BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Viernes 31 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 62325
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8955 Sala  Primera.  Sentencia  74/2020,  de  29  de  junio  de  2020.  Recurso  de 
amparo 2094-2019. Promovido por don José Luis Gonzalo Troncoso Freiría 
respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, que desestimó en suplicación 
su demanda sobre efectos económicos de la jubilación. Supuesta vulneración 
de los derechos a la igualdad, a no padecer discriminación y a la libertad 
religiosa:  razonada  denegación  del  cómputo  de  períodos  de  cotización 
respecto de los que no se acreditó el desarrollo de una actividad pastoral de 
modo estable y retribuido.
ECLI:ES:TC:2020:74
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente, y los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2094-2019, promovido por don José Luis Gonzalo 
Troncoso Freiría, representado por la procuradora de los tribunales doña Paula María 
Guhl Millán, y defendido por el letrado don Andrés Pérez Subirana contra el auto de la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2019, dictado en el recurso de 
casación para unificación de doctrina núm. 2549-2018, y contra la sentencia de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, de 21 de 
diciembre de 2017, dictada en el recurso núm. 127-2017-L. Han intervenido la letrada de 
la administración de la seguridad social en representación del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Santiago Martínez-Vares García.
I.  Antecedentes
1.  Por escrito presentado en el registro electrónico de este Tribunal el día 1 de abril 
de 2019, don José Luis Gonzalo Troncoso Freiría, interpuso recurso de amparo contra el 
auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2018, que 
desestimó  el  recurso  de  casación  para  unificación  de  doctrina  núm.  2549-2018, 
interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, sede de Sevilla, de 21 de diciembre de 2017, dictada en el rollo de 
suplicación núm. 127-L, que también se impugna. Esta última estimó el recurso de  e
suplicación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Cádiz  bo
de 29 de marzo de 2016 –dictada en los autos núm. 201-2014– que había estimado la  55ww
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preosrp 1o0n0s adbeil ildaa bda as ela r Ieggleuslaiad oervaa ncogné liecfae.ctos del 30 de abril de 2013, absolviendo de toda
2.  Los hechos relevantes para resolver el recurso de amparo interpuesto, son los 
siguientes:
a)  El 31 de julio de 2013 el recurrente solicitó la revisión de la cuantía de su 
pensión de jubilación que le había sido reconocida por resolución del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social (en adelante INSS) de 25 de enero de 2008. Dicha solicitud fue 
desestimada por resolución de 13 de noviembre de 2013 (con registro de salida del 15 
de noviembre siguiente).
b)  El demandante de amparo tras interponer reclamación previa contra la anterior 
resolución denegatoria interpuso demanda ante los juzgados de lo social de Cádiz. En la 
misma afirmó que no se le permitió darse de alta en la Seguridad Social por su actividad 
pastoral «hasta 1999», lo que impidió que se le tuviera en cuenta la actividad realizada 
no coincidente con otra actividad o causar alta en la Seguridad Social. Refiere que dicha 
situación contrasta con la posibilidad de darse de alta que se reconocía a quienes 
realizaban idéntica actividad pastoral pero para la Iglesia católica. Dicha disparidad de 
trato constituye a su juicio una vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación 
[arts. 14 CE y 14 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales (CEDH)] y del derecho fundamental a la libertad religiosa 
(art. 16 CE y art. 9 CEDH). Apoya su afirmación en la STEDH de 3 de abril de 2012, cuyo 
contenido  exponía  extensamente.  También  hace  amplia  referencia  a  la  regulación 
aplicable: Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, Orden de 19 de diciembre de 1977, y 
reales  decretos  487/1998,  de  17  de  marzo,  y  2668/1998,  de  11  de  diciembre.  Y, 
finalizaba  su  demanda  solicitando  que  se  revisase  la  pensión  de  jubilación  con  el 
reconocimiento del 100 por 100 de la base reguladora todo ello con apoyo en una 
cotización a la Seguridad Social de treinta y cinco años.
c)  Repartida  la  demanda,  el  Juzgado  de  lo  Social  núm.  2  de  Cádiz  incoó  el 
procedimiento núm. 201-2014 sobre seguridad social en materia prestacional, y dictó 
sentencia el 29 de marzo de 2016 por la que estimó la demanda y declaró el derecho del 
demandante al 100 por 100 de la base reguladora con efectos desde el 20 de abril 
de 2013. Por otra parte absolvió de toda responsabilidad a la Iglesia evangélica. En 
dicha sentencia se contiene como hechos probados los siguientes:
«Primero.  Al  demandante  nacido  el  10-1-43  (teniendo  50  años  en  1993  y  55 
en 1998), se le reconoció jubilación el 25.1.2008 con efectos de tal día, por 32 años de 
cotización y el 94 por 100 de la Base. Computándole 11.419 días resultado de sumarle: 
10.426 días del periodo 7-10-98 a 10-1-2008, más 279 días por un contrato a tiempo 
parcial y otros 751 por la edad que tenía el 1.1.67 de la empresa Corvián del 77 al 79: 
441 día [sic].
Y por la Iglesia Evangélica: de 15-9-86 a 30.9-91: 558 días; de 11.10.91 a 30.4.99: 
2.759; de 1.5.99 a 10.01.2008: 3.177 días, más 13 días de vacaciones no disfrutadas.
La Base reguladora fue de 646,13 euros, del que su 94 por 100 son: 607.36 que con 
complementos a mínimo le supuso 658,95 euros al mes. Por esos redondeados: 32 
años.  El  periodo  de  bases  de  cotizaciones  utilizadas  se  extiende  desde:  1.1.1993 
a 31.2.2007; de ahí la base reguladora de 646,13 euros.
Segundo.  Ejerció la función de Ministro de Culto de la Iglesia Evangélica desde: 
1.1.1974 a 1.1.2008 en que se jubiló.»
La sentencia extractaba –en su fundamentación jurídica– el contenido de la STEDH 
de 3 de abril de 2012, asunto Manzanas Martín c. España, indicando que al demandante  s
solo  se  le  ha  computado  el  periodo  de  cotización,  como  tiempo  de  prestación  de  oe.
servicios a la Iglesia evangélica, desde que fue dado de alta en el régimen general, por  w.
lacoop nlqicsuaiedr elelre an ceiinóragn u anepal l tiicpeaombspliebo il liadd ead dro edcaterli iznaaalcc aidónenz  aldare  tS raeTciEntitDvaiHd ya  dcci itncaocdoma .oa  Rñmoesifne idrsíetar o cq oduteeiz  acacul ilótnono   dtooefm rleaac nIegdrlolee s einnai    2020-8955n https://ww
evangélica antes de la integración de 1986, se le había provocado una discriminación
que vulneraba el art. 14 CE.
d)  El  INSS  y  la  TGSS  formalizaron  recurso  de  suplicación  contra  la  anterior 
sentencia. Dicho recurso fue estimado por sentencia de la Sala de lo Social, con sede en 
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictada el 21 de diciembre 
de 2017.
En la fundamentación de la sentencia se exponía con detalle la regulación que prevé 
la incorporación al régimen general de la Seguridad Social del clero diocesano y de los 
religiosos y religiosas secularizados de la Iglesia católica. Y en lo que a los ministros de 
culto de las iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas 
de España se refería, indicaba que tras la solicitud de inclusión en la Seguridad Social 
efectuada el año 1997, fue el Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo, el que hizo efectiva 
su integración. Dicha norma estableció en su art. 2.1) que «a estos efectos se entenderá 
por ministro de culto la persona que esté dedicada, con carácter estable, a las funciones 
de culto o asistencia religiosa, siempre que no ejerza estas funciones a título gratuito». 
Sostenía que si bien la norma no preveía inicialmente la posibilidad de cómputo de 
periodos anteriores, la modificación realizada por el Real Decreto 839/2015, de 21 de 
septiembre  completó  la  posibilidad  de  reconocimiento  de  períodos  como  cotizados 
anteriores a la inclusión en el régimen general en relación con, entre otras, la pensión de 
jubilación.
Concreta la cuestión del recurso a determinar si puede afirmarse la existencia, en el 
caso del actor, de discriminación respecto a sacerdotes de la Iglesia católica por el hecho 
de que a estos se les permita la incorporación a la Seguridad Social de manera casi 
inmediata al Real Decreto 2398/1977. A fin de resolver la existencia de la misma hace 
referencia a la STEDH de 3 de abril de 2012, asunto Manzanas Martín c. España, e 
indica que en dicha sentencia se discutía el derecho a pensión de jubilación de un pastor 
de la Iglesia evangélica que ejerció como tal hasta el año 1991, esto es, hasta antes de 
la integración y al que le fue denegada la pensión solicitada. El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos declaró la existencia de vulneración del art. 14 CEDH en relación 
con las previsiones y la regulación del clero de la Iglesia católica y condenó al Estado 
español al pago de una indemnización. Sin embargo, lo que pretende el actor es el 
incremento del porcentaje de la pensión de jubilación que le ha sido reconocida por lo 
que las situaciones no son las mismas.
Añade que tampoco existe trato discriminatorio respecto de quienes, en su misma 
situación, pertenecen a la Iglesia católica. Refiere que la orden del Ministerio de Sanidad 
y Seguridad Social de 19 de diciembre de 1977 estableció para el clero diocesano de la 
Iglesia católica una previsión sobre reconocimiento de periodos previos como cotizados 
para  poder  causar  pensión  de  jubilación  y  requería  tener  cincuenta  y  cinco  años 
cumplidos  y  que  se  tratara  de  personas  respecto  de  las  que  se  previera  que  no 
alcanzarían el periodo de carencia necesario para causar pensión de jubilación a los 
sesenta y cinco años. Indica que una disposición semejante se ha dictado para ministros 
de  culto  de  las  iglesias  pertenecientes  a  la  Federación  de  Entidades  Religiosas 
Evangélicas de España en virtud del Real Decreto 839/2015, de 21 de septiembre. 
Afirma que la situación del actor no es equiparable a la de quienes no pueden acceder a 
la pensión de jubilación. Como tampoco es equiparable su situación a quienes habiendo 
pertenecido al clero de la Iglesia católica se hubiesen secularizado o hubiesen cesado en 
la profesión religiosa (Real Decreto 2665/1998, de 11 de diciembre que completa el Real 
Decreto 487/1998, de 27 de marzo). Finalmente añade que la tardía regulación de la 
incorporación de los pastores de la Iglesia evangélica a la Seguridad Social, respecto a 
la  incorporación  del  clero  de  la  Iglesia  católica,  es  cierta,  pero  no  ocasiona  s
discriminación,  pues  la  inmediata  incorporación  del  clero  a  la  Seguridad  Social  se  oe.
produce porque cuando se dicta el Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, la única  w.
religión oficial era la católica, y, en el caso del actor, el tardío desarrollo de la integración  55ww
dsee  llae  Ighlaens iac oemvapnugtaédlioca  ceonti znaacdioan aefse cdtóe  ae slata p eIgnlseisóina  pdreestedned i1d9a8, 6te, npieonr dloo  eqnu ceu ennot ah uqbuoe 
nainntgeusn. aTa ol brajezcoiónna mali eanlttao  ellenv dai cah laa  freecvhoac ayc qióune  digeu laal mseenntteen csiea  lree cpuordrridíaa .haber dado de alta  BOE-A-cable e
e)  La representación procesal de don José Luis Gonzalo Troncoso Freiría interpuso 
recurso de casación para la unificación de doctrina que fue inadmitido por auto de 
fecha 23 de enero de 2019 dictado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
El auto examina como sentencia de contraste alegada la dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña de 29 de junio de 2016 y descarta la existencia de 
contradicción  al  no  existir  coincidencia  en  los  hechos  acreditados  en  las  dos 
resoluciones, lo que justifica las diferentes consecuencias jurídicas alcanzadas. Refiere:
«En  efecto,  no  existe  coincidencia  en  los  hechos  acreditados  en  las  dos 
resoluciones, lo que justifica las diferentes consecuencias jurídicas alcanzadas y obsta a 
toda contradicción. Así, en la sentencia de contraste consta, de un lado, que el actor fue 
ministro  de  culto  de  la  Iglesia  evangélica  con  plena  dedicación  y  percibiendo  una 
retribución desde el 1 de diciembre de 1967 y hasta el 31 de diciembre de 2002, cuando 
pasó a la situación de jubilación; y, de otro, que cotizó por la Iglesia evangélica en 
diversos periodos desde el 1 de septiembre de 1991 al 31 de diciembre de 2002. 
