BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 150 Miércoles 27 de mayo de 2020 Sec. III.   Pág. 35171
III. OTRAS DISPOSICIONES
TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
5367 Conflicto de Jurisdicción n.º 2/2019 suscitado entre el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria n.º 1 de Pamplona y la Delegación del Gobierno de Navarra.
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción
Art. 38 LOPJ
Sentencia núm. 1/2020
Fecha Sentencia: 12/02/2020.
Tipo de procedimiento: Conflicto art. 38 LOPJ.
Número del procedimiento: 2/2019.
Fallo/Acuerdo: Sentencia Resolviendo Conf. Jurisdicción.
Fecha de votación y fallo: 12/02/2020.
Ponente: Excma. Sra. D.ª María Victoria Camps Cervera.
Procedencia: Juzgado Vigilancia Penitenciaria n.º 1.
Secretaría de Gobierno.
Transcrito por:
Nota:
Resumen:
Conflicto art. 38 LOPJ núm.: 2/2019.
Ponente: Excma. Sra. D.ª María Victoria Camps Cervera.
Secretaría de Gobierno.
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción
Art. 38 LOPJ
Sentencia núm. 1/2020
Excmos. Sres.:
Presidente: Don Carlos Lesmes Serrano.
Vocales:
Don Francisco Javier Borrego Borrego.
Don Isaac Merino Jara.
Don Landelino Lavilla Alsina.
Don Enrique Alonso García.
Doña Victoria Camps Cervera.
Sentencia oe.
En la Villa de Madrid, a 12 de febrero de 2020. 67ww
Visto por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, compuesto por el Presidente
JEaxvcimero .B Sorr.r edgoon  CBaorrlroesg oL,e sdmoens  ISsaearrca nMo eyr inpoo r Jloasr aV, odcaolne sL Eanxcdmeloinso.  SLraevsi.l lad oAn lsFirnaan, cidsocno 
Enrique Alonso García y doña Victoria Camps Cervera, el suscitado entre el Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria n.º 1 de Pamplona y la Delegación del Gobierno en Navarra, en 
el expediente n.º 1047/2019, tramitado por el citado Juzgado en relación con el interno 
José Miguel Pedriel Rojas, con arreglo a los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.
Mediante Auto de 27 de junio de 2019 el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n.º 1 de 
Navarra (procedimiento 1047/2019) estimó el recurso interpuesto por el penado José 
Miguel  Pedriel  Rojas  contra  Resolución  de  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior de 6 de mayo de 2019 en cuanto que la misma 
había decidido su traslado al Centro Penitenciario de Zuera.
En dicho Auto el Juzgado consideraba que, si bien corresponde a la Administración 
Penitenciaria adoptar ese tipo de decisiones y que las mismas son recurribles en vía 
contencioso-administrativa, los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria pueden revocarlas 
si considera que vulneran derechos fundamentales por actuar la Administración con claro 
abuso o desviación de poder y agravase la pena o desconociera derechos reconocidos a 
los  presos,  sea  alterando  su  clasificación  penitenciaria,  sea  afectando  de  manera 
esencial a las actividades y régimen de vida correspondientes a su grado penitenciario, o 
si afectasen a derechos como el de la vida o integridad física o se estuviera ante una 
sanción encubierta.
En el caso concreto el Auto en cuestión considera que la resolución de 6 de mayo 
de 2019 se limita a resolver sobre el traslado sin razonamiento o motivación alguna que 
permita  al  preso  conocer  las  razones  del  traslado  y  plantear  la  correspondiente 
impugnación.
Segundo.
No  recurrido  el  mencionado  Auto,  y  recibida  el  5  de  diciembre  de  2019  en  la 
Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social del Ministerio del Interior la 
providencia de ejecución del mismo ‒de 27 de agosto de 2019‒, mediante oficio de 20 
de septiembre de 2019 el Delegado del Gobierno de Navarra requiere de inhibición al 
citado Juez de Vigilancia Penitenciaria, a cuyo efecto invoca los artículos 79 de la Ley 
Orgánica General Penitenciaria y el 31 de su Reglamento, recordando que, según éste, 
«el Centro Directivo tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o 
extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los distintos Establecimientos 
penitenciarios, sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia en materia de 
clasificación por vía del recurso». Por tanto –prosigue el requirente‒ «la competencia 
para acordar destinos y traslados es exclusivamente administrativa y los actos dictados 
en su ejercicio son actos administrativos y, como tales, revisables en vía administrativa y, 
en su caso, en vía contencioso-administrativa».
Se añade que el centro penitenciario de Pamplona está sobreocupado ‒de suerte 
que  es  necesario  remitir  a  otros  centros  a  quienes  resulten  penados‒  e  invoca 
Sentencias de este Tribunal de Conflictos de Jurisdicción dictadas en los asuntos 10/86, 
5/88, 2/91, 3/02, 4/04, 8/2006, 10/2006 y 1/2007, estas tres últimos afectantes al mismo 
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n.º 1 de Navarra.
Tercero. e
El Juez de Vigilancia Penitenciaria, en auto de 30 de octubre de 2019, acuerda  w.
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En  dicho  auto  el  Juez  requerido  reitera  que  conforme  al  artículo  76  LOGP
corresponde  conocer  a  los  Juzgados  de  Vigilancia  Penitenciaria  «salvaguardar  los
derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones en el cumplimiento de los 
preceptos del régimen penitenciario que puedan producirse», por lo que pueden decidir 
acerca de la cuestión del destino o traslado en cuanto afecte a ello; cita, en apoyo de su 
criterio, diversas Sentencias del Tribunal Constitucional, subrayando que la falta de 
motivación ‒a la que se equipara la ambigüedad o contradicción de la expuesta‒ infringe 
el  derecho  fundamental  del  interno  penado  que  reconoce  el  artículo  24  de  la 
Constitución, en cuanto vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
Cuarto.
Recibidas las actuaciones en el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, se emplazó 
para vista y alegaciones al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado.
Quinto.
El Ministerio Fiscal presenta escrito de 12 de diciembre de 2019 en el que estima que 
no le falta razón al Juzgado en cuanto pone de manifiesto que la resolución de 6 de 
mayo de 2019 es por completo inmotivada, pero que ello no es suficiente para apreciar la 
competencia  que  reivindica,  como  ya  se  ha  resuelto  en  precedentes  similares  que 
invoca, pues la competencia es exclusiva de la Administración penitenciaria conforme a 
los artículos 79 LOPG y 31 de su Reglamento.
Sexto.
El Abogado del Estado, por escrito presentado el día 20 de diciembre de 2019, 
considera que debe dictarse resolución en la que se declare que el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria n.º 1 de Navarra carece de jurisdicción para conocer del traslado del 
interno de que se trata al centro penitenciario de Zuera, por ser tal decisión competencia 
de la Administración penitenciaria, sin perjuicio de su posible revisión en vía contencioso-
administrativa.  Trascribe,  como  precedente,  el  Auto  de  este  Tribunal  de 
Conflictos 31/2012, de 11 de diciembre, dictado en el conflicto n.º 21/2012; cita asimismo 
la sentencia de este Tribunal n.º 7/2007 e invoca la Sentencia del Tribunal Constitucional 
n.º  138/1986,  que  no  reconoció  a  los  Juzgados  de  Vigilancia  Penitenciaria  la 
competencia para conocer de recurso contra actos de la Administración penitenciaria 
sobre traslados de presos, y resulta que la jurisdicción contencioso-administrativa viene 
conociendo con naturalidad de recursos interpuestos al efecto.
Séptimo.
Por providencia de este Tribunal de 16 de enero de 2020 se señaló para la decisión 
del conflicto el día 12 de febrero de 2020, a las 10:45 horas, convocándose a los 
componentes  del  Tribunal,  lo  que  en  efecto  tuvo  lugar,  habiéndose  observado  las 
prescripciones legales.
Siendo Ponente la Excma. Sra. doña Victoria Camps Cervera, quien expresa el 
parecer del Tribunal de Conflictos.
Fundamentos de Derecho
Primero. e
Concuerdan los órganos contendientes en el reconocimiento de la competencia  w.
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Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que invoca expresamente el artículo 79 de la
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (LOGP).
La queja del interno y, por tanto, el auto judicial se refiere a la decisión de destinarlo 
al centro penitenciario de Zaragoza (Zuera) desde el de Pamplona.
El auto judicial de 27 de junio de 2019 que ha motivado el conflicto de jurisdicción 
sitúa su fundamento en el artículo 76 de la LOGP, que confiere atribuciones al Juez de 
Vigilancia  para  salvaguardar  los  derechos  de  los  internos  y  corregir  los  abusos  y 
desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario pueda 
producirse y, de un modo específico, en el párrafo g), para acordar lo que proceda sobre 
las  peticiones  o  quejas  que  los  internos  formulen  en  relación  con  el  régimen  y  el 
tratamiento  penitenciario,  en  cuanto  afecte  a  los  derechos  fundamentales  o  a  los 
derechos y beneficios penitenciarios de aquéllos.
Segundo.
El ejercicio por el Juez de su potestad jurisdiccional quedó vinculado a la apreciación de 
que el destino del interno a Zaragoza era contrario al derecho del interno porque la resolución 
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias no estaba en absoluto motivada, de 
modo que suponía una lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Tercero.
El conflicto no presenta problemas de admisibilidad, pues ha sido planteado por la 
Delegación del Gobierno en trámite de ejecución de esos autos de 27 de junio de 2019 
decisión  a  cuyo  cumplimiento  fue  compelida,  lo  que  dio  lugar  al  requerimiento  de 
inhibición que ha dado lugar a la formalización del conflicto; ello supone la concurrencia 
de las exigencias previstas en el artículo 7 de la Ley 2/1987, de 18 de mayo, de 
Conflictos de Jurisdicción.
Cuarto.
Admitida así la procedencia del conflicto, sus términos conducen a dilucidar si, como 
entiende  el  Juez  de  Vigilancia  Penitenciaria  y  niegan  el  Ministerio  Fiscal  y  la 
Administración, la resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
incurre o no, con la notoriedad y evidencia que requiere el pronunciamiento de esta 
Jurisdicción de Conflictos, de carácter formal y no de fondo, en abuso o desviación 
deducido de la precariedad o ausencia de motivación y afectante al derecho fundamental 
del interno a la tutela judicial efectiva.
Quinto.
Muchas son las ocasiones que este Tribunal ha tenido para afrontar la cuestión, en 
una u otra modalidad y con unas u otras variantes. Y, como afirman de consuno el 
Ministerio  Fiscal  y  la  Abogacía  del  Estado,  del  conjunto  de  sus  Sentencias  puede 
deducirse una sostenida doctrina contraria a que, en relación con el destino del interno a 
uno u otro centro penitenciario las decisiones de la Administración penitenciaria puedan 
ser  objeto  de  corrección  por  el  Juez  de  Vigilancia  Penitenciaria;  son  los  órganos 
administrativos «los que tienen cabal conocimiento de la verdadera situación de los 
centros y de la posibilidad de internamiento que éstos ofrecen con arreglo a los medios 
materiales y personales disponibles» (Sentencia de 15 de diciembre de 1986 dictada en 
el conflicto 16/86, y Sentencias de 5 de octubre de 2002 y 13 de octubre de 2004 
dictadas respectivamente en los conflictos 3/2002 y 4/2004). e.e
A su vez, como ponen de manifiesto el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado,  w.b
conflictos iguales o muy similares a éste se han resuelto bajo procedimientos de este  67ww
TribuAn saul  nvúemz,s .e 1l 0A/u8t6o,  5d/e8 81,1 2 d/9e1 d, i3c/i0e2m, b4r/e0 4d,e 8 /22001026 ,d 1ic0t/a2d0o0 6p,o 1r /2la0 0S7a,l a6 /d2e0 0C7o.nflictos del
Trersiboulvniaól  Squuep relam oc oemn peel tecnocnifali ctpoa rnae graetsivoolv edre  lcoosm  preecteunrscoias  trqaume itasdeo  pbraojdou znc.ºa n2 1c/2o0n1tr2a, 
resolución de la Administración penitenciaria sobre traslados de presos corresponde a la 
jurisdicción contencioso-administrativa.
El hecho de que el artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria atribuya a 
los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria la salvaguarda de los derechos de los internos y 
corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen 
penitenciario puedan producirse, y, en particular conforme a su apartado 2 g), «Acordar 
lo que proceda sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el 
régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecte a los derechos fundamentales o a 
los derechos y beneficio penitenciarios de aquéllos», no permite alterar sin más el 
régimen  de  competencia  para  control  de  los  actos  administrativos  que  dicha 
Administración dicte, y que tienen su cauce de planteamiento en el recurso contencioso-
administrativo a la vista de lo establecido en el art. 79 de la propia Ley Orgánica 
(reiterado  por  el  artículo  31  del  Reglamento  Penitenciario  aprobado  por  Real 
Decreto 190/1996, de 9 de febrero), que dice lo siguiente: «Corresponde a la Dirección 
General  de  Instituciones  Penitenciarias  del  Ministerio  de  Justicia  la  dirección, 
organización e inspección de las instituciones que se regulan en la presente Ley, salvo 
respecto  de  las  Comunidades  Autónomas  que  hayan  asumido  en  sus  respectivos 
Estatutos  la  ejecución  de  la  legislación  penitenciaria  y  consiguiente  gestión  de  la 
actividad penitenciaria».
A su vez, existe un procedimiento contencioso-administrativo específico para defensa 
de derechos fundamentales que está recogido en los artículos 114 y siguientes de la 
Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La competencia de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria para proteger derechos 
fundamentales de los presos no se refiere a los casos en que su vulneración se produce 
mediante  actuaciones  de  la  Administración  penitenciaria  que  tienen  por  cauce  de 
impugnación en sede contencioso-administrativa, a lo que no es óbice que el acto que 
motivó este conflicto no aparezca ciertamente motivado como debiera haberlo sido.
En consecuencia,
FALLAMOS
Que  compete  a  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  la 
determinación del centro penitenciario de destino del interno José Pedriel Rojas.
Así por esta nuestra Sentencia, que se comunicará a los órganos contendientes y se 
publicará en el «Boletín Oficial del Estado», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.–
Carlos  Lesmes  Serrano.–Francisco  Javier  Borrego  Borrego.–Isaac  Merino  Jara.–
Landelino Lavilla Alsina.–Enrique Alonso García.–Victoria Camps Cervera.–Firmado.