramiento o garantía de las prestaciones con identificación de 
la denominación y domicilio de la entidad aseguradora o garante.
i)  Movilidad de los derechos consolidados, en su caso, e indicaciones sobre el 
cálculo del derecho consolidado, condiciones, procedimientos y plazos para la 
movilización de derechos consolidados, indicando la fecha de valoración de los 
derechos a estos efectos, así como, en caso de movilizaciones parciales, el criterio 
para seleccionar las aportaciones de las que derivan los derechos consolidados o 
económicos objeto de traspaso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 bis. Se 
incluirá indicación de las condiciones que rigen el tratamiento de los derechos 
consolidados que se mantengan en el plan después del cese de la relación laboral.
j)  Descripción de la política de inversión con información sobre la forma en que 
los factores ambientales, climáticos, sociales y de gobierno se tienen en cuenta en 
la estrategia de inversión en los términos establecidos en la declaración de principios 
de la política de inversión.
k)  Naturaleza de los riesgos financieros asumidos por los partícipes y 
beneficiarios.
l)  Información sobre las rentabilidades históricas ajustada a lo dispuesto en el 
último informe trimestral publicado.
m)  Comisiones y gastos.
n)  Indicación del tipo de relación que vincula a la entidad gestora con el 
depositario, en su caso, tomando como referencia las circunstancias contenidas en 
el artículo 42 del Código de Comercio.
ñ)  Referencia a los procedimientos adoptados para evitar los conflictos de 
interés y sobre las operaciones vinculadas realizadas.
o)  Legislación aplicable y régimen fiscal.
p)  Referencia a los medios de acceso a la información y documentación 
relativa al plan y al fondo de pensiones de acuerdo con lo establecido en esta 
normativa.
El documento de información general sobre el plan de pensiones, así como las 
especificaciones del plan, las normas de funcionamiento del fondo, la declaración de 
los principios de la política de inversión del fondo de pensiones y el reglamento 
interno de conducta deberán estar actualizados y a disposición de los partícipes, 
potenciales partícipes y beneficiarios, de modo que puedan acceder a dichos 
documentos de forma gratuita por medios electrónicos, incluidos un soporte  es
duradero o un sitio web, y si así lo solicita expresamente el interesado, se le facilitará  o
epdy uanqrr uatpíenca tipppeee eurl .mna S litmtieaea  mleacpne rotnee apanrrdd oeledacru áuicn acpfdoióoornrm  p ssaaoicnrpai óco lnaort,mse  d bfideinou esmrs.a odade loor osq  uqtoeude op l uaien idsntafro urrmmecaeucnpitóoen r aqeruslaeté  fp ádecerismlmtiinteaan dtaeal    OE-A-2020-9340able en https://www.
La puesta a disposición de los referidos documentos deberá realizarla la entidad 
gestora, o bien, podrá asumirla el promotor del plan o la comisión de control del 
mismo.
Para la incorporación de los potenciales partícipes al plan de pensiones se les 
facilitará el acceso a los citados documentos en la forma prevista en el párrafo 
anterior.
La utilización de boletines de adhesión para incorporarse al plan de pensiones, 
a los que se refiere el artículo 101, será opcional en los términos previstos en el 
apartado 2 de dicho artículo. En el caso de no utilizarse boletines individuales de 
adhesión, se facilitará al partícipe un certificado de pertenencia al plan.
En todo caso se facilitará a los partícipes la información a la que se refiere el 
artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.»
«2.  Con periodicidad al menos anual, la entidad gestora del fondo de pensiones 
en el que el plan se encuentre integrado facilitará a cada partícipe de los planes de 
empleo una certificación sobre las aportaciones, directas o imputadas, realizadas en 
cada año natural y el valor, al final del año natural, de sus derechos consolidados en 
el plan, distinguiéndose la parte correspondiente a aportaciones realizadas antes 
del 1 de enero de 2007, si las hubiere.
En el caso de que las especificaciones del plan de pensiones de empleo prevean 
la posibilidad de disposición anticipada de derechos consolidados correspondientes 
a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad, regulada en el 
artículo 9.4 y disposición transitoria séptima de este reglamento, la certificación 
deberá indicar la cuantía del derecho consolidado al final del año natural susceptible 
de hacerse efectivo por dicho supuesto de disposición anticipada.
Las especificaciones podrán prever plazos inferiores al señalado anteriormente 
para remitir dicha información.
La certificación a que se refiere este apartado deberá contener un resumen 
sobre la determinación de las contingencias cubiertas, el destino de las aportaciones 
y las reglas de incompatibilidad sobre aquellas, así como indicación de las 
condiciones que rigen el tratamiento de los derechos consolidados que se 
mantengan en el plan después del cese de la relación laboral y las posibilidades de 
movilización.
En su caso, la certificación indicará la cuantía de los excesos de aportación del 
partícipe advertidos sobre los máximos establecidos y el deber de comunicar el 
medio para el abono de la devolución.
Asimismo, con periodicidad al menos anual, la entidad gestora deberá 
suministrar un documento denominado ‘‘declaración de las prestaciones de 
pensión’’, con información relevante, exacta y actualizada, para cada partícipe 
teniendo en cuenta la legislación aplicable, que incluirá como mínimo, la siguiente 
información:
a)  Los datos personales del partícipe, incluida una indicación clara de la edad 
de jubilación.
b)  El nombre del fondo de pensiones de empleo y su dirección de contacto, así 
como la identificación del plan de pensiones del partícipe.
c)  Cuando corresponda, la información relativa a garantías totales o parciales 
previstas en el plan de pensiones y, si procede, dónde puede consultarse  e.e
información adicional al respecto. w.b
d)  Información sobre las previsiones de prestaciones de pensión basadas en  40ww
lean e deal ds ednet jiudboi ladceió qnu ees peesctiafisc apdrae evnis ilao nleetsra p au)e, yd eunn ad liifmeritiar cdióenl  dvea lroers pfionnasl adbeili dlaads 
persetismtaacciioonneess  reeccoibniódmasic. aSsi , ladsic hpare ivnifsoiormneasc idóen  ptarmesbtaiécnio dneebse dráe  ipnecnlusirió enl  smee bjoars daen  leons 
casos estimados así como una estimación desfavorable, teniendo en cuenta la
naturaleza específica del plan de pensiones. Asimismo, atendiendo a la naturaleza 
de cada plan de pensiones, la información sobre las previsiones de pensión se 
formulará considerando la complementariedad respecto de las pensiones públicas.
e)  Información sobre las contribuciones empresariales y las aportaciones de 
los partícipes durante los doce meses anteriores a la fecha a la que se refiere la 
información.
f)  Información sobre los derechos consolidados.
g)  Un desglose de los costes deducidos por el fondo de pensiones de empleo 
durante los últimos doce meses, como mínimo.
h)  Información sobre el nivel de financiación del plan de pensiones en su 
conjunto.
i)  Fecha exacta a que se refiere la información, figurando de forma destacada.
Se indicará con claridad toda modificación significativa de la información 
contenida en la declaración de las prestaciones de pensión con respecto al año 
anterior.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones mediante circular 
establecerá las normas para determinar el cálculo a efectos de la información de la 
declaración de las prestaciones de pensión a que se refiere el párrafo d). Dichas 
normas incluirán los criterios para determinar la edad o edades de jubilación y forma 
de las prestaciones utilizables y, en su caso, la tasa anual de rendimiento nominal 
de las inversiones, la tasa de inflación anual y la tendencia de los salarios futuros.»
«4.  Con periodicidad semestral, las entidades gestoras deberán facilitar a los 
partícipes y beneficiarios de los planes de pensiones de empleo información sobre 
la evolución y situación de sus derechos económicos en el plan, así como extremos 
que pudieran afectarles, especialmente las modificaciones normativas, cambios en 
las especificaciones del plan, de las normas de funcionamiento del fondo de 
pensiones o de su política de inversiones, y de las comisiones de gestión y depósito.
La información semestral contendrá un estado-resumen de la evolución y 
situación de los activos del fondo, los costes y la rentabilidad obtenida, e informará, 
en su caso, sobre la contratación de la gestión con terceras entidades.
La información a suministrar en materia de rentabilidad se referirá a la obtenida 
por el plan de pensiones en el último ejercicio económico, la rentabilidad acumulada 
en el ejercicio hasta la fecha a la que se refiere la información y la rentabilidad 
media anual de los tres, cinco, diez y quince últimos ejercicios económicos.
Asimismo deberá ponerse a disposición de partícipes y beneficiarios, la totalidad 
de los gastos del fondo de pensiones, en la parte que sean imputables al plan, y los 
gastos propios del plan, expresados en porcentaje sobre la cuenta de posición.»
«5.  Además de las obligaciones establecidas en los apartados anteriores, las 
entidades gestoras deberán poner a disposición de los partícipes y beneficiarios de 
los planes de pensiones de empleo, al menos con carácter trimestral, la información 
periódica prevista en el apartado anterior, así como las informaciones previstas en 
el apartado 3.b) del artículo 85 ter, en su caso, y en el apartado 4 del artículo 85 
quater.»
