BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 63 Lunes 15 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 30167
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA
4106 Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Dirección General del Catastro, 
por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León.
Habiéndose  suscrito  entre  la  Dirección  General  del  Catastro  y  la  Consejería  de 
Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla y León un Convenio de 
colaboración  para  el  intercambio  de  información  sobre  el  mercado  inmobiliario  y  la 
coordinación de actuaciones relativas al valor de referencia, procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.
Madrid, 12 de marzo de 2021.–El Director General del Catastro, Fernando de Aragón 
Amunárriz.
ANEXO
Convenio entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Dirección General del 
Catastro) y la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, para el intercambio de información sobre el mercado inmobiliario y 
la coordinación de actuaciones relativas al valor de referencia
En Madrid y Valladolid, a 4 de marzo de 2021.
De una parte, don Fernando de Aragón Amunárriz, Director General del Catastro, en 
virtud del Real Decreto 752/2016, de 30 de diciembre (BOE n.º 316, de 31 de diciembre) en 
ejercicio de las competencias que tiene delegadas de conformidad con el artículo 17 de la 
Orden HAC/316/2019, de 12 de marzo, de delegación de competencias y por la que se fijan 
los límites de las competencias de gestión presupuestaria y concesión de subvenciones y 
ayudas de los titulares de las Secretarías de Estado (BOE de 20 de marzo de 2019).
De otra parte, don Carlos Javier Fernández Carriedo, Consejero de Economía y 
Hacienda  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla  y  León,  nombrado  por 
Acuerdo 14/2019, de 16 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que 
se nombran titulares de las Consejerías de la Junta de Castilla y León; en uso de las 
atribuciones que le confiere el artículo 26, apartado 1, letra l) de la Ley 3/2001, de 3 de 
julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
EXPONEN
Primero.
El texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 
Legislativo  1/2004,  de  5  de  marzo,  establece  en  su  artículo  4  que  la  formación  y 
mantenimiento del Catastro Inmobiliario y la difusión de la información catastral es de 
competencia exclusiva del Estado y que dichas funciones se ejercerán por la Dirección  s
General del Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración que  e.
se establezcan con las diferentes Administraciones, Entidades y Corporaciones Públicas. w.
Por su parte, la Dirección General del Catastro ejercerá las funciones relativas a la formación,  06ww
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Segundo.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el 
capítulo VI de su título preliminar, incluye las previsiones normativas necesarias para fijar 
el  marco  al  que  deben  someterse  los  convenios  que  se  suscriban  por  las 
Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes. El presente Convenio se sujeta a las prescripciones legales 
establecidas en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público y en el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el 
que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
Tercero.
De  conformidad  con  su  normativa  de  aplicación,  la  Consejería  de  Economía  y 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Dirección General del 
Catastro  han  propiciado  la  formalización  del  presente  Convenio,  con  el  objeto  de 
coordinar  con  dicho  centro  directivo  las  actuaciones  relativas  al  uso  del  valor  de 
referencia en el ejercicio de sus respectivas competencias. Asimismo, se persigue el 
objetivo de intercambio de información sobre el mercado inmobiliario, en aras de su 
mejor gestión por parte de ambos.
Cuarto.
La  Abogacía  del  Estado  del  Ministerio  de  Hacienda  informó  favorablemente  la 
formalización del presente Convenio en fecha 19 de noviembre de 2020.
Cuenta, asimismo, con el informe favorable de la Asesoría Jurídica de la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León de fecha 15 de octubre de 2020.
Quinto.
De conformidad con la Orden PRA/1267/2017, de 21 de diciembre, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se 
aprueban  las  instrucciones  para  la  tramitación  de  convenios,  se  han  emitido  los 
correspondientes informes del Gabinete de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos de fecha 24 de noviembre de 2020 y de la Dirección General de Cooperación 
Autonómica  y  Local  (Secretaría  General  de  Coordinación  Territorial.  Secretaría  de 
Estado de Política Territorial) del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de 
fecha 2 de diciembre de 2020.
Sexto.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda ha autorizado en fecha 3 
de febrero de 2021 la suscripción de este Convenio, de conformidad con la Orden 
HAC/316/2019, de 12 de marzo, de delegación de competencias y por la que se fijan los 
límites de las competencias de gestión presupuestaria y concesión de subvenciones y 
ayudas de los titulares de las Secretarías de Estado.
Séptimo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 50.2 e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,  s
de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Convenio será remitido al Senado. oe.
En consecuencia, las partes intervinientes proceden a la formalización del presente 
Convenio de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El presente Convenio entre la Dirección General del Catastro y la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (en adelante 
Comunidad Autónoma), tiene un doble objeto.
Así, por una parte, el intercambio de información, para lograr una mejor eficiencia en 
el ejercicio de sus respectivas competencias y, por otra parte, la coordinación de las 
actuaciones que permitan el diseño y adopción de las medidas jurídicas, técnicas y 
tecnológicas necesarias para la mejor gestión tributaria por parte de la Comunidad 
Autónoma, así como la mejor calidad posible del valor de referencia de la Dirección 
General del Catastro.
Segunda.  Actuaciones de colaboración.
1.  Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:
a)  Intercambio de información sobre el mercado inmobiliario y el valor de referencia 
de los inmuebles.
b)  Coordinación de actuaciones de las dos Administraciones, en lo relativo al valor 
de referencia de los inmuebles.
2.  La Dirección General del Catastro asume los siguientes compromisos:
a)  Poner a disposición de la Comunidad Autónoma los análisis previos, resultados, 
productos y servicios asociados a los Informes Anuales del Mercado Inmobiliario que 
realice, a través de los sistemas de información catastrales.
b)  Poner a disposición de la Comunidad Autónoma, a través de la Sede Electrónica 
del Catastro, los valores de referencia de los inmuebles, las descripciones catastrales, la 
motivación de su cálculo y los restantes elementos necesarios para su determinación.
c)  Poner a disposición de la Comunidad Autónoma los informes de ratificación o 
corrección de los valores de referencia de los inmuebles que ésta le requiera, para que 
los reciba a través de la Sede Electrónica del Catastro.
3.  La Comunidad Autónoma asume los siguientes compromisos:
a)  Poner a disposición de la Dirección General del Catastro los resultados de las 
comprobaciones  de  valores  que  en  su  caso  realice,  a  efectos  del  Impuesto  sobre 
Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, cuando no exista valor de referencia o éste no pueda ser 
certificado por la Dirección General del Catastro.
b)  Remitir, en su caso, a la Dirección General del Catastro la información que 
considere relevante a sus intereses sobre los análisis, resultados y productos puestos a 
su disposición en los términos señalados en el apartado 2.a) de la presente cláusula.
c)  Poner en conocimiento de la Dirección General del Catastro las necesidades que 
en  el  marco  de  sus  competencias  considere  relevantes,  relativas  a  la  puesta  a  s
disposición de los valores de referencia en los términos previstos en el apartado 2.b) de  oe.
la presente cláusula. w.
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Cuando sea necesario, la Comunidad Autónoma digitalizará e incorporará a los 
sistemas de información catastral, a través de la citada Sede, la documentación aportada 
por los interesados en justificación de sus intereses.
Dicha documentación podrá acompañarse del informe que elaboren al efecto los 
servicios técnicos de la Comunidad Autónoma.
e)  Poner en conocimiento de la Dirección General del Catastro, a través del mapa de 
gestión, los hechos, actos, negocios y demás circunstancias relativas a los bienes inmuebles 
susceptibles de originar una incorporación o modificación en el Catastro Inmobiliario, que 
conozca por razón del ejercicio de sus competencias, al objeto de que se inicien los oportunos 
procedimientos de incorporación de inmuebles y sus alteraciones al Catastro Inmobiliario.
4.  En los supuestos en los que proceda la corrección del valor de referencia, la 
Comunidad Autónoma tendrá la facultad potestativa de realizar la grabación en la base 
de datos catastral de los datos físicos, jurídicos y económicos necesarios a tal fin.
En el caso de que la Comunidad Autónoma quiera ejercer dicha potestad, y a tal efecto, 
la Dirección General del Catastro le dará acceso telemático a sus sistemas informáticos, 
con las funcionalidades que resulten necesarias para su actuación, debiéndose observar las 
instrucciones de identificación y autenticación de dichos sistemas.
Tercera.  Protección de datos de carácter personal.
La Comunidad Autónoma en el ejercicio de las funciones previstas en el presente 
Convenio, adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales  y  normativa  de 
desarrollo, al texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo y al Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se 
desarrolla dicho texto refundido.
Cuarta.  Resolución y denuncia del Convenio.
1.  De conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, este Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones 
que constituyen su objeto o por incurrir en cualquiera de las siguientes causas de resolución:
a)  Transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.
b)  Acuerdo unánime de las partes.
c)  Incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las partes. En 
este  caso,  cualquiera  de  las  partes  podrá  notificar  a  la  parte  incumplidora  un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
Convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
otras leyes.
2.  Por otra parte, la denuncia del Convenio podrá formularse por cualquiera de las  bo
partes, previa comunicación a la otra con una antelación mínima de un mes, trascurrido  06ww
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soportes informáticos en que pudieran constar datos de carácter personal y catastrales
protegidos. En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las 
acciones ya iniciadas con anterioridad a la extinción del Convenio. Para dicha finalización 
habrá un plazo improrrogable que será fijado por las partes cuando se resuelva el Convenio.
La extinción del Convenio no determinará indemnización alguna.
4.  La modificación del Convenio requerirá el acuerdo unánime de los firmantes.
Quinta.  Comisión de seguimiento, vigilancia y control.
Se constituirá una Comisión de seguimiento, vigilancia y control formada por tres 
miembros de cada parte y que será presidida alternativamente y por periodos anuales 
por el Director General del Catastro y por la Directora General de Tributos y Financiación 
Autonómica o por el funcionario en quien delegue cada uno y en la que uno de los 
representantes  de  la  Administración  General  del  Estado  será  un  funcionario  de  la 
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla y León designado por el 
Delegado de la misma. Dicha Comisión, con independencia de las funciones concretas 
que le asignen las demás cláusulas de este Convenio velará por el cumplimiento de las 
obligaciones de ambas partes y adoptará cuantas medidas y especificaciones técnicas 
sean precisas para el desarrollo del mismo, resolviendo las cuestiones que puedan 
plantearse sobre la interpretación y cumplimiento del Convenio.
La Comisión de seguimiento, vigilancia y control deberá constituirse formalmente en 
un plazo máximo de un mes desde la fecha de eficacia del presente Convenio.
Dicha  Comisión  celebrará  cuantas  sesiones  extraordinarias  sean  necesarias  para  el 
cumplimiento de sus fines, previa convocatoria al efecto de su Presidente, de propia iniciativa o 
teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros. En todo caso, esta comisión se 
reunirá ordinariamente una vez al año, a fin de verificar y comprobar el resultado de las 
obligaciones contraídas estableciendo las directrices e instrucciones que considere oportunas.
Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49. f). de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por 
las partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y de los compromisos 
adquiridos por los firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 51.2.c) y 52.3 de la citada Ley.
Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de 
la  Comisión  de  seguimiento,  vigilancia  y  control  cuantas  diferencias  resulten  de  la 
interpretación y cumplimiento de este Convenio, sin perjuicio de la competencia del 
orden  jurisdiccional  contencioso  administrativo  para  el  conocimiento  de  cuantas 
cuestiones y litigios pudieran surgir.
La  Comisión  de  seguimiento,  vigilancia  y  control  ajustará  su  actuación  a  las 
disposiciones contenidas en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En esta Comisión se establecerán los formatos necesarios para el desarrollo del 
intercambio de información.
Sexta.  Régimen jurídico y resolución de conflictos.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se suscribe al amparo de lo 
establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 
en el artículo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
Serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo, para 
resolver los litigios que pudieran surgir sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución  es
y efectos del presente Convenio, así como sobre las responsabilidades por los perjuicios que,  bo
con motivo del desarrollo de los compromisos pactados, puedan causarse las partes. 06ww
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Séptima.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio se perfecciona el día de su firma y será inscrito en el Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal 
y publicado en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015
De acuerdo con el artículo 49 h) de la mencionada Ley, la vigencia inicial del 
Convenio será de 4 años desde la fecha de su inscripción en el Registro Electrónico 
estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de  Cooperación  del  sector  público  estatal, 
pudiéndose acordar su prórroga por un periodo máximo de cuatro años en cualquier 
momento anterior a la finalización del plazo de vigencia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 50.2 e) de la citada Ley 40/2015, el 
presente Convenio una vez suscrito será remitido al Senado.
Octava.  Suspensión del Convenio.
El Convenio podrá suspenderse total o parcialmente y de mutuo acuerdo, por un 
plazo no superior a un año, cuando concurran circunstancias técnicas, presupuestarias o 
de cualquier otra índole que así lo justifiquen.
Novena.  Publicidad del Convenio.
1.  El presente Convenio se inscribirá en el Registro Electrónico estatal de Órganos 
e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Del  mismo  modo,  el  presente  Convenio  se  inscribirá  en  el  Registro  General 
Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
2.  El presente Convenio estará a disposición de los ciudadanos en el Portal de 
Transparencia en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Del  mismo  modo,  el  presente  Convenio  podrá  ser  consultado  electrónicamente 
desde el apartado «trámites y servicios» de la Sede Electrónica de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con los datos obrantes en el Registro 
General Electrónico de Convenios.
Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en ejemplar duplicado 
en el lugar y fecha anteriormente indicados.–El Director General del Catastro, Fernando 
de  Aragón  Amunárriz.–El  Consejero  de  Economía  y  Hacienda  de  la  Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, Carlos Javier Fernández Carriedo.