BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119 Miércoles 19 de mayo de 2021 Sec. TC.   Pág. 60029
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8346 Sala Primera. Sentencia 80/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de amparo 
1692-2019. Promovido por don Jesús Rocho Sosa y doña Josefa Rodríguez 
Sanabria en relación con los autos dictados por la Audiencia Provincial y un 
juzgado  de  instrucción  de  Badajoz  decretando  prisión  provisional. 
Vulneración del derecho a la libertad personal en relación con el derecho a la 
tutela judicial efectiva: medida cautelar adoptada sin poner de manifiesto las 
actuaciones esenciales del expediente (STC 83/2019).
ECLI:ES:TC:2021:80
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente, los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo 1692-2019, interpuesto por el procurador de los tribunales 
don Santos Gómez Rodríguez, en nombre y representación de don Jesús Rocho Sosa y 
doña Josefa Rodríguez Sanabria, asistidos por el letrado don José Duarte González, 
contra  el  auto  de  1  de  febrero  de  2019,  que  inadmite  el  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones presentado contra el auto de 11 de enero de 2019, dictados ambos por la 
Sección  Primera  de  la  Audiencia  Provincial  de  Badajoz  en  el  recurso  de 
apelación 296-2018, desestimando este último el recurso de apelación interpuesto contra 
el  auto  de  16  de  diciembre  de  2018  que  acordaba  la  prisión  provisional  de  los 
recurrentes, dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Badajoz en las diligencias 
previas 2037-2018. Han comparecido don José David Serrano Cordón, doña Cristina 
Madera Gallardo y don Javier García Casanovas, representados por el procurador de los 
tribunales don José Antonio Rico Sánchez y asistidos por los letrados doña Gloria 
Iglesias Lagoa y don José Duarte González. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente el magistrado don Alfredo Montoya Melgar.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito que tuvo entrada en este tribunal el 15 de marzo de 2019, el 
procurador de los tribunales don Santos Gómez Rodríguez, en nombre y representación 
de don Jesús Rocho Sosa y doña Josefa Rodríguez Sanabria, interpuso recurso de 
amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, del 
derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes del art. 24.2 CE, y por vulneración  e
del derecho de defensa del art. 24.2 CE en relación con el derecho a la libertad del  b
art. 17.1 CE, contra el auto de 1 de febrero de 2019 que inadmite el incidente de nulidad  46ww
dSee cacciótuna ciPonriemse prare sednet adlao  coAnutdraie enlc aiau toP dreo v1i1n cdiael  endeer o dBea d2a0j1o9z,  deicnta deols  armecbuorss op ord lea 
ealp ealauctoió nd 2e9 61-62 0d1e8 , ddiecsieemstbimrea nddeo  e2s0te1 8ú ltqimueo  eal croercduarsboa  dlea  appreislaiócnió np irnotveirspiouneaslt o dceo nltoras 
recurrentes, dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Badajoz en las diligencias 
previas 2037-2018.
2.  Los hechos en que se sustenta la demanda son, sucintamente expuestos, los 
siguientes:
a)  Los recurrentes en amparo, don Jesús Rocho Sosa y doña Josefa Rodríguez 
Sanabria, eran partes investigadas en las diligencias previas 784-2018 del Juzgado de 
Instrucción núm. 1 de Badajoz, incoadas por auto de 22 de mayo de 2018 y declaradas 
secretas el 28 de mayo de 2018.
b)  Los recurrentes fueron detenidos sobre las 6:40 horas del 14 de diciembre 
de 2018, tras la práctica de una entrada y registro en su domicilio, acordada por el citado 
juzgado de instrucción. En la tarde del 16 de diciembre de 2018, una vez puestos a 
disposición del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Badajoz, en funciones de guardia, tras 
incoar las diligencias previas 2037-2018 y declararlas secretas, celebró en su sede las 
comparecencias previas a la decisión que la magistrada debía adoptar sobre la situación 
personal de los recurrentes.
c)  Durante la comparecencia de don Jesús Rocho Sosa, la magistrada le informó 
de que estaba siendo investigado por la posible comisión de delitos contra la salud 
pública, organización criminal, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, así 
como  de  los  indicios  de  participación,  derivados  de  las  intervenciones  telefónicas 
practicadas, la vigilancia y seguimientos policiales y de la entrada y registro que se llevó 
a cabo el 14 de diciembre de 2018. El demandante de amparo no quiso declarar, 
manifestando que antes debía conocer el contenido del sumario.
Terminada la comparecencia, su abogado, dado que el fiscal acababa de interesar 
que se adoptase la medida cautelar de prisión provisional, solicitó el acceso a una serie 
de diligencias de investigación declaradas secretas por el Juzgado de Instrucción núm. 1 
de Badajoz.
Así, en cuanto a las escuchas telefónicas, pidió información acerca de si el teléfono 
al que se había referido el fiscal era de don Jesús Rocho, si había datos para atribuirle 
esa conversación como suya, y que se citara al otro interlocutor para poderlo interrogar. 
En  lo  que  afectaba  a  los  seguimientos,  interesó  saber  qué  automóvil  conducía  el 
investigado, quién era el titular, a qué hora y dónde se efectuaron, con quién estaba el 
investigado y quiénes le hacían los seguimientos. En referencia a la entrada y registro, 
pidió ser informado sobre el domicilio en que se había realizado, qué sustancia se había 
encontrado y cuánto dinero se halló. En relación con el blanqueo, preguntó de qué 
cuentas bancarias se trataba, quiénes eran sus titulares, y qué propiedades rústicas y 
urbanas figuraban a nombre del investigado.
La magistrada respondió verbalmente al letrado que todas estas alegaciones las 
tendría que exponer ante el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Badajoz, por ser el 
competente para conocer de la causa, toda vez que, no habiendo solicitado la defensa la 
práctica de medios de prueba necesarios para resolver sobre la situación personal del 
detenido y habiendo interesado el fiscal directamente la prisión, tenía que resolver sobre 
la situación personal.
d)  Seguidamente  se  practicó  la  comparecencia  de  doña  Josefa  Rodríguez 
Sanabria. Por parte de la magistrada se le informó de que estaba siendo investigada por 
delitos contra la salud pública, organización criminal, blanqueo de capitales y tenencia 
ilícita de armas, y que los indicios de su participación se derivaban de las intervenciones 
telefónicas efectuadas, los seguimientos policiales y la entrada y registro efectuada en su  e
vivienda dos días antes. La recurrente en amparo sí quiso declarar y fue interrogada  bo
sobre  varios  domicilios,  sobre  su  relación  con  determinadas  personas  y  sus  46ww
cyo snovberres alocsio enfeesc totesl einfótenricvaesn idcoons  deullarasn, taes eí lc roemgios trsoo.bre la utilización de teléfonos móviles,
asisFtidinoa laiz addoon  eJle isnútesr rRogoachtoor,i od, eesl paubéosg addeo l edeer  lae l reacrtu. r5re0n5t.e3,  dqeu el ae rLae ey l dmei semnoju iqcuiaem hiaebnítao 
criminal (LECrim) sobre el derecho de acceso a los elementos esenciales para poder
impugnar la privación de libertad, formuló la petición de práctica de medios de prueba 
que a su entender se podían realizar dentro de las setenta y dos horas siguientes. Dijo 
que, en caso de haberse efectuado un seguimiento hasta un domicilio, era preciso citar 
al inquilino y preguntarle si la investigada le había alquilado la casa, si le pagaba a ella el 
alquiler y si le constaba que la investigada traficara con droga. En cuanto a lo ocurrido en 
una de las calles de la localidad, interesó la comparecencia de los dos investigados que 
habían participado en el suceso. En referencia al registro de la casa de la investigada, 
solicitó los teléfonos como pieza de convicción para determinar la existencia de pruebas 
biológicas. En cuanto al blanqueo, solicitó que se acreditara de cuántos vehículos era 
propietaria.
La  respuesta  de  la  magistrada  fue  que  no  procedía  la  suspensión  de  la 
comparecencia, ni la práctica de las diligencias en el plazo de setenta y dos horas 
porque, a efectos de resolver sobre la situación personal, con las diligencias obrantes en 
el atestado policial que derivan de una investigación declarada secreta tenía elementos 
suficientes para valorar la existencia de indicios y la necesidad de garantizar el buen fin 
de la investigación. Añadió que los dos investigados cuya declaración se proponía ya 
habían declarado como tales y que, una vez que se alzara el secreto del sumario por el 
juzgado competente, podría el letrado acceder a las mismas y a todas las diligencias 
practicadas.
e)  A continuación, el juzgado dictó auto el 16 de diciembre de 2018, acordando la 
prisión provisional, comunicada y sin fianza, contra ambos investigados, quienes en la 
misma resolución quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Badajoz 
«en sus diligencias previas 784-2018», al ser el titular de la causa. Como esta última 
estaba declarada secreta, el juzgado solo les notificó la parte dispositiva del auto.
f)  El 26 de diciembre de 2018, el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Badajoz dictó 
auto por el que se acordó mantener la prisión provisional de los dos recurrentes en 
amparo.
g)  Los recurrentes interpusieron recurso de apelación contra el auto dictado el 16 
de diciembre de 2018 por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Badajoz. En el recurso se 
alegó la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la 
libertad individual (art. 17.1 CE), y se alegaron cuatro motivos: a) inexistencia de una 
motivación suficiente para acordar la medida de prisión provisional; b) falta de acceso a 
los elementos esenciales de la causa con la finalidad de poder impugnar la medida; c) 
falta de práctica de medios de prueba solicitados antes de la adopción de la medida; d) 
el auto de prisión, con independencia de que las actuaciones estuvieran declaradas 
secretas, no contenía un mínimo de motivación fáctica y jurídica.
h)  La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, a la que correspondió 
conocer del recurso, lo desestimó por auto 11/2019, de 11 de enero.
Fundamenta su decisión la Sala en que los recurrentes se encuentran acusados de 
un delito contra la salud pública, otro de tenencia ilícita de armas así como de blanqueo 
de  capitales,  y  que  constituyen  una  organización  criminal.  Argumenta  que  existen 
indicios racionales más que suficientes para considerarlos autores de tales hechos, 
puesto que en el auto recurrido consta que en los registros domiciliarios se encontraron 
más de un kilo de cocaína, ciertas cantidades de heroína, un volumen importante de 
hachís y diversos tipos de armas ilícitas.
Añade la Sala que no puede hablarse de indefensión de ningún tipo, pues los 
investigados fueron informados debidamente por el juzgado de guardia, que tuvo en 
cuenta el riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas, por lo que se  s
cumplen todos los requisitos previstos en el art. 503 LECrim para la adopción de la  oe.
medida cautelar de prisión provisional. w.
En cuanto a la práctica de pruebas solicitada, sostiene la Sala que para que pueda  46ww
qcouneo cceorm dbea tuan ala  proessibolleu cdióenn eegna cliaó nc duea l psráec tdicean ideeg uleans , mlois mqause,  enso  parceocnistoe cuen  erne cuersstoe 
psueprsuoensatol ,d era lzoósn r epcour rlrae nqtuees .su decisión se centra única y exclusivamente en la situación  BOE-A-cable e
i)  Contra  este  auto  los  recurrentes  promovieron  un  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones. Fue inadmitido a trámite por auto de 1 de febrero de 2019, de la Sección 
Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, entrando para ello en el fondo de los 
motivos alegados.
Con respecto a la falta de fundamentación de la resolución impugnada, señala el 
auto que, «tanto la resolución de primera instancia como la ahora impugnada en nulidad 
cumplen  más  que  sobradamente  el  deber  de  motivación  a  que  hace  referencia  el 
art. 120.3 CE (en relación con el art. 24.1 CE y art. 5.4 LOPJ) pues ambas hacen una 
valoración de los indicios existentes». Insiste, con respecto al deber de información, en 
que «los investigados fueron debidamente informados tanto de sus derechos como de 
los delitos por los que se les estaba investigando y dicha información les fue facilitada 
tanto en sede policial como ante el juzgado instructor y ambos casos con asistencia 
letrada, negándose el investigado señor Rocho Sosa a declarar y limitándose su esposa 
señora Rodríguez Sanabria a negar su participación en los hechos». Por último, y en 
cuanto se refiere a la necesidad de la práctica de la prueba previa, indica que «este 
tribunal ya se pronunció expresamente en la resolución ahora impugnada y en concreto 
en su fundamento jurídico primero párrafo segundo, manteniendo el mismo criterio ya 
sostenido y reiterando la decisión tomada con respecto a la prisión provisional se hace 
en base a meros indicios, indicios que por otra parte permiten conforme a lo dispuesto en 
el art. 503 [LECrim] mantener la situación de prisión provisional, y ello reiteramos no 
produce  indefensión  alguna,  dado  que  como  también  se  expone  en  el  auto  ahora 
recurrido, los investigados podrán pedir al instructor la práctica de cuantas pruebas 
consideren oportunas».
j)  Por auto de 15 de enero de 2019, el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Badajoz 
alzó el secreto de las actuaciones, permitiendo el acceso a su totalidad respecto de 
todas las partes personadas.
k)  Como consecuencia de la impugnación del auto de ratificación de la prisión 
dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Badajoz, la audiencia provincial estimó 
el recurso y acordó la libertad provisional bajo fianza de los recurrentes, acordándose su 
puesta en libertad por auto de 28 de febrero de 2019.
3.  Los recurrentes aducen en su demanda de amparo que tanto el auto de 16 de 
diciembre de 2018 del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Badajoz, como el dictado en 
apelación el 11 de enero de 2019 y el recaído en el incidente de nulidad de actuaciones, 
de 1 de febrero de 2019, dictados ambos por la Sección Primera de la Audiencia 
Provincial de Badajoz, infringen el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), el 
derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE) y el derecho de 
defensa (art. 24.2 CE) en relación con el derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE). 
Arguyen que el auto de prisión provisional notificado por el Juzgado de Instrucción núm. 
4 de Badajoz debía contener un mínimo de motivación fáctica y jurídica a pesar de que 
las actuaciones estuvieran declaradas secretas. El art. 502.6 LECrim prevé que «en 
ningún caso se omitirá en la notificación una sucinta descripción del hecho imputado y de 
cuál o cuáles son los fines previstos por el art. 503 se pretenden conseguir con la 
prisión». Sin embargo, a los recurrentes solo se les notificó la parte dispositiva. Esto 
vulnera la doctrina de las SSTC 143/2010, de 21 de diciembre, FFJJ 2 y 3; 12/2007, 
de 15 de enero, FFJJ 2 y 3, y 18/1999, de 22 de febrero, FFJJ 3, 4 y 5.
Se quejan también de que no tuvieron acceso a ningún elemento esencial de las 
actuaciones  previamente  a  la  decisión  sobre  su  prisión  provisional,  por  lo  que  no 
pudieron oponerse eficazmente a la misma. Finalmente afirman que solicitaron medios  e.
de prueba que se podían practicar en el acto o dentro de las setenta y dos horas  w.b
siguientes, y que no fueron admitidos. 46ww
invoTceardmoisn ayn  qsuuep liscea nrdeot roqturaei graenco nlaosz caac tluaa cviuolnneesra cpiaórna  dqeu elo se ld ejurzegcahdoos  fduen dianmstreunctcailóens 
reelesmueelvnato sc ondfeo rmlase  aa cdteuraecciohnoe, sp oqsuibeil itraensduolt eenl  aecsceenscoi adlees l oys  rpercounrurennctieásn dao sloes  scoobnrcere tlooss 
medios de prueba que fueron solicitados en la comparecencia previa a la adopción de la
medida cautelar, y que se les notifique el auto de 16 de diciembre de 2018 con un 
mínimo  de  motivación  fáctica  y  jurídica.  También  suplican  que  se  retrotraigan  las 
actuaciones para que la audiencia provincial resuelva conforme a derecho.
4.  Con fecha 30 de julio de 2019, la secretaría de justicia de la Sección Primera de 
este tribunal acordó requerir al Juzgado de Instrucción núm. 1 de Badajoz la remisión de 
testimonio íntegro de las piezas de situación personal de los recurrentes; y a la Sección 
Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, testimonio del incidente de nulidad de 
actuaciones presentado por aquellos en el recurso de apelación 296-2018.
5.  Mediante providencia de 16 de diciembre de 2019, la Sección Primera de este 
tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo presentada, «apreciando 
que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) 
porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental 
sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y el órgano judicial 
pudiera haber incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la 
doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)]».
De conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), acordó también dirigir atenta comunicación a la Sección Primera 
de la Audiencia Provincial de Badajoz, y al Juzgado de Instrucción núm. 1 de Badajoz, 
para que remitieran en plazo no superior a diez días una certificación o fotocopia 
adverada  de  las  actuaciones  correspondientes,  respectivamente,  al  recurso  de 
apelación 296-2018 y a las diligencias previas del procedimiento abreviado 784-2018. Y 
a este último órgano judicial, finalmente, para que en plazo no superior a diez días 
procediera a emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, para que en el 
plazo de diez días pudieran comparecer, si lo deseaban, en el recurso, excepto la parte 
recurrente en amparo.
6.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sala Primera de 
este tribunal, de fecha 1 de julio de 2020, se acordó tener por personado al procurador 
de los tribunales don José Antonio Rico Sánchez, en nombre y representación de don 
José  David  Serrano  Cordón,  doña  Cristina  Madera  Gallardo  y  don  Javier  García 
Casanova, ordenándose entender con él las sucesivas actuaciones «a los solos efectos 
de evacuar el trámite de alegaciones del art. 52 LOTC». Y, con arreglo al art. 52.1 LOTC, 
se acordó conceder a las partes personadas y al Ministerio Fiscal el plazo común de 
veinte días para que, con vista de las actuaciones, formulasen alegaciones.
7.  Por  escrito  presentado  el  14  de  julio  de  2020,  el  procurador  de  los  dos 
demandantes de amparo, actuando en nombre de estos y de «doña Libertad Rocho Leal, 
doña Claudia Álvarez Chávez, como consta acreditado en el procedimiento», formuló la 
siguiente  alegación:  «Esta  parte  reitera  todas  y  cada  una  de  las  alegaciones  y 
pedimentos ya alegados».
Posteriormente, con fecha 2 de septiembre de 2020 el citado procurador presentó un 
nuevo  escrito  de  alegaciones,  esta  vez  en  representación  solamente  de  los  dos 
recurrentes de amparo, a fin de «reiterar las alegaciones y motivos esgrimidos en la 
demanda de amparo».
8.  Por escrito registrado en este tribunal el día 10 de julio de 2020, el procurador 
señor Rico Sánchez, diciendo actuar en nombre de don Javier García Casanova, doña 
Cándida Amparo Sequeira Parra, don David Real Domínguez, don José David Serrano  e.e
Cordón y doña Cristina Madera Gallardo, «como consta acreditado en el procedimiento»,  b
se limitó a manifestar que «se adhieren en su integridad a todas las alegaciones y  46ww
pediMmeednitaonst efo rumnu lsaedgousn pdoor  leas pcarirttoe,  repcreusrreennttaed»o.  el  12  de  agosto  de  2020,  el  mismo
Cproorcduórna,d odro, ñaac tCuraisntdinoa  aMhoardae rean  Greapllarerdsoe nyta dcioónn  Jsaovlaiemr eGnaterc ídae  Cdaosna nJoovsaé,  Dmaavnidif eSsteór rqauneo 
«venimos a adherirnos y reiterar las alegaciones y motivos esgrimidos en la demanda de 
amparo».
9.  El 14 de agosto de 2020 presentó su escrito de alegaciones el Ministerio Fiscal, 
interesando la estimación del recurso en los términos que seguidamente se exponen.
Considera en primer lugar, respecto de la queja de falta de acceso a los elementos 
de las actuaciones que resultan esenciales para atacar la medida de privación de libertad 
de los recurrentes, que habiéndose exteriorizado la petición por parte de los interesados 
por sí y/o a través de su defensa, esta fue denegada para ambos recurrentes, de manera 
que  no  pudieron  tener  conocimiento  de  un  mínimo  de  actuaciones  necesario  para 
impugnar la medida cautelar de privación de libertad solicitada, con lo que se vulneró el 
derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE) en relación con el derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE).
Aunque es cierto que el órgano judicial de guardia no era el que tenía atribuida la 
instrucción de la causa, esto no le excluía de la obligación de dar cumplimiento a facilitar 
el acceso en la forma prevenida en el art. 505.3 LECrim. Por una parte, porque el 
art. 505.6 LECrim no establece ninguna diferencia ni, por tanto exclusión de dicha 
obligación,  remitiéndose  además  a  «lo  previsto  en  los  apartados  anteriores»  del 
precepto. Y por otra parte, este criterio implicaría privar del derecho a quien no fuera 
puesto a disposición del juzgado de la causa, difiriendo por plazo ilimitado –aunque en 
los  términos  del  art.  505.6  in  fine  LECrim–  la  posibilidad  de  su  ejercicio  y, 
consecuentemente, la efectiva impugnación de la privación de libertad, manteniéndose, 
mientras tanto, en prisión, como de hecho ocurrió en este caso, por celebrarse la 
segunda comparecencia diez días después, el 26 de diciembre de 2018.
En cuanto a la falta de adecuada notificación del auto de 16 de diciembre de 2018, el 
Ministerio Fiscal considera que fue defectuosa, por incompleta, por haberse suprimido 
toda referencia a los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentaban. Con todo, la 
estimación del anterior motivo haría innecesario entrar en esta ponderación.
Y en lo que respecta a la queja referida a la denegación de los medios de prueba 
propuestos, la petición de práctica de determinados medios de prueba en dicho acto 
aparecía directamente vinculada a la falta de acceso a los elementos esenciales de las 
actuaciones. No obstante, en la demanda no consta un desarrollo de la vulneración, 
pues para nada se alude a que la prueba propuesta y no practicada fuera decisiva en 
términos de defensa, así como a la justificación de la indefensión sufrida. En este 
sentido, una cosa es la posible indefensión padecida como consecuencia de la falta de 
acceso a los elementos esenciales, y otra la derivada de la prueba denegada a la que, o 
bien  no  se  alude,  o  bien  se  identifica  con  la  primera,  en  cuyo  caso  carecería  de 
autonomía propia y virtualidad de producir una lesión de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Ministerio Fiscal interesa del Tribunal Constitucional que dicte 
sentencia  con  el  siguiente  pronunciamiento:  a)  declarar  vulnerado  el  derecho 
fundamental de los demandantes de amparo a la libertad personal (art. 17.1 CE) en 
relación  con  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  derivado  de  la 
denegación de acceso a los elementos esenciales de las actuaciones; b) acordar la 
nulidad del auto de 1 de febrero de 2019, y del auto de 11 de enero de 2019, dictados 
ambos  por  la  Sección  Primera  de  la  Audiencia  Provincial  de  Badajoz  (recurso  de 
apelación 296-2018), así como del auto de 16 de diciembre de 2018, dictado por el 
Juzgado  de  Instrucción  núm.  4  de  Badajoz  (diligencias  previas  2037-2018);  c) 
subsidiariamente, que se otorgue el amparo a los demandantes, declarando vulnerado 
su derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE), en relación con el derecho a la tutela  e.
judicial  efectiva  sin  indefensión  (art.  24.1  CE),  por  la  defectuosa  notificación,  por  w.b
incompleta, del auto de 16 de diciembre de 2018 dictado por el Juzgado de Instrucción  46ww
nreúlamc.i ó4n  dceo nB eald daejorezc, hdoe acl alar auntidlioz alcai ónnu dlidea ldo sd mele dmioissm doe;  pdr)u edbease (satritm. 2a4r .l2a  CvEu)ln.eración en
10.  Por providencia de 15 de abril de 2021 se señaló para la deliberación y votación
de la presente sentencia el día 19 de dicho mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y planteamiento de las partes.
a)  Los  dos  demandantes  de  amparo,  don  Jesús  Rocho  Sosa  y  doña  Josefa 
Rodríguez Sanabria, que fueron detenidos policialmente el 14 de diciembre de 2018, 
dirigen su petición de amparo frente al auto por el que el 16 de diciembre de 2018 el 
Juzgado de Instrucción núm. 4 de Badajoz elevó la detención a prisión provisional, 
comunicada y sin fianza, e impugnan también el auto de 11 de enero de 2019 por el que 
la Audiencia Provincial de Badajoz (Sección Primera) confirmó en apelación la medida 
cautelar privativa de libertad, así como el auto de 1 de febrero de 2019 por el que 
desestima  el  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  planteado  por  su  representación 
procesal contra el anterior auto de la Sección.
Los dos recurrentes sostienen en su demanda, como se expuso en los antecedentes, 
en primer término que no tuvieron acceso a ningún elemento esencial de las actuaciones 
previamente a la decisión sobre su prisión provisional (art. 24.2 y 17.1 CE), por lo que no 
pudieron oponerse eficazmente a la misma.
En un segundo motivo, defienden que solicitaron medios de prueba que se podían 
practicar en el acto de la comparecencia inmediatamente anterior a la resolución sobre 
su situación personal o dentro de las setenta y dos horas siguientes, y que sin embargo 
no fueron admitidos (art. 24.2 CE).
Finalmente, en un tercer motivo, se quejan de que la notificación del auto de prisión 
provisional dictado por el juzgado de instrucción solo contenía la parte dispositiva, por lo 
que carecía de una mínima motivación fáctica y jurídica (art. 24.1 CE).
Aunque  en  el  primero  de  los  dos  escritos  de  alegaciones  presentados  por  el 
procurador señor Rico Sánchez en el trámite posterior del art. 52 LOTC, en concreto 
el 10 de julio de 2020, este dijo actuar en nombre no solo de los dos recurrentes ya 
mencionados sino también de doña Libertad Rocho Leal y doña Claudia Álvarez Chávez, 
considerando a los cuatro como «esta parte», dicha indicación ha de tenerse como un 
error que en todo caso quedó subsanado en el segundo escrito presentado el 12 de 
agosto  de  2020,  ya  que  las  dos  últimas  personas  referidas  no  aparecen  como 
demandantes en el presente recurso núm. 1692-2019.
b)  El Ministerio Fiscal, que también ha formulado alegaciones, apoya el primero de 
los  motivos  de  la  demanda,  interesando  la  estimación  del  recurso  de  amparo,  y 
subsidiariamente su estimación por el motivo tercero, pero interesa la desestimación del 
segundo motivo, por falta de desarrollo argumental.
c)  Como única parte del procedimiento a quo que se ha tenido por comparecida en 
forma mediante la diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de 1 de julio 
de 2020, don José David Serrano Cordón, doña Cristina Madera Gallardo y don Javier 
García Casanova, a través de su procurador presentaron alegaciones en el trámite del 
art. 52.1 LOTC, manifestando su adhesión a la demanda, sin que ello configure una 
pretensión autónoma sino solamente un respaldo a la posición de la parte actora, de 
acuerdo con la jurisprudencia reiterada de este tribunal (por todas, STC 143/2006, de 8 
de mayo, FJ 2).
2.  Consideraciones previas. Orden de examen de las quejas.
Como bien indica el Ministerio Fiscal, la queja referida a la vulneración del derecho a 
la utilización de los medios de prueba pertinentes no solo carece de desarrollo, sino 
también  de  autonomía  de  contenido,  en  cuanto  está  directamente  vinculada  a  la  e.
denuncia de vulneración del derecho de defensa por la falta de acceso a los elementos  w.
esenciales de las actuaciones. 46ww
atenPdareram does tae rlmosin carri teerl ioosrd eexnp udees teoxsa mene nn udees trlaas d qoucetrjiansa , asretigcuúlna dlaa sc upaol,r  elans e al actnoárlaissi sn does 
l(aSsS TdCife 1re0n2t/e2s0 2l0e,s dioen 2e1s  daele sgeapdtaiesm  hbare ,d FeJ  s2e, gyu 1ir8s0e/ 2e0l1 5c,r idteer i7o  ddee s e«pmtiaeymobr rere, tFroJa 3c)c, ióqnu»e   BOE-A-cable e
implica  conceder  prioridad  al  examen  de  aquellas  causas  que,  de  prosperar, 
determinarían la retroacción a un momento procesal anterior, lo que haría innecesario un 
pronunciamiento sobre las restantes (SSTC 90/2010, de 15 de noviembre, FJ 2; 25/2012, 
de 27 de febrero, FJ 2, y las que en ellas se citan). Ese criterio se va a aplicar, por 
consiguiente, en el análisis de las vulneraciones denunciadas, debiendo empezar por la 
que afecta a la validez del auto de prisión dictado, y solo en caso de desestimarse se 
entraría en el estudio de la queja por defectuosa notificación de dicha resolución judicial.
3.  Examen  de  la  queja  referida  a  la  denegación  de  acceso  a  los  elementos 
esenciales de las actuaciones relacionados con la privación de libertad. Planteamiento.
El tribunal ha tenido ocasión de examinar aspectos del derecho de acceso a los 
elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la privación de 
libertad en las SSTC 13/2017, de 30 de enero y 21/2018, de 5 de marzo, referidas a la 
situación de detención, y en las SSTC 83/2019, de 17 de junio; 94/2019, 95/2019, de 15 
de julio, y 180/2020, de 14 de diciembre, referidas a su vez a la medida de prisión 
provisional en causas que se hallan bajo secreto.
El presente caso proporciona a este tribunal ocasión para abordar un aspecto no 
tratado entonces, cual es el alcance constitucional de los indicados derechos a ser 
informado y a acceder a aquellos elementos de las actuaciones que resulten esenciales 
para impugnar la legalidad de la privación de libertad cuando, encontrándose la causa 
bajo  secreto  (art.  302  LECrim),  el  detenido  ha  pasado  a  disposición  judicial  y 
corresponde  decidir  sobre  su  situación  personal,  convocándose  a  tal  fin  la 
comparecencia del art. 505 LECrim, pero, a diferencia de las tres últimas sentencias 
citadas, ante un juez distinto del que tiene asignada la instrucción de la causa, en este 
caso ante el juez de guardia.
4.  Doctrina  constitucional  sobre  el  acceso  a  los  elementos  esenciales  de  las 
actuaciones relacionados con la privación de libertad.
En lo que aquí atañe, la doctrina sentada en las SSTC 83/2019, de 17 de junio, 
FFJJ 3 a 5; 94/2019 y 95/2019, de 15 de julio, FFJJ 3 a 5, y 180/2020, de 14 de 
diciembre, FFJJ 4 y 5, es la siguiente:
a)  «Con carácter general, corresponde al juez instructor velar por que el detenido, 
una vez que se encuentra a su disposición (art. 17.2 CE), sea debidamente informado de 
sus derechos y garantías procesales (arts. 17.3 CE y 118 y 520 LECrim), procurando que 
esa información se le facilite por escrito de forma inmediata y, en todo caso, con 
anterioridad  a  alguno  de  los  momentos  en  los  que  pueda  verse  comprometida  la 
efectividad de su derecho de defensa. Particularmente destacables son los momentos de 
recibirle  declaración  y  de  decidir  sobre  su  situación  personal.  Deberá  asegurarse 
también el instructor de la adecuada comprensión por el justiciable, puesto bajo su 
custodia, del elenco de derechos que le asisten ex art. 520 LECrim, de los que se le 
entregará además copia escrita» (SSTC 95/2019, FJ 6; 94/2019, FJ 6, y 83/2019, FJ 6).
«Mientras que el derecho a ser informado sobre los hechos investigados y sobre las 
razones  que  han  llevado  al  detenido  a  presencia  judicial  debe  ser  promovido 
directamente por el instructor, proporcionando de oficio al investigado y a su defensa 
cuantos detalles fácticos y jurídicos sean necesarios, por expresivos en tal sentido 
(art. 520.2 inciso 1 LECrim), los restantes derechos enumerados en el art. 520.2 LECrim 
y, entre ellos, el acceso a los materiales del expediente relacionados con su privación de  e.e
libertad que resulten esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación  b
de libertad [art. 520.2 d) LECrim] requieren, en cambio, de la rogación por el interesado,  46ww
qeuxtieenrio rdizeasrp uséus  vdoelu nintafodr mdaed oh adceelr  duesroe cdheol  qdueere cleh oa soi stdee reenc hotasl  dsee ntqiduoe   hsaeb rtára tdee» 
(SSTb)C  9«5C/2o0m1o9 , vFeJn 6im; 9o4s/ 2d0i1c9ie,n FdJo ,6 , eyl  8s3u/p2u0e1s9t,o F Jp l6a)n.teado  en  este  amparo  afecta  al
derecho reconocido en el art. 520.2 d) LECrim. La conexión entre el derecho a conocer
las  razones  de  la  privación  de  libertad  y  el  de  acceder  a  los  elementos  de  las 
actuaciones que sean esenciales para impugnarla explica en gran medida el contenido 
de  esta  segunda  garantía,  puesto  que  a  partir  de  la  información  recibida,  y  para 
contrastar su veracidad y suficiencia, el privado de libertad puede solicitar acceso a 
aquello que recoja o documente las razones aducidas (STC 21/2018, FJ 7), activando 
con ello su derecho.
En  supuestos  como  el  de  autos,  a  la  declaración  del  investigado  sigue  la 
convocatoria por el juez instructor de la comparecencia prevista en el art. 505 LECrim, en 
la  que  las  partes  acusadoras  podrán  interesar  que  el  instructor  decrete  la  prisión 
provisional del investigado o encausado, o bien su puesta en libertad previa prestación 
de fianza. Al respecto, el Tribunal Constitucional se reserva ‘la facultad de revisar si la 
adopción judicial de la medida de prisión provisional se ha sujetado a los criterios legales 
que garantizan el derecho de defensa y no sufrir indefensión del sujeto sobre el que se 
aplica la medida cautelar en relación, estrictamente, con la adopción de esa medida’ 
[STC 29/2019, de 28 de febrero, FJ 3 e)].
Este  tribunal  es  asimismo  garante  de  que  "el  procedimiento  de  adopción  o 
confirmación de la prisión provisional, se ajuste a las exigencias constitucionales de 
preservación del derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con el art. 17 CE" 
[STC 29/2019, FJ 3 e)]» (SSTC 83/2019, FJ 6; 94/2019, FJ 6, y 95/2019, FJ 6).
