BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47511
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6603 Sala Primera. Sentencia 57/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo  5866-2019.  Promovido  por  doña  María  Virtudes  Carnicel  Flores 
respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de lo penal de Alcalá de 
Henares en ejecutoria de sentencia condenatoria por un delito de abandono 
de familia. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la 
jurisdicción): resolución que, en aplicación del precepto legal anulado por la 
STC 151/2020, de 22 de octubre, impide la revisión judicial del decreto de la 
letrada de la administración de justicia.
ECLI:ES:TC:2021:57
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5866-2019, promovido por doña María Virtudes 
Carnicel Flores, representada por la procuradora de los tribunales doña Teresa Campos 
Montellano y asistida por el abogado don Carlos Alonso Miguel, contra el decreto del 
Juzgado de lo Penal núm. 6 de Alcalá de Henares de 29 de julio de 2019 desestimatorio 
del recurso de reposición interpuesto contra la diligencia de ordenación de 5 de febrero 
de  2019  dictada  en  el  expediente  de  ejecución  núm.  232-2018.  Ha  intervenido  el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el presidente don Juan José González Rivas.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 14 octubre de 2019, doña María 
Virtudes Carnicel Flores, representada por la procuradora de los tribunales doña Teresa 
Campos  Montellano  y  bajo  la  dirección  del  letrado  don  Alberto  Jiménez  Gómez, 
interpuso recurso de amparo contra las resoluciones referidas en el encabezamiento.
2.  Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamente 
expuestos, los siguientes:
a)  El Juzgado de lo Penal núm. 6 de Alcalá de Henares, en el procedimiento 
abreviado núm. 12-2017, dictó sentencia, en fecha 22 de marzo de 2018, condenando a 
don Pedro Alfonso Cerezo Caballero como autor de un delito de abandono de familia del  s
artículo 227.1 y 3 del Código penal, con la agravante de reincidencia, a la pena de multa  e.
de quince meses de duración, con la cuota diaria de seis euros y responsabilidad  w.
personal subsidiaria del artículo 56 del Código penal en caso de impago. 03ww
cantLidea dco dned e2n0ó 6, 4a0s,1im9 is€m poo,r  laa si nmdeenmsnuiazalidr aad edso ñdae bMidaarsí,a y  Vailr tpuadgeos  dCea lransi cceol sFtalosr.es en la
b)  Mediante auto de fecha 31 de mayo de 2018 del Juzgado de lo Penal núm. 6 de 
Alcalá de Henares, tras la firmeza de la sentencia y la incoación de la ejecutoria núm. 
232-2018, se acordaron las diligencias necesarias para la ejecución de aquella.
c)  La representación procesal de doña María Virtudes Carnicel Flores, mediante 
escrito registrado el día 4 de febrero de 2019, solicitó que se procediera por la letrada de 
la administración de justicia del Juzgado de lo Penal núm. 6 de Alcalá de Henares, a la 
tasación de costas, acompañando minuta de la letrada y nota de derechos suplidos del 
procurador.
d)  La letrada de la administración de justicia dictó diligencia de ordenación de 
fecha 5 de febrero de 2019 con siguiente contenido:
«Por recibido el escrito de la representación de doña María Virtudes Carnicel Flores 
solicitando tasación de costas y no constando en la sentencia de fecha 22 de marzo 
de 2018 condena en costas expresamente en favor de la acusación particular, no ha 
lugar a lo solicitado».
e)  Por la representación procesal de doña María Virtudes Carnicel se interpuso 
recurso de reposición contra la anterior diligencia de ordenación, alegando como motivo 
único la vulneración el artículo 18.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del criterio 
general de la imposición al condenado de las costas de la acusación particular.
f)  Tras  su  oportuna  tramitación,  el  recurso  de  reposición  fue  desestimado  por 
decreto de la letrada de la administración de justicia de 29 de julio de 2019.
En su fundamento de derecho primero se recoge lo siguiente: «[...] no hay condena 
en costas con expresa inclusión de las de la acusación particular. Así, de la misma 
manera que el art. 124 CP establece claramente que en los delitos solo perseguibles a 
instancia de parte se incluirán las costas de la acusación particular, ello no puede 
entenderse con respecto al resto de los delitos, será la sentencia la que condene o no en 
costas,  con  imposición  de  las  de  la  acusación  particular,  no  pudiendo  entenderse 
incluidas  tácitamente  cuando  el  art.  123  CP  nada  dice  al  respecto.  La  condena  a 
satisfacer  las  costas  de  la  acusación  particular  no  se  halla  incluida  dentro  del 
pronunciamiento genérico de condena en costas, sino que exige un pronunciamiento 
expreso, previa la posibilidad de la contraparte de alegar sobre lo peticionado ya que, lo 
contrario, supondría causar indefensión. Su inclusión, como dice la jurisprudencia, no 
exige justificación alguna por parte del juez sentenciador, pero sí la inclusión de las 
mismas en la sentencia».
