BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 247 Viernes 15 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 126159
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
16789 Orden ICT/1116/2021, de 7 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las líneas de ayuda para la apertura de mercados exteriores y 
se procede a su convocatoria en el año 2021.
I
El  sector  comercial  exterior  contribuye  de  manera  importante  a  la  economía 
española. El grado de apertura de la economía española, calculado como la suma de 
exportaciones e importaciones de bienes y servicios respecto al Producto Interior Bruto 
(PIB), se situó en 2020, año afectado por la pandemia, en casi el 60 por ciento. Esto 
supone que el comercio exterior es esencial para la economía española, de forma similar 
a lo que ocurre en otras economías de nuestro entorno.
El  sector  exterior  tiene  además  un  impacto  relevante  en  el  empleo.  Según 
estimaciones realizadas en 2019, el empleo asociado a la demanda exterior rondaría los 
cinco millones, cifra nada desdeñable considerando que el peso de las exportaciones de 
bienes y servicios se situó ese año alrededor del 35 por ciento, y por encima del 30 por 
ciento en cuanto a 2020.
Una característica singular de la exportación española es el elevado peso de las 
pequeñas y medianas empresas (Pymes), caracterizadas por una mayor dificultad para 
acceder  a  información  de  mercados  internacionales  y  necesitadas  de  incorporar 
innovación para ser competitivas en dicho escenario.
La acción de la Administración en apoyo a la internacionalización de las empresas 
exportadoras españolas se fundamenta en los objetivos definidos en los siete ejes de la 
«Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027». Los elevados 
costes del proceso de internacionalización impiden que muchas pequeñas y medianas 
empresas puedan llevarlos a cabo y que sólo las de mayor tamaño puedan acceder a los 
mercados exteriores. A lo anterior se unen los obstáculos que encuentran las empresas 
exportadoras españolas para el acceso a la innovación, tecnología, marca consolidada y 
digitalización, lo que les coloca en una situación de desventaja frente a otras empresas 
de la Unión Europea.
La situación actual con la pandemia internacional provocada por la COVID-19 ha 
traído consigo múltiples efectos, también en las relaciones comerciales y económicas, y 
por ello, en el sector exterior que ha visto acrecentar el número de barreras al acceso a 
los mercados internacionales.
II
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este 
momento  histórico  de  un  esfuerzo  singular  y  de  un  planteamiento  innovador  que 
impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó 
un paquete de medidas económicas de gran alcance.
Como consecuencia de ese acuerdo, el Consejo de la Unión Europea adoptó el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero  e.
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).  w.
Dicho mecanismo es el eje central de las medidas extraordinarias de recuperación de la  789ww
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periodo 2021-2026, se basa en tres pilares entre los entre los cuales, el tercero se centra 
en el refuerzo de los programas clave de la Unión Europea para extraer las enseñanzas 
de la crisis, hacer que el mercado único funcione correctamente con Pymes sólidas y 
acelerar la doble transición ecológica y digital. Sobre la base de lo anterior, y con el fin de 
contribuir a la recuperación de la economía atenuando los efectos provocados por la 
COVID-19, el Gobierno de España ha elaborado el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, «España puede», que incluye diez políticas tractoras o palancas que van a 
incidir  directamente  en  aquellos  sectores  productivos  con  mayor  capacidad  de 
transformación del tejido económico y social. Conforme a lo establecido en los artículos 18 
y 20 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
febrero de 2021, el Plan ha sido aprobado por el Consejo el pasado 13 de julio de 2021.
En concreto, en la Política Palanca V: «Modernización y digitalización del tejido 
industrial y de la Pyme, recuperación del turismo e impulso a una España Nación 
Emprendedora», en el «Componente 13. Impulso a la Pyme», se recogen un conjunto de 
proyectos para el desarrollo de inversiones y reformas para la consecución de los 
siguientes objetivos: impulsar el emprendimiento y el crecimiento, facilitar la transición 
digital  e  impulsar  la  innovación  empresarial,  el  apoyo  al  comercio,  y  promover  la 
internacionalización.  Este  último  gran  objetivo  se  traduce  en  el  refuerzo  de  las 
capacidades  e  instrumentos  del  sistema  español  de  apoyo  a  la  exportación,  a  la 
reactivación  del  comercio  exterior  y  la  inversión  directa  extranjera  como  factores 
dinamizadores de la recuperación económica, mediante una política activa de apertura 
de mercados y de lucha contra el proteccionismo.
III
La reducción de la dependencia de la exportación española de los mercados de la 
Unión Europea en los últimos veinte años (cuyo peso ha caído en más de 5 puntos 
porcentuales  desde  el  año  2000)  y  la  creciente  importancia  de  las  ventas  a  Asia, 
Norteamérica  y  África  es  un  dato  constatado:  Estados  Unidos,  China  y  Japón 
representaron en 2020 casi un cuarto de las importaciones mundiales y pese a ello, la 
presencia de nuestras empresas exportadoras en dichos mercados es muy inferior a la 
que le correspondería a su cuota en el comercio internacional.
En este sentido, la exportación de productos agroalimentarios e industriales a países 
terceros no siempre es posible o se ve fuertemente obstaculizada, ya sea debido a la 
adopción de medidas de defensa comercial, o bien por la exigencia de certificaciones 
obligatorias de elevado coste, o el hecho de que un mercado esté cerrado por motivos 
sanitarios o fitosanitarios. En este contexto internacional con tendencias proteccionistas 
crecientes, el mantenimiento de ciertos mercados o su apertura es tarea difícil y muy 
costosa para los operadores.
La consultoría y asistencia jurídica para defender los intereses comerciales del sector 
exterior español para hacer frente a las barreras comerciales en terceros países y, en 
particular, defender los intereses del sector frente a los procedimientos de medidas de 
defensa comercial, es una herramienta fundamental para tratar de evitar que los mismos 
impongan medidas penalizadoras desproporcionadas e injustificadas cuyo efecto sea la 
pérdida de un mercado.
Por  otro  lado,  dentro  de  la  estrategia  de  diversificación  de  los  destinos  de 
exportaciones impulsada por la Secretaria de Estado de Comercio como medida de 
resiliencia, el sector exterior se enfrenta una creciente proliferación de certificaciones  s
obligatorias, exigidas por un número creciente de países terceros, a la importación de  e.
determinados productos y exigidas en sus mercados, lo cual dificulta la apertura real de  w.
nuevos mercados al actuar como elemento disuasorio para la exportación a los mismos,  789ww
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inspección y certificación de determinadas cuestiones sanitarias o fitosanitarias. Estas 
comprobaciones y certificaciones se realizan mediante auditorías o visitas de inspectores 
o auditores del país importador a las empresas exportadoras como condición necesaria e 
ineludible para la apertura del mercado.
La preparación y ejecución de estas visitas genera unos gastos que deben ser 
sufragados por las empresas exportadoras a través de las Asociaciones o Federaciones 
e Exportadores de las que son miembros.
Teniendo en cuenta que cada mercado y cada producto requiere su propio proceso 
de apertura, el coste que deben asumir las empresas del sector, mayoritariamente 
Pymes, puede alcanzar valores importantes que actúan como un elemento disuasorio y 
limitante para su internacionalización y que, en todo caso, sitúa al sector español en 
situación de desventaja con respecto al de otros países que acceden a los mercados 
exteriores en condiciones menos onerosas, favoreciendo así su competitividad.
En  otras  ocasiones,  los  problemas  no  son  de  apertura  de  mercado,  sino  que 
proceden de la apertura de procedimientos de investigación de medidas de defensa 
comercial en el país de destino de nuestras exportaciones. La colaboración de las 
empresas exportadoras es fundamental para la defensa del sector en su conjunto, ya 
que la falta de respuesta puede suponer un aumento de la imposición de medidas en 
mayor grado penalizador. En estos casos, la consultoría y asistencia jurídica al sector 
exterior  para  hacer  frente  a  procesos  de  medidas  de  defensa  comercial,  es  una 
herramienta fundamental para tratar de evitar que estos procesos impongan medidas 
penalizadoras  desproporcionadas  e  injustificadas  cuyo  efecto  sea  la  pérdida  de  un 
mercado.  Esta  consultoría  y  asistencia  jurídica  conlleva  elevados  gastos  que  en 
ocasiones las empresas no pueden sufragar, y el apoyo de la Administración resulta 
necesario e imprescindible para no perder el acceso a mercado logrado.
La línea de ayudas regulada por esta orden va a tener por objetivo apoyar todo este 
tipo  de  actuaciones  dirigidas  a  facilitar  la  internacionalización  de  las  empresas 
españolas. Asimismo, se pretende abordar también la consultoría y asistencia jurídica 
para fomentar la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual de los 
productos  agroalimentarios  (Denominaciones  de  Origen  Protegidas  e  Indicaciones 
Geográficas Protegidas, en adelante, las indicaciones geográficas) cuando éstos se vean 
usurpados en terceros mercados en los que la Unión Europea tenga suscritos acuerdos 
para la protección de las indicaciones geográficas.
Un  producto  con  indicación  geográfica  española  posee  un  origen  geográfico 
específico, una reputación y, por ende, una cualidad determinada u otras características 
atribuibles  fundamentalmente  a  su  origen  español,  cuya  protección  es  necesario 
fomentar como parte de la política de internacionalización de la economía española y 
apoyar en caso de enfrentarse a usurpaciones en terceros mercados con la consecuente 
merma en la imagen de la calidad de la oferta española que eso supone.
Por todo ello, las líneas de ayudas que se regulan por esta orden van dirigidas, por un 
lado, a las Asociaciones y Federaciones de Exportadores reconocidas como entidades 
colaboradoras  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Comercio  en  virtud  de  la 
Orden ITC/3690/2005, de 22 de noviembre, por la que se regula el régimen de colaboración 
entre  la  Administración  General  del  Estado  y  las  Asociaciones  y  Federaciones  de 
Exportadores, y, por otro lado, a los Consejos Reguladores de las indicaciones geográficas, 
en el caso de las ayudas relativas a la protección de éstas en terceros países. Su objetivo 
es  facilitar  la  internacionalización  de  las  empresas  exportadoras  agroalimentarias  e 
industriales. Esta medida responde a la necesidad de impulsar el crecimiento económico en  s
España, en una situación de crisis económica, apoyándose en unos sectores cuyo comercio  oe.
exterior tiene una notable importancia dentro de la economía española (las empresas  w.
agroalimentarias e industriales españolas exportaron en el año 2020, en su conjunto, por  789ww
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ecrmispisle por,o yv oqcuaed ae np olra  laa cCtuOaVliIdDa-d1 9s.e enfrenta a un contexto difícil como consecuencia de la  BOE-A-cable e
En este escenario, las Asociaciones y Federaciones de Exportadores reconocidas 
como entidades colaboradoras de la Secretaría de Estado de Comercio se configuran 
como elementos vertebradores de los distintos sectores económicos, contribuyendo de 
forma significativa a la apertura y consolidación de nuevos mercados exteriores, al 
tiempo que facilitan un mayor grado de internacionalización de nuestras empresas.
Por todo ello, se ha incluido en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, la línea de ayudas regulada por esta orden para la apertura de mercados 
dentro del Componente 13, Impulso a la Pyme, en la Inversión 5, Internacionalización, 
proyecto codificado como C13.I5.8.
IV
El artículo 62.1 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece que en el 
caso de subvenciones relacionadas financiables con fondos europeos, reguladas por la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyo objeto sea financiar 
actuaciones o situaciones concretas que no requieran de valoración comparativa con 
otras  propuestas,  se  podrán  dictar  las  resoluciones  de  concesión  por  orden  de 
presentación de solicitudes una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de 
la  situación  o  actuación  subvencionable  y  el  cumplimiento  del  resto  de  requisitos 
exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.
En ese caso, y de acuerdo con el artículo 62.2 del mismo Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, las bases reguladoras se aprobarán mediante orden ministerial. 
Además, en atención a la necesaria urgencia para otorgar ayudas en el marco de los 
fondos europeos «Next Generation EU» y de conformidad con el artículo 61.1 del citado 
real decreto-ley la orden de bases incorporará la convocatoria de las ayudas.
Esta orden se estructura en tres capítulos. El primer capítulo contiene el objeto de la 
norma y la finalidad de las ayudas. El segundo capítulo contiene las disposiciones de 
carácter general de las bases reguladoras de las convocatorias y que se refieren a los 
beneficiarios, las características de la financiación y sus límites. El tercer capítulo regula 
la convocatoria de ayudas para el año 2021.
Las  bases  reguladoras  de  las  ayudas  incorporan  las  previsiones,  garantías  y 
controles contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las de su 
Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, quedando sometidas 
todas las solicitudes de ayuda al régimen establecido en el artículo 62 del citado Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, relativo a las subvenciones de concurrencia no 
competitiva financiables con fondos europeos.
La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.10.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre régimen 
aduanero y arancelario y comercio exterior.
Este título, de acuerdo con una consolidada doctrina jurisprudencial, prevalece sobre 
otros títulos sectoriales específicos con los que horizontalmente se entrecruce, cuando se 
refiera a actividades directamente afectadas al establecimiento de regímenes de importación 
(entendidos como la ordenación de las condiciones de comercialización desde el exterior de 
unos productos para su entrada en el mercado nacional o intracomunitario), la regulación de 
mercados  o  la  configuración  de  instrumentos  de  una  determinada  política  comercial 
(SSTC 21/1991, 100/1991, 236/1991, 203/1992, 14/1994, 313/1994, 186/1999 o 242/1999,  s
entre  otras).  Según  esta  misma  consolidada  doctrina  jurisprudencial,  por  el  precepto  e.
constitucional recogido en el artículo 149.1.10.ª de la CE se reserva al Estado de forma  w.
íntegra y exclusiva la competencia en materia de «comercio exterior», régimen aduanero y  789ww
aranEcle Mlarinioi,s tinecrilou ydeen dInod musetdriiada, sC doem ceorcnitoro yl  eT iunrsispmecoc,i óan t r(aSvTéCs  7d6e/ 1la9 9S1e).cretaria de Estado de
Comercio, es el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la
propuesta y ejecución de la política comercial del Estado en lo que se refiere al comercio 
exterior e interior, incluido el intracomunitario.
Dado que la actividad objeto de subvención consiste en financiar a las Asociaciones 
y Federaciones de Exportadores (y a los Consejos Reguladores de las indicaciones 
geográficas en el caso de las ayudas relativas a la protección de éstas en terceros 
países), tanto los gastos ocasionados para la apertura de sus mercados de destino 
derivados  de  las  visitas  de  inspección  y  auditorias  oficiales  en  el  marco  de  las 
negociaciones oficiales entre España y las autoridades competentes de un país tercero 
con el objeto de abrir el mercado de ese país o mantenerlo abierto, incluyendo los costes 
de la obtención de otros tipos de certificaciones exigidos como requisitos obligatorios a la 
importación como los gastos jurídicos y de consultoría asociados a la defensa de los 
intereses  comerciales  españoles  y,  en  particular,  los  procedimientos  de  defensa 
comercial y la defensa de la protección de las indicaciones geográficas en terceros 
países, es clara e inequívoca su incardinación en la materia de comercio exterior, de 
competencia exclusiva del Estado.
Por otro lado, dicha competencia estatal se ejerce sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por el cual se otorga 
competencia exclusiva a la Unión Europea en materia de política comercial común.
Además,  en  cumplimiento  con  lo  dispuesto  en  el  Plan  de  Recuperación,  en  el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su 
normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la 
aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento 
relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la 
Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 
recuperación y resiliencia de España, todas las actuaciones financiadas que se lleven a 
cabo en cumplimiento de la presente Orden, deberán de respetar el llamado principio de no 
causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, 
«Do  No  Significant  Harm»).  También  se  incluye  el  cumplimiento  de  las  condiciones 
específicas previstas en el Componente 13, así como en la Inversión 5, en la que se 
enmarca, tanto en lo referido al principio DNSH, y especialmente las recogidas en los 
apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan.
Desde el punto de vista de ayudas de Estado, teniendo en cuenta que se trata de 
una transferencia de fondos por parte del Estado a las Asociaciones y Federaciones de 
Exportadores  y  a  los  Consejos  Reguladores  de  indicaciones  geográficas,  como 
beneficiarias de las ayudas reguladas por esta orden, no constituiría ayuda de Estado en 
los términos previstos en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), dado que dichas entidades no realizan actividad económica en 
un mercado en competencia.
Esta norma se adecua a los principios de buena regulación a que se refiere el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Se garantizan los principios de necesidad y eficacia, 
puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que se 
persiguen, como es la apertura de mercados de terceros países al sector exportador 
español a través de sus Asociaciones y Federaciones sectoriales, o la defensa de la 
protección de las indicaciones geográficas en terceros países.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación 
imprescindible  para  lograr  su  objetivo,  imponiendo  las  mínimas  obligaciones  a  sus  s
destinatarios. oe.
Cumple el principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el derecho de la  w.
Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios de claridad y  789ww
adcet ucaecritóidnu my btroem, aq udee  fadceiclitisei osnue sc opnoor cipmaireten tod ey  lcaosm  Apsreoncisaiócino nye, s eny  Fcoendseeraccuieonnceisa , dlea 
Exportadores, así como de los Consejos Reguladores de las indicaciones geográficas
Por lo demás, la norma es coherente con el principio de eficiencia, al asegurar la 
máxima eficacia de sus postulados para garantizar que las ayudas lleguen de una 
manera ágil a todos los beneficiarios, incorporando en su seno la propia convocatoria. En 
cuanto al principio de transparencia, esta norma establece unos criterios de evaluación 
de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos previamente y garantiza una 
amplia participación a sus potenciales destinatarios en su elaboración.
En la elaboración de la presente orden han emitido informe sobre la misma el 
Servicio Jurídico y la Intervención Delegada en el Departamento, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
En su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I
Artículo 1.  Objeto de la norma y finalidad de las ayudas.
1.  Esta orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de las ayudas, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para la apertura de mercados, destinadas a las 
Asociaciones  y  Federaciones  de  exportadores  reconocidas  como  entidades 
colaboradoras  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Comercio  de  acuerdo  con  la 
Orden  ITC/3690/2005,  de  22  de  noviembre,  por  la  que  se  regula  el  régimen  de 
colaboración  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  las  Asociaciones  y 
Federaciones de Exportadores, así como para gastos de defensa jurídica a los Consejos 
Reguladores  de  Indicaciones  Geográficas  Protegidas  y  Denominaciones  de  Origen 
Protegidas  (en  adelante,  indicaciones  geográficas),  y  proceder  a  la  convocatoria 
correspondiente a 2021.
2.  Las ayudas se dividen en dos líneas, con la siguiente finalidad:
a)  Línea  Exportadores:  en  el  caso  de  las  Asociaciones  y  Federaciones  de 
exportadores, la finalidad de estas ayudas será facilitarles el acceso a nuevos mercados 
financiando los costes asociados a las siguientes actuaciones:
1.º  Visitas de inspección y auditorías oficiales realizadas por las autoridades de 
países  terceros  con  el  fin  de  lograr  el  reconocimiento  o  equivalencia  de  los 
establecimientos de los operadores conforme a requisitos sanitarios o fitosanitarios.
2.º  Obtención de certificaciones obligatorias exigidas a los productos españoles 
como requisitos de importación o comercialización adoptados por países terceros.
3.º  Consultoría y defensa jurídica relacionados con la defensa de los intereses 
comerciales del sector exportador que limitan su capacidad exportadora y, en particular, 
aquellos involucrados en procedimientos de defensa comercial.
b)  Línea Indicaciones Geográficas: En el caso de los Consejos Reguladores de 
indicaciones geográficas, la finalidad de las ayudas es apoyar actuaciones de consultoría 
y  defensa  jurídica  para  la  protección  de  las  indicaciones  geográficas  en  terceros 
mercados donde la Unión Europea tenga suscritos acuerdos para la protección de las 
indicaciones geográficas.
3.  Las ayudas que se financien con arreglo a esta orden se enmarcan en el 
proyecto Programa de apertura y consolidación de mercados, código C13.I5.8, en la 
Inversión 5, Internacionalización, del Componente 13, Impulso a la Pyme, del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Plan de Recuperación) del  e.
Gobierno de España, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos asociados a la  w.b
misma, de acuerdo con la normativa reguladora del mecanismo de recuperación y  789ww
resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional.
CAPÍTULO II
Bases reguladoras
Artículo 2.  Procedimiento de concesión.
1.  El procedimiento de concesión se tramitará, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en régimen de concurrencia no 
competitiva,  y  se  iniciará  de  oficio  mediante  convocatorias  públicas,  que  serán 
aprobadas por la Secretaria de Estado de Comercio.
2.  En  todo  lo  que  sea  compatible  con  el  procedimiento  de  concurrencia  no 
competitiva,  será  aplicable  lo  establecido  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre, 
General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones.
3.  La  convocatoria  se  publicará  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones (BDNS) y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.
Artículo 3.  Beneficiarios.
Podrán acogerse a las ayudas establecidas en esta orden:
a)  Las Asociaciones y Federaciones de Exportadores reconocidas como entidades 
colaboradoras  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Comercio  en  virtud  de  la 
Orden  ITC/3690/2005,  de  22  de  noviembre,  por  la  que  se  regula  el  régimen  de 
colaboración  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  las  Asociaciones  y 
Federaciones de Exportadores, en relación con la Línea Exportadores.
b)  Los Consejos Reguladores o Entidades de Gestión de las denominaciones de 
origen o indicaciones geográficas, en relación con la Línea Indicaciones Geográficas
Artículo 4.  Requisitos de los beneficiarios.
Las entidades beneficiarias deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a)  Asumir frente a la entidad convocante, la totalidad de derechos y obligaciones 
inherentes  a  la  condición  de  beneficiario,  derivada  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones, y del Reglamento que la desarrolla, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
b)  Cumplir con lo estipulado en estas bases reguladoras.
c)  No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades en las que concurra 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/20023, de 17 de 
noviembre.
d)  No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades que tengan deudas por 
reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, o estén sujetas a una orden de 
recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya 
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común. s
Artículo 5.  Obligaciones de los beneficiarios.
Con carácter general, son obligaciones de cada entidad beneficiaria las señaladas en 
el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adicionalmente y en particular, 
las siguientes:
a)  En el caso de no poder realizar el proyecto para el cual se concedió la ayuda, 
comunicar la renuncia al expediente solicitado en el momento en que se produzca la 
certeza de la no ejecución y, en todo caso, siempre con anterioridad al vencimiento del 
plazo de ejecución concedido para el proyecto, procediendo a la devolución voluntaria 
conforme con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y abonando los 
intereses de demora calculados de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b)  Cumplir con cualquier otra obligación que se establezca en las convocatorias o 
las ordenes de concesión.
c)  En  cumplimiento  con  lo  dispuesto  en  el  Plan  de  Recuperación,  en  el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su 
normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la 
aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento 
relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la 
Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 
recuperación y resiliencia de España, todas las actuaciones financiadas que se llevarán a 
cabo en cumplimiento de la presente orden, deben de respetar el llamado principio de no 
causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, 
«Do No Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas 
previstas en el Componente 13, así como en la Inversión 5, en la que se enmarca, tanto en 
lo referido al principio DNSH, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del 
documento del Componente del Plan.
d)  Conservar los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco años 
(tres años si la financiación no supera 60.000 euros) a partir de la operación, de acuerdo con el 
artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la 
Unión,  por  el  que  se  modifican  los  Reglamentos  (UE)  número  1296/2013,  (UE) 
número  1301/2013,  (UE)  número  1303/2013,  (UE)  número  1304/2013,  (UE) 
número 1309/2013, (UE) número 1316/2013, (UE) número 223/2014 y (UE) número 283/2014 
y la Decisión número 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) 
número 966/2012.
e)  Comunicar la obtención, en su caso, de ayudas que hayan solicitado o percibido 
con  cargo  a  otros  programas  e  instrumentos  de  la  Unión  Europea  o  de  otras 
Administraciones públicas o entidades para la misma finalidad y objeto, tanto en el 
momento de presentación de la solicitud como durante la tramitación del procedimiento.
Artículo 6.  Gastos subvencionables.
1.  Los potenciales beneficiarios deberán presentar solicitud de ayuda, que podrá 
englobar uno o varios de los gastos indicados a continuación:
a)  Transporte y traslado del equipo técnico o representantes institucionales del país  e.
importador que se desplacen a España con motivo de un proceso de apertura de  w.b
mercado. Estos gastos incluyen billetes de avión, tren, transporte público y privado. 789ww
totalb d) el Avlioajjaem dieeln etoq,u impoa ntéuctenniccoió on  rye pvriáetsiceonsta, netne ss uin sctaitsuoc,i ocnoarrleess.pondientes a la duración
cd))   SOerggaunroizsa dceió nvi ayj eg.estión de las reuniones que se realicen durante el viaje.
e)  Contratación de intérpretes o traductores.
f)  Obtención  de  certificaciones  obligatorias  para  la  importación  de  productos 
españoles exigidas por los países terceros.
g)  Gastos derivados de la contratación de servicios de asistencia jurídica para la 
defensa de los intereses comerciales españoles y en particular ante la aplicación de 
medidas de defensa comercial adoptadas por terceros países; se incluyen, en relación 
con las ayudas mencionadas en el artículo 1.2.b) los gastos para la defensa de la 
protección de las indicaciones geográficas en aquellos mercados terceros donde la 
Unión  Europea  tenga  suscritos  acuerdos  para  la  protección  de  las  indicaciones 
geográficas tanto en sede administrativa como judicial.
2.  No  se  subvencionará  ningún  otro  gasto  distinto  de  los  mencionados  en  el 
apartado  anterior.  En  ningún  caso  serán  gastos  subvencionables  los  impuestos 
indirectos.
3.  No serán subvencionables aquellos proyectos que no respeten plenamente las 
normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el 
principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio 
de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. Se excluyen de la financiación 
en la medida en que resulten aplicables a los conceptos en que se realice el gasto al que 
se destinan las presentes ayudas:
a)  Las inversiones relacionadas con combustibles fósiles (incluido el uso posterior).
b)  Las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión 
(ETS)  con  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  proyectadas  que  no  sean 
sustancialmente inferiores a los valores de referencia establecidos para la asignación 
gratuita.
c)  Las  inversiones  en  instalaciones  de  vertederos  de  residuos,  en  plantas  de 
tratamiento biológico mecánico (MBT) e incineradoras para el tratamiento de residuos.
d)  Las actividades en las que la eliminación a largo plazo de desechos puede 
causar daños a largo plazo al medio ambiente (por ejemplo, desechos nucleares).
Asimismo,  se  exigirá  que  solo  puedan  seleccionarse  aquellas  actividades  que 
cumplan con la legislación medioambiental nacional y europea pertinente.
4.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, y en el artículo 37 
del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación correspondiente a 
estas ayudas estará vinculada al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de 
Recuperación, así como a la estimación de costes vinculada al mismo.
5.  Los gastos subvencionables deberán referirse a las actividades realizadas de 
acuerdo con lo que establezca la correspondiente convocatoria.
Artículo 7.  Características y límites de las ayudas a conceder.
1.  Las ayudas se imputarán a la aplicación presupuestaria correspondiente del 
programa 20.50.430A.440 Ayudas para la Apertura de Mercados de los Presupuestos del 
Estado procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia en cada ejercicio 
presupuestario.
2.  La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito  e.
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión. w.b
3.  Los fondos asignados podrán destinarse a financiar hasta el 85 por ciento de la  789ww
ccuoann utína  lítmotiatel  dmeá lxoims og adseto 1s0 r0e.a0l0iz0a eduorso sc opnosri gbneandeofisc iaernio e el na rctíacdualo c 6o ndveo claa tporreias.ente orden,
4.  Las actuaciones asociadas al período establecido que no hayan sido objeto de 
financiación podrán ser susceptibles de financiación en convocatorias subsiguientes 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en las mismas.
Artículo 8.  Régimen de garantías.
No será preciso constituir ninguna garantía por los beneficiarios.
Artículo 9.  Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento de concesión 
y órgano responsable del seguimiento.
1.  Será competente para resolver la concesión de las ayudas reguladas en esta 
orden, la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, sin perjuicio de las delegaciones vigentes sobre la materia.
2.  El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión 
será  la  Subdirección  General  de  Inspección,  Certificación  y  Asistencia  Técnica  del 
Comercio Exterior respecto a la Línea Exportadores, y la Subdirección General de 
Comercio Internacional de Mercancías respecto a la Línea Indicaciones Geográficas, 
ambas pertenecientes a la Dirección General de Política Comercial, integrada en la 
Secretaría de Estado de Comercio.
3.  La Dirección General de Política Comercial, a través de dichas Subdirecciones 
Generales será el órgano responsable del seguimiento de las actuaciones financiadas a 
través de las dos líneas de ayudas.
4.  Con carácter general y de acuerdo con las normas establecidas para la prevención 
del  fraude,  todas  las  personas  que  intervengan  en  el  procedimiento  de  selección  de 
beneficiarios y verificación del cumplimiento de condiciones reforzarán su implicación en este 
objetivo  a  través  de  una  declaración  de  ausencia  de  conflicto  de  intereses, 
comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación 
respecto de la declaración original, motivo que les impedirá participar en el procedimiento.
Artículo 10.  Tramitación electrónica.
1.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento. La 
presentación de las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible, 
relativa  a  los  proyectos  que  concurran  a  estas  ayudas  deberá  realizarse  en  el 
registro  electrónico  del  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  (https://
sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico).
2.  El solicitante podrá acceder con el certificado con el que presentó la solicitud, a 
la  sede  electrónica  del  Ministerio  (https://sede.serviciosmin.gob.es)  donde  podrá 
consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
3.  La  práctica  de  notificaciones  electrónicas  se  ajustará  a  lo  previsto  en  el 
artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4.  La publicación de las resoluciones de desestimación, de concesión y demás 
actos del procedimiento tendrán lugar en la sede electrónica del Ministerio (https://
sede.serviciosmin.gob.es) y surtirá todos los efectos de la notificación practicada según 
lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5.  En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las  s
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de  oe.
notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 43 de la  w.
Ley 39/2015, de 1 de octubre. 789ww
elec6tr.ó nLicooss  foar mcuulmarpiolism, elnatsa r deecnl arlaacsi ondeifes rernetsepso nfsaasbelse s dye l lopsr ocdeedmimásie ndtoo,c uemsetanrtáons 
pdrisopcoendiab.les en la sede electrónica y deberán ser obligatoriamente utilizados cuando  BOE-A-cable e
7.  En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación 
administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada  documentación,  dichas  declaraciones  deberán  presentarse  en  formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
8.  Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren 
en poder del órgano competente para la concesión, de conformidad con lo previsto por el 
artículo 28.3 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiéndose cumplimentar 
específicamente en el cuestionario de solicitud en qué momento y ante qué órgano 
administrativo presentó los citados documentos, para lo cual indicará el número del 
expediente que le fue comunicado entonces, siempre que no hayan transcurrido más de 
cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
En cumplimiento del Reglamento (UE) número 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, se solicitará el consentimiento expreso para 
el tratamiento por parte del ministerio de los datos incluidos en el cuestionario por el 
beneficiario. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento o 
cuando el interesado manifestará la negativa para la consulta de sus datos de carácter 
personal, el órgano competente requerirá al solicitante su presentación, o, en su defecto, 
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
Artículo 11.  Representación.
1.  Las  personas  físicas  que  realicen  la  firma  o  la  presentación  electrónica  de 
documentos en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias, deberán 
ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos 
en el artículo 5 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2.  El firmante de la solicitud deberá acreditar que en el momento de la presentación 
de la misma ostenta poder bastante en derecho para actuar en nombre y representación 
de  la  persona  jurídica  solicitante.  El  incumplimiento  de  esta  obligación,  de  no 
subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 12.  Plazo de presentación de solicitudes.
1.  Las solicitudes de ayuda podrán presentarse en el plazo máximo indicado en la 
correspondiente convocatoria a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» del extracto de la misma.
2.  Las  solicitudes  presentadas  fuera  del  plazo  establecido  darán  lugar  a  su 
inadmisión.
Artículo 13.  Formalización y presentación de solicitudes.
1.  Las solicitudes para la obtención de ayuda se dirigirán a la Dirección General de 
Política  Comercial,  cuyo  formulario  de  solicitud  estará  disponible  para  su 
cumplimentación y presentación en el Portal de Ayudas del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo (https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas).
2.  Cada solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a)  Formulario de solicitud de financiación y cuestionario electrónico: Fichero firmado  e.
electrónicamente  cumplimentado  necesariamente  con  los  medios  electrónicos  w.b
disponibles en el Portal de Ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  789ww
(httpbs): //wDwawto.sm iindceonttuifri.cgaotbiv.oess /Pdoer talalA yAusdoacsia).ción o Federación (nombre o razón social,
Ny úpmágeirnoa  dWe eIbd,e snit ihfiaca lcuigóanr )F, ios cCaol,n dsoemjoi cRileiog,u nlaúdmoer rdoes  udnea t einlédfiocnaoci óyn f agxe,o cgorárrfeicoa  eelenc etrl ócnaiscoo 
de las ayudas mencionadas en el artículo 1.2.b).
c)  Justificantes de gasto de los contemplados en el artículo 6.1 y justificantes de 
pago respecto a los apartados a) b), c), d) y e) del mismo artículo. En el caso del 
apartado a) deben consignarse los datos completos de la visita o auditoría objeto de 
ayuda, con indicación de agenda, personas, empresas y asociaciones participantes, 
fechas, itinerario y objetivos.
d)  Documentación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social de conformidad con lo previsto en el artículo 14.1.e) de la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre.  No  será  necesaria  la  presentación  de  dicha 
documentación  si  el  solicitante  no  se  opone  expresamente  a  que  sus  datos  sean 
recabados por la Secretaría de Estado de Comercio.
e)  Declaración  responsable  de  no  tener  deudas  por  reintegro  de  ayudas  o 
préstamos con la Administración, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente 
tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e 
incompatible con el mercado común.
f)  Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones a 
las  que  se  refiere  el  artículo  13.2  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
g)  En su caso, detalle de otras ayudas percibidas que hayan financiado alguno de 
estos gastos, con indicación de su importe y su procedencia.
h)  Los beneficiarios que estén exentos de IVA deberán presentar un certificado 
emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria que así lo acredite.
3.  Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado para que, en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al de 
recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud previa 
resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  Toda la documentación justificativa de la realización de las actividades se deberá 
presentar por vía electrónica y con firma electrónica, de acuerdo con lo establecido en la 
Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en la justificación de las subvenciones.
5.  La  presentación  electrónica  no  exime  a  los  beneficiarios  de  conservar  los 
originales  de  los  justificantes  de  gasto  y  pago,  por  si  les  fueran  requeridos 
posteriormente por el órgano instructor y responsable del seguimiento o, al realizar las 
actividades  de  control  legalmente  previstas,  por  la  Intervención  General  de  la 
Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas.
Artículo 14.  Incompatibilidad de las ayudas.
1.  El importe de la financiación a conceder según estas bases reguladoras será de 
un  máximo  del  85  por  ciento  sobre  el  presupuesto  del  proyecto  que  haya  sido 
considerado financiable, pudiendo ser cofinanciado en el resto.
2.  La percepción de las ayudas previstas en esta orden será compatible con la de 
cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, pudieran establecer otras 
administraciones  públicas  u  otros  entes  públicos  o  privados,  nacionales  o 
internacionales, siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste y siempre que la 
suma de todas las ayudas no supere el coste total de la actividad subvencionada. Por  e
otro lado, las ayudas previstas en esta orden serán compatibles con otras ayudas  bo
procedentes de fondos de la Unión Europea de acuerdo con lo indicado en el artículo 9  789ww
dfeebl rRereog dlaem 2e0n2to1 , (sUieEm) npúrem qeuroe  2d0ic2h1a/s2 4a1y uddeal sP naorl acmubernatno  eEl umroispmeoo  yc odsetel .Consejo, de 12 de
Artículo 15.  Criterios de asignación de las solicitudes.
La asignación de ayudas en las dos líneas reguladas por esta orden no requerirá de 
valoración comparativa entre las propuestas. Se concederán por el importe solicitado con 
los limites previstos en el artículo 7.3 en orden correlativo de presentación de solicitudes, 
una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la situación o actuación 
subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento 
del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.
Artículo 16.  Instrucción del procedimiento.
1.  El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales debe formularse cada propuesta de resolución.
2.  Una vez evaluada una solicitud o un grupo de solicitudes, el órgano instructor 
formulará  la  propuesta  de  resolución  provisional,  debidamente  motivada,  que  se 
notificará a los interesados para que en el plazo de diez días hábiles formulen las 
alegaciones que estimen convenientes.
De acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, el órgano 
instructor reforzará su implicación en este objetivo a través de una declaración de 
ausencia de conflicto de intereses.
3.  Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el órgano 
de instrucción formulará cada propuesta de resolución definitiva de la subvención, que 
deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la 
concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de 
valoración seguidos para efectuarla.
Cada propuesta de resolución definitiva será notificada a los interesados que hayan 
sido  propuestos  como  beneficiarios  para  que,  en  el  plazo  de  diez  días  hábiles, 
comuniquen su aceptación o renuncia a la financiación propuesta. El órgano instructor la 
elevará como propuesta de resolución definitiva al órgano concedente, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 22.1 y 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno en 
favor de los beneficiarios propuestos.
Artículo 17.  Resolución.
1.  En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  10  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, el órgano competente para resolver el procedimiento será la persona titular 
de la Secretaría de Estado de Comercio, sin perjuicio de las delegaciones vigentes en la 
materia, en un plazo de quince días hábiles desde la fecha de elevación de la propuesta 
de resolución, de conformidad con el artículo 63 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y con el 
artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que dictará la resolución definitiva de 
adjudicación de las ayudas, resolviendo de este modo el procedimiento.
2.  Conforme a lo previsto en el artículo 62 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, se podrán dictar las resoluciones de concesión por orden correlativo de 
presentación de solicitudes hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en 
la convocatoria.
3.  La notificación a los interesados de la resolución definitiva tendrá lugar en el  s
plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se dictó la  oe.
resolución, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de  w.
porcotuc4be.rd eim.Laiesn top rdoep uceosntcaess iódne  dere asyouludcaió sne  ppurobvlicisaioránna le ny  eld peofirntiatilv dae  ay yulad asre dseoll uMciinóins tedrieol   2021-16789n https://ww
de Industria, Comercio y Turismo. Adicionalmente, cada beneficiario recibirá aviso de
tales publicaciones mediante correo electrónico, según los datos consignados en el 
formulario de solicitud.
5.  La  resolución  de  concesión  se  remitirá  a  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones para su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del 
Reglamento de subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y el 
Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
6.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no 
podrá exceder de seis meses contados desde la publicación de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».
7.  Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y publicado 
resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin que ello exima de 
la obligación legal de resolver.
Artículo 18.  Pago.
El pago de la subvención se realizará por el total de la ayuda concedida, tras la 
notificación de la concesión de la subvención.
Artículo 19.  Financiación y presupuesto.
La financiación y el pago de la ayuda se efectuará con cargo al crédito disponible en 
la aplicación presupuestaria 20.50.430A.440 Ayudas para la Apertura de Mercados o su 
equivalente en los Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio, estando 
condicionada la concesión de las subvenciones a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el momento de la concesión.
Artículo 20.  Modificación de la resolución de concesión.
1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2.  Las circunstancias específicas que pueden dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión son:
a)  Causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud, y 
que no fuesen previsibles con anterioridad.
b)  Necesidad  de  ajustar  la  actividad  a  especificaciones  técnicas,  de  salud, 
medioambientales,  urbanísticas,  de  seguridad  o  de  accesibilidad  aprobadas  con 
posterioridad a la adjudicación de la ayuda.
c)  La modificación del desglose del importe total subvencionado de las distintas 
categorías de gastos, siempre y cuando sea presupuestariamente posible y no suponga 
incremento de la cuantía inicialmente concedida y esté debidamente motivada.
3.  En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, los 
objetivos  perseguidos  con  la  ayuda  concedida,  ni  alterar  la  actividad,  programa, 
actuación  o  comportamiento  para  los  que  se  concedió,  ni  elevar  la  cuantía  de  la 
subvención obtenida que figura en la resolución de concesión, ni prorrogar el plazo de 
ejecución de los proyectos. La variación tampoco podrá afectar a aquellos aspectos 
propuestos u ofertados por el beneficiario que fueron razón de su concreto otorgamiento. e
4.  Cualquier modificación requerirá la previa solicitud del interesado. El plazo para  bo
la presentación de solicitudes concluirá quince días hábiles antes de que finalice el plazo  789ww
eddexeenps  reeeesjles tiacmpu placaotizóoron rie  old. dóeer  glaoqnsuo in gcqaeus eto ddsíia csitnó i chliaaá lbrmeileesosn.ltu ec Eipól rne svdeiesn ttocidsoo n yc eddseieló bnse,i rlnáeo ntcsifieoicr  áanacddeompsitena idsatalr  aintditveeo re fossraemdráoa    OE-A-2021-16able en https://
5.  La  sustitución  de  elementos  del  presupuesto  financiable  por  otros  con 
funcionalidad  y  objetivo  equivalente  no  requerirá  la  solicitud  de  modificación  de  la 
resolución de concesión, siempre que se cumplan las condiciones que se especifican:
a)  En  el  caso  de  gastos  relacionados  con  la  implementación  de  soluciones 
tecnológicas y sostenibles, las sustituidas deberán desempeñar la misma función dentro 
del proyecto, pudiendo diferir las características técnicas.
b)  En  el  caso  de  colaboraciones  externas,  podrá  sustituirse  el  colaborador 
inicialmente previsto por otro, siempre y cuando las actividades en las que colabore sean 
las originales, y el nuevo colaborador tenga capacidad de acometerlas.
c)  En todos los casos, el importe financiable de la categoría de gasto considerado 
debe permanecer igual que en la resolución de concesión. Además, deberán justificarse 
las  sustituciones  efectuadas  en  la  documentación  justificativa  que  se  exige  en  el 
artículo 18.
6.  La solicitud de modificación de concesión se realizará siguiendo las instrucciones 
de la Guía de Procedimiento que se encontrará disponible en el Portal de Ayudas del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas).
7.  Si como resultado de la modificación de concesión se tuviera un exceso de 
ayuda  concedida,  se  procederá  de  manera  inmediata  a  iniciar  el  procedimiento  de 
reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago 
hasta la fecha en que se acuerde el reintegro, por importe del citado exceso.
Artículo 21.  Publicidad.
Los beneficiarios de la ayuda deberán cumplir con las siguientes obligaciones en 
materia de publicidad e información:
a)  Las relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
conforme con la normativa europea y nacional que resulte aplicable. En particular, y en 
defecto de que se apruebe una previsión más específica al respecto por orden del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, en las medidas de información y comunicación 
de  las  actuaciones  que  desarrollan  las  inversiones  (carteles  informativos,  placas, 
publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e 
inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes logos:
1.º  El emblema de la Unión Europea,
2.º  junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión 
Europea-Next Generation EU»;
3.º  se  tendrán  en  cuenta  las  normas  gráficas  y  los  colores  normalizados 
establecidos en el Anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) número 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de 
transferencia  y  gestión  de  las  contribuciones  del  programa,  la  presentación  de 
información  sobre  los  instrumentos  financieros,  las  características  técnicas  de  las 
medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro 
y el almacenamiento de datos. También se puede consultar la siguiente página web: 
http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del 
emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.
b)  Las establecidas en artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En este  o
adTsereutnbrícitesEiudmrllá ooion ,  .5citno6ucd.mclua)pi  rldri emeqf eiulearene  Ltnohec ayida ne 3 e 8esn/si2 dtc0aou0  oa3fbli,qn liudgaieane ccr1 ii7móa nded adsesei o n  cpodoovenrie  sdmeiidflbu ersrMeaió,ir nnáyi  s issntoeefrbr aisrocae cn dlicaóeisno   niIlnenavvdreáeur  sdsctioeroin ana ,euc sunC eaaor pmdmrooeu brcltcoaaiond f  aiejasyl     OE-A-2021-16789able en https://www.
en los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley. Asimismo, podrá ser causa de
reintegro de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  y  el  artículo  93  de  su  Reglamento  de  desarrollo,  aprobado  por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
c)  Toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas 
deberá usar como medio de difusión el logo del Plan de Recuperación, «España Puede».
d)  En  caso  de  cofinanciación  por  otra  administración,  tal  circunstancia  deberá 
reflejarse en la publicidad del proyecto.
Artículo 22.  Control de la ayuda.
1.  El órgano concedente de la subvención aplicará medidas dirigidas a prevenir, 
detectar, comunicar y corregir el fraude, la corrupción y la doble financiación.
2.  Tanto en la fase de concesión de las ayudas como en la de pago de las mismas 
o con posterioridad a éste, el órgano concedente, así como los órganos de control 
competentes, podrán realizar todos aquellos controles e inspecciones que consideren 
convenientes, con el objeto de asegurar el buen fin de la ayuda concedida, estando los 
solicitantes  obligados  a  prestar  colaboración  y  proporcionar  cualquier  otra 
documentación  e  información  que  se  estime  necesaria  para  la  verificación  del 
cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente orden.
Asimismo,  los  beneficiarios  se  comprometen  a  facilitar  las  inspecciones  y 
comprobaciones  que,  en  su  caso,  se  efectúen  por  las  autoridades  nacionales 
competentes, así como por la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea. La oposición a la 
realización de estas comprobaciones e inspecciones podrá constituir causa de reintegro 
de  la  ayuda,  sin  perjuicio  de  la  tramitación  del  correspondiente  procedimiento 
sancionador.
3.  La  Administración  y  cuantos  órganos  se  contemplan  en  el  artículo  22  del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero 
de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tendrán la 
posibilidad de acceso a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales o 
al acceso a otras bases de datos de la administración que puedan suministrar dichos 
datos.
4.  A efectos de información y control de estas ayudas, se cederá la información 
entre los sistemas establecidos para la gestión y control de estas subvenciones con los 
Sistemas de los Fondos Europeos
Artículo 23.  Incumplimientos, reintegros y sanciones.
1.  El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y en las demás 
normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la 
correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la 
ayuda o, en su caso, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de 
devolver la ayuda percibida más los intereses de demora correspondientes, en el momento 
de  detectarse  el  incumplimiento,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  77  de  la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2.  Serán causa de reintegro las previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.
3.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  2021  y  el  artículo  37  del  es
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en caso de no realizarse el gasto o en  bo
caso  de  incumplimiento  total  o  parcial  de  los  objetivos  previstos  a  resultas  de  las  789ww
breaeencgtn uuteoalafdcicroiáoi a cnrpaeiaosssro   dO,d eser debce eaonrjmá udnspet ra orlerabái an pactee iólgrasnrsao  yrnp  arlcoe otsvitn iusftoilroaonnrld  edrosees al c lrMoieznacintidebisanidtsiedo rapsio .o e rEdn ele  l lop Hsróoa raccgreiaetdínnciomdu aloige seyn  st4Fot0ou  rdn,y ec ls aióirsgen ui enPienteúntigbtderlaioscd  ades eesy     OE-A-2021-16able en https://
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público, resultando de aplicación lo previsto en la Ley General Presupuestaria.
5.  El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la 
causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la ayuda 
afectada. Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado 
podrá presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes, en un plazo de 
quince días hábiles desde dicha notificación.
6.  Corresponderá  dictar  la  resolución  del  expediente  al  órgano  concedente, 
debiendo ser notificada al interesado en un plazo máximo de doce meses desde la fecha 
del  acuerdo  de  iniciación.  La  resolución  indicará  quién  es  la  persona  obligada  al 
reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa del procedimiento entre las previstas en 
el apartado segundo de este artículo y el importe a reintegrar junto a los intereses de 
demora.
7.  De conformidad con el artículo 90 del Reglamento por el que se desarrolla la Ley 
General  de  Subvenciones,  se  entiende  por  devolución  voluntaria  aquella  que  es 
realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración.
Para poder realizar el ingreso correspondiente, será de aplicación lo establecido en 
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se 
aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del 
Estado, modificada por la Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo.
El interesado deberá informar de su intención de practicar una devolución voluntaria 
y su importe al servicio gestor concedente, y esperar la recepción del correspondiente 
documento de ingreso 069, para hacer efectivo el pago.
Artículo 24.  Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
1.  El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de los gastos financiables, o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro de la ayuda percibida más los intereses de demora desde el momento del pago 
hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.
2.  Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se 
tendrá en cuenta el siguiente criterio:
a)  El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de la inversión financiable, o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro  del  pago  anticipado  más  los  intereses  de  demora,  en  el  porcentaje 
correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.
b)  A  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  se  considerará 
incumplimiento total el equivalente a un porcentaje inferior al 60 por ciento de realización 
de la inversión financiable, y cumplimiento aproximado de modo significativo al total el 
equivalente a un 60 por ciento o superior.
Para el cálculo del anterior porcentaje, se entiende como inversión no realizada la que 
no esté acreditada documentalmente, la que acredite conceptos no financiables, la que no 
respete el desglose de partidas de la resolución de concesión, y la no facturada o pagada.
3.  En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos:
a)  El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el  e.
beneficiario que hayan servido de base para la concesión. w.b
b)  Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida. 789ww
desacr)r olLloa  dneo l ai nascctirvipidcaiódn f ineann cloiasd are.gistros oficiales exigidos por la legislación para el
Artículo 25.  Protección de datos.
1.  Los datos de carácter personal que consten en la documentación aportada en la 
solicitud de ayuda serán tratados por la Secretaría de Estado de Comercio y será 
responsable del tratamiento de los mismos.
2.  Dichos  datos  serán  tratados  a  los  únicos  efectos  del  procedimiento  de 
tramitación y resolución de la convocatoria de ayudas referida en el Capítulo II, finalidad 
basada en el interés público de la convocatoria y en su solicitud de participación en ella. 
La cesión de información a otros sistemas y el Sistema de Fondos Europeos sólo se 
podrá realizar de conformidad con las previsiones contenidas en la normativa europea y 
nacional aplicable.
3.  El  tratamiento  de  los  datos  de  los  solicitantes  se  regirá  de  acuerdo  a  la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
4.  Los responsables del tratamiento conservarán los datos comprometiéndose a su 
utilización por el tiempo necesario exclusivamente para el fin de la concesión de las 
ayudas y la auditoría y el control posterior de las mismas.
5.  Los interesados podrán ejercer, en los términos establecidos por la legislación 
vigente, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar 
que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, o solicitar la 
portabilidad de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito a los responsables del 
tratamiento a través de los correos electrónicos DBP@mincotur.es.
6.  Asimismo,  podrán  ponerse  en  contacto  con  los  respectivos  Delegados  de 
Protección de Datos en la dirección DPB@MINCOTUR.ES, o, en su caso, presentar una 
reclamación  ante  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  u  otra  autoridad 
competente.
CAPÍTULO III
Convocatoria de ayudas para el ejercicio 2021
Artículo 26.  Objeto de la convocatoria, condiciones y finalidad de la concesión.
1.  Se convocan ayudas para el año 2021, en los términos establecidos en las bases 
reguladoras incluidas en el Capítulo II de esta orden, destinadas a la realización de 
actuaciones dentro de los procesos oficiales de apertura de mercados exteriores a las 
que podrán optar las Asociaciones y Federaciones de Exportadores, así como a los 
Consejos Reguladores de indicaciones geográficas.
2.  Las ayudas se dividen en dos líneas con la siguiente finalidad:
a)  En  la  Línea  Exportadores:  facilitar  a  las  Asociaciones  y  Federaciones  de 
exportadores el acceso a nuevos mercados financiando los costes asociados a las 
actuaciones previstas en el artículo 1.2.a) de esta Orden.
b)  En la Línea Indicaciones Geográficas: fomentar la protección y defensa a los 
Consejos Reguladores de las Indicaciones geográficas cuando su protección en terceros 
países en los que la Unión Europea tenga suscritos acuerdos para la protección de  s
dichas indicaciones geográficas se vea usurpada, conforme a las actuaciones descritas  oe.
en el artículo 1.2.b). w.
Com3p. onLean tec o1n3v,o cImatpourilas o sae  lae nPmyamrcea,  deenl  Pllaa n Indvee rRsieócnu p5e,r acIniótenr,n ayc icoonnatlriizbaucirióán ,a  dloesl 
odbej ereticvuopse arasocicóiand yo rse asi lliae nmciiasm y ad,e dl eP laacnu deerd Ro eccounp elar ancoiórmn aat inviav erle eguurlaodpoeroa y d neal cmioencaaln.ismo
4.  El pago de la ayuda no tendrá el carácter de anticipado y alcanzará el 85 por 
ciento del importe total de la ayuda solicitada, con un límite máximo de 100.000 euros 
por beneficiario.
Artículo 27.  Financiación.
1.  El presupuesto asignado a la presente convocatoria asciende a 500.000 euros 
con cargo a la partida presupuestaria 20.50.430A.440.
2.  Esta  convocatoria  está  financiada  por  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la 
COVID-19, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 12 de febrero de 2021.
3.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, y en el artículo 37.5 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la 
financiación correspondiente a estas ayudas estará vinculada al cumplimiento de los 
objetivos previstos en el Plan de Recuperación, así como a la estimación de costes 
vinculada al mismo.
Artículo 28.  Procedimiento de concesión de las ayudas.
El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia no competitiva, 
entre las solicitudes presentadas por los potenciales beneficiarios establecidos en el 
artículo  3,  conforme  a  los  principios  de  publicidad,  transparencia,  igualdad  y  no 
discriminación
Se  podrán  dictar  las  resoluciones  de  concesión  por  orden  de  presentación  de 
solicitudes, tal y como dicta el artículo 62.1 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.
Los  criterios  para  la  valoración  de  las  solicitudes  serán  los  señalados  en  el 
artículo 15 de la presente orden.
Artículo 29.  Requisitos para solicitar la ayuda y forma de acreditarlos.
En cuanto a los requisitos para solicitar la ayuda y la forma de acreditarlos se estará 
a lo dispuesto en los artículos 4 y 13 de esta orden.
Artículo 30.  Obligaciones de los beneficiarios.
1.  Las entidades beneficiarias habrán de cumplir con las obligaciones a que se 
refiere el artículo 5 de esta orden.
2.  Las  entidades  beneficiarias  deberán  cumplir,  además,  con  las  obligaciones, 
europeas y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a)  Someterse a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud 
del  artículo  22.2.e)  del  Reglamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo de 12 de febrero.
b)  Recabar,  a  efectos  de  auditoría  y  control  del  uso  de  fondos  y  en  formato 
electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del  es
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero.  bo
Dichos datos serán incorporados en una base de datos única. 789ww
daect ucdcoa))nc  isoeSDnceeeursbác eisnóru ánbrn edv seeepsn cotcaaniobdsnlaaea bcadlecearts sum ,a ddeceeicó a nmlna.ia sfnmiaeobrasil  idqqauudee   payus eeegdl uasr ceeongn uqoimuceeie rlnsaetso  e adncte ut oaldacoi o emnjeeocsmu aec indótenos  eadlre rno illvlaaesrl    OE-A-2021-16able en https://
por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros
aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los 
indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación.
e)  Asumir el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones 
realizadas  en  el  marco  de  esta  ayuda  y  la  obligación  de  mantenimiento  de  la 
documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que 
establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa 
nacional y de la Unión Europea.
f)  Asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas 
a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de 
interés y la doble financiación.
g)  No perjudicar significativamente en la ejecución de las actuaciones subvencionables 
al  medio  ambiente  de  acuerdo  con  el  artículo  17  del  Reglamento  (UE)  2020/852  del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2019/2088.
3.  Asimismo,  deben  cumplir  con  las  obligaciones  de  información  y  publicidad 
indicadas en el artículo 21 de las bases reguladoras.
Artículo 31.  Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
En  lo  relativo  a  los  órganos  competentes  para  la  instrucción  y  resolución  del 
procedimiento se estará a lo dispuesto en el artículo 9 de esta orden.
Artículo 32.  Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de ayudas de 2021 será 
de veinte días hábiles siguientes al día de la publicación del extracto de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 33.  Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.
Los documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición serán los 
establecidos en el artículo 13 de esta orden.
Artículo 34.  Plazo de resolución.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de esta orden.
Artículo 35.  Resolución de concesión.
Contra  la  resolución  de  concesión,  podrá  interponerse  con  carácter  potestativo 
recurso de reposición ante el propio órgano que la hubiese dictado, en el plazo de un 
mes, o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, 
computados ambos plazos desde el día siguiente al de la notificación de la misma.
Artículo 36.  Criterios de asignación de las solicitudes.
En cuanto a los criterios de asignación de las solicitudes se estará a lo dispuesto en 
el artículo 15 de la presente Orden.
Artículo 37.  Medios de notificación y publicación. b
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Artículo 38.  Período de realización de las actuaciones subvencionables.
A las solicitudes que se presenten a esta convocatoria podrán imputarse los gastos 
devengados y pagados asociados a las actuaciones determinadas en el artículo 1.2 de la 
presente orden que se hayan realizado entre el 1 de enero y el último día de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes a que se refiere el artículo 32.
Artículo 39.  Justificación de las ayudas.
Para  justificar  la  realización  de  la  actividad  o  actuación  subvencionada  deberá 
presentarse la documentación establecida en el artículo 13.
Artículo 40.  Recursos.
1.  Los actos dictados en el procedimiento de concesión de las ayudas podrán ser 
impugnados en los casos y formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la resolución expresa, o en su caso, la desestimación presunta de la solicitud, 
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de 
reposición, ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes, o bien, 
directamente,  recurso  contencioso-administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses, 
computados desde el día siguiente al de su notificación en el caso de que haya dictado 
un acto expreso, y en el segundo caso, a partir del día siguiente a aquel en que, de 
acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto; sin perjuicio de 
cuantos otros recursos se estime oportuno deducir.
2.  La interposición de recursos de reposición deberá realizarse ante el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, a través del Registro Electrónico del mismo.
Disposición adicional única.  Régimen Jurídico Aplicable.
En  todo  lo  no  previsto  en  esta  orden  será  de  aplicación  lo  establecido  en  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de 
desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  y  demás 
disposiciones  que  resulten  de  aplicación,  y  demás  disposiciones  que  resulten  de 
aplicación.
Asimismo, resultan aplicables a estas ayudas el Reglamento (UE) 2020/2094 del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la 
COVID-19, y el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, así como el resto de normas de la Unión Europea sobre la materia y 
estatales de desarrollo o trasposición de aquellas.
Disposición final primera.  Título competencial.
La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.10.ª de la  bo
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de régimen  789ww
aduanero y arancelario; comercio exterior.
Disposición final segunda.  Salvaguarda del rango no reglamentario.
Las  disposiciones  incluidas  en  el  capítulo  III  de  la  presente  orden,  sobre  la 
convocatoria de ayudas para el ejercicio de 2021, no tienen naturaleza reglamentaria 
sino de acto administrativo.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid, 7 de octubre de 2021.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, María 
Reyes Maroto Illera.