BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 76 Viernes 20 de marzo de 2020 Sec. III.   Pág. 26356
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
3923 Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por la que se publica la Adenda de prórroga y modificación al Convenio con el 
Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
la Universidad Loyola Andalucía, para la realización de prácticas externas en 
juzgados y tribunales.
Con fecha 31 de enero de 2020 se ha suscrito la Adenda de prórroga y modificación 
al Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la 
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  la  Universidad  Loyola  Andalucía  para  la 
realización de prácticas externas en juzgados y tribunales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 6 de marzo de 2020.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel.
ANEXO
Adenda de prórroga y modificación al Convenio entre el Consejo General del Poder 
Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la 
Universidad Loyola Andalucía para la realización de prácticas externas en 
juzgados y tribunales
En Madrid, a 31 de enero de 2020.
REUNIDOS
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. 
Sr. don Carlos Lesmes Serrano, nombrado según Acuerdo (n.º 2) del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013 mediante Real Decreto 979/2013, 
de 10 de diciembre, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
El Ministro de Justicia, don Juan Carlos Campo Moreno, de acuerdo con el Real 
Decreto 8/2020, de 12 de enero, y en uso de las competencias que le corresponden en 
virtud del artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
El Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local de la Comunidad Autónoma de Andalucía, don Juan 
Antonio  Marín  Lozano,  actuando  en  nombre  y  representación  de  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto del Presidente 3/2019, 
de 21 de enero, por el que se designa Vicepresidente de la Junta de Andalucía a don 
Juan Antonio Marín Lozano y Decreto del Presidente 4/2019, de 21 de enero, por el que  es
se designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía, y en el ejercicio  o
de las facultades que le atribuyen los artículos 9.2 y 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 22 de  23ww
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María Pérez Alcalá, en nombre y representación de ésta, nombrado por el Patronato de
la Fundación Loyola Andalucía, en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2015 y de 
acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas por el artículo 19, apartado 2, letra i de 
los Estatutos de la Fundación Universidad Loyola Andalucía.
Las  partes  se  reconocen  mutuamente  plena  capacidad  de  actuar  en  la 
representación legal que ostentan para suscribir la presente adenda y, a tal fin
EXPONEN
I.  Con fecha 29 de diciembre de 2017, se suscribió un convenio entre el Consejo 
General  del  Poder  Judicial,  el  Ministerio  de  Justicia,  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía y la Universidad Loyola Andalucía para la realización de prácticas externas en 
juzgados  y  tribunales,  cuyo  objeto  es  la  realización  de  prácticas  externas  por  el 
alumnado matriculado en la asignatura de prácticas académicas, de estudios oficiales de 
grado  y/o  máster  que  imparte  la  Universidad  Loyola  Andalucía  en  los  juzgados  y 
tribunales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
II.  La cláusula novena del citado convenio establece los efectos del mismo con una 
duración de dos años naturales, a partir del día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» en los términos del artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y será prorrogable a su término mediante acuerdo 
expreso por igual periodo, que deberá formalizarse con un mes de antelación a la 
expiración del convenio.
III.  La misma cláusula novena dispone que las partes firmantes podrán modificar los 
términos del Convenio, en cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de 
una adenda al mismo.
En aplicación de lo anterior, se procede a la modificación de las cláusulas décima y 
undécima del convenio de 29 de diciembre de 2017, relativas a las causas de resolución 
y a la naturaleza del convenio y resolución de controversias, suprimiendo estipulaciones 
innecesarias para la eficacia del convenio.
Igualmente se procede a modificar la cláusula quinta (tercera de la adenda) en 
materia de protección de datos, teniendo en cuenta la nueva regulación legal dictada al 
efecto en dicha materia.
Por último, se incorpora una nueva cláusula (segunda de la adenda) para adaptar el 
convenio al Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las 
pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
IV.  Dado el alto grado de satisfacción obtenido en el cumplimiento de sus objetivos, 
las partes manifiestan su interés en el mantenimiento de las actividades del convenio, 
suscrito con fecha 29 de diciembre de 2017 y, en consecuencia, su voluntad de suscribir 
una prórroga bienal junto con las modificaciones citadas en el expositivo anterior.
En virtud de lo dispuesto anteriormente el Consejo General del Poder Judicial, el 
Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Universidad Loyola 
Andalucía
ACUERDAN
Primera.  Prórroga del convenio.
Prorrogar por dos años, el Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el 
Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Universidad Loyola  e
Andalucía para la realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales, suscrito  bo
el 29 de diciembre de 2017, bajo las mismas condiciones y estipulaciones que rigen el  23ww
ccuoanrvtean yio q, uain ltaas,  dqeu ela  spere asñeandtee na dleans dqau, es inse c oinmcpluoyretanr  ennin glaúsn  ctilpáou sduel aosb lsigeagcuinódna f,in taenrcceierraa, 
ni generar coste presupuestario para las partes.
La prórroga será eficaz a partir de 3 de febrero de 2020 previa inscripción en el 
Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación y publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».
Segunda.  Se añade al convenio una nueva cláusula, duodécima, con la siguiente 
redacción:
«Duodécima.  Adaptación del Convenio al Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de 
diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas 
urgentes en materia social, laboral y de empleo.
En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional 
quinta del Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de 
las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de 
empleo, dado que todavía no se ha producido el desarrollo reglamentario para su 
efectiva aplicación, ambas partes se comprometen a firmar una adenda en la que 
se  contemplen  las  obligaciones  que  asumirían  para  dar  cumplimiento  a  la 
normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.»
Tercera.  Se modifica la cláusula quinta del convenio con la siguiente redacción:
«Quinta.  Protección de Datos.
Todos los afectados por el presente convenio devendrán obligados por las 
Disposiciones y exigencias establecidas por la normativa en vigor, constituida por 
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley 
Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y 
garantía de los derechos digitales.»
Cuarta.  Modificación de la cláusula décima «Causas de resolución».
Se modifica la cláusula décima del Convenio de 29 de diciembre de 2017, quedando 
redactada de la siguiente manera:
«Décima.  Causas de extinción.
El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte 
de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora 
un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado  es
a la comisión de seguimiento y control de la cláusula octava de la ejecución del  o
convenio y a las demás partes firmantes. 23www.
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e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.»
Desde la fecha del acuerdo de resolución del convenio o de la notificación de la 
voluntad  de  extinción,  en  los  términos  de  la  presente  cláusula,  la  colaboración  se 
mantendrá, en todo caso, y continuarán hasta su finalización las actividades de prácticas 
iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia, siempre condicionado a lo establecido 
en el último párrafo de la cláusula primera del presente convenio.
Quinta.  Modificación  de  la  cláusula  undécima  «Naturaleza  del  convenio  de 
colaboración y resolución de controversias».
Se  modifica  la  cláusula  undécima  del  Convenio  de  29  de  diciembre  de  2017, 
quedando redactada de la siguiente manera:
«Undécima.  Naturaleza  del  convenio  de  colaboración  y  resolución  de 
controversias.
El  presente  convenio,  de  naturaleza  jurídico-administrativa,  se  celebra  al 
amparo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
Las  controversias  que  puedan  surgir  sobre  la  interpretación,  modificación, 
ejecución, resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se 
resolverán entre las partes de la manera amistosa en el seno de la comisión 
prevista en la cláusula octava.
Al  tener  naturaleza  administrativa,  el  orden  jurisdiccional  contencioso-
administrativo  será  el  competente  para  resolver  las  cuestiones  litigiosas  que 
pudieran suscitarse entre las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en 
los  artículos  1  y  2  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  dicha 
jurisdicción.»
De conformidad con cuanto antecedente, y en ejercicio de las atribuciones de que 
son titulares los firmantes, suscriben por cuadriplicado ejemplar la presente Adenda al 
convenio en lugar y fecha arriba indicados.
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos 
Lesmes  Serrano.—El  Ministro  de  Justicia,  Juan  Carlos  Campo  Moreno.—El 
Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia 
y  Administración  Local,  Juan  Antonio  Marín  Lozano.—El  Rector  de  la  Universidad, 
Gabriel M.ª Pérez Alcalá.