Al pie del citado decreto se expresa: «Contra la presente resolución no cabe recurso 
alguno. Art. 238 bis LECrim».
Dicho decreto fue notificado a la parte demandante de amparo el día 5 de septiembre 
de 2019.
3.  La demanda de amparo se dirige contra el citado el decreto de 29 de julio 
de  2019  dictado  por  el  Juzgado  de  lo  Penal  núm.  6  de  Alcalá  de  Henares,  por 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en cuanto determina el 
fin del procedimiento sin posibilidad alguna de ser revisado por el titular de la potestad 
jurisdiccional.
Reconoce la parte recurrente que dicha resolución lo único que hace es aplicar lo 
establecido en el art. 238 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim), si bien dicho 
precepto constituye una vulneración del art. 24.1 CE en relación con el 117.3 CE. A su 
juicio,  la  ausencia  de  recurso  entra  en  conflicto  con  el  denominado  principio  de  s
exclusividad, que, en su vertiente positiva, otorga a los jueces y tribunales la potestad  oe.
jurisdiccional, y que, asimismo, dentro de dicha potestad se integra otra función de los  w.
jaule acrRet.se 2 cy4u  teCrribEdua, n tqraaulneess c,e rcli budiaeelrn eedcsoh  loap  aadr ecli aas letmur tegenalatre aj unladt eiScsTi adCle  e 1lfa4e 7ctut/i1vte9al9 ae4 js.utdaibclieacl iedfae cetniv ae le asrtta. b2le4c CidEa  enno   2021-6603n https://ww
se extiende sólo a la resolución que se pronuncie sobre el fondo, sino que ha de ser
respetado en todas las etapas del procedimiento judicial y en todas las manifestaciones
de este haz de derechos, por lo que respecto de las resoluciones del letrado de la 
administración de justicia que pueden tener trascendencia para dicho derecho, «deberán 
existir mecanismos procesales que posibiliten el control judicial».
Subraya que esta tesis es la establecida por las SSTC 34/2019, de 14 de marzo; 
72/2018, de 21 de junio, y 58/2016 de 17 de marzo, en casos sustancialmente iguales, y 
reproduce parte de esta última sentencia.
Concluye  señalando  que,  en  el  presente  supuesto,  al  finalizar  el  procedimiento 
mediante decreto denegando la tasación de costas y sin poder ser este recurrido, se ha 
generado  un  espacio  de  «inmunidad  jurisdiccional»,  donde  ha  sido  imposible  de 
salvaguardar el art. 24 CE, por cuanto la misma equivale a la desestimación de su 
pretensión de costas debidamente concedida en sentencia, vedándose a la parte la 
posibilidad «de suscitar debate alguno ante el juzgador por la falta de motivación del 
decreto, o por su motivación errónea o ilógica».
La demanda justifica la especial trascendencia constitucional del recurso alegando 
que la vulneración del derecho fundamental procede de «la propia Ley de enjuiciamiento 
criminal y en concreto de su artículo 238 bis (SSTC 118/2014, de 8 de julio, FJ 2, 
y 128/2014, de 21 de julio, FJ 2)».
Termina suplicando que se declare vulnerado el derecho de la parte recurrente a la 
tutela judicial efectiva (art. 24 CE) por la vulneración del derecho al recurso (art. 238 bis 
LECrim) y por vedarse el control jurisdiccional de las resoluciones del letrado de la 
administración de justicia (art. 117.3 CE), se restablezca a la recurrente en la integridad 
de sus derechos y, en consecuencia, se declare la nulidad del decreto del Juzgado de lo 
Penal núm. 6 de Alcalá de Henares, de fecha 29 de julio de 2019, dictado en el 
expediente  de  ejecución  núm.  232-2018,  a  fin  de  que  se  dicte  nueva  resolución 
respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
4.  Por diligencia de ordenación del secretario de justicia de la Sección Primera de 
este tribunal de fecha 17 de octubre de 2019 se concedió a la parte recurrente un plazo 
de diez días para la subsanación de los defectos advertidos en la comparecencia y en la 
documentación que se acompañaba, lo que llevó a cabo seguidamente. Por diligencia de 
ordenación de 18 de febrero de 2020, se tuvo por designado al letrado don Carlos 
Alonso Miguel para la defensa de la recurrente, en sustitución de don Alberto Jiménez 
Gómez.
5.  Mediante providencia de 21 de septiembre de 2020, la Sección Primera de este 
tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo presentada al apreciar 
que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), 
como consecuencia de que la posible vulneración del derecho fundamental que se 
denuncia pudiera provenir de la ley [STC 155/2009, FJ 2 c)].
En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  art.  51  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC), se acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Penal 
núm. 6 de Alcalá de Henares, a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, 
remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  al 
expediente de ejecución núm. 232-2018 y procediese a emplazar a quienes hubieran 
sido parte en el procedimiento, a excepción de la parte recurrente en amparo, para que 
en el plazo de diez días pudiesen comparecer, si lo desean, en el presente proceso 
constitucional.
6.  Recibidas  las  actuaciones  requeridas  del  órgano  judicial,  por  diligencia  de  s
ordenación del secretario de justicia de la Sección Primera de este tribunal de fecha 3 de  oe.
noviembre de 2020, se acordó, con arreglo al art. 52 LOTC, conceder a las partes  w.
lpaesr saocntuaadcaios nye sa,l  fMorimniustlaesrieon F aislecgaal ceiol npelasz.o común de veinte días para que, con vista de  2021-6603n https://ww
aleg7a.c ioEnne sf eecnh ae 2l 0q udee  tneormvieinmab rseo lidceit a2n0d2o0  qeul eM sineis teesrtioim Fei secla lr epcruersseon tód es ua mespcarrioto,  dsee   BOE-A-cable e
declare vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente y se ordene 
retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente posterior al dictado del decreto 
de  29  de  julio  de  2019,  para  que  el  juzgado  provea  a  la  reparación  del  derecho 
fundamental vulnerado.
Tras relatar los antecedentes fácticos, resumir las alegaciones formuladas por la 
recurrente y trascribir los fundamentos jurídicos 3 y 4 de la STC 151/2020, argumenta la 
fiscal ante el Tribunal Constitucional que este tribunal ha declarado inconstitucional y 
nulo el art. 238 bis, último párrafo, de la Ley de enjuiciamiento criminal y que las mismas 
razones que han determinado la nulidad de dicha norma son las que deben conducir al 
otorgamiento del amparo (en sentido similar, STC 33/2020).
Además, tal como se establece se establece en la STC 151/2020, en tanto el 
legislador no habilite legalmente un medio de impugnación que permita el control judicial 
de las resoluciones del letrado de la administración de justicia, que el apartado declarado 
nulo impedía, resultará procedente la formulación del recurso de revisión contra aquel 
decreto.
8.  Por providencia de 11 de marzo de 2021, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto de impugnación.
El presente recurso de amparo se dirige contra el decreto del Juzgado de lo Penal 
núm. 6 de Alcalá de Henares, de fecha 29 de julio de 2019, desestimatorio del recurso 
de reposición interpuesto contra la diligencia de ordenación de 5 de febrero de 2019 
dictada en el expediente de ejecución núm. 232-2018, en cuanto que establece que 
contra el mismo no cabe interponer recurso alguno.
2.  Posiciones de las partes.
Como con más detalle se ha indicado en el apartado de antecedentes, la parte 
recurrente no dirige su pretensión de amparo constitucional contra el contenido material 
del  decreto  impugnado,  en  cuanto  desestimó  el  recurso  de  reposición  por  ella 
interpuesto, sino en cuanto no le da pie de recurso, lo que determina la imposibilidad de 
acceder a la tutela jurisdiccional de sus derechos e intereses legítimos, reconocida en el 
art. 24 CE, que no tienen atribuida los letrados de la administración de justicia. Sostiene 
que la regulación del artículo 238 bis LECrim, que expresamente proclama que «contra 
el  decreto  del  secretario  judicial  que  resuelva  el  recurso  de  reposición  no  cabrá 
interponer recurso alguno», lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y 
el principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE).
El Ministerio Fiscal defiende la pretensión de la parte recurrente con argumentos 
sustancialmente coincidentes con los expuestos por esta, y con reproducción de la 
STC  151/2020,  de  22  de  octubre,  conforme  ha  quedado  reflejado  en  el  relato  de 
antecedentes.
3.  Análisis jurisprudencial: Incidencia de la sentencia 151/2020.
El último párrafo del art. 238 bis LECrim, en la redacción dada por la Ley 13/2009, 
de 3 de noviembre, establecía que contra «el decreto del secretario judicial que resuelva  s
el recurso de reposición no cabrá interponer recurso alguno». o
La STC 151/2020, de 22 de octubre, del Pleno de este tribunal, estimó la cuestión  w.
eninfuteelicdrtnaivada   dgdeae r aidnnicctiohznaosd topit rupecociroe nepalt oali,dr ta.p d2o 4r n.1vú umClnE. e.r1a2r3 1e-l2 0d2e0re, chy o dfeucnladraóm elan tainl coan slati tutuctieolnaa ljiuddaidc iayl   2021-6603n https://ww
Se concluye en la STC 151/2020, FJ 4, que «el último párrafo del art. 238 bis LECrim
excluye todo control jurisdiccional del decreto del letrado de la administración de justicia
que resuelve el recurso de reposición y cierra la posibilidad de una tutela de derechos e 
intereses legítimos que la Constitución contempla que sea siempre dispensada por los 
jueces y tribunales, creando un sector de inmunidad que no se compadece con el 
art. 24.1 CE, ni con lo previsto en el art. 117.3 CE. […]. En definitiva, el precepto 
cuestionado vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1), ya que crea un 
régimen de impugnación de las decisiones de los letrados de la administración de justicia 
generador de un espacio inmune al control jurisdiccional. En coherencia con ello, se 
debe declarar la inconstitucionalidad y nulidad del precepto cuestionado, precisando, al 
igual que se hizo en las SSTC 58/2016, FJ 7; 72/2018, FJ 4; 34/2019, FJ 7, y 15/2020, 
FJ  3,  que,  en  tanto  el  legislador  no  se  pronuncie  al  respecto,  el  recurso  judicial 
procedente frente al decreto del letrado de la administración de justicia resolutivo de la 
reposición sea el directo de revisión».
4.  Aplicación al caso concreto.
La declaración de inconstitucionalidad y nulidad del último párrafo del art. 238 bis 
LECrim por la STC 151/2020 determina la estimación de la queja de la recurrente 
referida al decreto de la letrada de la administración de justicia de 29 de julio de 2019, 
que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la diligencia de ordenación 
de 5 de febrero de 2019 y señala que contra ese decreto no cabe interponer recurso 
alguno, de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 bis LECrim.
En efecto, los mismos razonamientos que han conducido en la STC 151/2020 a 
declarar la inconstitucionalidad y nulidad del último párrafo de esta norma deben llevar 
en el presente caso a apreciar que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva 
(art.  24.1)  de  la  recurrente  y  a  anular,  en  consecuencia,  el  decreto  referido  en  el 
particular expuesto.
En palabras de nuestra doctrina, la resolución ahora impugnada, de aplicación del 
artículo 238 bis LECrim, declarado inconstitucional, materializa la misma vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva ex art. 24.1 CE que apreciamos en la norma en la que 
tiene  su  fuente  (STC  125/2019,  de  31  de  octubre,  FJ  4,  con  cita,  por  todas,  de 
STC 159/1997, de 2 de octubre, FJ 6; citada, entre muchas, en las SSTC 91/2007, de 7 
de mayo, FJ 4; 46/2008, de 10 de marzo, FJ 2, y 74/2017, de 19 de junio, FJ 2).
5.  Conclusión.
Los razonamientos expuestos conducen a la estimación del recurso y apreciada la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por la resolución dictada por la letrada 
de la administración de justicia, bastará, en orden a restablecer a la recurrente en la 
integridad de su derecho, con declarar la nulidad del citado decreto en cuanto señalaba 
que contra el mismo no cabía interponer recurso alguno; y retrotraer las actuaciones 
para que el órgano judicial le confiera la posibilidad de interponer recurso de revisión 
frente al referido decreto, de acuerdo con lo establecido en la STC 151/2020, FJ 4.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido s
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la representación procesal de doña  w.b
María Virtudes Carnicel Flores, y, en su virtud: 03ww
efec1ti.vºa  sDine cinladreafre nqsuióen  h(aa rts. i2d4o. 1v CulEne).rado su derecho fundamental a la tutela judicial  OE-A-2021-66able en https://
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del decreto de 29 de 
julio de 2019 dictado por el Juzgado de lo Penal núm. 6 de Alcalá de Henares en el 
expediente de ejecución núm. 232-2018, en cuanto estableció que contra el mismo no 
cabe interponer recurso alguno.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente posterior al dictado del 
citado decreto para que el Juzgado de lo Penal núm. 6 de Alcalá de Henares provea a la 
reparación del derecho fundamental vulnerado en los términos que se especifican en el 
fundamento jurídico quinto de esta sentencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de marzo de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.