BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 64 Miércoles 16 de marzo de 2022 Sec. I.   Pág. 31490
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
4149 Decreto-ley  16/2021,  de  9  de  diciembre,  de  ampliación  del  plazo  de 
suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto 
ley  16/2021,  de  9  de  diciembre,  de  ampliación  del  plazo  de  suspensión  de  títulos 
habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas, ordenando a la ciudadanía y a las 
autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Mediante Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo, de suspensión de títulos habilitantes de 
nuevos locales de juegos y apuestas, publicado y con entrada en vigor el 6 de marzo, se 
dispone la suspensión de la vigencia de lo dispuesto en los artículos 6.4.a) y 11.5 de la 
Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas (en adelante, LJA), respecto a la 
instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y 
locales de apuestas externas, por un plazo no superior a dieciocho meses. Asimismo, se 
suspende por idéntico plazo el otorgamiento de nuevas autorizaciones de espacios de 
apuestas en casinos y salas de bingo.
Como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, y antes de que 
transcurriese el plazo de convalidación del Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo, el mismo 
es  sustituido  por  el  Decreto  ley  5/2020,  de  2  de  abril,  de  suspensión  de  títulos 
habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y 
apuestas (que se publica y entre en vigor el 3 de abril de 2020), norma con fuerza de ley 
que, además de reiterar la suspensión de la vigencia de los preceptos antes citados, 
ampliando la misma hasta el 31 de diciembre de 2021, modifica diversos preceptos de la 
LJA con la finalidad de excluir las máquinas Tipo A de su ámbito de aplicación y permitir 
la  celebración  a  distancia  de  sesiones  de  la  Comisión  del  Juego  y  las  Apuestas, 
incorporando  la  necesidad  de  que  este  órgano  cuente  con  representación  de  las 
asociaciones o entidades de lucha contra las adicciones.
Tras la a promulgación y convalidación parlamentaria del Decreto ley 5/2020, de 2 de 
abril,  el  Parlamento  aprobó  su  tramitación  por  el  procedimiento  de  urgencia  como 
proyecto  de  ley,  lo  que  dio  lugar  a  la  vigente  Ley  2/2020,  de  14  de  octubre,  de 
suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en 
materia de juego y apuestas.
A  través  de  dichas  normas,  se  ha  dado  cumplimiento  a  la  Resolución  10L/
PNLP-0065, del Parlamento de Canarias, sobre regulación efectiva del juego y las 
apuestas en Canarias contra las adicciones, en cuyos apartados primero y segundo de 
su parte dispositiva se instaba al Gobierno de Canarias a: s
«1. En el ámbito de su competencia, regular con eficacia la prohibición del  b
acceso  de  los  menores  de  edad  a  los  diferentes  establecimientos  de  juego,  49ww
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Registro  General  de  Interdicciones  de  acceso  al  juego,  también  llamadas
"autoprohibidas", o aquellas que tengan restringida esta actividad por sentencia 
judicial.
2. Paralizar, como medida cautelar, la concesión de nuevas licencias de 
apertura de locales de juego hasta la entrada en vigor de dicha normativa.»
La Resolución también instaba a una reforma reflexionada, consensuada y profunda 
del marco normativo referente al juego y a las apuestas, así como a la puesta en marcha 
de suficientes campañas de información, prevención y concienciación, debido, entre 
otras cuestiones, a la creciente preocupación por las consecuencias sociales y de salud 
derivadas del aumento de salones de juegos y locales de apuestas.
Las Exposiciones de Motivos de los referidos instrumentos normativos aludían a los 
numerosos posicionamientos institucionales de las distintas Administraciones, reseñando 
el Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo, las medidas de suspensión de títulos habilitantes 
de los locales de juego adoptadas por las distintas Comunidades Autónomas.
II
El vigente Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, 
de 5 de noviembre, de igual forma que ya lo hacía el hoy derogado artículo 30.28 del 
Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, atribuye a 
nuestra Comunidad Autónoma, en su artículo 128, competencia exclusiva en materia de 
juego, de apuestas y casinos. En ejercicio de la misma, se aprobó la vigente Ley 8/2010, 
de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas.
En esta línea, el artículo 3 de la LJA prohíbe a los menores de edad e incapaces el 
uso de las máquinas recreativas con premio y de las de azar, así como la participación 
en apuestas y juegos regulados en el citado texto legal. Dichas prohibiciones tienen un 
carácter preventivo: se trata de evitar que los niños y adolescentes lleguen a desarrollar 
adicción  por  el  juego.  Con  carácter  complementario,  el  artículo  5.1.a)  de  la  LJA 
contempla,  entre  los  principios  generales  que  informan  la  regulación,  organización, 
explotación y práctica del juego y de las apuestas en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, la prevención de perjuicios a terceros, especialmente a los sectores más 
vulnerables como menores o incapaces. Por último, el artículo 11.7 de la LJA prevé que 
reglamentariamente se determinará la zona de influencia en la que no podrán ubicarse 
establecimientos para la práctica del juego por la previa existencia de un centro de 
enseñanza o un centro permanente de atención a los menores. La concreción de esta 
medida se encuentra actualmente regulada en el Decreto 134/2006, de 3 de octubre, por 
el que se determina la zona de influencia de centros de enseñanza y de atención a 
menores en la que no podrán ubicarse establecimientos para la práctica del juego.
Debemos  tener  en  cuenta  que  la  potencial  incidencia  del  juego  sobre  bienes 
jurídicamente protegidos por nuestro ordenamiento, como son la salud pública y el orden 
público, así como la prevención del fraude, permite apreciar la existencia de razones de 
interés general que no solo justifican, sino que hacen imprescindible, la intervención de 
los poderes públicos sobre la actividad de juego y que permiten por tanto su planificación 
para evitar ab initio posibles riesgos. En este sentido, la legislación de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, asumió, con anterioridad a su aprobación, las políticas de juego 
responsable propugnadas por el Estado en el artículo 8.1 de la Ley 13/2011, de 27 de 
mayo, de regulación del juego, que considera el juego desde una política integral de 
responsabilidad social corporativa, contemplándolo como un fenómeno complejo, en el 
cual  se  tienen  que  combinar  acciones  preventivas,  de  sensibilización,  intervención,  e.
control y reparación de los efectos negativos que de él se puedan derivar. El Tribunal de  w.
Justicia de la Unión Europea también ha admitido la necesidad de regulación de este  49ww
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orden social. También ha subrayado que tales objetivos se cuentan entre las razones
imperiosas de interés general que pueden justificar cortapisas a la libre prestación de 
servicios (entre otras, la Sentencia de 8 de septiembre de 2010).
III
El artículo 24 de la LJA dispone que corresponde al Gobierno de Canarias aprobar la 
planificación de los juegos y las apuestas, la cual deberá incorporar unos aspectos 
mínimos  referidos  al  número  de  títulos  habilitantes,  duración  de  la  planificación  y 
particularmente su incidencia social, la posible acumulación de la oferta y la situación y 
distribución  geográfica,  atendiendo  preferentemente  a  diversos  factores  como  su 
localización en las zonas de mayor expectativa o densidad turística, calidad de las 
instalaciones y servicios complementarios o la generación de puestos de trabajo. En la 
actualidad,  dicha  planificación  se  encuentra  regulada  en  diversas  normas 
reglamentarias, referidas a cada sector. Respecto al sector de apuestas externas, su 
planificación fue aprobada por Decreto 98/2014, de 16 de octubre, a través del cual, 
entre otros extremos, se ha permitido tanto la instalación, apertura y funcionamiento de 
locales de apuestas externas, como la implantación de espacios (también denominados 
«corners») en casinos, salas de bingo y salones recreativos. Al amparo del mismo, 
actualmente se encuentran abiertos 36 locales específicos de apuestas externas en 
nuestra Comunidad Autónoma, pero dicho subsector se ha desarrollado con elevada 
intensidad en casinos, bingos y salones, con especial protagonismo de estos últimos. 
Así, el 75 % de las salas de bingo autorizadas disponen de espacios de apuestas, 
porcentaje que se eleva hasta el 97,3 % en los salones recreativos y de juegos tipo «B» 
o  mixtos  existentes.  Un  análisis  temporal  de  la  evolución  del  sector  del  juego  en 
Canarias  revela  que,  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  del  Reglamento  de  apuestas 
externas, el sector de salones recreativos y de juegos ha experimentado una notable 
expansión,  con  la  apertura  de  128  nuevos  locales  hasta  alcanzar  la  cifra  de  300 
establecimientos,  lo  que  supone  un  crecimiento  de  casi  un  75%,  siendo 
extraordinariamente  indicativo  que  un  39  %  de  dichas  aperturas,  50  salones,  se 
concentre durante el año 2019, y que casi un 16 %, 20 salones, se correspondan con el 
año 2020.
Entre las causas del incremento excepcional acontecido durante los últimos años se 
encuentra sin duda la modificación de la LJA operada por la Ley 7/2018, de 28 de 
diciembre,  de  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias 
para 2019, que sustituyó el régimen de autorización por el de declaración responsable, 
pasando además a tener dicha habilitación vigencia temporal indefinida. De este modo, 
el artículo 6.4 LJA dispone, en su apartado a), que está sujeto a declaración responsable 
«la instalación, apertura y puesta en funcionamiento de salones recreativos y de juegos, 
así como locales de apuestas externas, y sus modificaciones, conforme a lo establecido 
en la presente Ley», mientras que el artículo 11.5 concreta que la instalación y apertura 
de estos establecimientos, así como la instalación de máquinas y terminales de apuestas 
en los mismos, se someterá al régimen de declaración responsable, dentro del marco 
general de planificación sectorial aplicable, la cual «tendrá vigencia temporal indefinida, a 
excepción  de  la  habilitación  de  espacios  para  apuestas  externas,  cuyo  periodo  de 
vigencia  estará  limitado  por  el  concedido  a  la  empresa  operadora  de  apuestas 
correspondiente».
IV es
Como se indicaba en las exposiciones de motivos de dichos decretos leyes y de la  w.
Ley 2/2020,de 14 de octubre, tanto la reforma de la LJA como la anunciada nueva  49ww
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colectivos necesitados de especial protección. Sin embargo, este proceso puede verse 
frustrado de no ampliarse el plazo de suspensión establecido por la citada Ley 2/2020, 
respecto a la vigencia de determinados preceptos de la LJA que regulan el régimen de 
declaración responsable para la apertura de nuevos salones recreativos y de juegos, de 
sus espacios de apuestas, y de locales de apuestas externas.
Dicha suspensión expira el próximo 31 de diciembre de 2021. De no continuar la 
misma,  dado  el  intenso  ritmo  de  crecimiento  del  número  de  establecimientos 
experimentado durante los años 2019 y 2020 y la vigencia indefinida de dichos títulos, se 
estrecharía, de manera definitiva e irreparable, el margen de decisión respecto a las 
determinaciones posibles de la política de juego, como pudiera ser la reducción de los 
actuales umbrales de contingentación insular, la distancia entre locales de juego o la 
ampliación de las áreas de influencia de centros escolares y otros lugares de afluencia 
juvenil que la nueva regulación pretendiera implantar. Por ello, teniendo en cuenta que la 
modificación de la LJA, se encuentra en avanzado estado de tramitación y que pretende 
impulsarse la tramitación del nuevo Decreto de Planificación de Juegos y Apuestas en 
Canarias a partir del próximo año 2022, resulta necesario ampliar la suspensión que nos 
ocupa hasta la aprobación de ambas iniciativas normativas, sin que la duración de la 
suspensión puede rebasar el 31 de diciembre de 2023.
Por otro lado, la suspensión de los referidos títulos habilitantes solo puede realizarse 
a través de la figura del Decreto ley, a fin de garantizar que estas determinaciones no 
puedan devenir ineficaces con ocasión de acciones especulativas impulsadas durante la 
tramitación del proyecto de ley, siquiera a través del procedimiento de urgencia, como 
consecuencia  de  la  presentación  de  un  destacado  número  de  declaraciones 
responsables de locales de juego, lo que tiene una singular relevancia dada la vigencia 
indefinida de las mismas, lo que generaría un problema añadido de seguridad jurídica 
respecto de la posible consolidación de situaciones de hecho preexistentes a la futura 
regulación. En último extremo, se cumple el objetivo añadido de ejecutar, el mandato del 
Parlamento  de  Canarias  y,  en  consecuencia,  suspender  transitoriamente  durante  la 
tramitación del nuevo marco normativo, la vigencia de los preceptos que sirven de 
cobertura para la presentación de nuevas declaraciones responsables en salones y 
locales  de  apuestas,  algo  que  resulta  oportuno  y  proporcional,  a  la  vista  del 
pronunciamiento del Parlamento, y de los datos señalados en el presente expositivo.
V
En el presente Decreto ley se han respetado los principios de buena regulación y su 
necesidad y proporcionalidad se encuentran justificados en esta Exposición de Motivos, 
mediante una regulación imprescindible para lograr el objetivo perseguido. De acuerdo 
con el principio de seguridad jurídica resulta coherente con el marco normativo en el que 
se integra de forma tal que facilita su conocimiento y comprensión.
El Decreto ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin 
que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro 
Tribunal Constitucional (Sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F.5; 11/2002, de 17 de 
enero, F.4; 137/2003, de 3 de julio, F.3; y 189/2005, de 7 de julio, F.3), subvenir una 
situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de 
prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido 
por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de 
las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del  s
Gobierno. oe.
Por lo expuesto en la presente exposición de motivos, concurren las circunstancias  w.
ddee  eCxatrnaaorriadsin caorima oy  uprrgeesunpteu ensetcoe shiadbaidlit aqnutee  epxaigrae  reel caurrtírciru alo  e4s6t ed etilp Eo sdtaet untoor mdea  Aeunt olan oqmueía,   2022-4149n https://ww
además, se respetan los límites fijados en la misma norma para la aprobación de la 
iniciativa propuesta.
VI
El presente Decreto ley está integrado por un artículo único y una disposición final.
El artículo único modifica el artículo 1 de la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de 
suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en 
materia de juego y apuestas, ampliando el plazo máximo de suspensión de la vigencia 
de los artículos 6.4.a) y 11.5 de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas. 
Dicha  suspensión  resultará  de  aplicación  mientras  tiene  lugar  la  tramitación  de  la 
modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, y del nuevo 
Decreto de Planificación de Juegos y Apuestas en Canarias. La suspensión no podrá 
superar el 31 de diciembre de 2023, tiempo que se estima necesario para culminar la 
tramitación de ambos instrumentos.
La disposición final única dispone su entrada en vigor el mismo día de su publicación 
en el «Boletín Oficial de Canarias».
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía  de  Canarias,  a  propuesta  del  Consejero  de  Administraciones  Públicas, 
Justicia y Seguridad y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 9 
de diciembre de 2021, dispongo:
Artículo único. Modificación de la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de 
títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de 
juego y apuestas.
Se modifica el artículo 1 de la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos 
habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y 
apuestas, en los términos siguientes:
«Artículo  1. Suspensión  de  la  vigencia  de  los  artículos  6.4.a)  y  11.5  de  la 
Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, y de la concesión de 
nuevas autorizaciones de espacios de apuestas externas en casinos y salas 
de bingo.
1. Se suspende la vigencia de lo dispuesto en los artículos 6.4.a) y 11.5 de la 
Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, respecto a la instalación, 
apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de 
apuestas  externas,  hasta  la  entrada  en  vigor  tanto  de  la  modificación  de  la 
Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, como del nuevo Decreto de 
Planificación de Juegos y Apuestas en Canarias.
La duración de la suspensión no podrá rebasar el 31 de diciembre de 2023.
Durante la referida suspensión no se podrá otorgar título habilitante alguno 
para  la  instalación,  apertura  y  funcionamiento  de  dichos  establecimientos  de 
juego.
2. Se suspende, por idéntico periodo al señalado en el apartado anterior, la 
concesión de nuevas autorizaciones de espacios de apuestas externas en casinos 
y salas de bingo.» s
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Canarias».
Dado en Canarias, a 9 de diciembre de 2021.–El Presidente del Gobierno, Ángel 
Víctor Torres Pérez.–El Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, 
Julio Manuel Pérez Hernández.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 251, de 10 de diciembre de 2021. Convalidado por 
Resolución del Parlamento de Canarias, publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 3, de 5 de 
enero de 2022)