BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 293 Viernes 6 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 97207
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
13771 Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la atención 
educativa a personas internas en centros penitenciarios.
Habiéndose suscrito el 14 de octubre de 2020 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) y la Consejería de Educación 
y Deporte (Secretaría General de Educación y Formación Profesional) de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para la atención educativa a personas internas en centros 
penitenciarios,  procede  la  publicación  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»  de  dicho 
Convenio que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid,  27  de  octubre  de  2020.–El  Secretario  General  Técnico,  Juan  Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior (Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias) y la Consejería de Educación y Deporte (Secretaría General de 
Educación y Formación Profesional) de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para la atención educativa a personas internas en centros penitenciarios
En Madrid, a 14 de octubre de 2020.
REUNIDOS
De  una  parte,  don  Fernando  Grande-Marlaska  Gómez,  Ministro  del  Interior, 
nombrado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se nombran Ministros del 
Gobierno, al amparo de lo previsto en el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del presente 
convenio en la calle Amador de los Ríos, 2, 28071 de Madrid.
Y de otra parte, don Francisco Javier Imbroda Ortiz, Consejero de Educación y 
Deporte  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  nombrado  por  Decreto  del 
Presidente  4/2019,  de  21  de  enero,  por  el  que  se  designan  los  Consejeros  y  las 
Consejeras de la Junta de Andalucía, actuando en virtud de las competencias que le 
otorgan  los  artículos  9.2  y  26.2.i)  de  la  Ley  9/2007,  de  22  de  octubre,  de  la 
Administración de la Junta de Andalucía.
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN es
Primero. 771www.
dignQiduaed  ldae  Clao npsetritsuocnióan,  loEss pdaeñreoclah oess tfaubnldeacme eennt asleuss  daer tíccounlofosr m10id ayd  1c4o ne ll ad eDreecclhaora cai ólna 
Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que  el  artículo  25.2  de  la  Constitución  Española  y  el  artículo  1  de  la  Ley 
Orgánica 1/1979,  de 26  de septiembre,  General  Penitenciaria, establecen como fin 
primordial  de  las  penas  y  medidas  penales  privativas  de  libertad  la  reeducación  y 
reinserción  social.  Asimismo,  la  mencionada  ley  señala  que  para  conseguir  dicho 
objetivo  deben  desarrollarse  programas  socioculturales,  educativos,  formativos  y 
asistenciales.
Tercero.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio 
de las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como 
establecen la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, y el Reglamento Penitenciario, 
aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Cuarto.
Que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene encomendada la 
labor de formación las personas internas, así como cualquier otra actividad tendente al 
desarrollo de la personalidad de las personas internas en centros penitenciarios.
Quinto.
Que en cumplimiento de cuanto prescribe en su artículo 27 la Constitución en 
materia educativa, y de acuerdo con el artículo 52.1 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía,  la  Comunidad  Autónoma  tiene  competencia  exclusiva  en  materia  de 
educación, teniendo como marco legal de referencia la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de  Educación  de  Andalucía,  siendo  la  Consejería  de  Educación  y  Deporte  el 
departamento administrativo que ejerce dicha competencia, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 7 del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y 
sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Deporte.
Sexto.
Que el Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio, por el que se integran en el Cuerpo de 
Maestros  a  los  funcionarios  pertenecientes  al  Cuerpo  de  Profesores  de  Educación 
General Básica de Instituciones Penitenciarias y se disponen normas de funcionamiento 
de  las  unidades  educativas  de  los  establecimientos  penitenciarios,  contempla  la 
integración en el Cuerpo de Maestros de los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de 
Profesores de Educación General Básica de Instituciones Penitenciarias y las normas de 
funcionamiento de las unidades educativas de los establecimientos penitenciarios.
Séptimo. o
Que en virtud del real decreto anterior, se adoptó el Real Decreto 956/2005, de 29 de  771ww
jAuuliotó, nsoombare d aem Apnlidaacliuócní ad ep omr eedl iRose aald Dscercitroesto a 3 l9o3s6 s/1e9rv8i2c,i odse t r2a9s pdaes daidcoiesm ab rlae , Ceonm muantiedraiad 
de educación.
Octavo.
Que con independencia de lo anterior, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de 
Educación, en el Capítulo IX del Título I, referido a la educación de las personas adultas, 
establece, en su artículo 66.2, la posibilidad de colaboración entre las Administraciones 
Educativas  y  otras  Administraciones  Públicas  con  competencia  en  formación  de 
personas adultas. Asimismo, el artículo 67.6 garantiza a la población reclusa en los 
establecimientos penitenciarios el acceso a las enseñanzas para las personas adultas. A 
su vez, el citado Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio, dedica un capítulo a las normas 
de funcionamiento de las unidades educativas de enseñanza en los establecimientos 
penitenciarios que, entre otros aspectos, contemplaba la necesaria coordinación entre 
ambas Administraciones.
Noveno.
Que la colaboración entre la Consejería de Educación y Deporte de la Comunidad 
Autónoma  de  Andalucía  y  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  del 
Ministerio del Interior es esencial para facilitar la rehabilitación y la reinserción social y 
laboral de las personas internas en el sistema penitenciario. Los resultados de esta 
colaboración abren una nueva vía para la formación de estas personas y, en concreto, 
para mejorar la formación de partida o la cualificación profesional de la población interna 
en los centros penitenciarios de Andalucía.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por 
las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
1.  El presente convenio tiene por objeto regular mecanismos de coordinación y 
seguimiento de la educación en los centros penitenciarios con el fin de prestar el servicio 
educativo  en  las  condiciones  adecuadas,  de  acuerdo  con  lo  establecido  por  el 
artículo 11.1 del Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio.
2.  Las líneas de colaboración se desarrollarán a través de la oferta de programas 
educativos y formativos que se realizarán en los centros de educación de personas 
adultas  ubicados  en  los  centros  penitenciarios  de  la  Comunidad  Autónoma  o  que 
atiendan a estos establecimientos, con el objeto de facilitar la rehabilitación social de las 
personas  internas  respondiendo  a  las  necesidades  detectadas  entre  la  población 
reclusa, en relación con la mejora de su formación de partida o de su cualificación 
profesional que les facilite su reinserción sociolaboral.
Teniendo  en  cuenta  las  diferentes  necesidades  de  los  citados  colectivos  y  la 
conveniencia de adaptar los procesos formativos al contexto en el que se desarrollan las 
enseñanzas, se podrán ofertar las modalidades de enseñanza más adecuadas.
3.  La atención educativa se realizará con personal docente perteneciente a los 
cuerpos establecidos en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación.
Segunda.  Compromisos  que  asume  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias. e.
La  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias,  a  través  de  los  771ww
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Autónoma.
2.  Facilitar la ejecución de las actividades comprendidas en el presente convenio.
3.  Realizar la labor de coordinación que proceda.
4.  De acuerdo con el artículo 11.2 del Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio, 
constituir el órgano permanente de enlace con la unidad educativa para el seguimiento 
de las actividades desarrolladas.
5.  Examinar las orientaciones generales que se aplican en la programación por 
ambas Administraciones de las actividades que sean responsabilidad de cada una, 
favoreciendo  el  acceso  de  las  personas  internas  a  las  modalidades  de  formación 
semipresencial y a distancia.
6.  Conocer  y  resolver  cuantas  disfunciones  se  deriven  de  este  sistema  de 
colaboración.
7.  Proponer líneas especiales de colaboración entre ambas Administraciones en el 
campo de la formación integral de las personas internas.
8.  Conceder  las  acreditaciones  de  las  personas  físicas  que  lleven  a  cabo  su 
actividad dentro de los centros penitenciarios, que estarán a su vez obligadas a portarlas 
en lugar visible en todo momento.
Tercera.  Compromisos que asume la Comunidad Autónoma.
La Comunidad Autónoma se compromete a:
1.  Prestar el servicio educativo en los centros penitenciarios de la Comunidad 
Autónoma, en el marco de los planes de educación de personas adultas de la misma y 
teniendo en cuenta las necesidades y especificidades de la población penitenciaria.
2.  Otorgar  a  los  centros  de  educación  de  personas  adultas  en  los  centros 
penitenciarios la misma consideración que al resto de los existentes en la red de centros 
públicos de educación de personas adultas de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de 
las  adecuaciones  que  correspondan  en  función  de  las  especificidades  del  medio 
penitenciario y de las necesidades de las personas internas, en su caso.
3.  Facilitar  los  cauces  de  relación  y  de  información  que  se  requieran  para  la 
realización de la actividad educativa en los centros penitenciarios de la Comunidad 
Autónoma.
4.  Realizar la labor de coordinación que proceda.
5.  Examinar las orientaciones generales que se aplican en la programación por 
ambas Administraciones de las actividades que sean responsabilidad de cada una.
6.  Conocer  y  resolver  cuantas  disfunciones  se  deriven  de  este  sistema  de 
colaboración.
7.  Proponer líneas especiales de colaboración entre ambas Administraciones en el 
campo de la formación integral de las personas internas.
8.  Asumir la cobertura de riesgos de las personas físicas que lleven a cabo su 
actividad en los centros penitenciarios, del mismo modo que en el resto de centros 
públicos de educación de la Comunidad Autónoma.
9.  Facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 del Real 
Decreto 1203/1999, 9 julio, en los aspectos relativos a normas de control y seguridad, 
horarios y suministro de datos.
Cuarta.  Recursos humanos.
El presente convenio no generará ningún tipo de vínculo contractual ni laboral entre  s
las partes firmantes y las personas físicas que desempeñen las actividades propias del  oe.
mismo, sin perjuicio de lo estipulado en el apartado 3 de la cláusula primera para la  w.
CQouninsteaj.e ríCa odnef iEdednucciaacliidóand y y D perpootertcec.ión de datos. 2020-13771n https://ww
1.  Las  partes  se  comprometen  a  mantener  en  secreto  todos  los  datos  e
informaciones facilitados por la otra parte y que sean concernientes a la ejecución del
objeto  del  presente  convenio.  En  particular,  serán  considerados  como  información 
confidencial todos los datos relativos a la persona reclusa, debiendo las partes mantener 
dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en 
parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del presente convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados de la población interna que realice las actividades 
de formación objeto de este convenio. El acceso por parte de una de las entidades a los 
datos de la otra parte se realizará, con la condición de encargada de tratamiento, única y 
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del 
convenio y con la observancia de todos los extremos que exige el artículo 28 del 
Reglamento General de Protección de Datos. Los datos de carácter personal no serán 
cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a personas encargadas de 
tratamiento legitimadas o cuando se cedan a otras Administraciones Públicas conforme a 
lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del  presente  convenio,  actuarán  como  responsables  del  tratamiento  legítimo  la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Comunidad Autónoma, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 6.1.b) y e) del Reglamento General de Protección de Datos, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 67.6 de la Ley Orgánica 6/2006, de 3 de mayo y 
en el artículo 56 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, en relación con lo 
previsto y en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
4.  Los  datos  objeto  de  tratamiento  tendrán  por  finalidad  mejorar  el  desarrollo 
personal de la población interna, en particular a través de la formación de la misma, y se 
clasificarán en las siguientes categorías de: identificación personal, nombre y apellidos 
de la persona reclusa.
5.  Las personas responsables del tratamiento cumplirán con las obligaciones de 
información establecidas en los artículos 13 y 14 del Reglamento General de Protección 
de Datos, en relación con aquellas personas interesadas de los que se obtengan datos 
personales.
6.  Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
7.  Las  partes  firmantes  del  convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  los  hubiera  cometido  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido.
Sexta.  Financiación del Convenio.
El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben 
ni transferencia de recursos entre las mismas.
Séptima.  Transparencia e imagen institucional. b
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Penitenciarias  y  la  Comunidad  Autónoma  aparecerá  la  imagen  gráfica  de  las  dos 
instituciones.
Octava.  Comisión de Seguimiento.
1.  Se establece una Comisión de Seguimiento del presente convenio, constituida 
por tres representantes de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social 
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por tres representantes de la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa de la Consejería de Educación 
y Deporte de la Junta de Andalucía que serán nombrados por la persona titular de la 
Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  por  la  persona  titular  de  la 
Secretaría General de Educación y Formación Profesional, respectivamente.
2.  Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que 
estos designen.
3.  La presidencia de la Comisión de Seguimiento será rotativa cada dos años 
comenzando por la Comunidad Autónoma. La presidencia designará a la persona que 
actúe como secretaria de la comisión, que actuará con voz pero sin voto.
4.  La  Comisión  de  Seguimiento  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento  que  se  deriven  del  presente  convenio.  Asimismo,  corresponden  a  la 
Comisión de Seguimiento las siguientes funciones:
– Velar por el buen funcionamiento de lo contemplado en el presente convenio.
– Coordinar las actuaciones que se deriven de la puesta en marcha del convenio.
–  Examinar  las  orientaciones  generales  a  aplicar  en  la  programación  de  las 
actividades que sean responsabilidad de cada parte.
– Proponer líneas especiales de colaboración entre las partes en el campo de la 
formación integral de las personas internas, que pueden abarcar otros aspectos como, 
por ejemplo, los de formación para el ejercicio de una profesión, la cultura o el deporte.
– Realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades desarrolladas.
5.  Los  miembros  de  esta  comisión  arbitrarán  de  común  acuerdo  su  mecánica 
operativa, reuniéndose un mínimo de una vez al año, al inicio y/o a la finalización del 
curso académico, y cuantas veces sea necesario a instancia de alguna de las partes. En 
lo no previsto en el presente convenio, el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento 
se adecuará en lo previsto, para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Novena.  Legislación aplicable.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el 
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación, modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por 
conciliación  en  la  Comisión  de  Seguimiento  serán  sometidas  a  los  tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Décima.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de  bo
octubre,  el  presente  convenio  resultará  eficaz  una  vez  sea  inscrito  en  el  Registro  771ww
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Secretaría de Educación y Formación Profesional de la Consejería de Educación y
Deporte  de  la  Junta  de  Andalucía  podrán  acordar,  expresamente  y  por  escrito,  su 
prórroga por hasta otros cuatro años adicionales.
Undécima.  Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y la Secretaría de Educación y Formación Profesional de la 
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.
Duodécima.  Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Asimismo, el convenio podrá ser denunciado por 
cualquiera de la partes, denuncia que deberá expresarse y comunicarse por escrito con 
una antelación de dos meses a la fecha en que se hará efectiva la resolución del 
convenio.
El  incumplimiento  de  las  obligaciones  y  compromisos  asumidos  en  el  presente 
convenio no generará indemnización entre las partes, al tratarse de un acuerdo que no 
genera obligación económica alguna.
En el supuesto de extinción anticipada del convenio, la Comisión de Seguimiento 
resolverá acerca de la forma de finalización de las actuaciones en curso, en un plazo que 
no podrá ser superior a los dos meses de duración.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos 
ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.–El Ministro 
de Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.–El Consejero de Educación y Deporte 
de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Imbroda Ortiz.