BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 107  Miércoles 5 de mayo de 2021  Sec. I.   Pág. 53407
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
7351 Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la 
finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
I
El pasado 25 de octubre de 2020 entró en vigor el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
La vigencia de dicho estado de alarma fue prorrogada hasta las 00:00 horas del día 9 
de mayo de 2021 en virtud del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se 
prorroga el estado de alarma declarado por el citado Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre.
Estando próxima la finalización de la vigencia del estado de alarma, se constata que la 
situación epidemiológica, aun cuando continúa resultando preocupante, presenta 
elementos de control y contención fundamentalmente debidos a la positiva evolución del 
proceso de vacunación, con un porcentaje relevante y creciente de población con dosis 
administradas –en particular entre los segmentos más vulnerables o expuestos– y con una 
normalización de los procesos de entrega y distribución de las vacunas adquiridas que 
permite razonablemente augurar una progresiva inmunización de la población en los 
próximos meses. A ello coadyuva la progresiva concienciación y responsabilidad de la gran 
mayoría de la ciudadanía, así como la eficacia de las medidas adoptadas por las 
autoridades sanitarias, tanto estatales como autonómicas.
En ese contexto, no concurren en este momento causas que justifiquen la pervivencia 
de un régimen excepcional como lo es el estado de alarma, previsto en la Constitución como 
un instrumento para asegurar el restablecimiento de la normalidad en circunstancias 
extraordinarias, pero que por su propia naturaleza no puede ni debe prolongarse de forma 
indefinida o permanente en el tiempo, estando su vigencia temporal supeditada a la 
necesidad de adoptar medidas de naturaleza excepcional para prevenir y controlar graves 
alteraciones como las derivadas de la aguda crisis sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2.
Por ello, al igual que ha ocurrido en otros países de nuestro entorno en relación con la 
pervivencia de sus respectivos regímenes jurídicos de excepción, la valoración de la 
proporcionalidad entre el actual nivel de gravedad de la situación y el recurso al estado de 
alarma como régimen de posible limitación de derechos y libertades fundamentales ha 
determinado que el Gobierno de la Nación haya decidido no hacer uso de su prerrogativa 
constitucional de solicitar del Congreso de los Diputados una prórroga de aquel.
Durante la vigencia y prórroga del estado de alarma se han adoptado numerosas 
medidas al amparo del mismo por las autoridades competentes delegadas, cuya vigencia 
decaerá en el mismo momento de expiración de la prórroga del estado de alarma. No 
obstante, la mayoría de dichas medidas pueden articularse, en caso de necesidad, en el 
marco definido por la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en  e.
Materia de Salud Pública, y por la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública;  w.
quedando sujetas al control jurisdiccional ordinario. 51ww
saniAta reiast,e r ergeuslpaeccioton,e se lp purnetsueanletes  qreuael  adfeeccrtaento, -pleoyr  uconna tipeanrete,  aeln r éregliamceiónn d ceo anu ltao rsizitaucaiócnió on 
rcaittaifdicaa ccuióann jduod iicmiapll idqeu elans l immeitdaicdiaósn  qou ree shtariycacnió nd ed ea ddoeprteacrhsoes e fnu nadpalicmaecniótanl edse  ola c lueagnisdlaoc sióuns   BOE-A-cable e
destinatarios no estén identificados individualmente; reforzando su eficacia y coherencia.
Y por otra, estableciendo medidas de control sanitario de los pasajeros internacionales 
para prevenir la introducción de vectores de infección por el SARS-CoV-2 y sus variantes.
Adicionalmente, en el tiempo de vigencia del estado de alarma se han reforzado los 
instrumentos de cooperación entre las autoridades sanitarias, fundamentalmente el debate 
y adopción de criterios por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; y el 
modelo de gobernanza compartida ha permitido adaptar las medidas de prevención a las 
condiciones que requiere la situación en cada ámbito territorial, y continúa plenamente 
vigente, al estar definido el mencionado Consejo Interterritorial en la Ley 16/2003, de 28 
de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
En consecuencia, se considera que la legislación sanitaria citada, unida a las 
previsiones contenidas en el resto de la normativa sanitaria, incluida la Ley 14/1986, de 25 
de abril, General de Sanidad, con las modificaciones puntuales introducidas en el presente 
real decreto-ley, constituyen un marco jurídico suficiente y adecuado para dar respuesta a 
la situación de crisis sanitaria en las actuales circunstancias epidemiológicas y de control 
de la enfermedad.
Pero la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 no sólo ha sido causa de una crisis 
sanitaria, sino que ha provocado una profunda crisis global, económica y social, que 
también ha golpeado a nuestro país.
Por ello, desde el principio de la pandemia se han adoptado otras muchas medidas en 
distintos ámbitos, más allá del estrictamente sanitario, en particular de carácter económico 
y social, cuya eficacia ha sido condicionada al tiempo durante el que esté vigente el estado 
de alarma, que también perderán su eficacia el próximo 9 de mayo. A ellas hay que añadir 
otra serie de medidas que, aunque no expresamente condicionadas a la vigencia del estado 
de alarma, han sido adoptadas en relación con las consecuencias de la pandemia del 
SARS-CoV-2, al objeto de paliar sus efectos negativos sobre el tejido económico y social.
Algunas de estas medidas fueron específicamente adoptadas para hacer frente a las 
situaciones de vulnerabilidad social y económica derivadas de las graves consecuencias 
que en todos los ámbitos, además del sanitario, ha acarreado la pandemia ocasionada por 
el virus SARS-CoV-2.
Ante esta circunstancia se hace necesario y urgente prorrogar la eficacia temporal de 
algunas de estas medidas mientras subsistan los efectos negativos de la pandemia, con 
independencia del fin de la vigencia del estado de alarma, así como adaptar determinadas 
situaciones jurídicas que se verán afectadas por la finalización de la vigencia del estado de 
alarma.
II
El presente real decreto-ley se estructura en seis capítulos, quince artículos, una 
disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El capítulo I establece una serie de medidas urgentes en el ámbito sanitario, relativas 
al control sanitario de los pasajeros internacionales. En esta materia se hace necesario 
revisar los aspectos contemplados en la disposición adicional sexta del Real Decreto-
ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en 
otros ámbitos para la reactivación económica, con objeto de adaptarlos a la evolución 
prevista de la pandemia a nivel nacional y también en los principales países emisores de 
turismo, muy influenciadas por el incremento de la cobertura de la vacunación, que 
propiciaran un importante incremento de la movilidad internacional. El objeto de esta 
medida es que, manteniendo los niveles de seguridad en los controles que se realizan a  s
las personas que llegan a España, especialmente a las que proceden de países de riesgo,  oe.
estos se realicen de la forma más ágil posible para que interfieran lo menos posible en las  w.
dCiOnáVLmIaDi c-i1ma9sp  qaouerterao nppucoidarite udraaern iad gsee tyne ecprtoaarrrt  ubdareor itaemssa. enne rnau erástproid paa lías , parseí sceonmcoia d dee lo ccaaslizoasr  iam lpoos rctaodntoasc tdoes   2021-7351n https://ww
estrechos de los casos, supone la necesidad de poner en marcha medidas de índole
sanitaria en los puertos y aeropuertos españoles. Es especialmente urgente la necesidad de  Bc
adaptar los mecanismos de control sanitario para poder detectar casos procedentes de
áreas con trasmisión de variantes de especial preocupación. Dichas medidas forman parte 
de un sistema global de detección de casos importados, cuyo éxito vendrá determinado por 
la identificación precoz de los mismos y la inmediata adopción de las oportunas medidas de 
control que impidan la difusión incontrolada de la enfermedad. Para ello se ha evolucionado 
el sistema de información Spain Travel Health-SpTH que permitirá la gestión de la verificación 
de los certificados digitales que se puedan habilitar en el marco de la Unión Europea, 
permitirá mejorar la gestión de los flujos de los pasajeros mediante las comprobaciones 
realizadas previas al viaje y facilitará la localización de los viajeros sobre los que haya que 
adoptar medidas adicionales a la llegada para disminuir el riego de importación de casos. 
Resulta a estos efectos prioritaria la máxima colaboración de las agencias de viaje, los 
operadores turísticos y compañías de transporte aéreo o marítimo.
Todo ello permitirá elevar el grado de seguridad y confianza de los viajeros, limitando 
así mismo el riesgo de trasmisión del COVID-19 vinculado a los movimientos internacionales.
El capítulo II establece una serie de medidas extraordinarias aplicables a las juntas de 
propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal. En dichas 
comunidades no se están desarrollando las reuniones de propietarios dadas las 
limitaciones que se han impuesto a su celebración presencial a causa del COVID-19, y las 
dudas existentes sobre la posibilidad de adoptar acuerdos de manera telemática ya que la 
Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, omite la posibilidad de desarrollar 
las reuniones de forma telemática.
Por ello, las medidas previstas, en primer lugar, buscan colmar esta laguna legal que 
ha conducido a una paralización de las reuniones de las juntas, que afecta a la obligación 
de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el 
presupuesto anual, así como los nombramientos de los órganos de gobierno. De esta 
manera, para paliar esta situación coyuntural provocada por las medidas sanitarias 
adoptadas contra la pandemia, se suspende hasta el 31 de diciembre de 2021 la obligación 
de convocar y celebrar la junta de propietarios en las comunidades sujetas al régimen de 
propiedad horizontal, así como las obligaciones de aprobar el plan de ingresos y gastos 
previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto anual. Durante el mismo 
período, o hasta la celebración de la junta correspondiente, se entenderán prorrogados el 
último presupuesto anual aprobado y los nombramientos de los órganos de gobierno.
En segundo lugar, es importante disponer de un criterio claro a la mayor brevedad, 
para que las empresas puedan trabajar, llevando a cabo actuaciones en las instalaciones 
de las comunidades de propietarios, y que en última instancia los propietarios se beneficien 
de las mismas. Por ello, se permite que la junta de propietarios pueda celebrarse por 
videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los propietarios 
dispongan de los medios necesarios, lo que será comprobado por el administrador con 
antelación a la junta; y si el secretario reconoce la identidad de los propietarios asistentes 
a la junta y así lo exprese en el acta. Además, en este supuesto, será también posible la 
adopción de acuerdo sin celebración de junta mediante la emisión de voto por correo 
postal o comunicación telemática.
Por su parte el capítulo III establece una serie de medidas extraordinarias aplicables a 
situaciones de vulnerabilidad económica y social que, en esencia, suponen prorrogar por un 
plazo de 3 meses desde la expiración de la vigencia del estado de alarma, esto es, hasta 
el 9 de agosto de 2021, algunas de las medidas adoptadas para dar cobertura a dichas 
situaciones de vulnerabilidad en relación con la garantía de determinados suministros y el 
derecho a la percepción del bono social por parte de consumidores y determinados 
colectivos vulnerables, así como de determinadas medidas de protección en el ámbito del  es
arrendamiento de vivienda, contenidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. o
vceciounrcn lneusAelnu sqrsmíau taibeednnl oesc rspeiea  rssaidm ,dv eseou erplan  tlrgeauerungfau aablea,rl ,res ze csamlo,en neec  ldntaeri sdillc í anomidseb eaajpedd atci idrvoayaon  s  cg deoeaeln xs msigs oaatnelriradcnaatotnuer t rseidza fadeel,re c  mt eeipvalsr onops etuedermeccaisc ianaeiólirfmsinrcot eraalolnza  t tdarelaao   lv opepésrnaso   rctdaeloae cnisldc s aieóuarnnmtcít citifduduiceoalao rllr eeo 4ysss,      OE-A-2021-7351able en https://www.
reducir de forma estructural el fenómeno de la pobreza energética. En definitiva, se amplía
hasta el 9 de agosto de 2021 la garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural 
a los consumidores vulnerables, prevista en la disposición adicional cuarta del Real 
Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, y que estaba condicionada a la vigencia del 
actual estado de alarma.
Adicionalmente, el artículo 5 configura una nueva categorización de consumidor 
vulnerable, a los efectos de la percepción del bono social de electricidad y la protección 
especial frente a la interrupción del suministro, extendiendo esa condición de consumidor 
vulnerable y, por tanto, el derecho a percibir el bono social en los términos que corresponda, 
hasta el 9 de agosto de 2021, sin perjuicio de la posibilidad de acogerse a dicha condición en 
cualquier momento anterior o posterior a esa fecha al amparo del resto de supuestos previstos 
en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor 
vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos.
En otro orden de cosas, y con objeto de atender a la realidad social y económica de los 
hogares, se extienden las medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en 
materia de vivienda establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19, el cual se modifica para ampliar en tres meses desde la 
finalización del actual estado de alarma los plazos establecidos.
De esta manera, en primer lugar, mediante el artículo 7 se amplía hasta el día 9 de 
agosto de 2021 la suspensión de los procedimientos y lanzamientos de vivienda en 
situaciones de vulnerabilidad, en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya establecidos.
Asimismo, dicho artículo amplía la posibilidad de aplicar una prórroga extraordinaria del 
plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los 
cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en 
vigor, siempre que no se hubiese llegado a un acuerdo distinto entre las partes, a aquellos 
contratos cuyo vencimiento estuviese establecido entre el 9 de mayo y el 9 de agosto de 2021.
También se extiende, hasta el 9 de agosto de 2021, la posibilidad de solicitar la 
moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea una empresa o 
entidad pública de vivienda o un gran tenedor, en los términos establecidos en dicho real 
decreto-ley; y se amplían por ese mismo periodo los contratos de arrendamiento de 
vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos 
términos y condiciones del contrato en vigor. Es decir, se amplía la posibilidad del 
arrendatario en tales supuestos, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de 
la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no 
se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes
Por su parte, el artículo 8 extiende el plazo durante el que los arrendadores y titulares 
de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria prevista en el citado Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, podrán presentar la solicitud de compensación 
prevista en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de 
diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad 
social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
Dicho plazo era de 1 mes desde la finalización de la vigencia del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por lo que con la ampliación 
de tres meses prevista para estas medidas, el nuevo plazo hasta el que se podrá presentar 
dicha solicitud queda fijado en el 9 de septiembre de 2021.
La extensión temporal de estas medidas, responde a razones de urgencia y necesidad 
en un contexto en el que, tras la finalización del estado de alarma, la recuperación social 
y económica se producirá de forma progresiva, en la medida en que se alcance un 
porcentaje de vacunación que permita recuperar la confianza, y durante un periodo en el  e.
que la actividad económica de determinados sectores todavía puede seguir estando sujeta  w.
a ciertas restricciones derivadas de la evolución y efectos de la pandemia. 51ww
de mEend tioddaos  ccaosno ,i melp Tarcibtou nsaolc Ciaol nesnt itsuictuioancaiol nheas a evxaclaedpoc idoen amleasn ey rad er euitregreandtae  lan eacdeospidcaiódn. 
Dneiccheos iadvaadl  yd etammabnidéan  lafo crmonacl,u vrrinecnucliaad ma actoenri alal d uer guennac miao qtiuvea cimiópni deexp alíccuitdai ry a r alaz otnraamdait adceió lan 
ordinaria de los textos normativos.
Este real decreto-ley cumple esa doctrina reiterada del Tribunal Constitucional 
contenida en múltiples sentencias entre las que cabría citar la 6/1983, de 4 de febrero, 
FJ 5; la 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, la 137/2003, de 3 de julio, FJ 3 y la 189/2005, de 7 
julio, FJ 3), entre otras muchas.
Su motivación material deriva de la necesidad de afrontar las graves consecuencias 
del empeoramiento de la vulnerabilidad de muchas personas arrendatarias de su vivienda 
habituales a consecuencia del actual escenario de paralización, pérdidas de empleos, 
reducciones sensibles de jornadas y salarios, etc. Y la extraordinaria y urgente necesidad 
forma parte del juicio político y de oportunidad que corresponde al Gobierno (nuevamente 
SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3).
Las medidas adoptadas se consideran, además, las necesarias con carácter 
imprescindible para atender a los intereses generales afectados, existiendo (STC 139/2016 
de 21 julio, FJ 3), «una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación 
definida que constituye el presupuesto habilitante y las medidas que en el decreto-ley se 
adoptan» (así, desde un principio, STC 29/1982, de 31 de mayo (RTC 1982, 29), FJ 3, 
hasta otras más recientes SSTC 96/2014, de 12 de junio (RTC 2014, 96), FJ 5, y 183/2014, 
de 6 de noviembre (RTC 2014, 183), FJ 4).
En definitiva, la extraordinaria y urgente necesidad de estas medidas viene justificada 
por la situación excepcional derivada de la crisis sanitaria y económica, de la que deriva 
que, con independencia de la finalización de la vigencia del estado de alarma, no se ha 
producido una recuperación económica que permita recuperar los niveles existentes antes 
del COVID-19, lo que implica el mantenimiento de graves situaciones de vulnerabilidad 
necesitadas de protección, tanto en el ámbito del arrendamiento de vivienda, como en 
relación con el carácter esencial de determinados suministros para los hogares.
La grave situación en el ámbito económico y social que están afrontando los hogares 
en España, y las especiales consecuencias que ello puede tener, de un modo particular, 
en el ámbito de la vivienda, justifica la extraordinaria y urgente necesidad de la adopción 
de las medidas propuestas, teniendo en cuenta el impacto de la crisis sanitaria y de las 
medidas adoptadas en el contexto del estado de alarma, y la necesidad de salvaguardar 
la protección de los hogares más vulnerables por un periodo de tres meses más, una vez 
finalizado el referido estado de alarma.
En relación con la violencia de género, la Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas 
urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, 
establece en su artículo 1 la declaración de servicio esencial de los servicios para las 
víctimas de violencia de género: «A los efectos de lo previsto en la presente Ley, los 
servicios a los que se refieren los artículos 2 a 5 del mismo tendrán la consideración de 
servicios esenciales con los efectos previstos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, sus normas de desarrollo; el Real Decreto-
ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin 
de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, y el 
resto del ordenamiento jurídico».
Esta ley tiene su origen en el Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas 
urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, 
siendo el citado artículo 1 reproducción del artículo 1 de dicho real decreto-ley.
La violencia de género constituye una amenaza a los derechos humanos, entre ellos, 
la vida, la integridad física y psíquica, la salud, la seguridad y el bienestar económico y  es
social de sus víctimas y del conjunto de la sociedad. Por ello, es preciso que en la situación  o
adomdceceeta sumdstaiiinadol arandzdaseoo d  psnda aeae npc  sd2oeue0rs  m2epa0lrri ao iCal taiesOn c stVecpitIiruaóDnarna-ac1 cy i9ói goa nanas a rdispale tan(e lnetanidmz cOeaieamrrr,g  gieaeaelnl i nmiinazctiaidneacear indcónaeundc a osMiod alounolusna d dlfo)u i,bpa nssúlc etdbiá oelmcinc ulaaaalo n mSdsteeia eqn lucnugadteaor  neáp  lcdueyteev edd óre la oiesnnslat  e pdrsrraifoneisclaraluevcdlniitooca ni lroa1 ao1ssl      OE-A-2021-7351able en https://www.
imposibilitar el acceso de las víctimas a los medios habituales de asistencia integral,
comunicación y denuncia de situaciones de violencia de género; o que incluso disponiendo 
de tales medios puedan encontrarse con que los servicios de asistencia no estén 
disponibles o no lo estén al nivel habitual de atención.
Estas medidas permitirán garantizar los derechos de las víctimas y en particular del 
derecho a la asistencia social integral contemplado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; así como el 
cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo 
de 2011, que obliga a los Estados Parte a adoptar las medidas que sean necesarias para 
prevenir y dar respuesta a la violencia contra las mujeres.
Por lo expuesto, los servicios públicos de información, asesoramiento, teleasistencia, 
asistencia social integral, acogida para víctimas de todas las formas de violencia contra las 
mujeres, incluidas las víctimas de trata con fines de explotación sexual y de explotación 
sexual, y el sistema de seguimiento por medios telemáticos en materia de violencia de 
género, deben tener la consideración de servicio esencial y esta consideración debe 
mantenerse tras la finalización de la vigencia del estado de alarma. Adicionalmente, se 
estima necesario incluir un precepto análogo al artículo 18 sobre servicios esenciales del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. A todo ello responde 
el artículo 9 de este real decreto-ley.
El artículo 10 de este real decreto-ley modifica el artículo 8 de la Ley 1/2021, de 24 de 
marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de 
violencia de género, que establece que «Las comunidades autónomas y las entidades 
locales podrán destinar los fondos que les correspondan del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género a poner en marcha todos los proyectos o programas preventivos y 
asistenciales que se recogen en esta Ley, así como cualquier otro que, en el contexto del 
estado de alarma, tenga como finalidad garantizar la prevención, protección y la atención 
frente a todas las formas de violencia contra las mujeres.».
Con la modificación que articula el artículo 10 se pretende desvincular esta previsión 
con la vigencia del estado de alarma, a fin de garantizar que las comunidades autónomas 
y las entidades locales puedan seguir utilizando los fondos del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género para desarrollar, en su respectivo ámbito competencial, los programas 
que sean necesarios para garantizar la prevención, asistencia y protección de las víctimas 
de violencia de género en el contexto específico de vulnerabilidad derivado de las medidas 
de contención de la pandemia internacional.
A las medidas expuestas, se añaden otras tres medidas de carácter social, la primera 
de ellas, relativa a la prórroga del plazo previsto en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, 
de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.
Dicho artículo 1.2.b) establece, como requisito para que las sociedades anónimas o de 
responsabilidad limitada puedan obtener la calificación de «Sociedad Laboral», que 
ninguno de los socios sea titular de acciones o participaciones sociales que representen 
más de la tercera parte del capital social; para indicar, a continuación, como excepción, 
que «La sociedad laboral se constituya inicialmente por dos socios trabajadores con 
contrato por tiempo indefinido, en la que tanto el capital social como los derechos de voto 
estarán distribuidos al cincuenta por ciento, con la obligación de que en el plazo máximo 
de 36 meses se ajusten al límite establecido en este apartado».
A este respecto, hay que tener en cuenta que, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 
de la misma ley, cuando hayan transcurrido los plazos de adaptación previstos en el citado  es
artículo 1, el Ministerio de Trabajo y Economía Social o el órgano competente de la Comunidad  o
AsLye oalua mcbtyóioueonrddmaoaalmeesdsn a p.tc  oúLco baeoml nirdcro eeae sssl« cp,qS aaouoldniefciqd cliuaieaei dcrnsiiadoótedocn, si  ecL tcrdoaaoambsmdo o lori anlaa  cclib»onuo,nsr rrtsoaareurl  decccuneoce nnilóanlalne cnc viddaaaoe urdál s esa ol uas pd  uopeb réc atdorujdeannis ddoecai cane iyló xi fenepicl le  darRdeecieii enósgntnoeit.csegite,rr oodd  adeddese  cll aoaSbslio ofbiccreaiaenlr dedáafe icadsi deolaess     OE-A-2021-7351able en https://www.
Con la medida proyectada se prevé prorrogar, con carácter extraordinario, el referido 
plazo máximo de 36 meses, por 24 meses más, a efectos de evitar las consecuencias que 
comportaría la descalificación de aquellas sociedades laborales que, con motivo de la 
crisis económica derivada de la pandemia sanitaria, no les hubiere sido posible adaptarse 
a los límites establecidos legalmente en el plazo máximo de adaptación que en este 
momento fija la mencionada ley, en su artículo 1.2.b).
La finalidad de esta medida es que la irrupción de la crisis provocada por el COVID-19 
no obstaculice la continuidad y consolidación de las sociedades laborales como fórmula 
empresarial clave de la economía social y de la generación de empleo, minimizando los 
riesgos de su pérdida de calificación y su desaparición.
Por su parte, la flexibilización temporal del uso del Fondo de educación y promoción 
de las cooperativas, responde también a la finalidad de paliar los efectos del COVID-19.
El artículo 56 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, regula el Fondo de 
educación y promoción, que según su apartado 1, «…se destinará, en aplicación de las 
líneas básicas fijadas por los Estatutos o la Asamblea General, a actividades que cumplan 
alguna de las siguientes finalidades:
a)  La formación y educación de sus socios y trabajadores en los principios y valores 
cooperativos, o en materias específicas de su actividad societaria o laboral y demás 
actividades cooperativas.
b)  La difusión del cooperativismo, así como la promoción de las relaciones 
intercooperativas.
c)  La promoción cultural, profesional y asistencial del entorno local o de la comunidad 
en general, así como la mejora de la calidad de vida y del desarrollo comunitario y las 
acciones de protección medioambiental».
En dicho precepto se recogen los aspectos esenciales en cuanto al destino y gestión 
del citado Fondo, que es inembargable e irrepartible entre los socios, incluso en el caso de 
liquidación de la cooperativa.
Por su parte, la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las 
Cooperativas, establece, en su artículo 13.3, como causa de pérdida de la condición de 
cooperativa fiscalmente protegida, «aplicar cantidades del Fondo de Educación y 
Promoción a finalidades distintas de las previstas por la Ley»; y, en su artículo 19.4, en su 
párrafo primero, añade que «la aplicación del Fondo a finalidades distintas de las 
aprobadas dará lugar, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 13, a la 
consideración como ingreso del ejercicio en que aquélla se produzca del importe 
indebidamente aplicado».
En tal sentido, para la aplicación del Fondo de educación y promoción de las 
cooperativas a una finalidad distinta de la establecida legalmente - como es el caso de las 
proyectadas, para la dotación de liquidez para su funcionamiento o para cualquier actividad 
que ayude a frenar o a paliar los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19-, de forma 
extraordinaria y para el periodo que resta de ejercicio presupuestario, es necesario y 
urgente aprobar la medida propuesta, evitando, con ello, las consecuencias de índole 
fiscal y presupuestaria que podrían redundar negativamente en la gestión de estas 
sociedades o excluirles del régimen fiscal que les corresponde, en consideración a su 
función social, actividades y características.
La medida permite, de manera extraordinaria y limitada en el tiempo, y siempre de 
acuerdo con los principios y valores y con los procedimientos de autogestión democrática 
que caracterizan a las cooperativas, destinar su Fondo de educación y promoción a 
cualquier actividad que ayude a frenar o paliar los efectos de la crisis sanitaria derivada del  e.
COVID-19, bien mediante acciones propias o bien por medio de donaciones a otras  w.b
entidades, públicas o privadas, o a dotar de liquidez a la cooperativa para garantizar la  51ww
contFininuaidlmade ndtee ,s lua  fnuencceiosindaamd ideen tpoe.rsonal sanitario continuará siendo una realidad en tanto
sdee cplarroalodon geul ees ltaa dsoit duea cailóanrm dae,  pcorirs lios  qsuaen rietasruialt,a  iinmdperpeescnidnideibnltee mfaecinlittaer  dae la qsu aed msein iesntrcaucieonnteres 
públicas la contratación de dicho personal. Por ello, se considera necesario y urgente
mantener la vigencia de la medida relativa a la posibilidad de que los profesionales sanitarios 
jubilados puedan incorporarse voluntariamente a los servicios de salud de las comunidades 
autónomas y de las ciudades con Estatuto de autonomía, permitiendo la compatibilidad de 
la jubilación y el desarrollo de profesiones sanitarias sin que se vea mermada la cuantía de 
la pensión a percibir, con el fin de garantizar la incorporación del personal sanitario jubilado 
a los servicios públicos de salud.
Se trata de una medida, que fue establecida en el artículo 5 del Real Decreto-
ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha 
de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, a la que 
pretenden dar continuidad los artículos 13 y 14 de este real decreto-ley, que es 
ampliamente respaldada tanto por distintas corporaciones y asociaciones de profesionales 
sanitarios y socio-sanitarios, como por los grupos parlamentarios, y que está teniendo un 
gran impacto positivo en la gestión y contención de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, por lo que se considera imprescindible prolongarla en el tiempo mientras dure 
la crisis sanitaria, con independencia de la vigencia o no del estado de alarma.
Por último, en otro orden de cosas, como se adelantaba al comienzo de esta 
Exposición de Motivos, ante la expiración de la vigencia del estado de alarma, si bien las 
autoridades sanitarias disponen de competencias para adoptar medidas excepcionales a 
fin de prevenir, contener y limitar la crisis sanitaria derivada de la pandemia, previstas en 
la legislación ordinaria, no es menos cierto que cuando se trate de medidas restrictivas de 
derechos fundamentales, estas han de ser objeto de autorización o ratificación judicial, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.
Dicha ley fue modificada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas 
procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración 
de Justicia, con objeto de atribuir a las Salas de lo Contencioso-administrativo de la 
Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer 
de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la 
legislación sanitaria que las autoridades sanitarias, de ámbito estatal o distinto al estatal, 
respectivamente, consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen 
limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén 
identificados individualmente.
En el ejercicio de esa competencia, las Salas de los distintos Tribunales Superiores de 
Justicia que se han tenido que pronunciar en el seno de los procedimientos de ratificación 
o autorización de esas medidas sanitarias han seguido, en ocasiones, una diferente 
interpretación del marco sanitario estatal aplicable, alcanzando posturas divergentes sobre 
si el mismo podía servir como título habilitante de las restricciones y limitaciones de 
derechos fundamentales impuestas por las autoridades sanitarias autonómicas en las 
medidas adoptadas, en ejercicio de competencias propias, con carácter colectivo y general 
para luchar contra la pandemia.
La adopción de medidas restrictivas de derechos fundamentales justificadas por la 
acción de las Administraciones Públicas para combatir la pandemia del coronavirus 
dirigidas a la ciudadanía, deben ser objeto de autorización o ratificación judicial, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 8.6, segundo párrafo, 10.8, 11.1 i) y 122 quater de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
según redacción dada por la disposición final segunda de la citada Ley 3/2020, de 18 de 
septiembre.
A este respecto, el artículo 15 de este real decreto-ley introduce una modificación a la  es
Ley 29/1998, de 13 de julio, al objeto de modificar la regulación del recurso de casación en  o
epadleol e gcss aoJiigblnu,ui oslciictteoaiecnnrri t a qeisn u oytseeb e drrlnvaeeet   iSldnloaaocs il: Aóa acn uudo dtednoi ee sleon  lsa acCtdisaaoo   anrpNedtteafamondcricionmoisiosna stpa rodaol -ecrea liln doar mneseec isrnuseti arsfpse túormraib ddatliaievtceso ac r sSidaa aesa lyalua T ctspori óiundbneóeu dm nslaoeaic,s l  pa SaTe duyrrie psbeimrugsenutámaaestol a,e e lpfs,li   juaaoSedbru dejpdeameot iervcáinotosrt  rirnddeaaeesr      OE-A-2021-7351able en https://www.
la del Ministerio Fiscal, sobre el alcance de la legislación sanitaria en relación con las
limitaciones o restricciones de derechos fundamentales de los ciudadanos impuestas por 
las autoridades sanitarias, y todo ello en un plazo muy breve de tiempo, que es lo que 
requiere una situación sanitaria tan grave y extraordinaria como la que obliga a esas 
autoridades a tener que adoptar esta clase de medidas y para la que no resultan eficaces 
los dilatados plazos que precisa el recurso de casación ordinario.
No obstante, la introducción del recurso de casación frente a dichos autos no alcanzará 
la finalidad perseguida de uniformar doctrina, si no se introducen mecanismos legales que 
garanticen la celeridad de dicho recurso de casación, de modo que, el control mediante 
sentencia del Tribunal Supremo surta eficacia al producirse con inmediatez a la decisión 
jurisdiccional de instancia.
Para ello es preciso introducir unas normas especiales de procedimiento inspiradas 
por los principios de preferencia y sumariedad. En consecuencia, es necesario que dicho 
recurso de casación no exija recurso de reposición previo (a diferencia del resto de 
recursos de casación contra autos), que no opere el instituto de la declaración de 
caducidad y que el procedimiento se tramite de forma sumaria y preferente, incorporando 
la admisión del recurso al enjuiciamiento del mismo sin diferenciar, como sucede ahora 
con el recurso de casación contra autos (y también sentencias), entre la fase de admisión 
y la fase de enjuiciamiento.
Ante la inminente finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, y prorrogado tras el acuerdo del Congreso de los Diputados de 27 de 
octubre de 2020 mediante el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, resulta ineludible y 
urgente abordar la reforma del recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo a fin de evitar que la situación jurídica descrita en los 
párrafos precedentes vuelva a producirse, pues los efectos adversos de la pandemia sobre la 
salud de los ciudadanos persisten y, una vez decaiga el estado de alarma, las autoridades 
sanitarias podrán seguir precisando para combatirlo de la adopción de medidas urgentes y 
necesarias para la salud pública que, en el caso de que restrinjan o limiten derechos 
fundamentales de los ciudadanos, requerirán de la preceptiva autorización o ratificación 
judicial por las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional.
Es imprescindible, por tanto, que, en el momento de expiración de la vigencia del estado 
de alarma, el sistema procesal previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, cuente con un mecanismo idóneo que permita a la 
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo resolver las dudas y divergencias 
que, sobre la interpretación y aplicación del marco normativo estatal, se puedan generar en 
los procedimientos de autorización y ratificación judicial de las medidas sanitarias.
La modificación del recurso de casación prevista en este real decreto-ley no puede ser 
aprobada mediante el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria, pues ello 
implicaría que, finalizado el estado de alarma y hasta la aprobación de tales reformas 
legislativas, las distintas interpretaciones y aproximaciones judiciales al marco sanitario 
estatal aplicable se seguirán produciendo, sin posibilidad de que la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo pueda entrar a conocer de las mismas y pueda fijar 
jurisprudencia sobre las cuestiones suscitadas en los procedimientos de autorización y 
ratificación judicial de las medidas sanitarias restrictivas o limitativas de derechos 
fundamentales.
Ello explica la extraordinaria y urgente necesidad de acometer con inmediatez una 
modificación de la actual regulación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, que introduzca la posibilidad de interponer, contra 
los autos recaídos en dichos procedimientos, un recurso de casación extremadamente ágil 
y de tramitación preferente, que permita a la Sala de lo Contencioso-administrativo del  e.
Tribunal Supremo pronunciarse con gran celeridad en esta materia y posibilite la aplicación  w.
uniforme de dicho marco normativo en todo el territorio nacional. 51ww
III
El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso de
extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al 
Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, 
tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, 
de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ 3, 
y 189/2005, de 7 julio, FJ 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el fin que justifica la 
legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos 
gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa 
inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento 
de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación 
de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Debe quedar, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 
de julio, FJ 4)».
En particular, el Tribunal Constitucional ha avalado de manera reiterada la adopción de 
medidas con impacto social en situaciones excepcionales y de urgente necesidad. Dicho 
aval demanda la concurrencia material de una motivación explícita y razonada de la 
necesidad y también formal, vinculada con la urgencia que impide acudir a la tramitación 
ordinaria de los textos normativos.
Además, dada la urgencia requerida en la aplicación de estas medidas, ante la 
inminente expiración de la vigencia del estado de alarma el 9 de mayo próximo, resulta 
claro que, de seguirse el procedimiento legislativo ordinario, aun utilizándose el trámite de 
urgencia, no se lograría adoptar a tiempo estas medidas destinadas a dar la necesaria 
cobertura jurídica y social a distintas situaciones derivadas de la situación de crisis 
sanitaria, económica y social ocasionadas por la pandemia del COVID-19, que no cabe 
vincular exclusivamente a la vigencia del estado de alarma, mientras tales situaciones de 
crisis, y en ocasiones de especial vulnerabilidad subsistan, al menos durante un periodo 
de tiempo.
Este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, 
a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la 
Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.
La práctica totalidad de sus preceptos, plantean extensiones temporales, puntuales y 
excepcionales de medidas excepcionales ya adoptadas con anterioridad, bien al amparo o 
en íntima conexión con la declaración del estado de alarma, bien en íntima conexión con la 
grave situación crisis ocasionada por las consecuencias de la pandemia del SARS-CoV-2.
En particular, en cuanto a la afectación del derecho de propiedad, las medidas 
prorrogadas encajan en la función social que aquel debe cumplir «entendida no como 
mero límite externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante del derecho 
mismo» (STC 37/1987, FJ 2.º), por lo que la regulación por medio de real decreto ley no 
puede entenderse como una afectación que haga desaparecer el derecho, que lo convierta 
en otra cosa, o que lo haga irreconocible (STC 89/1994 de 17 marzo, FJ 5). Se respetan, 
además, los demás límites materiales del artículo 86.1 de la Constitución, en cuanto que 
no se regula el régimen general del derecho a la propiedad privada, sino que se modifican 
temporalmente elementos puntuales del mismo, relativos a la posibilidad de suspensión de 
procedimientos de desahucios y lanzamientos de vivienda en situaciones de vulnerabilidad, 
a la prórroga extraordinaria de contratos de arrendamiento vencidos en determinadas  es
circunstancias y a la posibilidad de solicitar, en determinados supuestos, la moratoria o  o
cvrPeourgonlnucdFeeloairndancaibamiólicmliniiedó enanentd ospt.et aAa,r bdcelmieal cli nridediseaotlr ls pa dateievgnoco  r eCdeleto oa ml-arlúte írncye u ndrltoeea  s l1aap2lso a 9Anr drddeemen, i dnlaaaisst atiLrmraeiociys i qom3un9oee/, s2 s a0eP 1 úel5obn,sl cic duapeesr ni,1n ter cendi p eepi noao srsct iittcduuueabl acrberió u,a ne d lndoeaesl     OE-A-2021-7351able en https://www.
de eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
La necesidad y eficacia se apoyan en el interés general en el que se fundamentan las 
medidas de protección que se establecen para quienes son más vulnerables. El real 
decreto-ley guarda también el principio de proporcionalidad, porque contiene las medidas 
que se consideran imprescindibles, y por un mínimo plazo, para la consecución de los 
objetivos previamente mencionados (STC 139/2016 de 21 julio). En particular, tal y como 
ha declarado reiteradamente el Tribunal Constitucional (sobre todo a partir de la capital 
STC 37/1987, fundamento jurídico 2.º) la consideración de la función social como 
conformadora del contenido mismo del derecho de propiedad exime de una indagación 
exhaustiva de la proporcionalidad o razonabilidad de la norma o de la prueba de sus 
presupuestos fácticos; bastando con que la finalidad de la norma se inserte con naturalidad 
en la función social de la propiedad para determinar la constitucionalidad de la misma.
Asimismo, es coherente con el vigente ordenamiento jurídico, ajustándose, por ello, al 
principio de seguridad jurídica y, por último, en cuanto al principio de transparencia, esta 
norma está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública por 
tratarse de un decreto-ley, tal y como autoriza el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra 
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de los Ministros de 
Justicia y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de las Ministras de Trabajo y 
Economía Social, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de Sanidad, de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, y de Igualdad, y del Ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 4 de mayo de 2021,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas urgentes en el ámbito sanitario
Artículo 1.  Control sanitario de los pasajeros internacionales.
1.  Sin perjuicio de las medidas de control de fronteras que, conforme al Derecho de 
la Unión Europea, puedan adoptarse, el Ministerio de Sanidad determinará los controles 
sanitarios necesarios a los que deben someterse los pasajeros que lleguen a España y el 
alcance de dichos controles, siendo el responsable de su ejecución. Dichos controles 
sanitarios podrán incluir la toma de la temperatura, un control documental y un control 
visual sobre el estado del pasajero.
2.  En lo que se refiere al control documental, los pasajeros con origen en cualquier 
aeropuerto o puerto situado fuera del territorio español, deberán cumplimentar un 
formulario de control sanitario disponible en el portal web Spain Travel Health o mediante 
la aplicación para dispositivos móviles SpTh-Spain Travel Health. El contenido de dicho 
formulario será establecido por la persona titular de la Dirección General de Salud Pública 
del Ministerio de Sanidad.
Una vez cumplimentado el formulario de control sanitario se generará un código QR 
que será imprescindible presentarlo antes del embarque y a la llegada a España.
3.  A los efectos de lo previsto en los apartados anteriores, las agencias de viaje, los  s
operadores turísticos y compañías de transporte aéreo o marítimo y cualquier otro agente  e.
que comercialice billetes aéreos o marítimos vendidos aisladamente o como parte de un  w.
viaje combinado deberán informar a los pasajeros, en el inicio del proceso de venta de los  51ww
bcoillnesteecsu ceonnc iadse sdtien os ua  inEcsupmañpali,m dieen ttoo.d aEsn  lpaasr tmiceudlaidr,a isn fdoerm caornátnro dl es alan itoabriloig ayc idóen  ldaes 
pcorensseenctuaer nccóiadsig od eQ sRu  gienncuemrapdloim pieonr tSop oa infa Tlsreaavmeli eHnetoa.lt hA sainmteissm doe, l feamcilbitaarrqáune  eyl  daep olyaos   BOE-A-cable e
necesario a las personas que no dispongan de medios electrónicos para cumplimentar el 
formulario de control sanitario.
4.  Si en el proceso del control sanitario que se efectúe a la llegada se detecta un 
pasajero sospechoso de padecer COVID-19 u otra patología que pueda suponer un 
riesgo para la salud pública, se realizará una evaluación médica en la que se valorarán 
los aspectos epidemiológicos y clínicos del pasajero. En el proceso de evaluación médica 
se podrá realizar una prueba diagnóstica de infección activa. También se podrá realizar 
una prueba diagnóstica a aquellas personas que procedan de un país de riesgo o a las 
que así se establezca en el marco de la vigilancia activa vinculada a procesos de 
evaluación del riesgo.
Si se confirma o mantiene la sospecha de que el pasajero padece COVID-19 u otra 
patología que pueda suponer un riesgo para la salud pública, se activarán los protocolos 
establecidos de comunicación con los servicios sanitarios de las comunidades autónomas 
para que se hagan cargo de su atención y seguimiento.
5.  En relación con la vía aérea, la implementación de los controles sanitarios deberá 
realizarse en coordinación con el gestor aeroportuario. El gestor aeroportuario y las 
compañías aéreas prestarán su colaboración al Ministerio de Sanidad para la implementación 
de estas medidas. En el caso de aeropuertos gestionados por Aena S.M.E., S.A. en dicha 
colaboración se tendrá en cuenta lo previsto en la disposición adicional primera de la 
Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
6.  En relación con la vía marítima, la implementación de los controles sanitarios en 
los puertos de interés general deberá realizarse en coordinación con las autoridades 
portuarias a través de Puertos del Estado, quienes junto con las navieras prestarán su 
colaboración al Ministerio de Sanidad para la implementación de estas medidas. En dicha 
colaboración se tendrá en cuenta lo previsto en la disposición adicional segunda de la 
Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
CAPÍTULO II
Medidas extraordinarias aplicables a las juntas de propietarios de las comunidades 
en régimen de propiedad horizontal
Artículo 2.  Suspensión de obligaciones y prórrogas.
1.  La obligación de convocar y celebrar la junta de propietarios en las comunidades 
sujetas al régimen de propiedad horizontal quedará suspendida hasta el 31 de diciembre 
de 2021.
2.  Durante el mismo período, queda igualmente suspendida la obligación de aprobar 
el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto 
anual.
3.  Durante el mismo período, o hasta la celebración de la junta correspondiente, se 
entenderán prorrogados el último presupuesto anual aprobado y los nombramientos de los 
órganos de gobierno, aunque a la entrada en vigor del presente real decreto- ley hubiera 
expirado el plazo legal o estatutariamente establecido.
Artículo 3.  Posibilidad de celebrar reuniones.
1.  Excepcionalmente, durante dicho período la junta de propietarios podrá reunirse a  bo
solicitud del presidente o de la cuarta parte de los propietarios, o un número de éstos que  51ww
ralaoe dslpao rsape ccosuibeóernnartd sedo,ne sa   aucqtnluu  meaac ceniunooeno presdu soee e ldq  i2eun5nes  t dpaneoloamr c pi1oou0rnea0edr ssad e med  seeleamn sceo inocratuneroasndtedaa eshsr a ádesnent  a iepn leac allr utr3iticíd1ciop udsaleo ce  i1dnó0i nct.o,i1e d.smboi )b f cduraeees  rldaoae   Lln o2ees0yc a2 e4t1si9n.a/ e1Erin9ant6 terl0aes,     OE-A-2021-73able en https://
de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, que sí requieran acuerdo de la junta.
2.  En el supuesto previsto en este artículo, la junta de propietarios podrá celebrarse 
por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que:
a)  Todos los propietarios dispongan de los medios necesarios, lo que será 
comprobado por el administrador con antelación a la junta; y
b)  El secretario reconozca la identidad de los propietarios asistentes a la junta y así 
lo exprese en el acta.
El acuerdo se entenderá adoptado en el domicilio en el que se encuentre el secretario 
o el secretario administrador.
3.  En el supuesto previsto en este artículo, será también posible la adopción de 
acuerdo sin celebración de junta mediante la emisión de voto por correo postal o 
comunicación telemática, siempre que puedan cumplirse las debidas garantías de 
participación de todos los propietarios, identidad del remitente y de recepción de la 
comunicación.
En estos supuestos, el presidente de la comunidad solicitará el voto a todos los 
propietarios mediante escrito en el que se hará constar la fecha, el objeto de la votación, 
que deberá expresarse de manera clara, la dirección o direcciones habilitadas para el 
envío del voto, y el plazo para emitirlo, que será de 10 días naturales.
El acuerdo se entenderá adoptado en el domicilio en el que se encuentre el secretario 
o el secretario administrador y el último día del plazo establecido para la emisión del voto.
A efectos del artículo 15.2 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, 
se entenderá que el momento de inicio de la junta es el de la solicitud del voto por parte 
del presidente.
4.  No obstante lo dispuesto en este artículo, la junta de propietarios podrá celebrarse 
de forma presencial cuando se garanticen las medidas de seguridad en cada momento 
aplicables.
5.  A los efectos del artículo 18 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad 
horizontal, será causa de impugnación de los acuerdos adoptados conforme a lo dispuesto 
en este artículo, el incumplimiento de las garantías de participación e identificación que en 
él se establecen.
CAPÍTULO III
Medidas extraordinarias aplicables a situaciones de vulnerabilidad económica y social
Sección 1.ª  Garantía de suministro
Artículo 4.  Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables.
1.  Hasta el 9 de agosto de 2021 inclusive, no podrá suspenderse el suministro de 
energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores en los que concurra la 
condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social 
definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se 
regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección 
para los consumidores domésticos. Para acreditar la condición de consumidor vulnerable 
ante las empresas suministradoras de gas natural y agua bastará la presentación de la 
última factura de electricidad en la que se refleje la percepción del bono social de 
electricidad. s
2.  Asimismo, para los consumidores anteriores, el periodo durante el que esté en  e.
vigor esta medida no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el  w.
requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos  51ww
en la3 .n oTrmamatbiviéan v sigeernát ed.e aplicación la prohibición de la suspensión de suministro descrita
econn etrla atop adreta sduom 1in ais taroq,u ceullmosp lcaonn csounm liodso rreesq uqisuieto, sn qou peu ddaienn ddeor eacchreod aitla rre clao ntiotucliamriideandto  ddeel   BOE-A-cable e
la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, de acuerdo con el artículo 3
del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, mediante acreditación por certificación de 
dicha circunstancia por los servicios sociales competentes o por mediadores sociales ante 
la empresa suministradora, a la que se acompañará:
a)  Fotocopia del NIF o NIE del consumidor del punto de suministro de la vivienda, así 
como de todos los miembros de la unidad de convivencia formada por personas con 
vínculos de parentesco o análogos y, en su caso, de las personas sin vínculos de 
parentesco o análogos entre sí que se encuentren en la vivienda.
b)  Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, de todos los 
citados en la letra a). Para dicha solicitud, no se requerirá el consentimiento de las 
personas empadronadas en el domicilio del solicitante.
A los efectos de lo previsto en este apartado, serán mediadores sociales las entidades 
del Tercer Sector de acción social que tengan la consideración de entidades del Tercer 
Sector colaboradoras de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo previsto 
en el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, 
presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación.
4.  El tratamiento de los datos personales de los consumidores por parte de los 
servicios sociales competentes o, en su caso, por los mediadores sociales, así como de 
las empresas suministradoras, se hará con el consentimiento del consumidor y de 
conformidad con lo previsto en la normativa sobre protección de datos personales.
Sección 2.ª  Derecho al bono social
Artículo 5.  Derecho a percepción del bono social por parte de determinados colectivos en 
situación de vulnerabilidad económica.
1.  Tendrán consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual y en 
los términos recogidos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se 
regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección 
para los consumidores domésticos, los consumidores que acrediten según se establece 
en este artículo y presentando la correspondiente declaración responsable incluida en el 
modelo de solicitud, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente real decreto ley, 
que el titular del punto de suministro, cumple los requisitos establecidos en el apartado 2 
de este artículo.
Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual de un profesional por cuenta 
propia, o autónomo, esté a nombre de la persona jurídica, el bono social deberá 
solicitarse para la persona física, lo que implicará un cambio de titularidad del contrato 
de suministro.
2.  Para que un consumidor de energía eléctrica pueda ser considerado consumidor 
vulnerable a los efectos de este artículo deberá acreditar conforme al apartado 4, que el 
titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su unidad familiar, se 
encuentra en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo 
(ERTE), o ha visto reducida su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, 
u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no 
alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en 
el mes anterior al momento en que se presenta la solicitud del bono social completa, con 
toda la documentación requerida, las siguientes cantidades:
a)  1,5 veces la dozava parte del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples  o
(nmIiPneRgnbúoE)nr M  em)2n ed  vlneaeo  c1ure4 nes idpn laaa ladg d  aoufaszn,ma idevilanaiad  erp ;fla acrmatesil oida erd;le ín qduicee n IoP RfoErmMe d pea 1rt4e  pdaeg uans,a e unn eidl acda sfaom deili aqru oe  nhoa yhaa uyan   2021-7351n https://www.
c)  2,5 veces la dozava parte del índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya
dos menores en la unidad familiar.
A estos efectos, se considera unidad familiar a la constituida conforme a lo dispuesto 
en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Estos multiplicadores de renta respecto del índice IPREM de 14 pagas se 
incrementarán, en cada caso, en 0,5, siempre que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias especiales:
a)  Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga 
discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento.
b)  Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar acredite la 
situación de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
c)  Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga la 
condición de víctima de terrorismo, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
d)  Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre 
en situación de dependencia reconocida de grado II o III, conforme a lo establecido en la 
legislación vigente.
e)  Que el consumidor acredite que la unidad familiar está integrada por un único 
progenitor y, al menos, un menor. A los únicos efectos de comprobación de esta 
circunstancia especial, el comercializador comprobará a través del libro de familia y del 
certificado de empadronamiento que no reside en la vivienda a cuyo suministro se 
encuentra ligado el bono social, un segundo progenitor.
3.  La condición de consumidor vulnerable definida en el apartado anterior y, por 
tanto, el derecho a percibir el bono social en los términos que corresponda, se extinguirá 
cuando dejen de concurrir las circunstancias referidas, estando obligado el consumidor a 
comunicar este hecho al comercializador de referencia en el plazo máximo de un mes.
La empresa comercializadora de referencia estará obligada a indicar al consumidor, en 
la última factura que emita antes de la fecha prevista en el apartado anterior, la fecha de 
tal vencimiento, informando de que, una vez superado dicho plazo, el consumidor pasará 
a ser facturado a Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor por la misma 
comercializadora de referencia, e indicando la posibilidad de que el consumidor pueda, 
alternativamente, contratar su suministro con un comercializador en mercado libre.
4.  Para acreditar la condición de consumidor vulnerable definida en el apartado 2 y 
solicitar la percepción del bono social, el consumidor debe remitir a un comercializador de 
referencia, a través de la dirección de correo electrónico que aparezca en su página web, 
el modelo de solicitud y declaración responsable disponible en la página web del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico junto con la siguiente documentación 
acreditativa:
a)  En caso de situación legal de desempleo, certificado expedido por la entidad 
gestora de las prestaciones.
b)  En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, certificado 
expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad 
declarada por el interesado.
c)  Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme 
parte de una unidad familiar, copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros para los 
que dicho documento sea obligatorio. es
d)  Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular del  bo
punto de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar. 51ww
exigefi)d)  osLD eiebncr oela ld raaepc faiaórmnta irdleioas ,p2 eo.nn seal bclaes od edl es oqluiceit aenxitset,a r eulnaitdivaad  afal mcuilmiapr.limiento de los requisitos  OE-A-2021-73able en https://
La comercializadora de referencia remitirá al titular del punto de suministro un correo  Bc
electrónico de confirmación de recepción de la solicitud.
5.  Respecto de la tramitación de las solicitudes de percepción del bono social 
realizadas al amparo de la presente disposición, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:
a)  En el caso de que la solicitud fuera incompleta, el comercializador de referencia, 
en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción de la solicitud, se dirigirá al 
consumidor indicando la documentación acreditativa que le falta.
b)  Una vez recibida por el comercializador de referencia la solicitud del consumidor 
completa, acompañada de la documentación acreditativa, en el plazo máximo de cinco 
días hábiles, el comercializador de referencia debe comprobar que los requisitos son 
acreditados conforme se establece en este artículo, comunicando al consumidor mediante 
correo electrónico, o mediante canal telefónico si el consumidor ha optado por esta opción, 
el resultado de la evaluación.
Para la comprobación de la correcta acreditación de los requisitos establecidos en este 
artículo, el comercializador de referencia no requerirá la utilización de la plataforma informática 
disponible en la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, a la que hace referencia el artículo 8 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.
c)  En el supuesto de que el resultado de la comprobación de la acreditación sea 
positivo y la solicitud de bono social suponga un cambio de comercializador, en el referido 
plazo de cinco días se deberá haber realizado el cambio de comercializador y la 
formalización del contrato a Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor.
d)  El bono social se devengará a partir del primer día del ciclo de facturación en el 
que tenga lugar la recepción de la solicitud completa con la documentación acreditativa 
necesaria.
6.  No obstante, los consumidores a los que se les hubiera reconocido la condición de 
consumidor vulnerable conforme a lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo y 
continúen reuniendo los requisitos establecidos en dicha disposición a 30 de junio de 2021, 
seguirán ostentando dicha condición sin necesidad de volverlo a acreditar, salvo que con 
posterioridad a dicha fecha dejen de concurrir en ellos las circunstancias referidas, 
aplicándose en tal caso lo previsto en el apartado 3.
7.  En cualquier caso, la condición de consumidor vulnerable prevista en este artículo 
y, por tanto, el derecho a percibir el bono social en los términos que corresponda, se 
extinguirá con fecha 9 de agosto de 2021, sin perjuicio de la posibilidad de acogerse a 
dicha condición en cualquier momento anterior o posterior a esa fecha al amparo del resto 
de supuestos previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.
Artículo 6.  Consecuencias de la aplicación indebida del derecho a percepción del bono 
social por parte de determinados colectivos en situación de vulnerabilidad económica.
1.  El titular del contrato de suministro que se haya beneficiado del derecho a percibir 
el bono social por parte de determinados colectivos en situación de vulnerabilidad 
económica sin reunir los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo anterior, será 
responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los 
gastos generados por la aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las 
responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos pudiera dar lugar.
2.  El importe de los daños, perjuicios y gastos no podrá ser inferior al beneficio 
indebidamente obtenido por el titular del contrato de suministro por la aplicación de la  es
norma, el cual incurrirá en responsabilidad, también, en los casos en los que, voluntaria y  o
deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad  51ww
edacecorcenr3edó.ti mtoa-itLlcievaaya  .c adodenml  lcainu fimisntparalliimdciaióednn d tope o dodebr táleo nsree rrce laqabu aaispri ltioecasn,c  iciónuncal udlqiedu oliaess r l ommse oddmeid earensnt ortea gt, oucdloaardr aelass  ppiononfrod erimestneat ecriseó aanl    OE-A-2021-73able en https://
todo el periodo durante el que se haya beneficiado del bono social.
Sección 3.ª  Medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de 
vivienda
Artículo 7.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19.
Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19, en los siguientes términos:
Uno.  El artículo 1 queda redactado como sigue:
«Artículo 1.  Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos 
para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
1.  Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 9 de 
agosto de 2021, en todos los juicios verbales que versen sobre reclamaciones de 
renta o cantidades debidas por el arrendatario, o la expiración del plazo de duración 
de contratos suscritos conforme a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, que pretendan recuperar la posesión de la finca, se haya 
suspendido o no previamente el proceso en los términos establecidos en el 
artículo 441.5 de dicha ley, la persona arrendataria podrá instar, de conformidad con 
lo previsto en este artículo, un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio 
o lanzamiento ante el Juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad 
económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para 
las personas con las que conviva.
Así mismo, si no estuviese señalada fecha para el lanzamiento, por no haber 
transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 440.3 o por no haberse 
celebrado la vista, se suspenderá dicho plazo o la celebración de la vista.
Estas medidas de suspensión que se establecen con carácter extraordinario y 
temporal, en todo caso, dejarán de surtir efecto desde el 9 de agosto de 2021.
2.  Para que opere la suspensión a que se refiere el apartado anterior, la 
persona arrendataria deberá acreditar que se encuentra en alguna de las situaciones 
de vulnerabilidad económica descritas en las letras a) y b) del artículo 5 del presente 
real decreto-ley mediante la presentación de los documentos previstos en el 
artículo 6.1. El Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de dicha 
acreditación al demandante, quien en el plazo máximo de diez días podrá acreditar 
ante el Juzgado, por los mismos medios, encontrarse igualmente en la situación de 
vulnerabilidad económica descrita en la letra a) del artículo 5 o en riesgo de situarse 
en ella, en caso de que se adopte la medida de suspensión del lanzamiento.
3.  Una vez presentados los anteriores escritos, el Letrado de la Administración 
de Justicia deberá trasladar inmediatamente a los servicios sociales competentes 
toda la documentación y solicitará a dichos servicios informe, que deberá ser emitido 
en el plazo máximo de diez días, en el que se valore la situación de vulnerabilidad 
del arrendatario y, en su caso, del arrendador, y se identifiquen las medidas a aplicar 
por la administración competente.
4.  El Juez, a la vista de la documentación presentada y del informe de servicios 
sociales, dictará un auto en el que acordará la suspensión del lanzamiento si se  s
considera acreditada la situación de vulnerabilidad económica y, en su caso, que no  oe.
debe prevalecer la vulnerabilidad del arrendador. Si no se acreditara la vulnerabilidad  w.
por el arrendatario o bien debiera prevalecer la situación de vulnerabilidad del  51ww
afijrere lan dsaudsopre ancsoiórnd asreáñ laal acroán etixnpuraecsiaómn ednetle p qroucee edli m9 ideen taog. oEsnto t oddeo 2 0ca2s1o s, ee rl eaauntou dqaureá 
aseuñtoamlaáráti cfeacmhean ptea real  lac ócmelpeubtroa cdióen l odse  ldaí avsis taa  qy,u een s seu  rceafiseore, d eell  alarntízcaumloi e4n4t0o,. 3s eog úsen   BOE-A-cable e
el estado en que se encuentre el proceso.
Acreditada la vulnerabilidad, antes de la finalización del plazo máximo de 
suspensión, las Administraciones públicas competentes deberán, adoptar las medidas 
indicadas en el informe de servicios sociales u otras que consideren adecuadas para 
satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad que 
garanticen su acceso a una vivienda digna. Una vez aplicadas dichas medidas la 
Administración competente habrá de comunicarlo inmediatamente al Tribunal, y el 
Letrado de la Administración de Justicia deberá dictar en el plazo máximo de tres días 
decreto acordando el levantamiento de la suspensión del procedimiento.
5.  A los efectos previstos en el artículo 150.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil, se entenderá que concurre el consentimiento de la persona 
arrendataria por la mera presentación de la solicitud de suspensión.
Se entenderá igualmente que concurre el consentimiento del arrendador para 
hacer la comunicación prevenida en este artículo por la mera presentación del 
escrito alegando su situación de vulnerabilidad económica.»
Dos.  El artículo 1 bis queda redactado como sigue:
«Artículo 1 bis.  Suspensión hasta el 9 de agosto de 2021 del procedimiento de 
desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables 
sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del 
artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en 
aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal.
1.  Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 9 de 
agosto de 2021, en todos los juicios verbales en los que se sustancien las demandas 
a las que se refieren los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros procesos penales en los 
que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la 
estén habitando sin ningún título habilitante para ello, el Juez tendrá la facultad de 
suspender el lanzamiento hasta la fecha en que hayan transcurrido tres meses 
desde la finalización del estado de alarma.
Estas medidas de suspensión que se establecen con carácter extraordinario y 
temporal, dejarán de surtir efecto en todo caso el 9 de agosto de 2021.
2.  Será necesario para poder suspender el lanzamiento conforme al apartado 
anterior, que se trate de viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o a 
personas físicas titulares de más de diez viviendas y que las personas que las 
habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica por 
encontrarse en alguna de las situaciones descritas en la letra a) del artículo 5.
El Juez tomará la decisión previa valoración ponderada y proporcional del caso 
concreto, teniendo en cuenta, entre otras que procedan, las siguientes circunstancias:
a)  Las circunstancias relativas a si la entrada o permanencia en el inmueble 
está motivada por una situación de extrema necesidad. Al efecto de analizar el 
estado de necesidad se valorará adecuadamente el informe de los servicios sociales 
emitido conforme al apartado siguiente.
b)  Las circunstancias relativas a la cooperación de los habitantes de la vivienda 
con las autoridades competentes en la búsqueda de soluciones para una alternativa 
habitacional que garantizara su derecho a una vivienda digna.
3.  Para que opere la suspensión a que se refiere el apartado anterior, quien  e.
habite la vivienda sin título habrá de ser persona dependiente de conformidad con  w.b
lo dispuesto en el apartado dos del artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,  51ww
ddeep Pernodmeoncciióan,  vdícet ilma aA udteo nvioomleínac Piae srsoobnrea ll ay  mAtuejnecr ioó nte an elar sa  pseur scoanrgaos,  ecno nsvitiuviaecniódno  edne 
la mEisnm tao dvoiv cieansdoa, ,l aa lpgeurnsao npae roso pnear sdoenpaesn dqiueen toec ou pmaenn loar  vdivei eenddaad .sin título deberán
acreditar, además, que se encuentran en alguna de las situaciones de vulnerabilidad
económica descritas en la letra a) del artículo 5 del presente real decreto-ley 
mediante la presentación de los documentos previstos en el artículo 6.1. El Letrado 
de la Administración de Justicia, dará traslado de dicha acreditación al demandante 
o denunciante.
4.  El Letrado de la Administración de Justicia deberá trasladar inmediatamente 
a los servicios sociales competentes toda la documentación y solicitará a dichos 
servicios informe, que deberá ser emitido en el plazo máximo de quince días, en el 
que se valore la situación de vulnerabilidad de la persona o personas que hayan 
fijado en el inmueble su vivienda, y se identifiquen las medidas a aplicar por la 
administración competente.
5.  Acreditada la situación de vulnerabilidad de la persona que habite en la 
vivienda y ponderadas por el Juez todas las demás circunstancias concurrentes, 
este dictará auto acordando, en su caso, la suspensión por el tiempo que reste 
hasta el 9 de agosto de 2021. Si el solicitante no acreditara la vulnerabilidad o no se 
encontrara entre las personas con derecho a instar la suspensión conforme a lo 
señalado en el apartado 2 o concurriera alguna de las circunstancias previstas en el 
apartado 6, el juez acordará mediante auto la continuación del procedimiento.
Durante el plazo máximo de suspensión fijado, las administraciones públicas 
competentes deberán, caso de quedar constatada la vulnerabilidad económica, 
adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que 
consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en 
situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna. Una vez 
adoptadas dichas medidas la Administración competente habrá de comunicarlo 
inmediatamente al Tribunal competente, y el Juez deberá dictar en el plazo máximo 
de tres días auto acordando el levantamiento de la suspensión del procedimiento y 
el correspondiente lanzamiento.
6.  A los efectos previstos en el artículo 150.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil, se entenderá que concurre el consentimiento de la persona 
demandada por la mera presentación de su solicitud de suspensión.
7.  En ningún caso procederá la suspensión a que se refiere este artículo si la 
entrada o permanencia en la vivienda ha tenido lugar en los siguientes supuestos:
a)  Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física, 
si en dicho inmueble tiene su domicilio habitual o segunda residencia debidamente 
acreditada, sin perjuicio del número de viviendas de las que sea propietario.
b)  Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física 
o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física 
que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.
c)  Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido 
mediando intimidación o violencia sobre las personas.
d)  Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando 
para la realización de actividades ilícitas.
e)  Cuando la entrada o permanencia se haya producido en inmuebles de 
titularidad pública o privada destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la 
vivienda a un solicitante por parte de la administración o entidad que gestione dicha 
vivienda.
f)  Cuando la entrada en la vivienda se haya producido con posterioridad a la 
entrada en vigor del presente real decreto-ley.» s
Tres.  El artículo 2 queda redactado como sigue: w.b
«Arthícaubliotu 2a.l . Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda
En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994,
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los que, dentro del periodo  Bc
comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 9 de agosto
de 2021, finalice el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1 o el periodo 
de prórroga tácita previsto en el artículo 10.1, ambos artículos de la referida Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, podrá aplicarse, previa solicitud del 
arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un 
periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos 
y condiciones establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga 
extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se hayan fijado otros 
términos o condiciones por acuerdo entre las partes, o en el caso de que el arrendador 
haya comunicado en los plazos y condiciones establecidos en el artículo 9.3 de la 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, la necesidad de ocupar 
la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en 
primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de 
sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.»
Cuatro.  El apartado 1 del artículo 4 queda redactado como sigue:
«1.  La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al 
amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se 
encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el artículo 
siguiente, podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una empresa o 
entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o 
jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y 
trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, hasta el 9 de agosto 
de 2021, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre 
que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera 
conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.»
Artículo 8.  Modificación del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas 
urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el 
ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
Se modifica el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes 
para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la 
vivienda y en materia de transportes, en los siguientes términos:
Uno.  El apartado 3 de la disposición adicional segunda queda redactado como sigue:
«3.  La solicitud de compensación podrá presentarse hasta el 9 de septiembre 
de 2021, debiendo formular el arrendador una exposición razonada y justificada de 
la compensación que considere procedente sobre la base de los criterios indicados 
anteriormente.»
Dos.  El apartado 6 de la disposición adicional segunda queda redactado como sigue:
«6.  La solicitud de compensación podrá presentarse hasta el 9 de septiembre 
de 2021, debiendo formular el titular de la vivienda una exposición razonada y 
justificada de la compensación que considere procedente sobre la base de los 
criterios indicados anteriormente.»
CAPÍTULO IV es
Medidas extraordinarias en materia de Violencia de Género w.
Artícyu alos i9s.t enPciraó raro lagsa  vdíec tliam acos ndseid veioralecniócnia c doem goé enseeron.ciales de los servicios de protección
1.  A los efectos de lo previsto en la Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes
en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, se prorroga
hasta el 9 de agosto de 2021 la consideración como esenciales de los servicios 
establecidos en sus artículos 2 a 5.
2.  A estos efectos, las administraciones públicas competentes adoptarán las medidas 
necesarias para asegurar la prestación de los servicios que les son propios.
3.  La misma exigencia será aplicable a aquellas empresas y proveedores que 
resulten esenciales para la prestación de los citados servicios.
Artículo 10.  Modificación de la Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en 
materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.
El artículo 8 de la Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, queda redactado como 
sigue:
«Artículo 8.  Proyectos o programas financiados con fondos del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género.
Las comunidades autónomas y las entidades locales podrán destinar los fondos 
que les correspondan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a poner en 
marcha todos los proyectos o programas preventivos y asistenciales que se recogen 
en esta Ley, así como cualquier otro que, en el contexto de las medidas de 
contención de la pandemia internacional ocasionada por la COVID-19 tenga como 
finalidad garantizar la prevención, protección y la atención frente a todas las formas 
de violencia contra las mujeres.»
CAPÍTULO V
Otras medidas extraordinarias de carácter socioeconómico
Artículo 11.  Prórroga del plazo previsto en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de 
octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.
1.  Con carácter extraordinario, se procede a prorrogar por 24 meses más el plazo 
de 36 meses contemplado en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de 
Sociedades Laborales y Participadas para alcanzar el límite previsto en dicha letra.
2.  Esta prórroga extraordinaria será aplicable a las sociedades laborales constituidas 
durante los años 2017, 2018 y 2019.
Artículo 12.  Flexibilización temporal del uso del Fondo de educación y promoción de las 
cooperativas con la finalidad de paliar los efectos del COVID-19.
1.  Hasta el 31 de diciembre de 2021, el Fondo de educación y promoción de las 
cooperativas regulado en el artículo 56 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, 
podrá ser destinado, total o parcialmente, a las siguientes finalidades:
a)  Como recurso financiero, para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de 
necesitarlo para su funcionamiento.
A estos efectos, el Fondo de educación y promoción destinado a esta finalidad, deberá 
ser restituido por la cooperativa con, al menos, el 30 por ciento de los resultados de libre 
disposición que se generen cada año, hasta que alcance el importe que dicho Fondo tenía  es
en el momento de adopción de la decisión de su aplicación excepcional y en un plazo  o
moe naát xidpb2imaa.)  ldioaeHA rds  asce, suu pdtsaúai leb eqezlufile c i3aeca1ñrts o oad sosce, .t  pidbvriiiicedvinaea dmdm aqbesurd.eei a drneetd e2u 0an2cd1ce,i  oeenln Ce asoy npusrdoeapjori  aaRs fe roec tnboairer p nlao m dcreráisd aiisas nustamen irdit aeorxniacae cdpieoclni oCenOsa Valm IoDet-rn1ate9s    BOE-A-2021-7351cable en https://www.
la competencia para aprobar la aplicación del Fondo de educación y promoción en los
términos previstos en el apartado 1, cuando por falta de medios adecuados o suficientes la 
Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su 
celebración a través de medios virtuales.
3.  A estos exclusivos efectos, no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 13.3 
y el artículo 19.4 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las 
Cooperativas. Por tanto, el Fondo de educación y promoción que haya sido aplicado 
conforme a la letra a) del apartado 1 del presente artículo, no tendrá la consideración de 
ingreso para la cooperativa.
Artículo 13.  Compatibilidad de la pensión de jubilación de los profesionales sanitarios con 
el desempeño de su actividad realizada al amparo de la Orden SND/232/2020, de 15 
de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
1.  El régimen jurídico de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el 
nombramiento como personal estatutario previsto para los profesionales sanitarios en la 
disposición adicional decimoquinta del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19, y en el artículo 5 del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, 
por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias 
en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, será también aplicable a los 
profesionales sanitarios cuya prestación de servicios realizada a requerimiento de la 
autoridad competente de la comunidad autónoma, por el Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, o por el Ministerio de Defensa en 
la Red Hospitalaria de la Defensa, según los casos, se efectúe o se haya realizado al 
amparo del ordenamiento laboral, bien directamente con las comunidades autónomas y 
los organismos indicados, bien a través de centros privados.
Este régimen de compatibilidad se mantendrá en tanto subsista el contrato de trabajo 
o, en su caso, el nombramiento estatutario llevado a cabo al amparo de este precepto o de 
la normativa indicada en el mismo y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2021.
2.  Las prestaciones de servicios de los profesionales sanitarios en centros privados 
que se vinieran realizando, en los términos previstos en el apartado anterior, en virtud de 
un contrato laboral celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma deberá 
ser comunicada al Instituto Nacional de la Seguridad Social en el plazo de un mes desde 
la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
Artículo 14.  Compatibilidad de la pensión de jubilación de las y los profesionales que 
ejercen la medicina y la enfermería con el desempeño de su actividad realizada para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
1.  Podrán compatibilizar la percepción de la pensión de jubilación hasta el 31 de 
diciembre de 2021 las y los profesionales que ejercen la medicina y la enfermería y que en 
virtud de nombramiento estatutario o contrato laboral, presten servicios tanto en centros 
sanitarios públicos como privados, con el objeto de llevar a cabo tareas dirigidas a la lucha 
contra el COVID, siempre que la incorporación al servicio activo derive de las autorizaciones 
acordadas por la autoridad sanitaria competente.
Las prestaciones de servicios de estos profesionales sanitarios que se vayan a realizar  e.e
en centros pertenecientes al sector privado al amparo de lo previsto en el apartado anterior,  b
deberán ser comunicadas al Instituto Nacional de la Seguridad Social con carácter previo  51ww
al in2ic. io Ldae  plae rascotnivaid baedn.eficiaria tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos.
de ju3b. ilaDciuórna,n stee  mlaa rnetaielinzea claió onb dlieg aecsitóen t draeb aafjioli apcoiór nc,u aelntata,  baajejan ya  vcaormiapcaiótnib ldee c doant olas  pperenvsiisótan 
en el artículo 16 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y a la
obligación de cotizar en los términos de los artículos 18 y 19 del mismo texto legal, no 
siendo de aplicación lo dispuesto en su artículo 153.
4.  Durante la realización de este trabajo estarán protegidos frente a todas las 
contingencias comunes y profesionales, siempre que reúnan los requisitos necesarios 
para causarlas, siendo de aplicación el régimen de limitación de las pensiones, 
incompatibilidades y el ejercicio del derecho de opción, previstos en el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social.
5.  El derecho al subsidio por incapacidad temporal que se cause durante esta 
situación se extinguirá por la finalización del trabajo por cuenta ajena, además de por las 
causas generales previstas en la normativa vigente.
6.  Una vez finalizado el trabajo por cuenta ajena, las cotizaciones realizadas durante 
esta situación podrán dar lugar a la modificación del porcentaje aplicable a la base 
reguladora de la pensión de jubilación, la cual permanecerá inalterable. Estas cotizaciones 
no surtirán efecto en relación con los porcentajes adicionales previstos en el artículo 210.2 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en la disposición adicional 
decimoséptima del texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado.
Asimismo, las cotizaciones indicadas surtirán efectos exclusivamente para determinar 
el porcentaje aplicable a las jubilaciones anticipadas ya causadas, manteniendo la misma 
base reguladora.
CAPÍTULO VI
Medidas extraordinarias en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
Artículo 15.  Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.
La Ley 29/1998, de  13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, queda modificada como sigue:
Uno.  Se añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 87 con el siguiente contenido:
«1 bis.  Serán susceptibles de recurso de casación, en todo caso, los autos 
dictados en aplicación del artículo 10.8 y del artículo 11.1.i) de esta ley.»
Dos.  Se modifica el apartado 2 del artículo 87, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«2.  Para que pueda prepararse el recurso de casación en los casos previstos en 
el apartado 1, es requisito necesario interponer previamente el recurso de reposición. 
Sin embargo, no será requisito necesario interponer previamente recurso de reposición 
en los recursos de casación contra los autos a que se refiere el apartado 1 bis.»
Tres.  Se añade un nuevo artículo 87 ter, con el siguiente contenido:
«Artículo 87 ter.
1.  El recurso de casación contra autos dictados en aplicación del artículo 10.8 
y del artículo 11.1.i) de esta ley, se iniciará mediante escrito presentado ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el que las partes 
comparecerán e interpondrán directamente el recurso de casación. e.
2.  La parte recurrente, el mismo día en que interponga el recurso, habrá de  w.b
presentar escrito ante la Sala de instancia poniendo en su conocimiento el hecho de  51ww
lrae minitteirr eplo tseisctióimno, ndieob dieen ldaos  adcicthuaa cSioanlae,s e sne geul iddíaas s eignu eiel nptreo cheádbiiml aie enstoa  ecno mquuen iscea cdiiócntó, 
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de tres días hábiles contados desde la fecha de notificación del auto impugnado y,
con acompañamiento de testimonio de dicho auto, expondrá los requisitos de 
procedimiento, señalando la cuestión de interés casacional sobre la que se interesa 
se fije doctrina y las pretensiones relativas al enjuiciamiento del auto recurrido.
4.  Si el objeto de la autorización o ratificación hubiera sido una medida 
adoptada por una autoridad sanitaria de ámbito distinto al estatal en cumplimiento 
de actuaciones coordinadas en salud pública declaradas por el Ministerio de 
Sanidad, en su caso previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud, también ostentará legitimación activa en el presente recurso la 
Administración General del Estado.
5.  Cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario y, en todo caso, 
cuando la demora en la resolución pueda causar perjuicios irreversibles, las partes 
podrán solicitar en el escrito de interposición que se habiliten los días inhábiles para 
la tramitación y resolución del recurso de casación. Contra la decisión que deniegue 
la habilitación solicitada no cabrá recurso.
6.  Presentado el escrito será turnado de inmediato a la Sección competente 
para la tramitación y decisión, que lo tramitará preferentemente, dando traslado al 
Ministerio Fiscal y a las partes para que comparezcan y formulen alegaciones por 
plazo común de tres días.
7.  Transcurrido el plazo de alegaciones, y sin que resulte de aplicación lo 
previsto en el artículo 128.1 de la presente ley sobre la declaración de caducidad, la 
Sección competente para la tramitación y decisión fijará doctrina y resolverá sobre 
las cuestiones y pretensiones planteadas, en el plazo de los cinco días siguientes.
8.  Se aplicarán a todos los escritos los requisitos de extensión máxima y 
normas de estilo establecidas por la Sala en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 87 bis.3 de la presente ley.»
Cuatro.  Se modifica el artículo 122, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 122 quater.  Autorización o ratificación judicial de las medidas que las 
autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e 
impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales.
En la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones a que se refieren los 
artículos 8.6, segundo párrafo, 10.8 y 11.1.i) de la presente ley será parte el 
Ministerio fiscal. Esta tramitación tendrá siempre carácter preferente y deberá 
resolverse por auto en un plazo máximo de tres días naturales.»
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en el presente real decreto-ley.
2.  Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:
a)  El artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
b)  El artículo 13 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo.
c)  La disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el 
que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación 
económica. es
Disposición final primera.  Títulos competenciales. 51www.
artíc1u.l o E14l 9c.a1p.1ít6u.loª  dI ed ela  eCsoten srteitaulc dióenc rEestop-aleñyo lsae,  qduicet aa tarilb aumyep aarl oE dstea dloo  dlais pcoumesptoe teennc eial 
sobr2e.  saEnli dcaadp íetuxltoe rIioI rd.e este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el  BOE-A-cable e
artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva
en materia de legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por 
las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.
3.  El capítulo III de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1, apartados 13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la 
competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético, respectivamente.
4.  El capítulo IV se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1, 
apartados 1.ª, 14.ª y 29.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la 
competencia en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales; Hacienda general; y seguridad pública, respectivamente.
5.  El capítulo V se dicta al amparo de dispuesto en el artículo 149.1, apartados 6.ª, 
7.ª y 17.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado respectivamente, las 
competencias exclusivas sobre legislación mercantil y laboral, y en materia de legislación 
básica y régimen económico de la seguridad social.
6.  El capítulo VI de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo establecido en el 
artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de legislación procesal.
7.  La disposición derogatoria única se dicta al amparo de lo establecido por el 
artículo 149.1, apartados 6.ª, 16.ª y 18.ª de la Constitución Española que atribuyen al 
Estado respectivamente, las competencias sobre legislación mercantil; sanidad exterior; y 
en materia de legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día 9 de mayo de 2021.
Dado en Madrid, el 4 de mayo de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN