BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 187 Viernes 6 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 96842
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
13543 Resolución de 28 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador mercantil I de Valencia a inscribir una escritura de elevación a 
público de acuerdos adoptados por la junta general de una sociedad.
En el recurso interpuesto por don D. P. C., en nombre y representación de la 
sociedad «Titan Recycling Solution, S.L.», contra la negativa del registrador Mercantil I 
de Valencia, don Rodolfo Bada Mañó, a inscribir una escritura de elevación a público de 
acuerdos adoptados por la junta general de dicha sociedad.
Hechos
I
Mediante escritura otorgada el día 13 de enero de 2021 ante el notario de Valencia, 
don Diego Simó Sevilla, con el número 57 de protocolo, se elevaron a público los 
acuerdos adoptados el día 30 de octubre de 2020 por la junta general de la sociedad 
«Titan Recycling Solution, S.L.», de disolución de dicha sociedad, cese del administrador 
único y nombramiento de dos liquidadores solidarios. La convocatoria de la junta general 
fue realizada por acuerdo adoptado por el consejo de administración. Y los referidos 
acuerdos de la junta general (a la que asistieron todos los socios) fueron aprobados con 
el voto favorable del 66,60% y el voto en contra del restante 33,40% del capital.
El artículo 13 de los estatutos sociales tiene el siguiente contenido:
«Salvo que la Ley o por estatutos se disponga otra cosa, los acuerdos sociales se 
adoptarán por mayoría de los válidamente emitidos [sic], siempre que representen al 
menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se 
divide el capital social. No se computarán los votos en blanco.
Por excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, durante un período de 3 años, a 
contar desde la inscripción del presente documento, se deberá contar con el 73% de los 
votos a favor de la adopción de la siguiente relación de acuerdos:
– Los aumentos del capital social en cualquiera de sus modalidades y por cualquier 
causa, salvo en casos de desequilibrio patrimonial, que deberá quedar acreditado con el 
correspondiente  informe  emitido  por  el  auditor  independiente  nombrado  al  efecto  a 
propuesta del Registro Mercantil.
– Exclusión o limitación del derecho de suscripción preferente.
– La  transformación,  fusión  o  extinción,  disolución  y  liquidación  de  Titan  y,  en 
general, cualquier operación de cesión global de activo y pasivo.
– Creación o modificación de participaciones con privilegios (derechos económicos 
políticos o de voto preferentes), o que impliquen nuevas obligaciones para los socios o la 
pérdida o lesión de sus derechos, salvo cuando dichas modificaciones se ajusten a lo 
previsto en el Contrato». s
La inscripción de esta disposición estatutaria se practicó el día 30 de julio de 2018. w.
II
de VPaoler nucniaa  sporilmicietóra q cuael ifsicea acpióonr tanseeg aetli vaac tdae n loat arerifaelr iddea  jeusnctari tmuroat,i veal droergais dtrea dloosr  aMceurecradnotsil 
sociales que se pretenden inscribir. Presentada nuevamente dicha escritura, junto con el
acta solicitada en el Registro Mercantil de Valencia, que fueron objeto de la siguiente 
nota de calificación:
«Don  Rodolfo  Bada  Maño,  Registrador  Mercantil  de  Valencia,  previo  examen  y 
calificación conjunta del documento que se dirá, ha resuelto no practicar la inscripción 
solicitada conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos:
Asiento: 750
Diario: 951
Entrada: 1/2021/2337
Sociedad: Titan Recycling Solution SL
Notario/Protocolo: Diego Simo Sevilla 2021/1557 [sic]
La presente nota ha sido extendida en vista de la escritura otorgada en Valencia el 
día  siete  de  octubre  de  dos  mil  veinte  ante  su  Notario  Don  Diego  Simo  Sevillla 
número 1557 de protocolo.
Fundamentos de derecho
1.  El 7 de octubre de 2020 dimitió el Consejero Don M. M. P. según escritura 
otorgada en Valencia el día siete de octubre de dos mil veinte ante su Notario Don Diego 
Simo Sevilla número 1557 de protocolo por ello el Consejo de Administración de la 
sociedad Titan Recycling Solution SL es deficitario a fecha 13 de Octubre de 2020 
cuando se produce la convocatoria de la Junta no Universal de 30 de Octubre de 2020. 
Por tanto, tiene defecto de convocatoria Artículos 166 y siguientes de la LSC. Defecto de 
carácter insubsanable.
2.  No se cumple con el quórum fijado en el artículo 13.º de los Estatutos Sociales 
para disolver la sociedad. Es preciso el 73%. Defecto de carácter insubsanable.
En unión de acta de presencia de fecha treinta de octubre de dos mil veinte ante su 
Notario Don Juan Piquer Belloch numero 1751 bis de protocolo.
Se han cumplido en su integridad los trámites previstos en el artículo 18 del Código 
de Comercio y 6 y 15 del Reglamento del Registro Mercantil (…)
En relación con la presente calificación: (…)
Valencia, a 13 abril de 2021 (firma ilegible y sello del Registro con el nombre y 
apellidos del registrador) El Registrador N.º VII [sic]».
III
Contra la anterior calificación, don D. P. C., en nombre y representación de la 
sociedad «Titan Recycling Solution, S.L.», interpuso recurso el día 13 de mayo de 2021 
en el que formulaba las siguientes alegaciones:
«Primera.  (…)
Tercera.  Respecto, del primer fundamento de derecho, esto es, el Consejo de 
Administración es deficitario a fecha 13 de octubre de 2.020, cuando se produce la 
convocatoria de la Junta no Universal de 30 de octubre de 2.020.
Este fundamento contrapone lo dispuesto en los artículos 166 y ss. de la Ley de 
Sociedades de Capital.
El artículo 166 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital, establecen los requisitos de  e.
convocatoria de las Juntas Generales. En este sentido, son los administradores quienes  w.
tienen la competencia para convocar. 543ww
admEinni setrla cciaósno q quuieen enso ss oonc cuopma,p elotse natedsm pinairsatr acodnovreosc asro lan  Jlousn tam Gieemnberroasl  ddee lS coocniosse.jo de
confAo remsitdea dre scpoenc tola,  enlo Crmonas eejsot adteu taArdiam idneisbtrea ceiósnta rd ec oTmitapnu eRsetoc ycploinrg  6S oclountisoenj,e Sro.sL,. , sdien   BOE-A-cable e
embargo,  por  una  serie  de  acontecimientos  ajenos  a  los  órganos  sociales  de  la 
Sociedad, dos miembros del consejo de administración presentaron su renuncia.
Esta circunstancia provoca que el consejo de administración pase a estar compuesto 
por 4 miembros –nunca por debajo del mínimo legal establecido (3) 242 LSC–.
A este respecto, el nombramiento de nuevos miembros del consejo de administración 
es facultad de la Junta General quién debe reunirse para su nombramiento.
No  obstante,  si  como  plantea  el  Registrador  que  emite  la  nota,  el  consejo  es 
deficitario y, por tanto, no puede convocar la Junta General de Socios: ¿Cómo ésta 
última va a ser convocada para poder nombrar nuevos miembros del consejo que 
permita salvar este déficit?
Es decir, si el consejo de administración es deficitario y, por ende, está vedado de 
convocar a la Junta General. Si ésta última no es convocada no puede celebrarse y, por 
tanto, no puede subsanar el déficit existente.
Si bien es cierto, que podría plantearse la posibilidad de celebración de la Junta 
Universal con carácter Universal. Esta opción, no es aplicable a Titan Recycling Solution, 
S.L.,  sociedad  que  no  cuenta  con  la  unanimidad  de  sus  socios  para  la  toma  de 
decisiones,  ya  que,  de  imponerse  esta  opción  se  le  estaría  permitiendo  de  forma 
indirecta que cualquiera de sus socios, como es el caso, bloqueara los órganos sociales 
de la Sociedad.
Por esta razón, debe primar el sentido común, y en una interpretación analógica de la 
norma y, permitir que los administradores que permanecen en el cargo puedan convocar 
la Junta General a fin de poder dar solución al déficit existente, como fue el caso que nos 
ocupa.
La Junta General ante la obligación legal de disolver la Sociedad, ceso el órgano de 
administración existente –deficitario– y, nombró dos nuevos liquidadores con los que 
poder llevar a cabo el proceso de liquidación de la compañía.
Por todo lo anterior, la convocatoria de Junta General de Socios de 13 de octubre 
de  2.020,  no  es  deficitaria  y,  por  tanto,  su  celebración  fue  de  conformidad  con  la 
legislación vigente y,
Cuarta.–Respecto  del  segundo  fundamento  de  derecho,  esto  es,  no  se  puede 
disolver la Sociedad por no cumplir el quorum fijado en el artículo 130 de los Estatutos 
Sociales, defecto de carácter insubsanable.
Este fundamento infringe lo dispuesto en los artículos 262 y 363.1.e) LSC al omitir la 
obligación legal de disolver las sociedades de capital.
En la citada Junta General de Socios de Titan Recycling Solution, S.L., de 30 de 
octubre de 2.020, entre otros, se aprobaron las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2.019.
En las referidas cuentas anuales, la Junta General de Socios constató un patrimonio 
neto negativo como consecuencia de las pérdidas existentes en el resultado del ejercicio.
Las pérdidas existentes en el resultado del ejercicio dejaron el patrimonio neto en 
negativo, es decir, las pérdidas del ejercicio provocaron que el patrimonio neto de la 
compañía fuera deficitario.
A este respecto, el artículo 363 apartado primero letra e) LSC establece la obligación 
legal de disolver la Sociedad cuando:
«363.  Causas de Disolución. 1. La Sociedad de capital deberá disolverse: (...)
e)  Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la 
mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida 
suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso. (…)». e.
Así mismo, el artículo 362 LSC estipula que las sociedades de capital se disolverán  w.b
por la existencia de causa legal o estatutaria debidamente constatada por la junta  543ww
gene«r3a6l 2o.  poDr isreosluocluiócnió pno jur dciocniaslt.atación de la existencia de causa legal o estatutaria. Las
sdoecbiieddaamdeenst ed ceo ncsatpaittaadl as peo rd lias ojulvnetará gne npeorra ll ao  peoxri srteesnocliuac iódne  jucdaiucsiaal. »legal  o  estatutaria
De esta forma, y en contraposición de los fundamentos expuestos en la nota de 
calificación, la norma estatutaria, con independencia de su contenido, no prevalece 
frente  a  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital,  cuando  establece  las  obligaciones  de 
disolución para las sociedades de capital.
Por este motivo, la Junta General de Socios, –recordemos, órgano competente para 
ello– ante la constatación de la existencia de causa legal y, en estricto cumplimiento del 
mandato  legal  por  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital,  procedió  a  cumplir  con  sus 
obligaciones y, acordó la disolución de la sociedad en virtud del artículo 362 LSC al 
constatar la existencia de causa legal de disolución establecida en el 363.1 e) LSC.
Quinta.  En virtud de las alegaciones anteriores, los siguientes acuerdos objeto de 
solicitud deben ser inscritos
i.  Disolución de Titan Recycling Solution, S.L., de conformidad con el artículo 362 
LSC.
ii.  Cese órgano de administración de Titan Recycling Solution, S.L.
iii.  Nombramiento de D. D. P. C. y D. J. L. S. como liquidadores solidarios».
IV
Mediante escrito, de fecha 1 de junio de 2021, el registrador Mercantil elevó el 
expediente, con su informe, a esta Dirección General. En dicho informe constaba que se 
dio traslado del recurso interpuesto al notario autorizante del título calificado, sin que 
éste haya formulado alegaciones.
Como diligencia para mejor proveer se solicitó al registrador que informara sobre la 
escritura otorgada el día 7 octubre de 2020 (en la que constaba, según afirmaba, que 
dimitió otro consejero) y que reseñaba en su calificación.
Y el día 22 de julio de 2021 informó lo siguiente:
«Que con respecto a la escritura otorgada en Valencia el día siete de Octubre de dos 
mil veinte ante su Notario Don Diego Simó Sevilla, número 1557 de protocolo, en la que 
consta la dimisión del consejero Don M. M. P., dicha escritura fue presentada en esta 
oficina el 12 de febrero de 2021, calificada defectuosa con fecha 17 de febrero de 2021, 
retirada de las oficinas del registro el 24 de febrero de 2021, volvió a tener entrada bajo 
el mismo asiento el 26 de marzo de 2021, volviéndose a calificar de forma defectuosa 
con fecha 13 de abril de 2021, habiéndose notificado este último defecto al notario 
presentante y autorizante el 14 de abril de 2021. La citada escritura fue retirada de las 
oficinas del registro por el notario autorizante y presentante del documento, el día 22 de 
abril de 2021, sin que se haya presentado de nuevo».
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 23, 159, 160, 166, 167, 169, 198, 200, 171, 204, 225, 242, 247, 
248, 251, 362, 363, 364, 366, 368, 371, 374, 375, 376 y 377 de la Ley de Sociedades de 
Capital; 326 de la Ley Hipotecaria; las Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de abril 
de 1961, 22 de octubre de 1974, 3 de marzo de 1977, 24 de febrero de 1995, 30 de 
enero de y 8 de octubre de 2001, 4 de diciembre de 2002, 14 de marzo de 2005, 30 de 
mayo y 5 de julio de 2007, 23 y 30 de octubre de 2009, 9 de diciembre de 2010 y 23 y 24 
de febrero de 2012; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del  s
Notariado de 15 de diciembre de 1995, 14 de febrero de 1997, 6 de abril de 1999, 28 de  e.
abril de 2000, 26 de noviembre y 14 de diciembre de 2004, 4 de mayo de 2005, 14 de  w.
abril de 2009, 22 de julio y 24 de septiembre de 2011, 8 y 14 de febrero y 15 de octubre  543ww
fdeeb r2e0r1o2, ,2 136 d dee m faerbzroe,r o2,7 1 d0e d jeu lijou liyo  1y4  5d ed es espetpietimembrber ed ed e2 021051,3 1, 43 1d ed em jaurlzioo  dye 3 2 d0e1 4a,g 6o sdtoe 
de 2016 y 30 de diciembre de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de
Seguridad Jurídica y Fe Pública de 30 de septiembre y 10 de diciembre de 2020 y 7 de 
mayo de 2021.
1.  Mediante  la  escritura  cuya  calificación  ha  motivado  el  presente  recurso  se 
elevaron a público los acuerdos adoptados por la junta general de la sociedad «Titan 
Recycling Solution, S.L.», por los cuales ésta se disuelve, se cesa al administrador único 
y  se  nombran  dos  liquidadores  solidarios.  La  convocatoria  de  la  junta  general  fue 
realizada mediante acuerdo adoptado por el consejo de administración. Y los referidos 
acuerdos de la junta general fueron aprobados con el voto favorable de dos socios con 
participaciones que representan el 66,60% del capital social y el voto en contra de otro 
socio, titular de participaciones que representan el 33,40% del capital.
2.  El  primero  de  los  defectos  expresados  por  el  registrador  en  su  calificación 
consiste en que, a su juicio, el acuerdo de convocatoria de la junta general fue adoptado 
por un consejo de administración deficitario.
El recurrente alega que dicha convocatoria de la junta general fue realizada por 
acuerdo adoptado por el consejo de administración al que asistieron cuatro de los seis 
consejeros por haber cesado dos de ellos.
3.  La necesidad permanente de que la sociedad esté dotada de un órgano de 
administración impone tanto su existencia como su capacidad de actuación y por ello la 
legislación dota a las sociedades de mecanismos para que así sea incluso cuando se 
dan situaciones especiales. De ahí que se prevea la posibilidad de la existencia de 
sustitutos  y,  en  el  caso  de  consejo  de  administración  de  sociedades  anónimas,  la 
designación de administradores por cooptación.
Esta Dirección General ha amparado la idea de que debe preservarse en la medida 
de  lo  posible  el  funcionamiento  del  órgano  de  administración  en  circunstancias 
especiales, pero no lo ha hecho incondicionalmente y en cualquier caso porque la 
protección del interés en mantener el funcionamiento del consejo no puede llegar al 
extremo de desnaturalizar su finalidad y estructura. Por este motivo y respecto de 
sociedades anónimas, ante la pretensión de inscribir acuerdos adoptados por consejos 
constituidos por un número de vocales inferior a la mitad más uno de los nombrados, 
este Centro Directivo ha considerado que no puede entenderse que exista como tal 
consejo  si  ni  siquiera  es  posible  reunir  el  mínimo  legal  que  determina  su  válida 
constitución  –la  mitad  más  uno  de  sus  componentes,  presentes  o  representados, 
conforme al artículo 139 de la Ley de Sociedades Anónimas entonces vigente–, sin que 
sea posible admitir excepciones a esta regla general, so pena de correr un grave riesgo 
de vulneración de la voluntad social previamente manifestada por la junta en el momento 
de hacer la elección de los consejeros (Resolución de 14 de febrero de 1997). En este 
contexto, cuando esta Dirección General ha considerado que la mera existencia de 
vacantes no debe considerarse obstáculo para la inscripción de acuerdos del consejo o 
de la comisión delegada lo ha hecho con la salvedad de que su existencia no impida el 
válido funcionamiento del órgano correspondiente (Resoluciones de 22 de julio de 2011 
y 14 de febrero de 2012).
Bajo esta perspectiva cobra todo su sentido la previsión que hace el artículo 247.2 
del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que para la válida constitución 
del consejo de administración de una sociedad anónima exige que «concurran a la 
reunión, presentes o representados, la mayoría de los vocales»; y esta mayoría sólo 
puede estar referida, como resulta del precepto, al número previsto en los estatutos o 
determinado  por  el  acuerdo  de  nombramiento.  Confirma  esta  interpretación  el 
artículo 171 del mismo texto refundido que, para el caso de cese de la mayoría de  s
miembros  del  consejo  de  administración,  habilita  a  cualquier  socio  para  instar  la  oe.
convocatoria  judicial  de  junta,  confirmando  que  el  consejo  no  puede  constituirse  w.
válidamente  (como  demuestra  la  equiparación  que  hace  el  propio  precepto  a  la  543ww
impoAssiíb liolid haad  ednet efunndcidioon easmteie Cnteon dtreo  lDasir eoctrtaivso f oernm Raess doelu ocriognaensiz daer  l1a5 a ddme ioncistutrbarcei ódne) .2012,
d3e1  dvea cjualinot edse  2e0n1 4e ly  c1o4n dseej om aqruzeo  daem 2e0n1a6c,e q useu  avñáaldidean  qcounes, tditeu cpiróond uccoirrsrees upnoan dseu cae silóons   BOE-A-cable e
consejeros subsistentes tomar las medidas para evitarlo en ejercicio de su deber de 
diligente administración (artículos 167 y 225 de la Ley de Sociedades de Capital) y para 
evitar  incurrir  en  responsabilidad  para  lo  que  el  ordenamiento  les  dota  de  amplias 
facultades (artículo 171 segundo párrafo de la misma ley).
