BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 26 Sábado 30 de enero de 2021 Sec. I.   Pág. 11376
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1356 Ley Foral 22/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral de 
Haciendas Locales de Navarra.
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de 
modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra
PREÁMBULO
La Comunidad Foral de Navarra, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional 
primera de la Constitución, tiene habilitación competencial para regular sus Haciendas 
Locales,  materia  en  la  cual  ha  contado  históricamente  con  un  régimen  propio  y 
específico.
Dicha  habilitación  viene  concretada  en  el  artículo  46.1  de  la  Ley  Orgánica  de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, que atribuye a Navarra 
las «facultades y competencias que actualmente ostenta (a la entrada en vigor de dicha 
ley orgánica), al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada de 16 de agosto 
de 1841, en el Real Decreto Paccionado de 4 de noviembre de 1925 y disposiciones 
complementarias y, además, las que siendo compatibles con las anteriores puedan 
corresponder a las comunidades autónomas o a las provincias, conforme a la legislación 
básica del Estado».
La disposición adicional tercera de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, prevé su aplicación en Navarra en lo que no se oponga al 
régimen  que  para  su  Administración  local  establece  el  artículo  46  de  la  Ley 
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra.
El apartado primero de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que, en 
virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de lo dispuesto 
en esta ley se llevará a cabo, según lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica 
de  Reintegración  y  Amejoramiento  del  Régimen  Foral  de  Navarra,  conforme  a  lo 
dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
En la disposición adicional única de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la 
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 
Financiera, se dispone que la misma será de aplicación a la Comunidad Foral de 
Navarra  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  disposición  final  tercera  de  la  Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
Por otro lado, la disposición adicional séptima del Convenio Económico entre el 
Estado y Navarra suscrito el 31 de julio de 1990 (Ley 28/1990, de 26 de diciembre) 
establece que las facultades de tutela financiera respecto a las entidades locales que en 
cada momento desempeñe el Estado en relación con la aplicación de la Ley 18/2001,  e.
de  12  de  diciembre,  General  de  Estabilidad  Presupuestaria  (entonces  vigente),  w.
corresponderán a la Comunidad Foral, sin que ello pueda significar, en modo alguno, un  56ww
rnéivgeiml edne  caoumtoúnno.mía de las entidades locales navarras inferior al que tengan las de
la CAosmimunisidmaod  eFl oarratíl cduelo N 4a8v adrerla c liatasd foa cCuoltnavdeensi oy  Eccoomnpóemteicnoc idaiss peonn me aqtueer iac odrere Hspaocniednedna as   BOE-A-cable e
Locales que ostenta al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada, de 16 de agosto 
de 1841, en el Real Decreto-Ley Paccionado, de 4 de noviembre de 1925, y demás 
disposiciones complementarias.
La presente ley foral realiza diversas modificaciones en la Ley Foral 2/1995, de 10 de 
marzo, de Haciendas Locales de Navarra, que afectan tanto al ámbito presupuestario y 
de control interno de las entidades locales como al ámbito de los tributos locales.
En este sentido, se modifica el apartado 5 del artículo 13 para incluir expresamente, 
tal y como se prevé en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra, que las ordenanzas fiscales entrarán en vigor en el ejercicio siguiente al de su 
aprobación, salvo que en las mismas se señale otra fecha, que podrá ser simultánea o 
posterior a la publicación.
En materia de presupuesto y de gasto público, se modifica la fecha prevista para la 
elaboración de la liquidación del presupuesto, que pasa del 1 al 31 de marzo, para 
facilitar su aprobación.
Como consecuencia, se traslada al día 30 de abril la fecha para la presentación de 
los  estados  y  cuentas  de  la  entidad  local  por  parte  del  Presidente  para  evitar  la 
coincidencia de fechas.
Asimismo, se elimina la imposibilidad del aplazamiento de las deudas tributarias 
exaccionadas por recibo o que deban satisfacer los sustitutos por retención, con la 
finalidad de que las entidades locales puedan dar respuesta a las demandas crecientes 
de  facilitar  el  pago  de  los  mencionados  tributos  a  los  sujetos  pasivos  que  tengan 
dificultad económica, necesidad puesta de relevancia desde el inicio de la crisis sanitaria 
y económica que actualmente atravesamos.
Por otra parte, se prevé que los acuerdos de las entidades locales que tengan por 
objeto la aprobación de transferencias de crédito, en casos de calamidad pública o de 
naturaleza análoga, serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de las reclamaciones 
que contra los mismos se promuevan, las cuales deberán sustanciarse dentro de los 
ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su 
resolución al recurrente dentro de dicho plazo.
Se atiende así una demanda generalizada de las entidades locales que se ha 
revelado de especial importancia con ocasión de la actual situación de crisis sanitaria y 
económica, antes mencionada, y que la normativa solo preveía para la concesión de 
créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
También se considera necesario dotar a las entidades locales de instrumentos ágiles 
de  gestión  económico-presupuestaria  que  permitan  adelantar  la  tramitación 
administrativa de expedientes de gastos, mientras se toman los acuerdos oportunos para 
que el crédito necesario esté disponible en el presupuesto, ya sea para el mismo 
ejercicio o para aquél anterior a cuyo presupuesto vayan a ser imputados.
Esta posibilidad comprende todo tipo de gastos, por lo que se prevé que los pliegos 
de  contratación  o  condicionados  de  cláusulas  administrativas  particulares,  las 
convocatorias de la subvenciones o los documentos que, según la naturaleza del gasto, 
resulten necesarios contengan prevención expresa de que el gasto cuya tramitación se 
anticipa y, en su caso, la adjudicación o resolución quedarán suspendidos hasta que 
exista crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones de que se trate en el 
ejercicio correspondiente.
La  financiación  necesaria  para  la  existencia  del  correspondiente  crédito  podrá 
depender total o parcialmente de recursos propios, de un préstamo, un crédito, una 
transferencia o una aportación o subvención de otra entidad pública o privada, por citar  s
solo algunos ejemplos. oe.
De esta manera se permite a las entidades locales la tramitación, entre otros, de  w.
expedientes  de  contratación  anticipada  a  la  existencia  del  crédito,  no  solo  para  el  56ww
ejercPiociro  ostirgau ipeanrttee,,  ssineo  ttraamslabdiéan  lpaa rtear eml ienjoelrocgicíaio  reenc ocguirdsao .en el Decreto Foral 234/2015,
ldoec a2l3e sd ed ese Nptaievmarbrare, , yp oqru eel  qsuuep usseo a purnuae baac tlau aelisztarucciótunr ay  parermsuopnuizeasctaiórnia  ddee  ltaésr menintiodsa,d dees   BOE-A-cable e
modo tal que el concepto de «partida presupuestaria» pasa a denominarse «aplicación 
presupuestaria» y la nueva clasificación por programas y su desglose sustituye a la 
antigua clasificación funcional.
Se proponen asimismo una serie de cambios en relación con las modificaciones 
presupuestarias,  encaminados  todos  ellos  a  dotar  de  mayor  agilidad  a  la  gestión 
presupuestaria de las entidades locales.
A este respecto, se prevé que el Pleno pueda aprobar créditos extraordinarios o 
suplementos de crédito financiados con recursos afectos efectivamente disponibles sin 
necesidad de esperar a la aprobación de la liquidación del presupuesto, lo que también 
se prevé para la incorporación de créditos no gastados del ejercicio anterior.
En  ambos  casos  será  preceptivo  informe  de  Intervención  sobre  la  efectiva 
disponibilidad de la financiación. De esta manera se agiliza la gestión presupuestaria de 
los expedientes en ejecución con ingresos afectos disponibles hasta el momento de 
aprobación de la liquidación del presupuesto.
Igualmente, se prevé la posibilidad de que el Pleno recoja en las bases de ejecución 
que  se  aprueban  junto  con  el  presupuesto  de  la  entidad  local,  un  mecanismo  de 
tramitación y entrada en vigor de las modificaciones presupuestarias competencia de 
dicho órgano más ágil que el análogo a la aprobación del presupuesto.
La finalidad fundamental de estas modificaciones es la urgencia en su tramitación 
para la ejecución de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, ya 
que, de lo contrario, formarían parte del mismo, y no del ejercicio presupuestario en 
vigor.
Por  lo  tanto,  y  en  coherencia  con  la  naturaleza  y  justificación  de  la  propia 
modificación, la tramitación debe ser acorde para la consecución de los objetivos, que no 
son otros que la ejecución del gasto en el ejercicio corriente.
Por ello, pueden darse situaciones en que las que la exigencia del cumplimiento de 
los mismos trámites para las modificaciones presupuestarias y para la propia aprobación 
del presupuesto suponga de facto hacer imposible la pretendida modificación durante el 
ejercicio presupuestario en curso.
Cabe añadir, además, en cuanto al contenido material de las modificaciones, que no 
se observa una diferencia sustancial con otras como las de generación de créditos por 
ingresos, cuya tramitación se remite a las bases de ejecución y cuya realización está 
condicionada a la efectiva consecución de nuevos ingresos no tributarios similares a los 
previstos para los créditos extraordinarios y los suplemento de crédito, y que, si no se 
consiguen  gastar  en  el  ejercicio  en  curso,  integrarán  el  remanente  de  tesorería, 
posibilitando la tramitación de expedientes de concesión de créditos extraordinarios o 
suplementos de crédito, que requieren de distinta tramitación.
Por ello, es preciso que la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  por  resultar  eficaz, 
proporcionado y necesario para la consecución de los fines anteriormente mencionados, 
posibilite que las bases de ejecución del presupuesto de la entidad local puedan prever 
que los expedientes de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y 
similares, sean sometidos a exposición pública mediante publicación en el tablón de 
anuncios, una vez aprobados inicialmente por el Pleno.
Durante  dicho  plazo  se  podrán  presentar  reclamaciones  o  alegaciones, 
entendiéndose aprobado definitivamente dicho acuerdo una vez transcurrido el período 
de exposición pública si no se formularan aquellas. En caso contrario, el Pleno deberá  s
adoptar acuerdo expreso relativo a la resolución de las mismas y a la aprobación  oe.
definitiva de la modificación propuesta, que entrará en vigor una vez publicado el texto  w.
definitivo en el tablón de anuncios de la entidad local. 56ww
comDuenbicea citóenn,e yrs lea  aepnli caccuieónnt ad e qlau en oerml adtievasa srroobllroe  trdaen splaasr enncuiae veans  lat egcensotlioógní adse  ldaes 
laodcmaliensis, treanci omneasy opr úbol icmaes nyo r admmeidniidsatr,a cdióisnp oenlegcatnró ndiec am, heacacen isqmuoes  topdaarsa  lagsa raennttiizdaard elas   BOE-A-cable e
publicidad  e  información,  distintos  más  ágiles  que  los  existentes  al  momento  de 
aprobación de la Ley Foral de Haciendas Locales, en el año 1995, a través de sus 
portales web y sedes electrónicas
Como garantía adicional se prevé que en ausencia de previsión al efecto en las 
bases de ejecución, la tramitación y aprobación de los expedientes por el Pleno se 
realizará con sujeción a los mismos trámites y requisitos sobre información, reclamación 
y publicidad que los presupuestos.
Por otro lado, y por lo que se refiere a los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad  financiera,  se  establecen  una  serie  de  elementos  y  mecanismos 
necesarios para su cumplimiento.
Para ello, y al igual que se ha regulado para las entidades locales de los territorios 
históricos de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa mediante sus correspondientes Normas Forales, 
es preciso establecer, en ejercicio de la competencia histórica de la Comunidad Foral de 
Navarra en materia de Haciendas Locales, una adaptación de la normativa foral que dote 
a  nuestras  entidades  locales  de  las  herramientas  normativas  necesarias  para  el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y 
que les permita dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades derivadas de la 
actuales circunstancias de crisis sanitaria y económica en las que nos encontramos, 
dado que son, además, las administraciones públicas más cercanas a la ciudadanía.
De esta manera, se da cumplimiento a la recomendación de la Cámara de Comptos 
de Navarra, que, en su informe anual sobre el sector público local de 2018, recoge la 
recomendación de «establecer la normativa y procedimientos para el ejercicio de la 
tutela financiera que la Administración Foral debe ejercer en relación con la aplicación a 
las entidades locales de la Comunidad Foral de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera».
En  cuanto  a  la  regulación  vigente  de  las  operaciones  de  crédito  que  pueden 
concertar las entidades locales de Navarra y que se recoge en los artículos 125 a 131 de 
la Ley Foral de Haciendas Locales, cabe señalar que la misma ha quedado obsoleta 
desde la entrada en vigor de la mencionada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de la normativa posterior en 
materia de endeudamiento local y su régimen de autorización.
Se  considera  por  ello  necesario  actualizar  la  normativa  foral  en  esta  materia, 
introduciendo en la misma el principio de prudencia financiera y actualizando el régimen 
de autorización de operaciones de crédito a largo plazo, aplicando el régimen vigente en 
la normativa estatal.
En materia de autorización de operaciones de crédito a largo plazo, la disposición 
final  trigésima  primera  de  la  Ley  17/2012,  de  27  de  diciembre,  de  Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013, modificó la redacción de la disposición adicional 
decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, y 
le dotó de vigencia indefinida.
En consecuencia, se adapta la Ley Foral de Haciendas Locales a lo dispuesto en la 
normativa general, en beneficio de las entidades locales navarras.
Finalmente, en materia de control interno, se hace preciso modificar el apartado 2 del 
artículo 248 para que cualquier entidad local navarra, y no solo el Ayuntamiento de 
Pamplona, pueda establecer el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de 
requisitos básicos contemplado, con carácter general y para todos los municipios, con 
independencia de su población, en el artículo 219.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,  s
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  oe.
Haciendas Locales. w.
Para ello, es necesario suprimir la referencia a un número de habitantes superior  56ww
par o5p0u.0e0s0ta,  ddee  smu oPdroe stiadle nqtuee  y topdreavsi ol ainsf oernmtied addeel só rlgoacnaole sin tnearvveanrrtaosr,  qpuuee dlaan i natecrovrednacr,ió na 
pprreevcieap tsoe. limite a comprobar los aspectos enumerados en las letras a) a c) de dicho  BOE-A-cable e
Al igual que en el ámbito estatal, es necesario también posibilitar en las entidades 
locales navarras de reducidas dimensiones el establecimiento de un régimen de control 
interno  simplificado,  estableciendo  la  habilitación  legal  suficiente  para  que  sea  el 
Gobierno de Navarra el que reglamentariamente determine los supuestos en los que las 
entidades locales puedan acogerse al mismo, así como sus características.
Por lo que se refiere a la regulación de los tributos locales, resulta necesario adaptar 
la normativa relativa al importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local a la nueva realidad del mercado de 
suministros de interés general o que afecten a la generalidad o una parte importante de 
la población, como son los suministros energéticos, principalmente.
Esta  nueva  realidad  de  mercado  abandona  el  antiguo  sistema  de  un  solo 
suministrador por área geográfica para distinguir entre empresas distribuidoras titulares 
de las redes necesarias para los suministros, y empresas comercializadoras de los 
mismos en régimen de competencia de mercado.
Ambos tipos de empresas prevén un sistema de pago por utilización de las redes de 
distribución, con una casuística y tributación concreta, que es preciso contemplar en la 
normativa aplicable.
En  relación  con  la  Contribución  territorial  se  habilita  a  los  ayuntamientos  para 
establecer unas bonificaciones potestativas. En primer lugar, una bonificación de hasta 
el 90 por ciento sobre las viviendas de las familias numerosas, monoparentales o en 
situación de monoparentalidad. Con esta modificación se viene a dar cumplimiento a los 
mandatos contenidos en el artículo 12.3.a) de la Ley Foral 20/2003, de 25 de marzo, de 
familias numerosas, y en el artículo 12 de la Ley Foral 5/2019, de 7 de febrero, para la 
acreditación  de  las  familias  monoparentales  en  la  Comunidad  Foral  de  Navarra. 
Asimismo, se posibilita ampliar dichas bonificaciones a contribuyentes con pensiones no 
contributivas  y  perceptores  de  Renta  Garantizada  o  de  Ingreso  Mínimo  Vital.  Se 
condiciona la aplicación de esta bonificación a la actualización del valor de las viviendas 
mediante la correspondiente ponencia de valoración en los últimos cinco años.
Por otra parte se podrá establecer una bonificación de hasta el 50 por ciento sobre 
los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento 
térmico o eléctrico de la energía solar o de otras energías renovables. En ambos casos, 
las bonificaciones estarán sujetas a que las rentas del sujeto pasivo no superen cuatro 
veces el salario mínimo interprofesional.
Especialmente destacable resulta la modificación del Impuesto sobre actividades 
económicas, encaminada a eximir del pago del impuesto a los sujetos pasivos que 
tengan una cifra de negocios inferior a 1.000.000 euros. Esta medida, que afectará a 
alrededor de 31.000 trabajadores autónomos y 7.000 pequeñas empresas, pretende 
fomentar  e  impulsar  el  emprendimiento  y  paliar  los  efectos  de  la  crisis  económica 
generada por el coronavirus. Asimismo, con la finalidad de preservar el principio de 
suficiencia financiera de las entidades locales, la disposición adicional primera prevé que 
el Gobierno de Navarra realizará una compensación con cargo al Fondo de Participación 
de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra. Por su parte, la disposición final 
primera modifica la Ley Foral por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de 
participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra por transferencias 
corrientes y otras ayudas para el año 2020, para determinar cómo se realizará la 
mencionada compensación.
Por lo que respecta al Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, atendiendo a 
las recomendaciones de defensor del Pueblo, se amplía el ámbito de la exención de los  s
vehículos especialmente adaptados y de los matriculados a nombre de personas con  oe.
discapacidad  al  desaparecer  la  vinculación  de  la  exención  a  la  potencia  fiscal  del  w.
vehículo. Por otro lado, se actualizan las tarifas correspondientes al impuesto en función  56ww
dloesl  Tinricbruetmose ndteo  Nqauvea srrea  feijna  spua rvae retile Fnoten ddoe  tdrea nPsaferrtiecnipcaiacsió cno rdreie nlates sH.aciendas Locales en
de 2D7a ddeo  dqicuiee mlab rúelt,i mpaar aa cstuu aalpizliaccaicóinó nd een l a2s0 1ta8r iyfa 2s0 1se9 , rseec opgroióc eedne  laa hLoeray  aF oarcatlu a1l9iz/2a0r 1la7s,   BOE-A-cable e
tarifas que serán aplicables en 2021, con los incrementos correspondientes a 2020 
y 2021.
En este sentido, la Ley Foral 3/2020, de 27 de febrero, por la que establece la 
cuantía y el reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos 
de  Navarra  para  el  año  2020,  contempla  un  aumento  porcentual  del  IPC  de  la 
Comunidad  Foral  de  Navarra,  considerado  de  junio  de  2018  a  junio  de  2019, 
incrementado en dos puntos porcentuales. Dado que la variación producida en el IPC del 
periodo considerado desde junio de 2018 a junio de 2019 ha sido del 1,0 %, la variación 
general para 2020 se fijó en el 3 %.
A su vez, la disposición final primera de la citada ley foral prevé la prórroga de la 
misma para 2021, de manera que el incremento del Fondo para el año 2021 se fija en el 
incremento del IPC de la Comunidad Foral de Navarra de junio de 2019 a junio de 2020 
incrementado en dos puntos porcentuales. El IPC de dicho periodo ha sido negativo por 
importe de –0,7 %, por lo que el incremento previsto para 2021 es del 1,3 %. Por lo 
tanto, agregando los porcentajes, el incremento a aplicar es del 4,3 %.
En  el  Impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras,  se  introduce  una 
habilitación legal para que los ayuntamientos puedan regular mediante ordenanza una 
bonificación  en  la  cuota  del  impuesto  de  hasta  el  95  %  cuando  se  trate  de 
construcciones, instalaciones u obras para el aprovechamiento de energía solar u otras 
renovables. El objetivo es que los ayuntamientos navarros no estén en peor posición que 
los de las comunidades autónomas limítrofes la hora de atraer ese tipo de inversiones.
En el Impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana se realizan 
dos modificaciones. La primera tiene por objeto aclarar cuál es el valor de adquisición 
que se debe tomar a efectos de determinar si hay o no incremento de valor cuando se 
produce una transmisión posterior a otra que ha estado exenta por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 173.1, letras a), b) y c). Se parte de la idea de que tal y como 
están configuradas esas exenciones se trata más de un diferimiento en el pago del 
impuesto que de una exención, puesto que la ley establece que a efectos de una futura 
transmisión se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de 
manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de los 
negocios  jurídicos  previstos  en  dichas  letras.  Para  mantener  la  coherencia  del 
diferimiento del impuesto, y ante las dudas suscitadas y la conflictividad que se ha 
generado, se establece expresamente que se tomará como valor de adquisición, a 
efectos de determinar si existe incremento de valor, el que corresponda a la anterior 
transmisión del inmueble que no se deba a los mencionados negocios jurídicos.
La  segunda  modificación  se  encamina  a  actualizar  los  coeficientes  máximos 
aplicables sobre el valor del terreno en el momento del devengo, que de acuerdo con lo 
establecido  en  la  propia  Ley  Foral  de  Haciendas  Locales  deben  ser  actualizados 
anualmente.
Finalmente, en relación con el Impuesto sobre gastos suntuarios se suprime el 
gravamen de los premios obtenidos en el juego del bingo.
La norma legal se estructura en un artículo único, dos disposiciones adicionales y 
dos disposiciones finales.
En la elaboración de la ley se han seguido los principios de buena regulación 
establecidos  en  el  artículo  129  de  la  Ley  Foral  11/2019,  de  11  de  marzo,  de  la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional 
Foral.
Las publicaciones en el «Boletín del Parlamento de Navarra», en el «Boletín Oficial  s
de Navarra» y en la página web de navarra.es, tanto de la propia ley foral como del  oe.
procedimiento de su elaboración y de sus efectos en el resto de normas, velan por el  w.
respeto a los principios de transparencia y de accesibilidad. 56ww
de  D10e  cdoen faogrmosidtoa,d  dceo nR leoi netsetgarbalceicóind oy e nA mele ajorrtaícmulioe n2to0 .2d edle  Rlaé gLiemye nO rFgáonraicl,a  y1 3e/1n9 8lo2s, 
alerytí cfourloasl  h1a5 r2e yq u1e5r3id doe dl eT emxatoy oRreíafu anbdsidoolu tdae pl Rareag slaum aepnrotob adceiló Pna.rlamento de Navarra, esta  BOE-A-cable e
Artículo único. 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2021, los preceptos de la Ley Foral 2/1995, 
de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, que a continuación se relacionan 
quedarán redactados del siguiente modo:
Uno.  Artículo 13.5.
«5.  La aprobación de las ordenanzas fiscales y de sus modificaciones se 
anunciará en el "Boletín Oficial de Navarra" y su contenido se notificará al Registro 
de  Ordenanzas  Fiscales,  que  tendrá  carácter  público,  sin  perjuicio  de  su 
publicación íntegra o parcial en el "Boletín Oficial de Navarra".
Las ordenanzas fiscales entrarán en vigor en el ejercicio siguiente al de su 
aprobación, salvo que en las mismas se señale otra fecha, simultánea o posterior 
a la publicación.»
Dos.  Artículo 91, derogación.
Tres.  Artículo 105.1.
«1.  El  importe  de  las  tasas  previstas  por  la  utilización  privativa  o  el 
aprovechamiento especial del dominio público local se fijará de acuerdo con las 
siguientes reglas:
a)  Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el 
mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes 
afectados no fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán 
señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización 
privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros 
que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada.
b)  Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la 
tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que 
recaiga la concesión, autorización o adjudicación.
c)  Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos 
especiales  constituidos  en  el  suelo,  subsuelo  o  vuelo  de  las  vías  públicas 
municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que 
resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del 
vecindario, el importe de aquellas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, 
en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que 
obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas.
A  estos  efectos,  se  incluirán  entre  las  empresas  explotadoras  de  dichos 
servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de estos.
No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los 
servicios de telefonía móvil.
Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se 
refiere esta letra c), tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de 
las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, 
lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a estas.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se entenderá por ingresos brutos 
procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad,  s
hayan sido obtenidos por esta como contraprestación por los servicios prestados  oe.
en cada término municipal. w.
No  se  incluirán  entre  los  ingresos  brutos,  a  estos  efectos,  los  impuestos  56ww
ipnodri rceucetonsta q duee  tgerracveerons l oqsu see nrvoi ccioons sptirteusytaand ousn  nini glarse spoa rptirdoapsio o d cea lnat iednatdideasd c oab lara qduaes 
isnec luaipráliqnu ee netrset el orsé ginimgreens oess pbercuitaols  dper occueadnetinfitceasc idóen  ldae  falac tutarsaac.ió An sliamsi scmaon,t idnaod sees   BOE-A-cable e
percibidas por aquellos servicios de suministro que vayan a ser utilizados en 
aquellas instalaciones que se hallen inscritas en la sección 1.ª o 2.ª del Registro 
administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica del Ministerio de 
Economía,  como  materia  prima  necesaria  para  la  generación  de  energía 
susceptible de tributación por este régimen especial.
Las  empresas  que  empleen  redes  ajenas  para  efectuar  los  suministros 
deducirán de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras 
empresas en concepto de acceso o interconexión a sus redes. Las empresas 
titulares  de  tales  redes  deberán  computar  las  cantidades  percibidas  por  tal 
concepto entre sus ingresos brutos de facturación.
El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser 
repercutido a los usuarios de los servicios de suministro a que se refiere esta 
letra c).
Las tasas reguladas en esta letra c) son compatibles con otras tasas que 
puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades 
de competencia local, de las que las empresas a que se refiere esta letra c) deban 
ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 104.1.b), quedando 
excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la 
utilización  privativa  o  el  aprovechamiento  especial  constituido  en  el  suelo, 
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.»
Cuatro.  Artículo 125.
«Artículo 125.
1.  En los términos previstos en esta ley foral, las entidades locales y sus 
entes  dependientes  podrán  concertar  operaciones  de  crédito  en  todas  sus 
modalidades, tanto a corto como a largo plazo, así como operaciones financieras 
de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de cambio.
2.  Todas las operaciones de crédito que suscriban las entidades locales, así 
como la concesión de avales u otra clase de garantías públicas están sujetas al 
principio de prudencia financiera. Se entiende por prudencia financiera el conjunto 
de condiciones que deben cumplir las operaciones financieras para minimizar su 
riesgo y coste.
3.  Las  condiciones  que  deben  cumplir  las  operaciones  se  establecerán 
mediante resolución del órgano competente en materia de tutela financiera.»
Cinco.  Artículo 126.
«Artículo 126.
1.  Las entidades incluidas a que se refiere el artículo anterior podrán, para la 
financiación de sus inversiones, así como para la sustitución total o parcial de 
operaciones preexistentes, acudir al crédito público o privado, a largo plazo, en 
cualquiera de sus formas.
2.  El crédito podrá instrumentarse mediante las siguientes formas:
a)  Emisión de Deuda Pública.
b)  Contratación  de  préstamos  o  créditos  con  toda  clase  de  entidades 
financieras. e
c)  Cualquier otra apelación al crédito público o privado. bo
d)  Conversión y sustitución total o parcial de operaciones preexistentes. 56ww
ser 3g.a raEnlt ipzaagdoo  dceo nla lsa  oabfleigcataccioiónne sd ed eirnivgaredsaoss d ees lpaesc oífpiceorsa,c icoonne sla d ceo cnrsétditiutoc iópno ddráe 
garantía real sobre bienes patrimoniales determinados o mediante la prestación de
avales.
4.  La Deuda Pública de las entidades locales y los títulos-valores de carácter 
equivalente emitidos por estas gozarán de los mismos beneficios y condiciones 
que la Deuda Pública emitida por el Gobierno de Navarra.
5.  La concertación de cualquiera de las modalidades de crédito a largo plazo 
previstas en esta ley foral requerirá su inclusión en el presupuesto definitivo en 
vigor o, en su caso, en la prórroga presupuestaria.»
Seis.  Artículo 127.
«Artículo 127.
1.  Las  entidades  locales  podrán,  cuando  lo  estimen  conveniente  a  sus 
intereses  y  a  los  efectos  de  facilitar  la  realización  de  obras  y  prestación  de 
servicios de su competencia, conceder su aval a las operaciones de crédito, 
cualquiera que sea su naturaleza y siempre de forma individualizada para cada 
operación, que concierten personas o entidades con las que aquéllas contraten 
obras o servicios, o que exploten concesiones que hayan de revertir a la entidad 
local respectiva.
2.  Las entidades locales podrán prestar su aval a cualquier operación de 
préstamo que concierten sus entes dependientes. El aval no podrá garantizar un 
porcentaje del crédito superior al de su participación en el ente dependiente.
3.  Las operaciones a que se refieren los dos apartados anteriores estarán 
sometidas a fiscalización previa y el importe del préstamo garantizado no podrá 
ser superior al que hubiere supuesto la financiación directa mediante crédito de la 
obra o del servicio por la propia entidad.»
Siete.  Artículo 128.
«Artículo 128.
Las entidades locales podrán concertar operaciones de tesorería, por plazo no 
superior  a  un  año,  con  cualesquiera  entidades  financieras,  para  atender  sus 
necesidades transitorias de tesorería, siempre que en su conjunto no superen 
el 35 por ciento de sus ingresos reconocidos por operaciones corrientes en el 
ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse con anterioridad a que 
se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se 
tomará en consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último.»
Ocho.  Artículo 129.
«Artículo 129.
1.  La concertación o modificación de toda clase de operaciones de crédito 
deberá  acordarse  previo  informe  de  la  Intervención,  en  el  que  se  analizará, 
especialmente, la capacidad de la entidad local para hacer frente en el tiempo a 
las obligaciones que de aquellas se deriven para la misma y su incidencia en la 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
2.  Los Presidentes de las entidades locales podrán concertar las operaciones 
de crédito a largo plazo previstas en el Presupuesto, cuyo importe acumulado, 
dentro de cada ejercicio económico, no supere el 10 por ciento de los ingresos  s
reconocidos  por  operaciones  corrientes  en  el  ejercicio  anterior,  salvo  que  la  oe.
operación  haya  de  realizarse  con  anterioridad  a  que  se  haya  producido  la  w.
lciqounisLdiaad ceciróoannc cióednret alla c ilpóiqrneu siddueap cluaióesns o tdope elr deaejce iorctnaicel iso e dajeenr tcceircréiiodori, t ao  eeans  cteoc ruútoylt oimp laocz.aos ole  csoer retsopmoanrdáe ráenn   2021-1356n https://ww
cuando el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida
la nueva operación, no supere el 15 por ciento de los ingresos reconocidos por  Bc
operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de 
realizarse con anterioridad a que se haya producido la liquidación del presupuesto 
de  tal  ejercicio,  en  cuyo  caso  se  tomará  en  consideración  la  liquidación  del 
ejercicio anterior a este último.
El Presidente dará cuenta al Pleno u órgano equivalente de la entidad local en 
la primera sesión que se celebre de las operaciones que concierte.
En  los  casos  en  que  se  vayan  a  superar  estos  límites,  la  aprobación 
corresponderá al Pleno de la corporación u órgano equivalente.»
Nueve.  Artículo 130.
«Artículo 130.
1.  Las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el 
sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del 
Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con 
ahorro neto positivo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo 
plazo, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los 
ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los 
estados contables consolidados.
Las  entidades  locales  que  tengan  un  volumen  de  endeudamiento  que, 
excediendo al citado en el párrafo anterior, no supere el 110 por ciento de los 
ingresos corrientes liquidados podrán concertar operaciones de endeudamiento 
previa autorización del órgano de tutela financiera.
Las  entidades  que  presenten  ahorro  neto  negativo  o  un  volumen  de 
endeudamiento vivo superior al recogido en el párrafo anterior no podrán concertar 
operaciones de crédito a largo plazo.
A estos efectos, se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus 
organismos autónomos la diferencia entre los derechos liquidados por ingresos 
corrientes y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del 
estado  de  gastos,  minorada  en  el  importe  de  una  anualidad  teórica  de 
amortización  de  la  operación  proyectada  y  de  cada  uno  de  los  préstamos  y 
empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.
El  importe  de  la  anualidad  teórica  de  amortización  de  cada  uno  de  los 
préstamos  a  largo  plazo  concertados  y  de  los  avalados  por  la  corporación 
pendientes de reembolso, así como la de la operación proyectada, se determinará 
en todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota anual de 
amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación.
Se consideran ahorro neto en las entidades públicas empresariales y en las 
fundaciones  y  sociedades  mercantiles  locales  los  resultados  de  la  actividad 
ordinaria, excluidos los intereses de préstamos o empréstitos y minorados en una 
anualidad teórica de amortización, tal y como se define en el párrafo anterior.
En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de 
modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de 
tesorería.
No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas las operaciones de 
crédito garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la 
parte del préstamo afectado por dicha garantía.
Si  el  objeto  de  la  actividad  del  organismo  autónomo,  entidad  pública  e
empresarial o sociedad mercantil local es la construcción de viviendas, el cálculo  bo
del ahorro neto se obtendrá tomando la media de los dos últimos ejercicios. 56ww
aaahpfeoliccrPtraaoadd ronaose sl  taoaa   d yoel opdtseee rrlma cnaciniipvoaíentcule ilódsone sd   dee1en   cdlaaoe psu5 idti anaqlgm uyriee esc,n outposao ,le crs soeqsr ruudie ieenadrtfaeue scco itrtaaár oc ciseóo ln mini mpglepuregotasarrotle  se y dn/eoe xe  tllcro acasoár árilncdcugitnelroaer  rsdinooeossl     OE-A-2021-13able en https://
recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.
A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones 
vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, 
incrementado,  en  su  caso,  en  los  saldos  de  operaciones  formalizadas  no 
dispuestos y en el importe de la operación proyectada.
2.  En todo caso precisarán de la autorización del órgano de tutela financiera 
las operaciones de crédito a corto y largo plazo, la concesión de avales y las demás 
operaciones  que  modifiquen  las  condiciones  contractuales  o  añadan  garantías 
adicionales, con o sin intermediación de terceros, en los siguientes supuestos:
a)  Las  que  se  formalicen  en  el  exterior  o  con  entidades  financieras  no 
residentes en España, cualquiera que sea la divisa que sirva de determinación del 
capital de la operación proyectada, incluidas las cesiones a entidades financieras 
no  residentes  de  las  participaciones,  que  ostenten  entidades  residentes,  en 
créditos otorgados a las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes, 
fundaciones  y  sociedades  mercantiles  dependientes,  que  presten  servicios  o 
produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado.
b)  Las que se instrumenten mediante emisiones de deuda o cualquier otra 
forma de apelación al crédito público.
En relación con lo que se prevé en la letra a), no se considerarán financiación 
exterior las operaciones denominadas en euros que se realicen dentro del espacio 
territorial  de  los  países  pertenecientes  a  la  Unión  Europea  y  con  entidades 
financieras residentes en alguno de dichos países. Estas operaciones habrán de 
ser, en todo caso, comunicadas previamente al órgano de tutela financiera.
3.  Aquellas  operaciones  a  corto  plazo  que  financien  temporalmente 
inversiones y que superen las limitaciones reguladas en el artículo 128 de esta ley 
foral, precisarán de autorización, que solo será concedida cuando la entidad local 
justifique la disponibilidad de fondos para su cancelación a la fecha de vencimiento.
4.  En los casos en que, de acuerdo con las reglas establecidas en este 
artículo, se precise de autorización del órgano de tutela financiera para concertar 
la operación de crédito, no podrán adquirir firmeza los compromisos de gasto 
vinculados a tal operación, hasta tanto no se disponga de la correspondiente 
autorización. En este sentido, la comunicación del órgano de tutela financiera 
relativa a la autorización será remitida a la entidad local antes de dos meses 
desde la solicitud de la concertación de la operación de crédito.
5.  Las  Leyes  Forales  de  Presupuestos  Generales  de  Navarra  podrán, 
anualmente, fijar otras condiciones de acceso al crédito de las entidades locales 
cuando se den circunstancias que coyunturalmente puedan aconsejar tal medida 
por  razones  de  política  económica  general.  En  la  situación  de  prórroga 
presupuestaria, se podrán fijar límites a través de ley foral aprobada al efecto.
6.  En  el  plazo  máximo  de  un  mes  desde  que  se  suscriba,  cancele  o 
modifique una operación de préstamo, crédito o emisiones de deuda, en todas sus 
modalidades, los avales y garantías prestados en cualquier clase de crédito, las 
operaciones de arrendamiento financiero, así como cualesquiera otras que afecten 
a  la  posición  financiera  futura,  concertadas  por  las  entidades  locales  o  sus 
entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones públicas, se 
comunicará al órgano de tutela financiera las condiciones de la operación y su 
cuadro de amortización.»
Diez.  Artículo 131. oe.
«ArtLícousl oe n1t3e1s. dependientes de las entidades locales podrán concertar operaciones  2021-1356n https://ww
daeu tocrriézdaictoió ne nd ella Psl ecnoon ddiec iloan ceosr peosrtaacbilóenc irdeassp eecnti vloas e  ainrtfíocrumloes d per leac Iendteernvteens,c ipórne.»via
Once.  Artículo 140, adición de los apartados 4 y 5.
«4.  Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 
por ciento de la cuota del impuesto, cuando se trate de la vivienda que constituya 
el domicilio habitual de los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares 
de  familia  numerosa  o  de  familia  monoparental  o  en  situación  de 
monoparentalidad.
Las entidades locales, dentro de su autonomía municipal, podrán asimilar esta 
bonificación  a  contribuyentes  con  pensiones  no  contributivas,  perceptores  de 
Renta Garantizada o de Ingreso Mínimo Vital.
Esta bonificación estará sujeta a que las rentas del sujeto pasivo, excluidas las 
exentas, no superen cuatro veces el Salario Mínimo Interprofesional, pudiendo 
contemplar cada entidad local diferentes tramos en función de la renta hasta el 
máximo del 90 por ciento.
La  aplicación  de  esta  bonificación  estará  condicionada  a  que  no  haya 
transcurrido un plazo máximo de cinco años desde la aprobación o desde la última 
revisión de la Ponencia de Valoración total del municipio.
La  regulación  de  los  restantes  aspectos  sustantivos  y  formales  de  la 
bonificación se regulará mediante ordenanza fiscal.
5.  Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 por 
ciento de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se 
hayan  instalado  sistemas  para  el  aprovechamiento  térmico  o  eléctrico  de  la 
energía solar o de otras energías renovables.
Esta bonificación estará sujeta a que las rentas del sujeto pasivo, excluidas las 
exentas, no superen cuatro veces el Salario Mínimo Interprofesional, pudiendo 
contemplar cada entidad local diferentes tramos en función de la renta hasta el 
máximo del 90 por ciento.
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones 
para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente 
homologación por la administración competente.
La  regulación  de  los  restantes  aspectos  sustantivos  y  formales  de  la 
bonificación se regulará mediante ordenanza fiscal.»
Doce.  Artículo 150.1, adición de una letra g).
«g)  Los sujetos pasivos que tengan un importe neto de la cifra de negocios 
inferior a 1.000.000 de euros.
En  cuanto  a  los  contribuyentes  por  el  Impuesto  sobre  la  Renta  de  No 
Residentes, la exención solo alcanzará a los que operen en territorio español 
mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la 
cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.
En todo caso, será requisito para la aplicación de la exención que los sujetos 
pasivos no se hallen participados directa o indirectamente en un 25 por ciento o 
más por empresas que no reúnan el requisito del importe neto de la cifra de 
negocios previsto en esta letra, excepto que se trate de entidades de capital riesgo 
a que se refiere el artículo 94 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del 
Impuesto  sobre  Sociedades,  cuando  la  participación  sea  consecuencia  del 
cumplimiento del objeto social de estas últimas.
A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en  s
cuenta las siguientes reglas: oe.
1.ª  El importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo comprenderá los  56ww
iimngproerstoess  cdoer relas pvoenndtaie ndtee sl oas  lapsr oadcutcivtiodsa dye sd eo rldai nparreiassta dceió nla  deem pserervsiac,i odse duu coitdroass 
las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas, así como el Impuesto
sobre  el  Valor  Añadido,  y  otros  impuestos  directamente  relacionados  con  la 
mencionada cifra de negocios, que deban ser objeto de repercusión.
2.ª  El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de contribuyentes 
del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas,  del  Impuesto  sobre 
Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, el del período 
impositivo  cuyo  plazo  de  presentación  de  declaraciones  por  dichos  tributos 
hubiese finalizado el año anterior al de devengo de este impuesto.
En  el  caso  de  sociedades  civiles  que  no  tengan  la  consideración  de 
contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, así como de las entidades a que 
se refiere el artículo 25 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al 
penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto.
Si el período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el 
importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.
3.ª  Para el cálculo del importe de neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo 
se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por el mismo.
Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades conforme a lo 
establecido en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la 
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, el importe 
neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a 
dicho  grupo,  teniendo  en  cuenta  las  eliminaciones  e  incorporaciones  que 
correspondan por aplicación de la normativa contable. Igualmente se aplicará este 
criterio cuando una persona física por sí sola o conjuntamente con el cónyuge u 
otras personas físicas unidas por vínculos de parentesco en línea recta o colateral, 
consanguínea o por afinidad, hasta el segundo grado inclusive, se encuentren con 
relación a otras entidades de las que sean socios en alguno de los casos a que se 
refiere el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia 
de las entidades y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
4.ª  En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de 
No Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al 
conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.»
Trece.  Artículo 160.
«Artículo 160.
1.  Estarán exentos del impuesto:
a)  Los  vehículos  oficiales  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  Estado  y 
entidades locales.
b)  Los vehículos de oficinas consulares y funcionarios consulares de carrera 
acreditados  en  España,  que  sean  ciudadanos  de  los  respectivos  países, 
externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina 
en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c)  Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia 
sanitaria que pertenezcan a la Cruz Roja Española y a la Asociación DYA.
d)  Los vehículos matriculados a nombre de organizaciones sin ánimo de 
lucro para el traslado de personas con discapacidad. s
e)  Los vehículos especialmente adaptados. Asimismo, estarán exentos los  oe.
vehículos matriculados a nombre de personas con un grado de discapacidad igual  w.
o su1p.eº)r iorP arel 3se3n ptaorr  ciemnotovi lyid, aadd emreáds,u acildgau nac doen floarsm seig uiaeln teasn ceixrcou nsIIt andceial s:Real  2021-1356n https://ww
dDeecclraertaoc i1ó9n7, 1y/ 1ca9l9if9ic, adceió n2 3d edl eg rdaidcoie dmeb dreis, cdaep apcriodcaedd.imiento para reconocimiento,
2.º)  Presentar déficit cognitivo, intelectual o trastorno mental.
3.º)  Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 
con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos.
4.º)  Ser menor de edad.
La exención se limitará a un vehículo por persona.
f)  Los  autobuses  urbanos  adscritos  al  servicio  de  transporte  público  en 
régimen de concesión administrativa otorgada por el municipio de la imposición, o 
entidad local en que éste se integre para la prestación agrupada de dicho servicio.
g)  Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la 
Cartilla de Inscripción Agrícola.
2.  Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del 
apartado  1,  los  interesados  deberán  instar  su  concesión  indicando  las 
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  causa  de  beneficio.  Declarada  la 
exención  por  la  entidad  local  se  expedirá  un  documento  que  acredite  este 
extremo.»
Catorce.  Artículo 162.1.
«1.  El impuesto se exigirá con arreglo a las siguientes cuotas:
a)  Turismos:
– De menos de 8 caballos fiscales: 20,88.
– De 8 hasta 12 caballos fiscales: 58,72.
– De más de 12 hasta 16 caballos fiscales: 125,25.
– De más de 16 caballos fiscales: 156,63.
b)  Autobuses:
– De menos de 21 plazas: 146,12.
– De 21 a 50 plazas: 208,79.
– De más de 50 plazas: 260,99.
c)  Camiones:
– De menos de 1.000 kg de carga útil: 73,15.
– De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 146,12.
– De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil: 208,79.
– De más de 9.999 kg de carga útil: 260,99.
d)  Tractores:
– De menos de 16 caballos fiscales: 35,87.
– De 16 a 25 caballos fiscales: 71,72.
– De más de 25 caballos fiscales: 143,27.
e)  Remolques y semirremolques:
– De menos de 1.000 kg de carga útil: 36,61.
– De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 73,15. s
– De más de 2.999 kg de carga útil: 146,12. e.
f)  Otros vehículos: 56ww
–––   CMMioocttlooomcciiccollteeottraaesss  :hd 5ae,s 2mta2á .1s 2d5e  c1c2: 55 ,c2c6 h.asta 250 cc: 7,90. OE-A-2021-13able en https://
– Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc: 25,80.
– Motocicletas de más de 500 cc hasta 1.000 cc: 51,64.
– Motocicletas de más de 1.000 cc: 103,27.»
Quince.  Adición de un artículo 170 bis.
«Bonificaciones potestativas.  Artículo 170 bis.
Las  ordenanzas  fiscales  podrán  regular  una  bonificación  de  la  cuota  del 
impuesto de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u 
obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o 
eléctrico de la energía solar o de otras energías renovables. La aplicación de esta 
bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor 
incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la 
Administración competente.
La  regulación  de  los  restantes  aspectos  sustantivos  y  formales  de  la 
bonificación se establecerá mediante ordenanza fiscal.»
Dieciséis.  Artículo 173.1.
«1.  Están  exentos  de  este  impuesto  los  incrementos  de  valor  que  se 
manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:
a)  Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la 
sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se 
verifiquen y las trasmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus 
haberes comunes.
b)  Las transmisiones de toda clase de bienes por herencia, legado, dote, 
donación  o  cualquier  otro  título  gratuito  que  tenga  lugar  entre  ascendientes, 
descendientes y cónyuges.
c)  Las transmisiones de bienes entre cónyuges o a favor de los hijos, como 
consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación 
o divorcio, cualquiera que sea el régimen económico matrimonial.
No obstante, cuando se produjeran los negocios jurídicos mencionados en las 
letras a) a c) anteriores, y exista un incremento de valor sujeto pero exento, 
aquéllos no interrumpirán el plazo de veinte años previsto en el artículo 175. En la 
posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo 
largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los 
terrenos no se ha interrumpido por causa de los negocios jurídicos previstos en 
dichas letras. Asimismo, a efectos de lo previsto en el artículo 172.4, no se tomará 
como  valor  de  adquisición  el  correspondiente  a  los  mencionados  negocios 
jurídicos, sino el que corresponda a la anterior transmisión del inmueble por otros 
actos.
d)  La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
e)  Las transmisiones de bienes o la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo a favor de las entidades a 
las que resulte de aplicación el régimen fiscal previsto en la Ley Foral 10/1996, 
de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las Fundaciones y de las 
actividades de patrocinio, o a favor de las personas y entidades beneficiarias del 
mecenazgo cultural a que se refiere el artículo 4 de la Ley Foral 8/2014, de 16 
mayo,  reguladora  del  mecenazgo  cultural  y  de  sus  incentivos  fiscales  en  la  es
Comunidad Foral de Navarra. o
Para tener derecho a la exención regulada en esta letra, será preciso que tales  56ww
beisepneecsí ficoa  ddeer elcahso es ntsidea daefesc tdeen  laa  Llaesy  Facotriavli d1a0d/e1s9 9q6u, eo  cboiennst itau yloasn  plaro yfiencatloidsa do 
actividades realizados por las personas o entidades de la Ley Foral 8/2014, de 16
de mayo, que sean declarados de interés social por el departamento del Gobierno 
de Navarra competente en materia de cultura.»
Diecisiete.  Con efectos a partir del 1 de enero de 2021, los coeficientes máximos 
establecidos en el artículo 175.2 serán los siguientes:
«Coeficiente Período de generación
0,50 Igual o superior a 20 años
0,52 19 años
0,14 18 años
0,13 17 años
0,06 16 años
0,06 15 años
0,06 14 años
0,06 13 años
0,06 12 años
0,06 11 años
0,06 10 años
0,06 9 años
0,06 8 años
0,13 7 años
0,30 6 años
0,36 5 años
0,28 4 años
0,20 3 años
0,11 2 años
0,06 1 año
0,06 Inferior a 1 año»
Dieciocho.  Artículo 179.c), derogación.
Diecinueve.  Artículo 180.c), derogación.
Veinte.  Artículo 181.1.c), derogación.
Veintiuno.  Artículo 182.c), derogación.
Veintidós.  Artículo 183.c), derogación.
Veintitrés.  Artículo 200.3 y 4.
«3.  La  clasificación  por  programas  y  económica  de  la  estructura  del 
presupuesto de gastos responderá a los siguientes criterios:
a)  La clasificación por programas constará de tres niveles. El primero relativo  es
al área de gasto, el segundo a la política de gasto y el tercero al grupo de  bo
programa Esta clasificación podrá ampliarse en uno o dos niveles, relativos al  56ww
pcaarmoppgíbtlriu)aa lmros,Lae ae  ye l  cnssl aueusbgnipufoirnc ooadg codri aoóamsnl   anae ircvrteoeícsnleupósleom.c ityciv aea lcm oteenrnsctteear.roá  adle c torensc enpitvoe.l eEss, tae l cplarismifeicraoc rióenla tpivood raál   OE-A-2021-13able en https://
4.  La aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito 
presupuestario vendrá definida, al menos, por la conjunción de las clasificaciones 
por programas y económica.
En el caso de que la entidad local opte por utilizar la clasificación orgánica, 
esta integrará, así mismo, la aplicación presupuestaria.
El  control  contable  de  los  gastos  se  realizará  sobre  la  aplicación 
presupuestaria, y el fiscal, sobre el nivel de vinculación jurídica, tal y como se 
establece en el artículo 208.»
Veinticuatro.  Artículo 208.2 y 3.
«2.  En  las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  se  podrá  establecer  la 
vinculación de los créditos para gastos en los niveles de desarrollo por programas, 
económico y en su caso orgánico, que la entidad local considere necesarios para 
su adecuada gestión.
3.  Las  entidades  locales  que  hagan  uso  de  la  facultad  recogida  en  el 
apartado anterior deberán respetar, en todo caso, las siguientes limitaciones en 
cuanto a los niveles de vinculación:
a)  Respecto de la clasificación por programas, el área de gasto.
b)  Respecto de la clasificación económica, el capítulo.»
Veinticinco.  Adición de un artículo 210 bis.
«Artículo 210 bis.
1.  Las  entidades  locales  navarras  podrán  iniciar  la  tramitación  de 
expedientes de gastos de forma anticipada a la existencia del correspondiente 
crédito presupuestario, en el mismo ejercicio o en el anterior a aquél a cuyo 
presupuesto vayan a ser imputados.
El inicio del expediente se acompañará necesariamente de un informe de 
Intervención  que  refleje  expresamente  el  carácter  anticipado  del  gasto  y  su 
sometimiento a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y 
suficiente.
2.  En todo caso, los pliegos o condicionados de cláusulas administrativas 
particulares, las convocatorias de las subvenciones o los documentos que, según 
la naturaleza del gasto, resulten necesarios deberán contener prevención expresa 
de que el gasto cuya tramitación se anticipa y, en su caso, la adjudicación o 
resolución quedan sometidos a la condición suspensiva de la existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones de que se trate en el ejercicio 
correspondiente.»
Veintiséis.  Artículo 213.1.
«1.  Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar 
indistintamente con alguno o algunos de los siguientes recursos:
a)  Con cargo al remanente líquido de tesorería.
b)  Con nuevos ingresos que se prevea recibir en el ejercicio o con mayores 
ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto 
corriente. e.e
c)  Mediante  anulaciones  o  bajas  de  créditos  de  otras  aplicaciones  w.b
presupuestarias del presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se  56ww
estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio.»
Veintisiete.  Artículo 213, adición de un apartado 4.
«4.  Excepcionalmente y hasta el momento de aprobación de la liquidación 
del presupuesto del ejercicio anterior, se podrá financiar con recursos no utilizados 
del ejercicio anterior las modificaciones necesarias para atender los nuevos o 
mayores  gastos.  Será  preceptivo  informe  de  Intervención  sobre  la  efectiva 
disponibilidad de la financiación.»
Veintiocho.  Artículo 214.2 y 3.
«2.  Cuando las bases de ejecución del Presupuesto así lo establezcan, el 
acuerdo inicial adoptado por el Pleno para la concesión de los citados créditos 
será sometido a exposición pública en el tablón de anuncios de la Corporación por 
un plazo de quince días naturales con el fin de que los vecinos o interesados 
puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.
Transcurrido dicho plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o 
alegaciones,  el  acuerdo  de  aprobación  inicial  se  entenderá  aprobado 
definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período de exposición 
pública.
Si  se  formularan  reclamaciones  o  alegaciones,  el  Pleno  deberá  adoptar 
acuerdo expreso relativo a la resolución de aquellas y a la aprobación definitiva de 
la  modificación  propuesta,  que  entrará  en  vigor  una  vez  publicado  el  texto 
definitivo en el tablón de anuncios de la entidad local.
En ausencia de previsión al efecto en las bases de ejecución, la tramitación y 
aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción a los mismos 
trámites  y  requisitos  sobre  información,  reclamación  y  publicidad  que  los 
presupuestos.
3.  Los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la concesión 
de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, en casos de calamidad 
pública o de naturaleza análoga, serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de 
las reclamaciones que contra  los mismos se promuevan, las cuales deberán 
sustanciarse  dentro  de  los  ocho  días  naturales  siguientes  a  la  presentación, 
entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro 
de dicho plazo.»
Veintinueve.  Artículo 216.2 y 3.
«2.  La aprobación de las transferencias de crédito entre distintas áreas de 
gasto será, en todo caso, competencia del Pleno de la Corporación, salvo cuando 
las bajas y las altas afecten a créditos de personal.
3.  Las modificaciones presupuestarias a que se refiere el presente artículo, 
cuando sean competencia del Pleno, se tramitarán conforme a lo previsto en el 
artículo 214.2 de la presente ley foral.»
Treinta.  Artículo 217, adición de un apartado 3.
«3.  Los  acuerdos  de  las  entidades  locales  que  tengan  por  objeto  la 
aprobación de transferencias de crédito entre distintas áreas de gasto, en casos 
de calamidad pública o de naturaleza análoga, serán inmediatamente ejecutivos 
sin perjuicio de las reclamaciones que contra los mismos se promuevan, las cuales  s
deberán  sustanciarse  dentro  de  los  ocho  días  naturales  siguientes  a  la  oe.
presentación,  entendiéndose  desestimadas  de  no  notificarse  su  resolución  al  w.
recurrente dentro de dicho plazo.» 56ww
Treinta y uno.  Artículo 219.5 y adición de un apartado 6.
«5.  No  obstante,  los  remanentes  de  crédito  que  amparen  proyectos
financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente sin que
les sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que 
se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que 
se  haga  imposible  su  realización.  Asimismo,  serán  incorporables  durante  el 
periodo  de  tiempo  que  transcurra  hasta  la  aprobación  de  la  liquidación  del 
presupuesto del ejercicio anterior.
6.  Excepcionalmente y hasta el momento de aprobación de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio anterior, se podrán incorporar los créditos no utilizados 
descritos en el apartado 1 del presente artículo, financiados, entre otros, con 
recursos  no  utilizados  del  ejercicio  anterior.  Será  preceptivo  informe  de 
intervención  sobre  la  efectiva  existencia  del  crédito  y  la  disponibilidad  de  la 
financiación.»
Treinta y dos.  Artículo 227.2.
«2.  Corresponderá  al  Presidente  de  la  entidad  local,  previo  informe  de 
Intervención,  la  aprobación  antes  del  31  de  marzo  de  la  liquidación  de  los 
presupuestos  de  la  entidad  local  y  de  los  organismos  autónomos  de  ella 
dependientes, previa aprobación en este último caso por el órgano competente.»
Treinta y tres.  Artículo 227, adición de un apartado 3.
«3.  Las entidades locales remitirán dicha liquidación debidamente aprobada 
a la Administración de la Comunidad Foral, en el plazo de los quince días hábiles 
siguientes a su aprobación.»
Treinta y cuatro.  Artículo 242.1.
«1.  Los  estados  y  cuentas  de  la  entidad  local  serán  formados  por  su 
Presidente antes del día 30 de abril del ejercicio siguiente al que correspondan. 
Los  de  los  organismos  autónomos,  sociedades  mercantiles  cuyo  capital 
pertenezca íntegra o mayoritariamente a aquella, u otros entes dependientes de la 
entidad local, rendidos y propuestos inicialmente por los órganos competentes de 
los mismos, serán remitidos a la entidad local en el mismo plazo.»
Treinta y cinco.  Adición de un artículo 242 bis.
«Artículo 242 bis.
1.  La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás 
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las entidades locales de 
Navarra y de sus entes dependientes se realizará en un marco de estabilidad 
presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera,  coherente  con  la  normativa  foral, 
estatal, y europea.
2.  Para la aplicación de la Regla de Gasto, la variación interanual de los 
gastos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda y la parte del gasto 
financiado  con  fondos  finalistas  procedentes  de  la  Unión  Europea,  de  otras 
Administraciones Públicas, de la gestión urbanística u otros de carácter finalista, 
no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto 
de medio plazo de la economía española.»
Treinta y seis.  Adición de un artículo 242 ter. bo
«Art1íc. uloE n2 4c2a steor .de incumplimiento al cierre del ejercicio del objetivo de estabilidad
apdremsiunpisuterasctaiórina ,i ndcueml  polbidjeotriav of ordmeu ldaeráu duan  pplúabnl iceac onoó mdeic ol-afi narengcliae rod eq ueg apsetorm, itlaa   BOE-A-cable e
en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de 
gasto.
2.  En  el  caso  de  que  el  incumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria se deba a la financiación de gastos con Remanente de Tesorería, 
se sustituirá el plan económico-financiero por una comunicación del órgano que 
ejerza las funciones de Intervención al Pleno de la Corporación constatando tal 
circunstancia,  junto  con  un  análisis  y  evaluación  del  incumplimiento  y  de  la 
sostenibilidad financiera de la Corporación Local. Se actuará del mismo modo en 
el caso de que el incumplimiento se derive de la ejecución de proyectos de gasto 
con desviaciones de financiación anuales negativas.
3.  Aquellas entidades que no cumplan la regla de gasto podrán sustituir el 
plan por una comunicación al Pleno del órgano que ejerza las funciones de 
Intervención, en el que se analice, evalúe y acredite la sostenibilidad financiera de 
la entidad, siempre y cuando liquiden el presupuesto del ejercicio al que se refiera 
el incumplimiento con remanente de tesorería para gastos generales y ahorro neto 
positivo  y  cumplan  los  objetivos  de  déficit  y  deuda  pública  para  el  siguiente 
ejercicio.
4.  En los supuestos contemplados en los  apartados 2  y 3 del presente 
artículo,  el  acta  de  la  sesión  del  Pleno,  junto  con  el  informe  del  órgano  de 
Intervención y demás documentación que sirva de soporte, será remitido al órgano 
de tutela financiera quien, en el plazo de 30 días desde su recepción, podrá 
requerir la información adicional que considere precisa, así como la adopción de 
medidas  complementarias,  entre  las  que  podrá  encontrarse  la  exigencia  de 
elaboración de un plan económico-financiero, en garantía de la sostenibilidad 
financiera de la entidad local. Transcurrido el plazo señalado sin que por parte del 
órgano de tutela financiera se haya adoptado resolución expresa, se entenderá 
que no se precisa la adopción de medidas complementarias.»
Treinta y siete.  Artículo 248.2.
«2.  El Pleno podrá acordar, a propuesta del Presidente y previo informe del 
órgano interventor, que la intervención previa se limite a comprobar los siguientes 
extremos:
a)  La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado 
a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer, así como el 
cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 224 y siguientes en los casos en 
que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual.
b)  Que las obligaciones o gastos se proponen por órgano competente.
c)  Aquellos  otros  extremos  que,  por  su  trascendencia  en  el  proceso  de 
gestión, se determinen por el Pleno.
El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que 
considere convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos 
suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.»
Treinta y ocho.  Artículo 248, adición de un apartado 5.
«5.  El Gobierno de Navarra determinará reglamentariamente los supuestos 
en los que las entidades locales podrán acogerse a un régimen de control interno  es
simplificado, así como las características del mismo.» o
Disposición  adicional  primera.  Compensación  a  favor  de  las  entidades  locales  por 
pérdida  de  ingresos  derivada  de  la  reforma  del  Impuesto  sobre  actividades 
económicas.
Con la finalidad de preservar el principio de suficiencia financiera de las entidades 
locales y para dar cobertura a la posible merma de ingresos que aquéllas pudieran 
experimentar  como  consecuencia  de  la  reforma  del  Impuesto  sobre  actividades 
económicas, los ayuntamientos de Navarra percibirán una aportación del Fondo de 
Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra.
Disposición  adicional  segunda.  Deudas  derivadas  de  sentencias  judiciales  o 
resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra.
1.  En el ejercicio 2021 las entidades locales de Navarra, con carácter excepcional, 
podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo para financiar el abono de deudas 
derivadas de sentencias judiciales firmes o de resoluciones del Tribunal Administrativo 
de Navarra que afecten a la entidad local o a cualquiera de sus entidades dependientes 
o participadas, estén o no clasificadas en el sector administraciones públicas de acuerdo 
con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas.
2.  Las operaciones de endeudamiento que se concierten al amparo de la presente 
disposición requerirán la autorización previa por parte del órgano competente en materia 
de tutela financiera y se destinarán exclusivamente al abono de las deudas relacionadas 
en el apartado 1 anterior.
3.  La entidad local que se acoja a la presente disposición aprobará un plan de 
saneamiento financiero, que deberá ser enviado al órgano de tutela financiera junto con 
la solicitud de autorización, en el que se analice su capacidad para hacer frente a las 
obligaciones de pago actuales y futuras y que se comprometa a adoptar las medidas de 
sostenibilidad financiera necesarias para ello.
4.  El órgano interventor de la entidad local deberá emitir un informe anual del 
cumplimiento del plan de saneamiento, y presentarlo al Pleno de la corporación local 
para su conocimiento, así como remitirlo al órgano competente en materia de tutela 
financiera.
En el caso de que se produzca un incumplimiento del citado plan, la entidad local no 
podrá concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para financiar cualquier 
modalidad de inversión. Además, por parte del órgano competente en materia de tutela 
financiera  se  podrán  proponer  medidas  extraordinarias  que  deberán  adoptar  las 
entidades locales afectadas.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley Foral por la que se establece la 
cuantía y reparto del Fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos 
de Navarra por transferencias corrientes y otras ayudas para el año 2020.
Con efectos a partir del 1 de enero de 2021, se añade un artículo 15 a la Ley 
Foral 3/2020, de 27 de febrero, por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de 
participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra por transferencias 
corrientes y otras ayudas para el año 2020, con la siguiente redacción:
«Artículo  15.  Compensación  a  ayuntamientos  de  Navarra  por  pérdida  de 
ingresos derivada de la reforma del Impuesto sobre actividades económicas. s
Los  ayuntamientos  de  Navarra  percibirán  una  aportación  del  Fondo  de  w.b
Participación de las Haciendas Locales en concepto de compensación por la  56ww
epcéordniódma icdaes .recaudación derivada de la reforma del Impuesto sobre actividades
EcoEnol mimípao ryt eH daec liae nadpao,r taa cipóanr tsire  ddee telorms indaartáo sa ndueal lmReengties tproo r deel lD Iemppaurteasmtoe nstoob dree 
actividades económicas, correspondientes al periodo impositivo anterior.
El importe de la aportación para cada municipio cuya población sea igual o 
inferior a 5.000 habitantes será el 100 por ciento de las cuotas tributarias del 
período  impositivo  que  le  hubieran  correspondido  por  el  Impuesto  sobre 
actividades económicas, de no existir la exención, por los contribuyentes que 
tengan un importe neto de cifra de negocios inferior a 1.000.000 euros. En el caso 
de municipios cuya población sea superior a 5.000 habitantes esta aportación será 
del 95 por ciento.
A efectos de determinar dichas cuotas tributarias, los índices a que se refiere 
el artículo 154 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 
Navarra, serán los aplicados por cada ayuntamiento en el ejercicio 2020.»
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Navarra».
Yo,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  22  de  la  Ley  Orgánica  de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de 
S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en el «Boletín Oficial de 
Navarra» y su remisión al «Boletín Oficial del Estado» y mando a los ciudadanos y a las 
autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.
Pamplona, 29 de diciembre de 2020.–La Presidenta de la Comunidad Foral de 
Navarra, María Chivite Navascués.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» número 304, de 31 de diciembre de 2020)