BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Martes 9 de noviembre de 2021 Sec. I.   Pág. 137905
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
18276 Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
I
La Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, 
relativa al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
declaró  inconstitucionales  y  nulos  los  artículos  107.1,  107.2.a)  y  110.4,  del  texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, pero únicamente en la medida en que someten a 
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.
Posteriormente, el Alto Tribunal, en su Sentencia 126/2019, de fecha 31 de octubre 
de 2019, declaró también inconstitucional el artículo 107.4 del citado texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, respecto de los casos en los que la cuota a 
satisfacer  sea  superior  al  incremento  patrimonial  realmente  obtenido  por  el 
contribuyente.
Y, finalmente, la reciente Sentencia 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021, ha 
venido  a  declarar  la  inconstitucionalidad  y  nulidad  de  los  artículos  107.1,  segundo 
párrafo, 107.2.a) y 107.4 del mencionado texto refundido, dejando un vacío normativo 
sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, 
recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad.
El Tribunal Constitucional ha señalado en el fundamento jurídico 5 de esta sentencia 
que «el mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la 
base imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis 
económica, y, por tanto, al margen de la capacidad económica gravada por el impuesto y 
demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de capacidad económica como 
criterio de imposición (artículo 31.1 CE)».
Pues bien, este real decreto-ley tiene por objeto dar respuesta al mandato del Alto 
Tribunal de llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen 
legal del impuesto como consecuencia de la última de las sentencias referidas, así como 
integrar la doctrina contenida en las otras dos sentencias, al objeto de dar unidad a la 
normativa del impuesto y cumplir con el principio de capacidad económica.
Así, con el fin de dar cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional contenido 
en su Sentencia 59/2017 de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de 
incremento de valor de los terrenos, se introduce un nuevo supuesto de no sujeción para 
los casos en que se constate, a instancia del interesado, que no se ha producido un 
incremento de valor.
Y, con la finalidad de atender al mandato expresado en las otras dos sentencias, por 
un lado, se mejora técnicamente la determinación de la base imponible para que refleje  s
en todo momento la realidad del mercado inmobiliario, reconociéndose la posibilidad de  e.
que los ayuntamientos corrijan a la baja los valores catastrales del suelo en función de  w.
su  grado  de  actualización,  y  sustituyéndose  los  anteriormente  vigentes  porcentajes  276ww
daenlu iamlepsu easptloic apbolre usn soosb creo eefli cvieanloter sd eml átexrimreonso  epsatraab lleac dideotse remni nfuancicóiónn d dee lla n búamseer oim dpeo anñiboles 
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compraventas realizadas. Dicha actualización podrá llevarse a cabo mediante las leyes 
de presupuestos generales del Estado.
Además, se introduce una regla de salvaguarda con la finalidad de evitar que la 
tributación por este impuesto pudiera en algún caso resultar contraria al principio de 
capacidad económica, permitiendo, a instancia del sujeto pasivo, acomodar la carga 
tributaria al incremento de valor efectivamente obtenido.
El  Tribunal  Constitucional  señala  en  el  fundamento  jurídico  5  de  la 
Sentencia 182/2021 que «para que este método estimativo de la base imponible sea 
constitucionalmente legítimo por razones de simplificación en la aplicación del impuesto 
o  de  practicabilidad  administrativa,  debe  (i)  bien  no  erigirse  en  método  único  de 
determinación de la base imponible, permitiéndose legalmente las estimaciones directas 
del incremento de valor, (ii) bien gravar incrementos medios o presuntos (potenciales); 
esto es, aquellos que previsiblemente o "presumiblemente se produce(n) con el paso del 
tiempo  en  todo  terreno  de  naturaleza  urbana"  (SSTC  26/2017,  FJ  3;  3712017,
FJ 3; 59/2017, FJ 3; 72/2017, FJ 3, y 126/2019, FJ 3)».
Con  los  cambios  que  introduce  este  real  decreto-ley,  el  sistema  objetivo  de 
determinación de la base imponible del impuesto se convierte en un sistema optativo, 
que solo resultará de aplicación en aquellos casos en los que el sujeto pasivo no haga 
uso  del  derecho  expuesto  anteriormente.  Así,  se  da  cumplimiento  al  mandato  del 
Tribunal Constitucional de que el método objetivo de determinación de la base imponible 
no sea el único método admitido legalmente, permitiendo las estimaciones directas del 
incremento de valor en aquellos casos en que así lo solicite el obligado tributario.
En definitiva, con esta reforma se busca adecuar la base imponible del impuesto a la 
capacidad  económica  efectiva  del  contribuyente,  permitiendo  su  contribución  al 
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con aquella.
Como  consecuencia  de  lo  anterior,  también  van  a  ser  gravadas  las  plusvalías 
generadas en menos de un año, es decir, aquellas que se producen cuando entre la 
fecha  de  adquisición  y  la  de  transmisión  ha  transcurrido  menos  de  un  año,  que 
precisamente son las que pueden tener un carácter más especulativo, corrigiéndose así 
una  deficiencia  del  sistema  de  determinación  de  la  base  imponible  regulado  en  la 
normativa anterior.
Por último, y como consecuencia de la introducción del supuesto de no sujeción para 
los casos de inexistencia de incremento de valor y de la regla para evitar la tributación 
por una plusvalía superior a la obtenida, se establece que los ayuntamientos puedan 
efectuar las correspondientes comprobaciones.
II
El artículo 86 de la Constitución Española habilita al Gobierno para dictar decretos-
leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad».
La adopción de medidas de carácter económico y tributario acudiendo al instrumento 
del real decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra 
una  motivación  explícita  y  razonada  de  la  necesidad,  entendiendo  por  tal  que  la 
coyuntura económica exige una rápida respuesta, y la urgencia, asumiendo como tal que 
la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate mediante una 
tramitación por el cauce normativo ordinario podría generar algún perjuicio.
De este modo, el real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente 
lícito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional  s
(Sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4; 137/2003, de 3  e.
de julio, F. 3; y 189/2005, de 7 de julio, F. 3; 68/2007, de 28 de marzo, F. 10; y 137/2011,  w.
de 14 de septiembre, F. 7), el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a  276ww
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requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación
parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no 
depende del Gobierno.
Debe quedar, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3, y 137/2003, 
de 3 de julio, FJ 4)».
Como se ha señalado, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 182/2021, ha 
declarado  nulos  e  inconstitucionales  los  artículos  107.1,  segundo  párrafo,  107.2.a) 
y  107.4  del  aludido  texto  refundido,  lo  que  supone  su  expulsión  del  ordenamiento 
jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que 
impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por 
tanto, su exigibilidad.
Como consecuencia de dicho fallo a los ayuntamientos les resulta imposible liquidar, 
comprobar, recaudar y revisar este impuesto local, que desde esa fecha deja de ser 
exigible. Ello supone una merma inmediata e importante de sus recursos financieros, que 
puede provocar un incremento del déficit público que ponga en riesgo el adecuado 
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 135 de la 
Constitución, lo que va además en perjuicio del principio de suficiencia financiera de las 
entidades locales reconocido en el artículo 142 de la Constitución.
Asimismo, el vacío legal ocasionado por la sentencia podría provocar distorsiones 
inminentes en el mercado inmobiliario, en cuanto que puede suponer un incentivo para 
acelerar de forma urgente operaciones inmobiliarias con la única finalidad de aprovechar 
la coyuntura de «no tributación» antes de que fuera aprobada la nueva normativa del 
impuesto, que de no ser aprobada por real decreto-ley requeriría varios meses para su 
posible aprobación y entrada en vigor.
En  definitiva,  la  necesidad  del  inmediato  restablecimiento  de  la  exigibilidad  del 
impuesto en aras de preservar el principio constitucional de estabilidad presupuestaria, 
así como la conveniencia de evitar posibles distorsiones inmediatas en el mercado 
inmobiliario que agraven la situación de forma urgente, justifican la adopción de las 
medidas que incorpora este real decreto-ley, concurriendo de este modo la circunstancia 
de  extraordinaria  y  urgente  necesidad  que  exige  el  artículo  86  de  la  Constitución 
Española, para la utilización de dicha figura normativa.
Para evitar esta situación es necesario actuar mediante un procedimiento legislativo 
urgente y extraordinario como el del real decreto-ley.
En consecuencia, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-
ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno en 
cuanto órgano de dirección política del Estado (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FFJJ 4 
y 7; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una 
ordenación de prioridades políticas de actuación (STC 14/2020, de 28 de enero, FJ 4).
Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ningún 
caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de 
este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de 
mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al 
contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de 
la presente norma, permitiendo apreciar la existencia del presupuesto habilitante de la 
extraordinaria y urgente necesidad requerido por el artículo 86.1 de la Constitución para 
el uso de la legislación de urgencia en relación con el real decreto-ley (SSTC 29/1982, 
de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre,  s
FJ 3). oe.
Debe señalarse, asimismo, que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de  w.
las  instituciones  básicas  del  Estado,  a  los  derechos,  deberes  y  libertades  de  los  276ww
caiuutdóandoamnaoss  nrie aglu Dlaedroesc heon e elel cTtoítrualol g Ie dnee ralal. Constitución, al régimen de las comunidades
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y  de  que  dicha  reserva  tenga  carácter  relativo  y  no  absoluto  ''no  se  deriva 
necesariamente que se encuentre excluida del ámbito de regulación del decreto-ley, que 
podrá penetrar en la materia tributaria siempre que se den los requisitos constitucionales 
del presupuesto habilitante y no 'afecte', en el sentido constitucional del término, a las 
materias excluidas'' (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 8; 137/2003, de 3 de julio, 
FJ 6; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 4; y 189/2005, 
de 7 de julio, FJ 7) (…)».
Y, sobre este particular, en la sección 2.ª del capítulo segundo del título I de la 
Constitución, bajo la rúbrica «De los derechos y deberes de los ciudadanos», se inserta el 
artículo 31.1 de la Constitución, precepto que establece «un auténtico mandato jurídico, 
fuente de derechos y obligaciones», del que «se deriva un deber constitucional para los 
ciudadanos de contribuir, a través de los impuestos, al sostenimiento o financiación de los 
gastos públicos» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 6; 245/2004, de 16 de diciembre, 
FJ 5; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7), siendo, en consecuencia, uno de «los deberes cuya 
afectación está vedada al Decreto-ley el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos que enuncia el artículo 31.1 CE» (SSTC 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 245/2004, 
de 16 de diciembre, FJ 5; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7) (…).
Pues bien, el artículo 31.1 de la Constitución «conecta el citado deber de contribuir 
con el criterio de la capacidad económica» y lo relaciona, a su vez, «no con cualquier 
figura tributaria en particular, sino con el conjunto del sistema tributario», por lo que 
queda claro que «que el Decreto-ley no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos 
elementos  esenciales  de  los  tributos  que  inciden  en  la  determinación  de  la  carga 
tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento 
de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo» 
(SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 
de junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7). De manera que vulnerará el artículo 86 de 
la  Constitución  «cualquier  intervención  o  innovación  normativa  que,  por  su  entidad 
cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir según 
su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario» (SSTC 182/1997, de 28 
de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; 
y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7). Por tanto, será preciso tener en cuenta «en cada caso 
en qué tributo concreto incide el Decreto-ley –constatando su naturaleza, estructura y la 
función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o 
medida en que interviene el principio de capacidad económica–, qué elementos del 
mismo –esenciales o no resultan alterados por este excepcional modo de producción 
normativa– y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se 
trate» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, 
de 30 de junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7)».
A  la  luz  de  estas  consideraciones,  cabe  afirmar  que  las  medidas  tributarias 
contenidas en este real decreto-ley no vulneran el citado artículo 31 de la Constitución ya 
que, como se señala en la antes citada STC 100/2012 (FJ 9), no alteran «de manera 
relevante la presión fiscal que deben soportar los contribuyentes y, por consiguiente, no 
ha provocado un cambio sustancial de la posición de los ciudadanos en el conjunto del 
sistema tributario, de manera que no ha afectado a la esencia del deber constitucional de 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 CE» 
(SSTC 137/2003, de 3 de julio, FJ 7; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 8).
En efecto, la reforma de la normativa reguladora del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que se contiene en este real decreto-ley no  s
supone, en modo alguno, la creación ex novo de un tributo, sino que se trata de una reforma  oe.
parcial que se limita a introducir un nuevo supuesto de no sujeción y a modificar el método de  w.
determinación de la base imponible, con la finalidad de dar cumplimiento al mandato del  276ww
Ty r1ib8u2n/2a0l 2C1.onstitucional  contenido  en  sus  mencionadas  Sentencias  59/2017,  126/2019
Modificar la determinación de la base imponible es imprescindible para adecuar la 
carga tributaria de este impuesto al principio constitucional de capacidad económica, tal 
y como ha señalado el Tribunal Constitucional.
Asimismo, la reforma no altera sensiblemente la posición del obligado a contribuir 
según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario, ya que el impuesto 
que se reforma no constituye uno de los pilares estructurales del sistema tributario 
español, como el propio Tribunal Constitucional reconoce en el fundamento jurídico 4 de 
la Sentencia 182/2021.
Es más, como ya se ha mencionado, con esta reforma lo que se busca es adecuar la 
base  imponible  del  impuesto  a  la  capacidad  económica  efectiva  del  contribuyente, 
permitiendo su contribución al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con 
aquella.
III
Este  real  decreto-ley  consta  de  un  artículo,  en  el  que  se  introducen  las 
modificaciones señaladas anteriormente, una disposición transitoria para la adaptación 
de las ordenanzas fiscales a la nueva normativa y tres disposiciones finales que regulan, 
respectivamente, el título competencial por el que se dicta, la habilitación normativa y su 
entrada en vigor.
IV
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el 
presente real decreto-ley se ajusta a los principios de buena regulación.
Así, atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, estos se apoyan en lo 
perentorio del establecimiento de la exigibilidad del impuesto y la conveniencia de evitar 
posibles distorsiones inmediatas en el mercado inmobiliario, siendo el real decreto-ley el 
instrumento  más  idóneo  para  garantizar,  sin  demora,  su  consecución.  Se  respeta 
también el principio de proporcionalidad, dado que contiene la regulación imprescindible 
para la consecución del objetivo mencionado de adecuar la base imponible del impuesto 
a la capacidad económica efectiva del contribuyente.
Asimismo,  la  norma  resulta  coherente  con  el  vigente  ordenamiento  jurídico, 
ajustándose, por ello, al principio de seguridad jurídica, mediante el establecimiento de 
un método de determinación de la base imponible ajustado en todo momento a la 
realidad del mercado inmobiliario y permitiendo al contribuyente la opción por un método 
alternativo a aquel en el que se determine la base imponible por diferencia entre los 
valores  de  adquisición  y  transmisión  del  inmueble.  En  cuanto  al  principio  de 
transparencia, esta norma, si bien está exenta de los trámites de consulta pública, 
audiencia e información pública por tratarse de un decreto-ley, tal y como autoriza el 
artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, define claramente 
sus objetivos, reflejados tanto en su parte expositiva como en la Memoria abreviada del 
Análisis de Impacto Normativo que lo acompaña. Por último, en relación con el principio 
de eficiencia, en este real decreto-ley se ha procurado que la norma genere las menores 
cargas administrativas para los ciudadanos.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas atribuidas al 
Estado  en  materia  de  Hacienda  general  con  arreglo  al  artículo  149.1.14.ª  de  la 
Constitución. e.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la  276ww
Cproenvsiati tudceilóibne rEascpióanñ odlae,l  aC opnrosepjuoe sdtea  Mdein ilsat rMosin iesntr as ud er eHunaicóienn ddae l yd íFau n8c idóen  nPoúvbielicmab, rey 
de 2021,
DISPONGO:
Artículo  único.  Modificación  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, se introducen las 
siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
Uno.  Se añade un apartado 5 en el artículo 104, con la siguiente redacción:
«5.  No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos 
respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por 
diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y 
adquisición.
Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor 
deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la 
transmisión y la adquisición, entendiéndose por interesados, a estos efectos, las 
personas o entidades a que se refiere el artículo 106.
Para  constatar  la  inexistencia  de  incremento  de  valor,  como  valor  de 
transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los 
siguientes  valores,  sin  que  a  estos  efectos  puedan  computarse  los  gastos  o 
tributos que graven dichas operaciones: el que conste en el título que documente 
la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y 
construcción, se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de 
aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor 
catastral del terreno respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará 
tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.
Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las 
reglas de los párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos 
valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones.
En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, 
para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de 
manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el 
periodo  anterior  a  su  adquisición.  Lo  dispuesto  en  este  párrafo  no  será  de 
aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles 
que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo 
o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades.»
Dos.  Se modifica el artículo 107, que queda redactado de la siguiente forma:
«1.  La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento 
del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentado  a  lo  largo  de  un  periodo  máximo  de  veinte  años,  y  se 
determinará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo, 
multiplicando  el  valor  del  terreno  en  el  momento  del  devengo  calculado 
conforme  a  lo  establecido  en  sus  apartados  2  y  3,  por  el  coeficiente  que  e.e
corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en su apartado 4. b
2.  El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido  276ww
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Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No  obstante,  cuando  dicho  valor  sea  consecuencia  de  una  ponencia  de 
valores  que  no  refleje  modificaciones  de  planeamiento  aprobadas  con 
posterioridad  a  la  aprobación  de  la  citada  ponencia,  se  podrá  liquidar 
provisionalmente  este  impuesto  con  arreglo  a  aquel.  En  estos  casos,  en  la 
liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido 
conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a 
la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los 
nuevos  valores  catastrales,  estos  se  corregirán  aplicando  los  coeficientes  de 
actualización  que  correspondan,  establecidos  al  efecto  en  las  leyes  de 
presupuestos generales del Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien 
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, 
no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá 
practicar  la  liquidación  cuando  el  referido  valor  catastral  sea  determinado, 
refiriendo dicho valor al momento del devengo.
Los ayuntamientos podrán establecer en la ordenanza fiscal un coeficiente 
reductor sobre el valor señalado en los párrafos anteriores que pondere su grado 
de actualización, con el máximo del 15 por ciento.
b)  En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del 
dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se 
aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, 
respecto  de  aquel,  el  valor  de  los  referidos  derechos  calculado  mediante  la 
aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
c)  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas 
sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin 
implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales 
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor 
definido  en  el  párrafo  a)  que  represente,  respecto  de  aquel,  el  módulo  de 
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que 
resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a 
construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez 
construidas aquellas.
d)  En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales 
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del 
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el 
párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este 
último sobre el justiprecio.
3.  Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen 
los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración 
colectiva de carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de 
la parte de este que corresponda según las reglas contenidas en el apartado 
anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha 
reducción durante el período de tiempo y porcentajes máximos siguientes:
a)  La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada 
uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.
b)  La  reducción  tendrá  como  porcentaje  máximo  el  60  por  ciento.  Los  e
ayuntamientos  podrán  fijar  un  tipo  de  reducción  distinto  para  cada  año  de  bo
aplicación de la reducción. 276ww
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colectiva a que aquel se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral 
del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.
La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducción 
se establecerá en la ordenanza fiscal.
4.  El periodo de generación del incremento de valor será el número de años 
a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.
En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para 
el cálculo del periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto 
en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a 
los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el 
anterior devengo del impuesto.
En  el  cómputo  del  número  de  años  transcurridos  se  tomarán  años 
completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de 
que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente 
anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en 
cuenta las fracciones de mes.
El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, 
calculado  conforme  a  lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores,  será  el  que 
corresponda  de  los  aprobados  por  el  ayuntamiento  según  el  periodo  de 
generación  del  incremento  de  valor,  sin  que  pueda  exceder  de  los  límites 
siguientes:
Periodo de generación Coeficiente
Inferior a 1 año. 0,14
1 año. 0,13
2 años. 0,15
3 años. 0,16
4 años. 0,17
5 años. 0,17
6 años. 0,16
7 años. 0,12
8 años. 0,10
9 años. 0,09
10 años. 0,08
11 años. 0,08
12 años. 0,08
13 años. 0,08
14 años. 0,10
15 años. 0,12
16 años. 0,16
17 años. 0,20 e.e
18 años. 0,26 w.
1Ig9u aañl oo ss.uperior a 20 años. 00,,3465
Estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante norma 
con rango legal, pudiendo llevarse a cabo dicha actualización mediante las leyes 
de presupuestos generales del Estado.
Si, como consecuencia de la actualización referida en el párrafo anterior, 
alguno de los coeficientes aprobados por la vigente ordenanza fiscal resultara ser 
superior al correspondiente nuevo máximo legal, se aplicará este directamente 
hasta que entre en vigor la nueva ordenanza fiscal que corrija dicho exceso.
5.  Cuando,  a  instancia  del  sujeto  pasivo,  conforme  al  procedimiento 
establecido en el artículo 104.5, se constate que el importe del incremento de valor 
es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto 
en los apartados anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el 
importe de dicho incremento de valor.»
Tres.  Se modifica el apartado 4 y se añade un apartado 8 en el artículo 110, que 
quedan redactados de la siguiente forma:
«4.  Los  ayuntamientos  quedan  facultados  para  establecer  el  sistema  de 
autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota 
resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este 
artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, sin perjuicio de las facultades de 
comprobación de los valores declarados por el interesado o el sujeto pasivo a los 
efectos  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  104.5  y  107.5,  respectivamente,  el 
ayuntamiento  correspondiente  solo  podrá  comprobar  que  se  han  efectuado 
mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que 
puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales 
normas.
En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación 
cuando se trate del supuesto a que se refiere el artículo 107.2.a), párrafo tercero.»
«8.  Con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  8,  las  Administraciones 
tributarias de las comunidades autónomas y de las entidades locales colaborarán 
para  la  aplicación  del  impuesto  y,  en  particular,  para  dar  cumplimiento  a  lo 
establecido en los artículos 104.5 y 107.5, pudiendo suscribirse para ello los 
correspondientes  convenios  de  intercambio  de  información  tributaria  y  de 
colaboración.»
Disposición transitoria única.  Adaptación de las ordenanzas fiscales.
Los ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana deberán modificar, en el plazo de seis meses 
desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, sus respectivas ordenanzas fiscales 
para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo.
Hasta que entre en vigor la modificación a que se refiere el párrafo anterior, resultará 
de aplicación lo dispuesto en este real decreto-ley, tomándose, para la determinación de 
la base imponible del impuesto, los coeficientes máximos establecidos en la redacción 
del artículo 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
dada por este real decreto-ley.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la  e.
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de  w.b
Hacienda general. 276ww
Disposición final segunda.  Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno y a la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, en el ámbito de sus competencias, a dictar las disposiciones y adoptar medidas 
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 8 de noviembre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN