BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 29 Jueves 3 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 15007
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
1760 Resolución de 28 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, sobre acceso a la información del registro de matrícula de 
aeronaves civiles por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
El Secretario de Estado de Justicia y la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, AESA, han suscrito un Convenio sobre acceso a la información del registro de 
matrícula de aeronaves civiles por la oficina de recuperación y gestión de activos.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anexo a la 
presente Resolución.
Madrid, 28 de enero de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre 
acceso a la información del registro de matrícula de aeronaves civiles por la oficina de 
recuperación y gestión de activos
23 de diciembre de 2021.
INTERVIENEN
De una parte, don Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, Secretario de Estado de 
Justicia, en nombre y representación del Ministerio de Justicia, según nombramiento 
efectuado por Real Decreto 1088/2021, de 7 de diciembre, publicado en el BOE el 8 de 
diciembre  de  2021,  y  actuando  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  62  de  la 
Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público  y  el  Real 
Decreto 453/2020 de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, 
aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, y cuantas disposiciones le 
atribuyen competencia.
Y, de otra parte, doña Isabel Maestre Moreno, Directora de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, AESA, nombrada por Acuerdo del Consejo Rector de 20 de octubre 
de 2008, en uso de las facultades que le confiere el Real Decreto 184/2008, de 8 de 
febrero, por el que se aprueba el Estatuto de AESA y de acuerdo con la Resolución 
de 24 de marzo de 2009, de la Presidencia de la Agencia, por la que se delegan en el 
Director/a de la Agencia, entre otras, las competencias de aprobación de convenios. es
Ambas partes se reconocen la capacidad legal necesaria para formalizar el presente 
Convenio y, en consecuencia,
EXPONEN
Primero.
El Registro de Matrícula de Aeronaves Civiles (en adelante Registro) es un registro 
de naturaleza administrativa, regulado en el capítulo V de la Ley 48/1960, de 21 de julio, 
sobre Navegación Aérea y en el Real Decreto 384/2015, de 22 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de matriculación de aeronaves civiles.
Segundo.
El artículo 10 de la Directiva 2014/42/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 
de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del 
delito  en  la  Unión  Europea  insta  a  los  Estados  miembros  a  adoptar  las  medidas 
necesarias para la creación de oficinas nacionales centrales, «con objeto de garantizar la 
administración adecuada de los bienes embargados preventivamente con miras a su 
posible decomiso».
Esta previsión de la Directiva ha sido recogida en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 
marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código 
Penal, que configura la actual Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (en adelante 
ORGA).
La ORGA se encuentra regulada en la Disposición adicional sexta de la Ley de 
Enjuiciamiento  Criminal  que,  en  su  apartado  1,  la  configura  como  un  «órgano 
administrativo  al  que  corresponden  las  funciones  de  localización,  recuperación, 
conservación,  administración  y  realización  de  efectos  procedentes  de  actividades 
delictivas  en  los  términos  previstos  en  la  legislación  penal  y  procesal».  El  párrafo 
segundo de dicho apartado 1 establece que «cuando sea necesario para el desempeño 
de sus funciones y realización de sus fines, la Oficina de Recuperación y Gestión de 
Activos podrá recabar la colaboración de cualesquiera entidades públicas y privadas, 
que estarán obligadas a prestarla de conformidad con su normativa específica».
Tercero.
El artículo 2 del Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del 
Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio 
atribuye  a  la  Secretaría  de  Estado  de  Justicia,  entre  otras  competencias,  las 
relacionadas con la localización, recuperación, administración y realización de efectos, 
bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas.
Por su parte, la disposición adicional segunda del Real Decreto 453/2020, de 10 de 
marzo, dispone que las referencias que se hacen en el ordenamiento jurídico a la Oficina 
de  Recuperación  y  Gestión  de  Activos,  suprimida  por  el  artículo  2.2  del  Real 
Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los Departamentos Ministeriales, se entenderán realizadas a la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Cuarto. bo
La Oficina se constituye como auxiliar de la Administración de Justicia para cumplir  60ww
urensap areldleov adnet ela f uensctrióunc teunra l ain lsotcitaulcizioancaiól ny y l ogse sretiócunr dsoes l ofsin aacntcivieorso sd ey  ohruigmena ndoesli cnteivcoe, scaornio es,l 
qmuaer cfoa cdielitle p rao cloesd imjuziegnatdoo pse ny atlr.ibunales la labor de embargar y decomisar bienes en el  BOE-A-cable e
La ORGA actuará cuando se lo encomiende el juez o tribunal competente, de oficio o 
a instancia de la propia Oficina. Procederá, igualmente, a la localización de activos a 
instancia del Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus competencias en el ámbito de las 
diligencias de investigación, de la cooperación jurídica internacional, del procedimiento 
de decomiso autónomo o en cualesquiera otras actuaciones en los términos previstos en 
las leyes penales o procesales.
En consecuencia, para establecer los mecanismos para el acceso al Registro de 
Matrícula de Aeronaves Civiles por la ORGA, se suscribe el presente Convenio, que se 
regirá por lo dispuesto en las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco general de colaboración 
entre el Ministerio de Justicia y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, para el 
desarrollo por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (en adelante ORGA), de 
las competencias de localización, recuperación y gestión de activos en relación con el 
ámbito de competencias de la Agencia/AESA y, en particular, los términos, condiciones y 
procedimientos bajo los cuales AESA le concede acceso a su Base de Datos del 
Registro de Matrícula de Aeronaves Civiles.
Segunda. Compromisos de las partes en relación con la localización, recuperación y 
gestión de activos.
Las partes se comprometen a desarrollar coordinadamente, en el ámbito de sus 
respectivas  competencias,  las  actuaciones  y  medidas  necesarias  para  el  eficaz 
cumplimento  del  objeto  de  este  Convenio  y,  en  concreto,  asumen  los  siguientes 
compromisos:
1. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea llevará a cabo las actuaciones que a 
continuación  se  enumeran,  bien  por  sí  misma  o  bien  a  través  de  las  Oficinas  de 
Seguridad en Vuelo:
1.1 Asistencia técnica a la ORGA en el ejercicio de las competencias, relacionadas 
en la Cláusula Primera, cuando éstas tengan como objeto las aeronaves.
1.2 Habilitar el acceso telemático a la base de datos del Registro de Matrícula de 
Aeronaves Civiles para el personal de la ORGA que ésta determine con la finalidad de 
localizar al propietario u operador de la aeronave, así como la que se estime relevante 
para el ejercicio de las funciones de gestión de activos por la Oficina.
El acceso telemático se podrá realizar a cualquier hora del día y cualquier día del 
año,  aunque  AESA  no  garantiza  su  disponibilidad  permanente  en  caso  de  que  se 
produzcan incidencias técnicas que lo inhabiliten temporalmente.
El acceso telemático se otorgará exclusivamente al personal de la ORGA, al que 
AESA faculte expresamente para ello y se realizará mediante un nombre de usuario (que 
será el DNI del usuario o Tarjeta de Identificación Profesional-TIP) y su correspondiente 
contraseña.
El acceso telemático a la base de datos se realizará únicamente en modo de lectura, 
no permitiendo, en ningún caso, ni la escritura de nuevos datos ni la modificación de los  e.
existentes, a fin de garantizar en todo momento la integridad de la base de datos. w.
Mediante la introducción, bien del NIF, NIE, CIF o nombre y apellidos de la persona  60ww
fcíosincoac iindvae, stliogsa dau osu raarzioósn  soacuitaolr idzea dlao se ntpidoaddr ájunr ídcicoan,s builetanr  dee xucnlau smivaatmríceunltae  del oase rodnaatoves 
personales y técnicos registrados que se especifican a continuación:
a) Nombre  y  apellidos  o  razón  social  y  números  de  teléfono  del  titular  de  la 
aeronave en cuestión.
b) Clase,  marca,  tipo-modelo  y  número  de  serie  de  la  aeronave  y  fecha  de 
matriculación.
c) Cargas de la aeronave.
1.3 Habilitar las medidas técnicas que sean necesarias para garantizar el acceso 
telemático a la base de datos del Registro de Matrícula de Aeronaves Civiles en los 
términos expuestos en esta Cláusula Segunda.
1.4 Asistencia a la ORGA en la elaboración de propuestas de actuación a los 
órganos judiciales en relación con aeronaves embargadas.
1.5 Apoyo en la divulgación de los procedimientos y actividades de enajenación de 
bienes que lleve a cabo la ORGA, a través de la puesta en común de los agentes 
estratégicos del sector.
1.6 Asesoramiento  a  la  ORGA  para  resolver  sobre  la  adjudicación  del  uso 
provisional por la Administración de los efectos embargados y sobre las medidas de 
conservación que deban ser adoptadas cuando se trate de aeronaves.
1.7 Cualesquiera otras actuaciones que, en el ámbito de las competencias de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, sean susceptibles de hacer efectivo el mandato de 
colaboración previsto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.
2. La  Oficina  de  Recuperación  y  Gestión  de  Activos  ejercerá  las  siguientes 
actividades o cometidos:
2.1 Facilitar a AESA un listado (nombre y apellidos y el DNI o TIP) de su personal 
que esté facultado para acceder a la base de datos del Registro de Matrícula de 
Aeronaves Civiles. El listado se mantendrá permanentemente actualizado, notificando 
con la mayor brevedad posible los cambios que se produzcan.
Para poder acceder a la base de datos del Registro de Matrícula de Aeronaves de 
Civiles,  el  usuario  facultado  para  ello  deberá  validarse  con  la  contraseña 
correspondiente, tras identificarse con su DNI o TIP.
La conexión telemática con la Base de Datos del Registro de matrícula de Aeronaves 
Civiles se realizará a través de la Red SARA. Cada vez que se produzca un acceso a la 
base de datos del Registro de Matrícula de Aeronaves Civiles deberá quedar registrado 
el día y hora del acceso, los datos consultados y el personal que ha realizado la 
consulta, pudiendo ser objeto de informe para la Comisión de Seguimiento.
2.2 Dar publicidad y difusión de las funciones de cooperación por parte de la 
Agencia/AESA enumeradas en el apartado anterior.
2.3 Incorporar en el ejercicio de sus competencias de las directrices en materia de 
seguridad, prevención de la contaminación, y requisitos de aeronavegabilidad que pueda 
impartir la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
2.4 Adoptar las medidas técnicas que resulten necesarias para acceder a la base 
de datos del Registro de matrícula de aeronaves civiles.
Tercera. Protección de datos.
1. AESA, en todo lo relativo a datos no jurisdiccionales que se encuentren en sus 
instalaciones, se regirá por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del  s
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que  oe.
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en  w.
adelante el Reglamento) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de  60ww
dato2s.  peLras oOnRalGesA y,  egna rtaondtoía l od er elolast idveor eac dhaotso sd igjuitraisledsiccionales, tanto si se encuentran en
AinEstSaAla cpioonr ees,je rpcoerr  eejel raceccr elsao  dae scloasr gma isdme olso,s  cdoamtoos ,s ie ns ee le npcreuseenntrtaen,  seen  resguisr áp proopr ialas   BOE-A-cable e
Directiva UE 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales  por  parte  de  las  autoridades  competentes  para  fines  de  prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales y a la libre circulación de dichos datos y la Ley Orgánica 7/2021, 
de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de 
sanciones penales.
3. Ambas partes, acuerdan cumplir con las obligaciones y medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado, especialmente 
en lo relativo al tratamiento de datos personales. En particular, deberán aplicar a los 
tratamientos de datos personales las medidas incluidas en el Esquema Nacional de 
Seguridad o la normativa que resulte de aplicación.
Se establecen como puntos de contacto:
AESA: dpd.aesa@fomento.es
ORGA: Localización: localizacionbienes.orga@mjusticia.es
Gestión: administracionbienes.orga@mjusticia.es
Cuarta. Comisión de seguimiento. Medidas de supervisión.
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente 
Convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento, control y resolución 
de posibles conflictos, se creará una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, 
compuesta por cuatro integrantes. De ellos dos representantes serán nombrados por la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y los otros dos serán designados 
por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA. Asimismo, a las reuniones de la 
Comisión de Seguimiento asistirá, con voz, pero sin voto, una persona designada por la 
ORGA, que ejercerá las funciones de secretario.
La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la ORGA, y se 
ejercerá por su representante de mayor rango.
La Comisión se reunirá, al menos, una vez al año o a instancia de cualquiera de las 
partes, cuando lo entiendan procedente, para examinar los resultados e incidencias de la 
colaboración realizada.
Las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente 
Convenio serán resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
La Comisión de Seguimiento se regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen 
jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la presente cláusula, por lo 
dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Quinta. Financiación.
Las actuaciones previstas en el presente Convenio no generarán gasto ni darán lugar 
a contraprestación financiera entre las partes firmantes.
Sexta. Modificación.
El presente Convenio podrá modificarse de mutuo acuerdo cuando resulte necesario  s
para la mejor realización de su objeto mediante la suscripción del correspondiente  e.
documento, que se unirá como adenda a éste y siguiendo los trámites preceptivos y de  w.
autorización previa establecidos en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de  60ww
Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptima. Causas de extinción.
1. El presente Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2. El presente Convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a) El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En  este  caso,  cualquiera  de  las  partes  podrá  notificar  a  la  parte  incumplidora  un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos 
que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la comisión de 
seguimiento y control de la ejecución del Convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados que deberá ser 
evaluado en el seno de la Comisión de seguimiento.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
3. Desde la fecha del acuerdo de resolución del Convenio o de la notificación de la 
voluntad de extinción, si existiesen actuaciones en curso de ejecución, y en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, se podrá acordar la continuación y finalización de éstas en un plazo 
improrrogable a fijar entre las partes en el momento del acuerdo de resolución del 
Convenio o de la notificación de la voluntad de extinción del mismo, transcurrido el cual 
se procederá a la liquidación del Convenio.
Octava. Naturaleza del convenio y resolución de controversias.
El presente convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente convenio se resolverán entre las 
partes de la manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula cuarta.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre 
las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Novena. Efectos del convenio.
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, el presente convenio resultará eficaz una vez 
inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del 
Sector Público Estatal.
Asimismo, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». e.e
Décima. Duración del convenio. 60ww
tméermsE idnl eop  raemnseteednlaitaecn iótceno  naavc eluane eiorxd ptoei rneadxcrpiáór nee sfdeoec ltp oCosor  dnigeveu cnauilo ap.treor iaoñdoos,  qnuaetu rdaelebse ryá s feorrám parloizrarorsgea bcleo na  usnu   OE-A-2022-17able en https://
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa 
con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.
Y,  de  conformidad  con  cuanto  antecede,  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que 
legalmente  corresponden  a  cada  uno  de  los  firmantes,  obligando  con  ello  a  las 
Instituciones que representan, y para la debida constancia de todo lo convenido, las 
partes  firman  el  presente  convenio  electrónicamente,  tomándose  como  fecha  de 
formalización del presente documento la fecha del último firmante.–El Secretario de 
Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez Esquerdo.–La Directora de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, Isabel Maestre Moreno.