BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 274 Viernes 16 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 89074
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
12436 Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y la Sociedad Mercantil 
Estatal Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, SA, M.P.
La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, y la 
Directora General de la Sociedad Mercantil Estatal Instituto Nacional de Ciberseguridad 
de España, S.A., M.P., han suscrito un Convenio de asistencia jurídica.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anejo a la 
presente Resolución.
Madrid, 7 de octubre de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEJO
Convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado 
(Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado) y la Sociedad Mercantil Estatal Instituto Nacional 
de Ciberseguridad de España, S.A., M.P.
25 de septiembre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, doña Consuelo Castro Rey, en su condición de Abogada General del 
Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, cargo para el que fue nombrada por 
Real  Decreto  716/2018,  de  29  de  junio,  BOE  número  158,  en  virtud  de  Orden 
JUS/125/2019, de 5 de febrero, por la que se delegan competencias, actuando en 
nombre y representación de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
De otra parte, doña Rosa Díaz Moles, actuando en nombre y representación de la 
Sociedad Mercantil Estatal Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A., M.P. 
(INCIBE),  con  domicilio  social  en  avenida  José  Aguado,  41,  24005  León  y  NIF 
A24530735, en su condición de Directora General, cargo para el que fue nombrada en la 
sesión del Consejo de Administración, de 19 de noviembre de 2019 y, facultado para 
este  acto  conforme  consta  en  la  escritura  pública  con  número  de  protocolo  4623 
otorgada el 13 de diciembre de 2019 por la Notaria del Ilustre Colegio de Madrid, doña  s
Ana López-Monís Gallego. oe.
MANIFIESTAN
Primero.
Que la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado es el 
Centro Directivo que tiene legalmente atribuidas las competencias de asistencia jurídica 
al Estado y sus Organismos autónomos y a los Órganos Constitucionales. Para el resto 
de entidades y organismos que constituyen el sector público estatal, se prevé legalmente 
que  la  Abogacía  General  del  Estado  pueda  prestar  asistencia  jurídica  mediante  la 
oportuna formalización de un Convenio.
Segundo.
Que la Sociedad Mercantil Estatal Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, 
S.A., M.P. (en adelante, INCIBE) es una sociedad mercantil del sector público estatal de 
las previstas en el artículo 84.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y teniendo por objeto la gestión, asesoramiento, promoción y difusión 
de  proyectos  tecnológicos  en  el  marco  de  la  Sociedad  de  la  Información;  tiene 
personalidad  jurídica  propia  y  plena  capacidad  pública  y  privada,  que  ejerce  sus 
funciones con autonomía e independencia respecto de las Administraciones Públicas.
Tercero.
Que INCIBE, de acuerdo con lo establecido en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, 
de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y en el Real Decreto 997/2003, 
de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, 
tiene  actualmente  suscrito  un  Convenio  de  Asistencia  Jurídica,  de  fecha  26  de 
septiembre de 2018, con la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico 
del Estado.
Cuarto.
Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la asistencia jurídica 
a INCIBE, ambas partes consideran conveniente la designación por el Abogado General 
del  Estado  de  uno  o  más  Abogados  del  Estado  en  activo  que  actúen  como 
coordinadores directos de la asistencia jurídica.
Quinto.
Que el texto del «convenio tipo», de asistencia jurídica ha sido informado por la 
Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia.
Sexto.
Que, con el fin de regular las condiciones de prestación de esa asistencia jurídica en 
la forma prevista en el ordenamiento jurídico, los comparecientes suscriben el presente 
Convenio, de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto. oe.
De conformidad con lo establecido en la citada Ley 52/1997, de 27 de noviembre, en  436ww
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asesoramiento  jurídico  como  la  representación  y  defensa  ante  cualesquiera 
jurisdicciones  y  órdenes  jurisdiccionales  en  los  mismos  términos  previstos  para  la 
asistencia jurídica a la Administración General del Estado.
INCIBE colaborará con los Abogados del Estado para la mejor defensa de los 
intereses en litigio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 52/1997, 
de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
La asistencia jurídica a que se refiere este Convenio no supondrá relación laboral 
entre INCIBE y los Abogados del Estado que le presten esa asistencia.
Segunda.  Facultad de elección de representación y defensa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, INCIBE se reserva la facultad de 
ser  asesorada,  representada  y  defendida  por  abogado  y,  en  su  caso,  procurador 
especialmente designado al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Se entenderá que se renuncia a la asistencia jurídica por parte del Abogado del 
Estado, para toda la tramitación del procedimiento judicial, desde el momento en que la 
entidad convenida comparezca o se dirija al órgano jurisdiccional mediante cualquier otra 
representación.
Tercera.  Contraposición de intereses.
La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado integrados 
en este, no se prestará cuando exista contraposición entre los intereses de INCIBE y del 
Estado  o  sus  Organismos  Autónomos.  En  este  caso,  INCIBE  será  asesorada, 
representada  y  defendida  por  abogado  y,  en  su  caso,  procurador,  especialmente 
designados al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Cuando exista contraposición de intereses entre INCIBE y otra entidad convenida, 
por regla general, la Abogacía General del Estado se abstendrá de intervenir en el 
proceso judicial en defensa y representación de una u otra entidad. Los Abogados del 
Estado  antes  de  personarse  en  estos  supuestos  elevarán  consulta  a  la  Abogacía 
General del Estado.
Cuarta.  Designación de Abogado del Estado coordinador.
El Abogado General del Estado designará a uno o más Abogados del Estado en 
activo para que actúen como coordinadores de la Asistencia Jurídica convenida tanto en 
los asuntos consultivos como, en su caso, contenciosos.
Corresponde a los coordinadores de los convenios de asistencia jurídica mantener 
una relación actualizada sobre el estado de tramitación de los procesos judiciales en los 
que intervenga la Abogacía del Estado y sea parte la entidad convenida. A tal fin la 
entidad convenida deberá elaborar una relación de dichos pleitos.
Quinta.  Duración.
El presente Convenio tiene una duración de dos años. Sin embargo, se entenderá 
prorrogado como máximo por dos años más mediante acuerdo expreso de las partes 
adoptado antes de la finalización de dicho período de vigencia.
Este Convenio surtirá efectos una vez que sea inscrito en el Registro Electrónico 
estatal de órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado». e.e
Sexta.  Contraprestación. 436ww
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con setenta y seis céntimos (20.354,76 €) más IVA, que se abonará por terceras partes 
correspondiendo a los períodos: enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre.
El pago se efectuará mediante el modelo 069 como documento de ingreso que se 
enviará junto con la factura debidamente cumplimentado. INCIBE deberá efectuar el 
ingreso en el plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción de la factura y 
del modelo, en cualquier entidad colaboradora o telemáticamente, debiendo, una vez 
efectuada la operación, remitir a la Secretaria General de la Abogacía General del 
Estado, copia del mismo.
Séptima.  Costas.
En los procesos en los que existan condenas en costas se aplicarán las reglas 
siguientes:
1.ª  Cuando la condenada en costas sea INCIBE corresponderá a ésta el abono de 
las causadas a la parte contraria.
2.ª  Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a favor de 
INCIBE.
Octava.  Modificación.
El presente Convenio solo puede modificarse por acuerdo expreso de las partes 
durante su vigencia o de las sucesivas prórrogas.
Igualmente en cualquier momento de la vigencia del Convenio se podrá ampliar o 
reducir la asistencia jurídica convenida siempre que exista acuerdo expreso de las 
partes.
Cualquier  modificación  se  formalizará  mediante  la  correspondiente  adenda  al 
Convenio.
Novena.  Control y vigilancia de la ejecución del Convenio.
Para la vigilancia y control de la ejecución de este Convenio de asistencia jurídica y 
de los compromisos adquiridos con su firma se establece una Comisión de seguimiento 
del  mismo  formada  por  dos  miembros  de  cada  una  de  las  partes.  Esta  comisión 
resolverá cualquier problema de interpretación o cumplimiento que pudiera plantearse. 
Las normas de funcionamiento de dicha comisión se regirán por la normativa reguladora 
del régimen de órganos colegiados de las Administraciones Públicas.
Las partes determinarán mediante anexo la composición de la comisión que, al 
menos, deberá reunirse una vez al año.
Décima.  Causas de resolución.
Son causas de resolución del Convenio:
a)  El transcurso del plazo de vigencia del Convenio o, en su caso, la prórroga 
acordada expresamente.
b)  El mutuo acuerdo.
c)  El incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas en este Convenio.
En este caso, se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla  s
en el plazo de treinta días naturales, la obligación incumplida. Este requerimiento será  oe.
comunicado a los responsables de la Comisión prevista en la cláusula novena y a la  w.
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podrá entender resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá
conllevar la indemnización de los perjuicios causados, de acuerdo con los criterios que 
se determinen por la comisión de seguimiento.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por extinción de la personalidad jurídica de la entidad convenida.
f)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
Undécima.  Naturaleza del Convenio y jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa quedando sometido al régimen 
jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio serán 
resueltas en el seno de la Comisión de seguimiento en el caso de que no fuera posible, 
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las 
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.
Duodécima.  Finalización de vigencia del Convenio anterior.
Una vez el presente Convenio adquiera eficacia jurídica, de conformidad con la 
cláusula quinta, quedará resuelto, liquidado y extinguido el anterior Convenio suscrito 
entre las partes en fecha 26 de septiembre de 2018, por transcurso de su plazo de 
vigencia, sin necesidad de realizar liquidación adicional alguna. En consecuencia, el 
presente Convenio sustituirá en su totalidad al extinto Convenio firmado por las partes en 
fecha 26 de septiembre de 2018.
El pago de las cantidades pendientes correspondientes al cuatrimestre en curso en la 
fecha que el Convenio adquiera eficacia jurídica se efectuará con cargo al presente 
Convenio.
Y para que conste, y en prueba de conformidad, firman digitalmente el presente 
Convenio.–La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, 
Consuelo Castro Rey.–La Directora General de la Sociedad Mercantil Estatal Instituto 
Nacional de Ciberseguridad de España, S.A., M.P., Rosa Díaz Moles.
ANEXO
En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  cláusula  novena  del  Convenio,  la  comisión  de 
seguimiento del mismo está formada por los siguientes miembros:
– Por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado:
• La Subdirectora General y el Subdirector Adjunto de Coordinación, Auditoría y de 
Gestión del Conocimiento. En defecto de uno de ellos, un Gestor de Apoyo Jurídico de la 
referida Subdirección.
– Por la Sociedad Mercantil Estatal Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, 
S.A., M.P:
• El Secretario General. En la actualidad, don Antonio Fernández Polanco.
• La Directora General. En la actualidad, doña Rosa Díaz Moles. e.