BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 90 Jueves 15 de abril de 2021 Sec. III.   Pág. 43447
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
6037 Resolución de 5 de abril de 2021, de la Secretaría General de Consumo y 
Juego, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears, para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo y la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears, en fecha 5 de abril de 2021, Convenio para la constitución de la Junta Arbitral 
de Consumo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que figura como anexo a 
esta  resolución,  procede  su  publicación  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»,  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Madrid, 5 de abril de 2021.–El Secretario General de Consumo y Juego, Rafael 
Escudero Alday.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo y la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears, para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears
En Madrid a 5 de abril de 2021.
REUNIDOS
De  una  parte,  don  Alberto  Carlos  Garzón  Espinosa,  Ministro  de  Consumo,  de 
acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el 
que se nombran Ministros del Gobierno.
Y de otra parte, doña Patricia Gómez Picard, Consejera de Salud y Consumo de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, nombrada por Decreto 10/2019, de 3 de julio, 
de la Presidenta de las Illes Balears (BOIB n.º 88, de 3 de julio de 2019), actuando en 
nombre  y  representación  de  la  Comunidad  Autónoma,  en  virtud  de  la  delegación 
establecida  por  Decreto  25/2003,  de  24  de  noviembre,  del  Presidente  de  las  Illes 
Balears.
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo 
y de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y
EXPONEN
El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa 
de  los  consumidores  y  usuarios,  protegiendo,  mediante  procedimientos  eficaces,  la  s
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. e.
En cumplimiento del mandato constitucional, el Capítulo II, del Título V, del Libro  w.
Primero, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y  37ww
eUsstuaabrlieocse,  ealp rroébgaimdeon  mjuerdídiaicnote d eRle Sails tDeemcare Ator bLiteragli sdlaet iCvoo n1s/u2m00o7, , fadceu l1ta6n ddoe  anl oGvoiebmiebrrneo, 
pcoamrao q eul ep rroecgeladmimeinetnatroia dmee rnetseo leusctiaóbnl edzec cao snufl icotrogsa.nización, gestión y administración, así  BOE-A-cable e
De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el 
cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter 
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las 
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente,  la  Ley  7/2017,  de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  incorpora  al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la 
ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a 
través de la Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la letra b del 
artículo  3  del  Real  Decreto  495/2020,  de  28  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Consumo  y  se  modifica  el  Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.
Mediante Convenio de fecha 22 de abril de 1994, se constituyó la Junta Arbitral de 
Consumo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (en adelante, la Junta Arbitral), 
realizando desde entonces una importante labor para la resolución de conflictos de 
consumo en su ámbito territorial.
Así pues, el Ministerio de Consumo y la Consejería de Salud y Consumo de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, conscientes de la necesidad de facilitar a los 
consumidores un medio eficaz de resolución de conflictos y teniendo en cuenta la 
experiencia positiva desde su constitución, consideran aconsejable dar continuidad a la 
Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
Capítulo VI, del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y de su disposición adicional octava,
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
El objeto de este Convenio es determinar que la Junta Arbitral de Consumo de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con sede en Palma de Mallorca, cuyo ámbito 
territorial  viene  determinado  por  el  propio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes 
Balears, conocerá, con carácter prioritario, de las reclamaciones de los consumidores de 
dicho ámbito, en relación con sus derechos legalmente reconocidos, de conformidad con 
los criterios competenciales y el procedimiento establecido en el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo o disposición que 
lo sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  La Comunidad Autónoma de las Illes Balears impulsará, en su ámbito territorial, 
la gestión y administración del arbitraje institucional de consumo por la Junta Arbitral, 
comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo, en el plazo de un 
año desde la fecha de eficacia del presente convenio, su acreditación como entidad de 
resolución alternativa de litigios de consumo, de conformidad con lo previsto en la  e.e
Ley 7/2017, de 2 de noviembre. b
2.  El Ministerio de Consumo establecerá en colaboración con la Consejería de  37ww
SSaisltuedm ya  CAorbnistruaml doe,  uCno nsissutemmoa. de información recíproco para el buen funcionamiento del
desi3g.n acLiaó nC doem Purneisdiadde nAteu tyó nSoemcrae tadreio  ldaes  laIll eJsu nBtaa lAerabristr afla, cailsitía cráo minof ocrumaalqcuióienr  ostorob rdea tlao 
referente a la actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se 
determinen.
4.  El Ministerio de Consumo y la Consejería de Salud y Consumo facilitarán el 
asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema Arbitral de 
Consumo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
5.  Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de Seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión 
de Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a 
través de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución 
firmante, correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de 
Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en lo 
no previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la 
Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en Adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo 
acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años 
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio.
El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su 
formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 
del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su 
formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las 
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como las siguientes:
a)  Por el transcurso del plazo previsto para solicitar la acreditación de la Junta  oe.
Arbitral como Entidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud  w.
o su denegación. 37ww
combu)n icLaad ad ean luan octiraa  apnatricteip, amdead yia mntoet ievla odpao drteu ncou aplrqeuaievirsao  dceo nla usn p palratezso,  mquíneim hoa  ddee  trseesr 
mesce)s . La disolución o supresión de alguna de las partes. BOE-A-cable e
d)  Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes está 
incumpliendo  los  compromisos adquiridos en  el presente Convenio, se lo notificará 
mediante  comunicación  fehaciente  e  indicará  las  causas  que  originan  dicho 
incumplimiento. Este requerimiento será comunicado igualmente a los representantes de 
la Comisión de Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no 
superior a un mes, a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la 
Comisión de Seguimiento podrá decidir sobre la adopción inmediata de las medidas 
correctoras oportunas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el presente Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la 
Comisión  de  seguimiento,  persistiera  el  incumplimiento,  se  entenderá  resuelto  el 
Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se 
comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento 
las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las 
cuestiones  litigiosas  que  en  la  ejecución  y  cumplimiento  pudieran  aparecer  y  no 
quedasen resueltas por la Comisión de Seguimiento, se someterán a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la citada jurisdicción.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del 
Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes o por sus representantes acreditados.–El Ministro de Consumo, Alberto Carlos 
Garzón  Espinosa.–La  Consejera  de  Salud  y  Consumo,  Patricia  Gómez  Picard.–Por 
delegación de firma de la Presidenta de les Illes Balears, Decret 25/2003 (BOIB núm. 
166 de 29 de noviembre de 2003).