BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95554
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13459 Sala Primera. Sentencia 130/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 3562-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:130
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón; y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  3562-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña 
Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección del letrado don Marcelino Gilabert García, 
contra los autos de 21 de septiembre de 2018 y de 22 de abril de 2019, dictados por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, en el procedimiento de 
ejecución  hipotecaria  núm.  291-2018.  Han  intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido 
ponente el magistrado don Santiago Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  Por  escrito  registrado  en  este  tribunal  el  7  de  junio  de  2019,  la  entidad 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la procuradora de los 
tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección del letrado don Marcelino 
Gilabert García, interpuso recurso de amparo contra los autos de 21 de septiembre 
de 2018 y de 22 de abril de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción  núm.  5  de  Lorca,  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm. 
291-2018, por los que, respectivamente, se inadmitió por extemporánea la demanda de 
oposición formulada y se confirmó esta última decisión, tras desestimarse el recurso de  e
reposición interpuesto frente a ella. b
sínte2s. is Llooss  siagnutieecnetedse:ntes  relevantes  para  resolver  la  pretensión  planteada  son  en  2020-13459n https://ww
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de Sabadell, S.A., frente a las sociedades Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
en calidad de prestataria e hipotecante, y Penrei Inversiones, S.L., en calidad de titular 
registral  de  un  derecho  de  uso  y  disfrute  sobre  el  inmueble  hipotecado,  la  finca 
registral 43.290 del Registro de la Propiedad núm. 3 de Lorca.
b)  Por auto de 9 de mayo de 2018 se acordó despachar ejecución frente a las 
sociedades  demandadas  por  la  cantidad  de  2.248,32  €  de  principal  y  2.400  € 
presupuestados inicialmente para intereses y costas. El servicio de notificaciones de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió a la demandante de amparo, a través de la 
dirección electrónica habilitada, un aviso de notificación del citado auto y el decreto de la 
misma fecha que le fueron comunicados por dicho medio el 11 de mayo de 2018. Informa 
que la notificación estará disponible hasta el 26 de junio, día en el que la recurrente de 
amparo accede efectivamente a la página web y a la notificación.
c)  La  representación  legal  de  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L. 
presentó escrito de oposición a la ejecución despachada con fecha 10 de julio de 2018. 
Por auto de 21 de septiembre de 2018 se acordó su inadmisión por considerar la 
pretensión extemporánea, tomando como fecha de notificación el 11 de mayo de 2018.
d)  La sociedad mercantil recurrente interpuso recurso de reposición contra el auto 
de inadmisión alegando, en síntesis, que las actuaciones de notificación y requerimiento 
no habían sido realizadas el día 11 de mayo de 2018, sino el 26 de junio siguiente, fecha 
en la que accedió a la web y procedió a su descarga, y que la comunicación remitida a 
través de la dirección electrónica habilitada no puede entenderse más que un aviso de 
puesta a disposición o descarga de su contenido durante un plazo determinado (en el 
caso desde el 11 de mayo hasta el 26 de junio de 2018), pues entenderlo de otro modo, 
además de infringir los arts. 135, 152, 160, 162 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), 
vulnera el art. 24 CE.
e)  Tras su tramitación, el recurso de reposición fue desestimado por auto de 22 de 
abril de 2019. Según esta resolución, la recurrente tiene la condición de persona jurídica 
y, por tanto, está obligada a relacionarse con la administración de Justicia por medios 
electrónicos, de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la 
Ley  42/2015,  de  5  de  octubre,  de  reforma  de  la  Ley  1/2000,  de  7  de  enero,  de 
enjuiciamiento civil, así como en los arts. 14.2 de la Ley 39/2015 y 273.3 LEC. Según el 
auto, en el presente caso «consta que la notificación se puso a disposición de las 
recurrentes en fecha 11 de mayo de 2018, no accediendo al contenido hasta el día 26 de 
junio de 2018 (fuera de los tres días que establece la normativa procesal), presentando 
el escrito de oposición a la ejecución en fecha 10 de julio de 2018, claramente fuera del 
plazo  legalmente  establecido  en  el  art.  556.1  de  la  LEC  (dentro  de  los  diez  días 
siguientes al de la notificación del auto despachando ejecución) y siendo que, conforme 
al art. 136 de la LEC, transcurrido o pasado el término señalado para la realización de un 
acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar 
el acto de que se trate, es claro que dichas oposiciones son extemporáneas siendo la 
consecuencia legal la inadmisión».
3.  La demandante de amparo se queja en su recurso de la vulneración de su 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en su vertiente de 
acceso al proceso. Considera que con la interpretación ofrecida en el auto objeto de 
impugnación, el juzgado «no ha dado cumplimiento a las exigencias constitucionales 
reconocidas para los actos de notificación procesal, donde los órganos judiciales no han 
de limitarse al formal cumplimiento de los requisitos legales, sino que para asegurar la 
efectividad del derecho fundamental, la interpretación de las normas reguladoras del  e.
emplazamiento debe hacerse tratando de asegurar que el acto de comunicación cumple  w.b
su  finalidad  constitucional,  es  decir,  la  efectividad  real  del  emplazamiento,  pues  el  459ww
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Ccoornresstiptuocniodnieanl»te. contradicción, tal y como reconoce la sentencia 37/1984 del Tribunal
En  la  demanda  se  solicita  por  medio  de  segundo  otrosí  la  suspensión  de  la 
continuación  del  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  alegando  que  «con  la 
celebración de subasta y la eventual adjudicación a terceros, pueden hacer perder al 
recurso de amparo su finalidad».
4.  Mediante providencia de 27 de enero de 2020 la Sección Segunda de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo y dirigir comunicación al Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, a fin de que, en plazo que no exceda 
de  diez  días,  remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones 
correspondientes a los autos de ejecución hipotecaria y emplazara por el mismo plazo a 
quienes hubieran sido parte en el proceso del que trae causa el presente recurso de 
amparo.
5.  Por providencia de la misma fecha, la Sección acordó formar la oportuna pieza 
para la tramitación del incidente de suspensión. Seguidos los trámites correspondientes, 
la Sala Primera de este tribunal, mediante ATC 28/2020, de 24 de febrero, deniega la 
suspensión  cautelar  solicitada  y  ordena  la  anotación  preventiva  de  la  demanda  de 
amparo en el registro de la propiedad.
6.  En fecha 17 de julio de 2020, el Ministerio Fiscal presentó sus escritos de 
alegaciones  en  los  que  termina  solicitando  que  se  estime  el  recurso,  se  declare 
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (at. 24.1 CE) de la 
demandante, se declare la nulidad de todo lo actuado desde la notificación efectuada 
electrónicamente del auto despachando ejecución, y se ordene retrotraer las actuaciones 
al momento inmediatamente anterior a dicha notificación para que se dé a la recurrente 
posibilidad de formular oposición.
Tras relatar los antecedentes fácticos y resumir las alegaciones formuladas por las 
partes  recurrentes,  argumenta  el  fiscal  ante  el  Tribunal  Constitucional  que  las 
resoluciones  judiciales  impugnadas  vulneran  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(art. 24.1 CE) de la demandante de amparo. Con cita de la STC 40/2020, cuyo contenido 
es parcialmente trascrito, efectúa un exhaustivo repaso por la doctrina del Tribunal 
Constitucional sobre los actos de comunicación procesal con expresa referencia a las 
SSTC 6/2019, de 17 de enero; 32/2019, de 28 de febrero; 47/2019, de 8 de abril; 
19/2020, de 10 de febrero, y 43/2020, de 9 de marzo, para concluir solicitando el 
otorgamiento del amparo en los términos indicados.
7.  En fecha 28 de julio de 2020 Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., por 
medio de su representación procesal, presentó escrito en el que además de remitirse a 
las  alegaciones  formuladas  en  el  recurso  de  amparo  presentado  y  reiterar  las 
pretensiones en el mismo formuladas, reproduce parte de la fundamentación de la 
STC 40/2020, de 27 de febrero.
8.  Por providencia de 17 de septiembre de 2020, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación de los autos 
de 21 de septiembre de 2018 y de 22 de abril de 2019, dictados por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, en el procedimiento de ejecución  e
hipotecaria núm. 291-2018. Según la entidad mercantil demandante de amparo, una  bo
interpretación irrazonable de la legislación procesal le habría privado injustamente de su  459ww
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dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El órgano
judicial habría incumplido su obligación de asegurar, no ya la legalidad formal de los 
actos de comunicación, sino el cumplimiento efectivo de su finalidad constitucional. Todo 
ello constituiría una vulneración del derecho fundamental de la demandante de amparo a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24 CE). Solicita, en consecuencia, la 
anulación de las resoluciones indicadas, así como la retroacción al momento procesal 
oportuno, previo al dictado del auto de 21 de septiembre de 2018, a fin de que el juzgado 
admita a trámite su oposición al despacho de ejecución.
El Ministerio Fiscal solicita la estimación de la demanda de amparo y la nulidad de 
todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la ejecución 
con retroacción de las actuaciones al momento anterior.
La reciente STC 40/2020, de 27 de febrero, del Pleno del tribunal, estimó un recurso 
de amparo basado en los mismos motivos, interpuesto por la misma entidad mercantil y 
dirigido contra autos de contenido muy similar de otro juzgado de Lorca. Corresponde, 
en consecuencia, dar por reproducidos los fundamentos jurídicos de aquella sentencia y 
declarar por ello que los autos de 21 de septiembre de 2018 y 22 de abril de 2019 del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca han vulnerado el derecho a 
la tutela judicial efectiva de la recurrente en amparo (art. 24.1 CE). Como en aquel caso, 
la estimación del amparo trae consigo la nulidad de los autos recurridos, así como de 
todo lo actuado en el procedimiento hipotecario a quo desde el momento en que se 
proveyó al emplazamiento de la entidad mercantil solicitante de amparo a través de la 
dirección electrónica habilitada.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  la  mercantil  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente en 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de los 
autos de 21 de septiembre de 2018 y 22 de abril de 2019 dictados por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria 
núm.  291-2018,  así  como  la  nulidad  de  las  actuaciones  realizadas  a  partir  del 
emplazamiento de la entidad recurrente a través de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
último  por  el  referido  juzgado  de  forma  que  resulte  respetuoso  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  es
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y  bo
rubricado. 459ww