BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 79 Viernes 2 de abril de 2021 Sec. I.   Pág. 37859
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
5209 Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de 
julio, de salud de Galicia.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La expansión del SARS-CoV-2 ha generado una crisis sanitaria sin precedentes 
recientes. Así, tras la elevación por la Organización Mundial de la Salud de la situación 
de emergencia de salud pública por dicha causa a nivel de pandemia internacional y la 
adopción, por parte de algunas comunidades autónomas como la gallega, de medidas de 
prevención, mediante el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 
declaración que afectó a todo el territorio nacional, con una duración inicial de quince 
días naturales pero que fue objeto de sucesivas prórrogas autorizadas por el Congreso 
de los Diputados.
El levantamiento del estado de alarma, sin embargo, no ha puesto fin a la situación 
de crisis sanitaria, lo que justificó la adopción de medidas como las previstas a nivel 
estatal  en  el  Real  decreto  ley  21/2020,  de  9  de  junio,  de  medidas  urgentes  de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, así como las medidas de prevención que se han ido adoptando por las 
diferentes comunidades autónomas. En concreto, en el caso de la Comunidad Autónoma 
de  Galicia,  la  respuesta  a  la  crisis  sanitaria  fue,  fundamentalmente,  además  del 
mantenimiento de la declaración de situación de emergencia sanitaria efectuada por el 
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13 de marzo de 2020, la adopción, al 
amparo de la legislación sanitaria, ordinaria y orgánica, de medidas de prevención, tanto 
de carácter general para todo el territorio autonómico como, de manera específica, a 
través de diferentes órdenes, en atención a la evolución de la situación epidemiológica y 
sanitaria.
Posteriormente, mediante el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, se declaró un 
nuevo estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2, que afecta a todo el territorio nacional, con una duración inicial hasta 
las 00.00 horas del día 9 de noviembre de 2020 y una prórroga autorizada por el 
Congreso de los Diputados hasta el 9 de mayo de 2021.
Con arreglo al marco normativo derivado del estado de alarma vigente, la autoridad 
competente será el Gobierno de la Nación y, en cada comunidad autónoma y ciudad con 
estatuto de autonomía, la autoridad competente delegada será quien desempeñe la 
presidencia  de  la  comunidad  autónoma  o  ciudad  con  estatuto  de  autonomía.  Las 
autoridades competentes delegadas quedan habilitadas para la adopción de las medidas 
contempladas en el real decreto, en los términos y con el alcance previstos en dicha 
norma,  sin  que  para  ello  sea  precisa  la  tramitación  de  ningún  procedimiento 
administrativo ni autorización ni ratificación judicial.
Procede destacar, sin embargo, que las medidas previstas en el real decreto no  e.e
agotan todas las que pueden ser adoptadas durante la vigencia del estado de alarma  w.b
para  hacer  frente  a  la  crisis  sanitaria  sino  que,  como  contempla  expresamente  el  09ww
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sloe revsictaiobsle yc isduo  peenr seol nreaal,l  pdaercar eatdoo. pPtoarr  tlaanst om, ecdoimdaos  dqeuseta ecsat iemxep rneescaemsaerniates ,l as ienx ppeorsjuiciicóion  ddee 
motivos del real decreto, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones
sanitarias competentes en salud pública, en lo no previsto en dicha norma, habrán de 
continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la situación de emergencia de 
salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en 
particular la Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de 
salud pública, la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, y la Ley 33/2011, de 4 
de octubre, general de salud pública, así como la normativa autonómica correspondiente.
De lo anteriormente expuesto se desprende que las medidas para hacer frente a 
riesgos para la salud pública derivados de crisis sanitarias no encuentran su fundamento 
normativo, con carácter exclusivo, en el derecho de excepción como el derivado de la 
declaración de un estado de alarma.
En efecto, si bien las crisis sanitarias, tales como epidemias, constituyen uno de los 
supuestos que habilitan para la declaración del estado de alarma, con arreglo al artículo 
cuarto de la Ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y 
sitio, dicha declaración, dado su carácter excepcional, no puede entenderse como la 
única alternativa jurídica para hacer frente a esas situaciones, al existir en la legislación 
sanitaria mecanismos extraordinarios para tutelar la salud pública.
Así, en su concepción constitucional y en la de la Ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, 
el estado de alarma representa la aplicación de un derecho excepcional, limitado en el 
tiempo, condicionado por la adecuación de las medidas a las circunstancias concretas 
que se presenten, y solo justificado en la medida en que, para hacer frente a tales 
circunstancias,  no  sean  suficientes  los  poderes  ordinarios  de  las  autoridades 
competentes. No procederá, por tanto, acudir al estado de alarma para el control de una 
epidemia, manteniendo activo un derecho excepcional, cuando la legislación de derecho 
ordinario,  en  especial  la  sanitaria  y  la  normativa  en  materia  de  protección  civil  y 
seguridad ciudadana, permita afrontar la situación existente a las autoridades públicas, 
singularmente el Estado y las comunidades autónomas, con sus poderes ordinarios, esto 
es, con arreglo a las reglas ordinarias de distribución de competencias.
Solo cuando fuese imprescindible el Gobierno debe acudir a la declaración de un 
estado  de  alarma;  en  particular,  como  expresa  el  artículo  cuarto  de  la  Ley 
orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, cuando se 
trate de crisis sanitarias que produjesen «alteraciones graves de la normalidad», en todo 
o en parte del territorio nacional, que demanden una actuación centralizada de la crisis 
en los territorios afectados y la necesidad de contar con los instrumentos específicos 
previstos en el artículo once de dicha ley orgánica.
Ahora bien, ha de llamarse la atención sobre que la Ley orgánica 4/1981, de 1 de 
junio, como ha puesto de manifiesto la doctrina, no da respuestas específicas apropiadas 
para situaciones de crisis sanitarias, especialmente de duración prolongada, como la que 
nos ocupa, y que se limita a remitirse a que, en estos casos, podrán adoptarse las 
medidas  «establecidas  en  las  normas  para  la  lucha  contra  las  enfermedades 
infecciosas» (artículo doce de la ley orgánica). La respuesta específica a una situación 
de epidemia o pandemia no se encuentra, pues, en la regulación del estado de alarma 
sino en la legislación sanitaria. Por tanto, las medidas que la legislación orgánica y 
ordinaria establecen para los casos de peligros y amenazas para la salud pública pueden 
llegar a ser suficientes para abordar una pandemia sin necesidad de recurrir a una 
situación constitucional excepcional como es el estado de alarma.
La Ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, remite, pues, a la legislación sanitaria y se 
apoya en la misma, dada la ausencia de respuestas específicas en la propia legislación 
reguladora del estado de alarma. De este modo, la legislación sanitaria cobra un papel  s
estratégico fundamental en la lucha contra la pandemia. En definitiva, no procede acudir  oe.
de  manera  continuada  al  estado  excepcional  de  alarma  ante  cada  repunte  de  la  w.
enfermedad que se produzca si puede hacerse frente con los mecanismos de tutela de la  09ww
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rleegsiuslltaacsieó nc osmanpiatatirbiale  tcaomnb eiél nm saercgou inráonrm daetisveom epxecñeapncdioon auln t epmappoerl aflumnednatme eanptlaicl,a belne .lo que  BOE-A-cable e
II
Centrándonos, así, en los mecanismos de tutela previstos en la legislación sanitaria, 
la Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud 
pública, conforma, junto con la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, la 
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema nacional de salud, y la 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública, el cuerpo normativo fundamental 
de la acción de tutela de la salud pública a nivel estatal, al cual ha de unirse la legislación 
autonómica reguladora de la protección de la salud pública en el marco de competencias 
autonómico, como es el caso, en la Comunidad Autónoma gallega, de la Ley 8/2008, 
de 10 de julio, de salud de Galicia.
En efecto, se contemplan en dicha normativa medidas que las autoridades sanitarias 
podrán acordar para tutelar la salud pública en situaciones de riesgo, en orden a cumplir 
el mandato contenido en el artículo 43 de la Constitución española, que, tras proclamar 
el derecho a la protección de la salud, dispone que compete a los poderes públicos 
organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones 
y servicios necesarios y que la ley establecerá los derechos y deberes de todos al 
respecto.
Dicho marco normativo debe completarse, en atención a la posible afectación que 
tales medidas pueden tener sobre los derechos fundamentales, con la necesidad de 
intervención judicial.
No  obstante  lo  anterior,  la  crisis  de  la  COVID-19  ha  puesto  de  manifiesto  la 
necesidad  de  contar  con  una  mayor  densidad  normativa  en  lo  que  respecta  a  la 
articulación de los mecanismos extraordinarios que contempla la legislación sanitaria 
para  tutelar  la  salud  pública  ante  crisis  sanitarias.  En  este  sentido,  son 
fundamentalmente cuatro las carencias normativas que se han detectado en este ámbito: 
la necesidad de una mayor concreción de las medidas susceptibles de ser adoptadas en 
estos casos (en especial, para hacer frente a enfermedades de carácter transmisible), la 
regulación de los requisitos exigibles para su adopción por parte de la autoridad sanitaria 
competente, la necesidad de una mayor claridad y concreción en relación con el régimen 
sancionador aplicable y la precisión de los términos y el alcance de la garantía judicial.
En relación con esta última cuestión, procede destacar la reciente modificación de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, 
operada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas 
para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la Administración de justicia, en virtud 
de la cual se deslindaron las competencias para la autorización o ratificación judicial de 
medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias 
estimen urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción 
de  derechos  fundamentales,  en  función  del  carácter  individualizado  o  no  de  sus 
destinatarios y de la autoridad sanitaria de la cual procedan, y se reguló la tramitación 
que se seguirá para dicha autorización o ratificación.
En cambio, subsisten las otras tres carencias normativas apuntadas, que demandan 
que,  en  ejercicio  de  la  competencia  autonómica  en  materia  de  sanidad  interior 
contemplada en el artículo 33 del Estatuto de autonomía de Galicia, se introduzcan en la 
Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, las modificaciones necesarias a fin de 
hacer frente a la necesidad de contar con un marco normativo claro en la materia que 
ofrezca la necesaria seguridad jurídica, tanto para quienes han de intervenir en la 
adopción de las medidas y en su inspección, vigilancia, control y sanción como para las 
personas destinatarias de las mismas. e.
Especial atención merece la concreción de las medidas preventivas que pueden  w.b
adoptarse por las autoridades sanitarias gallegas, en ejercicio de sus competencias, para  09ww
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sleug aald roepgcuiólen e, stetansie mndeod ideans c, udeenlitma itnaencdeos acorina mpreencties ióenl  msuasrc coo nntoorrmnoasti vyo  locso nresqtituuisiditoo sp opra rlaa 
legislación sanitaria y procesal antes citada.
En efecto, con arreglo a reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, los derechos y 
las libertades que la Constitución reconoce no tienen carácter absoluto o ilimitado, sino 
que  pueden  verse  sometidos  a  ciertas  modulaciones  o  límites,  justificados  en  la 
protección de otros derechos, bienes o valores constitucionales, siempre con la debida 
proporcionalidad.
En este sentido, la salud pública es un bien constitucionalmente protegido cuya 
tutela,  impuesta  por  el  artículo  43  de  la  Constitución  española,  puede  justificar  el 
establecimiento de límites al ejercicio de derechos y libertades, teniendo en cuenta, 
además, la íntima conexión de dicho mandato constitucional de protección de la salud 
pública con el derecho a la vida y a la integridad física reconocido en el artículo 15 de la 
Constitución española, como recientemente tuvo oportunidad de recordar el Tribunal 
Constitucional en su Auto 40/2020, de 30 de abril.
Junto con ello, el Tribunal Constitucional admitió el establecimiento de medidas 
limitativas  de  derechos  y  libertades,  incluidos  derechos  fundamentales  y  libertades 
públicas, sin tener que acudir necesariamente al llamado derecho de excepción si bien 
con el necesario respeto a la reserva de ley (artículos 53.1 y 81.1 de la Constitución 
española), de modo que debe ser la ley la que habilite la injerencia en el ámbito de los 
derechos y libertades y exprese los presupuestos y las condiciones de la intervención.
