BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 133 Viernes 4 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 68322
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9313 Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora de la propiedad de Terrassa n.º 1 a inscribir una sentencia 
aprobatoria del convenio regulador de los efectos de un divorcio.
En el recurso interpuesto por doña M. G. F. contra la negativa de la registradora de la 
Propiedad de Terrassa número 1, doña Emilia García Cueco, a inscribir una sentencia 
aprobatoria del convenio regulador de los efectos de un divorcio.
Hechos
I
Mediante testimonio judicial, de fecha 6 de febrero de 2007, de la sentencia dictada 
por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  número  6  de  Terrassa  en  el  procedimiento 
número 1504/2006, se solicitó la inscripción de un convenio regulador de los efectos del 
divorcio.  Dicho  convenio  incluía  una  estipulación  con  siguiente  contenido:  «En  el 
domicilio familiar, sito en (…), Terrassa, permanecerá la esposa, quedando atribuido 
indefinidamente a su favor el uso y disfrute de la misma, así como el ajuar familiar».
II
Presentado el día 20 de enero 2021 el referido testimonio en el Registro de la 
Propiedad de Terrassa número 1, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Testimonio del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Terrassa.
Procedimiento Divorcio mutuo acuerdo 1504/2006 Sección D.
Fecha del documento 06/02/2007.
Asiento de presentación 1742 Diario 304.
Fecha de presentación veinte de enero de dos mil veintiuno.
Calificación negativa.
Con arreglo a lo prevenido en el Artículo 322 de la Ley Hipotecaria, notifico a Vd. que 
he  dictado  la  calificación  negativa  parcial  que  transcribo  literalmente  referente  al 
documento indicado:
Hechos:
1.º  El documento de referencia fue presentado en este Registro en la fecha y con el 
número de asiento que constan al principio de esta nota.
2.º  En la estipulación tercera del convenio de fecha 6 de noviembre de 2006 que 
aprueba la sentencia de divorcio dictada por la Magistrada Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 6 de Terrassa, de fecha 19 de diciembre de 2006, se dice: "En el 
domicilio familiar, sito en (…) Terrassa, permanecerá la esposa, quedando atribuido  e
indefinidamente a su favor el uso y disfrute de la misma, así como el ajuar familiar". bo
indicEaxdaom dinearedcoh od idceh ou sdoo.cumento, resulta que no se ha fijado un límite temporal al  2021-9313n https://ww
Fundamentos de Derecho:
El  principio  de  especialidad  que  resulta  de  los  artículos  9c  y  21.1  de  la  Ley 
Hipotecaria y 51.6a, de su Reglamento, que comporta que los derechos que se inscriben 
en el Registro de la Propiedad tienen que estar perfectamente determinados para que 
todo el mundo conozca su alcance y puedan tener eficacia real ante terceras personas. 
Cuando se trata de derechos que por naturaleza son limitados en el tiempo, un elemento 
básico  que  tiene  que  constar  en  el  Registro  de  manera  clara  es  la  duración.  La 
imprecisión en la duración del derecho de uso que contiene la sentencia que se pretende 
inscribir, es contraria al principio de especialidad registral y en consecuencia, en este 
sentido tampoco es inscribible.
Resolución JUS/1165/2018, de 6 de junio, publicada en el DOGC n.º 7642, de 14 de 
junio de 2018.
Parte dispositiva:
A la vista de los anteriores hechos y fundamentos de derecho, Emilia García Cueco, 
registradora de la propiedad de Terrassa-1, ha acordado, de conformidad con el/los 
artículos citado/s, suspender la inscripción por el defecto subsanable de no haberse 
fijado un límite temporal al derecho de uso atribuido a la señora G. F.
No se toma anotación de suspensión por no haberse solicitado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 323 de la Ley Hipotecaria, el asiento 
reseñado queda prorrogado por el plazo de sesenta días, a contar desde la fecha de la 
última notificación.
Contra la presente nota de calificación (…)
Terrassa, en la fecha de la firma de la presente nota.
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Emilia García 
Cueco, registrador/a de Registro Propiedad de Terrassa 1 a día veintiséis de enero del 
año dos mil veintiuno.»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña M. G. F. interpuso recurso el día 19 de 
febrero de 2021 mediante escrito en el que manifestaba lo siguiente:
«I.  (…)
Primera.  Tras  la  lectura  de  calificación  negativa  contra  la  que  se  interpone  el 
presente recurso, la problemática se centra sobre la posibilidad de inscribir un derecho 
de uso sobre la vivienda familiar recogido en un convenio regulador. En concreto, sobre 
la necesidad o no de delimitar temporalmente la atribución del uso y disfrute del domicilio 
familiar  que  se  recoge  en  la  estipulación  tercera  del  convenio  regulador  aprobado 
judicialmente en el correspondiente procedimiento de divorcio.
"En el domicilio familiar, sito en (…) Terrassa, permanecerá la esposa, quedando 
atribuido indefinidamente a su favor el uso y disfrute de la misma, así como el ajuar 
familiar". Dicho convenio, firmado en fecha 6 de noviembre de 2006, fue aprobado por 
sentencia de divorcio de mutuo acuerdo en fecha 19 de diciembre de 2006. En el mismo 
convenio se atribuye la guarda y custodia de las hijas, por aquel entonces menores, R. y 
P., a la madre. s
Segunda.  La registradora se niega a practicar la inscripción porque, según su  o
criterio, es necesario que conste la duración o extensión temporal de dicho derecho,  w.
opcorrdimneconip acimoir cieudnnetso t aeensncp ieacco iidnaetlrindata idfdice a hptiirvpoaoh tniebeciccaieroisana,e rsiay   od pelirlm inmictiaispcmiiooo n pegase rnade esr audl  oinmdsecin riiopd ceyiró ednce hd oela  csdo efna fconurumlteaidsdtaerdos    2021-9313n https://ww
dispositivas perpetuas o indeterminadas en su contenido y extensión.
El primer motivo que esta parte alega deriva de la consideración en el Codi Civil de 
Catalunya, en concreto, en la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro quinto del Código 
Civil de Cataluña, relativo a los derechos reales, del derecho de uso como de carácter 
presumiblemente vitalicio, en su artículo 562-2, "el derecho de uso o de habitación 
constituido a favor de una persona física se presume vitalicio". Esta ley fue la aplicable 
hasta que el 1 de enero de 2011 entró en vigor la Ley 25/2010 de 29 de julio, del libro 
segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, que reguló 
entonces la atribución del derecho de uso de la vivienda familiar fuera del ámbito de lo 
que hasta entonces se consideraba como un derecho real.
