BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Miércoles 23 de febrero de 2022 Sec. I.   Pág. 21575
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
2849 Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas 
urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición 
hacia  los  mecanismos  estructurales  de  defensa  del  empleo,  y  para  la 
recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan 
determinadas  medidas  para  hacer  frente  a  situaciones  de  vulnerabilidad 
social y económica.
I
Por medio del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes 
para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de 
trabajo, se aprobaron diversas medidas relativas a empresas y a personas trabajadoras 
por cuenta propia y por cuenta ajena, afectadas por la crisis sanitaria y económica, con 
el  objetivo  de  restablecer  el  funcionamiento  normal  de  la  actividad  económica  y 
productiva  empresarial  y  la  protección  de  los  colectivos  que  pudieran  resultar 
damnificados por la situación descrita.
Por lo que respecta a los trabajadores autónomos, con el Real Decreto-ley 18/2021, 
de 28 de septiembre, se inició un proceso de acomodación a la nueva situación de 
recuperación  económica  de  las  prestaciones  que  la  Seguridad  Social  ha  venido 
reconociendo  a  este  colectivo  desde  el  mismo  momento  inicial  de  la  pandemia; 
manteniéndose  en  esencia,  de  acuerdo  con  la  evolución  favorable  de  la  situación 
sanitaria  que  se  constataba  en  aquel  momento,  el  mismo  esquema  de  protección 
previsto en el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la 
defensa del empleo.
A la vista de los positivos datos sanitarios resultantes de la reciente evolución de la 
pandemia y de la crisis derivada de la misma, por medio del presente real decreto-ley se 
produce  también  un  nuevo  avance  en  el  proceso  de  adecuación  de  las  diferentes 
medidas  de  protección  social  de  los  trabajadores  autónomos  a  dicha  evolución, 
considerándose oportuno revisar ciertos aspectos de las previsiones establecidas en el 
Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre.
Asimismo,  el  Real  Decreto-ley  18/2021,  de  28  de  septiembre,  recogió  diversas 
medidas acordadas en el VI Acuerdo Social en Defensa del Empleo (VI ASDE), suscrito 
entre  las  organizaciones  sindicales  UGT  y  CC.  OO.,  las  empresariales  CEOE  y 
CEPYME, y el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, tendentes a paliar los efectos negativos que la crisis 
sanitaria y económica provocada por la pandemia de COVID-19 producían sobre el tejido 
empresarial y productivo, sobre el mercado de trabajo y sobre las personas trabajadoras.
La experiencia de los últimos meses, a raíz de la crisis sanitaria y económica 
derivada de la COVID-19, ha mostrado la importancia y la eficacia del recurso a los 
expedientes de regulación temporal de empleo, como mecanismo de flexibilidad interna 
de las empresas para el ajuste temporal de su actividad, de cara a evitar la destrucción 
de empleo característica de crisis anteriores. Entre los resultados de tales medidas  s
destacan la estabilidad de las relaciones laborales, el mantenimiento del tejido productivo  oe.
y del capital humano, así como las inferiores tasas de desempleo, sin parangón con  w.
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reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del
mercado de trabajo, se han integrado en el conjunto del sistema de relaciones laborales
nuevos instrumentos de garantía del empleo y flexibilidad interna de las empresas, 
alternativos al despido y la alta temporalidad, con el objetivo de proteger el empleo, 
primar  el  ajuste  en  horas  e  impulsar  la  estabilidad  de  las  relaciones  laborales,  la 
inversión y el capital humano.
Así pues, y con base en estas circunstancias, las organizaciones sindicales UGT 
y CC. OO., las empresariales CEOE y CEPYME, y el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se reunieron en la 
Comisión de Seguimiento tripartita laboral, en tanto que instrumento central en la tarea 
de análisis de la situación originada por la pandemia, así como en la de valoración de la 
eficacia de las medidas.
De esta manera, consultadas las organizaciones indicadas, el Gobierno procede a 
extender los efectos de las medidas extraordinarias en materia de cotización y de 
protección  por  desempleo  –incluidas  las  medidas  para  personas  con  contrato  fijo 
discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas–, 
así como las medidas complementarias  asociadas  a los expedientes de regulación 
temporal de empleo relacionados con la COVID-19 y que forman parte del VI ASDE, 
hasta el 31 de marzo de 2022; atendiéndose así las demandas de dichas organizaciones 
y facilitando una transición ordenada a las medidas estructurales previstas en el Estatuto 
de los Trabajadores.
Por tanto, con el presente real decreto-ley se proporciona seguridad jurídica, evitándose 
situaciones de vulnerabilidad e incertidumbre, tanto para las empresas como para las 
personas trabajadoras; y asegurándose con ello una transición adecuada y completa de la 
normativa excepcional de emergencia a un marco jurídico estable constituido por las 
reformas introducidas por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre.
Además de la situación derivada de la pandemia, también se tomó en consideración en 
el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, la originada por la erupción volcánica 
iniciada el día 19 de septiembre de 2021 en la zona de Cumbre Vieja de La Palma. Dicha 
erupción obligó a evacuar amplias zonas de dicha isla ante el avance de la colada de lava, 
afectando  de  modo  directo  a  la  actividad  económica,  y  dando  lugar  a  su  completa 
interrupción, lo cual arrojaba una situación similar a la ocasionada por la COVID-19 en lo 
que respecta a las consecuencias para las empresas y las personas trabajadoras.
Lo anterior determinó la necesidad de establecer, siguiendo el esquema previsto para los 
expedientes relacionados con la COVID-19, la posibilidad de que las empresas y personas 
trabajadoras afectadas por tal circunstancia se beneficiasen de medidas extraordinarias en 
materia  de  cotización  y  protección  por  desempleo.  Estas  medidas  extraordinarias  se 
incluyeron  en  la  disposición  adicional  quinta  del  Real  Decreto-ley  18/2021,  de  28  de 
septiembre, cuya vigencia finaliza el 28 de febrero de 2022.
Ante la inminencia del vencimiento, y en tanto que persisten los efectos laborales y 
sociales provocados por la erupción volcánica, con una grave paralización de la actividad 
económica, la normativa laboral y social vigente dispone de mecanismos que cubren de 
manera suficiente el supuesto descrito.
De este modo, con la presente norma se establece que las situaciones autorizadas 
de conformidad con la citada disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 18/2021, 
de  28  de  septiembre,  pasen  sin  solución  de  continuidad  a  estar  amparadas  en  el 
artículo 47.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y su normativa específica, sin 
necesidad de solicitar ni tramitar un nuevo expediente, hasta el 30 de junio de 2022.
Por otro lado, el Gobierno ha venido aprobando desde el inicio de la pandemia  es
medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y  o
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estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2, que fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 20 de 
mayo de 2021, extendió hasta el 9 de agosto de 2021 la eficacia de las medidas más 
significativas para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica, el 
llamado «escudo social».
Estas medidas se han venido prorrogando sucesivamente, en primer lugar mediante 
el Real Decreto 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección 
social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que extendió 
su  duración  hasta  el  31  de  octubre  de  2021;  y,  posteriormente,  por  el 
Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas de 
protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, 
que amplió la vigencia de dichas medidas hasta el 28 de febrero de 2022.
La persistencia de determinadas situaciones sociales adversas en esta nueva fase 
de recuperación económica, y la inminente finalización de la vigencia extendida de tales 
medidas, hace preciso prorrogar el plazo de algunas de ellas, de modo que permitan 
seguir haciendo frente a estas situaciones de vulnerabilidad social y económica. En este 
sentido, y a pesar de que las estadísticas avalan que la recuperación económica es una 
realidad,  ésta  se  encuentra  vinculada  a  la  incertidumbre  que  aún  plantea  tanto  la 
evolución de la pandemia a nivel global, como el impacto del coste energético sobre la 
economía de las personas más vulnerables.
Así, la recuperación de la economía española ha ido ganando fuerza en los últimos 
meses,  tal  y  como  se  desprende  de  la  lectura  de  los  principales  indicadores 
coyunturales. El impacto económico de la variante «ómicron» ha sido hasta cierto punto 
contenido, en gran parte gracias al exitoso proceso de vacunación. Las señales de 
progresiva recuperación son observables en variables socioeconómicas tan importantes 
como el empleo o la tasa de paro.
No  obstante,  pese  a  esta  notable  mejoría  de  los  principales  indicadores 
macroeconómicos,  lo  cierto  es  que  persiste  cierta  incertidumbre  en  el  entorno 
internacional que obliga a abordar los próximos meses con un ejercicio de prudencia. La 
experiencia en fases de recuperación de otras crisis económicas muestran la importancia 
de asegurar que la recuperación se consolida y se extiende al conjunto de la población, 
incluyendo a las familias más desfavorecidas y a aquellos sectores sociales que han 
sufrido  más  las  consecuencias  de  la  pandemia.  En  ese  sentido,  persisten  riesgos 
asociados con la evolución reciente de la inflación o los precios energéticos que podrían 
tener un impacto en el riesgo de exclusión social de los colectivos más desfavorecidos. 
Esta vulnerabilidad exige una protección específica, que se prolongue en el tiempo más 
allá de los momentos más agudos de la crisis y que ayude a amortiguar el impacto 
económico derivado de la actual situación de incertidumbre, en particular en los sectores 
sociales destinatarios principales de las medidas objeto de este real decreto-ley.
Es necesario recordar que el Marco Temporal, aprobado por la Comisión Europea 
con el fin de facilitar la adopción de medidas de ayuda a empresas y autónomos que se 
han visto afectados por los efectos económicos de la pandemia, ha sido prorrogado, con 
carácter general, hasta junio de 2022. Algunas categorías concretas de dicho Marco 
incluso tienen una vigencia posterior. Así, el propio Marco Temporal asume por tanto una 
extensión en el tiempo de los efectos sociales y económicos adversos provocados por la 
pandemia y la necesidad de apoyar y acelerar la recuperación económica, más allá de la 
gravedad coyuntural de la pandemia en términos sanitarios.
En  consecuencia,  también  resulta  necesario  disponer  la  prórroga  del  plazo  de  es
vigencia de las medidas que garantizan el suministro a los consumidores vulnerables de  o
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II
El  real  decreto-ley  se  estructura  en  una  parte  expositiva  y  una  parte  dispositiva, 
conformada por dos artículos, siete disposiciones adicionales y trece disposiciones finales.
En el artículo 1 se establecen exenciones en la cotización a favor de los trabajadores 
autónomos que hayan percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al 
amparo de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, en 
términos similares a los dispuestos en el artículo 8 de dicha norma, si bien se concreta 
su alcance a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2022, y se fijan los porcentajes 
de exoneración entre el 90 y el 25 por ciento, en función del mes de su aplicación.
Por medio del artículo 2 también se mantiene a partir del 1 de marzo de 2022 la 
prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados 
por la suspensión de la actividad, la cual tendrá una duración máxima de cuatro meses, 
finalizando el derecho a la misma el último día del mes en que se acuerde el levantamiento 
de las medidas o el 30 de junio de 2022, si esta última fecha fuese anterior.
La disposición adicional primera contempla medidas para facilitar la transición a los 
nuevos expedientes de regulación temporal de empleo de los artículos 47 y 47 bis del 
Estatuto de los Trabajadores.
La disposición adicional segunda determina los beneficios en materia de cotización a 
la Seguridad Social de los expedientes de regulación temporal de empleo referidos en la 
disposición adicional anterior.
Mediante la disposición adicional tercera se prorroga la vigencia del Plan MECUIDA y 
de  las  prestaciones  y  subsidios  previstos  en  los  artículos  2,  3  y  4  del 
Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales 
complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural.
Por  su  parte,  la  disposición  adicional  cuarta  establece  que,  en  el  supuesto  de 
empresas y de personas trabajadoras de las islas Canarias afectadas por la erupción 
volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja, se considerarán como situaciones de 
fuerza mayor a los efectos previstos en el artículo 47.5 del Estatuto de los Trabajadores, 
las situaciones declaradas como tales en virtud de las resoluciones de los expedientes 
de regulación temporal de empleo autorizados por la causa prevista en la disposición 
adicional  quinta  del  Real  Decreto-ley  18/2021,  de  28  de  septiembre;  sin  que  sea 
necesaria  la  tramitación  de  un  nuevo  expediente  a  estos  efectos,  aplicándose  los 
beneficios en materia de protección por desempleo y cotizaciones previstos para las 
citadas situaciones.
La disposición adicional quinta regula la posibilidad de que las empresas, así como 
los  trabajadores  autónomos,  afectados  por  la  situación  originada  por  la  erupción 
volcánica iniciada el día 19 de septiembre de 2021 en la zona de Cumbre Vieja de La 
Palma, se sigan beneficiando de medidas extraordinarias en materia de aplazamiento o 
moratoria  en  el  pago  de  las  cuotas  de  la  Seguridad  Social  y  los  conceptos  de 
recaudación conjunta.
La disposición adicional sexta prevé que, tanto las personas trabajadoras como los 
empleados y empleadas públicos que hubieran disfrutado de una reducción de jornada para 
el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, de un menor a su cargo 
afectado por cáncer o por cualquier otra enfermedad grave y hayan visto extinguida dicha 
reducción de jornada por haber cumplido aquél dieciocho años de edad antes de la entrada 
en vigor de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2022, que elevó el límite de edad a 23 años, puedan volver a solicitar la reducción de  s
jornada prevista. Y ello siempre que sigan acreditando los requisitos para acceder a este  e.
derecho, y el hijo o persona sujeta a acogimiento permanente o a guarda con fines de  w.
adopción a su cargo no haya cumplido aún 23 años; pudiendo mantener la reducción de  49ww
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VigilLaan cdiias pSoíssimciiócna ,a Vduiclcioannaol lósgéipctaim ya d aer toicturolas  lFae pnuóemsetan oesn  Gmeaorcfíhsaic odse,  ucno nP lealn f iNn apcriiomnoarld diael   BOE-A-cable e
de optimizar los recursos y mejorar los sistemas de vigilancia, detección y regulación
técnica  de  los  fenómenos  naturales  destructivos  de  carácter  geofísico,  como  los 
terremotos, los tsunamis y los volcanes.
A su vez, la disposición final primera modifica el texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
incluyendo una nueva disposición adicional cuadragésima sexta con la finalidad de 
asegurar la necesaria protección social de las personas trabajadoras en los expedientes 
de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, causados o no por impedimentos o 
limitaciones derivadas de decisiones adoptadas por las autoridades competentes.
Las disposiciones finales segunda y tercera extienden el plazo de determinadas 
medidas  de  protección  en  situaciones  de  vulnerabilidad  en  materia  de  vivienda 
establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19. En particular, se amplía hasta el 30 de septiembre de 2022 la suspensión de 
los procedimientos y lanzamientos en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya 
establecidos, así como, en consecuencia, la posibilidad de solicitar, hasta el 31 de 
octubre de 2022, compensación por parte del arrendador o propietario recogida en el 
Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a 
las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en 
materia de transportes.
En efecto, con objeto de atender a la realidad social y económica de los hogares, y 
en tanto no haya finalizado la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley por el 
Derecho a la Vivienda, que ofrecerá importantes medidas para la protección de los 
hogares más vulnerables en el ámbito de la vivienda y una mejora de las condiciones de 
acceso a la vivienda en el alquiler, favoreciendo el incremento de la oferta de vivienda en 
alquiler  en  condiciones  asequibles,  es  preciso  ampliar  tanto  la  suspensión  de  los 
procedimientos y lanzamientos, como la posibilidad correlativa de solicitar compensación 
por parte del arrendador o propietario. Este plazo permitirá, además, la implementación 
por  parte  de  las  comunidades  autónomas  del  Plan  Estatal  para  el  acceso  a  la 
vivienda  2022-2025,  aprobado  por  el  Real  Decreto  42/2022,  de  18  de  enero,  que 
contempla programas específicos para la atención de familias vulnerables o inquilinos 
que hayan devenido en situación de vulnerabilidad, los cuales tendrán carácter prioritario 
para las comunidades autónomas; ofreciéndose así soluciones inmediatas a aquéllos 
que,  encontrándose  en  tal  circunstancia,  se  hallen  en  situación  de  desahucio  o 
lanzamiento suspendido por aplicación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
Mediante las disposiciones finales cuarta, quinta, séptima y novena se modifican 
determinados artículos del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y 
consolidación de medidas sociales en defensa del empleo; del Real Decreto-ley 3/2021, 
de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género 
y  otras  materias  en  los  ámbitos  de  la  Seguridad  Social  y  económico;  del 
Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del 
empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos; y del 
Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección 
del  empleo,  la  recuperación  económica  y  la  mejora  del  mercado  de  trabajo, 
respectivamente, con la finalidad común en todos ellos de otorgar un trato igualitario a 
todos los trabajadores autónomos perceptores de la prestación por cese de actividad en 
el cumplimiento del requisito de reducción de la facturación exigido, con independencia 
del sistema de tributación aplicable.
Igualmente, se corrige un error en la redacción de dichas normas que ha perjudicado  es
la eficacia de la prestación y ha supuesto un incremento no pretendido en las cargas de  o
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alta en la Seguridad Social, pero sí han tenido una consecuencia innegable en la 
actividad de los trabajadores.
En virtud de la disposición final sexta se prorroga hasta el 30 de junio de 2022 la 
prohibición  de  corte  de  suministro  de  energía  eléctrica,  gas  natural  y  agua  a  los 
consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable 
severo  o  en  riesgo  de  exclusión  social  definidas  en  los  artículos  3  y  4  del 
Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor 
vulnerable,  el  bono  social  y  otras  medidas  de  protección  para  los  consumidores 
domésticos, contemplada en el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la 
finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, 
de  25  de  octubre,  por  el  que  se  declara  el  estado  de  alarma  para  contener  la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2; e igualmente se mantiene 
hasta el 30 de junio de 2022 la vigencia de la nueva categoría de consumidor vulnerable 
creada en el artículo 5 de dicho Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, que resulta de 
aplicación a determinados colectivos en situación de vulnerabilidad económica.
En  consonancia  con  la  ampliación  de  la  suspensión  de  los  procedimientos  y 
lanzamientos,  y  del  plazo  para  solicitar  compensación  por  parte  del  arrendador  o 
propietario, mediante la disposición final octava se modifican los plazos establecidos en 
el Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se establece el procedimiento para el 
reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores a que se refieren 
los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
Mediante la disposición final novena se modifica también la disposición adicional 
sexta del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la 
protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo, 
con el fin de extender durante cuatro meses más la aplicación de las medidas de 
carácter extraordinario dictadas en relación con la prestación por cese de actividad para 
los  trabajadores  autónomos  afectados  en  su  actividad  por  la  erupción  volcánica 
registrada en la zona de Cumbre Vieja de La Palma.
La  disposición  final  décima  establece  la  salvaguardia  del  rango  del 
Real Decreto 401/2021, de 8 de junio.
Por último, la disposición final undécima contempla los títulos competenciales al 
amparo de los cuales se dicta este real decreto-ley; la disposición final duodécima 
habilita al Gobierno para el desarrollo y ejecución de lo previsto en esta norma y la 
disposición final decimotercera determina su entrada en vigor.
III
El  artículo  86  de  la  Constitución  Española  permite  al  Gobierno  dictar 
reales decretos-leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no 
afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes 
y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de 
las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye, de esta forma, un instrumento constitucionalmente 
lícito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional 
(SSTC 6/1983, de 4 de febrero, F.J. 5; 11/2002, de 17 de enero, F.J. 4; 137/2003, de 3 de 
julio, F.J. 3, y 189/2005, de 7 julio, F.J. 3; 68/2007, F.J. 10, y 137/2011, F.J. 7), el fin que 
justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los  s
objetivos gubernamentales, que, por razones difíciles de prever, requiere una acción  oe.
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el  w.
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adecuada transición de la normativa excepcional de emergencia a un marco jurídico
estable constituido por las reformas introducidas por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28  Bc
de diciembre, evitando situaciones  de vulnerabilidad e incertidumbre tanto para las 
empresas como para las personas trabajadoras; así como ante la situación grave y 
excepcional que persiste como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19, y la derivada de la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja 
de  La  Palma.  Todo  ello  hace  indispensable  dar  una  respuesta  adecuada  a  las 
necesidades que se plantean en el ámbito laboral y social.
Así, por lo que se refiere a las medidas de protección social de los trabajadores 
autónomos,  la  extraordinaria  y  urgente  necesidad  que  exige  el  artículo  86  de  la 
Constitución Española se fundamenta tanto en el inminente vencimiento de las medidas 
actualmente vigentes, como en la exigencia de adaptar dichas medidas a la propia 
evolución de la pandemia y la crisis derivada de la misma. Los efectos de esta crisis se 
han prolongado como consecuencia de la nueva variante «ómicron», lo que ha supuesto 
un aumento muy importante de la incidencia en todo el territorio nacional, por lo que se 
hace  preciso  revisar  con  la  máxima  celeridad  las  medidas  acordadas  en  el 
Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, con el objetivo fundamental de asegurar 
la protección de aquellos colectivos de mayor precariedad.
En cuanto a las disposiciones adicionales primera y segunda, las medidas para 
facilitar la transición a los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo de los 
artículos 47 y 47 bis del Estatuto de los Trabajadores y los correlativos beneficios en 
materia de cotización a la Seguridad Social, requieren aprobación inmediata, a fin de que 
el tránsito desde la normativa anterior a la introducida por el Real Decreto-ley 32/2021, 
de 28 de diciembre, garantice debidamente la seguridad jurídica.
A su vez, y ante la persistencia de los efectos de la crisis de la COVID-19, es 
imprescindible prorrogar uno de los mecanismos habilitados para hacerla frente, como es 
el  Plan  MECUIDA.  El  Plan  ha  sido  desde  el  inicio  de  la  pandemia  una  medida 
extraordinaria de conciliación laboral de las personas trabajadoras por cuenta ajena que 
acrediten  deberes  de  cuidado  a  personas  dependientes,  por  las  circunstancias 
excepcionales  relacionadas  con  la  prevención  de  la  extensión  y  los  efectos  de  la 
COVID-19. La concurrencia de tales circunstancias, aun con una menor incidencia, 
hacen necesario el mantenimiento de dicha medida que evita perjuicios injustificados en 
las personas trabajadoras ante situaciones de emergencia familiar.
La  misma  consideración  cabe  efectuar  respecto  a  las  prestaciones  y  subsidios 
previstos en los artículos 2, 3 y 4 del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, pues 
es indudable que el sector cultural sigue siendo un colectivo especialmente vulnerable en 
las circunstancias concurrentes debido, entre otras razones, a la intermitencia que ya de 
por sí caracteriza a la actividad artística y que en estos tiempos se ve acentuada como 
consecuencia de las limitaciones que impiden el normal desarrollo de sus actividades. 
Los últimos datos disponibles en materia de empleo cultural justifican plenamente su 
prolongación hasta el próximo 30 de junio de 2022.
Las actuaciones dirigidas tanto a empresas y personas trabajadoras, como a trabajadores 
autónomos afectados por la erupción del volcán en la isla de La Palma, responden a la 
necesidad de amortiguar las pérdidas y efectos sobre la actividad económica y el empleo que 
la crisis ha ocasionado, de modo que resulta prioritaria su implementación.
En cuanto a las medidas previstas en la disposición adicional sexta, su imperiosa 
puesta en funcionamiento es imprescindible para evitar perjuicios innecesarios a los 
beneficiarios de las mismas, dado que, en virtud de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, 
el límite de edad previsto para el cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad 
grave se elevó a 23 años, dejando sin cobertura a aquellas personas trabajadoras o  es
empleadas públicas que vieron extinguida la reducción de jornada para tales cuidados  o
fpccaaiotmatra diPhlsiaaotar srból  eefoqiycrtur ;oo ecsl  uole am psdq apopurl,riaed el  oaclpa  isrer eoolsc  vosmioeoccenilevanteed o naure tdnral uaorcp  saa cs 1niilóta8aun  ram iaacvañi.oó yolncPosá re  dndsbeieerce   aevva ueed lndaqn aduelad era a. insbntlioaeli d sdha eudd be Li daelea rPa  e easnslmittdroaaos d  hapea on estfeneibn rlmviedi gooeos ev r fiyteda cerst  oullaass     OE-A-2022-2849able en https://www.
mayor  parte  de  los  daños  producidos,  el  buen  funcionamiento  de  los  sistemas  de
vigilancia y alerta ha evitado que la población se viera aún más afectada, contribuyendo 
a que no se produjeran víctimas mortales directamente relacionadas con este fenómeno.
Aunque España dispone ya de un sistema de vigilancia sísmica y volcánica, de una 
normativa  acorde  y  de  una  comunidad  científica  reconocida  internacionalmente,  los 
recientes acontecimientos han puesto de manifiesto que resulta imprescindible contar de 
forma inmediata con un sistema de vigilancia moderno y adecuado, que cuente con la 
colaboración de los diferentes actores de las administraciones públicas involucrados en la 
materia y del que puedan extraerse conocimientos precisos para el establecimiento de 
normativas que refuercen la seguridad de las construcciones. Esto último es especialmente 
relevante en relación con el peligro sísmico, donde la elaboración de normativas sobre la 
construcción sismorresistente tiene un enorme impacto socioeconómico.
Para ello, es necesaria la puesta en marcha de un Plan Nacional para mejorar la 
respuesta y la prevención ante fenómenos como los terremotos, los tsunamis y los 
volcanes, con la participación de todos los Departamentos y organismos que desarrollan 
competencias en este ámbito.
La experiencia adquirida durante la última erupción en la isla de La Palma constituye 
un sólido cimiento para la puesta en marcha del Plan Nacional de Vigilancia Sísmica, 
Vulcanológica y de otros Fenómenos Geofísicos cuya elaboración correrá a cargo de un 
grupo de trabajo liderado por el Instituto Geográfico Nacional, la institución adscrita al 
Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana  competente  en  materia  de 
vigilancia y alerta sismo-volcánica.
Por lo que se refiere a las previsiones contempladas en las disposiciones finales, 
concurren  también  las  circunstancias  de  extraordinaria  y  urgente  necesidad. 
Comenzando por la protección social de las personas trabajadoras en los expedientes de 
regulación temporal de empleo por fuerza mayor, resulta evidente que debe garantizarse 
su  entrada  en  vigor  a  la  mayor  brevedad,  para  hacer  frente  a  las  situaciones  de 
vulnerabilidad que puedan producirse.
La  ampliación  hasta  el  30  de  septiembre  de  2022  de  la  suspensión  de  los 
procedimientos  y  lanzamientos,  así  como  la  correspondiente  a  la  solicitud  de 
compensación por parte del arrendador o propietario hasta el 31 de octubre de 2022, 
responde a razones de urgencia y necesidad en un contexto en el que la recuperación 
social y económica se está produciendo de forma progresiva, y en un periodo en el que 
la actividad económica todavía puede seguir estando sujeta a ciertos condicionantes 
derivados de la evolución y efectos de la pandemia.
Según los datos de la Comisión Nacional de Estadística Judicial, dados a conocer 
por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 22 de septiembre de 2021, los 
lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias se redujeron un 25,3 % en relación 
con 2019 y los derivados del impago del alquiler bajaron un 18,9 %, lo que evidencia el 
descenso en el número de lanzamientos (derivados tanto de ejecución hipotecaria, de 
contratos de arrendamiento como de otros casos de ocupación) coincidente con la crisis 
derivada de la COVID-19, la suspensión de la actividad judicial derivada de la misma y 
las medidas normativas adoptadas. Ello pone de manifiesto la efectividad de dichas 
medidas, que, ante las incertidumbres propias de la evolución de la pandemia, y la 
necesidad de proveer mecanismos que aseguren la protección de los sectores más 
vulnerables, deben ser prorrogadas.
Por su parte, las modificaciones introducidas por las disposiciones finales cuarta, quinta, 
séptima y novena responden, como se ha señalado, a la finalidad común de otorgar un trato 
igualitario a todos los trabajadores autónomos perceptores de la prestación por cese de  es
actividad en el cumplimiento del requisito de reducción de la facturación exigido, con  o
idseeneesnd e ceal rapesp eitrreoiennnsddct-aaeliepc,n yicoceei inóasstn  erd me de hoeola d ts rdiovifsiiciscsthe atpoamdr soiadn sn ics,do itpeeorim nrotsr saiilo,bas nues. atn Naqd coeuoi lóe  hppn aors yiaern  p cqdlpiiuipcfreeioaor pb eodolnlevent;ie  edaisg as uurpí n aqrc leudotvreamais dteoai,o l m rnasee iiseslsaunt e ltcstomaou nnabddt siefdoaene,nr i edsaSniacnecsi ógi eaneumd nrdoib de laaoe rdsung  ntoSrr e,eeo a qrcllrueoioaessrl      OE-A-2022-2849able en https://www.
trabajadores autónomos, no en razón de su actividad sino en virtud de un elemento ajeno al
sistema, como es la regulación tributaria. Distorsión que ha de ser corregida con celeridad 
en aras de garantizar aquel principio de igualdad.
En cuanto a las medidas previstas en la disposición final sexta, dado que el contexto 
energético  y  socioeconómico  que  motivó  la  aprobación  inicial  de  aquéllas  aún  se 
mantiene, se juzga necesario seguir garantizando, de forma inmediata, el suministro de 
agua  y  productos  energéticos  a  los  consumidores  en  situación  de  vulnerabilidad 
energética, habida cuenta del rol esencial que estos desempeñan en los hogares; así 
como también la prórroga de la categoría de consumidor vulnerable. En efecto, ante la 
coyuntura  económica  de  transición  sanitaria  y  la  evolución  de  la  cotización  de  las 
materias primas y los derechos de emisión de CO  en el mercado europeo, que tienen su 
2
repercusión en los precios finales de la energía eléctrica, con especial énfasis en los 
colectivos más vulnerables, se considera justificada la extraordinaria y urgente necesidad 
que permite la prórroga de estas medidas.
Todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la 
presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, F.J. 3; 111/1983, de 2 de diciembre, 
F.J. 5; 182/1997, de 20 de octubre, F.J. 3), existiendo la necesaria conexión entre la 
situación de urgencia expuesta y la medida concreta adoptada para subvenir a ella, sin que 
constituya un supuesto de uso abusivo o arbitrario del referido instrumento constitucional.
No hay que olvidar que la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar el presente 
real decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al 
Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, F.J. 4; 142/2014, de 11 de septiembre, F.J. 3) y 
esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación 
(STC 14/2020, de 28 de enero, F.J. 4), centradas en dar una respuesta adecuada que 
permita restablecer el funcionamiento normal de la actividad económica y productiva de 
las empresas, la necesaria seguridad jurídica y la protección de los colectivos que 
pudieran resultar vulnerables ante la concurrencia de las circunstancias descritas y que 
se definen por su condición extraordinaria y urgente.
En suma, en las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren 
requisitos exigidos en el artículo 86 de la Constitución Española, considerando, por otra 
parte, que los objetivos que se pretenden alcanzar con el mismo no pueden conseguirse 
a través de la tramitación de una ley por el procedimiento de urgencia.
Asimismo, debe señalarse que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el título I de las Constitución Española, al régimen de las comunidades 
autónomas ni al Derecho electoral general.
IV
Esta  norma  se  ajusta  a  los  principios  de  buena  regulación  contenidos  en  el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en particular, a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Así, atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, existe un claro y evidente 
interés general que sustenta las medidas que se aprueban en la norma, siendo así el 
real decreto-ley el instrumento más inmediato y eficaz para garantizar su consecución. 
Se respeta asimismo el principio de proporcionalidad, dado que contiene la regulación 
meramente  imprescindible  para  la  consecución  de  los  objetivos  previamente 
mencionados. es
A  su  vez,  la  norma  resulta  coherente  con  el  vigente  ordenamiento  jurídico,  o
ajustándose, por ello, al principio de seguridad jurídica. Y, por último, en cuanto al  49www.
ppcalrúuainbtroaclircimipzaieao, n  eatdelue  ad striuertaísncn cusoilaopb  aje2erte6 ivn.i1noc1fsioa , rd,m reee asfllcateai jóa Lnnde ooyprs mú5 tb0aal/,in1 cst9aoi9   b7pei,one rd n se tue r 2asp7ttáaa  rdrseteeex   enednoxetvpa io eudsmneit b ivldroaees ,c  crdtoereámtlom o-Gli etoeeybsn,  i edtlaaren l  oMcy,o e dnmcesoofuminrltioaea     OE-A-2022-28able en https://
que  lo  acompaña.  Por  último,  en  relación  con  el  principio  de  eficiencia,  en  este
real  decreto-ley  se  ha  procurado  que  la  norma  genere  las  menores  cargas 
administrativas para los ciudadanos.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 7.ª, 
8.ª, 13.ª, 17.ª, 25.ª y 29.ª de la Constitución Española, por las que se atribuyen al Estado 
las  competencias  exclusivas  en  materia  de  legislación  procesal;  legislación  laboral; 
legislación  civil;  bases  y  coordinación  de  la  planificación  general  de  la  actividad 
económica; legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social; bases del 
régimen minero y energético; y seguridad pública, respectivamente.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática; de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y de 
Cultura y Deporte; y de las Ministras de Trabajo y Economía Social; para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico; de Hacienda y Función Pública, y de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 22 de febrero de 2022,
DISPONGO:
Artículo 1. Exención de la obligación de cotizar a favor de los trabajadores autónomos 
que hayan percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al amparo 
de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas 
urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del 
mercado de trabajo.
1. A partir del 1 de marzo de 2022, los trabajadores autónomos incluidos en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del 
Mar, que estuvieran de alta en estos regímenes y vinieran percibiendo el 28 de febrero 
de 2022 alguna de las prestaciones por cese de actividad previstas en los artículos 10 
y 11 del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, tendrán derecho a una exención 
de la obligación de cotizar a la Seguridad Social y para la formación profesional con las 
siguientes cuantías:
a) 90 por 100 de las cotizaciones correspondientes al mes de marzo de 2022.
b) 75 por 100 de las cotizaciones correspondientes al mes de abril de 2022.
c) 50 por 100 de las cotizaciones correspondientes al mes de mayo de 2022.
d) 25 por 100 de las cotizaciones correspondientes al mes de junio de 2022.
Para  que  sean  aplicables  estos  beneficios  en  la  cotización  los  trabajadores 
autónomos deberán mantener el alta en el correspondiente régimen especial de la 
Seguridad Social hasta el 30 de junio de 2022.
2. La base de cotización, a efectos de la determinación de la exención, será la base 
de cotización por la que venía cotizando el trabajador autónomo antes de acceder a la 
prestación por cese de actividad.
3. La exención establecida en este precepto será incompatible con la percepción de 
la prestación por cese de actividad en cualquiera de sus modalidades.
4. La obtención de las exenciones contempladas en este precepto que resulten 
indebidas como consecuencia de la pérdida del derecho a las prestaciones de cese de 
actividad contemplada en los artículos 10 y 11 del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de  e
septiembre, dará lugar a la revisión de oficio por parte de la entidad u organismo  bo
competente. 49ww
que 5a. goLteon d liassp uperestsota ecnio neestse  ap rlaesc eqputoe  ssee ráre fdieer ea pelilc aarctíiócunl oa  2lo ds et reasbtaej ardeoarl edse acruetóton-olemy,o as 
paartrítciru ldoe y  lhaa sfitnaa elizl a3c0i ódne  djuen iloa sd ee x2e0n2c2i.ones a las que se refiere el apartado 4 de dicho
6. Las exenciones de la obligación de cotizar establecidas en este artículo serán 
asumidas por las mutuas colaboradoras y, en su caso, por el Instituto Social de la 
Marina,  como  entidades  con  cargo  a  cuyos  presupuestos  se  financiaron  las 
correspondientes prestaciones de los artículos 10 y 11 del Real Decreto-ley 18/2021, 
de 28 de septiembre, que originan el derecho a estas exenciones. Del mismo modo se 
actuará cuando a las exenciones a las que se refiere este artículo se acceda como 
consecuencia de lo establecido en el apartado anterior.
Artículo  2. Prestación  extraordinaria  por  cese  de  actividad  para  los  trabajadores 
autónomos  afectados  por  una  suspensión  temporal  de  toda  la  actividad  como 
consecuencia  de  una  resolución  de  la  autoridad  competente  como  medida  de 
contención de la propagación de la COVID-19.
1. A partir del 1 de marzo de 2022, los trabajadores autónomos que se vean 
obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución 
adoptada por la autoridad competente como medida de contención en la propagación del 
virus COVID-19, o mantengan por los mismos motivos la suspensión de su actividad 
iniciada  con  anterioridad  a  la  fecha  indicada,  tendrán  derecho  a  una  prestación 
económica por cese de actividad de naturaleza extraordinaria, en los términos que se 
establecen en este precepto, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, al menos treinta días naturales antes de la fecha 
de la resolución que acuerde la suspensión de la actividad y, en todo caso, antes de la fecha de 
inicio de la misma cuando esta se hubiese decretado con anterioridad al 1 de marzo de 2022.
b) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, 
si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumpliera este requisito, el órgano 
gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de 
treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La  regularización del descubierto 
producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
2. La cuantía de la prestación será del 70 por 100 de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desarrollada.
No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo 
familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación 
extraordinaria por cese de actividad, la cuantía de cada una de las prestaciones será 
del 40 por 100.
3. El derecho a la prestación nacerá desde el día en que sea efectiva la medida de 
cierre de actividad adoptada por la autoridad competente, o desde el 1 de marzo de 2022 
cuando se mantenga la suspensión de actividad iniciada con anterioridad a esta fecha.
4. Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta 
en el régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de 
la obligación de cotizar. La exoneración del ingreso de las cuotas se extenderá desde el 
primer día del mes en el que se adopte la medida de cierre de actividad, o desde el 1 de 
marzo de 2022 cuando se mantenga la suspensión de actividad iniciada con anterioridad 
a esta fecha, hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida, o 
hasta el 30 de junio de 2022 si esta última fecha fuese anterior. es
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de cotizar  o
se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán asumidas  49ww
dppoircerh slLaataa spc  eribóenanstsit daeeac xditdóereans o. ccrodonitni zcaaaricragió osn ea r acápu leyiconas bt oplerde osd ucuparuasenost etloa s toe sdseto ac buelbel rcapid elaari  oceodnro r eedsl pemo onpdmeireecnnettpeoc  pidóreens  itndaiecci ióoen s.dtae   OE-A-2022-28able en https://
La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones en la 
cotización a las que pueda tener derecho el trabajador beneficiario de esta prestación 
extraordinaria por cese en la actividad no se modificará por el percibo de esta última.
Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina proporcionarán a la 
Tesorería General de la Seguridad Social, a través de los procedimientos que esta 
establezca,  la  información  necesaria  para  la  aplicación  de  lo  establecido  en  este 
apartado, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la prestación como en 
la revisión posterior, conforme a lo establecido en el apartado 9.
5. El  percibo  de  la  prestación  será  incompatible  con  la  percepción  de  una 
retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del 
trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del salario mínimo 
interprofesional, con el desempeño de otra actividad por cuenta propia, con la percepción 
de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el 
cierre, así como con la percepción de una prestación de la Seguridad Social salvo 
aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de 
la actividad que desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de 
actividad será, además, incompatible con las ayudas por paralización de la flota. Sin 
perjuicio de ello, en el supuesto de percepción de tales ayudas, y previa acreditación de 
tal extremo, los trabajadores autónomos también quedarán exonerados de la obligación 
de cotizar en los términos señalados en el apartado 4.
6. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan 
optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen 
especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, 
siempre que reúnan los requisitos establecidos en este artículo.
7. La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
8. La percepción de esta nueva prestación tendrá una duración máxima de cuatro 
meses, finalizando el derecho a la misma el último día del mes en que se acuerde el 
levantamiento de las medidas o el 30 de junio de 2022, si esta última fecha fuese anterior.
El tiempo de percepción de la prestación no reducirá los periodos de prestación por 
cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
9. El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo deberá solicitarse 
dentro de los primeros veintiún días naturales siguientes a la entrada en vigor de la 
resolución de cierre de actividad, o antes del 21 de marzo cuando la suspensión de 
actividad  se  hubiera  acordado  con  anterioridad  al  1  de  marzo  y  no  se  estuviera 
percibiendo  la  prestación  extraordinaria  contemplada  en  el  artículo  9  del 
Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre.
En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el derecho a la 
prestación se iniciará el primer día del mes siguiente al de la solicitud. En estos casos, el 
trabajador autónomo quedará exento de la obligación de cotizar desde el día que tenga 
derecho a percibir la prestación.
Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la 
solicitud  presentada  y  los  documentos  en  su  caso  aportados,  dictará  la  resolución 
provisional que sea procedente, estimando o desestimando la solicitud. Finalizada la 
medida de cierre de actividad se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales 
adoptadas. En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la  es
prestación, se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente  o
pdaeee ntr togicd1dieba0osid. dt ei aógl snEep, sn erdte roleicaorbaa dsiu eooddn leiadcd teiloota u rp aidpaed r rdeedcesmee tlpla áasccs iipis óóetrnneen  ms ilnoetaadss c etdmoióbesnii ed l camaea  lS bsdienoreogts esl uari nreq ipgdsurraaeeedd ssi ontaSa trdoec elcgiaóbirasnae l,n cr eá aoln aptc i lztoiuocamndácionuidosdnan oidscesu asfesar   c maetoé li rlrlaprimae rmrosi npycuo eotssudn.i aidam iolegie nuantn etlooas     OE-A-2022-2849able en https://www.
de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con
alguno otro tipo de ingresos, debiendo constar, asimismo, el consentimiento de todos los 
miembros de la unidad familiar para el acceso a la información tributaria.
Para poder admitir a trámite la solicitud, el interesado deberá aportar una declaración 
jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por 
cuenta ajena, así como una autorización a la Administración de la Seguridad Social y a 
las mutuas colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar de la 
administración tributaria correspondiente los datos tributarios necesarios para la revisión 
de los requisitos de acceso a la prestación. Todo ello sin perjuicio de la obligación que 
asiste  al  perceptor  de  la  prestación  de  presentar  un  certificado  de  empresa  y  la 
declaración de la renta a la entidad gestora de la prestación.
Disposición  adicional  primera. Transición  a  los  nuevos  expedientes  de  regulación 
temporal de empleo de los artículos 47 y 47 bis del Estatuto de los Trabajadores.
1. Los expedientes de regulación temporal de empleo referidos en el artículo 1 del 
Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, y vigentes a la fecha de entrada en vigor 
de este real decreto-ley, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de marzo de 2022.
Asimismo,  se  prorrogarán  hasta  el  31  de  marzo  de  2022  los  expedientes  de 
regulación temporal de empleo vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real 
decreto-ley y que hubiesen sido autorizados con base en lo dispuesto en los artículos 2 
y 5.1 del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, incluidos los autorizados con 
arreglo a la disposición transitoria única de la misma.
2. A los expedientes previstos en el apartado 1 y a las personas trabajadoras 
afectadas por los mismos les seguirán resultando de aplicación las medidas previstas en 
el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, hasta el 31 de marzo de 2022, sin 
perjuicio de lo establecido en la disposición adicional segunda de este real decreto-ley.
3. La prórroga de las medidas de protección por desempleo del artículo 7 del 
Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, se extenderá hasta el día 31 de marzo 
de 2022.
Disposición adicional segunda. Beneficios en materia de cotización a la Seguridad 
Social de los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refiere la 
disposición adicional primera.
A los expedientes de regulación temporal de empleo prorrogados en virtud de la 
disposición adicional primera de este real decreto-ley les serán de aplicación durante el mes 
de marzo de 2022, las exenciones en la cotización a la Seguridad Social reguladas en el 
artículo 4 del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, en los mismos términos y 
condiciones establecidos en dicho artículo, con las particularidades siguientes:
a) En los supuestos regulados en los apartados 1.a) 1.º y 3, el porcentaje de 
exención será del 20 por ciento.
b) En los supuestos regulados en los apartados 1.a) 2.º y 3, el porcentaje de 
exención será del 60 por ciento.
c) En los supuestos regulados en los apartados 1.b) 1.º y 3, el porcentaje de 
exención será del 30 por ciento.
d) En los supuestos regulados en los apartados 1.b) 2.º y 3, el porcentaje de 
exención será del 60 por ciento.
e) En los supuestos regulados en el apartado 2 el porcentaje de exención será  es
del 90 por ciento o
Disposición adicional tercera. Prórroga de la vigencia del Plan MECUIDA y de las 
prestaciones  y  subsidios  previstos  en  los  artículos  2,  3  y  4  del  Real  Decreto-
ley  32/2020,  de  3  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  sociales 
complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural.
1. Se prorroga, hasta el 30 de junio de 2022, el artículo 6 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, por el que se regula el Plan MECUIDA.
2. Se  prorroga  la  duración  de  las  prestaciones  y  subsidios  previstos  en  los 
artículos 2, 3 y 4 del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, en su redacción dada 
por el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, hasta el día 30 de junio de 2022.
Disposición adicional cuarta. Fuerza mayor temporal en el supuesto de empresas y 
personas trabajadoras de las islas Canarias afectadas por la erupción volcánica 
registrada en la zona de Cumbre Vieja.
Se  entenderá  que  constituyen  situaciones  de  fuerza  mayor,  en  los  términos  del 
artículo  47.5  del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  aquellas  acreditadas  en  virtud  de  las 
resoluciones de los expedientes de regulación temporal de empleo autorizados por la causa 
prevista en la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, 
sin que sea necesaria la tramitación de un nuevo expediente a estos efectos, siendo de 
aplicación a estos expedientes, a partir del 1 de marzo y hasta el 30 de junio de 2022 el 
régimen jurídico establecido en el referido artículo 47.5 del Estatuto de los Trabajadores y en 
la disposición adicional cuadragésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Disposición adicional quinta. Medidas extraordinarias para las empresas y trabajadores 
por cuenta propia de las islas Canarias afectados por la erupción volcánica registrada 
en la zona de Cumbre Vieja.
Los  aplazamientos  y  moratorias  en  el  pago  de  las  cuotas  a  que  se  refiere  el 
artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan 
medidas  urgentes  de  apoyo  para  la  reparación  de  los  daños  ocasionados  por  las 
erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica de la isla de La Palma, podrán 
solicitarse, igualmente, con relación al pago de las cuotas de la Seguridad Social y por 
conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de 
febrero a mayo de 2022, en el caso de empresas, y entre los meses de marzo a junio 
de 2022, en el caso de trabajadores autónomos. A estos aplazamientos y moratorias les 
será  de  aplicación  el  régimen  jurídico  establecido  en  el  referido  artículo  10  del 
Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre.
En el caso de que un deudor presente solicitud de aplazamiento por las cuatro 
mensualidades a que hace referencia el párrafo anterior o por alguna de ellas, al amparo 
de esta disposición, complementariamente a un aplazamiento concedido al amparo del 
artículo  10  del  Real  Decreto-ley  20/2021,  de  5  de  octubre,  las  nuevas  cuotas  del 
aplazamiento se incorporarán, mediante una única resolución dictada al final de este 
nuevo periodo, al aplazamiento en vigor, siendo de aplicación un plazo de amortización 
de cuatro meses por cada nueva mensualidad de aplazamiento solicitada.
Disposición adicional sexta. Reducción de la jornada de trabajo por cuidado de hijos o 
personas sujetas a guarda con fines de adopción o acogida con carácter permanente  es
por cáncer u otra enfermedad grave extinguida por cumplimiento de 18 años de  o
edad. w.
de tLraabsa pjoe raslo anmasp atrraob daejal daorrtaícsu lqou 3e7 h.6u bdieerl atne xdtois frreuftuanddoi ddoe  duen laa  rLeedyu cdceiól nE sdtea tulat oj odrnea ldoas 
Tcuraidbaadjaod, odruersa, natep rolab ahdoos ppiotarl iRzaecaiól nD eyc rteratota mLeiegnistloa tcivoon t2in/2u0a1d5o,,  ddee  2u3n  dme eoncotur bar es, up acraar geol   BOE-A-cable e
afectado  por  cáncer  o  por  otra  enfermedad  grave  y  hayan  visto  extinguida  dicha
reducción de jornada por haber cumplido aquél 18 años de edad antes del 1 de enero 
de 2022, podrán volver a solicitar la reducción de la jornada de trabajo prevista en dicho 
artículo siempre que sigan acreditando los requisitos para acceder a este derecho y el 
hijo o persona que hubiere estado sujeta a guarda con fines de adopción o a acogimiento 
de carácter permanente a su cargo no haya cumplido aún 23 años, pudiendo mantener 
la reducción de jornada mientras siga siendo necesario el cuidado directo, continuo y 
permanente de esta persona hasta que cumpla, como máximo, 23 años de edad.
Si la persona enferma hubiere contraído matrimonio o constituido una pareja de 
hecho, tendrá derecho a la reducción de jornada quien sea su cónyuge o pareja de 
hecho, siempre que acredite las condiciones para ser persona beneficiaria.
Idéntica previsión se establece respecto de los empleados públicos que hubieran 
disfrutado de una reducción de la jornada de trabajo al amparo del artículo 49.e) del texto 
refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  aprobado  por  el 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Asimismo, esta reducción de jornada se considerará situación protegida a los efectos 
de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave 
prevista en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Disposición adicional séptima. Plan Nacional de vigilancia sísmica, vulcanológica y de 
otros fenómenos geofísicos.
1. El Plan Nacional de vigilancia sísmica, vulcanológica y de otros fenómenos 
geofísicos es el instrumento de planificación para la optimización de los recursos y 
mejora de los sistemas de vigilancia, detección y regulación técnica en la materia.
2. El  Plan  contendrá  las  medidas  de  refuerzo  de  las  redes  de  vigilancia, 
promoviendo su gestión colaborativa y su densificación, con la finalidad de avanzar en el 
conocimiento y en la investigación que permita mejorar la elaboración de pronósticos a 
largo, medio y corto plazo.
3. El Plan tendrá una vigencia cuatrienal, sin perjuicio de su revisión cuando las 
circunstancias lo aconsejen.
4. Corresponderá  al  Consejo  de  Ministros,  a  propuesta  del  Ministerio  de 
Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana,  la  aprobación  del  Plan,  así  como  sus 
eventuales revisiones. Para su elaboración, el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana constituirá un grupo de trabajo en el que participarán los departamentos 
implicados en su ámbito de actuación, así como el resto de administraciones Públicas.
Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Se  introduce  una  nueva  disposición  adicional  cuadragésima  sexta  en  el  texto 
refundido  de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social,  aprobado  por  el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre con la siguiente redacción:
«Disposición adicional cuadragésima sexta. Protección social de las personas 
trabajadoras en los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza 
mayor.
Las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal  es
de empleo autorizados con base en lo previsto en el artículo 47.5 y 6 del Estatuto  o
de los Trabajadores se beneficiarán, en el ámbito de las prestaciones contributivas  w.
por ad)e seLma pcleuoa nvtiínac duela dlaa ps rae sdtiacchioósn  esxep deedtieernmteins,a dráe  alapsli cmaenddiod aas l as igbuaiseen treesg:uladora  2022-2849n https://ww
seel rpáonr cdeen taapjelic daecli ó7n0  lpaosr c cuieannttoía, sd muráaxnitme atosd ya m laí nviimgeansc piare dveis ltaa sm eend iedla a. rNtícou olob s2t7a0n.t3e.,  BOE-A-cable e
b) El acceso a esta prestación no implicará el consumo de las cotizaciones 
previamente efectuadas a ningún efecto.
c) Las  personas  afectadas  tendrán  derecho  al  reconocimiento  de  la 
prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del período de ocupación 
cotizada mínimo necesario para ello.»
Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19.
Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19, en los siguientes términos:
Uno. El artículo 1 queda redactado como sigue:
«Artículo 1. Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos 
para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
1. Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 30 de 
septiembre de 2022, en todos los juicios verbales que versen sobre reclamaciones 
de renta o cantidades debidas por el arrendatario, o la expiración del plazo de 
duración de contratos suscritos conforme a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos, que pretendan recuperar la posesión de la finca, se 
haya suspendido o no previamente el proceso en los términos establecidos en 
artículo 441.5 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la persona 
arrendataria podrá instar, de conformidad con lo previsto en este artículo, un 
incidente  de  suspensión  extraordinaria  del  desahucio  o  lanzamiento  ante  el 
Juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le 
imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con 
las que conviva.
Así mismo, si no estuviese señalada fecha para el lanzamiento, por no haber 
transcurrido  el  plazo  de  diez  días  a  que  se  refiere  el  artículo  440.3  de  la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, o por no haberse celebrado la 
vista, se suspenderá dicho plazo o la celebración de la vista.
Estas medidas de suspensión que se establecen con carácter extraordinario y 
temporal, en todo caso, dejarán de surtir efecto el 30 de septiembre de 2022.
2. Para que opere la suspensión a que se refiere el apartado anterior, la 
persona  arrendataria  deberá  acreditar  que  se  encuentra  en  alguna  de  las 
situaciones  de  vulnerabilidad  económica  descritas  en  las  letras  a)  y  b)  del 
artículo  5.1  del  presente  real  decreto-ley  mediante  la  presentación  de  los 
documentos previstos en el artículo 6.1. El Letrado de la Administración de Justicia 
dará traslado de dicha acreditación al demandante, quien en el plazo máximo de 
diez días podrá acreditar ante el Juzgado, por los mismos medios, encontrarse 
igualmente en la situación de vulnerabilidad económica descrita en la letra a) del 
artículo 5.1 o en riesgo de situarse en ella, en caso de que se adopte la medida de 
suspensión del lanzamiento.
3. Una  vez  presentados  los  anteriores  escritos,  el  Letrado  de  la 
Administración  de  Justicia  deberá  trasladar  inmediatamente  a  los  servicios  es
sociales  competentes  toda  la  documentación  y  solicitará  a  dichos  servicios  o
informe, que deberá ser emitido en el plazo máximo de diez días, en el que se  49www.
svyea srloev4r icie.d i oelasnE  tsli fisitJquouuaceeicazniól,e  lnasa ,sd   elmad v iecuvdtlaiinsdrteáaar s a dubaeni lai  dplaaalid uc datdoore  cpl ueoamnrr  rleaeen naltd adacqmtiuaóinernii o s ptayrrac,e ocesirneód nnast ruacá odc maal aspy oe ,ts deduenesltlp e aei.nrnfroseirnómdnea  dddoeer,l    OE-A-2022-28able en https://
lanzamiento si se considera acreditada la situación de vulnerabilidad económica y,
en su caso, que no debe prevalecer la vulnerabilidad del arrendador. Si no se 
acreditara  la  vulnerabilidad  por  el  arrendatario  o  bien  debiera  prevalecer  la 
situación  de  vulnerabilidad  del  arrendador  acordará  la  continuación  del 
procedimiento.  En  todo  caso,  el  auto  que  fije  la  suspensión  señalará 
expresamente que el 30 de septiembre de 2022 se reanudará automáticamente el 
cómputo de los días a que se refiere el artículo 440.3 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, o se señalará fecha para la celebración de la vista 
y, en su caso, del lanzamiento, según el estado en que se encuentre el proceso.
Acreditada la vulnerabilidad, antes de la finalización del plazo máximo de 
suspensión,  las  Administraciones  públicas  competentes  deberán,  adoptar  las 
medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que consideren 
adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de 
vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna. Una vez aplicadas 
dichas  medidas  la  Administración  competente  habrá  de  comunicarlo 
inmediatamente al Tribunal, y el Letrado de la Administración de Justicia deberá 
dictar en el plazo máximo de tres días decreto acordando el levantamiento de la 
suspensión del procedimiento.
5. A los efectos previstos en el artículo 150.4 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, se entenderá que concurre el consentimiento de la 
persona arrendataria por la mera presentación de la solicitud de suspensión.
Se entenderá igualmente que concurre el consentimiento del arrendador para 
hacer la comunicación prevenida en este artículo por la mera presentación del 
escrito alegando su situación de vulnerabilidad económica.»
Dos. El artículo 1 bis queda redactado como sigue:
«Artículo 1 bis. Suspensión hasta el 30 de septiembre de 2022 del procedimiento 
de  desahucio  y  de  los  lanzamientos  para  personas  económicamente 
vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 
4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil,  y  en  aquellos  otros  en  los  que  el  desahucio  traiga  causa  de  un 
procedimiento penal.
1. Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 30 de 
septiembre de 2022, en todos los juicios verbales en los que se sustancien las 
demandas a las que se refieren los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros procesos 
penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas 
personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello, el Juez 
tendrá la facultad de suspender el lanzamiento hasta el 30 de septiembre de 2022.
Estas medidas de suspensión que se establecen con carácter extraordinario y 
temporal, dejarán de surtir efecto en todo caso el 30 de septiembre de 2022.
2. Será necesario para poder suspender el lanzamiento conforme al apartado 
anterior, que se trate de viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o a 
personas físicas titulares de más de diez viviendas y que las personas que las 
habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica por 
encontrarse en alguna de las situaciones descritas en la letra a) del artículo 5.1.
El Juez tomará la decisión previa valoración ponderada y proporcional del caso 
concreto,  teniendo  en  cuenta,  entre  otras  que  procedan,  las  siguientes  e.e
circunstancias: b
eseosstctaáiaad )mloe  soLd teiaevms a dintciaedir cocpeu ocsnorids nutaafnodnar cm sisaeeis t ua vralea acllaoipótrainavr rtaáads de oaa e d ssxeiitg crlueuaima eednanat temnr.aeedcnaet esoi d peaeld r.im nAfaoln rmeefneec ciatdo e e dnleo e sal  nisnaemlrizvuaiecrbi oelesl    OE-A-2022-28able en https://
b) Las  circunstancias  relativas  a  la  cooperación  de  los  habitantes  de  la 
vivienda con las autoridades competentes en la búsqueda de soluciones para una 
alternativa habitacional que garantizara su derecho a una vivienda digna.
3. Para que opere la suspensión a que se refiere el apartado anterior, quien 
habite la vivienda sin título habrá de ser persona dependiente de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado dos del artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia, víctima de violencia sobre la mujer o tener a su cargo, 
conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad.
En todo caso, la persona o personas que ocupan la vivienda sin título deberán 
acreditar,  además,  que  se  encuentran  en  alguna  de  las  situaciones  de 
vulnerabilidad económica descritas en la letra a) del artículo 5.1 del presente 
real  decreto-ley  mediante  la  presentación  de  los  documentos  previstos  en  el 
artículo 6.1. El Letrado de la Administración de Justicia, dará traslado de dicha 
acreditación al demandante o denunciante.
4. El  Letrado  de  la  Administración  de  Justicia  deberá  trasladar 
inmediatamente a los servicios sociales competentes toda la documentación y 
solicitará a dichos servicios informe, que deberá ser emitido en el plazo máximo de 
quince días, en el que se valore la situación de vulnerabilidad de la persona o 
personas  que  hayan  fijado  en  el  inmueble  su  vivienda,  y  se  identifiquen  las 
medidas a aplicar por la administración competente.
5. Acreditada la situación de vulnerabilidad de la persona que habite en la 
vivienda y ponderadas por el Juez todas las demás circunstancias concurrentes, 
este dictará auto acordando, en su caso, la suspensión por el tiempo que reste 
hasta el 30 de septiembre de 2022. Si el solicitante no acreditara la vulnerabilidad 
o  no  se  encontrara  entre  las  personas  con  derecho  a  instar  la  suspensión 
conforme  a  lo  señalado  en  el  apartado  2  o  concurriera  alguna  de  las 
circunstancias  previstas  en  el  apartado  6,  el  juez  acordará  mediante  auto  la 
continuación del procedimiento.
Durante el plazo máximo de suspensión fijado, las administraciones públicas 
competentes deberán, caso de quedar constatada la vulnerabilidad económica, 
adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que 
consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en 
situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna. Una 
vez  adoptadas  dichas  medidas  la  Administración  competente  habrá  de 
comunicarlo inmediatamente al Tribunal competente, y el Juez deberá dictar en el 
plazo máximo de tres días auto acordando el levantamiento de la suspensión del 
procedimiento y el correspondiente lanzamiento.
6. A los efectos previstos en el artículo 150.4 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, se entenderá que concurre el consentimiento de la 
persona demandada por la mera presentación de su solicitud de suspensión.
7. En ningún caso procederá la suspensión a que se refiere este artículo si la 
entrada o permanencia en la vivienda ha tenido lugar en los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona 
física,  si  en  dicho  inmueble  tiene  su  domicilio  habitual  o  segunda  residencia 
debidamente acreditada, sin perjuicio del número de viviendas de las que sea 
propietario. e.e
b) Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona  w.b
física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una  49ww
dpeebrsidoanma efnísteic aa crqeudeit atduav.iere  en  él  su  domicilio  habitual  o  segunda  residencia
medcia) ndCou ianntidmoid alac ióenn tora vdioal eon cpiae rsmobarnee nlacsia p eernso neal sin.mueble se haya producido
d) Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando 
para la realización de actividades ilícitas.
e) Cuando la entrada o permanencia se haya producido en inmuebles de 
titularidad pública o privada destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado 
la vivienda a un solicitante por parte de la administración o entidad que gestione 
dicha vivienda.
f) Cuando la entrada en la vivienda se haya producido con posterioridad a la 
entrada en vigor del presente real decreto-ley.»
Disposición  final  tercera. Modificación  del  Real  Decreto-ley  37/2020,  de  22  de 
diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad 
social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
Se modifica el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes 
para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de 
la vivienda y en materia de transportes, en los siguientes términos:
Uno. El apartado 2 de la disposición adicional segunda queda redactado como sigue:
«2. La compensación consistirá en el valor medio que correspondería a un 
alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a 
partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras 
referencias  objetivas  representativas  del  mercado  de  arrendamiento,  más  los 
gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador, por el 
período que medie entre que se acordare la suspensión y el momento en el que la 
misma se levante por el Tribunal o hasta el 30 de septiembre de 2022. No 
obstante,  si  dicho  valor  fuera  superior  a  la  renta  que  viniera  percibiendo  el 
arrendador, la compensación consistirá en renta dejada de percibir durante el 
mismo período señalado anteriormente más los gastos corrientes.»
Dos. El apartado 3 de la disposición adicional segunda queda redactado como sigue:
«3. La solicitud de compensación podrá presentarse hasta el 31 de octubre 
de 2022, debiendo formular el arrendador una exposición razonada y justificada de 
la  compensación  que  considere  procedente  sobre  la  base  de  los  criterios 
indicados anteriormente.»
Tres. El apartado 5 de la disposición adicional segunda queda redactado como sigue:
«5. Si se acreditara la concurrencia de perjuicio económico en los términos 
establecidos en el apartado anterior, la compensación consistirá en el valor medio 
que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el 
inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler 
de  vivienda  u  otras  referencias  objetivas  representativas  del  mercado  de 
arrendamiento,  más  los  gastos  corrientes  de  la  vivienda  que  acredite  haber 
asumido  su  propietario,  por  el  período  que  medie  entre  que  se  acordare  la 
suspensión y el momento en el que la misma se levante por auto o hasta el 30 de 
septiembre de 2022.»
Cuatro. El apartado 6 de la disposición adicional segunda queda redactado como sigue:
«6. La solicitud de compensación podrá presentarse hasta el 31 de octubre  b
de 2022, debiendo formular el titular de la vivienda una exposición razonada y  49ww
cjursitteifriicoasd ian ddicea dlao sc oamntpeerinosrmaceinótne .q»ue considere procedente sobre la base de los
Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de 
refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.
Se modifica el último párrafo del artículo 7.5 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de 
enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, que 
queda redactado del siguiente modo:
«No obstante, y a efectos de acreditación de la reducción de los ingresos 
computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50 % de los 
habidos en el segundo semestre de 2019, se entenderá que las y los trabajadores 
autónomos han experimentado esa reducción siempre que el número medio diario 
de las personas trabajadoras con actividad afiliadas al sistema de la Seguridad 
Social en la actividad económica correspondiente, expresada a 4 dígitos (CNAE), 
durante el periodo al que corresponda la prestación, sea inferior en más de un 7,5 
por ciento al número medio diario correspondiente al segundo semestre de 2019.»
Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por 
el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias 
en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.
Se modifica la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de 
febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras 
materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, que queda redactada en 
los siguientes términos:
«Disposición adicional segunda. Acreditación de la reducción de la facturación 
por los trabajadores autónomos que han percibido las prestaciones por cese 
de actividad contempladas en los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de 
marzo, 24/2020, de 26 de junio, y 30/2020, de 29 de septiembre.
A efectos de acreditación del requisito de reducción de la facturación al que se 
refieren los artículos 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, el artículo 9 
del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, y la disposición adicional cuarta del 
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se entenderá que los trabajadores 
autónomos han experimentado esa reducción siempre que el número medio diario 
de trabajadores con actividad afiliados al sistema de la Seguridad Social en la 
actividad económica correspondiente, expresada a cuatro dígitos (CNAE), durante 
el periodo al que corresponda la prestación, sea inferior en más de un 7,5 por 
ciento al número medio diario correspondiente al segundo semestre de 2019.»
Disposición final sexta. Modificación del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el 
que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a 
aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
El Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes 
en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas  e.e
por el SARS-CoV-2, queda modificado en los siguientes términos: b
Uno. «E1l.  apHaartsatdao  1e l de3l0 a rdtíec uljou n4i oq udeed a2 r0e2d2a ctiandclou sciovme,o  nsoig upeo:drá  suspenderse  el
qsuume icnoisntcrou rdrae  lean ceorngdíaic eiólénc dtreic cao, ngsausm niadtourr avlu yln aegraubal ea,  avquulneellroasb lceo snesvuemroid oo reens  reiens lgoos   BOE-A-cable e
de exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 
de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social 
y otras medidas de protección para los consumidores domésticos. Para acreditar 
la condición de consumidor vulnerable ante las empresas suministradoras de gas 
natural y agua bastará la presentación de la última factura de electricidad en la 
que se refleje la percepción del bono social de electricidad.»
Dos. El apartado 7 del artículo 5 queda redactado como sigue:
«7. En cualquier caso, la condición de consumidor vulnerable prevista en 
este artículo y, por tanto, el derecho a percibir el bono social en los términos que 
corresponda, se extinguirá con fecha 30 de junio de 2022, sin perjuicio de la 
posibilidad  de  acogerse  a  dicha  condición  en  cualquier  momento  anterior  o 
posterior  a  esa  fecha  al  amparo  del  resto  de  supuestos  previstos  en  el 
Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.»
Disposición final séptima. Modificación del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, 
sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la 
protección de los trabajadores autónomos.
Se modifica el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes 
para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores 
autónomos, en los siguientes términos:
Uno. Se da una nueva redacción al último párrafo del artículo 7.5, que queda 
redactado en estos términos:
«No obstante, y a efectos de acreditación de la reducción de los ingresos 
computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50 % de los 
habidos  en  el  segundo  y  tercer  trimestre  de  2019,  se  entenderá  que  los 
trabajadores autónomos han experimentado esa reducción siempre que el número 
medio diario de las personas trabajadoras con actividad afiliadas al sistema de la 
Seguridad  Social  en  la  actividad  económica  correspondiente,  expresada  a  4 
dígitos (CNAE), durante el periodo al que corresponda la prestación, sea inferior 
en más de un 7,5 % al número medio diario correspondiente al segundo y tercer 
trimestre de 2019.»
Dos. Se da una nueva redacción al último párrafo del artículo 8.10.a), que queda 
redactado en estos términos:
«No obstante, y a efectos de acreditación de la reducción de los ingresos 
computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia, así como el límite de 
rendimientos  netos,  se  entenderá  que  los  trabajadores  autónomos  han 
experimentado estas circunstancias siempre que el número medio diario de las 
personas trabajadoras con actividad afiliadas al sistema de la Seguridad Social en 
la  actividad  económica  correspondiente,  expresada  a  cuatro  dígitos  (CNAE), 
durante el periodo al que corresponda la prestación, sea inferior en más de 
un 7,5 % al número medio diario correspondiente al segundo y tercer trimestre 
de 2019.»
Disposición final octava. Modificación del Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el 
que se aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas 
puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer 
frente  a  las  compensaciones  que  procedan,  y  por  el  que  se  establece  el 
procedimiento  para  el  reconocimiento  de  la  compensación  a  los  propietarios  y 
arrendadores a que se refieren los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Se modifica el Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se aprueban las 
medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos 
del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer frente a las compensaciones que 
procedan, y por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la 
compensación a los propietarios y arrendadores a que se refieren los artículos 1 y 1 bis 
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en los 
siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue:
«Artículo  3. Procedimiento  para  la  presentación,  tramitación  y  resolución  de 
solicitudes formuladas por los arrendadores o propietarios de las viviendas 
afectadas.
1. El  procedimiento  para  la  obtención  de  compensaciones  se  iniciará  a 
instancia de parte, mediante la correspondiente solicitud, que podrá presentarse 
hasta el 31 de octubre de 2022.
2. El arrendador o el propietario dirigirán su solicitud al órgano competente 
en materia de vivienda de la comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta y 
Melilla, que deberá ir acompañada de una exposición razonada y justificada de la 
compensación por el período que medie entre que se acordare la suspensión 
extraordinaria del artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, o bien 
la suspensión del lanzamiento del artículo 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, y el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o por 
alcanzar  el  límite  temporal  del  30  de  septiembre  de  2022,  y  que  considere 
procedente sobre la base de los siguientes criterios:
a) El valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno 
en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia 
del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del 
mercado de arrendamiento. Si dicho valor fuera superior a la renta que viniera 
percibiendo el arrendador, la compensación consistirá en renta dejada de percibir.
b) Los  gastos  corrientes  de  la  vivienda  que  acredite  haber  asumido  el 
arrendador o propietario, por el período que medie entre que se acordare la 
suspensión y el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o por 
alcanzar el límite temporal del 30 de septiembre de 2022.
c) En  el  caso  de  la  suspensión  del  lanzamiento  del  artículo  1  bis  del 
Real  Decreto-ley  citado,  se  deberá  acreditar,  por  el  propietario,  el  perjuicio 
económico que le ha ocasionado al encontrarse la vivienda ofertada en venta o  s
arrendamiento con anterioridad a la entrada en el inmueble. oe.
3. Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla tramitarán  49ww
Rlaesa l cDoemcrpeetnos-laecyi o3n7e/2s0 2a0 , daer r2e2n ddaed doirceies mbor e, pcroonpfioertmareio cso np lroe veissttaabsl eceidno  eenl 
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La solicitud, así como el resto de trámites del procedimiento, se realizarán por 
medios  electrónicos  cuando  el  solicitante  se  encuentre  entre  los  sujetos 
contemplados en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las personas 
físicas podrán presentar su solicitud en cualquiera de los lugares del artículo 16.4 
de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  y  realizar  el  resto  de  trámites  del 
procedimiento  por  medios  no  electrónicos  o  bien  ejercitar  su  derecho  a 
relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución al interesado será 
de tres meses, si bien excepcionalmente el órgano competente podrá acordar de 
manera  motivada  ampliar  el  plazo  en  tres  meses  más,  circunstancia  que  se 
notificará  expresamente  al  interesado.  Vencido  el  plazo  máximo  sin  haberse 
notificado resolución expresa, el interesado podrá entenderla estimada por silencio 
administrativo.
5. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán 
desarrollar o completar este procedimiento con objeto de facilitar su gestión y la 
percepción de las compensaciones por el arrendador o el propietario.»
Dos. Se añade una disposición adicional única, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional única. Utilización de los recursos del Plan Estatal para el 
acceso a la vivienda 2022-2025.
Las compensaciones a las que se refiere este real decreto que no se hayan 
podido  realizar  con  los  recursos  del  Plan  Estatal  de  Vivienda  2018-2021,  se 
podrán realizar con los del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 
regulado por Real Decreto 42/2022, de 18 de enero.
A tal efecto los requisitos que han de concurrir para que las comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla puedan utilizar los recursos del Plan 
Estatal  para  el  acceso  a  la  vivienda  2022-2025  para  las  compensaciones  a 
arrendadores o propietarios previstas en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de 
diciembre,  son  los  mismos  que  los  regulados  para  el  Plan  Estatal  de 
Vivienda  2018-2021  en  el  artículo  2,  con  la  salvedad  de  que  el  acuerdo  de 
liquidación e imputación del importe de las compensaciones, que será adoptado 
por la persona titular de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y 
Agenda  Urbana,  se  incluirá  en  la  liquidación  final  del  convenio  que  cada 
comunidad autónoma y las ciudades de Ceuta y Melilla suscriban con el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la ejecución del Plan Estatal 
para el acceso a la vivienda 2022-2025, sin que proceda dictarlo antes.»
Disposición  final  novena. Modificación  del  Real  Decreto-ley  18/2021,  de  28  de 
septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación 
económica y la mejora del mercado de trabajo.
Se modifica el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes 
para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de 
trabajo, que queda redactado en los siguientes términos, en los siguientes términos:
Uno. Se da una nueva redacción al último párrafo del artículo 10.5, que queda 
redactado en estos términos: s
«No obstante, y a efectos de acreditación de la reducción de los ingresos  w.b
computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50 por 100  49ww
dtrea blaojsa dhoarebsid aous tóenno melo ste hrcaenr  eyx pceuraimrteon ttraimdoe setsrae  rdeed u2c0c1ió9n,  ssieem epnrtee nqdueer áe l qnuúem eloros 
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dígitos (CNAE), durante el periodo al que corresponda la prestación, sea inferior
en más de un 7,5 por 100 al número medio diario correspondiente al tercer y 
cuarto trimestre de 2019.»
Dos. Se da una nueva redacción al último párrafo del artículo 11.10.a), que queda 
redactado en estos términos:
«No obstante, y a efectos de acreditación de la reducción de los ingresos 
computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia, así como el límite de 
rendimientos  netos,  se  entenderá  que  los  trabajadores  autónomos  han 
experimentado estas circunstancias siempre que el número medio diario de las 
personas trabajadoras con actividad afiliadas al sistema de la Seguridad Social 
en la actividad económica correspondiente, expresada a cuatro dígitos (CNAE), 
durante el periodo al que corresponda la prestación, sea inferior en más de 
un 7,5 % al número medio diario correspondiente al cuarto trimestre de 2019.»
Tres. Se modifica la disposición adicional sexta, que queda redactada en estos 
términos:
«Disposición adicional sexta. Medidas extraordinarias de Seguridad Social para 
los trabajadores autónomos afectados por la erupción volcánica registrada en 
la zona de Cumbre Vieja en La Palma.
Uno. Prestación de cese de actividad para los trabajadores autónomos que 
se  vean  obligados  a  cesar  en  la  actividad  como  consecuencia  directa  de  la 
erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de La Palma.
1. Los trabajadores autónomos que se vean obligados a cesar en la actividad 
como consecuencia directa de la erupción volcánica registrada en la zona de 
Cumbre Vieja en La Palma podrán causar derecho a percibir la prestación por 
cese de actividad, regulada en el título V del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, sin que se computen, a efectos de consumir los períodos máximos de 
percepción  establecidos,  los  nueve  primeros  meses  de  percepción  de  la 
prestación.
Se considerará como cumplido, a los efectos de poder acceder a la prestación 
por cese de actividad, el requisito de cotización, previsto en el artículo 338 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
2. Los trabajadores autónomos que a 30 de septiembre de 2021 hayan 
percibido algunas de las prestaciones recogidas en los artículos 6, 7 y 8 o en la 
disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, 
sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y 
la protección de los trabajadores autónomos, y se vean obligados a cesar en su 
actividad como consecuencia de la erupción volcánica registrada en la zona de 
Cumbre Vieja en La Palma, tendrán derecho a percibir nueve meses de prestación 
de cese de actividad que no se les computará a los efectos de consumir los 
períodos máximos de percepción establecidos.
Dos. Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas. e
1. Los trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender todas sus  w.
vaocltciváidnaicdaess,  teconmdroá nc doenrseecchuoe nac uian ad per elossta cdiaóñno esc ooncóamsiiocnaa pdoors  cepsoer  dlaes  aecrtiuvpidcaiodn dees   2022-2849n https://ww
naturaleza extraordinaria, en los términos que se establecen en este apartado, 
siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, el 19 de septiembre 
de 2021.
b) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No 
obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumpliera este 
requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el 
plazo  improrrogable  de  treinta  días  naturales  ingrese  las  cuotas  debidas.  La 
regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del 
derecho a la protección.
2. La cuantía de la prestación será del 70 por 100 de la base mínima de 
cotización que corresponda por la actividad desarrollada.
3. El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción 
de la medida de suspensión de la actividad y finalizará el último día del mes en 
el que se reinicie la actividad o hasta el 30 de junio de 2022 si esta fecha fuese 
anterior.
4. Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá 
el alta en el régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo 
exonerado de la obligación de cotizar. La exoneración del ingreso de las cuotas se 
extenderá desde el primer día del mes en el que se adopte la medida de cierre de 
actividad hasta el último día del mes en el que se reinicie la actividad, o hasta 
el 30 de junio de 2022 si esta última fecha fuese anterior.
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación 
de cotizar se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al 
mismo serán asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se 
cubra la correspondiente prestación.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta 
prestación extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio 
de dicha prestación.
La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones 
en la cotización a las que pueda tener derecho el trabajador beneficiario de esta 
prestación extraordinaria por cese en la actividad no se modificará por el percibo 
de esta última.
Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina proporcionarán a 
la Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria, a través 
de los procedimientos que establezca esta última, para la aplicación de lo 
establecido  en  este  apartado,  tanto  en  el  momento  del  reconocimiento 
provisional  de  la  prestación  como  en  la  revisión  posterior,  conforme  a  lo 
establecido en el párrafo 9.
5. El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una 
retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, con el desempeño de 
otra actividad por cuenta propia, con la percepción de rendimientos procedentes 
de una sociedad y con la percepción de una prestación de Seguridad Social, salvo 
aquella  que  el  beneficiario  viniera  percibiendo  por  ser  compatible  con  el 
desempeño de la actividad que desarrollaba. e.e
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el  w.b
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad  49ww
sdeer áe llaod, eemn áesl  isnucpoumepsatoti bdlee  pceornc elapsc iaóynu ddea st aploers  paayruadliazsa,c iyó np rdeev iala  aflcortead. itSaicni ópne rdjuei ctaiol 
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6. Los  socios  trabajadores  de  las  cooperativas  de  trabajo  asociado  que 
hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el 
régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación 
extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos establecidos en este apartado.
7. La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
8. El tiempo de percepción de la prestación no reducirá los periodos de 
prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en 
el futuro.
9. La solicitud de la prestación deberá presentarse dentro de los primeros 
veintiún  días  naturales  siguientes  a  la  entrada  en  vigor  de  esta  norma  si  la 
suspensión se ha producido con anterioridad a la misma. En otro caso, el plazo de 
veintiún días comenzará a contar desde la suspensión de la actividad.
En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el 
derecho a la prestación se iniciará el primer día del mes siguiente al de la solicitud. 
En estos casos, el trabajador autónomo quedará exento de la obligación de cotizar 
desde el día que tenga derecho a percibir la prestación.
Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la 
solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución 
provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho. Finalizado 
el cierre de actividad se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales 
adoptadas. En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene 
derecho a la prestación, se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades 
indebidamente  percibidas,  debiendo  además  en  estos  casos  ingresar  las 
cotizaciones correspondientes a todo el periodo de percepción indebida de la 
prestación, aplicándose el procedimiento de gestión recaudatoria del sistema de la 
Seguridad Social en todos sus términos.
10. Para poder admitir a trámite la solicitud, el interesado deberá aportar 
documento  expedido  por  la  administración  pública  competente  que  ponga  de 
manifiesto la suspensión de la actividad, una declaración jurada de los ingresos 
que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, así 
como una autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas 
colaboradoras  encargadas  de  la  gestión  de  la  prestación  para  recabar  de  la 
administración tributaria correspondiente los datos tributarios necesarios para la 
revisión de los requisitos de acceso a la prestación. Todo ello sin perjuicio de la 
obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar un certificado de 
empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la prestación.
Tres. Prestación  extraordinaria  de  cese  de  actividad  para  aquellos 
trabajadores autónomos que vean afectadas sus actividades como consecuencia 
de los daños ocasionados por la erupción volcánica registrada en la zona de 
Cumbre Vieja de La Palma.
1. Los  trabajadores  autónomos  que  vean  afectada  su  actividad  como 
consecuencia de los daños ocasionados por la erupción volcánica registrada en la 
zona de Cumbre Vieja de La Palma podrán acceder a la prestación económica de 
cese de actividad de naturaleza extraordinaria prevista en este apartado, siempre 
que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el  bo
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de  49ww
drTeerqa 2ubN0iaso2jiat 1ood. bodsreetas ne tdsete,a ls r iM aealn rc  loacr ofreimecnoht aet  rdaeebn a laeja lp drpoears gepono trda ecci óulanes nd teac  olapti zrsoaopcliiiaco intueedls  ,1n 9eo l  sdóeer g csauenmpopt ilegiemersabt oreerl    OE-A-2022-28able en https://
invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de
treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto 
producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
b) No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la 
actividad por cuenta propia en el cuarto trimestre de 2021 superiores a 2.534 
euros, equivalente al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional en dicho 
periodo.
c) Acreditar en el cuarto trimestre del 2021 un total de ingresos computables 
fiscalmente de la actividad por cuenta propia inferior en un 50 por 100 a los 
habidos en el cuarto trimestre de 2019.
Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en 
alta en el cuarto trimestre de 2019 y se comparará con la parte proporcional de los 
ingresos habidos en el cuarto trimestre de 2021 en la misma proporción.
2. La cuantía de la prestación será del 70 por 100 de la base mínima de 
cotización que corresponda por la actividad desarrollada.
3. En  el  caso  de  los  trabajadores  autónomos  que  tengan  uno  o  más 
trabajadores a su cargo, deberá acreditarse, al tiempo de solicitar la prestación, el 
cumplimiento  de  todas  las  obligaciones  laborales  y  de  Seguridad  Social  que 
tengan asumidas. A tal objeto, emitirán una declaración responsable, pudiendo ser 
requeridos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad 
gestora para que aporten los documentos precisos que acrediten este extremo.
4. Esta prestación extraordinaria por cese de actividad podrá comenzar a 
devengarse con efectos de 1 de octubre de 2021 y tendrá una duración máxima 
de nueve meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 
veintiún días naturales de noviembre. En caso contrario, los efectos quedan fijados 
en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud. La duración 
de esta prestación no podrá exceder del 30 de junio de 2022.
5. El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una 
retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, con el desempeño de 
otra actividad por cuenta propia, con la percepción de rendimientos procedentes 
de una sociedad y con la percepción de una prestación de Seguridad Social, salvo 
aquella  que  el  beneficiario  viniera  percibiendo  por  ser  compatible  con  el 
desempeño de la actividad que desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el 
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad 
será además incompatible con las ayudas por paralización de la flota.
6. El  trabajador  autónomo,  durante  el  tiempo  que  esté  percibiendo  la 
prestación,  deberá  permanecer  en  alta  en  el  régimen  de  Seguridad  Social 
correspondiente e ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la 
totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización 
correspondiente.
La mutua colaboradora o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, abonará 
al trabajador autónomo junto con la prestación por cese en la actividad, el importe 
de  las  cotizaciones  por  contingencias  comunes  que  le  hubiera  correspondido 
ingresar de encontrarse el trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 329 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta  s
prestación extraordinaria será, en todo caso, la establecida en el momento de  e.
inicio de dicha prestación. w.
Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina proporcionarán a la  49ww
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párrafos 7 y 8 de este apartado.
7. Los  socios  trabajadores  de  las  cooperativas  de  trabajo  asociado  que 
hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el 
régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación 
extraordinaria en los términos establecidos, siempre que reúnan los requisitos 
para ello.
8. La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la 
solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución 
provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho.
Para poder admitir a trámite la solicitud se deberá aportar una declaración 
jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del 
trabajo por cuenta ajena, y autorización a la Administración de la Seguridad Social 
y a las mutuas colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para 
recabar  de  la  administración  tributaria  correspondiente  los  datos  tributarios 
necesarios para la revisión de los requisitos de acceso a la prestación. Todo ello 
sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar 
un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la 
prestación.
9. A partir del 1 de septiembre de 2022 se procederá a revisar todas las 
resoluciones provisionales adoptadas:
a) A tal objeto, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social recabarán 
de la administración tributaria correspondiente los datos tributarios relativos a los 
dos últimos trimestres de 2019 y 2021.
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la 
Marina no pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones 
tributarias, los trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora 
en los diez días siguientes a su requerimiento:
1.º Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2019 y 
sus liquidaciones trimestrales (modelos 303), así como las liquidaciones del cuarto 
trimestre del año 2021 (modelos 303).
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación del tercer y cuarto 
trimestre a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 
los años 2019 y 2021. Declaración de la renta de las personas físicas o certificado 
de empresas donde consten las retribuciones percibidas por cuenta ajena.
2.º Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán 
aportar la documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este 
precepto.
No obstante, y a efectos de acreditación de la reducción de los ingresos 
computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia, así como el límite 
de  rendimientos  netos,  se  entenderá  que  los  trabajadores  autónomos  han 
experimentado estas circunstancias siempre que el número medio diario de las 
personas trabajadoras con actividad afiliadas al sistema de la Seguridad Social 
en  la  actividad  económica  correspondiente,  expresada  a  cuatro  dígitos 
(CNAE), durante el periodo al que corresponda la prestación, sea inferior en 
más de un 7,5 % al número medio diario correspondiente al cuarto trimestre  e.e
de 2019. w.b
lian depbbr)ie dsatEmance ióennlt e,s  upspeeurc eisbintiodic aidaser.á qnu el osse  dterásmprietensd ad qeu er eecl lianmtearecisóand od neo  tliaesn ec daenrteidcahdoe as   OE-A-2022-28able en https://
A tal objeto, la entidad competente para el reconocimiento de la prestación 
dictará resolución fijando el importe de la cantidad a reintegrar que deberá hacerse 
sin intereses o recargo en el plazo que se determine en la resolución.
Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería 
General de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los 
recargos e intereses que procedan conforme al procedimiento administrativo de 
recaudación  establecido  en  el  Reglamento  General  de  Recaudación  de  la 
Seguridad Social.
10. El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación 
regulada en este apartado podrá:
a) Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de mayo de 2022, 
surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
b) Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin 
necesidad de esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad 
Social o de la entidad gestora, cuando considere que los ingresos percibidos 
durante el cuarto trimestre de 2021 o la caída de la facturación en ese mismo 
periodo  superarán  los  umbrales  establecidos  en  el  párrafo  1  con  la 
correspondiente pérdida del derecho a la prestación.»
Disposición final décima. Salvaguardia del rango de disposiciones reglamentarias.
Mantiene su rango de real decreto el artículo 3 y la disposición adicional única del 
Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, modificado por la disposición final octava. En 
consecuencia, podrá ser modificado por una norma de ese mismo rango.
Disposición final undécima. Títulos competenciales.
Los artículos 1 y 2, las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, 
quinta y sexta, y las disposiciones finales primera, cuarta, quinta, séptima y novena de 
este real decreto-ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª y 17.ª de 
la Constitución Española, que atribuyen al Estado, respectivamente, las competencias 
exclusivas en materia de legislación laboral; y legislación básica y régimen económico de 
la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades 
autónomas.
La  disposición  adicional  séptima  se  dicta  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 149.1.29.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia 
de seguridad pública.
Las disposiciones finales segunda, tercera y octava de este real decreto-ley se 
aprueban al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 8.ª y 13.ª de la Constitución 
Española,  que  atribuyen  al  Estado,  respectivamente,  la  competencia  exclusiva  en 
materia de legislación procesal, en materia de legislación civil, y en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
La disposición final sexta se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.25.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
de bases del régimen minero y energético.
Disposición final duodécima. Habilitación normativa. s
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el  b
desarrollo y ejecución de este real decreto-ley. 49ww
Disposición final decimotercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 22 de febrero de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN