BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Jueves 10 de marzo de 2022 Sec. TC.   Pág. 28787
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3807 Pleno. Sentencia 20/2022, de 9 de febrero de 2022. Cuestión interna de 
inconstitucionalidad  5908-2021.  Planteada  por  el  Pleno  del  Tribunal 
Constitucional en relación con el artículo 41.9.2 a) de la Ley del Parlamento 
de Canarias 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. 
Límites a la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad del 
precepto  legal  que  supedita  el  disfrute  de  una  bonificación  tributaria  al 
requisito de que el domicilio social de la entidad radique en las islas Canarias 
(STC 60/2015).
ECLI:ES:TC:2022:20
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro José 
González-Trevijano Sánchez, presidente; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, 
don  Santiago  Martínez-Vares  García,  don  Antonio  Narváez  Rodríguez,  don  Ricardo 
Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón; la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón; los magistrados don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique 
Arnaldo  Alcubilla,  y  las  magistradas  doña  Concepción  Espejel  Jorquera  y  doña 
Inmaculada Montalbán Huertas, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 5908-2021, planteada por el 
Pleno del Tribunal Constitucional en relación con el inciso «cuando el domicilio social de 
la entidad de crédito se encuentre en Canarias» del artículo 41.9.2 a) de la Ley del 
Parlamento de Canarias 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. 
Han comparecido el Congreso de los Diputados, el Senado y el Gobierno de la Nación. 
Han formulado alegaciones el Gobierno y el Parlamento de Canarias y la fiscal general 
del Estado. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1. Mediante providencia de 7 de octubre de 2021 el Pleno de este tribunal admitió a 
trámite la presente cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por el Pleno en 
relación con el precepto legal que se cita en el encabezamiento con carácter previo a 
resolver el recurso de amparo avocado núm. 946-2019, promovido por Caixabank, S.A.
2. La cuestión interna de inconstitucionalidad trae causa de las siguientes actuaciones, 
administrativas y judiciales:
a) El día 31 de julio de 2013, la entidad de crédito Caixabank, S.A., presentó en  oe.
tiempo y forma autoliquidación del impuesto sobre los depósitos de clientes de entidades  w.
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b) Posteriormente, instó la rectificación de dicha autoliquidación al amparo del
art. 120.3 de la Ley general tributaria solicitando la devolución del 50 por 100 del importe  Bc
ingresado. Apoyaba dicha pretensión en que tenía derecho a la deducción regulada en el 
art.  41.9.2  a)  de  la  Ley  4/2012.  Aducía  que  dicho  beneficio  fiscal,  previsto 
exclusivamente  para  las  entidades  de  crédito  con  domicilio  social  en  Canarias,  es 
contrario al principio de igualdad del art. 14 CE, al utilizar la residencia como factor de 
diferenciación, en contra de la doctrina de la STC 60/2015, de 18 de marzo (bonificación 
por descendientes en el impuesto sobre sucesiones de la Comunidad Valenciana).
c) Tras la desestimación de su solicitud, Caixabank, S.A., presentó una reclamación 
económico-administrativa  que  fue  asimismo  desestimada  mediante  resolución  de  la 
Junta Económico-Administrativa de Canarias de 28 de abril de 2016. Contra la citada 
resolución interpuso recurso contencioso-administrativo (núm. 228-2016) ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que fue 
igualmente desestimado por sentencia de 21 de noviembre de 2017. Y contra la citada 
sentencia presentó recurso de casación (tramitado con el núm. 1883-2018) ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que fue inadmitido mediante auto 
de la Sección Primera de dicha Sala de 12 de septiembre de 2018. Contra el citado auto, 
la  recurrente  promovió  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  que  fue  desestimado 
mediante nuevo auto de 8 de enero de 2019.
d) El día 14 de febrero de 2019 Caixabank, S.A. interpuso recurso de amparo 
contra las anteriores resoluciones, administrativas y judiciales, alegando que habían 
vulnerado sus derechos a la igualdad ante la ley (art. 14 CE) y a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), solicitando la anulación de las resoluciones impugnadas y la aplicación de 
la deducción controvertida.
e) Por providencia de 30 de noviembre de 2020, la Sala Segunda, Sección Cuarta, 
de este tribunal, acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, «apreciando que 
concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), como 
consecuencia de que la posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia 
pudiera provenir de la ley o de otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)]».
