BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 218 Jueves 13 de agosto de 2020 Sec. I.   Pág. 68838
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNITAT VALENCIANA
9591 Decreto-ley 8/2020, de 26 de junio, de medidas excepcionales para facilitar la 
convocatoria y reunión de los órganos sociales y la eficacia de los acuerdos 
de las entidades cooperativas valencianas.
ÍNDICE
Exposición de motivos.
Artículo 1.  Ámbito de aplicación.
Artículo 2.  Asambleas generales ordinarias.
Artículo 3.  Asambleas generales extraordinarias.
Artículo 4.  Consejos rectores.
Artículo 5.  Legalización de libros y depósito de cuentas anuales.
Artículo 6.  Concurrencia de causas de disolución.
Artículo 7.  Prolongación excepcional de la duración del mandato de cargos estatutarios.
Disposición final primera.  Título competencial.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Exposición de motivos
Las restricciones impuestas durante la situación de estado de alarma decretada por 
la  pandemia  COVID-19,  así  como  las  demás  medidas  adoptadas  para  contener  la 
expansión de la misma, han puesto de relieve la imposibilidad de desarrollar la vida 
social  de  las  entidades  cooperativas  valencianas  con  arreglo  a  las  previsiones 
establecidas en la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana, texto refundido 
aprobado por Decreto legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell y en un gran 
número de los estatutos sociales de dichas entidades.
Es necesario, pues, establecer un régimen excepcional y de aplicación limitada en el 
tiempo, adecuado para permitir a las entidades cooperativas valencianas superar las 
limitaciones  de  todo  tipo  originadas  por  la  COVID-19,  cuando  dichas  limitaciones 
repercutan en la reunión de sus órganos sociales o deriven en el incumplimiento de las 
reglas establecidas para la vida social de las mismas bajo circunstancias de normalidad. 
También es conveniente que dicho régimen se extienda hasta el final de 2020 al objeto 
de prever nuevas limitaciones derivadas de eventuales rebrotes de la pandemia y de 
facilitar a las entidades cooperativas llevar a cabo una transición ordenada para retomar 
la senda de la normalidad en el funcionamiento de sus órganos sociales.
A  tales  efectos,  este  decreto  ley  extiende  su  vigencia  temporal  hasta  final  del 
año 2020 y hasta el periodo ulterior en que la aplicación de sus normas se considera 
conveniente para permitir una regularización ordenada de cada una de las obligaciones 
derivadas de la reunión de los órganos sociales o que dependan de acuerdos adoptados 
en  su  seno,  fijando  fechas  límite  precisas  para  cada  una  de  las  correspondientes 
actuaciones. es
Del mismo modo, se prolonga el mandato de los cargos sociales estatutarios, para  o
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concurrir a la asamblea general, que cubrirá hasta el término máximo para celebrar las
asambleas generales ordinarias en el año 2021.
Esta norma, cuyas medidas extraordinarias y urgentes tienen justificación última en 
la grave situación sanitaria que atraviesa la Comunitat Valenciana como consecuencia de 
la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, con origen en la 
COVID-19 y en las consecuencias para las entidades cooperativas de las medidas 
aportadas para combatirla y frenar su extensión, regula materias que requieren una 
acción normativa de rango legal que se considera que debe desarrollar efectos sin 
esperar a la tramitación de su contenido por la vía normal, o por el procedimiento de 
urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, puesto que su contenido resulta 
imprescindible para permitir al cooperativismo valenciano regularizar su vida social y 
jurídica y llevar a cabo una ordenada transición hacia el cumplimiento y observancia 
regular de las normas legales y estatutarias que rigen sus empresas y entidades.
Este decreto ley que se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva que sobre la 
materia cooperativa tiene atribuida la Comunitat Valenciana, responde a los principios de 
necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  eficiencia  y  transparencia, 
exigidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas. Se cumplen los principios de necesidad y eficacia dado el 
interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen dirigidas al 
estímulo,  el  impulso  y  el  mantenimiento  de  la  actividad  económica  y  social  del 
cooperativismo valenciano y por ser el decreto ley el instrumento jurídico más adecuado 
e inmediato para garantizar su consecución. La norma cumple también con el principio 
de proporcionalidad, por contener la regulación imprescindible para atender la necesidad 
de establecer las medidas extraordinarias que en él se regulan. Del mismo modo, se 
ajusta  al  principio  de  seguridad  jurídica,  ya  que  es  coherente  con  el  resto  del 
ordenamiento jurídico valenciano en materia de cooperativas. En cuanto al principio de 
eficiencia, se considera que la norma generará las menores cargas administrativas 
posibles. Por último, en relación con el principio de transparencia, la norma está exenta 
de  los  trámites  de  consulta  pública,  audiencia  e  información  pública  que  no  son 
aplicables a la tramitación y aprobación de los decretos leyes; aunque, sin embargo, su 
contenido ha sido consultado con la Confederació de Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana, que ha mostrado su opinión favorable a la promulgación de este decreto ley.
Por ello, y en virtud del que establecen los artículos 44, 49 y 52 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana, y el artículo 28.c) de la Ley 35/1983, de 30 de 
diciembre, de la Generalitat, del Consell, y a propuesta del conseller de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y previa deliberación del Consell, 
en la reunión de 26 de junio de 2020, decreto:
Artículo 1.  Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de este decreto ley serán de aplicación, excepcional, temporal, y 
limitada a las materias reguladas en los artículos siguientes, a todas las cooperativas y 
entidades sujetas a la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana, texto refundido 
aprobado por Decreto legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell.
Artículo 2.  Asambleas generales ordinarias.
Con  referencia  a  las  cuentas  anuales  del  ejercicio  que,  con  arreglo  a  las 
disposiciones estatutarias y en atención a la fecha de cierre del ejercicio anual, hubieran 
debido someterse a la asamblea general  ordinaria de las cooperativas valencianas  s
dentro del año 2020, se aplicarán las reglas siguientes: oe.
a)  El consejo rector u órgano de gobierno de las cooperativas valencianas deberá  91ww
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incorporar las modificaciones en la misma que considere convenientes, atendiendo a las
consecuencias y previsiones que estime oportunas o necesarias para paliar los efectos 
de la pandemia COVID-19 en la cooperativa durante 2020 o en los ejercicios futuros, o 
para corregir desequilibrios puestos de relieve durante la misma.
b)  El  informe  de  auditoría,  legal  o  voluntaria,  de  las  cuentas  anuales  deberá 
emitirse en el plazo de dos meses desde que sean formuladas por el consejo rector.
c)  La sesión de la asamblea general ordinaria que deba deliberar y acordar sobre 
las cuentas anuales del ejercicio, se celebrará en un plazo no superior a tres meses 
desde que finalice el plazo máximo para formular las cuentas anuales a que se refiere el 
apartado a primera de este artículo, previa convocatoria de la misma por el consejo 
rector.
d)  La convocatoria de la asamblea general ordinaria podrá hacerse con arreglo a 
las disposiciones estatutarias o, aunque los estatutos no lo regulen o contemplen, por 
correo electrónico o por telefonía u otro medio de comunicación a distancia, siempre que 
se asegure que la convocatoria se ha recibido por la persona destinataria. Bastará con 
que la convocatoria se haga con una antelación mínima de cinco días naturales.
e)  Desde  el  mismo  momento  en  que  se  convoque  la  asamblea  general,  las 
personas  socias  tendrán  garantizado  el  acceso  presencial  y  electrónico  a  toda  la 
documentación que deba ponerse a su disposición con arreglo a lo establecido en el 
artículo 26 de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana. En el caso de que, en 
la fecha de la convocatoria, no haya sido emitido el informe de auditoría, dicho informe 
se pondrá a disposición de las personas socias a partir del siguiente día hábil a la fecha 
del mismo.
f)  Cuando la cooperativa o entidad no lo haya previsto en sus estatutos, también 
podrá aplicar lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de cooperativas de la Comunitat 
Valenciana a las asambleas generales que celebre por medios telemáticos. El acta de la 
sesión recogerá las circunstancias a que se refiere dicho artículo y se hará llegar a todas 
las personas asistentes a la asamblea general en el plazo de tres días hábiles desde el 
siguiente a la fecha de celebración de la misma.
g)  En las asambleas así celebradas, cada socia o socio podrá representar hasta a 
cuatro personas socias ausentes.
h)  En  el  orden  del  día  de  la  asamblea  se  podrán  incluir  puntos  relativos  a 
cualesquiera otros asuntos de la competencia de la asamblea general.
i)  Cuando correspondiese a la asamblea general designar auditor o auditora para el 
ejercicio económico de la cooperativa que hubiese finalizado entre el día 1 de enero 
de 2020 y la fecha de celebración de la asamblea general ordinaria convocada con 
arreglo a este decreto ley, se incluirá en el orden del día un punto relativo a dicha 
designación, que se considerará efectuada en la fecha de finalización del ejercicio 
económico cerrado en el periodo al que se refiere esta regla.
j)  Las cooperativas que tengan prevista la celebración de asambleas generales 
mediante juntas preparatorias y asambleas de personas delegadas, podrán prescindir de 
celebrar las juntas o asambleas preparatorias, entendiéndose prorrogado hasta el 30 de 
junio  de  2021  el  mandato  de  las  personas  delegadas  para  la  anterior  asamblea 
celebrada mediante personas delegadas. No obstante lo precedente, si se hubiesen 
celebrado tales juntas o asambleas preparatorias y hubiesen sido designadas personas 
socias delegadas de las mismas, serán estas las que podrán concurrir a la asamblea 
general,  aunque  la  celebración  de  la  asamblea  inicialmente  prevista  hubiera  sido 
aplazada o revocada.
Artículo 3.  Asambleas generales extraordinarias. e.
Serán de aplicación a las asambleas generales extraordinarias que se celebren hasta  91ww
aerl tí3c1u lod ea ndtiecriieomr.bre de 2020 las reglas de los apartados d) a h) y del apartado j) del
Artículo 4.  Consejos rectores.
Durante 2020, el consejo rector de las cooperativas valencianas podrá celebrar 
sesión y adoptar acuerdos en cualquiera de las formas establecidas en los estatutos de 
la cooperativa o en los apartados 1 y 2 del artículo 40 del Real decreto ley 8/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social de la COVID-19.
Artículo 5.  Legalización de libros y depósito de cuentas anuales.
Las  cooperativas  valencianas  que  hayan  cerrado  el  ejercicio  económico  con 
posterioridad al 14 de noviembre de 2019 podrán legalizar los libros hasta el 31 de 
diciembre de 2020 y presentar a depósito las cuentas anuales de ejercicio hasta el 
día 31 de enero de 2021. Las que hayan cerrado el ejercicio entre el 14 de septiembre 
de 2019 y el 14 de noviembre de 2019 podrán legalizarlos hasta el 30 de septiembre 
de 2020, y solicitar el depósito de las cuentas anuales hasta el 31 de octubre de 2020, 
inclusive.
Artículo 6.  Concurrencia de causas de disolución.
A los efectos exclusivos de determinar la concurrencia de las causas de disolución de las 
cooperativas  valencianas  establecidas  en  el  artículo  81.1  letras  d)  y  e)  de  la  Ley  de 
cooperativas de la Comunitat Valenciana, no se tendrán en cuenta los ejercicios que incluyan 
periodos temporales en los que haya estado vigente el estado de alarma por la COVID-19.
Tampoco se tendrán en cuenta los hechos constitutivos de las causas de disolución a 
que se refiere el artículo 81.1 letras b) y c) de la Ley de cooperativas de la Comunitat 
Valenciana, cuando los mismos se hayan producido durante la vigencia del referido 
estado de alarma o dentro de los dos meses siguientes a su finalización.
Artículo 7.  Prolongación excepcional de la duración del mandato de cargos estatutarios.
Con carácter excepcional, el mandato de las personas miembros del consejo rector u 
órgano de gobierno de las cooperativas valencianas y el de las que sean miembro de los 
demás órganos sociales estatutarios cuyo nombramiento corresponda a la asamblea 
general, cuando su mandato haya vencido después del 14 de febrero de 2020, queda 
prolongado hasta el 28 de febrero de 2021, salvo que con anterioridad a esta fecha la 
asamblea  general  de  la  cooperativa  haya  renovado  el  referido  mandato  y  la 
correspondiente certificación se inscriba en el Registro de Cooperativas.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este decreto ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva que corresponde a 
la Comunitat Valenciana en materia de cooperativas, respetando la legislación mercantil, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1. 21.ª del Estatuto de Autonomía de la 
Comunitat Valenciana.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Este decreto ley entrará en vigor el día siguiente al de la publicación en el «Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana». s
València, 26 de junio de 2020.–El President de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer.–El  w.b
Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael  91ww
Clime(Pnutb Glicoandaz áenle ezl .«Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 8845, de 29 de junio de 2020) OE-A-2020-95able en https://