BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Viernes 24 de enero de 2020 Sec. TC.   Pág. 7505
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1116 Sala Primera. Sentencia 172/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de 
amparo 520-2019. Promovido por doña María Casado Nieto respecto de la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenó, en apelación, 
por un delito de prevaricación administrativa. Vulneración de los derechos a 
un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: condena 
en segunda instancia impuesta como consecuencia de una valoración de los 
elementos subjetivos del delito llevada a cabo sin las debidas garantías (STC 
88/2013).
ECLI:ES:TC:2019:172
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José González Rivas, presidente, y los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar y don Cándido Conde-
Pumpido Tourón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 520-2019, promovido por doña María Casado Nieto, 
representada por la procuradora de los Tribunales doña María Aránzazu López Orejas, 
asistida por el letrado don Ignacio Rodríguez de la Riva, contra la sentencia de la 
Sección núm. 23 de la Audiencia Provincial de Madrid de 23 de octubre de 2018, que 
estimó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 
núm. 3 de Madrid de 16 de julio de 2018, así como contra el auto aclaratorio y de 
inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones del mismo órgano judicial de 11 de 
enero de 2019. Ha intervenido el ministerio fiscal. Ha sido ponente el presidente don 
Juan José González Rivas.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el 24 de enero de 2019, doña María 
Casado Nieto, representada por la procuradora de los tribunales doña María Aránzazu 
López Orejas, asistida por el letrado don Ignacio Rodríguez de la Riva, interpuso recurso 
de amparo, por vulneración de los arts. 24.1 y 24.2 CE, contra la sentencia de 23 de 
octubre de 2018, núm. 737-2018, de la Sección núm. 23 de la Audiencia Provincial de 
Madrid, que revocó la sentencia absolutoria dictada en primera instancia por el Juzgado 
de lo Penal núm. 3 de Madrid en el procedimiento abreviado núm. 215-2015, así como 
contra el auto aclaratorio y de inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones del 
mismo órgano judicial de 11 de enero de 2019. e
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: ww.
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estimar el recurso y a anular la sentencia apelada, retrotrayendo las actuaciones al 
momento de su dictado, a fin de que se procediera a otorgar nueva redacción a los 
hechos probados sin incurrir en predeterminación del fallo.
b)  Por sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Madrid de 16 de julio de 2018 
se procedió a dictar nueva sentencia por la que se absolvía a doña María Casado Nieto 
del delito de prevaricación del que había sido acusada.
En dicha sentencia se establecían los siguientes hechos probados:
«La acusada María Casado Nieto, con DNI 380075T, nacida en Madrid el 13 de 
noviembre de 1958, sin antecedentes penales, en fecha 21 de julio de 2010 firmó, en su 
condición  de  Alcaldesa  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Alpedrete  (Madrid),  el 
Decreto 355/2010, en virtud del cual se acordaba la contratación como Oficiales de 
Primera  de  Roberto  Fernández  Maxi  y  Fernando  Castellanos  Encinas,  teniendo 
conocimiento de los siguientes informes:
– Informe de fecha 16 de julio de 2010, emitido por la Secretaria del Ayuntamiento, 
María Nieves Elvira Palacios, e informe de fecha 18 de julio de 2010, elaborado por la 
Interventora Municipal, Pilar López Morales, en los cuales se ponía de manifiesto la 
necesidad de acudir a la oferta de empleo público mediante concurso, oposición o 
concurso-oposición para realizar las contrataciones de los dos trabajadores que se 
precisaban en el Departamento de Obras del citado Ayuntamiento.
– Informe de fecha 19 de julio de 2010, emitido por María Constanza Rodríguez 
Gómez,  Abogada  externa  contratada  por  el  Ayuntamiento,  en  que  se  informa 
favorablemente la contratación por razones de urgencia y necesidad.»
Se razonaba en la fundamentación jurídica que la prueba practicada no permitía 
considerar acreditado que la acusada tuviera pleno conocimiento de estar vulnerando 
claramente los principios de actuación básica de la administración, ni de infringir los 
principios constitucionales de imparcialidad, igualdad de oportunidades, transparencia, 
mérito,  capacidad  y  legalidad,  que  conformaban  la  actuación  de  la  administración, 
reemplazando el derecho aplicable por su voluntad, considerando que no concurría el 
elemento subjetivo del delito de prevaricación dado que la prueba practicada no permitía 
considerar acreditado, de forma inequívoca, que la deliberada intención de la acusada 
fuera incumplir la ley, dictando a sabiendas una resolución injusta, si bien se consideraba 
probada la concurrencia de un dolo eventual por considerar acreditado que la acusada 
sopesó la posibilidad de que el decreto que firmó podría ser contrario a las normas y 
principios que debían regir en el ámbito público, si bien había de tenerse en cuenta que 
el elemento subjetivo del tipo doloso no admitía la modalidad del dolo eventual para 
componer el delito de prevaricación.
c)  Interpuesto recurso de apelación por la acusación popular, por sentencia de la 
Audiencia Provincial de 23 de octubre de 2018 se procedió a estimar el recurso de 
apelación  y  condenar  a  doña  María  Casado  Nieto,  como  autora  de  un  delito  de 
prevaricación  administrativa  del  art.  404  del  Código  penal,  sin  la  concurrencia  de 
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de siete años de 
inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público, todo ello tras razonar que el 
examen de la Sala se reducía a la tipicidad de la conducta enjuiciada y a ponderar si los 
hechos declarados probados tenían encaje en el delito de prevaricación del artículo 404 
del Código penal, respetando íntegramente el relato de hechos probados de la sentencia 
de instancia, de tal modo que no resultaba imprescindible la audiencia de la persona que  e.
fue absuelta ante una eventual condena por parte del órgano de apelación. En tal  w.
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del ayuntamiento desfavorables a la contratación por no ajustarse al marco legal, no 
podía justificarse que la alcaldesa decidiera solicitar un tercer informe sobre el mismo 
objeto a una asesora externa para justificar la existencia de dudas en torno a la opinión 
coincidente de los dos primeros, no siendo tampoco admisible ampararse en razones de 
urgencia para cubrir dos plazas de trabajadores municipales en atención a que el resto 
del personal que integraba ese servicio tenía que disfrutar sus vacaciones anuales.
d)  Interesada aclaración de sentencia, así como la nulidad de las actuaciones, por 
auto de la Audiencia provincial de 11 de enero de 2019 se procedió a inadmitir el 
incidente de nulidad de actuaciones tras razonar que no se había realizado una nueva 
valoración de la prueba, sino que, partiendo de la intangibilidad de los hechos probados, 
la Sala se había limitado a corregir la conclusión de tipicidad. Se añadía que en los 
hechos probados se decía que la acusada tenía conocimiento de los informes legales 
contrarios a los actos de contratación que autorizó por su decreto, dato que se había 
entendido  suficiente  para  afirmar,  sin  adentrarse  en  motivaciones  personales  o  de 
naturaleza íntima, que se estaba ante el delito de prevaricación por el que había sido 
condenada, y que al tratarse de una lectura exclusivamente centrada en la tipicidad de 
los hechos, se consideraba que no se había incurrido en la vulneración de derechos 
fundamentales denunciados.
Respecto de la aclaración solicitada se procedió a completar el fallo de la sentencia 
de 23 de octubre de 2018 añadiendo que la inhabilitación que se decretaba debía 
extenderse, por el tiempo de la condena, a los cargos de naturaleza política obtenidos 
por  elección  ciudadana,  no  solo  a  nivel  local,  sino  también  autonómico,  estatal  o 
supranacional.
3.  La demanda de amparo denuncia la infracción del derecho a un proceso con las 
debidas garantías respecto del principio de inmediación y contradicción y del derecho a 
la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
En esencia, se afirma que se ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las 
garantías como consecuencia de haber examinado la Audiencia Provincial el elemento 
subjetivo del delito sin haber oído a la apelante y sin haber practicado prueba para oír a 
los  testigos  que  declararon  en  instancia,  procediendo  a  realizar  una  valoración 
encubierta de la prueba personal.
Tras reseñar la doctrina constitucional existente sobre la necesidad de respetar, en 
cuanto integran el contenido del derecho a un proceso con todas la garantías, los 
principios de publicidad, inmediación y contradicción en la valoración de las pruebas en 
la segunda instancia penal, afirma que junto al respeto a la garantía de inmediación en la 
valoración de las pruebas personales por el órgano ad quem, el Tribunal Constitucional 
introdujo  también  la  exigencia  de  audiencia  personal  del  acusado  como  garantía 
específica  vinculada  al  derecho  de  defensa,  citando  a  tal  fin  las  SSTC  126/2012, 
205/2013, 105/2016 y 172/2016.
Al respecto, se argumenta que en el fundamento de derecho primero de la sentencia 
dictada por el juzgado de lo penal se negaba claramente la ausencia del dolo directo que 
reclamaba  el  delito  de  prevaricación  administrativa  por  el  que  había  acabado 
condenando la sala ad quem, encontrando la motivación de la ausencia de tal elemento 
subjetivo en la valoración de determinado acerbo probatorio del que la mayor parte era 
de carácter personal, como era el interrogatorio de la acusada y las 11 testificales 
practicadas.  Por  contra,  la  Audiencia  Provincial  ha  llevado  a  cabo  una  encubierta 
valoración de la prueba personal sin oír a la acusada ni a los testigos, lo que ha 
producido la violación de los derechos fundamentales alegados. e.
Añade la recurrente que la vulneración del derecho a un proceso con todas las  w.b
mgdaeerjadadindotaí a ssein nh  asqu udseete telnartm oe ilenimla drineoal,a citgioóu nfaá ldcmteiec nolat esq, u plear u sdeoebpla odsre travebacaloh rolaa da da lesac  plsarinrea scluaión ndc ieódbnei d dcaeu  ilinpnmaobceieldindiacacidaió  denen  h llaaa    2020-1116n https://w
acusada.
4.  Por providencia de 20 de mayo de 2019 se procedió a la admisión a trámite del 
recurso de amparo, apreciando que concurría en el mismo una especial trascendencia 
constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC) porque el 
recurso  podía  dar  ocasión  al  Tribunal  para  aclarar  o  cambiar  su  doctrina,  como 
consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)]. En aplicación 
de lo dispuesto en el art. 51 LOTC se acordó también dirigir atenta comunicación a la 
Sección Vigesima tercera de la Audiencia Provincial de Madrid a fin de que, en un plazo 
que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones 
correspondientes al recurso de apelación núm. 1528-2018. Asimismo, se acordó dirigir 
atenta comunicación al Juzgado de lo Penal núm. 3 de Madrid a fin de que, en un plazo 
que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones 
correspondientes al procedimiento ordinario núm. 215-2015 y para que emplazara a 
quienes hubieran sido parte en el referido procedimiento, excepto a la ahora recurrente 
en amparo, para que en un plazo de diez días pudieran comparecer en el recurso de 
amparo.
5.  Por diligencia de ordenación de 24 de julio de 2019, se acordó, al amparo del 
art. 52.1 LOTC, dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio 
Fiscal, por plazo común de veinte días, dentro de los cuales podrían presentar las 
alegaciones que estimaran pertinentes.
6.  Evacuando la demandante el traslado para alegaciones conferido por diligencia 
de ordenación de 24 de julio de 2019, se procedió a reseñar la doctrina contenida en las 
SSTC 73/2019 y 88/2019, relativa a la vulneración del derecho a un procedimiento con 
todas las garantías por el órgano judicial que conociendo en vía de recurso, condenaba a 
quien había sido absuelto en la instancia o empeorase su situación a partir de una nueva 
valoración de pruebas personales o de una reconsideración de los hechos probados, 
para establecer la culpabilidad sin celebración de audiencia pública en la que desarrollar 
la  necesaria  actividad  probatoria  con  las  garantías  de  publicidad,  inmediación  y 
contradicción que le eran propias.
7.  El fiscal, por su parte, tras resumir lo alegado en la demanda de amparo y lo 
resuelto por el juzgado de lo penal y la Audiencia Provincial, concluía que lo que era 
objeto de discusión era la concurrencia del elemento subjetivo del tipo penal, que, dada 
la infracción penal de que se trataba, exigía la concurrencia de dolo directo, extremo que 
la Sala de apelación no cuestionaba y que no se había considerado concurrente por el 
magistrado de lo penal, por lo que el recurso no podía ser resuelto en rigurosos términos 
de calificación jurídica, pues, en todo caso, el órgano judicial no podía prescindir de 
otorgar a la demandante la posibilidad de ser oída por la Sala, todo lo cual había 
conllevado la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y del 
derecho de defensa del art. 24.2 CE, y del mismo modo, al haberse dejado de examinar 
por la sentencia dictada en segunda instancia el testimonio exculpatorio de la acusada, 
se había vulnerado también su derecho a la presunción de inocencia interesando, en 
consecuencia, otorgar el amparo y declarar vulnerado los derechos al proceso con todas 
las garantías, a la defensa y a la presunción de inocencia de la recurrente.
8.  Por providencia de 12 de diciembre de 2019 se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 16 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos oe.
1L.a  dPermeacenpdtao sd ere acmurpraidroos s ye  pdrieritgeen scioonnteras  ldae s leanst epnacrtieas d.e la Audiencia Provincial de 23  2020-1116n https://w
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en el procedimiento abreviado núm. 215-2015 y condenó a la recurrente en amparo
como autora de un delito de prevaricación administrativa. Igualmente se dirige el recurso 
contra el auto de 11 de enero de 2019, del mismo órgano judicial, que desestimó el 
sucesivo incidente de nulidad de actuaciones.
Alega la recurrente que la sentencia de apelación citada infringió su derecho a un 
proceso con todas las garantías y el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) 
porque apreció la concurrencia del elemento subjetivo del delito por el que fue finalmente 
condenada  tras  haber  sido  absuelta  en  instancia,  que  no  había  sido  considerado 
concurrente por el órgano a quo, y ello sin escuchar presencialmente a la acusada y sin 
atender  a  otras  pruebas  personales  que  fueron  valoradas  por  el  juzgador  a  quo, 
tratándose, como era, de una cuestión fáctica, y por lo tanto de imposible revisión en 
segunda instancia. Con ello se habrían lesionado tanto el primero de los derechos 
fundamentales alegados como, de forma derivada, el de presunción de inocencia, al 
carecer la condena de fundamento que sustente la apreciación de la concurrencia del 
dolo en su conducta.
Comparte el Ministerio Fiscal la pretensión, solicitando la estimación del recurso, 
declarando vulnerado los derechos al proceso con todas las garantías, a la defensa y a 
la presunción de inocencia y la anulación de la sentencia de 23 de octubre de 2018, así 
como del auto de 11 de enero de 2019, dictados ambos por la Sección Vigésima tercera 
de la Audiencia Provincial de Madrid.
2.  Delimitación por las partes del objeto.
De lo expuesto en el fundamento anterior se infiere sin dificultad que la discrepancia 
de  la  parte  recurrente  reside  en  que  la  Sección  Vigésima  tercera  de  la  Audiencia 
Provincial de Madrid extendió indebidamente su ámbito de cognición a la revisión de los 
hechos, y no solo del derecho aplicado, respecto de la concurrencia del elemento 
subjetivo del delito por el que la recurrente resultó finalmente condenada. De este modo, 
a juicio de la demandante de amparo la Audiencia Provincial llevó a cabo una encubierta 
valoración de la prueba personal sin oír a la acusada ni a los testigos, para llegar a la 
conclusión sobre la concurrencia del dolo tras realizar una valoración alternativa del 
elemento del tipo.
En tal sentido, el juzgador a quo estimó que el elemento subjetivo, a la vista de la 
prueba practicada consistente en la testifical de diversos testigos y la propia declaración 
de la ahora demandante, no concurría en el presente caso, al no permitir considerar 
acreditado, de forma inequívoca, que la intención de la acusada fuera incumplir la ley 
dictando  a  sabiendas  una  resolución  injusta,  considerando  únicamente  probada  la 
concurrencia de dolo eventual, modalidad que no servía para componer el tipo penal del 
delito de prevaricación administrativa.
La sentencia de la Sección Vigésima tercera de la Audiencia Provincial de Madrid 
recurrida en amparo, estimó el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular 
y condenó a la demandante, después de afirmar que el único examen que se proyectaba 
sobre la sentencia recurrida se basaba en el análisis de tipicidad. En la sentencia se 
respeta, íntegramente, el relato de hechos probados de la sentencia de instancia, pero 
no se comparte su pronunciamiento absolutorio. Considera, al respecto, que el elemento 
subjetivo  del  delito  de  prevaricación  no  había  quedado  acreditado,  llegando  a  tal 
conclusión ante el conocimiento expreso por parte de la alcaldesa de los informes 
desfavorables a la contratación que constaban en las actuaciones y ante la valoración 
sobre las hipotéticas razones de urgencia que invocaba el decreto de la alcaldía, pues no 
podían razonablemente concebirse como tales, entendiendo que se había llevado a cabo  e
un ejercicio de las competencias por decreto que se apartaba manifiestamente de la  bo
disciplina legal y que no encontraba justificación. w
definPiadroas  la jusreisnpterundciean rceiaclumrreidnate l a ccoomncolu scióonn feigrau rqaudeo rteosd osd eyl  caddeali tuon od dee  lopsre evlaermiceancitóons   2020-1116n https://w
raedlamtoin idsetr ahteivcah ocso pnrcoubrarídaons  edne  llaa  sceonntternactaiac iróenc uernrijduaic.iada, tal como se expresaba en el
El auto por el que se procedió a inadmitir el incidente de nulidad de actuaciones 
insistió en que no se había llevado a cabo ninguna valoración de la prueba, sino que, 
partiendo de los mismos e intangibles hechos probados, se había procedido a corregir la 
conclusión de tipicidad, sin entrar a examinar motivaciones de carácter personal.
3.  Doctrina constitucional aplicable.
Es doctrina de este Tribunal, recogida en las recientes SSTC 88/2019, de 1 de julio, 
y 73/2019, de 20 de mayo, o en la anterior STC 59/2018, de 4 de junio, que vulnera los 
derechos a un proceso con todas las garantías y el derecho de defensa (art. 24.2 CE) 
que un órgano judicial, conociendo en vía de recurso, condene a quien ha sido absuelto 
en la instancia o empeore su situación a partir de una nueva valoración de pruebas 
personales o de una reconsideración de los hechos estimados probados para establecer 
su  culpabilidad  sin  celebración  de  una  audiencia  pública  en  que  se  desarrolle  la 
necesaria  actividad  probatoria,  con  las  garantías  de  publicidad,  inmediación  y 
contradicción  que  le  son  propias;  es  decir,  sin  dar  al  acusado  la  posibilidad  de 
defenderse exponiendo su testimonio personal.
Expresamente se afirmaba en la STC 59/2018, FJ 3, que «3 […] Las indicadas 
garantías del acusado en la segunda instancia fueron ampliadas a consecuencia de los 
diversos  pronunciamientos  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos.  Y  en  lo 
referente a la acreditación de los elementos subjetivos del delito, este Tribunal, perfilando 
el  criterio  de  la  STC  184/2009,  afirmó  ‘que  también  el  enjuiciamiento  sobre  la 
concurrencia de los elementos subjetivos del delito forma parte, a estos efectos, de la 
vertiente fáctica del juicio que corresponde efectuar a los órganos judiciales, debiendo 
distinguirse del mismo el relativo a la estricta calificación jurídica que deba asignarse a 
los hechos una vez acreditada su existencia. De este modo, si bien la revisión de la 
razonabilidad de las inferencias a partir de la cual el órgano a quo llega a su conclusión 
sobre la inexistencia de dolo —u otro elemento subjetivo del tipo— no precisará de la 
garantía de inmediación si tal enjuiciamiento no se produce a partir de la valoración de 
declaraciones testificales, sí deberá venir presidido, en todo caso, por la previa audiencia 
al acusado’ (STC 126/2012, de 18 de junio, FJ 4).
Tal ampliación era el corolario de la recepción, entre otras muchas, de las SSTEDH 
de 10 de marzo de 2009, asunto Igual Coll c. España, § 27; 21 de septiembre de 2010, 
asunto Marcos Barrios c. España, § 32; 16 de noviembre de 2010, asunto García 
Hernández c. España, § 25; 25 de octubre de 2011, asunto Almenara Álvarez c. España, 
§ 39; 22 de noviembre de 2011, asunto Lacadena Calero c. España, § 38. A las que 
siguieron con posterioridad las SSTEDH de 20 de marzo de 2012, asunto Serrano 
Contreras c. España, § 31; de 27 de noviembre de 2012, asunto Vilanova Goterris y Llop 
García c. España, y de 13 de junio de 2017, asunto Atutxa Mendiola y otros c. España 
(§§ 41 a 46)».
4.  Análisis de la cuestión de fondo. Vulneración de los derechos a un proceso con 
todas las garantías y a la defensa.
Partiendo de la doctrina reseñada, y a pesar de que por la Audiencia Provincial de 
Madrid se afirma que el examen de la sentencia recurrida se basaba en el análisis de la 
tipicidad, respetando íntegramente el relato de hechos probados, ello no implica que 
aquel órgano judicial pudiera  prescindir de  otorgar  a la demandante de amparo la 
oportunidad de ser oída en la fase de recurso, habida cuenta de que había sido absuelta 
en la instancia y que el Tribunal de apelación era quien por primera vez la condenaba. e.
Por ello, la afirmación de la Audiencia Provincial de Madrid de que se respetó el  w.
dreeismltareticont asdimeó neh netdceeh  ojussr uípd riocinabt eardrveoelsan tcfiivijóaand ,oa sl d eoannn dálaeli s iinsss et adnepc roilaad  uyjt oiqp uicueind saae d  tmrnaootda ibfsiace a scocióolonm  dpeian dfueenrceaen c cuciaeols nt dióelanl    2020-1116n https://w
perleombaednotos .subjetivo del delito, por más que no se modificasen explícitamente los hechos  BOE-A-cable e
En tal sentido, ya en la STC 126/2012, de 18 de junio, FJ 4, establecimos que el 
enjuiciamiento sobre la concurrencia de los elementos subjetivos del delito forma parte 
de la vertiente fáctica del juicio que corresponde efectuar a los órganos judiciales, 
debiendo distinguirse del mismo el relativo a la estricta calificación jurídica que deba 
asignarse a los hechos una vez acreditada su existencia. De este modo, si bien la 
revisión de la razonabilidad de las inferencias a partir de las cuales el órgano a quo llega 
a su conclusión sobre la inexistencia de dolo, u otro elemento subjetivo del tipo, que no 
precisará de la garantía de inmediación, sí deberá venir presidida por la previa audiencia 
al acusado.
O expresada la idea en otras palabras, las cuestiones fácticas exigen audiencia para 
la decisión sobre si concurre un elemento subjetivo y solo las cuestiones jurídicas, 
singularmente decidir la calificación de unos hechos una vez fijada su existencia, pueden 
abordarse en fase de recurso sin audiencia del acusado.
De esta manera, como afirma la recurrente y el ministerio fiscal, la apreciación de la 
tipicidad de la conducta de la acusada y, en particular, el elemento subjetivo del dolo, no 
podía ser resuelto en rigurosos términos de calificación jurídica, requiriendo la audiencia 
de la acusada.
5.  Incidencia de las vulneraciones alegadas en el supuesto concreto.
En  el  caso  examinado,  el  Juzgado  de  lo  Penal  núm.  3  de  Madrid  llega  a  la 
conclusión, tras la prueba testifical practicada y la propia declaración de la acusada, que 
no concurría el elemento subjetivo del delito de prevaricación administrativa del art. 404 
del Código penal al no considerar acreditado que la acusada tuviera pleno conocimiento 
de estar vulnerando claramente los principios de actuación básica de la administración y 
que su intención fuera incumplir la ley, dictando a sabiendas una resolución injusta, por lo 
que  queda  probado  solamente  la  concurrencia  de  un  dolo  eventual,  modalidad  no 
admitida para cumplir los requisitos típicos del delito de prevaricación.
La Sentencia de la Sección Vigésima tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, 
de 23 de octubre de 2018, sin la audiencia personal referida, afirmó que, a la vista de los 
informes emitidos por la secretaria del ayuntamiento y de la interventora municipal, no 
tenía justificación que la alcaldesa solicitara un tercer informe a una asesora externa, y 
que en base al mismo dudara de la opinión de los dos primeros informes emitidos por los 
órganos  asesores  legalmente  previstos,  entendiendo,  igualmente,  que  tampoco  era 
admisible ampararse en razones de urgencia para cubrir dos plazas de trabajadores 
municipales como consecuencia de la necesidad de que el personal disfrutara de sus 
vacaciones,  todo  ello  para  concluir  que  no  podía  compartirse  el  pronunciamiento 
absolutorio  que  la  sentencia  de  instancia  contenía  al  interpretar  que  el  elemento 
subjetivo del delito no había quedado acreditado, dado el conocimiento expreso por parte 
de la alcaldesa de los informes desfavorables a la contratación obrantes en autos.
El juicio se extendió también a evaluar la intención de la acusada, de manera que la 
cuestión no podía ser resuelta sin darle la posibilidad de ser oída personalmente, como 
tampoco sin atender a otras pruebas personales relevantes para alcanzar una convicción 
sobre tal particular.
En definitiva, cuando la Sala de la Audiencia Provincial efectuó la inferencia de la 
intención o ánimo que tenía la recurrente de llevar a cabo la conducta de naturaleza 
antijurídica, alcanzando en este punto sus propias conclusiones, contrarias al juez que 
tuvo inmediación con la prueba, lo hizo sin ponderar la declaración de la acusada sobre 
ello y se introdujo, sin cumplir las garantías constitucionales en la revisión, en una  e
realidad jurídico penal intrínsecamente vinculada con elementos subjetivos del delito,  bo
revocando la previa absolución sin cumplir la exigencia de la audiencia personal como  w
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a cabo la acción a sabiendas de su ilicitud, que era el elemento determinante de la
culpabilidad o de la inocencia y siendo subjetivo ese elemento del delito a debate, 
conforme a la doctrina ya recogida, resultaba obligada la valoración directa de la versión 
de los demandantes, habida cuenta de que su objeto consiste en posibilitar que quien ha 
sido absuelto en primera instancia pueda exponer, ante el Tribunal llamado a revisar la 
decisión impugnada, su testimonio personal sobre su participación en los hechos que se 
le imputan.
Por tal motivo debe considerarse producida la vulneración de los derechos a un 
proceso con todas las garantías y a la defensa, proclamados por el art. 24.2 CE, en 
coherencia con la STC 88/2013, de 11 de abril, FJ 9.
6.  Examen de la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia.
La recurrente, además, ha alegado que su condena en estas circunstancias ha 
supuesto una vulneración de su derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
Este Tribunal ha reiterado, en relación con el derecho a la presunción de inocencia, 
una doctrina jurisprudencial, que lo configura como el derecho a no ser condenado sin 
prueba de cargo válida, lo que determina que solo quepa considerar vulnerado este 
derecho cuando los órganos judiciales hayan sustentado la condena valorando una 
actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o 
cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o cuando por ilógico o insuficiente 
no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado (por 
todas, STC 16/2012, de 13 de febrero, FJ 3). También ha puesto de manifiesto que el 
control que le corresponde realizar a este Tribunal sobre la eventual vulneración de este 
derecho se extiende a verificar si se ha dejado de someter a valoración la versión o la 
prueba de descargo aportada, exigiéndose ponderar los distintos elementos probatorios 
(así, STC 104/2011, de 20 de junio, FJ 2).
El Pleno de este Tribunal en la STC 88/2013, de 11 de abril, FJ 12, y reiterando el 
criterio jurisprudencial en la STC 125/2017, de 13 de noviembre, FJ 9, señala que: 
«tomando en consideración el contenido del derecho a la presunción de inocencia y la 
proyección que sobre el mismo puede tener la previa lesión del derecho a un proceso 
con todas las garantías por una condena en segunda instancia, debe concluirse que, con 
carácter general, la lesión del derecho a un proceso con todas las garantías —esté 
vinculado con la valoración de pruebas practicadas sin las debidas garantías o con no 
haberse dado al acusado la posibilidad de ser oído—, no necesariamente tiene una 
repercusión inmediata en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. De 
ese modo, la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías puede llegar 
a determinar la anulación de la sentencia condenatoria y la retroacción de actuaciones 
para que el órgano judicial dicte una nueva resolución respetuosa con dicho derecho».
Sin  embargo  y  como  sigue  argumentado  la  citada  sentencia,  «cuando  quede 
plenamente acreditado con la lectura de las resoluciones judiciales que la condena se ha 
basado de manera exclusiva o esencial en la valoración o reconsideración de pruebas 
practicadas sin las debidas garantías, también deberá estimarse vulnerado el derecho a 
la presunción de inocencia, ya que en tales casos el efecto de exclusión de la valoración 
judicial de dichas pruebas pondría ya de manifiesto que la inferencia sobre la conclusión 
condenatoria sería ilógica o no concluyente, consumando de esa manera la lesión del 
derecho a la presunción de inocencia. De ese modo, en tales casos la vulneración 
consecutiva de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de 
inocencia determinaría la anulación de la sentencia condenatoria sin retroacción de 
actuaciones». O como señala la STC 59/2018, de 4 de junio, FJ 5, se vulnera el derecho  e
a  la  presunción  de  inocencia  si  se  deja  de  someter  a  valoración  el  testimonio  bo
exculpatorio de la acusada. w
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7.  Aplicación al caso concreto.
En esta ocasión concurre que el elemento subjetivo del delito de prevaricación 
administrativa solo podría ser inferido por el órgano judicial de segunda instancia tras 
escuchar el testimonio de la acusada con publicidad, inmediación y contradicción, pues 
la ponderación de su testimonio era absolutamente esencial para poder inferir de manera 
concluyente  la  culpabilidad  y,  muy  especialmente,  la  de  su  testimonio  exculpatorio, 
habida cuenta de la ya señalada obligación derivada del derecho a la presunción de 
inocencia de someter a valoración la versión o la prueba de descargo aportada por 
aquella.
Por tanto, la condena en segunda instancia, en la medida en que ha dejado de 
someter a valoración el testimonio exculpatorio de la acusada, ha vulnerado también el 
derecho a la presunción de inocencia, toda vez que, tratándose de elementos esenciales 
del tipo que no han sido apreciados con las debidas garantías y no existe la acreditación 
precisa que haga viable la condena.
8.  Conclusión y efectos de la estimación del recurso de amparo.
La estimación de la vulneración a la persona física recurrente de sus derechos a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 
CE)  determina  la  anulación  de  la  resolución  judicial  impugnada  y  la  del  auto 
desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones, en tanto que no reparó dichas 
vulneraciones, con mantenimiento del fallo de la sentencia de instancia.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña María Casado Nieto y, en su 
virtud:
1.º  Declarar que han sido vulnerados sus derechos a un proceso con todas las 
garantías y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerla en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia 
de  23  de  octubre  de  2018,  núm.  737/2018,  de  la  Sección  Vigesimotercera  de  la 
Audiencia Provincial de Madrid, así como del auto de 11 de enero de 2019, del mismo 
órgano judicial, con mantenimiento del fallo dictado en la Sentencia núm. 512/2018, 
de 16 de julio, por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Madrid en el juicio oral 215-2015.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada  en  Madrid,  a  dieciséis  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve.–Juan  José 
González  Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo 
Montoya Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado.
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