«7.  Además de lo previsto en los apartados anteriores, a petición del partícipe 
se le deberá facilitar la siguiente información adicional:
a)  Información detallada sobre las opciones de pago de prestaciones  oe.
disponibles a la hora de percibir sus prestaciones de jubilación. w.
prevbis) ionInefso ram qauceió sne  aredfiiceioren aell  aapcaerrtcaad od e2 .lda)s.» hipótesis utilizadas para generar las  2020-9340n https://ww
a 6 «a8n.t erCioorne sc asreá cfatecri lgiteanráe raa l,l olas  ipnafortrímciapceiós ny p beerinóedfiiccaia priroesv isdtea  feonr mloas  agpraatrutaitdao pso 2r 
medios electrónicos, incluidos un soporte duradero o un sitio web. Cuando el
partícipe o beneficiario lo solicite expresamente, mediante escrito debidamente 
firmado o por cualquier otro medio del que quede constancia, la información se le 
entregará en papel.
En su caso, el partícipe o beneficiario deberá indicar una dirección electrónica 
para la remisión de la información periódica, desde la que podrá, asimismo, 
comunicar su renuncia a la utilización de la vía telemática a través de la dirección 
electrónica facilitada por la entidad gestora o a través de su web o en la de su grupo, 
de conformidad con la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de 
la Sociedad de la Información.
La remisión o puesta a disposición de la información a que se refieren los 
apartados 4 y 5 se realizará en el mes siguiente a la finalización del periodo de 
referencia.
Asimismo, la entidad gestora del fondo de pensiones deberá poner a disposición 
de los partícipes y beneficiarios las cuentas anuales y el informe de gestión del 
fondo de pensiones de forma gratuita por medios electrónicos, incluidos un soporte 
duradero o un sitio web, o en papel en el caso de haberlo solicitado expresamente 
conforme a lo previsto en el primer párrafo de este apartado.
Todas las comunicaciones electrónicas se regirán por lo dispuesto en la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico.»
«9.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, mediante 
circular, podrá regular el contenido detallado y formato de la información prevista en 
este artículo para los partícipes potenciales, los partícipes y los beneficiarios, así 
como establecer modelos normalizados al objeto de permitir la comparación entre 
planes de pensiones.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, mediante circular, 
podrá definir el método de cálculo de la rentabilidad, así como determinar el grado 
de desagregación de las diferentes partidas de gastos correspondientes a cada plan 
en la información a partícipes potenciales, partícipes y beneficiarios.»
Cinco.  En el artículo 48 se añaden dos nuevas letras o) y p) en su apartado 1, se 
modifica el último párrafo del apartado 1, se modifican los apartados 2, 3, y 5 a 9 y se 
añade un apartado 10 en dicho artículo, quedando redactados como sigue:
«ñ)  Indicación del tipo de relación que vincula a la entidad gestora con el 
depositario, en su caso, tomando como referencia las circunstancias contenidas en 
el artículo 42 del Código de Comercio.»
«o)  Referencia a los procedimientos adoptados para evitar los conflictos de 
interés y sobre las operaciones vinculadas realizadas en su caso.»
«La Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones, mediante circular, 
podrá regular el contenido detallado y formato del documento con los datos 
fundamentales para el partícipe, así como establecer modelos normalizados al 
objeto de permitir la comparación entre planes de pensiones.»
«2.  Con carácter previo a la contratación, el comercializador deberá suministrar 
información sobre los planes de pensiones y sobre la adecuación de los mismos a 
las características y necesidades de los partícipes. e
A tal fin, el comercializador entregará al potencial partícipe los documentos con  bo
los datos fundamentales para el partícipe de los planes de pensiones enumerados  40ww
en eLl aa pcaorntatrdaota 1c.ión del plan de pensiones individual se formalizará mediante la
squusec sriep ceinótnre dgealr áb ocloeptíina  oa l dpoacrtuícmipeen.to de adhesión regulado en el artículo 101, del
Con motivo de la adhesión se hará entrega al partícipe que lo solicite de un 
certificado de pertenencia al plan y de la aportación inicial realizada, en su caso.
Asimismo, se le indicará la forma en que podrá acceder al contenido de las 
especificaciones del plan de pensiones y a la declaración de los principios de la 
política de inversión del fondo de pensiones, de acuerdo con lo previsto en el 
apartado 3.
En todo caso se facilitará a los partícipes la información a la que se refiere el 
artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales»
«3.  Las especificaciones del plan pensiones individual, el documento de datos 
fundamentales para el partícipe, las normas de funcionamiento del fondo, la 
declaración de los principios de la política de inversión del fondo de pensiones y el 
reglamento interno de conducta, deberán estar actualizados y a disposición de los 
partícipes, potenciales partícipes y beneficiarios, de forma que puedan acceder a 
dichos documentos de forma gratuita por medios electrónicos, incluidos un soporte 
duradero o un sitio web, o si así lo solicita expresamente el interesado, se le facilitará 
en papel.
Se entenderá, a estos efectos, por soporte duradero todo instrumento que 
permita al partícipe almacenar la información, de modo que pueda recuperarla 
fácilmente durante un tiempo adecuado para los fines a los que la información esté 
destinada y que permita la reproducción sin cambios.»
«5.  Producida y comunicada la contingencia, el beneficiario del plan de 
pensiones individual deberá recibir información apropiada sobre la prestación y sus 
posibles reversiones, sobre las opciones de cobro correspondientes, en su caso, y 
respecto del grado de garantía o del riesgo a cuenta del beneficiario.
En su caso, se le hará entrega al beneficiario del certificado de seguro o 
garantía, emitido por la entidad correspondiente. Dicho certificado deberá informar 
sobre la existencia, en su caso, del derecho de movilización o anticipo de la 
prestación y los gastos y penalizaciones que en tales casos pudieran resultar 
aplicables.
Con periodicidad al menos anual, la gestora del fondo de pensiones facilitará a 
los beneficiarios de los planes de pensiones individuales una certificación sobre el 
valor de sus derechos económicos en el plan al final de cada año natural.»
«6.  Con periodicidad semestral, las entidades gestoras deberán facilitar a los 
partícipes y beneficiarios de los planes de pensiones individuales, información sobre 
la evolución y situación de sus derechos económicos en el plan, así como extremos 
que pudieran afectarles, especialmente modificaciones normativas o de las normas 
de funcionamiento del fondo de pensiones.
En aquellos casos en los que exista una garantía financiera externa del artículo 77 
de este reglamento, se informará de la fecha de vencimiento de la garantía y del 
importe garantizado a dicha fecha, advirtiéndose que en caso de movilización o 
cobro antes del vencimiento no opera la garantía.
La información semestral contendrá un estado-resumen de la evolución y 
situación de los activos del fondo, los costes y la rentabilidad obtenida, e informará, 
en su caso, sobre la contratación de la gestión con terceras entidades.
La información a suministrar en materia de rentabilidad se referirá a la obtenida  es
por el plan de pensiones en el último ejercicio económico, la rentabilidad acumulada  bo
en el ejercicio hasta la fecha a la que se refiere la información y la rentabilidad  40ww
mdgeae sldotAoisass  ig ampanrisuostmapolis ood s dde ede lloeb fsleo  prntárldae ponso ,,d  neceeix nprpcseroeen, sa sdai odidenioszesp, s oqe, suneii cnnpi cóolaenr  c pyde aevnr ettpaeianj eqrtet uís ceúoi plbsteiremesa  olnyas   bi cmeeujpneeuernctftaiiaccbii aodlerseis.o  psao ll sapi lctaoióntan, l.yi»d laods   OE-A-2020-93able en https://
«7.  Además de las obligaciones establecidas en los apartados anteriores, las 
entidades gestoras deberán poner a disposición de los partícipes y beneficiarios de 
los planes de pensiones individuales y publicar en su sitio web o en el de su grupo, 
un informe trimestral que contenga la información prevista en el apartado anterior e 
incluya la rentabilidad acumulada en el ejercicio hasta la fecha a la que se refiere la 
información y la correspondiente al trimestre de que se trate, así como una relación 
detallada de las inversiones al cierre del trimestre, con indicación, para cada activo, 
de su valor de realización y el porcentaje que representa respecto del activo total. El 
informe trimestral incluirá también las informaciones previstas en el apartado 3.b) 
del artículo 85 ter, en su caso, y en el apartado 4 del artículo 85 quáter.»
«8.  Con carácter general, la información periódica prevista en los apartados 4 
a 7 anteriores se facilitará a los partícipes y beneficiarios de forma gratuita por 
medios electrónicos, incluidos un soporte duradero o un sitio web. Cuando el 
partícipe o beneficiario lo solicite expresamente, mediante escrito debidamente 
firmado o por cualquier otro medio del que quede constancia, la información se le 
entregará en papel.
En su caso, el partícipe o beneficiario deberá indicar una dirección electrónica 
para el suministro de la información periódica desde la que podrá, asimismo, 
comunicar su renuncia a la utilización de la vía telemática a través de la dirección 
electrónica facilitada por la entidad gestora o a través de su web o en la de su grupo, 
de conformidad con la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de 
la Sociedad de la Información.
El suministro, publicación o puesta a disposición de la información periódica a 
que se refieren los dos apartados 6 y 7 anteriores se realizará en el mes siguiente a 
la finalización del periodo de referencia.
Asimismo, la entidad gestora del fondo de pensiones deberá poner a disposición 
de los partícipes y beneficiarios las cuentas anuales y el informe de gestión del 
fondo de pensiones de forma gratuita por medios electrónicos, incluidos un soporte 
duradero o un sitio web, o en papel en el caso de haberlo solicitado expresamente 
conforme a lo previsto en el primer párrafo de este apartado.
Todas las comunicaciones telemáticas se regirán por lo dispuesto en la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico.»
«9.  Las especificaciones de los planes de pensiones del sistema individual, 
podrán modificarse por acuerdo del promotor, previa comunicación por este o por la 
entidad gestora o depositaria correspondiente, con al menos un mes de antelación 
a la fecha de efectos, a los partícipes y beneficiarios.
Las modificaciones de la política de inversión del fondo en que se integre el plan 
y de las comisiones de gestión y depósito aplicadas, el establecimiento y 
modificación de las garantías reguladas en el artículo 77, así como los acuerdos de 
sustitución de gestora o depositaria del fondo de pensiones y los cambios de dichas 
entidades por fusión o escisión, deberán comunicarse a los partícipes y beneficiarios 
con al menos un mes de antelación a la fecha de efectos.
Las comunicaciones previstas en este artículo se realizarán de forma gratuita a 
través de los medios de suministro previstos en el apartado 8.»
«10.  La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, mediante  s
circular, podrá regular el contenido detallado y formato de la información prevista en  oe.
este artículo para los partícipes potenciales, los partícipes y los beneficiarios, así  w.
cpolamnLoea se  Ddsetiar epbcelecncisóeinor  nmGeoesdn.eelroasl  dneo rSmeagliuzraodso sy  aFlo onbdjoesto  ddee  Ppeenrmsioitinr elas , cmomedpiaarnatcei ócnir ceunltarer,   2020-9340n https://ww
podrá definir el método de cálculo de la rentabilidad, así como determinar el grado
de desagregación de las diferentes partidas de gastos correspondientes a cada plan  Bc
en la información a partícipes potenciales, partícipes y beneficiarios.»
Seis.  Se modifica el apartado 2 del artículo 54 quedando como sigue:
«2.  La incorporación del partícipe al plan de pensiones asociado y la 
información que se debe suministrar o poner a disposición de los partícipes 
potenciales, los partícipes y los beneficiarios se regirá por lo establecido en los 
apartados 2 a 8 y 10 del artículo 48 para los planes de pensiones individuales, salvo 
las menciones al documento de datos fundamentales para el partícipe.»
Siete.  El apartado 8 del artículo 58 queda redactado como sigue:
«8.  La persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital podrá dictar normas de desarrollo del procedimiento de autorización e 
inscripción de fondos de pensiones.
En las remisiones electrónicas previstas en este artículo se observarán los 
requisitos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»
Ocho.  El apartado 8 del artículo 60 queda redactado como sigue:
«8.  La persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital podrá dictar normas específicas sobre las obligaciones de comunicación y los 
procedimientos de inscripción de modificaciones de los fondos de pensiones 
regulados en este artículo.
En las remisiones electrónicas de escrituras públicas y certificaciones a que se 
refiere este artículo se observarán los requisitos previstos en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre.»
Nueve.  En el artículo 69 se modifican los apartados 7 y 8 y se añade un nuevo 
apartado 9, quedando redactados como sigue:
«7.  La comisión de control del fondo de pensiones deberá ejercer, en beneficio 
exclusivo de los partícipes y beneficiarios, todos los derechos inherentes a los 
valores integrados en el fondo.
Dichos derechos los ejercerá la comisión de control del fondo, directamente, o a 
través de la entidad gestora, que seguirá las indicaciones de dicha comisión o lo 
dispuesto en las normas de funcionamiento del fondo. Si se contrata la gestión de 
activos del fondo con un gestor de activos, podrá encomendarse a este el ejercicio 
de derechos inherentes a los valores, incluidos los políticos, en los términos 
previstos en el contrato y teniendo en cuenta lo previsto en los estatutos de las 
sociedades emisoras.
Los derechos de participación y voto en las juntas y asambleas generales 
también deberán ejercerse cuando los valores integrados en el fondo tuvieran 
relevancia cuantitativa y carácter estable, salvo que existan motivos que justifiquen 
el no ejercicio de tales derechos y se informe de ello en el correspondiente informe 
de gestión anual del fondo de pensiones.
En el informe de gestión anual del fondo de pensiones se dejará constancia de 
la política relativa al ejercicio de los derechos políticos de participación y voto en las 
juntas y asambleas generales inherentes a los valores integrados en el fondo de 
pensiones.»
«8.  Tratándose de fondos de pensiones de empleo, sin perjuicio de lo previsto  e.
en el apartado anterior, las comisiones de control de los fondos o, en su caso, las  w.
entidades gestoras de estos, deberán desarrollar y poner en conocimiento del  40ww
ppeúnbsliicoon eusn cao mpool íaticccai odneis tiam epnli csauc eiósntr aqteugei ad dees cinrivbears cióónm eon  saec ciimonpelisc ade e sl ofcoineddaod dees 
qopueer ee setné nu na dEmstiatiddoa sm aie mnebgroo cdiaec liaó nU neinó nu En umroeprecaa.do regulado que esté situado u  BOE-A-cable e
La referida política indicará cómo supervisan a las sociedades en las que 
invierten en lo referente, al menos, a la estrategia, el rendimiento financiero y no 
financiero, los riesgos, la estructura del capital, el impacto social y medioambiental 
y el gobierno corporativo. Dicha política también describirá cómo se relacionan con 
las sociedades en las que invierten, ejercen, en su caso, los derechos de voto y 
otros derechos asociados a las acciones, cooperan con otros accionistas, se 
comunican con accionistas significativos y gestionan conflictos de interés reales y 
potenciales en relación con su implicación.
En el caso de que la comisión de control del fondo ejerza directamente los 
derechos de voto en las juntas generales, el cumplimento de las obligaciones 
establecidas en este apartado será responsabilidad de la misma, sin perjuicio de la 
posibilidad de que encomiende dichas obligaciones a la entidad gestora, previo 
acuerdo en el que se detallarán sus términos y condiciones. Cuando la política de 
implicación del fondo, incluido el ejercicio del derecho al voto, se desarrolle a través 
de un gestor de activos, corresponderá al gestor de activos cumplimentar las 
obligaciones previstas en este apartado de acuerdo con los términos previstos en el 
contrato.
Con carácter anual, las comisiones de control de los fondos de empleo o, en su 
caso, las entidades gestoras de estos, publicarán información sobre cómo han 
aplicado la política de implicación a la que se refieren los párrafos anteriores, 
incluyendo una descripción general de su comportamiento en relación con sus 
derechos de voto, una explicación de las votaciones más importantes en las que 
hayan participado, y, en su caso, la utilización de los servicios de asesores de voto.
Asimismo, publicarán, con carácter anual, el sentido de su voto en las juntas 
generales de las sociedades en las que el fondo de pensiones posee las referidas 
acciones, en caso de haberse ejercido. Dicha publicación podrá excluir las 
votaciones que son inmateriales debido al objeto de la votación o al tamaño de la 
participación en la sociedad.
La política de implicación y la información mencionada en los párrafos anteriores 
estarán disponibles públicamente de forma gratuita en el sitio web de la entidad 
gestora o en el de su grupo, o a través de otros medios que sean fácilmente 
accesibles en línea. Cuando la política de implicación del fondo, incluido el ejercicio 
del derecho al voto, se desarrolle a través de un gestor de activos, deberá indicarse 
el lugar en el que el gestor ha publicado la información relativa al ejercicio del 
derecho al voto.
Las comisiones de control de los fondos de pensiones de empleo y, en su caso, 
las entidades gestoras de estos y los gestores de activos, que no se ajusten a los 
requisitos establecidos en los párrafos anteriores deberán publicar una explicación 
clara y motivada sobre las razones por las que han decidido no cumplirlos. Esta 
explicación estará disponible públicamente de forma gratuita en el sitio web de la 
gestora o en el de su grupo o a través de otros medios que sean fácilmente 
accesibles en línea.
Las comisiones de control de los fondos de pensiones de empleo y, en su caso, 
las entidades gestoras de fondos de pensiones de empleo y los gestores de activos, 
adoptarán medidas razonables para detectar, impedir, gestionar y controlar los 
conflictos de interés que pudieran surgir en el ámbito de las actividades de 
implicación a las que se refiere este apartado, y, si estas no fueran suficientes, 
deberán publicar información clara sobre la naturaleza general o el origen de los  es
conflictos de intereses antes de actuar por cuenta del fondo de pensiones y  o
desarrollar políticas y procedimientos adecuados.» 40www.
a un« m9.i smAo e gferucptoos l adse  sloo cdieisdpaudeesst oq ueen  sees teen ccaupeíntutrleon,  seen  cloosn ssiudpeuraersátons p ceortnetenmecpielandteoss 
en el artículo 42 del Código de Comercio.»
Diez.  Se añade un nuevo artículo 69 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 69 bis.  Publicidad relativa a la estrategia de inversión y a los acuerdos 
con los gestores de activos de los fondos de pensiones de empleo.
1.  La comisión de control del fondo de pensiones de empleo, con la 
participación de la entidad gestora, elaborará por escrito una declaración de la 
estrategia de inversión a largo plazo que contendrá información relativa a cómo los 
elementos principales de la estrategia de inversión del fondo en acciones de 
sociedades que estén admitidas a negociación en un mercado regulado que esté 
situado u opere en un Estado miembro de la Unión Europea, son coherentes con el 
perfil y la duración de los pasivos del fondo de pensiones, en particular de sus 
pasivos a largo plazo, y la manera en que contribuyen al rendimiento a medio y 
largo plazo de sus activos. Se informará de los indicadores clave y métricas del 
desempeño considerados y de los resultados de sus evaluaciones y mediciones 
ambientales, sociales y de buen gobierno en los que fundamentan su política de 
implicación.
Esta información deberá ponerse en conocimiento del público.
La comisión de control informará en el informe de gestión anual sobre la política 
de implicación que haya desarrollado, de los indicadores clave y de sus métricas del 
desempeño considerados, de los resultados de sus mediciones de los aspectos 
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que consideren.
2.  Cuando las inversiones del fondo de pensiones de empleo en las acciones 
referidas en el apartado anterior sean realizadas en nombre del fondo a través de 
un gestor de activos, la entidad gestora del fondo y la comisión de control, deberá 
publicar la siguiente información:
a)  la manera en que el acuerdo que se ha suscrito con el gestor de activos 
incentiva a este a adaptar su estrategia y sus decisiones de inversión al perfil y la 
duración de los pasivos del fondo de pensiones y, en particular, a los pasivos a largo 
plazo;
b)  cómo el acuerdo suscrito con el gestor de activos incentiva a este a adoptar 
sus decisiones de inversión basándose en evaluaciones del rendimiento financiero 
y no financiero a medio y largo plazo de las sociedades en las que invierte y a 
implicarse en las mismas con el objeto de mejorar su rendimiento a medio y largo 
plazo;
c)  la forma en la que el método y el horizonte temporal de la evaluación del 
rendimiento del gestor de activos y su remuneración por estos servicios son 
conformes con el perfil y la duración de los pasivos del fondo de pensiones, en 
particular, los pasivos a largo plazo, y tienen en cuenta el rendimiento absoluto a 
largo plazo;
d)  cómo se controlan los costes de rotación de la cartera en que ha incurrido 
el gestor de activos y la forma en que se define y controla la rotación o el intervalo 
de rotación de una cartera específica;
e)  la duración del acuerdo con el gestor de activos.
Cuando el acuerdo con el gestor de activos no contenga uno o varios de los 
elementos anteriores deberá justificarse mediante una explicación clara y motivada.
La información pública a que se refiere este apartado incluirá, en su caso, los  s
elementos correspondientes a la estrategia de inversión del fondo de pensiones de  oe.
empleo relativa a la inversión en acciones o participaciones en instituciones de  w.
icenol valeepcrastirivótaand  doce oa tlnieptcoet ricvioearr  rooa  udenona qt ieduxaep,d laeic ssa ucd ieóve ncz ca, lpainirtvaai ely r rtmiaenos tgeivona  dluaa so  datreca cpsio oern nqetusidé aa n dlaoes ss qe du iene c silnuevy reeer fesieisórtaen    2020-9340n https://ww
información.
3.  La información prevista en los apartados anteriores deberá actualizarse  Bc
anualmente, salvo que no se haya producido ningún cambio significativo. En caso
de utilización de servicios de asesores de voto se publicarán los criterios 
medioambientales, sociales y de buen gobierno aplicados en la elaboración de 
estas recomendaciones y se explicarán específicamente aquellos casos en los que 
no se hayan seguido sus recomendaciones.
4.  La información regulada en este artículo estará disponible públicamente de 
forma gratuita en el sitio web de la entidad gestora o en el de su grupo, o a través 
de otros medios que sean fácilmente accesibles en línea.»
Once.  Se modifica la letra g) del apartado 1 del artículo 78 quedando redactada 
como sigue:
«g)  Las personas físicas o jurídicas que, directa o indirectamente, sean 
titulares de al menos un 10 por ciento del capital social o de los derechos de voto en 
una entidad gestora, deberán ser idóneas para que la gestión de la entidad y de los 
fondos de pensiones gestionados sea sana y prudente.
La persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
podrá regular la forma de acreditación de este requisito.»
Doce.  Se introduce un nuevo artículo 78 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 78 bis.  Aptitud y honorabilidad de quienes ejerzan la dirección efectiva o 
desempeñen funciones clave que integran el sistema de gobierno de la entidad.
1.  En relación con la aptitud, se considerará que poseen conocimientos y 
experiencia adecuados para ejercer sus funciones en las entidades quienes cuenten 
con formación del nivel y perfil apropiados, en particular en el área de planes y 
fondos de pensiones y servicios financieros, y experiencia práctica derivada de sus 
anteriores ocupaciones durante periodos de tiempo suficientes. Se tendrán en 
cuenta para ello tanto los conocimientos adquiridos en un entorno académico como 
la experiencia en el desarrollo profesional de funciones similares a las que van a 
desarrollarse en otras entidades o empresas.
En la valoración de la experiencia práctica y profesional deberá prestarse 
especial atención a la naturaleza y complejidad de los puestos desempeñados, las 
competencias y poderes de decisión y responsabilidades asumidas, así como el 
número de personas a su cargo, el conocimiento técnico alcanzado sobre el sector 
financiero y los riesgos que deben gestionar.
En todo caso, los criterios de conocimientos y experiencia se aplicarán valorando 
el tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de la actividad de cada entidad 
y las concretas funciones y responsabilidades del puesto asignado a la persona 
evaluada.
Asimismo, el Consejo de Administración de la entidad deberá contar con 
miembros que, considerados en su conjunto, posean suficientes conocimientos y 
experiencia profesional en, al menos, las siguientes áreas:
a)  Planes y fondos de pensiones y mercados financieros.
b)  Estrategias y modelos de negocio.
c)  Sistema de gobierno.
d)  Análisis financiero y actuarial.
e)  Marco regulatorio.
2.  Concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido  o
mseonobtisdrteara dsn.ud oc aupnaac cidoandd upcatara p deerssoenmapl,e cñoamr eurncaia lg ye sptrióonfe saidoencaul aqduae  yn op rguedneenrete  ddued alas   2020-9340n https://www.
3.  Para valorar la concurrencia de honorabilidad comercial y profesional 
deberá considerarse toda la información disponible, incluyendo:
a)  La trayectoria del cargo en cuestión en su relación con las autoridades de 
regulación y supervisión; las razones por las que hubiera sido despedido o cesado 
en puestos o cargos anteriores; su historial de solvencia personal y de cumplimiento 
de sus obligaciones; o si hubiera estado inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 
9 de julio, Concursal, mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado 
en la sentencia de calificación del concurso y los quebrados y concursados no 
rehabilitados en procedimientos anteriores a la entrada en vigor de la referida ley.
b)  La condena por la comisión de delitos y la sanción por la comisión de 
infracciones administrativas teniendo en cuenta:
1.  El carácter doloso o imprudente del delito o infracción administrativa.
2.  Si la condena o sanción es o no firme.
3.  La gravedad de la condena o sanción impuestas.
4.  La tipificación de los hechos que motivaron la condena o sanción, 
especialmente si se tratase de delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, 
contra el orden socioeconómico y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, 
o supusiesen infracción de las normas reguladoras del ejercicio de la actividad de 
fondos de pensiones, aseguradora, bancaria o del mercado de valores, o de 
protección de los consumidores.
5.  Si los hechos que motivaron la condena o sanción se realizaron en provecho 
propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de 
negocios le hubiese sido confiada, y en su caso, la relevancia de los hechos por los 
que se produjo la condena o sanción en relación con las funciones que tenga 
asignadas o vayan a asignarse al cargo en cuestión en la entidad.
6.  La prescripción de los delitos o infracciones administrativas o la posible 
extinción de la responsabilidad penal.
7.  La existencia de circunstancias atenuantes y la conducta posterior desde la 
comisión del delito o infracción.
8.  La reiteración de condenas o sanciones por delitos o infracciones.
Las entidades o, cuando corresponda respecto de la función actuarial las 
comisiones de control de los planes, cumplirán las obligaciones de suministro de 
información necesarias para la valoración prevista en esta letra, remitiendo a la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones un certificado de 
antecedentes penales de la persona objeto de valoración, sin perjuicio de las 
competencias de dicha Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para 
recabar directamente de la persona cuya honorabilidad sea objeto de valoración 
toda la información complementaria que resulte necesaria para la evaluación de los 
elementos a los que se refiere esta letra.
Asimismo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones consultará 
las bases de datos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, 
la Autoridad Bancaria Europea y la Autoridad Europea de Valores y Mercados sobre 
sanciones administrativas.
c)  La existencia de investigaciones relevantes y fundadas, tanto en el ámbito 
penal como administrativo, sobre alguno de los hechos mencionados en la letra b) 
4.º anterior. No se considerará que hay falta de honorabilidad sobrevenida por la  es
mera circunstancia de que, estando en el ejercicio de su cargo, un consejero,  bo
director general o asimilado, u otros empleados responsables de las funciones de  40ww
gdlaoe eb lvaiSeasir l nducouair rccdaiueónn ntlesa d t eaeelnn  esctjiuieda rashcd oidc nseiooes racdarnebit  iaosliusbd  jaaeedctno,t  i elvdaised tea ednd itac icdphoaaandrstc a ouind,r vorcie eu3ssa,te nigy de aeoncs  iclotaaon  rperreeesrss.supolotnanasd eea v rraeellusepavedacant toae l gdpuean rlaaa    OE-A-2020-93able en https://
función actuarial, la comisión de control del plan, lo comunicará a la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones en el plazo máximo de quince días 
hábiles desde su conocimiento.
Los administradores o miembros colegiados de administración, los directores 
generales o asimilados y otros empleados que sean responsables de las funciones 
clave de gobierno de la entidad, y que tuviesen conocimiento de que concurren en 
su persona alguna de las circunstancias descritas en este apartado 3, deberán 
informar de ello a su entidad de manera inmediata.
El tratamiento de los datos que las entidades lleven a cabo en el marco de lo 
dispuesto en este precepto deberá limitarse a la exclusiva finalidad de suministro de 
la información a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, quedando 
expresamente limitado el número de personas de la entidad que dentro de su 
organización pueda tener acceso a dichos datos.
Lo dispuesto en este artículo será igualmente aplicable a las personas o 
entidades a quienes se externalicen funciones clave.
La persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
podrá regular la forma de acreditación de los requisitos establecidos en este 
artículo.»
Trece.  Se suprime el artículo 80 ter.
Catorce.  Se modifica la letra g) del apartado 1 y el apartado 3 del artículo 81, 
quedando redactados como sigue:
«g)  El control de la política de inversiones de los fondos de pensiones 
gestionados en los términos descritos en el artículo 81 ter.»
«3.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 sexies del texto refundido 
de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones la entidad gestora podrá 
externalizar cualesquiera de sus actividades, incluidas las funciones clave y otras 
funciones que le corresponden según la normativa vigente, en su totalidad o en 
parte, con excepción de la función de vigilancia de la entidad depositaria, siempre 
que dicha externalización se produzca en prestadores de servicios que cuenten con 
los medios y capacidad suficiente para el ejercicio de actividades encomendadas.
En ningún caso, la responsabilidad de la entidad gestora frente a los partícipes 
y beneficiarios se verá afectada por la externalización de actividades.
Dicha externalización deberá cumplir con las normas de conducta establecidas 
en el artículo 85 bis.
La externalización no podrá efectuarse en la entidad depositaria del fondo de 
pensiones, con la salvedad de la función de auditoría interna de la gestora que sí 
podrá externalizarse en la depositaria.
Además, los terceros en los que se haya externalizado no podrán volver a 
externalizar ninguna de las actividades que les hayan sido encomendadas, excepto 
en aquellos supuestos en los que la entidad gestora lo haya autorizado 
expresamente.
La entidad gestora deberá establecer los mecanismos y procedimientos de 
control necesarios para ejercer la función de control sobre las actividades 
externalizadas. La función de control establecida en este apartado no podrá ser 
objeto de externalización en terceros.
La entidad gestora de fondos de pensiones deberá comunicar a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones y a las comisiones de control  es
correspondientes la externalización de sus actividades. bo
Cuando la externalización se refiera a las funciones clave, la comunicación a la  40ww
Dfecoasirrtrmeaácbacclltieeizócarn icd pioGór neee vndnieeo rel  aala lc  rduedeefiecr drShiodae o gdc ueaor eromtxsícut euynr lnioFca ao3licnz0idaó ocsniseó,  xndlia eec so gP rdreeeesnslt spotioeroanxn dteodise e nrbseteeefu  rdrnáeed a iicdnloizofnoa frdromáerm  aalraind  tasleedosy b c.d roeCen  o lllonaa     OE-A-2020-93able en https://
externalización proyectada a las comisiones de control de los fondos de pensiones,
de manera que estas puedan manifestar en un plazo no inferior a quince días 
hábiles las observaciones que estimen oportunas sobre el proyecto. La comunicación 
a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones incluirá las observaciones 
formuladas, en su caso.
La comunicación a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de 
las actividades externalizadas, distintas de las funciones clave, se realizará, al 
menos con carácter anual, en la información estadístico contable que se establezca 
de conformidad con lo previsto en el artículo 99.1.
Asimismo, deberá comunicarse a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones y a la comisión de control correspondiente cualquier cambio ulterior 
importante en relación con las actividades que hayan podido externalizarse.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá solicitar a las 
entidades gestoras y a los prestadores de servicios en cualquier momento 
información sobre las funciones clave y cualquier otra actividad que se haya 
externalizado.»
Quince.  Se modifica el artículo 81 bis que queda redactado como sigue:
«Artículo 81 bis.  Control interno de las entidades gestoras.
1.  Las entidades gestoras de fondos de pensiones deberán establecer, 
documentar y mantener en todo momento procedimientos de control interno 
adecuados a su organización y actividad respecto de los fondos de pensiones 
gestionados y en particular respecto de la política de inversiones de dichos fondos. 
El consejo de administración de la entidad gestora será el responsable último de 
establecer, mantener y mejorar tales procedimientos de control interno. La dirección 
de la entidad gestora será responsable de la implementación de los procedimientos 
de control interno, en línea con las directrices establecidas por el consejo de 
administración, pudiendo encomendarse a entidades que cuenten con los medios y 
capacidad suficientes para el ejercicio de estas funciones.
2.  Las entidades gestoras deberán disponer de la información suficiente para 
que el consejo de administración y la dirección de la entidad puedan tener un 
conocimiento actualizado sobre la evolución de su actividad y la de los fondos de 
pensiones gestionados, el funcionamiento de sus departamentos y redes de 
distribución, y el comportamiento de las magnitudes económico-financieras básicas, 
tanto de su propio negocio, como de los fondos de pensiones gestionados y los 
planes de pensiones en ellos integrados. Asimismo, deberá establecerse un sistema 
eficaz de comunicaciones que asegure que la información relevante llega a todos 
los responsables.
3.  Los procedimientos de control interno comprenderán, en todo caso, el 
establecimiento de un sistema eficaz de control de riesgos, que incluirá el control de 
la política de inversiones de los fondos de pensiones gestionados.
4.  Las entidades gestoras establecerán sistemas de gestión de riesgos, 
adecuados a su organización y a las características de los fondos de pensiones 
gestionados, que les permitan identificar y evaluar, con regularidad, los riesgos 
internos y externos a los que están expuestos. Para ello, establecerán estrategias 
respecto de los mismos, adecuadas a la naturaleza e incidencia de tales riesgos, 
incorporando procesos que permitan una medición de los riesgos identificados, 
incluyendo su probabilidad de ocurrencia e impacto en el perfil de riesgo, tanto de la  es
entidad gestora como de los fondos de pensiones gestionados. Asimismo, las  bo
entidades gestoras deberán tener establecidos planes de contingencia que permitan  40ww
aeconnnttiidoc5aci.p idma ryLi e aslna ittf uouda neycc  liioeoósxnn pfe oedsnre idea aonduscv diedairte,so  qapríuseae n q isnguiatoeern rapennusat ei gcsdeeea,sr ntáei o npen ojeaenld reecorijs de.earcn i pcpoioer  lidpgeer orss uossun  afvul inaccboiinolin dseausdf,i  ccpieolenmntaeo    OE-A-2020-93able en https://
independencia respecto a las distintas áreas de la entidad gestora, correspondiendo
al consejo de administración de la misma garantizar los recursos precisos para el 
adecuado cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas.
Anualmente la entidad gestora elaborará un informe sobre la efectividad de sus 
procedimientos de control interno, incidiendo en las deficiencias significativas 
detectadas, sus implicaciones y proponiendo, en su caso, las medidas que se 
consideren adecuadas para su subsanación. El referido informe será aprobado por 
el consejo de administración de la entidad gestora y remitido a la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones junto con la documentación estadístico contable 
anual en los plazos establecidos al efecto.
6.  Los requerimientos establecidos en este artículo, de aplicación a todas las 
entidades gestoras, podrán implementarse por las mismas de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad, de manera que, exigiéndose los mismos principios y 
elementos de control, su ejecución pueda llevarse a cabo atendiendo a la dimensión 
de la entidad y a las características y nivel de riesgos de los fondos de pensiones 
gestionados. En ningún caso, la aplicación de este apartado podrá suponer una 
menor protección para el partícipe o beneficiario de los planes de pensiones 
integrados en los fondos de pensiones gestionados.
7.  Los procedimientos de control interno se extenderán, en aquellas entidades 
que externalicen cualesquiera de sus funciones o actuaciones, a las actividades 
externalizadas. En ningún supuesto la externalización de funciones implicará que la 
entidad gestora transfiera o deje de asumir las responsabilidades derivadas de tales 
funciones.
8.  La persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital podrá establecer normas específicas de desarrollo de lo previsto en este 
artículo.»
Dieciséis.  Se introduce un nuevo artículo 81 ter con la siguiente redacción:
«Artículo 81 ter.  Control de la política de inversiones de los fondos de pensiones 
gestionados.
1.  De conformidad con los principios de la política de inversión del fondo de 
pensiones y, en su caso, por ejercicio de las funciones delegadas a la entidad 
gestora contenidas en el artículo 81.2, el consejo de administración de la entidad 
gestora será responsable de fijar y aprobar los principios de la política de inversión 
estratégica del fondo de pensiones, considerando la relación entre los activos y las 
obligaciones de los planes integrados, la tolerancia global al riesgo del fondo de 
pensiones y la liquidez de las posiciones en diferentes escenarios. En particular, 
deberá asegurarse la identificación, seguimiento, medición, información y control de 
los riesgos relacionados con las actividades, procedimientos y políticas de inversión 
adoptadas en los fondos de pensiones. En todo caso, se evitará la dependencia 
exclusiva y automática de las calificaciones crediticias en las políticas de inversión 
de los fondos de pensiones gestionados. La dirección de la entidad gestora será 
responsable de la implementación de tales políticas y medidas.
2.  La utilización de instrumentos derivados y activos financieros estructurados 
por parte de los fondos de pensiones gestionados estará sometida al cumplimiento 
de los requisitos que a tal efecto disponga la persona titular del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital y, en todo caso, de las siguientes condiciones:
a)  Las entidades gestoras dispondrán de normas claras y escritas aprobadas  oe.
por el consejo de administración sobre la utilización de instrumentos derivados y  w.
adgecetslievtogorasac .fi ióAnn ae,n sactseieí  rrceoossmp eeosc tutroun,ca lt audsrea fsudcnoricspi,oc einónentsr ed d elea l saa suq truoeersi zpfiagocuniórseannb,  dielield  raeedjpeeacsru tdcoei ódnnet r dofue dn óecr idloaen enenests iyd,  dasued    2020-9340n https://ww
control de su utilización y de manejo de la información deberán ser desempeñadas
por personas distintas. Bc
b)  Los controles sobre la utilización de instrumentos derivados y activos 
financieros estructurados, que habrán de estar debidamente documentados, se 
realizarán con regularidad, y periódicamente se informará a una persona que ocupe 
un puesto de responsabilidad que no tenga a su cargo a quienes ejecutan las 
órdenes, y en todo caso, a la dirección de la entidad.
Los procedimientos de control establecidos deben permitir verificar el estado de 
situación con relación a los riesgos inherentes al uso de los instrumentos derivados 
y activos financieros estructurados, debiendo comprobarse, mediante controles 
externos o internos, que los procedimientos implementados son apropiados y se 
ajustan a los objetivos perseguidos, así como que su funcionamiento en la práctica 
es el adecuado.
c)  Las entidades gestoras deben disponer de directrices claras y escritas sobre 
las categorías de instrumentos derivados y activos financieros estructurados que 
pueden utilizarse, las posiciones máximas permitidas, las contrapartes autorizadas 
y, en el caso de los instrumentos derivados, sobre si los mismos se han adquirido 
con finalidad de cobertura o de inversión. En el caso de que se realicen operaciones 
fuera de mercados regulados, la entidad debe asegurarse de que los intermediarios 
financieros garantizan la liquidez de las posiciones y ofrecen la posibilidad de 
proporcionar cotizaciones de compra y venta, en cualquier momento, a petición del 
fondo de pensiones.
d)  Las entidades gestoras deberán contar con modelos internos para estimar 
el valor en riesgo o, en su caso, con un método estándar de cálculo de máxima 
pérdida potencial en la utilización de instrumentos derivados adquiridos con finalidad 
de inversión a los que se refiere el artículo 71 ter.»
Diecisiete.  Se introduce un nuevo artículo 81 quáter con la siguiente redacción:
«Artículo 81 quater.  Evaluación interna de riesgos de los fondos de pensiones de 
empleo.
La evaluación interna de los riesgos del fondo de pensiones de empleo prevista 
en el artículo 30 quinquies del texto refundido de la Ley de Regulación de Planes y 
Fondos de Pensiones, incluirá al menos el siguiente contenido:
a)  Una descripción de cómo se integra la propia evaluación de riesgos en el 
proceso de gestión y en los procesos de toma de decisiones del fondo.
b)  Una evaluación de la eficacia del sistema de gestión de riesgos.
c)  Una descripción de cómo el fondo de pensiones de empleo evita conflictos 
de interés con la empresa promotora, cuando se externalicen funciones clave hacia 
la empresa promotora.
d)  Una evaluación cualitativa de los riesgos operacionales.
e)  El control de la política de inversión de los fondos de pensiones gestionados.
f)  Descripción de los métodos para detectar y evaluar los riesgos a los que 
esté o pueda estar expuesto a corto y a largo plazo el fondo de pensiones y que 
pudieran influir en la capacidad del fondo para cumplir sus obligaciones.
La evaluación interna de riesgos deberá efectuarse y documentarse por la 
entidad gestora con la participación, en su caso, de la comisión de control del fondo, 
salvo que esta delegue dichas obligaciones en la entidad gestora.
Cuando la función actuarial no haya sido encomendada a la entidad gestora, el  e.
responsable de dicha función deberá proporcionar a la dirección efectiva de la  w.b
entidad gestora la información necesaria para la realización de la evaluación  40ww
interna.»
Dieciocho.  Se modifica la letra b) del apartado 3 del artículo 85 ter, quedando como 
sigue:
«b)  La entidad gestora deberá informar en la información trimestral a facilitar a 
partícipes y beneficiarios cualquiera que sea la modalidad de plan de pensiones al 
que pertenezcan, sobre los procedimientos adoptados para evitar los conflictos de 
interés y sobre las operaciones vinculadas realizadas en la forma y con el detalle 
que la Ley del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo determinen.»
Diecinueve.  Se modifica el apartado 4 del artículo 85 quater, quedando redactado 
como sigue:
«4.  La entidad gestora deberá manifestar en la información trimestral a facilitar 
a partícipes y beneficiarios, cualquiera que sea la modalidad de plan de pensiones 
al que pertenezcan, el tipo exacto de relación que le vincula al depositario, tomando 
como referencia, en su caso, la enumeración de circunstancias contenidas en 
el artículo 42 del Código de Comercio.»
Veinte.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 87 quedando redactados como 
sigue:
«1.  Las entidades de inversión con las que podrá contratarse la gestión de 
activos financieros deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Ser personas jurídicas con domicilio social en el territorio del Espacio 
Económico Europeo.
b)  Ser entidades de crédito, sociedades gestoras de instituciones de inversión 
colectiva, empresas de servicios de inversión, entidades aseguradoras que operen 
en el ramo de vida, legalmente autorizadas para operar en España por las 
autoridades de supervisión del Estado miembro correspondiente, para el desarrollo 
y ejercicio de la actividad que se proponen contratar, conforme a las siguientes 
Directivas:
1.º  Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 
de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores 
mobiliarios (OICVM).
2.º  Directiva 2009/138/CE de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de 
vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II).
3.º  Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio 
de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se 
modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) nº 
1060/2009 y (UE) nº 1095/2010.
4.º  Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
junio de 2013.
5.º  Directiva 2014/65/UE de 15 de mayo de 2014.
c)  También se podrá contratar la gestión de activos con otras entidades 
gestoras de fondos de pensiones autorizadas de conformidad con esta normativa y 
otras entidades gestoras de fondos de pensiones contempladas en el apartado 1 del  s
artículo 2 de la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de  e.
14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y supervisión de los fondos de  w.
pensiones de empleo. 40ww
paísde)s  aA stirmaviséms od, ep osdursá  ceosntatrbalteacrsime ilean gtoess tipóenr dmea ancetnivtoess  ceonn  Eenstpidaañdae, sa dueto treirzcaedrooss 
conforme a la legislación española en los términos de la letra b) anterior.
2.  Las entidades de depósito con las que podrá contratarse el depósito y 
custodia de activos financieros objeto del contrato de gestión deberán reunir los 
siguientes requisitos:
a)  Ser personas jurídicas con domicilio social en el territorio del Espacio 
Económico Europeo.
b)  Hallarse legalmente autorizadas como entidades de crédito o empresas de 
inversión por las autoridades del Estado miembro correspondiente para la custodia 
y depósito de valores y efectivo, conforme a las Directiva 2014/65/UE y Directiva 
2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa 
al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de 
las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la 
Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE.
También podrá contratarse el depósito con entidades de terceros países a través 
de sus establecimientos permanentes en España autorizados conforme a la 
legislación española como entidades de crédito o empresas de inversión para la 
prestación de los servicios objeto del contrato.»
Veintiuno.  Se modifica el apartado d) del artículo 89 quedando redactado como 
sigue:
«d)  El contrato deberá establecer y garantizar que la propiedad, el pleno 
dominio y la libre disposición de los activos objeto del contrato pertenecen en todo 
momento al fondo de pensiones. El ejercicio de los derechos inherentes a los títulos 
corresponderá a la comisión de control del fondo o, por delegación, a la entidad 
gestora de este, o bien, podrá encomendarse a la entidad de inversión en los 
términos previstos en el contrato. Las partes no podrán establecer cargas o 
gravámenes sobre los activos.»
Veintidós.  Se adiciona un nuevo apartado 4 al artículo 90 con la siguiente redacción:
«4.  En el caso de fondos de pensiones de empleo en los que se haya 
contratado la gestión para la inversión en acciones a las que se refiere el apartado 
1 del artículo 69 bis, con gestores de activos definidos en el artículo 2.f) de la 
Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, 
el contrato de gestión deberá prever la obligación del gestor de proporcionar al 
fondo de pensiones la información periódica requerida en la normativa aplicable al 
gestor relativa a la adecuación del contrato de gestión a la estrategia de inversión, 
su contribución al rendimiento a medio y largo plazo de los activos del fondo y, en su 
caso, sobre las actividades de implicación a que se refiere el artículo 69.8.»
Veintitrés.  Se modifica el artículo 101, que queda redactado como sigue:
«1.  La contratación de un plan de pensiones se formalizará mediante un 
documento o boletín de adhesión suscrito por el partícipe conjuntamente con el 
promotor del plan, la gestora y depositaria, de conformidad con lo previsto en este 
artículo.
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que la comercialización se realice 
directamente por la entidad gestora, o por las personas o entidades a que se refiere 
el artículo 26 bis del texto refundido de la Ley que hayan suscrito un acuerdo de  es
comercialización con aquella. o
ienshtaeNEbrneole n ncstiieednrsagá súna np   docleara   lscocouso e psnnoettdrraavr áitdcaneico lei sópm dnaie trit rdícsceoeiplm  bepeo lsrlaecunitsai nclinerziisap  ctlooai órsd n od roceeu l mmmpeuleadnnnieat odrcsaeió c dnpieo ee nanneds saiho qenouse eiósclln aol o.mas  iusgniao psnltaeonss    2020-9340n https://www.
de pensiones que incorporen la contratación de operaciones, productos o servicios
distintos de aquel.
En todo caso se facilitará a los partícipes la información a la que se refiere el 
artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.
2.  El boletín de adhesión para los planes de pensiones de empleo contendrá 
información, al menos, sobre los siguientes extremos:
a)  La denominación, sistema y modalidad del plan de pensiones.
b)  La denominación del fondo y número identificativo en el registro especial.
c)  La denominación y domicilio social del promotor del plan, así como de la 
gestora y depositaria del fondo correspondiente con su número identificativo en los 
registros especiales correspondientes.
d)  La legislación aplicable al contrato, con especial referencia a la normativa 
fiscal. Se incluirá también la información a la que se refiere el artículo 11 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales.
e)  Régimen de aportaciones y contingencias cubiertas, señalando, en las que 
así proceda, que se determinarán conforme al régimen de la Seguridad Social 
aplicable al partícipe.
f)  El boletín deberá contener espacios para la designación de beneficiarios en 
caso de fallecimiento del partícipe, advirtiendo de que los designados deben ser en 
todo caso personas físicas.
g)  Instancias de reclamación utilizables en caso de litigio.
h)  Se destacarán de modo especial las siguientes indicaciones:
1.º  Se reflejará claramente el carácter no reembolsable del derecho 
consolidado hasta la producción de alguna de las contingencias cubiertas o, en su 
caso, en los supuestos excepcionales de liquidez o disposición anticipada.
2.º  Se indicarán los medios electrónicos a través de los cuales el partícipe 
podrá acceder en cualquier momento al contenido del documento de información 
general, de las especificaciones del plan de pensiones y de las normas de 
funcionamiento del fondo, a la declaración de la política de inversión, a la información 
periódica, y otros documentos que deban hallarse a disposición de los partícipes y 
beneficiarios. En su caso, el boletín de adhesión deberá contener un espacio 
específico para la designación de la cuenta de correo electrónico a la que se le 
remitirá la información.
3.º  Indicación del derecho del partícipe a solicitar el suministro en papel de la 
información y documentos correspondientes al plan y al fondo de pensiones, así 
como a revocar en cualquier momento la elección realizada sobre la forma de 
suministro y a elegir otra distinta dentro de las disponibles.
4.º  En el caso de los planes de pensiones de aportación definida se destacará 
expresamente que no garantizan rentabilidad, advirtiéndose de la posibilidad de 
incurrir en pérdidas.
No obstante, en los planes de pensiones del sistema de empleo, la emisión de 
boletines de adhesión individuales será opcional, según lo acordado por la empresa 
con la representación de los trabajadores, pudiendo realizarse la incorporación del 
trabajador al plan mediante boletines colectivos o directamente por la comisión 
promotora o de control según lo previsto en el artículo 28 y siempre que el potencial 
partícipe no haya solicitado por escrito su exclusión. es
En todo caso, se facilitará a cada partícipe incorporado que lo solicite un  bo
certificado de pertenencia al plan según lo señalado en el artículo 34. 40ww
infor3m. acEiól nb,o alel tmíne dneo sa, dshoebsreió nlo sd es iglousie pnltaense esx dtree mpeons:siones individuales contendrá
a)  La denominación, sistema y modalidad del plan de pensiones.
b)  La denominación del fondo y número identificativo en el registro especial. Bc
c)  La denominación y domicilio social del promotor del plan, así como de la 
gestora y depositaria del fondo correspondiente con su número identificativo en los 
registros especiales correspondientes. Si interviene un comercializador, la identidad 
del mismo.
d)  La legislación aplicable al contrato, con especial referencia a la normativa 
fiscal. Se incluirá también la información a la que se refiere el artículo 11 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales.
e)  El boletín deberá contener espacios para la designación de beneficiarios en 
caso de fallecimiento del partícipe, advirtiendo de que los designados deben ser en 
todo caso personas físicas.
f)  Instancias de reclamación utilizables en caso de litigio, indicando la 
denominación y domicilio del Defensor del partícipe.
g)  Se destacarán de modo especial las siguientes indicaciones:
1.º  Se indicará la circunstancia de que el partícipe ha recibido el documento 
con los datos fundamentales para el partícipe, el cual se incorporará como anexo a 
este boletín.
2.º  Se reflejará claramente el carácter no reembolsable del derecho 
consolidado hasta la producción de alguna de las contingencias cubiertas o, en su 
caso, en los supuestos excepcionales de liquidez o de disposición anticipada.
3.º  Se destacará expresamente que los planes de pensiones individuales no 
garantizan rentabilidad, advirtiéndose de la posibilidad de incurrir en pérdidas. No 
obstante, cuando el plan de pensiones cuente con una garantía financiera externa 
de las previstas en el artículo 77 otorgada al plan de pensiones directamente, el 
boletín de adhesión incluirá referencia a la misma sin perjuicio de la información 
sobre dicha garantía en el documento con los datos fundamentales para el partícipe 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48. Cuando se trate de una garantía 
otorgada a los partícipes directamente, el boletín de adhesión podrá hacer referencia 
a la misma, indicándose que el detalle y condiciones de aquella figuran en contrato 
individual aparte.
4.º  Se indicarán los medios electrónicos a través de los cuales el partícipe 
podrá acceder en cualquier momento al contenido del documento con los datos 
fundamentales para el partícipe y de las especificaciones del plan de pensiones, a 
las normas de funcionamiento del fondo, a la declaración de principios de la política 
de inversión, a la información periódica prevista por este reglamento, así como al 
reglamento de funcionamiento del Defensor del Partícipe, y otros documentos que 
deban hallarse a disposición de los partícipes y beneficiarios. En su caso, el boletín 
de adhesión deberá contener un espacio específico para la designación de la cuenta 
de correo electrónico a la que se le remitirá la información.
5.º  Indicación del derecho del partícipe a solicitar el suministro en papel de la 
información y documentos correspondientes al plan y al fondo de pensiones, así 
como a revocar en cualquier momento la elección realizada sobre la forma de 
suministro y a elegir otra distinta dentro de las disponibles.
4.  El boletín de adhesión para los planes de pensiones asociados contendrá 
información, al menos, sobre los siguientes extremos:
a)  La información de las letras a), b), c), d) y e) del apartado 3 anterior  es
correspondiente a los planes de pensiones individuales. bo
b)  Especial referencia a la normativa fiscal. 40ww
aapsíli ccpa)r bolceRe aédlga pi,m aqretuníce id pseee .a dpoertetarcmioinnaersá yn  ccoonntfinogrmenec iaals r céugbimieertna sd, es elañ aSlaengduor,i deand l aSso qcuiael   OE-A-2020-93able en https://
Se señalará el destino de las aportaciones y prestaciones, conforme a este 
reglamento, de las personas sin posibilidad de acceso a la jubilación que no figuren 
de alta ni coticen en ningún régimen de la Seguridad Social.
Se indicará, en su caso, la posibilidad de continuar realizando aportaciones tras 
el acaecimiento de las contingencias de jubilación, incapacidad y dependencia, 
pudiendo solicitar el cobro de la prestación con posterioridad.
Se indicarán también los límites de las aportaciones, con advertencia de las 
sanciones administrativas previstas en el texto refundido de la Ley de Regulación de 
Planes y Fondos de Pensiones por incumplimiento de los citados límites.
d)  Régimen de prestaciones, posibles beneficiarios, formas de cobro y grado 
de aseguramiento o garantía de las prestaciones, con identificación, en su caso, de 
la denominación y domicilio social de la entidad aseguradora o garante.
Se indicará el procedimiento para la solicitud de las prestaciones por parte del 
beneficiario, con especial referencia a la fecha de valoración de los derechos 
consolidados a efectos del pago de prestaciones, así como, en caso de cobros 
parciales, el criterio para seleccionar las aportaciones de las que derivan los 
derechos consolidados o económicos objeto de cobro, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 10 bis de este reglamento.
e)  Supuestos excepcionales de liquidez o disposición anticipada, en su caso.
f)  Indicaciones sobre el cálculo del derecho consolidado, condiciones, 
procedimientos y plazos para la movilización de derechos consolidados o 
económicos, indicando la fecha de valoración de los derechos a estos efectos, así 
como, en caso de movilizaciones parciales, el criterio para seleccionar las 
aportaciones de las que derivan los derechos consolidados o económicos objeto de 
traspaso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 bis.
g)  Comisiones de gestión y depósito aplicables.
h)  Instancias de reclamación utilizables en caso de litigio.
i)  Indicación del tipo de relación que vincula a la entidad gestora con el 
depositario, en su caso, tomando como referencia las circunstancias contenidas en 
el artículo 42 del Código de Comercio.
j)  Referencia a los procedimientos adoptados para evitar los conflictos de 
interés y sobre las operaciones vinculadas realizadas en su caso.
k)  Se destacarán de modo especial las siguientes indicaciones:
1.º  Se reflejará claramente el carácter no reembolsable del derecho 
consolidado hasta la producción de alguna de las contingencias cubiertas o, en su 
caso, en los supuestos excepcionales de liquidez o de disposición anticipada.
