BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 151 Jueves 28 de mayo de 2020 Sec. III.   Pág. 35208
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
5383 Orden  APA/452/2020,  de  26  de  mayo,  por  la  que  se  acuerda  la  no 
suspensión de los plazos previstos en la Orden APA/377/2020, de 28 de abril, 
por la que se modifican, para el año 2020, diversos plazos establecidos en 
los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos 
ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política 
Agrícola Común.
Antecedentes de hecho
El artículo 95 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a 
partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes 
de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al 
desarrollo rural, establece que, a partir del año 2016, la solicitud única anual de ayudas, 
medio para que el beneficiario pueda presentar su solicitud para todos los regímenes de 
pagos directos del primer pilar de la Política Agrícola Común que considere, así como 
para las ayudas al desarrollo rural financiadas con cargo al Feader, debe presentarse en 
el período comprendido entre el día 1 de febrero y el 30 de abril de cada año.
En esta campaña 2020, la pandemia internacional del virus COVID-19 está afectando 
gravemente a España, lo que está obligando a las administraciones a tomar medidas 
extraordinarias para contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de 
salud pública.
En consecuencia, el Gobierno publicó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria, 
en el cual se establecen una serie de restricciones al movimiento de las personas en 
todo el territorio nacional, que van a tener un impacto notable en dicho proceso de 
presentación de la solicitud única.
Al objeto de minimizar las consecuencias resultantes de la pandemia de COVID-19 y 
las amplias restricciones de los movimientos aplicadas en España, que han propiciado 
dificultades administrativas excepcionales y que los beneficiarios hayan visto mermadas 
sus posibilidades de presentar la solicitud única, inicialmente, se publicó la Orden APA/
269/2020, de 19 de marzo, mediante la cual se amplió el periodo para la presentación de 
la solicitud única desde el 30 de abril hasta el 15 de mayo, dentro de los márgenes que 
establecían los reglamentos de la Unión Europea.
Posteriormente, debido a la extensión de la pandemia en todo el territorio de la Unión 
Europea, y las amplias restricciones establecidas que afectan a la libre circulación de las 
personas,  la  Comisión  Europea  ha  constatado  la  existencia  de  dificultades 
administrativas  excepcionales  comunicadas  por  todos  los  Estados  miembros.  Esta 
situación interfiere en el proceso de presentación de las solicitudes correspondientes a la 
campaña 2020, lo que ha dado lugar a la publicación del Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º  2020/501  de  la  Comisión,  de  6  de  abril  de  2020,  por  el  que  se  establecen 
excepciones a lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 en lo que 
se refiere a la fecha límite de presentación de la solicitud única, las solicitudes de ayuda  s
o las solicitudes de pago, a la fecha límite para la notificación de las modificaciones de la  e.
solicitud única o de la solicitud de pago y a la fecha límite de presentación de las  w.
solicitudes de asignación de derechos de pago o de incremento del valor de los derechos  83ww
de pEasgtoe  eRn eegl lmamarecnot od eel srtéagbimleceen  dqeu ep algao  sboálsicicitou dp aúran iecla a, ñion c2lu0i2d0o.  el  régimen  de  pago
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solicitud única se presentarán antes del 30 de junio de 2020. Asimismo, el Reglamento 
de ejecución (UE) n.º 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, señala que, al 
fijar la fecha, los Estados miembros tendrán en cuenta el plazo necesario para la 
obtención de todos los datos pertinentes para una correcta gestión administrativa y 
financiera de la ayuda y garantizarán la programación de controles eficaces.
Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  y  en  consonancia  con  la  citada  modificación 
reglamentaria,  se  publicó  la  Orden  APA/377/2020,  de  28  de  abril,  por  la  que  se 
modifican,  para  el  año  2020,  diversos  plazos  establecidos  en  los  Reales 
Decretos  1075/2014,  1076/2014,  1077/2014  y  1078/2014,  todos  ellos  de  19  de 
diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común, que 
amplió hasta el 15 de junio el plazo para la presentación de la solicitud única en 2020 y 
modificó  otras  fechas  relacionadas,  con  el  fin  de  adaptarlas  a  lo  dispuesto  en  la 
normativa  de  la  Unión  Europea  y  garantizar  así  la  obtención  de  todos  los  datos 
necesarios para la correcta gestión de las ayudas.
Por otro lado, la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, supuso la suspensión de los plazos, términos y procedimientos administrativos.
Partiendo de esta coyuntura, y a la vista de la prolongación de la duración del estado 
de alarma, se puede llegar a provocar una contradicción con el carácter preclusivo de los 
plazos fijados por la normativa de la Unión Europea, que establece unos términos que no 
pueden sobrepasarse sin la correspondiente penalización para los solicitantes.
Consecuentemente, es preciso para evitar dudas jurídicas acordar el levantamiento 
de las suspensiones de los mismos en aras de preservar interés general y evitar una 
situación de posible perjuicio para los intereses públicos ante la pérdida de fondos 
comunitarios y para los propios agricultores.
Fundamentos de Derecho
La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, contempla en su apartado 1 la suspensión de los plazos 
administrativos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector 
público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia 
dicho real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
No  obstante,  el  apartado  4  de  la  citada  disposición  adicional  tercera  del  Real 
Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  contempla  la  posibilidad  de  que  se  acuerde 
motivadamente  la  continuación  de  aquellos  procedimientos  que  vengan  referidos  a 
situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o 
que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 
básico de los servicios.
Por otra parte, el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, regula la normativa 
básica aplicable en España, correspondiente a los regímenes de ayuda establecidos en 
el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los 
agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política 
Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) n.º 
73/2009 del Consejo, y aplica, en lo referente al sistema integrado de gestión y control el 
Reglamento (UE) núm. 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los  s
agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política  e.
Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) núm. 637/2008 y (CE)  w.
núm. 73/2009 del Consejo. Ello constituye el marco jurídico actual para el régimen de  83ww
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Como complemento necesario al modelo aplicado en España de estos regímenes de 
pago se publicaron, además, el Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que 
se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que 
reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en 
virtud  de  determinados  programas  de  apoyo  al  sector  vitivinícola,  y  el  Real 
Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, regula el sistema de información geográfica de 
parcelas agrícolas (SIGPAC).
Más concretamente, el artículo 13.1 y 15.2 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 
809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo 
rural y la condicionalidad especifica que los Estados miembros fijarán las fechas límite de 
presentación de la solicitud única y sus modificaciones sin que la fechas límite pueda ser 
posterior al 15 y 31 de mayo de cada año, respectivamente, teniendo en cuenta el plazo 
necesario para la obtención de todos los datos pertinentes para una correcta gestión 
administrativa y financiera de la ayuda y garantizando la programación de controles 
eficaces.
No obstante, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 78, 
apartado b), del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, la Comisión puede dictar Reglamento 
de  Ejecución  para  modificar  la  fecha  límite  de  presentación  de  la  solicitud  única, 
estableciéndose el límite de dicho plazo en una fecha posterior a quince de mayo, si así 
lo exigen las circunstancias.
A tal efecto, el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/501 de la Comisión de 6 de abril 
de 2020, ha establecido excepciones a lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 809/2014, a fin de que los Estados miembros puedan fijar para el año 2020 una fecha 
límite de presentación de la solicitud única y sus modificaciones que sean posteriores a 
las previstas en dichos artículos.
Debe tenerse en cuenta que los pagos directos de la PAC constituyen alrededor 
del  90  %  de  los  pagos  totales  anuales  del  Fondo  Europeo  Agrícola  de  Garantía 
(FEAGA), y suponen una garantía de renta para los más de 695.000 agricultores que 
presentaron en el año 2019 su solicitud de ayuda, que a 31 de diciembre de ese año 
recibieron más de 4.116 millones de euros gestionados a través de estas ayudas.
Por lo demás, debe tenerse en cuenta que la cadena agroalimentaria, a la que los 
agricultores  contribuyen  decisivamente,  está  desempeñando  un  papel  fundamental 
durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. El trabajo conjunto de todos los 
eslabones de la cadena está permitiendo que el abastecimiento de alimentos no se vea 
interrumpido en estos difíciles momentos. Durante esta crisis, se ha manifestado el 
trabajo de agricultores, ganaderos y pescadores que están produciendo y poniendo en el 
mercado  productos  frescos  que  permiten  el  abastecimiento  de  la  industria  y  de  la 
distribución y, consiguientemente, la alimentación de todos. Prueba de su importancia es 
que la cadena ha quedado salvaguardada de las limitaciones impuestas con ocasión del 
estado de alarma y, en concreto, que el anexo del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de 
marzo,  por  el  que  se  regula  un  permiso  retribuido  recuperable  para  las  personas 
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir 
la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, haya 
calificado  de  sector  esencial  las  actividades  que  «participan  en  la  cadena  de 
abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de 
producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas,  s
alimentación animal … permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el  oe.
destino final». w.
Finalmente, la adaptación y aplicación de la normativa nacional en tiempo y forma a  83ww
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respeten los plazos, siendo necesario dejar sin efecto la suspensión de plazos, términos
y procedimientos administrativos prevista en la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Por estos motivos, es de interés general que el normal funcionamiento del sistema de 
pagos de la Política Agrícola Común se mantenga sin alteraciones que pueden evitarse 
mediante  el  levantamiento  de  la  suspensión  de  tales  plazos,  de  modo  que  no  se 
produzcan alteraciones indeseadas en el correcto devenir de la prestación económica 
ligada a estas actividades.
Asimismo, ha de tenerse en cuenta que los plazos y términos que se pretenden 
mantener derivan de una regulación europea, cuyo incumplimiento acarrearía negativas 
consecuencias no sólo para los perceptores de tal sistema, sino para el Reino de España 
como parte integrante de la Unión Europea.
De acuerdo con lo expuesto, la suspensión de los plazos previstos derivaría en un 
incumplimiento, por lo que, consecuentemente, en virtud del interés general, procede 
declarar la no suspensión de dichos plazos conforme a lo dispuesto en el apartado 4 de 
la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
En su virtud, resuelvo:
Primero.
Acordar la no suspensión de los plazos establecidos en la Orden APA/377/2020, 
de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 2020, diversos plazos establecidos 
en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 Y 1078/2014, todos ellos 
de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de La Política Agrícola 
Común.
Segundo.
Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de Estado», en la forma y a los 
efectos  que  determina  el  artículo  45  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tercero.
La presente Orden agota la vía administrativa de conformidad con el artículo 114 de 
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas. Contra ella podrá recurrirse, potestativamente, en reposición, 
ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes desde su 
publicación o ser impugnada, directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de  la  Audiencia  Nacional,  en  el  plazo  de  dos  meses,  también  contado  desde  su 
publicación.
Madrid, 26 de mayo de 2020.–El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas Puchades.