BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71  Miércoles 24 de marzo de 2021  Sec. I.   Pág. 33597
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE JUSTICIA
4568 Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto 
General de la Abogacía Española.
Muchos y trascendentales han sido los cambios normativos que la sociedad española 
ha experimentado desde que el 22 de junio de 2001 se dictara el Real Decreto por el que 
se aprobó el, hasta ahora vigente, Estatuto General de la Abogacía Española.
Consciente de esta circunstancia, y a fin de adaptar las normas colegiales de la 
Abogacía Española a los cambios normativos operados desde el anterior Estatuto 
General, se hace necesaria la aprobación de uno nuevo, que tenga en cuenta, entre 
otros, los cambios operados en el marco regulador de los Colegios Profesionales por la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, incorporada al Derecho Interno a 
través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de 
servicios y a su ejercicio, y de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio.
La Abogacía, es una profesión multisecular, dedicada a la defensa de los derechos e 
intereses jurídicos de los ciudadanos, cuya evolución discurre en paralelo a la del 
reforzamiento de los derechos y libertades, con el enorme salto cualitativo que supuso la 
Constitución de 1978. Su íntima conexión con la libertad y el derecho de defensa en 
nuestra Constitución así lo atestiguan; como también lo hace la labor de servicio público 
que toda la organización colegial y los profesionales de la Abogacía cumplen en el sistema 
de asistencia jurídica gratuita que, partiendo del artículo 119 de la Constitución, regulan la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y sus normas de desarrollo. 
La Abogacía es pieza esencial en el funcionamiento de uno de los poderes del Estado 
–el Poder Judicial– y en la satisfacción del derecho fundamental a obtener tutela judicial 
efectiva, lo que acredita la relevancia constitucional de los intereses públicos involucrados 
en su ejercicio.
Pero también el Estatuto ha de recoger los aspectos esenciales de esta comunidad 
profesional, como así mismo a los derivados de la estricta y singular relación entre el 
abogado y su patrocinado.
Con esta perspectiva general se abordan la adecuación del texto al actual marco 
normativo, fuertemente influido por las disposiciones comunitarias y las vigentes reglas del 
mercado y la competencia, antes citadas; la adaptación al nuevo marco competencial, 
habida cuenta de las competencias recogidas en los Estatutos de Autonomía y, finalmente, 
la modernización de sus figuras e instituciones, así como de la propia estructura colegial y 
sus formas de relacionarse con los colegiados y aquellos que demandan la prestación de 
los servicios de asesoría jurídica y defensa en general.
Destaca en este esfuerzo de innovación y actualización la asunción como normativos 
de postulados propios de la deontología profesional, con una formulación acorde con la 
realidad social y anclada en las máximas irrenunciables de independencia, dignidad e 
integridad del abogado. La colegiación se regula de forma unitaria abordando, entre otros,  s
aquellos aspectos reservados por la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las  oe.
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. Asimismo se acometen, desde  w.
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reconoce el derecho de estos a una información adecuada, en un notable ejercicio de
transparencia, y la garantía de un servicio de atención a consumidores y usuarios. En
cuanto al modo de ejercicio de la profesión se aborda tanto en forma societaria como no 
societaria, con disposiciones específicas respecto de las sociedades profesionales y 
multidisciplinares.
Se cuidan además aspectos tan relevantes como el fomento de la formación y 
especialización, o la promoción de medidas tendentes tanto a la conciliación de la vida 
familiar y laboral como a la necesidad de avanzar, en sus instituciones, en la igualdad 
entre mujeres y hombres.
Organizativamente se apuesta por la modernización en todos los órdenes, 
comenzando con el uso de las nuevas tecnologías, en un proceso de concurrencia con 
los avances en la digitalización de la justicia. El gobierno de los Colegios queda sometido 
a los principios de democracia, autonomía y transparencia y su organización se proyecta 
de forma respetuosa con el orden constitucional de reparto de competencias, en todo 
caso, bajo el amparo del Consejo General de la Abogacía Española, que integrando a 
todos los Colegios de Abogados de España, tiene la misión de coordinarlos, representarlos 
y defender con ellos los intereses de la Abogacía, en todos los órdenes y ante todas las 
instituciones.
Este real decreto se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia, en tanto que el mismo persigue un interés general al 
dotar de una regulación actualizada a la Abogacía Española, y cumple estrictamente el 
mandato establecido en el artículo 129 de la Ley, no existiendo ninguna alternativa 
regulatoria menos restrictiva de derechos.
El real decreto se dicta en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases del 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
La aprobación de estos Estatutos corresponde al Gobierno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales, modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de marzo 
de 2021,
DISPONGO:
Artículo único.  Aprobación del Estatuto General de la Abogacía Española.
Se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, cuyo texto se inserta a 
continuación.
Disposición adicional única.  Cuota de ingreso.
En aplicación de lo establecido en el artículo 6.3.f) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, 
sobre Colegios Profesionales, y en el artículo 9.1.d) del Estatuto General que se aprueba 
por virtud de este real decreto, los Colegios, en el procedimiento de colegiación, deberán 
diferenciar con claridad entre el coste de la cuota de ingreso y el coste de los servicios que 
presta el Colegio a sus colegiados.
Disposición transitoria primera.  Legislación aplicable. e.e
1.  Las infracciones cometidas hasta el día de la entrada en vigor de este real  68ww
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vigor. Si se decidiese la aplicación de la norma más favorable, se dará conocimiento de 
ello al interesado, mediante comunicación del órgano instructor o mediante audiencia 
concedida al efecto.
2.  Para la determinación de cuál sea la norma más favorable se tendrá en cuenta la 
sanción que correspondería imponer al hecho investigado.
Disposición transitoria segunda.  Procedimientos disciplinarios en curso.
1.  Los procedimientos disciplinarios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor 
del presente real decreto, se resolverán de acuerdo con la normativa anterior.
2.  A tal efecto, los procedimientos disciplinarios se considerarán iniciados cuando se 
dicte acuerdo de iniciación por el órgano competente, sin que tengan la consideración de 
acuerdo de iniciación los períodos de información previa.
Disposición transitoria tercera.  Situaciones y derechos adquiridos.
Las situaciones creadas y los derechos adquiridos con arreglo al régimen anteriormente 
en vigor serán respetados.
Disposición transitoria cuarta.  Nombramientos en vigor.
Quienes, a la entrada en vigor del presente Estatuto General de la Abogacía Española, 
ostenten la condición de Consejero del Pleno del Consejo General de la Abogacía 
Española continuarán en el desempeño de su cargo por el tiempo que reste de mandato, 
sin que les sea de aplicación la limitación temporal establecida en el artículo 99.2 del 
Estatuto General que ahora se aprueba.
A la expiración del mandato vigente, podrán concurrir a una nueva elección, 
aplicándose en caso de resultar elegidos el período de duración establecido en el 
artículo 99.2 antes citado.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el 
Estatuto General de la Abogacía.
Disposición final primera.  Título competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de 
la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases del 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
Disposición final segunda.  Salvaguarda de competencias autonómicas.
La regulación contenida en el Estatuto General aprobado mediante este real decreto 
se entenderá sin perjuicio de la que, al amparo de sus competencias en la materia, 
aprueben las comunidades autónomas para los Colegios y Consejos que se constituyan 
en sus respectivos ámbitos territoriales.
Disposición final tercera.  Revisión y adaptación de normativa.
1.  El Consejo General de la Abogacía Española, en el plazo de un año desde la  e.
entrada en vigor de este real decreto, aprobará o modificará su propio Reglamento de  w.b
régimen interior para adaptarlo a sus previsiones. 68ww
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aprueba por virtud de este real decreto, y remitiéndose al Consejo General para su
preceptiva aprobación. Las normas deontológicas aprobadas por el Consejo General de la 
Abogacía Española prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las que contengan los 
Estatutos colegiales.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el 1 de julio de 2021.
Dado en Madrid, el 2 de marzo de 2021.
FELIPE R.
El Ministro de Justicia,
JUAN CARLOS CAMPO MORENO
ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
TÍTULO PRELIMINAR
La Abogacía y sus principios rectores
Artículo 1.  La Abogacía y sus principios rectores.
1.  La Abogacía es una profesión libre e independiente, que asegura la efectividad del 
derecho fundamental de defensa y asistencia letrada y se constituye en garantía de los 
derechos y libertades de las personas. Los profesionales de la Abogacía deben velar 
siempre por los intereses de aquellos cuyos derechos y libertades defienden con respeto a 
los principios del Estado social y democrático de Derecho constitucionalmente establecido.
2.  La profesión de la Abogacía se ejerce en régimen de libre y leal competencia. Su 
contenido consiste en la actividad de asesoramiento, consejo y defensa de derechos e 
intereses públicos y privados, mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídicas, en 
orden a la concordia, a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales.
3.  Son principios rectores y valores superiores del ejercicio de la Abogacía los de 
independencia, libertad, dignidad e integridad, así como el respeto del secreto profesional.
4.  Los profesionales de la Abogacía deben ser personas de reconocida honorabilidad 
y, en consecuencia, han de observar una trayectoria de respeto a las leyes, a los principios 
rectores y valores superiores de la Abogacía, a las normas deontológicas y a las buenas 
prácticas profesionales.
5.  En el Estado social y democrático de Derecho, los profesionales de la Abogacía 
desempeñan una función esencial y sirven los intereses de la Justicia, mediante el 
asesoramiento jurídico y la defensa de los derechos y libertades públicas.
6.  La Abogacía española proclama su especial compromiso con el reconocimiento y 
la defensa de los derechos humanos.
Artículo 2.  Organización colegial de la Abogacía.
La organización colegial de la Abogacía se integra por el Consejo General de la 
Abogacía Española, los Consejos Autonómicos y los Colegios de la Abogacía. Todas estas 
Corporaciones de Derecho público se someterán en su actuación y funcionamiento a los 
principios democráticos y a las normas estatales y autonómicas dictadas en materia de 
Colegios Profesionales.
Artículo 3.  Tratamiento y honores.
1.  Los Colegios de la Abogacía tendrán su tratamiento tradicional y, en todo caso, el 
de Ilustre y sus Decanos el de Excelentísimo Señor al igual que los Presidentes de 
Consejos de Colegios de la Comunidad Autónoma y los miembros del Consejo General de 
la Abogacía. Tanto dichos tratamientos, como la denominación honorífica de Decano, se 
ostentarán con carácter vitalicio.
2.  Los Decanos de Colegios cuya sede radique en capital de provincia tendrán la 
consideración honorífica de Presidente de Sala del respectivo Tribunal o Audiencia. Los 
Decanos de los demás Colegios tendrán la consideración honorífica de Magistrado o Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad en que el Colegio se halle 
constituido. Estas consideraciones honoríficas no afectarán a la precedencia en los actos  s
que organicen las autoridades judiciales correspondientes. oe.
3.  Los Decanos de los Colegios de la Abogacía y los miembros de los Consejos de  w.
Clcleaovrlgeaográsion, s ev ndu eea luiCldlooiesm neucnnia ids pauúdsb etlsoic gaAa uyst ,óa nacostoím sca ossmo yloe  mdlaensle  Csm oaen dsloaesljlo aq sGu eye  napeslarisactala sdn e.c  Eolarnr  eAtsabploeogsna docicíeaan stEieossnp eaas ñ soluolass    2021-4568n https://ww
demás miembros de la Junta de Gobierno de los Colegios de la Abogacía llevarán sobre
la toga los atributos propios de sus cargos, así como vuelillos en la toga si tradicionalmente  Bc
tuvieren reconocido ese derecho.
TÍTULO I
Los Abogados y Abogadas
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 4.  Los profesionales de la Abogacía.
1.  Son profesionales de la Abogacía quienes, estando en posesión del título oficial 
que habilita para el ejercicio de esta profesión, se encuentran incorporados a un Colegio 
de la Abogacía en calidad de ejercientes y se dedican de forma profesional al 
asesoramiento jurídico, a la solución de disputas y a la defensa de derechos e intereses 
ajenos, tanto públicos como privados, en la vía extrajudicial, judicial o arbitral.
2.  Corresponde en exclusiva la denominación de abogada y abogado a quienes se 
encuentren incorporados a un Colegio de la Abogacía como ejercientes.
Artículo 5.  Ámbito del ejercicio profesional.
1.  El abogado y la abogada podrán ejercer su profesión, en los términos que 
legalmente  se  establezcan, ante  cualquier  clase  de  órganos  jurisdiccionales  y 
administrativos de España, así como ante cualesquiera entidades o personas públicas y 
privadas. También podrá ejercer, conforme a las normas en cada caso aplicables, como 
árbitro, mediador o interviniente en cualesquiera otros métodos alternativos a la jurisdicción 
para la resolución de conflictos o litigios.
2.  También  podrán  ejercer  su  profesión  ante  los  órganos  jurisdiccionales 
internacionales o supranacionales cuyas normas reguladoras lo permitan.
3.  La intervención profesional del abogado o abogada en toda clase de procesos y 
ante cualquier jurisdicción será preceptiva cuando así se disponga por el ordenamiento 
jurídico.
4.  El profesional de la Abogacía podrá ostentar la representación procesal del cliente 
cuando no esté reservada en exclusiva por Ley a otras profesiones.
Artículo 6.  Derecho de defensa y de asistencia por los profesionales de la Abogacía.
1.  La intervención libre e independiente del profesional de la Abogacía es garantía de 
efectividad del derecho fundamental de defensa.
2.  Los Colegios de la Abogacía, los Consejos Autonómicos y el Consejo General de 
la Abogacía Española, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán y 
garantizarán la eficacia y correcto ejercicio del derecho de defensa, removiendo los 
obstáculos que dificulten la intervención libre e independiente del profesional de la 
Abogacía.
En consecuencia, ampararán al profesional de la Abogacía cuando sea inquietado, 
perturbado o presionado en el ejercicio de su función, asegurando que se guíe 
exclusivamente por criterios técnicos y profesionales para la mejor defensa de su cliente y 
en garantía de su derecho constitucional de defensa y de la realización de la justicia.
3.  Los Colegios de la Abogacía velarán por que toda persona tenga acceso a la 
obtención de asesoramiento jurídico, a la Justicia y disponga de la asistencia de un 
profesional de la Abogacía para la defensa de sus derechos e intereses legítimos, incluso  e.
auxiliándole para que designe profesional de la Abogacía de su elección o de oficio, con o  w.b
sin reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita. 68ww
impe4d. imLeanst ocso drpeo rcaucaiolqnueiesr  ccolalesgei,a lqeuse d see  lao pAobnoggaanc íaa  lvae ilnatreárnv epnocri óqnu ee ns eD ereremcuheov daen  llooss 
perxocfleussiiovindaalde sd ed es ula a Acbtuoagcaiócnía., así como para que se reconozca y respete la integridad y
5.  Los Colegios de la Abogacía, los Consejos Autonómicos y el Consejo General de 
la Abogacía Española ejercitarán cuantas acciones redunden en la protección del derecho 
constitucional de defensa y garanticen el cumplimiento de las normas reguladoras del 
ejercicio de la profesión por los profesionales de la Abogacía.
CAPÍTULO II
Adquisición y pérdida de la condición de colegiado
Artículo 7.  Adquisición de la condición de Abogado colegiado.
1.  El título oficial que habilite para el ejercicio de la profesión de la Abogacía y la 
incorporación al Colegio del domicilio profesional, único o principal, serán requisitos 
imprescindibles para el ejercicio de la Abogacía. Se presumirá como domicilio principal el 
del lugar donde se encuentre el despacho profesional principal o único en territorio español 
o, en su defecto, el de su domicilio personal en España. La colegiación como ejerciente 
habilita para ejercer en todo el territorio del Estado.
2.  La primera incorporación a un Colegio de la Abogacía puede ser:
a)  Como profesional de la Abogacía residente.
b)  Como profesional de la Abogacía inscrito.
3.  Únicamente se podrá estar incorporado como residente a un solo Colegio, y la 
incorporación a otros Colegios distintos del de residencia será libre, pero el solicitante 
deberá acreditar en cada incorporación que figura como profesional de la Abogacía en el 
Colegio de su residencia.
En el supuesto de que por cualquier circunstancia un colegiado causase baja en el 
Colegio de residencia, o no constare esta, se entenderá que le corresponde la condición 
de residente en el Colegio en que estuviera colegiado, y si estuviese en más de uno, en el 
que figure colegiado con más antigüedad.
4.  Lo establecido en el presente artículo en cuanto a la exigencia de que el interesado 
en colegiarse se encuentre en posesión del título oficial que habilite para el ejercicio de la 
profesión, se entenderá sin perjuicio de las excepciones que, para determinados 
funcionarios públicos, contiene la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales en su disposición adicional tercera.
Artículo 8.  Otras categorías de colegiados.
Las personas que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, para acceder a un Colegio de la Abogacía podrán colegiarse en la categoría de 
colegiados no ejercientes.
Se considerará que el colegiado no ejerciente reside en el Colegio de la Abogacía al 
que se adscriba; si estuviera incorporado a varios, se le considerará colegiado en aquel 
que coincida con el del lugar en que tiene su domicilio particular o, en su defecto, en el que 
está colegiado con más antigüedad, salvo indicación en contrario.
Artículo 9.  Requisitos para la colegiación.
1.  Para colegiarse como profesional de la Abogacía deberán cumplirse los siguientes 
requisitos: e
llreaoes  cUtdaoiansbg)iplió eduncoeS esEser tuseorer n mo e yplnaa ea y tancor aocro tred amddedeea oelrt si Edva aaosl  pd esca jooeyc bnritcorevie ecnE ineeocirx oo ptnsnrraa oóicnnfmeijtoeesicnrriíoonaan al Eiardceulia osredonpn paee eElcseotpsso ap o yñad  doñedelalea  d.lt  eoecr rucdemeecr hpoaolsligm  dpúieaen ín lsEoteosss  tdea, exdst iornloa  mpsn ejireerermjuqoibusc riispooia  tddoraees     OE-A-2021-4568able en https://www.
b)  Poseer el título oficial que habilite para el ejercicio de la profesión de la Abogacía, 
salvo las excepciones establecidas en normas con rango de Ley.
c)  Acreditar el conocimiento de la lengua castellana y, en su caso, de lenguas 
cooficiales autonómicas, por cualquier medio válido en derecho, salvo cuando resulte de 
modo fehaciente del cumplimiento del requisito anterior.
d)  Satisfacer la cuota de ingreso, que no podrá superar los costes asociados a la 
tramitación de la inscripción.
e)  Carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejada la imposición 
de penas graves o la inhabilitación para el ejercicio de la Abogacía.
f)  No haber sido condenado por intrusismo en el ejercicio de la abogacía en los tres 
años anteriores mediante resolución firme, salvo que se hubiesen cancelados los 
antecedentes penales derivados de esta condena.
g)  No haber sido sancionado disciplinariamente con la expulsión de un Colegio de la 
Abogacía o, en caso de haber sufrido tal sanción, haber sido rehabilitado, lo que se 
acreditará por medio de certificado expedido por el Consejo General de la Abogacía 
Española.
h)  No estar incurso en causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibición para el 
ejercicio de la Abogacía, lo que se acreditará por medio de certificado expedido por el 
Consejo General de la Abogacía Española.
i)  Formalizar el alta en el Régimen de Seguridad Social que corresponda o, en su 
caso, el ingreso en una mutualidad de previsión social alternativa al Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, de conformidad 
con la legislación vigente.
2.  Para incorporarse como colegiado no ejerciente deberán cumplirse los requisitos 
establecidos en las letras a), b), c), d), e), f) y g) del apartado anterior. Asimismo, deberá 
acreditar no estar incurso en causa de incapacidad o prohibición para el ejercicio de la 
Abogacía en la forma prevista en el apartado h). El colegiado no ejerciente podrá 
incorporarse al Colegio de la Abogacía de su elección; si constase su incorporación a 
varios Colegios de la Abogacía como no ejerciente, se aplicará lo previsto en el párrafo 
segundo del artículo 8.
3.  Las solicitudes de incorporación serán aprobadas, suspendidas o denegadas, 
previas las diligencias e informes que proceda, por la Junta de Gobierno del Colegio 
mediante resolución motivada, no pudiendo denegarlas a quienes reúnan los requisitos 
establecidos en el presente artículo.
La denegación de incorporación como ejerciente adoptada por un Colegio impedirá la 
incorporación a otro cuando se trate de causa insubsanable o que no haya sido 
debidamente subsanada. A estos efectos, las resoluciones denegatorias de incorporación 
se comunicarán al Consejo General de la Abogacía Española para su traslado a todos los 
Colegios de la Abogacía.
4.  En los casos en los que la solicitud de colegiación proceda de persona que haya 
ejercido previamente en otro Estado miembro de la Unión Europea, se procederá de 
acuerdo con en el artículo 77 del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se 
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la 
Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, y el 
Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del 
Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI). s
Las corporaciones integradas en la organización colegial de la abogacía informarán de  e.
las circunstancias que puedan afectar a la capacidad para el ejercicio de la abogacía en  w.
los términos del referido artículo 77. 68ww
Artículo 10.  Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico.
1.  Antes de iniciar su ejercicio profesional, los profesionales de la Abogacía prestarán 
juramento o promesa de acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y de 
cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena 
fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional.
2.  El juramento o promesa será prestado solemnemente ante el Decano del Colegio 
al que el profesional de la Abogacía se incorpore como ejerciente por primera vez o ante 
el miembro de la Junta de Gobierno en quien delegue, con las formas y protocolo que la 
propia Junta establezca. En todo caso, se deberá dejar constancia en el expediente 
personal del colegiado de la prestación del juramento o promesa.
Artículo 11.  Incapacidad para el ejercicio de la Abogacía.
1.  Son causas determinantes de incapacidad para el ejercicio de la Abogacía:
a)  Los impedimentos que, por su naturaleza o intensidad, no permitan el cumplimiento 
de la misión de defensa y asesoramiento que a los profesionales de la Abogacía se 
encomienda.
b)  La inhabilitación o suspensión para el ejercicio de la Abogacía en virtud de 
resolución judicial firme.
c)  Las sanciones disciplinarias firmes que lleven aparejada la suspensión del ejercicio 
profesional o la expulsión de cualquier Colegio de la Abogacía, que tendrá eficacia en todo 
el territorio nacional.
2.  La incapacidad, por cualquiera de las causas anteriores, supondrá el pase 
automático del colegiado a la condición de no ejerciente y desaparecerá cuando cese la 
causa que la hubiera motivado que, en el caso de la sanción de expulsión, incluirá la 
rehabilitación prevista en el artículo 13.
3.  En el caso de haber sido objeto de la sanción disciplinaria de expulsión de 
cualquier Colegio de la Abogacía, la incapacidad no desaparecerá en tanto no medie 
rehabilitación del profesional de la Abogacía en los términos previstos en el presente 
Estatuto.
Artículo 12.  Pérdida de la condición de colegiado.
1.  La condición de colegiado se perderá:
a)  Por fallecimiento.
b)  Por baja voluntaria.
c)  Por la falta de pago de doce mensualidades de la cuota obligatoria, a cuyo pago 
viniera obligado.
d)  Por condena firme que lleve consigo la pena principal o accesoria de inhabilitación 
para el ejercicio de la profesión.
e)  Por sanción de expulsión del Colegio acordada por resolución firme en expediente 
disciplinario.
2.  La pérdida de la condición de colegiado será reconocida en el caso de la letra a) 
del apartado anterior o acordada en resolución motivada para el resto de supuestos, por la  s
Junta de Gobierno del Colegio y, una vez firme, será inmediatamente comunicada al  oe.
Consejo General y, en su caso, al Consejo Autonómico correspondiente. w.
spuusn t3od.se ,r eEccunhm oepsl l ciepanasdgooa d,n edelon p  sláour r aacdfaoes uocd,)  aldodesol   rayep qsauuritssai tdionost e perresimtsaeebsrloe a,c lil dotoisps oc  eolnele ggloaiasl d irnoecssr pepemocdetirnvátonas d roeesh etaanbt uildittooassr    2021-4568n https://ww
colegiales sobre este trámite de rehabilitación.
Artículo 13.  Rehabilitación del profesional de la Abogacía expulsado.
1.  El profesional de la Abogacía sancionado disciplinariamente con la expulsión de 
un Colegio de la Abogacía podrá obtener la rehabilitación para el ejercicio de la profesión 
cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes, sin perjuicio de 
aquellos que adicionalmente puedan prever los Colegios.
2.  La rehabilitación del profesional de la Abogacía expulsado exigirá el transcurso de 
un plazo de cinco años desde que la sanción de expulsión hubiese sido ejecutada y la 
acreditación de haber superado las actividades formativas que en materia de deontología 
profesional establezca cada Colegio con carácter general, así como no haber incurrido en 
causa de indignidad o desprecio de los valores y obligaciones profesionales y 
deontológicas.
3.  La rehabilitación se solicitará a la Junta de Gobierno del Colegio que impuso la 
sanción de expulsión. Para resolver sobre dicha solicitud, se valorarán las siguientes 
circunstancias:
a)  Antecedentes penales posteriores a la sanción de expulsión y sanciones 
disciplinarias previas no ejecutadas.
b)  Trascendencia de los daños y perjuicios derivados de la comisión de la infracción 
sancionada, así como, en su caso, su falta de reparación, atendida la naturaleza de 
aquellos.
c)  Cualquiera otra relativa a su relación con los clientes, los compañeros, las 
autoridades y la organización profesional corporativa que permita apreciar la incidencia de 
la conducta del profesional de la Abogacía sobre su futuro ejercicio de la profesión, para lo 
cual se tendrán en cuenta denuncias o quejas recibidas con posterioridad a la expulsión, 
siempre que no estuvieran prescritos los hechos a que se refieran.
4.  Las resoluciones de los Colegios por las que se deniegue la rehabilitación 
solicitada deberán ser siempre motivadas.
TÍTULO II
Ejercicio de la Abogacía
CAPÍTULO I
Ámbito de actuación
Artículo 14.  Ámbito territorial de actuación de los profesionales de la Abogacía.
1.  El profesional de la Abogacía incorporado a cualquier Colegio de la Abogacía de 
España podrá prestar sus servicios profesionales libremente en todo el territorio del 
Estado, con igualdad de facultades y deberes, así como en el resto de los Estados 
miembros de la Unión Europea y en los demás países con arreglo a las normas, tratados 
o convenios internacionales aplicables. Asimismo, los profesionales de la Abogacía de 
otros países podrán hacerlo en España conforme a la normativa vigente.
2.  Para actuar profesionalmente en el ámbito territorial de cualquier Colegio distinto 
de aquel al que estuviere incorporado, no podrá exigirse al profesional de la Abogacía 
habilitación alguna, ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que 
también se exijan a los propios colegiados por la prestación de servicios de que sean  e.
beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial. w.b
3.  En las actuaciones profesionales que lleve a cabo en el ámbito territorial de otro  68ww
Cnoorlmegaiso  ddeis taincttou aacl iódne,  idnecoornptoolroagcíiaó ny,  erél gpimroefens idoinsacilp dlien alari oA dbeo gaaqcuíae l,e sqtuaerá p sroutjeegtoe raá  lsaus 
lsiboebrrtea dC oele ignidoesp Pernodfeesnicoinaa, lceosn.forme al artículo 3.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero,
Artículo 15.  Acreditación de la condición de Abogado y Abogada.
1.  Los Colegios de la Abogacía comunicarán al Consejo General de la Abogacía 
Española la lista de sus profesionales de la Abogacía, con expresión de las altas y bajas 
producidas. Los Colegios garantizarán que en esa lista consten los datos profesionales de 
los profesionales de la Abogacía, tales como nombre y apellidos, número de colegiación, 
títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de 
habilitación profesional, número de teléfono y dirección de correo electrónico. El Consejo 
General de la Abogacía Española confeccionará con las listas que le remitan los Colegios 
el registro de profesionales colegiados ejercientes previsto en la legislación de Colegios 
Profesionales, o censo nacional de profesionales de la Abogacía, que se publicará en la 
web y en la ventanilla única, con expresión del Colegio en el que aparece como colegiado 
ejerciente residente.
2.  El Secretario del Colegio remitirá anualmente, preferentemente por vía electrónica, 
la lista de los profesionales de la Abogacía incorporados al Colegio a todos los Juzgados 
y Tribunales de su territorio, así como a los Centros Penitenciarios y de Detención. La lista 
se actualizará periódicamente con las altas y bajas. El envío de esta lista podrá sustituirse 
por un acceso directo a la página web en la que figuren los datos debidamente actualizados. 
El hecho de figurar en tal lista servirá de comprobante para el ejercicio de su profesión por 
parte de los profesionales de la abogacía.
3.  El Secretario del Colegio podrá comprobar que los profesionales de la Abogacía 
que intervengan en las actuaciones judiciales figuran incorporados como ejercientes en 
ese Colegio o en otro de España.
4.  Los profesionales de la Abogacía deberán consignar en todas sus actuaciones el 
Colegio al que estuvieren incorporados y el número de colegiado.
Artículo 16.  Servicios jurídicos en línea o a través de internet.
1.  La prestación por parte de un profesional de la Abogacía de asesoramiento jurídico 
en línea o a través de internet constituye una forma de ejercicio de la profesión sometida 
al presente Estatuto General y al resto del ordenamiento jurídico.
2.  La identificación del profesional de la Abogacía que presta el servicio, así como el 
Colegio al que pertenece, deberá ser comunicada al cliente o usuario antes de la prestación 
de servicios y, en todo caso, antes de solicitar el abono de contraprestación alguna.
3.  Cuando un profesional de la Abogacía sea requerido para prestar sus servicios 
profesionales por este medio, deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el 
secreto profesional y obtener del cliente acreditación suficiente de su identidad y la 
restante información que le permita evitar conflictos de intereses y prestar el asesoramiento 
adecuado al solicitante de sus servicios.
4.  Las comunicaciones confidenciales deberán enviarse encriptadas y con firma 
electrónica segura, siempre que las circunstancias del cliente lo permitan.
5.  Los servicios se considerarán prestados en el lugar donde se encuentre la sede 
del Juzgado, en el caso de que se haya realizado una actuación judicial, y en el caso de 
que se esté ante un asesoramiento, en el lugar donde se encuentra colegiado el profesional 
de la abogacía.
Artículo 17.  Intervención profesional obligatoria.
En garantía de la defensa de los derechos y libertades y en cumplimiento de la función  es
social de la Abogacía, los profesionales de la Abogacía deben realizar las intervenciones  o
profesionales que se establezcan por ley. 68www.
CAPÍTULO II
Incompatibilidades
Artículo 18.  Incompatibilidades.
1.  El ejercicio de la Abogacía es incompatible:
a)  Con el desempeño, en cualquier concepto, de cargos, funciones o empleos al 
servicio del Poder Judicial, de las Administraciones estatal, autonómica o local y de las 
Entidades de Derecho Público dependientes o vinculadas a ellas, cuya normativa 
reguladora así lo imponga.
b)  Con la actividad de auditoría de cuentas en los términos legalmente previstos.
c)  Con cualesquiera otras actividades que se declaren incompatibles por norma con 
rango de ley.
2.  Los profesionales de la Abogacía no podrán mantener vínculos asociativos de 
carácter profesional con las personas afectadas por las incompatibilidades mencionadas 
en el apartado anterior, cuando así lo disponga la ley.
3.  El profesional de la Abogacía que incurra en alguna de las causas de 
incompatibilidad deberá de inmediato cesar en el ejercicio de una de las dos actividades 
incompatibles; en el caso de hacerlo en la de la abogacía, deberá formalizar su baja como 
ejerciente en el plazo máximo de quince días, mediante comunicación dirigida a la Junta 
de Gobierno de su Colegio. Si no lo hiciera, la Junta podrá suspenderle cautelarmente en 
el ejercicio de la profesión, pasando automáticamente a la condición de no ejerciente y 
acordando al tiempo incoar el correspondiente expediente disciplinario.
CAPÍTULO III
Publicidad
Artículo 19.  Principio de publicidad libre.
El profesional de la Abogacía podrá realizar libremente publicidad de sus servicios, con 
pleno respeto de la legislación sobre publicidad, defensa de la competencia y competencia 
desleal, así como del presente Estatuto General y de los Códigos deontológicos que 
resulten aplicables.
Artículo 20.  Publicidad.
1.  La publicidad que realicen los profesionales de la Abogacía respetará en todo caso 
la independencia, libertad, dignidad e integridad como principios esenciales y valores 
superiores de la profesión, así como el secreto profesional.
2.  La publicidad no podrá suponer:
a)  La revelación directa o indirecta de hechos, datos o situaciones amparados por el 
secreto profesional.
b)  La incitación genérica o concreta al pleito o conflicto.
c)  La oferta de servicios profesionales, por sí o mediante terceros, a víctimas directas 
o indirectas de accidentes o desgracias, así como de catástrofes, calamidades públicas u  s
otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas, sean o no delito,  e.
en momentos o circunstancias que condicionen la elección libre de profesional de la  w.
Abogacía, y en todo caso hasta transcurridos 45 días desde el hecho, en los mismos  68ww
tdéer mlai nvoícst iqmuae  dseel  edsetlaitbol.ecen en el artículo 8.2 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto
profEessitoan parloehs ibhiacyióan s qiduoe dsoalriác itsaind ae feexcptore esna mele cnates op odre  laq uveíc ltaim pare.stación de estos servicios  BOE-A-cable e
d)  La promesa de obtener resultados que no dependan exclusivamente de la 
actividad del profesional de la Abogacía.
e)  La referencia a clientes del propio profesional de la Abogacía sin su autorización, 
salvo lo previsto en el artículo 54.
f)  La utilización de emblemas o símbolos institucionales o colegiales y de aquéllos 
otros que por su similitud pudieran generar confusión.
g)  La mención de actividades realizadas por el profesional de la Abogacía que sean 
incompatibles con el ejercicio de la Abogacía.
3.  Las menciones que a la especialización en determinadas materias incluyan los 
profesionales de la Abogacía en su publicidad deberán responder a la posesión de títulos 
académicos o profesionales específicos sobre las materias de que se trate, a la superación 
de cursos formativos de especialización profesional oficialmente homologados o a una 
práctica profesional que las avalen.
CAPÍTULO IV
Secreto profesional
Artículo 21.  Secreto profesional.
1.  La confianza y confidencialidad en las relaciones con el cliente imponen al 
profesional de la Abogacía, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, el deber y el derecho de guardar secreto de todos los 
hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación 
profesional, no pudiendo ser obligado a declarar sobre ellos.
2.  Lo previsto en el presente capítulo se entenderá sin perjuicio de lo previsto en 
cada caso por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por las leyes 
procesales y demás legislación aplicable.
Artículo 22.  Ámbito del secreto profesional.
1.  El deber y derecho de secreto profesional del profesional de la Abogacía 
comprende todos los hechos, comunicaciones, datos, informaciones, documentos y 
propuestas que, como profesional de la Abogacía, haya conocido, emitido o recibido en su 
ejercicio profesional.
2.  El secreto profesional no ampara las actuaciones del profesional de la Abogacía 
distintas de las que son propias de su ejercicio profesional y, en especial, las 
comunicaciones, escritos y documentos en que intervenga con mandato representativo de 
su cliente y así lo haga constar expresamente.
3.  Las conversaciones mantenidas por los profesionales de la Abogacía con sus 
clientes, los contrarios o sus profesionales de la Abogacía, de presencia o por cualquier 
medio telefónico o telemático, solo podrán ser grabadas con la previa advertencia y 
conformidad de todos los intervinientes, quedando en todo caso amparadas por el secreto 
profesional. Están igualmente amparadas por el secreto profesional, las grabaciones 
realizadas por el cliente, no conocidas por su profesional de la Abogacía, incluso si éste no 
lo era o no intervino en dicho momento, de conversaciones en que intervenga el profesional 
de la Abogacía de la otra parte.
4.  El profesional de la Abogacía deberá hacer respetar el secreto profesional a sus  s
colaboradores y asociados, así como al personal correspondiente y demás personas que  oe.
cooperen con él en su actividad profesional. w.
la pr56e..s  taEEclli  óAdneb bdoeegr a loddsoe   ssqeeurcevrdiecatioorás p  arreol lfceelviseainodtnoea , dl speine e rqmsuteae n dseeec beee nirnc scuoleubnsrtoere  da leiqmsupietuallédoso  q deuene   hesalo btlioee mra cpfeeocs.taed oo  esen   2021-4568n https://ww
refiera a su cliente, siempre que éste le haya autorizado expresamente.
Artículo 23.  Confidencialidad de las comunicaciones entre los profesionales de la 
Abogacía.
El profesional de la Abogacía no podrá aportar a los Tribunales, ni facilitar a su cliente, 
las cartas, documentos y notas que, como comunicación entre profesionales de la Abogacía, 
mantenga con el profesional de la Abogacía de la otra parte, salvo que este lo autorice 
expresamente. Esta prohibición no alcanzará a las cartas, documentos y notas en que 
intervenga con mandato representativo de su cliente y así lo haga constar expresamente.
Artículo 24.  Entrada y registro en despachos profesionales.
Los Decanos de los Colegios, quienes estatutariamente les sustituyan o quienes para 
tal fin fueran designados por el Decano, asistirán a petición del interesado a la práctica de 
los registros en el despacho profesional de un profesional de la Abogacía y a cuantas 
diligencias de revisión de los documentos, soportes informáticos o archivos intervenidos 
en aquél se practiquen, velando por la salvaguarda del secreto profesional y, especialmente, 
por que el registro así como el resto de las actuaciones, a las que también asistirán, se 
limiten exclusivamente a la investigación del ilícito por razón del cual fueron acordados.
CAPÍTULO V
Honorarios profesionales
Artículo 25.  Derecho al cobro de honorarios.
El profesional de la Abogacía tiene derecho a una contraprestación por sus servicios, 
así como al reintegro de los gastos ocasionados.
Artículo 26.  Libre fijación de honorarios.
La cuantía de los honorarios será libremente convenida entre el cliente y el profesional 
de la Abogacía con respeto a las normas deontológicas y sobre defensa de la competencia 
y competencia desleal.
Artículo 27.  Encargo profesional.
1.  Antes de iniciar su actuación profesional, el profesional de la Abogacía proporcionará 
a su cliente la información a que se refiere el artículo 48 del presente Estatuto General, 
preferentemente mediante la utilización de hojas de encargo.
2.  Los Colegios de la Abogacía establecerán modelos de hojas de encargo para 
promover y facilitar su uso.
Artículo 28.  Obligación de emitir factura.
El profesional de la Abogacía o la sociedad profesional deberán entregar factura al 
cliente. Esta factura tendrá que cumplir todos los requisitos legales y deberá expresar 
detalladamente los diferentes conceptos de los honorarios y la relación de gastos. En la 
medida de lo posible, se fomentará la utilización de la factura electrónica.
Artículo 29.  Criterios orientativos a efectos de tasación de costas y jura de cuentas. s
Los Colegios de la Abogacía podrán elaborar criterios orientativos de honorarios a los  w.b
exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los profesionales de  68ww
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asistencia jurídica gratuita.
CAPÍTULO VI
Asistencia jurídica gratuita y de oficio
Artículo 30.  Ámbito.
De conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
asistencia jurídica gratuita, los Colegios de la Abogacía implantarán servicios de 
asesoramiento a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de orientar 
y encauzar sus pretensiones. Dicho asesoramiento tendrá, en todo caso, carácter gratuito 
para los solicitantes.
Corresponde a los profesionales de la Abogacía prestar los servicios obligatorios de 
asistencia letrada y de defensa gratuitas, en los términos y en los supuestos previstos en 
las leyes.
También corresponde a los profesionales de la Abogacía el asesoramiento y defensa 
de quienes deseen ejercer sus derechos ante cualquier jurisdicción o Administración y no 
cuenten con profesional de la Abogacía que les defienda o asesore, con la obligación de 
abonar sus honorarios.
Artículo 31.  Organización y control.
1.  Los profesionales de la Abogacía desempeñarán las funciones a que se refiere 
este capítulo con la libertad, independencia y diligencia profesionales que les son propias 
y conforme a las normas deontológicas que rigen la profesión y a la normativa reguladora 
de la asistencia jurídica gratuita.
2.  El desarrollo de dichas funciones será organizado por el Consejo General de la 
Abogacía Española, los Consejos Autonómicos, en su caso, y los Colegios de la Abogacía, 
procediendo estos últimos a la designación del profesional de la Abogacía que haya de 
asumir cada asunto, al control de su desempeño, al establecimiento de las normas y 
requisitos a que haya de atenerse la prestación de los servicios correspondientes y a la 
exigencia de las responsabilidades a que hubiere lugar, todo ello conforme a la legislación 
vigente. Los profesionales de la Abogacía desarrollarán las referidas funciones en el 
ámbito territorial de adscripción que corresponda en cada caso, de conformidad con las 
previsiones contenidas en las normas reguladoras de la asistencia jurídica gratuita.
3.  Corresponde al Consejo General de la Abogacía Española resolver sobre cuál es 
el Colegio de la Abogacía competente para tramitar las solicitudes de asistencia jurídica 
gratuita en caso de conflicto entre Colegios pertenecientes a distintas Comunidades 
Autónomas o cuando los Colegios en conflicto pertenezcan a una misma Comunidad 
Autónoma, siempre que no exista Consejo Autonómico y que la normativa autonómica no 
disponga otra cosa.
4.  Corresponde asimismo al Consejo General de la Abogacía Española resolver en 
caso de conflicto cuál es el Colegio de la Abogacía competente para tramitar las solicitudes 
de asistencia jurídica gratuita en los litigios transfronterizos de la Unión Europea.
5.  Corresponde al Colegio de la Abogacía del lugar de domicilio o residencia habitual 
del solicitante tramitar las solicitudes de asistencia jurídica gratuita para litigar en otro 
Estado miembro de la Unión Europea.
6.  La asistencia y defensa de quienes tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita 
es una obligación de todos los profesionales de la Abogacía. No obstante, en aquellos 
Colegios que cuenten con un número suficiente de profesionales de la Abogacía, se podrá  es
organizar el servicio con voluntarios. o
CAPÍTULO VII
Ejercicio de la profesión de Abogado y Abogada en España por profesional de la 
Abogacía de otros Estados miembros de la Unión Europea
Artículo 32.  Libre prestación de servicios.
Los profesionales de la Abogacía establecidos con carácter permanente en un Estado 
miembro de la Unión Europea podrán desarrollar libremente en España en régimen de 
prestación ocasional las actividades propias de la Abogacía, en las condiciones que se 
regulan en la normativa vigente.
Artículo 33.  Derecho de establecimiento.
1.  Los profesionales de la Abogacía de otros Estados miembros de la Unión Europea 
y del Espacio Económico Europeo tendrán derecho a ejercer su actividad profesional en 
España, de forma permanente y con su título profesional de origen, bajo la denominación 
de «profesional de la Abogacía inscrito», en los términos y con las limitaciones previstas 
en la normativa relativa al ejercicio en España de la profesión de abogado con título 
profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea.
2.  El «profesional de la Abogacía inscrito» podrá ejercer la profesión según las 
modalidades de ejercicio previstas con carácter general en el presente Estatuto.
Artículo 34.  Concierto con profesional de la Abogacía española.
1.  Los profesionales de la Abogacía visitantes y los «profesionales de la Abogacía 
inscritos» deberán actuar concertadamente con un profesional de la Abogacía colegiado 
en España en los términos previstos en las normas aplicables.
2.  El concierto deberá ser comunicado en cada caso al Colegio de la Abogacía ante 
cuyo Decano se haya presentado el profesional de la Abogacía visitante o donde el 
«profesional de la Abogacía inscrito» figure registrado, mediante escrito firmado por ambos 
profesionales. Asimismo, la existencia del concierto deberá hacerse constar en todas las 
actuaciones profesionales a que afecte.
3.  El concierto obliga al profesional de la Abogacía colegiado a acompañar y asistir 
al «profesional de la Abogacía inscrito» o al profesional de la Abogacía visitante en las 
actuaciones profesionales.
TÍTULO III
Formas de ejercicio profesional
CAPÍTULO I
Ejercicio individual
Artículo 35.  Ejercicio como titular de un despacho.
1.  El ejercicio individual de la Abogacía podrá desarrollarse por cuenta propia como 
titular de un despacho. El profesional de la Abogacía responderá profesionalmente frente 
a su cliente de las actuaciones que realicen los profesionales de la Abogacía que, en su  es
caso, estuvieran integrados en su despacho, sin perjuicio de su facultad de repetir frente a  bo
estos. No obstante, todos los profesionales de la Abogacía actuantes quedan sometidos a  68ww
laAoubsno d 2gee.a nbc eíLearoel  pssco  ahdrso eodno eondlreteoag lróqaiogucsiieóc a onl as cos ay  r sagaucosstu utdimateucilcr iácoiólnnine es.ns uAt e f pu ssrueoe rp vedienaez  vrr,ee edsnaipgcliozhanaorásd tnaait bsuai l lapifdaro avrrdo eo.rs tpdrooesnl  tdipteurroláaf erp sdeieorsln odaneleasslpm adecenh tolea,    OE-A-2021-45able en https://
de los honorarios debidos a los profesionales de la Abogacía a los que encargue o en los
que delegue actuaciones, aun en el caso de que el cliente dejase de abonárselos, salvo 
pacto escrito en contrario.
3.  No se perderá la condición de profesional de la Abogacía titular de un despacho 
individual:
a)  Cuando el profesional de la Abogacía se limite a compartir locales, instalaciones, 
servicios u otros medios con otros profesionales de la Abogacía, manteniendo la 
independencia de sus bufetes y sin identificación conjunta ante los clientes.
b)  Cuando el profesional de la Abogacía concierte acuerdos de colaboración para 
determinados asuntos o clases de asuntos con otros profesionales de la Abogacía o 
despachos colectivos, nacionales o extranjeros, cualquiera que sea su forma.
Artículo 36.  Colaboración profesional.
1.  El ejercicio de la Abogacía por cuenta propia en régimen de colaboración 
profesional deberá pactarse por escrito, fijando las condiciones, duración, alcance y 
régimen económico de la colaboración.
2.  El profesional de la Abogacía colaborador, que actuará con plena independencia y 
libertad, deberá conocer la identidad del cliente, respecto de quien deberá cumplir todos 
sus deberes deontológicos.
3.  El colaborador deberá hacer constar, en su caso, que actúa por sustitución o 
delegación del despacho con el que colabore.
CAPÍTULO II
Ejercicio en régimen laboral
Artículo 37.  Régimen laboral.
La Abogacía podrá ejercerse por cuenta ajena en régimen de relación laboral especial 
o común.
Artículo 38.  Relación laboral especial.
La relación laboral de carácter especial de los profesionales de la Abogacía que 
prestan servicios en despachos de profesionales de la Abogacía, individuales o colectivos, 
se rige por la normativa reguladora de dicha relación laboral de carácter especial.
Artículo 39.  El Abogado y Abogada de Empresa.
La Abogacía también podrá ejercerse por cuenta ajena como profesional de la 
Abogacía de empresa en régimen de relación laboral común, mediante contrato de trabajo 
formalizado por escrito y en el que habrán de respetarse la libertad, independencia y 
secreto profesional básicos para el ejercicio de la profesión y expresarse si dicho ejercicio 
fuese en régimen de exclusividad.
CAPÍTULO III
Ejercicio colectivo
Artículo 40.  Ejercicio colectivo de la Abogacía. o
Los profesionales de la Abogacía podrán ejercer la Abogacía colectivamente mediante  68ww
ssuo caiegdruapda qciuóen  tbeanjgo ac upaolrq uoibejreat od ee ll aesj efrocrimciaos  elínc itcaosm eúnn  Ddeer elach Aob. oCguaacnídao,  esset ac rdeeeb uenráa 
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que corresponda, resultándole de aplicación las previsiones específicas de este Estatuto 
y de los particulares de cada Colegio.
Se presumirá que existe ejercicio colectivo de la profesión, de acuerdo con lo dispuesto 
en la disposición adicional segunda de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, cuando el ejercicio 
de la actividad se desarrolle públicamente, sin constituirse en sociedad profesional, bajo 
una denominación común o colectiva, o se emitan documentos, facturas, minutas o recibos 
bajo dicha denominación.
Artículo 41.  Sociedades profesionales para el ejercicio de la Abogacía.
1.  Las sociedades profesionales que se constituyan para el ejercicio de la Abogacía 
se regirán por lo dispuesto en la legislación reguladora de las sociedades profesionales, 
por sus normas de desarrollo, por la normativa autonómica que, en su caso, sea aplicable, 
por el presente Estatuto y por los Estatutos particulares de cada Colegio de la Abogacía.
2.  Asimismo, se regirán por las mismas normas las sociedades profesionales que 
tengan por objeto el ejercicio profesional de varias actividades profesionales, cuando una 
de ellas sea la Abogacía.
3.  El Colegio de la Abogacía en que se encuentren inscritas ejercerá sobre las 
sociedades profesionales las mismas competencias que le atribuye el ordenamiento 
jurídico sobre los profesionales de la Abogacía, en especial por lo que se refiere a la 
deontología profesional y al ejercicio de la potestad sancionadora.
4.  Las sociedades profesionales podrán prever en sus estatutos o acordar en un 
momento posterior que las controversias que surjan entre los socios, entre éstos y los 
administradores y entre cualquiera de ellos y la sociedad, incluidas las relativas al 
funcionamiento, separación, exclusión y determinación de la cuota de liquidación, se 
sometan a arbitraje colegial.
Artículo 42.  Ejercicio colectivo en forma no societaria.
1.  El despacho colectivo habrá de tener como objeto exclusivo el ejercicio profesional 
de la Abogacía y estar integrado solo por profesionales de la Abogacía, sin limitación de 
número.
2.  La agrupación deberá constituirse por escrito y permitir la identificación de sus 
integrantes en todo momento.
3.  En las intervenciones profesionales que realicen, en las hojas de encargo que 
suscriban y en las minutas que emitan, los profesionales de la Abogacía deberán dejar 
constancia de su condición de profesionales de la Abogacía agrupados en un despacho 
colectivo. Los honorarios corresponderán al colectivo sin perjuicio del régimen interno de 
distribución que hayan convenido. No obstante, las actuaciones correspondientes a la 
asistencia jurídica gratuita tendrán carácter personal, aun cuando podrá abonarse la 
retribución a nombre del despacho colectivo, que deberá emitir la correspondiente factura 
o documento que la sustituya.
4.  La actuación profesional de los integrantes del despacho colectivo estará sometida 
a la disciplina colegial del Colegio en cuyo ámbito se efectúa, respondiendo personalmente 
el profesional de la Abogacía que la haya efectuado. No obstante, se extenderán a todos 
los miembros del despacho colectivo el deber de secreto profesional, las incompatibilidades 
que afecten a cualquiera de sus integrantes y las situaciones de prohibición de actuar en 
defensa de intereses contrapuestos con los patrocinados por cualquiera de ellos.
5.  La responsabilidad civil que pudiese corresponder al despacho colectivo se exigirá  s
conforme al régimen jurídico general que corresponda a la forma de agrupación utilizada.  oe.
Además, sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 2/2007,  w.
daseu 1n65t.o   drPees ampraoa nlrazd oem,r áetnojo drc oisvsai llmlvoaesgn putearo rfdfreeasn ditoeen la asll eecclsire edntetoe   lpcaro oAnfeb csoaigoráanccatílea yr   qdpueee rls ahosan rayeall,a nsc oiionlindteearsrvi oein netie dirloinm aeistna,  dluaons.   2021-4568n https://ww
reglas del despacho colectivo podrán someter a arbitraje colegial las discrepancias que
pudieran surgir entre sus miembros a causa del funcionamiento, separación o liquidación  Bc
del despacho.
CAPÍTULO IV
Ejercicio en régimen de colaboración multiprofesional
Artículo 43.  Ejercicio de la Abogacía en régimen de colaboración multiprofesional.
1.  Los profesionales de la Abogacía podrán asociarse en régimen de colaboración 
multiprofesional con otros profesionales liberales no incompatibles utilizando cualquier 
forma lícita en Derecho, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a)  Que la agrupación tenga por objeto la prestación de servicios conjuntos, entre los 
que deberán incluirse necesariamente servicios jurídicos que se complementen con los de 
las otras profesiones.
b)  Que la actividad que se vaya a desempeñar no afecte al correcto ejercicio de la 
Abogacía.
c)  Que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 42 del presente 
Estatuto en lo que afecte al ejercicio de la Abogacía, salvo su apartado primero.
2.  Los profesionales de la Abogacía deberán separarse cuando cualquiera de los 
integrantes de la agrupación incumpla las normas sobre prohibiciones, incompatibilidades 
o deontología propias de la Abogacía, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, 
fueran procedentes.
CAPÍTULO V
Registros de sociedades profesionales
Artículo 44.  Registros colegiales.
1.  Cada Colegio de la Abogacía creará los registros que determine y que permitan 
inscribir con carácter obligatorio y con la debida separación:
a)  Las sociedades profesionales cuyo objeto social único sea el ejercicio de la 
Abogacía.
b)  Las sociedades profesionales multidisciplinares que se dediquen también al 
ejercicio de la Abogacía.
2.  La inscripción en los registros tiene por objeto la incorporación de las sociedades 
profesionales al Colegio para que este pueda ejercer válidamente sus competencias.
3.  Los registros creados por los Colegios de la Abogacía se podrán llevar en soporte 
informático, con pleno respeto a las normas sobre protección de datos personales.
4.  Las sociedades profesionales se inscribirán en los registros del Colegio de su 
domicilio social o estatutario.
Artículo 45.  Asientos registrales.
1.  En el registro correspondiente se abrirá una hoja para cada entidad, en la que se 
inscribirán los datos que especifique en cada momento la legislación reguladora de las 
sociedades profesionales. Los Colegios especificarán el contenido de dichas hojas, 
atendiendo a las previsiones legales aplicables.
2.  Todos los actos inscribibles deberán comunicarse y presentarse a inscripción  e.e
dentro del plazo de un mes a contar desde su adopción. Cuando consten en escritura  b
pública deberá presentarse copia autorizada al solicitar la inscripción. 68ww
en e3l .p laLzao  idnes cortirpoc imóne so.  Esul s dileennecigoa ocpióenr adreáb ceorná  ceaferácctutearr speo spitoivr oe,l  deenbcieanrgdaod por odceel dReergseis teron 
ese 4c.a soS ain  ppraecrtjuiciacrio la d iens ocrtirpacsi ófno.rmas de publicidad que prevea la legislación sobre
sociedades profesionales, la publicidad de los datos inscritos se realizará por certificación
del contenido de la hoja o de sus asientos o por simple nota informativa o copia. Se 
fomentará la utilización de medios informáticos.
5.  Todas las inscripciones que se practiquen devengarán los derechos que determine 
cada Colegio de la Abogacía en función del coste del servicio.
Artículo 46.  Registro Estatal de sociedades profesionales.
El Consejo General de la Abogacía Española podrá crear el Registro Estatal de 
sociedades profesionales dedicadas al ejercicio de la Abogacía, que se formará 
exclusivamente con los datos que le remitan los Colegios de la Abogacía. Su publicidad se 
realizará por medios informáticos y a través del portal de internet del Consejo General, con 
las garantías de confidencialidad que resulten precisas.
TÍTULO IV
Relaciones entre profesionales de la Abogacía y clientes
Artículo 47.  Independencia y libertad del profesional de la Abogacía.
1.  La independencia y libertad son principios rectores de la profesión que deben 
orientar en todo momento la actuación del profesional de la Abogacía, cualquiera que sea 
la forma en que ejerza la profesión. El profesional de la Abogacía deberá rechazar la 
realización de actuaciones que puedan comprometer su independencia y libertad.
2.  La relación del profesional de la Abogacía con el cliente debe fundarse en la 
recíproca confianza.
3.  En todo caso, deberá cumplir con la máxima diligencia la misión de asesoramiento 
o defensa que le haya sido encomendada, procurando de modo prioritario la satisfacción 
de los intereses de su cliente.
4.  El profesional de la Abogacía realizará, con plena libertad e independencia y bajo 
su responsabilidad, las actividades profesionales que le imponga la defensa del asunto 
que le haya sido encomendado, ateniéndose a las exigencias técnicas y deontológicas 
adecuadas a la tutela jurídica del asunto.
Artículo 48.  Deberes de información e identificación.
1.  El profesional de la Abogacía debe facilitar al cliente su nombre, número de 
identificación fiscal, Colegio al que pertenece y número de colegiado, domicilio profesional 
y medio para ponerse en comunicación con él o con su despacho, incluyendo la vía 
electrónica.
Cuando se trate de una sociedad profesional o despacho colectivo, deberá informar al 
cliente de su denominación, forma, datos de registro, régimen jurídico, código de 
identificación fiscal, dirección o sede desde la que se presten los servicios y medios de 
contacto, incluyendo la vía electrónica.
2.  Cuando los servicios requeridos exijan la participación de diferentes profesionales 
de la Abogacía de una misma sociedad u organización, el cliente tendrá derecho a conocer 
la identidad de todos ellos, el Colegio al que pertenecen y, si se tratara de sociedades 
profesionales, si son o no socios, así como el profesional de la Abogacía que asuma la 
dirección del asunto.
3.  El profesional de la Abogacía tiene la obligación de informar a su cliente sobre la  s
viabilidad del asunto que se le confía, procurará disuadirle de promover conflictos o  oe.
ejercitar acciones judiciales sin fundamento y le aconsejará, en su caso, sobre las vías  w.
aplrteesr4ne.a nttiaAvcasisióm npis admraeo  l,la al e mh ienojfjooarr  mdsaeat rieásfn ascocacbrirógeno l  odose   mhsouensdo iirona treeiorqesus iyev sac.olesntetes.  dTea smub aiécntu alec ihóna,r ám seadbiaenrt ela las   2021-4568n https://ww
consecuencias que puede tener una condena en costas y su cuantía aproximada.
5.  El profesional de la Abogacía deberá informar a su cliente acerca del estado del  Bc
asunto en que esté interviniendo y sobre las incidencias y resoluciones relevantes que se
produzcan. En los procedimientos administrativos y judiciales, si el cliente lo requiere, le 
proporcionará copia de los diferentes escritos que se presenten o reciban, de las 
resoluciones judiciales o administrativas que le sean notificadas y de las grabaciones de 
actuaciones que se hayan producido.
6.  El profesional de la Abogacía solo podrá emitir informes que contengan 
valoraciones profesionales sobre el resultado probable de un asunto, litigio o una 
estimación de sus posibles consecuencias económicas, si la petición procede del cliente 
afectado quien, en todo caso, deberá ser el exclusivo destinatario, salvo que el cliente de 
manera expresa le autorice a darlo a conocer a un tercero.
7.  Asimismo, el profesional de la Abogacía tiene derecho a recabar del cliente, 
manteniendo la confidencialidad necesaria, cuanta información y documentación resulte 
relevante para el correcto ejercicio de su función. En ningún caso el profesional de la 
Abogacía podrá retener documentación del cliente, sin perjuicio de que pueda conservar 
copia.
Artículo 49.  Información complementaria.
1.  Si el cliente lo solicita, el profesional de la Abogacía pondrá a su disposición la 
siguiente información complementaria:
a)  Referencia a las normas de acceso a la profesión de profesional de la Abogacía 
en España, así como los medios necesarios para acceder a su contenido.
b)  Referencia de sus actividades multidisciplinares.
c)  Posibles conflictos de intereses y medidas adoptadas para evitarlos.
d)  Códigos deontológicos o de conducta a los que se encuentre sometido, así como 
la dirección en que dichos Códigos pueden ser consultados.
2.  La citada información se pondrá a disposición del cliente en alguna de las formas 
siguientes:
a)  En el lugar de prestación del servicio o de celebración del contrato.
b)  Por vía electrónica.
c)  En cualquier tipo de documento informativo que se facilite al cliente presentándole 
los servicios de forma detallada.
3.  La información recogida en las letras b) y c) del apartado primero de este artículo 
deberá figurar siempre en todo documento informativo en que el profesional de la Abogacía 
presente detalladamente sus servicios.
Artículo 50.  Aceptación y renuncia de encargos profesionales.
1.  El profesional de la Abogacía tendrá plena libertad para aceptar o rechazar la 
dirección de cualquier asunto que le sea encomendado.
2.  El profesional de la Abogacía podrá cesar en su intervención profesional cuando 
surjan discrepancias con su cliente y deberá hacerlo cuando concurran circunstancias que 
afecten a su independencia y libertad en la defensa o al deber de secreto profesional.
3.  El profesional de la Abogacía podrá renunciar a la defensa procesal que le haya 
sido confiada en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se cause indefensión al 
cliente, estando obligado a despachar los trámites procesales urgentes.
El profesional de la Abogacía comunicará su renuncia por escrito dirigido al cliente y,  es
en su caso, al órgano judicial o administrativo ante el que hubiere comparecido y deberá  bo
proporcionar al compañero que se haga cargo del asunto y que se lo requiera todos los  68ww
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Artículo 51.  Conflicto de intereses.
1.  El profesional de la Abogacía está obligado a no defender intereses en conflicto 
con aquellos cuyo asesoramiento o defensa le haya sido encomendada o con los suyos 
propios y, en especial, a no defraudar la confianza de su cliente.
2.  El profesional de la Abogacía no podrá intervenir por cuenta de dos o más clientes 
en un mismo asunto si existe conflicto o riesgo significativo de conflicto entre los intereses 
de esos clientes, salvo autorización expresa y por escrito de todos ellos, previa y 
debidamente informados al efecto y siempre que se trate de un asunto o encargo de 
naturaleza no litigiosa. Asimismo, el profesional de la Abogacía podrá intervenir en interés 
de todas las partes en funciones de mediador y en la preparación y redacción de 
documentos de naturaleza contractual, debiendo mantener en estos casos una estricta 
neutralidad.
3.  Cuando surja un conflicto de intereses entre dos clientes el profesional de la 
Abogacía deberá dejar de actuar para ambos, salvo autorización expresa por escrito de los 
dos para intervenir en defensa de uno de ellos.
4.  El profesional de la Abogacía deberá abstenerse de actuar para un nuevo cliente 
cuando exista riesgo de vulneración del secreto profesional respecto a informaciones 
suministradas por un antiguo cliente o si el conocimiento que el profesional de la Abogacía 
posee por razón de otros asuntos del antiguo cliente pudiera favorecer indebidamente al 
nuevo cliente en perjuicio del antiguo.
5.  Cuando varios profesionales de la Abogacía ejerzan de forma colectiva o formen 
parte o colaboren en un mismo despacho, cualquiera que sea la forma asociativa utilizada, 
las reglas establecidas en este artículo serán aplicables al grupo en su conjunto y a todos 
y cada uno de sus miembros.
Artículo 52.  Obligaciones en materia de reclamaciones.
1.  Los Profesionales de la Abogacía pondrán a disposición de sus clientes un número 
de teléfono, un número de fax, una dirección de correo electrónico o una dirección postal 
para que estos puedan dirigir sus reclamaciones o peticiones de información sobre el 
servicio prestado.
2.  Los profesionales de la Abogacía deberán dar respuesta a las reclamaciones que 
se presenten en el plazo más breve posible y, en todo caso, antes de un mes contado 
desde que se hayan recibido.
Artículo 53.  Relación del profesional de la Abogacía con la parte contraria.
1.  Cuando le conste que cuenta con asistencia letrada, el profesional de la Abogacía 
no podrá entrar en contacto directo con la parte contraria y solo se podrá relacionar con 
ella a través de su profesional de la Abogacía, salvo que este lo autorice expresamente.
2.  Si la parte contraria no estuviese asistida por profesional de la Abogacía, el 
interviniente deberá evitar toda clase de abuso y abstenerse de cualquier acto que 
determine una lesión injusta. En todo caso, le recomendará que designe profesional de la 
Abogacía.
Artículo 54.  Participación en procedimientos de contratación pública.
Los profesionales de la Abogacía que participen en un procedimiento de contratación  s
sujeto a la legislación de contratos del sector público podrán incluir en su historial  e.
profesional, caso de solicitarse así en los pliegos de contratación, referencias a los clientes  w.
para los que han prestado servicios, siempre que estos no lo hayan prohibido expresamente  68ww
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TÍTULO V
Profesionales de la Abogacía y Administración de Justicia
Artículo 55.  Deber general de cooperación.
1.  En su condición de garante de la efectividad del derecho constitucional de defensa 
y de colaborador con la Administración de Justicia, el profesional de la Abogacía está 
obligado a participar y cooperar con ella asesorando, conciliando y defendiendo en 
Derecho los intereses que le sean confiados.
2.  En su intervención ante los órganos jurisdiccionales, el profesional de la Abogacía 
deberá atenerse en su conducta a la buena fe, prudencia y lealtad. La forma de su 
intervención deberá guardar el debido respeto a dichos órganos y a los profesionales de la 
Abogacía defensores de las demás partes.
Artículo 56.  Ubicación en las Salas y dependencias judiciales.
1.  Los profesionales de la Abogacía tendrán derecho a intervenir ante los juzgados y 
tribunales de cualquier jurisdicción sentados en el estrado, preferentemente, al mismo 
nivel en que se halle instalado el órgano jurisdiccional ante el que actúen y vistiendo toga, 
adecuando su indumentaria a la dignidad de su función.
En todo caso se atenderá a las indicaciones que, en el ejercicio de la policía de 
estrados, puedan adoptarse por el órgano judicial.
2.  El profesional de la Abogacía actuante podrá ser auxiliado o sustituido en cualquier 
diligencia judicial por uno o varios compañeros en ejercicio, pudiendo intervenir dos o más 
profesionales de la Abogacía en las vistas siempre que esa intervención conjunta presente 
justificación suficiente a criterio del órgano judicial. Para la sustitución bastará la 
declaración del profesional de la Abogacía sustituto bajo su propia responsabilidad.
3.  Los profesionales de la Abogacía que se hallen procesados o imputados y se 
defiendan a sí mismos o colaboren con su defensor usarán toga y, en este caso, ocuparán 
el sitio de los profesionales de la Abogacía.
4.  Los Colegios velarán por que en las sedes de juzgados y tribunales se ubiquen 
dependencias dignas y suficientes para su utilización por los profesionales de la Abogacía 
en el desarrollo de sus funciones.
Artículo 57.  Retrasos en las actuaciones judiciales.
Los profesionales de la Abogacía esperarán un tiempo prudencial sobre la hora señalada 
por los órganos judiciales para las actuaciones en que deban intervenir, transcurrido el cual 
sin causa justificada formularán la pertinente queja ante el mismo órgano.
Asimismo deberán denunciar el retraso ante la Junta de Gobierno del correspondiente 
Colegio para que pueda adoptar las actuaciones pertinentes.
Los Colegios establecerán protocolos de actuación para que ante la reiteración de 
retrasos injustificados se presente la correspondiente denuncia ante el Consejo General 
del Poder Judicial.
Artículo 58.  Protección de la libertad e independencia del profesional de la Abogacía.
1.  En su actuación ante los Juzgados y Tribunales los profesionales de la Abogacía 
son libres e independientes, gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de su  s
función y podrán solicitar ser amparados en su libertad de expresión y defensa, en los  oe.
términos previstos en las normas aplicables. w.
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propio juzgado o tribunal y dar cuenta a la Junta de Gobierno. La Junta, si estimare
fundada la queja, adoptará medidas activas para amparar la libertad, independencia y  Bc
dignidad profesionales.
3.  Los Colegios notificarán los amparos concedidos a las autoridades, jueces o 
tribunales que hayan coartado la libertad o independencia de los profesionales de la 
Abogacía y denunciarán dichas conductas, cuando proceda, ante el Consejo General del 
Poder Judicial y las instituciones pertinentes. Asimismo, los Colegios de la Abogacía 
promoverán fórmulas para ser oídos ante las Salas de Gobierno de sus respectivos 
Tribunales Superiores de Justicia en los expedientes gubernativos seguidos contra 
cualquier profesional de la Abogacía y sus recursos.
TÍTULO VI
Relaciones entre profesionales de la Abogacía
Artículo 59.  Deberes para con los otros profesionales de la Abogacía.
1.  Los profesionales de la Abogacía deben mantener recíproca lealtad y respeto 
mutuo.
2.  En todo caso, los profesionales de la Abogacía están obligados en las relaciones 
con otros compañeros a lo siguiente:
a)  Comunicar al Colegio la intención de interponer, en nombre propio o del cliente, 
una acción de responsabilidad civil o penal contra otro profesional de la Abogacía, derivada 
del ejercicio profesional.
b)  Mantener el más absoluto respeto por el profesional de la Abogacía de la parte 
contraria, evitando toda alusión personal en los escritos judiciales, informes orales y 
cualquier comunicación oral o escrita.
c)  No atribuirse facultades distintas de las conferidas por el cliente.
d)  Comunicar el cese o interrupción de las negociaciones extrajudiciales antes de 
presentar reclamación judicial o, en su caso, de solicitar la ejecución de una resolución.
e)  Abstenerse de pedir la declaración testifical del profesional de la Abogacía de la 
parte contraria o de otros profesionales de la abogacía que hubieran tenido alguna 
implicación profesional en el asunto.
Artículo 60.  Sustitución del profesional de la Abogacía.
1.  El profesional de la Abogacía a quien se encargue la dirección profesional de un 
asunto encomendado a otro compañero deberá comunicárselo a este en alguna forma que 
permita la constancia de la recepción, acreditando haber recibido el encargo del cliente.
2.  El profesional de la Abogacía sustituido, a la mayor brevedad, deberá acusar recibo 
de la comunicación, poner a disposición del compañero la documentación relativa al asunto 
que obre en su poder y proporcionarle los datos e informaciones que sean necesarios.
3.  El nuevo profesional de la Abogacía queda obligado a respetar y preservar el 
secreto profesional sobre la documentación recibida, con especial atención a la 
confidencialidad de las comunicaciones entre compañeros.
4.  Si la sustitución entre profesionales tiene lugar en el marco de un expediente 
judicial electrónico, se estará a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 18/2011, de 5 de 
julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
Administración de Justicia, y sus disposiciones de desarrollo.
TÍTULO VII
Deontología profesional e.
Artículo 61.  Deontología profesional. 68ww
deo1n.t olóLgoisc apsr odfee sliao nparloefse sdióen  lac oAnbteongiadcaísa  eens teásnt eo bElisgtaadtuotso  aG erensepraelt,a er nla esl  nCoórmdigaos 
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2.  Cuando el profesional de la Abogacía actúe fuera del ámbito territorial de su 
Colegio deberá respetar además las normas deontológicas vigentes en el lugar en que 
desarrolle su actuación profesional, conforme al artículo 3.3 de la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, sobre Colegios Profesionales.
TÍTULO VIII
Formación y especialización de los profesionales de la Abogacía
Artículo 62.  Escuelas de práctica jurídica.
En el ámbito profesional y corporativo de la Abogacía, y en el marco de la normativa 
reguladora del acceso a la profesión corresponde a los Colegios Profesionales y al Consejo 
General de la Abogacía Española el ejercicio, respectivamente, de las competencias 
previstas en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador de los Tribunales, en orden a la creación, homologación y funciones 
que deban desarrollar las Escuelas de Práctica Jurídica, para cumplir la misión de impartir 
la formación dirigida a la obtención del título profesional, además de la continua de todos 
los colegiados, incluida su especialización en determinadas ramas del derecho.
Artículo 63.  Régimen de participación de los profesionales de la Abogacía en las prácticas 
externas para la obtención del título profesional.
1.  Los profesionales de la Abogacía que participen como tutores en las prácticas 
externas previstas en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y su normativa de desarrollo 
deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  El tutor responsable de cada equipo de tutoría de las prácticas externas deberá 
haber ejercido la profesión durante al menos cinco años.
b)  Los demás profesionales de la Abogacía tutores deberán haber ejercido la 
profesión durante al menos tres años.
c)  No podrá ser responsable ni participar en un equipo de tutoría el profesional de la 
Abogacía que haya sido objeto de sanción disciplinaria en tanto no la haya cumplido.
2.  Son obligaciones de los profesionales de la Abogacía tutores:
a)  Respetar el plan de formación de la entidad responsable de las prácticas externas 
y cumplir su normativa reguladora.
b)  Coordinar con el responsable del equipo de tutoría su actividad tutorial en el 
desarrollo de las prácticas externas y facilitarle la información que este le requiera.
c)  Mantener el debido respeto y consideración a los alumnos.
d)  Prestar apoyo y asistencia a los alumnos durante todo el período de prácticas externas, 
proporcionándoles los medios materiales indispensables para el desarrollo de la práctica.
e)  Entrevistarse con los alumnos con la periodicidad que se establezca en la 
normativa reguladora de cada período de prácticas externas.
f)  Trasmitir al alumno sus conocimientos, experiencias, métodos y usos de trabajo, 
así como los principios propios de la Abogacía, con especial atención a sus valores 
deontológicos.
g)  No encomendar al alumno tareas ajenas al ejercicio de la Abogacía.
h)  Mantener la condición de profesional de la Abogacía durante el desempeño de su  s
función como tutor. oe.
i)  Redactar la memoria explicativa de las actividades desarrolladas, que será  w.
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deontológicas y estatutarias de la profesión, a fin que el Colegio lo traslade al centro
organizador de las prácticas externas. Bc
3.  Son derechos de los profesionales de la Abogacía tutores:
a)  Obtener los reconocimientos, incentivos o ventajas que establezca cada Colegio.
b)  Obtener la certificación colegial acreditativa de su condición de profesional de la 
Abogacía tutor.
c)  Contar con la colaboración del Colegio para el desarrollo de su labor de tutoría.
d)  Finalizar anticipadamente y de forma justificada la relación de tutoría con los 
alumnos.
Artículo 64.  Formación continuada.
1.  Los profesionales de la Abogacía tienen el derecho y el deber de seguir una 
formación continuada que les capacite permanentemente para el correcto ejercicio de su 
actividad profesional.
2.  Los Colegios de la Abogacía, principalmente a través de las escuelas de práctica 
jurídica, organizarán actividades formativas de actualización profesional para sus 
colegiados y expedirán en favor de los asistentes certificaciones acreditativas de su 
asistencia y aprovechamiento. También podrán organizar este tipo de actividades 
conjuntamente con otras organizaciones públicas o privadas, en especial con las 
Universidades.
Artículo 65.  Formación especializada.
1.  Los profesionales de la Abogacía tienen derecho a acceder a una especialización 
profesional mediante la acreditación de formación específica que, en el caso de formación 
impartida por la organización corporativa y para tener eficacia en todo el territorio del 
Estado, habrá de ser homologada por el Consejo General de la Abogacía Española.
2.  En los casos en que la normativa vigente exija determinada especialización para 
realizar actividades concretas o acceder a cargos o grupos, la especialización regulada en 
este artículo habilitará al profesional de la Abogacía para ello.
TÍTULO IX
Organización colegial de la Abogacía
CAPÍTULO I
Colegios de la Abogacía
Sección 1.ª  Disposiciones generales
Artículo 66.  Colegios de la Abogacía. Régimen jurídico y fines.
1.  Los Colegios de la Abogacía son Corporaciones de Derecho Público que se rigen 
por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios profesionales, por las Leyes 
autonómicas de Colegios Profesionales, por lo dispuesto en el presente Estatuto General 
y en sus Estatutos particulares, así como en las normas internas que aprueben y por los 
acuerdos adoptados por los diferentes órganos corporativos en el ámbito de sus 
competencias.
2.  Cada Colegio de la Abogacía tendrá competencia exclusiva y excluyente en el  e.
ámbito territorial que tenía al promulgarse la Constitución Española de 1978, cualquiera  w.
que sea el número de partidos judiciales que ahora comprenda. El ámbito territorial de los  68ww
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aplicación en cada caso.
3.  La modificación de las demarcaciones judiciales no afectará al ámbito territorial de 
los Colegios de la Abogacía, que tendrán competencia en las nuevas que puedan crearse 
en su territorio.
Artículo 67.  Fines.
Son fines esenciales de los Colegios de la Abogacía, en su ámbito territorial respectivo:
a)  La ordenación del ejercicio de la Abogacía y su representación exclusiva.
b)  La defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados.
c)  La intervención en el proceso de acceso a la profesión de profesional de la 
Abogacía.
d)  La formación profesional permanente y especializada de sus miembros.
e)  El control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en garantía de los 
derechos de los ciudadanos y de los profesionales.
f)  La protección de los intereses de los consumidores y usuarios y de los clientes de 
los servicios de los profesionales de la Abogacía;
g)  La colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de 
Justicia.
h)  La defensa del Estado social y democrático de Derecho proclamado en la 
Constitución y la promoción y defensa de los derechos humanos.
i)  La contribución a la garantía del derecho constitucional de defensa y acceso a la 
justicia mediante la organización y prestación de la defensa de oficio.
Artículo 68.  Funciones.
Son funciones de los Colegios de la Abogacía, en su ámbito territorial:
a)  Ostentar la representación y defensa de la Abogacía ante la Administración, 
Instituciones, Tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en 
cuantos litigios y causas afecten a los derechos e intereses profesionales.
b)  Elaborar sus Estatutos particulares y sus modificaciones, así como redactar y 
aprobar su Reglamento de régimen interior.
c)  Colaborar con el Poder Judicial y los demás poderes públicos mediante la 
realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras 
actividades relacionadas con sus fines, cuando les sean solicitadas o lo acuerden por 
propia iniciativa.
d)  Organizar y gestionar los servicios de asistencia jurídica gratuita y cuantos otros 
de asistencia y orientación jurídica puedan crearse, especialmente en beneficio de los 
sectores sociales más desfavorecidos o necesitados de protección.
e)  Participar en las materias propias de la profesión en los órganos consultivos de la 
Administración, así como en los organismos o asociaciones interprofesionales.
f)  Asegurar la representación de la Abogacía en los Consejos Sociales de las 
Universidades, en los términos establecidos por las normas que los regulen.
g)  Participar en la elaboración de los planes de estudios universitarios; crear, 
mantener y proponer al Consejo General de la Abogacía Española o, en su caso, a los 
Consejos Autonómicos de Colegios de la Abogacía, la homologación de escuelas de 
práctica jurídica y otros medios para facilitar el acceso a la Abogacía de los nuevos 
titulados y organizar cursos para la formación continua y perfeccionamiento y  s
especialización profesional. Más específicamente, podrán incorporar en sus Estatutos  e.
particulares las medidas relacionadas con el desempeño de la tutoría de los aspirantes a  w.
la Abogacía que sean necesarias para garantizar la realización de las prácticas  68ww
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de su misión.
h)  Ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la formación, la 
deontología y la dignidad profesionales y por el respeto debido a los derechos de los 
particulares, así como ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.
i)  Organizar y promover actividades y servicios comunes de interés para los 
colegiados de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, de previsión y otros 
análogos, incluido el aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil profesional 
cuando legalmente se establezca.
j)  Impulsar la adecuada utilización por parte de los colegiados de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones en el ejercicio profesional y en sus relaciones 
corporativas.
k)  Adoptar las medidas conducentes a evitar y perseguir el intrusismo profesional, así 
como impedir la competencia desleal entre los colegiados.
l)  Intervenir, previa solicitud de los interesados, en vías de conciliación, mediación o 
arbitraje en las cuestiones que por motivos profesionales se susciten entre los colegiados 
o entre estos y sus clientes. Especialmente, les corresponde resolver las discrepancias 
que puedan surgir en relación con la actuación profesional de los colegiados y la 
percepción de sus honorarios, mediante laudo al que previamente se sometan de modo 
expreso las partes interesadas.
m)  Ejercer funciones de arbitraje en los asuntos que les sean sometidos, así como 
promover o participar en instituciones de arbitraje o mediación.
n)  Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones 
firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les 
formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea en los 
términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que las 
solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones 
estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para 
la finalidad para la que se solicitó.
ñ)  Informar en los procedimientos judiciales o administrativos en que se discutan 
honorarios profesionales, en los términos previstos en la legislación aplicable.
o)  Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los 
consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados y cualesquiera otras 
establecidas en el presente Estatuto o que vengan dispuestas por la legislación estatal o 
autonómica.
Artículo 69.  Colaboración con otras Administraciones Públicas.
Los Colegios de la Abogacía cooperarán lealmente con las Administraciones públicas 
españolas y con las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión 
Europea en el marco de sus competencias.
Artículo 70.  Aprobación y modificación de sus Estatutos particulares.
1.  Los Estatutos particulares de cada Colegio y sus modificaciones serán elaborados 
y aprobados en la forma prevista por la legislación autonómica y por los propios Estatutos 
particulares, con sometimiento a los principios de autonomía, democracia y transparencia.
2.  Los Estatutos o sus modificaciones, una vez aprobados, serán remitidos al 
Consejo General de la Abogacía Española para su aprobación con arreglo a lo previsto en 
el artículo 6.4 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios profesionales, sin  e.e
perjuicio de la ulterior tramitación eventualmente prevista en la legislación de la  b
correspondiente Comunidad Autónoma. 68ww
Artículo 71.  Página web y ventanilla única.
1.  Los Colegios de la Abogacía dispondrán de una página web para que, a través de
la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, reguladora del libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los profesionales de la Abogacía y las 
sociedades profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para su 
colegiación, ejercicio y baja en el Colegio por vía electrónica y a distancia, facilitando 
además la información necesaria al respecto. También podrán, a través de la ventanilla 
única, convocar a los colegiados a las Juntas Generales y poner en su conocimiento la 
actividad del Colegio, sin perjuicio de que puedan utilizar, adicionalmente o de forma 
exclusiva, otros medios.
2.  Específicamente, a través de ventanilla única, los profesionales podrán de forma 
gratuita:
a)  Obtener toda la información y los formularios necesarios para el acceso y ejercicio 
de la Abogacía.
b)  Presentar toda la documentación y solicitudes, incluyendo la de colegiación.
c)  Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la 
condición de interesado, así como recibir la correspondiente notificación de los preceptivos 
actos de trámite y de las resoluciones de los procedimientos.
3.  Asimismo, para hacer eficaz una mejor defensa de los derechos de los 
consumidores y usuarios, los Colegios ofrecerán a través de la ventanilla única y de forma 
clara, inequívoca y gratuita, la siguiente información:
a)  El acceso al registro de colegiados, que deberá encontrarse permanentemente 
actualizado y en el que constarán los nombres y apellidos de los profesionales de la 
Abogacía, número de colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio 
profesional y situación de habilitación profesional y la denominación social de las 
sociedades profesionales.
b)  Las vías de reclamación y, en su caso, los recursos que pueden interponerse 
cuando se produzca un conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o entre 
aquel y el Colegio respectivo.
c)  Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las 
que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener 
asistencia. Esta información podrá proporcionarse a través de un enlace con la página web 
de la Administración pública competente.
d)  El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido descrito 
en el artículo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo.
e)  El contenido de los códigos deontológicos.
Artículo 72.  Medios tecnológicos.
Los Colegios de la Abogacía adoptarán cuantas medidas sean necesarias para el 
cumplimiento de los deberes impuestos en este Estatuto y en el resto del ordenamiento 
jurídico y, en especial, incorporarán para ello las tecnologías precisas que garanticen la 
interoperabilidad entre los distintos sistemas.
Artículo 73.  Servicio de atención a los colegiados y a los consumidores y usuarios.
1.  Los Colegios de la Abogacía deberán atender las quejas o reclamaciones 
presentadas por los colegiados.
2.  Los Colegios dispondrán de un Servicio de atención a los consumidores o usuarios 
y a los clientes de los servicios de la Abogacía, que tramitará y resolverá cuantas quejas y  e.e
reclamaciones referidas a la actividad colegial o de los colegiados se presenten por  w.b
cualquier cliente que contrate los servicios profesionales de los profesionales de la  68ww
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podrán presentarse por vía electrónica y a distancia a través de la ventanilla única.
4.  Los Colegios, a través del Servicio de atención a los consumidores o usuarios, 
resolverán sobre las quejas o reclamaciones, según los casos, de alguna de las siguientes 
formas:
a)  Informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, en caso de 
existir y ser aplicable.
b)  Acordando remitir el expediente a los órganos colegiales competentes para iniciar 
el procedimiento sancionador.
c)  Archivando el expediente.
d)  Adoptando cualquier otra decisión que corresponda.
Artículo 74.  Gobierno corporativo y Memoria Anual.
1.  Los Colegios de la Abogacía están sujetos al principio de transparencia y 
responsabilidad en su gestión.
2.  Los Colegios deberán elaborar una Memoria Anual que contenga al menos la 
información siguiente:
a)  Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal 
suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de todo tipo, dietas y 
reembolso de los gastos percibidos por el conjunto de los miembros de la Junta de 
Gobierno en razón de su cargo.
b)  Importe de las cuotas aplicables a los conceptos y servicios de todo tipo prestados 
por el Colegio, así como las normas para su cálculo y aplicación.
c)  Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y 
sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la 
infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, con 
pleno respeto de la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
d)  Información agregada y estadística relativa a las quejas y reclamaciones 
presentadas por los consumidores o usuarios, de su tramitación y, en su caso, de los 
motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, con pleno respeto de la 
legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
e)  Los cambios en el contenido de sus Códigos deontológicos y la vía para el acceso 
a su contenido íntegro.
f)  Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en 
que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno.
3.  La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer 
semestre del año siguiente.
Artículo 75.  Acción social de los Colegios de la Abogacía.
1.  Los Colegios de la Abogacía tendrán especialmente en cuenta su responsabilidad 
para con la sociedad en que se integran. Por ello podrán promover, organizar y ejecutar 
programas de acción social en beneficio de los sectores más desfavorecidos, los valores 
democráticos de convivencia o de lucha contra la corrupción, así como para la promoción 
y difusión de los derechos fundamentales.
2.  Sin perjuicio de las competencias de los Colegios derivadas de la legislación sobre 
asistencia jurídica en materia de servicios de orientación jurídica, los Colegios podrán 
organizar y prestar servicios gratuitos, con o sin financiación externa pública o privada,  e.e
dedicados a asesorar o, en su caso, defender a quienes no tengan acceso a otros servicios  w.b
de asesoramiento o defensa gratuitos y se encuentren en situaciones de necesidad,  68ww
desventaja o riesgo de exclusión social.
Artículo 76.  Políticas de calidad de los servicios. Cartas de calidad.
1.  Los Colegios de la Abogacía fomentarán un elevado nivel de calidad de los 
servicios prestados por sus colegiados, así como su constante mejora.
2.  Los Colegios podrán poner a disposición de sus colegiados modelos o cartas de 
calidad de servicios. Igualmente podrán facilitar que sus colegiados sometan los servicios 
que prestan a evaluación o certificación de organismos independientes.
Sección 2.ª  Órganos
Artículo 77.  Órganos de gobierno.
1.  El gobierno de los Colegios estará presidido por los principios de democracia, 
autonomía y transparencia. Asimismo, deberá procurarse la incorporación de medidas que 
promuevan la igualdad efectiva de hombres y mujeres en la provisión de los órganos 
colegiales.
2.  De acuerdo con lo que disponga la legislación estatal y autonómica, cada Colegio 
de la Abogacía será regido por la Junta o Asamblea General, la Junta de Gobierno y el 
Decano.
Los Estatutos particulares de los Colegios podrán disponer además la existencia de 
otros órganos.
Artículo 78.  Atribuciones de la Junta de Gobierno y del Decano.
1.  Los Estatutos particulares de cada Colegio establecerán las normas de 
composición y funcionamiento de la Junta de Gobierno.
2.  En todo caso, corresponderá al Decano la representación legal del Colegio en 
todas sus relaciones y la presidencia de todos los órganos colegiales.
3.  Son atribuciones de la Junta de Gobierno, salvo que estén atribuidas a otro órgano 
por Ley o por los Estatutos del Colegio de que se trate, las siguientes:
a)  Resolver sobre la admisión de quienes soliciten incorporarse al Colegio, pudiendo 
ejercer esta facultad el Decano en casos de urgencia, debiendo ser ratificada por la Junta 
de Gobierno.
b)  Convocar Juntas Generales ordinarias y extraordinarias, señalando el orden del 
día para cada una.
c)  Convocar elecciones para proveer los cargos de Decano y de la Junta de Gobierno, 
disponiendo lo necesario para su elección, conforme a las normas legales y estatutarias.
d)  Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para impedir y perseguir el 
intrusismo, así como el ejercicio de la profesión por quienes, colegiados o no, la ejerciesen 
en forma y bajo condiciones contrarias a las legalmente establecidas.
e)  Regular en los términos legalmente establecidos el funcionamiento y las 
designaciones para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.
f)  Determinar las cuotas de incorporación, que no podrán superar en ningún caso los 
costes asociados a la tramitación de la inscripción, las ordinarias y los derechos que deban 
satisfacer los colegiados para el sostenimiento de las cargas y servicios colegiales.
g)  Proponer a la Junta General la imposición de cuotas extraordinarias a sus 
colegiados.
h)  Redactar los presupuestos, rendir las cuentas anuales y administrar los fondos  s
colegiales, así como recaudar y distribuir los fondos del Colegio, las cuotas establecidas  oe.
para el sostenimiento de las cargas del Colegio, del Consejo General de la Abogacía  w.
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informes periciales al respecto cuando proceda.
j)  Ejercer la potestad disciplinaria. Bc
k)  Proponer a la aprobación de la Junta General los reglamentos de orden interior.
l)  Ejercitar los derechos y acciones que correspondan al Colegio contra quienes 
entorpezcan el buen funcionamiento de la Administración de Justicia o la libertad e 
independencia del ejercicio profesional.
m)  Emitir consultas y dictámenes, administrar arbitrajes y dictar laudos arbitrales.
n)  Adoptar los acuerdos para la contratación de los empleados necesarios para la 
buena marcha de la corporación.
ñ)  Cuantas otras se establecen el presente Estatuto General o se establezcan en los 
particulares de cada Colegio.
Artículo 79.  Elección del Decano y los demás miembros de la Junta de Gobierno.
1.  En ausencia de normativa autonómica y en defecto de previsión específica en los 
estatutos particulares de cada Colegio, el Decano y los demás cargos de la Junta de 
Gobierno serán elegidos en votación directa y secreta, en la que podrán participar como 
electores todos los colegiados incorporados con más de tres meses de antelación a la 
fecha de convocatoria de las elecciones. Serán elegibles como Decano o miembros de la 
Junta de Gobierno los colegiados ejercientes y residentes en su respectivo ámbito 
territorial, siempre que no estén incursos en alguna de las siguientes situaciones:
a)  Haber sido condenados por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación o 
suspensión para cargos públicos o el ejercicio de la profesión, en tanto subsistan.
b)  Haber sido sancionados disciplinariamente por resolución administrativa firme, 
mientras no hayan sido rehabilitados.
c)  Ser miembros de los órganos rectores de otro Colegio Profesional.
d)  No encontrarse al corriente en el pago de las cuotas corporativas.
2.  El período del mandato de los miembros de la Junta de Gobierno y las condiciones 
para su posible reelección se fijarán en los Estatutos de cada Colegio.
3.  Ningún colegiado podrá presentarse como candidato a más de un cargo de los 
que integren la Junta de Gobierno. Los miembros de la Junta de Gobierno que, antes del 
fin de su mandato, quieran presentarse a cualquiera de los cargos que sean objeto de 
elección, deberán dimitir previamente del cargo que ocupen.
4.  En las elecciones, el voto de los colegiados ejercientes tendrá doble valor que el 
de los demás colegiados, proclamándose electos para cada cargo a los candidatos que 
obtengan la mayoría. En caso de empate se entenderá elegido el que más votos hubiere 
obtenido de entre los ejercientes; de persistir este, el de mayor tiempo de ejercicio en el 
propio Colegio; y si aún se mantuviera el empate, el de mayor edad.
5.  El procedimiento electoral será establecido por los Estatutos particulares de cada 
Colegio, que podrán autorizar y regular el voto electrónico y por correo con garantías para 
su autenticidad y secreto; y establecer, en todo caso, el régimen de recursos en materia 
electoral.
6.  Los representantes de cada candidatura podrán solicitar dentro de los dos días 
siguientes a su proclamación, una copia del censo electoral, en soporte apto para su 
tratamiento informático que podrá ser utilizado exclusivamente para los fines electorales y 
durante el periodo de campaña con respeto a la normativa de protección de datos 
personales.
7.  Los candidatos proclamados electos tomarán posesión conforme a lo establecido 
en los Estatutos de cada Colegio, previo juramento o promesa de cumplir lealmente el  es
cargo, con respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y de guardar  o
secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobierno. En el plazo de cinco días desde la  68ww
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estatutos particulares de cada Colegio, cuando por cualquier causa queden vacantes la
totalidad de los cargos de la Junta de Gobierno de un Colegio, el Consejo Autonómico o 
en su caso el Consejo General de la Abogacía Española designará una Junta Provisional 
de entre sus miembros más antiguos. La Junta Provisional convocará en el plazo de treinta 
días naturales elecciones para la provisión de los cargos vacantes por el resto del mandato 
que restase. Las elecciones deberán celebrarse dentro de los treinta días naturales 
siguientes, contados a partir de la convocatoria.
Artículo 80.  Cese.
En defecto de otra regulación específica, los miembros de la Junta de Gobierno de los 
Colegios de la Abogacía cesarán por las causas siguientes:
a)  Fallecimiento.
b)  Renuncia.
c)  Falta inicial no conocida o pérdida sobrevenida de los requisitos estatutarios y de 
capacidad para desempeñar el cargo.
d)  Expiración del término o plazo para el que fueron elegidos.
e)  Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas de la Junta de 
Gobierno o a cinco alternas en el término de un año, previo acuerdo de la propia Junta.
f)  Aprobación de una moción de censura, según lo regulado en este Estatuto y en 
los Estatutos particulares del Colegio.
Artículo 81.  Voto de censura al Decano y demás miembros de la Junta de Gobierno.
1.  Salvo que los estatutos particulares del Colegio establecieran otra previsión, el 
voto de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros competerá siempre a 
la Junta General extraordinaria convocada a ese efecto.
2.  La solicitud de convocatoria de Junta General extraordinaria requerirá la firma de 
un mínimo del 20 por 100 de los colegiados ejercientes, incorporados al menos con tres 
meses de antelación y expresará con claridad las razones en que se funde. No obstante, 
en los Colegios con más de cinco mil profesionales de la Abogacía en ejercicio bastará 
el 15 por 100 y en los de más de diez mil, el 10 por 100.
3.  La Junta General extraordinaria habrá de celebrarse dentro de los treinta días 
hábiles contados desde que se hubiera presentado la solicitud y no podrán tratarse más 
asuntos que los expresados en la convocatoria.
4.  La válida constitución de dicha Junta General extraordinaria requerirá, en primera 
convocatoria, la concurrencia personal de la mitad más uno del censo colegial con derecho 
a voto y, en segunda convocatoria, bastará un tercio del censo colegial con derecho a voto. 
El voto habrá de ser expresado necesariamente de forma personal, directa y secreta.
Artículo 82.  Juntas Generales.
1.  Los Colegios de la Abogacía celebrarán las Juntas Generales ordinarias que 
tengan estatutariamente previstas, así como cuantas Juntas Generales extraordinarias 
sean debidamente convocadas a iniciativa del Decano, de la Junta de Gobierno o del 
número o porcentaje de colegiados que al efecto se establezca.
2.  Los Estatutos particulares de cada Colegio establecerán las normas de 
convocatoria y celebración de las Juntas Generales.
3.  Si no se prevé otra cosa, todos los colegiados incorporados con anterioridad a la  s
fecha de la convocatoria de la Junta General podrán asistir con voz y voto a las Juntas  e.
Generales que se celebren. w.
4.  El voto de los ejercientes computará con doble valor que el de los demás  68ww
cole5g.i adSois n, os aslveo e qsutaeb lloesc eE osttraatu ctoossa p, alortsic auclaureersd looss  deeq ulaipsa Jruennt.as Generales se adoptarán
ppoerr jumicaiyoo dríeal  sréimgipmlee ny,  duen are vceuzr saodso.ptados, serán obligatorios para todos los colegiados, sin  BOE-A-cable e
Artículo 83.  Agrupaciones y Secciones en el seno del Colegio.
1.  Corresponde a la Junta de Gobierno aprobar la constitución, suspensión o 
disolución de las agrupaciones de profesionales de la Abogacía que puedan constituirse 
en el seno del Colegio, así como sus estatutos.
2.  Las agrupaciones de profesionales de la Abogacía que se constituyan en cada 
Colegio estarán subordinadas a la Junta de Gobierno.
3.  Las actuaciones y comunicaciones de las agrupaciones habrán de ser identificadas 
como de tal procedencia, sin atribuirse a la Corporación.
4.  Las agrupaciones de profesionales de la Abogacía Joven serán objeto de especial 
atención por las Juntas de Gobierno.
5.  La Junta de Gobierno, por propia iniciativa o a petición del número de colegiados 
que estatutariamente se determine podrá crear cuantas Secciones tenga por conveniente 
al objeto de posibilitar el contacto entre profesionales de la Abogacía con dedicación 
preferente a materias concretas y el recíproco intercambio de información técnico-jurídica 
sobre la especialidad de que se trate.
Sección 3.ª  Régimen económico
Artículo 84.  Régimen económico y presupuestario de los Colegios de la Abogacía.
1.  El ejercicio económico de los Colegios de la Abogacía coincidirá con el año natural, 
salvo que sus Estatutos particulares establezcan otra cosa. Su funcionamiento se ajustará 
al régimen de presupuesto anual y su contabilidad se ajustará a los principios contables 
generalmente aceptados.
2.  Todos los colegiados podrán examinar las cuentas del Colegio durante los quince 
días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la Junta General u órgano que haya 
de aprobarlas.
Artículo 85.  Recursos económicos de los Colegios de la Abogacía.
Constituyen recursos económicos de los Colegios de la Abogacía:
a)  Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan las actividades que 
realice el Colegio y los bienes o derechos que integren su patrimonio.
b)  Las cuotas de incorporación.
c)  Los derechos que correspondan por expedición de certificaciones.
d)  Los derechos que correspondan por la emisión de dictámenes, resoluciones, 
informes o consultas que se realicen sobre cualquier materia, incluidas las referidas a 
honorarios, a que se refiere el artículo 5.o) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 
Colegios profesionales, así como por la prestación de otros servicios colegiales.
e)  El importe de las cuotas ordinarias, fijas o variables, así como el de las cuotas 
extraordinarias.
f)  Las subvenciones o donativos que se concedan al Colegio por las Administraciones 
públicas o por personas físicas o jurídicas de Derecho privado.
g)  Los bienes y derechos de toda clase que por herencia, legado u otro título pasen 
a formar parte de su patrimonio.
h)  Las multas pecuniarias abonadas en virtud de resolución disciplinaria firme, que 
se destinarán preferentemente a fines asistenciales.
i)  Cualquier otro que legalmente procediere.
Sección 4.ª  Derechos y obligaciones de los colegiados en relación con el colegio e.
Artículo 86.  Derechos de los colegiados. 68ww
de cSaodna  dCeorleecghioo,s l odse  sloigsu cieonletgeisa:dos, en los términos previstos en los estatutos particulares
a)  Participar en la gestión corporativa y ejercer los derechos de petición, voto y
acceso a los cargos directivos.
b)  Recabar del Colegio el amparo de su dignidad, independencia y lícita libertad de 
actuación profesional, así como de su derecho a conciliar la vida familiar con la actuación 
profesional.
c)  Ser informados de los acuerdos adoptados por los órganos colegiales que les 
afecten. En todo caso, los Estatutos particulares del Colegio, las normas aprobadas por sus 
órganos y los acuerdos de interés general deberán figurar, debidamente actualizados, en la 
página web del Colegio y en las dependencias colegiales a disposición de quien lo solicite.
d)  Los demás derechos que les confieran los Estatutos particulares de cada Colegio.
Artículo 87.  Obligaciones de los colegiados.
Son obligaciones de los colegiados:
a)  Cumplir las normas estatutarias y deontológicas, así como los acuerdos adoptados 
por los órganos corporativos.
b)  Estar al corriente en el pago de las cuotas colegiales ordinarias y extraordinarias.
c)  Estar al corriente en el pago de las cuotas de previsión social, sea cual sea el 
régimen al que esté adscrito.
d)  Denunciar ante el Colegio todo acto de intrusismo o ejercicio ilegal que llegue a su 
conocimiento, ya sea debido a falta de colegiación, por suspensión o inhabilitación del 
denunciado, o por concurrir en supuestos de incompatibilidad o prohibición.
e)  Comunicar al Colegio su domicilio, el de su despacho profesional principal y sus 
eventuales cambios.
f)  Mantener despacho profesional abierto, propio, ajeno o de empresa, en el territorio 
del Colegio al que esté incorporado como ejerciente, en los términos del artículo 7.1.
CAPÍTULO II
Consejos Autonómicos de Colegios de la Abogacía
Artículo 88.  Consejos Autonómicos de Colegios de la Abogacía.
La constitución, organización, competencias y funcionamiento de los Consejos 
Autonómicos de Colegios de la Abogacía se regirán por la legislación autonómica.
CAPÍTULO III
Consejo General de la Abogacía Española
Sección 1.ª  Órganos y funciones
Artículo 89.  Definición, domicilio y órganos rectores.
1.  El Consejo General de la Abogacía Española es la Corporación de Derecho 
Público que, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, representa, 
coordina y defiende los intereses de la Abogacía española ante la Administración del 
Estado, los otros poderes y órganos del Estado y las Instituciones internacionales y 
supranacionales, incluidas las entidades similares de otros Estados.
2.  El Consejo General de la Abogacía Española está integrado por todos los Colegios 
de la Abogacía de España. e.
3.  Su domicilio radicará en Madrid, sin perjuicio de que pueda celebrar reuniones en  w.
cualquier otro lugar del territorio español. 68ww
y el 4P. resLiodse nótreg.a Lnooss  órergctaonroess  dcoelle Cgoiandsoesjo s Gereánne prarel ssiodnid eols P pleonr oe,l  laP rCeosimdeisnióten  yP aecrmtuaanráe ndtee 
SecLreat acroion veol cSaetocrrieat,a crioon gsetitnuecriaóln d ye lf uCnocniosneajom Gieenntoe rdael. los órganos colegiados se regirá por  BOE-A-cable e
este Estatuto y por el Reglamento de régimen interior del Consejo General.
Artículo 90.  Funciones.
1.  Son funciones del Consejo General de la Abogacía Española:
a)  Las atribuidas por el artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales, a los Colegios de la Abogacía, en cuanto tengan ámbito o repercusión 
superior al de una Comunidad Autónoma.
b)  Representar a la Abogacía Española y ser portavoz del conjunto de los Colegios 
de la Abogacía en toda clase de ámbitos, nacionales, supranacionales e internacionales, 
incluido el de las entidades similares de otros Estados.
c)  Ordenar el ejercicio profesional de la Abogacía en España y comunicar sus 
acuerdos a los Colegios de la Abogacía y Consejos Autonómicos.
d)  Elaborar sus Estatutos particulares y sus modificaciones, así como redactar y 
aprobar su Reglamento de régimen interior; resolver las dudas que puedan producirse en 
la aplicación de las normas estatutarias y reglamentarias.
e)  Contribuir a la formación de los profesionales de la Abogacía y homologar las 
escuelas de práctica jurídica creadas por los Colegios de la Abogacía cuando vayan a 
organizar e impartir los cursos exigidos por la Ley 34/2006, de 30 de octubre.
f)  Participar en los términos previstos por el ordenamiento en los procedimientos 
impulsados por los Ministerios competentes para la convocatoria de las Comisiones para 
la evaluación de la aptitud profesional de quienes pretendan obtener el título profesional 
de la Abogacía; así como designar a los miembros de las Comisiones que le corresponda, 
de acuerdo con lo previsto en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y sus normas de desarrollo.
g)  Participar en la determinación del contenido concreto de cada evaluación para el 
acceso a la profesión del profesional de la Abogacía y sus especialidades, en su caso.
h)  Informar preceptivamente todo proyecto de ley o de disposición de carácter 
general, o de modificación de la regulación existente, cualquier que sea su rango, que 
afecte al ejercicio de la Abogacía o a los Colegios de la Abogacía.
i)  Convocar el Congreso de la Abogacía Española, así como otros Congresos 
nacionales e internacionales de profesionales de la Abogacía.
j)  Crear, regular y otorgar distinciones para premiar los méritos contraídos al servicio 
de la Abogacía o en su ejercicio; así como revocarlas por causas de indignidad.
k)  Formar y mantener actualizado el censo de los profesionales de la Abogacía 
españoles y llevar el fichero y registro de sanciones. El Consejo General establecerá, en 
colaboración con todos los Colegios y Consejos Autonómicos, un sistema para que los 
ciudadanos puedan conocer la existencia de sanciones disciplinarias que estén siendo 
ejecutadas y, en su caso, las sanciones no canceladas que afecten a cada profesional de 
la Abogacía, con pleno respeto de lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos.
l)  Designar o proponer representantes de la Abogacía para su participación en los 
Órganos constitucionales, consejos y órganos consultivos de la Administración en el 
ámbito estatal e internacional.
m)  Ejercer la potestad disciplinaria con respecto a los miembros del propio Consejo 
General y, en los casos en que esté previsto en la normativa aplicable, a los miembros de 
las Juntas de Gobierno de Colegios de la Abogacía y a los miembros de los Consejos 
Autonómicos, por infracciones cometidas en tal condición, así como conocer en vía 
administrativa, de los recursos contra las resoluciones que dicten los Consejos 
Autonómicos y los Colegios en materia disciplinaria, cuando así esté dispuesto en la 
regulación correspondiente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116.
n)  Emitir los informes que le sean solicitados por los Órganos constitucionales, las  e.e
Administraciones Públicas, Colegios de la Abogacía y corporaciones oficiales respecto a  w.b
asuntos relacionados con sus fines o que acuerde formular de propia iniciativa; así como  68ww
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puedan suscitarse entre ellos.
o)  Impulsar y organizar con carácter estatal instituciones y servicios de asistencia y 
previsión para los profesionales de la Abogacía.
p)  Impulsar el arbitraje y la mediación como métodos alternativos de resolución de 
conflictos.
q)  Defender los derechos e intereses de los Colegios de la Abogacía, así como los 
de sus colegiados, cuando sea requerido por el Colegio respectivo o venga determinado 
por las leyes y proteger la lícita libertad de actuación de los profesionales de la Abogacía, 
pudiendo para ello promover las acciones y recursos que procedan ante las autoridades y 
jurisdicciones competentes, incluso ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, 
los Tribunales Europeos e Internacionales, sin perjuicio de la legitimación que corresponda 
a cada uno de los distintos Colegios de la Abogacía y a los profesionales de la Abogacía 
personalmente.
r)  Impedir y perseguir por todos los medios legales el intrusismo en el ejercicio 
profesional, sin perjuicio de la competencia de cada Colegio.
s)  Impedir y perseguir la competencia ilegal o desleal y velar por la plena efectividad 
de las disposiciones que regulan las incompatibilidades en el ejercicio de la Abogacía.
t)  Impulsar la definición de los criterios de interoperabilidad tecnológica entre los 
diferentes Colegios de la Abogacía y en sus relaciones con las Administraciones Públicas, 
participando activamente en su elaboración.
u)  Aprobar su Presupuesto y la cuenta de liquidación, en el que se determine la 
aportación equitativa de los Colegios y su régimen.
v)  Administrar y disponer de su patrimonio.
w)  Constituir, previa Orden del Ministro competente, un órgano centralizado de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en los términos y 
con las funciones establecidas en la normativa vigente.
x)  Cuantas otras le atribuyan las disposiciones vigentes y todas aquéllas que sean 
consecuencia de las anteriores o estén relacionadas con ellas.
2.  Corresponderá también al Consejo General de la Abogacía Española la 
elaboración y ejecución de proyectos y programas de actuación de toda índole que tengan 
por objeto promover y garantizar la igualdad de oportunidades de los Colegios y de los 
profesionales de la Abogacía en todo el territorio nacional y, consecuentemente, la igualdad 
de derechos de sus clientes; o que deriven de exigencias de unidad de actuación de la 
Abogacía española y la de todos los profesionales en el ámbito estatal.
3.  Las funciones previstas en este Estatuto serán ejercidas por el Consejo General 
de la Abogacía Española cuando no estén atribuidas legalmente a los Consejos 
Autonómicos o a los Colegios.
Artículo 91.  Página web y ventanilla única.
1.  El Consejo General de la Abogacía Española dispondrá de una página web para 
que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, los 
Colegios y los profesionales de la Abogacía puedan realizar cuantas gestiones les 
resulten precisas por vía electrónica y a distancia, facilitando además la información 
necesaria al respecto.
2.  Para conseguir una mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios 
ofrecerá, bien directamente, bien a través de los enlaces precisos con las páginas web de 
los Colegios de la Abogacía, la siguiente información:
a)  El acceso a los registros de colegiados. oe.
b)  Las vías de reclamación y, en su caso, los recursos que podrán interponerse  w.
cauqaunecd)l  yo  eLsloe Cs p odrlaoetdgouisoz  drceeas  lpuaensc  actisovoonc.fliiacctoio neenstr eu  oerl gcaonnizsaucmioidnoers  od eu scuoanrsiuom yi duonr ecso yle ugsiaudaori oos  ean ltares   2021-4568n https://ww
que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener
asistencia. Esta información podrá proporcionarse a través de un enlace con la página web  Bc
de la Administración pública competente.
d)  El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido descrito 
en el artículo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo.
e)  El contenido de los códigos deontológicos.
Artículo 92.  Medios tecnológicos.
El Consejo General de la Abogacía Española adoptará cuantas medidas sean 
necesarias para el cumplimiento de los deberes impuestos en este Estatuto y en el resto 
del ordenamiento jurídico y, en especial, incorporará para ello las tecnologías precisas que 
garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas.
Artículo 93.  Servicio de atención a los ciudadanos.
1.  El Consejo General de la Abogacía Española dispondrá de un Servicio de atención a 
los ciudadanos, que tramitará y, en su caso, resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas 
a la actividad del Consejo o de los profesionales de la Abogacía se presenten por cualquier 
cliente que contrate los servicios profesionales de estos, así como por asociaciones y 
organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses.
2.  Las quejas y reclamaciones podrán presentarse en el propio Consejo General o 
por vía electrónica y a distancia a través de la ventanilla única. Una vez recibidas y previos 
los informes pertinentes resolverá, dentro del ámbito de sus competencias, de alguna de 
las siguientes formas:
a)  Informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, en caso de 
existir y ser aplicable.
b)  Acordando remitir el expediente al Colegio competente para conocer de la queja o 
reclamación.
c)  Archivando el expediente.
d)  Adoptando cualquier otra decisión que corresponda.
Artículo 94.  Gobierno corporativo y Memoria Anual.
1.  El Consejo General de la Abogacía Española está sujeto a los principios de 
transparencia y responsabilidad en su gestión.
2.  El Consejo General elaborará una Memoria Anual que contenga al menos la 
información siguiente:
a)  Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal 
suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de todo tipo percibidas en 
razón de los cargos del Consejo General.
b)  Importe de las cuotas aplicables a los conceptos y servicios de todo tipo prestados 
por el Consejo General, así como las normas para su cálculo y aplicación.
c)  Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y 
sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la 
infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, con 
pleno respeto de la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
d)  Información agregada y estadística relativa a las quejas y reclamaciones 
presentadas por los consumidores o usuarios, de su tramitación y, en su caso, de los 
motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, con pleno respeto de la 
legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
e)  Los cambios en el contenido de sus Códigos deontológicos y la vía para el acceso  e
a su contenido íntegro. bo
f)  Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en  68ww
que 3s.e  eEnlc Cueonntsreenjo l oGse mneiermalb hroasrá d ep úlabsli cJau,n tjuans tdoe a G soub iperronpoi.a Memoria e incorporándola
cfoormmoa  aangerexog,a ldaa i npfaorram ealc icóonn ejusntatod ídseti ctao deoxsig eidllao sp.a Lrao sla C Moelemgioorsia d aenbuearlá dne r ecmaditair  Caol lCegoinos, edjeo   BOE-A-cable e
General su memoria en los cuatro primeros meses de cada año.
4.  La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer 
semestre de cada año.
Artículo 95.  Acción social.
1.  El Consejo General de la Abogacía Española mantendrá una política propia de 
responsabilidad social corporativa que atienda especialmente a la defensa de los derechos 
humanos, el apoyo a los profesionales de la Abogacía que sean perseguidos en cualquier 
país o no puedan ejercer su profesión con libertad, la promoción de los derechos de los 
sectores sociales más desfavorecidos, la salvaguarda del derecho de defensa, la 
protección del medio ambiente y la lucha contra la corrupción.
2.  El Consejo General podrá actuar por sí mismo o a través de los instrumentos 
jurídicos que tenga por conveniente, en especial de naturaleza fundacional.
3.  El Consejo General colaborará y prestará apoyo a los programas de acción social 
que organicen y ejecuten los Colegios de la Abogacía.
Artículo 96.  Política de calidad de los servicios.
1.  El Consejo General de la Abogacía Española fomentará un elevado nivel de 
calidad de los servicios prestados por los profesionales de la Abogacía españoles, así 
como su constante mejora.
2.  El Consejo General participará en la elaboración en el ámbito de la Unión Europea 
de códigos de conducta destinados a facilitar la libre prestación de servicios o el 
establecimiento de un profesional de la Abogacía de otro Estado miembro, con pleno 
respeto de las normas de defensa de la competencia.
Artículo 97.  Conciliación de la vida familiar y profesional.
El Consejo General de la Abogacía Española promoverá la adopción por parte de los 
órganos y Administraciones competentes de cuantas acciones resulten precisas para 
hacer eficaz la conciliación de la vida familiar y profesional de todos los profesionales de 
la Abogacía. Asimismo, podrá proponer a los órganos competentes las modificaciones 
normativas necesarias para conseguir una plena efectividad de los derechos reconocidos 
en la legislación orgánica sobre la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 98.  Recursos económicos del Consejo General de la Abogacía Española.
Para atender a los gastos que se originen para el cumplimiento de los fines señalados, 
el Consejo General de la Abogacía Española contará con los siguientes ingresos:
a)  Las cuotas que para este fin se fijen en los presupuestos, que serán abonadas por 
todos los Colegios de la Abogacía en función del número de colegiados residentes de cada 
uno, ejercientes y no ejercientes.
b)  Las cuotas de nueva incorporación que deban satisfacer las personas físicas, ya 
se colegien como ejercientes o como no ejercientes; y las entidades que pretendan 
inscribirse en los registros de sociedades profesionales.
c)  El importe de las certificaciones que se expidan.
d)  Los demás recursos que pueda obtener de sus actividades.
e)  Las subvenciones oficiales, donativos y legados que pueda recibir.
f)  Cualquier aportación extraordinaria que el Pleno del propio Consejo General  e.e
acuerde cuando concurran circunstancias excepcionales. b
Sección 2.ª  Pleno del Consejo General
Artículo 99.  Composición del Pleno. Mandato.
1.  El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española está compuesto por los 
siguientes Consejeros:
a)  El Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, que será elegido 
entre profesionales de la Abogacía ejercientes de cualquier Colegio de la Abogacía de 
España.
b)  Los Decanos de los Colegios de la Abogacía de España.
c)  Los Presidentes de Consejos Autonómicos de Colegios de la Abogacía en los que 
no concurriere la condición de Decano.
d)  El Presidente de la Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión 
Social a prima fija, siempre que sea profesional de la Abogacía.
e)  Doce Consejeros elegidos por el Pleno del Consejo entre profesionales de la 
Abogacía de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional.
2.  El mandato de los miembros del Pleno del Consejo General coincidirá con el de los 
cargos que desempeñen, salvo los del Presidente y los doce Consejeros electivos, que 
será de cuatro años.
3.  La contravención por los miembros del Pleno de los deberes de confidencialidad, 
secreto y debido respeto a los demás integrantes del órgano, dará lugar a la apertura de 
un procedimiento en el que, con las debidas garantías, se evaluará si el Consejero ha 
incumplido las funciones que le corresponden por razón de dicho cargo. Si se apreciase 
dicho incumplimiento por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, podrá 
imponerse al Consejero en cuestión alguna de las sanciones previstas en el artículo 127, 
salvo las de suspensión o expulsión.
Artículo 100.  Elección de sus miembros.
1.  El proceso de elección del Presidente del Consejo General y de los doce 
Consejeros electivos se convocará por el Presidente, o persona que le sustituya, con al 
menos treinta días naturales de antelación a la fecha de celebración del Pleno 
correspondiente, mediante comunicación fehaciente a todos los Colegios de la Abogacía 
y a los Consejos Autonómicos de Colegios para que le den la máxima publicidad y difusión 
posible, exponiéndola en todo caso en sus tablones de anuncios y en sus páginas web.
Asimismo, el Consejo General la expondrá en su página web y en aquellas otras que 
gestione.
2.  Las candidaturas se presentarán en la Secretaría General del Consejo General al 
menos quince días naturales antes de la fecha del Pleno. La Comisión Permanente, en los 
cinco días naturales siguientes, proclamará las candidaturas que reúnan los requisitos 
establecidos.
3.  La votación para la elección de los consejeros será secreta, pudiendo votar todos 
los miembros del Pleno, siendo elegidos quienes más votos obtengan y en caso de empate 
el de mayor antigüedad colegial como ejerciente.
4.  En la elección de Presidente, que también será secreta, sólo tendrán derecho de 
voto los Decanos de los Colegios de la Abogacía.
En primera y segunda votación será elegido quien obtenga mayoría absoluta de los  s
electores. Si ningún candidato la alcanzara, se celebrará una tercera votación en la que  e.
solo podrán participar los dos candidatos más votados en la segunda, siendo elegido aquél  w.
que obtenga mayor número de votos y en caso de empate el de mayor antigüedad colegial  68ww
com5o.  ejePrrcoicelnatme.ado el resultado del escrutinio, los que hubieren sido elegidos tomarán
posesión ante el Pleno.
Artículo 101.  Competencias del Pleno.
1.  Corresponden al Pleno todas las funciones que legal o estatutariamente se 
atribuyen al Consejo General de la Abogacía Española.