«Corresponde  ahora  perfilar  el  acceso  al  expediente  que,  vinculado  a  la 
comparecencia del art. 505 LECrim y en garantía de su libertad personal, incumbirá al 
investigado o encausado con el fin de rehuir una situación de indefensión (art. 17.1 CE, 
en relación con el art. 24.1 CE). El sentido constitucional de estos derechos lleva a 
interpretar que, desde el momento en que el órgano judicial haya informado de que se va 
a celebrar esta comparecencia, estará habilitado el investigado para expresar, por sí o a 
través de su abogado, su voluntad de acceder al expediente con la finalidad de tomar 
conocimiento de lo necesario para rebatir la procedencia de las medidas cautelares 
privativas de libertad que puedan interesar las acusaciones. Dado que es precisamente 
esta su finalidad, el uso del derecho que le asiste no podrá posponerse más allá del 
momento en que, durante la propia comparecencia, una vez expuestas sus alegaciones 
por las acusaciones, llegue el turno de intervención de la defensa del interesado. Y ello 
porque ha de ser con anterioridad a que el órgano judicial adopte una decisión sobre la 
libertad del investigado cuando este, potencialmente afectado por la medida cautelar que 
vaya  a  interesarse,  tenga  la  oportunidad  de  requerir,  por  sí  o  a  través  de  su 
representante en el proceso, ese acceso al expediente que le permita disponer de 
aquellos datos que, como consecuencia de las diligencias practicadas, puedan atraer 
una valoración judicial última de pertinencia de la medida cautelar privativa de libertad 
que se solicite, conforme a los fines que la justifican» (STC 83/2019, FJ 6).
«Mostrada por el justiciable o por su defensa la voluntad de hacer uso del derecho 
reconocido en el art. 520.2 d) LECrim, compete al órgano judicial darle efectividad del 
modo  más  inmediato  y  efectivo  posible,  interrumpiendo,  si  fuere  preciso,  la 
comparecencia  ya  iniciada,  sin  perjuicio  de  su  reiteración  en  fase  posterior» 
(STC 83/2019, FJ 6).
c)  «Aplicándose lo hasta aquí expuesto al común de supuestos del art. 505 LECrim, 
debemos detenernos ahora en aquella situación en la que los derechos de información y 
de acceso al expediente con fines de impugnar la privación de libertad se promueven, al 
tiempo de la comparecencia, en el seno de una causa declarada total o parcialmente 
secreta (art. 302 LECrim). Confluyen entonces el interés de defensa vinculada a la  s
libertad personal (art. 17.1 CE) y el interés en no perjudicar los fines con relevancia  oe.
constitucional de los que es tributario el secreto, consecuencia de la interpretación de la  w.
justicia como valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), debiendo conciliar  46ww
ambNoos .hay duda de que el secreto sumarial incide, siquiera temporalmente, en las
cinatpearvceidnaird eens  edl ed edseafreronlsloa  ddee lla  ininvveessttigigaadcoió, nl ipmeitnaanld. oE l ssuasc ripfiocisoib dileidl apdleenso  ddeis fcruotneo pceorr  eel   BOE-A-cable e
justiciable de sus derechos y garantías que ello implica no exime, sin embargo, de la 
obligación de informarle debidamente sobre los hechos que se le imputan y sobre las 
razones motivadoras de su privación de libertad. Tampoco puede privarle, en términos 
absolutos, de su derecho de acceder a las actuaciones para cuestionar e impugnar la 
legalidad de la privación de libertad, cercenando con ello toda posibilidad de defensa 
frente a la medida cautelar.
Del otro lado, los fines a los que legal y constitucionalmente sirve el secreto sumarial 
no pueden desvanecerse como consecuencia del ejercicio efectivo de los indicados 
derechos del justiciable, pues en tal caso el secreto perdería su razón de ser. Así se 
desprende de la doctrina constitucional a la que venimos haciendo referencia (entre 
muchas, SSTC 176/1988, de 4 de octubre, FJ 2, y 18/1999, de 22 de febrero, FJ 4), y así 
se infiere también de la Directiva 2012/13/UE cuando admite que el acceso al expediente 
penal pueda ser denegado ante el riesgo de perjudicar una investigación en curso 
(art.  7.4)  siempre,  eso  sí,  desde  una  interpretación  restrictiva  de  esta  limitación  y 
respetuosa  con  el  principio  de  equidad.  En  este  sentido,  el  Tribunal  Europeo  de 
Derechos Humanos viene apreciando que, de conformidad con el art. 6 CEDH, resulta 
necesario proporcionar un grado de acceso al expediente que permita al interesado 
disfrutar de una efectiva oportunidad de conocer en lo esencial los elementos en que se 
sustenta su privación de libertad, sin perjuicio de lo cual está justificada la denegación 
del acceso al expediente penal en determinados casos, como cuando estamos ante una 
investigación compleja que afecta a la actividad criminal de un conjunto de individuos o 
bien cuando incluye determinados documentos, como sucede con los clasificados; en 
cualquier caso, el eficiente desarrollo de la investigación, siendo un objetivo legítimo, no 
puede conseguirse a expensas de restricciones sustanciales de los derechos de la 
defensa que se dilaten en el tiempo mientras el investigado permanece en situación de 
prisión  provisional:  en  estos  supuestos,  caso  de  solicitarlo  el  interesado,  deberá 
ponderarse aquello que resulte necesario para poder ejercitar una defensa eficaz frente 
a la privación de libertad (STEDH de 18 de septiembre de 2012, asunto Dochnal contra 
Polonia, § 87 y 88).
La expresión "en todo caso" incorporada al art. 505.3 LECrim para referirse a esta 
situación no comporta, en su entendimiento constitucional, una suerte de alzamiento del 
secreto sumarial que abra ilimitadamente la causa o alguna de sus piezas, declaradas 
secretas, al conocimiento de las partes en situación, efectiva o potencial, de privación de 
libertad, a resultas de lo que suceda en la comparecencia del art. 505 LECrim. Muy al 
contrario, subordina la toma de conocimiento de lo actuado a lo estrictamente necesario 
en  orden  a  comprobar  la  regularidad  de  la  medida  privativa  de  libertad,  debiendo 
facilitarse tan solo lo imprescindible para, dado el caso, cuestionar su pertinencia y 
promover su impugnación. Así pues, el secreto sumarial habrá de convivir en estos 
casos con una accesibilidad al sumario que constriña el nivel de conocimiento por el 
investigado del resultado de la investigación a aquello que resulte esencial –en el sentido 
de sustancial, fundamental o elemental– para un adecuado ejercicio de su defensa frente 
a la privación de libertad, siempre previa solicitud expresa por su parte en tal sentido» 
(STC 95/2019, FJ 6).
d)  «Determinados por el instructor los elementos fundamentales del caso en clave 
de privación de libertad, la efectividad de la garantía requiere que la información se 
suministre al interesado por el mecanismo que resulte más idóneo, a criterio del órgano 
judicial: extracto de materiales que obren en las actuaciones, exhibición de documentos 
u otras fuentes de prueba, entrega de copias o de cualquier otro soporte o formato,  s
siempre que garantice el ajuste con los datos obrantes en el expediente y permita un  oe.
adecuado uso en términos de defensa (STC 21/2018, de 5 de marzo, FJ 6). No basta,  w.
por tanto, con la información que verbal y genéricamente pueda proporcionarse en tal  46ww
sentLidao i.doneidad de la decisión judicial de entrega de datos y materiales en ejercicio de
deest orse cduerrseocsh olesg saelmráe, netne  ceusatalqbuleiecri dcoa.s oC,o sruresscpeopntidbele  adle  ósrugpaenrov isjuiódnic iaa lt rqauvées  cdoenlo rzécgaim deenl   BOE-A-cable e
recurso  revisar  la  ponderación  efectuada  por  el  instructor  de  la  adecuación  de  los 
materiales facilitados a los fines y derechos concernidos, lo que valorará a la luz de las 
específicas  circunstancias  del  caso,  atendiendo  a  la  naturaleza  de  los  datos  y 
documentos puestos a disposición del interesado y a su importancia en relación con las 
circunstancias que propiciaron la privación de libertad (STEDH de 25 de junio de 2002, 
asunto Migoń contra Polonia, § 81), sin olvidar los propósitos del secreto decretado en el 
caso, igualmente dignos de atención» (STC 95/2019, FJ 6).
e)  Finalmente, hemos señalado en la STC 95/2019, FJ 6, que «es significativo el 
periodo durante el cual el investigado, privado de libertad, haya estado a su vez privado 
de acceso íntegro al procedimiento (SSTEDH de 25 de junio de 2002, asunto Migoń 
contra Polonia, § 81, y de 18 de septiembre de 2012, asunto Dochnal contra Polonia, § 
87 y 88). Y ello porque la prolongación en el tiempo del secreto no puede constreñir 
indefinidamente un ejercicio del derecho de defensa que llegue a abarcar la totalidad del 
sumario,  desautorizándose  constitucionalmente  todo  proceso  penal  que,  como 
consecuencia de la declaración judicial de secreto, se geste a espaldas del investigado y 
recorte así sus derechos y garantías en el proceso (art. 24.2 CE). El factor tiempo juega, 
por sí mismo, un papel altamente relevante en toda causa declarada secreta. Al restringir 
las posibilidades de conocimiento íntegro de lo investigado y, por tanto, de defensa, la 
declaración de una causa como secreta siempre habrá de extenderse en el tiempo el 
mínimo indispensable para lograr sus fines, debiendo cesar de forma inmediata en caso 
de lograrse aquellos; subsidiariamente, y aun cuando no se hayan obtenido, decaerá en 
el momento en que expire el plazo específicamente conferido por la resolución judicial, 
que nunca podrá sobrepasar los máximos legalmente previstos con inclusión, dado el 
caso, de sus prórrogas.
El transcurso del tiempo provoca, pues, efectos tanto en la privación provisional o 
preventiva de libertad como en la declaración sumarial de secreto, operando como 
indudable factor a ponderar en su convivencia con el interés del investigado en conocer 
el contenido íntegro de las actuaciones, de modo que a medida que avance el periodo de 
investigación  los  intereses  del  investigado  irán  sobreponiéndose  al  interés  en  el 
mantenimiento del secreto.
Por todo ello, si la virtualidad del secreto puede operar como valor preponderante en 
los comienzos de la investigación en la que se decreta, bien por ponderación de los 
intereses en presencia (art. 301 y 302 LECrim), bien por mandato legal y sin necesidad 
de expresa declaración en el caso de adoptarse medidas de investigación tecnológica 
[art. 588 bis d) LECrim], pudiendo provocar incluso que el derecho de defensa del 
investigado sobre el que se ejecuta una medida cautelar personal privativa de libertad 
tropiece con parcelas de investigación desconocidas, no es menos cierto que el paso del 
tiempo debilita aquel interés, que puede predominar en un principio».
5.  Análisis de la cuestión de fondo.
Los demandantes no cuestionan el contexto bajo el que discurrió su detención 
policial. En el caso de don Jesús Rocho Sosa, fue con ocasión de la comparecencia en 
la que el Ministerio Fiscal interesó la transformación de la situación de detención en 
prisión provisional (art. 505 LECrim) cuando por primera vez expresó, personalmente, su 
negativa a declarar hasta no conocer el contenido de las actuaciones y luego, a través 
de su defensa, la voluntad de ejercitar el derecho a acceder a lo esencial en las 
actuaciones para defenderse de la privación de libertad interesada por esta acusación. 
Por lo que respecta a doña Josefa Rodríguez Sanabria, fue su letrado el que, como la  e
magistrada había rechazado su petición de acceso a los elementos esenciales durante la  bo
comparecencia del señor Rocho Sosa, aludiendo, entre otros argumentos, a que no  46ww
hcoambípaa reincteenrecsiaa,d mo odmuelód ioess tad vee zp lrau epbeati cióqnu,e  copnu dleiecrtaunra  esxepr repsraa cdteicl aadrotísc uldou draen tlae  lelay 
criatusaorsia  erne fqeuried oe satlé a accceosrdoa dao  taelle ss eeclreemtoe nstuoms,a raiapll,ic mabeled,ia inntcel ulsao ,s ocloicmituod  redcea lmcóe,d ieons  ldoes 
prueba  que  pudieran  practicarse  en  ese  momento  o  en  las  setenta  y  dos  horas 
siguientes.
A ello anudan su petición de amparo, lamentando que la instructora no atendiera su 
petición,  habiéndoles  anunciado  con  anterioridad  que  la  causa  se  encontraba  bajo 
secreto y que ella no era la competente para conocer de la causa, por lo que la petición 
deberían  efectuarla  ante  el  juzgado  de  instrucción  competente  cuando  este  se 
propusiera ratificar o alzar la medida cautelar. Esto supuso que, dados los detalles 
proporcionados  en  sede  policial  y  judicial,  que  estiman  escasos  e  insuficientes  en 
términos de defensa frente a la medida cautelar, no pudieran contradecir los argumentos 
del fiscal que actuaba en ese acto, ya que no se les procuró acceso alguno, aun limitado, 
a las actuaciones.
Como indica el fiscal ante este tribunal en su escrito de alegaciones del art. 52 
LOTC, aunque es cierto que el órgano judicial de guardia no era el que tenía atribuida la 
instrucción de la causa, ello no le excluía de dar cumplimiento a la obligación de facilitar 
el acceso a las actuaciones esenciales, en la forma prevenida en el art. 505.3 LECrim. 
Por una parte, el art. 505.6 LECrim establece que cuando el detenido es puesto a 
disposición de juez distinto del que hubiere de conocer de la causa, es a aquel al que le 
corresponde cumplir esta obligación. La propia instructora respondió verbalmente a la 
solicitud de práctica de prueba en la segunda comparecencia, afirmando que, con las 
diligencias obrantes en el atestado policial que derivaban de una investigación declarada 
secreta,  los  recurrentes  tenían  elementos  suficientes  para  valorar  la  existencia  de 
indicios y la necesidad de garantizar el buen fin de la investigación. Por tanto, nada 
obstaba a que pudiera facilitar los elementos esenciales referidos a la privación de 
libertad de que disponía en los términos señalados anteriormente.
Y por otra parte, el criterio contrario implicaría privar de este derecho a quien no 
fuera puesto desde el principio a disposición del juzgado de la causa, difiriéndose con 
ello durante un tiempo más o menos largo la posibilidad de su ejercicio y la efectiva 
impugnación de la privación de libertad, permaneciendo además, mientras tanto, en 
prisión, como de hecho ocurrió en este caso, en el que esta situación se prolongó 
durante diez días, puesto que hasta entonces no se celebró la comparecencia ante el 
juez que debía conocer de la causa.
De  conformidad  con  la  doctrina  que  hemos  dejado  expuesta,  debe  entenderse 
lesionado el derecho de los demandantes a recibir en aquel momento conocimiento de lo 
esencial en las actuaciones para impugnar la medida cautelar de prisión provisional que 
instantes antes había interesado el Ministerio Fiscal: (i) pues en el caso del señor Rocho 
Sosa no se le dio acceso alguno a aquellos materiales de la investigación desde los 
cuales,  y  sin  perjuicio  del  respeto  debido  al  secreto  sumarial,  poder  rebatir  los 
argumentos expuestos de contrario (arts. 17.1 y 24.1 CE), y (ii) en el de la señora 
Rodríguez Sanabria, si bien al hilo del interrogatorio judicial se hizo mención por parte de 
la instructora a algunos elementos incriminadores –utilización y comunicación a través de 
determinados  teléfonos,  domicilios  registrados,  conocimiento  de  otros  investigados–, 
esta comunicación fue incompleta y suministrada de forma verbal.
La solicitud de los demandantes se ajustó así tanto al requisito formal de rogación 
expresa, como al temporal vinculado a la comparecencia del art. 505 LECrim, antes 
indicados. La vulneración de su derecho dimana del hecho mismo de que, pese a 
mostrar en tiempo y forma ese claro disenso, la comparecencia continuara hasta su 
finalización, sin suspenderse para atender aquella petición y permitirles con ello adquirir 
conocimiento de lo necesario para cuestionar las razones que habrían de justificar la  s
medida cautelar, antes de que se resolviera judicialmente sobre su situación personal. oe.
Esta vulneración cometida por el juzgado que actuaba en funciones de guardia, no  w.
fue reparada por la Sección de la Audiencia Provincial que conoció del recurso de  46ww
ainpceidlaecnióten  dien tneurpliudeasdt,o  e cionnstisrati enedl oa uetno  qduee  lpar iisniófonr,m  adceisóens tvimerabnadl od aedsat ep oyr  leal  tiptuolsatre rdioerl 
órgano a quo había sido suficiente.
6.  Conclusión y efectos de la estimación del recurso de amparo.
Los razonamientos precedentes nos llevan a otorgar el amparo [art. 53 a) LOTC] por 
vulneración de los derechos de los demandantes previstos en los arts. 17.1 y 24.1 CE, 
porque no se pusieron de manifiesto las actuaciones esenciales del expediente para que 
pudieran oponerse a la medida de prisión interesada por el fiscal. Habiéndose apreciado 
este primer motivo, resulta innecesario entrar a examinar la otra queja planteada en la 
demanda, referida a la vulneración de la tutela judicial efectiva por haberse omitido en la 
notificación del auto de prisión una mínima referencia a los fundamentos fácticos y 
jurídicos.
Resta determinar cuáles hayan de ser los efectos de la estimación de la demanda 
(art. 55.1 LOTC) pues tanto el demandante como el fiscal ante el Tribunal Constitucional 
interesan que se declare la nulidad de las resoluciones judiciales concernidas.
Cabe destacar que la situación de indefensión se ciñe al hecho mismo de haberse 
impedido a limine todo contacto de los demandantes con el expediente procesal, de 
modo tal que pudieran adquirir conocimiento de lo que, obrando en las actuaciones, 
resultara esencial para poder impugnar su privación de libertad. No alcanza, en cambio, 
al contenido de los motivos que razona la resolución judicial para fundar la medida de 
prisión, en cuyo examen no entramos por ser ajeno al objeto de este proceso. El auto del 
juez instructor recurrido en este amparo debe ser, por tanto, anulado, no por defectos 
ínsitos a la propia resolución judicial que acuerda la prisión provisional, cuya solvencia 
argumentativa no se discute, sino como consecuencia de la lesión de las garantías 
inherentes al proceso que le precede. Dicha nulidad afecta también al auto por el que la 
audiencia provincial resolvió en apelación el recurso de los demandantes, confirmando la 
decisión anterior, así como al auto que inadmitió a trámite el incidente de nulidad de 
actuaciones.
En todo caso, las consecuencias de la lesión deben entenderse superadas por 
acontecimientos procesales posteriores, de los que se ha dejado constancia en los 
antecedentes de esta resolución. Así, el acceso integral al expediente penal sobrevenido 
como consecuencia del alzamiento del secreto, junto con la puesta en libertad de los 
demandantes,  determinan  que  el  amparo  que  en  este  momento  se  otorga  quede 
constreñido  al  reconocimiento  de  la  vulneración  de  los  indicados  derechos 
fundamentales en el seno de la comparecencia del art. 505 LECrim. Alzado el secreto de 
las actuaciones y puestos en libertad los demandantes tras presentarse la demanda de 
amparo que examinamos, cabe entender ineficaz cualquier reparación que, más allá del 
reconocimiento formal de aquellos derechos, pudiera ahora reconocerse y ello, como 
subraya la jurisprudencia de este tribunal (por todas, la STC 167/2005, de 20 de junio) al 
no  considerarse  la  pérdida  sobrevenida  de  objeto,  pues  nuestro  enjuiciamiento  se 
concreta al momento temporal de formulación de la demanda de amparo, atendiendo a 
las  circunstancias  concurrentes  en  esa  ocasión  a  efectos  de  dilucidar  si  existió 
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
De esta forma, el otorgamiento del amparo no tendrá más efectos en el proceso de 
instancia que los meramente declarativos. En supuestos similares (SSTC 83/2019, FJ 8; 
94/2019, FJ 8; 95/2019, FJ 8, y 180/2020, FJ 10), este tribunal ha venido entendiendo 
que un pronunciamiento como el que nos ocupa constituye en sí mismo la reparación del 
derecho fundamental invocado, sin que su carácter declarativo le prive de su efecto 
reparador.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha adoptado
En el recurso de amparo interpuesto por don Jesús Rocho Sosa y doña Josefa 
Rodríguez Sanabria, los siguientes pronunciamientos:
Estimar el recurso de amparo en los términos fijados en el fundamento jurídico 6 de 
esta resolución y, en consecuencia:
1.º  Declarar  vulnerado  el  derecho  de  los  demandantes  a  la  libertad  personal 
(art. 17.1 CE), en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerles en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de 16 de 
diciembre de 2018, por el que el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Badajoz decretó la 
prisión provisional, comunicada y sin fianza de los demandantes, así como del auto de 11 
de enero de 2019 por el que la Audiencia Provincial de Badajoz (Sección Primera) 
confirmó, en apelación, la medida cautelar privativa de libertad, y del auto de 1 de 
febrero de 2019 por el que se inadmitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, diecinueve de abril de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.