BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Viernes 24 de enero de 2020 Sec. TC.   Pág. 7592
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1123 Pleno.  Auto  180/2019,  de  18  de  diciembre  de  2019.  Impugnación  de 
disposiciones autonómicas 6330-2015. Estima el incidente de ejecución de la 
STC 259/2015, de 2 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación 
respecto de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, sobre las 
propuestas para la Cataluña real.
ECLI:ES:TC:2019:180A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo 
Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón, en el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de 
diciembre, promovido el 7 de octubre de 2019 por el Gobierno de la Nación en relación 
con  determinados  incisos  de  los  apartados  I.1  y  I.2  de  la  resolución  534/XII  del 
Parlamento de Cataluña, «sobre las propuestas para la Cataluña real», ha dictado el 
siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el 11 de noviembre de 2015, el 
abogado del Estado, en representación del Gobierno, impugnó, conforme a los arts. 
161.2  CE  y  76  y  77  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional  (LOTC),  la 
Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña «sobre el inicio del proceso político en 
Cataluña  como  consecuencia  de  los  resultados  electorales  del  27  de  septiembre 
de 2015» y su anexo, aprobada el 9 de noviembre de 2015 y publicada en el «Boletín 
Oficial del Parlamento de Cataluña» núm. 7, de esa misma fecha.
La impugnación, tramitada bajo el núm. 6330-2015, fue estimada por STC 259/2015, 
de 2 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» núm. 10, de 12 de enero de 2016), que 
declaró inconstitucional y nula la referida resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña y 
su anexo.
2.  Por escrito registrado en este Tribunal el 7 de octubre de 2019, el abogado del 
Estado, en representación del Gobierno y al amparo de los arts. 87 y 92.1, 3, 4 y 5 
LOTC, formula incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, respecto 
de  determinados  incisos  de  los  apartados  I.1  y  I.2  de  la  Resolución  534/XII  del 
Parlamento de Cataluña, «sobre las propuestas para la Cataluña real», aprobada en la 
sesión de 25 de julio de 2019 y publicada en el «Boletín Oficial del Parlamento de 
Cataluña» núm. 400, de 1 de agosto de 2019. s
2020-1123n https://w
De acuerdo con su única versión oficial, en catalán, los incisos de los apartados I.1 
y I.2 de la resolución 534/XII que son objeto del incidente de ejecución tienen el siguiente 
contenido:
«Respostes de país a la situació política
I.1  Autogovern, drets humans i cerca de solucions dialogades
1
2.  […] el Parlament de Catalunya referma el seu compromís en la defensa dels 
drets humans, especialment dels que han estat recentment vulnerats a l’Estat espanyol: 
[…]
h)  El dret a l’autodeterminació dels pobles, que, tal com ha expressat en repetides 
votacions el Parlament, és un dret irrenunciable del poble de Catalunya.
2
1.  El  Parlament  de  Catalunya  es  ratifica  en  la  defensa  de  l’exercici  del  dret 
d’autodeterminació com a instrument d’accés a la sobirania del conjunt del poble de 
Catalunya.
I.2  Legitimitat democràtica, sobirania popular i acció política
6.
1.  El Parlament de Catalunya es referma, d’acord amb la Resolució 1/XI, del 2015, 
en  la  necessitat  de  legislar  com  a  parlament  plenament  sobirà,  d’acord  amb  els 
interessos i les necessitats de la societat catalana, per a donar resposta a la pobresa 
energetica, a l’emergencia en l’àmbit de l’habitatge i també a l’emergencia humanitària 
que viuen els refugiats, i per a garantir l’accés universal a l’atenció sanitària pública i de 
qualitat, una educació pública, les llibertats públiques, unes competències plenes per a 
les administracions locals, el dret a l’avortament i una gestió del deute que faci possible –
i no impedeixi– un pla de xoc social.
[…]
3.  El Parlament de Catalunya es referma en la seva disposició a exercir de manera 
concreta el dret a l’autodeterminació, d’acord amb la voluntat majoritària del poble de 
Catalunya, per mitjà d’un acord amb l’Estat espanyol o sense acord.»
Al escrito del abogado del Estado se acompaña la certificación del acuerdo del 
Consejo de Ministros adoptado en su sesión de 4 de octubre de 2019. Por él que se 
decide plantear ante el Tribunal Constitucional, al amparo de lo previsto en el art. 92 
LOTC, incidente de ejecución respecto de los referidos incisos de los apartados I.1 y I.2 
de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre las propuestas para la 
Cataluña real», por incumplimiento de la STC 259/2015, para que se declare la nulidad 
de esos incisos; con expresa invocación del art. 161.2 CE, a fin de que se produzca la 
inmediata suspensión de los incisos controvertidos.
3.  El abogado del Estado solicita que se declaren nulos y sin efecto jurídico alguno  s
los incisos señalados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento  e.
de Cataluña, por contravenir la STC 259/2015. w.
prodSInuotceleicr eiltasa a in tamamseimbdiiéaisntma  oqs uuqseup ees,en  scitoóennnf godarem  lpoeos ra  r einlfoev orpicdraoedsvo isin tocei ls eoansr t .de el1  6ala1rt ..r2 e8 sC7o.lE1u, c LióloOn T q5Cu3,e4  /sXaeI  I.snuo titfeiqnuoer   2020-1123n https://w
cpoenrs sounsaplmenesnitóen  lad ep lroosv iadpeanrctaiad opso ri mlap uqgunea dseo sa, daml pitrae said teránmtei tdee el Pl ainrclaidmeennteto d dee  eCjeactaulcuiñóan,,   BOE-A-cable e
a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con advertencia de su 
obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la 
suspensión, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en 
las que pudieran incurrir.
Solicita por último que, conforme a lo previsto en el art. 94.2 d) LOTC, en el auto que 
resuelva el incidente de ejecución, se advierta al presidente del Parlamento de Cataluña, 
a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, de su obligación de 
abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los 
referidos incisos de la resolución 534/XII, así como de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o 
eludir la STC 259/2015 y la decisión que este Tribunal dicte en el presente incidente, 
apercibiéndoles  de  las  eventuales  responsabilidades,  incluida  la  penal,  en  las  que 
pudieran incurrir.
Fundamenta el abogado del Estado las peticiones formuladas en el incidente de 
ejecución en los razonamientos que a continuación se recogen.
a)  Comienza recordando la secuencia de hechos que han llevado al planteamiento 
del presente incidente de ejecución.
La STC 259/2015 declaró inconstitucional y nula la Resolución 1/XI del Parlamento 
de Cataluña de 9 de noviembre de 2015, «sobre el inicio del proceso político en Cataluña 
como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015» y su 
anexo. La resolución 1/XI constaba, entre otros, de un apartado primero en el que 
mencionaba «el mandato democrático obtenido en las pasadas elecciones del 27 de 
septiembre  [...]  (y)  que  apuesta  por  la  apertura  de  un  proceso  constituyente  no 
subordinado». En su apartado segundo declaraba solemnemente el inicio de un proceso 
de decisión que implica la reforma de la Constitución, mediante un «proceso de creación 
del  Estado  catalán  independiente  en  forma  de  república».  En  el  apartado  tercero 
proclamaba «la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, 
integrador y activo para preparar las bases de la futura constitución catalana». En el 
sexto, el propio Parlamento autonómico se definía a sí mismo como «depositario de la 
soberanía y expresión del poder constituyente», y reiteraba «que esta Cámara y el 
proceso  de  desconexión  democrática  no  se  supeditarán  a  las  decisiones  de  las 
instituciones del Estado Español, en particular del Tribunal Constitucional».
Tras la STC 259/2015 el Parlamento de Cataluña adoptó el 20 de enero de 2016 la 
resolución 5/XI, de creación de comisiones parlamentarias, en la que se creaba la 
denominada Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, a la que se le asignaban 
unos  ámbitos  de  actuación  coincidentes  con  los  fines  que  perseguía  la  anulada 
resolución 1/XI. Por ATC 141/2016, de 19 de julio, fue estimado el incidente de ejecución 
promovido por el Gobierno contra la resolución 5/XI, en lo que se refiere a la creación y 
constitución de la referida comisión.
Posteriormente, el Parlamento de Cataluña aprobó, mediante la resolución 263/XI, 
de 27 de julio de 2016, el informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio del 
Proceso Constituyente. Por ATC 170/2016, de 6 de octubre, se estimó el incidente de 
ejecución promovido por el Gobierno, declarando la nulidad de la resolución 263/XI.
Finalmente,  por  ATC  24/2017,  de  14  de  febrero,  fue  estimado  el  incidente  de 
ejecución  promovido  por  el  Gobierno  respecto  de  determinados  apartados  de  la 
Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, «sobre la 
orientación política general del Gobierno», que fueron declarados nulos.
b)  Prosigue el abogado del Estado refiriéndose a la «normativa procesal que sirve  e.
de  base  para  la  formulación  del  presente  incidente  de  ejecución  de  sentencia»,  w.b
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efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito jurisdiccional frente 
a cualquier intromisión ulterior de un poder público que pudiera menoscabarla.
c)  Razona asimismo que la idoneidad de los actos del Parlamento de Cataluña del 
tipo de los impugnados como objeto de un incidente de ejecución está fuera de duda, a 
la luz de la doctrina contenida en las SSTC 42/2014, de 25 de marzo, FJ 2, y 259/2015, 
FJ 2, así como en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017.
La resolución 534/XII ha sido acordada por el Pleno del Parlamento de Cataluña, 
órgano de la comunidad autónoma que representa al pueblo de Cataluña (art. 55.1 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña: EAC), de acuerdo con los arts. 154 y siguientes del 
reglamento del Parlamento, en el contexto de la celebración del «debate general sobre 
las propuestas para la Cataluña real». Previamente, las propuestas de las resoluciones 
fueron admitidas a trámite por la mesa y luego el presidente del Parlamento las sometió 
a votación del pleno.
En los incisos impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII, que 
antes quedaron reproducidos, el Parlamento de Cataluña se ratifica en la defensa del 
ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía 
del conjunto del pueblo de Cataluña y se reafirma en su disposición a ejercer de manera 
concreta  el  derecho  a  la  autodeterminación,  al  tiempo  que  vuelve  a  proclamarse, 
reiterando la resolución 1/XI, como «parlamento plenamente soberano».
Estas decisiones insisten en el contenido de la resolución 1/XI, anulada por la 
STC 259/2015 y son capaces de producir efectos jurídicos propios y no meramente 
políticos.  Aunque  pudieran  entenderse  carentes  de  efectos  vinculantes  sobre  sus 
destinatarios (la ciudadanía, el Parlamento, el Gobierno y el resto de instituciones de la 
comunidad autónoma), que no es el caso, «lo jurídico no se agota en lo vinculante» 
(STC 42/2014, FJ 2, por todas). Los enunciados controvertidos de la resolución 534/XII 
«pueden entenderse como el reconocimiento a favor de aquellos órganos y sujetos a los 
que  encomienda  llevar  a  cabo  esos  procesos»,  especialmente  el  Parlamento  y  el 
Gobierno  de  la  comunidad  autónoma,  «de  atribuciones  inherentes  a  la  soberanía 
superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución a las 
nacionalidades que integran la Nación española» (STC 42/2014, FJ 2).
En efecto, los incisos impugnados de la resolución 534/XII, que tienen en común la 
afirmación del carácter soberano del pueblo de Cataluña y su Parlamento, así como del 
derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, reiteran la voluntad de continuar 
con  el  proceso  secesionista,  según  lo  adoptado  por  el  Parlamento  de  Cataluña, 
esencialmente en la resolución I/XI, que fue declarada nula por la STC 259/2015. Por 
ello, a pesar de incluirse en diversos apartados de la resolución, los incisos impugnados 
guardan una indudable unidad de sentido, en cuanto afirman, con diversas expresiones, 
lo mismo: el derecho a la autodeterminación y el carácter soberano tanto del pueblo de 
Cataluña como, especialmente, de su Parlamento.
En suma, con claro incumplimiento de lo acordado por el Tribunal Constitucional, los 
incisos impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII contienen la 
decisión  de  adoptar  medidas  para  ejercer  de  forma  concreta  el  derecho  a  la 
autodeterminación, con invocación expresa de la anulada resolución 1/XI. Se trata pues 
de directrices dirigidas al propio Parlamento y al Gobierno de la Generalitat, que se 
dictan  en  desarrollo  de  la  resolución  1/XI,  declarada  nula  por  la  STC  259/2015,  y 
precisamente para cumplir sus objetivos.
d)  Razona  a  continuación  el  abogado  del  Estado  que  los  incisos  impugnados 
incumplen frontalmente lo resuelto en la STC 259/2015 y desatienden los requerimientos  s
contenidos  en  los  AATC  141/2016,  170/2016  y  24/2017.  Lejos  de  cumplir  con  lo  oe.
acordado por el Tribunal Constitucional, el Parlamento de Cataluña insiste en continuar  w.
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autodeterminación, instando además expresamente al Gobierno de la Generalitat a que 
lo  haga  efectivo.  Coadyuvan  así  al  inconstitucional  propósito  de  la  anulada 
resolución 1/XI de dar continuidad al proceso de desconexión del Estado español, por lo 
que  resultan  manifiestamente  contrarios  a  lo  decidido  por  este  Tribunal  en  la 
STC 259/2015 y en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017.
A todo lo anterior se añade que la mesa del Parlamento de Cataluña tenía la 
obligación  de  inadmitir  a  trámite  las  propuestas  de  resolución  que  reproducían  el 
contenido  objeto  del  presente  incidente  de  ejecución,  puesto  que  esas  propuestas 
suponían un incumplimiento manifiesto de lo ordenado por el Tribunal Constitucional. 
Cita aquí el abogado del Estado la doctrina constitucional conforme a la cual la facultad 
de las mesas de inadmitir a trámite las propuestas o proposiciones cuya contradicción 
con el Derecho o inconstitucionalidad sean «palmarias y evidentes» se torna en una 
obligación de inadmitir en el concreto supuesto en que la propuesta calificada constituya 
un  incumplimiento  manifiesto  de  lo  ordenado  por  el  Tribunal  Constitucional 
(SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril, FFJJ 5 y 6, y 96/2019, de 15 de julio, FJ 6).
En el presente caso concurren las circunstancias a las que se refiere la referida 
doctrina, ya que la STC 259/2015 declaró la nulidad de la resolución 1/XI, que ahora se 
trata explícitamente de revivir en la resolución objeto del presente incidente. Dispone en 
efecto que el Parlamento de Cataluña «se afianza, de acuerdo con la resolución 1/XI, 
de 2015, en la necesidad de legislar como parlamento plenamente soberano» y se 
reafirma  «en  su  disposición  a  ejercer  de  manera  concreta  el  derecho  a  la 
autodeterminación, de acuerdo con la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña, a 
través de un acuerdo con el Estado español o sin acuerdo». Ello supone asumir que, al 
tramitar la concreta propuesta de resolución, se estaba incumpliendo el deber de la mesa 
de acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC).
Debe recordarse que el Tribunal Constitucional viene advirtiendo de forma expresa a 
los  poderes  públicos  implicados  y  a  sus  titulares,  especialmente  a  la  mesa  del 
Parlamento de Cataluña, bajo su responsabilidad, del deber de impedir o paralizar 
cualquier  iniciativa  que  suponga  alterar  unilateralmente  el  marco  constitucional  o 
incumplir las resoluciones de este Tribunal (AATC 141/2016, FJ 7; 170/2016, FJ 7, 
y 24/2017, FJ 9). Tal admonición no supone en modo alguno una restricción ilegítima de 
la autonomía parlamentaria ni compromete el ejercicio del derecho de participación de 
los representantes políticos garantizado por el art. 23 CE, pues es la consecuencia 
obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes públicos (art. 9.1 CE).
Es patente, en suma, que los incisos impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la 
resolución 534/XII contravienen y desacatan de manera frontal lo decidido por el Tribunal 
Constitucional en la STC 259/2015, por lo que deben ser declarados nulos y sin efecto 
jurídico alguno.
e)  Expone seguidamente el abogado del Estado las razones por las que considera 
que  este  Tribunal,  además  de  declarar  la  nulidad  de  los  indicados  incisos  de  los 
apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, debe adoptar las 
medidas de ejecución necesarias, conforme a los arts. 87.1 y 92 LOTC, para garantizar 
el respeto y la eficacia de lo resuelto con carácter definitivo por el Tribunal Constitucional 
en la STC 259/2015.
Los incisos impugnados suponen un nuevo incumplimiento de lo resuelto por el 
Tribunal Constitucional. Vuelven a constituir un manifiesto desprecio al régimen jurídico 
establecido por la Constitución como norma jurídica suprema, cuyo fundamento es la 
soberanía del pueblo español en su conjunto. La resolución 534/XII se ha adoptado en la  s
actual legislatura, tras conocer el Parlamento de Cataluña la STC 136/2018, que anuló  oe.
parcialmente  la  moción  5/XII  al  advertir  que  incurría  en  las  mismas  infracciones  w.
cons4t.i tucPioonr aplreosv qidueen claia r edseo l1u0c iódne  aoncutulabdrae  pdoer  2la0 1S9T,C e 2l 5P9le/2n0o1 d5e.l Tribunal Constitucional  2020-1123n https://w
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con  determinados  incisos  de  los  apartados  I.1  y  I.2  de  la  Resolución  534/XII  del
Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019, «sobre las propuestas para la Cataluña 
real», por contravención de la STC 259/2015, de 2 de diciembre.
Asimismo acordó dar traslado al ministerio fiscal y al Parlamento de Cataluña, por 
conducto de su presidente, de las peticiones formuladas en el incidente de ejecución, de 
conformidad con el art. 92.1.2 LOTC, al objeto de que en el plazo de diez días pudieran 
formular las alegaciones que estimasen convenientes.
Acordó también tener por invocado por el Gobierno de la Nación el art. 161.2 CE, lo 
que,  a  su  tenor,  produce  la  suspensión  de  los  mencionados  incisos  de  la 
resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019.
Conforme a lo dispuesto en el art. 87.1 LOTC, y sin perjuicio de la obligación que 
dicho precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este 
Tribunal, acordó igualmente la notificación de la providencia al presidente del Parlamento 
de Cataluña, don Roger Torrent i Ramió, al secretario general don Xavier Muro i Bas y a 
los miembros de la mesa don Josep Costa i Rosselló, don Joan García González, don 
Eusebi Campdepadrós i Pucurull, don David Pérez lbáñez, doña Laura Vílchez Sánchez 
y doña Adriana Delgado i Herrero, con advertencia de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles 
de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
Asimismo acordó requerir al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás 
miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con advertencia de su 
obligación  de  abstenerse  de  realizar  cualesquiera  actuaciones  tendentes  a  dar 
cumplimiento a los incisos impugnados de la resolución 534/XII, así como de su deber de 
impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente 
suponga ignorar o eludir la STC 259/2015.
5.  El ministerio fiscal presentó su escrito de alegaciones el 31 de octubre de 2019, 
en el que considera, en coincidencia con lo argumentado por el abogado del Estado, que 
la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, constituye objeto idóneo del incidente 
de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC.
Considera igualmente, por las mismas razones que la abogacía del Estado, que el 
contenido  de  los  apartados  I.1  y  I.2  de  la  resolución  534/XII  contraviene  los 
pronunciamientos de la STC 259/2015 y de los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, por 
cuanto insiste en introducir en el ordenamiento jurídico con apariencia de validez (como 
ya hicieran las anuladas resoluciones del Parlamento de Cataluña 1/XI, 5/XI, 263/XI 
y 306/XI) el derecho de autodeterminación, no subordinado a la Constitución; afirma 
igualmente la soberanía del pueblo de Cataluña y del Parlamento de Cataluña, con 
expresa  mención  de  la  resolución  1/XI,  que  proclamaba  el  inicio  del  «proceso 
constituyente» en Cataluña, dirigido a la creación de un Estado catalán en forma de 
república.
Después de recordar las declaraciones más relevantes de la STC 259/2015 y de los 
AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, con cita del ATC 123/2017, FJ 4, en relación con el 
contenido de las resoluciones del Parlamento de Cataluña 1/XI, 5/XI, 263/XI y 306/XI, 
señala el ministerio fiscal que los incisos impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la 
resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña suponen un incumplimiento manifiesto de 
lo resuelto por este Tribunal en la STC 259/2015 y en los autos dictados en ejecución de 
esta.
Los apartados e incisos cuestionados declaran un derecho de autodeterminación 
como instrumento de acceso a la soberanía del pueblo de Cataluña, lo que supone 
afirmar la soberanía de este. A su vez el Parlamento de Cataluña se proclama, de  e.
acuerdo con la resolución 1/XI, como depositario de la soberanía del pueblo de Cataluña  w.b
ytea,n lp  sloaor b qeruene du een,l   ccPooanmrjluaonm Ptoea nrdltaeom  mdeean tCteora isataoslb uqeñuraae n ssoee  ñsdiaenlc asl.au Drjaeebc aieó sn«t ecao  mmlímoodi tdoee  sapelog srueintiatoer,ir oaq  udlaee   rlleeasg soisolulbaceriáóra ncn o1íam/X oyI    2020-1123n https://w
comAod eexmpáress, iócnu adned uon  eplo dPearr lcaomnesntittuoy ednet eC»a (taapluañrtaa droe asfeirxmtoa  dseu l av roelsuonltuacdi ódne 1 /eXjIe).rcer de
manera  concreta  el  derecho  de  autodeterminación  del  pueblo  catalán,  se  está
reproduciendo  parte  de  la  resolución  306/XI  sobre  el  «derecho  imprescriptible  e 
inalienable de Cataluña a la autodeterminación» (capítulo 1.1.1, punto 1). Su ejercicio se 
proclama incluso «en ausencia de acuerdo político con el Gobierno del Estado español» 
(capítulo 1.1.1, punto 5), que fue declarado nula por ATC 24/2017. Reitera el mandato 
que contenía el apartado séptimo de la resolución 1/XI que proclamaba: «el Parlamento 
de Cataluña debe adoptar las medidas necesarias para abrir el proceso de desconexión 
del Estado español», lo que supone ignorar no solo la STC 259/2015 y los mencionados 
autos dictados en ejecución de la misma. También lo declarado por este Tribunal en la 
STC 114/2017, FJ 2, a cuyo tenor para ninguno de los «pueblos de España» existe un 
«derecho de autodeterminación», entendido como derecho a promover y consumar su 
secesión unilateral del Estado en el que se constituye España (art. 1.1 CE). Implica 
asimismo desentenderse de los procedimientos de reforma de la Constitución (art. 168 
CE) y reiterar la pretensión de desconexión del Estado español para la creación de un 
estado catalán independiente, en los términos que señalaba el apartado séptimo de la 
resolución 1/XI. Supone además negar que la soberanía reside en el conjunto del pueblo 
español y la consiguiente unidad de la nación española (arts. 1.2 y 2 CE).
Por otra parte, el ejercicio unilateral del derecho de autodeterminación al que se 
apela incluso si no hubiere acuerdo con el Estado español, pone también de manifiesto 
la rebeldía del Parlamento de Cataluña a lo declarado en las SSTC 31/2015 y 32/2015, 
en lo que atañe a la convocatoria de un hipotético referéndum de autodeterminación.
En suma, los incisos impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII 
del  Parlamento  de  Cataluña  reiteran  y  dan  cabida  de  nuevo  a  acuerdos  de  las 
resoluciones 1/XI y 306/XI ya declarados inconstitucionales y nulos. La cámara insiste 
pues en proclamar su voluntad de eludir los procedimientos de reforma constitucional 
para llevar a cabo su proyecto político de desconexión del Estado español y creación de 
un  Estado  catalán  independiente  en  forma  de  república,  a  través  de  un  «proceso 
constituyente»  cuyas  fases  describió  la  resolución  263/XI,  mediante  el  ejercicio  del 
llamado «derecho de autodeterminación», no reconocido constitucionalmente. Incumple 
así el Parlamento de Cataluña lo resuelto por este Tribunal en la STC 259/2015 y en los 
AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, lo que ha de conducir a la estimación del incidente 
de ejecución, con declaración de nulidad de los incisos cuestionados.
Asimismo considera procedente el ministerio fiscal que se adopten las medidas que 
interesa el abogado del Estado. Se concretan en que se notifique personalmente el auto 
que  resuelva  el  incidente  al  presidente  del  Parlamento  de  Cataluña,  a  los  demás 
miembros  de  la  mesa  y  al  secretario  general  del  Parlamento  de  Cataluña,  con 
advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o material, que 
directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015 y el propio auto que 
resuelva el presente incidente, y apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, 
incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
6.  El día 30 de octubre de 2019 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal 
el  escrito  de  alegaciones  del  letrado  del  Parlamento  de  Cataluña,  actuando  en 
representación y defensa de la cámara.
Sostiene  en  primer  lugar  que  el  incidente  de  ejecución  debería  ser  declarado 
inadmisible, y así lo solicita, por haber sido interpuesto extemporáneamente. Considera 
que el incidente, promovido una vez que han pasado dos meses desde la publicación de 
la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, encubre «con fraude procesal» una 
acción impugnatoria que debió plantearse en su caso por la vía del título V LOTC (arts. 
76 y 77), como ocurrió con la impugnación de los apartados primero a quinto de la  e.
moción 5/XII (STC 136/2018); el plazo para ello es de dos meses desde la publicación de  w.b
plCarE er ecpesaoprltauo c qniuóoen   cs(oaenr tps. ri7eo6nd tueLz OcinaTt Celar)p .s rAues talpoce ianonsntieóesnri  oeinrx msteeen dasiiñavataads ed:  esq uula ei nr eevslo oGclauoccbiióióennr n siome rpiníuavg ocncoaahd eearl,e  apnrette.r o 1e 6en1s .te2el    2020-1123n https://w
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suspensión automática. Se trata de un «abuso procesal» en la forma de actuar del
Gobierno, que ha elegido deliberadamente la vía del incidente de ejecución «a pesar de 
sus efectos especialmente restrictivos sobre la actuación de la cámara, o precisamente 
para conseguir estos efectos».
Sostiene asimismo que la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña es un acto 
de naturaleza política que carece de efectos vinculantes, por lo que no es un acto idóneo 
para ser objeto de un incidente de ejecución. Se trata de un acto dictado por la cámara 
ejerciendo  una  de  las  funciones  políticas  básicas  que  corresponden  a  cualquier 
parlamento  en  el  marco  de  un  sistema  político  parlamentario  y  su  ejercicio  está 
directamente relacionado con la expresión del pluralismo político que es consustancial al 
carácter representativo del Parlamento. El letrado del Parlamento de Cataluña afirma ser 
consciente  de  que  este  Tribunal  viene  considerando  este  tipo  de  resoluciones 
parlamentarias como objeto idóneo del incidente de ejecución del art. 92 LOTC, por lo 
que  se  solicita  que  se  modifique  esa  doctrina  constitucional  o,  al  menos,  que  se 
atemperen sus efectos respecto del uso de incidentes de ejecución.
Aduce asimismo que la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, en los incisos 
de sus apartados I.1 y I.2 a los que se refiere el incidente de ejecución promovido por el 
Gobierno, no contravienen la STC 259/2015 y tampoco los AATC 141/2016, 170/2016 
y  24/2017.  Los  apartados  e  incisos  de  la  resolución  534/XII  que  se  atacan  no 
constituirían  desde  una  perspectiva  formal  ningún  desarrollo  o  continuación  de  la 
resolución 1/XI anulada por este Tribunal, sino que se habrían aprobado en el marco de 
una función parlamentaria, cual es la de impulso de la acción política y de gobierno, de 
carácter totalmente independiente de cualquier resolución parlamentaria anterior de la 
cámara, y además en una legislatura distinta. Para apreciar que existe incumplimiento de 
una  sentencia  del  Tribunal  Constitucional  se  requiere  algo  más  que  una  mera 
coincidencia o similitud de contenidos o conceptos entre resoluciones parlamentarias. Es 
necesario acreditar que se trata de un caso claro y evidente de que la nueva resolución 
se  ha  dictado  precisamente  para  eludir  los  efectos  de  una  sentencia  del  Tribunal 
Constitucional, lo que no sucede en el presente caso, según el letrado del Parlamento de 
Cataluña.
La resolución 534/XII no se presenta como una confirmación, ejecución o desarrollo 
de la anulada resolución 1/XI. Los incisos de sus apartados I.1 y I.2, los que se refiere el 
incidente de ejecución, deben ser interpretados «en el contexto de una Constitución no 
militante». Una resolución parlamentaria de impulso de la acción política y de gobierno 
como la que nos ocupa puede incluir expresiones de voluntad política que no encajen 
necesariamente en el marco constitucional. Debe además tenerse en cuenta que la 
resolución 534/XII ha sido aprobada en una nueva legislatura, esto es, cuando se ha 
producido una renovación del Parlamento de Cataluña.
En cuanto al contenido propiamente dicho de los incisos de la resolución 534/XII 
atacados por el Gobierno, se llama la atención sobre el sentido anfibológico del «derecho 
de autodeterminación»: puede ser entendido en clave interna, como reivindicación de la 
capacidad de mejorar el nivel de autogobierno dentro del marco constitucional (lo que no 
plantearía problemas de constitucionalidad) y también en clave de autodeterminación 
externa, como reivindicación del derecho a acceder a un estatus de plena soberanía de 
acuerdo con el derecho internacional. Pero aunque se entendiera en este último sentido 
tampoco se derivaría de ello ninguna inconstitucionalidad, pues la resolución 534/XII se 
limita a afirmar este derecho sin decir en ningún momento que se pretenda hacer 
efectivo al margen de los procedimientos de reforma de la Constitución, a diferencia de 
lo que ocurría en el caso de la resolución 1/XI. Además, el Parlamento de Cataluña  s
había  reivindicado  el  derecho  de  autodeterminación  mucho  antes  de  la  propia  oe.
resolución  1/XI,  sin  que  esas  resoluciones  y  mociones  parlamentarias  fueran  w.
ldiame p« eudjgeisnrpcaoicdsiaoics id ópeno »er  sdeeel  lGd Peoarberilceahrmnooe, .nc tPoomo dro el o hC icdaieetamrlauá ñlsaa,   rlaae  seroejelsurocclieuórcn ie ó1ln /dX 5eI,3r e4sci/nXhooII   qdnueoe  a dsuisetoe ldñimeat ietuarn ma pi naroaficcrmeiósanor,    2020-1123n https://w
aqcuuee nrdoo  ecso nlo e lm Eissmtaod oq eusep aeñjeorlc oe rsloin;  ay cquueerd os ee sa firirrmelee vqaunete  eas etos tsoes  ehfaegcato sa. través de un  BOE-A-cable e
Por lo que se refiere al inciso de la resolución 534/XII en el que el Parlamento de 
Cataluña «se afianza, de acuerdo con la resolución 1/XI, en la necesidad de legislar 
como  parlamento  plenamente  soberano»,  reconoce  el  letrado  del  Parlamento  de 
Cataluña que existe aquí un elemento de conexión con la anulada resolución 1/XI, pues 
la toma como referencia y lo hace además desde un planteamiento que reivindica la 
plena soberanía de la cámara. Sostiene que ello no es suficiente para considerar que la 
resolución 534/XII constituya un incumplimiento de la STC 259/2015. No lo sería porque 
no presenta las características de la resolución 1/XI y por diferir el contexto legislativo en 
que se aprobaron una y otra resolución.
Sostiene, por último, el letrado del Parlamento de Cataluña que el incidente de 
ejecución provoca efectos restrictivos sobre el derecho de iniciativa legislativa de los 
diputados, que forma parte de su ius in officium, garantizado por el art. 23 CE. Entre 
esas iniciativas se encuentra la de impulso de la acción política y de gobierno. Los 
diputados tienen derecho a presentarlas y a que las mismas lleguen a ser aprobadas por 
la cámara sin restricciones injustificadas.
Por todo ello, el letrado del Parlamento de Cataluña solicita a este Tribunal que 
inadmita o, en su caso, desestime el incidente de ejecución, porque la resolución 534/XII 
no contraviene la STC 259/2015, sin que en consecuencia resulten procedentes los 
requerimientos y advertencias al presidente del Parlamento, a los demás miembros de la 
mesa  y  al  secretario  general  del  Parlamento  que  interesa  el  abogado  del  Estado. 
Mediante otrosí solicita que se deje sin efecto de forma inmediata la suspensión de la 
resolución 534/XII, por no tener cabida la aplicación del art. 161.2 CE en el marco de un 
incidente de ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional.
7.  Por escrito registrado en este Tribunal el 16 de octubre de 2019, don Josep 
Costa  i  Rosselló  y  don  Eusebi  Campdepadrós  i  Pucurull,  vicepresidente  primero  y 
secretario  primero  de  la  mesa  del  Parlamento  de  Cataluña  respectivamente, 
representados por el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos 
por el abogado don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el 
incidente de ejecución e interpusieron recurso de súplica contra la providencia de 10 de 
octubre de 2019. Interesa que se deje sin efecto y se inadmita la impugnación de la 
resolución  534/XII,  planteada  como  incidente  de  ejecución  de  la  STC  259/2015; 
subsidiariamente, que se dejen sin efecto los apartados tercero, cuarto, quinto y sexto de 
la providencia.
Sostienen  en  su  recurso  de  súplica,  en  síntesis:  (i)  que  la  impugnación  de  la 
resolución 534/XII, aunque se plantee como incidente de ejecución, es inadmisible por 
haberse  interpuesto  extemporáneamente  (art.  161.2  CE,  en  relación  con  el  art.  76 
LOTC); (ii) si se entiende que el incidente de ejecución no queda sujeto al plazo de dos 
meses previsto para la impugnación de las disposiciones autonómicas (art. 76 LOTC), no 
le puede ser de aplicación lo previsto en el art. 161.2 CE en cuanto a la suspensión 
automática, por lo que la suspensión de la resolución 534/XII acordada en la providencia 
de 10 de octubre de 2019 carece de sustento normativo; (iii) la impugnación por el 
Gobierno de la resolución 534/XII es inadmisible por no haber consultado previamente a 
la comisión permanente del Consejo de Estado (art. 22.6 de la Ley Orgánica del Consejo 
de Estado); (iv) la resolución 534/XII no es susceptible de ejecución de ningún tipo por el 
propio Parlamento de Cataluña y los efectos de la STC 259/2015 se agotan en la propia 
declaración de inconstitucionalidad y nulidad que en la misma se contiene, por lo que el 
incidente  de  ejecución  carece  de  objeto  y  en  consecuencia  es  inadmisible;  (v)  el 
apartado quinto de la providencia de 10 de octubre de 2019 no se corresponde con  e.
ninguna solicitud efectuada por el Gobierno en su escrito promoviendo incidente de  w.b
yere jesvcpuuolncneisóranab  illaiyd  aindvceiaosrl,ea icbneicli lduaidddea   plaaa rplmaempnaaerln,o tq aurileae  grdeaeal; l ilzoa(sv  lia)d  ipprueotl vaiddaoepsne cmricaii,eb cmimabrieeroncseto  d deed  cleao  bmeerevtsuearna t udleaegl elaasl    2020-1123n https://w
ceáxmpraersaió; n( vyii ) dlea  rperuonviiódne nyc iad esl udpeorneec huon ad ev uplnaertricaicpiaócni ómn apnoifliíetisctaa  ddee  lloass  dliibpeurttaaddoess  ddeel 
Parlamento de Cataluña, así como la vulneración del principio democrático; (viii) la
providencia, en cuanto requiere a la presidencia, a la mesa y a la secretaría general del 
Parlamento de Cataluña para que impidan o paralicen cualquier iniciativa que suponga 
ignorar o eludir la suspensión acordada, y que se abstengan de realizar cualesquiera 
actuaciones  tendentes  a  dar  cumplimiento  a  los  incisos  impugnados  de  la 
resolución 534/XII, debiendo impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, 
que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015, vulnera la 
autonomía  parlamentaria  (art.  58  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Cataluña);  (ix)  la 
providencia vulnera el derecho a una resolución motivada (art. 24.1 CE), particularmente 
en  sus  apartados  cuarto  y  quinto,  lesionando  este  último  también  el  derecho  a  la 
igualdad en la aplicación de la ley.
8.  Por escrito registrado en este Tribunal el 17 de octubre de 2019, doña Elsa 
Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, todos ellos del 
grupo  parlamentario  Junts  per  Catalunya,  representados  por  el  procurador  de  los 
tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos por el abogado don Jaume Alonso-
Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el incidente de ejecución e interpusieron 
recurso de súplica contra la providencia de 10 de octubre de 2019, interesando que se 
deje sin efecto y se inadmita la impugnación de la resolución 534/XII, planteada como 
incidente de ejecución de la STC 259/2015; subsidiariamente, interesaron que se dejen 
sin efecto los apartados tercero, cuarto, quinto y sexto de la providencia.
Tras  razonar  que  se  encuentran  legitimados  para  intervenir  en  el  incidente  de 
ejecución porque este afecta a su ius in officium como diputados del Parlamento de 
Cataluña, exponen los razonamientos en que se funda su recurso de súplica contra la 
providencia de 10 de octubre de 2019. Coinciden por completo con los expresados en el 
recurso de súplica interpuesto por el vicepresidente primero y el secretario primero de la 
mesa del Parlamento de Cataluña, pertenecientes también al grupo parlamentario Junts 
per Catalunya y que actúan bajo la misma representación y defensa.
9.  Por auto de 12 de noviembre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional 
acordó tener por personados a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i 
Pucurull, a los solos efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos 
a título particular, e inadmitir el recurso de súplica interpuesto contra la providencia de 10 
de octubre de 2019, por ser extemporáneo. Acordó asimismo oír por plazo común de 
diez días al Gobierno de la Nación, al Parlamento de Cataluña y al ministerio fiscal para 
que  alegasen  sobre  la  procedencia  de  la  intervención  en  el  presente  incidente  de 
ejecución de los diputados del Parlamento de Cataluña que lo han solicitado mediante 
escrito presentado el 17 de octubre de 2019.
10.  El abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, presentó 
sus  alegaciones  mediante  escrito  registrado  en  este  Tribunal  el  28  de  noviembre 
de 2019, interesando que se acuerde inadmitir la intervención en el presente incidente de 
los diputados del Parlamento de Cataluña que lo han solicitado.
