BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 41 Jueves 17 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 20486
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
2608 Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social 
y la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre intercambio recíproco de 
información.
Con fecha 4 de febrero de 2022 se ha suscrito el Convenio entre la Tesorería 
General de la Seguridad Social y la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía,  sobre  intercambio  recíproco  de  información  y,  en  cumplimiento  de  lo 
dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado 
convenio, que figura como anexo de esta resolución.
Madrid, 7 de febrero de 2022.–La Secretaria General Técnica, Iría Álvarez Besteiro.
ANEXO
Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre intercambio recíproco de 
información
REUNIDOS
De una parte, la Tesorería General de la Seguridad Social, representada por su 
titular,  don  Andrés  Harto  Martínez,  Director  General  de  la  Tesorería  General  de  la 
Seguridad Social, nombrado mediante Real Decreto 132/2020, de 21 de enero, (BOE 
de  22  de  enero),  actuando  en  virtud  de  lo  establecido  en  el  artículo  48.2  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y artículos 1 y 3 
del Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y 
competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Y  de  otra  parte,  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía, 
representada por la persona titular de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, doña Rocío Blanco Eguren, nombrada por Decreto del Presidente 4/2019, 
de 21 de enero, por el que se designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta de 
Andalucía (BOJA núm.14, de 22 de enero de 2019), en uso de las atribuciones que le 
confiere el artículo 9.2 Y 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de  la  Junta  de  Andalucía,  y  facultada  para  este  acto  por  Acuerdo  de  Consejo  de 
Gobierno de fecha 27 de julio de 2021.
Las partes se reconocen con capacidad suficiente para suscribir el presente convenio 
y a tal efecto
EXPONEN oe.
Primero. 08ww
1. La  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  es  un  Servicio  Común  de  la
Spreingcuirpidioasd  dSeo csiaol lidcaornid apde rsfoinnaanlicdiaedra  juyr ídcicaaja  púronpiciaa , ense  elu nqiufieca, np otro daopsli calocsió nr edcuer slooss 
financieros, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias, teniendo
a su cargo la custodia de los fondos, valores y créditos y las atenciones generales y de 
los servicios de recaudación de derechos y pagos de las obligaciones del sistema de la 
Seguridad Social.
El Real Decreto 1314/84, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y 
competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS), 
atribuye en su artículo 1.a) las competencias en materia de inscripción de empresas y la 
afiliación, altas y bajas de los trabajadores, materia regulada posteriormente por el 
artículo 3 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas y 
bajas de los trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, 
de 26 de enero. A tales efectos, en virtud de lo establecido en el artículo 52 del citado 
Reglamento, corresponde a la TGSS el mantenimiento de un registro de trabajadores 
con la correspondiente identificación por cada Régimen del Sistema de la Seguridad 
Social, así como los beneficiarios y demás personas sujetas a la obligación de cotizar. 
Asimismo, el citado Real Decreto 1314/1984 en su artículo 1.b) atribuye a la TGSS las 
competencias en materia de gestión y control de la cotización y de la recaudación de las 
cuotas y demás recursos de financiación del sistema de la Seguridad Social. Materias 
reguladas posteriormente en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1415/2004,  de  11  de  junio  y  en  el  Real 
Decreto 2064/1995 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social.
2. El marco competencial de las instituciones que integran la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía viene establecido en su Estatuto de Autonomía, 
aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.
La  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  a  través  de  sus 
Consejerías y  Organismos  dependientes  de la  Junta  de Andalucía, tiene atribuidas 
competencias relacionadas con las materias objeto de este convenio y, entre ellas las 
siguientes:
– La ejecución de la legislación laboral, la política de seguridad y salud laboral y las 
competencias en materia de economía social.
– El fomento de la inserción profesional, la orientación laboral e intermediación en el 
mercado  de  trabajo,  la  gestión  de  las  políticas  activas  de  empleo,  la  formación 
profesional ocupacional y continua y el fomento del empleo.
– El fomento empresarial y el apoyo a la creación de empresas.
– La gestión de las prestaciones establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión y reguladas por el Real 
Decreto  383/1984,  de  1  de  febrero;  y  pensiones  asistenciales  reguladas  por  la 
Ley 45/1960, de 21 de julio.
– El  reconocimiento  de  la  situación  de  dependencia  y  de  la  gestión  de  las 
prestaciones y servicios que se establecen en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia;
– El reconocimiento de la renta garantizada de ciudadanía.
– La contratación y concesión de subvenciones en el ámbito de sus competencias.
– Concesión de ayudas asistenciales, de carácter social, sociolaboral o profesional.
– La administración y gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social,  s
transferida a la Comunidad Autónoma de Andalucía por Real Decreto 400/1984, de 22  e.
de febrero, sobre traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma de funciones y  w.
servicios del Instituto Nacional de la Salud. 08ww
de 1–0  Edel  reenceornoo, cdime iAesnitsot ednec iala J ausríidsticean cGiar ajtuuriítdai.ca gratuita establecido en la Ley 1/1996,
asoc–i aIcnisotnruecsc iyó ns u dienls crpiproccióend imenie netlo  Redgei strdoe cdlaer aAcsióonc iacdieo neust iliddeacdla rapdúabsli cdae  dueti lidlaads   BOE-A-cable e
pública, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y
en el Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a 
asociaciones de utilidad pública.
Segundo.
En  el  marco  de  colaboración  mutua  que  debe  presidir  las  relaciones  entre  las 
Administraciones Públicas, los representantes de ambas partes consideran que sería 
muy beneficioso para el cumplimiento de sus fines el disponer de mecanismos estables 
de intercambio de información y de colaboración que incluso permitieran a los usuarios 
de cada lado, acceder de forma transparente, sencilla e inmediata a la información 
afectada por el presente convenio, que esté alojada en el sistema de información de 
cada una de las partes.
Se trata de una cesión de información y de una colaboración cuyo amparo se 
encuentra en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
que establece en su artículo 3.1k) que los principios que deben presidir las relaciones 
entre las Administraciones Públicas son los de cooperación, colaboración y coordinación. 
No  debe  obviarse  además  que,  conforme  al  artículo  3  de  la  citada  Ley,  las 
Administraciones  Públicas  sirven  con  objetividad  los  intereses  generales  y  deberán 
respetar en su actuación y relaciones los principios de servicio efectivo, simplicidad, 
claridad  y  proximidad  a  los  ciudadanos  y  de  racionalización  y  agilidad  en  los 
procedimientos administrativos y en las actividades materiales de gestión. Además las 
Administraciones Públicas se relacionarán entre sí a través de medios electrónicos que 
aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por 
cada  una  de  ellas,  garantizarán  la  protección  de  los  datos  de  carácter  personal  y 
facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.
Asimismo,  y  de  acuerdo  con  la  letra  c)  del  número  1  del  artículo  141  de  la 
Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  en  aplicación  del  deber  de  colaboración  de  las 
Administraciones  Públicas  se  desprende  la  obligación  de  «facilitar  a  las  otras 
Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el 
ejercicio de sus propias competencias».
No obstante, el suministro de información efectuado en el ámbito de aplicación de 
este convenio deberá respetar el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar de 
los ciudadanos que prescribe el artículo 18 de la Constitución Española, en los términos 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía  de  los  derechos  digitales,  que  adapta  el  ordenamiento  jurídico  español  al 
Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  el  Consejo,  de  27  de  abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Por otra parte, el artículo 40.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, establece que 
los  funcionarios  públicos,  incluidos  los  profesionales  oficiales,  están  obligados  a 
colaborar con la Administración de la Seguridad Social suministrando toda clase de 
información de que dispongan, siempre que sea necesaria para el cumplimiento de las 
funciones de la Administración de la Seguridad Social, especialmente respecto de la 
liquidación, control de la cotización y la recaudación de recursos de la Seguridad Social y 
demás conceptos de recaudación conjunta.
A  este  respecto,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  77.1  del 
mencionado  texto  refundido,  los  datos,  informes  o  antecedentes  obtenidos  por  la 
Administración de la Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones tienen carácter  e.
reservado y solo podrán utilizarse para los fines encomendados a las distintas entidades  w.
gestoras, servicios comunes y órganos que integran la Administración de la Seguridad  08ww
cSoomciuanl,i csainc ióqnu ete npguae dpaonr  osbejre tcoe, deindtores  oot rcoosm: unicados a terceros, salvo que la cesión o
«d) La colaboración con cualesquiera otras administraciones públicas para la lucha
contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de
fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, para la obtención o percepción de 
prestaciones incompatibles en los distintos regímenes del sistema de la Seguridad Social 
y,  en  general,  para  el  ejercicio  de  las  funciones  encomendadas  legal  o 
reglamentariamente a las mismas para las que los datos obtenidos por la Administración 
de la Seguridad Social resulten relevantes.»
Respecto al consentimiento en la cesión de datos el artículo 40.6 señala: «La cesión 
de aquellos datos de carácter personal que se deba efectuar a la Administración de la 
Seguridad Social conforme a lo dispuesto en este artículo o, en general, en cumplimiento 
del deber de colaborar con la Administración de la Seguridad Social para el desempeño 
de cualquiera de sus funciones, especialmente respecto de la efectiva liquidación, control 
de la cotización, recaudación de los recursos de la Seguridad Social y de los conceptos 
de  recaudación  conjunta  con  las  cuotas  de  la  Seguridad  Social,  no  requerirá  el 
consentimiento del afectado».
Tercero.
Razones  de  eficacia  en  la  gestión  de  las  competencias  atribuidas  a  los  entes 
signatarios justifican el establecimiento de un sistema de intercambio de información que 
permita una agilización en la disposición de la información y una disminución de los 
costes.
Dicho sistema se regula a través del presente convenio, dado que el intercambio se 
producirá sobre los datos de un elevado número de interesados o afectados por los 
mismos y habrá de verificarse de una forma periódica y, en algunos casos, incluso 
continuada en el tiempo, siendo preciso establecer en determinados supuestos que el 
acceso a la información se produzca a través de las conexiones directas a las bases de 
datos correspondientes. Con este objetivo, se aprovechan, en la medida en que lo 
permite  la  normativa  vigente  y  de  acuerdo  con  los  requisitos  establecidos  por  el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8 
de enero, las posibilidades que en este campo ofrecen las más modernas tecnologías.
Conforme  al  artículo  28  de  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  los 
responsables  y  encargados,  teniendo  en  cuenta  los  elementos  enumerados  en  los 
artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2016/679, determinarán las medidas técnicas y 
organizativas  apropiadas  que  deben  aplicar  a  fin  de  garantizar  y  acreditar  que  el 
tratamiento es conforme con el citado Reglamento, con la presente Ley Orgánica, sus 
normas  de  desarrollo  y  la  legislación  sectorial  aplicable.  En  particular,  valorarán  si 
procede la realización de la evaluación de impacto en la protección de datos y la 
consulta previa a que se refiere la Sección 3 del Capítulo IV del citado Reglamento. Para 
la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior los responsables y 
encargados del tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los mayores riesgos que 
puedan producirse en los supuestos que relaciona el apartado 2 del artículo 28 de la 
citada Ley Orgánica.
A este respecto, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal, vigente en tanto no contradiga, se oponga, 
o resulte incompatible con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la actual 
Ley Orgánica, contiene las normas básicas de seguridad que han de cumplir todos los 
ficheros que contengan datos de carácter personal, a fin de garantizar la integridad y 
confidencialidad de la información, preservando el derecho al honor y a la intimidad de  e.e
los ciudadanos, y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real  b
Decreto 3/2010, de 8 de enero, determina los principios y requisitos de la política de  08ww
lsae ginufroidrmada ceinó nla.  Audtileizmaácsió, ns dee d meteedrmiosin aenle clatrsó ndiicmoes nqsuioen peesr mdeit as leag audriedcauda yd as upsro nteivceclieósn,  dlae 
dcaet elag soerígau dried alods. sistemas, las medidas de seguridad adecuadas y la auditoría periódica
La Orden de 17 de enero de 1996, sobre control de accesos al sistema informático 
de la Seguridad Social, junto con las Circulares núm. 2-030, de 12 de junio de 1996, 
y 2-027 de 27 de septiembre de 1999 regulan el control y seguimiento de accesos a los 
ficheros automatizados de la Tesorería General de la Seguridad Social.
En  consecuencia,  siendo  jurídicamente  procedente  la  regulación  de  un  sistema 
estable de intercambio de información que, en su caso, incluso permita el acceso directo 
a las bases de datos de la otra parte a través de las pertinentes conexiones informáticas 
y, persuadidas de la importancia de una correcta utilización de dicha información que 
garantice en todo caso su secreto y el derecho a la intimidad de los ciudadanos, ambas 
partes acuerdan celebrar el presente convenio de Colaboración que se regirá por las 
siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto establecer un marco general de colaboración 
entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en cuanto a las condiciones y procedimientos por los que se 
debe regir el intercambio recíproco de información y el recíproco acceso a las bases de 
datos, preservando en todo caso los derechos de las personas a que se refiere la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
La TGSS facilitará a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía el 
acceso  a  los  datos  provenientes  de  los  ficheros  y  bases  de  datos  en  materia  de 
inscripción de empresas, afiliación, cotización y recaudación conforme lo estipulado en la 
cláusula tercera.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía facilitará a la TGSS 
información en aquellas materias que para el ejercicio de sus competencias ésta precise 
y, en particular, la que sea determinante para autorizar la inscripción de empresas y la 
inclusión de trabajadores en el campo de aplicación del Sistema de la Seguridad Social, 
para el ejercicio de sus competencia en el proceso recaudatorio gestionado por la TGSS 
y en materia de lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social.
Segunda. Finalidad del intercambio de información objeto del convenio.
La cesión de información procedente de la TGSS tendrá como finalidad, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 77.1.d.  del  texto  refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/ 2015, de 30 de octubre, la 
colaboración con la Administración de la Comunidad Autónoma para la lucha contra el 
fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos 
públicos,  incluidos  los  de  la  Unión  Europea,  para  la  obtención  o  percepción  de 
prestaciones incompatibles en los distintos regímenes del sistema de la Seguridad Social 
y,  en  general,  para  el  ejercicio  de  las  funciones  que  tiene  encomendadas  legal  o 
reglamentariamente  para  las  que  los  datos  obtenidos  por  la  Administración  de  la 
Seguridad Social resulten relevantes.
La  cesión  de  información  procedente  de  la  Administración  de  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 40.4 y 6 del referido  e
texto  Refundido  de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social,  tendrá  como  finalidad  bo
exclusiva la colaboración con la TGSS siempre que sea necesaria para el cumplimiento  08ww
Sáldameo  lciblqaiaiutsol i df yuda necdc ióeiloanmn ,l áeucssco  hndcateor  onclalco  denAeptdr taomla sei  ncld iosferttiar zauracedcicóeióan nue d dnyea  l clalaai ó  crnSeo ectcigazouaunrcdjiuidaónacntdi óa yn,S   roadecseciía a llocu, osdp marricenoiccó uipnpra asdroltmeisc  euldanleaste  rmlc aru eeoSsnteptaeges uc edtroined   daleeadl     OE-A-2022-26able en https://
Seguridad Social.
Tercera. Intercambio recíproco de información.
3.1 Acceso a los datos de la TGSS. La cesión de la información contenida en los 
ficheros y bases de datos en materia de inscripción de empresas, afiliación, cotización y 
recaudación competencia de la TGSS tiene como finalidad exclusiva el desarrollo de las 
concretas funciones sobre las competencias a las que se refiere el último párrafo del 
expositivo primero.
La  TGSS  dará  acceso  a  las  transacciones,  servicios  web  o  ficheros  de  datos 
necesarios para el ejercicio de las competencias enumeradas en el párrafo anterior, 
siempre que técnicamente sea viable. Dichas transacciones, servicios web o ficheros de 
datos se concretarán por la Comisión Mixta de Control y Seguimiento a la que se refiere 
la cláusula decimocuarta, siendo esta la competente para asignar, modificar o suprimir 
con posterioridad cualquiera de ellas.
3.2 Acceso  a  los  datos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  La 
Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  facilitará  a  la  TGSS 
información en aquellas materias que para el ejercicio de sus competencias ésta precise, 
siempre que técnicamente sea viable y, en particular, la que sea determinante para 
autorizar  la  inscripción  de  empresas,  la  inclusión  de  trabajadores  en  el  campo  de 
aplicación del Sistema de la Seguridad Social, el proceso recaudatorio gestionado por la 
TGSS y en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social.
La información que facilite la Comunidad Autónoma de Andalucía a la TGSS se 
acordará en el seno de la Comisión Mixta de Control y Seguimiento tal, y como se 
recoge  en  la  cláusula  decimocuarta,  siendo  esta  la  competente  para  proponer  la 
asignación, modificación o supresión con posterioridad de cualquier información.
3.3 Normas  de  Interoperabilidad  entre  los  sistemas  de  información  de  ambas 
Administraciones.  Ambas  Administraciones,  en  lo  que  respecta  a  la  forma  y 
características de la autorización, asignación, funcionamiento y demás condiciones de 
acceso a los sistemas de información, se deberán ajustar a lo que se establece en el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (ENS), 
regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero y en la Orden Ministerial de 17 de 
enero  de  1996  (BOE  de  25  de  enero  de  1996)  y  al  Esquema  Nacional  de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, aprobado mediante Real 
Decreto 4/2010, de 8 de enero (BOE de 29 de enero de 2010).
Cuarta. Servicios de intercambio.
La información objeto de este convenio se facilitará mediante una doble fórmula: 
Acceso directo a las bases de datos o intercambio recíproco de información.
4.1 Debido a la frecuencia e intensidad con la que son necesarios los intercambios 
de información para el cumplimiento de las finalidades indicadas en este convenio, se 
permitirá, con sujeción a las reglas que se detallan en el mismo, el acceso recíproco 
tanto a las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social como a las de 
la Administración de la Comunidad Autónoma. En ningún caso podrá autorizarse el 
acceso a la información afectada para finalidades distintas de las citadas.
La cesión de información procedente de las bases de datos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene como finalidad exclusiva el desarrollo de las 
concretas funciones atribuidas a la TGSS, que justifican su cesión.
En el supuesto de que una ley especial exigiese expresamente el consentimiento del  es
interesado para acceder a los datos personales obrantes en los ficheros de la TGSS, la  o
Comunidad Autónoma de Andalucía deberá recabar dicha autorización haciendo uso de  08ww
lcpoeesdr saeEonnnnet eaxe loel slsca  aIsIcs  eyo/ad ouiqd ItuoIoIes rdi ,z peacrl coocincooe nnedevlaes , fn inileoa x. dAperd emqsuainesi  ssteream cpiitóuidnea dcsae  sepionon r taorldoiaos   cmopnorosmpeeirevntataorrá iod sae  mddoisesp troalsoris c qióudnea  tdoseesl    OE-A-2022-26able en https://
consintió la cesión.
4.2 Intercambio de archivos, cuya estructura y formato se determinará entre las dos 
Administraciones convenientes, en los que aparezca el NIF de las personas o empresas 
de las que se solicita información, que la Administración titular del archivo deberá remitir 
cumplimentado con los datos solicitados, en el plazo de diez días desde la recepción del 
fichero.
4.3 Creación de un acceso directo a las bases de datos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma objeto de este convenio, por el que el personal funcionario de la 
TGSS que se determine podrá tener acceso telemático para la consulta on line de los 
expedientes que se consideren necesario.
4.4 Las partes se comprometen a tratar los datos personales a los que puedan 
tener acceso con la finalidad indicada en el presente convenio y a no utilizarlos para 
fines distintos de los previstos en el mismo y a no difundirlos ni cederlos a terceros, en 
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía  de  los  derechos  digitales,  en  su  normativa  de  desarrollo  así  como  en  la 
normativa específica aplicable a los datos, informes o antecedentes obtenidos por Ia 
Administración de la Seguridad Social (artículo 40 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre).
4.5 Con carácter previo a la interconexión informática es imprescindible la adopción 
de las siguientes medidas:
4.5.1 Los  responsables  técnicos  de  ambas  Administraciones  habilitarán  los 
mecanismos  telemáticos  necesarios  para  que  los  accesos  y  autorizaciones 
correspondientes a los usuarios de ambas administraciones se adecuen integrándose en 
los sistemas de administración y confidencialidad de cada una de ellas.
4.5.2 Los  órganos  competentes  de  ambas  Administraciones  autorizarán  la 
interconexión informática.
4.5.3 Autorizada  la  conexión  se  procederá  por  los  órganos  técnicos  a  la 
interoperabilidad de los sistemas de información que, en el caso de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, se realizará por la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social y, en el caso de la Administración de la Comunidad Autónoma, se realizará por la 
Agencia Digital de Andalucía.
4.5.4 El responsable de la información o responsable del tratamiento, en su caso, 
en la TGSS o en cada Consejería u Organismo dependiente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, asumirá directamente, respecto de sus usuarios, el 
alta,  la  autorización  de  accesos  y  su  permanente  actualización  y  adecuación,  con 
independencia de la supervisión que pueda efectuarse por el organismo responsable del 
fichero objeto de cesión.
La Administración cesionaria será responsable de la utilización que sus usuarios 
realicen de los ficheros, en especial, de la proporcionalidad, adecuación y pertinencia de 
los datos a los que accedan.
El intercambio de datos se realizará con mecanismos que garanticen la seguridad de 
las  transmisiones,  en  particular  cuidando  de  la  confidencialidad  e  integridad  de  la 
información y evitando cualquier riesgo para el resto de los sistemas de información de 
cada organización. Estos mecanismos serán técnicamente definidos y acordados por los  e.e
órganos directivos u organismos con competencias en materia informática de cada  w.b
Organismo y serán ratificadas por ambas partes en el seno de la Comisión Mixta de  08ww
Control y Seguimiento.
Quinta. Control de accesos.
5.1 Control por parte de la TGSS. Para el acceso a las bases de datos de la TGSS, 
ambas Administraciones deberán ajustarse a lo estipulado en los siguientes puntos:
5.1.1 La TGSS realizará la autorización inicial de acceso a las transacciones del 
Fichero General de Afiliación y demás información a que se refiere el presente convenio.
5.1.2 Además del cumplimiento de las medidas de seguridad del Anexo II del 
Esquema  Nacional  de  Seguridad,  la  configuración  del  acceso  objeto  del  presente 
convenio habrá de cumplir los siguientes principios establecidos en el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
– Confidencialidad, de manera que se asegure que la información está disponible 
solamente para aquellos usuarios que estén debidamente autorizados para acceder a la 
misma y que se utiliza exclusivamente por aquéllos para sus cometidos concretos de 
gestión en la forma, tiempo y condiciones determinados en la autorización respectiva.
– Integridad, garantizando que únicamente los usuarios autorizados, y en la forma y 
con los límites de la autorización, pueden crear, utilizar, modificar o suprimir información.
– Disponibilidad,  de  forma  que  los  usuarios  autorizados  tengan  acceso  a  la 
información en la forma y cuando lo requieran para los exclusivos cometidos de la 
gestión encomendada.
– Trazabilidad, de forma que las actuaciones realizadas por los usuarios autorizados 
pueden ser imputadas exclusivamente a la entidad a la que están adscritos.
– Autenticidad, garantizando que los usuarios autorizados son quienes dicen ser, al 
tiempo que se garantiza la fuente de la que proceden los datos.
5.1.3 La administración del sistema de información se basará en la asignación de 
perfiles  de  autorización  a  los  distintos  usuarios  de  acuerdo  con  las  funciones 
desempeñadas por los mismos. En este sentido, la TGSS asignará un perfil de «usuario-
autorizador» con nivel 4 en cada una de las Consejerías y Organismos dependientes de 
la Junta de Andalucía con competencias en las materias objeto del presente convenio, a 
las que se ceden transacciones, y este a su vez dará de alta tantos códigos de usuario 
como sean necesarios para la realización de las funciones de gestión encomendadas.
Una vez que el presente convenio sea eficaz, la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía comunicará a la TGSS el nombre completo, DNI, dirección de 
correo  electrónico  y  teléfono  de  las  personas  que  asuman  el  perfil  de  usuario-
autorizador. Igual obligación existirá cuando se produzca un cambio en dichas personas.
A los efectos del presente punto se denomina «usuario» a la persona autorizada para 
acceder al sistema informático, pero sin facultad para dar de alta en SILCON a otros 
usuarios ni transferir autorización alguna. Estos serán identificados con el nivel U.
El usuario autorizador dado de alta realizará la asignación de perfiles, entendiéndose 
como tal la anotación en SILCON de las transacciones a las que puede acceder un 
determinado usuario autorizado por razón de su puesto de trabajo.
5.1.4 El usuario administrador-autorizador y, subsidiariamente, la Administración de 
la Comunidad Autónoma es responsable de la asignación de perfiles de autorización a 
los usuarios, que deben corresponderse con las necesidades de gestión y vigilará la 
correcta utilización de las autorizaciones concedidas.
5.1.5 Todos los usuarios autorizados a acceder a los sistemas de información de la 
TGSS deberán quedar identificados y autentificados, de forma que en todo momento  s
pueda conocerse el usuario y los motivos por los que se accedió a la correspondiente  oe.
información contenida en el sistema. Para ello, en el momento de autorizar a un usuario,  w.
strea bc5au.jmo1 .pe6l  iimnCfeoanrmdtaaar ácuniós nuto acdroiooms  tpleolensmd creáan mutapnro iaús, n enicxúoimg icdeóorods i gdtaoel  etdesel é cfaoocmncooe,,s  eoct acyr.a sceterárí srteicsapso ndseal bpluee dsteo  ldoes   2022-2608n https://ww
accesos que se realicen con su código y contraseña personal.
5.1.7 Cuando algún usuario, ya sea autorizador o autorizado, pase a desempeñar 
un nuevo puesto de trabajo en distinta unidad de gestión o cause baja en el trabajo de 
forma voluntaria, o sea objeto de suspensión de empleo, se procederá a la baja del 
código de usuario. Por otra parte, se establecerán controles en cuanto al tiempo de 
inactividad  de  los  usuarios  que  pasarán  a  la  situación  de  cancelados  una  vez 
transcurridos  seis  meses  sin  acceder  al  Fichero  General  de  Afiliación.  También  se 
dispondrá de la posibilidad de establecer fechas de caducidad de acceso al sistema por 
parte de usuarios y limitaciones en el horario de conexión.
5.2 Control por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El acceso a los 
sistemas de información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
se realizará en similares términos a los establecidos anteriormente, de acuerdo con el 
protocolo que se determine de común acuerdo por las partes en el seno de la Comisión 
Mixta de Control y Seguimiento.
Sexta. Responsabilidad por accesos.
Todos los usuarios identificados, así como sus responsables en la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la TGSS, deben tener el conocimiento de 
que la copia de programas y/o uso de datos de carácter personal en tareas impropias 
son operaciones ilegales que pueden dar lugar a responsabilidades administrativas y, en 
concreto, las establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como a responsabilidades 
de cualquier otra naturaleza, incluso penales, razón por la cual cuando, por cualquier 
medio, se tengan indicios de la utilización de datos, antecedentes, registros o informes 
con finalidad distinta a la propia gestión asignada al usuario, o su difusión indebida, 
infringiendo  así  el  deber  de  secreto  profesional,  se  pondrán  dichos  hechos  en 
conocimiento del interlocutor de la TGSS o de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
definidos a estos efectos, al objeto de procurar la adopción de las medidas pertinentes 
entre ambas partes.
En el caso de los accesos al Fichero General de Afiliación, y a fin de dar a conocer 
estas  responsabilidades,  en  todas  las  altas  de  usuarios  realizadas  se  deberá 
cumplimentar  un  documento  firmado  mediante  certificado  digital  en  el  que  se 
especificarán los compromisos adoptados por el usuario, en los términos que se indican 
en esta cláusula y en el anexo I que se adjunta a este convenio. Dicho documento 
quedará en poder del autorizador de nivel 4, si bien podrá ser remitido a la TGSS.
Se procederá en similares términos a los establecidos anteriormente en el caso de 
los  accesos  a  los  sistemas  de  información  de  la  Administración  de  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
La documentación en poder de cada  Administración  relativa a los controles de 
acceso al sistema informático de la otra, deberán conservarse por un periodo de tiempo 
no inferior a cuatro años.
Séptima. Protección de datos.
El control y seguridad de los datos de carácter personal suministrados se regirá por 
lo  dispuesto  en  el  Reglamento  General  de  Protección  de  Datos  (Reglamento 
UE 2016/679), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, y el Esquema Nacional de Seguridad  es
(ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. o
Las autoridades, funcionarios y todo el personal que tenga relación directa o indirecta  08www.
pchaoraconccfe eesrlsa oipo  únopba rleldi csesot aoslocb oisró e en qn tuoadedjee a tnesal onrlsg ac asuns ae inncrvftoooincrsmoi odcsaaim ctoipoiesrnen ecvtoosis, n tdooduzsorc caaeunnnmt,e  ei nelnacst ltouemss  oiscy mod neaavss.e puEnunisétoots,as  r dgáaeun  a flioorndbsaa lliirgqzáauander  o esstlee  pncalrga eanztonoo     OE-A-2022-26able en https://
de vigencia de este convenio.
Asimismo, las autoridades, funcionarios y todo el personal que tenga relación directa 
o indirecta con la prestación de los servicios previstos en este convenio, previamente a la 
autorización de acceso deberán manifestar por escrito que conocen y se comprometen a 
cumplir sus obligaciones con la confidencialidad de los datos personales a los que 
tuvieran acceso con motivo de la aplicación de este convenio.
La violación de esta obligación implicará incurrir en las responsabilidades penales, 
administrativas y civiles que resulten procedentes, así como el sometimiento al ejercicio 
de las competencias que corresponden a la Agencia de Protección de Datos.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la TGSS deberán 
garantizar:
– Que tienen implantados los procedimientos que permitan gestionar el ciclo de vida 
de sus usuarios o componentes autorizados a acceder a los servicios de cesiones de 
datos del órgano cedente (altas, bajas o modificaciones de autorizaciones).
– Que  podrán  facilitar  una  lista  actualizada  de  las  personas  o  componentes 
autorizados para realizar peticiones de datos en caso de ser solicitada por el órgano 
cedente.
– Que comunicarán cualquier variación relacionada con las personas autorizadas.
Ambas Administraciones deben garantizar que informarán adecuadamente a todas 
las  personas  para  las  que  solicite  la  autorización  de  acceso  a  los  sistemas  de 
información, al menos de las siguientes circunstancias:
1. Las responsabilidades que asumen.
2. La finalidad concreta de la autorización.
3. Que la Administración cedente de datos almacena rastros de cada una de las 
peticiones realizadas.
4. Que en cualquier momento se podrá solicitar la justificación de peticiones de 
datos realizadas, de acuerdo con los requisitos legales y la finalidad para la que se 
autorizó la cesión de datos.
5. Las medidas de seguridad que deberán tener en cuenta para garantizar la 
seguridad de la información.
Dichos empleados, previamente a la autorización de acceso, deberán manifestar por 
escrito  que  conocen  y  se  comprometen  a  cumplir  sus  obligaciones  con  la 
confidencialidad de los datos personales a los que tuvieran acceso con motivo de la 
aplicación de este convenio, conforme al modelo que figura en anexo I.
Octava. Límites de la cesión.
La información cedida por ambas partes en aplicación de lo prevenido en el presente 
convenio solo podrá tener por destinatarios a los órganos de la Tesorería General de la 
Seguridad Social y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía que 
tengan atribuidas las funciones que justifican la cesión, recogidas, por aplicación de la 
normativa  vigente,  en  el  propio  convenio,  sin  que  en  ningún  caso  puedan  ser 
destinatarios organismos, órganos o entes que realicen funciones distintas.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la TGSS aceptan y 
asumen por el presente documento que la cesión de datos se produce a los fines 
exclusivos que se especifican en este convenio, por lo que cualquier otro uso que se 
haga de dichos datos constituirá un incumplimiento de lo previsto en el mismo que  e.
facultará a cualquiera de las partes para exigir las responsabilidades oportunas. w.b
La Administración cesionaria será responsable frente a la cedente con motivo de las  08ww
creecdlaemntaec pioonderás  qreupee etisr tcao rnetcraib ace dseiol nparoripai eptoarr iocu daelq luoise rd aintdoes mpenrizsaocniaólne sq.u Lea  dAedbma isnaisttisrafaccióenr 
derivEal dsau mdein disitcrhoo d ien cinufmorpmlimacieiónnt oa.mparado por este convenio no tendrá otros efectos que
los derivados del objeto y la finalidad para la que los datos fueron suministrados. En
consecuencia,  no  originará  derechos  ni  expectativas  de  derechos  en  favor  de  los 
interesados o afectados por la información suministrada, ni interrumpirá la prescripción 
de los derechos u obligaciones a que puedan referirse los procedimientos para los que 
se obtuvo aquélla. De igual modo, la información suministrada no afectará a lo que 
pudiera resultar de las actuaciones de comprobación o investigación o de la ulterior 
modificación de los datos suministrados.
Novena. Auditorías.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Tesorería General 
de  la  Seguridad  Social  aceptan  someterse  a  todas  las  actuaciones  de  control  y 
supervisión que se relacionan a continuación al objeto de verificar la adecuada obtención 
y utilización de la información cedida y de las condiciones normativas o convencionales 
que resultan de aplicación.
9.1 Por parte de la TGSS. A través de los sistemas y medios informáticos de 
auditoría que facilite la TGSS como Administración cedente, la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, deberá realizar las actividades de control que 
garantice la debida custodia y adecuada utilización de los datos recibidos y cualquier otra 
actividad encaminada a garantizar la correcta forma y justificación del acceso a los 
ficheros o bases en que aquéllos figuren incluidos.
Para llevar a efecto lo señalado en el párrafo anterior, la TGSS se compromete a 
proporcionar la asistencia necesaria (tanto teórica como técnica) a los responsables que 
se designen por la Administración cesionaria.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía se compromete a que 
cada acceso quede justificado con la causa o expediente que lo hubiera motivado.
Las partes implicadas en el proceso de auditoría son las siguientes:
9.1.1 Auditor  Delegado  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma.  Sus 
funciones y competencias son:
– Será el interlocutor único con la TGSS, en el ámbito de sus competencias, en 
temas relacionados con auditorias y resolución de incidencias.
– Podrá  efectuar  la  auditoría  trimestral  a  los  usuarios  autorizados  de  cualquier 
Consejería u Organismo dependiente de la Junta de Andalucía, únicamente en el caso 
de ausencia o enfermedad del auditor de la Consejería u Organismo correspondiente. 
Por ello, tendrá acceso mediante consultas a las transacciones de los Ficheros de la 
TGSS recogidas en el presente convenio.
– Recibir, sistematizar y analizar los datos facilitados en los informes de auditoría 
elaborados en cada Consejería u Organismo dependiente de la Junta de Andalucía por 
sus auditores para el posterior envío del Resumen Trimestral Unificado del total de 
usuarios auditados.
– Tendrá como mínimo un nivel 26  de  complemento  de destino, salvo petición 
justificada de la Administración de la Comunidad Autónoma que solicitará la excepción 
de nivel y que deberá ser aprobada por la Unidad Nacional de Auditorías de la TGSS.
– Se le asignará en SILCON un perfil de usuario Auditor Delegado, dándosele de 
alta a estos efectos por la TGSS en el Departamento correspondiente. Las altas, bajas o 
sustituciones que se produzcan en las personas designadas como Auditor Delegado de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberán ser comunicadas a 
la mayor brevedad posible al Auditor Delegado Provincial en Sevilla de la TGSS quien lo  es
pondrá en conocimiento de la Unidad Nacional de Auditorías. o
La Unidad Nacional de Auditorías de la TGSS, previa solicitud de la Administración  08ww
AvdCaedoc mnalasinne tiCjese,tor ríaamaucsusi óneunin d Ocadirdaeg   aoAln auei stnóCmfneooormmsm uedande iapdddeae nd dd AeiAnel udantautóeldnusioct odímare. a pl aoc doJurmáno taa  audutoedr iiAtzonardr  asaulul pcAlíeaun,d teeit oner  lnoD sea sllegugupanudaeo sd todese  l daleas    OE-A-2022-26able en https://
– El perfil de usuario Auditor no comporta el cargo de usuario-administrador, a pesar 
de que ambos usuarios tengan en SILCON un nivel 4. Ello es debido a que la tarea de 
auditoría no es informática sino de justificación documental de los accesos.
En  ningún  caso  podrán  coincidir  en  la  misma  persona  los  cargos  de  usuario-
administrador SILCON y Auditor Delegado.
9.1.2 Auditores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Habrá un Auditor en cada una de las Consejerías y Organismos dependiente de la Junta 
de Andalucía con competencias en las materias objeto del presente convenio, con 
autorización a las consultas de los Ficheros de la TGSS.
Sus funciones y competencias son:
– Efectuar la auditoria trimestral a los usuarios autorizados en su Consejería u 
Organismo.
– Elaborar el informe de auditoría correspondiente a su Consejería u Organismo 
sobre  la  auditoría  practicada  para  el  posterior  envío  al  Auditor  Delegado  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.
– Tendrán como mínimo un nivel 26 de complemento de destino, salvo petición 
justificada de la Comunidad Autónoma de Andalucía que solicitará la excepción de nivel 
y que deberá ser aprobada por la Unidad Nacional de Auditorías de la TGSS.
– Se les asignará en SILCON un perfil de usuario auditor, dándoseles de alta a estos 
efectos  por  la  TGSS  en  el  Departamento  correspondiente.  Las  altas,  bajas  o 
sustituciones que se produzcan en las personas designadas como Auditor deberán ser 
comunicadas a la mayor brevedad posible al Auditor Delegado de la Administración 
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  quien  lo  pondrá  en  conocimiento  del  Auditor 
Delegado Provincial en Sevilla de la TGSS.
– El perfil de usuario auditor no comporta el cargo de usuario- administrador, a pesar 
de que ambos usuarios tengan en SILCON un nivel 4. Ello es debido a que la tarea de 
auditoría no es informática sino de justificación documental de los accesos.
En  ningún  caso  podrán  coincidir  en  la  misma  persona  los  cargos  de  usuario-
administrador SILCON y Auditor.
9.1.3 Auditor Delegado Provincial en Sevilla de la TGSS. El puesto de Auditor 
Delegado de la TGSS recaerá en el responsable de auditorías de la Dirección Provincial 
Sevilla de la TGSS.
Tendrá las siguientes funciones:
– Realizar las auditorias de los accesos del Auditor Delegado de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
– Recibir, sistematizar y analizar los datos facilitados en el informe trimestral de 
auditoría elaborado por el Auditor Delegado de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
– Asignar/desasignar una Consejería u Organismo dependiente de la Administración 
de la Junta de Andalucía al Auditor Delegado.
– Informar y resolver dudas e incidencias al Auditor Delegado de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
– Comunicar el resultado de las auditorías e incidencias a la Unidad Nacional de 
Auditorías de la TGSS.
9.1.4 Unidad Nacional de Auditorías de la TGSS. Serán funciones de la Unidad  e.
Nacional de Auditorías las siguientes: w.b
duda–s  Vseolbarre p aocr cleas aodse incudaedbaid otrsa,n csomni seiló fnin d dee i nqsuteru lcacsi oanuedsit oyr icaosn streib llueivr ean  laa  eafcelacrtoa cpióonr  ldaes 
unidades competentes, con unos criterios unificados.
– Formular  propuestas  y  recomendaciones  en  materias  relacionadas  con  la 
adecuación de los accesos a los ficheros informáticos y bases de datos gestionados por 
la TGSS, en particular de:
• Propuesta de modificación de contenidos de las transacciones, si por razón de los 
mismos  pudiera  concurrir  alguna  situación  de  riesgo  en  la  protección  de  datos 
personales.
• Control específico de las autorizaciones de los usuarios, pudiendo comportar su 
suspensión o retirada definitiva cuando se advierta un uso inadecuado de las mismas.
– Administrar las transacciones SILCON específicamente referidas al sistema de 
auditorías, así como las diseñadas para la creación, mantenimiento y cese de auditores, 
activación y desactivación de perfiles y seguimiento de rastros de los accesos. A tal fin la 
Unidad Nacional de Auditorias elaborará las solicitudes y propuestas necesarias a la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
– Realizar  auditorías  específicas  de  accesos  indebidos  al  Sistema  de 
Confidencialidad cuando se produzcan denuncias por los titulares de los datos a los que 
se  ha  accedido,  cualquiera  que  sea  su  lugar  de  presentación  y  tramitar  de  forma 
centralizada todas las denuncias y comunicaciones que tengan entrada sobre cualquier 
forma de vulneración de protección de datos o accesos indebidos a los ficheros a cargo 
de la TGSS.
– Coordinar y preparar la información que requiera la Dirección General de la TGSS 
para su relación institucional centralizada con la Agencia Española de Protección de 
Datos. A este fin, deberá ser remitido a la Unidad Nacional de Auditorias cualquier 
escrito o solicitud que se reciba de dicha Agencia.
El  procedimiento  concreto  de  auditoría  se  pondrá  en  conocimiento  de  la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía por parte de la Dirección 
Provincial en Sevilla de la TGSS antes del inicio de la auditoría trimestral que proceda, la 
cual explicará dicho proceso y solicitará los datos personales del auditor delegado.
– Asignación/Desasignación  de  un  Departamento  al  Auditor  Delegado  del 
Organismo externo.
Una vez que el presente convenio sea eficaz las partes se comunicarán los datos de 
las personas que realizarán las funciones de auditoría. Igual obligación existirá cuando 
se produzca un cambio en dichas personas.
9.2 Por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En términos recíprocos, la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá realizar auditorías de los 
accesos realizados a sus sistemas de información a través de los sistemas y medios 
informáticos que determine y apruebe la Comisión Mixta de Control y Seguimiento.
Se  realizarán  todos  los  controles,  informes  y  auditorías  periódicas  que  estime 
necesarias para velar por el adecuado cumplimiento de la normativa vigente a los fines 
establecidos en el presente convenio, así como para verificar la eficacia de las medidas 
de  seguridad  relacionadas  con  los  accesos  realizados  por  parte  de  los  usuarios 
autorizados  de  la  TGSS,  los  registros  de  dichos  accesos,  los  listados  e  informes 
elaborados.
Si como consecuencia de las actuaciones de control o auditoría o por causa de 
denuncia o comunicación, se detectase cualquier tipo de irregularidad relacionada con la 
utilización de datos, antecedentes, registros o informes con finalidad distinta a la propia  s
gestión de la Administración cesionaria, se abrirán de inmediato diligencias en orden al  oe.
completo  esclarecimiento  y,  en  su  caso,  a  la  exigencia  de  responsabilidades  con  w.
atruatsolariddoa,d  sjui dpircoiacel cdoer,r eas lpao naduiteonritdea.d de control en materia de protección de datos y a la  2022-2608n https://ww
Décima. Facultades de las partes.
10.1 Sin perjuicio de lo anterior, ambas partes, se reservan, con respecto a los 
datos de su competencia, la facultad de:
a) Controlar, supervisar y/o auditar los accesos o la utilización que se dé a los datos 
recibidos, para lo cual podrán llevarse a efecto cualesquiera otros controles accesorios o 
complementarios por la Unidad Nacional de Auditorías de la TGSS y análoga de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Solicitar,  en  cualquier  momento,  las  aclaraciones  o  la  información 
complementaria que se estime precisa o conveniente por una de las partes sobre la 
corrección de los accesos, la custodia o la utilización de la información cedida.
c) Suspender las autorizaciones y desactivar los perfiles de aquellos usuarios que 
hubieren realizado accesos de riesgo, entendiendo por tales todos aquellos en los que 
no  quede  acreditada  su  correspondencia  con  los  fines  para  los  que  hubieran  sido 
utilizados.
10.2 Ambas  partes  aceptan  someterse  a  todas  las  actuaciones  de  control  y 
supervisión que puedan acordarse por la Unidad Nacional de Auditorías de la TGSS y 
análoga de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al objeto de 
verificar  la  adecuada  obtención  y  utilización  de  la  información  cedida  y  de  las 
condiciones normativas o convencionales que resultan de aplicación.
Si como consecuencia de las actuaciones de control o auditoría o por causa de 
denuncia o comunicación, se detectase cualquier tipo de irregularidad relacionada con la 
utilización de datos, antecedentes, registros o informes con finalidad distinta a la propia 
gestión del órgano cesionario, se abrirán de inmediato diligencias en orden al completo 
esclarecimiento y, en su caso, a la exigencia de responsabilidades con traslado, si 
procede, a la autoridad judicial correspondiente.
10.3 Ambas Administraciones designarán una persona como interlocutor único en 
las relaciones y comunicaciones.
Undécima. Facultad de revisión de accesos.
Ambas Administraciones se reservan la facultad de revisar en cualquier momento 
posterior a que el presente convenio sea eficaz, las formas de acceso a los datos 
protegidos ya sea a través de acceso directo a ficheros, soporte físico o conexión 
telemática  o  electrónica,  y  la  limitación  de  las  mismas  por  razones  técnicas,  por 
modificación de los contenidos de los ficheros a raíz de mejoras introducidas en los 
mismos, por falta de uso de las transacciones o por otras razones que pudieran suponer 
alteración de las condiciones pactadas en este convenio.
Duodécima. Incumplimientos.
En  lo  referente  al  suministro  de  información  regulado  en  este  convenio,  la 
Administración titular de los datos podrá acordar la suspensión unilateral o la limitación 
de los accesos cuando advierta incumplimientos de la obligación de sigilo por parte de 
las  autoridades,  funcionarios  o  resto  de  personal  de  la  Administración  cesionaria, 
anomalías o irregularidades en los accesos o en el régimen de control o incumplimientos 
de los principios y reglas que deben presidir el suministro de información, de acuerdo 
con lo previsto en este convenio. e.e
Sin  perjuicio  de  lo  establecido  anteriormente,  cualquier  violación  de  seguridad  w.b
relacionado con los datos personales que constituya un riesgo para los derechos y  08ww
laibuetortraiddaeds  ddee  cloans trpoel rcsoomnapse tfeísnitcea se nt itmulaatreersia d dee  lopsro mteicscmióons ,d ed edbaetroás  seenr  enlo tpifliaczaod ad ea  7l2a 
horas desde que se tuvo constancia de la misma.
La Administración cesionaria será responsable frente a la cedente de cualquier 
tratamiento indebido o no autorizado que haga su personal con los datos cedidos. La 
Administración cedente podrá repetir contra la cesionaria cualquier indemnización que 
deba satisfacer como consecuencia de dicho incumplimiento.
Decimotercera. Régimen jurídico y jurisdicción.
El presente convenio tiene carácter interadministrativo y se rige por lo dispuesto en 
los artículos 47 a 53 del Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo previsto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa será el competente para 
conocer de las controversias que pudieran surgir durante la ejecución del presente 
convenio no resueltas por mutuo acuerdo de las partes en el seno de la Comisión Mixta 
de Control y Seguimiento, a que se refiere la cláusula siguiente.
Decimocuarta. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control.
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente 
convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará 
una Comisión Mixta de Control y Seguimiento de composición paritaria compuesta por 
tres representantes nombrados por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y otros tres nombrados por el Director General de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. Sus acuerdos requerirán el voto favorable de todos los representantes. 
Asimismo, podrá incorporarse, con derecho a voz y sin derecho a voto, cualquier otro 
personal al servicio de la Administración Pública que se considere necesario.
Será competencia de la Comisión Mixta de Control y Seguimiento establecer los 
procedimientos  más  eficaces  que  posibiliten  el  intercambio  de  información  y  la 
colaboración entre las partes prevista en este convenio. A tal fin, promoverá la supresión 
de los impedimentos técnicos que impidan su inmediato intercambio y colaboración.
Las partes acordarán en el seno de la Comisión Mixta de Control y Seguimiento 
algunos detalles relativos a la ejecución del contenido del convenio (como pueden ser la 
asignación, modificación o supresión de las transacciones o servicios web objeto de 
cesión) y, en ese caso, no se requerirá una modificación del convenio sino el simple 
acuerdo unánime entre partes, siempre que no afecte al contenido mínimo y esencial del 
mismo, el cual no puede ser objeto de modificación en la Comisión Mixta de Control y 
Seguimiento.
Además, a la Comisión Mixta de Control y Seguimiento se le encomiendan las 
siguientes funciones:
a) Dejar reflejadas sus decisiones en el correspondiente documento que ha de 
mantener perfectamente actualizado.
b) Coordinar las actuaciones necesarias para la correcta ejecución del presente 
convenio, estableciendo, en particular, los procedimientos de cesión de información más 
eficaces así como las medidas que garanticen la protección de los datos suministrados.
c) Adoptar las medidas de control pertinentes para asegurar la debida custodia y 
correcta utilización de la información recibida.
d) Resolver las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y 
ejecución del presente convenio. es
En el seno de la Comisión Mixta podrán constituirse Grupos de Trabajo específicos  w.
con el fin de facilitar la realización de sus funciones. 08ww
las pLaar tCeos,m sisieiómnp Mrei xqtuae d leo sC toenmtraosl  ya  Streagtauri moi elansto c isrecu rnesutnainrác iaas i nlos taacnocnias edjee nc uya, laqlu mieeran odse, 
una vez al año para examinar los resultados e incidencias de la colaboración realizada.
La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento será el órgano encargado de 
resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del 
presente convenio.
La Comisión Mixta de Control y Seguimiento se regirá en cuanto a su funcionamiento 
y régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la presente cláusula, 
por  lo  dispuesto  en  la  Sección  Tercera  del  Capítulo  II  del  Título  Preliminar  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimoquinta. Vigencia del convenio, modificación, suspensión y extinción.
15.1 De conformidad con lo establecido en el apartado 1.º del artículo 49.h) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente convenio tendrá una vigencia de 4 años, 
desde su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación.  Asimismo,  será  publicado  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»,  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  48.8  de  la  misma  norma  legal.  Con 
anterioridad  a  la  finalización  del  plazo  de  duración  previsto  se  podrá  prorrogar  el 
convenio, por acuerdo unánime de las partes, por un periodo de hasta cuatro años 
adicionales.
15.2 El contenido del presente convenio podrá ser actualizado o modificado de 
mutuo  acuerdo  en  cualquier  momento,  a  cuyo  efecto  las  partes  suscribirán  la 
correspondiente Adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa 
autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
15.3 No obstante, por lo que se refiere al suministro de información regulado en 
este convenio, la Administración titular de los datos podrá acordar justificadamente la 
suspensión unilateral o la limitación de los accesos si advirtiera incumplimientos de la 
obligación de confidencialidad y sigilo por parte de las autoridades, funcionarios o resto 
de personal de la parte cesionaria, anomalías o irregularidades en los accesos o en el 
régimen de control o incumplimientos de los principios y reglas que deben presidir el 
suministro  de  información,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  este  convenio.  Una  vez 
adoptado  el  acuerdo  de  suspensión  o  limitación  del  suministro  se  dará  cuenta 
inmediatamente a la Comisión Mixta, en orden a la revocación o mantenimiento del 
acuerdo.
15.4 El  convenio  se  extinguirá  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución previstas en el 
artículo 51.2, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Así, este convenio quedará resuelto en los siguientes supuestos:
– Por el transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado la prórroga del 
mismo.
– Por acuerdo unánime de las partes firmantes.
– Por imposibilidad justificada de realizar el objeto del convenio.
– Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en virtud de este 
convenio por una de las partes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a 
la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo de quince días con 
las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado igualmente a la Comisión Mixta de Control y Seguimiento del convenio.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la parte incumplidora la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. e.e
La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar las indemnizaciones o  b
sanciones que pudieran dar lugar al uso de los datos cedidos por la TGSS o por la  08ww
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sin  perjuicio  de  lo  establecido  anteriormente,  cualquier  violación  de  seguridad 
relacionado con los datos personales que constituya un riesgo para los derechos y 
libertades de las personas físicas titulares de los mismos, deberá ser notificada a la 
autoridad de control competente en materia de protección de datos en el plazo de 72 
horas desde que se tuviera constancia de la misma.
– Por la denuncia de cualquiera de los firmantes. Esta denuncia deberá realizarse 
por escrito, expresando las causas que la motivan y notificarse a la otra parte con una 
antelación mínima de tres meses, de tal forma que puedan finalizarse adecuadamente 
las actuaciones en curso en el momento de la citada notificación, y en los términos 
establecidos en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
– Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
– Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
Decimosexta. Régimen económico.
La firma del presente convenio no conlleva contraprestación económica para ninguna 
de las partes firmantes.
En  prueba  de  conformidad,  las  Administraciones  implicadas  firman  el  presente 
convenio,  en  la  fecha  indicada  en  el  pie  de  firma,  tomándose  como  fecha  de 
formalización del presente documento la fecha del último firmante.
En Madrid, a 4 de febrero.–Por la Tesorería General de la Seguridad Social, el 
Director  General,  Andrés  Harto  Martínez.–Por  la  Administración  de  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía, la Consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío 
Blanco Eguren.
ANEXO I
Compromiso usuario SILCON/compromiso usuario sistemas de información 
Administración Junta de Andalucía
D./D.ª  ........................................................................................................................... 
con D.N.I. ...................................... adscrito/a ……………...... por el presente documento.
COMUNICA
Que ha sido informado/a de que la cesión de información procedente de la TGSS 
tiene como finalidad exclusiva la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de 
ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, 
para la obtención o percepción de prestaciones incompatibles en los distintos regímenes 
del sistema de la Seguridad Social y, en general, para el ejercicio de las funciones que 
tiene encomendadas legal o reglamentariamente para las que los datos obtenidos por la 
Administración de la Seguridad Social resulten relevantes.
Que, ha sido informado/a de conformidad con lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y de la Orden de 17 de enero de 1996, sobre control de accesos al sistema 
informático de la Seguridad social, en el caso de que las funciones que desarrolle o los 
trabajos  que  realice  conlleven  su  alta  como  usuario/a  del  sistema  informático,  se 
adquiere el compromiso de utilizar las transacciones con los fines exclusivos de gestión  e.
para los que sea autorizado/a teniendo obligación de guardar el secreto profesional  w.b
sobre los datos de que tenga conocimiento, siendo responsable de todos los accesos  08ww
dqeu ea cscee rseoa fliacceinlit aad loo.s ficheros informáticos mediante su contraseña personal y el código
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función encomendada y la falta de custodia o secreto de la identificación personal de
acceso, dará lugar a la exigencia de responsabilidades administrativas, en concreto las 
establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  así  como  a  responsabilidades  de 
cualquier otra naturaleza incluso penales.
En ……....................................….., en la fecha de la firma electrónica
ANEXO II
Consentimiento cesión de datos (persona física)
D.  …………………………………………………………………………………………… 
con DNI/NIE/PASAPORTE n.º .......................................................................................
Autoriza a la Comunidad de ................... para que, en mi nombre, acceda a los datos 
e información referida a mi persona y contenida en los ficheros de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, en virtud del convenio y en relación con la finalidad que en el 
mismo está prevista.
El tratamiento de esta información, en tanto que contempla datos personales está 
sujeto a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En ............................................., a …… de ………. de….
ANEXO III
Consentimiento cesión de datos (persona jurídica)
D.  ………………………………………………………………………………………………, 
con  DNI/NIE/PASAPORTE  n.º  ......................................................,  en  representación 
de…...............……………, con copia de poder o documento …………...…………..…….
Autoriza a la Comunidad de ..................... para que, en mi nombre, acceda a los 
datos e información contenida en los ficheros de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, en virtud del convenio suscrito al efecto.
El tratamiento de esta información,  en tanto  que contempla datos de personas 
jurídicas, está sujeto a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal.
En .........................................., a …… de ………. de ….