BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119 Miércoles 19 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 59723
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8315 Resolución de 26 de abril de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora  de  la  propiedad  de  Azpeitia  a  practicar  una  anotación  de 
embargo.
En el recurso interpuesto por don J. C. G. L., jefe del Servicio de Recaudación del 
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, contra la 
negativa de la registradora de la Propiedad de Azpeitia, doña María Begoña Ruiz Alutiz, 
a practicar una anotación de embargo.
Hechos
I
En el Servicio de Recaudación de la Diputación Foral de Guipúzcoa se tramitó 
procedimiento de apremio para el cobro de las cantidades que fue condenado a pagar 
don J. I. U. A. por el delito a que fue condenado por sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Penal número 2 de San Sebastián. En dicho procedimiento se acordó el embargo de 
una serie de fincas que aparecían inscritas a nombre de la esposa del condenado, doña 
M. L. M. A., con carácter privativo por adjudicación en la liquidación de la sociedad de 
gananciales, en virtud de escritura otorgada ante el notario de San Sebastián, don Jesús 
María Sanza Amurrio, el día 12 de marzo de 2008.
II
Presentado  el  correspondiente  mandamiento  de  embargo  en  el  Registro  de  la 
Propiedad de Azpeitia, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«María Begoña Ruiz Alutiz, Registradora de la Propiedad de esta Villa de Azpeitia y 
su distrito hipotecario:
Certifico  que  bajo  la  entrada  2020/5460  y  asiento  1061  del  tomo  153  Diario, 
extendido el día 26/11/2020, consta, previa su calificación y comprobación, bajo la 
responsabilidad de la Registradora que suscribe, de la validez y vigencia de la firma 
electrónica  reconocida  del  Jefe  del  Servicio  de  Recaudación  del  Departamento  de 
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la presentación de la copia 
electrónica del mandamiento expedido por el citado Jefe del Servicio de Recaudación 
San Sebastián el día 26 de noviembre de 2020, expediente número 215224-110, y 
remitida mediante comunicación telemática por dicho Jefe el mismo día 26 de noviembre 
de 2020, a las 13:05:44 horas.
Y previa calificación del documento y de los antecedentes del Registro, he acordado 
denegar  la  anotación  preventiva  de  embargo  solicitada  por  hallarse  las  fincas 
embargadas  inscritas  a  favor  de  persona  distinta  del  demandado,  en  base  a  los  s
siguientes hechos y fundamentos de Derecho: oe.
Hechos: 15ww
cAoian tPyra rsi meolbe drreoe .u udnoEarn  md Eoitnla  dmJ .i isnI.md Uiov.i  sAsae.   dsooerb dlraee n flaian scq auf ine1c 3as eds  ert eoAgmiiase,t  ryaa lnelaosst a 4mc6i óisynm  1pa7rs5e 3va epdnaetr ieRvcaée gndil e iy n es2mc8rb0itaa2rs gd aoe    OE-A-2021-83able en https://
favor de su esposa doña M. L. M. A., por adjudicación en la liquidación de la sociedad de
gananciales con carácter privativo, en virtud de escritura otorgada en Donostia/San 
Sebastián el doce de marzo de dos mil ocho ante el Notario don Jesus María Sanza 
Amurrio.
Fundamentos de Derecho:
Primero.  Conforme a los Artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de su Reglamento, 
el  Registrador  califica  bajo  su  responsabilidad  los  documentos  presentados, 
extendiéndose la calificación –entre otros extremos– a "los obstáculos que surjan del 
Registro", a "la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toca clase en 
cuya virtud se solicite la inscripción, así como a la capacidad de los otorgantes", a "las 
que afecten a la validez de los mismos, según las leyes» que determinan la forma de los 
instrumentos" y a "la no expresión, o la expresión sin claridad suficiente, de cualquiera de 
las circunstancias que, según la Ley y este Reglamento, debe contener la inscripción, 
bajo pena de nulidad".
Segundo.  Según el artículo 99 del Reglamento Hipotecario la calificación registral 
de documentos administrativos se extenderá, en todo caso, a la competencia del órgano, 
a la congruencia de la resolución con la clase de expediente o procedimiento seguido, a 
las formalidades extrínsecas del documento presentado, a los trámites e incidencias 
esenciales  de  procedimiento,  a  la  relación  de  éste  con  el  titular  registral  y  a  los 
obstáculos que surjan del Registro.
Tercero.  Con carácter general el artículo 20 de la Ley Hipotecaria en su párrafo 
último dispone que "no podrá tomarse anotación de demanda, embargo o prohibición de 
disponer, ni cualquier otra prevista en la ley, si el titular registral es persona distinta de 
aquella  contra  la  cual  se  ha  dirigido  el  procedimiento"  y  en  el  mismo  sentido  el 
artículo 140/1 del Reglamento Hipotecario, dispone que "se denegará o suspender la 
anotación preventiva de embargo, si la propiedad de la finca embargada apareciese 
inscrita a favor de persona que no sea aquella contra quien se hubiera decretado el 
embargo".
En el ámbito de la sociedad de gananciales hay que tener en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 144 apartado 4 párrafo segundo del Reglamento Hipotecario, ya que en el 
Registro  consta  inscrita  la  liquidación  de  la  sociedad  de  gananciales,  y  en  el 
mandamiento figura como deudor el cónyuge no adjudicatario de la finca.
En este caso, tal como tiene declarado la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe pública en Res. 22 marzo 2019 "para que se proceda a la práctica de una anotación 
preventiva de embargo sobre bienes inscritos a nombre del cónyuge no deudor, es 
preciso que sea ganancial la deuda contraída por el cónyuge deudor bajo la vigencia del 
régimen económico-matrimonial de sociedad de gananciales, y así sea declarado en 
juicio declarativo previo entablado contra ambos cónyuges..."
La presente calificación negativa lleva consigo, la prórroga de la vigencia del asiento 
de presentación en los términos establecidos en el artículo 323 de la Ley Hipotecaria.
Las calificaciones negativas del Registrador podrán (…)
Azpeitia, 18 de diciembre de 2020. La Registradora Fdo: María Begoña Ruiz Alutiz 
(…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por María Begoña 
Ruiz Alutiz Registradora de Azpeitia.».
III oe.
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  don  J.  C.  G.  L.,  jefe  del  Servicio  de  15ww
Recaudación del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, interpuso recurso el día 27 de enero de 2021 atendiendo a los siguientes 
argumentos:
«Antecedentes:
1.  Origen de las deudas a exigir a D. J. I. U. A.: sentencia penal firme por un delito 
contra la Hacienda Pública.