f) En  el  curso  del  recurso  de  amparo,  tramitado  con  el  número  946-2019, 
formularon alegaciones el teniente fiscal ante el Tribunal Constitucional, interesando el 
otorgamiento del amparo y la retroacción de las actuaciones al momento inmediato 
anterior al dictado de la primera resolución recurrida a fin de que se pueda dictar una 
nueva  resolución  respetuosa  con  el  derecho  a  la  igualdad  vulnerado,  la  entidad 
recurrente, que reiteró los argumentos de su escrito de demanda, y el Gobierno de 
Canarias, que solicitó la desestimación del recurso de amparo.
g) El Pleno de este tribunal, con fecha 23 de junio de 2021, acordó, conforme 
establece el art. 10.1 n) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), recabar 
para sí el conocimiento del presente recurso de amparo. Asimismo, de conformidad con 
lo dispuesto en los arts. 55.2 y 35.2 LOTC, y con suspensión del plazo para dictar 
sentencia, acordó oír a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que, en el plazo 
común e improrrogable de diez días, pudiesen alegar sobre la pertinencia de plantear 
una cuestión de inconstitucionalidad o sobre el fondo de esta, respecto del art. 41.9.2 a) 
de la Ley 4/2012, en cuanto que establece una deducción en la cuota íntegra del 
impuesto sobre los depósitos de clientes de entidades de crédito de Canarias «cuando el 
domicilio social de la entidad de crédito se encuentre en Canarias». Lo anterior —
prosigue— «podría vulnerar el art.14 CE por cuanto en la normativa de un tributo que se 
exige a todas las entidades de crédito que capten depósitos en Canarias se reconoce un 
beneficio fiscal únicamente a aquellas que tengan domicilio social en dicha comunidad 
autónoma y no al resto de las afectadas por el impuesto; condición que podría ser  es
análoga a la declarada inconstitucional en la STC 60/2015, de 18 de marzo». o
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social de la entidad de crédito se encuentre en Canarias» del artículo 41.9.2 a) de la Ley
del  Parlamento  de  Canarias  4/2012,  de  25  de  junio,  de  medidas  administrativas  y 
fiscales.
El auto razona que el inciso cuestionado, en cuanto beneficia exclusivamente a las 
entidades de crédito que tengan su domicilio social en la Comunidad Autónoma, con 
exclusión de aquellas que dispongan de oficinas, puntos de atención al cliente o realicen 
operaciones  de  captación  de  depósitos  en  cualquier  parte  del  territorio  de  aquella 
comunidad, igualmente gravadas por el impuesto, puede suponer una vulneración del 
derecho a la igualdad ante la ley del artículo 14 CE ya que produce que «dos entidades 
con depósitos captados en la Comunidad Autónoma de Canarias tribut[e]n de forma 
sustancialmente distinta en función de si una tiene el domicilio social allí y la otra no 
(esta el doble que aquella)».
De acuerdo con la doctrina constitucional (cita la STC 167/2016, de 6 de octubre, 
FJ  5),  analiza  sucesivamente  los  juicios  de  comparabilidad,  razonabilidad  y 
proporcionalidad en que se descompone el principio de igualdad, y concluye: (i) que 
todas las entidades de crédito que captan fondos de terceros en Canarias se encuentran 
en una situación comparable, con independencia de donde radique su domicilio social; 
(ii) que la exposición de motivos de la Ley 4/2012 no ofrece ninguna justificación de la 
diferencia de trato, y esta tampoco puede encontrarse en el régimen económico y fiscal 
de Canarias (disposición adicional tercera de la Constitución y Ley 19/1994, de 6 de julio, 
de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias), que se refiere a tributos 
estatales, no autonómicos, ni en una finalidad social legítima enmarcada en la potestad 
de establecer tributos propios [art. 157.1 c) CE] por menoscabar la libre circulación de 
mercancías y servicios por todo el territorio nacional, en contra de lo preceptuado en los 
arts. 139.2 y 157.2 CE y art. 9 c) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
financiación  de  las  comunidades  autónomas  (LOFCA);  y  (iii)  que,  aun  cuando  la 
ausencia  de  razonabilidad  excluiría  el  análisis  del  juicio  de  proporcionalidad,  la 
importante  cuantía  de  la  deducción,  el  50  por  100,  que  hace  que  las  entidades 
domiciliadas  fuera  del  territorio  canario  tributen  el  doble  que  las  locales,  excluiría 
igualmente este último canon.
Por último, el auto alude a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
de 25 de febrero de 2021, asunto C-712/19, que analiza en una cuestión prejudicial 
planteada  por  el  Tribunal  Supremo  una  deducción  análoga  a  la  aquí  controvertida 
(aplicable a las entidades de crédito con domicilio en la Comunidad Autónoma) en un 
impuesto igualmente análogo, sobre los depósitos en entidades de crédito de Andalucía, 
concluyendo  que  vulnera  la  libertad  de  establecimiento  del  art.  49  del  Tratado  de 
funcionamiento de la Unión Europea (apartados 26 y 27).
Acuerda, por todo ello, plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el 
inciso ya aludido por si pudiera ser contrario «al principio de igualdad del art. 14 CE, en 
conexión con los arts. 139.2 y 157.2 CE y 9 c) LOFCA, preceptos estos últimos que 
recogen, para el ámbito nacional, el mismo principio que el art. 49 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (entre otras, STC 210/2012, de 14 de noviembre, 
FJ 9)».
4. El Pleno del Tribunal, por providencia de 7 de octubre de 2021 acordó admitir a 
trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad; dar traslado de las actuaciones, 
conforme establece el art. 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por 
conducto de sus presidentes, al Gobierno, por conducto de la ministra de Justicia, a la 
fiscal general del Estado y al Gobierno y Parlamento de Canarias, por conducto de sus  s
presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el  e.
proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes; llevar testimonio de la  w.
providencia al recurso de amparo avocado núm. 946-2019, a fin de que este permanezca  07ww
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«Boletín Oficial del Estado».
5. El abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, presentó 
escrito solicitando su personación y anunciando su intención de no formular alegaciones. 
El Congreso de los Diputados y el Senado remitieron sendos escritos solicitando su 
personación y ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional.
6. El 3 de noviembre de 2021 tuvo entrada en el registro del Tribunal el escrito de 
alegaciones del Parlamento de Canarias, interesando su desestimación.
a) Argumenta en primer lugar que en el auto de planteamiento se produce una 
confusión conceptual y un entrecruzamiento entre conceptos tributarios. En concreto, la 
norma cuestionada contiene una deducción fiscal, definida en el art. 56, apartados 5 y 6, 
de la Ley general tributaria. Pero la ley reguladora del impuesto no define el hecho 
imponible ni los tipos de gravamen en función del domicilio fiscal de las entidades de 
crédito. Al tratarse de una deducción fiscal, puede perseguir objetivos extrafiscales de 
acuerdo con la doctrina de la misma STC 60/2015 citada en el recurso de amparo y en el 
auto de planteamiento. Por el contrario, la pretensión sostenida por la entidad recurrente 
durante todo el proceso provoca que la deducción controvertida deje de pertenecer al 
género de los beneficios fiscales para derivar en una reducción general de la cuota 
íntegra difícil de conciliar con la finalidad que desempeña.
b) Alude,  en  segundo  lugar,  a  la  condición  de  Canarias  como  región 
«ultraperiférica» reconocida en su Estatuto de Autonomía (art. 3) y en el Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea (art. 349), que son parámetro de constitucionalidad 
necesario y amparan la deducción cuestionada.
c) Por  último,  argumenta  que  la  deducción  controvertida  no  perjudica  el  libre 
establecimiento  de  las  entidades  de  crédito  españolas  cuyo  domicilio  social  no  se 
encuentre en Canarias.
7. El 15 de noviembre de 2021 el Gobierno de Canarias presentó sus alegaciones a 
la cuestión interna de inconstitucionalidad, en los términos prácticamente idénticos a los 
de su Parlamento. Añade, al final, una argumentación específica sobre la finalidad 
perseguida  con  la  deducción  cuestionada.  Considera  que  el  precepto  va  dirigido  a 
fomentar el establecimiento de entidades de crédito en Canarias, incentivando así la 
inversión y la creación de riqueza en las islas como contrapartida y compensación por 
los costes de funcionamiento que genera el establecimiento de la sede en Canarias, 
desventajas del «hecho insular» que pueden ser tomadas en consideración de acuerdo 
con el artículo 138.1 de la Constitución. Además, en el momento de establecerse el 
impuesto sobre los depósitos de clientes de entidades de crédito las entidades que 
tenían domicilio social en Canarias eran fundamentalmente cajas de ahorro y cajas 
rurales con obligación de destinar sus beneficios a obras sociales y culturales. Concluye 
por todo ello que no pueden equipararse las entidades de crédito con domicilio social en 
Canarias con aquellas que solamente disponen de oficinas, y que carece de sentido 
pretender que se aplique la deducción a todas las entidades con independencia del lugar 
donde se encuentre su domicilio social, reduciendo así en la práctica la tarifa impositiva a 
la mitad.
