BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 164  Sábado 10 de julio de 2021  Sec. I.   Pág. 82540
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
11472 Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los 
establecimientos y centros habituales de la empresa y del que el teletrabajo es una 
subespecie que implica la prestación de servicios con nuevas tecnologías, ha sido objeto 
de regulación tanto en el ámbito interno como en el ámbito comunitario e internacional.
En el ámbito comunitario, la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Unión de 
Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa (UNICE), la Unión Europea 
del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UNICE/UEAPME) y el Centro 
Europeo de la Empresa Pública (CEEP), firmaron, ya en el año 2002, el Acuerdo 
Marco Europeo sobre Teletrabajo, suscrito por los interlocutores sociales europeos en julio 
de 2002 y revisado en 2009, a fin de dar más seguridad a los teletrabajadores y las 
teletrabajadoras por cuenta ajena en la UE. Este Acuerdo entendió esta modalidad del 
trabajo a distancia como un medio para modernizar la organización del trabajo para las 
empresas y organizaciones de servicios públicos, y para dar una mayor autonomía en la 
realización de sus tareas a las personas trabajadoras.
El objeto del Acuerdo era elaborar un marco general a escala europea sobre las 
condiciones laborales de teletrabajadoras y teletrabajadores y compaginar las necesidades 
de flexibilidad y seguridad que son comunes a estos y a las empresas. El Acuerdo otorga 
a las personas trabajadoras a distancia la misma protección global que a las que ejercen 
sus actividades en los locales de la empresa.
En dicho Acuerdo se define el teletrabajo como una forma de organización o de 
realización del trabajo utilizando las tecnologías de la información, en el marco de un 
contrato o de una relación laboral, en la que un trabajo que también habría podido 
realizarse en los locales de la empresa, se ejecuta habitualmente fuera de estos.
En el Acuerdo se resaltan varios ámbitos clave, en los que es preciso tener en cuenta 
las peculiaridades del teletrabajo. En particular, este acuerdo se refiere especialmente al 
carácter  voluntario  del  teletrabajo;  la  igualdad  de  derechos  de  las  personas 
teletrabajadoras en relación a las que desarrollan su actividad en el establecimiento de la 
empresa, con una mención expresa a su derecho a la formación y la carrera profesional, 
o al pleno ejercicio de sus derechos colectivos; la dotación de equipos; la seguridad y la  s
salud, especificando la aplicación íntegra de la normativa europea sobre la materia  e.
y la responsabilidad empresarial correspondiente; y la gestión de la organización del  w.
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en otro local que esta escoja, distinto de los locales de trabajo de la empresa, a cambio de 
una remuneración y con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las 
especificaciones de la misma.
En el ámbito de la normativa interna española, la Ley 3/2012, de 6 de julio, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, modificó la ordenación del 
tradicional trabajo a domicilio para dar acogida al trabajo a distancia basado en el uso 
intensivo de las nuevas tecnologías. La exposición de motivos de dicha ley reconocía el 
teletrabajo como una particular forma de organización del trabajo que encaja 
perfectamente en el modelo productivo y económico, al favorecer la flexibilidad de las 
empresas en la organización del trabajo, incrementar las oportunidades de empleo y 
optimizar la relación entre tiempo de trabajo y vida personal y familiar. De acuerdo con 
esta modificación, el trabajo a distancia está definido en el artículo 13 del texto refundido 
de  la  Ley  del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, como aquel en que «la prestación de la actividad 
laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar 
libremente elegido por este de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro 
de trabajo de la empresa».
Además, el trabajo a distancia es fundamental para favorecer el asentamiento y la 
fijación de población en el medio rural, tal y como se señala en las Directrices Generales 
de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, aprobadas por Consejo de Ministros 
el 29 de marzo de 2019. Esta norma ha de servir para hacer factible la oportunidad de 
revertir la despoblación, de acuerdo con las características de los territorios que sufren el 
declive demográfico, como zonas rurales y remotas, o pequeños municipios.
El artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores resulta insuficiente para aplicarlo a las 
peculiaridades del teletrabajo, que requiere no solo de una prestación laboral que se 
desarrolle preferentemente fuera de los locales de la empresa, sino también de un uso 
intensivo de las nuevas tecnologías informáticas y de la comunicación.
Por su parte, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo 
y la ocupación, modificó el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, anticipándose al 
contenido de la Directiva 2019/1158 (UE) del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la 
conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores y 
por la que se deroga la Directiva UE 2010/18 del Consejo, en la cual se establece un 
auténtico derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar a través del uso de las 
formas flexibles de trabajo, incluidas la fórmulas de trabajo a distancia.
En la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, se establecen por primera vez de manera expresa, y 
recogiendo la jurisprudencia nacional, comunitaria e internacional, un conjunto de derechos 
relacionados con el uso de dispositivos en el ámbito laboral como son, entre otros, el 
derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y el derecho a la 
desconexión digital.
El artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece 
el carácter preferente del trabajo a distancia frente a otras medidas en relación con el 
empleo, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y 
razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado, 
tratándose de una norma excepcional y de vigencia limitada.
II bo
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Interior Bruto (PIB), dependiendo las tasas de crecimiento y las posibilidades de
recuperación de la propia evolución de la pandemia y la eventualidad de los rebrotes. Bc
El PIB de la economía española ha sufrido la mayor contracción intertrimestral de su 
historia, siendo el impacto de esta crisis especialmente acusado sobre el empleo, con una 
fuerte reducción de las afiliaciones a la Seguridad Social y una utilización masiva de los 
expedientes temporales de regulación de empleo.
Pero además de lo anterior, la mayor parte del ajuste está recayendo sobre el colectivo 
de las personas con contrato temporal, y dentro de estas, sobre las trabajadoras y 
trabajadores jóvenes.
La incidencia tanto geográfica como sectorial ha sido muy heterogénea, siendo más 
negativa en los servicios que en las manufacturas, siendo un dato estable en el tiempo 
que en estos sectores o las denominadas «industrias sociales», mujeres y menores 
de 35 años están sobrerrepresentados, alcanzado porcentajes que superan el cuarenta 
por cierto.
Desde primeros de mayo del año 2020, en un contexto de mayor control de la 
pandemia, la implementación progresiva del Plan de Desescalada se ha traducido en una 
reactivación gradual de la economía, y todas las proyecciones apuntan a una contracción 
muy acusada en el año 2020, seguida de un repunte sustancial en el año 2021.
En todo caso, se mantiene una elevada incertidumbre que depende de la evolución de 
la pandemia y el ritmo al que la actividad recupere cierta normalidad, el daño que pueda 
haberse producido en el tejido productivo y el potencial de crecimiento.
En suma, a los retos que ya se planteaban en el ámbito laboral español (tasas de 
temporalidad, riesgo de pobreza salarial, precariedad laboral y una fuerte segmentación), 
se suman nuevos desafíos que obligan a afrontar los cambios post-COVID-19 en los 
procesos de globalización y digitalización, y el uso de fórmulas eficaces de incremento de 
productividad que aumenten la calidad en el empleo y reduzcan la existencia de brechas 
salariales y profesionales.
De otro lado, la crisis sanitaria ha hecho que el trabajo a distancia se mostrara como 
el mecanismo más eficaz para asegurar el mantenimiento de la actividad durante la 
pandemia y para garantizar la prevención frente al contagio. Durante la crisis sanitaria no 
solo se ha reforzado la tendencia a la normalización del trabajo a distancia que ya se 
anticipaba con anterioridad a la misma, sino que incluso su utilización se ha llegado a 
configurar como preferente.
En algunos países las cifras reflejan claramente esta preferencia de uso: por ejemplo, 
en Finlandia durante la pandemia el uso del teletrabajo alcanzó el sesenta por ciento. 
Asimismo, en países como Francia, Portugal o Italia, el uso del trabajo a distancia se 
configuró con cierto grado de obligatoriedad o de preferencia frente a otras formas de 
actuación empresarial durante la pandemia. Según la encuesta de Eurofound «Living, 
working and COVID-19», casi cuatro de cada diez personas trabajadoras (un treinta y siete 
por ciento) empezaron a teletrabajar a causa de la pandemia (un treinta por ciento en 
España). Esto ha contribuido a que el número de horas trabajadas haya disminuido menos 
en aquellos países en que el teletrabajo ha aumentado en mayor proporción. De forma 
similar, en una encuesta a PYMES realizada por CEPYME, se asume el teletrabajo como 
la medida estrella para afrontar la crisis del coronavirus, en un cuarenta y seis por ciento 
de los casos.
En suma, las tecnologías de la comunicación han constituido una herramienta clave 
para reducir el impacto de las medidas de contención y restricciones a la actividad 
productiva, lo cual favorece a personas trabajadoras y empresas, hace posible empresas 
eficientes y con una alta especialización, permite la aceleración económica de las zonas 
rurales e incrementa las posibilidades de empleo. es
La situación descrita de contracción del PIB, la tasa de desempleo, la incertidumbre  o
acerca de la evolución de la pandemia, la retroalimentación de estos factores de  2ww.
ilhtnaraac scbeaearltnjviod a nuagem udcabeisrrsdetaaa snr iodcobie apr .eloo tlseo snd ceriireaesrc gdhoeos s uy yn d aoe bmbliilagidnaaecdiroaen soe ersds retrenufaectdruiadr,ao lsue rseg nde ennltu eme yse trcrcooa ndo orgd adeerna atnrmatíbaieasnj oeto le  ulsaspboao ñrdoaell,,l    OE-A-2021-1147able en https://w
III
El trabajo a distancia, en su concepción clásica de trabajo a domicilio, como aquel que 
se realiza fuera del centro de trabajo habitual y sin el control directo por parte de la 
empresa y vinculado a sectores y ámbitos geográficos muy concretos, se ha visto superado 
por la realidad de un nuevo marco de relaciones y un impacto severo de las nuevas 
tecnologías.
En la actualidad, más que trabajo a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y 
flexible, que permite que el trabajo se realice en nuevos entornos que no requieren la 
presencia de la persona trabajadora en el centro de trabajo.
Esta virtualización de las relaciones laborales desvincula o deslocaliza a la persona 
trabajadora de un lugar y un tiempo concretos, lo que sin duda trae consigo notables 
ventajas, entre otras, mayor flexibilidad en la gestión de los tiempos de trabajo y los 
descansos; mayores posibilidades, en algunos casos, de una autoorganización, con 
consecuencias positivas, en estos supuestos, para la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral; reducción de costes en las oficinas y ahorro de costes en los 
desplazamientos; productividad y racionalización de horarios; fijación de población en el 
territorio, especialmente en las áreas rurales; compromiso y experiencia de la persona 
empleada; atracción y retención de talento o reducción del absentismo.
La figura del teletrabajo como forma de trabajo a distancia está cogiendo auge frente 
a la organización empresarial tradicional, lo que sin duda trae consigo prácticas novedosas 
y más flexibles, estimula cambios organizativos en las empresas y fortalece la formación y 
empleabilidad de las personas trabajadoras. Asimismo, disminuye la contaminación en 
tanto decrece el número de desplazamientos y el uso de los vehículos privados y, 
potencialmente, tendrá efectos positivos en la emisión de gases con efectos invernadero 
al procurar una mayor eficiencia en el consumo de energía de las empresas.
Sin embargo, también presenta posibles inconvenientes: protección de datos, brechas 
de seguridad, tecnoestrés, horario continuo, fatiga informática, conectividad digital 
permanente, mayor aislamiento laboral, pérdida de la identidad corporativa, deficiencias en 
el intercambio de información entre las personas que trabajan presencialmente y aquellas 
que lo hacen de manera exclusiva a distancia, dificultades asociadas a la falta de servicios 
básicos en el territorio, como la conectividad digital o servicios para la conciliación laboral 
y familiar, o traslado a la persona trabajadora de costes de la actividad productiva sin 
compensación alguna, entre otros.
El teletrabajo se ha instalado en nuestro país como respuesta a las restricciones y 
medidas de contención de la pandemia aún vigentes, en un contexto legal caracterizado 
por la casi total ausencia de regulación específica. La generalización del teletrabajo en 
España, que trae su causa en las medidas adoptadas por las autoridades competentes 
para contener y frenar la expansión de la pandemia, se ha traducido en una suerte de 
desequilibrio de derechos y obligaciones entre empresas y personas trabajadoras, cuando 
menos. Se requiere de una norma que ayude a las partes empresarial y trabajadora a 
trasladar el carácter tuitivo del derecho del trabajo a la nueva realidad que se ha visto 
acelerada exponencialmente, como consecuencia de circunstancias exógenas e 
imprevisibles para los sindicatos, las patronales, las empresas, las personas trabajadoras 
y para el propio Gobierno.
En definitiva, la extensión y normalización del trabajo a distancia sin un marco legal 
suficiente que permita establecer las certezas y garantías necesarias puede distorsionar el 
marco de las relaciones laborales, y afecta a condiciones que se incorporan como  s
esenciales de acuerdo con nuestro marco constitucional y legislativo (artículo 35 de la  e.
Constitución Española y el Estatuto de los Trabajadores) y el acervo de normas  w.
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octubre de 1961, ratificada por Instrumento de 29 de abril de 1980, la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
la Directiva Marco 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación 
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en 
el trabajo y el propio texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores).
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el Gobierno dictó el Real Decreto-
ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, que tras ser convalidado por el 
Congreso de los Diputados ha sido tramitado como proyecto de ley.
IV
El objetivo es proporcionar una regulación suficiente, transversal e integrada en una 
norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, equilibrando el uso de 
estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y las ventajas que suponen 
para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un marco de derechos que 
satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter voluntario y reversible, el principio 
de igualdad de trato en las condiciones profesionales, en especial la retribución incluida la 
compensación de gastos, la promoción y la formación profesional, el ejercicio de derechos 
colectivos, los tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad 
de oportunidades en el territorio, la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los 
aspectos preventivos relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de 
pantallas de visualización de datos y los riesgos de aislamiento.
Es necesario, por tanto, llenar el vacío normativo que existe, igualando el tratamiento 
jurídico en los aspectos más importantes de esta forma de organización del trabajo, 
acudiendo en la medida necesaria a la negociación colectiva, que se considera instrumento 
imprescindible para completar la normativa aplicable en cada uno de los sectores 
específicos, estableciendo criterios propios.
Esta norma es, además, fruto de la concertación social, de un dilatado proceso de 
reflexión y debate compartidos que, tras más de tres meses, ha conseguido culminar en el 
Acuerdo de Trabajo a Distancia (ATD), que asegura el justo equilibrio de la regulación del 
trabajo a distancia y, que, sin duda, determinará su perdurabilidad en el tiempo, como 
sucede con todos aquellos cambios que afectan al ámbito laboral y vienen de la mano 
del consenso.
Esta regulación básica, que se entiende necesaria con un alcance general cualquiera 
que sea el sector profesional, desarrolla, como ejes de la misma, tres aspectos mínimos, 
que ya aparecen recogidos en el citado Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, en el 
acervo comunitario –entre otras, directivas sobre condiciones mínimas de seguridad y salud, 
sobre tiempo de trabajo y previsibilidad y transparencia en las condiciones de trabajo– o en 
el ordenamiento estatutario que es el marco personal y material en el que se desarrolla.
En primer lugar, su definición, que supera el concepto del artículo 13 del Estatuto de 
los Trabajadores e introduce los ingredientes necesarios de especificación.
Lo relevante a los efectos de prever una mayor protección es el carácter regular de 
esta forma de prestación, garantizándose la necesaria flexibilidad en su uso, que se 
acomodará a las distintas circunstancias e intereses concurrentes de empresas y personas 
trabajadoras, huyendo de cualquier concepción rígida, pero proporcionando la necesaria 
seguridad jurídica, resultando de aplicación a toda forma de trabajo en la que concurran 
las condiciones previstas en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores.
En segundo lugar, su carácter voluntario para la persona trabajadora y la empresa, 
debiendo adoptarse mediante un acuerdo por escrito que deberá recoger todas las  s
informaciones escritas pertinentes, incluidas las especificidades que derivan del trabajo a  oe.
distancia y que permiten garantizar con claridad y transparencia el contenido de sus  w.
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no resulta de los poderes de dirección y organización empresariales, ni de la figura de la
modificación sustancial de condiciones de trabajo –artículo 41 del Estatuto de los  Bc
Trabajadores– sino que es una opción voluntaria para ambas partes.
La norma establece ciertas limitaciones en relación con supuestos concretos, como los 
menores y los contratos formativos. En el primer caso, la vulnerabilidad, las necesidades 
de formación y descanso y la especial susceptibilidad a los riesgos vinculados con esta 
forma específica de organización (fatiga física y mental, aislamiento, problemas de 
seguridad y de acoso en el trabajo) aconsejan que en dicho colectivo, de acuerdo con las 
exigencias de la normativa existente, artículos 6.2 del Estatuto de los Trabajadores y 27 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se establezcan 
limitaciones que garanticen un mínimo de tiempo de presencia en los mencionados 
acuerdos de trabajo a distancia.
Respecto de los contratos formativos, igual que ocurre en relación con otros aspectos 
e incidencias de su régimen jurídico, exigen las cautelas y limitaciones necesarias para 
garantizar el cumplimiento de su objeto, ya sea la práctica profesional adecuada al nivel de 
estudios cursado, ya la obtención de una cualificación profesional, bajo la adecuada y 
suficiente supervisión de la empresa.
En tercer lugar, y en lo que respecta a sus condiciones de trabajo, las personas que 
desarrollan trabajo a distancia se beneficiarán de los mismos derechos que los garantizados 
por la legislación y los convenios colectivos aplicables a las personas comparables que 
trabajen o, de existir, trabajasen, en los locales de la empresa, sin que dicha modalidad de 
organización suponga cambio alguno en el estatus jurídico de la persona trabajadora, ni 
constituya causa justificativa por sí misma para modificar las condiciones laborales ni para 
extinguir la relación de trabajo. No obstante, teniendo en cuenta las peculiaridades del 
trabajo a distancia, se recogen aspectos complementarios, que resultan necesarios 
precisamente para garantizar que se mantiene el mismo nivel de protección.
Así, elementos como la entrega e instalación de equipos y medios necesarios para el 
desarrollo del trabajo a distancia, los costes asociados a su uso y mantenimiento, el 
ejercicio de acciones formativas adecuadas y específicas, la identidad de acceso, de trato 
y conocimiento puntual en las oportunidades de promoción profesional, la instalación de 
medios de control y vigilancia, la correcta aplicación de las medidas de seguridad y salud, 
las limitaciones al acceso del lugar de trabajo cuando coincide con el domicilio de la 
persona trabajadora, la organización del tiempo de trabajo, incluidas la flexibilidad, los 
periodos de disponibilidad y el adecuado registro, la vinculación necesaria a un centro de 
trabajo, etc., son condiciones esenciales que deben figurar de manera expresa sin perjuicio 
de la legislación estatutaria y de los convenios colectivos aplicables.
En este apartado ocupan un lugar destacado los derechos de las personas 
trabajadoras relacionadas con el derecho a la intimidad y el uso de dispositivos digitales 
en el ámbito laboral, protección de datos y derecho a la desconexión digital de acuerdo 
con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre 
circulación de estos datos.
Asimismo, se entiende necesario establecer en la medida precisa las facultades de 
control y organización que corresponden a la empresa, para garantizar un uso y 
conservación adecuados de los equipamientos entregados, las limitaciones de uso 
personal de los equipos y conexiones, el cumplimiento por la persona trabajadora de sus 
obligaciones y deberes laborales y las instrucciones necesarias para preservar a la 
empresa frente a posibles brechas de seguridad.
Existe, además, entre otros aspectos destacables, una marcada atención al necesario  es
papel de la negociación colectiva en el ámbito del trabajo a distancia, con llamadas  o
expresas a la hora de definir las tareas y actividades susceptibles de trabajo a distancia,  2ww.
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distancia regular.
V
Por otra parte, se introduce a través de esta Ley una reforma imprescindible y es que 
la puesta en marcha de los procedimientos de reconocimiento de la prestación no 
contributiva de Ingreso Mínimo Vital, regulada en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de 
mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, ha hecho evidente la necesidad de 
modificar con urgencia algunos de sus preceptos con la finalidad de dar cobertura al mayor 
número de personas en el menor tiempo posible.
Así, se llevan a cabo mejoras en la redacción del texto que han de repercutir 
positivamente en agilizar el acceso a la misma, aumentando las competencias del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social para llevar a cabo el reconocimiento de oficio de la 
prestación económica transitoria de ingreso mínimo vital, o habilitando la base de 
coordinación padronal del INE para la confirmación de las solicitudes cuando coincidan los 
datos aportados por el solicitante de la prestación. En esta misma línea, el certificado de 
empadronamiento no requerirá el consentimiento de las personas empadronadas en el 
mismo domicilio que el solicitante, al tiempo que se contempla una fase previa de admisión 
vinculada exclusivamente a la situación de vulnerabilidad económica. Y mención especial 
merece la supresión de ser demandante de empleo, que pasa a configurarse como una 
obligación de los beneficiarios sin perjuicio de la previsión de excepciones.
Por otro lado, ante la complejidad en la tramitación de la prestación, y en aras de 
garantizar el acceso a la protección, se modifica la disposición transitoria segunda para 
ampliar el periodo de efecto retroactivo allí previsto. Así, las solicitudes que se hubieran 
presentado antes del 1 de enero de 2021 verán, en su caso, reconocida la prestación con 
efectos del 1 de junio del 2020.
En el actual escenario de contención y prevención del COVID-19 tan urgente y 
necesario es atajar la epidemia y evitar su propagación para proteger la salud pública, 
como también lo es adoptar medidas de contenido económico y social para afrontar sus 
consecuencias en la ciudadanía, en particular, en los colectivos más vulnerables. En esta 
línea de razonamiento, se considera imprescindible introducir el conjunto de modificaciones 
de la regulación del ingreso mínimo vital que esta norma contiene con el fin de reforzar la 
agilidad del procedimiento a través del cual se reconoce esta prestación, reforzar la 
seguridad jurídica y corregir las disfuncionalidades detectadas en los meses de vigencia, 
logrando así que las personas y unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad 
económica puedan acceder a la prestación cuanto antes.
VI
La presente Ley se estructura en cuatro capítulos, veintidós artículos, ocho 
disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y catorce disposiciones finales, 
acompañándose de un anexo.
La totalidad de los capítulos de la norma, así como las disposiciones adicionales primera 
y segunda, las disposiciones transitorias primera y tercera, y las disposiciones finales 
primera, apartado uno, segunda y tercera provienen del Acuerdo sobre Trabajo a Distancia.
En el capítulo I, dedicado a las disposiciones generales, se establece el ámbito 
personal de aplicación, incluyendo toda forma de trabajo en la que concurran las 
condiciones previstas en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, las definiciones 
de trabajo a distancia, teletrabajo y trabajo presencial a los efectos de esta ley, limitaciones, 
así como los principios de igualdad de trato y oportunidades y no discriminación, 
recogiendo aspectos concretos para hacer efectivo estos principios, teniendo en cuenta  e.
las especificidades que puede conllevar el trabajo a distancia en las condiciones de  w.
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la reversibilidad, el carácter acordado de las modificaciones del acuerdo y la ordenación
de las prioridades de acceso, así como la remisión a la negociación colectiva en el 
procedimiento y criterios que deben de seguirse, debiéndose evitar la perpetuación de 
roles de género y fomentando la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.
En el capítulo III se desarrolla la igualdad de derechos proclamada en el capítulo I, 
mediante la mención de las especiales precauciones a tener en cuenta respecto de los 
derechos laborales, cuando sean predicables en relación con las personas que llevan a 
cabo trabajo a distancia, estructurándose en torno a las siguientes secciones: derechos 
vinculados a la carrera profesional, derechos relativos a la dotación y mantenimiento de 
medios y al abono y compensación de gastos, derechos con repercusión en el tiempo 
de trabajo, derecho a la prevención de riesgos laborales, derechos relacionados con el uso 
de medios digitales y los derechos colectivos de las personas que trabajan a distancia.
El capítulo IV se refiere de manera específica a las facultades de organización, 
dirección y control empresarial en el trabajo a distancia, incluyendo la protección de datos 
y seguridad de la información, el cumplimiento por la persona trabajadora de sus 
obligaciones y deberes laborales y las instrucciones necesarias para preservar a la 
empresa frente a posibles brechas de seguridad.
Las disposiciones adicionales primera y segunda provienen del Acuerdo sobre Trabajo 
a Distancia; se refieren de manera respectiva al trabajo a distancia en la negociación 
colectiva y a la regulación del trabajo a distancia para el personal laboral al servicio de las 
Administraciones Públicas.
La disposición adicional tercera establece el domicilio de referencia a determinados 
efectos en el trabajo a distancia.
La disposición adicional cuarta confiere la consideración como contingencia profesional 
derivada de accidente de trabajo a las enfermedades padecidas por el personal que presta 
servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del 
virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma.
La disposición adicional quinta se refiere a los convenios de colaboración entre las 
entidades gestoras de la Seguridad Social, las comunidades autónomas y el Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria para el control y seguimiento de la incapacidad temporal.
La disposición adicional sexta regula el régimen fiscal aplicable a la final de la «UEFA 
Women’s Champions League 2020», teniendo en cuenta que el hecho de que fueran 
elegidas por la UEFA las ciudades de Bilbao y San Sebastián para albergar en ellas la final 
de la «UEFA Women’s Champions League 2020» requiere la regulación de un régimen 
fiscal específico.
Por otra parte, a través de la disposición adicional séptima, se mantiene hasta el 31 
de octubre de 2020 la aplicación de un tipo del cero por ciento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de 
material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades 
públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, que, hasta el 31 de julio de 2020, 
estuvo regulada en el artículo 8 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas 
urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. De esta forma, se 
extiende su plazo de vigencia para garantizar la respuesta del sistema sanitario en la 
segunda fase de control de la pandemia una vez ya iniciado el periodo de nueva 
normalidad. También se actualiza, con efectos desde la entrada en vigor del citado Real 
Decreto-ley 15/2020, la relación de bienes a los que es de aplicación esta medida, que se 
recoge en el Anexo de esta Ley. A estos efectos, los sujetos pasivos efectuarán, en su 
caso, conforme a la normativa del Impuesto, la rectificación del Impuesto sobre el Valor 
Añadido repercutido o satisfecho con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. es
La disposición transitoria primera, que proviene del Acuerdo sobre Trabajo a Distancia,  o
tiene un doble objetivo. Por un lado, garantizar que esta Ley no pueda instrumentalizarse  2ww.
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La disposición transitoria tercera, que proviene del Acuerdo de Trabajo a Distancia, 
prevé el régimen transitorio del trabajo a distancia adoptado con carácter excepcional por 
aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
La disposición transitoria cuarta establece el régimen aplicable a los procedimientos 
para el reconocimiento del ingreso mínimo vital iniciados antes de la entrada en vigor de la 
presente Ley en los que no se haya dictado resolución expresa.
Las disposiciones finales primera, apartado uno, segunda y tercera recogen las 
modificaciones legislativas derivadas del Acuerdo sobre Trabajo a Distancia.
La disposición final primera, apartado uno, modifica el apartado 1 del artículo 7 del 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, a efectos de especificar la infracción 
referida al incumplimiento de la obligación de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia 
en los términos y con los requisitos previstos en la ley o el convenio colectivo aplicable. El 
apartado dos de esta disposición final primera modifica el artículo 40 del texto refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
La disposición final segunda establece un procedimiento judicial especial, mediante la 
introducción de un nuevo artículo, el 138 bis, en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la jurisdicción social, aplicable a las reclamaciones relacionadas con 
derecho de acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia.
A través de la disposición final tercera se introducen en el texto del Estatuto de los 
Trabajadores aquellas modificaciones necesarias, conforme a lo recogido en la presente 
Ley, en los artículos 13, 23.1 a) y 37.8 de dicha norma legal.
En la disposición final cuarta, se modifica el artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, para incluir entre los créditos considerados 
ampliables, los destinados al sistema de protección por cese de actividad.
La disposición final quinta incorpora una medida sobre la acreditación de la identidad 
para obtener certificados electrónicos, mediante la modificación de la Ley 59/2003, de 19 
de diciembre, de firma electrónica. En el ámbito de la identificación de solicitantes de 
certificados electrónicos cualificados, el Reglamento (UE) 910/2014, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los 
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el 
que se deroga la Directiva 1999/93/CE, contempla en su artículo 24.1 d) la posibilidad de 
que tal verificación se realice utilizando otros métodos de identificación reconocidos a 
escala nacional que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la 
presencia física. Como consecuencia, resulta precisa una regulación específica en nuestro 
derecho nacional de los exigentes requisitos organizativos y de seguridad aplicables a tales 
métodos. A tal fin, procede atribuir al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, departamento competente para la regulación de los servicios electrónicos de 
confianza, la habilitación para la determinación de tales condiciones y requisitos.
Por otra parte, las disposiciones finales sexta y séptima abordan la modificación 
puntual de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego y de la Ley 3/2013, de 4 
de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, 
respectivamente. Las competencias que en materia de juego tenía atribuidas el Ministerio 
de Hacienda, han sido atribuidas al Ministerio de Consumo, en virtud de los artículos 2 y 4 
del Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales,  es
salvo el análisis y definición de la política global en materia tributaria, la propuesta,  o
elaboración e interpretación del régimen tributario y la gestión y liquidación de las tasas  2ww.
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necesario modificar la disposición transitoria primera de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de
regulación del juego, y las disposiciones adicionales segunda y décima de la Ley 3/2013, 
de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia 
para indicar que las competencias relacionadas con la gestión y recaudación de las tasas 
derivadas de la gestión administrativa del juego serán ejercidas por la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria.
La disposición final octava modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector 
ferroviario, introduciendo una nueva disposición adicional vigésima primera, que habilita al 
Director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, en el marco de sus competencias 
y bajo ciertas condiciones, para conceder, en el ámbito de la seguridad operacional 
ferroviaria sujeta a normativa nacional, exenciones específicas cuando se produzcan 
circunstancias urgentes imprevistas o necesidades operacionales urgentes. De este modo 
se permiten medidas excepcionales de las que se derive una recuperación escalonada 
que evite el colapso y permita la recuperación de la normalidad en el sector, de manera 
similar a lo que ha sucedido con las medidas excepcionales adoptadas como consecuencia 
de la situación de emergencia derivada del COVID-19.
En la disposición final novena, se incluye una modificación específica de la 
Ley  39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, a efectos de ampliar el plazo de entrada en vigor de las 
previsiones de la disposición final séptima de la referida norma, en lo relativo al registro 
electrónico de apoderamientos, el registro electrónico, el registro de empleados públicos 
habilitados, el punto de acceso general electrónico de la Administración y el archivo 
electrónico; ante la dificultad de concluir los procesos de adaptación necesarios antes 
del 2 de octubre de 2020, que es el plazo fijado actualmente, se amplía hasta el 2 de abril 
de 2021, fecha a partir de la cual producirán efectos las previsiones sobre tales materias.
La disposición final décima modifica el artículo quinto del Real Decreto-ley 6/2020, 
de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito 
económico y para la protección de la salud pública, referido a la consideración excepcional 
como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio 
o restricción en las salidas del municipio donde tengan el domicilio o su centro de trabajo 
las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.
La disposición final undécima se ocupa de la modificación del Real Decreto-ley 20/2020, 
de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, antes reseñada.
La disposición final duodécima modifica el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de 
medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, en la parte que 
regula el programa de ayudas a la adquisición de vehículos para la renovación del parque 
circulante, con criterios de sostenibilidad y sociales, el Programa RENOVE, con el fin de 
aclarar el procedimiento de pago, realizar determinadas modificaciones en materia 
presupuestaria, y habilitar a la entidad colaboradora que gestione el programa a distribuir 
los fondos a los beneficiarios.
La disposición final decimotercera establece el título competencial, correspondiendo a 
la disposición final decimocuarta señalar la fecha de su entrada en vigor.
VII
Con esta norma se avanza en el cumplimiento de la meta 8.5 de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, es decir, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor; y de las  s
metas 8.4 y 11.6 de la Agenda 2030, relativas a la mejora progresiva de la producción y el  oe.
consumo eficientes, procurando desvincular el crecimiento económico de la degradación  w.
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de las Administraciones Públicas. Tal y como se pone de manifiesto en la motivación y los
objetivos la norma está llamada a proporcionar una regulación adecuada y suficiente de  Bc
los diferentes aspectos que singularizan la prestación del trabajo a distancia y para lo cual
no basta con la aplicación de los preceptos vigentes, dejándolo a la autonomía de las 
partes,  lo  que  podría  conllevar  situaciones  de  desprotección,  desigualdad  y 
desconocimiento de derechos básicos dada la situación de asimetría y el espacio y medios 
particulares en los que se desarrolla el trabajo a distancia.
Es eficaz y proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para posibilitar el 
cumplimiento de dicho objetivo, aspectos que han sido puestos de manifiesto, entre otros, 
por el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo de 2002. Cumple también con el principio 
de transparencia, ya que identifica claramente su propósito y se ofrece una explicación 
completa de su contenido en las diferentes fases de su tramitación.
Ha sido sometida a los trámites de audiencia e información públicas, y de manera 
específica, a la previa consulta de las organizaciones sindicales y patronales más 
representativas. Durante la tramitación del decreto-ley del que procede se ha recabado el 
dictamen del Consejo Económico y Social.
Esta Ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª y 13.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado las competencias exclusivas en las materias 
de legislación laboral, así como de bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Ámbito de aplicación.
Las relaciones de trabajo a las que resultará de aplicación la presente Ley serán 
aquellas en las que concurran las condiciones descritas en el artículo 1.1 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que se desarrollen a distancia con carácter regular.
Se entenderá que es regular el trabajo a distancia que se preste, en un periodo de 
referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la jornada, o el porcentaje 
proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.
Artículo 2.  Definiciones.
A los efectos de lo establecido en esta Ley, se entenderá por:
a)  «Trabajo a distancia»: forma de organización del trabajo o de realización de la 
actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora 
o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.
b)  «Teletrabajo»: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso 
exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.
c)  «Trabajo presencial»: aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el 
lugar determinado por la empresa.
Artículo 3.  Limitaciones en el trabajo a distancia.
En los contratos de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y 
para la formación y el aprendizaje, solo cabrá un acuerdo de trabajo a distancia que 
garantice, como mínimo, un porcentaje del cincuenta por ciento de prestación de servicios 
presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático, en su caso, de la formación teórica  e.
vinculada a estos últimos. w.b
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aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de
manera presencial, y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción 
profesional.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, las personas que desarrollan total o 
parcialmente trabajo a distancia tendrán derecho a percibir, como mínimo, la retribución 
total establecida conforme a su grupo profesional, nivel, puesto y funciones, así como los 
complementos establecidos para las personas trabajadoras que solo prestan servicios de 
forma presencial, particularmente aquellos vinculados a las condiciones personales, los 
resultados de la empresa o las características del puesto de trabajo.
2.  Las personas que desarrollan trabajo a distancia no podrán sufrir perjuicio alguno 
ni modificación en las condiciones pactadas, en particular en materia de tiempo de trabajo 
o de retribución, por las dificultades, técnicas u otras no imputables a la persona 
trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo.
3.  Las empresas están obligadas a evitar cualquier discriminación, directa o indirecta, 
particularmente por razón de sexo, edad, antigüedad o grupo profesional o discapacidad, de 
las personas trabajadoras que prestan servicios a distancia, asegurando la igualdad de trato 
y la prestación de apoyos, y realizando los ajustes razonables que resulten procedentes.
Igualmente, las empresas están obligadas a tener en cuenta a las personas 
teletrabajadoras o trabajadoras a distancia y sus características laborales en el diagnóstico, 
implementación, aplicación, seguimiento y evaluación de medidas y planes de igualdad.
4.  De conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, las empresas deberán 
tener en cuenta las particularidades del trabajo a distancia, especialmente del teletrabajo, 
en la configuración y aplicación de medidas contra el acoso sexual, acoso por razón de 
sexo, acoso por causa discriminatoria y acoso laboral.
En la elaboración de medidas para la protección de las víctimas de violencia de género, 
deberán tenerse especialmente en cuenta, dentro de la capacidad de actuación empresarial 
en este ámbito, las posibles consecuencias y particularidades de esta forma de prestación 
de servicios en aras a la protección y garantía de derechos sociolaborales de estas personas.
5.  Las personas que realizan trabajo a distancia tienen los mismos derechos que las 
personas trabajadoras presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad, 
incluyendo el derecho de adaptación a la jornada establecido en el artículo 34.8 del Estatuto 
de los Trabajadores, a fin de que no interfiera el trabajo con la vida personal y familiar.
CAPÍTULO II
El acuerdo de trabajo a distancia
Sección 1.ª  Voluntariedad del trabajo a distancia
Artículo 5.  Voluntariedad del trabajo a distancia y acuerdo de trabajo a distancia.
1.  El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la 
empleadora y requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia regulado en esta Ley, 
que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior, sin que 
pueda ser impuesto en aplicación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, todo ello 
sin perjuicio del derecho al trabajo a distancia que pueda reconocer la legislación o la 
negociación colectiva.
2.  La negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, el ejercicio de la 
reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad  e.
laboral a distancia que estén exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación  w.b
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en los fijados en el acuerdo de trabajo a distancia al que se refiere el artículo 7.
Sección 2.ª  El acuerdo de trabajo a distancia
Artículo 6.  Obligaciones formales del acuerdo de trabajo a distancia.
1.  El acuerdo de trabajo a distancia deberá realizarse por escrito. Este acuerdo podrá 
estar incorporado al contrato de trabajo inicial o realizarse en un momento posterior, pero 
en todo caso deberá formalizarse antes de que se inicie el trabajo a distancia.
2.  La empresa deberá entregar a la representación legal de las personas trabajadoras 
una copia de todos los acuerdos de trabajo a distancia que se realicen y de sus 
actualizaciones, excluyendo aquellos datos que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, 
de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y 
a la propia imagen, pudieran afectar a la intimidad personal, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 8.4 del Estatuto de los Trabajadores. El tratamiento de la información 
facilitada estará sometido a los principios y garantías previstos en la normativa aplicable 
en materia de protección de datos.
Esta copia se entregará por la empresa, en un plazo no superior a diez días desde su 
formalización, a la representación legal de las personas trabajadoras, que la firmarán a 
efectos de acreditar que se ha producido la entrega.
Posteriormente, dicha copia se enviará a la oficina de empleo. Cuando no exista 
representación legal de las personas trabajadoras también deberá formalizarse copia 
básica y remitirse a la oficina de empleo.
Artículo 7.  Contenido del acuerdo de trabajo a distancia.
Será contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia, sin perjuicio de 
la regulación recogida al respecto en los convenios o acuerdos colectivos, el siguiente:
a)  Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del 
trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así 
como de la vida útil o periodo máximo para la renovación de estos.
b)  Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho 
de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que 
obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que 
se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio o acuerdo colectivo 
de aplicación.
c)  Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de 
disponibilidad.
d)  Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso.
e)  Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a 
distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial.
f)  Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo 
del trabajo a distancia.
g)  Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de 
reversibilidad, en su caso.
h)  Medios de control empresarial de la actividad.
i)  Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan 
el normal desarrollo del trabajo a distancia.
j)  Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación 
legal de las personas trabajadoras, en materia de protección de datos, específicamente  es
aplicables en el trabajo a distancia. o
k)  Instrucciones dictadas por la empresa, previa información a la representación legal  2ww.
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Artículo 8.  Modificación del acuerdo de trabajo a distancia y ordenación de prioridades.
1.  La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a 
distancia, incluido el porcentaje de presencialidad, deberá ser objeto de acuerdo entre la 
empresa y la persona trabajadora, formalizándose por escrito con carácter previo a su 
aplicación. Esta modificación será puesta en conocimiento de la representación legal de 
las personas trabajadoras.
2.  Las personas que realizan trabajo a distancia desde el inicio de la relación laboral 
durante la totalidad de su jornada, tendrán prioridad para ocupar puestos de trabajo que se 
realizan total o parcialmente de manera presencial. A estos efectos, la empresa informará a 
estas personas que trabajan a distancia y a la representación legal de las personas 
trabajadoras de los puestos de trabajo vacantes de carácter presencial que se produzcan.
3.  Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos y criterios 
por los que la persona que desarrolla trabajo presencial puede pasar a trabajo a distancia 
o viceversa, así como preferencias vinculadas a determinadas circunstancias, como las 
relacionadas con la formación, la promoción y estabilidad en el empleo de personas con 
diversidad funcional o con riesgos específicos, la existencia de pluriempleo o pluriactividad 
o la concurrencia de determinadas circunstancias personales o familiares, así como la 
ordenación de las prioridades establecidas en la presente Ley.
En el diseño de estos mecanismos se deberá evitar la perpetuación de roles y 
estereotipos de género y se deberá tener en cuenta el fomento de la corresponsabilidad 
entre mujeres y hombres, debiendo ser objeto de diagnóstico y tratamiento por parte del 
plan de igualdad que, en su caso, corresponda aplicar en la empresa.
CAPÍTULO III
Derechos de las personas trabajadoras a distancia
Sección 1.ª  Derecho a la carrera profesional
Artículo 9.  Derecho a la formación.
1.  Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
participación efectiva en las acciones formativas de las personas que trabajan a distancia, 
en términos equivalentes a las de las personas que prestan servicios en el centro de 
trabajo de la empresa, debiendo atender el desarrollo de estas acciones, en lo posible, a 
las características de su prestación de servicios a distancia.
2.  La empresa deberá garantizar a las personas que trabajan a distancia la formación 
necesaria para el adecuado desarrollo de su actividad tanto al momento de formalizar el 
acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan cambios en los medios o 
tecnologías utilizadas.
Artículo 10.  Derecho a la promoción profesional.
Las personas que trabajan a distancia tendrán derecho, en los mismos términos que 
las que prestan servicios de forma presencial, a la promoción profesional, debiendo la 
empresa informar a aquellas, de manera expresa y por escrito, de las posibilidades de 
ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de desarrollo presencial o a distancia.
Sección 2.ª  Derechos relativos a la dotación y mantenimiento de medios y al abono  o
y compensación de gastos 2ww.
Artích1u.e lroraL 1am1si. e pnetDraseso.rneacsh qou ae  tlraa bdaojatanc aió dnis staunficciaie tnetned ryá nm daenrteecnhiom aie lnat doo dtaec imóne yd imosa,n teeqnuimipioesn toy   BOE-A-2021-1147cable en https://w
adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarios
para el desarrollo de la actividad, de conformidad con el inventario incorporado en el acuerdo 
referido en el artículo 7 y con los términos establecidos, en su caso, en el convenio o acuerdo 
colectivo de aplicación. En el caso de personas con discapacidad trabajadoras, la empresa 
asegurará que esos medios, equipos y herramientas, incluidos los digitales, sean 
universalmente accesibles, para evitar cualquier exclusión por esta causa.
2.  Asimismo, se garantizará la atención precisa en el caso de dificultades técnicas, 
especialmente en el caso de teletrabajo.
Artículo 12.  El derecho al abono y compensación de gastos.
1.  El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la 
empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos 
relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su 
actividad laboral.
2.  Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para la 
determinación, y compensación o abono de estos gastos.
Sección 3.ª  Derechos con repercusión en el tiempo de trabajo
Artículo 13.  Derecho al horario flexible en los términos del acuerdo.
De conformidad con los términos establecidos en el acuerdo de trabajo a distancia y la 
negociación colectiva, respetando los tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa 
sobre tiempo de trabajo y descanso, la persona que desarrolla trabajo a distancia podrá 
flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido.
Artículo 14.  Derecho al registro horario adecuado.
El sistema de registro horario que se regula en el artículo 34.9 del Estatuto de los 
Trabajadores, de conformidad con lo establecido en la negociación colectiva, deberá 
reflejar fielmente el tiempo que la persona trabajadora que realiza trabajo a distancia 
dedica a la actividad laboral, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir, entre 
otros, el momento de inicio y finalización de la jornada.
Sección 4.ª  Derecho a la prevención de riesgos laborales
Artículo 15.  Aplicación de la normativa preventiva en el trabajo a distancia.
Las personas que trabajan a distancia tienen derecho a una adecuada protección en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo.
Artículo 16.  Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva.
1.  La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva del trabajo a 
distancia deberán tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, 
poniendo especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos y 
de accesibilidad del entorno laboral efectivo. En particular, deberá tenerse en cuenta la 
distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y 
desconexiones durante la jornada. e.
La evaluación de riesgos únicamente debe alcanzar a la zona habilitada para la  w.
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más adecuadas en cada caso.
Cuando la obtención de dicha información exigiera la visita por parte de quien tuviera 
competencias en materia preventiva al lugar en el que, conforme a lo recogido en el 
acuerdo al que se refiere el artículo 7, se desarrolla el trabajo a distancia, deberá emitirse 
informe escrito que justifique dicho extremo que se entregará a la persona trabajadora y a 
las delegadas y delegados de prevención.
La referida visita requerirá, en cualquier caso, el permiso de la persona trabajadora, de 
tratarse de su domicilio o del de una tercera persona física.
De no concederse dicho permiso, el desarrollo de la actividad preventiva por parte de 
la empresa podrá efectuarse en base a la determinación de los riesgos que se derive de la 
información recabada de la persona trabajadora según las instrucciones del servicio de 
prevención.
Sección 5.ª  Derechos relacionados con el uso de medios digitales
Artículo 17.  Derecho a la intimidad y a la protección de datos.
1.  La utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante 
dispositivos automáticos garantizará adecuadamente el derecho a la intimidad y a la 
protección de datos, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de acuerdo con los 
principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios utilizados.
2.  La empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en 
dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en 
el desarrollo del trabajo a distancia.
3.  Las empresas deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos 
digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad 
de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos legal y constitucionalmente. 
En su elaboración deberá participar la representación legal de las personas trabajadoras.
