BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Martes 23 de febrero de 2021 Sec. TC.   Pág. 21772
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2820 Sala Segunda. Sentencia 1/2021, de 25 de enero de 2021. Recurso de 
amparo 1343-2018. Promovido por doña Joaquina Cortés Cortés en relación 
con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que desestimó 
su  demanda  de  reconocimiento  de  pensión  de  viudedad.  Supuesta 
discriminación por razón de raza: denegación de la pensión de viudedad 
consecuencia  de  la  inexistencia  de  unión  matrimonial  reconocida  por  el 
ordenamiento español (STEDH de 8 de diciembre de 2009, asunto Muñoz 
Díaz c. España). Voto particular.
ECLI:ES:TC:2021:1
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1343-2018, promovido a instancia de doña Joaquina 
Cortés  Cortés,  representada  por  el  procurador  de  los  tribunales  don  Antonio  Luis 
Roncero Contreras y asistida por el letrado don Juan Pablo Mola García Galán, contra la 
sentencia núm. 58/2018, de fecha 25 de enero, dictada por el Pleno de la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo en el recurso de casación para la unificación de doctrina 
núm. 2401-2016, que revocó la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (Granada), de 20 de abril de 2016, en recurso de suplicación núm. 2843-2015, 
a su vez revocatoria de la de 13 de octubre de 2015 del Juzgado de lo Social núm. 4 de 
Jaén en autos núm. 679-2014, en materia de seguridad social. Ha comparecido el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), representado por la letrada de la 
administración  de  la  Seguridad  Social.  Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido 
ponente la magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  En fecha 13 de marzo de 2018 tuvo entrada en este tribunal la demanda de 
amparo  presentada  por  el  procurador  de  los  tribunales  don  Antonio  Luis  Roncero 
Contreras, en nombre y representación de doña Joaquina Cortés Cortés, contra la 
sentencia núm. 58/2018, de fecha 25 de enero de 2018, dictada por el Pleno de la Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo en el recurso de casación para unificación de doctrina 
núm. 2401-2016, por posible vulneración del art. 14 CE. e
sigua2ie).  nteLCsoo:sn  hfeecchhao sd ee n1 4 lodse  nqouvei esmeb rfeu nddea m20e1n4ta,  lala  dedmemanadnadnat es odne,  aemnp aersoe inncteiar,p ulsoos   2021-2820n https://www.
demanda  contra  el  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  (en  adelante,  INSS),
solicitando el reconocimiento de su derecho a la pensión de viudedad, que el INSS le 
había denegado tras el fallecimiento de la persona que con ella convivía.
b)  El Juzgado de lo Social núm. 4 de Jaén dictó sentencia desestimatoria el 13 de 
octubre  de  2015.  Considera  probado  que:  (i)  por  resolución  del  INSS  de  12  de 
septiembre de 2014, se deniega la pensión de viudedad pretendida por la recurrente en 
amparo, por no haberse constituido formalmente el vínculo como pareja de hecho con el 
causante al menos dos años antes del fallecimiento, de acuerdo a lo dispuesto por el 
art.174.3 de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS); (ii) el día 18 de mayo 
de  1994,  la  recurrente  celebró  con  el  fallecido  matrimonio  conforme  a  las  usos  y 
costumbres gitanos y convivió con él al menos durante los quince años anteriores al 
fallecimiento; (iii) no consta inscripción de la unión como pareja de hecho; (iv) fruto de su 
unión nacieron cinco hijos, apareciendo los padres en las respectivas inscripciones de 
nacimiento como solteros. Así, en uno de los casos, figuraba como observación en la 
inscripción del nacimiento que los padres lo reconocían «como hijo natural declarando 
formalmente y bajo su responsabilidad que al tiempo de la concepción del mismo tenían 
capacidad legal para contraer matrimonio con dispensa o sin ella». En otra de las 
inscripciones se indicaba que el matrimonio de los padres no existía y que la hija inscrita 
era «hija extramatrimonial»; y, finalmente, en la inscripción de otra de las hijas se 
señalaba que el matrimonio no existía, pero que los padres declarantes «reconocen en 
este acto a la inscrita como hija suya»; (v) del mismo modo, en el libro de familia en el 
que la recurrente y el fallecido contaban figuraban como «solteros».
Para alcanzar este fallo, la resolución se apoya en la sentencia de 8 de diciembre 
de 2009 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asunto Muñoz Díaz c. España, en 
la que se analiza la posible discriminación por la denegación del derecho a percibir 
pensión de viudedad basado en la pertenencia de la interesada a la etnia gitana.
Destaca el juzgador que en aquella sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos fue decisivo que la convicción de la demandante de su condición de mujer 
casada con todos los efectos inherentes a este estado se viera reforzada por la actitud 
de las autoridades públicas, generándose una expectativa legítima a ser considerada 
como esposa del fallecido, por lo que la denegación del reconocimiento de la condición 
de cónyuge, al objeto de obtener una pensión de viudedad, se contradecía con la 
aceptación y declaración previas de dicha condición por parte de la administración. Para 
el órgano judicial, en aquel caso, la negativa al reconocimiento del derecho de aquella 
demandante a percibir una pensión de viudedad, constituía una diferencia de trato en 
relación con el ofrecido por la ley u otorgado por la jurisprudencia en otras situaciones 
equivalentes en cuanto al parámetro de la buena fe, como aquellos en los que existe un 
convencimiento  de  la  existencia  de  un  matrimonio  nulo  o  como  el  de  la  situación 
examinada en la STC 199/2004, de 15 noviembre, que concernía a la no formalización, 
por razones de conciencia, de un matrimonio canónico.
A tenor de esa doctrina, concluye el órgano judicial que en esta ocasión no puede 
apreciarse buena fe, «en cuanto a la validez y eficacia del matrimonio que esta contrajo 
por el rito gitano, pues las autoridades españolas nunca reconocieron ni la validez, ni la 
apariencia de validez de ese matrimonio, pues en la documental aportada, tanto la actora 
como el padre de sus hijos aparecen como solteros y todos los hijos como nacidos fuera 
del matrimonio; así consta en el hecho probado sexto. Su situación, por tanto, es muy 
diferente a la que fue analizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 
asunto Muñoz Díaz c. España».
Por  lo  demás,  en  relación  con  la  pretensión  subsidiaria  de  la  pensión  por  su  s
acreditada convivencia more uxorio con el causante, la sentencia razona que, en el caso  oe.
de las parejas de hecho, tras la reforma llevada a cabo por la Ley 40/2007, para causar  w.
derecho a percibir la pensión de viudedad es requisito constitutivo la inscripción de la  20ww
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saidganpiftiacar  laq uleeg isslea ceióxnti esnodbare  laS epgeunrisdiaódn  Sdoec iavilu ad eladsa dn udeev asfo rremaali diandceosn dfaicmioinliaardeas,,  neil loq nuoe   BOE-A-cable e
establezca un régimen de reconocimiento análogo al correspondiente a los supuestos de 
matrimonio. Antes bien, del texto legal se infiere sin dificultad que el legislador distingue 
claramente  dos  situaciones.  A  saber:  de  un  lado,  las  uniones  de  hecho  objeto  de 
protección y, de otro, las características de la convivencia requerida para lucrarla. Dos 
requisitos que tienen carácter dispar, cumplen funciones diversas y operan en distintos 
planos jurídicos (ámbito subjetivo de la protección, por un lado, y requisitos de acceso a 
la prestación, por otro), de suerte que cabe distinguir entre la prueba de la convivencia –
que ha de ser estable, ininterrumpida y con duración no inferior a cinco años– y la 
prueba de la existencia de una unión que pueda considerarse pareja de hecho a los 
exclusivos  efectos  del  reconocimiento  de  la  pensión,  sin  que  en  esto  último  baste 
acreditar aquella convivencia, porque se exige también que la pareja haya accedido a los 
registros públicos indicados en la norma o se haya constituido mediante documento 
público, lo que en esta ocasión, termina la sentencia, no se cumple. Por todo ello, se 
desestima la demanda.
c)  Interpuesto recurso de suplicación, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía (Granada) dictó sentencia con fecha de 20 de abril de 2016, 
revocando la de instancia y reconociendo el derecho de la demandante de amparo a la 
pensión de viudedad.
Para la Sala, aunque en el libro de familia figuren como solteros la actora y el 
causante, tal dato no resulta suficiente para desvirtuar su buena fe respecto a la validez 
y eficacia de su matrimonio contraído bajo el rito gitano, ya que en la inscripción de 
nacimiento de los hijos, el progenitor que la solicitaba realizó su reconocimiento de 
filiación como hijos naturales, al no estar inscrito previamente el matrimonio civil o 
canónico, efectuando la inscripción un funcionario encargado del registro y existiendo 
libro de familia, lo que evidenciaría una clara intención frente a los organismos públicos 
de ser entendidos como una unión. Una pareja que, por lo demás, convivió como 
matrimonio al menos durante los últimos quince años y que celebró su unión conyugal en 
el seno de una realidad social y cultural muy distinta a la actual, cuando la actora no 
contaba siquiera con la edad de quince años, teniendo, además, cinco hijos en común.
A la vista de todo ello, el órgano judicial entiende que no es posible apreciar que 
dolosamente se fingieran como matrimonio en su entorno familiar y social durante tanto 
tiempo con la finalidad de tener derecho en el futuro a cobrar una pensión, por lo que 
denegarla  supondría  una  discriminación  por  razones  étnicas  y  culturales.  En 
consecuencia, estima el recurso y revoca la resolución de instancia, declarando el 
derecho de la actora a percibir la pensión de viudedad en la cuantía legal y desde la 
fecha reglamentaria.
d)  El INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante, TGSS) 
formalizaron recurso de casación para la unificación de doctrina. El Pleno de la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo con fecha de 25 de enero de 2018, dictó sentencia 
anulando la resolución recurrida y, consiguientemente, desestimando la demanda.
Subraya  el  Tribunal  Supremo  que  la  norma  de  cuya  interpretación  se  trata,  el 
art. 174.3 LGSS, no ofrece la claridad que es siempre deseable en cualquier disposición 
legal, pero ese innegable defecto de técnica legislativa no obsta que los términos en que 
se expresa muestren la voluntad del legislador de establecer una prueba tasada sobre la 
constitución de la pareja estable, dotándola de la fehaciencia que ofrece la inscripción en 
el registro específico o el otorgamiento de escritura pública. Advierte que, frente a los 
cauces legales previstos, el libro de familia es un documento público que acredita el 
matrimonio y la filiación (matrimonial, no matrimonial o adoptiva), pero no la existencia de  s
pareja de hecho. Y, siendo así, y no habiéndose cumplido en el caso de autos los  oe.
requisitos legales, no cabe alcanzar conclusión distinta a la de la instancia, así como  w.
tampoco  con  base  en  la  STEDH  de  8  de  diciembre  de  2009,  pues  contempla  un  20ww
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del «matrimonio gitano», especialmente por el reconocimiento de la unión conyugal que
hizo la administración en determinados documentos oficiales, lo que, sin embargo, no 
acontece en el supuesto enjuiciado.
Por tanto, partiendo de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no atribuyó 
eficacia jurídica alguna al «matrimonio gitano», sino a la expectativa generada y a la 
comprensible buena fe que se advertía, que era en definitiva lo que justificaba otorgar el 
mismo trato favorable dado por el ordenamiento jurídico a supuestos similares, en el 
presente caso debe aplicarse la doctrina contenida en la STC 69/2007, de 16 de abril, 
según la cual el art. 14 CE no alcanza a dar cobertura a la llamada discriminación por 
indiferenciación, al no consagrar ese derecho fundamental un derecho subjetivo al trato 
normativo desigual.
En  definitiva,  para  la  Sala,  la  pertenencia  a  una  minoría  étnica,  según  aquella 
sentencia  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos,  no  sería  lo  decisivo  en  la 
aplicación o interpretación de la norma, sino la concurrencia o no de buena fe. Y el 
supuesto enjuiciado resulta bien diverso al de aquel pronunciamiento, aunque medien 
coincidencia en el colectivo afectado e identidad en la prestación solicitada, «pues lo 
aducido no es –ni podría serlo– buena fe en la creencia de eficaz vínculo matrimonial a 
los efectos del derecho español, porque en la documentación oficial –Libro de Familia e 
inscripciones de nacimiento– se hace constar expresamente su cualidad de solteros e 
hijos extramatrimoniales. Es más, tan siquiera se reclama el derecho por el mismo título 
que en el supuesto enjuiciado por el Tribunal Europeo, siendo así que en aquel caso se 
invocaba –no podía ser de otra manera, dado que el fallecimiento había sido anterior a la 
Ley 40/2007– la existencia de matrimonio, y en el proceso ahora enjuiciado el título que 
se invoca es el de pareja de hecho».
Y añade a renglón seguido que: (i) la respetabilidad atribuible a la unión por el rito 
gitano no justifica hacer una equiparación a la inscripción registral o documentación 
pública de la pareja de hecho, de naturaleza constitutiva; (ii) la regulación contenida en el 
art. 174.3 LGSS de 1994 es neutral desde la perspectiva racial, al carecer por completo 
de cualquier tipo de connotación étnica; (iii) el art. 14 CE no consagra un derecho 
subjetivo  al  trato  normativo  desigual;  (iv)  admitir  la  solución  pretendida  por  la 
demandante comportaría hacer de peor condición a quienes por razones ideológicas, tan 
respetables como las culturales, no se han constituido como pareja de hecho en la forma 
legalmente prescrita y a los que, no infrecuentemente, les ha sido también denegada la 
prestación de viudedad; (v) la vulnerabilidad de las múltiples minorías étnicas y culturales 
existentes  no  puede  conllevar  excepcionar  la  aplicación  de  la  ley  en  los  múltiples 
aspectos en que pudiera reflejarse su diversidad étnico/cultural so pena de comprometer 
gravemente la seguridad jurídica y la uniformidad normativa, como evidencia la propia 
doctrina  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  en  el  asunto  Muñoz  Díaz  c. 
España.
Por todo ello, el Tribunal Supremo revoca la sentencia recurrida y desestima la 
demanda formulada.
Conviene resaltar que esta sentencia cuenta con un voto particular discrepante, en el 
que las magistradas que lo emiten subrayan la ausencia de analogía entre el supuesto 
sometido a la valoración del Tribunal Supremo y el resuelto por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en el asunto Muñoz Díaz c. España.  Así, en primer lugar, destacan 
que en este último supuesto se partía del reconocimiento por las autoridades españolas 
de la relación existente entre la demandante y el fallecido y, sin embargo, en el caso de 
doña Joaquina Cortés ello no ha sucedido. Por consiguiente, el asunto se ciñe a resolver 
la posibilidad de acceso a la pensión de viudedad como pareja de hecho de quien ha  s
estado unida al causante en virtud de un rito matrimonial gitano y a la interpretación que  oe.
debe hacerse de lo dispuesto en el art. 174.3 LGSS aplicable al caso. Es más, dado que  w.
en este caso no se suscita duda sobre la concurrencia del requisito de la convivencia,  20ww
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gitana  puede  verse  particularmente  afectado  debido  a  las  características  de  sus 
tradiciones, de suerte que pueda identificarse una discriminación indirecta. Concluyen 
que exigirles su acreditación como pareja en la forma legalmente admitida, es una 
medida redundante e innecesaria, porque la especial realidad fáctica de este grupo 
étnico ofrece mayores garantías que esa situación de pareja existe mientras perdura la 
convivencia, superando el test de satisfacción de la finalidad buscada por la norma.
En definitiva, según se expone en el voto particular, aunque no cabe inaplicar la 
norma al colectivo gitano, una interpretación conforme al respeto a las minorías étnicas, 
sí permite flexibilizar su interpretación cuando se den las circunstancias que permitan 
afirmar que el mantenimiento de la convivencia ha sido real, efectivo y con indiscutible 
carácter de pareja unida maritalmente.
3.  El  recurso  de  amparo  se  dirige  contra  la  sentencia  indicada  en  el 
encabezamiento de esta resolución, dictada por el Pleno de la Sala de lo Social del 
Tribunal  Supremo,  por  entender  que  vulnera  el  derecho  a  no  sufrir  discriminación 
racial/étnica (art. 14 CE).
La actora, partiendo de la reiteradamente citada STEDH de 8 de diciembre de 2009, 
asunto  Muñoz  Díaz  c.  España,  defiende  que  se  ha  producido  una  vulneración  del 
derecho  a  la  igualdad  y  no  discriminación,  pues  ambos  miembros  del  matrimonio, 
contraído por el rito gitano, actuaron con buena fe y con la creencia de la plena validez 
de su matrimonio así contraído. Denegarle la pensión de viudedad, a pesar de la 
convicción de la recurrente en cuanto a su condición de mujer casada con todos los 
efectos inherentes a este estado, supone sustraerle un derecho que, sin embargo, ha 
sido  tutelado  por  este  tribunal  en  situaciones  equiparables  (así  por  ejemplo,  en  la 
STC 199/2004, de 15 de noviembre).
Subsidiariamente, prosigue, si no se estimase concurrente el derecho de percepción 
de la pensión con base en el matrimonio de referencia, existiría en todo caso el mismo 
derecho al haberse acreditado una convivencia more uxorio con el fallecido, consolidada 
a lo largo de los años, de forma pública, creándose así, en suma, una comunidad de vida 
amplia, de intereses y fines, en el núcleo del mismo hogar y por un periodo superior a los 
diez años, tal como consta reflejado en documentos obrantes en las actuaciones.
Por ello, respecto a esta pretensión subsidiaria, subraya la recurrente que, como se 
dijera en el voto particular formulado a la sentencia recurrida, se ha incurrido en una 
discriminación de carácter indirecto. Esto es, que la neutralidad de la regla legal sobre la 
constitución de parejas de hecho, como presupuesto del acceso a la pensión, puede 
afectar particularmente al colectivo gitano, debido a las particulares características de 
sus tradiciones. Incide en que no debe olvidarse que el propio Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha señalado que, como resultado de su historia turbulenta y de su 
constante  desarraigo,  los  gitanos  se  han  convertido  en  una  minoría  especialmente 
desfavorecida y vulnerable, y que, por lo tanto, necesitan de una protección especial, 
prestando singular atención a sus necesidades y a su estilo de vida diferente, tanto en el 
marco normativo pertinente, como en las decisiones de los casos concretos (SSTEDH 
de 27 mayo 2004, asunto Connors c. Reino Unido, y de 9 enero 2013, asunto Horváth y 
Kiss c. Hungría).
Con cita del voto particular emitido en la sentencia del Tribunal Supremo al que ya se 
ha hecho referencia, subraya que, dado el fuerte arraigo de sus tradiciones y la sólida 
estructura de la comunidad gitana, intensamente ligada a la familia y al parentesco, no 
debe hacerse caso omiso al hecho de que, a partir de la unión de la pareja mediante el 
rito propio de su cultura y acreditada indubitadamente la convivencia permanente desde  e.
ese momento hasta el fallecimiento del causante, es obvio que los convivientes gitanos  w.b
mantienen la convicción de que su relación de pareja se desarrolla como la de cualquier  20ww
olat rbou menaatr ifme,o cnoion,s cidoenr ainddae ppoern deel nTcriibau dnea ll aE uinreofpiceaoc diae  juDreídreiccah odse  Haquumeal nriotos.  eDne l ae ssteen mteondcoia, 
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pertinente. Ese elemento resultaría, a su juicio, redundante e innecesario, en la medida
en que para la pareja gitana la aceptación de la llamada «ley gitana» les convierte, a su 
entender y al del resto de la comunidad en la que desarrollan su vida, en una unidad 
matrimonial no cuestionada.
En suma, la demandante de amparo concluye en los mismos términos que el voto 
particular de la sentencia impugnada. Esto es, que, mientras que la regla del art. 174.3 
LGSS tiende a constatar la verdadera existencia de la pareja de hecho, la especial 
realidad fáctica de este grupo étnico ofrece garantías de que esa situación de pareja 
existe, en tanto que perdura la convivencia entre sus dos componentes, superándose 
con ello el test necesario de satisfacción de la finalidad a la que se orienta aquella norma 
que regula la formalización de las uniones de hecho. Cuando menos, afirma, debería ser 
así estimado en los casos en que, como el de autos, se dan las circunstancias que 
permiten acreditar que el mantenimiento de la convivencia ha sido real, efectivo y con 
indiscutible vocación de pareja unida maritalmente.
En virtud de todo ello, solicita la declaración de nulidad de la sentencia de 25 de 
enero de 2018, dictada por el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, al 
haber vulnerado el art. 14 CE, declarando, en consecuencia, su derecho a percibir la 
prestación por viudedad que le ha sido denegada.
4.  Por providencia de la Sección Cuarta de la Sala Segunda de este Tribunal, de 14 
de enero de 2019, se acordó admitir a trámite el recurso, apreciando que existe especial 
trascendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) 
porque  puede  dar  ocasión  al  tribunal  para  aclarar  o  cambiar  su  doctrina,  como 
consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)]. Asimismo, se 
acordó recabar certificación o fotocopia adverada de las correspondientes actuaciones al 
Tribunal Supremo, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada) y al Juzgado 
de lo Social núm. 4 de Jaén, solicitando de este último que emplazara a los que fueron 
parte en el procedimiento del que trae origen este recurso, salvo a la parte recurrente de 
amparo.
5.  Por escrito que tuvo entrada el día 5 de febrero de 2019 en el registro general de 
este tribunal, se personó en el recurso de amparo la letrada de la administración de la 
Seguridad Social, en nombre y representación del INSS, solicitando que se le tuviera por 
parte  en  el  proceso  constitucional  y  que  se  entendieran  con  ella  las  sucesivas 
diligencias.
6.  Cumplido lo ordenado en la providencia mencionada, en fecha 20 de febrero 
de 2019 se dictó diligencia de ordenación acordando tener por personada y parte en el 
procedimiento a la representación del INSS y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52.1 
LOTC, dar vista de todas las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, 
por  plazo  común  de  veinte  días,  para  que  dentro  de  él  pudieran  presentar  las 
alegaciones que estimasen pertinentes.
7.  Con fecha 22 de marzo de 2019, la letrada de la administración de la Seguridad 
Social,  en  representación  del  INSS,  presentó  sus  alegaciones,  defendiendo  que  el 
recurso no podía prosperar.
Después  de  hacer  referencia  a  la  normativa  rectora  en  materia  de  pensión  de 
viudedad  y  a  los  argumentos  que  sostuvo  el  INSS  en  el  proceso  o  las  propias 
resoluciones judiciales en su fundamentación jurídica, aduce que: (i) los criterios del 
Tribunal Supremo en orden al deber de cumplimiento del requisito de inscripción de la 
pareja de hecho en el correspondiente registro han sido ratificados por el Tribunal  e.
Constitucional en varias sentencias (cita las SSTC 40/2014, de 11 de marzo; 45/2014,  w.
de 7 de abril, y 60/2014, de 5 de mayo), no resultando contraria al art. 14 CE la exigencia  20ww
qquuee  partieesncdreib ean ,c opnusetsa tnaor,  caa rteracveé sd ed eu nuan  fimnaeldidioa di dcóonnesoti,t unceiocneaslamrieon tye  plerogpitoimrcaio enna dtoa,n teol 
icdoemnptifriocmari saos í duen ac ocnovnicvreentcai as iteunatcreió nla dse  mnieecmebsirdoasd  dme eurencae dpoarrae jdae d per ohteeccchioó,n  pae trrmavitéiesn ddeo   BOE-A-cable e
la pensión de viudedad del sistema de Seguridad Social; (ii) la regulación contenida en el 
art. 174.3 LGSS-1994 resulta neutral desde la perspectiva racial; (iii) según la doctrina 
constitucional,  el  art.  14  CE  no  integra  la  prohibición  de  discriminación  por 
indiferenciación, al no consagrar un derecho a la desigualdad de trato; (iv) como señala 
el Tribunal Supremo en la sentencia recurrida, admitir la solución pretendida por la 
demandante de amparo comportaría hacer de peor condición a quienes por razones 
ideológicas,  no  se  han  constituido  como  pareja  de  hecho  en  la  forma  legalmente 
prescrita; (v) incluso en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se 
advierte que la ponderación de los intereses en juego no prevalece ni merece primacía 
sobre la aplicación de la norma, ya que de otro modo se comprometería gravemente la 
seguridad jurídica y la uniformidad en la aplicación de la ley, lo que sería contrario al 
art. 9.1 CE; (vi) nada ha impedido a la Sra. Cortés cumplir con los requisitos legalmente 
establecidos para acceder a la prestación solicitada, pues no existe en ellos vulneración 
de los principios de igualdad, libertad de pensamiento o de expresión, sino todo lo 
contrario, al garantizarse a su través, precisamente, el principio de legalidad y a un trato 
igual  a  todos  los  destinatarios  de  la  norma;  (vii)  la  sentencia  recurrida  se  ajusta 
plenamente a todos los principios enunciados, más aún si se atiende a que la STEDH en 
el  asunto  Muñoz  Díaz  c.  España  no  coincide  en  sus  presupuestos  con  lo  que  se 
controvierte en el caso de autos, al no apreciarse esta vez la convicción de buena fe en 
relación con la validez del matrimonio celebrado conforme a los usos y costumbres 
gitanos (lo acreditaría el hecho probado que describe que en el propio libro de familia, 
del que eran titulares el causante y la actora, estos figuraban como solteros, y que así lo 
reconocían en las inscripciones del nacimiento de diversos hijos, sin que ese documento, 
por lo demás y como es sabido, tenga valor de atribución o reconocimiento de la 
existencia de una pareja de hecho formalizada).
A  tenor  de  esas  bases,  concluye  el  escrito,  no  se  producen  las  vulneraciones 
denunciadas del art. 14 CE.
8.  El día 22 de marzo de 2019 evacuó el trámite de alegaciones el Ministerio Fiscal, 
interesando la desestimación de la demanda de amparo.
Sostiene, como hiciera también la letrada de la administración de la Seguridad 
Social, que no se produjo la alegada discriminación por razón de etnia o raza. España, 
recuerda, considera matrimonio valido el celebrado según las normas del Código civil, 
que son aplicables a cualquier persona. La legislación española, añade después, no 
reconoce al llamado matrimonio gitano validez como tal matrimonio, según resulta de los 
arts. 49 al 52 del código civil, y no existe tampoco un concordato o convenio con los 
representantes del pueblo gitano equivalente a los celebrados con los representantes de 
las confesiones religiosas a cuyas ceremonias matrimoniales se les otorga la cualidad de 
forma valida de prestar el consentimiento en nuestro ordenamiento jurídico.
Tras  realizar  un  recorrido  normativo  y  jurisprudencial,  afirma  que  la  doctrina 
constitucional española se ha pronunciado en la STC 69/2007, de 16 de abril, FJ 3 y 4 (e 
indirectamente en la STC 194/2014, de 1 de diciembre), considerando que no existe 
discriminación por el hecho de no conceder validez al matrimonio gitano, siendo que la 
propia  doctrina  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  dispuso,  en  la  misma 
STEDH de 8 de diciembre de 2009, asunto Muñoz Díaz c. España, más allá de los 
efectos que atribuyó a la buena fe de la demandante en la solución del caso, que el no 
reconocimiento de efectos civiles al matrimonio gitano no supone una discriminación del 
art. 14 CEDH (prohibición de discriminación en el goce de derechos y libertades) en 
relación con el art. 12 del mismo (derecho a casarse y formar una familia), pues afirmó  e.
que  el  Convenio  europeo  de  derechos  humanos  (CEDH)  garantiza  el  derecho  w.b
fundamental de casarse y fundar una familia, pero que el ejercicio de tal derecho se rige  20ww
upnoiro nlaess  lgeiytaensa sn ancoio pnraoledsu zdcaen  loesfe cEtsotsa dcoivsil ecso netnr aetal nsteenst,i dsoi nd eqsueea deol  phoerc hlao  ddeem aqnudea nlates 
cjuoicnisot,i tueysaa,  qeunetojan,c erse,l autinvaa  dails cmriamtrinimaocinóino  pyr oshui bvidaali dpeozr  ae l laorst .1e4fe CctEosD Hd.e  Ploar  ptaenntsoió, na  dsue 
jubilación, carecería manifiestamente de fundamento.
Tampoco advierte lesión alguna en relación con la denuncia subsidiaria que formula 
la demanda, esto es, descarta que suponga discriminación que no se reconozca la 
prestación de Seguridad Social solicitada con base en la convivencia more uxorio.  Y es 
que, recuerda, la doctrina constitucional española considera que la inscripción en el 
registro de parejas de hecho o la formalización mediante escritura pública es un requisito 
constitutivo de la situación jurídica de pareja de hecho, al que en este caso no se dio 
satisfacción (cita las SSTC 40/2014, de 11 de marzo; 45/2014, de 7 de abril, y 60/2014, 
de 5 de mayo). En definitiva, todos los españoles que quieran que su unión de tipo 
marital tenga el reconocimiento de la administración pública a los efectos de tener 
derecho a la pensión de viudedad y no estén dispuestos a celebrar un matrimonio civil, o 
a prestar su consentimiento matrimonial en una de las formas religiosas reconocidas por 
el Estado, deben inscribirse en un registro de parejas de hecho o constituir formalmente 
su relación de pareja mediante documento público. Un requisito que estima neutral, pues 
se exige a todas las uniones de tipo marital que quieran constituirse como pareja de 
hecho a dichos efectos, sean gitanas o no, y cuya dificultad de cumplimiento en caso de 
pertenencia a la etnia gitana se podría considerar equivalente a la de la inscripción del 
nacimiento de los hijos comunes en el registro civil, cosa esta última que, sin embargo, sí 
hicieron los padres.
Añade que a la vista del motivo por el que se ha apreciado la especial trascendencia 
constitucional, tal vez quepa decir que, como interpretación jurisprudencial que es, la 
doctrina  constitucional  respecto  a  naturaleza  del  requisito  de  formalización  podría 
modificarse atendiendo a la peculiaridad del pueblo gitano. Subraya en ese sentido que, 
de producirse esa cambio de criterio, habida cuenta de que el rito gitano matrimonial 
tradicional incluye una prueba de virginidad que se realiza a la novia, lo que a su parecer 
resultaría un supuesto claro de discriminación por razón de sexo, sería necesario evitar 
un resultado en el que se pudiera hacer distinción entre una pareja de hecho gitana que 
se haya casado por el rito gitano y otra pareja de hecho gitana que tenga los mismos 
valores de su cultura en cuanto a la importancia de los lazos familiares, y demás 
vinculados a la relación matrimonial, pero que no estuviera dispuesta a aceptar la prueba 
de virginidad, no celebrase por consiguiente el rito gitano y viviese maritalmente pero sin 
celebrar una boda gitana. En otro caso, a la primera pareja, que habría celebrado un rito 
contrario a la igualdad entre hombres y mujeres, se les premiaría concediéndoles las 
prestaciones contempladas para las parejas de hecho sin necesidad de ir al registro 
correspondiente o al notario, mientras que a la segunda pareja que pertenece a la misma 
minoría discriminada (y seguramente lo estará en mayor medida pues lo sufrirá incluso 
dentro  de  su  comunidad)  se  le  obligaría  a  efectuar  esa  inscripción.  No  evitar  ese 
resultado podría desestimular que las mujeres gitanas se aproximen al estándar de 
igualdad con los hombres que constitucionalmente se establece para todas las mujeres, 
al proscribir nuestra Constitución la discriminación por razón de sexo.
Finalmente, en lo relativo a la aplicación al caso de la doctrina de la STEDH del 
asunto Muñoz Díaz c. España, subraya que esta resolución no estableció la existencia 
de una discriminación por no haberse dado validez al matrimonio gitano, ni tampoco por 
no haberse reconocido la condición de unión de hecho en aquel supuesto, sino porque 
no se tuvo en cuenta la buena fe de la demandante. En el presente caso habría a su 
parecer, sin embargo, una diferencia decisiva y relevante, pues la buena fe no va referida 
en aquel pronunciamiento solo a la existencia y realidad del matrimonio gitano sino, 
antes bien, a la validez o eficacia del mismo frente a las autoridades del Estado. Y estas, 
en aquella ocasión, crearon con su actuación una expectativa razonable de obtener las  s
mismas prestaciones que un matrimonio civil o religioso válidamente celebrado, lo que  oe.
es bien distinto a lo acontecido en el caso ahora enjuiciado en el que la recurrente fue  w.
calificada  como  «soltera»,  su  matrimonio  como  «no  existente»  y  sus  hijos  como  20ww
a«pnraetuciraarlae s eon  eaxqtruaemllaat rSimeonnteianlceisa» .d Pelo rT criobnusniaglu iEenutreo,p ecoon cdleu yDe,e rae cdhifoesre nHcuiam daen olso,  qnuoe  ssee 
prauzeodnea bcleo ndseid teernaerr  dqeuree cehlo  Eas ltaa dpoe nhsaióyna  decr eviauddoe deand , lnai  qdueem haanydaa ntatem puoncao  ienxcpuerrcidtaot ievan   BOE-A-cable e
un abuso o una diferencia de trato injustificada al proceder a la denegación de la misma. 
Una argumentación prácticamente idéntica, estimando que no concurre la buena fe, se 
contiene en la STC 194/2014, de 1 de diciembre, respecto de un matrimonio islámico no 
inscrito.
Con base en todo lo expuesto, solicita en su escrito la desestimación del recurso de 
amparo.
9.  La recurrente en amparo no formuló alegaciones, según deja constancia la 
diligencia de la Secretaría de Justicia de este tribunal, de 28 de marzo de 2019.
10.  Por providencia de 21 de enero de 2021, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 25 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso.
Es objeto del presente recurso de amparo la sentencia núm. 58/2018, de fecha 25 de 
enero, dictada por el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el recurso de 
casación  para  la  unificación  de  doctrina  núm.  2401-2016,  que  revocó  la  sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de 20 de abril 
de 2016, recurso de suplicación núm. 2843-2015, a su vez revocatoria de la de 13 de 
octubre de 2015 del Juzgado de lo Social núm. 4 de Jaén en autos núm. 679-2014, en 
materia de pensión de viudedad.
A juicio de la recurrente, aquella sentencia habría vulnerado el art. 14 CE, toda vez 
que, de acuerdo con el derecho a no sufrir discriminación racial/étnica, amparado por 
ese precepto constitucional, partiendo de la STEDH de 8 de diciembre de 2009, asunto 
Muñoz Díaz c. España y del criterio de buena fe en ella acogido, también concurrente en 
el presente, debería habérsele concedido la pensión de viudedad solicitada. En tal 
sentido declara que tenía la convicción de que tenía la condición de mujer casada con 
todos los efectos inherentes a este estado civil, en atención al propio actuar de la 
administración, no siendo su situación, por lo demás, diferente a otros casos en los que 
este tribunal ha considerado que existía tal derecho. Asimismo, de modo subsidiario, 
entiende que debería haber obtenido ese reconocimiento a la pensión por su convivencia 
more uxorio, a fin de evitar una discriminación indirecta por la aplicación neutra de una 
norma sobre la formalización de parejas de hecho que podría objetivamente perjudicar al 
colectivo  gitano  (art.  14  CE).  Advierte  que  se  trata  de  una  minoría  especialmente 
desfavorecida y vulnerable que precisa de una protección especial, por lo que debería 
reconocerse  su  derecho  a  la  pensión,  toda  vez  que  el  vínculo  con  el  fallecido  se 
desarrolló  en  régimen  vivencial  de  coexistencia  diaria,  estable,  con  permanencia 
temporal consolidada a lo largo de los años, practicada de forma extensa y pública, con 
acreditadas actuaciones conjuntas de los interesados y creándose una comunidad de 
vida amplia, de intereses y fines, en el núcleo del mismo hogar y por un periodo superior 
a diez años, tal y como consta reflejado en las actuaciones.
Por su parte, el Ministerio Fiscal y el INSS interesan la desestimación del recurso. 
Consideran, en síntesis, que los criterios aplicados por el Tribunal Supremo en orden al 
requisito del matrimonio o de la formalización de la pareja de hecho no lesionan el art. 14 
CE. La regulación contenida en el art. 174.3 LGSS de 1994 resulta neutral desde la 
perspectiva racial, al margen de que no existe un derecho a la desigualdad de trato y, en  s
fin, que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de reiterada cita, no es  oe.
trasladable al caso de autos. Añade el fiscal, que existen razones de seguridad jurídica  w.
epsonabtrraree  q uluane am,  epanate rcreiaajas  codo edn ethr oeavclteherortai dgrsaite,a  snlaea   jeuqvruiisteep  sruuend  hereansycuaial tc aeadxsoias edtenon  etpelo  qer unee le  rssiettoe p  gTuirdtiabienurona a yhl  aoCctoreanr  spdtaiitsurtecinjiaoc nidóaenl    2021-2820n https://ww
hecho gitana que tenga los mismos valores de su cultura en cuanto a la importancia de
los lazos familiares, y demás vinculados a la relación matrimonial, pero que no estuviera  Bc
dispuesta  a  aceptar  partes  del  ritual  matrimonial  gitano  que  pueden  suponer  una 
contravención de derechos fundamentales y que, por ello, no lo celebrase, pues podría 
hacerse de peor condición a esta última si la primera obtuviese el reconocimiento de la 
pensión de viudedad sin cumplir los requisitos legalmente establecidos y a la segunda se 
le obligase a darles plena satisfacción.
2.  Los  precedentes:  la  sentencia  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos 
Muñoz Díaz c. España.
Antes  de  entrar  en  el  análisis  de  fondo,  hemos  de  efectuar  una  serie  de 
consideraciones respecto a las referencias jurisprudenciales de las que debe partirse:
(i)  La reiterada invocación que tanto las partes, como las resoluciones judiciales 
que se han dictado en este procedimiento, hacen de la STEDH de 8 de diciembre 
de 2009, asunto Muñoz Díaz c. España, obliga a examinarla, a fin y efecto de comprobar 
si se trata de casos iguales o, por el contrario el asunto Muñoz Díaz c. España difiere del 
presente caso.
En  el  asunto  Muñoz  Díaz  c.  España,  la  demandante  era  de  etnia  gitana,  de 
nacionalidad española. Se opuso a la denegación de la prestación de viudedad tras el 
fallecimiento  de  la  persona  con  la  que  convivía,  también  gitano  de  nacionalidad 
española.  Dicha  denegación  estuvo  motivada  en  el  hecho  de  que  no  estuvieran 
formalmente casados según la legislación española. No se planteaba en aquel caso, por 
lógicos motivos de secuencia normativa, la aplicabilidad al caso de la regulación hoy 
existente sobre la constitución y derechos de seguridad social asociados en favor de las 
parejas de hecho. Ya que la legislación vigente en el momento de producirse la muerte 
del compañero de la señora Muñoz Díaz exigía vínculo matrimonial.
Para una correcta comparación entre ambos casos, en el asunto Muñoz Díaz c. 
España la entonces demandante y su compañero, ambos de etnia gitana, se casaron 
según los rituales propios de su comunidad; tuvieron seis hijos, que fueron inscritos en el 
correspondiente libro de familia. Se le reconoció, asimismo, la condición de familia 
numerosa de primera categoría, para lo que en aquel momento se requería la condición 
de cónyuges; vivieron juntos desde la fecha de su matrimonio hasta el fallecimiento del 
varón, quien estaba afiliado a la Seguridad Social, cotizó durante diecinueve años, tres 
meses y ocho días, y tenía una cartilla en la que figuraban a su cargo la demandante, 
como esposa, y sus seis hijos.
A la vista de ello, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró 
que las autoridades nacionales no negaban que la demandante estuviera convencida de 
buena  fe  de  la  realidad  de  su  matrimonio  y  más  cuando  le  entregaron  diversos 
documentos oficiales que declaraban su condición de esposa del fallecido, ni podía 
desatenderse como relevante la fuerza de las creencias colectivas de una comunidad 
culturalmente bien definida.
Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que la pertenencia 
a dicha minoría no eximía del deber de respetar las leyes reguladoras del matrimonio, si 
bien puso de manifiesto la vulnerabilidad de la etnia gitana, entendiendo que por el 
hecho de constituir una minoría, las autoridades deben mostrar una especial atención a 
sus necesidades y a su propio modo de vida, lo anterior se concretó exclusivamente ad 
casum, respecto a la convicción de la demandante en cuanto a su condición de mujer 
casada  con  todos  los  efectos  inherentes.  Para  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos 
Humanos,  tal  convicción  fue  indiscutiblemente  reforzada  por  la  actitud  de  las  s
autoridades, que le reconocieron la condición de esposa, especialmente, el documento  oe.
de afiliación al sistema de Seguridad Social, con lo que creó una apariencia que produjo  w.
lriane tceboruneeosnacaidm afei e tdnuetvoi e laro adf ieclamia lal engddíetai mnetaes  ere exseppseetcactdatooti  vaap l oadr ev a laslised re zac uodtneos rsiidduae mdraeadsta,r i meloos pnqoious,ea c  odjnuefsli rtimffaicallaed coiq dcuooe,n  d eleal    2021-2820n https://ww
formar junto a él «una pareja casada reconocida», de modo que debía reconocérsele su
condición de cónyuge al objeto de obtener una pensión de viudedad. En resumen, las
autoridades públicas le indujeron, a través de los actos que se han detallado antes, a 
creer de buena fe que su matrimonio era válido y, por tanto, que tendría derecho a 
acreditar la pensión de viudedad como cónyuge a la muerte de su compañero, único 
supuesto que según la legislación vigente en aquel momento, permitía lucrar la pensión 
de viudedad.
En definitiva, como la propia sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
subraya  al  acoger  la  queja  relativa  al  art.  14  del  Convenio  Europeo  de  Derechos 
Humanos, en relación con el art. 1 del Protocolo núm. 1, fueron las circunstancias 
específicas del caso las que permitieron la apreciación de desproporción en el trato que 
la  sentencia  declaraba.  La  buena  fe  de  la  demandante  constituyó,  por  tanto,  el 
fundamento, la ratio decidendi del pronunciamiento. Tanto es así que, por el contrario, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza la queja relativa a la vulneración del 
art. 14 CEDH en relación con el art. 12 CEDH, y entiende que el hecho de que las 
uniones gitanas no produzcan efectos civiles en el sentido deseado por la demandante 
no constituye una discriminación prohibida.
(ii)  Como dice la STC 69/2007, de 16 de abril, no puede atraerse a esta tipología de 
casos, la solución de la STC 199/2004, de 15 de noviembre, puesto que, a diferencia de 
lo que ahora acontece, en la vía judicial se partió allí, en todo momento, de la apariencia 
de un matrimonio válidamente celebrado de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico. 
En el presente caso, por el contrario, como ha sido destacado en los antecedentes, la 
denegación de la prestación viene dada por la inexistencia de un vínculo matrimonial 
válido en Derecho y por la falta de formalización de una pareja de hecho de acuerdo con 
lo  prescrito  en  la  ley,  al  carecer  las  uniones  celebradas  conforme  a  los  usos  y 
costumbres  de  la  etnia  gitana  de  la  consideración  de  matrimonio  en  nuestro 
ordenamiento jurídico y no haberse constituido tampoco la unión convivencial conforme 
exige la normativa vigente para acceder a la prestación solicitada. Por tanto, hay que 
descartar la identidad de supuestos, y, en consecuencia, no resulta aplicable al presente 
caso la doctrina de la STC 199/2004, de 15 de noviembre, como tampoco, ya se ha visto, 
la de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pronunciada en el asunto 
Muñoz Díaz c. España.
3.  Derecho a no ser discriminado.
Teniendo en cuenta todo lo anterior y entrando en el fondo del análisis de la cuestión 
suscitada, es de destacar, en primer lugar y en relación con el derecho a no ser 
discriminado,  que  el  Pleno  de  este  tribunal  ha  reiterado  de  manera  consolidada  y 
constante que la virtualidad del art. 14 CE no se agota en la cláusula general de 
igualdad, sino que contiene, además, una prohibición explícita de que se dispense un 
trato discriminatorio con fundamento en los concretos motivos o razones que dicho 
precepto  prevé  (STC  39/2002,  de  14  de  febrero,  FJ  4;  como  antes  en  las 
SSTC 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4, y 69/2007, de 16 de abril, FJ 3, entre otras).
Desde la STC 22/1981, de 2 de julio, recogiendo la doctrina del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en relación con el art. 14 CEDH, este tribunal ha declarado que el 
principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal equivalente, con 
abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, de manera que 
no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada 
materia supone una infracción del mandato contenido en el art. 14 CE, sino tan solo las 
que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin 
que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla  e
general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen  bo
iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de  20ww
diferLeon cqiuaec iópnro qhuíbee q eule pprain ccaipliifoic adre  digeu aarlbdiatrda reioss,  eon c asruemnate, sl adse  duensaig juuastldifiacdaecsió anr rtiafizcoionsaabsl eo.
ijnujiucisotsif icdaed avsa, lopro rg neon evreanlmir efunnted aadcaesp etand corsit.e rPioasr ao bqjeuteiv osse ay  rcaoznosntaitubcleiosn, aslemgeúnnt ec riltíecritioas  loa 
diferencia de trato, es necesario que las consecuencias jurídicas que se deriven de la
distinción  sean  proporcionadas  a  la  finalidad  perseguida,  de  modo  que  se  eviten 
resultados excesivamente gravosos o desmedidos. En resumen, el principio de igualdad, 
no solo exige que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino también 
que  supere  un  juicio  de  proporcionalidad  en  sede  constitucional  sobre  la  relación 
existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida 
(SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 3; 49/1982, de 14 de julio, FJ 2; 2/1983, de 24 de 
enero, FJ 4; 23/1984, de 20 de febrero, FJ 6; 209/1987, de 22 de diciembre, FJ 3; 
209/1988, de 10 de noviembre, FJ 6; 20/1991, de 31 de enero, FJ 2; 110/1993, de 25 de 
marzo, FJ 6; 176/1993, de 27 de mayo, FJ 2; 340/1993, de 16 de noviembre, FJ 4; 
117/1998, de 2 de junio, FJ 8, por todas).
La virtualidad del art. 14 CE no se agota, sin embargo, en la cláusula general de 
igualdad con la que se inicia su contenido. A continuación, el precepto constitucional se 
refiere a la prohibición de una serie de motivos o razones concretos de discriminación. 
Esta referencia no implica el establecimiento de una lista cerrada de supuestos de 
discriminación (STC 75/1983, de 3 de agosto, FJ 6), sino que representa una explícita 
prohibición  de  determinadas  diferencias  históricamente  muy  arraigadas  y  que  han 
situado, tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social, a 
sectores de la población en posiciones, no solo desventajosas, sino contrarias a la 
dignidad de la persona que reconoce el art. 10.1 CE (SSTC 128/1987, de 16 de julio, 
FJ 5; 166/1988, de 26 de septiembre, FJ 2, y 145/1991, de 1 de julio, FJ 2).
En este sentido el Tribunal Constitucional, bien con carácter general en relación con 
el listado de los motivos o razones de discriminación expresamente prohibidos por el 
art. 14 CE, bien en relación con alguno de ellos en particular, ha venido declarando la 
ilegitimidad constitucional de los tratamientos diferenciados respecto de los que operan 
como factores determinantes o no aparecen fundados más que en los concretos motivos 
o razones de discriminación que dicho precepto prohíbe, al tratarse de características 
expresamente excluidas como causas de discriminación por el art. 14 CE (con carácter 
general respecto al listado del art. 14 CE, SSTC 83/1984, de 8 de febrero, FJ 3; 20/1991, 
de 31 de enero, FJ 2,y 176/1993, de 27 de mayo, FJ 2).
No obstante, este tribunal ha admitido también que los motivos de discriminación que 
dicho precepto constitucional prohíbe puedan ser utilizados excepcionalmente como 
criterio de diferenciación jurídica (en relación con la raza, STC 13/2001, de 29 de enero, 
FJ 8), si bien en tales supuestos, el canon de control, al enjuiciar la legitimidad de la 
diferencia y las exigencias de proporcionalidad, resulta mucho más estricto, así como 
más  rigurosa  la  carga  de  acreditar  el  carácter  justificado  de  la  diferenciación 
(SSTC 126/1997, de 3 de julio, FJ 8, con cita de las SSTC 229/1992, de 14 de diciembre, 
FJ 4; 75/1983, de 3 de agosto, FFJJ 6 y 7, y 209/1988, de 10 de noviembre, FJ 6).
4.  Aplicación de la anterior doctrina.
De acuerdo con los anteriores criterios, debe considerarse que un perjuicio que 
pudiera quedar asociado a la pertenencia a una etnia como la gitana, constitutiva de una 
minoría que precisa una especial atención a sus necesidades y a su propio modo de 
vida, podría encuadrarse en la prohibición de discriminación contenida en el segundo 
inciso del art. 14 CE. Es prueba de ello, la propia STC 69/2007, de 16 de abril.
Por lo que se refiere a la concurrencia de un matrimonio válido como presupuesto 
legal para acceder a la prestación de viudedad, el Pleno de este tribunal ha reiterado en 
diversas resoluciones que tienen su origen en la STC 184/1990, de 15 de noviembre, 
que  no  supone  una  discriminación  por  razones  sociales  que  el  legislador  limite  la  e
prestación de viudedad a los supuestos de convivencia matrimonial, excluyendo otras  bo
uniones o formas de convivencia. A esos efectos, se debe recordar que el legislador  20ww
Sdioscpioanl ey  edne  luan a apmrepcliiaoc mióna rdgee nla dse c ilribceurntsatda necnia lsa  scoocniofigeucorancóiómnic daesl  dseis cteamdaa  mdeo mSeengtuor idaa lda 
shoocraia ldees , adhmabinidisatr acr ureenctuar sodse  limquitea doesl  pdaerrae cahtoe ndae rl aa  upne ngsriaónn  ndúem evroiu ddeed naedc ensoid aedsetás 
estrictamente  condicionado  en  el  régimen  contributivo  a  la  existencia  de  una  real
situación de necesidad o de dependencia económica por parte del cónyuge supérstite, ni 
a que este se viera incapacitado para el trabajo y a cargo del fallecido.
En cualquier caso, este tribunal ha hecho especial hincapié en que el art. 14 CE no 
impide al legislador extender la prestación de viudedad a otras uniones diferentes, ni 
encuentra obstáculos en los arts. 32 y 39 CE, ya que la opción de requerir la existencia 
de un previo vínculo matrimonial para tener derecho a una pensión de supervivencia no 
es la única constitucionalmente posible. (SSTC 184/1990, de 15 de noviembre; 29/1991, 
30/1991, 31/1991, 35/1991 y 38/1991, de 14 de febrero, y 77/1991, de 11 de abril, FJ 3, 
en todas ellas), como ha ocurrido tras la reforma llevada a cabo por la Ley 40/2007, de 4 
de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.
La jurisprudencia constitucional ha interpretado el art. 32 CE otorgándole un doble 
contenido, de modo que el matrimonio, en la Constitución española, es una institución 
garantizada y, simultáneamente, un derecho constitucional (STC 184/1990, de 15 de 
noviembre, FJ 3), correspondiendo el desarrollo de su régimen jurídico al legislador que 
en cualquier caso debe respetar su contenido esencial, por mandato constitucional ex 
art. 32.2 CE (STC 198/2012, de 6 de noviembre, FJ 7).
Respecto a la segunda vertiente, el derecho a contraer matrimonio, o a no contraerlo, 
«se limita a asegurar la capacidad de elección, a impedir el mandato o la imposibilidad 
absoluta, pero no a asegurar a quien la ejercita en un determinado sentido los mismos 
efectos que se atribuyen a quien lo hace en otro», añadiendo que «pese a la identidad 
de los sujetos titulares de la libertad, el contenido de la libertad positiva y negativa no 
(tiene)  por  qué  ser  homogéneo,  y  que  el  legislador  ordinario  (puede)  atribuir  […] 
consecuencias a una y a otra manifestación», de manera «que la primera se constituya 
en un auténtico derecho subjetivo, mientras que la segunda no sea más que una mera 
libertad jurídica, integrada en el mismo derecho fundamental, y cuyo contenido se ciñe a 
la posibilidad de optar o a la existencia de una alternativa de acción».
Por tanto, este tribunal ha asumido la existencia de dos regímenes diferenciados por 
voluntad del legislador, el del matrimonio y el de la convivencia more uxorio, que son 
reflejo de la capacidad de elección de las personas respecto del ejercicio de su derecho 
a contraer matrimonio, señalando que la convivencia more uxorio, «ni es una institución 
jurídicamente  garantizada  ni  hay  un  derecho  constitucional  expreso  a  su 
establecimiento» (ATC 204/2003, de 16 de junio de 2003, FJ 3). Por ello, el legislador 
puede diferenciar respecto de las consecuencias que se derivan de la opción, por uno u 
otro régimen (por todas, STC 66/1994, de 28 de febrero, FJ 2).
En  atención  a  ello,  partiendo  de  que  era  constitucionalmente  posible  limitar  la 
prestación  de  viudedad  a  los  supuestos  de  vínculo  matrimonial,  también  en  la 
STC 69/2007, de 16 de abril, FJ 4 que debían entenderse como tales exclusivamente las 
formas matrimoniales legalmente reconocidas. Y con base en ello, como quiera que la 
unión celebrada conforme a los usos y costumbre gitanos no ha sido reconocida por el 
legislador como una de las formas válidas para contraer matrimonio con efectos de 
validez civil, no será posible afirmar, que suponga una discriminación directa basada en 
motivos sociales o étnicos el hecho de que no se reconozca dicha prestación si no 
consta  vínculo  matrimonial  con  el  causante  en  alguna  de  las  formas  reconocidas 
legalmente.
No hay, por consiguiente, motivo para cambiar nuestro criterio en lo relativo al cauce 
matrimonial como modo de acceso a la pensión de viudedad, ya que por las razones 
antes resumidas y ampliamente expuestas desde la citada STC 184/1990 y en las 
restantes resoluciones que a ella se remiten, ninguna vulneración del art. 14 CE desde  s
esta concreta perspectiva se deriva de que haya en la norma una asociación entre el  oe.
reconocimiento de la prestación de Seguridad Social y la concurrencia de un vínculo  w.
matrimonial reconocido por el ordenamiento jurídico, no siéndolo el matrimonio gitano. 20ww
5.  Discriminación por motivos raciales o étnicos.
En segundo término, en relación con la pretensión subsidiaria de la demanda, debe
afirmarse que tampoco se puede apreciar la existencia de un trato discriminatorio directo
por motivos raciales o étnicos derivado de que no se haya equiparado la unión de la 
recurrente  conforme  a  los  usos  y  costumbre  gitanos  con  las  uniones  de  hecho 
debidamente formalizadas, pues es doctrina de este tribunal que la inscripción en el 
registro administrativo de parejas de hecho o la formalización mediante escritura pública 
es un requisito constitutivo de dicha situación jurídica (SSTC 40/2014, de 11 de marzo; 
45/2014, de 7 de abril, y 60/2014, de 5 de mayo).
En efecto, la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad 
Social, dio una nueva redacción al art. 174 LGSS. En su apartado tercero estableció los 
requisitos que deben cumplir las parejas de hecho para tener acceso a la pensión de 
viudedad. Así, además de las exigencias de alta, cotización y situación de dependencia 
económica, estableció dos requisitos simultáneos para que el miembro supérstite de la 
pareja de hecho pudiera obtener la pensión de viudedad: (i) de un lado, la convivencia 
estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración 
ininterrumpida  no  inferior  a  cinco  años  (a  acreditar  mediante  el  correspondiente 
certificado  de  empadronamiento);  y  (ii)  de  otro,  la  publicidad  de  la  situación  de 
convivencia  more  uxorio,  imponiendo  como  requisito,  con  carácter  constitutivo  y 
antelación mínima de dos años al fallecimiento, la inscripción en el registro de parejas de 
hecho (en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas 
o ayuntamientos del lugar de residencia) o su constitución en documento público.
Como ha señalado el Tribunal Supremo y recuerdan las partes personadas en este 
proceso constitucional, la solución por la que optó el legislador no consiste en una 
exigencia probatoria duplicada sobre un mismo extremo, la existencia de la pareja de 
hecho, sino que el nuevo art. 174.3 LGSS estableció dos exigencias diferentes: la 
material, esto es, la convivencia como pareja de hecho estable durante un período 
mínimo  de  cinco  años  inmediatamente  anteriores  a  la  fecha  de  fallecimiento  del 
causante; y la formal, ad solemnitatem, es decir, la verificación de que la pareja se había 
constituido como tal ante el Derecho y dotada de «análoga relación de afectividad a la 
conyugal» con dos años de antelación al hecho causante. De este modo, la pensión de 
viudedad que la norma vino a recoger no era en favor de todas las parejas de hecho con 
cinco  años  de  convivencia  acreditada,  sino  en  exclusivo  beneficio  de  las  parejas 
registradas además al menos dos años antes del fallecimiento del causante (o que 
hubieran formalizado su relación en documento público en iguales términos temporales) 
y que asimismo cumplieran el aludido requisito de convivencia.
La STC 40/2014, de 11 de marzo, regula los requisitos de acceso de las parejas de 
hecho a una prestación contributiva de la Seguridad Social, que deben ser iguales para 
todos los que actualicen la contingencia correspondiente.
En la STC 45/2014, de 7 de abril, por su parte, se destaca que no es que a unas 
parejas de hecho se les reconozca el derecho a la prestación y a otras no, sino que unas 
no tienen la consideración de pareja de hecho y otras sí. Quiere ello decir que, a los 
efectos de la ley, no son parejas estables amparadas por su regulación las que no 
reúnan esos precisos requisitos, lo que supone una opción adoptada por el legislador a 
la hora de acotar el supuesto de hecho regulado «que no resulta prima facie arbitraria o 
irracional». En efecto, al igual que reconocimos en la STC 93/2013, de 23 de abril, FJ 7, 
añadíamos que el legislador puede establecer regímenes de convivencia more uxorio 
con un reconocimiento jurídico diferenciado al del matrimonio, estableciendo ciertas 
condiciones  para  su  efectivo  reconocimiento  y  atribuyéndole  determinadas 
consecuencias, por lo que el reconocimiento de esas realidades familiares no impone al 
legislador otorgar un idéntico tratamiento a la convivencia more uxorio acreditada y a la  s
no  acreditada,  o  a  la  que  se  verifique  por  medio  de  los  mecanismos  probatorios  oe.
legalmente contemplados frente a la que carece de ellos, pues no es irrazonable definir a  w.
aquéllos como los que garantizan que la atribución de derechos asociada cumplirá las  20ww
exigEenn cicaosn dsee clau esnecgiuar,i deald  ajupraídritcaad.o  cuarto  del  art.  174.3  LGSS,  en  su  inciso  «[l]a
aelxgisutneon cidae d elo lsa  praergeisjatr odse  heescpheoc ísfiec oasc reedxiitsatreán tmese dieann tela cse rtcifoicmaucnióidna ddee sla  ainustcórnipocmióans  eno   BOE-A-cable e
ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la 
constitución de dicha pareja», no vulnera el art. 14 CE. Y la exigencia de la constitución 
formal, ad solemnitatem, de la pareja de hecho con la antelación mínima a la fecha del 
fallecimiento del causante de la pensión exigida en el párrafo cuarto del art. 174.3 LGSS 
no carece de una finalidad constitucionalmente legítima, porque busca atender a través 
de un medio idóneo, necesario y proporcionado, el compromiso de convivencia entre los 
miembros de una pareja de hecho, permitiendo al legislador identificar una concreta 
situación de necesidad merecedora de protección a través de la pensión de viudedad del 
sistema de seguridad social.
Por todo ello, no resulta contraria al art. 14 CE la interpretación realizada en el 
proceso, de suerte que la pretensión de la demandante de que su unión no formalizada 
reciba el mismo trato que el otorgado a la relación de convivencia no matrimonial 
debidamente constituida no puede prosperar, no siendo contraria la diferencia de trato a 
la prohibición de discriminación.
Por lo demás, como se añade en la STC 60/2014, de 5 de mayo, y ya se adelantaba 
en el segundo fundamento jurídico de la presente resolución, no puede apreciarse la 
vulneración del art. 14 CE por traslación de lo mantenido en la STC 199/2004, de 15 de 
noviembre, en la que estimamos la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley 
como  consecuencia  de  la  denegación  de  una  pensión  de  viudedad  por  falta  de 
inscripción  en  el  registro  civil  de  un  matrimonio  canónico.  Resulta  inadmisible  esa 
pretensión de proyección de tal doctrina al presente proceso constitucional, en tanto que 
supondría identificar dos realidades jurídicas (matrimonio y convivencia extramatrimonial) 
que no resultan equivalentes y que están sometidas a un diverso régimen jurídico en 
materia de pensión de viudedad.
Por consiguiente, la desestimación de la pretensión de la demandante de amparo 
apreciada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de enero 
de 2018, no supone una discriminación directa en función del trato recibido por la unión 
convivencial  no  formalizada.  Dicho  en  otros  términos,  lo  que  en  el  pasado  daba 
fundamento a denegar la pensión por falta de matrimonio, no podría mantenerse en la 
actual realidad normativa al haberse extendido el derecho a otras uniones. Pero si no se 
produce una constitución en forma por los cauces previstos, el resultado final para un 
régimen de unión de convivencia more uxorio es equivalente al que se daba en el 
pasado en los supuestos de falta de vínculo matrimonial, puesto que la no satisfacción 
del requisito obsta el acceso a la cobertura social pretendida.
En síntesis, no amparando el art. 14 CE lo que se ha denominado «discriminación 
por indiferenciación», al no consagrar aquella previsión constitucional un derecho a la 
desigualdad de trato por no existir ningún derecho subjetivo al trato normativo desigual 
(por todas, STC 117/2006, de 24 de abril, FJ 2), y al no existir tampoco una razón 
diferenciadora  en  la  denegación  o  reconocimiento  del  derecho  fundada  en  motivos 
étnicos, no puede prosperar la denuncia formulada desde el prisma de la discriminación 
directa (art. 14 CE).
Como han señalado el Ministerio Fiscal y el INSS, no concurre en el presente caso 
una forma de discriminación directa de la etnia gitana, sino la consecuencia ordinaria de 
la propia decisión personal, libre y voluntaria, de no acceder a alguna de aquellas 
fórmulas de constitución en Derecho del vínculo, las cuales ni en sus formas civiles ni en 
las formas confesionales reconocidas legalmente están condicionadas a la pertenencia a 
una  raza,  con  exclusión  de  las  demás,  ni  toman  siquiera  como  presupuesto  las 
tradiciones, usos o costumbres de una determinada etnia en detrimento de otras. s
6.  Exclusión de la concurrencia de discriminación indirecta. w.b
apunTatam cpuoacnod op,o dcroína  cpirtoas dpeelr avro tloa  pdaerntiucnuclaiar  fpoormr duilsacdroim einna lcai ósne nintednirceicat are qcuuerr ildaa ,d esumbarnadyaa 
pquueed een  vlae rnsee uatrfaelcidtaaddo d sei nlag ualaprlimcaecnitóen  edl ec loal ercetgivlao  dgeit afonrom, adleizbaidcoió na  dlaes l ac apraarcetjear ídsetic haesc hdoe 
sus tradiciones.
Aduce la demandante para justificar su pretensión que los gitanos se han convertido 
en una minoría especialmente desfavorecida y vulnerable, que, por lo tanto, necesitan 
una protección especial, y que, visto el fuerte arraigo de sus tradiciones y de la sólida 
estructuración de la comunidad gitana, intensamente ligada a la familia y al parentesco, 
no es posible desatender que la unión de la pareja mediante el rito propio de su cultura, 
sumada  a  la  larga  convivencia  acreditada,  ofrece  sobradas  garantías  de  que  esa 
situación  de  pareja  existe  en  tanto  que  perdura  la  convivencia  entre  sus  dos 
componentes, superándose así el test necesario de satisfacción de la finalidad a la que 
se orienta la norma que obliga, con carácter general, a formalizar por alguna de las vías 
ya descritas la unión de hecho para acceder a la pensión de viudedad.
Desde la STC 145/1991, de 1 de julio, este tribunal incluye en la prohibición de 
discriminación del art. 14 CE tanto la discriminación directa como la discriminación 
indirecta. Esta vertiente indirecta de la discriminación ha sido definida, en esencia, con 
ocasión de discriminaciones por razón de sexo, aunque ya en la sentencia citada, 
145/1991 de 1 de julio, FJ 2, se extendió a otras discriminaciones «por características 
personales», por lo que resulta posible como hipótesis apreciar su concurrencia en 
relación con otros factores de discriminación constitucionalmente prohibidos, entre los 
que cabe incluir también el étnico o racial que nos ocupa.
Por su importancia en la solución del caso, es también relevante resaltar que la 
discriminación indirecta puede darse no solo cuando exista «una norma» formalmente 
neutra y directamente no discriminatoria que produzca, en cambio, efectos desfavorables 
en el grupo caracterizado por el factor protegido, sino, asimismo, cuando se haya dado 
«una interpretación o aplicación de la misma» que ocasione aquel impacto o resultado 
adverso (STC 240/1999, de 20 de diciembre, FJ 6, por todas).
La prohibición de discriminación indirecta acoge el concepto elaborado en origen por 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa vertiente de la 
prohibición  de  discriminación  objeta  aquellos  tratamientos  formalmente  neutros  y 
directamente  no  discriminatorios  de  los  que  se  derive,  sin  embargo,  un  impacto  o 
resultado adverso sobre los miembros de un colectivo protegido, esto es, los casos en 
los que dicho grupo (aquí, según la demanda, los gitanos que siguen el rito de su cultura 
y  no  formalizan  la  relación  convivencial  por  los  cauces  legalmente  previstos)  sufre 
consecuencias  desiguales  perjudiciales,  motivadas  por  el  impacto  diferenciado  y 
desfavorable  de  tratamientos  formalmente  iguales  o  incluso  de  tratamientos  que  –
descontextualizados  del  impacto  adverso  que  ocasionan–  podrían  considerarse 
razonablemente desiguales.
Se ha dicho ya que no existe una formal desigualdad de trato en la norma. Los 
preceptos rectores del reconocimiento de la pensión de viudedad no diferencian en 
función de razones étnicas, de suerte que, en una idéntica situación de no formalización 
de la relación de hecho, lo mismo que a la unidad convivencial de la etnia gitana, se le 
denegaría también la pensión a cualquier otra convivencia de pareja, al no concurrir en 
ninguno de los dos casos los requisitos imprescindibles para el acrecimiento de la 
prestación. Ahora bien, la aproximación al contraste de situaciones que fundamenta la 
queja  desde  la  perspectiva  de  la  discriminación  directa  no  colma  el  mandato 
constitucional  de  prohibición  de  discriminación.  Por  el  contrario,  la  vulneración  del 
derecho fundamental también debería declararse si la interpretación de la norma, aun 
formalmente neutra en el trato a unos y otros, ocasionara en lo que ahora importa, en los 
convivientes de la etnia gitana, un impacto o resultado adverso.
Pues bien, la interpretación que realiza la resolución impugnada, formalmente neutra,  s
no discrimina de modo indirecto a la recurrente en amparo. En efecto, no se advierte un  oe.
perjuicio reflejo, mediato o indirecto, que revele que las disposiciones controvertidas  w.
produzcan  particulares  efectos  desfavorables  para  los  miembros  de  la  etnia  gitana  20ww
erejesmpepcloto i ddeeo lóogtriocsa sc),o olepctteivno pso qr ulae ,n op ofor rmlaasl izraazcoiónne sd eq suue  veínnc uclaod. aY  ceass qou ec onni clausrr anno rm(paosr 
se definen o articulan por referencia a un factor étnico (discriminación directa), ya se ha
dicho, ni tampoco tienen un impacto mayor u objetivamente significativo y de más 
alcance en relación con los miembros de las uniones convivenciales de la etnia gitana.
Los argumentos que se aducen, relativos a la protección que precisa la comunidad 
gitana o al fuerte arraigo de sus tradiciones y a las garantías que, en su cultura y 
contexto comunitario, se otorga a la relación así nacida, se refieren a la hipótesis ya 
descartada de la discriminación directa, no así a la que ahora abordamos, y no solo ya 
por ausencia de datos que permitan acreditar otro resultado en función de evidencias 
estadísticas (por todas, SSTC 253/2004, de 22 de diciembre, FJ 7, y 91/2019, de 3 de 
julio,  FJ  10),  sino  porque  ni  se  justifica  ni,  antes  incluso  que  eso,  cabe  advertir 
fundamento objetivo alguno de la existencia de un perjuicio mayor y verdaderamente 
desfavorable  en  la  norma  o  en  su  aplicación,  desde  una  perspectiva  cualitativa  o 
cuantitativa, en razón de pertenecer a esa minoría frente al que puede acarrear para 
cualquier  otro  colectivo  que  opte  por  la  no  formalización  de  sus  relaciones  de 
convivencia o por una formalización que carezca de validez civil.
Ha de insistirse, entonces, en que el ordenamiento jurídico no solo garantiza una 
forma de acceso civil al vínculo matrimonial con una escrupulosa neutralidad desde el 
punto de vista racial, sino que, incluso cuando se ha optado por dotar de efectos en 
materia de prestaciones de seguridad social a otras formas de convivencia, tampoco es 
posible apreciar connotaciones de exclusión étnica alguna o prejuicios particularmente 
relevantes y característicos, cualitativos o cuantitativos, que diferencien y generen un 
mayor impacto o un impacto adverso singularizado, a los miembros de la etnia gitana en 
caso de incumplimiento de los requisitos y de no reconocimiento consiguiente de la 
pensión.
En  síntesis,  sin  perjuicio  de  que  el  legislador  pudiera,  en  atención  a  las 
singularidades que plantea la etnia gitana, desarrollar una regulación legal en la que, 
preservando los derechos y valores constitucionales, se establecieran las condiciones 
materiales y formales en que las uniones celebradas conforme a los ritos y usos gitanos 
pudieran contar con plenos efectos civiles, no se advierte en la actual realidad normativa 
en la interpretación efectuada por la resolución recurrida, ni desde el prisma de la 
discriminación directa ni desde el propio de la indirecta, un trato discriminatorio por 
razones étnicas o raciales.
7.  Diferencias con la STEDH asunto Muñoz Díaz c. España, de 8 de diciembre 
de 2009.
Resta por analizar si el matrimonio de la recurrente resulta comparable y merece 
igual trato que el contraído conforme al rito gitano por la Sra. Muñoz Díaz, a la que este 
Tribunal  Constitucional  desestimó  el  recurso  de  amparo  interpuesto,  invocando  el 
principio de no discriminación por motivos raciales o étnicos en la STC 69/2007, de 16 de 
abril, si bien después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 8 
de diciembre de 2009 estimó su recurso al entender que había resultado vulnerado el 
art.14 CEDH en relación con el art. 1 del Protocolo núm. 1 y el art. 1 del Protocolo núm. 
12.
Más allá de que no hay por lo común dos casos iguales y de que siempre los perfiles 
casuísticos introducen alguna diferencia en el supuesto que sea objeto de enjuiciamiento 
y  es  sometido  con  otros  a  contraste,  es  lo  cierto  que  los  criterios  tomados  en 
consideración por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en aquella sentencia no 
concurren en el presente caso. Así, aunque en efecto la entonces demandante y su 
compañero de vida, como ocurre en esta ocasión, pertenecían a la comunidad gitana, se  e
casaron según los rituales propios de su comunidad, tuvieron varios hijos, contaban con  bo
libro de familia y vivieron juntos durante un largo período de tiempo, desde la fecha de su  20ww
mdeamtraimnodnainot eh caasrteac íeal  dfael leecleimmieennttoos,  olob jeciteivrotos  eens  qquuee  fuennd ealr  slau pcounevsitcoc iaóhno srao baren alaliz vaadliod elaz 
hdaeb síua  mexactrliumidoon iod ey  qfourem sau  vuonluiónnta croiam loa  cuotnilvizivaiceinótne sd tea mcupaolcqou ieesrata bdae  folarms afolizrmadaas,  yqau eq ulee 
hubieran permitido lucrar la pensión de viudedad. Todo ello, sin perjuicio, claro está, de la
fuerza de las creencias colectivas de una comunidad culturalmente bien definida, esto 
es, la idea de que el matrimonio contraído según sus propios ritos y tradiciones, es válido 
para  dicha  comunidad,  aunque  no  lo  sea  para  las  autoridades  nacionales  que 
ciertamente no le otorgan validez civil.
Por otro lado, conviene subrayar que a diferencia del supuesto que examinamos en 
la STC 194/2014, de 1 de diciembre, en relación con un matrimonio contraído por el rito 
islámico carente de validez y eficacia para el ordenamiento jurídico español, no hay 
constancia  alguna  de  que  la  administración  reconociera  la  existencia  y  validez  del 
matrimonio de la recurrente, sino que, por el contrario, en la documentación obrante en 
las actuaciones consta que el estado civil de la pretendida causante de la pensión de 
viudedad era soltera y extramatrimoniales los hijos habidos en común. Tampoco existen 
indicios de que administración alguna le hubiera reconocido los efectos propios de una 
persona con vínculo matrimonial. Por ello, como ya hemos adelantado en el fundamento 
jurídico 2 de la presente resolución, en esta ocasión no es posible atender a la buena fe 
de la demandante de amparo como canon de proporcionalidad en el juicio de la posible 
lesión del art. 14 CE, como hiciera en su día el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
en el asunto Muñoz Díaz c. España, pues la recurrente en amparo Sra. Cortés Cortés 
era  plenamente  conocedora  de  la  falta  de  validez  de  su  matrimonio,  al  haberse 
celebrado  por  un  rito  no  reconocido  por  nuestro  ordenamiento  jurídico  y  tampoco 
formalizó  en  momento  alguno  su  relación  more  uxorio  en  el  modo  exigido  por  la 
legislación para el reconocimiento de su derecho a la prestación de viudedad por el 
sistema nacional de Seguridad Social.
En definitiva, este tribunal comparte el criterio expresado por el Ministerio Fiscal y por 
el INSS, no observando vulneración del art. 14 CE en la sentencia de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo, de fecha de 25 de enero de 2018, que ha sido impugnada.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar la presente demanda de amparo promovida por doña Joaquina Cortés 
Cortés.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo núm. 1343-2018
Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Sala en la que 
se  sustenta  la  sentencia,  manifiesto  mi  discrepancia  con  la  parte  sustancial  de  la 
fundamentación jurídica y con el fallo. Considero que hubiera debido otorgarse el amparo 
a la demandante por vulneración de su derecho a no ser discriminada por razones de  s
pertenencia a una minoría nacional (art. 14 CE). oe.
Estoy en desacuerdo con la argumentación y con la conclusión de que no existe una  w.
ndcooisnrcmfroiamrmtiivneoa ,c aió anlda msin idntriirsaetdrcaitcatiiov pono ersy   racjuuzodltunicreiaasll e dsde i sdppeeel rntpesunaeedbnolc oi aa  roalma usan nauí  nmaio innlooesrsí  ae dnfeea cctviooidsn aa dl ece enllu eecblrr aatrrda atloas    2021-2820n https://ww
prestación por viudedad. Mi desacuerdo se refiere también al restringido alcance que se 
reconoce a la STEDH de 8 de diciembre de 2009, asunto Muñoz Díaz c. España.
I.  La  pertenencia  a  una  minoría  nacional  y  el  origen  étnico  como  criterios  de 
prohibición de trato discriminatorio.
1.  El art. 14 CE, al establecer los criterios de prohibición de trato discriminatorio, no 
se refiere expresamente a la pertenencia a una minoría nacional o al origen étnico, a 
diferencia de lo que se hace tanto en el art. 14 CEDH y en el art. 1.1 del Protocolo núm. 
12 CEDH como en el art. 21.1 Carta de los derechos fundamentales de la Unión 
Europea. Sin embargo, la cláusula «cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social»  permite  englobar  criterios  de  dicha  naturaleza  dentro  de  la  prohibición 
antidiscriminatoria  constitucionalmente  protegida  si  no  se  estima  posible  una 
interpretación más actualizada y flexible del concepto de raza que, manteniendo la 
intención originaria de prohibir cualquier discriminación por el color de la piel o por 
cualquier rasgo morfológico de las personas humanas, así como por la pertenencia a 
grupos caracterizados por tales rasgos, integre los antes expresados criterios con la 
suficiente amplitud y, al propio tiempo, eluda el riesgo de aceptar la raza como criterio 
tipológico,  pues  la  centralidad  de  tal  concepto  en  el  texto  de  la  Constitución  para 
identificar  discriminaciones  de  la  índole  de  las  que  estamos  examinando  pudiera 
considerarse como una anacronía que inevitablemente evoca la teoría de la existencia 
de razas humanas, hoy rechazada con abrumadora mayoría en el mundo científico y del 
pensamiento.
En el ámbito regional europeo de los derechos humanos va consolidándose la idea 
de que el pueblo romaní constituye una minoría nacional. Así, en el Convenio-marco 
para la protección de las minorías nacionales (núm. 157 del Consejo de Europa), hecho 
en Estrasburgo el 1 de febrero de 1995 («BOE» núm. 20, de 23 de enero de 1998), que 
representa el texto fundamental sobre el respeto a los derechos de estas minorías, 
diversos Estados parte, como Alemania o Macedonia del Norte, hicieron una declaración 
expresa de reconocimiento de sus nacionales de origen romaní como minoría a los 
efectos del Convenio. Del mismo modo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 
la ya citada sentencia de 8 de diciembre de 2009, aceptó la aplicación de las normas de 
este convenio sobre minorías nacionales en el enjuiciamiento de la denegación de una 
pensión de viudedad a una mujer perteneciente a la comunidad romaní española.
No  está,  pues,  controvertido  que  el  pueblo  romaní  constituye  una  minoría 
discriminada y que, por tanto, resultan de aplicación a sus miembros las normativas 
antidiscriminatorias  que,  al  margen  de  la  prohibición  general  de  discriminación 
reconocida  en  los  textos  fundamentales  de  derechos  humanos  (art.  27  del  Pacto 
internacional de derechos civiles y políticos; art. 14 y Protocolo núm. 12 CEDH; arts. 20 
a  22  de  la  Carta  de  los  derechos  fundamentales  de  la  Unión  Europea),  aparecen 
desarrolladas, en el ámbito internacional, en el Convenio internacional sobre eliminación 
de todas las formas de discriminación racial, aprobado por la Asamblea General de las 
Naciones  Unidas  el  21  de  diciembre  de  1965  («BOE»  núm.  118,  de  17  de  mayo 
de 1969), y, en el ámbito europeo, en el ya citado Convenio-marco para la protección de 
las Minorías Nacionales de 1995 y en la Directiva 2000/43/CE del Consejo de 29 de junio 
de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas 
independientemente  de  su  origen  racial  o  étnico  («DOCE»  L  180,  de  19  de  julio 
de 2000).
2.  Este  cuerpo  normativo  y  la  jurisprudencia  que  emana  de  los  tribunales  oe.
encargados  de  su  interpretación  y  aplicación  se  constituyen  –a  los  efectos  de  la  w.
oafubcnulidgeaardmcoieósnn t ianldteeesr n ayinc tiaeo rnplaarleset sa lcisbióoenbrt raedc eoesns tfaoqsrum eme  alatde erCi aoslna srsat ittiunficcoiaórmdno asrse  pcrooenrl aoEtcisvepa ascñ oana   (laolrosts.   t1r0ad.te2ar deCocshE o)–sy    2021-2820n https://ww
como elementos referenciales del juicio de constitucionalidad que, desde la perspectiva
del art. 14 CE, hay que desarrollar en relación con las resoluciones impugnadas.
Considero necesario destacar determinados aspectos de estas regulaciones que son 
relevantes  para  este  caso.  En  primer  lugar,  la  importancia  que  se  reconoce  al 
reconocimiento  de  las  singularidades  culturales  y  la  prohibición  de  políticas  de 
asimilación.  Así,  el  art.  5  del  Convenio-marco  para  la  protección  de  las  Minorías 
Nacionales de 1995, establece, en el apartado primero, que «las partes se comprometen 
a promover las condiciones necesarias para permitir a las personas pertenecientes a 
minorías nacionales mantener y desarrollar su cultura, así como preservar los elementos 
esenciales  de  su  identidad,  a  saber,  su  religión,  lengua,  tradiciones  y  patrimonio 
cultural»; y, en el apartado segundo, que «sin perjuicio de las medidas adoptadas de 
conformidad con su política general de integración, las partes se abstendrán de toda 
política  o  práctica  encaminada  a  la  asimilación  contra  su  voluntad  de  personas 
pertenecientes a minorías nacionales y protegerán a esas personas contra toda acción 
destinada a dicha asimilación».
En  estos  textos  se  hace  hincapié  en  la  aplicación  de  estas  políticas 
antidiscriminatorias a los derechos económicos y, singularmente, a los que reconozca el 
sector público en materia de protección social y de seguridad social [art. 5 e) del 
Convenio internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial; y 
art. 1.3 de la Directiva 2000/43/CE].
II.  La prohibición de discriminación indirecta por pertenencia a una minoría nacional 
o por razones de origen étnico.
3.  La  jurisprudencia  constitucional  española  se  ha  pronunciado  en  diversas 
ocasiones sobre la prohibición del trato discriminatorio indirecto –en la mayoría de los 
casos por motivos de género– definiendo como tal la existencia de una norma o su 
interpretación o aplicación que, aunque sea formal o aparentemente neutra desde la 
perspectiva  de  los  criterios  de  prohibición  de  trato  discriminatorio,  supone,  por  las 
diversas  circunstancias  de  hecho  concurrentes  en  el  caso,  un  impacto  adverso  en 
miembros  de  determinados  grupos  discriminados  que  carece  de  justificación  al  no 
fundarse en una exigencia objetiva e indispensable para la consecución de un objetivo 
legítimo o por no resultar idónea para el logro de tal objetivo (así, STC 110/2015, de 28 
de mayo, FJ 6).
La discriminación indirecta por pertenencia a una minoría nacional o por razones de 
origen étnico aparece también definida en el art. 2 de la citada Directiva 2000/43/CE 
cuando afirma que «existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o 
práctica aparentemente neutros sitúe a personas de un origen racial o étnico concreto en 
desventaja particular con respecto a otras personas, salvo que dicha disposición, criterio 
o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los 
medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios».
No siendo objetable la posibilidad de discriminación indirecta por estos motivos, no 
existe obstáculo alguno a la aplicación del parámetro de control desarrollado de manera 
amplia en la jurisprudencia constitucional de nuestro país –también en la del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea– en 
relación con la discriminación por motivos de género (así, por ejemplo, SSTC 110/2015, 
de 28 de mayo, FFJJ 6 a 8, o 91/2019, de 3 de julio, FJ 4). Conforme a este parámetro, 
para poder establecer que se ha producido un trato discriminatorio indirecto resulta 
preciso, partiendo de la existencia de una norma o práctica judicial o administrativa 
formalmente neutra desde la perspectiva del criterio antidiscriminatorio, en primer lugar, 
determinar  la  existencia  de  una  desventaja  particular  para  el  grupo  formado  por  e
ciudadanos de la minoría nacional o grupo étnico de referencia para, posteriormente,  bo
comprobar si esa diferencia de trato responde a una medida de política social legítima,  20ww
ajudseticfiucaaddaa  ppaorar  aralczaonnzeasr  lao bfijneativlidaas,d  paejernsaesg uiad at oyd qau ed insoc reimxcineadcaió dne  ploo rq uees teoss  nemcoetsivaoriso, 
a tal fin.
4.  La  única  resolución  en  la  que  el  Tribunal  se  ha  pronunciado  sobre  la 
discriminación indirecta por pertenencia a una minoría nacional o por razones de origen 
étnico es la STC 69/2007, de 16 de abril. Esta sentencia versa, como ocurre en el caso 
enjuiciado, sobre la denegación de una prestación de viudedad fundada en la negativa a 
equiparar una unión de vida celebrada conforme a las tradiciones culturales del pueblo 
romaní  con  las  uniones  matrimoniales  reconocidas  estatalmente.  En  aquel  caso  el 
Tribunal concluyó que no se había producido un trato discriminatorio indirecto. Aquella 
decisión,  sin  embargo,  no  fue  compartida  por  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos 
Humanos, que en la ya citada STEDH de 8 de diciembre de 2009 concluyó que sí había 
existido una vulneración del art. 14 CEDH, en relación con el art. 1 del Protocolo núm. 1 
del CEDH.
La opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia defiende de manera 
extensa que los supuestos enjuiciados en aquel caso y en el presente tienen contextos 
normativos y objetos diferentes, cosa que imposibilita alcanzar la misma conclusión. En 
aquel  caso  –se  argumenta–  la  normativa  reguladora  de  la  prestación  de  jubilación 
quedaba  restringida  a  las  uniones  matrimoniales  registradas.  Por  consiguiente,  el 
análisis del posible trato discriminatorio indirecto se hacía comparando estas uniones 
matrimoniales con las uniones de vida celebradas conforme a las tradiciones culturales 
del  pueblo  romaní.  En  el  presente  caso  –se  concluye–  la  reforma  operada  por  la 
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, admite la 
generación del derecho a pensión en las uniones de vida no matrimoniales registradas, 
por lo que la comparación se produce entre la unión de vida registrada y la unión de vida 
no registrada, por más que esta se haya celebrado conforme a las tradiciones culturales 
del pueblo romaní.
Se me hace difícil aceptar que –sin incurrir en el vicio lógico de la distinción irrelevante– 
estas diferencias impidan aplicar a este caso las razones operativas en que se apoya la 
citada STEDH de 8 de diciembre de 2009, partiendo del principio de protección de las 
minorías nacionales y culturales e incluyendo el principio de la buena fe de la demandante 
como elemento significativo en el juicio de proporcionalidad sobre una posible lesión del 
art. 14 CE. Considero, por las razones que desarrollaré a continuación, en línea con el voto 
particular formulado por dos de las magistradas de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
a  la  sentencia  impugnada  en  este  recurso  de  amparo  –cuya  fundamentada  opinión 
comparto–, que en este caso se ha producido una discriminación indirecta por pertenencia a 
una minoría nacional por el diferente tratamiento dispensado para lucrar la prestación de 
viudedad, por una parte, a las uniones de vida celebradas conforme a las tradiciones 
culturales del pueblo romaní y, por otra, a las uniones de vida no matrimoniales que hayan 
resultado inscritas en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades 
autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o formalizadas mediante documento 
público en el que conste la constitución de dicha unión de vida.
III.  La discriminación indirecta por pertenencia a una minoría nacional o por razones 
de origen étnico por la denegación de la prestación de viudedad a las uniones de vida 
celebradas conforme a las tradiciones culturales del pueblo romaní.
5.  La opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia argumenta que la 
norma reguladora de la prestación de viudedad y su interpretación y aplicación en las 
resoluciones impugnadas no suponen una discriminación indirecta por pertenencia a una 
minoría nacional o por razones de origen étnico. Dicha opinión se funda en que no 
concurre el presupuesto para la existencia de este tipo de discriminación, a saber, la  e
existencia de un perjuicio que revele efectos desfavorables para los miembros del pueblo  bo
romaní respecto de otros colectivos que opten por la no formalización de su unión de  20ww
evind ar e–gbiisetnro sse ap úab tlricaovsé–s.  dSe eu naiorgnuems emnatatr imquoen ialale sa rpeligciasctriaódna sq uoe u nseio nheas  dreea vliizdaad ion sdceri talas 
anlocramnacteiv ean v riegleanctieó nn coo nti elonse  muine mimbproasc tdoe  mlaasy uonr ioun eosb jedteiv vaimdae ncteel esbirgandifaicsa ctiovnof oyr mdee  am laáss 
tradiciones culturales del pueblo romaní.
Discrepo de esta afirmación. La jurisprudencia constitucional ha establecido, que, 
para  determinar  de  la  existencia  de  efectos  desfavorables  para  un  grupo  formado 
mayoritariamente  por  personas  integradas  en  el  criterio  de  prohibición  de  trato 
discriminatorio, «la incorporación de la discriminación indirecta como contenido proscrito 
por  el  art.  14  CE  repercute  en  la  forma  de  abordar  el  análisis  de  este  tipo  de 
discriminaciones, pues deberá atenderse necesariamente a los datos revelados por la 
estadística (STC 128/1987, de 14 de julio, FJ 6), ya sean datos estadísticos aportados 
por el órgano judicial promotor de la respectiva cuestión de inconstitucionalidad o datos 
estadísticos actualizados de oficio por el tribunal (STC 253/2004, FJ 8)» (STC 91/2019, 
de 3 de julio, FJ 4).
6.  Ante la falta de datos estadísticos más precisos –explicable por la prohibición del uso 
de datos identificativos de la pertenencia a una minoría nacional o al origen étnico en los 
censos de población–, diferentes estudios estiman que los miembros del pueblo romaní 
residentes en España serían entre 650 000 a 800 000 personas, lo que representaría en 
torno al 1,57 por 100 de la población española [datos elaborados por el Consejo de Europa y 
utilizados por la Comisión europea en el documento «Un marco europeo de estrategias 
nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020», de 5 de abril de 2011, COM(2011) 173 
final]. Estos datos se elevan de 725 000 a 750 000 e incluso hasta un millón en la Estrategia 
nacional para la inclusión social de la población gitana en España 2012-2020, aprobada por 
acuerdo del Consejo de Ministros el 2 de marzo de 2012. El «Estudio comparado sobre la 
situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza», elaborado 
en 2019 por Iseak y la Fundación Secretariado Gitano, se llegan a manejar cifras que 
oscilarían entre las 800 000 y 1 500 000 personas.
No menos complejo es establecer los datos sobre la situación de estado civil en la 
comunidad romaní. En el trabajo «Diagnóstico social de la comunidad gitana en España. 
Un análisis contrastado de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas a 
hogares de población gitana 2007», publicado por el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad en el año 2011, se afirma que el porcentaje de familias romaníes 
compuestas de manera nuclear por un matrimonio –con o sin hijos– es del 64,1 por 100, 
frente al de la población general, que es del 54,7 por 100; y que la unión de vida por su 
rito  cultural  tradicional  de  forma  exclusiva  está  presente  en  un  28  por  100  de  las 
personas casadas de esta comunidad, mientras que el resto formaliza esta unión de 
manera  combinada  con  la  religiosa  o  la  civil.  Se  señala,  significativamente,  que, 
atendiendo a la proporción por grupos de edad de miembros de la comunidad con 
uniones de vida celebradas conforme a sus tradiciones no registradas, podría estar 
aumentando la proporción de quienes se deciden por uniones tradicionales no inscritas. 
Por contraposición, en la población general, según datos aportados por el instituto 
Nacional de Estadística respecto de 2001, solo un 6 por 100 de las uniones censadas en 
España  eran  de  hecho  frente  a  las  que  estaban  formalmente  registradas  como 
matrimonio; y en la población general se ha mantenido en torno al 15 por 100 el número 
de parejas que optan por uniones de vida frente al 85 por 100 que lo hacen por el 
matrimonio entre los años 2014 a 2019, según la «Encuesta continua de hogares» del 
Instituto Nacional de Empleo.
Con una prevalencia de estas características de las uniones de vida celebradas 
conforme  a  las  tradiciones  culturales  del  pueblo  romaní  no  inscritas  en  registros 
específicos habilitados al efecto o formalizadas mediante documento público, no puedo 
compartir  la  opinión  –salvo  que  se  acepte  como  criterio  inspirador  un  positivismo 
formalista estricto– de que la neutralidad de la mera exigencia de la inscripción o  e.
formalización pública de estas uniones no implica para la comunidad romaní, en mayor  w.b
proporción  que  para  la  población  general,  un  perjuicio  cuantitativo  derivado  de  la  20ww
cimopnosissitceiónnte  edne  reuanli zarer qaucitsoitso  dea dfoicrimonaalilz apcaiórna  paacrac ecdoemr plae talar  lap trreasdtiaccioiónna l udnei ónv iuddee vdiadda 
cuonnivterarsriaal  sey  imanpcoenset rdaelm meanntee rare ccoonncolucyidean.t eA. ntes  bien,  estimo  que  la  argumentación
7.  Cualitativamente, este prejuicio también aparece especialmente como relevante para 
los miembros de esta minoría nacional derivado de la doble circunstancia de que, por un lado, 
la pensión de viudedad se constituye como una prestación contributiva que se vincula a 
periodos de cotización no despreciables (alta o situación asimilada al alta de 500 días dentro 
de un período ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento o 
quince años a lo largo de toda la vida laboral); y, por otro, que, de acuerdo con el ya citado 
«Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al 
empleo y la pobreza» (2019), la comunidad romaní presenta un desempleo de larga duración 
que afecta al 70 por 100 de las mujeres y al 76 por 100 de los varones, con una cronicidad –
más de cuatro años desempleados– que afecta al 30 por 100 de ellas y al 42 por 100 de 
ellos, con una incidencia notablemente superior a la de la población general; pues las 
probabilidades de tener un empleo de la población general es del 63,1 por 100, mientras que 
la de la población gitana es del 29,9 por 100.
Parece que en un contexto de tan alta incidencia de desempleo y de muy larga 
duración en la comunidad romaní que, a su vez, se convierte en una seria dificultad para 
el cumplimiento de los requisitos temporales de cotización para lucrar esta prestación de 
viudedad, impedir su acceso a los miembros de esta minoría que pueden reunir este 
requisito por establecer una unión de vida conforme a sus tradiciones culturales sin 
inscripción formal en registros específicos supone también desde esta perspectiva un 
perjuicio cualitativo relevante en relación con la población general.
8.  Antes de formular una conclusión sobre la existencia de efectos desfavorables para 
los  miembros  del  pueblo  romaní  respecto  de  otros  colectivos  que  opten  por  la  no 
formalización de su unión de vida, no puedo dejar de referirme al hecho de que del perjuicio 
que origina este tratamiento podría derivarse un cierto sesgo de discriminación indirecta por 
motivos de género, el cual suscitaría la duda sobre si la situación creada envuelve una 
dimensión de discriminación interseccional. Según datos oficiales correspondientes al Anuario 
de 2019 del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de las 1 625 640 personas que cobran 
la pensión de viudedad, 61 911 son varones y 1 563 712 son mujeres. Esta situación se ve 
acrecentada por la singular circunstancia de que en la comunidad romaní, según los datos 
aportado en el ya citado trabajo «Diagnóstico social de la comunidad gitana en España. Un 
análisis contrastado de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas a hogares de 
población gitana 2007», el sustentador principal de la familia nuclear compuesta por un 
matrimonio con o sin hijos es el varón en el 83 por 100 de los casos.
En conclusión, creo que las cifras expuestas ponen de manifiesto que sí existen 
efectos desfavorables para los miembros del pueblo romaní respecto de otros colectivos 
que opten por la no formalización de su unión de vida –bien sea a través de uniones 
matrimoniales registradas o uniones de vida inscritas en registros públicos– en cuanto al 
cumplimiento de este requisito para la obtención de la pensión de viudedad.
9.  Una  vez  constatada  la  aparente  neutralidad  de  la  exigencia  controvertida  y 
demostrado que genera unos efectos desfavorables estadísticamente significativos a los 
miembros de la minoría romaní, especialmente a las mujeres de esta comunidad, la 
conclusión sobre la existencia de un trato discriminatorio indirecto quedaría acreditada, 
en los términos ya expuestos, si esa diferencia de trato no responde a una medida de 
política social legítima, justificada por razones objetivas, ajenas a toda discriminación por 
estos motivos, adecuada para alcanzar la finalidad perseguida y que no exceda de lo 
que es necesario a tal fin.
A estos efectos, creo que no es preciso un desarrollo más extenso que el expuesto  e
sobre  esta  cuestión  en  el  voto  particular  formulado  a  la  sentencia  de  casación  bo
impugnada, cuando las magistradas disidentes señalan que, tomando como punto de  20ww
pcealretibdraa dcao ncsoidneforramcieo nae ss uasn trtroapdoiclóiogniceass  cruelfteurriadlaess , ac oens tain dceopmeunndiednacdi,a  lad eu nsiuó ni ndeefi cavicdiaa 
jcuormídúicna ,e xtiiegneen cuian  pinadrau blait apdoob lavacilóonr  cgoemneurnailt adreiol  cquume phlimacieen rtoe dduen dlaasn tfeo rme ainlidnaedceessa driea  slua 
inscripción en registros específicos. En última instancia, si la regla de la exigencia de
inscripción se vincula como medio probatorio para acreditar la existencia de una unión de 
vida, la realidad cultural de la comunidad romaní respecto de este tipo de uniones supera 
la  satisfacción  de  la  finalidad  buscada  con  dicha  exigencia,  convirtiéndola  en 
desproporcionada desde la perspectiva de la prohibición de discriminación.
Por  tanto,  creo  que  conforme  a  parámetros  asumidos  como  estándares  por  la 
jurisprudencia constitucional, por la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la verificación de que se ha producido 
una discriminación indirecta, el caso enjuiciado en el presente recurso de amparo reúne todas 
las características necesarias: (i) el tratamiento dispensado a la demandante de amparo es 
formalmente neutro desde la perspectiva de cualquier criterio discriminatorio prohibido; (ii) este 
tratamiento supone una desventaja particular estadísticamente significativa tanto desde una 
perspectiva cuantitativa como cualitativa para los miembros de la comunidad romaní que, de 
conformidad con ancestrales tradiciones culturales, acceden a la conformación de uniones de 
vida  al  margen  de  formalidades  legales  en  un  porcentaje  importante,  con  una  especial 
afectación a las mujeres, en tanto que son las mayoritariamente potenciales beneficiarias de 
esta prestación de viudedad; y (iii) la exigencia controvertida de la inscripción de la unión de 
vida en un registro específico o mediante la formalización de un documento público, que es por 
completo ajena a su tradición cultural, cumple una finalidad de garantía que, aun siendo 
legítima, queda satisfecha, incluso en mayor medida, por los elementos que comporta la 
solidez de la tradición cultural de la unión de vida celebrada conforme al rito romaní.
10.  Al margen de lo expuesto, en línea con la jurisprudencia establecida en la citada 
STEDH de 8 de diciembre de 2009, también defendí en la deliberación que no cabía excluir la 
concurrencia de la buena fe de la demandante de amparo como elemento relevante del juicio 
de proporcionalidad de la posible lesión del principio de no discriminación.
Debo  hacer  explícita  también  aquí  mi  opinión  en  el  sentido  de  que  en  dicha 
resolución se destacaron como circunstancias determinantes para valorar la buena fe de 
la demandante no solo los actos más o menos concluyentes de la administración pública 
que pudieran haber generado una expectativa legítima sobre la validez de su unión de 
vida –lo que hubiera podido ser aplicado en hipótesis a cualquier otra persona que no 
formara parte de la comunidad romaní– sino, específicamente, aquellos vinculados a su 
pertenencia a esta minoría nacional. Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
toma en consideración su pertenencia a una comunidad en el seno de la cual la validez 
de la unión de vida según sus propios ritos y tradiciones no ha sido nunca discutida ni 
considerada contraria al orden público por las autoridades nacionales, destacando «que 
la fuerza de las creencias colectivas de una comunidad culturalmente bien definida no 
puede ser ignorada» (§ 59), a partir de lo cual se enfatiza la necesidad del respecto a las 
minorías (§ 60 y 61) y se recuerda que, conforme al Convenio-marco para la protección 
de las minorías nacionales, los Estados están obligados a tener debidamente en cuenta 
las condiciones específicas de las personas pertenecientes a minorías nacionales (§ 64).
Por otra parte, en el presente caso, al igual que en el supuesto enjuiciado en la STEDH 
de 8 de diciembre de 2009, concurre la circunstancia de que la demandante celebró su unión 
de vida en el año 1974. Este aspecto también fue ponderado en aquella ocasión, en la que se 
destacó que entonces solo era posible en España, excepto previa declaración de apostasía, 
casarse de acuerdo con el rito del derecho canónico de la Iglesia católica (§ 57). El hecho de 
que con posterioridad existiera la posibilidad de formalizar la unión como un matrimonio civil 
registrado o conforme a cualquiera de las celebraciones religiosas con validez estatal o 
incluso mediante la formalidad de la mera inscripción en un registro específico de uniones de 
vida no impide apreciar la existencia de un trato discriminatorio por pertenencia a una minoría  e.
nacional. Como también advierte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en aquella  w.b
resolución, aceptar esta tesis supondría una modificación de los elementos litigiosos que  20ww
vmaocsiatrraíar  mdei  rceocnetleon firdeon ltae  par ouhni baircgióunm deen tdoi sqcuriem oinfraeccióen e (l §r ie7s0g).o P doer  pmoi dpearr tsee, rn ion sptruuemdeon dtaedjaor  dene 
otros contextos para defender planteamientos de asimilación alejados de los postulados 
constitucionales sobre protección de las minorías.
Madrid, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado 
y rubricado.