BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 34 Miércoles 9 de febrero de 2022 Sec. I.   Pág. 16775
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
2050 Ley Orgánica 1/2022, de 8 de febrero, de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, 
de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, 
para la supresión del aforamiento de los Diputados y las Diputadas del 
Parlamento de las Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las Illes 
Balears.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed:  Que  las  Cortes  Generales  han  aprobado  y  Yo  vengo  en  sancionar  la 
siguiente ley orgánica:
PREÁMBULO
La Constitución Española recoge en el artículo 71.3 el aforamiento de los diputados y 
senadores, para los que a través de esta prerrogativa es competente en las causas 
judiciales la Sala Penal del Tribunal Supremo. En el artículo 102.1 se hace extensivo el 
aforamiento al presidente y a los miembros del Gobierno del Estado.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, modificado por la 
Ley  1/2007,  de  28  de  febrero,  establece  el  aforamiento  de  los  diputados  y  las 
diputadas autonómicos de las Illes Balears, en el artículo 44, y del presidente de la 
comunidad autónoma y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears, a través de 
los artículos 56.7 y 57.5. Respecto a todos ellos, se dispone que corresponderá 
decidir su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia 
de  las  Illes  Balears;  fuera  del  ámbito  territorial  de  la  comunidad  autónoma,  la 
responsabilidad les será exigible en los mismos términos ante la Sala Penal del 
Tribunal Supremo.
Así pues, tanto en el texto constitucional como en el actual Estatuto de Autonomía, 
se regula la figura jurídica del aforamiento, una prerrogativa que hoy es percibida por una 
amplia mayoría de la sociedad como un privilegio que distorsiona el principio superior de 
igualdad de todos los ciudadanos ante la Justicia. En este sentido, se considera que, de 
acuerdo con el ámbito competencial de la comunidad autónoma de las Illes Balears, ni 
los diputados ni las diputadas, ni el presidente ni la presidenta, ni los miembros del 
Gobierno de las Illes Balears deben continuar ajenos a la jurisdicción ordinaria en todos 
aquellos asuntos que los impliquen en un procedimiento judicial de cualquier ámbito 
jurisdiccional, tanto penal como civil.
Es por todo ello que, de acuerdo con el artículo 139 del Estatuto de Autonomía de las 
Illes Balears, se aprueba esta modificación puntual de la Ley 1/2007, de 28 de febrero, 
de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para suprimir del texto 
estatutario la figura del aforamiento.
Artículo primero.
Se modifica el artículo 44 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma 
del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, que quedará redactado de la forma 
siguiente:
«1. Los diputados y las diputadas del Parlamento de las Illes Balears no 
estarán  vinculados  por  ningún  mandato  imperativo  y  gozarán,  aunque  sea 
después  de  haber  cesado  su  mandato,  de  inviolabilidad  por  las  opiniones 
manifestadas y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. Durante su 
mandato gozan de inmunidad con  el  efecto concreto de que no pueden ser 
detenidos ni retenidos, salvo en caso de delito flagrante. El conocimiento de las 
causas penales y de las demandas de responsabilidad civil por hechos cometidos 
en el ejercicio del cargo corresponde al órgano jurisdiccional predeterminado por 
la ley.
2. El voto de los diputados y las diputadas es personal e indelegable.»
Artículo segundo.
Se modifica el artículo 56.7 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma 
del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, que quedará redactado de la forma 
siguiente:
«56.7 La responsabilidad penal y civil del presidente o de la presidenta será 
exigible en los mismos términos que se señalan para los diputados y las diputadas 
del Parlamento de las Illes Balears.»
Artículo tercero.
El artículo 57.5 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto 
de Autonomía de las Illes Balears, quedará redactado de la forma siguiente:
«57.5 La responsabilidad penal y civil de los miembros del Gobierno será 
exigible en los mismos términos que se establezcan para los diputados y las 
diputadas del Parlamento de las Illes Balears.»
Disposición transitoria.
El conocimiento de los procedimientos penales y civiles que se siguen contra 
diputados  o  diputadas  del  Parlamento  de  las  Illes  Balears,  los  miembros  del 
Gobierno autonómico y su Presidente, iniciados antes de la entrada en vigor de esta 
ley, pasará a corresponder al órgano jurisdiccional predeterminado por la ley, salvo 
en el caso de que la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes 
Balears o la Sala Penal del Tribunal Supremo ya haya acordado la apertura del juicio 
oral.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan 
a esta ley, la contradigan o sean incompatibles con lo que dispone.
Disposición final.
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley orgánica.
Madrid, 8 de febrero de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN