BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 98 Miércoles 8 de abril de 2020 Sec. III.   Pág. 28604
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
4353 Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y 
del  Notariado,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  calificación  de  la 
registradora de la propiedad de Gandía n.º 4, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.
En el recurso interpuesto por don Gonzalo Cano Mora, notario de Gandía, contra la 
calificación de la registradora de la Propiedad de Gandía número 4, doña María Teresa 
López Alfonso, por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo con 
garantía hipotecaria.
Hechos
I
Mediante escritura otorgada el día 16 de agosto de 2019 ante el notario de Gandía, 
don Gonzalo Cano Mora, con el número 1.114 de protocolo, se formalizó un préstamo 
para financiar la adquisición por los prestatarios de una vivienda no habitual; y en 
garantía del mismo se constituyó hipoteca sobre dicha finca.
En tal escritura se expresaba que se había redactado conforme a minuta presentada 
por la entidad acreedora, y que «la misma obedece a condiciones generales de su 
contratación (…)»; que «las condiciones generales figuran inscritas en el Registro de 
Condiciones Generales de Contratación y están disponibles en la web del Prestamista y 
en cualquiera de las oficinas abiertas al Público del Banco». Y el notario añadía lo 
siguiente: «(…) he comprobado la previa inscripción en el Registro de Condiciones 
Generales de Contratación de las cláusulas con dicho carácter contenidas en la presente 
escritura;  teniendo  las  cláusulas  que  no  se  ajustan  exactamente  a  las  mismas  la 
condición de particulares o negociadas individualmente, lo que corroboran las partes 
contratantes».
II
Presentada el día 19 de agosto de 2019 copia autorizada electrónica de dicha 
escritura en el Registro de la Propiedad de Gandía número 4, fue objeto la siguiente nota 
de calificación:
«Conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria (reformado por Ley 24/2001 de 27 de 
diciembre) y 98 y siguientes del Reglamento Hipotecario:
El  Registrador  de  la  Propiedad  que  suscribe,  previo  examen  y  calificación  del 
documento arriba indicado, ha resuelto con esta fecha su calificación negativa y se 
suspende la inscripción, de acuerdo con los siguientes:
Hechos.
– Se presenta escritura de constitución de hipoteca a favor de la entidad Banco  bo
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. sobre la finca registral 52001, en la que no se hace  53ww
ucCaotnoilntinezstratriaaodrtro aide,c ali aódCcn óra,e d ndliagii t oaco ottiIrvmdooese n rddctieaifai ctlosiazsuda  ocqdriuó edenpe  ópdls eemitr opmo rdiéeteasnlnto a  emcdl oeoRm .cepogrnoistbrtaraotro   ldade e e Cfperocéntsidvtaiicdmiaoodn  eods e c Grséued nidteoer apqlóuesesi  tosde ec  holaan    OE-A-2020-43able en https://
Fundamentos de Derecho.
Conforme al Artículo 18 LH, los Registradores calificarán bajo su responsabilidad la 
legalidad de los títulos en cuya virtud se solicita la inscripción, y en relación con el caso 
concreto los artículos siguientes:
Artículo  11.2  de  la  LCGC,  que  ha  sido  objeto  de  modificación  expresa  por  la 
disposición final 4.ª de la LCI, los modelos de contratos de préstamo y crédito hipotecario 
en  que  se  contengan  condiciones  generales  establece  expresamente  “el  depósito 
obligatorio de su [sic] formularios para el prestamista en el Registro antes de empezar su 
comercialización”. Por su parte, el artículo 7 de la LCI que ratifica esa obligatoriedad del 
depósito de los modelos de condiciones generales, lo configura expresamente en su 
título  como  “una  obligación  de  transparencia  de  los  contratos”,  por  lo  que,  de 
conformidad con el artículo 83 de la LGDCU (modificado por la disposición final 8.ª de la 
LCI), que ahora dice: “las condiciones incorporadas de modo no transparente en los 
contratos en per-juicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho”, no es posible 
la inscripción de un préstamo o crédito hipotecario sin el previo depósito en el RCGC del 
modelo contractual que le sirve de soporte. La necesidad de comprobación del depósito 
previo resulta también de la Instrucción de 13 de junio de 2019, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, sobre el depósito de condiciones generales de la 
contratación, la cual, en su párrafo último resume que “en el contrato de préstamo debe 
hacerse  constar  que  las  condiciones  generales  han  sido  objeto  de  depósito,  y 
comprobarse por el notario y el registrador que dicho depósito se ha practicado”.