Es en la actualidad, y a partir de la entrada en vigor del Libro Segundo del Codi Civil 
de Catalunya en 2011 que se vino a establecer sobre la atribución del derecho de uso del 
domicilio conyugal que el mismo es temporal, con la pretensión de romper con una 
precedente jurisprudencia inclinada a dotar de carácter indefinido a la atribución del uso.
De este modo, y fechando el convenio regulador firmado de 8 de noviembre de 2006, 
y  posteriormente  aprobado  en  Sentencia  n.º  818/2006,  en  fecha  19  de  diciembre 
de 2006. En dicha fecha, el Libro Quinto del Codi Civil de Catalunya estaba en vigor 
desde el 1 de julio de ese mismo año, resultando éste de aplicación a dicho convenio; 
mientras que la limitación de la atribución del derecho de uso de la vivienda familiar no 
se publicó hasta 2010, y entró en vigor en 2011.
De este modo, y en atención a la Ley aplicable en el momento de la firma del 
convenio regulador, y de su posterior aprobación, la recurrente considera que no es 
preciso fijar dicha duración temporal y que, en cualquier caso, el referido derecho habría 
que considerarlo vitalicio.
El segundo motivo que entiende esta parte es que no puede obligarse a determinar 
un plazo o extensión temporal concreta para el derecho de uso y disfrute del domicilio 
que fue el conyugal, tal y como se pretende en la calificación que ahora impugnamos.
Al margen de que tenemos una sentencia firme junto con un convenio regulador que, 
como título, pretende el acceso al Registro de la Propiedad en el ámbito en el que éste 
resulta de aplicación, ni la jurisprudencia ni la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública exigen la delimitación temporal que ha dado lugar a este escrito frente a la 
calificación.
En este sentido, sobre el régimen temporal del derecho de uso sobre la vivienda 
familiar la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2015, 
señala: "(...) El art. 96 CC establece –STS 17 de octubre 2013– que, en defecto de 
acuerdo, el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya 
compañía  queden.  Esta  es  una  regla  taxativa,  que  no  permite  interpretaciones 
temporales limitadoras. Incluso el pacto de los progenitores deberá ser examinado por el 
juez para evitar que se pueda producir este perjuicio. El principio que aparece protegido 
en esta disposición es el del interés del menor, que requiere alimentos que deben 
prestarse por el titular de la patria potestad, y entre los alimentos se encuentra la 
habitación  (art.  142  CC);  por  ello  los  ordenamientos  jurídicos  españoles  que  han 
regulado  la  atribución  del  uso  en  los  casos  de  crisis  matrimonial  o  de  crisis  de 
convivencia, han adoptado esta regla (así, expresamente, el art. 233-20.1 CCCat). La 
atribución del uso de la vivienda familiar, es una forma de protección, que se aplica con 
independencia  del  régimen  de  bienes  del  matrimonio  o  de  la  forma  de  titularidad 
acordada entre quienes son sus propietarios, por lo que no puede limitarse el derecho de 
uso al tiempo durante el cual los progenitores ostenten la titularidad sobre dicho bien 
(STS 14 de abril 2011). Como reiteran las sentencias de 1 y 14 de abril y 21 de junio  s
de 2011 aunque ésta pudiera llegar ser una solución en el futuro, no corresponde a los  oe.
jueces interpretar de forma distinta esta norma, porque están sometidos al imperio de la  w.
ley (art. 117.1 CE)... Efectivamente, esta norma no permite establecer ninguna limitación  13ww
ian tlear éastr iqbuuec iósne  dperol tuesgoe  deen  leal lavi vnioe nedsa  laa  plorso pmieednaodr edse  mloiesn btriaesn essig, asnin os iélonsd odleor,e pcohroqsu eq ueel 
qtieunee d eelb mereán ao r seun  vuenza s seirt ucaocniótrno ldaed oc rpisoirs  edle j ulae zp. aUrenjaa , insatelvrpor eptaacctioó nd ec olrorse cptororag edneit oerestsa,   BOE-A-cable e
norma, permitiendo la atribución por tiempo limitado de la vivienda habitual, implicaría 
siempre  la  vulneración  de  los  derechos  de  los  hijos  menores,  que  la  Constitución 
incorporo al ordenamiento jurídico español (arts. 14 y 39 CE) y que después han sido 
desarrollados en la Ley Orgánica de protección del menor. Por ello hay que reconocer 
que la interpretación que se efectúa en la sentencia recurrida, no solo se opone a lo que 
establece el art. 96.1 CC, sino que se dicta con manifiesto y reiterado error y en contra 
de la doctrina de esta Sala, incluida la sentencia de 17 de junio de 2013, según la cual 
hay dos factores que eliminan el rigor de la norma cuando no existe acuerdo previo entre 
los cónyuges: uno, el carácter no familiar de la vivienda sobre la que se establece la 
medida, entendiendo que una cosa es el uso que se hace de la misma vigente la relación 
matrimonial y otra distinta que ese uso permita calificarla de familiar si no sirve a los fines 
del matrimonio porque los cónyuges no cumplen con el derecho y deber propio de la 
relación. Otro, que el hijo no precise de la vivienda por encontrarse satisfechas las 
necesidades de habitación a través de otros medios...".
El  documento  que  se  pretende  escribir  contiene  todas  las  circunstancias  que 
necesariamente debe contener la inscripción, relativas a las personas otorgantes, a la 
finca y a los derechos inscritos en los términos exigidos en los artículos 9 y 21 de la Ley 
Hipotecaria.
En Resoluciones de 11 de abril y 8 de mayo de 2012 de esta DGSJFP, uno de los 
aspectos que por expresa previsión legal ha de regularse en los supuestos de nulidad, 
separación o divorcio del matrimonio es el relativo a la vivienda familiar, obedeciendo a la 
exigencia legal de protección del interés de los hijos; por lo que no hay razón para excluir 
la posibilidad de que el juez, si estima que es lo más adecuado al interés más necesitado 
de protección en la situación de crisis familiar planteada y que no es dañosa para los 
hijos un perjudicial para uno de los cónyuges, apruebe la atribución del uso de la 
vivienda familiar acordada por los cónyuges.
Suspendida la inscripción del derecho de uso de la vivienda familiar por no fijarse su 
duración  temporal,  como  determina  la  Resolución  de  la  Dirección  General  de  los 
Registros  y  del  Notariado  de  fecha  20  de  febrero  de  2004,  este  plazo  no  es 
imprescindible, pues no es, propiamente, un derecho real ni tiene carácter patrimonial, 
sino que es de orden familiar, y para su eficacia se establecen ciertas limitaciones a la 
disposición de tal vivienda. Y de hecho, aunque no se señale un plazo de duración, 
siempre tendrá un término máximo, que será la vida del cónyuge a quien se atribuye. 
Asimismo, continúa exponiendo que la atribución de este derecho no es irrevocable, 
pues, como parte de las medidas que acuerda el Juez en los casos de separación y 
divorcio, son susceptibles de cambio cuando se alteren las circunstancias (como dispone 
el artículo 91 del CC), con lo que el señalamiento de un plazo de duración podría inducir 
a confusión siendo tal plazo, por su naturaleza, esencialmente prorrogable.
La Resolución de 30 de mayo de 2018 de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad 
de Madrid n.º 11 a inscribir el derecho de uso sobre la vivienda familiar constituido en un 
convenio regulador aprobado por sentencia de divorcio, arguye que «La práctica forense 
ante los Juzgados de Familia, de forma absolutamente pacífica y mayoritaria, nunca 
delimitan temporalmente el uso de la vivienda familiar, que se atribuye al progenitor 
custodio, por cuanto que dicha fijación de plazo no resulta en la práctica posible por 
resultar, atendiendo a la naturaleza de los intereses en juego, indefinido y sujeto, en su 
caso,  al  oportuno  procedimiento  de  modificación  de  medidas,  cuestiones  sujetas 
obviamente a la jurisdicción civil (de familia). e.
En  el  sentido  anteriormente  expuesto,  también  la  DGSJFP,  ver  por  ejemplo  la  w.b
Resolución de fecha 19 de mayo de 2012, tiene declarado que las previsiones de los  13ww
vcióvnieynudgae sfa pmairlaia rre ugnuola dr ela lso sc oansspeeccutoesn cmiaáss d iem lpao srteapnaterasc cióonn foo rdmiveo rac iloo,s s aierntídcou loesl  u9s0o  yd es sla., 
cdueal lqCu. ieCr icvail,s op, roedstuac ea trpibleuncoiósn  ecfoencstotitsu yjeu ríudnicao lsim  uitnaaci óvne za  laapsr ofabcaudltoasd ejus ddicisiaplomseitnivtaes.  dEenl 
cónyuge propietario que produce efectos "erga omnes", por lo que debe tener acceso al
Registro. De no ser así, una afirmación falsa del propietario disponente podría dar lugar 
a la aparición de un tercero protegido por el artículo 34 LH que haría perder tal uso al 
cónyuge a quien se hubiera atribuido, como indicaba la Resolución de la Dirección 
General de Registros y del Notariado de 25 octubre 1999.
En este sentido, la Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado 
de  20  de  febrero  de  2004  ya  analizó  la  cuestión  que  se  plantea  en  este  caso, 
manifestando que no es imprescindible la fijación de un plazo de duración para proceder 
a su inscripción al ser un derecho no propiamente real. En concreto, se manifiesta que:
"Más  dificultades  plantea  la  cuestión  de  si  tal  derecho  de  uso  debe  tener 
imprescindiblemente un plazo de duración para que pueda inscribirse. La conclusión más 
correcta es que tal señalamiento del plazo no es necesario, y ello porque: a) si bien ha 
de constar en el Registro el plazo de duración de los derechos reales de carácter 
temporal, el derecho de uso de la vivienda familiar no es propiamente un derecho real, 
ya que la clasificación entre derechos reales y de crédito es una división de los derechos 
de carácter patrimonial, y el expresado derecho de uso no tiene tal carácter patrimonial 
sino de orden puramente familiar para cuya eficacia se establecen ciertas limitaciones a 
la disposición de tal vivienda (cfr. artículo 96. último párrafo, del Código Civil [LEG 1889. 
27]); b) tal derecho de uso, aunque no se señale un plazo de duración, siempre tendrá 
un término máximo: la vida del cónyuge a quien se atribuye; y c) la atribución del 
repetido derecho no es irrevocable, pues, como parte de las medidas que acuerda el 
Juez en los casos de separación y divorcio, habrán de cambiarse cuando se alteren las 
circunstancias  (cfr  artículo  91  «in  fine»  del  mismo  cuerpo  legal),  con  lo  que  el 
señalamiento de un plazo de duración podría inducir a confusión siendo tal plazo, por su 
naturaleza, esencialmente prorrogable."
En consecuencia, habida cuenta que la negativa a la calificación está asentada en la 
resolución JUS/1165/2018, de 6 de junio, publicada en el DOGC n.º 7642, de 14 de junio 
de 2018, que se menciona en la citada calificación, que se refiere exclusivamente a la 
necesidad o no de fijar un plazo de duración a la atribución del uso de la vivienda– y que 
no es necesaria la fijación de la delimitación temporal del derecho atribuido conforme a la 
doctrina señalada, de la propia Dirección General de los Registros y del Notariado (ahora 
Dirección  General  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública),  solicito  que  se  revoque  la 
calificación, acordando la inscripción conforme a las adjudicaciones de la titularidad y el 
uso  indicados  en  el  convenio  regulador  homologado  por  la  Sentencia  judicial  cuya 
inscripción se interesa.»
Por todo ello, no cabe pretender después alterar lo pactado y solicitar que se fije una 
duración determinada al uso cuando se ha pactado por las partes firmantes del convenio 
regulador posteriormente aprobado judicialmente, tal y como expone la SAP de Jaén, 
de 9 de mayo de 2019.
III.  Fundamentos de Derecho.
De  conformidad  con  los  artículos  322  y  siguientes  de  la  Ley  Hipotecaria,  que 
permiten la interposición del presente recurso.
Los artículos 9, 18 y 21 de la Ley Hipotecaria; 3, 90, 96 y 1281 y siguientes del 
Código Civil; 1, 2, y 6 y la disposición adicional única de la Ley 5/2011, de 1 de abril, de 
la  Generalitat,  de  relaciones  familiares  de  los  hijos  e  hijas  cuyos  progenitores  no  es
conviven;  la  Sentencia  del  Pleno  del  Tribunal  Constitucional  de  16  de  noviembre  o
de 2016; los artículos 51 y 100 del Reglamento Hipotecario; las Sentencias de la Sala  13ww
ePdenenrie em2rr0ooe1 ,r ay16  , d 2d2e0e7l    dmTdereai b rjfuzueonnb iaoryle   1Srdo8eu   pdy2re e02 m21907 od1  ey2d  ,em1  501a  4yddo eye   d f1eee8bn  2rede0rero1o ,5e  d,2n e10e 7 r2od 0d ey1e  3f 8em,  bd2are8erz  roodoc e ytyu  n 2b4o1r ev ddi eedem e aj bu2brl0ireoi1l   d0dde,ee   1 2228000 11d146e8,,  , m 31y09a   rlddazeeos     OE-A-2021-93able en https://
Resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  de  1  de
septiembre de 1998, 20 de febrero de 2004, 5 de junio y 27 de agosto de 2008, 18 de 
noviembre de 2009, 3 de marzo, 2 y 14 de junio y 24 de octubre de 2014, 8 de abril y 5 
de octubre de 2015, 19 de enero y 20 de octubre de 2016, 4 de septiembre y 27 de 
diciembre de 2017 y 11 de enero y 8 de marzo de 2018 (…)».
IV
La registradora de la Propiedad, por mantener su calificación, elevó el expediente, 
con su preceptivo informe, a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 24 y 149 de la Constitución Española; 1, 2, 3, 9 y 21 de la Ley 
Hipotecaria; 90 y 96 del Código Civil; 51 y 100 del Reglamento Hipotecario; 622 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil; 83 de la Ley 9/1998, de 15 de julio, del Código de Familia; 
233 y la disposición adicional tercera de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo 
del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia; las Sentencias de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo de 14 y 18 de enero y 8 de octubre de 2010, 18 de marzo 
de 2011, 27 de febrero de 2012, 5 de febrero de 2013, 28 de noviembre de 2014, 30 de 
enero, 6 de marzo y 18 y 29 de mayo de 2015, 21 de julio de 2016, 23 de enero de 2017, 
18 de enero y 6 y 20 de febrero de 2018 y 12 de junio de 2020, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 1 de septiembre de 1998, 20 de 
febrero de 2004, 5 de junio y 27 de agosto de 2008, 18 de noviembre de 2009, 2 de junio 
y 24 de octubre de 2014, 8 de abril y 5 de octubre de 2015, 19 de enero y 20 de octubre 
de 2016, 27 de diciembre de 2017, 11 de enero y 30 de mayo de 2018 y 16 de mayo 
de 2019.
1.  Debe decidirse en este expediente si es inscribible un pacto consignado en un 
convenio  regulador  de  los  efectos  de  un  divorcio  de  mutuo  acuerdo  aprobado 
judicialmente que tiene el siguiente contenido: «En el domicilio familiar, sito en (…), 
Terrassa, permanecerá la esposa, quedando atribuido indefinidamente a su favor el uso 
y disfrute de la misma, así como el ajuar familiar».
La registradora considera necesario determinar un plazo concreto de duración de tal 
derecho por exigencias del principio de especialidad y de lo previsto por los artículos 9.c) 
y 21.1 de la Ley Hipotecaria y 51.6.ª del Reglamento Hipotecario.
La recurrente, por el contrario, defiende la perfecta configuración del derecho con 
una duración indefinida, y argumenta que, en primer lugar, así lo permite el artículo 562-2 
de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a 
los derechos reales, aplicable al tiempo de aprobación de la sentencia reguladora del 
divorcio; y, en segundo lugar, que no resulta exigible, a su juicio, conforme a la doctrina 
fijada tanto por los tribunales de Justicia como por esta Dirección General.
2.  Con carácter previo, debe recordarse que el derecho de uso sobre la vivienda 
familiar, en el ámbito de las situaciones de crisis matrimonial, encuentra su regulación 
legal en los artículos 90 y 96 del Código Civil, al disponer el primero que: «1. El convenio 
regulador a que se refieren los artículos 81, 82, 83, 86 y 87 deberá contener, al menos y 
siempre que fueran aplicables, los siguientes extremos: (…) c) La atribución del uso de la 
vivienda  y  ajuar  familiar  (…)»,  y  el  segundo  que:  «En  defecto  de  acuerdo  de  los 
cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso 
ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden.  e.e
Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en la del  b
otro, el Juez resolverá lo procedente. No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de  13ww
ttiatulelasr ,b sieienmesp,r ep oqru ee,l  atiteemndpiod aqsu ela sp rcuidrceunncsiatalmnceinatse,  lsoe  hfiicjeie, racno rraecsopnosnedjaab lael  yc ósnuy uingtee rnéos 
fcuueyroa  uesl om ácos rnreescpeosnitdaad oa dl ec ópnryoutegcec inóon . tPitualraar  dsiesp roenqeure drierá l ae lv icvoiennsdean tyim bieiennteos  dien daicmadboass 
partes o, en su caso, autorización judicial».
Ahora bien, no puede obviarse que en la propuesta de convenio regulador del 
divorcio presentada por los cónyuges y aprobada judicialmente se hace constar que los 
mismos tienen vecindad civil catalana, formulándose aquella al amparo de lo previsto por 
los artículos 76 y 77 del Código de Familia. Al tiempo de dictarse la sentencia objeto de 
calificación no resultaba de aplicación la Ley 25/2010 de 29 de julio, del libro segundo del 
Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia (cfr. disposición transitoria 
tercera), sino la Ley 9/1998, de 15 de julio, del Código de Familia, cuyo artículo 83, 
establece que «1. El uso de la vivienda familiar, con su ajuar, se atribuye en la forma 
convenida por los cónyuges, salvo que ésta resulte perjudicial para los hijos, a criterio de 
la autoridad judicial, que resuelve la cuestión. 2. En defecto de acuerdo o si éste es 
rechazado, a criterio del Juez o Jueza, dadas las circunstancias del caso, decide, en lo 
que se refiere a la vivienda familiar, en los siguientes términos: a) Si hay hijos, el uso se 
atribuye, preferentemente, al cónyuge que tenga atribuida su guarda, mientras dure ésta. 
Si la guarda de los hijos se distribuye entre los cónyuges, resuelve la autoridad judicial. 
b) Si no hay hijos, se atribuye su uso al cónyuge que tenga más necesidad de la misma. 
La atribución tiene lugar con carácter temporal, mientras dure la necesidad que la 
motivó, sin perjuicio de prórroga, en su caso. 3. El derecho de uso regulado en el 
presente artículo es inscribible en el Registro de la Propiedad».
En definitiva, se trata de una figura jurídica regulada en ambos cuerpos legales, el 
Código Civil y el Código de Familia de Cataluña, reconociendo este último la posibilidad 
de su acceso registral, el cual, en todo caso, habrá de ajustarse a las exigencias y 
condiciones  impuestas  en  el  Código  Civil  y  en  la  legislación  hipotecaria  (cfr. 
artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española).
3.  Según la reiterada doctrina de este Centro Directivo, al abordar la naturaleza 
jurídica del derecho de uso sobre la vivienda familiar lo procedente es considerarlo como 
un derecho de carácter familiar y, por tanto, ajeno a la distinción entre derechos reales y 
de crédito, ya que ésta es una clasificación de los derechos de carácter patrimonial, y el 
expresado derecho de uso no tiene tal carácter patrimonial, sino de orden puramente 
familiar para cuya eficacia se establecen ciertas limitaciones a la disposición de tal 
vivienda (cfr. artículo 96, último párrafo, del Código Civil).
Tal  carácter  impone  consecuencias  especiales,  como  la  disociación  entre  la 
titularidad del derecho y el interés protegido por el mismo, pues una cosa es el interés 
protegido por el derecho atribuido (en este caso el interés familiar y la facilitación de la 
convivencia entre los hijos y el cónyuge a quien se atribuye su custodia) y otra la 
titularidad de tal derecho, la cual es exclusivamente del cónyuge a cuyo favor se atribuye 
el mismo, pues es a tal cónyuge a quien se atribuye exclusivamente la situación de 
poder en que el derecho consiste, ya que la limitación a la disposición de la vivienda se 
remueve con su solo consentimiento.
Además, el derecho de uso sobre la vivienda familiar integra, por un lado, un derecho 
ocupacional, y por otro, una limitación de disponer que implica que el titular dominical de 
la vivienda no podrá disponer de ella sin el consentimiento del titular del derecho de uso 
o, en su caso, autorización judicial (cfr. artículo 96, último párrafo, del Código Civil).
En general se entiende que la posición jurídica de los hijos en relación con el uso de 
la vivienda familiar atribuido a uno de los cónyuges en casos de crisis matrimoniales no 
se desenvuelve en el ámbito de los derechos patrimoniales, sino en el de los familiares, 
siendo correlato de las obligaciones o deberes-función que para los progenitores titulares 
de la patria potestad resultan de la misma (cfr. artículo 154 del Código Civil), que no 
decaen en las situaciones de ruptura matrimonial (cfr. Resolución de 9 de julio de 2013). s
Esto no impide que, si así se acuerda en el convenio y el juez, en atención al interés  oe.
más  necesitado  de  protección,  aprueba  la  medida  acordada  por  los  cónyuges,  se  w.
atribuya, en consecuencia, el uso del domicilio familiar a los hijos menores, sin olvidar  13ww
dqeu el o«sv iavisrpáenc etons c qoumep apñoíra  edxep rseus am apdrerev»is.i óCno mleog ahl ah rae cdoer draedgou laersstee  Cene nltorso  Dsuirpeucetisvtoo,s u dneo 
nRuelsidoaludc, iosneepsa rdaec ió1n1  doe d aivborirlc yio  8d deel  mmaatyriom doen io2,0 1e2s  [e2l. ªr]e) lya toivboe dae clae  vlaiv ieexnidgae nfcaima illeiagra l( cdfer.   BOE-A-cable e
esta previsión a la protección, básicamente, del interés de los hijos; por lo que no hay 
razón para excluir la posibilidad de que el juez, si estima que es lo más adecuado al 
interés más necesitado de protección en la situación de crisis familiar planteada y que no 
es dañosa para los hijos ni gravemente perjudicial para uno de los cónyuges (cfr. párrafo 
segundo del artículo 90 del Código Civil), apruebe la atribución del uso de la vivienda 
familiar a los hijos menores acordada por los padres. En tal caso sí sería necesario la 
aportación de los datos identificativos de los hijos (vid. Resolución de 19 de mayo 
de 2012).
4.  Esta tesis, habiendo sido defendida inicialmente por este Centro Directivo, ha 
acabado  siendo  asumida  por  la  jurisprudencia  de  nuestro  Tribunal  Supremo,  Sala 
Primera, en Sentencia de 14 de enero de 2010, dictada con fines de unificación de 
doctrina y confirmada entre otras por la más reciente de 6 de febrero de 2018, en la que, 
tras exponer una síntesis del vacilante panorama jurisprudencial previo, fija la siguiente 
doctrina jurisprudencial:
«El artículo 96, I CC establece que «[e]n defecto de acuerdo de los cónyuges 
aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en 
ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden». El artículo 96 III 
CC añade la posibilidad de acordar que el uso de la vivienda familiar temporalmente 
pueda atribuirse al cónyuge no titular «siempre que, atendidas las circunstancias, lo 
hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección». El derecho 
contemplado en estos preceptos comporta una limitación de disponer cuyo alcance se 
determina en el artículo 96 IV CC en los siguientes términos: «Para disponer de la 
vivienda y bienes indicados cuyo uso corresponda al cónyuge no titular se requerirá el 
consentimiento de ambas partes o, en su caso, autorización judicial». De la ubicación 
sistemática de este precepto y de la consideración de los intereses a los que atiende su 
contenido se desprende que el derecho de uso a la vivienda familiar concedido mediante 
sentencia no es un derecho real, sino un derecho de carácter familiar, cuya titularidad 
corresponde en todo caso al cónyuge a quien se atribuye la custodia o a aquel que se 
estima, no habiendo hijos, que ostenta un interés más necesitado de protección (así se 
ha estimado en la RDGRN de 14 de mayo de 2009). Desde el punto de vista patrimonial, 
el derecho al uso de la vivienda concedido mediante sentencia judicial a un cónyuge no 
titular tiene dos efectos fundamentales. Por un lado, tiene un contenido positivo, en tanto 
atribuye al otro cónyuge y a los hijos bajo su custodia el derecho a ocupar la vivienda. 
Por otro lado, impone al cónyuge propietario la limitación de disponer consistente en la 
necesidad de obtener el consentimiento del cónyuge titular del derecho de uso (o, en su 
defecto, autorización judicial) para cualesquiera actos que puedan ser calificados como 
actos de disposición de la vivienda. Esta limitación es oponible a terceros y por ello es 
inscribible en el Registro de la Propiedad (RDGRN de 10 de octubre de 2008).»
Este contenido patrimonial del derecho de uso, y la posibilidad de su acceso al 
Registro de la Propiedad, tienen como consecuencia que, con independencia de que se 
trate, como ya se ha señalado, de un derecho encuadrable dentro de la categoría de los 
derechos familiares, deban ser respetadas las reglas relativas a los derechos cuyo 
acceso al Registro de la Propiedad se pretenda y a las exigencias derivadas de los 
principios hipotecarios. Así lo ha sostenido este Centro Directivo en Resoluciones como 
la de 4 de septiembre de 2017, que impide la inscripción del derecho de uso si la 
vivienda afectada pertenece a un tercero que no ha sido parte en el proceso de divorcio. 
O la de 8 de marzo de 2018, que considera que si el titular de dicho derecho de uso, 
pudiendo hacerlo no ha inscrito su derecho en el Registro no podrá oponerlo frente a  e.
terceros que sí hayan inscrito los suyos. Esto supone que, si el derecho de uso no está  w.b
inscrito, no podrá oponerse al adquirente del inmueble que cumpla los requisitos del  13ww
taerntíecur loin t3e4rv deen cliaó nL eeyn  Heilp omteiscmaori,a  eyn,  elan  cfouramnato  parel vpirsotace ednim eiel natort ídcuel oe je6c6u2c idóen , lan oL epyo ddráe 
EnjuTiacimambiiéenn teol  CTivriibl uqnuael  eSxuigper eqmueo  a(cSreendtieten claia isn sdceri p1c8ió nd ed ee nsue rtoít udloe  d2e0 1a0d,q u1i8s icdióen m. arzo
de 2011 y 30 de enero de 2015), al tratar las implicaciones que la atribución del derecho
de uso pueda tener en aquellos casos en que la vivienda afectada pertenece a un 
tercero distinto de los esposos, señala que la solución a estos conflictos debe ser dada 
desde el punto de vista del Derecho de propiedad y no desde los parámetros del 
Derecho de familia.
5.  Por  todo  ello,  debe  tenerse  en  cuenta  que,  desde  el  punto  de  vista  de  la 
legislación registral, uno de sus pilares básicos que permiten garantizar la oponibilidad y 
conocimiento de los derechos inscritos por parte de los terceros, –y por ende, favorecer 
también  la  propia  protección  del  titular  registral–  es  el  denominado  principio  de 
especialidad o determinación registral, que consagrado en los artículos 9 de la Ley 
Hipotecaria y 51 de su Reglamento, impone que los derechos que pretendan acceder al 
Registro  deberán  estar  perfectamente  determinados  en  sus  aspectos  subjetivos, 
objetivos y contenido, incluyendo por tanto los límites temporales de su duración (sin 
embargo,  también  ha  puesto  de  relieve  este  Centro  Directivo,  como  antes  se  ha 
señalado,  que  no  pueden  obviarse  las  especiales  circunstancias  y  la  naturaleza 
específica  de  un  derecho  reconocido  legalmente  y  cuya  consideración  como  de 
naturaleza  familiar  influye  de  manera  determinante  en  su  extensión,  limitación  y 
duración, máxime cuando este se articula en atención a intereses que se estiman dignos 
de tutela legal –cfr., por todas, la Resolución de 30 de mayo de 2018).
Es constante la doctrina de este Centro Directivo –cfr. Resolución de 2 de junio 
de 2014–, sobre la configuración, alcance y oponibilidad del derecho de uso sobre la 
vivienda familiar, establecida para los supuestos de crisis familiar en los artículos 90 y 96 
del Código Civil (cfr. Resoluciones citadas en los «Vistos»).
Con  carácter  general  se  ha  afirmado  que  el  derecho  de  uso  familiar  para  ser 
inscribible en el Registro de la Propiedad debe tener trascendencia a terceros y debe 
configurarse,  conforme  al  principio  de  especialidad  con  expresión  concreta  de  las 
facultades que integra, identificación de sus titulares, temporalidad –aunque no sea 
necesario la fijación de un «dies certus», salvo que la legislación civil especial así lo 
establezca, como ocurre con el Código Civil Catalán, artículo 233-20– y además debe 
establecerse un mandato expreso de inscripción. Ahora bien, ya se configure de una u 
otra forma, siempre que se pretenda configurar como un derecho de uso inscribible 
deberá  estar  claramente  determinado,  siguiendo  en  esto  el  principio  general  de 
especialidad propio de nuestro sistema registral.
Más concretamente, conforme al principio de especialidad o determinación registral 
(cfr. los artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 del Reglamento Hipotecario), todo derecho 
que  acceda  o  pretenda  acceder  al  Registro  debe  estar  perfectamente  diseñado  y 
concretado en lo que a sus elementos personales y reales se refiere. Y tratándose de 
derechos de vida limitada, como es el derecho de uso, una de las circunstancias que 
debe concretarse por los interesados es su duración o término, ya sea esta fija o 
variable. Esta exigencia debe imponerse a todo tipo de documento que se presente en el 
registro, ya tenga origen notarial, judicial o administrativo, siendo por ello objeto de 
calificación por parte del registrador, según lo establecido en los artículos 18 de la Ley 
Hipotecaria y 100 de su Reglamento, al tratarse de un título judicial.
6.  No obstante, como antes se ha indicado, las exigencias de determinación del 
derecho  que  se  inscribe  no  pueden  imponerse  desconociendo  el  peculiar  régimen 
jurídico positivo que lo configura, máxime cuando este se articula en atención a intereses 
que se estiman dignos de tutela legal.
En este sentido, sobre el régimen temporal del derecho de uso sobre la vivienda 
familiar la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2015,  s
afirma lo siguiente: «… El art. 96 CC establece –STS 17 de octubre 2013– que, en  oe.
defecto de acuerdo, el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al cónyuge en  w.
cuya compañía queden. Esta es una regla taxativa, que no permite interpretaciones  13ww
jtueemzp poararale se vliimtairt aqduoer asse.  pInuceludsao p erol dpuaccitro  edsete l opse prjruoicgieon. iEtolr epsri ndceipbieor áq usee ra epxaaremcien apdroo tpeogrid eol 
perne setsatras ed ipsopro seicl iótintu leasr  deel  dlae l pianttreiaré sp odteesl tamde, nyo r,e nqturee  lroesq uaielirmee natliomse nseto se nqcuuee ndterab elna   BOE-A-cable e
habitación  (art.  142  CC);  por  ello  los  ordenamientos  jurídicos  españoles  que  han 
regulado  la  atribución  del  uso  en  los  casos  de  crisis  matrimonial  o  de  crisis  de 
convivencia, han adoptado esta regla (así, expresamente, el art. 233-20.1 CCCat). La 
atribución del uso de la vivienda familiar, es una forma de protección, que se aplica con 
independencia  del  régimen  de  bienes  del  matrimonio  o  de  la  forma  de  titularidad 
acordada entre quienes son sus propietarios, por lo que no puede limitarse el derecho de 
uso al tiempo durante el cual los progenitores ostenten la titularidad sobre dicho bien 
(STS 14 de abril 2011). Como reiteran las sentencias de 1 y 14 de abril y 21 de junio 
de 2011 aunque ésta pudiera llegar ser una solución en el futuro, no corresponde a los 
jueces interpretar de forma distinta esta norma, porque están sometidos al imperio de la 
ley (art. 117.1 CE)... Efectivamente, esta norma no permite establecer ninguna limitación 
a la atribución del uso de la vivienda a los menores mientras sigan siéndolo, porque el 
interés que se protege en ella no es la propiedad de los bienes, sino los derechos que 
tiene el menor en una situación de crisis de la pareja, salvo pacto de los progenitores, 
que deberá a su vez ser controlado por el juez. Una interpretación correctora de esta 
norma, permitiendo la atribución por tiempo limitado de la vivienda habitual, implicaría 
siempre  la  vulneración  de  los  derechos  de  los  hijos  menores,  que  la  Constitución 
incorporó al ordenamiento jurídico español (arts. 14 y 39 CE) y que después han sido 
desarrollados en la Ley Orgánica de protección del menor». Por ello hay que reconocer 
que la interpretación que se efectúa en la sentencia recurrida, no solo se opone a lo que 
establece el art. 96.1 CC, sino que se dicta con manifiesto y reiterado error y en contra 
de la doctrina de esta Sala, incluida la sentencia de 17 de junio de 2013, según la cual 
«hay dos factores que eliminan el rigor de la norma cuando no existe acuerdo previo 
entre los cónyuges: uno, el carácter no familiar de la vivienda sobre la que se establece 
la medida, entendiendo que una cosa es el uso que se hace de la misma vigente la 
relación matrimonial y otra distinta que ese uso permita calificarla de familiar si no sirve a 
los fines del matrimonio porque los cónyuges no cumplen con el derecho y deber propio 
de la relación. Otro, que el hijo no precise de la vivienda por encontrarse satisfechas las 
necesidades de habitación a través de otros medios...».
La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2015, 
reiterada por la de 21 de julio de 2016, pone de relieve, por su parte, que: «(…) La 
STS 624/2011, de 5 septiembre, del Pleno de esta Sala, que citan las de 30 de marzo 
de 2012, 11 de noviembre de 2013 y 12 de febrero de 2014, distingue los dos párrafos 
del  art.  96  CC  en  relación  a  la  atribución  de  la  vivienda  y  fija  como  doctrina 
jurisprudencial la siguiente: "la atribución del uso de la vivienda familiar en el caso de 
existir hijos mayores de edad, ha de hacerse a tenor del párrafo 3.º del artículo 96 CC, 
que permite adjudicarlo por el tiempo que prudencialmente se fije a favor del cónyuge, 
cuando las circunstancias lo hicieren aconsejable y su interés fuera el más necesitado de 
protección". La mayoría de edad alcanzada por los hijos a quienes se atribuyó el uso, 
dice la sentencia de 11 de noviembre 2013, deja en situación de igualdad a marido y 
mujer ante este derecho, enfrentándose uno y otro a una nueva situación que tiene 
necesariamente  en  cuenta,  no  el  derecho  preferente  que  resulta  de  la  medida 
complementaria de guarda y custodia, sino el interés de superior protección, que a partir 
de entonces justifiquen, y por un tiempo determinado. Y es que, adquirida la mayoría de 
edad por los hijos, tal variación objetiva hace cesar el criterio de atribución automática 
del uso de la vivienda que el artículo 96 establece a falta de acuerdo entre los cónyuges, 
y cabe plantearse de nuevo el tema de su asignación, pudiendo ambos cónyuges instar 
un régimen distinto del que fue asignación inicialmente fijado por la minoría de edad de  s
los  hijos,  en  concurrencia  con  otras  circunstancias  sobrevenidas.  En  el  caso,  la  oe.
atribución del uso de la vivienda sin limitación temporal alguna, vulnera lo dispuesto en el  w.
art. 96.3 y la jurisprudencia de esta Sala que lo interpreta, puesto que existe una  13ww
tpitruelvairs,i óqnu ele hgaa ls dideol  itgienmorpaod ad ee nu slao  speanrtae necl ias udpeusedset oe ld me oqmueen stoe  eantr iqbuuey ar eaml itceó neyl utigeem pnoo 
sdues ptaenrmciaaln deen claias  ecnir cluan csatasnac iparso,p eiend laod q duee  qpuaireenc ef umeá ssu u ensap voesrod aad uenraa  epxopsriobpleia cailótenr adceió lan   BOE-A-cable e
vivienda que una efectiva tutela de lo que la Ley dispensa a cada una de las partes, 
fundada en un inexistente principio de «solidaridad conyugal» y consiguiente sacrificio 
del «puro interés material de uno de los cónyuges en beneficio del otro», puesto que no 
contempla más uso en favor del cónyuge más necesitado de protección que el tasado 
por criterio judicial ponderado en atención a las circunstancias concurrentes; uso que ya 
se  ha  cumplido  desde  el  momento  en  que  la  esposa  ha  dispuesto  en  estas 
circunstancias de la vivienda desde hace varios años (…)».
También se han aplicado criterios semejantes por parte del Tribunal Supremo cuando 
ha abordado la cuestión de la posibilidad de atribuir el uso de la que fue vivienda familiar 
a alguno de los cónyuges en los casos de custodia compartida. Según la Sentencia 
de 10 de enero de 2018, con cita de otra anterior de 23 de enero de 2017, «la sala, ante 
tal vacío en materia de atribución de la vivienda familiar, al no encontrarse los hijos en 
compañía de uno solo de los progenitores sino de los dos, ha entendido que debe 
aplicarse analógicamente el párrafo segundo del art. 96 CC, que regula el supuesto en 
que existiendo varios hijos unos quedan bajo la custodia de un progenitor y otros bajo la 
custodia de otro remitiendo al juez a resolver lo procedente. Ello obliga a una labor de 
ponderación de las circunstancias concurrentes en cada caso, y debiendo ser tenido en 
cuenta el factor del interés más necesitado de protección, que no es otro que aquel que 
permite compaginar los períodos de estancia de los hijos con sus dos padres (STS de 24 
de octubre de 2014). Ahora bien, existe un interés sin duda más prevalente (STS de 15 
de  marzo  de  2013)  que  es  el  de  los  menores  a  una  vivienda  adecuada  a  sus 
necesidades, que conforme a la regla dispuesta en el art. 96 CC, se identifica con la que 
fue vivienda familiar hasta la ruptura del matrimonio. Teniendo en cuenta tales factores o 
elementos a ponderar esta sala, al acordar la custodia compartida, está estableciendo 
que la menor ya no residirá habitualmente en el domicilio de la madre, sino que con 
periodicidad  semanal  habitará  en  el  domicilio  de  cada  uno  de  los  progenitores  no 
existiendo  ya  una  residencia  familiar,  sino  dos,  por  lo  que  ya  no  se  podrá  hacer 
adscripción de la vivienda familiar, indefinida, a la menor y al padre o madre que con el 
conviva, pues ya la residencia no es única».
En consecuencia, puede apreciarse de la doctrina jurisprudencial, en el marco del 
Derecho común, un diferente tratamiento del derecho de uso sobre la vivienda familiar 
cuando existen hijos menores, que no permite explícitas limitaciones temporales –si bien, 
resultarán de modo indirecto– que cuando no existen hijos o éstos son mayores, pues en 
este último caso, a falta de otro interés superior que atender, se tutela el derecho del 
propietario, imponiendo la regla de necesaria temporalidad del derecho.
En el marco del Derecho catalán, el Tribunal Supremo en Sentencia de 18 de enero 
de 2010 ha declarado que «(…) el Código civil no ha querido conferir a la atribución de la 
vivienda familiar la naturaleza de derecho real, a diferencia de lo que ha ocurrido en el 
Derecho catalán, en el que el art. 83.3 CF y el art. 233-22 del proyecto de Libro II del 
Código Civil Catalán se han decantado claramente por configurar el derecho de uso del 
cónyuge no propietario y de los hijos como un derecho de esta naturaleza, al declararlo 
inscribible en el Registro de la propiedad». Pero en todo caso, y de modo análogo con lo 
que ocurre en el Derecho común, el derecho de uso sobre la vivienda familiar se 
configura como un derecho temporalmente limitado, pues así resulta del artículo 83 del 
Código de Familia, cuyo apartado segundo prevé que la duración de tal derecho sea, en 
caso de haber hijos, mientras dure la guarda atribuida al cónyuge a quien se confiera el 
derecho de uso; y, en caso de no haber hijos, mientras dure la necesidad que la motivó, 
sin perjuicio de prórroga, en su caso. s
7.  En el presente caso, al otorgarse el convenio regulador se atribuye el uso de la  oe.
vivienda familiar a la esposa, atribución que se realiza «indefinidamente», dándose  w.
además la circunstancia de que, al tiempo de solicitar la inscripción registral del derecho,  13ww
las hEijla csa dráecl tmera etrsimenocniiaol myae nstoen  tmemaypoorreasl  ddee  eesdtaed d.erecho implica que el mismo no pueda
hsearb iadtari bcuuiednot ac oand ecmaárásc dteer  lian dmeefinncidioon aa duan coi rdcuen lsotsa nccóian yrueglaetsiv a(l aa  elas pmoasyao reína  dees tee dcaads od)e,   BOE-A-cable e
las  hijas  del  matrimonio,  sin  que,  en  ningún  caso,  pueda  interpretarse  el  adverbio 
«indefinidamente» como sinónimo o equivalente de «vitalicio», tal y como pretende la 
recurrente, pues resulta evidente que tienen significados e implicaciones diferentes.
Por último, procede traer a colación la reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo de 12 de junio de 2020, que, a su vez, recoge el criterio sentado en 
otra de 20 de febrero de 2018, que, a propósito de la interpretación del artículo 96 del 
Código Civil en los casos de custodia compartida de ambos progenitores, rechaza 
explícitamente la posibilidad de que tal derecho sea atribuido a uno de los cónyuges con 
carácter indefinido, aun habiendo hijos menores de edad, cuando declara lo siguiente: 
«(…) Pero cuando se valora que no existe riesgo de poner en peligro el régimen de 
custodia compartida, pues el progenitor está en condiciones, por su situación económica, 
de proporcionar una vivienda adecuada a sus necesidades, el criterio de la sala es el de 
que no procede hacer la atribución indefinida de uso de la que fue la vivienda familiar y 
deben armonizarse los intereses contrapuestos, el del titular (o cotitular) de la vivienda y 
el de los hijos a relacionarse con el otro en una vivienda. 2.3. Esta sala considera que la 
sentencia recurrida, al atribuir a la madre el uso de la que fue vivienda familiar durante la 
convivencia del matrimonio sin fijar un límite temporal, no se ajusta a la interpretación y 
aplicación que, en atención a las circunstancias, debe realizarse del art. 96 CC a la luz 
de lo dispuesto en el art. 2 de la Ley Orgánica de protección jurídica del menor».
Por todo ello, la objeción expresada por la registradora en su calificación debe ser 
mantenida.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la 
calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 17 de mayo de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.