BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 257 Miércoles 27 de octubre de 2021 Sec. I.   Pág. 130274
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
17456 Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las 
medidas  de  protección  social  para  hacer  frente  a  situaciones  de 
vulnerabilidad social y económica.
I
El pasado mes de mayo, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de 
mayo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes  en  el  orden  sanitario,  social  y 
jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, que 
fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 20 de mayo de 2021.
La finalidad del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, era prorrogar la eficacia 
temporal de algunas medidas, fundamentalmente de carácter social y económico, que 
estaban vinculadas al estado de alarma, y que decaían con la finalización del mismo. 
Dicha prórroga extendió la eficacia de las medidas más significativas de protección, el 
llamado «escudo social», hasta el 9 de agosto de 2021. Se trata de medidas que desde 
el inicio de la pandemia han evitado, junto con otras también promovidas por el Gobierno 
entre las que destacan los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo o el Ingreso 
Mínimo Vital, que amplios sectores de la población se vieran afectados en su situación 
económica de subsistencia e incluso atravesaran en  algunos casos el denominado 
umbral de pobreza.
Posteriormente,  en  el  mes  de  agosto,  el  Gobierno  aprobó  el  Real  Decreto-
ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para 
hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que fue convalidado por 
el  Congreso  de  los  Diputados  el  13  de  septiembre  de  2021.  Dicho  Real  Decreto-
ley 16/2021, de 3 de agosto, modificó el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, así 
como el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes  complementarias  en  el  ámbito  social  y  económico  para  hacer  frente  al 
COVID-19, y el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para 
hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la 
vivienda y en materia de transportes, para prorrogar la eficacia temporal de algunas 
medidas hasta el 31 de octubre de 2021.
Estando próxima la fecha de finalización de la vigencia extendida de tales medidas, 
los indicadores económicos señalan que, conforme a las previsiones, la recuperación 
económica es una realidad incipiente avalada por los datos, pero aún se encuentra 
vinculada –en cuanto al ritmo de evolución– a la persistente incertidumbre sobre la 
evolución de la pandemia a nivel global, con una situación que requerirá combinar 
vacunación y prevención y que exige una gran dosis de cautela.
Por otra parte, si bien las señales de recuperación son evidentes en el escenario 
macroeconómico,  la  experiencia  en  las  fases  de  salida  de  otras  crisis  económicas 
precedentes muestra que la recuperación no se traslada inmediatamente a la economía  s
de individuos, PYME y familias, requiriéndose un tiempo adicional para que se estabilice  e.
el empleo, su capacidad económica y se restituya su potencial de ahorro. w.
La  experiencia  pasada  demuestra  que  la  mejora  de  las  condiciones  456ww
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el tiempo más allá de los momentos más agudos de la crisis. En este sentido, diversos 
indicadores sociales muestran que aún continúa el riesgo de afectación a los sectores 
más vulnerables de la población, que son los destinatarios principales de las medidas 
objeto de este real decreto-ley. Además, hay que tener en cuenta que una retirada 
prematura de la protección otorgada durante la crisis podría sumir a estos colectivos 
vulnerables en una situación peor incluso que la que han tenido durante la crisis del 
COVID-19.
En  este  sentido  es  necesario  recordar  que  el  Marco  Temporal  que  aprobó  la 
Comisión Europea con el fin de facilitar la adopción de medidas de ayuda a empresas y 
autónomos que se han visto afectados por los efectos económicos de la pandemia tiene 
su vigencia, si no es prorrogada, hasta final de 2021, fecha posterior a la del fin de la 
vigencia de las medidas que se prorrogan mediante esta norma.
El propio Marco Temporal fijado por la Comisión asume por tanto una extensión en el 
tiempo de los efectos sociales y económicos adversos provocados por la pandemia, más 
allá de la gravedad coyuntural de la misma en términos sanitarios. Pero además la crisis 
arrastrada  por  dichos  efectos  se  está  viendo  agravada  por  una  creciente  crisis 
energética, derivada de factores exógenos, que puede suponer un empeoramiento de las 
condiciones  socio  económicas,  derivadas  de  la  inflación,  en  particular  de  aquellos 
colectivos más vulnerables, pese a los indicios de recuperación económica.
Por ello, ante la previsión de que algunas de las medidas contenidas en el Real 
Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, dejen de surtir efecto el 31 de octubre de 2021, se 
considera necesario prorrogar la vigencia de algunas de las iniciativas adoptadas por el 
Gobierno de España para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y 
económica  hasta  el  28  de  febrero  de  2022,  ante  la  persistencia  de  determinadas 
situaciones sociales adversas en esta nueva fase de recuperación económica, que 
determinan que continúe siendo preciso, durante un tiempo limitado, la adopción de 
acciones paliativas que refuercen la estructura de bienestar social.
En consecuencia, se dispone la prórroga del plazo de vigencia de algunas medidas 
para garantizar el suministro a los consumidores vulnerables de agua, electricidad y gas 
natural, así como para permitir el acceso al bono social por parte de determinados 
colectivos en situación de vulnerabilidad económica y para hacer frente en el ámbito de 
la vivienda a determinadas situaciones de vulnerabilidad. Igualmente, se prorroga la 
consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas 
de violencia de género.
II
El  presente  real  decreto-ley  se  estructura  en  una  parte  expositiva,  una  parte 
dispositiva, conformada por tres capítulos, cuatro artículos, una disposición derogatoria y 
seis disposiciones finales.
El capítulo I recoge una serie de medidas extraordinarias aplicables a situaciones de 
vulnerabilidad económica y social que, en esencia, suponen prorrogar hasta el 28 de 
febrero  de  2022,  algunas  de  las  medidas  adoptadas  para  dar  cobertura  a  dichas 
situaciones de vulnerabilidad en relación con la garantía de determinados suministros y 
el derecho a la percepción del bono social por parte de consumidores y determinados 
colectivos vulnerables, establecidas en el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, así 
como  de  determinadas  medidas  de  protección  en  el  ámbito  del  arrendamiento  de 
vivienda, contenidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se  s
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer  e.
frente al COVID-19. w.
Así en primer lugar, con el objetivo de garantizar el suministro a los consumidores  456ww
vcuirclnuenrsatbalnecsi asd,e s ea rgeufuae, rzealenc ltarisc imdaedd idya s gdaes  prnoatetucrcaiól,n  edsep leocsi aclomnesnutme ideonre sl avsu lnaecratubaleless, 
eeln f elínnóema ecnoon  deel  mlaa prcoob reefzeac teivnoe rdgeéstaicraro.llado para identificar y reducir de forma estructural  BOE-A-cable e
Para ello se amplía hasta el 28 de febrero de 2022 la garantía de suministro de agua, 
electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables, prevista en el artículo 4 del 
Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo. Adicionalmente, se modifica el artículo 5 de 
dicha norma, que configura una nueva categorización de consumidor vulnerable, a los 
efectos de la percepción del bono social de electricidad y la protección especial frente a 
la interrupción del suministro, extendiendo esa condición de consumidor vulnerable para 
prorrogar el derecho a percibir el bono social en los términos que corresponda, hasta 
el 28 de febrero de 2022, sin perjuicio de la posibilidad de acogerse a dicha condición en 
cualquier momento anterior o posterior a esa fecha al amparo del resto de supuestos 
previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del 
consumidor  vulnerable,  el  bono  social  y  otras  medidas  de  protección  para  los 
consumidores domésticos.
En otro orden de cosas, y con objeto de atender a la realidad social y económica de 
los hogares, el capítulo II extiende hasta el 28 de febrero de 2022 las medidas de 
protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda establecidas en el 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
De esta manera, se amplía hasta esa fecha la suspensión de los procedimientos de 
desahucio  y  lanzamientos  en  los  supuestos  y  de  acuerdo  con  los  trámites  ya 
establecidos, así como, en consonancia, la posibilidad hasta el 31 de marzo de 2022 de 
solicitar  compensación  por  parte  del  arrendador  o  propietario  recogida  en  el  Real 
Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las 
situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia 
de transportes.
También se extiende la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de 
la renta, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, en los términos 
establecidos en dicho real decreto-ley; y se amplían hasta el 28 de febrero de 2022 los 
contratos  de  arrendamiento  de  vivienda  que  pueden  acogerse  a  la  prórroga 
extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en 
vigor.
En relación con el capítulo III de este real decreto-ley, que contiene a su vez el 
artículo cuarto de la norma, incluye medidas en materia de protección contra la violencia 
de  género,  extendiendo  así  la  consideración  como  esenciales  de  los  servicios  de 
protección y asistencia a las víctimas de violencia de género hasta el 28 de febrero 
de 2022, a fin de que las Administraciones Públicas competentes sigan adoptando todas 
las medidas que resulten necesarias para garantizar, tanto la prestación, entre otros, de 
servicios acogida, de información o asesoramiento jurídico 24 horas a las víctimas de 
violencia género, como el apoyo al personal que presta servicios de asistencia social 
integral a las víctimas.
En otro orden, la parte final de la norma contempla una disposición derogatoria y seis 
disposiciones finales.
La disposición final primera introduce una modificación en el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, mediante la que se regula la forma de acreditar la situación de cese de 
actividad de los trabajadores autónomos cuando concurra una situación de fuerza mayor 
que determine el cese temporal o definitivo en la actividad económica o profesional.
La  disposición  final  segunda  modifica  los  plazos  establecidos  en  el  Real 
Decreto 401/2021, de 8 de junio, y por el que se establece el procedimiento para el 
reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores a que se refieren  s
los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. oe.
La disposición final tercera modifica la disposición adicional sexta del Real Decreto- w.
ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la  456ww
erescpuepceífriacacimóne netceo dniórimgiidcaas y a l alo ms etrjoarbaa jdaedlo mreesr caaudtóon doem torsa bdaejo L, aq uPea lcmoan.t eUmnp mlabeas  mdeesdpiduaéss 
mdee dlaio  eprulapzcoió, np,o lra  loa cqtiuveid asde  eecsotanbólmecicean  dneu elvaa iss lam evdai daa sc oennt infauvaor r vdiéen dlooss et raabfeacjataddoare as   BOE-A-cable e
autónomos afectados que no se hubiesen podido acoger a las medidas reguladas en el 
indicado Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre.
La disposición final cuarta establece la salvaguardia del rango de determinadas 
disposiciones reglamentarias.
Por su parte, la disposición final quinta contempla los títulos competenciales que 
amparan al Estado para dictar la presente norma.
La disposición final sexta establece la entrada en vigor del real decreto-ley.
III
La extensión temporal de todas estas medidas responde a razones de urgencia y 
necesidad en un contexto en el que, tras la finalización del estado de alarma, continúan 
presentes  los  efectos  del  COVID-19  y  la  recuperación  social  y  económica  se  está 
llevando a cabo de forma progresiva, en la medida en que se alcance un porcentaje de 
vacunación que permita recuperar la confianza, y durante un periodo en el que la 
actividad económica de determinados sectores todavía puede seguir estando sujeta a 
ciertas restricciones derivadas de la evolución y efectos de la pandemia.
Así, en primer lugar, y en relación con el suministro energético a los hogares, la 
disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de 
medidas sociales en defensa del empleo estableció la creación de una nueva categoría 
de  bono  social,  de  tal  forma  que  aquellos  colectivos  que  cumplan  determinados 
requisitos –entre otros: Encontrarse en situación de desempleo, o afectados por un 
Expediente  de  Regulación  Temporal  de  Empleo,  así  como  cumplir  determinados 
requisitos  de  renta–  podrían  beneficiarse  del  descuento  en  la  factura  eléctrica  que 
implica el derecho a la percepción del bono social.
Dicha medida se incorporó con una duración limitada, pudiendo a partir de entonces 
solicitarse  el  bono  social  bajo  el  resto  de  supuestos  regulados  en  el  Real 
Decreto 897/2017, de 6 de octubre. La vigencia inicial de la medida referida se prorrogó 
en virtud del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo. Posteriormente, dicho 
artículo 5 fue modificado por el Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, para ampliar la 
prórroga de la medida.
Por su parte, la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de 
diciembre, establecía la garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a 
aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, 
vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real 
Decreto 897/2017, de 6 de octubre. Esta medida se configuró asimismo con una vigencia 
temporal  circunscrita  a  la  duración  del  estado  de  alarma  declarado  mediante  Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y su prórroga 
autorizada por el Congreso de los Diputados mediante Resolución de 29 de octubre 
de 2020. Posteriormente, su vigencia se prolongó por medio del artículo 4 del Real 
Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo. Asimismo, dicho artículo 4 fue modificado por el Real 
Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, para ampliar la prórroga de la vigencia de la 
medida.
Así,  ambas  medidas,  el  derecho  a  la  percepción  del  bono  social  por  parte  de 
determinados colectivos en situación de vulnerabilidad económica y social y la garantía 
de  suministro  a  los  consumidores  vulnerables  de  agua,  electricidad  y  gas  natural, 
mantienen su vigencia hasta el 31 de octubre de 2021, de conformidad con lo dispuesto  s
en citado Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo. e.
Teniendo en cuenta la proximidad de la fecha en la que dejarán de surtir efectos las  w.
referidas medidas, así como el ritmo de recuperación de la coyuntura de actividad  456ww
leac onneócmesicidaa edn  udne  mseogmueirn toco dneta inndceor ticdounm burne  emna lrac oa cjtuuraídl isciotu adceió na psoaynoit aari ad, esete mrmainntaiednoes 
colectivos en situación de vulnerabilidad económica y social a los que aún no han
alcanzado  los  efectos  positivos  de  la  reactivación  económica  que  se  está 
experimentando.
Asimismo, estas medidas de apoyo complementan a las adoptadas por el Real 
Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión 
del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, en el contexto actual de 
precios de la energía eléctrica, mediante la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
que afecta en mayor medida a los hogares con menor renta, entre los que se encuentran 
tanto los consumidores vulnerables del régimen ordinario, como los que se han acogido 
a las medidas adoptadas por los citados reales decretos-leyes durante la situación 
sanitaria que aún se mantiene.
Ante esta coyuntura económica de transición y la evolución reciente de la cotización 
de las materias primas y los derechos de emisión de CO  en el mercado europeo que 
2
tienen su repercusión en los precios finales de la energía eléctrica, con especial énfasis 
en los colectivos más vulnerables, se considera justificada la extraordinaria y urgente 
necesidad que permite la articulación de las medidas previstas en el artículo primero del 
presente real decreto-ley, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Española 
y, por consiguiente, la ampliación del período de prestación del descuento del bono 
social y la garantía de suministro a los consumidores vulnerables de agua, electricidad y 
gas natural hasta el 28 de febrero de 2022.
En  otro  orden  de  cosas,  la  situación  socioeconómica  de  un  país,  y  muy 
especialmente  en  los  tiempos  de  crisis  extraordinarias  como  la  provocada  por  la 
pandemia de COVID-19, también incide de manera directa en su actividad judicial, de ahí 
que un análisis adecuado de los datos de los órganos jurisdiccionales permita inferir el 
impacto socioeconómico de las medidas incluidas hasta ahora en el denominado escudo 
social, que tienden a la protección de las capas más vulnerables de la ciudadanía.
Así, ante este contexto, se han venido aprobando diferentes reales decretos-leyes 
que han adoptado diversas medidas orientadas a paliar los graves perjuicios sociales y 
económicos provocados a la población por la pandemia. En concreto, la suspensión de 
los desahucios se incluyó en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo de 2020, y se 
proyecta hasta el 31 de octubre de 2021.
Los datos obtenidos de los boletines estadísticos del Consejo General del Poder 
Judicial permiten concluir que las medidas adoptadas en el año 2020 supusieron una 
disminución de las cifras de lanzamientos.
En efecto, respecto de las ejecuciones hipotecarias, en el año 2020 ha continuado la 
reducción de ejecuciones hipotecarias del año 2019. Así, en el primer trimestre de 2020 
se produjo una disminución del 8,6 %, que fue del 12,6 % en el segundo trimestre, en 
relación con los respectivos trimestres del año anterior.
En  cuanto  a  los  lanzamientos  practicados,  tanto  los  derivados  de  ejecuciones 
hipotecarias  como  los  derivados  de  procedimientos  de  la  Ley  de  Arrendamientos 
Urbanos o de ocupaciones de viviendas en precario, se han visto significativamente 
reducidos en los dos primeros trimestres del año 2020 respecto a los mismos trimestres 
del año anterior, con decrecimientos del 45,1 % y del 92,1 % en el caso de ejecuciones 
hipotecarias, y del 33,1 % y del 89,8 % en el caso de los lanzamientos derivados de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos o de los juicios de desahucio por precario. El número de 
lanzamientos practicados derivados de ejecuciones hipotecarias en el segundo trimestre 
de 2020 fue de tan solo 300 lanzamientos, cuando el número de lanzamientos del 
segundo trimestre de 2019 alcanzó los 3.812, lo que representa casi trece veces la cifra  s
del siguiente año, el de la pandemia de COVID-19 y la adopción de las consiguientes  oe.
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mientras que los lanzamientos con cumplimiento positivo, es decir, todos aquellos en los
que las personas demandadas se veían obligadas efectivamente al abandono de la
vivienda,  también  disminuyeron  de  forma  muy  importante:  un  31,5%  en  el  primer 
trimestre de 2020 y un 91,3 % en el segundo trimestre, respecto de los mismos periodos 
del año 2019.
Ello sin embargo, las cifras del primer trimestre de 2021 no son halagüeñas, ya que 
mientras que en todo el año 2020 ingresaron en los tribunales 57.482 demandas de 
juicios verbales que pueden concluir en el lanzamiento de las personas demandadas 
(verbales arrendaticios, verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas y verbales 
posesorios  restantes,  incluidos  los  juicios  de  desahucio  por  precario),  en  el  primer 
trimestre del año 2021 han ingresado 35.178 procedimientos de las mismas clases y, en 
el tercer trimestre de 2021, 46.196, lo cual indica una tendencia al alza. Ello significa 
que, de mantenerse uniforme la tendencia, se cerraría el año 2021 con un número 
superior a las 160.000 demandas de esta naturaleza.
Respecto de las ejecuciones hipotecarias, nos encontramos con 9.873 demandas 
presentadas en 2020 frente a las 7.081 del primer trimestre del año 2021 y 10.076 del 
tercer trimestre del año 2021 que, de nuevo, si se mantuviera la tendencia, alcanzarían 
más de 35.000 demandas de ejecución hipotecaria al final del presente año, en el que 
las consecuencias socioeconómicas de la pandemia tienen todavía fuerte presencia, 
especialmente en la población más vulnerable.
Esto significa que la desaparición del efecto derivado de otras medidas de protección 
social, unida a la prolongación de las medidas administrativas de contención de los 
contagios  (fundamentalmente  restricción  de  horarios  y  otras  específicas  del  sector 
turístico)  han  situado  a  muchas  familias  de  nuestro  país  en  una  situación  de 
vulnerabilidad económica que puede determinar el lanzamiento de sus viviendas y la 
agravación  decisiva  de  sus  condiciones  de  vida,  por  lo  que  resulta  absolutamente 
imprescindible  la  prórroga  de  estas  medidas  de  protección  hasta  el  28  de  febrero 
de 2022.
Por su parte, también las situaciones de vulnerabilidad provocadas por la pandemia 
en el ámbito económico y social están impactando en los hogares en España, y las 
especiales consecuencias que ello puede tener, de un modo particular, en el ámbito de la 
vivienda, justifican la extraordinaria y urgente necesidad de la adopción de las medidas 
propuestas,  y  la  necesidad  de  salvaguardar  la  protección  de  los  hogares  más 
vulnerables por un periodo adicional hasta el 28 de febrero de 2022 para garantizar la 
referida protección social en la salida de la crisis.
Las  modificaciones  propuestas  se  enmarcan  en  la  necesidad  de  extender  la 
aplicación de determinadas medidas de protección en el ámbito del arrendamiento de 
vivienda, ampliando hasta el día 28 de febrero de 2022, la posibilidad de suspensión de 
procedimientos  de  desahucios  y  lanzamientos  de  vivienda  en  situaciones  de 
vulnerabilidad y la posibilidad de compensación a arrendadores y propietarios, así como 
el periodo de aplicación de la prórroga extraordinaria de seis meses a los contratos cuyo 
vencimiento estuviese establecido entre el 31 de octubre de 2021 y el 28 de febrero 
de 2022, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor, siempre que no se 
hubiese  llegado  a  un  acuerdo  distinto  entre  las  partes.  Asimismo,  se  extiende  la 
posibilidad  de  solicitar  la  moratoria  o  condonación  parcial  del  pago  de  la  renta  al 
arrendatario que se encuentre en situación de vulnerabilidad hasta esa misma fecha 
de 28 de febrero de 2022, en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor o una 
empresa o entidad pública, y en los términos definidos en el Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo.
En el ámbito del alquiler deben destacarse dos aspectos del contexto que refuerzan  s
la necesidad de extender temporalmente las medidas indicadas de protección, en las  oe.
actuales circunstancias de progresiva salida de la crisis social y sanitaria derivada de la  w.
pandemia.  En  primer  lugar,  los  últimos  datos  de  Eurostat  muestran  la  importante  456ww
scoiebnrteoe dxep olassic ipóenr sfionnaansc iqeurae  avli vpeang eon d aellq auliqleuri lear  pqrueeci oc adrea cmteerrizcaa dnou deestsrtoin paaní sm: áusn  d3e7 ,u4n p 4o0r 
pdoerl  acliqeunitloe ra rl epgaisgtora ddae l eanlq euli lecro, nfjruennttoe  dae l ala m Uendióian  dEeu sroopbereae, xqpuoes isceió ns itfúinaa necni eerla  2a4l, 2p apgoor   BOE-A-cable e
ciento;  es  decir,  un  porcentaje  ligeramente  superior  al  12  por  ciento,  según  datos 
de 2019. Ello implica que cualquier variación en alguno de los dos elementos que 
determinan  dicho  indicador,  como  son  los  ingresos  de  los  hogares,  especialmente 
afectados en el actual contexto, y la renta del alquiler, sitúan a las personas y hogares 
afectados en un claro riesgo de exclusión residencial.
A  ello  se  suma,  en  segundo  lugar,  la  insuficiencia  de  uno  de  los  principales 
instrumentos  de  política  de  vivienda  para  atender  a  las  situaciones  de  mayor 
vulnerabilidad, como es el parque de vivienda social de las distintas administraciones 
territoriales competentes que pueda servir para atender a los hogares con menores 
ingresos o con mayores dificultades de acceso a la vivienda en el mercado. Según las 
últimas estimaciones del Observatorio de Vivienda y Suelo, recogidas en el Boletín 
Especial de Vivienda Social 2020, el parque de vivienda de titularidad pública en alquiler 
apenas  alcanza  las  290.000  viviendas  en  el  conjunto  de  España,  una  cifra  que 
únicamente permite dar cobertura al 1,6 % de los hogares. En relación con ello, debe 
destacarse que, aunque ya están en curso importantes medidas en el plano legislativo, 
como es la elaboración de una legislación estatal en materia de vivienda, se ha realizado 
un  esfuerzo  presupuestario  sin  precedentes  para  revertir  esta  situación  y  se  ha 
planificado  desde  el  Estado,  en  coordinación  con  el  resto  de  administraciones 
territoriales, la construcción de nuevas viviendas públicas de alquiler social. En el actual 
contexto, este déficit de vivienda social constituye un elemento que justifica la necesidad 
de extender temporalmente las medidas de protección en el ámbito del alquiler, en el 
marco de la excepcionalidad de la situación en estos meses de salida la pandemia.
En materia de protección contra la violencia de género, al inicio de la crisis de la 
COVID-19 el Ministerio de Igualdad promovió la declaración de los servicios de atención 
integral a las víctimas de violencia de género como servicios esenciales, tomando en 
consideración el impacto que supuso la pandemia en el agravamiento de la situación de 
vulnerabilidad social y económica de las víctimas, lo cual se plasmó en el Real Decreto-
ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia 
a las víctimas de violencia de género.
A pesar de ello, tras la finalización del estado de alarma, y a pesar de las medidas 
del  escudo  social,  las  víctimas  de  violencia  de  género  continúan  enfrentándose  a 
numerosos obstáculos para lograr su autonomía económica, elemento fundamental para 
la salida de la violencia.
Además, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de 
Género,  en  los  meses  de  mayo,  junio  y  julio  la  violencia  de  género  más  extrema 
experimentó un repunte que alcanzó los 21 asesinatos en tres meses y tras el periodo 
estival las cifras se han mantenido en datos equivalentes a los del pasado año 2020 –37 
asesinatos hasta el mes de septiembre en 2020 y 35 en 2021–, y se ha producido un 
aumento  del  número  de  mujeres  atendidas  por  los  servicios  gestionados  por  la 
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (016, ATENPRO y dispositivos de 
geolocalización).
Todo ello hace que las medidas de lucha contra la violencia de género hayan de 
continuar siendo una prioridad para el Gobierno y los servicios de protección y asistencia 
a las víctimas hayan de seguir siendo considerados como servicios esenciales.
IV
El  artículo  86  de  la  Constitución  Española  de  1978  permite  al  Gobierno  dictar  s
decretos-leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten  e.
al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y  w.
libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las  456ww
comEusntied ardeeasl  aduetcórneotom-laesy  nnio a la Dfeecrteac hao  laesle cmtoartaelr igaesn emreanl.cionadas en el referido artículo
constitucional, pues la totalidad de sus preceptos plantean extensiones temporales,
puntuales y excepcionales de medidas extraordinarias ya adoptadas en el Real Decreto-
ley 8/2021, de 4 de mayo.
Respecto del supuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad establecido 
en el artículo 86.1 CE, la jurisprudencia constitucional ha señalado que su apreciación 
forma  parte  del  juicio  político  o  de  oportunidad  del  Gobierno  (por  todas, 
sentencias 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre FJ 3). En este 
sentido, el Tribunal Constitucional ha precisado que la figura constitucional del real 
decreto-ley resulta un instrumento constitucionalmente lícito siempre que el fin que 
justifique emplear la legislación de urgencia sea el de subvenir a una situación concreta, 
dentro de los objetivos gubernamentales, y que por razones difíciles de prever requiere 
de una acción normativa inmediata (por todas, sentencias 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 
11/2002, de 17 de enero, FJ 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ 3, y 189/2005, de 7 julio, FJ 3; 
68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7).
A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional ha defendido que el real decreto-
ley es una herramienta adecuada para paliar «coyunturas económicas problemáticas» y 
sus graves efectos según sentencias de STC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, 
de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8. Concretamente, y en 
relación  con  la  adopción  de  medidas  de  carácter  social  y  económico,  el  Tribunal 
Constitucional viene avalando de manera reiterada la adopción de este tipo de medidas 
en situaciones excepcionales y de urgente necesidad, tal y como demuestran aún los 
efectos de la pandemia del COVID-19 en nuestro país (SSTC 110/2021, de 13 de mayo 
(FJ 5) y 111/2021, de 13 de mayo (FJ 5).
En la situación actual, y pese a que los efectos de una vacunación masiva están 
atenuando los graves efectos de la pandemia en términos sanitarios, ello no es óbice 
para que la persistencia de sus consecuencias en el ámbito económico, social y laboral 
mantenga situaciones de vulnerabilidad que es necesario atender mientras se empiezan 
a sentir en todos los hogares y colectivos los síntomas de recuperación que aprecia 
nuestra economía en términos macroeconómicos.
A pesar del ya mencionado avance e incremento constante de la vacunación en 
España, y de las perspectivas macroeconómicas favorables que apuntan los principales 
organismos supervisores nacionales, europeos e internacionales, si bien próxima, aún no 
se ha alcanzado la plena recuperación económica previa a la pandemia del COVID-19, lo 
que  supone  el  mantenimiento  de  situaciones  persistentes  de  vulnerabilidad  que 
requieren de una atención y protección social, particularmente tanto en materia de 
suministro energético de hogares y consumidores vulnerables, en arrendamientos de 
vivienda, así como en la lucha contra la violencia de género.
De este modo, la situación en el ámbito económico y social que aún están afrontando 
estos colectivos vulnerables en España, justifica y explica la necesidad de la adopción de 
medidas  continuistas de  protección que permitan  salvaguardar la protección de los 
hogares y personas más vulnerables.
Por ello, como ha quedado acreditado para cada una de las distintas medidas que se 
contemplan en este real decreto-ley, concurre en él el presupuesto habilitante previsto en 
el  artículo  86.1  de  la  Constitución  Española  de  existencia  de  una  situación  de 
extraordinaria y urgente necesidad, que hace del todo imperativo que el Gobierno de la 
Nación siga adoptando actuaciones que permitan extender y prorrogar la vigencia de 
aquellas medidas de carácter socioeconómico y jurisdiccional, acordadas por el Real 
Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, próximas a su finalización y que a día de hoy siguen 
siendo fundamentales para garantizar el bienestar social de la ciudadanía, en particular  s
de aquellas personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad. oe.
En suma, como se ha argumentado anteriormente, todas las medidas adoptadas se  w.
consideran las necesarias e imprescindibles para atender a los intereses generales  456ww
raefelacctiaódno sd ee xiasdtieecnudaoc i(óSnT Ce n1tr3e9 /2la0 1s6i tudaec i2ó1n  judleiofi,n iFdJa  3q)u, e« ucnoan sctoitnueyxei óne l dper esseunptuideos too 
habilitante y las medidas que en el decreto-ley se adoptan» (así, desde un principio,
STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3, hasta otras más recientes SSTC 96/2014, de 12 de 
junio, FJ 5, y 183/2014, de 6 de noviembre, FJ 4).
Por otra parte, resulta claro que, en el caso de haberse optado por el procedimiento 
legislativo  ordinario,  aun  habiéndose  declarado  la  tramitación  de  urgencia  prevista 
normativamente tanto en sede administrativa como parlamentaria, no se conseguiría en 
tiempo y forma aprobar estas medidas socioeconómicas destinadas a dar la necesaria 
cobertura jurídica a las situaciones descritas, las cuales derivan de la situación de crisis 
sanitaria, económica y  social ocasionadas  por  la pandemia del COVID-19, máxime 
cuando se trata únicamente de prorrogar aquellas medidas de protección social ya 
adoptadas previamente y cuyo plazo de vigencia finalizaría el próximo 31 de octubre. De 
esta forma, se da cumplimiento a la jurisprudencia constitucional que exige que las 
medidas deban adoptarse en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o 
por  el  procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes 
(SSTC 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7).
Pero además, la intrínseca imprevisibilidad de la evolución de esta crisis y de sus 
secuelas  en  el  ámbito  económico  y  social  obliga  a  adoptar  medidas  que,  por  su 
naturaleza, justificación y finalidad, han de ser necesariamente contingentes y limitadas 
en el tiempo, lo que ha obligado, a la vista de dicha evolución y del análisis de su 
impacto en las situaciones de vulnerabilidad que se pretenden paliar y proteger, a 
prorrogar en el tiempo, por plazos cortos y limitados, la vigencia de dichas medidas.
Por una circunstancia bien distinta, pero igualmente extraordinaria y urgente, se hace 
necesario modificar la Disposición Adicional sexta del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 
de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación 
económica  y  la  mejora  del  mercado  de  trabajo.  En  él  se  contienen  medidas 
extraordinarias de Seguridad Social para los trabajadores autónomos afectados por la 
erupción  volcánica,  todavía  activa,  en  la  zona  de  Cumbre  Vieja  en  La  Palma.  La 
magnitud de esta catástrofe natural y su prolongación en el tiempo han puesto de 
manifiesto limitaciones en la acción protectora extraordinaria inicialmente diseñada que 
hacen imprescindible y urgente su corrección para que cumplan adecuadamente la 
finalidad para la que fueron diseñadas estas prestaciones.
V
Finalmente, el real decreto-ley atiende al cumplimiento y respeto de los principios de 
buena  regulación,  exigibles  en  todo  texto  normativo,  y  que  se  contemplan  en  el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
Así, la necesidad, eficacia y eficiencia se apoyan en el interés general en el que se 
fundamentan las medidas de protección que se establecen para los colectivos y hogares 
más  vulnerables.  Se  respeta  también  el  principio  de  proporcionalidad,  ya  que  la 
extensión y prórroga de vigencia de medidas que se contiene en esta norma es limitada 
en el tiempo que se consideran aún necesarias e imprescindibles para paliar la situación 
de vulnerabilidad de estos colectivos como consecuencia de la pandemia por un plazo 
prudencial y excepcional (por todas, STC 139/2016, de 21 julio).
Asimismo,  la  norma  resulta  coherente  con  el  vigente  ordenamiento  jurídico, 
ajustándose, por ello, al principio de seguridad jurídica. Y, por último, en cuanto al 
principio de transparencia, esta norma, si bien está exenta de los trámites de consulta 
pública, audiencia e información pública por tratarse de un decreto-ley, tal y como  s
autoriza el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, define  e.
claramente sus objetivos, reflejados tanto en su parte expositiva como en la Memoria  w.
que lo acompaña. 456ww
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la
CCoonrtsetsit uyc iMóne mEosrpiaa ñDoelam, oac rpártoicpau;e dseta  ladse lM Mininisistrtaros  pdaer ala  laP rTersaindseinccióian,  ERceolalócgioicnae sy  ceol nR elatos 
Demográfico; de Justicia; de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; de Derechos
Sociales y Agenda 2030, y de Igualdad; y del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de 
octubre de 2021,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas extraordinarias aplicables a situaciones de vulnerabilidad económica y 
social
Artículo primero.  Modificación del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras 
la  finalización  de  la  vigencia  del  estado  de  alarma  declarado  por  el  Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
El Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes 
en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2, queda modificado en los siguientes términos:
Uno.  El apartado 1 del artículo 4 queda redactado como sigue:
«1.  Hasta el 28 de febrero  de  2022 inclusive, no  podrá  suspenderse el 
suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores en los 
que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo 
de exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 
de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social 
y otras medidas de protección para los consumidores domésticos. Para acreditar 
la condición de consumidor vulnerable ante las empresas suministradoras de gas 
natural y agua bastará la presentación de la última factura de electricidad en la 
que se refleje la percepción del bono social de electricidad.»
Dos.  El apartado 7 del artículo 5 queda redactado como sigue:
«7.  En cualquier caso, la condición de consumidor vulnerable prevista en 
este artículo y, por tanto, el derecho a percibir el bono social en los términos que 
corresponda, se extinguirá con fecha 28 de febrero de 2022, sin perjuicio de la 
posibilidad  de  acogerse  a  dicha  condición  en  cualquier  momento  anterior  o 
posterior a esa fecha al amparo del resto de supuestos previstos en el Real 
Decreto 897/2017, de 6 de octubre.»
CAPÍTULO II
Medidas en materia de vivienda
Artículo segundo.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico  e
para hacer frente al COVID-19. bo
mCOedVSidIeDa -sm1 9uo,rd geiefnicn altoe sse  lsc iRogmueiaeplnl etDmeesec tnréetratmori-ainlesoy es :n11 e/2l 0á2m0b, itdoe s o3c1i adl ey  emcaornzóom, ipcoor  peal raq uhea cseer  fardeonpteta anl   2021-17456n https://ww
Uno.  El artículo 1 queda redactado como sigue:
«Artículo 1.  Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos 
para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
1.  Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 28 de 
febrero de 2022, en todos los juicios verbales que versen sobre reclamaciones de 
renta  o  cantidades  debidas  por  el  arrendatario,  o  la  expiración  del  plazo  de 
duración de contratos suscritos conforme a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos, que pretendan recuperar la posesión de la finca, se 
haya suspendido o no previamente el proceso en los términos establecidos en el 
apartado 5 del artículo 441 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, la persona arrendataria podrá instar, de conformidad con lo previsto en este 
artículo, un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento 
ante el Juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que 
le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas 
con las que conviva.
Así mismo, si no estuviese señalada fecha para el lanzamiento, por no haber 
transcurrido  el  plazo  de  diez  días  a  que  se  refiere  el  artículo  440.3  de  la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, o por no haberse celebrado la 
vista, se suspenderá dicho plazo o la celebración de la vista.
Estas medidas de suspensión que se establecen con carácter extraordinario y 
temporal, en todo caso, dejarán de surtir efecto el 28 de febrero de 2022.
2.  Para que opere la suspensión a que se refiere el apartado anterior, la 
persona  arrendataria  deberá  acreditar  que  se  encuentra  en  alguna  de  las 
situaciones  de  vulnerabilidad  económica  descritas  en  las  letras  a)  y  b)  del 
artículo  5.1  del  presente  real  decreto-ley  mediante  la  presentación  de  los 
documentos previstos en el artículo 6.1. El Letrado de la Administración de Justicia 
dará traslado de dicha acreditación al demandante, quien en el plazo máximo de 
diez días podrá acreditar ante el Juzgado, por los mismos medios, encontrarse 
igualmente en la situación de vulnerabilidad económica descrita en la letra a) del 
artículo 5.1 o en riesgo de situarse en ella, en caso de que se adopte la medida de 
suspensión del lanzamiento.
3.  Una  vez  presentados  los  anteriores  escritos,  el  Letrado  de  la 
Administración  de  Justicia  deberá  trasladar  inmediatamente  a  los  servicios 
sociales  competentes  toda  la  documentación  y  solicitará  a  dichos  servicios 
informe, que deberá ser emitido en el plazo máximo de diez días, en el que se 
valore la situación de vulnerabilidad del arrendatario y, en su caso, del arrendador, 
y se identifiquen las medidas a aplicar por la administración competente.
4.  El Juez, a la vista de la documentación presentada y del informe de 
servicios  sociales,  dictará  un  auto  en  el  que  acordará  la  suspensión  del 
lanzamiento si se considera acreditada la situación de vulnerabilidad económica y, 
en su caso, que no debe prevalecer la vulnerabilidad del arrendador. Si no se 
acreditara  la  vulnerabilidad  por  el  arrendatario  o  bien  debiera  prevalecer  la 
situación  de  vulnerabilidad  del  arrendador  acordará  la  continuación  del 
procedimiento.  En  todo  caso,  el  auto  que  fije  la  suspensión  señalará 
expresamente que el 28 de febrero de 2022 se reanudará automáticamente el 
cómputo de los días a que se refiere el artículo 440.3 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, o se señalará fecha para la celebración de la vista  e.
y, en su caso, del lanzamiento, según el estado en que se encuentre el proceso. w.b
Acreditada la vulnerabilidad, antes de la finalización del plazo máximo de  456ww
smuesdpiednassi óinn,d iclaasd aAs demni neisl triancfoiormnees  dpeú bsleicravisc iocso msopceitaelnetse su  doetrbaesr áqnu, e acdoonpstaidre rleans 
avudlenceuraabdialisd apda rqau sea gtisafraacnetirc lean n seuc eascicdeasdo h aa buitnaac ivoinvaiel nddea l ad ipgenras.o Unan ae nv eszit uaapcliicóand daes 
dichas  medidas  la  Administración  competente  habrá  de  comunicarlo
inmediatamente al Tribunal, y el Letrado de la Administración de Justicia deberá 
dictar en el plazo máximo de tres días decreto acordando el levantamiento de la 
suspensión del procedimiento.
5.  A los efectos previstos en el artículo 150.4 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, se entenderá que concurre el consentimiento de la 
persona arrendataria por la mera presentación de la solicitud de suspensión.
Se entenderá igualmente que concurre el consentimiento del arrendador para 
hacer la comunicación prevenida en este artículo por la mera presentación del 
escrito alegando su situación de vulnerabilidad económica.»
Dos.  El artículo 1 bis queda redactado como sigue:
«Artículo 1 bis.  Suspensión hasta el 28 de febrero de 2022 del procedimiento de 
desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables 
sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del 
artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en 
aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal.
1.  Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 28 de 
febrero de 2022, en todos los juicios verbales en los que se sustancien las 
demandas a las que se refieren los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros procesos 
penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas 
personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello, el Juez 
tendrá la facultad de suspender el lanzamiento hasta el 28 de febrero de 2022.
Estas medidas de suspensión que se establecen con carácter extraordinario y 
temporal, dejarán de surtir efecto en todo caso el 28 de febrero de 2022.
2.  Será necesario para poder suspender el lanzamiento conforme al apartado 
anterior, que se trate de viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o a 
personas físicas titulares de más de diez viviendas y que las personas que las 
habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica por 
encontrarse en alguna de las situaciones descritas en la letra a) del artículo 5.1.
El Juez tomará la decisión previa valoración ponderada y proporcional del caso 
concreto,  teniendo  en  cuenta,  entre  otras  que  procedan,  las  siguientes 
circunstancias:
a)  Las circunstancias relativas a si la entrada o permanencia en el inmueble 
está motivada por una situación de extrema necesidad. Al efecto de analizar el 
estado  de  necesidad  se  valorará  adecuadamente  el  informe  de  los  servicios 
sociales emitido conforme al apartado siguiente.
b)  Las  circunstancias  relativas  a  la  cooperación  de  los  habitantes  de  la 
vivienda con las autoridades competentes en la búsqueda de soluciones para una 
alternativa habitacional que garantizara su derecho a una vivienda digna.
3.  Para que opere la suspensión a que se refiere el apartado anterior, quien 
habite la vivienda sin título habrá de ser persona dependiente de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado dos del artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia, víctima de violencia sobre la mujer o tener a su cargo, 
conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad. e.
En todo caso, la persona o personas que ocupan la vivienda sin título deberán  w.b
acreditar,  además,  que  se  encuentran  en  alguna  de  las  situaciones  de  456ww
vduelcnreertaob-lieliyd adm eecdoiannótme iclaa  depsrecsrietansta ecnió lna  ledter a lao)s  dedl oacrutímcuelnot o5s.1  dperel vpisretosse nteen r eaell 
aarctríecudliota c6ió.1n.  aEl ld Leemtraanddoa ndtee  ola  dAednmuninciisatnratec.ión de Justicia, dará traslado de dicha
4.  El  Letrado  de  la  Administración  de  Justicia  deberá  trasladar 
inmediatamente a los servicios sociales competentes toda la documentación y 
solicitará a dichos servicios informe, que deberá ser emitido en el plazo máximo de 
quince días, en el que se valore la situación de vulnerabilidad de la persona o 
personas  que  hayan  fijado  en  el  inmueble  su  vivienda,  y  se  identifiquen  las 
medidas a aplicar por la administración competente.
5.  Acreditada la situación de vulnerabilidad de la persona que habite en la 
vivienda y ponderadas por el Juez todas las demás circunstancias concurrentes, 
este dictará auto acordando, en su caso, la suspensión por el tiempo que reste 
hasta el 28 de febrero de 2022. Si el solicitante no acreditara la vulnerabilidad o no 
se encontrara entre las personas con derecho a instar la suspensión conforme a lo 
señalado en el apartado 2 o concurriera alguna de las circunstancias previstas en 
el apartado 6, el juez acordará mediante auto la continuación del procedimiento.
Durante el plazo máximo de suspensión fijado, las administraciones públicas 
competentes deberán, caso de quedar constatada la vulnerabilidad económica, 
adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que 
consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en 
situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna. Una 
vez  adoptadas  dichas  medidas  la  Administración  competente  habrá  de 
comunicarlo inmediatamente al Tribunal competente, y el Juez deberá dictar en el 
plazo máximo de tres días auto acordando el levantamiento de la suspensión del 
procedimiento y el correspondiente lanzamiento.
6.  A los efectos previstos en el artículo 150.4 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, se entenderá que concurre el consentimiento de la 
persona demandada por la mera presentación de su solicitud de suspensión.
7.  En ningún caso procederá la suspensión a que se refiere este artículo si la 
entrada o permanencia en la vivienda ha tenido lugar en los siguientes supuestos:
a)  Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona 
física,  si  en  dicho  inmueble  tiene  su  domicilio  habitual  o  segunda  residencia 
debidamente acreditada, sin perjuicio del número de viviendas de las que sea 
propietario.
b)  Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona 
física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una 
persona  física  que  tuviere  en  él  su  domicilio  habitual  o  segunda  residencia 
debidamente acreditada.
c)  Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido 
mediando intimidación o violencia sobre las personas.
d)  Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando 
para la realización de actividades ilícitas.
e)  Cuando la entrada o permanencia se haya producido en inmuebles de 
titularidad pública o privada destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado 
la vivienda a un solicitante por parte de la administración o entidad que gestione 
dicha vivienda.
f)  Cuando la entrada en la vivienda se haya producido con posterioridad a la 
entrada en vigor del presente real decreto-ley.»
Tres.  El artículo 2 queda redactado como sigue:
«Artículo  2.  Prórroga  extraordinaria  de  los  contratos  de  arrendamiento  de  bo
vivienda habitual. 456ww
Ley E2n9 /1l9o9s4 , cdoen t2ra4t odse  ndoev ieamrbreren,d adme iAernrteon ddaem ievnivtoiesn Udarb ahnaobsi,t ueanl  lossu qjeutoes,  dean trloa 
del periodo comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta
el 28 de febrero de 2022, finalice el periodo de prórroga obligatoria previsto en el  Bc
artículo 9.1, o el periodo de prórroga tácita previsto en el artículo 10.1, ambos 
artículos de la referida Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos,  podrá  aplicarse,  previa  solicitud  del  arrendatario,  una  prórroga 
extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de 
seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones 
establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga extraordinaria 
deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se hayan fijado otros términos o 
condiciones por acuerdo entre las partes, o en el caso de que el arrendador haya 
comunicado en los plazos y condiciones establecidos en el artículo 9.3 de la 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, la necesidad de 
ocupar la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus 
familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge 
en  los  supuestos  de  sentencia  firme  de  separación,  divorcio  o  nulidad 
matrimonial.»
Cuatro.  El apartado 1 del artículo 4 queda redactado como sigue:
«1.  La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al 
amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que 
se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el 
artículo siguiente, podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una 
empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la 
persona  física  o  jurídica  que  sea  titular  de  más  de  diez  inmuebles  urbanos, 
excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, 
hasta el 28 de febrero de 2022, el aplazamiento temporal y extraordinario en el 
pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial 
de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo 
entre ambas partes.»
Artículo tercero.  Modificación del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de 
medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y 
económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
Se modifica el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes 
para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de 
la vivienda y en materia de transportes, en los siguientes términos:
Uno.  El apartado 2 de la disposición adicional segunda queda redactado como 
sigue:
«2.  La compensación consistirá en el valor medio que correspondería a un 
alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a 
partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras 
referencias  objetivas  representativas  del  mercado  de  arrendamiento,  más  los 
gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador, por el 
período que medie entre que se acordare la suspensión y el momento en el que la 
misma se levante por el Tribunal o hasta el 28 de febrero de 2022. No obstante, si 
dicho valor fuera superior a la renta que viniera percibiendo el arrendador, la 
compensación consistirá en renta dejada de percibir durante el mismo período 
señalado anteriormente más los gastos corrientes.» e.e
Dos.  El apartado 3 de la disposición adicional segunda queda redactado como  456www.
sigue: «3.  La solicitud de compensación podrá presentarse hasta el 31 de marzo
de 2022, debiendo formular el arrendador una exposición razonada y justificada de
la  compensación  que  considere  procedente  sobre  la  base  de  los  criterios 
indicados anteriormente.»
Tres.  El apartado 5 de la disposición adicional segunda queda redactado como 
sigue:
«5.  Si se acreditara la concurrencia de perjuicio económico en los términos 
establecidos en el apartado anterior, la compensación consistirá en el valor medio 
que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el 
inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler 
de  vivienda  u  otras  referencias  objetivas  representativas  del  mercado  de 
arrendamiento,  más  los  gastos  corrientes  de  la  vivienda  que  acredite  haber 
asumido  su  propietario,  por  el  período  que  medie  entre  que  se  acordare  la 
suspensión y el momento en el que la misma se levante por auto o hasta el 28 de 
febrero de 2022.»
Cuatro.  El apartado 6 de la disposición adicional segunda queda redactado como 
sigue:
«6.  La solicitud de compensación podrá presentarse hasta el 31 de marzo 
de 2022, debiendo formular el titular de la vivienda una exposición razonada y 
justificada de la compensación que considere procedente sobre la base de los 
criterios indicados anteriormente.»
CAPÍTULO III
Medidas extraordinarias en materia de violencia de género
Artículo cuarto.  Prórroga de la consideración como esenciales de los servicios de 
protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.
1.  A los efectos de lo previsto en la Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas 
urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, se 
prorroga hasta el 28 de febrero de 2022 la consideración como esenciales de los 
servicios establecidos en sus artículos 2 a 5.
2.  A  estos  efectos,  las  administraciones  públicas  competentes  adoptarán  las 
medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios que les son propios.
3.  La misma exigencia será aplicable a aquellas empresas y proveedores que 
resulten esenciales para la prestación de los citados servicios.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final primera.  Modificación del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se modifica como sigue:
Uno.  Se modifica el artículo 332.1 para introducir un párrafo b) nuevo, pasando los  bo
actuales párrafos b), c) y d) a ser los párrafos c), d) y e) respectivamente. El párrafo b)  456ww
queda reda«cbt)a doL ae nf uloesr zsaig umieanytoers  tdéermteirnmoisn:ante  del  cese  temporal  o  definitivo  de  la
actividad económica o profesional se acreditará mediante documentación que
acredite la existencia de la misma y la imposibilidad del ejercicio de la actividad ya  Bc
sea de forma temporal o definitiva. Si el cese es definitivo deberá aportar la 
solicitud  de  baja  en  el  censo  tributario  de  Empresarios,  Profesionales  y 
Retenedores y la baja en el régimen especial de la Seguridad Social en el que 
estuviera encuadrado el solicitante. En el caso de que la actividad requiriera el 
otorgamiento  de  autorizaciones  o  licencias  administrativas,  se  acompañará  la 
comunicación de solicitud de baja correspondiente y, en su caso, la concesión de 
la misma, o bien el acuerdo de su retirada.
Si el cese es temporal, no procederá la baja en el régimen especial de la 
Seguridad Social.»
Dos.  Se modifica el artículo 337.1 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
para añadir un párrafo final, quedando redactado como sigue:
«1.  Los trabajadores autónomos que cumplan los requisitos establecidos en 
el artículo 330 deberán solicitar a la misma mutua colaboradora con la Seguridad 
Social a la que se encuentren adheridos el reconocimiento del derecho a la 
protección por cese de actividad.
Respecto  de  los  trabajadores  por  cuenta  propia  que  no  se  encuentren 
adheridos a una mutua, será de aplicación lo establecido en el apartado 3 del 
artículo 346.
El derecho al percibo de la correspondiente prestación económica nacerá 
desde el día siguiente a aquel en que tenga efectos la baja en el régimen especial 
al que estuvieran adscritos, de acuerdo con el artículo 46.4.a) del Reglamento 
general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de 
datos  de  trabajadores  en  la  Seguridad  Social,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 84/1996, de 26 de enero.
En el resto de supuestos regulados en ese mismo artículo, el nacimiento del 
derecho se producirá el día primero del mes siguiente a aquel en que tenga 
efectos a la baja como consecuencia del cese en la actividad.
Cuando el trabajador autónomo económicamente dependiente haya finalizado 
su relación con el cliente principal, para tener derecho al percibo de la prestación, 
no podrá tener actividad con otros clientes a partir del día en que inicie el cobro de 
la prestación.
En los supuestos de suspensión de actividad como consecuencia de fuerza 
mayor, el nacimiento del derecho se producirá el día en que quede acreditada la 
concurrencia de la fuerza mayor a través de los correspondientes documentos.»
Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por 
el que se aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas 
puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer 
frente  a  las  compensaciones  que  procedan,  y  por  el  que  se  establece  el 
procedimiento  para  el  reconocimiento  de  la  compensación  a  los  propietarios  y 
arrendadores a que se refieren los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Se modifica el artículo 3 del Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se 
aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar  s
los  recursos  del  Plan  Estatal  de  Vivienda  2018-2021,  a  fin  de  hacer  frente  a  las  oe.
lcaroeodscmo opapntreoatíncncsi ummaloiceesidon int1doe a syds  e 1uq  rulagbe ei csnpo tdrmeoespcl  eecRodnmaseanapc,l l ieóDymn e pecaonr ertlao toresi- all pesqry oue pe1ni1  ee/st2lae 0ár i2moe0ssb, t iaytdo bea lse rro3cece1ni  addela ely d  poemrrcoeaocsrnez óaodm ,im qipucioeeorn   psteoeal  r rapqe auhfireeaa rc eseeenrl     2021-17456n https://www.
frente al COVID-19, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo  3.  Procedimiento  para  la  presentación,  tramitación  y  resolución  de 
solicitudes formuladas por los arrendadores o propietarios de las viviendas 
afectadas.
1.  El  procedimiento  para  la  obtención  de  compensaciones  se  iniciará  a 
instancia de parte, mediante la correspondiente solicitud, que podrá presentarse 
hasta el 31 de marzo de 2022.
2.  El arrendador o el propietario dirigirán su solicitud al órgano competente 
en materia de vivienda de la comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta y 
Melilla, que deberá ir acompañada de una exposición razonada y justificada de la 
compensación por el período que medie entre que se acordare la suspensión 
extraordinaria del artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, o bien 
la suspensión del lanzamiento del artículo 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, y el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o por 
alcanzar el límite temporal del 28 de febrero de 2022, y que considere procedente 
sobre la base de los siguientes criterios:
a)  El valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno 
en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia 
del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del 
mercado de arrendamiento. Si dicho valor fuera superior a la renta que viniera 
percibiendo el arrendador, la compensación consistirá en renta dejada de percibir.
b)  Los  gastos  corrientes  de  la  vivienda  que  acredite  haber  asumido  el 
arrendador o propietario, por el período que medie entre que se acordare la 
suspensión y el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o por 
alcanzar el límite temporal del 28 de febrero de 2022.
c)  En el caso de la suspensión del lanzamiento del artículo 1 bis del Real 
Decreto-ley citado, se deberá acreditar, por el propietario, el perjuicio económico 
que le ha ocasionado al encontrarse la vivienda ofertada en venta o arrendamiento 
con anterioridad a la entrada en el inmueble.
3.  Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla tramitarán las 
compensaciones  a  arrendadores  o  propietarios  previstas  en  el  Real  Decreto-
ley 37/2020, de 22 de diciembre, conforme con lo establecido en el presente real 
decreto y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud, así como el resto de trámites del procedimiento, se realizarán por 
medios electrónicos cuando el solicitante se encuentre entre los sujetos recogidos 
en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las personas físicas podrán 
presentar  su  solicitud  en  cualquiera  de  los  lugares  del  artículo  16.4  de  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, y realizar el resto de trámites del procedimiento por 
medios no electrónicos o bien ejercitar su derecho a relacionarse electrónicamente 
con las administraciones públicas.
4.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución al interesado será 
de tres meses, si bien excepcionalmente el órgano competente podrá acordar de 
manera  motivada  ampliar  el  plazo  en  tres  meses  más,  circunstancia  que  se 
notificará  expresamente  al  interesado.  Vencido  el  plazo  máximo  sin  haberse 
notificado resolución expresa, el interesado podrá entenderla estimada por silencio 
administrativo. s
5.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán  oe.
dpeesrcaerrpoclilóanr  od ec loams pcloemtapr eensstaec piornoeces dpimori eenl taor rceonnd aodbojer too  edl ep rfoapciielittaarr ios.u» gestión y la  2021-17456n https://www.
Disposición  final  tercera.  Modificación  del  Real  Decreto-ley  18/2021,  de  28  de 
septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación 
económica y la mejora del mercado de trabajo.
Se modifica la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de 
septiembre,  de  medidas  urgentes  para  la  protección  del  empleo,  la  recuperación 
económica y la mejora del mercado de trabajo, que queda redactada como sigue:
«Disposición adicional sexta.  Medidas extraordinarias de Seguridad Social para 
los trabajadores autónomos afectados por la erupción volcánica registrada en 
la zona de Cumbre Vieja en La Palma.
Uno.  Prestación de cese de actividad para los trabajadores autónomos que 
se  vean  obligados  a  cesar  en  la  actividad  como  consecuencia  directa  de  la 
erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de La Palma.
1.  Los trabajadores autónomos que se vean obligados a cesar en la actividad 
como consecuencia directa de la erupción volcánica registrada en la zona de 
Cumbre Vieja en La Palma podrán causar derecho a percibir la prestación por 
cese de actividad, regulada en el título V del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, sin que se computen, a efectos de consumir los períodos máximos de 
percepción establecidos, los cinco primeros meses de percepción de la prestación.
Se considerará como cumplido, a los efectos de poder acceder a la prestación 
por cese de actividad, el requisito de cotización, previsto en el artículo 338 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
2.  Los trabajadores autónomos que a 30 de septiembre de 2021 hayan 
percibido algunas de las prestaciones recogidas en los artículos 6, 7 y 8 o en la 
disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, 
sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y 
la protección de los trabajadores autónomos, y se vean obligados a cesar en su 
actividad como consecuencia de la erupción volcánica registrada en la zona de 
Cumbre Vieja en La Palma, tendrán derecho a percibir cinco meses de prestación 
de cese de actividad que no se les computará a los efectos de consumir los 
períodos máximos de percepción establecidos.
Dos.  Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas.
1.  Los trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender todas sus 
actividades como consecuencia de los daños ocasionados por las erupciones 
volcánicas, tendrán derecho a una prestación económica por cese de actividad de 
naturaleza extraordinaria, en los términos que se establecen en este apartado, 
siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
a)  Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, el 19 de septiembre 
de 2021. es
b)  Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No  o
drproeeelbagqrszeuutoaclias nhirtitoimoez ,a,ap  ce srlioalió  r óneprro nrgogd ataelenablc o lcfde egie ócesdnhsce.atu o brtdr ieeeinr invtloatita  a psráurdo síaadpslue  cpninasráagió tounp r alaedll neetro sals ab i naeagjfacerdteciovstoired s aa ludapt saón rnoaco  umsloaeot  a acpsdu aqmrduaepi sbqliiieucdrieaóa sn e.e  nds Lteeeall     OE-A-2021-17456able en https://www.
2.  La cuantía de la prestación será del 70 por 100 de la base mínima de 
cotización que corresponda por la actividad desarrollada.
3.  El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de 
la medida de suspensión de la actividad y finalizará el último día del mes en el que 
se reinicie la actividad o hasta el 28 de febrero de 2022 si esta fecha fuese 
anterior.
4.  Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá 
el alta en el régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo 
exonerado de la obligación de cotizar. La exoneración del ingreso de las cuotas se 
extenderá desde el primer día del mes en el que se adopte la medida de cierre de 
actividad hasta el último día del mes en el que se reinicie la actividad, o hasta 
el 28 de febrero de 2022 si esta última fecha fuese anterior.
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación 
de cotizar se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al 
mismo serán asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se 
cubra la correspondiente prestación.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta 
prestación extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio 
de dicha prestación.
La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones 
en la cotización a las que pueda tener derecho el trabajador beneficiario de esta 
prestación extraordinaria por cese en la actividad no se modificará por el percibo 
de esta última.
Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina proporcionarán a la 
Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria, a través de los 
procedimientos que establezca esta última, para la aplicación de lo establecido en 
este  apartado,  tanto  en  el  momento  del  reconocimiento  provisional  de  la 
prestación como en la revisión posterior, conforme a lo establecido en el párrafo 9.
5.  El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una 
retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos 
del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del salario 
mínimo interprofesional, con el desempeño de otra actividad por cuenta propia, 
con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuyo actividad se 
haya visto afectada por el cierre, así como con la percepción de una prestación de 
Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser 
compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el 
Régimen  Especial  de  la  Seguridad  Social  de  los  Trabajadores  del  Mar,  la 
prestación por cese de actividad será, además, incompatible con las ayudas por 
paralización de la flota.
6.  Los  socios  trabajadores  de  las  cooperativas  de  trabajo  asociado  que 
hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el 
régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación 
extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos establecidos en este apartado.
7.  La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
8.  El tiempo de percepción de la prestación no reducirá los periodos de 
prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en  s
el futuro. oe.
9.  La solicitud de la prestación deberá presentarse dentro de los primeros  w.
veintiún  días  naturales  siguientes  a  la  entrada  en  vigor  de  esta  norma  si  la  456ww
vseuisnptieúnns dióína ss eco hmae pnrzoadruác aid coo cnotanr a dnetesdrieo rliad asdu sap lean msióisnm dae.  Elan a octtrivoi dcaads.o, el plazo de
dereEcnh oe al  lcaa psore sdtea cqióune  sela  insiocilaicriátu edl  psreim perre sdeían tdee lf umeersa  sdigeul iepnlatezo a l edseta lbal escoildicoit,u de.l   BOE-A-cable e
En estos casos, el trabajador autónomo quedará exento de la obligación de cotizar 
desde el día que tenga derecho a percibir la prestación.
Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la 
solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución 
provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho. Finalizado 
el cierre de actividad se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales 
adoptadas. En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene 
derecho a la prestación, se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades 
indebidamente  percibidas,  debiendo  además  en  estos  casos  ingresar  las 
cotizaciones correspondientes a todo el periodo de percepción indebida de la 
prestación, aplicándose el procedimiento de gestión recaudatoria del sistema de la 
Seguridad Social en todos sus términos.
10.  Para poder admitir a trámite la solicitud, el interesado deberá aportar 
documento  expedido  por  la  administración  pública  competente  que  ponga  de 
manifiesto la suspensión de la actividad, una declaración jurada de los ingresos 
que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, así 
como una autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas 
colaboradoras  encargadas  de  la  gestión  de  la  prestación  para  recabar  de  la 
administración tributaria correspondiente los datos tributarios necesarios para la 
revisión de los requisitos de acceso a la prestación. Todo ello sin perjuicio de la 
obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar un certificado de 
empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la prestación.
Tres.  Prestación  extraordinaria  de  cese  de  actividad  para  aquellos 
trabajadores autónomos que vean afectadas sus actividades como consecuencia 
de los daños ocasionados por la erupción volcánica registrada en la zona de 
Cumbre Vieja de La Palma.
1.  Los  trabajadores  autónomos  que  vean  afectada  su  actividad  como 
consecuencia de los daños ocasionados por la erupción volcánica registrada en la 
zona de Cumbre Vieja de La Palma podrán acceder a la prestación económica de 
cese de actividad de naturaleza extraordinaria prevista en este apartado, siempre 
que reúnan los siguientes requisitos:
a)  Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar como trabajador por cuenta propia el 19 de septiembre 
de 2021.
No obstante, si en la fecha de la presentación de la solicitud no se cumpliera el 
requisito de estar al corriente en el pago de las cotizaciones, el órgano gestor 
invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de 
treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto 
producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
b)  No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la 
actividad por cuenta propia en el cuarto trimestre de 2021 superiores a 2.534 
euros, equivalente al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional en dicho 
periodo.
c)  Acreditar en el cuarto trimestre del 2021 un total de ingresos computables 
fiscalmente de la actividad por cuenta propia inferior en un 50 por 100 a los  s
habidos en el cuarto trimestre de 2019. oe.
ainltgar ePesanor ase  lh ecalu bcaiádrltocous t lroeim nd eeesl  tlcarue ra edrdetou 2 ct0rci1mió9en sy dt rseee   idncego rm2e0ps2oa1sra  esráne   lctaeo nmnd ilsraám p eaan rpt ecro upperonortpcaoi órencl i.opnearilo ddeo  leons   2021-17456n https://www.
cotiz2a. cióLna  qcuuea cnotírar edsep olnad par peostra lcai óanc tisveidraád d deel s7a0rr oplolard 1a0.0 de la base mínima de  BOE-A-cable e
3.  En  el  caso  de  los  trabajadores  autónomos  que  tengan  uno  o  más 
trabajadores a su cargo, deberá acreditarse, al tiempo de solicitar la prestación, el 
cumplimiento  de  todas  las  obligaciones  laborales  y  de  Seguridad  Social  que 
tengan asumidas. A tal objeto, emitirán una declaración responsable, pudiendo ser 
requeridos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad 
gestora para que aporten los documentos precisos que acrediten este extremo.
4.  Esta prestación extraordinaria por cese de actividad podrá comenzar a 
devengarse con efectos de 1 de octubre de 2021 y tendrá una duración máxima 
de cinco meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 
veintiún días naturales de noviembre. En caso contrario, los efectos quedan fijados 
en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud. La duración 
de esta prestación no podrá exceder del 28 de febrero de 2022.
5.  El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una 
retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, con el desempeño de 
otra actividad por cuenta propia, con la percepción de rendimientos procedentes 
de una sociedad y con la percepción de una prestación de Seguridad Social, salvo 
aquella  que  el  beneficiario  viniera  percibiendo  por  ser  compatible  con  el 
desempeño de la actividad que desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el 
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad 
será además incompatible con las ayudas por paralización de la flota.
6.  El  trabajador  autónomo,  durante  el  tiempo  que  esté  percibiendo  la 
prestación,  deberá  permanecer  en  alta  en  el  régimen  de  Seguridad  Social 
correspondiente e ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la 
totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización 
correspondiente.
La mutua colaboradora o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, abonará 
al trabajador autónomo junto con la prestación por cese en la actividad, el importe 
de  las  cotizaciones  por  contingencias  comunes  que  le  hubiera  correspondido 
ingresar de encontrarse el trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 329 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta 
prestación extraordinaria será, en todo caso, la establecida en el momento de 
inicio de dicha prestación.
Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina proporcionarán a la 
Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria, a través de los 
procedimientos que establezca esta última, para la aplicación de lo establecido en 
este  apartado,  tanto  en  el  momento  del  reconocimiento  provisional  de  la 
prestación  como  en  la  revisión  posterior,  conforme  a  lo  establecido  en  los 
párrafos 7 y 8 de este apartado.
7.  Los  socios  trabajadores  de  las  cooperativas  de  trabajo  asociado  que 
hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el 
régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación 
extraordinaria en los términos establecidos, siempre que reúnan los requisitos 
para ello.
8.  La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina. s
Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la  oe.
solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución  w.
provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho. 456ww
de lPosa rain gproedseors a qdumeit isr ea  ptreármciibtee nla,  seonl icsituu dc asseo d, ecboemráo  acpoonrstaerc uunean cdiae cdlaerla tcriaóbna jjuor apdoar 
cmuuetnutaas  acjoelnaab,o rya daouratosr izeancciaórng aad alsa  dAed lma ingiesstrtaiócnió dne  dlae  plare sSteagciuórnid paadr aS orecciaalb ayr  ad el alas   BOE-A-cable e
administración  tributaria  correspondiente  los  datos  tributarios  necesarios  para  la 
revisión de los requisitos de acceso a la prestación. Todo ello sin perjuicio de la 
obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar un certificado de 
empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la prestación.
9.  A  partir  del  1  de  mayo  de  2022  se  procederá  a  revisar  todas  las 
resoluciones provisionales adoptadas.
a)  A tal objeto, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social recabarán 
de la administración tributaria correspondiente los datos tributarios relativos a los 
dos últimos trimestres de 2019 y 2021.
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la 
Marina no pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones 
tributarias, los trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora 
en los diez días siguientes a su requerimiento:
1.º  Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2019 y 
sus liquidaciones trimestrales (modelos 303), así como las liquidaciones del cuarto 
trimestre del año 2021 (modelos 303).
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación del tercer y cuarto 
trimestre a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 
los años 2019 y 2021. Declaración de la renta de las personas físicas o certificado 
de empresas donde consten las retribuciones percibidas por cuenta ajena.
2.º  Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la 
documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.
No  obstante,  y  a  efectos  de  acreditación  de  la  reducción  de  los  ingresos 
computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia, así como el límite de 
rendimientos netos, se entenderá que los trabajadores autónomos que tributen por 
estimación objetiva han experimentado estas circunstancias siempre que el número 
medio  diario  de  las  personas  trabajadoras  afiliadas  y  en  alta  al  sistema  de  la 
Seguridad Social en la actividad económica correspondiente, expresada a cuatro 
dígitos (CNAE), durante el periodo al que corresponda la prestación, sea inferior en 
más de un 7,5% al número medio diario correspondiente al cuarto trimestre de 2019.
b)  En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a 
la  prestación,  se  iniciarán  los  trámites  de  reclamación  de  las  cantidades 
indebidamente percibidas.
A tal objeto, la entidad competente para el reconocimiento de la prestación 
dictará resolución fijando el importe de la cantidad a reintegrar que deberá hacerse 
sin intereses o recargo en el plazo que se determine en la resolución.
Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería 
General de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los 
recargos e intereses que procedan conforme al procedimiento administrativo de 
recaudación  establecido  en  el  Reglamento  General  de  Recaudación  de  la 
Seguridad Social.
10.  El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación 
regulada en este apartado podrá:
a)  Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero de 2022,  e.e
surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación. b
b)  Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin  456ww
nSeocceiasli doa dd dee  lae sepnetriadra ad  lag erestcolaram, accuióann ddoe  lcao mnsuidtuear ec oqlaubeo rloasd oirnag creosno lsa  pSeergcuibriiddaods 
pdeurriaondtoe  esl ucpuearratorá ntr imleosst reu dmeb r2a0le2s1  oe slata bcaleícdiad odse  lean f acetlu rapcáiórrna feon  e1s e cmonis mloa 
correspondiente pérdida del derecho a la prestación.»
Disposición final cuarta.  Salvaguardia del rango de disposiciones reglamentarias.
Mantiene su rango de real decreto el artículo 3 del Real Decreto 401/2021, de 8 de 
junio,  modificado  por  la  disposición  final  segunda.  En  consecuencia,  podrá  ser 
modificado por una norma de ese mismo rango.
Disposición final quinta.  Títulos competenciales.
El capítulo I de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de bases del régimen minero y energético.
El capítulo II y la disposición final tercera de este real decreto-ley se dictan al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 8.ª y 13.ª de la Constitución Española, que 
atribuyen al Estado, respectivamente, la competencia exclusiva en materia de legislación 
procesal, en materia de legislación civil, y en materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica.
El capítulo III de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo  149.1.1.ª  y  29.ª  de  la  Constitución  Española,  que  atribuyen  al  Estado, 
respectivamente, la competencia exclusiva en materia de regulación de las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 
y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; y en materia de seguridad pública.
Disposición final sexta.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 26 de octubre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN