BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 8 Sábado 9 de enero de 2021 Sec. III.   Pág. 2251
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
342 Resolución  de  17  de  diciembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa 
del registrador mercantil de León a inscribir una escritura de modificación de 
los estatutos de una sociedad.
En  el  recurso  interpuesto  por  doña  M.D.R.,  en  nombre  y  representación  de  la 
sociedad  «Solidaridad  y  Trabajo  Virgen  del  Camino,  S.L.»,  contra  la  negativa  del 
registrador mercantil de León, don Oscar María Roa Nonide, a inscribir una escritura de 
modificación de los estatutos de dicha sociedad.
Hechos
I
El día 15 de julio de 2020 se elevaron a público los acuerdos de modificación de los 
estatutos sociales de la sociedad «Solidaridad y Trabajo Virgen del Camino, S.L.» por 
don Vicente de Prada Guaita, notario de Madrid, con número 733 de su protocolo.
Según el artículo 2 de los nuevos estatutos sociales, «La sociedad carece de ánimo 
de lucro y tiene por objeto la actividad de promoción, educación y rehabilitación de 
personas con discapacidad, a fin de lograr su integración laboral y social promoviendo y 
gestionando  programas  de  formación  profesional,  Centros  especiales  de  empleo, 
Centros ocupacionales o cualquier otro tipo de forma idónea de promoción laboral de 
personas  con  discapacidad  que  pudiera  quedarse  en  el  futuro,  Residencias, 
Instituciones, Fundaciones y, en general, todo lo preciso para el más adecuado y eficaz 
cumplimiento de sus objetivos y fines. Como actividades más importantes e inmediatas, 
entre otras, y sin carácter limitativo, se encuentran las siguientes:
– Los  trabajos  de  subcontratación  industrial,  la  comercialización  de  productos 
industriales y de otro tipo y la prestación de servicios a terceros.
– Las actividades y servicios correspondientes a un Operador de Marketing Directo 
Y  Promocional,  soluciones  gráficas  de  forma  digital  y  Offset;  personalización  de 
documentos  con  impresión  láser  e  inkjet,  manipulados  y  mecanizados  (Plegados, 
embolsados,  retractilados,  ensobrados,  etiquetados,  entubados,  guillotinados),; 
tratamientos postales para el depósito en operadores logísticos, distribución, buzoneo, 
logística  y  tratamiento  de  bases  de  datos,  (normalización,  deduplicación, 
enriquecimiento, geomarketing, albergue, etc.); Contact center (Recepción y emisión de 
llamadas  telefónicas,  estudios  de  mercado,  back  office)  Captura  de  datos  de 
documentación  física,  digitalización  e  indexación  de  documentos,  mobilo  marketing 
(Envío  y  recepción  de  SMS  y  EMA/LS);  coordinación  de  campañas  promocionales 
multicanales, marketing on line y redes sociales, packaging y manipulados diversos, 
externalización de servicios a entidades financieras y la Administración Pública (Billing, 
servicios  auxiliares  para  trabajos  administrativos);  servicios  de  archivo,  biblioteca, 
custodia de documentos, tratamiento y gestión de aplicaciones informáticas, servicios de  e
atención  e  información  presencial,  control  de  acceso  o  almacenaje„  tratamiento  bo
documental de documentación histórica y administrativa, elaboración de informes de  w
ssceearrmvv–iipcc aiiLooñossas  sd d.ees  ehhrovosiscptieoedslea rjídeae  e snHi thuooastdteeolleses r,íe amn  oypt oedlliedese ,p caoolbrmteivirdogasus e,as s ryiel oscstaa,m uhrpoaasnmpteietsan lteocssa,, f elaatye euríxnaptsal omtyai ecnbiótaonrs ed sey;    OE-A-2021-34able en https://
otras locales públicos, el arrendamiento de servicios de hostelería.
– Los servicios de limpieza y saneamiento de las vías públicas y similares, edificios, 
centros públicos, oficinas, establecimientos comerciales, residencias, centros sanitarios, 
establecimientos industriales y análogos
– La  conservación,  mantenimiento  y  control  de  instalaciones  de  todo  tipo  en 
edificios, residencias, hoteles, centros públicos, industriales, comerciales, sanitarios y 
similares.
– La  prestación  de  servicios  de  recepción,  relaciones  públicas,  administrativos, 
conserjería, secretaría, atención telefónica, lavandería, planchado y costura.
– Servicios de atención y transporte público de personas dependientes en centros de 
acogida, centros de día, asistenciales, o en sus domicilios, servicios de conductores de 
vehículos. Servicios de distribución a través de medios propios.
– Servicios relacionados con la reducción, reutilización y reciclaje de residuos de 
cualquier tipo, tanto urbanos como industriales.
– Instalación,  mantenimiento  explotación  y  control  de  máquinas  expendedoras, 
aparatos, elementos, utensilios de y para bebidas frías y calientes, higiene, alimentación 
y productos de hostelería.
– Servicios de bibliotecas, archivos y museos.
– Gestión de estaciones de servicio.
– Desarrollo de explotaciones agrícolas y forestales, la prestación de servicios de 
mantenimiento,  plantación,  jardinería,  y  de  conservación  de  parques  y  jardines, 
instalaciones deportivas e interiores la comercialización de toda la clase de artículos 
relacionados con la jardinera, floristería, así como productos agroalimentados.
– Venta de productos de alimentación y droguería y los de uso y consumo corriente y 
demás elementos propios del ajuar o del hogar y de la economía doméstica.
Y todas aquellas actividades relacionadas con este objeto social, que servirán de 
medio para la integración laboral y social de personas afectadas por una discapacidad.
Tal objeto social se podrá desarrollar por la Sociedad directamente o a través de 
otras sociedades con análogo objeto social, y tanto en España como en el extranjero».
En el artículo 29 de los estatutos, bajo el epígrafe «Distribución de beneficios», se 
dispone lo siguiente: «La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado de 
cada ejercicio social en concordancia con la ausencia de ánimo de lucro de la Sociedad, 
teniendo presente que, una vez derrotadas las reservas legales y estatutarias, deberán 
reinvertirse los beneficios derivados de la actividad económica, tanto del Centro Especial 
de Empleo como de otros programas, en la propia empresa para la consecución de su 
objeto social, o en la promoción de actividades relacionadas con el empleo de personas 
con discapacidad o cualesquiera otras relacionadas con el objeto social de la Sociedad, 
sin que su destino pueda consistir, en ningún caso, en su distribución o reparto entre los 
socios ni en ningún otro que contradiga la ausencia de ánimo de lucro de la Sociedad».
Y en el artículo 30 de los mismos estatutos, relativo a la disolución y liquidación de la 
sociedad, se establece que: «(…) En cualquiera de los supuestos de disolución de la 
Sociedad, el activo resultante de la liquidación se destinará exclusivamente a entidades 
sin ánimo de lucro o fundaciones designadas por los socios. Cada socio podrá hacer uso 
de su cuota de liquidación, en función de su porcentaje de participación, para destinarla 
a una Entidad o Fundación que libremente decida (…)».
II
El día 31 de julio de 2020 se presentó en el Registro Mercantil de León la referida  e.e
escritura,  bajo  el  asiento  40  del  libro  diario  de  inscripciones  152,  y  fue  objeto  de  b
calificación negativa en los términos que, respecto del único defecto impugnado, se  2ww
etrxaanm«scDeronibn ey nO c saac lciafoirc naMtcinaióurínaa,c  Rdióeon a:c oNnofonridmei,d aredg icsotrna dloosr  amretírccualonsti l 1d8e  dLeeló Cn,ó dpirgeov iod ee lC coomnseirgcuioie yn t6e   OE-A-2021-34able en https://
del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar [sic] conforme a los 
siguientes hechos y fundamentos de derecho:
Hechos…
Fundamentos de Derecho (defectos):
(..) 2.  El ánimo de lucro que se concreta de manera muy singular en la obtención de 
dividendos partibles entre los socios constituye un elemento esencial de las sociedades 
que tiene su origen en el carácter oneroso del contrato de sociedad, tal y como aparece 
profusamente reconocido legislativamente. Así resulta, entre otras disposiciones legales, 
de los artículos 1.665 Código civil y 116 Código de Comercio y de diversos preceptos de 
la Ley de Sociedades de capital: los artículos 61 y ss. (pues el dividendo es, junto con 
otros derechos de contenido económico, la contraprestación a la aportación realizada), 
83, 2 (que determina la pérdida del derecho a percibir dividendos en caso de mora), 93 
(que lo configura con un derecho mínimo del socio), 99 (que permite la existencia de 
participaciones con derecho a un dividendo preferente), 127 (que concreta el titular de tal 
derecho en caso de desmembración del dominio), 253 siguientes y concordantes, en 
particular 275 (que regulan la fijación y distribución de dividendos) o 348-bis, (que regula 
el derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos). Tal carácter 
esencial del ánimo de lucro ha tenido su refrendo jurisprudencial, entre otras, en la 
RDGRN de 2 de febrero de 1966 que señala que "al ser el fin último de la sociedad la 
obtención de un lucro o ganancia, el objeto social no puede estar en contradicción con 
aquél...",  o  la  RDGRN  de  22  de  noviembre  de  1991  que  entiende  que  "en  la 
configuración  legal  del  tipo  social  de  la  anónima,  se  reflejan  como  elementos 
caracterizadores  de  la  misma  el  ánimo  de  obtener  una  ganancia  común  y  partible 
mediante el desenvolvimiento de la actividad societaria y su posterior reparto entre los 
socios que la integran".
Por ello resulta contradictorio con la propia configuración estructural de una sociedad 
de capital pretender que su finalidad, concretada en las actividades que integran su 
objeto social, carezca de ánimo de lucro conforme se establece en los artículos 2.°, 29.° 
y 32.° de los nuevos estatutos sociales aprobados, habiendo previsto el legislador para 
ello otras entidades jurídicas que por definición legal y por su propia finalidad carecen de 
tal ánimo de lucro (así, artículo 1, 2 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación o el artículo 2 de la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, de Fundaciones).
(…)
En relación con la presente calificación: (…)
León, a 7 de agosto de 2020.»
III
Doña M.D.R., en nombre y representación de la sociedad «Solidaridad y Trabajo 
Virgen del Camino, S.L.», interpuso recurso contra la anterior calificación mediante 
escrito que causó entrada en el referido Registro Mercantil el 21 de septiembre, en el 
que alega los siguientes fundamentos jurídicos:
«(…) Segundo.  Respecto al fundamento de derecho 2, siendo el principal motivo  e.
del presente recurso, esta parte muestra expresa disconformidad con las valoraciones  w.
jurídicas  desarrolladas  por  el  Registrador,  con  fundamento  en  los  aspectos  que  a  2w
contLinau saocliiócnitu vda mdeo sin as cdreipscaiórrno ldlaer .la presente modificación de estatutos, no adolece a una
aincstcivriidpacido nceasp sriicmhiolasrae s peonr  optraorste  redgeis treosst am  eernctaidnatidle, s,s dinoon dqeu eel  mvieernoe  herecfhreon ddea dqau ep olar   BOE-A-cable e
entidad solicitante sea una sociedad de capital, no obsta para que la misma pueda tener 
la consideración de "sin ánimo de lucro".
Esta  interpretación  restrictiva,  está  sobradamente  superada  en  la  jurisprudencia 
comunitaria, si bien se ha entendido que una sociedad de capital, limitada en el caso en 
el que nos encontramos, la cual, por la propia naturaleza de esta forma mercantil tiene 
como una de sus características intrínsecas la finalidad lucrativa, a tenor de lo dispuesto 
en la STJCE Kennemer Golf de 21-III-2002, puede obtener el reconocimiento de la 
exención; a tal fin debe apreciarse si actúa o no con fin lucrativo "a la luz del objetivo 
perseguido por este". Es cierto, que dicha resolución se refiere al ámbito tributario, pero 
deja claramente evidenciada la perspectiva de la sociedad de capital frente al carácter 
lucrativo o no de su actividad.
En tal sentido, ya en la esfera de la jurisprudencia española, tenemos una clara 
referencia al respecto en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de diciembre 
de 2011 declara aplicable la exención del IVA a una SA sin finalidad lucrativa que ha sido 
reconocida por la Administración como entidad privada prestadora de servicios sociales.
Nos hallamos ante una entidad sin ánimo de lucro, Solidaridad y Trabajo Virgen del 
Camino S.L. (SOLTRA) cuyos beneficios se reinvierten íntegramente en el desarrollo de 
su actividad social, sin que exista reparto de ganancias en modo alguno. Esto ya se ha 
interpretado  de  esta  forma  por  diferentes  registros  mercantiles,  incluso  siendo  ya 
reconocido a una de las entidades sin ánimo de lucro que integran Solidaridad y Trabajo 
Virgen del Camino S.L., en concreto Talleres Protegidos Gureak S.A. Dicha entidad, 
modificó sus estatutos, idénticos en sus parámetros a los de la entidad ahora recurrente, 
de forma que el Registrador Mercantil de Guipúzcoa, previo examen y calificación de los 
estatutos, procedió a acordar la inscripción en fecha de 28/09/2016 (tomo 2273, libro o, 
folio 109, Hoja SS-7588 Inscripción 799). Resulta evidente, que en modo alguno una 
entidad de estas características, tenga que acudir, per se, de forma inequívoca, a la 
figura de la fundación o asociación, para circular en el tráfico mercantil cuando su 
finalidad es únicamente social y no lucrativa. Esta sociedad, con posterioridad pasó a 
denominarse Gureak Lanean, S.L., la cual está debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil de Guipúzcoa, tomo 1389, folio 171, hoja SS-7588, cuyos estatutos sociales 
establecen expresamente que carece de ánimo de lucro (se debería aportar certificación 
de la inscripción donde constan los estatutos).
En otro orden de cosas, debemos acudir al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de 
las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.–Boletín Oficial del Estado 
de 03-12-2013, del que se transcribe lo siguiente:
"Sección 3.ª  Empleo protegido.
Artículo 43.  Centros especiales de empleo para la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad.
…
4.  Tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social 
aquellos que cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1.9 y 2.9 de 
este artículo son promovidos y participados en más de un 50 por ciento, directa o 
indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan 
ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos, ya sean 
asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa  e.
social  u  otras  entidades  de  la  economía  social,  así  como  también  aquellos  cuya  w.
titularidad corresponde a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital  2w
fsoorcmiaal  dsiereac tpar oop ibeideand i nddeir eacltgau naa t rdaevé lsa sd eel nctoidnacdeepst os deeñ aslaodciaesd aadn tdeorimorimnaennttee ,r eygau lsaedao  deen 
eEls taarttuíctouslo o  4e2n  adceul eCrdóod isgooc iadle s eC oombliegruceion,  ay  las ireeminpvreer sqióune í neteng rtoad does  sluoss  bceanseofisc ioesn  psauras   BOE-A-cable e
creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora 
continua de su competitividad y de su actividad de economía social, teniendo en todo 
caso la facultad de optar por reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en 
otros centros especiales de empleo de iniciativa social.
Es un hecho, que los Centros especiales de empleo cuando son sin ánimo de lucro 
pueden ser sociedades mercantiles, baste consultar la legislación (como ejemplo el art 5 
del Decreto 212/2010, de 30 noviembre, del Gobierno de Aragón).
"Artículo 5.  Clases de centros especiales de empleo.
1.  Según su titularidad, los centros especiales de empleo podrán tener carácter 
público o privado.
2.  Atendiendo a la aplicación de sus posibles beneficios, los centros especiales de 
empleo podrán carecer o no de ánimo de lucro. Podrán ser calificados como centros 
especiales de empleo sin ánimo de lucro las sociedades mercantiles y cooperativas 
legalmente constituidas que cumplan los siguientes requisitos:
a)  Estar promovidas y participadas por una o varias de las entidades sin ánimo de 
lucro,  incluidas  las  de  derecho  público,  asociaciones  y  fundaciones  cuya  finalidad 
primordial  de  su  objeto  social  contemple  la  integración  laboral  de  personas  con 
discapacidad. Esta participación será al menos de un cincuenta y uno por ciento del 
capital social para las sociedades mercantiles. En el caso de sociedades cooperativas y 
sociedades laborales, la participación deberá situarse en los límites máximos legales 
para los socios colaboradores o asociados.
b)  Aplicar  en  su  totalidad  los  posibles  beneficios  o  excedentes  que  pudiesen 
producirse en cada ejercicio a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas y de 
integración sociolaboral de las personas con discapacidad. De esta obligación deberá 
quedar  constancia  en  las  escrituras  de  constitución  de  la  sociedad  mercantil  o 
cooperativa.
3.  El reconocimiento de la carencia de ánimo de lucro se inscribirá en el registro 
administrativo y deberá constar en la resolución administrativa por la que se califique el 
centro especial de empleo.
4.  En  atención  a  las  especiales  características  que  concurren  en  los  Centros 
Especiales de Empleo sin ánimo de lucro y para que estos puedan cumplir la función 
social requerida, las Administraciones Públicas podrán establecer subvenciones, ayudas 
y bonificaciones previstas en la legislación de la Seguridad Social destinadas a estos 
centros, para ayudar a la viabilidad de los mismos, estableciendo para ello además los 
mecanismos de control que se estimen pertinentes.
Acudiendo a la definición del término lucro por la Real Academia Española, RAE, se 
define lucro como "ganancia o provecho que se saca de algo" que no tiene que ser 
necesariamente económico. Nada impide constituir una sociedad limitada, y decir que 
carece de ánimo de lucro porque todos los beneficios se entregarán a una entidad sin 
ánimo de lucro, o para el cumplimiento de los objetivos establecidos en los estatutos u 
objeto social, si este carece de ánimo de lucro, como es el caso que nos ocupa, y 
constituye un evidente motivo de recurso.
Además, si entendemos que el ánimo de lucro no tiene por qué ser para la propia 
Sociedad, sino para obtener beneficios que el desarrollo del objeto social, sin reparto de 
beneficios entre los socios sino únicamente para reconvertirlos en los fines sociales  e.e
establecidos  en  los  estatutos,  este  beneficio  se  constituye  un  beneficio  inmaterial  b
consustancial a sus propios fines, y, por ende, nada impediría que la SL pueda no tener  w
ánimPoo rd ec oluncsriog ueine nsteen, tiedsot ad ep "arretpea retnot ideen dbee nqeufieci oqsu eendtare ns ulofisc iesoncteiomse".nte acreditado por
apcatritveid daed ,S poolird maruidcahdo  yq uTer asbua tjorá fVicirog emne rDcealn Ctila sme indoe sSa.rLro.,l len oe ne xeisl táem ubnit ofi nd elu ucnraat isvooc eiend asdu 
de capital, a la vez, que se constituye como un Centro Especial de Empleo, con un
respaldo reiterado por parte de las diferentes Administraciones, y de forma expresa, con 
un respaldo social innegable.
En cuanto a que se pueden constituir otras formas sociales distintas que no revistan 
carácter mercantil, no hay duda, pero si lo que se pretende es una actividad mercantil 
destinada  a  la  obtención  de  beneficios  que  reviertan  en  favor  del  objeto  social 
(artículo 29 de los Estatutos), y que en el hipotético caso de disolución de la sociedad 
(artículo  20  de  los  Estatutos),  el  activo  resultante  de  la  liquidación  se  destinará  a 
entidades sin ánimo de lucro o fundación/es designados por los socios, y no a favor de 
sus socios, sin reparto de beneficios económicos entre los socios. Por lo antedicho, al 
igual que ha ocurrido con otras entidades de capital ya inscritas en diferentes registros 
mercantiles, la fundamentación jurídica a cargo del Registro Mercantil de León, debe 
decaer por los motivos aquí detallados.»
IV
Mediante escrito de 26 de octubre de 2020, el registrador elevó el expediente, con su 
informe, a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 22 de la Constitución; 2 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación; 3, 35, 36, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285 
y 1665 del Código Civil; 2, 61 y siguientes, 83, 93, 127, 253, 275, 348 bis de la Ley de 
Sociedades de Capital; 2, 18, 50, 116, 117 y 124 del Código de Comercio del Código de 
Comercio; 35, 36, 1158, 1280, 1667, 1668 y 1670 del Código Civil; 43.4 del texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre; 5 
del Decreto 212/2010, de 30 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea 
el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Aragón; 
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 21 de marzo 
de 2002, Kennemer Golf, Asunto C-174/00; Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de 
noviembre de 2007; Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso) de 22 
de diciembre de 2011; y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 2 de febrero de 1966, 22 de noviembre de 1991, 20 de enero de 2015, 11 
de abril de 2016.
1.  Mediante  la  escritura  cuya  calificación  ha  motivado  el  presente  recurso  se 
constituye una sociedad de responsabilidad limitada, con la peculiaridad de que Según el 
artículo 2 de los estatutos sociales, «La sociedad carece de ánimo de lucro y tiene por 
objeto  la  actividad  de  promoción,  educación  y  rehabilitación  de  personas  con 
discapacidad, a fin de lograr su integración laboral y social promoviendo y gestionando 
programas  de  formación  profesional,  Centros  especiales  de  empleo,  Centros 
ocupacionales o cualquier otro tipo de forma idónea de promoción laboral de personas 
con  discapacidad  que  pudiera  quedarse  en  el  futuro,  Residencias,  Instituciones, 
Fundaciones y, en general, todo lo preciso para el más adecuado y eficaz cumplimiento 
de sus objetivos y fines». En la misma disposición estatutaria se añade que, «Como 
actividades más importantes e inmediatas, entre otras, y sin carácter limitativo», se 
encuentran  las  muy  variadas  que  se  detallan:  «Los  trabajos  de  subcontratación 
industrial, la comercialización de productos industriales y de otro tipo y la prestación de  e.e
servicios a terceros; Las actividades y servicios correspondientes a un Operador de  b
Marketing  Directo  y  Promocional,  soluciones  gráficas  de  forma  digital  y  Offset;  w
p(…er)s; oLnoasli zsaecrvióicni odse  ddeo chuomsteenletorísa  cyo dne i mcopmreisdiaósn,  lráessetra uer iannktjeest,,  mcaafneitpeurílaasd oys b ya mreesc, asneirzvaicdiooss 
de hEols rpeegdisatjrea deonr h soutsepleesn, dmeo ltae lienss,c raiplbceiórgnu seosl iyc itcaadmap paomrqeuneto, sa  (s…u )j;u eictcio.., el ánimo de lucro
que se concreta de manera muy singular en la obtención de dividendos partibles entre
los socios constituye un elemento esencial de las sociedades que tiene su origen en el 
carácter oneroso del contrato de sociedad, tal y como aparece profusamente reconocido 
legislativamente.  Añade  que  tal  carácter  esencial  del  ánimo  de  lucro  ha  tenido  su 
refrendo, entre otras, en la Resolución de esta Dirección General de 2 de febrero 
de 1966, que señala que «al ser el fin último de la sociedad la obtención de un lucro o 
ganancia, el objeto social no puede estar en contradicción con aquél...», o la Resolución 
de 22 de noviembre de 1991, que entiende que «en la configuración legal del tipo social 
de la anónima, se reflejan como elementos caracterizadores de la misma el ánimo de 
obtener una ganancia común y partible mediante el desenvolvimiento de la actividad 
societaria y su posterior reparto entre los socios que la integran». Por ello, concluye que 
resulta contradictorio con la propia configuración estructural de una sociedad de capital 
pretender que su finalidad, concretada en las actividades que integran su objeto social, 
carezca de ánimo de lucro, habiendo previsto el legislador para ello otras entidades 
jurídicas que por definición legal y por su propia finalidad carecen de tal ánimo de lucro.
La recurrente alega, en síntesis, lo siguiente: a) La interpretación restrictiva del 
registrador está superada en la jurisprudencia comunitaria, según la cual una sociedad 
de capital sin fin lucrativo puede beneficiarse de exención fiscal (Sentencia del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas de 21 de marzo de 2002, Kennemer Golf); y, 
en España, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de diciembre de 2011 declara 
aplicable la exención del Impuesto sobre Valor Añadido a una sociedad anónima sin 
finalidad lucrativa que ha sido reconocida por la Administración como entidad privada 
prestadora de servicios sociales; b) La sociedad recurrente es una entidad sin ánimo de 
lucro, cuyos beneficios se reinvierten íntegramente en el desarrollo de su actividad 
social, sin que exista reparto de ganancias en modo alguno, y esta posibilidad ya se ha 
admitido por diferentes registros mercantiles; c) Las sociedades mercantiles sin ánimo de 
lucro están admitidas en el artículo 43.4 del Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en el artículo 5 del Decreto 212/2010, 
de 30 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro de Centros 
Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Aragón; y d) El ánimo de lucro no 
tiene por qué ser para la propia sociedad, sino para obtener beneficios en el desarrollo 
del  objeto  social,  sin  reparto  de  beneficios  entre  los  socios  sino  únicamente  para 
reconvertirlos en los fines sociales establecidos en los estatutos, y, por ende, nada 
impediría que la sociedad limitada pueda no tener ánimo de lucro en sentido de reparto 
de beneficios entre los socios.
2.  Como ya puso de relieve esta Dirección General en Resoluciones de 20 de 
enero de 2015 y 11 de abril de 2016, en la configuración legal de las sociedades de 
capital se incluyen como elementos caracterizadores de la misma el ánimo de obtener 
una ganancia común y partible mediante el desenvolvimiento de la actividad societaria y 
su posterior reparto entre los socios –cfr. artículos 1.665 del Código Civil, 116 del Código 
de Comercio y 93.a) y 273 de la Ley de Sociedades de Capital–.
Según la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2007, dictada en 
un caso de donación por una sociedad anónima de su principal activo patrimonial, con 
disolución  de  la  misma,  en  favor  de  determinada  fundación,  la  jurisprudencia  ha 
señalado «predominantemente el fin lucrativo como causa del contrato de sociedad 
(SSTS de 11 de marzo de 1983; 10 de noviembre de 1986; 19 de enero de 1987; 18 de 
noviembre de 1988; 7 de abril de 1989; 19 de febrero de 1991; 9 de octubre de 1993; 27 
de enero de 1997; 18 de septiembre de 1998, entre otras muchas). De este modo, los  s
acuerdos sociales son consecuencia y cumplimiento del contrato de sociedad, y han de  oe.
respetar  su  causa.  Ello  da  sentido  a  preceptos  como  el  artículo  48.2.a)  LSA  w.
[artículo 93.a) de la vigente Ley de Sociedades de Capital] e impide que se lleven a  2w
epfeercjutoic idoo ndaec iolonse sd ceorenc chaorsg oi nadl ipvaidturiamleosn iod esol csiaolc, iqou, es saelvroía nq ucoen tsraer iavse raifli qfiune lnu crmaetivdoia, neten 
raecauleizradcoi óunn ádnei maec,t oys  cqoune c asirggnoi fiaq ureesne rtrvaanss dmeis liióbnre  od iesnpaojseicniaócni.ó nA uan qtíutuel on olu scera itmivpoi dpea rlaa   BOE-A-cable e
alcanzar determinados fines estratégicos o el cumplimiento de fines éticos, culturales, 
altruistas, cuando no impliquen vulneración, impedimento u obstáculo a la realización de 
derechos  como  los  que  reconoce  el  artículo  48.2.a)  LSA,  como  ocurre  cuando  se 
verifique  moderada  disposición  de  parte  de  los  beneficios  (RRDGRN  2  de  febrero 
de 1966, 22 de noviembre de 1991, 25 de noviembre de 1997 [sic], etc.)».
No obstante, en las mismas Resoluciones de 20 de enero de 2015 y 11 de abril 
de 2016 se reconocía por este Centro que «el tipo de la sociedad anónima o de la 
sociedad de responsabilidad limitada es adoptado en algunas ocasiones como simple 
técnica organizativa, habida cuenta de su funcionalidad y el criterio de mercantilidad 
formal de aquéllas –cualquiera que sea su objeto–, derivado de la propia regulación legal 
(artículo 2 de la Ley de Sociedades de Capital). Por ello, dada la indudable existencia de 
sociedades de capital que, en la realidad y según la legislación especial, carecen de 
base empresarial y ánimo de lucro en sentido estricto, no cabe desconocer las opiniones 
doctrinales  que  niegan  o  interpretan  muy  flexiblemente  la  finalidad  lucrativa  como 
elemento caracterizador de las sociedades de capital, por considerar que prevalece el 
elemento  estructural  u  organizativo  del  concreto  tipo  social  adoptado  y  no  el  fin 
perseguido. Desde esta perspectiva, el ánimo de lucro sería un elemento natural, usual, 
pero no esencial, a diferencia del fin común que siempre ha de existir.
En el presente caso cabe recordar, además, que, en atención a su doble carácter, 
contractual y normativo, la interpretación de los estatutos debe hacerse teniendo en 
cuenta las normas sobre interpretación de los contratos, pero sin excluir absolutamente 
las reglas sobre la hermenéutica de las leyes.
En el ámbito de las normas de la interpretación de los contratos, los artículos 1281, 
1282 y 1283 del Código Civil establecen, como regla general, que lo decisivo para la 
interpretación  de  un  contrato  es  la  intención  de  los  contratantes.  Conforme  al 
artículo 1284, si alguna de las cláusulas de los contratos admite diversos sentidos, 
deberá  entenderse  en  el  más  adecuado  para  que  produzca  efecto.  Y  según  el 
artículo 1285 del mismo Código, deben interpretarse unas cláusulas por las otras de 
modo que prevalezca sobre las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Por 
otra  parte,  en  el  ámbito  de  las  reglas  sobre  interpretación  de  las  disposiciones 
normativas, debe tenerse en cuenta que éstas, según el artículo 3.1 del Código Civil, «se 
interpretarán en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la 
realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al 
espíritu  y  finalidad  de  aquéllas»  (Como  se  ha  puesto  de  relieve  doctrinalmente,  la 
referencia legislativa al ánimo de lucro obedeció ya en el siglo XIX –Ley de Asociaciones 
de 1887– no a razones estructurales de las sociedades mercantiles sino, más bien, al 
designio fiscalizador político o policial de las asociaciones, algo que perdió su razón de 
ser con el reconocimiento del derecho de asociación –cfr. artículos 22 de la Constitución 
y 2 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación–).
Si las cláusulas de los artículos 2, 29 y 30 de los estatutos objeto de calificación se 
interpretan unas por otras, debe llegarse a la conclusión de que en ellas se excluye 
únicamente el ánimo de lucro en sentido subjetivo (obtención de ganancias repartibles; 
lucro personal de los socios), pero no se excluye el ánimo de lucro en sentido objetivo 
(obtención de ganancias o ventajas patrimoniales que no se reparten entre los socios 
sino que se destinan a un fin común, social, que es ajeno al enriquecimiento de sus 
socios, como es en este caso la promoción de la integración laboral y social de personas 
afectadas por una discapacidad, de suerte que los beneficios derivados de la actividad 
económica deben reinvertirse para la consecución de dicho objeto social -exigencia  s
estatutaria de «reinversión íntegra de sus beneficios para la creación de oportunidades  oe.
de empleo para personas con discapacidad» a la que se refiere el artículo 43.4 del Texto  w.
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su  2w
incluPsoiór nla sso acniatel, raioprreosb caodnos pidoer rRaceiaoln Dese cdreebtoe  Lreevgoisclaatrisveo  l1a/ 2c0a1lif3ic, adceió 2n9 i mdep ungonvaiedmab.re).
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso, en los
términos que resultan de los anteriores fundamentos jurídicos.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 17 de diciembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.