BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 332 Martes 22 de diciembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 118578
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
16818 Sala Primera. Sentencia 171/2020, de 16 de noviembre de 2020. Cuestión de 
inconstitucionalidad 168-2020. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo  núm.  9  de  Madrid  respecto  del  apartado  segundo  de  la 
disposición  transitoria  primera  de  la  Ley  1/2018,  de  22  de  febrero,  de 
coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid. Competencias 
sobre  función  pública  y  seguridad  pública:  nulidad  del  precepto  legal 
autonómico relativo a la promoción de miembros de los cuerpos de policía 
local (STC 175/2011).
ECLI:ES:TC:2020:171
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente, los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón; y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 168-2020, promovida por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Madrid respecto de la disposición transitoria 
primera, apartado 2, de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de coordinación de policías 
locales de la Comunidad de Madrid, por la posible vulneración mediata del art. 149.1.18 
CE (bases del régimen estatutario de la función pública) derivada del incumplimiento de 
una previsión estatal (disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de medidas para la reforma de la función pública, introducida por el art. 61 de la 
Ley 42/1994, de 30 de diciembre) dictada al amparo de este título competencial. Han 
comparecido la fiscal general del Estado, el abogado del Estado y el letrado de la 
Comunidad de Madrid. Ha sido ponente el magistrado don Andrés Ollero Tassara.
I. Antecedentes
1.  Con fecha 9 de enero de 2020 tuvo entrada en el registro de este tribunal un 
oficio  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  núm.  9  de  Madrid,  al  que  se 
acompañaba, junto al testimonio del procedimiento abreviado núm. 184-2019 D, el auto 
del mismo día, por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en 
relación con la disposición transitoria primera, apartado 2, de la Ley 1/2018, de 22 de 
febrero, de coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid, por posible 
vulneración mediata del art. 149.1.18 CE (bases del régimen estatutario de la función 
pública)  derivada  del  incumplimiento  de  una  previsión  estatal  (disposición  adicional  s
vigésimo segunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la  oe.
aful nacmiópna proú bdleic eas, tien ttríotudluoc cidoam ppoert eenl caiartl.. 61 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre) dictada  2020-16818n https://www.
La disposición transitoria primera de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018 cuyo 
apartado 2 se cuestiona lleva la rúbrica «Integración en subgrupos de clasificación 
profesional»; establece lo siguiente:
«1.  Los miembros de los cuerpos de policía local que a la entrada en vigor de la 
presente  Ley  ocupen  plazas  correspondientes  a  las  categorías  clasificadas  en  los 
subgrupos de clasificación profesional en el artículo 33 y tuviesen la titulación académica 
correspondiente, quedarán directamente integrados en las correspondientes categorías 
de dichos subgrupos de clasificación.
2.  Los miembros de dichos cuerpos que a la entrada en vigor de esta Ley ocupen 
plazas correspondientes a las categorías clasificadas en los subgrupos de titulación 
establecidos en el artículo 33, y no tuviesen la correspondiente titulación académica, 
permanecerán en su subgrupo de clasificación de origen como situación "a extinguir". No 
obstante,  ostentarán  la  denominación  de  las  nuevas  categorías  establecidas  en  la 
presente Ley, y contarán con igual rango jerárquico y ejercerán las mismas funciones 
operativas que los funcionarios integrados en los nuevos subgrupos de clasificación 
profesional.
Todo ello sin perjuicio de que quienes obtuvieran con posterioridad las titulaciones 
correspondientes, se integrarán en los subgrupos de clasificación conforme lo previsto 
en el apartado 1 de la presente disposición.»
La  previsión  estatal  cuyo  incumplimiento  supondría  la  vulneración  mediata  del 
art.  149.1.18  CE  es  la  disposición  adicional  vigésimo  segunda  de  la  Ley  30/1984, 
introducida por el art. 61 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, que establece lo 
siguiente:
«El acceso a cuerpos o escalas del grupo C podrá llevarse a cabo a través de la 
promoción interna desde cuerpos o escalas del grupo D del área de actividad o funcional 
correspondiente, cuando estas existan, y se efectuará por el sistema de concurso-
oposición, con valoración en la fase de concurso de los méritos relacionados con la 
carrera y los puestos desempeñados, el nivel de formación y la antigüedad.
A estos efectos se requerirá la titulación establecida en el artículo 25 de esta Ley o 
una antigüedad de diez años en un cuerpo o escala del grupo D, o de cinco años y la 
superación  de  un  curso  específico  de  formación  al  que  se  accederá  por  criterios 
objetivos.
La presente disposición tiene el carácter de base del régimen estatutario de los 
funcionarios públicos, dictada al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución.»
2.  Los antecedentes de hecho de la presente cuestión de inconstitucionalidad son, 
sucintamente expuestos, los siguientes:
a)  Don  J.J.C.U.  forma  parte  del  cuerpo  de  policía  local  del  Ayuntamiento  de 
Majadahonda. Solicitó su integración en el subgrupo de clasificación profesional C1. 
Mediante resolución de 29 de enero de 2019, el Pleno de la corporación desestimó la 
solicitud por carecer de la titulación necesaria, declarando su situación «a extinguir», 
todo ello de acuerdo con la disposición transitoria primera, apartado 2, de la Ley 1/2018, 
de 22 de febrero, de coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid.
b)  Don  J.J.C.U.  interpuso  recurso  contencioso-administrativo  contra  la 
desestimación de la solicitud de reclasificación. Razonó en su escrito que la ilegalidad de 
la resolución denegatoria deriva del vicio de inconstitucionalidad que afecta a la previsión  e.e
legal aplicada. La disposición transitoria primera, apartado 2, de la Ley de la Asamblea  b
de Madrid 1/2018 vulneraría su derecho fundamental a la promoción en la carrera  818ww
epsrotafetustioon baál sriceoc odneolc eidmop leena dloo sp úabrtlsic.o 2, 3a sCí cEo my o1, 4m cá)s  deeslp etecxíftioc armefeunntdei,d eon  dlae  dlais pLoesyi cidóenl 
aredfiocriomnaa ld vei glae sfimunocsióeng upnúdbal icdae.  Dlae  Laecyu e3r0d/o1 9c8o4n,  deest a2  údlteim aag opsretov,i sdióen ,m aeddoidpatasd ap acroam lao 
básica ex art. 149.1.18 CE (bases del régimen estatutario de los funcionarios), resulta
obligada la promoción interna desde el grupo D (hoy, subgrupo C2) al grupo C (hoy, 
subgrupo C1), aunque no se disponga de la titulación necesaria; basta una antigüedad 
de diez años, o de cinco más la superación de un curso de formación. La previsión 
autonómica que da cobertura a la resolución administrativa impugnada habría pues 
vulnerado el art. 149.1.18 CE al incumplir lo establecido en esta legislación básica. Así lo 
consideró  el  Tribunal  Constitucional  al  examinar  un  supuesto  idéntico  al  presente 
(STC 200/2015, de 24 de septiembre). Razón por la cual el recurrente solicita al juzgado 
el  planteamiento  de  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  respecto  de  la  disposición 
transitoria primera de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018.
c)  Admitido  a  trámite  el  recurso  y  celebrada  la  vista  por  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo  número  9  de  Madrid,  el  recurrente  reiteró  las 
consideraciones efectuadas sobre el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad 
y  el  ayuntamiento  demandado  apoyó  la  petición  por  considerar  igualmente  que  la 
previsión autonómica aplicada era contraria a la legislación básica estatal.
d)  Mediante providencia de 4 de diciembre de 2019, el juzgado abrió un trámite de 
audiencia para que las partes y el Ministerio Fiscal alegasen sobre la conveniencia de 
plantear  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  de  acuerdo  con  el  art.  35.2  de  la  Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). La providencia destaca, en primer término, 
que las dos partes están de acuerdo en considerar que el precepto legal aplicado –la 
disposición transitoria primera de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018– es contrario 
al art. 149.1.18 CE, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del 
régimen estatutario de los funcionarios públicos. A su vez, la providencia hace suya esta 
duda de constitucionalidad, razonándola ampliamente con cita de la STC 200/2015. 
Identifica claramente la legislación básica cuyo incumplimiento habría dado lugar a la 
invasión de la indicada competencia estatal: disposición adicional vigésimo segunda de 
la  Ley  30/1984,  sobre  promoción  interna  del  grupo  D  al  C,  introducida  por  la 
Ley 42/1994. En fin, precisa igualmente que es claro que la sentencia que se dicte en 
este recurso contencioso-administrativo dependerá de la respuesta que proporcione el 
Tribunal Constitucional. Si este declara que el precepto es inconstitucional, aquella 
resolverá de forma favorable al recurrente; en caso contrario, el fallo de la sentencia 
habría de ser desestimatorio.
e)  Mediante escrito de 18 de diciembre de 2019, el fiscal apoyó el planteamiento de 
la  cuestión,  por  cumplir  los  requisitos  que  establece  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional.
f)  Mediante escrito de 18 de diciembre de 2019, el Ayuntamiento de Majadahonda 
apoyó igualmente el planteamiento de la cuestión, por considerar que la disposición 
transitoria  primera  de  la  Ley  de  la  Asamblea  de  Madrid  1/2018  pudiera  resultar 
inconstitucional por contradecir el art. 23 CE y la legislación básica estatal adoptada al 
amparo del art. 149.1.18 CE.
3.  El auto de planteamiento de la presente cuestión reproduce la providencia de 
audiencia, donde el órgano judicial ya razonó ampliamente el juicio de aplicabilidad y 
relevancia,  así  como  los  motivos  por  los  que  la  disposición  transitoria  primera, 
apartado 2, de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018 infringiría un precepto básico ex 
art.  149.1.18  CE  (disposición  adicional  vigésima  segunda  de  la  Ley  30/1984).  Los 
razonamientos jurídicos del auto insisten en la argumentación allí expuesta. La previsión 
cuestionada no permitiría la promoción interna sin titulación en contra de lo dispuesto en 
la legislación básica estatal. Tras referirse a la doctrina constitucional sobre el alcance de 
las bases del régimen de los funcionarios públicos (SSTC 76/1983, de 5 de agosto,  e.
y 37/2002, de 14 de febrero), trae a colación específicamente la relativa a los requisitos  w.b
de titulación (SSTC 388/1993, de 23 de diciembre; 113/2010, de 24 de noviembre;  818ww
1d7e5 /1230 11d,e d ee n8e dreo )n, ocveienmtrbárned;o 2s/e2 01e2n,  dlae  1S3T dCe  e2n0e0r/o2;0 31/52,0 1q2u, ed ee 1n3ju diceió e nuenrao , yp r4e/v2i0s1ió2n, 
caoumtounnóimdaicda  aauntóánloogmaa  as e lah ac cuoemstpiornoamdeat.id oE nc ofnin l,a  eAl dmauintois trdaecjaió nc oGnesntaenracli ad edl eE sqtaudeo  laa 
modificar la previsión cuestionada, pero que por el momento ello no ha tenido lugar.
4.  Por providencia de 25 de febrero de 2020, el Pleno, a propuesta de la Sección 
Segunda, acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad; deferir a la Sala 
Primera el conocimiento de la cuestión, conforme al art. 10.1 c) LOTC; dar traslado de 
las actuaciones recibidas al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, al fiscal 
general del Estado, a la Asamblea de Madrid y al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para que en el plazo de quince días pudieran personarse en el procedimiento y formular 
las alegaciones que estimasen convenientes, de acuerdo con lo establecido por el 
art. 37.3 LOTC; comunicar esa resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 9 de Madrid a fin de que, de conformidad con el art. 35.3 LOTC, permaneciese 
suspendido  el  proceso  hasta  la  resolución  de  la  presente  cuestión;  y  publicar  su 
incoación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid».
5.  Mediante  sendos  escritos  registrados  el  día  12  de  marzo  de  2020,  los 
presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados comunicaron los acuerdos 
adoptados por las mesas de las respectivas Cámaras de personación en el presente 
proceso constitucional y ofrecimiento de colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
6.  Mediante escrito registrado el 10 de junio de 2020, la fiscal general del Estado 
solicita la estimación de la cuestión de inconstitucionalidad. La previsión impugnada 
sería análoga a otra de las Cortes de Aragón (disposición transitoria segunda de la Ley 
aragonesa  8/2013),  declarada  inconstitucional  y  nula  por  el  mismo  vicio  de 
inconstitucionalidad que plantea ahora el órgano judicial (STC 200/2015). Desconocería 
una previsión básica relativa a los requisitos de titulación en materia de promoción 
interna  (disposición  transitoria  vigesimosegunda  de  la  Ley  30/1984)  adoptada 
válidamente  al  amparo  del  art.  149.1.18  CE  (bases  del  régimen  estatutario  de  los 
funcionarios); establece una dispensa de titulación que ha de entenderse referida al 
acceso desde el subgrupo C2 al subgrupo C1. Al disponer que quedan en situación «a 
extinguir»  los  miembros  de  los  cuerpos  de  policía  local  que  ocupen  plazas 
correspondientes  a  las  categorías  clasificadas  en  los  subgrupos  de  clasificación 
profesional  que  no  cuenten  con  la  titulación  correspondiente  para  acceder  a  una 
categoría superior incumple aquella dispensa de titulación, sin que la contradicción 
pueda salvarse por vía interpretativa.
7.  Mediante escrito registrado el 22 de junio de 2020, el letrado de la Comunidad de 
Madrid,  en  la  representación  que  legalmente  ostenta,  se  persona  en  el  presente 
procedimiento y pone en conocimiento de este tribunal: (i) la existencia de un acuerdo de 
la comisión bilateral de cooperación entre la administración general del Estado y la 
Comunidad de Madrid para la modificación de la disposición cuestionada; y (ii) que por 
razones ajenas al ámbito y competencia de la administración de la Comunidad de 
Madrid,  no  ha  continuado  la  tramitación  parlamentaria  de  la  propuesta  de  ley  que 
articulaba la reforma pactada.
8.  Mediante escrito registrado el 24 de junio de 2020, el abogado del Estado, en la 
representación que legalmente ostenta, pone de relieve que la Comunidad de Madrid no 
ha  actuado  en  el  sentido  comprometido  en  el  acuerdo  de  la  comisión  bilateral  de 
cooperación  antes  citado  y  que  ello  obliga  a  solicitar  la  declaración  de 
inconstitucionalidad de la norma cuestionada. Su comparación con la legislación básica 
permite comprobar con facilidad una contradicción insalvable; la norma autonómica no 
permite la promoción interna si el funcionario no dispone de la titulación, mientras que la  e.
ley estatal la permite si lleva determinados años prestando servicios. w.
vota9c.i ónP doer  lpar porveidseenncteia s ednet e1n2c iad ee l ndoíav ie1m6 bdreel  mdies m2o0 2m0e, ss ye  asñeoñ.aló para deliberación y
II. Fundamentos jurídicos
1.  El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Madrid plantea cuestión 
de inconstitucionalidad en relación con la disposición transitoria primera, apartado 2, de 
la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de coordinación de policías locales de la Comunidad de 
Madrid,  por  posible  vulneración  mediata  del  art.  149.1.18  CE  (bases  del  régimen 
estatutario de los funcionarios). Derivaría del incumplimiento de una previsión estatal 
(disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas 
para la reforma de la función pública, introducida por el art. 61 de la Ley 42/1994, de 30 
de  diciembre)  dictada  al  amparo  de  este  título  competencial.  Tanto  la  disposición 
cuestionada  como  la  esgrimida  como  parámetro  de  contraste  están  íntegramente 
reproducidas en los antecedentes.
La fiscal general del Estado y el abogado del Estado solicitan la estimación de la 
cuestión. Ha intervenido igualmente sin oponerse a ella la representación procesal del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid.
2.  La Ley 1/2018 de la Comunidad de Madrid establece las escalas y categorías de 
los cuerpos de policía local (art. 33.1). La escala técnica comprende las categorías de 
comisario principal, comisario e intendente (clasificadas las dos primeras en el subgrupo 
A1).  La  escala  ejecutiva  comprende  las  categorías  de  inspector  y  subinspector 
(clasificadas en el subgrupo A2). La escala básica comprende las categorías de oficial y 
policía (clasificadas en el subgrupo C1).
La Ley precisa que «el acceso para cada una de las escalas exigirá estar en 
posesión de la titulación requerida para los subgrupos correspondientes por la vigente 
legislación sobre función pública» (art. 33.2). En consonancia con este criterio, quienes a 
la entrada en vigor de la Ley ocupen plazas correspondientes a cualquiera de las 
categorías indicadas, quedarán directamente integrados en ella si tuviesen la titulación 
académica correspondiente (disposición transitoria primera, apartado 1). Conforme a la 
previsión cuestionada (disposición transitoria primera, apartado 2), si «no tuviesen la 
correspondiente titulación académica, permanecerán en su subgrupo de clasificación de 
origen como situación "a extinguir"». La promoción interna queda así condicionada a que 
el aspirante obtenga la titulación académica correspondiente, sin que, en consecuencia, 
puedan tomarse en cuenta los años de experiencia o los cursos de formación.
Esta  regulación  se  ajusta  perfectamente  a  la  regla  general  establecida  por  el 
legislador básico (art. 149.1.18 CE) en desarrollo de los principios de mérito, capacidad e 
igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos (arts. 23.2 y 103.3 CE), que es la 
titulación como condición de acceso a escalas o categorías superiores y la correlativa 
prohibición de que las comunidades autónomas dispensen esta exigencia, según hemos 
podido apreciar en múltiples ocasiones: «la "titulación" se erige en requisito esencial de 
la "promoción interna" (ex art. 92 LBRL), elemento este del "régimen estatutario de los 
funcionarios públicos"» (SSTC 175/2011, de 8 de noviembre, FJ 5; 2/2012, de 13 de 
enero, FJ 3; 3/2012, de 13 de enero, FJ 4; 4/2012, de 13 de enero, FJ 5; 33/2013, de 11 
de febrero, FJ 5, y 189/2014, de 17 de noviembre, FJ 3); «la consideración de los títulos 
académicos exigidos para el acceso como criterio taxonómico para clasificar los cuerpos, 
escalas, clases y categorías de funcionarios y el mandato de la exigencia de que la 
promoción  interna  del  personal,  derecho  individual  de  los  funcionarios,  se  haga 
atendiendo a los requisitos exigidos para acceder a la función pública y, por consiguiente, 
respetando la exigencia de la titulación precisa para el ingreso en el grupo al que 
intentan ascender […] se relaciona con los principios constitucionales de igualdad, mérito  e
y capacidad, informadores de nuestro sistema de función pública» (STC 154/2017, de 21  bo
de diciembre, FJ 8); una dispensa de titulación puede implicar el «desconocimiento de  818ww
lnoosr mprainticviap ioims pdueg nmaédrait,o  qyu ec a"pmaecindoasdc apbreav ilsat ocsa ppaacraid aedl  accocmesoo  rae qlau isfuitnoc iaóbns oplúubtoli cpaa eran  elal 
ddee sceommppeañroa cdieó nc ayd par peufeersetnoc diae  ptraarbaa ejol  caocncecrseot oo y n noimegbar aeml mienétroit"o» c (oSmToC e 1le5m4/e2n0t1o7 r,e FlaJti v8o, 
citando la STC 388/1993, de 23 de diciembre, FJ 2).
Ahora bien, de acuerdo con el órgano judicial, la fiscal general del Estado y el 
abogado del Estado, la exigencia de titulación, taxativa y sin excepciones, que establece 
la  disposición  cuestionada  es  incompatible  con  una  concreta  previsión  estatal 
válidamente  establecida  como  legislación  básica  en  materia  de  función  pública  ex 
art.  149.1.18  CE.  Se  trata  de  la  disposición  adicional  vigésimo  segunda  de  la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, que, a 
modo de excepción, establece una dispensa de titulación para la promoción interna 
desde «cuerpos o escalas del grupo D» a «cuerpos o escalas del grupo C». En este 
concreto caso basta que el funcionario cuente con una antigüedad determinada (diez 
años o cinco años con superación de un curso específico de formación). Teniendo en 
cuenta el sistema de equivalencias entre los antiguos y nuevos grupos de clasificación, 
este régimen ha de entenderse hoy referido al acceso desde el subgrupo C2 al subgrupo 
C1 (art. 76 y disposición transitoria tercera, apartado 2, del texto refundido de la Ley del 
estatuto básico del empleo público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre).
La STC 200/2015, de 24 de septiembre, FJ 4, resolvió un caso análogo en relación 
con la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de coordinación de las policías locales de 
Aragón. Tras declarar el carácter básico ex art. 149.1.18 CE de la disposición adicional 
vigésimo segunda de la Ley 30/1984, apreció que era efectivamente incompatible con 
ella la exigencia de titulación para la promoción al subgrupo C1 contenida en la previsión 
autonómica cuestionada: «Al exigir en todo caso la titulación correspondiente para la 
integración de los auxiliares en la categoría de policía, no cabe conciliar lo dispuesto en 
los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria cuestionada con la norma básica, toda 
vez que la primera es taxativa al disponer que los auxiliares de policía sin titulación 
quedan en situación de "a extinguir", sin contemplar la posibilidad de promoción interna, 
siempre que cumplan las condiciones establecidas por la disposición adicional vigésimo 
segunda  de  la  Ley  30/1984  (antigüedad  y  formación  y  superación  de  un  proceso 
selectivo consistente en un concurso-oposición). Los funcionarios afectados ven así 
cercenado su derecho a la progresión en la carrera profesional y a la promoción interna».
La exigencia taxativa de titulación prevista por la disposición transitoria primera, 
apartado 2, de la Ley 1/2018 de la Comunidad de Madrid impide también en este caso el 
acceso al subgrupo C1 basado en otros elementos (antigüedad, cursos de formación), 
efectivamente  garantizado  a  los  funcionarios  en  la  disposición  adicional  vigésimo 
segunda de la Ley 30/1984. Para ilustrarlo basta tomar en consideración el asunto 
enjuiciado  en  el  proceso  a  quo:  un  funcionario  del  cuerpo  de  policía  local  del 
Ayuntamiento  de  Majadahonda  vio  desestimada  su  solicitud  de  integración  en  el 
subgrupo C1 por carecer de la titulación necesaria, requisito indispensable de acuerdo 
con  la  previsión  aquí  cuestionada.  En  suma,  la  norma  controvertida  entra  en  una 
contradicción efectiva e insalvable por vía interpretativa con la norma básica específica, 
contenida en la disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 30/1984, invadiendo 
así  la  competencia  estatal  para  adoptar  las  bases  del  régimen  estatutario  de  los 
funcionarios (art. 149.1.18 CE).
Hay que notar que la dispensa de titulación garantizada por la disposición adicional 
vigésimo segunda de la Ley 30/1984 es una regla muy excepcional aplicable únicamente 
al acceso al grupo C (actual subgrupo C1) desde el grupo D (actual subgrupo C2). El 
ámbito de aplicación de la exigencia de titulación que establece la disposición transitoria 
primera, apartado 2, de la Ley 1/2018 de la Comunidad de Madrid es más amplio. A 
diferencia  de  la  previsión  aragonesa  que  enjuició  la  STC  200/2015,  exclusivamente  s
referida al acceso de los auxiliares de policía a la categoría de «policía», la disposición  oe.
madrileña se aplica a todas las escalas y categorías de los cuerpos de policía local. Por lo  w.
tanto, la contradicción efectiva e insalvable con la legislación básica se produce solo en  818ww
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interna dentro de los cuerpos de policía local. Según se ha dicho, tal legislación establece 
la titulación como requisito indispensable con carácter general para promocionar a un 
subgrupo de clasificación superior en consonancia con los principios de mérito, capacidad 
e igualdad en el acceso a los cargos públicos (arts. 23.2 y 103.3 CE).
Consecuentemente,  procede  declarar  la  inconstitucionalidad  y  nulidad  de  la 
disposición transitoria primera, apartado segundo, de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de 
coordinación  de  policías  locales  de  la  Comunidad  de  Madrid,  únicamente  en  su 
aplicación  a  la  integración  de  los  miembros  de  los  cuerpos  de  policía  local  en  el 
subgrupo C1 de clasificación.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  168-2020  y,  en  consecuencia, 
declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición transitoria primera, apartado 2, 
de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de coordinación de policías locales de la Comunidad 
de Madrid, únicamente en su aplicación a la integración de los miembros de los cuerpos 
de policía local en el subgrupo C1 de clasificación.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciséis de noviembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.