BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Jueves 10 de marzo de 2022 Sec. TC.   Pág. 28746
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3804 Pleno.  Sentencia  17/2022,  de  8  de  febrero  de  2022.  Cuestión  de 
inconstitucionalidad 1143-2021. Planteada por la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en relación con diversos preceptos de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de 
coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid. Competencias 
sobre función pública: nulidad de la previsión legal autonómica que establece 
un sistema de promoción interna basado exclusivamente en la posesión de la 
titulación académica y prescinde de la superación de las correspondientes 
pruebas selectivas.
ECLI:ES:TC:2022:17
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro José 
González-Trevijano Sánchez, presidente; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, 
don  Santiago  Martínez-Vares  García,  don  Antonio  Narváez  Rodríguez,  don  Ricardo 
Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón; la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón; los magistrados don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique 
Arnaldo  Alcubilla,  y  las  magistradas  doña  Concepción  Espejel  Jorquera  y  doña 
Inmaculada Montalbán Huertas, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1143-2021, promovida por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en relación con las disposiciones transitorias primera, apartado primero, y tercera 
de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de coordinación de policías locales de la Comunidad 
de Madrid. Han comparecido y formulado alegaciones el abogado del Estado, el letrado 
de la Comunidad de Madrid y el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don 
Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1. El día 1 de marzo de 2021 tuvo entrada en el registro de este tribunal el escrito 
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad de Madrid por el que remite, junto con el testimonio de las 
actuaciones (recurso de apelación núm. 603-2020), el auto de 5 de febrero de 2021, por 
el  que  ha  acordado  promover  cuestión  de  inconstitucionalidad  respecto  de  las 
disposiciones transitorias primera, apartado primero, y tercera de la Ley 1/2018, de 22 de 
febrero, de coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid. e.
2. Los antecedentes de hecho de la presente cuestión de inconstitucionalidad son,  04ww
en saín) tesUisn,  flousn csiiognuaierinot edse:l cuerpo de policía local del Ayuntamiento de Villaviciosa de
Odón,  que  tenía  categoría  de  sargento  según  la  Ley  4/1992,  de  8  de  julio,  de
coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid, y de subinspector conforme  Bc
a la nueva estructura introducida por la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018, instó el 
reconocimiento  de  su  integración  en  el  subgrupo  de  clasificación  profesional  A2 
correspondiente a su nueva categoría, al amparo de la disposición transitoria primera, 
apartado primero, de dicha ley. Solicitaba que la integración se efectuara con «todos los 
efectos inherentes» y con carácter retroactivo al l de abril de 2018, fecha de entrada en 
vigor de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018.
b) Entendiendo desestimada su pretensión por silencio administrativo, interpuso 
recurso contencioso-administrativo, que fue también desestimado por sentencia núm. 
124/2020, de 29 de julio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 29 de 
Madrid.
c) Por la representación procesal del funcionario recurrente se interpuso recurso de 
apelación instando la revocación de la sentencia y, en consecuencia, la estimación del 
recurso deducido en la instancia, pretensión a la que se opuso el Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón, que solicitó, subsidiariamente, el planteamiento de una cuestión de 
inconstitucionalidad  respecto  de  la  disposición  transitoria  primera  de  la  Ley  de  la 
Asamblea de Madrid 1/2018, por ser contraria a las normas básicas que regulan la 
promoción interna de los funcionarios públicos.
d) Declarado concluso el recurso y señalada fecha para votación y fallo, mediante 
providencia de fecha 3 de diciembre de 2020, se acordó oír a las partes y al Ministerio 
Fiscal, por plazo común de diez días, sobre la pertinencia de plantear la cuestión de 
inconstitucionalidad respecto de la disposición transitoria primera, apartado primero, de 
la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018, en relación con la disposición transitoria 
tercera, por la posible inconstitucionalidad mediata con las normas básicas aplicables.
e) El ayuntamiento de Villaviciosa de Odón y el Ministerio Fiscal se mostraron 
conformes con el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. La parte apelante 
manifestó que se sometía a lo que decidiera la Sala.
f) La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid dictó auto de 5 de febrero de 2021, por el que acordó 
plantear  cuestión  de  inconstitucionalidad  respecto  de  las  disposiciones  transitorias 
primera, apartado 1, y tercera de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018, por su 
eventual contradicción efectiva e insalvable por vía interpretativa con los apartados 
primero y segundo del art. 18, en relación con el art. 16.3 c), del texto refundido de la Ley 
del estatuto básico del empleado público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre (en adelante, TRLEEP) y con el art. 18.2 de la Ley 6/2018, de 3 de 
julio, de presupuestos generales del Estado para el año 2018.
3. Del contenido del auto de planteamiento interesa resaltar lo siguiente:
Tras exponer los antecedentes, la Sala comienza sus razonamientos jurídicos con la 
formulación de los juicios de aplicabilidad y relevancia. Al respecto, señala que ambos se 
cumplen  toda  vez  que  el  recurso  que  da  origen  al  proceso  se  dirigía  contra  la 
desestimación presunta de la solicitud de integración en el subgrupo de clasificación 
profesional A2, con «todos los efectos inherentes» y con carácter retroactivo a la fecha 
de entrada en vigor de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018. De esta forma, es 
exclusivamente la aplicación de la disposición transitoria primera, apartado primero, la 
que se esgrime para actuar tal pretensión, en tanto que la misma prevé la directa 
integración en las correspondientes categorías de los subgrupos de clasificación que 
regula el art. 33 de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018. Vinculado a lo anterior se 
encuentran las consecuencias retributivas de la integración y, con ello, la forma en la que  e.e
ha  de  interpretarse  la  disposición  transitoria  tercera  de  la  Ley  de  la  Asamblea  de  w.b
Madrid 1/2018. Añade que aquí se plantea un problema de inconstitucionalidad mediata  04ww
oS TinCd 1ir0e9ct/a2,0 1re7c, odred a2n1d doe  lsaesp etixeimgebnrec,ia FsJ  d2e). la doctrina constitucional al respecto (cita la
precEelp tfousn dcaumesetinotnoa djuorsíd, iacsoí  csoemguon edlo a rat.n 1a8liz, aa pealr tamdaorsc op rimnoerrmo ayt ivsoe,g urnedporo, dTuRcLieEnEdPo  yl oesl 
art. 18.2 de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2018. Indica que la
eventual  inconstitucionalidad  mediata  deriva  de  la  interpretación  conjunta  de  la 
disposición transitoria primera, apartado primero, y disposición transitoria tercera. Aclara 
que no alcanza a la disposición transitoria primera, apartado segundo, de la Ley de la 
Asamblea de Madrid 1/2018, referente a la permanencia en el subgrupo de clasificación 
de origen como situación «a extinguir» de aquellos miembros de los cuerpos de policía 
local que, a la entrada en vigor de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018, no tuviesen 
la  correspondiente  titulación  académica;  precepto  que  ha  sido  objeto  de  la 
STC 171/2020, de 16 de noviembre, que ha declarado su inconstitucionalidad y nulidad, 
si bien únicamente en su aplicación a la integración de los miembros de los cuerpos de 
policía local en el subgrupo Cl.
A  continuación,  el  auto  justifica  la  eventual  inconstitucionalidad  mediata  de  la 
disposición  transitoria  primera,  apartado  primero,  de  la  Ley  de  la  Asamblea  de 
Madrid 1/2018 por su contradicción con los arts. 16.3 c) y 18, apartados primero y 
segundo, TRLEEP. Señala, en primer lugar, que dichas normas son bases del régimen 
estatutario de los funcionarios públicos, dictadas al amparo del art. 149.1.13 y 18 CE, 
preceptos que exigen que la promoción interna se realice mediante procesos selectivos 
que garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad [art. 1.3 b) TRLEEP].
La disposición transitoria primera, apartado primero, de la Ley de la Asamblea de 
Madrid  1/2018  prescinde  absolutamente  de  la  exigencia  de  superar  unas  pruebas 
selectivas, al disponer que «quedarán directamente integrados en las correspondientes 
categorías de dichos subgrupos de clasificación» aquellos «miembros de los cuerpos de 
policía  local  que  a  la  entrada  en  vigor  de  la  presente  Ley  ocupen  plazas 
correspondientes  a  las  categorías  clasificadas  en  los  subgrupos  de  clasificación 
profesional en el artículo 33 y tuviesen la titulación académica correspondiente».
El órgano judicial aclara que la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018 deroga la 
Ley 4/1992, de 8 de julio, modificando la denominación de las categorías jerárquicas, así 
como los grupos y escalas de pertenencia de los agentes y los mandos de los policías 
locales.
El auto menciona también el acuerdo de 4 de diciembre de 2018, de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid, que 
recoge el «compromiso de tramitar una iniciativa legislativa en la Asamblea de Madrid» 
para dar la siguiente redacción a la disposición transitoria primera: «Las corporaciones 
locales  convocarán  procesos  de  promoción  interna,  atendiendo  a  los  requisitos  y 
procedimientos establecidos en la legislación básica, para que el personal de los cuerpos 
de policía local que pertenezca a las categorías de policía y oficial pueda acceder al 
subgrupo  de  clasificación  profesional  Cl,  y  el  que  pertenezca  a  la  categoría  de 
subinspector pueda acceder al subgrupo de clasificación profesional A2». El auto indica 
que  este  compromiso  de  modificación  normativa  aún  no  se  ha  cumplido  pero,  de 
concretarse en un futuro, entiende que no podría tener efectos retroactivos, de suerte 
que la integración ya se habría consumado, al margen de los procesos de promoción 
interna que exige la legislación básica.
La inconstitucionalidad de las normas cuestionadas también vendría dada por su 
contradicción  efectiva  e  insalvable  por  vía  interpretativa  con  la  norma  básica 
representada por el art. 18.2 de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2018, 
dictada al amparo de los arts. 149.1.13 y 156.1 CE. Consecuencia de la integración en 
los  nuevos  subgrupos  de  clasificación  profesional  son  sus  efectos  retributivos.  La 
referencia  de  la  disposición  transitoria  tercera  a  que  la  integración  «no  implicará 
necesariamente» el incremento de las retribuciones totales no excluye en todo caso que  es
tales aumentos se produzcan. Se deja así abierta la posibilidad de que se produzca un  o
geer«eesxinttpnrecirebr eeruspamcaulieoe nsdnnt oeetod, s  eq»edlu  lee pEl oa strugat ataleo dsna otcuor iem mpspeaaaúnr lbattdaol ie c 2 sol0aloe 1   e8dqdn.iue  feedmCr ueiafrzincjtcaecua rina eiasd l  teeacd nnietlaatc ridseac o o r lseqaattu errtiesnb.   ou1ddrc8meeio.r 2ainvp  eadems er sd acoledaon r maiLllaelpe  ñlyyeaf /amo dl tyeeai  nn pltcdaarreesrei  samupdsepre. enu Svteooiosst britódaoreness      OE-A-2022-3804able en https://www.
comunidades autónomas que, para supuestos similares, sí cierran toda posibilidad de
que la integración comporte un incremento de gasto público, previendo reducciones en 
los complementos que compensen las mayores retribuciones básicas derivadas de la 
integración.
4. Por providencia de 20 de abril de 2021, el Pleno acordó admitir a trámite la 
cuestión de inconstitucionalidad; y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1 c) de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), reservar para sí su conocimiento; 
dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.3 LOTC, al 
Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, al Gobierno, 
por conducto del ministro de Justicia, y a la fiscal general del Estado, así como al 
Gobierno  y  a  la  Asamblea  de  la  Comunidad  de  Madrid,  al  objeto  de  que,  en  el 
improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las 
alegaciones que estimaran convenientes; comunicar la providencia de admisión a la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.3 LOTC, 
permanezca suspendido el proceso hasta que este tribunal resuelva definitivamente la 
presente cuestión y publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».
5. Mediante escrito registrado el día 6 de mayo de 2021, la presidenta del Congreso 
de los Diputados comunicó el acuerdo de la mesa de la Cámara, por la que se persona 
en el proceso y ofrece su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Lo mismo hizo la 
presidenta del Senado por escrito que tuvo entrada en este tribunal el día 11 de mayo 
de 2021.
6. El letrado de la Comunidad de Madrid, en representación del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, formuló sus alegaciones el día 14 de mayo de 2021 en las que, 
resumidamente, sostiene lo siguiente.
En relación con la disposición transitoria primera, apartado primero, de la Ley de la 
Asamblea de Madrid 1/2018, se adoptó el acuerdo de 4 de diciembre de 2018, de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de 
Madrid, con el compromiso de tramitar una iniciativa legislativa en la Asamblea de Madrid 
para su modificación por el procedimiento de lectura única. La nueva redacción incluiría 
expresamente, en lo que aquí interesa, que «las corporaciones locales convocarán 
procesos de promoción interna atendiendo a los requisitos y procedimientos establecidos 
en  la  legislación  básica  para  que  el  personal  de  los  cuerpos  de  policía  local  que 
pertenezca  a  las  categorías  de  policía  y  oficial  pueda  acceder  al  subgrupo  de 
clasificación profesional C1, y el que pertenezca a la categoría de subinspector pueda 
acceder al subgrupo de clasificación profesional A2».
Añade que, con posterioridad a dicho compromiso, con fecha de 21 de febrero 
de  2019,  el  grupo  parlamentario  popular  en  la  Asamblea  de  Madrid  presentó  una 
proposición de ley de modificación de ciertos preceptos de la Ley de la Asamblea de 
Madrid 1/2018, entre ellos, la disposición transitoria primera, en los términos planteados 
en el acuerdo referido. Con fecha de 5 de marzo de 2019, el Consejo de Gobierno se 
manifestó a favor de su toma en consideración y tramitación. Sin embargo, la proposición 
no fue tramitada «por cuestiones que son ajenas al ámbito y competencia de esta 
administración de la Comunidad de Madrid, sin que se haya logrado aprobar hasta la 
fecha la modificación de la norma».
Por otro lado, defiende la constitucionalidad de la disposición transitoria tercera.  es
Únicamente resultaría inconstitucional si estableciese que «[l]a integración en subgrupos  bo
de clasificación profesional prevista en la presente Ley implicará necesariamente el  04ww
ecpinonrcentrrse aulmrap  eueinnenttsor to ocddsoue lgci scelaióinósnen  rr aedclteoerisnlb   uadcldeaivol  enEpresbrsetiao vtd ios«otina ópelneac srea csd oa2enr0 tiael1omn8si. de fSanu teneñce»aino, l anp aeuqrle uioseast or»lta í,c  qpduuuuleoed  sae1  leis8men.2i  ns eausd seelca  ic talapa sr aoo Lh laeipb yoiS cdiaródílneaa     OE-A-2022-38able en https://
taxativa que, de otro modo, tendría la norma («no implicará») y, en consecuencia, deja
de prohibir categóricamente el incremento retributivo. Pero tal y como está redactada la 
citada disposición transitoria tercera, ni impide ni obliga al citado incremento. Cualquier 
consecuencia que pudiera tener en las retribuciones la integración en subgrupos de 
clasificación profesional –hipotéticamente, tanto su aumento como su reducción o su 
mantenimiento– resultarían conformes con su tenor. El contenido de la norma puede 
enmarcarse dentro del respeto a la autonomía local y, en particular, a su potestad de 
autoorganización, en la medida en que corresponde a las corporaciones locales conocer 
y acomodar su actuación a los límites legales que establezcan las normas de carácter 
básico, tanto presupuestarias como en materia de función pública. No existe, por tanto, 
la inconstitucionalidad mediata que aprecia el órgano judicial, toda vez que no hay una 
colisión frontal e insalvable con la norma básica.
El letrado de la Comunidad Autónoma indica también que la Ley de la Asamblea de 
Madrid 1/2018 es una norma de carácter sustantivo, con una vocación de permanencia 
que trasciende el carácter temporal de las distintas leyes anuales de presupuestos, 
razón por la cual la redacción de su disposición transitoria tercera tiene una formulación 
flexible. Por tanto, dicho precepto se configura como una advertencia o cautela dirigida a 
las entidades locales, que han de velar para que, en el supuesto en que la ley de 
presupuestos en vigor al tiempo de producirse la integración estableciese un límite al 
aumento de gasto, como ha venido sucediendo en los últimos ejercicios, dicha limitación 
se aplique. Todo ello, sin olvidar que la disposición transitoria tercera se refiere, sin más, 
al no incremento de las retribuciones totales, mientras que las leyes de presupuestos sí 
han venido permitiendo incrementos, dentro de ciertos límites.
Además, debe tenerse en cuenta que la limitación viene referida a los incrementos 
de la masa salarial destinada al personal al servicio de cada administración, es decir, a 
las retribuciones totales percibidas, con independencia de los incrementos que pudieran 
aprobarse para determinados empleados o grupos de empleados. Eso permite a cada 
administración local corregir los posibles incrementos a través de diferentes fórmulas, de 
modo que la partida presupuestaria municipal destinada al pago de retribuciones no se 
eleve en su conjunto.
Finalmente, el letrado autonómico sostiene que la consecuencia salarial para los 
miembros de los cuerpos de policía local que se encontrasen en la situación prevista en 
el apartado primero de la disposición transitoria primera de la Ley de la Asamblea de 
Madrid 1/2018 sería la misma, tanto si se produce la integración automática prevista en 
su actual redacción, como si accediesen a los cuerpos o escalas correspondientes previa 
superación de un concurso oposición. En ambos casos percibirían las retribuciones 
propias del puesto que pasaran a ocupar.
7. También  el  día  14  de  mayo  de  2021  se  personó  el  abogado  del  Estado, 
interesando la estimación de la cuestión de inconstitucionalidad por las razones que 
seguidamente se exponen.
Tras  reproducir  el  contenido  de  los  preceptos  cuestionados,  estima  que  son 
inconstitucionales  en  cuanto  que  son  contradictorios,  sin  posibilidad  de  una 
interpretación conforme, con las normas básicas referidas a la regulación de la relación 
de servicio de los funcionarios públicos en uno de sus aspectos esenciales, como es la 
promoción de la carrera administrativa; cuestión que se integra en la materia relativa al 
estatuto de los funcionarios públicos en la que el Estado puede establecer, entre otras, 
las condiciones de promoción (cita las SSTC 175/2011, de 8 de noviembre, FJ 5, 
y 171/2020, de 16 de noviembre, FJ 2). s
La  aplicación  de  esta  doctrina  lleva  a  descartar  una  interpretación  integradora,  e.
compatible o conforme entre ambos textos, autonómico y estatal. Con lo cual, la ley  w.
autonómica  vulnera  la  competencia  estatal  del  art.  149.1.18  CE,  deviniendo  04ww
minceonncsiotintuacdioo ntíatul ldoe c ommapneetrean cmiaeld.iata al contradecir la ley estatal, dictada al amparo del
a loTsa mefbeicétno ss oresttireibnuet ivlao sin cdoen slati tuinctieognraalicdióand,  deen l ac udaisnptoos iqcuióen  dtreajan saitboireiart ate rlcae rpao,s rieblialidtiavad   BOE-A-cable e
teórica de que opere un incremento del gasto público en materia de costes de personal 
por encima de lo que fije la respectiva ley estatal de presupuestos.
8. Mediante escritos registrados los días 18 y 20 de mayo de 2021, se personó en 
el proceso don Fabián Robledo García, recurrente en el proceso a quo, y formuló 
alegaciones en las que insiste en el carácter automático de la integración en el subgrupo 
correspondiente cuando se está en posesión de la correspondiente titulación, en apoyo 
de lo cual cita la sentencia 249/2019 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
10 de Madrid en un recurso (núm. 168-2019) idéntico al suyo.
9. Por escrito registrado el día 7 de junio de 2021, la secretaria general de la 
Asamblea de Madrid remitió el acuerdo de la mesa de la diputación permanente de la 
Asamblea de Madrid por la que se acuerda personarse en el presente procedimiento, sin 
presentar alegaciones.
10. La fiscal general del Estado formuló sus alegaciones por escrito registrado el 
día 14 de junio de 2021.
Expone, en primer lugar, los preceptos cuestionados, advirtiendo de la relación entre 
ellos, ya que la eventual estimación de la inconstitucionalidad de la disposición transitoria 
primera, apartado primero, haría inviable la integración y, consecuentemente, los efectos 
económicos derivados de ella, cuyo límite establece la disposición transitoria tercera.
a) En cuanto a la disposición transitoria primera, apartado primero, indica que, para 
el órgano judicial, se vulnera el art. 149.1.18 CE, en relación con los arts. 16.3 c) y 18, 
apartados primero y segundo, TRLEEP. Se trata de un supuesto de inconstitucionalidad 
mediata en cuanto que el precepto cuestionado regula la integración directa de los 
funcionarios a que se refiere, sin atenerse al proceso selectivo que exige la norma básica 
y que omite. Recoge la doctrina constitucional en relación con el art. 149.1.18 CE, 
citando las SSTC 200/2015, de 24 de septiembre, y 171/2020, de 16 de noviembre, 
dictadas  en  relación  con  supuestos  similares  al  ahora  cuestionado,  así  como  las 
SSTC 175/2011, de 8 de noviembre, y 111/2014, de 26 de junio. También hace referencia 
al criterio del ATC 200/2016, de 1 de diciembre, en cuanto a la posibilidad de una 
interpretación  constitucional  de  la  norma  que  desplazaría  su  declaración  de 
inconstitucionalidad en un supuesto análogo al ahora examinado.
Expuesto lo anterior, cita el art. 26.1.28 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
de  Madrid,  así  como  determinados  preceptos  de  la  Ley  de  la  Asamblea  de 
Madrid 1/2018. Alude, también, a las normas estatales que disponen que la promoción 
interna  de  los  funcionarios  públicos  se  realizará  mediante  concurso  oposición  que 
garantice  el  cumplimiento  de  los  principios  constitucionales  de  igualdad,  mérito  y 
capacidad.
La fiscal general del Estado resalta las similitudes de este caso con el resuelto en la 
citada STC 200/2015, pues se trata de un caso de inconstitucionalidad mediata que se 
proyecta sobre una norma autonómica que contempla un supuesto de promoción interna 
para adaptar las categorías existentes a las nuevas derivadas de la Ley de la Asamblea 
de Madrid 1/2018. A este respecto, destaca que el art. 41 de esta misma ley efectúa un 
reconocimiento explícito de la sujeción a la normativa dictada por el Estado en materia 
de estatuto de los funcionarios públicos y expresamente alude a que la promoción 
interna se realizará mediante concurso oposición. La fiscal reconoce que la norma 
cuestionada  no  menciona  el  concurso  oposición  para  la  integración  directa  de  los  s
miembros del cuerpo de policía local afectados y, desde esta perspectiva, por tanto, no  oe.
respetaría el contenido de la norma básica, lo que determinaría la estimación de la  w.
qcuuees Netioóv intoa bdsseet  ainlanc toeinn, cseotnintutsiectiintoudnceaio liqnduaaeldid .caadb dríea  luan nao irnmtear pcrueetasctiioónna daac.o mEsotdaa ndoar ma ala n oC opnusetdituec sióenr   2022-3804n https://ww
interpretada de forma aislada sino en el contexto legislativo en el que se integra. Aunque
la disposición transitoria primera, apartado primero, no se refiera directamente al sistema  Bc
de concurso oposición para hacer efectiva la integración que regula, eso no significa que 
excluya su aplicación conforme al art. 41 de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018. Se 
trataría de un caso similar al del ATC 200/2016, en el que la omisión existente se refería, 
no ya al sistema de acceso en el caso de promoción interna, sino a la posesión de la 
titulación adecuada. A juicio de la fiscal general del Estado, la normativa estatal y 
autonómica incorpora una regulación que responde a unos principios coordinados y 
homogéneos que no excluyen el concurso oposición. Ello implica que, partiendo de que 
los funcionarios afectados por la norma cuestionada deben tener la titulación académica 
correspondiente, la interpretación de que quedarán directamente integrados no puede 
hacerse en abstracto y al margen de los principios y normativa contenidos tanto en la 
propia Ley controvertida como en la legislación básica. La disposición cuestionada no 
regula una integración en abstracto, incondicionada, al margen de los principios de 
mérito y capacidad y de la legislación estatal, sino de forma integrada en la norma más 
amplia de la que forma parte.
La fiscal general del Estado concluye que, si nos atenemos al texto literal de la 
disposición  cuestionada,  en  cuanto  omite  toda  referencia  al  sistema  de  concurso 
oposición para la denominada integración directa de los funcionarios de la policía local 
afectados, entraría en contradicción con los arts. 16.3 c) y 18, apartados primero y 
segundo,  TRLEEP.  Sin  embargo,  ve  posible  una  interpretación  acomodada  a  la 
Constitución, en los términos que ha expuesto, lo que evitaría la declaración de nulidad 
de la norma cuestionada.
b) Sobre  la  disposición  transitoria  tercera,  indica  que  se  trata  también  de  un 
supuesto de inconstitucionalidad mediata o indirecta, por vulnerar los límites para los 
incrementos retributivos derivados de la Ley de presupuestos generales del Estado 
para 2018, que afectan a todo el personal del sector público. Destaca que la norma 
cuestionada se refiere a retribuciones totales de los funcionarios y determina que la 
integración en subgrupos de clasificación profesional no implicará necesariamente el 
incremento de dichas retribuciones pero, a diferencia de otras normas autonómicas para 
casos similares, no excluye la posibilidad de un incremento de las retribuciones, con lo 
que entraría en contradicción con la norma estatal.
En conclusión, la fiscal general del Estado entiende que, respecto a la disposición 
transitoria primera, apartado primero, procede en primer lugar, realizar una interpretación 
acorde  a  la  Constitución.  Subsidiariamente,  de  no  admitirse  dicha  interpretación 
conforme, la norma cuestionada sería inconstitucional y nula por vulnerar la competencia 
estatal para dictar las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, ex 
art. 149.1.18 CE. En cuanto a la disposición transitoria tercera, sería inconstitucional y 
nula por su efectiva contradicción indirecta o mediata con los arts. 149.1.13 y 156.1 CE, 
en relación con el art. 18.Dos LPGE 2018.
11. Por providencia de 8 de febrero de 2022, se señaló ese mismo día para 
deliberación y fallo de esta sentencia.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del proceso y posiciones de las partes.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad de Madrid ha promovido cuestión de inconstitucionalidad en  es
relación con las disposiciones transitorias primera, apartado primero, y tercera de la  o
Ley 1/2018, de 22 de febrero, de coordinación de policías locales de la Comunidad de  04www.
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1. Los miembros de los cuerpos de policía local que a la entrada en vigor de la  BOE-A-cable e
presente  ley  ocupen  plazas  correspondientes  a  las  categorías  clasificadas  en  los
subgrupos de clasificación profesional en el artículo 33 y tuviesen la titulación académica 
correspondiente, quedarán directamente integrados en las correspondientes categorías 
de dichos subgrupos de clasificación.
2. Los miembros de dichos cuerpos que a la entrada en vigor de esta ley ocupen 
plazas correspondientes a las categorías clasificadas en los subgrupos de titulación 
establecidos en el artículo 33, y no tuviesen la correspondiente titulación académica, 
permanecerán en su subgrupo de clasificación de origen como situación "a extinguir". No 
obstante,  ostentarán  la  denominación  de  las  nuevas  categorías  establecidas  en  la 
presente ley, y contarán con igual rango jerárquico y ejercerán las mismas funciones 
operativas que los funcionarios integrados en los nuevos subgrupos de clasificación 
profesional.
Todo ello sin perjuicio de que quienes obtuvieran con posterioridad las titulaciones 
correspondientes, se integrarán en los subgrupos de clasificación conforme lo previsto 
en el apartado 1 de la presente disposición.»
«Disposición transitoria tercera. Efectos retributivos de la integración.
La integración en subgrupos de clasificación profesional prevista en la presente ley 
no  implicará  necesariamente  el  incremento  de  las  retribuciones  totales  de  los 
funcionarios.»
La  cuestión  planteada  es  competencial,  por  cuanto  suscita  un  caso  de  posible 
inconstitucionalidad mediata o indirecta. El órgano promotor expone que la disposición 
transitoria primera, apartado primero, de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018 sería 
contraria a los apartados primero y segundo del art. 18 del texto refundido de la Ley del 
estatuto básico del empleado público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre (TRLEEP), en relación con el art. 16.3 c) del mismo texto normativo. 
Dichas normas son formal y materialmente básicas al amparo del art. 149.1.18 CE, 
precepto  constitucional  que  se  vería  así  vulnerado.  Por  otro  lado,  la  disposición 
transitoria tercera de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018 sería contraria a los límites 
retributivos de los funcionarios públicos fijados por el art. 18.2 de la Ley 6/2018 de 3 de 
julio, de presupuestos generales del Estado para el año 2018, infringiendo, a su través, 
los arts. 149.1.13 y 156.1 CE.
Por su parte, el letrado de la Comunidad de Madrid mantiene que la disposición 
transitoria tercera no incurre en la infracción competencial que aprecia el órgano judicial 
y, en relación con la disposición transitoria primera, apartado primero, se remite al 
acuerdo  de  4  de  diciembre  de  2018,  de  la  Comisión  Bilateral  de  Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad de Madrid, en cuyo seno la Comunidad 
asumió el compromiso de tramitar una iniciativa legislativa, que pudiera solucionar las 
dudas de inconstitucionalidad que ahora plantea el órgano judicial.
Por el contrario, tanto el abogado del Estado como la fiscal general del Estado 
consideran  que  ambos  preceptos  son  inconstitucionales  y  nulos,  por  incurrir  en 
contradicción con la normativa estatal básica. No obstante lo expuesto, la fiscal general 
del  Estado  razona  que,  eventualmente,  la  disposición  transitoria  primera,  apartado 
primero, podría admitir una interpretación conforme con el orden competencial en los 
términos  que  hemos  detallado  en  los  antecedentes,  aunque,  de  no  acogerse  ese 
planteamiento, interesa la declaración de inconstitucionalidad, lo que también solicita 
para la disposición transitoria tercera.
2. Contexto de la duda de constitucionalidad planteada. o
La Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018 sustituye a la Ley 4/1992, de 8 de julio, de  04ww
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funcionarios. Por su parte, la escala ejecutiva incluía las categorías de suboficial (grupo 
B), sargento (grupo C) y cabo y policía (ambas del grupo D). Los grupos de clasificación 
eran los entonces vigentes según la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas urgentes 
para la reforma de la función pública (art. 25).
Pues bien, la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018 (art. 33.1) pasa a regular una 
estructura con tres escalas, modificando, asimismo, la denominación de las categorías 
incluidas en cada una de ellas, con el siguiente detalle: la escala técnica comprende las 
categorías de comisario principal, comisario e intendente, clasificadas en el subgrupo A1; 
la escala ejecutiva incluye las categorías de inspector y subinspector, clasificadas en el 
subgrupo A2; y la escala básica engloba las categorías de oficial y policía, clasificadas 
en el subgrupo C1. Los citados subgrupos A1, A2 y C1 son los resultantes de la 
estructura del art. 76 TRLEEP.
La Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018 precisa que «[e]l acceso para cada una de 
las escalas exigirá estar en posesión de la titulación requerida para los subgrupos 
correspondientes por la vigente legislación sobre función pública» (art. 33.2). También 
dispone que quienes, a la entrada en vigor de la ley, ocupen plazas correspondientes a 
cualquiera de las categorías indicadas «quedarán directamente integrados» en ellas si 
«tuviesen  la  titulación  académica  correspondiente»  (disposición  transitoria  primera, 
apartado primero). Las consecuencias económicas de la integración se regulan en la 
disposición  transitoria  tercera,  que  prescribe  que  tal  integración  en  subgrupos  de 
clasificación profesional «no implicará necesariamente el incremento de las retribuciones 
totales de los funcionarios».
Así pues, la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018 ha dispuesto una determinada 
estructura orgánica de la policía local de la Comunidad de Madrid, estableciendo, en 
función del ajuste de los puestos de trabajo existentes a las distintas categorías que crea 
el art. 33, la integración directa de los funcionarios que venían desempeñando tales 
puestos,  en  los  grupos  y  subgrupos  correspondientes  atendiendo  a  su  titulación 
académica y regulando las consecuencias retributivas.
El órgano judicial plantea que la disposición transitoria primera, apartado primero, 
podría ser contraria al art. 18, apartados primero y segundo, en relación con el art. 16.3 
c) TRLEEP. Por su parte, la disposición transitoria tercera podría infringir el art. 18.2 de la 
Ley de presupuestos generales del Estado para 2018. Ambas dudas guardan indudable 
relación entre sí, pues la contradicción con este precepto de la ley de presupuestos 
estatales  para  2018,  que  se  predica  de  las  consecuencias  retributivas,  tiene  como 
presupuesto que la citada integración, regulada en la disposición transitoria primera, 
apartado  primero,  sea  conforme  con  el  orden  competencial.  Por  lógica,  debemos 
comenzar el examen de la cuestión suscitada por la disposición transitoria primera, 
apartado primero.
3. Encuadramiento competencial.
Tratándose  de  una  controversia  competencial,  para  su  resolución  debemos 
encuadrar la materia entre las enumeradas en la Constitución y en el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad de Madrid. Para ello, atenderemos al sentido y finalidad de 
la norma cuestionada.
Los miembros de la policía local son «necesariamente funcionarios públicos de la 
administración  municipal»  y  «agentes  de  la  autoridad  que  desempeñan  especiales 
funciones y ostentan específicas atribuciones al participar del ejercicio de la autoridad» 
(SSTC 175/2011, de 8 de noviembre, FJ 4; 200/2015, de 24 de septiembre, FJ 3,  e.e
y 154/2017, de 21 de diciembre, FJ 3). Esa doble condición de funcionarios públicos y de  w.b
agentes de la autoridad se reconoce en la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018 (arts.  04ww
36.1L ya  5c.u3e, srteiosnpaedcativ daimspeonstiec)i.ón transitoria primera, apartado primero, prevé la integración
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en los subgrupos correspondientes, siempre que cuenten con la titulación académica
exigible. Es decir, introduce una nueva estructura para los funcionarios de policía local y 
dispone la adaptación, automática y ex lege, a los nuevos subgrupos de titulación.
En el caso del proceso a quo, el demandante tenía la categoría de sargento (grupo C 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto) en la estructura de la Ley 4/1992, que en la nueva ley 
se corresponde con la categoría de subinspector (grupo A2 del TRLEEP). Esto supone 
que, al tener la titulación de diplomado universitario, ascendería automáticamente del 
subgrupo C1 (equivalente al antiguo C) al subgrupo A2, lo que repercute, también, en un 
incremento del salario base y de los trienios, de acuerdo con los importes establecidos 
anualmente en la Ley de presupuestos generales del Estado.
Por tanto, estamos ante un supuesto de promoción interna, es decir, un ascenso de 
quien es ya funcionario a un subgrupo superior, por mor de la modificación de las 
escalas  y  categorías  de  los  cuerpos  de  policía  local  de  la  Comunidad  de  Madrid, 
resultante de una nueva regulación legal. La normativa básica no establece los grupos 
de clasificación de los cuerpos y escalas en atención a la titulación que posean los 
funcionarios, sino a la requerida para el acceso al cuerpo o escala de pertenencia 
(art. 76 TRLEEP), exigiendo estar en posesión del título correspondiente para acceder 
mediante promoción interna a cuerpos o escalas del grupo superior.
Por tanto, una integración como la prevista en la norma cuestionada incide en el 
derecho  a  la  promoción  interna  (en  un  sentido  similar,  STC  200/2015,  de  24  de 
septiembre, FJ 4). Como se aprecia en el proceso a quo, la consecuencia es que quien 
ya  es  funcionario  queda  directamente  encuadrado  en  el  subgrupo  de  titulación 
correspondiente a la nueva categoría que le corresponde según la Ley de la Asamblea 
de Madrid 1/2018, lo que implica una promoción al subgrupo inmediatamente superior 
respecto a aquel en el que estaba encuadrado con la precedente Ley 4/1992.
La  promoción  interna  de  los  policías  locales  como  derecho  individual  de  tales 
funcionarios,  «según  principios  constitucionales  de  igualdad,  mérito  y  capacidad» 
[art. 14.1 c) TRLEEP], se integra en la materia «régimen estatutario de los funcionarios 
públicos» (SSTC 175/2011, de 8 de noviembre, FJ 5; 2/2012, de 13 de enero, FJ 3; 
3/2012, de 13 de enero, FJ 4; 4/2012, de 13 de enero, FJ 5; 33/2013, de 11 de febrero, 
FJ 5; 189/2014, de 17 de noviembre, FJ 3; 200/2015, de 24 de septiembre, FJ 4, 
y 154/2017, de 21 de diciembre, FJ 8). En dicha materia corresponde al Estado fijar las 
bases ex art. 149.1.18 CE y a la Comunidad de Madrid (art. 27.2 de su Estatuto de 
Autonomía) el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución «[e]n el 
marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma 
establezca».
4. Inconstitucionalidad de las disposiciones transitorias primera, apartado primero, y 
tercera de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018.
Es  doctrina  constitucional  reiterada  que,  para  poder  apreciar  un  supuesto  de 
inconstitucionalidad mediata o indirecta, es necesario comprobar «que la norma estatal 
infringida por la ley autonómica sea, en el doble sentido material y formal, una norma 
básica  y,  por  tanto,  dictada  legítimamente  al  amparo  del  correspondiente  título 
competencial que la Constitución haya reservado al Estado; así como, en segundo lugar, 
que la contradicción entre ambas normas, estatal y autonómica, sea efectiva e insalvable 
por vía interpretativa» (por todas, STC 96/2020, de 21 de julio, FJ 3).
a) Así pues, debe verificarse, en primer lugar, la condición de básica, en el doble 
sentido material y formal, de las normas estatales con la que se pone en contraste la  es
autonómica impugnada. En este sentido, no ofrece duda alguna la competencia del  bo
Estado, ex art. 149.1.18 CE, para establecer los requisitos o criterios mínimos en materia  04ww
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El derecho a la promoción interna comprende la posibilidad de ascenso al grupo 
inmediatamente  superior  al  que  pertenece  el  funcionario,  lo  que  afecta  a  los  dos 
principios rectores de la función pública: (i) la consideración de los títulos académicos 
exigidos para el acceso como criterio taxonómico para clasificar los cuerpos, escalas, 
clases y categorías de funcionarios, y (ii) el mandato de que la promoción interna atienda 
a los requisitos exigidos para acceder a la función pública, entre los que se encuentra, 
además de la titulación necesaria, la imprescindible superación de pruebas selectivas.
En coherencia con lo anterior, el art. 16.3 c) TRLEEP define la promoción interna 
vertical como aquella que «consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un 
subgrupo, o grupo de clasificación profesional en el supuesto de que este no tenga 
subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18». El art 18.1 
TRLEEP establece el régimen de la promoción interna de los funcionarios de carrera y 
exige que se realice «mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de 
los  principios  constitucionales  de  igualdad,  mérito  y  capacidad  así  como  los 
contemplados en el artículo 55.2 de este Estatuto». Lo que reitera el art. 18.2 al disponer 
que «[l]os funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una 
antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior subgrupo, o grupo de 
clasificación profesional, en el supuesto de que este no tenga subgrupo y superar las 
correspondientes pruebas selectivas». La aplicación directa a los cuerpos de policía local 
de lo previsto en el TRLEEP viene dispuesta expresamente por su art. 3.2 y así lo 
confirma el art. 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 
local, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local. Por consiguiente, en la medida en que los 
preceptos reseñados del TRLEEP, que han de servir de contraste para determinar la 
constitucionalidad de las normas cuestionadas, definen la promoción interna vertical, la 
forma en que se ha de llevar a cabo y las condiciones esenciales que se han de cumplir 
para acceder a la misma, deben ser consideradas materialmente básicas, puesto que 
quedan plenamente comprendidas dentro de las bases del régimen estatutario de los 
funcionarios  públicos,  expresión  que,  empleada  por  los  arts.  103.3  y  149.1.18  CE, 
incluye materialmente en su ámbito la normación relativa a la promoción de la carrera 
administrativa y a las situaciones que en esta puedan darse, y que ha de entenderse 
referida a los funcionarios de todas las administraciones públicas (STC 165/2013, de 26 
de septiembre, FJ 13).
Por su parte, el carácter formalmente básico de los referidos preceptos, al igual que 
el  de  las  demás  disposiciones  del  TRLEEP,  relativas  al  régimen  estatutario  de  los 
funcionarios públicos, se establece en la disposición final primera del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de dicho estatuto.
Así las cosas, las bases en materia de función pública, que establecen un marco 
común de regulación aplicable a todos los funcionarios públicos del Estado, que puede 
ser desarrollado pero no desconocido por las comunidades autónomas, prohíben la 
integración automática de tales empleados públicos en los grupos de titulación superior, 
toda vez que exigen, para la promoción interna, no solo estar en posesión de la titulación 
requerida, sino también la superación de unas pruebas selectivas. Por tanto, una vía de 
promoción interna establecida por disposiciones legales autonómicas que prescindiera 
de  alguno  de  estos  dos  elementos,  titulación  y  proceso  selectivo,  implicaría  el 
«desconocimiento de los principios de mérito y capacidad previstos para el acceso a la 
función  pública  en  la  normativa  impugnada,  que  "menoscaba  la  capacidad  como 
requisito absoluto para el desempeño de cada puesto de trabajo concreto y niega el  es
mérito  como  elemento  relativo  de  comparación  y  preferencia  para  el  acceso  o  o
eFaAnnuoJs jtmauo2mibn)c.róbi óaAmle msaiecíie  la dlno aeet op rhMa"ae» rame tad(lo SdrdsiTode  C r 1elsa /ce12 otg50itru4u1dn/l8a2ad.d0c ooEi1ó  7nndt,a .e e mFE sJblena i  é8 ccn,doa  inqsseocupnr,eo  e elstacoilc  i,trSi aeódT qnelCau s it csrS1oait7Tnno1Cos /bic 2tá3oí0as8r2 ii8auc0/ on,1 p a9dar 9eielm 3 xq1,ecu 6erdea pe d ca edi2fó ee3nnc  o tdlpavaerbi ee aLdmv eiilscbaytir ea enm d,oe ebrqnm ru ellaaae,      OE-A-2022-3804able en https://www.
disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas
para la reforma de la función pública, razón por la cual el citado apartado de la ley 
autonómica se declaró inconstitucional y nulo, aunque únicamente en su aplicación a los 
miembros de los cuerpos de policía local que se podían integrar en el subgrupo C1 de 
clasificación, a los que se circunscribe la mencionada excepción de la norma básica.
b) Constatado  el  carácter  básico  de  las  normas  estatales,  que  actúan  como 
parámetro de contraste y el mandato taxativo que se deriva de ellas, debemos examinar, 
a continuación, si existe una contradicción efectiva e insalvable determinante de una 
invasión competencial (STC 104/2018, de 4 de octubre, FJ 6).
La norma cuestionada, atendiendo solamente al requisito de la titulación, determina 
la integración directa y automática en los subgrupos A1, A2 o C1, correspondientes a 
las escalas técnica, ejecutiva y básica previstas en el art. 33 de la Ley de la Asamblea 
de Madrid 1/2018, respectivamente, de todos aquellos funcionarios de policía local que 
ostenten la titulación académica correspondiente a dichos subgrupos. Sin embargo, 
como se acaba de exponer, en el sistema de promoción interna que regulan las bases, 
la posesión de la titulación académica es un requisito necesario pero no suficiente, 
puesto que también se requiere superar unas pruebas selectivas. Frente a la taxativa 
exigencia de un proceso selectivo como requisito para la promoción interna, la norma 
autonómica dispone, por el contrario, que esa integración en los nuevos subgrupos de 
titulación, consecuencia de la nueva estructura introducida por la Ley controvertida, es 
directa  y  queda  únicamente  condicionada  a  ostentar  la  titulación  académica 
correspondiente,  sin  hacer  mención  a  prueba  selectiva  alguna.  Parte  así  del 
presupuesto  contrario  al  de  los  arts.  16.3  c)  y  18,  apartados  primero  y  segundo, 
TRLEEP que son su parámetro de enjuiciamiento (en análogos términos, en cuanto al 
modo de contradecir la base, SSTC 235/2015, de 5 de noviembre, FJ 5; 260/2015, de 3 
de diciembre, FJ 4, y 96/2020, FJ 5).
Por consiguiente, debemos concluir que la disposición transitoria primera, apartado 
primero, de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2018 contradice los citados preceptos 
estatales, contradicción que, como inmediatamente se expone, no puede ser salvada por 
vía interpretativa. La norma de referencia es inconstitucional y nula.
c) No puede aceptarse la interpretación conforme con la Constitución, que propone 
la fiscal general del Estado, según la cual la disposición transitoria primera, apartado 
primero, ha de ser interpretada en consonancia con el art. 41.1 de la Ley de la Asamblea 
de Madrid 1/2018, que afirma que «[l]a promoción interna se realizará mediante concurso 
oposición que garantice el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad, así como los contemplados en el artículo 55.2» TRLEEP. De esta 
forma, el silencio de la norma cuestionada no podría entenderse como excluyente del 
proceso selectivo a superar, pudiendo salvarse la omisión por referencia al mencionado 
art. 41.1.
Desde la STC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 1, este tribunal viene afirmando que 
«siendo posibles dos interpretaciones de un precepto, una ajustada a la Constitución y la 
otra  no  conforme  con  ella,  debe  admitirse  la  primera  con  arreglo  a  un  criterio 
hermenéutico reiteradas veces aplicado por este tribunal» [SSTC 176/1999, de 30 de 
septiembre, FJ 3; 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 7; 118/2016, de 23 de junio, FJ 3 d); 
26/2017, de 16 de febrero, FJ 6, y 62/2017, de 25 de mayo, FJ 7], siempre que tales 
interpretaciones  posibles  sean  «igualmente  razonables»  [SSTC  168/2016,  de  6  de 
octubre, FJ 4 b); 97/2018, de 19 de septiembre, FJ 7, y 76/2019, de 22 de mayo, FJ 8, 
por todas]. Este criterio implica que es necesario apurar todas las posibilidades de 
interpretar los preceptos de conformidad con la Constitución y declarar tan solo la  es
inconstitucionalidad de aquellos cuya incompatibilidad con ella resulte indudable por ser  o
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norma cuestionada, de manera que la interpretación de conformidad con los mandatos
constitucionales  sea  efectivamente  deducible,  de  modo  natural  y  no  forzado,  de  la 
disposición impugnada (STC 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 7), sin que corresponda a 
este tribunal la reconstrucción de la norma en contra de su sentido evidente con la 
finalidad de encontrar un sentido constitucional, asumiendo una función de legislador 
positivo que en ningún caso le corresponde» [SSTC 14/2015, FJ 5; 118/2016, FJ 3 d); 
20/2017, FJ 9; 26/2017, FJ 6; 37/2017, FJ 4 e); 62/2017, FJ 7, y 116/2017, FJ 3]. Y, en 
todo caso, la búsqueda de las posibilidades de interpretación conforme de los preceptos 
impugnados deberá realizarse caso a caso y con el debido razonamiento.
Por tanto, si bien este tribunal ha establecido que las normas deben preservarse 
cuando  su  texto  no  impida  una  interpretación  adecuada  a  la  Constitución,  esta 
interpretación tiene como límite el «respeto al propio tenor literal» de los preceptos 
interpretados  (STC  222/1992,  de  11  de  diciembre,  FJ  2),  y  no  permite  «ignorar  o 
desfigurar enunciados legales meridianos» (STC 24/2004, de 24 de febrero, FJ 6), ya 
que «la interpretación conforme no puede ser una interpretación contra legem pues ello 
implicaría desfigurar y manipular los enunciados legales, ni compete a este tribunal la 
reconstrucción de una norma no explicitada debidamente en el texto legal y, por ende, la 
creación  de  una  norma  nueva,  con  la  consiguiente  asunción  por  el  Tribunal 
Constitucional  de  una  función  de  legislador  positivo  que  institucionalmente  no  le 
corresponde» (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 7, y las que cita).
En el presente caso, no resulta posible la interpretación conforme que propone la 
fiscal  general  del  Estado,  por  cuanto  colisiona  con  el  tenor  literal  de  la  norma 
cuestionada. Esta dispone imperativamente la integración directa en los nuevos grupos 
de  clasificación  de  aquellos  miembros  que  dispongan  de  la  titulación  académica 
correspondiente. Lo cual equivale materialmente a una promoción interna, realizada sin 
observar las reglas básicas que regulan esta modalidad de carrera profesional. El uso de 
la expresión «quedarán directamente integrados» es taxativa y no admite modulación 
alguna, sin que el tenor de la norma en cuestión proporcione elemento alguno para 
entender que la integración directa requiera como presupuesto necesario la superación 
de pruebas selectivas.
Por consiguiente, el precepto cuestionado no admite un pronunciamiento sobre su 
entendimiento  conforme  a  la  Constitución,  en  cuanto  que  la  interpretación  que  se 
propone, por forzada, debe ser rechazada, so pena de olvidar el respeto al tenor literal 
del precepto legal (por todas, STC 209/2014, de 18 de octubre, FJ 4) o de «reconstruir 
una norma que no esté debidamente explícita en un texto» (SSTC 11/1981, de 8 de abril, 
FJ 4, y 273/2005, de 27 de octubre, FJ 8).
La anterior conclusión se corrobora a la vista del acuerdo de 4 de diciembre de 2018, 
de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
de  Madrid,  que  recoge  el  compromiso  de  tramitar  una  iniciativa  legislativa  de 
modificación  de  la  disposición  transitoria  primera  de  la  Ley  de  la  Asamblea  de 
Madrid 1/2018, precisamente para establecer que el acceso a los subgrupos C1 y A2 de 
la nueva clasificación se realizará mediante procesos de promoción interna «atendiendo 
a los requisitos y procedimientos establecidos en la legislación básica».
No  cabe  olvidar  que,  según  consolidada  doctrina  constitucional  (por  todas, 
STC 83/2020, de 15 de julio, FJ 6), los acuerdos de este tipo no pueden impedir el 
pronunciamiento de este tribunal acerca de las infracciones constitucionales que se 
denuncian en el proceso, máxime cuando la modificación legislativa acordada ni siquiera 
ha  llegado  a  entrar  en  vigor  en  el  momento  de  dictar  la  presente  sentencia 
(STC 72/2021, de 18 de marzo, FJ 2). Tampoco los eventuales acuerdos de tales  es
comisiones  pueden  afectar  al  papel  de  los  jueces  ordinarios  en  el  ejercicio  de  su  o
jcuorliasEdbnioc rcsaiuócminó,an , p caloapn de eils sqptuoees ti rciebiónun n tatorlda (onS sTcitCaosr i1oa0  pe6rs/2itmá0 e0pr9ar,e ,d saeipd 4aid rodta edp moo rap yrlaioms,  eFnrJoo ,t3 av)s.u ldnee rain edle apret.n d1e4n9c.1ia.1 8y   2022-3804n https://www.
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Estado–, prevé unos efectos retributivos que tienen como presupuesto la integración
prevista en aquella. Siendo inconstitucional y nula la previsión de integración directa 
también lo son sus efectos retributivos.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y en su virtud declarar que las 
disposiciones transitorias primera, apartado primero, y tercera de la Ley 1/2018, de 22 de 
febrero,  de  coordinación  de  policías  locales  de  la  Comunidad  de  Madrid,  son 
inconstitucionales y nulas.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a ocho de febrero de dos mil veintidós.–Pedro José González-
Trevijano Sánchez.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Santiago Martínez-Vares García.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Ramón Sáez Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción 
Espejel Jorquera.–Inmaculada Montalbán Huertas.–Firmado y rubricado.