8. El 17 de noviembre de 2021 presentó sus alegaciones la fiscal general del 
Estado, reiterando las ya efectuadas en el trámite de audiencia previo al planteamiento 
de la cuestión interna de inconstitucionalidad. En esencia, sostiene que la deducción  s
fiscal no supera los tres juicios de comparabilidad, razonabilidad y proporcionalidad que  oe.
exige el juicio de igualdad del art. 14 CE; que la doctrina de las SSTC 60/2015, 52/2018  w.
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en el auto de planteamiento.
9. Mediante providencia de 8 de febrero de 2022, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 9 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del proceso.
Por ATC 81/2021, de 15 de septiembre, el Pleno de este tribunal acordó, al amparo 
del art. 55.2 LOTC, plantear cuestión interna de inconstitucionalidad en relación con el 
inciso «cuando el domicilio social de la entidad de crédito se encuentre en Canarias» del 
artículo 41.9.2 a) de la Ley del Parlamento de Canarias 4/2012, de 25 de junio, de 
medidas administrativas y fiscales.
Este artículo 41 «crea» con efectos a partir del día 1 de julio de 2012, como tributo 
propio de la Comunidad Autónoma de Canarias, el impuesto sobre los depósitos de 
clientes en las entidades de crédito de Canarias (apartado primero). Los siguientes 
apartados  (segundo  a  decimosegundo)  de  este  artículo  41  regulan  los  restantes 
elementos del impuesto. En concreto, el apartado noveno regula la «cuota tributaria». 
Dispone que «[l]a cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base imponible la 
siguiente  escala  de  gravamen»,  que  detalla  (subapartado  1),  y  a  continuación 
(subapartado  2)  establece  que  «[d]e  la  cuota  íntegra  resultante  se  deducirán  las 
cantidades siguientes: a) el 50 por 100 de la cuota íntegra cuando el domicilio social de 
la  entidad  de  crédito  se  encuentre  en  Canarias»,  siendo  este  último  el  inciso 
cuestionado.
De acuerdo con lo razonado en el auto de planteamiento, el objeto de esta cuestión 
interna de inconstitucionalidad es determinar si esa deducción de la cuota íntegra del 
impuesto establecida en función del domicilio de la entidad de crédito vulnera el principio 
de  igualdad  ante  la  ley  del  artículo  14  de  la  Constitución,  en  conexión  con  los 
artículos 139.2 y 157.2 de la Constitución y 9 c) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, que prohíben a las mismas 
aprobar  medidas  tributarias  que  supongan  «obstáculo  para  la  libre  circulación  de 
personas, mercancías, servicios o capitales» y «afectar de manera efectiva a la fijación 
de residencia de las personas o a la ubicación de empresas y capitales dentro del 
territorio español», en expresión de este último precepto legal.
El impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito es un 
impuesto  propio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  establecido  por  esta  al 
amparo de los artículos 133.2 y 157.2 b) de la Constitución y 169 b) y 171 de su Estatuto 
de Autonomía, que grava «la tenencia de fondos de terceros, cualquiera que sea su 
naturaleza jurídica, por parte de los contribuyentes, y que comporten la obligación de 
restitución» (art. 41.4 de la Ley 4/2012), siendo tales contribuyentes «las entidades de 
crédito por los depósitos de clientes de la sede central u oficinas que estén situadas en 
Canarias» (art. 41.7). La base imponible se forma sobre el importe de esos depósitos, 
calculado en la forma prescrita por el art. 41.7, y sobre ese importe se aplica la escala de 
gravamen del art. 41.9, apartado 1. El inciso cuestionado [subapartado 2 a)] deduce 
el 50 por 100 de esa cuota íntegra a las entidades de crédito cuyo domicilio social se 
encuentre  en  la  Comunidad  Autónoma,  de  forma  que,  en  palabras  del  auto  de 
planteamiento, «dos entidades con depósitos captados en la Comunidad Autónoma de 
Canarias  tributan  de  forma  sustancialmente  distinta  en  función  de  si  una  tiene  el 
domicilio social allí y la otra no (esta el doble que aquella)» [ATC 81/2021, de 15 de 
septiembre, FJ 3 a)]. e.
La fiscal general del Estado considera que ello representa una quiebra injustificada  w.
del principio de igualdad ante la ley resultante de los preceptos constitucionales aludidos,  07ww
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fomentar  la  inversión  y  el  establecimiento  de  entidades  de  crédito  en  Canarias,
amparado  en  su  autonomía,  con  especial  consideración  al  «hecho  insular» 
(artículo 138.1 de la Constitución) y a la condición de la Comunidad Autónoma como 
región «ultraperiférica» (artículos 3 del Estatuto de Autonomía de Canarias y 349 del 
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea).
2. El principio de igualdad en la ley en materia tributaria.
a) Con carácter general, es doctrina constitucional consolidada que el principio de 
igualdad ante la ley del artículo 14 de la Constitución «impone al legislador el deber de 
dispensar  un  mismo  tratamiento  a  quienes  se  encuentran  en  situaciones  jurídicas 
iguales, con prohibición de toda desigualdad que, desde el punto de vista de la finalidad 
de  la  norma  cuestionada,  carezca  de  justificación  objetiva  y  razonable  o  resulte 
desproporcionada en relación con dicha justificación» [STC 125/2021, de 3 de junio, FJ 6 
A), en el recurso de inconstitucionalidad contra una ley tributaria autonómica].
b) La igualdad ha de valorarse, en cada caso, teniendo en cuenta el régimen 
jurídico sustantivo del ámbito de relaciones en que se proyecte, y en la materia tributaria 
es la propia Constitución la que ha concretado y modulado el alcance de su art. 14 en un 
precepto (art. 31.1), cuyas determinaciones no pueden dejar de ser tenidas aquí en 
cuenta. La igualdad ante la ley —ante la ley tributaria, en ese caso— resulta, pues, 
indisociable  de  los  principios  de  generalidad,  capacidad  económica,  justicia  y 
progresividad,  que  se  consagran  en  el  último  precepto  constitucional  citado 
(STC 134/1996, de 22 de julio, FJ 5), por lo que «no puede ser entendido en términos 
tales que impidan al legislador, al establecer el sistema fiscal que estima justo, introducir 
diferencias entre los contribuyentes, bien sea atendiendo a la cuantía de sus rentas, al 
origen de estas o cualesquiera condición social que considere relevante para atender al 
fin de la justicia. De suerte que la vulneración del art. 14 CE por la ley tributaria solo se 
producirá, eventualmente, cuando arbitrariamente se establezcan discriminaciones entre 
contribuyentes entre los cuales no media ninguna razón objetiva de diferenciación. Lo 
que nos indica, en suma, la necesidad de distinguir las diferencias entre personas o 
grupos de personas por razones subjetivas, a las que se refiere el art. 14 y, de otro lado, 
las que contempla en el art. 31.1 CE en relación con el principio de igualdad, basadas en 
razones objetivas atinentes a la renta o los ingresos de los sujetos» (STC 159/1997, de 2 
de octubre, FJ 3, comillas y citas interiores suprimidas).
c) Como nos indica la STC 60/2015, de 18 de marzo, FJ 5, el principio de igualdad 
ante la ley tributaria conlleva la prohibición en la concesión de privilegios tributarios 
discriminatorios, es decir, de beneficios tributarios injustificados desde el punto de vista 
constitucional que puedan constituir una quiebra del deber genérico de contribuir al 
sostenimiento de los gastos del Estado (STC 96/2002, de 25 de abril, FJ 7). La exención 
será constitucionalmente válida siempre que responda a fines de interés general que la 
justifiquen, quedando, en caso contrario, proscrita, desde el punto de vista constitucional, 
por cuanto la Constitución a todos impone el deber de contribuir al sostenimiento de los 
gastos públicos en función de su capacidad económica. Así pues, lo importante no es la 
existencia misma de una medida diferente en el territorio nacional, «sino la existencia o 
no de una justificación razonable que legitime la medida diferente» (SSTC 96/2002, 
de 25 de abril, FJ 12, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 4), así como, «la proporcionalidad de 
la medida, entendida como adecuación razonable al fin legítimo constitucionalmente 
perseguido» (SSTC 88/1986, de 1 de julio, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 4).
En definitiva, «para comprobar si una determinada medida es respetuosa con el  es
principio de igualdad ante la ley tributaria es preciso, en primer lugar, concretar que las  bo
situaciones que se pretenden comparar sean iguales; en segundo término, una vez  07ww
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perseguida, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos» (STC 60/2015, 
FJ 5).
3. Prohibición de discriminación por motivos territoriales en el caso enjuiciado.
a) De acuerdo con el artículo 139 de la Constitución «1. Todos los españoles tienen 
los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. 2. 
Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la 
libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes 
en todo el territorio español». Hemos dicho que este precepto prohíbe a las comunidades 
autónomas  «discrimina[r]  en  favor  de  las  empresas  radicadas»  en  su  territorio 
[STC 225/1993, de 8 de julio, FJ 6 A), sobre la Ley de las Cortes Valencianas de 
ordenación  del  comercio  y  superficies  comerciales  de  1986]  o  «establece[r] 
discriminación alguna entre los vecinos de los distintos lugares del territorio nacional» 
(STC 37/1981, de 16 de noviembre, FJ 2, sobre la Ley del Parlamento Vasco sobre 
centros de contratación de cargas en transporte terrestre de mercancías de 1981).
b) En materia tributaria, hemos dicho que los artículos 157.2 de la Constitución y 9 
c) LOFCA, son «especificación» del artículo 139 CE, por lo que «les es extrapolable la 
doctrina  constitucional»  sobre  este  último,  en  concreto  la  prohibición  de  «medidas 
tributarias proteccionistas» [STC 125/2021, antes citada, FJ 5 A) b), sobre el impuesto 
sobre  estancias  en  establecimientos  turísticos  de  Cataluña],  que  también  hemos 
denominado «discriminatori[a]s o proteccionistas» en otras ocasiones (SSTC 111/2017, 
de 5 de octubre, FJ 4, y 121/2018, de 31 de octubre, FJ 2) para aludir, no a cualquier 
medida que «produzca efectos restrictivos más onerosos de hecho o de Derecho, sobre 
las  personas  o  bienes  provenientes  de  fuera»  sino  en  particular  a  aquellas  que 
«persiga[n] de forma intencionada [esta] finalidad» (STC 125/2021, FJ 5 A) a)]. En el 
caso examinado en esta última sentencia, como el impuesto catalán sobre estancias en 
establecimientos turísticos no producía «efectos diferenciados más onerosos sobre los 
usuarios y operadores foráneos que sobre los usuarios y operadores residentes en la 
Comunidad Autónoma de Cataluña», declaramos aquel compatible con los preceptos 
constitucionales aludidos, sin que fuera relevante que el impuesto produjera «un coste 
suplementario respecto de otros destinos dentro del territorio nacional» [STC 125/2021, 
FJ 5 B)], por estar ello amparado en la autonomía garantizada en los artículos 2 y 137 de 
la Constitución.
El artículo 9 c) LOFCA prohíbe a las comunidades autónomas, al establecer sus 
propios  impuestos,  «afectar  de  manera  efectiva  a  la  fijación  de  residencia  de  las 
personas o a la ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo segundo, uno, a)», precepto este último que a 
su vez dispone que el sistema de ingresos de las comunidades autónomas «deberá 
establecerse de forma que no pueda implicar, en ningún caso, privilegios económicos o 
sociales  ni  suponer  la  existencia  de  barreras  fiscales  en  el  territorio  español,  de 
conformidad con el apartado 2 del artículo 157 de la Constitución».
De los artículos constitucionales y legales citados se desprende así la prohibición de 
que las comunidades autónomas establezcan regulaciones económicas que otorguen 
«privilegios económicos», es decir, que discriminen por motivos territoriales o, por decirlo 
en términos de la STC 60/2015, FJ 5, que «favore[zcan] a sus residentes […] por el solo 
hecho de su distinta residencia».
c) Esta misma perspectiva de prohibición de «discriminación» contra empresas o 
personas por razón de su nacionalidad o residencia es la que sigue el Tribunal de  e.e
Justicia de la Unión Europea cuando examina si las medidas de los Estados miembros  w.b
vulneran  las  libertades  de  circulación,  y  en  esta  materia  hemos  prestado  especial  07ww
iamtepnuceióstno  as osbur eju rdiseppróusdietonsc iean.  Elans l ae nStTidCa d2e1s0 /d2e0 1c2ré, ddieto  1d4e d Ee xntroevmieamdburrea,,  edxijaimmoinsa qnudeo  eell 
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Europea que se refiere a las medidas tributarias adoptadas por los Estados miembros
que puedan restringir u obstaculizar el ejercicio de dichas libertades fundamentales» 
(FJ 9). Y la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de febrero de 2021, asunto Novo 
Banco, C-712/19, aludida en el auto de planteamiento, dice, recordando jurisprudencia 
anterior, que «[l]a libertad de establecimiento pretende […] garantizar el disfrute del trato 
nacional en el Estado miembro de acogida, prohibiendo cualquier discriminación basada 
en el lugar donde tengan su domicilio social las sociedades» (apartado 21). Ante la 
«diferencia de trato» entre situaciones «comparables» que establecía la deducción fiscal 
examinada por el Tribunal de Justicia, análoga a la que es objeto de esta cuestión 
interna de inconstitucionalidad, el Tribunal de Justicia examinó la «razón imperiosa de 
interés general» aducida por la Junta de Andalucía como justificativa de esa diferencia, 
que era la finalidad de primar prácticas financieras en el medio rural, y concluyó que no 
podía justificar la diferencia de trato del banco portugués implicado ya que «la sola 
presencia del domicilio social en un territorio determinado no contribuye a que se presten 
servicios financieros de proximidad en dicho territorio» (apartado 27), lo que le condujo a 
declarar  la  deducción  andaluza  incompatible  con  la  libertad  de  establecimiento 
(apartado 28).
4. Examen del precepto cuestionado.
a) Las situaciones que se han de comparar son, tal y como exige nuestra doctrina 
sobre la igualdad ante la ley tributaria, equiparables, pues, como se expone en el auto de 
planteamiento de esta cuestión de inconstitucionalidad, partimos de la base de que todas 
las  entidades  de  crédito  que  operan  en  Canarias  se  encuentran  en  una  situación 
comparable, con independencia de donde radique su domicilio social. En efecto, se trata, 
en todos los casos, de entidades de crédito que operan económicamente en Canarias, y 
cuya única diferencia estriba en que unas tienen su domicilio social en Canarias y otras 
no, a pesar de lo cual, el legislador autonómico establece una diferencia de trato a favor 
de las primeras en virtud de esa condición.
Determinado ese primer aspecto, es preciso avanzar al siguiente paso y comprobar 
si la diferencia de trato que establece la norma fiscal cuestionada responde a una 
finalidad objetiva y razonable que legitime el trato desigual de unas y otras empresas, 
aplicando una deducción del 50 por 100 de la cuota solo a las entidades cuyo domicilio 
social  estuviera  en  Canarias;  circunstancia  esta  que,  por  sí  sola,  no  puede  ser 
determinante de la inconstitucionalidad del precepto cuestionado, pues «ningún óbice 
existe desde el punto de vista constitucional para la utilización de la residencia como un 
elemento diferenciador entre contribuyentes, siempre y cuando, claro está, la diferencia 
de trato responda a un fin constitucionalmente legítimo y, por tanto, no se convierta la 
residencia, por sí sola, en la razón del trato diferente» (STC 60/2015, FJ 5). En esta 
misma línea, señala la STC 96/2002, de 25 de abril, FJ 8, que «la cualidad o condición 
de no residente puede justificar desde la perspectiva del art. 31.1 CE un trato dispar, 
pues el tributo no es solo un instrumento de recaudación sino también un medio para la 
consecución de políticas sectoriales. […] Ahora bien, lo que no le es dable al legislador 
—desde el punto de vista de la igualdad como garantía básica del sistema tributario— es 
localizar en una parte del territorio nacional, y para un sector o grupo de sujetos, un 
beneficio tributario sin una justificación plausible que haga prevalecer la quiebra del 
genérico deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos sobre los objetivos 
de redistribución de la renta (art. 131.1 CE) y de solidaridad (art. 138.1 CE), que la 
Constitución española propugna y que dotan de contenido al Estado social y democrático 
de Derecho (art. 1.1 CE; SSTC 19/1987, de 17 de febrero, FJ 4; 182/1997, de 28 de  e.e
octubre, FJ 9, y 46/2000, de 17 de febrero, FJ 6)». w.b
b) La exposición de motivos de la Ley 4/2012 que estableció el impuesto sobre  07ww
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crédito  en  la  Comunidad  Autónoma,  esta  segunda  defendida  también  como
compensación por los «costes operativos de funcionamiento que se generan a entidades 
de crédito por el establecimiento de su sede en Canarias».
(i) Por lo que se refiere a la primera justificación, el fomento de la inversión no 
puede respaldar una deducción fiscal desconectada de las inversiones efectuadas y 
vinculada exclusivamente al domicilio fiscal. Esto es, tiene que responder a una real y 
efectiva  realización  de  inversiones  por  parte  del  sujeto  pasivo,  como  ocurre  en  el 
supuesto del apartado 2 c) del art. 41.9 de la Ley del Parlamento de Canarias 4/2012, 
que deduce de la cuota íntegra los importes de los créditos y préstamos así como de las 
inversiones que se destinen en el ejercicio a aumentar el saldo de crédito vivo destinado 
a la financiación de iniciativas empresariales de sociedades no financieras y autónomos 
en Canarias, a la financiación de proyectos de colaboración público-privada realizados 
en Canarias y a la financiación de proyectos declarados como aptos para su deducción 
en la cuota íntegra del impuesto por el Gobierno de Canarias. En cambio, en el supuesto 
del precepto aquí controvertido [apartado 2 a) del mismo art. 41.9], la deducción del 50 
por 100 de la cuota íntegra no responde a una efectiva inversión, sino al simple dato de 
que el domicilio social de la entidad de crédito se encuentre en Canarias.
(ii) Por su parte, la finalidad de atraer el establecimiento de entidades de crédito en 
Canarias  o  de  compensar  unos  imprecisos  mayores  costes  derivados  de  esa 
circunstancia,  aludidos  apriorísticamente  y  sin  justificación,  no  son  más  que  la 
plasmación expresa de una diferencia de trato fiscal basada en la procedencia, origen, 
residencia o domicilio fiscal del contribuyente, beneficiando al local por su condición de 
local y perjudicando al foráneo por su condición de foráneo. Cualquier medida tributaria 
que persiga favorecer a los operadores económicos locales en perjuicio de los foráneos 
podría justificarse aludiendo a esas finalidades, por lo que admitirla supondría dejar sin 
efecto práctico el art. 14 CE, de donde se desprende aquella prohibición y, además, 
admitir la quiebra de la «unidad de mercado» que, dentro de la diversidad normativa 
inherente al sistema autonómico, exige «libre circulación de bienes y personas por todo 
el territorio nacional» e «igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad 
económica» [SSTC 79/2017, de 22 de junio, sobre la Ley de garantía de la unidad de 
mercado, FJ 2 a), y 125/2021, FJ 5 A)].
Por último, es preciso advertir, siguiendo lo dicho en la STC 52/2018, de 10 de mayo, 
FJ 3, con cita de la STC 60/2015, que «no estamos ante un supuesto en el que la 
diferencia de trato venga dada por una pluralidad de normas fruto de la propia diversidad 
territorial en que se configura la Nación española, sino ante un supuesto en el que la 
diferencia se consagra en una única norma, acudiendo para ello a la residencia o no en 
el territorio de la comunidad autónoma. Si bien las desigualdades de naturaleza tributaria 
producidas por la existencia de diferentes poderes tributarios (estatal, autonómico y 
local) se justifican, en principio, no solo de forma objetiva sino también razonable, 
siempre que sus consecuencias sean proporcionales, en la propia diversidad territorial, al 
convertirse  el  territorio  en  un  elemento  diferenciador  de  situaciones  idénticas  (por 
ejemplo, SSTC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 2; 150/1990, de 4 de octubre, FJ 7, 
y 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 26), en el caso que nos ocupa y, como señala el 
órgano  judicial,  el  territorio  ha  dejado  de  ser  un  elemento  de  diferenciación  de 
situaciones  objetivamente  comparables,  para  convertirse  en  un  elemento  de 
discriminación, pues con la diferencia se ha pretendido exclusivamente ‘favorecer a sus 
residentes’, tratándose así a una misma categoría de contribuyentes de forma diferente 
por el solo hecho de su distinta residencia.». Y este trato discriminatorio que dispensa a  e.e
los no residentes la norma cuestionada no puede considerarse acorde con el art. 14, en  w.b
relación con el 31.1, CE. 07ww
incocn)s titPuociro ntaoldidoa dl oy  edxepculaersatro  lap rioncceodnest ituecsitoimnaalri dalad  yp rneuselidnated  dcueel sintiócins o indteelr ncait addoe 
artículo 41.9.2 a) de la Ley del Parlamento de Canarias 4/2012 a que la misma se refiere.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar la presente cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por el Pleno 
del Tribunal Constitucional y, en su virtud, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del 
inciso «cuando el domicilio social de la entidad de crédito se encuentre en Canarias» del 
artículo 41.9.2 a) de la Ley del Parlamento de Canarias 4/2012, de 25 de junio, de 
medidas administrativas y fiscales.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a nueve de febrero de dos mil veintidós.–Pedro José González-
Trevijano Sánchez.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Santiago Martínez-Vares García.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Ramón Sáez Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción 
Espejel Jorquera.–Inmaculada Montalbán Huertas.–Firmado y rubricado.