BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Viernes 24 de enero de 2020 Sec. TC.   Pág. 7555
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1121 Pleno.  Sentencia  177/2019,  de  18  de  diciembre  de  2019.  Cuestión  de 
inconstitucionalidad  1882-2019.  Planteada  por  la  Sala  de  lo  Social  del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, respecto de la disposición adicional 
decimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, 
de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto 
sobre  estancias  en  establecimientos  turísticos.  Competencias  en  materia 
laboral: nulidad parcial del precepto legal autonómico que establece la edad 
de jubilación del personal laboral al servicio del Instituto Catalán de la Salud.
ECLI:ES:TC:2019:177
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo 
Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1882-2019, promovida por la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, respecto de la disposición adicional 
decimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de 
medidas  fiscales,  financieras  y  administrativas  y  de  creación  del  impuesto  sobre 
estancias en establecimientos turísticos, por presunta vulneración del art. 149.1.7 y 18 
CE. Han comparecido y presentado alegaciones la abogacía del Estado, la fiscalía 
general del Estado, el Parlamento de Cataluña y la Generalitat de Cataluña. Ha sido 
ponente el magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Con fecha 22 de marzo de 2019 tuvo entrada en el registro general del Tribunal 
Constitucional  escrito  de  la  Sala  de  lo  Social  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 
Cataluña,  al  que  se  acompañaba,  junto  con  el  testimonio  del  procedimiento 
correspondiente, el auto de 26 de febrero de 2019, por el que se acuerda plantear 
cuestión de inconstitucionalidad respecto de la disposición adicional decimotercera de la 
Ley  del  Parlamento  de  Cataluña  5/2012,  de  20  de  marzo,  de  medidas  fiscales, 
financieras  y  administrativas  y  de  creación  del  impuesto  sobre  estancias  en  e
establecimientos turísticos, por presunta vulneración del art. 149.1.7 y 18 CE. bo
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superado la edad de jubilación prevista en la disposición adicional decimotercera de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012; decisión que fue posteriormente confirmada en 
alzada por resolución de la directora gerente del Instituto Catalán de la Salud de 10 de 
mayo de 2017.
b)  En  fecha  9  de  junio  de  2017,  don  A.O.T.  presentó  demanda  por  despido 
improcedente contra el Instituto Catalán de la Salud, de la que conoció el Juzgado de lo 
Social núm. 19 de Barcelona, dictándose sentencia el 23 de enero de 2018, en la que se 
estima la demanda interpuesta y se declara la improcedencia del despido. Considera la 
sentencia  que  la  disposición  adicional  decimotercera  de  la  Ley  del  Parlamento  de 
Cataluña 5/2012 contradice lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley del 
estatuto de los trabajadores  (en adelante LET) que  establece que serán nulas las 
cláusulas convencionales de jubilación forzosa. Señala asimismo que, sin perjuicio de 
que el estatuto de los trabajadores es una norma de carácter estatal y de derecho 
necesario, en el presente caso, en aplicación del principio de aplicación de la norma más 
favorable al trabajador (art. 3.3 LET), habrá de estarse a lo dispuesto en la citada 
disposición adicional décima LET, por lo que deberá entenderse sin efecto la cláusula 
que obliga a la jubilación forzosa de los trabajadores del Instituto Catalán de la Salud, al 
cumplir la edad ordinaria de jubilación. Por ello, y en virtud de los principios de jerarquía 
normativa y favor operari (arts. 9 CE y 3 LET) es esta la norma aplicable, lo que 
determina el derecho del demandante a prolongar su vida laboral después de cumplir la 
edad de 65 años.
c)  Contra la anterior sentencia, el Instituto Catalán de la Salud interpuso recurso de 
suplicación, que se fundamenta en que la disposición adicional décima de la Ley del 
estatuto de los trabajadores, que se ha aplicado en la sentencia como norma más 
favorable para estimar la demanda, se refiere exclusivamente a los convenios colectivos, 
por lo que no es extensible a una ley, que es la que se ha aplicado al presente caso, en 
concreto,  la  Ley  del  Parlamento  de  Cataluña  5/2012,  que  no  ha  sido  declarada 
inconstitucional en su disposición adicional decimotercera y que, dentro del sistema de 
fuentes del derecho del trabajo, y por aplicación del principio de jerarquía normativa, está 
por encima del convenio colectivo.
d)  En providencia de 23 de enero de 2019, la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña acordó iniciar el trámite previsto en el art. 35.2 LOTC, a 
cuyo efecto procedió a dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal para que, en 
término de diez días, alegasen lo que a su derecho convenga acerca de la pertinencia de 
plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con la citada disposición adicional 
decimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, por posible 
vulneración del art. 149.1, apartados 7, 17 y 18 de la Constitución.
e)  El anterior trámite fue evacuado por el fiscal en escrito de 28 de enero de 2019, 
en  el  que  estima  que  no  resulta  procedente  el  planteamiento  de  cuestión  de 
inconstitucionalidad,  «al  resolverse  la  cuestión  enjuiciada,  tal  y  como  ha  hecho  el 
juzgado de instancia, por aplicación del principio de jerarquía normativa, al existir una 
norma jurídica de rango superior y posterior en el tiempo a la autonómica [disposición 
adicional décima de la Ley del estatuto de los trabajadores, texto refundido de 23 de 
octubre de 2015], por lo que la función de la Sala debe constreñirse a resolver el recurso 
de suplicación pendiente».
El  demandante,  en  escrito  de  11  de  febrero  de  2019,  señala  que  acudir  a  la 
extraordinaria vía constitucional, en tanto que comporta la suspensión del procedimiento 
hasta que sea resuelta la cuestión por el Tribunal Constitucional, compromete el derecho  e.
del demandante a la tutela judicial efectiva, en la vertiente del derecho a obtener la  w.b
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se ha producido la vulneración constitucional alegada. El Fondo de Garantía Salarial, en 
cambio, no formuló alegaciones.
3.  Mediante auto de 26 de febrero de 2019 la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña acordó finalmente el planteamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad contra la citada disposición adicional decimotercera de la Ley 5/2012 
por presunta vulneración del art. 149.1.7 y 18 CE.
Comienza señalando que en la sentencia de instancia se declararon probados una 
serie de hechos, que no resultan controvertidos: que el actor venía prestando servicios 
en el Instituto Catalán de la Salud desde 1985, con la categoría profesional de adjunto 
para  la  gestión  tecnológica  de  la  dirección  de  mantenimiento  y  obras  del  hospital 
universitario de la Vall d’Hebrón, habiéndose formalizado inicialmente su relación laboral 
mediante la suscripción de diversos contratos temporales hasta en que 2002 suscribió un 
contrato de carácter indefinido, que fue modificado en 2004, estableciéndose en su 
cláusula primera que continuaría prestando servicios como adjunto de dirección hasta 
que  se  cubriera  la  plaza  por  el  procedimiento  reglamentario  o  se  produjera  la 
amortización.
Recuerda al auto que la sentencia recurrida en suplicación ha estimado la demanda 
interpuesta por el actor y ha calificado la decisión extintiva de su relación laboral por 
jubilación forzosa, como un despido improcedente, por aplicación del principio de norma 
más favorable, siendo esta la contenida en la disposición adicional décima LET, al 
considerar que existe un conflicto de normas, entendiendo el juzgado sin efecto la 
cláusula que obliga a la jubilación forzosa de los trabajadores al cumplir la edad ordinaria 
de jubilación.
La disposición adicional décima LET, en la redacción dada por la Ley 3/2012 de 6 de 
julio, establece que: «Se entenderán nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios 
colectivos que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por 
parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad 
Social, cualquiera que sea la extensión y alcance de dichas cláusulas». Por su parte el 
art. 3 LET, al regular las fuentes de la relación laboral señala, en su apartado tercero que 
«los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto 
estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho 
necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador, 
apreciado  en  su  conjunto,  y  en  cómputo  anual,  respecto  de  los  conceptos 
cuantificables».
Precisa el auto que para que exista un conflicto de leyes es necesario que dos o más 
leyes regulen una misma cuestión de forma diferente. En el presente caso no nos 
encontramos ante una jubilación forzosa que venga impuesta por alguna cláusula de un 
convenio colectivo, sino ante una norma con rango de ley, en concreto, la disposición 
adicional decimotercera de la Ley 5/2012, de 20 de marzo. La jubilación del actor se ha 
acordado de conformidad con una norma con rango superior al convenio colectivo, 
siendo así que en el sistema de fuentes del derecho laboral, que recoge el art. 3 LET, los 
derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan, en primer lugar, 
por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado y, en segundo lugar, por los 
convenios colectivos.
Señala  asimismo  el  auto  que  la  Sala  no  estima  correcto  el  razonamiento  que 
contiene la sentencia para estimar la demanda, y afirma que la cuestión de fondo solo 
puede resolverse mediante la aplicación de la disposición adicional decimotercera de la 
Ley 5/2012, por lo que, si dicha ley es conforme a la Constitución, la relación laboral se  e.
habría extinguido válidamente y, en otro caso, la extinción sería constitutiva de un  w.b
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competencia exclusiva corresponde al Estado.
Por lo que respecta al personal laboral al servicio de las administraciones públicas, el 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público (LEEP) dispone que es de 
aplicación, según su artículo 2, al personal funcionario y, en lo que proceda, al personal 
laboral al servicio de las administraciones, entre otras, de las comunidades autónomas. 
Según el art. 67.1 de dicha norma, la jubilación de los funcionarios podrá ser: «b) forzosa 
al cumplir la edad legalmente establecida», añadiendo en su apartado tercero que la 
jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario sesenta y cinco años de 
edad. No obstante, en los términos de las leyes de función pública que se dicten en 
desarrollo de este estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el 
servicio activo como máximo hasta que se cumplan los setenta años de edad. La 
administración pública competente deberá resolver de forma motivada la aceptación o 
denegación de la prolongación.
Continúa el auto señalando que nada se dice en relación al personal laboral. Y según 
el art. 7 de la Ley del estatuto básico del empleado público: «El personal laboral al 
servicio de las administraciones públicas se rige, además de por la legislación laboral y 
por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este estatuto 
que así lo dispongan». Considera así, que para el personal laboral al servicio de las 
administraciones públicas rigen en materia de jubilación las mismas normas que en la 
legislación laboral general.
Concluye  señalando  que  el  art.  149.1.18  CE  considera  también  competencia 
exclusiva del Estado las «bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y 
del régimen estatutario de sus funcionarios»; y en la medida en que la disposición 
adicional  decimotercera  de  la  Ley  del  Parlamento  de  Cataluña  5/2012  declara  la 
jubilación forzosa del personal laboral del Instituto Catalán de la Salud al cumplir los 
sesenta y cinco años de edad, dicho precepto podría ser también contrario al citado 
precepto constitucional.
4.  El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de julio de 2019, 
acordó admitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad, reservando para sí 
el conocimiento de la misma; dar traslado de las actuaciones recibidas al Congreso de 
los Diputados, al Senado, al Gobierno de la Nación, por conducto del ministro de 
Justicia, y al fiscal general del Estado, así como al Parlamento de Cataluña y al Gobierno 
de la Generalitat, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, puedan 
personarse  en  el  proceso  y  formular  las  alegaciones  que  estimen  convenientes; 
comunicar la citada providencia a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, a fin de que, de conformidad con el art. 35.3 LOTC, permanezca suspendido el 
proceso hasta que este Tribunal resuelva definitivamente la presente cuestión; y publicar 
la incoación de la cuestión de inconstitucionalidad en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
5.  Por sendos escritos registrados con fecha 31 de julio de 2019 y 5 de septiembre 
de 2019, los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado comunicaron la 
personación de las respectivas cámaras en el proceso, ofreciendo su colaboración a los 
efectos del art. 88.1 LOTC.
6.  Con fecha 11 de septiembre de 2019, el abogado del Estado se personó en el 
procedimiento  y  formuló  sus  alegaciones,  en  las  que  interesa  la  estimación  de  la 
cuestión  de  inconstitucionalidad,  en  atención  a  las  razones  que  seguidamente  se  s
sintetizan. oe.
Tras delimitar el objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, señala el abogado del  w.
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materia a la legislación laboral general, y recuerda que no es relevante a efectos del
personal laboral el ATC 85/2013, de 23 de abril, que inadmite a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad 6611-2012 contra la regulación de las prolongaciones en el servicio 
activo por encima de la edad de jubilación forzosa del personal estatutario del Instituto 
Catalán de la Salud.
Indica el abogado del Estado, que conforme al art. 149.1.7 CE, el Estado dispone de 
competencia exclusiva sobre legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los 
órganos  de  las  comunidades  autónomas,  y  la  comunidad  autónoma  de  Cataluña, 
conforme al artículo 170 de su Estatuto de Autonomía, ostenta competencia de ejecución 
de  la  legislación  estatal.  A  continuación  precisa  el  alcance  de  esta  distribución 
competencial conforme a la doctrina constitucional y señala que la STC 360/1993, de 3 
de  diciembre,  ya  declaró  la  inconstitucionalidad  de  determinadas  disposiciones 
reglamentarias  del  Gobierno  Vasco  que  establecían  unas  causas  de  extinción 
específicas para los contratos de trabajo con determinadas personas por considerar que 
dichas  disposiciones  tenían  carácter  normativo  laboral,  vulnerando  la  competencia 
exclusiva del Estado en materia de legislación laboral prevista en el artículo 149.1.7 CE.
Por todo ello, concluye el abogado del Estado que procede la estimación de la 
cuestión, toda vez que:
i)  La legislación laboral es competencia exclusiva del Estado de conformidad con el 
artículo 149.l.7 CE. La jubilación forzosa de los trabajadores por cuenta ajena a que se 
refiere la disposición adicional décima LET se inserta en el ámbito de la legislación 
laboral  puesto  que  constituye  un  supuesto  de  extinción  de  la  relación  laboral  por 
cumplimiento de la edad de jubilación. Por tanto, la jubilación forzosa es materia propia 
de la legislación laboral ya que esta es, como ha señalado el Tribunal Constitucional, 
«aquella que regula directamente la relación laboral».
ii)  Del artículo 7 de la Ley del estatuto básico del empleado público se deduce que 
la jubilación forzosa del personal laboral al servicio de las administraciones públicas está 
regida por la legislación laboral contenida en la Ley del estatuto de los trabajadores. 
Dicha regulación, a la fecha de la jubilación forzosa del trabajador del Instituto Nacional 
de Salud, no solo no contempla esta como causa de extinción del contrato de trabajo, 
sino que declara la nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos que establezcan 
dicha jubilación forzosa (disposición adicional décima LET, en redacción dada por la 
Ley 3/2012).
7.  El 13 de septiembre de 2019 presentó su escrito de alegaciones el abogado de 
la  Generalitat  de  Cataluña  en  el  que  solicita  la  inadmisión  o,  en  su  caso,  la 
desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad planteada.
Una vez expuestos los antecedentes de la presente cuestión de inconstitucionalidad, 
el abogado de la Generalitat de Cataluña recuerda que mediante los autos 85/2013, 
de 23 de abril, 125/2013, 127/2013 y 128/2013, de 21 de mayo, y 155/2013, de 9 de julio, 
el  Pleno  del  Tribunal  Constitucional  inadmitió  las  cuestiones  de  inconstitucionalidad 
planteadas  por  la  Sección  Cuarta  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y reconoció la constitucionalidad del régimen 
de jubilación forzosa y de prolongaciones de la permanencia en el servicio activo del 
personal  del  Instituto  Catalán  de  la  Salud  prevista  en  la  disposición  adicional 
decimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012 y en el plan de ordenación 
de recursos humanos del Instituto Catalán de la Salud vigente en aquel momento.
Sostiene  que  el  Tribunal  Constitucional  con  sus  resoluciones  validó  la 
constitucionalidad de la disposición adicional decimotercera de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 5/2012, que establece el régimen de jubilación del personal estatutario del  e
Instituto Catalán de la Salud, que era objeto de los procesos en los que se suscitaron  bo
aquellas anteriores cuestiones de inconstitucionalidad. Y seguidamente, pasa a exponer  w
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Así, señala que para determinar si el precepto objeto de la presente cuestión de 
inconstitucionalidad incurre en los excesos competenciales apreciados por la Sala Social 
del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cataluña,  será  preciso  establecer  su  encaje 
competencial, atendiendo tanto al objeto y finalidad de ese precepto, como al contenido 
propio  y  finalidad  de  los  ámbitos  competenciales  definidos  en  la  distribución  de 
competencias establecida en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña.
En  concreto,  indica  que  la  disposición  adicional  decimotercera  de  la  Ley  del 
Parlamento de Cataluña 5/2012 determina en su primer apartado la declaración de oficio 
de  la  jubilación  forzosa  del  personal  estatutario  y  del  personal  laboral  del  Instituto 
Catalán de la Salud, al cual son aplicables las mismas condiciones que al personal 
estatutario, cuando la persona interesada cumple los 65 años de edad; a continuación, el 
apartado segundo determina las condiciones que deberán cumplirse para que pueda 
autorizarse, a solicitud de la persona interesada, la prolongación en el servicio activo 
hasta los setenta años de edad. Por tanto, esta disposición adicional establece las 
condiciones de jubilación tanto para el personal estatutario del Instituto Catalán de la 
Salud, como para el personal laboral del mismo instituto, pero acota la proyección de 
esas prescripciones, restringiéndola únicamente al personal laboral al que son aplicables 
las mismas condiciones que al personal estatutario.
Para el abogado de la Generalitat la lectura atenta de la Ley del estatuto de los 
trabajadores, de la Ley del estatuto básico del empleado público y del Estatuto marco del 
personal estatutario de los servicios de salud demuestran la aplicabilidad a ese personal 
laboral de las condiciones de jubilación forzosa previstas para el personal del Instituto 
Catalán de la Salud.
Señala que la legislación laboral prefigura la posibilidad de que al personal laboral al 
servicio de las administraciones públicas le sean de aplicación determinadas condiciones 
propias del régimen estatutario de los funcionarios públicos, cuando así se establezca al 
amparo de una ley. En ese sentido, como reconoce el propio auto de planteamiento de 
esta cuestión de inconstitucionalidad, el vigente texto refundido de la Ley del estatuto 
básico del empleado público, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, al definir en el art. 2 su ámbito de aplicación, determina que se aplica 
al personal funcionario «y en lo que proceda al personal laboral» al servicio de las 
administraciones  públicas.  Es  decir,  enuncia  una  cláusula  abierta  por  la  que  sus 
prescripciones  serán  de  aplicación  al  personal  laboral  dependiente  de  las 
administraciones públicas, «en lo que proceda».
No queda determinado sin embargo en ese precepto quien tendrá la capacidad de 
definir qué y cuándo procede la aplicación de prescripciones del régimen funcionarial al 
personal laboral, pero es incuestionable que, cuando menos, el legislador competente 
respecto de la legislación básica y de desarrollo del régimen del personal al servicio de 
su correspondiente administración pública pueden ejercer esa potestad, puesto que las 
prescripciones que impongan en ese sentido serán materialmente condiciones propias 
del régimen estatutario de sus empleados públicos.
En definitiva, afirma el abogado de la Generalitat de Cataluña, que en su relación de 
servicio, el personal laboral dependiente de la administración pública se rige por la 
legislación laboral, pero también, en su condición de empleados públicos, por las normas 
propias del régimen estatutario de los empleados públicos que les resulten de aplicación.
Considera asimismo que el marco legislativo estatal, conformado por la Ley del 
estatuto  de  los  trabajadores,  la  Ley  del  estatuto  básico  del  empleado  público  y  el  s
Estatuto marco habilitan diversas vías, como son la ley y los planes de ordenación de  oe.
recursos humanos, mediante las cuales las comunidades autónomas pueden extender al  w.
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Instituto Catalán de la Salud en los términos establecidos por la disposición adicional 
decimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012. Así, afirma que el art. 17.1 
el Estatuto marco, con carácter de legislación básica estatal, reenvía de forma abierta a 
las normas que resulten en cada caso aplicables, la determinación de los términos y 
condiciones de jubilación de todo el personal de los servicios de salud; a continuación, 
en el art. 26.2 fija, para el personal estatutario de esos servicios de salud, la jubilación a 
los  65  años,  con  la  posibilidad  de  que  los  interesados  soliciten  la  prolongación  si 
cumplen determinadas condiciones y se les autoriza por el servicio de salud, en función 
de las necesidades de la organización. Esta prescripción, de acuerdo con el art. 2 del 
propio Estatuto marco, es de aplicación al personal laboral de los servicios de salud, si 
no se opone a su normativa específica de aplicación y si así lo prevén las disposiciones 
aplicables al personal funcionario o los convenios colectivos aplicables.
Para el abogado de la Generalitat si bien la fijación de una edad a la que, con 
carácter general, deben jubilarse forzosamente los trabajadores es materia propia de la 
legislación laboral cuya competencia exclusiva corresponde al Estado, sin perjuicio de su 
ejecución por las comunidades autónomas (art. 149.1.7 CE), hay que tener en cuenta 
que en el presente supuesto nos encontramos ante un empleado público del servicio de 
salud de la Generalitat de Cataluña, es decir, del Instituto Catalán de la Salud; y que al 
personal laboral de los servicios de salud de las comunidades autónomas, les resulta de 
aplicación no únicamente la legislación laboral, sino también, en tanto que empleados 
públicos, determinadas prescripciones de la legislación estatal y autonómica de función 
pública y de la legislación estatal y autonómica reguladora del régimen especial del 
personal estatutario de esos servicios de salud.
Considera que la disposición adicional decimotercera de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 5/2012 no pretende regular con carácter general el régimen de jubilación 
forzosa de los trabajadores, materia propia de la legislación laboral del Estado, sino que 
tiene una finalidad mucho más modesta y que no se refiere a una regulación laboral 
general, sino a unas condiciones concretas del personal laboral del servicio de salud de 
la propia Comunidad Autónoma, al tiempo que tiene su encaje en una materia —la 
gestión u ordenación de su propio personal— en la que la Generalitat de Cataluña 
ostenta las competencias enunciadas en los referidos arts. 136 y 162.3 e) del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, sin afectar tampoco a la estructura básica y general de la 
normativa social ni a sus categorías nucleares.
Además, a su juicio, debe tenerse en cuenta que, al contemplar para el personal 
laboral  el  mismo  régimen  de  jubilación  que  el  del  personal  estatutario  del  Instituto 
Catalán de la Salud, la disposición objeto de la presente cuestión está evitando también 
que  pueda  producirse  una  discriminación  entre  los  empleados  públicos  del  mismo 
organismo que se rigen por uno u otro régimen. Puesto que, desde una perspectiva del 
derecho a la igualdad, difícilmente podría justificarse una norma que, no existiendo 
causas objetivas que permitan considerar razonable esta diferenciación, estableciera un 
régimen de jubilación forzosa distinto para el personal estatutario y laboral del Instituto 
Catalán de la Salud.
A continuación, señala que el auto de planteamiento de la presente cuestión de 
inconstitucionalidad  no  aporta  razón  alguna  que  permita  fundamentar  la  supuesta 
vulneración de la competencia del Estado en materia de bases del régimen jurídico de 
las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios (art. 149.1.18 
CE).Únicamente se afirma, en el último párrafo de los razonamientos jurídicos del auto, 
que  «en  la  medida  en  que  la  disposición  adicional  decimotercera  de  la  Ley  del  s
Parlamento de Cataluña 5/2012 declara la jubilación forzosa del personal laboral del  oe.
Institut Catalá de la Salut al cumplir los sesenta y cinco años de edad, dicho precepto  w.
pfeuosntdadrbaíalme sceeindrta at acpimóonbr  iésenul  cTcinroitbnaut,r nasariinlo o Ca ioln naesrxttiíistcutueclnoiot en1,a4 ly9,  .d1ne.o1  8cb oadnsefto alra m pCiadEraa»d . d cEeossnva i lrantu oca oer nsls,a o alp idsreausd juaun icdcioioóc,n tru idnneaa    2020-1121n https://w
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ejercer su derecho de defensa, al desconocer las razones o motivos por los que se duda 
de  la  constitucionalidad  del  precepto  cuestionado.  En  consecuencia,  considera  que 
debería ser inadmitida la cuestión de inconstitucionalidad en lo que se refiere a la 
supuesta vulneración de la competencia en materia de bases del régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del régimen estatutario de los funcionarios, reservada al 
Estado por el art. 149.1.18 CE.
Subsidiariamente señala que, en el hipotético caso que el Tribunal Constitucional no 
apreciase la notoria falta de argumentación en esa parte del auto, la cuestión debería ser 
desestimada en este punto, atendiendo a los fundamentos jurídicos expuestos en el 
ATC  85/2013,  de  23  de  abril,  así  como  los  ulteriores  AATC  125/2013,  127/2013 
y 128/2013, de 21 de mayo, y 155/2013, de 9 de julio, en los que el Tribunal expuso de 
forma prolija el perfecto encaje de la disposición adicional decimotercera de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 5/2012, en el marco de la regulación estatal básica de la 
jubilación forzosa y de la prolongación de la permanencia en el servicio activo del 
personal estatutario de los servicios de salud de las comunidades autónomas.
8.  El 13 de septiembre de 2019 presentó su escrito de alegaciones la letrada del 
Parlamento de Cataluña en el que solicita la inadmisión o, en su caso, la desestimación 
de la cuestión de inconstitucionalidad.
Comienza  la  letrada  exponiendo  los  antecedentes  de  la  presente  cuestión  de 
inconstitucionalidad; y a continuación realiza una serie de consideraciones sobre el 
contenido del auto por el que la misma se plantea y su relación con los precedentes del 
Tribunal Constitucional que inadmitieron cuestiones de inconstitucionalidad formuladas 
en relación al régimen jurídico del personal del Instituto Catalán de la Salud previstas en 
la disposición transitoria novena y adicional decimotercera de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 5/2012.
Afirma que el razonamiento de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Catalunya es ambiguo y contradictorio, y su lectura pone de manifiesto el difícil 
encuadramiento de la materia objeto de análisis constitucional y, en consecuencia, la 
determinación  del  precepto  constitucional  infringido.  Así,  el  auto  finaliza  sus 
razonamientos invocando tanto el art. 149.1.7 CE que atribuye la competencia exclusiva 
del Estado en la materia de legislación laboral, como la competencia exclusiva del 
Estado ex art 149.1.18 CE sobre el establecimiento de las bases del régimen jurídico de 
las administraciones públicas y del régimen estatutario de los funcionarios.
A  continuación,  la  letrada  del  Parlamento  de  Cataluña  recuerda  que  en  los 
fundamentos  jurídicos  5  y  6  del  auto  85/2013,  de  23  de  abril,  al  que  otros  autos 
posteriores se refieren reiterando sus fundamentos jurídicos, el Tribunal Constitucional 
examinó la disposición adicional decimotercera de la Ley catalana 5/2012, enmarcó las 
previsiones del art. 26.2 del Estatuto marco en la competencia estatal sobre las bases 
del régimen estatutario de los funcionarios públicos del art. 149.1.18 CE, y analizó si el 
régimen de jubilación forzosa y de prolongaciones del servicio activo, previsto en aquella 
disposición  adicional  de  la  Ley  catalana,  era  conforme  con  aquel  precepto  básico, 
concluyendo que no existe contradicción alguna. Además destaca que en los referidos 
autos el Tribunal Constitucional no tuvo en cuenta únicamente la disposición adicional 
decimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, sino también la especial 
consideración del plan de ordenación de recursos humanos del Instituto Catalán de la 
Salud para el periodo 2012-2015, como instrumento necesario para la racionalización de 
los recursos humanos al servicio de la administración sanitaria catalana.
A su juicio, no cabe tampoco dudar de la constitucionalidad de la aplicación de las  e.
mismas prescripciones al conjunto del personal del Instituto Catalán de la Salud, incluido  w.b
edli sppCoesorsinco iónneal l  relaoitbbeojreartadola  mddeeeln  tmeju ivssamtilfiiodc,aa drt aal l paco or cmeolo nT srptiibrtueucsnicaornli bCaeloi dneasndti  tusdcueiso  npalarlo. pdioissp otésricmióinno sa daiqcuioenllaal   2020-1121n https://w
ddeiscpiomsoicteiórnce hraa  sdied ol ad icLteayd ad deel  Pcoanrlfaomrmenidtaod  dceo nC laat alelugñisal a5c/ió2n0 1b2á, sisceañ aelsat aqtaul,e  colan frigeuferariddaa 
en este caso, por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal
estatutario de los servicios de salud y por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del 
empleado público (LEEP); y que su aprobación por parte del legislador catalán resulta del 
ejercicio de las competencias estatutariamente reconocidas a favor de la Generalitat de 
Cataluña en materia de función pública y personal al servicio de las administraciones 
públicas catalanas [art. 136 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC)] y también por 
efecto de lo previsto en el art. 162 del EAC, que reconoce en materia de sanidad y salud 
pública la competencia sobre organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección 
y control de los centros, servicios y establecimientos sanitarios [art. 162.3 e) EAC].
Afirma que de la lectura conjunta de la Ley del estatuto de los trabajadores, de la Ley 
del estatuto básico del empleado público y del Estatuto marco del personal estatutario de 
los servicios de salud se puede concluir que al personal laboral le pueden ser de 
aplicación las mismas condiciones relativas a la jubilación forzosa que a las del resto de 
personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud, sin que ello permita plantear dudas 
sobre  la  constitucionalidad  de  la  disposición  adicional  decimotercera  de  la  Ley 
catalana 5/2002. Concluye que si una comunidad autónoma puede por ley proveer la 
integración del personal laboral de sus servicios de salud en el régimen estatutario, 
también ha de poder aplicar a ese personal condiciones propias del régimen de su 
personal estatutario, para tender a la igualación de las condiciones de prestación de sus 
servicios, mejorando la eficacia en la gestión de los recursos humanos y del propio 
servicio, en el mismo sentido que el previsto en la disposición adicional decimotercera de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012.
Señala  asimismo  que  el  Estatuto  marco  regula,  entre  los  instrumentos  de 
planificación, ordenación y coordinación de la política de recursos humanos del sistema 
nacional de salud, los planes de ordenación de recursos humanos que constituyen el 
instrumento básico de planificación global dentro del servicio de salud. Estos planes, a 
su  entender,  pueden  establecer  medidas  necesarias  para  conseguir  una  estructura 
determinada del personal al servicio de la salud acorde con los objetivos definidos en las 
respectivas  planificaciones  de  recursos  humanos  para  conseguir  su  adecuado 
dimensionamiento, distribución, y capacitación en orden a mejorar la calidad, eficiencia y 
eficacia de los servicios sanitarios.
En consecuencia, indica que el plan de ordenación de recursos humanos es de 
aplicación  a  todo  el  personal  dependiente  del  Instituto  Catalán  de  la  Salud,  tanto 
estatutario como laboral, y en tanto que instrumento básico de planificación global dentro 
de los servicios de salud, puede incluir entre sus líneas de actuación la equiparación de 
las condiciones de jubilación de todo el personal del instituto con las del personal 
estatutario, unificando para ello la edad de jubilación forzosa a los sesenta y cinco años, 
en consonancia además con lo establecido en el art. 26.2 del Estatuto marco. En 
concreto, de lo que se trata es de establecer una equiparación del régimen de jubilación 
del personal laboral del Instituto Catalán de la Salud con relación al personal funcionario 
(y estatutario), regulación singular que encuentra su fundamento en la naturaleza de sus 
funciones propias en los servicios sanitarios.
En este sentido, señala que el plan de ordenación de recursos humanos del Instituto 
Catalán de la Salud para el período 2016-2020, cuyas disposiciones tienen naturaleza 
pactada, constituye el documento marco de planificación de los efectivos humanos a 
disposición del instituto, e incluye en su ámbito de aplicación el personal laboral y el 
personal funcionario, al no efectuarse ninguna diferenciación entre personal estatuario, 
laboral, fijo o temporal, o personal sanitario o no sanitario. s
Como conclusión, afirma que el marco legislativo estatal, conformado por la Ley del  oe.
estatuto  de  los  trabajadores,  la  Ley  del  estatuto  básico  del  empleado  público  y  el  w.
cECosamttaautluuntñioda a 5dm/e2as0r 1cao2u  tyó hnloaosbm iplaitlsaa nnpe used ddiveee nro sreadxset ennavdcíaieósrn  a dl( cepo ermerscoou nrsasool snla  hbuolamr aal Lndeoeys  )s, udmse els deiParvnaictreliao lmsa sed neqt uose a lludades    2020-1121n https://w
gaelgsutinóans  ddee  llaoss  croencduicrsioonse sh uqmuea nroigse ny  pdaera  leols p perrosopnioasl  essetravtiuctiaorsio. , Dael  oebsjetato  sduee mrtee,j oeranr  leal   BOE-A-cable e
supuesto de la disposición adicional decimotercera de la Ley 5/2012, no se altera el 
ámbito subjetivo de aplicación existente en la referida normativa básica estatal, sino que 
se limita a enunciar que ese régimen de jubilación es de aplicación tanto al personal 
estatutario como a aquel personal laboral al cual son aplicables las mismas condiciones.
La letrada del Parlamento de Cataluña afirma en consecuencia que la disposición 
adicional decimotercera de la Ley 5/2012, no infringe ni la competencia estatal sobre las 
bases del régimen jurídico de la función pública del art. 149.1.18 CE ni tampoco la 
competencia estatal en materia de legislación laboral del art 149.1.7 CE, y ello porque el 
legislador catalán ha ejercido sus competencias estatutariamente reconocidas en materia 
de sanidad y salud pública del art. 162 EAC, que tienen el carácter de exclusivas sobre 
la organización, el funcionamiento interno, la evaluación y la inspección del control de los 
centros, servicios y establecimientos sanitarios, y la competencia compartida respecto 
del régimen estatutario y del personal que presta servicios en el sistema sanitario público 
del art 136 letra b) EAC.
Sostiene pues que la existencia de competencias estatales que se proyectan o 
concurren sobre un mismo ámbito de actuación (en este caso, la competencia estatal 
sobre la legislación laboral) no excluye ni impide el ejercicio de las competencias de la 
Generalitat para auto organizar la prestación de la asistencia sanitaria, mediante la 
homogeneización del régimen de jubilación forzosa de todo el personal del Instituto 
Catalán de la Salud. Esta afirmación viene avalada, a su juicio, por la argumentación que 
se desprende de los AATC 85/2013, de 23 de abril y 128/2013, de 21 de mayo, que, si 
bien  vienen  a  resolver  una  cuestión  de  inconstitucionalidad  contra  la  disposición 
transitoria  novena  de  la  Ley  catalana  5/2012,  efectúan  también  una  mención  a  la 
disposición adicional decimotercera de la misma. De la lectura de las argumentaciones 
que se incluyen en los autos se desprende que queda avalada la capacidad normativa 
del legislador catalán en materia de regulación de las condiciones de jubilación, así como 
también de la correspondiente prórroga del servicio.
Considera de este modo que la existencia de competencias estatales en materia 
laboral no excluye ni impide el ejercicio de las competencias del legislador autonómico 
para organizar la prestación de la asistencia sanitaria y para determinar la posibilidad de 
proceder a la homogeneización del régimen de la jubilación forzosa para todo el personal 
del Instituto Catalán de la Salud, por lo que la norma cuestionada no es contraria a la 
Constitución.
Así pues, a juicio de la letrada el legislador catalán ha ejercido las competencias 
estatutarias en materia de salud y de auto organización de aquel personal de función 
pública  que  trabaja  en  sus  instituciones  sanitarias.  En  efecto,  el  artículo  136  EAC 
establece como materias de competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña: el 
régimen estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas catalanas y 
la ordenación y organización de la función pública, salvando lo dispuesto en el apartado 
b). Por tanto, esta materia se configura en primer lugar en base a una cláusula de 
exclusividad abierta así como también una cláusula compartida tasada, de modo que 
todo aquello que no esté previsto expresamente como competencia compartida se debe 
entender que forma parte de la cláusula exclusiva.
Considera  también  que  la  disposición  adicional  decimotercera  de  la  Ley  del 
Parlamento de Cataluña 5/2012, no pretende incidir en el ámbito general de la legislación 
laboral en materia de la regulación de la jubilación forzosa de los trabajadores, sino que 
tiene una finalidad más concreta: establecer un mismo régimen de jubilación forzosa 
para todos los empleados públicos al servicio de los centros e instituciones sanitarias y  s
concretamente del Instituto Catalán de la Salud con el objetivo de que se pueda mejorar  oe.
la prestación de los servicios sanitarios públicos mediante una adecuada planificación y  w.
rrcaeoccniuosrensgaoulsizi rah ucunimóana  mndoeesj o. srEau nse  ner eslacte up rsrseeosnst taidhcouió mne ald nIeonl sss tietaur vtotirc aiCov éasstaa nldáitena  rdilooe s m lape ldaSinaaenlusted   dlasee  p oloarrdngeiafnicnaaizccaiióó nnp  addreae    2020-1121n https://w
shuusm raencousr sporse hviusmtoasn oesn  mloesd iaarntste.  l1o2s  cyo 1rr3e sdpeo nlad ieLnetye s5 p5l/a2n0e0s3 ,d ed eo rd1e6n daeci ódnic dieem rberceu,r sdoesl   BOE-A-cable e
Estatuto  marco  del  personal  estatutario  de  los  servicios  de  salud,  los  cuales  han 
considerado conveniente fijar un mismo régimen de jubilación forzosa para todos los 
empleados públicos a su servicio, régimen que a la vez se ha establecido por ley para 
procurar  que  todas  las  categorías  de  trabajadores  puedan  hallarse  en  situaciones 
comparables.
Por  último,  afirma  que  el  auto  de  planteamiento  de  la  presente  cuestión  de 
inconstitucionalidad  no  aporta  razón  alguna  que  permita  fundamentar  la  supuesta 
vulneración de la competencia del Estado en materia de bases del régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios (art. 149.1.18 CE).
9.  El 18 de septiembre de 2019 presentó sus alegaciones la fiscal general del Estado.
Tras recoger los antecedentes de la presente cuestión de inconstitucionalidad, la fiscal 
general del Estado señala que el auto plasma con claridad la duda de constitucionalidad, en 
relación con el art. 149.1.7 CE; sin embargo, respecto de la duda planteada en relación con 
el art. 149.1.18 CE, la argumentación del auto se considera tan escasa, que no cumple la 
doctrina constitucional que exige alegar suficientemente la inconstitucionalidad del precepto 
legal, carga que incumbe al órgano judicial que eleva la cuestión.
A  continuación,  recuerda  la  doctrina  constitucional  dictada  en  relación  con  el 
art. 149.1. 7 CE, poniendo de relieve, específicamente, que la regulación de la jubilación 
debe considerarse que forma parte de la legislación laboral, en los términos de la 
STC 8/2015, FJ 10. Ahora bien, expone que la doctrina constitucional también señala 
que las normas autonómicas no inciden sobre la materia «legislación laboral» en el 
sentido del art. 149.1.7 CE, cuando no se refieren a una regulación laboral general, sino 
a condiciones concretas de los empleados públicos de la propia comunidad autónoma, 
sin afectar a la estructura básica y general de la normativa social ni a sus categorías 
nucleares  y  tampoco  tienen  por  objeto  fijar  condiciones  de  trabajo  que  alteren  los 
mínimos  indisponibles  establecidos  por  la  legislación  estatal;  así  resulta  del 
ATC 229/2015, de 15 de diciembre, FJ 4, y queda reflejado más extensamente en el 
ATC 228/2015, de 15 diciembre, FJ 4.
Señala la fiscal general del Estado que de la doctrina constitucional se desprende 
que en los casos en que se plantea un conflicto competencial es necesario analizar cada 
norma concreta para determinar en qué materia puede encuadrarse. Así, en la presente 
cuestión, para determinar si se ha vulnerado el art. 149.1.7 CE será necesario examinar 
si la concreta norma impugnada puede considerarse legislación laboral. Afirma a tal 
efecto que, aunque la norma regula la jubilación forzosa por razón de la edad, esta va 
dirigida solamente al personal laboral del Instituto Catalán de la Salud, por lo que, en 
aplicación de la doctrina constitucional (AATC 228/2015 y 229/ 2015, ambos de 15 de 
diciembre, FJ 4; 154/2014, de 27 de mayo, FJ 3; 55/2016, de 1 marzo, FJ 5, y 83/2016, 
de 26 abril, FJ 3) que no considera encuadrables dentro del concepto «legislación 
laboral» del art. 149.l.7 CE, a las normas autonómicas que no constituyen regulación 
laboral general, sino que se refieren a condiciones concretas de los empleados públicos 
de la propia comunidad autónoma, sin afectar a la estructura básica y general de la 
normativa social ni a sus categorías nucleares y que tampoco tienen por objeto fijar 
condiciones  de  trabajo  que  alteren  los  mínimos  indisponibles  establecidos  por  la 
legislación  estatal,  se  estima  que  la  norma  objeto  de  esta  cuestión  no  se  puede 
considerar legislación laboral a los efectos del art. 149.1.7 CE.
En  relación  a  la  referencia  a  los  mínimos  indisponibles  contemplados  por  la 
legislación estatal, que en este caso sería la Ley del estatuto de los trabajadores, la 
disposición  adicional  décima  LET,  según  la  redacción  vigente  en  el  momento  de  e.
aprobación de la norma cuestionada, permitía establecer cláusulas de jubilación forzosa  w.b
eppsoatrra aet uldatao jd ud baei l atrlcoaisóv énts rfa odbreza ojalsodaso  mrceoesnd,v iaennnoti oess eu  cneo scletoacnbtvilveeocnsiieo. r Pacoo qrle utcaetni vtlooo,s,   eseli  mhpeopcdlehíaaod  ddoiess  pqpouonere , rcesunee  lnuatn aLa e aeyjed dnaeadl    2020-1121n https://w
tinudviiespraonn ibqluee» , jupboirla lros eq unee cuensaa rleiaym aeunttoen óam diceate rpmodinraíad aa seimdaisdm, on or ecgounlasrtliatu ípaa ruan  s«um pírnoimpioo 
personal laboral, siendo norma de mayor rango que un convenio colectivo.
En cuanto a la posible vulneración del art. 149.1.18 CE recuerda que el auto de 
planteamiento  de  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  no  cumple  adecuadamente  la 
doctrina  constitucional  que  exige  alegar  suficientemente  la  inconstitucionalidad  del 
precepto legal. En todo caso, en relación al fondo de esta cuestión, considera de 
aplicación la doctrina emanada del ATC 85/2013, de 23 abril, en cuyo fundamento 
jurídico  5,  se  viene  a  reconocer  la  constitucionalidad  de  la  disposición  adicional 
decimotercera aquí cuestionada
10.  Mediante providencia de 17 de diciembre de 2019, se señaló para deliberación 
y votación de la presente sentencia el día 18 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña plantea 
cuestión de inconstitucionalidad en relación con la disposición adicional decimotercera 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, 
financieras  y  administrativas  y  de  creación  del  impuesto  sobre  estancias  en 
establecimientos turísticos, por posible vulneración de los arts. 149.1.7 y 149.1.18 CE.
La disposición adicional cuestionada dispone lo siguiente.
«Decimotercera.  Jubilación forzosa del personal del Instituto Catalán de la Salud.
1.  La jubilación forzosa del personal estatutario y del personal laboral del Instituto 
Catalán de la Salud al que son aplicables las mismas condiciones que al personal 
estatutario, se declara de oficio cuando la persona interesada cumple los sesenta y cinco 
años de edad.
2.  La  prolongación  en  el  servicio  activo  hasta  los  setenta  años  de  edad,  con 
solicitud previa de la persona interesada solamente puede autorizarse en los siguientes 
casos:
a)  Si en el momento de cumplir la edad de jubilación forzosa, le quedan seis años o 
menos de cotización para causar pensión de jubilación. La concesión de la autorización 
está condicionada al hecho de que la persona interesada tenga la capacidad funcional 
necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su 
nombramiento. La prolongación autorizada por esta causa finaliza en el momento en que 
la persona interesada acredita el tiempo de cotización necesario para causar la pensión 
de jubilación, sea cual sea el importe.
b)  Excepcionalmente,  por  necesidades  asistenciales,  mediante  una  resolución 
expresa  motivada  en  las  causas  previstas  en  el  plan  de  ordenación  de  recursos 
humanos del Instituto Catalán de la Salud que atienden a motivaciones específicas de 
necesidad asistencial al territorio o por el prestigio profesional de la persona interesada.
En ningún caso se puede prolongar la situación administrativa de servicio activo sin 
autorización previa mediante una resolución expresa y motivada.
3.  Lo dispuesto por el presente artículo es aplicable al personal titular de sanidad 
local que presta sus servicios de forma total o parcial en el Instituto Catalán de la Salud.»
El órgano judicial promotor de la cuestión considera que la mencionada disposición 
adicional, en cuanto contempla la jubilación de oficio del personal laboral del Instituto 
Catalán de la Salud al cumplir los sesenta y cinco años, puede ser contraria a lo  e
dispuesto en el art. 149.1.7 y 18 CE, pues el establecimiento de una determinada edad a  bo
la  que  debe  jubilarse  el  trabajador  con  carácter  forzoso  es  materia  propia  de  la  w
dlleaeg  eilsasClt aoilmecmigaóoicns il sóalaencb  ihódoanera   dllla aecb juacoyudraaeo ls ,cc todioómanndsp, otepa tuqneeucniseca  i acdeo enenl x slacoirdlsute. s ar7ianv  atdeq eccu oeelard r leeaLns ejtpuyeob sdni,le daelec l ei óaasnblt a Eoftogsurattazodod obso aá.d seeilc sEo m sdtaaetdle oeri main pptelerroaepdsioaa    OE-A-2020-1121able en https://w
público  se  deduce  que  la  jubilación  forzosa  del  personal  laboral  al  servicio  de  las
administraciones públicas está regida por la legislación laboral contenida en la Ley del 
estatuto de los trabajadores.
Por su parte, el abogado de la Generalitat de Cataluña y la letrada del Parlamento de 
Cataluña solicitan la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad en relación con el 
art. 149.1.18 CE, por no aportarse argumentación alguna en la que fundamentar dicha 
vulneración, y asimismo, la desestimación en relación con la presunta infracción del 
art. 149.1.7 CE, al entender que la disposición cuestionada no pretende regular con 
carácter general el régimen de jubilación forzosa de los trabajadores, sino una condición 
concreta del personal laboral del servicio de salud de la comunidad autónoma, que 
encontraría amparo en lo dispuesto por los arts. 162.3 y 136 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña.
La fiscal general del Estado solicita también la desestimación de la cuestión de 
inconstitucionalidad, por considerar que, aunque la norma regula la jubilación forzosa por 
razón de edad, va dirigida solamente al personal laboral del Instituto Catalán de la Salud, 
por lo que, en aplicación de la doctrina constitucional que no considera encuadrables 
dentro del concepto de legislación laboral a las normas autonómicas que no constituyen 
regulación  laboral  general,  sino  que  se  refieren  a  condiciones  concretas  de  los 
empleados públicos de la propia comunidad autónoma, no se puede considerar que 
estemos ante un supuesto de legislación laboral a los efectos del art. 149.1.7 CE.
2.  Con carácter previo al análisis de fondo de la cuestión planteada, debemos 
delimitar el objeto de nuestro enjuiciamiento.
a)  Si bien el auto de planteamiento dirige la cuestión contra la totalidad de la 
disposición adicional decimotercera de la Ley 5/2012, la pretensión planteada en el 
proceso del que dimana la cuestión se ciñe con carácter exclusivo a la declaración de la 
jubilación forzosa del interesado por cumplimiento de la edad de 65 años, sin que en 
ningún momento se suscite discrepancia o controversia sobre la regulación relativa a la 
prolongación en el servicio activo.
Conforme a ello, el objeto del presente proceso constitucional únicamente puede 
constituirlo el apartado 1 de la citada disposición adicional decimotercera, al ser esta la 
única norma aplicada de cuya constitucionalidad depende la adopción de una decisión 
en el proceso judicial del que dicha cuestión dimana. Debe excluirse, por tanto, cualquier 
análisis de los apartados 2 y 3 de la mencionada disposición adicional, por no ser 
aplicables en el proceso a quo, ni su eventual inconstitucionalidad relevante para adoptar 
una decisión en el mismo.
Por otro lado, como ya se ha expuesto en los antecedentes y las partes no discuten, 
el trabajador demandante en el proceso a quo, tiene el carácter de personal laboral al 
servicio del Instituto Catalán de la Salud, por lo que nuestro análisis ha de ceñirse con 
carácter exclusivo a la regla de jubilación prevista en el citado apartado 1 para el 
personal laboral del citado instituto, integrado en el sector público autonómico, quedando 
fuera de nuestro examen cualquier referencia a la jubilación del personal estatutario.
b)  Debe recordarse, además, que, entre los requisitos que la doctrina constitucional 
viene exigiendo para la procedibilidad de un proceso constitucional de esta clase, está el 
de  cumplimiento  de  la  carga  de  alegar  suficientemente  la  inconstitucionalidad  del 
precepto legal cuestionado, carga que incumbe al órgano judicial que eleva la cuestión.
Según jurisprudencia reiterada de este Tribunal, cuando lo que está en juego es la 
depuración del ordenamiento jurídico, «es carga del órgano judicial, no solo la de abrir la 
vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también la de colaborar con la justicia  e
del  Tribunal  mediante  un  pormenorizado  análisis  de  las  graves  cuestiones  que  se  bo
suscitan» (SSTC 126/1987, de 16 de julio, FJ 3; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 3;  w
m10a0y/o2,0 1F2J,  d1e1 )8.  dEen  mpaayroti,c uFlaJ r,2 ; e6s0 /n2e0c1e3s, adreio  1q3u dee  eml arrazzoo, nFaJm 2ie, nyt o1 1q0u/2e0 1c5u,e dsteio 2n8a  dlae   2020-1121n https://w
tcaol nmstaitnueciroan aqluidea lda ss ec ueexstetiroionreicse s, oplroo ppourecdioenna ncdoon sliodse realresme ecnotorrse cqtuaem lelenvtee np laaln mteiasdmaos,  deen 
relación  con  aquellos  preceptos  cuya  vulneración  resulte  mínimamente  fundada
(SSTC 126/1987, FJ 3; 245/2004, FJ 3, y 100/2012, FJ 2). En este sentido este Tribunal 
ha  considerado  «notoriamente  infundada»  y  ha  inadmitido  en  consecuencia  la 
correspondiente  cuestión  de  inconstitucionalidad,  cuando  el  órgano  judicial  omite  la 
consideración de elementos fundamentales que inciden en su duda de constitucionalidad 
(entre otros, AATC 301/2014, de 16 de diciembre, FJ 4; 180/2015, de 3 de noviembre, 
FJ 4, y 104/2016, de 10 de mayo, FJ 2).
Aplicando  esta  doctrina  al  presente  supuesto,  debemos  rechazar  la  alegada 
vulneración del art. 149.1.18 CE. Y ello porque el auto de 26 de febrero de 2019 de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña señala en su parte dispositiva 
que la disposición adicional decimotercera de la Ley 5/2012, del Parlamento de Cataluña, 
puede vulnerar los apartados 7 y 18 del art. 149.1 CE; sin embargo, con respecto al 
art. 149.1.18 CE se limita a afirmar que «en la medida en que la disposición adicional 
decimotercera de la Llei 5/2012 del Parlament de Catalunya declara la jubilación forzosa 
del personal laboral del Institut Catalá de la Salut al cumplir los sesenta y cinco años de 
edad, dicho precepto podría ser también contrario al artículo 149.1.18 CE».
Como sostienen la fiscal general del Estado, y los letrados del Parlamento y la 
Generalitat de Cataluña, el órgano judicial no proporciona ningún razonamiento del que 
se derive cuáles son los argumentos en los que basa la presunta infracción del citado 
precepto constitucional, lo que determina, de conformidad con la doctrina expuesta, que 
nuestro examen haya de limitarse a la posible vulneración del art. 149.1.7 CE.
3.  La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que 
la referencia al personal laboral contenida en la disposición adicional decimotercera de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012 debe considerarse legislación laboral, por lo que 
resulta contraria al art. 149.1.7 CE, que atribuye al Estado competencia exclusiva en esta 
materia.
La  duda  planteada  por  el  órgano  judicial  tiene  pues  un  carácter  netamente 
competencial, pues lo que está planteado es que el precepto legal autonómico vulnera la 
competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral, ex art. 149.1.7 CE. 
Así delimitados los términos de la duda que se plantea, la primera cuestión que se 
suscita es la de precisar la legislación que resulta aplicable, en materia de jubilación, a 
este personal laboral al servicio del sector público autonómico.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 7 de la Ley del estatuto básico del 
empleado público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, «el 
personal laboral al servicio de las administraciones públicas se rige, además de por la 
legislación  laboral  y  por  las  demás  normas  convencionalmente  aplicables,  por  los 
preceptos de este Estatuto que así lo dispongan». Dado que en materia de extinción del 
contrato de trabajo del personal laboral, el citado estatuto básico no contiene ninguna 
previsión  específica,  resulta  de  aplicación  lo  dispuesto  con  carácter  general  por  la 
legislación laboral.
Situados en el ámbito de la legislación laboral, cabe descartar, en primer término, la 
aplicación al supuesto examinado de la disposición adicional décima del texto refundido 
de la Ley del estatuto de los trabajadores, norma en la que se apoya la sentencia del 
Juzgado de lo Social recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, y que se alega como norma en conflicto con la disposición de cuya 
constitucionalidad se duda. Esta disposición, en la redacción vigente en el momento de 
dictarse la citada sentencia, contemplaba la nulidad de las cláusulas de los convenios 
colectivos que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento por parte 
del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad  e.
Social.  Sin  embargo,  como  el  órgano  judicial  proponente  de  la  cuestión  de  w.b
uinnnoc  oncnoossnt vieteunncciiooon nctarolaildemacodtisv  soae,n ñstaeinl auo,n  peaos jrtu abu indlaaisc pinóoonsr mifcoiaórz nco osnnao   rqeausne gd voee  dnaegp allie ciyma cpqióuunee s aeta se  pslaote rq  uusnueap e ucseltásautbosl,eu clpaeu  delaes    2020-1121n https://w
ejudbailda.ción forzosa del personal laboral del Instituto Catalán de la Salud a los 65 años de
La norma laboral que viene a regular la jubilación de los trabajadores, y que, en 
consecuencia, resulta de aplicación al presente supuesto es la contenida en el art. 49.1 f) 
del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en la que se prevé que el contrato de trabajo se 
extinguirá «por jubilación del trabajador», sin ulteriores precisiones que determinen, en 
concreto, la edad de jubilación.
El texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores no establece pues 
ninguna edad máxima de jubilación, limitándose a señalar que cuando esta tenga lugar, 
sea a la edad que sea, se producirá la extinción del contrato de trabajo. En este sentido, 
conviene  recordar  que  la  STC  22/1981,  de  2  de  julio,  declaró  inconstitucional  la 
disposición adicional quinta de la Ley del estatuto de los trabajadores que fijaba la edad 
máxima para trabajar en los sesenta y nueve años, y de forma directa e incondicionada 
la extinción de la relación laboral a esa edad.
De este modo, la disposición adicional decimotercera de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 5/2012 que establece la jubilación forzosa del personal laboral a los 65 años de 
edad, entra en contradicción con lo dispuesto en la normativa estatal que no fija una 
edad máxima de jubilación para los trabajadores, por lo que debe resolverse si el 
legislador autonómico tiene competencia para regular esta materia.
4.  Debe  descartarse  la  aplicación  al  presente  caso  de  lo  señalado  en  los 
AATC 85/2013, 125/2013, 127/2013, 128/2013 y 155/2013, pues si bien en los mismos 
se analiza el contenido de la disposición adicional decimotercera de la Ley 5/2012, dicho 
análisis guarda relación, en todos los casos, con cuestiones o aspectos relativos a la 
prolongación del servicio activo del personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud, 
al  que  también  se  refiere  la  citada  disposición  adicional,  siendo  además  el  título 
competencial aplicable el que resulta de lo dispuesto en el art. 149.1.18 CE. Dado, pues, 
que este personal estatuario está sujeto a un régimen propio y distinto del aplicable al 
personal  laboral,  las  conclusiones  que  allí  se  contienen  no  resultan  extensibles  al 
presente supuesto.
No cabe tampoco –como pretenden los representantes de la comunidad autónoma– 
sustentar la competencia autonómica en lo señalado en el Estatuto marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, aprobado por Ley 55/2003 de 16 de diciembre. El 
art. 26 de mencionado estatuto contempla el régimen de jubilación aplicable al personal 
estatutario de los servicios de salud, y en el artículo 2.3 dispone con carácter general: 
«Lo previsto en esta ley será de aplicación al personal sanitario funcionario y al personal 
sanitario laboral que preste servicios en los centros del Sistema Nacional de Salud 
gestionados  directamente  por  entidades  creadas  por  la  distintas  comunidades 
autónomas para acoger los medios y recursos humanos y materiales procedentes de los 
procesos de transferencia del Insalud, en todo aquello que no se oponga a su normativa 
específica de aplicación y si así lo prevén las disposiciones aplicables al personal 
funcionario o los convenios colectivos aplicables al personal laboral de cada comunidad 
autónoma». Baste pues poner de relieve que el régimen de jubilación contemplado en el 
art.  26  restringe  su  aplicabilidad,  en  el  caso  del  personal  laboral,  al  que  tenga  la 
condición  de  «personal  sanitario»  y  reúna  las  restantes  condiciones  allí  previstas; 
presupuesto previo que no se cumple en el presente caso, dado que el interesado en el 
procedimiento a quo carece de esta condición, habiendo prestado servicios en la áreas 
de obras y mantenimiento y de adjunto a la dirección, sin que resulte acreditado que 
haya tenido la condición de personal sanitario.
Finalmente,  la  fiscal  general  del  Estado  considera,  en  aplicación  de  los  e.
AATC  228/2015,  de  15  de  diciembre,  FJ  4;  229/2015,  de  15  de  diciembre,  FJ  4;  w.b
1eF5nJ 4co3/2n, 0trq1au4me,  odase u 2an7nq tuede eu  mnlaaa  ynnooo,rr mmFJaa   3ar;e u5gt5ou/nl2aó0 m1la6ic ,a jud bqeiu l1ae c dinóeon m  cfaoornrzzsoot,ist uFayJ e p5 or, ery g r8ua3lza/óc2ni0ó 1nd6 el,a  dbleao  r2ae6ld  gdaeedn ,a enbroarisll,,    2020-1121n https://w
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social ni a sus categorías nucleares, ni tiene por objeto fijar condiciones de trabajo que
alteren los mínimos indisponibles establecidos por la legislación estatal, por lo que no 
puede considerarse legislación laboral a los efectos del art. 149.1.7 CE.
Sin embargo, la doctrina constitucional que se alega tampoco resulta aplicable al 
presente  caso,  pues  en  los  autos  citados,  las  normas  autonómicas  cuestionadas 
regulaban condiciones de trabajo concretas reconocidas al personal laboral al servicio de 
la propia comunidad autónoma, en el marco de las competencias que sus estatutos de 
autonomía les atribuyen para la organización de su propio personal laboral y de la 
disciplina presupuestaria en relación con los gastos de personal. Se trataba de medidas 
de  gestión  del  personal  propio  de  las  comunidades  autónomas  que  se  adoptan 
respetando lo dispuesto en la norma estatal y dentro del margen que la ley deja al poder 
de dirección y de organización del empresario, en este caso, la administración de las 
comunidades autónomas; medidas estrechamente conectadas con el control del gasto 
correspondiente a dicho personal. Así, en los AATC 228 y 229/2015, de 15 de diciembre, 
la duda de constitucionalidad se centró en la disposición adicional vigésima octava, 
apartado 2 a), de la Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, que privó de vigencia a la regulación convencional 
de un concreto aspecto de la jornada del personal laboral al servicio de la comunidad 
autónoma (las libranzas compensatorias de las fiestas laborales que coinciden con los 
días de descanso semanal). En el ATC 55/2016, de 1 de marzo, la norma cuestionada, la 
disposición  adicional  decimoquinta  de  la  Ley  15/2012,  de  27  de  diciembre,  de 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2013, 
modificó  el  régimen  retributivo  y  la  clasificación  profesional  del  personal  laboral  al 
servicio de los entes del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears. Y, en el ATC 83/2016, de 26 de abril, se cuestionó la constitucionalidad de 
los arts. 2.2 y 5.1 de Ley 4/2013, de 12 de junio, de medidas urgentes en materia de 
gastos de personal y organización administrativa, de la Región de Murcia, que estableció 
una reducción salarial para el personal laboral al servicio del sector público de esta 
comunidad autónoma equivalente a la establecida para los funcionarios públicos.
En todos estos supuestos, como señaló este Tribunal, las normas autonómicas no 
inciden «sobre la materia ‘legislación laboral’ en el sentido del art. 149.1.7 CE, ya que no 
se  refieren  a  una  regulación  laboral  general,  sino  a  condiciones  concretas  de  los 
empleados públicos de la propia comunidad autónoma, sin afectar a la estructura básica 
y general de la normativa social ni a sus categorías nucleares. Tampoco tienen por 
objeto fijar condiciones de trabajo que alteren los mínimos indisponibles establecidos por 
la legislación estatal» (AATC 228/2015 y 229/2015, de 15 de diciembre, FJ 4).
Por  el  contrario,  en  la  presente  cuestión  de  inconstitucionalidad,  el  precepto 
autonómico cuestionado modifica un aspecto medular de la regulación laboral general 
como es la extinción del contrato de trabajo. Las causas de extinción del contrato de 
trabajo constituyen una categoría nuclear de la legislación laboral (STC 360/1993, de 3 
de diciembre, FJ 3). En consecuencia, la disposición adicional decimotercera de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, al crear un supuesto de extinción 
del contrato de trabajo, la jubilación forzosa a los 65 años de edad, no previsto en la Ley 
del estatuto de los trabajadores, ha invadido la competencia exclusiva del Estado en 
materia de legislación laboral.
5.  El art. 149.1.7 CE atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de 
«legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades 
autónomas»,  y  el  art.  170  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Cataluña  atribuye  a  la 
comunidad autónoma la ejecución de la legislación estatal. e.
El  alcance  de  esa  distribución  competencial  ha  sido  precisado  por  la  doctrina  w.b
cdsoeennfisntitdeito ul acm iocanoteamrl ipaeeln,t e snreecaiit aec rueaaxdlca lfsuu seoirvceaa  esdli oernla enEsgs,ot a sfdeooñr maelanal n mddeoa  tleaqrsuia en  loa«rblmao areasxl  p(hSraeT sCdióe n3  5s‘e/l1er9 ge8isn2lta,e cdnieód nid1’ a4q  eudnee    2020-1121n https://w
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legislación  laboral  ex  art.  149.1.7  CE  (STC  227/1998,  de  26  de  noviembre,  FJ  9)
determina,  en  definitiva,  que  ningún  espacio  de  regulación  externa  les  resta  a  las 
comunidades autónomas, las cuales únicamente pueden disponer de una competencia 
de mera ejecución de la normación estatal» (SSTC 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 1; 
51/2006, de 16 de febrero, FJ 4, y 111/2012, FJ 7). La competencia autonómica, de 
ejecución de la legislación laboral, incluye la emanación de reglamentos internos de 
organización de los servicios necesarios (SSTC 249/1988, de 20 de diciembre, FJ 2, 
y 158/2004, de 21 de septiembre, FJ 5) y de regulación de la propia competencia 
funcional de ejecución (STC 51/2006, de 16 de febrero, FJ 4) y, en general el «desarrollo 
del  conjunto  de  actuaciones  preciso  para  la  puesta  en  práctica  de  la  normativa 
reguladora del conjunto de relaciones laborales» (STC 194/1994, de 23 de junio, FJ 3), 
así como la potestad sancionadora en la materia (SSTC 87/1985, de 16 de julio, FFJJ 1 
y 2; 195/1996, de 28 de noviembre, FFJJ 8 y 9, y 81/2005, de 6 de abril, FJ 11).
Como también tuvimos la oportunidad de indicar en la STC 35/1982, de 14 de junio 
(FJ 2), el término «laboral» previsto en el art. 149.1.7 CE no puede entenderse como 
indicativo de cualquier referencia al mundo del trabajo, sino que es forzoso «dar a ese 
adjetivo un sentido concreto y restringido, coincidente por lo demás con el uso habitual, 
como referido solo al trabajo por cuenta ajena, entendiendo por consiguiente como 
legislación laboral aquella que regula directamente la relación laboral», es decir, la 
relación que media entre los trabajadores por cuenta ajena y las empresas dentro de 
cuyo  ámbito  de  organización  y  dirección  prestan  sus  servicios  (en  igual  sentido, 
SSTC 95/2002, de 25 de abril, FJ 8; 190/2002, de 17 de octubre, FJ 6, y 111/2012, de 24 
de mayo, FJ 7).
Dentro  del  concepto  de  «legislación  laboral»  al  que  el  art.  149.1.7  CE  hace 
referencia,  «tienen  encaje  todas  las  normas  que,  con  independencia  de  su  rango, 
regulan —tanto en su aspecto individual como colectivo— la relación laboral, esto es, la 
relación jurídica existente entre el trabajador asalariado y la empresa para la que presta 
sus servicios, cuyo estatuto jurídico deriva de la existencia de un contrato de trabajo. 
Conforme al citado precepto constitucional, el Estado tiene atribuida la competencia 
exclusiva  sobre  esa  materia,  por  lo  que  a  las  comunidades  autónomas  les  resta 
únicamente  el  papel  de  ejecutar  la  legislación  laboral  estatal  dictada  al  respecto» 
(STC 228/2012, de 29 de noviembre).
Por lo que a la presente cuestión de inconstitucionalidad interesa, este Tribunal ha 
considerado que forma parte del contenido propio de la materia laboral, a los efectos del 
art. 149.1.7 CE, la regulación de las causas de extinción de los contratos de trabajo, 
declarando en la STC 360/1993, de 3 de diciembre, FJ 3, la inconstitucionalidad de 
determinadas disposiciones reglamentarias del Gobierno Vasco que establecían unas 
causas de extinción específicas para los contratos de trabajo de determinadas personas, 
por considerar que dichas disposiciones tenían carácter normativo laboral, vulnerando la 
competencia prevista en el art. 149.1.7 CE; consideramos entonces que la creación 
normativa de nuevos supuestos de resolución y extinción del contrato de trabajo, no 
previstos  en  la  ley  o  estatuto,  ni  dependientes  de  la  autonomía  de  la  voluntad 
contractual, no puede enmarcarse en el ámbito de las competencias autonómicas, ni la 
finalidad específica de las causas de extinción puede eliminar la inmisión competencial 
del  precepto  autonómico  en  la  competencia  exclusiva  del  Estado  en  materia  de 
legislación laboral. En lo que hace, en concreto al personal laboral del sector público, la 
STC 158/2016, de 22 de septiembre vino asimismo a declarar la inclusión en el ámbito 
de la competencia estatal exclusiva del art. 149.1.7 CE de la regulación de los elementos 
esenciales de contrato de trabajo. s
Aplicando  la  doctrina  constitucional  señalada,  cabe  afirmar  que  el  inciso  de  la  oe.
disposición adicional decimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, por el  w.
dqmeuo edl aas elSid eaasldut addb,e lce eocxnets ilntaict ujiuóybnei  ldaleecg ióliasn l arfecoliraózcnoi óslaan b dloaerbla opl readrles e ocnna aerlál  lcaátbmeorb rgiatoel  nadel ers aelolr vsqi uctrieoa  bvdaieejaln Ideno sartei tsrue tdgoeu Cll asaret acultnáoanr    2020-1121n https://w
rpeúlabclicióon,  tlraabtoárnadl,o sees  addeecmir,á su nd ee lleam reengtuol aecsióenn cdiael  udne l acsopnetcrtaot oc ednet ratrla boa njou, clceoamr od ee se seal   BOE-A-cable e
relativo  a  las  causas  de  extinción,  por  lo  que  dicha  regulación  forma  parte  de  la 
competencia exclusiva atribuida al Estado en el art. 149.1.7 CE, y, en consecuencia, el 
inciso controvertido debe declararse inconstitucional por infracción de lo dispuesto en el 
mencionado precepto constitucional.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, en consecuencia, declarar que el apartado 
primero de la disposición adicional decimotercera de la Ley 5/2012, de 20 de marzo, del 
Parlamento de Cataluña, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación 
del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, es inconstitucional y nulo, 
en el inciso «y del personal laboral del Instituto Catalán de la Salud al que son aplicables 
las mismas condiciones que al personal estatutario».
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada  en  Madrid,  a  dieciocho  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve.–Juan  José 
González  Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Fernando  Valdés 
Dal-Ré.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José 
González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–
Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–María  Luisa  Balaguer 
Callejón.–Firmado y rubricado.
2020-1121n https://w