BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 170 Jueves 18 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 41810
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
6360 Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador 
mercantil  y  de  bienes  muebles  IV  de  Murcia  a  practicar  el  depósito  de 
cuentas anuales de una sociedad.
En el recurso interpuesto por don J. M. M. M., en nombre y representación de la 
sociedad «Viajes Soltour, S.A.», contra la negativa del registrador Mercantil y de Bienes 
Muebles IV de Murcia, don Juan Antonio la Cierva Carrasco, a practicar el depósito de 
cuentas anuales de dicha sociedad.
Hechos
I
El día 1 de octubre de 2019 se presentaron en el Registro Mercantil de Murcia, para 
su depósito, las cuentas anuales de la sociedad «Viajes Soltour, S.A.», relativas al 
ejercicio de 2018.
II
La referida documentación fue objeto de la siguiente nota de calificación en el 
Registro Mercantil de Murcia:
«El registrador Mercantil que suscribe, previo el consiguiente examen y calificación, 
de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del 
Registro  Mercantil,  ha  resuelto  no  practicar  el  depósito  solicitado  conforme  a  los 
siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos:
Diario/Asiento: 30/33604.
F. presentación: 01/10/2019.
Entrada: 2/2019/532272,0.
Sociedad: Viajes Soltour SA.
Ejerc. depósito: 2018.
Hoja: MU-10226.
Fundamentos de Derecho (defectos):
– Deben incluir en el informe de gestión una referencia a la identidad de la sociedad 
dominante y al Registro Mercantil u otra oficina pública donde estén depositadas las 
cuentas  el  grupo  consolidado  a  los  efectos  del  cumplimiento  de  la  obligación  de 
información no financiera. (art. 262.5 LSC).
En relación con la presente calificación: (…) s
Murcia, a tres de octubre de dos mil diecinueve.» w.
III
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mediante escrito en el que transcribía íntegramente el artículo 262.5 de la Ley de
Sociedades de Capital y añadía que dicha sociedad tenía informado en sus cuentas 
anuales  una  media  de  128,73  empleados,  por  lo  que  no  cumplía  con  el  requisito 
establecido en el artículo 262.5, letra a), de la Ley de Sociedades de Capital («que el 
número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500»). Por 
ello, concluía que la sociedad no tenía la obligación de incluir en el informe de gestión un 
estado de información no financiera ni hacer referencia alguna a la identidad de la 
sociedad dominante y el Registro Mercantil donde quedan depositadas sus cuentas 
anuales.
IV
Mediante escrito, de fecha 23 de octubre de 2019, el registrador elevó el expediente, 
con su informe, a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 49, apartados 5, 6 y 7, del Código de Comercio; 262.5 de la Ley 
de Sociedades de Capital, modificado por el artículo segundo, apartado Tres, de la 
Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto 
refundido  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad; 2, apartado Uno, del Real 
Decreto-ley  18/2017,  de  24  de  noviembre,  por  el  que  se  modifican  el  Código  de 
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas,  en  materia  de  información  no  financiera  y  diversidad,  y  1  de  la 
Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, 
por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de 
información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas 
grandes empresas y determinados grupos, que tiene como objetivo identificar riesgos 
para  mejorar  la  sostenibilidad  y  aumentar  la  confianza  de  los  inversores,  los 
consumidores y la sociedad en general.
1.  En este expediente debe decidirse si es o no fundada la negativa del registrador 
a practicar el depósito de cuentas de la sociedad «Viajes Soltour, S.A.», porque, según 
expresa en su calificación, conforme al artículo 262.5 de la Ley de Sociedades de 
Capital, deben incluir en el informe de gestión una referencia a la identidad de la 
sociedad  dominante  y  al  Registro  Mercantil  u  otra  oficina  pública  donde  estén 
depositadas las cuentas el grupo consolidado a los efectos del cumplimiento de la 
obligación de información no financiera.
2.  La referida norma legal fue modificada por el artículo segundo, apartado Tres, de 
la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, que, a su vez, modificó el Real Decreto-ley 18/2017, 
de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de 
información  no  financiera  y  diversidad.  Mediante  esta  normativa  se  traspuso  la 
Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, 
por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de 
información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas  e.e
grandes empresas y determinados grupos, que tiene como objetivo identificar riesgos  b
para  mejorar  la  sostenibilidad  y  aumentar  la  confianza  de  los  inversores,  los  60ww
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respecto del previstas en el Real Decreto-ley 18/2017, pues éste únicamente obligaba a
presentar  dicho  estado  de  información  a  las  sociedades  de  interés  público  que 
cumplieran determinados requisitos.
Así, el referido artículo 262.5 de la Ley de Sociedades de Capital establece lo 
siguiente: «Las sociedades de capital deberán incluir en el informe de gestión un estado 
de información no financiera o elaborar un informe separado con el mismo contenido que 
el previsto para las cuentas consolidadas por el artículo 49, apartados 5, 6 y 7, del 
Código de Comercio, aunque referido exclusivamente a la sociedad en cuestión siempre 
que concurran en ella los siguientes requisitos: a) Que el número medio de trabajadores 
empleados  durante  el  ejercicio  sea  superior  a  500.  b)  Que,  o  bien  tengan  la 
consideración de entidades de interés público de conformidad con la legislación de 
auditoría de cuentas, o bien, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de 
cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 1.º Que el 
total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros. 2.º Que el importe 
neto de la cifra anual de negocios supere los 40.000.000 de euros. 3.º Que el número 
medio  de  trabajadores  empleados  durante  el  ejercicio  sea  superior  a  doscientos 
cincuenta».
El recurrente alega que la sociedad no tiene la obligación de incluir en el informe de 
gestión un estado de información no financiera ni hacer referencia alguna a la identidad 
de la sociedad dominante y el Registro Mercantil donde quedan depositadas sus cuentas 
anuales  porque  su  número  medio  de  trabajadores  empleados  no  es  superior  a 
quinientos.
Para decidir sobre la cuestión planteada debe tenerse en cuenta que, según el 
mismo artículo 262.5 de la Ley de Sociedades de Capital, después de la modificación 
introducida por la Ley 11/2018, «las sociedades cesarán en la obligación de elaborar el 
estado  de  información  no  financiera  si  dejan  de  reunir,  durante  dos  ejercicios 
consecutivos  cualquiera  de  los  requisitos  anteriormente  establecidos»,  es  decir 
cualquiera de los establecidos en los apartados a) y b). Si se tiene en consideración que 
esta previsión modificó lo establecido en el Real Decreto-ley 18/2017, que exigía que se 
dejaran de reunir dos de los requisitos de la letra b) o que al cierre del ejercicio el 
número  medio  de  trabajadores  empleados  no  excediera  de  500,  y  que,  según  lo 
expresado en el mismo preámbulo de la citada Ley 11/2018, se trata de presupuestos o 
condiciones  que  deben  concurrir  «de  forma  simultánea»  (vid.  apartado  II),  debe 
concluirse que la calificación impugnada no puede ser mantenida.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación 
recurrida.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 17 de enero de 2020.–El Director General de los Registros y del Notariado, 
Pedro José Garrido Chamorro.