BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 322 Jueves 10 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 113042
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
15923 Resolución  de  26  de  noviembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación del registrador de la propiedad de Avilés n.º 1, por la que se 
suspende la inscripción de un acta de terminación de obra nueva.
En el recurso interpuesto por don J. M. M. A. contra la nota de calificación del 
registrador de la Propiedad de Avilés n.º 1, don Jaime Sanjuán Jiménez, por la que se 
suspende la inscripción de un acta de terminación de obra nueva.
Hechos
I
Mediante acta otorgada el día nueve de Julio del año dos mil veinte ante el notario de 
Avilés  don  Luis  Sobrino  González,  protocolo  número  757,  en  la  que  se  recoge  la 
terminación de la obra declarada en construcción sobre la finca registral número 15220 
situada en (…) de Asturias, en la que se hace constar expresamente en relación con la 
Ley de Ordenación de la Edificación no ser aplicables las garantías reguladas en el 
artículo 19 de la misma por tratarse de autopromotor individual de una única vivienda 
unifamiliar para uso propio.
II
Presentado dicho documento en el Registro de la Propiedad de Avilés n.º 1, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación de fecha 21 de agosto de 2020:
«Que en el procedimiento registral instado por don J. M. M. A. para la inscripción del 
Acta otorgada el día nueve de Julio del año dos mil veinte ante el notario de Avilés don 
Luis Sobrino González, protocolo número 757, en la que se hace constar la terminación 
de la obra declarada en construcción sobre la finca registral número 15220 situada en 
(…) de Asturias y que fue presentada a las 10:00 horas del día 30 de Julio último, bajo el 
Asiento 1682 del Diario 171, de la calificación registral resulta:
Hechos:
En dicho documento, los esposos don J. M. M. A. y doña M. L. D. R. manifiestan que 
por escritura otorgada el día seis de septiembre de dos mil cinco ante el citado notario de 
Avilés  don  Luis  Sobrino  González  procedieron  a  declarar  en  construcción  sobre  la 
mencionada finca registral una vivienda unifamiliar aislada sita en (…). Que a los efectos 
de lo dispuesto en el Artículo 19 y disposiciones concordantes de la Ley 8/2007 de 28 de 
mayo, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, hacen constar la terminación de la 
vivienda declarada en su día.
Que  la  obra  nueva  declarada  en  construcción  lo  fue,  amparada  en  Licencia 
concedida por el Ayuntamiento de Corvera de Asturias de fecha 2 de junio del año 2004. e.
Que no se acompaña al título calificado el correspondiente Libro del Edificio referente  w.b
a la edificación que se declara terminada. 923ww
Fundamentos de Derecho:
El artículo 202 de la Ley Hipotecaria en su último párrafo establece: Salvo que por
antigüedad de la edificación no le fuera exigible, deberá aportarse para su archivo  Bc
registral el libro del edificio, dejando constancia de ello en el folio real de la finca. Esta 
referencia  a  la  antigüedad  comprende  indudablemente  aquellos  supuestos  de 
edificaciones que no están sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación, es decir, edificios existentes y obras de nueva construcción para cuyos 
proyectos se solicitó la correspondiente licencia de edificación, antes de su entrada en 
vigor, 6 de mayo del año 2000, supuesto este que no concurre en este expediente.
En base a este precepto se añade un requisito a efectos de inscripción para las 
declaraciones de obra nueva terminada, esto es, la necesidad de aportar para su archivo 
el libro del Edificio. Y se exige a todo tipo de edificación sean viviendas o industriales 
(artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación). Requisito que viene confirmado 
por el artículo 9.a) de la Ley Hipotecaria al señalar que: A tal fin, la inscripción contendrá 
he; circunstancias siguientes: "(a) y, tratándose de edificaciones, expresión del archivo 
registral del libro del edificio, salvo que por su antigüedad no les fuera exigible".
Con  todo, debe  insistirse en la  diferencia entre  normas de naturaleza registral, 
reguladoras netamente de requisitos de inscripción, y cuya competencia estatal no se 
discute, y normas de carácter material o sustantivo, donde pueden tener aplicación 
preferente  las  normas  autonómicas,  dictadas  en  ejercicio  de  sus  competencias 
exclusivas y cuyo régimen propio deberá ser respetado también a efectos de inscripción. 
Esto es lo que ocurre en el caso particular del libro del edificio, elevado a requisito 
exigible a efectos de inscripción de la declaración de obra nueva, pero que deberá 
matizarse con la normativa propia de cada Autonomía, en su caso, en ejercicio de sus 
competencias en materia de vivienda. En este caso, el depósito del libro del edificio será 
exigible, salvo que la normativa autonómica exima de depósito.
En el ámbito del Principado de Asturias el Decreto 41 /2007 de 19 de abril, por el que 
se aprueba el Libro del Edificio en el Principado de Asturias, señala en su artículo 2 que 
"el  libro  del  edificio  será  obligatorio  en  todos  los  edificios  destinados  a  vivienda  o 
residencia de carácter permanente cuyo uso principal este comprendido en los grupos 
recogidos en el artículo 2 de la Ley, 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, que se construyan en el ámbito territorial del Principado de Asturias, sin 
exceptuar las viviendas unifamiliares.
Que el destinatario del libro del edificio no es sólo el adquirente del edificio se deduce 
del Art. 9 del Decreto 41/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el libro del Edificio 
en el Principado de Asturias, en el que se establece lo siguiente: El Libro del Edificio 
estará  a  disposición  de  todos  los  copropietarios,  así  corno  de  las  diferentes 
Administraciones para el ejercicio de sus competencias.
Por tanto, en el presente caso, queda clara la necesidad de aportar el Libro del 
Edificio para su archivo en el Registro, tal corno así lo contempla tanto el Art. 202 de la 
Ley Hipotecaria como el Decreto 41/2007 de 19 de abril del Principado de Asturias.
Por los referidos hechos y fundamentos de derecho, vistos artículo 202 de la Ley 
Hipotecaria, artículos 5, 7, 9 y 19 y la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación; los artículos 28 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana; 2 del Decreto 41/2007, 19 de abril, por el que se 
aprueba  el  Libro  del  Edificio  en  el  Principado  de  Asturias;  81  del  Real  Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley  General  para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios  y  otras  leyes 
complementarias; las Resoluciones Circulare de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado de 3 de diciembre de 2003 y 26 de julio de 2007, y las Resoluciones de la  s
Dirección General de los Registros y del Notariado de 10, 12, 13, 15, 17, 19 y 22 de  oe.
diciembre de 2008, 8, 9, 12 y 14 de enero de 2009 y 16 de mayo de 2013, y 8 de  w.
septiembre de 2016 y 26 de octubre de 2016, suspendo la práctica de la inscripción  923ww
solic(i…ta)da por no aportarse el correspondiente libro del edificio.
Avilés a 21 de agosto del año 2020. El registrador. Fdo. Jaime Sanjuán Jiménez.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don J. M. M. A., interpone recurso en virtud de 
escrito de fecha 28 de septiembre de 2020 en el que resumidamente señala lo siguiente:
«Primera.–El 6 de Septiembre del 2.005 ante el Notario de Avilés Luis Sobrino 
González junto con mi esposa M. L. D. R., otorgamos escritura de declaración de obra 
nueva en construcción (Doc. 2) en relación con la vivienda unifamiliar aislada compuesta 
de planta de semisótano destinada a garaje, almacén despensa e instalaciones, planta 
baja destinada a vivienda y planta bajo cubierta destinada a trastero que estábamos 
construyendo sobre finca de nuestra propiedad en virtud de licencia para construcción 
unifamiliar expedida por el Ayuntamiento de Corvera de 2 de Junio del 2004 conforme el 
Proyecto de construcción del Arquitecto G. E. A.
En la citada escritura expresamente se hacía constar que la vivienda descrita se ha 
construido como autopromotores, como única vivienda familiar y para uso propio, siendo 
inscrita al Tomo al 2152, Libro 313, Folio 4, Finca n.º 15.220.
Segunda.–El 3 de Agosto del 2006 se expidió por la Dirección de obra certificado 
final de terminación de la misma (Doc. 3) en el que se hacía constar la terminación de la 
edificación  según  el  proyecto  aprobado  y  documentación  técnica  que  lo  desarrolla, 
siendo  dada  la  edificación  de  alta  en  el  Catastros  (Doc.4)  y  concedida  por  el 
Ayuntamiento de Corvera de Asturias licencia de primera ocupación de la vivienda el 10 
de  noviembre  del  2006  (Doc.  5),  constituyendo  nuestro  domicilio  desde  entonces 
(Doc.6).
Tercera.–Con fecha 9 de Julio del 2.020, ante el notario de Avilés Luis Sobrino 
González, bajo número 757 de su protocolo, otorgamos Acta de finalización de Obra 
Nueva (Doc.7), en la que se hacía constar la terminación de la obra que habíamos 
declarado en la escritura otorgada el 5 de Septiembre del 2.005 conforme consta en el 
certificado final de obra suscrito por el Arquitecto G. E. A. y la Arquitecto Técnico A. G. 
G., haciéndose constar expresamente en relación con la Ley de Ordenación de la 
Edificación no ser aplicables las garantías reguladas en el artículo 19 de la misma por 
tratarse de autopromotor individual de una única vivienda unifamiliar para uso propio.
Cuarta.–Presentado el citado documento ante el Registro de la Propiedad número 1 
de Avilés para su inscripción, por parte del citado organismo se resolvió comunicando "la 
suspensión de la práctica de la inscripción solicitada por no aportarse el correspondiente 
libro del edificio", considerando, respetuosamente lo significamos, ello no es acorde a 
derecho  por  no  tomarse  en  consideración  las  circunstancias  concurrentes  en  este 
supuesto tanto en lo relativo a la fecha de terminación de la obra, el 3 de Agosto 
del 2006 como a la falta de regulación en aquel momento en el Principado de Asturias 
del Libro del edificio y su obligatoriedad a los efectos de inscripción registral, fundando la 
suspensión de inscripción en una aplicación indebida y errónea de dicha normativa y 
doctrina de la Dirección General de Registro y Notariado, al no ser aplicables a este 
caso.
Como  se  desprende  de  la  documental  relacionada  nos  encontramos  ante  un 
supuesto de una vivienda unifamiliar destinada al uso propio, en la que el exponente y 
esposa fuimos autopromotores, con los efectos que de ello se deriva teniendo en cuenta 
la fecha de terminación de la obra y la doctrina y criterio establecido en aquel momento 
por la DGRYN al señalar que "en los casos de autopromoción, como este caso, no hacía 
falta aportar el libro del edificio por no existir en tal caso usuarios finales que hubieren de 
ser  protegidos",  sin  que  resulte  de  aplicación  a  este  supuesto,  dada  la  fecha  de  e
terminación de la obra y doctrina señalada, la exigencia del Libro del edificio, criterio  bo
adoptado en resoluciones dictadas a partir del 2015. 923ww
LibroQ udinetla .e–dCioficni oin dceopmeon derenqcuiais diteo  lop aarnat epriroarc stiecñaar lalra  igiunasclmripecnitóen c onmo o plau eadpeo rtoabcvióianr  dleal 
enxaitsutreanlecziaa  dreeg nisotrraml aretigvau laaduotoran ódme icloas  qreuqeu liosi troesq dueie rinas, cproiprc cióuna,n steo  ejunnctuoe an trlaasn  lnaosr mnoarsm daes 
de carácter material o sustantivo, donde pueden tener aplicación preferente las normas
autonómicas dictadas en el ejercicio de sus competencia exclusiva y cuyo régimen 
propio deberá ser respetado también a efectos de inscripción, debiendo señalar al efecto 
la resolución de la DGRN de 6 de septiembre del 2016 cuando establece que "no es 
necesaria la aportación del 'libro de edificio cuando la normativa autonómica exime del 
depósito", pudendo señalar a mayor abundamiento que con más motivo no cabe requerir 
dicha aportación cuando no es que la normativa exima de ello, sino que ni siquiera obliga 
por no existir.