2.º  Se indicarán los medios electrónicos a través de los cuales el partícipe 
podrá acceder en cualquier momento al contenido de las especificaciones del plan 
de pensiones y a las normas de funcionamiento del fondo, a la declaración de 
principios de la política de inversión, a la información periódica prevista por este 
reglamento y otros documentos que deberán hallarse a disposición de los partícipes 
y beneficiarios. En su caso, el boletín de adhesión deberá contener un espacio 
específico para la designación de la cuenta de correo electrónico a la que se le 
remitirá la información.
3.º  Indicación del derecho del partícipe a solicitar el suministro en papel de la 
información y documentos correspondientes al plan y al fondo de pensiones, así 
como a revocar en cualquier momento la elección realizada sobre la forma de  s
suministro y a elegir otra distinta dentro de las disponibles. e.
4.º  En el caso de los planes de pensiones asociados de aportación definida se  w.
destacará expresamente que no garantizan rentabilidad, advirtiéndose de la  40ww
pcoonsi buinlidaa gda draen itníac ufirnriar necnie praé redxidtearsn. aC duea nladso  perle pvliasnta sd ee np eenl saiortníceusl oa s7o7c ioatdoorg caudean tael 
pmlaisnm dae c opne ninsdioicnaecsió dni rdeec tlaoms eansptee,c etol sb moleentícni odnea daodsh eesni óenl  pinárcrlaufiorá t errecfeerroe ndceia d iac hlao   BOE-A-cable e
artículo 77 y señalando que la garantía es exigible a la entidad garante, que se
obliga a satisfacerla directamente al plan de pensiones en el que se integrará como 
mayor valor de los derechos consolidados de los partícipes. Cuando se trate de una 
garantía otorgada a los partícipes directamente, el boletín de adhesión podrá incluir 
referencia a la misma indicándose que el detalle y condiciones de aquella figuran en 
contrato individual aparte.
5.  La contratación de planes de pensiones podrá realizarse por vía electrónica, 
de conformidad con la Ley 56/2007, de 28 de diciembre.
La persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
podrá establecer especialidades y limitaciones con respecto a las normas que, con 
carácter general, regulan la contratación por vía electrónica, atendiendo a las 
particularidades que pudieren resultar de la contratación de los planes de pensiones 
y de sus partícipes.
6.  La persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital podrá dictar normas en desarrollo de lo previsto en este artículo en la medida 
que lo estime necesario para fomentar los procedimientos y formalidades de 
contratación más adecuados en interés de los usuarios.»
Veinticuatro.  Se modifica la disposición adicional segunda quedando redactada como 
sigue:
«Disposición adicional segunda.  Plazo de resolución de las solicitudes de 
autorización e inscripción administrativa.
Las solicitudes de autorizaciones administrativas y de inscripción previstas en 
este reglamento, salvo disposición específica al respecto, deberán ser resueltas y 
notificadas dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su presentación. 
Transcurrido este plazo sin haberse notificado la resolución, los interesados podrán 
entender estimada la solicitud.»
Veinticinco.  Se modifica el apartado 3 de la disposición adicional tercera, quedando 
redactado como sigue:
«3.  A efectos de lo dispuesto en la letra b) del artículo 29 constituyen servicios 
actuariales para el desenvolvimiento ordinario del plan de pensiones, entre otros: la 
elaboración de la base técnica del plan de pensiones; la determinación de aportaciones, 
prestaciones o capitales a asegurar; el cálculo de provisiones matemáticas y margen 
de solvencia para certificar derechos consolidados de partícipes y derechos 
económicos de beneficiarios; la determinación del déficit o superávit y su incidencia en 
cuanto a aportaciones, prestaciones y derechos consolidados; la valoración de los 
derechos por servicios pasados y, en su caso de las obligaciones ante jubilados y 
beneficiarios derivados de los planes de reequilibrio; incluyendo, asimismo, el ejercicio 
de la función clave actuarial prevista en el apartado 1 del artículo 30 quater del texto 
refundido de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones.»
Veintiséis.  Se introduce una nueva disposición adicional novena, con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional novena.  Tratamiento de datos de carácter personal.
Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se  e.e
realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del  b
Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de  40ww
llaas l ibpreer scoirncausla fcísióicna dse e ens ltoo sq udea troess py eecnta e al rl etrsatota dmeie lan ton odrem asutivsa d saotobsr ep eprrsootencacleiósn  yd ea 
datos personales.»
Artículo tercero.  Modificación del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de 
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Se modifica el apartado 4 del artículo 57 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de 
noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras, quedando como sigue:
«4.  Para cada país pertinente, el ajuste por volatilidad para los tipos de interés 
sin riesgo contemplado en el apartado 3 para la moneda de dicho país se 
incrementará, antes de la aplicación del factor del 65 %, por el resultado de restar el 
diferencial para el país corregido según el riesgo menos el doble del diferencial para 
la moneda corregido según el riesgo, siempre que dicho resultado sea positivo y el 
diferencial para el país corregido según el riesgo supere los 85 puntos básicos. El 
ajuste por volatilidad aumentado se aplicará al cálculo de la mejor estimación de las 
obligaciones de seguro y de reaseguro de los productos vendidos en el mercado de 
seguros de dicho país. El diferencial para el país corregido según el riesgo se 
calcula de la misma manera que el diferencial para la moneda corregido según el 
riesgo para dicho país, pero basándose en una cartera de referencia representativa 
de los activos en los que han invertido las empresas de seguros y de reaseguros 
para cubrir la mejor estimación de las obligaciones de seguro y de reaseguro de 
productos vendidos en el mercado asegurador de dicho país y denominados en su 
moneda.»
Disposición transitoria.  Adaptación a lo establecido en este real decreto.
1.  En un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto 
las entidades gestoras de fondos de pensiones y, en su caso, los promotores y las 
comisiones de control de los planes de pensiones de empleo, deberán establecer los 
medios electrónicos de acceso de los partícipes, potenciales partícipes y beneficiarios a la 
información prevista en los artículos 34 y 48 del Reglamento de planes y fondos de 
pensiones aprobado por real decreto 304/2004, de 20 de febrero, en su redacción dada 
por este real decreto.
Dentro de este plazo se informará adecuadamente a los partícipes y beneficiarios de 
su derecho a elegir la forma de suministro de la información.
2.  En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto 
deberán adaptarse a lo previsto en el artículo 101 del Reglamento de planes y fondos de 
pensiones, en su redacción dada por este real decreto, los boletines de adhesión para las 
nuevas incorporaciones a los planes de pensiones existentes a la fecha de entrada en 
vigor.
En el caso de los planes de pensiones de empleo existentes a la entrada en vigor de 
este real decreto, en este plazo deberá elaborarse y ponerse a disposición de los 
partícipes, potenciales partícipes y beneficiarios el documento de información general 
sobre el plan de pensiones de empleo regulado en el artículo 34.1 del citado reglamento 
en su redacción dada por este real decreto.
3.  El plazo para elaborar y facilitar a los partícipes y beneficiarios de los planes de 
pensiones de empleo la primera declaración de las prestaciones de pensión, regulada en 
el artículo 34.2 del Reglamento de planes y fondos de pensiones en la redacción dada por 
este real decreto, se establecerá por la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones mediante la circular prevista en dicho artículo. es
4.  La primera evaluación interna de riesgos de cada fondo de pensiones de empleo,  o
regulada en el artículo 81 quáter del Reglamento de planes y fondos de pensiones  40ww
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real decreto tengan externalizadas actividades, distintas de las funciones clave, deberán
comunicarlas a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en la información 
estadístico contable anual correspondiente al ejercicio 2019.
6.  Se establece un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este 
real decreto para la adaptación a lo establecido en los artículos 69.8 y 69 bis y en el 
apartado 4 del artículo 90 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, a la redacción 
dada por este real decreto.
La primera publicación de la información anual prevista en el artículo 69.8 del 
Reglamento de planes y fondos de pensiones será la referida al ejercicio 2020.
Disposición final primera.  Incorporación del Derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se completa la transposición al derecho español de la 
Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 
2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo, y 
se efectúa la transposición parcial al derecho español de la Directiva (UE) 2017/828 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la 
Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los 
accionistas, en lo que afecta a la regulación de los fondos de pensiones de empleo.
Asimismo, mediante este real decreto se efectúa la transposición del artículo 2, 
punto 1, de la Directiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 
diciembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 2009/138/CE sobre el acceso a la 
actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), la Directiva 2014/65/UE 
relativa a los mercados de instrumentos financieros y la Directiva (UE) 2015/849 relativa a 
la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 4 de agosto de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Tercera del Gobierno 
y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA