BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 332 Martes 22 de diciembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 118538
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
16813 Sala Primera. Sentencia 166/2020, de 16 de noviembre de 2020. Recurso de 
amparo 6324-2018. Promovido por don David Almansa Carrasco respecto de 
las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del 
Tribunal  Supremo  y  de  la  Audiencia  Nacional  en  procedimiento  por 
responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia. Vulneración de 
los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal 
anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).
ECLI:ES:TC:2020:166
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón; y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  6324-2018,  promovido  por  don  David  Almansa 
Carrasco, representado por la procuradora de los tribunales doña Raquel Valencia Martín 
y asistido por el letrado don Gonzalo Boye Tuset, contra la sentencia de 25 de mayo 
de 2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia 
Nacional, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo núm. 355-2015, que fue 
interpuesto contra la resolución de 21 de julio de 2015 de la secretaria de Estado de 
Justicia, desestimatoria del recurso potestativo de reposición R-107-2015, presentado 
contra la desestimación presunta de la reclamación por silencio administrativo, recaída 
en  el  expediente  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado  núm.  368-2014,  sobre 
solicitud de indemnización económica por haber sufrido prisión provisional en diligencias 
previas núm. 1836-2011, cuyo sobreseimiento provisional fue decretado por auto de 4 de 
junio de 2013. Han intervenido el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 28 de noviembre de 2018, la 
procuradora de los tribunales doña Raquel Valencia Martín, en nombre y representación 
de don David Almansa Carrasco, con la asistencia letrada de don Gonzalo Boye Tuset, 
interpuso  recurso  de  amparo  contra  las  resoluciones  que  se  mencionan  en  el 
encabezamiento. e
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accedido voluntariamente a recoger y hacerse cargo de un paquete postal procedente de 
Colombia que contenía cocaína.
El 8 de noviembre de 2011, tras apreciar que no existía riesgo de fuga, el juez 
instructor encargado de la causa decretó su libertad provisional, con obligación de 
comparecencia semanal ante el juzgado, prohibición de salida de España y retirada del 
pasaporte.
El  31  de  mayo  de  2013,  el  fiscal  encargado  de  la  causa  evacuó  alegaciones 
interesando el archivo provisional de las actuaciones respecto del demandante y de otro 
(Daniel), solicitando se centrara la investigación en un tercero (Frank), dejando a salvo la 
eventualidad de que nuevos datos justificaran revisar la decisión procesal interesada.
En su solicitud, el Ministerio Fiscal señaló que la causa penal se había iniciado como 
consecuencia de que, por indicación de Frank, el demandante recogió voluntariamente 
un paquete postal procedente de Colombia que contenía droga, en el que aparecía como 
destinatario Daniel. Añadió que las investigaciones realizadas llevaban a la conclusión 
de que las conexiones entre David –hoy demandante– y Daniel «son endebles, dado que 
el primero aparece como la persona encargada de recoger la paquetería de la empresa 
en la que se entregó el mismo y que fue detenido precisamente por haberlo recogido, sin 
más datos que le unan a los hechos, dado que, si bien es cierto que no se trataba de un 
paquete  dirigido  expresamente  a  la  empresa,  testigos  que  han  declarado  en  las 
actuaciones  presentan  la  posibilidad  de  que  se  recogieran  en  la  empresa  envíos 
particulares que luego se entregaban a su destinatario, lo cual podría haber explicado la 
actuación de David, que manifiesta que otro trabajador de la empresa en la sección de 
seguridad (Frank) le llamó para avisarle de que llegaría un paquete de Colombia y que 
debía recogerlo. Por otro lado, Daniel, conectado con los hechos porque su nombre 
aparece como destinatario del paquete, no tiene conexión alguna con los implicados ni 
con la empresa, manifestando que solo conoce de vista a Frank por haber vivido en la 
misma zona y que, unos meses antes de su declaración, este le había solicitado una 
copia de su DNI para jugar en un equipo de fútbol de la zona. Manifiesta no haber tenido 
más contacto con él y vivir actualmente en Vigo con sus padres (en la fecha de la 
declaración). Por último, Frank está en paradero desconocido, tenía conexión con la 
empresa  porque  no  solo  trabajaba  allí,  sino  que  también  lo  hacía  su  madre, 
precisamente en el departamento de seguridad, con lo que tenía conocimiento del 
procedimiento de recepción de paquetería en la empresa […] y podría haber preparado 
la recepción de este para que recogieran el paquete sin su intervención».
El 4 de junio de 2013, el juez instructor dictó auto en el que decretó el sobreseimiento 
provisional de la causa respecto al demandante y a Daniel, al apreciar que «de lo 
actuado se desprende que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, 
si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a los imputados David 
Almansa Carrasco y Daniel […] y por ello es procedente decretar el sobreseimiento 
provisional de estas actuaciones respecto a estas dos personas, de conformidad con lo 
dispuesto  en  el  art.  641.2,  así  como,  en  su  caso,  en  el  art.  779.1  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento criminal.»
b)  El  demandante  de  amparo  presentó  ante  el  Ministerio  de  Justicia  una 
reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado por la vía del art. 294 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ). Su solicitud dio lugar al expediente 
núm. 368-2014. Reclamó una indemnización de 50 500 € por haber sufrido privación 
cautelar de libertad desde el 27 de septiembre al 8 de noviembre de 2011, en los 
términos y circunstancias procesales antes descritas. s
c)  El 3 de febrero de 2015, transcurrido el plazo de seis meses reglamentariamente  oe.
previsto  sin  haberse  dictado  resolución  expresa  sobre  la  solicitud,  tras  entender  w.
presuntamente denegada su reclamación por silencio administrativo, el demandante  813ww
interApnutseos  rdeecu qrsuoe  pfouteersat arteivsou edleta r elap orseipcoiósnic.ión, el 21 de mayo de 2015, el Consejo de
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refería la consulta, dado que no concurría en el presente caso el supuesto de hecho del 
art. 294 LOPJ que es presupuesto de la indemnización solicitada, debido a que el 
archivo  provisional  de  la  causa  seguida  contra  el  demandante  no  derivó  de  la 
inexistencia  del  hecho  imputado,  sino  de  apreciar  que,  aun  existiendo  los  hechos 
investigados en su vertiente objetiva (remisión y recogida de un paquete postal que 
contenía sustancias estupefacientes), la terminación anticipada y provisional del proceso 
se  fundamentó  en  no  existir  motivos  suficientes  para  atribuir  su  perpetración  al 
demandante.
d)  Mediante resolución de 21 de julio de 2015, la secretaria de Estado de Justicia, 
actuando  por  delegación  del  ministro,  desestimó  la  reclamación  indemnizatoria 
formulada  tras  tomar  en  cuenta  que  «la  motivación  del  auto  de  sobreseimiento 
provisional dictado no es propia de un sobreseimiento libre, ya que no se basa en la 
inexistencia de indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que dio motivo a la 
formación de la causa –como pretende el reclamante, lo que le haría equiparable, según 
la doctrina recogida, entre otros, en el dictamen 3003-2004 del Consejo de Estado– sino 
que se basa en que no ha resultado debidamente justificada su participación en los 
hechos,  ya  que  sólo  cabe  entender  así  las  cosas  ante  el  carácter  provisional  del 
sobreseimiento y cuando no concurre ningún tipo de motivación expresa judicial que 
pueda llevarnos a estimar que el sobreseimiento y archivo de las actuaciones tuvo por 
causa la probada inexistencia del ilícito o su desconexión con el mismo».
Por todo ello, la resolución concluye señalando que «el supuesto no tiene encaje en 
la previsión del art. 294 LOPJ, dado que se trata de un sobreseimiento provisional, pues 
no se da el requisito formal de absolución por sentencia o sobreseimiento libre por 
inexistencia del hecho imputado, sino que, antes al contrario, de acuerdo con el criterio 
adoptado al respecto en el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, se considera que 
la aplicación del mencionado precepto (art. 641.2 LECrim) implica –como queda dicho– 
una carencia de pruebas pero no una inexistencia del delito». A lo que añade que «la 
jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, consideran 
que la insuficiencia de prueba o la duda razonable introducida en la convicción del 
juzgador imponen la absolución o el sobreseimiento por aplicación de los principios de 
presunción de inocencia y de in dubio pro reo; ello no constituye título suficiente para 
asignar una indemnización con cargo al Estado por un supuesto error judicial que no ha 
resultado acreditado, salvo cuando haya sido demostrada de manera fehaciente dicha 
inexistencia material o desvinculación del sujeto con el hecho imputado».
e)  Contra  la  desestimación  administrativa  de  su  reclamación  indemnizatoria 
interpuso  el  demandante  de  amparo  recurso  contencioso-administrativo,  cuyo 
conocimiento  correspondió  a  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional. En la demanda el recurrente alegó que había 
sufrido un periodo de prisión preventiva no justificada dado que su relación con los 
hechos no evidenciaba su participación consciente en delito alguno. Afirmó que el hecho 
de que el Ministerio Fiscal solicitara –respecto a él– el archivo de las actuaciones 
conllevaba una presunción de la inexistencia subjetiva del hecho, pues no existe hecho 
constitutivo de delito que pueda ser imputado al demandante.
f)  Por sentencia de 25 de mayo de 2017, la Sección desestimó la pretensión 
formulada ratificando la decisión administrativa impugnada.
Se razona en ella (fundamentos jurídicos 1 y 2) que la previsión indemnizatoria 
reconocida en el art. 294 LOPJ recoge un supuesto de error judicial para aquellos casos 
en los que la absolución penal previa, o el dictado de una resolución equivalente que  s
declara la inexistencia del hecho, pone de manifiesto la existencia de tal error, lo que  oe.
hace  innecesario  seguir  el  cauce  ordinario  del  art.  293  LOPJ  para  obtener  tal  w.
declaración.  A  partir  de  tal  concepción  del  precepto  legal  y  de  la  obligación  de  813ww
einsdtaebmlencizidaor  qpuoer  eels tTarbibleucnea,l  sSeuñparleam qou ee,n  cdoonsfo srmenet eanlc icaasm dbeio 2 d3e d cer inteorvioie mjubrirsep rdued e2n0c1ia0l 
(lorast ifsicuapduaess toesn  odter ar edcel a2m1a dceió nm adyeo  rdees p2o0n1s2a)b, islidua ádm pbaittori mdeo naiapll iccaocnió anp qouyeod ean l imseitnatdeon c«iaa   BOE-A-cable e
absolutoria o auto de sobreseimiento libre fundamentados en la "inexistencia del hecho 
imputado", es decir, cuando tal pronunciamiento se produzca porque objetivamente el 
hecho  delictivo  ha  resultado  inexistente,  entendida  tal  inexistencia  objetiva,  que  no 
subjetiva, en los términos que se han indicado por la jurisprudencia anterior […] que 
supone la ausencia del presupuesto de toda imputación, cualesquiera que sean las 
razones a las que atienda el juez penal».
En cuanto a las circunstancias del caso, la resolución describe que el auto de 
sobreseimiento de 4 de junio de 2012 acordado por el juez instructor se dictó al amparo 
del art. 641.2 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim), según el cual, procederá el 
sobreseimiento provisional «cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no 
haya motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como 
autores, cómplices o encubridores». Añade que el instructor razona que el Ministerio 
Fiscal ha interesado el archivo provisional de las actuaciones respecto del demandante y 
otro, solicitando que la investigación se centrara sobre un tercero, por considerar que 
aunque  los  hechos  investigados  son  constitutivos  de  infracción  penal  «no  existen 
motivos suficientes para atribuir su perpetración» a dos de los imputados –don David 
Almansa  Carrasco  y  otro–  por  lo  que  «es  procedente  decretar  el  sobreseimiento 
provisional de estas actuaciones respecto a estas dos personas», aunque, en la misma 
fecha  se  dicta  también  otro  auto  de  sobreseimiento  provisional  respecto  del  tercer 
sospechoso,  hasta  que  fuera  habido,  por  encontrarse  en  paradero  desconocido, 
ordenándose su averiguación. En consecuencia, destaca que, atendido el significado del 
sobreseimiento provisional, su fundamento «no es que no hayan existido los hechos, 
sino  que  las  pruebas  no  arrojan  indicios  con  suficiente  contundencia  como  para 
mantener la acusación contra quien venía siendo imputado», por lo que «el archivo de la 
causa se plantea en términos de suficiencia probatoria, no de ausencia o atipicidad de 
los hechos».
En la resolución (fundamento jurídico 3) se advierte también que si la reclamación 
imputa un error a la actuación judicial, la pretensión debe seguir el cauce previsto en el 
art.  293  LOPJ,  para  obtener  de  esta  forma  una  resolución  judicial  que  declare  y 
reconozca su existencia, puesto que los casos en los que tras la prisión preventiva se 
produce un sobreseimiento provisional no quedan desprotegidos, dado que es posible 
reclamar por la vía del supuesto error. Y añade que, si este es el caso, el cauce procesal 
elegido por el demandante no es el idóneo para reclamar la indemnización que solicita 
dado  que  «lo  que  no  cabe  es  desnaturalizar  los  mecanismos  establecidos  por  el 
ordenamiento jurídico, utilizando vías no adecuadas, para obviar unos requisitos legales 
que deben darse indefectiblemente para lograr el éxito de la acción de reclamación».
Por último (fundamento jurídico 4) la sala considera que la conclusión desestimatoria 
alcanzada no queda desvirtuada por el pronunciamiento establecido en la STEDH de 16 
de febrero de 2016 (Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. España) porque el art. 294.1 
LOPJ  no  contempla  los  casos  en  los  que  se  ha  pronunciado  un  sobreseimiento 
provisional en la causa penal previa dado que a través de dicha resolución no se declara 
la inexistencia del hecho investigado en el que la prisión provisional fue decretada, único 
supuesto  que  justificaría  la  indemnización  reclamada.  La  sala  reitera  que  no  está 
argumentando sobre la eventual inexistencia subjetiva del hecho, cuestionando así la 
posible  inocencia  de  quien  reclama  la  indemnización,  sino  únicamente  indicando, 
conforme a la jurisprudencia entonces vigente, que su caso no era de los previstos en la 
norma como indemnizable.
En definitiva, al apreciar que, en el caso sometido a consideración, el sobreseimiento  s
acordado en la vía penal se basó en la ausencia de suficientes indicios contra el  oe.
investigado, la decisión administrativa que deniega la indemnización es conforme a  w.
Derecho y a la interpretación jurisprudencial de la norma aplicable realizada por el  813ww
Tribugn) al NSoutpifriceamdoa. la sentencia desestimatoria, el señor Almansa interpuso recurso de
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Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo lo inadmitió a 
trámite tras apreciar en él falta de fundamentación suficiente de la concurrencia de los 
supuestos que, conforme a la ley procesal reguladora, permiten apreciar el interés 
casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento sobre el fondo del recurso.
El  demandante  instó  entonces  la  nulidad  de  la  providencia  de  inadmisión,  ex 
art.  241.1  LOPJ,  alegando  que  la  misma  vulneraba  su  derecho  a  la  tutela  judicial 
efectiva, en cuanto garantiza el acceso a los recursos legalmente previstos, habida 
cuenta el interés casacional que presenta su recurso de casación que precisa una 
decisión en forma de sentencia por parte del Tribunal Supremo. Por ello, considera no 
fundada en Derecho la decisión de inadmisión. La pretensión de nulidad fue inadmitida a 
trámite mediante providencia de 26 de octubre de 2018, tras considerar la sección que la 
decisión de inadmisión de la pretensión de casación expresó escrupulosamente la causa 
de inadmisión que la justificaba.
3.  El  recurrente  denuncia  en  su  demanda  de  amparo  que  la  resolución 
administrativa cuestionada, y la sentencia de la Audiencia Nacional que la ratifica, han 
vulnerado su derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), en cuanto exige ser 
tratado como inocente por los poderes públicos mientras su culpabilidad no haya sido 
probada en un juicio con todas las garantías. Cuestiona que, a efectos de indemnizar el 
tiempo  de  prisión  preventiva  decretada  en  la  causa  penal  precedente,  pueda 
diferenciarse entre «aquellos cuya inocencia ha sido probada y aquellos respecto de los 
que no se ha podido probar su culpabilidad». Según afirma, es ésta distinción la que 
informa el criterio jurisprudencial tomado en consideración para justificar la denegación 
de  la  indemnización  solicitada  ex  art.  294  LOPJ,  pues  únicamente  se  reconoce 
indemnización por prisión preventiva padecida cuando en el proceso penal previo se 
prueba la inexistencia del hecho imputado (inexistencia objetiva), pero no cuando la 
«absolución» o el sobreseimiento traen causa de la insuficiencia de los indicios o la 
prueba dirigida a desvirtuar la presunción de inocencia. En su opinión, toda prisión 
provisional  «inadecuada»  debe  ser  compensada  económicamente;  y  añade  que  el 
carácter provisional del sobreseimiento acordado en su caso no puede ser determinante 
para  afirmar  su  culpabilidad  o  inocencia.  Concluye  su  alegato  destacando  que  las 
resoluciones cuestionadas, en cuanto le deniegan la indemnización solicitada, vuelven a 
cuestionar su inocencia, al diferenciar la causa de archivo del proceso penal, por lo que 
vienen a exigirle –de nuevo– que demuestre su inocencia, pese a que la decisión de 
archivo  se  fundamentó  en  la  inexistencia  de  «prueba  alguna  que  determine  [su] 
culpabilidad».
En  refuerzo  de  la  queja,  se  denuncia  en  la  demanda  que  las  resoluciones 
impugnadas no respetan el contenido mínimo del derecho a la presunción inocencia 
fijado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos 
Puig Panella (25 de abril de 2006) y Tendam (13 de julio de 2010). En apoyo de su 
pretensión, reseña extensamente la STEDH de 16 de febrero de 2016 (Vlieeland Boddy 
y Marcelo Lanni c. España), que estimó la queja de quien había visto denegada una 
indemnización  por  prisión  provisional  solicitada  como  consecuencia  de  la  medida 
cautelar acordada en una causa penal que, al igual que en este supuesto, fue también 
archivada con una decisión de sobreseimiento provisional. Destaca que el art. 6.2 del 
Convenio  europeo  de  derechos  humanos  (CEDH),  que  reconoce  la  presunción  de 
inocencia, no es aplicable únicamente en las causas penales, sino también en aquellos 
procesos judiciales que derivan de la absolución definitiva del acusado; por lo que su 
contenido impide que se «siembren sospechas sobre la inocencia de un acusado tras  e.
una absolución que haya adquirido firmeza» aunque la causa de esta absolución sea el  w.b
beneficio  de  la  duda  pues  «ninguna  diferencia  cualitativa  debe  existir  entre  una  813ww
caobnssotlautcaiócnió nfu dned alad ain eonce unncaia  indeex misatennecriaa  indceo pnrtueesbtaabsl ey» .u Snae  aafbirsmolau ceinó nla r edseumltaanndtea  dqeu eu nean 
csoum coa sboa, slea  «pmriseiróans  pcroonvjiestiuornaasl  csaer ednetcerse tdóe s pinr u«epbrau eyb dae a flugnudnaam deen tsou  juaruídtoicríoa »a,l gtuonmoa nqduoe 
las sustente», por lo que denegar la indemnización que ha solicitado supone dejar serias
dudas sobre su inocencia dado que, a estos efectos, no debe existir diferencia de trato 
entre  una  absolución  fundada  en  la  inexistencia  de  pruebas  y  otra  apoyada  en  la 
constatación de su inocencia.
También en relación con la presunción de inocencia alegada, denuncia la supuesta 
vulneración del principio de igualdad ante la ley (art. 14 CE). Afirma que no es posible 
establecer diversos grados de inocencia con consecuencias jurídicas diversas. Tal lesión 
derivaría de no incluir como indemnizable los supuestos de absolución por insuficiencia 
de la prueba aportada. Considera que en el caso presente fue absuelto de todos los 
delitos por los que había sido acusado (vertiente subjetiva) al no haberse acreditado la 
existencia  del  delito  de  tráfico  de  estupefacientes  acreditado  (vertiente  objetiva). 
Cuestiona la decisión cautelar privativa de libertad acordada durante más de cuarenta 
días, la cual, afirma, desconoce también el art. 5 CEDH, lo que justifica la reclamación 
económica que ha visto judicialmente desestimada. Concluye afirmando que «el Estado 
es responsable por ejercitar el poder punitivo en contra de un ciudadano y, finalmente, 
por las razones que sea, no se logra probar su culpabilidad; entonces ese mismo Estado 
tendrá que asumir las consecuencias patrimoniales que ello conlleva de cara al perjuicio 
causado».  De  forma  añadida,  alega  el  demandante  que  la  desestimación  de  su 
reclamación ha vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) 
como  consecuencia  de  no  haber  tomado  en  cuenta  la  decisión  de  sobreseimiento 
provisional  adoptada  en  la  causa  penal;  decisión  que  es  el  fundamento  de  su 
reclamación económica.
Desde otra perspectiva, añade que no son fundadas en Derecho y vulneran su 
derecho a la tutela judicial efectiva tanto la decisión que inadmitió su recurso de casación 
como la que desestimó su posterior solicitud de nulidad de actuaciones, lo que le ha 
impedido de forma indebida obtener una resolución sobre el fondo de su pretensión, 
incurriendo así en incongruencia omisiva y falta de motivación.
Concluye la demanda solicitando que se declare la nulidad de la providencia del 
Tribunal Supremo que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones planteado y se le 
reconozca el derecho a la indemnización que solicitó.
4.  Mediante providencia de 6 de mayo de 2019, la Sección Primera acordó la 
admisión a trámite del recurso de amparo apreciando que concurre en el mismo una 
especial trascendencia constitucional como consecuencia de que la posible vulneración 
del derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley o de otra disposición 
de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)] y, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dirigir atenta comunicación 
a  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia 
Nacional y a la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para que, en un 
plazo no superior a diez días, remitiera certificación o copia adverada de las actuaciones 
correspondientes a los procedimientos tramitados, y que procediera al emplazamiento de 
quienes hubieran sido parte en el proceso para que en el plazo de diez días pudieran 
comparecer en este proceso constitucional de amparo, incluyendo expresamente al 
abogado del Estado.
5.  Por diligencia de ordenación de 28 de mayo de 2019 se acordó tener por 
personado y parte al abogado del Estado y, con arreglo al art. 52 LOTC, se concedió al 
Ministerio Fiscal y a las partes personadas plazo común de veinte días para que, con 
vista de las actuaciones, formulasen las alegaciones que tuvieran por convenientes.
6.  El 25 de junio de 2019 tuvo entrada en este tribunal el escrito de alegaciones del  oe.
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Supremo  inadmitió  el  recurso  de  casación  presentado  tras  apreciar  en  él  falta  de 
fundamentación suficiente de la concurrencia de los supuestos que, conforme a la ley 
procesal reguladora, permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de 
un pronunciamiento sobre el fondo del recurso. Dado que la lesión denunciada por el 
demandante  se  habría  producido  ya  en  la  resolución  administrativa  inicial,  luego 
impugnada judicialmente, no era necesario volver a denunciar ante el Tribunal Supremo 
dicha supuesta vulneración tras ver inadmitido el recurso de casación intentado.
A la expuesta, añade otra eventual causa de inadmisión (delimitación defectuosa en 
la demanda del objeto del recurso de amparo) por haber dirigido el demandante su 
recurso, según se expresa en el suplico de la demanda, contra la providencia de 26 de 
octubre de 2018 por la que se inadmitió la solicitud de nulidad de actuaciones planteada 
frente a la providencia de 23 de mayo de 2018 que, previamente, había acordado la 
inadmisión  del  recurso  de  casación.  Entiende  el  abogado  del  Estado  que  las 
vulneraciones de derechos fundamentales aducidas en amparo no provienen de dichas 
últimas decisiones judiciales, sino de la administrativa y judicial previa que denegaron la 
indemnización  solicitada;  por  lo  que  son  precisamente  dichas  resoluciones  las  que 
debieran haber sido identificadas como objeto del proceso de amparo.
(ii)  Con carácter subsidiario, entiende que la sentencia de la Audiencia Nacional no 
ha  vulnerado  la  presunción  de  inocencia  del  demandante,  por  cuanto  no  la  ha 
cuestionado ni en su lenguaje ni en su razonamiento desestimatorio. Considera que la 
resolución judicial impugnada satisface las exigencias de la jurisprudencia interpretativa 
del Convenio europeo de derechos humanos, pues ni tan siquiera puede apreciarse en 
ella un uso desafortunado del lenguaje dado que no se pone en duda la inocencia del 
recurrente, sino que se limita a apreciar la falta de concurrencia de los supuestos de 
hecho que, en la regulación legal, permiten dar lugar a la reclamación solicitada. Esto es, 
de forma más limitada, en aplicación de la legalidad ordenadora de las pretensiones de 
indemnización por prisión provisional, las resoluciones impugnadas han considerado, 
razonadamente, que la pretensión indemnizatoria debe ser desestimada por dos motivos 
distintos: a) en primer lugar, porque no se da en este caso el supuesto legal que, ex 
art. 294 LOPJ, justifica la indemnización pretendida, pues en la causa penal previa el 
demandante no ha sido absuelto ni, respecto a él, se ha decretado el sobreseimiento 
libre de la acción penal; b) en segundo lugar, porque el demandante no ha utilizado el 
cauce procesal idóneo para formular su reclamación (art. 293 LOPJ, frente al más 
limitado establecido en el siguiente art. 294). Entiende la resolución judicial impugnada 
que, no dándose el presupuesto de hecho normativo que, ex art. 294 LOPJ, justificaría la 
indemnización  pretendida,  el  demandante  –que  considera  que  la  prisión  preventiva 
sufrida no fue adecuada–, debiera haber intentado obtener un título de reclamación 
denunciando aquellas decisiones como fruto de un error judicial.
En definitiva, afirma que, ni la inicial resolución administrativa desestimatoria, ni la 
posterior  judicial  que  la  ha  ratificado,  han  cuestionado  en  su  razonamiento 
desestimatorio la inocencia del demandante, sino que se han limitado a apreciar que, 
dado el cauce legal erróneamente utilizado para reclamar el resarcimiento que no ha 
sido concedido, la pretensión indemnizatoria no satisface las exigencias impuestas por la 
ley (art. 294 LOPJ).
Por  lo  expuesto,  solicita  la  inadmisión  del  recurso  y,  subsidiariamente,  su 
desestimación.
7.  El demandante presentó sus alegaciones el 27 de junio de 2019; en ellas, tras 
exponer los antecedentes procesales que considera relevantes para el análisis de su  e.
demanda  de  amparo,  reitera  las  alegaciones  formuladas  en  relación  con  las  w.b
vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas que la sustentan. 813ww
8.  El 1 de julio siguiente tuvo entrada en este tribunal el escrito de alegaciones del
fiscaEl na nrteel aecl ióTnri bcuonna l eCl oonbsjteittuoc idoenla lr.ecurso, entiende que, más allá de lo formalmente
indicado en el encabezamiento de la demanda (impugna la providencia de 26 de octubre
de 2018 por la que el Tribunal Supremo inadmitió la solicitud de nulidad de actuaciones), 
se  dirige  también  contra  la  desestimación  administrativa  de  su  reclamación 
indemnizatoria  por  la  prisión  provisional  sufrida  que  precedió  al  sobreseimiento 
provisional del proceso penal en el que fue acordada, así como la posterior sentencia 
de 25 de junio de 2017 que la convalida.
