BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95464
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13447 Sala Segunda. Sentencia 118/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso 
de amparo 667-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:118
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  667-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  el  auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 6 de Lorca, de 13 de diciembre de 2018, que desestimó la solicitud de 
nulidad de actuaciones formulada por dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 72-2018 instado por la entidad Banco de Sabadell, S.A. Ha intervenido 
el  Ministerio  Fiscal.  Se  ha  personado  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity 
Company, actuando como sucesora procesal del banco ejecutante. Ha sido ponente el 
magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 31 de enero 
de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando en 
nombre  y  representación  de  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  bajo  la 
defensa del letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso demanda de amparo contra 
la resolución arriba mencionada.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes: es
a)  Mediante escrito presentado en fecha 4 de abril de 2018, la entidad Banco de  w.
Sabadell, S.A. interpuso demanda de ejecución sobre bienes hipotecados contra la  447ww
aRheogriast rroe cduerr elnat e Pdreo paiemdapda ron, úemn.  r3e ladceió nL ocrocna . laI nfcinocaad or egpirsotrcaeld i4m3i.e2n2t8o,  idnes creitjae ceunci óenl 
hPirpimoteercaa rIinas (tannúcmia.  7e2 -I2n0s1tr8u)c,c mióend niaúnmte.  a6u tdoe  dLeo freccah (ae n6  daed ejlualniot ed, ee l2 0ju1z8g, aedlo J) uozrgdaednoó  dlea   BOE-A-cable e
ejecución del título hipotecario, despachó ejecución contra la ahora demandante de 
amparo y dispuso, a continuación, lo siguiente:
«El presente auto, junto con el decreto que dictará el letrado de la administración de 
Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte 
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), sin 
citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la 
ejecución».
b)  Por medio de decreto de 6 de julio de 2018, el letrado de la administración de 
justicia del juzgado dispuso la expedición del correspondiente mandamiento al registro 
de la propiedad y la realización del requerimiento de pago al ejecutado, añadiendo lo 
siguiente «[e]l presente decreto se notificará en la forma dispuesta en el auto que 
autoriza la ejecución».
c)  Según consta en el libro de actos de comunicación del juzgado, la notificación 
del requerimiento de pago fue efectuada en «sede electrónica». El envío fue realizado en 
fecha 10 de julio de 2018, con recepción en destino el mismo día, y fue retirada por el 
destinatario  el  26  de  julio  de  2018.  Más  en  concreto,  el  servicio  de  notificaciones 
electrónicas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió el 10 de julio de 2018 un 
correo electrónico en el que señalaba como asunto «Juzgados y Tribunales –Aviso de 
Notificación para el NIF B73836173», dirigida a Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.– NIF B73258006. Según el texto del correo, la notificación venía referida al asunto 
«JDO. 1 INST. E INSTR. N 6 DE LORCA EJH/0000072/2018», indicándole que la 
«notificación  estará  disponible  en  su  Dirección  Electrónica  Habilitada  única  desde 
el 10-07-2018 hasta el 25-08-2018. Si no procediera a su lectura en el plazo indicado se 
producirán los efectos correspondientes, según la normativa aplicable». Más adelante se 
añadía que «independientemente del tiempo que tenga a su disposición el acto de 
comunicación, transcurridos tres días hábiles desde su puesta a su disposición sin que el 
destinatario haya accedido a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido 
efectuada legalmente desplegando todos sus efectos, conforme con lo establecido en el 
art. 162.2 de la LEC», para finalizar señalando que este «aviso conforme a lo dispuesto 
en el art. 25 del R.D: 1065/2015 no tiene efecto procesal alguno».
En la certificación emitida por el servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica  habilitada  también  consta  que  la  notificación  tenía  como  número  de 
referencia el 89246155b44b111e1251, que fue puesta a disposición del destinatario el 10 
de julio de 2018 y que la fecha de aceptación fue el 26 de julio de 2018, figurando como 
certificado digital receptor el correspondiente a Juan Miguel Jiménez, en su calidad de 
representante de la citada mercantil.
