BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Miércoles 22 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 158664
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
21112 Real Decreto 1129/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento 
jurídico  español  la  Directiva  2013/55/UE  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 
2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el 
Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a 
través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI), en 
relación  con  el  procedimiento  de  reconocimiento  de  cualificaciones 
profesionales.
Los mecanismos de reconocimiento y homologación de cualificaciones académicas y 
profesionales en la Unión Europea son una herramienta fundamental para garantizar y 
facilitar  el  ejercicio  de  derechos  esenciales  en  el  mercado  interior  europeo, 
especialmente la libre prestación de servicios o la libre circulación de trabajadores.
La  política  de  la  Unión  Europea  al  respecto  ha  experimentado  una  profunda 
evolución histórica durante las últimas décadas. Particularmente, la Directiva 2005/36/CE 
del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  7  de  septiembre  de  2005,  relativa  al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales, que permitió consolidar en un único 
cuerpo la normativa europea vigente en materia de reconocimiento de cualificaciones, 
fue modificada, entre otros, por la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de noviembre de 2013, e incluyó medidas con el objetivo de reforzar el 
mercado interior y favorecer la libre circulación de los profesionales, así como garantizar 
un reconocimiento más eficaz y transparente de las cualificaciones profesionales.
El Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 
relativo  a  la  cooperación  administrativa  a  través  del  Sistema  de  Información  del 
Mercado  Interior  (Reglamento  IMI),  incorporó  a  nuestro  ordenamiento  jurídico  la 
Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre 
de 2013.
La Comisión Europea, a través del dictamen motivado del expediente 2018/2306, 
puso en conocimiento de las autoridades españolas la existencia de ciertas deficiencias 
en la transposición de la citada Directiva 2013/55/UE, de 20 de noviembre.
Por una parte, en el mencionado dictamen motivado se pone de manifiesto, entre 
otras cuestiones, que el artículo 51, apartado 1, de la Directiva 2005/36/CE, relativo al 
procedimiento  de  reconocimiento  de  cualificaciones,  no  encuentra  reflejo  en  la 
legislación española. En concreto, la Comisión considera que la Directiva 2005/36/CE 
regula la obligación del Estado miembro de acogida de no solo acusar recibo de la 
solicitud al interesado en el plazo de un mes, siendo la norma española, en este punto, 
incluso más garantista que el derecho de la Unión Europea al establecer el deber de 
hacerlo en un plazo de diez días, sino también, en su caso, de informar al solicitante en  s
el plazo de un mes de la recepción de la solicitud de cualquier documento que falte en el  oe.
expediente. w.
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Administraciones  Públicas,  que  son  las  aplicables  por  remisión,  es  insuficiente,
especialmente  si  la  documentación  a  subsanar  debe  proporcionarla  una  autoridad 
competente sita en otro Estado miembro.
Habida cuenta de las observaciones de la Comisión en su informe, mediante esta 
norma se incorpora el deber de informar al solicitante de la falta de documentación o 
deficiencia en el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones en el plazo de un 
mes. Además, en consideración a la particularidad de estos procedimientos, este real 
decreto procede a establecer un plazo de un mes para que los interesados puedan, en 
su caso, subsanar la falta de documentación que deba acompañar a su solicitud, en el 
marco de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
que posibilita establecer reglamentariamente especialidades del procedimiento referidas 
a plazos.
Este real decreto persigue, además de perfeccionar la transposición del derecho de 
la  Unión  Europea  a  nuestro  ordenamiento,  cuatro  objetivos  más:  modernizar  las 
relaciones entre la Administración y los interesados; actualizar la composición y regular 
el funcionamiento de la comisión interministerial a la que hace referencia el artículo 81 
del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio; introducir medidas adicionales para disponer 
de  una  oferta  de  profesionales  sanitarios  que  permita  la  cobertura  de  plazas 
especialmente  en  zonas  menos  accesibles  o  en  momentos  puntuales  como  los 
ocasionados por la pandemia provocada por la COVID-19; y actualizar las referencias a 
normativa de la Unión Europea derogada así como adaptar la regulación actual en 
materia de protección de datos.
