BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 20 Jueves 23 de enero de 2020 Sec. III.   Pág. 6851
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
1042 Resolución de 14 de enero de 2020, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por la que se publica el Convenio con la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas, para el acceso y uso del servicio del sistema 
LEXNET del Ministerio de Justicia.
Con fecha 20 de diciembre de 2019 se ha suscrito el Convenio entre el Ministerio de 
Justicia y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para el 
acceso y uso del servicio del sistema LEXNET del Ministerio de Justicia.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 14 de enero de 2020.–El Secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús 
Dolz Lago.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE) para el acceso y uso del servicio del sistema 
LexNET del Ministerio de Justicia
Madrid, a 20 de diciembre de 2019.
REUNIDOS
De una parte, el Secretario de Estado de Justicia, don Manuel Jesús Dolz Lago, 
nombrado por Real Decreto 479/2018, de 18 de junio, en nombre y representación del 
Ministerio de Justicia y en uso de las competencias que le corresponden en virtud del 
artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y, de otra, don José Carlos Gómez Villamandos, Presidente de la Conferencia de 
Rectores  de  las  Universidades  Españolas  (en  adelante,  «Crue  Universidades 
Españolas»), con CIF G-81093072 y domicilio social en Madrid, paseo de Recoletos, 27, 
3.ª planta, en virtud de nombramiento efectuado en la Asamblea General de Socios de 
fecha 16 de mayo de 2019 en el punto 5.º del orden del día, quien actúa en nombre y 
representación de la misma, en virtud de las competencias que le atribuye el artículo 17 
de sus propios Estatutos, inscritos en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio 
del Interior con fecha 15 de febrero de 2016, con el número 145253.
Ambas  partes  comparecientes,  en  la  calidad  en  que  cada  una  interviene,  se 
reconocen  mutua  y  recíprocamente  legitimidad  suficiente  para  otorgar  el  presente 
Convenio, y a tal efecto
EXPONEN
Primero. bo
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estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, dispone que la Secretaría General
de  la  Administración  de  Justicia  es  el  órgano  directivo  que  asume  respecto  a  la  Bc
Administración de Justicia las funciones de impulso, dirección y seguimiento de su 
modernización, la ordenación y distribución de sus recursos humanos, materiales y 
financieros, las relaciones ordinarias con sus diferentes órganos, y la dirección e impulso 
de los procesos de traspaso de medios materiales y personales en esta materia.
Segundo.
La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación en la Administración de Justicia tiene por objeto la regulación de la 
utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  por  parte  de  los  ciudadanos  y 
profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia y en las relaciones de 
la Administración de Justicia con el resto de Administraciones y Organismos Públicos, en 
los términos recogidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En la 
Administración de Justicia se utilizarán las tecnologías de la información de acuerdo con 
lo dispuesto en la presente Ley.
Tercero.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en su artículo 14 destaca que:
«1.  Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las 
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de 
medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para 
comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en 
cualquier momento.
2.  En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos 
con  las  Administraciones  Públicas  para  la  realización  de  cualquier  trámite  de  un 
procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a)  Las personas jurídicas.
b)  Las entidades sin personalidad jurídica.
c)  Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 
obligatoria,  para  los  trámites  y  actuaciones  que  realicen  con  las  Administraciones 
Públicas  en  ejercicio  de  dicha  actividad  profesional.  En  todo  caso,  dentro  de  este 
colectivo  se  entenderán  incluidos  los  notarios  y  registradores  de  la  propiedad  y 
mercantiles.
d)  Quienes  representen  a  un  interesado  que  esté  obligado  a  relacionarse 
electrónicamente con la Administración.
e)  Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones 
que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en 
que se determine reglamentariamente por cada Administración.
3.  Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de 
relacionarse  con  ellas  a  través  de  medios  electrónicos  para  determinados 
procedimientos  y  para  ciertos  colectivos  de  personas  físicas  que  por  razón  de  su 
capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado 
que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.»
En el mismo sentido la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  o
Público,  establece  en  su  artículo  3.2  que:  «2.  Las  Administraciones  Públicas  se  w.
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protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación
conjunta de servicios a los interesados».
Cuarto.
El Ministerio de Justicia ha desarrollado un sistema de comunicaciones electrónicas 
securizadas en el ámbito de la Administración de Justicia denominado Sistema LexNET, 
que permite la comunicación bidireccional de las oficinas judiciales con los distintos 
operadores jurídicos, facilitando la realización de actos de comunicación procesal por los 
órganos judiciales, el traslado de copias y la presentación de escritos y documentos por 
los profesionales del Derecho.
El uso del Sistema LexNET se encuentra regulado en el Real Decreto 1065/2015, 
de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia 
en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, 
en el que se determinan las condiciones generales y requisitos de utilización del sistema, 
así como las reglas y criterios que se han de observar.
Quinto.
De conformidad con el artículo 5.1 y con el anexo II del citado Real Decreto: «Todos 
los Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Abogados del Estado, Letrados de las 
Cortes  Generales,  de  las  Asambleas  Legislativas  y  del  Servicio  Jurídico  de  la 
Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones Públicas, de las 
Comunidades  Autónomas  o  de  los  Entes  Locales,  así  como  los  Colegios  de 
Procuradores y administradores concursales tienen la obligación de utilizar los sistemas 
electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y 
documentos y para la recepción de actos de comunicación».
Sexto.
Crue Universidades Españolas es una asociación sujeta a la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación y disposiciones de desarrollo, 
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones.
Es una entidad que está formada por las Universidades españolas que soliciten 
integrarse en ella y que sean admitidas de conformidad con el procedimiento establecido 
en el artículo 26 de los Estatutos.
Según  el  artículo  17  de  los  Estatutos  corresponde  al  Presidente  de  Crue 
Universidades Españolas:
1.  Dirigir la Asociación, sus órganos de gobierno y representación, los órganos de 
asesoramiento y trabajo, así como las estructuras de apoyo de la misma.
2.  Representar  a  Crue  Universidades  Españolas  ante  los  poderes  públicos  y 
Administraciones Públicas, con facultad para contratar y ejercer todo tipo de acciones 
administrativas  y  procesales,  correspondiéndole  aceptar  compromisos,  suscribir 
propuestas y ofertas, así como firmar en nombre de la Asociación y comprometer su 
voluntad.
3.  Velar  por  la  ejecución  de  los  acuerdos  de  los  órganos  de  gobierno  y 
representación de la Asociación.
4.  Convocar y presidir los órganos de gobierno de la Asociación y sus sesiones.
5.  Proponer la adopción de acuerdos del Comité Permanente y de la Asamblea 
General.
6.  Interpretar los presentes Estatutos en los casos de duda y, oído el Comité 
Permanente, suplirlos en los de omisión. e.
7.  Asignar  áreas  de  actividad  a  los  Vicepresidentes/as,  a  los  Vocales  y  al  w.b
Secretario/a General, coordinando el ejercicio de sus atribuciones. 42ww
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General, habrá de proponer su continuación en el cargo o su sustitución, teniendo en 
cuenta los términos del contrato.
9.  Cualesquiera  otras  que  le  atribuyan  la  Asamblea  General  o  el  Comité 
Permanente.
Séptimo.
Entre  otras  funciones  corresponde  a  Crue  Universidades  Españolas,  según  el 
artículo 3 de los Estatutos:
a.  Promover y desarrollar la calidad de la educación superior, la investigación, la 
transferencia de conocimiento y la innovación, así como la difusión de la ciencia y la 
cultura en orden a la consecución del progreso social.
b.  Representar a las Universidades españolas que la componen y fomentar la 
cooperación  entre  éstas  y  las  Administraciones  y  Corporaciones  públicas,  y  las 
Universidades extranjeras, y los agentes sociales.
c.  Consolidar la proyección social y el compromiso de las Universidades con la 
sociedad.
d.  Fortalecer la calidad y la cohesión de las Universidades y el estrechamiento de 
las relaciones entre ellas, respetando sus singularidades.
e.  Defender la autonomía de las Universidades ante los poderes públicos y la 
sociedad española.
f.  Ser un referente de conocimiento en lo que a la educación superior se refiere.
g.  Potenciar la internacionalización de las Universidades españolas.
h.  Cooperar con entes públicos y privados en orden a la realización de actuaciones 
de interés común para las Universidades.
i.  Representar  a  las  Universidades  españolas  miembros  de  la  misma  en 
organismos internacionales.
j.  Y aquellos otros fines que pudieran fijarse por vinculación a los anteriores o que 
pudieran derivarse de lo previsto en los presentes Estatutos.
Octavo.
La administración del sistema, y la interlocución para la gestión y resolución de 
incidencias corresponderá a una de las Universidades públicas asociadas a la Crue, en 
concreto la Universidad de Zaragoza.
Por todo ello y, en este escenario de cooperación que debe presidir las relaciones 
entre los Organismos con la Administración de Justicia, las partes acuerdan suscribir el 
presente Convenio que se regirá, por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El presente Convenio busca cumplir con el siguiente objetivo:
La integración en LexNET de los Letrados que prestan los servicios jurídicos en las 
Universidades  públicas  españolas  y  que,  como  tales,  dirigen  sus  escritos  a  la 
Administración  de  Justicia  para  posibilitar  la  interacción  telemática  y  el  envío  de  es
documentos electrónicos entre estos profesionales y los órganos judiciales ubicados  o
tanto en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Justicia, como en aquellas  42ww
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Con  este  objetivo,  el  Ministerio  de  Justicia  proporcionará  a  las  Universidades 
públicas españolas, a través de la Universidad de Zaragoza como interlocutor único, los 
derechos de acceso y uso del Servicio LexNET.
Segunda.  Mejoras de los programas informáticos.
El  Ministerio  de  Justicia  mantendrá  la  titularidad  de  los  derechos  de  propiedad 
intelectual del aplicativo sujeto a este Convenio, por lo que cualquier modificación en el 
código fuente corresponderá única y exclusivamente a este.
Los  diferentes  cambios  en  la  aplicación  informática  y  en  la  arquitectura  e 
infraestructura tecnológica sobre la que se sustente el sistema, tendrá por finalidad la 
corrección  de  errores  u  omisiones,  la  introducción  gradual  de  mejoras  y  nuevas 
funcionalidades,  la  adaptación  a  los  cambios  de  normativa,  así  como  los  cambios 
tecnológicos necesarios para su correcta utilización.
Crue  Universidades  Españolas,  a  través  de  la  Universidad  de  Zaragoza,  podrá 
presentar propuestas de mejoras y nuevas necesidades en el servicio. El Ministerio de 
Justicia estudiará cada una de las peticiones y será el encargado de incorporar aquellas 
que se considere sean convenientes.
Tercera.  Inexistencia de obligaciones financieras.
El presente Convenio no comporta gastos ni obligaciones financieras para ninguna 
de ambas partes.
Cuarta.  Compromisos de las partes.
Para la consecución de los fines previstos en el presente Convenio, las partes 
firmantes se comprometen a:
– Favorecer la utilización de las comunicaciones electrónicas en el ámbito de la 
Administración de Justicia a través de LexNET.
– Impulsar  el  uso  de  certificados  digitales  de  Prestadores  de  Servicios  de 
Certificados cualificados, para asegurar la identificación y validación de los usuarios que 
operen en el sistema LexNET, así como la autenticación, integridad, confidencialidad y 
no repudio de los documentos transmitidos.
Los certificados digitales que se utilicen serán los soportados por el Servicio LexNET.
Con carácter específico las partes se comprometen a:
– Al  Ministerio  de  Justicia  le  corresponde  el  mantenimiento,  administración  y 
explotación del servicio LexNET y los sistemas asociados.
– A Crue Universidades Españolas, a través de la Universidad de Zaragoza, en 
coordinación con las Universidades públicas, le corresponde:
a)  Garantizar el funcionamiento de aquellos elementos que estuvieran instalados en 
sus dependencias, para garantizar el funcionamiento integrado y conjunto de todos los 
sistemas. Para la correcta configuración de sus sistemas, el Ministerio de Justicia pondrá 
a su disposición documentación técnica para la correcta configuración de los equipos.
b)  El  despliegue,  instalación  y  mantenimiento  de  la  infraestructura  local  que 
necesiten sus usuarios.
c)  El soporte y formación a los usuarios de los sistemas, para lo que contará con el  e.
apoyo del Ministerio de Justicia, que pondrá a su disposición material formativo a través  w.
de la página de lexnetjusticia (http://lexnetjusticia.gob.es). 42ww
direcdt)o rioL ag egneesrtiaóln d ye  alodsm siinsitsetmraacsió.n de sus usuarios y la actualización de sus datos en el
e)  Comunicar al Ministerio de Justicia el nombre del administrador/s del sistema.
f)  Comunicar  al  Ministerio  de  Justicia  el  nombre  del  interlocutor  único  para  la 
gestión y resolución de incidencias que sirva de enlace con el Centro de Atención al 
Usuario (CAU) para LexNET.
Crue  Universidades  Españolas,  a  través  de  la  Universidad  de  Zaragoza,  se 
compromete a no facilitar a terceros ninguna documentación técnica asociada al mismo, 
sin previo consentimiento del Ministerio de Justicia.
Quinta.  Comisión de seguimiento.
Se establece una Comisión de Seguimiento para este Convenio, constituida por dos 
representantes del Ministerio de Justicia y dos de Crue Universidades Españolas, que se 
designarán transcurrido un mes desde la publicación de este convenio en el «Boletín 
Oficial del Estado» previa inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos  de  Cooperación  del  sector  público  estatal.  Los  miembros  de  dicha 
Comisión podrán ser sustituidos por las personas que éstos designen. La Comisión 
realizará el seguimiento de las actuaciones del Convenio y resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento derivados del mismo. Igualmente, podrá proponer mejoras 
y modificar las actuaciones previstas en el Convenio, previo consentimiento de las 
partes, siempre y cuando no supongan una alteración sustancial del objeto del Convenio. 
La Comisión de seguimiento se reunirá como mínimo una vez al año, aunque podrá 
reunirse cuantas veces se considere necesario para la ejecución del presente Convenio. 
En todo caso, se reunirá siempre que lo solicite alguno de los integrantes de la misma.
Sexta.  Vigencia.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, resultando eficaz tras su 
publicación  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»  y  una  vez  inscrito  en  el  Registro 
Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación, de conformidad con el 
Artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. No obstante, en cualquier momento, antes de la finalización del plazo de cuatro 
años, cualquiera de las partes podrá denunciarlo previa comunicación a la otra parte con 
dos meses de antelación a la fecha en que se pretenda dar por finalizado.
En  cualquier  momento  antes  de  la  finalización  del  plazo  de  cuatro  años 
anteriormente señalado, las partes podrán acordar unánimemente su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales.
Séptima.  Naturaleza del Convenio y resolución de controversias.
El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, quedando sometido al 
régimen jurídico de los Convenios previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecución, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio 
deberán solventarse de mutuo acuerdo de las partes en el seno de la Comisión de 
Seguimiento constituida. Si no resultara posible alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones 
litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio, 
reguladora de dicha jurisdicción
Octava.  Protección de Datos de carácter personal. w.b
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Personales  y  Garantía  de  Derechos  Digitales  y  al  Reglamento  (UE)  2016/679  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
Novena.  Modificación del Convenio.
El presente Convenio podrá ser objeto de modificación por mutuo acuerdo de las 
partes, lo que quedaría formalizado en la correspondiente adenda.
Décima.  Exención de responsabilidad.
El Ministerio de Justicia se exonera de responsabilidad por los actos dañosos a 
terceros que pueda realizar la entidad convenida.
Undécima.  Causas de resolución del Convenio.
Serán causas de extinción de este Convenio:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera 
previsto.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes.
La Comisión de seguimiento adoptará las resoluciones que procedan para regular las 
actuaciones en curso adoptadas hasta ese momento en el ámbito del Convenio para 
cuya finalización se acordará un plazo improrrogable que será fijado por las partes.
Y de conformidad con cuanto antecede, en ejercicio de las facultades que legalmente 
corresponden a cada uno de los firmantes y obligando a las partes que cada cual 
representan, se suscribe el presente Convenio, por duplicado, y a un solo efecto, en el 
lugar y fecha indicados.–El Secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz Lago.–
El Presidente de Crue Universidades Españolas, José Carlos Gómez Villamandos.
ANEXO
Especificaciones técnicas al presente Convenio entre el Ministerio de Justicia y 
CRUE Universidades Españolas s
Requisitos técnicos para la implantación del sistema LexNET. w.b
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– Ordenador  personal  con  Procesador  Intel  Pentium  o  compatible,  con  al 
menos 3GB de memoria RAM.
– Sistema operativo Windows 7 o superior.
– Lector de tarjetas criptográficas.
– Navegador Internet Explorer 5.5 o superior.
– Programa lector documentos PDF.
– Posesión  por  parte  de  cada  usuario  que  utilice  el  sistema  de  un  certificado 
compatible X.509, emitido por un prestador de servicios de certificación reconocido, en 
tarjeta  criptográfica  o  token  seguro  equivalente,  para  firma  digital  y  cifrado.  Este 
elemento permitirá el acceso autenticado al servicio LexNET y será proporcionado en 
caso necesario por Crue Universidades Españolas.
– Conexión a Internet de banda ancha, para garantizar que el acceso a la aplicación 
y, en particular, el envío y recepción de mensajes se realiza de forma correcta.
Para el funcionamiento del sistema se utilizarán tarjetas criptográficas expedidas por 
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
2.  Administración del sistema.
Crue  Universidades  españolas  deberá  designar  uno  o  más  administradores  del 
sistema que deberán contar con puestos de trabajo y certificados digitales como los 
antes descritos y que serán los encargados de autorizar o denegar las solicitudes de alta 
en los buzones dirigidos a gestionar las comunicaciones con los usuarios Letrados en las 
distintas Universidades públicas integradas en aquélla.
Los funcionarios públicos de las universidades públicas españolas que se integran en 
sus servicios jurídicos respectivos se hallan en el caso de lo previsto en la disposición 
adicional tercera de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de acceso a las profesiones de 
abogado y procurador de los tribunales, según la cual:
«Disposición adicional tercera.
Ejercicio profesional de los funcionarios públicos.
1.  La  actuación  del  personal  al  servicio  del  Estado,  de  los  Órganos 
Constitucionales, de las Administraciones Públicas o entidades públicas ante Juzgados y 
Tribunales en el desempeño de las funciones propias del cargo se regirá por lo dispuesto 
en el artículo 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás 
legislación aplicable, sin que en ningún caso le sea exigible la obtención del título 
regulado en esta Ley.
2.  Los funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A 
en su condición de licenciados en Derecho estarán exceptuados de obtener el título de 
abogado o el título de procurador de los tribunales a los efectos descritos en el artículo 1 
de esta Ley, siempre que desempeñen funciones de asistencia letrada o asesoramiento 
jurídico.  También  estarán  exceptuados  quienes  hayan  ingresado  en  el  Cuerpo  de 
Letrados  de  las  Cortes  Generales,  en  alguno  de  los  cuerpos  de  letrados  de  las 
asambleas legislativas autonómicas, en la Carrera Judicial, en la Carrera Fiscal, en el 
Cuerpo de Secretarios Judiciales, o en alguno de los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas en su condición de licenciados en Derecho.»
Por su parte el artículo 544.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder  es
Judicial, manifiesta que la colegiación de los Abogados, Procuradores y Graduados  o
SpdarecoetpcúveCieaisnrnlteudo seeas  nl  seUcsenienar árei vfv sueioctnrabisco liiLi dogedanayedat  oeryliras aipa sl o  EoArp s laldaparmba aloñe inrogaailsicals.ttlsruaa accsriió eoanrnán eg tseee  nlpl eoúersban llcJi csauaorzsgbg araoedd  oceo onsdl teieydg  aiTocdroseib mspu urnponaúfieclbesalsiicro  aneasanl  l epMlsoo,rsi n  sritasaétlzvermóorin oiqn  udoleaes     OE-A-2020-1042able en https://www.
relación inicial de administradores y las posteriores variaciones de dicha relación a través
de la vía que se determine por las comisiones de seguimiento, asimismo comunicará al 
Ministerio de Justicia el nombre del interlocutor único para la gestión y resolución de 
incidencias que sirva de enlace con el Centro de Atención al Usuario (CAU) para 
LexNET.
En  concreto,  la  administración  del  sistema  y  la  interlocución  para  la  gestión  y 
resolución de incidencias corresponderá a las siguientes personas:
Administradora del sistema e Interlocutora única para la gestión y resolución de 
incidencias:
Doña Ana Gloria Machín Mandreu.
ecregen@unizar.es.
Secretaría General.
976-764759.
Universidad de Zaragoza.
Zaragoza.
3.  Formación.
La formación necesaria para el uso del sistema por parte de los Letrados será 
asumida por Crue Universidades Españolas, a través de la Universidad de Zaragoza, 
para lo que contará con el apoyo del Ministerio de Justicia, que pondrá a su disposición 
material formativo a través de la página de lexnetjusticia (http://lexnetjusticia.gob.es).
4.  Incorporación al sistema.
La incorporación de las Universidades públicas asociadas a Crue Universidades 
Españolas al sistema LexNET se hará de forma progresiva.
La planificación se hará de forma consensuada entre el Ministerio de Justicia y la 
mencionada Institución.