2.  En materia patrimonial, el Pleno tiene competencia para acordar toda clase de 
actos de disposición y gravamen. Podrá delegar en el Presidente las competencias que le 
corresponden en esta materia.
3.  El Pleno tiene asimismo competencia para acordar la constitución de asociaciones, 
fundaciones y todo tipo de sociedades civiles y mercantiles; la celebración de contratos de 
cualquier clase y la realización de cuantas actuaciones jurídicas resulten precisas para 
garantizar el buen funcionamiento del Consejo General y la defensa de sus derechos e 
intereses legítimos.
Asimismo, podrá delegar en el Presidente las competencias que le corresponden en 
esta materia.
4.  El Pleno determinará las Comisiones ordinarias en que haya de quedar organizado, 
así como su régimen y funciones y la adscripción de Consejeros a cada una de ellas, 
siendo coordinadas por la Secretaría General, que convocará cuantas reuniones sean 
precisas. Igualmente podrá constituir las comisiones y ponencias especiales que estime 
convenientes. Las Comisiones desempeñarán las funciones que les delegue el Pleno y, en 
su ámbito propio podrán adoptar, en caso de urgencia, acuerdos de inmediata ejecución, 
sin perjuicio de dar cuenta posteriormente al Pleno.
No obstante, a fin de agilizar la tramitación y resolución de los recursos que en materia 
disciplinaria se formulen ante el Consejo General y cumplir los plazos establecidos para 
ello, la Comisión que haya de entender en materia de recursos, tendrá siempre facultad 
plena para resolverlos e informar luego al Pleno, sin perjuicio de que pueda elevar al Pleno 
la decisión de aquellos recursos que estime conveniente.
Con la misma finalidad, la facultad plena para la resolución de los recursos que se 
formulen en otra materia queda delegada en la Comisión Permanente, sin perjuicio de la 
información posterior al Pleno y de que pueda elevar a éste la decisión de aquellos 
recursos que estime conveniente.
Artículo 102.  Funcionamiento del Pleno.
El Pleno del Consejo General se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre, previa 
convocatoria del Presidente.
Asimismo podrá reunirse siempre que lo acuerde el Presidente, por propia iniciativa o 
a petición de la Comisión Permanente o de un 20 por 100 de los miembros del Pleno.
Artículo 103.  Adopción de acuerdos.
1.  Los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría reforzada que requerirá la 
existencia de mayor número de votos favorables de los Consejeros presentes o representados 
mediante la delegación de su voto en otro miembro del Consejo, con voto dirimente del 
Presidente en caso de empate, siempre que además conformen mayoría de colegiados 
ejercientes, computándose a estos efectos en el voto emitido por cada Decano los colegiados 
ejercientes residentes en la demarcación de su Colegio a 31 de diciembre del año anterior.
2.  No obstante lo anterior, aquellos acuerdos que se refieran a materias no 
comprendidas en el apartado tres del presente artículo, podrán ser aprobados por mayoría 
simple entre los Consejeros presentes o representados mediante la delegación de su voto 
en otro miembro del Consejo, con voto dirimente del Presidente en caso de empate, salvo  e.
que cualquier Consejero Decano solicitara, previamente al inicio de la votación, que se  w.b
aplique el régimen de mayoría reforzada regulado en el párrafo anterior. 68ww
será3n.  loLs ossig ausieunnttoess :a los que se aplicará necesariamente el régimen de mayoría reforzada
a)  Aprobación inicial del Estatuto General de la Abogacía Española y de sus
modificaciones para su elevación a la aprobación definitiva por el Gobierno.
b)  Aprobación del Reglamento de régimen interior del Consejo General y de 
cualesquiera otras normas reglamentarias.
c)  Ordenación de la actividad profesional de los profesionales de la Abogacía, su 
ejercicio profesional, acceso a la profesión, deontología y publicidad.
d)  Aprobación del presupuesto, balance, cuentas y memoria anuales, así como 
cualquier aportación extraordinaria que haya de efectuarse por concurrir circunstancias 
excepcionales. En el supuesto de que el presupuesto anual del Consejo General no sea 
aprobado, se entenderá prorrogado el anterior con la variación del índice de precios al 
consumo hasta que se apruebe un nuevo presupuesto.
e)  Constitución de asociaciones, fundaciones y todo tipo de sociedades civiles y 
mercantiles.
f)  Proyectos, propuestas o acuerdos de los que puedan derivarse repercusiones 
económicas extrapresupuestarias para los Colegios de la Abogacía.
Sección 3.ª  El Presidente
Artículo 104.  Funciones.
1.  El Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, tendrá las siguientes 
funciones:
a)  Ostentar la representación del Consejo General y, en consecuencia, ostentar la 
representación de la Abogacía Española y ser portavoz del conjunto de los Colegios de la 
Abogacía de España.
b)  Velar por el prestigio de la profesión de profesional de la Abogacía.
c)  Defender los derechos de los Colegios de la Abogacía y de sus colegiados cuando 
sea requerido por el Colegio respectivo y proteger la lícita libertad de actuación de los 
profesionales de la Abogacía y de las sociedades profesionales.
d)  Convocar y presidir, fijando el orden del día, las sesiones del Pleno y de la 
Comisión Permanente, así como de las demás Comisiones ordinarias o extraordinarias, 
decidiendo los empates con voto de calidad.
e)  Proponer el nombramiento de ponencias para preparar la resolución o despacho 
de un asunto.
f)  Autorizar con su firma los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente y velar 
por su correcta ejecución.
g)  Ejercer la superior dirección de la actividad de los órganos del Consejo General.
h)  Las que le hayan sido delegadas por el Pleno.
i)  Cuantas otras le correspondan por disponerlo así las disposiciones vigentes y 
especialmente este Estatuto.
2.  El Presidente será auxiliado en el ejercicio de sus funciones por todos los cargos 
y empleados del Consejo General. Asimismo, podrá crear los órganos de apoyo 
permanentes o temporales que tenga por conveniente y designar a sus titulares.
Las designaciones se podrán hacer libremente entre personas, vinculadas o no al 
Consejo General, siempre dentro del marco presupuestario.
3.  El Presidente podrá delegar o sustituir sus funciones y las que tenga delegadas 
por el Pleno, dando cuenta a este, así como otorgar los apoderamientos necesarios para 
el funcionamiento del Consejo General.
Artículo 105.  Cese del Presidente. bo
Ea)l  PrFeaslildeecinmteie cnetos.ará por las causas siguientes: 2021-4568n https://ww
bc))   FRaelntau ninciicaia.l no conocida o pérdida sobrevenida de los requisitos estatutarios y de  BOE-A-cable e
capacidad para desempeñar el cargo.
d)  Expiración del término o plazo para el que fue elegido, pudiendo presentarse a la 
reelección una sola vez.
e)  Aprobación de la moción de censura que se regula en el artículo siguiente.
Artículo 106.  Moción de censura.
1.  El Presidente podrá ser sometido a moción de censura por su gestión.
2.  La moción de censura podrá ser promovida a instancia de, al menos, un tercio de 
los Decanos de Colegios de la Abogacía.
3.  La moción de censura se debatirá en un Pleno del Consejo General convocado 
exclusivamente al efecto con carácter extraordinario. La sesión deberá celebrarse en los 
treinta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud correspondiente en la 
Secretaría General del Consejo General. El acuerdo de convocatoria será ejecutado de 
oficio por el Secretario General. Para la válida constitución del Pleno y para la votación de la 
moción será necesario un quórum mínimo de la mayoría de los Decanos con derecho a voto.
4.  La aprobación de una moción de censura exigirá la mayoría absoluta de los votos 
de los Decanos de Colegios miembros del Consejo General que a su vez suponga la 
mayoría de colegiados ejercientes según los Colegios concurrentes a la sesión, 
computándose a estos efectos en el voto de cada Decano los colegiados residentes en la 
demarcación de su Colegio. Dará lugar al cese inmediato del Presidente censurado, 
debiendo procederse a la elección del nuevo Presidente con arreglo a lo previsto con 
carácter general por este Estatuto.
Sección 4.ª  Comisión Permanente
Artículo 107.  Composición y funciones.
1.  La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española, estará 
formada por:
a)  El Presidente, Secretario General y Tesorero del Consejo General de la Abogacía 
Española.
b)  Tres Consejeros Decanos de Colegios de la Abogacía con menos de 500 
colegiados ejercientes.
c)  Tres Consejeros Decanos de Colegios de la Abogacía que tengan entre 500 
y 3.000 colegiados ejercientes.
d)  Tres Consejeros Decanos de Colegios de la Abogacía con más de 3.000 
colegiados ejercientes.
Los Consejeros a que se refieren las letras b, c y d anteriores serán designados y 
cesados por el Presidente del Consejo.
2.  La Comisión Permanente desempeñará las siguientes funciones, de las que dará 
cuenta al Pleno que posteriormente se celebre:
a)  Las que expresamente le delegue el Pleno.
b)  Las propias del Pleno cuando razones de urgencia aconsejen su ejercicio 
inmediato.
c)  La formulación del Presupuesto y del balance, cuentas anuales y memoria, para 
su sometimiento al Pleno.
3.  Los acuerdos de la Comisión Permanente se adoptarán por mayoría simple de los  b
asistentes, con el voto dirimente del Presidente en caso de empate. 68ww
que 4s.e  dLeat eCrmominies ipóonr  Peel rRmeagnlaemnteen tpoo dderá R céegleimbreanr  Irnetuenriioorn.es no presenciales en la forma
Artículo 108.  Designación de los Vicepresidentes, Presidentes de Comisión, Secretario 
General, Vicesecretario General, Tesorero y Vicetesorero.
1.  El Presidente designará dos Vicepresidentes de entre los Consejeros Decanos 
que formen parte de la Comisión Permanente, quienes le sustituirán conforme a su orden. 
Designará asimismo, de entre todos los Consejeros, a los Presidentes y Vicepresidentes 
de Comisión, al Secretario General, al Vicesecretario General, al Tesorero y al Vicetesorero. 
El Vicesecretario y el Vicetesorero son los sustitutos naturales del Secretario y el Tesorero 
del Consejo General y asistirán a aquellas reuniones de la Comisión Permanente y de la 
Comisión Consultiva a las que no asistan los sustituidos.
2.  El mandato de los cargos mencionados en el apartado anterior concluirá si pierden 
la condición de Consejero o cuando, una vez finalizado el proceso para la elección del 
nuevo Presidente del Consejo General, tome posesión el que resulte electo. Asimismo, en 
cualquier momento el Presidente podrá cesarlos en su cargo.
Artículo 109.  Comisión Consultiva.
1.  La Comisión Consultiva del Consejo General de la Abogacía Española estará 
formada por:
a)  El Presidente, Secretario General y Tesorero del Consejo General de la Abogacía 
Española.
b)  Tres Consejeros Decanos de Colegios de la Abogacía que tengan más de 3.000 
colegiados ejercientes.
c)  Tres Consejeros Decanos del resto de Colegios de la Abogacía.
d)  El Presidente de la Confederación Española de la Abogacía Joven, quien tendrá 
voz pero no voto.
2.  La Comisión Consultiva desempeñará las siguientes funciones:
a)  Promover acciones de información y divulgación de los derechos fundamentales y 
especialmente del derecho de defensa, así como de la profesión de profesional de la 
Abogacía y de las instituciones de la Abogacía.
b)  Proponer a la Comisión Permanente o, en su caso, al Pleno, iniciativas normativas 
estatutarias o económicas.
c)  Emitir dictámenes que deberán valorar la oportunidad, viabilidad y repercusión de 
proyectos y actividades del Consejo General. Estos dictámenes serán preceptivos pero no 
vinculantes para todos los proyectos que tengan un coste económico para el Consejo 
General o para los Colegios de la Abogacía.
d)  Cuantas realizaciones persigan mejorar el ejercicio de la Abogacía y la realización 
de la Justicia.
Artículo 110.  Comisiones de Trabajo.
La Comisión Permanente podrá acordar la constitución de comisiones de trabajo y 
estudio sobre materias de especial relevancia para la Abogacía, para la elaboración de 
informes sobre proyectos normativos o para la armonización de los criterios de las 
comisiones existentes en los diferentes Colegios de la Abogacía. Su constitución podrá 
acordarse con carácter indefinido o para un asunto concreto y serán coordinadas por la 
Secretaría General, que convocará cuántas reuniones sean precisas. es
Los trabajos e informes elaborados por las diferentes comisiones habrán de ser  bo
elevados para su aprobación a la Comisión Permanente o al Pleno, según proceda,  68ww
cauuatonrdidoa dheasy anna cdioen saulertsir o e ifnetcetronsa cfuioenraal edse cl oámmpbeittoe ndteels .Consejo General o remitirse a las
Sección 5.ª  Congreso de la Abogacía Española
Artículo 111.  Convocatoria.
1.  El Congreso de la Abogacía Española se celebrará ordinariamente cada cuatro 
años y será convocado por el Consejo General.
2.  El Congreso aprobará unas conclusiones que tendrán carácter orientador para los 
órganos y organismos corporativos de la Abogacía.
3.  En el Congreso podrán desarrollarse además cuantos actos determine el Consejo 
General de la Abogacía Española.
Artículo 112.  Reglamento del Congreso de la Abogacía Española.
1.  El Reglamento del Congreso de la Abogacía Española será aprobado por el Pleno 
del Consejo General, previa audiencia de los Colegios y Consejos Autonómicos por plazo 
no inferior a treinta días.
2.  El Reglamento del Congreso determinará su composición y forma de celebración. 
Una vez aprobado será remitido a los Colegios y Consejos Autonómicos junto con la 
convocatoria.
TÍTULO X
Régimen jurídico de los acuerdos sometidos al Derecho Administrativo y su 
impugnación
Artículo 113.  Ejecutividad.
1.  Los acuerdos del Consejo General de la Abogacía Española y de los Colegios de 
la Abogacía serán inmediatamente ejecutivos, salvo que el propio acuerdo establezca otra 
cosa o recaigan en materia disciplinaria.
2.  Los acuerdos que deban ser notificados personalmente a los colegiados, lo serán 
en el domicilio profesional que tengan comunicado al Colegio. La notificación se adecuará 
a lo previsto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas, pudiendo realizarse por un empleado del Colegio de la 
Abogacía. Si no se pudiese efectuar la notificación de esta forma, se entenderá 
perfeccionada a los quince días de su exposición en el tablón de anuncios del propio 
Colegio, que se realizará en la forma prevista por la citada Ley. Asimismo, los colegiados 
podrán recibir, si así lo desean, las notificaciones a través de la ventanilla única, tal y como 
se prevé en el artículo 71.2.c) del presente Estatuto.
Artículo 114.  Actos nulos y anulables.
Son nulos de pleno derecho o anulables los actos de los órganos corporativos en los 
casos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 115.  Recursos.
1.  Los actos de los órganos del Consejo General de la Abogacía Española sujetos a 
Derecho Administrativo ponen fin a la vía administrativa y son recurribles directamente  es
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. No obstante, los interesados  bo
podrán interponer potestativamente recurso de reposición, si procediere. 68ww
rceocrpu2or.rr iabtlLievosos sa a noct teao dsem ld ioenr ilsdotesran Ct ijvouolresisg dqioiucsec  dieoesn tlaaalb  Aclebozoncgtaea nclacía iro esssuopj-eeatcdotmsiv iaanl i lseDtgreairsetliavccohi,oó  pnAr daemuvtiioonsnis óltomrasit cirvaeo.c suersráons   OE-A-2021-45able en https://
Artículo 116.  Recursos ante el Consejo General de la Abogacía Española.
1.  Los acuerdos de los Consejos Autonómicos de Colegios y de los Colegios de la 
Abogacía serán recurribles ante el Consejo General de la Abogacía Española cuando así 
lo dispongan sus propios Estatutos.
2.  En estos casos, el recurso será presentado ante el órgano que dictó el acuerdo, 
que deberá elevarlo, con sus antecedentes y el informe que proceda, al Consejo General 
dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación. El Consejo General, 
previos los informes que estime pertinentes, deberá dictar y notificar resolución expresa en 
el plazo de tres meses. El recurrente podrá solicitar la suspensión del acuerdo recurrido y 
la Comisión Permanente del Consejo General podrá acordarla o denegarla motivadamente.
El silencio tendrá efecto desestimatorio de la pretensión, salvo en aquellos supuestos 
en que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 24.1 tercer párrafo, de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.
En lo no previsto en este precepto, se aplicará de manera supletoria lo establecido 
para el recurso de alzada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 117.  Cómputo de plazos.
Los plazos de este Estatuto General expresados en días se entenderán referidos a 
días hábiles, salvo que expresamente se prevea otra cosa.
Artículo 118.  Aplicación de la legislación reguladora del procedimiento administrativo 
común de las Administraciones Públicas.
La  legislación  reguladora  del  procedimiento  administrativo  común  de  las 
Administraciones Públicas se aplicará a los actos de los órganos corporativos en la forma 
en ella prevista.
TÍTULO XI
Régimen de responsabilidad de los profesionales de la Abogacía y de las 
sociedades profesionales
CAPÍTULO I
Responsabilidad disciplinaria
Artículo 119.  Principios generales.
1.  Los profesionales de la Abogacía y las sociedades profesionales en que participen 
o presten servicio están sujetos a responsabilidad disciplinaria.
2.  Las facultades disciplinarias de la autoridad judicial sobre los profesionales de la 
Abogacía se ajustarán a lo dispuesto en las Leyes procesales. Las sanciones o 
correcciones disciplinarias que impongan los Tribunales al profesional de la Abogacía se 
harán constar en su expediente personal.
3.  Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en el expediente 
personal del colegiado o en el particular de la sociedad profesional.
Artículo 120.  Potestad disciplinaria. e.e
1.  La potestad disciplinaria sobre los profesionales de la Abogacía y las sociedades  68ww
phsoarobyfar2ee .sc  isooumEnsale  mlCteidsioeo nms sleabe  rjeioonj sefrG raececxenccrieálóur nasp,il ov cdaro emlno  elsaan r CrtAeeob gcloeluogga aaionc sdlíaa osd   Eaepcs rletpaúva eAiñsnboi ooleangn ea estcaj edíla recc  oeesnrnuád s ci scruueióy sonpp ,oe áatcmestsiíbv tcioatoosdm   Etdeosirs trsacitoitopubrltriionaesal  .lrsoieas    OE-A-2021-45able en https://
miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios y de los Consejos Autonómicos,
salvo que la legislación autonómica o las normas estatutarias establezcan otra cosa. El 
ejercicio de esta potestad corresponde al Pleno.
3.  La potestad disciplinaria de los Consejos Autonómicos se regulará por la legislación 
autonómica correspondiente.
Artículo 121.  Principio de tipicidad.
Son infracciones disciplinarias las conductas descritas en los capítulos segundo, 
tercero, quinto y sexto del presente Título. Las infracciones que puedan llevar aparejada 
sanción disciplinaria se clasifican en muy graves, graves y leves.
Artículo 122.  Sanciones.
1.  Las sanciones que podrán imponerse a los profesionales de la Abogacía son las 
siguientes:
a)  Apercibimiento por escrito.
b)  Multa pecuniaria.
c)  Suspensión del ejercicio de la Abogacía.
d)  Expulsión del Colegio.
2.  En el caso de las sociedades profesionales, podrán ser sancionadas con la baja 
del registro colegial correspondiente, en los términos de este Estatuto.
3.  Las sanciones que podrán imponerse a los profesionales de la Abogacía que sean 
tutores de prácticas externas de los cursos o másteres de acceso a la profesión son las 
siguientes:
a)  Reprensión privada.
b)  Apercibimiento verbal.
c)  Apercibimiento por escrito.
d)  Multa.
e)  Pérdida de los reconocimientos, incentivos o ventajas obtenidos por el desempeño 
de su cargo de tutor.
f)  Inhabilitación para ejercer la tutoría en cualquier curso o máster de acceso.
Artículo 123.  Principio de proporcionalidad.
La imposición de cualquier sanción guardará la debida adecuación entre la gravedad 
del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. A tal fin se considerará, en 
todo caso, la existencia de reincidencia y reiteración, teniendo especialmente en cuenta la 
naturaleza y entidad de los perjuicios causados a terceros o a la profesión.
CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones correspondientes a los profesionales de la Abogacía
Artículo 124.  Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves de los profesionales de la Abogacía:
a)  La condena en sentencia firme por delitos dolosos, en cualquier grado de  e.e
participación, como consecuencia del ejercicio de la profesión. b
b)  La condena en sentencia firme a penas graves conforme al artículo 33.2 del  68ww
Códcig) o PEel neajel.rcicio de la profesión en vulneración de resoluciones administrativas o
judicdi)a leLs afi rcmoleasb odrea icnióhna boil ietal ceinócnu ob rpimroiheinbtioc idóenl  dinetlr uesjeisrcmicoio p prorofefesisoionnaal.l.
e)  El ejercicio de la profesión estando incurso en causa de incompatibilidad.
f)  La vulneración del deber de secreto profesional cuando la concreta infracción no 
esté tipificada de forma específica.
g)  La renuncia o el abandono de la defensa que le haya sido confiada cuando se 
cause indefensión al cliente.
h)  La negativa injustificada a realizar las intervenciones profesionales que se 
establezcan por Ley, conforme a lo previsto en el artículo 17 del presente Estatuto General.
i)  La defensa de intereses contrapuestos con los del propio profesional de la 
Abogacía o con los del despacho del que formara parte o con el que colabore.
j)  La indebida percepción de honorarios, derechos o beneficios económicos por los 
servicios derivados de la Ley 1/1996, de 10 de enero.
k)  La retención o apropiación de cantidades correspondientes al cliente y recibidas 
por cualquier concepto.
l)  La apropiación o retención de documentos o archivos relativos a clientes del 
despacho en el que haya estado integrado previamente, salvo autorización expresa del 
cliente.
m)  El quebrantamiento de las sanciones impuestas.
n)  La publicidad de servicios profesionales con incumplimiento de los requisitos del 
artículo 20.2.c) de este Estatuto General.
Artículo 125.  Infracciones graves.
Son infracciones graves de los profesionales de la Abogacía:
a)  La vulneración de los deberes deontológicos en los casos siguientes:
i.  La infracción de los deberes de confidencialidad y de las prohibiciones que 
protegen las comunicaciones entre profesionales en los términos establecidos en el 
artículo 23 de este Estatuto General.
ii.  El  incumplimiento  de  los  compromisos  formalizados  entre  compañeros, 
verbalmente o por escrito, en el ejercicio de sus funciones profesionales.
iii.  La falta de respeto debido o la realización de alusiones personales de menosprecio 
o descrédito, en el ejercicio de la profesión, a otro profesional de la Abogacía o a su 
cliente.
iv.  La inducción injustificada al cliente a no abonar los honorarios devengados por un 
compañero en caso de sustitución o cambio de profesional de la Abogacía.
v.  La retención de documentación de un cliente contra sus expresas instrucciones.
vi.  La falta de remisión de la documentación correspondiente al profesional de la 
Abogacía que le sustituya en la llevanza de un asunto.
vii.  La citación de un profesional de la Abogacía como testigo de hechos relacionados 
con su actuación profesional.
b)  La publicidad de servicios profesionales con incumplimiento de los requisitos del 
artículo 20 de este Estatuto General, salvo lo previsto en el artículo 124.n), en relación con 
el artículo 20.2.c).
c)  El incumplimiento de los deberes de identificación e información que se recogen 
en los artículos 48 y 49 del presente Estatuto General.
d)  El incumplimiento de las obligaciones en materia de reclamaciones recogidas en 
el artículo 52 del presente Estatuto General.
e)  La falta del respeto debido a quienes intervengan en la Administración de Justicia. s
f)  La falta de pago de las cuotas colegiales, sin perjuicio de la baja en el Colegio por  oe.
dicho motivo. w.
g)  La falta del respeto debido o la incomparecencia injustificada a las citaciones  68ww
egofebcieturnaod adse,  lbaa Ajob oagpaecrícai beinm eiel netjoer, cpicoior  dloes  smusie fmunbcrioosn edse. los órganos corporativos o de
corpho)r atLivao f aqlutae  dime pciudma pol idmifieicnutlote d seu s cuosr fruencctoio fnuensc icoonmamo mienietmo.bros de órganos de gobierno  BOE-A-cable e
i)  La condena penal firme por la comisión de delitos leves dolosos como 
consecuencia del ejercicio de la profesión.
j)  La defensa de intereses en conflicto con los de otros clientes del profesional de la 
Abogacía o despacho del que formara parte o con el que colaborase, en vulneración de lo 
establecido en el artículo 51 del presente Estatuto.
k)  El incumplimiento injustificado del encargo contenido en la designación realizada 
por el Colegio de la Abogacía en materia de asistencia jurídica gratuita.
l)  El incumplimiento de la obligación de comunicar la sustitución en la dirección 
profesional de un asunto al compañero sustituido, en los términos previstos en el artículo 60 
de este Estatuto General.
m)  La relación o comunicación con la parte contraria cuando le conste que está 
representada o asistida por otro profesional de la Abogacía, salvo su autorización expresa.
n)  El abuso de la circunstancia de ser el único profesional de la Abogacía interviniente 
causando una lesión injusta.
ñ)  La incomparecencia injustificada a cualquier diligencia judicial, siempre que cause 
un perjuicio a los intereses cuya defensa le hubiera sido confiada.
o)  El pago, cobro, exigencia o aceptación de comisiones u otro tipo de compensación 
de otro profesional de la Abogacía o de cualquier persona, infringiendo las normas legales 
sobre competencia o las reguladoras de la deontología profesional.
p)  La negativa o el retraso injustificado a rendir cuentas del encargo profesional o a 
hacer la correspondiente liquidación de honorarios y gastos que le sea exigida por el 
cliente.
q)  La compensación de honorarios con fondos del cliente que no hayan sido recibidos 
como provisión, sin su consentimiento.
r)  La falsa atribución de un encargo profesional.
s)  La embriaguez o consumo de drogas cuando afecten al ejercicio de la profesión.
t)  La falta de contratación de seguro o garantía cuando la obligación de contar con 
dicho régimen de garantía para cubrir las responsabilidades por razón del ejercicio 
profesional así esté prevista por ley.
u)  Los demás actos u omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la 
profesión y a las reglas que la gobiernan, conforme a lo establecido en el presente Estatuto 
General y otras normas legales.
Artículo 126.  Infracciones leves.
Son infracciones leves de los profesionales de la Abogacía:
a)  Ofender levemente en cualquier comunicación privada oral o escrita al profesional 
de la Abogacía de la parte contraria, siempre que no haya trascendido la ofensa.
b)  Comprometer en sus comunicaciones y manifestaciones con el profesional de la 
Abogacía de la parte contraria al propio cliente con comentarios o manifestaciones que 
puedan causarle desprestigio.
c)  Impugnar reiterada e injustificadamente los honorarios de otros profesionales de 
la Abogacía.
d)  No atender con la debida diligencia las visitas, comunicaciones escritas o 
telefónicas de otros profesionales de la Abogacía.
e)  No comunicar oportunamente al Colegio el cambio de domicilio profesional o 
cualquier otra circunstancia personal que afecte a su relación con aquel.
f)  No consignar en el primer escrito o actuación su identificación, el Colegio al que  e.e
estuviese incorporado y el número de colegiado. b
g)  No atender con la diligencia debida los asuntos derivados del Turno de Oficio,  68ww
cuando el incumplimiento no constituya infracción grave o muy grave.
Artículo 127.  Sanciones para los profesionales de la Abogacía.
1.  Por la comisión de infracciones muy graves, atendiendo a criterios de 
proporcionalidad, podrá imponerse la expulsión del Colegio o la suspensión del ejercicio 
de la Abogacía por plazo superior a un año sin exceder de dos.
2.  Por la comisión de infracciones graves podrá imponerse la sanción de suspensión 
del ejercicio de la Abogacía por un plazo superior a quince días sin exceder de un año o 
multa pecuniaria por importe de entre 1.001 y 10.000 euros.
3.  Por la comisión de infracciones leves podrá imponerse la sanción de apercibimiento 
escrito, o suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a quince días, 
o multa pecuniaria por importe de hasta 1.000 euros.
4.  Las sanciones que se impongan por infracciones graves o muy graves relacionadas 
con actuaciones desarrolladas en la prestación de los servicios del Turno de Oficio, 
llevarán aparejada, en todo caso, la exclusión del profesional de la Abogacía de dichos 
servicios por un plazo mínimo de seis meses e inferior a un año si la infracción fuera grave 
y de entre uno y dos años si fuera muy grave.
En los supuestos de infracciones leves, podrá imponerse también la exclusión del 
profesional de la Abogacía de dichos servicios por un plazo no superior a seis meses.
Incoado un expediente disciplinario como consecuencia de una denuncia formulada 
por un usuario de los servicios de asistencia jurídica gratuita, cuando la gravedad del 
hecho denunciado lo aconseje, podrá acordarse la separación cautelar del servicio del 
profesional de la Abogacía presuntamente responsable por un periodo máximo de seis 
meses hasta que el expediente disciplinario se resuelva.
CAPÍTULO III
Infracciones y sanciones correspondientes a las sociedades profesionales
Artículo 128.  Regla general.
1.  La sociedad profesional podrá ser sancionada en los términos previstos en este 
Estatuto General.
2.  Las sociedades profesionales podrán ser sancionadas, con arreglo a este Estatuto 
General, por las infracciones cometidas por los profesionales de la Abogacía que las 
integran, cuando resulte acreditada su responsabilidad concurrente, como partícipes o 
encubridores, en la comisión de dichas infracciones. Se presumirá que existe esa 
responsabilidad concurrente cuando las infracciones se hayan cometido por cuenta y en 
provecho de la sociedad profesional por sus administradores o por quienes, siguiendo sus 
instrucciones, la representen. En estos supuestos se considerará la infracción de la 
sociedad profesional como de la misma clase que la cometida por el profesional de la 
Abogacía a efectos de aplicar la sanción correspondiente.
3.  Igualmente podrán ser sancionadas las sociedades profesionales por la realización 
de conductas directamente imputables a la sociedad que se encuentren tipificadas como 
infracciones para los profesionales de la Abogacía, graduándose las infracciones con 
arreglo a lo previsto en el capítulo anterior.
Artículo 129.  Infracciones muy graves de las sociedades profesionales.
Es infracción muy grave de las sociedades profesionales la falta de un seguro en vigor  s
o garantía equivalente que cubra la responsabilidad en la que puedan incurrir en el  oe.
ejercicio de sus actividades cuando la obligación de contar con dicho régimen de garantía  w.
aAsrtíí ceusltoé  1p3re0v. istIan fpraocr cleioyn.es graves de las sociedades profesionales. 2021-4568n https://ww
Constituye infracción grave de las sociedades profesionales, la falta de presentación
para su inscripción en el registro del Colegio correspondiente, en el plazo establecido, de
los cambios de socios y administradores o de cualquier modificación del contrato social 
que deba ser objeto de inscripción, así como el impago de las cargas previstas 
colegialmente.
Artículo 131.  Infracciones leves de las sociedades profesionales.
El retraso no superior a un mes, en el cumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere el artículo anterior, se conceptuará como infracción leve.
Artículo 132.  Sanciones para las sociedades profesionales.
1.  Por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 129, baja de la 
sociedad en el registro del Colegio correspondiente.
2.  Por la comisión de infracciones graves, atendiendo a criterios de proporcionalidad, 
apercibimiento y multa pecuniaria por importe de entre 1.501 y 15.000 euros.
3.  Por la comisión de infracciones leves, atendiendo a criterios de proporcionalidad, 
apercibimiento o multa pecuniaria por importe de 300 euros hasta 1.500 euros.
CAPÍTULO IV
Procedimiento sancionador
Artículo 133.  Procedimiento.
1.  Las sanciones disciplinarias solo podrán imponerse en virtud de procedimiento 
instruido al efecto en el que se garanticen al interesado los derechos a ser notificado de 
los hechos que se le imputan, formular alegaciones y utilizar los medios de defensa 
admitidos por el ordenamiento jurídico que resulten procedentes.
2.  El procedimiento se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por 
propia iniciativa o como consecuencia de denuncia.
3.  Con anterioridad al acuerdo de iniciación, el órgano competente podrá abrir un 
período de información previa con el fin de determinar si procede o no iniciar el procedimiento 
sancionador. En el caso en que se acuerde su inicio, se deberá nombrar un instructor de 
entre los miembros de la Junta de Gobierno, de la Comisión Deontológica, colegiados que 
hayan formado parte de la Junta de Gobierno o con más de diez años de ejercicio.
4.  El procedimiento se tramitará de conformidad con lo establecido en la legislación 
administrativa básica y normas que la desarrollen, así como en lo dispuesto por la 
normativa autonómica y corporativa. En el caso de infracciones leves se aplicará un 
procedimiento simplificado. El plazo máximo en que debe dictarse y notificarse la 
resolución expresa será el previsto en las Leyes, salvo que pueda establecerse otro 
diferente por norma reglamentaria.
Artículo 134.  Ejecución de las sanciones.
1.  Las sanciones disciplinarias serán ejecutivas una vez que sean firmes en vía 
administrativa.
2.  Las sanciones producirán efecto en el ámbito de todos los Colegios de Abogados 
de España, siendo competente para ejecutarlas el órgano que las imponga, que tendrá 
preceptivamente que comunicarlas al Consejo General de la Abogacía Española para que 
este pueda informar a todos los Colegios y Consejos Autonómicos.
3.  Cuando la sanción haya sido impuesta por un Colegio distinto del de incorporación,  es
este deberá prestarle la colaboración precisa para la ejecución de la sanción. Esta  bo
colaboración podrá ser regulada por convenio entre Colegios. 68ww
Artículo 135.  Extinción de la responsabilidad disciplinaria de los profesionales de la
A1.b ogLaac ríeas.ponsabilidad disciplinaria de los colegiados se extingue por el cumplimiento  BOE-A-cable e
de la sanción, el fallecimiento, la prescripción de la infracción y la prescripción de la sanción.
En el supuesto en que la sanción impuesta fuera la de expulsión del colegio deberá estarse 
a lo que establece el artículo 13 de este Estatuto General en materia de rehabilitación.
2.  La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el 
período de alta, sino que se concluirá el procedimiento disciplinario y se acordará la sanción 
que corresponda. En el supuesto en que la sanción no pueda hacerse efectiva, quedará en 
suspenso para ser cumplida si el sancionado causase nuevamente alta en el Colegio.
Artículo 136.  Prescripción de las infracciones.
1.  Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años 
y las leves a los seis meses.
2.  El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en 
que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador.
En todo caso se reanudará el cómputo del plazo de prescripción si el procedimiento 
permaneciere paralizado durante más de un mes por causa no imputable al colegiado.
Artículo 137.  Prescripción de las sanciones.
1.  Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años; 
las impuestas por infracciones graves, a los dos años; y las impuestas por infracciones 
leves, a los seis meses.
2.  El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contar desde el día 
siguiente a aquel en que puedan ser ejecutadas. Interrumpirá la prescripción la iniciación, 
con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el 
plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
3.  El plazo de prescripción de la sanción, cuando el sancionado quebrante su 
cumplimiento, comenzará a contar desde la fecha del quebrantamiento.
Artículo 138.  Cancelación de la anotación de las sanciones en el expediente personal del 
profesional de la Abogacía.
1.  La anotación de las sanciones en el expediente personal del colegiado se 
cancelará cuando hayan transcurrido los siguientes plazos sin que aquel hubiere incurrido 
en nueva responsabilidad disciplinaria: seis meses en caso de sanciones de apercibimiento, 
suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a quince días, o multa 
pecuniaria de hasta 1.000 euros; un año en caso de sanción de suspensión superior 
a quince días sin exceder de un año o multa pecuniaria entre 1.001 y 10.000 euros; tres 
años en caso de sanción de suspensión por plazo superior a un año sin exceder de dos 
años; y cinco años en caso de expulsión.
2.  Estos plazos se computarán desde el día siguiente al cumplimiento de la sanción.
3.  La cancelación de la anotación podrá hacerse de oficio o a petición de los 
sancionados.
Artículo 139.  Extinción de la responsabilidad disciplinaria de las sociedades profesionales 
y cancelación de la anotación de las sanciones en su expediente particular.
1.  La responsabilidad disciplinaria de las sociedades profesionales, en el caso de 
falta de pago de las correspondientes cargas colegiales, se extinguirá cuando se hayan 
abonado en su totalidad las debidas. e.
2.  La anotación de las sanciones en el expediente particular de la sociedad  w.
profesional se cancelará cuando hayan transcurrido los siguientes plazos: Seis meses en  68ww
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sancionada.
CAPÍTULO V
Régimen disciplinario aplicable a los colegiados no ejercientes
Artículo 140.  Régimen aplicable a los colegiados no ejercientes.
Los colegiados no ejercientes quedan sometidos a las previsiones del presente Título 
en todo aquello que les sea de aplicación en relación con su actuación colegial.
CAPÍTULO VI
Régimen disciplinario aplicable a los profesionales de la Abogacía tutores de 
prácticas externas de los cursos o másteres de acceso a la profesión
Artículo 141.  Régimen aplicable a los profesionales de la Abogacía tutores de prácticas 
externas de los cursos o másteres de acceso a la profesión.
1.  Los profesionales de la Abogacía tutores de prácticas externas están sujetos a la 
responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento de las obligaciones previstas en el 
artículo 63 de este Estatuto General, conforme a lo establecido en el presente artículo.
2.  La potestad disciplinaria sobre los profesionales de la Abogacía tutores 
corresponde ejercerla al Colegio de la Abogacía del cual dependan las prácticas externas 
del curso o máster de acceso a la profesión.
3.  Son infracciones graves del profesional de la Abogacía tutor:
a)  Incumplir el plan de formación de la entidad responsable de las prácticas externas 
o no cumplir su normativa reguladora.
b)  Incumplir las instrucciones facilitadas por la dirección del curso o máster o la 
normativa que regule la tutoría.
c)  Encomendar al alumno tareas ajenas al ejercicio de la Abogacía.
d)  Faltar el respeto o consideración al alumno.
e)  No prestar apoyo y asistencia al alumno durante todo el período de prácticas externas 
ni proporcionarle los medios materiales indispensables para el desarrollo de las prácticas.
f)  No dedicar al alumno el tiempo necesario para transmitirle sus conocimientos, 
experiencias, métodos y usos de trabajo, así como los principios propios de la Abogacía, 
con especial atención a sus valores deontológicos.
g)  No redactar la memoria explicativa de las actividades desarrolladas, que ha de ser 
supervisada por el responsable del equipo de tutoría.
h)  No mantener la condición de profesional de la Abogacía durante el desempeño de 
su función como tutor.
i)  No dar traslado al centro organizador de las prácticas externas del comportamiento 
de los alumnos que considere contrarios a las reglas deontológicas y estatutarias de la 
profesión.
4.  Son infracciones leves del profesional de la Abogacía tutor:
a)  No coordinar con el responsable del equipo de tutoría su actividad tutorial en el 
desarrollo de las prácticas externas o no facilitarle la información que este le requiera.
b)  No entrevistarse con los alumnos con la periodicidad que se establezca en la 
normativa reguladora de cada período de prácticas externas.
c)  No mantener una conducta ejemplar durante el desarrollo de su función tutorial. es
5.  Las infracciones graves serán sancionadas con inhabilitación de hasta tres años  w.b
para ejercer la tutoría en cualquier curso o máster de acceso, así como con la pérdida de los  68ww
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hecho infractor, a la intencionalidad, duración, habitualidad o reiteración en la conducta.