BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 17 Jueves 20 de enero de 2022 Sec. TC.   Pág. 6189
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
944 Sala Segunda. Sentencia 191/2021, de 17 de diciembre de 2021. Recurso de 
amparo 4121-2020. Promovido por Juan María Urruzola Loinaz respecto de 
las sentencias de las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco y de un juzgado de ese mismo orden 
jurisdiccional  de  San  Sebastián,  que  desestimaron  su  demanda  de 
reconocimiento de la situación de gran invalidez derivada de contingencia 
común. Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de 
discapacidad: STC 172/2021 (diferencia de trato no prevista normativa y 
carente de justificación objetiva y razonable derivada exclusivamente del 
hecho de haber accedido a la situación de jubilación anticipada a causa de la 
situación de discapacidad).
ECLI:ES:TC:2021:191
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
Antonio Xiol Ríos, presidente; los magistrados don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Cándido Conde-Pumpido Tourón y don Ramón Sáez Valcárcel, y la magistrada doña 
Concepción Espejel Jorquera, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4121-2020, promovido por don Juan María Urruzola 
Loinaz, contra la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo núm. 
541/2020,  de  29  de  junio,  por  la  que  se  desestima  el  recurso  de  casación  para 
unificación de la doctrina núm. 1062-2018 interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco núm. 2293/2017, de 21 de 
noviembre,  por  la  que  se  desestima  el  recurso  de  suplicación  núm.  2124-2017 
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de San Sebastián núm. 
171/2017,  de  31  de  mayo,  pronunciada  en  el  procedimiento  sobre  incapacidad 
permanente núm. 77-2017. Han comparecido el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
y la Tesorería General de la Seguridad Social. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  Don  Juan  María  Urruzola  Loinaz,  representado  por  la  procuradora  de  los 
tribunales doña Valentina López Valero, bajo la dirección del letrado don Rafael Goiría 
González, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales mencionadas 
en el encabezamiento mediante escrito registrado en el tribunal el 31 de agosto de 2020. e
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: ww.
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de julio de 1992 hasta el 12 de enero de 2012 en que accedió a la situación de jubilación 
ordinaria anticipada por razón de su discapacidad. Encontrándose en esa situación, en el 
mes de septiembre de 2016, cuando contaba con sesenta y tres años de edad, solicitó 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que le fuera revisado su grado de 
invalidez y que le fuera reconocida la situación de gran invalidez por contingencia 
común, lo que fue denegado por resolución de 18 de octubre de 2016, confirmada por 
resolución  de  26  de  diciembre  de  2016,  al  rechazarse  la  previa  reclamación 
administrativa  formulada,  considerando  que  en  virtud  de  las  patologías  que  se 
presentaban no había lugar a revisar el grado de incapacidad reconocido.
b)  El demandante de amparo impugnó judicialmente las resoluciones del INSS, 
siendo turnada su demanda al Juzgado de lo Social núm. 4 de San Sebastián, que lo 
tramitó como procedimiento sobre incapacidad permanente núm. 77-2017. Por sentencia 
núm. 171/2017, de 31 de mayo, se aceptó la excepción formulada de falta de acción con 
fundamento  en  que,  al  estar  el  demandante  de  amparo  en  situación  de  jubilación 
ordinaria, no puede optar a una revisión de su grado de invalidez porque no está en 
situación de alta ni asimilada a la misma en el sistema de la Seguridad Social.
c)  El demandante de amparo interpuso recurso de suplicación, tramitado con el 
núm. 2124-2017 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
impugnando la apreciación de la excepción de falta de acción así como la procedencia 
de la declaración de gran invalidez y la fijación de la base reguladora aplicable. El 
recurso  fue  desestimado  por  sentencia  núm.  2293/2017,  de  21  de  noviembre,  que 
confirma la excepción de falta de acción (fundamento de Derecho tercero). No obstante, 
en los fundamentos de Derecho cuarto a séptimo, se analizan los otros motivos de 
impugnación, «a fin de que una eventual estimación de un recurso contra nuestra 
resolución considerase que nuestro criterio, en ese extremo, es el que carece de amparo 
jurídico». A esos efectos se concluye que concurre en el demandante de amparo el tipo 
legal de la gran invalidez y que no podría determinarse la base reguladora de dicha 
pensión ni la cuantía del complemento específico de la gran invalidez por no aparecer 
concretados determinados criterios en la declaración de hechos probados.
d)  El demandante de amparo interpuso recurso de casación para unificación de la 
doctrina, tramitado con el núm. 1062-2018 por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, 
que fue desestimado por su Pleno en sentencia núm. 541/2020, de 29 de junio.
La sentencia destaca que «la cuestión suscitada se centra en determinar si la 
situación de jubilación por discapacidad impide el reconocimiento de una incapacidad 
permanente» y argumenta que legalmente se excluye del acceso a la prestación de 
incapacidad permanente a quien a la fecha del hecho causante ha alcanzado la edad 
ordinaria de jubilación, prevista en el art. 205.1 a) del Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la 
Seguridad Social (LGSS) y reúna los requisitos para su reconocimiento. A esos efectos, 
se expone que el elemento configurador de la protección por jubilación referido a la edad 
de  acceso  puede  verse  alterado  configurando  otra  modalidad  de  protección  de  la 
contingencia como ocurre en los supuestos en que la edad ordinaria pasa a ser otra 
diferente en razón de la actividad profesional o de la situación física del trabajador. De 
ese modo, la sentencia afirma que la expresión legal referida a la rebaja o reducción de 
la edad ordinaria de jubilación no puede entenderse en otro sentido que en el de sustituir 
el número de años de la general u ordinaria por otra que, en definitiva, también viene a 
constituirse  como  edad  ordinaria  de  jubilación  establecida  para  los  supuestos 
expresamente contemplados. Por ello, aunque la denominación de esa jubilación vaya  e.
acompañada en el texto legal del término «anticipada», esa edad no deja de ser una  w.b
edad ordinaria para el colectivo al que se le aplica. 4w
en eLllaa  seennttreen ecnia  juceognocl ucyoem qou ree q«ulais pitore sptaarcai ósnu  dree cionncaopciamciiednatdo  peel rnmoa noestnetnet,a er nla t aendtaod q duee 
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específicos, en donde el número de años de edad del art. 205.1 a) se ve sustituido por el
allí establecido. La remisión que hace el citado precepto al art. 205.1 a) no lo es a un 
simple guarismo, sino que dicho número, referido a la edad de una persona, se vincula 
también a una contingencia; esto es, la edad lo es en tanto exista la posibilidad de 
generar la pensión de jubilación, de forma que, sin dicha posibilidad, la edad de sesenta 
y siete años (o la que corresponda) no impediría el reconocimiento de la incapacidad 
permanente, tal y como dispone el ya citado art. 196.5 de la LGSS» (fundamento de 
Derecho quinto.4).
La sentencia incluye un voto particular formulado por dos magistradas en que se 
sostiene que la interpretación defendida incurre en una discriminación por razón de 
discapacidad, ya que se está denegando la posibilidad de acceder a las prestaciones de 
incapacidad  permanente,  por  haber  accedido  a  la  jubilación  anticipada  por  tener 
reconocida  una  situación  de  discapacidad,  mientras  que  se  reconoce  a  jubilados 
anticipados por circunstancia distinta de la discapacidad, a pesar de que la norma que 
disciplina  el  acceso  a  las  prestaciones  de  incapacidad  permanente  no  establece 
distinción alguna respecto a las diferentes modalidades de jubilación anticipada y no 
exista razón objetiva que justifique ese distinto tratamiento.
3.  El demandante de amparo solicita que se estime el recurso por vulneración del 
derecho a la igualdad y prohibición de discriminación por razón de discapacidad (art. 14 
CE), declarándose la nulidad de las sentencias dictadas en suplicación y casación para 
declarar que se encuentra afecto a una gran invalidez o con retroacción de actuaciones, 
en su caso, a la dictada en suplicación para que se pronuncie otra respetuosa con el 
derecho fundamental reconocido.
El demandante de amparo fundamenta la invocación del art. 14 CE en que la norma 
que regula el acceso a las prestaciones de incapacidad permanente (art. 195.1 LGSS) 
no  establece  distinción  alguna  respecto  a  las  distintas  modalidades  de  jubilación 
anticipada, por lo que la interpretación sostenida en las resoluciones impugnadas, que 
implica que no existe impedimento alguno para reconocer la incapacidad a una persona 
jubilada que no tiene la edad ordinaria de jubilación al momento de solicitarla, salvo que 
se trate de un discapacitado, resulta discriminatoria y carece de una razón objetiva que 
la justifique.
El  demandante  afirma  que  el  recurso  de  amparo  tiene  especial  transcendencia 
constitucional, conforme a lo establecido en la STC 155/2009, de 25 de junio, ya que 
plantea una cuestión novedosa sobre la que no hay jurisprudencia constitucional, en lo 
relativo a si la interpretación realizada de la legislación aplicable al caso vulnera la 
prohibición de discriminación por razón de discapacidad, y tiene repercusión general 
porque afecta a un importante colectivo como es el de los jubilados anticipadamente por 
razón de su discapacidad.
4.  La Sección Tercera del tribunal, por providencia de 29 de junio de 2021, acordó 
la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que concurre una especial 
trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o faceta de un 
derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 
a)] y el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión 
jurídica de relevante y general repercusión social o económica [STC 155/2009, FJ 2 g)]; 
y, en aplicación de lo dispuesto por el art. 51 LOTC, requerir atentamente de los órganos 
judiciales  la  remisión  de  testimonio  o  copia  adverada  de  las  actuaciones  y  el 
emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que pudiesen 
comparecer en el plazo de diez días en el citado proceso de amparo. e
5.  La secretaría de justicia de la Sala Segunda del tribunal, por diligencia de  w.
oTaerddsmeoinrneaisrcítairóa nGc idóeenn  e1dr aedl  edl aes  eSlpaet iegSmuergbiduraerid dd aeSd  o2Sc0io2ac1l,i, a lae, cnyo  rnddoaómr  tbevrinseet ary  p doerer  plpareser ssaeocnnttuaaadccaiói onan  eldase  llae ltI rNaMSdinaSi  sdtyee  rilloaa    2022-944n https://w
Fiscal y a las partes personadas por un plazo común de veinte días para presentar las
alegaciones que estimasen pertinentes.
6.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 11 de octubre de 2021, formuló 
alegaciones interesando que se estime el recurso de amparo por la vulneración del 
principio de no discriminación por razón de discapacidad (art. 14 CE), con anulación de 
todas las resoluciones judiciales impugnadas y la retroacción de actuaciones al momento 
del pronunciamiento de la sentencia del juzgado de lo social para que adopte otra 
respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
El Ministerio Fiscal, tras poner de manifiesto que la invocación del derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) carece de sustantividad propia distinta a la del derecho a 
no ser discriminado por razón de discapacidad (art. 14 CE) y exponer la jurisprudencia 
constitucional sobre la materia, argumenta que la interpretación que se ha hecho en vía 
judicial de la normativa aplicable no toma en consideración el contenido esencial del 
derecho a la no discriminación, entendido como una norma o interpretación de la misma 
que no puede dar lugar a que el factor de diferenciación suponga un trato peyorativo 
para el grupo de personas amparadas por la prohibición del art. 14 CE.
A esos efectos, el Ministerio Fiscal destaca que la interpretación a la que llegan las 
sentencias  impugnadas,  entendiendo  que  el  art.  206.2  LGSS  establece  una  edad 
ordinaria de jubilación específica para los discapacitados, en sí misma es lógica y 
razonable, pero utilizar ese argumento para impedir que se extienda hasta la edad de 
sesenta y siete o sesenta y cinco años prevista en el art. 205.1 a) LGSS la posibilidad de 
concederles la pensión por incapacidad permanente del art. 195 LGSS, a pesar de que 
realmente tengan los requisitos de dependencia para tener derecho a ella, les produce 
un trato desigual perjudicial respecto del colectivo ordinario de trabajadores que pueden 
acceder a la prestación de incapacidad permanente (incluida la gran invalidez que aquí 
se reclama), aunque estén jubilados anticipadamente, siempre que no hayan alcanzado 
los sesenta y siete años, o los sesenta y cinco años en los términos establecidos por el 
art. 205.1 a) y la disposición transitoria séptima de la LGSS. El hecho de que los 
discapacitados tengan derecho a la pensión por jubilación completa a una edad inferior a 
la  de  los  demás  trabajadores  no  resulta  suficiente  para  justificar  la  interpretación 
cuestionada, ya que sería necesario que el precepto legal que regula la concesión de la 
prestación por incapacidad permanente no permitiera una interpretación diferente a la 
perjudicial para los discapacitados. En ese sentido, concluye el Ministerio Fiscal que los 
arts. 195 y 205 LGSS pueden ser interpretados de modo que no den lugar a una 
diferencia entre personas discapacitadas y las que no lo son, pues ni el art. 195 cuando 
se remite al 205 LGSS, ni este cuando establece las edades límite de sesenta y cinco o 
sesenta y siete años, hacen ninguna mención a las personas discapacitadas, luego de 
estos preceptos no resulta el establecimiento por la ley de una diferencia de trato para 
los discapacitados. Por lo tanto, siendo posible y también razonable una interpretación 
distinta, conforme con el contenido esencial del derecho a la no discriminación, que evite 
un trato diferente y perjudicial para el colectivo discapacitado, se considera que se ha 
vulnerado el art. 14 CE.
7.  La parte comparecida, por escrito registrado el 8 de octubre de 2021, formuló 
alegaciones solicitando la desestimación del recurso, argumentando que no concurre la 
vulneración aducida del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), ya que las 
resoluciones judiciales incluyen una detallada exposición de las razones jurídicas en que 
se  fundamenta  el  fallo  que  no  está  incursa  en  ningún  defecto  constitucional  de 
motivación;  ni  tampoco  del  art.  14  CE,  porque  la  situación  de  los  trabajadores 
discapacitados no es comparable, a efectos del acceso a la pensión de incapacidad 
permanente con anterioridad a la edad ordinaria de jubilación, con la situación del resto  e.
de trabajadores, por lo que no se aporta un término de comparación apto. w.b
form8u. ló Ealle dgeamciaonndeas nrtaet ifdiceá nadmopsaer oe,n p laosr  eesxcpruiteos traesg iesntr asduo e secl r2it9o  ddee  dseemptaienmdbar.e de 2021,
9.  Por providencia de 14 de diciembre de 2021, se señaló para deliberación y
votación de la presente sentencia el día 17 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso.
El objeto de este recurso es determinar si vulnera el derecho a la no discriminación 
por razón de discapacidad (art. 14 CE), la interpretación sustentada por las resoluciones 
judiciales impugnadas del art. 195.1, en relación con los arts. 205.1 y 206.2 del Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley general de la Seguridad Social (LGSS), conforme a la cual no cabe el acceso a la 
prestación  por  incapacidad  permanente  desde  la  situación  de  jubilación  anticipada 
voluntaria por discapacidad en porcentaje superior al 65 por 100, por una persona que 
todavía no ha alcanzado la edad ordinaria de jubilación, a pesar de que para cualquier 
otra situación de jubilación anticipada voluntaria el único límite para que se reconozca el 
derecho  a  prestaciones  de  incapacidad  permanente  derivadas  de  contingencias 
comunes es la edad ordinaria de jubilación.
2.  Jurisprudencia constitucional establecida por la STC 172/2021, de 7 de octubre.
Esta cuestión ya ha sido objeto de resolución en la STC 172/2021, de 7 de octubre, 
en que el Pleno del tribunal resolvió un recurso de amparo en un caso idéntico en que 
fue impugnada una sentencia que se remitía expresamente a la sentencia de la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo que es objeto del presente recurso de amparo. El tribunal 
concluyó en dicha resolución que la interpretación de las resoluciones impugnadas 
produce  como  resultado  una  discriminación  no  justificada  para  las  personas  con 
discapacidad,  ya  que,  conforme  a  ese  criterio  interpretativo,  toda  persona  que  se 
encuentre en situación de jubilación anticipada podría acceder a una prestación por 
incapacidad permanente mientras no haya cumplido la edad ordinaria de jubilación, salvo 
las personas con discapacidad, generando con ello una diferencia de trato no prevista en 
la norma, sin justificación objetiva y razonable, derivada exclusivamente del hecho de 
haber accedido a una situación de jubilación anticipada precisamente por su situación de 
discapacidad [FJ 4 d)].
3.  Decisión del tribunal.
En coherencia con dicho pronunciamiento resulta procedente la estimación de este 
recurso de amparo por la vulneración aducida del derecho a no sufrir discriminación por 
razón de discapacidad (art. 14 CE). La estimación del amparo lleva consigo la anulación 
de todas las resoluciones judiciales impugnadas con la retroacción de actuaciones al 
pronunciamiento de la sentencia del Juzgado de lo Social para que se haga de manera 
respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo a don Juan María Urruzola Loinaz y, en consecuencia:
1.º  Reconocer el derecho del demandante de amparo a no ser discriminado por  e.
razón de su discapacidad (art. 14 CE). w.b
núm2. .º 4 Rdees taSbalenc eSr esbua sdteiárenc hnoú my, .a  1ta7l1 f/i2n0, 1a7n,u ladre l a3 s1e ndteen cmiaa dyeol,  Jupzrognaudnoc diaed alo  Seno cieall 
lpor oScoecdiiaml iednetlo T sriobburnea iln Scauppaecriiodra dd ep eJrumsatinceian tdee nl úPma.í s7 7V-a2s0c1o7 ;n lúam s.e 2n2te9n3c/i2a0 1d7e,  lad eS a2l1a  ddee 
noviembre, pronunciada en el recurso de suplicación núm. 2124-2017, y la sentencia de
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo núm. 541/2020, de 29 de junio, pronunciada en 
el recurso de casación para unificación de la doctrina núm. 1062-2018.
3.º  Ordenar la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior 
al pronunciamiento de la primera de las resoluciones anuladas a fin de que se haga de 
forma respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.–Juan Antonio Xiol 
Ríos.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–Ramón  Sáez 
Valcárcel.–Concepción Espejel Jorquera.–Firmado y rubricado.