d)  En  escrito  presentado  ante  el  juzgado  el  día  5  de  septiembre  de  2018,  la 
demandante de amparo compareció en el procedimiento interesando la nulidad del acto 
de  comunicación  efectuado.  Tras  reproducir  los  preceptos  legales  que  entiende 
aplicables, la demandante señala en dicho escrito lo siguiente:
«En el caso que nos ocupa, pese a indicarse en el decreto de fecha 6 de julio 
de 2018 […], lo cierto es que el auto indicado no ha sido notificado a mi representada, 
por lo que ignoramos siquiera si la demanda ha sido admitida a trámite y en qué 
términos, puesto que no consta en las notificaciones electrónicas recibidas, por lo que no 
ha sido notificado a mi representada, lo cual le produce el efecto de ignorar los términos 
en los que se ha despachado, en su caso, ejecución solicitada en la demanda, lo que la 
deja a mi representada en situación de absoluta indefensión, sin poder articular al efecto  e
ninguno de los mecanismos de oposición que la ley le otorga.» bo
soliceit)u dM deed niaunlidtea da dueto a cdteu afceicohnae s 1c3o nd lea  sdigicuieiemnbtere a rdgeu m2e0n1t8a cieóln :juzgado  desestimó  la  2020-13447n https://ww
ejec«uEcinó ne nl oc asseo i nqculuey ón oesn troec ulap ad,o ceusm ceienrttaoc ióqnu eq ueel  saeu troe mpiotiró  eal  lqau me esrcea ndteils epjaecchuatabdaa  laa   BOE-A-cable e
través de la sede electrónica, y que reconoce recibida el día 10 de julio de 2018, esto es, 
la demanda de ejecución y los documentos que la acompañaban, así como el decreto 
despachando ejecución, donde se incluía igualmente la mención de las cantidades 
reclamadas y por las que se debía realizar el requerimiento de pago. Ahora bien, 
examinadas las actuaciones, se concluye que el ejecutado no sufrió indefensión, ya que 
dicha omisión material podría haberse subsanado si el ejecutado hubiese adoptado una 
postura activa, poniendo la misma de manifiesto en el plazo que la ley le concedía para 
formular oposición a la ejecución, algo que no realizó, por lo que solo al mismo es 
achacable  la  supuesta  indefensión  que  se  alega.  En  consecuencia,  procede  la 
desestimación de la nulidad de actuaciones interesada.»
En  su  parte  dispositiva,  el  auto  indica  expresamente  que  «contra  la  presente 
resolución no cabe recurso alguno».
Este auto fue notificado en fecha 17 de diciembre de 2018, y es el objeto del 
presente recurso interpuesto por la citada entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L.
3.  La demanda de amparo alega que la resolución judicial impugnada causa la 
vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad recurrente, al haberse efectuado su 
emplazamiento como ejecutada en el procedimiento hipotecario de referencia, a través 
de  un  correo  electrónico  remitido  por  un  servicio  de  notificaciones  electrónicas, 
tratándose de su primer emplazamiento judicial.
La actora argumenta en su demanda que se le dio conocimiento del procedimiento 
«a través de un correo electrónico, que careciendo de efectos procesales, como así se 
manifiesta  en  el  propio  texto  del  correo  electrónico,  se  le  da  el  carácter  de 
emplazamiento  y  primera  notificación  para  personarse  en  unas  actuaciones,  sin 
constatar la existencia misma de su recepción íntegra y del acceso de mi representada al 
contenido de los documentos que se pretendía notificar mediante el emplazamiento por 
la vía telemática, y a pesar de ello no se realizara otro tipo de gestión para dejar 
constancia  en  las  actuaciones  de  la  efectiva  recepción  de  la  notificación  por  el 
destinatario de la misma, lo que ha de llevar a declarar conculcado el derecho a la tutela 
judicial efectiva y reponer las actuaciones al momento en que se produce el acceso a la 
notificación telemática, que además de todo lo anterior estaba incompleta ya que cuando 
mi representada accedió a su contenido no contenía e[l] auto por el que se había 
admitido  a  trámite  la  demanda  de  ejecución  hipotecaria  y  las  condiciones  de  tal 
admisión, negándonos además en este momento poder formular la correspondiente 
oposición a la misma ya que tal y como establece el auto recurrido que admite que la 
notificación estaba incompleta, pero que al no haberse opuesto en tiempo a la misma mi 
representada es la que ha causado esa indefensión a sí misma, algo que vulnera 
claramente  el  derecho  fundamental  proclamado  en  el  art.  24  de  la  Constitución 
Española». La demandante afirma que fue el día 26 de julio cuando accedió al contenido 
de la notificación, advirtiendo que no se le notificaba el auto por el que se despachaba 
ejecución, «presentando en consecuencia la solicitud de nulidad de actuaciones».
La  recurrente  reconoce  que,  por  ser  una  persona  jurídica,  viene  obligada  a 
relacionarse con la administración de justicia a través de medios electrónicos. Aclara, no 
obstante, que cuando es el primer emplazamiento y por tanto todavía aquella «no ha 
tenido ninguna relación con el juzgado correspondiente en este especial y concreto 
procedimiento»,  ha  de  practicarse  mediante  cédula  con  entrega  en  papel  de  la  e
documentación correspondiente, conforme establece el art. 273 LEC, en relación con los  bo
arts. 135, 152, 162 y 155 LEC. Este último, precisa, «es categórico al respecto ya que en  447ww
spuro cpuurnatdoo rp ori msee rotr atneo sd eiln pdricima erq ueem pcluaaznadmoie nlatos  op acritteasc iónno  ala cdteúmena ndreapdroe,s elonst aadcatso s pdoer 
ncoomtifuicnaicciaócnió nre saeliz haadraá nt apmorp orecmo isciuómn palle d ocmonic illiaos  defo rlomsa lliitdigaadnetse sd»e.  Alañsa dceo qmuuen iinccalcuisoon elas 
electrónicas. Además, su entidad nunca facilitó una dirección de correo electrónico a
efectos de notificaciones telemáticas y, a pesar de ello, se le remitió un aviso que no 
permitía conocer realmente el objeto del asunto.
Afirma  que,  a  causa  de  la  defectuosa  notificación,  «no  tuvo  conocimiento  del 
emplazamiento, llevado a cabo por medios electrónicos, hasta el acceso a su contenido, 
esto es el 26 de julio de 2018», advirtiendo entonces «el error en cuanto a que el auto 
por  el  que  despacha  ejecución  no  consta  entre  los  documentos  que  le  notifican». 
Promovida por la actora la nulidad de actuaciones, el órgano judicial la desestimó 
ignorando que el primer emplazamiento había sido efectuado por un medio inidóneo 
(electrónico)  y  sin  incluir  la  documentación  pertinente,  causando  la  consiguiente 
indefensión a la recurrente.
Tras  analizar  la  fundamentación  del  auto  impugnado,  y  con  cita  expresa  de  la 
doctrina de este tribunal sobre la relevancia de los actos de comunicación procesal 
desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, SSTC 115/1988, 
195/1990 y 326/1993), alega también la vulneración del derecho a un proceso con todas 
las garantías (art. 24.2 CE), en cuanto al derecho a la defensa y a la asistencia letrada 
(art. 24.2 CE), aunque sin mayor concreción al caso.
Finaliza  solicitando  que  el  Tribunal  Constitucional,  con  estimación  del  amparo, 
acuerde la nulidad del auto de 13 de diciembre de 2018, «reconociendo el derecho 
individual de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., a obtener una resolución con 
respeto al derecho a la tutela judicial efectiva, y la nulidad de actuaciones y reposición de 
todo al momento conforme a derecho, estimándose nuestra solicitud de nulidad de 
actuaciones y se nos conceda el plazo legalmente establecido para poder oponernos a la 
demanda de ejecución hipotecaria».
Por medio de un segundo otrosí digo, en el escrito de demanda se argumentó «que 
la continuación de la ejecución derivada de los pronunciamientos judiciales que han sido 
objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a 
terceros, puede hacer perder al recurso de amparo su finalidad», por lo que se solicitó 
«la suspensión de la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria 72-2018 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial [sic]».
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este tribunal dictó 
providencia el 30 de septiembre de 2019 por la que acordó: (i) admitir a trámite el 
recurso,  «apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia 
constitucional (art. 50.1 LOTC) toda vez que el recurso puede dar ocasión al tribunal 
para  aclarar  o  cambiar  su  doctrina,  como  consecuencia  de  cambios  normativos 
relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, 
FJ  2  b)]»;  (ii)  que,  obrando  ya  testimonio  de  las  actuaciones  se  dirija  atenta 
comunicación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, a fin de 
que se proceda a «emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento» de 
origen, excepto a la «recurrente en amparo», para poder comparecer en el presente 
proceso constitucional en el plazo de diez días; y (iii) formar la «oportuna pieza separada 
de suspensión».
5.  Por nueva providencia dictada por la Sección Cuarta de este tribunal en la misma 
fecha  se  dispuso  «formar  con  la  precedente  fotocopia,  la  oportuna  pieza  para  la 
tramitación del incidente sobre suspensión y conforme determina el artículo 56 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), conceder un plazo común de tres días a la  e
parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que aleguen lo que estimen pertinente sobre  bo
dicha suspensión». Este traslado fue cumplimentado por la parte recurrente, mediante  447ww
epsacrtreit,o  edl eM fiencishtae r9io d Fei soccatul bprree sdeen t2ó0 1in9fo, remne e le qnu fee cshea r a1t4if icdóe  eonc tsuub rpee dticei ó2n0 1in9ic, ieanl.  Pelo rq usue 
dinete aremspóa rqou.e se adoptara únicamente la medida de anotación preventiva de la demanda
Así se acordó por medio del auto 124/2019, de 28 de octubre, dictado por la Sección 
Cuarta de este tribunal. En el mismo se denegó la suspensión solicitada y se ordenó la 
anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad, con 
remisión al referido juzgado para la expedición del mandamiento oportuno. Se considera, 
a tal efecto, que esta medida «se reputa idónea para evitar el perjuicio derivado de que 
la adquisición del bien por tercero lo hiciera irreivindicable, situación a la que se hace 
referencia en la demanda».
6.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 13 de febrero de 2020, la 
procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu, actuando en nombre y 
representación de la entidad Pera Assets Designated Activity Company, bajo la dirección 
letrada de don Alejendro Ingram Solís, solicitó que se le tuviera por personada en este 
recurso, en su condición de adquirente de los créditos hipotecarios que anteriormente 
eran de la titularidad de la entidad Banco de Sabadell, S.A. Estos créditos le habían sido 
cedidos por esta en virtud de escritura suscrita el 23 de julio de 2019, ante el notario de 
Madrid don Carlos de Alcocer Torra.
7.  Con fecha 18 de febrero de 2020, la secretaría de Justicia de la Sala Segunda de 
este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que se acordó, de un lado, tener por 
personado y parte a la entidad Pera Assets Designated Activity Company, a través de la 
procuradora mencionada, y de otro, dar vista de las actuaciones a las partes personadas 
y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el art. 52.1 LOTC.
8.  El fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 18 de 
marzo de 2020, por el que interesó de este tribunal que dictara sentencia otorgando el 
amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial  efectiva  sin  indefensión  (art.  24.1  CE),  y  su  restablecimiento  mediante  la 
declaración  de  nulidad  de  «todo  lo  actuado  desde  la  notificación  efectuada 
electrónicamente del auto despachando ejecución acordado por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, en el juicio de ejecución hipotecaria 72-2018», 
además de la consiguiente retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente 
anterior a aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de contestar a 
la demanda». Su petición se basa en los siguientes argumentos:
a)  En primer lugar, destaca la importancia de los actos de comunicación para 
garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en particular, 
cuando se trata del «emplazamiento, citación o notificación a quien ha de ser o poder ser 
parte en el procedimiento». En tal caso «el acto de comunicación es el necesario 
instrumento  que  facilita  la  defensa  en  el  proceso  de  los  derechos  e  intereses 
cuestionados, de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que se frustre 
la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión 
que vulnera el derecho de defensa» (STC 32/2019, de 28 de febrero, FJ 4).
b)  Con cita y reseña de la STC 6/2019, de 17 de enero, FJ 3, se recalca que la 
«constancia fehaciente tanto del hecho de la recepción del acto de comunicación por el 
destinatario  y  su  fecha,  como  del  contenido  del  acto,  constituye  una  garantía 
insoslayable  cuya  inobservancia  acarrea  la  nulidad»  del  acto  de  comunicación  por 
medios técnicos y electrónicos.
c)  El fiscal discrepa sobre la invalidez del acto de comunicación que se alega en la 
demanda. A su juicio, la notificación electrónica se realizó correctamente por el órgano  e.
judicial, ya que el aviso de correo es una forma de facilitar el conocimiento de la  w.
notificación, pero no forma parte de ella. Por lo tanto, los plazos procesales han de  447ww
dcoeml dpeustatinrsaeta «ricoo, nq uined eesp elan dfeecnhcaia  qduee  lopsa repclaez ocso ndfuen pdeirr mlaa rneecnucrirae ndtee l caovnis loa  ad edteisrpmoisniacnióten 
de la citación efectuada».
d)  En cuanto al fondo, el fiscal considera que en este caso es procedente hacer 
aplicación de la doctrina sentada por la STC 47/2019, de 8 de abril, en un supuesto 
similar referido a un proceso laboral, pero donde resultan de aplicación subsidiaria las 
normas de la Ley de enjuiciamiento civil, en especial los arts. 155 y 273.4, segundo 
párrafo. De esta regulación se deriva la obligatoriedad de que el primer emplazamiento 
se realice de manera personal y con entrega en papel de la documentación. Al no 
hacerse así, el resultado es que la resolución impugnada provocó la indefensión de la 
recurrente en amparo, al impedirle tener un conocimiento real y efectivo de la existencia 
del  procedimiento,  para  poder  ejercer  sus  derechos  en  la  forma  que  tuviera  por 
conveniente.
9.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones el 19 de marzo de 2020. En el mismo interesó que se dictara resolución 
estimatoria del recurso de amparo reiterando los argumentos expuestos en la demanda. 
Además, se hace una reseña expresa de la sentencia que resuelve el recurso de amparo 
núm. 5377-2018, que se corresponde con la STC 40/2020, de 27 de febrero. En esta 
resolución, en aplicación de las SSTC 6/2019, de 17 de enero, y 47/2019, de 8 de abril, 
se confirma la doctrina que defiende en este recurso, en torno a la necesidad de que el 
primer emplazamiento o citación se efectúe en el domicilio de la persona jurídica que 
figure como demandada, según impone el artículo 155.1 LEC.
10.  Por  la  secretaría  de  Justicia  se  ha  dictado  diligencia  el  1  de  septiembre 
de 2020, dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del 
Ministerio Fiscal y de la representación procesal de la recurrente en amparo, quedando 
el asunto concluso y pendiente para deliberación cuando por turno corresponda. No 
consta presentado dentro del plazo del art. 52.1 LOTC, o con posterioridad, ningún 
escrito de alegaciones de la entidad Pera Assets Designated Activity Company.
11.  Mediante providencia de fecha 17 de septiembre de 2020, se señaló para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia e instrucción de 
Lorca,  los  cuales,  tras  emplazarlas  por  vía  electrónica  a  través  del  servicio  de 
notificaciones electrónicas y de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, han inadmitido a trámite los ulteriores escritos de oposición a la 
ejecución  o  de  nulidad  de  actuaciones,  por  considerarlos  extemporáneos  o 
improcedentes,  al  entender  realizados  conforme  a  Derecho  los  emplazamientos 
comunicados a través del sistema de notificaciones telemáticas.
En concreto, en el presente recurso la entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L. impugna el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de 
Lorca, de 13 de diciembre de 2018, dictado en el proceso hipotecario núm. 72-2018.
La demanda de amparo alega, en esencia, la vulneración del derecho fundamental a 
la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  en  su  vertiente  de  derecho  a  no  padecer 
indefensión, al no haberse efectuado aquel emplazamiento de manera personal y con  e.
entrega  en  papel  de  la  documentación  correspondiente,  tal  y  como  establecen  las  w.b
normas de la Ley de enjuiciamiento civil. Aduce otras dos quejas por lesión del derecho a  447ww
uy n dper ocaessisot ecnocnia t odleatsra ldaas  g(aarrat.n t2ía4s. 2( arCt.E 2)4. .2S iCnE  )e,m ebna srug ofa, caemtab daes  dceaferencsean c odnetr asdoicptoorrtiae 
arguEml eMnitnails pteroripoi oF.iscal, por su parte, interesa la estimación del amparo por el primer
motivo.
2.  Aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la cuestión planteada.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 27 de febrero, en la que ha tenido la 
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra 
dos autos de coincidente contenido con el que ahora se impugna, y donde se dio 
respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio 
de la demanda. Descartada en este caso la concurrencia de algún elemento distintivo 
que  obligue  a  una  fundamentación  o  resultado  diferente  a  lo  declarado  entonces, 
procede por tanto que hagamos aplicación de la citada sentencia 40/2020.
En el fundamento jurídico 3 de esa resolución se advierte que es de aplicación la 
doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de enero, FJ 4.a), dictada 
en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en 
proceso de amparo. En ambos supuestos se afirma la «garantía del emplazamiento 
personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta materia por la Ley 
de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), como primera comunicación con el 
órgano  judicial  competente,  sin  que  pueda  ser  sustituida  por  una  comunicación 
electrónica», tal y como ocurre con la efectuada a través de la dirección electrónica 
habilitada. El emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 LEC, y lo complementa la 
regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las copias de los escritos y 
documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano 
judicial «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho fundamental», como ya ha 
declarado este tribunal en varios recursos de amparo referidos a procesos laborales, 
civiles  y  concursales,  que  se  especifican  en  el  mismo  fundamento  jurídico  3, 
precisamente  en  aplicación  de  la  doctrina  de  referencia.  La  STC  40/2020,  en  su 
fundamento jurídico 4, constata que las resoluciones judiciales impugnadas en ese caso 
vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, y así debe reiterarse 
en el presente supuesto.
Como se deduce de lo expuesto en los antecedentes de hecho de esta resolución, 
en  el  caso  ahora  enjuiciado  nos  encontramos  con  que  el  juzgado  optó  por  un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que no está previsto 
en la normativa procesal para estos casos, y que consistía en un aviso remitiendo a un 
enlace de internet para poder conocer el contenido de la notificación. Al conceder validez 
a esa notificación, se produjo una indebida denegación del incidente de nulidad de 
actuaciones, y la consecuente indefensión para la recurrente, ya que se le impidió 
ejercer sus derechos en la forma que estimara oportuna, particularmente, a través de la 
presentación de un escrito de oposición a la ejecución. En lugar de ello, el juzgado 
señaló que la indefensión fue provocada por la propia entidad recurrente, al no haber 
«adoptado una postura activa […] en el plazo que la ley le concedía para formular 
oposición a la ejecución» vedando así toda posibilidad de plantearla. Sin embargo, la 
determinación de este plazo viene directamente condicionada por la forma, el contenido 
y la fehaciencia en la recepción de la notificación correspondiente al trámite que debe ser 
cumplimentado.  En  el  presente  caso,  como  se  ha  indicado,  la  notificación  no  fue 
realizada conforme a Derecho y, por lo tanto, ningún perjuicio puede derivarse para la 
recurrente por el hecho de haber dejado transcurrir el plazo para cumplimentar una 
actuación procesal que no le fue notificada legalmente.
Además, en el auto impugnado se reconoce que esa notificación fue incompleta, 
porque no se dio traslado del auto que acuerda despachar ejecución. Por lo tanto,  e.
aunque  no  constituya  el  fundamento  de  esta  resolución,  no  podemos  aceptar  la  w.b
argumentación expuesta por el Ministerio Fiscal en el sentido de estimar como correcta  447ww
ltará nmoitteifi ccaocniócnre rteom eitnid aq.u Ne os peu eednec ocnatlriafibcaar seel  cpormocoe daidmeiceunatod,a  nuon ai nncolutiyfiec aucnióan  rqeuseo,l uecni óenl 
ejujedcicuiacli ótna.n  Creuleesvtaiónnte d pisatrinat au ne sju qicuioe  hsiep otrtaetcea rdioe  cuonm doe feesc teol  sauubtos aancaobrdlea. nSdion  deemsbpaarcghoa, re lna 
este caso, y ante el intento de subsanación de la recurrente mediante un incidente de
nulidad de actuaciones, la respuesta del juzgado fue la desestimación y consiguiente 
imposibilidad de acceder a esa resolución para poder oponerse a la misma.
En definitiva, y por todo lo anterior, se debe estimar el presente recurso de amparo 
por  vulneración  del  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  padecer 
indefensión (art.24. 1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
Procede por ello acordar la nulidad del auto impugnado y de todo lo actuado en el 
procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (arts. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental 
de la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  la  entidad  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de 13 de 
diciembre de 2018, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de 
Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 72-2018, así como la nulidad de las 
actuaciones realizadas a partir del auto de 6 de julio de 2018 por el que se acordó el 
despacho de la ejecución y el requerimiento de pago a la entidad deudora.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
requerimiento de pago a la entidad ejecutada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
trámite  por  el  citado  juzgado,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–
Firmado y rubricado.