BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 92 Sábado 17 de abril de 2021 Sec. III.   Pág. 44215
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
6146 Orden CUD/364/2021, de 15 de abril, por la que se adecúa la fracción de 
costes  indirectos  asociados  a  la  actividad  subvencionada  en  las 
convocatorias  de  subvenciones  a  otorgar  en  régimen  de  concurrencia 
competitiva por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
O.A., para hacer frente al impacto de la COVID-19.
La Constitución Española sitúa la cultura en su Título I, que regula los derechos y 
deberes de todos los españoles y, en su artículo 44.1, establece la obligación de los 
poderes públicos de promover y tutelar el acceso a la cultura, a la que todos tienen 
derecho.
El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, O.A. (en adelante, 
INAEM) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte al que se 
le atribuye, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del Real Decreto 2491/1996, 
de 5 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas  y  de  la  Música,  la  consecución  de  los  siguientes  fines:  la  promoción, 
protección  y  difusión  de  las  artes  escénicas  y  de  la  música  en  cualquiera  de  sus 
manifestaciones, la proyección exterior de estas actividades y la comunicación cultural 
entre las Comunidades Autónomas en las materias propias del Organismo, de acuerdo 
con ellas. Para su cumplimiento, el INAEM está facultado para realizar acciones de 
fomento y difusión, en particular mediante premios, ayudas y subvenciones.
La promoción de la cultura y el acceso de los ciudadanos a la misma conllevan el 
compromiso ineludible de los poderes públicos de establecer los instrumentos para que 
ello sea posible, lo cual debe materializarse, entre otros mecanismos, mediante medidas 
de fomento en las que los agentes culturales sean los protagonistas.
La cultura es, en esencia, libertad creativa, y por tanto, no son los poderes públicos 
los actores directos de la acción cultural, sino que su función es la de favorecer que los 
verdaderos  protagonistas  del  hecho  cultural,  los  artistas,  cuenten  con  los  medios 
necesarios  para  garantizar  el  derecho  contenido  en  nuestra  Carta  Magna.  Nuestra 
Constitución entiende la cultura no como un lujo dirigido a las élites, sino como un eje 
vertebrador de la sociedad democrática.
En una sociedad compleja y diversa como la nuestra, los artistas no actúan en 
solitario e individualmente, sino que se dotan de estructuras de muy diversa naturaleza 
que los acompañan y apoyan en el hecho creativo. Estas estructuras pueden ser de 
carácter  público  o  privado;  estructuras  empresariales  o  de  carácter  asociativo; 
estructuras  de  gran  tamaño  o  incluso  en  ocasiones  unipersonales;  estructuras 
permanentes y fijas o estructuras temporales y discontinuas.
La existencia de dichas estructuras culturales es fundamental para el desarrollo de la 
actividad cultural y en definitiva para el acceso igualitario de los ciudadanos a la cultura. 
Su eventual desaparición o debilitamiento causado por situaciones externas anómalas o 
de emergencia supondría privar a los ciudadanos de un derecho constitucionalmente 
reconocido y, por tanto, un incumplimiento de las obligaciones constitucionales de los 
poderes públicos. s
En España, las estructuras culturales se caracterizan básicamente por su fragilidad y  oe.
por una débil implantación social y empresarial, ya que, en general, en nuestro país la  w.
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número considerable de trabajadores, ya sean empleados en el ámbito de la gestión o
bien  artistas  y  vinculados,  y  que,  como  norma  general,  dependen  de  contratos 
temporales de corta duración y sometidos a una elevada intermitencia.
Esta naturaleza frágil de las estructuras culturales conlleva que cualquier situación 
anómala  pueda  repercutir  muy  negativamente  en  su  funcionamiento  como  ejes 
articuladores de la creación cultural.
En este contexto, la situación crisis sanitaria motivada por la COVID-19, determinó 
que el Gobierno declarase, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el 
estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria. 
Dicho estado de alarma fue prorrogado en seis ocasiones, hasta las 00:00 horas del 
día 21 de junio de 2020.
Con posterioridad, y ante un contexto cada vez más preocupante en los principales 
indicadores  epidemiológicos  y  asistenciales,  el  Gobierno  aprobó  el  Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con el objetivo de 
dotar de seguridad jurídica a aquellas limitaciones de movilidad y de contactos a través 
de las cuales las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas están haciendo 
frente a la pandemia.
Estas medidas excepcionales de limitación de la actividad normal de la ciudadanía 
para intentar contener la curva de contagio de la enfermedad contemplaron inicialmente 
la paralización absoluta de toda actividad profesional llevada a cabo en el conjunto de los 
espacios escénicos, auditorios y eventos culturales en nuestro país. El cierre forzoso de 
espacios  escénicos  conllevó,  durante  todo  el  período  de  vigencia  de  las  medidas 
adoptadas, la pérdida de ingresos del sector de las artes escénicas y de la música, 
abocándolo a una situación gravísima, dada su fragilidad estructural.
Por ello, y aunque las actividades culturales van reanudándose con restricciones, es 
absolutamente necesario la adopción de medidas extraordinarias de protección que 
eviten un daño económico irreversible e impidan el hundimiento económico de artistas, 
compañías, grupos artísticos, productoras y empresas técnicas y de gestión. Entre estas 
medidas se encuentra, en el ámbito subvencional, el incremento del porcentaje de costes 
indirectos que no requieren justificación adicional para ser reconocidos como gasto 
subvencionable. El artículo 83.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, prevé el 
establecimiento en las bases reguladoras de la fracción del coste total que se considera 
coste indirecto imputable a la misma. Al amparo de lo anterior, la Orden CUL/2912/2010, 
de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de 
Cultura y de sus organismos públicos, fija ese porcentaje, en el artículo 13.4, en el 25 por 
ciento de la cantidad subvencionada.
Sin embargo, dicha fracción resulta insuficiente en las circunstancias actuales. Las 
subvenciones y ayudas que concede el INAEM al sector de las artes escénicas y de la 
música van dirigidas tradicionalmente al fomento de la movilidad y la comunicación entre 
las distintas partes del territorio y las Comunidades Autónomas, así como la presencia 
internacional de nuestras artes escénicas y musicales. A partir de la irrupción de la crisis 
sanitaria en marzo de 2020, dicha movilidad se ha visto drásticamente reducida como 
consecuencia de las restricciones impuestas y esto ha supuesto una negativa y radical 
repercusión económica en el sector afectado.
Se  considera  necesario  que,  para  paliar  dichas  consecuencias  económicas,  se 
aumente hasta un máximo del 50% la posibilidad de justificación de costes indirectos,  s
que son inherentes a la actividad cultural subvencionada con independencia del grado de  oe.
actividad existente, ya que dichos costes no se ven aminorados como consecuencia de  w.
una menor actividad. 46ww
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los artistas, de sostenimiento de las estructuras culturales de toda índole (empresas 
productoras; compañías y grupos artísticos, asociaciones y salas de exhibición) y de 
mantenimiento del empleo cultural. En definitiva, se atiende a la protección del tejido 
empresarial, asociativo y artístico entendido dicho tejido como estructuras culturales sin 
las cuales sería imposible el retorno deseado a la actividad cultural habitual.
La norma se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones  Públicas.  En  particular,  el  proyecto  se  acomoda  al  principio  de 
necesidad  y  eficacia,  ya  que  se  trata  del  instrumento  preceptivo  para  regular  el 
porcentaje  de  costes  indirectos  que  no  requieren  justificación  adicional  para  ser 
reconocidos como gasto subvencionable. Asimismo, se han respetado los principios de 
proporcionalidad  y  seguridad  jurídica,  al  recoger  la  regulación  imprescindible  para 
atender la necesidad a cubrir con la norma. Por último, la regulación proyectada es 
también  adecuada  a  los  principios  de  transparencia,  al  identificar  claramente  sus 
objetivos, y de eficiencia, ya que no impone cargas administrativas.
De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  17.1  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones, y en atención al régimen que en ella se establece, 
esta orden ha sido informada por la Abogacía del Estado y por la Intervención Delegada 
en el Departamento.
En su virtud, dispongo:
Artículo  único.  Costes  indirectos  asociados  a  la  actividad  subvencionada  en  las 
convocatorias de subvenciones a otorgar en régimen de concurrencia competitiva por 
el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, O.A., para hacer frente al 
impacto de la COVID-19.
1.  En las convocatorias de subvenciones a otorgar en régimen de concurrencia 
competitiva por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, O.A., la 
fracción que se impute como coste indirecto asociado a la actividad podrá alcanzar hasta 
un máximo del 50% de la cantidad subvencionada, en cuyo caso dicha fracción no 
requerirá una justificación adicional, sustituyéndose por una declaración responsable del 
beneficiario.
2.  Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación mientras persistan las 
restricciones a la movilidad y las limitaciones de aforo debidas a las medidas impuestas 
por las autoridades sanitarias como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid,  15  de  abril  de  2021.–El  Ministro  de  Cultura  y  Deporte,  José  Manuel 
Rodríguez Uribes.