BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 211 Miércoles 5 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 64135
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9214 Resolución de 16 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por el registrador titular del registro de la propiedad de Escalona, 
por la que suspende la inscripción de una escritura de partición de herencia.
En el recurso interpuesto por el Notario de Leganés don Luis Prados Ramos contra la 
nota de calificación extendida por el registrador titular del Registro de la Propiedad de 
Escalona,  don  Rafael  Burgos  Velasco,  por  la  que  suspende  la  inscripción  de  una 
escritura de partición de herencia, autorizada por el citado notario, el día veintisiete de 
febrero de dos mil veinte, bajo el número 407 de protocolo.
Hechos
I
En escritura otorgada el día veintisiete de febrero de dos mil veinte, ante el notario de 
Leganés, don Luis Prados Ramos, se efectúa la partición de herencia derivada del 
fallecimiento de Don J. E. N., persona cuya última residencia estuvo en Madrid, siendo la 
Comunidad Autónoma de Madrid, a quien corresponde el rendimiento del impuesto de 
sucesiones, con arreglo a su propia normativa.
II
Presentada la anterior documentación en el Registro de la Propiedad de Escalona, 
fue objeto de la siguiente calificación: Hechos: La presentación para su calificación e 
inscripción si procede de la documentación siguiente: documento de fecha 27/02/2020 
del Notario de Leganés Luis Prados Ramos, protocolo/expediente 407/2020, presentado 
por Prados Ramos, Luis el día 10/03/2020 a las 16:57, con el número de entrada 2050, 
asiento  1509  del  diario  112.  Fundamentos  de  Derecho.  I.–En  la  documentación 
presentada  se  observa:  No  consta  el  pronunciamiento  de  la  Oficina  Gestora  de  la 
Comunidad Autónoma competente acerca del pago, la exención o no sujeción del mismo 
en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y/o el 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Para acreditarlo es necesario que se presente la 
nota  justificativa  del  pago,  exención  o  no  sujeción  del  mismo  y  la  carta  de  pago 
(debidamente sellada), documentos que deberán estar emitidos por la Oficina Gestora 
de  la  Comunidad  Autónoma  competente.  Todo  ello  con  independencia  del  soporte 
electrónico o papel en el que se presente el documento y del soporte electrónico o papel 
en el que se acredite. De conformidad con los arts. 254 y 255 de la Ley Hipotecaria y de 
los arts.54 del TR de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos documentados, RD Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, de los arts. 122 
y 123 de su Reglamento, RD 828/1995 de 29 de mayo y del art. 33 de la Ley del 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Ley 29/1987,de 18 de diciembre y arts. 99 y 100 
de su Reglamento, RD 1629/1991 de 8 de noviembre y conforme a la resolución de la  e.e
Dirección General de los Registros y del Notariado sobre los impuestos ISD y ITP y AJD  b
de 4 de abril de 2.012, BOE 14 de mayo de 2.012. Y asimismo conforme a la Resolución  14ww
dBeO 1E3  9d ed ese opctiteumbrber–e  dloe  2q0u1e4 s, ed er elaa lDiziare cecni ólna  Gperenseernatl ed ec olomsu Rneicgaisctiórons  eys d eclo Nmoutnairciaadr ou –n
epfoerc ltoo  q–uqeu neo n soe u tnra tdae fdeec tuon–a  qcuaeli fsicea cpiróond (uncoe  p«ueexd ele ghea»b,e rlala  seuns peesen smióonm deen tloa  pcoarliqfiucea ceióstná, 
suspendida por ley) que pueda ser revocada, sino un trámite más del procedimiento
registral, legalmente establecido (cfr. artículo 254 de la Ley Hipotecaria y concordantes 
antes citados) como previo a la calificación. Por ello, la calificación que en su día se 
realice será una primera y única calificación del documento cuestionado. De conformidad 
con los artículos 254 y 255 de la Ley Hipotecaria, 118, 119, 120 128 y 129 de la 
Ley  58/2003,  de  17  diciembre,  General  Tributaria,  106  a  110  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, es necesario acreditar que el hecho imponible 
sujeto al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana –
plusvalía–  ha  sido  comunicado/declarado/autoliquidado  ante  la  administración 
competente. Conforme a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 13 de septiembre de 2014, BOE 9 de octubre, la presente comunicación se 
limita  a  comunicar  un  efecto  –que  no  un  defecto–  que  se  produce  «ex  lege»,  la 
suspensión de la calificación, por lo que no se trata de una calificación (no puede haberla 
en ese momento porque está suspendida por ley) que pueda ser revocada, sino un 
trámite más del procedimiento registral, legalmente establecido (cfr. artículo 254 de la 
Ley Hipotecaria y concordantes antes citados) como previo a la calificación. Por ello, la 
calificación  que  acreditada  la  presentación  del  impuesto  ante  la  Administración 
competente se realice no es una segunda calificación, parcial y sucesiva, sino una 
primera y única calificación del documento. Conforme a la Resolución de 10 de octubre 
de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, BOE de 6 de 
noviembre de 2014, no concurriendo aquí un supuesto de expresa y patente no sujeción 
al impuesto de la denominada Plusvalía no cabe imponer al Registrador que proceda a 
calificar el documento presentado sin aplicar lo dispuesto en el artículo 254.5 de la Ley 
Hipotecaria, teniendo plena vigencia en consecuencia el denominado cierre registral 
previsto en dicha norma. Y asimismo afirma que toda vez que la letra b) del apartado 6 
del artículo 110 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
refiere concretamente –por remisión al artículo 106.1.b)–, a las transmisiones a título 
oneroso, las transmisiones a título lucrativo entre vivos, descritas en el artículo 106.1.a) y 
relacionadas en el artículo 110.6.a) –todos ellos del mismo cuerpo legal– no pueden 
liberarse  del  cierre  mediante  la  comunicación  al  Ayuntamiento.  Como  señala  la 
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de noviembre 
de 2017, BOE de 14 de diciembre de 2017, por remisión a las de 3 de junio de 2013 y 6 
de febrero de 2015, sin perjuicio de la regulación específica que puedan establecer los 
Ayuntamientos la comunicación y declaración pueden hacerse mediante presentación en 
cualquiera de las oficinas de Correos cumpliendo los requisitos del artículo 31 del Real 
Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre que señala: Artículo 31. Admisión de solicitudes, 
escritos y comunicaciones que los ciudadanos o entidades dirijan a los órganos de las 
Administraciones  públicas.  Las  solicitudes,  escritos  y  comunicaciones  que  los 
ciudadanos o entidades dirijan a los órganos de las Administraciones públicas, a través 
del operador al que se le ha encomendado la prestación del servicio postal universal, se 
presentarán en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del 
documento que se quiera enviar, se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina 
y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión. Estas circunstancias deberán figurar 
en el resguardo justificativo de su admisión. El remitente también podrá exigir que se 
hagan constar las circunstancias del envío, previa comparación de su identidad con el 
original, en la primera página de la copia, fotocopia u otro tipo de reproducción del 
documento principal que se quiera enviar, que deberá aportarse como forma de recibo 
que  acredite  la  presentación  de  aquél  ante  el  órgano  administrativo  competente.  s
Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el empleado  oe.
formalizará y entregará el resguardo de admisión, cuya matriz archivará en la oficina. Los  w.
envíos aceptados por el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal  14ww
udneibviedrasmale, ntseig purieensednot aldaoss , foar mloasl iedfaedcetoss  pprreevviissttaoss  eenn  eel satretí cualrotí c3u8lo d, es lea  Lceoyn s3id0e/1ra9r9á2n, 
Pdero c2e6d imdeie nntoov Aiedmmbirneis, trdaeti vRo éCgoimmeúnn , Jyu erníd sicuo  nodrem  laatsiv aA ddem dineissatrrarcoilolon.es  Públicas  y  del  BOE-A-cable e
Conforme a las resoluciones citadas, el notario puede justificarlo mediante diligencia 
unida a la escritura en la que se incorpore la copia del oficio sellada por la Oficina de 
Correos. En cambio, la Resolución de 15 de enero de 2018, BOE 26 de enero de 2018, 
señala que ni la Federación Española de Municipios y Provincias (en adelante FEMP) ni 
el Consejo General del Notariado tienen la condición de administración tributaria. Debe 
ser la administración tributaria competente –en este caso el Ayuntamiento de (...)– la que 
debe confirmar de alguna manera si efectivamente ha recibido la comunicación para que 
este hecho pueda ser apreciado por terceros que no tienen la condición de parte en el 
convenio  y  que  por  tanto  no  vienen  impelidos  por  el  mismo,  como  ocurre  con  el 
registrador, que debe comprobar de forma indubitada que tal comunicación ha tenido 
lugar y acreditársele documentalmente. No existe efectivamente inconveniente en que 
esa comunicación se realice personalmente, por correo certificado –bastando entonces 
(…), la justificación del envío–, o telemáticamente en el caso de que el ayuntamiento 
tenga habilitado el correspondiente medio o registro electrónico, pero en este caso no 
debe dejar dudas de que ha sido recibida por aquel. Como señala acertadamente el 
notario autorizante en el texto del recurso, «para la prueba de su existencia –de la 
comunicación–  simplemente  es  necesario  acreditar  su  recepción,  o  un  registro  de 
entrada...» no es necesario, por supuesto, su lectura, ni siquiera su descarga siempre 
que  se  acredite  su  recepción,  pero  esta  acreditación  debe  ser  realizada  por  la 
administración  destinataria  (…)  Por  tanto,  en  ningún  caso  el  justificante  puede  ser 
emitido exclusivamente por la FEMP como asociación, ya que no es administración 
tributaria  competente,  salvo  que  viniera  acompañado  o  complementado  con  el 
justificante de recepción emitido efectivamente por el ayuntamiento correspondiente. 
Este justificante –emitido por el ayuntamiento– puede ser un acuse de recibo electrónico, 
acuse técnico, justificante electrónico de registro u otro documento electrónico similar 
pero siempre y cuando permita averiguar su procedencia mediante comprobación en 
línea, o pueda el notario dar fe de la misma. Resolución: Se suspende la calificación del 
precedente documento en tanto no se subsanen las deficiencias señaladas. Prórroga del 
asiento de presentación…. Recursos. …Escalona, diez de marzo del año dos mil veinte. 
El registrador de la propiedad. Fdo. Rafael Burgos Velasco.
III
Contra la anterior nota de calificación, don Luis Prados Ramos, notario de Leganés, 
interpone recurso en base a los siguientes fundamentos de derecho: Primero.–El señor 
Registrador de la Propiedad de Escalona es el único en toda España, y dicho esto desde 
mi experiencia diaria, que pone sistemáticamente este defecto, en cualquier escritura 
cuyos impuestos han sido objeto de liquidación vía telemática, bien sean de sucesiones 
y donaciones o bien de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documenta dos. 
Cita como fundamentos de derecho los artículos 254 y 255 de la Ley Hipotecaria y de los 
arts.54  del  TR  de  la  Ley  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos 
Jurídicos documentados, RD Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, de los arts. 122 
y 123 de su Reglamento, RD 828/1995 de 29 de mayo y del art. 33 de la Ley del 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Ley 29/1987, de 18 de diciembre y arts. 99 y 100 
de su Reglamento. Tales preceptos, en síntesis, dicen que ninguna inscripción se hará 
en el Registro de la Propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos 
establecidos o que se establecieren por las leyes, si los devengare el acto o contrato que 
se pretenda inscribir, pero sin que impongan un modo de acreditación. Segundo. – No es  s
exacto que la única manera de acreditar el pago, exención o no sujeción a los impuestos  e.
correspondientes  de  los  actos  contenidos  en  escritura  pública  sea,  como  dice  el  w.
Registrador, la nota justificativa del pago, exención o no sujeción del mismo y la carta de  14ww
pGaegsoto r(ad edbeid laa mCeonmteu nsidealladd Aau),t ódnoocmuam ceonmtopse tqeunete d. eLbae Dráirne cecsiótanr  Geemnietirdaol sd ep olors  lRa eOgifsictrinoas 
y5  ddeel  Nfeobtareriraod od hea  2a0d0m8i tiyd o1 o3t rodse  mmeadrizoos , dye a s2í 0la0s9 ,r ecsoonluscidioenraens  daec r3e1d idtaed eon eerlo  pdaeg 2o0 0d8e,l   BOE-A-cable e
impuesto o la presentación, a los efectos del acceso de los documentos notariales a los 
registros  mediante  diligencia  o  nota  en  la  matriz  expedida  por  el  Notario  de  la 
acreditación ante el mismo del pago del impuesto o la presentación y su reproducción en 
las copias autorizadas, sean en papel o copias electrónicas de las mismas, al amparo del 
artículo 244.2 del Reglamento Notarial, que literalmente dice: «Se harán constar por nota 
en matriz, a solicitud de los interesados o cuando al notario le conste, las circunstancias 
de  haberse  pagado  los  impuestos  y  los  datos  de  inscripción  en  el  registro 
correspondiente». Y por otro lado la resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado de 3 de junio de 1998 señala que no es preciso para acreditar el pago del 
impuesto que conste el cajetín en el documento, pudiéndose admitir otros medios de 
prueba como el ejemplar de carta de pago. Tercero.–Desconoce el señor registrador que 
el día veintidós de abril de dos mil diecinueve el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid publicó la Orden de 5 de abril de 2019, de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, que establece la obligatoriedad de presentación y pago por vía telemática de 
los  modelos  de  autoliquidación  600,  601,  620  y  630  relativos  al  Impuesto  sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y de los modelos de 
autoliquidación 650 y 651 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, quedando 
únicamente la vía presencial para los particulares-personas físicas. Es decir, que la 
Comunidad de Madrid (administración competente en el caso que nos ocupa) exige la 
presentación vía telemática de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, y de los modelos de autoliquidación 650 y 651 del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, y será el justificante recibido por el presentador (en 
este caso el propio notario) el único medio de acreditar el pago del impuesto. Cuarto. – 
La  escritura  objeto  de  calificación  contiende  una  diligencia  extendida  por  el  propio 
notario, que implica, su condición de presentante de la liquidación, la realización de la 
propia liquidación, el pago del impuesto contra una cuenta del propio notario, la remisión 
de una copia simple a la administración tributaria competente y la obtención de la 
diligencia de pago y de las cartas de pago, con validación electrónica de la Comunidad 
de Madrid. Resulta, por tanto, evidente la liquidación de los tributos correspondientes al 
acto o contrato, con la documentación aportada, bajo fe notarial, aportándose como 
documento complementario la carta de pago del impuesto, para que el Registrador 
pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 256 LH. Quinto. – De mantenerse la 
postura del registrador obligaría a hacer el trámite telemático y luego presencial, para 
que se ponga un sello de tinta, que es lo único que parece, a juicio del Registrador que 
acredita  el  pago  del  impuesto.  Concluye  solicitando  la  revocación  de  la  nota  de 
calificación.
IV
El registrador emite su informe confirmando su calificación y forma expediente que 
eleva a esta Dirección.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 254 y 255 de la Ley Hipotecaria y de los arts..54 del TR de la Ley 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, RD 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, de los arts. 122 y 123 de su Reglamento, 
RD 828/1995 de 29 de mayo y del art. 33 de la Ley del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones, Ley 29/1987, de 18 de diciembre y arts. 99 y 100 de su Reglamento,  e.
RD 1629/1991 de 8 de noviembre,Orden de 5 de abril de 2019 de la Consejería de  w.b
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid y las Resoluciones de la  14ww
mDiaretecrciaió nm Gerecnaenrtaill,  d5e  ldoes  Rfeebgreisrtoro sd ey  d2e0l0 N8 oyta r1ia6d-2o- 2d0e0 381  qduee  erneecroog deen  2l0 0p8o,s idbiiclitdaadda  edne 
aecnrteednidtaecr icóonr rmecetdai alan tea cdtuilaigceiónnc iad enl orteagriiastl raddeol rp aqguoe , dceol nimfoprmuees atol ,a erts. t2a5 ú5l tiLmHa,  saunsuplaednad ep olar 
calificación por sentencia de 28 de julio de 2008 del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 
de Lleida, confirmada por sentencia de 30 de octubre de 2009 de la Audiencia Provincial 
de Lleida, publicada, en BOE 10-8-2010, Doctrina reiterada en Resolución de 13 de 
marzo de 2009, resolución anulada por sentencia 28 de septiembre de 2009 del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 57 de Barcelona, publicada en el BOE 23-6-2011, que estima 
que en orden a la acreditación del pago del impuesto debe estarse a lo que dispone la 
normativa autonómica al respecto, 16 de noviembre de 2011, 3, 9 y 13 de marzo, 4 de 
abril y 22 de mayo de 2012, 5 de agosto, 28 de octubre y 8 de noviembre de 2013, 20 
y 30 de enero, 6 de mayo y 13 de septiembre de 2014, 18 de febrero y 11 de abril 
de 2016, 24 de mayo, 12 de junio y 31 de agosto de 2017 y 20 de diciembre de 2019
1.  Son hechos relevantes para la resolución de este expediente los siguientes:
En escritura otorgada el día veintisiete de febrero de dos mil veinte, ante el notario de 
Leganés, don Luis Prados Ramos, se efectúa la partición de herencia derivada del 
fallecimiento de Don J. E. N., persona cuya última residencia estuvo en Madrid, siendo la 
Comunidad Autónoma de Madrid, a quien corresponde el rendimiento del impuesto de 
sucesiones, con arreglo a su propia normativa.
Presentada  la  citada  escritura  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Escalona,  el 
registrador suspende la calificación porque a su juicio no consta el pronunciamiento de la 
Oficina Gestora de la Comunidad Autónoma competente acerca del pago, la exención o 
no sujeción del mismo en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Para acreditarlo, 
señala que es necesario que se presente la nota justificativa del pago, exención o no 
sujeción del mismo y la carta de pago (debidamente sellada), documentos que deberán 
estar emitidos por la Oficina Gestora de la Comunidad Autónoma competente. Todo ello 
con independencia del soporte electrónico o papel en el que se presente el documento y 
del soporte electrónico o papel en el que se acredite.
Así mismo la nota hace referencia a la necesidad de acreditar el pago del impuesto 
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana –plusvalía– sin que 
este inciso haya sido objeto de recurso.
En la escritura presentada consta extendida diligencia de liquidación de impuestos de 
fecha diez de marzo dedos mil veinte, para hacer constar que se ha autoliquidado el 
impuesto de sucesiones devengado a través de la plataforma de gestión telemática de 
tributos autonómicos de la Comunidad de Madrid y se unen los documentos justificativos 
de dicha liquidación.
El notario recurrente alega que basta para acreditar el pago del impuesto a efectos 
de levantar el cierre registral la diligencia o nota en la matriz expedida por el Notario de 
la acreditación ante el mismo del pago del impuesto o la presentación y su reproducción 
en las copias autorizadas, que la Comunidad de Madrid (administración competente en 
el caso que nos ocupa) exige la presentación vía telemática de los Impuestos sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y de los modelos de 
autoliquidación 650 y 651 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y será el 
justificante recibido por el presentador, en este caso el propio notario, el único medio de 
acreditar el pago del impuesto y finalmente que es evidente la liquidación de los tributos 
correspondientes al acto o contrato, además de por la inserción de la diligencia antes 
reseñada, con la documentación aportada, la diligencia de pago y las cartas de pago, 
con validación electrónica de la Comunidad de Madrid, bajo fe notarial, aportándose 
como documento complementario la carta de pago del impuesto, para que el Registrador 
pueda dar cumplimiento a los dispuesto en el artículo 256 LH. e
2.  El artículo 254 de la Ley Hipotecaria es explícito al imponer un veto a cualquier  w.
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establecidas  por  el  legislador  en  orden  a  evitar  el  fraude  fiscal  y  garantizar  el
cumplimiento por los sujetos pasivos de la obligación de presentación que les impone el
artículo 29.2.c) de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria, así como añade 
la  obligación  para  el  registrador  del  archivo  de  los  justificantes  (artículos  256  Ley 
Hipotecaria y 51.13.ª y 410 del Reglamento Hipotecario).
Se excluye el acceso al Registro de la Propiedad y se impone al registrador el deber 
de  comprobar,  para  la  admisión  del  documento,  el  previo  cumplimiento  de  las 
obligaciones tributarias a que pudiera estar sometido el acto o contrato que pretenda 
acceder al Registro, permitiéndose únicamente antes de que se verifique la presentación 
en la oficina fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 255 de la Ley Hipotecaria, la 
práctica  del  asiento  de  presentación,  suspendiendo  en  tal  caso  la  calificación  y  la 
inscripción,  con  devolución  del  título  presentado,  a  fin  de  satisfacer  el  impuesto 
correspondiente o, en su caso, alegar ante la autoridad fiscal la no sujeción o exención 
del impuesto de los actos contenidos en el documento presentado.
Como ha declarado este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 16 de noviembre 
de 2011, 4 de abril de 2012, 5 de agosto de 2013 y más recientemente el 20 de 
diciembre de 2019), del artículo 254 de la Ley Hipotecaria se desprende la exigencia 
para la práctica del asiento de inscripción en el Registro de la Propiedad, de la previa 
justificación de que se ha solicitado o practicado la liquidación de los tributos que 
graviten sobre el acto o contrato cuya inscripción se pretenda o sobre el documento en 
virtud del cual se pretenda la inscripción.
Este precepto no es sino la reproducción en el ámbito de la legislación registral de lo 
dispuesto con carácter general en el artículo 54 del Texto refundido de la Ley del 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, conforme al cual «1. Ningún 
documento que contenga actos o contratos sujetos a este impuesto se admitirá ni surtirá 
efecto en Oficina o Registro Público sin que se justifique el pago de la deuda tributaria a 
favor  de  la  Administración  Tributaria  competente  para  exigirlo,  conste  declarada  la 
exención por la misma o cuando menos la presentación en ella del referido documento…
La justificación del pago o en su caso de la presentación del referido documento se hará 
mediante la aportación en cualquier soporte del original acreditativo del mismo o de 
copia de dicho original» (disposición legal ésta desarrollada por los artículos 122.1 y 2 
y 123 de su Reglamento). Se matiza en este último precepto reglamentario que, no 
obstante, esa inadmisión general de los documentos para su inscripción o anotación, se 
deja a «salvo lo previsto en la legislación hipotecaria», lo que supone que será posible 
sin  necesidad  de  tal  justificación  la  práctica  del  asiento  de  presentación  tal  como 
previene expresamente el artículo 255 de la Ley Hipotecaria. En el mismo sentido, 
dispone el artículo 100 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones: 
«Cierre registral. 1. Los Registros de la Propiedad, Mercantiles, y de la Propiedad 
Industrial, no admitirán para su inscripción o anotación ningún documento que contenga 
acto o contrato del que resulte la adquisición de un incremento de patrimonio o título 
lucrativo, sin que se justifique el pago de la liquidación correspondiente por el impuesto 
sobre sucesiones y donaciones o, en su caso, la declaración de exención o no sujeción, 
o la presentación de aquél ante los órganos competentes para su liquidación. 2. A los 
efectos prevenidos en el número anterior se considerará acreditado el pago del impuesto 
siempre  que  el  documento  lleve  la  nota  justificativa  del  mismo  y  se  presente 
acompañado de la carta de pago o del correspondiente ejemplar de la autoliquidación 
debidamente sellada por la oficina competente y constando en ella el pago del tributo o 
la alegación de no sujeción o de los beneficios fiscales aplicables».
Este  Centro  Directivo  ha  reiterado  que  conforme  al  art.  254  LH,  para  que  un  s
documento pueda ser inscrito en el Registro de la Propiedad es necesario con carácter  oe.
general, y cualquiera que sea el soporte electrónico o papel en el que se presente, que  w.
se  acredite,  mediante  la  aportación  del  correspondiente  justificante  (bien  lo  sea  14ww
liigquuaidlmaceinótne  deenl  siomppourtees teol eqcutreó ncicoor reos epno npdaap, eol)  qquuee  edl icdhooc uimmepnuteos thoa  hsaid os idpore soebnjetatod od ae 
baiuetno lisqeu ihdaaycaió anl e(gbaiedno  hlaa yeax esnidcoió ne sot an oú lstiumjeac icóonn q iuneg reens os ud cea lsao  ccuoorrtae sqpuoen dcao).r rYe,s paoñnaddae,,   BOE-A-cable e
para acreditar el pago, exención o no sujeción, los registradores deberán exigir tanto la 
carta  de  pago,  debidamente  sellada,  como  la  nota  de  justificación,  exención  o  no 
sujeción, que deberán ser expedidas por la oficina liquidadora correspondiente.
3.  Para  acreditar  el  pago,  exención  o  no  sujeción  del  o  de  los  impuestos 
correspondientes hay que tener en cuenta que la función calificadora de índole fiscal ex 
artículo 13 de la Ley General Tributaria y apartado 2 del artículo 115 de la misma norma 
corresponde  a  la  Administración  Tributaria  y  tratándose  de  impuestos  cedidos  la 
competencia corresponde a las Comunidades Autónomas, puesto que el artículo 5.3 de 
la Ley General Tributaria no deja lugar a dudas al reconocer como Administración 
Tributaria a las Comunidades Autónomas y las entidades locales… en los términos 
previstos  en  la  normativa  que  resulte  aplicable.  En  concreto  el  artículo  100  del 
Reglamento  del  Impuesto  de  Sucesiones  y  Donaciones  con  arreglo  al  cual  se 
considerará acreditado el pago del impuesto, siempre que el documento lleve puesta la 
nota justificativa del mismo y se presente acompañado de la carta de pago o del 
correspondiente ejemplar de autoliquidación, debidamente sellada por la oficina que la 
haya recibido y constando en ella el pago del tributo o la alegación de no sujeción o de 
los beneficios fiscales aplicables.
Es decir, para que se les acredite el pago, exención o no sujeción, los registradores 
deberán  exigir  tanto  la  carta  de  pago  (debidamente  sellada),  como  la  nota  de 
justificación, no sujeción o exención que deberán ser emitidas por la Oficina Tributaria 
competente.
Pero tal exigencia de constancia de la intervención de la Administración competente 
es requerida también por cuanto ha de practicarse un asiento registral: La nota de 
afección. La documentación deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 3 de la 
Ley  Hipotecaria  y  deberá  ser,  por  tanto,  documentación  autentica  que,  en  cuanto 
administrativa sólo lo será si está expedida por la autoridad o sus agentes.
La obligación de acreditación del pago, exención o no sujeción al impuesto conforme 
a lo anterior, no puede entenderse suplida por la mera constancia en la matriz, a solicitud 
del interesado o por constancia del notario de haberse producido el pago, sino que 
deberán  acompañarse  los  documentos  de  la  presentación  y  pago  del  impuesto 
expedidos  por  la  Administración  competente  que  son  los  únicos  acreditativos  del 
cumplimiento de la exigencia del pago del Impuesto correspondiente.
4.  Respecto a la forma de autoliquidación y acreditación del pago del Impuesto de 
Sucesiones de la Comunidad de Madrid, la autoliquidación puede hacerse y presentarse 
de forma presencial o telemática, siendo obligatoria esta última únicamente a partir 
del 22 de abril de 2020, en cuanto a personas jurídicas cuando actúen como sujeto 
pasivo  y  en  cuanto  a  personas  o  entidades  que  pertenezcan  a  instituciones, 
asociaciones  o  colegios  profesionales  con  los  que  la  Comunidad  de  Madrid  tiene 
firmados Convenios de Colaboración Social en base al artículo 92.2 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, todo ello conforme a la Orden de 5 de abril 
de 2019 de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
En el supuesto de este expediente el sujeto pasivo es una persona física, por lo que 
cabría  cualquiera  de  los  dos  medios  de  presentación  de  autoliquidación,  y 
consecuentemente de acreditación del pago, habiéndose efectuado en este supuesto 
ambos por medios telemáticos.
Constan unidas a la escritura sendas diligencias de presentación telemática que 
constituyen nota de presentación a los efectos de acceso al registro del correspondiente 
documento (artículo 99.1 del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se  s
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que reitera la  oe.
necesidad  de  la  nota  de  presentación  en  la  oficina  competente  para  practicar  la  w.
liquidación, dice dicho artículo: «1. Los documentos que contengan actos o contratos de  14ww
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sujeción consignada en ellos por la oficina gestora a la vista de la declaración-liquidación 
presentada, salvo lo previsto en la legislación hipotecaria o autorización expresa de la 
Administración».
Dichas diligencias incorporan el Código Seguro de Operación, CSO, que acredita la 
veracidad  y  autenticidad  de  la  diligencia  de  presentación  telemática,  pudiéndose 
consultar  a  través  de  la  Oficina  Virtual  tributaria  en  el  Portal  del  Contribuyente 
www.madrid.org., además de las cartas de pago del impuesto a las que se incorporan su 
correspondiente  CSO  y  el  Numero  Completo  de  la  Comunidad  de  Madrid  (NCCM) 
justificativo de la aceptación del pago por la entidad colaboradora correspondiente que 
relaciona la fecha, el importe ingresado y el número de autoliquidación.
La  comprobación  del  CSO  correspondiente  permitirá  al  Registrador  verificar  la 
autenticidad de la liquidación y descargar la carta de pago correspondiente para su 
archivo, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley Hipotecaria.
Por lo tanto, en tanto obran unidos a la escritura los documentos administrativos 
acreditativos del pago del impuesto, procede estimar el recurso.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la 
nota  de  calificación  del  registrador  en  los  términos  que  resultan  de  las  anteriores 
consideraciones.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 16 de julio de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.