BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Martes 26 de enero de 2021 Sec. TC.   Pág. 7855
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1127 Pleno. Sentencia 193/2020, de 17 de diciembre de 2020. Recurso de amparo 
5198-2019. Promovido por don Jordi Turull i Negre respecto de los acuerdos 
de la mesa del Congreso de los Diputados declarando su suspensión como 
diputado. Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio del cargo público 
representativo y a la presunción de inocencia: STC 97/2020 [resoluciones 
parlamentarias que aplican la previsión legal de suspensión automática del 
ejercicio del cargo parlamentario (STC 71/1994)].
ECLI:ES:TC:2020:193
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido  Tourón  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5198-2019, promovido por don Jordi Turull i Negre 
contra el acuerdo de la mesa del Congreso de los Diputados de 11 de junio de 2019, por 
el que se desestima la solicitud de reconsideración presentada contra el acuerdo del 
mismo órgano de gobierno de la Cámara de 24 de mayo de 2019, en relación con la 
declaración de suspensión como diputado del recurrente. Ha comparecido y presentado 
alegaciones el Congreso de los Diputados, representado por letrada de las Cortes 
Generales. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Alfredo 
Montoya Melgar.
I. Antecedentes
1.  Mediante  escrito  que  tuvo  entrada  en  el  registro  general  del  Tribunal 
Constitucional el 12 de septiembre de 2019, el procurador de los tribunales don Carlos 
Estévez Sanz presentó recurso de amparo en representación de don Jordi Turull i Negre 
contra las resoluciones de la mesa del Congreso de los Diputados reseñadas en el 
encabezamiento de la presente sentencia.
A)  Los hechos expuestos en la demanda son, en síntesis, los siguientes:
a)  El 21 de marzo de 2018, el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal  e.
Supremo que instruía la causa especial 20907-2017 dictó auto de procesamiento contra,  w.
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la  orden  europea  de  detención  y  entrega  respecto  del  anterior  presidente  de  la 
Generalitat de Cataluña, don Carles Puigdemont i Casamajó, investigado en la mentada 
causa especial. La referida orden fue emitida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
con base en el auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018, en relación con los 
delitos de rebelión, sedición o desórdenes públicos. Se observa en la demanda de 
amparo que el tribunal alemán, entre otros argumentos, apreció que, en el contexto de 
un Estado social y democrático de Derecho, el Derecho penal debe intervenir con 
mesura en las desavenencias políticas.
c)  Con fechas 25 y 26 de abril de 2019, el grupo de trabajo sobre la detención 
arbitraria de las Naciones Unidas concluyó en sus opiniones 6/2019, relativa a don Jordi 
Cuixart i Navarro, don Jordi Sànchez i Picanyol y don Oriol Junqueras i Vies, y 12/2019, 
atinente a don Josep Rull i Andreu, don Raül Romeva i Rueda y doña Dolors Bassa i 
Coll,  que  la  encarcelación  de  las  citadas  personas  era  arbitraria  y  que  se  estaba 
persiguiendo políticamente a los responsables de la minoría social a la que el recurrente 
pertenece.
d)  El 28 de abril de 2019 se celebraron elecciones a Cortes Generales. La Junta 
Electoral Provincial de Barcelona proclamó al señor Turull i Negre que concurrió a los 
comicios en la candidatura electoral de Junts per Catalunya diputado al Congreso. El 21 
de mayo el recurrente concurrió a la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados y 
participó en la votación para elegir a los miembros de la mesa de la Cámara.
e)  El  24  de  mayo,  la  mesa  del  Congreso  de  los  Diputados  acordó  declarar 
automáticamente suspendidos en el cargo y, por tanto, en los derechos y deberes 
establecidos en el Reglamento de la Cámara, con efectos desde el 21 de mayo de 2019, 
al demandante de amparo, además de a los señores Oriol Junqueras i Vies, Josep Rull i 
Andreu y Jordi Sànchez i Picanyol por concurrir las circunstancias necesarias para la 
aplicación  del  artículo  384  bis  de  la  Ley  de  enjuiciamiento  criminal.  Se  acordó 
comunicarlo así a los afectados y al Tribunal Supremo y encomendar a la secretaría 
general de la cámara la adopción de las medidas cautelares oportunas.
f)  Contra el acuerdo anterior se presentó una solicitud de reconsideración, ampliada 
posteriormente, ante la mesa del Congreso de los Diputados, que la desestimó el 11 de 
junio de 2019.
B)  La fundamentación en Derecho de la demanda de amparo puede ser resumida 
como sigue:
a)  Se estiman infringidos los derechos reconocidos en los artículos 23.2 y 24.2 CE, 
en conexión con los artículos 9.3, 16.1, 20.1 d) (sic), 23.1, 24.1, 25, 70 y 71 de la misma 
norma fundamental. Se consideran también infringidos el artículo 10.3 del Tratado de la 
Unión Europea (TUE), en relación con sus artículos 5, 10.2 y 12 y con los Protocolos 
núm. 1 y 2 a dicho Tratado, así como el artículo 3 del Protocolo adicional núm. 1 al 
Convenio europeo de derechos humanos (CEDH), que, conforme al artículo 6.3 TUE, 
forma parte, como principio general, del Derecho de la Unión Europea. Se invocan, 
asimismo, el artículo 48.1 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión 
Europea (CDFUE), el artículo 14.2 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos 
(PIDCP) y el artículo 6 del antes citado CEDH.
b)  Tras justificar la especial trascendencia constitucional del recurso, la demanda 
comienza por referirse a los argumentos expuestos por la mesa del Congreso de los 
Diputados para rechazar, acuerdo de 11 de junio de 2019, la reconsideración de su 
resolución inicial, acuerdo de 24 de mayo del mismo año, argumentos que no tienen una  e
justificación jurídica que los avale, pues ambos acuerdos de la mesa pretenden tener su  bo
sustento en una actuación de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que es contraria  w
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amparo. Vulneración no solo de los derechos reconocidos en los artículos 23 y 24.2 CE,
en relación con otros preceptos constitucionales, sino también de derechos reconocidos 
por los artículos 10.3 TUE y 48.1 CDFUE, pues este proceso constitucional no es ajeno 
al ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea. Por lo que hace al recién 
citado  artículo  48.1,  presunción  de  inocencia,  se  cita  el  artículo  2  de  la 
Directiva 2016/343/UE, del Parlamento y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, que 
señala que la misma es de aplicación a las personas físicas que sean sospechosas o 
acusadas en procesos penales, de modo que el Derecho de la Unión es también de 
aplicación en el presente recurso de amparo, pues el acuerdo de la mesa del Congreso 
de 11 de junio de 2019 asegura estar ejecutando una declaración de suspensión implícita 
que habría sido adoptada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, auto de 14 de 
mayo de 2019, en el marco del proceso penal que se sigue contra el actor. Tampoco es 
este proceso constitucional ajeno al ámbito de aplicación del Derecho de la Unión en lo 
relativo al derecho reconocido en el artículo 10.3 TUE, precepto que reconoce el derecho 
de los ciudadanos a la participación en la vida democrática de la Unión, derecho al que 
los acuerdos impugnados privan de su efecto útil en relación con quien demanda, 
añadiéndose que el artículo 6.3 TUE también establece que los derechos reconocidos en 
el Convenio europeo de derechos humanos forman parte, como principios generales, del 
Derecho de la Unión. Se vulnera este Derecho en tanto que se priva al recurrente de su 
participación como diputado al Congreso en el control del Gobierno, en lo relativo a su 
representación del Estado español en el Consejo Europeo y en el Consejo de la Unión, 
en relación con lo previsto en el artículo 10.2 TUE. Por ello, a pesar de hallarnos ante 
una suspensión de un diputado de un parlamento nacional, la misma no es ajena al 
ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, que atribuye a los parlamentos nacionales 
una participación destacada en la vida democrática de la Unión. Esta incidencia es 
relevante en relación con unos acuerdos, como los impugnados, que solo pueden ser 
recurridos en amparo ante el Tribunal Constitucional, art. 42 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC) y, respecto de los cuales, este tribunal es el juez ordinario 
de la Unión, competente para conocer de los derechos del recurrente derivados del 
Derecho de la Unión. Por ello, de acuerdo con el principio de primacía de ese Derecho, 
el tribunal no se puede limitar en el actual proceso, pese a lo previsto en el artículo 161.1 
b) CE, a determinar si por la mesa del Congreso de los Diputados se han vulnerado 
exclusivamente los derechos fundamentales a los que se refiere el artículo 53.2 CE, sin 
entrar a valorar, si se han vulnerado los derechos equivalentes derivados del Derecho de 
la Unión, pues ello supondría vulnerar los principios de equivalencia y efectividad, así 
como el derecho a la tutela judicial efectiva, art. 47 CDFUE y art. 13 CEDH. Si el Tribunal 
Constitucional  se  negara  a  conocer  de  las  acciones  basadas  directamente  en  los 
artículos  10.3  TUE  y  48.1  CDFUE,  si  fuera  necesario,  con  el  planteamiento  de  la 
correspondiente cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no 
ya como parámetro interpretativo, sino como normas jurídicas directamente aplicables, 
estaría vulnerando el referido principio de equivalencia y negando tanto el derecho de 
acceso a la jurisdicción como el también citado principio de efectividad.
c)  Se afirma que los acuerdos impugnados son nulos de pleno derecho, al no 
concurrir los presupuestos legalmente establecidos para la suspensión de los diputados 
afectados,  con  la  consiguiente  vulneración  de  los  derechos  reconocidos  en  el 
artículo 10.3 TUE y en el artículo 23 CE. Luego de transcribir los artículos 21 del 
Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD) y 384 bis de la Ley de enjuiciamiento 
criminal (LECrim), se aduce que ninguno de los tres supuestos previstos en el primero de 
estos  preceptos  para  la  suspensión  de  un  diputado  concurrió  en  este  caso,  como  s
reconoció el acuerdo de la propia mesa de 11 de julio de 2019, pese a lo cual acordó la  oe.
suspensión con el pretendido amparo del citado artículo 384 bis, siendo trasladable aquí  w.
lpeaan r olapreminlaieócnnitó adnre io cslao  nCr eoesmlu ilstaairó tíncp udrloeob  Vle9em2n.áe4tc icibaa) , s oLebOsreTp Celac,  iaLclemoyne fOnotrregm áend iecaas d l1ea5  /2clau0 a1l5p ,e ladrs ep s1eu6cst pidveean  osicdótenu  brdseue,    2021-1127n https://w
inmunidad. Se argumenta a partir de todo ello lo siguiente:
(i)  Es  imposible  proceder  a  la  suspensión  de  un  diputado  al  Congreso  sin  la 
tramitación del correspondiente suplicatorio, habiéndose vulnerado el ius in officium del 
representante y los derechos de sus representados, art. 10.3 TUE, en relación con sus 
artículos 5, 10.2 y 12, Protocolos 1 y 2 y preceptos correspondientes del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como el art. 23 CE. Esta vulneración no 
es solo del Reglamento del Congreso de los Diputados, pues su artículo 21.1.2, al 
señalar que para la suspensión de los derechos de los parlamentarios es necesaria la 
concesión del suplicatorio, no hace sino aplicar el artículo 71.2 CE, inmunidad de los 
diputados electos. Aunque el artículo 384 bis LECrim no explicita esa necesidad de 
autorización de la cámara, la misma es condición sine qua non para la existencia tanto 
de un auto de procesamiento válido como de una orden válida de prisión provisional 
contra un diputado, que sí son requisitos previstos en aquel precepto. Se añade que el 
artículo 751.2 LECrim establece la obligación para el Tribunal Supremo de poner en 
conocimiento de las cámaras «la causa que existiere pendiente contra el que, estando 
procesado, hubiese sido elegido senador o diputado a Cortes», a los efectos de que 
estas  resuelvan  lo  que  tengan  por  conveniente  en  orden  a  la  concesión  de  esa 
autorización, arts. 71.2 CE y 753 LECrim y, en este sentido, el artículo 6 de la Ley de 9 
de febrero de 1912, lex posterior respecto del artículo 753 LECrim, del que prescinde 
absolutamente el auto de 14 de mayo de 2019 del Tribunal Supremo, determina que 
«mientras  el  Senado  o  el  Congreso  no  resuelvan  sobre  la  autorización  pedida,  se 
suspenderán las diligencias de las causas, excepto las encaminadas a la reforma de los 
autos y providencias en que con anterioridad se hubiese acordado la detención, prisión o 
procesamiento». Así, la proclamación como electo, que lleva aparejada la adquisición de 
la  inmunidad,  determina  necesariamente  el  levantamiento  por  el  juez  o  tribunal 
competente de cualquier auto de procesamiento o de cualquier resolución de ingreso en 
prisión de un diputado en tanto la cámara no conceda autorización para proceder contra 
el mismo, STC 90/1985, de 22 de julio, observándose que la amenaza de que el proceso 
penal sea utilizado con la intención de perturbar el funcionamiento de las cámaras o de 
alterar su composición no desaparece por el hecho de que se haya iniciado ya la fase de 
juicio oral. Las medidas cautelares se pueden acordar en cualquier momento y asimismo 
su levantamiento, añadiéndose que el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó, en su opinión 6/2019, 
que «el demandante de amparo se hallaba en prisión provisional por motivos políticos». 
Todo ello no se ve alterado por el hecho de que el auto del Tribunal Supremo de 14 de 
mayo  de  2019  considerara,  de  forma  inconstitucional  e  ilegal,  que  no  procedía  el 
levantamiento del procesamiento del actor. La arbitrariedad de la decisión de la mesa es 
manifiesta si se tiene en cuenta lo que señala ese auto, al que se refieren y en el que 
pretenden  fundamentar  su  declaración  los  acuerdos  impugnados,  pues  mientras  la 
resolución judicial niega la condición de «procesado» al recurrente a los efectos de 
solicitar el suplicatorio, el acuerdo de la mesa de 11 de junio de 2019 sí lo considera 
«procesado» a los efectos del artículo 384 bis LECrim, de modo tal que, para la mesa, la 
condición de procesado estaría vigente para lo desfavorable, pero no para lo favorable, 
interpretación que responde a la persecución política a la que está siendo sometido el 
recurrente. En definitiva, habiendo adquirido este la condición de diputado desde su 
proclamación como tal, el auto de procesamiento dictado por el magistrado instructor 
el 21 de marzo de 2018, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley de 9 de 
febrero de 1912, no puede tener virtualidad alguna respecto de su cargo de diputado a 
los efectos del artículo 384 bis LECrim, en relación con lo previsto en el artículo 21.1.2  s
RCD.  Se  cita  el  auto  de  1  de  diciembre  de  1989  del  Tribunal  Supremo,  en  oe.
recurso 1710-1989. w.
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entendido  el  propio  Tribunal  Supremo  en  su  auto  de  10  de  julio  de  2019  en  sus 
referencias al auto de 9 de julio de 2018, del magistrado instructor. Incluso esto lo admite 
el acuerdo de la mesa de 11 de junio de 2019, al señalar que, aunque el Tribunal 
Supremo no hizo declaración de suspensión expresa, a diferencia del citado auto del 
instructor, tal declaración «cabe entenderla implícita», con lo que la mesa viene a crear 
un  nuevo  tipo  de  resolución  judicial,  la  resolución  «implícita».  Es  evidente  que  las 
cámaras no tienen potestad jurisdiccional para aplicar las normas de la legislación 
procesal sin una previa resolución judicial, siendo obvio que, a diferencia de lo que 
sucedió con el auto de 9 de julio de 2018 en relación con el Parlamento de Cataluña, el 
auto de 14 de mayo de 2019 no contiene comunicación alguna respecto de que el 
artículo 384 bis LECrim pueda resultar de aplicación al recurrente. A fin de acreditar que 
no se trata de una medida cautelar dictada en el seno de un proceso penal, se solicita 
como  prueba  que  el  tribunal  se  dirija  al  Registro  Central  de  medidas  cautelares, 
requisitorias y sentencias no firmes para que certifique si por cualquier juez o tribunal se 
ha decretado la medida prevista en el artículo 384 bis en relación con la condición de 
diputado al Congreso del recurrente. El Congreso tiene plena autoridad para aplicar el 
artículo 21.1.2 de su Reglamento, pero aquel otro precepto requiere, para su aplicación, 
de la intervención de la autoridad judicial mediante un juicio de proporcionalidad y de 
necesidad.
(iii)  El recurrente no es un «individuo rebelde» a los efectos del artículo 384 bis 
LECrim. Lo mismo cabe decir respecto de la existencia de imputación válida, que no 
puede  existir  a  estos  efectos  sin  la  existencia  de  un  auto  de  procesamiento.  Aun 
entendiendo  que  la  Cámara  viniera  vinculada  por  la  existencia  de  un  auto  de 
procesamiento, y que no era procedente el suplicatorio, el recurrente no puede ser 
considerado un individuo rebelde a estos efectos, de conformidad con la jurisprudencia 
constitucional. Violentando las normas penales, al actor se le imputa por el Tribunal 
Supremo un delito de rebelión como consecuencia de la organización del referéndum 
celebrado el 1 de octubre de 2017, según conoce el tribunal, ante el que penden 
decenas de recursos de amparo, de esta parte o de otros procesados en la causa 
especial  del  Tribunal  Supremo.  La  estimación  de  cualquiera  de  estos  recursos  en 
relación con la imputación de rebelión o sobre la pertinencia de la prisión provisional de 
cualquiera de los diputados afectados por los autos del instructor, de 9 de julio de 2018, y 
de  la  Sala  de  apelaciones,  de  30  de  julio  del  mismo  año,  habría  de  conllevar  la 
estimación del actual recurso, por cuanto aquella imputación y esta situación de prisión 
son condiciones necesarias, aunque no suficientes, para la aplicación del artículo 384 
bis, transcribiéndose determinados pasajes de la opinión, ya citada, del grupo de trabajo 
sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así 
como de la resolución de 12 de julio de 2018, del Tribunal Superior de Schleswig-
Holstein.  Se  añade  que  este  precepto  legal  tiene  su  precedente  inmediato  en  el 
artículo 22.1 de la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre, contra la actuación de 
bandas armadas y elementos terroristas y de desarrollo del artículo 55.2 CE, norma que 
había perdido vigencia cuando se dictó la STC 199/1987, de 16 de diciembre, por lo que 
el tribunal declaró la desaparición sobrevenida de los recursos de inconstitucionalidad 
contra ella interpuestos. Es importante recordar que el ámbito de aplicación de aquella 
Ley Orgánica se establecía, en su artículo 1.1, de manera prácticamente idéntica al 
artículo 384 bis LECrim. Y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desatendido la 
jurisprudencia constitucional aplicable, al llevar a cabo una interpretación del concepto 
«individuos rebeldes» contraria a la interpretación de la referida sentencia constitucional,  s
de la que se desprende con claridad que este último precepto, introducido por la Ley  oe.
Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, no se puede aplicar a cualesquiera procesados por el  w.
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con anterioridad; pero no lo es menos que la disposición adicional única de la Ley 
Orgánica  4/1988  establece  que  «las  referencias  a  la  norma  de  desarrollo  del 
artículo 55.2 de la Constitución se entenderán hechas a esta Ley Orgánica», de tal modo 
que la jurisprudencia constitucional en relación con aquella Ley Orgánica es aplicable a 
la interpretación de esta última. La ausencia, por ello, de uno de los requisitos que 
establece  el  artículo  384  bis  (la  consideración  de  los  diputados  afectados  como 
«individuos rebeldes») ha de conllevar la nulidad de los acuerdos impugnados de la 
mesa del Congreso de los Diputados.
(iv)  El de diputado al Congreso es un cargo electo adquirido con posterioridad al 
auto de procesamiento y del tenor literal del artículo 384 bis se desprende que la 
suspensión allí establecida opera respecto de los cargos que el procesado ostentara en 
el momento en que concurran las circunstancias en él previstas, no respecto de los 
cargos electos adquiridos con posterioridad, como es el caso presente. Se reitera que 
mientras  el  auto  de  14  de  mayo  de  2019,  del  Tribunal  Supremo,  entiende  que  el 
recurrente no puede ser considerado procesado a los efectos del artículo 751 LECrim, la 
mesa del Congreso entiende que sí lo es a los efectos del artículo 384 bis.  O lo que es 
lo mismo: el recurrente es «procesado» a los efectos desfavorables, no a los favorables.
d)  El artículo 384 bis LECrim vulnera el derecho a la presunción de inocencia, así 
como el derecho a la legalidad penal.
En relación con el primero de estos derechos, se dice que la STC 71/1994, de 3 de 
marzo,  FJ  7,  desestimó  los  recursos  de  inconstitucionalidad  interpuestos  contra  la 
disposición controvertida, pero la interpretación del tribunal, según la cual la presunción 
de inocencia del art. 24.2 CE solo se puede llegar a violar por la condena sin pruebas o 
en virtud de pruebas irregularmente obtenidas o hechas valer sin las garantías debidas, 
se  encuentra  plenamente  superada  por  el  Derecho  de  la  Unión  Europea  y  su 
interpretación  por  el  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea.  La  aplicación  del 
artículo 384 bis contiene todos los elementos de una verdadera sanción anticipada, dado 
que, como ha reconocido el instructor (auto de 9 de julio de 2018), esa llamada medida 
cautelar no tiene por objeto ninguna finalidad asociada a garantizar el proceso penal en 
el marco del cual se adopta, por lo que, en tanto que tal sanción, adoptada en este caso 
por la mesa de la cámara, vulnera el derecho a la presunción de inocencia, pero también 
el derecho a un proceso con todas las garantías y a la legalidad penal. Es de aplicación 
el artículo 3 de la ya citada Directiva 2016/343/UE, del Parlamento y del Consejo, por la 
que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de 
inocencia y del derecho a estar presente en el juicio, que establece que «los estados 
miembros garantizarán que se presume la inocencia de los sospechosos y acusados 
hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley», lo que debe ser tomado en 
consideración  al  interpretar  el  artículo  24.2  CE.  En  este  sentido,  la  pretendida 
suspensión automática adoptada por la mesa del Congreso no cumple ninguno de los 
requisitos  establecidos  por  el  Tribunal  General  de  la  Unión  Europea  para  que  las 
medidas cautelares sean compatibles con el derecho a la presunción de inocencia, 
reconocido en el artículo 6.2 CEDH, en el artículo 48.1 CDFUE y en el artículo 3 de la 
Directiva citada (sentencias de 2 de septiembre de 2009, asuntos acumulados T-37/07 y 
T-323/07; de 13 de septiembre de 2013, asunto T-592/11; de 20 de septiembre de 2016, 
asunto T-485/15, y de 20 de julio de 2017, asunto T-619/15). De acuerdo con esa 
jurisprudencia, si bien la presunción de inocencia no se opone a la adopción de medidas 
cautelares, sí exige que concurran tres requisitos –estar contempladas en la ley, haber 
sido adoptadas por autoridad competente y estar delimitadas en el tiempo–, aquí no  e.
cumplidos. Como ya se ha señalado, la suspensión a que alude el magistrado instructor  w.b
Tleonrsi b sduuinp aaulut atSodu odpser e a9mfe doce tna jodu olhiosa;   dtsaeum s2pp0oe1cn8od n idhooa e  scsiatdáuo t pearldaeorvmpistetaand teaen  pa lola rr  elleacy u,a ruaretl onnrtoied  arcedos mcuolotma drp idpeeute taanpdteloi,c,  apscuieieónsnd  eoal    2021-1127n https://w
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lo dispuesto en el artículo 57.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que atribuye su
conocimiento al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de modo que el Tribunal 
Supremo no ha sido competente hasta el momento de la proclamación como diputado 
del recurrente; y, por último, la suspensión no se encuentra delimitada temporalmente, ya 
que, pese a que esta causa especial está vista para sentencia, lo cierto es que lo está 
desde hace meses, siendo manifiesto el incumplimiento del plazo previsto para dictar 
sentencia en el art. 203 LECrim, con la consecuencia de que no existe un verdadero 
término temporal para la suspensión o que se está extendiendo más allá del plazo 
legalmente previsto. Se añade que, pese a que la STC 71/1994, ya citada, señaló que la 
presunción de inocencia no es canon para enjuiciar una medida cautelar, la posterior 
jurisprudencia constitucional declara lo contrario (STC 33/1999, de 8 de marzo). La 
finalidad de prevención general solo es legítima y congruente con la pena, no con la 
adopción de medidas cautelares y lo que se pretende con la suspensión de los diputados 
afectados, así como con la prisión provisional, no es sino una finalidad de prevención 
general (el «acertado retorno al autogobierno», en los términos del auto del magistrado 
instructor,  de  21  de  marzo  de  2018).  Lo  que  pretende  el  instructor  es  aplicar 
anticipadamente las penas de prisión y, en el caso presente, de inhabilitación previstas 
para los condenados por rebelión (art. 473.1 del Código penal), con la consiguiente 
vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Se añade que son trasladables a 
los autos de 9 y 30 de julio de 2018 las consideraciones del primero de los votos 
particulares a la STC 185/2016, de 3 de noviembre. Por lo demás, una interpretación no 
restrictiva del artículo 384 bis no implicaría que dichos derechos fundamentales no 
hubieran sido vulnerados, sino que determinaría la inconstitucionalidad de ese precepto, 
lo  que  obligaría  al  Tribunal  Constitucional  a  elevar  al  Pleno  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad (art. 55.2 LOTC).
e)  El  artículo  384  bis  LECrim  vulnera  el  artículo  70.1  CE  en  relación  con  su 
artículo 23.2.
