BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Sábado 18 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 53737
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8147 Sala  Primera.  Sentencia  63/2020,  de  15  de  junio  de  2020.  Recurso  de 
amparo 1002-2019. Promovido por Seditex Global, S.L., y Seditex Valladolid, 
S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de 
León en proceso por despido. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin 
indefensión:  inadecuada  utilización  de  la  dirección  electrónica  habilitada 
como cauce de comunicación del primer emplazamiento de las entidades 
demandadas (STC 47/2019).
ECLI:ES:TC:2020:63
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1002-2019, promovido por Seditex Global, S.L., y 
Seditex  Valladolid,  S.L.,  representadas  por  la  procuradora  de  los  tribunales  doña 
Esperanza Azpeitia Calvín y bajo la dirección del letrado don Carlos González-Cascos 
Jiménez, contra la providencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de León, de 18 de 
diciembre de 2018, que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones promovido en el 
procedimiento por despido objetivo individual núm. 923-2017. Ha intervenido el Ministerio 
Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 18 de 
febrero de 2019, la procuradora de los tribunales doña Esperanza Azpeitia Calvín, 
actuando en nombre y representación de Seditex Global, S.L., y Seditex Valladolid, S.L., 
interpuso demanda de amparo contra la resolución mencionada en el encabezamiento.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  Previo acto de conciliación intentado con comparecencia de las partes pero sin 
avenencia (según acta de 27 de noviembre de 2017) ante el servicio de mediación 
arbitraje y conciliación de la Junta de Castilla y León, se siguió ante el Juzgado de lo 
Social núm. 3 de León procedimiento por despido objetivo individual (núm. 923-2017) en  s
virtud de la demanda presentada por una trabajadora contra las entidades demandantes  e.
de amparo y otra entidad mercantil (Mar de Escocia Textil, S.L.), en la que se señalaba  w.
como domicilio de las demandadas el de calle Peñarroya, núm. 4, Residencial Pinar de  47ww
Jalóbn),  47P0o1r 3d Vecarlleatdoo dliedl. letrado de la administración de justicia de 8 de enero de 2018 se
acoconrcdilóia caidómn iatinr tae  terlá pmriotep iola  ledteramdaon, dya,  eyn c citaasr oa d lea sn op aarvteesn epnacraia ,l aa lc aecletob rdaec iójunic dioe,l  eal c1to9  ddee   BOE-A-cable e
marzo de 2018, con indicación de que, en aplicación del mandato contenido en el 
art. 53.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LJS), en el primer escrito o 
comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y, en su caso, los 
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de 
actos de comunicación.
c)  En la cédula de notificación se recogía el domicilio de las demandadas señalado 
en la demanda. La notificación de la anterior resolución a la parte demandada se produjo 
a  través  de  la  dirección  electrónica  habilitada,  figurando  en  las  actuaciones  dos 
certificaciones  del  soporte  del  servicio  de  notificaciones  electrónicas  y  dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, fechada ambas el 24 
de febrero de 2017, en las que se indica que se enviaron a través de dicho servicio las 
notificaciones del Juzgado de lo Social núm. 3 de León, con referencias 5a54d9ded3e63 
y 5a54e24676af0, a los titulares null - B47748439 y null - B47749908, respectivamente 
(no figura otra identificación de los destinatarios), con el mismo resultado en ambos 
casos: Fecha de puesta a disposición el 9 de enero de 2018 (a las 16:04:04 y a 
las 16:39:55) y fecha de rechazo automático el 24 de febrero de 2018 a las 00:00:00. Se 
hace  constar:  «El  rechazo  automático  se  produce,  de  forma  general,  tras  haber 
transcurrido diez días naturales desde su puesta a disposición para su acceso según el 
párrafo segundo, artículo 43, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. Y de forma particular, superado 
el plazo establecido por la administración actuante de acuerdo a la normativa jurídica 
específica que sea de aplicación».
d)  Llegada la fecha señalada para la celebración de los actos de conciliación y, en 
su caso juicio, las demandadas no comparecieron, por lo que se tuvo por intentado el 
primero  sin  efecto,  celebrándose  el  acto  de  juicio,  en  el  que  aquellas  tampoco 
comparecieron, por lo que tuvo lugar sin su presencia. El juzgado dictó sentencia con 
fecha 22 de marzo de 2018, por la que, estimando la demanda, declaró la improcedencia 
del  despido  de  la  parte  actora,  condenando,  solidariamente,  a  las  empresas 
demandadas a estar y pasar por dicha declaración, y, a que, a su opción, readmitieran a 
la actora en su mismo puesto y condiciones de trabajo, con abono de los salarios de 
tramitación devengados desde la fecha del despido, o bien extinguieran la relación 
laboral, con abono de una indemnización equivalente a 14 569,28 €. No consta en las 
actuaciones remitidas la forma en que se procedió a la notificación de la sentencia a las 
demandadas.
e)  Por diligencia de ordenación de 19 de abril de 2018 se hizo constar, a los efectos 
previstos en el art. 239 LJS, que la sentencia había sido notificada a las demandadas 
el 26 de marzo de 2018, y se declaró firme la sentencia y se acordó el archivo de las 
actuaciones  al  haber  transcurrido  el  plazo  legalmente  previsto  sin  que  constara  la 
interposición de recurso frente a ella.
f)  Con fundamento en la sentencia estimatoria, la trabajadora demandante presentó 
demanda ejecutiva, que dio lugar a la incoación por el mismo juzgado del procedimiento 
de ejecución de títulos judiciales núm. 86-2018, en el que se dictó auto con fecha 4 de 
julio de 2018 declarando extinguida la relación laboral y condenando a las demandadas 
al pago de las cantidades reclamadas.
g)  Las demandantes de amparo manifiestan haber sabido de la existencia del 
proceso de ejecución, y del previo procedimiento de despido del que trae causa, al 
realizar  averiguaciones  tras  conocer  el  embargo  de  sus  cuentas  corrientes  como 
consecuencia de otro procedimiento de despido. Tras tener noticia de este hecho, se  s
personaron en la causa seguida ante el Juzgado de lo Social núm. 3 de León mediante  oe.
escrito de fecha 16 de noviembre de 2018, en el que promovieron incidente de nulidad  w.
de  actuaciones,  indicando  que  no  habían  tenido  conocimiento  de  la  existencia  del  47ww
rpercoicbeiddoim nieinngtuon, an in doeti filcaa sceiónnte, nloc iqau ree lceasí dcaa,u nsió  dinedl edfeesnpsaiócnh.o E dne e lla e escjercituoc sióen i,n dailc nóo q huaeb neor 
nsein ghúanb íao rrgeacnibisidmoo ,n iansgíú cno cmoorr etaom dpeo ecnol adcee  laa  neixnigstúenn cbiuaz dóen , nnoi tdifiec aacdióvne rtaelngcuinaa d. eT aamltab ieénn   BOE-A-cable e
que no tenían ningún correo vinculado a recibir notificaciones del procedimiento y que 
ninguna notificación se había recibido en el buzón de notificaciones de la Agencia 
Tributaria. Se añadía que en la solicitud de registro para el acceso a servicios de 
notificación  a  personas  jurídicas  facilitaron  un  correo  electrónico  y  un  teléfono  de 
contacto, en los que no se ha recibido ninguna comunicación. Invocaba el escrito el 
art. 24.1 CE, así como los arts. 53 y ss. LJS, en especial lo previsto en el art. 56. 
Asimismo denunció que no se había desplegado una actividad razonable para conocer el 
domicilio de la demandada y que no constaba intento alguno de notificación personal en 
el domicilio social de la empresa, lo que les causó una gravísima indefensión. Tales 
alegaciones fueron respaldadas con cita de la jurisprudencia constitucional en relación 
con la realización de los actos de comunicación procesal, para concluir con la afirmación 
de que existió un defecto de comunicación que les impidió el ejercicio de su derecho de 
defensa, y permitió que el procedimiento se siguiera a sus espaldas, ocasionándoles 
indefensión, con vulneración del art. 24.1 CE. Por todo ello, solicitaron que se les tuviera 
por personadas y que se declarara la nulidad de todo lo actuado con reposición de las 
actuaciones al momento inmediatamente anterior a la admisión a trámite de la demanda 
principal del procedimiento, así como la suspensión de la ejecución y el alzamiento de 
todos los embargos trabados.
h)  La solicitud de nulidad planteada en el procedimiento por despido dio lugar a una 
pieza separada, y fue inadmitida por providencia de 18 de diciembre de 2018, en la que 
se señaló la existencia en los autos de diligencia de constancia de 8 de marzo de 2018, 
de la letrada de la administración de justicia, indicando que se habían llevado a efecto 
las citaciones con resultado positivo, y que las demandadas habían sido citadas para el 
juicio mediante sede electrónica, constando fecha de puesta a disposición el 9 de enero 
de 2018 y fecha de rechazo automático el 24 de febrero de 2018, según certificación del 
servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, notificándose la sentencia núm. 
116/2018, de 22 de marzo, por la misma vía, como se hace constar en diligencia de 
ordenación de 19 de abril, en la que se acuerda el archivo de las actuaciones. Asimismo, 
entendió el juzgador que el incidente se había promovido fuera del plazo de 20 días 
previsto en el art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), y que las 
promotoras de la nulidad de actuaciones podían haberla hecho valer a través del recurso 
de suplicación contra la sentencia recaída en el procedimiento de despido, de acuerdo 
con lo previsto en el art. 240.1 LOPJ.
3.  La demanda de amparo alega que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE) de las recurrentes, así como la normativa procesal sobre las 
citaciones, de los arts. 53 y ss. (título IV, capítulo III, «De los actos de comunicación») de 
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y de la reiterada 
jurisprudencia que determina que el proceso se siguiera con infracción del principio de 
contradicción, con evidente indefensión para las allí demandadas, al haberle efectuado 
las notificaciones a través de la dirección electrónica habilitada, lo que determinó que no 
recibieran ninguna comunicación ni algún correo que les advirtiera de la existencia de 
notificación  en  un  buzón  con  indicación  de  las  consecuencias  de  no  atender  tal 
notificación. Ello les ha supuesto no tener conocimiento ni de la demanda, ni de la 
existencia  del  juicio,  ni  de  la  sentencia  dictada  en  el  procedimiento.  Tuvieron 
conocimiento extraoficial al investigar los motivos de los embargos producidos en sus 
cuentas bancarias.
Asimismo, se rechazan los motivos por los que inadmitió el juzgado el incidente de  e.
nulidad de actuaciones, puesto que nunca tuvieron conocimiento oficial de la existencia  w.b
del procedimiento y de la sentencia, sino extraoficialmente, al consultar a sus bancos  47ww
pplaarzao c doen ovceeinr teel  doíraigse dne dsedle e lmosb ahrigtoos d per oscuess cauleesn tqause,  psoerñ laol aq ulae  pnroo veids epnocsiaib ldee c ionmadpmutiasrió enl 
idneml ediniactidaemneten te dqeu en ullelidgaód ,a  sdue  colonso ciqmuiee ntnoo  el tudveifeercotno  cnaoutsicaian,t e hdaeb ilean dinod eafecntusaiódno, 
supuesto que se encuentra contemplado también en el art. 241.1 LOPJ. Tampoco puede
admitirse  el  argumento  de  la  providencia  sobre  la  posibilidad  de  haber  interpuesto 
recurso de suplicación, ya que, debido a la defectuosa actuación de la administración de 
justicia, no fueron notificadas de ningún trámite, y la sentencia ya era firme, según el 
criterio del juzgado. Además, en el recurso de suplicación no se podría haber resuelto 
sobre el fondo de la cuestión, habiéndoles privado de obtener una sentencia favorable a 
sus intereses, ya que sólo habría alcanzado a esa eventual notificación de la pendencia 
del proceso a las recurrentes.
Por todo lo anterior, consideran que se les ha ocasionado una clara indefensión a 
causa de la deficiencia en la notificación judicial, que ha eliminado por completo su 
derecho de defensa. Con base en ello, solicitan el reconocimiento de su derecho a la 
tutela judicial efectiva y la declaración de la nulidad de la providencia de 18 de diciembre 
de  2018,  resolutoria  del  incidente  de  nulidad  de  actuaciones,  con  retroacción  de 
actuaciones al momento inmediatamente anterior a la admisión a trámite de la demanda 
principal, para que las actoras puedan intervenir y defenderse en el procedimiento.
Por medio de otrosí se solicita la suspensión cautelar de las ejecuciones que deriven 
del procedimiento de despido objetivo individual núm. 923-2017.
4.  Mediante diligencia de ordenación de 12 de abril de 2019, de conformidad con lo 
previsto en el art. 88 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se acordó 
requerir al Juzgado de lo Social núm. 3 de León para que en el plazo de diez días 
remitiera testimonio del procedimiento de despido núm. 923-2017, del que dimana la 
ejecutoria núm. 86-2018.
5.  Por providencia de 30 de septiembre de 2019, la Sección Segunda de este 
Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre en el 
mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) «porque el recurso 
plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no 
hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2, a)]». Asimismo, se acordó dirigir 
comunicación al Juzgado de lo Social núm. 3 de León para que en plazo no superior a 
diez días emplazara a quienes hubieran sido parte en la pieza de nulidad de actuaciones 
núm.  923-2017,  excepto  la  parte  recurrente  en  amparo,  a  fin  de  que  pudieran 
comparecer en el recurso de amparo en el plazo de diez días, si lo desearan. También se 
acordó formar la correspondiente pieza separada de suspensión.
6.  La Sección acordó, asimismo y mediante providencia de la misma fecha, formar 
la oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión y, conforme a lo 
dispuesto en el art. 56 LOTC, concedió un plazo común de tres días a la parte solicitante 
de amparo y al Ministerio Fiscal para que alegaran lo que estimasen pertinente sobre la 
petición de suspensión. A través de escrito presentado el 8 de octubre de 2019, la parte 
demandante formuló sus alegaciones, insistiendo en lo dicho en el otrosí de su demanda 
y trascribiendo los AATC 259/1984, de 2 de mayo, y 283/1999, de 29 de noviembre. Por 
su parte el Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 14 de octubre de 2019, interesó que 
se denegara la suspensión o que se condicionara la misma a la previa prestación de 
fianza.
El  ATC  172/2019,  de  16  de  diciembre,  acordó  denegar  la  suspensión  cautelar 
solicitada.
7.  A través de diligencia de ordenación de 25 de noviembre de 2019, la secretaría 
de justicia de la Sala Primera de este Tribunal acordó dar vista de las actuaciones a la 
parte recurrente en amparo y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin  e.
de que pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo  w.
previsto en el art. 52 LOTC. 47ww
8.  La  representación  de  las  entidades  recurrentes  presentó  su  escrito  de
adleesgaarcroiollnaedso s eeln  1su6  ddeem adnidcaie mdeb raem pdaer o.2019,  en  el  que  reprodujo  los  argumentos
9.  El fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó el escrito de alegaciones el 15 
de enero de 2020, por el que interesó de este Tribunal que dictara sentencia otorgando 
el amparo a las recurrentes, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), y restablecimiento en el mismo, con 
declaración de nulidad de la providencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de León de 18 
de diciembre de 2018, de la sentencia dictada en el procedimiento de despido objetivo 
individual núm. 923-2017 y  las  demás  resoluciones  posteriores, con retroacción de 
actuaciones del mencionado procedimiento de despido hasta el momento pertinente para 
el nuevo señalamiento de los actos de conciliación y juicio, a fin de que la nueva citación 
para  los  referidos  actos  se  lleve  a  cabo  de  manera  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Tras  la  exposición  de  los  antecedentes  del  caso,  se  aborda  el  análisis  de  la 
pretensión de la demanda, con invocación de la doctrina de este Tribunal en relación con 
la práctica de los actos de comunicación procesal, mencionando, en particular, las 
SSTC 47/2019, de 8 de abril, y 102/2019, de 16 de septiembre, que tratan unos recursos 
sustancialmente  iguales,  por  lo  que  el  fiscal  considera  que  la  doctrina  de  dichas 
sentencias es aplicable al presente caso, citando los preceptos procesales que son de 
interés para la resolución del recurso. Señala que, según la doctrina constitucional, ha de 
garantizarse a la parte demandada el derecho a conocer la existencia del proceso para 
que pueda intervenir y defenderse en el mismo, realizando los actos de comunicación no 
sólo de forma correcta, sino asegurándose de que sirven a su propósito de garantizar 
que la parte pueda intervenir en el proceso.
Analiza el fiscal los argumentos de la resolución recurrida, a partir del criterio de la 
STC 47/2019, y apunta que, en las actuaciones, los únicos documentos que acreditarían 
la comunicación son las certificaciones de las comunicaciones electrónicas a Seditex 
Global, S.L., y a Mar de Escocia Textil, S.L., rechazadas automáticamente por no haber 
sido abiertas, sin que conste siquiera la remisión de la comunicación electrónica a 
Seditex Valladolid, S.L., y la afirmación de que la sentencia fue notificada a las empresas 
demandadas se justifica únicamente en una diligencia de 19 de abril de 2018 que así lo 
dice, pero en la causa no obra documentación alguna que refiera el modo en que se 
produjo  dicha  notificación.  Para  el  fiscal  la  argumentación  del  juzgado  es  muy 
insuficiente y carece de apoyo documental, sin que se justifique por qué se entienden 
realizadas  debidamente  las  comunicaciones  procesales,  y  sin  poner  en  relación  la 
regulación general sobre las comunicaciones electrónicas con el art. 56.1 LJS y el 
art. 155 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) sobre que la primera comunicación que 
se realice a las partes no personadas debe efectuarse por remisión al domicilio por 
correo certificado. Por tanto, de acuerdo con la doctrina de la STC 47/2019, FJ 4 a), la 
resolución  impugnada  adolece  de  un  déficit  de  razonabilidad,  por  no  tomar  en 
consideración los preceptos citados y el art. 273.4 LEC. Además, incurre en el error de 
considerar que la comunicación a través de medios electrónicos es el único modo de 
comunicación del juzgado con las personas jurídicas, o, al menos, el modo correcto de 
realizar la primera comunicación de la existencia del proceso al demandado. Todo ello 
conlleva que la resolución del juzgado de lo social de León no pueda considerarse 
fundada en Derecho.
Aplicando  la  doctrina  constitucional  sobre  los  actos  de  comunicación  realizados 
desde el primer momento en el procedimiento, concluye el fiscal que el juzgado infringió 
la  regulación  legalmente  prevista  para  la  primera  citación  o  emplazamiento  del 
demandado no personado en el procedimiento al realizarla a través de la dirección  s
electrónica  habilitada,  y  sin  dar  posibilidades  de  subsanación  al  no  ser  retirada  la  oe.
comunicación. Junto a ello, el juzgado no empleó la diligencia exigible para que la  w.
comunicación llegase eficazmente a la parte demandada, a pesar de saber que las  47ww
deimrigpirdeos acso ndteram aenlladsa dnai sd en ola t ecneílaenb raucni ócno ndoecl imjuiiecinot,o e rsepael cdiael mqeunet eh aební ae lu cna psroo cdeed Simeideintetox 
Vcuaállanddool isde,  Sre.Lm.,i tiaól  on os ec orencsitbairó ,e nl im eel dmioo taiv otr apvoérs e dl eqlu ceu eanl  slae  dreilaiglieznóc ilaa  dceo mcounnsictaacnicóina,  snei   BOE-A-cable e
afirma que se ha llevado a cabo «con resultado positivo». Por otra parte, no consta 
acreditada la existencia de negligencia en las demandadas en cuanto a la falta de 
comunicación, aplicando el canon de la STC 47/2019, ni hay prueba de conocimiento 
extraprocesal del proceso por despido o de la posterior ejecución.
10.  Mediante providencia de 11 de junio de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
Las actoras dirigen su recurso contra la providencia del Juzgado de lo Social núm. 3 
de León, de fecha 18 de diciembre de 2018, que inadmitió el incidente de nulidad de 
actuaciones  promovido  en  el  procedimiento  por  despido  objetivo  individual  núm. 
923-2017, en el que se había dictado la sentencia núm. 116/2018, de 22 de marzo, 
estimatoria de la acción de despido ejercitado contra las recurrentes. En síntesis, las 
demandantes se quejan de la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión (art. 24.1 CE), porque, en el procedimiento judicial mencionado, les fue 
dirigida a través de la dirección electrónica habilitada la comunicación relativa al día de 
celebración de los actos de conciliación y juicio, en vez de efectuar la citación en su 
domicilio social —que constaba en la demanda—, mediante correo certificado, tal y como 
exige la legislación procesal. Ese irregular proceder del órgano judicial dio lugar a que no 
llegara a su conocimiento la fecha de celebración de los referidos actos, al no haber 
retirado la citación recibida de la dirección electrónica, con su consiguiente rechazo 
automático,  lo  que  motivó  su  incomparecencia  y  la  estimación  en  sentencia  de  la 
demanda  interpuesta  por  la  trabajadora  con  la  consecuente  condena  de  las  allí 
demandadas.
Por su parte, el fiscal, con apoyo en los argumentos que han quedado expuestos de 
manera detallada en los antecedentes, solicita la estimación del recurso de amparo, al 
considerar que se ha vulnerado el derecho de las actoras a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión (art. 24.1 CE), por no haberse practicado los actos de comunicación procesal 
para la comparecencia en juicio de acuerdo con la doctrina constitucional y la normativa 
legal aplicable.
2.  Doctrina constitucional y su aplicación al presente recurso.
El problema que aquí se suscita ya ha sido resuelto por este Tribunal en diversos 
pronunciamientos, referidos a distintos órdenes jurisdiccionales, y, específicamente para 
el procedimiento laboral, en las SSTC 47/2019, de 8 de abril, 102/2019, de 16 de 
septiembre, 150/2019, de 25 de noviembre, y 7/2020, de 27 de enero. En la primera de 
ellas se aplicó la doctrina sentada por la anterior STC 6/2019, de 17 de enero, FJ 4 a) 
(iii),  del  Pleno  de  este  tribunal,  en  cuanto  a  la  exigencia  legal  de  que  el  primer 
emplazamiento o citación de la parte demandada en los distintos procesos se lleve a 
cabo de manera personal a su domicilio, y no a través de comunicaciones electrónicas 
[STC 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a)].
En el mismo fundamento de la STC 47/2019 se advirtió también que no se podía 
incurrir en el error de «atribuir a lo dispuesto en los arts. 53.1 y 55 LJS la facultad de 
efectuar los actos de comunicación a través de medios electrónicos, telemáticos o de 
otra clase semejante, como modo alternativo a la utilización del correo certificado con  e.
acuse de recibo en el domicilio señalado. Ninguno de esos artículos contiene una  w.b
previsión de ese tipo; por el contrario, es el art. 56 LJS el que, como anteriormente ha  47ww
qeusoesd amdeod rioesfl etejacdnoo,l ósgeic roesm».i tPe oar  elol  cdoinsptruaerisot,o h aeyn  qeul ea tret.n 1e6r 2e nL cEuCe nstoab qreu el ae l uatrilti.z 5a3ci.ó1n L JdSe 
sdee  rreemaliiztea ra llo csa apcíttuolso  dVe  dceolm tíutunlioc aVc iódne,  lalo  Lceuya ld hea e dneju picoinaemriseen teon c rievlial ceinó nc ucaonnt olo  ad ilsap fuoermstao 
en el art. 155.1 y 2 LEC, pues este último precepto regula específicamente la realización
de los actos de comunicación que constituyen el primer emplazamiento o citación del 
demandado. Y, a partir de esa remisión de la Ley reguladora de la jurisdicción social a la 
Ley de enjuiciamiento civil, la STC 47/2019, FJ 4 a), nos recuerda que «este tribunal ya 
sostuvo, en el fundamento jurídico 4 de la ya citada STC 6/2019, que a modo de 
excepción y conforme a lo previsto en los arts. 155.1 LEC y 53.1 LJS, no procede 
efectuar por medios electrónicos la citación o emplazamiento del demandado aún no 
personado en el procedimiento, pues esos actos deben realizarse por remisión a su 
domicilio. El criterio sintetizado en la sentencia objeto de cita […] se extrae sin dificultad 
de la intelección conjunta de los arts. 53.1 y 56.1 LJS y 155.1 y 2 LEC. Y corrobora lo 
expuesto, la obligación que impone el segundo párrafo del art. 273.4 LEC, consistente en 
tener  que  presentar  en  soporte  de  papel  las  copias  de  los  escritos  y  documentos 
presentados por vía telemática o electrónica que den lugar al primer emplazamiento, 
citación o requerimiento del demandado. La finalidad que racionalmente se infiere de ese 
mandato no es otra que la de trasladar al referido demandado las copias presentadas en 
papel».
En definitiva, aunque por imperativo legal los sujetos mencionados en el art. 273.3 
LEC —entre ellos, las personas jurídicas— tengan que actuar en el proceso sirviéndose 
de las vías tecnológicas a que se refiere el art. 162 LEC, y que, de acuerdo a lo previsto 
en el art. 152.2 LEC, ello dé lugar a que los actos de comunicación también se deban 
practicar por medios electrónicos, no autoriza a entender, con fundamento en ese deber 
de relacionarse con la administración de justicia por medios electrónicos o telemáticos, 
que esas personas y entidades queden constreñidas, en cualquier caso y circunstancia, 
a recibir los actos de comunicación a través de esos medios, hasta el extremo de quedar 
neutralizada la regulación legal especialmente prevista, sin distinción de supuestos o 
sujetos, para las primeras citaciones o emplazamientos del demandado en el art. 155.1 
y 2 LEC [SSTC 47/2019, FJ 4 a), y 7/2020, FJ 2].
Aparte de que la doctrina sentada en la STC 47/2019 ha sido seguida por otros 
pronunciamientos posteriores, como los citados más arriba, ha de significarse que, por 
su vinculación a los poderes públicos tras su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» (arts. 40.2 LOTC y 5.1 LOPJ), la Secretaría General de la Administración de 
Justicia del Ministerio de Justicia ha dirigido una comunicación el 21 de mayo de 2019 a 
las  secretarías  de  gobierno  del  Tribunal  Supremo,  Audiencia  Nacional  y  tribunales 
superiores de justicia de las comunidades autónomas, citando la STC 47/2019, en su 
fundamento jurídico 4, para que cuiden de que «la doctrina interpretativa de las normas 
procesales reguladoras del primer emplazamiento de personas jurídicas sentada por el 
Tribunal Constitucional, cuyo obligado acatamiento impone la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, sea observada en todas las oficinas judiciales del territorio».
En el supuesto que nos ocupa, la providencia impugnada por las demandantes de 
amparo inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por ellas a partir de 
la consideración de que se habían llevado a efecto las citaciones con resultado positivo a 
través de la sede electrónica, constando como fecha de puesta a disposición el 9 de 
enero de 2018, y como fecha de rechazo automático el 24 de febrero de 2018, y que la 
sentencia dictada en el procedimiento de despido les fue notificada el 26 de marzo 
de 2018, según se hace constar en diligencia de ordenación de 19 de abril de 2018. 
Tales circunstancias llevaron al juzgador a concluir que el incidente era extemporáneo, 
por haberse interpuesto más allá del plazo de veinte días establecido en el art. 241.1 
LOPJ, y que, a mayor abundamiento, la nulidad se debería haber hecho valer a través 
del recurso de suplicación contra la sentencia, de acuerdo con la previsión del art. 240.1  s
LOPJ. Con ello, el juzgado no dio respuesta expresa a la queja que las demandantes  oe.
formularon en el incidente de nulidad de actuaciones, en el sentido de que se había  w.
vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva porque no habían tenido conocimiento  47ww
hdaeb lear seex iastjuesntcaiad od leal  cpirtaoccieódni mai elon tpor,e vails ntoo  ehna lboesr  arretcsi.b 5id3o y  nsinigguuiennat enso tdifeic laac Lióeny  nrei gauvliasdoo, rnai 
dsue  dlao mjuircisilidoi.c cSióinn e smobcaiarlg, oq,u iem pelxícigitiarímane nqtuee,  asl ed alers p ohru bbiueesnea psr laacst icnaodtiofic paecriosnoensa lrmeeanliztea,d eans   BOE-A-cable e
mediante sede electrónica como fundamento para inadmitir el incidente, el juzgado 
rechazó las alegaciones de las recurrentes en cuanto a la vulneración de su derecho a la 
tutela judicial efectiva por la defectuosa notificación.
Pues bien, la doctrina que hemos expuesto más arriba es de aplicación al presente 
caso. De acuerdo con ella, el Juzgado de lo Social núm. 3 de León debería haber 
procedido a efectuar la primera citación a las empresas demandadas, que no estaban 
todavía personadas en el procedimiento por despido objetivo individual núm. 923-2017, 
por correo certificado con acuse de recibo en el domicilio designado por la trabajadora 
demandante, en lugar de realizarla mediante la sede electrónica, a través de la dirección 
electrónica habilitada. Es más, los dos certificados expedidos por el servicio de soporte 
del servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre que obran en las actuaciones, aparte de no identificar a 
qué  procedimiento  se  refiere  la  notificación,  tan  sólo  incluyen  los  numero  de 
identificación fiscal de las demandadas Seditex Global, S.L. (B-47748439), y Mar de 
Escocia Textil, S.L. (B-47749908), pero no figura el de la otra demandada, Seditex 
Valladolid, S.L. (B-47394721), que es una de las recurrentes en amparo en el presente 
procedimiento, a la que, por consiguiente, parece que no se intentó citar ni siquiera a 
través  de  la  dirección  electrónica  habilitada.  Esta  no  sería  la  única  irregularidad 
producida en el procedimiento en cuanto a las notificaciones se refiere, pues, aunque en 
diligencia de ordenación de 19 de abril de 2018 se haga constar que la sentencia recaída 
en el procedimiento de despido se notificó a las tres demandadas el 26 de marzo 
de 2018, no aparece en las actuaciones documento alguno que respalde esa afirmación, 
y ha de resaltarse que ese dato fue el que sirvió al juzgado para inadmitir el incidente de 
nulidad  de  actuaciones,  por  haberse  excedido  el  plazo  de  20  días  previsto  en  el 
art. 241.1 LOPJ y porque esa nulidad se debería haber hecho valer a través del recurso 
de suplicación (art. 240.1 LOPJ). Es decir, que la falta de diligencia en la realización de 
las citaciones y notificaciones ha sido una práctica reiterada en el proceso laboral a quo.
A lo anterior hemos de añadir que la actuación del juzgado tampoco se acomoda al 
deber de diligencia que nuestra doctrina impone al órgano judicial en la realización de los 
actos de comunicación procesal, a fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva 
sin  indefensión,  cuando  de  la  eficacia  de  aquel  acto  de  comunicación  dependa  la 
posibilidad de personación de la parte demandada en el proceso, con la consiguiente 
garantía de su derecho a defensa. En el presente caso se optó por una modalidad de 
comunicación procesal que, como ya hemos advertido, no es la procedente para los 
actos que constituyan el primer emplazamiento o citación de los demandados. Y, a pesar 
de haberse constatado que la citación efectuada en la dirección electrónica habilitada no 
fue retirada por las demandadas, produciéndose su rechazo automático, no se agotaron 
las posibles vías existentes para lograr la efectividad de la notificación, como exige el 
art. 53.1 LJS, para lo cual habría bastado con proceder del modo previsto en el art. 56.1 
LJS; esto es, practicar la comunicación por correo certificado con acuse de recibo en el 
domicilio indicado en el escrito de demanda. Por tanto, debemos concluir que ni la 
actuación precedente de la oficina judicial ni la argumentación dada por órgano judicial al 
inadmitir el incidente de nulidad se acomodan a las exigencias establecidas por nuestra 
doctrina atinente al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con las 
garantías que deben revestir los actos de comunicación procesal, a fin de evitar la 
indefensión del afectado.
3.  Alcance del otorgamiento del amparo.
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, debemos reconocer la vulneración del  bo
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) de las demandantes de  47ww
caomnp aloro e, sctoanb lleac cidoon seignu ieeln taer te. s5ti5m aLcOióTnC ,d eplr porceesdeen tdee rcelacurarsr ol ad en ualmidpaadr od.e D lea  cpornofvoirdmeindcaiad 
daect u1a8c idoen esse pjutideimciablrees  dqeu e2 0s1e8 h, udbeie lraa ns epnrtoednucciaid od ec o2n2  pdoes tmeraiorzriod adde  a2 l0a1 c8i,t ayc idóen  tloledvaasd ala as 
cabo a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las actuaciones
hasta el momento procesal que proceda, a fin de que la nueva citación para los actos de 
conciliación y juicio se lleve a cabo de manera respetuosa con el derecho fundamental 
indicado, de conformidad con lo razonado en el fundamento jurídico 2 de esta resolución.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por Seditex Global, S.L., y por Seditex 
Valladolid, S.L., y, en consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de las demandantes de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerlas en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la providencia 
de 18 de septiembre de 2018 y de la sentencia de 22 de marzo de 2018, dictadas por el 
Juzgado de lo Social núm. 3 de León en el procedimiento por despido objetivo individual 
núm. 923-2017, así como de todas las actuaciones realizadas a partir de la citación de 
las entidades recurrentes a través de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse la citación de las demandadas para los actos de conciliación y, en su caso, 
juicio, para que se lleve a cabo de nuevo dicha citación por el juzgado de forma que 
resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de junio de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  Melgar.–
Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.