Sentado lo anterior, en el caso concreto de las medidas limitativas de derechos 
fundamentales y de libertades públicas y respecto a la reserva de ley orgánica del 
artículo 81.1 de la Constitución española, ha de advertirse que el Tribunal Constitucional, 
ya desde sus primeras sentencias, incidió en la necesidad de aplicar un criterio estricto o 
restrictivo en relación con el alcance de la reserva de ley orgánica para el desarrollo de 
derechos fundamentales y de libertades públicas previstas en el artículo 81.1 de la 
Constitución  española.  En  concreto,  de  acuerdo  con  esta  doctrina  constitucional, 
requiere ley orgánica únicamente la regulación de un derecho fundamental o de una 
libertad pública que «desarrolle» la Constitución de manera directa y en elementos 
esenciales para la definición del derecho fundamental, ya sea en una regulación directa, 
general y global del mismo, ya en una parcial o sectorial, pero igualmente relativa a 
aspectos esenciales del derecho, y no, por parcial, menos directa o encaminada a 
contribuir a la delimitación y definición legal del derecho. No entran, en cambio, dentro de 
la reserva de ley orgánica las modulaciones provisionales y limitadas a la forma en que 
ciertos sujetos disfrutan, en circunstancias muy determinadas y no generalizables, del 
derecho fundamental (entre otras, sentencias del Tribunal Constitucional 53/2002, de 27 
de febrero, y 186/2013, de 4 de noviembre). Lo reservado al Estado ex artículo 81.1 de la 
Constitución española es, pues, la regulación de los aspectos esenciales, el desarrollo 
directo del derecho fundamental considerado en abstracto o «en cuanto tal», en cuanto 
que se atribuye la regulación de la «materia» sobre la que se proyecta el derecho al 
legislador ordinario, estatal o autonómico, con competencias sectoriales sobre la misma. 
En suma, la reserva enunciada en el artículo 81.1 de la Constitución española para el 
desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas no es incompatible 
con la colaboración internormativa entre la fuente a favor de la cual la reserva se 
establece y otras fuentes de producción reconocidas en la Constitución, para conseguir, 
de este modo, una disciplina integral y articulada del ámbito de que se trate (entre otras, 
STC 137/1986, de 6 de noviembre).
De acuerdo con lo expuesto, en el ámbito concreto de las medidas de protección de 
la salud pública, el legislador orgánico, a través de la Ley orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, configuró la protección de la salud pública, dada su evidente conexión con el  s
derecho a la vida y a la integridad física, como derecho constitucionalmente protegido  oe.
que puede operar como límite de los derechos fundamentales y libertades públicas, a  w.
través de la adopción, por parte de las autoridades sanitarias competentes, de las  09ww
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necesarias  y  la  finalidad  de  tales  medidas  (la  protección  de  la  salud  pública  y  la 
prevención de su pérdida o deterioro, con atención particular, en su artículo tercero, a la 
finalidad de controlar las enfermedades transmisibles). La ley orgánica efectúa así, en 
aplicación del artículo 81 de la Constitución española, un desarrollo directo o primario 
respecto a los límites a que puedan quedar sometidos los derechos fundamentales y las 
libertades  públicas  a  favor  de  la  protección  de  la  salud  pública,  precisando  las 
condiciones  esenciales  que  deben  concurrir  para  la  adopción,  por  parte  de  las 
autoridades sanitarias competentes, de medidas limitativas con tal fin; un desarrollo que, 
con arreglo a la doctrina constitucional expuesta, puede concretarse, respetando las 
condiciones esenciales establecidas en dicha ley orgánica, por el legislador ordinario 
competente en la materia (en este caso, por el legislador autonómico en ejercicio de las 
competencias en materia de sanidad interior).
Conforme a lo expuesto, una de las principales finalidades de la presente ley es, así, 
concretar las medidas que, teniendo en cuenta lo dispuesto en la legislación sanitaria 
estatal, de rango orgánico y ordinario, pueden adoptarse por las autoridades sanitarias 
gallegas para la protección de la salud pública, así como regular los requisitos que han 
de cumplirse para su correcta adopción, con especial atención a las exigencias de 
motivación y de proporcionalidad. También se aclara y completa el régimen sancionador 
aplicable en materia de salud pública.
Si bien el objetivo fundamental de la reforma estriba en hacer frente a las carencias 
normativas apuntadas, se introducen, asimismo, otras modificaciones puntuales en la 
Ley 8/2008, de 10 de julio, en su mayor parte también relacionadas con aspectos 
relativos a la protección de la salud pública, tal y como se describe a continuación.
III
La presente ley se estructura en un artículo único, de modificación de la Ley 8/2008, 
de 10 de julio, de salud de Galicia, una disposición transitoria y una disposición final.
Respecto a las modificaciones introducidas en la Ley 8/2008, de 10 de julio, tal y 
como se adelantó antes, la mayor parte de dichas modificaciones se refiere a aspectos 
relacionados con la protección de la salud pública, a fin de contar con una normativa más 
clara y completa en la materia.
Así, se da nueva redacción al artículo 33 de la ley para completar el concepto de 
autoridad sanitaria y para precisar aquellas autoridades sanitarias que podrán establecer 
las intervenciones públicas necesarias para garantizar los derechos y deberes sanitarios 
de la ciudadanía y, entre ellas, las medidas preventivas tanto por razones sanitarias en 
general como por razones de protección de la salud pública en particular.
En relación con las intervenciones públicas previstas en el artículo 34 de la ley, se 
incorpora en su número 12 una remisión expresa a las medidas preventivas específicas 
en materia de salud pública que se contemplan en la nueva redacción del artículo 38 y 
se añade un nuevo número 15 relativo al posible establecimiento de prohibiciones, 
limitaciones  y  estrategias  de  prevención  del  consumo  de  bebidas  alcohólicas,  en 
especial por las personas menores de edad. Además, con esta finalidad se contempla 
directamente en la ley la prohibición de consumo en grupo de bebidas alcohólicas en la 
vía pública, parques y plazas públicas y otros lugares de tránsito público.
Se añade un nuevo apartado en el artículo 37 con la finalidad de garantizar la 
suficiencia de medios personales para el desarrollo de las funciones de inspección de 
salud pública en supuestos de crisis sanitarias o epidemias. s
Se da nueva redacción al artículo 38 de la ley a fin de recoger, como se apuntó  e.
antes, de manera más concreta y en un mismo precepto, las medidas preventivas que  w.
pueden adoptarse por las autoridades sanitarias para la protección de la salud pública,  09ww
oinrcgláunidicaas  3/l1a9s 86li,m dieta 1ti4va dse  adber il, ddeer emcheodsid afsu ensdpaemceianlteasle esn  ma atqeuriea  dsee s alruedfi eprúeb lilcaa , cLoeny 
Nesop seec iainl caluteynec, iósinn  ae mlabsa drgeos,t inuandaa esn aulm ceornatcroiól nd eex ehnafuesrmtivead ya daegso tdaed ocraar ádcet emr etrdaindsams,i spibulees.   BOE-A-cable e
ello podría dificultar su fin primordial, que es la tutela de la salud pública. De ahí que se 
introduzcan cláusulas finales abiertas que permitan la adaptación a las circunstancias del 
caso,  si  bien  debe  tratarse  en  todo  caso  de  medidas  rodeadas  de  las  necesarias 
garantías.
En relación con las medidas en materia de salud pública, se introducen, además, tres 
nuevos artículos: el 38 bis, el 38 ter y el 38 quater.
En  el  primero  de  ellos  se  contemplan  previsiones  en  relación  con  la  medida 
específica de intervención de centros de servicios sociales, al ser una medida que se ha 
revelado necesaria para la protección de la salud pública en la actual pandemia.
En el nuevo artículo 38 ter se aclaran aspectos fundamentales sobre la naturaleza de 
las  medidas  preventivas,  con  la  finalidad  de  velar  por  su  operatividad  y  eficacia, 
aclarando que su adopción no requiere de un procedimiento administrativo específico y 
su diferente naturaleza de las medidas provisionales que aparecen conectadas a un 
procedimiento administrativo. Se establecen, además, las garantías fundamentales de 
motivación,  publicación,  en  su  caso,  cuando  las  medidas  afecten  a  una  pluralidad 
indeterminada de personas, y audiencia, si la medida afecta a una o varias personas 
determinadas,  siempre  que  ello  sea  posible,  garantizándose,  si  no  lo  fuese,  su 
realización  en  un  momento  posterior.  También  se  alude,  entre  otras  cuestiones,  al 
principio de precaución, que posibilitará la lícita adopción de las medidas cuando se 
ajusten a una adecuada evaluación del riesgo según la información disponible en ese 
momento.  Se  contemplan,  asimismo,  otros  requisitos  de  importancia  como  la 
temporalidad de las medidas o la necesaria información a la población afectada.
Junto a ello, se impone expresamente como límite absoluto el respeto a la dignidad 
de  la  persona  y  se  contempla  una  serie  de  reglas  sobre  las  medidas  de  posible 
adopción, como la relativa a que deben ser lo menos intrusivas e invasivas posible para 
lograr el objetivo de salud pública, inspiradas también en lo dispuesto en el Reglamento 
sanitario internacional. Se contemplan, asimismo, siguiendo la línea de lo ya indicado en 
la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, las reglas de preferencia por la 
colaboración voluntaria de las personas afectadas con las autoridades sanitarias, la 
prohibición de adopción de medidas obligatorias que conlleven riesgo para la vida y el 
mandato de que se utilicen las medidas que menos perjudiquen la libertad de circulación 
de  las  personas  y  de  los  bienes,  la  libertad  de  empresa  y  cualquier  otro  derecho 
afectado, junto con el necesario respeto al principio de proporcionalidad.
Además, para el caso concreto de adopción de medidas limitativas de derechos 
fundamentales y libertades públicas, se establece expresamente, además de la garantía 
judicial en los términos previstos en la legislación procesal, la exigencia de motivación 
expresa  de  su  proporcionalidad  con  arreglo  a  los  tres  subprincipios  o  reglas  que, 
conforme reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, integran dicho principio; esto es: 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Es decir, que mediante la 
medida adoptada sea posible conseguir el objetivo pretendido –idoneidad–, que no 
exista una medida menos gravosa o lesiva para la consecución del objeto propuesto –
necesidad– y que el sacrificio del derecho reporte más beneficios en el interés general 
que desventajas o perjuicios en otros bienes o derechos, en atención a la gravedad de la 
injerencia  y  las  circunstancias  personales  de  quienes  la  sufren  –proporcionalidad 
estricta–.
Por otra parte, en la gestión de crisis sanitarias no ha de olvidarse el papel que 
puede desarrollar la tecnología teniendo en cuenta el uso extendido de los dispositivos y 
aplicaciones  en  la  población,  en  especial  como  mecanismo  para  la  información,  s
prevención,  detección  y  seguimiento  de  enfermedades,  particularmente  de  las  de  oe.
carácter transmisible, tal y como han puesto de manifiesto, con motivo de la crisis  w.
causada  por  la  COVID-19,  tanto  la  Comisión  Europea  (en  documentos  como  la  09ww
Rcoencjoumnteon ddea ciniósntr u(UmEe)n t2o0s 2c0o/5m1u8n edse  dlea  lCa oUmniisóinó np, adrae  l8a  udteil izaabcriiól nd ed e2 0la2 0te, crneolalotigvíaa  ay  luons 
dlaast oosr iean ftianc dioen ecos msobbartier  lya ss uappelircaarc liao nceriss ims ódvei lelas  CdOe VaIpDo-y1o9 ,a o l ala l uCcohma ucnoinctarac iólan  praenladtievma iaa   BOE-A-cable e
de la COVID-19 en lo referente a la protección de datos, publicada el 17 de abril 
de 2020) como el Comité Europeo de Protección de Datos en sus directrices 04/2020 
sobre el uso de datos de localización y herramientas de rastreo de contactos en el 
contexto de la pandemia de la COVID-19, adoptadas el 21 de abril de 2020, en las 
cuales se reconoce que los datos y la tecnología son importantes herramientas en la 
lucha contra el SARS-CoV-2. Siguiendo esta línea, en la Comunidad Autónoma gallega 
se  ha  desarrollado  el  sistema  de  información  Passcovid.gal  como  medida 
complementaria en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. De ahí 
que proceda recoger una expresa referencia en la Ley 8/2008, de 10 de julio, a la 
tecnología como instrumento complementario de otras medidas que pudieran adoptarse 
ante riesgos para la salud pública, lo que se hace a través de la incorporación de un 
nuevo artículo 38 quater.
Además,  otro  aspecto  fundamental  para  el  eficaz  y  correcto  desarrollo  de 
actuaciones de salud pública es la cooperación y la colaboración administrativas; de ahí 
que se dedique a esta materia un nuevo precepto, el artículo 38 quinquies.
Junto a la necesidad de una mayor claridad y densidad normativa en materia de 
medidas  preventivas  por  razones  de  protección  de  la  salud  pública,  la  experiencia 
acumulada en estos meses de gestión de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 ha 
puesto de manifiesto también, como se adelantó antes, la necesidad de contar con un 
régimen sancionador más claro y completo. Con esta finalidad se introducen varias 
modificaciones en el capítulo IV del título II de la Ley 8/2008, de 10 de julio. Dada la 
especificidad de las infracciones en materia de salud pública, se optó por conferir a 
dichas infracciones una sustantividad propia en la ley, diferenciándolas de las restantes 
infracciones  en  materia  sanitaria  también  tipificadas  en  la  misma.  Así,  además  de 
contemplar en el artículo 39 las consecuencias de dicha diferenciación, se introducen los 
nuevos artículos 41 bis, 42 bis, 43 bis, 44 bis y 45 bis, en los cuales se contempla, 
teniendo en cuenta la regulación básica contenida en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
general de salud pública, la tipificación de las infracciones (leves, graves y muy graves) y 
de  las  correspondientes  sanciones  en  materia  de  salud  pública,  y  se  regula  la 
competencia  para  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  en  este  ámbito, 
respectivamente. Procede destacar, en relación con esta última cuestión, que con la 
nueva redacción queda explicitada, sin dar lugar a dudas interpretativas, la competencia 
sancionadora municipal respecto a las infracciones en materia de salud pública cuando 
tales infracciones afecten a las áreas de responsabilidad mínima sobre las cuales los 
ayuntamientos ejercen competencias de control sanitario de acuerdo con el artículo 42 
de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, y con el artículo 80 de la 
Ley 8/2008, de 10 de julio, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de la 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública, así como el carácter instrumental 
de la potestad sancionadora respecto al ejercicio de competencias sustantivas (en el 
caso, las competencias propias locales de control sanitario contempladas en aquellos 
preceptos  legales).  Por  esta  misma  razón  de  evitar  dudas  interpretativas  sobre  el 
alcance  de  la  competencia  sancionadora  local,  se  modifica  el  artículo  45  de  la 
Ley 8/2008, de 10 de julio, respecto a infracciones sanitarias tipificadas en la ley cuando 
tales  infracciones  afecten  a  las  áreas  de  responsabilidad  mínima  sobre  las  cuales 
ejercen competencias de control sanitario.
Se  introducen,  además,  modificaciones  con  incidencia  general  en  el  régimen 
sancionador contemplado en la ley, esto es, tanto el relativo a infracciones sanitarias 
como a las específicas infracciones en materia de salud pública, con la finalidad, por una  s
parte, de clarificar los sujetos responsables de las infracciones (en especial, el régimen  oe.
de responsabilidad en caso de infracciones cometidas por menores de edad) y, por otra,  w.
de contemplar una regulación más completa de las medidas provisionales (tanto previas  09ww
pcoomsiboi lidpaods tedreio raedso pac iólna  dinirceocatac iódne  mdee diudna s pproocr epdaimrteie ndteo  lossa nacgioennatedso rd)e,  alassí  fucoemrzoa s lay 
csuaelurdp opsú bdleic as eagnuteri dlaa dp,r otodduoc ceióllon  deen  hoerdcehno sa q suael vpaugeudaernd asre sr icno dnesmtitourtiav olas  dpero itnefcracicócnió dne. la  BOE-A-cable e
Para terminar con las modificaciones en el régimen sancionador, se modifica el 
artículo relativo a la prescripción para recoger la diferenciación de infracciones sanitarias 
en general y específicas en materia de salud pública y, a la vez, para acomodar la 
regulación a los cambios introducidos por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 
jurídico del sector público.
Se  introduce  también  una  reforma  del  capítulo  VI  del  título  II  de  la  ley,  en  el 
convencimiento de la necesidad de asegurar una planificación estratégica integral de la 
política sanitaria gallega. Una de las principales lecciones de la actual pandemia es la 
necesidad de una mayor integración de los distintos aspectos de la política sanitaria, con 
un  protagonismo  compartido  de  la  salud  pública  con  la  asistencia  sanitaria  y  la 
investigación sanitaria y con unas prioridades y objetivos comunes entre las distintas 
áreas.
A tal efecto, se crea la Estrategia gallega de salud como instrumento integrador, 
definiéndose  sus  contenidos  mínimos  y  un  procedimiento  participativo  para  su 
tramitación. A partir de esa Estrategia general, se contempla la posibilidad de desarrollo 
a través de planes sectoriales y a través de los planes de salud que adapten su 
contenido a las particularidades de las distintas áreas sanitarias. Finalmente, se regulan 
los planes locales de salud como parte de esta planificación integral y del refuerzo de la 
salud pública y comunitaria, al tiempo que suponen un avance hacia un modelo de 
mayor autonomía en los servicios de atención primaria.
Las modificaciones en materia de salud pública se cierran con las modificaciones de 
los  artículos  78  y  107.  La  primera  está  orientada  a  contemplar  expresamente  el 
importante papel que los grupos de trabajo pueden desempeñar en relación con el 
asesoramiento en la gestión de crisis sanitarias y en la adopción de medidas preventivas 
adecuadas, tal y como han venido demostrando el comité y los subcomités clínicos en la 
gestión  de  la  crisis  derivada  de  la  COVID-19.  Por  otra  parte,  la  modificación  del 
artículo  107  se  centra,  con  arreglo  a  las  recomendaciones  que  el  Dictamen  de  la 
Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados 
traslada a los gobiernos autonómicos en el campo del fortalecimiento de las estructuras y 
servicios de salud pública, en incluir la vigilancia epidemiológica y el manejo de los 
sistemas  de  información  relacionados  con  la  misma  entre  las  funciones  que  la 
Consejería de Sanidad debe tener en cuenta para diseñar la estructura organizativa 
referida a la salud pública.
En cuanto a la parte final de la ley, esta cuenta con una disposición transitoria y una 
disposición final.
La disposición transitoria única contempla el régimen transitorio aplicable en materia 
sancionadora teniendo en cuenta los principios de irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras no favorables y el de retroactividad de las favorables. En particular, en el 
régimen  transitorio,  con  la  finalidad  anteriormente  expresada  de  evitar  dudas 
interpretativas en esta materia, se contempla expresamente la competencia local para 
resolver los procedimientos sancionadores por hechos acaecidos antes de la entrada en 
vigor de la presente ley que fuesen constitutivos de infracción en materia de salud 
pública, siempre que tales infracciones afecten a las áreas de responsabilidad mínima 
sobre las cuales los ayuntamientos ejercen competencias de control sanitario de acuerdo 
con el artículo 42 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, y el artículo 80 
de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia.
Por último, la disposición final única establece como entrada en vigor de la presente 
ley el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, teniendo en cuenta  s
su finalidad de protección de la salud pública y de lucha contra la pandemia y la  oe.
necesidad de contar lo antes posible con una normativa más clara y completa en la  w.
materia. 09ww
artícPuolor  1to3d.2o  dloe le Expstuaetusttoo,  deel  Pauatrolanmomeníato d dee G Gaalicliciaia y  acporno beól  ayr tyícou, lod e2 4c odnefo lram Lideayd 1 /c1o9n8 3e,l 
de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en
nombre del Rey la Ley de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de 
Galicia.
Artículo único.  Modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia.
La Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, queda modificada como sigue:
Uno.  El artículo 33 queda con la siguiente redacción:
«Artículo 33.  Autoridad sanitaria.
1.  Dentro de sus respectivas competencias, tienen la condición de autoridad 
sanitaria el Consello de la Xunta de Galicia, la persona titular de la consejería con 
competencias en sanidad, las personas titulares de los órganos de dirección de la 
consejería  con  competencias  en  materia  de  sanidad  de  quien  dependan  la 
inspección de servicios sanitarios y la inspección en el ámbito de la salud pública y 
los alcaldes o alcaldesas. Asimismo, tienen la condición de autoridad sanitaria las 
personas titulares de las jefaturas territoriales de la consejería competente en 
materia de sanidad en su ámbito correspondiente.
2.  Corresponderá  a  las  personas  titulares  de  los  órganos  citados,  en  el 
ámbito de sus respectivas competencias, establecer las intervenciones públicas 
necesarias para garantizar los derechos y deberes sanitarios de la ciudadanía, 
entre ellos los previstos en los artículos 34.12 y 38.
3.  Los  profesionales  sanitarios  y  las  profesionales  sanitarias  que,  en  el 
desempeño de sus funciones como personal empleado público, tengan asignadas 
funciones de detección, seguimiento y control de las enfermedades transmisibles 
en los supuestos de crisis sanitarias declaradas o epidemias tendrán, asimismo, la 
consideración de autoridad sanitaria a los efectos de la presente ley. A tal efecto, 
en  el  desempeño  de  sus  funciones  podrán  recabar  en  todo  momento  la 
colaboración  de  los  ciudadanos  y  las  ciudadanas  y  hacer  requerimientos 
individuales a los mismos y las mismas, por razones sanitarias vinculadas a la 
contención de la enfermedad, que serán de obligado cumplimiento.
4.  Todo el personal al servicio de la Administración autonómica y local que 
desarrolle actividades de inspección tendrá la condición de autoridad sanitaria en 
el desempeño de sus funciones y a los efectos de la presente ley.
5.  En ejercicio de sus funciones, las autoridades sanitarias y sus agentes 
podrán recabar el apoyo y la cooperación de otros funcionarios públicos y otras 
funcionarias públicas, incluidos los de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así 
como de cualquier persona física, institución o persona jurídica.»
Dos.  El número 12 del artículo 34 queda con la siguiente redacción:
«12.  Adoptar las medidas preventivas que se estimen pertinentes en caso de 
que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y 
extraordinario para la salud. A tal efecto, la autoridad sanitaria competente podrá 
proceder a la incautación o inmovilización de productos, la suspensión del ejercicio 
de actividades, el cierre de empresas o de sus instalaciones, la intervención de 
medios  materiales  y  personales  y  cuantas  otras  medidas  se  estimen 
sanitariamente justificadas. La duración de las medidas a que se refiere este 
apartado  se  fijará  para  cada  caso,  sin  perjuicio  de  las  prórrogas  sucesivas  e
acordadas por resoluciones motivadas, no excediendo de lo que exija la situación  bo
de  riesgo  extraordinario  que  las  justificó.  Podrá,  asimismo,  adoptar  medidas  09ww
aprrteícvuelnot i3va8s.»  en  materia  de  salud  pública  en  los  términos  previstos  en  el
Tres.  Se añade un nuevo número 15 al artículo 34, con la siguiente redacción:
«15.  Establecer prohibiciones, limitaciones y estrategias de prevención del 
consumo  de  bebidas  alcohólicas  para  avanzar  en  la  desnormalización  de  su 
consumo por las personas menores de edad. Con esta finalidad, y por disposición 
directa de la presente ley, queda prohibido el consumo en grupo de bebidas 
alcohólicas en la vía pública, parques y plazas públicas y otros lugares de tránsito 
público.»
Cuatro.  Se añade un número 4 al artículo 37, con la siguiente redacción:
«4.  En los supuestos de crisis sanitarias o epidemias, la autoridad sanitaria 
autonómica y local podrá encomendar el ejercicio de funciones de inspección de 
salud pública, en caso de insuficiencia de medios, a otros cuerpos de funcionarios 
y funcionarias dependientes de la misma, para la vigilancia del cumplimiento de 
las normas y medidas de prevención adoptadas para hacer frente a las situaciones 
indicadas. Este personal, en el desarrollo de las funciones de inspección, tendrá la 
condición de autoridad sanitaria.»
Cinco.  El artículo 38 queda con la siguiente redacción:
«Artículo 38.  Medidas preventivas en materia de salud pública.
1.  Al  objeto  de  proteger  la  salud  pública,  las  autoridades  sanitarias 
autonómicas y locales, dentro del ámbito de sus competencias, podrán adoptar 
medidas  preventivas  de  obligado  cumplimiento  cuando  exista  o  se  sospeche 
razonablemente la existencia de un riesgo inminente y grave para la salud de la 
población. Estas medidas podrán consistir en:
a)  La incautación o inmovilización de productos.
b)  La suspensión del ejercicio de actividades.
c)  El cierre de empresas o de sus instalaciones.
d)  La intervención de medios materiales o personales.
e)  Limitaciones de aforo.
f)  Limitaciones  de  horarios  de  apertura  y/o  cierre  de  establecimientos, 
lugares o actividades.
g)  Medidas de seguridad sanitaria e higiene en determinados lugares y/o 
para el desarrollo de actividades.
h)  La obligación de elaboración de protocolos o planes de contingencia en 
determinados lugares y/o para el desarrollo de actividades.
i)  Medidas de autoprotección individual, tales como el uso de mascarilla y/o 
de otros elementos de protección, y el mantenimiento de distancias de seguridad 
interpersonal o entre mesas o agrupaciones de mesas en los locales abiertos al 
público y en las terrazas al aire libre.
j)  La intervención de centros de servicios sociales en los términos previstos 
en el artículo siguiente.
k)  La  obligación  de  suministro  de  datos  necesarios  para  el  control  y  la 
contención del riesgo para la salud pública de que se trate y el registro de los 
datos  suministrados,  en  especial  de  datos  que  permitan  la  identificación  de 
personas procedentes de lugares o asistentes a actividades o establecimientos  es
que presenten un riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas, al  o
osisinniabevdljneueisdsdtpoto ied g dnetares acl aaitqóab unpdlee oose bs lpa plalisoadc sreiaaó mud nctai.oou tErolmóidsngp a idltcdioreae d c scood a nsecra  áadnbcsicirtoteoha,r tare liop asfsesi n r odasp aolusitdneiotaaudsdlaa  r ccnedoi geodni nse ceetsorssaan trdtrdrriocooestll ol  ayes r rse cepsrosáuenpn ctel eiaaltonobl sc ora irióee  nlsdsa teg rdni oceco tloa rprmnmaietraresaotngi lv tolaeea,      OE-A-2021-5209able en https://www.
en materia de protección de datos.
l)  Ordenar a los ciudadanos y las ciudadanas la prestación de servicios 
personales, de acción u omisión, siempre de forma proporcionada a la situación de 
necesidad.
m)  Cualesquiera  otras  medidas  ajustadas  a  la  legalidad  vigente  y 
sanitariamente justificadas.
2.  Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, al objeto de proteger 
la  salud  pública  y  prevenir  su  pérdida  o  deterioro,  las  autoridades  sanitarias 
autonómicas, dentro del ámbito de sus competencias, cuando así lo exigiesen 
razones sanitarias de urgencia o necesidad:
a)  Podrán  adoptar  medidas  preventivas  de  reconocimiento,  tratamiento, 
hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan 
suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación 
sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones 
sanitarias en que se desarrolle una actividad.
b)  A fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de realizar las 
acciones  preventivas  generales  y  de  la  posible  adopción  de  las  medidas 
preventivas  previstas  en  el  número  1  de  este  precepto,  podrán  adoptar  las 
medidas oportunas para el control de las personas enfermas, de las personas que 
estén o hayan estado en contacto con ellas y del ambiente inmediato, así como las 
que  se  estimen  necesarias  en  caso  de  riesgo  de  carácter  transmisible.  En 
particular, podrán adoptarse las siguientes medidas preventivas:
1.ª)  Medidas de control de las personas enfermas, cuando fuera procedente, 
como el aislamiento en domicilio, el internamiento en centro hospitalario o el 
aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para tal fin.
2.ª)  Sometimiento de las personas enfermas a tratamiento adecuado.
3.ª)  Medidas  de  control  de  las  personas  que  estén  o  hayan  estado  en 
contacto con las personas enfermas, como el sometimiento a una cuarentena en 
el domicilio o en otro lugar adecuado para tal fin. A estos efectos, se entenderá por 
cuarentena  la  restricción  de  las  actividades  y  la  separación,  de  las  demás 
personas que no están enfermas, de una persona respecto a la cual pueda 
tenerse razonablemente la sospecha de que estuvo o haya podido estar expuesta 
a  un  riesgo  para  la  salud  pública  y  sea  una  posible  fuente  de  propagación 
adicional de enfermedades, de acuerdo con los principios científicos, las pruebas 
científicas o la información disponible.
4.ª)  Sometimiento a observación o a medidas de vigilancia del estado de 
salud, a examen médico o a pruebas diagnósticas de personas que presenten 
síntomas  compatibles  con  la  enfermedad  transmisible  de  que  se  trate  o  de 
personas respecto a las cuales existan otros indicios objetivos de que puedan 
suponer un riesgo de transmisión de la enfermedad. La observación, el examen o 
las pruebas serán lo menos intrusivos o invasivos posible para permitir lograr el 
objetivo de salud pública consistente en prevenir o contener la propagación de la 
enfermedad.
5.ª)  Sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, 
incluida la vacunación o inmunización, con información, en todo caso, de los 
posibles riesgos relacionados con la adopción o no adopción de estas medidas. s
6.ª)  Medidas de control del entorno inmediato de las personas enfermas o de  oe.
las personas que estén o hayan estado en contacto con ellas, así como de las  w.
zdluoegn alaarse  sp argofeepcoatggaradácafiisóc.no  sAd  eene  lsalto oses n cfeuefaremlceetsod ssa,e da.s neL  ane endcteeetsneadrrmeiarisán  amcpieoódrn i dzdaoesn  alsa a anzfioetancratiaa dsaa fed ceat aqcduoaen ltlrosoesl    2021-5209n https://ww
efectuará  de  acuerdo  con  los  principios  de  precaución  y  proporcionalidad,
procurando, siempre que resulte posible y eficaz, actuar lo antes posible o con
mayor intensidad o medida sobre las zonas concretas en que se produjese la 
mayor afección, para evitar perjuicios innecesarios al resto de la población.
Entre otras, estas medidas podrán consistir en:
i)  Medidas  que  conlleven  la  limitación  o  restricción  de  la  circulación  o 
movilidad de las personas dentro de la zona afectada o en determinados lugares y 
espacios dentro de dicha zona o en determinadas franjas horarias.
ii)  Medidas de control de la salida de la zona afectada o de entrada en la 
misma.
iii)  Restricciones a las agrupaciones de personas, incluidas las reuniones 
privadas entre no convivientes, especialmente en los lugares y espacios o con 
ocasión  del  desarrollo  de  actividades  que  conlleven  un  mayor  riesgo  de 
propagación  de  la  enfermedad;  todo  ello  sin  perjuicio  de  las  competencias 
estatales  en  relación  con  las  reuniones  en  lugares  de  tránsito  público  y  las 
manifestaciones realizadas en ejercicio del derecho fundamental regulado en el 
artículo 21 de la Constitución española.
iv)  Medidas  de  cribado  consistentes  en  la  realización  de  pruebas 
diagnósticas de determinados sectores o grupos de la población particularmente 
afectados o vulnerables.
Las  restricciones  a  los  desplazamientos  y  agrupaciones  de  personas 
enumeradas anteriormente nunca podrán ser absolutas, debiendo expresar con 
claridad  y  precisión  los  desplazamientos  y  agrupaciones  que  se  restringen, 
actuando con preferencia sobre los desplazamientos y agrupaciones por razones 
meramente recreativas y de ocio. Habrán de admitirse, en todo caso, aquellos 
desplazamientos y agrupaciones que se desarrollen por motivos esenciales o 
justificados compatibles con la protección de la salud, sin perjuicio, en su caso, de 
los controles o medidas de prevención adicionales que pudieran establecerse.
7.ª)  Aquellas  otras  medidas  sanitarias  justificadas  y  necesarias  que,  de 
acuerdo con los riesgos y circunstancias en cada caso concurrentes, se estimen 
adecuadas para impedir o controlar la propagación de la enfermedad, en función 
del estado de la ciencia y del conocimiento existente en cada momento, siempre 
con sujeción a los criterios y principios establecidos en la presente ley y, en 
particular, de acuerdo con el principio de proporcionalidad.»
Seis.  Se añade un nuevo artículo 38 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 38 bis.  Intervención de centros de servicios sociales.
1.  En los casos de riesgo inminente y grave para la salud de la población, 
como crisis sanitarias o epidemias, la autoridad sanitaria autonómica competente, 
en función de la situación epidemiológica y asistencial de cada centro o del 
territorio concreto en que este se encuentre, y siempre en atención a los principios 
de necesidad y proporcionalidad y a la situación de vulnerabilidad de las personas 
mayores o con discapacidad o de otras personas usuarias, podrá intervenir los 
centros  de  servicios  sociales  de  carácter  residencial  de  personas  mayores  y 
personas  con  discapacidad  u  otros  centros  de  servicios  sociales  de  análoga 
naturaleza, de carácter público o privado, y disponer una serie de actuaciones en 
los mismos que podrán consistir en: e.e
pirneeduresbbapoic))en  anacdOAli ósesrnandu ncemyiinta iaera  rlrdo i,ot e rc ap possornuolrat  prdcmoiooalao  rddárti eecvlal to el casare s sn pdisptúerteoeb r.nlssicacooilnau a doss  a pprnerúiitsvbaialdricdieaaon  d.t ejeLus asl at aisaf i ocdpatoerdoprso ccosióen, nnae tsrdlo  er ae rlseetaissd,ite danlesatn  emcbsia aecljd,oa in,dc o aelnasl     OE-A-2021-5209able en https://www.
requerirá la colaboración voluntaria de las personas afectadas o, en defecto de la 
misma, la necesaria garantía judicial.
c)  Establecer las medidas oportunas para la puesta en marcha de nuevos 
centros residenciales o la modificación de la capacidad u organización de los 
existentes.
d)  Supervisar y asesorar en las actuaciones que lleve a cabo el personal 
sanitario y no sanitario, en su caso, del centro.
e)  Designar  a  una  persona  empleada  pública  para  dirigir  y  coordinar  la 
actividad asistencial de estos centros, que sustituirá, plena o parcialmente, al 
personal directivo del centro y que podrá disponer de los recursos materiales y 
humanos del centro residencial intervenido, así como de los recursos vinculados a 
la actividad sanitaria asistencial que se preste de forma habitual a las personas 
residentes en el mismo.
f)  Apoyar puntualmente el centro con personal, si fuese necesario.
g)  Modificar el uso de los centros residenciales para su utilización como 
espacios para uso sanitario.
2.  La  intervención  se  acordará  en  los  términos  previstos  en  el  artículo 
siguiente.
3.  La intervención tendrá carácter temporal, no pudiendo exceder su duración 
de la necesaria para atender la situación que la originó. La autoridad sanitaria 
autonómica competente acordará, de oficio o a petición de la persona titular del 
centro, el cese de la intervención cuando resultase acreditada la desaparición de 
las causas que la hubieran motivado.»
Siete.  Se añade un nuevo artículo 38 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 38 ter.  Adopción de medidas preventivas en materia de salud pública.
1.  Las medidas preventivas previstas en el artículo 38 se adoptarán con la 
urgencia  que  el  caso  requiera,  sin  necesidad  de  seguir  un  procedimiento 
administrativo específico y con independencia de las medidas provisionales que 
pudieran  adoptarse  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente  en  el  seno  de  un 
procedimiento administrativo o con anterioridad a su iniciación.
2.  Las medidas se adoptarán de forma motivada, tras evaluar los principios 
científicos, las pruebas científicas o la información disponible en ese momento, y 
teniendo en cuenta el principio de precaución, que posibilitará su lícita adopción 
para asegurar un nivel elevado de protección de la ciudadanía cuando, tras la 
indicada evaluación, se observase la existencia, fundada, seria y razonable, de un 
riesgo actual o inminente para la salud de la población, aunque siga existiendo 
incertidumbre científica.
Además,  las  medidas  que  se  adopten  han  de  ajustarse  a  los  siguientes 
requisitos:
a)  Respetarán, en todo caso, la dignidad de la persona. En particular, las 
medidas  de  posible  adopción  en  relación  con  las  personas  serán  lo  menos 
intrusivas e invasivas posible para lograr el objetivo de protección de la salud 
pública, procurando reducir al mínimo las molestias o inquietudes asociadas con 
tales medidas.
En particular, en los casos de medidas de aislamiento y cuarentena habrán de  e.
quedar garantizados el suministro de alimentos y de bienes de primera necesidad  w.b
y  la  disponibilidad  de  medios  para  el  mantenimiento  de  las  comunicaciones  09ww
Anedcmeisnaisrtiarasc. ióEnl  caousttoen dóem itcaal  seunm icnaisstoro  dye  diimsppoonsiibbiilliiddaadd  sdoelo  ssuefrráa gpaorlro c ueel nstuaj edteo  loa 
msuejedtiodsa sa ffeucetarad odse. lC  duoamndicoi liloa sd cei rclau nsptearnscoinaas  iom ppoenrgsoanna esl  caufemcptalidmaies,n thoa dberá ens tdaes 
ponerse  a  su  disposición  instalaciones  adecuadas  para  ello,  a  costa  de  la 
Administración autonómica.
b)  Se procurará siempre con preferencia la colaboración voluntaria de las 
personas afectadas con las autoridades sanitarias.
c)  No podrán ordenarse medidas obligatorias que conlleven riesgo para la 
vida.
d)  Habrán  de  utilizarse  las  medidas  que  menos  perjudiquen  la  libre 
circulación de las personas y de los bienes, la libertad de empresa y cualquier otro 
derecho afectado.
e)  Habrán de ser proporcionadas al fin perseguido.
3.  En el caso particular de medidas limitativas de derechos fundamentales y 
libertades  públicas,  el  requisito  de  proporcionalidad  previsto  en  el  apartado 
anterior exigirá que:
1.º)  Las medidas sean adecuadas, en el sentido de útiles para conseguir el 
fin propuesto de protección de la salud pública.
2.º)  Las  medidas  sean  necesarias,  en  el  sentido  de  que  no  exista  otra 
medida alternativa menos gravosa para la consecución de dicho fin con igual 
eficacia.
3.º)  Las  medidas  sean  ponderadas  o  equilibradas  por  derivarse  de  las 
mismas más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre 
otros bienes o valores en conflicto, en atención a la gravedad de la injerencia en 
los derechos fundamentales y libertades públicas y las circunstancias personales 
de quienes la sufren.
En  la  motivación  de  las  medidas  se  justificará  de  forma  expresa  su 
proporcionalidad en los términos indicados.
Además, la adopción de estas medidas requerirá la necesaria garantía judicial 
con arreglo a lo dispuesto en la legislación procesal aplicable.
4.  Las medidas serán siempre temporales. Su duración se fijará para cada 
caso,  no  excediendo  de  lo  que  exija  la  situación  de  riesgo  inminente  y 
extraordinario que las justificó, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas 
mediante resoluciones motivadas.
5.  Cuando  las  medidas  afectasen  a  una  pluralidad  indeterminada  de 
personas, serán objeto de publicación en el diario oficial correspondiente.
Si  la  medida  afecta  a  una  o  varias  personas  determinadas,  se  les  dará 
audiencia con carácter previo a su adopción, siempre que ello fuese posible. Si, 
debido  a  la  urgencia  del  asunto,  no  fuese  posible  efectuar  tal  audiencia 
previamente, se realizará en un momento oportuno tras la adopción y puesta en 
aplicación de la medida.
6.  La ejecución de las medidas podrá incluir, cuando resultase necesario y 
proporcionado, la intervención directa sobre las cosas y la compulsión directa 
sobre  las  personas,  con  independencia  de  las  sanciones  que,  en  su  caso, 
pudieran imponerse. A estos efectos, se recabará la colaboración de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad que sea necesaria para la ejecución de las medidas.
7.  Las  autoridades  sanitarias  informarán  a  la  población  potencialmente 
afectada, para proteger su salud y seguridad, por los medios en cada caso más 
apropiados, de los riesgos existentes y de las medidas adoptadas, así como de las  s
precauciones procedentes tanto para que ella misma pueda protegerse del riesgo  oe.
como para conseguir su colaboración en la eliminación de sus causas, pudiendo a  w.
estos efectos formular las recomendaciones sanitarias apropiadas.» 2021-5209n https://ww
Ocho.  Se añade un artículo 38 quater, con la siguiente redacción:
«Artículo  38  quater.  Protección  de  la  salud  pública  a  través  de  las  nuevas 
tecnologías.
1.  Las autoridades sanitarias habrán de potenciar el papel de las nuevas 
tecnologías en la gestión y el control de los riesgos para la salud pública.
2.  A  los  efectos  previstos  en  el  apartado  anterior,  entre  otras  iniciativas 
podrán desarrollarse sistemas de información y aplicaciones para dispositivos 
móviles que operen como medidas complementarias para la gestión de crisis 
sanitarias derivadas de enfermedades de carácter transmisible. Dichos sistemas 
de  información  y  aplicaciones  podrán  tener,  entre  otras,  las  siguientes 
funcionalidades:
a)  Recepción, por parte de la persona usuaria, de información o alertas 
relativas a consejos prácticos y orientaciones de carácter general frente a la 
enfermedad de que se trate, así como recomendaciones respecto a acciones y 
medidas adecuadas que es preciso seguir.
b)  Geolocalización de recursos de interés que puedan servir de apoyo a la 
ciudadanía para el seguimiento de las pautas de salud o movilidad u otras.
c)  Determinación del nivel de riesgo transmisor de la persona usuaria, sobre 
la base de los datos que de la persona usuaria tenga el Sistema público de salud 
de Galicia.
d)  Identificación  de  contactos  de  la  persona  usuaria  que  sean 
epidemiológicamente relevantes.
e)  Recepción, por la persona usuaria, de avisos sobre el riesgo efectivo en 
que se encuentre por ser contacto epidemiológicamente relevante de una persona 
diagnosticada de la enfermedad transmisible.
f)  Proporcionar  a  la  persona  usuaria  el  soporte  digital  de  información  o 
documentación individual relativa a sus circunstancias laborales y de localización 
geográfica u otras, con la finalidad de facilitar la aplicación de las medidas que se 
adopten por las autoridades competentes en la gestión de la crisis sanitaria, en la 
medida y en los términos que lo permitan las disposiciones o los actos que 
disciplinen tales medidas.
Tanto en el desarrollo como en la puesta en marcha y en el funcionamiento de 
estos  sistemas  y  aplicaciones  y,  posteriormente,  en  su  desactivación  se 
garantizará el necesario respeto a la normativa vigente en materia de protección 
de datos y confidencialidad de las comunicaciones.»
Nueve.  Se añade un nuevo artículo 38 quinquies, con la siguiente redacción:
«Artículo 38 quinquies.  Cooperación y colaboración administrativas en materia 
de salud pública.
1.  En el ejercicio de sus propias competencias, la Administración general de 
la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos se facilitarán la información que 
precisen  en  materia  de  salud  pública  y  se  prestarán  recíprocamente  la 
cooperación y la asistencia activa para el eficaz ejercicio de las mismas.
2.  Los órganos competentes de la Administración autonómica y de la local,  e
en el marco de sus respectivas competencias, y de acuerdo con los principios de  bo
eficacia,  coordinación,  colaboración  y  lealtad  institucional,  velarán  por  la  09ww
doeb seprrveavnecniaci ódne,  lae njeorrcmieantdivoa  dlaes s aolupdo rptuúnbalisc a fyu npcoiro neel sc umdep liminisepnetoc cdióen l,a sc monetdroidl asy 
vsiagnecnióten., de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y demás normativa
3.  Los ayuntamientos podrán recabar la colaboración y el apoyo técnico que 
precisen  de  la  Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma  y  de  las 
diputaciones provinciales para el cumplimiento de la presente ley. A este efecto, 
podrán suscribirse los oportunos convenios de colaboración.
4.  Cuando  no  se  hubieran  suscrito  los  convenios  a  que  se  refiere  el 
número 3, la Administración general de la Comunidad Autónoma prestará apoyo a 
los ayuntamientos cuando estos se lo soliciten expresamente, con motivación de 
la concurrencia de circunstancias de carácter extraordinario que puntualmente 
sobrepasen la capacidad municipal.
5.  En  particular,  en  los  casos  de  crisis  sanitarias  o  epidemias,  la 
Administración autonómica podrá asumir, en la forma establecida en el artículo 11 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la 
realización de actividades de carácter material o técnico de competencia de las 
autoridades  sanitarias  locales,  especialmente  la  realización  de  actividades 
auxiliares,  previas,  preparatorias  o  de  colaboración  material  con  los  órganos 
administrativos  instructores  de  expedientes  sancionadores,  por  razones  de 
eficacia  o  cuando  las  autoridades  sanitarias  locales  no  posean  los  medios 
técnicos, personales o materiales idóneos para su desempeño, priorizando los 
casos de los municipios de menor población y medios.»
Diez.  El artículo 39 queda redactado como sigue:
«Artículo 39.  Concepto y procedimiento.
1.  Son infracciones sanitarias y en salud pública las acciones u omisiones 
tipificadas en la presente ley y en las leyes estatales y autonómicas que sean de 
aplicación en esta materia.
2.  Las  infracciones  tipificadas  en  la  presente  ley  serán  objeto,  previa 
incoación del oportuno expediente, de las sanciones administrativas establecidas 
en el presente título, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de otro orden 
que pudiera concurrir.
3.  Si  una  misma  acción  u  omisión  fuese  constitutiva  de  dos  o  más 
infracciones, se tomará en consideración únicamente aquella que conlleve mayor 
sanción.
4.  En cualquier momento del procedimiento sancionador en que el órgano 
instructor  estime  que  las  infracciones  pudieran  ser  constitutivas  de  delito,  la 
Administración  pasará  el  tanto  de  culpa  a  la  jurisdicción  competente, 
absteniéndose  de  seguir  el  procedimiento  sancionador  en  tanto  la  autoridad 
jurisdiccional no dicte resolución judicial firme. Si no se estimase la existencia de 
delito, la Administración continuará el expediente sancionador tomando como base 
los hechos que los tribunales hubieran considerado probados.
5.  Igualmente,  si  el  órgano  competente  para  resolver  el  procedimiento 
sancionador  tiene  conocimiento  de  la  instrucción  de  causa  penal  ante  los 
tribunales de justicia y estima que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento 
entre  la  infracción  administrativa  y  la  infracción  penal  que  pudiera  concurrir, 
acordará la suspensión del procedimiento hasta que se dicte resolución judicial 
firme.
6.  Las medidas administrativas que se hubieran adoptado para salvaguardar 
la salud y seguridad de las personas se mantendrán hasta que la autoridad judicial  e
se pronuncie respecto a las mismas o bien cese la necesidad de ellas. bo
7.  Lo previsto en la presente ley no excluye la posibilidad de aplicación,  09ww
ppcsuarroeantvnceiisdgótoinod   orpeesons, ru  sloltionatrs sa pesme  prilsjerumoyicceoiesosd,   edhsneeint ce qh quosuesee  g ysú eene n ne e xnlfi ijunacngancús ilonóa  nscc  odadneseco mrl oeápstsou  ,em rdedisasem pl ioomrnéspsg oaiinmnbteeielirrndse aessd eaeusns nc paiqoú unbdealoic dbsooleesr     OE-A-2021-52able en https://
dedujesen de otros hechos o infracciones concurrentes.
8.  No tendrán carácter de sanción la clausura o el cierre de establecimientos, 
instalaciones  o  servicios  que  no  cuenten  con  las  autorizaciones  o  registros 
sanitarios  preceptivos,  o  la  suspensión  de  su  funcionamiento  hasta  que  se 
subsanen  los  defectos  o  se  cumplan  los  requisitos  exigidos  por  razones  de 
sanidad, higiene o seguridad, ni la retirada del mercado, cautelar o definitiva, de 
productos o servicios por las mismas razones.
9.  La  tramitación  de  un  procedimiento  sancionador  por  las  infracciones 
reguladas en el presente capítulo no postergará la exigencia de las obligaciones 
de adopción de medidas de prevención, evitación de nuevos daños o reparación, 
previstas en la presente ley, que serán independientes de la sanción que, en su 
caso, se imponga.
10.  El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones sancionadoras 
por infracciones en materia sanitaria y en salud pública será de nueve meses.»
Once.  Se añade un nuevo artículo 39 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 39 bis.  Sujetos responsables de las infracciones.
1.  Las personas físicas o jurídicas responsables, a título de dolo o culpa, de 
las  acciones  u  omisiones  que  constituyan  infracciones  sanitarias  y  en  salud 
pública  con  arreglo  a  la  presente  ley  serán  sancionadas  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en el presente capítulo.
2.  De las infracciones cometidas por menores de edad serán responsables 
subsidiarios  sus  padres  y  madres,  los  tutores  y  tutoras  y  los  guardadores  y 
guardadoras legales o de hecho, por este orden, o la persona adulta responsable 
a quien se hubiera encomendado el cuidado del menor o la menor en el supuesto 
de infracciones cometidas en presencia de la misma.»
Doce.  Se añade un artículo 41 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 41 bis.  Infracciones leves en materia de salud pública.
Se  tipifican  como  infracciones  leves  en  salud  pública,  además  de  las 
establecidas en la legislación básica, las siguientes:
a)  El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas u otros medios de 
protección o el uso inadecuado de unas u otros, en los términos establecidos por 
la normativa sanitaria o por las medidas de prevención, órdenes, resoluciones o 
actos  aprobados,  por  razones  de  protección  de  la  salud  pública,  por  las 
autoridades sanitarias competentes, si las repercusiones producidas han tenido 
una incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población.
b)  El incumplimiento de la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en 
la vía pública, parques y plazas públicas y otros lugares de tránsito público, si las 
repercusiones producidas han tenido una incidencia escasa o sin trascendencia 
directa en la salud de la población.
c)  La negativa injustificada al sometimiento a reconocimiento médico o a la 
realización de pruebas diagnósticas prescritas legítimamente por los profesionales 
sanitarios y las profesionales sanitarias o por las autoridades sanitarias con la 
finalidad de detección, seguimiento y control de una enfermedad infectocontagiosa 
transmisible, si las repercusiones producidas han tenido una incidencia escasa o  e
sin trascendencia directa en la salud de la población. bo
d)  La  negativa  injustificada  al  sometimiento  a  medidas  de  prevención  09ww
scaonnistaisrtieanst,e dse  eanc ulear dvoa ccuonna cloió ens toa bilnemciduon izeanc ilóan  prperseesncrteita lse y,p ocro nl alsa  fainuatolirdidaadd dees 
prerepveercnucsióionn eys  cpornotdroulc iddaes  uhnaan  etennfeidrmo eudnaad  inincfiedcetnoccioan etasgciaossaa  otr asnins mtriassibcleen, dsein lcaias 
directa en la salud de la población.
e)  El incumplimiento de medidas de prevención aprobadas por la autoridad 
sanitaria consistentes en la limitación de la libertad ambulatoria o de circulación, si 
las  repercusiones  producidas  han  tenido  una  incidencia  escasa  o  sin 
trascendencia directa en la salud de la población.
f)  El  incumplimiento  de  las  medidas  de  prevención  aprobadas  por  la 
autoridad sanitaria consistentes en limitaciones a las agrupaciones de personas en 
reuniones  y/o  encuentros,  tanto  en  el  ámbito  privado  como  público,  si  las 
repercusiones producidas han tenido una incidencia escasa o sin trascendencia 
directa en la salud de la población.
g)  La participación en reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de actividad o 
acto,  permanente  o  esporádico,  de  carácter  privado  o  abierto  al  público,  en 
espacios públicos, abiertos al público o privados, en los cuales se produjesen 
aglomeraciones contrarias a las medidas sanitarias de prevención aprobadas por 
las  autoridades  sanitarias  o  en  los  cuales  se  incumpliesen  las  medidas  de 
seguridad y precaución dispuestas por las mimas, si las repercusiones producidas 
han tenido una incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la 
población.
h)  El incumplimiento de las medidas preventivas de seguridad sanitaria e 
higiene exigibles en los lugares de trabajo, establecimientos, locales de negocio, 
instalaciones y espacios de uso público o que se encuentren abiertos al público y 
para  el  desarrollo  de  actividades  que  sean  establecidas  por  las  autoridades 
sanitarias competentes, si las repercusiones producidas han tenido una incidencia 
escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población.
i)  El incumplimiento del horario de apertura o cierre de establecimientos, 
locales de negocio, instalaciones y espacios de uso público o que se encuentren 
abiertos al público o para el desarrollo de actividades establecido como medida 
preventiva  por  las  autoridades  sanitarias  competentes,  si  las  repercusiones 
producidas han tenido una incidencia escasa o sin trascendencia directa en la 
salud de la población.
j)  El incumplimiento de la obligación de elaboración de protocolos o planes 
de  contingencia  en  relación  con  aquellos  edificios,  lugares  de  trabajo, 
establecimientos, locales de negocio, instalaciones y espacios de uso público o 
abiertos al público o en relación con el desarrollo de actividades respecto a las 
cuales hubieran establecido esta exigencia las autoridades sanitarias competentes 
como  medida  preventiva,  si  las  repercusiones  producidas  han  tenido  una 
incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población.
k)  El incumplimiento, por parte de los establecimientos, locales de negocio, 
instalaciones y espacios de uso público o que se encuentren abiertos al público o 
con ocasión del desarrollo de actividades de medidas preventivas sobre limitación 
de aforo u otras relativas a la organización o ejercicio de la actividad adoptadas 
por las autoridades sanitarias, si las repercusiones producidas han tenido una 
incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población.
l)  El incumplimiento de las medidas preventivas adoptadas por la autoridad 
sanitaria competente en materia de distancia de seguridad entre personas o entre 
mesas o agrupaciones de mesas en los locales abiertos al público y en terrazas al 
aire libre, si las repercusiones producidas han tenido una incidencia escasa o sin 
trascendencia directa en la salud de la población.
m)  El incumplimiento, por acción u omisión, de la normativa sanitaria vigente  s
o de las medidas de prevención, órdenes, resoluciones o actos aprobados por las  oe.
autoridades sanitarias competentes por razones de protección de la salud pública,  w.
si  las  repercusiones  producidas  han  tenido  una  incidencia  escasa  o  sin  09ww
tinracsucmepnldimeniecniato  ndoir eecsttaé  tiepnif iclaad os caolumdo  idnefr aclac iópno gbrlaacvieó no,  myu y sgireamvep.re  que  dicho
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desarrollo del deber de prevenir la comisión de alguna de las infracciones leves 
previstas en la presente ley por parte de las personas sujetas a su dependencia o 
vinculación.»
Trece.  Se añade un artículo 42 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 42 bis.  Infracciones graves en materia de salud pública.
Se  tipifican  como  infracciones  graves  en  salud  pública,  además  de  las 
establecidas en la legislación básica, las siguientes:
a)  La  denegación  de  apoyo,  auxilio  o  colaboración  a  las  autoridades 
sanitarias o sus agentes, cuando no sea constitutivo de infracción muy grave.
b)  El incumplimiento de las instrucciones recibidas de la autoridad sanitaria 
competente, si conllevase daños para la salud, cuando no sea constitutivo de 
infracción muy grave.
c)  La realización de las conductas previstas en los apartados a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), j), k), l) y m) del artículo 41 bis, cuando pudieran producir un riesgo o 
un daño grave para la salud de la población, siempre que no sean constitutivas de 
infracción muy grave.
d)  La falta de cumplimiento voluntario de la medida de aislamiento prescrita o 
indicada por los profesionales sanitarios o las profesionales sanitarias o por las 
autoridades  sanitarias  con  motivo  de  la  atención  sanitaria  a  personas 
diagnosticadas  de  una  enfermedad  transmisible  o  con  síntomas  de  dicha 
enfermedad, cuando no sea constitutivo de infracción muy grave.
e)  La  falta  de  cumplimiento  voluntario  de  la  obligación  de  cuarentena 
indicada o prescrita por las autoridades sanitarias, los profesionales sanitarios o 
las profesionales sanitarias, el personal encargado del rastreo y seguimiento de 
contactos o cualquier otro agente de salud pública que tenga encomendadas estas 
funciones, cuando no sea constitutivo de infracción muy grave.
f)  La resistencia o la obstrucción frente a las autoridades sanitarias o sus 
agentes, o a las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el cumplimiento o ejecución 
de  aquellas  actuaciones  que  fuesen  exigibles  de  acuerdo  con  la  normativa 
sanitaria en materia de salud pública o con las medidas de prevención, órdenes o 
instrucciones dictadas por la autoridad sanitaria competente en aplicación de dicha 
normativa.
g)  El incumplimiento de las obligaciones de comunicación de información y 
de otras obligaciones en materia de salud pública establecidas por la normativa 
sanitaria o por las medidas de prevención dictadas por la autoridad sanitaria 
competente  en  aplicación  de  dicha  normativa,  cuando  revista  carácter  de 
gravedad.
h)  La  falta  de  colaboración  o  la  negativa  a  suministrar  datos  o  facilitar 
información,  o  el  suministro  intencionado  de  datos  falsos,  incorrectos  o 
incompletos a las autoridades sanitarias o a sus agentes en el desarrollo de las 
labores de inspección o control sanitarios o de investigación epidemiológica de 
brotes o situaciones de especial riesgo para la salud de la población, cuando no 
sea constitutiva de infracción muy grave.
i)  La  apertura  de  locales,  la  celebración  de  actos  o  la  realización  de 
actividades que hayan sido expresamente prohibidas o suspendidas, ya sea con  s
carácter general, ya particular, en virtud de medidas preventivas, orden, resolución  oe.
o acto de la autoridad sanitaria competente por razones de salud pública, o que no  w.
ihenuxfribgaiiecbcrlaeión np s omird uoray a zguortnaoevrisez .addea ssa pluodr  lpaú mbliiscma,a c euna nlodso  claas coosn ednu cqtuae n toa ls aeuat ocroiznasctiitóunti vfuae dsee   2021-5209n https://ww
j)  La organización por cualquier medio de reuniones, fiestas o cualquier otro
tipo de actividad o acto, permanente o esporádico, de carácter privado o abierto al  Bc
público, en espacios públicos, abiertos al público o privados, en los cuales se 
produjesen aglomeraciones contrarias a las medidas sanitarias de prevención 
aprobadas por las autoridades sanitarias o en los cuales se incumpliesen las 
medidas de seguridad y precaución dispuestas por las mismas, siempre que no 
sea constitutiva de infracción muy grave.
k)  La realización de otras conductas u omisiones que pudieran producir un 
riesgo  o  un  daño  grave  para  la  salud  de  la  población,  cuando  esta  no  sea 
constitutiva de infracción muy grave.
l)  El  incumplimiento,  por  parte  de  la  persona  titular  de  la  instalación, 
establecimiento,  empresa  o  actividad  y  con  ocasión  de  su  funcionamiento  o 
desarrollo, del deber de prevenir la comisión de alguna de las infracciones graves 
previstas en la presente ley por parte de las personas sujetas a su dependencia o 
vinculación.
m)  La reincidencia en la comisión de infracciones leves en los últimos doce 
meses.»
Catorce.  Se añade un artículo 43 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 43 bis.  Infracciones muy graves en materia de salud pública.
Se tipifican como infracciones muy graves en salud pública, además de las 
establecidas en la legislación básica, las siguientes:
a)  El incumplimiento, por acción u omisión, de la normativa sanitaria vigente 
o de las medidas de prevención, órdenes, resoluciones o actos aprobados por las 
autoridades  sanitarias  competentes  por  razones  de  salud  pública,  cuando  se 
produjese un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población.
b)  La falta de cumplimiento voluntario de la medida de aislamiento prescrita o 
indicada por los profesionales sanitarios o las profesionales sanitarias o por las 
autoridades  sanitarias,  con  motivo  de  la  atención  sanitaria,  a  personas 
diagnosticadas de una enfermedad transmisible o con síntomas compatibles con 
dicha enfermedad, de forma repetida o reiterada, o cuando se produjese daño 
grave o riesgo o daño muy grave para la salud de la población.
c)  La  falta  de  cumplimiento  voluntario  de  la  obligación  de  cuarentena 
indicada o prescrita por las autoridades sanitarias, por los profesionales sanitarios 
o las profesionales sanitarias, por el personal encargado del rastreo y seguimiento 
de  contactos  o  por  cualquier  otro  agente  de  salud  pública  que  tenga 
encomendadas  estas  funciones,  de  forma  repetida  o  reiterada,  o  cuando  se 
produjese daño grave o riesgo o daño muy grave para la salud de la población.
d)  Las previstas en los apartados a), b), c), f), g), h), i) y j) del artículo 42 bis, 
cuando se produjese un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población.
e)  La realización de otras conductas u omisiones que produjesen un riesgo o 
un daño muy grave para la salud de la población.
f)  El  incumplimiento,  por  parte  de  la  persona  titular  de  la  instalación, 
establecimiento,  empresa  o  actividad  y  con  ocasión  de  su  funcionamiento  o 
desarrollo, del deber de prevenir la comisión de alguna de las infracciones muy 
graves  previstas  en  la  presente  ley  por  parte  de  las  personas  sujetas  a  su 
dependencia o vinculación».
g)  La reincidencia en la comisión de faltas graves en los últimos cinco años.» s
Quince.  Se añade un artículo 44 bis, con la siguiente redacción: w.b
«Artículo 44 bis.  Sanciones en materia de salud pública.
guar1d. anLdaos  la indferabcidcaio naedse cueanc iómn aetenrtirae  lad eg rasvaeludda d pdúebl lihcae chsoe rcáonn stsitaunticvioo ndaed alas 
infracción y la sanción aplicada, estableciéndose una gradación de la misma en
grado  mínimo,  medio  y  máximo  para  cada  nivel  de  calificación.  Para  la 
determinación de la sanción a imponerse, dentro de cada uno de estos grados, 
habrá  de  atenderse  a  los  criterios  establecidos  en  el  artículo  29.3  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y en el 
artículo 57.1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública, así 
como al incumplimiento de las advertencias previas, número de personas puestas 
en riesgo o afectadas, especialmente si se trata de colectivos vulnerables, nivel de 
responsabilidad exigible en función de la condición profesional de la persona 
responsable de la infracción, beneficios obtenidos a causa de la infracción y 
permanencia o transitoriedad de los riesgos.
2.  Las infracciones en salud pública tipificadas en los artículos 41 bis, 42 bis 
y 43 bis serán sancionadas con multas, con arreglo a la gradación siguiente:
a)  Infracciones leves:
1.º)  Grado mínimo: hasta 1.000 euros.
2.º)  Grado medio: de 1.001 a 2.000 euros.
3.º)  Grado máximo: de 2.001 a 3.000 euros.
b)  Infracciones graves:
1.º)  Grado mínimo: de 3.001 a 20.000 euros.
2.º)  Grado medio: de 20.001 a 40.000 euros.
3.º)  Grado máximo: de 40.001 a 60.000 euros.
c)  Infracciones muy graves:
1.º)  Grado mínimo: de 60.001 a 200.000 euros.
2.º)  Grado medio: de 200.001 a 400.000 euros.
3.º)  Grado  máximo:  de  400.001  a  600.000  euros;  esta  cuantía  podrá 
excederse hasta alcanzar el quíntuplo del valor de mercado de los productos o 
servicios objeto de la infracción.
No  obstante  lo  dispuesto  anteriormente,  a  la  conducta  consistente  en  el 
incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas o en el uso inadecuado de 
las  mismas,  cuando  se  califique  como  infracción  leve,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el presente capítulo, corresponderá una sanción mínima de multa 
en la cuantía de 100 euros, sin perjuicio, no obstante, de la posible imposición de 
una sanción de multa de cuantía superior dentro de las previstas para infracciones 
leves, e incluso de la posible tipificación de la conducta como infracción de mayor 
gravedad, todo ello en atención a las circunstancias concurrentes y a lo dispuesto 
en el presente capítulo.
En caso de infracciones muy graves, además de la sanción de multa podrán 
imponerse como sanciones accesorias:
a)  La prohibición de percibir cualquier tipo de ayudas o subvenciones por 
parte de la Administración pública autonómica y local gallega por un periodo de 
entre uno y cinco años.
b)  El cierre temporal de los establecimientos o servicios por un plazo máximo 
de cinco años.
3.  No obstante lo indicado en el número 2, a fin de evitar que la comisión de  bo
infracciones resultase más beneficiosa para la persona que comete la infracción  09ww
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4.  La  autoridad  competente  para  resolver  el  expediente  podrá  acordar, 
asimismo,  como  sanción  accesoria,  el  decomiso  de  bienes  o  productos 
deteriorados, caducados, no autorizados o que por cualquier otra causa pudieran 
entrañar riesgo para la salud o seguridad de las personas, siendo por cuenta de 
quien  cometa  la  infracción  los  gastos  que  origine  su  intervención,  depósito, 
decomiso, transporte o destrucción.
5.  Las  reducciones  acumulables  a  que  se  refiere  el  artículo  85  de  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, serán del 25 % cada una de ellas.»
Dieciséis.  Se modifica el artículo 45, quedando redactado como sigue:
«Artículo 45.  Competencia para la imposición de sanciones sanitarias.
1.  Los órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma 
competentes para la imposición de las sanciones por las infracciones previstas en 
los artículos 41, 42 y 43, con excepción de las contempladas en el número 2 de 
este artículo, son los siguientes:
a)  Los órganos de la Consejería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud, 
en  su  caso,  hasta  120.202,42  euros,  en  los  términos  que  se  establezcan 
reglamentariamente.
b)  El Consello de la Xunta, desde 120.202,43 euros.
2.  Corresponderá  a  los  ayuntamientos  el  ejercicio  de  la  competencia 
sancionadora por la comisión de las infracciones previstas en los artículos 41, 42 
y 43, siempre que dichas infracciones afecten a las áreas de responsabilidad 
mínima sobre las cuales ejercen competencias de control sanitario.
3.  La  Administración  autonómica  podrá  actuar  en  sustitución  de  los 
ayuntamientos  en  los  supuestos  y  con  los  requisitos  contemplados  en  la 
legislación de régimen local.»
Diecisiete.  Se añade un artículo 45 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 45 bis.  Competencia para sancionar las infracciones en materia de 
salud pública.
1.  Corresponde a los ayuntamientos la competencia para incoar, instruir y 
resolver los expedientes sancionadores por las siguientes infracciones en salud 
pública tipificadas en la presente ley:
a)  Las infracciones leves previstas en los apartados a), b), f), g), h), i), j), k) y 
l) del artículo 41 bis.
b)  Las infracciones leves previstas en los apartados m) y n) del artículo 41 
bis, cuando dichas infracciones afecten a las áreas de responsabilidad mínima 
sobre las cuales ejercen competencias de control sanitario.
c)  Las infracciones graves previstas en los apartados a), b) y f) del artículo 42 
bis, cuando las infracciones se cometan en relación con las autoridades sanitarias 
locales, sus agentes o la policía local.
d)  Las infracciones graves del apartado c) del artículo 42 bis, cuando se 
refieran a conductas respecto a las cuales, en su calificación como infracción leve,  e.
corresponda ejercer la potestad sancionadora a los ayuntamientos con arreglo a  w.
los apartados anteriores. 09ww
artíceu)l o L4a2s b iisn,f rcaucacniodnoe ds icghraasv einsf rapcrecvioisnteass  aefenc tleons  aa plaasr táardeoass  dge),  rhe)s,p okn) sya bli)l iddaedl 
mínifm) a Lsaosb rinef rlaasc cciounaeless  gerjaevrceesn p creovmisptaeste ennc ialoss  daep acortnatdrools s ia) nyi tja) rdioe.l artículo 42 bis. BOE-A-cable e
g)  La infracción grave prevista en el apartado m) del artículo 42 bis, cuando 
se  refiera  a  infracciones  leves  respecto  a  las  cuales  corresponda  ejercer  la 
potestad sancionadora a los ayuntamientos con arreglo a lo indicado en este 
número 1.
h)  Las infracciones muy graves previstas en los apartados a), e) y f) del 
artículo 43 bis, cuando afecten a las áreas de responsabilidad mínima sobre las 
cuales ejercen competencias de control sanitario.
i)  Las infracciones muy graves del apartado d) del artículo 43 bis, cuando se 
refieran a conductas respecto a las cuales, en su calificación como infracción 
grave, corresponda ejercer la potestad sancionadora a los ayuntamientos con 
arreglo a los apartados anteriores.
j)  La infracción muy grave prevista en el apartado g) del artículo 43 bis, 
cuando se refiera a infracciones graves respecto a las cuales corresponda ejercer 
la potestad sancionadora a los ayuntamientos con arreglo a lo indicado en este 
número 1.
2.  Corresponde a la Administración autonómica la competencia para incoar, 
instruir y resolver los expedientes sancionadores por las infracciones en salud 
pública tipificadas en la presente ley distintas de las enumeradas en el número 1.
3.  Los órganos autonómicos competentes para el ejercicio de la potestad 
sancionadora en los supuestos previstos en el apartado anterior son:
a)  La persona titular de la jefatura territorial correspondiente de la consejería 
competente en materia de sanidad, cuando se trate de infracciones leves y graves.
b)  La persona titular de la consejería competente en materia de sanidad, 
cuando se trate de infracciones muy graves.
4.  Sin perjuicio de lo establecido en el número 1, los órganos competentes de 
la Administración autonómica, de acuerdo con las reglas competenciales previstas 
para los expedientes sancionadores de competencia autonómica, asumirán la 
incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores por las 
infracciones previstas en el número 1 en el supuesto de falta de actuaciones de 
los ayuntamientos ante las denuncias presentadas por la ciudadanía o derivadas 
de las actuaciones de inspección, una vez instados a actuar por los órganos 
competentes de la Comunidad Autónoma y transcurrido el plazo concedido, que 
en ningún caso podrá ser inferior a un mes desde la recepción del requerimiento, 
sin  que  se  haya  producido  la  notificación  al  órgano  competente  de  la 
Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  incoación  del 
correspondiente procedimiento sancionador.»
Dieciocho.  El artículo 46 queda redactado como sigue:
«Artículo  46.  Medidas  provisionales  previas  a  la  apertura  del  expediente 
sancionador.
1.  Con  anterioridad  a  la  iniciación  del  expediente  sancionador  que 
corresponda, el órgano autonómico o local competente podrá adoptar, de oficio o a 
instancia de parte y de forma motivada, por razones de urgencia inaplazable y 
para  la  protección  provisional  de  los  intereses  implicados,  las  medidas 
provisionales previas que resulten necesarias y proporcionadas cuando existiese  e.e
riesgo grave o peligro inminente para la seguridad o salud de las personas o  b
cuando se incumpliesen gravemente las condiciones sanitarias, de salubridad y de  09ww
higiene.
2.  En  los  casos  del  apartado  anterior,  los  órganos  competentes  podrán 
adoptar alguna o algunas de las siguientes medidas:
a)  La  suspensión  de  actividades,  celebraciones,  eventos,  espectáculos 
públicos o actividades recreativas.
b)  El  desalojo,  la  clausura  y/o  el  precinto  de  centros,  servicios, 
establecimientos o instalaciones.
3.  Las  medidas  se  adoptarán  mediante  resolución  motivada,  respetando 
siempre  el  principio  de  proporcionalidad  y  previa  audiencia  a  las  personas 
interesadas. El trámite de audiencia podrá omitirse en casos de extraordinaria 
urgencia debidamente justificados en la resolución.
4.  Las  medidas  provisionales  adoptadas  habrán  de  ser  confirmadas, 
modificadas  o  levantadas  en  el  acuerdo  de  iniciación  del  procedimiento 
sancionador, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al de su 
adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
En  todo  caso,  estas  medidas  quedarán  sin  efecto  si  no  se  inicia  el 
procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un 
pronunciamiento expreso sobre las mismas.
5.  La Administración competente para adoptar las medidas previstas en este 
artículo será la misma que tenga atribuida la competencia para la incoación del 
procedimiento sancionador que corresponda.
En  los  casos  de  competencia  autonómica,  el  órgano  competente  de  la 
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia para adoptar dichas 
medidas será el que tenga atribuida la competencia para incoar el correspondiente 
procedimiento sancionador o el órgano instructor.
6.  Teniendo en cuenta la afectación a las competencias autonómicas, la 
Administración autonómica podrá adoptar las medidas provisionales previas en 
supuestos de competencia de los ayuntamientos, de acuerdo con lo previsto en el 
apartado anterior, a costa y en sustitución de los mismos, en caso de inhibición de 
la entidad local, previo requerimiento a esta que no sea atendido en el plazo 
indicado al efecto, que en ningún caso podrá ser inferior a un mes. La no atención 
del requerimiento por parte de la entidad local exigirá la alegación de una causa 
justificada y debidamente motivada.
También  podrá  adoptar  las  citadas  medidas  por  razones  de  urgencia 
inaplazable y extraordinaria que así lo justifiquen, debiendo, en este caso, ser 
puestas las medidas en conocimiento inmediato del ayuntamiento respectivo.
El  órgano  competente  de  la  Administración  general  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  Galicia  para  adoptar  las  medidas  provisionales  previas,  en  los 
supuestos previstos en este apartado, será el que tenga atribuida la competencia 
para la incoación o instrucción de expedientes sancionadores de competencia 
autonómica.»
Diecinueve.  Se añade un artículo 46 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 46 bis.  Medidas de adopción directa por los agentes de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad.
1.  En los casos de realización de actividades que conlleven un riesgo grave o 
peligro inminente para la salud de las personas, los agentes de los cuerpos y  e.
fuerzas de seguridad podrán adoptar de forma directa, previo requerimiento a las  w.b
personas responsables de la realización de las mismas y en caso de que este no  09ww
fuese atendido, las siguientes medidas:
centaro) s, Lsae rvsiucsiopse, nessiótanb leincmimeideinattoas  od ein satcatliavcidioandeess.  y  el  desalojo  y  precinto  de
b)  Aquellas otras medidas que se estimen necesarias, en atención a las 
circunstancias concurrentes en cada caso, para garantizar la seguridad y salud de 
las personas, y que guarden la debida proporción en atención a los bienes y 
derechos objeto de protección.
2.  En  caso  de  que  los  agentes  adoptasen  las  medidas  indicadas  en  el 
apartado anterior, habrán de comunicarlo inmediatamente al órgano competente 
de acuerdo con el artículo 46 para adoptar las medidas provisionales previas 
pertinentes, que deberá confirmarlas, modificarlas o levantarlas en el plazo de 
cuarenta y ocho horas desde la indicada comunicación. El incumplimiento de dicho 
plazo  conlleva  automáticamente  el  levantamiento  de  las  medidas  inmediatas 
adoptadas.
3.  Si  el  órgano  indicado  en  el  apartado  anterior  ratificase  las  medidas 
adoptadas, el régimen de confirmación, modificación o levantamiento posterior se 
regirá por lo que dispone el artículo 46.
4.  Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de las 
medidas que pudieran adoptarse por la Administración general del Estado en 
ejercicio de sus competencias.»
Veinte.  Se añade un artículo 46 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 46 ter.  Medidas provisionales durante el procedimiento sancionador.
1.  Una vez incoado el procedimiento sancionador, el órgano administrativo 
competente para resolverlo podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, en 
cualquier  momento,  mediante  resolución  motivada  y  previa  audiencia  a  las 
personas  interesadas,  las  medidas  provisionales  que  estime  oportunas  para 
asegurar  la  eficacia  de  la  resolución  que  pudiera  dictarse,  así  como  para  la 
salvaguarda de la salud, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de 
acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
El trámite de audiencia previa podrá omitirse en caso de urgencia, que habrá 
de estar debidamente motivada en la resolución que determine la adopción de las 
medidas provisionales. En estos casos, se efectuará un trámite de audiencia con 
posterioridad a la adopción de la medida.
2.  Las medidas provisionales habrán de ser proporcionadas a la naturaleza y 
gravedad  de  las  infracciones  cometidas,  pudiendo  consistir  en  alguna  de  las 
previstas en el artículo 46 o en cualquier otra que asegure la eficacia de la 
resolución que pudiera dictarse. No podrán adoptarse medidas provisionales que 
puedan  causar  perjuicio  de  difícil  o  imposible  reparación  a  las  personas 
interesadas o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.
3.  Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la 
tramitación del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas.  En  todo  caso,  se  extinguirán  con  la  eficacia  de  la  resolución 
administrativa que ponga fin al procedimiento.»
Veintiuno.  El artículo 47 queda redactado como sigue:
«Artículo 47.  Prescripción de infracciones y de sanciones.
1.  Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las  bo
muy graves a los cinco años. 09ww
en qEule p llaa zinof rdaec cpiórens sceri phcuibóine rdae c olams eintidfroa.cciones comenzará a contar desde el día
comEenn zalorás  as ucpounetsatro sd esddee  ineflr amcocmioneensto  cdoen tlian ufaindaalisz,a ceiól np ldaez ol a daec tipvrideascdr ipoc dióenl 
último acto con que la infracción se consuma. En caso de que los hechos o
actividades constitutivos de infracción sean desconocidos por carecer de signos 
externos, dicho plazo se computará desde que los mismos se manifestasen.
Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  de  la  persona 
interesada, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción 
si el expediente sancionador está paralizado durante más de un mes por causa no 
imputable al presunto o presunta responsable.
2.  Las  sanciones  impuestas  por  la  comisión  de  infracciones  leves 
prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los tres años y las impuestas 
por faltas muy graves a los cinco años.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contar desde el día 
siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la cual se impone la 
sanción o haya transcurrido el plazo para recurrir contra la misma.
Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  de  la  persona 
interesada, del procedimiento de ejecución, reanudándose el plazo si aquel está 
paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona infractora.
En caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la 
resolución por la cual se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción 
comenzará  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  aquel  en  que  finalice  el  plazo 
legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.»
Veintidós.  El capítulo VI del título II queda redactado como sigue:
«CAPÍTULO VI
Planificación del Sistema público de salud: la Estrategia gallega de salud y 
sus instrumentos de desarrollo sectorial y territorial
Artículo 61.  La estrategia gallega de salud.
1.  La  política  sanitaria  gallega  se  programará  mediante  un  documento 
estratégico de carácter plurianual denominado Estrategia gallega de salud.
2.  La  Estrategia  gallega  de  salud  tendrá  un  carácter  integral,  definiendo 
prioridades  y  objetivos  comunes  para  los  campos  de  la  salud  pública,  la 
prevención  de  riesgos  sanitarios,  la  promoción  de  la  salud,  la  prestación  de 
asistencia sanitaria y la docencia, formación, investigación e innovación sanitarias. 
En  consecuencia,  las  personas  que  ocupen  puestos  directivos  y  puestos  de 
jefatura relacionados con estos campos habrán de orientar sus objetivos a las 
directrices de esta estrategia.
Artículo 62.  Contenidos de la Estrategia gallega de salud.
La Estrategia gallega de salud habrá de contemplar, al menos, los siguientes 
extremos:
1.  La identificación de los principales problemas de salud que afectan a la 
población gallega.
2.  La identificación de las áreas de mejora en la calidad de las prestaciones y 
servicios sanitarios del Sistema público de salud de Galicia y en la garantía de los 
derechos sanitarios de la ciudadanía.
3.  Las  intervenciones  sanitarias  y  acciones  necesarias  para  mejorar  los  e.e
resultados  en  salud  relacionados  con  las  prioridades  sanitarias  previamente  w.b
identificadas. 09ww
4.  El plazo de vigencia del documento estratégico.
Artículo 63.  Tramitación de la Estrategia gallega de salud.
1.  La Consejería de Sanidad elaborará un borrador de la Estrategia gallega 
de salud basado en la evidencia científica disponible, los indicadores del Sistema 
de información de salud de Galicia, la opinión y colaboración de personas expertas 
y los resultados de las evaluaciones de documentos estratégicos anteriores y de 
las encuestas de satisfacción o resultados de los procesos de participación de las 
personas usuarias del Sistema público de salud.
2.  Este  borrador  de  la  Estrategia  gallega  de  salud  será  sometido  a 
información pública en el Portal de transparencia y Gobierno abierto de la Xunta 
de Galicia, estando abierto a las sugerencias de la ciudadanía gallega.
3.  Una vez evaluadas las aportaciones, recibidas a través del Portal de 
transparencia y Gobierno abierto, el borrador se remitirá al órgano superior de la 
Administración autonómica competente en materia de igualdad para la emisión de 
un informe en el cual se evalúe el impacto por razón de género de las medidas y 
acciones previstas.
4.  La Consejería de Sanidad presentará el proyecto de Estrategia gallega de 
salud al Consejo Gallego de Salud, al Consejo Asesor del Sistema Público de 
Salud de Galicia y al Consejo Asesor de Pacientes de Galicia.
5.  A la vista del conjunto de las alegaciones, sugerencias e informes, la 
Consejería de Sanidad elevará el proyecto de Estrategia gallega de salud al 
Consello de la Xunta para su aprobación.
6.  Una vez aprobada por el Consello de la Xunta, la Estrategia gallega de 
salud será presentada en el Parlamento de Galicia por la persona titular de la 
Consejería  de  Sanidad,  será  remitida  al  Ministerio  de  Sanidad  para  su 
conocimiento y será publicada con su texto definitivo en el Portal de transparencia 
y Gobierno abierto de la Xunta de Galicia.
7.  La Consejería de Sanidad informará anualmente al Parlamento de Galicia 
de la evaluación del cumplimiento de los objetivos marcados por la Estrategia.
Artículo 64.  Desarrollo sectorial de la Estrategia gallega de salud.
1.  La Consejería de Sanidad podrá aprobar planes o programas específicos 
para desarrollar aspectos concretos de la Estrategia gallega de salud, tanto para el 
abordaje  detallado  de  uno  de  los  objetivos,  problemas  o  áreas  de  mejora 
identificadas en la misma como para el abordaje conjunto de varios de ellos desde 
un campo particular de la gestión sanitaria.
2.  Estos planes y programas habrán de estar alineados con las directrices 
marcadas por la Estrategia gallega de salud y desarrollarse dentro de su plazo de 
vigencia.
3.  Los documentos de estos planes y programas serán publicados en el 
Portal de transparencia y Gobierno abierto de la Xunta de Galicia, integrándose la 
evaluación de sus resultados específicos dentro de la información que anualmente 
traslade  la  Consejería  de  Sanidad  al  Parlamento  de  Galicia  con  arreglo  al 
apartado 7 del artículo anterior.
Artículo 65.  Desarrollo territorial de la Estrategia gallega de salud. Los planes de 
salud de área.
1.  Los órganos de dirección y gestión de las áreas sanitarias habrán de  oe.
elaborar planes de salud que adapten las directrices definidas por la Estrategia  w.
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2.  Los borradores de planes de salud de área serán sometidos a información 
pública para recoger sugerencias de la ciudadanía, siendo presentados a los 
respectivos consejos de salud y consejos asesores de pacientes de Galicia.
3.  Una vez superados estos procesos, los órganos de dirección y gestión de 
las áreas sanitarias remitirán los proyectos de planes de salud de área a la 
Consejería de Sanidad para su aprobación definitiva, en su caso, por parte de la 
persona titular de la misma.
4.  Los instrumentos de organización y gestión regulados en el artículo 97 que 
se acuerden periódicamente entre los órganos de la Consejería de Sanidad y los 
órganos de dirección y gestión de las áreas sanitarias habrán de contemplar 
previsiones específicas para el abordaje de los objetivos de los planes de salud de 
área  directamente  alineados  con  las  prioridades  marcadas  por  la  Estrategia 
gallega de salud.
Artículo 66.  Los planes locales de salud.
Los equipos directivos de los centros de salud elaborarán planes locales de 
salud que definan prioridades en la mejora de la salud comunitaria de sus zonas 
sanitarias.  Estos  planes  locales  de  salud  habrán  de  contemplar  medidas 
específicas para el abordaje de las prioridades marcadas por la Estrategia gallega 
de salud.»
Veintitrés.  El título del artículo 78 pasa a ser: «Asesoramiento y consulta».
Veinticuatro.  El número 5 del artículo 78 queda redactado como sigue:
«5.  La persona titular de la consejería competente en materia de sanidad 
podrá  designar  asesores  o  asesoras  sectoriales  en  materias  específicas 
relacionadas con la asistencia y organización sanitarias, la salud pública y la 
docencia e investigación en las ciencias de la salud y, en general, en cualquier otra 
materia  de interés sanitario respecto  a la cual resultase conveniente recabar 
asesoramiento  especializado.  Estas  personas  podrán  prestar  asesoramiento 
individualmente o integrando grupos de trabajo.
En particular, se promoverá la actuación de grupos de trabajo integrados por 
profesionales cualificados y cualificadas para el asesoramiento en la gestión de 
crisis sanitarias y en la adopción de medidas preventivas adecuadas para el 
control de enfermedades transmisibles.»
Veinticinco.  Se añade una nueva letra i) al artículo 107, con el siguiente contenido:
«i)  La vigilancia epidemiológica y el manejo de los sistemas de información y 
de protección y promoción de la salud.»
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio en materia sancionadora.
1.  Respecto a los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente  ley,  serán  de  aplicación  las  disposiciones  sancionadoras  vigentes  en  el 
momento de producirse tales hechos.
2.  Los procedimientos sancionadores en tramitación en el momento de la entrada 
en vigor de la presente ley se regirán por la normativa vigente en el momento de su 
incoación. s
3.  Corresponderá  a  los  ayuntamientos  la  competencia  para  resolver  los  o
procedimientos sancionadores por hechos acaecidos antes de la entrada en vigor de la  w.
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Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, y con el artículo 80 de la Ley 8/2008,
de 10 de julio, de salud de Galicia.
4.  No obstante lo dispuesto en los dos apartados anteriores, de conformidad con el 
artículo 26.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, 
las disposiciones sancionadoras previstas en la presente ley surtirán efecto retroactivo 
en  cuanto  favoreciesen  al  presunto  infractor  o  presunta  infractora  o  al  infractor  o 
infractora, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus 
plazos de prescripción, incluso respecto a las sanciones pendientes de cumplimiento al 
entrar en vigor la nueva disposición.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diario 
Oficial de Galicia».
Santiago de Compostela, 25 de febrero de 2021.–El Presidente, Alberto Núñez 
Feijóo.
(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia» número 39, de 26 de febrero de 2021)