BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Martes 26 de enero de 2021 Sec. TC.   Pág. 7752
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1122 Pleno.  Auto  171/2020,  de  15  de  diciembre  de  2020.  Cuestión  de 
inconstitucionalidad  3601-2020.  Inadmite  a  trámite  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad 3601-2020, planteada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el 
artículo 47.1 b) del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones 
en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto.
ECLI:ES:TC:2020:171A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González Rivas, presidente, la magistrada doña Encarnación Roca Trías, los magistrados 
don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol 
Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido 
Tourón  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  en  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad núm. 3601-2020, planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el art. 47.1 b) del texto 
refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, ha dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado en este tribunal el 22 de julio de 2020, la Sección Tercera 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid remitió el auto de 14 
de julio de 2020 por el que se acordó plantear cuestión de inconstitucionalidad en 
relación con el art. 47.1 b) del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones 
en el orden social aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (en 
adelante LISOS). Junto a este auto la sala remitió copia de todo lo actuado.
2.  Los hechos que pueden ser relevantes en este proceso constitucional son los 
siguientes:
a)  El  20  de  octubre  de  2016  el  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  (SEPE) 
reconoció a doña K.F.B.J., recurrente en el proceso a quo, el derecho a percibir una 
prestación por desempleo de carácter contributivo.
b)  Por resolución de 25 de junio de 2019, el SEPE acordó declarar que doña 
K.F.B.J., había percibido indebidamente la prestación por desempleo en la cuantía de 14 
104,48 € correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de abril de 2017 y el 30 de 
enero de 2019, por no comunicar al SEPE su salida al extranjero por más de quince días 
[la Sra. K.F.J.B., viajó a Guayaquil (Ecuador) el 27 de abril de 2017 y regresó el 5 de julio 
de 2017]. Se le otorgó treinta días para reintegrar la referida cantidad. También se  e.
acordó la extinción de la prestación reconocida y que no pudiera acceder a ninguna  w.
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desestimada por resolución del SEPE de 25 de julio de 2019.
d)  Doña K.F.B.J., interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Social núm. 23 de 
Madrid  impugnando  las  referidas  resoluciones.  Por  sentencia  de  23  de  septiembre 
de 2019 su demanda fue desestimada.
e)  Esta sentencia fue recurrida en suplicación.
f)  Por providencia de 9 de junio de 2020, la Sección Tercera de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid otorgó audiencia a las partes y al Ministerio 
Fiscal a fin de que alegasen lo que estimaran oportuno respecto de la pertinencia de 
plantear  cuestión  de  inconstitucionalidad  sobre  el  art.  47.1  b)  LISOS,  cuyo  párrafo 
primero transcribe, al apreciar que podía ser contrario a los arts. 9.3, 25.1, 33.3 y 41 CE.
g)  La  parte  recurrente  y  el  Ministerio  Fiscal  consideraron  procedente  el 
planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. La parte demandada no efectuó 
alegaciones en este trámite.
h)  Por auto de 14 de julio de 2020 la Sección Tercera de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid planteó cuestión de inconstitucionalidad en 
relación con el art. 47.1 b) LISOS por considerar que la sanción que establece este 
precepto es contraria a los arts. 9.3, 25.1, 33.3 y 41 CE.
3.  En el auto de planteamiento, tras hacer referencia a los antecedentes de hecho 
de los que trae causa la presente cuestión inconstitucionalidad, aludir al objeto del 
proceso y a las razones por las que la sentencia recaída en primera instancia desestimó 
la demanda, se justifica que el art. 47.1 b) LISOS es aplicable al caso. La Sala efectúa el 
juicio de aplicabilidad poniendo de manifiesto que, como en este supuesto la infracción 
por la que la recurrente fue sancionada es la prevista en el art. 25.3 LISOS, resulta 
aplicable la sanción tipificada en el art. 47.1 b) LISOS, que se cuestiona. La Sala señala 
también que, en virtud de lo dispuesto en el art. 271.1 f) y g) de la Ley general de la 
Seguridad Social (LGSS), los beneficiarios de una prestación por desempleo tienen que 
comunicar a la entidad gestora su salida al extranjero. Por ello, considera que el art. 47.1 
b) resulta aplicable al caso y que de su validez depende el fallo, pues es la norma que 
tipifica la sanción que se le ha impuesto a la demandante en la resolución impugnada en 
ese proceso.
