BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 111 Martes 21 de abril de 2020 Sec. I.   Pág. 29404
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
4541 Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes 
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 
(COVID-19).
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral por la 
que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis 
sanitaria del coronavirus (COVID-19).
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional,  ya  que  su  propagación  internacional  supone  un  riesgo  para  la  salud 
pública de los países y exige una respuesta internacional coordinada. En dicho contexto, 
mediante  el  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  modificado  por  Real 
Decreto 465/2020, de 17 de marzo, se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
El  citado  Real  Decreto  463/2020  establece  en  su  artículo  4  que  la  autoridad 
competente a efectos del estado de alarma será el Gobierno y, en sus respectivas áreas 
de  responsabilidad,  las  personas  titulares  de  los  Ministerios  de  Sanidad,  Defensa, 
Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No obstante, de conformidad con el 
artículo 6 del citado Real Decreto cada Administración conserva las competencias que le 
otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las 
medidas que estime necesarias, en el marco de las órdenes directas de la autoridad 
correspondiente.
Así, la situación extraordinaria generada por la evolución del coronavirus COVID-19 
ha determinado la adopción de diversas medidas de carácter extraordinario y urgente por 
motivos de salud pública. Por ello, mediante Decreto-ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, 
se  aprobaron  medidas  urgentes  para  responder  al  impacto  generado  por  la  crisis 
sanitaria.
Las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad obligaron a implementar un 
segundo paquete de medidas, que se contienen en el Decreto-ley Foral 2/2020, de 25 de 
marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado 
por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
Este Decreto-ley foral fue convalidado por el Parlamento de Navarra en su sesión 
plenaria celebrada el 27 de marzo de 2020, acordando su tramitación como proyecto de 
ley foral por urgencia y lectura única. Consecuencia de ello se aprueba la presente ley 
foral.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto. e.
Es objeto de la presente ley foral adoptar en Navarra medidas extraordinarias para  41ww
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
TÍTULO I
Medidas extraordinarias para la gestión eficiente de la Administración pública de la 
Comunidad Foral de Navarra y su sector público institucional foral
Artículo 2.  Medidas en el ámbito de la contratación pública y los conciertos sociales.
1.  Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, 
vigentes a la entrada en vigor de esta ley foral, celebrados por las entidades sometidas a 
la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el 
momento  de  la  adjudicación  de  cada  contrato,  cuya  ejecución  devenga  total  o 
parcialmente imposible como consecuencia de la situación creada por el COVID-19 o de 
las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, quedarán 
automáticamente suspendidos, en la parte cuya ejecución devenga imposible, desde que 
se produjera la situación de hecho, o de derecho, que impide su prestación y hasta que 
dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación 
puede  reanudarse  cuando,  habiendo  cesado  las  circunstancias  o  medidas  que  la 
vinieran  impidiendo,  el  órgano  de  contratación  notificara  al  contratista  el  fin  de  la 
suspensión.
Con independencia de que un contrato de los citados en el párrafo anterior se halle 
suspendido o no, cuando al vencimiento del mismo no se hubiera formalizado el nuevo 
contrato  que  garantice  la  continuidad  de  la  prestación  como  consecuencia  de  la 
paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por 
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, y no pudiera formalizarse el correspondiente 
nuevo contrato, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución 
del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar 
las restantes condiciones del contrato, con independencia de la fecha de publicación de 
la licitación de dicho nuevo expediente.
2.  En los contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los referidos en 
el punto anterior, vigentes a la entrada en vigor de esta ley foral, celebrados por las 
entidades sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad 
Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, siempre y cuando 
éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación creada por el 
COVID-19, cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos 
previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas 
por las Administraciones Públicas para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de 
sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de 
contratación le concederá una ampliación de plazo que será, por lo menos, igual al 
tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 
La ampliación del plazo se concederá previo informe de la unidad gestora del contrato, 
donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que se 
ha producido como consecuencia del COVID-19.
