BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Martes 9 de noviembre de 2021 Sec. I.   Pág. 137963
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
18285 Real Decreto 952/2021, de 2 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de una subvención al Ayuntamiento de Bilbao, para el desarrollo de 
actuaciones medioambientales y de lucha contra el cambio climático en el 
entorno urbano.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el Departamento 
competente, en el ámbito de la Administración General del Estado, para la propuesta y 
ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático, 
prevención de la contaminación, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad, 
de los bosques, del mar, agua y energía para la transición a un modelo productivo y 
social más ecológico, así como la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno 
frente al reto demográfico y el despoblamiento territorial.
El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de los recursos son 
realidades cada vez más presentes en nuestras vidas, sus efectos se manifiestan en 
todas las regiones del planeta a través de un conjunto cada vez más amplio de certezas 
que no se puede obviar. Para afrontar estos fenómenos tan diversos y complejos es 
indispensable un esfuerzo continuado y un enfoque global, identificando estrategias, 
políticas e instrumentos que permitan desarrollar medidas efectivas de actuación que 
finalmente conlleven su aplicación local. En este marco, la colaboración con todo el 
conjunto de la sociedad es indispensable para avanzar en la búsqueda de soluciones, 
tanto desde el punto de vista de la mitigación del fenómeno como desde el ámbito de la 
adaptación a sus potenciales impactos, siendo muy relevante la participación de las 
entidades locales, administraciones que actúan muy unidas al territorio.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se viene 
apoyando  a  administraciones  locales  a  través  de  los  instrumentos  y  mecanismos 
operativos con objeto de contribuir a que dichos entes locales y entidades ambientales 
puedan seguir llevando a cabo sus necesarias actuaciones en materia de conservación 
de la biodiversidad y del medio ambiente, así como para generar nuevos modelos de 
desarrollo  sostenible  y  de  lucha  contra  el  cambio  climático.  Existe,  por  parte  de 
administraciones y entidades, la firme convicción de que la mejor fórmula para lograr una 
transición justa y ecológica de la sociedad es compartir proyectos y estrategias, en la 
cual el papel de estas administraciones y entidades es fundamental.
Se trata de desarrollar actuaciones que permitan incorporar sistemas de gestión 
urbana  que  ayuden  al  objetivo  de  neutralidad  en  las  emisiones  de  gases  efecto 
invernadero.
Es en este contexto de coadyuvar al desarrollo de las políticas de adaptación al 
cambio climático y de protección medioambiental en el que se enmarca este real decreto 
por el que se aprueba la concesión directa de una subvención para apoyar actuaciones 
en estas materias.
La subvención regulada está destinada al desarrollo de una serie de actuaciones  s
singulares de interés público, por su carácter innovador y demostrativo, con un gran  e.
potencial de extensión y replicabilidad en otras urbes similares, de manera que el interés  w.
social y económico de su impacto en los habitantes y visitantes de esta ciudad sea  285ww
exteEnns ibcloen yc rveatloo,r asbel ep elann toetara sp rcoiumdoavdeers a ac tnuiavceilo nnaecsi odneall .Ayuntamiento de Bilbao para el
auprboaynoo se,n r ellaa ccioonnafidgousra ccoiónn  eld eca maqbuioe llcolism áetsicpoa,c icoosm  uor bpauneodse,n  csoenrs dideesrdaed olas  pmlaicnrioficcalimcióans   BOE-A-cable e
de los usos del suelo y las infraestructuras locales, hasta la selección de los materiales 
que han de configurar los espacios públicos o las especies vegetales destinadas a 
naturalizarlos, y al apoyo a actuaciones que potencien el desarrollo sostenible mediante 
el fomento de energías renovables. En este caso se trata de potenciar el desarrollo de 
actuaciones que permitan la implantación efectiva de proyectos de este tipo en un 
entorno urbano adecuado por sus características, tamaño y preparación para desarrollar 
actuaciones que respondan a estas premisas.
El desarrollo de este tipo de iniciativas locales resulta prioritario para alcanzar los 
objetivos del Pacto Verde Europeo, para el desarrollo de la «ciudad verde» europea, que 
busca mejorar la calidad del aire, reducir la contaminación acústica, y la conservación y 
el aumento de la biodiversidad urbana mediante el aumento de la extensión y la calidad 
de las zonas verdes de la ciudad.
El Comité Europeo de las Regiones (CER), en el apoyo a los objetivos la Unión 
Europea de «reducir al menos un 55 %» las emisiones de gases de efecto invernadero 
de aquí a 2030 y el objetivo de lograr la neutralidad en carbono de aquí a 2050, recuerda 
que los entes locales y regionales deben participar activamente en el desarrollo de las 
políticas climáticas y contar con los instrumentos necesarios para tal fin. Este es uno de 
los principales mensajes del Dictamen del CER «Intensificar la ambición climática de 
Europa para 2030: camino a la COP26», según el cual alcanzar el objetivo del 55 % 
significa incluir a los entes locales y regionales de forma activa en la elaboración de las 
políticas climáticas, ya que los entes locales y regionales se encargan de gestionar y 
ejecutar la mayoría de las estrategias del Pacto Verde Europeo sobre el terreno, y 
seguirán haciéndolo. Advierte a la Comisión de que los entes locales y regionales 
soportan  una  enorme  presión  por  la  gestión  de  la  actual  crisis  sanitaria  y  tienen 
dificultades para asignar recursos financieros y humanos a iniciativas y vías hacia la 
neutralidad climática; por tanto, pide que se asignen recursos suficientes para apoyar a 
los entes locales y regionales en este reto de cara a la próxima década.
La mayoría de los principales sectores afectados por la intensificación de la ambición 
climática para 2030 tienen conexiones directas con competencias que incumben a entes 
locales  o  regionales:  el  transporte,  la  agricultura  y  los  edificios  –especialmente 
importantes a nivel local y regional, tanto en las zonas urbanas como rurales– son los 
siguientes sectores que deben reducir las emisiones.
También el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 prevé 
que el concurso de todas las administraciones territoriales permitirá avanzar en este 
proceso de transición energética hacia la descarbonización, en el que las comunidades 
autónomas y las entidades locales desempeñarán un papel fundamental. El modelo de 
distribución de competencias de nuestro país, donde la Administración General del 
Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales comparten competencias en 
diferentes ámbitos, necesita de la coordinación especialmente en determinadas áreas de 
capital importancia para transformar nuestras ciudades, como son el urbanismo y la 
movilidad.
Por otro lado, la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y 
Restauración Ecológicas, aprobada por Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, marca las 
directrices  para  la  identificación  y  conservación  de  los  elementos  del  territorio  que 
componen la infraestructura verde del territorio e integra el concepto de soluciones 
basadas en la naturaleza como principio rector transversal para reducir los riesgos 
naturales, mejorar la capacidad de mitigación y adaptación de los ecosistemas, así como 
mejorar los conocimientos vinculados al cambio climático. s
Desde este planteamiento, la concesión directa de esta subvención viene justificada  oe.
por la necesidad de garantizar la dirección y continuidad del esfuerzo que se viene  w.
realizando para preservar el medio ambiente y la incorporación de tecnología para un  285ww
udrebsaanrroosll:o  sseo sttreantaib led,e  baapjor oevenc hcaarrb oenno ,e seen  ásmenbtiitdoos  ltaasn  isneicnisaitbivleass  cpormopou elossta se sppaocr ioesl 
cAayruáncttaemr dieen teos pdeec iBali libnateor,é cso, na duenm áesn fdoeq upeo rc slaursa mefeencttoes  ednirfoeccatodso e an  eels eonst oorbnjoe tuivrobsa nyo  udne   BOE-A-cable e
Bilbao, por el carácter de proyecto modelo a seguir en otros entornos urbanos. Se 
considera que es necesario apoyar financieramente este tipo de iniciativas, lo antes 
posible,  y  no  desperdiciar  la  oportunidad  de  ofrecer  ese  apoyo  para  sostenerlas 
financieramente siguiendo las recomendaciones del mencionado informe del CER y las 
orientaciones planteadas en el PNIEC.
Por  este  motivo,  es  preciso  autorizar  dicha  concesión  directa  al  amparo  de  lo 
establecido en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, que establece que podrán concederse de forma directa, con carácter 
excepcional,  subvenciones  en  que  se  acrediten  razones  de  interés  público,  social, 
económico  o  humanitario,  u  otras  debidamente  justificadas,  que  dificulten  su 
convocatoria pública y del artículo 28.2 de la citada ley que determina que el Gobierno 
aprobará por real decreto, a propuesta del ministro competente y previo informe del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, las normas especiales reguladoras de dicha 
subvención.
Este real decreto cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad  jurídica,  transparencia,  y  eficiencia,  contenidos  en  el  artículo  129  de  la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.
En este sentido, esta norma es necesaria y eficaz para poder desarrollar las referidas 
competencias en materia de medio ambiente, por razones de interés público y por su 
evidente eficacia para fomentar este tipo de actuaciones como base para implantar este 
tipo de tecnología y desarrollo urbano en el marco de la prioridad de la lucha contra el 
cambio climático compatible con un desarrollo urbano sostenible, coherente con una 
economía baja en carbono. Es necesario fomentar para ello este tipo de actuaciones. 
Asimismo, esta norma resulta proporcional porque es el instrumento necesario para la 
consecución  de  las  finalidades  previstas,  como  permite  constatar  la  experiencia 
resultante de la concesión de ayudas para la actuación pública de referencia desde que 
se vienen otorgando.
La norma se adecua al principio de seguridad jurídica, puesto que posibilita la 
concesión de las subvenciones que constituyen su objeto con pleno respeto al marco 
legal aplicable y en particular a la normativa aplicable a las subvenciones públicas.
Por último, en aplicación del principio de transparencia se ha definido claramente su 
alcance y objetivo; atiende asimismo al principio de eficiencia, pues no supone cargas 
administrativas accesorias y contribuye a la gestión racional de estos recursos públicos 
existentes.
En su tramitación se ha recabado informe de la Abogacía del Estado, de la Oficina 
Presupuestaria,  de  la  Secretaría  General  Técnica  del  Ministerio  para  la  Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática y del Ministerio de Política Territorial. Asimismo, en 
cuanto al trámite previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, se 
ha dado audiencia a la entidad beneficiaria de la subvención objeto de la norma con el fin 
que  manifestara  su  conformidad  con  la  misma  o,  en  su  caso,  formulara  las 
observaciones correspondientes.
Este real decreto se adecúa al orden de distribución de competencias, al dictarse al 
amparo de lo dispuesto en las reglas 13.ª, 23.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución 
Española, que atribuyen al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica; la legislación básica sobre protección del 
medio  ambiente,  sin  perjuicio  de  las  facultades  de  las  Comunidades  Autónomas  de  s
establecer normas adicionales de protección, así como las bases del régimen minero y  oe.
energético, respectivamente. w.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la  285ww
MTriannisstircaió dne  EHcaoclóiegnicdaa  yy  eFlu Rnceitóon  DPeúmbloicgará, fyic op,r ecvoian  dlae liabperroabcaiócnió dne pl rCeovinas eej oin dfoer mMein idsetr olas 
en su reunión del día 2 de noviembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto.
Este real decreto tiene por objeto la regulación de la concesión directa de una 
subvención,  con  carácter  excepcional  y  por  razones  de  interés  público  y  social,  al 
Ayuntamiento de Bilbao para el desarrollo de actuaciones medioambientales y de lucha 
contra el cambio climático en el entorno urbano, en determinados espacios urbanos 
considerados microclimas urbanos.
Artículo 2.  Régimen jurídico aplicable.
Esta subvención se regirá, además de por lo particularmente dispuesto en este real 
decreto y en la resolución de concesión, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, y por 
lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten de 
aplicación.
Artículo 3.  Entidad beneficiaria y actuaciones a financiar.
1.  La entidad beneficiaria de esta subvención es el Ayuntamiento de Bilbao. Dicho 
Ayuntamiento llevará a cabo el desarrollo de actuaciones medioambientales y de lucha 
contra el cambio climático en determinados espacios urbanos considerados microclimas 
urbanos, tratándose de actuaciones que permitan un desarrollo urbano compatible con la 
reducción  de  emisiones  de  gases  efecto  invernadero,  fomentando  una  tipología  de 
desarrollo urbano que coadyuve a las prioridades de lucha contra el cambio climático 
recogidas en el Pacto Verde Europeo y en las recomendaciones específicas para las 
Corporaciones Locales del Comité Europeo de las Regiones, y a implantar proyectos 
concretos de ese tipo en la ciudad de Bilbao.
2.  Esta entidad desarrollará las siguientes actuaciones:
a)  Proyecto de naturalización de la calle María Díaz de Haro: incremento de la 
infraestructura verde municipal mediante la creación de un gran corredor verde de más 
de un kilómetro que une dos grandes parques urbanos, con una implantación importante 
de arbolado de porte de distintas especies y sistemas urbanos de drenaje sostenible, 
como solución de regulación de agua basada en la naturaleza que recirculará el agua del 
riego,  y  crea  de  manera  directa  más  de  4.000  m2  nuevos  de  espacios  parque 
estanciales, reduciendo a menos de la mitad el tráfico rodado e incorporando un carril 
bici a lo largo del todo el proyecto conectado con la red reciclable de la ciudad por un 
importe de 900.000 euros. El proyecto de naturalización incluirá la implantación de 
estructuras para el refugio, alimento y reproducción de la fauna urbana.
b)  Proyecto de climatización por geotermia en Zorrozaure: ejecución de un sistema 
de climatización por geotermia en Zorrozaure, mediante la realización una serie de pozos 
que  ocuparán  parte  de  la  parcela  del  pabellón  industrial  de  los  antiguos  astilleros 
Zamkona. El proyecto se remata con la urbanización del entorno, creando un espacio 
estancial de los dos edificios municipales. La urbanización del entorno se desarrollará 
teniendo en cuenta criterios de biodiversidad e incremento de la infraestructura verde  e.
municipal. El proyecto tiene un coste previsto de 1.891.872 euros, y para el que se  w.b
aprueba una ayuda de 605.600 euros. 285ww
Móvcil)  deP rEolyoercriteot ad, ec ogmenoe rmacicióron- edóeli cean eurrgbíaan are neonv aebnlteo:r ntaons tod efo ltao vroíalt a(iEcalo, rreient ae l yP Paruqnutae 
dZeo r8ro7t8z.a7)0, 0P eaurqrouse,  pMaórav ile ld qeu eM sireib aillpar uye bPaa ruqnuae  aMyuódvail  pdoer  eKsoeb emtaissm coo inm puonr tceo.ste previsto
d)  Electrificación del transporte público, con ampliación del parque de autobuses 
eléctricos o híbridos enchufables, para lo que se aprueba una ayuda de 615.700 euros.
Artículo 4.  Procedimiento de concesión.
1.  Se autoriza la concesión directa de esta subvención, en aplicación de lo previsto 
en  el  artículo  22.2.c)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  en  relación  con  lo 
establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha ley, por concurrir razones de 
interés público y social.
2.  La concesión de la subvención se efectuará por resolución de la persona titular 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y se abonará de una 
sola vez con carácter anticipado para la financiación de las actuaciones referidas en el 
artículo 3, de conformidad con el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3.  El pago de la subvención se hará sin necesidad de constitución de fianza o 
garantía, de conformidad con lo previsto en el artículo 42.2.a) del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4.  La información sobre la subvención concedida al amparo de este real decreto se 
hará constar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en los términos y a 
los efectos previstos en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 
en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
5.  En el plazo de quince días desde la presentación de la solicitud de subvención la 
entidad beneficiaria acreditará mediante declaración responsable el cumplimiento de las 
obligaciones por reintegro de subvenciones, así como de no estar incursa en ninguna de 
las  causas  de  prohibición  de  la  obtención  de  la  subvención.  Del  mismo  modo  se 
acreditará el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social conforme 
a lo previsto en el artículo 24.6 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 5.  Obligaciones del beneficiario.
1.  La entidad beneficiaria de la ayuda establecida en este real decreto estará sujeta 
a las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y resto de normativa aplicable.
2.  De conformidad con el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, la entidad beneficiaria podrá autorizar al órgano competente para 
consultar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria si se encuentra al corriente de 
sus obligaciones tributarias.
La  presentación  de  la  solicitud  de  subvención  conllevará  la  autorización  del 
solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las 
circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones,  aprobado  por  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  a  través  de 
certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente 
certificación.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo 
aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado 
Reglamento.
3.  Asimismo, la entidad beneficiaria llevará a cabo las actuaciones previstas en el 
artículo 3, de acuerdo con las condiciones adicionales que en su caso establezca la  es
resolución a que hace referencia el artículo 4.2. bo
4.  Serán elegibles las actividades ejecutadas entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de  285ww
ldaairsctí ice5aum.cl otbu rS3ae.ci  ipdooenr e 2csa 0su2us2ba vsye  dnpecabioriadn aalmadsae sna teecnt uj uaesclt iiofpinclaaezdso a ysin  ndcooic nafu deeorl  aec pnoo sesteli b alyep  aearjyetaucdduoata  ari nnedtneic rsaioudr o,t oso t aefluinde aredal    OE-A-2021-18able en https://
necesaria  alguna  modificación  sustancial  de  las  actuaciones  especificadas  en  el
artículo 3, o redistribuir el importe de la ayuda asignada a cada uno de estos proyectos, 
deberá dirigirse solicitud de modificación del plazo de ejecución, de las actuaciones a 
financiar o de la distribución de la ayuda a la persona titular del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la debida antelación al fin del período 
elegible o de las modificaciones que hubiera que incluir. Dicha solicitud se considerará 
autorizada por el transcurso de un mes sin haberse notificado resolución expresa, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La resolución de la solicitud de modificación a que hace referencia el apartado 
anterior pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la persona titular del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien podrá ser impugnada directamente 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 123 y siguientes de la citada ley.
Artículo 6.  Publicidad.
En  las  actuaciones  que  se  lleven  a  cabo,  en  todo  o  en  parte,  mediante  esta 
subvención, que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, deberá 
mencionarse al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como 
entidad financiadora, para dar adecuada publicidad al carácter público de la financiación, 
conforme a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones,  aprobado  por  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio.  La  entidad 
beneficiaria, en todo el material que, en su caso, deba ser impreso, así como en la 
difusión que se haga por cualquier soporte de las actividades derivadas de la subvención 
concedida,  deberá  hacer  constar  la  colaboración  del  Ministerio  para  la  Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico y hacer figurar expresamente sus logotipos, según el 
formato que le indique el órgano concedente.
Artículo 7.  Cuantía y financiación.
1.  El importe de la subvención prevista es de 3.000.000,00 de euros. Para su 
financiación se dotará la oportuna partida presupuestaria de nueva creación que se 
habilitará  tras  la  aprobación  de  este  real  decreto,  mediante  la  tramitación  de  la 
correspondiente modificación presupuestaria.
2.  Esta aportación será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos procedentes de cualquier administración pública, de otros entes públicos o 
privados, de la Unión Europea o de organismos internacionales que obtenga la entidad 
beneficiaria para la misma o similar finalidad.
3.  El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo 8.  Justificación.
1.  La justificación de esta subvención por el Ayuntamiento de Bilbao se realizará 
ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
2.  La  justificación  de  la  subvención  y  de  la  aplicación  material  de  los  fondos 
percibidos se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 72 del Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en  s
el que se regula la justificación de subvenciones con aportación de justificantes de  oe.
gastos, y conforme a los términos que se establezcan en la resolución de concesión  w.
prevista en el artículo 4.2. 285ww
3.  La cuenta justificativa contendrá:
a)  Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas 
y de los resultados obtenidos.
b)  Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
recogerá la documentación incluida en el apartado 2 del artículo 72 del Reglamento de la 
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4.  Cuando las actividades hayan sido financiadas además de con esta subvención 
con  fondos  propios  u  otras  subvenciones  o  recursos,  deberá  acreditarse  en  la 
justificación  del  gasto  el  importe,  procedencia  y  aplicación  de  tales  fondos  a  las 
actividades subvencionadas, según señala el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
5.  La cuenta justificativa deberá presentarse como máximo en el plazo de tres 
meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.
Artículo 9.  Incumplimientos y reintegros.
1.  Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y,  en  su  caso,  de  los 
intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  En el supuesto de cumplimiento parcial de la actividad, la fijación de la cantidad 
que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, 
y  teniendo  en  cuenta  el  hecho  de  que  el  citado  incumplimiento  se  aproxime 
significativamente al cumplimiento total y se acredite por la entidad beneficiaria una 
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
3.  El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III de su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4.  El  órgano  concedente  será  el  competente  para  exigir  el  reintegro  de  la 
subvención.
Artículo 10.  Régimen sancionador.
Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por la entidad beneficiaria se 
graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, 
de  17  de  noviembre,  y  el  título  IV  de  su  Reglamento,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 13.ª, 23.ª 
y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en 
materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las 
facultades  de  las  Comunidades  Autónomas  de  establecer  normas  adicionales  de 
protección, y sobre las bases del régimen minero y energético, respectivamente. e
Disposición final segunda.  Habilitación para el desarrollo y ejecución. 285ww
DemSoeg rháafibciolit ap aar ala  apdeorpstoanr,a  etintu lealr  ádmelb iMtoi ndisete sriuos p caoram lpae tTernacnisaisc,i ócnu aEnctoalsó gdicisap yo seicl ioRneetos 
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 2 de noviembre de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Tercera del Gobierno
y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