BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 9 Martes 11 de enero de 2022 Sec. III.   Pág. 2514
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DEFENSA
412 Resolución  420/38002/2022,  de  4  de  enero,  de  la  Secretaría  General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid, para 
la prevención de drogodependencias.
Suscrito el 30 de diciembre de 2021 el Convenio con la Comunidad de Madrid a 
través  de  la  Consejería  de  Sanidad  para  la  prevención  de  drogodependencias,  en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de esta resolución.
Madrid, 4 de enero de 2022.–El Secretario General Técnico, P. S. (Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, y Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero), el Vicesecretario General Técnico, José 
María Sánchez Sánchez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid a través de la 
Consejería de Sanidad para la prevención de drogodependencias
En Madrid, a 30 de diciembre de 2021.
REUNIDOS
De una parte, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, don Amador Fernando 
Enseñat y Berea, nombrado por Real Decreto 866/2021, de 5 de octubre, actuando en 
representación del Ministerio de Defensa, por delegación de firma, otorgada por la 
Excma. Sra. Ministra de Defensa, expresamente para este acto.
Y, de otra parte, don Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, nombrado por Decreto 49/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, actuando en nombre y representación de la Comunidad de 
Madrid, en virtud de la delegación de firma de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 
otorgada por Decreto 89/2021, de 14 de diciembre de 2021, de acuerdo con lo previsto 
por el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
Reconociéndose las partes plena capacidad jurídica para obligarse en los términos 
del presente convenio,
MANIFIESTAN
Primero.
En el artículo 27 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de 
los miembros de las Fuerzas Armadas, se establece el derecho y deber del militar a una  e.
«Prevención de riesgos y protección de la salud», en el que se señala que los militares  w.
tienen derecho a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el ejercicio  2w
ldaes  sum aecdtiidvaidsa dd ey  pporre ovternoc liaódno , qtiueen eenn l a coabdliag accaiósno  dee svteélna r,e msteadbilaenctied aesl ,c upmorp lismui enptroo pdiea 
speugeudraid aafde cyt asra sluud a ecnti veidl adde.sempeño de sus cometidos y por las de las personas a las que  BOE-A-cable e
Dentro de la prevención se encuadra el III Plan General de Prevención de Drogas en 
las Fuerzas Armadas (IIIPGPDFAS) del Ministerio de Defensa, que fue aprobado en 
fecha 24 de junio de 2020 por el Subsecretario de Defensa, y cuyo objetivo es evitar el 
consumo de sustancias con potencial adictivo (drogas y otras sustancias adictivas), 
mediante su reducción progresiva, así como su presencia, distribución y facilitación 
dentro del ámbito de las FAS, llevándose a cabo actuaciones formativas, informativas y 
de concienciación/disuasorias dirigidas a las personas y su contexto, contribuyendo a 
construir  unas  Fuerzas  Armadas  más  saludables,  informadas  y  seguras, 
encomendándole a la Sanidad Militar la acción preventiva relacionada con la salud. En 
su anexo I encomienda a la Unidad de Psicología de la Inspección General de Sanidad 
de las FAS desarrollar las pautas específicas del protocolo de intervención para la 
prevención y reducción del riesgo de las drogodependencia en las FAS quedando éstas 
reflejadas en la Instrucción Técnica correspondiente.
En  el  área  geográfica  de  la  Comunidad  de  Madrid  la  responsabilidad  de  la 
prevención de la drogadicción en el Ejército de Tierra le corresponde a la Sección de 
Coordinación Centro de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército de Tierra, que tal 
como establecía la derogada Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se 
desarrollaba la estructura orgánica básica de los Ejércitos, modificó la misión genérica de 
la Inspección General del Ejército, así como su articulación, quedando organizada en 
una  Dirección  de  Acuartelamiento  (DIACU),  y  así  se  recoge  en  la  vigente  Orden 
DEF/708/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica del Ejército 
de Tierra.
Segundo.
El Ministerio de Defensa (a través de la Primera Subinspección del Ejército) y la 
Comunidad de Madrid a través del extinto Organismo Autónomo Agencia Antidroga 
firmaron un Convenio de colaboración en fecha 19 de mayo de 2006, en materia de 
prevención de drogodependencias, cuyo objetivo general era el fomentar hábitos de vida 
saludables  e  incrementar  los  niveles  de  actuación  en  la  prevención  de  las 
drogodependencias en las unidades militares de la Comunidad de Madrid. Este convenio 
se ha ido prorrogando tácitamente hasta el año 2020, perdiendo su vigencia tal como se 
prevé en la disposición adicional octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Publico.
Tercero.
La  Consejería  de  Sanidad  de  la  Comunidad  de  Madrid  tiene  encomendada  la 
coordinación de las políticas del gobierno de la Comunidad de Madrid en materia de 
trastornos adictivos, y la Dirección General de Salud Pública entre sus competencias 
tiene la planificación, coordinación y desarrollo de estrategias en educación para la salud 
con el objetivo de promover unos hábitos de vida saludables que contribuyan a preservar 
un buen estado de salud y calidad de vida de la población en las diferentes etapas de la 
vida, en colaboración con otros órganos de la Comunidad de Madrid, corporaciones 
locales  y  otras  instituciones,  así  como  la  promoción  del  desarrollo  de  iniciativas, 
programas y actividades para la prevención de la aparición de enfermedades derivadas 
de hábitos de vida no saludables en relación con la alimentación, la actividad física, las 
adicciones y otros factores de riesgo, tal como se establece en el Decreto 307/2019, 
de 26 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura  es
orgánica de la Consejería de Sanidad. bo
CuaLrtaos. partes firmantes consideran de interés recíproco seguir colaborando en materia
de prevención de drogodependencias con las Fuerzas Armadas, bajo el principio de
cooperación entre instituciones en el ejercicio de sus competencias y en especial en 
materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos.
Por lo expuesto, las partes acuerdan formalizar el presente convenio, de acuerdo con 
las siguientes
ESTIPULACIONES
Primera.  Objeto.
El objeto de este convenio es establecer el marco de colaboración entre el Ministerio 
de Defensa y la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Sanidad, mediante 
un programa anual de prevención de Drogodependencias, que incluirá tanto actividades 
informativas y formativas como actividades destinadas a la promoción de alternativas 
saludables de ocio y tiempo.
Segunda.  Aportaciones del Ministerio de Defensa.
Corresponde al Ministerio de Defensa a través de la Sección de Coordinación Centro 
de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército de Tierra:
a)  Sostener  el  Programa  de  Prevención  de  Drogodependencias  (anexo),  con 
personal asociado al mismo y con los recursos de espacio, tiempo y materiales que se 
estimen necesarios para su mantenimiento.
b)  La Sección de Coordinación Centro compartirá con la Dirección General de 
Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y siempre bajo 
requerimiento de la misma, los datos obtenidos de los estudios y evaluaciones del 
Programa  de  Prevención  objeto  de  esta  colaboración,  así  como  los  referidos  a  la 
situación de la drogadicción en el ámbito militar dentro de la Comunidad de Madrid, 
siempre que dichos datos no estén clasificados.
En el caso de que la documentación sea clasificada, para su entrega a la Dirección 
General de Salud Pública será necesaria la aprobación previa de la Autoridad Militar 
competente.
Tercera.  Aportaciones  de  la  Comunidad  de  Madrid  a  través  de  la  Consejería  de 
Sanidad.
Corresponde a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través de la 
Dirección General de Salud Pública:
a)  Asesorar a la Sección de Coordinación Centro con el Programa de Prevención 
de Drogodependencias mediante el personal técnico en materia de prevención de las 
adicciones.
b)  Financiar económicamente el desarrollo y ejecución del Programa de Prevención 
de Drogodependencias (anexo) de la Sección de Coordinación Centro en el ámbito de 
las unidades militares de la Comunidad de Madrid.
c)  La  Dirección  General  de  Salud  Pública  de  la  Consejería  de  Sanidad  de  la 
Comunidad de Madrid informará a través de la Comisión Mixta de Seguimiento, que se 
define en la cláusula quinta, de aquellos recursos disponibles para la prevención y 
asistencia en adicciones de aquellos militares que se encuentran destinados en unidades  es
militares, ubicadas dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. o
CuaPrtaar.a  Feli ndaenscaiarcroióllno. y ejecución del presente convenio, la Comunidad de Madrid a
tcroanvtérsa prdees talcai ónC oencsoenjeórmíaic ad, ea  Ssaatnisidfaacde, r sae  lac oSmepccroiómne tdee  aC ooarsduimnairc ióenl  Cpeangtoro  ddee  llaa   BOE-A-cable e
Dirección  de  Acuartelamiento  del  Ejército  de  Tierra,  dependientes  del  Ministerio  de 
Defensa, cuyo importe total asciende a la cantidad de 240.000,00 € (doscientos cuarenta 
mil  euros),  que  se  abonarán  con  cargo  al  subconcepto  presupuestario  22809  del 
Programa 313 B-«Actuaciones en materia de salud pública», con el siguiente desglose 
de anualidades:
Año 2022: 80.000,00 euros.
Año 2023: 80.000,00 euros.
Año 2024: 80.000,00 euros.
Al  tratarse  de  un  gasto  plurianual,  la  imputación  a  este  subconcepto,  estará 
supeditada para los futuros ejercicios a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
El abono de la cantidad señalada en el párrafo anterior, se hará a través de cuatro 
facturas con periodicidad mínima de un mes y máxima de tres meses.
La aportación económica citada será abonada a la Sección de Coordinación Centro 
de la Dirección de Acuartelamiento, mediante certificaciones expedidas por el titular de la 
Dirección General de Salud Pública o persona en quien delegue expresamente, previa 
presentación de justificantes del cumplimiento del Programa que figura como anexo de 
este convenio.
Quinta.  Comisión mixta de seguimiento.
Para el seguimiento del presente convenio se constituirá una Comisión Mixta de 
Seguimiento, de naturaleza paritaria, integrada por dos representantes de cada una de 
las partes intervinientes, que serán nombrados por la Dirección General de Salud Pública 
y el Jefe de la Sección de Coordinación Centro respectivamente.
La Comisión Mixta de Seguimiento se constituirá en el plazo de un mes desde la 
entrada  en  vigor  de  este  convenio  y  tendrá  como  finalidad  la  coordinación  de  la 
colaboración que permita cumplir los objetivos del desarrollo del programa de prevención 
así como la interpretación de las estipulaciones del convenio.
Dicha Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá con una periodicidad semestral y 
siempre que cualquiera de las partes lo solicite. Tendrá capacidad para proponer la 
modificación del convenio, vigencia o resolución del mismo, mediante adenda. Todas las 
decisiones que se adopten en las reuniones serán acordadas por unanimidad. En su 
primera reunión, la Comisión Mixta elegirá a las personas que la presidan.
Se levantará acta de cada una de sus reuniones en donde se reflejará, entre otros 
asuntos, el grado de cumplimiento del programa de prevención. Al final de cada año se 
elaborará una memoria de actividades.
En relación con la convocatoria de reuniones, deliberaciones y adopción de acuerdos 
de la presente Comisión Mixta de Seguimiento, se atenderá a lo dispuesto en para los 
órganos colegiados en la sección tercera, del capítulo II, del título preliminar, de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Sexta.  Acceso al interior de instalaciones militares.
La Sección de Coordinación Centro, autorizará a la Dirección General de Salud 
Pública adscrita a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a que, previa 
petición de ésta dirección general, pueda visitar y participar en las actividades que en 
materia de drogodependencias, se realicen en las unidades militares.
El interior de una instalación militar cuenta con diversas zonas de seguridad. Al Jefe  e.
de la instalación le corresponde autorizar expresamente a qué zonas puede acceder el  w.b
personal  civil.  Dicha  autorización  deberá  seguir  lo  especificado  en  la  normativa  de  2w
isnesgtaulraidcaiódn d me illaitas ri.n Pstoarl aoctiroan peas ryte,  eenl  ppaerrtsicounlaalr ,c liov ild deetablleardáo s eeng ueilr  Pcluaann dtaes S inedgiucraidcaiodn edse  llea 
sean requeridas en materia de seguridad.
Séptima.  Confidencialidad de la Información.
La información que, en el marco de la ejecución de este convenio, obtenga la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid del Ministerio de Defensa, con la 
expresa autorización de éste para su explotación, tendrá la consideración de «uso 
público» y podrá ser usada públicamente sin restricciones.
Las partes acuerdan que el resto de la información que se revelen mutuamente o a la 
que puedan acceder durante las actividades amparadas por este convenio tendrá la 
consideración de «uso oficial», por lo que se comprometen a guardar la debida reserva 
sobre dicha información.
El citado deber de reserva permanecerá durante el periodo de vigencia del presente 
convenio y subsistirá con posterioridad a la extinción de éste.
Asimismo, las partes se comprometen a devolverse o destruir la documentación 
recibida  en  el  momento  de  extinción  del  presente  convenio  sin  que  sea  necesario 
requerimiento previo para ello.
Queda excluida del presente convenio la Información Clasificada del Ministerio de 
Defensa, cuya protección se regula por la normativa específica, y que no puede ser 
cedida a organismos o personas que no cuenten con los acuerdos o habilitaciones de 
seguridad pertinentes.
Octava.  Protección de datos de carácter personal.
Las  partes  firmantes  se  comprometen  a  cumplir,  en  los  términos  que  sea  de 
aplicación, lo que está establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de 
Protección de Datos, RGPD), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, así como en las 
disposiciones de desarrollo que se dicten.
Los datos personales que se traten con motivo de este convenio se incorporarán a 
los registros de actividades de tratamiento de las partes intervinientes, con la finalidad de 
gestionar las relaciones descritas en el convenio. Las partes intervinientes se abstendrán 
de hacer ningún tipo de tratamiento de los datos personales que no sea estrictamente 
necesario para el cumplimiento de los fines de este convenio. Los titulares de los datos 
personales podrán ejercitar sus derechos frente a cualquiera de los responsables del 
tratamiento los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos 
personales, y la limitación u oposición a su tratamiento.
Sobre el Ministerio de Defensa, a través de la Sección de Coordinación Centro de la 
Dirección de Acuartelamiento del Ejército de Tierra, y la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Salud Pública, en calidad de 
corresponsables, recaen las responsabilidades del tratamiento de los datos personales. 
El Ministerio de Defensa y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid asumen 
que deben informar a los titulares de los datos personales de las características del 
tratamiento de los datos personales; deben de obtener el consentimiento de los titulares 
de los datos personales para llevar a efectos ellos tratamientos de los datos personales 
consecuencia de las actuaciones que se contemplan en el convenio, y también asumen 
la obligación de implementar las oportunas medidas técnicas y organizativas, y de la 
implementar el correspondiente mecanismo en caso de violaciones de la seguridad de  e
los datos personales; así como la obligación de establecer el mecanismo de respuesta al  bo
ejercicio de los derechos de protección de datos personales por parte de sus titulares, y  w
cuplneá rusmLsoauen lcadaalo edncseius.lm mtreoan tataamccoiieórdnnat odd eoc  ocdnaecd raec taoocn tltiorvasidt adacaditó oqnsu  edp ees rese ornencaaallirecgesa,  adcloo a nmd eepls aptrreoac tdiafeimcl aiceconióntonve  ddneeio  l olionssc p luudirnaátt oolass    OE-A-2022-41able en https://
legalmente exigibles.
Los datos personales objeto de tratamiento con motivo del convenio se incorporarán 
a los Registros de Actividades de Tratamiento de cada una de las partes intervinientes, y 
del encargado del tratamiento, si lo hubiera, con la finalidad de gestionar la relación 
descrita en el convenio. Las partes intervinientes en el convenio y el encargado del 
tratamiento se abstendrán de hacer ningún tipo de tratamiento de los datos personales 
que no sea estrictamente necesario para el cumplimiento de la finalidad del convenio. 
Los titulares de los datos personales podrán ejercitar ante el responsable o el encargado 
del tratamiento de los datos personales, si finalmente lo hubiere, los derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad, de limitación u oposición al tratamiento de datos 
personales.
Si las partes intervinientes en el convenio, o el encargado del tratamiento de datos 
personales, si finalmente lo hubiera, destinasen los datos personales que obtengan a 
consecuencia del mismo a otra finalidad, los comunicasen o utilizasen incumpliendo lo 
estipulado en el convenio y/o en la normativa de protección de datos personales, cada 
una de las partes responderá de los daños y perjuicios que al titular de los datos 
personales causen, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 82.5 del RGPD europeo.
Las garantías que, en orden a los datos personales, se establecen tendrán validez 
durante la vigencia del presente convenio y de sus prórrogas.
Novena.  Régimen de modificaciones.
La modificación de este convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes, así 
como, los trámites preceptivos para la autorización y suscripción de convenios que 
regula el Capítulo VI de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
Décima.  Causas de extinción.
Este convenio se extinguirá siempre que incurra en cualquiera de las causas de 
extinción establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
Además se tendrán en cuenta las siguientes causas de resolución:
a)  La denuncia por causa justificada de alguna de las partes, formulada de forma 
fehaciente, con una antelación mínima de dos meses.
b)  La imposibilidad sobrevenida de cumplimiento del objeto de este convenio.
En todo caso, deberán finalizarse las actuaciones y actividades que se encuentren 
en curso. Para ello se fijará un plazo improrrogable acordado por la Comisión Mixta de 
Seguimiento, trascurrido el cual el convenio será objeto de liquidación en los términos 
previstos en el apartado 2 del artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Undécima.  Incumplimiento de las obligaciones.
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora 
un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos.
Este  requerimiento  será  comunicado  a  la  Comisión  de  Mixta  Seguimiento.  Si 
trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte  e
que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se  bo
entenderá resuelto el convenio, debiendo en cualquier caso, finalizar las tareas que en  w
ese Lmao rmeseonltuoc isóen  edsetél cno dnevseanriroo lplaonr deos.ta causa no generará indemnización alguna.
Duodécima.  Legislación aplicable.
Este convenio tiene naturaleza de convenio interadministrativo firmado entre dos 
Administraciones Públicas siéndole de aplicación lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las cuestiones litigiosas o controvertidas que puedan surgir entre las partes en la 
aplicación e interpretación del presente convenio y que no hayan sido resueltas en el 
seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista en la cláusula quinta, se someterán a 
la jurisdicción contencioso-administrativa, según lo previsto en la Ley 29/1988, de 13 de 
julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Decimotercera.  Vigencia.
Con arreglo a lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, este convenio se perfeccionará por la prestación 
del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días 
hábiles  desde  su  formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo será publicado en el 
plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Su periodo de vigencia será de tres años, desde que deviene eficaz, pudiendo 
prorrogarse por mutuo acuerdo expreso de las partes, mediante adenda, antes de su 
finalización, por periodos sucesivos de un año, sin que la duración de las prórrogas 
pueda  exceder  de  cuatro  años,  según  los  límites  temporales  previstos  en  el 
artículo 49.h).2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Y,  en  prueba  de  conformidad,  las  partes  suscriben  el  presente  convenio.  Se 
entenderá que el día de su firma es aquel en el que el mismo sea suscrito por el último 
de los firmantes.–Por el Ministerio de Defensa, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, Amador Fernando Enseñat y Berea.–Por la Comunidad de Madrid, el Consejero 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid (Por delegación de firma de la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Decreto 89/2021, de 14 de diciembre de 2021), Enrique Ruiz 
Escudero.
ANEXO
Programa de Prevención de Drogodependencias (PPD)
I. Actividades de formación de especialistas en drogodependencias
a)  Cursos de Formador en Prevención del consumo de drogas para Cuadros de Mando.
b)  Cursos de Auxiliar en Prevención del consumo de drogas para Tropa.
c)  Cursos de mediadores para Cuadros de Mandos y Tropa
d)  Cursos de actualización para Formadores, Auxiliares y Mediadores.
e)  Seminarios monográficos.
f)  Seminario cívico-militar sobre drogodependencias.
g)  Conferencias de apoyo en Unidades y Centros.
h)  Curso de reducción del consumo de drogas institucionalizadas.
i)  Asistencia a Cursos, Congresos y Jornadas.
j)  Comunicaciones y ponencias en Congresos y Seminarios.
II. Evaluación b
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III. Actividades divulgativas sobre estilos saludables de vida, de ocio y, a la vez de 
prevención del consumo de drogas (difusión y publicaciones)
a)  Campaña de difusión del Programa.
b)  Boletín Informativo.
c)  Edición de Publicaciones.
d)  Memoria anual.
e)  Tablones de anuncios.
IV. Actividades alternativas al consumo
a)  Carrera cívico-militar contra la droga.
b)  Escuelas deportivas.
c)  Visitas culturales a museos, monumentos, etc.