BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 106 Jueves 16 de abril de 2020 Sec. I.   Pág. 29037
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
4474 Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Las Cortes de Castilla-La Mancha, han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo 
la siguiente Ley.
ÍNDICE
Exposición de motivos.
Título I.  Principios y disposiciones generales.
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
Artículo 2.  Principios de la evaluación ambiental.
Artículo 3.  Actuación y relaciones entre Administraciones públicas.
Artículo 4.  Definiciones.
Artículo 5.  Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
Artículo 6.  Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental.
Artículo 7.  Supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos excluibles.
Artículo 8.  Obligaciones generales.
Artículo 9.  Falta de emisión de las declaraciones e informes ambientales.
Artículo 10.  Determinación del órgano ambiental y del órgano sustantivo.
Artículo 11.  Resolución de discrepancias.
Artículo 12.  Evaluación ambiental de planes, programas y proyectos que puedan 
afectar sobre áreas protegidas.
Artículo 13.  Relación entre la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de 
impacto ambiental.
Artículo 14.  Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
Artículo  15.  Capacidad  técnica  y  responsabilidad  del  autor  de  los  estudios  y 
documentos ambientales.
Artículo 16.  Registro de personas interesadas.
Artículo 17.  Finalización de evaluaciones ambientales contrarias a disposiciones 
normativas o por inviabilidad ambiental manifiesta.
Título II.  Evaluación ambiental.
Capítulo I.  Evaluación ambiental estratégica.
Sección 1.ª  Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica ordinaria para la 
formulación de la declaración ambiental estratégica.
Artículo 18.  Trámites y plazos de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
Artículo 19.  Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
Artículo 20.  Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas, y elaboración del documento de alcance del estudio ambiental estratégico. e
Artículo 21.  Estudio ambiental estratégico. bo
Artículo 22.  Versión inicial del plan o programa e información pública. 74ww
interAerstíacdualos .23.  Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
consAurlttíacsu lyo  e2l4a.b orRaecimónis idóen  laa lp proropmueostotar  fdineal lr deesu pltlaadno o  dpero lgar ainmfoar.mación pública y de las
Artículo 25.  Análisis técnico del expediente.
Artículo 26.  Declaración ambiental estratégica.
Artículo 27.  Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa.
Artículo 28.  Vigencia de la declaración ambiental estratégica.
Artículo 29.  Modificación de la declaración ambiental estratégica.
Sección 2.ª  Procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la 
emisión del informe ambiental estratégico.
Artículo 30.  Trámites y plazos de la evaluación ambiental estratégica simplificada.
Artículo 31.  Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada.
Artículo 32.  Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas.
Artículo 33.  Informe ambiental estratégico.
Artículo 34.  Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa.
Artículo 35.  Modificación del informe ambiental estratégico.
Capítulo II.  Evaluación de impacto ambiental de proyectos.
Sección 1.ª  Procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria para la 
formulación de la declaración de impacto ambiental.
Artículo 36.  Trámites y plazos de la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Artículo  37.  Actuaciones  previas:  consultas  a  las  Administraciones  públicas 
afectadas y a las personas interesadas y elaboración del documento de alcance del 
estudio de impacto ambiental.
Artículo 38.  Estudio de impacto ambiental.
Artículo 39.  Presentación del estudio de impacto ambiental ante el órgano sustantivo.
Artículo 40.  Información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental.
Artículo 41.  Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas.
Artículo 42.  Remisión al promotor del resultado de la información pública y de las 
consultas.
Artículo 43.  Revisión del expediente por el órgano sustantivo y remisión al órgano 
ambiental.
Artículo 44.  Inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Artículo 45.  Análisis técnico del expediente.
Artículo 46.  Declaración de impacto ambiental.
Artículo 47.  Autorización del proyecto y publicidad.
Artículo 48.  Vigencia de la declaración de impacto ambiental.
Artículo 49.  Modificación de las condiciones de la declaración de impacto ambiental.
Artículo 50.  Evaluación de impacto ambiental ordinaria y operaciones periódicas.
Sección 2.ª  Evaluación de impacto ambiental simplificada.
Artículo 51.  Trámites y plazos de la evaluación de impacto ambiental simplificada.
Artículo 52.  Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada.
Artículo 53.  Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas.
Artículo 54.  Informe de impacto ambiental.
Artículo 55.  Prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental. s
Artículo 56.  Autorización del proyecto y publicidad. oe.
Artículo 57.  Modificación del informe de impacto ambiental. w.
Artículo 58.  Evaluación de impacto ambiental simplificada y operaciones periódicas. 74ww
Sección 3.ª  Coordinación de la evaluación de impacto ambiental con la autorización 
ambiental integrada.
Artículo 59.  Ámbito de aplicación de esta sección.
Artículo  60.  Trámites  conjuntos  de  la  autorización  ambiental  integrada  y  la 
evaluación de impacto ambiental.
Sección 4.ª  Coordinación de la evaluación de impacto ambiental con los trámites 
administrativos de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Artículo 61.  Ámbito de aplicación de esta sección.
Artículo  62.  Coordinación  con  los  trámites  administrativos  de  las  actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Título III.  Seguimiento y régimen sancionador.
Capítulo I.  Seguimiento.
Artículo 63.  Seguimiento de las declaraciones ambientales estratégicas y de los 
informes ambientales estratégicos.
Artículo  64.  Seguimiento  de  las  declaraciones  de  impacto  ambiental  y  de  los 
informes de impacto ambiental.
Artículo 65.  Vigilancia e inspección por el órgano ambiental.
Capítulo II.  Régimen sancionador.
Artículo 66.  Potestad sancionadora.
Artículo 67.  Sujetos responsables de las infracciones.
Artículo 68.  Infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental.
Artículo  69.  Sanciones  correspondientes  a  las  infracciones  en  materia  de 
evaluación de impacto ambiental.
Artículo 70.  Concurrencia de sanciones.
Artículo 71.  Medidas de carácter provisional.
Disposición adicional primera.  Acumulación de procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental.
Disposición adicional segunda.  Régimen supletorio y tramitación electrónica.
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Disposición final primera.  Autorización de desarrollo.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Anexos:
Anexo I.  Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el 
título II, capítulo II, sección 1.ª
Anexo II.  Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el 
título II, capítulo II, sección 2.ª
Anexo III.  Criterios mencionados en el artículo 54.2 para determinar si un proyecto 
del anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Anexo IV.  Contenido del estudio ambiental estratégico.
Anexo V.  Criterios mencionados en el artículo 33 para determinar si un plan o  e.
programa debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria. w.
Anexo VI.  Estudio de impacto ambiental, conceptos técnicos y especificaciones  74ww
relativas a las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos I y II.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La evaluación ambiental es una herramienta indispensable para la protección del 
medio ambiente, buscando contribuir al desarrollo sostenible.
En primer lugar, permite incorporar los criterios de sostenibilidad en la toma de 
decisiones estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas. En una 
escala  más  precisa,  la  evaluación  de  impacto  ambiental  garantiza  una  adecuada 
prevención  de  las  repercusiones  ambientales  concretas  que  la  realización  de  los 
proyectos puede implicar, estableciendo además medidas de evitación, de corrección o 
de  compensación,  así  como  los  mecanismos  para  efectuar  el  seguimiento  de  su 
adecuada implantación.
Mediante  la  vigente  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación  ambiental, 
España mantiene y actualiza el sistema de la evaluación ambiental después de más de 
veinticinco años de aplicación, constituyendo la trasposición al ordenamiento jurídico 
español de la siguiente normativa europea:
– La Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de 
determinados planes y programas en el medio ambiente.
– La Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
La citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, pese a entrar en vigor al día siguiente de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», contemplaba en su disposición final 
undécima un plazo máximo de un año para que las Comunidades Autónomas adaptaran 
su legislación propia, trascurrido el cual pasarían a ser de aplicación con carácter básico 
los preceptos marcados como tales.
Por otro lado, la Sentencia 53/2017 del Tribunal Constitucional, de 11 de mayo 
de  2017,  resuelve  el  recurso  de  inconstitucionalidad  1410-2014  interpuesto  por  la 
Generalidad de Cataluña en relación con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, declarando 
inconstitucional  el  carácter  básico  otorgado  a  ciertos  preceptos,  resolviendo  la 
interpretación  adecuada  de  algunos  otros  para  no  resultar  inconstitucionales,  y 
considerando inconstitucional parte de la disposición final undécima de la misma, en la 
que se hacía referencia a que las Comunidades Autónomas podrían optar por realizar 
una remisión en bloque a la ley básica estatal, que resultaría de aplicación en su ámbito 
territorial como legislación básica y supletoria.
Sin perjuicio de las correcciones dictadas por el Tribunal Constitucional en la citada 
Sentencia 53/2017 en cuanto al carácter básico de ciertos preceptos, y pese al tiempo 
trascurrido,  la  Ley  4/2007,  de  8  de  marzo,  de  evaluación  ambiental  en  Castilla-La 
Mancha, aún permanecía sin adecuarse a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Más 
sorprendente aún es la persistencia actual del Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, 
por el que se aprobó el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de 
abril, de evaluación del impacto ambiental y se adaptaron sus anexos. Procede subrayar 
la falta de claridad y de eficacia que entraña el escenario jurídico descrito para el 
conjunto de los intervinientes en los procedimientos de evaluación ambiental.
Recientemente, mediante la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, se ha modificado la 
Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  trasponiendo  a  su  vez  una  modificación  de  la 
Directiva  2011/92/UE  aprobada  mediante  la  Directiva  2014/52/UE  de  16  de  abril, 
trasposición  que  debía  haberse  producido  antes  del  16  de  mayo  de  2017.  En  la 
elaboración de esta ley autonómica también se ha mantenido la necesaria coordinación  s
con la tramitación de dicha modificación estatal. oe.
Esta ley se encuadra dentro de la protección del medio ambiente, contemplada en el  w.
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legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias».
En el ámbito regional esta ley se ampara en el artículo 31.1.28.ª del Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha, que le atribuye a esta comunidad competencias 
exclusivas en materia de procedimiento administrativo derivado de las especialidades de 
la organización propia; en su artículo 32, que atribuye a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, en el marco de la legislación básica del Estado y en los términos 
que la misma establezca, la competencia del desarrollo legislativo y la ejecución en 
materia  de  protección  del  medio  ambiente  y  de  los  ecosistemas,  así  como  en  el 
establecimiento de normas adicionales de protección; y en su artículo 31, que contempla 
como competencias exclusivas autonómicas la legislación en materia de ordenación del 
territorio, urbanismo y vivienda.
El objeto de esta ley es establecer la regulación de la evaluación ambiental de los 
planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente, garantizando en todo el territorio de Castilla-La Mancha un elevado nivel de 
protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible. Cabe destacar que 
en algunos aspectos se introduce un mayor grado de protección del medio ambiente, 
como ocurre al extender a más categorías de proyectos la obligatoriedad de seguir los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental.
Teniendo en cuenta tanto el objetivo de la norma como el reparto de competencias 
en  materia  de  protección  del  medio  ambiente  entre  las  Administraciones  estatal  y 
autonómica, en el diseño de la norma ha primado la necesidad de prestar un adecuado 
servicio al amplio abanico de usuarios de los diferentes procedimientos:
– El conjunto de los promotores públicos y privados, personas físicas y jurídicas, que 
deben seguir los procedimientos de evaluación ambiental estratégica o de evaluación de 
impacto ambiental para impulsar sus actuaciones.
– Los funcionarios y personal dependiente de las distintas administraciones que 
operan como órganos sustantivos de los distintos planes, programas y proyectos sujetos 
a evaluación ambiental, en los que recae gran parte de su tramitación, destacando entre 
ellos la totalidad de los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha.
– El personal técnico y administrativo de los servicios centrales y provinciales del 
órgano  ambiental  autonómico,  como  responsables  de  la  coordinación  de  los 
procedimientos.
– Las entidades participantes en los procedimientos de evaluación por ser objeto de 
las consultas, tanto como Administraciones públicas afectadas en sus competencias, 
como por ser organizaciones sin ánimo de lucro destinadas a la salvaguarda del medio 
ambiente, e incluso aquellos organismos o instituciones académicas o científicas cuyo 
análisis resulte relevante a los efectos de la evaluación ambiental.
– El  público  en  general,  cuya  participación  efectiva  en  los  procedimientos  es 
impulsada de forma creciente, así como una demanda social cada vez mayor.
Asimismo, el volumen de planes, programas y proyectos que deben someterse a los 
procedimientos  de  evaluación  ambiental  en  el  ámbito  autonómico  incrementan  la 
relevancia de alcanzar una norma clara.
También procede señalar que los más de cinco años trascurridos desde la aplicación 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, han permitido detectar carencias de regulación en 
la misma, originándose problemas de interpretación que es posible corregir mediante el 
adecuado desarrollo legislativo autonómico, siempre dentro del marco básico estatal.
Por todos estos motivos se ha optado por elaborar un único texto normativo que 
facilite a todos sus usuarios una claridad que hasta la fecha no existe, al necesitar acudir  e
a las dos leyes vigentes para conocer, determinar y llevar a cabo la evaluación que  bo
corresponde  según  qué  tipo  de  plan,  programa  o  proyecto  se  quiera  ejecutar.  En  74ww
bcoánsisceac ueesntactiaal,,  peel rtoe xstioe mdper ela m leayn tesnuipeonndeo  eenl  reoscpaestioon ae sla  umnais mtraa nys carli pecjeiórcni cdioe  elast antoarl mdae 
csoum cpormenpseitóenn cpioar  peaxcrtleu sdivea s, utso ddeos teinlloa tacroions .el único fin de lograr la máxima claridad y
La presente ley cumple con los principios de buena regulación que se contienen en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, justificándose su necesidad al pretender establecer la 
regulación de la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio de 
Castilla-La Mancha un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un 
desarrollo sostenible, así como el de eficacia dado que el texto aspira a alcanzar estos 
objetivos específicos:
a)  Simplificar la interpretación de la normativa de evaluación ambiental para los 
múltiples actores intervinientes en los procedimientos, evitando inseguridades jurídicas y 
falta de claridad.
b)  Extender la necesidad de la aplicación de la evaluación de impacto ambiental a 
más categorías de proyectos que la norma básica estatal, como norma adicional de 
protección y como forma de desarrollo adecuado a las singularidades de Castilla-La 
Mancha.
c)  Mejorar, precisar y desarrollar aquellos aspectos planteados con carácter básico 
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, que así lo requieren, así como corregir las 
cuestiones que sin tener dicho carácter básico requieren ser subsanadas e incorporar 
aspectos no previstos en dicha ley, todo ello con el fin de contribuir mejor al cumplimiento 
de los objetivos señalados tanto en la propia norma básica estatal como en el texto 
propuesto.
Con el fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la presente ley se dicta en 
coherencia con el ordenamiento jurídico autonómico, y con respeto al ordenamiento 
nacional,  generando  un  marco  normativo  estable,  predecible,  integrado,  claro  y  de 
certidumbre que facilita su aplicación por los operadores afectados por la misma.
En  aplicación  del  principio  de  eficiencia  esta  ley  no  entraña  un  impacto 
presupuestario directo sobre los presupuestos de las Administraciones públicas.
La  ley  presenta  71  artículos  estructurados  en  tres  títulos,  dos  disposiciones 
adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones 
finales. Cuenta además con seis anexos.
El título I se destina a los principios y disposiciones generales, que en general son 
similares a los que contiene la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Como aspecto más 
novedoso, aparece regulada la posible finalización de las evaluaciones ambientales 
contrarias a disposiciones normativas o por inviabilidad ambiental manifiesta, con el fin 
de dar garantías jurídicas para no dilatar procedimientos de evaluación ambiental para 
los  cuales  no  hay  posibilidad  de  considerar  su  viabilidad  ambiental,  finalizando  su 
tramitación sin tener que llegar hasta el final de los procedimientos, todo ello atendiendo 
a los principios de eficacia y eficiencia en el ejercicio de la potestad legislativa.
El título II regula los procedimientos de evaluación ambiental. En un primer capítulo, 
regula  la  evaluación  ambiental  estratégica  de  planes  y  programas,  tanto  ordinaria 
(sección 1.ª) como simplificada (sección 2.ª). En el otro capítulo, regula de forma similar 
la evaluación de impacto ambiental de proyectos, con una sección 1.ª que se refiere a la 
ordinaria, y una sección 2.ª relativa a la simplificada. Además, en este caso, se incorpora 
una sección 3.ª sobre la coordinación de los procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental y de autorización ambiental integrada regulada en el texto refundido de la Ley 
de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y una sección 4.ª sobre su coordinación con los  e
trámites  derivados  de  la  Ley  34/2007,  de  15  de  noviembre,  de  calidad  del  aire  y  bo
protección de la atmósfera. 74ww
a laCs abAed mdeinsitsatrcaacri oqnuees s ep úebsltiacabsle caef elac tapdoasisb ilyid aad  ldaes  cpoeorrsdoinnaars  loinst etrráemsaitdeas sd ey  ceoln sduel talas 
isnefoctromriaacleiósn d ep úeblalibcoar apciróonp iyo sa pdroeb alcai óne vdaelu laocsi ópnla naems byie pnrtoagl racmona s,l oys  enp rpoacretidciumlaier nctoons 
los propios de la legislación de ordenación del territorio y urbanismo.
También procede subrayar los mayores requisitos para la evaluación de impacto 
ambiental de proyectos que se derivan de la mencionada Ley 9/2018, de 5 de diciembre, 
en cuanto al necesario análisis de los impactos ambientales derivados de los proyectos 
en  situaciones  de  accidentes  graves  o  catástrofes,  que  pasan  a  incorporarse  al 
contenido exigido a los documentos ambientales y a los estudios de impacto ambiental.
En el título III se regula el seguimiento y el régimen sancionador de la ley. De igual 
forma que se establece en la norma básica estatal para la Administración General del 
Estado,  la  ley  otorga  la  responsabilidad  del  seguimiento  en  todos  los  casos  a  los 
respectivos  órganos  sustantivos.  No  obstante,  mantiene  la  posibilidad  de  efectuar 
comprobaciones por parte del órgano ambiental y faculta para hacer la inspección y 
vigilancia de lo previsto en la ley a los funcionarios adscritos al órgano ambiental y a los 
agentes medioambientales, así como a aquellos otros funcionarios designados por el 
órgano ambiental para tal efecto. Atribuye la potestad sancionadora al órgano ambiental, 
a diferencia de lo que establece la norma básica para la Administración General del 
Estado.
Las dos disposiciones adicionales trasladan al ámbito autonómico lo establecido en 
la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  en  cuanto  a  la  posible  acumulación  de  los 
procedimientos  de  evaluación  de  impacto  ambiental,  y  la  aplicación  como  régimen 
supletorio de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como los 
correspondientes requisitos en cuanto a tramitación telemática.
El régimen transitorio plantea que se aplicará la ley a todos los procedimientos de 
evaluación que se inicien a partir de su entrada en vigor. Asimismo, en la disposición 
transitoria  también  se  tratan  de  prever  los  distintos  supuestos  derivados  de  las 
evaluaciones ambientales realizadas de acuerdo con la Ley 4/2007, de 8 de marzo, tanto 
en los casos en que se hubieran finalizado antes de la entrada en vigor del texto 
propuesto como en los casos en que sea posterior su finalización.
La ley deroga la Ley 4/2007, de 8 de marzo, y el Decreto 178/2002, de 17 de 
diciembre, ya mencionados, dada su incompatibilidad con la legislación básica estatal 
vigente.
En la disposición final primera de la ley se autoriza al Consejo de Gobierno para 
dictar  cuantas  disposiciones  sean  necesarias  para  su  ejecución  y  desarrollo,  y  en 
particular para modificar sus anexos con el fin de adaptarlos a la legislación básica 
estatal y a la normativa vigente en general, a la evolución científica y técnica, y a lo que 
dispongan las normas internacionales y el Derecho de la Unión Europea, agilizando de 
forma importante la posible evolución de los mismos, todo ello de acuerdo con la 
legislación básica estatal. Finalmente, se establece que la ley entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación.
Los anexos I y II de la ley incorporan el conjunto de los proyectos detallados en los 
anexos equivalentes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, aquellos otros que en el 
ámbito de Castilla-La Mancha se ha considerado que procede someter a evaluación de 
impacto ambiental, tanto ordinaria como simplificada, todo ello como norma adicional de 
protección.
La ley incluye en su anexo III y en su anexo V los criterios respectivos que han de 
seguirse por parte del órgano ambiental para determinar si de la evaluación de impacto 
ambiental simplificada o de la evaluación ambiental estratégica simplificada procede 
deducir la necesidad de articular los correspondientes procedimientos ordinarios. El 
anexo  IV  contiene  la  información  que  ha  de  formar  parte  del  estudio  ambiental  s
estratégico. oe.
Por último, el anexo VI detalla la información necesaria para el estudio de impacto  w.
ambiental,  así  como  una  serie  de  conceptos  técnicos  necesarios  para  la  correcta  74ww
froeramlizaa ccliaórna  dy ea rlma óenviacalu alacsió cna taemgobriíeanst adle,  yp roeysepcetcoisfi cinaccliuoindeass  qeune lo pse arnmeitxeons  iIn yte IrI.pretar de
TÍTULO I
Principios y disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  El objeto de esta ley es establecer la regulación de la evaluación ambiental de 
los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente, garantizando en todo el territorio de Castilla-La Mancha un elevado nivel de 
protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible, mediante:
a)  La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la 
adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos;
b)  El análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables;
c)  El establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, 
compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente;
d)  El  establecimiento  de  las  medidas  de  vigilancia,  seguimiento  y  sanción 
necesarias para cumplir con las finalidades de esta ley.
2.  Asimismo, esta ley establece los principios que informarán el procedimiento de 
evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente.
Artículo 2.  Principios de la evaluación ambiental.
Los  procedimientos  de  evaluación  ambiental  se  sujetarán  a  los  principios  que 
establece la legislación básica estatal y que se reproducen a continuación:
a)  Protección y mejora del medio ambiente.
b)  Precaución y acción cautelar.
c)  Acción preventiva, corrección y compensación de los impactos sobre el medio 
ambiente.
d)  Quien contamina paga.
e)  Racionalización,  simplificación  y  concertación  de  los  procedimientos  de 
evaluación ambiental.
f)  Cooperación  y  coordinación  con  la  Administración  General  del  Estado  y  las 
demás Comunidades Autónomas.
g)  Proporcionalidad  entre  los  efectos  sobre  el  medio  ambiente  de  los  planes, 
programas y proyectos, y el tipo de procedimiento de evaluación al que en su caso 
deban someterse.
h)  Colaboración activa de los distintos órganos administrativos que intervienen en el 
procedimiento de evaluación, facilitando la información necesaria que se les requiera.
i)  Participación pública.
j)  Desarrollo sostenible.
k)  Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones.
l)  Actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico posible.
Artículo 3.  Actuación y relaciones entre Administraciones públicas.
1.  Las  Administraciones  públicas  ajustarán  sus  actuaciones  en  materia  de 
evaluación ambiental a los principios de lealtad institucional, coordinación, información  e.
mutua, cooperación, colaboración y coherencia, de acuerdo con lo establecido en la  w.
legislación básica estatal. 74ww
progEranm  paa ort ipcurolayre, ctloa sd eabdidmoi nais struasc iroensepso nqsuaeb ilidpaudeedsa nm eedsitoaar mibniteenretaslaedsa ess peenc ífeicla sp loa na, 
sus competencias serán consultadas sobre la información proporcionada por el promotor
y  sobre  la  solicitud  de  adopción,  aprobación  o  autorización  del  plan,  programa  o 
proyecto.
De conformidad con los principios de racionalización y agilidad de los procedimientos 
administrativos  y  de  cooperación,  colaboración  y  coordinación,  las  Administraciones 
públicas consultadas emitirán los informes que correspondan con la máxima diligencia 
posible y, en todo caso, dentro de los plazos establecidos al efecto.
2.  Las Administraciones públicas garantizarán que el órgano ambiental y el órgano 
sustantivo ejerzan las funciones derivadas de la presente ley de manera objetiva, y 
aplicarán en su organización una adecuada separación de las funciones que puedan dar 
lugar a un conflicto de intereses cuando el órgano ambiental sea simultáneamente el 
órgano sustantivo o el promotor del plan, programa o proyecto.
3.  Cuando  el  órgano  sustantivo  sea  simultáneamente  el  promotor  del  plan, 
programa  o  proyecto,  el  órgano  sustantivo  realizará  las  actuaciones  atribuidas  al 
promotor en esta ley.
4.  El órgano sustantivo informará al órgano ambiental de cualquier incidencia que 
se  produzca  durante  la  tramitación  del  procedimiento  administrativo  sustantivo  de 
adopción,  aprobación  o  autorización  de  un  plan,  programa  o  proyecto  que  tenga 
relevancia a los efectos de la tramitación de la evaluación ambiental, singularmente 
aquellas que supongan el archivo o la caducidad del procedimiento sustantivo.
Artículo 4.  Definiciones.
1.  A los efectos de esta ley se entenderá por:
a)  «Evaluación  ambiental»:  proceso  a  través  del  cual  se  analizan  los  efectos 
significativos que tienen o pueden tener los planes, programas y proyectos, antes de su 
adopción, aprobación o autorización sobre el medio ambiente, incluyendo en dicho 
análisis los efectos de aquellos sobre los siguientes factores: la población, la salud 
humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, la tierra, el suelo, el 
subsuelo, el aire, el agua, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, 
incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados.
La  evaluación  ambiental  incluye  tanto  la  evaluación  ambiental  estratégica,  que 
procede respecto de los planes o programas, como la evaluación de impacto ambiental, 
que procede respecto de los proyectos. En ambos casos la evaluación ambiental podrá 
ser ordinaria o simplificada y tendrá carácter instrumental respecto del procedimiento 
administrativo de aprobación o de adopción de planes y programas, así como respecto 
del de autorización de proyectos o, en su caso, respecto de la actividad administrativa de 
control de los proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación.
b)  «Impacto o efecto significativo»: alteración de carácter permanente o de larga 
duración de uno o varios factores mencionados en la letra a).
En el caso de espacios Red Natura 2000: efectos apreciables que pueden empeorar 
los parámetros que definen el estado de conservación de los hábitats o especies objeto 
de conservación en el lugar o, en su caso, las posibilidades de su restablecimiento.
c)  «Documento  de  alcance»:  pronunciamiento  del  órgano  ambiental  dirigido  al 
promotor que tiene por objeto delimitar sobre el contenido, la amplitud, nivel de detalle y 
grado de especificación que debe tener el estudio ambiental estratégico y el estudio de 
impacto ambiental.
d)  «Órgano  sustantivo»:  órgano  de  la  Administración  pública  que  ostenta  las 
competencias para adoptar o aprobar un plan o programa, para autorizar un proyecto, o  e
para  controlar  la  actividad  de  los  proyectos  sujetos  a  declaración  responsable  o  bo
comunicación, salvo que el proyecto consista en diferentes actuaciones en materias cuya  74ww
calsaoousmbt ocrpenoe ómtmleopnisecc taeiaó no rcg lilaaaon sco aossl,os  tbeeqrnnue te cel aun oy aoscdt teciisvnatitidsanoanto,d  s sac eo  cómcurogpynaaesn tefiodinnseac rilaaiddrsáae  d ós lsorageb a roenAr odie amsncuittnaisvi tsieadtlrna aptdicrveoioósy n ea ciqntpuosúét,r bluc lqoimcunaee  np troeaiossletrteiasdnt aatedol,     OE-A-2020-44able en https://
complementarias respecto a aquella.
e)  «Órgano ambiental»: órgano de la Administración pública que elabora, en su 
caso, el documento de alcance, que realiza el análisis técnico de los expedientes de 
evaluación ambiental y formula las declaraciones ambientales estratégicas, los informes 
ambientales estratégicos, las declaraciones de impacto ambiental, y los informes de 
impacto ambiental.
f)  «Público»:  cualquier  persona  física  o  jurídica,  así  como  sus  asociaciones, 
organizaciones  o  grupos,  constituidos  con  arreglo  a  la  normativa  que  les  sea  de 
aplicación  que  no  reúnan  los  requisitos  para  ser  considerados  como  personas 
interesadas.
g)  «Personas interesadas»: se consideran personas interesadas a los efectos de 
esta ley:
1.º  Todas aquellas en quienes concurran cualquiera de las circunstancias previstas 
en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
2.º  Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que, de conformidad con la 
Ley  27/2006,  de  18  de  julio,  por  la  que  se  regulan  los  derechos  de  acceso  a  la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente, cumplan los siguientes requisitos:
i)  Que tengan, entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio 
ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines 
puedan resultar afectados por la evaluación ambiental.
ii)  Que lleven, al menos, dos años legalmente constituidas y vengan ejerciendo, de 
modo  activo,  las  actividades  necesarias  para  alcanzar  los  fines  previstos  en  sus 
estatutos.
iii) Que según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial que 
resulte afectado por el plan, programa o proyecto que deba someterse a evaluación 
ambiental.
h)  «Administraciones públicas afectadas»: aquellas Administraciones públicas que 
tienen competencias específicas en las siguientes materias: población, salud humana, 
biodiversidad, geodiversidad, fauna, flora, suelo, subsuelo, agua, aire, ruido, factores 
climáticos, paisaje, bienes materiales, patrimonio cultural, ordenación del territorio y 
urbanismo.
i)  «Patrimonio cultural»: concepto que incluye todas las acepciones de este tipo de 
patrimonio,  tales  como  histórico,  artístico,  arquitectónico,  arqueológico,  industrial  e 
inmaterial.
j)  «Medidas compensatorias Red Natura 2000»: las medidas específicas definidas y 
reguladas en el artículo 3, apartado 24, y artículo 46, de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
k)  «Medidas  compensatorias»:  medidas  excepcionales  que  se  aplican  ante 
impactos residuales. Estas medidas tienen por objeto compensar, lo más exactamente 
posible, aquellos impactos negativos que no pueden ser evitados ni reparados una vez 
aplicadas todas las posibles medidas de prevención y corrección, reduciendo de esta 
manera el impacto ambiental neto del plan, programa o proyecto.
l)  «Análisis técnico del expediente»: análisis cuya finalidad es deducir los efectos 
esperados de los planes, programas y proyectos sobre los diferentes factores objeto de 
la evaluación ambiental, y proponer las medidas más adecuadas para su prevención,  s
corrección o compensación, así como sus respectivos seguimientos. oe.
Se  analizará,  en  particular,  la  calidad,  completitud  y  suficiencia  del  estudio  de  w.
ihcmoapn asteucntltoiad sao m ae blniae snc tAoandl,s meidinne isrsautrc aciócaniso one,e ls su rpe cúsoubnlltifcaoadrmso  iaddfaeedcl  tcatrodánam sei tlye d  aod celua msi nepfnoetrroms odanecai óasn lci naptneúcrbeels,ic ayad ,ca ósdm eyo ,  leasnes    2020-4474n https://ww
su caso, el resultado de las consultas transfronterizas.
m)  «Áreas protegidas»: los espacios naturales protegidos y las zonas sensibles, tal 
y como se definen en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservación de la naturaleza.
n)  «Áreas  protegidas  por  instrumentos  internacionales»:  los  espacios  naturales 
formalmente designados de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos 
internacionales de los que sea parte España, tal y como se definen en el artículo 50 de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
2.  A los efectos de la evaluación ambiental estratégica regulada en esta ley, se 
entenderá por:
a)  «Promotor»: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretende 
elaborar un plan o programa de los contemplados en el ámbito de aplicación de esta ley, 
independientemente  considerado  de  la  Administración  que  en  su  momento  sea  la 
competente para su adopción o aprobación.
También  podrán  ser  considerados  como  promotor  los  grupos  de  afectados,  las 
uniones  y  entidades  sin  personalidad  jurídica  y  los  patrimonios  independientes  o 
autónomos, de acuerdo con el artículo 3.c de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b)  «Planes  y  programas»:  el  conjunto  de  estrategias,  directrices  y  propuestas 
destinadas a satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través 
de su desarrollo por medio de uno o varios proyectos.
c)  «Estudio ambiental estratégico»: estudio elaborado por el promotor que, siendo 
parte integrante del plan o programa, identifica, describe y analiza los posibles efectos 
significativos sobre el medio ambiente derivados o que puedan derivarse de la aplicación 
del plan o programa, así como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente 
viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del plan o 
programa, con el fin de prevenir o corregir los efectos adversos sobre el medio ambiente 
de la aplicación del plan o programa.
d)  «Declaración  Ambiental  Estratégica»:  informe  preceptivo  y  determinante  del 
órgano ambiental con el que finaliza la evaluación ambiental estratégica ordinaria y que 
se pronuncia sobre la integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del 
plan o programa.
e)  «Informe Ambiental Estratégico»: informe preceptivo y determinante del órgano 
ambiental con el que finaliza la evaluación ambiental estratégica simplificada.
f)  «Modificaciones  menores»:  cambios  en  las  características  de  los  planes  o 
programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de 
las  estrategias,  directrices  y  propuestas  o  de  su  cronología  pero  que  producen 
diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.
g)  «Zona de reducida extensión»: ámbito territorial en el que por sus escasas 
dimensiones el nivel de protección del medio ambiente y la integración ambiental pueden 
conseguirse de forma similar, bien mediante la aplicación de la evaluación ambiental de 
un plan o programa, bien mediante la aplicación de la evaluación del impacto ambiental 
de  los  proyectos  que  lo  realizan.  Como  norma  general  presentarán  una  superficie 
máxima de 20 hectáreas.
3.  A los efectos de la evaluación de impacto ambiental de proyectos regulada en 
esta ley y sin perjuicio de las definiciones contenidas en la normativa sobre instalaciones 
nucleares y radiactivas, se entenderá por:
a)  «Promotor»: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretende  e.
realizar un proyecto de los comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, con  w.
independencia de la Administración que sea la competente para su autorización. 74ww
unioTnaems biyé ne nptoiddarádne s sesrin  copnesrsidoenraaldidoasd  cjoumrídoi cpar oym olotosr  ploastr imgrounpiooss  dined eapfeecntdaideonste, sl aos 
Paurotócneodmimoies,n tdoe A damcuineirsdtora tcivoon  Ceol maúrtníc duelo l a3s. cA ddme inlais tLraecyi o3n9e/s2 0P1ú5b,l icdaes .1 de octubre, del  BOE-A-cable e
b)  «Proyecto»: cualquier actuación que consista en:
1.º  La ejecución, explotación, desmantelamiento o demolición de una obra, una 
construcción, o instalación, o bien:
2.º  Cualquier  intervención  en  el  medio  natural  o  en  el  paisaje,  incluidas  las 
destinadas a la explotación o al aprovechamiento de los recursos naturales o del suelo y 
del subsuelo, así como de las aguas continentales.
c)  «Estudio de impacto ambiental»: documento elaborado por el promotor que 
acompaña al proyecto e, identifica, describe, cuantifica y analiza los posibles efectos 
significativos sobre el medio ambiente derivados o que puedan derivarse del proyecto, 
así  como  la  vulnerabilidad  del  proyecto  ante  riesgos  de  accidentes  graves  o  de 
catástrofes, el riesgo de que se produzcan dichos accidentes graves o catástrofes y el 
obligatorio análisis de los probables efectos adversos significativos en el medio ambiente 
en caso de ocurrencia. También analiza las diversas alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables, y determina las medidas necesarias para prevenir, corregir y, en 
su caso compensar, los efectos adversos sobre el medio ambiente.
d)  «Declaración  de  Impacto  Ambiental»:  informe  preceptivo  y  determinante  del 
órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que 
evalúa  la  integración  de  los  aspectos  ambientales  en  el  proyecto  y  determina  las 
condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y 
de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el 
desmantelamiento o demolición del proyecto.
e)  «Informe de Impacto Ambiental»: informe preceptivo y determinante del órgano 
ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental simplificada.
f)  «Vulnerabilidad del proyecto»: características físicas de un proyecto que pueden 
incidir en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente se 
puedan producir como consecuencia de un accidente grave o una catástrofe.
g)  «Accidente grave»: suceso, como una emisión, un incendio o una explosión de 
gran  magnitud,  que  resulte  de  un  proceso  no  controlado  durante  la  ejecución, 
explotación, desmantelamiento o demolición de un proyecto, que suponga un peligro 
grave, ya sea inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente.
h)  «Catástrofe»: suceso de origen natural, como inundaciones o terremotos, ajeno 
al  proyecto  que  produce  gran  destrucción  o  daño  sobre  las  personas  o  el  medio 
ambiente.
Artículo 5.  Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
1.  Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria de acuerdo con 
lo establecido en esta ley los planes y programas, así como sus modificaciones, que se 
adopten o aprueben en Castilla-La Mancha por la Administración regional o local, y cuya 
elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por 
acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno, cuando:
a)  Establezcan  el  marco  para  la  futura  autorización  de  proyectos  legalmente 
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, 
silvicultura,  acuicultura,  pesca,  energía,  minería,  industria,  transporte,  gestión  de 
residuos,  gestión  de  recursos  hídricos,  telecomunicaciones,  turismo,  ordenación  del 
territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,
b)  Requieran una evaluación por afectar sobre áreas protegidas en los términos  e.
previstos  en  la  Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio  Natural  y  de  la  w.b
Biodiversidad, y en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservación de la naturaleza. 74ww
ambcie) ntLaol es nc oeml inpfroernmdeid oasm ebnie enlt aalp easrttraadtéog 2ic cou daen daoc uaesríd loo  cdoenc idloas  ccaristeor pioosr  dceals aon eelx óor gVa.no
órgadn)o  aLmosb iepnlatnael, sa  ys oplricoigturadm daesl  pirnocmluoidtoors. en el apartado 2, cuando así lo determine el
2.  Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada de acuerdo 
con lo establecido en esta ley:
a)  Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el 
apartado anterior.
b)  Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el 
uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
c)  Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el 
futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado 
anterior.
3.  Las modificaciones de los planes o programas que no se encuentren incluidos en 
los anteriores apartados 1 y 2.a, por no constituir variaciones fundamentales de las 
estrategias, directrices, propuestas o su cronología, ni producir diferencias en los efectos 
previstos o en su zona de influencia, no requerirán ser objeto de ningún procedimiento 
de evaluación ambiental estratégica, de acuerdo con la definición de modificación menor 
del artículo 4.
No obstante, tanto el promotor como el órgano sustantivo podrán recabar informe del 
órgano ambiental con el fin de confirmar tal extremo.
4.  Los planes o programas que presenten un alcance regional podrán ser objeto de 
informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente en los términos que se establezcan en 
su regulación específica.
Artículo 6.  Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental.
1.  Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria de acuerdo con 
lo establecido en esta ley los siguientes proyectos que pretendan realizarse en Castilla-
La  Mancha,  salvo  aquellos  cuya  evaluación  de  impacto  ambiental  competa  a  la 
Administración del Estado y que por lo tanto seguirán los procedimientos marcados por 
la legislación básica estatal:
a)  Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 
fraccionados,  alcancen  los  umbrales  del  anexo  I  mediante  la  acumulación  de  las 
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
b)  Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el 
órgano ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del 
anexo III.
c)  Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el 
anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales 
establecidos en el anexo I.
d)  Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.
2.  Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada los siguientes 
proyectos  que  pretendan  realizarse  en  Castilla-La  Mancha,  salvo  aquellos  cuya 
evaluación de impacto ambiental competa a la Administración del Estado y que por lo 
tanto seguirán los procedimientos marcados por la legislación básica estatal:
a)  Los  proyectos  comprendidos  en  el  anexo  II,  así  como  los  proyectos  que, 
presentándose  fraccionados,  alcancen  los  umbrales  del  anexo  II  mediante  la 
acumulación  de  las  magnitudes  o  dimensiones  de  cada  uno  de  los  proyectos  es
considerados. o
eLLveeayyl  cbu94))a/ 2 1c/92iCLó90onu90s a,7  ldpq,p eourdo rie2e y 6re1a  cmd3fete oocd sdmtea i fnarid coyiaco scii,oen idbómcernlueb  ci rddeoeoá,n  srslde aeeansrlsi v   cPaeacapnritr óaroeincmtlet  edogareniníd sieloaatix sc Non a aaseIt t unudnr reaia  llleeo ulyzsn  a a d.pnteére orxlmayoe i nBcIoIti oosqd  duivpeeerl  errsaevinidqseautxodieos,r   ayI ne oe n nu d nlleaaal     OE-A-2020-4474able en https://www.
anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el apartado 1.c ya autorizados,
ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos 
sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:
1.º  Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
2.º  Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos.
3.º  Incremento significativo de la generación de residuos.
4.º  Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
5.º  Una afección a áreas protegidas.
6.º  Una afección significativa al patrimonio cultural.
7.º  Una afección significativa al paisaje.
d)  Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar 
o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea 
superior a dos años.
3.  Las modificaciones de los proyectos del anexo I o del anexo II que no se 
encuentren incluidas en los casos señalados en los apartados 1.c y 2.c, no requerirán 
ser objeto de ningún procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
No obstante, tanto el promotor como el órgano sustantivo podrán recabar informe del 
órgano ambiental con el fin de confirmar tal extremo.
Artículo 7.  Supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos excluibles.
1.  No serán objeto de evaluación ambiental estratégica los siguientes planes y 
programas:
a)  Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en 
casos de emergencia.
b)  Los de tipo financiero o presupuestario.
2.  El órgano sustantivo podrá determinar, caso por caso, que la evaluación de 
impacto ambiental no se aplicará a los proyectos o partes de proyectos que tengan como 
único objetivo la defensa y a los proyectos que tengan como único objetivo la respuesta 
a casos de emergencia civil, cuando tal aplicación pudiera tener repercusiones negativas 
sobre tales objetivos.
3.  El Consejo de Gobierno podrá, a propuesta del órgano sustantivo, en supuestos 
excepcionales y mediante acuerdo motivado, excluir un proyecto determinado de la 
evaluación de impacto ambiental cuando su aplicación pueda tener efectos perjudiciales 
para la finalidad del proyecto, así como aquellos proyectos que consistan en obras de 
reparación o mejora de infraestructuras críticas, definidas en la Ley 8/2011, de 28 de 
abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, 
que hayan sido dañadas como consecuencia de acontecimientos catastróficos o cuyo 
refuerzo sea necesario para garantizar la seguridad nacional.
4.  En los casos previstos en el apartado anterior, a propuesta del órgano sustantivo, 
el Consejo de Gobierno, decidirá en el acuerdo de exclusión si procede someter el 
proyecto a otra forma alternativa de evaluación que cumpla los principios y objetivos de 
esta ley, que realizará el órgano sustantivo.
El órgano sustantivo publicará el acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican 
en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha». es
Adicionalmente,  pondrá  a  disposición  del  público  en  su  sede  electrónica  la  o
saCinouofbotmorrEemriisl z aliaaóócscrnigó i ófanoEnn r rumoder ealosalsp utp iesvarataolat  eynaaert n iclvaattoo rtdai .vecvaocésimss d iuóednn eei c dvaelaar láe u xaAlaccdl iumóinsnifin óodinrsem tlyr aap lccrooiisóóy nnme  cpoetortsiev tevaoxitssac tlqla,u u iedcenoo l .nae  jlu cpsaátriáfrirccatafeonr ,  aypn reteelv reiioox ra ama  ellaan    OE-A-2020-4474able en https://www.
5.  Las posibilidades de exclusión reguladas en este artículo no eximirán al promotor 
de efectuar una evaluación de las repercusiones sobre los espacios Red Natura 2000, 
cuando se trate de planes, programas y proyectos que, sin tener relación directa con la 
gestión del lugar o sin ser necesarios para la misma, puedan afectar de forma apreciable 
a  las  especies  o  hábitats  de  los  citados  espacios,  ya  sea  individualmente  o  en 
combinación con otros planes, programas o proyectos.
Para ello, el promotor elaborará un informe de repercusiones sobre los hábitats y 
especies objetivo de conservación de los espacios afectados, incluyendo las medidas 
preventivas,  correctoras  y  compensatorias  Red  Natura  2000  adecuadas  para  su 
mantenimiento en un estado de conservación favorable, y un esquema de seguimiento 
ambiental, y el órgano sustantivo consultará preceptivamente al órgano competente en la 
gestión de los espacios Red Natura 2000 afectados, para remitir posteriormente el 
informe junto con la consulta al órgano ambiental, al objeto de que este determine, a la 
vista del expediente, si el plan, programa o proyecto causará un perjuicio a la integridad 
de algún espacio Red Natura 2000. En caso afirmativo se sustanciará el procedimiento 
regulado por los apartados 4 a 7 del artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del  Patrimonio  Natural  y  de  la  Biodiversidad.  La  aprobación  del  proyecto  incluirá 
expresamente las medidas y el programa de seguimiento ambiental adoptados.
En casos de fuerza mayor, reacción ante catástrofes o accidentes graves, parte o 
todas las actuaciones señaladas en el párrafo anterior podrán realizarse a posteriori, 
justificándose dichas circunstancias en la aprobación del proyecto.
Artículo 8.  Obligaciones generales.
1.  Los planes y los programas incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley 
deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su adopción o aprobación. 
Asimismo, los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que puedan 
tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su 
naturaleza, dimensiones o localización, deberán someterse a una evaluación ambiental 
antes de su autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la 
presentación de una declaración responsable o de una comunicación a las que se refiere 
el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, 
programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no 
se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su 
caso, puedan corresponder.
No se realizará la evaluación de impacto ambiental regulada en el título II de los 
proyectos incluidos en el artículo 6 de esta ley que se encuentren parcial o totalmente 
ejecutados sin haberse sometido previamente al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental.
2.  Cuando  el  acceso  a  una  actividad  o  a  su  ejercicio  exija  una  declaración 
responsable o una comunicación y de acuerdo con esta ley, requiera una evaluación de 
impacto ambiental, la declaración responsable o la comunicación no podrán presentarse 
ante el órgano sustantivo antes de la publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha» de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental. 
Sólo con posterioridad a la misma el promotor podrá efectuar su presentación.
La declaración responsable o la comunicación relativa a un proyecto carecerá de 
validez y eficacia a todos los efectos si debiendo haber sido sometido a una evaluación  e.
ambiental no lo hubiese sido, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, procedan. w.b
3.  Con el fin de garantizar la participación efectiva, los trámites de información  74ww
ipnútebrliecsaa dya sd ere gcuolnasduolsta e na  elsatsa  lAeyd,m sien iesfteracctuioanráens  ppoúrb vliícaa es leacfterócntaicdaa sy  my ead ialanste  paenrusnocnioass 
pdúebnltircoo ds eu l oost rmosu nmiceipdiiooss  aafpercotapdiaodso ys  lqouse c oglainrdaannticteesn. la máxima difusión a la ciudadanía
Las Administraciones públicas, dentro del trámite de información pública, adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar que la información pertinente sea accesible 
electrónicamente por parte del público, a través de, al menos, un portal central o de 
puntos de acceso sencillo, en el nivel de la administración territorial correspondiente.
4.  Cuando las personas interesadas que deban ser consultadas sean desconocidas 
la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Adicionalmente,  en  los  procedimientos  de  evaluación  de  impacto  ambiental  de 
proyectos se publicarán anuncios en el tablón de edictos, y en su caso, en la página web 
de los Ayuntamientos afectados. El plazo de exposición será de treinta días hábiles.
Transcurrido el plazo de consulta, el Ayuntamiento remitirá al órgano sustantivo o, en 
su caso, al órgano ambiental, un certificado de exposición pública en el que haga constar 
el lugar y periodo en que ha estado expuesta la documentación ambiental, así como las 
alegaciones e informes recibidos, en su caso.
5.  Las  Administraciones  públicas  garantizarán  que  los  órganos  ambientales 
disponen  de  conocimientos  para  examinar  los  estudios  y  documentos  ambientales 
estratégicos, y los estudios y documentos de impacto ambiental, y que, de ser necesario, 
pueden solicitar informes a organismos científicos, académicos u otros que posean 
dichos conocimientos.
6.  De acuerdo con la legislación básica estatal, cuando exista una concurrencia de 
planes o programas promovidos por diferentes Administraciones públicas, estas deberán 
adoptar las medidas necesarias con el fin de que puedan complementarse y para evitar 
que se produzca una duplicidad de evaluaciones, asegurando que todos los efectos 
ambientales significativos de cada uno son convenientemente evaluados.
Asimismo,  cuando  los  planes  y  programas  se  estructuren  en  distintos  ámbitos 
jerárquicos de decisión de una misma Administración pública, la evaluación ambiental en 
cada uno de ellos deberá realizarse teniendo en cuenta la fase del proceso de decisión 
en la que se encuentra el plan o programa, para evitar la duplicidad de evaluaciones.
Artículo 9.  Falta de emisión de las declaraciones e informes ambientales.
La falta de emisión de la declaración ambiental estratégica, del informe ambiental 
estratégico, de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental, 
en los plazos legalmente establecidos, en ningún caso podrá entenderse que equivale a 
una evaluación ambiental favorable.
Artículo 10.  Determinación del órgano ambiental y del órgano sustantivo.
1.  Las funciones atribuidas por esta ley al órgano ambiental corresponderán al 
órgano que determine la estructura orgánica de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente cuando se trate de la evaluación ambiental de planes, programas o 
proyectos que deban ser adoptados, aprobados o autorizados por la Administración 
pública  autonómica  o  local,  o  que  sean  objeto  de  declaración  responsable  o 
comunicación ante las mismas.
2.  Actuará como órgano sustantivo en cuanto a la tramitación de los distintos 
procedimientos descritos en esta ley el órgano de la Administración pública autonómica o 
local al que competa la adopción, aprobación o autorización de planes, programas o 
proyectos, o ante el cual sean objeto de declaración responsable o comunicación.
3.  De  acuerdo  con  la  definición  de  órgano  sustantivo  contemplada  en  el  es
artículo  4.1.d,  si  el  proyecto  consiste  en  diferentes  actuaciones  en  materias  cuya  bo
competencia  la  ostenten  distintos  órganos  de  la  Administración  pública  estatal,  74ww
saccoooubmmtorpuenen ótimlceoanisccc aiióaó nsrgo  dsa eonl booarscue at olql,a rui zeasa eccot iiósvcntideo,a nnadtsap inrdao e bcrcaauocrymáiaó p nefó iontreg ancaliocdninaaotds ro  slss uemos beotradreniie atninavttocaet   ivdeaield qcapuldraéoerlya sec qcióitnuonse, t  rrecuoosmpsneto enpnntrsatiaoelebr isldel aa oods     OE-A-2020-44able en https://
complementarias respecto a aquella.
4.  Las  funciones  que  esta  ley  atribuye  al  órgano  sustantivo  en  cuanto  a  la 
tramitación  de  los  procedimientos  de  evaluación  de  impacto  ambiental  serán 
desempeñadas  por  el  órgano  ambiental  en  los  casos  de  proyectos  sujetos  a  una 
declaración  responsable  o  comunicación  a  las  que  se  refiere  el  artículo  69  de  la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.
Dichas  funciones  también  podrán  ser  desempeñadas  excepcionalmente  por  el 
órgano ambiental en otros casos en los que los proyectos sujetos a evaluación de 
impacto ambiental no precisen de un procedimiento administrativo de autorización.
Artículo 11.  Resolución de discrepancias.
1.  En el supuesto de que existan discrepancias entre el órgano sustantivo y el 
órgano ambiental sobre el contenido de la declaración ambiental estratégica, de la 
declaración de impacto ambiental, o en su caso, del informe ambiental estratégico, o del 
informe de impacto ambiental, resolverá el Consejo de Gobierno.
2.  El  órgano  sustantivo  trasladará  al  órgano  ambiental  escrito  fundado  donde 
manifieste las razones que motivan la discrepancia junto con toda la documentación, 
incluyendo cuantos informes y documentos estime oportunos, en el plazo máximo de 
treinta días hábiles desde la publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» de 
la declaración ambiental estratégica, de la declaración de impacto ambiental, o en su 
caso, del informe ambiental estratégico, o del informe de impacto ambiental.
3.  Recibido el escrito de discrepancias, el órgano ambiental deberá pronunciarse en 
un plazo máximo de treinta días hábiles. Si el órgano ambiental no se pronunciase en el 
citado  plazo,  se  entenderá  que  mantiene  su  criterio  respecto  del  contenido  de  la 
declaración ambiental estratégica, de la declaración de impacto ambiental, o en su caso, 
del informe ambiental estratégico, o del informe de impacto ambiental formulado.
4.  El órgano sustantivo elevará la discrepancia al Consejo de Gobierno, quien se 
pronunciará en un plazo máximo de sesenta días hábiles contados desde su recepción. 
En tanto no se pronuncie el Consejo de Gobierno, se considerará que la declaración 
ambiental estratégica, la declaración de impacto ambiental, o en su caso, el informe 
ambiental estratégico, o el informe de impacto ambiental mantienen su eficacia.
5.  El acuerdo por el que se resuelve la discrepancia se publicará en el «Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha» y en las sedes electrónicas de los órganos ambiental y 
sustantivo.
Artículo  12.  Evaluación  ambiental  de  planes,  programas  y  proyectos  que  puedan 
afectar sobre áreas protegidas.
1.  La evaluación de los planes, programas y proyectos que, sin tener relación 
directa con la gestión de un espacio Red Natura 2000 o sin ser necesarios para la 
misma, puedan afectar de forma apreciable a los citados lugares, incluso sin estar 
situados en su interior, ya sea individualmente o en combinación con otros planes, 
programas o proyectos, comprenderá, dentro de los procedimientos previstos en la 
presente ley, la adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar teniendo en 
cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
El mismo requisito será exigible para los planes, programas y proyectos que puedan 
afectar de forma apreciable al resto de áreas protegidas de Castilla-La Mancha, de  es
acuerdo con la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservación de la naturaleza. bo
2.  Para determinar si los planes, programas y proyectos pueden afectar de forma  74ww
acáuopmnmrabe picateoifaet becdlnceeti e ós anopp baalrircpeaar  lelcaacisó ig anáeb rsledetaie ósq n ulp aedr o eeht evlaagagsiladu m aacsciso,ió mnlonsas isd ap.e mrEroabnmri  edoenitlcto ahprloel a sein nsp,f toorpardrmtroéáeggn ri sacreame  ccaaoo b onad firepr m irnolaafyor eáremc svtoeia   eldudxeaeilscn ótiteórro ngo  a ddnneeool     OE-A-2020-44able en https://
impacto ambiental, de acuerdo con los artículos 5.1.b y 6.2.b, respectivamente.
3.  En los casos de los artículos 5 y 6 en los que el órgano competente para la 
gestión del área protegida sea además el órgano sustantivo de acuerdo con esta ley, por 
ser el competente para adoptar o aprobar un plan o programa, o para autorizar un 
proyecto o controlar aquellos sujetos a declaración responsable o comunicación, antes 
de  dar  traslado  del  expediente  al  órgano  ambiental  para  efectuar  su  evaluación 
ambiental deberá efectuar la comprobación de la compatibilidad de la actuación con los 
requisitos  establecidos  en  el  correspondiente  plan  de  gestión  o  instrumento  de 
regulación, de acuerdo con el calendario que se hubiera dispuesto en el mismo, en su 
caso, o con los cupos máximos o capacidades de acogida que estuvieran establecidos. 
Una  vez  quede  confirmada  dicha  compatibilidad,  se  procederá  a  los  trámites  de 
evaluación ambiental regulados en el título II de esta ley.
4.  A la vista de las conclusiones de la evaluación ambiental sobre los espacios Red 
Natura 2000, y supeditado a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre,  el  órgano  competente  en  la  gestión  de  dichas  áreas  protegidas  fijará  y 
supervisará las medidas compensatorias necesarias para garantizar la coherencia global 
de la Red Natura 2000.
5.  La remisión, en su caso, de la información a la Comisión Europea sobre las 
medidas compensatorias en la Red Natura 2000 que se hayan adoptado se llevará a 
cabo  por  el  Ministerio  competente  en  materia  de  medio  ambiente  a  través  del 
procedimiento establecido reglamentariamente.
6.  El informe del órgano competente en la gestión de dichas áreas protegidas 
regulado en el artículo 56 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservación de la 
naturaleza, relativo al régimen de evaluación de actividades en zonas sensibles, podrá 
establecer  la  necesaria  evaluación  ambiental  de  la  actuación,  de  acuerdo  con  los 
apartados 1 y 2 de este artículo.
Artículo  13.  Relación entre la evaluación ambiental  estratégica y  la evaluación de 
impacto ambiental.
1.  La  evaluación  ambiental  estratégica  de  un  plan  o  programa  no  excluye  la 
evaluación de impacto ambiental de los proyectos que de ellos se deriven.
2.  El órgano ambiental podrá acordar motivadamente, en aras del principio de 
eficacia, la incorporación de trámites y de actos administrativos del procedimiento de 
evaluación  ambiental  estratégico  en  otros  procedimientos  de  evaluación  ambiental, 
siempre y cuando no haya transcurrido el plazo establecido en el plan o programa o, en 
su  defecto,  el  de  cuatro  años  desde  la  publicación  de  la  declaración  ambiental 
estratégica y no se hayan producido alteraciones de las circunstancias tenidas en cuenta 
en la evaluación ambiental estratégica.
3.  En  los  casos  en  que  los  ámbitos  territoriales  de  la  evaluación  ambiental 
estratégica de un plan o programa y la evaluación de impacto ambiental del proyecto 
derivado  sean  coincidentes,  podrán  efectuarse  de  forma  simultánea  sendos 
procedimientos, aunándose los trámites administrativos que lo admitan. En el caso de 
tramitarse de forma simultánea, la evaluación ambiental estratégica deberá resolverse 
antes que la finalización de la evaluación de impacto ambiental, para ser tenida en 
cuenta la primera en la resolución de la segunda.
Artículo 14.  Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
1.  Las  Administraciones  públicas  que  intervienen  en  los  procedimientos  de  es
evaluación  ambiental  deberán  respetar  la  confidencialidad  de  las  informaciones  bo
aportadas por el promotor que, de conformidad con la normativa aplicable, tengan dicho  74ww
cdamaecerc ádleociso teoe as rat,ma  tbblealinee iicnneitfndeodo r(om ien eancnc oli arócp nuLo,ee rdnayet  al2a ,7ps /ea 2Dnr0t iir0tcoei6pdc,at oidcv eciaóa s1ns 8 2op 0,dú 0leba3 l ji/puc4rla/ioCo ty,Ee  pcd yoce ri2 ó al0nac0  cdq3eeu/s3le o5i ns /aCtee  Erlraée) .sgju upslúatibncl iialco ose, n ds eimnre apcteehrrojiuasi  cddioee    OE-A-2020-44able en https://
2.  El  promotor  deberá  indicar  qué  parte  de  la  información  contenida  en  la 
documentación  presentada  considera  que  debería  gozar  de  confidencialidad.  La 
Administración  competente  decidirá  sobre  la  información  que,  según  la  legislación 
vigente,  esté  exceptuada  del  secreto  comercial  o  industrial,  incluida  la  propiedad 
intelectual, y sobre la información amparada por la confidencialidad.
3.  Los datos que gocen de confidencialidad deberán ser presentados de forma 
independiente del resto de la documentación elaborada para las tramitaciones de la 
evaluación ambiental estratégica de planes y programas y de la evaluación de impacto 
ambiental de proyectos, de forma que puedan ser puestos a disposición del público 
excluyendo dichas informaciones.
4.  En  particular,  deberán  excluirse  los  datos  de  carácter  personal  de  la 
documentación,  detallándolos  únicamente  en  las  propias  solicitudes  y  no  en  la 
documentación adjunta necesaria para los distintos trámites, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva  95/46/CE  (Reglamento  general  de  protección  de  datos),  y  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
Artículo  15.  Capacidad  técnica  y  responsabilidad  del  autor  de  los  estudios  y 
documentos ambientales.
1.  El promotor garantizará que el documento inicial estratégico, el estudio ambiental 
estratégico y el documento ambiental estratégico, en el caso de la evaluación ambiental 
estratégica, y el documento inicial, el estudio de impacto ambiental y el documento 
ambiental, en el caso de la evaluación de impacto ambiental, han sido realizados por 
personas que posean la capacidad técnica suficiente de conformidad con las normas 
sobre cualificaciones profesionales y de la educación superior, y tendrán la calidad y 
exhaustividad necesarias para cumplir las exigencias de esta ley. Para ello, los estudios 
y  documentos  ambientales  mencionados  deberán  identificar  a  su  autor  o  autores 
indicando su titulación y, en su caso, profesión regulada. Además, deberá constar la 
fecha de conclusión y firma del autor.
2.  Los  autores  de  los  citados  documentos  serán  responsables  del  contenido  y 
fiabilidad de los estudios y documentos ambientales citados en el apartado anterior, excepto 
en lo que se refiere a los datos recibidos de la Administración de forma fehaciente.
Artículo 16.  Registro de personas interesadas.
1.  De  acuerdo  con  la  legislación  básica  estatal,  se  crea  un  registro  público 
autonómico  para  las  personas  físicas  o  jurídicas  interesadas  que  acrediten  dicha 
condición y que deban ser consultadas según lo dispuesto en esta ley.
En particular, en dicho registro se podrán registrar las personas jurídicas sin ánimo 
de lucro que cumplan los requisitos recogidos en la definición del artículo 4.1.g, en su 
párrafo 2.º
2.  Sin perjuicio de la información que de acuerdo con esta ley proceda poner a 
disposición del público en general, las personas incluidas en este registro deberán ser 
consultadas como personas interesadas en los procedimientos de evaluación ambiental 
que puedan afectar a los elementos del medio ambiente cuya protección contemplen  es
entre sus fines en su ámbito territorial. bo
Artícnuolrom  a1t7iv.a sF oin paolirz iancviióanb iliddea d eavmabluieancitoanl emsa naifmiebstiean.tales  contrarias  a  disposiciones
eval1u.a ciSóin  ddeu riamnptea ctloo sa mpbroiecnetdailm eile ónrtgoas nod ea mebvieanlutaalc idóent ecatmarbai eqnutea l ele psltarant,é pgriocag raom ad oe   BOE-A-cable e
proyecto está expresamente prohibido por disposiciones legales, reglamentarias o el 
ordenamiento jurídico en general, incluido el planeamiento urbanístico en el caso de los 
proyectos,  emitirá  resolución  poniendo  de  manifiesto  tal  extremo  y  dando  fin  al 
procedimiento.
Igualmente, podrá emitirse resolución de terminación durante dichos procedimientos 
cuando se ponga de manifiesto de forma inequívoca la inviabilidad ambiental del plan, 
programa o proyecto, siempre que no sea posible su integración ambiental mediante las 
oportunas medidas preventivas, correctoras o compensatorias que pudieran incorporarse 
como consecuencia de los correspondientes procedimientos de evaluación ambiental.
2.  Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 19.5, 29.3, 31.5, 44.2, 49.5 y 52.6 
respecto de la inadmisión por parte del órgano ambiental de las solicitudes de inicio de 
los respectivos procedimientos, la finalización que contempla el apartado anterior podrá 
producirse en cualquiera de sus etapas.
3.  Con carácter previo a la adopción de la resolución, el órgano ambiental dará 
audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, por un plazo de diez días 
hábiles.
La resolución de terminación estará debidamente motivada, será notificada al órgano 
sustantivo y al promotor, se publicará en la sede electrónica del órgano ambiental, y 
frente a la misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía 
administrativa y judicial, en su caso.
4.  La emisión de la Resolución de finalización no impedirá que posteriormente, 
cambios  legales,  reglamentarios  o  en  el  ordenamiento  jurídico  en  general,  o  bien 
cambios en las circunstancias ambientales que determinaban su inequívoca inviabilidad, 
puedan posibilitar la actuación, de forma que se pueda volver a iniciar el procedimiento 
de evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental.
