BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 299 Viernes 13 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 99815
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
14183 Orden TED/1061/2020, de 6 de noviembre, por la que se inhabilita para 
ejercer la actividad de operador al por mayor de carburantes y combustibles 
petrolíferos a Servicios Omarpar 2014, SL.
I
El artículo 42.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, 
establece que podrán actuar como operadores al por mayor de productos petrolíferos 
exclusivamente aquellas sociedades mercantiles que cumplan las condiciones para la 
realización de la actividad que se establezcan reglamentariamente debiendo acreditar el 
cumplimiento de dichas condiciones en caso de que les sea requerido por el actual 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o por la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (en adelante CNMC).
Asimismo, dicho artículo dispone que la CNMC publicará en su página web un listado 
de operadores al por mayor de productos petrolíferos que incluirá a aquellas sociedades 
que hayan comunicado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, actual Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el ejercicio de esta actividad.
La empresa Servicios Omarpar 2014, SL, figura en el listado de operadores al por 
mayor de productos petrolíferos publicado en la página web de la CNMC.
El artículo 42 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos 
establece  que  serán  operadores  al  por  mayor  aquellos  sujetos  que  comercialicen 
productos petrolíferos para su posterior distribución al por menor. Añade, que podrán 
actuar como operadores al por mayor exclusivamente aquellas sociedades mercantiles 
que cumplan las condiciones para la realización de la actividad que se establezcan 
reglamentariamente,  entre  las  que  se  incluirá  la  suficiente  capacidad  técnica  del 
solicitante y encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Del mismo modo se manifiesta el artículo 9 del Real Decreto 2487/1994, de 23 de 
diciembre, añadiendo el artículo 10 del citado Real Decreto que:
«1.  Las  entidades  que  realicen  actividades  de  distribución  al  por  mayor  de 
carburantes  y  combustibles  petrolíferos  deberán  revestir  la  forma  de  sociedades 
mercantiles de nacionalidad española, o, en su caso, de otro Estado miembro de la 
Unión  Europea.  Para  acreditar  su  capacidad  legal  deberán  hallarse  al  día  en  el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y, en su caso, de Seguridad Social.
2.  Se considerará suficientemente acreditada la capacidad financiera cuando el 
operador  disponga  de  unos  recursos  propios  afectos  a  la  actividad  de  distribución 
mayorista de, al menos, tres millones de euros. En el caso de una sociedad de nueva 
constitución los recursos propios deberán estar íntegramente desembolsados al tiempo 
de la comunicación.
3.  Se considerará suficientemente acreditada la capacidad técnica cuando, además 
de la suficiencia de los medios técnicos disponibles, el operador cuente con experiencia  e
en la actividad de distribución de productos petrolíferos o, en caso contrario, tenga  bo
suscrito un contrato de asistencia técnica con alguna entidad que cuente con experiencia  183ww
suficCieonnt efe ecnh ae s1t9a  daect imviadyaod .d»e 2020, la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos
Combustibles perteneciente a la Dirección General de Política Energética y Minas del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, requirió a la empresa
Servicios Omarpar 2014, SL, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Estatuto 
regulador de las actividades de distribución al por mayor y de distribución al por menor 
mediante  suministros  directos  a  instalaciones  fijas  de  carburantes  y  combustibles 
petrolíferos, aprobado por el Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, que en el 
plazo  de  diez  días  a  contar  desde  la  recepción  del  citado  escrito,  acreditase  el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad al por mayor 
de carburantes y combustibles petrolíferos.
En ese escrito, se hacía saber que, en caso de no recibir comunicación alguna con la 
documentación exigida o si del examen de la misma se comprobaba el incumplimiento 
de alguna de dichas condiciones exigidas para realizar la actividad de operador al por 
mayor de carburantes y combustibles petrolíferos, se procedería a la instrucción de 
expediente de inhabilitación para ejercer la actividad de operador al por mayor de 
carburantes y combustibles petrolíferos.
Tras la notificación llevada a cabo, mediante medios electrónicos en fecha 19 de 
mayo de 2020, está fue aceptada por el interesado en fecha 29 de mayo de 2020 según 
consta en el certificado de aceptación relativo a la notificación.
Con fecha 11 de junio de 2020 la sociedad Servicios Omarpar 2014, SL, envía 
contestación  a  dicho  requerimiento,  si  bien  la  documentación  presentada  resulta 
insuficiente para acreditar, por una parte la capacidad legal, ya que el certificado emitido 
por la Agencia Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, con código 
Seguro de Verificación CSV:2WQMPS5R3QTCTJXB data de enero de 2020, y no de 
fecha actual y, por otra parte, para la acreditación de la capacidad financiera al no 
acreditar el origen de los fondos propios ni su afección a la actividad de distribución al 
por mayor de productos petrolíferos, razón por la cual con fecha 15 de junio de 2020, la 
Subdirección  General  de  Hidrocarburos  y  Nuevos  Combustibles,  envía  nuevo 
requerimiento a la sociedad con el fin de subsanar dicha documentación.
Tras la notificación llevada a cabo, mediante medios electrónicos en fecha 15 de 
junio de 2020, esta fue aceptada por el interesado en esa misma fecha según consta en 
el certificado de aceptación relativo a la notificación.
Con fecha 29 de junio de 2020 la sociedad Servicios Omarpar 2014, SL, envía 
contestación a este segundo requerimiento. Entre la documentación presentada aporta 
certificado de la Delegación Especial de Andalucía indicando estar al corriente de sus 
pagos  tributarios.  Dicho  certificado  viene  firmado  electrónicamente  (Ley  40/2015, 
artículo 43), por «María Rosario Gómez-Calero Valdés, la Jefa de Servicio de Grandes 
Empresas,  25  de  junio  de  2020.  Autenticidad  verificable  mediante  Código  Seguro 
Verificación GTPCY8483VAGJGEL en www.agenciatributaria.gob.es».
Asimismo,  aporta  cuentas  anuales  del  año  2018  presentadas  ante  el  Registro 
Mercantil junto con la Memoria de las mismas. Dichas cuentas, muestran unos fondos 
propios en el pasivo que ascienden a 3.260.075,72 euros de los cuales 3.000 euros 
corresponden  a  capital  escriturado  y  3.300.000,00  euros  a  prima  de  emisión,  no 
aportando más información al respecto.
Hecha la comprobación por parte de la Subdirección General de Hidrocarburos y 
Nuevos Combustibles a través de la página web de la Agencia Tributaria, del segundo 
certificado  tributario  mediante  el  cotejo  del  Código  Seguro  de  Verificación  CSV: 
GTPCY8483VAGJGEL enviado por la sociedad Servicios Omarpar 2014, SL, se observa 
que dicho código no existe en la base de datos de la Agencia Tributaria.
Es  por  ello,  que  con  fecha  1  de  julio  de  2020  la  Subdirección  General  de 
Hidrocarburos y Nuevos Combustibles informa de dicha situación a la Agencia Tributaria,  s
Dependencia de Inspección de Andalucía con el fin de que nos confirmen la veracidad o  oe.
no de dicho certificado. w.
Con fecha 13 de julio de 2020 se recibe contestación de la Agencia Tributaria,  183ww
dDaetloesg a«cnióon c oEnsspteac ilaal  edxeis Atenndcaialu cdíea ,c eenrt ifeicl aqduoe  asleg uinnfoo ram nao qmuber ec odnes ulalt asdoacsie dsuasd  bSaesrevisc idoes 
Omarpar 2014, SL, con el Código Seguro de Verificación CSV: GTPCY8483VAGJGEL».
En cuanto a la acreditación de la capacidad financiera no se indica la procedencia de 
la partida de los fondos propios correspondientes a la prima de emisión y que ascienden 
a 3.300.000 euros. Dicha contrapartida en el activo figura en el inmovilizado intangible de 
la empresa que asciende a un valor de 3.303.173,53 euros el cual no viene especificado 
ni indicado su origen en la documentación aportada por la sociedad y por tanto no puede 
considerarse que dichos fondos propios sean afectos a la actividad de distribución al por 
mayor de productos petrolíferos, requisito indispensable establecido en el artículo 10 del 
Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre.
Por otra parte, en la memoria de las cuentas anuales 2018 presentadas en el registro 
figura  que  la  actividad  principal  de  la  empresa  es  el  «Comercio  al  por  menor  de 
carburante de automoción en establecimientos especializados» no figurando ninguna 
otra actividad.
II
El artículo 42 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en su apartado 3 establece que: 
«En caso de que un operador al por mayor de productos petrolíferos incumpla alguno de 
los requisitos exigidos para el ejercicio de su actividad, el Ministro de Industria, Energía y 
Turismo (hoy Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) podrá, previa 
la tramitación de un procedimiento en el que se garantice la audiencia del interesado, 
declarar la extinción de la habilitación para actuar como operador al por mayor de 
productos petrolíferos».
Por su parte, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común  de  las  Administraciones  Públicas,  en  su  artículo  69.4,  dispone  que  «la 
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que 
se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación 
ante la Administración competente de la documentación que sea en su caso requerida 
para  acreditar  el  cumplimiento  de  lo  declarado,  o  la  comunicación,  determinará  la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el 
momento  en  que  se  tenga  constancia  de  tales  hechos,  sin  perjuicio  de  las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar».
Asimismo, el artículo 14 bis del Estatuto regulador de las actividades de distribución 
al por mayor y de distribución al por menor mediante suministros directos a instalaciones 
fijas  de  carburantes  y  combustibles  petrolíferos,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, establece que procede la inhabilitación para 
ejercer la actividad de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos, 
previa instrucción de expediente, con audiencia del interesado, en los siguientes casos:
«a)  Apertura de la fase de liquidación o extinción de la personalidad jurídica del 
operador.
b)  El incumplimiento probado de las condiciones exigidas para realizar la actividad 
de operador al por mayor.
c)  La  inexistencia  de  la  autorización  o  certificaciones  de  idoneidad  de  las 
instalaciones necesarias para la actividad o su obtención mediante simulación, fraude o 
engaño, así como la variación, una vez otorgada aquélla, de las condiciones o requisitos 
esenciales que dieron lugar a su otorgamiento.
d)  En su caso, la sanción por comisión de infracción grave o muy grave.»
Por todo ello, la Dirección General de Política Energética y Minas acordó en fecha 15  es
de septiembre de 2020 la incoación de procedimiento de inhabilitación a la empresa  bo
Servicios Omarpar 2014, SL, concediéndose un plazo de diez días al interesado para la  183ww
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el cumplimiento de los requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad al por mayor
de carburantes y combustibles petrolíferos, en concreto la capacidad legal al presentar 
un certificado de estar al corriente en sus pagos tributarios no válido, ni la capacidad 
financiera al no acreditar la afección de los fondos propios de la empresa a la actividad 
de distribución al por mayor de productos petrolíferos tal y como exige la legislación 
vigente.
Por tanto, por las razones eximidas anteriormente, concurren las causas previstas en 
el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 14 bis del Real 
Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, en su apartado b) «El incumplimiento probado 
de las condiciones exigidas para realizar la actividad de operador al por mayor», así 
como  en  el  artículo  42.3  de  la  Ley  34/1998,  de  7  de  octubre,  que  determinan  la 
inhabilitación de la referida empresa.
Tras la notificación llevada a cabo, mediante medios electrónicos en fecha 16 de 
septiembre de 2020 está fue aceptada en fecha 18 de septiembre de 2020 tal y como se 
muestra en el certificado de aceptación del registro electrónico.
Con fecha 28 de septiembre de 2020, y en plazo de presentación de alegaciones al 
Acuerdo de inicio de inhabilitación se recibe escrito de Román Baena Alcoba indicando 
ser reciente Administrador de la sociedad Servicios Omarpar 2014, SL, y solicitando una 
prórroga a dicho plazo de presentación de alegaciones.
No obstante junto a dicho escrito no acompaña poderes de representación de la 
empresa al mismo tiempo que dicho cambio de administrador no ha sido comunicado a 
la Dirección General de Política Energética y Minas en cumplimiento del artículo 42 de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos que dice que «Cualquier 
hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la declaración 
originaria deberá ser comunicado por el interesado, en el plazo máximo de un mes a 
partir del momento en que se produzca». Del mismo modo se pronuncia el artículo 14 
Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre.
El inicio de inhabilitación sobre la sociedad Servicios Omarpar 2014, SL, inicia un 
procedimiento  administrativo  sobre  dicha  mercantil,  en  el  que  un  cambio  de 
administrador sobre la misma, no comunicado a esta Administración no justifica una 
ampliación de plazo a dicho trámite puesto que debe tener en su conocimiento el estado 
actual de la empresa que administra.
El artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común  de  las  Administraciones  Públicas,  la  Administración,  establece  que  «salvo 
precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una 
ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las 
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo 
de ampliación deberá ser notificado a los interesados».
Asimismo,  añade  el  punto  3  de  dicho  artículo  que  «tanto  la  petición  de  los 
interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, 
antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de 
ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su 
denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la 
resolución que ponga fin al procedimiento».
El desarrollo de la actividad de distribución al por mayor sin cumplir los requisitos 
exigidos, ha demostrado suponer un gran perjuicio económico para el sector, como así 
se  ha  puesto  de  manifiesto  a  través  de  los  numerosos  procesos  de  inhabilitación 
llevados a cabo en los últimos años, así como en la desarticulación por parte de la 
Agencia Tributaria y de la Guardia Civil de distintas tramas de fraude en el IVA de  s
empresas que operan en este sector. oe.
Por todo ello, estudiada la solicitud, y teniendo en cuenta las causas por las que se  w.
inicia dicho procedimiento administrativo sobre la sociedad, la Administración consideró  183ww
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Es por ello que debido a todas estas circunstancias y en virtud del artículo 32.1 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas,  no  se  concedió  la  ampliación  de  plazo  solicitada  por  la 
empresa, lo cual se comunicó al interesado con fecha 29 de septiembre de 2020.
Transcurrido el plazo de 10 días otorgado a la empresa para formular alegaciones, sin 
que se haya recibido hasta la fecha ninguna alegación, procede resolver la inhabilitación la 
empresa  Servicios  Omarpar  2014,  SL,  de  conformidad  con  el  artículo  42.3  de  la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, con el artículo 14 bis.b) del Estatuto regulador de las 
actividades  de  distribución  al  por  mayor  y  de  distribución  al  por  menor  mediante 
suministros  directos  a  instalaciones  fijas,  de  carburantes  y  combustibles  petrolíferos, 
aprobado por Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, y el artículo 69.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, que determinan la inhabilitación de la referida empresa.
Posteriormente con fecha 9 de octubre de 2020 la sociedad representada por Román 
Baena Alcoba envía de nuevo escrito de alegaciones en el que solicita una prórroga al 
procedimiento de inhabilitación. Dicho escrito no puede ser tenido en cuenta al estar 
presentado fuera del plazo concedido para la presentación de alegaciones al Acuerdo de 
inicio de inhabilitación.
Asimismo, y del mismo modo que en el escrito anterior no envían ningún justificante 
ni poder de representación sobre dicha sociedad ni nuevos datos de contacto para la 
realización de las notificaciones electrónicas.
De  acuerdo  con  el  artículo  86.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prescinde del 
trámite de audiencia al no figurar en el procedimiento otros hechos ni otras alegaciones 
ni pruebas presentadas por el interesado.
Ha  emitido  informe  favorable  la  Abogacía  del  Estado  con  fecha  19  de  octubre 
de 2020 con N/exp: 599/2020, cuyas observaciones han sido tenidas en cuenta en la 
elaboración de esta orden.
Teniendo en cuenta lo expuesto, en uso de la potestad que el artículo 42.3 de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, confiere a la titular del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, resuelvo:
Primero.
Declarar la inhabilitación para ejercer la actividad de operador al por mayor de 
carburantes y combustibles petrolíferos de la empresa Servicios Omarpar 2014, SL.
Segundo.
Comunicar  la  presente  orden  a  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la 
Competencia para que, una vez surta efectos, proceda a dar de baja a la empresa en el 
listado de operadores petrolíferos al por mayor.
Tercero.
Disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con los 
artículos 45.1.a) y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
Cuarto. e.e
Durante el plazo de seis meses a contar desde que gane eficacia, no surtirán efecto  183ww
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inhabilitada y que hubieran sido creadas en los seis meses anteriores o posteriores a 
dicha inhabilitación.
A estos efectos, se entenderán vinculadas las empresas que cumplan, entre otras, la 
condición de formar parte de un grupo de sociedades en los términos definidos en el 
artículo 42 del Código de Comercio, o aquellas cuyo representante sea común a ambas 
sociedades.
La presente orden pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de  las  Administraciones  Públicas.  Contra  la  misma  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación 
de la presente orden, de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa.  También  podrá 
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante la titular del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la presente orden, significándose que, en caso de 
presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca  la  desestimación  presunta  del  mismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 123.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. El plazo concluirá el mismo día 
en que se produjo la notificación/publicación o silencio administrativo en el mes de 
vencimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.4 de dicha Ley.
Asimismo, se le comunica que al ser el interesado un sujeto obligado a relacionarse 
a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, según lo dispuesto 
en el artículo 14.2 y 3 de la citada ley, deberá presentar, en su caso, el recurso de 
reposición a través de medios electrónicos.
Madrid, 6 de noviembre de 2020.–La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.