En primer lugar, como se indicaba, esta norma pretende modernizar y agilizar las 
relaciones entre la Administración y los interesados adaptándolas al nuevo contexto 
digital, máxime en el escenario actual en el que deben primarse todas las actuaciones 
que no supongan una actividad presencial.
Así, el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, regula el derecho y la 
obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas y permite, 
en su apartado 3, establecer reglamentariamente la obligación de relacionarse con la 
Administración, de forma exclusiva, a través de medios electrónicos para determinados 
procedimientos  y  para  ciertos  colectivos  de  personas  físicas  que,  por  razón  de  su 
capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado 
que  tienen  acceso  y  disponibilidad  de  los  medios  electrónicos  necesarios.  Esta 
posibilidad se ha visto recientemente desarrollada por el Real Decreto 203/2021, de 30 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector 
público por medios electrónicos.
En  el  ámbito  de  la  Administración  General  del  Estado  se  considera  que  los 
profesionales que solicitan el reconocimiento de cualificaciones profesionales reúnen las 
habilidades y disponen de los recursos necesarios para cumplir con los trámites y 
actuaciones que realicen con las administraciones públicas, incluyendo la obligación de 
relacionarse con estas a través de medios electrónicos, conforme el artículo 14.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ello permitirá una mayor accesibilidad de los ciudadanos, 
que podrán solicitar estos reconocimientos de cualificaciones profesionales en cualquier 
momento y lugar, además de permitir a la Administración agilizar su tramitación.
En segundo lugar, la norma se aprovecha igualmente para hacer las modificaciones 
en el artículo 81 del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, que aseguren la coherencia 
del ordenamiento jurídico, facilitando su comprensión por los ciudadanos y otras partes 
interesadas. Se procede, por tanto, a determinar la adscripción orgánica de la Comisión 
interministerial  de  profesiones  reguladas,  como  órgano  colegiado  que  reúne  a  los  s
representantes de los distintos Departamentos ministeriales de la Administración General  oe.
del  Estado  para  elaborar  la  lista  actualizada  de  profesiones  reguladas  en  España.  w.
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algunas reglas esenciales en relación con su funcionamiento.
En tercer lugar, se añade una disposición adicional décima en relación con las 
necesidades de profesionales sanitarios. La pandemia provocada por la COVID-19 ha 
puesto de manifiesto la, previamente reconocida, necesidad de contar con una adecuada 
planificación de profesionales sanitarios que permita atender con calidad y seguridad las 
necesidades de la población. Sin embargo, algunas situaciones excepcionales como las 
pandemias,  la  situación  geográfica  de  algunas  zonas,  incluidas  las  zonas  rurales, 
pequeñas islas o zonas de difícil acceso, así como las necesidades generadas por la 
estacionalidad de los movimientos de la población generan necesidades adicionales de 
profesionales y falta de cobertura de plazas. Por ello se hace necesario contar con 
medidas adicionales que faciliten disponer de una oferta de profesionales que permita la 
cobertura de plazas necesarias para atender las necesidades de los pacientes.
En cuarto y último lugar, se realizan las oportunas modificaciones al fin de actualizar 
el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, a la normativa vigente, en particular, se 
sustituyen las referencias a normativa europea derogada y se adapta a la regulación 
actual en materia de protección de datos.
Por otra parte, se ha de indicar que en la disposición final primera se modifica el Real 
Decreto 1101/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a entidades del Tercer Sector para proyectos de innovación e investigación 
orientados a la modernización de los servicios sociales y de los modelos de atención y 
cuidado a personas mayores, a la infancia y a personas sin hogar, en el marco del Plan 
de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  con  la  finalidad  de  actualizar  las 
denominaciones de determinadas entidades que aparecen descritas en el artículo 6, 
relativo al listado de las entidades beneficiarias, y en el artículo 9 referido a la cuantía y 
la  financiación  de  las  subvenciones.  Asimismo,  mediante  la  modificación  del  Real 
Decreto  1101/2021,  de  10  de  diciembre,  se  realizan  determinadas  correcciones 
necesarias en algunas de las cuantías contempladas en el artículo 9.