Sexta.–En el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 11 de mayo del 2007, 
número  109,  por  la  Consejería  de  Vivienda  y  Bienestar  Social  se  publica  el 
Decreto 41/2007, de 19 de abril por el que se aprueba el Libro del Edificio en el 
Principado  de  Asturias,  estableciéndose  en  su  Disposición  Final  Segunda  que  "el 
presente Decreto entrara en vigor a los tres meses de su publicación", es decir, que su 
vigencia y aplicación seria a partir del 11 de agosto del 2007.
Hasta dicho momento en el Principado de Asturias no existía regulación alguna del 
libro del edificio con las consecuencias que de ello se deriva respecto a la obligación de 
su aportación para la inscripción registral en aquellos casos en que la terminación de la 
edificación es anterior a su entrada en vigor, lo que confirma improcedencia de la 
resolución recurrida en cuanto suspende la práctica de la inscripción por la no aportación 
del mismo.
La resolución recurrida no toma en consideración que la terminación de la obra 
contenida en el acta cuya inscripción se interesa es de 3 de Agosto del 2.006, es decir, 
un año antes de la entrada en vigor de la implantación del Libro del Edificio en el 
Principado de Asturias, con lo que no solo no cabe requerir ahora su exigencia partiendo 
de la fecha en que se otorga el acta notarial de finalización de obra, más de 14 años 
después  de  su  efectiva  terminación,  sino  tampoco  aplicar  la  doctrina  de  la  DRGN 
alegada al no ser aplicable en este caso por los motivos señalados.
Por otra parte, la aplicación de normativa de la Ley Hipotecaria que se señala no 
puede  hacerse  prescindiendo  de  la  normativa  autonómica  reguladora  del  Libro  de 
Edificio en el Principado de Asturias y si su implantación es a partir del mes de agosto 
del 2007, es indudable que solo podría requerirse la aportación de dicho libro a las 
edificaciones terminadas a partir de agosto del 2007.»
IV
El registrador suscribió informe el 15 de octubre de 2020 y elevó el expediente a este 
Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 202 de la Ley Hipotecaria; 5, 7, 9 y 19 y la disposición adicional 
segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación; los 
artículos 28 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; 2 del Decreto 41/2007, 19 
de abril, por el que se aprueba el Libro del Edificio en el Principado de Asturias; 81 del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias; las Resoluciones Circulares de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 3 de diciembre de 2003 y 26 de julio de 2007, y las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 10, 12, 13, 15,  e.
17, 19 y 22 de diciembre de 2008, 8, 9, 12 y 14 de enero de 2009 y 16 de mayo de 2013,  w.b
4 y 11 de marzo y 2 de abril de 2014, 1 de marzo, 19 de abril, 6 y 8 de septiembre, 26 de  923ww
oy c2tu9b dree  jyu n7i od 2e0 n1o7v yie 1m9b dree  dfeeb 2re0r1o6 y,  299,  1d7e  ym 1a8y od 2e0 e1n8e.ro, 22 de febrero, 29 de mayo y 7
1.  Es objeto de este recurso decidir si es inscribible un acta de finalización de obra
nueva situada en la Comunidad Autónoma de Asturias en el que el registrador señala
como  defecto  la  no  aportación  del  correspondiente  libro  del  edificio  referente  a  la 
edificación que se declara terminada.
