BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 151 Viernes 25 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 76579
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
10641 Resolución de 21 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por la que se publica el Convenio entre el Centro de Estudios Jurídicos y el 
Gobierno de Navarra, para la colaboración en materia de cursos selectivos y 
actividades formativas de médicos forenses.
Con fecha 14 de junio de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Centro de 
Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia y el Departamento de Políticas Migratorias y 
Justicia del Gobierno de Navarra para la colaboración en materia de cursos selectivos y 
actividades formativas de médicos forenses.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 21 de junio de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel. 
ANEXO
Convenio entre el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia y el 
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra para la 
colaboración en materia de cursos selectivos y actividades formativas de médicos 
forenses
REUNIDOS
De una parte, doña María Abigail Fernández González, Directora del Centro de 
Estudios Jurídicos, organismo autónomo y en lo sucesivo CEJ, nombrada por Orden 
JUS/95/2020, de 6 de febrero, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1.j) del 
Estatuto del CEJ, aprobado por Real Decreto 312/2019, de 26 de abril.
Y de otra, don Eduardo Santos Itoiz. Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, 
nombrado  por  Decreto  Foral  de  la  Presidenta  de  la  Comunidad  Foral  de 
Navarra 28/2019, de 6 de agosto, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el 
artículo 90.2 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral.
Ambas partes, intervienen en función de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de 
las facultades que tienen conferidas para convenir en nombre y representación de sus 
instituciones,
EXPONEN
1.  Que el CEJ es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Justicia, que 
según establece el artículo 2 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 312/2019, de 26 
de abril, tiene por objeto «desarrollar y ejecutar, en colaboración con el Ministerio de  e.
Justicia, las políticas de selección y formación de los funcionarios pertenecientes a los  w.b
Cuerpos  de  los  Letrados  de  la  Administración  de  Justicia,  Médicos  Forenses,  641ww
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Asimismo, para el cumplimiento de sus objetivos el artículo 3.2.a) de su Estatuto 
establece  que  el  CEJ  podrá  «celebrar  convenios  de  colaboración  con  los  órganos 
correspondientes  de  las  comunidades  autónomas  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 
competencias».
2.  Que el Instituto Navarro de Medicina Legal –actualmente Instituto de Medicina 
Legal Y Ciencias Forenses– creado por Decreto Foral 355/2000, de 13 de noviembre, es 
un órgano técnico, adscrito a la Dirección General de Justicia del Departamento de 
Políticas Migratorias y Justicia, cuya misión principal es auxiliar a la Administración de 
Justicia en el ámbito de su disciplina científica y técnica de conformidad con dispuesto en 
el artículo 479.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el 
artículo  1  del  Reglamento  de  los  Institutos  de  Medicina  Legal,  aprobado  por  Real 
Decreto 386/1996, de 1 de marzo. Para ello, se le atribuyen las siguientes funciones en 
su Reglamento de funcionamiento:
a)  Auxiliar a los Tribunales, Juzgados, Fiscalías y Oficinas del Registro Civil de los 
partidos judiciales de su ámbito territorial, a través de la práctica de pruebas periciales 
médicas, tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio.
b)  Realizar  actividades  de  formación,  docencia  e  investigación  en  las  distintas 
áreas de la Medicina Forense.
3.  Que este convenio quiere establecer un modelo de colaboración en materia de 
cursos selectivos y de actividades formativas dirigidos a funcionarios en prácticas que 
aspiran a ingresar en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses o funcionarios de dicho 
cuerpo, de acuerdo con el régimen jurídico vigente.
4.  Que al estar ambas partes interesadas acuerdan suscribir este convenio, que se 
formaliza con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
Este convenio tiene por objeto articular la colaboración entre el CEJ y el Gobierno de 
Navarra.
a)  en materia de cursos selectivos, para funcionarios en prácticas que aspiran a 
ingresar en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses (por el territorio Ministerio de 
Justicia o por el territorio autonómico) y
b)  en materia de actividades formativas, dirigidas a funcionarios de dicho cuerpo, 
bien dependan del Ministerio de Justicia o de dicho Gobierno.
Segunda.  Compromisos de las partes.
Las partes asumen los siguientes compromisos:
1.  Selección.
En  virtud  de  este  convenio  y  de  acuerdo  con  los  principios  de  colaboración 
institucional entre Administraciones Públicas, de economía y eficiencia del gasto público 
y de optimización de los recursos públicos, las partes firmantes podrán acordar en cada 
ejercicio, mediante resolución conjunta de la Comisión de Seguimiento de la cláusula  s
cuarta, que los funcionarios en prácticas que aspiran a ingresar en el Cuerpo Nacional  oe.
de Médicos Forenses y que correspondan a cada parte firmante puedan incorporarse  w.
fciromn aLpnalt eeinn.ocso repfoercatcoisó nju raíld iccuorss oa l sceulerscoti vsoe ldeect ivfuon cqiuoen,a reions s ue nc apsroá,c toicragsa ndicee  llaa  oottrraa  ppaarrttee   2021-10641n https://ww
firmante del convenio implicará que éstos se rijan por la programación de la parte
firmante que organiza el curso selectivo, según la convocatoria del proceso selectivo. Bc
A su vez, la parte que organiza el curso selectivo evaluará a los funcionarios en 
prácticas de la otra parte firmante (tanto la formación teórico-práctica como las prácticas 
tuteladas) y remitirá esas evaluaciones a la otra parte firmante.
La Comisión de Seguimiento establecida en la cláusula Cuarta de este convenio 
determinará anualmente, mediante acuerdo, si los funcionarios en prácticas del ámbito 
competencial de una de las partes firmantes se incorporarán o no al curso selectivo que, 
en su caso, organice la otra parte firmante.
2.  Formación.
Ambas partes firmantes podrán abrir las actividades formativas que organicen en 
cada ejercicio anual de acuerdo con su respectivo Plan de Formación a la participación 
de funcionarios del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses del ámbito competencial de la 
otra parte firmante.
Se incluyen aquí tanto actividades formativas presenciales como en línea.
La  Comisión  de  Seguimiento  de  la  cláusula  cuarta  determinará  anualmente, 
mediante acuerdo, el número y denominación de las actividades formativas de cada 
parte que se abre a la participación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Médicos 
Forenses del ámbito competencial de la otra parte firmante.
La parte firmante que organice las actividades formativas será la responsable de 
certificar la asistencia o/y aprovechamiento de los funcionarios del ámbito competencial 
de la otra parte firmante, siempre que estos asistentes hayan acudido al 100% de la 
duración total de cada actividad (para actividades presenciales) o que los participantes 
en el curso en línea lo hayan superado (para cursos en línea).
Las partes llevarán a buen fin por todos los medios las actividades de formación 
programadas, manteniendo para ello cuantos contactos e intercambios sean precisos, 
además de los propios de la Comisión de Seguimiento establecida en la cláusula Cuarta 
de este convenio.
3.  Cesión de espacios con fines formativos.
Adicionalmente,  cada  parte  firmante  se  compromete  a  ceder  espacios  (sedes, 
servicios e instalaciones como centros de menores, instituto anatómico forense, centros 
de salud…) con fines formativos para:
a)  la organización de cursos selectivos dirigidos a funcionarios en prácticas que 
aspiren a ingresar en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y que gestione la otra 
parte firmante,
b)  o para las actividades formativas dirigidas a funcionarios del Cuerpo Nacional de 
Médicos Forenses que organice la otra parte firmante.
4.  Seguimiento y control.
Cada parte asumirá la realización del seguimiento administrativo y el control de cada 
una de las actividades que se desarrollen.
Tercera.  Financiación.
Este  convenio  no  conlleva  obligaciones  ni  compromisos  de  gasto  adicionales 
aparejados para el presupuesto del CEJ ni del Gobierno de Navarra.
En el caso de los cursos selectivos (cláusula Segunda.1), la parte firmante que  e.e
incorpore a sus funcionarios en prácticas en el curso selectivo que organice la otra parte  w.b
firmante seguirá siendo la responsable del abono de las nóminas de sus funcionarios en  641ww
lparsá cqtuicea stu (vciaepraítnu lod e1r)e cyh doe e tsotdoass f ulansc iionndaermionsi zeanc iopnráecst icpaosr  roa zpóonr  dcuea slqeurvieicri oo t(rcoa pgíatustloo  2q)u ea 
pudiEenra e ol rcigaisnoa rdsee  plaosr  alac taivsiidsatednecsi af oarlm cautrisvoa ss e(clelácutisvuol ad eS leag outnrad ap.a2r)t,e l afi rpmaartnet efi.rmante que
incorpore a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de su ámbito
competencial en las actividades formativas que organice la otra parte firmante seguirá 
siendo la responsable del abono de todas las indemnizaciones por razón de servicio 
(capítulo 2) a las que tuvieran derecho estos funcionarios o por cualquier otro gasto que 
pudiera originarse por su asistencia a las actividades formativas de la otra parte firmante.
La cesión de espacios entre las partes firmantes tendrá siempre un carácter gratuito.
Cuarta.  Comisión de seguimiento.
Se crea una Comisión de Seguimiento de este convenio, integrada por 4 miembros, 
designados por de cada parte firmante:
– 2 miembros por parte del CEJ.
– 2 por parte de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra.
Entre las funciones que corresponden a la Comisión de Seguimiento se incluyen:
a)  Determinar anualmente, mediante acuerdo, si los funcionarios en prácticas del 
ámbito competencial de una de las partes firmantes se incorporarán o no al curso 
selectivo que, en su caso, organice la otra parte firmante.
b)  Determinar anualmente, mediante acuerdo, el número y denominación de las 
actividades formativas incluidas en el Plan de Formación de médicos forenses de cada 
parte que se abre a la participación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Médicos 
Forenses del ámbito competencial de la otra parte firmante. La Comisión indicará el 
título, la fecha, la sede, el número de plazas previstas y el programa mínimo de cada 
actividad formativa.
c)  Realizar  el  seguimiento  y  evaluación  del  desarrollo  del  convenio  y  de  las 
actuaciones que se establezcan.
d)  Impulsar las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes para la 
más adecuada consecución de los objetivos formativos.
e)  Interpretar el convenio y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.
Quinta.  Difusión.
Las partes darán la adecuada difusión por sus canales habituales (publicaciones, 
web,  redes  sociales,  etc.)  a  los  cursos  selectivos  y  actividades  formativas  en  que 
participen funcionarios de ambas partes firmantes.
Con anterioridad a la celebración de los cursos selectivos y actividades formativas 
que se abran a la participación de la otra parte firmante, ambas instituciones pondrán en 
común toda la información que se genere sobre el contenido de aquéllas que deba ser 
conocida por los asistentes.
Sexta.  Duración.
Este convenio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, resultará eficaz una vez inscrito, en 
el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será 
publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el Boletín oficial del 
Estado, sin perjuicio de su publicación facultativa en el Boletín Oficial de Navarra y 
tendrá vigencia durante cuatro (4) años, prorrogables por otros cuatro (4) años siempre  s
que las partes acuerden la prórroga antes del fin de la vigencia del convenio. oe.
SépEtimstae.  coMnvoednifiioc apcoiódnrá y  mcaoudsifaicsa drsee e pxtoinr caiócnu.erdo unánime de las partes a través de la  2021-10641n https://ww
suscripción de la correspondiente Adenda Modificativa.
Serán causas de extinción del convenio, el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  su 
prórroga.
b)  El acuerdo unánime de ambas partes firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, la otra parte podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento 
para que se cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que 
se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del 
mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados, de acuerdo con los 
criterios que se determinen por la Comisión de Seguimiento.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e)  Imposibilidad sobrevenida de cumplimiento del objeto del convenio.
f)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes.
La resolución del convenio no afectará a la finalización de las actividades que 
estuvieran en ejecución, que deberán realizarse en el plazo improrrogable fijado por la 
Comisión de Seguimiento del convenio.
Octava.  Régimen Jurídico del convenio.
El presente convenio de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecución, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio 
deberán solventarse de mutuo acuerdo de las partes en el seno de la Comisión de 
Seguimiento constituida conforme a lo previsto en la cláusula cuarta. En el supuesto de 
cuestiones litigiosas que no hayan sido solucionadas por la Comisión serán sometidas al 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Novena.  Publicidad y transparencia.
Este convenio se publicará en el Boletín Oficial del Estado y se inscribirá en el 
Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Previamente,  y  con  carácter  facultativo,  se  podrá  publicar  en  el  Boletín  Oficial  de 
Navarra.
Asimismo, se publicará en el Portal de la Transparencia del Gobierno de España, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno (BOE de 10 de diciembre). Igualmente, también 
se publicará en el Registro de Convenios, Acuerdos y Planes de Actuación Conjunta de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, conforme a lo dispuesto en el 
artículo  94  de  la  Ley  Foral  11/2019,  de  11  de  marzo,  de  la  Administración  de  la  e.
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral. w.b
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de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva  95/46/CE  (Reglamento  general  de  protección  de  datos),  con  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales y con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.
De conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las atribuciones de que son 
titulares  los  firmantes,  suscriben  el  presente  convenio.–La  Directora  del  Centro  de 
Estudios  Jurídicos  del  Ministerio  de  Justicia,  María  Abigail  Fernández  González.–El 
Consejero de Políticas Migratorias y Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
Eduardo Santos Itoiz.