Esta  norma  se  adecua  a  los  principios  de  buena  regulación  previstos  en  el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. De una parte, se ajusta a los principios 
de necesidad y de eficacia, al estar justificada por razones de interés general, basarse 
en  una  identificación  clara  de  los  fines  perseguidos  y  resultar  el  instrumento  más 
adecuado para garantizar la consecución de sus objetivos. Asimismo, el real decreto es 
coherente con los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, ya que la norma 
aborda  los  extremos  exigidos  por  el  derecho  de  la  Unión  Europea  y  establece  la 
regulación necesaria modificando mínimamente la normativa vigente. Por otra parte, 
atiende al principio de eficiencia, puesto que al ampliar el uso de los medios electrónicos 
en las relaciones entre la Administración y los interesados facilita la garantía de un 
servicio efectivo al ciudadano. Igualmente, se adecua al principio de transparencia, 
puesto que define claramente su objetivo, se justifican sus motivos, y se ha facilitado a 
los destinatarios de la norma la oportunidad de tener participación activa pues en su 
elaboración se ha consultado a la Conferencia General de Política Universitaria y se han 
realizado los trámites de audiencia e información pública.
Este real decreto tiene su fundamento legal en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de  diciembre,  de  Universidades.  En  particular,  tras  su  modificación  por  la  Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, la norma sentó las bases del proceso de convergencia 
de nuestras enseñanzas universitarias con los principios dimanantes de la construcción 
del Espacio Europeo de Educación Superior. Según el artículo 36 de la referida Ley 
Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  el  Gobierno,  previo  informe  del  Consejo  de 
Universidades,  regulará  la  convalidación  o  adaptación  de  estudios,  validación  de  s
experiencia, equivalencia de títulos y homologación de títulos extranjeros. Por su parte,  oe.
de manera genérica la disposición final tercera habilita al Gobierno y a las comunidades  w.
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Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de
regulación  de  las  condiciones  de  obtención,  expedición  y  homologación  de  títulos 
académicos y profesionales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Universidades, con la aprobación previa de 
la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de diciembre 
de 2021,
DISPONGO:
Artículo único.  Modificación del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se 
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la 
Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el 
Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del 
Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI).
El Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de  noviembre  de  2013,  por  la  que  se  modifica  la  Directiva  2005/36/CE  relativa  al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 
relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado 
Interior (Reglamento IMI) queda modificado del siguiente modo:
Uno.  El apartado 7 del artículo 10 queda redactado en los siguientes términos:
«7.  El acceso y el tratamiento de datos a que se refiere este artículo se 
realizará respetando la normativa vigente en materia de protección de datos.
Los datos personales que figuren en el expediente IMI podrán ser tratados 
durante  el  tiempo  que  se  requiera  a  los  efectos  del  procedimiento  de 
reconocimiento como tal y como prueba del reconocimiento o de la transmisión de 
la declaración exigida en virtud del artículo 13.
El titular de una tarjeta profesional europea podrá solicitar en todo momento, y 
sin coste alguno, la rectificación de datos incorrectos o incompletos, o la supresión 
o el bloqueo del expediente IMI de que se trate. Se informará de este derecho al 
titular en el momento de la expedición de la tarjeta profesional europea, y se le 
recordará dicho derecho cada dos años a partir de entonces. El recordatorio se 
enviará automáticamente a través del IMI cuando la solicitud inicial de tarjeta 
profesional europea se hubiera presentado en línea.
En caso de que se solicite la supresión de un expediente IMI vinculado a una 
tarjeta  profesional  europea  expedida  a  los  efectos  del  establecimiento  o  la 
prestación temporal y ocasional de servicios en virtud del artículo 13, apartado 4, 
la correspondiente autoridad competente española expedirá a las personas que 
posean títulos de formación un certificado que acredite el reconocimiento de sus 
cualificaciones profesionales.
En lo que respecta al tratamiento de los datos personales contenidos en la 
tarjeta  profesional  europea  y  de  todos  los  expedientes  IMI,  las  autoridades 
competentes serán consideradas responsables del tratamiento a efectos de lo 
dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.
En lo que respecta a las obligaciones que le incumben en virtud del presente  es
artículo y al tratamiento de datos personales que esto conlleva, la Comisión será  o
considerada responsable del tratamiento a efectos del artículo 4, apartado 7, del  2w
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Dos.  El apartado e) del artículo 17 queda redactado como sigue:
«e)  En el caso de que el prestador ejerza una actividad sujeta al Impuesto 
sobre el Valor Añadido, el número de identificación citado en el artículo 213, 
apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, 
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.»
Tres.  El apartado 2 del artículo 24 queda redactado del modo siguiente:
«2.  Durante el periodo de prácticas se garantizará la asistencia sanitaria por 
el Sistema Nacional de Salud cuando el profesional sea titular o beneficiario en su 
propio país del correspondiente sistema de seguridad social, aplicándose, en 
consecuencia, el Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores 
dentro de la Unión, el Reglamento (CEE) n.º 1408/71 del Consejo, de 14 de junio 
de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los 
trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la 
Comunidad, y el Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo  de  29  de  abril  de  2004,  sobre  la  coordinación  de  los  sistemas  de 
seguridad social.»
Cuatro.  El apartado 3 del artículo 68 queda redactado en los siguientes términos:
«3.  Las  autoridades  competentes,  así  como  los  demás  organismos, 
entidades o personas que deban acceder a dicha documentación en el ejercicio de 
sus funciones, garantizarán la confidencialidad de la información recibida, en los 
términos establecidos en la normativa vigente de protección de datos y en su 
normativa de desarrollo.»
Cinco.  Los apartados 1 y 2 del artículo 70 quedan redactados como sigue:
«1.  El procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales se 
sujetará a las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en todo 
lo referido a su iniciación, ordenación, instrucción, finalización y terminación, con la 
excepción que se señala en el apartado siguiente y en el artículo 79 de este real 
decreto.
2.  En el plazo de un mes desde que tenga entrada la solicitud en el registro 
de la Administración pública competente, el órgano responsable de su tramitación 
deberá requerir al interesado para que subsane, en su caso, las deficiencias o la 
falta de documentación. El interesado deberá proceder a la subsanación exigida 
en el término de un mes desde que le fuera requerida. En este supuesto, el órgano 
competente  podrá  acordar  la  suspensión  del  cómputo  máximo  para  resolver 
previsto en el párrafo siguiente, volviéndose a reanudar el mismo a partir de la 
presentación de los documentos que supongan que el expediente se encuentre 
completo. Transcurrido el plazo de un mes sin haber presentado la documentación 
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El plazo para dictar y notificar la resolución que proceda será de tres meses, 
desde la fecha en que haya tenido entrada la solicitud inicial en el registro de la 
Administración pública competente para su tramitación. Este plazo será de cuatro  s
meses en los casos previstos en los capítulos I y II del presente título.» oe.
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tratamiento de los datos personales por la Comisión se realizará con arreglo al
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016.»
Siete.  El artículo 79 queda redactado en los siguientes términos:
«1.  Los requisitos, procedimientos y trámites regulados por este real decreto 
se podrán realizar por vía electrónica, a través de la ventanilla única apropiada o 
dirigiéndose a las autoridades competentes correspondientes.
2.  En los procedimientos por vía electrónica, incluido el de interposición de 
recursos  administrativos,  los  interesados  deberán  presentar  sus  solicitudes, 
comunicaciones y demás documentación exigida en el registro electrónico de la 
Administración  pública  que  corresponda  o  en  los  registros  electrónicos  de 
cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre.  La  presentación  deberá  efectuarse  a  través  del  correspondiente 
registro electrónico que se encontrará disponible en la sede electrónica o sede 
electrónica  asociada  de  que  se  trate,  bien  directamente,  bien  a  través  de 
representante debidamente acreditado, en los términos que dispone el artículo 5 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.  En  los  procedimientos  por  vía  electrónica  las  comunicaciones  y 
notificaciones a los interesados de todas las actuaciones que se realicen por los 
órganos administrativos competentes, incluida la notificación de la resolución y el 
reconocimiento de cualificaciones profesionales, se llevarán a cabo a través de 
medios  electrónicos.  La  publicación  de  los  actos  del  procedimiento  en  la 
correspondiente  sede  electrónica  surtirá  todos  los  efectos  de  la  notificación 
practicada según lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4.  Las personas solicitantes deberán aportar al procedimiento administrativo 
los datos y documentos exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo 
con lo dispuesto en la normativa aplicable. Asimismo, podrán aportar cualquier 
otro  documento  que  estimen  conveniente,  con  sujeción  a  lo  dispuesto  en  el 
artículo  28  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  en  cualquier  fase  del 
procedimiento.
