BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52 Sábado 29 de febrero de 2020 Sec. TC.   Pág. 21449
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2934 Sala Segunda. Sentencia 7/2020, de 27 de enero de 2020. Recurso de 
amparo 3298-2018. Promovido por la entidad Champicasa, S.A.T., respecto 
de la sentencia dictada por un juzgado de lo social de Cuenca en proceso por 
despido.  Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  sin  indefensión: 
inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación  del  primer  emplazamiento  de  la  entidad  demandada  (STC 
47/2019).
ECLI:ES:TC:2020:7
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, 
ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3298-2018, promovido por la entidad Champicasa, 
S.A.T., que actúa representada por el procurador de los tribunales don Ignacio Aguilar 
Fernández y bajo la dirección del letrado don Rafael Matas Cuéllar, contra el auto del 
Juzgado de lo Social núm. 1 de Cuenca, de fecha 26 de abril de 2018, por el que se 
desestima  el  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  núm.  5-2018  promovido  por  la 
demandante  en  procedimiento  de  despido  objetivo  individual  núm.  162-2017.  Ha 
comparecido  doña  Emilia  Simarro  Oñate,  representada  por  la  procuradora  de  los 
tribunales doña Isabel Cañedo Vega y asistida del letrado don Francisco Javier Cabero 
Diéguez.  Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  el  magistrado  don 
Fernando Valdés Dal-Ré.
I. Antecedentes
1.  En fecha 11 de junio de 2018, el procurador de los tribunales don Ignacio Aguilar 
Fernández, en nombre y representación de la entidad Champicasa, S.A.T., y con la 
asistencia del letrado don Rafael Matas Cuéllar, interpuso demanda de amparo contra la 
resolución mencionada en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  El presente recurso trae causa de los siguientes antecedentes:
a)  Por carta fechada el 30 de diciembre de 2016, la empresa recurrente comunicó 
la extinción de su contrato de trabajo a una trabajadora, que la demandó judicialmente  s
por despido por causas objetivas y reclamación de cantidad el 27 de febrero de 2017,  e.
dando lugar a la incoación de los autos núm. 162-2017 en el Juzgado de lo Social núm. 1  w.
de Cuenca. Interesaba se declarase la improcedencia del despido y la obligación de la  34ww
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por diferencias entre las nóminas percibidas durante el año 2016 y lo que debería haber 
recibido de acuerdo con lo establecido en el convenio colectivo aplicable. En la demanda 
se hizo constar como domicilio de la demandada «Casasimarro CP16239 (Cuenca) 
Carretera Almodóvar del Pinar s/n».
b)  En fecha 28 de febrero de 2017 fue admitida la demanda por decreto del letrado 
de  la  administración  de  justicia,  en  el  que  acordó  citar  a  las  partes  para  que 
compareciesen al acto de conciliación y en su caso juicio el día 6 de junio de dicho año, 
emitiéndose una cédula de citación para convocar a la demandada a ese acto, en la que 
se hacía constar el nombre de la empresa y la dirección antes mencionada. Consta que 
el día 3 de marzo de 2017 se remitió a la demandada la cédula por medios telemáticos a 
la dirección electrónica habilitada y que fue recibida en dicha dirección electrónica al día 
siguiente, no constando en cambio que fuera retirada por el destinatario.
Al procedimiento de despido y reclamación de cantidad reseñado se acumuló el 
proceso por despido objetivo individual núm. 323-2017 del mismo juzgado, iniciado por la 
misma  demandante  contra  la  misma  empresa  demandada  al  haberse  producido  la 
comunicación de un nuevo despido por carta de 27 de febrero de 2017. Esta segunda 
demanda fue admitida a trámite por decreto del letrado de la administración de justicia 
de 7 de abril de 2017, con citación de las partes para el acto de conciliación y juicio el 
mismo día y hora que en el anterior proceso núm. 162-2017, al que por auto de 7 de abril 
de 2017 se acordó que fuera acumulado.
El 12 de junio de 2017, sin que conste en las actuaciones que se hubiera realizado 
una nueva citación para ese día, emitió el letrado de la administración de justicia una 
diligencia de constancia en la que se señalaba que se habían llevado a cabo las 
citaciones acordadas con resultado positivo, figurando en acta de esa misma fecha que 
se celebró el acto de conciliación en el que compareció la demandante, no así la 
empresa demandada, por lo que concluyó la comparecencia sin efecto.
c)  Dictó sentencia el Juzgado de lo Social núm. 1 de Cuenca el 19 de junio 
de  2017,  estimando  íntegramente  la  pretensión  actora.  El  antecedente  de  hecho 
segundo de la resolución judicial declara que se señaló día y hora para la celebración de 
los actos de conciliación y juicio, no habiendo comparecido la empresa demandada a 
pesar de haber sido citada en legal forma. El fallo declaraba improcedente el despido, 
condenando a la empresa a que en un plazo de cinco días desde la notificación de la 
resolución optase por readmitir a la trabajadora con abono de los salarios dejados de 
percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia o, en su defecto, 
al  abono  de  la  indemnización  por  la  extinción  contractual  (56.123,66  €).  Asimismo 
condenó a la empresa a abonar a la demandante la cantidad que reclamaba más los 
intereses legales correspondientes.
La sentencia se comunicó a las partes por medios electrónicos, constando en las 
actuaciones que, respecto de la empresa demandada, la notificación fue enviada y 
recibida en la dirección electrónica el día 21 de junio de 2017, sin que figure que fuera 
retirada.
Por diligencia de ordenación del letrado de la administración de justicia de 6 de julio 
de 2017 se hace constar que la sentencia no fue recurrida y que resultaba, por ello, 
firme, acordándose el archivo de las actuaciones, señalándose en la misma que fue 
notificada  a  la  parte  demandada  el  día  27  de  junio  de  2017.  Dicha  diligencia  fue 
nuevamente comunicada por medios electrónicos.
d)  La recurrente en amparo presentó escrito de 5 de marzo de 2018 en el que, tras 
afirmar haber tenido conocimiento de embargo en su contra derivado del procedimiento  s
de ejecución de la referida sentencia, se personaba en la causa, señalando que «[a]l  oe.
parecer se ha procedido a efectuar todas las comunicaciones y citaciones a mi mandante  w.
mediante la remisión a una dirección electrónica de la cual no hace uso ni sabía de su  34ww
emxaisntdeannctiae  htuavsietar aa hoocaras.i óEns  dme áasb, rsire c hoarrne oc ealelgburnaod op otordqause  ldaess ccoomnopcaírae cqeunec ipausd sieinra q euxei smtiri 
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actuaciones por vulneración del art. 24.1 CE y certificación en la que se hiciera constar 
«si este juzgado ha notificado a mi mandante la existencia de esta dirección electrónica a 
la que ha remitido las notificaciones o, en caso contrario, certificación en la que se 
exprese si […] le consta que mi mandante tenía conocimiento de la existencia de esa 
dirección electrónica en la que recibir sus notificaciones».
Por diligencia de ordenación de 6 de marzo de 2018 se tuvo por personada a 
Champicasa,  S.A.T.,  en  los  autos,  rechazándose  la  entrega  de  la  documentación 
solicitada sobre el procedimiento y «haciéndole saber que la citación y sentencia ha sido 
notificada a su representada por medio de la sede electrónica, tal como marca la ley a 
partir del 1 de enero de 2017 para las personas jurídicas».
e)  La recurrente en amparo presentó en el juzgado competente escrito de fecha 22 
de marzo de 2018, en el que manifiesta que tuvo información extrajudicial a través de la 
Agencia Tributaria de la existencia de un embargo contra ella, y que, una vez enterado 
de qué procedimiento judicial derivaba tal embargo, se personó en el juzgado y tuvo 
conocimiento del juicio por despido y del posterior proceso de ejecución llevados a efecto 
sin que tuviera noticia por haber sido hechas las comunicaciones electrónicamente, todo 
lo cual sería contrario, a su criterio, al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), 
al haberse prescindido de las normas esenciales del proceso, causándole indefensión. 
Aducía, concretamente, que la primera comunicación a las partes no personadas, de 
acuerdo con el art. 155 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), debe hacerse por 
remisión al domicilio bien sea por cédula o por correo certificado y no por comunicación 
electrónica, alegando infracción de los arts. 53.1 y 2 y 56.1, 4 y 5 de la Ley reguladora de 
la  jurisdicción  social  (LJS)  en  relación  con  el  art.  162  LEC  y  art.  3  del  Real 
Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre. Formulaba con base en todo ello incidente de 
nulidad de actuaciones para la declaración de la nulidad de lo actuado desde la admisión 
a trámite de las demandas de despido acumuladas, incluyendo el juicio oral celebrado, la 
sentencia dictada y la ejecución de esta.
Tras admitir y tramitar el incidente, mediante auto de 26 de abril de 2018 el Juzgado 
de lo Social núm. 1 de Cuenca desestimó la solicitud de nulidad. Razonaba que «no se 
aporta prueba alguna (preferentemente documental) donde mínimamente se acredite la 
no recepción en destino de la diligencia de ordenación para la citación de los mismos, 
antes al contrario consta fehacientemente a través de su dirección electrónica habilitada 
que dicha diligencia fue efectivamente recibida en destino en respectivas fechas de 4 de 
marzo de 2017 a las 09:53 horas y 21 de junio de 2017 a las 22:26 horas», de modo que, 
con base en los arts. 152.2 y 162.1 LEC, que se transcribían, concluía que no existió 
indefensión alguna y que procedía desestimar la petición de nulidad formulada.
3.  En  fecha  11  de  junio  de  2018,  Champicasa,  S.A.T.,  interpuso  demanda  de 
amparo contra el mencionado auto de 26 de abril de 2018, que desestimó el incidente de 
nulidad  de  actuaciones  reseñado,  invocando  la  vulneración  del  derecho  a  la  tutela 
judicial efectiva sin indefensión consagrado en el art. 24.1 CE. Interesa que se otorgue el 
amparo con declaración de la vulneración del art. 24.1 CE y nulidad de las actuaciones 
procesales desde el decreto de admisión de la demanda de fecha 28 de febrero de 2017 
en el procedimiento de despido núm.162-2017, también de la sentencia dictada, del 
procedimiento de ejecución de la misma y de cuantas actuaciones se hubieran derivado 
de los mismos, retrotrayendo los procedimientos de despido acumulados al momento 
inmediatamente anterior al señalamiento y citación a juicio.
Reiterando los argumentos que ya enunció en el incidente de nulidad, subraya que el 
órgano judicial ha infringido en sus actuaciones de citación y emplazamiento inicial la  e.
doctrina de este Tribunal sobre la necesidad de que se agoten las posibilidades mínimas  w.b
exigibles para garantizar la efectiva notificación al demandado de la existencia y citación  34ww
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cdoenre cehlo sa (rct.i ta5 l3a. 1S TLCJ S39, /2a0ñ1a8d,e d es 2e5g udidea amberinl)t.e L, osd eabrtesn.  15se2r.2  iyn t1e6rp2r.e2t aLdEoCs,  esne creulnadcuiómn 
constitutionem, de modo que, cuando del examen de los autos o de la documentación
aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que haga factible 
practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el demandado, debe 
intentarse esa forma de notificación. No habiéndose obrado de ese modo en el presente 
caso, suplica al Tribunal el otorgamiento del amparo en los términos antes indicados.
4.  La Sección Cuarta de la Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 
fecha 17 de junio de 2019, acordó admitir a trámite el recurso, apreciando que existe 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC)] porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho 
fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]. 
Asimismo, habiéndose interesado previamente la remisión de copia adverada de las 
actuaciones, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, acordó emplazar a través 
del  Juzgado  de  lo  Social  núm.1  de  Cuenca  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el 
procedimiento de despido objetivo individual núm. 162-2017, en relación con la pieza de 
nulidad de actuaciones núm. 5-2018, excepto a la parte recurrente en amparo, para que 
pudieran comparecer en este proceso constitucional.
5.  En fecha 17 de septiembre de 2019, se dictó diligencia de ordenación en la que 
se acordó tener por personada a la procuradora de los tribunales doña Isabel Cañedo 
Vega  en  nombre  y  representación  de  doña  Emilia  Simarro  Oñate,  que  lo  solicitó 
mediante escrito presentado el día 29 de julio del 2019, así como dar vista de las 
actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de 
veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, 
conforme dispone el art. 52.1 LOTC.
6.  Por escrito de fecha 2 de octubre de 2019, Champicasa, S.A.T., presentó sus 
alegaciones a través de su representación procesal. En síntesis, reiterando lo dicho en la 
demanda y citando la STC 47/2019, de 8 de abril, sostiene que la empresa demandante 
en este recurso de amparo no fue debidamente citada al juicio, pues no procedía la 
práctica de ese acto a través de la sede electrónica al tratarse del primer emplazamiento. 
Esa  circunstancia  causó  indefensión  dado  que,  como  queda  acreditado  en  las 
actuaciones,  no  fueron  retiradas  en  sede  electrónica  por  el  destinatario  ni  la 
comunicación  de  aquella  citación  a  juicio,  ni  la  notificación  de  la  sentencia,  ni  el 
emplazamiento al incidente de ejecución de la misma, no constando tampoco aviso o 
comunicación  de  tales  notificaciones  al  correo  electrónico  asociado  a  la  dirección 
electrónica  habilitada.  Todo  ello  resultaría  decisivo  en  términos  de  defensa,  habida 
cuenta que la incomparecencia ocasionó el dictado de la sentencia condenatoria en 
materia de despido, al impedírsele a la empleadora acreditar los motivos de la extinción 
del contrato por causas objetivas.
7.  El día 17 de octubre de 2019, evacuó el trámite la personada doña Emilia 
Simarro Oñate. Aduce que la citación a la vista oral se realizó en la dirección electrónica 
habilitada, lo mismo que la notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de 
despido, de suerte que se siguieron los trámites establecidos en la ley, siendo imputable 
a la empresa, por falta de diligencia, la indefensión a la que alude, no pudiendo el 
recurso prosperar.
8.  El día 18 de octubre de 2019, presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal. 
Después de resumir los antecedentes más relevantes de los que trae causa el presente 
recurso de amparo y los aspectos esenciales contenidos en la demanda, considera que  e.e
resulta de aplicación la doctrina sentada por la STC 47/2019, de 8 de abril. A su juicio, en  b
el auto resolutorio del incidente de nulidad no hay un verdadero análisis sobre la validez  34ww
qduee l ac oconmtieunneicna lcoisó na retlse.c 5tr6ó.n1i cLaJ Sef eyc t1u5a5d aL,E sCo berne  tcoudaon tpoo raq uqeu en ola  aptireimndeera a c loam reugnuiclaacciióónn 
qcourer esoe  rceearltiicfiec aad ola.s  Jpuanrtteos  nao  eplelor,s oanñaaddaes , decboen feofremcetu aar sela p odro rcetmrinisai óne mala dnoamdaic ildioe  polar 
STC  47/2019,  la  fundamentación  del  auto  impugnado  contendría  un  error,  pues
considera  que  la  realización  de  los  actos  de  comunicación  a  través  de  medios 
electrónicos, telemáticos o de otra clase semejante, es el único modo de comunicación 
del juzgado con las personas jurídicas, o al menos que es preferente a la utilización del 
correo  certificado  con  acuse  de  recibo  en  el  domicilio  señalado  en  la  demanda, 
resultando que, en verdad, no es de ese modo cuando se trata del de citación o 
emplazamiento del demandado aún no personado en el procedimiento (art. 155 LEC). 
Por lo demás y en todo caso, prosigue, tratándose de la primera comunicación, al 
constatarse que la realizada en sede electrónica no había sido retirada, tuvo el juzgado 
la posibilidad consecutiva de evitar la indefensión procediendo a hacerla por correo 
certificado con acuse de recibo en el domicilio señalado en la demanda (art. 55 LJS) o a 
través de comunicación personal (art. 158 LEC), lo que no efectuó ni en origen ni en ese 
momento posterior al intento de comunicación electrónica.
Por consiguiente, no habiendo quedado acreditado el conocimiento extraprocesal del 
proceso o de la ejecución por la aquí recurrente ni la negligencia de esta, se concluye 
que el auto recurrido es contrario a la doctrina constitucional y no resulta fundado en 
Derecho. Interesa por ello la estimación del recurso de amparo por vulneración del 
art. 24.1 CE, en su vertiente de acceso al proceso, y que la nulidad alcance a la 
sentencia y a las demás resoluciones del procedimiento de despido y del de ejecución de 
la sentencia, con retroacción de actuaciones hasta el momento de citación a juicio para 
que se proceda a señalar una nueva fecha para el acto de conciliación y en su caso 
vista, citando correctamente a la demandada.
9.  Por providencia de fecha 23 de enero de 2020, se señaló para votación y fallo 
del presente recurso el día 27 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación del auto del 
Juzgado de lo Social núm. 1 de Cuenca, de fecha 26 de abril de 2018, por el que se 
desestima  el  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  núm.  5-2018  promovido  por  la 
demandante en amparo en procedimiento de despido objetivo individual núm. 162-2017. 
La recurrente considera que ha resultado vulnerado su derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso al proceso, pues, según 
afirma, no fue emplazada en la forma prescrita en la normativa procesal aplicable para el 
primer emplazamiento o citación a juicio, razón por la cual sufrió una situación de 
indefensión lesiva de aquel derecho fundamental, vulneración que el órgano judicial 
consolidó con la desestimación de la solicitud de nulidad de actuaciones.
Se opone a ello doña Emilia Simarro Oñate, que intervino en la vía judicial previa, 
puesto que, a su criterio, la falta de recepción de los actos de citación y notificación es 
imputable a una falta de diligencia de la recurrente. El Ministerio Fiscal, de su lado, 
solicita la estimación de la demanda de amparo con base, en esencia, en la doctrina 
sentada en la STC 47/2019, de 8 de abril.
2.  En la STC 47/2019, de 8 de abril, FFJJ 3 y 4, este Tribunal ha analizado el marco 
normativo establecido en la Ley reguladora de la jurisdicción social en relación con los 
actos de comunicación procesal. Al hacerlo, hemos constatado que dicha Ley se remite 
(art. 56 LJS), en cuanto a la utilización de medios electrónicos, a lo previsto con carácter 
general  en  la  Ley  de  enjuiciamiento  civil  (LEC).  Al  analizar  esta  última  hemos 
considerado, en línea con lo anticipado en la STC 6/2019, de 17 de enero, FJ 3, dictada  es
por el Pleno de este Tribunal, que, si bien dicha ley procesal impone a las personas  bo
jurídicas la obligación general de comunicarse con la administración de justicia a través  34ww
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solicitud con la que se inicie el proceso «el domicilio del demandado, a efectos del primer
emplazamiento o citación de este» (art. 155.2 LEC), como la de presentar en papel «los 
escritos y documentos que se presenten vía telemática o electrónica que den lugar al 
primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado» (art. 273.4, segundo 
párrafo LEC).
A la vista de esta regulación, este Tribunal ha concluido en la citada STC 47/2019 —
y así lo ha reiterado en otras también referidas a procedimientos de despido, como las 
SSTC 102/2019, de 16 de septiembre, FJ 2, y 150/2019, de 25 de noviembre, FJ 3, pero 
también en las SSTC 122/2019, de 28 de octubre, FJ 3, en un proceso monitorio, 
o 129/2019, de 11 de noviembre, FJ 4, en un incidente concursal— que no se ha de 
llevar a cabo por medios electrónicos la comunicación al demandado aún no personado 
en el procedimiento, en cuanto a los actos de citación o emplazamiento, conforme a lo 
previsto en el art. 155.1 LEC, los cuales se harán por remisión al domicilio de los 
litigantes. Tal es la regla que opera en el proceso laboral (art. 53.1 LJS).
En suma, el hecho de que, por imperativo legal (los sujetos mencionados en el 
art. 273.3 LEC) tengan que actuar en el proceso sirviéndose de esas vías tecnológicas y 
que, de acuerdo a lo previsto en el art. 152.2 LEC, ello dé lugar a que los actos de 
comunicación  también  se  deban  practicar  por  medios  electrónicos,  no  autoriza  a 
entender, con fundamento en ese deber de relacionarse con la administración de justicia 
por  medios  electrónicos  o  telemáticos,  que  esas  personas  y  entidades  queden 
constreñidas, en cualquier caso y circunstancia, a recibir los actos de comunicación a 
través de esos medios, hasta el extremo de quedar neutralizada la regulación legal 
especialmente  prevista,  sin  distinción  de  supuestos  o  sujetos,  para  las  primeras 
citaciones o emplazamientos del demandado en el art. 155.1 y 2 LEC. Tan es así que, 
por  su  vinculación  a  los  poderes  públicos  tras  la  publicación  en  el  «BOE»  de  la 
STC 47/2019 [arts. 40.2 LOTC y 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)], la 
Secretaría General de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia ha dirigido 
una comunicación el 21 de mayo de 2019 a las secretarías de gobierno del Tribunal 
Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades 
Autónomas, citando la STC 47/2019, en su fundamento jurídico 4, para que cuiden «que 
la  doctrina  interpretativa  de  las  normas  procesales  reguladoras  del  primer 
emplazamiento  de  personas  jurídicas  sentada  por  el  Tribunal  Constitucional,  cuyo 
obligado acatamiento impone la Ley Orgánica del Poder Judicial, sea observada en 
todas las oficinas judiciales del territorio».
La doctrina constitucional expuesta resulta aplicable al supuesto que analizamos, de 
manera que el Juzgado de lo Social núm. 1 de Cuenca debería haber efectuado la 
primera citación o emplazamiento de la empresa, aún no personada en el procedimiento 
de despido núm. 162-2017, por correo certificado con acuse de recibo en el domicilio 
designado por la demandante, en lugar de realizarla por medios telemáticos a través de 
la dirección electrónica habilitada.
La doctrina de la STC 47/2019, de 8 de abril, debe aplicarse al presente recurso de 
amparo y, en consecuencia, debe declararse la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) de la demandante y estimar el presente 
recurso de amparo. Por ello, de conformidad con lo establecido en el art. 55 LOTC, 
procede declarar la nulidad del auto del Juzgado de lo Social núm. 1 de Cuenca, de 
fecha  26  de  abril  de  2018,  por  el  que  se  desestima  el  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones núm. 5-2018 promovido en el procedimiento de despido objetivo individual 
núm. 162-2017, y de la sentencia de ese juzgado de lo social de 19 de junio de 2017, 
dictada en dicho proceso, que estimó íntegramente la pretensión actora, acordando la  s
retroacción de las actuaciones hasta el momento procesal oportuno, a fin de que se  oe.
proceda de nuevo a la citación de la empresa recurrente para los actos de conciliación y  w.
juicio, actuándose de manera respetuosa con el derecho fundamental indicado. 34ww
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la empresa Champicasa, S.A.T., y, en 
su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto del 
Juzgado de lo Social núm. 1 de Cuenca, de fecha 26 de abril de 2018, por el que se 
desestima  el  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  núm.  5-2018  promovido  por  la 
demandante en el procedimiento de despido objetivo individual núm. 162-2017, y de la 
sentencia de ese juzgado de lo social de 19 de junio de 2017, dictada en dicho proceso, 
cuya nulidad también se acuerda.
3.º  Retrotraer las actuaciones del procedimiento por despido núm. 162-2017 hasta 
el momento pertinente para el nuevo señalamiento de los actos de conciliación y juicio, a 
fin  de  que  la  nueva  citación  para  los  referidos  actos  se  lleve  a  cabo  de  manera 
respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintisiete de enero de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo 
Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.