BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 309 Miércoles 25 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 104873
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE SANIDAD
14949 Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Sanidad, por la que se publica el Convenio con la Junta de Andalucía, sobre 
la cesión de datos del formulario de control sanitario, gestionado a través de 
la aplicación Spain Travel Health.
Suscrito el 4 de noviembre de 2020, Convenio entre el Ministerio de Sanidad y la 
Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía sobre la cesión de datos del 
formulario de control sanitario, gestionado a través de la aplicación Spain Travel Health, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.
Madrid, 12 de noviembre de 2020.–La Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia 
Calzón Fernández.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía sobre la cesión de datos del formulario de control sanitario, 
gestionado a través de la aplicación Spain Travel Health
En Madrid, a 4 de noviembre de 2020.
REUNIDOS
De  una  parte,  Pilar  Aparicio  Azcárraga,  Directora  General  de  Salud  Pública 
nombrada para este cargo por el Real Decreto 805/2018, de 29 de junio, en ejercicio de 
las competencias atribuidas por el Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales, en base a la atribución contemplada en la Orden 
SSI/131/2013, de 17 de enero, de delegación de competencias en el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que se mantiene en vigor según lo establecido 
en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 735/2020.
De otra parte, don Jesús Ramón Aguirre Muñoz, Consejero de Salud y Familias de la 
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  nombrado  para  ese  cargo  por  el  Decreto  del 
Presidente  4/2019,  de  21  de  enero,  por  el  que  se  designan  los  Consejeros  y  las 
Consejeras de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 14, 22 de enero de 2019, y corrección 
de errores en BOJA Extraordinario núm. 1, de 22 de enero de 2019), actuando en 
ejercicio de las facultades que le vienen conferidas por Decreto del Presidente 2/2019, 
de 22 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, el 
Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, y el articulo 26.1 y 2.i)  es
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. o
Ambos intervienen en uso de las facultades que, de conformidad con la normativa  949ww
cvaigpeanctied,a dle psa rcao lnaf ifeirrmena  dleols p rceasregnotse  Cqounev edneios eym, ap etañl aenfe cyt o,se  reconocen  mutuamente
EXPONEN
Primero.
Que la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, 
requiere  la  adopción  de  medidas  inmediatas  y  eficaces  para  hacer  frente  a  esta 
coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una 
crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número 
de personas afectadas como por el extraordinario riesgo para sus derechos. Por ello, las 
medidas a adoptar se encuadran en la acción decidida de todas las Administraciones 
Públicas, para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión 
de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.
Segundo.
Que la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por 
el  que  se  aprueban  medidas  en  materia  de  energía  y  en  otros  ámbitos  para  la 
reactivación económica, señala que el Ministerio de Sanidad determinará los controles 
sanitarios necesarios a los que deben someterse los pasajeros que lleguen a España por 
vía aérea o marítima y el alcance de dichos controles, siendo el responsable de su 
ejecución. Dichos controles podrán incluir la toma de temperatura, un control documental 
y un control visual sobre el estado del pasajero.
Dicho  Real  Decreto-ley  señala  igualmente  que,  en  lo  que  se  refiere  al  control 
documental, los pasajeros con origen en cualquier aeropuerto o puerto situado fuera del 
territorio español, deberán cumplimentar un formulario de salud pública, cuyo contenido y 
forma de presentación será establecido por la persona titular de la Dirección General de 
Salud  Pública  del  Ministerio  de  Sanidad.  Los  modelos  de  «Formulario  de  control 
sanitario» han sido aprobados mediante Resolución de 24 de julio de 2020, de la 
Dirección  General  de  Salud  Pública,  Calidad  e  Innovación,  relativa  a  los  controles 
sanitarios a realizar en los puntos de entrada en España y se deroga la Resolución de 29 
de junio de 2020.
Tercero.
Que en el artículo 14.g) de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 
Pública, se establece que, en materia de vigilancia en salud pública, es competencia del 
Ministerio de Sanidad la coordinación y gestión de los intercambios de la información en 
el ámbito nacional para una mejor acción asistencial de la comunidad.
Cuarto.
El Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública es el 
Responsable del Tratamiento de Datos de la Aplicación Spain Travel Health SpTH, cuya 
finalidad  es  garantizar  el  control  sanitario  a  la  entrada  de  pasajeros  de  vuelos 
internacionales en relación con la pandemia originada por COVID-19. Este Tratamiento 
contempla la cesión de datos a los Servicios de Salud Pública de las Comunidades 
Autónomas de la que han sido informados los pasajeros.
Quinto. b
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realizar un seguimiento de las personas en su destino en España sobre la aparición de
síntomas compatibles con COVID-19, con objeto de detectar precozmente la posibilidad 
de esta enfermedad y aplicar a las personas así identificadas las medidas de vigilancia y 
control  sanitario  que  correspondan  en  cada  caso.  En  estos  últimos  escenarios  es 
imprescindible  la  participación  de  las  autoridades  sanitarias  de  las  Comunidades 
Autónomas para localizar a los sospechosos y poder aplicar la Estrategia de detección 
precoz, vigilancia y control de COVID-19 revisada por la Comisión de Salud Pública del 
Consejo Interterritorial y presentada al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud.
Sexto.
Que la Consejería de Salud y Familias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
tiene entre sus competencias la vigilancia de la salud pública que en su ámbito territorial 
tiene legalmente atribuida, y como autoridad sanitaria de la Comunidad Autónoma, tiene 
la consideración de Responsable del Tratamiento en su ámbito de competencias.
Séptimo.
Que el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, incluye el principio de cooperación como uno de los principios generales de 
actuación de las administraciones públicas, que desarrolla la propia ley en su Título III, 
dedicado a las relaciones interadministrativas. Así, el artículo 140.1, entre los principios 
en virtud de los cuales las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan 
con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de 
éstas,  incluye  en  su  párrafo  d)  el  principio  de  cooperación,  cuando  dos  o  más 
Administraciones Públicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, 
asumen compromisos específicos en aras de una acción común. Según el 143.1., las 
Administraciones cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar de manera 
voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este 
principio,  y  el  143.2.  establece  que  la  formalización  de  relaciones  de  cooperación 
requerirá la aceptación expresa de las partes, formulada en acuerdos de órganos de 
cooperación  o  en  convenios.  En  este  mismo  Título  III,  el  artículo  144  incluye  la 
prestación de medios materiales, económicos o personales de otras Administraciones 
Públicas como una de las Técnicas de Cooperación previstas en su apartado 1.d).
Octavo.
Que las partes están de acuerdo en la necesidad de ceder los datos a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de la aplicación Spain Travel Health SpTH, correspondientes a 
las personas que hayan viajado a España con destino a dicha Comunidad Autónoma, 
por las ventajas que traerá en la eventual implementación de la Estrategia de detección 
precoz, vigilancia y control de COVID-19.
De acuerdo con lo expuesto, en aplicación del principio de cooperación que rige las 
relaciones entre las Administraciones Públicas, y con el fin de establecer fórmulas que 
contribuyan a dar un mejor servicio a los ciudadanos en una materia tan sensible como 
es la lucha contra el COVID-19, las partes suscriben el presente Convenio, que se regirá 
por las siguientes
CLÁUSULAS e.
Primera.  Objeto del Convenio. 949ww
1.  El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos de la cesión a la
TCroamveuln Hideaadlt hA SuptóTnHo mcoar rdeesp oAnnddiaelnutceísa  ad lea sl opse rdsoantoass  rqeugeis strea ednocsu eennt rlaan  aepnl iscua ctieórnri toSrpioa.in
2.  El Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública tiene 
la consideración de Responsable del Tratamiento para este sistema de información.
3.  La Consejería de Salud y Familias, como autoridad sanitaria de la Comunidad 
Autónoma, tiene la consideración de Responsable del Tratamiento en relación con los 
datos que el Ministerio de Sanidad le ceda en virtud de este Convenio.
4.  La información recogida será tratada exclusivamente para finalidades de interés 
público en el ámbito de la salud pública o para garantizar elevados niveles de calidad y 
de seguridad de la asistencia sanitaria o, en su caso, para proteger los intereses vitales 
del interesado o de otras personas físicas, sobre la base de la normativa aplicable en 
materia de salud pública y siempre con las medidas adecuadas y específicas que 
establezca dicha normativa para proteger los derechos y libertades del interesado, y en 
particular el secreto profesional.
Segunda. Características de la aplicación.
1.  Spain Travel Health SpTH es una aplicación que tiene como finalidad el registro y 
tratamiento de los datos para la vigilancia y control sanitario de pasajeros procedentes 
de  vuelos  internacionales,  proporcionando  una  evaluación  sobre  si  el  pasajero 
internacional ha podido tener contacto con el COVID-19, posibilitando la localización de 
contactos estrechos vinculados a los vuelos o el seguimiento de las personas en su 
destino  en  España  con  objeto  de  detectar  precozmente  la  posibilidad  de  esta 
enfermedad.
2.  Las categorías de datos que serán cedidos incluyen:
a.  Datos  identificativos  y  de  contacto  de  pasajeros:  nombre  y  apellidos,  sexo, 
número Pasaporte/DNI/NIE, número de teléfono, correo electrónico o el domicilio.
b.  Datos  de  salud  de  los  pasajeros  vinculados  a  COVID-19:  tos,  dificultad 
respiratoria,  haber  estado  en  contacto  con  algún  paciente  positivo  confirmado  de 
COVID-19 en los últimos 14 días o haber acudido/visitado un hospital en los últimos 14 
días.
Tercera.  Obligaciones de la Dirección General de Salud Pública.
1.  La Dirección General de Salud Pública se compromete a cumplir las siguientes 
obligaciones:
a.  Proporcionar a la Comunidad Autónoma de Andalucía, los datos procedentes de 
la aplicación Spain Travel Health SpTH que registra la información contenida en los 
formularios de salud pública de los pasajeros internacionales con destino en su territorio.
b.  Adoptar las medidas de seguridad precisas para transferir dicha información.
2.  La Dirección General de Salud Pública no responderá en ningún caso de los 
daños y perjuicios producidos por el mal empleo de los datos cedidos por parte de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.
3.  La Dirección General de Salud Pública no garantiza la certeza de los datos 
introducidos por los pasajeros en los formularios de salud pública, que realiza bajo 
declaración responsable.
Cuarta.  Obligaciones de la Consejería de Salud y Familias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. e
tcroamvéLpsar o Cmdeoe ntesla ea j eDcruíirame cpdcleiiró  lnSa sa Glsuiedgn ueyie ranFlt aemds eiol ibaSlsiga adlucedi o lnaPe úCsb:olimcau nyid aOdr dAeuntaócnioómn aF adrem Aacnéduatliuccaí,a , sea   2020-14949n https://www.
de loas.  dCatuoms pcleird tioddoas so blatse noidboligs adceio lnae asp qliucaec pióund iSepraanin c Torrarevsepl oHnedaeltrhle S cpoTmHo  cRoens aprorengsalob alel   BOE-A-cable e
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo del Consejo de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la 
Directiva 95/46/CE, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  o  de  cualquier  otra  disposición  o 
regulación complementaria en materia de protección de datos que, en su caso, le fuera 
igualmente aplicable. La Comunidad Autónoma es consciente de que los términos del 
presente Convenio en nada alteran ni sustituyen las obligaciones y responsabilidades 
que le sean atribuibles como Responsable del Tratamiento.
b.  Realizar las notificaciones a las autoridades competentes que sean exigibles de 
acuerdo  con  la  normativa  vigente  aplicable  respecto  al  Tratamiento,  incluyendo  las 
relativas a las brechas o incidentes de seguridad.
c.  Cumplir con las especificaciones técnicas necesarias para el acceso a los datos 
objeto de cesión.
d.  Hacer un uso correcto de los datos cedidos, empleándose exclusivamente para 
la finalidad prevista.
e.  Destruir los datos identificativos de carácter personal al cabo de cuatro semanas, 
salvo que sean objeto de tratamiento en relación con la historia clínica, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica, y demás normativa sanitaria aplicable.
Quinta.  Mecanismo de seguimiento.
1.  Para  el  seguimiento  de  la  ejecución  de  este  Convenio  se  constituirá  una 
Comisión,  integrada  por  un  representante  designado  por  cada  parte  firmante  del 
presente Convenio, con las siguientes funciones a realizar por ellos o personas en 
quienes deleguen:
a.  El seguimiento de las actuaciones del Convenio.
b.  La resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan 
plantearse respecto a la ejecución del Convenio.
c.  La propuesta y el diseño de medidas y actuaciones complementarias que se 
juzguen de interés.
2.  La Comisión se reunirá a petición de una de las partes, y al menos una vez al 
año.
3.  La Comisión se constituirá en el plazo máximo de un mes, comunicando por 
escrito los nombres de las personas representantes designadas por parte del Ministerio 
de Sanidad, la Dirección General de Salud Pública y por parte de la Consejería de Salud 
y Familias, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.
Sexta.  Régimen económico.
Este Convenio no comporta obligaciones económicas entre las partes firmantes.
Séptima.  Resolución de controversias.
1.  Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las incidencias que 
puedan surgir en el cumplimiento del presente Convenio, entre otras las que sean  e
consecuencia de la celeridad que ha sido necesaria para la celebración del mismo. bo
2.  Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes durante el desarrollo y  949ww
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Octava.  Modificación.
El texto de este Convenio podrá ser modificado por acuerdo de las partes mediante 
la suscripción de la correspondiente Adenda, y siguiendo los trámites preceptivos y de 
autorización previa establecidos en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Novena.  Duración, resolución y extinción.
1.  El  presente  Convenio  tendrá  una  duración  inicial  de  un  año  y  podrá  ser 
prorrogado expresamente por periodos semestrales sucesivos hasta un máximo de 2 
años. El tratamiento de datos personales con las finalidades previstas en la aplicación 
solo podrá realizarse mientras dure la causa que lo motiva, esto es, la finalidad de 
interés público por razón de salud pública.
La voluntad de prorrogar de una de las partes tendrá que comunicarse a la otra con 
una antelación de quince días respecto de la fecha de terminación del periodo de 
duración  inicial  o  de  cualquiera  de  sus  prórrogas  y,  en  caso  de  acuerdo,  deberá 
formalizarse por escrito, todo ello sin perjuicio de las causas de resolución recogidas en 
el apartado segundo siguiente.
2.  De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  los  convenios  se  extinguen  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
a)  El transcurso  del  plazo  de vigencia  del  Convenio sin haberse acordado su 
prórroga.
b)  El acuerdo unánime de las partes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
d)  La decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
3.  Asimismo, las partes firmantes podrán resolver este Convenio por denuncia de 
cualquiera de las mismas mediante preaviso comunicado a la otra parte con, al menos, 
quince días de antelación a la fecha de resolución propuesta sin que esto suponga 
incumplimiento alguno del presente Convenio.
4.  El Convenio será efectivo una vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado», 
previa inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal.
Décima.  Régimen de Protección de Datos, Seguridad y Confidencialidad.
1.  El régimen de protección de datos de carácter personal en las actuaciones que 
se desarrollen en ejecución del presente Convenio es el previsto en el RGPD y en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre y demás normativa de aplicación en materia de 
protección de datos.
2.  Las partes están obligadas al cumplimiento del Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica.
3.  Toda la información facilitada por las partes y toda la información generada como 
consecuencia  de  la  ejecución  del  presente  Convenio  tendrá  el  tratamiento  de  e
confidencial, sin perjuicio de la información que sea de dominio público, no pudiendo ser  bo
divulgada o facilitada a terceros, ni utilizada para un fin distinto del previsto en este  949ww
docuLma eonbtolig, asicnió enl  adceu ecrdoon fuidneánnciimaleid daed  lapsa rpaa rltaess .partes se extenderá indefinidamente,
aauuntoqruizea ceiól n Cdoen vleansi op asrete sh uob,i eeran  esxut incgausiod,o .d eT oqduoe  edlloic hsai n inpfoerrmjuaiccioió nd ep alsaa reav ean tsuearl 
considerada como de dominio público.
4.  Adicionalmente, conforme a lo establecido en la normativa aplicable, se podrán 
tratar los datos para las siguientes finalidades no directamente relacionadas con las 
funcionalidades  de  la  aplicación,  adoptando  las  medidas  técnicas  y  organizativas 
necesarias, en particular, para garantizar el respeto al principio de minimización de datos 
personales, incluyendo, en su caso, su anonimización:
a)  Para su inclusión en la historia clínica.
b)  Para finalidades estadísticas.
c)  Para investigación biomédica o científica.
d)  Para archivo en interés público.
Decimoprimera.  Deber de secreto.
1.  Ambas Partes se comprometen a guardar la máxima reserva y secreto sobre la 
información calificada como confidencial facilitada por una a la otra, con motivo de la 
colaboración en las actividades objeto de este Convenio.
2.  Se  considerará  información  confidencial  toda  la  información  y  los  datos 
personales a los que tengan acceso.
3.  Las Partes serán responsables de que su personal, colaboradores, directivos y 
en  general,  todas  las  personas  de  su  responsabilidad  que  tengan  acceso  a  la 
información confidencial y/o a los datos personales, respeten la confidencialidad de la 
información, así como aquellas obligaciones relativas al tratamiento de datos de carácter 
personal. Por tanto, ambas Partes realizarán cuantas advertencias y suscribirán cuantos 
documentos sean necesarios con dichas personas o terceros, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de tales obligaciones aquí establecidas.
4.  Cuando así le sea solicitado por la otra parte, cada Parte destinará sus mejores 
esfuerzos  para  poner  a  disposición  de  la  otra  la  documentación  acreditativa  del 
cumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior lo antes posible.
Decimosegunda.  Naturaleza y régimen jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se regirá por lo dispuesto en 
el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Y, en prueba de conformidad y para su efectivo cumplimiento, las partes firman el 
presente Convenio, en la fecha indicada en la firma.–Por el Ministerio de Sanidad, La 
Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga.–Por la Consejería de 
Salud y Familias, El Consejero de Salud y Familias, Jesús Ramón Aguirre Muñoz.