BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 62  Miércoles 11 de marzo de 2020  Sec. I.   Pág. 24169
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
3434 Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan  determinadas  
medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud 
pública.
I
El presente real decreto-ley adopta un conjunto de medidas de carácter urgente 
dirigidas a dos ámbitos específicos, el económico y la salud pública que en este momento 
demandan una respuesta inmediata.
En particular se modifica la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, de la 
Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, 
y del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, 
de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
La Ley 1/2013, de 14 de mayo, fue aprobada con el objeto de atender a las 
circunstancias excepcionales derivadas de la crisis económica y financiera, que produjo 
que numerosas personas que contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de 
su vivienda habitual se encontraron en dificultades para hacer frente a sus obligaciones. 
Una de las medidas previstas por dicha ley fue la suspensión de los lanzamientos que 
afectaban a las personas en situación de especial vulnerabilidad.
A pesar de haber transcurrido casi siete años desde que se aprobó la Ley 1/2013, 
de 14 de mayo, y se suspendieron por primera vez los lanzamientos sobre viviendas 
habituales de colectivos especialmente vulnerables, muchos deudores y sus familias 
continúan encontrándose en una situación de especial vulnerabilidad.
Por ello, resulta de extraordinaria necesidad desde el punto de vista económico, social 
y coyuntural ampliar el plazo de suspensión de los lanzamientos cuatro años más, hasta 
mayo del año 2024, y ajustar el concepto de colectivo vulnerable para que se proteja a 
deudores que, a pesar de encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad, no eran 
beneficiarios hasta este momento de la suspensión.
De esta forma, cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial 
por el cual se adjudique la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados 
colectivos queda afectado por esta medida. Así, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, impide que 
se proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de personas vulnerables, sin 
alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria.
La suspensión de los lanzamientos beneficia a las personas que se encuentren dentro 
de una situación de especial vulnerabilidad y que por dicho motivo requieren de una 
especial protección, conforme a lo definido en el artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de 
mayo. Estas personas son, con la norma actualmente en vigor, aquellas pertenecientes a 
familias numerosas, familias monoparentales con hijos a cargo o de las que forme parte un 
menor de edad, familias en las que alguno de sus miembros tenga reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que 
le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, 
familias en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo, familias  e.
en las que convivan una o más personas unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge  w.
por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se  34ww
elensc uinecnatrpeanc eitne  saitcuraecdióitna dpaemrseonntael  ddee  dfioscrmapaa cteidmadp,o draelp eon pdeernmciaan oe nentefe prmaread arde aglrizaavre  uqnuea 
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Además, este real decreto-ley amplía el colectivo de posibles beneficiarios, por un 
lado, estableciendo entre los supuestos de especial vulnerabilidad a las familias 
monoparentales aunque tengan solo un hijo a cargo y, por otro, incrementando el límite de 
ingreso máximo de la unidad familiar que sirve de referencia para determinar la 
vulnerabilidad en términos del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples en función 
del número de hijos y de si es una familia monoparental. La norma también extiende su 
aplicación de forma que la suspensión produce sus efectos cualquiera que sea el 
adjudicatario de la vivienda, sea este persona física o jurídica, y no solo cuando se hubiera 
adjudicado al acreedor, o a cualquier persona que actuase por su cuenta, como ocurría 
hasta este momento.
II
También se modifica la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, en lo que al régimen jurídico 
de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. 
(SAREB), se refiere. Esta sociedad se constituyó en el año 2012 con la aprobación del 
Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades 
de crédito, posteriormente convalidado y sustituido por la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, 
que ha sido desarrollada por el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que 
se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos. SAREB se 
constituye como una sociedad anónima que presenta determinadas particularidades 
derivadas de su objeto social singular, que no es otro que el de la liquidación en las 
mejores condiciones posibles de la cartera de activos que le fueron transferidos, y del 
interés público derivado de su actividad. Ambas finalidades dan lugar a que SAREB, si 
bien se rige con carácter general por la normativa de las sociedades mercantiles de capital, 
presente necesariamente un régimen jurídico especial en determinados aspectos que 
resultan imprescindibles para dar cumplimiento a su fin social.
Hasta el momento, SAREB está cumpliendo su mandato. Además, como parte de su 
responsabilidad social corporativa, SAREB cuenta con un programa de promoción de 
vivienda social, con un parque habilitado de 4.000 viviendas para fines sociales, que 
pretende ser ampliado y complementado a corto plazo, lo que podrá realizarse siempre 
que la sociedad pueda seguir funcionando y desempeñando su actividad.
A los efectos de la continuación de la consecución de sus objetivos y con el fin de que 
SAREB prosiga llevando a cabo su fundamental labor liquidatoria con normalidad, es 
necesario complementar de manera urgente el régimen jurídico previsto para esta 
sociedad mediante la modificación de la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, 
de 14 de noviembre, a los efectos de la no aplicación de lo previsto en el artículo 363.1.e) 
del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio. El artículo 363.1.e) regula la disolución por causa de 
reducción del patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. La 
necesidad de la no aplicación de esta causa de resolución a SAREB viene exigida por el 
mandato legal de desinversión en un determinado plazo, y maximizando la recuperación 
de valor, de todos los activos que le han sido transmitidos y que forman parte de su 
patrimonio neto. Esta particularidad hace imprescindible adaptar a su régimen jurídico 
especial las causas de disolución previstas con carácter general a las sociedades 
mercantiles de capital que, por contraposición al fin de SAREB, realizan su actividad con 
carácter indefinido en el tiempo, ajeno por tanto al carácter liquidador de sus activos que 
presenta el fin último de SAREB. s
III 34ww
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dos tipos de entidades: las cooperativas de crédito y los establecimientos financieros de
crédito. Sin embargo, resulta fundamental ampliar las categorías de entidades financieras 
que pueden solicitar la transformación.
En primer lugar, se hace necesario por la incertidumbre derivada de la negociación y 
la posible falta de acuerdo que regule las relaciones entre la Unión Europea y el Reino 
Unido después del periodo transitorio que vence el 31 de diciembre de 2020. Esta 
eventualidad supondría que las entidades financieras tendrían que modificar su modelo de 
negocio e iniciar el proceso de autorización para ampliar sus negocios financieros en 
España. Dentro de estas necesidades, destaca la posibilidad de transformarse en banco. 
En la evolución del sector financiero en los últimos años, se viene observando una misma 
tendencia clara en diversos países: cuando entidades de pago, dinero electrónico o 
empresas de servicios de inversión alcanzan un cierto tamaño, optan por crecer 
transformándose en bancos, lo que les permite el acceso a la financiación del banco 
central o a la de los depósitos del público, a cambio de unos requisitos más exigentes. En 
un contexto en el que las entidades están planteándose sus decisiones de relocalización, 
precisamente por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, resulta urgente y 
necesario eliminar la desventaja competitiva que supone que las entidades se vean 
avocadas a la adquisición de filiales bancarias o la reestructuración en lugar del 
sometimiento a un procedimiento de transformación como ocurre en el resto de la Unión 
Europea. Nótese además que aunque no será hasta diciembre cuando finalice el período 
transitorio de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en la medida que las 
decisiones de localización se ejecutan a lo largo de varios meses, resulta necesario 
acometer esta reforma de forma inmediata para que las entidades tengan tiempo suficiente 
para acometer su transformación.
En segundo lugar, porque esta imposibilidad de transformación en banco es una 
peculiaridad doméstica que no existe en el resto de estados miembros de la Unión Europea 
y que lastra significativamente la competitividad del sistema financiero español. En efecto, 
en un contexto de creciente movilidad geográfica de estas empresas, muchas de las cuales 
están valorando en la actualidad el traslado de su domicilio social a otros Estados miembros 
de la Unión Europea, la existencia de un marco regulatorio cierto y estable deviene una 
condición absolutamente imprescindible que determina sus decisiones de inversión.
En tercer lugar, la entrada en vigor de un nuevo régimen prudencial para las empresas 
de servicio de inversión tras la aprobación de la Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 y el Reglamento (UE) 2019/2033 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 obliga a aplicar el régimen 
prudencial de las entidades de crédito o solicitar la autorización como entidad de crédito 
cuando se superen determinados umbrales.
Hay que tener en cuenta que la ampliación del tipo de entidades que pueden 
transformarse en bancos seguirá contando con las garantías necesarias para asegurar que 
la transformación no lesiona en modo alguno los derechos e intereses de los inversores y no 
pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero español. En primer lugar, porque esta 
posibilidad se extiende a otros tipos de entidades financieras que, por su régimen jurídico, 
también están en principio en condiciones de asumir el exigente régimen legal de los bancos. 
Y en segundo lugar, porque, lógicamente, las autoridades supervisoras continuarán 
autorizando la transformación únicamente si se cumplen todos los demás requisitos legales 
y reglamentarios relativos a la autorización aplicable en cada caso concreto.
IV
Desde que la Organización Mundial de la Salud declarara el pasado mes de enero que  oe.
la situación en relación al COVID-19 suponía una emergencia de salud pública de  w.
inpmuaperaos trgrtoaa rnpacaniíatsi z,i ansrte el arhn apacrcoeit oennceacclie,ó snya  srsioeoc gaiaúdln od pheta alonr s uc ntoraam bseaenjrazieda oddreoe  sma q eaudpeida caraesuc qseuer enl o nbsoa  jpparu ipmeodere raonis sd laecmamsioeornsat roes ney    2020-3434n https://ww
enfermedad, así como para garantizar el abastecimiento del material necesario en nuestro
sistema nacional de salud. Bc
En particular, por un lado, con la finalidad de evitar la propagación de la enfermedad y 
mantener la protección social de los trabajadores por cuenta propia o ajena, se incluye que 
los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia 
del virus COVID-19 tendrán la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo 
a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal del sistema de Seguridad 
Social.
Por otro lado como medida para prever casos de posibles desabastecimientos, la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, 
prevé en su artículo cuarto.a) que cuando un medicamento o producto sanitario se vea 
afectado por excepcionales dificultades de abastecimiento y para garantizar su mejor 
distribución, la Administración Sanitaria del Estado, temporalmente, podrá establecer el 
suministro centralizado por la Administración.
No obstante, las excepcionales dificultades de abastecimiento existentes en nuestro 
sistema nacional de salud, conllevan que la habilitación conferida al Estado para poder 
llevar a cabo el suministro centralizado de medicamentos y productos sanitarios sea 
insuficiente para poder garantizar el adecuado abastecimiento del material necesario para 
la prevención del COVID-19 en nuestro sistema nacional de salud, siendo preciso extender 
esta habilitación a otros productos necesarios para la protección de la salud que no tengan 
la naturaleza de producto sanitario, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1591/2009, 
de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios. Por ello, se hace 
necesario modificar dicha Ley Orgánica.
V
Este real decreto-ley consta de una parte expositiva y una parte dispositiva, y se 
estructura en dos capítulos que comprenden cinco artículos y dos disposiciones finales.
El capítulo primero comprende los artículos primero, segundo y tercero. En el artículo 
primero se modifica la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, 
a los efectos de la no aplicación a SAREB de lo previsto en el artículo 363.1.e) del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
El artículo segundo modifica la Ley 1/2013, de 14 de mayo, amplía el plazo y el 
colectivo beneficiado de la suspensión de los lanzamientos. En este sentido, se prolonga 
la vigencia de la suspensión de los lanzamientos por cuatro años más para personas que 
se encuentren en supuestos de especial vulnerabilidad cuando en un proceso judicial o 
extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado la vivienda a cualquier 
persona, no sólo al acreedor o a un tercero que actúe por cuenta de este, como ocurría en 
el texto modificado. Al mismo tiempo, se incluye entre los colectivos vulnerables las 
familias monoparentales que tengan un solo hijo a cargo. Por último, aumenta el límite de 
ingresos para poder beneficiarse de la medida, al incrementarse por cada hijo a cargo 
dentro de la unidad familiar en 0,15 veces el IPREM para las familias monoparentales o 
en 0,10 veces el IPREM para el resto de familias.
El artículo tercero modifica el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, ampliando el tipo 
de entidades financieras ya constituidas que pueden solicitar su transformación en bancos.
Por su parte, el capítulo segundo está constituido por el artículo cuarto y el artículo 
quinto. En el artículo cuarto se modifica la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para establecer el abastecimiento centralizado por 
el Estado de productos sanitarios distintos de los medicamentos. Finalmente, el artículo  s
quinto contempla, con el fin de proteger la salud pública, como situación asimilada a  oe.
accidente de trabajo exclusivamente para la prestación económica de incapacidad  w.
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Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, posibilitando que en el futuro puedan ser
modificadas por real decreto. La disposición final segunda recoge, por su parte, la entrada  Bc
en vigor.
VI
La adopción de medidas de carácter económico mediante real decreto-ley ha sido 
avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivación explícita y 
razonada de la necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura económica exige una 
rápida respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la 
adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo 
ordinario podría generar algún perjuicio–.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el 
fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro 
Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, 
F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación 
concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever 
requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía 
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, 
máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Como se ha expuesto concurren en este caso circunstancias de extraordinaria y 
urgente necesidad que justifican la aprobación de este real decreto-ley exigidas por el 
artículo 86.1 de la Constitución Española. En el momento actual sigue siendo necesario 
hacer frente a la situación de aquellas familias que continúan sufriendo la adversidad 
económica, lo que justifica que las modificaciones de la Ley 1/2013, de 14 de mayo. El 
plazo previsto finalizará el 15 de mayo de 2020 por lo que recurrir al real decreto-ley como 
vehículo normativo para ampliar este plazo por otros cuatro años, está totalmente 
justificado. Asimismo, la falta de ajuste del umbral de vulnerabilidad desde que se aprobó 
la medida en 2012 puede estar provocando el lanzamiento injustificado de personas que 
en realidad formarían parte de este colectivo.
Igualmente concurren estas circunstancias en relación con la introducción de la 
modificación de la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. 
Transcurrido algo más de la mitad del plazo para el que fue creada SAREB (el Real 
Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, establece su duración en 15 años, hasta el 28 de 
noviembre de 2027) y atendiendo al grado de desinversión alcanzado en el momento 
actual, y ante los riesgos derivados de un mercado como el inmobiliario con cierto grado 
de volatilidad, hace necesario evitar que SAREB pudiera llegar eventualmente a 
encontrarse en una causa legal de disolución, lo que impediría el desarrollo normal de su 
actividad y, en definitiva, alcanzar en su totalidad los objetivos para los que fue creada la 
sociedad. Y, en particular, podría verse frustrado el programa de promoción de vivienda 
social que tiene previsto desarrollar en el corto plazo, cuyo desarrollo e implementación 
tiene un marcado interés social en la situación del mercado inmobiliario actual.
También concurren las causas de extraordinaria y urgente necesidad en el nuevo 
régimen establecido por el artículo tercero, que permite una transformación y ampliación 
ordenada de las actividades de determinadas entidades financieras y sucursales en 
España ante el riesgo de falta de acuerdo sobre las relaciones futuras entre la Unión 
Europea y Reino Unido. Esta disposición iguala el régimen de transformación en bancos 
de cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito, sociedades de valores, 
entidades de pago y entidades de dinero electrónico. La actual coyuntura económica con 
una fuerte competencia para atraer inversiones y empresas en el contexto de la retirada 
de la Unión Europea del Reino Unido obliga a adoptar medidas con carácter inmediato. La 
tramitación de esta disposición mediante la vía legislativa ordinaria supondría situar en  s
desventaja al sistema financiero español en un contexto con riesgos y oportunidades  e.
frente a los países de nuestro entorno. Reino Unido es, además, el primer destino de  w.
nuestra inversión extranjera directa, muy concentrada en el sector financiero, por lo que su  34ww
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las bajas por aislamiento o contagio a efectos de las prestaciones económicas sociales,
pues supone un perjuicio para los ciudadanos y un riesgo para la salud pública. Igualmente, 
se ha detectado que el desabastecimiento de productos necesarios para la protección de 
la salud constituye un riesgo para la salud pública, cabe señalar que existen razones 
sanitarias que justifican la urgente y extraordinaria necesidad previstas en el artículo 86.1 
de nuestra Constitución, que fundamentan la modificación prevista del artículo cuarto de la 
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril.
Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se 
inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, 
de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone 
una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC de 30 de enero de 2019, 
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la 
seguridad jurídica, la protección de los colectivos especialmente vulnerables de nuestra 
sociedad y la salud pública. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse 
demuestran que, en ningún caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de 
uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, 
FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 
de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y 
razonadamente la adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 
111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Debe señalarse también que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni 
al Derecho electoral general.
Los motivos expuestos justifican cumplidamente la concurrencia de los requisitos 
constitucionales de extraordinaria y urgente necesidad, que habilitan al Gobierno para 
aprobar el presente real decreto-ley dentro del margen de apreciación que, en cuanto 
órgano de dirección política del Estado, le reconoce el artículo 86.1 de la Constitución. 
Concurren también las notas de excepcionalidad, gravedad y relevancia que hacen 
necesaria una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la 
tramitación parlamentaria de una ley, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de 
urgencia (SSTC 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7).
VII
Este real decreto-ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, este real decreto-ley es 
el instrumento óptimo para mantener el nivel de protección de los deudores hipotecarios 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad que, ante la imposibilidad de cumplir con 
sus obligaciones de pago, fueron demandados por sus acreedores y fueron despojados de 
la propiedad de su vivienda. En efecto, en todos estos casos, la necesidad de que puedan 
continuar habitando la que fue su vivienda hace imprescindible que se prolongue la 
paralización de los lanzamientos y se ajuste el umbral de vulnerabilidad. Asimismo, 
también es el instrumento óptimo en relación con la modificación de la disposición adicional 
séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, dado que es necesaria para la consecución 
del objetivo fundamental de SAREB. Finalmente, también lo es en relación con la 
modificación de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero,  s
ya que es necesaria para eliminar un obstáculo idiosincrático de la normativa nacional que  oe.
dificulta la transformación en bancos, que se ha constituido en un elemento de  w.
cOdoermsgaápbneaitcsitative i3cdi/am1d9ie 8en6nt,o  u dnde ec  1op4nro teddxeut coat ogbslroi lnb, eascle.e  Lsraea vrnieoelsca e pseaindr aal adla  ym  peerfodictiedacacci aiqó udnee d  lseae  ml aho asd aidfliucedate cccioótannds dotiet u qlyaue eL  ueenyl    2020-3434n https://ww
riesgo para la salud pública en el escenario actual de contención y prevención del COVID-19
y se propone una medida puntual y concreta para paliar esta situación. Por último, a través  Bc
de este mecanismo normativo se puede atender la necesidad de asimilar de forma
excepcional como accidente de trabajo los periodos de aislamiento o contagio de las 
personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19 a los efectos de gozar de 
la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social.
En cuanto al principio de proporcionalidad, se trata de una modificación puntual, 
precisa y clara de cinco aspectos que respectivamente requieren una acción normativa 
inmediata a fin de garantizar la protección de los colectivos vulnerables, el mantenimiento 
de la actividad de SAREB, la transformación ordenada de las actividades de entidades 
financieras en el contexto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y garantizar la 
salud pública en el contexto generado por el COVID-19 mediante la mejor alternativa 
posible. Debe destacarse también que, respetando el principio de proporcionalidad, en lo 
que se refiere a la modificación del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, se ha optado 
precisamente por modificar el real decreto en lugar de elevar el rango, realizando la 
alteración mínima imprescindible del régimen actual en el que dicho real decreto es quien 
regula los aspectos más sustantivos de la autorización de entidades de crédito.
En cuanto al principio de seguridad jurídica, este real decreto-ley establece la 
regulación mínima imprescindible para el cumplimiento de sus fines, es coherente con el 
resto del ordenamiento jurídico, tanto nacional, como de la Unión Europea y no impone 
cargas administrativas innecesarias o accesorias. Las modificaciones que se introducen 
en la normativa de entidades de crédito y de protección de los deudores hipotecarios 
permiten generar un marco normativo estable, integrado y claro.
En cuanto al principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de consulta 
pública, audiencia e información pública que no son aplicables a la tramitación y aprobación 
de decretos-leyes. Por último, en relación con el principio de eficiencia, este real decreto-ley 
no impone carga administrativa alguna adicional a las existentes con anterioridad.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y de los Ministros de Sanidad e Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 10 de marzo de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas en materia económica
Artículo primero.  Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración 
y resolución de entidades de crédito.
El apartado 3 de la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, 
queda redactado de la siguiente forma:
«3.  Esta sociedad se constituirá por un periodo de tiempo limitado, que se 
determinará reglamentariamente, y no le será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 348 bis y 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, 
reglamentariamente se podrá determinar o, en su caso, atribuir al FROB la 
determinación del importe inicial de capital social y la prima de emisión.»
Artículo segundo.  Modificación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para  es
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler  bo
social. 34ww
mayUon, oqu. edEal  rpeádraracftoa dpor icmoemroo  sdieglu aep:artado 1 del artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de
«1.  Hasta transcurridos once años desde la entrada en vigor de esta Ley, no
procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución
hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a cualquier otra persona física o 
jurídica la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de 
especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este 
artículo.»
Dos.  La letra b) del apartado 2 del artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, queda 
redactada del siguiente modo:
«b)  Unidad familiar monoparental con al menos un hijo a cargo.»
Tres.  La letra a) del apartado 1 del artículo 3 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, queda 
redactada como sigue:
«a)  Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no 
supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
anual de catorce pagas. Dicho límite será de cuatro veces el Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas en los supuestos previstos en las 
letras d) y f) del apartado anterior, y de cinco veces dicho indicador en el caso de 
que el ejecutado sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con 
discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior 
al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de 
enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, 
para realizar una actividad laboral. El límite definido para cada caso se incrementará 
por cada hijo a cargo dentro de la unidad familiar en:
 i.  0,15 veces el IPREM para las familias monoparentales;
ii.  0,10 veces el IPREM para el resto de familias.»
Artículo tercero.  Modificación del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se 
desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades de crédito.
La disposición adicional cuarta del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero queda 
redactada como sigue:
«Disposición adicional cuarta.  Autorización para la transformación en bancos de 
sociedades ya constituidas.
La autorización para la transformación en un banco podrá otorgarse a 
sociedades ya constituidas únicamente cuando se trate de cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito, sociedades de valores, entidades de pago 
y entidades de dinero electrónico.
Para obtener la autorización será necesario cumplir los requisitos previstos en 
el título I, capítulo I de este real decreto, pero en relación con el artículo 4.b), se 
entenderá cumplido siempre que la suma del patrimonio neto resultante del balance 
correspondiente al año anterior a la solicitud de transformación, que necesariamente 
habrá de estar auditado, y de las aportaciones en efectivo alcancen 18 millones de 
euros.
Además, en la autorización se podrá dispensar del cumplimiento de las  e.e
limitaciones temporales previstas en el artículo 8.» b
CAPÍTULO II
Medidas para la protección de la salud pública
Artículo cuarto.  Modificación de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública.
Se modifica el artículo cuarto de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, que queda redactado como sigue:
«Artículo cuarto.
Cuando un medicamento, un producto sanitario o cualquier producto necesario 
para la protección de la salud se vea afectado por excepcionales dificultades de 
abastecimiento y para garantizar su mejor distribución, la Administración Sanitaria 
del Estado, temporalmente, podrá:
a)  Establecer el suministro centralizado por la Administración.
b)  Condicionar su prescripción a la identificación de grupos de riesgo, 
realización de pruebas analíticas y diagnósticas, cumplimentación de protocolos, 
envío a la autoridad sanitaria de información sobre el curso de los tratamientos o a 
otras particularidades semejantes.»
Artículo quinto.  Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de 
trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como 
consecuencia del virus COVID-19.
«1.  Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter 
excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la 
prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, 
aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado 
por el virus COVID-19.
2.  En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá 
determinada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta.
3.  Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta 
propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta 
en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social.
4.  La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el 
aislamiento o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se 
expida con posterioridad a esa fecha.»
Disposición  final  primera.  Salvaguardia  del  rango  de  ciertas  disposiciones 
reglamentarias.
Se mantiene el rango de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 84/2015, 
de 13 de febrero, modificada por el artículo tercero de este real decreto-ley.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». e.e
Dado en Madrid, el 10 de marzo de 2020. 34ww
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN