BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Martes 9 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 138502
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
18369 Sala Segunda. Sentencia 166/2021, de 4 de octubre de 2021. Recurso de 
amparo 206-2021. Promovido por don Guillem Padilla Castelló respecto de 
los  autos  de  la  Audiencia  Provincial  y  de  un  juzgado  de  instrucción  de 
Barcelona que inadmitieron su querella por presuntos delitos de torturas, 
lesiones  leves,  contra  la  integridad  moral  y  contra  las  garantías 
constitucionales.  Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin 
indefensión en relación con su derecho a no ser sometido a torturas ni a 
tratos inhumanos o degradantes: investigación insuficiente de una denuncia 
de tortura o tratos inhumanos y degradantes que se dicen sufridos bajo 
custodia policial (STC 34/2008).
ECLI:ES:TC:2021:166
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 206-2021, promovido por don Guillem Padilla Castelló, 
representado  por  el  procurador  de  los  tribunales  don  Adolfo  Morales  Hernández-
Sanjuán, bajo la dirección letrada de doña Norma Pedemonte i Rubió, contra el auto de 
la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de noviembre de 2020, 
que desestimó el recurso de apelación (rollo núm. 634-2020) interpuesto contra el auto 
del Juzgado de Instrucción núm. 11 de Barcelona de 16 de septiembre de 2020, por el 
que se acordó la desestimación de la querella por presuntos delitos de torturas, lesiones 
leves, contra la integridad moral y contra las garantías constitucionales (artículos 174, 
147.2, 175 y 535 del Código penal, respectivamente). Ha intervenido el Ministerio Fiscal. 
Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  El  procurador  de  los  tribunales  don  Adolfo  Morales  Hernández-Sanjuán,  en 
nombre y representación de don Guillem Padilla Castelló, y bajo la dirección de la letrada 
doña Norma Pedemonte i Rubió, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones 
judiciales que se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia, mediante escrito 
registrado en este tribunal el 14 de enero de 2021.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: o
a)  El recurrente, nacido el 30 de octubre de 2002, fue detenido por agentes de la  369ww
Ppoorli claía p Nreascuionntaa lc eolm disíaió 1n8 d dee u onc dtueblirteo  ddee  2a0te1n9t aedno  laa  Vlai aa uLtaoireidtaanda  cnoúnm u.s 4o3 d dee i nBsatrrucmeleonntao, 
peligroso y desórdenes públicos.
Puesto el recurrente a disposición de la Fiscalía Provincial de Menores de Barcelona 
el día 19 de octubre de 2019, fue incoado expediente de reforma núm. 2773-2019 en el 
que, tras presentar el Ministerio Fiscal escrito de acusación por un posible delito de 
desórdenes públicos (arts. 557.1 y 557 bis.1 del Código penal: CP) y atentado con uso 
de medio peligroso (arts. 557.1, 550.1 y 551.1 CP), se ha dictado, en fecha 15 de junio 
de 2021 y por el Juzgado de Menores núm. 5 de Barcelona, sentencia absolutoria, la 
cual ha sido aportada a este proceso de amparo por el representante procesal del 
recurrente.
El día 5 de noviembre de 2019 el procurador de los tribunales don Diego Sánchez 
Ferrer, actuando en representación de don Miguel Ángel Padilla Arenas, ostentando esta 
a su vez la condición de representante legal del demandante de amparo (menor de edad 
a fecha de los hechos) interpuso querella en el juzgado de guardia de Barcelona por la 
posible comisión de un delito de torturas (art. 174 CP), lesiones leves (art. 147.2 CP), 
contra la integridad moral (art. 175 CP) y contra las garantías constitucionales (art. 535 
CP). Dicha querella iba dirigida contra ocho agentes de la Policía Nacional identificados. 
En concreto, se denunciaba que el aquí recurrente había sido objeto de repetidas 
agresiones como consecuencia de una carga policial que desembocó en su detención y 
en  la  que  los  funcionarios  del  Cuerpo  Nacional  de  Policía  hicieron  un  uso 
desproporcionado de la fuerza para su reducción. En este sentido, se manifiesta que el 
recurrente fue rodeado por más de seis agentes que procedieron a tumbarle en el suelo 
y a colocarle la rodilla contra su espalda, a la vez que le retorcían el brazo derecho. 
Según se relata en la querella, estos hechos fueron captados y difundidos por diferentes 
medios de comunicación.
Igualmente  se  pone  de  relieve  que,  una  vez  en  dependencias  policiales,  fue 
golpeado repetidamente en la cara y obligado a ponerse de rodillas mirando hacia la 
pared, recibiendo mensajes vejatorios que atentaban contra su dignidad e integridad, 
tales como «mira el puto independentista de mierda», «como vuelvas a mirar hacia los 
lados te arranco la cabeza», o «que te calles la boca, niñato». En el curso de estos actos 
recibió varias llamadas en su teléfono móvil por parte de un amigo del recurrente, siendo 
que una de estas llamadas fue descolgada por un agente del Cuerpo Nacional de 
Policía, pudiendo oír el interlocutor como el querellante gritaba y suplicaba que no le 
pusieran de rodillas.
Alegaba también el representante legal del aquí demandante de amparo que, una 
vez trasladado a la Ciudad de la Justicia de Barcelona, fue objeto de un registro corporal 
con desnudo integral en el que los agentes actuantes estuvieron «al límite de introducir 
un dedo en el ano del menor, siendo todo ello una actuación absolutamente humillante, 
vejatoria y que atentaba contra su dignidad e intimidad».
En la misma querella se alegaba también la obligación de los poderes públicos de 
investigar las denuncias por delitos de tortura según se desprende de la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Como prueba documental se aportaba: (i) informe médico realizado al señor Padilla 
Castelló mientras se encontraba aún bajo custodia policial en el centro de urgencias de 
atención  primaria  (CUAP)  de  San  Martín  (Barcelona)  que  refleja  que  presentaba 
contusiones en codo derecho y erosiones en ambas rodillas «ocasionadas durante la 
detención»; (ii) informe médico forense realizado al recurrente cuando pasó a disposición 
del fiscal de menores y en el que se aprecia «contusión en codo derecho con signos de 
flogosis […] en un área numular de aproximadamente 7,5 cm. circunscrita a la región del 
codo.  Dolor  local,  movilidad  conservada,  no  crepitación  ósea  ni  escalones  óseos  s
palpables.  Excoriaciones  en  ambas  rodillas  con  áreas  denudadas  de  epidermis.  oe.
Excoriaciones varias en cara lateral interna de antebrazo derecho, en fase incipiente de  w.
formación de costra. Erosiones superficiales varias en ambas muñecas atribuibles a  369ww
omcetucabnreis dmeo  2d0e2 0c,o rnetaelnizcaiódno» ;u n(iaii ) vienzfo erml me edneo ra saibsatenndcoian óe dne Mpeuntudae nTceiarrsa spsoali ceial ledsía,  d1o9n ddee 
zsoen cao nlusmtabtaa rl ab aejxai sdteenrecciah ad,e  lelessioionneess  earborsaivsaivsa se ne nb raamzob ays c rooddoil ladse,r emcíhnoim coo nh etummaetofamcac ieónn   BOE-A-cable e
en dicho codo y hematoma en pierna izquierda; (iv) capturas de pantalla en el terminal 
de ese amigo que acreditan las llamadas efectuadas por éste al teléfono del aquí 
recurrente –durante el lapso temporal en que este último se encontraba bajo custodia 
policial–,  siendo  descolgado  en  una  ocasión;  (v)  copia  de  una  circular  del  Cuerpo 
Nacional de Policía sobre el uso del material antidisturbios, de 3 de septiembre de 2013.
Solicitaba el querellante como diligencias a practicar: (i) que se oficiase al Cuerpo 
Nacional de Policía para que aportara la relación del núm. TIP (tarjeta de identificación 
profesional)  de  diversos  agentes;  (ii)  que  se  recibiera  declaración  en  calidad  de 
investigados a dichos agentes junto a los que intervinieron en la detención; (iii) que se 
oficiara a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (TV3) para que aportara el 
video  original  donde  aparecían  reflejados  los  hechos,  así  como  se  identificara  al 
periodista autor del mismo, (iv) que se oficiase al canal de televisión Betevé para que 
aportara las imágenes registradas en la Via Laietana núm. 43 el día de los hechos; (v) 
así como se oficiase a la compañía telefónica Pepephone para que aportara la relación 
de llamadas recibidas, y la duración de las mismas, en el teléfono del querellante el día 
de los hechos.
b)  Presentada la querella y requerida la aportación de testimonio de las diligencias 
indeterminadas  núm.  778-2019  (incoadas  a  raíz  de  los  sucesos  acaecidos  en  Via 
Laietana el 18 de octubre de 2019 y seguidas ante el Juzgado de Instrucción núm. 33 de 
Barcelona) y del expediente de reforma núm. 464-2019 (seguido contra el querellante en 
la Fiscalía de Menores de Barcelona), el Juzgado de Instrucción núm. 11 de Barcelona, 
mediante auto de 16 de septiembre de 2020, acordó su no admisión a trámite. El 
razonamiento jurídico segundo del citado auto tiene el siguiente tenor literal:
«Se pone de manifiesto que las leves lesiones que presentaba lo fueron como 
consecuencia  de  la  reducción  realizada  por  la  policía  en  un  contexto  de  extrema 
violencia generada por los manifestantes, que protestaban en una manifestación no 
autorizada.  No  se  aprecia  en  ninguno  de  los  informes  médicos,  ni  en  su  propia 
declaración, que fuera golpeado por ningún agente. Dichas lesiones son compatibles con 
la detención. No niega su participación en la protesta en la que se produjo dicha 
detención y al que se atribuyen los delitos a los que se refiere el Ministerio Público en su 
escrito. Entre otras, la STS de 19 de diciembre de 2013 declara que: ‘la doctrina de esta 
Sala en relación con la aplicación de esta causa de justificación en los supuesto de 
recurso al uso de la fuerza por los miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio 
de sus funciones, estima necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) que 
los agentes actúen en el desempeño de las funciones propias de su cargo; 2) que el 
recurso a la fuerza haya sido racionalmente necesario para la tutela de los intereses 
públicos  o  privados  cuya  protección  les  viene  legalmente  encomendada;  3)  que  la 
medida de fuerza utilizada sea proporcionada, es decir, la idónea en relación con los 
medios disponibles y la gravedad de la infracción que pretende evitar el agente mediante 
su utilización, actuando sin extralimitación alguna por su parte; 4) que concurra un 
determinado grado de resistencia o de actitud peligrosa por parte del sujeto pasivo, que 
justifique que sobre el mismo se haga recaer el acto de fuerza’. La causa de justificación 
de la acción policial resulta del contexto en que se produjo la detención, en un asedio a 
la sede de la jefatura superior de la policía por numerosas personas, logrando detener a 
un pequeño grupo de jóvenes que, indiciariamente, lanzaban objetos a los agentes. Se 
produjo,  como  se  recoge  en  el  atestado  de  las  cercanías  Prefectura  de  la  Policía 
Nacional  de  Barcelona.  Por  lo  tanto,  es  claro  que  se  trató  de  una  acción  rápida, 
utilizando la mínima fuerza necesaria para proceder a la detención de varios jóvenes ya  e.
acusados por el Ministerio Fiscal. El querellante no presenta lesiones compatibles con  w.b
golpes de los agentes, sino derivadas de la detención. Cabe considerar que su actuación  369ww
efuxep rpersoapmoercnioten aal  lae ns eedsee  pcoolinctieaxl tpor ovtieogleidnato p ogre nvearllaadso e ,p oinrd liocisa rmiaamneifnetset,a lnatnezsa rqoune  ofbujeertoons 
cdoen ctroan floorsm aigdeandt ecos.n L loo  eesxtpaubelesctoid coo ennd uecl ea rat.  q3u1e3  ndoe  plaro LcEeCderi ma .a»dmitir a trámite la querella
c)  Contra el citado auto se interpuso por el mismo procurador que actuó en nombre 
de la parte querellante, recurso de apelación alegando la ausencia de una investigación 
suficiente de los hechos denunciados. Así, tras reproducir los elementos fácticos y 
jurídicos del escrito de interposición de querella, el recurrente insistía en que los mismos 
constituirían delitos de torturas, lesiones, contra la integridad moral y contra las garantías 
constitucionales. Señalaba asimismo que la comisión de estos delitos conllevaba una 
vulneración de derechos fundamentales que se encuentran recogidos en los arts. 2, 3, 4, 
5 y 6.1 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH), siendo que, respecto a 
ellos, la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo ha venido exigiendo la necesidad de 
una investigación suficiente y eficaz. Indicaba el recurrente que, en el presente caso, no 
se había practicado ninguna diligencia de investigación para el esclarecimiento de los 
hechos, suponiendo esta circunstancia un incumplimiento de la citada jurisprudencia. A 
estos efectos, se citaba la resolución de 18 de octubre de 2018 de la propia Audiencia 
Provincial de Barcelona.
Termina  señalando  el  recurrente  que,  en  conclusión,  existe,  al  amparo  de  lo 
dispuesto en el art. 3 CEDH, una obligación procesal de proporcionar una investigación 
eficaz sobre lo denunciado.
d)  Mediante auto de fecha 17 de noviembre de 2020 la Sección Décima de la 
Audiencia Provincial de Barcelona desestimó el recurso de apelación. El razonamiento 
jurídico segundo del citado auto tiene la siguiente argumentación:
«Tras la lectura de las diligencias que constan en autos, que es la querella, el 
expediente del Juzgado de Menores que consta como testimonio y el visionado del vídeo 
de la detención que consta en la red, tal y como indica el querellante, estamos de 
acuerdo  en  lo  expuesto  por  el  magistrado  instructor  con  las  precisiones  que 
establecemos en el presente auto. La querella narra el contexto de una reunión pacífica 
en la que los policías sin previo aviso procedieron a cargar contra los manifestantes.
Diferimos de la calificación de pacífica que hace la querellante de la reunión, no solo 
por los motivos que se explicitan en el auto, que es la declaración que hicieron los 
policías en el expediente de menores acerca del acoso que sufrieron de lanzamiento de 
objetos  durante  tres  horas,  y  del  hecho  de  que  el  detenido,  el  querellante  fuera 
identificado como el que lanzaba objetos en la mochila sino por las propias imágenes. En 
las imágenes puede verse un grupo de personas, en la que en las primeras filas algunas 
están sentadas y se ve como los agentes intentan avanzar. En la primera fila sentada 
puede verse al hijo del querellante, con la cara tapada, como la mayoría de los que ahí 
estaban, no por una mascarilla sino por unos pañuelos que tienen como objeto evitar la 
identificación. Si observamos el suelo, podemos ver que está lleno de objetos, esos 
objetos todo hace pensar que fueron arrojados por las personas reunidas como dicen los 
policías. Pero no solo porque lo digan ellos, sino porque en el vídeo de la detención 
puede verse como cuando los policías detienen la carga, y vuelven a posicionarse, otra 
vez vuelven a arrojarse objetos. Por tanto, diferimos absolutamente de la calificación de 
pacífica  de  la  reunión  como  pretende  la  defensa.  Del  expediente  de  menores 
observamos que al menor se le encontró en la mochila que llevaba dos botellas de 
cerveza, media botella de agua con liquido transparente, un cartucho de color marrón 
con una mecha y dos latas de coca cola llenas.
Según dice en la denuncia vio como los agentes metían dentro de la mochila un 
cuchillo. No podemos saber muy bien lo que vio, lo cierto es que en la mochila no había 
ningún cuchillo. El menor, por lo tanto, estaba en primera o segunda fila sentado, con la 
cara tapada, y con una mochila con todos estos objetos, en el transcurso de una reunión  e.
no autorizada, y de asedio a la Jefatura de la Policía Nacional. Mantener que se trataba  w.b
de una reunión pacífica y que el menor estaba tranquilamente ejerciendo su derecho de  369ww
rperaoltiedsatda  adnet elo u qnuoes  ascuocnetdeióci my ieqnuteo sa cdoenm áloss  eqsuteá  ngora ebsatdaob.a  Edne  taocduoe rcdaos,o e lsa  caacmciuófnla rd leal 
mhae naocru ysaa deos tád es ieunnd doe olibtoje tdoe d dee isnóvredsetingeasc iópnú belnic oesl  Jyu zugna ddoe lditeo  Mdeen aotreenst,a edno  locso nq uues ose d lee 
instrumento peligroso, aquí se trata de determinar la acción de los policías.
Ante esta situación los policías deciden cargar, seguramente recibirían la orden de un 
superior, pero aquí nos interesa el momento de la detención del menor. Cuando deciden 
cargar los menores corren y al hijo del querellante no le da tiempo a levantarse y cae al 
suelo, momento en que es aprehendido por la policía y proceden a reducirlo, el menor 
resulta claro que escapaba y los policías lo habían visto como arrojaba objetos contra 
ellos, con lo que estaba cometiendo un delito. Lo inmovilizan, lo tumban al sueldo de 
espalda y le ponen los grilletes. Obviamente la acción es violenta porque el menor no 
quiere ser detenido, pero no podemos tacharla de desproporcionada y concluimos con el 
magistrado instructor que las lesiones leves que el menor tenía eran policontusiones en 
rodillas,  en  brazo,  y  en  muñecas,  y  son  derivadas  de  esa  detención,  por  lo  tanto 
debemos archivar la querella por este tema, sin que sea necesario practicar diligencias al 
respecto.
Respecto a las torturas que dice haber sufrido tanto dentro de la jefatura como en la 
Verneda. En principio no existe ningún indicio ni tan siquiera corroboración periférica a lo 
que manifiesta en la querella, porque ni tan siquiera en el expediente de menores donde 
al menor le interesa ejercer su defensa, dice nada de esas torturas. Y de hecho no van ni 
tan siquiera acompañadas de un parte médico, dice que le agredieron en la cara varias 
bofetadas,  pero  no  existe  parte  médico  que  así  lo  explicite.  Alega  la  defensa  la 
necesidad de realizar diligencias de prueba para poder determinar lo ocurrido, hace una 
alegación respecto a las condenas que España ha sufrido por el TEDH referente a la no 
investigación de los delitos de torturas acaecidas en dependencias policiales. En esto 
tenemos que decir que no se trata de una detención incomunicada como la mayor parte 
de los casos estudiados por el TEDH, sino que se trata de una detención que duró desde 
las 17:30 horas del día 18 de octubre hasta el 19 de octubre a las 19:30 horas, momento 
en que fue puesto en libertad por el Fiscal de menores. Durante ese tiempo se comunicó 
a su padre la detención, se comunicó al MF y fue atendido por el médico de guardia 
(20:42 del 18/10/2020). En el informe no se establece que el menor tuviera indicio alguno 
de haber sido golpeado en la cara como se relata. De hecho, según se establece, 
presentaba contusión en codo derecho y erosiones en ambas rodillas, ocasionadas 
durante las manifestaciones.
En el Juzgado de Menores y ya en otro entorno se desarrolló la entrevista con el 
Equipo Técnico al que respondió preguntas acerca de su vida, lo cual determina un 
acercamiento a dichos entrevistadores, sin que manifestara nada de las torturas sufridas. 
Se hizo ese mismo día una exploración por el médico forense, en dicho informe el mismo 
relataba contusiones en codo derecho, excoriaciones en ambas rodillas, en cara lateral 
del antebrazo y en muñeca. Tampoco puso objeción alguna al médico forense acerca de 
las lesiones generadas por la policía.
Tras la detención y puesta en libertad acudió a dependencias de la mutua Tarrasa, 
en dicho informe constan las mismas lesiones que estamos analizando. Se produjo la 
exploración del menor, en el que estaba presente su padre y su letrada, nada se adujo 
sobre el trato recibido en dependencias policiales, en ese momento el menor ya estaba 
en otro contexto. Tampoco durante la tramitación del expediente de menores se ha 
hecho alegación alguna. Por tanto, no existe realmente indicios de lo relatado por el 
menor, ninguna corroboración periférica que en su caso pueda mantener su relato. Por 
tanto procede desestimar el recurso y mantener la resolución recurrida.»
3.  El recurrente aduce en su demanda de amparo que se ha vulnerado su derecho 
a la integridad física y moral (art. 15 CE). A estos efectos, y tras consignar numerosos 
instrumentos internacionales sobre las obligaciones de los Estados para asegurar la  e.
protección contra la tortura, el demandante de amparo señala que la jurisprudencia del  w.b
Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene exigiendo, en supuestos de denuncias  369ww
peoscr laerescteim  iteipnoto  ddee  lodse hlietocsh,o sl.a  realización  de  una  investigación  eficaz  dirigida  al
ha  Esne netsatdeo s eunntidao , cinodniscoal idqaudea e stdeo ctrtirbinuan al r(eSlaTtCiv a1 30a/ 20la1s6 , ddee c1is8i odnee sju lioju, deincitarele so tradse) 
sobreseimiento y archivo de instrucciones penales incoadas por denuncia de torturas o
tratos  inhumanos  o  degradantes,  exigiéndose  «no  solo  que  las  decisiones  de 
sobreseimiento y archivo de las diligencias penales estén motivadas y jurídicamente 
fundadas, sino también de que sean acordes con la prohibición absoluta de aquellas 
conductas» así como que «las autoridades competentes procedan a una investigación 
pronta e imparcial […] resultando necesario que se realice una investigación eficaz para 
encontrar alguna prueba que confirme o contradiga el relato de hechos ofrecidos por los 
demandantes».
Para  fundar  el  fondo  de  las  lesiones  aducidas  ahonda  el  demandante  en  los 
siguientes extremos: (i) lejos de practicar diligencias de investigación a fin de esclarecer 
los hechos, se ha inadmitido la querella con argumentos absolutamente contrarios al 
principio de legalidad (art. 9.3 CE); (ii) aunque es cierto que el demandante no manifestó 
nada relativo a los maltratos policiales en su primera comparecencia ante la fiscalía de 
menores, resulta evidente que, en dicho contexto, estaba solo pensando en dejar de 
estar  bajo  custodia  policial  y  retornar  con  sus  progenitores;  (iii)  no  se  ha  dado  al 
demandante la posibilidad de ser escuchado por el juez de instrucción para comprobar la 
verosimilitud y coherencia de su relato; (iv) las resoluciones impugnadas hacen una 
interpretación absolutamente contraria a la jurisprudencia sobre la materia, llegando a 
señalar que la doctrina mencionada es aplicable únicamente a los supuestos de torturas 
y  malos  tratos  bajo  detenciones  incomunicadas;  (v)  en  el  procedimiento  de  origen 
(diligencias indeterminadas núm. 753-2019) tan solo se solicitó copia testimoniada del 
expediente de reforma núm. 2273-2019 incoado contra el demandante ante la Fiscalía 
de Menores de Barcelona; (vi) se trata de justificar la actuación policial bajo el criterio de 
considerarlo subsumible dentro de una causa de justificación, así como refiriendo que el 
demandante se encontraba en una manifestación no comunicada, hecho absolutamente 
contrario a la propia Constitución que prevé que de ninguna manera el ejercicio de un 
derecho fundamental como el de manifestación podrá ser autorizado (art. 21 CE); y (vii) 
el demandante ha aportado elementos suficientes de los que se deriva que los malos 
denunciados tratos podrían haber sido causados por agentes policiales, existiendo, por 
lo tanto, un deber de investigar los hechos.
Conectado con lo anterior, alega el recurrente como segundo motivo de amparo la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en conexión con el 
derecho  a  la  integridad  física  y  moral  (art.  15  CE).  Tras  recoger  jurisprudencia 
constitucional sobre el derecho la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la 
jurisdicción  y  obtención  de  una  resolución  motivada  y  fundada  en  derecho,  el 
demandante expone que la inadmisión de la querella resulta frontalmente contraria a las 
exigencias derivadas del deber de tutela judicial efectiva en este tipo de denuncias, 
motivo por el cual se produciría su conexión con la violación del derecho a la integridad 
física y moral (art. 15 CE). Así, mediante la inadmisión de la querella se está negando 
una  investigación  oficial  eficaz  como  sinónimo  de  agotar  cuantas  posibilidades 
razonables  de  indagación  resulten  útiles  para  aclarar  los  hechos.  Un  medio  de 
indagación especialmente idóneo para el esclarecimiento de los hechos denunciados era 
la  declaración  del  denunciante  (SSTC  107/2008,  63/2010  y  131/2012  entre  otras), 
declaración  que  ni  siquiera  fue  acordada  en  el  procedimiento  de  origen.  Además, 
también se solicitaron más diligencias de investigación sobre las cuales el instructor 
tampoco argumentó de forma expresa el motivo de su rechazo.
Concluye señalando que los informes médicos obrantes en las actuaciones, así 
como  las  imágenes  de  las  llamadas  recibidas  mientras  se  encontraba  detenido, 
constituyen  indicios  suficientes  para  considerar  razonables  las  sospechas  de  haber  s
sufrido  torturas  y  malos  tratos,  por  lo  que  debe  procederse  al  desarrollo  de  una  oe.
investigación eficaz. w.
Como último motivo se denuncia la vulneración del derecho de defensa (art. 24.2 CE)  369ww
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al interponer la querella eran idóneas, útiles, y estaban relacionadas con los hechos y en 
ello, precisamente, consiste el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para 
la defensa. El incumplimiento de este derecho generaría una situación de indefensión al 
demandante (se cita, a estos efectos, las SSTC 73/2001, de 26 de marzo, y 26/2014, 
de 23 de febrero).
Por  todo  ello,  interesa  que  se  le  otorgue  el  amparo,  dejando  sin  efecto  las 
resoluciones judiciales impugnadas y ordenando la incoación de la causa, para que se 
practiquen las diligencias de investigación que se solicitaron en su momento y que no 
fueron practicadas.
4.  La Sección Cuarta de este tribunal, por providencia de 10 de mayo de 2021, 
acordó la admisión a trámite del presente recurso de amparo, apreciando que concurre 
en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional  (art.  50.1  LOTC)  porque  el 
recurso  puede  dar  ocasión  al  tribunal  para  aclarar  o  cambiar  su  doctrina  como 
consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)] y porque el 
órgano  judicial  pudiera  haber  incurrido  en  una  negativa  manifiesta  del  deber  de 
acatamiento de la doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)] y, en consecuencia, 
dirigir atenta comunicación a la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
y al Juzgado de Instrucción núm. 11 de Barcelona, a fin de que remitiesen testimonio de 
las actuaciones correspondientes a las diligencias indeterminadas núm. 753-2019. En la 
misma resolución se emplazó a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a 
excepción de la recurrente, para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el 
presente proceso de amparo.
5.  La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia 
de 24 de mayo de 2021, acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes 
personadas, y al Ministerio Fiscal, para que pudiesen presentar las alegaciones que a su 
derecho convenga, por un plazo de veinte días, de conformidad con el art. 52 LOTC.
6.  El recurrente, mediante escrito registrado el 23 de junio de 2021, remitió a este 
tribunal copia de la sentencia 174/2021, de 15 de junio de 2021, dictada por el Juzgado 
de Menores núm. 5 de Barcelona, por la que se absolvía al demandante de amparo por 
todos los delitos de los que era acusado en el expediente de reforma 2773-2019 y que 
habían motivado su detención el día 18 de octubre de 2019.
7.  El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 28 de junio de 2021, interesó que se 
otorgara el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), 
en  relación  con  el  derecho  a  no  ser  sometido  a  torturas  ni  a  tratos  inhumanos  o 
degradantes (art. 15 CE); declarando, en consecuencia, la nulidad de las resoluciones 
impugnadas, con retroacción de las actuaciones al momento anterior al que se dictó el 
auto de 16 de septiembre de 2020, para que se dicte nueva resolución respetuosa con el 
derecho fundamental reconocido en el art. 15 CE.
Expone  el  fiscal,  con  referencias  a  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de 
Derechos Humanos (SSTEDH de 2 de noviembre de 2004, Martínez Sala c. España; 28 
de septiembre de 2010, San Argimiro Isasa c. España; 8 de marzo de 2011, Beristain 
Ukar c. España; 16 de octubre de 2012, Otamendi Egiguren c. España; 19 de enero 
de 2021, González Etayo c. España), y cita de la STC 130/2016, de 18 de junio, FJ 2, 
que existe, por parte de los órganos judiciales ordinarios, y en los casos en que se 
denuncia torturas o malos tratos cometidos frente a quienes se encuentran privados de 
libertad bajo la custodia del Estado, un especial mandato de desarrollar una exhaustiva  e.
investigación  agotando  cuantas  posibilidades  de  indagación  resulten  útiles  para  w.
esclarecer los hechos. Continúa el fiscal señalando que, en orden a determinar cuál será  369ww
claa dinav ceasstiog ayc, ihóanc eexrliog isbileem yp reef etecntiviean, d«oh eanb rcáu ednet ae lsat aers caa lsaesz  cdierc purnusetabnacsi aqsu ec odnec orerdtainsa drioe 
epxeirscteepnt iebnle e pstoer  tieplo  mdee ndoeslictoasb;o y  cqourep oarsaíl  ceonm oe ll oqsu me acltornastoisst efíns,i ccousa snudeole nse d edjaern uunnc riaas turno   BOE-A-cable e
maltrato psicológico u otro tipo de conductas que no supongan ese menoscabo las 
secuelas  reveladoras  del  mismo  son  de  más  difícil  apreciación,  por  lo  que  resulta 
necesario atender al panorama indiciario que puede derivarse de una pluralidad de 
fuentes  como  son,  al  margen  de  la  propia  declaración  del  denunciante,  los 
reconocimientos  médicos  que  se  realizan  a  todo  detenido,  las  manifestaciones 
efectuadas en cuanto el detenido pasa a disposición judicial y se le recibe la primera 
declaración por el juez, así como la de otros intervinientes que hubieran entrado en 
contacto con el detenido como el profesional de turno de oficio que debe prestar la 
asistencia letrada obligatoria».
El Ministerio Fiscal examina los argumentos ofrecidos por las resoluciones judiciales 
para fundar la decisión de desestimar la querella presentada, llegando a la conclusión de 
que no se ajustan plenamente a la doctrina constitucional y a la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, comienza señalando que la decisión del 
juzgado de instrucción de desestimar a limine la querella presentada se tomaba sobre la 
base  del  examen  de  las  actuaciones  correspondientes  al  expediente  de 
reforma 2773-2019 seguido frente al propio querellante ante el Juzgado de Menores 
núm. 5 de Barcelona (compuesto, a su vez, por el atestado policial, la diligencia de 
exploración del menor ante el fiscal, los informes de asistencia médica en dependencias 
policiales y el informe médico forense). Ello implica que la decisión tomada, relativa a la 
posible extralimitación de la actuación policial durante la detención, no se fundaba en el 
descarte  de  pleno  del  carácter  delictivo  de  estos  hechos,  sino,  al  contrario,  en  la 
inexistencia  de  indicios  de  la  comisión  de  los  mismos  debido  a  la  actuación 
proporcionada de la policía.
En dicha valoración, recuerda el fiscal, no se realiza ninguna argumentación relativa 
a los demás hechos denunciados como son el trato vejatorio y degradante sufrido en 
dependencias policiales y el presunto registro corporal con desnudo integral practicado 
en la ciudad de la justicia. Por ello mismo, las resoluciones impugnadas no solo carecen 
de una motivación suficiente al no pronunciarse sobre la inexistencia de una parte de los 
hechos denunciados, sino que, además, tampoco se razona por qué no se estimó 
necesario incoar diligencias penales para llevar a cabo una investigación efectiva sobre 
la totalidad de los hechos denunciados, en orden a poder corroborar o descartar, más 
allá de toda duda razonable, que el querellante sufrió los malos tratos denunciados.
Insiste el fiscal que esta falta de motivación sería también extrapolable al auto de 17 
de noviembre de 2020 de la Audiencia Provincial de Barcelona, toda vez que funda la 
confirmación de la resolución del juzgado de instrucción en la falta de elementos que 
corroboren los hechos denunciados. Al respecto, señala que: (i) la falta de denuncia 
inmediata de los malos tratos en el momento en el que el menor fue puesto a disposición 
del fiscal de menores no es elemento suficiente para descartar la existencia de una duda 
razonable  sobre  los  hechos.  La  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  ha  puesto  de 
manifiesto que el efecto de la violencia ejercida sobre personas privadas de libertad no 
se  agota  cuando  la  misma  deja  de  estar  a  disposición  de  quienes  la  ejercieron 
(STC 63/2010, de 18 de octubre, FJ 2); (ii) la víctima sobre la que se ejerció el supuesto 
maltrato es un menor de edad por lo que tiene un especial riesgo de vulnerabilidad. 
Además, el tiempo transcurrido hasta la presentación de la querella no fue excesivo 
(quince días); (iii) muchos de los malos tratos denunciados son de tipo moral, por lo que 
no tienen necesariamente que dejar un rastro físico detectable; (iv) «en cualquier caso, 
las resoluciones judiciales que han inadmitido la querella a trámite no han justificado los 
motivos por los que no era procedente abrir el proceso para practicar las diligencias  s
esenciales de declaración de querellante y de los querellados, o las diligencias que se  oe.
proponían en la querella, para poder corroborar el relato de los hechos, y descartar la  w.
duda razonable sobre su verosimilitud; no se razona en esas resoluciones sobre la  369ww
ppearrtain eesncclaiar edcee rd liocsh ahse cdhiloigse»n.cias ni se expresa si las mismas pueden ser o no idóneas
la dRocetsrpineac tdoe al  lTar icbounnsaild eCroancisótnitu –crieoanlaizl ayd ad eeln  Terli bauuntoa ld Ee u1r7o pdeeo n Doveireemchbores  dHeu 2m0a2n0o–s q uneo   BOE-A-cable e
sería de aplicación dado que no se estaba ante una detención incomunicada, considera 
el fiscal que la necesidad de realizar una investigación exhaustiva y eficaz no se aplica 
únicamente a detenciones incomunicadas sino que «se refiere a las torturas sufridas por 
cualquier persona que se encuentre bajo la custodia de los poderes del Estado, y lo que 
se señala por dicha doctrina, en el caso de que además la víctima estuviera bajo el 
régimen de detención incomunicada, es la exigencia de un mayor celo y esfuerzo por 
parte de los órganos judiciales en la investigación de esas denuncias por las especificas 
condiciones que concurren en tales supuestos (SSTEDH de 7 de octubre de 2014, Ataun 
Rojo c. España; de 7 de octubre de 2014, Etxebarria Caballero c. España; de 5 de mayo 
de 2015, Arratibel Garciandia c. España; 19 de enero de 2021, González Etayo c. 
España)».
A la luz de lo anterior concluye el fiscal que procede declarar la nulidad de las 
resoluciones  judiciales  impugnadas  por  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y derecho a no sufrir torturas o tratos inhumanos o 
degradantes (art. 15 CE), debiéndose proceder a dictar una nueva resolución respetuosa 
con los derechos fundamentales vulnerados. Respecto a la vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en su vertiente del derecho a utilizar los medios 
pertinentes para la defensa (aspecto relacionado también con la vulneración del derecho 
del art. 15 CE), considera el fiscal que resulta innecesario entrar a examinar dicha 
vulneración  «debiendo  tener  en  cuenta  que  en  el  presente  caso  las  resoluciones 
judiciales denegaron el acceso al proceso, al inadmitir de plano tramitar la querella en 
base a lo establecido en el art. 313 LECrim».
8.  Por providencia de 30 de septiembre de 2021, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 4 de octubre del mismo año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
El objeto del presente recurso de amparo exige determinar si la resolución de 16 de 
septiembre de 2020 (dictada por el Juzgado de Instrucción núm. 11 de Barcelona) y la 
de 17 de noviembre de 2020 (dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial 
de Barcelona) que la confirmó, han vulnerado el derecho del recurrente a la integridad 
física (art. 15 CE), a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las 
garantías y uso de medios pertinentes de prueba para la defensa (art. 24.2 CE) por la 
falta de investigación judicial suficiente de los hechos denunciados.
El Ministerio Fiscal interesa que se otorgue el amparo solicitado por entender que los 
órganos  judiciales  vulneraron  el  derecho  a  no  ser  sometidos  a  torturas  o  tratos 
inhumanos o degradantes (art. 15 CE) en relación con el derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE).
2.  Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la 
necesidad  de  una  investigación  eficaz  en  delitos  que  atentan  contra  los  derechos 
recogidos en el art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
Los  instrumentos  internacionales  suscritos  por  España  en  materia  de  derechos 
humanos,  fuente  interpretativa  de  los  derechos  fundamentales  previstos  en  nuestra 
Constitución por mor de lo dispuesto en su art. 10.2, establecen ciertas obligaciones que 
los Estados deben respetar para asegurar la protección contra la práctica de la tortura.  e.
Así, y por lo que al presente recurso de amparo afecta, el art. 12 de la Convención de la  w.b
Organización de las Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1984 contra la tortura y  369ww
oEtsropsa ñtara dtoes 1 o9  pdeen oacst ucbrruee dlees ,1 9in8h7u m–«aBnOosE »o  ddee g9r daed annotveise m(inbsretr)u, mseeñnatola  dqeu era «titfoicdaoc iEósnt apdoor 
pjuarirsted icvceilóanrá s peo hrqau ceo, msieetmidpor eu nq uaec thoa dyea  tmorotutirvao,s l aras zaountaobrildeasd peasr ac ocmrepeert eqnutee sd epnrotrcoe ddaen s au 
una investigación pronta e imparcial». En el mismo sentido, el art. 9 de la Declaración
sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas en su sesión núm. 3452, de 9 de diciembre de 1975, dispone que 
«siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura 
tal como se define en el artículo 1 (“A los efectos de la presente Declaración, se 
entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a 
instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya 
sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, 
o  de  intimidar  a  esa  persona  o  a  otras.  No  se  considerarán  tortura  las  penas  o 
sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o 
sean inherentes o incidentales a esta, en la medida en que estén en consonancia con las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos”), las autoridades competentes del 
Estado interesado procederán de oficio y con presteza a una investigación imparcial».
Por su parte, el Tribunal Europeo ha reconocido reiteradamente que el artículo 3 del 
CEDH  («Nadie  podrá  ser  sometido  a  tortura  ni  a  penas  o  tratos  inhumanos  o 
degradantes»)  constituye  uno  de  los  principios  fundamentales  de  toda  sociedad 
democrática,  prohibiendo  en  términos  absolutos  «la  tortura  o  los  tratos  o  penas 
inhumanos  o  degradantes,  independientemente  de  las  circunstancias  y  el 
comportamiento de la víctima» (STEDH 6 de abril de 2000, Labita c. Italia, § 119). Este 
tribunal también ha precisado que no todo maltrato puede ser considerado «tortura», 
siendo necesario que el mismo alcance un mínimo de gravedad para suponer afectación 
del art. 3 CEDH. En definitiva, «[l]a apreciación de este requisito es relativo por su propia 
naturaleza; depende del conjunto de las circunstancias del caso, y especialmente del 
carácter y del contexto del trato o de la pena y de sus modos de ejecución, de su 
duración, de sus efectos físicos y mentales y, a veces, del sexo, de la edad, y de la salud 
de la víctima» (STEDH de 7 de julio de 1989, Soering c. Reino Unido, § 100).
Como un segundo grado tras la tortura se encuentran, según el mismo tribunal, los 
tratos  inhumanos  que  son  definidos  como  «los  sufrimientos  físicos  o  psíquicos 
provocados  voluntariamente  con  una  intensidad  particular»  (STEDH  de  25  de  abril 
de 1978, Tyrer c. Reino Unido, § 129) y los tratos degradantes conceptualizados, a su 
vez, como aquellos que «han disminuido la dignidad humana de las víctimas o ha 
despertado en ellas sentimiento de miedo, angustia e inferioridad capaces de humillarlas 
y degradarlas» (STEDH de 11 de diciembre de 2003, Yankov c. Bulgaria, § 104). Esta 
misma  sentencia  señala  que  para  determinar  si  un  trato  puede  ser  considerado 
«degradante» en el sentido del art. 3 CEDH habrá que valorarse «si su objeto es humillar 
y degradar a la persona en cuestión y si, en lo que respecta a las consecuencias, afectó 
negativamente a su personalidad de una manera incompatible con el artículo 3 CEDH, 
siendo  que,  incluso,  la  ausencia  de  tal  propósito  no  puede  descartar  de  manera 
concluyente la determinación de una violación del artículo 3 (SSTEDH de 19 de abril 
de 2001, Peers c. Grecia, § 74; 15 de julio de 2002, Kalashnikov c. Rusia, § 101; 11 de 
diciembre de 2003, Yankov c. Bulgaria, § 105)».
En relación con ello, el Tribunal de Estrasburgo ha distinguido, a su vez, entre la 
posible violación del art. 3 del CEDH en su parte sustancial y la posible violación de 
dicho precepto en su vertiente procesal. Así, para declararse una violación sustancial del 
art. 3 del CEDH debe apreciarse, más allá de toda duda razonable, que el demandante 
fue sometido a malos tratos, alcanzando un mínimo de gravedad. En este sentido, 
abunda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que las acusaciones de malos tratos  s
deben ser apoyadas «por elementos de prueba apropiados», pudiendo dicha prueba  oe.
«resultar de un conjunto de indicios o de presunciones no refutadas, suficientemente  w.
graves, precisos y concordantes» (STEDH de 28 de septiembre de 2010, San Argimiro  369ww
IsasEal  ca. sEpsepcatoñ ap,r §o c5e8s)a.l, por el contrario, cobra relevancia «cuando el tribunal no puede
allertgícaur loa  3n idneglu nCao ncvoenncilou sdióenb idsoo,b arel  mlae cnuoess etinó np adrete s, i ahl uhbeoc hoo  ndoe  tqrauteo sla psr oahuitboirdidoasd peosr  neol   BOE-A-cable e
reaccionaron de una forma efectiva a las quejas formuladas por los denunciantes» 
(STEDH de 17 de octubre de 2006, Danelia c. Georgia, § 45). En estos casos, el Tribunal 
Europeo  Derechos  Humanos  recuerda  que,  cuando  un  individuo  afirma  de  manera 
argumentada haber sufrido, de manos de la policía o de otros servicios equiparables del 
Estado, malos tratos contrarios al artículo 3 CEDH, esta disposición, combinada con el 
deber general impuesto al Estado por el artículo 1 CEDH de «reconocer a toda persona 
bajo su jurisdicción, los derechos y libertades definidos [...] [en el] Convenio», requiere, 
implícitamente,  que  haya  una  investigación  oficial  efectiva.  Esta  investigación,  a 
semejanza de la que resulta del artículo 2, debe poder conducir a la identificación y al 
castigo de los responsables (SSTEDH de 27 de septiembre de 1995, McCann y otros c. 
Reino Unido, § 161; de 11 de julio de 2000, Dikme c. Turquía, § 101, y de 8 de marzo 
de 2011, Beristain Ukar c. España, § 28). Si no fuera así, el propio artículo 3 CEDH 
quedaría vacío en la práctica siendo posible «para agentes del Estado abusar de los 
derechos de quienes están bajo su control con virtual impunidad» (STEDH de 28 de 
octubre de 1998, Assenov y otros c. Bulgaria, § 102).
En efecto, en numerosas ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
debido a la ausencia de elementos probatorios suficientes, ha concluido no poder afirmar 
con certeza, de acuerdo con su propia jurisprudencia, que el demandante fue sometido, 
durante su arresto y su detención, a los malos tratos alegados. Ahora bien, cuando la 
imposibilidad de determinar más allá de toda duda razonable que el demandante fue 
sometido a malos tratos contrarios al art. 3 CEDH «se desprende en gran medida de la 
ausencia de una investigación profunda y efectiva por las autoridades nacionales tras la 
denuncia presentada por el demandante por malos tratos», el Tribunal Europeo de 
Derechos  Humanos  ha  declarado  violado  el  art.  3  CEDH  en  su  vertiente  procesal 
(SSTEDH de 8 de marzo de 2011, Beristain Ukar c. España, § 39, 41 y 42; de 28 de 
septiembre de 2010, San Argimiro Isasa c. España, § 65, y de 2 de noviembre de 2004, 
Martínez Sala y otros c. España, § 156 y 160).
En sus pronunciamientos más recientes, la jurisprudencia del mismo tribunal ha 
hecho  especial  hincapié  en  la  necesidad  de  que  la  investigación  efectiva  haya  de 
evaluarse con mayor rigor cuando el denunciante se encuentra en una situación de 
detención incomunicada, lo que exige un mayor esfuerzo, por parte de las autoridades, 
para esclarecer los hechos denunciados (SSTEDH de 7 de octubre de 2014, asunto 
Ataun Rojo c. España; de 7 de octubre de 2014, asunto Etxebarria Caballero c. España; 
de 5 de mayo de 2015, asunto Arratibel Garciandia c. España, y de 31 de mayo de 2016, 
asunto  Beortegui  Martínez  c  España).  Esto  no  implica,  en  modo  alguno,  que  la 
necesidad de investigación efectiva sea predicable, únicamente, respecto a supuestos de 
torturas, tratos inhumanos o degradantes cometidos durante una detención incomunicada, 
sino que es en estos casos, precisamente, cuando la investigación ha de imponerse y 
evaluarse con mayor rigor dada cuenta que los alegados malos tratos fueron producidos 
«en una situación de aislamiento y de total ausencia de comunicación con el exterior, un tal 
contexto  que  exige  un  mayor  esfuerzo,  por  parte  de  las  autoridades  internas,  para 
determinar  los  hechos  denunciados»  (SSTEDH  de  7  de  octubre  de  2014,  Etxebarria 
Caballero c. España, § 47, y 19 de enero de 2021, González Etayo c. España, § 60).
Este mayor rigor es igualmente predicable respecto a los malos tratos cometidos 
sobre menores edad «dada la naturaleza fundamental de los derechos garantizados por 
el art. 3 CEDH y su especial vulnerabilidad» por lo que los poderes públicos «tienen la 
obligación inherente de protegerlos contra los malos tratos» (SSTEDH de 28 de enero 
de 2014, O´Keeffe c. Irlanda, § 145, y de 4 de junio de 2020, Association Innocence en  s
Danger et Association Enfance et Partage c. Francia, § 157). oe.
Por ello mismo, son numerosos los pronunciamientos del Tribunal Europeo Derechos  w.
Humanos  en  que  se  ha  estimado  un  incumplimiento  de  las  obligaciones  positivas  369ww
ptrraotcoess naole hsa dbeíarinv atednaisd od elul gaarrt.  e3n  CelE mDaHr ceon d cea dsoeste necni olonse sq uinec,o amuunnqiucea dloass , alale ignavdeossti gmaacilóons 
idnedsisaprreonllsaadbal epso rp aloras  óerl geasncolas rejucdimiciiaelnetso  ndoe  hloasb íah escihdoos a. pEusr aedla c maseod, iapnotre  elajesm dpilliog,e dneci alas   BOE-A-cable e
STEDH de 24 de julio de 2012, B.S. c. España, en el que se declaró la violación de los 
aspectos procesales del art. 3 CEDH en el supuesto de sobreseimiento de una denuncia 
donde se alegaban malos tratos producidos durante una actuación policial realizada en 
la vía pública, o la STEDH de 9 de marzo de 2021, López Martínez c. España, respecto 
al archivo de una denuncia por agresiones policiales presuntamente acaecidas durante 
el desalojo de un establecimiento de hostelería.
3.  Doctrina del Tribunal Constitucional.
Este tribunal, con recepción expresa de los postulados de la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo Derechos Humanos de la que se ha hecho mención en el anterior 
fundamento jurídico, también ha sentado una consolidada doctrina sobre las exigencias 
constitucionales, derivadas tanto del artículo 15 CE como del artículo 24 CE, relativas a 
las decisiones judiciales de sobreseimiento y archivo de instrucciones penales incoadas 
por denuncia de torturas o tratos inhumanos o degradantes que se dicen sufridas bajo 
custodia policial. Así, por ejemplo, señalábamos en la STC 12/2013, de 28 de enero, que 
es necesario que «las sospechas de comisión de torturas se revelen como susceptibles 
de ser despejadas mediante una investigación eficaz. En este sentido hemos afirmado 
que “respecto a la investigación de indicios de tortura o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes  sufridos  bajo  la  custodia  de  autoridades  policiales,  de  los  acuerdos 
internacionales firmados por España y del propio tenor del art. 15 CE se desprende un 
especial mandato de agotar cuantas posibilidades razonables de indagación resulten 
útiles para aclarar los hechos. En estos supuestos, en los que el valor superior de la 
dignidad humana puede verse comprometido con motivo de una situación especial en la 
que el ciudadano se encuentra provisionalmente bajo la custodia física del Estado, es 
necesario acentuar las garantías, de tal modo que el ordenamiento constitucional pueda 
amparar al ciudadano fácticamente desprotegido ante cualquier sospecha de excesos 
contra su integridad física o moral” (por todas, SSTC 224/2007, de 22 de octubre, FJ 3; 
34/2008, de 25 de febrero, FJ 6; 52/2008, de 14 de abril, FJ 2; 107/2008, de 22 de 
septiembre, FJ 2; y 63/2010, de 18 de octubre, FJ 2)».
Por ello mismo, hemos venido considerando que «vulnera el derecho a la tutela judicial 
efectiva en este ámbito que no se abra o que se clausure la instrucción cuando existan 
sospechas razonables de que se ha podido cometer el delito de torturas o de tratos 
inhumanos  o  degradantes  denunciado,  y  cuando  tales  sospechas  se  revelen  como 
susceptibles de ser despejadas» (entre otras, las SSTC 34/2008, de 25 de febrero, FJ 6; 
52/2008, de 14 de abril, FJ 2, y 63/2010, de 18 de octubre, FJ 2). Consecuentemente, para 
determinar cuándo se ha producido una violación del derecho del art. 24 CE vinculado con 
el art. 15 CE es preciso valorar dos elementos: (i) en primer lugar, que existan razonables 
sospechas de haberse cometido un delito de tortura o de tratos inhumanos o degradantes. 
Estas sospechas no deben limitarse, claro está, a aquellos casos en los que el demandante 
aporte un importante material probatorio que sirva para acreditar la existencia de las mismas 
dado que es, precisamente, «la probable escasez de pruebas existente en este tipo de 
delitos, lo que debe alentar, por un lado, la diligencia del instructor para la práctica efectiva 
de las medidas posibles de investigación y, por otro, ante la dificultad de la víctima de 
aportar medios de prueba sobre su comisión, hacer aplicable el principio de prueba como 
razón suficiente para que se inicie la actividad judicial de instrucción» (SSTC 107/2008, 
de 22 de septiembre, FJ 2; 123/2008, de 20 de octubre, FJ 2, y 40/2010, de 19 de julio, 
FJ 2), y (ii) en segundo lugar, que la sospecha de comisión de torturas se revelen como 
susceptibles de ser despejadas mediante una investigación eficaz. En este sentido el  e
tribunal ha afirmado que «respecto a la investigación de indicios de tortura o tratos crueles,  bo
inhumanos  o  degradantes  sufridos  bajo  la  custodia  de  autoridades  policiales,  de  los  369ww
adceusperrdeonsd e inutne rensapceiocniaall emsa nfidrmataod does  apgoort aEr scpuaañnata sy  pdoesilb iplirdoapdioe s treanzoorn adbelle sa rdt.e  1in5d aCgaEc iósen 
r3e4s/u2l0te0n8 ,ú tdilee s2 p5a rdae a cfelabrraerr olo, s FhJe c6h;o s5»2 /(2p0o0r8 t,o ddaes ,1 S4S dTeC  a2b2r4il/,2 0F0J7 ,2 d; e1 2027 /d2e0 0o8c,t udbere ,2 F2 J d3e; 
septiembre, FJ 2, y 63/2010, de 18 de octubre, FJ 2).
Esta necesidad de agotar los medios posibles de indagación, como precisamos en la 
STC 153/2013, de 9 de septiembre, FJ 4 b), con cita de otras anteriores, no supone que 
«“[…] ‘se practiquen todas y cada una de las diligencias solicitadas o imaginables, pero 
sí que en un contexto aún de incertidumbre acerca de lo acaecido se practiquen aquellas 
que a priori se revelen susceptibles de despejar tales dudas fácticas. Si hay sospechas 
razonables de maltrato y modo aún de despejarlas no puede considerarse investigación 
oficial eficaz la que proceda al archivo de las actuaciones’ (STC 34/2008, de 25 de 
febrero, FJ 8). De este modo, ‘la tutela judicial será así suficiente y efectiva ex art. 24.1 
CE si se ha producido una investigación oficial eficaz allí donde se revelaba necesaria. 
Esta exigencia no comporta la apertura de la instrucción en todo caso, ni impide la 
clausura temprana de la misma. Tampoco impone la realización de todas las diligencias 
de investigación posibles o propuestas. Tales obligaciones conducirían a instrucciones 
inútiles en perjuicio de los intereses de los imputados y de una racional gestión de los 
recursos de la administración de justicia’ (SSTC 34/2008, de 25 de febrero, FJ 6; 
123/2008, de 20 de octubre FJ 2; 63/2010, de 18 de octubre, FJ 2, y 131/2012, de 18 de 
junio, FJ 2). Resulta así posible no proseguir con nuevas diligencias de investigación en 
aquellos casos en que o bien no persistan sospechas razonables sobre los hechos 
denunciados o bien incluso persistiendo ya se han agotado los medios razonables y 
eficaces de investigación. El canon de investigación suficiente se refiere así tanto a la 
inexistencia de sospechas razonables, como a la utilidad de continuar con la instrucción 
(SSTC 34/2008, de 25 de febrero, FJ 8; 52/2008, de 14 de abril, FJ 5, y 63/2008, de 26 
de mayo, FJ 4)”.
Todo lo anterior pone de manifiesto el carácter eminentemente circunstancial de la 
apreciación  del  panorama  indiciario  que  obliga  a  las  autoridades  a  no  concluir  la 
investigación,  manteniendo  así  el  necesario  equilibrio  entre  la  firmeza  que  la 
preservación del Estado de Derecho exige en la investigación de las conductas delictivas 
o irregulares cometidas al amparo del ejercicio del poder y la necesidad de salvaguardar 
el crédito de ese mismo Estado de Derecho frente a una eventual “estrategia destinada a 
abrir o mantener abierto el mayor tiempo posible el proceso penal, para erosionar el 
crédito de las instituciones democráticas o para obtener la identidad de los agentes 
intervinientes en la lucha antiterrorista, poniendo en peligro su vida o la continuidad de su 
labor” [STC 12/2013, de 28 de enero, FJ 3, a) in fine)]».
Con base en esta doctrina hemos estimado el amparo en supuestos en que se había 
concluido  la  instrucción  sin  haber  tomado  declaración  al  denunciante  [por  todas, 
SSTC 34/2008, de 25 de febrero, FJ 8; 52/2008, de 14 de abril, FJ 5, 107/2008, de 22 de 
septiembre, FJ 4; 63/2010, de 18 de octubre, FJ 3 b); 131/2012, de 18 de junio, FJ 5; 
153/2013, de 9 de septiembre, FJ 6, y 39/2017, de 24 de abril, FJ 4], sin haber oído al 
letrado de oficio que asistió al detenido en dependencias policiales (SSTC 52/2008, 
de 14 de abril, FJ 5; 130/2016, de 18 de julio, FJ 5, y 144/2016, de 19 de septiembre, 
FJ 4), sin haber recibido declaración a los profesionales sanitarios que asistieron al 
denunciante (STC 52/2008, de 14 de abril, FJ 5), o sin haber identificado, y tomado 
declaración, a los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado bajo cuya 
custodia se encontraba el denunciante (SSTC 107/2008, de 22 de septiembre, FJ 4; 
40/2010, de 19 de julio, FJ 4; 144/2016, de 19 de septiembre, FJ 4, y 39/2017, de 24 de 
abril, FJ 4).
4.  Aplicación de la citada doctrina al presente supuesto.
a)  En el presente caso, como ha sido expuesto con más detenimiento en los  e
antecedentes de hecho, ha quedado acreditada la siguiente sucesión fáctica: (i) el  bo
demandante de amparo fue detenido el día 18 de octubre de 2019 por la posible  369ww
fcisocmails dióen  mdeen uonre ds e(leitno  fdeec haat e1n9t addeo  oyc tdueb rdee dseó r2d0e1n9e)s,  fpuúeb ilniccoosa. dPou eexsptoe daie dnitsep doesi creiófno rmdeal 
ninútemr.p u2s7o7, 3a-2n0te1 9e;l  J(iui)z geand ofe cdhea G 5u adrdei an odvei eBmabrcree lodnea ,2 q0u1e9r eellla  dpeomr alan dpaonstieb led ec oammispiaórno, 
durante la detención policial, de delito de torturas, lesiones leves, contra la integridad
moral y contras las garantías constitucionales. Dicha querella se acompañaba de soporte 
documental y en ella se solicitaba la práctica de diferentes diligencias necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos denunciados; (iii) en fecha 14 de noviembre de 2019 fue 
dictada, por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción núm. 11 de Barcelona, 
providencia incoando diligencias indeterminadas, citándose en la misma al querellante 
para la ratificación de la querella presentada; (iv) En fecha 27 de noviembre de 2019 el 
padre del querellante (menor de edad a fecha de presentación de la querella) se ratificó 
en el contenido de la misma; (v) en fecha 28 de noviembre de 2019 el Juzgado de 
Instrucción  núm.  11  de  Barcelona  solicitó  al  Juzgado  de  Instrucción  núm.  33  de 
Barcelona testimonio de las diligencias indeterminadas 778-2019 (incoadas a raíz de los 
hechos acaecidos el día 18 de octubre de 2019 y en el curso de los cuales fue detenido 
el  demandante  de  amparo);  (vi)  recibido  testimonio  de  las  mismas,  el  Juzgado  de 
Instrucción núm. 11 de Barcelona planteó cuestión de competencia con el Juzgado de 
Instrucción  núm.  33  de  Barcelona,  siendo  resuelta  dicha  cuestión  por  la  Audiencia 
Provincial de Barcelona en fecha 11 de mayo de 2020; (vii) asumida la competencia, en 
fecha  9  de  junio  de  2020  fue  dictado,  por  el  Juzgado  de  Instrucción  núm.  11  de 
Barcelona,  providencia  requiriendo  a  la  Fiscalía  de  Menores  para  que  remitiera 
testimonio del expediente de reforma núm. 2773-2019 seguido contra el querellante; (viii) 
en fecha 16 de septiembre de 2020 fue dictado, por el Juzgado de Instrucción núm. 11 
de Barcelona, auto no admitiendo a trámite la querella presentada, siendo ratificada 
dicha resolución por auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Décima) en 
fecha 17 de noviembre de 2020.
La lectura del auto de 16 de septiembre de 2020 pone de manifiesto, que el órgano 
judicial no admitió la querella pues las lesiones leves que presentaba el querellante eran 
compatibles con la utilización de fuerza proporcional por la policía para proceder a su 
detención. A partir de este razonamiento, el juzgado de instrucción concluía que no 
existían  lesiones  compatibles  con  las  agresiones  presuntamente  sufridas  en  la 
detención, siendo que la actuación policial fue «proporcionada en ese contexto violento 
generado por los manifestantes que fueron expresamente a la sede policial protegida por 
vallas e, indiciariamente, lanzaron objetos contra los agentes». A estos argumentos 
añade la Audiencia Provincial de Barcelona (auto de fecha 7 de noviembre de 2020) que 
no  existe  ningún  parte  médico  que  acredite  las  presuntas  torturas  sufridas 
posteriormente,  que  el  menor  no  manifestó  nada  sobre  las  mismas  en  su  primera 
comparecencia ante el fiscal de menores, el equipo técnico y el médico forense, y que la 
doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos relativa a la investigación de torturas en dependencias policiales no resulta 
aplicable en este caso dada cuenta de que «no se trata de una detención incomunicada 
como la mayor parte de los casos estudiados por el TEDH, sino que se trata de una 
detención que duró desde las 17:30 horas del día 18 de octubre hasta el 19 de octubre a 
las 19:30, momento en que fue puesto en libertad por el fiscal de menores».
b)  A partir de estos elementos fácticos, hemos de analizar si la decisión del órgano 
judicial de instancia, respaldada luego por el de apelación, de desestimar la querella 
presentada por el demandante, satisface o no las exigencias de tutela judicial efectiva 
especialmente rigurosas por referirse la denuncia a hechos que, de acreditarse, serían 
contrarios a la prohibición absoluta de sufrir tortura o tratos inhumanos o degradantes, 
incorporada como derecho fundamental al art. 15.1 CE de acuerdo con la interpretación 
que  del  indicado  derecho  ha  efectuado  este  tribunal  a  la  luz  de  los  convenios 
internacionales a los que ya se hizo mención, bien entendido que en ningún caso nos  s
corresponde enjuiciar si los indicados tratos tuvieron o no lugar. oe.
Hay que comenzar señalando que del examen de las actuaciones se desprenden  w.
una serie de datos que han de ser destacados: (i) el demandante de amparo fue  369ww
roecctuobnroec iddoe  h2a0s1t9a,  tdreusra nvetec elas  pdoerte pnrcoiófens ipoonlaicleiasl , seann itealr icoesn (trlao  pdreim uerrgae nvceiza,s  edl ed íaat e1n8c idóen 
fporrimenasreia;  yd, ela S tearnc eMraa,r teínl ;m lias msoe gduían d1a9,  deel  1o9ct udber eo dcetu b2r0e1 9d,e t ra2s0 1s9u,  peune slata  celnín ilcibae rmtaédd, iecon   BOE-A-cable e
el centro médico Mutua Terrassa). En todos los informes elaborados como consecuencia 
de estos reconocimientos se constata la existencia de determinadas lesiones físicas 
tales como excoriaciones y erosiones en piernas y brazos. Esta circunstancia reafirma el 
hecho que, desde el primer momento, el Sr. Padilla Castelló consideraba incorrecto el 
trato  dispensado  por  los  agentes  policiales,  solicitando  por  ello  la  práctica  de  los 
sucesivos reconocimientos médicos; (ii) el demandante manifestó en la querella haber 
recibido, durante la detención, una llamada de un amigo que, tras ser descolgado su 
teléfono  por  un  agente  policial,  pudo  oír  los  lamentos  y  peticiones  de  ayuda  del 
demandante. En apoyo de este extremo, el demandante aportaba capturas de pantalla 
que acreditaban la existencia de varias llamadas desde el número de teléfono de ese 
amigo a las 18:16, 17:43, y 17:30 del día 18 de octubre de 2019 (según las actuaciones, 
la detención policial se extendió desde las 17:30 horas del día 18 de octubre de 2019, a 
las 19:30 horas del día 19 de octubre de 2019).
Estos datos son suficientemente indiciarios como para afirmar la existencia de unas 
circunstancias que desencadenan la obligación judicial de perseverar en la investigación, 
sin  que  las  razones  esgrimidas  por  los  órganos  judiciales,  en  las  resoluciones 
impugnadas, puedan ser considerados suficientes para la inadmisión a limine de la 
querella (desestimación, en los términos utilizados por el art. 313 LECrim).
En primer lugar, resulta necesario aclarar que la falta de indicios corroboradores de 
los malos tratos que el recurrente afirma haber sufrido durante su permanencia en 
dependencias policiales, así como la compatibilidad de las lesiones reflejadas en los 
informes  médicos  con  la  fuerza  indispensable  empleada  por  las  fuerzas  policiales 
durante su detención, no invalida la sospecha de la existencia del maltrato posterior. Los 
partes médicos aportados reflejan que el demandante presentaba, tras su custodia 
policial, lesiones consistentes en contusión en codo derecho, excoriaciones en ambas 
rodillas,  excoriaciones  en  cara  lateral  interna  de  antebrazo  derecho  y  erosiones 
superficiales en ambas rodillas. No se ha acreditado, por otra parte que las lesiones 
sufridas sean incompatibles con los malos tratos denunciados, ni cabe descartar que 
fuera obligado a permanecer de rodillas en el suelo.
Además, la querella hace referencia a malos tratos que son susceptibles de no dejar 
huellas o vestigios físicos, tales como amenazas, insultos, o la obligación de permanecer 
integralmente desnudo delante de cuatro agentes. En este punto, no resulta ocioso 
remarcar que la doctrina constitucional ha resaltado que la inexistencia de datos en los 
informes médicos que avalen la sospecha de maltrato (o su debilidad para sustentar la 
condena) no excluye la necesidad de investigar. Puede existir otro tipo de datos que 
generen  un  panorama  sospechoso  potencialmente  conectado  con  la  existencia  de 
torturas o malos tratos, y que originan la obligación de profundizar en la investigación 
aún en el caso de que los mismos fueran claramente insuficientes para sustentar una 
condena penal por esos delitos (SSTC 123/2008, de 20 de octubre, FJ 3; 12/2013, de 28 
de enero, FJ 3; 153/2013, de 9 de septiembre, FJ 4, y 144/2016, FJ 3).
En segundo lugar, tampoco puede constituir elemento que reste verosimilitud a los 
malos tratos denunciados la circunstancia de que el demandante de amparo no hubiera 
realizado manifestación alguna sobre los mismos en su primera comparecencia ante el 
fiscal de menores, el equipo técnico y el médico forense. La jurisprudencia de este 
tribunal, en sintonía con la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado que 
«el  efecto  de  la  violencia  ejercida  sobre  la  libertad  y  las  posibilidades  de 
autodeterminación  del  individuo  no  deja  de  producirse  en  el  momento  en  el  que 
físicamente cesa aquella, sino que su virtualidad coactiva puede pervivir, y normalmente  s
lo hará, más allá de su práctica efectiva, lo que puede explicar la ausencia de denuncia»  oe.
(SSTC 34/2008, de 25 de febrero, FJ 7; 52/2008, de 14 de abril, FJ 2; 69/2008, de 23 de  w.
junio, FJ 2; 63/2010, de 18 de octubre, FJ 2, y 131/2012, de 18 de junio, FJ 4). Por lo  369ww
tcaonmtop,a raeucneqnuceia  ljau didceianl uhnac iasi dtoe mvaplroarnaad a dtera dloicsio nmaalmloesn ttera ptoosr  epsotelic tiarilbeusn ael nc olma op irnimdiecrioa 
aqbureil ,p uFeJd e3 )l,l elgaa ra au saevnacliaar  dlae  soesllate, noib ilsidua dfa ilntaic idael  dper elac ismióisnm, at a(mSTpoCc o5 2p/2u0e0d8e,  dceo n1s4ti tdueir   BOE-A-cable e
elemento que sea literosuficiente para justificar la inadmisión a limine de la querella 
presentada. El tribunal quiere recordar que en este caso la víctima no solamente era una 
persona especialmente vulnerable (menor de edad y, por tanto, con mayor indefensión 
por la violencia que manifestó haber sufrido) que, en el momento de su comparecencia 
ante el fiscal de menores, se encontraba condicionada por la posible adopción de una 
medida cautelar, sino que, además, las menos de tres semanas que transcurrieron 
desde el cese de la custodia hasta la interposición de la denuncia no suponían un tiempo 
excesivamente prolongado para valorar negativamente la falta de invocación temprana 
de los hechos denunciados.
A  esto  hay  que  añadir  que  tampoco  puede  ser  calificado  de  razonable  un 
argumento que orbite sobre la concepción de que la obligatoriedad de agotar la 
investigación solamente resulta predicable respecto a torturas cometidas en el marco 
de determinado tipo de detenciones. Así, aunque es cierto que la jurisprudencia de 
este tribunal ha venido refiriéndose tradicionalmente a supuestos de malos tratos 
acaecidos  durante  el  desarrollo  de  detenciones  incomunicadas,  la  obligación  de 
agotar los medios de investigación no puede reducirse a supuestos de detenciones 
que revistan este carácter.
Las torturas, los tratos inhumanos o degradantes y, en definitiva, todos los malos 
tratos  proporcionados  por  autoridades  estatales  que  envilecen  y  deslegitiman  a  un 
Estado democrático son actos que son susceptibles de ser cometidos tanto en el marco 
de detenciones incomunicadas como en supuestos de actuaciones que no revistan este 
carácter.  Son,  en  esencia,  acciones  realizadas  en  el  marco  de  una  situación  de 
superioridad  institucional,  que  inciden  directamente  en  los  derechos  fundamentales 
reconocidos en el art. 15 CE, y que obligan al Estado, una vez denunciados y aportados 
indicios razonables de haber sido perpetrados, a realizar una investigación suficiente 
dirigida al esclarecimiento de los hechos dada cuenta que «el valor superior de la 
dignidad humana puede verse comprometido con motivo de una situación especial en la 
que el ciudadano se encuentra provisionalmente bajo la custodia física del Estado». En 
estos casos «es necesario acentuar las garantías, de tal modo que el ordenamiento 
constitucional pueda amparar al ciudadano fácticamente desprotegido ante cualquier 
sospecha de excesos contra su integridad física o moral» (por todas, SSTC 224/2007, 
de 22 de octubre, FJ 3; 34/2008, de 25 de febrero, FJ 6; 52/2008, de 14 de abril, FJ 2; 
107/2008, de 22 de septiembre, FJ 2, y 63/2010, de 18 de octubre, FJ 2).
Es, en definitiva, la cualificación oficial de los denunciados la que resulta necesario 
compensarse  con  firmeza  judicial  frente  a  la  posible  resistencia  o  demora  en  la 
aportación de medios de prueba, debiéndose, en todo caso, hacer especial incidencia en 
aquellas  diligencias  de  prueba  cuyo  origen  se  sitúe  al  margen  de  las  instituciones 
afectadas por la denuncia, y con la presunción a efectos indagatorios de que las lesiones 
que eventualmente presente el detenido tras su detención y que eran inexistentes antes 
de la misma son atribuibles a las personas encargadas de su custodia.
Consecuentemente, una vez existen sospechas razonables de haberse perpetrado 
torturas, tratos inhumanos o degradantes, y una vez se constata la existencia de vías 
racionales de indagación, la obligatoriedad de desarrollar una investigación eficaz no 
puede hacerse depender del marco legal, o del ámbito temporal o espacial, en el que 
aquellos hayan tenido lugar. Si esto fuera así, las obligaciones procesales positivas 
derivadas del art. 3 CEDH quedarían ineficaces en la práctica y daría cobertura a que los 
agentes estatales vulneraran el contenido de dicho derecho, con casi total impunidad, en 
supuestos de detenciones o actuaciones policiales que no fueren incomunicadas. Por  s
ello  mismo,  la  obligación  de  realizar  una  investigación  exhaustiva  debe  predicarse  oe.
respecto  a  cualquier  tipo  de  malos  tratos  proferidos  por  agentes  estatales  a  los  w.
ciudadanos sometidos a su control. 369ww
la pcrá) ctiEcan  deel  purneas esnetreie c adseo m, aeddeioms ádse,  einl veessctrigitaoc iinóinc iaqduoer  hduebl ieprraonc epdoimdiideon tcoo snotrliibcuitiarb aal 
desec lalores cimagieennttoe sd e aloctsu ahnetcehso, s. eEl s oefli ccioa soa  dela l a Cidoernptoifriacacicóiónn  Cy atotamlaan dae  ddee claMraecdiióons   BOE-A-cable e
Audiovisuales (TV3) para que aportara el vídeo original donde aparecían reflejados 
los hechos, la identificación y citación del periodista autor del citado material, el 
oficio  a  Betevé  para  que  aportara  las  imágenes  registradas  en  la  Via  Laietana 
núm. 43 el día de los hechos, así como el requerimiento a la compañía telefónica 
Pepephone para que aportara la relación de llamadas recibidas en el teléfono del 
querellante. La práctica de estas diligencias de investigación, unidas a otras que 
pudieran ser consideradas idóneas para el esclarecimiento de los hechos (como la 
propia declaración del testigo que, según los términos de la demanda de amparo, 
oyó al demandante de amparo pedir ayuda durante su custodia policial), hubieran 
aportado  al  juez  de  instrucción  un  mayor  soporte  fáctico  para  decidir  sobre  la 
continuación del procedimiento.
Especial  referencia  entre  ellas  merece  hacer  a  la  identificación,  y  toma  de 
declaración, de los agentes actuantes, y la propia declaración del denunciante, diligencia 
esta que constituye, según reiterada doctrina constitucional, un medio de indagación 
especialmente idóneo en la averiguación de las denuncias por malos tratos, pues la 
evaluación  de  la  credibilidad  del  relato  expuesto  en  la  denuncia  exigía  valorar 
directamente  –con  inmediación–  el  testimonio  del  recurrente  sobre  los  hechos 
denunciados en presencia judicial, sin que se adivine obstáculo alguno a la práctica de 
tal diligencia en el presente caso (por todas, SSTC 107/2008, de 22 de septiembre, FJ 4; 
131/2012, de 18 de junio, FJ 5; 153/2013, de 9 de septiembre, FJ 6, y 144/2016, de 19 
de septiembre, FJ 4).
A todo lo anteriormente expuesto debemos adicionar que, si bien la argumentación 
contenida  en  las  resoluciones  impugnadas  podría  ser  suficiente  para  justificar  la 
inadmisión liminar de la querella en lo relativo a los hechos acaecidos en la Via Laietana 
el día 18 de octubre de 2019, la suficiencia de dichos argumentos no serían, por el 
contrario, fácilmente extrapolables a los malos tratos presuntamente sufridos durante la 
custodia  policial  posterior.  Respecto  a  estos  últimos,  el  juzgado  de  instrucción  no 
solamente no practicó las diligencias de instrucción necesarias para el esclarecimiento 
de los hechos, sino que, lejos de ello, omitió realizar cualquier tipo de investigación 
limitándose a examinar el testimonio de dos procedimientos judiciales que poco o nada 
podían aportar sobre los malos tratos denunciados.
Por lo tanto, debe concluirse que no se realizó investigación alguna y que, en 
consecuencia, resulta precipitada la afirmación de que no existen indicios de comisión de 
delito, pues las razones ofrecidas por los órganos judiciales en los autos impugnados 
para llegar a tal conclusión no resultan acordes con el deber de motivación reforzada, 
constitucionalmente exigible en estos casos.
5.  Efectos de la estimación del recurso de amparo.
En conclusión, habida cuenta que frente a la denuncia de torturas del recurrente no 
se produjo una investigación judicial ya que se desestimó la querella, y se consideró que 
no concurrían indicios de delito, cuando existían, y se había propuesto un amplio elenco 
de  medios  de  investigación  pertinentes  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, procede otorgar el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a no ser sometido a tortura o tratos 
inhumanos o degradantes (art. 15 CE).
El restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho exige, tal como 
se viene razonando en la jurisprudencia constitucional sobre la materia, la anulación 
de los autos impugnados y la retroacción de actuaciones para que se le dispense la  e
tutela judicial demandada (por todas, SSTC 131/2012, de 18 de junio, FJ 6; 153/2013,  bo
de 9 de septiembre, FJ 7; 130/2016, de 18 de julio, FJ 6, y 144/2016, de 19 de  369ww
septiembre, FJ 5).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Guillem Padilla Castelló y, en su 
virtud:
1.º  Reconocer que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión (art. 24.1 CE), en relación con su derecho a no ser sometido a torturas ni a 
tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE).
2.º  Restablecerlo en la integridad de su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del 
auto del Juzgado de Instrucción núm. 11 de Barcelona, de 16 de septiembre de 2020, 
dictado en las diligencias indeterminadas núm. 753-2019, y del auto de la Sección 
Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de noviembre de 2020, dictado en 
el rollo de apelación núm. 634-2020.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado del primero de los 
autos anulados para que el Juzgado de Instrucción núm. 11 de Barcelona proceda en 
términos respetuosos con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.