BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 29 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 91674
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
12746 Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora mercantil VI de Madrid, por la que se deniega la inscripción 
del nombramiento de un liquidador.
En el recurso interpuesto por don I. D. L. S. contra la nota de calificación de la 
registradora Mercantil VI de Madrid, doña María Victoria Arizmendi Gutiérrez, por la que 
se deniega la inscripción del nombramiento de un liquidador.
Hechos
I
Mediante mandamiento dictado por el Juzgado de lo Mercantil 1 número 1 de Las 
Palmas  de  Gran  Canaria,  en  el  procedimiento  de  jurisdicción  voluntaria 
número 145/2018, se ordenaba que se procediera a la inscripción del nombramiento de 
liquidador de la mercantil «Procor San Ignacio Dos, S.L.»
II
Presentado el día 16 de abril de 2021 dicho mandamiento en el Registro Mercantil de 
Madrid, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«María  Victoria  Arizmendi  Gutiérrez,  registradora  mercantil  de  Madrid,  previo  d 
consiguiente examen y calificación. de conformidad con los artículos 18 del Código de 
Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil y habiéndose dado cumplimiento a 
lo  dispuesto  en  el  artículo  15.2  de  dicho  Reglamento,  ha  resuelto  no  practica–  la 
inscripción solicitada conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos.
Diario/Asiento: 3122/652.
F. presentación: 16/04/2021.
Entrada: 1/2021/57.982,0.
Sociedad: Procor San Ignacio Dos SL.
Autorizante: Juzgado de lo Mercantil N 1.
Protocolo: de 07/04/2021.
Fundamentos de Derecho (defectos).
1.  No es inscribible el nombramiento de liquidador por no estar la sociedad en 
disolución, sino reactivada en virtud de los acuerdos adoptados por la junta general 
de 14 de noviembre de 2019, elevados a público en escritura autorizada por el notario de 
Madrid, don Antonio Peerez [sic] Coca Crespo el 26 de enero de 2021 que en unión de la  s
escritura autorizada por el notario de Las Palmas de Gran Canaria don Pedro Antonio  oe.
ddGeoo nnfe 2zPc.á ehledaEzr 1on C8  de udel leeR E bemlrigazaisasrz ltdreooel   d n8yeo   dA 2feiy0g m2eu1nrea er( iarcnorhitn í dcgeueúl l n2o2 1 0a1 12sd i1eeR  nyRet noMde er)re. ollaa dt ieav uo2t o0ar2 inz1ian, dgdauio np alou rigm aeprl  uang onlataa rciniioós ncdr eoip  crMeióacnud rr3sid.oª,    2021-12746n https://www.
contra acuerdo alguno o situación de concurso.
3.  Además debería constar la parte dispositiva de la resolución correspondiente en 
los términos de los artículos 321 y 322 del Reglamento del Registro Mercantil.
Sin perjuicio de proceder a la subsanación de los defectos anteriores y a obtener la 
inscripción del documento, en relación con la presente calificación: (…)
Madrid, a 23 de abril de 2021 La registradora (firma ilegible)».
III
Contra la anterior nota de calificación, don I. D. L. S. interpuso recurso el día 25 de 
mayo de 2021 en virtud de escrito y en base a las siguientes alegaciones:
«Primera.  Antecedentes de hecho; liquidación de la sociedad; legitimación activa 
del recurrente.
La entidad mercantil “Procor San Ignacio Dos, SL en liquidación” titular del C.I.F. 
núm. (…), fue constituida mediante escritura pública autorizada el día 28 de septiembre 
de  2000  por  el  Notario  de  las  Palmas  don  Francisco  Barrios  Fernández  bajo  el 
número 3.276 de su Protocolo Notarial. Figura inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, Hoja M-718174, Tomo 40440, Folio 19.
En Junta general de socios celebrada el día 23 de marzo de 2015 se acordó la 
disolución de la sociedad, que a partir de ese momento pasó a denominarse “Procor San 
Ignacio Dos, SL en liquidación”, procediéndose en dicho acto al nombramiento de cuatro 
liquidadores mancomunados, de los cuales uno cesó el 28 de abril de 2016, y otro el 19 
de julio de 2016.
El día 30 de enero de 2019 el Juzgado Mercantil N.º 1 de Las Palmas dictó decreto 
en los autos de Jurisdicción Voluntaria n.º 145/2018, promovidos a instancias del socio 
ahora recurrente, don I. D. L. S. acordando el cese y revocación del cargo de los 
liquidadores, decretando igualmente el nombramiento de nuevo liquidador conforme al 
tumo correspondiente del listado de titulados mercantiles y empresariales, librándose el 
correspondiente mandamiento al Colegio de Economistas.
Posteriormente el Juzgado de lo Mercantil N.º1 de Las Palmas, con fecha 18 de julio 
de  2019  dictó  auto  confirmando  en  su  integridad  el  anterior  Decreto,  es  decir, 
confirmando el cese y revocación del cargo de los liquidadores.
El citado Auto de 18 de julio de 2019 fue posteriormente confirmado por la Sección 
Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en virtud de Auto dictado el 12 de 
febrero de 2021. recaído en el Rollo de Apelación número 1903/2019.
Hemos de precisar aquí que con arreglo al artículo 20 de la Ley de Jurisdicción 
Voluntaria el cese efectivo e inmediato de los liquidadores se produjo desde el 18 de julio 
de 2019 (fecha del Auto apelado), toda vez que con arreglo al precepto citado dicho 
recurso carece de efectos suspensivos y no enerva la eficacia y ejecutividad del Auto 
recurrido (…)
Segunda.  Improcedencia de la calificación.
La Registradora Mercantil, en su calificación del mandamiento librado por el Juzgado 
de lo Mercantil número 1 de Las Palmas en el que requiere al Registro Mercantil de 
Madrid a efectos de que proceda a la inscripción del nombramiento del liquidador de la 
entidad “Procor San Ignacio Dos. S.L. en liquidación” judicialmente nombrado manifiesta 
que:
“1.  No es inscribible el nombramiento de liquidador por no estar la sociedad en  e.
disolución, sino reactivada en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General  w.b
de 14 de noviembre de 2019, elevados a público en escritura autorizada por el Notario  746ww
deesc Mritaudrari da udtoonri zAandtao npioo rP eél reNzo tCaoricoa d Ce rLeasps oP eall m26a sd dee e nGerraon  dCea 2n0a2ri1a  qduoen  ePne durnoi óAnn dtoen iloa 
dGoonn zPáeledzro C duel eEblrizaasl deel  y8  Adyem eenreicrho  edle 2 12 0d2e1  eyn edreo  ldae a 2u0to2r1iz daidoa l upgoarr  eal  lNa ointasrciori pdceió nM 3aad rdide, 
fecha 18 de marzo de 2021.
2.  En el Registro no figura ningún asiento relativo a ninguna impugnación o recurso 
contra acuerdo alguno o situación de concurso.
3.  Además debería constar la parte dispositiva de la resolución correspondiente en 
los términos de los artículos 321 y 322 del Reglamento del Registro Mercantil”.
Hemos de partir aquí de la base de que tras el Auto dictado el 18 de julio de 2019 por 
el  Juzgado  Mercantil  en  los  autos  de  Jurisdicción  Voluntaria,  n.º  145/2018  los 
liquidadores cesados carecían de facultades para convocar una Junta dirigida a la 
reactivación de la sociedad, de tal forma que, constando en el Registro Mercantil su 
cargo de liquidadores, no cabe la inscripción de acuerdo alguno sin que el propio 
Registro analice la legitimación de los mismos para adoptar los citados acuerdos.
El citado análisis es obviado por la Registradora Mercantil en tanto alude en su 
calificación a “los acuerdos adoptados por la Junta General de 14 de noviembre de 2019, 
elevados a público en escritura autorizada por el Notario de Madrid don Antonio Pérez 
Coca Crespo el 26 de enero de 2021” pero obviando que en el folio 7 de la citada 
escritura  se  afirma  que  “su  convocatoria  se  realizó  mediante  determinadas  cartas 
certificadas y que se celebró en Madrid, en la calle (…), el día catorce de noviembre de 
dos mil diecinueve, según resulta, todo ello, del acta autorizada por el notario don 
Antonio Luis Reina Gutiérrez, el día catorce de noviembre de dos mil diecinueve, con el 
número 9461 de protocolo.”
Es decir, parece remitirse a una escritura pública que remite a otra escritura en la que 
se recogen los requisitos de la convocatoria y que deben ser objeto de calificación y que 
no han sido calificados por el Registro Mercantil (…)
Se da aquí por reproducida la abundante cita de resoluciones emanadas de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado relacionadas en la Resolución dictada 
por la Dirección. General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de fecha 16 de junio 
de 2020, y a cuyo tenor:
“Como pone de relieve la resolución de esta Dirección de fecha 18 de abril de 2012 
(dictada en recurso contra la calificación de un registrador mercantil), es criterio reiterado 
que  el  registrador  Mercantil  debe  calificar  todos  los  extremos  concernientes  a  la 
celebración de una junta general que redunden en la validez de la misma. Así ocurre, a 
modo  de  ejemplo,  con  los  requisitos  de  la  convocatoria  (Resolución  9  de  febrero 
de 2012), persona legitimada para convocarla (Resoluciones de 11 de marzo y 6 de abril 
de 1999 y 24 de enero de 2001), cómputo del plazo de celebración (Resoluciones de 10 
de julio y de noviembre de 1995, 15 de julio de 1998, y 9 y 10 de febrero de 1999) lugar 
de celebración (Resoluciones de 1 de diciembre de 1994, 18 de febrero de 1998 y 2 de 
octubre de 2003), quórum de asistencia (Resoluciones de 2 de febrero 1957 y 19 de 
mayo de 2006), representación de los asistentes (Resoluciones de 7 de febrero 1996 y 5 
de marzo 1997), validez de los acuerdos (Resoluciones de 7 de febrero 1996 y 5 de 
marzo 1997), representación de los asistentes (Resoluciones de 7 de febrero 1996 y 5 
de marzo 1997) y aprobación del acta (Resoluciones de 30 de septiembre de 2000 y 10 
de  octubre  de  2005).  Si  como  consecuencia  del  incumplimiento  de  los  requisitos 
legalmente establecidos la convocatoria de la junta o los acuerdos en ella alcanzados 
resultaran viciados de nulidad el registrador está obligado a rechazar la inscripción 
solicitada.
Es decir en el Registro Mercantil consta tanto que estamos ante una sociedad 
disuelta como que se trata de una sociedad en liquidación con unos liquidadores cuyos 
cargos constan igualmente inscritos, de ahí que es el propio Registro Mercantil el que  e
debe adoptar las cautelas necesarias para denegar la inscripción de acuerdos nulos o  bo
para hacer derivar efectos de los citados actos nulos (lo que es nulo no produce efecto  746ww
naolg ufingou)r,a  rneisnugltúann daosi ednetlo t ordeola tiimvop rao cneindgeunntea  liam mpuagnnifaecsitóanc ioó nr erceulartsivoa c oan qtruae  a“cEune erdl oR aelggiustnroo 
oq uséit uimacpiuógnn daec ióconn dceu rascou”e (r¿d?o)s ¿, sAi  qeus ée ls pitruoapciioó nR edgei sctoron ceul rqsuoe s neo r ehfaie crea lliafic caadloifi caaúcnió enl ?a c¿tAa 
notarial de la Junta General celebrada el 14 de noviembre de 2019 autorizada por el
Notario  de  Madrid  don  Antonio  Luis  Reina  Gutiérrez  bajo  el  número  9.861  de  su 
Protocolo?
De ahí que no proceda calificar negativamente un mandamiento judicial (los asientos 
del registro están bajo la salvaguardia de los Tribunales) sobre la base de que los 
liquidadores  cesados  han  procedido  a  convocar  una  Junta  General  cuya  acta,  y 
acuerdos no han sido objeto aún de calificación, debiendo operar en su caso de oficio su 
obligación dé rectificación.
Recalcar en este punto que la junta general convocada por los liquidadores cesados 
y celebrada el día 14 de noviembre de 2019, fue protocolizada por el Notario de Madrid 
don Antonio Luis Reina Gutiérrez (…), y que a dicha escritura se remite la autorizada por 
el Notario de Madrid don Antonio Pérez Coca Crespo de 26 de enero de 2021 (…) a la 
que alude la calificación registral.
Basta en este sentido con una simple lectura de la escritura autorizada por el Notario 
de Madrid don Antonio Luis Reina Gutiérrez para acreditar la falta de legitimación para 
convocar de los liquidadores cesados, constando incorporados al acta notarial de la 
indicada Junta tanto el Decreto de 30 de enero de 2019 (folios 81 a 84) como el Auto de 
fecha 18 de julio de 2019 (folios 85 a 87) por el que el Juzgado confirmó el cese de los 
liquidadores, como la impugnación de la válida constitución de la Junta por parte de 
algunos de los socios por carecer los liquidadores de legitimación para convocar.
Tercera.  Vulneración de la doctrina emanada de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública.
Hemos de partir aquí del carácter vinculante de las resoluciones de la DGRN (hoy, 
DGSJFP) para todos los Registradores, de tal forma que una vez publicada en el 'Boletín 
Oficial del Estado” la resolución expresa por la que se estime el recurso, tendrá carácter 
vinculante  para  todos  los  registradores  mientras  no  se  anule  por  los  Tribunales 
(artículo 327.10 de la Ley Hipotecaria).
Sobre esta base, resulta esencial en el presente recurso el análisis exhaustivo de la 
Resolución dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Publica de 16 de 
junio de 2020, dictada en el expediente 28/2020 seguido –a instancias de “Procor San 
Ignacio Uno, S.L. en liquidación”, resolución que contempla un supuesto idéntico al 
presente (…) y cuyo Fundamento Jurídico Tercero es del siguiente tenor literal:
“Ciñéndonos a los requisitos de convocatoria, y como afirma la resolución de 6 de 
febrero de 2015 (en sede de recurso contra un registrador mercantil), la valida de los 
acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de sus competencias 
está condicionada no sólo a que lo hayan sido por la mayoría legal o estatutariamente 
exigible, sino, como requisito previo, a la válida constitución de la propia junta, lo que 
exige su previa convocatoria (cfr. artículo 174 de la Ley de Sociedades de Capital).
En este sentido y como afirmara la resolución de 14 de septiembre de 2015, la 
facultad de convocatoria de la junta general está reservada legalmente al órgano de 
administración con carácter exclusivo, según el artículo 166 de la Ley de Sociedades de 
Capital, al margen de supuestos singulares como el relativo a la sociedad en fase de 
liquidación  –como  resulta  del  mismo  precepto  legal–,  el  de  convocatoria  judicial 
(artículos 169 y 171, párrafo primero, de la Ley de Sociedades de Capital) o el de órgano 
de administración incompleto y con objetivo limitado (como dispone el párrafo segundo 
del artículo 171 de la misma Ley).
Si la convocatoria en debida forma es presupuesto de la válida constitución de la 
junta general. la falta de competencia de quien haya realizado aquélla determinará la 
invalidez de la reunión y la ineficacia de sus acuerdos. e.
En el supuesto de que hecho que da lugar a la presente resolución, consta del  w.b
expediente, y los recurrentes no lo discuten, que los liquidadores convocantes de la junta  746ww
lgae nceornavlo ecna tloar iqau eco smeo a ccoorndsóe clau erenacciati vdaecli ódne cdree tloa  sdoec ifeedcahda  e1s0t adbea nd icceiesmadbores  adle t i2e0m1p8o  ddeel 
rJeuvzigsiaódno p odre  ello a uMtoe r6c5a/n2t0il1 n9. ºd e2 f edceh aL a1s9  dPea lmmaarsz oe dne  lo2s0 1a9u dtoesl  m1i7s5m/2o0 j1u8zg caodnof.irmado en
La consecuencia ineludible es que la convocatoria de la junta general ha sido llevada 
a cabo por personas incompetentes lo que determina su invalidez, así como la de los 
acuerdos en ella adoptados.
Estamos pues ante dos supuestos idénticos, ante dos sociedades idénticas, con 
unos mismos liquidadores, con un mismo domicilio social, ante unas mismas juntas 
celebradas el mismo día y ante el mismo Notario, y ante unos acuerdos cuya ineficacia 
ha sido confirmada por la propia Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública.
Cuarta.  Vulneración del principio de uniformidad en la calificación.
Tal como señala el artículo 60 del Reglamento del Registro Mercantil, “Si un Registro 
Mercantil estuviese a cargo de dos o más Registradores, se procurará, en lo posible, la 
uniformidad de los criterios de calificación”
Citar aquí, por su elocuencia gráfica, la calificación emitida el 25 de febrero de 2020 
por el Registrador Mercantil de Madrid don Juan Sarmiento Ramos en el expediente 
número 71/20 en relación con la entidad “Procor San Ignacio Uno, S.L. en Liquidación” 
(…) y a cuyo tenor:
“El auto dictado por el Juez Mercantil es plenamente eficaz aun cuando pueda ser 
susceptible de apelación, pues dicho recurso, como señala el artículo 20 de la Ley de 
Jurisdicción Voluntaria, no tiene efectos suspensivos, a no haber disposición específica 
dentro de la regulación de los expedientes de jurisdicción voluntaria contemplados en los 
artículos 120 y ss. de dicha Ley que altere lo previsto en el artículo 20 in fine.
Considerando  que  el  cese  como  liquidadores  es  plenamente  eficaz  desde  el 
momento en que se produce, por más que no se haya inscrito aún en el Registro (cfr. 
Arts, 214, 223 y 275 LSC). Sin que la presunción derivada de la inscripción, conforme al 
artículo 20 del C de C. pueda en este caso llevar a ignorar la eficacia de las resoluciones 
judiciales referidas.
Considerando que esa eficacia inmediata del decreto y auto antes referidos implica 
que los liquidadores han perdido toda legitimación para actuar en nombre de la sociedad, 
y por tanto, también para convocar la junta que acuerda la reactivación, tal como se 
desprende del artículo 166 de la LSC”.
La  prevalencia  pues  del  mandamiento  judicial  en  orden  a  la  inscripción  del 
nombramiento del liquidador judicialmente nombrado resulta pues incuestionable, toda 
vez que es el Registro Mercantil el que debe velar por la seguridad jurídica, denegando o 
en su caso rectificando los posibles defectos dimanantes de la errónea calificación de 
títulos nulos que, en ningún caso pueden tener prevalencia sobre las resoluciones 
judiciales.
Quinta.  Prevalencia del mandamiento de inscripción del liquidador judicial sobre la 
reactivación societaria.
La prevalencia del mandamiento judicial sobre la calificación del Registro Mercantil 
resulta manifiesta no sólo desde un punto de vista registral y mercantil sino también 
desde un punto de vista procesal.
Así lo previene expresamente el Auto dictado el 12 de febrero de 2021 por la Sección 
Cuarta  de  la  Audiencia  Provincial  de  Las  Palmas  en  el  Rollo  de  Apelación 
número 1903/2019 (…), auto que confirma el dictado el 18 de julio de 2019 por el 
Juzgado Mercantil en los autos de Jurisdicción Voluntaria n.º 145/2018 de los que 
dimana el mandamiento objeto de calificación.
En dicho Auto la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial desestimó la solicitud de 
terminación del procedimiento por carencia sobrevenida de objeto que había solicitado  e
“Procor San Ignacio Dos, S.L. en liquidación” al amparo de la supuesta reactivación de la  bo
sociedad tras la celebración de la Junta General Extraordinaria de 14 de noviembre  746ww
de 2“0R1e9c,h daezsaemsotims alac iócna rqeunec iad escolabrróe veenn liodsa  edneé rogbicjoesto y,  rpouteusntdoo sq utéer mlain roesa scitgivuaiecinótne sd:e la
sociedad es un acuerdo posterior a la decisión que aquí estudiamos. Recordemos que
“en nuestro sistema, la litispendencia provoca la perpetuado facti (perpetuación del
hecho  o  estado  de  las  cosas),  la  perpetuado  iurisdictionis  (perpetuación  de  la 
jurisdicción), la perpetuado legitimationis (perpetuación de la legitimación), la perpetuado 
obiectus (perpetuación del objeto), la perpetuado valoris (perpetuación del valor) y la 
perpetuado iuris (perpetuación del derecho), de tal forma que, como regla, la decisión del 
tribunal debe referirse a la situación de hecho y de derecho existente en el momento de 
interposición de la demanda, en el supuesto de que la misma fuese admitida.”, Sentencia 
del Tribunal Supremo de 9-5-2013, n.º241/2013, rec. 485/2012.”
La prevalencia del mandamiento judicial en orden a su inscripción en el Registro 
Mercantil  resulta  pues  incuestionable,  no  pudiendo  afectar  a  la  ejecutividad  de  las 
resoluciones  judiciales  recaídas  en  el  procedimiento  judicial  unos  acuerdos  nulos, 
tenidos en cuenta en el propio procedimiento, y calificados como ineficaces por la propia 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Publica.
Sexta.  Inadmisibilidad de la cita de los artículos 321 y 322 del Reglamento del 
Registro Mercantil.
La calificación recurrida parte de un supuesto de hecho distinto de la hipótesis 
normativa en que tiene alojamiento el presente caso, en el que no estamos ante ningún 
concurso de acreedores, ni ante ninguna sociedad concursada en fase de liquidación. 
Lejos de ello, en el presente caso estamos ante una sociedad disuelta por la voluntad 
unánime de todos los socios expresada en un acuerdo adoptado en Junta General 
debidamente inscrito en el Registro Mercantil, y ante unos liquidadores designados en 
virtud de acuerdos igualmente inscritos cuyos cargos caducaron y que consecuencia de 
la citada caducidad fueron cesados y removidos en virtud de resolución judicial.
Es decir, no existe ninguna sociedad concursada, como parece desprenderse de la 
calificación,  sino  ante  el  nombramiento  de  un  liquidador  judicial  tras  el  cese  por 
caducidad  de  los  liquidadores  con  cargos  inscritos  y  ante  un  mandamiento  judicial 
requiriendo al Registro Mercantil para que proceda a la inscripción del nuevo liquidador 
designado en el seno del procedimiento.
Es precisamente el cese o remoción judicial de los anteriores liquidadores el que 
provoca la ineficacia de los acuerdos de reactivación adoptados en Junta convocada por 
los mismos.
Resulta pues del todo improcedente la cita de los artículos 321 y 322 del Reglamento 
del Registro Mercantil, en tanto incluidos en la Sección Primera (“De la inscripción de las 
situaciones concúrsales y de su publicidad”) del Capítulo XIII (“De la inscripción de ¡as 
situaciones  concúrsales  y  de  otras  medidas  de  intervención  “)  del  Título  II  del 
Reglamento del Registro Mercantil y redactados de conformidad con el apartado seis del 
artículo 10 del Real Decreto 685/2005, de 10 de junio, sobre publicidad de resoluciones 
concursales y por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por 
el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, en materia de publicidad registral de las 
resoluciones concursales».
IV
La registradora Mercantil emitió informe el día 14 de junio de 2021, confirmó la nota 
de calificación y elevó el expediente a este Centro Directivo. Conforme a la Resolución-
Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 16 de noviembre 
de 2017, en cumplimiento a la obligación legal prevista en los artículos 18 del Código de 
Comercio y 15 del Reglamento del Registro Mercantil, se dio trasladado el contenido del 
recurso a todos los registradores, sin que ninguno haya considerado procedente la  e.e
rectificación de la calificación practicada. b
Fundamentos de Derecho
y lasV iRsteosso llousc iaorntíecsu ldoes  1la  dDei rleac Lceióyn H Gipeonteecraalr idae;  1l1o sd eRle Rgeisgtrlaoms eyn dtoe ld Nelo Rtaerigaidstor o1 M0 eyr c1a1n dtiel, 
noviembre de 1999, 18 de octubre de 2007, 18 de enero y 26 de octubre de 2012, 18 de
enero de 2013, 10, 11 y 17 de febrero, 13 de marzo, 19 de mayo, 1 de agosto, 26 de 
septiembre, 14 de octubre, 24 de noviembre y 17 de diciembre de 2014, 19 de enero, 27 
de junio, 2 de julio y 13 de septiembre de 2015, 28 de enero y 19 de septiembre de 2016 
y 31 de marzo de 2017.
1.  Se trata de una sociedad que estuvo en disolución, pero que ha sido reactivada 
en virtud de acuerdos adoptados por la junta general de la compañía, habiendo sido 
inscrita  en  el  Registro  Mercantil  la  reactivación.  Se  presenta  ahora  mandamiento 
ordenando la inscripción del nombramiento de un liquidador nombrado judicialmente.
La registradora deniega la inscripción por no estar la sociedad en disolución sino 
reactivada. El recurrente entiende que no debió inscribirse la reactivación pues los 
liquidadores de la sociedad habían perdido toda legitimación para actuar en nombre de 
la sociedad, y, por tanto, también para convocar la junta que acordó la reactivación. 
Entiende que la convocatoria de la junta general ha sido llevada a cabo por personas 
incompetentes lo que determina su invalidez, así como la de los acuerdos en ella 
adoptados.
2.  Es doctrina consolidada de esta Dirección General (véase Resoluciones citadas 
en los «Vistos») que el artículo 326 de la Ley Hipotecaria establece que el recurso debe 
recaer exclusivamente sobre cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con 
la calificación del registrador, y el artículo 1 de la citada ley determina que los asientos 
del Registro están bajo la salvaguardia de los tribunales y que sólo puede ser objeto de 
recurso la nota de calificación negativa de los registradores, pero no los asientos ya 
practicados.
En efecto, de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 1 de la 
Ley Hipotecaria, los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los tribunales, 
por lo que sólo dichos tribunales pueden declarar la nulidad de un asiento. Y no sólo ello 
es así, sino que, además, debe ser en procedimiento dirigido contra todos aquellos a 
quienes tal asiento conceda algún derecho (artículo 40 in fine de la Ley Hipotecaria).
En el mismo sentido, el artículo 7.1 del Reglamento del Registro Mercantil, en 
concordancia con el artículo 20.1 del Código de Comercio, dispone que «el contenido del 
Registro  se  presume  exacto  y  válido.  Los  asientos  del  Registro  están  bajo  la 
salvaguardia de los Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la 
declaración judicial de su inexactitud o nulidad».
3.  Así este Centro Directivo ha declarado con anterioridad que el recurso contra la 
calificación registral es el cauce legalmente arbitrado para impugnar la negativa de los 
registradores a practicar, en todo o parte, el asiento solicitado (cfr. artículos 66 y 324 de 
la  Ley  Hipotecaria)  y  tiene  por  objeto,  exclusivamente,  determinar  si  la  calificación 
negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene por objeto cualquier otra pretensión de la 
parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o nulidad del título ya 
inscrito, ni de la procedencia o improcedencia de la práctica, ya efectuada, de los 
asientos registrales, cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha 
practicado es una cancelación; cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los 
tribunales. No cabe instar recurso alguno frente a la calificación positiva del registrador 
por la que se extiende el correspondiente asiento. Por ello, admitirse por esta Dirección 
General la anulación de un asiento, sería lo mismo que admitir el recurso contra una 
inscripción realizada.
4.  Tiene razón el recurrente cuando afirma que de haberse producido el cese o 
remoción  judicial  de  los  anteriores  liquidadores  se  provocaría  la  ineficacia  de  los 
acuerdos de reactivación adoptados en Junta convocada por los mismos. Pero estando  e.
inscrita en el Registro Mercantil y en consecuencia bajo la salvaguardia de los tribunales  w.b
la reactivación de la sociedad, no puede ahora ponerse en entredicho la validez de la  746ww
mism5.a . Por ende, no estando registralmente la sociedad en situación de disolución y
liinqsucidripacciióónn ,( anrotí cpurloo c1e1d dee ll aR eingslacmripecnitóon d edle Rl engoimstrbor aMmeiercnaton tild).e liquidador presentado a
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 15 de julio de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.