Por el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Donostia se dictó sentencia el 10/10/2017, 
declarada firme por Auto de 03/10/2018, en la que se condenaba a D. J. I. U. A. [NIF 
(…)], cónyuge de Dña. M. L. M. A.[NIF (…)], como autor de un delito contra la Hacienda 
Pública del art. 305.1 del Código Penal, por razón del Impuesto sobre Sociedades 
ejercicio 2006 correspondiente a "Iramendi Desarrollo, S.L." [NIF (…)], y le imponía a D. 
J. I. U. A. la pena, entre otras, del pago de una multa de 20.991.172,50 €; y el pago de 
una  indemnización  en  concepto  de  responsabilidad  civil  a  la  Diputación  Foral  de 
Gipuzkoa por importe de 10.495.586,30 € más los intereses de demora que en su caso 
procediesen.
La citada sentencia constituye el título ejecutivo para exigir forzosamente el cobro de 
las deudas que contiene.
La  gestión  de  cobro  de  esas  deudas  junto  con  sus  intereses  de  demora  fue 
encomendada  a  esta  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa-Departamento  de  Hacienda  y 
Finanzas  por  el  Juzgado  de  lo  Penal  n.º  4  de  Donostia  mediante  Auto  judicial 
de  03/10/2018-ejecutoria  1766/2018;  y  ello  con  fundamento  en  la  Disposición 
Adicional 10.ª de la Ley General Tributaria, cuyo equivalente en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa se encuentra en la Disposición adicional 7.ª de la Norma Foral 2/2005, de 8 de 
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
2.  Actuaciones dentro del procedimiento administrativo de apremio que se sigue 
contra el deudor D. J. I. U. A.
Recibida la encomienda de la gestión de cobro de las deudas procedentes de delito 
contra  la  Hacienda  Pública  en  la  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa-Departamento  de 
Hacienda y Finanzas, desde este Servicio de Recaudación y respecto de D. J. I. U. A. se 
dictaron con fecha 30/10/2018 providencias de apremio por dichas deudas que fueron 
notificadas con fecha 05/11/2018 sin que, transcurrido el plazo de pago otorgado al 
deudor en la notificación, se efectuase el ingreso. El procedimiento administrativo de 
apremio iniciado tiene la referencia 215224-110.
Tras el plazo otorgado para el ingreso se intentó el cobro forzoso de la deuda con 
bienes titularidad de D. J. I. U. A. mediante el embargo de los mismos, intento que 
resultó infructuoso dado el desconocimiento de la existencia de bienes a su nombre.
3.  Acto administrativo de requerimiento de pago de 23/09/2020 a Dña. M. Lourdes 
M. A., cónyuge del deudor D. J. I. U. A.
Conforme los datos obrantes en este Servicio de Recaudación, D. J. I. U. A. y Dña. 
M. L. M. A. contrajeron matrimonio el 29/04/1978, siendo el régimen económico del 
matrimonio hasta el 12/03/2008 el de sociedad de gananciales; en esa fecha y mediante 
escritura notarial con n.º de protocolo 315, del notario D. Jesús M.ª Sanza Amurrio, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Azpetia [sic] respecto de las citadas cuatro 
fincas  embargadas,  ambos  cónyuges  decidieron  disolver  y  liquidar  ese  régimen  s
económico-matrimonial de sociedad de gananciales, y sustituirlo por el de separación de  oe.
bienes. w.
De la escritura de disolución y liquidación de la sociedad de gananciales se deduce  15ww
blaie enxeiss tgeannciaan caila lmese;n yo sq udee  evna reiosse  mbioemneesn tion mfuueerbolne sa dqjuudei chaadboísa na  tDenñiad.o M e. l Lc. aMrá. cAte. rc odne 
carácter privativo, entre otras las fincas registrales n.º 46 de Errezil, 1573 de Errezil,
2802 de Aia, y 13 de Aia (en su mitad indivisa), todas ellas inscritas en el Registro de la 
Propiedad de Azpeitia.
A la vista de lo expuesto, y ante el desconocimiento de bienes a nombre del deudor 
D.  J.  I.  U.  A.,  dentro  del  citado  procedimiento  administrativo  de  apremio  de 
referencia  215224-110  y  con  fecha  23/09/2020  se  dictó  desde  el  Servicio  de 
Recaudación, acto administrativo de requerimiento de pago de las deudas procedentes 
de un delito contra la Hacienda Pública por importe de 31.486.758,80 €, dirigido a Dña. 
M. L. M. A., y que le fue notificado el 28/09/2020.
El Registro de la Propiedad de Azpeitia es conocedor del acto administrativo de 
requerimiento de pago al estar referido expresamente en el mandamiento de anotación 
de embargo cuya inscripción ha sido denegada por parte de la Sra. Registradora de la 
Propiedad del Registro de la Propiedad de Azpeitia.
En el contenido del requerimiento de pago realizado a Dña. M. L. M. A.se reflejaba lo 
siguiente:
– Existencia de la sentencia penal firme de 10/10/2017 del Juzgado de lo Penal n.º 2 
de Donostia, por razón del Impuesto sobre Sociedades de 2006.
– Deudas a exigir, contenidas en esa sentencia penal firme (31.486.758,80 €).
– Vicisitudes  del  régimen  económico  matrimonial  (sociedad  de  gananciales 
desde 1978 hasta 2008, y desde entonces y hasta la actualidad, de separación de 
bienes),
– Afección de las deudas dimanantes de esa sentencia penal firme a los bienes que 
habían sido gananciales, y después privativos de la esposa.
Dicho acto administrativo fue impugnado por Dña. M. L. M. A. el Tribunal Económico-
Administrativo  Foral  de  Gipuzkoa  con  fecha  28/10/2020  por  medio  de  reclamación 
económico-administrativa n.º 2020/0684, dictándose con fecha 04/11/2020 Resolución 
n.º 36021, por la que se inadmitía a trámite la reclamación y se procedía a su archivo; la 
Resolución fue notificada a la reclamante con fecha 20/11/2020, sin que hasta la fecha 
se tenga conocimiento que se haya interpuesto Recurso Contencioso Administrativo 
contra la inadmisión a trámite.
4.  Diligencia de embargo de bienes inmuebles de 20/11/2020. Mandamiento de 
anotación preventiva de embargo de 26/11/2020, denegado por la Sra. Registradora de 
la Propiedad del Registro de la Propiedad de Azpeitia.
4.1  El 20/11/2020 se dictaron en el citado procedimiento administrativo de apremio 
varias diligencias de embargo de bienes inmuebles, entre ellas diligencia de embargo de 
bienes inmuebles sobre las fincas registrales n.º 46 de Errezil, 1573 de Errezil, 2802 de 
Aia, y 13 de Aia (en su mitad indivisa), todas ellas inscritas en el Registro de la 
Propiedad de Azpeitia.
En esa diligencia de embargo figura como "deudor" D. J. I. U. A.; el nombre de su 
cónyuge,  Dña.  M.  L.  M.  A.,  aparece  en  la  diligencia  como  "titular  de  los  bienes" 
inmuebles que en ella se declaran embargados.
La diligencia de embargo garantiza unas deudas por principal de 31.486.758,80 €, y 
hasta un máximo de 1.180.753,45 € de intereses de demora que se devenguen, y una 
previsión de costas del procedimiento de 6.010,12 €. La dicción del principal de las 
deudas garantizadas es "resp. c. delito fiscal 10/10/2017-10/10/2017, multa por delito 
fis 10/10/2017-10/10/2017" y se corresponden con lo descrito en el "antecedente 1.–" es 
decir,  las  deudas  contenidas  en  esa  diligencia  de  embargo  de  bienes  inmuebles  e.
de 20/11/2020 y señaladas como "principal" (el recargo de apremio no se devenga en  w.
este tipo de deudas) son las contenidas en la sentencia firme de 10/10/2017 del Juzgado  15ww
de loE nP eenl aml onm.º e2n dtoe  dDeo ndoicsttaiars.e la diligencia de embargo el 20/11/2020 sobre las citadas
finindciaviss are) giinsstrcarlietass n e.ºn 4 6e ld eR eEgrirsetzroil,  d1e5 7l3a  dPer oEprrieedzial,d 2 8d0e2  Adzep Aeiitaia, ,y  l1a3s  dmei sAmiaa (se na psaur emciítaand   BOE-A-cable e
registralmente como bienes privativos de Dña. M. L. M. A., trayendo tal cualidad de 
bienes  privativos  de  acuerdo  con  la  escritura  notarial  de  12/03/2008  (inscrita 
registralmente)  y  referida  en  el  "antecedente  3.–",  en  concreto  en  el  "inventario-
activo-'A'.–bienes inmuebles" en los numerales 11, 12 y 14. Por tanto, el bien privativo 
objeto de embargo el 20/11/2020 había pertenecido a la sociedad de gananciales de 
ambos cónyuges durante el periodo comprendido entre el 29/04/1978 y el 12/03/2008.
La  diligencia  de  embargo  de  bienes  inmuebles  fue  notificada  mediante  sendas 
comunicaciones el 25/11/2020 tanto a D. J. I. U. A. como a Dña. M. L. M. A., sin que 
hasta la fecha se tenga conocimiento de la presentación en plazo (un mes) bien de 
recurso de reposición en este Servicio de Recaudación, bien de reclamación económico-
administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Foral de Gipuzkoa.
4.2  Notificada la diligencia de embargo de bienes inmuebles de 20/11/2020 sobre 
las fincas registrales arriba citadas, desde el Servicio de Recaudación se expidió y 
presentó el 26/11/2020 en el Registro de la Propiedad de Azpeitia por vía telemática a 
través de la página web www.registradores.org, mandamiento de anotación preventiva 
de  embargo  sobre  tales  fincas.  Con  fecha  18/12/2020  la  Sra.  Registradora  de  la 
Propiedad del Registro de la Propiedad de Azpeitia ha denegado la inscripción de ese 
mandamiento de anotación preventiva de embargo.
5.  Acceso al documento de calificación negativa por parte de este Servicio de 
Recaudación; fecha de notificación de esta.
Con fecha 21/12/2020 y desde el Registro de la Propiedad de Azpeitia fue puesto a 
disposición  de  esta  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa  a  través  de  la  página  web 
www.registradores.org y con la identificación de referencia "ID trámite Web (…)", el 
documento de la misma fecha, de denegación de la inscripción del citado mandamiento 
de 26/11/2020 de anotación preventiva de embargo (calificación negativa).
El acceso telemático por parte de este Servicio de Recaudación a la página web y al 
documento de denegación de la inscripción tuvo lugar transcurridos más diez días 
naturales  desde  dicha  puesta  a  disposición,  por  lo  que  la  notificación  se  entiende 
practicada el día 31/12/2020, de acuerdo con el artículo 322 párrafo segundo de la Ley 
Hipotecaria en concordancia con el artículo 43 («práctica de las notificaciones a través 
de  medios  electrónicos»)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La citada calificación negativa de 18/12/2020 que contiene dicha denegación de la 
inscripción  del  mandamiento  de  anotación  preventiva  de  embargo  de  26/11/2020, 
calificación  realizada  por  la  Sra.  Registradora  de  la  Propiedad  del  Registro  de  la 
Propiedad de Azpeitia, es el objeto del presente recurso con arreglo a los siguientes,
Razonamientos:
I.  Condiciones formales:
Primera.  Con arreglo a lo previsto en el artículo 325.c) de la Ley Hipotecaria, 
ostento legitimación para interpone el presente recurso en mi condición de funcionario: 
jefe del Servicio de Recaudación del Departamento de Hacienda y Finanzas de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, que expedí el mandamiento de anotación preventiva de 
embargo de 26/11/2020, presentado en ese día.
Segunda.  El recurso se interpone dentro del plazo legalmente establecido para ello, 
que es de un mes. e.e
Al respecto, de acuerdo con lo expresado en el "antecedente 5.–" de este recurso, la  b
fecha  de  notificación  de  la  calificación  a  esta  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa  fue  15ww
reel c3u1r/s1o2 s/2e0rí2a0 e, lp door mloin qguoe 3 e1n/0 p1r/2in0c2ip1i.o el último día de plazo para interponer el presente
que Aehno arap lbicieanc,ió hna  ddeel  taerntíecrusloe  e3n0  cduee lnat aL eqyu e3 9e/l2 d0o1m5,in dgeo  13 1d/e0 1o/2ct0u2b1r ee,s d deíla P inrohcáebdili,m pioern tloo 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículo 109 párrafo segundo
del Reglamento Hipotecario, el vencimiento del plazo se traslada al día hábil siguiente. 
Así, el último día de plazo para interponer el presente recurso es el lunes 01/02/2021, 
plazo que ha sido respetado al momento de interponer el presente recurso.
Tercera.  Habiéndose prorrogado por 60 días el asiento de presentación relativo a la 
solicitud  de  inscripción  del  título  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  323  y 
concordantes de la Ley Hipotecaria, la interposición de este recurso supone que ese 
término de 60 días –a que también se hace referencia en la calificación objeto de 
recurso– quede en suspenso desde el día en que se ha interpuesto el presente recurso, 
y hasta el día de su resolución definitiva (art. 66 párrafos 1.º y 3.º de la Ley Hipotecaria).
II.  Consideraciones legales:
Primera.
En cuanto a la denegación de la anotación preventiva de embargo por hallarse las 
fincas embargadas inscritas a favor de persona distinta del demandado.
La Sra. Registradora de la Propiedad del Registro de la Propiedad de Azpeitia 
considera que se ha de denegar la inscripción del mandamiento de anotación preventiva 
de embargo dictado por este Servicio de Recaudación el 26/11/2020 dado que las fincas 
registrales n.º 46 de Errezil, 1573 de Errezil, 2802 de Aia, y 13 de Aia (en su mitad 
indivisa), todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad de Azpeitia, figuran inscritas 
como de titularidad privativa a nombre de D.ª M. L. M. A.
Frente a ello, cabe señalar lo siguiente:
La naturaleza de las deudas contenidas por principal en la diligencia de embargo de 
bienes inmuebles de 20/11/2020, y por ende en el mandamiento de anotación preventiva 
de 26/11/2020 objeto de calificación (multa judicial e indemnización por responsabilidad 
civil procedente de un delito contra la Hacienda Pública), dimana de la sentencia judicial 
firme, de fecha 10/10/2017, del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Donostia, citada en el 
"antecedente 1.–".
Así está expresado en el mandamiento de anotación preventiva objeto de calificación 
en  los  términos  ya  expuestos  en  el  "antecedente  4.–":  "resp.  c.  delito 
fiscal 10/10/2017-10/10/2017, multa por delito fis 10/10/2017-10/10/2017".
Las  citadas  deudas  cuya  gestión  de  cobro  se  ha  encomendado  por  el  órgano 
jurisdiccional penal a la Diputación Foral de Gipuzkoa, son obligaciones nacidas de esa 
condena penal.
No obstante es principio general que la responsabilidad civil ex delicto no pierde su 
naturaleza civil por el hecho de que aparezca regulada en el Código Penal. Así las 
normas del Código Penal sobre responsabilidad civil tienen naturaleza civil y están 
sometidas a los principios del Derecho Privado.
En el presente caso D. J. I. U. A. es condenado por un delito contra la Hacienda 
Pública en relación al ejercicio 2006 por el Impuesto sobre Sociedades, en el que el 
sujeto pasivo es "Iramendi Desarrollo, S.L.", mercantil de la que D. J. I. U. A. fue 
administrador único durante los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 según los 
datos obrantes en esta Administración.
La sentencia condena, como tantas veces se ha indicado, a D. J. I. U. A. al pago de 
una  multa  por  importe  de  20.991.172,50  €  y  al  pago  de  una  indemnización  a  la 
Diputación Foral de Gipuzkoa por importe de 10.495.586,30 € más los intereses que 
puedan corresponder. Y de lo que se trata es de dilucidar que: al menos en el momento 
de acaecer las conductas que dieron lugar a la comisión del delito, existían bienes  e.
gananciales del matrimonio formado por D. J. I. U. A. y Dña. M. L. M. A.; y por tanto tales  w.
bienes  respondían  de  las  deudas  señaladas  en  la  sentencia  condenatoria  de  15ww
fmeicshmao 1s0 /a1 0d/í2a0 1d7e;  lian dfeepcehnad dieenl teemmebnatreg od.e  Yq upiéanra d dei lluocsi ddaors  tcoódnoy ueglloe,s  seera h ealc teit unlaerc edsea lroios 
acudir a la normativa civil y en concreto al Código Civil en su artículo 1366.
Al  respecto,  el  artículo  1366  del  Código  civil  señala  que  las  obligaciones 
extracontractuales de un cónyuge consecuencia de su actuación en beneficio de la 
sociedad conyugal o en el ámbito de la administración de los bienes, serán de cargo y 
responsabilidad  de  la  sociedad  de  gananciales.  El  concepto  de  obligaciones 
extracontractuales es un término amplio que comprende, tal y como señala B. M., las 
obligaciones legales, las cuasicontractuales, las aquilianas o por culpa civil y también las 
deudas exdelicto, es decir las derivadas de delito.
En este sentido el Tribunal Supremo-Sala de lo civil en su sentencia de 31/03/2004 
(recurso de casación 1540/1998), señala que el artículo 1366 del Código Civil se refiere 
a las obligaciones extracontractuales, concepto amplio en el cual pueden comprenderse 
las  obligaciones  nacidas  de  la  condena  penal  de  carácter  resarcitorio  del  daño 
ocasionado  por  el  delito,  indicando  que  la  única  característica  que  identifica  las 
obligaciones a que alude el artículo 1366 es la de su naturaleza extracontractual, por lo 
que sería arbitrario dejar fuera a las que tienen su fuente en una condena penal.
A la vista de lo expuesto se hace necesario concluir que las deudas procedentes de 
ilícitos  penales  tienen  cabida  dentro  de  las  deudas  de  naturaleza  extracontractual 
previstas en el artículo 1366 del Código Civil y por tanto han de ser reputadas como 
gananciales y afectan ad extra al patrimonio ganancial.
No obstante, para ello es necesario que el acreedor, en este. caso la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, demuestre que la actuación conyugal separada que las genera, en 
este caso el ilícito penal por el que se condena a D. J. I. U. A., se ajusta formalmente al 
ámbito material del artículo 1366 del CC, es decir, si la misma está orientada al beneficio, 
material o inmaterial, de la comunidad conyugal, debiendo entenderse que ello acaece 
cuando el acto en cuestión conecta con el interés de la comunidad ganancial en un 
sentido amplio, o si aquella se ejecuta en la esfera de la administración ordinaria o 
extraordinaria, del patrimonio propio de cualquiera de cualquiera de los cónyuges o del 
consorcial.
En este sentido el Tribunal Supremo-Sala de lo civil en su sentencia de 25/09/1999 
(recurso de casación 178/1995), en relación a la interposición de una tercería de dominio 
en la que se solicitaba el alzamiento de unos embargos realizados sobre determinados 
bienes  inmuebles  que  la  tercerista  consideraba  de  titularidad  privativa  a  raíz  del 
otorgamiento de capitulaciones matrimoniales por medio de escritura pública, señala lo 
siguiente:
– El esposo de la tercerista había sido condenado por delito.
– Las actuaciones que se imputaron al esposo lo fueron entre los años 1984 a 1987, 
estando vigente el régimen de sociedad de gananciales, habiendo desempeñado cargos 
de relevancia en una cooperativa.
– Las actividades desplegadas por el esposo resultaron beneficiosas para el haber 
de gananciales en cuanto contribuyeron a su incremento patrimonial en relación a las 
fechas de adquisición de las fincas que constan en las capitulaciones.
– En consecuencia el Tribunal desestima la tercería de dominio y considera que 
todos los bienes que eran gananciales cuando se produjeron los hechos delictivos 
responden de la responsabilidad civil derivada de la condena.
Pues bien en el presente caso:
– El delito contra la Hacienda Pública por el que se condena a D J. I. U. A. se refiere 
a conductas alrededor del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006, conductas  s
habidas mientras estaba vigente el régimen de sociedad de gananciales (disolución y  oe.
liquidación de este: 12/03/2008). w.
seujejerc–toi c Dipo as sJ2i.v 0o0I .6d ,e Ul2 .I0 m0Ap7u,.  e2sd0teo0s 8es, om2bp0ree0ñ 9Só o y ce2iel0 d1ac0da eregsno  d laed l eme jeearrcdcaimcniiotnil i s2"t0Irra0ad6mo, erd nedúl in qDiuceeos  tardrarueor lalcona,t ueSs .aLl o.e"s,l    2021-8315n https://ww
delito contra la Hacienda Pública.
– La sociedad de gananciales formada por D. J. I. U. A. y Dña. M. L. M. A.se 
benefició de las actividades realizadas por D. J. I. U. A. como lo demuestra el hecho de 
adquisición  de  varios  bienes  que  constan  en  las  capitulaciones  y  en  concreto  los 
siguientes:
– Finca en jurisdicción de Aia, título de compra: escritura pública de compraventa de 
fecha 07/03/2008.
– Finca en Jurisdicción de San Sebastián, título de compra: escritura pública de 
compraventa de fecha 07/03/2008.
– Trescientas noventa y cuatro mil quinientas sesenta y dos participaciones sociales, 
título de compra: escritura pública de fecha 04/07/2006.
A la vista de lo expuesto cabe concluir:
En primer lugar, resulta indubitada y "exlege" la naturaleza extracontractual de las 
deudas procedentes de ilícito penal de uno de los cónyuges que aquí se intentan cobrar 
por  encomienda  judicial,  es  decir  las  deudas  procedentes  de  la  sentencia  de 
fecha 10/10/2017 del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Donostia, por la que se condena a D. 
J. I. U. A. por un delito contra la Hacienda Pública correspondiente al Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2006.
Y  en  segundo  lugar,  que  tales  deudas  de  uno  de  los  cónyuges  son  de 
responsabilidad  y  cargo  de  la  sociedad  de  gananciales  tal  y  como  previene  el 
artículo  1366  del  Código  Civil  bastando  que  se  produzca  la  concurrencia  de  los 
siguientes hechos: la existencia de un régimen económico-matrimonial de sociedad de 
gananciales (en este caso existe: desde 1978 hasta 2008); que durante la vigencia de tal 
régimen económico-matrimonial se hayan generado tales deudas (en este caso procede 
de hechos alrededor del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006); que exista una 
sentencia  penal  firme  al  menos  para  uno  de  los  dos  cónyuges  que  determine  la 
existencia  para  él  de  deudas  procedentes  de  ilícito  penal  (en  este  caso,  la  citada 
sentencia de 10/10/2017, del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Donostia, que condena a D. J. 
I. U. A.); y que la sociedad de gananciales se haya beneficiado de las actividades del 
cónyuge relativas al delito por el que ha sido condenado.
Por  tanto,  quedaba  ya  demostrado  en  el  mandamiento  de  embargo  de 
fecha 26/11/2020 objeto de calificación registral y cuya inscripción ha sido suspendida 
por la Sra. Registradora de la Propiedad del Registro de la Propiedad de Azpeitia, que 
las  deudas  comprendidas  en  él  eran  responsabilidad  y  cargo  de  la  sociedad  de 
gananciales existente entre D. J. I. U. A. y Dña. M. L. M. A. en el momento en que se 
produjeron  los  hechos  delictivos  alrededor  del  Impuesto  sobre  Sociedades  del 
ejercicio 2006.
Segunda.
En  cuanto  a  la  inaplicación  de  doctrina  de  la  Resolución  de  22/03/2019: 
innecesariedad en todos los casos de juicio declarativo previo entablado contra ambos 
cónyuges.
La Sra. Registradora de la Propiedad del Registro de la Propiedad de Azpeitia cita la 
Resolución de 22/04/2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE 
n.º  85  de  09/04/2019,  pág.  36713  y  ss.)  en  conexión  con  el  artículo  144.4  del 
Reglamento Hipotecario, defendiendo que es preciso para practicar anotación preventiva 
de embargo sobre esos bienes a nombre del no deudor, "(... ) que sea ganancial la  e.e
deuda  contraída  por  el  cónyuge  deudor  bajo  la  vigencia  del  régimen  económico- b
matrimonial de sociedad de gananciales, y así sea declarado en juicio declarativo previo  15ww
entaPbulaedso b cieonn,t rlaa  acimtabdoas  Rceósnoyluugceiósn ( .d..e)" 2.2/03/2019 tiene un presupuesto fáctico distinto al
jduezlg pardeos ednete p criamseor,a y ain sqtuaen cliaa  meins mparo cseed riemfiieerneto a  ddee uedjeacsu cniaócni ddaes  tdíteu luons aj usdeicnitaelnecsi,a  qdueel 
para nada tiene que ver con las deudas dimanantes de un juicio penal en donde,
además, solo puede ser parte quien aparece como imputado o investigado, quien tiene 
vinculación con los hechos que se enjuician, cualidad que no ocurre respecto de la 
esposa del reo, Dña. M. L. M. A., y que por tanto difícilmente podía ser llamada a dicho 
procedimiento penal.
Abundando  aún  más  en  la  inaplicación  del  contenido  de  esa  Resolución 
de 22/03/2019 esgrimida por la Sra. Registradora de la Propiedad del Registro de la 
Propiedad  de  Azpeitia,  existe  otra  Resolución  del  mismo  Centro  Directivo, 
número 1330/2015, de 07/01/2015 (BOE n.º 36, de 11/02/2015, pág. 11645 y ss.), en la 
que la deuda que se pretendía asegurar con bienes privativos que antes habían sido 
gananciales,  lo  era  por  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas;  su  ley 
reguladora establece que en el caso de haberse optado por la modalidad de tributación 
separada entre los cónyuges –como era el caso–, la deuda tributaria resultante tiene la 
misma consideración que aquellas otras a las cuales se refiere el artículo 1365 del 
Código civil y, en consecuencia, los bienes gananciales responderán directamente frente 
a la Hacienda Pública por estas deudas, contraídas por uno de los cónyuges, sin 
perjuicio de lo dispuesto para los casos de tributación conjunta recogido en otra parte de 
la ley reguladora de tal impuesto.
En el citado caso de esa Resolución de 07/01/2015 existe incluso, previo al embargo 
al cónyuge no deudor titular de bienes privativos que habían sido gananciales, mención a 
la existencia una intimación al pago por parte de la Administración tributaria acreedora 
con  descripción  del  por  qué  de  la  afección  de  los  bienes  privativos  (se  le  llama 
"declaración de responsabilidad del bien"), ntimación [sic] equiparable a la ocurrida en el 
presente  caso  (acto  administrativo  de  requerimiento  de  pago,  expuesto  en  el 
"antecedente 3.–" de este recurso).
Pues  bien,  la  doctrina  de  ese  Centro  Directivo  contenida  en  esa  Resolución 
de  07/01/2015  admite  la  posibilidad  de  que  se  proceda  a  anotar  el  embargo  sin 
necesidad de que exista esa «declaración judicial previa en juicio declarativo previo 
entablado  contra  ambos  cónyuges»,  ya  que  la  ganancialidad  viene  declarada  por 
ministerio de la Ley (la que regula el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). 
Otra cuestión es que no se declarase por el Centro Directivo en esa Resolución la 
revocación de la nota de calificación, porque determinada documentación presentada por 
el recurrente, justificativa de lo que se alegaba, se hizo de forma extemporánea.
Admitido  por  tanto  por  el  Centro  Directivo  que  para  la  práctica  de  anotación 
preventiva de embargo en el caso de ganancialidad de la deuda por ministerio de la Ley 
(del IRPF) sobre bienes privativos titularidad del cónyuge no deudor, bienes que eran 
gananciales, no es necesaria la declaración judicial previa de ganancialidad de la deuda 
en juicio declarativo previo entablado contra ambos cónyuges, la misma lógica debe 
operar en el caso objeto de este recurso, cuando, también por ministerio de la ley (pero 
esta  vez  ex  artículo  1366  del  Código  civil),  las  deudas  de  uno  de  los  cónyuges 
procedentes de un ilícito penal vigente la sociedad de gananciales son de cargo y 
responsabilidad de tal sociedad de gananciales, tal y como se ha explicado en la 
"consideración legal primera".
Sobre el particular, debe traerse aquí también la referencia contenida en la sentencia 
Tribunal  Supremo,  Sala  Tercera,  de  lo  Contencioso-Administrativo,  Sección  2.ª, 
de 26/06/2013, recurso n.º 2666/2011 (RJ\2013\5458). En esta se trataba el caso de que 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria pretendía recuperar por mandato judicial 
deudas procedentes de condena penal por delito contra la Hacienda Pública (como en el 
caso del presente recurso), y había utilizado la técnica de dictar un acto administrativo  s
para el cónyuge no deudor/no condenado por sentencia penal, en el que se le requería el  oe.
pago junto con la explicación de la afección de los bienes, anteriormente gananciales  w.
(había mediado disolución y liquidación de la sociedad de gananciales), a esa deuda  15ww
"ejnujduiicciiaald".o ,L aa cstoe ntqeunec iap avriteicniep a a deco nlafi rmnaa tulara levzaalid eyz  fdinea licdiatadd oq uaec toe l amdmisimniost raatcivtoo 
administrativo expuesto en el presente recurso ("antecedente 3.–").
En  suma,  la  propia  ley  (art.  1366  del  Código  civil)  determina  que  las  deudas 
procedentes  del  ilícito  penal  son  de  cargo  y  responsabilidad  de  la  sociedad  de 
gananciales, y además antes del embargo ha existido un acto administrativo en el que se 
le ha requerido el pago al cónyuge no deudor con explicación de la afección de los 
bienes que habían sido gananciales, a dichas deudas. La concurrencia de estos dos 
aspectos  determina  la  innecesariedad  de  una  "declaración  judicial  previa  en  juicio 
declarativo previo entablado contra ambos cónyuges" de cara a la anotación preventiva 
de embargo sobre bienes inmuebles que actualmente son privativos del cónyuge no 
deudor, y que eran anteriormente bienes gananciales.
En definitiva, y a modo de conclusión, el mandamiento objeto de calificación registral 
cumple  con  los  requisitos  del  artículo  144.4  del  Reglamento  Hipotecario  con  las 
modulaciones señaladas por la doctrina de ese Centro Directivo, para proceder a la 
anotación preventiva de embargo de bienes inmuebles ordenada en tal mandamiento 
de 26/11/2020, al quedar garantizadas por el embargo de inmuebles un tipo de deudas 
que "ex lege" son de cargo y responsabilidad de la sociedad de gananciales; existiendo 
además previamente a tal embargo de inmuebles un acto administrativo que dirige el 
procedimiento, si no se realiza el pago, hacia los bienes en su día gananciales y ahora 
titularidad privativa del cónyuge no deudor. Todo lo cual hace que no sea aplicable la 
imposibilidad de anotación esgrimida en la nota de calificación al amparo del artículo 20 
de la Ley Hipotecaria».
IV
La registradora de la Propiedad de Azpeitia, doña María Begoña Ruiz Alutiz, emitió 
informe en el que mantuvo íntegramente su calificación y formó el oportuno expediente 
que elevó a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 1317, 1333, 1365, 1366, 1373, 
1375, 1401 y 1410 del Código Civil; 2, 3, 9, 18, 19 y 326 de la Ley Hipotecaria; 541 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil; 77 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil; 100 
y 144 del Reglamento Hipotecario; la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, 
de  21  de  noviembre  de  2017,  y  las  Resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los 
Registros y del Notariado de 6, 10 y 19 de noviembre de 1981, 16 de febrero, 29 de 
mayo y 18 y 24 de septiembre de 1987, 18 y 25 de marzo de 1988, 29 de mayo de 1989, 
3 y 4 de junio de 1991, 25 de enero y 4 de octubre de 1993, 28 de diciembre de 1998, 18 
de febrero y 23 de junio de 2000, 18 de febrero, 15 de abril y 5 de junio de 2002, 13 de 
septiembre de 2005, 23 de marzo de 2007, 21 de septiembre de 2011, 7 de enero 
de 2015, 20 de junio de 2018 y 22 de marzo de 2019.
1.  El  presente  recurso  tiene  como  objeto  un  mandamiento  de  anotación  de 
embargo librado por la Diputación Foral de Guipúzcoa en un procedimiento seguido 
contra  don  J.  I.  U.  A.  para  la  satisfacción  de  unas  deudas  derivadas  de  la 
responsabilidad civil dimanante de un delito fiscal. El embargo se ha trabado sobre 
varias fincas que aparecen inscritas desde varios años antes a nombre de la esposa del 
deudor, doña M. L. M. A., con carácter privativo por título de liquidación de sociedad de 
gananciales.
Mientras que la registradora se opone a la práctica de la anotación por entender que  e.e
es preciso que se determine la ganancialidad de la deuda en un procedimiento judicial en  b
el que la esposa haya sido parte, la Diputación Foral embargante estima que no es  15ww
enne ceel saarrtiíoc udloic h1a3 6d6e cdlealr aCcóiódnig od eC givailn.ancialidad porque resulta «ex lege» de lo establecido
Cen2tr.o  DCiroemctoiv oc uheas tsióenñ aplardeov iaq,u eh an od peu eredceonr dsaerrs tee nqiduoes  uenna c ureenitetar apdaar ad loac rterisnoal udceió ne dsteel 
recurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 326 de la Ley Hipotecaria, documentos
que el registrador no pudo tener a la vista al tiempo de dictar la nota de calificación, ya 
que el recurso tiene como objeto valorar la procedencia de la calificación teniendo en 
cuenta los elementos de que dispuso el registrador para emitirla.
Esta doctrina se ha visto recogida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de 
noviembre de 2017 que señala en su fundamento tercero: «De tal forma que, en un caso 
como el presente, respecto de lo que constituye la función calificadora de la registradora, 
lo relevante es que el mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los 
requisitos del art. 155.4 LC, en relación con los acreedores hipotecarios afectados por la 
venta  directa  del  bien  hipotecado.  Con  todo  lo  anterior  hemos  de  concluir  que  la 
denegación de la inscripción por la falta de constancia en el mandamiento judicial del 
cumplimiento de estos requisitos del art. 155.4 LC fue correcta, sin que en el pleito 
posterior  de  impugnación  de  la  calificación  o  de  la  resolución  de  la  DGRN  pueda 
censurarse  esta  denegación  porque  se  llegue  a  acreditar  que  en  la  realidad  se 
cumplieron tales requisitos».
3.  La  anotación  del  embargo  trabado  sobre  bienes  privativos  de  un  cónyuge, 
cuando tales bienes habían sido antes de carácter ganancial, por deudas contraídas por 
el otro consorte ha sido siempre una cuestión compleja que ha dado lugar a diferentes 
pronunciamientos de este Centro Directivo. En la actualidad, después de la reforma 
operada por el Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, esta cuestión se encuentra 
regulada en el artículo 144.4, párrafo segundo, del Reglamento Hipotecario: «Cuando 
constare en el Registro su liquidación, el embargo será anotable si el bien ha sido 
adjudicado  al  cónyuge  contra  el  que  se  dirige  la  demanda  o  la  ejecución,  o  del 
mandamiento resulta la responsabilidad del bien por la deuda que motiva el embargo y 
consta la notificación del embargo al cónyuge titular, antes del otorgamiento de aquella».
Este precepto, como ya señaló la Resolución de 24 de abril de 2002, «no puede 
interpretarse sino en congruencia con la doctrina de esta Dirección General». Por ello 
deben tenerse en cuenta estas premisas esenciales:
– No existiendo en nuestro Código Civil una presunción de ganancialidad de las 
deudas contraídas durante la vigencia de la sociedad de gananciales (cfr. artículos 1362 
y 1365 del Código Civil), ninguna deuda contraída por un solo cónyuge puede ser 
reputada ganancial y tratada jurídicamente como tal mientras no recaiga la pertinente 
declaración  judicial  en  juicio  declarativo  entablado  contra  ambos  cónyuges,  pues  a 
ambos  corresponde,  conjuntamente,  la  gestión  de  la  sociedad  de  gananciales  (cfr. 
artículo 1375 del Código Civil).
– El artículo 1333 del Código Civil dispone: «En toda inscripción de matrimonio en el 
Registro Civil se hará mención, en su caso, de las capitulaciones matrimoniales que se 
hubieren otorgado, así como de los pactos, resoluciones judiciales y demás hechos que 
modifiquen  el  régimen  económico  del  matrimonio.  Si  aquéllas  o  éstos  afectaren  a 
inmuebles, se tomará razón en el Registro de la Propiedad, en la forma y a los efectos 
previstos en la Ley Hipotecaria». Por otra parte, el artículo 77 de la Ley del Registro Civil 
de 1957, actualmente vigente, dispone que «al margen también de la inscripción del 
matrimonio  podrá  hacerse  indicación  de  la  existencia  de  los  pactos,  resoluciones 
judiciales  y  demás  hechos  que  modifiquen  el  régimen  económico  de  la  sociedad 
conyugal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1322 del Código Civil [actual 
artículo 1333], en ningún caso el tercero de buena fe resultará perjudicado, sino desde la 
fecha  de  dicha  indicación».  De  tales  preceptos  se  desprende  que  para  que  las 
capitulaciones matrimoniales, o cualquier otro acto que implique la modificación del 
régimen económico-matrimonial, surta efectos frente a los acreedores de cualquiera de  e.
los cónyuges, será preciso que se hayan inscrito en el Registro Civil, o bien, respecto de  w.b
cada inmueble en particular, que se haya verificado la inscripción en el Registro de la  15ww
Prop–i eNdaod d.eben tampoco olvidarse las garantías civiles de que gozan los acreedores en
ealr típcruolcoe s1o4 0d1e,  lpiqáurridaafoc iópnri mdeer ola,  dsoecl ieCdóaddig od eC givainl: a«nMciaielenstr.a Es nn oc osnec rehtaoy adne bpea gciatadros ep oerl 
entero las deudas de la sociedad, los acreedores conservarán sus créditos contra el
cónyuge deudor. El cónyuge no deudor responderá con los bienes que le hayan sido 
adjudicados, si se hubiere formulado debidamente, inventario judicial o extrajudicial».
4.  Con base en las premisas antes expuestas, para practicar una anotación de 
embargo sobre bienes inscritos a nombre de uno de los cónyuges con carácter privativo 
por  liquidación  de  la  sociedad  de  gananciales,  por  deudas  contraídas  por  el  otro 
consorte, será preciso que se dé alguno de estos casos:
– Que el procedimiento del que resulta el mandamiento que ordena la anotación se 
haya dirigido contra ambos cónyuges.
– Que, aun tratándose de un procedimiento dirigido solo contra el cónyuge deudor, 
se cumplan los dos requisitos previstos en el artículo 144.4, párrafo segundo, según la 
interpretación que respecto de los mismos ha mantenido esta Dirección General: que del 
mandamiento resulte la responsabilidad del bien por la deuda que motiva el embargo y 
que conste la notificación del embargo al cónyuge titular, antes de que el acto que ha 
provocado la modificación del régimen económico-matrimonial haya producido efectos 
frente a terceros. Ahora bien, tal y como ha reiterado este Centro Directivo, es preciso 
que sea ganancial la deuda contraída por el cónyuge deudor bajo la vigencia del régimen 
económico-matrimonial  de  sociedad  de  gananciales,  y  así  sea  declarado  en  juicio 
declarativo previo entablado contra ambos cónyuges. Este pronunciamiento es la base 
para que la posibilidad prevista en el artículo 144.4 del Reglamento Hipotecario se refleje 
registralmente y, por consiguiente, requiere que este pronunciamiento sea definitivo e 
irrevocable y no meramente temporal o transitorio pues, no existiendo en nuestro Código 
Civil una presunción de ganancialidad de las deudas contraídas durante la vigencia de la 
sociedad de gananciales (cfr. artículos 1362 y 1365 del Código Civil), ninguna deuda 
contraída por un solo cónyuge puede ser reputada ganancial y tratada jurídicamente 
como tal mientras no recaiga la pertinente declaración judicial en juicio declarativo 
entablado  contra  ambos  cónyuges,  pues  a  ambos  corresponde,  conjuntamente,  la 
gestión de la sociedad de gananciales (cfr. artículo 1375 del Código Civil).
No obstante lo anterior, en el caso de deudas tributarias la modificación del régimen 
económico-matrimonial de los cónyuges a través de unas capitulaciones matrimoniales 
que  se  consideren  otorgadas  en  fraude  de  acreedores,  constituye  uno  de  los 
presupuestos de hecho de la responsabilidad del artículo 42.2.a) de la Ley 58/2003, 
General Tributaria, de manera que la Hacienda Pública podrá resarcir el crédito tributario 
ejercitando su potestad de autotutela a través de la declaración de la responsabilidad 
solidaria del cónyuge causante o colaborador en la ocultación o transmisión de los 
bienes originariamente gananciales que le fueron adjudicados a través de la disolución 
de la sociedad ganancial con la finalidad de impedir la traba de los mismos.
En este supuesto, no será necesario acudir a un procedimiento judicial para declarar 
la  ganancialidad  de  las  deudas  y  la  responsabilidad  de  los  bienes  exgananciales, 
considerando además que la condición de responsable tributario no obedece al ejercicio 
de una potestad discrecional de la Administración tributaria ya que debe reconocerse 
siempre respecto de todos aquellos casos en los que concurran los requisitos legalmente 
previstos,  con  independencia,  en  este  caso,  de  la  responsabilidad  prevista  en  los 
artículos 1317, 1365 y 1401 del Código Civil.
La  configuración  del  régimen  de  responsabilidad  impide  que  quien  ostenta  la 
condición de deudor, eluda su responsabilidad ocultando o vaciando su patrimonio, 
sirviéndose para ello de terceros vinculados a los que la norma declara responsables  s
solidarios tributarios en virtud del artículo 42.2.a) de la Ley General Tributaria de 2003 y  oe.
que de igual forma ostentan la condición de obligado tributario desde la comisión de los  w.
preresusAulthaposureea sa túbonise  ned,xe i gphiaberlcaeh .od eficjaladroasr  elan  lrae snpoornmsaa,b ciloidna din dseepráe nndeecnecsiaa rdioe,  qaudee tmalá os bdligea cqiuóen  nsoe   2021-8315n https://ww
reúnan  los  requisitos  legales  para  su  aplicación,  una  resolución  firme  para  cuya
obtención deberán observarse los tramites contenidos en los artículos 174 y siguientes 
de la Ley General Tributaria que garantizan la intervención del afectado.
Respecto de la norma foral aplicable a este supuesto, la Norma Foral 2/2005, de 8 de 
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, contempla una regulación 
similar.
Los  artículos  41  a  43  determinan  quienes  son  los  responsables  tributarios.  En 
concreto el artículo 42.4 señala que: «También serán responsables solidarios del pago 
de la deuda tributaria pendiente y en su caso, de las sanciones tributarias, incluidos el 
recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe 
del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la 
Administración  tributaria,  las  siguientes  personas  o  entidades:  a)  Las  que  sean 
causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos de las 
personas o entidades obligadas al pago con la finalidad de impedir la actuación de la 
Administración tributaria (…)».
E igualmente establece un procedimiento para la declaración de responsabilidad 
tributaria en los articulo 178 a 181, de forma que una vez declarados fallidos el deudor 
principal y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración tributaria dictará 
acto de declaración de responsabilidad, que se notificará al responsable.
5.  A la vista de lo expuesto, debe confirmarse el criterio de la registradora.
La ganancialidad de las deudas a que se refieren los artículos 1365 y 1366 del 
Código Civil no es estimable de forma automática, sino que requiere una adecuada 
valoración  de  las  circunstancias  concurrentes  para  decidir  si  se  dan  todos  los 
presupuestos  que  estos  preceptos  establecen  para  que  la  concreta  deuda  pueda 
entenderse que es de responsabilidad y cargo de la sociedad de gananciales.
No son aplicables a este caso las conclusiones recogidas en la Resolución de este 
Centro  Directivo  de  7  de  enero  de  2015,  dado  que  entonces  se  trataba  de  la 
responsabilidad de los bienes gananciales por deudas derivadas del Impuesto sobre la 
Renta  de  las  Personas  Físicas,  que  tienen  un  régimen  específico  recogido  en  el 
artículo 85 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, reguladora de dicho Impuesto (artículo 116 
de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa): «Las deudas tributarias por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán la misma consideración de aquellas 
otras a las cuales se refiere el artículo 1365 del Código Civil y, en consecuencia, los 
bienes gananciales responderán directamente frente a la Hacienda Pública por estas 
deudas, contraídas por uno de los cónyuges, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 
cuatro del artículo 89 de esta Ley para el caso de tributación conjunta».
6.  En el supuesto de este expediente, de la documentación presentada en tiempo y 
forma a la que debe ceñirse el recurso como se ha dicho anteriormente, no resulta ni la 
existencia de una declaración judicial de la ganancialidad de las deudas ni que se haya 
declarado la responsabilidad derivada respecto del cónyuge adjudicatario de los bienes. 
En consecuencia, en tanto no resultan acreditados dichos extremos, el defecto debe ser 
confirmado.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las  e
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de  bo
la Ley Hipotecaria. 15ww
PúbMlicaad, rSido, fí2a6 P udeen taeb Srial ndtiea g2o0.21.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe