BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Martes 9 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 138215
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
18342 Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y el Gobierno de Navarra, para el desarrollo de programas de 
intervención en el centro penitenciario de Pamplona, en el ámbito de la salud 
mental y la igualdad de género.
Habiéndose suscrito el 27 de octubre de 2021 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la Consejería 
de  Políticas  Migratorias  y  Justicia  del  Gobierno  de  Navarra  para  el  desarrollo  de 
programas de intervención en el centro penitenciario de Pamplona, en el ámbito de la 
salud mental y la igualdad de género, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho Convenio que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid,  3  de  noviembre  de  2021.–El  Secretario  General  Técnico,  Juan  Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, y la Consejería de Políticas Migratorias y Justicia del 
Gobierno de Navarra para el desarrollo de programas de intervención en el centro 
penitenciario de Pamplona, en el ámbito de la salud mental y la igualdad de género
Madrid, a 27 de octubre de 2021.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias, nombrado por Real Decreto de nombramiento 504/2018, de 18 de junio, 
actuando por delegación de competencias del Secretario de Estado de Seguridad, según 
lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden INT/985/2005, de 7 de 
abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones 
efectuadas por otras autoridades, en relación con el artículo 62.2g) de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del 
presente Convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid.
Y de otra parte, don Eduardo Santos Itoiz, Consejero de Políticas Migratorias y 
Justicia del Gobierno de Navarra, nombrado por Decreto Foral de la Presidencia de la 
Comunidad Foral de Navarra 28/2019, de 6 de agosto, y competencia en virtud del 
artículo 90.2b) de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, y del Sector Público Institucional Foral, con domicilio a 
estos efectos en la avenida San Ignacio, 1, 31002 Pamplona.
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente Convenio y, a tal efecto
EXPONEN
Primero.
Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la 
dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que  el  artículo  25.2  de  la  Constitución  Española  y  el  artículo  1  de  la  Ley 
Orgánica  1/1979,  de  26  de  septiembre,  General  Penitenciaria,  establecen  como  fin 
primordial  de  las  penas  y  medidas  penales  privativas  de  libertad  la  reeducación  y 
reinserción social. Asimismo, la mencionada ley señala que para conseguir dicho objetivo 
deben desarrollarse programas socioculturales, educativos, formativos y asistenciales.
Tercero.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio 
de las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como 
establecen la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y el 
Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Cuarto.
Que conforme al artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y 
entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de 
derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la 
competencia.
Igualmente, según el apartado tercero del citado artículo, la suscripción de convenios 
deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de 
medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y 
cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Quinto.
Que  la  Ley  Orgánica  de  Reintegración  y  Amejoramiento  del  Régimen  Foral  de 
Navarra, en su Artículo 58.1.a), contempla que corresponde a Navarra la ejecución de la 
legislación  del  Estado  en  materia  penitenciaria,  lo  que  ha  conllevado  el  ejercicio  e
continuado en el tiempo de aspectos determinados de tales competencias, incluyendo la  bo
participación y la aportación de recursos y programas orientados al cumplimiento de la  342ww
finalIigduaadl mreeinnstee,r taedno vrair tdued  ladse lp deencarse tpor ivfoartaivla 2s6 d6e/2 li0b1e9rt,a dde. 30 de octubre, por el que se
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General de Justicia, la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria,
fomentando  y  desarrollando  una  ejecución  penal  que  propicie  la  reparación  a  las 
víctimas, la reinserción y la limitación de los delitos, en el ámbito de las competencias de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. En concreto estas funciones han 
quedado adscritas al Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa, creado por el 
Decreto Foral 9/2021, de 10 de febrero (BON de 26 de febrero de 2021).
Sexto.
Que la implantación de programas específicos de reeducación y tratamiento tiene 
como finalidad incidir en el comportamiento de la persona penada, tratando de evitar la 
repetición  de  iguales  o  parecidas  conductas  y  ayudando  a  mejorar  las  situaciones 
sociales desfavorables que pueden estar en el origen del delito. En definitiva, es una 
cuestión de suma importancia social en la que ha de implicarse toda la sociedad y, 
especialmente, las Administraciones Públicas.
Séptimo.
Que para personas internas condenadas a privación de libertad el artículo 59 de la Ley 
Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, determina que: «1. El tratamiento penitenciario 
consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la 
reeducación y reinserción social de los penados. 2. El tratamiento pretende hacer del 
interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley penal, así 
como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, en la medida de lo posible, 
desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y 
social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general».
En consonancia con lo anterior, el artículo 65.2 del mismo texto normativo establece 
que: «La progresión en el tratamiento dependerá de la modificación de aquellos sectores 
o rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva; se 
manifestará en la conducta global del interno y entrañará un acrecentamiento de la 
confianza depositada en el mismo y la atribución de responsabilidades, cada vez más 
importantes, que implicarán una mayor libertad».
Por todo ello, es fundamental desarrollar programas de intervención específicos con 
los penados cuya situación penal y penitenciaria así lo requiera.
Octavo.
Que los manuales de los talleres y programas objeto del presente Convenio se 
pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://www.institucionpenitenciaria.es/es/web/home/fondo-documental/publicaciones 
de la página web de instituciones penitenciarias, y han sido incluidas en el catálogo de 
publicaciones oficiales del Ministerio del interior. En concreto, el presente Convenio 
permitirá la efectiva puesta en marcha de los siguientes programas:
– Programa de Atención Integral al Enfermo Mental en las prisiones españolas 
(PAIEM).
– Programa de intervención con mujeres privadas de libertad Ser mujer.eS.
Por lo expuesto, se acuerda suscribir el presente Convenio que se regirá por las 
siguientes s
CLÁUSULAS 342ww
Primera.  Objeto del Convenio.
PAIEEMl p yre Sseern mteu Cjeorn.evSe neino  etiel Cnee nptoror  oPbejentitoe nlac ieafreioc tdivea  Ppaumesptlao nean. marcha de los Programas  BOE-A-cable e
Segunda.  Compromisos  que  asume  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se compromete a:
1.  Posibilitar el desarrollo de los programas de intervención, mediante la derivación 
de los casos de personas penadas que así lo requieran.
2.  Colaborar en la formación de los especialistas necesarios para la adecuada 
aplicación del programa de intervención a desarrollar.
3.  Facilitar el material de trabajo, la metodología de aplicación y los instrumentos 
necesarios para el desarrollo del programa.
4.  Establecer  un  plan  de  seguimiento,  evaluación  y  control  de  la  calidad  del 
programa.
5.  Coordinar  e  integrar  todas  las  actuaciones  realizadas,  a  fin  de  dar  fiel 
cumplimiento del programa a los destinatarios del mismo.
6.  Permitir el acceso a las personas designadas por el Gobierno de Navarra para el 
desarrollo de los Programas, adoptando las medidas de seguridad oportunas para ello.
Tercera.  Compromisos que asume el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 
de la Comunidad Foral de Navarra.
El Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de la Comunidad Foral de Navarra, a 
través de su Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa, se compromete a:
1.  Desarrollar los Programas citados conforme a los modelos establecidos por la 
Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias,  de  acuerdo  con  los  principios 
constitucionales así como el pleno respeto a los derechos de las víctimas.
2.  Aportar a los y las profesionales adecuados y necesarios para el desarrollo de 
los Programas objeto del presente Convenio.
Cuarta.  No existencia de relaciones contractuales.
Asimismo, en ningún caso se derivarán relaciones de naturaleza laboral, contractual, 
funcionarial  o  estatuaria  entre  los  profesionales  que  realicen  los  programas  y  la 
Administración Penitenciaria.
Quinta.  Confidencialidad y protección de datos.
1.  El Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de la Comunidad Foral de 
Navarra se compromete a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados 
por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que sean concernientes a la 
ejecución  del  objeto  del  presente  Convenio.  En  particular,  será  considerado  como 
información confidencial todos los datos relativos al penado, debiendo el Departamento de 
Políticas  Migratorias  y  Justicia  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  mantener  dicha 
información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a 
ninguna persona física o jurídica que no sea parte del presente Convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos, en concreto, a lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/2021, 
de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de  s
sanciones penales, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de  oe.
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personal  respectivamente  recabados  en  el  ámbito  del  trabajo  en  beneficio  de  la
comunidad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la  Bc
otra  parte,  se  realizará  con  la  condición  de  encargado  de  tratamiento,  única  y 
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del 
Convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, 
salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a 
otras Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del  presente  Convenio,  actuarán  como  responsables  del  tratamiento  la  Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias y el Departamento de Políticas Migratorias y 
Justicia de la Comunidad Foral de Navarra. Los datos objeto de tratamiento tendrán por 
finalidad la ejecución de sanciones penales, al amparo de la Ley Orgánica 10/1995, 
de  23  de  noviembre,  del  Código  Penal,  introduce  en  nuestro  sistema  penal,  y  se 
clasificarán en las siguientes categorías: nombre y apellidos del penado, DNI y copia de 
los hechos probados del testimonio de sentencia.
4.  Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5.  Las  partes  firmantes  del  Convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  las  hubiera  cometido  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido
Sexta.  Financiación del Convenio.
El  presente  Convenio  no  generará  obligaciones  de  carácter  económico  para  la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
El Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de la Comunidad Foral de Navarra 
cubrirá los gastos necesarios para el desarrollo de los Programas objeto del Convenio con 
cargo  a  su  presupuesto  general.  En  concreto,  para  el  Programa  PAIEM,  se  prevé 
destinar 6.000 euros de la partida F20000/F2000/1200/111200 «Retribuciones del personal 
fijo». A su vez, para el Programa Ser mujer.eS, se estima un gasto de 3.000 euros de la 
partida «Fomento de la Reinserción» con código F20001 F2100 2279 112110.
Séptima.  Comisión de Seguimiento.
1.  Se establece una Comisión de Seguimiento del presente Convenio, constituida 
por dos representantes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por dos 
representantes de la otra parte firmante que serán nombrados por el Secretario General 
de Instituciones Penitenciarias y por el Consejero de Políticas Migratorias y Justicia de la 
Comunidad Foral de Navarra, respectivamente.
2.  Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que 
éstos designen.
3.  La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, así como la designación del secretario, que 
actuará con voz pero sin voto.
4.  La  Comisión  de  Seguimiento  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento que se deriven del presente Convenio.
5.  El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,  es
de Régimen Jurídico del Sector Público. bo
OctaEvl aC. onRvéegniimo epno ddreá  mseord imficoadcifiiócna ddoe lp Coor navceuneirod.o unánime de la Secretaría General de
CInosmtituunciiodnaeds F Poreanl idteen Nciaavriaarsr ay. el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de la  BOE-A-cable e
Los  acuerdos  de  modificación,  prórroga  y  resolución  del  Convenio  deberán  ser 
tramitados de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, e inscritos en 
el Registro Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación del Sector 
Público Estatal y publicados en el «Boletín Oficial del Estado».
Novena.  Legislación aplicable.
Este Convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación, modificación o resolución del Convenio que no puedan resolverse por 
conciliación  en  la  Comisión  de  Seguimiento  serán  sometidas  a  los  tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Décima. Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, modificado por Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, el presente 
Convenio se perfecciona por el consentimiento prestado por las partes y resultará eficaz 
una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles, en el Registro Electrónico Estatal de 
órganos  e  instrumentos  de  cooperación  del  Sector  Público  Estatal.  Asimismo,  será 
publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Igualmente, el texto definitivo será publicado en el Portal de Transparencia de la 
Administración General del Estado de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La vigencia de este Convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia  del  Convenio,  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  el 
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de la Comunidad Foral de Navarra 
podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por hasta otros cuatro años 
adicionales.
Undécima.  Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente Convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que  se  encuentren  en  ejecución  en  el  momento  de  la  resolución  del  Convenio 
estableciendo un plazo improrrogable de tres meses para su finalización.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Convenio en dos 
ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.–El Secretario 
General  de  Instituciones  Penitenciarias,  Ángel  Luis  Ortiz  González.–El  Consejero  de 
Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos Itoiz.