Y  considerándose  un  defecto  subsanable,  se  procede  a  la  suspensión  de  los 
asientos solicitados del documento mencionado.
No  se  toma  anotación  preventiva  por  defectos  subsanables  por  no  haberse 
solicitado.
Se  notifica  esta  calificación  al  Funcionario  autorizante  y  al  presentante, 
prorrogándose el asiento de presentación por un plazo de sesenta días contados desde 
la última notificación de este acuerdo (Art. 322 y 323 L.H.).
Contra esta decisión, (…)
En Gandía Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por 
María Teresa López Alfonso registrador/a de Registro Propiedad de Gandía 4 a día tres 
de Octubre del año dos mil diecinueve.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don Gonzalo Cano Mora, notario de Gandía, 
interpuso recurso el día 11 de octubre de 2019 mediante escrito con los siguientes 
fundamentos jurídicos:
«La calificación impugnada, a la que me remito por no repetir, establece un único 
defecto consistente en no haberse consignado el número identificador del depósito de 
las condiciones generales en el Registro de Condiciones Generales de Contratación.
Este será el único defecto al que recurro a efectos doctrinales [sic], puesto que para 
evitar  per-juicios  a  los  interesados  he  autorizado  diligencia  poniendo  el  Código 
Identificador.
Primero. bo
citadCDaoesml  paoor rtf íulcaun Rldoae mg1i1es ntrdtaoed  ojluarar í.dLiecyo  dmee  Climonitdoi caio nlaess  dGoesn enroarlmesa sd ele gCaolenstr ayt aac iólan , Inrsetsruulctaci óenl   2020-4353n https://ww
depósito es obligatorio antes de la comercialización de los préstamos o créditos.
Del artículo 7 de la Ley de Contratación de Crédito Inmobiliario, resulta que los 
prestamistas tienen que inscribir en el Registro de Condiciones Generales, las cláusulas 
de los contratos que tengan tal carácter.
Y de la Instrucción de la Dirección General, resulta que en la escritura de préstamo 
hipotecario debe hacerse constar que las condiciones generales han sido objeto de 
depósito  y  comprobarse  por  el  notario  y  el  registrador  que  dicho  depósito  se  ha 
practicado.
Segundo.
De lo anterior resulta que hay dos normas que imponen la “obligación del depósito” 
de las condiciones generales de contratación. Ninguna de estas normas habla de la 
escritura ni de la inscripción.
Hay una Instrucción de la DGRN que yendo un poco más allá de la Ley interpreta 
que dicha obligación debe comprobarse a la hora de autorizar la escritura e inscribir el 
préstamo o crédito hipotecario.
Pero en todo caso habla de “comprobar” dicho depósito. Así la Instrucción dice: “...el 
notario deberá controlar al autorizar la escritura de préstamo hipotecario, y el registrador 
de la propiedad al inscribirla, el mero hecho de que efectivamente la entidad financiera 
haya  procedido  previamente  a  practicar  dicho  depósito.  Se  trata  de  un  control  de 
cumplimiento  de  la  legalidad  que  el  notario  y  el  registrador  de  la  propiedad  están 
obligados a realizar, como ocurre con otros supuestos de obligaciones legales cuyo 
cumplimiento, con independencia de sí afectan o no a la validez y eficacia del negocio, 
debe resultar de la escritura y en su caso hacerse constar al practicar su inscripción: 
ocurre así con la entrega del certificado energético, la declaración del movimiento de 
metálico, la justificación de los medíos de pago, la obtención de una licencia urbanística, 
etc.”
(…) se exige controlar que se haya efectuado dicho depósito, como cualquiera otro 
de los controles de legalidad a que se refiere posteriormente. Pero en ningún caso se 
exige que para ese control sea preciso aportar el número de registro del depósito: Igual 
que no se exige el número de código del certificado de eficiencia energética, o el número 
de operador del prestamista habitual, o el número de Registro en el Banco de España de 
las entidades de crédito... Es decir, hay obligaciones de control que exigen una labor de 
comprobación del profesional afectado, que este debe hacer.
Desde luego que si la entidad aporta el número, la labor se facilita notablemente; 
pero si no lo aporta, es deber de notario y registrador el comprobar ese depósito a través 
de un Registro que es público en este caso; sin poder negar la autorización o la 
inscripción por no aportar dicho número, ya que no es una obligación impuesta por la 
normativa.
En apoyo de esta tesis continúa la Instrucción de la Dirección General diciendo: “Ese 
control notarial y registral, por lo demás, no tiene coste económico alguno, por cuanto, 
como se hace constar en el informe remitido por el Colegio de Registradores, el registro 
es público y de acceso gratuito para todos los que tengan interés en consultarlo. Ello 
agrava la carga o deber de diligencia del notario y del registrador, quienes, en cuanto 
autoridades, podrán acceder al citado Registro de forma inmediata y gratuita, y realizar 
de esta forma la comprobación del previo depósito de las condiciones generales, la cual 
tampoco deberá generar coste alguno para la entidad financiera obligada al pago de sus 
respectivos honorarios”.
Ese deber de diligencia agravado de que habla la Instrucción, tampoco supone una  e.
carga excesiva cuando lo cierto es que las entidades suelen tener cuatro o cinco minutas  w.b
de utilización general y algunas otras más especiales. Una vez que se han autorizado o  53ww
msein huatan. calificado varios préstamos de la misma entidad es fácilmente identificable la
haceEnn  rteofdeore cnacsiao ,a l assi  mesin uptraéss tadmepoo, soit andoavsa ecinó ne, l oR esguibsrtorog adceió nC,o nsíd iscoionn eas  tGipeon efirjoa,l eos 
variable, con carencia, sin carencia, con cuota creciente o no, de autopromotor...
En este caso concreto al Notario no le costó comprobar que era una hipoteca a tipo 
fijo con bonificaciones, sin carencia, con sistema francés de amortización y entrando en 
el Registro de Condiciones Generales, y con ayuda del buscador de palabras encontré la 
siguiente minuta que se adapta a la recogida en la escritura:
Préstamo hipotecario. Sin carencia. Índice: Euribor Minuta de escritura de préstamo 
hipotecario.  Modelo  CNCTHP0684  -  0619  Minuta  adaptada  a  LCI  principales 
características particulares. Adquisición vivienda. Entrega al formalizar. Sin carencia. 
Interés variable. Euribor. Cuota constante hipoteca bilateral bonificada.
Sin que la identidad deba ser absoluta, puesto que como la propia Instrucción de la 
DGRN  establece:  “Y  no  se  debe  olvidar  otra  consideración  de  importancia:  si  los 
contratos no se limitan a una simple utilización y rellenado de un modelo preestablecido, 
sino que se pueden adaptar con flexibilidad a las necesidades que se planteen en cada 
supuesto concreto…”
... La consecuencia de lo anterior es que el previo depósito de las condiciones 
generales empleadas por la entidad en su contratación no debe impedir la autorización y 
posterior inscripción de la escritura de préstamo hipotecario por el hecho de que del 
cotejo de la misma con las condiciones generales depositadas resulte alguna diferencia, 
ya que por hipótesis esa diferencia, especialmente en la medida en que sea relevante, 
constituiría en principio una condición particular, y no general”.
Como corolario de lo señalado, procede remarcar que el control notarial y registral 
sobre el depósito de las condiciones generales se ciñe a comprobar que el mismo se ha 
producido  formalmente  respecto  de  las  cláusulas  contractuales  que  merezcan  tal 
consideración. En el supuesto de que se haya producido alguna discordancia entre una 
cláusula contractual y la condición general depositada, ello se deberá en principio a que 
esa estipulación tiene el carácter de condición particular, negociada individualmente.
Por último, la Instrucción de la DGRN ante una hipotética falta de depósito establece:
“A ello se debe añadir otra consideración de importancia: la legislación no precisa la 
eventual consecuencia de la falta de depósito sobre la validez de la condición general, 
sin  que  el  control  formal  que  deben  desempeñar  notarios  y  registradores  sobre  el 
cumplimiento  de  dicha  obligación  suponga  atribuir  a  su  inobservancia  una  nulidad 
patente y de pleno derecho de la misma. Es imprescindible tener en cuenta lo anterior a 
la hora de constatar el alcance de la verificación que ha desempeñarse, pues todo 
aquello que exceda la mera comprobación del depósito de las condiciones generales 
queda al margen del control de la legalidad notarial y de la calificación registral. En 
particular, excede de ellas entrar a cuestionar el carácter de cláusula particular de las 
que se aparten de las condiciones generales. La determinación de la eventual nulidad de 
una cláusula sólo es competencia de la autoridad judicial, en el correspondiente proceso 
contradictorio, con audiencia y con la debida tutela judicial de ambas partes, y en el que 
se tenga en cuenta una multitud de factores que no son susceptibles de apreciación en 
el ámbito del control de legalidad notarial, ni de la calificación registral.”
Conclusión:
Las normas establecen la obligación del depósito de las Condiciones Generales de 
Contratación.
La Instrucción de la DGRN como hemos visto, repite a lo largo de su enunciado que 
notarios y registradores lo que deben hacer es comprobar el mero hecho del depósito, 
sin  entrar  más  allá  en  cuanto  a  la  equivalencia  total  o  parcial  de  las  condiciones  e.
depositadas y las utilizadas; o de la validez o nulidad de una de las depositadas. w.
En  la  escritura  calificada  se  expresa  que  el  notario  ha  comprobado  la  previa  53ww
cinosrcrerisppcoiónnd iednete .l aY  hme ienxuptali cacdoon tberneiveenmdoe ntlea sc ócmoon dcoicmiopnreosb agrleon deer aulensa  meann eeral  sReengciilslatr.o
No se entiende por qué el notario ha podido cumplir su obligación de comprobar ese 
previo depósito haciéndolo constar así en la escritura, y el Registrador no ha querido 
hacerlo causando una dilación perjudicial a los interesados.
El hecho de que se exprese el código identificador favorece notablemente la labor de 
comprobación, pero en ningún caso se puede convertir en causa de denegación de la 
inscripción no tipificada por las normas legales, y ni siquiera impuesta por la Instrucción 
de la DGRN.»
IV
La registradora de la Propiedad emitió informe mediante escrito de fecha 25 de 
octubre de 2019 y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 y 21 de la Ley Hipotecaria; 3, 7, 14 y 15 de la Ley 5/2019, 
de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario; 1, 17 bis y 24 de la 
Ley del Notariado; 5, 7, 11, 23 y 24 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones 
generales de la contratación; 28.3 de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 4 de febrero de 2014 sobre los contratos de crédito celebrados con los 
consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las 
Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010; 6 y 7 de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados con consumidores; 147 del Reglamento Notarial; 29 y 30 de la 
Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de 
servicios bancarios; las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de 
junio de 2009 (As. C-243/08), 14 de marzo de 2013 (As. C-415/11) y 26 de marzo 
de 2019 (Ass. C-70/17 y C-179/17); las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de marzo 
de 2001, 4 de julio y 12 de diciembre de 2008, 16 de diciembre de 2009, 9 de mayo, 13 
de septiembre y 18 de noviembre de 2013 y 26 de mayo, 30 de junio y 8 de septiembre 
de 2014; la Instrucción de 13 de junio de 2019 de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado sobre el depósito de condiciones generales de la contratación, y el reflejo 
del mismo en las escrituras de préstamo y en el Registro de la Propiedad, desde la 
entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de 
crédito inmobiliario; la Instrucción de 20 de diciembre de 2019 de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado ante diversas dudas en la aplicación de la Ley 5/2019, 
de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, y las Resoluciones 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de enero y 8 de junio 
de 2011, 23 de enero, 16 y 27 de febrero, 20 y 28 de junio y 18, 26 y 27 de julio de 2012, 
2 de enero, 2 de marzo, 1 de junio, 1 y 11 de julio y 6 y 13 de septiembre de 2013, 5 de 
febrero, 23 de julio y 29 de septiembre de 2014, 22 de enero y 12 de marzo de 2015, 19 
de julio de 2018 y 13 y 27 de junio, 29 de noviembre y 5, 11, 12 y 20 de diciembre 
de 2019.
1.  Mediante la escritura que es objeto de la calificación impugnada se formaliza un 
préstamo para financiar la adquisición por los prestatarios de una vivienda no habitual; y 
en garantía del mismo se constituye hipoteca sobre dicha finca.
En tal escritura el notario expresa que la misma se ha redactado conforme a minuta 
presentada  por  la  entidad  acreedora  que  obedece  a  condiciones  generales  de  e.e
contratación y que ha «comprobado la previa inscripción en el Registro de Condiciones  b
Generales de Contratación de las cláusulas con dicho carácter contenidas en la presente  53ww
ceosncrditiuciróan;  dteen ipeanrdtoic ullaasre sc láou snuelgaos ciqaudea s nion dsiveid uaajulmsteannt ee, xlaoc tqaumee ncoter roab olarasn  mlaissm paasr telas 
contSraetgaúnnte esl» ú.nico defecto expresado en la nota impugnada la registradora suspende la
inscripción solicitada porque «no se hace constar el Código Identificador del modelo de
contrato de préstamo o crédito que se ha utilizado, acreditativo de su depósito en el 
Registro de Condiciones Generales de la Contratación, ni otros datos que permitan 
comprobar  la  efectividad  de  su  depósito  con  anterioridad  a  la  comercialización  de 
préstamo».
El notario recurrente alega que los artículos 7 y 11 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, 
establecen la obligación del depósito de las condiciones generales de contratación; que 
la Instrucción de esta Dirección General de 13 de junio de 2019 establece que notarios y 
registradores deben comprobar el mero hecho del depósito, sin entrar más allá en cuanto 
a la equivalencia total o parcial de las condiciones depositadas y las utilizadas, o de la 
validez o nulidad de una de las depositadas; que en la escritura calificada se expresa 
que  el  notario  ha  comprobado  la  previa  inscripción  de  la  minuta  conteniendo  las 
condiciones generales en el Registro correspondiente y no se entiende por qué el notario 
ha podido cumplir su obligación de comprobar ese previo depósito haciéndolo constar 
así en la escritura, y la registradora no ha querido hacerlo; y que el hecho de que se 
exprese el código identificador favorece notablemente la labor de comprobación, pero en 
ningún caso se puede convertir en causa de denegación de la inscripción no tipificada 
por  las  normas  legales,  y  ni  siquiera  impuesta  por  la  referida  Instrucción  de  esta 
Dirección General.
2.  En la referida Instrucción de 13 de junio de 2019 de esta Dirección General, 
sobre el depósito de condiciones generales de la contratación, y el reflejo del mismo en 
las escrituras de préstamo y en el Registro de la Propiedad -a la que se remite la 
reciente Instrucción de este Centro de 20 de diciembre de 2019-, se analizan tres 
cuestiones en relación con todo el conjunto normativo examinado: la necesidad, o no, de 
que en cualquier escritura pública de préstamo hipotecario, así como en su inscripción 
registral, se controle y haga constar que se ha producido el previo depósito de las 
condiciones generales de la contratación empleadas en la misma; la forma o contenido 
que debe tener ese depósito; y el tratamiento que debe darse al hecho de que en una 
cláusula contenida en el contrato de préstamo formalizado en escritura pública exista 
alguna diferencia con la cláusula que fue depositada en el Registro de Condiciones 
Generales.
Respecto de la primera cuestión, que es la que interesa en este expediente, dicha 
Instrucción ya estableció con toda claridad que, al imponerse en el artículo 11 de la 
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, a todas las 
entidades la obligación concreta y terminante de depositar los formularios de los préstamos 
y créditos hipotecarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la propia ley antes de 
empezar su comercialización, es indudable que «el notario deberá controlar al autorizar la 
escritura de préstamo hipotecario, y el registrador de la propiedad al inscribirla, el mero 
hecho de que efectivamente la entidad financiera haya procedido previamente a practicar 
dicho depósito». Añade que: «Se trata de un control de cumplimiento de la legalidad que el 
notario y el registrador de la propiedad están obligados a realizar, como ocurre con otros 
supuestos de obligaciones legales cuyo cumplimiento, con independencia de si afectan o no 
a la validez y eficacia del negocio, debe resultar de la escritura y en su caso hacerse constar 
al practicar su inscripción: ocurre así con la entrega del certificado energético, la declaración 
del movimiento de metálico, la justificación de los medios de pago, la obtención de una 
licencia urbanística, etc.». Y termina insistiendo en «la carga o deber de diligencia del 
notario y del registrador, quienes, en cuanto autoridades, podrán acceder al citado Registro 
de forma inmediata y gratuita, y realizar de esta forma la comprobación del previo depósito 
de las condiciones generales». Cuestión distinta es la relativa a la actuación que hayan de  s
seguir el notario y el registrador cuando en una cláusula contenida en el contrato de  oe.
préstamo formalizado en escritura pública exista alguna diferencia con la cláusula que fue  w.
depositada en el Registro de Condiciones Generales, cuestión que, como se ha indicado  53ww
aflenxteibriiolidrmade nqtuee,  rteaqmubieiéren  eel str áafincaol ijzuardídaic oe nd edbiec hpae rImnsittirr ulac caiódna,p ttaecnióienn dao l ase nn eccueesnidtaa dqeus eq ulae 
speré pstlaanmteoe, ne le onb cjeatdoa,  losus psuuejesttoos c, olan crreeltaoc i(ópno re enstrpee lcoias lisduajdeetoss ,e nlo sre plaacciótons  ceosnp elac ifainleasli dqaude  dseel   BOE-A-cable e
hayan alcanzado, etc.), y la inclusión en el contrato de cláusulas especiales que se aparten 
de  las  condiciones  generales  que  se  han  depositado,  precisamente  porque  por  su 
especialidad propia no constituyen condiciones generales, sino condiciones particulares o 
pactos que han sido objeto de negociación individual. Por ello concluye que «si bien en el 
contrato de préstamo debe hacerse constar que las condiciones generales han sido objeto 
de depósito, y comprobarse por el notario y el registrador que dicho depósito se ha 
practicado,  ello  no  impide  que  en  la  configuración  del  contrato  se  hayan  acordado 
modificaciones respecto de esas condiciones generales, lo que es una exigencia de la 
flexibilidad que la contratación y el tráfico inmobiliario deben tener para adecuarse a las 
necesidades de las partes en cada caso particular».
En  cualquier  caso,  las  entidades  financieras  con  frecuencia  suelen  indicar  en  sus 
modelos o minutas los números de identificación de las cláusulas depositadas en el Registro 
de Condiciones Generales de la Contratación, lo que tiene la finalidad de que dichos números 
aparezcan también reseñados en las escrituras de préstamo, para facilitar en su día la 
comprobación de ese depósito. En tales supuestos, parece claro que, en la facultad de 
configuración del contrato que tienen las partes, siempre dentro de los límites legales, se 
debe entender incluida la de la reseña de ese número identificador, con la finalidad de facilitar 
la comprobación de la efectividad del depósito al notario, al registrador y eventualmente al 
juez que debiera pronunciarse sobre los efectos del negocio documentado. En consecuencia, 
en los supuestos en que ese número sea indicado por la entidad financiera, el notario 
respetando  su  voluntad  negocial,  deberá  consignarlos  en  la  escritura.  No  obstante,  la 
carencia de ese reflejo por la entidad financiera no impide la autorización de la escritura ni su 
inscripción registral, puesto que siempre es posible el cotejo de la escritura con el conjunto de 
cláusulas depositadas por la entidad financiera, algo que, por lo demás, las modernas 
herramientas digitales facilitan sobremanera.
Ahora bien, de todos los razonamientos anteriores se desprende inequívocamente 
que es requisito ineludible para la autorización de la escritura del préstamo hipotecario 
que  el  notario  haya  comprobado  que  se  ha  producido  el  previo  depósito  de  las 
condiciones generales de la contratación empleadas en la misma, de modo que, como 
establece la mencionada Instrucción, en el supuesto de que se compruebe, por el notario 
o  por  el  registrador,  que  una  condición  general  no  ha  sido  depositada,  deberán 
notificárselo  al  Ministerio  de  Justicia,  en  cumplimiento  de  su  deber  general  de 
colaboración con la Administración, para que éste proceda en la forma establecida en el 
artículo 24 de la Ley 7/1998, sobre condiciones generales de la contratación, según el 
cual: «La falta de inscripción de las condiciones generales de la contratación en el 
Registro  regulado  en  el  capítulo  III  cuando  sea  obligatoria  o  la  persistencia  en  la 
utilización  o  recomendación  de  condiciones  generales  respecto  de  las  que  ha 
prosperado una acción de cesación o retractación, será sancionada con multa del tanto 
al duplo de la cuantía de cada contrato por la Administración del Estado, a través del 
Ministerio de Justicia, en los términos que reglamentariamente se determinen (…)».
En el presente caso el notario expresa en la escritura que ésta contiene condiciones 
generales de contratación y ha comprobado que han sido inscritas en el Registro de 
Registro de Condiciones Generales de la Contratación. Por todo ello, el referido defecto 
expresado en la calificación impugnada no puede ser mantenido.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda  e
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en  bo
el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal,  53ww
todoM eallod rcido,n f8o rdmee  ean leor eos tdaeb l2ec0i2d0o. –eEn ll oDs iraertcíctourl oGs e3n2e5r ya l3 d2e8  dloes l aR Leegyi sHtriopso teyc dareial .Notariado,
Pedro José Garrido Chamorro.