BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 49  Miércoles 26 de febrero de 2020  Sec. III.   Pág. 17496
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
2713 Resolución de 18 de febrero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Fundación Dolores Sopeña Zaragoza, para el cumplimiento 
de penas de trabajos en beneficio de la comunidad.
Habiéndose suscrito el 27 de enero de 2020 el Convenio entre el Ministerio del Interior, 
a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la Fundación Dolores 
Sopeña Zaragoza para el cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad, 
procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura 
como anexo a esta Resolución.
Madrid, 18 de febrero de 2020.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, y la Fundación Dolores Sopeña Zaragoza para el 
cumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad
Madrid, a 27 de enero de 2020.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/2018, de 18 de 
junio, actuando por delegación de competencias del/la Secretario de Estado de Seguridad, 
según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden INT/985/2005, de 7 
de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones 
efectuadas por otras autoridades, en relación con el artículo 62.2g) de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del 
presente convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid.
Y de otra parte, doña M.ª Isabel de Miguel Muñoz en nombre y representación de la de 
la Fundación Dolores Sopeña Zaragoza (en adelante Fundación) como Directora, elegida 
por la Asamblea de fecha 17 de noviembre de 2018 y facultada para este acto en virtud de 
las atribuciones que tiene conferidas como Directora según los Estatutos de la Fundación 
facultado para este acto mediante poder otorgado en Madrid ante el Notario don Francisco 
Calderón Álvarez.
Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN o
Primero. 13ww
Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la
dUinginviedrasda ld ed ela D peerrescohnoas,  lHosu mdearneocsh oys  lafu nigduaamldeandta alenst ed ela c loenyf,o srmini dqaude  cpoune ldaa D percelvaaraleccióenr 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en 
nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción dada 
por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la anterior, 
remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, estableciéndose 
en el citado artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad -que no podrán 
imponerse sin el consentimiento del penado- le obligan a prestar su cooperación no 
retribuida en determinadas actividades de utilidad pública. Estas circunstancias de 
ejecución se mantuvieron por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio y por Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo, ambas modificativas del Código Penal.
Tercero.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio de 
las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como establecen 
la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y el Reglamento 
Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Cuarto.
Que el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las 
circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de 
localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, 
así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución 
de penas, considera, en su artículo 4.1, que el trabajo en beneficio de la comunidad será 
facilitado por la Administración estatal, autonómica o local, que, a tal fin, podrán establecer 
los oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas que desarrollen 
actividades de utilidad pública, debiendo remitir mensualmente a la Administración 
Penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio.
Asimismo, el Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior establece en su artículo 6.3 a) que 
corresponde a la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, 
la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, 
de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de la libertad condicional; 
y la acción social penitenciaria.
Quinto.
Que la Fundación Dolores Sopeña Zaragoza tiene entre sus fines «prestar un servicio 
de formación integral a todas las personas y familias, hombres y mujeres en pro de su 
igualdad de oportunidades, niños jóvenes y mayores de los sectores menos favorecidos 
y/o excluidos de la sociedad, en los ámbitos de la educación, formación, inmigración,  e.
cultura, trabajo, salud, prevención y reinserción social, mediante el fomento y desarrollo de  w.
servicios formativos, culturales y sociales. Dentro de los fines es objetivo de la Fundación  13ww
sceorn  claasu cpee rdseo neaxsp,r eosrigóann idsem loas s yo leidnatirdidaadde sy  dlae  clao ospoecriaecdiaódn ,s eenn scibulaelsq uaie lraas  dnee cseussi dfoardmesa sy, 
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fines, la Fundación promoverá u facilitará la participación solidaria en actuaciones de 
voluntariado», artículo 3 Estatutos.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por 
las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto establecer la forma de colaboración entre la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Fundación para el efectivo 
cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, mediante la prestación 
por los penados de determinadas actividades de utilidad pública en su ámbito competencial.
Segunda.  Compromisos que asume la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
1.  El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, asume las obligaciones para la cobertura de las contingencias que 
corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de los penados, por los días de prestación efectiva del trabajo 
desarrollado en beneficio de la comunidad, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 
782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los 
penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de 
Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
En concreto en el preámbulo del citado Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, se señala 
que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no constituye una actividad 
productiva ni remunerada, en los siguientes términos: «…la protección que en este caso 
se dispensa a los penados, es al modo como se protegen las prestaciones personales 
obligatorias, la derivada de su inclusión en la acción protectora del sistema de la Seguridad 
Social únicamente en los casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional». Todo 
ello también en concordancia con el artículo 11 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio.
2.  Asimismo, al tener a su cargo los Servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas, le corresponde la gestión, coordinación y seguimiento de la pena, mediante 
contactos con los responsables del trabajo de la Fundación.
Tercera.  Compromisos que asume la Fundación.
1.  La Fundación se compromete a facilitar un número de plazas a los penados a 
trabajos en beneficio de la comunidad, en las condiciones establecidas en el artículo 49 del 
Código Penal y en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio.
2.  La Fundación, a través de los órganos o servicios habilitados para ello, se 
compromete a impartir los conocimientos necesarios para que la actividad desplegada por 
los penados pueda ser cumplida eficazmente, y facilitará el material necesario para la 
realización de la tarea encomendada.
3.  La oferta de plazas para el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad no tendrá, en ningún caso, un impacto negativo en los puestos de trabajo ya 
existentes y de futuro de la Fundación.
4.  La Fundación deberá facilitar el Anexo I cumplimentado, con los datos que se  s
indican, a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría  oe.
General de Instituciones Penitenciarias. w.
Cuarta.  Distribución de las plazas.
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cumplimentado con los datos sobre las plazas que se indican.
2.  Los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias, valorarán al penado con el fin de determinar la actividad más 
adecuada e informarán al mismo de las distintas plazas existentes, con indicación expresa 
de su cometido y del horario en que deberán realizar la actividad, conforme al catálogo de 
plazas que haya remitido la Fundación de acuerdo con el anexo II de este convenio.
3.  Una vez realizada la valoración y seleccionada la tarea a desarrollar, los Servicios 
de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, trasladarán a la Fundación de la información necesaria para el adecuado 
desenvolvimiento de las actividades asignadas.
Quinta.  Jornada y horario.
Para determinar la duración de la jornada y el plazo en que deba cumplirse, los 
Servicios de Gestión de Penas y Medias Alternativas de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, deberán atender al principio de flexibilidad que recoge el 6.2 
del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, para compatibilizar, en la medida de lo posible, 
el normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el cumplimiento de la pena 
impuesta y, en todo caso, de conformidad con las resoluciones judiciales.
Sexta.  Derechos laborales o estatutarios en el desarrollo de la actividad.
1.  La actividad que realice el penado no será retribuida.
2.  En ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral, o de 
carácter estatutario, como consecuencia de la actividad desarrollada por el penado con 
motivo del presente convenio, ni para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
ni para la Fundación.
Séptima.  Seguimiento y control del cumplimiento de la pena.
1.  Durante el cumplimiento de la condena el penado deberá seguir las instrucciones 
recibidas de la Autoridad Judicial competente y de los Servicios de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En cuanto 
al desarrollo de las tareas a realizar, el penado deberá seguir las directrices de la unidad 
en la que preste su tarea, en el ámbito de actuación y competencias de la Fundación.
2.  La Fundación informará a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas 
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de la actividad que vaya siendo 
desarrollada por el penado y de las incidencias relevantes que se produzcan en el 
desenvolvimiento del plan de ejecución, para que por dichos servicios se comunique lo 
oportuno a la Autoridad judicial competente.
En todo caso, deberá informarse de las siguientes incidencias:
a)  Ausencias del trabajo o abandonos injustificados.
b)  Rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible.
c)  Oposición o incumplimiento reiterado y manifiesto a las instrucciones del 
responsable de la ocupación.
d)  Cuando su conducta sea tal que el responsable de la actividad se negara a 
mantenerle en la misma.
Igualmente, la Fundación deberá informar a los Servicios de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre la  e.e
finalización del plan de ejecución. b
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a la ejecución del objeto del presente convenio. En particular, será considerado como
información confidencial todos los datos relativos al penado, debiendo la Fundación 
mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o 
en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del presente convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/680 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las 
autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación,  detección  o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre 
circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del 
Consejo, y en la normativa nacional que la transponga.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados en el ámbito del trabajo en beneficio de la comunidad. 
El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la otra parte, se 
realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la 
finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del convenio. Los datos de 
carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del presente convenio, actuarán como responsables del tratamiento la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias y la Fundación. Los datos objeto de tratamiento tendrán por 
finalidad la ejecución de sanciones penales, al amparo de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema penal, y se clasificarán en 
las siguientes categorías de: nombre y apellidos del penado, DNI y número de jornadas de 
condena a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad.
4.  Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y organizativas 
necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y 
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5.  Las partes firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad 
que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por 
cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la 
entidad que las hubiera quebrantado responderá de las infracciones en que hubiera 
incurrido.
Novena.  Financiación del convenio.
El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben.
Décima.  Comisión de Seguimiento.
1.  Se establece una Comisión de Seguimiento del presente convenio, constituida por 
dos representantes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por dos 
representantes de la Fundación que serán nombrados por el Secretario General de 
Instituciones Penitenciarias y por su Presidenta, respectivamente.
2.  Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que estos 
designen.
3.  La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría  e.e
General de Instituciones Penitenciarias, así como la designación del secretario, que  b
actuará con voz pero sin voto. 13ww
cum4p.l imLiean tCo oqmueis sióen d edreiv eSne dgeul imprieesnetnot er ecsoonlvveenriáo .los problemas de interpretación y
los ó5r.g aEnol fsu nccoiloengaiamdioesn,t oe nd elo lsa  Carotímcuisloiósn  1d5e  aS e2g2u dime ielan tLoe sye 4 a0d/2e0cu1a5r, ád een 1 l od per eovcitsutbor,e p, adrae 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Undécima.  Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y la Fundación.
Duodécima.  Legislación aplicable.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación, 
modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por conciliación en la 
Comisión de Seguimiento serán sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29 /1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Decimotercera.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
el presente convenio resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro Electrónico Estatal 
de Órganos e Instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal y tras su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».
La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia del convenio, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Fundación 
podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por otros cuatro años adicionales.
Decimocuarta.  Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que se encuentren en ejecución en el momento de la resolución del convenio, estableciendo 
un plazo improrrogable para su finalización.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos 
ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.–El Ministro 
del Interior, P.D. (apartado 9.2.3 de la Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Secretario 
General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González.–La Directora de la 
Fundación Dolores Sopeña Zaragoza, M.ª Isabel de Miguel Muñoz.
ANEXO I
Datos de la Fundación
 
PERSONA DE CONTACTO   
CARGO   
 
TELÉFONO    MÓVIL    FAX   
E-MAIL   
 
DIRECCIÓN DE LA 
 
ENTIDAD 
PROVINCIA   
LOCALIDAD    C.POSTAL   
 
   

ANEXO II
Oferta de plazas
ANEXO DE PLAZAS   
DATOS DE LA PLAZA   
TIPO DE ACTIVIDAD   
NÚMERO DE PLAZAS     
CARACTERÍSTICAS   
JORNADA DE  PERIODICIDAD   HORARIO   
Mañana    De lunes a viernes   
* (1)  Tarde    Fines de semana     
Noche    Toda la semana   
ESTUDIOS   
Diplomado Universitario o 
Ninguno     
equivalente 
* (2)    Licenciado Universitario o 
Estudios Primarios     
equivalente 
Educación Secundaria o equivalente    Idiomas   
OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS   
 
 
 
DATOS DE CONTACTO DE LA PLAZA   
NOMBRE / CARGO DEL RESPONSABLE   
TELÉFONO    MÓVIL    FAX   
E-MAIL   
DATOS DE UBICACIÓN   
PROVINCIA    LOCALIDAD   
C. POSTAL      e.
((12))  MUnaarc jaorr neal dnaiv,e ul nmaí npilmazoa r. eJqourneariddao  doe “ Nminagñuannoa”  ys ti anrod  es ed areráq uluiegraer  eas dpoesc iaaln ceuxaolsif idciasctiinótno s.  2020-2713n https://ww

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