2.  La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, que entró 
en vigor el 6 de mayo de 2000, dentro de su Capítulo II titulado «exigencias técnicas y 
administrativas  de  la  edificación»,  estableció  en  su  artículo  7  relativo  a  la 
«documentación de la obra ejecutada», que «una vez finalizada la obra, el proyecto, con 
la  incorporación,  en  su  caso,  de  las  modificaciones  debidamente  aprobadas,  será 
facilitado  al  promotor  por  el  director  de  obra  para  la  formalización  de  los 
correspondientes  trámites  administrativos.  A  dicha  documentación  se  adjuntará,  al 
menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido 
durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le 
sea  de  aplicación.  Toda  la  documentación  a  que  hace  referencia  los  apartados 
anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del 
edificio».
Según la disposición final primera de dicha ley, relativa al fundamento constitucional 
de la misma, el referido artículo 6, como todos los demás incluidos en los capítulos I y II 
de  la  ley,  se  dicta  al  amparo  de  la  competencia  que  corresponde  al  Estado  de 
conformidad con los artículos 149.1.6.ª, 8.ª y 30.ª de la Constitución «en relación con las 
materias civiles y mercantiles y con las obligaciones de los agentes de la edificación y 
atribuciones derivadas del ejercicio de las profesiones establecidas en el capítulo III, sin 
perjuicio  de  los  derechos  civiles,  forales  o  especiales  existentes  en  determinadas 
Comunidades Autónomas».
Por tanto, la exigencia sustantiva, impuesta al promotor por el artículo 6 de elaborar 
el libro del edificio y entregarlo a los usuarios finales del edificio, resulta de aplicación 
plena en todo el territorio nacional, como exigencia de naturaleza civil y mercantil, 
aunque  «sin  perjuicio  de  los  derechos  civiles,  forales  o  especiales  existentes  en 
determinadas Comunidades Autónomas».
Desde el punto de vista notarial y registral, el artículo 19 de la Ley 8/2007, de 28 de 
mayo, de suelo (que entró en vigor el día 1 de julio de 2007) y posteriormente el 
artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de suelo, y actualmente el artículo 28 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana, han establecido y mantenido la exigencia de que 
«tratándose de escrituras de declaración de obra nueva terminada, (los notarios y los 
registradores) exigirán, (…) el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la 
legislación reguladora de la edificación para la entrega de ésta a sus usuarios».
Entre tales requisitos se encuentra incluido el relativo a la confección del libro del 
edificio y su entrega a los usuarios finales.
Desde el punto de vista, estrictamente registral, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de 
Reforma de la Ley Hipotecaria y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, 
introdujo en el nuevo artículo 202 de la Ley Hipotecaria, relativo a la inscripción de 
edificaciones, la exigencia de que «salvo que por la antigüedad de la edificación no le 
fuera exigible, deberá aportarse para su archivo registral el libro del edificio, dejando 
constancia de ello en el folio real de la finca». Y en consonancia con ello, el nuevo 
artículo  9  de  la  Ley  Hipotecaria  establece  que  «la  inscripción  contendrá  las 
circunstancias  siguientes:  a)  (…)  tratándose  de  edificaciones,  expresión  del  archivo 
registral del libro del edificio, salvo que por su antigüedad no les fuera exigible». s
3.  Como  ya  se  afirmó  en  la  Resolución  de  26  de  octubre  de  2016,  tras  la  oe.
aprobación de la Ley 13/2015, de 24 de junio, debe revisarse la doctrina que la Dirección  w.
General de los Registros y del Notariado vino manteniendo sobre la exigencia del libro  923ww
pdreol meodtiofirc,i os,i nqou ee l sdeeñ alolasb au,l tererisouremsi duasmuaerniotes,  dqeu el an eod sifeic apcrieótne nyd, ep rteucteislaamr eenl tien teproérs  edlloe,l 
carece de justificación imponer la exigencia de control debatida cuando, por destinarse a
uso propio del promotor, no se da el supuesto de hecho de la norma: la entrega de la 
edificación por el promotor a los usuarios finales de la misma.
La citada Ley 13/2015, de 24 de junio, modificó el artículo 202 según se ha visto y 
con base en este precepto se añade un requisito a efectos de inscripción para las 
declaraciones de obra nueva terminada, esto es, la necesidad de aportar para su archivo 
el libro del edificio. Y se exige para todo tipo de edificación sean viviendas o industriales 
(artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación).
El libro del edificio se configura como un conjunto de documentos gráficos y escritos, 
que proporcionan a los propietarios y usuarios la información necesaria no sólo para la 
contratación de los servicios y suministros necesarios para el funcionamiento del edificio, 
sino también para llevar a cabo, entre otras, actuaciones relativas a su mantenimiento y 
conservación, a la correcta ejecución de eventuales obras de reforma, reparación o 
rehabilitación o al resarcimiento de daños materiales causados por vicios o defectos de 
construcción,  documentación  que,  por  su  propia  naturaleza  y  finalidad,  debe  ser 
actualizada  y  ser  accesible  a  los  sucesivos  interesados,  propietarios  y  sucesivos 
adquirentes, a los que debe añadirse a las Administraciones Públicas.
Partiendo de esta función del citado libro, ajena, en principio, al contenido estricto de 
la publicidad registral, el legislador de la reforma, aprovechando la propia dinámica de la 
institución  registral,  viene  ahora  a  imponer  como  requisito  de  inscripción  de  la 
edificación, el archivo registral del libro, y facilitando, a su vez, su publicidad.
Así se comprende que la Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, 
por la que se publica la Resolución Conjunta de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado y de la Dirección General del Catastro, regule los requisitos técnicos para 
el intercambio de información entre el Catastro y los Registros de la Propiedad; que la 
disposición  adicional  segunda  regule  el  formato  informático  del  libro  del  edificio, 
estableciendo que, para facilitar la consulta, tratamiento, archivo y publicidad registral del 
libro del edificio, conforme al artículo 202 de la Ley Hipotecaria, y su puesta a disposición 
del Catastro, el citado libro del edificio, con el contenido regulado en el artículo 7 de la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, deba presentarse en 
el Registro de la Propiedad en soporte informático, en formato PDF y autenticado por el 
promotor con su firma electrónica o por otro medio fehaciente.
Tal novedosa función registral de archivo y publicidad de un contenido ajeno a la 
situación jurídico real del inmueble, que toma ahora sólido apoyo en la actual normativa 
hipotecaria, no puede ser desligada de un modo absoluto del ámbito material en el que 
se enmarca, la protección de los derechos de consumidores y usuarios, en este caso, 
usuarios de los inmuebles, recordando aquí el deber inexcusable que impone a notarios 
y registradores, el artículo 81 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
4.  Con todo, debe insistirse en la doctrina asumida por esta Dirección General 
basada en la diferenciación entre normas de naturaleza registral, reguladoras netamente 
de requisitos de inscripción, y cuya competencia estatal no se discute, y normas de 
carácter material o sustantivo, donde pueden tener aplicación preferente las normas 
autonómicas, dictadas en ejercicio de sus competencias exclusivas y cuyo régimen 
propio deberá ser respetado también a efectos de inscripción.
Es lo que ocurre en el caso particular del libro del edificio, elevado a requisito exigible 
a efectos de inscripción de la declaración de obra nueva, pero que deberá matizarse con 
la normativa propia de cada Autonomía, en su caso, en ejercicio de sus competencias en  s
materia de vivienda. oe.
En este sentido, el depósito del libro del edificio será exigible, salvo que la normativa  w.
autonómica exima de su formalización y depósito. 923ww
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requisito registral, también de rango legal, de que deberá aportarse para su archivo 
registral el libro del edificio, dejando constancia de ello en el folio real de la finca.
Y  consecuentemente  con  todo  ello,  este  Centro  Directivo  ya  declaró  en  su 
Resolución  de  7  de  junio  de  2017,  que  el  libro  del  edificio  no  es  exigible  a  las 
edificaciones que no estén sujetas a la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación (es 
decir, aquéllas para cuyos proyectos se solicitó la licencia de edificación antes del 6 de 
mayo de 2000, fecha de entrada en vigor de la citada ley), pues así resulta de la 
disposición transitoria primera de dicha ley.
Desde el punto de vista registral, también declaró en sus Resoluciones de 7 y 29 de 
junio de 2017, que el artículo 202 de la Ley Hipotecaria, en la redacción dada por la 
Ley 13/2015, es aplicable a todo documento presentado bajo su vigencia y, por tanto, no 
es causa de exención a la obligación de aportar el libro del edificio para su depósito 
registral el hecho de que la citada norma no estuviera vigente en el momento de ser 
declarada ni de ser terminada la obra.
Y desde el punto de vista competencial, atendida la distinción entre normas de 
naturaleza  registral  (reguladoras  netamente  de  requisitos  de  inscripción,  y  cuya 
competencia estatal no se discute) y normas de carácter material o sustantivo (materia 
en la que pueden tener aplicación preferente las normas autonómicas), en el caso 
particular del libro del edificio, la Dirección General de los Registros y del Notariado 
declaró en varias Resoluciones (como las de 17 de enero de 2017 o 19 de febrero 
de 2018) que la norma material preferente es la autonómica, que podrá en su caso 
eximir de esta obligación de formalización y depósito del libro del edificio.
6.  En el presente caso, la edificación se inicia y termina bajo la vigencia de la Ley 
de Ordenación de la Edificación, norma estatal que impuso el requisito sustantivo de 
confeccionar el libro del edificio.
Por otra parte, el documento notarial donde se declara formalmente la terminación de 
la obra se otorga y se presenta en el Registro de la Propiedad bajo la vigencia del actual 
artículo 202 de la Ley Hipotecaria, que exige la aportación del citado libro del edificio 
para su archivo registral.
En el ámbito del Principado de Asturias, el Decreto 41/2007, 19 de abril, por el que 
se aprueba el «Libro del Edificio» en el Principado de Asturias, señala en su artículo 2 
que «el libro del edificio será obligatorio en todos los edificios destinados a vivienda o 
residencia de carácter permanente cuyo uso principal este comprendido en los grupos 
recogidos en el artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, que se construyan en el ámbito territorial del Principado de Asturias», sin 
exceptuar las viviendas unifamiliares.
Que el destinatario del libro del edificio no es sólo el adquirente del edificio se deduce 
del artículo 9 del Decreto 41/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el libro del 
Edificio en el Principado de Asturias, en el que se establece los siguiente: «El Libro del 
Edificio estará a disposición de todos los copropietarios, así como de las diferentes 
Administraciones para el ejercicio de sus competencias».
En definitiva, en el caso de este expediente, dados los términos claros e inequívocos 
del artículo 202 de la Ley Hipotecaria y del Decreto 41/2007 del Principado de Asturias, 
impiden excepcionar del requisito del depósito previo en el Registro del libro del edificio 
respecto del supuesto de autopromoción, excepción, que a diferencia de lo que ocurre 
con otras exigencias (v.gr. seguro decenal) no está contemplada en ninguna norma, lo 
cual puede estar justificado, además, en el sentido de que el seguro decenal tiene una 
duración temporal, mientras que el libro del edificio tiene vocación de permanencia. s
No obstante, si la terminación de la obra se realizara por antigüedad, los requisitos  oe.
exigidos  no  serán  los  previstos  en  el  apartado  1  del  artículo  28  del  Real  Decreto  w.
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  923ww
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georreferenciación de la parte edificada.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación del registrador en los términos vistos.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 26 de noviembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.