BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 29 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 92014
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
12801 Resolución de 8 de julio de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Illes Balears, en relación con la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas 
urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 
simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de 
las  Illes  Balears  para  paliar  los  efectos  de  la  crisis  ocasionada  por  la 
COVID-19.
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 8 de julio de 2021.–La Secretaria General de Coordinación Territorial, Miryam 
Álvarez Páez.
ANEXO
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 2/2020, de 15 
de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad 
económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones 
públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la 
COVID-19
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Illes Balears ha adoptado el siguiente acuerdo:
I.  De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el grupo de trabajo 
constituido por Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, de 30 de noviembre de 2020, para el 
estudio y propuesta de solución de las discrepancias manifestadas en relación con la 
Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de 
la  actividad  económica  y  la  simplificación  administrativa  en  el  ámbito  de  las 
administraciones  públicas  de  las  Illes  Balears  para  paliar  los  efectos  de  la  crisis 
ocasionada por la COVID-19, (en adelante, Ley 2/2020, de 15 de octubre) ambas partes 
consideran solventadas las controversias, en lo que se refiere a los preceptos objeto del 
presente acuerdo, conforme a los siguientes compromisos:
a)  En relación con el artículo 14 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, ambas partes 
coinciden  en  que  debe  interpretarse  y  aplicarse  conforme  a  lo  dispuesto  en  el 
artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  e.
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. w.
b)  Respecto al artículo 15.1 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, la Comunidad  801ww
Amuistómnoo,m coan d eel  lsaisg uIlileenst eB taelenaorrs l itseer acl:ompromete a promover la modificación legislativa del
«Cuando  el  Servicio  de  Salud  deba  contratar  el  suministro  de  batas  de
protección, guantes, mascarillas, monos, delantales de plástico, gafas, capuchas,
polainas, pantallas, solución hidroalcohólica, viricida, y cualquier otro producto que 
se  haya  previsto  como  necesario  para  el  tratamiento  y  la  prevención  de  la 
COVID-19,  los  pliegos  incorporarán  criterios  sociales,  medioambientales  y 
estratégicos, como criterios de solvencia, criterios de adjudicación o condiciones 
especiales de ejecución, con el fin de facilitar el acceso a la contratación de las 
pequeñas y medianas empresas y asegurar la compra responsable de estos 
productos y el cumplimiento de las normas sociolaborales vigentes de la UE o de 
la OTI.»
c)  Respecto a los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears se compromete a promover la derogación de 
los mismos.
d)  En cuanto al artículo 22, ambas partes coinciden en entender que cuando se 
habla de «personal estatutario» se entiende que se refiere a personal estatutario de 
carrera.
e)  Respecto a la disposición adicional novena, la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears se compromete a promover la modificación legislativa de la misma, con el 
siguiente tenor literal:
«1.  Las  administraciones  territoriales  competentes  promoverán  las 
actuaciones necesarias para hacer posible que el edificio de la antigua central 
térmica de Alcudia, así como las instalaciones y los terrenos adyacentes, puedan 
adscribirse  al  ámbito  fijado  en  la  delimitación  de  espacios  y  usos  portuarios 
(DEUP) del Puerto de Alcudia, con los usos que determine en todo caso el Plan 
Especial del Puerto de Alcudia.
2.  Igualmente,  dichas  administraciones  impulsarán  las  medidas  que 
preserven  los  valores  patrimoniales  ambientales  y  paisajísticos  del  lugar  de 
conformidad con lo que prevé la normativa sectorial de aplicación, como también 
aquellas que permitan incorporar una batería de mejoras territoriales de conexión 
entre el núcleo del Puerto de Alcudia y el de Alcanada, facilitando en su caso el 
acceso al mar por la zona de la torre Mayor.»
f)  En relación con el apartado 1 del artículo 88 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, 
de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears modificado por la 
disposición final décima, apartado 1, de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears se compromete a promover la modificación legislativa del 
mismo, con el siguiente tenor literal:
Se modifica el apartado 1 del artículo 88 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la 
función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que queda redactado de 
la manera siguiente:
«1.  Por necesidades del servicio y por el tiempo indispensable, la persona 
titular de la consejería con competencias en materia de función pública, de oficio o 
a petición de otro consejero o consejera o un órgano equivalente, considerando 
las razones o justificaciones que la motivan, podrá resolver la atribución temporal 
de funciones de forma parcial o total al personal funcionario de carrera, propias de 
su cuerpo, escala o especialidad, sea en la misma consejería o ente del sector 
público donde esté adscrito el personal funcionario afectado o en otra consejería o 
ente: e.e
a)  Cuando no estén asignadas específicamente a puestos de trabajo. 801ww
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g)  En relación con el artículo 88.7 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función 
pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, introducido por la disposición 
final décima, apartado 2, de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, ambas partes coinciden en 
entender que cuando se habla de «personal funcionario» se entiende que se refiere a 
personal funcionario de carrera.
h)  Respecto a la disposición adicional primera del Decreto 47/2011, de 13 de mayo, 
por el que se crean determinadas categorías de personal estatutario en el ámbito del 
Servicio de Salud de las Illes Balears y se establece un procedimiento extraordinario de 
integración, modificada por la disposición final undécima de la Ley 2/2020, de 15 de 
octubre, ambas partes entienden que el precepto debe aplicarse en los términos, con los 
requisitos y de conformidad con el artículo 33 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
II.  En  razón  al  acuerdo  alcanzado,  ambas  partes  coinciden  en  considerar 
concluidas las controversias en lo que se refiere a los preceptos de la Ley que son objeto 
del presente acuerdo.
III.  Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de las Illes Balears».