BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Viernes 24 de enero de 2020 Sec. TC.   Pág. 7463
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1109 Sala Primera. Sentencia 165/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de 
amparo  6236-2013.  Promovido  por  don  Ghasoub  Al  Abrash  Ghalyoun 
respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  las  salas  de  lo  contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso 
por  responsabilidad  de  la  administración  de  justicia.  Vulneración  de  los 
derechos  a  la  igualdad  y  a  la  presunción  de  inocencia:  STC  125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal 
anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).
ECLI:ES:TC:2019:165
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José González Rivas, presidente, y los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar y don Cándido Conde-
Pumpido Tourón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6236-2013, interpuesto por don Ghasoub Al Abrash 
Ghalyoun,  representado  por  el  procurador  de  los  tribunales  don  Argimiro  Vázquez 
Guillén y asistido por el abogado don Manuel Santaella Alonso contra la resolución del 
secretario  de  Estado  de  Justicia  de  20  de  mayo  de  2011  (expediente  540-2006), 
denegatoria de la indemnización solicitada por haber sufrido prisión provisional y ser 
absuelto posteriormente, y contra la sentencia de 31 de mayo de 2012 de la Sección 
Tercera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional, 
desestimatoria del recurso contencioso-administrativo núm. 459-2011 interpuesto frente a 
dicha resolución; así como contra el auto de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2013, que inadmite el 
recurso de casación interpuesto contra la referida sentencia. Han intervenido el abogado 
del Estado y el ministerio fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Andrés Ollero 
Tassara.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 25 de 
octubre de 2013, el procurador de los tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, en 
nombre y representación de don Ghasoub Al Abrash Ghalyoun y bajo la dirección del 
abogado  don  Manuel  Santaella  Alonso,  interpuso  recurso  de  amparo  contra  las 
resoluciones que se mencionan en el encabezamiento. e
2.  Los hechos relevantes para resolver este recurso de amparo son los siguientes: ww.
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primero como detenido y luego en prisión provisional, acordada en el marco del sumario 
núm. 35-2001 del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, por los delitos de integración 
en organización terrorista, asesinato y defraudación fiscal, siendo finalmente absuelto de 
todos los cargos por sentencia de 26 de septiembre de 2005 de la Sección Tercera de la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (rollo núm. 64-2004).
Por resolución del secretario de Estado de Justicia de 30 de enero de 2008 fue 
inadmitida la reclamación del demandante, al entender que había sido presentada fuera 
de plazo. Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra dicha resolución, fue 
estimado por sentencia de 4 de marzo de 2010 de la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que declaró que la reclamación no 
era extemporánea y ordenó que se diera lugar a la oportuna tramitación del expediente 
de responsabilidad patrimonial.
b)  En  cumplimiento  de  lo  ordenado  por  la  anterior  sentencia,  el  Ministerio  de 
Justicia procedió a tramitar el expediente y recabó el preceptivo dictamen del Consejo de 
Estado. De acuerdo con lo dictaminado por este, el secretario de Estado de Justicia, por 
delegación del ministro, resolvió mediante resolución de 20 de mayo de 2011 desestimar 
la reclamación indemnizatoria formulada por el demandante de amparo. Concluye que 
no  concurre  en  el  presente  caso  el  supuesto  de  hecho  del  art.  294.1  LOPJ,  que, 
conforme a la doctrina sentada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo en sendas sentencias de 23 de noviembre de 2010, comprende los casos en 
que se declara la inexistencia material del hecho imputado (inexistencia objetiva), pero 
no los de absolución en aplicación del derecho a la presunción de inocencia, por falta o 
insuficiencia de prueba válida de la participación (inexistencia subjetiva), como sucedió 
aquí.  A  tenor  de  lo  razonado  en  la  sentencia  en  que  se  basa  la  pretensión 
indemnizatoria, se absuelve al reclamante aplicando el derecho a la presunción de 
inocencia y el principio in dubio pro reo, porque la prueba practicada en el juicio oral no 
permite estimar acreditada su participación en los hechos imputados.
c)  Contra  la  anterior  resolución  interpuso  el  demandante  de  amparo  recurso 
contencioso-administrativo,  en  el  que,  con  invocación  de  la  sentencia  del  Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de 13 de julio de 2010, asunto «Tendam c. España», 
alegaba la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), así como 
de los derechos a la igualdad (art. 14 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). 
Solicitaba ser indemnizado, conforme a lo previsto en el art. 121 CE y en los arts. 292.1 
y 294.1 LOPJ en la suma total de 5.904.601,37 €, más intereses legales y moratorios 
desde la fecha de la reclamación, por los daños derivados de la privación de libertad 
sufrida.
d)  Por sentencia de 31 de mayo de 2012, la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó la pretensión formulada. 
Se  razona  que,  conforme  al  cambio  de  criterio  jurisprudencial  sobre  el  marco  del 
art. 294.1 LOPJ, introducido por el Tribunal Supremo en dos sentencias de 23 de 
noviembre de 2010, solamente cabría responsabilidad patrimonial por funcionamiento 
anormal  de  la  administración  de  justicia  por  la  vía  del  art.  294.1  LOPJ  cuando 
estuviésemos ante la inexistencia objetiva del hecho. Esta no se aprecia en el presente 
caso, ya que la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deja patente 
que los hechos delictivos existieron y por ello condenó a los acusados cuya participación 
quedó acreditada, mientras que absolvió a otros acusados –entre ellos el demandante– 
por insuficiencia de la prueba de cargo.
Concluye la sala que la reclamación del demandante es inviable en el marco del  s
art. 294.1 LOPJ. Este no resulta aplicable a todos los supuestos en los que la prisión  oe.
preventiva acaba en sentencia absolutoria, sino que comprende solo y exclusivamente el  w.
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procedimiento legalmente marcado para hacer valer el error judicial que en el fondo
defiende», pues dicha pretensión indemnizatoria debería haberse canalizado, en tiempo 
y forma, en el marco del art. 293 LOPJ.
e)  Contra  la  sentencia  interpuso  el  demandante  recurso  de  casación,  que  fue 
inadmitido por auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2013, por haber sido desestimados en cuanto al 
fondo otros recursos sustancialmente iguales.
3.  El  demandante  denuncia  en  su  recurso  de  amparo  que  las  resoluciones 
impugnadas han vulnerado sus derechos a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), a 
la igualdad (art. 14 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de 
acceso a la jurisdicción. Por ello solicita que se declare la nulidad del auto, la sentencia y 
la resolución administrativa objeto del presente recurso y se acuerde la procedencia de 
la  reclamación  indemnizatoria,  ordenando  que  se  abone  al  recurrente  la  cantidad 
reclamada;  subsidiariamente,  que  se  ordene  retrotraer  las  actuaciones  al  momento 
anterior a la vulneración de derechos.
Mediante otrosí interesa que se plantee cuestión interna de inconstitucionalidad 
(art. 55.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC) acerca del inciso «por 
inexistencia del hecho imputado» del art. 294.1 LOPJ, con suspensión del plazo para 
dictar sentencia en el presente recurso de amparo.
a)  Aduce en primer lugar el demandante la vulneración del derecho a la presunción 
de inocencia (art. 24.2 CE). A pesar de que existe una sentencia absolutoria que ha 
declarado  su  inocencia,  esta  se  ve  puesta  en  duda  al  considerar  las  resoluciones 
impugnadas,  para  denegar  la  indemnización  reclamada,  que  existen  indicios  de 
culpabilidad. Aclara que no se trataría de la vertiente clásica del derecho a la presunción 
de inocencia, que exige una prueba de cargo suficiente y válida para condenar, sino del 
aspecto  destacado  por  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  cuando  estima 
vulnerado el derecho en procedimientos que deniegan una indemnización económica por 
considerar que hay indicios de participación en un delito pese a la existencia de una 
previa sentencia absolutoria. Cita en apoyo de sus afirmaciones las SSTEDH de 25 de 
abril de 2006, asunto «Puig Panella c. España», o de 13 de julio de 2010, asunto 
«Tendam c. España».
b)  Alega  también  la  vulneración  del  derecho  a  la  igualdad  (art.  14  CE).  Las 
resoluciones  impugnadas  han  denegado  la  indemnización  al  demandante  con 
fundamento en el cambio de criterio jurisprudencial sobre el art. 294.1 LOPJ, introducido 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en dos sentencias 
de 23 de noviembre de 2010. La responsabilidad patrimonial del Estado solamente se 
reconoce en el supuesto de prisión provisional seguida de sentencia absolutoria por 
«inexistencia objetiva» del hecho imputado, excluyendo así el supuesto de absolución 
por  «inexistencia  subjetiva».  De  este  modo  se  introduce  una  diferencia  de  trato 
injustificada e irrazonable.
c)  Alega, en fin, la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en 
su vertiente de acceso a la jurisdicción, por cuanto la aplicación al caso de la doctrina 
sentada  en  las  dos  sentencias  de  23  de  noviembre  de  2010  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con el art. 294.1 LOPJ, le 
ha impedido sustentar su pretensión indemnizatoria en el art. 293 LOPJ; vía que, tras 
ese cambio jurisprudencial, se indica para las reclamaciones basadas en la «inexistencia 
subjetiva» del hecho imputado.
El demandante sostiene que el recurso posee especial trascendencia constitucional  e
porque ofrece la oportunidad al Tribunal Constitucional de aclarar o cambiar su doctrina  bo
en relación con los derechos fundamentales invocados, a la luz de la jurisprudencia del  w
Tinrdibeumnnailz aEtuorroiapse od ed e aDqeureellcahso sp eHrusmonaanso s,p reivna dsaus  prdoey eclicbieórnta ds obproer  laosr dreenc lajmudaicciioanl eys   2020-1109n https://w
posteriormente absueltas.
4.  Por providencia de 5 de junio de 2017, la Sección Segunda de este Tribunal 
acordó  admitir  el  presente  recurso  a  trámite  apreciando  que  concurre  especial 
transcendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), porque puede dar ocasión al Tribunal 
para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de una modificación establecida 
por los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos 
internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE [STC 155/2009, FJ 2 b)]. Acordó 
también, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a 
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a 
fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia 
adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 3743-2012. 
Igualmente a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, para que en el mismo plazo, remitiese certificación o fotocopia 
adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento ordinario núm. 459-2011 
y emplazase a quienes hubieran sido parte en el mismo (excepto al demandante), para 
que pudieran comparecer en el presente proceso constitucional.
5.  Con fecha 20 de junio de 2017, el abogado del Estado se personó en el recurso 
de amparo.
6.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sala Primera de 
este Tribunal de 18 de julio de 2017, se tuvieron por recibidos los testimonios de 
actuaciones  remitidos  por  la  Sección  Primera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo y la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional. Asimismo se acordó tener por personado y 
parte al abogado del Estado y, con arreglo al art. 52 LOTC, conceder al ministerio fiscal y 
a  las  partes  personadas  plazo  común  de  veinte  días  para  que,  con  vista  de  las 
actuaciones, formulasen alegaciones.
7.  El  5  de  septiembre  de  2017  tuvo  entrada  en  este  Tribunal  el  escrito  de 
alegaciones del abogado del Estado, en el que interesa la desestimación del recurso, por 
inexistencia de las vulneraciones constitucionales denunciadas.
a)  Niega que exista un derecho fundamental a obtener una reparación económica 
por haber sufrido prisión provisional, ni en el marco de nuestra Constitución ni en el del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, como reconoce la STEDH de 13 de julio 
de 2010, asunto «Tendam c. España» § 36. Se trata de un derecho de configuración 
legal y de apreciación casuística, en el plano de legalidad, por los jueces y tribunales. 
Trae asimismo a colación la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre 
la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, citando al efecto las SSTEDH 
de 12 de julio de 2013, asunto «Allen c. Reino Unido», y de 13 de noviembre de 2013, 
asunto «Lundkvist c. Suecia».
b)  Partiendo de la referida doctrina, descarta que en el presente caso se haya 
producido la lesión que denuncia el demandante de sus derechos a la presunción de 
inocencia (art. 24.2 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de 
acceso a la jurisdicción. En cuanto a este, lo único cierto es que el demandante ha 
acudido, con plenitud de garantías procesales, a los procedimientos judiciales previstos 
por la ley y ha obtenido una respuesta motivada sobre el fondo de su pretensión. En 
cuanto al derecho a la presunción de inocencia, en su dimensión extraprocesal, tampoco 
puede  considerarse  vulnerado  en  este  caso,  pues  la  denegación  de  la  pretensión 
indemnizatoria  no  se  basa  en  razones  que  supongan  extender  la  sospecha  de  e.
culpabilidad sobre el absuelto. Se trata sencillamente de la aplicación del art. 294.1  w.
«LdiOenleP dxJei,sm teeannn cdlaiaa  niontebte.jerptirveat»a cdióenl  hseecnhtoa dima ppuotra deol ,T lroib quunea lc Sonudpurecme oa,  dqeusee slitmimitaar  slau  ráemclbaimtoa cai ólan   2020-1109n https://w
c)  Descarta asimismo la vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE), pues el 
demandante no ha aportado ningún término de comparación, como exige la doctrina 
constitucional.
d)  Por  último,  considera  improcedente  el  planteamiento  de  una  cuestión  de 
inconstitucionalidad  en  relación  con  el  art.  294.1  LOPJ,  pues  entiende  que  esta 
regulación es plenamente compatible con el derecho a la presunción de inocencia que 
garantiza el art. 24.2 CE, en la interpretación que resulta de la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos sobre los supuestos de reclamación de responsabilidad 
patrimonial por prisión provisional seguida de sentencia absolutoria.
8.  El ministerio fiscal evacuó el trámite de alegaciones mediante escrito registrado 
en este Tribunal el 8 de septiembre de 2017. Tras referirse a los antecedentes del caso, 
señala que el presente recurso de amparo guarda una sustancial similitud con otros 
anteriores, referidos también a denegación de indemnización por prisión provisional por 
falta de acreditación de la inexistencia objetiva del hecho delictivo, y resueltos por las 
SSTC 8/2017, de 19 de enero, y 10/2017, de 30 de enero.
En  ambas  sentencias,  este  Tribunal  apreció  la  vulneración  del  derecho  a  la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE), porque las resoluciones impugnadas en amparo 
denegaron la indemnización en consideración a que el principio in dubio pro reo, esto es, 
la  insuficiencia  de  la  prueba  practicada  para  generar  una  convicción  sobre  la 
responsabilidad criminal más allá de toda duda razonable, fue determinante para la 
absolución  decretada  en  el  proceso  penal.  De  este  modo,  las  resoluciones 
administrativas y judiciales impugnadas ponen en cuestión la inocencia del demandante, 
en el sentido expresado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
De acuerdo  con esa  doctrina  constitucional, el  ministerio fiscal interesa que se 
otorgue el amparo por vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 
CE),  declarando  la  nulidad  de  las  resoluciones  impugnadas  y  ordenando  que  se 
retrotraigan  las  actuaciones  al  momento  anterior  al  dictado  de  la  resolución 
administrativa, para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial del 
demandante sin introducir dudas sobre su culpabilidad y su presunción de inocencia.
9.  La  representación  del  recurrente  presentó  su  escrito  de  alegaciones  con 
fecha 21 de septiembre de 2017, en el que resume los razonamientos de su demanda de 
amparo.
10.  Mediante  providencia  de  fecha  12  de  diciembre  de  2019  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 16 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a lo resuelto en las SSTC 85/2019, de 19 de junio, y 125/2019, de 31 
de octubre.
El recurso de amparo tiene por objeto la resolución del secretario de Estado de 
Justicia de 20 de mayo de 2011 (expediente núm. 540-06), que rechazó la reclamación 
formulada por el recurrente de responsabilidad patrimonial del Estado por haber sufrido 
prisión provisional siendo posteriormente absuelto y la sentencia de 31 de mayo de 2012 
de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional,  que  desestimó  el  recurso  contencioso-administrativo  núm.  459-2011  s
interpuesto contra dicha resolución; así como el auto de la Sección Primera de la Sala de  oe.
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2013, que inadmite  w.
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(recurso  de  amparo  núm.  4035-2012),  que  determinaron  los  efectos  que,  sobre  el 
recurso de amparo, debía producir la STC 85/2019, de 19 de junio, por la que se declaró 
la inconstitucionalidad de los incisos «inexistencia del hecho imputado» y «por esta 
misma causa» del art. 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concretándose el 
alcance que la estimación del amparo debía producir. Por tanto, a tales fundamentos 
jurídicos hemos de remitirnos.
Procede, en consecuencia, otorgar el amparo y reconocer el derecho del recurrente a 
que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, en cuanto a sus criterios 
rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del art. 14 CE y del art. 24.2 CE 
señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019. Por ello, la retroacción debe remontarse al 
momento anterior a dictarse la resolución del secretario de Estado de Justicia de 20 de 
mayo de 2011, que denegó la indemnización y que origina la lesión de los derechos 
fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia, para que la administración 
resuelva de nuevo la cuestión planteada conforme a las exigencias de los arts. 14 y 24.2 
CE, en los términos indicados en las SSTC 85/2019, FJ 13, y 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Ghasoub Al Abrash Ghalyoun y, en 
consecuencia:
1.º  Declarar vulnerado el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerlo en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 18 
de julio de 2013, dictado en el recurso de casación núm. 3743-2012, de la sentencia 
de  31  de  mayo  de  2012  de  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada en el procedimiento ordinario núm. 
459-2011, y de la resolución del secretario de Estado de Justicia de 20 de mayo de 2011, 
recaída en el expediente núm. 540-2006.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la última resolución 
citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial de forma 
respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada  en  Madrid,  a  dieciséis  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve.–Juan  José 
González  Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo 
Montoya Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado.
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