BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 181 Miércoles 1 de julio de 2020 Sec. I.   Pág. 45662
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
6929 Decreto-ley Foral 5/2020, de 20 de mayo, por el que se aprueban medidas 
urgentes  para  responder  al  impacto  generado  por  la  crisis  sanitaria  del 
coronavirus (COVID-19).
Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por los Reales 
Decretos 465/2020, de 17 de marzo, y 492/2020, de 24 de abril, y prorrogado por los 
Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, 492/2020, de 24 
de abril, y 514/2020, de 8 de mayo, se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Tras las sucesivas prórrogas, la 
vigencia del estado de alarma ha quedado fijada hasta las 00:00 horas del día 24 de 
mayo de 2020.
El citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establece en su artículo 4 que la 
autoridad  competente  a  efectos  del  estado  de  alarma  será  el  Gobierno  y,  en  sus 
respectivas áreas de responsabilidad, serán autoridades competentes delegadas, las 
personas  titulares  de  los  Ministerios  de  Sanidad,  Defensa,  Interior,  Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. No obstante, de conformidad con el artículo 6 del citado 
Real  Decreto,  cada  Administración  conserva  las  competencias  que  le  otorga  la 
legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que 
estime necesarias, en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente.
La situación extraordinaria generada por la evolución del coronavirus (COVID-19) ha 
determinado la adopción de diversas medidas de carácter extraordinario y urgente. Para 
ello, mediante los Decretos-leyes Forales 1/2020, de 18 de marzo, 2/2020, de 25 de 
marzo, 3/2020, de 15 de abril, y 4/2020, de 29 de abril, se aprobaron medidas urgentes 
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). El 
Pleno del Parlamento de Navarra, en sesión celebrada el 27 de marzo de 2020, acordó 
convalidar los dos primeros decretos-leyes forales citados y tramitarlos como proyectos 
de ley foral por el procedimiento de urgencia. Fruto de esta tramitación se aprobaron la 
Ley  Foral  6/2020,  de  6  de  abril,  por  la  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para 
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) y la Ley 
Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). Asimismo, el Pleno 
del Parlamento de Navarra, en sesiones celebradas el 21 de abril y el 7 de mayo 
de 2020, aprobó la convalidación de los Decretos-leyes Forales 3/2020, de 15 de abril, 
y 4/2020, de 29 de abril, respectivamente.
Las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad obligan a implementar un 
quinto paquete de medidas, que se contienen en este Decreto-ley Foral.
La Comunidad Foral de Navarra fue la primera de España en aprobar medidas 
específicas en materia de vivienda, efectivas y aplicables desde el 1 de abril de 2020. 
Procede ahora, a la vista de la situación actual y de la normativa aprobada desde 
entonces,  ampliar  las  personas  beneficiarias  de  las  mismas,  distinguiendo  dos 
circunstancias distintas.
Por un lado, y para las personas en situación de desempleo, se modifica la fecha  s
relevante de inscripción como demandantes de empleo en situación de desempleo para  oe.
poder  optar  a  la  deducción  por  arrendamiento  para  emancipación,  o  programa  w.
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personas trabajadoras autónomas a quien ya haya reconocido el Gobierno de Navarra la
correspondiente ayuda directa extraordinaria. Bc
Se  cubren  así  necesidades  básicas  de  acceso  y  mantenimiento  de  vivienda  a 
mayores  grupos  de  población  castigados  por  la  crisis  económica  provocada  por  la 
pandemia del COVID-19, bajo la premisa básica de considerar el derecho a la vivienda 
de la ciudadanía como un pilar fundamental de la política de la Comunidad Foral de 
Navarra. Además, y para procurar una mejor situación financiera de las familias, el pago 
de la deducción por arrendamiento para emancipación, o programa EmanZipa, pasa a 
tener desde el 1 de julio, y con carácter permanente, una periodicidad mensual, en lugar 
de  trimestral,  equiparándose  así  a  la  deducción  por  arrendamiento  para  acceso  a 
vivienda, o programa DaVid, con la que conforma el derecho subjetivo a la vivienda en 
Navarra.
Estas medidas se recogen en el Título I de la norma.
En el Título II de este Decreto-ley Foral se recogen nuevas medidas en el ámbito de 
la contratación pública.
Una vez que se ha acordado, mediante la disposición adicional octava del Real 
Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector 
cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, el levantamiento de la suspensión de los términos e interrupción de los 
plazos  de  los  procedimientos  en  el  ámbito  de  la  contratación  pública,  medida  de 
indudable calado, tendente a la reactivación de la actividad económica que permita 
superar cuanto antes la situación de parálisis y recuperar el empleo, procede contemplar 
y dar cobertura a los supuestos en los que el mantenimiento de la oferta o la ejecución 
de los contratos en los términos inicialmente ofertados han devenido antieconómicos 
como consecuencia del vuelco a que se han visto sometidos los mercados y la mayor 
parte de las actividades de tipo económico, haciendo en ocasiones más gravosa que 
antes de la crisis sanitaria una misma actividad. Para evitar que las personas que se 
encuentran en esta situación vean ahondadas sus dificultades económicas, se opta por 
una derogación temporal, y de uso facultativo para las personas licitadoras, de las 
sanciones  aplicables  a  que  se  ven  sometidas  aquellas  personas  que  retiran 
injustificadamente su oferta en los procedimientos de contratación o que no llegan a 
formalizar los contratos de los que han resultado adjudicatarias.
Asimismo, entre los sectores económicos especialmente afectados por la crisis y sus 
consecuencias se encuentra el de la cultura. El conjunto de los espacios culturales y 
escénicos se ha visto absolutamente paralizado, lo que ha abocado a sus profesionales 
a  una  drástica  pérdida  de  ingresos  y  a  una  situación  crítica,  dada  su  fragilidad 
estructural. Para hacer frente a esa situación, es imprescindible implementar nuevas 
medidas  que  complementen  y  adapten  las  ya  existentes  con  carácter  general, 
acomodándolas a las singularidades del sector. En particular, se introduce un mecanismo 
para  permitir  que  los  profesionales  del  sector  puedan  percibir  anticipos  e 
indemnizaciones,  en  caso  de  aplazamiento  o  cancelación  de  las  actuaciones  ya 
contratadas  con  el  Sector  Público,  cuyo  importe  no  exceda  de  50.000  euros.  Las 
medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, primero, y la declaración del estado 
de alarma, después, han llevado consigo el cierre de teatros, salas e instalaciones 
análogas y, con ello, la resolución o suspensión de los contratos de interpretación 
artística y de espectáculos que se habían celebrado. Por ello, se habilita al órgano de 
contratación para reconocer como anticipo un porcentaje del importe de los contratos 
suspendidos, y una indemnización, en caso de resolución, siempre que la suspensión o 
resolución  tenga  por  causa  directa  las  medidas  adoptadas  por  las  autoridades 
competentes para hacer frente a la crisis del COVID-19. s
En la disposición adicional única se completan y aclaran las medidas ya adoptadas  oe.
en materia de contratación para afrontar las consecuencias derivadas de la situación  w.
creada por el COVID-19, recogidas en la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se  29ww
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realizar anticipos a cuenta del importe estimado de la indemnización que corresponda a 
la contratista y, en materia de concesiones, se especifican determinados aspectos del 
régimen de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, aclarando que la 
imposibilidad para la ejecución del contrato puede ser total o parcial, y en consecuencia 
el régimen de reequilibrio económico aplicable sólo lo será a la parte que haya devenido 
imposible.
Las razones expuestas justifican la aprobación de este Decreto-ley Foral, dada la 
urgente necesidad de la adopción inmediata de las medidas señaladas.
En virtud de todo ello, y haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 21 
bis de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra 
en sesión celebrada el día veinte de mayo de dos mil veinte, decreto:
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
Es objeto de este Decreto-ley Foral el adoptar en Navarra medidas extraordinarias 
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
TÍTULO I
Medidas extraordinarias en materia de vivienda
Artículo 2.  Vigencia de las cédulas de habitabilidad.
Se  prorroga  hasta  el  31  de  diciembre  de  2020  la  vigencia  de  las  cédulas  de 
habitabilidad,  o  de  las  calificaciones  definitivas  que  den  derecho  a  cédula  de 
habitabilidad, que finalice entre el 1 de julio y el 30 de diciembre de 2020.
Artículo 3.  Derecho subjetivo a la vivienda.
1.  Durante  el  año  2020,  podrán  optar  a  la  deducción  por  arrendamiento  para 
emancipación prevista en el artículo 68 quinquies, apartado A, del Texto Refundido de la 
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto 
Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, las personas empadronadas en Navarra que 
cumpliendo el resto de requisitos exigidos para ser beneficiarias de la misma, excepto el 
relativo a la edad, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
a)  Consten  como  inscritas  a  1  de  enero  de  2020  o  fecha  posterior  como 
demandantes de empleo en situación de desempleo.
b)  Consten como inscritas en situación de expediente temporal de regulación de 
empleo (ERTE) a partir del 14 de marzo de 2020, fecha en la que se declaró el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
c)  Les haya sido concedida alguna de las ayudas directas extraordinarias recogidas 
en el artículo 2.º del Decreto-Ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban 
medidas  urgentes  para  responder  al  impacto  generado  por  la  crisis  sanitaria  del  e
coronavirus (COVID-19). bo
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deducción por arrendamiento para emancipación prevista en el artículo 68 quinquies,
apartado A, del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, se realizará mensualmente. Se perderá el derecho a la deducción y a 
su abono de forma anticipada de aquellos meses respecto de los que no se justifique el 
pago del alquiler antes del día 1 del mes siguiente.
Artículo 4.  Subvenciones a inquilinos de viviendas protegidas.
Se renovarán de forma automática las subvenciones concedidas a los titulares de los 
contratos de arrendamiento de vivienda protegida o vivienda adscrita a la Bolsa de 
Alquiler que deban solicitarse entre el 1 de julio y el 20 de julio de 2020, fecha de 
finalización del plazo de presentación ordinario de la Declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas de 2019.
TÍTULO II
Medidas extraordinarias en el ámbito de la contratación pública
Artículo 5.  Medidas complementarias en materia de contratación pública.
Las personas licitadoras que hubieran presentado oferta en una licitación pública 
convocada por cualquiera de las entidades sometidas a la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos, estarán facultadas para retirar su oferta sin que dicha 
retirada conlleve la incautación de la garantía provisional prevista en el artículo 70.1 de la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, si la hubiera, ni la imposición de 
la prohibición de contratar prevista en el artículo 22.1.j) de la misma norma, siempre que 
en el momento de decretarse el estado de alarma no se hubiera llevado a cabo la 
adjudicación del contrato.
Si en el momento de decretarse el estado de alarma se hubiera llevado a cabo la 
adjudicación del contrato pero éste no se hubiera formalizado como consecuencia de la 
suspensión  de  plazos  establecida  por  la  disposición  adicional  tercera  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la adjudicataria 
tendrá la opción de no formalizar el contrato sin que ello conlleve la imposición de las 
penalidades previstas en el artículo 101.7 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos ni la prohibición de contratar prevista en el artículo 22.1.h) de la 
misma.
Para hacer uso de la facultad de retirar la oferta o u opción de no formalización del 
contrato,  bastará  que  la  persona  licitadora  o  adjudicataria  manifieste  por  escrito  al 
órgano de contratación que las condiciones ofertadas se han tornado antieconómicas 
para ella como consecuencia de las circunstancias de hecho o de derecho derivadas de 
la adopción del estado de alarma y su impacto en la actividad económica.
Artículo 6.  Contratos públicos de interpretación artística y de espectáculos suspendidos 
o resueltos.
1.  Cuando, como consecuencia del COVID-19 o de las medidas sanitarias o de 
contención adoptadas al respecto, se acuerde la modificación o suspensión, para ser 
ejecutados  en  una  fecha  posterior,  de  contratos  de  interpretación  artística  y  de 
espectáculos  de  cuantía  no  superior  a  50.000  euros,  celebrados  por  las  entidades 
sometidas a la aplicación de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, 
el órgano de contratación podrá acordar que se abone a la contratista hasta un 30 por  e.
ciento del precio del contrato, como anticipo a cuenta de dicho precio. w.
El pago del anticipo a cuenta no estará supeditado a la prestación de garantía por  29ww
part2e.  deCl cuoanntdraot,i sctao.mo consecuencia del COVID-19, o de las medidas sanitarias o de
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celebrados por las entidades sometidas a la aplicación de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos, por la causa prevista en la letra 160.1.c) de la misma Ley 
Foral,  el  órgano  de  contratación  podrá  acordar  una  indemnización  a  favor  de  la 
contratista que no podrá ser inferior al 3 ni superior al 6 por ciento del precio del contrato.
Disposición adicional única.  Modificación del artículo 2 de la Ley Foral 7/2020, de 6 de 
abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado 
por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
El artículo 2 de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas 
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 
(COVID-19), pasa a tener la siguiente redacción:
«1.  Los contratos públicos que tengan por objeto servicios y suministros de 
prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de esta Ley Foral, celebrados 
por las entidades sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la 
Comunidad Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, 
cuya ejecución devenga total o parcialmente imposible como consecuencia de la 
situación  creada  por  el  COVID-19  o  de  las  medidas  adoptadas  por  las 
Administraciones  Públicas  para  combatirlo,  quedarán  automáticamente 
suspendidos,  en  la  parte  cuya  ejecución  devenga  imposible,  desde  que  se 
produjera la situación de hecho, o de derecho, que impide su prestación y hasta 
que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la 
prestación  puede  reanudarse  cuando,  habiendo  cesado  las  circunstancias  o 
medidas  que  la  vinieran  impidiendo,  el  órgano  de  contratación  notificara  al 
contratista el fin de la suspensión.
Con independencia de que un contrato de los citados en el párrafo anterior se 
halle  suspendido  o  no,  cuando  al  vencimiento  del  mismo  no  se  hubiera 
formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como 
consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de 
lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, modificado por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, y no 
pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, se podrá prorrogar el 
contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo 
caso  por  un  periodo  máximo  de  nueve  meses,  sin  modificar  las  restantes 
condiciones del contrato, con independencia de la fecha de publicación de la 
licitación de dicho nuevo expediente.
2.  En los contratos públicos que tengan por objeto servicios y suministros 
distintos de los referidos en el punto anterior, vigentes a la entrada en vigor de 
esta  Ley  Foral,  celebrados  por  las  entidades  sometidas  a  la  normativa  de 
contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el momento de 
la adjudicación de cada contrato, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su 
finalidad como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, cuando el 
contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el 
contrato como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas por las 
Administraciones Públicas para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de 
sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano 
de contratación le concederá una ampliación de plazo que será, por lo menos,  e
igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista  bo
pidiese otro menor. La ampliación del plazo se concederá previo informe de la  29ww
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entrada en vigor de esta Ley Foral, que celebren las entidades sometidas a la
normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el 
momento  de  la  adjudicación  de  cada  contrato,  siempre  y  cuando  éstos  no 
hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación creada por el 
COVID-19 o las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas, y cuando 
esta situación genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el 
mismo podrá suspenderse desde que se produjera la situación de hecho o de 
derecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. 
A  estos  efectos,  se  entenderá  que  la  prestación  puede  reanudarse  cuando, 
habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el 
órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.
4.  En los supuestos recogidos en los apartados 1 a 3 de este artículo no 
procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato. 
Además, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo segundo 
de este punto, serán indemnizables los siguientes conceptos:
1.º  Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal 
adscrito a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión. A 
estos  efectos,  debe  entenderse  que  los  gastos  salariales  incluyen  todas  las 
cotizaciones a la Seguridad Social que correspondan.
En los contratos de servicios o suministros a que se refiere el apartado 2 de 
este artículo, el derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que 
efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo 
del COVID-19, no excederá del límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del 
contrato, IVA incluido.
En los contratos de obras los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI 
Convenio Colectivo General del sector de la construcción 2017-2021, publicado 
el 26 de septiembre de 2017, o convenios equivalentes pactados en otros ámbitos 
de la negociación colectiva, serán el salario base referido en el artículo 47.2.a) del 
convenio colectivo del sector de la construcción, el complemento por discapacidad 
del artículo 47.2.b) del referido convenio, las gratificaciones extraordinarias del 
artículo  47.2.b)  y  la  retribución  de  vacaciones,  o  sus  conceptos  equivalentes 
respectivos pactados en otros convenios colectivos del sector de la construcción.
En  todo  caso,  los  gastos  deberán  corresponder  al  personal  indicado  que 
estuviera adscrito a la ejecución ordinaria del contrato antes del 14 de marzo y 
continúe adscrito cuando se reanude.
2.º  Los  gastos  por  mantenimiento  de  la  garantía  definitiva,  relativos  al 
período de suspensión del contrato.
3.º  Los  gastos  de  alquileres  o  costes  de  mantenimiento  de  maquinaria, 
instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no 
pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato 
suspendido y su importe sea inferior al coste de la resolución de tales contratos de 
alquiler o mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos.
4.º  Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el 
pliego  y  vinculadas  al  objeto  del  contrato  que  hayan  sido  suscritas  por  el 
contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.
El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de 
daños y perjuicios que se contempla en este artículo únicamente tendrá lugar 
cuando  el  contratista  principal  acredite  fehacientemente  que  se  cumplen  las 
siguientes condiciones: e.
Que él mismo, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera  29ww
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artículo 153 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, a 
fecha 14 de marzo de 2020.
La aplicación de lo dispuesto en este punto solo procederá cuando el órgano 
de contratación, en el plazo de cinco días naturales desde que así lo inste el 
contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato en los 
términos inicialmente pactados, como consecuencia de la situación descrita en los 
apartados 1 a 3 de este artículo. Con esta finalidad, el contratista deberá dirigir su 
solicitud al órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución 
del contrato ha devenido imposible, el personal, las dependencias, los vehículos, 
la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato 
en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los 
medios citados en otro contrato, así como la realidad, efectividad y cuantía de 
dichos gastos, y el mantenimiento del empleo adscrito a la ejecución del contrato 
durante todo el periodo objeto de la solicitud. En caso de que entre el personal 
citado en la solicitud se encuentren personas afectadas por el permiso retribuido 
recuperable,  de  carácter  obligatorio,  previsto  en  el  Real  Decreto-ley  10/2020, 
de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las 
personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con 
el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el 
COVID-19,  el  abono  de  los  gastos  salariales  de  dichas  personas  no  tendrá 
carácter de indemnización sino de abono a cuenta por la parte correspondiente a 
las horas que sean objeto de recuperación conforme a lo previsto en el artículo 
tres del mismo, que se tendrán en cuenta en la liquidación final del contrato.
En los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva que 
hayan quedado suspendidos conforme a lo previsto en el apartado 1 de este 
artículo, el órgano de contratación podrá conceder a instancia de la contratista un 
anticipo a cuenta del importe estimado de la indemnización que corresponda. El 
abono del anticipo podrá realizarse en un solo pago o mediante pagos periódicos. 
Posteriormente, el importe anticipado se descontará de la liquidación del contrato. 
El órgano de contratación podrá exigir para efectuar el anticipo que el mismo se 
asegure  mediante  cualquiera  de  las  formas  de  garantía  previstas  en  la  Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.
Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser 
objeto de posterior comprobación. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la 
resolución expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.
5.  En  los  contratos  públicos  de  concesión  de  obras  y  de  concesión  de 
servicios vigentes a la entrada en vigor de esta Ley Foral, celebrados por las 
entidades  sometidas  a  la  normativa  de  contratación  pública  vigente  en  la 
Comunidad Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, 
la  situación  de  hecho  o  de  derecho  creada  por  el  COVID-19  y  las  medidas 
adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo darán derecho al 
concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, 
según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo 
de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido 
económico incluidas en el contrato.
Dicho  reequilibrio  en  todo  caso  compensará  a  los  concesionarios  por  la 
pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se 
considerarán  los  posibles  gastos  adicionales  salariales  que  efectivamente  e.
hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato  w.b
de  concesión  de  obras  o  de  servicios  durante  el  período  de  duración  de  la  29ww
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concLeas iaopnlaicriaoc dióen  lad ree alolid addis,p eufeescttoiv ideand  ees itme paoprtaer tdaed od icshoolos  gparosctoesd.erá cuando el
órgano  de  contratación,  a  instancia  del  contratista,  hubiera  apreciado  la
imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita 
en su primer párrafo y únicamente respecto de la parte del contrato afectada por 
dicha imposibilidad.
6.  Lo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo no será de aplicación en 
ningún caso a los siguientes contratos:
a)  De servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo 
objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
b)  De mantenimiento de sistemas informáticos.
c)  De servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la 
seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.
El régimen previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las medidas 
que pueda adoptar el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como 
autoridad  delegada  competente  designada  en  el  artículo  4  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para 
garantizar las prestaciones necesarias en orden a la protección de personas, 
bienes y lugares. Dichas medidas podrán implicar, entre otras, una modificación de 
los supuestos en los que procede la suspensión de los contratos.
7.  En el caso en el que el órgano de contratación modifique un contrato para 
atender  las  necesidades  derivadas  de  la  protección  de  las  personas  y  otras 
medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra para hacer frente al COVID-19, al 
amparo de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 15 de la Ley Foral 6/2020, 
de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), los precios de las 
nuevas unidades no comprendidas en el contrato inicial o cuyas características 
difieran sustancialmente de ellas se fijarán por el órgano de contratación y serán 
obligatorios para el contratista. Finalizado el estado de alarma, el expediente de 
modificación se tramitará conforme a lo previsto en el artículo 143.1 de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.
En estos mismos supuestos, cuando la modificación suponga la reducción del 
número de unidades inicialmente previstas en el contrato, el contratista no tendrá 
derecho a reclamar indemnización alguna.
8.  Las medidas previstas en los apartados anteriores serán de aplicación 
también a los conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios sociales, a 
los  encargos  a  entes  instrumentales  y  a  los  casos  de  contratos  públicos 
finalizados, en los que, en la fecha de declaración del estado de alarma y a 
requerimiento de la Administración, por razones de interés público, el contratista 
continuara prestando los servicios o suministros objeto del contrato ya finalizado, o 
los prestara por renuncia del contratista inicial».
Disposición final primera.  Remisión al Parlamento de Navarra.
Este Decreto-ley Foral será remitido al Parlamento de Navarra a efectos de su 
convalidación,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  21  bis.2  de  la  Ley 
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra.
Disposición final segunda.  Desarrollo reglamentario y ejecución. oe.
Se habilita al Gobierno de Navarra y a las personas titulares de los Departamentos  29ww
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ejecución de lo dispuesto en este Decreto-ley Foral.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor y vigencia.
1.  Este Decreto-ley Foral entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Navarra» y mantendrá su vigencia mientras el Gobierno de Navarra determine 
que persisten las circunstancias extraordinarias que motivan su aprobación.
2.  Asimismo, aquellas medidas previstas en este Decreto-ley Foral que tienen plazo 
determinado de duración se sujetarán al mismo.
Pamplona, 20 de mayo de 2020.–La Presidenta del Gobierno de Navarra, María 
Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, 
Javier Remírez Apesteguía.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Navarra» número 111, de 25 de mayo de 2020. Convalidado por Acuerdo 
del Parlamento de Navarra, publicado en el «Boletín Oficial de Navarra» número 128, de 15 de junio de 2020)