5.  Las personas solicitantes podrán acceder, con el mismo certificado, a 
través de la sede electrónica o sede electrónica asociada de que se trate al 
registro electrónico en el que presentaron su solicitud, donde se podrán consultar 
los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
6.  Los apartados anteriores no se aplicarán a la realización de un período de 
prácticas o prueba de aptitud.
7.  El sistema de identificación y firma electrónica de los interesados deberá 
cumplir los requisitos que establecen los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre.  Se  utilizará  cualquiera  de  los  sistemas  de  identificación  y  firma 
previstos en el artículo 15 y el Título III del Real Decreto 203/2021, de 30 de 
marzo, puestos a disposición por el órgano competente para la tramitación de su 
solicitud.
Cuando se considere justificado pedir el uso de firmas electrónicas avanzadas, 
como  las  definidas  en  el  artículo  26  del  Reglamento  (UE)  n.º  910/2014  del 
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  23  de  julio  de  2014,  relativo  a  la 
identificación  electrónica  y  los  servicios  de  confianza  para  las  transacciones 
electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE, 
en el marco de los procedimientos a que se refiere el apartado 1 del presente  e
artículo, las autoridades competentes correspondientes aceptarán estas firmas  bo
electrónicas de conformidad con la Decisión 2009/767/CE de la Comisión, de 16  2w
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tratar los documentos con formatos de firma electrónica avanzados definidos por
la Decisión 2011/130/UE de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por la que se 
establecen  los  requisitos  mínimos  para  el  tratamiento  transfronterizo  de  los 
documentos  firmados  electrónicamente  por  las  autoridades  competentes  de 
conformidad con la indicada Ley.
8.  Todos  los  procedimientos  se  llevarán  a  cabo  de  conformidad  con  las 
prescripciones contenidas en la citada Ley 17/2009, de 23 de noviembre. Los 
plazos  de  procedimiento  establecidos  en  el  artículo  13,  apartado  4,  y  en  el 
artículo 70 de este real decreto comenzarán a contar a partir del momento en que 
un ciudadano haya presentado una solicitud o un documento que falte en una 
ventanilla única o directamente ante la autoridad competente correspondiente. Las 
solicitudes a las que se refiere el artículo 79 bis no se considerarán una solicitud 
de documento que falta.»
Ocho.  Se añade un nuevo artículo 79 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 79 bis.  Validación de los documentos.
1.  El órgano instructor podrá proceder a la validación en origen de los títulos 
cuya declaración de reconocimiento de cualificaciones profesionales se solicita.
2.  En  caso  de  duda  sobre  la  autenticidad,  validez  o  contenido  de  los 
documentos  aportados,  el  órgano  instructor  podrá  efectuar  las  diligencias 
necesarias para su comprobación, incluyendo la solicitud del cotejo de las copias 
aportadas  por  el  interesado,  así  como  dirigirse  a  la  autoridad  competente 
expedidora de los mismos para validar los extremos dudosos.»
Nueve.  El apartado 2 del artículo 80 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 80.  Centros de asistencia.
2.  La autoridad competente del Estado miembro de origen o de acogida 
estará obligada a cooperar plenamente con el centro de asistencia del Estado 
miembro de acogida y, cuando proceda, del Estado miembro de origen y a facilitar 
toda la información pertinente sobre casos individuales a los centros de asistencia 
que la soliciten respetando las normas sobre protección de datos con arreglo al 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, y la Directiva 2002/58/CE.»
Diez.  El artículo 81 queda redactado en los términos siguientes:
«Artículo 81.  Relación de profesiones reguladas en España.
1.  Cada una de las diferentes autoridades competentes elaborará un informe 
respecto de las profesiones reguladas existentes en su respectivo ámbito de 
competencia, especificando la siguiente información para cada una de ellas:
a)  Las actividades profesionales que, en su caso, pudiera comprender cada 
profesión.
b)  La forma de acreditación de la cualificación profesional requerida y, en 
particular, la formación regulada y la formación de estructura particular a que se 
refiere el artículo 19.3.b).
c)  En su caso, el sometimiento de su ejercicio en España a la verificación  e.
previa en los casos de desplazamiento, de conformidad con el artículo 13.4,  w.
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libertad de establecimiento y prestación de servicios. A estos efectos, la valoración 
de compatibilidad considerará especialmente:
1.º  Que los requisitos no sean directa ni indirectamente discriminatorios por 
razón de nacionalidad o de lugar de residencia.
2.º  Que los requisitos estén justificados por una razón imperiosa de interés 
general.
3.º  Que los requisitos sean adecuados para garantizar la consecución de los 
objetivos perseguidos y no exceder de lo necesario para alcanzar el objetivo.
3.  Los informes a que se refieren los apartados anteriores serán enviados al 
Ministerio  de  Universidades  que,  a  su  vez,  los  remitirá  a  una  comisión 
interministerial adscrita a dicho Departamento ministerial a través de la Secretaría 
General  de  Universidades,  integrada  por  los  Subsecretarios  de  todos  los 
ministerios, así como por un representante de la Secretaría General de Asuntos 
Económicos y G-20 con rango, al menos, de director general y copresidida por las 
personas titulares de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa 
y la Secretaría General Universidades.
4.  Serán funciones de la Comisión Interministerial de Profesiones Reguladas:
a)  Conocer de los informes respecto a las profesiones reguladas en España 
elaborados por cada una de las diferentes autoridades competentes españolas y, 
sobre  su  base,  aprobar  la  lista  de  profesiones  reguladas,  así  como  sus 
actualizaciones posteriores.
b)  Recibir  un  informe  de  seguimiento  actualizado  sobre  las  profesiones 
reguladas que hará referencia tanto los requisitos suprimidos o simplificados, 
como a los introducidos posteriormente, que será confeccionado conjuntamente 
por los Ministerios de Educación y Formación Profesional y de Universidades, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, a partir de los informes justificativos de 
tales decisiones elaborados por las autoridades competentes en sus respectivos 
ámbitos de competencia y remitido cada dos años a la Comisión Europea por el 
Ministerio de Universidades.
c)  Recibir  e  intercambiar  información  entre  los  distintos  Departamentos 
ministeriales y otros órganos de la Administración General del Estado y, cuando 
proceda, de los órganos de las administraciones de las Comunidades Autónomas 
y de la Administración Local.
d)  Las demás que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
5.  La Comisión Interministerial de Profesiones Reguladas se rige, además, 
por  sus  reglas  de  funcionamiento  interno.  Mediante  resolución  del  Secretario 
General de Universidades podrá ordenarse la publicación de tales reglas en el 
“Boletín Oficial del Estado”.
El funcionamiento de la Comisión Interministerial de Profesiones Reguladas 
será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados a 
la Secretaría General de Universidades.»
Once.  Se añade una disposición adicional octava con la siguiente redacción:
«Disposición adicional octava.  Tramitación electrónica de los procedimientos de 
reconocimiento de cualificaciones profesionales en la Administración General  e.e
del Estado. b
pGtéreromnfLeeinosroiaso sln i naedtlseeet rsae bEselsaentdc aloioddssoo   seq dnuee enlb o leesars  átapenur  otrocerreeaidldla aidcmdeioi cecnrnoaetmrtoosspe  de deteee l ncerotceentc rfpoóoennrmroicteciadinmmaedieze ncncatoteo n a   dceloeal n  aAc rudteíamcsluitifanlioc is ae3tcrn.ai3o c ndilóeoenssl     OE-A-2021-2111able en https://w
Reglamento  de  actuación  y  funcionamiento  del  sector  público  por  medios 
electrónicos aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.
La obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración General 
del Estado será exigible a partir del 1 de julio de 2022.»
Doce.  Se añade una disposición adicional novena con la siguiente redacción:
«Disposición adicional novena.  Tramitación electrónica de los procedimientos de 
reconocimiento  de  cualificaciones  profesionales  en  las  Comunidades 
Autónomas.
Las  autoridades  competentes  de  las  Comunidades  Autónomas  podrán 
determinar aquellas personas físicas a las que se les podrá exigir relacionarse con 
ellas obligatoriamente a través de medios electrónicos en los procedimientos de 
reconocimiento de cualificaciones profesionales, de acuerdo con lo establecido en 
los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.»
Trece.  Se añade una disposición adicional décima con la siguiente redacción:
«Disposición adicional décima.  Sobre necesidades de profesionales sanitarios.
Previa justificación de los responsables de recursos humanos de los servicios 
públicos de salud y atendiendo a las necesidades de profesionales sanitarios y 
dificultades de cobertura de plazas, y según el procedimiento que determine el 
órgano  directivo  competente  del  Ministerio  de  Sanidad,  podrá  priorizarse  la 
resolución de los expedientes de las titulaciones comprendidas en los apartados 
en los puntos 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.6.2, y 5.7.1 del anexo III, siempre 
que reúnan las condiciones mínimas de formación previstas en los artículos 35, 
36, 42, 46, 50, 52 y 59.»
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio de los procedimientos.
Los procedimientos que se hallaren en tramitación a la entrada en vigor del presente 
real decreto se sustanciarán de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en el 
momento en que se iniciaron.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en este real decreto.
Disposición  final  primera.  Modificación  del  Real  Decreto  1101/2021,  de  10  de 
diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a entidades del 
Tercer  Sector  para  proyectos  de  innovación  e  investigación  orientados  a  la 
modernización de los servicios sociales y de los modelos de atención y cuidado a 
personas mayores, a la infancia y a personas sin hogar, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Real Decreto 1101/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a entidades del Tercer Sector para proyectos de innovación e 
investigación orientados a la modernización de los servicios sociales y de los modelos de  e.
atención y cuidado a personas mayores, a la infancia y a personas sin hogar, en el  w.b
2021-2111n https://w
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se modifica en los 
siguientes términos:
Uno.  El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 6.  Entidades beneficiarias.
1.  Las entidades del Tercer Sector beneficiarias de las subvenciones son las 
detalladas a continuación. Cada subvención comprende a la entidad beneficiaria 
principal y, en su caso, a las entidades beneficiarias asociadas a aquella, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre y a entidades agrupadas sin personalidad jurídica, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre:
Eje 1: Atención a la infancia en riesgo:
a)  Acogimiento familiar especializado: Aldeas Infantiles SOS España.
b)  Itinerarios  de  emancipación  de  éxito:  Federación  de  Entidades  con 
Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA) con sus entidades miembro.
c)  Proyecto  de  investigación  cualitativa  e  innovación  pedagógica  para  la 
reducción  de  la  institucionalización  de  la  infancia  vulnerable:  Fundación  Pia 
Autónoma “Institut Pere Tarres d’educació en l’esplai”, Fundación BoscoSocial y 
Fundación Canaria Main.
d)  Reducción  del  riesgo  en  infancia  vulnerable  desde  la  intervención 
educativa: Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas y entidades 
miembro.
e)  Apoyo  integral  a  la  transición  a  la  vida  adulta  Empleo  Conciencia: 
Fundación Raíces e Inuit Fundación.
f)  Prevención comunitaria y participación con niños, niñas y adolescentes en 
el sistema de protección: Fundación UNICEF Comité Español.
g)  Protección  integral  y  escalable  para  la  infancia  en  movimiento  sin 
referentes familiares en España: Fundación Save the Children.
Eje 2: Atención a personas sin hogar:
a)  Iniciativas para la desinstitucionalización de la juventud en situación de 
exclusión socioresidencial: Federación de Entidades y Centros para la integración 
y ayuda de marginados-FACIAM y entidades miembro.
b)  Atención temprana a la situación de sin hogar, “De la calle a la vivienda”: 
Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral y Provivienda.
Eje 3: Atención a personas mayores:
a)  Promoción  de  la  autonomía  en  entornos  comunitarios:  Cruz  Roja 
Española.
b)  Vivir mejor en casa: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 
Confederación Española de Organizaciones de Mayores CEOMA.
c)  Comunidades  de  cuidados,  experiencias  de  cohousing  y  otras  redes 
vecinales  de  apoyo:  Asociación  Jubilares,  Andecha  participación  y  trabajo 
comunitario y Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP).
d)  Como  en  casa:  Fundación  Instituto  Gerontológico  Matia-INGEMA  y  e.e
Fundación José Matia Calvo. w.b
Rateesneicd)ie ónnAc icaitnsut aecgyir oanSdeeasr  viyinc niocosev nadtdreoalrd aasS  epecantro arl  aa Svoaplneidzrsaaorri noea n: y e Ll Facruaenmsd baAicoisó odnce i aPmciiloóadnree sloU  nhpiaaócrnai a  dllaae    2021-21112n https://ww
Autonomía Personal.»
Dos.  El artículo 9 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 9.  Cuantía y financiación.
La dotación financiera de estas subvenciones asciende a un total de cuarenta 
y nueve millones quinientos setenta mil quinientos veintinueve euros con ochenta 
y ocho céntimos euros (49.570.529,88 €) y se abonará con cargo al presupuesto 
de gastos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con la siguiente 
distribución por entidades o agrupaciones de entidades:
Eje 1: Atención a la infancia en riesgo:
a)  Acogimiento familiar especializado:
Aldeas Infantiles SOS España: 4.538.600 euros.
b)  Itinerarios de emancipación de éxito:
Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA) con sus 
entidades miembro: 6.580.100 euros.
c)  Proyecto  de  investigación  cualitativa  e  innovación  pedagógica  para  la 
reducción de la institucionalización de la infancia vulnerable:
a.  Fundación  Pia  Autónoma  “Institut  Pere  Tarres  d’educació  en  l’esplai”: 
879.951,38 euros.
b.  Fundación BoscoSocial: 75.237,98 euros.
c.  Fundación Canaria Main: 162.708,2 euros.
d)  Reducción  del  riesgo  en  infancia  vulnerable  desde  la  intervención 
educativa:
Coordinadora  Estatal  de  Plataformas  Sociales  Salesianas  y  entidades 
miembro: 2.713.138,08 euros.
e)  Apoyo integral a la transición a la vida adulta, “Empleo Conciencia”:
a.  Fundación Raíces: 1.180.566,12 euros.
b.  Inuit Fundación: 94.278 euros.
f)  Prevención comunitaria y participación con niños, niñas y adolescentes en 
el sistema de protección:
Fundación UNICEF Comité Español: 1.050.000 euros.
g)  Protección  integral  y  escalable  para  la  infancia  en  movimiento  sin 
referentes familiares en España:
Fundación Save the Children: 4.114.500 euros.
Eje 2: Atención a personas sin hogar:
a)  Iniciativas para la desinstitucionalización de la juventud en situación de 
exclusión socioresidencial: e.
Federación  de  Entidades  y  Centros  para  la  integración  y  ayuda  de  2w
marbg)in aAdotesn-FcAióCn ItAeMm pyr aennatid aa dlae ssi tmuaiecmióbnr os:in 5 h.3o8g1a.r0, 0“0D ee ularo csa.lle a la vivienda”: 2021-2111n https://w
a.  Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral: 3.966.129,94 euros. BOE-A-cable e
b.  Provivienda: 2.757.043,22 euros.
Eje 3: Atención a personas mayores:
a)  Promoción de la autonomía en entornos comunitarios:
Cruz Roja Española: 3.000.000 euros.
b)  Vivir mejor en casa:
a.  Sociedad Española de Geriatría y Gerontología: 1.705.531,03 euros.
b.  Confederación Española de Organizaciones de Mayores CEOMA: 993.503,81 
euros
c)  Comunidades  de  cuidados:  Experiencias  de  cohousing  y  otras  redes 
vecinales de apoyo:
a.  Asociación Jubilares: 500.000 euros.
b.  Asociación Andecha: participación y trabajo comunitario: 350.000 euros.
c.  Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP): 150.000 
euros.
d)  Como en casa:
a.  Fundación Instituto Gerontológico Matia-INGEMA: 1.829.690 euros.
b.  Fundación José Matia Calvo: 3.643.910 euros.
e)  Actuaciones innovadoras para avanzar en el cambio de modelo hacia la 
atención integrada y centrada en la persona:
a.  Lares Asociación Unión de Residencias y Servicios del Sector Solidario: 
2.701.207 euros.
b.  Fundación Pilares para la autonomía personal: 1.203.435,12 euros.»
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 21 de diciembre de 2021.
FELIPE R.
El Ministro de Universidades,
JOAN SUBIRATS HUMET
2021-2111n https://w