BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 205 Viernes 27 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 104790
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
14256 Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en materia de cesión 
de información para fines estadísticos.
El Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Secretaria 
General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, han suscrito un convenio 
en materia de cesión de información para fines estadísticos.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anexo a la 
presente resolución.
Madrid, 25 de agosto de 2021.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.
ANEXO
Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en materia de cesión de información 
para fines estadísticos
29 de julio de 2021.
PARTES QUE INTERVIENEN
De una parte, don Jesús Gascón Catalán, Director General de la Agencia Estatal 
de  Administración  Tributaria,  cargo  para  el  que  fue  designado  por  Real 
Decreto 619/2018, de 22 de junio, actuando por delegación de firma conferida por la 
Presidenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante Resolución de 2 
de junio de 2021, y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 103.Tres.2 de 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.
Y,  de  otra  parte,  doña  Milagros  Paniagua  San  Martín,  Secretaria  General 
de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, cargo para el que fue designada 
por Real Decreto 390/2020, de 18 de febrero, actuando en el ejercicio de las facultades 
que le confiere el artículo sexto de la Orden ISM/419/2021, de 26 de abril, por la que se 
fijan los límites para administrar los créditos de gastos y se delegan y aprueban las 
delegaciones del ejercicio de competencias en el ámbito del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones.
Reconociéndose  ambas  partes  la  capacidad  legal  necesaria  para  formalizar  el 
presente convenio. e.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 256ww
I
La Agencia Estatal de Administración Tributaria es la entidad de derecho público
encargada, en nombre y por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva del sistema
tributario estatal y del aduanero y de aquellos recursos de otras administraciones y entes 
públicos nacionales o de la Unión Europea cuya gestión se le encomiende por ley o por 
convenio.
El  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y  Migraciones  es  el  departamento 
ministerial encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia 
de Seguridad Social y clases pasivas, así como de la elaboración y el desarrollo de la 
política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración y de políticas 
de inclusión. Dentro del mismo, con rango de Subsecretaría, se encuentra la Secretaría 
General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, que elabora y desarrolla 
la política del Gobierno en materia de inclusión.
II
En  el  marco  de  colaboración  mutua  que  debe  presidir  las  relaciones  entre  las 
administraciones públicas y conforme al principio establecido en el artículo 140.1.c) de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante 
LRJSP), los representantes de ambas partes consideran que sería adecuado para el 
cumplimiento de sus respectivos fines establecer un marco que regule el suministro 
estable  y  periódico  de  información  tributaria  por  parte  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria a la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión 
y Previsión Social para finalidades de diseño, seguimiento y evaluación de políticas de 
inclusión.
El Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso 
mínimo vital, crea y regula este como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza 
y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de 
convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de 
recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas. Como 
señala su exposición de motivos, su diseño y gestión han resultado de la colaboración 
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Secretaría General de Objetivos 
y  Políticas  de  Inclusión  y  Previsión  Social,  por  parte  del  Ministerio  de  Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
parte del Ministerio de Hacienda, constituyendo «un paso decisivo hacia un modelo de 
política social construido sobre la base de una visión integral de la Hacienda pública 
comprensiva tanto de los tributos como de las prestaciones monetarias, de tal forma que 
los ciudadanos, en función de su capacidad económica y sus necesidades vitales, sean 
contribuyentes en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o perceptores de 
ayudas monetarias evitando redundancias, contradicciones e inequidades».
Dentro  de  las  competencias  asignadas  a  la  Secretaría  General  de  Objetivos 
y Políticas de Inclusión y Previsión Social en el artículo 8 del Real Decreto 497/2020, 
de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, modificado por el Real Decreto 286/2021, 
de 20 de abril, el apartado 2 en sus letras a) y b) recoge «el diseño, impulso y evaluación 
de políticas que tienen por finalidad ayudar a la incorporación y la participación en la 
sociedad, en igualdad de oportunidades, de los colectivos más desfavorecidos, así como 
las actuaciones orientadas a propiciar la eficacia de las prestaciones y la sostenibilidad 
del sistema de la Seguridad Social sin perjuicio de las competencias propias de los 
demás órganos del Departamento», así como «el impulso, elaboración, coordinación y 
seguimiento de las políticas, estrategias, planes y programas de actuación en materia de  s
inclusión, en cooperación con otros departamentos ministeriales en el ámbito de sus  e.
respectivas  competencias  en  materia  de  asuntos  sociales  y,  en  particular,  con  w.
el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030». 256ww
evalEuanc ipóanr tiecxu lapro,s te ld ealp agrrtaaddoo  d3e  ecnu msupslim leietrnatos  dee)  ylo sf)  orebcjeotigveo s« edle  siengcluuismióienn tyo  ccreocnitminiueon toy 
idnecpluasritvaom eesnttaob, leecni dcooso,p eenra ecsiópne cciaoln d eell  MInignriessteor iMo ídneim Doe Vreitcahl oys o Straosc iaploelsít icya Asg ceonmdpae 2te0n3c0i»a  daesíl   BOE-A-cable e
como «la promoción y realización de estudios e informes sobre las trayectorias de inclusión 
de personas pertenecientes a diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad, que 
permitan examinar el impacto sobre dichas trayectorias de las diferentes políticas públicas y 
prestaciones».
Estas competencias le son atribuidas a la Secretaría General de Objetivos y Políticas 
de Inclusión y Previsión Social, sin perjuicio de que, en virtud de lo establecido en el 
apartado 6 del artículo 8 del Real Decreto 497/2020, las funciones previstas en las 
letras a) y b) del apartado 2 y f) del apartado 3, en todo lo que se refiera a la población 
extranjera,  inmigrante,  solicitante  de  asilo  o  protección  internacional,  emigrada  y 
retornada, serán ejercidas por la Subdirección General de Análisis Migratorio, si bien en 
el ejercicio de estas funciones dependerá funcionalmente de esta secretaría general.
Para  desarrollar  las  atribuciones  referidas,  la  Secretaría  General  de  Objetivos 
y Políticas de Inclusión y Previsión Social precisa la obtención de datos en poder de 
la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  que  permitan  efectuar  los  estudios 
necesarios para llevar a cabo las funciones recogidas, en particular para hacer del 
ingreso mínimo vital un instrumento de política social adaptado a las necesidades de sus 
destinatarios.
III
La cesión de información tributaria para las finalidades descritas anteriormente se 
encuentra posibilitada por la vigente regulación, tanto tributaria como de la función 
estadística.  Tratándose  de  datos  de  carácter  no  personal  (disociados)  no  resultan 
aplicables ni el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
(que  establece  un  especial  régimen  de  protección  para  los  datos  personales  de 
naturaleza tributaria) ni los preceptos del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos), ni de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, encontrándose los criterios de 
cesión aplicables en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. 
Ello implica la no necesidad de autorización de los interesados en base a lo dispuesto en 
el artículo 21.1.a) de dicha ley.
El artículo 140 de la LRJSP incluye, entre los principios que deben presidir las 
relaciones  entre  las  administraciones  Públicas,  el  de  lealtad  institucional  y  el  de 
colaboración,  entendiendo  este  último  como  el  deber  de  actuar  con  el  resto  de 
administraciones públicas para el logro de fines comunes.
En  particular,  en  materia  de  intercambio  de  información,  el  apartado  1.c)  del 
artículo 141 de la LRJSP prevé el deber de toda Administración Pública de «facilitar a las 
otras administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en 
el ejercicio de sus propias competencias…»
IV
En aplicación de los principios anteriormente referidos y coincidiendo en la necesidad 
de que se cumpla adecuadamente el deber de colaboración en materia de remisión de 
información, se considera positivo el establecimiento de un marco estable de intercambio 
y remisión de la información tributaria por parte de la Agencia Estatal de Administración  e.
Tributaria al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. w.b
En consecuencia, siendo jurídicamente procedente el establecimiento de un sistema  256ww
efusntacbiolen esy  apnetreióridoircmoe ndtee  cdeessicórnit adse,  dien folarm Aagceiónnc iap aEras tactuaml dpelir  Acdomn inliasstr anceiócne sTidraibduetas riay 
alol sM trináimstieteriso  ddee  cInacrálucsteiórn p, rSeceegputriivdoa,d e Sn opcaiartl icyu Mlarig, realc iinofnoerms, ey  parle hviaob deersl eS ceurvmicpiolid Jou troíddiocos 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre el proyecto, ambas partes 
acuerdan celebrar el presente convenio que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto establecer un marco estable de colaboración 
en relación con el contenido, las condiciones y los procedimientos por los que se debe 
regir la cesión de información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en 
adelante Agencia Tributaria) al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
(en adelante MISSM) de datos de carácter no personal (disociados) bajo el amparo de lo 
dispuesto en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
El  objeto  de  este  convenio  se  ajusta  a  lo  previsto  en  el  artículo  48.3 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, (en adelante 
LRJSP) cuyo fin de la suscripción de convenios debe ser mejorar la eficiencia de la 
gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a 
la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Segunda.  Finalidad del convenio.
La cesión de información procedente de la Agencia Tributaria tendrá como finalidad 
exclusiva su utilización por el MISSM con fines de seguimiento y evaluación en relación 
con las competencias y funciones de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de 
Inclusión y Previsión Social, ya descritas en la exposición de motivos.
Tercera.  Protección de los datos cedidos por la Agencia Tributaria.
1.  Dada la finalidad analítica del seguimiento y evaluación del suministro de la 
información  que  se  produzca  en  el  marco  de  este  convenio,  el  MISSM  se 
responsabilizará, estableciendo los controles necesarios, de que la información se utilice 
de forma que la protección de los datos individuales quede totalmente garantizada en los 
términos que la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, establece 
en su artículo 13 para preservar el secreto estadístico al que queda sometido todo el 
personal que participe en la elaboración de las operaciones estadísticas a partir de la 
información de origen tributario cedida al MISSM por la Agencia Tributaria.
2.  La Agencia Tributaria no suministrará datos que, a pesar de estar formalmente 
disociados, por sus especiales características, por el reducido volumen de datos o por 
cualquier otra circunstancia, pudieran ser atribuidos a una persona determinada teniendo 
en cuenta la información disponible y la capacidad para realizar tratamientos avanzados 
de datos por parte del cesionario, independientemente de que estuviera o no en el ánimo 
del cesionario realizar dicha identificación, y salvo que dicha cesión venga sustentada 
por la normativa europea. En estos casos, el dato dejaría de ser un dato disociado y 
pasaría a ser un dato sometido a seudonimización, siendo necesario que el cesionario 
comunique al cedente tal posibilidad de identificación.
Cuarta.  Cesión  de  información  tributaria  al  MISSM  para  la  realización  de  las 
operaciones o actividades estadísticas que se detallan. s
En los términos previstos en el presente convenio, la Agencia Tributaria suministrará  w.
al MISSM los datos individualizados anonimizados sobre la renta y el patrimonio de las  256ww
epvearsluoanra sd eesfdeec tliava S eoc rpeotaterníac iGalemneenrtael.  bLeonse dfiacitaorsia nso  dpeo dlarásn  psreers tuascaiodnoess  pqaurae  ostreo sd efibnaens 
que los que son objeto de este convenio.
Quinta.  Comisión mixta de coordinación y seguimiento.
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente 
convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará 
una comisión mixta de coordinación y seguimiento compuesta por tres representantes 
nombrados por el titular de la Dirección General de la Agencia Tributaria y otros tres 
nombrados por el MISSM.
Será competencia de la comisión mixta de coordinación y seguimiento establecer los 
procedimientos más eficaces que posibiliten el intercambio de información previsto en 
este convenio. A tal fin, promoverá la supresión de los impedimentos técnicos que 
impidan su inmediato intercambio y colaboración.
En concreto, a la comisión mixta de coordinación y seguimiento se le encomiendan 
las siguientes funciones:
a)  Concretar,  con  la  periodicidad  que  proceda,  la  relación  de  operaciones  o 
actividades objeto de colaboración entre el MISSM y el organismo cesionario donde se 
detallaran los ficheros, las variables, y demás términos y condiciones de la cesión de 
información. Además, es la única competente para asignar, modificar o suprimir cualquier 
transacción  o  servicio  web  objeto  de  cesión  (siempre  que  no  resulte  afectado  el 
contenido mínimo y esencial del convenio, que no puede ser objeto de modificación en la 
comisión  mixta  de  coordinación  y  seguimiento),  debiendo  quedar  reflejadas  sus 
decisiones  en  el  correspondiente  documento  que  ha  de  mantener  perfectamente 
actualizado.
b)  Coordinar las actuaciones necesarias para la correcta ejecución del presente 
convenio, estableciendo, en particular, los procedimientos de intercambio de información 
más  eficaces,  así  como  las  medidas  que  garanticen  la  protección  de  los  datos 
suministrados.
c)  Adoptar las medidas de control pertinentes para asegurar la debida custodia y 
correcta utilización de la información recibida.
d)  Resolver las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y 
ejecución del presente convenio.
e)  Establecer  los  criterios  adecuados  para  la  regulación  de  los  aspectos  no 
desarrollados en este convenio.
f)  Verificar el cumplimiento de lo previsto en la cláusula tercera.
g)  Elaborar, al finalizar el objeto de este convenio, un documento en el que se 
incluya un balance de las actuaciones realizadas.
La comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez 
cada año, para examinar los resultados e incidencias de la colaboración realizada.
Las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente 
convenio  serán  resueltas  por  la  comisión  mixta  de  coordinación  y  seguimiento.  La 
comisión mixta de coordinación y seguimiento se regirá en cuanto a su funcionamiento y 
régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la presente cláusula, por 
lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la LRJSP.
Para  su  mejor  funcionamiento,  la  comisión  podrá  constituir  grupos  de  trabajo 
específicos, de los que formarán parte representantes de los dos organismos firmantes.
Sexta.  Vigencia del convenio.
1.  El presente convenio será eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico  e.
estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de  Cooperación.  Asimismo,  se  publicará  en  el  w.b
«Boletín Oficial del Estado». Tendrá una vigencia de cuatro años, pudiendo acordar los  256ww
cfiurmatarnot easñ,o as.ntes del vencimiento del plazo, una prórroga expresa por un período de hasta
limit2a.c ióPn ord eolt ras upmarinteis, trlao  Adgee nlcai a inTfroibrmutaacriiaó np ocduraán adcoo raddavr ielar tasu sinpceunmsipólnim uiennilatotes radl eo  llaa 
obligación de sigilo por parte de las autoridades, funcionarios o resto de personal del 
ente cesionario, anomalías o irregularidades en los accesos o en el régimen de control o 
incumplimientos  de  los  principios  y  reglas  que  deben  presidir  el  suministro  de 
información, de acuerdo con lo previsto en este convenio.
3.  Asimismo, el MISSM podrá acordar la suspensión unilateral o la limitación de las 
solicitudes de información cuando advierta incumplimientos de la entidad cedente en la 
aplicación de los principios y reglas que deben presidir el suministro de información, de 
acuerdo con lo previsto en este convenio.
Séptima.  Resolución del convenio.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la LRJSP, son causas de 
resolución del convenio, las siguientes:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado 
expresamente su prórroga.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El  incumplimiento  grave  y  acreditado  de  las  obligaciones  y  compromisos 
asumidos por parte de alguno de los firmantes. Cualquiera de las partes podrá notificar a 
la  parte  incumplidora  un  requerimiento.  Este  requerimiento  será  comunicado  a  la 
comisión  mixta  de  coordinación  y  seguimiento  prevista  en  la  cláusula  quinta.  Si 
trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución 
y se entenderá resuelto el convenio.
d)  La decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio.
e)  Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
Asimismo, será causa de resolución del convenio la denuncia expresa de cualquiera 
de las partes, que surtirá efecto transcurridos dos meses desde que se comunique 
fehacientemente a la otra parte, sin perjuicio de la facultad de suspensión prevista en la 
cláusula anterior.
Octava.  Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.
La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por 
incumplimiento de las obligaciones del convenio o por su extinción, sin perjuicio de su 
responsabilidad frente a terceros. No obstante, el incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos  asumidos  por  parte  de  alguno  de  los  firmantes  podrá  dar  lugar  a  la 
resolución del presente convenio, de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima.
Novena.  Financiación.
Como consecuencia del cumplimiento y desarrollo de los compromisos adquiridos en 
el  presente  convenio,  no  se  asumen  obligaciones  ni  compromisos  económicos  de 
naturaleza ordinaria ni extraordinaria por ninguna de las partes.
Décima.  Régimen de modificación.
El contenido del presente convenio podrá ser actualizado o modificado por acuerdo  oe.
unánime de los firmantes en el seno de la comisión mixta de coordinación y seguimiento.  w.
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autorización prevista en el artículo 50 de la LRJSP.
Undécima.  Naturaleza administrativa y jurisdicción competente.
El presente convenio tiene carácter interadministrativo, y se rige por lo dispuesto en 
los artículos 47 a 53 del capítulo VI del título preliminar de la LRJSP.
Por otro lado, y sin perjuicio de lo establecido en la cláusula quinta, las controversias 
no resueltas por la comisión mixta de coordinación y seguimiento, que se pudieran 
suscitar durante la vigencia del mismo, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,  de  conformidad  con  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
En  prueba  de  conformidad,  ambas  partes  firman  electrónicamente  el  presente 
convenio en el lugar indicado en el encabezamiento.–El Director General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, Jesús Gascón Catalán.–La Secretaria General de 
Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, Milagros Paniagua San Martín.