TÍTULO II
Evaluación ambiental
CAPÍTULO I
Evaluación ambiental estratégica
Sección 1.ª Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica ordinaria para la 
formulación de la declaración ambiental estratégica
Artículo 18.  Trámites y plazos de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
1.  La evaluación ambiental estratégica ordinaria constará de los siguientes trámites:
a)  Solicitud de inicio.
b)  Consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental estratégico.
c)  Presentación del estudio ambiental estratégico ante el órgano sustantivo.
d)  Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y 
personas interesadas.
e)  Análisis técnico del expediente.
f)  Declaración ambiental estratégica.
g)  Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa. es
2.  El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados  w.
doeersdtsridnaeaté rgilaaic,  ora,e ccopemaprpcaia óñrnea addlaiez  adlrae  ll asbsoo lirccraiotudndos ur ldtdaees l  inppirclaeionv  isdotae s p rlaoe gner avemall aua aryct íiócdunel o a umn2 0bd.i1eo nctyua ml eeelansbttoroa rtaiénrgi ciucianal    2020-4474n https://ww
documento de alcance del estudio ambiental estratégico regulado en el artículo 20.2.
3.  El  plazo  máximo  para  la  elaboración  y  presentación  del  estudio  ambiental 
estratégico, y para la realización de la información pública y de las consultas previstas en 
los  artículos  22  y  23  será  de  quince  meses  desde  la  notificación  al  promotor  del 
documento de alcance. Asimismo, el plazo máximo para la recepción en el órgano 
ambiental del expediente completo de evaluación ambiental estratégica ordinaria será de 
dos años desde la notificación al promotor del documento de alcance.
4.  Para  el  análisis  técnico  del  expediente  y  la  formulación  de  la  declaración 
ambiental estratégica, el órgano ambiental dispondrá de un plazo de cuatro meses, 
prorrogable por dos meses más, por razones justificadas debidamente motivadas, desde 
la recepción del expediente completo y comunicadas al promotor y al órgano sustantivo.
Artículo 19.  Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
1.  Dentro  del  procedimiento  sustantivo  de  adopción  o  aprobación  del  plan  o 
programa el promotor presentará ante el órgano sustantivo los siguientes documentos, 
junto con la documentación exigida por la legislación sectorial:
a)  Una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
b)  El borrador del plan o programa.
c)  El documento inicial estratégico.
d)  La justificación del abono de la tasa que sea aplicable al procedimiento, en su 
caso.
2.  El documento inicial estratégico debe contener, al menos, la siguiente información:
a)  Los objetivos de la planificación.
b)  El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas 
razonables, técnica y ambientalmente viables.
c)  El desarrollo previsible del plan o programa.
d)  Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático.
e)  Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
3.  Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los 
documentos señalados en el apartado anterior requerirá al promotor para que, en un 
plazo de diez días hábiles, acompañe los documentos preceptivos, con los efectos 
previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada de 
conformidad con la legislación sectorial cumple los requisitos en ella exigidos.
4.  Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá 
en el plazo máximo de diez días hábiles al órgano ambiental la solicitud de inicio y los 
documentos que la deben acompañar.
5.  En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de 
la evaluación ambiental estratégica ordinaria, el órgano ambiental podrá resolver su 
inadmisión por alguna de las siguientes razones:
a)  Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es manifiestamente 
inviable por razones ambientales.
b)  Si estimara que el documento inicial estratégico no reúne condiciones de calidad 
suficientes. es
c)  Si  ya  hubiese  inadmitido  o  ya  hubiese  dictado  una  declaración  ambiental  o
estratégica desfavorable en un plan o programa sustancialmente análogo al presentado. 74www.
inadCmoisni ócna, reálc ótergr apnroe vaimo baie nltaa l addaoráp caióund iednec iala a lr persoomluoctioórn,  inpfoorr mlaa nqduoe d es ee lloa caul eórrdgea nloa 
sinuasdtamnistiivóon,. por un plazo de diez días hábiles que suspende el previsto para declarar la  BOE-A-cable e
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, será 
notificada al órgano sustantivo y al promotor, y frente a la misma podrán interponerse los 
recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso.
6.  Cuando no proceda la inadmisión, el órgano ambiental podrá solicitar al promotor 
la documentación adicional o aclaraciones que considere necesarias, otorgándole un 
plazo de diez días hábiles para su aportación e informando de ello al órgano sustantivo. 
Si transcurrido dicho plazo el órgano ambiental no hubiera recibido la subsanación 
requerida,  dará  por  desistido  el  procedimiento,  notificando  al  promotor  y  al  órgano 
sustantivo la resolución de terminación. Contra esta resolución podrán interponerse los 
recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso.
Artículo 20.  Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas,  y  elaboración  del  documento  de  alcance  del  estudio  ambiental 
estratégico.
1.  El órgano ambiental someterá el borrador del plan o programa y el documento 
inicial  estratégico  a  consultas  de  las  Administraciones  públicas  afectadas  y  de  las 
personas interesadas, que se pronunciarán en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles 
desde su recepción.
Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  haya  recibido  el  pronunciamiento,  el 
procedimiento  continuará  si  el  órgano  ambiental  cuenta  con  elementos  de  juicio 
suficientes para elaborar el documento de alcance del estudio ambiental estratégico.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no 
se hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas competentes que 
resulten relevantes, o bien porque, habiéndose recibido, estos resultasen insuficientes 
para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de 
aquel que tendría que emitir el informe, para que, en el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la 
entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento 
efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y suspende el plazo de tres 
meses previsto en el artículo 18.2.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión 
del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
2.  Recibidas las contestaciones a las consultas, el órgano ambiental elaborará y 
remitirá  al  promotor  y  al  órgano  sustantivo,  el  documento  de  alcance  del  estudio 
ambiental estratégico, junto con las contestaciones recibidas a las consultas realizadas, 
en el plazo máximo de tres meses señalado en el artículo 18.2.
3.  El  documento  de  alcance  del  estudio  ambiental  estratégico,  así  como  las 
contestaciones a las consultas, se pondrán a disposición del público a través de la sede 
electrónica del órgano ambiental y del órgano sustantivo.
4.  Los informes de las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas 
recibidos en este trámite de consultas se podrán tener en cuenta en los procedimientos 
sectoriales de elaboración y aprobación de los planes y programas, estableciéndose a tal 
efecto los mecanismos de coordinación que se juzguen oportunos entre los distintos 
órganos competentes. En el caso de planes y programas de ordenación del territorio y 
urbanismo, este trámite de consultas realizadas por el órgano ambiental podrá equivaler 
al trámite de consultas que debe ser realizado durante la redacción técnica del plan de  e.
acuerdo con la legislación de ordenación del territorio y urbanismo, siempre que se  w.b
especifique en el objeto de la consulta. 74ww
Artículo 21.  Estudio ambiental estratégico.
1.  Teniendo en cuenta el documento de alcance, el promotor elaborará el estudio
ambiental estratégico, en el que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles
efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así 
como unas alternativas razonables técnica y ambientalmente viables, que tengan en 
cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa.
2.  El  estudio  ambiental  estratégico  se  considerará  parte  integrante  del  plan  o 
programa y contendrá, como mínimo, la información contenida en el anexo IV, así como 
aquella que se considere razonablemente necesaria para asegurar su calidad. A estos 
efectos, se tendrán en cuenta los siguientes extremos:
a)  Los conocimientos y métodos de evaluación existentes.
b)  El contenido y nivel de detalle del plan o programa.
c)  La fase del proceso de decisión en que se encuentra.
d)  La  medida  en  que  la  evaluación  de  determinados  aspectos  necesita  ser 
complementada en otras fases de dicho proceso, para evitar su repetición.
3.  Para  la  elaboración  del  estudio  ambiental  estratégico  se  podrá  utilizar  la 
información pertinente disponible que se haya obtenido en la elaboración de los planes y 
programas promovidos por la misma o por otras Administraciones públicas.
Artículo 22.  Versión inicial del plan o programa e información pública.
1.  El promotor elaborará la versión inicial del plan o programa teniendo en cuenta el 
estudio  ambiental  estratégico,  y  presentará  ambos  documentos  ante  el  órgano 
sustantivo.
2.  El  órgano  sustantivo  someterá  dicha  versión  inicial  del  plan  o  programa, 
acompañado del estudio ambiental estratégico, a información pública previo anuncio en el 
«Diario Oficial de Castilla-La Mancha», poniéndolo a disposición del público en su sede 
electrónica. La información pública será, como mínimo, de cuarenta y cinco días hábiles.
La información pública podrá realizarla el promotor en lugar del órgano sustantivo 
cuando, de acuerdo con la legislación sectorial, corresponda al promotor la tramitación 
administrativa del plan o programa.
3.  La  documentación  sometida  a  información  pública  incluirá,  asimismo,  un 
resumen no técnico del estudio ambiental estratégico.
4.  El órgano sustantivo adoptará las medidas necesarias para garantizar que la 
documentación que debe someterse a información pública tenga la máxima difusión 
entre el público, utilizando los medios electrónicos y otros medios de comunicación.
5.  La  información  pública  se  deberá  integrar  en  el  procedimiento  sectorial  de 
elaboración y aprobación de los planes y programas, estableciéndose a tal efecto los 
mecanismos  de coordinación  que se  juzguen  oportunos entre los distintos órganos 
competentes. En el caso de planes y programas de ordenación del territorio y urbanismo, 
dicho trámite deberá ser conjunto con la información pública que se debe realizar sobre 
el plan o programa, una vez concluida la redacción técnica del mismo, de acuerdo con la 
legislación de ordenación del territorio y urbanismo.
Artículo  23.  Consulta  a  las  Administraciones  públicas  afectadas  y  a  las  personas 
interesadas.
1.  Simultáneamente  al  trámite  de  información  pública,  el  órgano  sustantivo 
someterá la versión inicial del plan o programa, acompañado del estudio ambiental 
estratégico, a consulta de las Administraciones públicas afectadas y de las personas 
interesadas  que  hubieran  sido  previamente  consultadas  de  conformidad  con  el  e.
artículo 20. w.b
Estas consultas podrá realizarlas el promotor en lugar del órgano sustantivo cuando,  74ww
addem  aincisuterardtiov a cdoenl  pllaan  ole gpirsolgarcaiómna .sectorial,  corresponda  al  promotor  la  tramitación
se rLeaa liczoanrásu pltao r am laesd iAosd meilneicsttrróanciicoonse so  pcúubalilceassq uaiefercat aodtraoss ,y  saie lmasp rpee rqsuoen asse  inatcerreedsiated alas 
realización de la consulta.
2.  Las Administraciones públicas afectadas, y las personas interesadas dispondrán 
de un plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles desde su recepción de la consulta 
sobre  la  versión  inicial  del  plan  o  programa,  acompañado  del  estudio  ambiental 
estratégico para emitir los informes y alegaciones que estimen pertinentes.
3.  Las  consultas  realizadas  sobre  la  versión  inicial  del  plan  o  programa, 
acompañado del Estudio Ambiental Estratégico, se podrán integrar en el procedimiento 
sectorial de elaboración y aprobación de los planes y programas, estableciéndose a tal 
efecto los mecanismos de coordinación que se juzguen oportunos entre los distintos 
órganos competentes. En el caso de planes y programas de ordenación del territorio y 
urbanismo, dicho trámite podrá ser conjunto con la concertación interadministrativa que 
se debe realizar sobre el plan o programa, una vez concluida la redacción técnica del 
mismo, de acuerdo con la legislación de ordenación del territorio y urbanismo.
Artículo 24.  Remisión al promotor del resultado de la información pública y de las 
consultas y elaboración de la propuesta final de plan o programa.
1.  En el plazo máximo de treinta días hábiles desde la finalización de los trámites 
de información pública y de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las 
personas  interesadas,  el  órgano  sustantivo  remitirá  al  promotor  los  informes  y 
alegaciones recibidas para su consideración en la redacción, en su caso, de la propuesta 
final del plan o programa y en el estudio ambiental estratégico.
2.  Tanto en los casos en que sí se introduzcan modificaciones al plan o programa o 
al estudio ambiental estratégico, como en los casos en los que se justifique no hacerlo, el 
promotor dispondrá de un plazo máximo de tres meses para transmitirlo al órgano 
sustantivo. Transcurrido este plazo sin recibir contestación por parte del promotor, el 
órgano sustantivo declarará la caducidad de los trámites.
3.  Si, como consecuencia del trámite de información pública y de consultas a las 
Administraciones  públicas  afectadas  y  a  las  personas  interesadas,  el  promotor 
incorporara en el plan o programa o en el estudio ambiental estratégico modificaciones 
que supongan efectos ambientales significativos distintos de los previstos originalmente, 
se  realizará  un  nuevo  trámite  de  información  pública  y  consultas  en  los  términos 
previstos en los artículos 22 y 23.
Artículo 25.  Análisis técnico del expediente.
1.  El órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental el expediente de evaluación 
ambiental estratégica completo, integrado por:
a)  La propuesta final de plan o programa.
b)  El estudio ambiental estratégico.
c)  El resultado de la información pública y de las consultas, incluyendo en su caso 
las consultas transfronterizas así como su consideración.
d)  Un documento resumen en el que el promotor describa la integración en la 
propuesta final del plan o programa de los aspectos ambientales, del estudio ambiental 
estratégico y de su adecuación al documento de alcance, del resultado de las consultas 
realizadas  y  cómo  estas  se  han  tomado  en  consideración.  En  particular,  deberán 
especificarse, en su caso, los cambios incorporados en la propuesta final del plan o 
programa respecto a la versión inicial sometida a los trámites de información pública y 
consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas. s
2.  Si transcurrido el plazo establecido de dos años en el artículo 18.3 no se hubiera  w.b
recibido en el órgano ambiental el expediente completo indicado en el apartado anterior,  74ww
eqsutee  dseo linciota rráe cdibeir soefi ceion  aul nó rpglaaznoo  dsues ttarensti vmo eys easl  psreo mprootcoer deel ráe xap eldai efnintea,l izinadciicóánn ddoel elas 
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resolución de terminación se podrán interponerse los recursos legalmente procedentes 
en vía administrativa y judicial, en su caso.
3.  Una vez recibido el expediente, el órgano ambiental realizará un análisis técnico 
del  mismo  y  un  análisis  de  los  impactos  significativos  de  la  aplicación  del  plan  o 
programa en el medio ambiente, que tomará en consideración el cambio climático.
4.  Si el órgano ambiental estimara que el estudio ambiental estratégico, la versión 
inicial o la propuesta final del plan o programa, no tiene la calidad suficiente y adecuada 
a la complejidad del plan o programa, así como a la fragilidad del medio receptor del 
mismo,  o  que  en  su  elaboración  no  se  ha  tenido  en  cuenta  el  contenido  y 
consideraciones  del  documento  de  alcance  remitido,  se  requerirá  al  promotor  la 
elaboración de un nuevo Estudio Ambiental Estratégico y versión inicial del plan o 
programa, informando de ello al órgano sustantivo, debiéndose realizar de nuevo la 
información pública y las consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas 
interesadas, y otorgando para ello un plazo de seis meses.
Esta solicitud suspende el plazo para la formulación de la declaración ambiental 
estratégica. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera recibido el expediente en el órgano 
ambiental, o si una vez remitido de nuevo el expediente, se constatara que continúa 
careciendo de la calidad suficiente y adecuada, o que siguen sin tenerse en cuenta las 
consideraciones del documento de alcance, el órgano ambiental dará por finalizada la 
evaluación ambiental estratégica ordinaria, notificando al promotor y al órgano sustantivo 
la resolución de terminación. Contra esta resolución podrán interponerse los recursos 
legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso.
5.  Si durante el análisis técnico del expediente de evaluación ambiental estratégica 
el órgano ambiental estimara que la información pública o las consultas no se han 
realizado conforme a lo establecido en esta ley, requerirá al órgano sustantivo para que 
subsane el expediente de evaluación ambiental estratégica en el plazo máximo de tres 
meses. En estos casos se suspenderá el cómputo del plazo para la formulación de la 
declaración ambiental estratégica.
También podrá requerir el órgano ambiental al órgano sustantivo la repetición de 
estos  trámites  de  información  pública  y  consultas  a  las  Administraciones  públicas 
afectadas  y  personas  interesadas  si  se  comprobara  la  existencia  de  cambios 
significativos  en  la  propuesta  final  del  plan  o  programa  o  del  estudio  ambiental 
estratégico, con respecto a la versión inicial sometida a los trámites de información 
pública y consultas.
Si transcurridos tres meses el órgano sustantivo no hubiera remitido el expediente 
subsanado, o si una vez presentado fuera insuficiente, el órgano ambiental dará por 
finalizada la evaluación ambiental estratégica ordinaria, notificando al promotor y al órgano 
sustantivo la resolución de terminación. Contra esta resolución podrán interponerse los 
recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en su caso.
6.  Si durante el análisis técnico del expediente de evaluación ambiental estratégica, 
el órgano ambiental concluyera que es necesaria información adicional relativa al estudio 
ambiental estratégico o que el promotor no ha tenido en cuenta las alegaciones recibidas 
durante el trámite de información pública y consultas le requerirá, informando de ello al 
órgano sustantivo, para que complete la información que sea imprescindible para la 
formulación de la declaración ambiental estratégica, otorgando para ello un plazo de tres 
meses. Esta solicitud suspende el plazo para la formulación de la declaración ambiental 
estratégica.
Si el órgano ambiental considera que esta nueva información resulta relevante a los  s
efectos de la evaluación ambiental estratégica del plan o programa, requerirá al órgano  oe.
sustantivo para que ponga dicha información a disposición de las personas interesadas y  w.
de las Administraciones públicas afectadas. 74ww
solicSitia tdraan, soc usrir iudnoas  tvreesz  mpreesseesn teald par oemstoat ofru neora h iunbsiuefriaci erenmtei,t ideol  ólar gdaoncou mamenbtiaecnitóanl  addaircái opnoarl 
finalizada la evaluación ambiental estratégica ordinaria, notificando al promotor y al órgano
sustantivo la resolución de terminación. Contra esta resolución podrán interponerse los 
recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso.
7.  El órgano ambiental continuará con el procedimiento siempre que disponga de 
los elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación ambiental estratégica.
Si en el expediente de evaluación ambiental estratégica no constara alguno de los 
informes de las Administraciones públicas afectadas, consultadas conforme a lo previsto 
en el artículo 23, y el órgano ambiental no dispusiera de elementos de juicio suficientes 
para realizar la evaluación ambiental estratégica, requerirá personalmente al titular del 
órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe para que, en 
el plazo de diez días, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al 
órgano competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El 
requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y suspende el 
plazo para la formulación de la declaración de impacto ambiental.
Si transcurrido el plazo de diez días el órgano ambiental no hubiese recibido el 
informe, comunicará al órgano sustantivo y al promotor la imposibilidad de continuar el 
procedimiento.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión 
del informe a través del procedimiento previsto en el artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 26.  Declaración ambiental estratégica.
1.  El  órgano  ambiental,  una  vez  finalizado  el  análisis  técnico  del  expediente 
formulará la declaración ambiental estratégica, en el plazo de cuatro meses contados 
desde la recepción del expediente completo, prorrogables por dos meses más por 
razones justificadas debidamente motivadas y comunicadas al promotor y al órgano 
sustantivo.
2.  La declaración ambiental estratégica tendrá la naturaleza de informe preceptivo y 
determinante, y podrá ser favorable o desfavorable. Contendrá una exposición de los 
hechos que resuma los principales hitos del procedimiento incluyendo los resultados de la 
información pública, de las consultas, en su caso los de las consultas transfronterizas, así 
como de las determinaciones, medidas o condiciones finales que deban incorporarse en el 
plan o programa que finalmente se apruebe o adopte, en caso de resultar favorable.
3.  La declaración ambiental estratégica, una vez formulada, se remitirá para su 
publicación en el plazo de quince días hábiles al «Diario Oficial de Castilla-La Mancha», 
sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. Asimismo, se 
remitirá copia al promotor y al órgano sustantivo.
4.  Contra la declaración ambiental estratégica no procederá recurso alguno sin 
perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de 
carácter general que hubiese aprobado el plan o programa, o bien de los que procedan 
en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de adopción o aprobación del 
plan o programa.
Artículo 27.  Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa.
1.  En el caso de que la declaración ambiental estratégica sea favorable, el promotor 
incorporará su contenido en el plan o programa y, de acuerdo con lo previsto en la 
legislación sectorial, lo someterá a la adopción o aprobación del órgano sustantivo. es
2.  En el plazo de quince días hábiles desde la adopción o aprobación del plan o  bo
programa, el órgano sustantivo remitirá para su publicación en el «Diario Oficial de  74ww
Casati)ll a-LLaa  Mreasnoclhuaci»ó nla  psiogru ilean tqeu deo csuem  eandtoapctiaó no:  aprueba  el  plan  o  programa,  y  una
referencia a la dirección electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición
del público el contenido íntegro de dicho plan o programa. Bc
b)  Un extracto que incluya los siguientes aspectos:
1.º  De  qué  manera  se  han  integrado  en  el  plan  o  programa  los  aspectos 
ambientales.
2.º  Cómo se ha tomado en consideración en el plan o programa el estudio ambiental 
estratégico, los resultados de la información pública y de las consultas, incluyendo en su 
caso las consultas transfronterizas y la declaración ambiental estratégica, así como, cuando 
proceda, las discrepancias que hayan podido surgir en el proceso.
3.º  Las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con las 
alternativas consideradas.
c)  Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente 
de la aplicación del plan o programa.
Artículo 28.  Vigencia de la declaración ambiental estratégica.
1.  La  declaración  ambiental  estratégica  perderá  su  vigencia  y  cesará  en  la 
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el «Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha», no se hubiera procedido a la adopción o aprobación del plan o 
programa en el plazo máximo de dos años desde su publicación. En tales casos, el 
promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación ambiental estratégica del 
plan o programa, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia de la declaración 
ambiental estratégica en los términos previstos en los siguientes apartados.
2.  El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración ambiental 
estratégica antes de que transcurra el plazo previsto en el apartado anterior. La solicitud 
formulada por el promotor suspenderá el plazo de dos años del apartado anterior.
3.  A la vista de tal solicitud, el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la 
vigencia de la declaración ambiental estratégica en caso de que no se hayan producido 
cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para realizar la 
evaluación  ambiental  estratégica,  ampliando  su  vigencia  por  dos  años  adicionales, 
contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia. Transcurrido este plazo 
sin que se hubiera procedido a la aprobación del plan o programa, el promotor deberá 
iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental estratégica.
4.  El órgano ambiental resolverá sobre la solicitud de prórroga en un plazo de seis 
meses contados desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Previamente, el 
órgano ambiental solicitará informe a las Administraciones públicas afectadas por razón 
de la materia en relación con los elementos esenciales que sirvieron de base para 
realizar  la  evaluación  ambiental  estratégica.  Estas  Administraciones  deberán 
pronunciarse en el plazo de dos meses, que podrá ampliarse, por razones debidamente 
justificadas, por un mes más.
5.  La resolución sobre la solicitud de prórroga de vigencia se notificará al promotor 
y al órgano sustantivo y deberá ser remitida para su publicación en el plazo de quince 
días hábiles al «Diario Oficial de Castilla-La Mancha», sin perjuicio de su publicación en 
la sede electrónica del órgano ambiental.
6.  Transcurrido el plazo de seis meses sin que el órgano ambiental haya notificado 
la  prórroga  de  la  vigencia  de  la  declaración  ambiental  estratégica  se  entenderá 
desestimada la solicitud de prórroga.
Artículo 29.  Modificación de la declaración ambiental estratégica. s
1.  La declaración ambiental estratégica de un plan o programa aprobado podrá  w.b
modificarse  cuando  concurran  circunstancias  que  determinen  la  incorrección  de  la  74ww
deevacllauraaccióiónn  daem ibmiepnatcatlo e satmrabtéiegnictaal,,  itnacnlutoid apso rl ahse cqhuoes s uor jcainrc udnusratanntec iaesl  pdreo caecdaimecieimntioe ndteo 
npoo sftueeriroorn a o e nsota p úuldtiimerao nc osmero o pbojer thoe dceh olas  aod ceirccuuandsata vnacloiarsa cainótne.riores que, en su momento,
2.  El procedimiento de modificación de la declaración ambiental estratégica podrá 
iniciarse de oficio o a solicitud del promotor.
El órgano ambiental iniciará dicho procedimiento de oficio, bien por propia iniciativa o 
a petición razonada del órgano sustantivo, o por denuncia, mediante acuerdo.
En el caso de que se haya recibido petición razonada o denuncia, el órgano ambiental 
deberá pronunciarse sobre la procedencia de acordar el inicio del procedimiento en el plazo 
de veinte días hábiles desde la recepción de la petición o de la denuncia.
3.  En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud del promotor 
de inicio de la modificación de la declaración ambiental estratégica, el órgano ambiental 
podrá resolver motivadamente su inadmisión, lo que se notificará al promotor y órgano 
sustantivo.  Frente  a  esta  resolución  podrán,  en  su  caso,  interponerse  los  recursos 
legalmente procedentes en vía administrativa o judicial, en su caso.
4.  El órgano ambiental consultará, por el plazo mínimo de cuarenta y cinco días 
hábiles, al promotor, al órgano sustantivo y a las Administraciones públicas afectadas y 
personas  interesadas,  al  objeto  de  que  emitan  los  informes  y  formulen  cuantas 
alegaciones estimen oportunas y aporten cuantos documentos estimen precisos. La 
consulta se realizará por medios electrónicos o cualesquiera otros, siempre que se 
acredite la realización de la consulta.
Transcurrido el plazo sin que se hayan recibido los informes y alegaciones de las 
Administraciones públicas afectadas, y de las personas interesadas, el procedimiento de 
modificación continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes 
para ello.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes para continuar con 
el procedimiento de modificación, bien porque no se hubiesen recibido los informes de las 
Administraciones públicas afectadas, o bien porque habiéndose recibido estos resultasen 
insuficientes para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente 
superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del requerimiento, ordene al órgano competente la remisión de 
los informes en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
incurra el responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano 
sustantivo y al promotor y suspende el plazo previsto para que el órgano ambiental se 
pronuncie sobre la modificación de la declaración ambiental estratégica.
En  todo  caso,  el  promotor  podrá  reclamar  a  la  Administración  competente  la 
formulación de los informes, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción Contencioso-administrativa.
5.  El órgano ambiental, en un plazo de tres meses contados desde el inicio del 
procedimiento, resolverá sobre la modificación de la declaración ambiental estratégica 
que en su día se formuló. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera emitido resolución, 
se entenderá desestimada la solicitud del promotor, en su caso.
6.  La  decisión  del  órgano  ambiental  sobre  la  modificación  tendrá  carácter 
determinante y no recurrible sin perjuicio de los recursos en vía administrativa o judicial 
que,  en  su  caso,  procedan  frente  a  los  actos  o  disposiciones  que,  posterior  y 
consecuentemente, puedan dictarse. Tal decisión se notificará al promotor y al órgano 
sustantivo y deberá ser remitida para su publicación en el plazo de quince días hábiles al 
«Diario  Oficial  de  Castilla-La  Mancha»,  sin  perjuicio  de  su  publicación  en  la  sede 
electrónica del órgano ambiental.
Sección 2.ª Procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la  es
emisión del informe ambiental estratégico o
Artíc1u. lo L3a0 .e vaTlruáamciiótens a ym pbliaeznotasl  dees trlaa teévgaiclua ascimiópnl iaficmabdiae nctoanl setsatrráa tdéeg liocas  ssiigmupielinfitceasd tará.mites: 2020-4474n https://ww
a)  Solicitud de inicio.
b)  Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.
c)  Elaboración del Informe Ambiental Estratégico.
d)  Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa.
2.  El  órgano  ambiental  dispondrá  de  un  plazo  máximo  de  cuatro  meses  para 
formular el informe ambiental estratégico contados desde la recepción de la solicitud de 
inicio y de los documentos que la deben acompañar.
Artículo 31.  Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada.
1.  Dentro  del  procedimiento  sustantivo  de  adopción  o  aprobación  del  plan  o 
programa, el promotor presentará ante el órgano sustantivo los siguientes documentos, 
junto con la documentación exigida por la legislación sectorial:
a)  Una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada.
b)  El borrador del plan o programa.
c)  El documento ambiental estratégico.
d)  La justificación del abono de la tasa que sea aplicable al procedimiento, en su 
caso.
2.  El  documento  ambiental  estratégico  debe  contener,  al  menos,  la  siguiente 
información:
a)  Los objetivos de la planificación.
b)  El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, 
técnica y ambientalmente viables.
c)  El desarrollo previsible del plan o programa.
d)  Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del 
plan o programa en el ámbito territorial afectado.
e)  Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
f)  Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
g)  La  motivación  de  la  aplicación  del  procedimiento  de  evaluación  ambiental 
estratégica simplificada.
h)  Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
i)  Las medidas previstas para prevenir,  reducir  y, en la  medida de lo posible, 
corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del 
plan o programa, tomando en consideración el cambio climático.
j)  Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.
3.  Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los 
documentos señalados en el apartado anterior, requerirá al promotor para que, en un 
plazo de diez días hábiles, los aporte, con los efectos previstos en el artículo 68 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.
Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada de 
conformidad con la legislación sectorial cumple los requisitos en ella exigidos.
4.  Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá 
al órgano ambiental en el plazo máximo de diez días hábiles la solicitud de inicio y los 
documentos que la deben acompañar.
5.  En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de 
la evaluación ambiental estratégica simplificada, el órgano ambiental podrá resolver su  es
inadmisión por alguna de las siguientes razones: o
a)  Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es manifiestamente  74ww
inviabb) le Spoi re rsatzimonaeras  aqmueb ieeln tdaolecsu.mento ambiental estratégico no reúne condiciones de
calidad suficientes.
Con  carácter  previo  a  la  adopción  de  la  resolución  por  la  que  se  acuerde  la 
inadmisión, el órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano 
sustantivo,  por  un  plazo  de  diez  días  que  suspende  el  previsto  para  declarar  la 
inadmisión.
La  resolución  de  inadmisión  justificará  las  razones  por  las  que  se  aprecia,  se 
notificará al órgano sustantivo y al promotor, y frente a la misma podrán interponerse los 
recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en su caso.
6.  Cuando no proceda la inadmisión, el órgano ambiental podrá solicitar al promotor 
la documentación adicional o aclaraciones que considere necesarias, otorgándole un 
plazo de diez días para su aportación e informando de ello al órgano sustantivo. Si 
transcurrido  dicho  plazo  el  órgano  ambiental  no  hubiera  recibido  la  subsanación 
requerida, dará por desistido el procedimiento previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, notificando al 
promotor y al órgano sustantivo la resolución de terminación. Contra esta resolución 
podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, 
en su caso.
Artículo 32.  Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas.
1.  El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el 
borrador del plan o programa.
2.  Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas 
deberán pronunciarse en el plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles desde la 
recepción de la solicitud de informe. Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el 
pronunciamiento,  el  procedimiento  continuará  si  el  órgano  ambiental  cuenta  con 
elementos de juicio suficientes para formular el informe ambiental estratégico.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no 
se  hubiesen  recibido  los  informes  de  las  Administraciones  públicas  afectadas  que 
resulten relevantes, o bien porque habiéndose recibido estos resultasen insuficientes 
para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de 
aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la 
entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento 
efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor y suspende el plazo.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión 
del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 julio de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
3.  Los informes de las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas 
recibidos en este trámite de consultas se podrán tener en cuenta en los procedimientos 
sectoriales de elaboración y aprobación de los planes y programas, estableciéndose a tal 
efecto los mecanismos de coordinación que se juzguen oportunos entre los distintos 
órganos competentes. En el caso de planes y programas de ordenación del territorio y 
urbanismo, este trámite de consultas realizadas por el órgano ambiental podrá equivaler 
al trámite de consultas que debe ser realizado durante su redacción técnica de acuerdo 
con la legislación de ordenación del territorio y urbanismo, siempre que se especifique en  e.
el objeto de la consulta. w.b
Ay rdtíec1u . cloo En3fl3 oó.r rmgIiandnfaoodr m acmeo bnai melonbstiae lcn, rttiaeteln reiieosnstrd aeotés egtanicb ocleu.ceidnotas  eel nre esul latandeox od eV ,la rse csoonlvseurláta sm reedaializnated alas   OE-A-2020-44able en https://
emisión  del  informe  ambiental  estratégico  en  el  plazo  máximo  de  cuatro  meses 
establecido en el artículo 30.2, que podrá determinar que:
a)  El plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental estratégica 
ordinaria porque puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este 
caso el órgano ambiental elaborará el documento de alcance del estudio ambiental 
estratégico, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 32, y no será preciso realizar las consultas reguladas en el 
artículo 20.