Los convenios o acuerdos colectivos podrán especificar los términos dentro de los 
cuales las personas trabajadoras pueden hacer uso por motivos personales de los equipos 
informáticos puestos a su disposición por parte de la empresa para el desarrollo del trabajo 
a distancia, teniendo en cuenta los usos sociales de dichos medios y las particularidades 
del trabajo a distancia.
Artículo 18.  Derecho a la desconexión digital.
1.  Las personas que trabajan a distancia, particularmente en teletrabajo, tienen 
derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo en los términos establecidos 
en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación del uso de 
los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de 
descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada y a cualesquiera límites 
y precauciones en materia de jornada que dispongan la normativa legal o convencional 
aplicables.
2.  La empresa, previa audiencia de la representación legal de las personas 
trabajadoras, elaborará una política interna dirigida a personas trabajadoras, incluidas los 
que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del 
derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal 
sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga  e.
informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los  w.b
slau ppueLerosssot oncsao  dneevm erpenlaeiolaiszd aaoc  vióainncc utuoeltraaddlo oos  a pcla ourlcseioac ltc idvoeonls  ft irndaeebs a tjlroaa babo adrjaiosle tapsno dcdeira áh, nea rserías cmtoaimbelnoet caeesnr  t eelolc dsno ommlóeigcdiicliioaoss d. ey   2021-1147n https://w
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con la garantía de tiempos de descanso.
Sección 6.ª  Derechos colectivos
Artículo 19.  Derechos colectivos de las personas que trabajan a distancia.
1.  Las personas trabajadoras a distancia tendrán derecho a ejercitar sus derechos de 
naturaleza colectiva con el mismo contenido y alcance que el resto de las personas 
trabajadoras del centro al que están adscritas.
A estos efectos, la negociación colectiva podrá establecer las condiciones para 
garantizar el ejercicio de los derechos colectivos de las personas trabajadoras a distancia, 
en atención a las singularidades de su prestación, con respeto pleno al principio de 
igualdad de trato y de oportunidades entre la persona trabajadora a distancia y la que 
desempeñe tareas en el establecimiento de la empresa.
2.  La empresa deberá suministrar a la representación legal de las personas 
trabajadoras los elementos precisos para el desarrollo de su actividad representativa, 
entre ellos, el acceso a las comunicaciones y direcciones electrónicas de uso en la 
empresa y la implantación del tablón virtual, cuando sea compatible con la forma de 
prestación del trabajo a distancia.
Deberá asegurarse que no existen obstáculos para la comunicación entre las personas 
trabajadoras a distancia y sus representantes legales, así como con el resto de personas 
trabajadoras.
3.  Deberá garantizarse que las personas trabajadoras a distancia pueden participar 
de manera efectiva en las actividades organizadas o convocadas por su representación 
legal o por el resto de las personas trabajadoras en defensa de sus intereses laborales, en 
particular, su participación efectiva presencial para el ejercicio del derecho a voto en las 
elecciones a representantes legales.
CAPÍTULO IV
Facultades de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a distancia
Artículo 20.  Protección de datos y seguridad de la información.
1.  Las personas trabajadoras, en el desarrollo del trabajo a distancia, deberán cumplir 
las instrucciones que haya establecido la empresa en el marco de la legislación sobre 
protección de datos, previa participación de la representación legal de las personas 
trabajadoras.
2.  Las personas trabajadoras deberán cumplir las instrucciones sobre seguridad de 
la información específicamente fijadas por la empresa, previa información a su 
representación legal, en el ámbito del trabajo a distancia.
Artículo 21.  Condiciones e instrucciones de uso y conservación de equipos o útiles 
informáticos.
Las personas trabajadoras deberán cumplir las condiciones e instrucciones de uso y 
conservación establecidas en la empresa en relación con los equipos o útiles informáticos, 
dentro de los términos que, en su caso, se establezcan en la negociación colectiva.
Artículo 22.  Facultades de control empresarial.
La empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y  e.
control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones  w.
yyc i rdacepublnicesartecasinó clnai ablaso  rpcaeolernssso,i dinneacrlleauscid,ió acn ol amd ueotbi lliiadz aacc oainó sncuu d redre imgnnceiiddaai oddse  y tue tnleeanm ideáinsticcdaoops e,a ngc uidcauareddn.atnad, oe enn s suu c aadsoop, csiuóns   2021-1147n https://w
Disposición adicional primera.  El trabajo a distancia en la negociación colectiva.
1.  Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer, en atención a la 
especificidad de la actividad concreta de su ámbito, la identificación de los puestos de 
trabajo y funciones susceptibles de ser realizados a través del trabajo a distancia, las 
condiciones de acceso y desarrollo de la actividad laboral mediante esta modalidad, la 
duración máxima del trabajo a distancia, así como contenidos adicionales en el acuerdo de 
trabajo a distancia y cuantas otras cuestiones se consideren necesario regular.
2.  Los convenios o acuerdos colectivos podrán regular una jornada mínima presencial 
en el trabajo a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo en los locales de la 
empresa, un porcentaje o periodo de referencia inferiores a los fijados en la presente Ley 
a los efectos de calificar como «regular» esta modalidad de ejecución de la actividad 
laboral, un porcentaje de trabajo presencial de los contratos formativos diferente al previsto 
en el mismo, siempre que no se celebren con menores de edad, así como las posibles 
circunstancias extraordinarias de modulación del derecho a la desconexión.
Disposición adicional segunda.  Personal laboral al servicio de las Administraciones 
Públicas.
Las previsiones contenidas en esta Ley no serán de aplicación al personal laboral al 
servicio de las Administraciones Públicas, que se regirá en esta materia por su normativa 
específica.
Disposición adicional tercera.  Domicilio a efectos de considerar la Autoridad Laboral 
competente y los servicios y programas públicos de fomento de empleo aplicables.
En el trabajo a distancia, se considerará como domicilio de referencia a efectos de 
considerar la Autoridad Laboral competente y los servicios y programas públicos de 
fomento del empleo aplicables, aquel que figure como tal en el contrato de trabajo y, en su 
defecto, el domicilio de la empresa o del centro o lugar físico de trabajo.
Disposición adicional cuarta.  Consideración como contingencia profesional derivada de 
accidente de trabajo a las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio 
en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del 
virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma.
1.  Desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de 
la Salud y hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención 
adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las 
prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta servicios en centros 
sanitarios o socio-sanitarios, inscritos en los registros correspondientes, y que en el 
ejercicio de su profesión, hayan contraído el virus SARS-CoV2 por haber estado expuesto 
a ese riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios, 
cuando así se acredite por los servicios de Prevención de Riesgos Laborales y Salud 
Laboral, se considerarán derivadas de accidente de trabajo, al entender cumplidos los 
requisitos exigidos en el artículo 156.2.e) del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
2.  El contagio y padecimiento de la enfermedad se acreditará mediante el 
correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido dentro del  s
mismo periodo de referencia. e.
3.  En los casos de fallecimiento, se considerará que la causa es accidente de trabajo  w.
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Disposición adicional quinta.  Convenios de colaboración entre las entidades gestoras de 
la Seguridad Social, las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria para el control y seguimiento de la incapacidad temporal.
En los convenios de colaboración que formalicen las entidades gestoras de la 
Seguridad Social con las comunidades autónomas y con el Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria para el control y seguimiento de la incapacidad temporal podrá preverse el 
anticipo de hasta la cuantía total del importe previsto en el respectivo convenio para la 
financiación de las actuaciones a desarrollar por las comunidades autónomas y por el 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
A estos efectos, con carácter previo a la formalización de los convenios a que se 
refiere el párrafo anterior, se requerirá la autorización del Consejo de Ministros. Con esta 
finalidad, el titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo 
informe del Ministerio de Hacienda, elevará la oportuna propuesta al Consejo de Ministros.
No será de aplicación, para el caso exclusivo de estos convenios, lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, en lo que se refiere a la 
necesidad de iniciar la ejecución del gasto en el propio ejercicio en el que se adquiere el 
compromiso del gasto.
Disposición adicional sexta.  Régimen fiscal aplicable a la final de la «UEFA Women’s 
Champions League 2020».
Uno.  Régimen fiscal de la entidad organizadora de la final de la «UEFA Women’s 
Champions League 2020» y de los equipos participantes:
Las personas jurídicas residentes en territorio español constituidas con motivo de la 
final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» por la entidad organizadora o por 
los equipos participantes estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades por las rentas 
obtenidas durante la celebración del acontecimiento y en la medida en que estén 
directamente relacionadas con su participación en él.
Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará igualmente en el Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes a los establecimientos permanentes que la entidad organizadora 
de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» o los equipos participantes 
constituyan en España con motivo del acontecimiento por las rentas obtenidas durante su 
celebración y en la medida que estén directamente relacionadas con su participación en él.
Estarán exentas las rentas obtenidas sin establecimiento permanente por la entidad 
organizadora de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» o los equipos 
participantes, generadas con motivo de la celebración de la final de la «UEFA Women’s 
Champions League 2020» y en la medida en que estén directamente relacionadas con su 
participación en aquella.
Dos.  Régimen fiscal de las personas físicas que presten servicios a la entidad 
organizadora o a los equipos participantes:
1.  No se considerarán obtenidas en España las rentas que perciban las personas 
físicas que no sean residentes en España, por los servicios que presten a la entidad 
organizadora o a los equipos participantes, generadas con motivo de la celebración de la 
final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» y en la medida en que estén 
directamente relacionadas con su participación en aquella.
2.  Las personas físicas que adquieran la condición de contribuyentes por el Impuesto  e.
sobre la Renta de las Personas Físicas como consecuencia de su desplazamiento a  w.b
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Tres.  Régimen aduanero y tributario aplicable a las mercancías que se importen 
para afectarlas al desarrollo y celebración de la final de la «UEFA Women’s Champions 
League 2020»:
1.  Con carácter general, el régimen aduanero aplicable a las mercancías que se 
importen para su utilización en la celebración y desarrollo de la final de la «UEFA Women’s 
Champions League 2020» será el que resulte de las disposiciones contenidas en el 
Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre 
de 2013, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión, y demás legislación 
aduanera de aplicación.
2.  Sin perjuicio de lo anterior y con arreglo al artículo 251 del Código Aduanero de 
la Unión y al artículo 7 del Convenio relativo a la Importación Temporal, hecho en 
Estambul el 26 de junio de 1990, las mercancías a que se refiere el número 1 de este 
apartado que se vinculen al régimen aduanero de importación temporal podrán 
permanecer al amparo de dicho régimen por un plazo máximo de 24 meses desde su 
vinculación al mismo, que, en todo caso, expirará, a más tardar, el 31 de diciembre del 
año siguiente al de la finalización de la final de la «UEFA Women’s Champions 
League 2020».
3.  Se autoriza al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria para que adopte las medidas necesarias para la 
ejecución de lo dispuesto en este apartado tres.
Cuatro.  Impuesto sobre el Valor Añadido:
1.  Por excepción a lo dispuesto en el número 2.º del artículo 119 bis de la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, no se exigirá el requisito de 
reciprocidad en la devolución a empresarios o profesionales no establecidos en la 
Comunidad que soporten o satisfagan cuotas del Impuesto como consecuencia de la 
realización de operaciones relacionadas con la celebración de la final de la «UEFA 
Women’s Champions League 2020».
2.  Por excepción de lo establecido en el número 7.º del apartado uno del artículo 164 
de la Ley 37/1992, cuando se trate de empresarios o profesionales no establecidos en la 
Comunidad, Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estado con el que existan instrumentos de 
asistencia mutua análogos a los instituidos en la Comunidad, no será necesario que 
nombren un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en 
dicha Ley.
3.  Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del 
Impuesto que tengan la condición de sujetos pasivos y que soporten o satisfagan cuotas 
como consecuencia de la realización de operaciones relacionadas con la final de la «UEFA 
Women’s Champions League 2020» tendrán derecho a la devolución de dichas cuotas al 
término de cada periodo de liquidación.
Para dichos empresarios o profesionales, el periodo de liquidación coincidirá con el 
mes natural, debiendo presentar sus declaraciones-liquidaciones durante los 20 primeros 
días naturales del mes siguiente al periodo de liquidación. Sin embargo, las declaraciones-
liquidaciones correspondientes al último periodo del año deberán presentarse durante los 
treinta primeros días naturales del mes de enero.
Lo establecido en el párrafo anterior no determinará la obligación para dichos 
empresarios o profesionales de la llevanza de los Libros Registro del Impuesto a través de 
la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a que se refiere el  es
artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real  bo
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. 2w
ancúomnLNetooer o cdo i1imbs psaietunanetntesotrte,io o,a  rec. lnuo asen sedtqeou  nsipúeom tsre aprtoae r stdieceri páea mingptuerasel msya eranio tlesa  soa p ppelircrosafoebnsleaio san  jalualre íesdn icntiaods ae das  toqarubgelae ncsiiezd aordeso fieeranre  dl oeesll    OE-A-2021-1147able en https://w
que concurran los requisitos previstos en los artículos 119 o 119 bis de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, la devolución de las cuotas soportadas se efectuará conforme al 
procedimiento establecido en dichos artículos y en los artículos 31 y 31 bis del Reglamento 
del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 1624/1992.
4.  Respecto a las operaciones relacionadas con los bienes vinculados al régimen de 
importación temporal con exención total de derechos, a que se alude en el apartado tres 
anterior, resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley del Impuesto.
5.  El plazo a que se refiere el párrafo g) del apartado 3 del artículo 9 de la Ley del 
Impuesto será, en relación con los bienes que se utilicen temporalmente en la celebración 
y desarrollo de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020», el previsto en el 
número 2 del apartado tres anterior.
6.  La regla establecida en el apartado dos del artículo 70 de la Ley del Impuesto no 
resultará aplicable a los servicios del número 1 de este apartado cuando sean prestados 
por las personas jurídicas residentes en España constituidas con motivo del acontecimiento 
por la entidad organizadora de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» 
por los equipos participantes y estén en relación con la organización, la promoción o el 
apoyo de dicho acontecimiento.
Disposición adicional séptima.  Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor 
Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes 
necesarios para combatir los efectos del COVID-19.
Con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, 
de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, y vigencia 
hasta el 31 de octubre de 2020, se aplicará el tipo del 0 por ciento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias 
de bienes referidos en el Anexo de esta Ley cuyos destinatarios sean entidades de 
Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social 
a que se refiere el apartado tres del artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. Estas operaciones se documentarán en factura como 
operaciones exentas.
Disposición adicional octava.  Profesorado de formación profesional.
Se habilita a las administraciones educativas para que, en tanto no se complete el 
desarrollo reglamentario previsto en el artículo 95, apartados 2, 3 y 4, de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, puedan realizar selección de funcionarios 
de carrera de las convocatorias en curso derivadas de las ofertas de empleo público 
anteriores a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el Cuerpo de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, así como nombramientos de personal 
interino en ese Cuerpo, con los requisitos que existían para el mismo.
Disposición transitoria primera.  Situaciones de trabajo a distancia existentes a la entrada 
en vigor de esta Ley.
1.  Esta Ley será íntegramente aplicable a las relaciones de trabajo vigentes y que 
estuvieran reguladas, con anterioridad a su publicación, por convenios o acuerdos 
colectivos sobre condiciones de prestación de servicios a distancia, desde el momento en 
el que estos pierdan su vigencia. es
En caso de que los convenios o acuerdos referidos en el apartado anterior no prevean  o
un plazo de duración, esta norma resultará de aplicación íntegramente una vez transcurrido  2ww.
ufdirenm  taareñnsote  asdñ edosesd .ees tsous  apcuubelircdaecnió enx perne seal m«eBnotele utínn  pOlafizcoia sl udpeelr iEors, tqaudeo »c,o msaol vmoá qxuimeo l apso dpraár steesr   2021-1147n https://w
2.  En ningún caso la aplicación de esta Ley podrá tener como consecuencia la
compensación, absorción o desaparición de cualesquiera derechos o condiciones más
beneficiosas que vinieran disfrutando las personas que prestasen con carácter previo sus 
servicios a distancia que se reflejarán en el acuerdo de trabajo a distancia, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 7.
El acuerdo de trabajo a distancia regulado en la sección segunda del capítulo II de esta 
Ley deberá formalizarse en el plazo de tres meses desde que esta norma resulte de 
aplicación a la relación laboral concreta. En idéntico plazo deberán efectuarse adaptaciones 
o modificaciones de los acuerdos de trabajo a distancia de carácter individual vigentes a la 
fecha de publicación de esta Ley, no derivados de convenios o acuerdos colectivos.
Disposición transitoria segunda.  Irretroactividad.
Las infracciones en el orden social cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del 
apartado dos de la disposición final primera de la presente Ley se sancionarán conforme 
a las cuantías sancionatorias previstas con anterioridad a dicha fecha.
Disposición transitoria tercera.  Trabajo a distancia como medida de contención sanitaria 
derivada de la COVID-19.
Al trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación del artículo 5 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como consecuencia de las medidas de 
contención sanitaria derivadas de la COVID-19, y mientras estas se mantengan, le seguirá 
resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria.
En todo caso, las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, 
herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al 
mantenimiento que resulte necesario.
En su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los 
gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si 
existieran y no hubieran sido ya compensados.
Disposición transitoria cuarta.  Procedimientos para el reconocimiento del ingreso mínimo 
vital iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley en los que no se haya 
dictado resolución expresa.
A los procedimientos para el reconocimiento del ingreso mínimo vital en los que no se 
hubiera dictado resolución expresa a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, les 
será de aplicación lo que a continuación se establece:
1.  El plazo para resolver y notificar será el de seis meses previsto en el artículo 25.3 
del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo 
vital, aun cuando a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley hayan transcurrido tres 
meses desde la presentación de la solicitud. A tal efecto, el periodo transcurrido sin 
haberse dictado resolución expresa será tenido en cuenta para el cómputo de los seis 
meses establecidos en el citado artículo 25.3.
2.  Con independencia del estado en que se encuentre el procedimiento para el 
reconocimiento de la prestación económica del ingreso mínimo vital a la entrada en vigor 
de esta disposición transitoria, se comprobará el cumplimiento por los interesados de la 
condición de vulnerabilidad establecida en el artículo 7.1.b) del Real Decreto-ley 20/2020, 
de 29 de mayo, como requisito necesario para poder continuar su tramitación. En el 
supuesto de que no quedara acreditado dicho requisito, se dictará resolución declarando  s
la imposibilidad de continuar la tramitación del procedimiento. e.
Frente a esta resolución, se podrá interponer reclamación administrativa previa en  w.
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tramitación administrativa.
La continuación del procedimiento no obstará a la desestimación de la solicitud si la 
entidad gestora efectuara nuevas comprobaciones que determinaran el incumplimiento del 
requisito de vulnerabilidad previsto en el indicado artículo 7.1.b).
Disposición final primera.  Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto.
Uno.  Se modifica el apartado 1 del artículo 7 del texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones  y  Sanciones  en  el  Orden  Social,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, con la siguiente redacción:
«1.  No formalizar por escrito el contrato de trabajo, cuando este requisito sea 
exigible o lo haya solicitado la persona trabajadora, o no formalizar el acuerdo de 
trabajo a distancia en los términos y con los requisitos legal y convencionalmente 
previstos.»
Dos.  Se modifica el artículo 40 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 40.  Cuantía de las sanciones.
1.  Las infracciones en materia de relaciones laborales y empleo, en materia de 
Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 siguiente, en materia 
de movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, en materia de empresas de 
trabajo temporal y empresas usuarias, excepto las que se refieran a materias de 
prevención de riesgos laborales, que quedarán encuadradas en el apartado 2 de 
este artículo, así como las infracciones por obstrucción se sancionarán:
a)  Las leves, en su grado mínimo, con multas de 70 a 150 euros; en su grado 
medio, de 151 a 370 euros; y en su grado máximo, de 371 a 750 euros.
b)  Las graves con multa, en su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su 
grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros.
c)  Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; 
en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 
euros a 225.018 euros.
d)  Las infracciones señaladas en los artículos 22.3, 23.1.b) y 23.1.k) se 
sancionarán:
1.º  La infracción grave del artículo 22.3 se sancionará con la multa siguiente: 
en su grado mínimo, con multa del 50 al 65 por ciento del importe de las cuotas de 
Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta no ingresados, 
incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, con multa del 65,01 
al 80 por ciento; y en su grado máximo, con multa del 80,01 al 100 por ciento.
2.º  La infracción muy grave del artículo 23.1.b) se sancionará con la multa 
siguiente: en su grado mínimo, con multa del 100,01 al 115 por ciento del importe de 
las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta no 
ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, con multa 
del 115,01 al 130 por ciento; y en su grado máximo, con multa del 130,01 al 150 por  s
ciento. oe.
3.º  La infracción muy grave del artículo 23.1.k) se sancionará con la multa  w.
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costas; en su grado medio, con multa del 115,01 al 130 por ciento; y en su grado
máximo, con multa del 130,01 al 150 por ciento. Bc
e)  Las infracciones señaladas en los artículos 22.2, 22.7 a), 22.16 y 23.1.a) se 
sancionarán:
1.º  La infracción grave de los artículos 22.2, 22.7 a) y 22.16 se sancionará con 
la multa siguiente: en su grado mínimo, de 3.750 a 7.500 euros; en su grado medio, 
de 7.501 a 9.600 euros y, en su grado máximo, de 9.601 a 12.000 euros.
2.º  La infracción muy grave del artículo 23.1.a) se sancionará con la multa 
siguiente: en su grado mínimo, de 12.001 a 30.000 euros; en su grado medio, 
de 30.001 a 120.005 euros y, en su grado máximo, de 120.006 a 225.018 euros.
No obstante, cuando con ocasión de una misma actuación de inspección se 
detecten varias infracciones de las contempladas en este apartado, la sanción que 
en su caso se proponga para cada una de ellas, graduada conforme a los criterios 
contenidos en el artículo 39.2 que procedan, se incrementará en:
Un 20 por ciento en cada infracción cuando se trate de dos trabajadores, 
beneficiarios o solicitantes.
Un 30 por ciento en cada infracción cuando se trate de tres trabajadores, 
beneficiarios o solicitantes.
Un 40 por ciento en cada infracción cuando se trate de cuatro trabajadores, 
beneficiarios o solicitantes.
Un 50 por ciento en cada infracción cuando se trate de cinco o más trabajadores, 
beneficiarios o solicitantes.
En ningún caso, la cuantía correspondiente a la infracción prevista en el 
artículo 22.2 podrá exceder de 12.000 euros, ni la prevista en el artículo 23.1.a) 
podrá exceder de 225.018 euros para cada una de las infracciones.
f)  Cuando la actuación inspectora de la que se derive la obstrucción fuera 
dirigida a la comprobación de la situación de alta de los trabajadores que presten 
servicios en una empresa y el incumplimiento de las obligaciones del empresario 
pudiera dar lugar a la comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 22.2 
y 23.1.a), las infracciones por obstrucción se sancionarán:
1.º  Las calificadas como graves: en su grado mínimo, con multa de 3.750 
a 7.500 euros; en su grado medio, de 7.501 a 9.600 euros y, en su grado máximo, 
de 9.601 a 12.000 euros.
2.º  Las calificadas como muy graves: en su grado mínimo, con una multa 
de 12.001 a 30.000 euros; en su grado medio, de 30.001 a 120.005 euros y, en su 
grado máximo, de 120.006 a 225.018 euros.
Las sanciones impuestas por las infracciones muy graves tipificadas en las 
letras d), e) y f) del apartado 1 del artículo 16, y en las letras a) y h) del apartado 1 
del artículo 23, así como las sanciones por obstrucción calificadas como muy graves 
en el párrafo anterior, una vez firmes, se harán públicas en la forma que se prevea 
reglamentariamente.
2.  Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se 
sancionarán:
a)  Las leves, en su grado mínimo, con multa de 45 a 485 euros; en su grado 
medio, de 486 a 975 euros; y en su grado máximo, de 976 a 2.450 euros.
b)  Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.451 a 9.830 euros; en su  e
grado medio, de 9.831 a 24.585 euros; y en su grado máximo, de 24.586 a 49.180  bo
eenu rsocus) . grLaadso  mmueyd igor,a dvee s1 9c6o.n7 4m6u alta 4, 9e1n. 8s6u5 g eraudroos m; yín eimn osu, d ger a4d9o.1 m81á xaim 19o6, d.7e4 459 e1u.8ro6s6;   2021-11472n https://ww
a 983.736 euros.
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, se harán 
públicas en la forma que se determine reglamentariamente.
Las infracciones, por faltas graves y muy graves de las entidades especializadas 
que actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas, de las personas o 
entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas y de las entidades acreditadas para desarrollar o certificar la formación en 
materia de prevención de riesgos laborales, podrán dar lugar, además de a las 
multas previstas en este artículo, a la cancelación de la acreditación otorgada por la 
autoridad laboral.
3.  Las sanciones en materia de Seguridad Social cuando se deriven de actas 
de infracción y liquidación que se refieran a los mismos hechos y se practiquen 
simultáneamente, se reducirán automáticamente al 50 por ciento de su cuantía si el 
sujeto infractor manifiesta su conformidad con la liquidación practicada, ingresando 
su importe en el plazo procedente. Esta reducción automática solo podrá aplicarse 
en el supuesto de que la cuantía de la liquidación supere la de la sanción propuesta 
inicialmente.
4.  Las infracciones en materia de cooperativas se sancionarán:
a)  Las leves, con multa de 450 a 905 euros.
b)  Las graves, con multa de 906 a 4.545 euros.
c)  Las muy graves, con multa de 4.546 a 45.504 euros.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora 
de la jurisdicción social.
La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social queda modificada 
del siguiente modo:
Uno.  Se modifica el título de la sección 4.ª del capítulo V del Título II del libro 
segundo, con la siguiente redacción:
«Sección 4.ª  Movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones 
de trabajo, trabajo a distancia, suspensión del contrato y reducción de jornada por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza 
mayor.»
Dos.  Se incorpora un nuevo artículo 138 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 138 bis.  Tramitación en reclamaciones sobre acceso, reversión y 
modificación del trabajo a distancia.
1.  El procedimiento para las reclamaciones sobre acceso, reversión y 
modificación del trabajo a distancia se regirá por las siguientes reglas:
a)  La persona trabajadora dispondrá de un plazo de veinte días hábiles, a 
partir de que la empresa le comunique su negativa o su disconformidad con la 
propuesta realizada por la persona trabajadora, para presentar demanda ante el 
Juzgado de lo Social.
b)  El órgano jurisdiccional podrá recabar informe urgente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, remitiéndole copia de la demanda y documentos que la 
acompañen. El informe versará sobre la negativa o la disconformidad comunicada  s
por la empresa respecto de la propuesta realizada por la persona trabajadora y  e.
demás circunstancias concurrentes. w.
llaa  vdiecs)mt aa hEnadl bparr.áo L cdaee d ssiemenñieteannlatocri sase e srdeáe  undrticrgotea ndrátee   elyon ss  eecl i lnepc ldaoaz doráí ad tsre a smtirgeiutsai ecdnióítaenss .p  arCel ofdenerte rlana t leaa.d  Emmli isasmicótano   ddneeo    2021-1147n https://w
pdreo pceerdjueircái orse cquures op,o sr asluv oc ucaunatníad op usdei ehraa ydaa ra lcuugmaru laa dreoc uprrseote dnes isóunp dlieca rceiósanr, ceimn iceunytoo   BOE-A-cable e
caso el pronunciamiento será ejecutivo desde que se dicte la sentencia.
2.  Cuando la causa de la reclamación en materia de trabajo a distancia esté 
relacionada con el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, reconocidos legal o convencionalmente, se regirá por el 
procedimiento establecido en el artículo 139.»
Disposición final tercera.  Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado del siguiente modo:
Uno.  Se modifica el artículo 13 que queda redactado como sigue:
«Artículo 13.  Trabajo a distancia.
Las personas trabajadoras podrán prestar trabajo a distancia en los términos 
previstos en la Ley 10/2021 de trabajo a distancia.»
Dos.  Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 23 con la siguiente redacción:
«a)  Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así 
como a una preferencia a elegir turno de trabajo y a acceder al trabajo a distancia, 
si tal es el régimen instaurado en la empresa, y el puesto o funciones son 
compatibles con esta forma de realización del trabajo, cuando curse con regularidad 
estudios para la obtención de un título académico o profesional.»
Tres.  Se modifica el apartado 8 del artículo 37 con la siguiente redacción:
«8.  Las personas trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de 
violencia de género o de víctimas del terrorismo tendrán derecho, para hacer 
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de 
la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación 
del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del 
horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen 
en la empresa. También tendrán derecho a realizar su trabajo total o parcialmente a 
distancia o a dejar de hacerlo si este fuera el sistema establecido, siempre en ambos 
casos que esta modalidad de prestación de servicios sea compatible con el puesto 
y funciones desarrolladas por la persona.
Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos 
concretos se establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa 
y los representantes legales de las personas trabajadoras, o conforme al acuerdo entre 
la empresa y las personas trabajadoras afectadas. En su defecto, la concreción de estos 
derechos corresponderá a estas, siendo de aplicación las reglas establecidas en el 
apartado anterior, incluidas las relativas a la resolución de discrepancias.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se añade un 
nuevo párrafo h), al apartado 2 del artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, con la siguiente redacción:
«h)  Los destinados al sistema de protección por cese de actividad.» es
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma  w.
eSlee catñróandieca u.n nuevo apartado 6 al artículo 13 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre,  2021-1147n https://w
de firma el«e6c.t rónPiocra ,O crodne ne l dseig ulaie pneters toennao rt:itular del Ministerio de Asuntos Económicos y  BOE-A-cable e
Transformación Digital se determinarán las condiciones y requisitos técnicos
aplicables a la verificación de la identidad y, si procede, otros atributos específicos 
de la persona solicitante de un certificado cualificado, mediante otros métodos de 
identificación que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la 
presencia física.»
Disposición final sexta.  Modificación de la disposición transitoria primera de la Ley 
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
Se modifica el primer párrafo de la disposición transitoria primera de la Ley 13/2011, 
de 27 de mayo, de regulación del juego, que queda redactado del siguiente modo:
«Las competencias previstas para la Comisión Nacional del Juego serán 
ejercidas por la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de 
Consumo, salvo las relacionadas con la gestión y recaudación de las tasas a las que 
se refiere el artículo 49 de esta Ley, que serán ejercidas por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.»
Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 
de la Competencia, queda modificada como sigue:
Uno.  El apartado 3 de la disposición adicional segunda, queda redactado del 
siguiente modo:
«3.  Las referencias contenidas en cualquier norma del ordenamiento jurídico a 
la Comisión Nacional del Juego se entenderán realizadas a la Dirección General de 
Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo que la sustituye y asume sus 
competencias, en los términos previstos en la disposición adicional décima.»
Dos.  La disposición adicional décima queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional décima.  Funciones que asumen la Dirección General de 
Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo y la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en materia de juego.
La Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo 
asumirá el objeto, funciones y competencias que la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de 
regulación del juego, atribuye a la extinta Comisión Nacional del Juego, salvo las 
relacionadas con la gestión y recaudación de las tasas a las que se refiere el 
artículo 49 de dicha ley, que serán ejercidas por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.»
Disposición final octava.  Modificación de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector 
ferroviario.
Se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, para añadir 
una nueva disposición adicional vigésima primera del siguiente tenor:
«Disposición adicional vigésima primera.  Exenciones en materia operacional  s
ferroviaria en situaciones de emergencia. oe.
Fo esrorSolicevii taharaniabte,i liesta nd  aee l l lamic peaenrcrcsoioa dnse,a  c steiuturstli afcirco admdepo least ,eD hniarcebiacilscit,iaó pcnai odrane e clsao  nAoc gaeeudnteocrir aidz eEa csoitfoaicntaieols  da, e elo xSsee tngitcuuirolaidnraeedss    2021-1147n https://w
específicas al cumplimiento de la normativa aplicable en materia operacional
ferroviaria en los ámbitos no regulados por la normativa de la Unión Europea, 
cuando se produzcan circunstancias urgentes imprevistas o necesidades operativas 
urgentes, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
a)  Que no sea posible hacer frente a esas circunstancias o necesidades de 
forma adecuada cumpliendo los requisitos aplicables;
b)  Que se garantice la seguridad en caso necesario mediante la aplicación de 
las correspondientes medidas de mitigación;
c)  Que se mitigue cualquier posible distorsión de las condiciones del mercado 
como consecuencia de la concesión de la exención en la medida de lo posible;
d)  Que el alcance y la duración de la exención estén limitados a lo que resulte 
estrictamente necesario y que esta se aplique sin ocasionar discriminación.
Asimismo, dichas exenciones se podrán emitir, si se cumplen todas las 
condiciones mencionadas en el párrafo anterior, previa solicitud de los interesados 
en la que se motive adecuadamente su cumplimiento, se especifiquen las 
circunstancias urgentes imprevistas o las necesidades operativas urgentes y que 
incluya, por parte del solicitante, las medidas de mitigación que permitan establecer 
un nivel de seguridad operacional equivalente.»
Disposición final novena.  Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se modifica la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que queda 
redactada como sigue:
«Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial 
del Estado”.
No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, 
registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso 
general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán 
efectos a partir del día 2 de abril de 2021.»
Disposición final décima.  Modificación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por 
el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la 
protección de la salud pública.
El artículo quinto del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud 
pública, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo quinto.  Consideración excepcional como situación asimilada a accidente 
de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas 
del municipio donde tengan el domicilio o su centro de trabajo las personas 
trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.
1.  Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter 
excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la  e.
prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social,  w.b
apenrqofueveromlcloaesdd aopdse  srpieoo rdh aoe slc  ovdniretur asa ídiCsoOl acVmoIniDe c-n1at9uo,s  aos  aeclxvoconl utqsauigveaio  se end  elpa r luraeesab leipz eaqrcusióeon ne adl esc l ottrrnaatbabagajijooa  dednoe rl aolass    2021-1147n https://w
tSéermguinriodsa dq uSeo sceiañl,a laap erol baartdícou ploo r1 5e6l  Rdeela tl eDxteoc rreetfou nLdeidgois ldaeti vlao  L8e/2y0 G15e,n edrea l3 d0e  dlea 
octubre, en cuyo caso será calificada como accidente de trabajo.
Con el mismo carácter excepcional, con efectos desde el inicio de la situación 
de restricción de la salida o entrada a un municipio, y mediante el correspondiente 
parte de baja, se extenderá esta protección a aquellos trabajadores que se vean 
obligados a desplazarse de localidad para prestar servicios en las actividades no 
afectadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, siempre que por la autoridad competente se haya acordado restringir 
la salida, o la entrada, de personas del municipio donde dichos trabajadores tengan 
su domicilio, o donde la empresa tenga su centro de trabajo en el caso de que el 
trabajador tenga su domicilio en otro municipio, y les haya sido denegada de forma 
expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, no puedan 
realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la empresa para 
la que prestan sus servicios o al propio trabajador y no tengan derecho a percibir 
ninguna otra prestación pública.
La acreditación del acuerdo de restricción de la población donde el trabajador 
tiene su domicilio o la empresa su centro de trabajo, y la denegación de la posibilidad 
de desplazamiento se realizará mediante certificación expedida por el ayuntamiento 
del domicilio o, en su caso, por el del centro de trabajo afectado por la restricción 
ante el correspondiente órgano del servicio público de salud.
De igual forma, la imposibilidad de realización del trabajo de forma telemática se 
acreditará mediante una certificación de la empresa o una declaración responsable 
en el caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano del servicio 
público de salud.
En el supuesto de trabajadores por cuenta ajena que tuvieran el domicilio en 
distinto municipio al del centro de trabajo, además de lo previsto en el párrafo 
anterior, se requerirá acreditar:
a)  El domicilio del trabajador mediante el correspondiente certificado de 
empadronamiento.
b)  Que el trabajador desarrolla su trabajo en el centro sito en el municipio 
afectado por la restricción, mediante la correspondiente certificación de la empresa.
c)  Que la empresa no ha procedido al cierre del centro de trabajo, mediante la 
correspondiente certificación de la empresa.
2.  La duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte 
de baja y la correspondiente alta.
Siempre que por la autoridad competente se haya acordado, con anterioridad a 
la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, restringir las salidas 
o las entradas del municipio donde tengan el domicilio o en el que tenga el centro de 
trabajo la empresa en que prestan sus servicios, de tratarse de las personas 
trabajadoras por cuenta ajena a las que se refiere el artículo 1 del Real Decreto-
ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable 
para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la 
lucha contra el COVID-19, se expedirá un parte de baja con efectos desde la fecha 
de inicio de la restricción y un parte de alta con efectos de 29 de marzo de 2020.
De tratarse de trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuando la restricción 
adoptada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, restringiera su salida del municipio donde tengan su domicilio o, teniendo  e.e
su domicilio en otro, vieran restringida la entrada en el municipio impidiéndoles  w.b
tefionl tapalalimzrtaeecn idóteen   lbdaae rj ealaa d lmiezsiasdcmeióa lna,   ndfeoec  pshuuad  adiecent idviniodic,a ieodn ,d  eneli  ndlage úrrenes cctharoisc ocai, ó ldanu  pyrar edr sumtraaácrsáió a nhll aács odtmae  ellaan  fzfeeaccrhháaa c  dodene    2021-11472n https://ww
finalEizsatcei ósnu bdseidl eios tpaodro i ndcea paalacrimdaad. temporal es incompatible con los salarios que se
hubieren percibido así como con el derecho a cualquier otra prestación económica
de la Seguridad Social, incluida la incapacidad temporal por contingencias comunes 
o profesionales. En estos supuestos se percibirá la prestación de la Seguridad 
Social distinta al subsidio previsto en el presente artículo.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el trabajador deberá presentar 
ante el correspondiente órgano del servicio público de salud, certificación de la 
empresa acreditativa de la no percepción de salarios.
3.  Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta 
propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta 
en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social.
4.  La fecha hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento, 
restricción o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se 
expida con posterioridad a esa fecha.»
Disposición final undécima.  Modificación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, 
por el que se establece el ingreso mínimo vital.
Uno.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 7, que pasan a tener la siguiente 
redacción:
«Artículo 7.  Requisitos de acceso.
1.  Todas las personas beneficiarias, estén o no integradas en una unidad de 
convivencia, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)  Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma 
continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la 
fecha de presentación de la solicitud. No se exigirá este plazo respecto de:
1.º  Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
2.º  Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual.
3.º  Las mujeres víctimas de violencia de género.
A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestación, se entenderá que 
una persona tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido 
estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los noventa días naturales 
a lo largo de cada año natural o cuando la ausencia del territorio español esté 
motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas.
b)  Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, 
ingresos o patrimonio suficientes, en los términos establecidos en el artículo 8.
c)  Haber solicitado las pensiones y prestaciones públicas vigentes que se 
determinen reglamentariamente, a las que pudieran tener derecho. En todo caso, 
quedan exceptuados los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas 
análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.
2.  Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b), que sean 
menores de 30 años en la fecha de la solicitud, deberán haber tenido residencia 
legal y efectiva en España, y haber vivido de forma independiente, durante al menos 
los tres años inmediatamente anteriores a la indicada fecha.
Se entenderá que una persona ha vivido de forma independiente siempre que  s
acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o  oe.
acogedores durante los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud, y en  w.
dnlaioc S,h eeong p useriitrduioaaddco iSó hnou cdbiaeiel ,ar ielnt acp leeurnidm oca uenale lqdcueidi eoCr lada usdereas n loPtesa  sareilv gmaísme dneeonlse E sd soqtacuede o mi,n otee segenrsa ,un cn eoaln  mstiinsututeuamadlaoid sda edo    2021-1147n https://w
de previsión social alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Bc
Este requisito no se exigirá a las personas que por ser víctimas de violencia de 
género hayan abandonado su domicilio habitual, a las que hayan iniciado los 
trámites de separación o divorcio o a las que se encuentren en otras circunstancias 
que puedan determinarse reglamentariamente.»
Dos.  Se modifican los apartados 4, 5, 6 y 7, y se introduce un nuevo apartado 8 en el 
artículo 19, con la siguiente redacción:
«4.  La existencia de la unidad de convivencia se acreditará con el libro de 
familia, certificado del registro civil, y con los datos obrantes en los Padrones 
municipales relativos a los inscritos en la misma vivienda. A estos efectos el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social tendrá acceso a la base de datos de coordinación 
de los Padrones municipales del Instituto Nacional de Estadística para la 
confirmación de los requisitos exigidos.
No obstante, cuando de la misma no pueda deducirse la coincidencia con los 
datos que se hayan hecho constar en la solicitud de la prestación se solicitará la 
aportación del correspondiente certificado de empadronamiento, histórico y colectivo 
del periodo requerido en cada supuesto, referidos a los domicilios donde residen o 
han residido los miembros de la unidad de convivencia, expedido por el Ayuntamiento 
en virtud de lo establecido en el artículo 83.3 del Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
Tanto los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística como, en su 
caso, el certificado de empadronamiento citado, servirán igualmente para acreditar 
la existencia de la unidad de convivencia a que se refiere el artículo 6.2.c) o de que 
el solicitante a que se refiere el artículo 4.1.b) vive solo o compartiendo domicilio con 
una unidad de convivencia de la que no forma parte.
A los efectos de los datos relativos al Padrón municipal de conformidad con lo 
previsto en los párrafos anteriores, no se requerirá el consentimiento de las personas 
empadronadas en el domicilio del solicitante.
La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la 
inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades 
autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o documento público en el que 
conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la 
formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido 
con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha de la solicitud de la 
prestación.
El inicio de los trámites de separación o divorcio, o su existencia, se acreditará 
con la presentación de la demanda o con la correspondiente resolución judicial.
5.  La acreditación de haber vivido de forma independiente respecto a los 
progenitores, tutores o acogedores, durante al menos tres años conforme lo previsto 
en el artículo 7.2, se efectuará mediante los datos facilitados por el Instituto Nacional 
de Estadística o, en su caso, el certificado de empadronamiento histórico y colectivo 
en el que consten todas las personas empadronadas en el domicilio del solicitante 
durante dicho periodo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4.
A los efectos de los datos relativos al padrón municipal de conformidad con lo 
previsto en el apartado anterior, no se requerirá el consentimiento de las personas 
empadronadas en el domicilio del solicitante.
6.  La condición de víctima de violencia de género se acreditará por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de  e.e
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. w.b
alac raeLtdeaint accroiáón nda i ictnriaótevngé drsae dl  veaí  cuetnism tiaans fod vremí ctertai metama dsite ido so pe proeors r l olhosus m sseaernrvvoiiccsii ooyss d  pseúo ebcxilaipclloeossta ,e canióscnía  rcsgoeamxduooas lp  dsoeer    2021-11472n https://ww
cual7q.u ieLr oostr ore mqueidsiioto dse d aec rinegdriteascoiósn y q puea tsriem doentieor mesintaeb rleegcliadmose netna reial mperenstee.nte real
decreto-ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso
mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se 
recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 
en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios históricos del 
País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en 
esas Haciendas Públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza 
esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que 
conste más actualizada en dichas administraciones públicas.
En su solicitud, cada interesado autorizará expresamente a la administración 
que tramita su solicitud para que recabe sus datos tributarios de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, de los órganos competentes de las comunidades 
autónomas, de la Hacienda Foral de Navarra o diputaciones forales del País Vasco 
y de la Dirección General del Catastro Inmobiliario, conforme al artículo 95.1.k) de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa 
foral aplicable.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la cesión de 
datos tributarios legalmente prevista con ocasión de la colaboración en el 
descubrimiento de fraudes en la obtención y disfrute de prestaciones a la Seguridad 
Social en el apartado 1.c) del citado artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable.
8.  En ningún caso será exigible al solicitante la acreditación de hechos, datos o 
circunstancias que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí 
misma, tales como la situación del beneficiario en relación con el sistema de la 
Seguridad Social; o la percepción por los miembros de la unidad de convivencia de otra 
prestación económica que conste en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.»
Tres.  Se modifica el artículo 25 que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 25.  Tramitación.
1.  Una vez recibida la solicitud de la prestación, el órgano competente, con 
carácter previo a la admisión de la misma, procederá a comprobar si los beneficiarios 
que vivan solos o formando parte de una unidad de convivencia, en función de los 
datos declarados en la solicitud presentada, cumplen el requisito de vulnerabilidad 
previsto en el artículo 7.1.b).
Frente a la resolución de inadmisión, que deberá ser dictada en el plazo de 30 
días, se podrá interponer reclamación administrativa previa en materia de 
prestaciones de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de 
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y cuyo objeto 
se limitará a conocer sobre la causa de inadmisión.
La admisión de la solicitud no obstará a su desestimación si, durante la 
instrucción del procedimiento, la entidad gestora efectuara nuevas comprobaciones 
que determinaran el incumplimiento del requisito de vulnerabilidad previsto en el 
artículo 7.1.b).
2.  Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la instrucción del 
procedimiento administrativo en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos 
determinantes del reconocimiento de la prestación.
3.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a dictar resolución, y 
a notificar la misma a la persona solicitante, en el plazo máximo de seis meses 
desde la fecha de entrada en su registro de la solicitud. es
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se  bo
entenderá desestimada. 2w
plsaor egcvieEaisslnettio sóe  nedl  neds le ulmalp sPuu ancedoiscrrtiórpoeni osd m poeou,  npendenicir eisspnuoat enlc,s aal assinso  ss,n tienroun tic dflicaoci aomscneiiecdoisenli  eotoés  cce snemeincrptáaraonsd   deareof el nolcaast ud eAaanydstuia dnasat ldae  amnem nileo plnsoat sosr oesq r usvdeoiec bli aorleoss     OE-A-2021-1147able en https://w
personas interesadas figuren empadronadas.
4.  En el supuesto de que con posterioridad a la solicitud el interesado no 
hubiera aportado la documentación a que se hubiera obligado en la declaración 
responsable prevista en el artículo 24.2, con carácter previo a dictar resolución la 
entidad gestora le requerirá a tal efecto. En este caso, quedará suspendido el 
procedimiento durante el plazo máximo de tres meses. Si transcurrido dicho plazo 
no hubiere presentado la documentación requerida, se producirá la caducidad del 
procedimiento.»
Cuatro.  Se modifica el artículo 33, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 33.  Obligaciones de las personas beneficiarias.
1.  Las personas titulares del ingreso mínimo vital estarán sujetas durante el 
tiempo de percepción de la prestación a las siguientes obligaciones:
a)  Proporcionar la documentación e información precisa en orden a la 
acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para 
garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones.
b)  Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la 
modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días 
naturales desde que estos se produzcan.
c)  Comunicar cualquier cambio de domicilio o de situación en el Padrón 
municipal que afecte personalmente a dichos titulares o a cualquier otro miembro 
que forme parte de la unidad de convivencia, en el plazo de treinta días naturales 
desde que se produzcan.
d)  Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.
e)  Comunicar a la entidad gestora, con carácter previo, las salidas al 
extranjero, tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, por 
un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales durante cada año 
natural, así como, en su caso, justificar la ausencia del territorio español de 
conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 7.1.a).
f)  Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.
g)  Si no están trabajando y son personas mayores de edad o menores 
emancipadas, acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la 
resolución por la que se concede la prestación, que figuran inscritas como 
demandantes de empleo, salvo en los siguientes supuestos:
1.º  Estar cursando estudios reglados y ser menor de 28 años. En su caso, el 
plazo de seis meses para acreditar la inscripción como demandante de empleo se 
iniciará en la fecha en que el beneficiario cumpla 28 años de edad.
2.º  Tener suscrito el convenio especial regulado en el Real Decreto 615/2007, 
de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las 
personas en situación de dependencia.
3.º  Estar percibiendo una pensión contributiva de incapacidad permanente en 
grado de absoluta o gran invalidez, una pensión de invalidez no contributiva o una 
pensión de jubilación contributiva o haber cumplido los 65 años de edad.
4.º  Estar afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por 
ciento.
5.º  Tener reconocida una situación de dependencia, conforme a lo dispuesto  e.
en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y  w.b
AtenLcaió snit uaa lacisó np edreso dneams aennd saintutea cdióen e dmep dleeop eqnudeednacriáa .acreditada con el documento  2021-1147n https://w
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h)  En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las 
rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el 
artículo 8.4, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de 
dicha compatibilidad.
i)  Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previstas en el artículo 28.1, en los 
términos que se establezcan.
j)  Cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.
2.  Las personas integrantes de la unidad de convivencia estarán obligadas a:
a)  Comunicar el fallecimiento del titular.
b)  Poner en conocimiento de la administración cualquier hecho que distorsione 
el fin de la prestación otorgada.
c)  Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.
d)  Cumplir las obligaciones que el apartado anterior impone al titular y este, 
cualquiera que sea el motivo, no lleva a cabo.
e)  Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, 
acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la resolución por 
la que se concede la prestación, que figuran inscritas como demandantes de 
empleo, con las mismas salvedades y modo de acreditación que las señaladas en 
el apartado anterior para las personas titulares.
f)  En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las 
rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el 
artículo 8.4, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de 
dicha compatibilidad.
g)  Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previstas en el artículo 28.1, en los 
términos que se establezcan.
h)  Cumplir  cualquier  otra  obligación  que  pueda  establecerse 
reglamentariamente.»
Cinco.  Se modifica la disposición transitoria primera, que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«Disposición transitoria primera.  Prestaciones económicas transitorias de ingreso 
mínimo vital hasta el 31 de diciembre de 2021.
1.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá durante 2020 la 
prestación transitoria de ingreso mínimo vital a los actuales beneficiarios de la 
asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social 
que, a fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, reúnan los requisitos 
que se exponen en los apartados siguientes, siempre que el importe de la prestación 
transitoria de ingreso mínimo vital sea igual o superior al importe de la asignación 
económica que viniera percibiendo.
2.  Los requisitos para percibir la prestación transitoria serán los siguientes:
a)  Ser beneficiario de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento. e
b)  Formar parte de una unidad de convivencia constituida exclusivamente por  bo
eddiels  cbcaeopnnavecifviidceainadcr iioao , c dyo enlo  dsui snhcaiaj opasas ocigi dmnaaedcn iionórfnee rsie oacr  oacnla ó3rgm3o ip ccoaar  ucpsioearnn ttohe,is jeo dl  oeot  rdmoic pehrnaoo gare snaigi tnocara cerignóo nc  apssoinor    2021-11472n https://ww
hijo a cargo.
c)  Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en 
situación de vulnerabilidad económica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos 
suficientes, en los términos establecidos en el artículo 8 del presente real decreto-ley.
d)  Que la asignación económica que se perciba, o la suma de todas ellas en el 
supuesto que sean varias las asignaciones, sea inferior al importe de la prestación 
de ingreso mínimo vital.
3.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá, asimismo, la 
prestación transitoria de ingreso mínimo vital, cuando concurran los siguientes 
requisitos:
a)  Ser beneficiario de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.
b)  Cuando el número total de convivientes que consta en las bases de datos 
de población disponible que el Instituto Nacional de Estadística cede periódicamente 
a dicha Agencia Estatal de Administración Tributaria para fines de estudio y análisis, 
sea mayor que el número de integrantes de la unidad de convivencia prevista en el 
apartado 2.b), a los exclusivos efectos de lo previsto en el presente apartado 3, la 
unidad de convivencia estará constituida únicamente por el beneficiario de una 
asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33 por ciento, el otro progenitor en caso de convivencia, y los hijos o 
menores a cargo causantes de dicha asignación por hijo a cargo.
c)  Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en 
situación de vulnerabilidad económica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos 
suficientes, en los términos establecidos en el artículo 8 del presente real decreto-ley.
Siempre que, además, la suma de las rentas e ingresos del total de convivientes 
no supere la cuantía mensual de la renta garantizada que les correspondería en el 
caso de que de constituyeran una unidad de convivencia, en los términos 
establecidos en el presente Real Decreto-ley.
d)  Que la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la 
Seguridad Social que se perciba, o la suma de todas ellas en el supuesto que sean 
varias las asignaciones, sea inferior al importe de la prestación transitoria establecida 
en este apartado.
4.  A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo previsto 
en la letra b) del apartado 2 y en la letra b) y segundo párrafo de la c) del apartado 3, 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previa autorización del Instituto 
Nacional de Estadística, cederá, sin consentimiento de los interesados, la 
información relativa a la agrupación de las personas en los hogares que consta en 
las bases de datos de población disponible que el Instituto Nacional de Estadística 
cede periódicamente a dicha Agencia Estatal de Administración Tributaria para fines 
de estudio y análisis. Dicha información solo será utilizada por la Secretaría General 
de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, para realizar las actuaciones necesarias que 
permitan determinar los beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso mínimo 
vital en los términos establecidos en esta disposición transitoria.
5.  A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo 
establecido en los apartados 2.c) y 3.c) el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
solicitará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y esta le remitirá la  es
información estrictamente necesaria relativa a ingresos y patrimonio de las unidades  bo
de convivencia previstas en los apartados 2.b) y 3.b), que permitan determinar los  2w
bepAaesgtrneaaenb flcliaecia icfa iinEdriaoosltssiad  teacaondl n  dien edsd teAiacrd aedmdcihsainpo yio s asetr ilacp picróreióonsnc ttae rTacdriniiombsnuiiteetoasnrr tiiadoa.e   dy Dei nei cigln hrItneaess rictoniat fumomtroímbn iNioama cdocióe ionv ini ntsaafooll  rldeomen as  lelcaoir ósáS n etu éegtrinumlitrzriiadenda oladas     OE-A-2021-1147able en https://w
Social sin necesidad de recabar el consentimiento de los interesados.
6.  En los supuestos en que las unidades de convivencia descritas en los 
apartados 2.b) y 3.b) tuvieran su domicilio en la Comunidad Foral de Navarra o la 
del País Vasco, la referencia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
realizada en el párrafo anterior se entenderá referida a las Haciendas Tributarias 
Forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco, respectivamente. 
En estos supuestos, el reconocimiento de las prestaciones quedará supeditada a la 
remisión, por parte de las Haciendas Tributarias forales correspondientes, de la 
información necesaria para poder llevarlo a cabo.
7.  Las prestaciones transitorias de ingreso mínimo vital serán incompatibles 
con la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con 
discapacidad inferior al 33 por ciento, quedando esta suspendida durante la vigencia 
de aquellas.
8.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social notificará a los beneficiarios que 
cumplan los requisitos exigidos en los apartados 2 y 3 de esta disposición transitoria 
la resolución en la que se reconozca el derecho a la prestación transitoria 
correspondiente, y el derecho de opción entre el percibo de esta prestación y la 
asignación económica por hijo o menor a cargo que viniera percibiendo.
9.  En el plazo de treinta días naturales a contar desde la notificación de la 
resolución de la prestación transitoria correspondiente, el interesado podrá ejercitar 
su derecho de opción por seguir manteniendo la asignación económica por hijo o 
menor a cargo. Dicha opción surtirá efectos desde la fecha de efectos económicos 
de la prestación transitoria correspondiente, procediéndose, en su caso, a la 
correspondiente regularización económica.
En el supuesto de que no se ejercite el derecho de opción dentro del plazo 
señalado se entenderá que opta por percibir la prestación transitoria que 
corresponda.
10.  Si, una vez reconocido el derecho a la prestación transitoria, la unidad de 
convivencia se modificara, se aplicará lo previsto en el presente real decreto-ley, en 
cuanto a la obligación de comunicación, cumplimiento de requisitos, y revisión de la 
prestación.
En cualquier caso, la cuantía de la prestación transitoria se actualizará con 
efectos del día 1 de enero de 2021, tomando como referencia los ingresos anuales 
computables del ejercicio anterior. Cuando la variación de los ingresos anuales 
computables del ejercicio anterior motivara la extinción de la prestación, esta surtirá 
igualmente efectos a partir del día 1 de enero del año siguiente a aquel al que 
correspondan dichos ingresos. En otro caso, se reanudará el percibo de la 
asignación económica por hijo o menor a cargo, siempre que se mantengan los 
requisitos para ser beneficiario de esta prestación.
El derecho a la prestación transitoria se extinguirá a partir de la fecha de la 
resolución de la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital o, en su caso, en 
la fecha de sus efectos económicos si esta fuera posterior. En el supuesto de que la 
fecha de efectos económicos fuera anterior y la cuantía de la prestación de ingreso 
mínimo vital fuera superior a la de la prestación transitoria se procederá, en su caso, 
a la correspondiente regularización.
11.  A partir del 1 de enero de 2022 la prestación transitoria devendrá en la 
prestación de ingreso mínimo vital, siempre que se reúnan los requisitos establecidos 
en el presente real decreto-ley y el interesado aporte antes del 31 de diciembre 
de 2021 la documentación que a tal efecto le sea requerida por el Instituto Nacional  es
de la Seguridad Social. o
Para la determinación de la situación de vulnerabilidad se tendrá en cuenta el  2ww.
pcmoaentnrvEiomivnre o aonn tcicroioaa,  r cgcreaoonsn, otfsai,gi  eusemer a ipndrregaear  eenqnsuuo delosa ss rdeá te é me rmtl aopnidnetooerscsn i gbploaorsen  dv mleios isteloa mrs e abeqsnruiog iessnil ta qoacusritó eípcn uai nelroatce  6osg nerdaóre mnb e eilcsanat ae u fpnincooiidrar marhidoiaj o .dd eoe    OE-A-2021-1147able en https://w
esta prestación.
12.  Los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo, del 
sistema de la Seguridad Social, a los que no les hubiera sido notificada la resolución 
de reconocimiento de ninguna de las prestaciones transitorias, y cumplieran los 
requisitos previstos en el apartado 2 o 3 de esta disposición transitoria, podrán 
solicitar su reconocimiento ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La 
prestación se reconocerá, en su caso, con efectos desde la fecha de entrada en 
vigor del presente real decreto-ley, siempre que se presente hasta el 31 de diciembre 
de 2020. En otro caso, los efectos económicos serán del día primero del mes 
siguiente a la presentación de la solicitud.
13.  Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá, hasta el 31 
de diciembre de 2020, reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a aquellas 
personas beneficiarias de alguna de las distintas rentas de inserción o básicas 
establecidas por las comunidades autónomas. Para ello, las comunidades 
autónomas, si han obtenido la conformidad para la remisión de los datos de sus 
beneficiarios al Instituto Nacional de la Seguridad Social a efectos del reconocimiento 
de la prestación, comunicaran al referido Instituto, a través de los protocolos 
telemáticos de intercambio de información habilitados al efecto, los datos necesarios 
para la identificación de los potenciales beneficiarios, que deberá incluir un 
certificado emitido por la correspondiente comunidad autónoma acreditativo de la 
constitución de una unidad de convivencia conforme establece el artículo 6 y del 
cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 4, 5 y el artículo 7 del 
presente real decreto-ley; así como de que se encuentran en su poder toda la 
documentación que pruebe el cumplimiento de dichos requisitos, a excepción de la 
vulnerabilidad económica a la que se refiere el artículo 8 del presente real decreto-
ley, que será analizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Este 
certificado será suficiente para que dicha entidad gestora considere cumplidos 
dichos requisitos, sin perjuicio de la obligación de las comunidades autónomas de 
remitir al referido Instituto toda la documentación en el plazo máximo de seis meses 
a contar desde el 1 de enero de 2021 o cuando la solicite para la resolución de 
cualquier reclamación.
En el supuesto de que se emitiese un certificado conformando la documentación 
y se reconociese una prestación que, posteriormente, fuera declarada indebida y no 
fuese posible recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados serán a 
cargo de la comunidad autónoma certificadora.
Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se 
comunicarán a las comunidades autónomas a través de los protocolos informáticos 
establecidos.
14.  Para la aplicación de esta disposición se podrán comenzar a realizar las 
operaciones técnicas necesarias para la puesta en marcha de la prestación desde 
el 29 de mayo de 2020 de conformidad con lo previsto en el artículo 11.1 del 
presente real decreto-ley.»
Seis.  Se modifica la disposición transitoria segunda, que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«Disposición transitoria segunda.  Presentación de solicitudes.
Las solicitudes de acceso a la prestación económica podrán presentarse a partir 
del día 15 de junio de 2020. Si la solicitud se presenta antes del 1 de enero de 2021,  es
los efectos económicos se retrotraerán al día 1 de junio de 2020 siempre que, en  bo
esta fecha, se acrediten todos los requisitos para su acceso. En caso de no cumplir  2w
ldeocesol  nmrSeóieq mlsuai ic sssoiigtosou lssiice eietn ufnitjde al  raasá  enrae  qepfeulr edreiísdla eea pnn frt eiaqmc uhdeeaer os sl epod usec élu emsmf eedpcselta osl nsi3g  l1ueo icsedo nernet eódq mauic iiliscaeio tmposrsb es.rseee  ndfitjeaa cr2áió0nn2  e0dl,e  d lloíaas s  peorlfiiecmcitetuordos,    OE-A-2021-1147able en https://w
de conformidad con lo previsto en el artículo 11.1 del presente real decreto-ley.»
Disposición final duodécima.  Modificación del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de 
medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.
Se modifica el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para 
apoyar la reactivación económica y el empleo, en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el apartado 1 del artículo 44, que queda redactado como sigue:
«1.  Para la gestión de las subvenciones podrán intervenir una o varias 
entidades colaboradoras que deberán cumplir los requisitos y las obligaciones y 
desempeñar las funciones establecidas en los artículos 13 y 15 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y será seleccionada con observancia a lo dispuesto en el 
artículo 16 de dicha Ley. En caso de seleccionar entidad colaboradora, podrán 
actuar como tal únicamente las entidades públicas empresariales y las sociedades 
mercantiles estatales. La entidad colaboradora entregará y distribuirá los fondos 
presupuestarios de los pagos a los beneficiarios.»
Dos.  Se modifica el apartado 4 del artículo 46, que queda redactado como sigue:
«4.  Con posterioridad al dictado de la resolución de concesión, se procederá 
al pago de la ayuda al beneficiario por una cuantía que deberá coincidir con el 
indicado en la solicitud. Los pagos se realizarán mediante transferencia a una 
cuenta bancaria indicada por el beneficiario en el cuestionario de solicitud.»
Tres.  Se modifica la letra d) del artículo 47, que queda redactado como sigue:
«d)  El beneficiario de la ayuda deberá mantener la titularidad del vehículo y su 
matriculación en España al menos durante dos años desde el momento de la 
concesión de la subvención, excepto para operaciones de renting, para las que el 
contrato de arrendamiento deberá establecer una duración mínima de dos años 
desde la fecha de su entrada en vigor y su formalización tendrá fecha igual o 
posterior al 15 de junio de 2020.»
Cuatro.  Se modifica la disposición adicional primera, que queda redactada como 
sigue:
«Se aprueba la concesión de un crédito extraordinario por importe total de 250 
millones de euros en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, distribuido por 
aplicaciones presupuestarias como se indica:
20.09.422B.772. ‘‘A empresas privadas. Plan Renove, dentro del Plan de 
impulso de la cadena de valor de la Industria de la Automoción’’. 38 millones 
de euros.
20.09.422B.782. ‘‘A familias e instituciones sin fines de lucro. Plan Renove, 
dentro del Plan de impulso de la cadena de valor de la Industria de la Automoción’’. 
212 millones de euros.
La financiación del crédito extraordinario se realizará de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2018.
Con la aprobación de este real decreto-ley se otorga la autorización a que se  s
refiere el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de  oe.
Subvenciones. w.
ndoevl iDepmere cbsoreenn,f otGerme enidjeearradcl  iccPoirone, s lous pedu iserpesugtaeisrsitatroe l oensn  e reenl m alraatísnc eudnloote s5s 8 ad.ape)l  icdcreaé cdlaiiot oLn eeqysu  e4p7, ra/2e 0lsa0u f3pin,u adeleisz t2aa6cr iiódanes    2021-1147n https://w
señaladas podrán ser incorporados a los créditos del ejercicio 2021.»
Disposición final decimotercera.  Título competencial.
Esta Ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª y 13.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado las competencias exclusivas en las materias 
de legislación laboral, así como de bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica.
Disposición final decimocuarta.  Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», excepto el apartado dos de la disposición final primera, que modifica el artículo 40 
del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que entrará en vigor el 1 de octubre 
de 2021.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Madrid, 9 de julio de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
2021-1147n https://w
ANEXO
Relación de bienes a los que se refiere la disposición adicional séptima
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
Respiradores para cuidados intensivos y subintensivos. ex 9019 20 00
Ventiladores (aparatos para la respiración artificial). ex 9019 20 00
Divisores de flujo. ex 9019 20
1 Dispositivos médicos.
Otros aparatos de oxigenoterapia, incluidas las tiendas de oxígeno. ex 9019 20 00
Oxigenación por membrana extracorpórea. ex 9019 20 00
ex 8528 52 91
ex 8528 52 99
2 Monitores. Monitores multiparámetro, incluyendo versiones portátiles.
ex 8528 59 00
ex 8528 52 10
ex 9018 90 50
– Bombas peristálticas para nutrición externa.
– Bombas infusión medicamentos. ex 9018 90 84
3 Bombas. – Bombas de succión.
ex 8413 81 00
Sondas de aspiración. ex 9018 90 50
ex 9018 90 60
Tubos endotraqueales.
ex 9019 20 00
4 Tubos.
ex 3917 21 10
Tubos estériles.
a ex 3917 39 00
5 Cascos. Cascos ventilación mecánica no invasiva CPAP/NIV. ex 9019 20 00
Mascarillas para ventilación no invasiva 
6 Mascarillas de rostro completo y orononasales para ventilación no invasiva. ex 9019 20 00
(NIV).
Sistemas de succión. ex 9019 20 00
7 Sistemas/máquinas de succión.
ex 9019 20 00
Máquinas de succión eléctrica.
ex 8543 70 90
ex 8415
8 Humidificadores. Humidificadores. ex 8509 80 00
ex 8479 89 97
9 Laringoscopios. Laringoscopios. ex 9018 90 20
– Kits de intubación.
ex 9018 90
– Tijeras laparoscópicas.
Jeringas, con o sin aguja. ex 9018 31
10 Suministros médicos fungibles.
Agujas metálicas tubulares y agujas para suturas. ex 9018 32
Agujas, catéteres, cánulas. ex 9018 39 o
Estaciones de monitorización Aparatos de KEOisxtstíam dceeiot rnaoecscs de ceseo np vturaalssloec.su ldaer. monitorización para cuidados intensivos. exee xx9  099100811 889  091 0984 2021-11472n https://ww
11 mdeo neilteocrtirzoadciiaógnn dóes tpicaoc.ientes – Aparatos  – Dispositivos de monitorización de pacientes. ex 9018 19 10
– Aparatos de electrodiagnóstico. ex 9018 19 90
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
12 Escáner de ultrasonido portátil. Escáner de ultrasonido portátil. ex 9018 12 00
13 Electrocardiógrafos. Electrocardiógrafos. ex 9018 11 00
Sistemas de tomografía computerizada/ ex 9022 12,
14 Sistemas de tomografía computerizada.
escáneres. ex 9022 14 00
–  Mascarillas faciales textiles, sin filtro reemplazable ni piezas mecánicas, 
incluidas las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas faciales  ex 6307 90 10
desechables fabricadas con material textil no tejido. ex 6307 90 98
– Mascarillas faciales FFP2 y FFP3.
ex 4818 90 10
15 Mascarillas.
Mascarillas quirúrgicas de papel.
ex 4818 90 90
Máscaras de gas con piezas mecánicas o filtros reemplazables para la 
protección contra agentes biológicos. También incluye máscaras que  ex 9020 00 00
incorporen protección ocular o escudos faciales.
Guantes de plástico. ex 3926 20 00
Guantes de goma quirúrgicos. 4015 11 00
16 Guantes. Otros guantes de goma. ex 4015 19 00
Guantes de calcetería impregnados o cubiertos de plástico o goma. ex 6116 10
Guantes textiles distintos a los de calcetería. ex 6216 00
– Protectores faciales desechables y reutilizables.
ex 3926 20 00
17 Protecciones faciales. –  Protectores faciales de plástico (que cubran una superficie mayor que la 
ex 3926 90 97
ocular).
ex 9004 90 10
18 Gafas. Gafas de protección grandes y pequeñas (googles).
ex 9004 90 90
Ropa (incluyendo guantes, mitones y manoplas) multiuso, de goma 
ex 4015 90 00
vulcanizada.
Prendas de vestir. ex 3926 20 00
Ropa y accesorios. ex 4818 50 00
Prendas de vestir confeccionadas con tejido de punto de las partidas 5903,  ex 6113 00 10
Monos.
5906 o 5907. ex 6113 00 90
Batas impermeables –diversos tipos– 
diferentes tamaños. Otras prendas con tejido de calcetería. 6114
Prendas de protección para uso 
19
quirúrgico/médico de fieltro o tela sin tejer, Prendas de vestir de protección para uso quirúrgico/médico hechas con 
incluso impregnadas, recubiertas,  fieltro o tela sin tejer, impregnadas o no, recubiertas, revestidas o laminadas 
ex 6210 10
revestidas o laminadas (tejidos de las  (tejidos de las partidas 56.02 o 56.03). Incluya las prendas de materiales no 
partidas 56.02 o 56.03). tejidos («spun-bonded»).
ex 6210 20
Otras prendas de vestir de protección hechas con tejidos cauchutados o  ex 6210 30
impregnados, recubiertos, revestidos o laminados (tejidos de las partidas 
59.03, 59.06 o 59.07)-. ex 6210 40 e.e
ex 6210 50 w.
20 Cobertores de calzado/calzas. Cobertores de calzado/calzas. exe x3 942861 89 09 097 2021-1147n https://w
ex 6307 90 98
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
Gorras de picos. ex 6505 00 30
Gorros y otras protecciones para la cabeza y redecillas de cualquier 
21 Gorros. ex 6505 00 90
material.
Los restantes gorros y protecciones para la cabeza, forrados/ajustados o no. ex 6506
ex 9025 11 20
Termómetros de líquido para lectura directa.
Incluye los termómetros clínicos estándar de «mercurio en vidrio».
ex 9025 11 80
22 Termómetros.
Termómetros digitales, o termómetros infrarrojos para medición sobre la 
ex 9025 19 00
frente.
ex 3401 11 00
Jabón y productos orgánicos tensioactivos y preparados para el lavado de 
manos (jabón de tocador).
ex 3401 19 00
ex 3401 20 10
Jabón y productos orgánicos tensioactivos.
Jabón en otras formas.
23 Jabón para el lavado de manos. ex 3401 20 90
Agentes orgánicos tensioactivos (distintos del jabón) – Catiónicos. ex 3402 12
Productos y preparaciones orgánicos tensioactivos para el lavado de la piel, 
en forma de líquido o crema y preparados para la venta al por menor, que  ex 3401 30 00
contengan jabón o no.
Dispensadores de desinfectante para 
24 Dispensadores de desinfectante para manos instalables en pared. ex 8479 89 97
manos instalables en pared.
2207 10: sin desnaturalizar, con Vol. alcohol etílico del 80% o más. ex 2207 10 00
2207 20: desnaturalizado, de cualquier concentración. ex 2207 20 00
25 Solución hidroalcohólica en litros.
ex 2208 90 91
2208 90: sin desnaturalizar, con Vol. Inferior al 80% de alcohol etílico.
ex 2208 90 99
Peróxido de hidrógeno, solidificado o no con urea.
Peróxido de hidrógeno al 3% en litros. ex 2847 00 00
Peróxido de hidrógeno a granel.
Peróxido de hidrógeno incorporado a 
26
preparados desinfectantes para la 
Desinfectante para manos.
limpieza de superficies. ex 3808 94
Otros preparados desinfectantes.
Transporte para personas con discapacidad (sillas de ruedas). ex 8713
27 Transportines de emergencia.
Camillas y carritos para el traslado de pacientes dentro de los hospitales o 
ex 9402 90 00
clínicas.
28 Extractores ARN. Extractores ARN. 9027 80
ex 3002 13 00
– Kits de prueba diagnóstica del Coronavirus. ex 3002 14 00
– Reactivos de diagnóstico basados en reacciones inmunológicas. ex 3002 15 00
– Equipo de hisopos y medio de transporte viral. ex 3002 90 90
Kits de pruebas para el COVID-19 /  ex 3821 00 es
29 Instrumental y aparatos utilizados en las  Reactivos de diagnóstico basados en la reacción en cadena de la  bo
pruebas diagnósticas. polimerasa (PCR) prueba del ácido nucleico. ex 3822 00 00 2ww.
IKniststr upmarean mtaul eustitlrizaasd.o en los laboratorios clínicos para el diagnóstico in vitro. exee xx9  099200712 878  098 0080 OE-A-2021-1147able en https://w
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
ex 3005 90 10
30 Hisopos. Guata, gasa, vendas, bastoncillos de algodón y artículos similares.
ex 3005 90 99
Camas hospitalarias. ex 9402 90 00
Material para la instalación de hospitales  ex 6306 22 00,
31 Carpas/tiendas de campaña.
de campaña. ex 6306 29 00
Carpas/tiendas de campaña de plástico. ex 3926 90 97
ex 3003 90 00
ex 3004 90 00
ex 2924 29 70
ex 2933 49 90
– Peróxido de hidrógeno con presentación de medicamento.
ex 3003 60 00
Paracetamol.
ex 3004 60 00
– Hidroxicloroquina/cloroquina.
32 Medicinas. ex 2933 59 95
– Lopinavir/Ritonavir – Remdesivir.
ex 2934 10 00
– Tocilizumab.
ex 2934 99 90
– Ruxolitinib.
ex 3002 13 00
ex 3002 14 00
ex 3002 15 00
ex 2933 59 95
Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de  ex 8419 20 00
33 Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio.
laboratorio. ex 8419 90 15
1- propanol (alcohol propílico) y 2 – 
34 1- propanol (alcohol propílico) y 2 – propanol (alcohol isopropílico). ex 2905 12 00
propanol (alcohol isopropílico).
Éteres, éteres-alcoholes, éteres fenoles, 
éteres-alcohol-fenoles, peróxidos de  Éteres, éteres-alcoholes, éteres fenoles, éteres-alcohol-fenoles, peróxidos 
35 ex 2909
alcohol, otros peróxidos, peróxidos de  de alcohol, otros peróxidos, peróxidos de cetona.
cetona.
ex 2915 11 00
36 Ácido fórmico. Ácido fórmico (y sales derivadas).
ex 2915 12 00
37 Ácido salicílico. Ácido salicílico y sales derivadas. ex 2918 21 00
Paños de un solo uso hechos de tejidos 
Paños de un solo uso hechos de tejidos de la partida 5603, del tipo utilizado 
38 de la partida 5603, del tipo utilizado  6307 90 92
durante los procedimientos quirúrgicos.
durante los procedimientos quirúrgicos.
ex 5603 11 10
Telas no tejidas, estén o no impregnadas,  Telas no tejidas, estén o no impregnadas, recubiertas, revestidas o  a
39
recubiertas, revestidas o laminadas. laminadas.
ex 5603 94 90
Artículos de uso quirúrgico, médico o 
40 higiénico, no destinados a la venta al por  Cobertores de cama de papel. ex 4818 90
menor.
ex 7017 10 00
Cristalería de laboratorio, higiénica o  Cristalería de laboratorio, higiénica o farmacéutica, tanto si están calibrados  s
41 farmacéutica. o graduados o no. ex 7017 20 00 oe.e
ex 7017 90 00 w.
2021-1147n https://w
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
El flujómetro de tubo Thorpe está compuesto de puertos de entrada y salida, 
un regulador, una válvula y un tubo de medición cónico transparente. Sirve  ex 9026 80 20
Fluxímetro, flujómetro de tubo Thorpe  para conectarlo con varias fuentes de gases médicos, como un sistema  ex 9026 80 80
42
para suministrar oxígeno 0-15 L/min. centralizado, cilindros (bombonas), concentradores o compresores.  ex 9026 10 21
Versiones de fluxímetro (flujómetro) ordinario (absoluto, no compensado) y  ex 9026 10 81
de presión compensada, adecuadas para rangos de flujo específicos.
Detector de CO2 colorimétrico de  Tamaño compatible con el tubo endotraqueal de niños y adulto. De un solo 
43 ex 9027 80
espiración. uso.
Plana sensibilizada y sin impresionar. ex 3701 10 00
44 Película o placas de rayos X.
En rollos.
ex 3702 10 00
Sensibilizada y sin impresionar.
2021-1147n https://w