BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Martes 23 de febrero de 2021 Sec. TC.   Pág. 22058
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2839 Pleno.  Auto  8/2021,  de  28  de  enero  de  2021.  Conflicto  negativo  de 
competencia  5646-2020.  Inadmite  a  trámite  el  conflicto  negativo  de 
competencia 5646-2020, planteado por Salto del Edo, S.L., en relación con 
un expediente de evaluación simplificada de impacto ambiental de obras.
ECLI:ES:TC:2021:8A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, en el 
conflicto negativo de competencia núm. 5646-2020, planteado por Salto del Edo, S.L., ha 
dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 20 de noviembre de 2020, la 
entidad Salto del Edo, S.L., promueve conflicto negativo de competencia entre la Xunta 
de Galicia y la Administración General del Estado, en orden a la determinación del 
órgano que ostenta la competencia para la tramitación del expediente de evaluación de 
impacto ambiental simplificada del proyecto de obras: «Proyecto de modificación de 
características de aprovechamiento hidroeléctrico del río Edo».
2.  Los antecedentes de hecho de su solicitud son los siguientes:
a)  La  entidad  mercantil  hoy  demandante  es  titular  de  una  concesión  para  el 
aprovechamiento hidroeléctrico de un determinado caudal del río Edo. El día 28 de mayo 
de 2013 solicitó ante la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil la modificación de las 
características de la concesión, con el fin de obtener una ampliación del caudal, así 
como una prórroga del plazo concesional, de conformidad con lo establecido en el art. 45 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
b)  En fecha 17 de abril de 2017, la citada entidad se dirige a la Consellería de 
Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia, poniendo de manifiesto que la 
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha acordado suspender la tramitación de dicho 
procedimiento, hasta que se haya iniciado ante el servicio de industria de la comunidad 
autónoma la tramitación de evaluación de impacto ambiental del proyecto de obras 
denominado  «Proyecto  de  modificación  de  las  características  de  aprovechamiento 
hidroeléctrico del río Edo», por lo que solicita de la citada Consellería el inicio del 
mencionado expediente de evaluación de impacto ambiental.
c)  No habiéndose formulado contestación por la Xunta de Galicia, en fecha 21 de  e.
septiembre de 2020, el hoy demandante se dirige a la Confederación Hidrográfica del  w.
Miño-Sil, solicitando la tramitación del expediente de evaluación de impacto ambiental  39ww
simplificado del proyecto de obras antes mencionado.
d)  En  respuesta  a  dicha  solicitud,  el  1  de  octubre  de  2020,  la  Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil comunica al hoy demandante:
«Con fechas 26 de enero de 2017, 30 de enero de 2019, y reiterado nuevamente 
el 10 de mayo de 2020, este organismo de cuenca remitió a la Dirección General del 
Agua escritos solicitando la adopción de las medidas oportunas con el fin de resolver el 
conflicto negativo de competencias que se produce entre la Administración General del 
Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia sobre la competencia para realizar la 
tramitación ambiental del citado proyecto, convocando a la Comisión Bilateral en esta 
materia o, bien, planteando los recursos oportunos relativos a conflictos negativos de 
competencia, no constando hasta la fecha información al respecto. Por todo lo anterior 
se le informa que, con esta misma fecha, se ha dado traslado a la Dirección General del 
Agua de la citada solicitud, a los efectos oportunos».
e)  El escrito de demanda por el que se promueve el presente conflicto negativo de 
competencia se sustenta en que ninguna de las dos administraciones, ante las que se ha 
presentado la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada, ha procedido a 
la tramitación del expediente, al existir discrepancias entre ambas, sobre el otorgamiento 
de la concesión de uso privativo de aguas con destino al aprovechamiento hidroeléctrico. 
Y  la  negativa  de  ambas  administraciones  determina  la  procedencia  del  presente 
conflicto.
II. Fundamentos jurídicos
1.  La  entidad  mercantil  Salto  del  Edo,  S.L.,  promueve  conflicto  negativo  de 
competencia, en el que solicita de este tribunal que determine cuál es el órgano que 
ostenta la competencia para la tramitación del expediente de evaluación de impacto 
ambiental simplificado presentado por la misma en fecha 17 de abril de 2017, en relación 
al Proyecto de modificación de características del aprovechamiento hidroeléctrico del río 
Edo. Se fundamenta el conflicto en que ni la Xunta de Galicia ni la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil, ante las que se formuló dicha solicitud, han procedido a la 
tramitación de dicho expediente.
2.  El conflicto negativo de competencia se contempla en el art. 161.1 c) CE y en los 
arts. 68 y ss. de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), y sobre el mismo 
existe  una  reiterada  doctrina  constitucional  (por  todos,  ATC  168/2019,  de  10  de 
diciembre, FJ 2 y los allí citados), que ha venido exigiendo un doble requisito para que 
pueda tenerse por planteado el conflicto:
a)  En primer lugar, que la persona física o jurídica que accede a este Tribunal haya 
obtenido, en las condiciones y plazos que señala el art. 68 LOTC, sendas resoluciones 
declinatorias  de  la  competencia  por  parte  de  las  administraciones  implicadas.  La 
resolución de la administración a la que se dirige en primer lugar debe recurrirse hasta 
agotar la vía administrativa y además ha de ser expresa, pues en ella no solo debe 
declinar su competencia, sino declarar competente a otra administración determinada 
(art. 68.1 LOTC); requisitos que no se exigen para esta segunda (art. 68.2 LOTC).
b)  En segundo término, que dichas negativas sucesivas se basen precisamente en 
una diferencia de interpretación de preceptos constitucionales o de los estatutos de 
autonomía o de leyes orgánicas u ordinarias que delimiten los ámbitos de competencia 
del Estado y de las comunidades autónomas (art. 69.2 LOTC), exigencia que pretende  e.
evitar  que  el  Tribunal  Constitucional  se  pronuncie  sobre  conflictos  que  carecen  de  w.b
dimensión constitucional. 39ww
En el presente caso faltan esos elementos esenciales de todo conflicto negativo de 
competencia:
En primer lugar, que la administración requerida en primer lugar haya rechazado su 
competencia de forma expresa. La solicitud inicial se formuló ante la Consellería de 
Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia, sin que por esta se dictase 
resolución expresa de declinación de la competencia. Este tribunal ha precisado que el 
silencio «no produce el efecto jurídico material de la declinación de competencia», toda 
vez  que,  «el  silencio  por  sí  solo  no  hace,  pues,  nacer  el  conflicto  negativo  de 
competencia entre ambas administraciones públicas, el cual requiere siempre, como 
presupuesto, de una doble denegación de competencia fundada en una diferencia de 
interpretación de las reglas de deslinde competencial». Por este motivo, cuando no 
concurre el presupuesto de la denegación expresa, el conflicto «carece de objeto, al no 
ser  posible  un  pronunciamiento,  en  sede  jurisdiccional,  sobre  la  titularidad  de  una 
competencia que no ha llegado a ser efectivamente rechazada por parte de ambas 
administraciones» (STC 300/1993, de 20 de octubre, FJ 3).
En segundo término, se ha incumplido asimismo la condición relativa a la necesidad 
de  que  el  interesado  haya  agotado  la  vía  administrativa  frente  a  la  administración 
requerida  en  primer  lugar,  mediante  la  interposición  de  recurso  ante  el  órgano 
correspondiente,  con  anterioridad  a  reproducir  su  pretensión  frente  a  la  segunda 
administración (AATC 357/1990, FJ 2 in fine; 192/1998, FJ 3, y 169/2001, FJ 3). En el 
presente caso, por parte del interesado no se ha desarrollado actuación alguna dirigida a 
recurrir esa falta de resolución expresa en vía administrativa, ni, por tanto, en agotar 
dicha vía.
3.  El art. 68.1 LOTC prescribe también que, en el caso de que la administración del 
Estado decline su competencia, y una vez agotada la vía administrativa, el interesado 
«ha de reproducir su pretensión ante el órgano ejecutivo colegiado de la comunidad 
autónoma que la resolución declare competente» y añade que «[d]e análogo modo se 
procederá si la solicitud se promueve ante la comunidad autónoma y esta se inhibe por 
entender competente al Estado». Esa segunda solicitud no se ha reproducido en los 
términos exigidos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pues el interesado 
reitera la inicial petición, no ante el Consejo de Ministros (art. 1 de la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, del Gobierno) sino frente a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. 
Con ello se incumple el propósito de la previsión legal, de que sea el órgano superior 
colegiado que dirige la administración requerida en segundo término, el que se pronuncie 
sobre la existencia o no de competencia para acceder a lo solicitado (en sentido similar, 
ATC 163/2012, de 13 de septiembre, FJ 3).
No  se  han  cumplido,  por  tanto,  los  requisitos  de  procedibilidad  exigidos  por  el 
art.  68.1  LOTC,  lo  que  determina  la  inadmisión  del  presente  conflicto  negativo  de 
competencia.
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
Inadmitir a trámite el conflicto negativo de competencia.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado». e
Madrid, a veintiocho de enero de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.– w.
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Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.