En el auto de planteamiento se pone de manifiesto que tras la modificación efectuada 
por el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, de esta normativa no puede aplicarse la 
jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que permitía modular la sanción 
tipificada en el art. 47.1 b) LISOS atendiendo al principio de proporcionalidad. También 
se afirma que, a diferencia de la regulación anterior, la nueva regulación no deja ningún 
margen de apreciación, pues establece con claridad que en los supuestos de estancia en 
el extranjero por un periodo superior a quince días naturales el incumplimiento del deber 
de  comunicar  al  SEPE  la  salida  del  territorio  español  conlleva  la  extinción  de  la 
prestación por desempleo.
La Sala sostiene que el precepto cuestionado vulnera los arts. 9.3, 25.1, 33.3 y 41 
CE. A su juicio, la prestación por desempleo es un derecho que deriva del art. 41 CE. 
Aduce que en el caso planteado en el proceso a quo la trabajadora había estado 
trabajando y cotizando antes de quedar en situación de desempleo durante más de cinco 
años. También considera que la prestación por desempleo reconocida a la trabajadora 
era de carácter contributivo, pues se le otorgó porque había cotizado mientras que 
estuvo  trabajando  el  tiempo  necesario  para  tener  derecho  a  una  prestación  por 
desempleo. Por ello entiende que, como la sanción prevista el art. 47.1 b) LISOS 
conlleva la extinción de la prestación reconocida, impide el acceso de la trabajadora a 
cualquier  prestación  o  subsidio  que  pudiera  corresponderle  por  el  agotamiento  del  e.
derecho extinguido, le obliga a devolver las cantidades abonados y deja a la trabajadora  w.b
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prestación  y  esta  sanción  es  genérica  e  indeterminada.  Considera  que  la  norma
sancionadora no concreta el perjuicio económico que supone. Señala, además, que este 
perjuicio es distinto en cada caso, pues el importe de la prestación depende de las 
cotizaciones efectuadas. También alega que la sanción es más onerosa si se impone al 
principio del periodo por el que se ha reconocido la prestación que si se impone al final y 
que, salvo que la salida de España se produzca el primer día de la prestación, tiene 
carácter retroactivo, al privar de cantidades percibidas antes de que tenga lugar el hecho 
sancionado, esto es, antes de que se produzca la salida al extranjero.
La sala sostiene, además, que el art. 47.1 b) LISOS carece de proporcionalidad y por 
este motivo lo considera también lesivo de art. 25.1 CE, por no observar la debida 
razonabilidad, idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la 
gravedad del hecho constitutivo de la infracción. Considera que esta norma incurre en la 
referida infracción constitucional al establecer una sanción que no admite graduación ni 
permite  tomar  en  consideración  las  circunstancias  concurrentes  (la  duración  de  la 
estancia en el extranjero –considera que no es lo mismo estar fuera de España dieciséis 
días que un año–, la culpabilidad del trabajador, etc.) ni tampoco sus consecuencias 
económicas, que varían en cada caso y son ajenas a la gravedad de la conducta 
sancionada.
Por último, alega que la sanción de la extinción de la prestación vulnera el art. 33.3 
CE porque supone la confiscación de las cantidades reconocidas y abonadas a la 
trabajadora. Estas cantidades, según la Sala, formaban parte de su patrimonio al haberle 
reconocido su derecho a la prestación. También entiende que la privación de esta 
prestación produce un enriquecimiento injusto de la entidad gestora.
El auto de planteamiento concluye citando la doctrina constitucional que considera 
aplicable en este supuesto.
4.  Por providencia de 20 de octubre de 2020, la Sección Tercera del Tribunal 
acordó, a los efectos que determina el art. 37.1 LOTC, oír al fiscal general del Estado 
para que, en el plazo de diez días, alegara lo que considerase conveniente acerca de la 
admisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por si fuere notoriamente 
infundada.
5.  La  fiscal  general  del  Estado  evacuó  el  trámite  conferido  mediante  escrito 
registrado en el Tribunal el 12 de noviembre de 2020 en el que solicita que se dicte auto 
inadmitiendo  la  presente  cuestión  de  inconstitucionalidad  por  ser  notoriamente 
infundada.
A su juicio, el precepto cuestionado no vulnera el art. 9.3 CE en relación con el 
art. 25 CE por falta de proporcionalidad. Alega la fiscal general del Estado que el 
ATC 187/2016, de 15 de noviembre, FFJJ 5 y 6, inadmitió una cuestión planteada en 
relación con el mismo precepto y en la que se fundamenta su inconstitucionalidad en 
este mismo motivo. El referido auto descartó esta lesión al considerar que el precepto 
cuestionado no incurre en un «patente derroche inútil de coacción que convierta la 
norma en arbitraria». Por ello, entiende que la aplicación de la doctrina establecida en el 
citado  auto  conlleva  que  la  sanción  que  tipifica  el  precepto  cuestionado  no  pueda 
considerarse lesiva de los art. 9.3 y 25.1 CE por no respetar las exigencias del principio 
de proporcionalidad.
También descarta que pueda infringir el art. 41 CE. Considera que la sanción de 
pérdida de la prestación de desempleo establecida en el art, 47.1 b) LISOS no vulnera el 
referido precepto constitucional porque el derecho a la prestación por desempleo es un 
derecho  de  configuración  legal  y  puede  establecer  que  para  tener  derecho  a  esta  e
prestación  hayan  de  cumplirse  ciertos  requisitos,  entre  ellos,  puede  exigir  a  los  bo
beneficiarios  que  si  viajan  al  extranjero  por  un  periodo  superior  a  quince  días  lo  w
comTuanmiqpuoecno a a lpar eecnitaid qaude g eels atortr.a 4.7.1 b) LISOS sea contrario al art. 33 CE. Considera que  2021-1122n https://w
eesctoen ópmreiccoe pptoor  lan ore aimlizpaidcieó nq duee  hepcuheodsa nilí ciimtops.onerse  sanciones  o  penas  de  carácter
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto de la cuestión de inconstitucionalidad.
La Sección Tercera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, por auto de 14 de julio de 2020, planteó cuestión de inconstitucionalidad en 
relación con el art. 47.1 b) del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones 
en  el  orden  social  aprobado  por  el  Real  Decreto  legislativo  5/2000  (LISOS)  por 
considerar que este precepto podía ser contrario a los arts. 9.3, 25.1, 33.3 y 41 CE.
Aunque el órgano judicial que plantea esta cuestión acuerda suscitarla respecto «de 
la norma contenida en el art. 47.1 b) del texto refundido Ley sobre infracciones y 
sanciones del orden social», la fundamentación contenida en el auto de planteamiento se 
refiere únicamente al primer párrafo de este precepto. Así, en el fundamento de derecho 
tercero  del  referido  auto,  en  el  que  identifica  la  «[n]orma  aplicable,  y  sobre  cuya 
inconstitucionalidad se plantea la presente cuestión», aunque se cita el art. 47.1 b) 
LISOS,  se  transcribe  únicamente  el  párrafo  primero.  No  obstante,  el  juicio  de 
aplicabilidad y relevancia solo puede entenderse efectuado respecto del inciso que se 
refiere al apartado 3 del art. 25 LISOS, al haber sido la infracción tipificada en este 
precepto la que determinó que se impusiera la sanción que se recurrió en el proceso del 
que trae causa la presente cuestión. Por ello, la cuestión de inconstitucionalidad ha de 
entenderse formulada solamente respecto del párrafo primero de este precepto y referida 
únicamente al inciso señalado. Se reproduce a continuación esta norma y se transcribe 
en cursiva la parte que va a ser objeto de examen por el tribunal en este proceso 
constitucional:
«1.  En el caso de los solicitantes y beneficiarios de pensiones o prestaciones de 
Seguridad Social, incluidas las de desempleo y la prestación por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos, las infracciones se sancionarán […]
b)  Las graves tipificadas en el artículo 25 con pérdida de la prestación o pensión 
durante un período de tres meses, salvo las de sus números 2 y 3, respectivamente, en 
las  prestaciones  por  incapacidad  temporal  y  en  las  prestaciones  y  subsidios  por 
desempleo,  así  como  en  la  prestación  por  cese  de  actividad  de  los  trabajadores 
autónomos, en las que la sanción será de extinción de la prestación.»
2.  La cuestión es notoriamente infundada.
La fiscal general del Estado, en el trámite evacuado al amparo del art. 37.1 LOTC, 
alega que la cuestión planteada es notoriamente infundada y por este motivo solicita al 
tribunal que acuerde por auto su inadmisión.
De acuerdo con el art. 37.1 LOTC, el Tribunal puede rechazar en trámite de admisión 
y mediante auto, sin otra audiencia que la del fiscal general del Estado, la cuestión de 
inconstitucionalidad  cuando  fuere  notoriamente  infundada.  Según  la  jurisprudencia 
constitucional, el concepto de cuestión notoriamente infundada «encierra un cierto grado 
de indefinición, que se traduce procesalmente en otorgar a este tribunal un margen de 
apreciación a la hora de controlar la solidez de la fundamentación de las cuestiones de 
inconstitucionalidad, existiendo supuestos en los que un examen preliminar permite 
apreciar la falta de viabilidad de la cuestión suscitada, sin que ello signifique un juicio 
peyorativo sobre la duda de constitucionalidad trasladada por el órgano judicial» (entre 
otros muchos, AATC 37/2015, de 17 de febrero, FJ 2; 112/2015, de 23 de junio, FJ 2; 
187/2016, de 15 de diciembre, FJ 4 y 133/2019, de 29 de octubre, FJ 1). e.e
La presente cuestión de inconstitucionalidad incurre en esta causa de inadmisión,  b
pcounesst ityuac ioenna leess tean  flaasse q upere sliem fiunnadr apmueendtea .descartarse  que  concurran  las  infracciones  2021-1122n https://ww
3.  La norma cuestionada no vulnera el art. 41 CE.
El órgano judicial que plantea esta cuestión de inconstitucionalidad sostiene, en 
primer lugar, que el art. 47.1 b) LISOS, al establecer que la sanción que corresponde a la 
comisión de la infracción prevista en art. 25.3 LISOS es la extinción de la prestación por 
desempleo, vulnera el art. 41 CE. A su juicio, esta prestación es un derecho que se 
deriva del referido precepto constitucional.
Como ha establecido, entre otras muchas la STC 133/2019, de 13 de noviembre, 
FJ 4 b) «[e]l art. 41 CE impone a los poderes públicos la obligación de establecer –o 
mantener– un sistema protector que se corresponda con las características técnicas de 
los mecanismos de cobertura propios de un sistema de Seguridad Social». Este precepto 
constitucional consagra la garantía institucional del sistema público de seguridad social, 
lo que conlleva que este sistema ha de ser preservado «en términos recognoscibles para 
la  imagen  que  de  la  misma  tiene  la  conciencia  social  en  cada  tiempo  y  lugar» 
[SSTC 26/1987, de 27 de febrero, FJ 4; 76/1988, de 26 de abril, FJ 4; 213/2005, de 21 
de julio, FJ 3; 91/2019, de 3 de julio y 133/2019, de 13 de noviembre, FJ 4 b)].
Asimismo,  el  Tribunal  ha  declarado  reiteradamente  que  «el  derecho  que  los 
ciudadanos puedan ostentar en materia de Seguridad Social es un derecho de estricta 
configuración  legal,  disponiendo  el  legislador  de  libertad  para  modular  la  acción 
protectora del sistema en atención a circunstancias económicas y sociales que son 
imperativas para la propia viabilidad y eficacia de aquél» [SSTC 65/1987, de 21 de mayo, 
FJ 17, y 133/2019, de 13 de noviembre, FJ 4 c), entre otras].
La aplicación de esta jurisprudencia determina que no pueda considerase contrario al 
art. 41 CE que el legislador tipifique como sanción la pérdida de las prestaciones si los 
beneficiarios incumplen las obligaciones a las que están sometidos para tener derecho a 
su percepción. Esta previsión, al no afectar en modo alguno a la garantía institucional del 
régimen público de Seguridad Social, no puede vulnerar el art. 41 CE (en este sentido, 
STC  128/2009,  de  1  de  junio),  y  ha  de  considerase  amparada  en  el  margen  de 
configuración  que  la  Constitución  atribuye  al  legislador  para  determinar  el  régimen 
jurídico de este tipo de prestaciones.
En consecuencia, la norma cuestionada no infringe el art. 41 CE.
4.  La norma cuestionada no infringe el principio de taxatividad que consagra el 
art. 25.1 CE ni, por tanto, el principio de seguridad jurídica que garantiza el art. 9.3 CE.
En el auto de planteamiento se alega también que el art. 47.1 b) LISOS vulnera el 
principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) en relación con el principio de legalidad penal 
(art. 25.1 CE). Se considera que la sanción que tipifica este precepto –la extinción de la 
prestación– incurre en esta infracción constitucional por los siguientes motivos: (i) porque es 
una sanción genérica e indeterminada, ya que no concreta el perjuicio económico que 
supone, que depende del importe de la prestación; (ii) porque este perjuicio no es el mismo 
en todos los casos, pues la cuantía de la prestación varía en función de las cotizaciones 
efectuadas; (iii) porque dependiendo de que se imponga al principio o al final del periodo por 
el que se reconoce la prestación es más o menos onerosa y (iv) porque, salvo que la 
infracción –la salida de España– se cometa el primer día de la prestación, tiene carácter 
retroactivo, al privar de las cantidades percibidas antes de que tenga lugar el hecho 
sancionado, esto es, antes de que se produzca la salida al extranjero.
Ninguno de estos motivos puede prosperar. Según ha establecido la jurisprudencia 
constitucional, el principio de legalidad que consagra el art. 25.1 CE conlleva que las  s
leyes que tipifican ilícitos penales o administrativos y sus correspondientes sanciones o  oe.
penas deban realizar, el «‘máximo esfuerzo posible’ (STC 62/1982) para garantizar la  w.
s(áSemSgbuTitrCoid  2a8dd3 ej/u 2r0íldo0i 6c,a pd,r eoe hs9i  bddideeoc oi rc, tyup barrpear, e qFvuJee r5,  ,l oyas 1 scí0,i 1u/d2laa0sd1 a2n,c odosen  sp8eu cdeuede amnnca iycaoos)n .odcee r dseu sa ntaecmciaonnoe se»l   2021-1122n https://w
En el presente caso, la norma cuestionada satisface las exigencias que se derivan
del principio de taxatividad que garantiza el principio de legalidad sancionadora (art. 25.1
CE) y, por tanto, también las exigencias de seguridad jurídica que impone el art. 9.3 CE, 
al definir con claridad que si se incurre en la infracción tipificada en el art. 25.3 LISOS –
no  comunicar  las  bajas  en  las  prestaciones  en  el  momento  en  que  se  produzcan 
situaciones determinantes de la suspensión o extinción del derecho– la consecuencia 
que conlleva incumplir ese deber es la extinción de la prestación.
(i)  La sanción no tiene carácter indeterminado, pues su importe resulta determinado con 
exactitud en función del importe de la prestación. (ii) La circunstancia de que la cuantía de la 
prestación dependa de las cotizaciones efectuadas y en consecuencia la cuantía económica de 
la sanción no sea la misma en todos los casos no determina que esta sanción no satisfaga las 
exigencias de seguridad jurídica que se derivan del art. 9.3 CE y específicamente, del principio 
lex certa que consagra el art. 25.1 CE, pues el importe de la sanción se cifra con exactitud en la 
pérdida de la prestación, cualquiera que sea su cuantía. (iii) Tampoco puede apreciarse como 
lesivo de estos preceptos constitucionales que esta sanción pueda ser más o menos onerosa, 
dependiendo de si se impone al principio del periodo en el que se tiene derecho a su prestación o 
al final. El momento de la imposición depende del momento en el que se cometa la infracción y 
esta circunstancia no afecta a la definición del contenido de la sanción que es siempre el mismo: 
la extinción de la prestación, por lo que carece de relevancia a estos efectos la repercusión 
económica que pueda tener para el sancionado. (iv) Tampoco puede apreciarse que la sanción 
pueda tener carácter retroactivo. El precepto cuestionado no impone la sanción a infracciones 
cometidas con anterioridad a su entrada en vigor ni extiende sus efectos a las prestaciones 
percibidas con anterioridad a la comisión de la infracción. En contra de lo que se sostiene en el 
auto de planteamiento, en el que se afirma que la sanción que tipifica el precepto cuestionado 
«priva de cantidades percibidas antes de que tenga lugar el hecho sancionado», la sanción que 
esta norma prevé no tiene ese alcance. Esta sanción consiste en la «extinción de la prestación» 
y, por tanto, lo que conlleva es la pérdida del derecho a percibir la prestación a partir del 
momento en que se cometió la infracción. Así, además, lo ha apreciado la resolución impugnada 
en el proceso a quo al acordar la extinción de la prestación desde el 27 de abril de 2017, que fue 
cuando la beneficiaria de la prestación salió del país sin comunicar al SEPE que su estancia en el 
extranjero iba a ser superior a quince días e incurrió en la infracción por la que fue sancionada.
Resulta, por tanto, que los beneficiarios de las prestaciones de desempleo pueden 
conocer con antelación que si incumplen el deber de comunicar su salida al extranjero 
por tiempo superior a quince días que les impone el art. 271 f) y g) LGSS están 
incurriendo en la infracción prevista en el art. 25.3 LISOS y que esta infracción está 
sancionada por el art, 47.1 b) LISOS con la extinción de la prestación, por lo que la 
norma cuestionada respeta las exigencias de seguridad jurídica que se derivan del 
art. 25.1 CE en relación con el art. 9.3 CE.
5.  La norma cuestionada no es contraria al art. 25.1 CE por infringir el principio de 
proporcionalidad.
Tampoco puede apreciarse que el precepto cuestionado vulnere el art. 25.1 CE por 
no respetar el principio de proporcionalidad. Como ha puesto de manifiesto la fiscal 
general del Estado, el ATC 187/2016 inadmitió una cuestión de inconstitucionalidad 
planteada también en relación con el art. 47.1 b) LISOS en la que se fundamentaba la 
inconstitucionalidad de este precepto en este mismo motivo, al considerarla notoriamente 
infundada. En el citado auto, el Tribunal, en línea con lo establecido en la STC 128/2009, 
de 1 de junio, FJ 4, llegó a la conclusión de que la sanción tipificada en este precepto –la 
pérdida de la prestación– no incurre en un patente exceso o derroche inútil de coacción 
y, que, por tanto, su previsión se encuentra dentro del amplio margen de libertad que, de  e
acuerdo con la doctrina constitucional, corresponde al legislador. bo
A la misma conclusión ha de llegarse ahora. Según ha establecido el tribunal,  w
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poepnoartlu on isdaandc, isoonlaod pourae d«en ose pr rcoodnutzrocala duon  ppoart eenl tTer dibeurnroacl hceo nin eúlt ifli nd ed ec ovaecricfiicóanr  qquuee  clao nnvoiermrtea 
la norma en arbitraria y que socava los principios elementales de justicia inherentes a la
dignidad de la persona y al Estado de Derecho» [entre otras muchas, STC 60/2010, de 7 
de octubre, FJ 7 a), y ATC 145/2015, de 10 de septiembre, FJ 4]. Por otra parte, el 
Tribunal ha establecido que el principio de proporcionalidad «no constituye en nuestro 
ordenamiento constitucional un canon de constitucionalidad autónomo cuya alegación 
pueda  producirse  de  forma  aislada  respecto  de  otros  preceptos  constitucionales» 
(STC 161/1997, de 2 de octubre, FJ 8). Por ello, ha sostenido que cuando lo que se 
aduce es la existencia de un trato desproporcionado, debe primero alegarse en qué 
medida se afecta, además, al contenido de otros derechos constitucionales, pues solo 
cuando la desproporción suponga vulneración de dichos derechos cabrá, en su caso, 
declarar la inconstitucionalidad de la norma (SSTC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 3; 
136/1999, de 20 de julio, FJ 22, y ATC 145/2015, FJ 4).
En el presente caso, como declara el citado ATC 187/2016, no puede apreciarse que el 
art. 47.1 b) LISOS, al tipificar como sanción la pérdida de la prestación en el caso de que los 
beneficiarios no cumplan con su deber de comunicar, salvo causa justificada, las bajas en las 
prestaciones en el momento en que se produzcan situaciones determinantes de la suspensión o 
extinción del derecho, sea arbitrario por incurrir en un «patente derroche inútil de coacción», pues 
no puede considerarse carente de justificación que se sancione con la pérdida de una prestación 
si no se cumplen los deberes que la ley impone para tener derecho a su percepción. Asimismo, 
en el presente caso no puede apreciarse que esta sanción afecte al contenido de otros derechos 
o bienes constitucionales, pues, como se ha puesto de manifiesto, no puede considerarse 
contraria al art. 41 CE ni, como inmediatamente se expondrá, puede considerase lesiva del 
art. 33.3 CE.
Por todo ello, como apreció el tribunal en el ATC 187/2016, ha de rechazarse que el 
art.  47.1  b)  LISOS  vulnere  el  art.  25.1  CE  por  no  respetar  el  principio  de 
proporcionalidad.
6.  La norma cuestionada no lesiona el art. 33.3 CE.
Como se ha adelantado, ha de descartarse también que el precepto cuestionado 
lesione  el  art.  33.3  porque  sea  una  medida  confiscatoria.  Como  establece  la 
STC 301/1993, de 21 de octubre, FJ 3, el art. 33.3 CE «en modo alguno impide que las 
leyes tomen como objeto de sus previsiones sancionatorias –en un sentido lato– el 
patrimonio de las personas». Según se afirma en la citada sentencia, la Constitución «no 
erige la propiedad privada y, en general, los derechos patrimoniales como reductos 
intangibles frente a sanciones previstas en el propio ordenamiento. Ni el sentido patente 
de la propia Constitución (de su art. 33, específicamente) ni la tradición de nuestro 
ordenamiento consienten semejante conclusión.»
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
Inadmitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, a quince de diciembre  de  dos mil  veinte.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde- e
Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado. bo
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