3.  En los contratos públicos de obras, vigentes a la entrada en vigor de esta ley 
foral, que celebren las entidades sometidas a la normativa de contratación pública 
vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada 
contrato, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia 
de  la  situación  creada  por  el  COVID-19  o  las  medidas  adoptadas  por  las  e
Administraciones Públicas, y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar  bo
la  ejecución  del  contrato,  el  mismo  podrá  suspenderse  desde  que  se  produjera  la  41ww
óspciurutguaeaandncdaoio ó r,nde  ehad ancebuo ihdneeatnrcradshtoeao .c  coiAeó  sndea ensd otdoote isfrli aecesacf hercaoci rt aocqlus uc,ne oss nitematr napectindiisateetsa n s doeue l  pmrfiárnee  qddsuteidae acla isló a sn qu pusyrep eh esalntaass tcivaóiió nnqni.eu rpeau nde idcimhea pr iepdarieennsutddaoac,ri ósenel    OE-A-2020-45able en https://
4.  En los supuestos recogidos en los apartados 1 a 3 de este artículo no procederá 
la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato. Además, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo segundo de este punto, serán 
indemnizables los siguientes conceptos:
1.º  Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito 
a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.
En los contratos de servicios o suministros a que se refiere el apartado 2 de este 
artículo,  el  derecho  al  abono  de  los  gastos  salariales  adicionales  en  los  que 
efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del 
COVID-19, no excederá del límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato, 
IVA incluido.
En los contratos de obras los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI convenio 
colectivo general del sector de la construcción 2017-2021, publicado el 26 de septiembre 
de  2017,  o  convenios  equivalentes  pactados  en  otros  ámbitos  de  la  negociación 
colectiva, serán el salario base referido en el artículo 47.2.a del convenio colectivo del 
sector  de  la  construcción,  el  complemento  por  discapacidad  del  artículo  47.2.b  del 
referido convenio, las gratificaciones extraordinarias del artículo 47.2.b y la retribución de 
vacaciones, o sus conceptos equivalentes respectivos pactados en otros convenios 
colectivos del sector de la construcción.
En todo caso, los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera 
adscrito a la ejecución ordinaria del contrato antes del 14 de marzo y continúe adscrito 
cuando se reanude.
2.º  Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de 
suspensión del contrato.
3.º  Los  gastos  de  alquileres  o  costes  de  mantenimiento  de  maquinaria, 
instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron 
ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido y su 
importe  sea  inferior  al  coste  de  la  resolución  de  tales  contratos  de  alquiler  o 
mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos.
4.º  Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y 
vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén 
vigentes en el momento de la suspensión del contrato.
El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de daños y 
perjuicios  que  se  contempla  en  este  artículo  únicamente  tendrá  lugar  cuando  el 
contratista principal acredite fehacientemente que se cumplen las siguientes condiciones:
– Que él mismo, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera 
contratado para la ejecución del contrato estaban al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.
– Que él mismo estaba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a 
sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos en el artículo 153 de la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, a fecha 14 de marzo de 2020.
La aplicación de lo dispuesto en este punto solo procederá cuando el órgano de 
contratación, en el plazo de cinco días naturales desde que así lo inste el contratista, 
hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato en los términos inicialmente 
pactados, como consecuencia de la situación descrita en los apartados 1 a 3 de este 
artículo.  Con  esta  finalidad  el  contratista  deberá  dirigir  su  solicitud  al  órgano  de  s
contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido  oe.
imposible, el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y  w.
ilcmoirspc uoensqisubtiiaplintoacsni a ased lq suecemri tspoelse  opa o pnlaog rae neje ld cecuo cmniótarnan tidfisieetlas t codo een ntrl oalasto  s moelenicd ieitoussde   pcmiotaoddmráoensn  steoen;r   oyob trljooes to c modneot tripavotooss.t  eqLruiaoesr    2020-4541n https://ww
comprobación. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al
contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.
5.  En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios 
vigentes a la entrada en vigor de esta ley foral, celebrados por las entidades sometidas a 
la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el 
momento de la adjudicación de cada contrato, la situación de hecho o de derecho creada 
por  el  COVID-19  y  las  medidas  adoptadas  por  las  Administraciones  Públicas  para 
combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico 
del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial 
hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de 
contenido económico incluidas en el contrato.
Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de 
ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los 
posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a 
los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios 
durante el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se 
procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente por parte del 
concesionario de la realidad, efectividad e importe de dichos gastos.
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de 
contratación,  a  instancia  del  concesionario,  hubiera  apreciado  la  imposibilidad  de 
ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo.
6.  Lo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo no será de aplicación en 
ningún caso a los siguientes contratos:
a)  Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo 
objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
b)  Contratos de mantenimiento de sistemas informáticos.
c)  Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la 
seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.
El régimen previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las medidas que 
pueda adoptar el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como autoridad 
competente designada en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, para garantizar las prestaciones necesarias en orden a la 
protección de personas, bienes y lugares. Dichas medidas podrán implicar, entre otras, 
una modificación de los supuestos en los que procede la suspensión de los contratos.
7.  En el caso en el que el órgano de contratación modifique un contrato para 
atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas 
adoptadas por el Gobierno de Navarra para hacer frente al COVID-19, al amparo de lo 
dispuesto en el apartado 4 del artículo 15, tanto del Decreto-ley Foral 1/2020, de 18 de 
marzo, como de la ley foral posterior consecuencia de dicho Decreto-ley foral, por los 
que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis 
sanitaria  del  coronavirus  (COVID-19),  los  precios  de  las  nuevas  unidades  no 
comprendidas en el contrato inicial o cuyas características difieran sustancialmente de 
ellas se fijarán por el órgano de contratación y serán obligatorios para el contratista. 
Finalizado el estado de alarma, el expediente de modificación se tramitará conforme a lo 
previsto en el artículo 143.1 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos.
En estos mismos supuestos cuando la modificación suponga la reducción del número 
de unidades inicialmente previstas en el contrato, el contratista no tendrá derecho a  e
reclamar indemnización alguna. bo
8.  Las medidas previstas en los apartados anteriores serán de aplicación también a  41ww
los conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios sociales.
Artículo 3.  Medidas en materia de subvenciones públicas para entidades del tercer 
sector.
1.  El Gobierno de Navarra podrá autorizar la modificación de las condiciones de 
concesión de las subvenciones otorgadas a las entidades sin ánimo de lucro, o 
federaciones, confederaciones o agrupaciones de las mismas, cuando la ejecución 
de las actividades o prestación de los servicios objeto de subvención devengan total 
o  parcialmente  imposibles  como  consecuencia  del  COVID-19  o  de  las  medidas 
adoptadas  por  las  Administraciones  Públicas  para  combatirlo,  en  la  parte  cuya 
ejecución devenga imposible desde que se produjera la situación de hecho que 
impide su ejecución o prestación y hasta que dicha ejecución o prestación pueda 
reanudarse.
En todo caso se garantizará que las citadas entidades perciban el total de las 
subvenciones  previstas  en  los  Presupuestos  Generales  de  Navarra  para  2020, 
adaptando  las  convocatorias  o  concesiones  de  subvenciones  para  lograr  este  fin. 
Asimismo, se procurará la flexibilización de las condiciones de atención presencial y de 
funcionamiento durante el periodo del Estado de alarma.
2.  En las subvenciones convocadas o concedidas a la entrada en vigor de esta 
ley foral, siempre y cuando las actividades o servicios objeto de subvención no 
hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada 
por el COVID-19, cuando la persona o entidad beneficiaria de la subvención incurra 
en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en las bases o convenio 
regulador como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas por las 
Administraciones Públicas para combatirlo, y la misma ofrezca el cumplimiento de 
sus compromisos o de otros que sirvan a la misma finalidad si se le amplía el plazo 
inicial, el órgano concedente podrá concederle una ampliación de plazo que será, 
por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que la 
persona o entidad pidiese otro menor. La ampliación del plazo se concederá previo 
informe de la unidad gestora de la subvención, donde se determine que el retraso no 
es  por  causa  imputable  a  la  beneficiaria,  sino  que  se  ha  producido  como 
consecuencia del COVID-19.
Asimismo, el órgano responsable de la gestión de las subvenciones podrá modificar 
el sistema de anticipo del pago de las mismas previsto en la convocatoria o establecer 
dicho anticipo aun cuando no estuviera contemplado inicialmente.
3.  En los supuestos recogidos en el apartado 1 de este artículo no procederá el 
reintegro de la subvención y, además, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el apartado siguiente, serán subvencionables los siguientes conceptos:
1.º  Los gastos salariales que efectivamente abone la beneficiaria de la subvención 
al personal encargado de la actividad o servicio objeto de subvención, durante el período 
de imposibilidad de ejecución o prestación de los mismos, con el límite máximo del 10 
por 100 del importe de la subvención.
En todo caso, los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera 
adscrito a la ejecución ordinaria de la actividad o servicio objeto de subvención antes 
del 14 de marzo y continúe adscrito cuando se reanude.
2.º  Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de instalaciones y equipos, 
siempre que la persona o entidad beneficiaria acredite que estos medios no pudieron ser 
empleados para otros fines distintos de la ejecución de la actividad o servicio que no 
cabe continuar y su importe sea inferior al coste de la resolución de tales contratos de  e
alquiler o mantenimiento de instalaciones y equipos. bo
3.º  Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en las bases o  41ww
cgoansttionsu aacniáólno gdoes l aq uaect ievsidtéand  ovi gseenrvteicsio e.n el momento de la aceptarse la imposibilidad de
El reconocimiento del derecho a los abonos que se contemplan en este apartado 
únicamente tendrá lugar cuando la persona o entidad beneficiaria de la subvención 
acredite fehacientemente que se cumplen las siguientes condiciones:
– Que ella misma y los subcontratistas que, en su caso, hubiera contratado para la 
ejecución  de  la  actividad  o  servicio  objeto  de  subvención  estaban  al  corriente  del 
cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.
– Que ella misma estaba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de 
pago a sus subcontratistas en los términos previstos en la normativa sobre lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales a fecha 14 de marzo de 2020.
4.  La aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior solo procederá cuando el 
órgano concedente de la subvención, en el plazo de cinco días naturales desde que así 
lo  inste  la  persona  o  entidad  beneficiaria  de  la  subvención,  hubiera  apreciado  la 
imposibilidad de ejecución de las actividades o prestación de los servicios objeto de 
subvención en los términos de la concesión inicial, como consecuencia de la situación 
descrita en el apartado 1. Con esta finalidad la persona o entidad beneficiaria de la 
subvención deberá dirigir su solicitud al órgano concedente reflejando: las razones por 
las que la continuación de las actividades o los servicios objeto de subvención ha 
devenido imposible, el personal, las dependencias, los vehículos, las instalaciones y los 
equipos adscritos a la actividad o servicio objeto de subvención en ese momento; y los 
motivos  que  imposibilitan  el  empleo  por  la  persona  o  entidad  beneficiaria  de  la 
subvención de los medios citados en otra actividad. Las circunstancias que se pongan de 
manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior comprobación. Transcurrido el 
plazo indicado sin notificarse la resolución expresa a la persona o entidad beneficiaria de 
la subvención, esta deberá entenderse desestimatoria.
Artículo 4.  Centros sociosanitarios provisionales.
1.  El Departamento de Derechos Sociales podrá poner en funcionamiento nuevos 
centros sociosanitarios para reforzar o prestar de forma alternativa la atención precisa a 
sectores  vulnerables  o  colectivos  afectados  por  la  situación  de  crisis  sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 o por las medidas adoptadas con motivo de dicha crisis.
2.  Los  citados  centros  dependerán  orgánicamente  de  la  Agencia  Navarra  de 
Autonomía y Desarrollo de las Personas, como los centros propios previstos en el 
artículo  22.1  de  los  Estatutos  de  la  misma  aprobados  mediante  el  Decreto 
Foral 301/2019, de 6 de noviembre.
3.  Los puestos de dirección de estos centros serán provistos por libre designación 
entre personal funcionario perteneciente o adscrito a alguna de las Administraciones 
Públicas de Navarra, mediante orden foral de la Consejera de Derechos Sociales.
Las  retribuciones  de  los  directores  o  las  directoras  de  estos  centros  serán  las 
equivalentes a la de jefatura de sección, si se ponen en funcionamiento para menos 
de  50  plazas,  y  las  equivalentes  a  la  dirección  de  un  servicio  si  se  ponen  en 
funcionamiento para más de 50 plazas.
Artículo  5.  Puesta  a  disposición  del  Departamento  de  Salud  de  centros  y 
establecimientos sanitarios privados y de las Mutuas de accidentes de trabajo, así 
como de su personal.
Durante el tiempo en que por la progresión o afectación de la epidemia de COVID-19  e.
no se pueda atender adecuadamente la asistencia sanitaria de la población con los  w.b
medios materiales y humanos adscritos al sistema público de salud, mediante orden foral  41ww
deest alab leCcoimnsieenjetroas  dsea nSitaalruiods  sper ivpaoddorás  yd edtee rlmasin Maru ltau apsu deest aa cac idsue ndteissp doesi ctrióanb adjoe,  caesní tcroosm oy 
del pEel rpseornsaoln aal l saelr sveicrivoi cdioe  ldoes  laanst eerniotirdeasd.es citadas en el párrafo anterior que sea puesto
a disposición del Departamento de Salud podrá continuar prestando servicios en las
dependencias de la entidad correspondiente o ser adscrito directamente a algún centro 
sanitario público, manteniéndose vigente en todo caso y a todos los efectos el contrato 
de trabajo, el régimen de previsión social y cualesquiera otras previsiones, coberturas, 
beneficios,  derechos  u  obligaciones  que  tuviera  con  anterioridad  a  su  puesta  a 
disposición.
Artículo 6.  Tiempos máximos de estancia en los distintos recursos de acogida para 
víctimas de violencia de género.
Se dejan sin efecto los tiempos máximos de estancia en los distintos recursos de 
acogida para víctimas de violencia de género: Centro de Urgencias, Casa de Acogida y 
Pisos- Residencia, garantizados por el Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, durante el 
tiempo que dure el estado de alarma.
Artículo 7.  Recursos de acogida provisionales para mujeres víctimas de violencia de 
género.
El Departamento de Presidencia, Función Pública, Igualdad e Interior podrá poner en 
funcionamiento nuevos recursos de acogida para víctimas de violencia de género para 
garantizar la atención en condiciones de seguridad a las mujeres y sus hijos e hijas, si 
los hubiere, en situación de violencia agravada por el confinamiento.
TÍTULO II
Medidas extraordinarias en materia de vivienda
Artículo 8.  Vigencia de las cédulas de habitabilidad y plazos de finalización de obras de 
promoción y rehabilitación protegida.
1.  Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 la vigencia de las cédulas de 
habitabilidad,  o  de  las  calificaciones  definitivas  que  den  derecho  a  cédula  de 
habitabilidad, que finalice entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020.
2.  En el caso de expedientes de promoción de vivienda protegida con calificación 
provisional anterior al 30 de junio de 2020, los promotores dispondrán de un plazo de 48 
meses  a  partir  del  1  de  enero  de  2020  para  presentar  la  solicitud  de  calificación 
definitiva, sin perjuicio de la prórroga reglamentaria existente.
3.  En el caso de expedientes de rehabilitación protegida con calificación provisional 
anterior al 30 de junio de 2020, las obras de rehabilitación deberán iniciarse en el plazo 
máximo de doce meses contados desde la fecha de otorgamiento de la calificación 
provisional, debiendo solicitarse la calificación definitiva en un plazo máximo de 48 
meses  contados  desde  dicha  calificación  provisional,  sin  perjuicio  de  la  prórroga 
reglamentaria existente.
4.  Se habilita a la persona titular del departamento competente en materia de 
vivienda para modificar las fechas y plazos anteriores mediante orden foral, que deberá 
publicarse en su caso en el «Boletín Oficial de Navarra».
Artículo 9.  Importe del indicador Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada (SARA).
El valor del indicador Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada (SARA) para el 
ejercicio fiscal 2019 ascenderá a 8.616,98 euros. e.e
Artículo 10.  Promoción de vivienda protegida. 41ww
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sea nuevo o existente. No obstante lo anterior, todas las viviendas protegidas resultantes
deberán cumplir las condiciones técnicas exigidas a las viviendas de nueva planta.
En el caso de viviendas promovidas en edificios donde vayan a coexistir viviendas 
libres y protegidas, no será de aplicación el requisito de la repercusión máxima del coste 
del suelo y la urbanización.
Artículo 11.  Derecho subjetivo a la vivienda.
1.  Con efectos desde el 1 de abril de 2020, y durante dicho ejercicio, podrán optar a 
la deducción por arrendamiento para emancipación prevista en el artículo 68 quinquies, 
apartado A, del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, las 
personas empadronadas en Navarra que cumpliendo el resto de requisitos exigidos para 
ser  beneficiarias  de  la  misma,  excepto  el  relativo  a  la  edad,  se  inscriban  como 
demandantes de empleo en situación de desempleo a partir del 14 de marzo de 2020, 
fecha en la que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
2.  Con efectos desde el 1 de abril de 2020, y durante dicho ejercicio, no será 
exigible el requisito de antigüedad mínima de un año de inscripción en el censo de 
solicitantes de vivienda protegida y en el contrato de arrendamiento visado para ser 
beneficiario de la deducción por arrendamiento para acceso a vivienda prevista en el 
artículo 68 quinquies, apartado B.1.a), del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto 
sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas,  aprobado  por  el  Decreto  Foral 
Legislativo  4/2008,  de  2  de  junio,  siendo  suficiente  la  inscripción  en  el  censo  de 
solicitantes  de  vivienda  protegida  con  anterioridad  al  14  de  marzo  de  2020  en  la 
modalidad de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra, o ser arrendatario 
de una vivienda protegida con contrato visado administrativamente antes de dicha fecha.
Artículo 12.  Subvenciones a inquilinos de viviendas protegidas.
1.  Se renovarán de forma automática las subvenciones concedidas a los titulares 
de los contratos de arrendamiento de vivienda protegida o vivienda adscrita a la Bolsa de 
Alquiler, que deban solicitarse entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020.
2.  No obstante lo anterior, para todas aquellas unidades familiares o personas que 
sean beneficiarias de subvención a 31 de marzo de 2020, el porcentaje de subvención 
reconocido en todos los casos será el 75% de la renta para el período comprendido entre 
el 1 de abril y el 30 de junio de 2020.
3.  Las empresas arrendadoras que concedan una mora sin intereses en el pago de 
la renta, o procedan a la condonación total o parcial de las cantidades a pagar por parte 
de los inquilinos, podrán percibir la subvención por arrendamiento que corresponda al 
mes o meses en cuestión. En la solicitud periódica de abono de subvenciones, las 
empresas arrendadoras deberán especificar las familias y personas arrendatarias que 
han disfrutado de dicha mora o condonación.
4.  Se habilita a la persona titular del Departamento competente en materia de 
vivienda para modificar las fechas y plazos anteriores mediante orden foral, que deberá 
publicarse en su caso en el Boletín Oficial de Navarra.
TÍTULO III
Medidas extraordinarias de carácter fiscal
Artículo 13.  Suspensión de plazos en el ámbito tributario. o
En el ámbito de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con lo  41ww
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1.  El plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones-liquidaciones o
autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido y de las retenciones a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades o del 
Impuesto  sobre  la  Renta  de  No  Residentes,  correspondientes  al  primer  trimestre 
de 2020, se amplía hasta el 1 de junio de 2020. El plazo para la presentación e ingreso 
de las mencionadas declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones correspondientes al 
mes  de  febrero,  así  como  el  de  las  declaraciones  informativas  cuyo  plazo  de 
presentación finalizase en marzo o en abril, se amplía hasta el 30 de abril de 2020. Los 
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen 
actividades  económicas  no  estarán  obligados  a  autoliquidar  e  ingresar  los  pagos 
fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.
2.  El plazo para renunciar a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y 
de la agricultura, ganadería y pesca para el año 2020, así como para la revocación de la 
misma que deban surtir efectos en tal ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio de 2020. 
Asimismo, el plazo para renunciar a la aplicación del régimen de estimación objetiva para 
el año 2020, así como para la revocación de la misma que deban surtir efectos en tal 
ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio de 2020.
3.  Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria, que 
no hayan concluido antes del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 30 de abril 
de 2020.
En el caso de las deudas tributarias cuya exacción se realice por las entidades 
locales de Navarra mediante cobro periódico por recibo, dicho plazo se amplía hasta 
el 30 de abril de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo 
caso este resultará de aplicación.
Los  plazos  de  pago  de  las  deudas  tributarias  correspondientes  a  notificaciones 
realizadas a partir del 14 de marzo de 2020, así como aquéllas cuya exacción se realice 
por  las  entidades  locales  de  Navarra  mediante  cobro  periódico  por  recibo  con 
vencimiento posterior a dicha fecha, se amplían hasta el 1 de junio de 2020, salvo que el 
otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso este resultará de aplicación.
Asimismo, se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al día 5 de 
abril de 2020 de los aplazamientos vigentes, retrasándose, en consecuencia, un mes 
cada uno de los vencimientos restantes. No se devengarán intereses de demora en 
ninguno de los plazos por el periodo comprendido entre el 5 de abril y el 5 de mayo.
4.  Durante el periodo comprendido desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de 
abril  de  2020  se  mantendrán  las  compensaciones  de  oficio  de  las  devoluciones 
tributarias y de otros pagos reconocidos por la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra o por las entidades locales de Navarra, dictándose las providencias de apremio 
que de tales compensaciones se deriven.
5.  El período a que se refiere el apartado 4 no computará a efectos de la duración 
máxima  de  los  procedimientos  tributarios,  si  bien  durante  dicho  período  podrá  la 
Administración  impulsar,  ordenar  y  realizar  los  trámites  imprescindibles.  Tampoco 
computará a efectos de presentar alegaciones, contestar a requerimientos, o interponer 
recursos  o  reclamaciones  económico-administrativas.  No  obstante,  si  el  obligado 
tributario  atendiera  al  requerimiento  o  presentase  sus  alegaciones  se  considerará 
evacuado el trámite.
6.  El período a que se refiere el apartado 4 no computará a efectos de los plazos 
establecidos en el artículo 55 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, ni a los establecidos en el artículo 17 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, 
de Haciendas Locales de Navarra, ni a efectos de los plazos de caducidad.
7.  El plazo previsto en el artículo 143.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo,  s
reguladora de las Haciendas Locales de Navarra, para que los Ayuntamientos practiquen  oe.
las  liquidaciones  conducentes  a  la  determinación  de  la  deuda  tributaria  de  la  w.
Contribución Territorial se amplía hasta el 30 de junio de 2020. 41ww
Artículo 14.  Aplazamiento excepcional de deudas tributarias.
1.  Las deudas tributarias de las personas y entidades sin personalidad jurídica que
realicen actividades económicas cuyo volumen de operaciones no supere 6.010.121,24
euros en 2019, correspondientes a declaraciones liquidaciones o autoliquidaciones cuyo 
plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el 14 de marzo y el 1 
de junio de 2020, podrán ser aplazadas, sin realizar pago a cuenta, sin prestación de 
garantía ni devengo de intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en el presente 
artículo, siempre que el solicitante quede al corriente en sus obligaciones tributarias con 
la concesión del aplazamiento, situación que deberá mantener durante toda la vigencia 
del mismo.
2.  Asimismo,  podrán  aplazarse  en  iguales  términos  y  condiciones,  las  deudas 
tributarias de las personas y entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades 
económicas cuyo volumen de operaciones no supere 6.010.121,24 euros en 2019, 
correspondientes a notificaciones cuyo plazo de pago voluntario haya sido ampliado 
mediante el apartado 3 del artículo anterior.
3.  Este aplazamiento excepcional será aplicable a las deudas tributarias a que se 
refieren  las  letras  b)  y  d)  del  artículo  48.3  del  Reglamento  de  Recaudación  de  la 
Comunidad Foral de Navarra aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio.
4.  El  ingreso  de  las  deudas  aplazadas  a  las  que  se  refiere  este  artículo  se 
suspenderá durante un periodo de tres meses, contado desde la finalización del periodo 
voluntario de declaración e ingreso, a partir del cual, deberán ingresarse mediante su 
fraccionamiento en cuatro cuotas mensuales de iguales importes.
5.  La solicitud de estos aplazamientos se realizará a través del modelo oficial, que 
únicamente podrá presentarse a través de los servicios telemáticos de Hacienda Foral 
de Navarra, y se resolverá por la persona titular del Servicio de Recaudación.
6.  A los efectos de lo dispuesto en la disposición 4.ª de la disposición adicional 
vigesimosexta de la Ley Foral General Tributaria, no se computarán en ningún modo los 
aplazamientos concedidos al amparo de la presente disposición, ni para su concesión ni 
para la concesión de aplazamientos futuros.
7.  Las deudas tributarias de las entidades locales cuya exacción se realice por 
medio de recibo o patente y cuyo pago en periodo voluntario finalice entre el 14 de 
marzo y el 30 de septiembre podrán ser aplazadas, previa solicitud motivada ante al 
órgano  competente  de  la  entidad  local,  sin  prestación  de  garantía  ni  devengo  de 
intereses de demora y siempre que el solicitante quede al corriente en sus obligaciones 
tributarias con la concesión del aplazamiento, situación que deberá mantenerse durante 
toda la vigencia del mismo.
Los plazos para los ingresos de las deudas tributarias aplazadas serán fijados por 
cada entidad local, sin que en ningún caso puedan ser posteriores al 31 de diciembre 
de 2020.
Artículo 15.  Precios públicos y tasas municipales.
1.  De conformidad con lo establecido en los artículos 34.2 y 107.3 de la Ley 
Foral 2/1995, de 10 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales de Navarra, las 
entidades locales procederán a la devolución proporcional del importe de los precios 
públicos y tasas cuando, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19 o 
de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, el servicio 
público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del 
dominio público no se preste o desarrolle, total o parcialmente.
2.  En aquellos servicios o actividades en las que el contribuyente haya satisfecho el 
importe íntegro de la tasa o precio público, la entidad local procederá de oficio a la 
devolución del total o de la parte proporcional no prestada o desarrollada. e.
En  los  casos  de  pago  fraccionado  por  mensualidades  o  trimestres,  se  podrá  w.b
compensar, en su caso, el tiempo no disfrutado en la siguiente liquidación que se gire  41ww
cuan3d. o Esen  reeal ncuadseon  dloes  tsaesravsic ipoos ry  uatciltizivaidcaiódne sp.rivativa o aprovechamiento especial del
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afectada por las restricciones impuestas en el estado de alarma, pudiéndose también 
compensar, en su caso, en el siguiente recibo.
Para las no liquidadas, independientemente de su fecha de devengo, la cuota se 
calculará reduciendo la parte correspondiente al periodo de alarma, debiéndose proceder 
al correspondiente prorrateo.
4.  Las devoluciones a que se refieren los apartados anteriores podrán también 
realizarse, de oficio o a petición del interesado, mediante compensación de deudas con 
la entidad local.
Disposición  adicional  primera.  Modificación  del  Decreto  Foral  253/2019,  de  16  de 
octubre, por el que se regula el Registro de Planeamiento de Navarra y el formato de 
presentación de los instrumentos de planificación urbanística y territorial de Navarra.
Se modifica la disposición final segunda del Decreto Foral 253/2019, de 16 de 
octubre, por el que se regula el Registro de Planeamiento de Navarra y el formato de 
presentación de los instrumentos de planificación urbanística y territorial de Navarra, que 
quedará redactada como sigue:
«Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente decreto foral entrará en vigor a los dos meses contados desde el 
día en que finalice la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, o, en su caso, las prórrogas del mismo.»
Disposición adicional segunda.  Modificación del Texto Refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto 
Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril.
Se modifica el número 26 del artículo 35.I.B) del Texto Refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto 
Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, que tendrá la siguiente redacción:
«26.  Las  escrituras  públicas  de  formalización  de  las  novaciones 
contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo 
del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección 
de deudores hipotecarios sin recursos, y del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de 
marzo,  de  medidas  urgentes  extraordinarias  para  hacer  frente  al  impacto 
económico y social del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de 
documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados.»
Disposición adicional tercera.  Modificación de la Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de 
Presupuestos Generales de Navarra para 2020.
Se añade un nuevo apartado 9 al artículo 14 de la Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, 
de  Presupuestos  Generales  de  Navarra  para  2020,  que  quedará  redactado  de  la 
siguiente forma:
«9.  Las entidades sociales del movimiento asociativo de la inclusión social y 
la discapacidad podrán ser beneficiarias de los avales y otras garantías análogas  s
reguladas en los apartados anteriores en el caso de requerir de solicitud de  oe.
créditos o ampliación de los que tienen habitualmente contratados con entidades  w.
Disposbicainócna aridaisc ioconmalo c ucoanrtsae. cuIennfocrima adcei ólan  carli sPisa rdlaemriveandtoa  ddee l NCaOvVarIrDa-.19.» 2020-4541n https://ww
Dado el carácter excepcional de muchas de las medidas recogidas en la presente
Ley Foral el Gobierno de Navarra remitirá quincenalmente al Parlamento de Navarra
información documental estructurada de la ejecución de las distintas medidas adoptadas 
en ejercicio de la facultades y autorizaciones otorgadas en esta Ley foral y valoración de 
su eficacia para contener el virus COVID-19 y mitigar su impacto sanitario, económico y 
social.
Disposición derogatoria única.  Disposiciones que se derogan.
Con  efectos  desde  el  1  de  abril  de  2020  se  deroga  la  disposición  transitoria 
vigesimoséptima del texto refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio.
Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario y ejecución.
Se habilita al Gobierno de Navarra y a las personas titulares de los Departamentos 
de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  en  el  ámbito  de  sus 
competencias,  a  dictar  cuantas  disposiciones  sean  necesarias  para  el  desarrollo  y 
ejecución de lo dispuesto en esta ley foral.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor y vigencia.
1.  Esta ley foral entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de 
Navarra» y mantendrá su vigencia hasta que una norma con rango de ley foral determine 
la desaparición de las circunstancias extraordinarias que motivan su aprobación, salvo lo 
dispuesto en los artículos 9, 10 y 12.3 de esta ley foral. Asimismo, aquellas medidas 
previstas en esta ley foral que tienen plazo determinado de duración se sujetarán al 
mismo.
2.  Las medidas recogidas en los artículos 2 y 3 de esta ley foral surtirán efectos 
desde el día 15 de marzo de 2020.
Yo,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  22  de  la  Ley  Orgánica  de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de 
S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en el «Boletín Oficial de 
Navarra» y su remisión al «Boletín Oficial del Estado» y mando a los ciudadanos y a las 
autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.
Pamplona, 6 de abril de 2020.–La Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, 
María Chivite Navascués.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» número 76, de 9 de abril de 2020)