BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 309 Miércoles 25 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 104880
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE SANIDAD
14950 Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Sanidad,  por  la  que  se  publica  el  Convenio  para  el  año  2020  entre  la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en materia de drogodependencias y con cargo al 
fondo de bienes decomisados.
Suscrito el 6 de noviembre de 2020, Convenio entre la Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de 
drogodependencias y con cargo al fondo de bienes decomisados, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector  Público,  procede  la  publicación  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»  de  dicho 
Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.
Madrid, 12 de noviembre de 2020.–La Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia 
Calzón Fernández.
ANEXO
Convenio para el año 2020 entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas y la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de 
drogodependencias y con cargo al fondo de bienes decomisados
En Madrid, a 6 de noviembre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, doña María Azucena Martí Palacios, Delegada del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas, nombrada mediante Real Decreto 935/2018, de 20 de julio 
(BOE número 176 de 21 de julio) en nombre y representación del Ministerio de Sanidad, 
de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 28 de mayo de 2020 del Ministro de 
Sanidad de delegación de firma en la persona titular de la Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas.
De otra, don Blas Gabriel Trujillo Oramas, Consejero de Sanidad de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, nombrado por Decreto 53/2020, de 19 de junio, del Presidente 
(BOC número 123, de 20 de junio) en representación de dicha Comunidad Autónoma de 
conformidad con las facultades previstas en el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 
de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
EXPONEN
Que en la actualidad la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 
y la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones están adscritas al Ministerio de Sanidad, 
según lo dispuesto en los artículos 2 y 6 del Real Decreto 454/2020, de 10 de marzo, por  es
el  que  se  desarrolla  la  estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Sanidad,  y  se  o
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de 2020, con base a las atribuciones conferidas en el artículo 6 de la Ley 17/2003, de 29
de  mayo,  acordó  asignar  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  la  cantidad 
de 224.000,00 euros procedentes del Fondo de bienes decomisados.
En virtud de ello,
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
Las Comunidades Autónomas son destinatarias de los recursos del Fondo para el 
desarrollo y ejecución de los planes y programas de drogas. La Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas asume la financiación de los referidos programas y 
la Comunidad Autónoma de Canarias asume el compromiso material de su ejecución, 
siendo éste el objeto del presente Convenio.
Segundo.  Obligaciones de las partes.
Que la actuación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de 
Canarias en el año 2020 se concretará en el desarrollo de los programas:
– Educando con salud 2020. Programas de actividades de prevención en el ámbito 
educativo: 60.000,00 €.
– Actividades  de  prevención  en  el  ámbito  del  ocio,  tiempo  libre  y  comunitario: 
95.000,00 €
– Formación y sensibilización en el área de prevención 2020: 54.000,00 €.
– Prevención en materia de adicciones en el ámbito laboral: 15.000,00 €.
Que el Ministerio de Sanidad (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas) financiará la realización de estos programas, según lo acordado por la Mesa de 
Coordinación  de  Adjudicaciones,  con  un  total  de  224.000,00  euros  con  cargo  al 
concepto 26.18.231A.458, que a tal fin ha sido dotado con créditos provenientes del 
Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, 
en aplicación del artículo 3.1.b) de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, reguladora de este 
Fondo. El abono de esta cantidad se realizará a partir de que el Convenio surta efectos, 
es  decir,  desde  la  inscripción  en  el  Registro  Electrónico  Estatal  de  Órganos  e 
Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal y publicación en el BOE, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Que durante el primer trimestre del próximo ejercicio, la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  remitirá  a  la  Mesa  de  Coordinación  de 
Adjudicaciones un informe final y de evaluación del desarrollo de los programas y una 
certificación  detallada  y  pormenorizada  del  gasto  efectuado  en  la  ejecución  de  los 
mismos.
Tercero.  Vigencia y efectos.
La vigencia del presente Convenio se establece desde su inscripción en el Registro 
Electrónico  Estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de  Cooperación  del  Sector  Público 
Estatal y una vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado» con una duración hasta 
el 31 de diciembre de 2020, surtiendo los efectos en los términos previstos en el 
apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. e.e
No obstante, los programas citados en el Acuerdo segundo, se desarrollarán por la  b
Consejería  de  Sanidad  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  durante  el  950ww
ejercicio 2020.
Cuarto.  Extinción del Convenio.
El  presente  Convenio  se  extinguirá  por  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución de las previstas en el 
artículo 51.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Quinto.  Comisión de Seguimiento.
Para  el  seguimiento  de  lo  previsto  en  el  presente  Convenio  se  constituye  una 
Comisión de Seguimiento integrada por dos miembros designados por cada una de las 
partes firmantes, que será presidida por un representante de una de las partes, actuando 
el otro representante como secretario, y que tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
– Realizar, el seguimiento y la evaluación de las actividades realizadas al amparo del 
presente Convenio, así como los acuerdos de desarrollo necesarios para ello.
– Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento respecto del Convenio.
La Comisión establecerá sus normas internas de funcionamiento dentro del marco 
dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
La Comisión se considerará el mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la 
ejecución del Convenio a los efectos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
Sexto.  Resolución de controversias.
Ambas partes se comprometen a solventar las controversias que pudieran suscitarse 
en la interpretación o ejecución del presente Convenio a través de la Comisión de 
Seguimiento. En su defecto las mismas serán de la competencia de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.
Séptimo.  Incumplimiento de obligaciones y compromisos.
Tal y como establece el artículo 49.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  y 
compromisos  asumidos  por  cada  una  de  las  partes  tendrá  como  consecuencia  la 
extinción del Convenio.
Octavo.  Modificación del Convenio.
El presente Convenio podrá modificarse por mutuo acuerdo de las partes, siempre 
que la modificación no suponga una alteración de las obligaciones económicas recogidas 
en el Convenio.
Ésta  se  hará  durante  la  vigencia  del  Convenio,  y  mediante  la  correspondiente 
Adenda de modificación.
Noveno.  Régimen jurídico.
El contenido del presente Convenio queda sometido al régimen jurídico de convenios 
previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. e
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