BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 110 Lunes 20 de abril de 2020 Sec. III.   Pág. 29384
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
4537 Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 6 
de abril de 2020 del Consejo de Administración, por la que se regulan las 
condiciones y el procedimiento para solicitar la concesión de moratorias en el 
pago  de  cuotas  con  vencimiento  en  2020  de  préstamos  formalizados  al 
amparo de los programas de ayudas convocados y gestionados por IDAE.
A los efectos de dar publicidad a la Resolución del Consejo de Administración del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, de 6 de abril de 2020, por la que se regulan las 
condiciones y el procedimiento para solicitar la concesión de moratorias en el pago de cuotas 
con vencimiento en 2020 de préstamos formalizados al amparo de los programas de ayudas 
convocados y gestionados por IDAE, y de conformidad con lo previsto en el artículo 7.7 del 
Estatuto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), aprobado por Real 
Decreto 18/2014, de 17 de enero, se ordena la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de la resolución cuyo texto se inserta a continuación.
Madrid, 14 de abril de 2020.–La Secretaria de Estado de Energía y Presidenta del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Sara Aagesen Muñoz.
RESOLUCIÓN DE 6 DE ABRIL DE 2020, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR 
LA QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES Y EL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR 
LA CONCESIÓN DE MORATORIAS EN EL PAGO DE CUOTAS CON VENCIMIENTO EN 
2020 DE PRÉSTAMOS FORMALIZADOS AL AMPARO DE LOS PROGRAMAS DE 
AYUDAS CONVOCADOS Y GESTIONADOS POR IDAE
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha 
adoptado una serie de medidas para hacer frente a la situación de emergencia de salud 
pública que vive nuestro país, con el objetivo de proteger la salud y seguridad de los 
ciudadanos pero también para tratar de mitigar, en la medida de lo posible, el impacto 
sanitario, social y económico que las mismas tendrán.
Asimismo, desde el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, hasta el más reciente 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se han ido adoptando otras medidas urgentes 
y extraordinarias tendentes a lograr los mismos objetivos: proteger la salud y mitigar el 
impacto económico, social y laboral frente al COVID-19.
En este contexto, se estima necesario que este Instituto, en el ámbito de sus fines y 
funciones, pueda contribuir también a paliar la situación económica desfavorable en la 
que puedan encontrarse los beneficiarios de la financiación otorgada al amparo de sus 
distintos programas de ayudas, excluidas administraciones y entidades públicas tanto del 
sector público estatal como autonómico y local, así como sus organismos y entidades 
públicas vinculadas o dependientes, que se hayan visto afectados en su capacidad de  e.e
generación de ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria, haciendo imposible o  b
dificultando el cumplimiento de sus obligaciones de pago. 37ww
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pporivteasdtoa,d eesx acedpmtoin isetnra tliava sfo qrmuea cteiónng ad aet rilbau ivdoalsu nyt aedn  adqeu esluloss  óortrgoasn oass,p eecnto se le ne jqeurcei caios í dsee 
establezca específicamente en sus estatutos o resulte de lo previsto para las entidades
públicas empresariales en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público  que,  en  su  artículo  104,  también  remite  al  resto  de  normas  de  derecho 
administrativo general y especial que le sean de aplicación, rigiéndose su contratación por 
las previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos del sector público.
La disposición final decimoctava de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018, estableció que, con efectos desde su entrada en 
vigor (5 de julio de 2018), y para todas las subvenciones y demás ayudas que se 
concedan a partir de esa fecha, y con vigencia indefinida, se introducía una nueva 
disposición adicional, la vigésima sexta, a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. Esta nueva disposición adicional vigésima sexta dispuso que las 
entregas dinerarias sin contraprestación que otorgasen las entidades de derecho público 
del sector público estatal que se rijan por el derecho privado, como este Instituto, 
tendrían siempre la consideración de subvenciones. Su concesión y demás actuaciones 
contempladas en esta Ley constituirán el ejercicio de potestades administrativas a los 
efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, quedando sometidas al mismo régimen jurídico 
establecido para las subvenciones concedidas por las Administraciones Públicas, lo que 
implica,  sensu  contrario,  de  manera  consecuente,  que  todas  las  cantidades  que 
hubiesen  sido  entregadas  con  anterioridad  a  la  Ley  6/2018,  de  3  de  julio,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, no tienen la consideración de 
subvenciones, y por tanto, aquellas entregas dinerarias sin contraprestación se rigen con 
base en la regulación específica en virtud de la cual se hubiesen entregado.
Los contratos de préstamo formalizados por este Instituto de conformidad con lo 
dispuesto por las bases reguladoras de los distintos programas de ayuda convocados y 
gestionados por el mismo se encuentran excluidos del ámbito de aplicación tanto de la 
actual Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo 
previsto en sus artículos 10 y 11.4, como del derogado Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, y la Ley 30/2007, de 30 de octubre, a tenor de lo establecido, 
principalmente, en su artículo 4.1.m).
Por otra parte, a tenor de lo previsto en el artículo 3.2 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, los derechos de reembolso 
de las cantidades objeto de tales contratos de préstamo no pueden entenderse incluidos 
en el Patrimonio de las Administraciones Públicas. Del mismo modo, a tenor de lo 
establecido  en  el  artículo  5  de  la  Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre,  General 
Presupuestaria, tampoco pueden considerarse estos derechos de reembolso incluidos 
entre los derechos integrantes de la Hacienda Pública estatal, por estar contemplados en 
contratos  de  préstamo  que  se  derivan  de  resoluciones  de  concesión  de  ayudas 
otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la disposición adicional vigésima 
sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (5 de julio de 
2018) o formalizados con anterioridad a dicha vigencia.
La disposición adicional sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, establece que los créditos sin interés o con interés inferior al de mercado 
concedidos por los entes contemplados en el artículo 3 de esta ley a particulares se regirán 
por su normativa específica y, en su defecto, por las prescripciones de esta ley que resulten 
adecuadas a la naturaleza de estas operaciones, en particular, los principios generales, 
requisitos y obligaciones de beneficiarios y entidades colaboradoras, y procedimiento de 
concesión. Este precepto resulta de aplicación a todos los préstamos sin interés o con  s
interés inferior al de mercado otorgados por este Instituto con anterioridad a la entrada en  oe.
vigor de la disposición adicional vigésima sexta de la misma ley. w.
En este sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1255 y concordantes  37ww
dcoenl cCeóddeirg, oc oCmiovi lf,a cdielidbaed  ddee  cpoangsoi,d eurnaar sme orlaa toproias iob ilaidpaladz adme ieqnuteo  deel  lparse sotbalmigiasctaio npeuse ddea 
pfoargmoa lidzeald op,r estteantaierniod op arean  asceugeunrtaar,  eal dbeumeáns ,f in lay   ccoonnsceurrvraecnicóina  ddeel  neegxotrcaioor djuinraídriiacos   BOE-A-cable e
circunstancias que alteran el equilibrio contractual, totalmente ajenas a las partes que los 
concertaron, y que de una forma indudable pueden incidir en la capacidad de generación 
de ingresos de aquellos, al verse afectados por las medidas adoptadas por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
En su virtud, de acuerdo con cuanto antecede, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 7.1.e) y g) del Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Estatuto de este Instituto,
Este Consejo de Administración resuelve:
Primero.
Regular las condiciones y el procedimiento para solicitar la concesión de moratorias 
de cuotas con vencimiento en 2020 de todos aquellos préstamos formalizados por este 
Instituto con beneficiarios de sus distintos programas de ayudas, conforme a lo que 
seguidamente se establece.
Segundo.
La solicitud de moratoria se regirá por lo dispuesto en la presente resolución.
Tercero.
Podrán solicitar la moratoria todos aquellos beneficiarios de la financiación otorgada 
al amparo de lo previsto en los distintos programas de ayudas convocados y gestionados 
por este Instituto, que tengan formalizados contratos de préstamos con cuotas cuyo 
vencimiento  de  pago  se  produzca  en  el  presente  año  2020,  excluidas  las 
Administraciones y entidades públicas tanto del sector público estatal como autonómico 
y local, así como sus organismos y entidades públicas vinculadas o dependientes, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a)  Dichos contratos se deriven de resoluciones de concesión de ayuda otorgadas 
con anterioridad al 5 de julio de 2018 o, de no existir resolución de concesión de ayuda, 
se hallen concertados antes de dicha fecha.
b)  Los beneficiarios se encontrasen en una situación económico-financiera que les 
impida cumplir con las correspondientes obligaciones de pago objeto de la moratoria y 
no estén en situación concursal y estuvieran al corriente en el cumplimiento de todas sus 
obligaciones al momento de la entrada en vigor del estado de alarma.
Cuarto.
Podrán ser objeto de aplazamiento las cuotas (amortización más intereses) de los 
préstamos formalizados por los beneficiarios de los programas de ayudas convocados o 
gestionados por este Instituto, excluidas las Administraciones y entidades públicas tanto 
del sector público estatal como autonómico y local, así como sus organismos y entidades 
públicas  vinculadas  o  dependientes,  que  se  hallen  pendientes  de  pago  y  cuyo 
vencimiento se haya producido o se produzca en los meses de marzo, abril, mayo y junio 
del presente año 2020 (todos inclusive). Este aplazamiento quedará automáticamente 
ampliado a las sucesivas cuotas que, mensualmente, vayan venciendo a partir del mes 
de junio, salvo solicitud expresa en contrario por parte del interesado, hasta que se 
declare la finalización del estado de alarma y dos meses más. es
Quedan excluidas aquellas cuotas que, en la fecha de inicio del plazo de solicitud  bo
establecido por el apartado undécimo de la presente resolución, estén en alguna de las  37ww
siguaie) nteHsa cyiarcnu nsisdtoa npcaiagsa:das. En el caso del pago de una cuota correspondiente a la
moratoria objeto de la presente resolución, no le afectará la exclusión siempre que haya
podido verificarse la retrocesión bancaria de la misma al beneficiario. Bc
b)  Hayan  sido  objeto  de  reclamación  judicial  o  extrajudicial  por  parte  de  este 
Instituto.
c)  Se encuentren ya aplazadas o fraccionadas en virtud de cualquier acuerdo 
adoptado con anterioridad por este Instituto.
Quinto.
La concesión de la moratoria se atendrá a las siguientes condiciones:
1.  Se respetarán, en su caso, los límites de intensidad de ayuda permitidos por la 
normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado.
2.  Las cuotas objeto de la moratoria prevista por la presente resolución, derivadas de 
los préstamos correspondientes, deberán ser abonadas dentro del plazo de duración y 
vigencia  del  préstamo,  que  permanece  inalterado,  resultando  de  aplicación  todas  las 
condiciones establecidas en el mismo, particularmente en caso de impago, y sin que tales 
cuotas puedan entenderse capitalizadas y, por tanto, devengar nuevos intereses ordinarios.
Sexto.
La Dirección Económico-Administrativa y de Recursos Humanos de este Instituto 
será el órgano competente para iniciar e instruir los correspondientes expedientes de 
solicitud de moratoria, efectuando el seguimiento y gestión de los mismos.
El  Director  General  del  Instituto  resolverá  sobre  la  concesión  de  la  moratoria 
solicitada, conforme a la propuesta que le formule la Dirección Económico-Administrativa 
y de Recursos Humanos o, en caso contrario, conforme a lo que motivadamente pudiera 
disponer al respecto.
Séptimo.
Las solicitudes se presentarán por los beneficiarios de acuerdo con el formulario que 
se pondrá a disposición de los mismos en la página web de este Instituto, en el que 
deberán  constar  los  datos  identificativos  del  contrato  de  préstamo  correspondiente 
(incluyendo número de proyecto y referencia de IDAE), así como la expresa conformidad 
con que no se suspendan los plazos administrativos correspondientes.
Asimismo, los interesados deberán formular declaración responsable, conforme al 
mismo formulario anterior, mediante la cual manifiesten que las cuotas para las que se 
solicita la moratoria no han sido objeto de aplazamiento o fraccionamiento anterior, así 
como  que  el  beneficiario  solicitante  se  encuentra  en  una  situación  económica 
desfavorable como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, que afecta a su capacidad de generación de ingresos y hace imposible o 
dificulta  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  de  reembolso  derivadas  del 
correspondiente préstamo concertado con este Instituto, incluyendo no encontrarse en 
situación concursal.
La aportación de datos falsos o sesgados, que hayan servido de fundamento para la 
concesión del aplazamiento, determinará el vencimiento anticipado de la totalidad del 
préstamo, sin perjuicio de otras responsabilidades aplicables.
El tratamiento de los datos que tengan carácter personal se regirá por lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.
La presentación de la solicitud a que se refiere el procedimiento regulado por la  e.
presente resolución conllevará, a los efectos de lo previsto en los apartados 3 y 4 de la  w.b
disposición  adicional  tercera  del  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  la  no  37ww
aap tleicnaocri ódne  dlae  clao nsfuosrmpeidnasdió ne xdpere losas  pqluaez oesl  ienstetarebsleacdidoo hsa pbarára h seuc htroa mcoitnasctiaórn e yn  fsinua slizoalicciitóund, 
creofne riqduoe  an ou nsae  ssiutusapceinódna qnu leo sp umeisdme ocso, nassidí ecraormseo  peostrr evcehnairm eeln pter elsigeandtea  par olcoesd himeicehnotos 
justificativos del estado de alarma.
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33.1 de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas, apreciándose razones de interés público suficientes en la crisis sanitaria que 
motiva  la  adopción  de  la  presente  resolución,  y  su  impacto  económico  en  los 
beneficiarios que son objeto de la misma, para la agilización del procedimiento, de tal 
forma  que  pueda  facilitarse  lo  más  rápido  posible  la  concesión  de  la  moratoria 
correspondiente, se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia, por la cual se 
reducirán a la mitad los plazos establecidos para su tramitación ordinaria.
Octavo.
Si la solicitud presentada no cumpliese con los requisitos anteriores, se requerirá al 
interesado para que, en un plazo de cinco días hábiles, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos. En el caso de que el solicitante no procediese a la subsanación 
de la solicitud, esta se tendrá por desistida.
Una  vez  cumplimentada  la  fase  de  subsanación,  el  procedimiento  seguirá  los 
siguientes trámites de instrucción:
a)  El órgano instructor comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
presente resolución. Si dicho órgano precisase comprobar y determinar datos necesarios 
para  poder  dictarse  la  resolución  correspondiente,  podrá  requerir  aclaraciones  al 
solicitante, que dispondrá de un plazo de cinco días hábiles.
b)  Una vez analizado el expediente y, en su caso, las aclaraciones del solicitante, y 
realizadas las comprobaciones pertinentes, el órgano instructor dictará propuesta de 
resolución conforme con lo solicitado por el interesado, de acuerdo con lo establecido en 
los apartados cuarto y quinto.2, prescindiéndose del trámite de audiencia previo, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al 
no figurar en el procedimiento ni tenerse en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas por el interesado.
c)  El órgano instructor elevará dicha propuesta de resolución al Director General de 
este Instituto para resolver.
Noveno.
A la vista de la propuesta de resolución del órgano instructor, el Director General del 
Instituto  resolverá  el  procedimiento  conforme  a  la  misma  o,  en  su  defecto,  y 
motivadamente, conforme a lo que pudiera disponer al respecto.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de quince días hábiles, 
contado desde la fecha de presentación de la correspondiente solicitud. Transcurrido 
dicho  plazo  sin  haberse  notificado  la  resolución  expresa,  los  interesados  podrán 
entender desestimada la solicitud, en virtud del artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación legal de resolver.
Décimo.
Contra la presente resolución que establece el procedimiento de moratoria que 
constituye su objeto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de 
reposición ante este Consejo de Administración, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su notificación o publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien podrá interponerse  e.
directamente  recurso  contencioso-administrativo  ante  los  Juzgados  Centrales  de  lo  w.b
Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley  37ww
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de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Undécimo.
El  inicio  del  plazo  de  presentación  de  las  solicitudes  correspondientes  al 
procedimiento que se regula por la presente resolución coincidirá con la fecha de efectos 
de esta última, que se producirá al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
La finalización del plazo de presentación de solicitudes será el último día hábil del 
mes en que se declare la finalización del estado de alarma.