En  sus  alegaciones  interesa  la  inadmisión  del  recurso  de  amparo  y, 
subsidiariamente,  la  desestimación  o  la  estimación  del  recurso  con  los  siguientes 
argumentos consecutivos:
(i)  Considera el Ministerio Fiscal que el recurrente agotó defectuosamente la vía 
judicial al fundamentar insuficientemente el recurso de casación presentado contra la 
sentencia que confirmó la desestimación administrativa de su petición de indemnización 
por prisión provisional. Y tal agotamiento defectuoso equivaldría, en este caso, a la falta 
de agotamiento de la vía judicial prevista en el art. 44.1 a) LOTC como causa de 
inadmisión,  dado  que  «de  acuerdo  con  una  reiterada  y  consolidada  doctrina 
constitucional, la vía judicial previa solo puede considerarse efectivamente agotada y, en 
consecuencia, abierta la del proceso constitucional de amparo, cuando los recursos 
jurisdiccionales pertinentes y útiles se hayan interpuesto en tiempo y forma, ya que si se 
formulan extemporáneamente o sin cumplir los requisitos procesales exigibles, el órgano 
judicial  llamado  a  resolverlos  se  verá  privado  de  la  posibilidad  de  entrar  en  el 
conocimiento y resolución de los temas de fondo, no pudiendo en tales circunstancias 
reparar la lesión constitucional que, en su caso, pudiera ser después susceptible de 
impugnación en el proceso de amparo constitucional, lo que es contrario a la naturaleza 
subsidiaria del recurso de amparo» (ATC 181/2002, de 14 de octubre, FJ 2).
(ii)  En cuanto al fondo de las quejas entiende, en primer lugar, que carecen de todo 
fundamento las que, aduciendo el derecho a la tutela judicial efectiva, cuestionan las 
providencias por las que, respectivamente, el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de 
casación por falta de fundamentación suficiente del interés casacional, y también la 
solicitud  de  nulidad  de  actuaciones  que  cuestionaba  la  anterior,  pues  ambas  son 
expresión de una aplicación razonada y razonable de la legalidad aplicada en esos 
casos sobre los motivos de casación y de nulidad de actuaciones.
En relación con la queja que denuncia la vulneración del derecho a la presunción de 
inocencia y a la igualdad en la ley, entiende que, a la vista de la reciente STC 85/2019, 
de 19 de junio, del Pleno, que ha declarado parcialmente inconstitucional el art. 294.1 
LOPJ, cabe hacer dos planteamientos diversos sobre su contenido, que se transcriben a 
continuación:
«a)  El primero pasaría por descartar la existencia de toda vulneración y denegar el 
amparo, una vez que dicho precepto se refiere a las situaciones de sentencia absolutoria 
y sobreseimiento libre en el proceso penal, que permanecerían indemnes en el precepto 
tras la sentencia reseñada, dado que, en el concreto supuesto subyacente al presente 
recurso  de  amparo,  lo  que  se  ha  producido  en  el  procedimiento  penal  es  un 
sobreseimiento provisional del art. 641.2 LECrim, de modo que el recurrente se hallaría 
fuera del cauce del art. 294 LOPJ no tanto o solo por razón de los referidos incisos 
declarados inconstitucionales, sino específicamente por la naturaleza de la resolución 
adoptada  en  la  causa  penal,  que  no  entraría  dentro  de  las  específicamente 
contempladas en el precepto. A favor de esta solución, desde la perspectiva del caso 
concreto,  cabría  significar  que,  en  el  proceso  penal,  sin  perjuicio  de  su  archivo  s
provisional, consta la continuación de la causa contra un investigado que se halla en  oe.
dpdimeaep r tahlridáecaefcichrr oood   edddceeeis sld ciavroouangtmooac esdind,e tole o4,   aq cdluu ereye a jpcu uecliroarrm pedtinuteitrr eía2a ,0e  rd1nee3 alca bel arpnirra a qlrcatuii cóecin pas aueycs  iaaaó pcncuo oeerntnratdr caeaio l  eenhll ee mssco hispbomor edcosor.íe naLismnot siiete uvantenitvontoe t aucdvaeealdm ledaeneríntlaiettones     2020-16813n https://www.
este criterio una vez que en los mismos se recoge como determinante que el Ministerio
Fiscal interesó el archivo provisional respecto del recurrente y otro encausado y que se
centrara la investigación en un tercer individuo, "salvo que surgieran nuevos datos que 
aconsejaran  una  nueva  valoración  de  su  situación  personal",  lo  que  evidencia  la 
naturaleza provisional de la decisión. Y no cabe duda de que el sentido de la norma 
concernida no puede abarcar en su actual redacción sino situaciones de ausencia de 
culpabilidad definitivamente declarada por un órgano judicial del orden penal. Este es el 
presupuesto ineludible.
b)  El  segundo  planteamiento  sería  proclive  a  otorgar  el  amparo  siempre  que, 
atendiendo a las circunstancias del caso y muy específicamente a la fundamentación del 
auto referente, se considere equivalente la concreta decisión formal de sobreseimiento 
provisional adoptada en la causa penal a una situación material de naturaleza propia de 
sobreseimiento libre, posibilidad esta –de tomar en cuenta la auténtica naturaleza de la 
decisión más allá de su aspecto formal– que no ha sido absolutamente descartada en el 
orden contencioso-administrativo, tal y como vino a contemplarse, por ejemplo, en la 
STS de 21 de julio de 2015, FJ 3, dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo en el recurso de casación núm. 1273-2013, por más que se 
trate de una cuestión que suscitó su polémica. Una solución que atendiera, más que al 
motivo formal empleado por la decisión judicial penal, a la auténtica naturaleza de la 
decisión de orden penal podría sustentarse en el hecho de que el paquete iba dirigido a 
otro destinatario y el recurrente lo recogió en el ámbito de sus funciones laborales en una 
empresa  que  admitía  recibir  paquetes  destinados  tanto  a  la  misma  como  a  sus 
empleados. No obstante, la fundamentación del auto de sobreseimiento provisional de 4 
de junio de 2013 en la causa penal no es del todo unívoca, si bien afirma que no existen 
motivos suficientes para atribuir la perpetración de la infracción penal al recurrente. En 
caso de que el tribunal se mostrase proclive a este segundo planteamiento (equiparación 
a sobreseimiento libre), procedería el amparo, puesto que el origen de las lesiones a los 
derechos a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) e igualdad (art. 14 CE) denunciadas 
en amparo se hallaría en la norma legal, y, más en concreto, las vulneraciones de dichos 
derechos  provendrían  de  los  incisos  que  fijan  el  ámbito  indemnizable  por  vía  del 
artículo 294 LOPJ por referencia a que la resolución penal de no condena se asiente en 
la inexistencia del hecho imputado y no en otra causa», tal y como ya ha determinado la 
STC 85/2019, de 19 de junio, del Pleno.
9.  Por providencia de fecha 12 de noviembre de 2020, se señaló para deliberación 
y votación de la presente sentencia el día 16 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
El recurso de amparo se dirige contra la sentencia de 25 de mayo de 2017, dictada 
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en tanto, al desestimar el recurso interpuesto, confirmó la resolución de 21 de 
julio de 2015 por la que la secretaria de Estado de Justicia rechazó la reclamación de 
responsabilidad patrimonial del Estado formulada por el recurrente. Su pretensión se 
fundamentó en haber sufrido prisión provisional en una causa penal en la que fue 
decretado  su  sobreseimiento  provisional  tras  apreciar  que,  aunque  los  hechos 
investigados eran constitutivos de delito, no existían motivos suficientes para atribuir al 
demandante su perpetración. El demandante denuncia que la negativa administrativa y 
judicial a reconocer en su favor la indemnización solicitada vulnera sus derechos a la  es
presunción de inocencia y a la igualdad en la aplicación de la ley. bo
Al margen de lo expuesto, el demandante aduce también que la indebida inadmisión  813ww
dejuendl  iecrEeila lc plau rebrofsoceogec astdidoveoa  cj .udadesilac Eicaisól tnpa rdpeorve,i ospe,o nrp tosaurd  ospe ayrr  tdiene,f  uhlana ds iaondltiecaristeu,s dah dadone   lnvauu illnindaeadrdam ddiose i ósanuc  tyud,a escrueiobcnsheiods ia apr lilaaanm tteeuantedtelaa,    OE-A-2020-16able en https://
la  desestimación  del  recurso.  Considera  que  el  recurrente  ha  formalizado
defectuosamente su demanda al dirigirla exclusivamente contra la providencia de 23 de 
mayo de 2018 que acordó la inadmisión del recurso de casación interpuesto. Afirma 
también  que  el  recurso  de  amparo  presentado  es  extemporáneo  porque  era 
improcedente la solicitud de nulidad de actuaciones presentada ante la inadmisión del 
recurso de casación. En cuanto al fondo de la pretensión planteada, entiende que ni la 
decisión administrativa ni las judiciales cuestionadas han vulnerado la presunción de 
inocencia del demandante, por cuanto no la han desconocido ni en su lenguaje ni en su 
razonamiento desestimatorio, sino que se han limitado a apreciar que, dado el cauce 
erróneamente  utilizado  para  reclamar  el  resarcimiento  patrimonial,  la  pretensión 
indemnizatoria no satisfacía las exigencias impuestas por la ley (art. 294 LOPJ).
El Ministerio Fiscal plantea también un óbice procesal que considera debiera llevar a 
la inadmisión del recurso: se trata del defectuoso agotamiento de la vía judicial previa 
[art. 44.1 a) LOTC] que deriva de haber sido insuficientemente fundamentado el recurso 
de casación presentado contra la sentencia que confirmó la desestimación administrativa 
de su petición de indemnización por prisión provisional.
En relación con la cuestión de fondo, tras descartar la alegada vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva, formula dos propuestas alternativas y contradictorias 
que, según afirma, toman en consideración el pronunciamiento de inconstitucionalidad 
de la STC 85/2019, de 19 de junio; son las siguientes:
a)  Denegar el amparo dado que el supuesto analizado se refiere a un supuesto de 
sobreseimiento no recogido en el art. 294.1 LOPJ, dada su naturaleza provisional, lo que 
permitiría reabrir la causa si fuere hallada una tercera persona sometida a investigación y 
en  su  declaración  involucrase  al  demandante  en  los  hechos  investigados.  Para  el 
Ministerio Fiscal, el sentido de la norma concernida no puede abarcar en su actual 
redacción sino situaciones de ausencia de culpabilidad definitivamente declarada por un 
órgano judicial del orden penal.
b)  Otorgar el amparo siempre que, atendiendo a las circunstancias del caso y a la 
fundamentación del auto de sobreseimiento provisional, el tribunal considere que la 
concreta  decisión  formal  de  sobreseimiento  provisional  adoptada  en  este  caso  es 
materialmente  equivalente  a  una  decisión  de  sobreseimiento  libre.  La  propuesta 
estimatoria se funda en considerar que el origen de las lesiones a los derechos a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE) e igualdad (art. 14 CE) denunciadas en amparo 
se hallaría en la norma legal, y, más en concreto, en los incisos que fijan el ámbito 
indemnizable por vía del art. 294 LOPJ por referencia a que la resolución penal de no 
condena se asiente en la inexistencia del hecho imputado y no en otra causa, tal y como 
ya ha determinado la STC 85/2019, de 19 de junio, del Pleno.
2.  Óbices procesales.
Con  carácter  previo  al  examen  de  fondo  de  las  pretensiones  planteadas  en  la 
demanda de amparo debemos pronunciarnos sobre la concurrencia de los requisitos 
para su admisibilidad establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pues, 
como venimos declarando (así en la STC 154/2016, de 22 de septiembre, FJ 2), los 
defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan 
subsanados  porque  haya  sido  inicialmente  admitido  a  trámite  (entre  otras, 
SSTC 18/2002, de 28 de enero, FJ 3, y 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 2), de forma 
que la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción 
puede volverse a abordar o reconsiderar en la sentencia, de oficio o a instancia de parte,  s
dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por la falta de tales presupuestos, sin  oe.
eqjunun eieo pl,  aaFrrJat . 2 e5, l3ylo  1 Lc7Oo4Tn/2Cst0 it1(ue1yn adtr eeo  7bo sdttráeac snu,o lSov iSeeTml Ccba r6reá9, c/F2teJ0r 02 t4)a.,s daed o1 9d ed elo sa bprriol, nFuJn c3ia; m89ie/2n0to1s1 ,p dreev i6s tdoes   2020-16813n https://www.
primae)r  luAgleagr,a s eul  saubpougeasdtao  edxetle Emsptaodraon ceoidmaod .c Cauosnas iddeer ain aqdume insiob ielidraa dle dgea lmlae dnetem aonpdoart,u nean   BOE-A-cable e
la formulación del incidente de nulidad de actuaciones contra la providencia de 23 de 
mayo  de  2018  que  inadmitió  su  recurso  de  casación,  pues  la  cuestión  de  fondo 
planteada en la demanda –la desestimación de su pretensión indemnizatoria por la 
prisión  provisional  sufrida–  ya  había  sido  planteada  en  el  recurso  de  casación 
precedente.
La alegada causa de inadmisibilidad no puede ser estimada. La lectura del escrito 
por el que se formuló el incidente de nulidad de actuaciones, de la providencia que lo 
inadmitió a trámite motivadamente, y de la propia demanda de amparo, pone de relieve 
que al solicitar la nulidad de actuaciones se alegó una nueva vulneración de un derecho 
fundamental (tutela judicial efectiva) como consecuencia de la supuestamente indebida 
inadmisión  a  trámite  de  la  pretensión  de  casación.  De  acuerdo  con  nuestra 
jurisprudencia (STC 50/2019, de 9 de abril, FJ 2), el incidente de nulidad de actuaciones 
constituye un instrumento procesal que, en la vía jurisdiccional ordinaria, sirve para 
remediar aquellas lesiones de derechos fundamentales del art. 53.2 CE que no hayan 
«podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que 
dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario» (art. 241.1 
LOPJ), de modo que su función en materia de tutela de derechos es esencialmente la 
misma que cumple la propia interposición de un recurso ordinario (STC 153/2012, de 16 
de julio, FJ 3). Por tanto, siendo la denunciada una vulneración distinta de la alegada en 
las fases previas del proceso judicial, para poder incluir dicha queja en el recurso amparo 
era necesario dar oportunidad de pronunciarse sobre la vulneración al órgano judicial al 
que se le imputaba para, en su caso, poder repararla; lo que evidencia la procedencia de 
la solicitud de nulidad de actuaciones instada.
b)  Tal y como expresa el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, más allá de lo 
formalmente indicado en el encabezamiento de la demanda y en la solicitud final, que se 
refiere exclusivamente a la providencia de 26 de octubre de 2018 por la que el Tribunal 
Supremo inadmitió la solicitud de nulidad de actuaciones, apreciamos que el recurso se 
dirige también contra la desestimación administrativa de su reclamación indemnizatoria 
por la prisión provisional sufrida, así como contra la posterior sentencia de 25 de junio 
de  2017  que  la  convalidó.  En  la  demanda  es  nuclear  la  queja  que  denuncia  la 
vulneración del derecho a la presunción de inocencia y, en relación con ella, del derecho 
a la igualdad ante la ley. Todas las referencias legales y jurisprudenciales con las que se 
apoya este motivo de amparo cuestionan el criterio de la Secretaría de Estado de 
Justicia y el de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que 
desestimaron su reclamación indemnizatoria. Es un criterio jurisprudencial que remite 
reiteradamente al del propio Tribunal Supremo, que también se cuestiona. De esta 
forma, pese a la defectuosa técnica procesal con la que el recurso se formula en su 
encabezamiento y suplico, la apreciación conjunta de la demanda permite identificar 
correctamente  el  objeto  del  proceso  constitucional  de  amparo,  lo  que  da  lugar  a 
desestimar también esta causa de inadmisión alegada por el abogado del Estado
c)  El fiscal ante este Tribunal Constitucional cuestiona la admisibilidad del recurso 
de amparo en cuanto que se habría producido un defectuoso agotamiento de la vía 
judicial previa, equivalente a la falta de agotamiento [art. 44.1 a) LOTC], según pone de 
manifiesto el contenido de la providencia de inadmisión del recurso de casación, de 23 
de  mayo  de  2018,  dictada  por  la  Sección  Primera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo.
Con referencia a los mismos argumentos expresados en la STC 8/2020, de 27 de 
enero, FJ 2, cabe anticipar que este planteamiento no puede ser compartido. s
Según dijimos, en la doctrina de este tribunal «el agotamiento defectuoso de la vía  oe.
judicial equivale a su falta de agotamiento» (SSTC 111/2000, de 5 de mayo, FJ 4;  w.
133/2001, de 13 de junio, FJ 2, y 93/2002, de 22 de abril, FJ 3) pero solo cuando «la  813ww
rdeeqsuciusiidtoasd ad eo t ieemrrpaod ay  fcoormndau lcetgaa plmroecnetesa el xdigeidl orse»c udreretenrtme inae  leal  fhroarcaa sdoe d ec uumn prleirc ucrosno , leons 
aacblsatrróa cetol ,A TidCó n9e8o/ 2p0a1r0a,  odbet e2n1e dr ela d irceiepmarbarceió, nF Jd e6l.  dEesrteoc shuoc efudned acumaenndtoa l sae  tinutteerlapro nceo mdoe   BOE-A-cable e
modo extemporáneo y también, aunque de forma más matizada, cuando la inadmisión 
del recurso judicial se funda en el incumplimiento de alguno de los requisitos formales 
que lo disciplinan (SSTC 53/2000, de 18 de febrero, FJ 2; 111/2000, de 5 de mayo, FJ 4, 
y 133/2001, de 13 de junio, FJ 5; y ATC 229/2008, de 21 de julio, FJ 6). En cualquier 
caso,  «el  criterio  decisivo  a  tener  en  cuenta  es  el  comportamiento  procesal  del 
recurrente»,  un  elemento  de  carácter  subjetivo  que  no  depende  ya  exclusiva  ni 
principalmente de lo dispuesto en la legislación procesal (ATC 98/2010, FJ 6).
Siguiendo al citado ATC 98/2010 hemos de puntualizar que el «incumplimiento de los 
requisitos procesales ha de ser siempre manifiesto e incontrovertible»; y que no cabe 
apreciar la falta de agotamiento en aquellos supuestos en los que el recurso resulta 
frustrado por no contener los escritos de preparación o interposición una fundamentación 
suficiente o adecuada de algún extremo que, como requisito procesal de acceso al 
recurso, previenen las normas procesales. Esta última matización, que impone una 
valoración circunstancial de cada caso, parte de que «no es desde luego lo mismo 
prescindir lisa y llanamente de la correspondiente justificación que exponerla en forma 
infundada», ni tampoco, «en este último caso, es jurídicamente indiferente el carácter 
grosero o simplemente discutible del carácter infundado de la justificación ofrecida» 
(FJ 7). Hemos ya resuelto que lo anterior resulta trasladable al requisito de justificación 
del interés casacional objetivo que impone el vigente artículo 89.2 f) de la Ley reguladora 
de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa  (LJCA).  Así  lo  había  entendido  ya  la 
STC  121/2019,  de  28  de  octubre  (FJ  2),  que  rechazó  este  óbice  de  defectuoso 
agotamiento en relación con el nuevo recurso de casación de la jurisdicción contencioso-
administrativa introducido por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.
En la STC 121/2019 destacamos que la ley había atribuido al Tribunal Supremo un 
amplio margen de apreciación sobre la concurrencia o no del interés casacional objetivo 
para la formación de la jurisprudencia, así como para valorar si el escrito de preparación 
satisface el requisito que impone el art. 89.2 f) LJCA, «en el que exige que se "justifique 
cuidada  y  rigurosamente  el  interés  casacional  objetivo  del  recurso  que  revela  la 
circunstancia invocada"». Tomando en consideración que también en el caso presente la 
sala de instancia de la Audiencia Nacional había dictado auto motivado en el que tuvo 
por preparado el recurso de casación al apreciar que cumplía con el plazo y con los 
requisitos de forma establecidos en el art. 89.2 LJCA y que el Tribunal Supremo estimó, 
sin embargo, que el escrito de preparación no fundamentó debidamente la concurrencia 
de alguno o algunos de los supuestos que permiten apreciar el interés casacional 
objetivo, resolvimos que, a los efectos del óbice procesal que nos ocupa, la inadmisión 
del recurso no podía atribuirse de forma clara e inequívoca a la falta de diligencia de la 
parte.
Como se ha anticipado y expuesto con más detalle en los antecedentes de esta 
resolución, en este caso la sala de instancia tuvo por preparado el recurso de casación 
(auto de 25 de julio de 2017) al apreciar que el escrito de preparación se interpuso en 
plazo y cumplía con los requisitos de forma que establece el art. 89.2 LJCA, mientras 
que  el  Tribunal  Supremo  consideró  que  dicho  escrito  contenía  una  justificación 
insuficiente –no inexistente– de su interés casacional objetivo. En tales circunstancias, 
no es posible estimar que la inadmisión del recurso de casación obedeciera a un defecto 
procesal manifiesto e incontrovertible o, dicho de otro modo, fuera atribuible de forma 
clara e inequívoca a la falta de diligencia de la parte, razón por la que procede considerar 
debidamente agotada la vía judicial previa al recurso de amparo.
3.  Examen  de  las  vulneraciones  procesales  atribuidas  a  las  decisiones  de  e.
inadmisión acordadas por el Tribunal Supremo. w.b
de loC oCmoon tceonnc iomsáos- Addemtailnleis strea teivxop odneel  Ternib luonsa al nSteucperedmenot einsa, dlam Siteióc caió tnrá Pmriitme eerla r deecu lars oS adlae 
qcausea rcaiótifnic óin tlae rdpeuseesstoti mpaocr ióenl  daedmmainnisdtaranttiev ac doen tlraa  plare tseennstieónnc iinad deem nlaiz aAtuodriiae nqcuiea  eNsa ocbiojentaol 
de este proceso. La providencia de 23 de mayo de 2018 justificó la inadmisión del
recurso  señalando  que  el  actor  no  había  fundamentado  de  manera  suficiente  la 
concurrencia de alguno de los supuestos que, conforme a la ley procesal reguladora, 
permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento 
sobre el fondo del recurso. A su vez, mediante providencia de 26 de octubre de 2018, la 
propia  sección  inadmitió  a  trámite  la  posterior  solicitud  de  nulidad  planteada 
argumentando que la decisión de inadmisión venía apoyada en una causa legalmente 
establecida,  pues  el  escrito  de  preparación  no  había  fundamentado,  con  singular 
referencia al caso planteado, el supuesto que, a juicio del recurrente, era demostrativo 
del interés casacional objetivo que justificaba su impugnación.
A la vista de tal razonamiento, y del escaso bagaje argumental de la queja, que se 
limita a denunciar que la resolución desestimatoria incurre en incongruencia omisiva al 
no pronunciarse sobre los motivos alegados en el recurso de casación, hemos de acoger 
las alegaciones planteadas tanto por el abogado del Estado como por el Ministerio 
Fiscal. Cabe apreciar que el órgano judicial, desde la perspectiva de legalidad ordinaria 
que le compete, interpretó el art. 88.2 LJCA para llegar a la conclusión de que el 
recurrente no había llegado a justificar el interés casacional del recurso, lo que es distinto 
a exponer los argumentos de fondo que sustentan la impugnación, sin que se haya 
justificado ni aparezca que dicha decisión, como tampoco la posterior que desestimó su 
pretensión de nulidad, hayan incurrido en arbitrariedad, manifiesta irracionalidad o error 
patente.
Cabe recordar una vez más que en sede constitucional no es posible, desde la 
perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, hacer una revisión del juicio de 
legalidad  efectuado  por  el  Tribunal  Supremo  en  relación  con  el  examen  de  los 
presupuestos y requisitos de acceso al recurso. En este sentido, ha declarado este 
tribunal de modo reiterado que «la interpretación y aplicación de las normas procesales 
que contemplan los requisitos para la admisión de los recursos son materias de legalidad 
ordinaria, propias de los tribunales de Justicia (art. 117.3 CE), de modo que el control de 
las resoluciones judiciales de inadmisión de los recursos por parte de la jurisdicción 
constitucional «es meramente externo» y debe limitarse a comprobar si, además de 
tener  motivación,  «han  incurrido  en  error  material  patente,  en  arbitrariedad  o  en 
manifiesta irrazonabilidad lógica, evitando toda ponderación acerca de la corrección 
jurídica de las mismas» y «sin que el control que nos corresponde realizar […] pueda 
extenderse al juicio de proporcionalidad inherente al principio pro actione, característico 
del derecho de acceso a la jurisdicción» (por todas, SSTC 258/2000, de 30 de octubre, 
FJ 2; 42/2009, de 9 de febrero, FJ 2; 65/2011, de 16 de mayo, FJ 3, y 142/2015, de 22 de 
junio, FJ 3)» (SSTC 173/2016, de 17 de octubre, FJ 3, y 147/2019, de 25 de noviembre, 
FJ 1).
Por  todo  ello,  debe  ser  desestimado  el  motivo  de  amparo  sustentado  en  la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
4.  Inconstitucionalidad de los incisos «inexistencia del hecho imputado» y «por esta 
misma causa» del art. 294.1 LOPJ (STC 85/2019, de 19 de junio).
El análisis de las cuestiones de fondo planteadas por el recurrente en relación con la 
resolución  administrativa  desestimatoria  de  su  reclamación  indemnizatoria,  ratificada 
judicialmente, esto es, la vulneración conjunta de los derechos a la presunción de 
inocencia e igualdad en la aplicación de la ley (arts. 24.2 y 14 CE), permite advertir que, 
tanto el objeto del presente proceso constitucional como los planteamientos introducidos 
por las partes en el debate son sustancialmente coincidentes con los abordados por el  e
Pleno del Tribunal Constitucional en la reciente STC 125/2019, de 31 de octubre, en la  bo
que se determinaron los efectos que, sobre el recurso de amparo, debía producir la  813ww
lporse cinecdiesnotse  «SinTeCx i8s5te/2n0ci1a9 ,d deel  h1e9c hdoe  jiumnpiou,t apdoor »la y q «upeo sre e dsetac lmariós mlaa i nccaounssat»itu dceiol naarlti.d a2d9 4d.e1 
pLrOoPnuJ.n cTiaalm cioeinntcoisd ednec iaam ebna sla s pernetetenncsiaiósn  hdaen  adme psaerro a yh osruas t oamrgaudmoes netons c ojunsstiifdiceara qciuóen  leons 
cuanto sean aplicables a su resolución.
Cabe ya anticipar que a dicha conclusión no obsta que, en este caso, la decisión 
adoptada en el proceso penal previo que da causa a la reclamación indemnizatoria 
acordara, a petición del Ministerio Fiscal, su sobreseimiento provisional tras apreciar que 
«de lo actuado se desprende que los hechos investigados son constitutivos de infracción 
penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración» al recurrente, 
señor Almansa Carrasco (art. 641.2 y, en su caso, art. 779.1 LECrim). Como señala el 
Ministerio Fiscal en sus alegaciones, el origen de las lesiones de los derechos a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE) e igualdad (art. 14 CE) denunciadas en amparo, 
de  haberse  producido,  se  hallaría  en  la  norma  legal,  y,  más  en  concreto,  las 
vulneraciones de dichos derechos provendrían de la necesidad impuesta por la ley de 
tomar en consideración dichos incisos, que fijan el ámbito indemnizable por referencia a 
que la resolución penal de no condena se asiente en la inexistencia del hecho imputado 
y no en otra causa.
La fundamentación de las decisiones administrativa y judicial cuestionadas en el 
recurso de amparo se apoya en la interpretación jurisprudencial del ámbito de aplicación 
del art. 294.1 LOPJ que es anterior a la publicación de las SSTC 8 y 10/2017, de 19 y 30 
de enero, y de la STC 85/2019, de 19 de junio. En consecuencia, resulta preciso 
recordar  sintéticamente  sus  pronunciamientos  en  lo  que  son  relevantes  para  la 
resolución de la presente pretensión de amparo; son los siguientes:
a)  Vulnera la eficacia extraprocesal de la presunción de inocencia –y con ella, del 
principio de igualdad en la ley– la interpretación jurisprudencial que, hasta el año 2010, 
venía considerando que la previsión indemnizatoria establecida en el art. 294 LOPJ 
atiende a un supuesto específico de error judicial acaecido en el proceso penal que se 
extendía únicamente a los supuestos de inexistencia objetiva y subjetiva del hecho. 
Dicha vulneración se perpetúa pese al giro producido, a partir de 2010, por el que la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo redujo la aplicación de las previsiones del art. 294.1 LOPJ 
a los supuestos en que se hubiese declarado la inexistencia objetiva del hecho, y 
recondujo  los  encuadrados  en  su  inexistencia  subjetiva  a  la  vía  del  error  judicial 
articulada en el art. 293 LOPJ; por más que, con dicha doctrina, la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo intentó –sin éxito– adaptarse a la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (casos Puig Panella y Tendam c. España).
Así se expuso ya en la STC 8/2017, de 19 de enero, FJ 7, que al estimar el amparo 
solicitado señaló: «la consideración que se efectúa sobre que "la absolución sustentada 
en la aplicación de los principios rectores del proceso penal (presunción de inocencia)", 
derivando de ahí que no concurre el presupuesto de la inexistencia del hecho delictivo, 
conduce a estimar que dicha resolución vulnera el derecho a la presunción de inocencia, 
pues emite sospechas sobre la culpabilidad del recurrente y utiliza la referencia a dicho 
derecho como elemento integrador de la relación de causalidad del daño producido en el 
ámbito  de  la  responsabilidad  patrimonial,  lo  que  se  estima  inadecuado,  pues  para 
determinar si concurre o no la responsabilidad de la administración de justicia por prisión 
provisional no podrán utilizarse argumentos que ni directa ni indirectamente afecten a la 
presunción de inocencia».
b)  Lejos de la pretensión de reparar un error judicial, el sentido y finalidad de la 
previsión legal de indemnizar en supuestos de adopción legal de la prisión provisional, 
cuando no es seguida de condena (art. 294.1 LOPJ), solo puede explicarse por la 
singularidad del derecho involucrado y de la injerencia que supone la prisión preventiva, 
con efectos sumamente gravosos para el ciudadano, en cuanto se impone a la persona 
como un sacrificio de su libertad personal en aras del interés general encarnado por la  e.
protección de derechos, bienes o valores constitucionalmente reconocidos que, con  w.b
carácter general, se identifican con la conjuración de ciertos riesgos relevantes que, para  813ww
esol cdieedsaadrr,o plloa rtneonr mdea ll ad peel rpsoroncae ssoo,m peatidraa  laa  inevjeecsuticgiaócni ódne pl efnaalllo.  Aoñ, aednim goes neenrtaol,n cpeasr aq ulea 
t«oelenr aers tlea sc omnetedxidtoa sd lee gjuítsimtifaicsa cdieó nin pvoers teigl aincitóenré qsu gee snee raadl,o eplt ecniu dpaodr alonso  ótiregnaen oesl  deestbaetar ldees 
que ejercen el ius puniendi en aras del interés de la sociedad en el esclarecimiento de
los hechos delictivos. Ese deber, sin embargo, va unido a un derecho a ser indemnizado 
en el caso de la prisión provisional, y no en otros casos de injerencia, en atención a la 
especialidad del daño sufrido en aras del interés público prevalente que encarna el buen 
fin  del  proceso  y,  en  último  término,  el  aseguramiento  o  eficacia  del  ejercicio  del 
mencionado ius puniendi». Dicho de otra forma, «la persecución de intereses objetivos 
vinculados a la protección de la comunidad permite la limitación del derecho inviolable a 
la libertad, en las condiciones y en los casos previstos por la ley, pero también activa un 
mecanismo  de  compensación  del  extraordinario  sacrificio  que  impone».  Dicha 
compensación puede operar tanto cuando el sospechoso es finalmente condenado (arts. 
58 y 59 del Código penal), como cuando finalmente no es enjuiciado o no es condenado 
(STC 85/2019, FJ 5).
c)  La limitación de los supuestos indemnizables establecida en el art. 294.1 LOPJ a 
aquellos casos en los que, tras la prisión provisional, se declara judicialmente en el 
proceso penal la inexistencia del hecho imputado, introduce diferencias irrazonables de 
trato centradas en las razones de la absolución o sobreseimiento que son incompatibles 
con el derecho a la igualdad en la ley (art. 14 CE). Hemos declarado que, atendida la 
finalidad resarcitoria de la norma, tal limitación legal de los casos indemnizables excluye 
del ámbito aplicativo, de forma indebida e incomprensible, los supuestos de no condena 
por otros motivos, singularmente por la probada falta de participación en los hechos. 
Pero también excluye de la compensación del sacrificio de la libertad personal a las 
absoluciones o terminaciones anticipadas del proceso penal que tengan su origen en la 
insuficiencia de pruebas para condenar, o de indicios que justifiquen su continuación, 
tanto en relación con el hecho investigado como a la participación en él del sospechoso. 
Así hemos señalado que «la concreta diferencia de trato que introducen los incisos 
cuestionados, atenta a la razón de fondo de la no condena fijada en la resolución penal, 
es injustificada desde el sentido de la indemnización que articula el precepto» pues «no 
se encuentra motivación alguna por el que no activar el mecanismo de reparación del 
sacrificio introducido para casos análogos» (STC 85/2019, FJ 7 in fine).
También desde la perspectiva de las consecuencias que la diferenciación legal de trato 
prescribe para supuestos análogos, las hemos calificado como desproporcionadas, una vez 
descartada  la  vía  del  error  judicial  como  cauce  legal  para  obtener  una  indemnización 
compensatoria en los casos no incluidos en la norma (STC 85/2019, FJ 8).
d)  Por último, hemos declarado que los incisos legales referidos a la inexistencia 
del hecho imputado presentan una incompatibilidad estructural con el derecho a la 
presunción  de  inocencia  concebido  como  regla  de  tratamiento,  que  se  extiende  a 
procesos posteriores a la absolución o archivo en los que se ventilan cuestiones que 
constituyen un corolario y un complemento de los procesos penales. En efecto, la 
estructura  del  precepto  aplicable,  en  cuanto  remite  a  las  razones  ofrecidas  por  la 
resolución penal para sostener la decisión de absolución o sobreseimiento (ajena a una 
eventual indemnización ulterior por la prisión provisional sufrida), obliga a argumentar de 
forma incompatible con la dimensión del derecho a la presunción de inocencia que 
salvaguarda  la  eficacia  futura  del  previo  pronunciamiento  absolutorio  (FJ  12, 
STC 85/2019). Por eso concluimos que «en tanto no se vislumbra una interpretación del 
ámbito aplicativo del art. 294 LOPJ que no discrimine entre las razones de la absolución 
vinculadas  a  la  presunción  de  inocencia,  los  incisos  que  hacen  depender  la 
indemnización de ese tipo de razonamientos conculcan el derecho a la presunción de 
inocencia».
5.  Efectos  sobre  el  recurso  de  amparo  de  la  STC  85/2019.  Pretensión  e.
desestimatoria del abogado del Estado. w.b
proyAe cptaadrtoir  edne  slae nStiTdCo  e1s2t5im/2a0to1r9io,  dloes  3e1f edceto os cqtuuber ela,  SenT Cn u8m5/e2r0o1s9a sh are dseo lutecnioenr esso bhreem laoss 
ddeesmeasntidmaast ordiaes   daem plaa rop reqteunes ióinm pdueg ninadne mrensizoaluccióionn eress aarcdimtoirniais terant ivcaass oso  djeu dpicriisailóens 
preventiva  legítimamente  acordada  no  seguida  de  decisión  condenatoria.  Dichas
resoluciones han apreciado la vulneración de los derechos a la presunción de inocencia 
y a la igualdad en la ley de los recurrentes siempre que las decisiones desestimatorias 
se han sustentado en apreciar que, en los supuestos alegados, pese a haberse dictado 
decisiones no condenatorias en favor de los demandantes en el proceso penal en el que 
se acordó la prisión cautelar, los órganos judiciales del orden penal no declararon la 
inexistencia del hecho imputado, tal y como el art. 294.1 LOPJ recogía y exigía, antes de 
su  parcial  declaración  de  inconstitucionalidad,  como  requisito  para  indemnizar  la 
privación cautelar de libertad sufrida.
Los pronunciamientos estimatorios se han referido, en la mayor parte de los casos, a 
supuestos de absolución por insuficiente prueba de cargo (SSTC 125/2019, 130/2019, 
131/2019, 140/2019, 145/2019 o 147/2019, entre otras, y, más recientemente, SSTC 44 
y 45/2020). También en las SSTC 139/2019, 142/2019, 143/2019, 175/2019 y 64/2020 ha 
sido estimatoria la decisión sobre pretensiones de amparo fundadas en argumentos 
similares a la ahora formulada, aunque referidos a casos en los que la decisión de no 
condena se apoyó en la invalidez o ilicitud constitucional de las pruebas que sustentaban 
la acusación. Igual suerte estimatoria han seguido aquellos supuestos en los que para 
justificar  la  absolución  se  apreció  legítima  defensa  del  acusado  (SSTC  135/2019 
y 174/2019); y aquellos basados en la retirada de la acusación por parte del ministerio 
fiscal (SSTC 137/2019, 138/2019, 144/2019 y 151/2019). O, en fin, cuando la decisión no 
condenatoria  se  apoyó  en  defectos  de  motivación  o  de  la  estructura  fáctica  de  la 
sentencia condenatoria previa (STC 136/2019 y 141/2019).
En el caso presente, como con detalle se expone en los antecedentes, la terminación 
anticipada  del  proceso  penal  para  el  recurrente,  mediante  auto  de  sobreseimiento 
provisional de 4 de junio de 2013, se basó en la petición del Ministerio Fiscal, asumida 
por el juez instructor, según la cual «de lo actuado se desprende que los hechos 
investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes 
para  atribuir  [al  demandante]  su  perpetración»  (arts.  641.2  y  779.1  LECrim). 
Examinaremos a continuación las alegaciones del abogado del Estado y del Ministerio 
Fiscal, en cuanto abogan por la desestimación del amparo.
El abogado del Estado considera en sus alegaciones que la pretensión de amparo no 
puede ser estimada con tres argumentos: a) las decisiones que han desestimado la 
reclamación  indemnizatoria  no  han  cuestionado  la  presunción  de  inocencia  del 
demandante ni en su lenguaje ni en su razonamiento desestimatorio; b) se limitan a 
apreciar la falta de concurrencia de los supuestos de hecho que, en la regulación legal, 
permiten dar lugar a la reclamación solicitada pues no ha sido absuelto ni, en relación 
con él, se ha dictado auto de sobreseimiento libre; y c) el demandante no ha utilizado el 
cauce procesal idóneo para formular su reclamación, que es el establecido en el art. 293 
LOPJ –error judicial–, frente al más limitado establecido en el art. 294 siguiente.
Ninguno de estos argumentos puede compartirse como suficientemente justificativo 
de la petición desestimatoria. Todos ellos han sido analizados y descartados como 
suficientes en la STC 85/2019. Por referencia a lo allí expuesto, hemos de reiterar que la 
decisión sobre si se infringe la presunción de inocencia como regla de tratamiento, 
siendo esencialmente contextual, no depende solo del lenguaje empleado, sino también 
de los motivos y el razonamiento que expresa. En este caso, dado el texto de la norma 
aplicable y la interpretación jurisprudencial de la misma que se utiliza, se ha producido 
un examen de las razones en las que se basa la decisión procesal de sobreseer la causa 
para identificar en ellas la concurrencia, o no, del supuesto de hecho de la norma: la 
inexistencia del hecho imputado, reproduciendo así el esquema vetado por el art. 24.2  s
CE  que  distingue  los  casos  de  sobreseimiento  por  prueba  de  la  inocencia  y  por  oe.
aplicación de la regla de duda razonable. Como ya señalamos, la estructura del precepto  w.
aplicado obligaba a argumentar de forma incompatible con la dimensión extraprocesal  813ww
del dTearmepchooco a  llaa  spirmepsulen caipórne cdiea cinióonc ednec iqau.e por no haberse declarado la inexistencia del
hjuesctihfioc aimr pulata dod ensoe hsatim luagcaiór na  lap irnedteenmdnidizaa.c ióCn,o pmoor  noy ae stasre pñraelvaimstoos e n alal  noarnmaali,z apru edlae   BOE-A-cable e
constitucionalidad  del  inciso  aplicado  en  este  caso  para  denegar  la  indemnización, 
cuando se razona que no puede reconocerse el derecho a ser indemnizado conforme al 
art. 294 LOPJ, en la medida en que el recurrente no ha sido absuelto o no ha visto 
sobreseída su causa en razón de la inexistencia objetiva del hecho, «se introducen 
diferencias cualitativas entre los motivos de las decisiones materiales de absolución, por 
prueba de que no existió el hecho y por el resto de las razones posibles vinculadas a la 
presunción  de  inocencia,  que  siembran  dudas  sobre  la  culpabilidad  del  absuelto» 
STC 85/2019, FJ 11).
Por último, descartamos también en la STC 85/2019 (FJ 8) que la remisión al cauce 
procesal de reclamación por error judicial establecido en el art. 293 LOPJ permitiera 
justificar la denegación de la indemnización sin vulnerar la presunción de inocencia y el 
principio de igualdad en la ley. No sólo porque la finalidad de la norma no atiende a la 
reparación de un «error judicial» que, como tal, no puede ser reconocido en los casos de 
adopción legal de la medida cautelar, sino porque la vía del art. 293 LOPJ se ha revelado 
ineficaz en la práctica a la vista de la jurisprudencia reiterada de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo sobre sus requisitos en el ámbito procesal penal.
6.  Análisis de la pretensión desestimatoria del Ministerio Fiscal. Conclusión.
Al justificar una de sus propuestas alternativas de resolución, el Ministerio Fiscal 
propone la desestimación del amparo pretendido en cuanto el art. 294.1 LOPJ, una vez 
suprimidos  los  incisos  declarados  inconstitucionales,  se  refiere  únicamente  a  las 
situaciones  de  sentencia  absolutoria  y  sobreseimiento  libre  en  el  proceso  penal. 
Considera que, sin embargo, en el concreto supuesto subyacente al presente recurso de 
amparo lo que se ha producido en el procedimiento penal es un sobreseimiento de 
naturaleza provisional (art. 641.2 LECrim), de modo que el recurrente se hallaría fuera de 
los supuestos establecidos en el art. 294 LOPJ no tanto o sólo por razón de los referidos 
incisos  declarados  inconstitucionales,  sino  específicamente  por  la  naturaleza  de  la 
resolución adoptada en la causa penal, que no entraría dentro de las específicamente 
contempladas en el precepto. Para el Ministerio Fiscal, como presupuesto ineludible, «no 
cabe duda de que el sentido de la norma concernida no puede abarcar en su actual 
redacción sino situaciones de ausencia de culpabilidad definitivamente declarada por un 
órgano judicial del orden penal».
Con esta argumentación –que no ha sido utilizada como base de la desestimación en 
los procesos administrativo y judicial previos, que se refirieron siempre a la causa que 
justificaba el sobreseimiento, y no a su naturaleza no definitiva– el Ministerio Fiscal 
razona sobre si, en dichos procesos debió o no reconocerse en favor del demandante la 
responsabilidad patrimonial del Estado; y lo hace atendiendo a elementos de debate que 
no fueron utilizados en las resoluciones impugnadas. Pero esta no es una cuestión sobre 
la que nos corresponda pronunciarnos en este proceso constitucional de amparo. No 
solo porque no es su objeto determinar cuál es la correcta aplicación de la legalidad 
ordinaria en cada caso y, por tanto, si el demandante debe o no ser indemnizado, sino 
que  nos  corresponde  determinar  si  la  concreta  aplicación  de  esta  por  los  órganos 
administrativos y judiciales ha sido respetuosa con los derechos fundamentales alegados 
por  el  demandante;  sino  también  porque  un  pronunciamiento  con  la  justificación 
propuesta por el Ministerio Fiscal supondría anticipar un debate que no se ha producido 
en los procesos de los que trae causa esta pretensión de amparo.
Más limitadamente, debemos pronunciarnos sobre si por su conclusión, o por su 
razonamiento, la decisión desestimatoria de la indemnización solicitada vulneró o no los  e
derechos fundamentales alegados. Ya hemos expuesto que, en el presente caso son las  bo
razones del sobreseimiento, y no su carácter provisional, lo que, en las resoluciones  813ww
dcueensetgioancaiódna,s ,s ijnuos tifsicuó  fulan ddaemseensttaimciaócnió, nl o deq ulea  vpurelnteernas iólons  inddeermecnhizoast ofruian.d aNmoe netsa lelas 
ainletegrapdreotsa.c iAóln  hajucreisrplor,u dtaenntcoi alla  qreuseo luecxicólnu yaed mgiennisétrriactaivmae cnotem od ela  ljau diccoiaml,p uetnilsizaacrioónn  udneal 
sacrificio de la libertad personal a las absoluciones o terminaciones anticipadas del
proceso penal que tengan su origen en la insuficiencia de pruebas para condenar. Lo 
hicieron utilizando argumentos que afectan a la presunción de inocencia, cuestionando 
su vertiente extraprocesal, al distinguir para conceder la indemnización entre las razones 
que llevan a no condenar o a no seguir el procedimiento contra el sospechoso de haber 
participado en el hecho. Así fue ya apreciado, en un caso similar de sobreseimiento 
provisional, en la STEDH de 16 de febrero de 2016, (Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. 
España, § 45 a 48) que consideró que el carácter provisional del sobreseimiento no 
podía ser determinante al valorar la vulneración aducida de la presunción de inocencia.
Es dicha constatación la que, también en este caso, justifica el otorgamiento del 
amparo pretendido, que debe limitarse a reconocer el derecho del recurrente a que la 
decisión  sobre  su  solicitud  de  indemnización  se  adopte,  en  cuanto  a  sus  criterios 
rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del art. 14 CE y del art. 24.2 
CE, sin vulnerarlos. Por ello, la retroacción debe remontarse al momento anterior a 
dictarse la resolución de la secretaria de Estado de Justicia de 21 de julio de 2015, que 
denegó la indemnización y que origina la lesión de los derechos fundamentales a la 
igualdad y a la presunción de inocencia, para que, tomando en consideración todas las 
circunstancias concurrentes en el caso presente, incluido el carácter provisional del 
sobreseimiento, la administración resuelva de nuevo la cuestión planteada conforme a 
las exigencias de los arts. 14 y 24.2 CE señaladas en la STC 85/2019 y en la presente 
resolución.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don David Almansa Carrasco y, en 
consecuencia:
1.º  Declarar vulnerado el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerle en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la resolución de 
la secretaria de Estado de Justicia de fecha 21 de julio de 2015, recaída en el expediente 
núm. 368-2014; de la sentencia de 25 de mayo de 2017, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo  (Sección  Tercera)  de  la  Audiencia  Nacional,  dictada  en  el  recurso 
contencioso-administrativo núm. 355-2015, y de la providencia de 23 de mayo de 2018, 
de la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que inadmitió a trámite el 
recurso de casación núm. 4185-2017, presentado por el demandante.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la resolución de la 
secretaria de Estado de Justicia de fecha 21 de julio de 2015, recaída en el expediente 
núm. 368-2014, para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial de 
forma respetuosa con los derechos fundamentales cuya vulneración se declara.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciséis de noviembre de dos mil veinte.–Juan José González  es
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  bo
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y  813ww
rubricado.