BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 332 Martes 22 de diciembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 118483
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
16809 Sala Segunda. Sentencia 162/2020, de 16 de noviembre de 2020. Recurso 
de amparo 968-2018. Promovido por Maricris de Chipi, S.L., respecto de la 
resolución dictada por un juzgado de primera instancia de Cieza (Murcia) en 
procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  128-2013.  Vulneración  del 
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución 
judicial que, al aplicar el precepto legal anulado por la STC 15/2020, de 28 de 
enero, deniega la revisión judicial de los decretos de los letrados de la 
administración de justicia (STC 17/2020).
ECLI:ES:TC:2020:162
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 968-2018, promovido por Maricris de Chipi, S.L., 
representada por el procurador de tribunales don Manuel Ortiz de Urbina Ruiz y asistida 
por el letrado don José Luis Ferreres Grao, contra la providencia del Juzgado de Primera 
Instancia núm. 1 de Cieza, de fecha 8 de enero de 2018, dictada en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria núm. 128-2013. Ha comparecido Caja Rural de Albacete, Ciudad 
Real y Cuenca, S.C.C., representada por el procurador de tribunales don José María 
Torrejón Sampedro y asistida por la letrada doña Juana María Gil Gómez. Ha intervenido 
el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez.
I. Antecedentes
1.  El 21 de febrero de 2018, el procurador de tribunales don Manuel Ortiz de Urbina 
Ruiz, en nombre y representación de Maricris de Chipi, S.L., y con la asistencia del 
letrado don José Luis Ferreres Grao, interpuso demanda de amparo contra la resolución 
citada en el encabezamiento de esta resolución.
2.  La demanda trae causa de los siguientes hechos:
a)  La demandante de amparo interpuso recurso de reposición contra la diligencia 
de ordenación, de fecha 6 de julio de 2017, dictada en el procedimiento de ejecución  s
hipotecaria núm. 128-2013, del Juzgado de Primera Instancia de Cieza núm. 1 que, a  e.
petición de la parte ejecutante, accedió a la solicitud de subasta de la finca hipotecada; y  w.
contra el decreto de subasta, de 10 de julio de 2017, que acordó sacar a la venta en  809ww
slau bLaesyt ad ep eúnbjluiciaci aeml rieenfetori dcoiv bil i(eLnE. CL)a,  sreecguúrnre lan tere ddaecncuinócni ód alad ain pfroarc lcaió Lne yd e1l/ 2a0rt1. 36,8 d2e.2 1.14  ddee 
mel atyipoo,  pmuíensimtoo q duee , saulb naos teax insit iar staesgaucriaórn q duee  las efi nccuam hpilpieortaenc alodsa ,r neoq ueisrait opso seisbtlaeb dleecteidromsi neanr   BOE-A-cable e
esa nueva normativa (esto es, que el precio en el que los interesados tasen la finca, para 
que sirva de tipo en la subasta, no sea inferior al setenta y cinco por cien del valor 
señalado en la tasación realizada conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981, de 25 
de marzo, de regulación del mercado hipotecario), lo que impedía, a su juicio, despachar 
la ejecución.
b)  Por decreto de la letrada de la administración de justicia de 30 de octubre 
de 2017, dicho recurso fue desestimado bajo el argumento de que debía dispensarse el 
requisito establecido en el art. 682.2.1 LEC, por no ser un presupuesto exigido por la 
normativa  vigente  en  el  momento  de  la  constitución  del  derecho  real  de  garantía. 
Entonces, la normativa solo exigía que en la escritura de constitución de la hipoteca se 
determinara el precio en que los interesados tasaban la finca o el bien hipotecado, para 
que sirviera de tipo de subasta; y dicho requisito «está plenamente cumplido en la misma 
al haber acordado las partes de común acuerdo el precio de la tasación, no pudiendo 
pretender ahora ir contra sus propios actos».
c)  La demandante de amparo interpuso recurso de revisión contra el decreto último 
citado. El primer apartado del escrito viene referido a la admisibilidad del recurso y, al 
respecto, alegó lo siguiente:
«[U]na interpretación en el sentido de considerar que el art. 454 bis LEC veda el 
acceso al recurso de revisión de la resolución objeto del presente escrito […] respecto de 
cuestiones relevantes en el marco del proceso y que atañen a la función jurisdiccional, 
reservada en exclusiva a jueces y magistrados, a quienes compete dispensar la tutela 
judicial efectiva sin indefensión, conculca lo dispuesto en el art. 117.3 CE, que a todos 
garantiza el art. 24.1 CE, y ello al impedir que el decreto en cuestión pueda ser revisado 
por el órgano judicial; todo ello en base a la doctrina que sobre dichos preceptos sienta 
el Tribunal Constitucional (entre otras, la STC del Pleno de 17-3-2016 y las que cita) […]. 
Dicha interpretación sería incompatible, por tanto, con el principio de exclusividad de la 
potestad jurisdiccional o "principio de reserva de jurisdicción" (STC 181/2000, de 29 de 
junio, FJ 19) consagrado por el art. 117.3 CE […] y derivado a su vez del principio de 
independencia judicial garantizado por el art. 117.1 CE […]. El derecho fundamental 
garantizado por el art. 24.1 CE comporta que la tutela de los derechos e intereses 
legítimos de los justiciables sea dispensada por los jueces y tribunales, a quienes está 
reservada en exclusividad el ejercicio de la potestad jurisdiccional (art. 117.2 CE). Este 
axioma  veda  que  el  legislador  excluya  de  manera  absoluta  e  incondicionada  la 
posibilidad de recurso judicial contra los decretos de los letrados de la administración de 
justicia resolutorios de recurso de reposición. Entenderlo de otro modo supondría admitir 
la existencia de un sector de inmunidad jurisdiccional, lo que no se compadece con el 
derecho a la tutela judicial efectiva (así STC 149/2000, de 1 de junio, FJ 3, para otro 
supuesto de exclusión de recurso judicial) y conduce a privar al justiciable de su derecho 
a que la decisión del letrado de la administración de justicia sea examinada y revisada 
por quien está investido de jurisdicción (esto es, por el juez o tribunal), lo que constituiría 
una patente violación del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 115/1999, de 14 de 
junio, FJ 4, y 208/2015, de 5 de octubre, FJ 5).»
En cuanto al fondo, sostuvo, en síntesis, que la nueva regulación del art. 682.2.1 
LEC era de aplicación imperativa.
d)  Por providencia, de fecha 8 de enero del 2018, el órgano judicial resolvió: 
«[i]nadmitir  a  trámite  el  recurso  de  revisión  por  no  caber  recurso  alguno  contra  la 
resolución recurrida». e
cqeoufererc 3eti.slva pa o Einnnsdtei nilear pn dotineesd imaceilaóf e«nnnad sgadio óedtnale  m ian(iamecrindptt.eao nr 2dote4e s . 1elad   eavC líeanEg uj)óu.l i ddlaiaIc ndviatu ell drnoeeers draaian ccaidtórueinaas  cdtpaieorceln avderiesa r »eq,ccu olhaeno ,tr  reaaec  unlalr a rt eeunplt etreolaa vsp ijdoauesrdttniauccdviiaaool     2020-16809n https://www.
impugnada no resultaba imprescindible para culminar la vía judicial, pues la interposición
de ese incidente habría tenido por objeto «el replanteamiento integral de la cuestión por
el mismo órgano que ya se había pronunciado sobre ello». En apoyo de este aserto 
invoca la doctrina expuesta en las STC 182/2011, de 21 de noviembre y 216/2013, de 19 
de  diciembre,  de  cuyo  contenido  colige  que  no  es  obligatoria  la  interposición  del 
incidente de nulidad formalmente procedente, si este pudiera resultar materialmente 
inútil.
Insiste en la idea de que, si hubiera planteado el incidente de nulidad de actuaciones, 
habría denunciado la conculcación del mismo derecho fundamental cuya tutela recabó 
en  la  interposición  del  recurso  de  revisión  contra  el  decreto  de  la  letrada  de  la 
administración  de  justicia;  y  ello,  porque  en  esta  impugnación  «se  expusieron  los 
razonamientos que [...] sustentaban la necesidad de que el Juez de Primera Instancia 
entrara  a  conocer  de  la  revisión  de  la  resolución  dictada  por  el  letrado  de  la 
Administración de Justicia, pese a no estar contemplado en la Ley Ritual Civil. El Juez de 
Primera Instancia por tanto ya tuvo en consideración dichos razonamientos al dictar la 
providencia que aquí constituye el objeto de la solicitud de amparo […]. Por consiguiente 
[…] la denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia de las mismas cuestiones, a través 
de la vía procesal del incidente de nulidad de actuaciones prevista en el art. 241 LOPJ 
deviene superflua e innecesaria, por tanto, para estimar cumplimentado […] el requisito 
del agotamiento de la vía ordinaria previa».
En cuanto al fondo, afirma que el art. 454 bis.1 LEC impide que el órgano judicial 
pueda revisar cuestiones relevantes del proceso, como es, en el caso del que trae origen 
este recurso, la fijación de un valor de salida del bien ejecutado mediante una tasación 
oficial conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del 
mercado hipotecario. Estas cuestiones se deciden por los letrados de la administración 
de justicia cuando, a su juicio, deberían ser resueltas por los jueces y magistrados, a 
quienes compete dispensar la tutela judicial por mandato constitucional. También señala 
que la cuestión relativa a la aplicación o no del referido art. 682.2.1 de la LEC, según la 
nueva  redacción  dada  por  la  Ley  1/2013,  constituye  una  cuestión  claramente 
jurisdiccional, que excede de la función de mero impulso procesal y que, por ello, 
corresponde dilucidar al órgano judicial. Así pues, la entidad recurrente consideró que la 
resolución impugnada en esta sede priva al justiciable «de la posibilidad de someter a la 
decisión última del titular del órgano judicial una cuestión esencial como es el valor de 
tasación del bien subastado; lo que a su vez podría suponer una desatención del 
derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE».
Descarta que, en el presente caso, fuera viable la opción diferida e indirecta para 
obtener  la  reparación  del  derecho  en  el  seno  del  propio  proceso,  conforme  a  lo 
establecido  el  propio  454  bis.1  LEC  (reproducir  la  cuestión,  necesariamente,  en  la 
primera audiencia ante el tribunal tras la toma de la decisión. Y, si no fuera posible por el 
estado  de  los  autos,  se  podrá  solicitar  mediante  escrito  antes  de  que  se  dicte  la 
resolución definitiva para que se solvente en ella). Y ello, «por cuanto el proceso de 
ejecución hipotecaria concluye con el Decreto de Aprobación del Remate en favor del 
mejor postor (Artículo 670.1 de la LEC), que constituye una resolución cuyo dictado 
igualmente compete a los letrados de la Administración de Justicia, que conlleva la 
adjudicación del bien hipotecado a un tercero de buena fe en el seno de un proceso 
judicial […]. Por tanto, no es posible conforme a la LEC, plantear a posteriori, en diferido, 
la impugnación ante el órgano judicial al no proceder –en el seno del proceso de 
ejecución hipotecaria– el dictado de ninguna resolución judicial posterior al dictado del 
decreto de adjudicación. Esto es, se hace inviable dicho control del órgano dotado de 
jurisdicción por el cauce diferido previsto en la propia norma». s
Según afirma, se ve afectado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva  oe.
(art. 24.1 CE) el cual «comporta que la tutela de los derechos e intereses legítimos de los  w.
justiciables  sea  dispensada  por  los  Jueces  y  Tribunales,  a  quienes  está  809ww
c(aornt.s 1ti1tu7c.i3o nCaElm) eEnlltoe  vreedsae rqvuaed ae le lne geisxlcalduosriv eidxacdlu yeal  edjee rmciacnioe rdae a lbas oploutteas eta din cjuornisddiciciocnioandaal 
ldae p Joussibticiliidaa rde sdoelu rteocruiorss od eju ldai crieapl ocsoinctiróan .lo»s.  Yd eacñraedtoes  qduee  lolas  dLeectirsaidóons i mdep ulag nAaddma ineissttarabcleiócne   BOE-A-cable e
una zona de inmunidad al control jurisdiccional, que no se compadece con el referido 
derecho fundamental, ya que priva al justiciable de que lo resuelto por el letrado de la 
administración de justicia sea revisado por quien está investido de jurisdicción; esto es, 
por el juez o tribunal.
También señala que debe ser proyectada al presente caso la doctrina fijada en la 
STC 58/2016, de 17 de marzo, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad del primer 
párrafo del art. 102 bis.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa (LJCA), en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de 
noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina 
judicial. En dicha sentencia se consideró que la ausencia de revisión por un juez o 
tribunal de algunas de las decisiones que, tras la implantación de la nueva oficina judicial 
recaen en exclusiva los letrados de la administración de justicia, lesiona el derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y es contario al principio de exclusividad de la 
potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE).
El apartado VII de la demanda viene dedicado a la «justificación de la especial 
trascendencia constitucional del recurso». En síntesis, la argumentación que ofrece se 
centra en poner de relieve la eventual inconstitucionalidad del art. 454 bis.1 LEC, por 
contradecir lo establecido en los arts. 117.3 y 24.1 CE, ya que impide que el decreto 
resolutorio del recurso de reposición pueda ser revisado por el órgano judicial. Además, 
debe destacarse la consideración que lleva a cabo respecto de la STC 58/2016, dictada 
por el Pleno de este tribunal, al indicar que «no existe pronunciamiento alguno del 
Tribunal Constitucional sobre el art. 454 bis LEC, y sobre la incidencia de la doctrina 
expuesta en su sentencia reseñada del Pleno de 17-3-2016, sentencia 58/2016, en 
relación con el art. 454 bis, párrafo 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil».
Por todo lo expuesto, interesa que se declare vulnerado su derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), con la consiguiente nulidad de la providencia de 8 
de enero de 2018, así como la retroacción del procedimiento de ejecución al momento 
previo a dictar dicha providencia, para que por el órgano judicial se dicte otra resolución 
que admita a trámite el recurso de revisión instado y se pronuncie sobre la pretensión 
ejercitada en dicho recurso; esto es, sobre la necesidad o no de exigir en el proceso de 
ejecución que la tasación del bien ejecutado se lleve a cabo conforme a lo dispuesto en 
el art. 682.2.1 LEC, según la nueva redacción dada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo.
4.  Mediante providencia de 17 de septiembre de 2018, la Sección Cuarta de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo, al apreciar que en el mismo 
concurre una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC)], como consecuencia de que la posible vulneración del 
derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley o de otra disposición de 
carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)]. En la misma providencia se acordó dirigir 
comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Cieza, a fin de que, en el plazo 
de diez días, remitiera las actuaciones correspondientes y emplazara a los que hubieran 
sido parte en el procedimiento para que pudieran comparecer en el recurso de amparo, 
excepto la parte demandante.
5.  Por escrito registrado el día 15 de octubre de 2018, el procurador de tribunales 
don José María Torrejón Sampedro, en nombre y representación de Caja Rural de 
Albacete, Ciudad Real y Cuenca, S.C.C., parte ejecutante en el proceso judicial, y 
asistida de la letrada doña Juana María Gil Gómez, solicitó que se tuviera a la entidad 
citada como personada y parte, entendiéndose con dicha procuradora las actuaciones  e
sucesivas de este proceso. bo
orerdper6en.s aecnLiótaan c,s ióedncer  edfteeac ríhCaa a dj2ae8  j Rudsuetri acnila od vdeiee  mAlalbb rSaeca eldatee  S, 2eC0g1iuu8nd,d aaed n d Relae e aqsl tueye   tCrtiubuvueonn acpla od,r i cSpt.óeC rds.Coili.ng aeTdnaacm iaba i délean    2020-16809n https://ww
resolvió dar vista de las actuaciones a la partes y al ministerio fiscal por plazo de veinte
días, a fin de poder formular alegaciones, conforme a lo previsto en el art. 52.1 LOTC.
7.  Mediante escrito de fecha 9 de enero de 2019, la representación procesal de la 
Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, S.C.C presentó sus alegaciones, en las 
que interesó la inadmisión o, en su defecto, la desestimación de la demanda de amparo. 
En primer lugar alega los siguientes motivos de inadmisión de la demanda de amparo:
(i)  Que la providencia recurrida fue dictada en aplicación de la legalidad vigente, por 
cuanto del contenido del art. 454 bis.1 LEC se desprende que, contra el decreto dictado 
por la letrada de la administración de justicia, no cabe recurso alguno. Por ello, afirma 
que no concurren los requisitos establecidos en las letras b) y c) del art. 44.1 LOTC, 
porque no puede haber lesión de un derecho fundamental imputable al órgano judicial 
cuando se actúa bajo el imperio de la ley, ni tampoco denuncia formal de la vulneración 
de un derecho fundamental, cuando la providencia de fecha 8 de enero del 2018 se ha 
dictado sin vulnerar precepto constitucional alguno.
(ii)  También alega la falta de agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1.a) 
LOTC], habida cuenta de que la reparación de la lesión invocada en esta sede se debió 
intentar mediante la formulación de un incidente de nulidad de actuaciones que, sin 
embargo,  no  fue  interpuesto.  Tras  compendiar  la  doctrina  establecida  en  la 
SSTC 174/2011, de 7 de noviembre, y 89/2011, de 6 de junio, y destacar la importancia 
que, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 6/2007, se confiere a ese remedio 
procesal, señala que el hecho de no haberlo planteado resulta particularmente relevante, 
pues el motivo que subyace en el presente recurso es que el juzgador entrara a conocer 
sobre la aplicabilidad del art. 682.2.1 LEC, tras la reforma operada por la Ley 1/2013, 
de 14 de mayo, lo que habría sido posible si el citado incidente se hubiera entablado.
En segundo término, manifiesta que el recurso de revisión habría sido procedente si 
la entidad recurrente lo hubiera interpuesto frente al decreto de 10 de julio de 2017, que 
acordó sacar a subasta el bien. Por tanto, aquella tuvo oportunidad de impugnar esa 
resolución  mediante  el  referido  medio  de  impugnación;  pero  optó  por  interponer 
indebidamente un recurso de reposición, conjuntamente contra el indicado decreto y la 
diligencia de ordenación de fecha 6 de julio de 2017.
(iii)  Que no se ha justificado la especial transcendencia constitucional del recurso 
de amparo, dado que la parte recurrente no acredita un fundamento para que el Tribunal 
Constitucional tenga que cambiar su doctrina, máxime cuando la Ley 13/2009, de 3 de 
noviembre, atribuyó al secretario judicial competencias distintas de las de mero de 
impulso procesal, pudiendo adoptar decisiones en materias colaterales a la función 
jurisdiccional, que resultan indispensables para el ejercicio de dicha función, sin que de 
ello se derive lesión alguna. Más aún, cuando el juzgador, con carácter previo al dictado 
del auto despachando orden general de ejecución, ya pudo constatar si se cumplían los 
requisitos legales, incluido el contenido en el art. 682.2.1 LEC que resulta objeto de 
alegación y, en fin, cuando tampoco cabe objetar la constitucionalidad del art. 454 bis.1 
de esa misma ley, pues en el mismo se contemplan varias vías de control judicial, al 
regularse la posibilidad de reproducción de la petición en la primera audiencia ante el 
juzgado o por escrito antes del dictado de la resolución, para que el juzgador pueda 
revisar lo resuelto por el letrado de la administración de justicia.
En cuanto al fondo interesa la desestimación del recurso. Señala que no se ha 
producido la vulneración del derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE, pues el 
desarrollo procesal llevado a cabo desde el inicio del proceso de ejecución hasta la 
providencia  impugnada  en  amparo  revela  una  actividad  impecable.  Reitera  que, 
previamente a dictar el auto despachando ejecución, el juzgador pudo constatar si se  e
cumplían los requisitos legales y, a su vez, valorar si resultaba aplicable el art. 682.2.1  bo
LEC, en la versión dada por la Ley 1/2013, que entró en vigor con anterioridad al dictado  809ww
idmepl uregfneariddao  eanu teos.t aP oser dtaen, teol,  juszogsatideonre  yqau ees tcimonó  aqnutee reiol rciditaaddo a p lrae cfeepchtoa  ndoe e lraa  parpolivciadbelnec aial 
casoT.ambién pone de manifiesto que la demandante de amparo pudo alegar la preceptiva
aplicación del precepto último citado al oponerse al despacho de la ejecución y, sin
embargo, no lo hizo, e insiste en que tampoco se interpuso recurso de revisión contra el 
decreto de fecha 10 de julio del 2017. Refiere, a su vez, que el art. 454 bis.1 LEC habilita 
otras vías de control judicial «reproduciendo la cuestión o bien mediante escrito, para los 
procesos declarativos, aunque también aplicable a los ejecutivos en consonancia con el 
art. 562.1.3 LEC», además de la posibilidad de acudir al procedimiento declarativo 
correspondiente, pues el procedimiento de ejecución hipotecaria «finaliza por decreto, 
sin efectos de cosa juzgada». Para concluir sus alegaciones, indica que la STC 58/2016, 
de 17 de marzo, no es aplicable al caso, al no existir similitud entre los respectivos 
supuestos, ya que esta analizó otro tipo de proceso referido a un orden jurisdiccional 
diferente. Reitera, por último, que la providencia impugnada no conculca ningún derecho 
fundamental, pues el tema de la aplicabilidad o no del art. 682.1.1 LEC «pudo invocarse 
por la parte recurrente a lo largo del proceso de ejecución».
8.  Por escrito de fecha día 11 de enero de 2019, el ministerio fiscal presentó sus 
alegaciones, en las que interesó la desestimación del recurso de amparo. Después de 
resumir los antecedentes más relevantes, afirma que la entidad demandante no achaca 
falta de motivación a la resolución judicial impugnada que, pese a su muy escueto 
contenido, tampoco incurrió en una errónea, arbitraria o manifiesta falta de motivación, 
puesto que la razón de decidir del órgano judicial ha sido acorde a lo previsto en la 
norma vigente.
Aduce, seguidamente, que hay otra manifestación del derecho a la tutela judicial 
efectiva que sí parece tener un encaje más directo en lo alegado por la recurrente y que 
podría referirse al derecho de acceso a la jurisdicción o al derecho al recurso, según los 
diversos  momentos  de  la  demanda;  lo  que,  en  cualquier  caso,  desemboca  en  la 
oposición  a  la  irrecurribilidad  de  las  decisiones  emanadas  de  la  letrada  de  la 
administración de justicia, por haber privado a la entidad recurrente de obtener una 
decisión jurisdiccional respecto de lo pretendido, dada la interpretación que ha hecho el 
juzgador de la normativa aplicable. A tal efecto, el fiscal se detiene en el análisis de la 
STC 58/2016, cuyo fundamento jurídico 2 cita de modo expreso y detallado, para llegar a 
la conclusión de que, para este Tribunal, lo relevante no debe ser si el decreto del letrado 
de la administración de justicia es recurrible o no, sino si está sometido a control judicial, 
pues lo que determinaría la vulneración de la tutela judicial efectiva, por atentar contra el 
principio de exclusividad de los juzgados y tribunales del art. 117.3 CE, no sería el 
régimen de los recursos, sino la falta sometimiento de las decisiones de naturaleza 
administrativa a la posibilidad de control judicial.
Señala que hay una diferencia fundamental entre el art. 102 bis LJCA, que fue objeto 
de enjuiciamiento en la STC 58/2016, y el art. 454 bis.1 LEC, que es el precepto sobre el 
que recae la queja de la recurrente. A diferencia del presupuesto de hecho del que traía 
causa el primer artículo citado, el referido al proceso civil contempla otra vía indirecta o 
alternativa al recurso, puesto que el último inciso del art. 454 bis.1 LEC ofrece la 
posibilidad de reproducir la cuestión en la primera audiencia ante el tribunal y, si no fuere 
posible por el estado de los autos, mediante escrito antes de que se dicte la resolución 
definitiva. Sobre la base de este texto legal, el fiscal afirma que, en contraste con el 
precepto de la LJCA antes mencionado, en el caso del art. 454 bis.1 LEC, el legislador 
contempla una posibilidad alternativa de control judicial de las resoluciones del letrado de 
la administración de justicia, lo que es determinante para excluir la existencia de un 
espacio de inmunidad y la consiguiente vulneración del art. 24.1 CE.
En  todo  caso,  manifiesta  que  la  eventual  vulneración  del  derecho  fundamental 
provendría de la ley y no tanto de la resolución objeto de amparo; y teniendo en cuenta  e.
que no ha sido planteada cuestión de inconstitucionalidad por el órgano judicial, procede  w.b
la  desestimación  del  recurso.  No  obstante,  el  fiscal  estima  que  tampoco  sería  809ww
iinnccoonnvsetitnuiecinotnea qliduaed e dsetel  atrritb. u4n5a4l  bsies .1p lLaEntCe.ase, en la correspondiente cuestión interna, la
9.  La parte recurrente en amparo no formuló alegaciones en el trámite del art. 52.1 LOTC.
10.  Se resumen en este apartado los antecedentes más relevantes de la cuestión 
interna de inconstitucionalidad núm. 2754-2019, que son de interés para este proceso:
a)  La cuestión interna de inconstitucionalidad 2754-2019 trae causa del previo 
recurso de amparo núm. 5661-2017, en cuyo seno, la Sala Segunda de este tribunal 
dictó el ATC 23/2019, de 8 de abril, por el que acordó elevar al Pleno cuestión interna de 
inconstitucionalidad en relación con el párrafo primero del artículo 454 bis.1 LEC, en la 
redacción  dada  por  la  Ley  37/2011,  de  10  de  octubre,  de  medidas  de  agilización 
procesal, por posible contradicción con el art. 24.1 CE.
b)  El Pleno de este tribunal, mediante providencia de 21 de mayo de 2019, acordó 
admitir a trámite dicha cuestión de inconstitucionalidad, que quedó registrada con el 
núm. 2754-2019 de las de su clase.
c)  Posteriormente, el Pleno de este tribunal dictó la STC 15/2020, de 28 de enero, 
en la que resolvió «estimar la cuestión interna de inconstitucionalidad planteada y, en su 
virtud, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del art. 454 bis.1, párrafo primero, LEC, 
en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización 
procesal».
d)  Por último, la STC 17/2020, de 10 de febrero, recaída en el recurso de amparo 
núm. 5661-2017, estimó dicho recurso, apreció la vulneración del derecho a la tutela 
judicial  efectiva  de  la  parte  recurrente  y  acordó  la  nulidad  de  las  resoluciones 
impugnadas, así como la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente 
posterior al del decreto del letrado de la administración de justicia, a fin de que el órgano 
judicial provea al recurso de revisión formalizado por la parte demandante de amparo 
contra la precitada resolución.
e)  En el actual recurso de amparo, por providencia de la Sala Segunda de este 
tribunal de 20 de mayo de 2019, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 55.2 y 35.2 
LOTC y con suspensión del plazo para dictar sentencia, se acordó oír a las partes 
personadas  y  al  ministerio  fiscal  sobre  la  pertinencia  de  plantear  cuestión  de 
inconstitucionalidad, respecto de si el art. 454 bis.1 LEC, párrafo primero, puede vulnerar 
el art. 24.1 CE, al impedir que el decreto resolutorio del recurso de reposición, que fue 
dictado por la letrada de la administración de justicia, sea revisado por el titular del 
órgano jurisdiccional, con la consiguiente denegación de la tutela judicial efectiva por 
quien tiene la exclusividad de su ejercicio (art. 117.3 CE).
f)  A la vista de lo resuelto por la STC 15/2020, en el ATC 74/2020, de 20 de julio, se 
acordó «[n]o elevar al Pleno del tribunal cuestión interna de inconstitucionalidad respecto 
del art. 454 bis.1, párrafo primero, de la Ley de enjuiciamiento civil, en la redacción dada 
por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal».
11.  Por providencia de fecha de 12 de noviembre de 2020 se señaló para votación 
y fallo del presente recurso el día 16 del mismo mes y año
II. Fundamentos jurídicos
1.  El presente recurso de amparo se dirige contra la providencia, de 8 de enero 
de  2018,  dictada  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  1  de  Cieza  en  el 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 128-2013, en cuya virtud se inadmitió a 
trámite el recurso de revisión frente al decreto de la letrada de la administración de 
justicia, de 30 de octubre de 2017, que desestimó el previo recurso de reposición 
interpuesto por la entidad demandante, conjuntamente contra la diligencia de ordenación  es
de fecha 6 de julio de 2017 y el decreto de fecha 10 de julio de 2017. bo
En la demanda de amparo se invoca la vulneración del derecho a la tutela judicial  809ww
cdereoefesncpctrrteeiovtcloa to j u d(ddaeierc tli. 3a r0l2e  4dcdu.e1er  su Cono aEcd t)eup,  brrteroeevdpi aaod  sreviec esi2ózo0 nlu1q fc7uoi)eór m nql aaud leeicz  ialthaada dolbea íct aropa nrddotaerva cidd idseeei ndlnacod i,aa a deshm nar ei nssiiemosnltpurtaiecdcdiooiió dnndoe e sde sedel  esjau tcilsmact ieaccsitiatooa r (dioeaa,ll     OE-A-2020-16able en https://
letrada de administración de justicia, en la consideración de que debía dispensarse de
los requisitos previstos en art. 682.2.1 LEC, en la redacción vigente, por no ser un 
presupuesto exigido en el momento de la constitución del derecho real de garantía.
Por su parte, el ministerio fiscal y la representación de Caja Rural de Albacete, 
Ciudad Real y Cuenca, S.C.C., por medio de escritos de alegaciones presentados con 
anterioridad a la resolución de la cuestión interna de inconstitucionalidad 2754-2019, 
solicitaron  la  denegación  del  amparo,  si  bien  la  entidad  comparecida  interesó  la 
inadmisión de la demanda, por los motivos indicados en el apartado de antecedentes de 
esta resolución.
2.  La entidad comparecida ha alegado óbices procesales que, de estimarse, darían 
lugar a la inadmisión del recurso sin entrar en el fondo de la demanda. Así pues, procede 
dar respuesta a esos motivos, los cuales cabe ya anticipar que serán desestimados.
(i)  En  primer  lugar,  la  codemandada  cuestiona  que  la  lesión  denunciada  sea 
imputable al órgano judicial y, por tanto, sea susceptible de ser encuadrada en el 
art. 44.1 LOTC, al no concurrir los requisitos previstos en las letras b) y c) de ese 
precepto. En realidad, la argumentación sobre este motivo se anuda a un aspecto 
relacionado  con  el  fondo  del  asunto;  esto  es,  si  hubo  o  no  lesión  del  derecho 
fundamental invocado en la demanda, que trasciende del ámbito de análisis de los 
óbices  de  admisibilidad.  Por  ello,  desde  la  perspectiva  que  ahora  nos  incumbe 
afirmamos que, con independencia de las razones tenidas en cuenta para inadmitir el 
recurso de revisión, lo cierto es que esa decisión fue adoptada por el juzgador, en el 
ejercicio de la función judicial y mediante una providencia, que es una resolución de 
carácter jurisdiccional [art. 245.1 a) LOPJ]. Siendo así, no cabe albergar duda alguna 
sobre el encuadramiento del presente recurso en el ámbito propio del art. 44 LOTC.
(ii)  Se alega también la falta de agotamiento de la vía judicial, al no haberse 
interpuesto incidente de nulidad de actuaciones contra la providencia cuestionada. Como 
afirma la entidad recurrente, en el escrito de interposición del recurso de revisión ya se 
advirtió de que la inadmisión del referido recurso produciría la vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al impedir que el órgano judicial pudiera revisar lo 
resuelto por la letrada de la administración de justicia, respecto de una pretensión 
asociada a la obligatoriedad de cumplir los requisitos establecidos en el art. 682.2.1 LEC, 
en su nueva versión. Pese a la indicación mencionada, el disponente omitió cualquier 
consideración sobre lo alegado y se limitó a fundar la inadmisión, exclusivamente, en el 
hecho de que el recurso de revisión no cabía frente a la resolución recurrida (un decreto 
de la letrada de la administración de justicia resolutorio de un recurso de reposición). Así 
pues, la ratio decidendi de la respuesta judicial fue la falta de cobertura legal del recurso 
interpuesto, por lo que, implícitamente, rechazó que la inadmisión acordada vulnerara el 
derecho fundamental invocado.
Si el incidente de nulidad de actuaciones se hubiera interpuesto frente a la resolución 
que se pretende vulneradora del derecho fundamental, ciertamente se habría ajustado a 
lo previsto en el art. 241 LOPJ; por tanto, de haberse formulado no cabría objetar su 
pertinencia. Ahora bien, que el incidente de nulidad de actuaciones fuera procedente no 
implica, necesariamente, que el hecho de no haberlo planteado determine la falta de 
agotamiento de la vía judicial, dada la especificidad del presente supuesto.
La inadmisión del recurso de revisión se fundó en que no cabía recurso alguno 
contra el decreto impugnado. De tan magra respuesta se infiere sin dificultad que el 
juzgador se atuvo, implícitamente, a la literalidad del art. 454 bis.1, LEC, párrafo primero, 
que en su redacción entonces vigente establecía que «contra el decreto resolutivo de la  e
reposición no se dará recurso alguno […]», sin llevar a cabo interpretación alguna sobre  bo
el contenido y alcance del precepto ni, por ende, ofrecer algún argumento asociado a la  809ww
vaulelngeardaoc ilóan r edceulr rdeenrtee,c hseo  par oldau ctuirtíeal ae nju edl icciaasl oe dfeec ntiov aa d(maritt.i r 2e4l .c1i taCdEo)  reqcuuer,s os.egún había
judicDiael  elofe cetxivpau eysat os,e  sdee ncuonncsitóa tean  qeul ec itlaad eov reenctuuraslo  vdueln reervaicsiióónn , dpealr ad eerl eccahsoo  ad el are tsuutletalar 
inadmitido; y esta vulneración se focalizó específicamente en el contenido del art. 454
bis.1 LEC, párrafo primero, cuyo tenor el juzgador asumió de manera incondicional para 
declarar  inadmisible  ese  recurso.  Y  precisamente,  el  citado  párrafo  fue  declarado 
inconstitucional y nulo por la STC 15/2020, de 28 de enero, a raíz de planteamiento de la 
cuestión  interna  de  inconstitucionalidad  a  que  se  ha  hecho  referencia  en  los 
antecedentes.  Por  tanto,  en  atención  a  las  peculiares  circunstancias  del  presente 
supuesto, no se objetan las razones tenidas en cuenta por la entidad demandante para 
considerar que, a efectos de agotar la vía judicial, no resultaba necesario reiterar los 
motivos  determinantes  de  la  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva, 
mediante la interposición del incidente de nulidad de actuaciones.
(iii)  También se alega, como reparo a la admisibilidad del recurso de amparo, que el 
decreto de convocatoria de subasta, de fecha 10 de julio de 2017, no fue combatido 
mediante un recurso de revisión judicial, cuya procedencia proclama la codemandada 
comparecida.
Para resolver sobre el indicado óbice no resulta necesario que nos pronunciemos 
sobre si, en efecto, era viable o no la interposición de ese recurso. Basta con decir que el 
decreto de fecha 30 de octubre de 2017, que resolvió el recurso de reposición planteado 
contra el decreto arriba citado (y también contra la diligencia de ordenación de fecha 6 
de julio de 2017), se limitó a desestimarlo por motivos de fondo, sin que pusiera objeción 
a la vía impugnativa elegida por la entidad demandante; y tampoco la providencia 
combatida en este recurso de amparo opuso ninguna tacha sobre este particular. Por 
ello, un pronunciamiento en esta sede sobre esta temática no resultaría compatible con 
el principio de subsidiaridad al que debemos sujetarnos.
(iv)  Por último, se niega que la parte recurrente haya cumplido el requisito de 
justificar la especial trascendencia constitucional del recurso. Sin embargo, como ha 
quedado reflejado en los antecedentes de esta sentencia, es notorio que ese gravamen 
se ha cumplimentado por la entidad recurrente, pues la argumentación dada se anuda al 
motivo del apartado c) del fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, amén de invocar la 
ausencia de doctrina de este tribunal respecto a la proyección al presente recurso de lo 
resuelto en la STC 58/2016 en relación con el segundo párrafo del art. 102 bis.1 LJCA.
Cuando la causa de especial trascendencia constitucional alegada es la recogida 
como supuesto «c)» por la STC 155/2009, FJ 2, precisamente en virtud de su naturaleza 
abstracta y desconectada de una situación particular concreta, el propio tribunal ha sido 
flexible en validar una argumentación que objetive el recurso argumentando las dudas 
sobre la constitucionalidad de la norma de que se trate. Así lo hemos apreciado, por 
todas, en la STC 118/2014, de 8 de julio, FJ 2, siempre que se ponga de relieve por el 
recurrente que la lesión de sus derechos puede tener su origen en la propia ley (en el 
mismo sentido, STC 128/2014, de 21 de julio, FJ 2, o ATC 23/2019, de 8 de abril, FJ 3).
En  el  presente  caso  no  cabe  albergar  duda  alguna  sobre  el  cumplimiento  del 
requisito que ahora nos ocupa. A lo largo del escrito de demanda se pone en cuestión la 
constitucionalidad del art. 454 bis.1 LEC, así como también se aludió a la eventual 
proyección  de  la  doctrina  establecida  en  la  STC  58/2016  al  referido  precepto, 
destacándose así la importancia objetiva que reviste el control de constitucionalidad de la 
norma de referencia.
3.  Rechazados los anteriores óbices procede abordar, a continuación, la temática 
medular del presente recurso de amparo, en concreto, si la inadmisión del recurso de 
revisión interpuesto contra la providencia, de fecha 8 de enero del 2018, vulnera el 
derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente, en su vertiente del derecho de acceso  e
al  recurso  (art.  24.1  CE).  El  fundamento  implícito  de  esa  inadmisión  se  anuda  al  bo
contenido del art. 454 bis.1 LEC, en la redacción dada al precepto por la Ley 37/2011,  809ww
«dceo 1n0tr ad ee lo dcteucbrreeto,  dree smoleudtiivdoa sd ed ela a rgeilpizoascicióiónn p nrooc sees adl,a cráu yroe cpuárrsroa faol gpurinmoe, rsoin d ipseprojuniícaio q duee 
rtoemprao dduec ilra  lad eccuiseisótnió ny,,  snie ncoe sfaureiaram peonsteib, lee np olar  perl imesetraad oa uddei elnocsi aa uatnotse,  seel  tpriobdurnáa ls otrlaicsi talar 
mediante escrito antes de que se dicte la resolución definitiva para que se solvente en 
ella».
La STC 15/2020, de 28 de enero, del Pleno de este tribunal, que estimó la cuestión 
interna de inconstitucionalidad 2754-2019, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del 
precepto último citado. En el fundamento jurídico tres de la citada resolución figura la 
razón de decidir, en los siguientes términos:
«En  efecto,  en  primer  lugar,  es  de  destacar  que,  en  los  términos  expuestos 
anteriormente, el precepto cuestionado establece la prohibición de impugnación directa 
en  revisión  ante  el  juez  o  magistrado  del  decreto  dictado  por  el  letrado  de  la 
administración de justicia resolutorio del recurso de reposición promovido contra sus 
propias resoluciones. Aunque en los apartados siguientes del precepto cuestionado se 
permite recurso de revisión contra los decretos que pongan fin al procedimiento o 
impidan su continuación o aquellos para los que la ley nominalmente fije dicho recurso, 
se pone de manifiesto que no cabe este control judicial directo frente a la generalidad de 
los dictados en el proceso civil, con independencia de la importancia del asunto resuelto 
por el decreto correspondiente.
En el procedimiento de ejecución no dineraria, en cuyo marco se ha suscitado la 
presente cuestión de inconstitucionalidad, la ley no permite el recurso de revisión directo 
ante el juez o tribunal frente al decreto del letrado de la administración de justicia que 
decide sobre si ha existido incumplimiento de la obligación de hacer por el ejecutado que 
permita a instancia del ejecutante facultarlo para llevarlo a cabo él mismo con encargo a 
un  tercero.  En  ese  sentido,  se  trata  de  un  decreto  respecto  del  cual  no  está 
expresamente prevista su recurribilidad en revisión ante el juez o tribunal ni constituye 
una decisión que ponga fin al procedimiento o impida su continuación. Sin embargo, es 
una decisión que concierne a cuestiones relevantes en el marco de este proceso de 
ejecución no dineraria que atañen a la función jurisdiccional reservada en exclusiva a 
jueces y magistrados, en la medida en que compromete la propia consecución de la 
ejecución forzosa despachada por auto del juez, ya que impide a este dirimir si debe 
mantenerse dicha ejecución forzosa en los términos ordenados por el título ejecutivo o 
dar paso a una ejecución sustitutoria conforme a la ley.
Por  tanto,  cabe  concluir  que  el  precepto  cuestionado  no  permite  descartar  la 
eventualidad de que existan supuestos –como el que ha dado lugar al planteamiento de 
la presente cuestión de inconstitucionalidad– en los que la decisión del letrado de la 
administración de justicia concierna a cuestiones relevantes en el marco del proceso que 
atañen a la función jurisdiccional reservada en exclusiva a jueces y magistrados y que, 
sin embargo, quedan excluidos por el legislador del recurso directo de revisión ante los 
titulares de la potestad jurisdiccional.
Por otra parte, tampoco cabe apreciar que este control judicial pueda obtenerse de 
manera real y efectiva en el marco del propio proceso de una manera indirecta a través 
de instrumentos o remedios alternativos al régimen de recursos. Ciertamente, el párrafo 
primero  del  art.  454  bis.1  LEC  establece,  como  alternativa  a  la  imposibilidad  de 
impugnación judicial directa, la posibilidad de "reproducir la cuestión, necesariamente, en 
la primera audiencia ante el tribunal tras la toma de la decisión y, si no fuera posible por 
el estado de los autos, se podrá solicitar mediante escrito antes de que se dicte la 
resolución definitiva para que se solvente en ella". Ahora bien, tal posibilidad no satisface 
en todos los casos la garantía de control judicial impuesta por el derecho a la tutela 
judicial efectiva. Así, tal como ya se ponía de manifiesto en el ATC 23/2019, de 8 de abril, 
en el que se planteaba la presente cuestión de constitucionalidad, no está contemplado  e.
en los procesos de ejecución civil en general y en el de ejecución no dineraria en  w.b
particular, cuyo desarrollo se ha confiado por las últimas reformas procesales al letrado  809ww
tditeu llaar  addeml óinrgisatrnaoc ijóund icdiea l,ju esxticceiap,t ola e rne aelli ziancciiódne ndtee  dceo moppoasreiccieónnc aia sla  (e"ajeucduiecniócnia ("a) ratsn. te5 6e0l 
py ri6m9e5r aL aEuCd)i.e nDceia  manotdeo e lq tureib ulan apl,o ssii bbiileidna pdu aeldteer ndaetsivpale gdaer  sreup fruondcuiocinr allaid acdu,e esnti ósnu  ecans ola, 
en el contexto de los procesos declarativos, carece de una base real como remedio de 
control judicial indirecto alternativo en el marco de un proceso de ejecución.
Del mismo modo, la referencia realizada a la posibilidad de reproducir la cuestión 
mediante escrito para que se solvente en la "resolución definitiva" tampoco satisface con 
carácter general la garantía de control judicial. En el proceso de ejecución, no resulta 
posible identificar una resolución judicial definitiva que, a semejanza de lo que sucede en 
el proceso de declaración, se pronuncie sobre las pretensiones planteadas por las 
partes, ya que, por su propia naturaleza ejecutiva, su finalización normal se produce ex 
lege cuando se constata que se ha satisfecho completamente al acreedor (art. 570 LEC); 
pero esta resolución del letrado de la administración de justicia no resuelve pretensiones, 
sino que declara un estado de cosas y acuerda en consecuencia, si procede, el archivo 
del  procedimiento.  Por  otra  parte,  en  la  eventualidad  de  que  ambas  partes  se 
atribuyesen recíprocamente la responsabilidad por la inejecución de la sentencia se 
alejaría la virtualidad real de una futura "resolución definitiva" en la que se solventase el 
problema de inejecución planteado.
En definitiva, el precepto cuestionado vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), ya que ha creado un régimen de impugnación de las decisiones de los 
letrados de la administración de justicia generador de un espacio inmune al control 
jurisdiccional. En coherencia con ello, se debe declarar la inconstitucionalidad y nulidad 
del precepto cuestionado, precisando, al igual que se hizo en las SSTC 58/2016, FJ 7; 
72/2018, FJ 4, y 34/2019, FJ 7, que, en tanto el legislador no se pronuncie al respecto, el 
recurso judicial procedente frente al decreto del letrado de la administración de justicia 
resolutivo de la reposición ha de ser el directo de revisión al que se refiere el propio 
artículo 454 bis LEC.»
4.  Expuesto lo anterior, procede determinar los efectos que se derivan, en relación 
con el presente recurso de amparo, de la nulidad del precepto antes indicado. A tal 
efecto, procede traer a colación lo razonado en el fundamento jurídico cuatro de la 
STC 17/2020, de 10 de febrero, dictada en el recurso de amparo núm. 5661-2017, en el 
que se acordó el planteamiento de la cuestión interna de inconstitucionalidad a que se ha 
hecho referencia en el anterior fundamento:
«Nuestra doctrina sobre los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de un 
precepto legal, sobre un proceso de amparo en el que se impugnan resoluciones que 
aplicaron aquél, se contiene en la reciente STC 125/2019, de 31 de octubre, FJ 4. Con 
cita de otras sentencias anteriores, hemos afirmado ahí que los mismos razonamientos 
que determinan la nulidad de la norma son los que conducen a la estimación de la 
demanda  de  amparo,  para  lo  cual  "no  obsta  que  se  trate  de  una  declaración  de 
inconstitucionalidad sobrevenida, pues, como exige la doctrina de este tribunal sobre los 
efectos de esa declaración en los procesos de amparo en curso, no solo se encuentra 
afectado  el  mismo  precepto  legal  […]  sino  que  las  razones  constitucionales  que 
fundamentan  la  declaración  de  inconstitucionalidad  afectan  a  preceptos  de  la 
Constitución susceptibles de amparo (por todas, STC 159/1997, de 2 de octubre, FJ 6; 
citada, entre muchas, en las SSTC 91/2007, de 7 de mayo, FJ 4; 46/2008, de 10 de 
marzo, FJ 2, y 74/2017, de 19 de junio, FJ 2); […] las resoluciones ahora impugnadas de 
aplicación de dicha normativa […] materializan la misma vulneración del derecho […] que 
apreciamos en la norma en la que tienen su fuente. Procede, por tanto, otorgar el 
amparo solicitado". En el mismo sentido, STC 92/2019, de 15 de julio, FJ 3».
La aplicación de esta doctrina comporta el otorgamiento del amparo, habida cuenta  e
de que el art. 454 bis.1 LEC, párrafo primero, que resultó anulado por la STC 15/2020,  bo
fue implícitamente aplicado en la providencia de fecha 8 de enero del 2018, que acordó  809ww
iandamdminiitsirtr aecli órne dcuer jsuos tidciea , rdeev ifseióchna  i3n0te drpeu oecsttuob rceo dnetr a2 0e1l7 ,d deecsreestoti mdaet orlaio  dleetlr aredcau rdseo  dlea 
reposición entablado por la entidad demandante.
5.  Así pues, la queja de la sociedad recurrente debe ser estimada, toda vez que 
aquella se verá restablecida en su derecho con la posibilidad de interponer el recurso de 
revisión contra el decreto de la letrada de la administración de justicia con el que se 
había  propuesto  impugnar  la  resolución  de  esta  última.  En  consecuencia,  procede 
declarar la nulidad de la providencia impugnada y retrotraer las actuaciones al momento 
inmediatamente anterior al dictado de la providencia, de fecha 8 de enero del 2018, para 
que el órgano judicial provea al recurso de revisión formalizado, en términos que resulten 
respetuosos con el derecho fundamental reconocido. Esto último supone la admisión a 
trámite del recurso de revisión, de acuerdo con lo establecido en la STC 15/2020, de 28 
de enero, FJ 3.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  Maricris  de  Chipi  S.L.,  y,  en 
consecuencia:
1.º  Declarar  vulnerado  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  de  la  recurrente 
(art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la providencia 
de 8 de enero de 2018 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Cieza en autos de 
ejecución hipotecaria núm. 128-2013.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de la 
referida providencia, para que el juzgado provea a la reparación del derecho fundamental 
vulnerado, en los términos que se especifican en el fundamento jurídico cinco de esta 
sentencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciséis de noviembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.