Se vulnera la reserva establecida en el primero de estos preceptos constitucionales, 
en la interpretación que le ha dado el Tribunal Constitucional, y con ello los derechos 
reconocidos en el artículo 10.3 TUE y en el artículo 23.2 CE, y por ello procede elevar al 
Pleno cuestión de inconstitucionalidad (art. 55.2 LOTC). Tras citar determinado pasaje 
del FJ 6 de la STC 71/1994, se observa que este precepto legal no responde a la 
naturaleza de la potestad jurisdiccional de adoptar medidas cautelares, tal y como ha 
sido definida por el tribunal en la STC 238/1992, de 17 de diciembre, FJ 3, y así lo 
reconoce el magistrado instructor en su auto de 9 de julio de 2018, al asegurar que tal 
medida «no tiene por objeto una sujeción personal al proceso o garantizar los eventuales 
pronunciamientos  económicos  del  procedimiento»  y  que  la  regla  «no  viene  sino  a 
prescribir, en negativo, uno de los ‘requisitos’ para el mantenimiento en el ejercicio de 
una función o cargo público», lo que pone de manifiesto que se trata de una norma que 
regula el régimen de incompatibilidades de los diputados. La pretendida distinción entre 
la permanencia en el cargo público que mantendría el recurrente y la permanencia en su 
desempeño, que sería inconciliable con su situación procesal, es artificial y no modifica 
la naturaleza del artículo 384 bis.  En cualquier caso, resulta evidente que de nada sirve 
mantener formalmente el cargo si quien tiene encomendada la representación de los 
ciudadanos  se  ve  absolutamente  privado  de  desempeñarlo  (se  cita,  en  punto  a  la 
institución jurídica de la incompatibilidad, la STC 155/2014, de 25 de septiembre, FJ 2). 
Para acreditar que no se trata de una medida cautelar adoptada judicialmente, se reitera 
la solicitud como prueba de que el tribunal se dirija al registro central de medidas 
cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, tras de lo cual se concluye que el  s
artículo controvertido supone un verdadero fraude constitucional. Su caracterización  oe.
como  medida  cautelar  del  proceso  penal  no  pretende  sino  burlar  la  reserva  que  w.
eddseetstaeebrmmlepicneeeñ  oela l ssai mcrtauícultusálanose  7od0 ed. 1ei nl CcmoEam,n pdqaautteiob  ihlpidaaa rldqa umqeueriend toaim riqopu idceeo nns e ada e ltoeeslr  mlreeignpiarsedlasadeson srt aitenultaeeccsito opnroaellsí t,ie cclo osqm ueoel    2021-1127n https://w
beiss  laL EdCe rpimri srieópnr epsroevnitsaio unnaal  («sere csittraic lcaió SnT eCn  7lo2s/1 e9s8q4u, edme a1s4  ddee  ljau nrieop, rFeJs e3n).t aEcli óanr típcoullíoti c3a8»4,   BOE-A-cable e
en los términos de esta última sentencia, por más que dicha incompatibilidad no dé lugar, 
formalmente,  a  un  derecho  de  opción  del  cargo  electo,  sino  únicamente  a  la 
imposibilidad del desempeño de ese cargo durante el tiempo en que se permanezca en 
situación de prisión provisional. Se trata de una verdadera causa de incompatibilidad, 
que solo puede contenerse en la legislación electoral, no en la penal. Ninguna virtualidad 
tendría la reserva del artículo 70.1 CE si esta se pudiera burlar con la configuración de lo 
que es un supuesto de incompatibilidad  como  medida cautelar  ex lege,  siendo de 
recordar que incluso el cese en el cargo público derivado de una sentencia penal no 
firme se encuentra regulado, por el mismo motivo, como causa de incompatibilidad en el 
artículo 6.2 b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general 
(LOREG), en relación con su artículo 6.4, no en el Código penal o en la Ley de 
enjuiciamiento criminal.
f)  Los acuerdos impugnados han sido dictados por un órgano manifiestamente 
incompetente:
(i)  Se señala en primer lugar que, si el artículo 384 bis se ha de caracterizar como 
medida cautelar del orden penal, según pretenden tanto el auto del instructor, de 9 de 
julio de 2018, como los acuerdos impugnados, es evidente que cualesquiera medidas 
cautelares  restrictivas  de  derechos  requieren  la  previa  adopción  de  una  resolución 
judicial, de modo que los acuerdos recurridos son arbitrarios, no tienen otra base jurídica 
que unas decisiones del Tribunal Supremo contrarias a Derecho y no cuentan con 
motivación válida alguna, vulnerándose así los derechos políticos del recurrente y los de 
los ciudadanos por los que fue elegido y a los que representa (art. 23 CE, art. 3 del 
Protocolo adicional 1 al CEDH y art. 25 PIDCP). Se observa al respecto que el auto del 
Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2019 no hace referencia alguna a la suspensión de 
los  diputados  y  del  senador  afectados,  de  modo  que  deducir  del  traslado  de  esta 
resolución a las cámaras el que debían proceder a tal suspensión requiere de una 
importante imaginación, haciéndose notar la diferencia al respecto con el auto de 9 de 
julio de 2018, que sí se refería a la suspensión en su parte dispositiva. Sorprende cómo 
la mesa del Congreso considera implícitamente equiparable lo acordado por ambos 
autos, teniendo en cuenta que en el de 9 de julio de 2018 el Tribunal Supremo se dirige 
directamente a la mesa del Parlamento de Cataluña para dar «plena efectividad» a la 
suspensión, mientras que en este caso es la mesa del Congreso la que decide en su 
acuerdo de 23 de mayo suspender al diputado en aplicación de la legislación procesal. 
Pero, más allá de que los acuerdos recurridos no tengan, como pretenden, amparo 
alguno en el auto del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2019, los mismos también 
serían nulos, en razón de que la suspensión acordada por el Tribunal Supremo, de 
existir, debería haber seguido el cauce requerido por el Reglamento del Congreso de los 
Diputados, cuyo artículo 48, apartados 2 y 3, establece que la suspensión compete al 
Pleno, previa elevación de propuesta razonada por la comisión del estatuto de los 
diputados. Cuando la mesa intenta justificar su actuación a partir de la competencia 
subsidiaria del artículo 31.1.7 RCD según el cual le corresponden aquellas funciones 
«que no estén atribuidas a un órgano específico», se obvia que la competencia del Pleno 
es clara y por ello mutatis mutandis resulta aplicable a la suspensión de derechos la 
jurisprudencia sentada por la STC 7/1992, de 16 de enero, FJ 3, en relación con la 
declaración de incompatibilidad de un diputado y sus efectos.
(ii)  En cualquier caso, la mesa no es competente para adoptar una decisión relativa 
a la suspensión del recurrente, decisión que afecta al núcleo del estatuto del diputado, 
en contra de lo interpretado, al margen de lo previsto en el Reglamento, en el acuerdo  e.
de 11 de junio de 2019. El artículo 63.1 RCD, que establece que las sesiones del pleno  w.b
dcsoeipnruáctnea rdpnoúie»bn,l itcdeaess  m,a dlo iddsoep coqonureoe   cedosemt eola  p ercxeáccmeeppactroaió  pnoa  qrdtueee   dsneuo sl  alom p isreeemmrábinsro a«s cd, ueoa  qndudeeo   llasae  ss tuursasppteeennn ssciiuóóenns  ddtieoe n luoenss    2021-1127n https://w
diputados es competencia del pleno.
g)  La suspensión decretada vulnera los principios de necesidad y proporcionalidad 
y priva del contenido esencial del derecho de sufragio al recurrente y a sus electores, ello 
sin perjuicio de la vulneración por el artículo 384 bis LECrim del derecho reconocido en 
el artículo 23 CE. La situación del diputado recurrente, que es un candidato opositor en 
prisión provisional desde hace prácticamente dos años, le ha impedido la asistencia a las 
sesiones del pleno del Congreso de los Diputados, por ejemplo de investidura del 
candidato  a  la  presidencia  del  Gobierno.  Tal  situación  amenaza  con  introducir  una 
distorsión absolutamente desproporcionada, impropia de una democracia, y con alterar, 
hasta la sentencia, la composición de la Cámara. Si en el auto de 9 de julio de 2018 el 
magistrado instructor intentó salvar la desproporcionalidad manifiesta de la suspensión, 
sin conseguirlo, permitiendo contra legem que los cargos y funciones que correspondían 
a los procesados pudieran ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros 
integrantes de sus respectivas candidaturas, de contemplarse así en el Reglamento, en 
este caso la desproporción es más evidente, si cabe. No existiendo suspensión alguna 
del diputado en el auto de 14 de mayo de 2019, la mesa es quien ha decidido dejar al 
Congreso con cuatro diputados electos menos, alterando su composición, vulnerando los 
derechos de esos diputados y de los ciudadanos a los que representan. Esta decisión, 
en  la  práctica,  deja  sin  contenido  el  derecho  de  sufragio  pasivo  del  recurrente, 
invocándose al respecto jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No 
se puede establecer que una persona es elegible para, acto seguido, impedirle ejercer el 
cargo y mandato; el carácter desproporcionado de esta medida vulnera no solo el 
artículo 23 CE, sino también el artículo 3 del Protocolo adicional 1 al CEDH, así como el 
artículo 25 PIDCP (se cita la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de 20 de noviembre de 2018, asunto Selahattin Demirtas c. Turquía). Esta arbitrariedad 
queda de manifiesto por el hecho de que el recurrente pudo participar en la sesión 
constitutiva del Congreso, incluida la elección de la presidencia y de los restantes 
miembros de la mesa, pues, de ser la suspensión un efecto automático, por ministerio de 
la ley, como pretende el acuerdo impugnado, resulta difícilmente explicable cómo habría 
podido el recurrente participar en esos actos, que claramente se integran en el ius in 
officium.  Esto  pone  de  relieve  que  no  nos  hallamos  ante  acuerdos  meramente 
declarativos, como pretende la cámara, sino ante una verdadera decisión de la misma al 
acordar la suspensión prescindiendo absolutamente de cualquier procedimiento.
h)  La vulneración del derecho fundamental a la participación política del recurrente 
trae causa de la vulneración de los derechos de los diputados, y por extensión de sus 
electores, a la libertad ideológica, a la libertad de expresión y al derecho de asociación, 
vulneraciones declaradas por el ya citado grupo de trabajo sobre la detención arbitraria 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tras invocar la STC 10/1983, 
de 21 de febrero, FJ 2, se observa que el magistrado instructor vinculó expresamente, en 
su auto de 9 de julio de 2018, confirmado por el de 30 del mismo mes, la decisión de 
mantener la prisión provisional al hecho de no haber renunciado el recurrente a su 
actividad pública e, incluso, al de haber sido candidato en las elecciones al Parlamento 
de Cataluña, de 21 de diciembre de 2017, y haber sido elegido diputado. También en el 
auto  de  21  de  marzo  de  2018  el  magistrado  instructor  aseguraba  que  la  prisión 
provisional,  como  medida  cautelar,  se  adoptaba  con  el  objetivo  de  garantizar  «el 
adecuado retorno al autogobierno». Ello pone de manifiesto la ilegitimidad constitucional 
de las medidas cautelares adoptadas con anterioridad al auto de 9 de julio de 2018, de 
las que es corolario la pretendida suspensión como diputados al amparo del artículo 384 
bis, con manifiesto desprecio de los derechos a acceder en condiciones de igualdad a  s
los cargos y funciones públicos (art. 23.2 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2  oe.
CE). La finalidad de la suspensión que se pretende con los autos de 9 y 30 de julio  w.
ldaaelste  r2pa0rce1iró8rno  gndaoet i velaas s c nodimen gpiunonvsiaioc liaórebnli aldidceiaol dnC aeod naign rmceousnon  iddeael d lp oyrso  dcDeei sploau  tappdreoonpsai,al ,c  aosunint oodn eodsmper íeatic pidooe  tlpa Comloíbtniicégonr:e  dsloea    2021-1127n https://w
(arts. 71 y 72 CE).
i)  La suspensión decretada vulnera el artículo 12 RCD, de conformidad con el cual 
la presidencia del Congreso «una vez conocida la detención de un diputado o cualquiera 
otra actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su mandato, 
adoptará de inmediato cuantas medidas sean necesarias para salvaguardar los derechos 
y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros». Es sorprendente que la mesa, en su 
acuerdo de 11 de junio de 2019, llegue a entender que para dar cumplimiento a este 
precepto basta con remitir un escrito al Tribunal Supremo y proceder seguidamente a la 
suspensión  del  diputado,  en  contra  de  sus  derechos  y  del  propio  Reglamento  del 
Congreso de los Diputados. No ha habido en este caso ninguna actuación dirigida a 
salvaguardar los derechos y prerrogativas de la cámara y de sus miembros por parte de 
la presidencia; antes al contrario, habiéndose vulnerado los derechos del recurrente y de 
los ciudadanos a los que representa, en beneficio de la actuación del Tribunal Supremo 
que no ha respetado la separación de poderes ni el Estado de Derecho. Al pretender que 
el Congreso se hallaría vinculado por una supuesta declaración implícita de suspensión, 
la mesa desconoce también la propia autonomía parlamentaria, estrechamente vinculada 
a la separación de poderes, citándose al respecto la sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de 17 de mayo de 2016, asunto Karacsony y otros c. Hungría.
Con  cita  del  artículo  89.1  LOTC,  se  solicitó  práctica  de  prueba  documental, 
consistente  en  libramiento  de  oficio  al  Registro  Central  de  medidas  cautelares, 
requisitorias y sentencias no firmes para que se certificara si algún juez o tribunal ha 
decretado la medida prevista en el artículo 384 bis LECrim en relación con la condición 
de diputado del señor Turull i Negre, así como de la documentación que se acompañaba 
a la demanda.
Con cita de los artículos 53 y 55 LOTC, se pretendió el otorgamiento del amparo y, 
en consecuencia, la declaración de nulidad de los acuerdos parlamentarios impugnados 
y el reconocimiento (i) del derecho fundamental del diputado recurrente a acceder en 
condiciones de igualdad a los cargos públicos, en su vertiente del derecho a ejercer su 
condición de diputado en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE); (ii) del derecho de los 
ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes (art. 23.1 
CE); (iii) del derecho del recurrente a participar en la vida democrática de la Unión 
(art. 10.3 TUE), todo ello en relación con el artículo 3 del Protocolo adicional 1 al CEDH y 
con el artículo 25 PIDCP, así como de los derechos conexos invocados y (iv) del derecho 
del recurrente a la presunción de inocencia (arts. 24.2 CE y 48.1 CDFUE), así como 
derechos conexos invocados.
En primer otrosí se interesó, con cita de los apartados 2 y 6 del artículo 56 LOTC, la 
suspensión cautelar de los acuerdos recurridos en amparo.
En segundo otrosí se solicitó que, caso de no estimarse directamente la demanda, se 
remitieran al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cinco cuestiones prejudiciales 
cuyos respectivos objetos serían, en esencia, los siguientes: (i) si el artículo 10.3 TUE y 
el artículo 3 del Protocolo adicional 1 al CEDH amparan el derecho de los parlamentarios 
nacionales a participar en la vida democrática de la Unión a través de los parlamentos 
nacionales, a los efectos, entre otros, de los artículos 5, 10.2 y 12 TUE y de los 
Protocolos 1 y 2, así como en los preceptos aplicables, TFUE, en particular respecto del 
control de la actuación de los gobiernos de los estados miembros en el Consejo Europeo 
y en el Consejo de la Unión y en lo relativo al control de subsidiariedad; (ii) si los 
derechos reconocidos en los artículos 10.3 TUE y 3 del Protocolo adicional 1 al CEDH, 
en  relación  con  los  principios  de  necesidad  y  proporcionalidad,  se  oponen  a  la 
suspensión de un parlamentario nacional determinante de su imposibilidad absoluta de  s
participar  en  la  actividad  parlamentaria  para  el  ejercicio  de  las  atribuciones  antes  oe.
reseñadas; (iii) si el derecho a la presunción de inocencia del art. 48.1 CDFUE y la  w.
Dsdeeirn eutcentn ipvcaaia r2l;a 0m(1iv6e)/n 3st4ai 3ris/oUe  nEoa pcdoieonln ePa al arsllo apmmreientncidtiopo i oya   dudenel   pCeroqonucsievesajoole  pnseceni aoa pld oaennl eteD ase  drlaee c sqhuuose pd esene s lhaióa nyU atne dimóicnpt,ao deraonl    2021-1127n https://w
prerilnacciipóino  cdoen  eelf edcetirveidcahdo,  ae ll aq utuet eleal  juTdriibcuianl ael feCcotinvsat itduecli oanrat.l  4s7e  CnDieFgUueE , aa scí ocnosmidoe raarl   BOE-A-cable e
autónomamente las eventuales vulneraciones de derechos derivados del Derecho de la 
Unión  equivalentes  a  los  derechos  establecidos  en  la  sección  primera  del  capítulo 
segundo del título I de la Constitución, teniendo en cuenta que es el único órgano 
jurisdiccional ante el que se puede interponer recurso contra una decisión de la mesa del 
Congreso de los Diputados y (v) si el principio de efectividad del Derecho de la Unión, en 
relación con el derecho reconocido en el artículo 47 CDFUE, se opone a que el Tribunal 
Constitucional inadmita a trámite dicho recurso, teniendo en cuenta que contra dicha 
decisión no cabría ulterior recurso.
2.  Por  providencia  de  2  de  octubre  de  2019,  el  Pleno  acordó,  conforme  al 
artículo 10.1 n) LOTC, y a propuesta del presidente, recabar para sí el conocimiento del 
recurso de amparo, así como admitirlo a trámite, al apreciar que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque plantea un problema o 
afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina del Tribunal 
[STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 a)] y porque el asunto trasciende del caso concreto, 
porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)]. 
Se acordó asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, que se 
dirigiera atenta comunicación a la presidenta del Congreso de los Diputados, a fin de 
que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada 
de las actuaciones correspondientes a los acuerdos de la mesa del Congreso de 24 de 
mayo y 11 de junio de 2019, debiendo previamente emplazarse a quienes hubieran sido 
parte en el procedimiento, excepto al recurrente en amparo, para que en el plazo de diez 
días pudieran comparecer, si lo desearan, en el recurso de amparo. En relación con la 
solicitud de suspensión de las resoluciones recurridas formulada en otrosí, el Pleno no 
apreció la urgencia excepcional a la que se refiere el artículo 56.6 LOTC que justificara 
su adopción inaudita parte de forma inmotivada, por lo que, a fin de resolver sobre la 
misma, procedía formar la oportuna pieza separada y, en ella, conceder un plazo de tres 
días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para que efectuasen alegaciones 
respecto de dicha petición. Así se acordó por nueva providencia del Pleno, de la misma 
fecha.
3.  Por auto de 29 de octubre de 2019, acordó el Pleno archivar la pieza separada 
de suspensión por pérdida sobrevenida de objeto, toda vez que, disueltos el Congreso 
de los Diputados y el Senado por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, y 
habiendo perdido con ello la condición de diputado el recurrente, los efectos de los 
acuerdos  impugnados  se  han  agotado  en  el  momento  de  resolver  el  incidente  de 
suspensión.
4.  Mediante escrito que tuvo entrada en el registro general del Tribunal el 14 de 
noviembre de 2019, la letrada de las Cortes Generales presentó alegaciones en nombre 
y representación del Congreso de los Diputados. Pueden resumirse como sigue:
A)  Se  inician  las  alegaciones  con  unas  consideraciones  generales  sobre  el 
artículo 55 CE y el artículo 384 bis LECrim:
a)  Tras observar que el fondo de la cuestión que la demanda plantea es la vigencia 
de determinados derechos fundamentales durante la situación de prisión provisional, se 
cita el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, general penitenciaria, 
del que se desprende una regla general de conservación de esos derechos pese a la 
privación de libertad ambulatoria, pero también una previsión de excepción a la regla,  e.e
basada en la incompatibilidad de esa privación con el pleno goce y ejercicio del derecho  b
aqnruoterícm uarloeti sv3uo8l.t 4eE  bscitsao  nLdcEiseCprnroiimsdioc, i,nó oncr imlrecagu anmls eetasdntiáac niast ee palaa  raqvadulaeo  redalir a lemcgeaistsrlaualídmsoteirc,n actmeo ned nect aelro á pcetosertra  baelule tcoaimdpoáli cteiacndo o eyrl    2021-1127n https://ww
spiúnb lmicaorsg edne  dcuea alqrubiietrri on aot ucrraitleerziao  aju dloicsi acl,r itaenriuodsa a llalí  essutsapbelencsiidóons ,d ec ufyuan ccioonnceusr roe nccaiarg oess 
incuestionable en el caso que nos ocupa. Así se hizo por la mesa del Congreso, sobre la
base del informe de la secretaría general de la Cámara, del mismo modo en que dicho 
precepto se aplicó por el auto del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018. Por lo que se 
refiere al artículo 55.2 CE, se observa que dentro de la habilitación de tal precepto cabe 
referirse a la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, cuya disposición adicional establece 
que las referencias a la norma de desarrollo del artículo 55.2 CE «se entenderán hechas 
a esta Ley Orgánica». Por lo tanto, el artículo 384 bis LECrim es un desarrollo normativo 
directo del artículo 55.2 CE. Tras citar la STC 71/1994, de 3 de marzo, se señala que el 
auto del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018 (causa especial 20907-2017) se refiere 
a que con esta medida se persigue preservar el orden constitucional, del mismo modo 
que  el  auto  de  la  Sala  de  Apelación  de  17  de  marzo  de  2018  justificó  la  prisión 
provisional al concurrir una situación calificada de «ruptura estructural del Estado de 
Derecho  y  de  la  convivencia  social».  La  relevancia  de  estas  consideraciones  para 
analizar la legalidad de los acuerdos de la mesa ahora impugnados es evidente, pues 
tales acuerdos no son más que la consecuencia lógica de estar la mesa sujeta al 
automatismo del artículo 384 bis, cuyos efectos operan ex lege. El advenimiento de 
sentencia en la causa 20907-2017 no tiene efecto alguno para el enjuiciamiento de estos 
acuerdos, pues el que la condena haya sido finalmente por sedición, no por rebelión, no 
afecta a la correcta aplicación que en su día se hizo del artículo 384 bis LECrim.
b)  También como cuestión previa, se hace referencia a la relación especial de 
sujeción en la que se encuentra el interno en prisión (arts. 3.1 y 5 de la citada Ley 
Orgánica 1/1979). Esa relación, en el caso de la prisión, se desarrolla precisamente en 
un concreto centro penitenciario, dentro del cual es necesario garantizar y velar por la 
seguridad y el buen orden regimental del centro (STC 119/1996, de 8 de junio), lo que 
implica la necesidad de ajustarse a sus normas de régimen interior (STC 140/2002, de 3 
de junio), pues el interno se integra en una institución preexistente que proyecta su 
autoridad sobre quienes ingresan en ella (STC 175/2000, de 26 de junio). Ello es 
relevante a la hora de justificar los acuerdos impugnados, ya que la mesa no puede 
ignorar, como dice el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/1979, que en la situación de prisión 
preventiva el diputado interno se encuentra «retenido» a disposición de la autoridad 
judicial, como autoridad de la que inmediatamente depende.
B)  Se  examinan,  a  continuación,  las  alegaciones  de  haberse  violado  por  los 
acuerdos recurridos el Derecho europeo, alegaciones que deben rechazarse, así como 
el posible planteamiento de la cuestión prejudicial solicitada. Las competencias de la 
Unión Europea son de atribución y su Derecho solo puede invocarse en supuestos en 
que la competencia de la Unión esté afirmada, citándose la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 26 de febrero de 2013 en lo relativo a los artículos 6.1 
TUE  y  51.2  CDFUE.  Aplicando  esto  al  caso,  se  afirma  que  la  Unión  no  tiene 
competencias en materia penal, como las aplicadas en el proceso del que derivan los 
acuerdos recurridos. Tampoco tiene competencias la Unión respecto de las condiciones 
de ejercicio del cargo representativo, la composición y funcionamiento de las cámaras, la 
aplicación del Reglamento del Congreso de los Diputados, las situaciones excepcionales 
de  suspensión  de  derechos  fundamentales  dentro  de  los  estados  nacionales  o  la 
aplicación  ordinaria  del  Derecho  por  los  órganos  judiciales,  competencias  todas 
inequívocamente nacionales. De seguirse el criterio de la demanda, las competencias de 
la Unión se extenderían mucho más allá de lo que prevén sus propias normas, en cuanto 
el derecho a la participación en la vida democrática de la Unión del ciudadano legitimaría 
su intervención, y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las competencias 
nacionales  citadas  y  en  otras,  sirviendo  este  punto  de  conexión  de  criterio  de  e.
intervención,  tesis  que  serviría  de  amplísimo  título  para  intervenir  en  la  actividad  w.b
pedajeerrrliacviamcrieíoan  tdeaenri  alu.a n U fnud nedcreeiócrneh coph ooor   dcpoeaml rclpaieumtdeeanndctaaianr iood sea   nleaaj ceUirocnnitiaóalnre  sep,n a irnlaac slsu uiidnpose tritvsuiusc aioern syeta std uedste,e  rdlmae ibnUeanrrie ósen,l    2021-1127n https://w
odredreenchaomsi eny topsr ersroegríaatniv avsu. lnLeorsa dporsin cpipoiro s uensae nicnitaelrepsr edtaec iólans  nreol acciooninecsid eennttere  caomn bolas 
consolidada. Si en el caso del artículo 10.3 TUE se puede sostener que el ámbito
subjetivo del derecho es el ciudadano de la Unión, no el parlamentario nacional, la 
referencia al artículo 48 CDFUE no es de aplicación, precisamente por no existir una 
competencia específica de la Unión en cuyo desarrollo o ejercicio puedan haberse 
vulnerado esos derechos. La simple invocación de la infracción de este artículo no puede 
crear un título competencial, pues las disposiciones de la Carta no pueden ampliar las 
competencias de la Unión. Otro tanto se dice respecto del artículo 47 CDFUE. No hay, 
por tanto, razones para el planteamiento de una cuestión prejudicial, pues no existe 
infracción del Derecho de la Unión, siendo estrictamente nacionales las cuestiones a las 
que la demanda se refiere.
C)  Considera después la alegación sobre la nulidad de los acuerdos adoptados por 
no  concurrir  los  presupuestos  legalmente  establecidos  para  la  suspensión  de  los 
diputados afectados, vulnerándose con ello los derechos reconocidos en el artículo 10.3 
TUE. Comienza por observar que esta suspensión no es una medida cautelar ordinaria 
de las previstas en el ordenamiento, como sostiene la demanda, sino una restricción de 
derechos al amparo del artículo 55.2 CE. La finalidad de la norma habilitante de la 
suspensión está claramente vinculada con la defensa del orden constitucional, en cuanto 
a cargos públicos, es decir, a personas que ejercen potestad pública. Se resuelve así la 
contradicción  entre  la  condición  de  una  persona  como  ejerciente  del  poder  que  la 
Constitución y la ley le atribuyen y las atribuciones de responsabilidades por ataque al 
citado orden que se le hacen judicialmente. La demanda no analiza en ningún momento 
esa  singularidad  excepcional  del  artículo  384  bis  LECrim  ni  su  conexión  con  el 
artículo 55.2 CE y parte de la base falsa de que el acuerdo de la mesa es un acuerdo de 
suspensión más, como el de los supuestos del artículo 21 RCD. Se añaden a ello las 
siguientes consideraciones:
a)  En cuanto a la alegación de la procedencia del previo suplicatorio, con ella se 
soslaya  la  actividad  de  integración  o  relación  del  diputado  con  bandas  armadas  e 
individuos terroristas y rebeldes, lo que es esencial y deriva de la relación entre el 
precepto y el artículo 55.2 CE. La cualificación viene dada por la actividad gravísima de 
destrucción del orden constitucional, lo que impide la consideración del supuesto en el 
caso del artículo 21.1.2 RCD, norma respecto de la que es de preferente aplicación el 
artículo 384 bis LECrim, más aun teniendo en cuenta la disposición adicional de la Ley 
Orgánica 4/1988. El automatismo que caracteriza la aplicación del artículo 384 bis 
significa que la suspensión es un efecto de la ley, no del Reglamento del Congreso de 
los  Diputados,  porque  la  ley  no  quiere  aplazamientos  o  dilaciones,  lo  que  es 
radicalmente incompatible con lo que supone el suplicatorio. Este último se plantea 
cuando un órgano judicial entiende que hay razones suficientes para continuar con el 
procedimiento penal y la inmunidad le impide continuar, lo que no tiene nada que ver con 
la mecánica del artículo 384 bis LECrim, en la que hay un efecto previo que no depende 
de la autorización de la cámara y que afecta no solamente a diputados, sino a los que 
ostentan función o cargo público, siendo evidente que respecto de estos últimos no hay 
suplicatorio que pedir. No existe conexión entre este precepto y el artículo 21 RCD. La 
petición del suplicatorio no tiene efecto suspensivo, de manera que intentar encajar el 
supuesto del artículo 384 bis LECrim, de suspensión automática, en el artículo 21 RCD, 
donde esta suspensión no existe, es simplemente invalidar y anular aquel precepto. La 
primera es una norma procesal; la segunda, una norma aplicable a los diputados y 
conforme a la cual, además, la suspensión es de aplicación una vez concedida la 
autorización, en tanto que en el artículo 384 bis se parte de una situación en la que la 
persona ya aparece suspendida. Es importante reseñar que la potestad de determinar si  e.
el  resultado  de  la  investigación  justifica  la  petición  de  alzamiento  y  se  solicita  la  w.b
Pealuo atro urttioaza ndctoeió,  1n4n a od  leac  macábamey oai rmdaep e u2llt0oa1 rc 9or reersle pqsoupneos ndadebeci lisiddoiaólod q  auale  P nloaod  epCrr áoJmcuedadircaíaia  lls.a oE pbner etei cl licaóa ns indoee px sriesutspeelninccatieato,  rfduioee.    2021-1127n https://w
psurepvliicaa ptoertiioc,i ópnu jeusd iscuia lo. tEosrgtaa malieegnatoc ióon n eos  paojer nlaa  aml isombjae tod edpeel nrdeecu drseo  qyu ed esbee rlíea  chuarbseer slea 
articulado como impugnación del referido auto de 14 de mayo de 2019.
b)  En lo relativo al alegato de que no existe resolución judicial que decrete la 
suspensión, se señala que el artículo 384 bis LECrim obliga al Congreso como en su día 
al instructor de la causa, ya que la facultad de dar ejecución a un acaecimiento previsto 
en la ley corresponde a quien tenga la competencia objetiva o personal. El Tribunal 
Supremo no puede sustituir a la mesa en el ejercicio de sus competencias y esto es lo 
que viene a decir el auto de 14 de mayo de 2019. La obligación del Parlamento de 
Cataluña, bajo su responsabilidad, no dependía del auto de 9 de julio de 2018 y la del 
Congreso de los Diputados, también bajo su responsabilidad, tampoco dependía del auto 
de 14 de mayo de 2019. Es una suspensión por ministerio de la ley, que el órgano que 
tiene la competencia ejecuta, correspondiendo en ambos casos a las mesas de los 
parlamentos, al afectar a la suspensión de cargos electos. Pretender una ejecución del 
acuerdo de suspensión por el Tribunal Supremo estaría en clarísimo ultra vires, no por la 
condición especial o privilegiada de diputados y senadores, sino por la aplicación de la 
separación de poderes y del principio de competencia. La demanda sostiene que, a 
diferencia de lo que ocurrió en el caso del Parlamento de Cataluña, en este no hay 
resolución expresa de declaración de la medida cautelar, pero ya se ha señalado que la 
suspensión del artículo 384 bis ya existía en el momento en el que, según la demanda, 
había que dictar otra. La vigencia legal de un estado o situación no depende de que 
deba reiterarse por una razón u otra y por ello mismo el auto de 14 de mayo de 2019 no 
estaba obligado a contener un pronunciamiento sobre la suspensión. Este auto se le 
comunicó a la Cámara, conforme a su parte dispositiva, «a los efectos procedentes»; y 
aunque es verdad que, en esa parte dispositiva no figuraba un acuerdo como el del auto 
de 9 de julio de 2018, ello fue quizá por considerar el tribunal que no era necesario, toda 
vez que los afectados se encontraban ya suspendidos. Sin embargo, en el cuerpo del 
auto hay una clara referencia a que el tribunal considera que la medida de suspensión en 
su  día  acordada  sigue  vigente,  al  hilo  de  rechazar  la  pretensión  de  varios  de  los 
procesados  de  que  la  nueva  condición  de  diputados  electos  exigía  la  petición  de 
suplicatorio. Por tanto, según el propio auto, que fue comunicado al Congreso a los 
efectos procedentes, que no pueden ser otros sino los relativos a la ejecución, las 
medidas de suspensión seguían vigentes en la nueva situación de diputados electos.
c)  Es inaceptable la interpretación que hace la demanda del artículo 384 bis en lo 
relativo a la proposición «individuos rebeldes». La interpretación de la STC 199/1987 se 
refirió a los artículos 1 y 22 de la Ley Orgánica 9/1984, luego derogada, en la que 
existían diferencias sustanciales con el artículo 384 bis LECrim, ya que se refería a 
personas integradas en bandas armadas o relacionadas con actividades terroristas o 
rebeldes, mientras que el precepto en vigor se refiere a persona integrada o relacionada 
con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes y la referencia al individuo se 
autonomiza  con  toda  claridad  respecto  del  inicio  de  la  referencia,  adquiriendo 
sustantividad  propia.  Por  tanto,  las  consideraciones  de  la  referida  sentencia 
constitucional no son de aplicación en este caso, en cuanto la redacción ya no permite 
sostener que en todo caso es necesaria la integración en banda armada, conclusión que 
parece compartir la demanda, aunque, pese a ello, sostiene que la sentencia tendría un 
efecto interpretativo general que iría más allá de que se tratase de un precepto de la Ley 
de 1984. En cuanto a las referencias de la demanda a la resolución de 12 de julio 
de 2018, del tribunal de Schleswig-Holstein, se señala que las afirmaciones de esa 
resolución no permiten fundamentar la inexistencia del requisito de la rebelión a que se 
refiere el artículo 384 bis LECrim, en primer lugar porque el análisis se realiza en relación 
con el tipo penal aplicable en Alemania y, en segundo lugar, por no ser determinante ni  s
tajante sobre la existencia o no de violencia y sobre el tipo penal de rebelión. oe.
d)  Por lo que hace al alegato de la demanda de que el supuesto del artículo 384 bis  w.
lpLorEsoC cqeruimsea  mensoiet énsnteo  e,p nsu ees dioteub asrceeirfóvenar i rdq eau  epq rluiasi eisónun s eppsre ocnvasisriógionon  aaeull etyoc mtnooá  ctisocena   vspeeo  saptfereorcidotuaricddeaa  drpe osarp  lleaac  tfaoird mdqeeuz istaoic didóoensl    2021-1127n https://w
soordberenv ceonnidsati tduec ioontraal ,f uensc iiónnd ifoe rceanrtgeo  qpuúeb leicl oc. aArgl otr astea rshea ydae  audnqau inriodrom ean d ee l pmrootemcecnióton  ddeell   BOE-A-cable e
procesamiento y prisión por los referidos delitos o después. Debe entenderse que el 
artículo 384 bis se sigue aplicando en su integridad también a partir del momento en que 
se inicia la ostentación del segundo cargo y lo contrario equivaldría a sostener que el 
precepto  se  aplica  de  manera  intermitente.  La  interpretación  en  este  punto  de  la 
demanda es contraria al espíritu de la norma, que lo que quiere es, sin distinciones entre 
el número de posibles cargos, impedir que alguien, en prisión provisional y procesado 
por los delitos mencionados, pueda ejercer un cargo público o una función pública, ello 
con el objeto de evitar un ejercicio torticero de los mismos o la reiteración de hechos 
punibles. Así deriva también del principio de conservación de los actos del Estado, 
judiciales en este caso. Debe tenerse en cuenta que los efectos de la suspensión del 
artículo 384 bis LECrim son los propios de la anticipación de la pena de suspensión de 
empleo o cargo público (art. 43 del Código penal), la cual, a diferencia de la inhabilitación 
absoluta (art. 41 del mismo cuerpo legal), solo contrae sus efectos a la suspensión del 
ejercicio de la función o cargo público y no a la incapacidad futura para acceder a otros, 
lo que explica la situación que se produce en este caso. El demandante, estando 
suspendido  para  un  cargo,  ha  podido  acceder  a  otro,  porque  ello  no  lo  impide  el 
artículo 384 bis LECrim, pero, una vez que accede al cargo, queda, por aplicación del 
precepto, automáticamente suspendido en su ejercicio. En todo caso, la cesación de los 
efectos de la suspensión nunca sucedería por acceder a otros cargos durante el tiempo 
del procesamiento, como pretende el demandante, sino solo por la ausencia de la 
concurrencia de los presupuestos que la legitiman: por el sobreseimiento o absolución; 
por la conversión en sentencia firme de esta medida en la pena accesoria de suspensión 
de empleo y sueldo o por el desprocesamiento o puesta en libertad del procesado. En 
este  caso,  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  14  de  octubre  de  2019,  en  la 
causa 20907-2017, fue la que provocó la cesación de los efectos del artículo 384 bis, al 
transformar la anterior suspensión en pena de inhabilitación.
D)  En cuanto al alegato de infracción de la presunción de inocencia en relación con 
la legalidad penal, se trata de un reproche dirigido a la norma art. 384 bis LECrim y no a 
los acuerdos de la mesa, lo que excede de este pleito, aunque por la confusión de la 
demanda al respecto, se entra en el análisis de la cuestión. Tras citar la STC 71/1994, se 
señala que lo que puede llegar a violar la presunción de inocencia es solo la condena sin 
pruebas o en virtud de pruebas irregularmente obtenidas o hechas valer en la causa sin 
las garantías debidas. Se añade que la impugnación se refiere a la inconstitucionalidad 
de una norma con rango de ley, supuesto en el que es de aplicación una diferente causa 
de especial trascendencia constitucional, por cierto, no invocada, en cuanto que se 
considera  que  es  la  propia  norma  la  que  infringe  los  preceptos  citados,  lo  que, 
evidentemente, constituye un defecto de la demanda, en cuanto no cita este supuesto de 
especial trascendencia constitucional. Al margen de esto, no hay en la demanda un juicio 
de inconstitucionalidad referido a la propia norma que explique de qué modo se han 
producido las supuestas infracciones. Se parte de la base de que la suspensión no es 
propiamente una medida cautelar de aseguramiento, sino de preservación del orden 
constitucional,  señalándose,  que  en  la  demanda  no  se  menciona  solamente  la 
inconstitucionalidad del precepto, sino otras actuaciones, como las de la mesa de la 
Cámara o la Sala de lo Penal, por lo que existe cierta confusión de reproches. En lo que 
se refiere a la vulneración del derecho a la legalidad penal, no se sabe en qué entra en 
conflicto con el precepto, pues ninguna concreción se ofrece, salvo la referencia a la 
naturaleza de las medidas cautelares y a la condición de sanción, directa o indirecta. El 
artículo  384  bis  LECrim,  aunque  no  sea  norma  penal,  contiene  una  estructura  del  e.
precepto completa y conforme al principio de legalidad, sin que pueda confundirse el  w.b
dpeerfee cqctiusoei ó lenel g ypa rsli nindc eidp uioud nadase   elsenigt ualaali cdiniaótdne  rspseroe rsteatefcienióridena , a c polaon r n uonuramn  anp oprroemcnaea slv amamgaiaete norti oaa l,m fnibromig aeu ,a la,d  speirsnoc cpreietasrja ulci.c oEinol    2021-1127n https://w
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claras y precisas. Parece que la demanda está planteando una suerte de cuestión de
inconstitucionalidad  sobre  la  figura  de  la  prisión  provisional  y  la  suspensión  del 
artículo 384 bis al no respetar los principios de presunción de inocencia y legalidad 
penal, en la línea de las corrientes doctrinales que abogan por su abolición, por ser una 
institución que viola los principios del Derecho penal garantista, lo cual trasciende con 
mucho el objeto de este pleito.
E)  En cuanto al alegato de infracción de la normativa sobre incompatibilidades, se 
opone que es incorrecto afirmar que un procesamiento por delitos como los que se 
imputan  en  este  caso  sea  asunto  de  incompatibilidad.  La  compatibilidad  o 
incompatibilidad se refieren a una actividad posible y lícita, no a situaciones como las 
descritas  en  el  artículo  384  bis  LECrim.  No  se  puede  conceder  o  denegar  la 
compatibilidad con la situación de prisión o con la condición de procesado, pues son 
cuestiones  absolutamente  heterogéneas.  El  precepto  controvertido  no  trata  de 
incompatibilizar la función parlamentaria, sino de proceder a una suspensión ex lege de 
una persona, diputado o no, por el conjunto de requisitos que el precepto menciona. No 
hay restricción derivada de actividades lícitas, pero incompatibles con el cargo por razón 
de conflicto de intereses, imparcialidad u otros motivos, sino una suspensión por razones 
de  orden  público  constitucional,  sin  que,  como  reconoce  la  demanda,  exista  aquí 
derecho de opción. Tampoco existe concordancia con el supuesto del artículo 6.2 b) 
LOREG,  relativo  a  un  supuesto  de  cese  en  el  cargo  público  por  la  existencia  de 
sentencia  no  firme  del  orden  penal.  En  este  caso  no  hay  sentencia,  sino  un 
procesamiento. La reserva del artículo 70 CE no se puede relacionar con las situaciones 
derivadas de la sujeción a procedimiento penal, que están mencionadas en el supuesto 
de suspensión, pero no en el apartado relativo a las incompatibilidades del cargo. Las 
consecuencias de determinadas resoluciones judiciales no se pueden integrar en las 
actividades del diputado; menos aún si se trata de la privación de libertad, pues es esta 
la determinante de la limitación al ejercicio del cargo, no al revés.
F)  Por lo que se refiere a la supuesta incompetencia del Congreso de los Diputados 
y de su mesa, se afirma que la competencia del primero viene establecida en su 
Reglamento, por mandato del artículo 72 CE. La demanda sostiene que la cámara o su 
mesa se han constituido en autoridad judicial y que los acuerdos impugnados han 
incurrido en ultra vires, pero ya se ha dicho que esta suspensión se produce por 
ministerio de la ley. Es la ley, no la mesa, la que determina la suspensión y lo que los 
autos judiciales o la mesa hacen es constatarla y en su caso notificarla a quien proceda. 
No se trata de si la mesa tiene o no competencia para acordar la suspensión, pues esta 
opera ex lege y no de otro modo cabe entender la redacción del acuerdo cuando emplea 
la expresión «declarar automáticamente suspendidos», esto es, por puro efecto del 
artículo 384 bis LECrim. Toda la impugnación está fundada sobre un error básico, que 
confunde una ejecución por un órgano competente de una suspensión automática con 
una suspensión acordada por ese órgano. Esto es así incluso para el órgano judicial. El 
auto de 9 de julio de 2018 no declara ni constituye nada, sino simplemente constata la 
producción de un efecto. Lo mismo cabe decir del acuerdo de la mesa. La competencia 
de  esta  no  es  la  de  acordar  la  suspensión,  sino  algo  completamente  diferente, 
incardinable en su competencia genérica de órgano de gobierno para «adoptar cuantas 
decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el régimen y gobierno 
interiores de la cámara» art. 31.1.1 RCD, operando la cláusula residual de ejercer 
también todas las funciones «que no estén atribuidas a un órgano específico» art. 31.1.7 
RCD. Además, el artículo 31.1.5 RCD le atribuye la función de decidir la tramitación de 
todos los escritos y documentos de índole parlamentaria, entendiendo por tramitación  s
dar el curso conforme a la ley de los citados documentos, en este caso conforme al  oe.
artículo 384 bis, cuyos efectos vinculaban a la mesa. No se puede olvidar que ésta  w.
esausdcsorppitetoóns s siódune   adloceus  elogrsdr uodp iopesun t apedajoerlsrac msicoeiomn teadtreidio ostas  lP aco poprmuislpaióer,nt e Cpnircueidava eddnaetin voacs.a  lEiyfil c aVacocuixóe,n rq,d uoae ld  ese oxclaiacmliitfiaincbaaarc nió lonlas,    2021-1127n https://w
paolgru noatr or ellaadcoió, nn coo ne sl ac odnesl tPituletinvoo . sToabmrep oecl oe sctaatbueto i ndveo cloasr  dqiupeu taedsao sc, oqmuep eetenn csiua  mteanygoar   BOE-A-cable e
parte son resolutivas. El Pleno no tiene intervención alguna en esta cuestión, y tampoco 
la comisión del estatuto del diputado.
G)  Se examina, a continuación, la alegación de vulneración de los principios de 
necesidad  y  proporcionalidad  y  del  contenido  esencial  del  derecho  de  sufragio.  La 
demanda cita en este punto el auto de 9 de julio de 2018, en el que el instructor se 
refiere de forma incidental, y con fundamento discutible, a la posibilidad de sustitución en 
la función de manera plena y temporalmente, alegándose que esa posibilidad no se 
contempla en el auto de 14 de mayo de 2019. La demanda confunde aquí la supuesta 
proporcionalidad de los acuerdos de la mesa, que eran solo de ejecución y adopción de 
las medidas internas necesarias, con la cuestión, más compleja y polémica, que nada 
tiene que ver con los acuerdos impugnados, de la proporcionalidad y necesidad de la 
prisión provisional, sobre la que ya se pronunció de manera favorable el auto de la Sala 
de apelación de 17 de marzo de 2018, lo que no es objeto de este recurso. De nuevo en 
la  fase  de  juicio  oral  se  plantearon  solicitudes  de  libertad  provisional,  citándose  la 
STEDH en el asunto Selahattin Demirtas c. Turquía, y en varias resoluciones se volvió a 
desestimar esta petición, como en los autos de 25 de enero y de 14 de mayo de 2019, 
cuyas fundamentaciones en parte se transcriben por la letrada de las Cortes Generales. 
No  cabe  sino  remitirse  a  estos  pronunciamientos  judiciales,  al  no  haber  sido  esta 
cuestión objeto de los acuerdos de la mesa. El objeto de este pleito son solo estos 
últimos acuerdos, que, aunque evidentemente sean una consecuencia de las decisiones 
judiciales, se diferencian de ellas. Estos acuerdos parlamentarios no cabe considerarlos 
desproporcionados,  pues  se  limitaron  a  constatar  el  efecto  legal  producido  por  el 
artículo 384 bis LECrim y a adoptar las medidas de ejecución derivadas de ese efecto. 
Estas  últimas  medidas  no  pueden  reputarse  desproporcionadas,  pues  son  las  que 
jurídicamente van asociadas a la pérdida de la condición de diputado y así se explica 
razonadamente en el informe del secretario general. En cuanto a la cuestión de la 
posible sustitución del cargo electo, también estos acuerdos son conformes a Derecho, 
sin perjuicio de que en algunos parlamentos autonómicos exista la posibilidad de una 
sustitución, lo que es una clara anomalía del ejercicio personal e indelegable del cargo. 
Ni esto es lo habitual ni tiene fundamento constitucional. La referencia a una supuesta 
intangibilidad absoluta de la composición de la Cámara que se pretendería garantizar por 
medio de la sustitución supone una clara infracción del mandato representativo, pues la 
Constitución parte de que no se vota a un partido o a una agrupación de electores, sino a 
un candidato integrado en una de esas formaciones, que no pierde su individualidad. Las 
modificaciones en la composición de la Cámara por circunstancias externas a la misma y 
causadas por el mismo diputado no se deben considerar blindadas jurídicamente frente a 
este tipo de consecuencias, pues no se establece en ningún precepto constitucional o 
legal una obligación incondicional de sustitución por otro diputado afín. La existencia de 
un derecho al ejercicio del cargo nunca ha sido incondicionada y las sentencias del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos a las que la demanda se refiere no versan 
sobre un caso como el presente, en el que la prisión se ha producido, lo que condiciona 
su participación en la cámara. La detención o prisión es una privación justificada de la 
libertad más elemental y siempre ha regido la regla le criminel tient le civil en état, es 
decir, la primacía de la jurisdicción penal en caso de contradicción con las decisiones de 
otras  jurisdicciones.  Reconocer  una  excepción  por  la  convocatoria  a  los  trabajos 
parlamentarios sería absurdo, excepción, además, que tendría que ser general a la par 
que discriminatoria respecto de los detenidos o preventivos que no tienen esa condición. 
No se produjo la suspensión sino en el momento en que se adquiría la condición de  s
diputado, lo que se le permitió llevar a cabo por la Sala de lo Penal y por tanto la  oe.
participación en la sesión estaba justificada por la necesidad de cumplimiento para  w.
aaindctteqivruviideriarn dcpeilóesn nd apeme lraep neCtteáú mela al acra oc.n itSdaiedc aiaó dncq oduneide irdceiipó lunat  acado eonf.de iLccotióo nsq  udye es  neteo sn useesrp  dpeeunrededece ha ocu otaon mcplaáurtiirtci caeipms aeqrn ueteen   eplsaoasr    2021-1127n https://w
mprionpisotrecriioon adlied alda  nleoy . paRreescpee cpteor tidnee ntees ey  anuoto msea tisjumstoif,i cala  eisnav ocaaficrmióanc idóenl  ecna nnoinn gdúen   BOE-A-cable e
momento. En cualquier caso, debe descartarse que en este supuesto la suspensión 
tuviera el efecto pernicioso de provocar alteraciones no queridas en la composición de la 
cámara, a cuyo efecto se cita el auto de 14 de mayo de 2019, fundamento jurídico 2.6. 
También la imputación de arbitrariedad debe ser descartada, pues la producción de un 
efecto legal en virtud de una norma sin reproche de inconstitucionalidad no puede ser 
arbitraria.  Lo  que  se  produce  es  una  consecuencia  de  una  situación  en  la  que  el 
demandante de amparo se ha situado voluntariamente.
H)  En cuanto a la alegada infracción de las libertades ideológica y de expresión y 
del derecho de asociación, se observa que el efecto al que se ha venido haciendo 
referencia no se produce por la opción ideológica soberanista, sino por la integración o 
relación con individuo rebelde. El hecho de que la Constitución no determine un régimen 
de  democracia  militante  no  deroga  la  norma  penal  que,  sometida  al  principio  de 
legalidad, debe ser observada siempre y protege los bienes jurídicos más importantes. Si 
las  conductas  que  dan  lugar  a  los  procedimientos  judiciales  son  lesivas  del  orden 
constitucional, en cuanto atentan a su fundamento, nada tiene ello que ver con la libertad 
de expresión, que no ampara las situaciones de peligro anticonstitucionales (clear and 
present danger test, en el caso Schenk vs. Unitad States, de 1919, del Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos, con semejanzas evidentes con el caso planteado aquí). Las 
acciones que dieron lugar al reproche penal están ahí, han ocurrido y suponen un peligro 
anticonstitucional que no queda amparado por la libertad ideológica. Tampoco es un 
problema  de  la  llamada  democracia  militante,  sino  de  respeto  al  orden  objetivo 
constitucional, citándose las SSTC 48/2003, de 12 de marzo, y 52/2017, de 15 de junio. 
Se señala que algunas constituciones han regulado el abuso de derechos fundamentales 
(art. 18 de la Ley Fundamental de Bonn); y en este caso los derechos y libertades 
citados no pueden servir de justificación para las acciones que han dado lugar a la 
suspensión.  La  libertad  ideológica  no  ampara  los  hechos  que  se  refieren  en  las 
actuaciones previas que han dado lugar a la demanda de amparo, observándose que el 
límite a los derechos reconocidos en el párrafo primero del artículo 16 CE es el orden 
público protegido por la ley STC 46/2001, de 15 de febrero.
I)  Por lo que se refiere al alegato de infracción del artículo 12 RCD, en relación con 
la actuación de la presidenta del Congreso de los Diputados en orden a salvaguardar los 
derechos y prerrogativas de la cámara y de sus miembros, se señala que lo que se hizo 
fue defender la necesidad de que la cámara actúe conforme a Derecho, que es el 
fundamento de su prerrogativa. Sin adecuación a la Constitución y a la ley no hay 
prerrogativa, ni de la cámara ni de sus miembros. La autonomía parlamentaria a la que 
hace referencia la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 17 de 
mayo de 2016, en el asunto Karacsony y otros c. Hungría, no es una licencia para 
vulnerar el ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE). Ello determina que las facultades de la 
presidencia en relación con el artículo 12 RCD no están desvinculadas de la licitud o 
ilicitud de las actuaciones que eventualmente hubieran afectado el ejercicio del mandato 
del diputado por una actuación judicial o gubernativa.
Se concluyó con la súplica de que se desestimara en su integridad la demanda de 
amparo.
5.  Mediante escrito que tuvo entrada en el registro general del tribunal el 21 de 
noviembre de 2019 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal. Pueden resumirse en 
los términos siguientes:
A)  Se comienza abordando las siguientes cuestiones, que pueden calificarse de  e
preliminares: bo
lpaosr  Cala)o  rtseAesun ntGeqenunceie aer al 4lde5es9 m/(2Ra0ne1da9al,  nDdteeec  hre1at4 op  ed5re5d 1ido/2oc0 tlu1ab9 cr,e od,n edd i2ec4i ó lnad  edS esa edlapip tiudetema dbloore  p)P oyer,n  lpaaol  dsditseeorli louTrcmriióbenun ndteae,l    2021-1127n https://w
Supremo, se estima que subsiste el objeto del recurso de amparo y la necesidad de
pronunciamiento sobre la pretensión deducida, puesto que el recurso se interpone contra
los acuerdos de la mesa del Congreso que declararon la suspensión en el ejercicio del 
cargo que en aquel momento ostentaba, ello con independencia del alcance que, en su 
caso, pudiera tener un pronunciamiento estimatorio.
b)  El examen de la pretensión de amparo debe quedar delimitado a los actos y 
decisiones sin valor de ley emanados de los órganos de las cámaras legislativas, sin que 
quepa, por tanto, la posibilidad de entrar a enjuiciar a través de un recurso de amparo 
parlamentario  supuestas  lesiones  de  derechos  fundamentales  que  realmente  son 
atribuidas a previas decisiones o resoluciones de órganos jurisdiccionales, aunque se 
alegue que en tales decisiones puede estar el origen de las lesiones de derechos 
fundamentales  producidas,  posteriormente,  por  las  decisiones  o  acuerdos 
parlamentarios. Las decisiones o resoluciones de los órganos jurisdiccionales a las que 
se  atribuye  lesión  de  los  derechos  fundamentales  del  recurrente  solo  podrán  ser 
enjuiciadas acudiendo a la vía del artículo 44 LOTC, tras el agotamiento previo de la vía 
judicial, como ha hecho el demandante con respecto a las decisiones de la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo relativas a la aplicación del artículo 384 bis LECrim (recurso 
de amparo 5222-2018).
El Ministerio Fiscal afirma que el presente recurso presenta identidad en el objeto, en 
la pretensión de amparo deducida y en los argumentos que la sustentan con los recursos 
de amparo núm. 5196-2019 y 5199-2019, por lo que las alegaciones en los mismos 
deben ser coincidentes.
c)  La alegación de una supuesta vulneración del derecho a participar en la vida 
democrática de la Unión Europea (art. 10.3 TUE, en relación con el artículo 3 del 
Protocolo adicional 1 al CEDH y el artículo 25 PIDCP), que se dice en la demanda debe 
ser examinada de manera autónoma, se presenta por el propio recurrente supeditada al 
ejercicio  del  cargo  parlamentario.  De  conformidad  con  el  artículo  10.3  TUE,  los 
ciudadanos están representados en la democracia representativa que es la Unión a 
través del Parlamento Europeo y por tanto su participación en la vida democrática de la 
Unión se produce, bien directamente, si se presentan y son elegidos miembros de dicho 
Parlamento, bien a través de esos miembros elegidos por los ciudadanos. Se añade que 
la vulneración del artículo 10.3 TUE que también se alega en relación con el artículo 69 
TFUE o con el Protocolo 1 al TFUE, sobre el cometido de los parlamentos nacionales, no 
es propiamente una vulneración del derecho de los ciudadanos a participar en la vida 
política de la Unión, pues estos están representados por los miembros del Parlamento 
Europeo. Lo que se plantea por el recurrente es realmente una vulneración mediata, en 
cuanto está referida a la vulneración de las funciones de colaboración o de control sobre 
sus gobiernos de los parlamentos nacionales, supuesta lesión esta cuyo examen no 
puede realizarse de manera autónoma respecto de la suspensión del ejercicio del cargo 
de diputado nacional (art. 23 CE). La supuesta vulneración del derecho a la participación 
en la vida democrática de la Unión solo podría ser admitida si se apreciase que la 
suspensión en el ejercicio del cargo de parlamentario nacional carece de legitimidad 
constitucional.
B)  Se considera, a continuación, la aducida lesión del derecho al ejercicio en 
condiciones de igualdad del cargo de representación política, enjuiciamiento que debe 
hacerse partiendo de la propia autonomía parlamentaria (art. 72 CE) y de la naturaleza 
de ese derecho fundamental como de configuración legal (art. 23.2 CE). Se señala lo 
siguiente:
a)  En cuanto a la inadecuación del procedimiento seguido para la declaración de  e
suspensión y la necesidad de previa autorización de la cámara con tramitación de  bo
suplicatorio  (art.  21.1.2  RCD),  el  demandante  traslada  al  amparo  parlamentario  los  w
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acuerdos ahora impugnados. Se observa que el artículo 21 RCD, al establecer los casos
en  que  un  diputado  puede  ser  suspendido,  acoge  los  supuestos  de  naturaleza 
parlamentaria,  lo  que  no  excluye  que  puedan  existir  otros  motivos  de  suspensión 
legalmente previstos. Dado que en este caso la sala de lo penal rechazó que fuera 
procedente la solicitud de autorización a la cámara, no cabe estimar que la mesa debiera 
haber considerado que para la suspensión del ejercicio del cargo fuera de aplicación el 
procedimiento del artículo 21.1.2 RCD, puesto que, como se pone de manifiesto en los 
acuerdos  impugnados  y  según  el  propio  demandante  reconoce,  no  concurren  los 
presupuestos que este precepto reglamentario contempla, en particular el relativo a la 
previa autorización por la cámara del objeto de un suplicatorio. La discrepancia con la 
resolución jurisdiccional que rechaza la procedencia de formular esa autorización no 
puede ser planteada a través del recurso de amparo parlamentario, sino a través del 
cauce del artículo 44 LOTC.
b)  Se rechaza que los acuerdos de la mesa que declaran la suspensión automática 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 384 bis LECrim sean nulos, por haber sido 
adoptados en contra del Reglamento del Congreso de los Diputados, careciendo de 
competencia, con arbitrariedad o sin motivación. La mesa ha ejercido su competencia 
residual (art. 31.1.7 RCD) motivadamente, en particular en su acuerdo de 11 de junio. 
Esta declaración de suspensión producida ex lege no puede considerarse ilegítima. No 
se está ante un supuesto de suspensión de naturaleza parlamentaria. También ha de 
descartarse que estos acuerdos sean nulos porque no exista previa resolución judicial 
expresa que se pronuncie sobre la aplicabilidad de la medida de suspensión, pues 
estando vigente la suspensión establecida en el artículo 384 bis, la mesa se limitó a 
declarar esa vigencia y efectividad de la suspensión. El pronunciamiento judicial previo 
no solo debe estimarse implícito en el auto de 14 de mayo de 2019, como dice la mesa, 
sino que también cabe deducirlo de la reiteración expresa que de dicho auto se hace por 
la sala en el oficio de 22 de mayo de 2019, en contestación a la solicitud de la presidenta 
del Congreso sobre la aplicación del artículo 384 bis LECrim.
c)  En contra de los acuerdos impugnados, el recurrente alega otras cuestiones que 
resultan ajenas a la decisión parlamentaria, en las que lo que se pone de manifiesto es 
su desacuerdo con la interpretación y aplicación que del precepto procesal han hecho los 
órganos  de  la  jurisdicción  penal.  Sobre  estas  cuestiones,  interpretación  del  inciso 
«individuos rebeldes» del artículo 384 bis LECrim o su exclusiva aplicabilidad a los 
cargos que el procesado «estuviera ostentando», no cabe hacer ninguna consideración 
en el presente amparo parlamentario, debiendo ser suscitadas a través de los recursos 
legalmente  procedentes  frente  a  las  resoluciones  judiciales  que  determinaron  la 
concurrencia de los presupuestos y operatividad del artículo de referencia, así lo ha 
hecho el recurrente en el recurso de amparo 5222-2018. Los acuerdos de la mesa se 
limitan a constatar que, conforme a las resoluciones del Tribunal Supremo, concurrían 
los presupuestos del artículo 384 bis, sin que le fuera dado a la Cámara entrar a revisar 
tales decisiones jurisdiccionales. Sin perjuicio de ello, en lo que concierne a la alegación 
sobre los cargos públicos respecto de los que opera la medida de suspensión, la mesa 
declara la suspensión con efectos de 21 de mayo, que es el momento en el que el 
recurrente, procesado por delito de rebelión y en prisión preventiva, estaba ostentando 
de modo pleno el cargo de diputado, por lo que también desde el punto de vista de una 
aplicación literal y lógica se estaba suspendiendo el ejercicio del cargo que «se estaba 
ostentando» por el demandante.
d)  Tampoco los acuerdos son arbitrarios o desproporcionados. La finalidad legítima 
de la suspensión que contempla el artículo 384 bis LECrim se pone de manifiesto en la  s
STC 71/1994, con arreglo a la cual la necesidad y proporcionalidad de la suspensión  oe.
resulta  de  la  valoración  que  hace  el  legislador  sobre  el  riesgo  que  para  el  orden  w.
cacooqnnustertalilto usec ilao  nolarodls er enqp urdeee sfmeonromtcara álla tiy cc oop.n rotEivnli usiohdreaiacdhm eoen n deteel   esqjeeu reca itcreiibol u dryeeec  cuearlrr eghnoatsbe e yr a fucauncdctuiioeanrdaeo s a gp rúalabv leicsmoeess nidóteen    2021-1127n https://w
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autorizar la salida del centro penitenciario a los procesados cuya situación de prisión se 
mantenía para que asistieran a las sesiones constitutivas del Congreso o del Senado a 
fin de hacer posible la adquisición de la condición plena de diputado o senador, cargos 
para  los  que  resultaron  electos  y  de  los  que  no  eran  privados  por  la  medida  de 
suspensión. A la mesa no le correspondía revisar la proporcionalidad y necesidad de la 
suspensión,  medida  que  no  es  desproporcionada,  pues  el  derecho  fundamental  al 
ejercicio del cargo representativo no es absoluto, transcribiéndose un pasaje del FJ 6 de 
la ya citada STC 71/1994. Por lo que hace a la cita en la demanda de la sentencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Selahattin Demirtas c. Turquía, se 
señala que, sin perjuicio de que la misma no sea definitiva pues fue elevada a la Gran 
Cámara  el  18  de  marzo  de  2019,  la  Sala  de  lo  Penal  sí  se  pronunció  sobre  la 
proporcionalidad de la medida de prisión y descartó, en su auto de 14 de mayo de 2019, 
que la doctrina invocada fuera trasladable a los procesados, por no darse las mismas 
circunstancias objeto de examen en aquella sentencia.
C)  Se  alega,  a  continuación,  sobre  la  aducida  vulneración  del  derecho  a  la 
presunción de inocencia y del derecho a la legalidad penal (arts. 24.2 y 25.1 CE):
a)  Se reitera que la reproducción en el presente recurso de las alegaciones sobre 
lesión de derechos fundamentales atribuidas por el recurrente a los autos del Tribunal 
Supremo que se pronunciaron sobre la efectividad de la medida del artículo 384 bis 
LECrim  debe  considerarse  una  indebida  utilización  del  amparo  parlamentario.  No 
obstante, se argumenta sobre la atribución de tales lesiones a la mesa del Congreso.
b)  En cuanto a la indebida aplicación automática del artículo 384 bis, se observa 
que  la  doctrina  constitucional  ha  establecido  la  compatibilidad  de  la  presunción  de 
inocencia con la adopción de medidas cautelares (STC 71/1994, FJ 7). En el caso 
presente no estamos ante una medida cautelar cuya efectividad se haga depender del 
ejercicio de la potestad jurisdiccional con el margen de apreciación que corresponde a 
los tribunales y sujeta al juicio racional de ponderación, sino que la apreciación sobre la 
proporcionalidad de la medida en relación con la finalidad legítima que la justifica ha sido 
realizada por el legislador. Por lo que se refiere a la invocación en la demanda de los 
artículos 6.2 CEDH, 48.1 CDFUE y 3 de la Directiva 2016/343/UE, así como de la 
jurisprudencia del Tribunal General de la Unión que no se refiere a medidas cautelares 
en un proceso penal, sino a las adoptadas por un órgano de la propia Unión, se observa 
lo siguiente:
(i)  El recurrente no alega tanto una falta de previsión legal de la medida, sino su 
desacuerdo con la aplicación, que entiende solo procede en caso de procesamiento de 
individuos rebeldes relacionados con bandas armadas. Esta alegación lo que en realidad 
supone  es  la  impugnación  de  la  interpretación  y  aplicación  hecha  por  los  órganos 
judiciales, impugnación que debe ser rechazada, no solo porque tal interpretación y 
aplicación es cuestión de legalidad ordinaria, sino porque la posible revisión de las 
mismas es ajena a las facultades de la mesa del Congreso.
(ii)  El  recurrente  reitera  la  falta  de  competencia  de  la  mesa  para  aplicar  el 
artículo 384 bis LECrim, pero la mesa se limitó a constatar la vigencia y efectividad de tal 
precepto en base a las resoluciones del Tribunal Supremo. Respecto de la alegación 
sobre la incompetencia del Tribunal Supremo para conocer de la causa especial contra el 
diputado  recurrente,  debe  descartarse  que  la  misma  pueda  ser  traída  al  presente 
recurso. Frente a las correspondientes decisiones se han podido utilizar los recursos  s
procedentes, antes de acudir al amparo constitucional. oe.
(iii)  No es cierto que la medida carezca de toda delimitación temporal. Se trata de  w.
uqpnureaes  umspeeu defiudsetao  spp rraoo cvleiosssoa rqdiauo ec  uosy eea n cd oelnalie msciitttaau,ca idcóeinó  nmte odmdepo o pqrraiusle ieó scntu áda evlqitnueciremurl ianvdaaarriá aa c qliaóu nec  oelnanc  umerl reeddneidcliatiao   qdpueoe rl doeesl    2021-1127n https://w
automáticamente sin efecto, como se puso de manifiesto en el auto de 9 de julio
de  2018.  En  cualquier  caso,  la  medida  quedó  sin  efecto  al  disolverse  las  Cortes
Generales y posteriormente tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 14 de 
octubre de 2019. Se rechaza asimismo que la medida vulnere la presunción de inocencia 
por estar únicamente justificada en razones de prevención general, reiterándose que no 
se trata de una medida cautelar sujeta a la apreciación de los jueces, sino establecida de 
manera imperativa por el legislador con la finalidad legítima de garantizar que aquellos 
respecto de los que, al menos provisoriamente, concurren indicios de haber cometido 
delitos de extraordinaria gravedad que atentan contra los pilares del orden democrático, 
no puedan continuar desempeñando funciones o cargos públicos cuyo ejercicio aparece 
conectado con el interés colectivo, citándose de nuevo la STC 71/1994.
c)  En cuanto a la solicitud de que se plantee cuestión de inconstitucionalidad sobre 
el propio artículo 384 bis LECrim, se indica que no cabe considerar que este precepto 
vulnere directamente los derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal, 
sin  que  el  recurrente  haya  justificado  que  concurran  nuevas  circunstancias  que 
justifiquen que el tribunal deba plantearse de nuevo un examen de constitucionalidad de 
la medida de suspensión del ejercicio de funciones o cargos públicos respecto de la ya 
realizada en la STC 71/1994. En lo que al principio de legalidad se refiere, el recurso no 
ofrece ningún argumento de desarrollo autónomo que permita conocer las razones por 
las que se considera vulnerado este derecho fundamental. Tan solo cabría poner esta 
supuesta vulneración en relación con la denuncia de falta de previsión legal de la medida 
de suspensión para garantizar la presunción de inocencia, lo que se refiere realmente a 
una discrepancia con la interpretación y aplicación judicial de los presupuestos a los que 
el precepto legal vincula la aplicación de la medida cautelar, por lo que debe igualmente 
desestimarse una vulneración del principio de legalidad.
d)  La  demanda  se  refiere  también  al  planteamiento  de  cuestión  interna  de 
inconstitucionalidad sobre el mismo art. 384 bis LECrim por infracción de la reserva de 
ley orgánica electoral –art. 70.1 CE– para las causas de inelegibilidad e incompatibilidad 
de diputados y senadores, infracción de la que resultaría la vulneración del derecho 
enunciado en el art. 23.2 CE. Este alegato debe rechazarse, no solo porque el recurrente 
emplea este planteamiento de manera alternativa tras sostener que la suspensión tiene 
naturaleza de medida cautelar que infringiría los derechos de los artículos 23.2, 24.2 y 25 
CE,  sino  porque  no  cabe  atribuir  a  la  suspensión  la  naturaleza  de  una  causa  de 
incompatibilidad. Esto es así porque la suspensión que se considera no solo abarca 
todos los cargos públicos representativos, sino también todos los cargos y funciones 
públicos no representativos, sin distinción; porque, en segundo lugar, no cabe, como el 
recurrente reconoce, ejercitar derecho de opción; y porque, por último, el hecho de que 
esta suspensión no responda al libre ejercicio de la potestad jurisdiccional, al resultar 
imperativa ex lege, ni tenga como finalidad garantizar el buen fin del proceso, no le 
otorga la naturaleza de una causa propia del régimen de incompatibilidades, citándose, 
de nuevo, la STC 71/1994.
D)  Por lo que se refiere al alegato de haberse violado los derechos de libertad 
ideológica, de expresión y de asociación (arts. 16.1, 20.1 y 22 CE), se señala que el 
recurrente trata, a través del amparo parlamentario, de articular una nueva instancia en 
la que exponer las supuestas vulneraciones producidas por las resoluciones judiciales, 
que no pueden ser enjuiciadas a través de un recurso como el presente, cuyo objeto son 
solo  las  decisiones  y  acuerdos  de  los  órganos  parlamentarios.  En  el  recurso  de 
amparo  4855-2018,  interpuesto  contra  los  autos  de  9  y  30  de  julio  de  2018,  los 
recurrentes  alegaron  la  vulneración  de  estos  derechos  fundamentales,  lo  que  fue  e
rechazado por la fiscalía, a cuyas alegaciones se remite ahora. Sin embargo, en el  bo
recurso de amparo 5222-2018, interpuesto por el actual recurrente contra esos mismos  w
aduetnousn, cniao  spere avlieag ós ulap ovnueln eqruaec ióenl  dreec uersrteonst ed etrreactahroías  qduee  haahcoerar  svea leinrv opcear ns. aEltsutma  fadlitcah daes   2021-1127n https://w
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de 24 de mayo de 2019, que declaró la suspensión automática.
Se concluyó con la solicitud de que se desestimara el recurso en la totalidad de sus 
motivos.
6.  Por providencia de 15 de diciembre de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 17 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
Se impugnan en este recurso, por el cauce del art. 42 LOTC, sendas resoluciones de 
la mesa del Congreso de los Diputados, dictadas, respectivamente, el 24 de mayo y el 11 
de junio de 2019. Mediante el primero de estos acuerdos, el órgano de gobierno de la 
Cámara  declaró  «automáticamente  suspendidos  en  el  ejercicio  del  cargo  y  en  los 
derechos y deberes establecidos en el Reglamento del Congreso» a cuatro diputados, 
entre ellos al ahora recurrente en amparo, con efectos desde el 21 de mayo del mismo 
año,  fecha  en  la  que  adquirieron  tal  condición,  por  concurrir  las  «circunstancias 
necesarias para la aplicación» del art. 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal 
(LECrim). El segundo de los acuerdos desestima la solicitud de reconsideración instada 
por el recurrente, junto a otros diputados, y confirma su acuerdo inicial.
Como con detalle ha quedado expuesto en los antecedentes de esta sentencia, 
ambos actos parlamentarios habrían deparado, a decir de la demanda, la infracción de 
los derechos fundamentales del recurrente a la presunción de inocencia y al ejercicio de 
su cargo de diputado de los arts. 24.2 y 23.2 CE, en relación, este último derecho, con el 
enunciado en el apartado primero del mismo precepto, así como, en conexión con estas 
lesiones  principales,  la  conculcación,  también,  de  otros  derechos  susceptibles  de 
amparo, los enunciados en los arts. 16.1, 20.1 a), 22, 24.1 y 25.1 CE, preceptos junto a 
los que se invocan, los arts. 9.3, 70.1 y 72.2 CE; determinadas reglas del Derecho de la 
Unión y otras enunciadas en tratados internacionales a los que remite el art. 10.2 CE, 
además de los preceptos del Reglamento del Congreso de los Diputados que se estiman 
de pertinente consideración. Se pide no solo el reconocimiento de los derechos que así 
se dicen violentados y la consiguiente anulación de los actos impugnados, sino también, 
tanto la promoción de cuestión interna de constitucionalidad (art. 55.2 LOTC) sobre el 
art. 384 bis LECrim como el planteamiento de cuestiones prejudiciales de interpretación 
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la acomodación o no de las 
resoluciones  impugnadas,  o  del  precepto  legal  en  el  que  buscaron  fundamento,  al 
Derecho  de  la  Unión  que  en  la  demanda  se  invoca  (art.  267  del  Tratado  de 
funcionamiento de la Unión Europea).
Tanto la representación del Congreso de los Diputados como el Ministerio Fiscal han 
pedido, según los términos resumidos en lo que antecede, la íntegra desestimación del 
recurso de amparo. Han expuesto, asimismo, determinadas objeciones formales frente a 
parte de lo aducido en la demanda, reparos que afectarían no tanto a la viabilidad del 
recurso  como  tal,  cuanto  a  la  procedencia  de  algunas  de  sus  fundamentaciones 
jurídicas.
2.  Cuestión procesal previa.
La impugnación por el recurrente de la suspensión parlamentaria en su cargo de 
diputado no ha perdido objeto de manera sobrevenida por el hecho de que cesara 
definitivamente en esa condición tras la disolución de la Cámara y convocatoria de  e.
elecciones por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, (art. 68.4 CE), antes de que  w.b
rSdeeuc papryreiesmrióaon,  e eynl   o1lat4r o cdsae ut asonact touesbs prdeee cd iieanllh  mnaúbismilmit.a o2c 0iaó ñ9no0 a,7 bs-2seo0nl1tue7tna, c eyian q  dluaee  q lhauu eSb faiueleara  cd odene ldpoea Pnraaeddnooa  lp ado edr los Tcí,er id baeuñ nnoaosl    2021-1127n https://w
mediar aquella disolución, idéntico resultado [STC 97/2020, de 21 de julio, FJ 2 A)].
3.  Aplicación de la doctrina sentada por la STC 97/2020, de 21 de julio.
Como pone de relieve el Ministerio Fiscal, el presente recurso presenta identidad en 
el objeto, en la pretensión de amparo deducida y en los argumentos que la sustentan con 
el recurso de amparo núm. 5196-2019, desestimado mediante STC 97/2020, de 21 de 
julio («BOE» núm. 220, de 15 de agosto de 2020). Tanto dicho recurso de amparo como 
el que ahora hemos de resolver se interpusieron contra los acuerdos de la mesa del 
Congreso de los Diputados de 24 de mayo y 11 de junio de 2019, de acuerdo con los 
cuales, como se ha señalado, «quedaban automáticamente suspendidos en el ejercicio 
del cargo y en los derechos y deberes establecidos en el Reglamento del Congreso» 
cuatro diputados, entre ellos quien hoy demanda amparo.
En el presente recurso se plantean por la letrada de las Cortes Generales y por el 
Ministerio Fiscal los mismos reparos que en el recurso núm. 5196-2019. El tribunal no 
comparte los mismos, por las mismas razones que se expusieron en la STC 97/2020, 
FJ 2 B), a la que hemos de remitimos.
A su vez, dado que, como se ha señalado, el objeto y la fundamentación de este 
recurso de amparo coinciden en su integridad con los del recurso que fue resuelto por la 
citada STC 97/2020, procede remitirse a la misma, dar por reproducidos los fundamentos 
jurídicos  de  esta  sentencia  y,  en  consecuencia,  desestimar  el  presente  recurso  de 
amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Jordi Turull i Negre.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido 
Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
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