BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 132 Jueves 3 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 68143
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
9270 Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Dirección General de Consumo, 
por la que se publica el Convenio con la Generalitat de Cataluña, para la 
constitución de la Junta Arbitral de Consumo de Cataluña.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo y la Agencia Catalana del Consumo de la 
Generalitat de Cataluña, en fecha 25 de mayo de 2021, Convenio para la constitución de 
la Junta Arbitral de Consumo de Cataluña, que figura como anexo a esta resolución, 
procede su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto 
en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
Madrid, 26 de mayo de 2021.–La Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea 
García.
ANEXO
Convenio con la Generalitat de Cataluña, para la constitución de la Junta Arbitral 
de Consumo de Cataluña
Madrid, 25 de mayo de 2021
REUNIDOS
De una parte, doña Bibiana Medialdea García, Directora General de Consumo, de 
acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 224/2020, de 29 de enero, por 
delegación  de  competencias  del  Ministro  de  Consumo,  efectuada  mediante  Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de 
créditos para gastos y de delegación de competencias.
Y de otra parte, doña Montserrat Ribera i Puig, Directora de la Agencia Catalana del 
Consumo de la Generalitat de Cataluña, por nombramiento efectuado por el Presidente 
de la Generalitat de Cataluña y el Consejero de Empresa y Conocimiento, mediante 
Decreto 104/2020, de 15 de septiembre de 2020, y en virtud de lo que dispone la 
Ley 9/2004, de 24 de diciembre, de creación de la Agencia Catalana del Consumo.
La suscripción de este Convenio ha sido autorizada por acuerdo del Gobierno de 
fecha 13 abril de 2021, de conformidad con el artículo 26.k) de la Ley 13/2008, de 5 de 
noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno.
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo 
y de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen, y
EXPONEN
El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa  e.
de  los  consumidores  y  usuarios,  protegiendo,  mediante  procedimientos  eficaces,  la  w.
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 70ww
PrimEenr oc dueml ptleimxtioe nrteof udnedli dmo adned alato L ecyo nGsteitnuecriaoln apla, rae l laC aDpeífteunlos aI I ddee llo Ts ítCuolon sVu mdiedlo rLeibs roy 
eUsstuaabrlieocse,  ealp rroébgaimdeon  mjuerdídiaicnote d eRle Sails tDeemcare Ator bLiteragli sdlaet iCvoo n1s/u2m00o7, , fadceu l1ta6n ddoe  anl oGvoiebmiebrrneo,   BOE-A-cable e
para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así 
como el procedimiento de resolución de conflictos.
De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el 
cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter 
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las 
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente,  la  Ley  7/2017,  de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  incorpora  al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la 
ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a 
través de la Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la letra b del 
artículo  3  del  Real  Decreto  495/2020,  de  28  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Consumo  y  se  modifica  el  Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.
Mediante Convenio de fecha 6 de mayo de 1993, se constituyó la Junta Arbitral de 
Consumo de la Comunidad Autónoma de Cataluña (en adelante, la Junta Arbitral), 
realizando desde entonces una importante labor para la resolución de conflictos de 
consumo en su ámbito territorial.
Así pues, el Ministerio de Consumo y la Agencia Catalana del Consumo de Cataluña, 
conscientes  de  la  necesidad  de  facilitar  a  los  consumidores  un  medio  eficaz  de 
resolución  de  conflictos  y  teniendo  en  cuenta  la  experiencia  positiva  desde  su 
constitución, consideran aconsejable dar continuidad a la Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
Capítulo VI, del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y de su Disposición Adicional Octava,
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
El objeto de este Convenio es determinar que la Junta Arbitral de Consumo de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, con sede en Barcelona, cuyo ámbito territorial viene 
determinado por el propio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, conocerá, con 
carácter prioritario, de las reclamaciones de los consumidores de dicho ámbito, en 
relación con sus derechos legalmente reconocidos, de conformidad con los criterios 
competenciales y el procedimiento establecido en el Real Decreto 231/2008, de 15 de 
febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo o disposición que lo 
sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes.
1.   La Comunidad Autónoma de Cataluña impulsará, en su ámbito territorial, la 
gestión y administración del arbitraje institucional de consumo por la Junta Arbitral, 
comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo, en el plazo de un  es
año desde la fecha de eficacia del presente convenio, su acreditación como entidad de  o
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3.  La Comunidad Autónoma de Cataluña facilitará información sobre la designación 
de Presidente y Secretario de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato referente a 
la actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se determinen.
4.  El Ministerio de Consumo y la Agencia Catalana del Consumo facilitarán el 
asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema Arbitral de 
Consumo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Las  Instituciones  firmantes  se  comprometen  a  difundir  el  Sistema  Arbitral  de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de Seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión 
de Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a 
través de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución 
firmante, correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de 
Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en lo 
no previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la 
Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en Adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo 
acuerdo de las partes, antes de su finalización, por un período de hasta cuatro años 
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio.
El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su 
formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días 
hábiles desde su formalización en el Boletín Oficial del Estado.
Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las 
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del  s
Sector Público, así como las siguientes: oe.
a)  Por el transcurso del plazo previsto para solicitar la acreditación de la Junta  70ww
Ao rsbuit rdael nceogmaoc iEónn.tidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud
combu)n icLaad ad ean luan octiraa  apnatricteip, amdead yia mntoet ievla odpao drteu ncou aplrqeuaievirsao  dceo nla usn p palratezso,  mquíneim hoa  ddee  trseesr 
meses.
c)  La disolución o supresión de alguna de las partes.
d)  Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes está 
incumpliendo los compromisos adquiridos en  el  presente Convenio, se lo notificará 
mediante  comunicación  fehaciente  e  indicará  las  causas  que  originan  dicho 
incumplimiento. Este requerimiento será comunicado igualmente a los representantes de 
la Comisión de Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no 
superior a un mes, a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la 
Comisión de Seguimiento podrá decidir sobre la adopción inmediata de las medidas 
correctoras oportunas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el presente Convenio.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la 
Comisión  de  seguimiento  persistiera  el  incumplimiento,  se  entenderá  resuelto  el 
Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se 
comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento 
las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las 
cuestiones  litigiosas  que  en  la  ejecución  y  cumplimiento  pudieran  aparecer  y  no 
quedasen resueltas por la Comisión de Seguimiento, se someterán a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la citada jurisdicción.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del 
Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos 
personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la 
Directiva  95/46/CE  (Reglamento  general  de  protección  de  datos),  y  a  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes o por sus representantes acreditados.–El Ministro de Consumo, P.D. (Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre), la Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea 
García.–La Directora de la Agencia Catalana del Consumo, Montserrat Ribera i Puig.