Señala  que  la  legitimación  corresponde  a  las  partes  del  proceso  constitucional 
principal, en este caso el Gobierno de la Nación y el Parlamento de Cataluña, sin 
perjuicio  de  la  intervención  de  quienes  que  puedan  ser  requeridos  por  el  Tribunal 
Constitucional,  en  cuanto  individualmente  afectados  por  el  contenido  que  pueda 
incorporar expresamente el requerimiento. No cabe, por tanto, hacer valer en el incidente 
de ejecución intereses distintos a la impugnación o defensa del acto respecto del que se 
promueve el incidente (la resolución 534/XII, en sus apartados impugnados), defensa  s
que corresponde a la institución autora del acto, el Parlamento de Cataluña. En la  oe.
defensa del acto, los diputados del Parlamento no tienen un interés propio, cualificado y  w.
cdeoixfmeprrueennsiatde a ladd  evalo ulduteón ntaaodqm uaaec.l a. LbEaas d anm adtáuesrl, a Pleeazl ralaa cmdtoee n rtleoas  ypr,ee pscootolru  ecdineódln e q,i umlaep  vusogeln uapndrtoaamd  cuinoesmvteiot u ecailo cintnoac li dddeeen  tllaae    2020-1123n https://w
comunidad autónoma se desvirtuaría si se admitiese su defensa en el incidente a través
de la intervención individual de cada miembro del órgano, supuestos portadores de un
interés individual propio. En suma, la legitimación para intervenir en el incidente de 
ejecución no proviene de la protección de un interés o el ejercicio de un derecho propio, 
sino que está al servicio de la garantía del cumplimento efectivo de las resoluciones del 
Tribunal Constitucional.
Menos aún cabe alegar como título de intervención el ius in officium de los diputados, 
pues, de conformidad con el art. 87 LOTC, no comprende un imposible derecho a la 
tramitación y aprobación de iniciativas parlamentarias que contravengan lo resuelto por 
el Tribunal Constitucional, que es, en realidad, lo que están reclamando los diputados 
que pretenden intervenir en el incidente. En fin, la tramitación del incidente no afecta ni 
incide en el derecho de reunión, pues no se prohíbe con ello reunión alguna. Tampoco a 
la libertad de expresión pues, cuando una cámara legislativa adopta una resolución 
conforme a las normas procedimentales de su reglamento, tal decisión constituye la 
expresión de la voluntad de una institución del Estado y, como tal, no supone el ejercicio 
de una libertad o derecho fundamental, sino el de una competencia, atribución o función 
del órgano.
11.  La  representación  procesal  de  don  Josep  Costa  i  Rosselló  y  don  Eusebi 
Campdepadrós i Pucurull presentó un escrito de alegaciones con fecha 29 de noviembre 
de 2019, en el que reiteran los argumentos contenidos en el recurso de súplica que 
interpusieron contra la providencia de 10 de octubre de 2019 y que fue inadmitido por 
auto de 12 de noviembre de 2019. Concluyen solicitando el levantamiento inmediato de 
la suspensión de la resolución 534/XII acordada en la providencia de 10 de octubre 
de 2019 y que se dicte auto por el que se inadmita, o subsidiariamente se desestime, el 
incidente de ejecución promovido por el Gobierno. Mediante otrosí, con invocación del 
art. 85.3 LOTC, en relación con los arts. 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos,  solicitan  que  se  acuerde  la  celebración  de  vista  oral  sobre  la  eventual 
imposición a los alegantes de nuevas obligaciones, e incluso de nuevos apercibimientos 
de eventuales responsabilidades penales, en la resolución del presente incidente de 
ejecución.
12.  El ministerio fiscal formuló sus alegaciones en el trámite abierto por el auto 
de 12 de noviembre de 2019 mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha 3 de 
diciembre de 2019.
Advierte que el incidente de ejecución de sentencias es un proceso que tiene un 
marcado carácter objetivo, pues lo que en él se acciona no pretende una ventaja 
personal, sino procurar que se observe el deber de los poderes públicos de cumplir lo 
que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1 CE), de manera que la legitimación se 
concreta a las partes del procedimiento, para promoverlo, y a la audiencia del ministerio 
fiscal y del órgano que dictó el acto (art. 92 LOTC), en este caso el Parlamento de 
Cataluña. En consecuencia, los diputados que solicitan personarse, que no fueron parte 
en el procedimiento que dio origen a la STC 259/2015, carecen de legitimación para 
intervenir en el incidente de ejecución de esta sentencia. Mediante el incidente de 
ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC se pretende defender un interés general, en 
concreto la posición institucional y el respeto y acatamiento a los pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional, al que vienen obligados todos los poderes públicos. También el 
restablecimiento  del  pronunciamiento  constitucional,  caso  de  que  hubiera  sido 
desconocido,  mediante  un  juicio  de  contraste  entre  el  acto  impugnado  y  los 
pronunciamientos de este Tribunal, por lo que ningún derecho subjetivo de los diputados 
se vería afectado. No puede afirmarse la existencia de un interés legítimo y directo de los  e
diputados  que  solicitan  personarse  que  tenga  relación  directa  con  el  derecho  de  bo
participación política del que son titulares. Si acaso, cabría afirmar un interés indirecto en  w
ssoobstreen lear q luae v naaliddeaz s ed ea rlgau rmeseonltuac eiónn  e5l 3e4s/cXriItIo,  eenn  leal  qmueed sidoali cqituaen  lsau  vpoetarsroonna, cciuóens.tión esta  2020-1123n https://w
anteLroio rd ceocnidcilduos iópno.r  Eessete a Turtoib usnea dl iectnó  eeln  AuTnC p 5ro/2c0e1so8 , ddee  im27p udgen aecnióenr od, en od ismpoosdiicfiicoan elas 
autonómicas  (título  V  LOTC)  cuyo  objeto  era  una  resolución  del  presidente  del
Parlamento de Cataluña que proponía al diputado señor Puigdemont como candidato a 
la investidura como presidente de la Generalitat y la convocatoria de una sesión plenaria 
para  proceder  a  esa  investidura.  El  Tribunal  Constitucional  entendió  que  no  cabía 
descartar que la decisión que se dictase al resolver la impugnación pudiera incidir en los 
derechos o intereses legítimos de los diputados de la cámara que solicitaron personarse 
en esa impugnación, por lo que estimó oportuno reconocerles legitimación para que, a 
título particular y a los únicos efectos de defender sus derechos o intereses legítimos, 
pudieran ser parte en aquel proceso constitucional.
En  el  presente  caso  nos  hallamos  ante  un  proceso  distinto,  de  ejecución  de 
sentencias del Tribunal Constitucional, cuyos cauces procedimentales se regulan en el 
art. 92 LOTC. El ATC 5/2018 no constituye precedente idóneo, pues los objetos de uno y 
otro proceso constitucional son diferentes y su alcance sobre los actos parlamentarios 
impugnados también. Mientras que en el proceso de impugnación de disposiciones 
autonómicas en el que se dictó el ATC 5/2018, lo controvertido era que se impedía a los 
diputados participar en el debate de investidura del concreto candidato propuesto, lo que, 
acaso, podría afectar al ius in officium de aquellos, en el presente caso lo que se 
cuestiona es la validez de un acto parlamentario ya debatido y votado por los miembros 
de la cámara autonómica, esto es, cuando estos ya han ejercitado con plenitud el 
derecho de participación política ius in officium que les asiste.
En consecuencia, no se alcanza a vislumbrar un interés propio y particular de los 
diputados en el incidente de ejecución de la STC 259/2015, en el que se ventila, al 
margen  del  interés  representado  por  el  acatamiento  de  lo  resuelto  por  el  Tribunal 
Constitucional por todos los poderes públicos, un interés general de defensa del acto 
parlamentario,  cuya  defensa  se  encomienda  al  órgano  que  dictó  la  resolución 
impugnada, el Parlamento de Cataluña, dado que la controvertida resolución 534/XII 
aparece como expresión de la voluntad de la cámara y no de cada diputado considerado 
de manera individual. No existe un punto de conexión que legitime a los diputados para 
tenerlos por parte en el incidente de ejecución de la STC 259/2015, pues los derechos 
que les confiere el art. 23.2 CE han sido ejercidos en el debate y votación de la 
resolución impugnada. A ello se añade que los diputados que solicitan personarse ni han 
sido requeridos personalmente para cumplir una resolución del Tribunal Constitucional ni 
son destinatarios de petición alguna en el escrito del abogado del Estado por el que se 
promueve el incidente de ejecución frente a la resolución 534/XII del Parlamento de 
Cataluña.
Por todo ello, el ministerio fiscal interesa que se rechace la personación que solicita 
la representación procesal de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del 
Parlamento de Cataluña en el presente incidente de ejecución de la STC 259/2015, 
respecto de los incisos y apartados cuestionados de la resolución 534/XII del Parlamento 
de Cataluña.
13.  El 4 de diciembre de 2019 presentó el letrado del Parlamento de Cataluña sus 
alegaciones en el trámite abierto por el auto de 12 de noviembre de 2019. Sostiene que 
tanto de la normativa procesal aplicable en materia de comparecencia en juicio (art. 13 
de la Ley de enjuiciamiento civil, supletoriamente aplicable en virtud del art. 80 LOTC), 
como de la interpretación sostenida por este Tribunal en ATC 5/2018, de 27 de enero, 
FJ 2 in fine, se desprende la procedencia de la intervención en el presente incidente de 
ejecución de sentencia de los diputados que han solicitado personarse, a título particular, 
y los efectos de la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Máxime cuando han 
alegado una eventual afectación del ejercicio de las facultades que forman parte del  e.
núcleo esencial de la función representativa ex art. 23 CE. w.b
ncoinmgEpunan raec cooebnrjse eeccnióu nee ln jupcirraíed,s icecano tnesco libunryceeid  leaen lp terleo dtcreea ddeeojen ccduieacl  idóPena , rlalaa  mlteíteguniltoitmo p aadcreitói cnCu aldatera,  lluyoñ saa  d lioqpsuu etea fdenocost o tpsie andraee    2020-1123n https://w
que puedan defender sus derechos e intereses legítimos.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Según se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, el abogado del 
Estado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, promueve un incidente 
de  ejecución  de  la  STC  259/2015,  de  2  de  diciembre,  dictada  en  el  proceso  de 
impugnación de disposiciones autonómicas (título V de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional:  LOTC)  núm.  6330-2015,  que  declaró  inconstitucional  y  nula  la 
resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015 y su anexo. El 
incidente de ejecución se dirige contra determinados incisos de los apartados I.1 y I.2 de 
la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña de 25 de julio de 2019, «sobre las 
propuestas para la Cataluña real».
El único texto oficial, en lengua catalana, de los incisos de la resolución 534/XII que 
son objeto del incidente de ejecución ha quedado transcrito en el antecedente 2 de este 
auto, si bien el Gobierno ha incorporado una traducción del texto al castellano, que no ha 
sido objeto de reparo alguno por parte de la representación procesal del Parlamento de 
Cataluña. Es la que a continuación se detalla, a los exclusivos efectos de resolver el 
presente incidente de ejecución.
«I.  Respuestas de país a la situación política
I.1  Autogobierno, derechos humanos y búsqueda de soluciones dialogadas
1
2.  [...] el Parlamento de Cataluña reafirma su compromiso con la defensa de los 
derechos humanos, especialmente de los que han sido recientemente vulnerados por el 
Estado español: […]
h)  El derecho a la autodeterminación de los pueblos, que, tal y como ha expresado 
en  repetidas  votaciones  el  Parlamento,  es  un  derecho  irrenunciable  del  pueblo  de 
Cataluña.
2
1.  El Parlamento de Cataluña se ratifica en la defensa del ejercicio del derecho de 
autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo 
de Cataluña.
I.2 Legitimidad democrática, soberanía popular y acción política
6
1.  El  Parlamento  de  Cataluña  se  afianza,  de  acuerdo  con  la  resolución  1/XI, 
de 2015, en la necesidad de legislar como parlamento plenamente soberano, de acuerdo 
con los intereses y las necesidades de la sociedad catalana, para dar respuesta a la 
pobreza  energética,  a  la  emergencia  en  el  ámbito  de  la  vivienda  y  también  a  la 
emergencia humanitaria que viven los refugiados, y para garantizar el acceso universal a 
la atención sanitaria pública y de calidad, una educación pública, las libertades públicas, 
unas competencias plenas para las administraciones locales, el derecho al aborto y una 
gestión de la deuda que haga posible –y no impida– un plan de choque social.
[…] e.e
3.  El Parlamento de Cataluña se reafirma en su disposición a ejercer de manera  ww.
cpounecbrleot ad ee Cl daetarleucñhao,  aa  tlraa vaéust oddee utenr macinuaecridóon ,c odne  ealc Eusetraddoo c eosnp alañ ovlo olu snitna da cmuearydoori.t»aria del  2020-1123n https://w
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impugnados de esa resolución reiteran el contenido de la resolución 1/XI e insisten en la 
afirmación del poder soberano del Parlamento de Cataluña y en el ejercicio del derecho 
a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, por lo que resultan manifiestamente 
contrarios  a  lo  decidido  por  este  Tribunal  en  la  STC  259/2015  y  desatienden  los 
requerimientos contenidos en los AATC 141/2016, de 19 de julio, 170/2016, de 6 de 
octubre, y 24/2017, de 14 de febrero, dictados en sucesivos incidentes de ejecución de la 
referida sentencia. Por ello interesa que declaremos la nulidad de los referidos incisos de 
los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña.
Asimismo solicita que este Tribunal imponga mediante requerimiento personal al 
presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario 
general, la obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a 
dar cumplimiento a los incisos impugnados de la resolución 534/XII, así como de impedir 
o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga 
ignorar o eludir la STC 259/2015, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, 
incluso la penal, en que pudieran incurrir.
El ministerio fiscal comparte las apreciaciones del abogado del Estado y solicita por 
ello que declaremos la nulidad de los referidos incisos de los apartados I.1 y I.2 de la 
resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña. Interesa asimismo que adoptemos las 
medidas que solicita el abogado del Estado.
El  letrado  del  Parlamento  de  Cataluña  postula  la  inadmisión  del  incidente  de 
ejecución, por entender, conforme a los razonamientos que han quedado reflejados en el 
relato de antecedentes, que el incidente ha sido promovido extemporáneamente y que, 
sin perjuicio de ello, la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña es un acto de 
naturaleza política que carecería de efectos vinculantes, por lo que no sería un acto 
idóneo para ser objeto de un incidente de ejecución. De no acordarse por este Tribunal la 
inadmisión,  interesa  que  el  incidente  sea  desestimado,  toda  vez  que  la 
resolución 534/XII, en los incisos de sus apartados I.1 y I.2 a los que se refiere el 
incidente  de  ejecución  promovido  por  el  Gobierno,  no  constituiría  desarrollo  o 
continuación de la resolución 1/XI anulada por este Tribunal, sino que se ha aprobado en 
el marco de una función parlamentaria, la de impulso de la acción política y de gobierno, 
totalmente independiente de cualquier resolución parlamentaria anterior. Por tanto, los 
incisos  y  apartados  de  la  resolución  534/XII  que  se  atacan  no  contravienen  la 
STC 259/2015 y tampoco los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017. En consecuencia, 
tampoco  procedería  acordar  los  requerimientos  y  advertencias  al  presidente  del 
Parlamento, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento 
que solicita el abogado del Estado.
2.  Con carácter previo a resolver sobre el fondo del asunto debe tenerse en cuenta 
que contra la providencia de 10 de octubre de 2019, por la que se acuerda tener por 
formulado incidente de ejecución de la STC 259/2015 respecto de determinados incisos 
de  los  apartados  I.1  y  I.2  de  la  resolución  534/XII  del  Parlamento  de  Cataluña, 
interpusieron  recurso  de  súplica  don  Josep  Costa  i  Rosselló  y  don  Eusebi 
Campdepadrós i Pucurull, vicepresidente primero y secretario primero de la mesa de la 
cámara respectivamente. Este recurso fue inadmitido por extemporáneo por auto de 12 
de noviembre de 2019, que asimismo acordó tener por personados a ambos miembros 
de la mesa en el incidente de ejecución, a los solos efectos de que puedan defender sus 
derechos e intereses legítimos a título particular.
Contra la providencia de 10 de octubre de 2019 interpusieron también recurso de 
súplica doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, al  e.
tiempo que solicitaron que se les tuviera por personados y parte en el incidente de  w.b
deaijcpeoucrutdacódi óoonsí,r   dape o lrol asp  laceázfeomc atcorosam . dúMen e pddoeiad nedtriee  dze eldf eíranesdf eearril d sGou osab uidetoern redoce hd oe1s 2 l aed  Nein atnceoiróevnise,e msa bl lrePega írdtliaemm o2es0n 1ct9oo  mdsoee    2020-1123n https://w
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lo han solicitado mediante escrito presentado en este Tribunal el 17 de octubre de 2019.
Una  vez  evacuado  el  trámite  de  alegaciones  conferido  por  el  auto  de  12  de 
noviembre  de  2019,  con  el  resultado  que  consta  en  el  relato  de  antecedentes,  la 
personación  que  solicitan  doña  Elsa  Artadi  Vila  y  treinta  y  un  diputados  más  del 
Parlamento de Cataluña debe ser rechazada, conforme interesan el abogado del Estado 
y  el  ministerio  fiscal,  pues  carecen  de  legitimación  para  intervenir  en  el  presente 
incidente de ejecución.
El incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC es un proceso que tiene por 
objeto garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional y la 
efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito jurisdiccional frente 
a cualquier intromisión de un poder público que pudiera menoscabarla. Por tanto, la 
legitimación para intervenir en el incidente de ejecución no proviene de la protección de 
un interés o el ejercicio de un derecho propio, sino que está al servicio de la garantía del 
cumplimento efectivo de las resoluciones del Tribunal Constitucional. En consecuencia, 
la legitimación para promover el incidente se limita a las partes del proceso constitucional 
principal, debiendo darse audiencia al ministerio fiscal y al órgano que dictó el acto 
impugnado  (art.  92  LOTC),  en  este  caso  el  Parlamento  de  Cataluña,  a  quien 
corresponde la defensa de ese acto en el incidente de ejecución, sin que los diputados 
tengan  un  interés  propio,  cualificado  y  diferente  del  propio  de  esa  cámara:  la 
resolución 534/XII aparece como expresión acabada de la voluntad del Parlamento de 
Cataluña y no de cada diputado considerado de manera individual.
Por otra parte, los diputados que solicitan personarse, que no fueron parte en el 
proceso  de  impugnación  de  disposiciones  autonómicas  que  dio  origen  a  la 
STC 259/2015, carecen de interés legítimo y directo para intervenir en el incidente de 
ejecución de esta sentencia que tenga relación directa con los derechos de participación 
política (art. 23.2 CE) de los que son titulares. Esos derechos han sido ejercidos sin duda 
por los diputados en el debate y votación de la resolución 534/XII, aprobada por el pleno 
del Parlamento de Cataluña en su sesión de 25 de julio de 2019.
Como señala el ministerio fiscal, lo decidido en el ATC 5/2018, de 27 de enero, FJ 2 
in fine, no altera la conclusión de que los diputados carecen de interés legítimo y directo 
para intervenir en el presente incidente de ejecución. El ATC 5/2018 se dictó en un 
proceso de impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC), cuyo objeto era 
una resolución del presidente del Parlamento de Cataluña que proponía a un candidato, 
huido  de  la  justicia,  para  su  investidura  como  presidente  de  la  Generalitat  y  la 
convocatoria de una sesión plenaria para proceder a esa investidura. Al entender este 
Tribunal que no cabía descartar que la decisión que se dictase al resolver la impugnación 
pudiera incidir en los derechos o intereses legítimos de los diputados de la cámara que 
solicitaron personarse en esa impugnación, se estimó oportuno reconocerles legitimación 
para que, a título particular y a los únicos efectos de defender sus derechos o intereses 
legítimos, pudieran ser parte en aquel proceso constitucional.
En  el  presente  caso  nos  hallamos  ante  un  proceso  distinto,  de  ejecución  de 
sentencias del Tribunal Constitucional (art. 92 LOTC). El ATC 5/2018 no constituye 
precedente idóneo, pues los objetos de uno y otro proceso constitucional son diferentes 
y su alcance sobre los actos parlamentarios impugnados también. Mientras que en el 
proceso de impugnación de disposiciones autonómicas en el que se dictó el ATC 5/2018, 
lo controvertido era que se impedía a los diputados participar en el debate de investidura 
del concreto candidato propuesto, lo que, acaso, podría afectar al ius in officium de 
aquellos,  lo  que  se  discute  en  el  presente  incidente  de  ejecución  es  si  los 
pronunciamientos de la STC 259/2015 han sido desconocidos o menoscabados por un  s
acto parlamentario: la resolución 534/XII, ya debatida y votada por los diputados del  oe.
Parlamento de Cataluña. Se trata pues de un incidente de ejecución promovido respecto  w.
ddee  paAac rttotoic dpipoaa rllcoai ómanne ptneotraliíortiiroc  asc.eu aanñdaod elo qsu dei plousta ddoipsu tyaad ohsa nq ueeje rscoitliacditoa ne np eprlseonnitaurds es unso  dhearne cshidoos   2020-1123n https://w
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promueve el incidente de ejecución frente a la resolución 534/XII del Parlamento de 
Cataluña.
En  conclusión,  procede  rechazar  la  personación  que  solicita  la  representación 
procesal de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de 
Cataluña en el presente incidente de ejecución.
3.  La  presente  resolución  tiene  por  objeto  determinar  si  lo  resuelto  en  la 
STC 259/2015 (que declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parlamento de 
Cataluña),  así  como  en  los  AATC  141/2016,  170/2016  y  24/2017  (que  estimaron 
sucesivos  incidentes  de  ejecución  de  dicha  sentencia  promovidos  respecto  de  la 
resolución 5/XI, la resolución 263/XI y determinados apartados de la resolución 306/XI, 
respectivamente), ha sido desconocido o contradicho por el Parlamento de Cataluña al 
aprobar la resolución 534/XII, de 25 de julio de 2019, en los concretos apartados e 
incisos de esta a los que se refiere este incidente de ejecución, antes reproducidos.
Antes de entrar a dilucidar la controversia planteada, deben examinarse los óbices 
opuestos por el letrado del Parlamento de Cataluña y por la representación de los dos 
miembros de la mesa de esa cámara que se han personado en este incidente.
Sostienen en primer lugar que el presente incidente de ejecución debe ser declarado 
inadmisible porque ha sido presentado fuera de plazo. Tal alegación parte de presumir 
que  el  Gobierno  de  la  Nación  ha  actuado  «con  fraude  procesal»,  o  con  «abuso 
procesal», pues habría elegido deliberadamente la vía del incidente de ejecución (art. 92 
LOTC), en lugar de la vía impugnatoria del título V LOTC, para conseguir los efectos 
especialmente restrictivos que sobre la actuación de la cámara tiene la presentación de 
un incidente de ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional.
Esta objeción ha de ser rechazada. A este Tribunal no le corresponde pronunciarse 
acerca de las supuestas intenciones que habrían animado al Gobierno de la Nación a 
decantarse por la vía del incidente de ejecución del art. 92 LOTC para atacar los 
referidos incisos de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII, en vez de la vía 
impugnatoria del título V LOTC, que sería la procedente según el letrado del Parlamento 
de Cataluña y la representación de los miembros de la mesa personados. Lo único 
relevante a los efectos que aquí interesan es determinar si la resolución 534/XII, en los 
incisos de sus apartados I.1 y I.2 a los que se refiere el incidente de ejecución promovido 
por el Gobierno, puede constituir objeto idóneo del incidente previsto en el art. 92 LOTC.
Que ello sea así lo niegan también el letrado del Parlamento de Cataluña y la 
representación de los miembros de la mesa personados, pero se trata de una objeción 
que debe ser descartada, atendiendo a la doctrina que este Tribunal ha venido sentando 
en supuestos similares. En particular debe recordarse que en la STC 136/2018, de 13 de 
diciembre, FJ 4, hemos advertido que el cauce procesal del título V LOTC queda 
reservado «a las infracciones objetivamente verificables de la Constitución», mientras 
que el incumplimiento de las sentencias y demás resoluciones del Tribunal Constitucional 
debe articularse, «por su matiz subjetivo», por la vía del incidente de ejecución del art. 92 
LOTC. La «existencia de ‘incumplimiento’ de lo previamente resuelto por el Tribunal 
exige indagar en la voluntad del poder público autor de la resolución impugnada», en 
este caso el Parlamento de Cataluña. La idoneidad de la resolución 534/XII como objeto 
de un incidente de ejecución del art. 92 LOTC está pues fuera de toda duda.
Que la vía del incidente de ejecución sea adecuada para atacar la resolución 534/XII 
(en  los  incisos  impugnados  de  sus  apartados  I.1  y  I.2),  por  incumplimiento  de  la 
STC 259/2015 y de los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, excluye que sea aplicable 
lo previsto en el art. 76 LOTC en cuanto al plazo de dos meses desde la publicación de  e.
la resolución para impugnar esta por la vía procesal regulada en el título V LOTC (arts.  w.b
7pT6uri ebydu an7na7 l),. p Nsroionm  hoqavubeeir e lnaed l oL ienfiycja iddreeong etuell a addrtoe. r 9ae2 j deLecOu cTlaiCó n juu rnids epd liacsczeioón ntde enctceoirnamtse innyac idoroes ospo-aalurdacm iqoinuniees stlr aadsti evp aa,e rstdetees    2020-1123n https://w
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ejecución haya sido interpuesto fuera de plazo.
No empece a esta conclusión el alegato según el cual la invocación por el Gobierno 
del  art.  161.2  CE  para  que  se  produzca  la  suspensión  inmediata  de  la  resolución 
parlamentaria sería procedente en el marco procesal de la impugnación del título V 
LOTC, pero no en el incidente de ejecución del art. 92 LOTC. Baste aquí recordar que la 
idoneidad de la invocación por el Gobierno del art. 161.2 CE en los incidentes de 
ejecución ha sido admitida ya por este Tribunal en anteriores resoluciones (providencia 
de 1 de agosto de 2016, en el incidente de ejecución de la STC 259/2015 resuelto por 
ATC 170/2016; providencia de 13 de diciembre de 2016, en el incidente de ejecución de 
la STC 259/2015 resuelto por ATC 24/2017; providencia de 31 de octubre de 2017, en el 
incidente de ejecución de la STC 114/2017 resuelto por ATC 144/2017). No advertimos 
razones para modificar este criterio en el presente caso, lo que llevó a aplicarlo en la 
providencia de 10 de octubre de 2019, como quedó indicado en el antecedente 4 de este 
auto.
Debe asimismo descartarse que el incidente de ejecución sea inadmisible por no 
haber  sido  consultado  previamente  el  Consejo  de  Estado.  El  art.  22.6  de  la  Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, establece que la comisión 
permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada respecto a la impugnación de 
las  disposiciones  y  resoluciones  adoptadas  por  los  órganos  de  las  comunidades 
autónomas ante el Tribunal Constitucional, con carácter previo a la interposición del 
recurso. Sin embargo, como ya hemos tenido ocasión de señalar reiteradamente, este 
Tribunal, a la hora de admitir o inadmitir los recursos constitucionales que se interpongan 
ante el mismo, debe regirse únicamente por lo dispuesto en su propia ley orgánica [por 
todas, SSTC 192/2000, de 13 de julio, FJ 3; 148/2012, de 5 de julio, FJ 2 a); 62/2017, 
de 25 de mayo, FJ 2, y 16/2018, de 22 de febrero, FJ 3]. En definitiva, la consulta al 
Consejo de Estado prevista en la ley orgánica de ese órgano consultivo no afecta a la 
interposición de los procesos constitucionales desde el punto de vista de su admisibilidad 
procesal, por lo que debe desestimarse el óbice aducido por la representación de los dos 
miembros del Parlamento de Cataluña personados en el incidente.
4.  Tanto  el  abogado  del  Estado  como  el  ministerio  fiscal  consideran  que  los 
concretos apartados e incisos de la resolución 534/XII, de 25 de julio de 2019, a los que 
se refiere este incidente de ejecución, contravienen lo resuelto en la STC 259/2015 y en 
los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017. En esos incisos de la resolución 534/XII, el 
Parlamento  de  Cataluña  se  ratifica  en  la  defensa  del  ejercicio  del  derecho  de 
autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo 
de Cataluña y se reafirma en su disposición a ejercer de manera concreta el derecho a la 
autodeterminación,  al  tiempo  que  vuelve  a  proclamarse,  reiterando  la  anulada 
resolución  1/XI,  como  «parlamento  plenamente  soberano».  Se  trata  pues  de  una 
manifestación  de  la  voluntad  del  Parlamento  de  Cataluña  de  proseguir  el  proceso 
secesionista, que ha sido adoptada por la cámara desatendiendo los pronunciamientos 
contenidos en la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017 (así como 
en otras resoluciones de este Tribunal, en particular la STC 136/2018). Todo ello –
concluyen–  debe  conducir  a  que  este  Tribunal  declare  la  nulidad  de  los  incisos 
impugnados de la resolución 534/XII.
A esta pretensión se opone el letrado del Parlamento de Cataluña, por entender que 
la resolución 534/XII, en los incisos de sus apartados I.1 y I.2 a los que se refiere el 
incidente  de  ejecución  promovido  por  el  Gobierno,  no  constituye  desarrollo  o 
continuación de la anulada resolución I/XI ni contraviene lo resuelto por este Tribunal en 
la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017. e.
La controversia planteada habremos de resolverla aplicando los criterios sentados  w.b
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intromisión ulterior de un poder público que pudiera menoscabarla. Corresponde pues al
Tribunal Constitucional garantizar el cumplimiento efectivo de sus sentencias y demás 
resoluciones y resolver las incidencias de ejecución de las mismas, adoptando cuantas 
medidas considere necesarias para preservar su jurisdicción, incluyendo la declaración 
de nulidad de aquellos actos y resoluciones que la contravengan o menoscaben, como 
expresamente establece el art. 92.1 LOTC. Podrá aplicar también, en su caso, otras 
medidas  encaminadas  a  asegurar  el  debido  cumplimiento  de  sus  sentencias  y 
resoluciones,  al  que  están  obligados  todos  los  poderes  públicos  (art.  87.1  LOTC), 
incluidas por tanto las cámaras legislativas.
No carece de relevancia a este efecto recordar que nos enfrentamos una vez más a 
un supuesto en el que se reprocha la contravención, por parte del mismo poder público, 
de los pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015, reiterados en los posteriores 
AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, en relación con las resoluciones del Parlamento de 
Cataluña  5/XI,  263/XI  y  306/XI,  respectivamente,  así  como  en  los  AATC  123/2017 
y 124/2017, de 19 de septiembre ambos. En estos autos se constató que «el Parlamento 
de Cataluña ha desatendido una vez más las reiteradas advertencias de este Tribunal de 
su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga alterar unilateralmente el 
marco constitucional o incumplir las resoluciones de este Tribunal … De esta suerte la 
cámara  autonómica  apela,  de  nuevo,  a  un  entendimiento  del  principio  democrático 
objetivamente contrario a la Constitución, que menoscaba la eficacia de lo resuelto por 
este Tribunal en la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017» 
(AATC 123/2017, FJ 8, y 124/2017, FJ 8).
Por otra parte, como señala el abogado del Estado, el Parlamento de Cataluña 
aprobó la resolución 534/XII en su sesión de 25 de julio de 2019, esto es, cuando ya se 
había dictado, en la nueva legislatura, la STC 136/2018, que declaró inconstitucionales y 
nulos los apartados primero, segundo y tercero de la moción 5/XII, de 5 de julio de 2018, 
que reiteraban los objetivos de la anulada resolución 1/XI.
Así  pues,  siguiendo  la  doctrina  constitucional  antes  referida  (por  todos, 
AATC 107/2009, FJ 4, y 24/2017, FJ 4), lo que aquí ha de examinarse, al cotejar el 
contenido de la STC 259/2015 y de los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017 con los 
incisos de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña a 
los que se refiere el presente incidente de ejecución, es, en definitiva, si esa resolución 
parlamentaria, en los incisos controvertidos, incurre en alguna de las dos situaciones 
proscritas  por  la  jurisprudencia  constitucional.  Tal  ocurriría  de  contener  un 
pronunciamiento contrario a lo decidido en aquella sentencia y aquellos autos o suponer 
un intento de menoscabar la eficacia —jurídica o material— de lo que allí se resolvió por 
este Tribunal. En el bien entendido de que la vinculación de todos los poderes públicos al 
cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1 LOTC) se extiende 
tanto al fallo como a la fundamentación jurídica de sus sentencias y demás resoluciones 
(entre  otras,  SSTC  158/2004,  de  21  de  septiembre,  FJ  4,  y  302/2005,  de  21  de 
noviembre, FJ 6; AATC 273/2006, de 17 de julio, FJ 4; 120/2010, de 4 de octubre, FJ 1; 
141/2016, FJ 2; 170/2016, FJ 3, y 24/2017, FJ 4, por todos).
En caso de constatarse que los controvertidos incisos de la resolución 534/XII del 
Parlamento de Cataluña contradicen los pronunciamientos de la STC 259/2015 (y de los 
AATC  141/2016,  170/2016  y  24/2017,  en  su  caso),  o  que  suponen  un  intento  de 
menoscabar la eficacia de lo allí resuelto por este Tribunal, habrá de estimarse el 
incidente de ejecución y declararse la nulidad de aquella resolución parlamentaria, en los 
incisos impugnados de sus apartados I.1 y I.2. Habremos también de examinar entonces 
si procede o no aplicar las medidas de ejecución que solicitan el abogado del Estado y el  s
ministerio  fiscal,  debiendo  recordarse  una  vez  más  que  «el  contenido  de  las  oe.
disposiciones, resoluciones o actos emanados de un poder público, cualquiera que sea,  w.
nT(AoriA bmTuCnean 1lo,7 s0cq/au2be0a 1 6ela,je  FirncJte e8rg,á ry id c2au4da/ 2dn0ed1 ol7a ,sp F rcoJo c4me)dp.ae te(nAcAiaTsC q u1e8 9la/2 C01o5n,s tiFtuJc ió3n,  e1n4c1o/2m0ie1n6d, aF aJ  e7s)te»   2020-1123n https://w
5.  Como es conocido, la STC 259/2015 estimó la impugnación de disposiciones
autonómicas (título V LOTC) núm. 6330-2015, promovida por el Gobierno de la Nación,
contra la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015, 
«sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados 
electorales del 27 de septiembre de 2015», declarando la inconstitucionalidad y nulidad 
de  dicha  resolución  con  su  anexo,  que  quedó  en  consecuencia  expulsada  del 
ordenamiento jurídico.
Conforme este Tribunal tuvo ocasión de señalar en el ATC 170/2016, FJ 3, y reiteró 
en el ATC 24/2017, FJ 5, los pronunciamientos esenciales de la STC 259/2015 quedaron 
extractados en el ATC 141/2016, FJ 3 (al que debemos remitirnos), que estimó el 
incidente de ejecución de la STC 259/2015 promovido respecto de la resolución 5/XI del 
Parlamento de Cataluña.
Se recordó entonces que en la STC 259/2015, FJ 5, este Tribunal declaró que «la 
resolución  1/XI  pretende,  en  suma,  fundamentarse  en  un  principio  de  legitimidad 
democrática del Parlamento de Cataluña, cuya formulación y consecuencias están en 
absoluta contradicción con la Constitución de 1978 y con el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña. Ello trastoca no solo los postulados del Estado de Derecho, basado en el 
pleno sometimiento a la ley y al Derecho, sino la propia legitimidad democrática del 
Parlamento de Cataluña, que la Constitución reconoce y ampara». Esto contraviene 
frontalmente el principio democrático (art. 1.1 CE) y la primacía incondicional de la 
Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), pues «sin 
conformidad  con  la  Constitución  no  puede  predicarse  legitimidad  alguna.  En  una 
concepción  democrática  del  poder  no  hay  más  legitimidad  que  la  fundada  en  la 
Constitución».
Este  Tribunal  afirmó  también  en  STC  259/2015,  FJ  6,  que  la  resolución  1/XI 
«desconoce y vulnera las normas constitucionales que residencian en el pueblo español 
la soberanía nacional y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación 
española,  titular  de  esa  soberanía  (arts.  1.2  y  2  CE).  Se  trata  de  una  infracción 
constitucional que no es fruto, como suele ocurrir en las contravenciones de la norma 
fundamental, de un entendimiento equivocado de lo que la misma impone o permite en 
cada caso. Es resultado, más bien, de un expreso rechazo a la fuerza de obligar de la 
Constitución misma, frente a la que se contrapone, de modo expreso, un poder que se 
reclama depositario de una soberanía y expresión de una dimensión constituyente desde 
los  que  se  ha  llevado  a  cabo  una  manifiesta  negación  del  vigente  ordenamiento 
constitucional. Se trata de la afirmación de un poder que se pretende fundante de un 
nuevo orden político y liberado, por ello mismo, de toda atadura jurídica» (STC 259/2015, 
FJ 6).
Declaró asimismo este Tribunal en la STC 259/2015, FJ 7, que el contenido de la 
resolución  1/XI  incide  directamente  sobre  cuestiones  reservadas  en  su  tratamiento 
institucional al procedimiento de reforma constitucional del art. 168 CE, que resultó 
vulnerado  «por  no  haberse  seguido  el  cauce  constitucionalmente  establecido  para 
abordar una redefinición del orden constitucional como la que se pretende con aquella 
resolución». El Parlamento de Cataluña puede proponer la reforma de la Constitución, 
pero no puede «erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la 
potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad. Obrando 
de ese modo, el Parlamento de Cataluña socavaría su propio fundamento constitucional 
y estatutario (arts. 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, antes citados), al 
sustraerse de toda vinculación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, e 
infringiría las bases del Estado de Derecho y la norma que declara la sujeción de todos a 
la Constitución (arts. 1.1 y 9.1 CE)» (STC 259/2015, FJ 7). s
En el mismo sentido este Tribunal ha recordado que «nada impide que el Parlamento  oe.
de Cataluña promueva, por vía de solicitud o de propuesta, una hipotética reforma de la  w.
pCinaoternlrasémtsit eugncetióannrei or(a all»rat  s(.pA oT8s7Ci.b 21il i4yd1 a1/d26 06d1 e6C ,E sFo),Jm  [5…e)t.e]  rNp oua e olsab  sedtsai snicnteuh setiaróemnn btpeiéo anlí  tihtcoaad  oac dusvaieslqtretuimdieoar   qdcueueme snotoicó rncáa tidbceoe    2020-1123n https://w
uetxilpizreasr aeml ecnateu cper epvaisrtloasm ean ttaalr iofin  peanra l ai gCnoonrasrt itudcei ófno,r mpuae sd e«lilbae araudtoan olomsí ap rpoacreladmimeinetnatroias   BOE-A-cable e
(art. 58 del Estatuto de Autonomía de Cataluña) no puede servir de pretexto para que la 
cámara autonómica llegue hasta el extremo de ‘arrogarse la potestad de vulnerar el 
orden constitucional que sustenta su propia autoridad’ (STC 259/2015, FJ 7)», pues «el 
deber de fidelidad a la Constitución por parte de los poderes públicos ‘constituye un 
soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico y cuya observancia resulta 
obligada’ (STC 247/2007, de 12 diciembre, FJ 4)» (AATC 189/2015, FJ 3, y 141/2016, 
FJ 5).
Los  pronunciamientos  esenciales  de  la  STC  259/2015  se  reiteraron  en  la 
STC  136/2018,  FJ  6,  que  declaró,  teniendo  en  cuenta  esa  doctrina,  la 
inconstitucionalidad  y  nulidad  de  los  apartados  primero,  segundo  y  tercero  de  la 
moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, de 5 de julio de 2018, en los que esta cámara 
reiteraba los objetivos políticos de la anulada resolución 1/XI, reafirmaba su voluntad de 
alcanzar la independencia de Cataluña, insistía en declararse depositario de la soberanía 
del pueblo de Cataluña y reiteraba su compromiso con el ejercicio del derecho a la 
autodeterminación.
6.  La resolución 534/XII ha sido dictada por el Parlamento de Cataluña, órgano de 
la comunidad autónoma que representa al pueblo de Cataluña (art. 55.1 EAC), en el 
ejercicio  de  una  función  estatutariamente  conferida  (art.  55.2  EAC)  y  a  través  del 
procedimiento  parlamentario  reglamentariamente  establecido  al  efecto  (arts.  154  y 
siguientes del Reglamento del Parlamento de Cataluña). Se trata, por lo tanto, de un acto 
parlamentario  que,  sin  perjuicio  de  su  veste  política,  tiene  también  una  indudable 
naturaleza  jurídica;  pone  fin,  asimismo,  a  un  procedimiento  parlamentario,  pues 
constituye una manifestación acabada de la voluntad de la cámara de dar continuidad al 
proceso secesionista.
La resolución 534/XII, en los apartados e incisos a los que se contrae el presente 
incidente de ejecución, es capaz de producir efectos jurídicos propios y no meramente 
políticos,  pues  parte  del  reconocimiento  en  favor  del  Parlamento  y  del  pueblo  de 
Cataluña de atribuciones inherentes a la soberanía, superiores a las que derivan de la 
autonomía reconocida por la Constitución (SSTC 42/2014, FJ 2, y 259/2015, FJ 2). 
Reitera la resolución 1/XI, anulada por la STC 259/2015, e insiste en su propósito de 
ejercer el llamado «derecho a la autodeterminación» como «instrumento de acceso a la 
soberanía  del  conjunto  del  pueblo  de  Cataluña»,  en  absoluta  contradicción  con  la 
Constitución y con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como este Tribunal ya declaró 
en la citada STC 259/2015 y reiteró en sus AATC 170/2016, FJ 6, y 24/2017, FJ 7, así 
como en la STC 136/2018, FJ 7.
En  efecto,  en  los  incisos  impugnados  de  los  apartados  I.1  y  I.2  de  la 
resolución  534/XII,  el  Parlamento  de  Cataluña  «reafirma  su  compromiso»  con  «el 
derecho a la autodeterminación de los pueblos», como «derecho irrenunciable del pueblo 
de  Cataluña»,  por  lo  que  «se  ratifica  en  la  defensa  del  ejercicio  del  derecho  de 
autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo 
de Cataluña» y «se reafirma en su disposición a ejercer de manera concreta el derecho a 
la autodeterminación, de acuerdo con la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña, a 
través de un acuerdo con el Estado español o sin acuerdo». Al propio tiempo que vuelve 
a afirmar, «de acuerdo con la resolución 1/XI, de 2015» que es «plenamente soberano».
Así pues, en frontal contradicción con lo resuelto por la STC 259/2015, el Parlamento 
de  Cataluña  reitera  la  anulada  resolución  1/XI  e  insiste  en  proclamarse  como 
«parlamento plenamente soberano». Partiendo de esa premisa, «reafirma» y «ratifica» 
su «compromiso» ante el «pueblo de Cataluña» de «ejercer de manera concreta el  e.
derecho a la autodeterminación», como instrumento para alcanzar la independencia de  w.b
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slao bsoebraenraon díae l n«apcuioenbalol »q udee,  ucnoan focrommeu nai dlaa dC aountsótintuocmióan ,s urepsoindee  lúan isciammueltánntee ae nn eegl accoinójnu ndtoe 
del pueblo español, por lo que no cabe atribuir su titularidad a ninguna fracción o parte 
del mismo.
El Parlamento de Cataluña vuelve así a «desvincularse de la primacía incondicional 
de la Constitución» (STC 259/2015, FJ 4), vulnerando «las normas constitucionales que 
residencian en el pueblo español la soberanía nacional y que, en correspondencia con 
ello, afirman la unidad de la nación española, titular de esa soberanía (arts. 1.2 y 2 CE). 
Rechaza «la fuerza de obligar de la Constitución misma, frente a la que se contrapone, 
de modo expreso, un poder que se reclama depositario de una soberanía y expresión de 
una  dimensión  constituyente  desde  los  que  se  ha  llevado  a  cabo  una  manifiesta 
negación del vigente ordenamiento constitucional» (STC 259/2015, FJ 6). El Parlamento 
de Cataluña pretende una vez más «erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, 
hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia 
autoridad»; lo que implica socavar su propio fundamento constitucional y estatutario 
(arts. 1 y 2.4 EAC), «al sustraerse de toda vinculación a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico», e infringe «las bases del Estado de Derecho y la norma que 
declara la sujeción de todos a la Constitución (arts. 1.1 y 9.1 CE)» (STC 259/2015, FJ 7).
En fin, al igual que sucedía con la resolución 1/XI, el contenido de los incisos 
impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII «incide directamente 
sobre cuestiones reservadas en su tratamiento institucional al procedimiento de reforma 
constitucional del artículo 168 CE» (STC 259/2015, FJ 7).
7.  Importa recordar una vez más que el deber de fidelidad a la Constitución por 
parte de los poderes públicos «constituye un soporte esencial del funcionamiento del 
Estado  autonómico»,  cuya  observancia  resulta  obligada  (STC  247/2007,  de  12 
diciembre, FJ 4). Por tanto, son las Asambleas parlamentarias, en su condición de 
poderes  constituidos,  las  que,  prima  facie,  deben  velar  por  que  sus  decisiones  se 
acomoden, en todo momento, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico 
(art.  9.1  CE).  Recae  así  sobre  los  titulares  de  cargos  públicos,  entre  ellos  los 
parlamentarios, un cualificado deber de acatamiento a la Constitución, que no se cifra en 
una necesaria adhesión ideológica a su total contenido, pero sí en el compromiso de 
realizar sus funciones de acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento 
jurídico  (art.  9.1  CE).  Que  «esto  sea  así  para  todo  poder  público  deriva, 
inexcusablemente, de la condición de nuestro Estado como constitucional y de Derecho» 
(STC 259/2015, FJ 4). Por tanto, «el ordenamiento jurídico, con la Constitución en su 
cúspide, en ningún caso puede ser considerado como límite de la democracia, sino como 
su garantía misma» (STC 259/2015, FJ 5).
Ha de reiterarse igualmente que «en el Estado social y democrático de Derecho 
configurado por la Constitución de 1978 no cabe contraponer legitimidad democrática y 
legalidad constitucional en detrimento de la segunda», pues la legitimidad de cualquier 
actuación del poder público se basa en su conformidad con la Constitución, que tiene, 
precisamente, su fundamento en el principio democrático (art. 1.1 CE). De modo que «la 
primacía incondicional de la Constitución es la garantía de la democracia tanto por su 
fuente  de  legitimación  y  por  su  contenido,  como  por  la  previsión  misma  de 
procedimientos para su reforma» (STC 259/2015, FJ 5). Reforma que pueden solicitar o 
proponer, entre otros órganos del Estado, las asambleas de las comunidades autónomas 
(arts. 87.2 y 166 CE), como ya advirtió este Tribunal en las SSTC 42/2014, FFJJ 3 y 4, 
y 259/2015, FJ 7.
Por tanto, en un Estado social y democrático de Derecho no hay legitimidad posible 
al margen de la legalidad, pues «la legitimidad de una actuación o política del poder  e.
público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución y al ordenamiento  w.b
jdeuefreíl dctdiciveoird»ea c(dhS oTd»Ce   pc2uo5an9ne/2t a0«s1e 5ng, a FrriaJen s5tgí)a.o sE  msy  áadxseiímr epoco,hr qopusae rp aur ents opedorovdsae nrl  oppsoa lrícatiic ueodl laqodusae tn asonest …os it lúala aC  «ovaingl semtnitaucricgaieó nny    2020-1123n https://w
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autoridad merecedora de acatamiento» [STC 114/2017, de 17 de octubre, FJ 5 d)].
Por ello, la legitimidad democrática del Parlamento de Cataluña «no puede oponerse 
a  la  primacía  incondicional  de  la  Constitución.  El  texto  constitucional  refleja  las 
manifestaciones relevantes del principio democrático, cuyo ejercicio, por tanto, no cabe 
fuera del mismo» (STC 42/2014, FJ 4). En consecuencia, «el ordenamiento jurídico, con 
la Constitución en su cúspide, en ningún caso puede ser considerado como límite de la 
democracia,  sino  como  su  garantía  misma»  (STC  259/2015,  FJ  5).  Así  lo  hemos 
recordado también en la STC 136/2018, FJ 6.
En  particular,  por  lo  que  se  refiere  a  la  proclamación  del  «derecho  a  la 
autodeterminación»  como  «derecho  irrenunciable  del  pueblo  de  Cataluña»  que  el 
Parlamento se compromete a «ejercer de manera concreta», ha de recordarse que, 
como ya se dijo en la STC 114/2017, FJ 2 b), «para ninguno de los ‘pueblos de España’, 
por servirnos de las palabras del preámbulo de la Constitución, existe un «derecho de 
autodeterminación’, entendido … como ‘derecho’ a promover y consumar su secesión 
unilateral del Estado en el que se constituye España (art. 1.1 CE). Tal ‘derecho’, con toda 
evidencia,  ‘no  está  reconocido  en  la  Constitución’  [STC  42/2014,  FJ  3  b),  y 
ATC 122/2015, de 7 de julio, FJ 5]».
Tampoco cabría aducir que ese supuesto «derecho a la autodeterminación» forme 
parte de nuestro ordenamiento jurídico en virtud de tratados internacionales de los que 
España sea parte (art. 96 CE), pues tal aserto incurriría «en el contrasentido lógico de 
pretender que el acto de soberanía del Estado al contraer tales supuestos compromisos 
hubiera  entrañado  la  paradójica  renuncia  a  esa  misma  soberanía;  la  supremacía 
incondicionada  de  la  Constitución  conllevaría  la  invalidez  e  inaplicabilidad  de  esos 
hipotéticos compromisos [arts. 95 CE y 27.2 c) LOTC; DDTC 1/1992, de 1 de julio, 
FFJJ 1 y 4, y 1/2004, de 13 de diciembre, FJ 2; SSTC 100/2012, de 8 de mayo, FJ 7; 
26/2014,  de  13  de  febrero,  FJ  3,  y  215/2014,  de  18  de  diciembre,  FJ  3  a)]» 
[STC 114/2017, FJ 2 b)].
Es cierto que tanto en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, de 16 de 
diciembre de 1966, como en el de derechos económicos y sociales, de igual fecha, de 
los que España es parte, se proclama, que «todos los pueblos tienen el derecho de libre 
determinación» (art. 1.1 de uno y otro tratado). Pero no lo es menos que diversas 
resoluciones  inequívocas  de  las  Naciones  Unidas,  en  cuyo  ámbito  se  suscribieron 
aquellos  pactos,  han  acotado  ese  derecho,  entendido  como  pretensión  de  acceso 
unilateral a la independencia, a los casos de «sujeción de pueblos a una subyugación, 
dominación  y  explotación  extranjeras»,  como  se  advierte  en  la  resolución  sobre  la 
realización universal del derecho de los pueblos a la libre determinación (A/RES/68/153), 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2013. 
Fuera de esos casos «todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la 
unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas», como se afirma en los números 1 y 6 de 
la Declaración sobre la concesión de la independencia a países y pueblos coloniales, 
aprobada por resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 14 de diciembre de 1960.
Del mismo modo, en su resolución 2625 (24 octubre 1970), al ocuparse del derecho 
a la autodeterminación, la Asamblea General de las Naciones Unidas excluye también 
expresamente que ese derecho pueda «entender[se] en el sentido de que autoriza o 
fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, 
la integridad territorial de Estados soberanos e independientes», que «estén, por tanto, 
dotados  de  un  gobierno  que  represente  a  la  totalidad  del  pueblo  perteneciente  al  s
territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color». oe.
Este  límite  al  ejercicio  del  derecho  a  la  autodeterminación  se  reitera  en  textos  w.
dicniente clraunsea ncNtieoanncaiaorlneioes  sdp eUo lsnatised raNiosar eecislo ,1n 4ee nsdt reUe n dliiodcsaie smq (ubAer/ eRc EadbSee /15 90d9/e65s),t, a cacudayoro pl atpa ádDrare acpflooar r taelacr ciAóensr aocm odbnel le mpauo Gntitveoon  uednraeoll    2020-1123n https://w
rdeectoegrme inloa csióignu, ietennteie: n«dSo eegnu irc ureeanftiarm laa nsditou aecl iódne rpeacrhtioc udlaer  tdoed olso sl opsu epbuleobs losso ma eltaid olisb rae   BOE-A-cable e
dominación  colonial  o  a  otras  formas  de  dominación  u  ocupación  extranjeras,  y 
reconociendo el derecho de los pueblos a tomar medidas legítimas, de conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas, encaminadas a realizar su derecho inalienable a la libre 
determinación. Nada de lo anterior se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta 
acción  alguna  encaminada  a  quebrantar  o  menoscabar,  total  o  parcialmente,  la 
integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes que se 
conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre 
determinación de los pueblos y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente 
a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción alguna».
Es obvio que de esa participación goza, al amparo de la Constitución, del estatuto de 
autonomía y del conjunto del ordenamiento, todo español que ostente la condición 
política de catalán (art. 7 EAC) o, si se prefiere, el pueblo de Cataluña en su conjunto, 
como señala el preámbulo de la Constitución al referirse a los «pueblos de España» 
[STC 114/2017, FJ 2 b)].
8.  Por todo ello, atendidos los pronunciamientos de la STC 259/2015, así como de 
los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, no puede sino concluirse que el Parlamento de 
Cataluña ha vuelto a incidir en la vulneración del orden constitucional y estatutario, al 
aprobar su resolución 534/XII, en los apartados e incisos impugnados. Su contenido 
objetivamente contrario a la Constitución no era difícil de constatar, a la vista de los 
pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016, 170/2016, 
24/2017,  123/2017,  y  124/2017,  así  como  en  las  SSTC  114/2017  y  136/2018, 
pronunciamientos todos ellos que la cámara autonómica conocía antes de proceder a 
debatir y votar en el Pleno del 25 de julio de 2019 la aprobación de esas concretas 
propuestas finalmente incorporadas a los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII, en 
los incisos de las mismas que son objeto del presente incidente de ejecución. Esos 
incisos desacatan y contradicen frontalmente lo decidido por este Tribunal en dichas 
sentencias,  así  como  en  los  referidos  autos  dictados  en  sucesivos  incidentes  de 
ejecución.
Al aprobar la resolución 534/XII, en los apartados e incisos que son objeto del 
incidente  de  ejecución,  el  Parlamento  de  Cataluña  desatiende  los  reiterados 
pronunciamientos y advertencias de este Tribunal y pretende de nuevo «cancelar de 
hecho, en el territorio de Cataluña y para todo el pueblo catalán, la vigencia de la 
Constitución, del Estatuto de Autonomía y de cualesquiera reglas de derecho que no se 
avinieran o acomodaran al dictado de su nuda voluntad. […] Se ha situado por completo 
al margen del derecho, ha entrado en una inaceptable vía de hecho (SSTC 103/2008, 
FJ  4,  y  259/2015,  FJ  7,  así  como  ATC  24/2017,  FJ  9)»  (STC  114/2017,  FJ  5,  y 
ATC 144/2017, FJ 5).
9.  Este  Tribunal  viene  advirtiendo  de  forma  expresa  a  los  poderes  públicos 
implicados y a sus titulares, especialmente a la mesa del Parlamento de Cataluña, bajo 
su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga 
alterar  unilateralmente  el  marco  constitucional  o  incumplir  las  resoluciones  de  este 
Tribunal  (AATC  141/2016,  FJ  7;  170/2016,  FJ  7;  24/2017,  FJ  9;  123/2017,  FJ  8; 
124/2017, FJ 8, y 144/2017, FJ 8). El cualificado deber de acatamiento a la Constitución 
que recae sobre los titulares de cargos públicos «no se cifra en una necesaria adhesión 
ideológica a su total contenido, pero sí en el compromiso de realizar sus funciones de 
acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento jurídico (en tal sentido, entre 
otras, SSTC 101/1983, de 18 de noviembre, FJ 3, y 122/1983, de 16 de diciembre, FJ 5).  e
Que esto sea así para todo poder público «deriva, inexcusablemente, de la condición de  bo
nuestro Estado como constitucional y de Derecho» (STC 259/2015, FJ 4). w
24/2C0o1m7,o F eJs t9e;  T1r2ib3u/2n0a1l 7r,e cFoJr d8ó,  tya m12b4ié/2n0 e1n7 , sFuJs  A8,A TelC d 1e4b1a/t2e0 p1ú6b, lFicJo  5e;n 1 7la0s/ 2a0s1a6m, bFlJe a7s;   2020-1123n https://w
olergdiesnla tcivoanss tsitoubcrioen parlo gyeocztao,s p preoclíitsicaomse qnutee  aplr eatemnpdaarno  mdeo dliafi cmari seml afu Cndoanmsteitnutcoió mn,i sdmeo  udneal 
irrestricta libertad. Siempre que esta no se articule o defienda a través de una actividad
que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los 
mandatos constitucionales y que el intento de su consecución efectiva se realice en el 
marco constitucional, lo que excluye la conversión de esos proyectos políticos en normas 
o en otras determinaciones del poder público de manera unilateral, despreciando el 
procedimiento de reforma constitucional (SSTC 42/2014, FJ 4, y 259/2015, FJ 7). La 
autonomía parlamentaria (art. 58 EAC) no puede en modo alguno servir de pretexto para 
que  la  cámara  autonómica  se  considere  legitimada  para  atribuirse  la  potestad  de 
vulnerar  el  orden  constitucional  (STC  259/2015,  FJ  7),  ni  erigirse  en  excusa  para 
soslayar  el  cumplimiento  de  las  resoluciones  del  Tribunal  Constitucional 
(AATC 170/2016, FJ 6; 24/2017, FJ 8; 123/2017, FJ 8, y 124/2017, FJ 8).
Pese a ello, el Parlamento de Cataluña ha desatendido una vez más las reiteradas 
advertencias de este Tribunal de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que 
suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resoluciones de 
este Tribunal, al aprobar los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII, en los incisos a 
los  que  se  contrae  el  presente  incidente  de  ejecución.  De  esta  suerte  la  cámara 
autonómica apela de nuevo a un entendimiento del principio democrático objetivamente 
contrario a la Constitución.
Confirma así la cámara autonómica su antijurídica voluntad de dar continuidad al 
proceso  secesionista  en Cataluña, al  margen  del  ordenamiento constitucional y sin 
supeditarse a las decisiones de las instituciones del Estado español y en particular de 
este  Tribunal  Constitucional.  La  resolución  534/XII,  en  los  apartados  e  incisos 
impugnados, al insistir el Parlamento de Cataluña en proclamarse como «soberano» y en 
ejercitar el «derecho a la autodeterminación», plasma la voluntad de esa cámara de 
eludir los procedimientos de reforma constitucional para llevar adelante su proyecto 
político de secesión del Estado español y creación de un Estado catalán independiente 
en forma de república. Esto supone «intentar una inaceptable vía de hecho (incompatible 
con el Estado social y democrático de Derecho que se proclama en el art. 1.1 CE) para 
reformar  la  Constitución  al  margen  de  ella  o  conseguir  su  ineficacia  práctica» 
(SSTC  103/2008,  FJ  4,  y  259/2015,  FJ  7).  Asimismo  contraviene  y  menoscaba 
frontalmente los pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015 y los AATC 141/2016, 
170/2016, 24/2017, 123/2017 y 124/2017, como ha quedado razonado.
Todo  ello  conduce  a  estimar  el  incidente  de  ejecución  (arts.  87.1  y  92  LOTC) 
promovido por el Gobierno contra la resolución 534/XII, en los incisos impugnados de 
sus apartados I.1 y I.2, cuya apariencia de juridicidad –por provenir de un poder público 
sin duda legítimo en origen– debe ser cancelada mediante la declaración de nulidad que 
aquí se decide.
10.  La  garantía  del  orden  constitucional,  gravemente  conculcado  por  la 
resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña de 25 de julio de 2019, en los apartados e 
incisos de la misma a los que se refiere el presente incidente de ejecución, exige que 
este Tribunal ejerza las competencias que la Constitución le encomienda para preservar 
su  jurisdicción  y  el  cumplimiento  de  sus  resoluciones  (STC  259/2015,  FJ  4; 
AATC 189/2015, FJ 3, 141/2016, FJ 7; 170/2016, FJ 9; 24/2017, FJ 12; 123/2017, FJ 11, 
y 124/2017, FJ 9).
Ello implica que la estimación del presente incidente de ejecución no se limite a 
declarar la nulidad de la resolución 534/XII en los apartados e incisos impugnados, sino 
que, asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 87.1, párrafo segundo, 
y 92.4 LOTC, y conforme a lo interesado por el abogado del Estado y el ministerio fiscal, 
procede  notificar  personalmente  el  presente  auto  al  presidente  del  Parlamento  de  e.
Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento,  w.b
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expreso apercibimiento de las eventuales responsabilidades en las que pudieran incurrir 
en caso de incumplimiento de lo ordenado por este Tribunal.
Tales requerimientos y apercibimientos, al igual que los contenidos en los apartados 
cuarto y quinto de la providencia de 10 de octubre de 2016, en modo alguno atentan 
contra la autonomía parlamentaria y la inviolabilidad de los diputados del Parlamento de 
Cataluña. Como ya hemos tenido ocasión de declarar en ocasiones precedentes, la 
admonición a la mesa del Parlamento y a sus miembros del deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa que suponga incumplir las resoluciones de este Tribunal «no supone 
en modo alguno una restricción ilegítima de la autonomía parlamentaria ni compromete 
el ejercicio del derecho de participación de los representantes políticos garantizado por el 
art. 23 CE; es la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos los 
poderes públicos (art. 9.1 CE)» (AATC 24/2017, FJ 9, y 123/2017, FJ 8). Resulta, por 
tanto, que las admoniciones que se contienen en la providencia de 10 de octubre 
de 2019 y en el presente auto no solo no carecen de respaldo legal, sino que son la 
consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes públicos. 
Por ello, tales advertencias, como expresamente ha señalado este Tribunal, «no son 
contrarias a la autonomía de la cámara, por lo que no puede considerarse que conlleven 
una usurpación de las atribuciones de los órganos competentes, ni que sean contrarias 
al  principio  de  separación  de  poderes  ni  tampoco  que  las  mismas  atenten  a  la 
inviolabilidad  de  los  parlamentarios,  pues  a  través  de  ellas  sólo  se  garantiza  el 
cumplimiento de las resoluciones de este Tribunal, que, como se ha indicado, han de ser 
cumplidas también por las cámaras legislativas» (ATC 6/2018, de 30 de enero, FJ 6).
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
1.  Inadmitir  la  intervención  solicitada  por  doña  Elsa  Artadi  Vila  y  treinta  y  un 
diputados más del Parlamento de Cataluña en el presente incidente de ejecución.
2.  Estimar  el  incidente  de  ejecución  formulado  por  el  abogado  del  Estado  en 
representación del Gobierno respecto de los incisos de los apartados I.1 y I.2 de la 
Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña de 25 de julio de 2019, «sobre las 
propuestas para la Cataluña real», que quedan indicados en el antecedente 2 y en el 
fundamento jurídico 1 del presente auto y, en su virtud:
a)  Declarar la nulidad de los referidos incisos de los apartados I.1 y I.2 de la 
resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña de 25 de julio de 2019.
b)  Notificar  personalmente  el  presente  auto  al  presidente  del  Parlamento  de 
Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con 
la  advertencia  de  abstenerse  de  realizar  cualesquiera  actuaciones  tendentes  a  dar 
cumplimiento a la resolución 534/XII, en los apartados e incisos anulados, y de su deber 
de  impedir  o  paralizar  cualquier  iniciativa,  jurídica  o  material,  que  directa  o 
indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de esos apartados e incisos de dicha 
resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las 
que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este Tribunal.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid,  a  dieciocho  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve.–Juan  José  González  e
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.– bo
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Firmado y rubricado.