BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 243 Lunes 11 de octubre de 2021 Sec. I.   Pág. 123579
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
16411 Ley 5/2021, de 14 de septiembre, del Tercer Sector Social en Castilla y León 
y de modificación de la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en 
Castilla y León.
Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y 
yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del 
Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Unión Europea ha establecido como objetivo de las acciones y políticas en el 
ámbito social de la Unión y de sus Estados miembros la mejora de las condiciones de 
vida de su ciudadanía, su adecuada protección social y la lucha contra las exclusiones, 
bajo el estímulo de los derechos sociales fundamentales recogidos en la Carta Social 
Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y en la Recomendación (UE) 2017/761 de 
la Comisión de 26 de abril de 2017, sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales, 
destacando los principios de participación en el diseño de las políticas, interlocución y 
diálogo civil; participación en el desarrollo de los servicios; desarrollo y consolidación, y 
conocimiento, ordenación y registro.
Además, este Pilar Europeo de Derechos Sociales recoge principios de relevancia 
para el Tercer Sector Social, entre otros, los de protección social; renta mínima; inclusión 
de las personas con discapacidad; cuidados de larga duración; o la vivienda y asistencia 
para las personas sin hogar.
A su vez, se debe mencionar el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, en 
concreto su artículo 11; el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 15, y 
el Libro Blanco de la Gobernanza Europea, en donde se presenta una base consistente 
sobre la que fundamentar, de manera amplia, el diálogo, la gobernanza y la participación 
de la iniciativa social en los asuntos públicos.
La Constitución Española, en su artículo 9.2, atribuye a los poderes públicos la 
responsabilidad de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Asimismo, en el ámbito estatal se debe tener presente la regulación establecida por 
la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, cuyo objeto es 
establecer el régimen jurídico de este tipo de entidades, reforzar su capacidad como 
interlocutoras  ante  la  Administración  General  del  Estado,  respecto  de  las  políticas 
públicas sociales y definir las medidas de fomento que los poderes públicos podrán 
adoptar en su beneficio.
En el ámbito autonómico cabe traer a colación como el Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León en su artículo 16.24 recoge entre los principios rectores de las políticas  e.
públicas  el  fortalecimiento  de  la  sociedad  civil  y  el  fomento  del  asociacionismo,  el  w.b
voluntariado y la participación social, en el marco de lo dispuesto en el artículo 148.1.1.ª  411ww
Pmoart esruia  pdaert ea seils taerntícciual os o7c0i.a1l.,1 0se.ºr vaictriiobsu yseo cai alale sC oym duensidaarrdo llloa  ccoommpuentietanrcioia;  perxocmluoscivióan e ny 
iantseenrcciióónn  as olacsia lf adme ililaoss,  clao leincftaivnocsia a, fleac tjaudveons tupdo ry  lalo sd ismcaaypoarceidsa; dp,r elav ednecpióenn, daetnecniaci óon  lea 
exclusión social, y protección y tutela de menores, de conformidad con lo previsto en 
el 148.1.20.º de la Constitución Española.
En  desarrollo  de  esta  competencia,  cabe  señalar  como  la  Ley  16/2010,  de  20 
diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, dedica su título VIII a la participación 
de entidades privadas en los servicios sociales, reconociendo, en su artículo 86, el 
derecho a la iniciativa privada a través de entidades con y sin ánimo de lucro, a participar 
en los Servicios Sociales mediante la creación de centros y servicios y la gestión de 
programas y prestaciones de esta naturaleza. Igualmente, establece en su artículo 98 el 
apoyo prioritario de las Administraciones públicas de Castilla y León a la colaboración 
complementaria del voluntariado en el ámbito de los servicios sociales.
II
La regulación del Tercer Sector en Castilla y León viene motivada, tanto en la citada 
Ley 16/2010, de Servicios Sociales de Castilla y León, como en la Ley 4/2018, de 2 de 
julio, de ordenación y funcionamiento de la Red de protección e inclusión a personas y 
familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León, 
considerándose  su  régimen  jurídico  estrechamente  unido  y  complementario  de  la 
regulación prevista en la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla y 
León. De igual modo, teniendo en cuenta que el carácter social de estas entidades 
puede extrapolarse más allá del ámbito de los servicios sociales, se tendrá en cuenta 
también el resto de normativa de otros ámbitos que se tenga en consideración. Esta 
clara interconexión entre los ámbitos subjetivos y objetivos del Tercer Sector Social y el 
voluntariado  motiva  la  oportunidad  de  adecuar  y  acompasar  ambas  regulaciones 
mediante la presente ley, modificándose, a tal efecto, la normativa sobre voluntariado, 
actualizándola, tras la nueva regulación básica operada por la ley y adaptándola, a su 
vez, a las nuevas demandas sociales, para cuya cobertura, deberá existir la debida 
coordinación  que  evite  solapamientos  en  su  actuación  entre  el  voluntariado  y  las 
entidades del Tercer Sector Social en nuestra Comunidad.
Es necesario destacar el especial papel que juegan las entidades del Tercer Sector 
Social  en  el  desarrollo  de  los  servicios  a  las  personas,  especialmente  a  las  más 
vulnerables. Y, en consecuencia, la estrecha cooperación que debe darse entre las 
Administraciones públicas y el Tercer Sector, y la opción preferencial por este, cuando se 
trata de desarrollar servicios a las personas, constituyéndose la nueva concertación 
social como el instrumento jurídico por excelencia dentro de las fórmulas idóneas de 
colaboración con las entidades privadas sin ánimo de lucro que conforman el Tercer 
Sector Social bajo principios rectores que garantizan la estabilidad, calidad y continuidad 
en los servicios públicos.
Resulta asimismo necesario destacar su relevancia en el ámbito económico, que en 
muchas ocasiones genera retorno económico, siendo sus entidades intensivas en la 
creación de empleo, en el desarrollo de capital social relacional y humano, contribuyendo 
a  la  activación  de  las  personas  y  generando,  además,  alternativas  de  empleo  y 
acompañamiento en procesos de inserción laboral de personas en situación o riesgo de 
exclusión social, en especial, en el ámbito de las personas con discapacidad.
Es  igualmente  importante  reconocer  el  valor  para  la  inclusión  social  de  las 
interacciones entre las personas, las familias y otros agentes de socialización y apoyo 
informal, las organizaciones de iniciativa social, el sector público y las empresas. Con 
ello se muestra una concepción del Tercer Sector Social no como un sector aislado, sino  s
integrado y en constante relación con el resto de la sociedad. e.
En tal sentido, se debe remarcar que la inclusión social es, además del resultado del  w.
ejercicio efectivo de los derechos, un bien relacional, fruto de interacciones múltiples  411ww
eonrgtraen ilzaasc ipoenresso ndaes ,i nlaicsia ftaivma ilisaosc iya l,o terol ss eacgtoern tpeúsb dliceo s oy cliaasliz eamciópnre sya asp. oFyoor tainlefocremr ael,s tlaoss 
cuatro grandes sectores de la sociedad y maximizar la colaboración entre ellos, desde el
rol propio de cada uno, constituye un objetivo necesario para avanzar en la igualdad de 
oportunidades y la inclusión social.
Además de lo que antecede, la necesidad de impulsar la presente norma viene 
justificada por la importante presencia de estas entidades en Castilla y León, existiendo 
más  de  3.000  entidades  que  forman  el  Tercer  Sector  de  Castilla  y  León,  con  un 
importante número de intervenciones sociales en la Comunidad. Esta realidad, unida a la 
dispersión  territorial,  la  existencia  de  núcleos  de  población  muy  pequeños  y  un 
envejecimiento  elevado,  ha  dado  un  mayor  protagonismo  a  estas  entidades  que 
presentan un importante arraigo e implantación en el territorio, lo que las configura como 
entidades idóneas, por su mayor cercanía y relación con los ciudadanos, para detectar y 
dar cobertura a determinadas situaciones de mayor vulnerabilidad social.
Con  la  presente  regulación  se  pretende,  entre  otros  extremos,  dar  cobertura  a 
determinadas  necesidades,  como  la  de  reforzar  la  colaboración  entre  las 
Administraciones públicas y Tercer Sector Social, en el diseño de las políticas sociales 
para responder a los desafíos de una sociedad global. Del mismo modo, la necesidad de 
articular y consolidar espacios de cooperación y coordinación entre distintas ramas de la 
protección social (sanitaria, educativa, empleo y vivienda) con la implicación del Tercer 
Sector. Igualmente, la necesidad de avanzar hacia nuevas formas de relación con la 
sociedad civil que permitan promover un modelo de Administración abierta en la que las 
entidades del Tercer Sector tienen mayor implicación y protagonismo en lo público desde 
la  perspectiva  del  servicio  a  las  personas.  Asimismo,  la  necesidad  de  apoyar  el 
fortalecimiento del Tercer Sector teniendo en cuenta que es un actor clave en la provisión 
del bienestar, especialmente en el caso de las personas vulnerables, y finalmente la 
necesidad de contribuir a fortalecer la propia estructuración del Tercer Sector mediante el 
apoyo a las redes de organizaciones.
Todo ello resulta, además, acorde con lo previsto en la Agenda 2030, sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada por la ONU, toda vez que en ella se 
reconoce a los derechos sociales como principio de acción en el seno de la citada 
organización y que debe inspirar la acción de las Administraciones públicas.
De este modo, la realidad del Tercer Sector Social en Castilla y León ha supuesto de 
hecho  la  aparición  del  diálogo  civil  como  espacio  institucionalmente  reconocido  de 
participación social y democrática, facilitando la posibilidad de que las personas, grupos, 
colectivos o comunidades con presencia en la intervención social tengan derecho a 
participar en todas las fases referidas a las políticas públicas que les conciernen con los 
límites que establezca la ley.
Así  dentro  del  Tercer  Sector  y  la  participación  que  supone  el  diálogo  civil,  el 
voluntariado se ha configurado en sí mismo como una forma de participación social de 
los ciudadanos y por lo tanto está dentro del ámbito de la promoción que tienen que 
realizar los poderes públicos, para que la libertad e igualdad de los individuos y de los 
grupos remuevan los obstáculos que limitan indebidamente la participación de todos los 
castellanos y leoneses en la vida política, económica, cultural y social.
Las entidades del Tercer Sector Social combinan a la perfección la respuesta a las 
necesidades,  cooperando  con  las  Administraciones  públicas,  con  su  capacidad  de 
análisis crítico, denuncia y planteamiento de alternativas que suponen una contribución 
fundamental tanto a las personas, colectivos o grupos a los que prestan servicios como 
al conjunto de la sociedad castellano y leonesa, en cuanto son expresión de solidaridad, 
ayuda, participación y cohesión social, impulsando desde su ámbito de actuación la 
aplicación de políticas públicas. Asimismo, se debe reconocer como en la evolución del  s
voluntariado en la Comunidad han tenido especial importancia las diversas entidades y  oe.
plataformas de voluntariado que, como en el caso de Cruz Roja y Cáritas y las más  w.
de 300 entidades que existen en la Comunidad, han liderado una opción de desarrollo y  411ww
sporocmieodcaidó nd ed eC ausnt ivllao luy nLteaórina.do de calidad, comprometido con el desarrollo solidario de la
III
La presente ley se estructura en un capítulo preliminar, seguido de cuatro capítulos, 
con veinte artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y ocho 
disposiciones finales.
El capítulo preliminar se dedica a las disposiciones generales, donde se define objeto 
y finalidad, y las entidades del Tercer Sector Social. El objeto se centra en regular el 
modelo relacional y de participación del Tercer Sector Social en Castilla y León.
En el marco de la normativa básica estatal, se definen como entidades del Tercer 
Sector Social aquellas organizaciones, fundaciones, federaciones o asociaciones que las 
integren, entre otras fórmulas jurídicas, de carácter privado, surgidas de la iniciativa 
social,  formalmente  constituidas  y  dotadas  de  personalidad  jurídica  propia  que 
responden a criterios de solidaridad y de participación social, ausencia de ánimo de 
lucro, que persiguen el bien común, impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los 
derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de las 
personas, grupos, colectivos o comunidades que sufren condiciones de vulnerabilidad, 
en nuestra Comunidad.
Se delimitan las características de las entidades del Tercer Sector Social y se regula 
la creación de un censo de este tipo de organizaciones en nuestra Comunidad, que, por 
su estrecha vinculación con el voluntariado, debe estar debidamente coordinado con el 
Registro Regional de Entidades de Voluntariado de Castilla y León.
Este capítulo enumera los principios que informan y deben cumplir las entidades del 
Tercer Sector Social en Castilla y León, destacando tanto los propios de la participación 
social y democrática como la transparencia, la igualdad, el empoderamiento de los 
destinatarios de su actividad, la igualdad y la colaboración y trabajo en red entre sí y con 
las Administraciones públicas.
El capítulo I se dedica a la intervención del Tercer Sector Social en Castilla y León.
Se establece la finalidad de la intervención del Tercer Sector Social en promover la 
inclusión social, el reconocimiento de los derechos de toda la población y su ejercicio 
efectivo por las personas, colectivos o grupos que estén en situaciones de vulnerabilidad 
o exclusión o en peligro de estarlo. La finalidad última de la intervención social supone 
lograr una sociedad más justa, solidaria, igualitaria, participativa y democrática.
Se  recogen  las  actividades  a  desarrollar  para  alcanzar  la  finalidad  buscada 
abarcando desde la sensibilización a la promoción de la educación en valores y el 
fomento de la participación social.
Se establecen los criterios que se deben aplicar en la ejecución de las intervenciones 
que realicen este entidades, con una especial mención al trabajo desarrollado en la Red 
de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad 
social o económica en Castilla y León, la coordinación con el Sistema de Servicios 
Sociales  de  responsabilidad  pública  y  el  papel  esencial  en  el  trabajo  en  red  del 
profesional de referencia de los equipos de acción social básica de los Centros de 
Acción Social (CEAS).
Dentro de este capítulo se enumeran las distintas fórmulas de colaboración de las 
entidades del Tercer Sector Social destacándose la importancia de la acción concertada 
como instrumento más adecuado para la intervención social de este tipo de entidades.
En el capítulo II se recoge la participación del Tercer Sector Social y la interlocución 
social.
Este capítulo se dedica a la regulación del derecho de participación en las políticas 
públicas de las Administraciones de Castilla y León y establece los distintos órganos  e.
colegiados en los que se puede dar la participación del Tercer Sector Social de Castilla y  w.b
León, estableciéndose como órgano específico de participación la Sección de colaboración  411ww
con Eell  Tcaeprcíeturl oS eIIcI tosre  ddeel dCicoan sae jloa  dpero Smeorvciicóions d Seol cTiearleces rd Se eCcatosrti lSlao yc iLael óenn. Castilla y León, y
Tpearrcae er lloS escet oprr eSvoéc liaa le lcaobno ralac ióimn pdliec aucnió pnl ane ne slatr artéegdiaccoc ipóanr ad eell  immpisumlsoo  yy  puronma ovciigóenn dceial 
cuatrienal,  así  como  el  establecimiento  de  los  contenidos  que  como  mínimo  debe 
recoger el citado plan.
Se incluyen en este capítulo también las actuaciones de promoción a realizar por las 
Administraciones públicas para fomentar el establecimiento de una óptima colaboración 
entre el sector privado y las entidades del Tercer Sector Social, con mención expresa al 
favorecimiento del mecenazgo y el patrocinio, y se enumeran las posibles medidas de 
apoyo a la actividad económica de las entidades del Tercer Sector. Por último, se recoge 
el seguimiento y evaluación de las medidas de promoción y fomento de las actividades 
de estas entidades.
El capítulo IV de la ley incluye las obligaciones del Tercer Sector Social en Castilla y 
León, destacando, de forma especial, las relativas a su personal laboral y a su personal 
voluntario para que se respeten condiciones dignas de trabajo y salario, formación, 
igualdad, no discriminación y conciliación con la vida familiar. Asimismo, se recogen las 
obligaciones específicas de las entidades del Tercer Sector Social que responden a la 
aplicación de principios generales para asegurar la evaluación de la propia actividad, el 
control, la transparencia y la gestión, conforme a modelos democráticos y de igualdad.
La disposición transitoria fija el plazo para que las entidades del Tercer Sector Social 
y las de voluntariado adapten sus normas reguladoras a lo establecido en esta ley.
La norma contiene una disposición derogatoria, que recoge la derogación específica 
del artículo 26 del Decreto 10/2015, de 29 de enero, de aplicación de las medidas para la 
reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y el funcionamiento de 
los órganos colegiados de asesoramiento y participación en el ámbito de los servicios 
sociales, mujer y juventud.
Por otro lado, la ley contiene ocho disposiciones finales. La primera se dedica, dentro 
del contexto de interrelación del Tercer Sector Social con la realidad del voluntariado, 
como parte integrante del mismo, a modificar la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del 
Voluntariado  en  Castilla  y  León,  siendo  oportuno  y  necesario  regular  su  estrecha 
relación, como ha quedado de manifiesto en situaciones excepcionales, donde, además 
de los recursos y servicios profesionales, tanto públicos como privados, la labor de los 
voluntarios, vinculados en su mayoría a las entidades del Tercer Sector, es de gran 
relevancia dentro de las propias organizaciones que, a su vez, son grandes conocedoras 
de su aplicación y funcionamiento.
Esta modificación se da, asimismo, en cumplimiento del Acuerdo 61/2017, de 11 de 
octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan Estratégico de los 
Servicios Sociales de Castilla y León, que en sus conclusiones ya recogía la necesidad 
de actualización de la normativa de voluntariado.
Pretende promocionar un voluntariado abierto a la sociedad con participación de 
todas  las  edades  y  a  lo  largo  de  las  distintas  etapas  de  la  vida  que  implica  una 
transformación social que hace que las acciones de voluntariado se enfoquen más desde 
el punto de vista de la calidad de las mismas.
En el ámbito de aplicación se establece que el voluntariado de Protección Civil se 
regirá por su normativa específica y supletoriamente para lo no previsto en la misma por 
las disposiciones de esta ley.
En el concepto de persona voluntaria se produce una adaptación a la realidad social 
incluyendo la aparición del voluntariado promovido por la empresa e institucional y de 
forma excepcional el desarrollado por las propias Administraciones públicas.
Igualmente, se regulan prohibiciones dentro de la acción voluntaria que no puede ser 
desarrollada  dentro  de  la  jornada  laboral,  sin  perjuicio  de  que  las  empresas  y  las  s
Administraciones públicas, conforme con lo que establezcan las leyes y lo establecido en  oe.
los respectivos convenios colectivos o acuerdos con los empleados públicos, adopten las  w.
medidas de promoción y conciliación de la acción voluntaria con el trabajo. 411ww
introEdnu ceild coa puíntual on IuIIe, vdae dreicgaudlaoc aió lna  rreeglautliavcai óan  ldae ln eescteastuidtoa dd ed ela  apuetrosroiznaac vióonlu netxaprriae,s ase p hoar 
pvoaldurnetsa roia stu.tores para que los menores de entre 12 y 16 años puedan ser personas  BOE-A-cable e
Introduce la prohibición de ser persona voluntaria a los condenados por la comisión 
de determinados delitos y la necesidad, en caso de que la actividad de la persona 
voluntaria se produzca de forma habitual con menores, de aportar el certificado negativo 
del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, relativo a 
la existencia de condenas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad 
sexual, trata o explotación de menores.
Se recoge de forma expresa en esta modificación el derecho a la protección de los 
datos de carácter personal conforme a la legislación presente, tanto para la persona 
voluntaria como para la persona destinataria de la acción de voluntariado.
Dentro del capítulo V, dedicado a las relaciones entre la persona voluntaria y la 
entidad de voluntariado, se ha introducido que para la resolución de conflictos se pueda 
acudir a los procedimientos de arbitraje y de mediación que regula la vigente normativa.
En  el  capítulo  VII,  dedicado  al  fomento  del  voluntariado,  se  introducen  las 
posibilidades de las acciones de fomento dentro de los nuevos ámbitos como son las 
empresas, las instituciones, las universidades y las propias Administraciones públicas, 
estableciendo como acción de fomento el reconocimiento de competencias adquiridas 
por  la  persona  voluntaria  durante  su  acción  mediante  fórmulas  ya  reguladas  de 
reconocimiento por experiencia laboral o de vías de educación no formal.
Por último, dentro del capítulo VIII, en coherencia con la modificación operada en 
materia de órganos colegiados y de participación, se produce una modificación del 
órgano consultivo en materia de voluntariado, que pasa a ser la Sección de Voluntariado 
del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, regulado en el Decreto 10/2015, 
de 29 de enero, de aplicación de las medidas para la reforma de la Administración de la 
Comunidad  de  Castilla  y  León  y  el  funcionamiento  de  los  órganos  colegiados  de 
asesoramiento y participación en el ámbito de los servicios sociales, mujer y juventud.
Finalmente, en la ley de voluntariado se introduce una disposición adicional tercera, 
con previsiones dedicadas a aspectos de la cooperación internacional y cooperación al 
desarrollo.
La disposición final segunda está dedicada a la modificación de la Ley 16/2010, 
de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, con el fin de adoptar y 
desarrollar algunos de sus artículos en lo que se refiere a la concertación social en virtud 
de lo establecido por la presente ley.
La disposición final tercera está dedicada a la modificación de la Ley 11/2002, de 10 
de julio, de Juventud de Castilla y León, con el fin de adaptar la regulación autonómica a 
la  Ley  Orgánica  8/2021,  de  4  de  junio,  de  protección  integral  a  la  infancia  y  la 
adolescencia frente a la violencia.
La disposición final cuarta de la presente ley establece el plazo de adaptación del 
reglamento del Registro Regional de Entidades de Voluntariado de Castilla y León.
La disposición final quinta de esta ley se refiere a la adaptación de la composición de 
la Sección de Voluntariado.
La disposición final sexta está dedicada a la reutilización de la información pública.
La  disposición  final  séptima  se  destina  a  la  habilitación  para  el  desarrollo 
reglamentario de la ley.
La disposición final octava se dedica a la entrada en vigor de la norma, que se fija a 
los 20 días de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
La presente norma se ha elaborado de acuerdo con los principios de necesidad, 
eficacia, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En virtud de los principios de 
necesidad y eficacia, cabe señalar el claro interés general de su objeto, que va dirigido a  s
promover,  fomentar  y  ordenar  el  Tercer  Sector  y  la  participación  solidaria  de  los  oe.
ciudadanos en las actividades organizadas de voluntariado. w.
Del mismo modo, en cumplimiento del principio de eficiencia, la disposición evita a  411ww
sus Edne stainteantacriióons  caalr gparsin acdipmioin idster atsiveagsu rinidnaedc ejsuarrídiaicsa p, arcaa beel l osgeroñ adlea rs uq oubej eltaiv op.resente
disposición se adopta en ejercicio de las competencias atribuidas a la Administración de
la Comunidad en este ámbito y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico 
nacional y de la Unión Europea.
De  conformidad  con  el  principio  de  proporcionalidad,  la  disposición  contiene  la 
regulación imprescindible para la obtención de los derechos y el cumplimento de las 
obligaciones  que  prevé,  respetándose  los  trámites  esenciales  del  procedimiento 
administrativo común.
En aplicación del principio de transparencia, se ha publicitado el texto de la norma 
durante su proceso de elaboración a través del portal de transparencia y participación 
ciudadana de la Administración de la Comunidad, Gobierno Abierto. Asimismo la norma 
ha sido sometida a conocimiento e informe del Consejo de Servicios Sociales de Castilla 
y León, a través de sus respectivas secciones de Colaboración con el Tercer Sector y la 
de Voluntariado.
En  su  virtud,  en  el  marco  de  distribución  de  competencias  establecidas  en  la 
Constitución y en el Estatuto de Autonomía, y de acuerdo con el Consejo Consultivo de 
Castilla y León, se dicta la presente ley en ejecución de las competencias exclusivas 
previstas en el artículo 70.1.10.º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
CAPÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  Esta  ley  tiene  por  objeto  determinar  y  regular  el  modelo  de  relación  y 
participación del Tercer Sector Social en Castilla y León, a través de las organizaciones y 
redes representativas que lo conforman, con la Administración autonómica y el resto de 
Administraciones públicas de la Comunidad, así como desarrollar medidas orientadas a 
fortalecer,  promocionar,  mejorar  su  conocimiento  y  reconocer  las  organizaciones, 
plataformas y redes del Tercer Sector Social en Castilla y León y establecer las bases 
para un diálogo continuo en las políticas sociales.
2.  La  ley  tiene  como  finalidad  impulsar  la  colaboración  y  cooperación  de  estas 
organizaciones entre sí y con la Administración autonómica y el resto de Administraciones 
públicas  de  la  Comunidad  promoviendo  su  fomento,  participación,  interlocución  y 
contribución en el ámbito del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública y del 
resto de las políticas públicas de la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 2.  Definición y ámbito de aplicación.
1.  A los efectos de esta ley y en el marco de la normativa básica estatal, se 
consideran  como  entidades  del  Tercer  Sector  Social  aquellas  organizaciones, 
fundaciones, federaciones o asociaciones que las integren, entre otras fórmulas jurídicas 
de carácter privado, surgidas de la iniciativa social, formalmente constituidas y dotadas 
de  personalidad  jurídica  propia  que  responden  a  criterios  de  solidaridad  y  de 
participación social, ausencia de ánimo de lucro, con fines de interés general, que 
persiguen el bien común, impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos 
civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de las personas, 
grupos,  colectivos  o  comunidades  que  sufren  condiciones  de  vulnerabilidad  o  se 
encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, en nuestra Comunidad.
2.  Esta ley es de aplicación a todas las entidades del Tercer Sector Social con  es
implantación y actividad en Castilla y León, sin perjuicio de la normativa estatal que  o
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Artículo 3.  Censo de organizaciones del Tercer Sector Social.
1.  La Administración pública de la Comunidad, a través del organismo competente 
en materia de servicios sociales, implementará un censo de organizaciones del Tercer 
Sector Social que actúan en el ámbito de los servicios sociales en el territorio de Castilla 
y León.
2.  El censo será público y formará parte del Registro de Entidades, Servicios y 
Centros Sociales de Castilla y León y favorecerá la conexión con los diferentes registros, 
inscripciones y acreditaciones de los que forman parte las entidades del Tercer Sector. 
La  anotación  en  el  Registro  contendrá,  al  menos,  la  denominación  y  fines  de  la 
organización, su ámbito de actuación y su implantación.
3.  Las organizaciones del Tercer Sector Social para poder colaborar en el ámbito de 
los servicios sociales, en las actuaciones desarrolladas por la Administración pública de 
Castilla y León, deberán estar inscritas en el censo de organizaciones del Tercer Sector 
Social.
Si  la  organización  dispusiera  de  voluntariado,  previo  trámite  de  audiencia,  se 
inscribirá de oficio en el Registro Regional de Entidades de Voluntariado de Castilla y 
León.
Artículo 4.  Principios rectores de organización y funcionamiento.
Las entidades del Tercer Sector Social deberán someterse en su organización y 
funcionamiento, así como en las actuaciones que lleven a cabo por sí mismas o en 
colaboración con otras entidades, a los siguientes principios:
a)  Promover  la  participación  ciudadana  e  interlocución  social,  estableciendo 
canales de comunicación cercanos y efectivos para tal fin.
b)  Fomentar el empoderamiento de las personas destinatarias en la intervención 
del Tercer Sector Social.
c)  Orientar el enfoque de los derechos de la ciudadanía en las actuaciones de 
programas públicos e intervenciones del Tercer Sector Social.
d)  No poseer ánimo de lucro y tener carácter altruista.
e)  Practicar y promover la transparencia y rendición de cuentas.
f)  Desarrollar sus actividades con plenas garantías de autonomía en su gestión y 
toma  de  decisiones  respecto  a  la  Administración  autonómica  y  al  resto  de 
Administraciones públicas de Castilla y León.
g)  Aplicar en toda actividad de la entidad la igualdad efectiva de oportunidades, 
justicia social y solidaridad.
h)  Prestar  especial  atención  a  cumplir,  en  su  organización,  funcionamiento  y 
actividades, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, aplicando la 
perspectiva de género.
i)  Practicar  la  colaboración  y  trabajo  en  red,  tanto  entre  ellas  como  con  las 
Administraciones públicas, especialmente en el ámbito de la Ley 4/2018, de 2 de julio, de 
ordenación y funcionamiento de la Red de protección e inclusión a personas y familias 
en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León.
j)  Garantizar la participación democrática en su seno, conforme a la normativa 
aplicable a la forma jurídica que adopten.
k)  Aplicar la solidaridad en las actuaciones que se desarrollen, basadas en la 
profesionalidad y mediante personal cualificado, contratado y remunerado, sin perjuicio  s
de promover actuaciones de voluntariado que esté capacitado para participar en la  oe.
actividad. w.
elanst idal)ac tduPeasrco iqomunoeev sree ryc  ilfbaue nunct iifloioznnaadcmoiósine p ndútoeb  lidicneos stlra,u scm oeemnntotiod EsaF deQexsMt ed roen lon sTo erdmrceae vsr e SIrSiefOiccta.ocr,ió yn  edne  tload oca cliadsaod  ldaes   2021-16411n https://ww
m)  Contribuir a hacer efectiva la cohesión social y territorial, por medio de la
participación ciudadana, a través del voluntariado. Bc
n)  Promover  el  ejercicio  efectivo  de  los  derechos  sociales  y  colaborar  para 
favorecer al máximo el acceso al empleo, a la vivienda, a los servicios sociales, a la 
educación, a la cultura y a la salud, entre otros servicios.
CAPÍTULO I
De la actividad del Tercer Sector Social
Artículo 5.  Actividades de intervención social del Tercer Sector Social.
1.  Dentro  de  las  actividades  de  las  entidades  del  Tercer  Sector  Social  son 
actividades de intervención social aquellas que tienen como finalidad la promoción de la 
inclusión social, el reconocimiento de los derechos de toda la población y su ejercicio 
efectivo y la lucha contra la desigualdad y discriminación social, marginación y violencia 
de  género,  y  preferentemente  las  que  se  dirigen  a  las  personas,  familias,  grupos, 
colectivos  o  comunidades  que  afrontan  situaciones  de  vulnerabilidad  o  exclusión, 
desprotección, soledad no deseada, con especial atención a la infancia, discapacidad y/o 
dependencia.
2.  De entre las señaladas en el apartado anterior, se consideran actividades de 
intervención social aquellas llevadas a cabo por las organizaciones del Tercer Sector 
Social, a través de persona voluntaria o por personal con relación laboral remunerada. 
En concreto, se apuntan como actividades sociales de interés general, entre otras, las 
siguientes:
a)  Sensibilización, reivindicación de intervención social y denuncia de las diferentes 
situaciones de exclusión social en Castilla y León.
b)  Participación en procesos de elaboración o modificación de normas, convenios, 
protocolos u otros mecanismos de interlocución con el sector público y otros agentes 
sociales.
c)  Promoción y articulación de la solidaridad organizada y la participación social de 
la ciudadanía para la creación de un tejido social y, en particular, del voluntariado social, 
la ayuda mutua y el asociacionismo de las personas destinatarias de la asistencia social.
d)  Detección  de  diferentes  necesidades  sociales,  así  como  la  investigación  e 
innovación.
e)  Provisión  de  servicios  en  colaboración  con  las  Administraciones  públicas  o 
ajenos a ella y realización de otras actividades y proyectos de intervención.
f)  Procurar la integración de las personas, grupos, colectivos o comunidades que 
sufren condiciones de desigualdad social, discriminación o vulnerabilidad, se encuentren 
en  situación  o  riesgo  de  exclusión  social  o  afronten  situaciones  de  desigualdad, 
desprotección, discapacidad o dependencia.
g)  Acciones de representación, protección, defensa de personas y colectivos que lo 
integran y de los organismos que lo componen.
h)  Fomentar actuaciones preventivas de la vulnerabilidad.
i)  Fomentar la promoción de valores de convivencia, solidaridad y participación 
social.
j)  Fomentar la implantación de la perspectiva de género en todos los ámbitos y 
actuaciones.
Artículo 6.  Criterios de actuación de las entidades del Tercer Sector. es
Las entidades del Tercer Sector Social de Castilla y León en el desarrollo de sus  w.
intervenciones sociales se ajustarán, entre otros, a los siguientes criterios: 411ww
a)  Establecerán  como  objetivos  prioritarios  la  prevención  y  detección  de  las
necebs) idaFdaecsil istaorcáina lelas  yn edcee lsoasr ioab isntfáocrumloasc ieómn,e frogremnatecsió.n y sensibilización, especialmente
ante las nuevas realidades y ante las situaciones de mayor vulnerabilidad.
c)  Procurarán la práctica de la interlocución y diálogo en la resolución de conflictos.
d)  Realizarán intervenciones directas con las personas y colectivos en situación de 
vulnerabilidad.
e)  Observarán en la intervención la efectiva participación y empoderamiento de las 
personas y colectivos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.
f)  Promocionarán en su actuación la participación ciudadana y la aplicación de la 
cultura de la solidaridad.
g)  Promocionarán, conjuntamente con las Administraciones públicas, actuaciones 
de investigación y mejora en la atención social de las personas.
h)  Colaborarán en proyectos que desde la innovación procuren el trato digno de las 
personas.
i)  Participarán en redes sociales que permitan actuaciones coordinadas.
j)  Fomentarán el intercambio de información de conformidad con la normativa sobre 
protección de datos personales, que permita actuaciones más eficaces y coordinadas.
k)  Promoverán la acción continua de la búsqueda de la accesibilidad universal.
l)  Implantarán la perspectiva de género como elemento fundamental en todos los 
ámbitos y actuaciones.
Artículo 7.  Participación en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.
1.  La Administración autonómica y todas las Administraciones de la Comunidad con 
competencia exclusiva en el ámbito de los servicios sociales promoverán el trabajo en 
red de las entidades del Tercer Sector Social entre sí y con el sector público, como forma 
de cooperación y participación en el sistema de servicios sociales de responsabilidad 
pública  de  Castilla  y  León,  tanto  en  la  planificación  como  en  la  implementación  y 
seguimiento, y siempre con carácter complementario.
2.  A  los  efectos  de  esta  ley,  el  funcionamiento  en  red  constituye  un  sistema 
interrelacionado en el que se comparten e integran criterios de valoración, metodología, 
prestaciones e información, para la atención a las personas, conforme a la normativa 
reguladora de cada prestación social y de las especialidades de la atención social.
3.  En el ámbito de las actuaciones del Tercer Sector estas se coordinarán con los 
Equipos  de  Acción  Social  Básica  de  los  Centros  de  Acción  Social,  CEAS,  que 
corresponda o con otros profesionales públicos que disponga la normativa sectorial de 
aplicación.
4.  Las Administraciones públicas y las organizaciones del Tercer Sector Social 
generarán sinergias en su acción en el ámbito de la intervención social, e impulsarán 
conjuntamente proyectos orientados a reforzar el acceso a los derechos de los colectivos 
y comunidades más desfavorecidas.
5.  Asimismo, cuando sea preciso y de conformidad con la regulación de la Ley de 
Servicios Sociales de Castilla y León, se establecerán protocolos de coordinación entre 
las entidades del Tercer Sector Social y los órganos competentes de la Administración de 
la Comunidad, para determinar la forma de proceder.
Artículo 8.  Fórmulas de colaboración y cooperación.
1.  En el marco de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, las Administraciones 
públicas de Castilla y León en las relaciones de cooperación y colaboración con las 
entidades del Tercer Sector para la realización de actividades en el ámbito de los 
servicios  sociales  que  satisfacen  necesidades  públicas  y  alcanzan  fines  de  interés  es
general  podrán  utilizar  fórmulas  de  fomento  de  dicha  actividad  así  como  aquellos  bo
instrumentos de cooperación que resulten más idóneos en este ámbito, como pueden  411ww
osseobrcje il2aati.lv   foisrsEme n sa oc edcolei nam slceiaodsrne cacroai e t rdratueovn sél a,s i c nLdoseentyrlv u cedmuneaei olnS sltea,o rsc v ooiAcnridgtormaasn tionSizsiosa ctytrii avadcoleei omsqn áduesees    aCccaoautmiseetrpnidledlaote es y nd atLee e slcóa oen ln,ac  bolCaon arscaseotccnililuócacne iy.rót anLc eidóóenn    OE-A-2021-16able en https://
podrán organizar la prestación de servicios públicos dirigidos a las personas, de carácter
social, entre otros, cuya financiación, acceso y control sean de su competencia, y será 
una  de  las  posibles  fórmulas  de  colaboración  para  aquellos  servicios  que  exijan 
estabilidad y continuidad.
3.  La concertación social con organizaciones del Tercer Sector Social se configura 
como una modalidad de gestión de los servicios de responsabilidad pública de carácter 
social, alternativa y no excluyente de otras formas de gestión, como son la prestación 
directa o con medios propios de la Administración o la gestión indirecta a través de 
fórmulas contractuales establecidas en la normativa sobre contratos del sector público.
4.  Las Administraciones públicas de la Comunidad se someterán, en el ejercicio de 
la acción concertada en sus relaciones con las entidades del Tercer Sector Social, a los 
principios de publicidad, transparencia, igualdad, perspectiva de género, solidaridad, no 
discriminación, eficiencia presupuestaria, eficacia en el cumplimiento de los objetivos 
sociales fijados y de responsabilidad en la gestión de los servicios concertados, calidad 
asistencial, especialización, continuidad de la atención, adecuación a la planificación y 
responsabilidad social.
Artículo 9.  Participación en la innovación.
1.  La Administración de la Comunidad generará cauces para la participación de las 
organizaciones del Tercer Sector Social en el desarrollo de proyectos de innovación y 
experimentación en la respuesta a las necesidades sociales.
2.  Se establecerán fórmulas de colaboración entre las Administraciones públicas y 
las organizaciones del Tercer Sector a través de formas innovadoras en la gestión de 
proyectos  compartidos,  especialmente  en  proyectos  europeos  en  donde  esa 
participación se desarrolla en un marco de cooperación internacional.
3.  Se fomentará asimismo la cooperación para la innovación social de entidades del 
Tercer Sector Social con entidades del ámbito privado.
CAPÍTULO II
La participación y la interlocución social del Tercer Sector Social
Artículo 10.  Participación en políticas públicas.
1.  Las Administraciones públicas de la Comunidad fomentarán la participación de 
las organizaciones del Tercer Sector Social de Castilla y León en la elaboración de las 
políticas públicas sociales y en los procesos de toma de decisión de aquellas iniciativas y 
materias que incidan en el ámbito de la inclusión social de las personas con las que se 
actúa, especialmente en los ámbitos del empleo, la vivienda, la sanidad, la educación, la 
cultura y los servicios sociales.
2.  El diálogo, como expresión del ejercicio del derecho a la participación del Tercer 
Sector Social en la elaboración de políticas públicas, debe regirse por los principios de 
complementariedad,  transparencia,  participación,  eficacia,  coherencia  y  rendición  de 
cuentas, a los que se someten las Administraciones públicas en sus relaciones con las 
entidades del Tercer Sector Social, y la iniciativa para que se dé será tanto de las 
organizaciones del Tercer Sector Social como de las Administraciones públicas en un 
marco de igualdad.
3.  La participación del Tercer Sector en los términos previstos en esta ley es la 
forma  de  implementar  la  intervención  democrática  y  el  diálogo  civil,  facilitando  la  es
posibilidad de que las personas, grupos, colectivos o comunidades participantes en la  o
cdliínametne itar4pevl.rsee o snqm,Lcu oeiaeócns nie  ó tAsonstdd aomabdcsliieean  lzlia scssttaure af snalca gsi ooaelenrnsgye  .arsden efpiezrúraebidcclihiaocosan  seaa s fl  oacrysto  apnrleoetrcldiíbeteiurcsáia,rn ,s   yepd lúe ftbo elmfijocideraomns t asaq oruácreenia g lleu esalla   crtdr oainyáv cléoipesgo rondr  eecdn oai,f ncecc roeionont nrtleoeassss     OE-A-2021-16411able en https://www.
entidades de la sociedad civil para una mejor participación y colaboración, especialmente
en  aquellas  situaciones  que  por  su  gravedad  o  envergadura  requieran  de  una 
colaboración conjunta.
Artículo 11.  Formas de participación.
La  participación,  interlocución,  intervención,  implicación  y  colaboración  de  las 
organizaciones  del  Tercer  Sector  Social  en  los  asuntos  públicos  que  les  afectan 
directamente se realizará a través de:
a)  El órgano específico de colaboración con el Tercer Sector.
b)  La participación y representación en órganos colegiados de las Administraciones 
públicas de la Comunidad, conforme a las normas de composición y funcionamiento de 
cada uno de los órganos colegiados existentes.
Artículo 12.  Funciones del órgano específico de colaboración con el Tercer Sector 
Social.
1.  El órgano específico de colaboración con el Tercer Sector Social será el Consejo 
de  Servicios  Sociales  de  Castilla  y  León  actuando  a  través  de  su  Sección  de 
Colaboración con el Tercer Sector Social.
2.  Este órgano tendrá como función principal impulsar y facilitar la interlocución 
entre la Junta de Castilla y León y el Tercer Sector Social castellano y leonés, reforzando 
el  papel  de  las  organizaciones  y  profundizando  en  la  cohesión  interna  del  tejido 
asociativo de la Comunidad en aras de un nuevo enfoque de modelo social.
3.  El  órgano  específico  de  colaboración  constituirá  una  vía  de  diálogo  y 
participación permanente respecto a las políticas sociales del Gobierno, a la acción de 
las entidades que lo conforman, así como a las decisiones que incidan en los derechos, 
obligaciones, intereses y necesidades del Tercer Sector Social de Castilla y León.
Artículo 13.  Participación y representación en órganos colegiados.
1.  Los órganos colegiados dependientes de la consejería competente en materia de 
servicios sociales contarán con la participación de las entidades del Tercer Sector Social, 
en función del ámbito que corresponda, de conformidad con la normativa que lo regule.
2.  Asimismo,  estas  entidades  podrán  participar  en  otros  órganos  de  la 
Administración autonómica que tengan vinculación con políticas sociales, así como en 
los órganos de participación de la Administración local, en la fórmula que se determine 
por las corporaciones locales con competencia en servicios sociales.
3.  Las entidades del Tercer Sector Social podrán formar parte, de conformidad con 
las  respectivas  normas  reglamentarias,  de  foros  puntuales  o  periódicos  que  estén 
relacionados con el desarrollo de políticas sociales en nuestra Comunidad.
CAPÍTULO III
De la promoción del Tercer Sector Social
Artículo 14.  Plan estratégico de impulso y promoción de las entidades del Tercer 
Sector Social en Castilla y León.
1.  La Junta de Castilla y León, a través de la consejería competente en materia de  es
servicios sociales y en colaboración con los representantes del Tercer Sector Social,  o
elaborará, previo informe del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, un plan  411www.
eya snLtáreal2óist.né is.g Eidcseot  elda ep  sliaimtnup atucelinsóodn r yád  epulrn oT mepreocrceioiród nSo e ddceet ol arv siSg eeonnctciiadiala,  dudeneso  csdu eoalbt rTjoee traicvñeoors s S,y e emc tieondrc ilSduaoirscá i arueln lea nec sioCtunadasidtoial lasy    OE-A-2021-16able en https://
con  el  fortalecimiento  de  las  entidades  del  Tercer  Sector  Social,  el  impulso  de  su
contribución social y el desarrollo de sus diferentes funciones en todo el ámbito de la 
intervención social.
3.  El plan estratégico contemplará al menos los siguientes aspectos:
a)  Apoyo a la cultura del voluntariado, fortalecimiento organizativo y de la gestión.
b)  Colaboración del sector público y reconocimiento del Tercer Sector Social.
c)  Desarrollo de la base social y participación en las entidades.
d)  Estructuración del Tercer Sector Social y colaboración entre las entidades y el 
tejido empresarial.
e)  Sostenibilidad, autonomía, transparencia y rendición de cuentas.
f)  Implantación de la perspectiva de género y fomento de la paridad de género en la 
composición de los órganos directivos de las entidades.
g)  La promoción de iniciativas de innovación social.
h)  La colaboración entre organizaciones a través de redes.
4.  Este plan deberá contar con sistemas e indicadores que permitan realizar un 
informe bienal de seguimiento de su ejecución y financiación, así como un informe de 
evaluación de resultados al finalizar el período de vigencia.
Artículo 15.  Impulso del reconocimiento del Tercer Sector Social de Castilla y León.
1.  Las organizaciones y las redes del Tercer Sector Social de Castilla y León 
diseñarán e impulsarán, con el apoyo de la Administración autonómica y el resto de 
Administraciones de la Comunidad, iniciativas para dar a conocer el Tercer Sector Social 
y su contribución a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, que incluirá entre otros 
aspectos:
a)  La difusión de información básica sobre el Tercer Sector Social en Castilla y 
León y su contribución en términos cuantitativos a la sociedad castellano y leonesa.
b)  El mantenimiento de contactos periódicos con el sector público y otros agentes 
sociales.
c)  La participación en acciones de información en medios de comunicación social, 
públicos y privados, y la formalización de acuerdos con dichos medios para la realización 
de diversas acciones de comunicación en colaboración.
d)  La realización de acciones de sensibilización y formación, con la participación de 
las organizaciones y redes del Tercer Sector Social en centros de enseñanza.
e)  La especial importancia de desarrollar, como prioritario, redes de entidades, a 
través del voluntariado preferentemente en el medio rural.
f)  Fomentar la incorporación como entidades de agentes de la Red de protección e 
inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica 
en Castilla y León, como fórmula de valor añadido en sus acciones de intervención 
social.
g)  Llevar a cabo actuaciones en colaboración mutua, que sirvan de difusión y 
referente a las propias entidades y redes, así como de otros agentes.
2.  Por otro lado, también por estas mismas organizaciones se pondrán en valor las 
buenas prácticas desarrolladas así como las innovaciones que se vayan implantando, 
impulsando  y  promoviendo  uniones  para  la  colaboración  en  el  desarrollo  de  esas 
experiencias para el fortalecimiento del propio Tercer Sector.
Artículo 16.  Promoción por las Administraciones públicas de Castilla y León de la  bo
colaboración entre las empresas y el Tercer Sector Social. 411ww
sus Lraess pAedcmtivinaiss trcaocmiopneetse npcúibalsic, acso dlaeb olara Cráonm uconnid alads d eo rCgaansitzilalac iyo nLeesó nd,e el nT eerl cáemr bSiteoc tdoer 
Social de Castilla y León y el sector empresarial, fundaciones u otras entidades de
carácter privado, en tanto que son empleadoras de trabajadores, en el ámbito de la 
acción social y/o comunitaria, al objeto de impulsar, entre otras:
a)  Las iniciativas de sensibilización dirigidas a las empresas, fundaciones u otras 
organizaciones de carácter privado y al Tercer Sector Social que puedan impulsar el 
patrocinio, el mecenazgo y/o el patronazgo.
b)  La promoción del voluntariado en la empresa u otra organización de carácter 
privado en colaboración con entidades de voluntariado en Castilla y León.
c)  La  promoción  de  espacios  para  el  conocimiento  mutuo  e  intercambio  de 
propuestas de colaboración.
d)  El desarrollo de instrumentos de apoyo, formación y mediación.
e)  La canalización de iniciativas de las organizaciones del Tercer Sector hacia las 
empresas, fundaciones u otras organizaciones de carácter privado y de estas hacia las 
organizaciones del Tercer Sector.
f)  La difusión de las iniciativas de colaboración de éxito como ejemplo de buenas 
prácticas.
g)  El desarrollo de incentivos fiscales a las diferentes formas de colaboración.
h)  La promoción de iniciativas de interés general.
i)  El fomento de acciones de innovación y experimentación en las que se aúne el 
conocimiento tecnológico y el conocimiento social.
j)  El fomento del empleo en el sector privado para personas vulnerables y de difícil 
empleabilidad con las que intervienen las entidades del Tercer Sector Social.
Artículo 17.  Apoyo a la sostenibilidad de las organizaciones.
1.  La Administración autonómica y el resto de Administraciones públicas de Castilla 
y León, con sus propios fondos, impulsarán medidas de apoyo a la sostenibilidad y 
desarrollo de la actividad de las entidades del Tercer Sector Social con respeto a los 
principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera,  favoreciendo  su 
estabilidad y funcionamiento.
2.  A tal efecto, una de las fórmulas que garantizan la sostenibilidad y la realización 
de  su  actividad  de  intervención  social  será  la  financiación  de  los  programas  que 
desarrollen las entidades del Tercer Sector Social, a través de los fondos que recibe esta 
Comunidad para actividades sociales del impuesto de la renta de las personas físicas y 
de  otros  impuestos  para  esta  misma  finalidad,  de  conformidad  con  su  normativa 
reguladora.
3.  Además, con el fin de conseguir una mayor estabilidad y continuidad en la 
consecución de los objetivos sociales de los que sean partícipes se utilizará, entre otras 
posibles fórmulas de colaboración, la concertación social.
4.  Asimismo, las Administraciones públicas de Castilla y León tendrán en cuenta las 
necesidades de las diferentes entidades a efectos de facilitar que puedan disponer de 
locales e instalaciones para el desarrollo de su actividad.
5.  Las  Administraciones  públicas  de  la  Comunidad  fomentarán  alianzas  y 
colaboraciones con otras entidades y organizaciones, como una fórmula más de reforzar 
la cultura de la participación de la sociedad en general, favoreciendo sinergias en la 
financiación de las actividades sociales del Tercer Sector Social.
Artículo 18.  Seguimiento y evaluación de políticas públicas.
1.  Las Administraciones públicas de Castilla y León llevarán a cabo el seguimiento  oe.
y promoverán la realización de evaluaciones del impacto social de las políticas públicas y  w.
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conforme al marco normativo de la actividad desarrollada, incluyendo una perspectiva de
impacto de género. Bc
2.  El  resultado  de  dichas  evaluaciones  se  hará  público,  en  el  caso  de  la 
Administración de la Comunidad, a través del Portal de Transparencia de la Junta de 
Castilla y León, y en el resto de las Administraciones públicas en sus respectivos 
portales de transparencia.
CAPÍTULO IV
Obligaciones del Tercer Sector Social
Artículo 19.  Del personal de las entidades del Tercer Sector Social en Castilla y León.
1.  En aras de la consecución de sus objetivos de impulso y reconocimiento de los 
derechos sociales, así como para lograr la cohesión y la inclusión social de todas las 
personas, en el seno de las entidades del Tercer Sector Social, las obligaciones en 
materia de personal estarán caracterizadas:
a)  Por  la  justicia  y  equidad  con  salarios  y  condiciones  laborales  dignas, 
garantizando la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
b)  Por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, utilizando acciones 
positivas como la realización de planes de igualdad, actuaciones de buenas prácticas 
con perspectiva de género y procesos selectivos y formación sin discriminación por 
razón de sexo.
c)  Por la igualdad de oportunidades y contra la discriminación por razón social, 
situación de vulnerabilidad, capacidad u otras circunstancias personales o sociales, lo 
que implicará actuaciones positivas como la eliminación de todo tipo de barreras y 
accesibilidad, así como la contratación que contemple cláusulas sociales y la igualdad en 
la formación.
d)  Por la profesionalización cada vez mayor de sus trabajadores, con formación que 
permita su capacitación y acceso a herramientas adecuadas.
2.  Asimismo,  las  entidades  del  Tercer  Sector  Social  han  de  garantizar  unas 
condiciones  adecuadas  al  personal  voluntario  velando  por  el  cumplimento  de  la 
legislación sobre voluntariado. De conformidad con la citada normativa la actividad de 
voluntariado no podrá en ningún caso sustituir el trabajo retribuido, debiendo clarificar las 
entidades las funciones del personal contratado y del personal voluntario y el espacio 
propio  que  les  corresponde.  EI  personal  voluntario  deberá  estar  formado 
específicamente en la labor que vaya a desarrollar.
3.  El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo dará 
lugar a la incoación del procedimiento sancionador que corresponda conforme a la 
normativa sectorial que resulte de aplicación en cada caso.
Artículo 20.  Otras obligaciones específicas.
Además  de  las  referidas  en  el  artículo  anterior,  dichas  entidades  tendrán  otras 
obligaciones en relación al desarrollo de sus actividades, entre las que se encuentran:
a)  Transparencia en su actividad y rendición de cuentas anuales.
b)  Evaluar el impacto de su actividad desde la perspectiva social, ambiental y 
económica, así como desde la perspectiva de género y, en último término, sobre los 
derechos y las oportunidades de las personas destinatarias últimas. es
c)  Usar procedimientos participativos para la toma de decisiones adaptados a la  bo
naturaleza  jurídica  de  la  organización,  que  impliquen,  en  diferentes  grados,  a  los  411ww
craeodnleeocdcvu)ta iavbdoAleasc ssqt  uuyaae lr l a ftoi pduroemti  laidzfnoea r cpmaiaócarntt ei vd ridedeesa  pldlaae s tqm uumoiessam atse aer,ci  aiolnslnec  vpluareii dml aaa mssc le aaidbmsio opp,  reeparssrmicooibnnriiadezsainb ntdleede,so s, t ainerdeal outupatistrliaiozan asddn.oed  oe mlnaeesdr giqdíuaaess    OE-A-2021-16able en https://
sea posible y reciclando el resto.
e)  Establecer planes de mejora continua de los servicios prestados, los cuales 
preverán, entre otras medidas, el incremento y optimización de los recursos disponibles, 
la formación de su personal, la profesionalización de los servicios y la ampliación de la 
capacidad de respuesta.
f)  Utilizar un modelo de gestión democrático, estando reflejado en sus estructuras.
g)  Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
h)  Colaborar con la Administración pública en políticas que tengan como fin la 
buena atención y buenas prácticas sociales respecto a las personas, participando en la 
detección de los malos tratos, especialmente en la violencia de género y el maltrato 
infantil, así como en la detección de la soledad de las personas mayores.
i)  Procurar una mejora continua en sus recursos aprovechando nuevas tecnologías 
y formas de actuación.
j)  Fomentar la contratación de personas en situación de vulnerabilidad social en sus 
propias organizaciones.
k)  Trabajar  de  forma  coordinada,  tanto  con  otras  entidades  como  con  las 
Administraciones públicas, tanto en la prevención, en la detección e intervención, de 
conformidad con los protocolos establecidos y compartiendo la información precisa.
l)  Actuar con criterios de calidad y desde un punto de vista ético y de atención digna 
a las personas.
m)  Garantizar que las actividades de la organización sean llevadas a cabo por 
personal cualificado para dicha actividad.
Disposición transitoria.  Plazo de adaptación para las entidades del Tercer Sector 
Social y de voluntariado.
Las entidades del Tercer Sector Social y las entidades de voluntariado constituidas 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley dispondrán del plazo de un 
año, a contar desde la entrada en vigor de la presente norma, para adaptar sus normas 
reguladoras a lo establecido en la presente ley.
En el caso de las entidades de voluntariado, transcurrido el mencionado plazo sin 
que se hubiera presentado ante el Registro Regional de Entidades de Voluntariado de 
Castilla y León la documentación acreditativa de la adaptación, se declarará a dicha 
entidad estar incursa en causa de cancelación de su anotación registral.
Disposición derogatoria.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en esta ley, y en concreto:
El artículo 26 del Decreto 10/2015, de 29 de enero, de aplicación de las medidas 
para  la  reforma  de  la  Administración  de  la  Comunidad  de  Castilla  y  León  y  el 
funcionamiento de los órganos colegiados de asesoramiento y participación en el ámbito 
de los servicios sociales, mujer y juventud.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley del Voluntariado en Castilla y León.
La Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla y León, se modifica en 
los siguientes términos:
Uno.  Se modifica la redacción del artículo 1, con la siguiente redacción: e
«Artículo 1.  Objeto de la ley. 411ww
solidLaar ipar edsee nlotes  lecyiu tdieandea npoosr  oebnj eltaos  parocmtivoidvaedr,e fso moergnatanri zya doardse ndaer  vlao lpuanrttaicriiapdaoci,ó ny 
regular  las  relaciones  que,  con  respecto  a  dichas  actividades,  puedan
establecerse entre las personas voluntarias, las entidades de voluntariado inscritas  Bc
en el Registro Regional de Entidades de Voluntariado de Castilla y León, los 
destinatarios de la acción voluntaria y las Administraciones públicas de Castilla y 
León.
Igualmente es objeto de esta ley determinar en el territorio de Castilla y León 
las funciones de las Administraciones públicas de la Comunidad de Castilla y 
León, en el ámbito de sus respectivas competencias y la cooperación entre ellas.»
Dos.  Se modifica la redacción del párrafo primero del artículo 2 y se introduce un 
segundo párrafo, con la siguiente redacción:
«Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
La presente ley será de aplicación al voluntariado, las personas destinatarias 
de la acción y las entidades de voluntariado que participen en las actividades de 
voluntariado realizadas en el territorio de la Comunidad de Castilla y León o que 
impliquen  desarrollo  o  participación  en  programas  o  proyectos  concretos  de 
interés  general  en  el  ámbito  de  competencias  de  dicha  Comunidad,  con 
independencia de la titularidad de las entidades que en su caso las lleven a cabo y 
del lugar donde radique su sede o domicilio social.
El voluntariado de Protección Civil se regirá en cuanto a su organización, 
funcionamiento y régimen jurídico por su normativa específica y supletoriamente 
por lo dispuesto en la presente ley.»
Tres.  Se modifica la redacción del artículo 3, con la siguiente redacción:
«Artículo 3.  Concepto de voluntariado.
1.  A  los  efectos  de  la  presente  norma,  se  entiende  por  voluntariado  la 
participación social organizada de personas físicas en el desarrollo de actividades 
de interés general a través de las entidades de voluntariado a las que se refiere el 
capítulo IV de esta ley, siempre que reúna las siguientes condiciones:
a)  Que tenga un carácter solidario, altruista y responsable.
b)  Que se lleve a cabo de forma voluntaria y libre, sin que traiga causa de 
una obligación personal o de un deber jurídico.
c)  Que  se  ejecute  fuera  del  ámbito  de  una  relación  laboral,  profesional, 
funcionarial, mercantil o de cualquier otro tipo de relación retribuida.
d)  Que se efectúe desinteresadamente, sin ningún tipo de contraprestación 
económica, sin perjuicio, en su caso, de las compensaciones que legalmente 
puedan establecerse, con el único objeto de facilitar el desarrollo de la actividad 
voluntaria y del reembolso de los gastos que esta actividad realizada pudiera 
ocasionar.
e)  Que se lleve a efecto en función de programas o proyectos concretos, ya 
sean estos promovidos por cualquiera de las entidades de voluntariado reguladas 
en la presente ley o, excepcionalmente, por el sector público de Castilla y León.
Asimismo, también tendrán tal consideración de actividades de voluntariado 
las que se realicen a través de las tecnologías de la información y comunicación y 
que no requieran la presencia física de las personas voluntarias en las entidades 
de voluntariado. s
2.  Se considera también voluntariado aquel que es promovido por el sector  o
pdlvaore ilev ulaamnd tapaocrr etiaisvpdaiado roa,a  dc in oeqsnctutiotreuinb cóuipmóyeneicr nsaado  loona  a paqsr u odefeve sipsnaeicorrruntoelaalnllad egrac eslean n ed aryea  nln eodosme tf eoilna rma epdanaantr itddriceoais dppp.eaonrn tseea, nbe inli danacindcg iosúnonec isca al sddoee,    2021-16411n https://www.
3.  No tendrán la consideración de voluntariado, a efectos de la presente ley,
las actividades que sean realizadas de forma espontánea, las que atiendan a
razones familiares, de amistad o de buena vecindad, las consideradas como 
prácticas, aprendizaje o experiencia profesional, las becas con o sin prestación de 
servicios, y las que sean prestadas al margen de las entidades de voluntariado 
reguladas en la presente ley.
Tampoco tendrán la consideración de voluntariado las actividades promovidas 
por cualquier entidad para la consecución de beneficio económico o intereses 
propios ni los trabajos de colaboración social a los que se refiere la normativa 
reguladora de medidas de fomento del empleo, así como las que constituyan 
ejercicio de funciones directivas o gerenciales en las entidades de voluntariado, 
salvo cuando quienes las lleven a cabo conserven la condición de personas 
voluntarias  y  las  desarrollen  en  tal  concepto  sin  percibir  remuneración  o 
contraprestación por ello.
4.  La realización de las actividades de voluntariado no podrá sustituir a las 
Administraciones públicas en el desarrollo de funciones o en la prestación de 
servicios públicos a los que esté obligada por ley. Igualmente, de conformidad con 
lo previsto en la legislación en materia laboral, la actividad de voluntariado no 
podrá, en ningún caso, sustituir al trabajo remunerado o la prestación de servicios 
profesionales retribuidos.
5.  El  desarrollo  de  actividades  de  voluntariado  no  podrá  suponer  la 
sustitución o amortización de puestos de trabajo por cuenta ajena tanto en el 
ámbito privado como en el público, en especial en aquellos casos en los que la 
actividad realizada presenta identidad de objeto con las tareas realizadas por las 
personas voluntarias.»
Cuatro.  Se introduce una nueva redacción a la letra k) del artículo 5 y se añaden las 
letras I, m y n, con la siguiente redacción:
«k)  La  promoción  de  la  defensa  del  bien  común  y  de  los  derechos 
fundamentales recogidos en la Constitución Española, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño de Naciones 
Unidas y la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con 
discapacidad, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la 
Carta Social Europea.
l)  La  no  discriminación  de  las  personas  voluntarias  o  las  personas 
destinatarias  por  razón  de  nacionalidad,  origen  cultural  o  étnico,  religión, 
convicciones  ideológicas  o  sindicales,  enfermedad,  discapacidad,  edad,  sexo, 
identidad sexual, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia 
personal y/o social.
m)  La igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en todos los ámbitos 
de actuación del voluntariado.
n)  En general, todos aquellos principios que inspiran la convivencia en una 
sociedad  democrática,  justa,  solidaria,  comprometida,  participativa,  tolerante  y 
plural.»
Cinco.  Se modifica el contenido del apartado 2 y se introduce un apartado 3 en el 
artículo 6, quedando redactados de la siguiente forma:
«2.  A los efectos de la presente ley se consideran actividades de interés 
general  las  que  contribuyen  en  cada  uno  de  los  ámbitos  de  actuación  de 
voluntariado a mejorar la calidad de vida y una mayor cohesión y justicia social y  e.
cualesquiera otras de análoga naturaleza que, ajustándose a lo dispuesto en la  w.
presente ley, puedan contribuir a la consecución de los fines contemplados en el  411ww
artículo 4.
En  todo  caso,  y  de  conformidad  con  la  normativa  estatal,  se  consideran 
ámbitos de actuación del voluntariado de interés general, al menos, los siguientes:
a)  Voluntariado social, que se desarrolla mediante la intervención con las 
personas y la realidad social frente a situaciones de vulneración, privación o falta 
de derechos u oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor 
cohesión y justicia social.
b)  Voluntariado internacional de cooperación para el desarrollo, vinculado 
tanto a la educación para el desarrollo como parte del proceso educativo y de 
transformación como a la promoción para el desarrollo en lo relativo a la acción 
humanitaria y la solidaridad internacional, ya se realice en nuestro país, en países 
o territorios receptores de cooperación al desarrollo o en cualquier país donde se 
declare una situación de necesidad humanitaria, sin perjuicio de las actividades 
realizadas en este ámbito por los cooperantes, que se regirán por la normativa por 
la que se establece el Estatuto de los cooperantes.
c)  Voluntariado ambiental, que persigue disminuir el impacto negativo de la 
actuación del ser humano sobre el medio ambiente y poner en valor el patrimonio 
natural  existente,  las  especies  animales  y  vegetales,  los  ecosistemas  y  los 
recursos naturales realizando, entre otras, acciones de protección y recuperación 
de la flora y fauna, la biodiversidad natural de los distintos hábitats y la defensa del 
medio forestal; de conservación y mejora del agua, de los ríos y otros elementos 
del medio hídrico; del litoral, de las montañas y demás elementos del paisaje 
natural;  de  educación  y  sensibilización  medioambiental;  de  protección  de  los 
animales; y cualesquiera otras que contribuyan a proteger, conservar y mejorar el 
medio ambiente.
d)  Voluntariado cultural, que promueve y defiende el derecho de acceso a la 
cultura y, en particular, la integración cultural de todas las personas, la promoción y 
protección de la identidad cultural, la defensa y salvaguarda del patrimonio cultural 
y la participación en la vida cultural de la comunidad.
e)  Voluntariado deportivo, que contribuye a la cohesión ciudadana y social, 
sumando los valores propios del voluntariado con aquellos otros inherentes al 
deporte, apostando decididamente por fomentar la dimensión comunitaria en el 
desarrollo de la práctica deportiva en cualquiera de sus manifestaciones, incluido 
el  voluntariado  en  deporte  practicado  por  personas  con  discapacidad,  con 
particular atención al paralímpico, y por favorecer un mayor y decidido compromiso 
de  quienes  practican  deporte  en  la  vida  asociativa  como  manera  eficaz  de 
promover su educación e inclusión social.
f)  Voluntariado educativo, que como acción solidaria planificada e integrada 
en el sistema y la comunidad educativa mejore las posibilidades de realización de 
actividades  extraescolares  y  complementarias  contribuyendo,  en  particular,  a 
compensar  las  desigualdades  que  pudieran  existir  entre  los  alumnos  por 
diferencias sociales, personales o económicas, mediante la utilización, entre otros, 
de programas de aprendizaje-servicio.
g)  Voluntariado sociosanitario, en el que se combinan la promoción de la 
salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria, la rehabilitación y la 
atención social que va dirigida al conjunto de la sociedad o a los colectivos en 
situación  de  vulnerabilidad  y  que,  mediante  una  intervención  integral  y 
especializada  en  los  aspectos  físico,  psicológico  y  social,  ofrece  apoyo  y 
orientación a las familias y al entorno más cercano, mejorando las condiciones de  e.
vida. w.b
h)  Voluntariado  de  ocio  y  tiempo  libre,  que  forma  y  sensibiliza  en  los  411ww
epnrin ecli páiomsb yit ov adleo rleas  eddeu claa caiócnci ónno  vfoorlumnatal,r iqau me efodmiaenntete enl  edle dsaersraorlrloo lldoe,  carcetcivimidaiednetos 
paeprtistuodneasl  yy  agctriutupdael s deen  lfaosrm pae rsinotneagsr,a ql,u eim fapvuolsraenzdcaon  hlaa bsiolildidaadreidsa, dc yo mlap ientcelunsciióans,, 
y logren el compromiso, la participación y la implicación social.
i)  Voluntariado  comunitario,  que  favorece  la  mejora  de  la  comunidad  y 
promueve la participación con mayor poder de decisión e iniciativa para resolver 
los problemas y exigir mayor calidad de vida en los espacios vitales más cercanos 
donde  se  desenvuelven  las  personas  voluntarias,  vertebrando  una  sociedad 
solidaria, activa, crítica, comprometida y corresponsable.
j)  Voluntariado de protección civil, que colabora regularmente en la gestión 
de  las  emergencias,  en  las  actuaciones  que  se  determinen  por  el  Sistema 
Nacional de Protección Civil sin perjuicio del deber de los ciudadanos en los casos 
de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, como expresión y medio eficaz de 
participación ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos, en los términos 
que establezcan las normas aplicables.
3.  Las empresas, otras instituciones privadas o las Administraciones públicas 
de Castilla y León podrán promover o facilitar, conforme a la legislación aplicable y 
a la negociación colectiva, la adopción de medidas con la finalidad de que los 
trabajadores  por  cuenta  ajena  y  los  empleados  públicos  puedan  desarrollar 
labores de voluntariado.»
Seis.  Se introduce un párrafo final en el artículo 7, con la siguiente redacción:
«La acción voluntaria podrá realizarse a través de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.»
Siete.  Se modifica la redacción del artículo 10 que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo  10.  Atención  en  la  planificación  y  programación  a  las  distintas 
modalidades de actuación.
Al  objeto  de  procurar  la  mayor  participación,  la  máxima  eficiencia  y  la 
diversificación  en  la  acción  voluntaria,  la  planificación  y  programación  de 
actividades contemplará el fomento, implantación, integración o apoyo de toda 
modalidad de actuación que sirva a los fines de esta ley.
A estos efectos, se considerarán especialmente para su calificación como 
actividades de voluntariado aquellas que incidan simultáneamente en varios de los 
ámbitos  de  voluntariado  contemplados  en  el  artículo  6.2,  las  actividades  de 
voluntariado  desarrolladas  mediante  el  empleo  de  las  nuevas  tecnologías,  el 
voluntariado familiar en el que participan conjuntamente los distintos miembros de 
la  familia,  las  actividades  de  estudio  e  investigación  en  esta  materia,  el 
voluntariado  en  el  que  participen  personas  de  distintas  generaciones  y 
cualesquiera otras modalidades de actuación que puedan facilitar la expresión y 
canalización del compromiso solidario.»
Ocho.  Se modifica el apartado 2 del artículo 11 y se añaden los apartados 3, 4, 5 
y 6, que quedan redactados del siguiente modo:
«2.  En el marco de la legislación básica estatal, los menores de edad podrán 
tener la condición de personas voluntarias siempre que se respete su interés 
superior, de acuerdo con lo previsto en la legislación de aplicación, y cumplan los 
siguientes requisitos:
a)  Los  mayores  de  16  y  menores  de  18  años  deberán  contar  con  el  e.e
consentimiento de sus progenitores, tutores o representantes legales. w.b
b)  Los menores de 16 años y mayores de 12 podrán llevar a cabo acciones  411ww
doe r evoplruensteanritaadnote ssi  cleugeanletasn,  ceonn  llaa  aquuteo rsizea cviaólno reaxrpár essi aa dqeu eslluass  pproegrjeundiitcoarne so,  tuntoo rseus 
desarrollo y formación integral.
3.  En el marco de la legislación básica estatal, están incursos en prohibición 
para poder ser personas voluntarias aquellas que tengan antecedentes penales no 
cancelados por la comisión de delitos de violencia doméstica o de género; por 
atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la 
libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos; por delitos de tráfico 
ilegal o de inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en 
programas dirigidos a personas que hayan sido o puedan ser víctimas de estos 
delitos.
Deberá  acreditarse  no  incurrir  en  causa  de  esta  prohibición  mediante  la 
aportación  del  certificado  sobre  ausencia  de  antecedentes  penales  o,  en  su 
defecto, una declaración responsable sobre la ausencia de antecedentes penales 
en la que, además, la persona voluntaria autorice a la entidad de voluntariado la 
obtención del correspondiente certificado del registro central de penados.
Igualmente están incursos en prohibición para adquirir la condición de persona 
voluntaria  que  quiera  ejercer  su  acción  de  voluntariado  en  entidades  que 
habitualmente desarrollen su actividad con menores cuando tengan antecedentes 
de condenas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, 
que incluye, entre otros, agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y 
provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así 
como trata y explotación de menores.
Deberá  acreditarse  la  ausencia  de  la  causa  de  prohibición  mediante  la 
aportación de certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales 
y de Trata de Seres Humanos.
4.  Las Administraciones públicas de Castilla y León promoverán programas y 
protocolos de buenas prácticas de la actividad voluntaria de las personas mayores 
en el marco de su envejecimiento activo, fijando los criterios que pueden servir de 
guía para la promoción del voluntariado de forma sostenible y continuada, así 
como las acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad y a las organizaciones 
de personas mayores para fomentar su implicación y establecer las diversas 
formas de colaboración intergeneracional entre las entidades de voluntariado.
Se promocionará la realización de acciones de información y sensibilización 
dirigidas a aquellas personas próximas a la edad de jubilación para que, cuando 
se encuentren en dicha situación, puedan realizar acciones de voluntariado como 
parte de su proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y 
seguridad en orden a la mejora de su calidad de vida.
5.  Las Administraciones públicas de Castilla y León promoverán con las 
entidades de voluntariado que las personas con discapacidad se conviertan en 
agentes activos, ejecutores de la acción voluntaria como manifestación de su 
derecho a la vida independiente, y participen en los asuntos públicos reconocidos 
en  la  normativa  sobre  derechos  de  las  personas  con  discapacidad  y  de  su 
inclusión social.
Se fomentará el ejercicio de las actividades de voluntariado por personas con 
discapacidad  con  plena  independencia  y  autonomía,  haciendo  uso  de  sus 
capacidades diversas y sin restricción alguna por parte del contexto, del entorno o 
de  la  actividad  a  desarrollar  conforme  a  los  principios  de  igualdad  de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
6.  El ejercicio de actividades de voluntariado podrá ser llevado a cabo por 
personas que estén cumpliendo condena por delitos que no les hagan estar  s
incursos  en  causa  de  prohibición  para  ser  persona  voluntaria  y  que  tengan  oe.
concedida la libertad condicional, o que estén cumpliendo medidas alternativas a  w.
la pena de prisión, siempre que participen a través de entidades de voluntariado  411ww
qoubeje ticvuoe pnrteefne recnotne  lpar oregirnasmearcsi ónco sno cciaalr adcet epreísntaicdaoss .»especiales  que  tengan  como
Nueve.  Se modifica el contenido de las letras d) y n), con la siguiente redacción, 
renumerándose las siguientes, del artículo 12, que finaliza con la letra o) que pasa a 
tener la misma redacción que la antigua letra n):
«d) Participar activamente en la entidad en la que se integren, colaborando en 
la  elaboración,  diseño,  ejecución  y  evaluación  de  los  programas  en  los  que 
participen, de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación y, en la medida 
que  estas  lo  permitan,  en  el  gobierno  y  administración  de  la  entidad  de 
voluntariado.»
«n)  Que sus datos de carácter personal sean tratados de acuerdo con lo 
establecido en la normativa reguladora sobre protección de datos de carácter 
personal.
o)  Cualesquiera  otros  reconocidos  en  la  presente  ley  y  en  el  resto  del 
ordenamiento jurídico.»
Diez.  Se modifica el contenido de las letras f) y l), y se añade la letra m), del 
artículo 13, que finaliza con la letra n) que tiene el mismo contenido que la antigua letra l), 
con la siguiente redacción:
«f)  Respetar  los  derechos  de  las  personas  destinatarias  de  su  actividad 
voluntaria y de las demás personas voluntarias con las que colaboren.»
«l)  De conformidad con lo previsto en la normativa estatal de aplicación, la 
persona voluntaria que habitualmente desarrolle su actividad con menores en su 
acción  de  voluntariado  está  obligada  a  presentar  un  certificado  del  Registro 
Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos o a facilitar su 
obtención a su entidad de voluntariado y/o a las Administraciones competentes, en 
el que conste la ausencia de antecedentes de condenas por sentencia firme por 
delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye entre otros agresión y 
abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y 
explotación sexual y corrupción de menores, así como trata y explotación de 
menores.
De conformidad con lo dispuesto en la normativa estatal reguladora de esta 
materia, las personas extranjeras deberán aportar, además de la certificación 
negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, una certificación negativa 
de condenas penales expedida por las autoridades de su país de origen, de donde 
sean nacionales, o del último en que hubiesen residido, mediante documento 
oficial con traducción jurada, respecto a los delitos recogidos en la Ley Orgánica 
de Protección Jurídica del Menor. Si no existiese un registro equivalente o que 
desarrolle  las  funciones  del  Registro  Central  de  Delincuentes  Sexuales,  se 
aportará un certificado de buena conducta expedido por la delegación diplomática 
de su país o de su último lugar de residencia. En caso de que no sea considerado 
como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación, manifieste 
carecer de nacionalidad o no pueda acogerse a su nacionalidad, la entidad de 
voluntariado deberá certificar dicha condición.
m)  Aportar la declaración responsable de no tener antecedentes penales no 
cancelados a que se refiere el artículo 11.3 de esta ley.
n)  Los  demás  deberes  establecidos  por  la  presente  ley  y  el  resto  del 
ordenamiento jurídico.»
Once.  Se modifica el artículo 14 estructurándolo en dos apartados, con la siguiente  e.
redacción: w.
«Artículo 14.  Concepto de entidades de voluntariado.
esta1b.l ecAid oloss  ael feecfetocsto d een e lsat ale lgeiys,l ayc isóinn  pbeársjiuciac ioe sdtaetl acl,u mtepnldimráine nlato  cdoen sloidse rreaqcuióisni tdoes 
entidades  de  voluntariado  aquellas  entidades  sin  ánimo  de  lucro  que  estén
legalmente constituidas y dotadas de personalidad jurídica propia, inscritas en el 
Registro  Regional  de  Entidades  de  Voluntariado  de  Castilla  y  León,  que 
desarrollen  programas  o  proyectos  de  las  actividades  de  interés  general 
contempladas en el artículo 6.2., de manera organizada y estable, a través de la 
participación  de  personas  voluntarias,  en  las  condiciones  determinadas  en  el 
artículo 3 de la presente norma. Excepcionalmente, tendrán la consideración de 
entidades de voluntariado las entidades públicas para el desarrollo de actividades 
de voluntariado de interés general.
2.  Tendrán  también  la  condición  de  entidades  de  voluntariado  las 
federaciones, confederaciones, uniones u otras formas asociativas de entidades 
de voluntariado constituidas conforme a esta ley, cuyo ámbito territorial sea el de la 
Comunidad de Castilla y León o parte de la misma, o el de sus entidades locales o 
parte de las mismas.»
Doce.  Se modifica la redacción de la letra d) del artículo 16 y se añade una nueva 
redacción a la letra f), finalizando en la letra g), que tiene el mismo contenido que la 
antigua letra f), que quedan redactados del siguiente modo:
«d) Seleccionar a las personas voluntarias, sin discriminación alguna por razón 
de  sexo,  identidad  sexual,  orientación  sexual,  nacionalidad,  origen  cultural  o 
étnico,  religión,  convicciones  ideológicas  o  sindicales,  discapacidad,  edad,  o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de acuerdo con los fines 
u objetivos de la entidad, la naturaleza y características del cometido a desarrollar 
y las normas establecidas en su estatuto de funcionamiento interno.»
«f) Participar, preferentemente, a través de federaciones, confederaciones o 
uniones de entidades de voluntariado, en el diseño, elaboración y seguimiento de 
las políticas públicas de Administraciones públicas de Castilla y León, así como en 
su ejecución, sin que esto pueda suponer, en ningún caso, la elusión de las 
responsabilidades públicas en la prestación de servicios.
g)  Los  demás  reconocidos  por  ley  o  norma  de  derecho  comunitario 
europeo.»
Trece.  Se modifica la redacción del artículo 17, que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«Artículo 17.  Obligaciones de las entidades de voluntariado.
1.  Las entidades de voluntariado están obligadas a:
a)  Acomodar su organización y funcionamiento a principios participativos.
b)  Elaborar  y  aprobar  los  programas  o  proyectos  de  voluntariado  que 
pretendan desarrollar, las condiciones específicas de admisión y pérdida de la 
condición de los voluntarios, los derechos y deberes de éstos conforme a lo 
establecido en la presente ley, los mecanismos para su participación en la entidad 
y los principios que han de regir las relaciones entre esta y aquellos.
c)  Cumplir los compromisos adquiridos con las personas voluntarias en el 
acuerdo de incorporación a sus programas o proyectos, previsto en el artículo 19 
de la presente ley.
d)  Facilitar el ejercicio de los derechos que esta ley reconoce a la persona 
voluntaria y a la persona destinataria de la acción de voluntariado. e.e
e)  Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y dotar a las  b
personas  voluntarias  de  los  medios  adecuados  para  el  cumplimiento  de  sus  411ww
comfe) tidIonsfo.rmar,  orientar,  formar  y  asesorar  adecuadamente  a  las  personas
vaocltuivnidtaardia.s que colaboren con la entidad para conseguir la mayor eficacia en su
g)  Garantizar  las  debidas  condiciones  de  seguridad  e  higiene  en  la 
realización de las actividades, instruyendo al efecto a las personas voluntarias.
h)  Facilitar la participación de las personas voluntarias en la elaboración, 
ejecución y evaluación de los programas y actividades en que intervengan.
i)  Facilitar a las personas voluntarias la documentación que les acredite e 
identifique para el desarrollo de su actividad.
j)  Llevar un libro de registro interno de altas, bajas y otras incidencias en que 
se encuentren las personas voluntarias, acreditativo de los programas o proyectos 
en los que colaboren y de la naturaleza de las actividades desarrolladas.
k)  Suscribir una póliza de seguros u otro tipo de garantía financiera que 
cubra  a  las  personas  voluntarias  de  los  riesgos  de  accidente  o  enfermedad 
derivados del desarrollo de la actividad voluntaria, así como a terceros por los 
daños y perjuicios causados por los voluntarios en el ejercicio de dicha actividad.
l)  Expedir, a solicitud de la persona voluntaria, un certificado que acredite la 
colaboración prestada, en el que constarán, además de los datos de identificación 
de este y de la entidad, la fecha, duración y naturaleza de las actividades en las 
que haya participado.
m)  Efectuar  el  seguimiento  y  evaluación  periódicos  de  los  programas  o 
proyectos que desarrollen.
n)  Exigir el consentimiento o en su caso autorización expresa y por escrito de 
los padres, tutores o representantes legales de las personas voluntarias menores 
de edad en las condiciones establecidas en el artículo 11.
ñ) Cumplir la normativa de aplicación respecto al tratamiento y protección de 
datos  de  carácter  personal  de  las  personas  voluntarias  y  de  las  personas 
destinatarias de las actividades de voluntariado.
o)  Cumplir las demás obligaciones establecidas por ley o norma de derecho 
comunitario europeo.
2.  Las entidades de voluntariado deberán garantizar el derecho a la igualdad 
de  oportunidades  y  a  la  accesibilidad  universal  de  las  personas  voluntarias 
mayores,  con  discapacidad  o  en  situación  de  dependencia,  de  manera  que 
puedan ejercer, en igualdad de condiciones respecto del resto de los voluntarios, 
los  derechos  y  deberes  que  les  correspondan  de  acuerdo  con  esta  ley, 
erradicando cualquier posible forma de discriminación.
En estos casos, el consentimiento para  su  incorporación a la entidad de 
voluntariado, la información y formación, y las actividades que se le encomienden 
se  deberán  llevar  a  cabo  en  formatos  adecuados  y  de  acuerdo  con  sus 
capacidades y circunstancias personales, siguiendo las pautas marcadas por los 
principios de accesibilidad universal y diseño para todos, de manera que les 
resulten accesibles, usables y comprensibles.
3.  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  13,  las  entidades  de 
voluntariado  podrán  desarrollar  programas  de  voluntariado  en  los  que  se 
contemplen los objetivos de reinserción de personas con antecedentes penales no 
caducados a través de la acción voluntaria. En este caso la entidad reflejará en el 
propio programa del voluntario las características especiales del mismo.»
Catorce.  Se modifica la redacción de las letras c) y g) y se añade la letra h en el 
apartado 1 del artículo 19, y se añaden los apartados 2 y 3, quedando este artículo 
redactado del siguiente modo: e
cvoomlu«np1trao. rmiaLidsaoo   dsineec  coforoplarombroaarlciaziócaniróá n d,p eqo ure la etses cnrdpitreoár ,s moconemadsioa  nmvteoín luiemnl toac,ro iearlrs ec soapn otenlnadiside one tseni gtiaudciaeudneetresd: od eo   2021-16411n https://www.
la acat)i vidLaad  dqeutee rsmei ncaocmiópnr odmeel tcaa.rácter altruista de la relación que se acuerde y de  BOE-A-cable e
b)  La expresión del sometimiento a la presente ley como marco regulador 
básico de la acción voluntaria.
c)  El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, 
respetando en todo caso lo dispuesto en la presente ley, que incluirán el régimen 
de gastos reembolsables a las personas voluntarias que se les puedan generar en 
la acción voluntaria que desarrollen.
d)  La referencia a los fines y regulación de la entidad en relación con las 
actividades de voluntariado.
e)  El contenido y condiciones de las actividades que la persona voluntaria se 
compromete a realizar, así como los cometidos y responsabilidades, el tiempo de 
dedicación y el lugar de desempeño que se acuerden.
f)  El proceso de formación que se requiera para el adecuado cumplimiento 
de las actividades y cometidos asignados.
g)  La duración del compromiso y la forma en que ha de plantearse, en su 
caso, la renuncia por la persona voluntaria, su exclusión por la entidad o la 
desvinculación de esta, el cambio de adscripción o modificaciones del régimen de 
actuación.
h)  Régimen para dirimir los conflictos entre el voluntariado y la entidad.
2.  Al  acuerdo  de  incorporación  deberán  acompañarse  los  siguientes 
documentos:
a)  La  certificación  negativa  del  registro  de  antecedentes  penales  o  del 
Registro  Central  de  Delincuentes  Sexuales,  en  el  caso  de  programas  de 
voluntariado cuyo ejercicio conlleve el contacto directo y regular con menores.
b)  En  el  caso  de  programas  de  voluntariado  diseñados  para  atender  a 
personas que hayan sido víctimas de violencia de género, violencia doméstica, 
atentados contra su vida, su integridad física, su libertad, integridad moral, tráfico 
ilegal  o  inmigración  clandestina  de  personas  o  por  delitos  de  terrorismo,  la 
declaración  responsable  de  la  persona  voluntaria  de  no  tener  antecedentes 
penales por estos delitos, que podrá incorporarse como una cláusula más al 
contenido del acuerdo.
c)  El  documento  o  documentos  donde  conste  el  consentimiento  de  los 
padres, tutores o representante legales, según los casos, en el supuesto de 
personas voluntarias menores de edad.
3.  El acuerdo de incorporación deberá formalizarse por escrito en duplicado 
ejemplar e incorporarse a un Libro-Registro o soporte electrónico o similar, que se 
gestionará directamente por la entidad de voluntariado, la cual deberá mantenerlo 
actualizado en todo momento cumpliendo las previsiones en la normativa vigente 
de protección datos de carácter personal. Se podrán utilizar formatos electrónicos 
que  permitan  un  trámite  rápido  y  adaptado  a  las  nuevas  tecnologías  de  la 
comunicación.»
Quince.  Se modifica la redacción del artículo 22, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 22.  Responsabilidad extracontractual frente a terceros.
Las entidades de voluntariado responderán frente a terceros por los daños y  e.e
perjuicios causados por las personas voluntarias que participen en sus programas  b
como consecuencia de los cometidos que a estos les hayan sido asignados, todo  411ww
edlelo l ad ec oconndficoirómni dpardiv acdoan  loa  pnúobrmlicaati vdae  qluae e ennti dcaadd ad eca vsool urenstaurlitaed aop dlicea qbulee,  esne  rtaraztóen, 
fdineabniécniedroas qeu seu csucbrirbair l aa r etaslp oenfescatboi liudnaad  cpivóilli.z»a de seguro u otro tipo de garantía
Dieciséis.  Se modifica el artículo 23, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 23.  Régimen jurídico aplicable a la resolución de conflictos.
Los conflictos que puedan surgir entre las personas voluntarias y las entidades 
de voluntariado en el ejercicio de las actividades a que hace referencia la presente 
ley serán dirimidos por la vía arbitral o por la mediación, de conformidad con su 
normativa reguladora, si así se ha pactado en el acuerdo de incorporación a la 
entidad  de  voluntariado.  En  defecto  de  pacto,  se  hará  por  la  jurisdicción 
competente de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.»
Diecisiete.  Se da nueva redacción a la letra f) del artículo 26, que finaliza en una 
nueva letra g) con el mismo contenido que tenía la antigua letra f), quedando redactado 
del siguiente modo:
«f)  Que  sus  datos  de  carácter  personal  sean  tratados  y  protegidos  de 
acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de la protección de datos.
g)  Los  demás  derechos  establecidos  por  ley  o  por  norma  de  derecho 
comunitario europeo.»
Dieciocho.  Se  modifica  la  redacción  del  apartado  2  y  se  incluyen  los  nuevos 
apartados 3 y 4 del artículo 29, con la siguiente redacción:
«2.  Las entidades de voluntariado podrán igualmente desarrollar acciones de 
divulgación y promoción a los fines referidos en este artículo.
3.  Las empresas podrán promover y participar en programas de voluntariado, 
siempre que sus actuaciones puedan calificarse de interés general, se incluyan en 
alguno de los ámbitos de actuación del voluntariado, y respeten los principios y 
valores que inspiran la acción de voluntariado. Las actuaciones de voluntariado de 
las empresas podrán realizarse mediante la incorporación de los trabajadores que 
decidan  de  forma  libre  y  voluntaria  participar  como  personas  voluntarias  en 
programas  promovidos  por  entidades  de  voluntariado  en  colaboración  con  la 
empresa.
4.  Las universidades podrán promover el voluntariado en los ámbitos de 
actuación  que  le  son  propios,  como  la  formación,  la  investigación  y  la 
sensibilización, y conforme a su normativa reguladora podrán establecer fórmulas 
de reconocimiento académico de las acciones de voluntariado realizadas por sus 
estudiantes.»
Diecinueve.  Se modifica la redacción del artículo 30, con la siguiente redacción:
«Artículo 30.  Acciones de información, formación y asesoramiento.
1.  Al  objeto  de  propiciar  la  mayor  eficacia  de  la  acción  voluntaria,  las 
Administraciones públicas de Castilla y León, en el ámbito de sus respectivas 
competencias:
a)  Pondrán a disposición de los ciudadanos y de las entidades, y facilitarán a 
los interesados, directamente o a través de las entidades de voluntariado, la 
información  general  y  específica  que  les  permita  comprometer  libre  y 
responsablemente su participación en la acción voluntaria. e.e
b)  Promocionarán y fomentarán la participación social de la ciudadanía a  b
través de entidades de voluntariado. 411ww
formca) cióDne tebrámsiicnaa ráqnu, e end icchoaosr diennatcidióand ecso nh alyaasn  ednetid apdroeps ordceio nvaorl,u njtuanrtiaod oa,   llaa 
ccoommop lepmeresnotnaarisa  vqouluen teasritaass. entiendan necesaria, a quienes se integren en ellas
d)  Facilitarán a estas el asesoramiento y asistencia técnica precisos para el 
desarrollo de sus actividades.
2.  La Administración de la Comunidad, a través de la Consejería competente 
en materia de voluntariado, con el fin de facilitar la información y acceso al 
voluntariado, creará una sección dentro del Registro Regional de Entidades de 
Voluntariado  de  Castilla  y  León  dedicada  a  las  personas  voluntarias  y  sus 
preferencias,  siendo  su  inscripción  potestativa  para  la  persona  interesada,  y 
debiendo respetar la normativa en materia de protección de datos.»
Veinte.  Se modifica la redacción de la letra a) y se añaden las letras g) a k) al 
artículo 31, con la siguiente redacción:
«a)  Potenciarán especialmente los programas o proyectos de voluntariado 
que supongan acciones integrales, complementarias de otras intervenciones o 
coordinadas  con  ellas,  que  favorezcan  la  colaboración  entre  entidades  o  los 
objetivos marcados por la normativa aplicable en cada caso.
En el caso del voluntariado social, se buscará la actuación coordinada en el 
sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, según lo definido por la 
planificación estratégica de servicios sociales.»
«g)  Favorecerán la formación en los principios y valores del voluntariado en 
todas las etapas, ciclos, grados y niveles del sistema educativo.
h)  Cooperarán  con  las  entidades  de  voluntariado,  federaciones, 
confederaciones y uniones de entidades de voluntariado para la creación de un 
sistema de información común que, como herramienta compartida, permita fijar 
criterios comunes de diagnóstico, seguimiento y evaluación sobre los aspectos 
relacionados con el voluntariado.
i)  Promoverán la concienciación del cumplimiento de las previsiones de la 
normativa sobre seguridad y salud en el trabajo de las personas voluntarias, así 
como su inclusión en los planes de igualdad de las entidades de voluntariado y, en 
su caso, en los de prevención del acoso sexual o por razón de género.
j)  Contribuirán a la eficacia de la acción voluntaria mediante la simplificación 
y agilización de los procedimientos administrativos que afecten a las entidades de 
voluntariado.
k)  Favorecerán  el  reconocimiento  y  acreditación  de  las  actuaciones  de 
voluntariado mediante la certificación expedida, en cualquier momento y en todo 
caso al final del periodo voluntario de prestación de actividad, por la entidad de 
voluntariado, que deberá estar inscrita en el Registro Regional de Entidades de 
Voluntariado de Castilla y León. En dicha certificación constarán, como mínimo, 
los datos identificativos de la persona voluntaria, fecha de su incorporación a la 
entidad  de  voluntariado,  datos  identificativos  de  la  entidad,  duración  de  la 
actividad, descripción de las tareas o funciones realizadas y lugar donde se ha 
llevado a cabo, todo ello referido al programa de voluntariado desarrollado. El 
reconocimiento de las competencias adquiridas por la persona voluntaria en su 
actividad se realizará de conformidad con la normativa general de reconocimiento 
de competencias adquiridas por experiencia laboral o por vías no formales de 
formación.
El reconocimiento de competencias no profesionales de carácter transversal 
general, susceptibles de ser acreditadas, que se han adquirido por las personas  s
voluntarias en el ejercicio de su actividad de voluntariado podrán ser reconocidas  oe.
dpere csoennftoer lmeyid.»ad a lo establecido en la normativa estatal y en la de desarrollo de la  2021-16411n https://www.
Veintiuno.  Se modifica el artículo 32 que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 32.  Reconocimiento social de la contribución voluntaria.
La Junta de Castilla y León, a propuesta de la Sección de Voluntariado del 
Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, prevista en el artículo 36, podrá 
reconocer de manera pública a las entidades y personas que se distingan por su 
dedicación, contribución o ejemplo en la acción voluntaria.»
Veintidós.  Se modifica el artículo 36, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 36.  Sección de Voluntariado  del  Consejo  de  Servicios  Sociales de 
Castilla y León.
1.  En el Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, como máximo 
órgano de participación, coordinación, asesoramiento y consulta en materia de 
voluntariado, existirá una Sección de Voluntariado.
2.  La Sección de Voluntariado del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y 
León  tendrá  como  funciones  el  asesoramiento,  análisis  y  la  formulación  de 
propuestas sobre los asuntos que en esta materia se sometan a su consideración.
3.  La Sección de Voluntariado del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y 
León será presidida por el titular de la Consejería a la que vengan atribuidas las 
funciones de fomento y coordinación en materia de voluntariado. En ella estarán 
representados departamentos de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León que tengan encomendadas funciones en relación con las materias y sectores 
de actividad referidos en el artículo 6.2 de la presente ley; entidades locales con 
competencias en materia de voluntariado designadas por la Federación Regional 
de  Municipios  y  Provincias;  entidades  de  voluntariado;  las  federaciones, 
confederaciones o uniones de entidades de voluntariado representativas a nivel 
autonómico  o  provincial  debidamente  inscritas  en  el  Registro  Regional  de 
Entidades de Voluntariado de Castilla y León; las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas de la Comunidad, y representantes de las 
universidades de Castilla y León.
El número de sus miembros y su designación, así como el funcionamiento de 
esta sección, se regirá por lo establecido en la norma reguladora del Consejo de 
Servicios Sociales de Castilla y León.»
Veintitrés.  Se  introduce  una  disposición  adicional  tercera,  con  la  siguiente 
redacción:
«Disposición adicional tercera.  Del voluntariado en los ámbitos de Cooperación 
Internacional y Cooperación al Desarrollo.
1.  Las  actividades  de  voluntariado  en  los  ámbitos  de  cooperación 
internacional y cooperación al desarrollo se regularán con su normativa específica 
y supletoriamente por la presente ley y sus normas de desarrollo.
2.  Las entidades u organizaciones no gubernamentales de cooperación al 
desarrollo (ONGD) con un servicio de voluntariado que, cumpliendo lo establecido 
en el artículo 24 de la Ley 9/2006, de 10 de octubre, de Cooperación al Desarrollo, 
de Castilla y León, estén inscritas en el Registro de Agentes de Cooperación no  e
tendrán la obligación de inscribirse en el Registro Regional de Entidades de  bo
Voluntariado  de  Castilla  y  León.  El  Registro  de  Cooperación  al  Desarrollo  411ww
Rcoemgiusntrioc aRráe gdioen aol fdiceio E nlotsid addaetos sd en eVcoelusnatraiorisa doob draen Cteass tpillaar ay  Lseuó nin.scripción en el
3.  En el marco del voluntariado en emergencias humanitarias y dentro de las 
competencias autonómicas que se establecen en la normativa sobre participación 
de personal del Sistema Nacional de Salud en emergencias humanitarias:
a)  Se promoverá el otorgamiento de los permisos previstos con carácter 
previo al despliegue así como por la vía de urgencia.
b)  Se promoverá el derecho a participar en emergencias humanitarias.
c)  Se  permitirá  al  personal  sanitario  incorporarse  a  la  emergencia 
humanitaria en el plazo de 24 horas, gracias a dicho permiso de carácter previo.
d)  En  el  marco  de  la  participación  en  voluntariados  internacionales,  se 
permitirá al personal sanitario participar en las formaciones y simulacros que le 
sean requeridos.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y 
León.
La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, se 
modifica en los siguientes términos:
Uno.  Se  modifica  el  contenido  del  artículo  3,  que  pasa  a  tener  la  siguiente 
redacción:
«Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
La presente ley será de aplicación a los servicios sociales que presten las 
Administraciones públicas de Castilla y León, su sector público, así como las 
personas  físicas  o  jurídicas  de  carácter  privado  en  el  territorio  de  esta 
Comunidad.»
Dos.  Se modifica el contenido de la Sección 2.ª del Capítulo I del Título VIII, 
referida al régimen de concertación social, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Sección 2.ª Régimen de concertación social
Artículo 89.  Régimen de concertación.
1.  Las Administraciones públicas, así como su sector público, competentes 
en materia de servicios sociales podrán encomendar a otras entidades, de manera 
subsidiaria y complementaria, mediante el instrumento del concierto social, la 
provisión de prestaciones previstas en el correspondiente catálogo de servicios 
sociales, de acuerdo con la planificación prevista en dicho ámbito.
2.  A efectos de esta ley se entiende por concierto social el instrumento de 
gestión indirecta de los servicios sociales públicos, regido por los principios de 
publicidad,  transparencia  y  no  discriminación  y  eficiencia  en  la  utilización  de 
fondos públicos, dirigidos a la atención directa a las personas, cuya financiación, 
acceso y control corresponde a las Administraciones públicas de la Comunidad.
3.  En atención a la naturaleza subsidiaria y complementaria del concierto 
social, las Administraciones públicas, en la planificación en materia de servicios 
sociales, deberán establecer una previsión de las prestaciones que pretenden 
concertar, estimación de su coste y justificación de la carencia de medios propios. es
4.  El régimen jurídico del concierto social será el previsto en la presente ley y  o
en su normativa de desarrollo, siendo este régimen jurídico diferenciado del de la  411ww
smdeeoc dlto5oa .rel  idpsaLtúadabb  lilcJceouocnn.idttraoa  cdetenu  aClal a dpsertei llcsaoe nnyc teLie elreótoyn,,   dlraeesgs cuaolrarnoddloliac reioánn  releasg  lnyao mprrmeonactetaivdraiiam mdieeen ncttooesn,  tderaent  aceocl inómcniae rdrcteool    OE-A-2021-16able en https://
social, así como el régimen jurídico y las condiciones de actuación de los centros
de titularidad privada que se integren en el sistema de servicios sociales de 
responsabilidad  pública.  Dicha  regulación  contendrá  entre  otros  aspectos  los 
relativos  a  requisitos  de  acceso,  vigencia,  prórroga,  régimen  económico, 
obligaciones, procedimiento, formalización, causas y efectos de la extinción del 
concierto. En la elaboración, desarrollo y seguimiento de dicha reglamentación se 
garantizará  la  participación  del  órgano  colegiado  asesor  en  el  ámbito  de  los 
servicios sociales.
Artículo 90.  Objeto de los conciertos.
1.  Las prestaciones del sistema público de servicios sociales a las que podrá 
aplicarse el régimen de concierto social serán las siguientes:
a)  Medidas dirigidas a prevenir la exclusión social y a promover la autonomía 
de las personas.
b)  Actuaciones dirigidas a garantizar la protección y reforma de los menores.
c)  Medidas de apoyo familiar.
d)  Medidas  de  apoyo  a  las  personas  dependientes  y  sus  familias, 
entendiendo como tales a las personas que por razones ligadas a la falta o a la 
pérdida  de  capacidad  física,  psíquica  o  intelectual  tienen  necesidad  de  una 
asistencia o ayuda importante para la realización de las actividades de la vida 
diaria.
e)  Medidas y ayudas técnicas para la atención, rehabilitación y el fomento de 
la inserción social de personas con necesidades especiales por causa de su 
discapacidad.
f)  Medidas dirigidas a la protección jurídica de las personas que tengan 
disminuida su capacidad de obrar y les impida valerse por sí mismas.
g)  Medidas dirigidas a incrementar la autonomía personal, la participación 
social y el desarrollo comunitario.
h)  Medidas de atención e integración de las víctimas de violencia de género.
i)  Proyectos innovadores de modelos de atención social y sistemas de apoyo 
a las personas destinatarias de los servicios sociales.
j)  Medidas preventivas y promocionales en el ámbito de las adicciones y de 
carácter  sociosanitario  y  socioeducativo  que  se  consideren  susceptibles  de 
complementar, desde estos ámbitos, a las prestaciones sociales del sistema de 
servicios sociales de responsabilidad pública.
2.  El concierto social en el marco de estas prestaciones podrá incluir:
a)  La reserva y la ocupación de plazas para uso exclusivo de las personas 
usuarias de servicios sociales de responsabilidad pública.
b)  La  gestión  integral  de  prestaciones  sociales,  servicios,  programas, 
recursos o centros.
3.  En la Administración de la Comunidad de Castilla y León y su sector 
público, la concreción de las prestaciones previstas en el apartado anterior que 
podrán  ser  objeto  del  concierto  social,  se  determinarán  por  la  Consejería 
competente en materia de servicios sociales.
Artículo 91.  Efectos del concierto social. e
cpreoresrrps1etea.sc pctiioovEnonl d ediseco noctnuoecmb icjeeearntttooáto  lo ddgseeoo lc  fdoiaecrlm o snaeoclrbiivzeliaircgtcioaoió, s n as dd oeec llia acc loeoensnnc fyoitei rdermatnodi d l soaosdpc  rtiiaévclra.omdnian  olosa   epsdtreiepsvuailsartrdooo llsae ren n l aeesll    2021-16411n https://www.
2.  Las  prestaciones  no  gratuitas  no  podrán  tener  carácter  lucrativo,  no
pudiéndose  cobrar  a  las  personas  usuarias  por  las  prestaciones  propias  del
sistema  de  servicios  sociales  de  responsabilidad  pública  cantidad  alguna  al 
margen del precio público establecido.
3.  El  cobro  a  las  personas  usuarias  de  cualquier  cantidad  por  servicios 
complementarios  al  margen  de  los  precios  públicos  estipulados  deberá  ser 
autorizado por la Administración competente.
Artículo 92.  Requisitos de las entidades.
1.  Los  requisitos  de  acceso  a  la  concertación  social  por  parte  de  las 
entidades son los siguientes:
a)  Figurar  inscritas  en  el  Registro  de  Entidades,  Servicios  y  Centros  de 
carácter social, de Castilla y León.
b)  Contar  con  la  oportuna  acreditación  administrativa  de  sus  centros  y 
servicios.
c)  Disponer de medios y recursos suficientes para garantizar el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en el respectivo documento de formalización del 
concierto social, así como el cumplimiento de toda aquella normativa que, con 
carácter general o específico, les sea de aplicación, tanto por la naturaleza jurídica 
de la entidad como por el tipo de prestación objeto de concertación.
d)  No  incurrir  en  alguno  de  los  supuestos  previstos  en  el  régimen  de 
prohibiciones de la normativa sobre contratación o subvenciones públicas.
e)  No haber sido sancionado con carácter firme por la comisión de una 
infracción muy grave en el ámbito de los servicios sociales en el plazo de los 
cuatro años anteriores al inicio del procedimiento del concierto social.
2.  En su caso, en el instrumento jurídico que se utilice para la concertación 
social, se podrán incluir criterios de selección que versarán sobre:
a)  La solvencia financiera y técnica mínima necesaria para desarrollar la 
prestación.
b)  La  experiencia  mínima  en  la  prestación  de  servicios  sociales  que  se 
requiera y su forma de acreditación, en razón a las condiciones del servicio a 
prestar.
c)  Los estándares mínimos y adecuados de calidad que deban cumplir las 
entidades en la prestación de los servicios.
d)  Los  medios  profesionales  y  materiales  e  instalaciones  adecuadas  y 
suficientes que las entidades deben disponer para el desarrollo de la prestación.
e)  Disponer del seguro de responsabilidad civil que sea exigible en cada 
caso.
f)  Cuando el objeto del concierto consista en servicios que, de acuerdo con la 
normativa vigente, se tengan que prestar en un espacio físico determinado, se 
deberá acreditar la titularidad del centro, o su disponibilidad por cualquier título 
jurídico válido en derecho.
g)  Participación  del  voluntariado,  en  el  marco  de  la  normativa  sobre 
voluntariado de Castilla y León, como complemento a la actividad desarrollada por 
la entidad en el objeto del concierto.
h)  Adecuación  con  la  planificación  de  los  servicios  sociales  y  grado  de 
arraigo social en la localidad donde vaya a prestarse el objeto del concierto.
i)  Tener implementadas prácticas innovadoras que incidan directamente en la  e.
calidad de los servicios concertados. w.b
d)  Tener implementadas buenas prácticas en el ámbito de la conciliación de  411ww
la vida personal, familiar y laboral e igualdad de oportunidades.
Artículo 93.  Duración, prórroga y modificación.
1.  La duración de los conciertos se efectuará sobre una base plurianual, con 
una duración máxima de cuatro años, teniendo en cuenta la naturaleza de las 
prestaciones, las características de su financiación y la necesaria estabilidad y 
continuidad en su provisión. No obstante, en aquellos servicios que nunca hayan 
sido  objeto  de  concertación,  podrá  establecerse  un  periodo  de  duración  no 
superior al año a fin de determinar la idoneidad del régimen de concertación para 
el mismo.
2.  Las  prórrogas  podrán  efectuarse  por  periodos  iguales  o  inferiores  al 
periodo  inicial  de  duración  del  concierto,  debiendo  la  entidad  y  el  servicio 
concertado seguir cumpliendo los requisitos y condiciones que determinaron la 
aprobación  inicial  del  concierto  que  se  pretende  prorrogar.  En  todo  caso,  la 
duración total del concierto, periodo de duración inicial y prórrogas incluidas, no 
podrá exceder de ocho años.
3.  El concierto social podrá modificarse por razones de interés público, para 
adecuar la prestación objeto del concierto a las nuevas necesidades, o, en su 
caso, la actualización de la contraprestación económica que perciba la entidad 
concertante,  siempre  que  no  suponga  una  modificación  de  las  condiciones 
esenciales  que  fueron  tenidas  en  cuenta  para  la  concertación  y  que  figuran 
determinadas en el documento de formalización del concierto.
Artículo 94.  Formalización de los conciertos.
1.  La formalización de los conciertos se efectuará mediante un documento 
administrativo con la forma y contenido que se determinen reglamentariamente.
2.  Se podrá suscribir un único concierto para la reserva y ocupación de 
plazas  en  varios  centros  o  para  la  gestión  integral  de  una  pluralidad  de 
prestaciones o servicios cuando todos ellos dependan de una misma entidad 
titular.  Dicha  suscripción  se  efectuará  en  las  condiciones  que  se  determinen 
reglamentariamente.
Artículo 94 bis.  Finalización del concierto social.
1.  La finalización del concierto social se podrá producir bien por extinción o 
por resolución. Serán causas de extinción o resolución del concierto social las 
siguientes:
a)  El vencimiento del plazo de duración del concierto social suscrito o, en su 
caso, el de la prórroga que se hubiese acordado.
b)  El acuerdo mutuo entre el órgano competente de la Administración pública 
concertante y la entidad concertada.
c)  La  revocación  de  la  correspondiente  acreditación  o  autorización 
administrativa de la entidad concertada.
d)  La extinción de la personalidad jurídica de la entidad concertada, salvo 
que se produzca la subrogación por otra entidad, que deberá reunir los mismos 
requisitos y condiciones que fueron tenidos en cuenta para suscribir el concierto 
social,  asumiendo  las  obligaciones  derivadas  del  mismo  y  siempre  previa 
aprobación del órgano competente de la Administración pública concertante.
e)  El cese voluntario de la entidad concertada, debidamente autorizado por el  e.
órgano competente de la Administración pública concertante. w.b
g)  El cobro a las personas usuarias de servicios complementarios, cuando no  411ww
choanycaenr tsaindtoe .aprobados por el órgano competente de la Administración pública
2.  El incumplimiento de las obligaciones derivadas del concierto suscrito por 
parte de la entidad concertante podrá dar lugar, previa audiencia, a la extinción del 
concierto social.
3.  Extinguido  el  concierto  social,  los  órganos  competentes  de  las 
correspondientes Administraciones públicas concertantes deberán garantizar que 
los derechos de las personas usuarias de los servicios concertados no se vean 
perjudicados por su finalización. A tal fin, podrán obligar a la entidad concertada a 
seguir prestando el objeto del concierto social, en las mismas condiciones que se 
venía prestando, hasta que pueda ser asumido por otra entidad y, en todo caso, 
por un periodo máximo de seis meses.
Artículo 94 ter.   Régimen del concierto social en el ámbito local.
Los órganos competentes de las entidades locales determinarán los servicios, 
prestaciones  u  otras  actuaciones  en  el  ámbito  de  los  servicios  sociales  que 
puedan ser objeto de acción concertada, en el marco de las prestaciones a las 
personas  de  servicios  de  carácter  social  que  desarrollen  en  ejercicio  de  sus 
competencias  o  en  colaboración  con  la  Administración  de  la  Comunidad  de 
Castilla y León, de conformidad con la legislación de régimen local y lo previsto en 
este decreto.
Las  entidades  locales  establecerán,  en  el  marco  de  su  potestad  de 
autoorganización, la composición de la comisión de valoración prevista en este 
decreto, que estará formada por un mínimo de tres personas que deberán ser 
empleadas públicas de la entidad local que actúe como órgano concertante.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley de Juventud de Castilla y León.
La Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León, se modifica en los 
siguientes términos:
Uno.  Sustituir en el texto de la ley el sintagma «Registro Central de Delincuentes 
Sexuales» por el sintagma «Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de 
Seres Humanos».
Dos.  Se introduce una nueva letra e) en el apartado 6 del artículo 84 del Capítulo II, 
«Infracciones  y  sanciones»,  del  Título  VI,  referido  al  régimen  sancionador,  con  la 
siguiente redacción:
«e)  Realización de actividades de tiempo libre con personas menores de 
edad sin acreditar que disponen de la certificación negativa del Registro Central de 
Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos del personal que esté en 
contacto habitual con los menores.»
Tres.  Se introduce una nueva letra b) en el apartado 3 del artículo 85, del Capítulo II, 
«Infracciones y sanciones», del Título VI, referido al Régimen sancionador, con la siguiente 
redacción:
«b)  Realizar actividades juveniles de tiempo libre con personal que hubiera 
sido  condenado  por  sentencia  firme  por  cualquier  delito  contra  la  libertad  e 
indemnidad sexuales tipificado en el Título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal, así como por cualquier delito de trata de seres  s
humanos tipificado en el Título VII bis del Código Penal.» o
Disposición final cuarta.  Regulación de la organización y funcionamiento del Registro 
Regional de Entidades de Voluntariado de Castilla y León.
En el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley, la Junta de 
Castilla y León aprobará la modificación del reglamento regulador del Registro Regional 
de Entidades de Voluntariado de Castilla y León.
Disposición final quinta.  Adaptación de la composición de la Sección de Voluntariado.
En el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley, la Junta de 
Castilla y León aprobará la modificación de la norma reguladora de la Sección de 
Voluntariado para adecuarla en su composición a lo establecido en esta ley y determinar 
el procedimiento de elección y designación de los nuevos miembros de la misma.
Disposición final sexta.  Reutilización de la información pública.
La información pública y los datos que se puedan generar en aplicación de la 
presente norma deberán ser puestas a disposición en el portal de Gobierno Abierto de la 
Junta de Castilla y León, debiendo ser suministrados con el nivel de agregación o 
disociación que sea preciso para garantizar la protección de las personas.
Disposición final séptima.  Desarrollo reglamentario.
Se faculta a la Junta de Castilla y León para aprobar las disposiciones necesarias en 
desarrollo y ejecución de la presente ley.
Disposición final octava.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el «Boletín Oficial 
de Castilla y León».
Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la 
cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.
Valladolid, 14 de septiembre de 2021.–El Presidente de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 189/2021, de 29 de septiembre de 2021)