BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 147 Lunes 21 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 75084
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
10328 Resolución de 16 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del Estado y el Consorcio de la Zona Franca 
de Tenerife.
La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado y el 
Presidente  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Santa  Cruz  de  Tenerife,  han  suscrito  un 
Convenio de asistencia jurídica.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anejo a la 
presente Resolución.
Madrid, 16 de junio de 2021.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEJO
Convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado 
(Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado) y el Consorcio de la Zona Franca de Tenerife
7 de junio de 2021.
REUNIDOS
De una parte, la Sra. doña Consuelo Castro Rey, en su condición de Abogada 
General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, cargo para el que fue 
nombrada por Real Decreto 716/2018, de 29 de junio, BOE n.° 158, quien actúa en virtud 
de la delegación conferida a su favor por el Ministro de Justicia en el artículo 7 d) de la 
Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre, sobre delegación de competencias.
De otra parte, el Sr. don Carlos E. González Pérez, Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, cargo para el que fue nombrado en virtud de 
Decreto 337/2019, de 26 de septiembre, de la Consejería de Obras Públicas, Transporte 
y Vivienda del Gobierno de Canarias (BOC núm. 198, de 14 de octubre de 2019, BOE 
núm. 255, de 23 de octubre), actuando en este acto en nombre y representación del 
Consorcio de la Zona Franca de Tenerife, con domicilio social en Avda. Francisco La 
Roche, 49, 38001, Santa Cruz de Tenerife y NIF S3800014G.
MANIFIESTAN
Primero. o
Que la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado es  328ww
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el resto de entidades y organismos que constituyen el sector público estatal, se prevé
legalmente  que  la  Abogacía  General  del  Estado  pueda  prestar  asistencia  jurídica 
mediante la oportuna formalización de un Convenio.
Segundo.
Que el Consorcio de la Zona Franca de Tenerife (en adelante, el Consorcio) es una 
entidad estatal de derecho público de las reguladas en el art. 2 de la Ley 47/2003, de 26 
de  noviembre,  General  Presupuestaria,  teniendo  por  objeto  el  establecimiento  y 
explotación de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife con el fin de promover e 
impulsar en la misma el desarrollo de actividades de carácter industrial, comercial y 
mercantil, satisfaciendo los intereses generales. El Consorcio tiene personalidad jurídica 
propia y plena capacidad pública y privada, que ejerce sus funciones con autonomía e 
independencia respecto de las Administraciones Públicas.
Tercero.
Que el Consorcio, de acuerdo con lo establecido en la Ley 52/1997, de 27 de 
noviembre,  de  Asistencia  Jurídica  al  Estado  e  Instituciones  Públicas  y  en  el  Real 
Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 
Jurídico del Estado, tiene actualmente suscrito un Convenio de Asistencia Jurídica, de 
fecha 16 de abril de 2019, con la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado.
Cuarto.
Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la asistencia jurídica 
al Consorcio, ambas partes consideran conveniente la designación por el Abogado 
General del Estado de uno o más Abogados del Estado en activo que actúen como 
coordinadores directos de la asistencia jurídica.
Quinto.
Que el texto del «convenio tipo», de asistencia jurídica ha sido informado por la 
Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia.
Sexto.
Que, con el fin de regular las condiciones de prestación de esa asistencia jurídica en 
la forma prevista en el ordenamiento jurídico, los comparecientes suscriben el presente 
Convenio, de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
De conformidad con lo establecido en la citada Ley 52/1997, de 27 de noviembre, en 
la disposición adicional quinta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y en el Real 
Decreto 997/2003, de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 
Jurídico del Estado, éste podrá prestar asistencia jurídica al Consorcio por medio de los 
Abogados del Estado integrados en aquél. La asistencia jurídica comprenderá tanto el  s
asesoramiento  jurídico  como  la  representación  y  defensa  ante  cualesquiera  oe.
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de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
La asistencia jurídica a que se refiere este Convenio no supondrá relación laboral 
entre el Consorcio y los Abogados del Estado que le presten esa asistencia.
Segunda.  Facultad de elección de representación y defensa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, el Consorcio se reserva la facultad 
de  ser  asesorado, representado  y  defendido  por  abogado  y,  en  su  caso,  procurador 
especialmente designado al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Se entenderá que se renuncia a la asistencia jurídica por parte del Abogado del 
Estado, para toda la tramitación del procedimiento judicial, desde el momento en que la 
entidad convenida comparezca o se dirija al órgano jurisdiccional mediante cualquier otra 
representación.
Tercera.  Contraposición de intereses.
La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado integrados 
en éste, no se prestará cuando exista contraposición entre los intereses del Consorcio y 
del Estado o sus Organismos Autónomos. En este caso, el Consorcio será asesorado, 
representado  y  defendido  por  abogado  y,  en  su  caso,  procurador,  especialmente 
designados al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Cuando  exista  contraposición  de  intereses  entre  el  Consorcio  y  otra  entidad 
convenida, por regla general, la Abogacía General del Estado se abstendrá de intervenir 
en el proceso judicial en defensa y representación de una u otra entidad. Los Abogados 
del Estado antes de personarse en estos supuestos elevarán consulta a la Abogacía 
General del Estado.
Cuarta.  Designación de Abogado del Estado coordinador.
La Abogada General del Estado designará a uno o más Abogados del Estado en 
activo para que actúen como coordinadores de la Asistencia Jurídica convenida tanto en 
los asuntos consultivos como, en su caso, contenciosos.
Corresponde a los coordinadores de los convenios de asistencia jurídica mantener 
una relación actualizada sobre el estado de tramitación de los procesos judiciales en los 
que intervenga la Abogacía del Estado y sea parte la entidad convenida. A tal fin la 
entidad convenida deberá elaborar una relación de dichos pleitos.
Quinta.  Duración.
El presente Convenio tiene una duración de dos años. Sin embargo, se entenderá 
prorrogado como máximo por dos años más mediante acuerdo expreso de las partes 
adoptado antes de la finalización de dicho período de vigencia. El acuerdo de prórroga 
se formalizará mediante adenda.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
el presente Convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes y 
resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el 
Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público 
estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima de dicha Ley.
Asimismo, serán publicados en el plazo de diez días hábiles desde su formalización 
en el «Boletín Oficial del Estado».
Sexta.  Contraprestación. b
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enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre.
El pago se efectuará mediante el modelo 069 como documento de ingreso que se 
enviará junto con la factura debidamente cumplimentado. El Consorcio deberá efectuar 
el ingreso en el plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción de la factura y 
del modelo, en cualquier entidad colaboradora o telemáticamente, debiendo, una vez 
efectuada la operación, remitir a la Secretaria General de la Abogacía General del 
Estado, copia del mismo.
Séptima.  Costas.
En los procesos en los que existan condenas en costas se aplicarán las reglas siguientes:
1.  Cuando la condenada en costas sea el Consorcio corresponderá a ésta el abono 
de las causadas a la parte contraria.
2.  Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a favor del 
Consorcio.
Octava.  Modificación.
El presente Convenio solo puede modificarse por acuerdo expreso de las partes 
durante su vigencia o de las sucesivas prórrogas.
Igualmente en cualquier momento de la vigencia del Convenio se podrá ampliar o 
reducir la asistencia jurídica convenida siempre que exista acuerdo expreso de las partes.
Cualquier  modificación  se  formalizará  mediante  la  correspondiente  adenda  al 
Convenio.
Novena.  Control y vigilancia de la ejecución del Convenio.
Para la vigilancia y control de la ejecución de este Convenio de asistencia jurídica y 
de los compromisos adquiridos con su firma se establece una comisión de seguimiento 
del  mismo  formada  por  dos  miembros  de  cada  una  de  las  partes.  Esta  comisión 
resolverá cualquier problema de interpretación o cumplimiento que pudiera plantearse. 
Las normas de funcionamiento de dicha comisión se regirán por la normativa reguladora 
del régimen de órganos colegiados de las Administraciones Públicas.
Las partes determinarán mediante anexo la composición de la comisión que, al 
menos, deberá reunirse una vez al año.
Décima.  Causas de resolución.
Son causas de resolución del Convenio:
a)  El transcurso del plazo de vigencia del Convenio o, en su caso, la prórroga 
acordada expresamente.
b)  El mutuo acuerdo.
c)  El incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas en este Convenio.
En este caso, se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla 
en el plazo de 30 días naturales, la obligación incumplida. Este requerimiento será 
comunicado a los responsables de la Comisión prevista en la cláusula novena y a la 
entidad firmante.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la  s
parte que lo dirigió notificará a la otra, la concurrencia de la causa de resolución y se  oe.
podrá entender resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá  w.
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e)  Por extinción de la personalidad jurídica de la entidad convenida.
f)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes. Bc
Undécima.  Naturaleza del Convenio y Jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa quedando sometido al régimen 
jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio serán 
resueltas en el seno de la comisión de seguimiento en el caso de que no fuera posible, el 
orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  para  resolver  las 
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.
Duodécima.  Finalización de vigencia del Convenio anterior.
Una vez el presente Convenio adquiera eficacia jurídica, de conformidad con la 
cláusula quinta, quedará resuelto, liquidado y extinguido el anterior Convenio suscrito 
entre las partes en fecha 16 de abril de 2019, sin necesidad de realizar liquidación 
adicional alguna. En consecuencia, el presente Convenio sustituirá en su totalidad al 
extinto Convenio firmado por las partes en fecha 16 de abril de 2019.
El pago de las cantidades pendientes correspondientes al cuatrimestre en curso en la 
fecha que el Convenio adquiera eficacia jurídica se efectuará con cargo al presente 
Convenio.
Y para que conste, y en prueba de conformidad, firman digitalmente el presente 
Convenio.–La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, 
Consuelo  Castro  Rey.–El  Presidente  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Santa  Cruz  de 
Tenerife, Carlos Enrique González Pérez.
ANEXO
En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  cláusula  novena  del  Convenio,  la  comisión  de 
seguimiento del mismo está formada por los siguientes miembros:
– Por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado:
• La Subdirectora General y la Subdirectora Adjunta de Coordinación, Auditoría y de 
Gestión del Conocimiento. En defecto de uno de ellos, un Gestor de Apoyo Jurídico de la 
referida Subdirección.
– Por el Consorcio de la Zona Franca de Tenerife:
• El Presidente, don Carlos E. González Pérez.
• La Vicepresidenta, doña Margarita Pena Machín.