Ciertamente,  si  como  afirma  el  registrador  en  su  calificación  el  consejo  de 
administración fuera deficitario (por haber dimitido tres de los seis consejeros) no podría 
entenderse  que  exista  un  acuerdo  válido  del  órgano  colegiado  competente  para 
convocar la junta general, ni sea aplicable en el presente caso la norma del artículo 171, 
párrafo segundo, de la Ley de Sociedades de Capital, pues contempla sólo un supuesto 
excepcional que está limitado a la convocatoria con el único objeto de nombramiento de 
administradores (aplicable a la designación de liquidadores ex artículo 375.2 de la misma 
ley), y según el título calificado la junta se convoca no solo con esa exclusiva finalidad, 
sino para aprobar la disolución de la sociedad. Por ello, quedaría expedita la vía de la 
convocatoria que se podrá solicitar al letrado de la Administración de Justicia o al 
registrador Mercantil.
No obstante, debe tenerse en cuenta que el recurrente alega que dicha convocatoria 
de la junta general fue realizada por acuerdo adoptado por el consejo de administración 
al que asistieron cuatro de los seis consejeros por haber cesado dos de ellos; y esta 
afirmación no aparece contradicha según escritura calificada y el historial registral de la 
sociedad.
Así, según consta en la hoja registral que obra en este expediente figura inscrito el 
cese de dos de los seis consejeros (30 de diciembre de 2019 y 30 de septiembre 
de 2020, respectivamente). Y, aunque el registrador se limita a afirmar en su calificación 
que dimitió otro consejero, como consta en la escritura que reseña, otorgada el día 7 
octubre de 2020, lo cierto es que esa escritura no consta presentada en el Registro con 
asiento vigente, según ha informado el registrador. Por ello debe tenerse en cuenta que, 
como ha reiterado en numerosas ocasiones este Centro Directivo, el registrador al 
calificar  no  puede  tener  en  cuenta  sino  los  títulos  presentados,  con  asiento  de 
presentación vigente, y no aquellos cuyo asiento de presentación haya caducado, pues a 
efectos del procedimiento registral es como si no hubieran estado presentados nunca 
(cfr. artículos 17 y 18 de la Ley Hipotecaria), siendo la información que puede tener el 
registrador  como  consecuencia  de  estos  extrarregistral  y  por  lo  tanto  ajena  a  la 
calificación (cfr. Resoluciones de 11 de mayo de 1999, 28 de abril de 2000, 14 de abril 
de 2009, 24 de septiembre de 2011, y 10 de julio y 5 de septiembre de 2013, entre otras).
Por ello, el defecto debe ser revocado.
4.  Según el segundo de los defectos expresados en la calificación, «no se cumple 
con el quórum fijado en el artículo 13.º de los Estatutos Sociales para disolver la 
sociedad. Es preciso el 73%».
El recurrente alega que, al existir pérdidas que han dejado reducido el patrimonio 
neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social –según consta en las cuentas 
anuales aprobadas por la misma junta general–, la sociedad incurrió en causa legal de 
disolución obligatoria y por ello se adoptó el referido acuerdo.
5.  Como resulta del artículo 23 de la Ley de Sociedades de Capital, los estatutos 
«que han de regir el funcionamiento de las sociedades de capital» contienen un conjunto 
de reglas que tienen carácter normativo para la propia sociedad de modo que vincula a 
sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros (vid. Resolución de 26 de 
noviembre de 2004). El texto legal determina en definitiva que todo acto social debe 
acomodarse a las exigencias derivadas de las normas establecidas en los estatutos. s
La junta general de socios puede tomar decisiones en los asuntos propios de su  oe.
competencia, la cual viene determinada por la Ley y por los estatutos de la propia  w.
sociedad (arts. 159 y 160 de la Ley de Sociedades de Capital). Por ello en numerosos  543ww
pjurnetcae pgteonse rleagl aploeds rás e( …pr)e»v. ieEnl ein qcuuem p«lsimaliveon tdoi sppoors ilcai ójunn ctao ndteral rmiaa dned alotos  ceosntatetuntiodso  (e…n )l olas 
e(asrttaíctuutloos 2 0d4e drieva la  eleny ).la  antijuridicidad  de  lo  acordado  y  abre  la  vía  impugnatoria  BOE-A-cable e
El  carácter  normativo  de  los  estatutos  y  su  imperatividad  han  sido  puestos  de 
manifiesto por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en diversas ocasiones en 
clásicas decisiones de 1958 y 1961 confirmadas por otras posteriores (vid. Sentencia 
de 30 de enero de 2001). Este Centro Directivo por su parte (vid. las Resoluciones 
citadas en el apartado «Vistos» de la presente) ha tenido igualmente ocasión de poner 
de relieve que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida 
corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la 
de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. 
En este sentido se ha afirmado que los estatutos son la «carta magna» o régimen 
constitucional y de funcionamiento de la sociedad (vid. Resolución de 16 de febrero 
de 2013), que afecta a la sociedad como corporación, y cuya finalidad es regular dicho 
funcionamiento  interno,  con  preferencia  sobre  las  normas  legales  no  imperativas  o 
dispositivas. En definitiva, constituyen, como ha afirmado en alguna ocasión el Tribunal 
Supremo, «la ley primordial del régimen» de las sociedades (vid. Sentencia del Tribunal 
Supremo de 5 de abril de 1961). Por ello, como afirmó ya esta Dirección General en 
Resolución de 16 de febrero de 2013, sin desconocer su origen y carácter contractual, 
puede decirse que los estatutos, sin ser verdadero derecho objetivo, constituyen derecho 
interno de la corporación. En consecuencia, en atención a su doble carácter, contractual 
y  normativo,  su  interpretación  debe  hacerse  teniendo  en  cuenta  las  normas  sobre 
interpretación  de  los  contratos,  pero  sin  excluir  absolutamente  las  reglas  sobre  la 
hermenéutica de las leyes.
Ciertamente, los estatutos de una sociedad mercantil, adoptados con sujeción a las 
normas de carácter imperativo, constituyen su norma suprema, debiendo ser respetados 
mientras no sean modificados y no puede entenderse aprobado un acuerdo cuando no 
cuenta con el voto favorable de la mayoría prevista estatutariamente.
En el caso al que se refiere este expediente el acuerdo debatido se basa en una 
causa  legal  de  disolución,  concretamente  la  existencia  de  pérdidas  –artículos  362 
y 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital–, por lo que según el artículo 364 de la 
misma ley es necesario únicamente que tal acuerdo sea adoptado por la junta general 
con la mayoría ordinaria establecida en el artículo 198 (mayoría de los votos válidamente 
emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a 
las participaciones sociales en que se divide el capital social). En tal supuesto el acuerdo 
de disolución adoptado por la junta no es sino un acto debido y una declaración de 
ciencia constatando tales pérdidas y, por ende, la existencia de la causa legal obligatoria 
de disolución.
Esta  norma  tiene  carácter  imperativo,  de  modo  que  no  puede  establecerse  en 
estatutos una mayoría reforzada. Así lo entendió este Centro Directivo en Resolución 
de 4 de mayo de 2005, con un criterio según el cual el acuerdo puramente voluntario y 
discrecional de disolución que adopte la junta general puede ser condicionado por los 
estatutos a la concurrencia de una concreta mayoría reforzada (cfr. artículo 368 en 
relación con el artículo 200 de la Ley de Sociedades de Capital), pero no así los 
acuerdos que consisten en una mera constatación o corroboración de la existencia de 
una causa legal de disolución siempre susceptible de ser declarada subsidiariamente por 
resolución judicial (cfr. artículo 366.1 de la Ley de Sociedades de Capital). Con esta 
perspectiva debe interpretarse la cláusula estatutaria citada por el registrador en su 
calificación, que no distingue entre unos u otros supuestos desde el momento en que se 
refiere a todo acuerdo de disolución y, además, deja a salvo los casos en que la Ley 
disponga otra cosa (con carácter imperativo, debe entenderse). De este modo, debe  s
concluirse que dicha norma estatutaria únicamente puede aplicarse respecto del «mero  oe.
acuerdo de la junta general» al que se refiere el artículo 368, que no es el presente caso. w.
Por ello, el defecto no puede ser confirmado. 543ww
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 28 de julio de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.