Esta decisión se notificará al promotor y al órgano sustantivo junto con el documento 
de  alcance  y  el  resultado  de  las  consultas  realizadas  para  que  elabore  el  estudio 
ambiental  estratégico  y  continúe  con  la  tramitación  prevista  en  los  artículos  21  y 
siguientes. Tanto el informe ambiental estratégico, como el documento de alcance y el 
resultado de las consultas será puesto a disposición del público en la sede electrónica 
del órgano ambiental.
b)  El plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en 
los términos establecidos en el informe ambiental estratégico.
2.  El informe ambiental estratégico, una vez formulado, se remitirá por el órgano 
ambiental para su publicación en el plazo de quince días hábiles al «Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha», sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano 
ambiental y del órgano sustantivo. Asimismo, será notificado al promotor y al órgano 
sustantivo.
3.  En el supuesto previsto en el apartado 1 letra b) el informe ambiental estratégico 
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una 
vez publicado en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha», no se hubiera procedido a la 
aprobación  del  plan  o  programa  en  el  plazo  máximo  de  cuatro  años  desde  su 
publicación. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica simplificada del plan o programa.
4.  El informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de 
los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general 
que hubiese aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en 
vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.
Artículo 34.  Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa.
En el plazo de quince días hábiles desde la aprobación del plan o programa, el 
órgano  sustantivo  remitirá  para  su  publicación  en  el  «Diario  Oficial  de  Castilla-La 
Mancha» la siguiente documentación:
a)  La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa aprobado, y 
una  referencia  a  la  dirección  electrónica  en  la  que  el  órgano  sustantivo  pondrá  a 
disposición del público el contenido íntegro de dicho plan o programa.
b)  Una  referencia  al  «Diario  Oficial  de  Castilla-La  Mancha»  en  el  que  se  ha 
publicado el informe ambiental estratégico.
Artículo 35.  Modificación del informe ambiental estratégico.
1.  El  informe  ambiental  estratégico  podrá  modificarse  cuando  concurran 
circunstancias  que  determinen  su  incorrección,  incluidas  las  que  surjan  durante  el  e
procedimiento  de  evaluación  ambiental  estratégica  simplificada,  tanto  por  hechos  o  bo
circunstancias  de  acaecimiento  posterior  a  su  finalización  como  por  hechos  o  74ww
caidrceucnusatdaan cviaalso raanctieórnio.res que, en su momento, no fueron o no pudieron ser objeto de la
inici2a.r seE dl e porfoiccieod oim ai esnotloic itdued  dmelo pdriofimcaoctioórn,  y dseel  reingfiorárm peo r laams bmieisnmtaal s edsistrpaotésgiciicoon epso qdureá 
establece el artículo 29 para la modificación de la declaración ambiental estratégica.
CAPÍTULO II
Evaluación de impacto ambiental de proyectos
Sección 1.ª Procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria para la 
formulación de la declaración de impacto ambiental
Artículo 36.  Trámites y plazos de la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
1.  La evaluación de impacto ambiental ordinaria constará de los siguientes trámites:
a)  Solicitud de inicio y presentación del estudio de impacto ambiental en el órgano 
sustantivo.
b)  Sometimiento del proyecto y del estudio de impacto ambiental a información 
pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas, 
por el órgano sustantivo.
c)  Análisis técnico del expediente por el órgano ambiental.
d)  Formulación de la declaración de impacto ambiental por el órgano ambiental.
e)  Integración  del  contenido  de  la  declaración  de  impacto  ambiental  en  la 
autorización del proyecto y publicidad de la misma, por el órgano sustantivo.
2.  Con carácter potestativo, el promotor podrá solicitar, de conformidad con el 
artículo 37, que el órgano ambiental elabore el documento de alcance del estudio de 
impacto ambiental. El plazo máximo para su elaboración es de tres meses contados 
desde la recepción de la solicitud del documento de alcance.
3.  Con  carácter  obligatorio,  el  órgano  sustantivo,  dentro  del  procedimiento 
sustantivo de autorización del proyecto, realizará los trámites de información pública y de 
consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, sin 
perjuicio del desempeño de estas funciones por el órgano ambiental en los supuestos de 
los artículos 40.1 y 41.1, ni de lo establecido en la sección 3.ª respecto de los proyectos 
sometidos a autorización ambiental integrada.
Los trámites de información pública y de consultas tendrán una vigencia de un año 
desde su finalización. Transcurrido este plazo sin que el órgano sustantivo haya dado 
traslado del expediente al órgano ambiental para el inicio de la evaluación de impacto 
ambiental ordinaria de acuerdo con el artículo 44.1, el órgano sustantivo declarará la 
caducidad de los citados trámites.
4.  El análisis técnico del expediente de impacto ambiental y la formulación de la 
declaración de impacto ambiental se realizarán en el plazo de cuatro meses, contados 
desde la recepción completa del expediente de impacto ambiental.
Este  plazo  podrá  prorrogarse  por  dos  meses  adicionales  debido  a  razones 
justificadas, debidamente motivadas.
Artículo 37.  Actuaciones previas: consultas a las Administraciones públicas afectadas y 
a las personas interesadas y elaboración del documento de alcance del estudio de 
impacto ambiental.
1.  Con carácter potestativo, antes del inicio del procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria el promotor podrá solicitar al órgano ambiental que elabore 
un documento de alcance del estudio de impacto ambiental, en el plazo máximo de tres 
meses marcado en el artículo 36.2. e.e
2.  Para  ello,  el  promotor  presentará  ante  el  órgano  sustantivo  los  siguientes  w.b
documentos: 74ww
ba))   EUln dao scoulmicietundto d ien icdieatle drmel inparocyióenc tdoe.l alcance del estudio de impacto ambiental. OE-A-2020-44able en https://
3.  El  documento  inicial  del  proyecto  contendrá,  como  mínimo,  la  siguiente 
información:
a)  La definición y las características específicas del proyecto, incluida su ubicación, 
viabilidad técnica y su probable impacto sobre el medio ambiente, así como un análisis 
preliminar de los efectos previsibles sobre los factores ambientales derivados de la 
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes.
b)  Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales 
impactos de cada una de ellas.
c)  Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.
4.  Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de determinación del alcance 
no incluye el documento inicial del proyecto requerirá al promotor que lo aporte en un 
plazo de diez días hábiles, con los efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas.
5.  El órgano sustantivo, una vez comprobada formalmente la adecuación de la 
documentación presentada, la remitirá, en el plazo de diez días hábiles, al órgano 
ambiental para que elabore el documento de alcance del estudio de impacto ambiental.
6.  Para la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental, 
el  órgano  ambiental  consultará  a  las  Administraciones  públicas  afectadas  y  a  las 
personas interesadas.
7.  Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas 
deberán pronunciarse en el plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de 
la documentación.
Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  hayan  recibido  estos  pronunciamientos,  el 
procedimiento  continuará  si  el  órgano  ambiental  cuenta  con  elementos  de  juicio 
suficientes para elaborar el documento de alcance del estudio de impacto ambiental.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no 
se hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas competentes que 
resulten relevantes, o bien porque habiéndose recibido estos resultasen insuficientes 
para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de 
aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la 
entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento 
efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y suspende el plazo previsto 
para la elaboración del documento de alcance. En el caso de no haberse recibido 
informe transcurrido el plazo anterior, el órgano ambiental lo notificará al promotor, quien 
podrá  elaborar  el  estudio  de  impacto  ambiental  y  continuar  con  la  tramitación  del 
procedimiento.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión 
del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
8.  Recibidas las contestaciones a las consultas, el órgano ambiental elaborará y 
remitirá al promotor y al órgano sustantivo el documento de alcance del estudio de 
impacto ambiental, junto con las contestaciones recibidas, dentro del plazo establecido 
en el artículo 36.2. Tanto el documento de alcance como las contestaciones recibidas 
serán puestas a disposición del público en la sede electrónica del órgano ambiental y  e
órgano sustantivo. bo
9.  Cuando el proyecto deba someterse a una evaluación de impacto ambiental  74ww
courdeinntaar ieal  erens uvilrtatuddo  ddee  lloa sd cisopnuseuslttaos  erne aelilz aadrtaícsu cloo n5f4o.r2m.ae  aell  aórrtgícaunloo  5a3m yb iennot asle rtáe npdrreác ieson 
irmeaplaizcator  naumebviaesn tcaol.nsultas para la elaboración del documento de alcance del estudio de
Artículo 38.  Estudio de impacto ambiental.
1.  Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 37, el promotor elaborará el estudio de 
impacto ambiental que contendrá, al menos, la siguiente información en los términos 
desarrollados en el anexo VI:
a)  Descripción general del proyecto que incluya información sobre su ubicación, 
diseño, dimensiones y otras características pertinentes del proyecto; y previsiones en el 
tiempo sobre la utilización del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los 
tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.
b)  Descripción  de  las  diversas  alternativas  razonables  estudiadas  que  tengan 
relación con el proyecto y sus características específicas, incluida la alternativa cero, o 
de no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la 
solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos del proyecto sobre el medio ambiente.
c)  Identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles 
efectos significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del 
proyecto sobre los siguientes factores: la población, la salud humana, la flora, la fauna, la 
biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el clima, el cambio 
climático, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural, y la interacción entre 
todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso 
durante la demolición o abandono del proyecto.
Se  incluirá  un  apartado  específico  para  la  evaluación  de  las  repercusiones  del 
proyecto  sobre  espacios  Red  Natura  2000  teniendo  en  cuenta  los  objetivos  de 
conservación de cada lugar, que incluya los referidos impactos, las correspondientes 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias Red Natura 2000 y su seguimiento.
Cuando  se  compruebe  la  existencia  de  un  perjuicio  a  la  integridad  de  la  Red 
Natura 2000, el promotor justificará documentalmente la inexistencia de alternativas, y la 
concurrencia de las razones imperiosas de interés público de primer orden mencionadas 
en el artículo 46, apartados 5, 6 y 7, de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Cuando el proyecto pueda causar a largo plazo una modificación hidro-morfológica 
en una masa de agua superficial o una alteración del nivel en una masa de agua 
subterránea que puedan impedir que alcance el buen estado o potencial, o que pueda 
suponer un deterioro de su estado o potencial, se incluirá un apartado específico para la 
evaluación de sus repercusiones a largo plazo sobre los elementos de calidad que 
definen el estado o potencial de las masas de agua afectadas.
d)  Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, 
análisis  y  si  procede,  cuantificación  de  los  efectos  esperados  sobre  los  factores 
enumerados en la letra c), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de 
accidentes  graves  o  de  catástrofes,  sobre  el  riesgo  de  que  se  produzcan  dichos 
accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el 
medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo sobre 
la no aplicación de este apartado al proyecto.
Para realizar los estudios mencionados en este apartado, el promotor incluirá la 
información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de 
conformidad con las normas que sean de aplicación al proyecto.
e)  Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los posibles 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y el paisaje.
f)  Programa de vigilancia ambiental. e
g)  Resumen  no  técnico  del  estudio  de  impacto  ambiental  y  conclusiones  en  bo
términos fácilmente comprensibles. 74ww
conf2o.r mCiduaadn dcoo n ello  ódrgisapnuoe satom beine netal l arhtaícyualo  e3la7b, oeral dpor omel otdoor cuemlabeonrtoa rád ee l aelcsatundcieo  ddee 
impacto ambiental ajustándose a la información requerida en dicho documento.
3.  Con el fin de evitar la duplicidad de evaluaciones, el promotor, al elaborar el 
estudio de impacto ambiental tendrá en cuenta los resultados disponibles de otras 
evaluaciones pertinentes en virtud de la legislación comunitaria o nacional.
A estos efectos, la Administración pondrá a disposición del promotor que así lo 
solicite los informes y cualquier otra documentación que obre en su poder cuando resulte 
de utilidad para la realización del estudio de impacto ambiental.
4.  El estudio de impacto ambiental perderá su validez si en el plazo de un año 
desde la fecha de su conclusión no se hubiera presentado ante el órgano sustantivo para 
la realización de la información pública y de las consultas.
Artículo 39.  Presentación del estudio de impacto ambiental ante el órgano sustantivo.
1.  Dentro del procedimiento de autorización del proyecto, el promotor presentará 
ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, 
los siguientes documentos:
a)  Una solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
b)  El documento técnico del proyecto.
c)  El Estudio de Impacto Ambiental.
d)  La justificación del abono de la tasa que sea aplicable al procedimiento, en su 
caso.
2.  Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los 
documentos señalados en el apartado anterior requerirá al promotor para que, en un 
plazo de diez días hábiles, acompañe los documentos preceptivos, con los efectos 
previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En relación con el estudio de 
impacto ambiental, documento básico para la realización de la evaluación de impacto 
ambiental, se constatará que en el mismo se han incluido los apartados específicos 
contemplados en el artículo 38.1.
Asimismo,  el  órgano  sustantivo  comprobará  que  la  documentación  presentada 
cumple los requisitos exigidos por la legislación sectorial.
Artículo 40.  Información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental.
1.  El órgano sustantivo someterá el proyecto y el estudio de impacto ambiental a 
información pública durante un plazo no inferior a treinta días hábiles, previo anuncio en 
el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» y en su sede electrónica, sin perjuicio de lo 
establecido en la Sección 3.ª y en los párrafos siguientes.
Esta información pública se llevará a cabo en una fase del procedimiento sustantivo 
de autorización del proyecto en la que estén abiertas todas las opciones relativas a la 
determinación del contenido, la extensión y la definición del proyecto.
Cuando se trate de proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación, 
así como cuando el órgano ambiental asuma de forma excepcional las funciones del 
órgano sustantivo en la tramitación de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.4, 
incumbirá al órgano ambiental la realización de la información pública.
2.  En el anuncio del inicio de la información pública el órgano sustantivo, o en su 
caso el órgano ambiental, incluirá un resumen del procedimiento de autorización del 
proyecto, que contendrá, como mínimo, la siguiente información:
a)  Indicación de que el proyecto está sujeto a evaluación de impacto ambiental  bo
ordinaria, así como de que, en su caso, puede resultar de aplicación lo previsto en la  74ww
legisbl)a cióIdne bnátifsicicaac ieósnt adtaell  eónrg manaote crioam dpee cteonntseu lptaasra t raauntsofrroiznatre reizl apsro.yecto o, en el caso de
pórrogyaencot oasn tseo mele tqiduoes  dae bdae cplarerasceinótna rsree splao nmsaebnlcei onoa dcao mduencilcaarcaicóinó,n  idoe nctoifmicuanciicóanc iódne;l 
identificación de aquellos órganos de los que pueda obtenerse información pertinente y
de aquellos a los que puedan presentarse alegaciones, así como del plazo disponible 
para su presentación.
3.  El órgano sustantivo, o en su caso el órgano ambiental, adoptará las medidas 
necesarias para garantizar que la documentación que debe someterse a información 
pública tenga la máxima difusión entre el público, utilizando los medios electrónicos y 
otros medios de comunicación.
Artículo  41.  Consulta  a  las  Administraciones  públicas  afectadas  y  a  las  personas 
interesadas.
1.  Simultáneamente  al  trámite  de  información  pública,  y  sin  perjuicio  de  lo 
establecido en la Sección 3.ª y en los párrafos siguientes, el órgano sustantivo consultará 
a  las  Administraciones  públicas  afectadas  y  a  las  personas  interesadas  sobre  los 
posibles efectos significativos del proyecto, que incluirá el análisis de los probables 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente derivados de la vulnerabilidad 
del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes que incidan en el 
proyecto.
Con este fin, el órgano sustantivo deberá coordinarse con el órgano ambiental sobre 
el listado de las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas que sea 
necesario consultar para cada tipo de proyecto sobre los que ejerza sus competencias.
Cuando se trate de proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación, 
así como cuando el órgano ambiental asuma de forma excepcional las funciones del 
órgano sustantivo en la tramitación de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.4, 
incumbirá al órgano ambiental la realización de este trámite de consultas.
2.  De entre todas las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas 
que deben ser consultadas de acuerdo con el apartado anterior, tendrán un carácter 
preceptivo  a  los  efectos  de  esta  ley  los  siguientes  informes,  que  deberán  estar 
debidamente motivados:
a)  El informe del órgano autonómico con competencias en materia de áreas y 
recursos naturales protegidos y sobre los dominios públicos forestal y pecuario, cuando 
proceda.
b)  El informe del órgano autonómico con competencias sobre el patrimonio cultural, 
cuando proceda.
c)  El  informe  de  los  órganos  con  competencias  en  materia  de  planificación 
hidrológica y de dominio público hidráulico, y en materia de calidad de las aguas, cuando 
proceda.
d)  Un  informe  preliminar  del  órgano  con  competencias  en  materia  de  impacto 
radiológico, cuando proceda.
e)  El informe de los órganos con competencias en materia de prevención y gestión 
de riesgos derivados de accidentes graves o catástrofes, en su caso.
f)  El informe del Ministerio de Defensa en el caso de que el proyecto incida sobre 
zonas  declaradas  de  interés  para  la  Defensa  Nacional  y  terrenos,  edificaciones  e 
instalaciones, incluidas sus zonas de protección, afectos a la Defensa Nacional. El 
informe tendrá carácter vinculante en lo que afecte a la Defensa Nacional.
g)  El informe del órgano con competencias en materia de salud pública, cuando 
proceda.
h)  El informe del Ayuntamiento sobre sus competencias, y en particular sobre la  s
compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico. oe.
3.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 16, las personas físicas o jurídicas  74ww
creognissutrlataddaass  ceonm loos  pperorscoendaims ieinnttoesre sdaed aesv alau acloiósn  eafmecbtioesn tadl eq uees tpau eldeay,n  daefebcetarár na  sloesr 
teelerrmitoerniatol,s s dine lp merejudicioio a dmeb liaesn tceo cnusyualt apsr oqtueec csióen p cuoendtaenm rpelaelniz eanr tare o struass  fpineersso enna ss ufí sáimcabsi too 
jurídicas no incluidas en el registro, ni de la correspondiente información que pueda 
proceder poner a disposición del público en general.
4.  Las  consultas  se  realizarán  mediante  una  notificación  que  contendrá,  como 
mínimo, la siguiente información:
a)  El estudio de impacto ambiental, o el lugar o lugares en los que puede ser 
consultado.
b)  El órgano al que se deben remitir los informes y alegaciones.
c)  Toda la documentación relevante sobre el proyecto a efectos de la evaluación 
ambiental que obre en poder del órgano sustantivo o en su caso, del ambiental.
La consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas 
se realizará por medios electrónicos y mediante anuncios o cualesquiera otros medios, 
siempre que se acredite la realización de la consulta.
5.  Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas dispondrán 
de un plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la notificación para 
emitir los informes y formular las alegaciones que estimen pertinentes.
6.  El órgano sustantivo o en su caso, el órgano ambiental, pondrá a disposición de 
las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas aquella otra 
información distinta de la prevista en el apartado 4 que sólo pueda obtenerse una vez 
expirado el período de información pública a que se refiere el artículo 40 y que resulte 
relevante a los efectos de la decisión sobre la ejecución del proyecto.
Artículo 42.  Remisión al promotor del resultado de la información pública y de las 
consultas.
1.  En el plazo máximo de treinta días hábiles desde la finalización de los trámites 
de información pública y de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las 
personas  interesadas,  el  órgano  sustantivo  remitirá  al  promotor  los  informes  y 
alegaciones recibidos para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva 
versión del proyecto y en el estudio de impacto ambiental.
2.  El promotor analizará los informes y alegaciones recibidos y valorará si procede 
introducir modificaciones al proyecto y al estudio de impacto ambiental. En el caso de 
que se introduzcan modificaciones, se deberán especificar y justificar las mismas.
3.  Tanto en los casos en que sí se introduzcan modificaciones al proyecto o al 
estudio de impacto ambiental, como en los casos en los que se justifique no hacerlo, el 
promotor dispondrá de un plazo máximo de tres meses para transmitirlo al órgano 
sustantivo. Transcurrido este plazo sin recibir contestación por parte del promotor, el 
órgano sustantivo declarará la caducidad de los trámites.
4.  Si, como consecuencia del trámite de información pública y de consultas a las 
Administraciones  públicas  afectadas  y  a  las  personas  interesadas,  el  promotor 
incorporara en el proyecto o en el estudio de impacto ambiental modificaciones que 
supongan efectos ambientales significativos distintos de los previstos originalmente, se 
realizará un nuevo trámite de información pública y consultas en los términos previstos 
en los artículos 40 y 41 que, en todo caso, será previo a la formulación de la declaración 
de impacto ambiental.
Artículo 43.  Revisión del expediente por el órgano sustantivo y remisión al órgano 
ambiental. s
1.  Antes de efectuar la remisión del expediente al  órgano ambiental, una vez  w.b
recibidas las nuevas versiones del proyecto y del estudio de impacto ambiental, en su  74ww
ceasstaob, leoc idlao  jeuns teifli caarctíicóunl od 4e2 .q4u ree snpoe cptoro ac elad ep oisnitbroled ruecpire tvicaiórianc dioen leas i,n fsoirnm paecirójuni cpioú bdlieca  loy 
ceonn ssuu lútaltsim, ae l vóerrgsaiónno  csounsttieannetiv loo sd aepbaerrtáa dcoosm epsrpoebcaírf icqouse  ceol netesmtupdliaod does  eimnp eal catort ícaumlob i3e8n.t1a,l 
así como que el conjunto de la documentación presentada cumple con los requisitos 
exigidos por la legislación sectorial.
2.  Una vez realizadas dichas comprobaciones, el órgano sustantivo remitirá al 
órgano  ambiental  el  expediente  completo  de  evaluación  de  impacto  ambiental, 
compuesto por:
a)  La solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental ordinaria.
b)  La justificación del abono de la tasa que sea aplicable al procedimiento, en su 
caso.
c)  El documento técnico del proyecto, en su última versión.
d)  El estudio de impacto ambiental, en última versión, especificando y justificando, 
en su caso, los cambios introducidos respecto a la versión inicial sometida a los trámites 
de información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas 
interesadas.
e)  Las alegaciones e informes recibidos en los trámites de información pública y de 
consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, así 
como la justificación sobre la manera en que se hayan considerado. Asimismo, se 
incluirán las alegaciones e informes recibidos en la fase de determinación del alcance del 
estudio de impacto ambiental, en el caso de haberse realizado, así como los recibidos en 
virtud del artículo 42.4, en su caso.
f)  En su caso, las observaciones que el órgano sustantivo estime oportunas.
Artículo 44.  Inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
1.  El inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental se produce con la 
recepción en el órgano ambiental del expediente completo de evaluación de impacto 
ambiental, procedente del órgano sustantivo, de acuerdo con el artículo 43.2.
2.  En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de 
la evaluación de impacto ambiental ordinaria junto con el resto del expediente, el órgano 
ambiental podrá resolver su inadmisión por alguna de las siguientes razones:
a)  Si estimara de modo inequívoco que el proyecto es manifiestamente inviable por 
razones ambientales.
b)  Si estimara que el estudio de impacto ambiental no reúne condiciones de calidad 
suficientes.
c)  Si  ya  hubiese  inadmitido  o  ya  hubiese  dictado  una  declaración  de  impacto 
ambiental desfavorable en un proyecto sustantivamente análogo al presentado.
Con  carácter  previo  a  la  adopción  de  la  resolución  por  la  que  se  acuerde  la 
inadmisión, el órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano 
sustantivo, por un plazo de diez días hábiles que suspende el previsto para declarar la 
inadmisión.
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, será 
notificada al promotor y al órgano sustantivo, y frente a la misma podrán interponerse los 
recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en su caso.
Artículo 45.  Análisis técnico del expediente.
1.  El  órgano  ambiental  realizará  un  análisis  formal  del  expediente  de  impacto 
ambiental y comprobará que está completo. e
Si de este análisis resulta que no constan en el expediente los informes preceptivos a  bo
los que se refiere el artículo 41.2, o que la información pública o las consultas a las  74ww
Acodnmfoinrmistera ac iloon eess tapbúlbelcicidaos  eanfe ectsatad ales yy,  oa  qlause  peel ressotnuadsio  indtee rimespaadcatos  anmo bsiee nhtaaln  erleaabloizraaddoo 
pcoonr teelm pprloamdoosto er nr eesl ualrtatí ciunlcoo 3m8p.1le, teol  póorgr aonmo isaimónb iednet aall greuqnuoe drierá  loasl  óargpaanrtoa dsouss teasnptievocí fpicaoras 
que  subsane  el  expediente  en  el  plazo  de  tres  meses.  En  estos  casos  quedará
suspendido el cómputo del plazo para la formulación de la declaración de impacto 
ambiental.
También podrá requerir el órgano ambiental al órgano sustantivo la repetición de 
estos  trámites  de  información  pública  y  consultas  a  las  Administraciones  públicas 
afectadas  y  personas  interesadas  si  se  comprobara  la  existencia  de  cambios 
significativos en la versión final del proyecto técnico y estudio de impacto ambiental, con 
respecto a la versión inicial sometida a los trámites de información pública y consultas a 
las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas.
Si transcurridos tres meses el órgano sustantivo no hubiera remitido la información 
solicitada, o si una vez presentada el expediente siguiera estando incompleto, el órgano 
ambiental dará por finalizada la evaluación de impacto ambiental ordinaria, notificando al 
promotor y al órgano sustantivo la resolución de terminación. Contra esta resolución 
podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, 
en su caso.
2.  Una vez completado formalmente el expediente, el órgano ambiental efectuará 
su análisis técnico.
Si durante este análisis comprobase que alguno de los informes preceptivos a los 
que se refiere el artículo 41.2 no resulta suficiente para disponer de los elementos de 
juicio necesarios para poder realizar la evaluación de impacto ambiental, el órgano 
ambiental se dirigirá al órgano responsable de su emisión para que el informe sea 
completado,  comunicándoselo  al  órgano  sustantivo  y  al  promotor.  En  estos  casos 
quedará suspendido el cómputo del plazo para la formulación de la declaración de 
impacto ambiental.
Si transcurridos tres meses no se hubieran recibido los informes solicitados o, si una 
vez  presentados,  su  contenido  sigue  resultando  insuficiente,  el  órgano  ambiental 
requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que 
tendría que emitir el informe para que, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir 
de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del informe 
solicitado en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará 
al órgano sustantivo y al promotor, y suspenderá el plazo para la formulación de la 
declaración de impacto ambiental.
Si transcurrido el plazo de diez días hábiles el órgano ambiental no hubiese recibido 
el informe, comunicará al órgano sustantivo y al promotor la imposibilidad de continuar el 
procedimiento,  dando  por  finalizada  la  evaluación  de  impacto  ambiental  ordinaria, 
notificando al promotor y al órgano sustantivo la resolución de terminación. Contra esta 
resolución  podrán  interponerse  los  recursos  legalmente  procedentes  en  vía 
administrativa y judicial, en su caso.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión 
del informe a través del procedimiento previsto en el artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
3.  Asimismo, si durante el análisis técnico del expediente, el órgano ambiental 
concluyera  que  es  necesaria  información  adicional  relativa  al  estudio  de  impacto 
ambiental, que el contenido del estudio de impacto ambiental no es acorde con la 
información requerida en el documento de alcance, en su caso, o que el promotor no ha 
tenido  debidamente  en  cuenta  las  alegaciones  recibidas  durante  los  trámites  de 
información pública y consultas, le requerirá al promotor, informando de ello al órgano 
sustantivo,  para  que  complete  la  información  que  resulte  imprescindible  para  la  s
formulación de la declaración de impacto ambiental, otorgando para ello un plazo de tres  oe.
meses. Esta solicitud suspende el plazo para la formulación de la declaración de impacto  w.
ambiental. 74ww
una Svi etrza npsrceusrerindtoasd atr,e se smtae sesisg ueile praro msioetnodr on oin hsuubfiiceieran tree,m  eitli doó rlgaa innofo rammabciieónnt arel qduaerráid ap oor, 
finalizada la evaluación de impacto ambiental ordinaria, notificando al promotor y al órgano
sustantivo la resolución de terminación. Contra esta resolución podrán interponerse los 
recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso.
El plazo de tres meses previsto en los párrafos anteriores de este apartado se podrá 
ampliar en casos excepcionales, debidamente motivados, a instancias del promotor o del 
órgano sustantivo, y por un tiempo que no exceda de la mitad de dicho plazo.
4.  Durante el análisis técnico del expediente el órgano ambiental podrá recabar, en 
cualquier momento, ya sea directamente o a través del órgano sustantivo, el informe de 
organismos  científicos  o  académicos  que  resulten  necesarios  para  disponer  de  los 
elementos de juicio suficientes para poder realizar la evaluación de impacto ambiental. 
Estos organismos deberán pronunciarse en el plazo de treinta días hábiles desde la 
recepción de la solicitud. El órgano ambiental trasladará copia de los informes recibidos 
al órgano sustantivo y al promotor. Asimismo, podrá requerir consideraciones adicionales 
al  promotor  al  respecto,  otorgándole  un  plazo  de  treinta  días  hábiles  para  ello, 
comunicándoselo también al órgano sustantivo.
Si  transcurrido  el  plazo  de  treinta  días  hábiles  el  órgano  ambiental  no  hubiera 
recibido los informes solicitados dará por finalizada la evaluación de impacto ambiental 
ordinaria, notificando al promotor y al órgano sustantivo la resolución de terminación. 
Contra esta resolución podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía 
administrativa y judicial, en su caso.
5.  De acuerdo con el artículo 41.6, si el órgano ambiental considera necesario que 
las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas se pronuncien sobre 
la nueva información recibida en virtud de los apartados 3 y 4, por resultar relevante a los 
efectos  de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  del  proyecto,  requerirá  al  órgano 
sustantivo  para  que  realice  una  nueva  consulta  a  las  Administraciones  públicas 
afectadas y a las personas interesadas, que deberán pronunciarse en el plazo máximo 
de treinta días hábiles desde la recepción de la documentación, quedando suspendido el 
plazo para la formulación de la declaración de impacto ambiental.
Esta nueva consulta también podrá ser realizada por el órgano ambiental en los 
casos de proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación, así como 
cuando el órgano ambiental asuma de forma excepcional las funciones del órgano 
sustantivo en la tramitación de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.4.
Transcurrido el plazo de treinta días hábiles, el procedimiento continuará si el órgano 
ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para formular la declaración de 
impacto  ambiental.  En  caso  contrario,  el  órgano  ambiental  comunicará  al  órgano 
sustantivo  y  al  promotor  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  dando  por 
finalizada la evaluación de impacto ambiental ordinaria, notificando al promotor y al órgano 
sustantivo la resolución de terminación. Contra esta resolución podrán interponerse los 
recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso.
En el caso de que se planteen modificaciones del proyecto o del estudio de impacto 
ambiental que supongan efectos ambientales significativos distintos de los previstos 
originalmente, será incluso necesaria la repetición de la información pública por parte del 
órgano  sustantivo  o  el  órgano  ambiental,  en  su  caso,  en  consonancia  con  el 
artículo 42.4.
El plazo de treinta días previsto en los párrafos precedentes de este apartado se 
podrá ampliar en casos excepcionales, debidamente motivados, a instancias del órgano 
sustantivo, y por un tiempo que no exceda de la mitad de dicho plazo.
6.  En todo caso, los trámites administrativos destinados a efectuar un adecuado 
análisis  técnico  del  expediente  deberán  atender  a  los  principios  señalados  en  el  s
artículo 2, sin descuidar en particular la búsqueda de la racionalización y simplificación  oe.
del procedimiento y su proporcionalidad con los efectos previstos. w.
Artículo 46.  Declaración de impacto ambiental.
eval1u.a ciEóln  ódreg ainmop aacmtob iaemntbaile, nutnaal,  fvoerzm ufilnaaráliz laad od eecll aarancáilóisnis d eté cimnipcaoc tdoe la mexbpieendtieanl teen  deel 
plazo máximo de cuatro meses señalado en el artículo 36.4.
2.  La declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza de informe preceptivo y 
determinante, y podrá ser favorable o desfavorable una vez que concluya sobre los 
efectos significativos del proyecto en el medio ambiente. En caso de resultar favorable, 
establecerá las condiciones en las que puede desarrollarse el proyecto para la adecuada 
protección de los factores enumerados en el artículo 38.1.c durante la ejecución y la 
explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del mismo, así 
como, en su caso, las medidas preventivas, correctoras y compensatorias.
3.  La declaración de impacto ambiental incluirá, al menos, el siguiente contenido:
a)  La  identificación  del  promotor  del  proyecto  y  del  órgano  sustantivo,  y  la 
descripción del proyecto.
b)  El resumen del resultado del trámite de información pública y de las consultas a 
las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, y cómo se han 
tenido en consideración.
c)  El resumen del análisis técnico realizado por el órgano ambiental.
d)  Si  proceden,  las  condiciones  que  deban  establecerse  y  las  medidas  que 
permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio 
ambiente.
e)  En su caso, la conclusión de la evaluación de las repercusiones sobre la Red 
Natura 2000. Cuando se compruebe la existencia de un perjuicio a la integridad de la 
Red Natura 2000, se incluirá una referencia a la justificación documental efectuada por el 
promotor de acuerdo con el artículo 38.1.c), segundo párrafo y, cuando procedan, las 
medidas compensatorias Red Natura 2000 que deban establecerse en caso de concurrir 
las circunstancias previstas en el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
f)  El programa de vigilancia ambiental.
g)  Si procede, la creación de una comisión de seguimiento.
h)  En el caso de operaciones periódicas, la motivación de la decisión y el plazo a 
que se refiere el artículo 50.
i)  En el caso de proyectos que vayan a causar a largo plazo una modificación 
hidromorfológica en una masa de agua superficial o una alteración del nivel en una masa 
de agua subterránea, se determinará si de la evaluación practicada se ha deducido que 
ello impedirá que alcance el buen estado o potencial, o que ello supondrá un deterioro de 
su estado o potencial de la masa de agua afectada. En caso afirmativo, la declaración 
incluirá además:
1.º  Relación  de  todas  las  medidas  factibles,  que  se  hayan  deducido  de  la 
evaluación, para paliar los efectos adversos del proyecto sobre el estado o potencial de 
las masas de agua afectadas.
2.º  Referencia  a  la  conformidad  de  la  unidad  competente  en  planificación 
hidrológica del organismo de cuenca con la evaluación practicada y medidas mitigadoras 
señaladas.
4.  La declaración de impacto ambiental, se remitirá para su publicación en el plazo 
de quince días al «Diario Oficial de Castilla-La Mancha», sin perjuicio de su publicación 
en la sede electrónica del órgano ambiental. Además, se notificará al órgano sustantivo y 
al promotor.
5.  La declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso sin perjuicio de 
los que, en su caso procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se  s
autoriza el proyecto, salvo en los casos de proyectos sujetos a declaración responsable  oe.
o comunicación de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  w.
cPcoaronscotre,a dp liramo cdieeendctaloan r Aaecdnimó vniína di saetdr aimmtiivpnoais ctCtroao tamivmaúb noi e djnuetda iclla isasel . Apdomdriánnis tinratecriopnoense r Ploúsb lriceacsu,r seons  qlouse ,c euna lseus   2020-4474n https://ww
Artículo 47.  Autorización del proyecto y publicidad.
1.  El órgano sustantivo deberá tener debidamente en cuenta la evaluación de 
impacto  ambiental  efectuada,  incluidos  los  resultados  de  las  consultas,  en  el 
procedimiento  de  autorización  del  proyecto,  que  deberá  resolverse  en  un  plazo 
razonable y siempre que la declaración de impacto ambiental sea favorable y mantenga 
su vigencia de acuerdo con el artículo 48.
2.  La autorización del proyecto incluirá, como mínimo, la siguiente información 
contenida en la declaración de impacto ambiental:
a)  La conclusión sobre los efectos significativos del proyecto en el medio ambiente, 
teniendo en cuenta la declaración de impacto ambiental.
b)  Las condiciones ambientales establecidas, así como una descripción de las 
características del proyecto y las medidas previstas para prevenir, corregir y, si fuera 
posible, compensar los efectos adversos significativos en el medio ambiente, así como, 
en su caso, medidas de seguimiento y el órgano encargado del mismo.
3.  La decisión de denegar una autorización indicará las principales razones de la 
denegación.
4.  El órgano sustantivo, en el plazo más breve posible y en todo caso antes de los 
quince días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al 
«Diario Oficial de Castilla-La Mancha», para su publicación, un extracto del contenido de 
dicha decisión que contendrá, al menos, la siguiente información:
a)  El contenido de la decisión y las condiciones que eventualmente la acompañen.
b)  Los principales motivos y consideraciones en los que se basa la decisión, incluida 
la información recabada de conformidad con los artículos 40 y 41, y si procede, 37 y 42.4, 
y cómo esa información se ha incorporado o considerado, en particular las observaciones 
recibidas en el caso de consultas transfronterizas.
Asimismo  publicará  en  su  sede  electrónica  una  referencia  al  «Diario  Oficial  de 
Castilla-La Mancha» en el que se publicó la declaración de impacto ambiental y el 
extracto sobre la decisión de autorizar o denegar el proyecto.
5.  La información a que se refiere el apartado anterior será enviada a los Estados 
miembros que hayan sido consultados en el caso de consultas transfronterizas, de 
acuerdo con la legislación básica estatal.
6.  Las  obligaciones  de  publicidad  impuestas  en  este  artículo  se  entenderán 
cumplidas con la publicación de la declaración de impacto ambiental en el caso de los 
proyectos  sujetos  a  declaración  responsable  o  comunicación  de  acuerdo  con  el 
artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, así como en los casos en que las funciones del órgano 
sustantivo  sean  desempeñadas  de  forma  excepcional  por  el  órgano  ambiental,  de 
acuerdo con el segundo párrafo del artículo 10.4 de esta ley.
Artículo 48.  Vigencia de la declaración de impacto ambiental.
1.  La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia 
y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el 
«Diario  Oficial  de  Castilla-La  Mancha»,  no  se  hubiera  comenzado  la  ejecución  del 
proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. En tales casos, el promotor deberá  es
iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto, salvo que  o
pctséoerrom myaEeeicnnncuo tzeosdar  eddpcfeoruee  acmvlnatiosad  tptooedr,sró eiu ar ernlrnomae g gleoavunse lt dazesec  iogli aóbulasntiee   ovnnebitisgderpaeasesn sac c opítifoa aiecd rladat am,es d  sololaeanss  t.a edajneeutc tedloanerrdi azleaacrsicáó ii onnpn sodetares l  aiqincmuiicoepin oase cesdtao enn  ea leacmxe biesgiajeiebrncilaetuasscl , ip óehannar  aydla oleansl     OE-A-2020-4474able en https://www.
ejecución del proyecto o actividad y así conste a la Administración.
A  los  efectos  previstos  en  este  apartado,  el  promotor  de  cualquier  proyecto  o 
actividad  sometido a evaluación de  impacto  ambiental deberá comunicar al órgano 
sustantivo y al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución de dicho proyecto 
o actividad.
En el caso de que un procedimiento judicial afecte, directa o indirectamente, a la 
ejecución  de  un  proyecto  que  cuente  con  declaración  de  impacto  ambiental,  el 
transcurso del plazo de vigencia de la misma quedará en suspenso desde su inicio y 
hasta el momento en que el procedimiento cuente con sentencia judicial firme.
2.  El  promotor  podrá  solicitar  la  prórroga  de  la  vigencia  de  la  declaración  de 
impacto ambiental antes de que transcurra el plazo previsto en el apartado anterior. La 
solicitud formulada por el promotor suspenderá el plazo de cuatro años del apartado 
anterior.
3.  Presentada la solicitud, el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la 
vigencia de la declaración de impacto ambiental en caso de que no se hayan producido 
cambios  sustanciales  en  los  elementos  esenciales  que  sirvieron  para  realizar  la 
evaluación  de  impacto  ambiental,  ampliando  su  vigencia  por  dos  años  adicionales, 
contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia. Transcurrido este plazo 
sin que se haya comenzado la ejecución del proyecto o actividad el promotor deberá 
iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto.
4.  El órgano ambiental resolverá sobre la solicitud de prórroga en un plazo de seis 
meses contados desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Previamente el 
órgano ambiental solicitará informe a las Administraciones públicas afectadas por razón 
de la materia en relación con los elementos esenciales que sirvieron para realizar la 
evaluación de impacto ambiental. Estas Administraciones deberán pronunciarse en el 
plazo de dos meses, que podrá ampliarse, por razones debidamente justificadas, por un 
mes más.
5.  La  resolución  sobre  la  conveniencia  de  la  prórroga  de  la  vigencia  de  la 
declaración de impacto ambiental se remitirá para su publicación en el plazo de quince 
días al «Diario Oficial de Castilla-La Mancha», sin perjuicio de su publicación en la sede 
electrónica del órgano ambiental y del órgano sustantivo. Además, será notificada al 
promotor y al órgano sustantivo.
6.  Transcurrido el plazo sin que el órgano ambiental haya resuelto sobre la prórroga 
de la vigencia de la declaración de impacto ambiental se entenderá desestimada la 
solicitud de prórroga.
Artículo 49.  Modificación de las condiciones de la declaración de impacto ambiental.
1.  Las condiciones de la declaración de impacto ambiental podrán modificarse 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)  La  entrada  en  vigor  de  nueva  normativa  que  incida  sustancialmente  en  el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental.
b)  Cuando  la  declaración  de  impacto  ambiental  establezca  condiciones  cuyo 
cumplimiento se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y 
mejores técnicas disponibles en el momento de formular la solicitud de modificación 
permiten  una  mejor  y  más  adecuada  protección  del  medio  ambiente,  respecto  del 
proyecto o actuación inicialmente sometido a evaluación de impacto ambiental.
c)  Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto 
ambiental se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son  e
insuficientes, innecesarias o ineficaces. bo
cdaem i2mb.i poasSc dtinoe   palaemsrjb uciieacniroata cdlt eeqlr uíasepti acdaretsab dadone  l1 sp,e rngoouy eisrc eet ocl  oponr osdicede eldariasmr ámienne mtdoiod idanisdfi icpcaarcedivooen neetnsiv  daeess,t  elac  oadrrerteícccluatolroar,ac silóo nos    2020-4474n https://ww
compensatorias propuestas por el promotor o impuestas por el órgano ambiental, que no
presenten relevancia a los efectos ambientales. Bc
En cualquier caso, dichas modificaciones deberán ser comunicadas por el promotor 
al órgano sustantivo y ambiental, pudiendo dar lugar a su publicación en el «Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha» en los casos en que proceda por contradecir el texto de la 
declaración de impacto ambiental, siempre que resulten de interés para la correcta 
comprensión del proyecto y su integración ambiental por parte del público.
No obstante, tanto el promotor como el órgano sustantivo podrán recabar informe del 
órgano ambiental con el fin de confirmar tal extremo.
Lo  señalado  en  los  dos  párrafos  anteriores  se  entenderá  sin  perjuicio  de  los 
artículos 6.1.c y 6.2.c de esta ley, y del correspondiente procedimiento de evaluación de 
impacto  ambiental  que  hubiera  que  articular  en  el  caso  de  que  la  modificación 
comunicada se viera incluida en dichos artículos.
3.  El  procedimiento  de  modificación  de  las  condiciones  de  la  declaración  de 
impacto ambiental podrá iniciarse de oficio o a solicitud del promotor.
El órgano ambiental iniciará dicho procedimiento de oficio, bien por propia iniciativa o 
a petición razonada del órgano sustantivo o de otros órganos, o por denuncia, mediante 
acuerdo.
4.  En el caso de que se haya recibido petición razonada o denuncia, el órgano 
ambiental solicitará informe al promotor, así como al órgano sustantivo sobre dicha 
petición razonada o denuncia. Asimismo, el órgano sustantivo elaborará un informe con 
las observaciones que considere oportunas sobre el informe del promotor.
El órgano ambiental deberá pronunciarse sobre la procedencia de acordar el inicio 
del procedimiento en el plazo de veinte días hábiles desde la recepción del informe del 
órgano sustantivo.
En el caso de que el órgano ambiental acuerde el inicio del procedimiento de 
modificación de condiciones, este solicitará al promotor, o en su caso a la persona que 
haya presentado la denuncia, a través del órgano sustantivo, la presentación de la 
documentación para realizar la consulta a las Administraciones públicas afectadas y a 
las personas interesadas previamente consultadas. Si el promotor no la aportase en el 
plazo de treinta días hábiles, el órgano ambiental proseguiría las actuaciones.
5.  En el caso de que se inicie el procedimiento a petición del promotor, en el plazo 
de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud del promotor de inicio de la 
modificación de condiciones de la declaración de impacto ambiental, el órgano ambiental 
podrá resolver motivadamente su inadmisión, comunicando esta resolución al órgano 
sustantivo.  Frente  a  esta  resolución  podrán  interponerse  los  recursos  legalmente 
procedentes en vía administrativa o judicial, en su caso.
6.  Para poder resolver sobre la solicitud de modificación de la declaración de 
impacto  ambiental,  el  órgano  ambiental  consultará  a  las  Administraciones  públicas 
afectadas  y  personas  interesadas  previamente  consultadas.  Las  Administraciones 
públicas afectadas y las personas interesadas deberán pronunciarse en el plazo máximo 
de treinta días.
Transcurrido  el  plazo  sin  que  se  hayan  recibido  informes  o  alegaciones,  el 
procedimiento de modificación continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos 
de juicio suficientes para ello.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes para continuar 
con el procedimiento de modificación, bien porque no se hubiesen recibido los informes 
de las Administraciones públicas afectadas que resulten relevantes, o bien porque, 
habiéndose recibido, estos resultasen insuficientes para decidir, requerirá personalmente 
al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe,  s
para que en el plazo de diez días contados a partir de la recepción del requerimiento,  oe.
ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez  w.
días, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la  74ww
sduesmpoernad. eE le rl epqluaezori mpiaernat or eesfoelcvteura deol  psreo cceodmimunieicnatorá d ael  ómrogdainfioc ascuióstna ndteiv ola  yd aelc plarroamcioótno r,d ey 
impacto ambiental.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión 
del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de Jurisdicción Contencioso-administrativa.
7.  El plazo máximo de emisión y notificación de la resolución de la modificación de 
la declaración de impacto ambiental será de seis meses, contados desde la fecha de 
presentación de la solicitud por parte del promotor, o contados a partir del acuerdo de 
inicio en los casos de modificaciones de oficio. Esta resolución deberá ser notificada al 
promotor y al órgano sustantivo, y publicarse en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» 
y en la sede electrónica de los órganos sustantivo y ambiental. Transcurrido dicho plazo 
sin  que  se  hubiera  emitido  resolución,  se  entenderá  desestimada  la  solicitud  del 
promotor, en su caso.
8.  A los efectos previstos en este artículo, el promotor de cualquier proyecto o 
actividad  sometido a evaluación de  impacto  ambiental deberá comunicar al órgano 
ambiental la fecha de comienzo de la ejecución de la modificación de la condición 
establecida en relación con dicho proyecto o actividad.
Artículo 50.  Evaluación de impacto ambiental ordinaria y operaciones periódicas.
1.  En el caso de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria 
que consistan en actuaciones con plazo de duración total inferior a un año que sean 
susceptibles de repetirse periódicamente en años sucesivos en idénticas condiciones a 
través de proyectos que hubiera de autorizar el mismo órgano sustantivo con idéntico 
promotor, el órgano ambiental podrá establecer en la declaración de impacto ambiental 
que la misma podrá extender sus efectos para tales proyectos por un número de años no 
superior a cuatro, y teniendo en cuenta los impactos de carácter acumulativo.
2.  En estos casos, será preceptiva la formulación de una solicitud previa por parte 
del órgano sustantivo, a petición del promotor, cuando remita el expediente, advirtiendo 
de esta posibilidad y justificando la identidad entre las operaciones que periódicamente 
se repetirán en el número de años no superior al previsto en el apartado anterior.
El  estudio  de  impacto  ambiental  contemplará  las  actuaciones  periódicas  en  un 
escenario no superior a cuatro años, y el promotor elaborará un plan de seguimiento 
especial, en el que se incluirán las medidas que permitan la ejecución del proyecto 
durante un número de años no superior a cuatro. El estudio de impacto ambiental 
identificará adecuadamente y evaluará los impactos de carácter acumulativo.
3.  En caso de alteración de las circunstancias determinantes de la declaración de 
impacto  ambiental  favorable,  el  órgano  ambiental  resolverá  que  la  declaración  de 
impacto ambiental ha decaído en su vigencia y carece de los efectos que le son propios.
Sección 2.ª Evaluación de impacto ambiental simplificada
Artículo 51.  Trámites y plazos de la evaluación de impacto ambiental simplificada.
1.  La  evaluación  de  impacto  ambiental  simplificada  constará  de  los  siguientes 
trámites:
a)  Solicitud de inicio.
b)  Consultas  a  las  Administraciones  públicas  afectadas  y  a  las  personas 
interesadas.
c)  Elaboración del informe de impacto ambiental. es
d)  Integración del contenido del informe de impacto ambiental en la autorización del  o
proyecto y publicidad de la misma. 74www.
el in2fo. rmEel  dóerg iamnpoa actmo baiemnbtaiel ndtiaslp coonndtraád odse  duens dpela zlao  rmecáexpimcióon d dee t rleas s moliecsiteusd  pdaer ain ifcoirom yu dlaer 
los documentos que la deben acompañar.
En  casos  excepcionales,  debidamente  justificados,  derivados  de  la  naturaleza, 
complejidad, ubicación o dimensiones del proyecto, el órgano ambiental podrá ampliar el 
plazo para formular el informe de impacto ambiental por un máximo de 45 días hábiles 
adicionales. En tal caso, el órgano ambiental informará al promotor de los motivos que 
justifican la ampliación y del plazo máximo para la formulación del informe de impacto 
ambiental.
Artículo 52.  Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada.
1.  Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto el promotor 
presentará  ante  el  órgano  sustantivo,  junto  con  la  documentación  exigida  por  la 
legislación sectorial, los siguientes documentos:
a)  Una solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada.
b)  El documento ambiental.
c)  La justificación del abono de la tasa que sea aplicable al procedimiento, en su 
caso.
2.  El documento ambiental deberá contener, al menos, la siguiente información:
a)  La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental simplificada.
b)  La definición, características y ubicación del proyecto, en particular:
1.º  Una descripción de las características físicas del proyecto en sus tres fases: 
construcción, funcionamiento y cese;
2.º  Una descripción de la ubicación del proyecto, en particular por lo que respecta 
al carácter sensible medioambientalmente de las áreas geográficas que puedan verse 
afectadas.
c)  Una exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa 
cero, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en 
cuenta los efectos ambientales.
d)  Una descripción de los aspectos medioambientales que puedan verse afectados 
de manera significativa por el proyecto.
e)  Una descripción y evaluación de todos los posibles efectos significativos del 
proyecto en el medio ambiente, que sean consecuencia de:
1.º  Las emisiones y los desechos previstos y la generación de residuos;
2.º  El uso de los recursos naturales, en particular el suelo, la tierra, el agua y la 
biodiversidad.
Se describirán y analizarán, en particular, los posibles efectos directos o indirectos, 
acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la 
fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el clima, el cambio climático, el paisaje, 
los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los 
factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y, en su caso, durante 
la demolición o abandono del proyecto.
Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red 
Natura 2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones 
en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio. e.e
En  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  6.2.b),  se  describirán  y  analizará,  w.b
exclusivamente, las repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de  74ww
consCeuravancdioó ne ld perlo eysepcatoc iop uReedda  Ncaautusraar  2a0 l0a0rg.o plazo una modificación hidromorfológica en
suunbat emrráansae a dqeu ea pguuead asnu pimerpfiecdiairl  qou eu naalc aanlcteer aecl ibóune nd eels tnaidvoe l o epno teunncai alm, aos qau ed ep ueadgauna 
suponer un deterioro de su estado o potencial, se incluirá un apartado específico para la
evaluación de sus repercusiones a largo plazo sobre los elementos de calidad que 
definen el estado o potencial de las masas de agua afectadas.
f)  Se  incluirá  un  apartado  específico  que  incluya  la  identificación,  descripción, 
análisis  y  si  procede,  cuantificación  de  los  efectos  esperados  sobre  los  factores 
enumerados en la letra e), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de 
accidentes  graves  o  de  catástrofes,  sobre  el  riesgo  de  que  se  produzcan  dichos 
accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el 
medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo sobre 
la no aplicación de este apartado al proyecto.
El  promotor  podrá  utilizar  la  información  relevante  obtenida  a  través  de  las 
evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con otras normas, como la normativa 
relativa  al  control  de  los  riesgos  inherentes  a  los  accidentes  graves  en  los  que 
intervengan  sustancias  peligrosas,  así  como  la  normativa  que  regula  la  seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares.
g)  Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo 
posible,  corregir,  cualquier  efecto  negativo  relevante  en  el  medio  ambiente  de  la 
ejecución del proyecto.
h)  La  forma  de  realizar  el  seguimiento  que  garantice  el  cumplimiento  de  las 
indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.
Los criterios del anexo III se tendrán en cuenta, si procede, al compilar la información 
con arreglo a este apartado.
El  promotor  tendrá  en  cuenta,  en  su  caso,  los  resultados  disponibles  de  otras 
evaluaciones  pertinentes  de  los  efectos  en  el  medio  ambiente  que  se  realicen  de 
acuerdo con otras normas. El promotor podrá proporcionar asimismo una descripción de 
cualquier característica del proyecto y medidas previstas para prevenir lo que de otro 
modo podrían haber sido efectos adversos significativos para el medio ambiente.
3.  Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los 
documentos señalados en el apartado 1 requerirá al promotor para que, en un plazo de 
diez días hábiles, acompañe los documentos preceptivos, con los efectos previstos en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. En relación con el documento ambiental elaborado por 
el promotor, documento básico para la realización de la evaluación de impacto ambiental 
simplificada, se constatará que en el mismo se han incluido los apartados específicos 
contemplados en el apartado 2.
Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que el proyecto y la documentación 
presentada de conformidad con la legislación sectorial cumplen los requisitos en ella 
exigidos.
4.  Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá 
al órgano ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar. Esta 
remisión deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes desde que se reciba la 
documentación completa.
5.  Si  el  órgano  sustantivo  no  remitiera  al  órgano  ambiental  alguno  de  los 
documentos  señalados,  o  el  documento  ambiental  no  contemplara  los  apartados 
específicos contemplados en el apartado 2, el órgano ambiental requerirá al órgano 
sustantivo para que subsane el expediente en el plazo máximo de un mes. En estos 
casos quedará suspendido el cómputo del plazo para la realización de la evaluación de 
impacto ambiental simplificada.
Si  transcurrido  el  plazo  otorgado  el  órgano  sustantivo  no  hubiera  remitido  la  e.
información solicitada, el órgano ambiental dará por finalizada la evaluación de impacto  w.b
ambiental simplificada, notificando al promotor y al órgano sustantivo la resolución de  74ww
tperromceindaecniótens.  eCn ovníatr aa dmesintais trraetsivoalu yc ijóund icpiaold, reánn s uin ctaesrpoo.nerse  los  recursos  legalmente
6.  En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de 
la evaluación de impacto ambiental simplificada, el órgano ambiental podrá resolver su 
inadmisión por alguna de las siguientes razones:
a)  Si estimara de modo inequívoco que el proyecto es manifiestamente inviable por 
razones ambientales.
b)  Si  estimara  que  el  documento  ambiental  no  reúne  condiciones  de  calidad 
suficientes.
Con  carácter  previo  a  la  adopción  de  la  resolución  por  la  que  se  acuerde  la 
inadmisión, el órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano 
sustantivo, por un plazo de diez días hábiles que suspende el previsto para declarar la 
inadmisión.
La  resolución  de  inadmisión  justificará  las  razones  por  las  que  se  aprecia,  se 
notificará al promotor y al órgano sustantivo, y frente a la misma podrán interponerse los 
recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso.
Artículo 53.  Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas.
1.  El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al 
que se refiere el artículo anterior.
2.  Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas 
deberán pronunciarse en el plazo máximo de treinta días desde la recepción de la 
solicitud de informe.
Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  haya  recibido  el  pronunciamiento,  el 
procedimiento  continuará  si  el  órgano  ambiental  cuenta  con  elementos  de  juicio 
suficientes para formular el informe de impacto ambiental.
3.  Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes bien porque 
no se hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas afectadas que 
resulten relevantes, o bien porque, habiéndose recibido, estos resultasen insuficientes 
para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de 
aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días, contados a 
partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del 
correspondiente informe en el plazo de diez días, sin perjuicio de las responsabilidades 
en que pudiera incurrir el responsable de la demora.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión 
del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 54.  Informe de impacto ambiental.
1.  El órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental en el plazo 
establecido en el artículo 51.2.
2.  El órgano ambiental, teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor, 
el resultado de las consultas realizadas y, en su caso, los resultados de verificaciones 
preliminares o evaluaciones de los efectos medioambientales realizadas de acuerdo con 
otra legislación, resolverá mediante la emisión del informe de impacto ambiental, que 
podrá determinar de forma motivada de acuerdo con los criterios del anexo III que: e.
a)  El proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria  74ww
ppororqmuoeto pr oedlaríbao rtaernáe er l eefsetcutdoiso  dseig nimifipcaactitvoo asm sboiberneta el cl omnefodrimo ea aml bairetníctuel.o  E3n8 .este caso, el
el inPfaorram ee llod,e e li mórpgaacntoo  aammbbiieennttaall ,n oetli fidcoacráu male pnrtoom doeto ra lyc aanl cóerg adneol  esustsutadniot ivdoe j uinmtop accoton 
ambiental en los términos del artículo 37, así como los informes recibidos durante el
trámite de consultas del artículo 53, y pondrá esta información a disposición del público 
en su sede electrónica. En estos casos, el plazo para la emisión del citado documento de 
alcance será de un mes, y no será preciso realizar nuevas consultas, disponiendo para 
ello del resultado de las consultas de la evaluación de impacto ambiental simplificada.
b)  El proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en 
los términos establecidos en el informe de impacto ambiental, que indicará al menos, las 
características del proyecto y las medidas previstas para prevenir lo que, de otro modo, 
podrían haber sido efectos adversos significativos para el medio ambiente.
3.  El informe de impacto ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo, 
y se remitirá para su publicación en el plazo de quince días hábiles al «Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha», sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano 
ambiental y del órgano sustantivo.
4.  En el supuesto previsto en el apartado 2.b el informe de impacto ambiental 
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una 
vez publicado en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha», no se hubiera comenzado la 
ejecución  del  proyecto  o  actividad  en  el  plazo  máximo  de  cuatro  años  desde  su 
publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en 
el artículo 55. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
En defecto de regulación específica, se entenderá por inicio de la ejecución del 
proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan 
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la 
ejecución del proyecto o actividad y así conste a la Administración.
A  los  efectos  previstos  en  este  apartado,  el  promotor  de  cualquier  proyecto  o 
actividad sometido a evaluación  de impacto ambiental deberá comunicar al órgano 
ambiental la fecha de comienzo de la ejecución de dicho proyecto o actividad.
5.  El informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de 
los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, 
de autorización del proyecto, salvo en los casos de proyectos sujetos a declaración 
responsable o comunicación de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
los cuales contra la declaración de impacto ambiental se podrán interponer los recursos 
que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial.
Artículo 55.  Prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental.
1.  El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de impacto 
ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La 
solicitud formulada por el promotor suspenderá este plazo.
2.  Presentada la solicitud, el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la 
vigencia del informe de impacto ambiental en caso de que no se hayan producido 
cambios  sustanciales  en  los  elementos  esenciales  que  sirvieron  para  realizar  la 
evaluación  de  impacto  ambiental  simplificada,  ampliando  su  vigencia  por  dos  años 
adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia. Transcurrido 
este plazo sin que se haya comenzado la ejecución del proyecto o actividad, el promotor 
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del 
proyecto.
3.  El órgano ambiental resolverá sobre la solicitud de prórroga en un plazo de tres  e
meses contados desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Previamente el  bo
órgano ambiental solicitará informe a las Administraciones públicas afectadas por razón  74ww
dpejuervsoa tnillfauuic anamccdiiaóaatnrses ,re ipad o eeren  nq  uiemrilen pplcaaelacc izdtóooína   sdca ehom ánubb nilieol ensmst  aeemlsl eá, mssq.iemunept olpifsioc daerdsáea n.a cmiaEplselitasa rssq eu,eA p dsomirr vinriaeiszrtoorannc eiposa nrdeaes b reiddaaelimzbaeerrn átlean    OE-A-2020-44able en https://
4.  La resolución sobre la conveniencia de la prórroga de la vigencia del informe de 
impacto ambiental se remitirá para su publicación en el plazo de quince días hábiles al 
«Diario  Oficial  de  Castilla-La  Mancha»,  sin  perjuicio  de  su  publicación  en  la  sede 
electrónica del órgano ambiental y del órgano sustantivo. Además, será notificada al 
promotor y al órgano sustantivo.
5.  Transcurrido el plazo sin que el órgano ambiental haya resuelto sobre la prórroga 
de la vigencia del informe de impacto ambiental, se entenderá desestimada la solicitud 
de prórroga.
Artículo 56.  Autorización del proyecto y publicidad.
1.  El órgano sustantivo deberá tener debidamente en cuenta, en el procedimiento 
de autorización del proyecto, la evaluación de impacto ambiental efectuada, incluidos los 
resultados de las consultas.
2.  La decisión de concesión de la autorización incluirá, como mínimo, la siguiente 
información:
a)  La conclusión del informe de impacto ambiental sobre los efectos significativos 
del proyecto en el medio ambiente.
b)  Las condiciones ambientales establecidas en el informe de impacto ambiental, 
así como una descripción de las características del proyecto y las medidas previstas 
para prevenir, corregir y compensar y, si fuera posible, contrarrestar efectos adversos 
significativos en el medio ambiente, así como, en su caso, medidas de seguimiento y el 
órgano encargado del mismo.
3.  La decisión de denegar una autorización indicará las principales razones de la 
denegación.
4.  El órgano sustantivo, en el plazo más breve posible y, en todo caso, antes de los 
quince días hábiles desde que adopte la resolución del procedimiento de autorización del 
proyecto,  en  su  caso,  remitirá  al  «Diario  Oficial  de  Castilla-La  Mancha»,  para  su 
publicación, un extracto del contenido de dicha decisión.
Asimismo,  publicará  en  su  sede  electrónica  el  contenido  de  la  decisión  y  las 
condiciones que eventualmente la acompañen, los principales motivos y consideraciones 
en los que se basa la decisión, incluida la información recabada de conformidad con el 
artículo 53, y cómo esa información se ha incorporado o considerado, en particular las 
observaciones  recibidas  en  caso  de  consultas  transfronterizas,  y  una  referencia  al 
«Diario Oficial de Castilla-La Mancha» en el que se publicó el informe de impacto 
ambiental.
5.  La información a que se refiere el apartado anterior será enviada a los Estados 
miembros que hayan sido consultados en el caso de consultas transfronterizas, de 
acuerdo con la legislación básica estatal.
Las obligaciones de publicidad impuestas en este artículo se entenderán cumplidas 
con la publicación del informe de impacto ambiental en el caso de los proyectos sujetos a 
declaración  responsable  o  comunicación  de  acuerdo  con  el  artículo  69  de  la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, así como en los casos en que las funciones del órgano 
sustantivo  sean  desempeñadas  de  forma  excepcional  por  el  órgano  ambiental,  de 
acuerdo con el segundo párrafo del artículo 10.4 de esta ley.
Artículo 57.  Modificación del informe de impacto ambiental. oe.
1.  Las condiciones del informe de impacto ambiental podrán modificarse cuando  74ww
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
cumap)l imLiean teon dtrea ldaas  ceonn dvicigioonr edse e sntaubelveac idnaosr.mativa  que  incida  sustancialmente  en  el
b)  Cuando  el  informe  de  impacto  ambiental  establezca  condiciones  cuyo 
cumplimiento se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y 
mejores técnicas disponibles en el momento de formular la solicitud de modificación 
permiten  una  mejor  y  más  adecuada  protección  del  medio  ambiente,  respecto  del 
proyecto o actuación inicialmente sometido a evaluación de impacto ambiental.
c)  Cuando  durante  el  seguimiento  de  su  cumplimiento  se  detecte  que  las 
condiciones ambientales establecidas son insuficientes, innecesarias o ineficaces.
2.  El  procedimiento  de  modificación  del  informe  de  impacto  ambiental  podrá 
iniciarse de oficio o a solicitud del promotor, y se regirá por las mismas disposiciones que 
establece el artículo 49 para la modificación de la declaración de impacto ambiental.
Artículo 58.  Evaluación de impacto ambiental simplificada y operaciones periódicas.
1.  En  el  caso  de  proyectos  sometidos  a  evaluación  de  impacto  ambiental 
simplificada que consistan en actuaciones con plazo de duración total inferior a un año 
que sean susceptibles de repetirse periódicamente  en años sucesivos en idénticas 
condiciones a través de proyectos que hubiera de autorizar el mismo órgano sustantivo 
con idéntico promotor, el órgano ambiental podrá establecer en el informe de impacto 
ambiental que el mismo podrá extender sus efectos para tales proyectos por un número 
de años no superior a cuatro, y teniendo en cuenta los impactos de carácter acumulativo.
2.  En estos casos, será preceptiva la formulación de una solicitud previa por parte 
del órgano sustantivo, a petición del promotor, cuando remita el expediente, advirtiendo 
de esta posibilidad y justificando la identidad entre las operaciones que periódicamente 
se repetirán en el número de años no superior al previsto en el apartado anterior.
El documento ambiental contemplará las actuaciones periódicas en un escenario no 
superior a cuatro años, y el promotor elaborará un plan de seguimiento especial, en el 
que se incluirán las medidas que permitan la ejecución del proyecto durante un número 
de años no superior a cuatro. El documento ambiental identificará adecuadamente y 
evaluará los impactos de carácter acumulativo.
3.  En  caso  de  alteración  de  las  circunstancias  determinantes  del  informe  de 
impacto  ambiental,  el  órgano  ambiental  resolverá  que  el  mismo  ha  decaído  en  su 
vigencia y carece de los efectos que le son propios.
Sección 3.ª Coordinación de la evaluación de impacto ambiental con la autorización 
ambiental integrada
Artículo 59.  Ámbito de aplicación de esta sección.
1.  Esta sección se aplicará a los proyectos señalados en el artículo 6 de esta ley 
que además de tener que someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria o 
simplificada, deban ser objeto de autorización ambiental integrada de acuerdo con la 
legislación de prevención y control integrados de la contaminación.
2.  No  será  de  aplicación  a  las  instalaciones  que  requieran  de  autorización 
administrativa por parte de la Administración General del Estado por aplicación de la 
legislación de industria en general, y en particular del sector eléctrico, del sector de los 
hidrocarburos y de las industrias químicas para la fabricación de explosivos, en cuyo 
caso se actuará de acuerdo con la regulación específica establecida en la legislación 
básica estatal. es
Artículo 60.  Trámites conjuntos de la autorización ambiental integrada y la evaluación  w.
d1e.  imCpuaacntdoo a munb iepnrtoayl.ecto  deba  ser  objeto  de  evaluación  de  impacto  ambiental  2020-4474n https://ww
soordliicnitaurdia  eny  edl eó rgaauntoor izcaocmiópne teanmteb ipeanrtaa l emintiteirg rlaa daau,t oerilz apcrioómn oatmorb ipernetasel ninttaergár audnaa q uúen iscea   BOE-A-cable e
referirá tanto a la presentación del estudio de impacto ambiental para la tramitación de 
su evaluación de impacto ambiental ordinaria como a la obtención de la autorización 
ambiental integrada.
En estos casos, el órgano competente para emitir la autorización ambiental integrada 
desempeñará  las  funciones  atribuidas  al  órgano  sustantivo  en  la  tramitación  de  la 
evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 en cuanto 
a la información pública conjunta y las consultas sobre el estudio de impacto ambiental.
2.  La fase de consultas para la elaboración del documento de alcance del estudio 
de impacto ambiental del artículo 37 que precede de forma opcional a la evaluación de 
impacto ambiental ordinaria y la tramitación de la evaluación de impacto ambiental 
simplificada,  en  los  respectivos  casos  en  los  que  se  deban  producir,  deberán  ser 
realizadas con anterioridad a la presentación de la solicitud de la autorización ambiental 
integrada.
En tales casos, las solicitudes de inicio de la fase de consultas o de la evaluación 
ambiental simplificada se aportarán directamente en el órgano competente para emitir la 
autorización ambiental integrada, quien desempeñará las funciones atribuidas al órgano 
sustantivo en el ámbito de la evaluación de impacto ambiental.
3.  Los apartados 1 y 2 de este artículo también serán de aplicación para las 
tramitaciones de las modificaciones sustanciales de la autorización ambiental integrada, 
aportándose una única solicitud que se referirá tanto a la presentación del estudio de 
impacto ambiental para la tramitación de su evaluación de impacto ambiental ordinaria, 
en su caso, como a la obtención de la resolución sobre su modificación sustancial, sin 
perjuicio de los trámites que deban ser realizados con anterioridad para determinar el 
alcance del estudio o para llevar a cabo la evaluación ambiental simplificada.
4.  En  los  casos  de  las  comunicaciones  de  modificaciones  no  sustanciales  de 
instalaciones objeto de autorización ambiental integrada que deban ser sometidas a 
evaluación de impacto ambiental simplificada, se acompañará a la comunicación la 
solicitud de inicio de dicha evaluación ambiental, interrumpiéndose el plazo para resolver 
sobre el carácter no sustancial de la modificación mientras no finalice la evaluación de 
impacto  ambiental  simplificada.  Si  la  evaluación  de  impacto  ambiental  simplificada 
determinase la necesidad de elaborar un estudio de impacto ambiental, la modificación 
pasaría a considerarse sustancial, en cumplimiento de la legislación básica estatal.
En los casos contemplados en el párrafo anterior, el órgano competente para emitir la 
autorización  ambiental  integrada  desempeñará  las  funciones  atribuidas  al  órgano 
sustantivo en el ámbito de la evaluación de impacto ambiental.
5.  Las informaciones públicas preceptivas para las tramitaciones de autorizaciones 
ambientales integradas o sus modificaciones sustanciales y para las evaluaciones de 
impacto ambiental ordinarias, en su caso, deberán realizarse de forma conjunta, así 
como las correspondientes a los procedimientos de autorización de las industrias de los 
sectores eléctrico, de hidrocarburos y químico de fabricación de explosivos.
6.  En los casos de los procedimientos de autorización de las industrias de los 
sectores eléctrico, de hidrocarburos y químico de fabricación de explosivos distintas a las 
señaladas en el artículo 59.2, será el órgano sustantivo el responsable de llevar a cabo 
el trámite de información pública conjunta del artículo 40 junto con las consultas del 
artículo 41, una vez recibido el expediente procedente del órgano competente para emitir 
la autorización ambiental integrada. En el resto de los casos, la información pública y las 
consultas citadas  serán efectuadas  directamente  por  el órgano competente para la 
emisión de la autorización ambiental integrada. s
7.  La publicación de las declaraciones de impacto ambiental o de los informes de  oe.
impacto  ambiental  deberá  producirse  antes  de  la  emisión  de  las  correspondientes  w.
resoluciones  sobre  la  autorización  ambiental  integrada,  o  de  las  propuestas  de  74ww
resolución enviadas al promotor en trámite de audiencia, en su caso.
Sección 4.ª Coordinación de la evaluación de impacto ambiental con los trámites 
administrativos de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
Artículo 61.  Ámbito de aplicación de esta sección.
Esta sección se aplicará a los proyectos señalados en el artículo 6 de esta ley que 
además  de  tener  que  someterse  a  evaluación  de  impacto  ambiental  ordinaria  o 
simplificada, contemplen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera que 
estén  sometidas  a  los  regímenes  de  autorización  o  notificación,  de  acuerdo  con  la 
legislación de calidad del aire y protección de la atmósfera y en particular por su inclusión 
en el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera.
Artículo  62.  Coordinación  con  los  trámites  administrativos  de  las  actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
1.  Cuando  un  proyecto  deba  ser  objeto  de  evaluación  de  impacto  ambiental 
ordinaria  o  simplificada  y  obtener  autorización  administrativa  como  actividad 
potencialmente contaminadora de la atmósfera, el promotor podrá presentar una única 
solicitud que se refiera a sendos procedimientos, que será considerada a los efectos de 
esta ley como la solicitud requerida en los artículos 39.1.a y 43.2.a para la ordinaria, y en 
el artículo 51.1.a para la simplificada.
2.  Asimismo,  cuando  un  proyecto  deba  ser  objeto  de  evaluación  de  impacto 
ambiental ordinaria o simplificada y efectuar notificación administrativa como actividad 
potencialmente contaminadora de la atmósfera, el promotor podrá presentar una única 
solicitud que se refiera a sendos procedimientos, que será considerada a los efectos de 
esta ley como la solicitud requerida en los artículos 39.1.a y 43.2.a para la ordinaria, y en 
el artículo 51.1.a para la simplificada.
3.  En los casos señalados en los apartados 1 y 2, el estudio de impacto ambiental 
en el caso de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, o el documento ambiental en 
el  caso  de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  simplificada  deberán  incluir  en  su 
contenido los detalles técnicos sobre las emisiones previstas por la instalación, los focos 
proyectados  y  las  medidas  de  corrección  de  la  contaminación  atmosférica  que  se 
requieren de acuerdo con la normativa de calidad del aire y protección de la atmósfera.
4.  En  todo  caso,  la  autorización  administrativa  como  actividad  potencialmente 
contaminadora  de  la  atmósfera,  o  su  inscripción  en  el  caso  de  estar  sometida  a 
notificación  administrativa,  deberán  producirse  una  vez  que  se  haya  publicado  la 
correspondiente  declaración  de  impacto  ambiental  o  informe  de  impacto  ambiental, 
según proceda.
TÍTULO III
Seguimiento y régimen sancionador
CAPÍTULO I
Seguimiento
Artículo  63.  Seguimiento  de  las  declaraciones  ambientales  estratégicas  y  de  los 
informes ambientales estratégicos. s
1.  Los órganos sustantivos deberán realizar un seguimiento de los efectos en el  w.b
medio ambiente de su aplicación o ejecución para, entre otras cosas, identificar con  74ww
apdroenctuitaudda slo psa reaf eecvtiotasr loasd.versos  no  previstos  y  permitir  llevar  a  cabo  las  medidas
los Até ermstionso se feecsttoasb,l eecli dporos meonto rl ar edmeitcirlaár aacl ióórng aanmo bsieunsttaaln tievsot rya taélg iócrag aon oe anm  ebli enintfaol,r meen 
ambiental  estratégico,  un  informe  de  seguimiento  sobre  el  cumplimiento  de  la
declaración ambiental estratégica o del informe ambiental estratégico. El informe de 
seguimiento incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa 
de vigilancia ambiental. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación 
se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.
2.  El órgano ambiental participará en el seguimiento de dichos planes o programas. 
Para ello, el órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones 
que considere necesarias.
Asimismo, el órgano ambiental podrá apoyar al órgano sustantivo en sus funciones 
de seguimiento en los casos en que la complejidad técnica del plan o programa y la 
carencia de recursos del órgano sustantivo lo aconsejen.
3.  Para  evitar  duplicidades  podrán  utilizarse  mecanismos  de  seguimiento  ya 
existentes.
Artículo 64.  Seguimiento de las declaraciones de impacto ambiental y de los informes 
de impacto ambiental.
1.  Corresponde  al  órgano  sustantivo  el  seguimiento  del  cumplimiento  de  la 
declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental, sin perjuicio de las 
comprobaciones que el órgano ambiental puede realizar de acuerdo con el apartado 4 de 
este artículo.
2.  La declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental podrá 
definir, en caso necesario, los requisitos de seguimiento para el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en los mismos, así como el tipo de parámetros que deben ser 
objeto de seguimiento y la duración del seguimiento, que serán proporcionados en 
relación con la naturaleza, ubicación y dimensiones del proyecto y con la importancia de 
su impacto en el medio ambiente.
A estos efectos, el promotor remitirá al órgano sustantivo y al órgano ambiental, en 
caso de que así se haya determinado en la declaración de impacto ambiental o el 
informe de impacto ambiental y en los términos establecidos en las citadas resoluciones, 
un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en la declaración de impacto 
ambiental.
El  informe  de  seguimiento  incluirá  un  listado  de  comprobación  de  las  medidas 
previstas en el programa de vigilancia ambiental. El programa de vigilancia ambiental y el 
listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo y 
del órgano ambiental.
3.  El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición 
de autoridad pública el acceso a las instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del 
proyecto, de acuerdo con las garantías previstas en el artículo 18 de la Constitución. 
Asimismo, el promotor debe prestarles la colaboración necesaria para su desarrollo, 
facilitando  cuanta  información  y  documentación  les  sea  requerida  a  tal  efecto.  En 
particular, permitirá cuando se precise la medición o toma de muestras, y pondrá a su 
disposición la documentación e información que se requiera.
4.  El órgano ambiental podrá realizar comprobaciones y recabar información de los 
órganos sustantivos y de los promotores, que estarán obligados a facilitársela, para 
verificar el cumplimiento del condicionado de la declaración de impacto ambiental o del 
informe  de  impacto  ambiental,  así  como  evaluar  el  grado  de  implementación,  los 
resultados,  la  eficacia  y  la  eficiencia  de  las  evaluaciones  de  impacto  ambiental 
realizadas, permitir una mejora continua del método basada en la retroalimentación y  e.
elaborar estadísticas, además de llevar a cabo el ejercicio de la potestad sancionadora  w.b
de acuerdo con el título III de esta ley. 74ww
de sAesgiumimismienot,o e el nó rlgoas ncoa saomsb eienn qtaule p load cráo mapploeyjiadra da l téócrgnaicnao  dseul sptaronytievcot oe ny  lsau csa fruenncciioan dees 
recu5r.s osP daeral  óregvaitnaor  sduusptalinctiidvaod leos a cpoondsreájne n.utilizarse  mecanismos  de  seguimiento  ya
existentes.
6.  En  la  acción  de  vigilancia,  seguimiento  y  verificación  podrán  participar  las 
entidades colaboradoras que se inscriban en un registro habilitado al efecto, en los 
términos en que se establezca en la correspondiente declaración de impacto ambiental o 
informe de impacto ambiental.
Artículo 65.  Vigilancia e inspección por el órgano ambiental.
1.  Sin perjuicio del seguimiento que corresponde al órgano sustantivo, de acuerdo 
con los artículos 63.1 y 64.1, así como las competencias que ostenten otros órganos, el 
personal  adscrito  al  órgano  ambiental  y  los  agentes  medioambientales,  así  como 
aquellos otros funcionarios designados por el órgano ambiental para tal efecto, serán 
competentes para realizar la inspección y vigilancia de lo previsto en la presente ley, y en 
el ejercicio de dichas funciones gozarán de la condición de agentes de la autoridad.
En su labor, los funcionarios podrán ir acompañados de asesores técnicos, que 
ejercerán una labor consultiva en razón de sus conocimientos técnicos, y no tendrán la 
condición de agentes de la autoridad. Asimismo, los asesores técnicos deberán guardar 
secreto respecto de los datos e informaciones que conocieran en el ejercicio de estas 
funciones.
2.  El  órgano  ambiental  y  los  funcionarios  competentes  para  la  inspección  y 
vigilancia podrán requerir, cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, 
la asistencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Local.
CAPÍTULO II
Régimen sancionador
Artículo 66.  Potestad sancionadora.
La potestad sancionadora corresponderá al órgano ambiental autonómico, salvo en 
los casos en que dicha potestad se atribuye a la Administración estatal de acuerdo con la 
legislación básica estatal.
Artículo 67.  Sujetos responsables de las infracciones.
1.  Podrán  ser  sancionados  por  los  hechos  constitutivos  de  las  infracciones 
administrativas reguladas en este capítulo los promotores de proyectos que resulten 
responsables de los mismos.
2.  En el caso de que el cumplimiento de una obligación legal corresponda a varias 
personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su 
caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.
Artículo 68.  Infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental.
1.  Las infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental se clasifican en 
muy graves, graves y leves.
2.  Es infracción muy grave el inicio de la ejecución de un proyecto, incluidos los 
sujetos a declaración responsable o comunicación, sometido a evaluación de impacto 
ambiental ordinaria sin haber obtenido previamente la correspondiente declaración de 
impacto ambiental.
3.  Son infracciones graves: e.e
a)  El inicio de la ejecución de un proyecto, incluidos los sujetos a declaración  74www.
psreirnos pchbeoa)dn bisemaLri baeol nebot toeoc n udciledtoa omec vpiuóarnnelui vcaiaadccmeiió óenndn.,at esto oesml,  ienstfioudr om faael  sdeeeva aimmluipaeacncitóoton   aodm e mbimieanpntaipacul.tola caimónb iemnatalilc sioimsap lifeicna deal   OE-A-2020-44able en https://
c)  El incumplimiento de las condiciones ambientales, de las medidas correctoras o 
compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental, o el incumplimiento 
de las condiciones ambientales establecidas en el informe ambiental.
d)  El  incumplimiento  del  requerimiento  acordado  por  la  Administración  para  la 
suspensión  de  la  ejecución  del  proyecto,  así  como  de  las  medidas  provisionales 
cautelares o restitutorias derivadas de un procedimiento sancionador.
4.  Es  infracción  leve  el  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  obligaciones  o 
requisitos contenidos en esta Ley, cuando no esté tipificado como muy grave o grave.
5.  En el caso de que un mismo infractor cometa diversas acciones susceptibles de 
ser  consideradas  como  varias  infracciones  se  impondrán  tantas  sanciones  como 
infracciones se hubieran cometido. En el caso en que unos mismos hechos pudieran ser 
constitutivos de diversas infracciones, se impondrá la  sanción correspondiente a la 
infracción más grave en su mitad superior. En el caso en que unos hechos fueran 
constitutivos de una infracción calificable como medio o instrumento para asegurar la 
comisión de otros hechos también constitutivos de infracción de modo que estos deriven 
necesariamente de aquellos, se impondrá la sanción más grave en su mitad superior.
6.  Las infracciones prescribirán en los siguientes plazos, que se computarán desde 
el día de la comisión de la infracción:
a)  Las infracciones muy graves a los tres años.
b)  Las infracciones graves a los dos años.
c)  Las infracciones leves al año.
Artículo 69.  Sanciones correspondientes a las infracciones en materia de evaluación de 
impacto ambiental.
1.  Las infracciones tipificadas en el artículo anterior darán lugar a la imposición de 
las siguientes sanciones:
a)  En el caso de infracción muy grave: multa desde 240.401 hasta 2.404.000 euros.
b)  En el caso de infracciones graves: multa desde 24.001 hasta 240.400 euros.
c)  En el caso de infracciones leves: multa de hasta 24.000 euros.
2.  Las sanciones prescribirán en los siguientes plazos:
a)  Las sanciones muy graves a los tres años.
b)  Las sanciones graves a los dos años.
c)  Las sanciones leves al año.
Estos plazos comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea 
ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo 
para recurrirla.
Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  del  interesado,  del 
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado 
durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la 
resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción 
comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente 
previsto para la resolución de dicho recurso. s
3.  Las sanciones se impondrán atendiendo a las circunstancias del responsable,  e.
grado de culpa, reiteración, participación y beneficio obtenido y grado del daño causado  w.
al medio ambiente o del peligro en que se haya expuesto la salud de las personas,  74ww
deenb eiel nadrotí csuelor  e2fe9c dtivea lsa,  dLiesyu a4s0o/r2ia0s1 5y,  pdreo p1o rdceio noacdtuabsr,e d, ed ec oRnféogrimmiedna dJ cuorínd ilcoo  edsetal bSleeccitdoor 
Público.
En ningún caso la sanción pecuniaria impuesta podrá ser igual o inferior al beneficio 
que resulte de la comisión de la infracción, pudiéndose incrementar su cuantía hasta el 
doble del mismo, aunque ello suponga superar las sanciones máximas previstas en esta 
ley.
4.  El importe de las sanciones se reducirá automáticamente en su cuantía en 
un 30 % cuando el presunto infractor realice el pago voluntario de la sanción, siempre 
que  sea  anterior  a  la  resolución,  más  otro  20  %  por  su  reconocimiento  de  la 
responsabilidad y con los mismos efectos en el plazo de quince días naturales desde la 
notificación del acuerdo de inicio. Dicho pago supondrá la terminación del procedimiento 
y la renuncia a formular alegaciones y al ejercicio de cualquier acción o recurso en vía 
administrativa contra la sanción.
5.  Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la imposición de una sanción con 
carácter firme por la comisión de infracción muy grave conllevará la prohibición de 
contratar establecida en la legislación en materia de contratos del sector público.
6.  Si  las  conductas  sancionadas  hubieran  causado  daños  o  perjuicios  a  la 
Administración pública o al medio ambiente, carentes de previsión específica en la 
legislación sectorial, la resolución del procedimiento declarará:
a)  La exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la situación 
alterada por la infracción.
A este respecto, cuando la comisión de una infracción de las previstas en esta norma 
produjera un daño medioambiental, se procederá de conformidad con lo establecido en 
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental o la normativa 
que, en su caso, se dicte a tal fin. O bien:
b)  La indemnización por los daños y perjuicio causados, cuando su cuantía haya 
quedado determinada durante el procedimiento.
Artículo 70.  Concurrencia de sanciones.
1.  No  podrán  sancionarse  los  hechos  que  hayan  sido  sancionados  penal  o 
administrativamente,  en  los  casos  en  que  se  aprecie  identidad  de  sujeto,  hecho  y 
fundamento.
2.  Cuando el supuesto hecho infractor pudiera ser constitutivo de delito o falta, se 
dará traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal, suspendiéndose desde ese mismo 
momento la tramitación del procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no 
hubiera  dictado  resolución  firme  que  ponga  fin  al  procedimiento  o  tenga  lugar  el 
sobreseimiento  o  el  archivo  de  las  actuaciones  o  se  produzca  la  devolución  del 
expediente por el Ministerio Fiscal. De no haberse apreciado la existencia de delito o 
falta, el órgano administrativo competente continuará el expediente sancionador. Los 
hechos  declarados  probados  en  la  resolución  judicial  firme  vincularán  al  órgano 
administrativo.
3.  Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los 
mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano 
competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, 
deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
Artículo 71.  Medidas de carácter provisional.
1.  El órgano competente para iniciar la instrucción del procedimiento sancionador,  e.
en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados,  w.b
podrá adoptar las medidas provisionales imprescindibles con anterioridad a la iniciación  74ww
adretlí cuplroo c5e6d dime ielan tLoe ys 3a9n/c2io0n1a5d, odre,  1c odne  oloctsu blríem, itdeesl  Pyr occeodnidmicieionnteos A demstianbisltercaitdivoos  Ceonm úenl 
de la2s.  AUdmnain ivsetrza ciinoinceiasd Poú belli cparso yc eddeimmáiesn ntoo rmsaantcivioan aapdliocra, belel .órgano  competente  para
resolver,  podrá  en  cualquier  momento  y  mediante  acuerdo  motivado,  acordar  la
suspensión de la ejecución del proyecto y adoptar otras medidas de carácter provisional 
que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.
Disposición  adicional  primera.  Acumulación  de  procedimientos  de  evaluación  de 
impacto ambiental.
Con carácter general cada procedimiento de evaluación de impacto ambiental deberá 
referirse  a  un  único  proyecto.  No  obstante,  el  órgano  ambiental,  podrá  acordar  la 
acumulación de procedimientos cuando concurran las circunstancias señaladas en el 
artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
Disposición adicional segunda.  Régimen supletorio y tramitación electrónica.
En todo lo no previsto en esta ley se aplicará, cuando proceda, la Ley 21/2013, de 9 
de  diciembre,  de  evaluación  ambiental,  y  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, los trámites regulados en esta ley se realizarán de forma telemática en los 
términos establecidos en la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio.
1.  Los  procedimientos  determinados  en  esta  ley  para  la  evaluación  ambiental 
estratégica  o  evaluación  de  impacto  ambiental  se  aplicarán  a  todos  los  planes, 
programas y proyectos cuya evaluación ambiental se inicie a partir del día de la entrada 
en vigor de la presente ley.
2.  Las resoluciones del órgano ambiental mostrando el acuerdo sobre memorias 
ambientales  que  pongan  fin  a  evaluaciones  ambientales  de  planes  y  programas 
realizadas de acuerdo con la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental en 
Castilla-La Mancha, que sean publicadas en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» 
con posteridad a la entrada en vigor de esta ley tendrán una vigencia máxima de dos 
años, regulándose en cuanto a su vigencia en los mismos términos que contempla esta 
ley para las declaraciones ambientales estratégicas, incluyendo su posible prórroga.
3.  Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, 
de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, en cuanto a la necesidad de repetir la 
información pública y consultas por exceder el plazo de tres años para elaborar la 
propuesta del plan o programa, las resoluciones del órgano ambiental mostrando el 
acuerdo sobre memorias ambientales que pongan fin a evaluaciones ambientales de 
planes y programas realizadas de acuerdo con dicha ley, que hubieran sido publicadas 
en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente ley tendrán una vigencia máxima de dos años contados a partir de la entrada 
en vigor de la presente ley, regulándose en cuanto a su vigencia en los mismos términos 
que contempla esta ley para las declaraciones ambientales estratégicas, incluyendo su 
posible prórroga.
4.  Las  resoluciones  del  órgano  ambiental  considerando  que  no  es  necesario 
elaborar informe de sostenibilidad ambiental emitidas de acuerdo con la Ley 4/2007, de 8 
de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, que sean publicadas en el 
«Diario Oficial de Castilla-La Mancha» con posteridad a la entrada en vigor de esta ley 
perderán su vigencia si no es aprobado el plan o programa en el plazo máximo de cuatro  s
años desde su publicación, sin ser posible su prórroga. Este plazo será de cuatro años  oe.
desde la entrada en vigor de esta ley en el caso de las que hubieran sido publicadas con  w.
anterioridad a la misma, sin ser tampoco posible su prórroga. 74ww
infor5m. esL ad er eigmuplaaccitóon a dmeb liae nvtiagle cnocniate dmep llaasd ad eecnla erasctaio lneeys s dee a ipmlipcaac ato  toadmobsi eanqtaule yllo dse q luoes 
se publiquen con posterioridad a su entrada en vigor.
6.  La regulación de la modificación de las declaraciones ambientales estratégicas, 
informes ambientales estratégicos, declaraciones de impacto ambiental e informes de 
impacto ambiental contemplada en esta ley se aplicará a todas las resoluciones emitidas 
en función de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La 
Mancha.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan 
a la presente ley y, en particular, las siguientes:
a)  La Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha.
b)  El Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación del Impacto 
Ambiental de Castilla-La Mancha, y se adaptan sus anexos.
Disposición final primera.  Autorización de desarrollo.
1.  En el ámbito de competencias de la Administración autonómica, el Consejo de 
Gobierno dictará cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo 
de lo establecido en esta ley.
2.  Asimismo, se autoriza al Consejo de Gobierno modificar los anexos con el fin de 
adaptarlos a la legislación básica estatal y a la normativa vigente en general, a la 
evolución científica y técnica, y a lo que dispongan las normas internacionales y el 
Derecho de la Unión Europea.
3.  También se autoriza al Consejo de Gobierno para actualizar el anexo VI en 
aquellos aspectos de carácter técnico o de naturaleza coyuntural y cambiante, con el fin 
de adaptarlo al progreso técnico, científico y económico.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días siguientes al de su publicación en el 
«Diario Oficial de Castilla-La Mancha».
Toledo, 7 de febrero de 2020.–El Presidente, Emiliano García-Page Sánchez.
(Publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha». número 30, de 13 de febrero de 2020)
ANEXO I
Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, 
capítulo II, sección 1.ª
Grupo 1. Ganadería, agricultura y silvicultura
a)  Instalaciones  destinadas  a  la  cría  de  animales  en  explotaciones  ganaderas 
reguladas por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en 
las explotaciones ganaderas y que superen las siguientes capacidades:
1.º  40.000 plazas para gallinas. s
2.º  55.000 plazas para pollos. e.
3.º  2.000 plazas para cerdos de engorde. w.
4.º  750 plazas para cerdas de cría. 74ww
b)  Cuando  se  desarrollen  en  áreas  protegidas  tal  y  como  se  definen  en  la
Lperoyt e9g/i1d9a9s9 ,p odre  in2s6tr udme emntaoyso ,in dteer ncaocniosnearvleasc,i ósne gdúen  lala  nraetguuralalecizóan,  daesí  laco mLeoy  e4n2 /2á0re0a7s, 
de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio  Natural  y  de  la  Biodiversidad,  las  siguientes 
actuaciones:
1.º  Proyectos para destinar áreas incultas o áreas seminaturales a la explotación 
agrícola  o  aprovechamiento  forestal  maderero  que  impliquen  la  ocupación  de  una 
superficie mayor de 10 ha.
2.º  Proyectos de transformación en regadío o de avenamiento de terrenos, cuando 
afecten a una superficie mayor de 10 ha.
3.º  Concentraciones parcelarias que conlleven cambio de uso del suelo cuando 
suponga una alteración sustancial de la cubierta vegetal.
Grupo 2. Industria extractiva
a)  Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de 
yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo 
aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa 
complementaria, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
1.  Explotaciones en las que la superficie de terreno afectado supere las 25 ha.
2.  Explotaciones que tengan un movimiento total de tierras superior a 200.000 
metros cúbicos anuales.
3.  Explotaciones que se realicen por debajo del nivel freático, tomando como nivel 
de referencia el más elevado entre las oscilaciones anuales, o que pueden suponer una 
disminución de la recarga de acuíferos superficiales o profundos.
4.  Explotaciones de depósitos ligados a la dinámica actual: fluvial, fluvio-glacial, 
litoral o eólica. Aquellos otros depósitos y turberas que por su contenido en flora fósil 
puedan  tener  interés  científico  para  la  reconstrucción  palinológica  y  paleoclimática. 
Extracción de turba, cuando la superficie del terreno de extracción supere las 150 ha.
5.  Explotaciones  visibles  desde  autopistas,  autovías,  carreteras  nacionales  y 
comarcales,  espacios  naturales  protegidos,  núcleos  urbanos  superiores  a  1.000 
habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 km de tales núcleos.
6.  Explotaciones  de  sustancias  que  puedan  sufrir  alteraciones  por  oxidación, 
hidratación, etc., y que induzcan, en límites superiores a los incluidos en las legislaciones 
vigentes, a acidez, toxicidad u otros parámetros en concentraciones tales que supongan 
riesgo  para  la  salud  humana  o  el  medio  ambiente,  como  las  menas  con  sulfuros, 
explotaciones  de  combustibles  sólidos,  explotaciones  que  requieran  tratamiento  por 
lixiviación in situ y minerales radiactivos.
7.  Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se 
sitúen a menos de 5 km de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las 
instalaciones  anexas  de  cualquier  explotación  o  concesión  minera  a  cielo  abierto 
existente.
8.  Explotaciones que se desarrollen dentro de áreas protegidas o áreas protegidas 
por instrumentos internacionales.
b)  Minería  subterránea  en  las  explotaciones  en  las  que  se  dé  alguna  de  las 
circunstancias siguientes:
1.º  Que su paragénesis pueda, por oxidación, hidratación o disolución, producir 
aguas ácidas o alcalinas que den lugar a cambios en el pH o liberen iones metálicos o no 
metálicos que supongan una alteración del medio natural. e.
2.º  Que exploten minerales radiactivos. w.b
3.º  Aquellas cuyos minados se encuentren a menos de 1 km (medido en plano) de  74ww
distancia de núcleos urbanos, que puedan inducir riesgos por subsidencia.
c)  Extracción o almacenamiento subterráneo de petróleo y gas natural con fines 
comerciales en los siguientes casos:
1.º  Cuando la cantidad de producción sea superior a 500 toneladas por día en el 
caso del petróleo y de 500.000 metros cúbicos por día en el caso del gas.
2.º  Cuando  se  desarrollen  en  áreas  protegidas  o  en  áreas  protegidas  por 
instrumentos internacionales.
d)  Los  proyectos  consistentes  en  la  realización  de  perforaciones  para  la 
exploración, investigación o explotación de hidrocarburos, almacenamiento de CO2, 
almacenamiento de gas y geotermia de media y alta entalpía, que requieran la utilización 
de técnicas de fracturación hidráulica.
No se incluyen en este apartado las perforaciones de sondeos de investigación que 
tengan por objeto la toma de testigo previos a proyectos de perforación que requieran la 
utilización de técnicas de fracturación hidráulica.
En todos los apartados de este grupo se incluyen las instalaciones y estructuras 
necesarias  para  la  extracción,  tratamiento,  almacenamiento,  aprovechamiento  y 
transporte del mineral, acopios de estériles, balsas, así como las líneas eléctricas, 
abastecimientos de agua y su depuración y caminos de acceso nuevos.
e)  Cuando  se  desarrollen  en  áreas  protegidas  o  en  áreas  protegidas  por 
instrumentos internacionales, los dragados fluviales cuyo volumen extraído sea superior 
a 20.000 metros cúbicos anuales.
f)  Emplazamientos de almacenamiento de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 
de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
g)  Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento 
geológico de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono, procedente de instalaciones incluidas en este anexo, o 
cuando la captura total anual de CO2 sea igual o superior a 1,5 Mt.
Grupo 3. Industria energética
a)  Refinerías de petróleo bruto (con la exclusión de las empresas que produzcan 
únicamente  lubricantes  a  partir  de  petróleo  bruto),  así  como  las  instalaciones  de 
gasificación y de licuefacción de, al menos, 500 t de carbón o de pizarra bituminosa al 
día.
b)  Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión de una potencia térmica 
de, al menos, 300 MW.
c)  Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluidos el desmantelamiento o 
clausura definitiva de tales centrales y reactores (con exclusión de las instalaciones de 
investigación para la producción y transformación de materiales fisionables y fértiles), 
cuya potencia máxima no supere 1 kW de carga térmica continua.
d)  Instalación de reproceso de combustibles nucleares irradiados.
e)  Instalaciones diseñadas para:
1.º  La producción o enriquecimiento de combustible nuclear.
2.º  El proceso de reutilización de combustible nuclear irradiado o de residuos de 
alta radiactividad.
3.º  El depósito final del combustible nuclear gastado.
4.º  Exclusivamente el depósito final de residuos radiactivos. s
5.º  Exclusivamente el almacenamiento (proyectado para un período superior a diez  oe.
años) de combustibles nucleares irradiados o de residuos radiactivos en un lugar distinto  w.
del de producción. 2020-4474n https://ww
f)  Tuberías con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 40 km 
para el transporte de:
1.º  Gas, petróleo o productos químicos, incluyendo instalaciones de compresión,
2.º  Flujos de dióxido de carbono con fines de almacenamiento geológico, incluidas 
las estaciones de bombeo asociadas.
g)  Cuando  se  desarrollen  en  áreas  protegidas  o  en  áreas  protegidas  por 
instrumentos internacionales, las tuberías siguientes:
1.º  Las tuberías para el transporte de productos químicos y para el transporte de 
gas y petróleo, con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 10 km.
2.º  Las tuberías para el transporte de flujos de dióxido de carbono con fines de 
almacenamiento geológico, incluidas las estaciones de bombeo asociadas.
h)  Construcción de líneas de transmisión de energía eléctrica con un voltaje igual o 
superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km, salvo que discurran íntegramente en 
subterráneo por suelo urbanizado, así como sus subestaciones asociadas.
i)  Cuando  se  desarrollen  en  áreas  protegidas  o  en  áreas  protegidas  por 
instrumentos internacionales, las líneas para la transmisión de energía eléctrica con una 
longitud superior a 3 km, excluidas las que atraviesen zonas urbanizadas.
j)  Instalaciones para el almacenamiento de petróleo o productos petroquímicos o 
químicos con una capacidad de, al menos, 200.000 t.
k)  Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de 
energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que tengan más 
de  30  MW  o  que  se  encuentren  a  menos  de  2  km  de  otro  parque  eólico  en 
funcionamiento, en construcción, con autorización administrativa o con declaración de 
impacto ambiental.
l)  Cuando  se  desarrollen  en  áreas  protegidas  o  en  áreas  protegidas  por 
instrumentos internacionales, parques eólicos que tengan más de 10 aerogeneradores 
o 6 MW de potencia.
m)  Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar 
destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios 
existentes y que ocupen más de 100 ha de superficie, así como aquellas que superen 10 
ha  si  se  sitúan  dentro  de  áreas  protegidas  o  áreas  protegidas  por  instrumentos 
internacionales.
n)  Las  instalaciones  para  la  producción  de  energía  hidroeléctrica  cuando  se 
desarrollen en áreas protegidas o en áreas protegidas por instrumentos internacionales.
Grupo 4. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales
a)  Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de 
minerales,  de  concentrados  o  de  materias  primas  secundarias  mediante  procesos 
metalúrgicos, químicos o electrolíticos.
b)  Plantas integradas para la fundición inicial del hierro colado y del acero.
c)  Instalaciones para la elaboración de metales ferrosos en las que se realice 
alguna de las siguientes actividades:
1.º  Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 t de acero en bruto por 
hora. e
2.º  Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kJ por martillo  bo
y cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW. 74ww
trata3m.ºi enAtop ldicea cmióáns  ddee 2  ct adpea asc eprroo tbercuttoor apso r dheo ram.etal  fundido  con  una  capacidad  de
d)  Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20
t por día.
e)  Instalaciones para la fundición (incluida la aleación) de metales no ferrosos, con 
excepción  de  metales  preciosos,  incluidos  los  productos  de  recuperación  (refinado, 
restos de fundición, etc.), con una capacidad de fusión de más de 4 t para el plomo y el 
cadmio o 20 t para todos los demás metales, por día.
f)  Instalaciones  para  el  tratamiento  de  la  superficie  de  metales  y  materiales 
plásticos por proceso electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las 
líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 metros cúbicos.
g)  Instalaciones  de  calcinación  y  de  sinterizado  de  minerales  metálicos,  con 
capacidad superior a 5.000 t por año de mineral procesado.
h)  Producción de cemento, cal y óxido de magnesio:
1.º  Fabricación  de  cemento  por  molienda  con  una  capacidad  de  producción 
superior a 500 t diarias.
2.º  Fabricación de clínker en hornos rotatorios con una capacidad de producción 
superior a 500 t diarias, o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción 
superior a 50 t por día.
3.º  Producción de cal en hornos con una capacidad de producción superior a 50 t 
diarias.
4.º  Producción de óxido de magnesio en hornos con una capacidad de producción 
superior a 50 t diarias.
i)  Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una 
capacidad de fusión superior a 20 t por día.
j)  Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, incluida la producción de 
fibras minerales, con una capacidad de fundición superior a 20 t por día.
k)  Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en 
particular,  tejas,  ladrillos,  ladrillos  refractarios,  azulejos,  gres  o  porcelana,  con  una 
capacidad de producción superior a 75 t por día y una capacidad de horneado de más 
de 4 metros cúbicos y más de 300 kg por metro cúbico de densidad de carga por horno.
Grupo 5. Industria química, petroquímica, textil y papelera
a)  Instalaciones para la producción a escala industrial de sustancias mediante 
transformación química o biológica, de los productos o grupos de productos siguientes:
1.º  Productos químicos orgánicos:
i)  Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o 
aromáticos).
ii)  Hidrocarburos  oxigenados,  tales  como  alcoholes,  aldehídos,  cetonas,  ácidos 
orgánicos, ésteres y mezclas de ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi.
iii) Hidrocarburos sulfurados.
iv)  Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos nitrosos, 
nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos.
v)  Hidrocarburos fosforados.
vi)  Hidrocarburos halogenados.
vii) Compuestos orgánicos metálicos.
viii) Materias plásticas (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa).
ix)  Cauchos sintéticos.
x)  Colorantes y pigmentos. e.
xi)  Tensioactivos y agentes de superficie. w.b
2i) .º GParsoedsu yc,t oesn q puaímrtiiccuolsa ri,n oerl gaámniocnoisa:co, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o
fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del
nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.
ii)  Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el ácido 
nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados.
iii) Bases y, en particular, el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido 
sódico.
iv)  Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico 
(potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico.
v)  No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el carburo 
de calcio, el silicio, el carburo de silicio.
3.º  Fertilizantes  a  base  de  fósforo,  nitrógeno  o  potasio  (fertilizantes  simples  o 
compuestos).
4.º  Productos fitosanitarios y de biocidas.
5.º  Productos farmacéuticos mediante un proceso químico o biológico.
6.º  Productos explosivos.
b)  Plantas para el tratamiento previo (operaciones tales como el lavado, blanqueo, 
mercerización) o para el teñido de fibras o productos textiles cuando la capacidad de 
tratamiento supere las 10 t diarias.
c)  Las  plantas  para  el  curtido  de  pieles  y  cueros  cuando  la  capacidad  de 
tratamiento supere las 12 t de productos acabados por día.
d)  Plantas industriales para:
1.º  La producción de pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas 
similares.
2.º  La producción de papel y cartón, con una capacidad de producción superior 
a 200 t diarias.
e)  Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una capacidad de 
producción superior a 20 t diarias.
Grupo 6. Proyectos de infraestructuras
a)  Carreteras:
1.º  Construcción de autopistas y autovías.
2.º  Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento 
y/o ensanche de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir 
cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o 
ensanchado alcance o supere los 10 km en una longitud continua.
3.º  Construcción de carreteras convencionales de nuevo trazado cuando discurran 
por áreas protegidas o áreas protegidas por instrumentos internacionales.
b)  Ferrocarriles:
1.º  Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido.
2.º  Ampliación del número de vías de una línea de ferrocarril existente en una 
longitud continuada de más de 10 km.
c)  Construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos, según la definición 
del artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea con pistas de 
despegue y aterrizaje de una longitud igual o superior a 2.100 metros, o de cualquier  e.e
longitud  si  se  sitúan  sobre  áreas  protegidas  o  áreas  protegidas  por  instrumentos  b
internacionales. 74ww
d)  Cuando  se  desarrollen  en  áreas  protegidas  o  en  áreas  protegidas  por 
instrumentos internacionales, los siguientes proyectos:
1.º  Proyectos de urbanización de cualquier uso que ocupen más de 5 ha.
2.º  Construcción de centros comerciales y aparcamientos, en suelo rústico y que en 
superficie ocupen más de 1 ha.
3.º  Instalaciones hoteleras en suelo rústico.
4.º  Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas.
5.º  Parques temáticos.
Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua
a)  Presas  y  otras  instalaciones  destinadas  a  retener  el  agua  o  almacenarla 
permanentemente  cuando  el  volumen  nuevo  o  adicional  de  agua  almacenada  sea 
superior a 10 hectómetros cúbicos.
b)  Proyectos para la extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de 
acuíferos, si el volumen anual de agua extraída o aportada es igual o superior a 10 
hectómetros cúbicos.
c)  Proyectos y acciones para el trasvase, cesiones de recursos hídricos al amparo 
del texto refundido de la Ley de Aguas o cualquier tipo de transferencia, excluidos los 
trasvases de agua potable por tubería, en cualquiera de los siguientes casos:
1.º  Que la operación tenga por objeto evitar la posible escasez de agua y el 
volumen de agua movilizada sea superior a 10 hectómetros cúbicos al año.
2.º  Que el flujo medio plurianual de la cuenca de la extracción supere los 2.000 
hectómetros cúbicos al año y el volumen de agua trasvasada supere el 1 por 100 de 
dicho flujo.
3.º  En todos los demás casos, cuando alguna de las obras inherentes figure entre 
las comprendidas en este Anexo I.
d)  Plantas  de  tratamiento  de  aguas  residuales  cuya  capacidad  sea  superior 
a 150.000 habitantes-equivalentes.
e)  Cuando discurran por áreas protegidas o áreas protegidas por instrumentos 
internacionales,  las  instalaciones  de  conducción  de  agua  a  larga  distancia  con  un 
diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 10 km.
Grupo 8. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos
a)  Instalaciones de incineración de residuos peligrosos definidos en el artículo 3.e) 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como las de 
eliminación de dichos residuos mediante depósito en vertedero, depósito de seguridad o 
tratamiento químico (como se define el epígrafe D9 del anexo I de la Ley 22/2011). Se 
incluyen  las  instalaciones  con  otros  procesos  de  tratamiento  térmico  de  residuos 
peligrosos, tales como pirólisis, gasificación y proceso de plasma.
b)  Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos o de eliminación de 
dichos residuos mediante tratamiento físico-químico (como se define el epígrafe D9 del 
anexo I de la Ley 22/2011), con una capacidad superior a 100 t diarias. Se incluyen las 
instalaciones con otros procesos de tratamiento térmico de residuos no peligrosos, tales 
como pirólisis, gasificación y proceso de plasma, que superan dicha capacidad. s
c)  Vertederos de residuos no peligrosos que reciban más de 10 t por día o que  e.
tengan una capacidad total de más de 25.000 t, excluidos los vertederos de residuos  w.
inertes. 74ww
instrdu)m  eCnutoasn dinot ersnea cidoensaalerrso, llteond ose nlo sá rveeartse dperrootse gdied arse siod uoesn  noá rpeealsig ropsrootse,g aidsaí sc opmoor 
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Grupo 9. Otros proyectos
a)  Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie 
igual o superior a 100 ha.
b)  Cualquier modificación de las características de un proyecto de los anexos I o II 
cuando dicha modificación alcanza, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I 
de acuerdo con el artículo 6.1.
ANEXO II
Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, 
capítulo II, sección 2.ª
Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería
a)  Proyectos de concentración parcelaria que no estén incluidos en el anexo I 
cuando afecten a una superficie mayor de 100 ha.
b)  Forestaciones según la definición del artículo 6.g) de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, que afecten a una superficie superior a 50 ha y talas de masas 
forestales con el propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo.
c)  Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura:
1.º  Proyectos de consolidación y mejora de regadíos en una superficie superior 
a 100 ha (proyectos no incluidos en el anexo I).
2.º  Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando 
afecten a una superficie superior a 10 ha.
d)  Proyectos  para  destinar  áreas  naturales,  seminaturales  o  incultas  a  la 
explotación agrícola que no estén incluidos en el anexo I, cuya superficie sea superior 
a 10 ha.
e)  Instalaciones  para  la  acuicultura  intensiva  que  tenga  una  capacidad  de 
producción superior a 500 t al año.
f)  Instalaciones  destinadas  a  la  cría  de  animales  en  explotaciones  ganaderas 
reguladas por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en 
las explotaciones ganaderas y que superen las siguientes capacidades:
1.º  2.000 plazas para ganado ovino y caprino.
2.º  300 plazas para ganado vacuno de leche.
3.º  600 plazas para vacuno de cebo.
4.º  20.000 plazas para conejos.
g)  Explotaciones ganaderas intensivas que cumplan alguna de las condiciones 
siguientes:
1.º  Que superen las 1.000 plazas de cerdos de engorde o 120 UGM de otras 
orientaciones de ganado porcino.
2.º  Que superen las 20.000 plazas para gallinas o 120 UGM de otras aves.
3.º  Que la actividad se encuentre a una distancia inferior a 2.000 metros de suelo 
urbano residencial, siempre que además se superen las 40 UGM.
Para calcular las capacidades ganaderas en UGM de las explotaciones se tomarán  o
las equivalencias establecidas en el anexo IV del Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por  74ww
negola  ncqaoudneet erasmsep  ylae ndsútoacsbl eeleoncs e dznioc hololaó sga incneooxsro me, nas esC  jaupssattriilfaliac -alLaraá  nMo rlaadnse cnehaqacu.i ióvEnan le ylon scr ieacgas isseotmrso pd leeda etdi paeosxs.p dloet agcainoandeos   OE-A-2020-44able en https://
h)  Instalaciones  para  la  utilización  confinada  de  organismos  modificados 
genéticamente y proyectos sobre la liberación intencionada en el medio ambiente de 
organismos modificados genéticamente.
i)  Vallados y cerramientos de cualquier tipo sobre el medio natural, con longitudes 
superiores a 4.000 metros o extensiones superiores a 100 hectáreas, a excepción de los 
cerramientos ganaderos de carácter estacional o no permanentes y aquellos con alturas 
inferiores a 60 cm.
Grupo 2. Industrias de productos alimenticios
a)  Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales y 
animales,  transformación  de  productos  animales  y  vegetales,  elaboración  de  vino, 
industrias  alcoholeras,  secaderos  de  orujo  de  uva  o  aceituna,  tratamiento  y 
transformación  de  la  leche,  fábricas  de  azúcar,  fabricación  de  cerveza  y  malta, 
elaboración de confituras y almíbares, fabricación de féculas, fabricación de harina de 
pescado y aceite de pescado cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
1.ª  Se desarrollen en áreas protegidas.
2.ª  Que esté situada fuera de polígonos industriales.
3.ª  Que se encuentre a menos de 2.000 metros de zona residencial.
4.ª  Que en edificación ocupe una superficie de, al menos, 1 hectárea.
b)  Instalaciones  industriales  para  la  transformación,  envasado  o  enlatado  de 
productos animales y vegetales, a partir de los siguientes umbrales:
– Cuando utilice materia prima animal (que no sea la leche), una capacidad de 
producción de productos acabados superior a 75 toneladas/día (valor medio trimestral).
– Cuando utilice materia prima vegetal, una capacidad de producción de productos 
acabados superior a 300 toneladas/día (valor medio trimestral).
– Cuando  utilice  tanto  materia  prima  animal  como  vegetal,  una  capacidad  de 
producción de productos acabados superior a 75 toneladas/día (valor medio trimestral).
c)  Instalaciones industriales para fabricación de productos lácteos, siempre que la 
instalación reciba una cantidad de leche superior a 200 t por día (valor medio anual).
d)  Instalaciones para el sacrificio, despiece o descuartizamiento de animales con 
una capacidad de producción de canales superior a 50 t por día.
e)  Azucareras  con  una  capacidad  de  tratamiento  de  materia  prima  superior  a 
las 300 t diarias.
Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales
a)  Perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para investigar la 
estabilidad o la estratigrafía de los suelos y subsuelo, en particular:
1.º  Perforaciones geotérmicas de más de 500 metros.
2.º  Perforaciones para el almacenamiento de residuos nucleares.
3.º  Perforaciones de más de 120 metros para el abastecimiento de agua.
4.º  Perforaciones petrolíferas o gasísticas de exploración o investigación.
5.º  Las perforaciones de sondeo de investigación que tengan por objeto la toma de 
testigo previos a proyectos de perforación que requieran la utilización de técnicas de  es
fracturación hidráulica. bo
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extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos anuales.
d)  Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento 
geológico de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono, procedente de instalaciones no incluidas en el anexo I.
e)  El otorgamiento de permisos de investigación, autorizaciones y cualquier tipo de 
concesión  minera,  incluyendo  sus  prórrogas,  así  como  los  préstamos  de  obras 
(proyectos no incluidos en el anexo I).
f)  El otorgamiento de permisos de investigación y concesiones para la exploración, 
investigación o explotación de hidrocarburos, así como las instalaciones industriales en 
el exterior para la extracción de carbón, petróleo, gas natural, minerales y pizarras 
bituminosas (proyectos no incluidos en el anexo I).
g)  Proyectos de aprovechamiento de aguas minerales y termales.
h)  Plantas de tratamiento o clasificación de áridos, de carácter permanente.
i)  Plantas de hormigón y plantas de aglomerado asfáltico, de carácter permanente.
Grupo 4. Industria energética
a)  Instalaciones  industriales  para  la  producción  de  electricidad,  vapor  y  agua 
caliente (proyectos no incluidos en el anexo I) con potencia térmica instalada igual o 
superior a 50 MW.
b)  Construcción de líneas para la transmisión de energía eléctrica (proyectos no 
incluidos en el anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud 
superior a 3 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado, 
así como sus subestaciones asociadas.
c)  Fabricación industrial de briquetas de hulla y de lignito.
d)  Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.
e)  Instalaciones  para  el  transporte  de  vapor  y  agua  caliente,  de  oleoductos  y 
gasoductos, excepto en el suelo urbano, que tengan una longitud superior a 10 km y 
tuberías para el transporte de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geológico 
(proyectos no incluidos en el anexo I).
f)  Instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos radiactivos 
(que no estén incluidas en el anexo I).
g)  Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de 
energía.  (Parques  eólicos)  no  incluidos  en  el  anexo  I,  salvo  las  destinadas  a 
autoconsumo que no excedan los 100 kW de potencia total.
h)  Instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar no 
incluidas en el Anexo I ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios, y que ocupen 
una superficie mayor de 10 ha.
i)  Almacenamiento de gas natural sobre el terreno. Tanques con capacidad unitaria 
superior a 200 t.
j)  Almacenamiento subterráneo de gases combustibles.
k)  Almacenamiento sobre el terreno de combustibles fósiles no incluidos en el 
anexo I.
Grupo 5. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales
a)  Hornos de coque (destilación seca del carbón).
b)  Instalaciones para la fabricación de fibras minerales artificiales.
c)  Astilleros.
d)  Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves. e.
e)  Instalaciones para la fabricación de material ferroviario. w.b
f)  Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor y fabricación de  74ww
motogr)e sI npsatraal avceihoínceuslo os .bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.
h)  Embutido de fondo mediante explosivos o expansores del terreno.
i)  Instalaciones para la producción de lingotes de hierro o de acero (fusión primaria 
o secundaria), incluidas las instalaciones de fundición continúa con una capacidad de 
más de 2,5 t por hora.
Grupo 6. Industria química, petroquímica, textil y papelera
a)  Instalaciones industriales de tratamiento de productos intermedios y producción 
de productos químicos.
b)  Instalaciones  industriales  para  la  producción  de  pesticidas  y  productos 
farmacéuticos, pinturas y barnices, elastómeros y peróxidos.
c)  Instalaciones  industriales  de  almacenamiento  de  productos  petrolíferos, 
petroquímicos y químicos con más de 100 metros cúbicos de capacidad (proyectos no 
incluidos en el anexo I).
d)  Instalaciones industriales para la fabricación y tratamiento de productos a base 
de elastómeros.
e)  Instalaciones industriales para la producción de papel y cartón (proyectos no 
incluidos en el anexo I).
f)  Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas.
g)  Instalaciones  para  el  tratamiento  de  superficie  de  materiales  de  objetos  o 
productos  con  utilización  de  disolventes  orgánicos,  en  particular  para  aprestarlos, 
estamparlos,  revestirlos  y  desgrasarlos,  impermeabilizarlos,  pegarlos,  enlatarlos, 
limpiarlos  o  impregnarlos;  con  una  capacidad  de  consumo  de  más  de  150  kg,  de 
disolventes por hora o más de 200 toneladas/año.
Grupo 7. Proyectos de infraestructuras
a)  Proyectos de urbanización de uso industrial o terciario (proyectos no incluidos en 
anexo I).
b)  Proyectos de urbanización de uso residencial o dotacional que ocupen más 
de 1 ha (proyectos no incluidos en anexo I).
c)  Construcción de centros comerciales y aparcamientos, en suelo rústico y que 
ocupen más de 1 ha (proyectos no incluidos en anexo I).
d)  Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo intermodal y 
de terminales intermodales de mercancías (proyectos no incluidos en el anexo I).
e)  Construcción de aeródromos, según la definición establecida en el artículo 39 de 
la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (no incluidos en el anexo I) así 
como cualquier modificación en las instalaciones u operación de los aeródromos que 
figuran en el anexo I o en el anexo II que puedan tener efectos significativos para el 
medio ambiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2.c) de esta Ley.
Quedan exceptuados los aeródromos destinados exclusivamente a:
1.º  Uso sanitario y de emergencia, o
2.º  Prevención y extinción de incendios, siempre que no estén ubicados en áreas 
protegidas y áreas protegidas por instrumentos internacionales.
f)  Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena 
supere los 500.000 metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o 
espigones.
g)  Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares  es
de un determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de  o
epna seahij))l j ) ea rnECoeCsnoxo.snonas sInt.rtcuruhcceccsiói óndn e dd eec  vavarírareisat ennrtaaevsse  dgqeau bepl eoisbn lctairecerimórane  anydt ecenan rtrreeont.e rmasá sc odnev etnrecsio nmaeletrso ns ot ointacllueisd alas   OE-A-2020-4474able en https://www.
plataforma a lo largo de una longitud acumulada superior a 10 kilómetros.
k)  Realineamiento  de  carreteras  que  afecten  sobre  una  longitud  acumulada 
superior a 10 kilómetros. Para el cómputo de esta longitud se tendrán en cuenta los 
tramos en los que se superen los dos metros de desplazamiento del eje en planta o los 
dos metros de variación en alzado.
l)  Modificación del trazado de una vía de ferrocarril existente en una longitud de 
más de 10 km.
m)  Puertos deportivos.
n)  Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados.
ñ) Pistas de esquí, remontes, teleféricos y construcciones asociadas (proyectos no 
incluidos en el anexo I).
o)  Campamentos  permanentes  para  tiendas  de  campaña  o  caravanas  con 
capacidad mínima de 500 huéspedes.
p)  Parques temáticos (proyectos no incluidos en el anexo I).
q)  Instalaciones hoteleras en suelo rústico y construcciones asociadas.
r)  Campos de golf.
Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua
a)  Extracción de aguas subterráneas o recarga de acuíferos (no incluidos en el 
anexo  I)  cuando  el  volumen  anual  de  agua  extraída  o  aportada  sea  superior  1 
hectómetro cúbico e inferior a 10 hectómetros cúbicos anuales.
b)  Proyectos y acciones para el trasvase, cesiones de recursos hídricos al amparo 
del texto refundido de la Ley de Aguas o cualquier tipo de transferencia. Se exceptúan 
los trasvases de agua potable por tubería o la reutilización directa de aguas depuradas 
(proyectos no incluidos en el Anexo I).
c)  Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes en los 
siguientes casos:
1.º  Cuando la longitud total del tramo afectado sea superior a 5 km. Se exceptúan 
aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo en zona urbana.
2.º  Cuando se ubiquen en áreas protegidas y áreas protegidas por instrumentos 
internacionales,  y  puedan  suponer  transformaciones  ecológicas  negativas  para  el 
espacio.
d)  Plantas de tratamiento de aguas residuales en los siguientes casos:
1.º  Cuando  su  capacidad  esté  comprendida  entre  los  10.000  y  los  150.000 
habitantes-equivalentes.
2.º  Cuando se ubique en áreas protegidas o áreas protegidas por instrumentos 
internacionales,  y  puedan  suponer  transformaciones  ecológicas  negativas  para  el 
espacio.
e)  Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o 
adicional superior a 3.000 metros cúbicos al día.
f)  Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más 
de 800 mm y una longitud superior a 40 km (proyectos no incluidos en el anexo I).
g)  Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, siempre 
que se dé alguno de los siguientes supuestos:
1.º  Grandes presas según se definen en el Reglamento técnico sobre Seguridad de  e
Presas y Embalses, aprobado por Orden de 12 de marzo de 1996, cuando no se  bo
encuentren incluidas en el anexo I. 74ww
ante2r.ioº r, Octorna s cianpsatacliadcaiodn edse  daelmstaincaednaasm aie nretote, nneur eevlo a gou aa,d incoio ninacl,lu isduapse reionr  eal  a2p0a0r.t0a0d0o 
metros cúbicos.
Grupo 9. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos
a)  Instalaciones de eliminación de residuos no incluidas en el anexo I que no se 
desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial.
b)  Instalaciones de almacenamiento de chatarra, de almacenamiento de vehículos 
desechados e instalaciones de desguace y descontaminación de vehículos que no se 
desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial.
c)  Plantas  de  reciclaje  de  residuos  de  construcción  y  demolición  de  carácter 
permanente. No se incluye el empleo de plantas móviles de carácter temporal para 
reciclar residuos de construcción y demolición en su lugar de producción.
d)  Instalaciones  destinadas  a  la  valorización  de  residuos  (incluyendo  el 
almacenamiento fuera del lugar de producción) que no se desarrollen en el interior de 
una nave en polígono industrial, excluidas las instalaciones de residuos no peligrosos 
cuya capacidad de tratamiento no supere las 5.000 t anuales y de almacenamiento 
inferior a 100 t.
e)  Instalaciones de gestión de residuos mediante incineración u otros tratamientos 
térmicos, tales como pirólisis, gasificación y proceso de plasma (proyectos no incluidos 
en el anexo I).
f)  Plantas de compostaje de residuos con capacidad de tratamiento igual o superior 
a 5.000 t anuales y capacidad de almacenamiento igual o superior a 100 t.
g)  Balsas destinadas a la evaporación o almacenamiento de residuos, fuera del 
lugar de producción, de capacidad igual o superior a 100 metros cúbicos.
h)  Instalaciones terrestres para el vertido o depósito de materiales de extracción de 
origen fluvial, terrestre o marino no incluidos en el anexo I con superficie superior a 1 ha.
Grupo 10. Otros proyectos
a)  Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie 
igual o superior a 50 ha, o igual o superior a 10 ha si se sitúa dentro de áreas protegidas 
o áreas protegidas por instrumentos internacionales.
b)  Cualquier modificación de las características de un proyecto de los anexos I o II 
que pueda tener efectos adversos significativos de acuerdo con el artículo 6.2.c.
c)  Cualquier proyecto que sin estar incluido en los anexos I ni II, pueda afectar de 
forma apreciable a áreas protegidas de acuerdo con el artículo 6.2.b.
d)  Proyectos del anexo I que sirvan exclusiva o principalmente para desarrollar o 
ensayar nuevos métodos o productos de acuerdo con el artículo 6.2.d.
ANEXO III
Criterios mencionados en el artículo 54.2 para determinar si un proyecto del anexo 
II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria
1.  Características de los proyectos: Las características de los proyectos deberán 
considerarse, en particular, desde el punto de vista de:
a)  Las dimensiones y el diseño del conjunto del proyecto.
b)  La acumulación con otros proyectos, existentes o aprobados.
c)  La utilización de recursos naturales, en particular la tierra, el suelo, el agua y la 
biodiversidad. s
d)  La generación de residuos. e.
e)  La contaminación y otras perturbaciones. w.
f)  Los riesgos de accidentes graves o catástrofes relevantes para el proyecto en  74ww
ccouneostcióimni,e nintoclsu icdieons tílfoicso sp.rovocados por el cambio climático, de conformidad con los
aguag,)  deLl oasir eri,e os glao sc opnatraam lian ascaiólund e hleucmtraonmaa g(pnoért iceaje).mplo debido a la contaminación del  BOE-A-cable e
2.  Ubicación  de  los  proyectos:  La  sensibilidad  medioambiental  de  las  áreas 
geográficas,  que  puedan  verse  afectadas  por  los  proyectos,  deberá  considerarse 
teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad, en particular:
a)  El uso presente y aprobado del suelo.
b)  La abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa 
de los recursos naturales de la zona y su subsuelo (incluidos el suelo, la tierra, el agua y 
la biodiversidad).
c)  La capacidad de absorción del medio natural, con especial atención a las áreas 
siguientes:
1.º  Humedales, zonas ribereñas, desembocaduras de ríos.
2.º  Áreas de montaña y de bosque.
3.º  Reservas naturales y parques.
4.º  Áreas protegidas y áreas protegidas por instrumentos internacionales.
5.º  Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental 
establecidos en la legislación comunitaria, y pertinentes para el proyecto, o en las que se 
considere  que  se  ha  producido  un  incumplimiento  de  dichas  normas  de  calidad 
medioambientales.
6.º  Áreas de gran densidad demográfica.
7.º  Paisajes y lugares con significación histórica, cultural o arqueológica.
8.º  Áreas con potencial afección al patrimonio cultural.
9.º  Masas de agua superficiales y subterráneas contemplados en la planificación 
hidrológica y sus respectivos objetivos ambientales.
3.  Características del potencial impacto: Los potenciales efectos significativos de 
los proyectos en el medio ambiente, deben considerarse en relación con los criterios 
establecidos en los apartados 1 y 2, y teniendo presente el impacto del proyecto sobre 
los factores señalados en el artículo 52, apartado 2.e, teniendo en cuenta:
a)  La magnitud y el alcance espacial del impacto (por ejemplo, área geográfica y 
tamaño de la población que pueda verse afectada).
b)  La naturaleza del impacto.
c)  El carácter transfronterizo del impacto.
d)  La intensidad y complejidad del impacto.
e)  La probabilidad del impacto.
f)  El inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.
g)  La acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes o 
aprobados.
h)  La posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz.
ANEXO IV
Contenido del estudio ambiental estratégico
La información que deberá contener el estudio ambiental estratégico previsto en el 
artículo 21 será, como mínimo, la siguiente:
1.  Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones 
con otros planes y programas pertinentes; s
2.  Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable  o
evolución en caso de no aplicación del plan o programa; w.
deen  em3l .ap nlaeLzraoas  d sceiga nvraiigfciceteanrtciívsiaati  cdyae sls  puml aeenvd ooiol uapcmrioóbgnire atnemtnaaile;ensd doe e lna sc uzeonntaas  eql ucea mpubeiod acnli mváetrisceo  aefsepcetaraddaos   2020-4474n https://ww
4.  Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o
programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de
especial importancia medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la 
legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas y los espacios 
protegidos de la Red Natura 2000;
5.  Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, 
comunitario o nacional que guarden relación con el plan o programa y la manera en que 
tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su 
elaboración;
6.  Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos 
como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, 
el aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular una 
evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes 
materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos 
efectos deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, 
medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos;
7.  Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación 
del plan o programa, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio 
climático y permitir su adaptación al mismo;
8.  Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y 
una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, 
como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pudieran haberse 
encontrado a la hora de recabar la información requerida;
9.  Un  programa  de  vigilancia  ambiental  en  el  que  se  describan  las  medidas 
previstas para el seguimiento;
10.  Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los 
epígrafes precedentes.
ANEXO V
Criterios mencionados en el artículo 33 para determinar si un plan o programa 
debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria
1.  Las características de los planes y programas, considerando en particular:
a)  La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras 
actividades, bien en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones, y condiciones de 
funcionamiento o bien en relación con la asignación de recursos.
b)  La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, 
incluidos los que estén jerarquizados.
c)  La  pertinencia  del  plan  o  programa  para  la  integración  de  consideraciones 
ambientales, con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible.
d)  Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa.
e)  La  pertinencia  del  plan  o  programa  para  la  implantación  de  la  legislación 
comunitaria o nacional en materia de medio ambiente como, entre otros, los planes o 
programas relacionados con la gestión de residuos o la protección de los recursos 
hídricos.
2.  Las  características  de  los  efectos  y  del  área  probablemente  afectada, 
considerando en particular: s
a)  La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos. w.b
b)  El carácter acumulativo de los efectos. 74ww
cd))   ELol csa rriáecstgeors t rpaanrsafr olan tsearliuzdo  dheu mloasn eaf eoc teol sm. edio ambiente (debidos, por ejemplo, a
accied)e ntLeas )m. agnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la
población que puedan verse afectadas).
f)  El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de:
1.º  Las características naturales especiales.
2.º  Los efectos en el patrimonio cultural.
3.º  La superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental.
4.º  La explotación intensiva del suelo.
5.º  Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los 
ámbitos nacional, comunitario o internacional.
ANEXO VI
Estudio de impacto ambiental, conceptos técnicos y especificaciones relativas a 
las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos I y II
Parte A. Estudio de impacto ambiental
El estudio de impacto ambiental, al que se refiere el artículo 38, deberá incluir la 
información detallada en los epígrafes que se desarrollan a continuación:
1.  Objeto y descripción del proyecto.
a)  Una descripción de la ubicación del proyecto.
b)  Una descripción de las características físicas del conjunto del proyecto, incluidas, 
cuando proceda, los requisitos de las obras de demolición que se impongan, y de las 
necesidades en cuanto al uso de la tierra, durante las fases de construcción y de 
explotación.
c)  Descripción de los materiales a utilizar, suelo y tierra a ocupar, y otros recursos 
naturales cuya eliminación o afectación se considere necesaria para la ejecución del 
proyecto, y descripción de las principales características de la fase de explotación del 
proyecto (en particular cualquier proceso de producción), con indicaciones, por ejemplo, 
sobre  la  demanda  de  energía  y  la  energía  utilizada,  la  naturaleza  y  cantidad  de 
materiales y recursos naturales utilizados (incluidos el agua, la tierra, el suelo y la 
biodiversidad).
d)  Descripción, en su caso, de los tipos, cantidades y composición de los residuos 
producidos durante las fases de construcción, explotación y, en su caso, demolición, así 
como la previsión de los vertidos y emisiones que se puedan dar (por ejemplo, la 
contaminación del agua, del aire, del suelo y del subsuelo), o cualquier otro elemento 
derivado de la actuación, como la peligrosidad sísmica natural, o la peligrosidad sísmica 
inducida por el proyecto, tanto sean de tipo temporal, durante la realización de la obra, o 
permanentes, cuando ya esté realizada y en operación, en especial, ruidos, vibraciones, 
olores, emisiones luminosas, calor, radiación, emisiones de partículas, etc.
En el caso de proyectos que estén sujetos al Reglamento sobre Instalaciones nucleares 
y Radiactivas, aprobado por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, el promotor 
deberá incluir en el estudio de impacto ambiental, una previsión de los tipos, cantidades y 
composición  de  los  residuos  que  se  producirán  durante  las  fases  de  construcción, 
explotación y desmantelamiento, y de los vertidos y emisiones radiactivas que se puedan 
dar en operación normal, incidentes operacionales y accidentes; así como la declaración del 
cumplimiento del criterio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) de acuerdo con las 
normas básicas de protección radiológica para estas situaciones.
e)  Las tecnologías y las sustancias utilizadas. e
2.  Examen  de  alternativas  del  proyecto  que  resulten  ambientalmente  más  w.
vaidaebcleusa,d ya sju, sdtiefi ccaocniófonr mdeid laad s coolunc ilóon d aisdpoupetastdoa .en el artículo 1.1.b que sean técnicamente  2020-4474n https://ww
que a)r esUulnte enx aammebnie nmtaullmticerinteteri om, eásst uaddiaedcou apdoars e, l yp rsoemaont orr,e ldeev alanste sd isptianrtaa s eal ltperronyaeticvtaos,   BOE-A-cable e
incluida la alternativa cero, o de no actuación, y que sean técnicamente viables para el 
proyecto propuesto y sus características específicas; y una justificación de la solución 
propuesta, incluida una comparación de los efectos medioambientales, que tendrá en 
cuenta diversos criterios, como el económico y el funcional, y entre los que se incluirá 
una comparación de los efectos medioambientales. La selección de la mejor alternativa 
deberá estar soportada por un análisis global multicriterio, donde se tenga en cuenta, no 
sólo aspectos económicos, sino también los de carácter social y ambiental. El examen 
multicriterio deberá contener al menos un total de dos alternativas dispuestas en distintas 
ubicaciones, más la alternativa cero.
b)  Una  descripción  de  las  exigencias  previsibles  en  el  tiempo,  en  orden  a  la 
utilización del suelo y otros recursos naturales, para cada alternativa examinada.
c)  Respecto a la alternativa cero, o de no actuación, se realizará una descripción de 
los  aspectos  pertinentes  de  la  situación  actual  del  medio  ambiente  (hipótesis  de 
referencia), y una presentación de su evolución probable en caso de no realización del 
proyecto, en la medida en que los cambios naturales con respecto a la hipótesis de 
referencia  puedan  evaluarse  mediante  un  esfuerzo  razonable,  de  acuerdo  a  la 
disponibilidad de información medioambiental y los conocimientos científicos.
3.  Inventario ambiental, y descripción de los procesos e interacciones ecológicas o 
ambientales claves.
a)  Estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales, antes de la 
realización de las obras, así como de los tipos existentes de ocupación del suelo y 
aprovechamientos  de  otros  recursos  naturales,  teniendo  en  cuenta  las  actividades 
preexistentes.
b)  Descripción, censo, inventario, cuantificación y, en su caso, cartografía, de todos 
los factores definidos en el artículo 38.1.c, que puedan verse afectados por el proyecto: 
la población, la salud humana, la biodiversidad (por ejemplo, la fauna y la flora), la tierra 
(por ejemplo, ocupación del terreno), la geodiversidad, el suelo (por ejemplo, materia 
orgánica,  erosión,  compactación  y  sellado),  el  subsuelo,  el  agua  (por  ejemplo, 
modificaciones hidromorfológicas, cantidad y calidad), el aire, el clima (por ejemplo, 
emisiones de gases de efecto invernadero, impactos significativos para la adaptación), el 
cambio climático, los bienes materiales, el patrimonio cultural, así como los aspectos 
arquitectónicos y arqueológicos, el paisaje en los términos del Convenio Europeo del 
Paisaje, y la interacción entre todos los factores mencionados.
En su caso, para las masas de agua afectadas se establecerá: su naturaleza, 
caracterización del estado, presiones, impactos y objetivos ambientales asignados por la 
planificación hidrológica.
c)  Descripción de las interacciones ecológicas claves, y su justificación.
d)  Delimitación y descripción cartografiada del territorio afectado por el proyecto, 
para cada uno de los aspectos ambientales definidos.
e)  Estudio comparativo de la situación ambiental actual, con la actuación derivada 
del proyecto objeto de la evaluación, para cada alternativa examinada.
f)  Las descripciones y estudios anteriores se harán de forma sucinta, en la medida 
en que fueran precisas para la comprensión de los posibles efectos del proyecto sobre el 
medio ambiente.
4.  Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta, como en 
sus alternativas. s
a)  Se  incluirá  la  identificación,  cuantificación  y  valoración  de  los  efectos  w.
significativos previsibles, de las actividades proyectadas sobre los aspectos ambientales  74ww
mindoidcealdizoasc ieonn eesl  anpeacretasdaori a3s,  ppaarraa  ccaodmap alelttearrn ealt iivnav eenxtaamrioin aadmab. ieEnnt aslu,  ec aidsoe,n stiefic ianrc lyu ivráanlo lraasr 
los impactos del proyecto.
b)  Necesariamente,  la  identificación  de  los  impactos  ambientales  derivará  del 
estudio  de  las  interacciones,  entre  las  acciones  derivadas  del  proyecto  y  las 
características  específicas  de  los  aspectos  ambientales  afectados  en  cada  caso 
concreto. Entre las acciones a estudiar figurarán las siguientes:
1.º  La construcción y existencia del proyecto, incluidas, cuando proceda, las obras 
de demolición.
2.º  El uso de recursos naturales, en particular la tierra, el suelo, el agua y la 
biodiversidad (recursos naturales), teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, la 
disponibilidad sostenible de tales recursos.
3.º  La emisión de contaminantes, ruido, vibración, luz, calor y radiación, la creación 
de molestias y la eliminación y recuperación de residuos.
4.º  Los riesgos para la salud humana, el patrimonio cultural o el medio ambiente 
(debidos, por ejemplo, a accidentes o catástrofes).
5.º  La acumulación de los efectos del proyecto con otros proyectos, existentes o 
aprobados, teniendo en cuenta los problemas medioambientales existentes relacionados 
con zonas de importancia medioambiental especial, que podrían verse afectadas o el 
uso de los recursos naturales.
6.º  El impacto del proyecto en el clima (por ejemplo, la naturaleza y magnitud de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, y la vulnerabilidad del proyecto con respecto 
al cambio climático.
La descripción de los posibles efectos significativos con respecto a los factores 
mencionados  en  el  artículo  38.1,  debe  abarcar  los  efectos  directos  y  los  efectos 
indirectos, secundarios, acumulativos, transfronterizos, a corto, medio y largo plazo, 
permanentes y temporales, positivos y negativos del proyecto. Esta descripción, debe 
tener en cuenta los objetivos de protección medioambiental establecidos a nivel de la 
Unión o de los Estados Miembros, y significativos para el proyecto.
En su caso, se deberán estudiar las repercusiones del proyecto sobre los diferentes 
elementos de calidad que definen el estado o potencial de las masas de agua afectadas.
La descripción de los métodos de previsión o de los datos utilizados para definir y 
evaluar  los  efectos  significativos  en  el  medio  ambiente,  incluidos  detalles  sobre 
dificultades (por ejemplo, deficiencias técnicas o falta de conocimientos) a las que se ha 
tenido que hacer frente al recopilar la información, y las principales incertidumbres que 
conllevan.
c)  La cuantificación de los efectos significativos de un plan, programa o proyecto 
sobre el medio ambiente consistirá en la identificación y descripción, mediante datos 
mensurables, de las variaciones previstas de los hábitats y de las especies afectadas, 
como consecuencia del desarrollo del plan o programa, o por la ejecución del proyecto. 
Se medirán en particular las variaciones previstas en:
1.º  Superficie  del  hábitat  o  tamaño  de  la  población  afectada,  directa  o 
indirectamente, a través de las cadenas tróficas, o de los vectores ambientales, en 
concreto, flujos de agua, residuos, energía o atmosféricos; suelo, ribera del mar y de las 
rías. Para ello se utilizarán, unidades biofísicas del hábitat o especie afectadas.
2.º  La intensidad del impacto con indicadores cuantitativos y cualitativos. En caso 
de no encontrar un indicador adecuado al efecto, podrá diseñarse una escala que 
represente, en términos de porcentaje, las variaciones de calidad experimentadas por los 
hábitats y especies afectados. s
3.º  La duración, la frecuencia y la reversibilidad de los efectos que el impacto  oe.
ocasionará sobre el hábitat y especies. w.
de p54r..eººs  enLLcaai  aad.bivuenrsdiadnacdi ae coo nlóúgmicear om deed iidnad,i vaidl umoesn, ossu,  dceonmsoid naúdm oe lrao  edxete ensspióenc iedse,  sou  czoomnoa   2020-4474n https://ww
descripción de su abundancia relativa.
6.º  La rareza de la especie o del hábitat (evaluada en el plano local, regional y 
superior, incluido el plano comunitario), así como su grado de amenaza.
7.º  La variación y cambios que vayan a experimentar, entre otros, los siguientes 
parámetros  del  hábitat  y  especie  afectado:  el  estado  de  conservación,  el  estado 
ecológico cuantitativo, la integridad física, y la estructura y función.
d)  Valoración.  Se  indicarán  los  impactos  ambientales  compatibles,  moderados, 
severos y críticos que se prevean, como consecuencia de la ejecución del proyecto.
Se jerarquizarán los impactos ambientales, identificados y valorados, para conocer 
su importancia relativa.
5.  Establecimiento  de  medidas  preventivas,  correctoras  y  compensatorias  para 
reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.
Se  describirán  las  medidas  previstas  para  prevenir,  corregir  y,  en  su  caso, 
compensar, los efectos adversos significativos de las distintas alternativas del proyecto 
sobre el medio ambiente y el paisaje, tanto en lo referente a su diseño y ubicación, como 
en cuanto a la explotación, desmantelamiento o demolición. En particular, se definirán las 
medidas necesarias para paliar los efectos adversos sobre el estado o potencial de las 
masas de agua afectadas.
Las medidas compensatorias consistirán, siempre que sea posible, en acciones de 
restauración, o de la misma naturaleza y efecto contrario al de la acción emprendida.
El presupuesto del proyecto incluirá estas medidas con el mismo nivel de detalle que 
el resto del proyecto, en un apartado específico, que se incorporará al estudio de 
impacto ambiental.
6.  Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.
El  programa  de  vigilancia  ambiental  establecerá  un  sistema  que  garantice  el 
cumplimiento de las indicaciones y de las medidas previstas para, prevenir, corregir y, en 
su caso, compensar, contenidas en el estudio de impacto ambiental, tanto en la fase de 
ejecución como en la de explotación, desmantelamiento o demolición. Este programa 
atenderá a la vigilancia, durante la fase de obras, y al seguimiento, durante la fase de 
explotación  del  proyecto,  y  deberá  contener  un  cronograma  estimado  para  las 
actuaciones de vigilancia y seguimiento que contemple con el fin de supervisar su 
cumplimiento. El presupuesto del proyecto incluirá la vigilancia y seguimiento ambiental, 
en fase de obras y fase de explotación, en apartado específico, el cual se incorporará al 
estudio de impacto ambiental.
Los objetivos del programa de vigilancia y seguimiento ambiental son los siguientes:
a)  Vigilancia ambiental durante la fase de obras:
1.º  Detectar  y  corregir  desviaciones,  con  relevancia  ambiental,  respecto  a  lo 
proyectado en el proyecto de construcción.
2.º  Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales.
3.º  Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas.
4.º  Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.
b)  Seguimiento ambiental durante la fase de explotación. El estudio de impacto 
ambiental justificará la extensión temporal de esta fase, considerando la relevancia 
ambiental de los efectos adversos previstos: e.
1.º  Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras. 74ww
doe e lla 32m ..aººa  cl tfiDSvuienidsgcaeiudoñi.namari emloniseto nm tdoee cd laaen  rliasesms pmousee dsditeda a aysc  etcuvoaorcrlueióccnitóo nara nastem p blraeie vanisptataalr sidc.eiól ne ndteo renfoe cat olas  iimnepslapnetraacdióons   OE-A-2020-44able en https://
7.  Vulnerabilidad del proyecto.
Una descripción de los efectos adversos significativos del proyecto en el medio 
ambiente a consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes 
graves o catástrofes relevantes, en relación con el proyecto en cuestión.
Para este objetivo, podrá utilizarse la información relevante disponible y obtenida a 
través de las evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con otras normas, como 
la normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 
que intervengan sustancias peligrosas (SEVESO), así como la normativa que regula la 
seguridad nuclear de las instalaciones nucleares.
En su caso, la descripción debe incluir las medidas previstas para prevenir y mitigar 
el efecto adverso significativo de tales acontecimientos en el medio ambiente, y detalles 
sobre la preparación y respuesta propuesta a tales emergencias.
8.  Evaluación ambiental de repercusiones en espacios de la Red Natura 2000.
El apartado de evaluación de repercusiones del proyecto sobre la Red Natura 2000 
incluirá,  de  manera  diferenciada  para  cada  una  de  las  alternativas  del  proyecto 
consideradas, lo siguiente:
a)  Identificación de los espacios afectados, y para cada uno identificación de los 
hábitats, especies y demás objetivos de conservación afectados por el proyecto, junto 
con la descripción de sus requerimientos ecológicos más probablemente afectados por el 
proyecto y la información disponible cuantitativa, cualitativa y cartográfica descriptiva de 
su estado de conservación a escala del conjunto espacio.
b)  Identificación, caracterización y cuantificación de los impactos del proyecto sobre 
el estado de conservación de los hábitats y especies por los que se ha designado el 
lugar,  sobre  el  resto  de  los  objetivos  de  conservación  especificados  en  el 
correspondiente plan de gestión, y en su caso sobre la conectividad con otros espacios y 
sobre los demás elementos que otorgan particular importancia al espacio en el contexto 
de la Red y contribuyen a su coherencia. La evaluación de estos impactos se apoyará en 
información real y actual sobre los hábitats y especies objeto de conservación en el 
lugar.
c)  Medidas preventivas y correctoras destinadas a mitigar los impactos, y medidas 
compensatorias  destinadas  a  compensar  el  impacto  residual,  evitando  con  ello  un 
deterioro neto del conjunto de variables que definen el estado de conservación en el 
conjunto del lugar de los hábitats o las especies afectados por el proyecto.
d)  Especificidades del seguimiento de los impactos y medidas contemplados.
9.  Resumen  no  técnico  de  la  información  facilitada  en  virtud  de  los  epígrafes 
precedentes.
El documento de síntesis no debe exceder de veinticinco páginas, y se redactará en 
términos asequibles a la comprensión general.
10.  Lista  de  referencias  bibliográficas  consultadas  para  la  elaboración  de  los 
estudios y análisis y listado de la normativa ambiental aplicable al proyecto.
Parte B. Conceptos técnicos
a)  Efecto  directo:  Aquel  que  tiene  una  incidencia  inmediata  en  algún  aspecto  e.
ambiental. w.
b)  Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a  74ww
olat roin.terdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con
inducc)t or,E fiencctroe maceunmtau lpartoivgor:e Asiqvuaeml eqnutee  aslu p rgorlaovnegdaardse,  aeln  ceal rteiecmerpsoe  lad ea cmcieócna ndieslm aogse ndtee   BOE-A-cable e
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del 
daño.
d)  Efecto  sinérgico:  Aquel  que  se  produce  cuando,  el  efecto  conjunto  de  la 
presencia simultánea de varios agentes, supone una incidencia ambiental mayor que el 
efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.
Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el 
tiempo la aparición de otros nuevos.
e)  Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de 
factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de 
relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar.
f)  Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con 
un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse.
g)  Efecto a corto, medio y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse, 
respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, 
o en un periodo superior.
h)  Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el 
cese de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras.
i)  Impacto  ambiental  moderado:  Aquel  cuya  recuperación  no  precisa  medidas 
preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
j)  Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del 
medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, 
aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.
k)  Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 
Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, 
sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.
l)  Impacto residual: pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas 
en número, superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni 
reparadas,  una  vez  aplicadas  in  situ  todas  las  posibles  medidas  de  prevención  y 
corrección.
m)  Peligrosidad sísmica: Probabilidad de que el valor de un cierto parámetro que 
mide  el  movimiento  del  suelo  (intensidad;  aceleración,  etc.)  sea  superado  en  un 
determinado período de tiempo.
n)  Fraccionamiento de proyectos: Mecanismo artificioso de división de un proyecto 
con el objetivo de evitar la evaluación de impacto ambiental ordinaria en el caso de que 
la  suma  de  las  magnitudes  supere  los  umbrales  establecidos  en  el  anexo  I,  o  la 
evaluación de impacto simplificada en el caso de que la suma de las magnitudes supere 
los umbrales establecidos en el anexo II.
Parte C. Especificaciones relativas a las obras, instalaciones o actividades 
comprendidas en los anexos I y II
a)  Refinerías de petróleo bruto (con la exclusión de las empresas que produzcan 
únicamente  lubricantes  a  partir  de  petróleo  bruto),  así  como  las  instalaciones  de 
gasificación y de licuefacción de, al menos, 500 toneladas de carbón de esquistos 
bituminosos al día.
b)  Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica de, 
al menos, 300 MW, así como centrales nucleares y otros reactores nucleares (con  s
exclusión de las instalaciones de investigación para la producción y transformación de  e.
materias fisionables y fértiles en las que la potencia máxima no pase de 1 KW de  w.
duración permanente térmica). 74ww
talesL ainss tcaelanctriaolneess  ncuucalnedaore lsa  yto toatlriodsa dr edaecl tcooremsb unsutciblelea rneusc ldeeajra, ny  ddee  lcoosn ostidroesr aerlseem ceonmtoos 
irnasdtiaalcatcivióanm.ente contaminados, haya sido retirada de modo definitivo del lugar de la  BOE-A-cable e
c)  Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente, o a 
eliminar  definitivamente  residuos  radiactivos:  A  los  efectos  de  la  presente  ley,  se 
entenderá por almacenamiento permanente de residuos radiactivos, cualquiera que sea 
su duración temporal, aquel que esté específicamente concebido para dicha actividad, y 
que se halle fuera del ámbito de la instalación nuclear o radiactiva que produce dichos 
residuos.
d)  Instalaciones químicas integradas: A los efectos de la presente ley, se entenderá 
por instalaciones químicas integradas aquellas instalaciones para la fabricación a escala 
industrial de sustancias mediante transformación química, en las que se encuentran 
yuxtapuestas varias unidades vinculadas funcionalmente entre sí, y que se utilizan para 
la  producción  de  productos  químicos  orgánicos  básicos,  de  productos  químicos 
inorgánicos básicos, de fertilizantes a base de fósforo, nitrógeno o potasio (fertilizantes 
simples o compuestos), de productos fitosanitarios básicos y de biocidas, de productos 
farmacéuticos básicos mediante un proceso químico o biológico y de explosivos.
Cuando  la  instalación  química  integrada  pretenda  ubicarse  en  una  localización 
determinada  en  la  que  no  hubiera  un  conjunto  de  plantas  químicas  preexistentes, 
quedará sujeta a la presente ley, sea cual fuere el producto químico objeto de su 
fabricación.
Cuando  la  instalación  química  integrada  pretenda  ubicarse  en  una  localización 
determinada en la que ya exista un conjunto de plantas químicas, quedará sujeta a la 
presente ley si las sustancias o mezclas químicas de su proceso de fabricación se 
clasifican como peligrosas de acuerdo con el Reglamento 1272/2008 de Clasificación, 
Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas (CLP). En la evaluación de impacto se 
deberá  tener  en  cuenta  lo  establecido  en  el  Reglamento  (CE)  n.º  1907/2006,  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.
e)  Construcción  de  autopistas,  autovías,  carreteras  multicarril,  carreteras 
convencionales y variantes de población. A los efectos de esta ley, se aplicarán los 
artículos 2 y 4 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.
f)  Aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud mayor o igual 
a 2.100 metros: A los efectos de esta ley, se entenderá por aeropuerto la definición 
contenida en la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y en el Convenio 
de Chicago de 1944, relativo a la creación de la Organización de la Aviación Civil 
Internacional (anexo 14). En este sentido, se entiende por aeropuerto el área definida de 
tierra o agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equipos), destinada 
total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.
g)  Instalaciones de eliminación de residuos peligrosos por incineración, tratamiento 
químico o almacenamiento en tierra: A los efectos de la presente ley, se entenderá 
tratamiento químico, referido a tratamiento físico-químico, y por almacenamiento en 
tierra, se entenderá depósito de seguridad en tierra.
Se considerarán incluidas las operaciones de eliminación D3, D5, D8, D9, D10, D12 
del anexo I de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
h)  Terrenos incultos y áreas seminaturales: a los efectos de la presente ley, se 
entienden incluidos en esta denominación los terrenos que nunca han sido cultivados, o 
aquellos  que  habiéndolo  sido,  han  sufrido  un  abandono  de  dicha  actividad,  y  que 
cumplan las condiciones y plazos que determine la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes, y que ha permitido que hayan sido poblados por vegetación forestal leñosa. s
i)  Extracción a cielo abierto de hulla, lignito u otros yacimientos minerales: A los  oe.
efectos de la presente ley, se entenderá por extracción a cielo abierto aquellas tareas o  w.
actividades de aprovechamiento o explotación de los yacimientos minerales, y demás  74ww
rseec urersaolisc egne omlóegdiciaonst,e q ulaeb noerecse ssauribatmereránntee aresq. uSieer acno lnas iadpelricaa cnieócne dsea rtiéac nlaic aa pmlicinaecriaó ny  ndoe 
tbéacnncicoas  dmein 3e rmae etrno slo os  mcaásso asl tuerna ,q ou ee ls eem dpeleboa nd eu tciluizaalqr ueiexpr lcolsaisveo sd,e f omrmaqauri ncaorritaa.s, tajos o  BOE-A-cable e
j)  Cambio de uso del suelo: A los efectos de la presente ley, se entenderá por 
cambio de uso del suelo, la transformación de cualquier uso de suelo rural entre sí 
(agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional 
de los recursos naturales), cuando suponga una alteración sustancial de la cubierta 
vegetal, o la transformación del uso de suelo rural en suelo urbanizable.
k)  Consolidación  y  mejora  de  regadíos:  A  los  efectos  de  la  presente  ley,  se 
entenderá  por  consolidación  de  regadíos  las  acciones  que  afectan  a  regadíos 
infradotados  de  agua,  bien  por  falta  de  agua,  bien  por  pérdidas  excesivas  en  las 
conducciones, y que tienen como fin completar las necesidades de agua de los cultivos 
existentes. Se consideran acciones de mejora de regadíos las que afectan a la superficie 
regada suficientemente dotada, o muy dotada, de agua, sobre las que se consideran 
oportunas actuaciones que supongan mejoras tendentes al ahorro de agua, o mejoras 
socioeconómicas de las explotaciones.
l)  Valor  medio  trimestral:  se  entenderá  por  valor  medio  trimestral,  teniendo  en 
cuenta los días de producción efectiva, el período de 90 días consecutivos de máxima 
producción.
m)  Valor medio anual: se entenderá por valor medio anual la media de los valores 
medios diarios, a lo largo de un año natural.
n)  Instalación  hotelera:  a  los  efectos  de  esta  ley,  se  considerarán  como 
instalaciones hoteleras aquellos alojamientos turísticos habilitados para el público.
ñ) Transmisión de energía eléctrica: incluye la actividad (transporte), las instalaciones 
(red interconectada de alta y media tensión) y el fin (suministro a clientes finales o 
distribuidores). En este concepto se incluyen las subestaciones.
o)  Explotación ganadera intensiva: instalación en la que el ganado y las aves que 
son objeto de la explotación se encuentran estabulados durante la mayor parte de su 
ciclo productivo y en la que se acumulan los estiércoles. La carga ganadera de las 
explotaciones ganaderas intensivas, para considerarse como tales a los efectos de esta 
ley, debe superar las 2,4 UGM/ha.
p)  Préstamos de obra: yacimientos con el único fin de obtener fragmentos de 
tamaño  y  forma  apropiados  para  su  utilización  directa  en  obras  públicas  de 
infraestructura y construcción que no exijan más operaciones que las de arranque, 
quebrantado  y  calibrado,  entendiéndose  como  calibrado  la  mera  clasificación  por 
tamaños, y cuya autorización, seguimiento y restauración competan y sea asumidas por 
el órgano sustantivo correspondiente a la obra a la que dan servicio, de acuerdo con el 
artículo 37.3 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real 
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto.
q)  Instalación  industrial:  unidad  técnica  en  donde  se  desarrolle  una  actividad 
económica que tiene como fin la transformación, a través de maquinaria y una fuente de 
energía, de materias primas en productos semielaborados empleados para fabricar otros 
productos, o productos elaborados preparados para el consumo, a una escala tal que 
permita la rentabilidad económica en la comercialización de los productos de esta forma 
generados.  No  se  considerarán  como  tales  las  instalaciones  domésticas,  las 
instalaciones  artesanales  de  reducidas  dimensiones,  las  que  no  tengan  fines 
comerciales, las de tipo académico o las destinadas a la investigación en laboratorios.