BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 331 Lunes 21 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 117391
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
16645 Resolución  de  3  de  diciembre  de  2020,  de  la  Secretaría  General  de 
Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión 
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la 
Comisión  Bilateral  de  Cooperación  Administración  General  del  Estado-
Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto-ley 5/2019, 
de 17 de diciembre, por el que se modifica la Ley 3/2016, de 9 de junio, para 
la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la 
contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda.
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 3 de diciembre de 2020.–La Secretaria General de Coordinación Territorial, 
Miryam Álvarez Páez.
ANEXO
Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el Decreto-ley 5/2019, 
de 17 de diciembre, por el que se modifica la Ley 3/2016, de 9 de junio, para la 
protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la 
contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Andalucía ha adoptado el siguiente Acuerdo:
1.º  De conformidad con las negociaciones celebradas por el Grupo de Trabajo 
constituido  en  cumplimiento  del  Acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral  de  Cooperación 
Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, de 4 de junio de 2020, 
para  el  estudio  y  propuesta  de  solución  de  las  discrepancias  competenciales 
manifestadas en relación con el Decreto-Ley 5/2019, de 17 de diciembre, ambas partes 
las consideran solventadas en base a los siguientes compromisos y consideraciones:
A)  En relación con el artículo único, en sus apartados Tres, Cuatro, Cinco y Trece 
(por los que se modifican los artículos 8.1, 9.3, 10.2 y Anexo I respectivamente de la 
Ley 3/2016, de 9 de junio), ambas partes coinciden en manifestar que, en aplicación del 
deber de colaboración entre las Administraciones Públicas en los términos previstos en 
el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, se procederá por ambas a la creación de un grupo de trabajo que determine, en 
aras de la calidad regulatoria, la mejor articulación de la normativa estatal y autonómica 
para la protección de los consumidores y usuarios en esta materia. e.
B)  En relación con el artículo único, en su apartado Nueve (por el que se modifica  w.
el artículo 14.2 de la Ley 3/2016, de 9 de junio), la Comunidad Autónoma asume el  645ww
acol mobpjreotmo idseo  dreem pitrior mlao vdeert elarm cionrarecisópno nddei elan teo feinritcai avtiivnac ulelagnistela taiv laa  qrueeg umlaocdióifniq uees tasub letecnidoar 
por la normativa estatal.
2.º  En razón al acuerdo alcanzado, ambas partes coinciden en considerar resueltas 
las discrepancias manifestadas.
3.º  Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía».