BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 310 Lunes 27 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 163639
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
21472 Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Justicia, por la que se publica el Convenio entre el Centro de Estudios 
Jurídicos y la Comunidad de Madrid, para la colaboración en materia de 
cursos selectivos y actividades formativas de médicos forenses.
Con fecha 16 de diciembre de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Centro de 
Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia y la Comunidad de Madrid (Consejería de 
Presidencia, Justicia e Interior) para la colaboración en materia de cursos selectivos y 
actividades formativas de Médicos Forenses.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 20 de diciembre de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián 
Rodríguez Esquerdo. 
ANEXO
Convenio entre el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia y la 
Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia, Justicia e Interior), para la 
colaboración en materia de cursos selectivos y actividades formativas 
de médicos forenses
REUNIDOS
De una parte, doña María Abigail Fernández González, directora del Centro de 
Estudios Jurídicos, organismo autónomo y en lo sucesivo CEJ, nombrada por Orden 
JUS/95/2020 de 6 de febrero, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1.j) del Estatuto 
del CEJ, aprobado por Real Decreto 312/2019, de 26 de abril.
Y de otra, don Enrique López López Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de 
la  Comunidad  de  Madrid,  nombrado  por  Decreto  43/2021,  de  19  de  junio,  de  la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, actuando en el ejercicio de las facultades que le 
confiere el Decreto 42/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la 
Comunidad de Madrid y el Decreto 191/2021, de 3 de agosto, del Consejo de Gobierno, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior y en virtud del artículo 3.2.a) del Decreto 48/2019, de 10 de junio, del Consejo de 
Gobierno, por el que se regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid y 
del artículo 41.a) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de 
la Comunidad de Madrid.
Ambas partes, intervienen en función de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de 
las facultades que tienen conferidas para convenir en nombre y representación de sus 
instituciones, e.
EXPONEN 472ww
1.  Que el CEJ es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Justicia, que
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Justicia, las políticas de selección y formación de los funcionarios pertenecientes a los
Cuerpos  de  los  Letrados  de  la  Administración  de  Justicia,  Médicos  Forenses, 
Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y demás personal 
al servicio de la Administración de Justicia. Dicha colaboración se extenderá también a la 
formación continuada de los Abogados del Estado en el marco de los planes que elabore 
la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado».
Asimismo, para el cumplimiento de sus objetivos el artículo 3.2.a) de su Estatuto 
establece  que  el  CEJ  podrá  «celebrar  convenios  de  colaboración  con  los  órganos 
correspondientes  de  las  comunidades  autónomas  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 
competencias».
2.  Por  otra  parte,  el  Instituto  de  Medicina  Legal  y  Ciencias  Forenses  de  la 
Comunidad de Madrid, creado por Decreto 37/2006, de 4 de mayo, del Consejo de 
Gobierno, es un órgano técnico, adscrito a la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior, cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de 
su disciplina científica y técnica, conforme a lo dispuesto en el artículo 479.1 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el artículo 1 del Reglamento de los 
Institutos de Medicina Legal, aprobado por Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo y en el 
artículo 1 del Reglamento del Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid, 
aprobado por Decreto 37/2006, de 4 de mayo. Para ello, se le atribuyen las siguientes 
funciones:
a)  Auxiliar a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del registro civil mediante la 
práctica de pruebas periciales médicas, tanto tanatologícas como clínicas y de laboratorio.
b)  Realizar actividades de docencia e investigación en las distintas áreas de la 
Medicina Forense.
Por Orden 12/2020, de 21 de enero, Consejería de Justicia Interior y Víctimas, se 
dispuso la entrada en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
En el artículo 15 del Decreto 37/2006, de 4 de mayo, se recoge que el Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad de Madrid colaborará con las 
Universidades u otras instituciones, públicas o privadas, y actuará como centro de 
formación permanente de los médicos forenses a través de los convenios y demás 
instrumentos de cooperación que se acuerden por el titular de la Consejería competente 
en materia de Justicia.
Por  la  Comunidad  de  Madrid  se  asumieron  las  competencias  en  materia  de 
Administración de Justicia en virtud de los Reales Decretos 600/2002, de 1 de julio, 
y  1429/2002,  de  27  de  diciembre,  sobre  traspaso  de  funciones  y  servicios  de  la 
Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de provisión de medios 
materiales, económicos y personales para el funcionamiento de la Administración de 
Justicia.
3.  Que este Convenio quiere establecer un modelo de colaboración en materia de 
cursos selectivos y de actividades formativas dirigidos a funcionarios en prácticas que 
aspiran a ingresar en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses o funcionarios de dicho 
cuerpo, de acuerdo con el régimen jurídico vigente.
4.  Que al estar ambas partes interesadas acuerdan suscribir este Convenio, que se 
formaliza con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto. e.e
Este Convenio tiene por objeto articular la colaboración entre el CEJ y la Comunidad  472ww
de Maa) dreidn: materia de cursos selectivos, para funcionarios en prácticas que aspiran a
Jinugsrteicsiaar o e pno re el l Cteurerirtoproio  Naauctoionnóaml icdoe)  yMédicos Forenses (por el territorio Ministerio de  BOE-A-cable e
b)  en materia de actividades formativas, dirigidas a funcionarios de dicho cuerpo, 
bien dependan del Ministerio de Justicia o de dicha Comunidad Autónoma.
Segunda.  Compromisos de las partes.
Las partes asumen los siguientes compromisos:
1.  Selección.  En  virtud  de  este  Convenio  y  de  acuerdo  con  los  principios  de 
colaboración institucional entre Administraciones Públicas, de economía y eficiencia del 
gasto público y de optimización de los recursos públicos, las partes firmantes podrán 
acordar en cada ejercicio, mediante resolución conjunta de la Comisión de Seguimiento 
de la cláusula cuarta, que los funcionarios en prácticas que aspiran a ingresar en el 
Cuerpo  Nacional  de  Médicos  Forenses  y  que  correspondan  a  cada  parte  firmante 
puedan incorporarse con plenos efectos jurídicos al curso selectivo que, en su caso, 
organice la otra parte firmante.
La incorporación al curso selectivo de funcionarios en prácticas de la otra parte 
firmante del Convenio implicará que éstos se rijan por la programación de la parte 
firmante que organiza el curso selectivo, según la convocatoria del proceso selectivo.
A su vez, la parte que organiza el curso selectivo evaluará a los funcionarios en 
prácticas de la otra parte firmante (tanto la formación teórico-práctica como las prácticas 
tuteladas) y remitirá esas evaluaciones a la otra parte firmante.
La Comisión de Seguimiento establecida en la cláusula cuarta de este Convenio 
determinará anualmente, mediante acuerdo, si los funcionarios en prácticas del ámbito 
competencial de una de las partes firmantes se incorporarán o no al curso selectivo que, 
en su caso, organice la otra parte firmante.
2.  Formación. Ambas partes firmantes podrán abrir las actividades formativas que 
organicen en cada ejercicio anual de acuerdo con su respectivo Plan de Formación a la 
participación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses del ámbito 
competencial de la otra parte firmante.
Se incluyen aquí tanto actividades formativas presenciales como en línea.
La  Comisión  de  Seguimiento  de  la  cláusula  cuarta  determinará  anualmente, 
mediante acuerdo, el número y denominación de las actividades formativas de cada 
parte que se abre a la participación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Médicos 
Forenses del ámbito competencial de la otra parte firmante.
La parte firmante que organice las actividades formativas será la responsable de 
certificar la asistencia o/y aprovechamiento de los funcionarios del ámbito competencial 
de la otra parte firmante, siempre que estos asistentes hayan acudido al 100 % de la 
duración total de cada actividad (para actividades presenciales) o que los participantes 
en el curso en línea lo hayan superado (para cursos en línea).
Las partes llevarán a buen fin por todos los medios las actividades de formación 
programadas, manteniendo para ello cuantos contactos e intercambios sean precisos, 
además de los propios de la Comisión de Seguimiento establecida en la cláusula cuarta 
de este Convenio.
3.  Cesión de espacios con fines formativos. Adicionalmente, cada parte firmante se 
compromete  a  ceder  espacios  (sedes,  servicios  e  instalaciones  como  centros  de 
menores, instituto anatómico forense, centros de salud…) con fines formativos para:
a)  la organización de cursos selectivos dirigidos a funcionarios en prácticas que 
aspiren a ingresar en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y que gestione la otra  s
parte firmante. oe.
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administrativo y el control de cada una de las actividades que se desarrollen.
Tercera.  Financiación.
Este  Convenio  no  conlleva  obligaciones  ni  compromisos  de  gasto  adicionales 
aparejados para el presupuesto del CEJ ni para la Comunidad de Madrid.
En el caso de los cursos selectivos (cláusula Segunda.1), la parte firmante que 
incorpore a sus funcionarios en prácticas en el curso selectivo que organice la otra parte 
firmante seguirá siendo la responsable del abono de las nóminas de sus funcionarios en 
prácticas (capítulo 1) y de todas las indemnizaciones por razón de servicio (capítulo 2) a 
las que tuvieran derecho estos funcionarios en prácticas o por cualquier otro gasto que 
pudiera originarse por la asistencia al curso selectivo de la otra parte firmante.
En el caso de las actividades formativas (cláusula Segunda.2), la parte firmante que 
incorpore a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de su ámbito 
competencial en las actividades formativas que organice la otra parte firmante seguirá 
siendo la responsable del abono de todas las indemnizaciones por razón de servicio 
(capítulo 2) a las que tuvieran derecho estos funcionarios o por cualquier otro gasto que 
pudiera originarse por su asistencia a las actividades formativas de la otra parte firmante.
La cesión de espacios entre las partes firmantes tendrá siempre un carácter gratuito.
Cuarta.  Comisión de seguimiento.
Se crea una Comisión de seguimiento de este Convenio, integrada por 4 miembros, 
designados por los firmantes de cada parte:
– 2 miembros por parte del CEJ.
– 2 por parte de la Comunidad de Madrid.
Entre las funciones que corresponden a la Comisión de seguimiento se incluyen:
a)  Determinar anualmente, mediante acuerdo, si los funcionarios en prácticas del 
ámbito competencial de una de las partes firmantes se incorporarán o no al curso 
selectivo que, en su caso, organice la otra parte firmante.
b)  Determinar anualmente, mediante acuerdo, el número y denominación de las 
actividades formativas incluidas en el Plan de Formación de médicos forenses de cada 
parte que se abre a la participación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Médicos 
Forenses del ámbito competencial de la otra parte firmante. La Comisión indicará el 
título, la fecha, la sede, el número de plazas previstas, el programa mínimo de cada 
actividad formativa, así como el presupuesto correspondiente.
c)  Realizar  el  seguimiento  y  evaluación  del  desarrollo  del  Convenio  y  de  las 
actuaciones que se establezcan.
d)  Impulsar las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes para la 
más adecuada consecución de los objetivos formativos.
e)  Interpretar el Convenio y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.
La Comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las reuniones 
y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II del título 
preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público, 
que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.
Quinta.  Difusión.
Las partes darán la adecuada difusión por sus canales habituales (publicaciones,  e.
web,  redes  sociales,  etc.)  a  los  cursos  selectivos  y  actividades  formativas  en  que  w.
participen funcionarios de ambas partes firmantes. 472ww
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Sexta.  Duración.
El presente Convenio tendrá una duración de cuatro (4) años y resultará eficaz una 
vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y asimismo será publicado en el plazo de diez días 
hábiles en el «Boletín Oficial del Estado» sin perjuicio de su publicación facultativa en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».
Será prorrogable por otros cuatro (4) años siempre que las partes acuerden la 
prórroga antes del fin de la vigencia del Convenio.
Séptima.  Modificación y causas de extinción.
Este Convenio podrá modificarse por acuerdo unánime de las partes a través de la 
suscripción de la correspondiente adenda modificativa.
Serán causas de extinción del Convenio, el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución:
a)  El  transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado su 
prórroga.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que se cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
Convenio.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados, de acuerdo con los 
criterios que se determinen por la Comisión de seguimiento.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Imposibilidad sobrevenida de cumplimiento del objeto del Convenio.
f)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
otras leyes.
La resolución del Convenio no afectará a la finalización de las actividades que 
estuvieran en ejecución, que deberán realizarse en el plazo improrrogable fijado por la 
Comisión de Seguimiento del Convenio.
Octava.  Régimen Jurídico del Convenio.
El presente Convenio de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecución, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio 
deberán solventarse de mutuo acuerdo de las partes en el seno de la Comisión de  e
Seguimiento constituida conforme a lo previsto en la cláusula cuarta. En el supuesto de  bo
cuestiones litigiosas que no hayan sido solucionadas por la Comisión serán sometidas al  472ww
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Novena.  Publicidad y transparencia.
Este Convenio se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y se inscribirá en el 
Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Previamente, y con carácter facultativo, se podrá publicar en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid».
Asimismo, se publicará en el Portal de la Transparencia del Gobierno de España, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno (BOE de 10 de diciembre). Igualmente, también 
se publicará en el Portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid la información 
exigida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en la Ley 10/2019, de 10 de abril, de 
Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.
Décima.  Protección de datos.
Las partes firmantes vendrán obligadas en materia de protección de datos a cumplir 
con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva  95/46/CE  (Reglamento  general  de  protección  de  datos),  con  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales y con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.
De conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las atribuciones de que son 
titulares  los  firmantes,  suscriben  el  presente  Convenio.–La  Directora  del  Centro  de 
Estudios Jurídicos, María Abigail Fernández González.–El Consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López López.