Mientras que en la sentencia recurrida, de un lado, lo que consta es que el actor ejerció 
la función de ministro de culto de la Iglesia evangélica desde el 1 de enero de 1974 a 1 
de enero de 2008, en que se jubiló, pero no hay referencia alguna a que ello fuera con 
plena dedicación y percibiendo retribución; y, de otro, acredita cotizaciones de la Iglesia 
evangélica desde el 15 de septiembre de 1986 y hasta el 10 de enero de 2008, esto es, 
desde antes de 1991.»
3.  La demanda de amparo solicita que se declare la vulneración del derecho a la 
igualdad y no discriminación (art. 14 CE) y de la libertad religiosa (art. 16 CE) y se anule 
el auto de la Sala de lo Social de Tribunal Supremo dictado en el recurso de casación 
para unificación de doctrina núm. 2549-2018 y la sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla de 21 de diciembre de 2017 –
recurso de suplicación núm. 127-2017– y se deje vigente la sentencia del Juzgado de lo 
Social núm. 2 de Cádiz dictada en el procedimiento núm. 201-2014.
Refiere que la denegación de la pensión solicitada ante el INSS vulneraba el art. 14 
CE por tratarse de un trato desigual injustificado y constituir una discriminación por 
pertenencia a una confesión religiosa (art. 16 CE), como ya había reconocido por la 
STEDH de 3 de abril de 2012. Aborda extensamente el contenido de la sentencia del 
Juzgado de lo Social núm. 2 de Cádiz, tanto en el relato de hechos probados, como en 
su fundamentación, con expresa referencia a la regulación legal que en la misma se cita. 
Tras referirse al recurso de suplicación interpuesto por el INSS y al contenido de la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, desarrolla las razones de la 
vulneración.
En tal sentido expresa que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en la 
sentencia de 21 de diciembre de 2017, al estimar el recurso presentado por el INSS y 
confirmar la resolución administrativa, y en última instancia el auto del Tribunal Supremo 
de 23 de enero de 2019 que inadmitió el recurso de casación para unificación de 
doctrina, vulneraron los arts. 14 y 16 CE, al avalar el trato desigual y discriminatorio de 
los pastores evangélicos respecto de los católicos, sin que existiera una causa objetiva y 
razonable que lo justificase.
Sostuvo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía parecía obviar que es una 
cuestión resuelta por la Sala Cuarta y Tercera del Tribunal Supremo, en la Sentencia de 
la «Sala General de la Sala Cuarta de 24 de abril de 2018», aclarada y completada por 
auto de 16 de enero de 2019 que los pastores evangélicos que hayan sufrido alguna de  e
las contingencias protegidas por su inclusión en el sistema de la Seguridad Social, tienen  bo
derecho  a  que  la  cotización  exigible  para  beneficiarse  de  las  correspondientes  55ww
hpare pstraecviiosntoe sp apruae ldoas  ssearc ecrodmotpeust addea l ae  rienlgigreiósna dcaa teónlic lao.s N moi scmaboes  atélermgainr olas  nqeucee esli dleagdi sdlaed uonr 
apcausetorrdeos  eennt ree l esl isEtestmadao  dye  llaa  ISgleegsuiari deavda nSgoécliicaal,  ppaureas  reyaco ensotcaebra  lap rienvteisgtroa ceiónn  edl eR eloasl 
Decreto 2398/1977, por lo que difícilmente se podía justificar el retraso en su inclusión en
el régimen general de la Seguridad Social con los argumentos que realizó la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia.
4.  La Sección Segunda de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, en fecha 30 
de septiembre de 2019, dictó providencia en la que acordó admitir a trámite el recurso, 
apreciando  especial  trascendencia  constitucional,  porque  el  recurso  planteaba  un 
problema o afectaba a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no había 
doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2, a)], y dar vista de todas las actuaciones 
del presente recurso de amparo, en la secretaría de la Sala, por un plazo común de 
veinte días, al Ministerio Fiscal y al procurador del demandante, para que dentro de 
dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convenga, y al 
abogado del Estado para que dentro de dicho plazo, si lo estimaba oportuno, pueda 
personarse y formular las alegaciones del mencionado art. 52, con entrega de copia de 
la demanda y demás documentación presentada en el recurso.
5.  El 24 de octubre de 2019 la letrada de la administración de la Seguridad Social, 
en nombre del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la 
Seguridad Social solicitó que se le tuviera por comparecida y personada en el presente 
recurso.
6.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el 18 de diciembre de 2019, la fiscal 
jefe ante el Tribunal Constitucional formuló alegaciones, solicitando la denegación del 
amparo solicitado.
En su escrito expuso los antecedentes procesales de los que traía causa la demanda 
de amparo y sintetizó el contenido de ésta. A continuación recogía la doctrina del 
Tribunal Constitucional sobre el contenido del derecho a la igualdad a través de la 
reproducción parcial de la STC 91/2019 y del ATC 89/2019, y extractó la STEDH de 3 de 
abril de 2012, asunto Manzanas Martín c. España. Se refirió al modo en que la citada 
STEDH fue aplicada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, tanto en la sentencia 
de 24 de abril de 2018, dictada por el pleno, como en la sentencia de 19 de junio 
de 2018, en que no se apreció contradicción alguna con la sentencia de contraste 
entonces alegada, al no acreditarse que el interesado hubiera desempeñado funciones 
como pastor de la Iglesia evangélica a los efectos de la revisión de la cuantía de la 
pensión de jubilación. Por otra parte, en relación con el auto de 23 de enero de 2019 
cuestionado en la demanda de amparo, en el que a su vez se alude a la sentencia de 19 
de junio de 2018, consideró que la contradicción alegada con un asunto similar no 
existía.
Consideró  manifestó  que  las  afirmaciones  del  recurrente  que  sustentaban  la 
vulneración del derecho a la igualdad y la existencia de discriminación, contrastaban con 
los pronunciamientos de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. El auto de 23 de enero 
de 2019, es cuestionado por el recurrente «aunque su fundamentación se omita de 
forma  palmaria».  Sostuvo  que  tanto  la  Sala  de  lo  Social  del  Tribunal  Superior  de 
Andalucía, como la Sala Cuarta del Tribunal Supremo apreciaron que en el supuesto de 
autos no concurría la discriminación denunciada, lo cual ha sido declarado en más 
ocasiones por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. La razón de decidir de ambas 
resoluciones no fue la tardía inclusión en el régimen de la Seguridad Social. Lo que 
imposibilitó que el actor accediera a la pensión de jubilación sin descuento alguno fue «la 
falta de acreditación de que hubiera ejercido como pastor de la Iglesia evangélica de 
modo retribuido por la totalidad del tiempo de carencia exigido para lucrar la pensión de  s
jubilación íntegra y para ello han tomado en consideración su vida laboral, que en la  oe.
presente  demanda  no  se  cuestiona,  como  tampoco  se  cuestionó  en  el  proceso  w.
dsueb tyEraaxbcpeaunjsoto ep »qo.ur ec ueel netxaa amjeenna d pea lraa  veidmap lraebsoarsa ld disetiln atacsto dr ep olan eIg dlees ima aenvifaiensgtéol iclaa  rdeuarliaznatcei óenl   2020-8955n https://ww
periodo en que ya ejerció la función de ministro de culto, lo que evidenciaba que tal
actividad pastoral no era ejercida de forma exclusiva por el actor. Aludió a que en
periodos anteriores a que se produjera la integración del colectivo de pastores de la 
Iglesia evangélica en el régimen de la Seguridad Social –con bastante antelación– ya 
figuraba como trabajador de la misma y cotizaba por él, a la Seguridad Social, la Iglesia 
evangélica. Tal circunstancia permite constatar la irrelevancia de la tardía incorporación 
al régimen de la Seguridad Social en comparación con los clérigos y religiosos de la 
Iglesia católica.
Lo que el demandante «no ha acreditado es el desempeño retribuido de la función de 
ministro de culto durante el periodo de carencia o el desempeño de otras actividades 
también  cotizadas  durante  ese  mismo  periodo  y  ello  es  lo  que  ha  determinado  la 
reducción de su pensión de jubilación, lo que en casos similares también sucede con los 
demás afiliados a la Seguridad Social, sacerdotes católicos y otro tipo de trabajadores».
7.  La representación del recurrente en amparo, el 2 de enero de 2020, formuló 
alegaciones, sistematizadas bajo cuatro títulos, con una previa explicación sobre la 
necesidad de efectuar precisiones a la demanda de amparo. Insistió en que hasta el 
año 1992 no pudo cotizar como pastor evangélico al no permitirse el alta en la Seguridad 
Social  a  diferencia  de  los  pastores  de  la  Iglesia  católica.  Destacaba  la  necesaria 
aplicación de la STEDH de 3 de abril de 2012 en el asunto Manzanas Martín c. España, 
según declaró la STS de 24 de abril de 2018 del Pleno de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo, siendo reconocido su carácter vinculante por la sentencia de la Sala 
Tercero del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2017. Cuestionaba la solidez de la 
argumentación de las resoluciones judiciales que descartaron la vulneración del derecho 
fundamental, insistiendo en que no se le permitió cotizar por periodos de actividad 
pastoral  anteriores  al  momento  en  que  la  norma  les  permitió  acceder  a  cotizar. 
Finalmente se refirió a que la estimación de la vulneración debía llevar a la anulación de 
las resoluciones judiciales vulneradoras y a mantener el pronunciamiento del juzgado de 
lo social de Cádiz.
8.  Finalmente, el 3 de enero de 2020 se presentaron las alegaciones del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
solicitando  la  denegación  del  amparo,  y  subsidiariamente,  si  se  decide  otorgar  el 
amparo, resuelva que el actor tiene el deber de abonar el capital coste correspondiente a 
la parte de la pensión, que se derive de los años de cotización que se le reconozcan.
Comienza sus alegaciones refiriéndose a los antecedentes procesales y al contenido 
de las resoluciones judiciales dictadas. Examina el contenido de la STEDH de 3 de abril 
de 2012, e indica que el supuesto que en dicha sentencia se resuelve, así como el que 
es objeto de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 24 de abril 
de 2019, son distintos al que se plantea en el presente caso, en el que al actor se le ha 
reconocido pensión de jubilación, por importe del 94 por 100 de la base reguladora, 
por 32 años de cotización. En este caso, se pretende el reconocimiento del 100 por 100 
de la base reguladora, para lo que se requiere que se le computen al menos tres años 
del periodo que ejerció como ministro de culto, antes de la integración en el régimen 
general, por el Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo.
La  denegación  de  su  pretensión  no  supone  la  vulneración  alegada  por  varias 
razones: i) consta en los hechos probados que ejerció la función de ministro de culto de 
la Iglesia evangélica desde el 1 de enero de 1974 al 1 de enero de 2008, pero no consta 
referencia alguna a que lo fuera con  plena  dedicación y percibiendo retribución, a 
diferencia del supuesto examinado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña de 29 de junio de 2016; ii) el art. 2 del Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo,  e
que reguló los términos y condiciones de inclusión en el régimen general de la Seguridad  bo
Social de los ministros de culto pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas  55ww
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igual que sucede con los sacerdotes católicos, respecto del art. 1 de la Orden de 19 de
diciembre de 1977, que regula determinados aspectos de la inclusión del clero diocesano 
de  la  Iglesia  católica  en  el  régimen  general  de  la  Seguridad  Social.  Al  no  quedar 
acreditado  que  durante  los  años  de  ejercicio  de  ministro  de  culto  anteriores,  que 
pretende computar para alcanzar el porcentaje del 100 por 100 de la base reguladora de 
la  pensión  de  jubilación,  que  el  actor  cumpliera  los  requisitos  necesarios  para  su 
inclusión en el régimen general de la Seguridad Social, por no constar percepción de 
retribución por sus funciones, no resulta discriminado.
Refiere que si se aplicara al actor la orden de 19 de diciembre de 1977, que permitía 
computar periodos de ejercicio anteriores a la integración, a los sacerdotes católicos, 
tampoco podría considerarse que ha sido discriminado, pues si bien la norma permite 
tomar en consideración periodos de actividad sacerdotal anteriores a la vinculación al 
régimen general de la Seguridad Social, se limita a los clérigos que tuvieran la edad de 
cincuenta y cinco años en la fecha de entrada en vigor de la norma. Si dicha norma se 
aplica a la entrada en vigor del Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo, el 1 de mayo del 
mismo año, como el actor nacido el 10 de enero de 1943, tendría cincuenta y seis años 
en ese momento, solo podría computarse el periodo comprendido entre el 10 de enero 
de 1998 y el 1 de mayo de 1999, en el que estaba dado de alta y cotizando, como consta 
en los hechos probados, pero en todo caso el derecho estaría condicionado al deber de 
abonar el capital coste de la parte de pensión que se derive de los años adicionales 
reconocidos, pues de lo contrario se produciría un trato más favorable que el dispensado 
a los sacerdotes de la Iglesia católica.
9.  Por providencia de 25 de junio de 2020, se señaló para la deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 29 de este mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y posición de las partes.
El objeto de la presente demanda de amparo es determinar si la resolución del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por la que se denegó al recurrente la 
revisión de la pensión de jubilación, confirmada por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, –que revocó la sentencia del Juzgado 
de lo Social núm.2 de Cádiz– y luego por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo –que 
desestimó el recurso de casación para unificación de doctrina– vulneraron el derecho a 
la igualdad y no discriminación (art. 14 CE) y a la libertad religiosa (art. 16 CE).
Como se expuso en los antecedentes el recurrente impugnó la sentencia de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 21 de diciembre de 2017 –
y el auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que desestimó el recurso de 
casación para unificación de doctrina–, porque al revocar la sentencia dictada por el 
Juzgado  de  lo  Social  núm.  2  de  Cádiz,  vulneraron  el  derecho  a  la  igualdad  y  no 
discriminación,  en  relación  con  el  derecho  a  la  libertad  religiosa,  de  los  pastores 
evangélicos  respecto  de  los  católicos  (arts.  14  y  16  CE).  Consideraba  que  la 
discriminación resultaba del retraso en la inclusión de quienes ejercían el ministerio de 
culto de la Iglesia evangélica en el régimen general de la Seguridad Social, demora que, 
a juicio del recurrente, habría impedido que se le computasen determinados años en que 
ejerció como ministro de culto, sin que existiera una causa objetiva y razonable que lo 
justificase.
Por  su  parte  el  Ministerio  Fiscal  y  la  representación  del  INSS  y  de  la  TGSS  es
descartaron la existencia de la desigualdad de trato alegada, pues la razón por la que no  bo
se le había concedido la revisión de la pensión, no tenía que ver con la posibilidad de  55ww
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2.  Contexto normativo aplicable. Inclusión de los ministros de culto en el ámbito de 
la Seguridad Social.
Con carácter previo conviene hacer referencia, aun de modo conciso, a la evolución 
de la regulación sobre la inclusión de los ministros de culto de iglesias y confesiones 
religiosas en el ámbito de la Seguridad Social en lo que al objeto de la demanda de 
amparo se refiere.
Como ponen de manifiesto las partes, el Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, 
por el que se regula la Seguridad Social del clero, dictado en aplicación del art. 61.2 h) 
de la Ley general de la seguridad social de 30 de mayo de 1974, dispuso que los 
«clérigos  de  la  Iglesia  católica  y  demás  ministros  de  otras  iglesias  y  confesiones 
religiosas debidamente inscritas en el correspondiente registro del Ministerio de Justicia 
quedarán incluidos en el ámbito de aplicación del régimen general de la Seguridad 
Social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen».
El desarrollo reglamentario, al que llamaba el Real Decreto, se realizó por la Orden 
de 19 de diciembre de 1977, por la que se regulan determinados aspectos relativos a la 
inclusión del clero diocesano de la Iglesia católica en el régimen general de la Seguridad 
Social. Para que pudieran quedar asimilados a los trabajadores por cuenta ajena, a los 
efectos de su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social se exigía que 
«desarrollen  su  actividad  pastoral  al  servicio  de  organismos  diocesanos  o  supra 
diocesanos por designación del ordinario competente y perciban por ello la dotación 
base para su sustentación.». Asimismo se establecía que «la base única mensual de 
cotización para todas las contingencias y actuaciones incluidas en la acción protectora 
estará constituida por el tope mínimo de la base de cotización para trabajadores mayores 
de dieciocho años vigente para cada momento en el régimen general de la Seguridad 
Social, sin el incremento correspondiente a pagas extraordinarias» (art. 3). Se disponía 
que «las diócesis y organismos supra diocesanos asumirán los derechos y obligaciones 
establecidos para los empresarios en el régimen general de la Seguridad Social» (art. 4). 
Y quienes estaban ejerciendo el cometido pastoral, a efectos de cotización para la 
contingencia de jubilación, «podrán ingresar la fracción de cuota del Régimen General 
asignada a las contingencias […] correspondientes a periodos anteriores […] con arreglo 
a las siguientes condiciones: 1. Si tuvieran cumplida la edad de cincuenta y cinco años 
el 1 de enero de 1978, podrán hacer el ingreso por los períodos comprendidos entre el 1 
de enero de 1978 y el día en que el clérigo hubiera cumplido dicha edad, con la fecha 
tope de 1 de enero de 1967» (disposición transitoria primera).
Posteriormente  la  Ley  24/1992,  de  10  de  noviembre,  aprobó  el  acuerdo  de 
cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 
España, en cuyo art. 5 se indicó: «De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Real 
Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, los ministros de culto de las Iglesias pertenecientes 
a  la  Federación  de  Entidades  Religiosas  Evangélicas  de  España  que  reúnan  los 
requisitos expresados en el artículo 3, del presente Acuerdo, quedarán incluidos en el 
régimen general de la Seguridad Social. Serán asimilados a trabajadores por cuenta 
ajena. Las Iglesias respectivas asumirán los derechos y obligaciones establecidos para 
los empresarios en el régimen general de la Seguridad Social». En el indicado precepto 
se establecía como requisitos que los ministros de culto «estén dedicados, con carácter 
estable, a las funciones de culto o asistencia religiosa y acrediten el cumplimiento de 
estos requisitos», exigencias similares a las establecidas para el clero diocesano de la 
Iglesia católica.
Con la finalidad de dar cumplimiento a las previsiones normativas enunciadas en el  e.
Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto se dictó el Real Decreto 369/1999, de 5 de  w.b
marzo, sobre términos y condiciones de inclusión en el régimen general de la Seguridad  55ww
SEonctiidaal ddees  Rloesl igmioisnaisst rEosv adneg éclicualtso  ddee  Elsapsa ñigale, seisatsa bpleecrtieenndeoci elonste tsé rma inlao sF ye dceornadciicóino ndees 
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Social, a diferencia de lo que establecía la citada Disposición transitoria primera de la
orden de 19 de diciembre de 1977. En concreto, en el art. 2 se disponía –en términos 
similares a los establecidos por la referida orden de 19 de diciembre de 1977 para el 
clero diocesano de la Iglesia católica– que a los «efectos del presente Real Decreto se 
entenderá por ministro de culto la persona que esté dedicada, con carácter estable, a las 
funciones de culto o asistencia religiosa, siempre que no desempeñe las mismas a título 
gratuito».
Finalmente, para completar la exposición de la evolución normativa, debe destacarse 
–aunque carezca de relevancia alguna al no ser aplicable al recurrente en amparo– que 
para salvar la ausencia de cláusula destinada a posibilitar el ingreso de las cuotas 
correspondientes y reunir el periodo de carencia necesario de aquellos ministros de culto 
que se encontraran en edades cercanas a la edad de jubilación y que acreditaran haber 
ejercido esa actividad en un momento anterior al 1 de mayo de 1999, fecha de entrada 
en vigor del Real Decreto 369/1999, se procedió a incluir en éste, mediante el Real 
Decreto 839/2015, de 21 de septiembre, una nueva disposición adicional, que si bien fue 
anulada  por  la  sentencia  de  la  Sección  Cuarta  de  la  Sala  de  lo  Contencioso 
administrativo del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2017, aplicando la STEDH 
de 3 de abril de 2012.
3.  Doctrina constitucional aplicable. Contenido y alcance del derecho a la igualdad y 
de la prohibición de discriminación (art. 14 CE), en relación con la libertad religiosa 
(art. 16.1 CE).
Dados los términos en los que aparece planteado el debate debemos sintetizar 
brevemente la doctrina constitucional sobre el derecho a la igualdad y a la prohibición de 
discriminación con carácter general, vinculando la misma al cálculo de las pensiones 
contributivas, en concreto de jubilación, y, con ocasión del servicio prestado por quienes 
pertenecieron a congregaciones religiosas.
Como hemos recordado recientemente en la STC 91/2019, de 3 de julio, FJ 4, con 
cita de otras sentencias anteriores, el art. 14 CE contiene en su primer inciso «una 
cláusula  general  de  igualdad  de  todos  los  españoles  ante  la  ley,  habiendo  sido 
configurado este principio general de igualdad, por una conocida doctrina constitucional, 
como un derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato igual, que obliga y limita 
a los poderes públicos a respetarlo y que exige que los supuestos de hecho iguales sean 
tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas y que, para introducir diferencias 
entre ellos, tenga que existir una suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al 
mismo tiempo como fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor 
generalmente  aceptados,  y  cuyas  consecuencias  no  resulten,  en  todo  caso, 
desproporcionadas».
La esencia del derecho a la igualdad comporta que sólo aquella desigualdad que 
introduce una diferencia de trato entre situaciones que pueden considerarse iguales y 
que además carece de una justificación objetiva y razonable vulnera el referido derecho. 
De lo que resulta la máxima tan reiterada de que a iguales supuestos de hecho se 
apliquen iguales consecuencias jurídicas, no siendo posible distinguir dos supuestos de 
hecho mediante la utilización o introducción de elementos diferenciadores arbitrarios o 
carentes de fundamento racional. A lo que debe añadirse que están prohibidas aquellas 
desigualdades de trato que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en 
criterios objetivos suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor 
generalmente aceptados. Finalmente, es preciso destacar que para que la diferenciación 
resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue,  e
sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal  bo
distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la  55ww
umne djuidicaio a ddoep tpardoap,o ercl iroensaulildtaaddo  eqnu es esdee p rcoodnuscteitu yc ieoln fainl,  perveitteannddiod or epsour lteald leogs iselaspdeocr isaulmpeerneten 
gmraarvzoos,o FsJ  o4  dae);s 1m5e6d/2id0o1s4 ,[ SdSe T2C5  d2e5 3s/e2p0t0ie4m, bdree ,2 F2J  d4e,  yd iScTieCm 9b1re/2, 0F1J9 ,5 F; J6 14/]2.013, de 14 de
En tanto que la discriminación a la que se hace referencia se ampara en motivos 
religiosos, debe recordarse que el art. 14 CE se refiere a la prohibición de una serie de 
motivos o razones concretos de discriminación. Esta referencia expresa representa una 
explícita interdicción de determinadas diferencias históricamente muy arraigadas y que 
han situado, tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social, a 
sectores de la población en posiciones, no solo desventajosas, sino contrarias a la 
dignidad de la persona que reconoce el art. 10.1 CE (SSTC 128/1987, de 16 de julio, 
FJ 5; 166/1988, de 26 de septiembre, FJ 2, y 145/1991, de 1 de julio, FJ 2). Tales 
prohibiciones  expresas  implican  un  juicio  de  irrazonabilidad  de  la  diferenciación 
establecida ex constitutione, que imponen como fin y generalmente como medio la 
parificación,  de  manera  que  sólo  pueden  ser  utilizadas  excepcionalmente  por  el 
legislador como criterio de diferenciación jurídica, «lo que implica la necesidad de usar 
en el juicio de legitimidad constitucional un canon mucho más estricto, así como un 
mayor rigor respecto a las exigencias materiales de proporcionalidad»; y que «en tales 
supuestos la carga de demostrar el carácter justificado de la diferenciación recae sobre 
quien asume la defensa de la misma y se torna aún más rigurosa que en aquellos casos 
que quedan genéricamente dentro de la cláusula general de igualdad del art. 14 CE, al 
venir dado el factor diferencial por uno de los típicos que el art. 14 CE concreta para 
vetar que en ellos pueda basarse la diferenciación, como ocurre con el sexo, la raza, la 
religión, el nacimiento y las opiniones» [SSTC 22/1994, de 27 de enero, FJ 4; 240/1999, 
de 20 de diciembre, FJ 6, y 253/2004, FJ 7 y 91/2019, FJ 4 c)].
Efectuadas  las  anteriores  precisiones  hemos  de  centrarnos  en  el  derecho  a  la 
igualdad con respecto a las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, pues es en 
ese marco en el que se alega la discriminación por parte del recurrente. Entre otras la 
STC 197/2003, de 30 de octubre, FJ 3, con carácter general, refirió que «el art. 41 CE 
convierte a la Seguridad Social en una función estatal en la que pasa a ocupar una 
posición decisiva el remedio de situaciones de necesidad, pero tales situaciones han de 
ser  apreciadas  y  determinadas  teniendo  en  cuenta  el  contexto  general  en  que  se 
producen y en conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del 
momento y las necesidades de los diversos grupos sociales. No puede excluirse por ello 
que el legislador, apreciando la importancia relativa de las situaciones de necesidad a 
satisfacer, regule, en atención a las circunstancias indicadas, el nivel y condiciones de 
las  prestaciones  a  efectuar  o  las  modifique  para  adaptarlas  a  las  necesidades  del 
momento (STC 65/1987)».
De modo más concreto y en lo que al trato diferencial derivado de los distintos 
periodos  de  cotización  se  refiere,  recientemente,  con  cita  de  los  pronunciamientos 
contenidos en las SSTC 253/2004, de 22 de diciembre, FJ 8; 61/2013, FJ 6 b); 156/2014, 
FJ 5, y 110/2015, de 28 de mayo, FFJJ 4 y 8, hemos recordado que «el principio de 
contributividad que informa a nuestro sistema de seguridad social justifica sin duda que 
el legislador establezca que las bases reguladoras de las prestaciones de seguridad 
social se calculen en función de lo efectivamente cotizado» [STC 91/2019, de 3 de julio, 
FJ 6 a)].
Finalmente,  en  relación  con  los  miembros  de  congregaciones  religiosas  hemos 
afirmado que la cualidad de miembro de una orden religiosa no puede determinar la 
«deslaboralización»  automática  de  la  actividad  profesional  que  presta,  ni,  por 
consiguiente, su exclusión del campo de aplicación del régimen correspondiente de la 
Seguridad Social. Pues la irrelevancia de «la condición religiosa de la persona que ejerce 
una actividad profesional, con respecto de la configuración de un vínculo jurídico laboral  s
–que es el presupuesto que condiciona la viabilidad y existencia de la inclusión en el  oe.
régimen general de la Seguridad Social–, ha sido repetidamente proclamada por la  w.
jurisprudencia  ordinaria  (entre  otras,  SSTS  de  12  marzo  1985  y  16  de  septiembre  55ww
dpea ra1 9r8e5c)o»n.o (cSeTr Cc o6m3o/1 l9a9b4o,r adle – 2si8 c duem fpeleb rceoron,  loFsJ  r4e)q. uNisoi todse beex ighiadboesr  pnainrag úenll oim– plae dreimlaecniótno 
rqeulaec uiónn  rceoling iuons ot emrcaenroti,e cnuea tnadnoto d idcehnat raoc tdiveid alad  csoem suunbisduamd ea d lean tqruoe d ep elart epnaertcicei,p accoimóno  elan   BOE-A-cable e
la actividad productiva exigida por el art. 1.1 de la Ley del estatuto de los trabajadores, y, 
en consecuencia, no debe existir obstáculo alguno para determinar su inclusión en el 
régimen general de la Seguridad Social.
Es evidente además que sería contrario al art. 14 CE efectuar distinciones en este 
ámbito  que  se  basaran  exclusivamente  en  la  pertenencia  a  una  u  otra  confesión 
religiosa. En tal sentido la STEDH de 3 de abril de 2012, a la que alude el recurrente, ha 
declarado la infracción por España de los artículos 14 CEDH y del Protocolo 1 del 
convenio por el distinto tratamiento dado en la normativa de pensiones a los sacerdotes 
católicos y a los pastores evangélicos. En tal sentido indica que, «[s]i bien las razones 
del retraso en la integración de los pastores evangélicos al régimen general de la 
Seguridad Social están incluidas en el margen de apreciación del Estado (apartado 53 
arriba), el Gobierno no justifica, sin embargo, las razones por las cuales, una vez 
efectuada dicha integración, se mantuvo una diferencia de tratamiento entre situaciones 
similares, basada solamente en razones de confesión religiosa» [ap. 55].
4.  Aplicación de la doctrina al caso concreto.
Como se ha expuesto en los antecedentes, el recurrente tomando como apoyo la 
STEDH de 3 de abril de 2012, asunto Manzanas Martín c. España, considera que ha 
sido discriminado respecto a quienes ejercen el ministerio de culto en la Iglesia católica, 
al no computarse periodos de cotización, como ministro de culto de la Iglesia evangélica 
debido al injustificado retraso en la inclusión en el régimen general de la Seguridad 
Social. Sin embargo esa conclusión no es compartida por las demás partes en el 
procedimiento. Estas descartan la existencia de la desigualdad de trato alegada, al 
entender que la razón por la que no se le ha concedido la revisión de la pensión de 
jubilación, nada tiene que ver con la posibilidad de darse de alta en la Seguridad Social, 
encontrando su fundamento en la falta de acreditación del ejercicio de la función de 
ministro de culto retribuida y en exclusiva durante el periodo de carencia necesario para 
que se estimara la revisión de la pensión de jubilación que tenía reconocida.
Conviene  comenzar  por  indicar,  como  afirma  la  fiscal  jefe  ante  el  Tribunal 
Constitucional, que el supuesto de hecho que determinó la decisión del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, en la sentencia de 3 de abril de 2012, asunto Manzanas Martín 
c. España, no guarda similitudes con las circunstancias apreciadas para denegar la 
revisión de la pensión de jubilación en las resoluciones administrativas y judiciales que 
son objeto del presente recurso de amparo.
En efecto, en el caso examinado por la STEDH de 3 de abril de 2012, asunto 
Manzanas Martín c. España –recurrente en aquel procedimiento– acreditó ser pastor de 
la Iglesia evangélica entre el 1 de noviembre de 1952 y el 30 de junio de 1991, fecha en 
que se jubiló, percibiendo una remuneración pagada por la comisión permanente de la 
Iglesia evangélica. Si bien, esta no pudo ingresar las cotizaciones a la Seguridad Social 
en  nombre  del  demandante,  dado  que  no  estaba  prevista  esta  posibilidad  por  la 
legislación vigente. Esa posibilidad si estaba reconocida a los ministros de culto católicos 
en el Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, desarrollado por la Orden de 19 de 
diciembre  de  1977.  La  STEDH  declaró  que  si  bien  las  razones  del  retraso  en  la 
integración de los pastores evangélicos al régimen general de la Seguridad Social están 
incluidas en el margen de apreciación del Estado, el Gobierno no había justificado, las 
razones por las cuales, una vez efectuada dicha integración, se mantuvo una diferencia 
de tratamiento entre situaciones similares, basada solamente en razones de confesión 
religiosa [ap. 55]. e
En el presente caso, del relato de los hechos probados de la sentencia de 29 de  bo
marzo de 2016 del Juzgado de lo Social núm. 2 de Cádiz, resulta que al demandante de  55ww
caomtipzaarcoió sne  yle u rneac obnaosceió  dlae l ju9b4i lapcoiór n1 0e0l ,2 5c odmep euntaenrod od es u2 0la0b8o, rp oarl  tsreerinvitcai oy  ddeo sl aa ñIgolse sdiae 
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de abril de 1999 y desde el 1 de mayo de 1999 al 10 de enero de 2008. Como sostiene
el recurrente, es claro que las cotizaciones efectuadas con anterioridad al 1 de mayo 
de 1999 no podían ser debidas a su labor como pastor evangélico –pese a lo que se 
indica en la sentencia del juzgado de lo social y comparte la sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía–, pues tenían que proceder de la 
prestación de otros servicios para la Iglesia evangélica. En efecto la posibilidad de 
reconocimiento de cotizaciones como ministro de culto de la referida iglesia, proyectado 
a periodos anteriores al 1 de mayo de 1999 –momento en que entró en vigor el Real 
Decreto 369/1999, de 5 de marzo, conforme a su disposición final segunda– no se 
produjo hasta la aprobación del Real Decreto 839/2015, de 21 de septiembre, esto es 
más de siete años después de la fecha en que se le reconoció la jubilación.
Ahora bien, el demandante de conformidad con el art. 2 del Real Decreto 369/1999, 
para poder cotizar como ministro de culto, debía acreditar que estaba dedicado «con 
carácter estable, a las funciones de culto o asistencia religiosa» y de modo retribuido. Tal 
acreditación «se efectuará mediante certificación expedida por la iglesia o federación de 
iglesias respectiva, debidamente inscrita en el registro de entidades religiosas. Esa 
certificación deberá acompañarse de la conformidad de la comisión permanente de la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España». Y es dicha prueba la que 
a juicio del auto de fecha 23 de enero de 2019 dictado por la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo, no se ha producido. En efecto, la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo descarta la contradicción con la sentencia de contraste en lo que al cómputo de 
periodos de cotización se refiere al no existir razón alguna para que el ejercicio de la 
función de ministro de culto para la Iglesia evangélica fuera con plena dedicación y 
percibiendo retribución.
De lo anteriormente expuesto se puede afirmar que en el presente caso no ha 
existido  una  diferencia  de  trato  en  el  ámbito  del  reconocimiento  de  la  pensión  de 
jubilación  entre  el  recurrente  y  quienes  ejercen  como  ministros  de  culto  de  otras 
confesiones religiosas. La necesidad de acreditar el desarrollo de una actividad pastoral 
de modo estable y retribuido como base del reconocimiento del periodo de carencia es 
una exigencia que se aplica por igual para el cómputo de la pensión de jubilación a 
quienes ejercen como ministros de culto con independencia de la confesión religiosa a la 
que sirvan. Es más pretender dispensar de esta exigencia al recurrente que ejerció como 
ministro  de  culto  para  la  Iglesia  evangélica  podría  suponer  la  introducción  de  un 
elemento diferenciador carente de fundamento racional en relación con los ministros de 
culto de otras confesiones religiosas, pues el principio de contributividad justifica que las 
bases reguladoras de las prestaciones de seguridad social se calculen en función de lo 
efectivamente cotizado [STC 91/2019, de 3 de julio, FJ 6 a)].
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don José Luis Gonzalo Troncoso 
Freiría contra el auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 23 de enero 
de 2019, dictado en el recurso de casación para unificación de doctrina núm. 2549-2018, 
y contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, sede de Sevilla, de 21 de diciembre de 2017, dictada en el recurso núm.  e.
127-2017-L. w.b
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Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado.