BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Miércoles 31 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 37403
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
5129 Sala Segunda. Sentencia 47/2021, de 3 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo 3068-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:47
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la Magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los Magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González- Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3068-2019, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la 
dirección de la letrada doña Anju Nirmala Benavent Rodríguez, contra los autos de 18 de 
diciembre de 2018 y de 21 de marzo de 2019, dictados por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 
45-2018. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Se ha personado la entidad Pera Assets 
Designated  Activity  Company,  actuando  como  sucesora  procesal  de  la  entidad 
ejecutante. Ha sido ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  El 16 de mayo de 2019, la mercantil Penrei Inversiones, S.L., representada por la 
procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección de la 
letrada doña Anju Nirmala Benavent Rodríguez, interpuso recurso de amparo contra las 
resoluciones mencionadas en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  Los hechos relevantes para resolver el presente recurso de amparo son los 
siguientes: es
a)  En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, a instancias  w.
de la entidad Banco de Sabadell, S.A.,  se sigue  procedimiento de ejecución núm.  29ww
y4 5E-u2r0o1in8v ferersnitoen ae sla I nsmocoibeidliaardia Pse Cnoresit aIn Sveurr,s iSo.nLe.,s c, oSm.Lo.,  dceoumdoo rtait uhliapro dteec aunnt ed.erecho de uso
maybo)  deD 2e0s1p8a,c heal dsae revijceicou cdieó nn optoifric aauctioon dees  2d3e  dlae  Fmáabyrioc ad eN a2c0i1o8n,a le dl es igMuoiennetdea d yía T 2im5 bdree   BOE-A-cable e
remitió a la demandante de amparo, a través de la dirección electrónica habilitada, 
sendos avisos de notificación, con idéntico contenido, en que se dice lo siguiente: «Ha 
recibido una notificación del organismo emisor de los Juzgados y Tribunales (SGAJ) en 
la  Dirección  Electrónica  Habilitada  única  de  su  titular  Penrei  Inversiones,  S.L.  NIF 
B73836173. La notificación estará disponible en su Dirección Electrónica Habilitada 
única desde el 25 de mayo de 2018 hasta el 10 de julio de 2018. Si no procediera a su 
lectura  en  el  plazo  indicado  se  producirán  los  efectos  correspondientes,  según  la 
normativa  aplicable.  Para  que  conste  como  leída  por  favor  acceda  a  http://
notificaciones.060.es. A través de su DEH podrá también consultar notificaciones de 
otras administraciones. Asunto Jdo. 1 Inst e Intr. n 6 de Lorca EJH 000045/2018. Reciba 
un cordial saludo».
c)  Hay que advertir que cuando la recurrente, en fecha de 10 de julio de 2018, 
dentro del plazo en el que se le indica en el correo electrónico, accede a la notificación, 
comprueba que se trata del procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 45-2018 del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Lorca, pero que, de entre toda 
la documentación que se adjunta, falta el auto por el que se despacha ejecución. Ante 
esta situación, la demandante de amparo se personó en las actuaciones e interpuso la 
correspondiente nulidad de actuaciones, que fue resuelta mediante auto de fecha 13 de 
diciembre de 2018, resolviendo que efectivamente en la notificación faltaba el auto por el 
que se despacha ejecución, pero que no se causa indefensión, puesto que no se 
presentó el escrito instando la nulidad de actuaciones en el plazo para oponerse al 
despacho de ejecución. Así, expresamente se afirma que «en el caso que nos ocupa, es 
cierto  que  el  auto  por  el  que  se  despachaba  ejecución  no  se  incluyó  entre  la 
documentación que se remitió a la mercantil ejecutada a través de la sede electrónica, y 
que  reconoce  recibida  el  día  25/05/2018,  esto  es,  la  demanda  de  ejecución  y  los 
documentos que la acompañaban, así como el decreto despachando ejecución, donde 
se incluía igualmente la mención a las cantidades reclamadas y por las que se debía 
realizar el requerimiento de pago y la propia cédula de requerimiento de pago. Ahora 
bien, examinadas las actuaciones, se concluye que el ejecutado no sufrió indefensión, ya 
que dicha omisión material podría haberse subsanado si el ejecutado hubiese adoptado 
una postura activa, poniendo la misma de manifiesto en el plazo que la ley le concedía 
para formular oposición a la ejecución, algo que no realizó, por lo que solo al mismo es 
achacable  la  supuesta  indefensión  que  se  alega.  En  consecuencia,  procede  la 
desestimación de la nulidad de actuaciones interesada».
d)  El  día  1  de  junio  de  2018,  la  sede  electrónica  remitió  un  nuevo  correo 
electrónico, en el que se avisa a la demandante de amparo que «ha recibido una 
notificación del organismo emisor de los Juzgados y Tribunales (SGAJ) en la Dirección 
Electrónica Habilitada única de su titular Penrei Inversiones, S.L. NIF B73836173. La 
notificación estará disponible en su Dirección Electrónica Habilitada única desde el 1 de 
junio de 2018 hasta el 17 de julio de 2018. Si no procediera a su lectura en el plazo 
indicado se producirán los efectos correspondientes, según la normativa aplicable. Para 
que conste como leída por favor acceda a http://notificaciones.060.es A través de su 
DEH podrá también consultar notificaciones de otras administraciones. Asunto Jdo. 1 
Inst e Intr. n 6 de Lorca EJH 000045/2018. Reciba un cordial saludo».
e)  De nuevo, la recurrente accedió a la notificación dentro del plazo concedido, en 
fecha de 17 de julio de 2018, constatando la existencia del auto de despacho de 
ejecución, más cinco documentos y un índice documental.
f)  En  fecha  de  20  de  julio  de  2018  se  le  vuelve  a  remitir  un  nuevo  correo  s
electrónico, también del servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica Nacional de  oe.
Moneda y Timbre en el que se le indica: «Ha recibido una Notificación del organismo  w.
emisor Juzgados y Tribunales (SGAJ) en la Dirección Electrónica Habilitada Única del  29ww
Dtitiurelacrc ióPne nErelei ctIrnóvneicrsai oHnaebsi-lNitaIFd a Bú7n3ic8a3 6d1e7s3d.e  Leal  2N0-o0ti7fi-c2a0c1ió8n h aessttaa reál  0d4is-0p9o-n2ib0l1e8 .e Sni  nsuo 
sperogcúend ilear an oar msua tlievcat uarap liecna belel .p lPazaora i nqduicea dcoon ssete p rcoodmuoc irláeníd lao,s  peofre cftaovso rc oarcrecsepdoan ad iehntttpe:s/,/  BOE-A-cable e
notificaciones.060.es A través de su DEH podrá también consultar notificaciones de otras 
Administraciones.  Asunto:  Jdo.  1  Inst.  e  Instr.  n  6  de  Lorca  EJH/0000045/2018 
Información adicional: Ha recibido un acto de comunicación Judicial. Podrá consultarlo 
en  los  siguientes  enlaces:  https://sede.administracion.gob.es/carpeta,  https://
notificaciones.060.es  y  https://sedejudicial.justicia.es.  Independientemente  del  tiempo 
que tenga a su disposición el acto de comunicación, transcurridos tres días hábiles 
desde  su  puesta  a  disposición  sin  que  el  destinatario  acceda  a  su  contenido,  se 
entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando todos sus 
efectos, conforme con lo establecido en el art. 162.2 de la LECivil. Este aviso conforme a 
lo dispuesto en el art. 25 del RD 1065/2015 no tiene efecto procesal alguno Reciba un 
cordial saludo». El contenido de dicha notificación era un auto aclaratorio del auto de 
despacho de ejecución anterior. En él, se estima «la petición formulada por el procurador 
señor Jiménez Martínez de aclarar el auto despachando ejecución de fecha 23-5-18, 
dictada en el presente procedimiento, en el sentido que se indica: que la cantidad 
reclamada asciende a 128.587,44 euros, y no la de 128.567,44 euros que por error se 
hizo constar».
g)  El día 3 de septiembre de 2018, la sociedad ejecutada formuló oposición al 
despacho de ejecución, que fue inadmitida por presentación extemporánea mediante 
auto de 14 de septiembre de 2018. Para el órgano judicial, «en fecha de 30-5-18 se 
notificó y requirió en legal forma a través de la sede judicial electrónica a la ejecutada y 
en fecha 4 de septiembre de 2018 se ha presentado por Euroinversiones Inmobiliarias 
Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L., oposición a la ejecución hipotecaria».
h)  Por auto de 18 de diciembre de 2018, se vuelve a dictar auto por el que se 
vuelve a inadmitir el trámite de oposición por las mismas razones y fundamentos. Así, se 
afirma que «en fecha 25-05-2018 se notificó y requirió en legal forma a través de la sede 
electrónica al demandado y en fecha 04-09-18 se ha presentado por Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  y  Penrei  Inversiones,  S.L.,  oposición  a  la  ejecución 
hipotecaria». Fundando, ambos autos, en la improrrogabilidad de plazos, en la preclusión 
[artículos 134 y 136 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC)], en relación al artículo 695 
LEC, el órgano judicial sostiene que la oposición había de haberse presentado dentro de 
los diez días siguientes a la notificación del auto y decreto por el que se despachó la 
ejecución y, por tanto, constando que la ejecutada se opuso pasado el plazo legalmente 
establecido, se debe inadmitir su oposición.
i)  Contra estas dos últimas resoluciones la ejecutada interpuso sendos recursos de 
reposición, en la consideración de que las diligencias de notificación y requerimiento no 
habían sido realizadas el día 25 de mayo de 2018, sino, en su caso, a partir de esa fecha 
y hasta el 10 de julio de 2018, dado que la comunicación remitida a través de la dirección 
electrónica habilitada no podía entenderse más que un aviso de puesta a disposición o 
descarga de su contenido durante un plazo determinado (en el caso desde el 25 de 
mayo al 10 de julio de 2018); entenderlo de otro modo, además de infringir los artículos 
135, 152, 160, y 162 LEC, vulneraría el artículo 24 CE.
j)  Ambos recursos fueron resueltos en sentido desestimatorio por auto de 21 de 
marzo de 2019. El órgano judicial, al constatar su condición de persona jurídica confirma 
su obligación de relacionarse con la administración de justicia por medios electrónicos, 
de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 42/2015, 
de 5 de octubre, de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, así como en el artículo 14.2 
de  la  Ley  39/2015  y  en  el  Real  Decreto  1065/2015,  de  27  de  enero,  sobre 
comunicaciones electrónicas en la administración de justicia en el ámbito territorial del  s
Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNet. oe.
En su fundamento jurídico segundo, el órgano judicial razona que «en el presente  w.
caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las  recurrentes  en  29ww
fdeícahsa q 2u5e- 0e5s-t2a0b1le8c en ol aa cncoerdmieantidvao  aplr occoensteanl)i,d op rheasestnat aenl ddoí al o2s6 -e0s7c-r2it0o1s8  d(efu eorpao sdiec iólons  atr elas 
eajretíccuucloió 5n5 e6n.1 f edceh laa  0L4E-C09 (-d2e0n1t8ro c dlaer alomse dniteez f udeíaras  sdieglu pielanzteos  leagl adlem lean nteo teifsictaabcilóenci ddoe l eanu teol   BOE-A-cable e
despachando ejecución) y siendo que conforme al art. 136 de la LEC transcurrido o 
pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá 
la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que 
dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión».
3.  La demanda de amparo atribuye a los autos impugnados de 18 de diciembre 
de 2018 y de 21 de marzo de 2019, la vulneración del derecho fundamental de la 
sociedad recurrente al proceso (art. 24 CE), al darle conocimiento de la existencia del 
procedimiento  a  través  de  un  correo  electrónico,  otorgándole  el  carácter  de 
emplazamiento  y  primera  notificación  para  personarse  en  unas  actuaciones  sin 
constatar, la existencia misma de su recepción íntegra y de acceso a su contenido. 
Subraya que, de conformidad con el artículo 273 LEC, su pretendida obligación de 
comunicarse telemáticamente con la administración de justicia no nace hasta después 
del primer emplazamiento pues, hasta entonces, ninguna relación ha tenido con dicha 
administración, lo que viene avalado por una interpretación sistemática de este precepto 
con los artículos 152, 155, 160 y 162 LEC.
La  demandante  de  amparo  solicita,  en  consecuencia,  la  anulación  de  las 
resoluciones indicadas, así como la retroacción al momento procesal oportuno, previo al 
dictado del auto de 14 de septiembre de 2018, a fin de que el juzgado admita a trámite 
su oposición al despacho de ejecución. El recurso pide también por otrosí la suspensión 
del proceso de ejecución.
4.  Mediante providencia de 15 de junio de 2020, la Sección Tercera de este tribunal 
acuerda admitir a trámite el recurso, apreciando que reviste especial trascendencia 
constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)], toda vez 
que plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que 
no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2.a)] y puede dar ocasión al tribunal 
para  aclarar  o  cambiar  su  doctrina,  como  consecuencia  de  cambios  normativos 
relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, 
FJ 2.b)]. Acuerda igualmente dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. 6 de Lorca, a fin de que, en el plazo de diez días, remita certificación 
o fotocopia adveradas de las actuaciones correspondientes a la ejecución hipotecaria 
núm. 45-2018 y emplace a quienes hubieran sido parte en el proceso del que trae causa 
el presente recurso de amparo.
5.  Por providencia de la misma fecha, la Sección acuerda formar la oportuna pieza 
para la tramitación del incidente de suspensión. Seguidos los trámites correspondientes, 
la Sala Primera de este tribunal, mediante ATC 104/2020, de 21 de septiembre de 2020, 
deniega  la  suspensión  cautelar  solicitada  y  ordena  la  anotación  preventiva  de  la 
demanda de amparo en el registro de la propiedad.
6.  Mediante diligencia de ordenación de 28 de octubre de 2020, el secretario de 
justicia de la Sala Segunda acordó tener por personado y parte en el procedimiento a la 
procuradora doña María Claudia Munteanu en nombre y representación de la mercantil 
Pera Assets Designated Activity Company, acordándose entender con ella las sucesivas 
actuaciones, así como dar vista de las actuaciones a la parte recurrente y al Ministerio 
Fiscal por plazo común de veinte días, para que puedan presentar las alegaciones que 
estimen pertinentes, conforme determina el artículo 52.1 LOTC.
7.  El 2 de diciembre de 2020 tiene entrada en el registro de este tribunal escrito de  e.e
la recurrente en amparo, en el que ratifica las alegaciones expuestas en la demanda y  b
transcribe en parte los fundamentos jurídicos de la STC 40/2020, de 27 de febrero, en  29ww
slaesñ aqlauned oe l qPuele, ntora tdáen deosstee  dterilb purnimale rh ae mrpelsauzealmtoi eunnto  roe ccuitrascoi ódne a la dmepmaaron dcaadsoi,  iedsétnet ihcao 
pduee esf edcetu alor sceo enntr aerli od osme iceisliota rdíeal  vliutiglnaenrtaen deon  peal pdeelr, eccohmo oa i mlap otuntee leal  jaurdtíiccuialol  e1f5e5c.t1iv aL EsCin, 
indefensión del artículo 24 CE.
8.  El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones en este tribunal el 3 de 
diciembre de 2020, solicitando el otorgamiento del amparo, el reconocimiento de la 
vulneración del derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión y la 
nulidad de todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la 
ejecución, con retroacción de las actuaciones al momento anterior. Advierte, en primer 
lugar, la diferencia existente entre el supuesto planteado en este recurso de amparo con 
los del resto de la serie de los interpuestos por Penrei Inversiones, S.L., a los que les es 
aplicable la doctrina contenida en la STC 40/2020, relativa a la necesidad de que los 
actos de comunicación se realicen en el domicilio de los litigantes cuando se trata del 
primer emplazamiento o citación del demandado.
En el presente caso, sin embargo, se ha producido un error en las fechas a tener en 
cuenta por el órgano judicial para valorar la posible extemporaneidad de la oposición a la 
ejecución, pues debió considerarse como dies a quo, no el de la primera notificación, con 
independencia  de  que  pudiera  haber  devenido  nula  por  no  haberse  practicado 
personalmente y con traslado de toda la documentación de conformidad con los artículos 
152.2 y 273.4 LEC, sino que la fecha de inicio del cómputo era la de 20 de julio de 2018, 
fecha en la que se le dio traslado del auto de aclaración de aquel que despacha la 
ejecución.
En apoyo de este argumento se cita la STC 90/2010, FJ 3, en la que incidimos en que, 
en supuestos como este, «debe tenerse en cuenta que las resoluciones aclarada y 
aclaratoria se integran formando una unidad lógico-jurídica que no puede ser impugnada 
sino en su conjunto a través de los recursos que, en su caso, pudieran interponerse contra 
la resolución aclarada. En consonancia con esta forma de entender la técnica de la 
aclaración  de  las  resoluciones  judiciales,  nuestro  Derecho  positivo  ha  entendido 
tradicionalmente que en la determinación del dies a quo para el cómputo del plazo de un 
recurso  contra  una  resolución  que  ha  sido  objeto  de  aclaración  se  debe  tomar 
necesariamente en consideración la fecha de notificación de la resolución aclaratoria. Así 
lo disponía el art. 407 de la vieja Ley de enjuiciamiento civil de 1881 ("[e]n los casos en 
que se pida aclaración de una sentencia conforme a lo prevenido en el artículo 363, el 
término para interponer el recurso que proceda contra la misma sentencia se contará 
desde  la  notificación  del  auto  en  que  se  haga  o  deniegue  la  aclaración");  y  así  lo 
establecen actualmente tanto el apartado 2 del art. 448 LEC de 2000 ("[l]os plazos para 
recurrir se contarán desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se 
recurra, o, en su caso, a la notificación de su aclaración o de la denegación de esta"), 
como el apartado 8 del artículo 267 LOPJ (en la redacción dada a este precepto por la Ley 
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre), que prevé que: "Los plazos para los recursos que 
procedan contra la resolución de que se trate se interrumpirán desde que se solicite su 
aclaración, rectificación, subsanación o complemento y, en todo caso, comenzarán a 
computarse desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negase la 
omisión  de  pronunciamiento  y  acordase  o  denegara  remediarla"».  En  consecuencia, 
aplicada esta doctrina al caso que nos ocupa, debe tomarse como dies a quo, la fecha de 
notificación del auto de aclaración del despacho de ejecución, esto es, la de 20 de julio 
de 2018, por lo que el plazo expiraba el siguiente 5 de septiembre de 2018. La oposición 
se formuló en fecha de 3 de septiembre de 2018, por tanto, dentro del plazo legal.
Igualmente, señala la fiscal, que de conformidad con lo declarado por este tribunal en 
su STC 217/2009, FJ 3, «el derecho a la obtención de un pronunciamiento jurisdiccional 
sobre el fondo de la pretensión, como parte del derecho a la tutela judicial efectiva 
garantizado  en  el  artículo  24.1  CE,  se  satisface  también  con  una  respuesta  de  s
inadmisión fundada en una causa legal que haya sido apreciada razonablemente por el  oe.
órgano judicial (así, y entre otras, ya desde nuestra temprana STC 11/1982, de 29 de  w.
marzo, las SSTC 69/1984, de 11 de junio, y, entre las más recientes, 8/1998, de 13 de  29ww
esonne,r oe, ny  p1r2in2c/1ip9io9,9 ,r edveis 2a8b ledse  ejunn iloa) .v Píao rd ee llaom, lpaasr od,e csiaslivoon eqsu eju dviuclinaelerse nd ee li ndaedrmecishioó na  nloa 
t(uStSeTlaC  ju2d1i4c/i1a9l 8e8f,e cdteiv a1,4  ldoe  qnuoev ieomcburrere;  6c3u/1a9n9d2o,  dcaer e2c9e nd ed aeb rlial) ; dseeb ifduan demno teivna cuiónna   BOE-A-cable e
interpretación  de  la  legalidad  ordinaria  arbitraria  o  manifiestamente  irrazonable 
(STC 133/2000, de 16 de mayo); sean el resultado de un error patente (SSTC 295/2000, 
de 11 de diciembre; 134/2001, de 13 de junio); se apoyen en una causa legal inexistente 
o en la exigencia de unos requisitos formales excesivamente rigurosos (SSTC 69/1984, 
de 11 de junio; 57/1988, de 5 de abril; 18/1993, de 18 de enero; 172/1995, de 21 de 
noviembre; 135/1998, de 29 de junio; 168/1998, de 21 de julio; 63/2000, de 13 de marzo; 
230/2000, de 2 de octubre). El control constitucional de estas decisiones de inadmisión 
se  realiza  de  forma  especialmente  intensa  cuando  determinan  la  imposibilidad  de 
obtener una primera respuesta judicial (SSTC 87/1986, de 27 de junio, y 118/1987, de 8 
de julio, hasta la STC 16/1999, de 22 de febrero), atenuándose ese control en fase de 
recurso (por todas, SSTC 37/1995, de 7 de febrero, 115/1999, de 14 de junio)».
A ello, a juicio del Ministerio Fiscal, hay que añadirle lo declarado en la STC 11/2011, 
FJ 17, respecto a la posibilidad de apreciar la lesión del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), en aquellos pronunciamientos judiciales relativos a la caducidad 
de la acción «cuando determina bien la inadmisión de la acción –así ocurre en el 
presente  caso–,  bien  la  pérdida  de  algún  trámite  procesal  que  impida  la  defensa, 
señalándose  que  sucederá  de  ese  modo  cuando  la  inadmisión  se  acuerde  "como 
consecuencia de un error en el cómputo del plazo, de una interpretación de la legalidad 
arbitraria o irrazonable o, en fin, de la utilización de un criterio interpretativo desfavorable 
para la efectividad del derecho fundamental entendida como desproporcionadamente 
formalista (STC 88/1997). Siendo así, resulta indudable que en el presente supuesto, la 
interpretación del órgano judicial trasciende el ámbito de la legalidad ordinaria, puesto 
que determina la caducidad de la acción e impide todo pronunciamiento sobre el fondo" 
(STC 104/1997, de 2 de junio, FJ 2)».
A  la  vista  de  la  referida  doctrina,  la  fiscal  concluye  que  el  juzgado  erró  en  la 
determinación del dies a quo y, en consecuencia, vulneró el derecho a la tutela judicial 
efectiva ex art. 24.1 CE de la demandante de amparo.
9.  Con fecha de 13 de julio de 2020, la mercantil Pera Assets Designated Activity 
Company representada la procuradora de los tribunales, doña María Claudia Munteanu, 
y bajo la dirección técnica del letrado don Alejandro Ingram Solís, compareció ante este 
tribunal, haciendo constar que la entidad Banco de Sabadell le ha cedido el crédito 
hipotecario y que, en virtud del régimen de sucesión procesal, las actuaciones deben 
continuarse con ella. Solicita que se la tenga por parte en tiempo y forma y que se 
entiendan con ella las diligencias sucesivas del presente recurso de amparo.
10.  Por providencia de 25 de febrero de 2021 se señaló para votación y fallo del 
presente recurso el día 3 de marzo del mismo año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación de los autos 
de 18 de diciembre de 2018 y de 21 de marzo de 2019, dictados por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria 
núm. 45-2018.
Según la entidad mercantil demandante de amparo, una interpretación irrazonable de 
la legislación procesal le habría privado injustamente de su derecho a formular oposición 
a la ejecución hipotecaria. Tratándose de un primer emplazamiento, el requerimiento de  s
pago y alternativo derecho a oponerse a la demanda ejecutiva debió realizarse de  oe.
manera personal en su domicilio social, con entrega en papel de la documentación, y no  w.
odmbeel idglaiaa cnFitóáenb  erdilc eas  eaNrsvaeiccgiiuoor nadare,l   ndnoeo  tyiMfaic oalnace ioldenage asyli  deTaliedmc btfrorórenm. icaEal ls d óeyr  gldoaesn  oad cirjtueodcsic cidióaenl   cheoalembcrutíranó icninaicccauió mhnap, blsidiilniotoa  dseaul    2021-5129n https://ww
cumplimiento  efectivo  de  su  finalidad  constitucional.  Añade  que  el  órgano  judicial
igualmente habría incurrido en un error en el cómputo del plazo para presentar la  Bc
oposición a la ejecución, en tanto no podía iniciarse hasta que no le fue notificado el auto 
aclaratorio del auto de despacho de la ejecución, es decir, hasta el 20 de julio de 2018. 
Todo ello constituiría una vulneración del derecho fundamental de la demandante de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24 CE). Solicita, en consecuencia, 
la anulación de las resoluciones indicadas, así como la retroacción al momento procesal 
oportuno, previo al dictado del auto de 14 de septiembre de 2018, a fin de que el juzgado 
admita a trámite su oposición al despacho de ejecución.
Por su parte, el Ministerio Fiscal solicita la estimación de la demanda de amparo y la 
nulidad de todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la 
ejecución,  con  retroacción  de  las  actuaciones  al  momento  anterior.  En  tal  sentido, 
subraya que, a diferencia de lo acontecido en recursos de amparo similares que han sido 
interpuestos por la misma demandante de amparo contra el sistema de notificación 
electrónica del primer emplazamiento del demandado, en este caso, el problema se ciñe 
a un error respecto al cómputo del plazo para ejercitar la oposición a la ejecución 
hipotecaria, pues el órgano judicial ha tomado como dies a quo la fecha de la primera 
notificación, sin tener en consideración el iter procesal habido desde entonces. Entiende 
que, de acuerdo con la jurisprudencia de este tribunal, debe tomarse como fecha de 
inicio del plazo la de 20 de julio de 2018, pues es aquella en la que se comunicó el auto 
aclaratorio del auto por el que se despachó la ejecución.
En efecto, como acertadamente pone de manifiesto la fiscal, el asunto sometido a 
nuestra consideración, si bien vuelve a plantear el problema de la posible vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva debida a la notificación al demandado del primer 
emplazamiento por vía electrónica, su análisis debe comenzar por la primera de las lesiones 
causadas a la recurrente en tal derecho fundamental (art. 24.1 CE), es decir, por el cálculo 
erróneo del plazo para oponerse a la ejecución llevado a cabo por el órgano judicial.
Sobre este particular, hemos de llamar la atención sobre el hecho de que no es la 
primera  vez  que  este  tribunal  debe  pronunciarse  sobre  esta  cuestión,  pues  son 
numerosos nuestros pronunciamientos. De este modo, basta con recordar que, si bien 
«el  cómputo  de  los  plazos  procesales  es  una  cuestión  de  legalidad  ordinaria  que 
compete  resolver  a  los  órganos  judiciales  en  el  ejercicio  de  su  propia  y  exclusiva 
potestad jurisdiccional, ex art. 117.3 CE», también lo es que «el problema solo adquiere 
relevancia constitucional cuando la interpretación de la normativa aplicable al supuesto 
controvertido  que  determina  la  inadmisibilidad  del  recurso  sea  manifiestamente 
irrazonable  o  arbitraria,  incurra  en  error  patente  o  asuma  un  criterio  hermenéutico 
contrario a la efectividad del derecho a la tutela judicial (SSTC 201/1987, 200/1988, 
32/1989, 155/1991, 132/1992, 75/1993, 302/1994 y 165/1996)» (STC 209/2013, de 16 de 
diciembre, FJ 4).
Más concretamente se ha insistido en que la caducidad de la acción «constituye una 
de esas causas legales que impiden un pronunciamiento sobre el fondo, siendo su 
cómputo –como, en general, el de todos los plazos sustantivos y procesales– una 
cuestión  de  estricta  legalidad  ordinaria  que  corresponde  valorar  a  los  órganos 
judiciales».  No  obstante,  pese  a  ello,  se  ha  mantenido  reiteradamente  que  la 
interpretación de las normas legales que realizan aquellos es revisable en amparo 
cuando la apreciación de la caducidad afecta a un derecho fundamental, como ocurre 
cuando determina, bien la inadmisión de la demanda –así ocurre en el presente caso–, 
bien la pérdida de algún trámite procesal que impida la defensa, señalándose que 
sucederá de ese modo cuando la inadmisión se acuerde «"como consecuencia de un 
error  en  el  cómputo  del  plazo,  de  una  interpretación  de  la  legalidad  arbitraria  o  s
irrazonable o, en fin, de la utilización de un criterio interpretativo desfavorable para la  oe.
efectividad del derecho fundamental entendida como desproporcionadamente formalista  w.
(STC  88/1997).  Siendo  así,  resulta  indudable  que  en  el  presente  supuesto,  la  29ww
qinuteer pdreettearcmióinna  dlae l cóardguacniod ajdu ddicei alal  taracsccióienn ed eim epl idáem tboidtoo  dpero lnau lnecgiaamlidiaedn too rsdoinbareri ae, l pfounedsoto" 
(STC 104/1997, de 2 de junio, FJ 2)».
Pues bien, en este caso, el tribunal entiende que el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 6 de Lorca ha padecido un error de hecho al considerar que el cómputo 
para la oposición a la ejecución debía comenzar en el momento en el que se notificó a la 
demandante de amparo el auto despachando la ejecución, esto es, el 25 de mayo de 2018, 
obviando  por  consiguiente  el  trámite  de  aclaración  del  mismo  que  concluyó  con  su 
pertinente auto de fecha de 20 de julio de 2018, pues como expresa la STC 90/2010, FJ 3, 
«las resoluciones aclarada y aclaratoria se integran formando una unidad lógico-jurídica que 
no puede ser impugnada sino en su conjunto a través de los recursos que, en su caso, 
pudieran interponerse contra la resolución aclarada. En consonancia con esta forma de 
entender la técnica de la aclaración de las resoluciones judiciales, nuestro Derecho positivo 
ha entendido tradicionalmente que en la determinación del dies a quo para el cómputo del 
plazo de un recurso contra una resolución que ha sido objeto de aclaración se debe tomar 
necesariamente en consideración la fecha de notificación de la resolución aclaratoria».
En consecuencia debe aplicarse la doctrina recogida en la STC 11/2011, según la cual 
«son casos de error facti aquellos en los que únicamente está en cuestión el cómputo o 
cálculo de un plazo a la vista de una inequívoca redacción de norma que lo regula, o de una 
interpretación constante y reiterada de la misma que aplican los órganos judiciales. En otras 
palabras, son supuestos en los que, sin existir duda o debate alguno sobre la interpretación 
de las normas que regulan el plazo, o determinada en todo caso la interpretación de la norma 
que contiene su régimen, se produce un mero error de cálculo, bien por errarse en la 
determinación del dies a quo, bien por equivocarse el juzgador en el cómputo, errando en la 
determinación del dies ad quem del plazo. Ejemplos de ello se encuentran en nuestras 
SSTC 25/1986, de 19 de febrero; 167/1999, de 27 de septiembre; 66/2000, de 13 de marzo; 
89/2000, de 27 de marzo; 150/2000, de 12 de junio, o 362/2006, de 18 de diciembre, en las 
que se opera la revisión constitucional de la resolución recurrida con los criterios del error de 
hecho a los que hacíamos referencia en fundamentos anteriores».
Por todo ello, corresponde declarar que los autos de 18 de diciembre de 2018 y de 21 
de marzo de 2019 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca han 
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente en amparo (art. 24.1 CE).
A mayor abundamiento y con el fin de evitar una nueva notificación del primer 
emplazamiento de la demandante de amparo por vía electrónica, este tribunal debe 
recordar lo expresado en la STC 40/2020, de 27 de febrero, en el sentido de que «en 
relación con la garantía de emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los 
procesos regidos en esta materia por la LEC (directa o supletoriamente), como primera 
comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida por una 
comunicación electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la 
dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el artículo 155.1 
LEC, y lo complementa la regla del artículo 273.4 LEC sobre la presentación en papel de 
las  copias  de  los  escritos  y  documentos  para  ese  primer  emplazamiento.  El 
incumplimiento de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de 
aquel derecho fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal en varios recursos 
de amparo referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el 
mismo fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, s
Ha decidido w.
en sEus vtiimrtuadr :el recurso de amparo interpuesto por la mercantil Penrei Inversiones, S.L., y,
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente en
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de los 
autos de 18 de diciembre de 2018 y de 21 de marzo de 2019, dictados por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria 
núm.  45-2018,  así  como  la  nulidad  de  las  actuaciones  realizadas  a  partir  del 
emplazamiento de la entidad recurrente a través de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
último  por  el  juzgado  ejecutor  de  forma  que  resulte  respetuoso  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a tres de marzo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.