BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 90 Martes 31 de marzo de 2020 Sec. III.   Pág. 27877
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
4205 Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Formación 
Profesional, por la que se aprueba una moratoria en la presentación de las 
justificaciones económicas y técnicas de las actuaciones de los Programas 
de  Cooperación  Territorial  2018:  de  Evaluación  y  acreditación  de  las 
competencias  profesionales,  de  Calidad  de  la  Formación  Profesional  del 
Sistema  Educativo,  de  Formación  Profesional  Dual,  y  de  Formación, 
perfeccionamiento y movilidad del profesorado.
Con fecha 7 de diciembre de 2018 y mediante Acuerdos de Consejo de Ministros se 
formalizaron los criterios de distribución a las comunidades autónomas, aprobados por la 
Comisión General de Educación de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada 
el 29 de noviembre de 2018, así como la distribución resultante para financiar las 
actuaciones  de  «Evaluación  y  acreditación  de  las  competencias  profesionales», 
«Desarrollo  de acciones de  calidad en  formación profesional del sistema educativo 
español», «Financiar el impulso a la Formación Profesional Dual», y la «Formación, 
perfeccionamiento y movilidad del profesorado», todas ellas, con la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo.
Las comunidades autónomas, en los citados acuerdos, se comprometen a desarrollar 
las acciones financiadas con los créditos recibidos, desde el 1 de septiembre de 2018 y 
hasta el 31 de diciembre de 2019.
Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria, no más tarde del 31 de marzo de 2020, las 
Comunidades Autónomas remitirán al Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
un estado de ejecución indicando las cuantías totales de compromisos de créditos, 
obligaciones reconocidas y pagos realizados detallado para la aplicación presupuestaria 
del Presupuesto General del Estado desde la que se realice la transferencia de crédito. 
Las Comunidades Autónomas deberán proceder a un adecuado control de los fondos 
recibidos que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los mismos por los 
perceptores finales.
Asimismo,  y  de  conformidad  con  las  instrucciones  de  justificación  económica  y 
técnica de la entonces Dirección General de Formación Profesional, de fecha 8 de abril 
de 2019 para Acredita, 29 de marzo de 2019 para Calidad, de 17 de mayo de 2019 para 
FP Dual y de 10 de mayo de 2019 para Formación, perfeccionamiento y movilidad del 
profesorado, remitidas a las comunidades autónomas para la justificación de los créditos, 
éstas se comprometen a justificar las actuaciones al órgano concedente, la entonces 
Dirección General de Formación Profesional, aportando la documentación justificativa en 
la Plataforma Ulises de la Subdirección General de Ordenación e Innovación de la 
Formación Profesional, con el fin de cumplir con la normativa nacional aplicable, antes 
del 31 de marzo de 2020.
De la misma manera y para cumplir con la normativa comunitaria, la Comunidad 
Autónoma  se  compromete  a  justificar  las  actuaciones  al  Organismo  Intermedio  del 
Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional,  de  acuerdo  con  la  normativa  s
comunitaria aplicable a los Fondos Estructurales, y en particular al FSE, y con las  oe.
decisiones que en aplicación de la misma dicten la Comisión Europea, la Autoridad de  w.
eGtrsaetnasstbimólenics iidódones l  yp FocSro Ene sl eeOrnvr gaEacinsópinsam ñdoae   Inylat e erinml foeprdrmoiopa icyoi ó lanO , Argsuaetno irusidtmilaiozda  rdIánent e Grlmoesse tdisóiions. t epmPaaraarsa  e tle farleecmgiliitásattrrico o lays    2020-4205n https://ww
almacenamiento  informatizado  de  los  datos  agregados  correspondientes  a  las
actuaciones cofinanciadas. Bc
Las comunidades autónomas han ejecutado las actuaciones y se encuentran en 
proceso de justificación. Debido al contexto actual, cierre de centros públicos y de 
servicios  administrativos  de  los  territorios,  numerosas  comunidades  autónomas  han 
dictado planes de contingencia, pero sin posibilidad de predecir la capacidad de la 
actividad  y  la  disposición  de  recursos  humanos  suficientes  para  poder  realizar  las 
acciones y por ello, han solicitado una moratoria en los plazos de presentación de la 
justificación económica por causa de fuerza mayor.
En el contexto actual de estado de alarma, decretado por el gobierno de la nación 
mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y 
de conformidad con la disposición adicional tercera, que establece la suspensión de 
plazos administrativos y que indica, entre otros, que «se suspenden términos y se 
interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del 
sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda 
vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo».
Asimismo, el estado de alarma decretado en el antes citado Real Decreto 463/2020 
es susceptible de ser ampliado, previa autorización del Congreso de los Diputados, de 
acuerdo con la evolución de la situación que la ha generado. Esta posibilidad crea una 
inseguridad en las administraciones afectadas de plazos, por lo que es aconsejable 
hacer  uso  de  la  situación  de  excepcionalidad  prevista  en  la  disposición  adicional 
tercera  3,  que  determina  que  «…,  el  órgano  competente  podrá  acordar,  mediante 
resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias 
para  evitar  perjuicios  graves  en  los  derechos  e  intereses  del  interesado  en  el 
procedimiento y siempre que este manifieste su conformidad…».
Esta Secretaría General, ante las circunstancias actuales, ha resuelto:
Primero.
Ampliar  el  plazo  de  justificación  de  los  créditos  distribuidos  con  cargo  a  los 
Presupuestos  Generales  del  Estado  2018  para  financiar  las  actuaciones  de  los 
Programas de Cooperación Territorial, hasta el 31 de mayo de 2020. Este plazo podrá 
ser  prorrogado  si  continuasen  las  circunstancias  que  lo  motivan  mediante  la 
correspondiente resolución.
Segundo.
Considerar incluidos a efectos de lo previsto en el punto primero, los siguientes 
créditos:
Evaluación y acreditación de las competencias profesionales.
Desarrollo de acciones de calidad en formación profesional del sistema educativo 
español.
Financiar el impulso a la Formación Profesional Dual.
Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado.
Tercero.
Esta resolución será efectiva desde el día siguiente de su firma, y será comunicada 
de forma fehaciente a las Administraciones interesadas, en los términos previstos en la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  e.
Administraciones Públicas, sin perjuicio de la suspensión de plazos previstos en la  w.b
disposición adicional tercera del RD 463/2020, de 14 de marzo. 05ww
ClarMa aSdarnidz,  L2ó7p edze. marzo de 2020.–La Secretaria General de Formación profesional,  OE-A-2020-42able en https://