BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 271 Viernes 12 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 139665
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
18530 Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la 
registradora de la propiedad de Valencia n.º 10, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.
En el recurso interpuesto por don José María Carrau Carbonell, notario de La Vall 
d’Uixó, contra la calificación de la registradora de la Propiedad de Valencia número 10, 
doña María Pilar García Goyeneche, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de aceptación y adjudicación de herencia.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 28 de octubre de 2020 por el notario de La Vall 
d’Uixó, don José María Carrau Carbonell, se otorgaron las operaciones de aceptación y 
adjudicación de la herencia de don R. L. C., fallecido el día 23 de junio de 2020. Ocurrió 
su óbito bajo la vigencia de su último testamento, otorgado el día 20 de abril de 2010 
ante el notario de La Vall d’Uixó, don Emilio Viñals García, en el que instituyó heredera 
universal de todos sus bienes a su hermana, doña J. L. C. «mientras permanezca en 
estado de soltera, con sustitución vulgar en sus descendientes, caso de premoriencia o 
incapacidad. En caso contrario instituye herederos por partes iguales a sus sobrinos J. 
R. L. F., J. L. F., I. L. F., M. E. L. F., M. D. L. M., V. R. L. M. y S. L. M. con sustitución 
vulgar en sus descendientes, caso de premoriencia o incapacidad».
En la escritura se expresaba lo siguiente: «Que la compareciente y llamada a la 
herencia  manifiesta  que  el  tiempo  del  otorgamiento  del  causante  y  también  al  de 
fallecimiento del causante su estado civil era el de divorciada, tal como acredita con la 
sentencia de divorcio dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia Número Ocho de Valencia 
en fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y nueve (…) siendo su estado civil 
igualmente  de  divorciada  en  la  actualidad;  por  lo  que  como  heredera  interpreta  el 
testamento en el sentido de que el testador quiso nombrarla heredera en tanto no 
contrajese nuevo matrimonio, confundiendo su estado de divorciada con el de soltera, 
todo ello de conformidad con el artículo 675 del Código Civil». La compareciente, doña J. 
L. C., aceptaba la herencia y se adjudicaba la totalidad de los bienes.
II
Presentada el día 18 de mayo de 2021 la referida escritura en el Registro de la 
Propiedad de Valencia número 10, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Hechos:
– Se presenta escritura de herencia de don R. L. C. autorizada por el notario de Vall  s
de  Uxó  don  José  María  Carrau  Carbonell,  el  28  de  octubre  de  2020,  protocolo  oe.
número 1655. w.
– El causante había otorgado testamento en escritura autorizada por el notario de la  530ww
Vunailvl edres aUlx eón,  dtoodno Es msuiliso  bVieiñnaelss,  Gaacrccioían eesl  2y0 f udteu raabsr isl udcee 2s0io1n0e, se an  seul  qhueer m“inasntait udyoeñ ah eJr.e Ld.e Cra. 
mcaieson trdaes  ppreermmoarnieenzccaia  eon  iensctaapdaoc didea sdo. ltEenra c, acsoon  scuosnttirtaurcioió nin vsutiltguayre  ehne sreudse droess cpeonrd ipeanrtteess,   BOE-A-cable e
iguales a sus sobrinos J. R., J., I., y M. E. L. F., M. D., V. R. y S. L. M., con sustitución 
vulgar en sus descendientes caso de premoriencia o incapacidad.”
En la referida escritura comparece doña J. L. C., hermana del causante. Dicha 
señora, llamada a la herencia, manifiesta que al tiempo del otorgamiento del testamento 
del causante –20 de abril de 2010– así como a tiempo del fallecimiento del mismo, su 
estado civil era el de divorciada lo que acredita mediante sentencia firme dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia número ocho de Valencia el 1 de febrero de 1999. Se 
acompaña certificado del Registro Civil de Valencia de 17 de marzo de 2021 del que 
resulta que se ha tomado razón en el mismo de la referida sentencia de divorcio el día 22 
de febrero de 1999. En virtud de lo expuesto, doña J. L. C., como heredera, interpreta el 
testamento del causante en el sentido de que el testador quiso nombrarla heredera en 
tanto no contrajese nuevo matrimonio, confundiendo su estado de divorciada con el de 
soltera, todo ello de conformidad con el artículo 675 de Código Civil.
No puede acceder a la inscripción ya que la heredera no puede por sí sola interpretar 
la voluntad del testador cuando ello implica privar de derechos a otros herederos también 
nombrados. No se sabe si el testador sabía que ella era divorciada o por el contrario 
creía que era soltera y solo la dejaba heredera en el caso de que continuara siéndolo en 
el momento de la delación y aceptación de la herencia, no siendo este el caso, ya que 
era divorciada.
No se dice en el testamento que se trate de una heredera sujeta a condición ya que 
no se hace constar así en el testamento, sino que este dispone: “instituye heredera 
universal en todos sus bienes, acciones y futuras sucesiones a su hermana doña J. L. C. 
mientras permanezca en estado de soltera, con sustitución vulgar en sus descendientes, 
caso de premoriencia o incapacidad. En caso contrario instituye herederos por partes 
iguales a sus sobrinos J. R., J., I., y M. E. L. F., M. D., V. R. y S. L. M., con sustitución 
vulgar en sus descendientes caso de premoriencia o incapacidad “. Al decir “en caso 
contrario” parece que quiere decir que de no ser soltera en el momento del fallecimiento 
del causante, son herederos sus sobrinos, don J. R., don J., don I. y doña M. E. L. F. y 
doña M. D., don V. R. y doña S. L. M. De haberse tratado de heredera bajo condición, de 
ser ella soltera, sobre la base de los artículos 792 y 793 habría que considerarla por no 
puesta y la institución de heredero sería pura e incondicional. Tampoco se ha entendido 
en la escritura como institución condicional puesto que se adjudican los bienes sin 
sujeción a ninguna condición y sin referencia a dichos artículos.
En el momento de la delación y aceptación de la herencia la heredera no reunía la 
condición  de  soltera  por  lo  que  no  tiene  el  estado  civil  que  exigía  la  disposición 
testamentaria. Tampoco se puede saber si el testador hubiera hecho el nombramiento de 
haber sabido que era divorciada.
Por tanto, dada la trascendencia de la interpretación que se ha dado a los términos 
del testamento, es necesario que estén de acuerdo todos los llamados a la herencia, o 
en su defecto, resolución judicial que lo interprete.
Fundamentos de Derecho:
– Con  carácter  general,  los  artículos  18  de  la  Ley  Hipotecaria  y  98  de  su 
Reglamento, el Registrador califica bajo su responsabilidad los documentos presentados, 
extendiéndose la calificación –entre otros extremos– a “los obstáculos que surjan del 
Registro”, a “la legalidad de sus formas extrínsecas de los documentos de toda clase en 
cuya virtud se solicite la inscripción”, a “las que afecten a la validez de los mismos, según 
las leyes que determinan la forma de los instrumentos” y a “la no expresión, o la  e
expresión sin claridad suficiente, de cualquiera de las circunstancias que, según la Ley y  bo
este Reglamento, debe contener la inscripción, bajo pena de nulidad”. 530ww
testa–m Eenn tacruiaa ndtoe baelr ác aesnot ecnodnecrrseet oe ne l eal rtsíceunltoid o6 7l5it edraell  dCeó dsiugso  pCailvailb, ra“Tso, daa  ndois psoesr icqióune 
laop aqrueez caap calraerzacmae nmtáes q uceo nfufoer motera a la l av oilnutnetnacdi ódne ld teels ttaedsotar.d Eorn,  csaesgoú nd ee dl utednao sre d oebl smerivsamráo 
testamento.”
Es de tener en cuenta a este respecto la Resolución de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública de 30 de abril de 2014, conforme a la cual “… A salvo 
los  límites  que  determinan  las  normas  imperativas,  el  testamento  es  la  ley  de  la 
sucesión. Cuando el título sucesorio no es claro, como ocurre en el presente caso en el 
que el testamento está redactado en términos muy confusos... su interpretación es 
imprescindible...” Según doctrina reiterada de este Centro Directivo, es posible que todos 
los interesados en la sucesión, si fueren claramente determinados y conocidos, acepten 
una concreta interpretación del testamento. En algunos casos, matizados y perfilados 
asimismo jurisprudencialmente, podrá también el albacea, máxime si en él además 
confluye la condición de contador-partidor, interpretar la voluntad del testador. Y por fin, a 
falta de interpretación extrajudicial, corresponde a los tribunales de Justicia decidir la 
posibilidad de cumplimiento de la voluntad del testador y su alcance interpretativo, 
siendo pacífico que la interpretación de las cláusulas testamentarias es facultad que 
corresponde al tribunal de Instancia.
La pretensión de la heredera, de decidir por sí y ante sí, sin intervención alguna de 
las personas nominalmente designadas como favorecidas acerca de la nulidad o validez 
de disposiciones no sólo excede de las atribuciones que le corresponden en cuanto 
continuadora de la voluntad del causante, ya que incide en la posición de terceras 
personas, sino que tan siquiera respeta la voluntad sucesoria de su causante pues, 
aunque el testamento no reviste en su redacción la claridad que corresponde a la 
redacción notarial, se establecen en el misma sustitución a favor de los nietos, para el 
caso de incumplimiento de la heredera de las condiciones impuestas, de suerte que la 
declaración de nulidad realizada supone de hecho el decaimiento de la cláusula que 
ordena la sustitución…” En este caso el testamento contiene una institución a favor de 
unos sobrinos del testador designados con nombre y apellidos.
Por su parte la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública de 27 de Febrero de 2019 establece que “…respecto del ámbito notarial y 
registral cabe recordar que la privación de eficacia del contenido patrimonial de un 
determinado testamento exige, a falta de conformidad de todos los afectados, una previa 
declaración  judicial  que,  tras  un  procedimiento  contencioso  instado  por  quien  esté 
legitimado para ello, provoque su pérdida de eficacia (total o parcial); y ello porque el 
principio constitucional de salvaguarda judicial de los derechos (cfr. artículo 24 de la 
Constitución Española) en conjunción con el valor de ley de la sucesión que tiene el 
testamento  formalmente  válido  (cfr.  artículo  658  del  Código  Civil),  conduce 
inexorablemente a la necesidad de una declaración judicial para privar de efectos a un 
testamento  que  no  incurra  en  caducidad  ni  en  vicios  sustanciales  de  forma  (cfr. 
Resoluciones de esta Dirección General de 13 de septiembre de 2001, 21 de noviembre 
de 2014 y 2 de agosto y 5 de octubre de 2018)…”
Además, la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 
de 23 de octubre de 2020 ha mantenido que la interpretación del testamento no puede 
ser hecha únicamente por algunos de los interesados en la herencia, sino que ha de 
serlo por todos ellos. De no obtenerse esta conformidad, será necesaria una declaración 
judicial en procedimiento contencioso; y ello, razona la Dirección General, porque el 
principio de salvaguardia judicial de los derechos (art. 24 CE) unido al valor que el 
testamento tiene de ley de la sucesión (art. 658 CC) hace necesario que sea una 
declaración judicial la que eventualmente prive de eficacia al testamento, y no que sea 
uno de los interesados quien lo decida.
De  conformidad  con  los  hechos  y  fundamentos  de  derecho  expuestos  acuerdo  s
suspender la inscripción solicitada, calificándose el defecto como subsanable. oe.
Contra la expresada calificación puede (…) 530ww
Valencia a ocho de junio del año dos mil veintiuno. La registradora, M.ª Pilar García
Goyeneche.»
III
Solicitada calificación sustitutoria, correspondió la misma a la registradora de la 
Propiedad de Sueca, doña María del Carmen Gómez Durá, quien, con fecha de 9 de julio 
de  2021,  confirmó  la  calificación  de  la  registradora  de  la  Propiedad  de  Valencia 
número 10.
IV
Contra la nota de calificación sustituida, don José María Carrau Carbonell, notario de 
La Vall d’Uixó, interpuso recurso el día 19 de julio de 2021 mediante escrito en el que 
alegaba lo siguiente:
«[previamente, se hace constar que esta escritura ha causado inscripción en otro 
Registro de la Propiedad, si bien esto no se utiliza como argumento para el recurso]
Fundamentos de Derecho:
I.  Señala el artículo 675 del Código Civil en su primer párrafo que: Toda disposición 
testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que 
aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. En caso de duda se observará 
lo que aparezca más conforme a la intención del testador según el tenor del mismo 
testamento.
Por  tanto,  la  interpretación  del  testamento  consiste  en  averiguar  la  verdadera 
voluntad del testador al tiempo de su otorgamiento.
El supuesto que nos ocupa se trata de un caso en el que debe interpretarse la última 
voluntad de un testador que instituyó heredera a su hermana “mientras permanezca en 
estado  de  soltera”,  cuando  realmente  dicha  hermana  se  encontraba  en  estado  de 
divorciada ya más de una década antes del otorgamiento del citado testamento, como 
prueba la propia heredera aportando a la escritura pública la sentencia de divorcio.
No parece excesivamente aventurado dar por cierto que el testador conociera, once 
años después del divorcio de una hermana a la que quería instituir heredera universal, 
que ésta se había divorciado de su marido; siendo por tanto evidentemente correcta la 
interpretación efectuada por la heredera en la escritura pública.
No obstante, dadas las dudas vertidas por la registradora de la propiedad en su 
calificación, puede que sea conveniente adentrarnos en la interpretación de la voluntad 
testamentaria y no aplicar directamente el aforismo in claris non fit interpretatio.
II.  La disposición testamentaria a interpretar ha sido anteriormente citada: “Instituye 
heredera universal de todos sus bienes, acciones y futuras sucesiones a su hermana 
Doña J. L. C., mientras permanezca en estado de soltera, con sustitución vulgar en sus 
descendientes,  caso  de  premoriencia  o  incapacidad.  En  caso  contrario,  instituye 
herederos (...).”
Comenzando por la interpretación literal del testamento, el verbo “permanecer” que 
usa el testador se define como “mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o 
calidad”  y  el  estado  civil  de  soltero  es  el  de  quien  no  ha  contraído  matrimonio. 
Permanecer soltera es por tanto mantenerse en el estado civil de soltera, y siendo un 
hecho probado que la nombrada heredera se divorció más de una década antes, es de 
todo punto imposible que permaneciera en estado de soltera.
La interpretación literal nos conduciría por tanto a una institución imposible, y dado 
que  el  Notario  autorizante  del  testamento  enjuició  positivamente  la  capacidad  del  e.
testador, no podemos presumir que la interpretación correcta sea la literal puesto que  w.b
sería tanto como dudar de dicha testamentifacción activa. 530ww
del tDeestbaedmoro, se np udeest,e armdeinnatrra srun ovse redna dlae rinat einrtpernectaiócnió.n consistente en averiguar la voluntad
por Htaen taoq, usíu usn h teersmtaadnoors h. uEénrtfraen oe,ll osso,l tDerooñ, ay  Js.i nL .h iCjo.s, ;q cuuey lolesv paabraie dnitveosr cmiaádsa c deercsadneo 1s. 9s9o9n., 
Es lógico entender que entre ellos existiría una relación cercana, íntima, fraternal, y que
Don R. L. C. conocía perfectamente dicho estado civil cuando en 2.010 decide otorgar 
testamento e instituirla su heredera universal.
Ahora bien, en el momento de la redacción del testamento, no la instituye heredera 
sin  más,  sino  que  añade  dos  previsiones:  una,  sustituirla  vulgarmente  por  sus 
descendientes en caso de premoriencia o incapacidad, no plantea problema alguno. Es 
la otra la que origina el problema interpretativo: Don R. L. C. instituye heredera a su 
hermana Doña J. L. C. mientras permanezca en estado de soltera, y en caso contrario 
instituye herederos a sus sobrinos.
Debe  determinarse  qué  quiso  decir  el  testador  con  lo  que  dijo.  Y,  habiendo 
considerado como un hecho cierto que el testador conocía el estado civil de divorciada 
de Doña J. L.C., la única interpretación posible es la que la misma hizo en la escritura 
pública de aceptación de herencia: que el testador quiso nombrarla heredera en tanto no 
contrajese nuevo matrimonio, confundiendo su estado de divorciada con el de soltera, 
por el uso de un lenguaje coloquial y no jurídico al tiempo de explicar su voluntad al 
Notario autorizante.
No admitir dicha interpretación pasaría necesariamente por afirmar la certeza de una 
de las dos siguientes afirmaciones: bien que el testador ignoraba, más de una década 
después, que su hermana se había divorciado, lo cual puede ser posible entre hermanos 
que no tienen relación alguna, pero no entre hermanos que la tienen hasta el punto de 
que uno desee instituir heredera a la otra; o bien que el testador conocía que se había 
divorciado y quiso nombrarla heredera en tanto permaneciera soltera, lo cual implicaría 
una falta de entendimiento por el testador incompatible con la afirmación notarial de su 
capacidad.
Queda, así como única interpretación de la verdadera voluntad del testador la de que 
su  hermana  Doña  J.  L.  C.  le  sucediera  universalmente  si  permanecía,  subsistía, 
perduraba,  conservaba,  guardaba  y,  en  fin,  mantenía,  su  estado  civil  al  tiempo  de 
otorgarse el testamento. Estado civil que era el mismo que tenía desde once años antes 
y que así permaneció hasta el fallecimiento del testador.
III.  Siendo la voluntad del testador la ley de la sucesión, y más aún si cabe en 
casos  como  éste  en  el  que  no  existen  herederos  forzosos,  basta  la  averiguación 
efectuada anteriormente respecto de dicha voluntad para refutar la calificación efectuada 
por la señora registradora de la propiedad. Sin embargo, no podemos concluir sin aclarar 
algunos de los pensamientos que la misma plasma en su nota de calificación.
De  un  lado,  debemos  señalar  que,  no  habiendo  albacea  ni  contador  partidor 
designado, por supuesto que corresponde a la única heredera la interpretación del 
testamento como continuadora de la personalidad jurídica del difunto. Doña J. L.C. no es 
una heredera condicional sino pura (semel heres semper heres) desde el momento en el 
que al fallecimiento del testador mantiene el estado civil que ostentaba al tiempo de 
redactarse el testamento. Si dicha interpretación, efectuada por la heredera, que lo es 
porque así lo quiso expresamente el testador, no concordase con la que considerasen 
terceros que debió hacerse, éstos tienen reconocido el derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva, y podrán discutir dicha interpretación en sede judicial. No corresponde 
dicha interpretación, desde luego, al registrador que califica la escritura pública respecto 
a una parte del caudal hereditario, que no debe espolear la judicialización de la herencia, 
creando conflictividad donde antes no la había, cuestión que le consta por la inexistencia 
de anotaciones preventivas.
De otro lado, la registradora de la propiedad siembra en su nota dudas sobre si se 
trata  de  una  institución  condicional,  al  decir  que  no  parece  serlo,  pero  señalar  s
posteriormente las consecuencias que tendría de serlo. Para dar luz a la cuestión basta  oe.
con recordar que las condiciones deben consistir en hechos posibles, futuros e inciertos.  w.
La futura soltería de una persona divorciada es un hecho de todo punto imposible en  530ww
unnu emstarotr iomrdoennioa mpoiesntetori ojur raídl icdoiv, osraclivoo d eell  immpisrmoboa. bElell oe sbcaesntaa ripoa drae  dlaa rn uploidra sde dnetacdlaor aqduae  dlea 
institución no era condicional. Por si no fuera suficiente, las normas civiles correctamente
citadas en la nota de calificación (artículos 792 y 793 del Código Civil) determinan que, 
de ser una institución condicional, debe tenerse por no puesta.
Por último, cita la registradora de la propiedad algunas resoluciones del Centro 
Directivo que no fundamentan su posición, sino más bien la contraria:
– La  de  30  de  abril  de  2.014,  que  reitera  la  doctrina  de  que,  en  principio,  la 
interpretación del testamento corresponde a los herederos, o en su caso al albacea o en 
su defecto a la autoridad judicial y que a falta de datos concluyentes que resulten del 
testamento, debe prevalecer la interpretación literal de sus cláusulas. En este caso es la 
única llamada a la sucesión, Doña J. L. C., la que efectúa la labor interpretativa. Los 
sobrinos citados en testamento no son llamados a la sucesión, en tanto que, para serlo, 
debería  haberse  dado  un  presupuesto,  consistente  en  que  Doña  J.  L.  C.  no 
permaneciera en su estado civil, que no se ha dado.
– La de 27 de febrero de 2.019, que a su vez recoge entre otras la doctrina sentada 
en la de 26 de Mayo de 2.016, que reitera que en la interpretación testamentaria ha de 
primar el criterio subjetivista, acudiendo con la debida prudencia a los llamados medios 
de prueba extrínsecos o circunstancias exteriores o finalistas a la disposición de última 
voluntad que se interpreta, como se ha hecho en el presente caso, acudiendo a un 
elemento  extrínseco,  el  divorcio  de  Doña  J.  L.  C.  más  de  once  años  antes  del 
otorgamiento,  para  interpretar  adecuadamente  la  cláusula  testamentaria  y  lograr 
averiguar sin atisbo de duda la voluntad del testador.
– La  de  23  de  octubre  de  2.020,  que  señala  que  la  privación  del  contenido 
patrimonial de un determinado testamento exige, a falta de conformidad de todos los 
afectados,  una  previa  declaración  judicial  que,  tras  un  procedimiento  contencioso, 
provoque su pérdida de eficacia. Es patente que en el caso que nos ocupa no se priva 
de eficacia a una disposición testamentaria, sino que se interpreta la misma para dotar 
de su máxima virtualidad a la voluntad del testador».
V
Mediante escrito, de fecha 22 de julio de 2021, la registradora de la Propiedad emitió 
informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 657, 658, 675, 792, 797, 1281 a 1289 del Código Civil; 18 de la 
Ley Hipotecaria; las Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1997, 2 de 
noviembre de 2010 y 6 de junio de 2014; las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 27 de marzo de 1981, 10 de noviembre de 1998, 17 de 
septiembre de 2003, 27 de octubre de 2004, 26 de junio de 2007, 18 de enero de 2010, 
30 de abril de 2014, 9, 22 y 29 de junio y 19 de octubre de 2015, 26 de mayo de 2016, 
19 de abril, 26 de junio y 20 de julio de 2017, 16 de mayo de 2018 y 1 de marzo, 20 de 
junio y 3 de julio de 2019, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública 23 de octubre de 2020.
1.  Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de 
aceptación y adjudicación de herencia en la que concurren las circunstancias siguientes:
– El causante fallece el día 23 de junio de 2020. En su testamento, de 20 de abril  s
de 2010, instituyó heredera universal de todos sus bienes a su hermana, «mientras  e.
permanezca en estado de soltera, con sustitución vulgar en sus descendientes, caso de  w.
premoriencia o incapacidad. En caso contrario instituye herederos por partes iguales a  530ww
ssuuss tistuocbiróinno vsu Jlg. aRr .e Ln.  sFu.,s J d. eLs. cFe.,n Id. ieLn. tFe.,s ,M c.a Eso.  Ld.e F p.,r eMm. oDr.i eLn. cMia. ,o V i.n Rca. pLa. cMid.a yd »S.. L. M. con
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otorgamiento del causante y también al de fallecimiento del causante su estado civil era 
el de divorciada, tal como acredita con la sentencia de divorcio dictada por el Juzgado 
de 1.ª Instancia Número Ocho de Valencia en fecha uno de febrero de mil novecientos 
noventa y nueve (…) siendo su estado civil igualmente de divorciada en la actualidad; 
por lo que como heredera interpreta el testamento en el sentido de que el testador quiso 
nombrarla heredera en tanto no contrajese nuevo matrimonio, confundiendo su estado 
de divorciada con el de soltera, todo ello de conformidad con el artículo 675 del Código 
Civil». La compareciente, doña J. L. C., acepta la herencia y se adjudica la totalidad de 
los bienes.
La registradora señala como defecto que en el momento de la delación y aceptación 
de la herencia la heredera no reunía la condición de soltera por lo que no tiene el estado 
civil que exigía la disposición testamentaria y tampoco se puede saber si el testador 
hubiera hecho el nombramiento de haber sabido que era divorciada; por lo que, dada la 
trascendencia de la interpretación que se ha dado a los términos del testamento, es 
necesario que estén de acuerdo todos los llamados a la herencia, o en su defecto, 
resolución judicial que lo interprete.
El notario recurrente alega lo siguiente: que la heredera se encontraba en estado de 
divorciada más de una década antes del otorgamiento del testamento y permanecía en 
ese estado a la apertura de la sucesión; que, por tanto, es imposible que volviera a un 
estado de soltería anterior al otorgamiento del testamento, por lo que, de hacerse una 
interpretación literal, estaríamos ante una institución imposible; que la voluntad real del 
testador fue nombrarla heredera en tanto no contrajese nuevo matrimonio, confundiendo 
su estado de divorciada con el de soltera; que los terceros llamados para caso contrario, 
tienen reconocido el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y podrán discutir 
dicha interpretación en sede judicial; que las condiciones deben consistir en hechos 
posibles, futuros e inciertos, por lo que, la futura soltería de una persona divorciada es un 
hecho de todo punto imposible en nuestro ordenamiento jurídico, salvo el improbable 
escenario de la nulidad declarada de un matrimonio posterior al divorcio; por tanto, la 
institución no era condicional, y de ser una institución condicional, debe tenerse por no 
puesta.
2.  Son  dos  las  cuestiones  que  es  preciso  analizar:  la  primera,  el  sentido  e 
interpretación dada a la cláusula de institución de heredera y si se ha cumplido o no la 
condición impuesta a la misma. La segunda, la posibilidad de la heredera para hacer la 
interpretación de esa cláusula por sí sola.
En relación con la cuestión planteada, se hace preciso examinar, en primer término, 
el sentido de la cláusula testamentaria debatida, y más en concreto el acierto o no de la 
interpretación que la heredera hace de la misma, para lo que ha de partirse del tenor del 
artículo 675 del Código Civil: «Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el 
sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la 
voluntad del testador. En caso de duda se observará lo que aparezca más conforme a la 
intención del testador, según el tenor del mismo testamento».
Este  Centro  Directivo  ha  resuelto  en  numerosas  ocasiones  las  discrepancias 
producidas en la interpretación de cláusulas y disposiciones testamentarias de dudosa 
redacción. Conviene recordar a estos efectos, la reiterada doctrina del Centro Directivo 
en esta materia: «El precepto fundamental en esta materia es el artículo 675 del Código 
Civil, del que resulta el entendimiento de las cláusulas conforme el sentido literal de las 
palabras a menos que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. Lo que 
confirman otras disposiciones del Código Civil, como el artículo 773 para el nombre y  e.
apellidos de los designados como herederos o legatarios. En cualquier caso, tanto la  w.b
doctrina como la jurisprudencia han coincidido en que el centro de gravedad de la  530ww
dinete lrap rveotalucniótand d ree alal sd deils pteosstiacdioonr,e se sdteo  úelsti,m sae nvotidluon teasdp riraitduicaalis etas ednec ialalms ednistpeo esnic liao nfeijasc. iLóan 
dSee nlote qnuceia  odceulr rTer ibcounn alol sS uapcrtoesm ion tdeer  v1iv does ,D einc ieloms bqruee d eel  1in9t8é5rp eresttea bdleebcee  tqruaeta r“ ad ed irfeerseonlvceiar 
el posible conflicto de intereses entre el declarante y el destinatario de la declaración, la
interpretación de los actos testamentarios, aunque tiene su punto de partida en las 
declaraciones del testador, su principal finalidad es investigar la voluntad real, o al menos 
probable, del testador en sí misma, pues no cabe imaginar un conflicto entre los sujetos 
de la relación –causante y herederos– sin que pueda ser obstáculo la impropiedad o lo 
inadecuado de los términos empleados, siempre que aquella voluntad resulte de las 
circunstancias, incluso externas del testamento –como ya se dijo en sentencias de 8 de 
julio de 1940, 6 de marzo de 1944 y 3 de junio de 1947 y se reitera en las de 20 de abril 
y 5 de junio de 1965, en el sentido precisado por las de 12 de febrero de 1966 y 9 de 
junio de 1971– y de completar aquel tenor literal con el elemento lógico, el teleológico y 
el sistemático”. En definitiva, en el núcleo de la interpretación de los testamentos debe 
prevalecer  un  criterio  distinto  de  la  interpretación  de  los  contratos.  Con  todo,  el 
artículo 675 CC no excluye la posible aplicación de algunos de los preceptos relativos a 
la interpretación de los contratos contenidos en los artículos 1281 a 1289 CC.
Ciertamente el primer elemento en la interpretación de los testamentos es el literal, 
pero merced a la utilización de otros elementos interpretativos se debe establecer cuál 
es el verdadero significado de las cláusulas testamentarias. El Tribunal Supremo ha 
hecho  aplicación  en  numerosas  ocasiones  de  la  prueba  extrínseca,  y  señala  la 
importancia del factor teleológico y sistemático con objeto de llegar a una interpretación 
armónica del testamento. En este sentido, la Sentencia de 9 de noviembre de 1966: 
“atendiendo fundamentalmente a la voluntad del testador, para la que ha de tomarse en 
consideración todo cuanto conduzca a interpretar la voluntad verdadera, captando el 
elemento  espiritual  sin  limitarse  al  sentido  aparente  o  inmediato  de  las  palabras  y 
basándose para tal indagación en los elementos gramatical, lógico y sistemático, más sin 
establecer entre ellos prelación o categorías”. En consecuencia, la interpretación debe 
dirigirse fundamentalmente a interpretar la voluntad del testador con los límites de que el 
que puede aclararla en primera persona ya no vive, y el carácter formal del testamento, 
que exige partir de los términos en que la declaración aparece redactada o concebida.
La jurisprudencia ha empleado como primera norma de interpretación la literalidad de 
las  palabras  empleadas  en  el  testamento,  si  bien  atemperada  y  matizada  por  los 
elementos lógicos, teleológicos y sistemáticos que conforman el sentido espiritual de la 
voluntad del testador, esto es su voluntad real. La sentencia de 5 de octubre de 1970 
exige para la interpretación matizada de la literalidad del testamento, que existan otros 
datos o elementos que claramente demuestren que fue otra la voluntad del testador, y 
que, si bien debe partirse del elemento literal, debe serlo siempre que la intención no 
parezca la contraria.
Por su parte, la Resolución de la Dirección General de fecha 26 de Mayo de 2016, 
precisa y delimita algunos principios de interpretación: que ha de primar el criterio 
subjetivista, que busca indagar la voluntad real del testador, armonizando en lo posible 
las  distintas  cláusulas  del  testamento,  y  acudiendo  con  la  debida  prudencia  a  los 
llamados medios de prueba extrínsecos o circunstancias exteriores o finalistas a la 
disposición de última voluntad que se interpreta, tal y como tiene declarado el Tribunal 
Supremo en diferentes Sentencias; Que debe prevalecer mientras tanto la interpretación 
favorable a la eficacia de la institución, en congruencia con el principio de conservación 
de las disposiciones de última voluntad que late en diversas normas del Código Civil (cfr., 
por ejemplo, el propio artículo 767, y los artículos 715, 743, 773, 786, 792, 793, así 
como, “ex analogía”, el 1284); Que es lógico entender que en un testamento autorizado 
por notario las palabras que se emplean en la redacción de aquél tienen el significado 
técnico que les asigna el ordenamiento, puesto que preocupación del notario debe ser  s
que la redacción se ajuste a la voluntad del testador, en estilo preciso y observando la  oe.
propiedad en el lenguaje. w.
Así, en la Sentencia de 6 de febrero de 1958, tras afirmar que se ha de estar a los  530ww
eténrtmenindoesr sdee sl iteemstparme ecnotnof,o irnmdeic ae l qcuoem úlans  speanlatirb rdaes  lae mcopmleuandiadsa dp oern  eel l tseesctatodro rs oncoia hl a“enn  deel 
qcounec rseet ahmaellnatbea a r osudse abdieon eesl  ay gdeenrteec”h soisn”o.  E“enn e setla  pjuroripsipor uyd epnecciau lisaer  tdraet aebsat ed ea lu nre hfeureirrsteo   BOE-A-cable e
que consideraba la testadora cuando se refería a él, que incluía la edificación dentro del 
mismo. En parecido sentido la sentencia de 24 de marzo de 1983. “aunque el criterio 
prioritario deba ser el literal, hay que dar a aquellas palabras el significado que proceda 
en relación con las circunstancias personales y sociales concurrentes”.
La sentencia de 26 de junio de 1951 se fija fundamentalmente en el elemento 
teleológico,  que  establece  que,  en  la  duda,  debe  preferirse  la  interpretación  del 
testamento que le permita surtir efecto. El elemento lógico se destaca en la de 18 de 
diciembre de 1965. La sentencia asevera que el tenor del testamento a que se refiere el 
artículo 675 CC alude al conjunto de disposiciones útiles para aclarar el sentimiento de 
una cláusula dudosa, atendidas las circunstancias que tuvo en cuenta el testador para 
ordenar su última voluntad.
La combinación armónica de los elementos gramatical, lógico y sistemático luce en la 
sentencia de 9 de noviembre de 1966: “atendiendo fundamentalmente a la voluntad del 
testador, para la que ha de tomarse en consideración todo cuanto conduzca a interpretar 
la voluntad verdadera, captando el elemento espiritual sin limitarse al sentido aparente o 
inmediato de las palabras y basándose para tal indagación en los elementos gramatical, 
lógico y sistemático, más sin establecer entre ellos prelación o categorías”.
Pero en la de 9 de junio de 1962 se había forjado la prevalencia de la interpretación 
espiritualista:  se  antepone  la  voluntad  del  testador  a  toda  expresión  errónea  o 
incompleta. En la de 8 de mayo de 1979, no sólo se admite la prueba extrínseca, es 
decir, en hechos o circunstancias no recogidas en el testamento, sino que conductas 
posteriores pudieron constituir medios de prueba.
Por último, la elocuente sentencia de 10 de febrero de 1986, que ante la existencia 
de ambigüedad y consiguiente duda entre la voluntad del testador, su intención y el 
sentido literal de las palabras, da paso a los elementos lógico, sistemático y finalista, que 
no se pueden aislar de los otros, ni ser escalonados como categorías o especies 
distintas de interpretación, por lo que el artículo 675 no pone un orden de prelación sin 
que se excluya acudir a los medios de prueba extrínsecos, o sea, a circunstancias 
exteriores al testamento mismo, de muy diversa índole, “con tal que sean claramente 
apreciables y tengan una expresión cuando menos incompleta en el testamento, o 
puedan reconocerse dentro del mismo de algún modo”. En este sentido la Sentencia 
de 6 de junio de 1992, que permite hacer uso “con las debidas precauciones de los 
llamados medios extrínsecos o circunstancias exteriores y finalistas a la disposición de 
última voluntad que se interpreta”. En el mismo sentido las de 31 de diciembre de 1992, 
30 de enero y 24 de abril de 1997 y 19 de diciembre de 2006».
3.  Recapitulando, es doctrina reiterada de este Centro Directivo (vid., por todas, 
Resolución de 29 de junio de 2015), que del artículo 675 del Código Civil resulta el 
entendimiento de las cláusulas conforme al sentido literal de las palabras a menos que 
aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador; que el centro de gravedad de 
la interpretación de las disposiciones de última voluntad radica esencialmente en la 
fijación  de  la  voluntad  real  del  testador,  esto  es,  sentido  espiritualista  de  las 
disposiciones;  que,  recogiendo  la  doctrina  asentada  por  la  Sentencia  del  Tribunal 
Supremo de 1 de diciembre de 1985, en la interpretación de los actos testamentarios, la 
principal finalidad es investigar la voluntad real, o al menos probable del testador en sí 
misma, sin que pueda ser obstáculo la impropiedad o lo inadecuado de los términos 
empleados, siempre que aquella voluntad resulte de las circunstancias, incluso externas 
del testamento, y de completar aquel tenor literal con el elemento lógico, el teleológico y 
el sistemático; y que el primer elemento en la interpretación de los testamentos es el  s
literal, pero merced a la utilización de otros elementos interpretativos se debe establecer  oe.
cuál es el verdadero significado de las cláusulas testamentarias. w.
Por su parte, la Resolución de 22 de junio de 2015, en la misma línea, señala que,  530ww
s«edgeúbne reáln  aertnícteunlod e6r7s5e  deenl  Ceól dsigeon tCidiov il,li tlear ainl tedrep rseutasc ipóanl adber alass,  cal ánuos uslaesr  tqeuseta maepnatraerziacas 
qcluaera mapeanrteez qcau e mfuáes  octroan lfao rvmoelu nata dla  dienlt etensctiaódno rd»e; lq utees t«aedno rc asseog dúen  deuld ate sneo ro bdseel rvmairsám loo   BOE-A-cable e
testamento»; y que, en esa búsqueda de la intención más probable del testador, no se 
puede  aplicar  de  forma  automática  el  criterio  de  la  interpretación  restrictiva  de  los 
términos concretos utilizados, sino el de interpretación teleológica, debiendo atenderse 
especialmente  al  significado  que  esas  palabras  utilizadas  tengan  usualmente  en  el 
contexto del negocio o institución concreta de que se trate.
Como tiene declarado el Tribunal Supremo, la finalidad de la interpretación del 
testamento es la averiguación de la voluntad real del testador –que es la manifestada en 
el  momento  en  que  realizó  el  acto  de  disposición,  es  decir,  en  el  instante  del 
otorgamiento del testamento (Sentencias de 29 de diciembre de 1997 y 23 de enero 
de  2001,  entre  otras)–,  sin  que  el  intérprete  pueda  verse  constreñido  por  las 
declaraciones  o  por  las  palabras,  sino  que  su  objetivo  ha  de  ser  descubrir  dicha 
intención, que prevalece sobre aquellas porque constituye el fin de la hermenéutica 
testamentaria, según establece el artículo 675 del Código Civil y ha sido recogido por la 
doctrina jurisprudencial concerniente a este precepto (entre otras, Sentencias de 9 de 
marzo de 1984, 9 de junio de 1987, 3 de noviembre de 1989, 26 de abril de 1997, 18 de 
julio de 1998, 24 de mayo de 2002, 21 de enero de 2003 y 18 de julio y 28 de septiembre 
de  2005).  Entre  los  medios  de  interpretación  testamentaria  se  encuentran 
primordialmente los siguientes: el elemento literal o gramatical, del que procede partir 
según el propio artículo 675 y, además, con la presunción de que las palabras utilizadas 
por el testador reproducen fielmente su voluntad (Sentencia de 18 de julio de 2005); los 
elementos sistemático, lógico y finalista, empleados de forma conjunta o combinada, 
sobre la base de la consideración del testamento como unidad (Sentencia de 31 de 
diciembre de 1992); los elementos de prueba extrínsecos, que son admitidos por las 
doctrinas científica y jurisprudencial (entre otras, Sentencias de 29 de diciembre de 1997, 
18 de julio de 1998, 24 de mayo de 2002 y 21 de enero de 2003), ya sean coetáneos, 
previos o posteriores al acto testamentario.
Ahora bien, «extra muros» del proceso, el intérprete tiene como límite infranqueable 
la literalidad de lo reflejado en el testamento, y si bien siempre ha de tenderse a la 
interpretación favorable a la eficacia de la disposición, en congruencia con el principio de 
conservación de las disposiciones de última voluntad que late en diversas normas del 
Código Civil (cfr., por ejemplo, el propio artículo 767, y los artículos 715, 743, 773, 786, 
792 y 793, así como, «ex analogía», el 1284), no es menos cierto que es lógico entender 
que  en  un  testamento  autorizado  por  notario  las  palabras  que  se  emplean  en  la 
redacción de aquél tienen el significado técnico que les asigna el ordenamiento, pues 
preocupación –y obligación– del notario ha de ser que la redacción se ajuste a la 
voluntad del testador, en estilo preciso y observando la propiedad en el lenguaje.
4.  En el supuesto concreto de este expediente, como bien alega el recurrente, una 
interpretación literal pura de la condición aboca a la imposibilidad del cumplimiento de la 
misma, dado que resulta cierto y acreditado que la llamada como heredera estaba 
divorciada desde el 1 de febrero de 1999, fecha anterior al tiempo del otorgamiento del 
testamento –20 de abril de 2010– y que además continuaba en ese estado civil al tiempo 
de la apertura de la sucesión –23 de junio de 2020–. Por tanto, tiene indudable sentido la 
interpretación hecha por la heredera según la cual «(…) el testador quiso nombrarla 
heredera  en  tanto  no  contrajese  nuevo  matrimonio,  confundiendo  su  estado  de 
divorciada con el de soltera». Así, de considerarse la exigencia literal del «estado de 
soltera», la imposibilidad del cumplimiento de la condición, por aplicación del artículo 792 
del Código Civil, llevaría a que se tuviera por no puesta. Por otra parte, interpretar que el 
llamamiento estaría condicionado a que tras la apertura de la sucesión la heredera no  s
contrajera matrimonio, no es posible por aplicación del principio fundamental «semel  oe.
heres semper heres». w.
Por último, resulta aventurado considerar la suposición de que el testador pudiera  530ww
oigtnoorgraarm qieuneto  sud ehl etermstaanmae ndteos iyg néald acr ehyeerread eqruae  eesstatabbaa  dsivooltrecriaad. aP edrioe ze na ñcoass oa ndtees  qdueel 
etuxvpiererasi óens ed eer rcoar,u hsaay  faqlusea  reenco lrad airn sqtuiteu ceiól na rtdíceu lhoe 7re6d7e droe l sCeó dteignod rCá ivpilo er sntaob leesccer itqau. eE lan   BOE-A-cable e
cualquier caso, esta apreciación llevaría de nuevo a la imposibilidad del cumplimiento de 
la condición, y por tanto se debería entender por no puesta.
En consecuencia, solo queda la interpretación lógica, que además no es forzada, de 
que el testador deseara que la llamada no hubiera contraído matrimonio antes de la 
apertura de la sucesión. Queda ahora por determinar, a quien corresponde hacer esa 
interpretación y si cabe hacerla por sí sola la llamada como heredera.
5.  En  cuanto  a  quien  puede  realizar  la  interpretación  de  las  disposiciones 
testamentarias, este Centro Directivo se ha manifestado en la Resolución de 30 de abril 
de 2014 reiterada por muchas otras: «en principio, la interpretación del testamento 
corresponde a los herederos, o en su caso al albacea o en su defecto a la Autoridad 
Judicial y que a falta de datos concluyentes que resulten del testamento, debe prevalecer 
la interpretación literal de sus cláusulas. Así pues, la interpretación del testamento en 
caso de colisión decisión entre los herederos, y a falta de albacea, contador partidor o 
cualquier figura designada por el testador para ello, corresponde, en particular, a los 
Tribunales  de  instancia.  Corresponde  a  los  Tribunales  de  instancia  interpretar  el 
testamento y no al Tribunal Supremo, si bien, excepcionalmente, cabe que nuestro Alto 
Tribunal revise la interpretación realizada. La Sala Primera del Tribunal Supremo ha 
seguido siempre el criterio de no examinar las conclusiones interpretativas efectuadas 
por los Tribunales de instancia ya que a ellos está atribuida la facultad de interpretar el 
testamento.
En cuanto a la interpretación hecha por los herederos, ha dicho este Centro Directivo 
en Resolución de 19 de mayo de 2005, que “En la interpretación del testamento ha de 
estarse a su literalidad, y a las palabras ha de otorgárselas el sentido que de ellas se 
desprende... Ante una posible duda, esta ha de decidirse a favor del que se halle 
obligado a ejecutar la disposición –los herederos en este caso–, dado que el obligado 
debe entenderse obligado a lo menos. Del mismo modo, y por razón del criterio antes 
expuesto, en caso de existir duda sobre lo legado, la interpretación ha de hacerse a favor 
del que debe cumplir dicho legado.... Son los herederos, cuando lo son ‘in locus et in ius’, 
quienes han de realizar en primer término esa labor interpretativa”».
Así, ha afirmado este Centro Directivo, en Resolución de 30 de abril de 2014 y 
reiterado por otras, que serán todos los llamados a una sucesión –y no solo algunos de 
ellos– los que tengan la posibilidad de decidir sobre el cumplimiento e interpretación de 
la voluntad del testador y a falta de acuerdo entre ellos, decidirán los tribunales de 
Justicia. Según doctrina reiterada de ese Centro Directivo, es posible que todos los 
interesados en la sucesión, si fueren claramente determinados y conocidos, acepten una 
concreta  interpretación  del  testamento.  En  algunos  casos,  matizados  y  perfilados 
asimismo jurisprudencialmente, podrá también el albacea, máxime si en él, además 
confluye la condición de contador-partidor, interpretar la voluntad del testador. Y por fin, a 
falta de interpretación extrajudicial, corresponde a los tribunales de Justicia decidir la 
posibilidad de cumplimiento de la voluntad del testador y su alcance interpretativo, 
siendo pacífico que la interpretación de las cláusulas testamentarias es facultad que 
corresponde al tribunal de Instancia.
La Resolución de 23 de octubre de 2020 –citada por la registradora–, pone de relieve 
que, tratándose de una cuestión de interpretación, «la privación del contenido patrimonial 
de un determinado testamento exige, a falta de conformidad de todos los afectados, una 
previa declaración judicial que, tras un procedimiento contencioso, provoque su pérdida 
de eficacia ya sea total o parcial; y ello porque el principio de salvaguarda judicial de los 
derechos (artículo 24 de la Constitución) en conjunción con el valor de ley de la sucesión  s
que  tiene  el  testamento  formalmente  válido  (artículo  658  del  Código  Civil),  hace  oe.
necesario que sea una declaración judicial la que prive de eficacia al testamento, y no  w.
sea uno de los interesados en la herencia quien lo decida». En el supuesto recogido en  530ww
aeqxiusetílala  cRoemsoo lutcailó nin –slclarimtoa menie netol  Rpoerg iesrtrroo r Cdiev ill–a,  tensot asdeo rac oan suidne hróij o qaudeo plativso  pqruueeb naos 
pmreedseionst aodbajes tipvoosr  eel  iinndteerpeesnaddioe nftueesr adne  slau fvicoielunntteasd  pdaerla h seurebdsearnoa,r  ye, le enr rcoorn pseacdueecnidcoia ,p olar   BOE-A-cable e
documentación presentada no pudo considerarse suficiente para dejar sin efecto la 
disposición testamentaria a favor del hijo adoptivo. En el caso de ahora, hay que analizar 
si esa documentación aportada para la interpretación y los razonamientos de los que se 
deduce la misma son suficientes o no para que la conclusión sea ecuánime y lógica.
6.  En el supuesto concreto de este expediente, la registradora señala que «dada la 
trascendencia de la interpretación que se ha dado a los términos del testamento», es 
necesario que estén de acuerdo todos los llamados a la herencia, o en su defecto, 
resolución judicial que lo interprete.
Pues bien, esa «trascendencia» se fundamenta en el efecto de la interpretación y en 
su contenido, esto es, en los elementos y deducciones de la misma, que hacen que sea 
lógica y ecuánime –no forzada–, o en otro caso forzada e interesada. En cuanto al 
efecto, ciertamente tiene la importancia de determinar si la instituida heredera cumple o 
no cumple con la condición del llamamiento. En cuanto a todo lo demás, se puede 
recapitular la deducción y conclusión de la interpretación en lo siguiente: que la heredera 
interpreta  que  el  testador  quiso  nombrarla  heredera  en  tanto  no  contrajese  nuevo 
matrimonio,  confundiendo  su  estado  de  divorciada  con  el  de  soltera;  que  esa 
interpretación se fundamenta en que la exigencia literal del «estado de soltera», lleva a 
la imposibilidad del cumplimiento de la condición, por lo que se debe tener por no puesta; 
que si se interpretara que el llamamiento estaría condicionado a que tras la apertura de 
la sucesión la heredera no contrajera matrimonio, no sería posible por aplicación del 
principio fundamental «semel heres semper heres»; que, considerar la suposición de que 
el testador pudiera ignorar que su hermana designada heredera era divorciada –lo era 
diez años antes del otorgamiento del testamento–, resultaría absurdo, por lo que esta 
apreciación llevaría de nuevo a la imposibilidad de cumplimiento de la condición, y por 
tanto se debería entender por no puesta. Y conforme estos razonamientos, aun cuando 
el  elemento  literal  o  gramatical  no  sea  conforme,  es  indudable  que  los  elementos 
sistemático, lógico y finalista llevan a que no quepa otro tipo de interpretación, y que la 
interpretación hecha no es en absoluto forzada.
En consecuencia, en este caso concreto, según los cánones hermenéuticos antes 
referidos, no cabe otra interpretación y, por tanto, no resulta forzada. Por ello, puede 
hacerla la llamada como heredera. Otra cosa sería el caso distinto de una interpretación 
forzada o que presentara complejas facetas o distintas posibilidades resultantes de la 
interpretación,  que  abocaría  a  compartirla  con  otros  llamados  para  el  caso  de  no 
cumplirse la condición o a una resolución judicial. Pero en este supuesto concreto no es 
así, pues resulta evidente la voluntad del testador.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar la 
calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 14 de octubre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.