BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 195 Viernes 17 de julio de 2020 Sec. I.   Pág. 52589
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
8013 Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter 
económico de las Illes Balears.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Las medidas sanitarias de contención derivadas del estado de alarma con motivo de 
la pandemia provocada por la COVID-19 han supuesto la restricción de la movilidad y la 
paralización de numerosos sectores de la economía de las Illes Balears. Más allá del 
impacto directo sobre la actividad económica, la pandemia ha desembocado en una 
profunda crisis social proyectando sus efectos más perjudiciales sobre la población más 
vulnerable e insegura.
El impacto social y económico que la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 
está generando sobre el conjunto de la sociedad ha obligado a las administraciones 
públicas a reaccionar con el desarrollo, desde diferentes niveles y áreas de competencia, 
de políticas de garantía de rentas, a fin de salvaguardar la cobertura de las necesidades 
básicas de amplios sectores de la población.
La estacionalidad de nuestra economía y el momento de declaración del estado de 
alarma ha provocado que trabajadores que no son fijos discontinuos y que no se han 
podido incorporar en el mercado de trabajo se encuentren, tras la salida del invierno, sin 
trabajo ni prestaciones contributivas.
Así, la población trabajadora con menor capacidad de afrontar una crisis de ingresos 
mediante ahorros se ha encontrado, por primera vez en su vida, con la necesidad de 
dirigirse a los servicios sociales.
La respuesta dada, con la regulación de la renta social garantizada para los perfiles 
que estaban privados de acceso al mercado de trabajo, ha permitido cubrir, a través de 
la Red Pública de Servicios Sociales, las necesidades básicas de toda la población 
balear que no se ha podido acoger a los expedientes de regulación temporal de empleo.
Si una parte importante de la población se ha visto con dificultades económicas, las 
personas en situación de vulnerabilidad han visto aumentado el riesgo de cronificación y 
pobreza.
La respuesta a la crisis aumenta la diferencia entre la población con mayor riqueza y 
la población con mayor pobreza. En las Illes Balears, aumenta más que en el resto del 
Estado, como deja de manifiesto el estudio de la Fundación FOESSA de 2019.
En el año 2008, el coeficiente de Gini en España estaba en el 32,4%, y tras la salida 
de la crisis, en 2017, había crecido hasta el 34,1%. En las Illes Balears, pasó del 32,1% 
al 37,8%. Estos datos indican que la diferencia de ingresos, entre el 20% de la población 
con menor renta y el 20% con mayor renta, es superior después de la crisis económica 
del año 2008. La crisis económica concentra la riqueza y aumenta las diferencias, crea 
una población más desigual y, por lo tanto, una sociedad más injusta socialmente.
La respuesta de las diferentes administraciones debe dirigirse a generar una salida 
de la crisis que dé oportunidades a todos y permita una sociedad con menor desigualdad  e.e
y mayor cohesión social. b
En este contexto, el Gobierno de las Illes ha adoptado medidas extraordinarias, que  13ww
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ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto
económico y social de la COVID-19, y el Decreto ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se 
establecen medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la situación creada por 
la  COVID-19  y  de  fomento  de  la  investigación  sanitaria.  Ambos  decretos  leyes 
establecen medidas relativas para colectivos en situación de vulnerabilidad y medidas 
extraordinarias en materia de gestión de la renta social garantizada.
Aunque el PIB per cápita de las Illes Balears está ligeramente por encima de la 
media estatal, las Illes Balears se caracterizan por tasas de desigualdad elevadas, que 
sitúan al archipiélago entre las regiones españolas, e incluso las europeas, con mayores 
tasas de desigualdad. Este es uno de los resultados de un modelo de salida de la crisis 
basado en la flexibilización y la segmentación del mercado de trabajo, con repercusiones 
importantes para los asalariados.
Los consejos insulares y los ayuntamientos han visto cómo, en un breve espacio de 
tiempo,  ha  aumentado  su  gasto  en  materia  de  prestaciones  sociales  de  carácter 
económico para hacer frente a la situación de crisis de ingresos económicos que tenía la 
población balear.
Estas medidas de los diferentes ámbitos administrativos de las Illes Balears han 
tenido  como  objetivo  garantizar  a  la  población  en  situación  de  vulnerabilidad  unos 
ingresos mínimos para facilitar el acceso a productos de primera necesidad mediante la 
aportación de una prestación económica adaptada al número de miembros de la unidad 
familiar.
II
El Informe del Estado de la Pobreza en las Illes Balears de 2019, elaborado por 
EAPN Illes Balears, pone de manifiesto que más de 200.000 personas están en riesgo 
de pobreza o en situación de exclusión social, cifra que supone el 18% de la población 
del archipiélago.
Respecto al año anterior, el indicador AROPE, que evalúa el nivel de pobreza, 
descendió seis puntos, pero el coste de la vida ha aumentado y, en consecuencia, el 
bienestar de gran parte de la población de las Illes Balears ha empeorado.
Este Informe también destaca la gran contradicción que se vive en el archipiélago, 
donde, a pesar de que con el incremento de la actividad turística de los últimos años se 
han batido récords en ocupación hotelera y estancias turísticas, los niveles de pobreza 
no han bajado con la misma intensidad; y es que los bajos salarios y el incremento de los 
precios de la vivienda son dos de las grandes dificultades que tienen que afrontar las 
Illes Balears para poder eliminar la lacra de la pobreza.
La situación no invita al optimismo, puesto que se mantiene un elevado riesgo de 
pobreza y exclusión social, con un porcentaje relevante (y casi cronificado) de personas 
en riesgo de pobreza o exclusión social. Ello se debe al hecho de que la recuperación se 
ha basado en una precarización de las condiciones laborales y en el incremento de las 
desigualdades  que  se  caracterizan  por  no  cubrir  las  necesidades  básicas  de  los 
trabajadores, hecho que los convierte en trabajadores pobres.
En cuanto a la población que vive en condiciones de privación material grave, uno de 
cada tres isleños no puede atender gastos imprevistos, por la alarmante situación del 
precio de la vivienda o del alquiler en el archipiélago y el elevado número de hogares con 
baja intensidad de trabajo, con casi 39.500 residentes en las Illes Balears que se 
encuentran en esta situación.
Todo ello pone de manifiesto que, actualmente, tener un trabajo en las Illes Balears  s
no garantiza salir del riesgo de pobreza o exclusión. Así, alrededor del 15% de las  e.
personas que tienen un trabajo remunerado se encuentran en esta situación de riesgo; la  w.
figura del trabajador pobre, pues, se consolida en las Baleares, debido a las condiciones  13ww
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personas cobran menos de 1.000 € en las Illes Balears.
Respecto a las pensiones, el 35,3% de los pensionistas (más de 67.000) reciben una 
renta inferior al umbral de la pobreza (634 €) y alrededor de 16.000 están en situación de 
pobreza grave, puesto que cobran menos de 317 € cada mes. Esta situación se ha 
agravado año tras año, especialmente en las pensiones de jubilación. Por eso, se hace 
necesario asumir un compromiso con las personas mayores, mediante el incremento de 
las pensiones no contributivas de baja cuantía, y a la vez mejorar las condiciones 
laborales para conseguir independencia económica y autonomía personal.
Según la Fundación FOESSA, el 2018, las personas en situación de exclusión social 
representaban el 21,5% de la población balear, lo cual equivale a cerca de 243.000 
personas. Esta proporción de personas en situación de exclusión (21,5%) es más alta 
que  la  que  representa  en  el  conjunto  de  España  (18,4%),  siendo  la  vivienda  y  la 
ocupación las dos dimensiones que en mayor medida generan situaciones de exclusión 
social.
Los problemas relacionados con la vivienda en las Illes Balears tienen un impacto 
importante en las situaciones socioeconómicas de las familias isleñas. Por un lado, en 
los últimos años, el 36% de la población se ha visto obligada a reducir los gastos de 
suministros de la vivienda (electricidad, agua y gas); el 28%, los gastos de teléfono, 
televisión e internet; el 19,1% se ha visto sin recursos suficientes para pagar los gastos 
relacionados con la vivienda y el 9% ha tenido que afrontar avisos de corte del suministro 
de luz, agua y teléfono. Por otro lado, el 10,8% de la población de las Illes Balears se 
encuentra en una situación de vivienda inadecuada, y el 7,5% en una situación de 
vivienda insegura, según el enfoque ETHOS.
En cuanto al perfil de las familias, en las Illes Balears, el riesgo de exclusión social es 
más elevado entre los hogares sustentados por personas jóvenes, mujeres, inmigrantes 
extracomunitarias y personas desocupadas, así como entre los hogares compuestos por 
familias unipersonales y monoparentales.
III
El aumento de la pobreza y el número de personas en riesgo de pobreza es una de 
las graves consecuencias que está dejando la actual crisis económica derivada de la 
pandemia provocada por la COVID-19.
En  el  marco  de  la  Agenda  2030  de  Desarrollo  Sostenible,  aprobada  el  25  de 
septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas hace de la lucha 
contra la pobreza un elemento clave de su agenda.
La Agenda 2030 es una agenda integral y multidimensional, referida a las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible –la económica, la social y el ambiental–, y se 
despliega mediante un sistema de 17 objetivos de desarrollo sostenible, mediante los 
que se propone abordar los grandes retos globales, con la lucha contra la pobreza como 
uno de los objetivos principales.
El sistema de protección social en España es uno de los más ineficientes de Europa 
en cuanto a la reducción de la pobreza, y especialmente de la pobreza grave. Así lo puso 
de manifiesto Philip Alston, relator de la ONU, en su visita a España justo unos meses 
antes de la aprobación de este Decreto ley.
La renta social garantizada de las Illes Balears, regulada por la Ley 5/2016, de 13 de 
abril, como prestación periódica dirigida a situaciones de vulnerabilidad económica para 
la cobertura de los gastos básicos de las personas, supuso un gran avance en el sentido 
de generar una política de lucha contra la pobreza. Son muchas las familias que se han  s
beneficiado de la renta social a lo largo de estos cinco años. Actualmente, y a raíz de las  e.
medidas extraordinarias puestas en marcha durante el estado de alarma, este ingreso ha  w.
supuesto el empoderamiento de aproximadamente 15.000 familias de las Illes Balears. 13ww
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doeb liignase ar crieópnl adnetle caorn ejul netsoc deen acroiom duen icdoabdeerst uaruat ódneo rmenatsa.s básicas, rentas sociales y rentas  BOE-A-cable e
La seguridad social, amparada por el artículo 149 de la Constitución española, 
establece un techo de ingresos mínimos para cualquier ciudadano del Estado. Es una 
medida  de  garantía  de  ingresos,  que  permite  a  las  comunidades  autónomas 
complementar, desde las políticas de lucha contra la pobreza, los perfiles de población 
que no atiende el ingreso mínimo vital, así como ajustar este mínimo común para todos 
los españoles al nivel de vida de cada comunidad.
En  este  sentido,  la  cuestión,  no  es  tanto  la  cuantía  de  la  prestación  como  la 
cobertura. Las cuantías establecidas en el baremo del ingreso mínimo vital suponen un 
gran avance en la lucha contra la pobreza, pero también es cierto, que en nuestra 
comunidad  autónoma,  esta  prestación  se  quedaría  corta  en  relación  al  umbral  de 
pobreza de nuestro territorio, que a su vez está determinado por el nivel de renta y por 
su distribución en el territorio.
Entidades  como  EAPN,  Cáritas,  Cruz  Roja  y  la  Federación  de  los  Bancos  de 
Alimentos entre otras, reclaman un decidido incremento de la capacidad protectora sobre 
las familias que ya venían sufriendo las situaciones de pobreza y exclusión social; con un 
tramo autonómico que complemente y mejore el tramo estatal en los casos de las 
comunidades autónomas que ya tenían un nivel de protección más débil.
En esta situación de crisis, la responsabilidad pública de responder por parte de los 
ayuntamientos, los consejos insulares y la Administración del Gobierno de las Illes 
Balears a las situaciones de necesidad social de los ciudadanos y ciudadanas de las 
Islas,  requiere  un  desarrollo  legislativo  de  las  prestaciones  sociales  de  carácter 
económico que dé cobertura a las ayudas económicas que se están gestionando por 
parte de las administraciones públicas.
Es necesaria una respuesta legislativa que tenga en cuenta el nuevo marco a partir 
de la entrada en vigor del ingreso mínimo vital y que permita generar políticas de 
protección, apoyo y complementariedad de las prestaciones económicas evitando la 
sobreprotección o, incluso, el solapamiento de coberturas.
Con la entrada en vigor del ingreso mínimo vital y de una prestación autonómica 
complementaria, se hace difícil pensar que todas las personas y las familias dispondrán 
de la protección deseable. Siempre habrá personas excluidas por la necesaria definición 
de unos requisitos de acceso que no pueden recoger la diversidad de casuísticas, así 
como tampoco los baremos pueden recoger el coste diferencial de vida en los diferentes 
pueblos y ciudades de una misma comunidad autónoma, motivo por el cual los entes 
locales deben de tener un papel muy importante en el diseño e implantación de sistemas 
de garantías de cobertura de necesidades.
La Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, en el 
artículo 22, recoge como tipología de prestaciones económicas de los servicios sociales, 
las de carácter subjetivo, las de derecho de concurrencia, y las de urgencia social. 
Siguiendo  esta  clasificación,  la  norma  que  se  presenta  permite  abordar  estas 
prestaciones de manera integral y para todas las administraciones.
Las prestaciones sociales de carácter económico de derecho subjetivo son la nueva 
renta social garantizada, el complemento de pensiones no contributivas y la renta de 
emancipación.  Las  prestaciones  sociales  de  carácter  económico  de  concurrencia 
competitiva  permiten  desarrollar,  al  margen  de  la  normativa  de  subvenciones, 
convocatorias de ayudas económicas que tengan una disponibilidad económica limitada; 
y finalmente, las de urgencia social permiten regular, sobre todo, las ayudas económicas 
básicas de los ayuntamientos, las de emergencia y las de apoyo familiar y apoyo a la 
inserción social. s
Este Decreto ley permite actualizar la renta social garantizada y hacerla incompatible  oe.
con el ingreso mínimo vital, dedicándola a la población con dificultades económicas  w.
presentes. Y también mantener el complemento a las pensiones no contributivas hasta el  13ww
mcoámxipmleom leengtael  epsotassib plee,n msioendeiasn ates í ucnoam olí ndeeate drme inparedsotsa cpieornfieless  ddee l dinegrerecshoo  msíunbimjeoti vvoit aql.ue
IV
Este Decreto ley se estructura en cuatro títulos. El Título I, sobre disposiciones 
generales, incluye su objeto, que es el de regular las prestaciones sociales de carácter 
económico en el ámbito de los servicios sociales de las Illes Balears. Así mismo, este 
Título incluye los aspectos comunes a las prestaciones económicas, que se prevén en el 
artículo 22 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, 
como son su naturaleza, financiación o periodicidad. Destaca la regulación del régimen 
de incompatibilidades especialmente con la aprobación por parte del Estado del ingreso 
mínimo vital, mediante el Real decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se 
establece el ingreso mínimo vital.
El Título II regula las prestaciones de derecho subjetivo para la persona beneficiaria 
cuando reúna los requisitos fijados por la normativa reguladora de la prestación. Dentro 
de estas prestaciones se incluyen: en el capítulo I, la renta social garantizada; en el 
capítulo II, el complemento a las pensiones no contributivas; y el capítulo III, la renta de 
emancipación de jóvenes que han sido sometidos a medidas de protección de menores.
El Título III regula las prestaciones económicas de derecho de concurrencia, que 
están caracterizadas por las limitaciones presupuestarias y por la aplicación de criterios 
de prelación en función de la situación de necesidad social de cada solicitante.
El Título IV regula las prestaciones económicas de urgencia social que tienen por 
objeto la atención de necesidades sociales derivadas de situaciones de urgencia social. 
Se clasifican en tres tipologías, tal como indica el artículo 79, y pueden ser ayudas 
básicas, de emergencia y de apoyo. Todas ellas tienen en común la respuesta de los 
poderes públicos a situaciones de necesidad puntual, urgente y de subsistencia.
En la parte final, el Decreto Ley incluye cuatro disposiciones adicionales: sobre la 
información que debe darse a las personas beneficiarias hasta la entrada en vigor de 
este Decreto ley, de la renta mínima de inserción y de la renta social garantizada, cuya 
normativa reguladora quedará derogada; sobre el fichero de prestaciones sociales de 
carácter económico que se desarrolla en el anexo único del Decreto ley; sobre la 
ampliación de referencias al ingreso mínimo vital en la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de 
la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia; y, finalmente, sobre la 
creación y regulación de una Comisión Interdepartamental para el estudio de la creación 
de complementos de renta distintos al establecido para las pensiones no contributivas.
También se incluyen tres disposiciones transitorias para determinar las reglas que 
regirán las prestaciones existentes hasta entonces, su afectación por la normativa estatal 
recientemente aprobada y la transición de estas prestaciones en los términos regulados 
en este Decreto ley. Así, la disposición transitoria primera prevé las condiciones del 
mantenimiento  temporal  de  la  renta  mínima  de  inserción,  y  en  consecuencia  del 
Decreto 117/2001, de 28 de septiembre, por el cual se regula la Renta Mínima de 
Inserción. La disposición transitoria segunda prevé el mantenimiento temporal de la renta 
social garantizada, regulada por la Ley 5/2016, de 13 de abril, mientras se pone en 
marcha el ingreso mínimo vital. Finalmente, la disposición transitoria tercera prevé la 
transición a las prestaciones reguladas en este Decreto ley, de aquellas prestaciones que 
ya existían previamente y cuyas personas beneficiarias cumplan los requisitos indicados.
Se incluye una disposición derogatoria única que relaciona las disposiciones que se 
ven afectadas por la entrada en vigor de este Decreto ley. No obstante, las normas 
relacionadas quedan sometidas a las reglas de transitoriedad señaladas anteriormente.
Finalmente, el Decreto ley contiene tres disposiciones finales que tienen por objeto, 
en primer lugar, incluir las nuevas prestaciones dentro de la Cartera Básica de Servicios  e.
Sociales de las Illes Balears 2017-2020, aprobada por el Decreto 66/2016, de 18 de  w.b
noviembre; en segundo lugar, modificar el artículo 22.2 del Decreto 40/2017, de 25 de  13ww
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ljaó veennterasd qau een h vaigno sri ddoe  seosmtee Dtideocrse ato  mleeyd.idas de justicia juvenil, y en tercer lugar, disponer
V
La regulación del decreto ley en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears se contempla en el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears 
que  establece  que,  en  caso  de  necesidad  extraordinaria  y  urgente,  el  Consejo  de 
Gobierno puede dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos leyes, 
que no pueden afectar a los derechos establecidos en este Estatuto, a las materias 
objeto de leyes de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía, a los presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma, a la reforma del Estatuto, al régimen electoral ni 
al ordenamiento de las instituciones básicas de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears. Además, el artículo 45 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, de Gobierno de las 
Illes Balears establece que en los casos y con las limitaciones que prevé el artículo 49 
del Estatuto de Autonomía, el Consejo de Gobierno puede dictar medidas legislativas en 
forma de decretos ley, que quedarán derogados si en el plazo improrrogable de los 
treinta días subsiguientes de haberse promulgado no son validados expresamente por el 
Parlamento después de un debate y de una votación de totalidad.
Los efectos de la crisis social provocada por la crisis sanitaria desde que se declaró 
como emergencia de salud pública de importancia internacional exigen una respuesta 
inmediata por parte de los poderes públicos para paliar, en la medida de lo posible, sus 
consecuencias.  A  la  vez,  fundamentan  la  necesidad  urgente  de  adoptar  medidas 
extraordinarias para hacer frente a esta crisis. Mediante este Decreto Ley se regulan las 
prestaciones sociales de carácter económico que se enmarcan en el ámbito de los 
servicios  sociales  de  las  Illes  Balears  y  que,  en  el  momento  actual,  resultan  de 
extraordinaria necesidad. A pesar de que algunas de las prestaciones ya estuvieran 
reguladas en normas previas, con este Decreto Ley se compilan en un mismo texto legal 
para garantizar su publicidad, en un momento como el actual en que su conocimiento es 
de especial importancia, y una mayor seguridad jurídica. Además, con esta norma se 
adecuan las prestaciones existentes a las necesidades sociales detectadas a raíz de la 
crisis actual y a la aprobación del Real decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que 
se establece el ingreso mínimo vital.
Así pues, en virtud del artículo 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears y de 
acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el decreto ley constituye un 
instrumento constitucionalmente lícito, siempre que la finalidad que justifica la legislación 
de  urgencia,  sea  la  de  subvenir  a  una  situación  concreta,  dentro  de  los  objetivos 
gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiera una acción normativa 
inmediata  en  un  plazo  más  breve  que  el  requerido  por  la  vía  normal  o  por  el 
procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.
En el presente caso, el objeto de este Decreto ley encaja perfectamente dentro de la 
regulación de esta figura puesto que hay que dar una respuesta inmediata a los efectos 
sociales y económicos de las familias y de la ciudadanía de las Illes Balears ocasionados 
por la crisis sanitaria de la COVID-19. Por lo tanto, se observa una conexión directa entre 
la urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella, teniendo en 
cuenta  las  medidas  que  ya  han  sido  previamente  adoptadas  y  que  requieren  ser 
complementadas de manera urgente. La adopción de estas medidas no puede esperar a 
una tramitación parlamentaria porque hay que dar una respuesta rápida y eficaz a las 
necesidades sociales y económicas de la sociedad balear. Al respecto, la actuación de 
los poderes públicos en materia de servicios sociales persigue, entre otros objetivos, el 
de detectar y atender las situaciones de carencia de recursos básicos y las necesidades 
sociales tanto de las personas como de los grupos y la comunidad en general, y al  e.
mismo tiempo, sus actuaciones tienen que orientarse para evitar el riesgo de que se  w.b
produzcan situaciones de mayor necesidad social. 13ww
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a las personas y a los colectivos en situación de pobreza o necesidad social, así como, 
según el artículo 30.16, en la protección social de la familia, entre otros.
Por otro lado, las mismas razones que justifican la aprobación del Decreto ley, 
subyacen en el cumplimiento de los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, tal como exige la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así 
como los principios de calidad y simplificación introducidos por la Ley 1/2019, de 31 de 
enero, de Gobierno de las Illes Balears.
A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad 
y eficacia en el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, 
siendo el decreto ley no solo el instrumento más adecuado sino el único que puede 
garantizar su consecución y eficacia.
Así mismo, se cumple el principio de proporcionalidad, puesto que la norma regula 
los aspectos imprescindibles para conseguir su objetivo y se ajusta al principio de 
seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico.
En cuanto al principio de transparencia, a pesar de que la norma está exenta de los 
trámites  de  participación  ciudadana,  que  no  resultan  aplicables  a  la  tramitación  y 
aprobación de decretos leyes, se publicará en los boletines oficiales y en el Portal de 
Transparencia. Al respeto, hay que remarcar, además, que con el Decreto ley se clarifica 
el régimen de prestaciones económicas en el ámbito de los servicios sociales que, hasta 
ahora, resultaba disperso en diferentes normas.
En relación con el principio de eficiencia y simplificación, la regulación establece el 
procedimiento para poder acceder a estas prestaciones, respetando el procedimiento 
administrativo  común  y  con  las  mínimas  cargas  administrativas  necesarias  para 
comprobar el acceso y el mantenimiento del derecho a la ayuda. Finalmente, de acuerdo 
con el principio de calidad, el procedimiento de aprobación de esta norma se ha ajustado 
a los procesos definidos legalmente para dar respuesta a las necesidades ciudadanas.
Por otro lado, respecto de la figura del decreto ley, es necesario indicar que no se 
traspasan los límites indicados por el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes 
Balears. En cualquier caso, el Decreto ley reafirma el compromiso de los poderes 
públicos de las Illes Balears con los derechos sociales reconocidos por el artículo 16 del 
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en tanto en cuanto su contenido tiene como 
objetivo la promoción de las condiciones necesarias para que los derechos sociales de 
los ciudadanos y ciudadanas de las Illes Balears sean objeto de una aplicación real y 
efectiva.
Por  todo  ello,  a  propuesta  de  la  Consejera  de  Asuntos  Sociales  y  Deportes  y 
habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en la sesión de 12 de junio de 2020, se 
aprueba el siguiente Decreto Ley:
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
Este  Decreto-ley  tiene  por  objeto  regular  las  prestaciones  sociales  de  carácter 
económico que se enmarcan en el ámbito de los servicios sociales de las Illes Balears.
Artículo 2.  Naturaleza de las prestaciones y ámbito de aplicación. o
1.  Son prestaciones sociales de carácter económico las aportaciones dinerarias de  13ww
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determinadas situaciones de necesidad en que se encuentran las personas que no
disponen  de  recursos  económicos  suficientes  para  afrontarlas  y  que  no  están  en 
condiciones de conseguir o recibir recursos de otras fuentes.
2.  Las  prestaciones  sociales  de  carácter  económico  no  forman  parte  de  las 
prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.
3.  Las prestaciones sociales de carácter económico de este Decreto ley no tienen 
carácter de subvención, de acuerdo a lo que regula el artículo 22.3 de la Ley 4/2009, 
de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears.
Artículo 3.  Financiación.
1.  Las  prestaciones  sociales  de  carácter  económico  de  derecho  subjetivo  se 
financian  íntegramente  a  cargo  de  los  presupuestos  de  la  Administración  de  la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
2.  Las  prestaciones  de  concurrencia  competitiva  se  financian  a  cargo  de  los 
presupuestos de la administración convocante.
3.  Las prestaciones de carácter económico de urgencia social se financian de la 
manera siguiente:
a)  En  la  modalidad  de  ayuda  económica  básica,  se  financian  a  cargo  de  los 
presupuestos de los ayuntamientos.
b)  En las modalidades de prestaciones de emergencia y de prestaciones de apoyo 
familiar y de apoyo a la inserción se financian a cargo de cada administración pública de 
las Illes Balears que tenga la iniciativa de gestionarlas.
Artículo 4.  Personas beneficiarias.
1.  Son  beneficiarias  de  las  prestaciones  sociales  de  carácter  económico  las 
personas  destinatarias  de  los  servicios  sociales,  descritas  en  el  artículo  5.1  de  la 
Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, a las que se les 
otorga la prestación con el fin de paliar una situación de necesidad.
2.  Son beneficiarias de las prestaciones económicas de derecho subjetivo y de las 
prestaciones económicas de derecho de concurrencia las personas que acrediten que 
residen en las Illes Balears y que lo hayan hecho durante los últimos 12 meses antes de 
la solicitud de la ayuda. Este requisito no es de aplicación a las prestaciones económicas 
de urgencia social.
Artículo 5.  Carácter de las prestaciones.
1.  Las prestaciones sociales de carácter económico se pueden otorgar con carácter 
de  derecho  subjetivo,  con  carácter  de  derecho  de  concurrencia  o  con  carácter  de 
urgencia social.
2.  La prestación tiene carácter de derecho subjetivo para la persona beneficiaria 
cuando esta reúna los requisitos fijados por la normativa que regula la prestación.
3.  La  prestación  tiene  carácter  de  derecho  de  concurrencia  para  la  persona 
beneficiaria  cuando  la  concesión  se  encuentra  limitada  por  las  disponibilidades 
presupuestarias y se somete a concurrencia pública y a priorización de las situaciones 
de mayor necesidad.
4.  Las prestaciones económicas de urgencia social tienen la finalidad de atender 
situaciones de necesidades puntuales, urgentes y básicas de subsistencia, así como dar 
apoyo a los procesos personales de inserción social. e.
Artículo 6.  Periodicidad de las prestaciones.
Las prestaciones sociales de carácter económico se pueden pagar de cualquiera de 
las siguientes maneras:
a)   Prestaciones que se pagan mediante aportaciones dinerarias periódicas y que 
pueden ser:
i.  Estables, con voluntad de tener continuidad y estabilidad en el tiempo.
ii.  Temporales, con una duración anual y con previsión de revisar la continuidad 
sujeta a condiciones.
b)  Prestaciones puntuales: son las que se agotan con una aportación dineraria para 
hacer frente a un concepto y tiempo limitado.
Artículo 7.  Abono de las prestaciones.
1.  La  prestación  se  tiene  que  abonar  directamente  a  la  persona  beneficiaria, 
excepto en los casos en que se puede abonar a terceros o mediante una entidad, en la 
forma que reglamentariamente se establezca.
2.  El pago se hará por medio de la entidad financiera escogida por la persona 
beneficiaria o por su representante legal. La entidad financiera puede requerir constancia 
de vida, a requerimiento del ente gestor, y queda obligada a devolver las cantidades 
aportadas en exceso y en depósito a la cuenta de la persona beneficiaria, a partir del 
mes siguiente a la fecha de extinción del derecho a la prestación.
3.  El pago de las prestaciones con carácter de derecho subjetivo se hará con una 
periodicidad  mensual,  salvo  los  casos  en  los  que  dado  el  reducido  importe  en  la 
resolución de concesión se establezca un pago anual.
4.  El pago de las prestaciones de urgencia social se realizará por parte de las 
tesorerías  de  las  administraciones  de  manera  preferente  y  prioritaria,  atendida  su 
naturaleza y finalidad urgente para la cobertura de necesidades básicas.
Artículo 8.  Reintegro de las prestaciones.
1.  Las  personas  destinatarias,  por  iniciativa  propia  o  por  requerimiento  de  la 
administración,  tienen  que  reintegrar  las  cuantías  recibidas  por  error  o  percibidas 
indebidamente cuando se produzca alguna de las causas de extinción o suspensión de 
la prestación, por modificación de la prestación o cualquier otra causa admitida en 
derecho, de acuerdo con el artículo 40 del Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de 
desarrollo de determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las de presupuestos 
generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y con el artículo 77 de la 
Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears.
2.  Las personas que continúan en situación de derecho de prestación económica y 
que tienen que hacer frente a un reintegro por causas de extinción y/o suspensión 
pueden pedir el fraccionamiento de la deuda.
Artículo 9.  Régimen de compatibilidad.
1.  Las  prestaciones  sociales  de  carácter  económico  son  incompatibles  en  el 
siguiente sentido: e.
a)  De  manera  general,  la  renta  social  garantizada  es  incompatible  con  otras  13ww
pprueesdtaac tieonneers  deecroencóhmo ipcoars  cquuaelq uteienrgaa  dree cloosn oscisidteams alas  dpee rsporontae cbceiónne fpicúiabrliicao so  oa  plarisv aqduoes 
rceonmtap lseomceianl tgaariroasn tdizea dlaa .Seguridad Social, que tengan una cuantía igual o superior a la
b)    De  manera  específica,  la  renta  social  garantizada  es  incompatible  con  la 
percepción o el derecho a percibir el ingreso mínimo vital, las pensiones contributivas y 
no  contributivas,  así  como  también  con  las  prestaciones  del  Servicio  Público  de 
Ocupación Estatal (SEPE), que tengan una cuantía igual o superior a la Renta Social 
Garantida.
2.  Las prestaciones de concurrencia competitiva nos son incompatibles, dada su 
naturaleza, con ninguna pensión ni prestación pública.
3.  Las prestaciones de urgencia social no son incompatibles, dada su naturaleza, 
con ninguna pensión ni prestación pública.
4.  A los efectos de lo que establece este Decreto ley, se entiende por sistemas de 
protección privados los propios del mutualismo no integrados en la Seguridad Social, el 
seguro  privado,  los  fondos  de  pensiones,  los  fondos  incluidos  en  los  sistemas  de 
negociación colectiva o cualquier otro sistema que tenga la finalidad de complementar 
las pensiones de la modalidad contributiva de la Seguridad Social.
Artículo 10.  Cesión de datos.
1.  Las administraciones públicas competentes en cada caso tienen que ceder los 
datos de carácter personal necesarios para acreditar la residencia y la convivencia, para 
llevar  a  cabo  la  valoración  de  la  situación  de  necesidad  y  para  acreditar  otras 
circunstancias que sean determinantes para el acceso y el mantenimiento de cada 
prestación, en el marco de la normativa vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal.
2.  El ente o el órgano gestor de las prestaciones tiene que facilitar los datos de 
carácter personal necesarios para la gestión de los expedientes a la Administración 
tributaria, a las entidades gestoras de la Seguridad Social y a otras entidades públicas, a 
efectos fiscales y de control de las prestaciones.
3.  Las personas interesadas deben dar en la solicitud su consentimiento expreso 
para que las administraciones y organismos públicos, en los términos previstos en la 
legislación reguladora de la protección de datos de carácter personal, comuniquen a la 
consejería competente en materia de servicios sociales los datos de este carácter y, en 
concreto, las relativas a la identificación personal, el padrón, la situación laboral, el cobro 
de pensiones o prestaciones públicas, si es el caso, la situación de discapacidad y la 
situación civil y de parentesco, propia y de los descendentes menores de edad.
4.  Cuando la situación económica patrimonial de las personas interesadas se tenga 
que acreditar mediante certificados emitidos por la Administración tributaria estatal, las 
personas  interesadas  tienen  que  autorizar  a  la  consejería  competente  en  servicios 
sociales para que solicite directamente dichos certificados.
Artículo 11.  Situación de necesidad.
A los efectos de lo que establece este Decreto ley, se entiende por situación de 
necesidad cualquier contingencia que tiene lugar o aparece en el transcurso de la vida 
de  una  persona  y  que  le  impide  hacer  frente  a  las  necesidades  básicas  para  el 
mantenimiento propio o para el mantenimiento de las personas que integran la unidad de 
convivencia a la que pertenece.
Artículo 12.  Necesidades básicas. s
A los efectos de lo que dispone este Decreto ley, se entiende por necesidad básica  w.b
de una persona o de una unidad de convivencia: 13ww
hogabar)).   LLaass  prerolapciaiosn addea sla  cmona neult eanpcoióyno,  vpeasrati mlae ntinat eyg raaqcuióenll aess cdoelraivr,a dlaabso draell  yu seon  dleal   OE-A-2020-80able en https://
comunidad.
Artículo 13.  Infracciones.
1.  Constituyen  infracciones  administrativas  las  acciones  u  omisiones  de  las 
personas titulares de las prestaciones económicas sociales tipificadas como tales en 
este Decreto ley, que pueden ser especificadas en los reglamentos que lo desarrollen. 
Las  infracciones  no  pueden  ser  objeto  de  sanción  sin  la  previa  instrucción  del 
procedimiento oportuno.
2.  Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
3.  Son sujetos responsables las personas físicas a quienes les sean imputables las 
acciones u omisiones constitutivas de infracciones tipificadas en los artículos siguientes.
Artículo 14.  Procedimiento sancionador.
En todo aquello no previsto en este Decreto ley, así como en cuanto al procedimiento 
sancionador, se tiene que aplicar el título IX de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios 
sociales de las Illes Balears.
TÍTULO II
Prestaciones económicas de derecho subjetivo
CAPÍTULO I
Renta social garantida
Sección 1.ª Disposiciones generales y acceso a la prestación
Artículo 15.  Objeto.
La renta social garantizada de las Illes Balears es una prestación periódica dirigida a 
cubrir  las  situaciones  de  vulnerabilidad  social  derivada  de  la  carencia  de  recursos 
económicos de las personas, familias u otros núcleos de convivencia.
Artículo 16.  Definición y naturaleza de la renta social garantizada.
La renta social garantizada:
a)  Es  una  prestación  de  carácter  finalista  que  queda  excluida  del  ámbito  de 
aplicación de la normativa general de subvenciones.
b)  Es una prestación subsidiaria del ingreso mínimo vital y del resto de prestaciones 
financiadas por la Administración General del Estado.
c)  Es un derecho subjetivo de todas las  personas que cumplen los requisitos 
previstos en este Decreto ley, de forma que su concesión no está condicionada por 
disponibilidad presupuestaria.
d)  Garantiza  un  nivel  mínimo  de  renta  mediante  la  cobertura  de  la  diferencia 
existente entre los recursos económicos de la unidad de convivencia y la cuantía de 
renta social garantizada para la unidad de convivencia solicitante.
e)  Es intransferible, de forma que no puede ofrecerse en garantía de obligaciones, 
no se puede ceder totalmente ni parcialmente, ni puede ser objeto de compensación o 
descuento –excepto para el reintegro de las prestaciones percibidas indebidamente en  es
los términos previstos en este Decreto ley–, ni ser objeto de retención o embargo. bo
f)  Se articula como una prestación económica no condicionada a la obligación de  13ww
ppearrstiocinpaasr  beenn eafcictiivaidriaads edse  dlae  reinnstear cai ópna rstioccipiaalr  oe nl aeblloarsa.l, sin perjuicio del derecho de las
Artículo 17.  Situación de vulnerabilidad económica.
Se  entiende  por  situación  de  vulnerabilidad  económica  aquella  en  la  que  la 
capacidad económica de la persona solicitante y su unidad de convivencia está por 
debajo de la cuantía correspondiente de la renta social garantizada.
Artículo 18.  Definición de las personas destinatarias.
1.  Pueden ser titulares de la renta social garantida las personas en situación de 
vulnerabilidad económica que no tengan derecho a percibir el ingreso mínimo vital, que 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 20 y que estén en alguna de las 
siguientes situaciones:
a)  Personas mayores de 23 y menores de 65 años, solas o integrantes de una 
unidad de convivencia.
b)    Personas  mayores  de  65  años  que  no  reúnan  los  requisitos  para  ser 
beneficiarios de ninguna pensión contributiva o no contributiva, solas o como miembros 
de una unidad de convivencia.
2.  A efectos de este Decreto ley, se entiende que son personas destinatarias de la 
prestación:
a)  Como titular, la persona que solicita y percibe la prestación.
b)  Como beneficiarias, el resto de personas que forman parte de la unidad de 
convivencia de la persona titular.
Artículo 19.  Unidad de convivencia.
1.  La unidad de convivencia a efectos de esta prestación está constituida por todas 
las personas que residen en una misma vivienda, unidas por vínculo matrimonial o 
pareja de hecho y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, 
adopción o guarda con finalidad de adopción o acogimiento.
2.  La muerte de algún miembro de la unidad de convivencia no comportará la 
pérdida de la consideración de unidad de convivencia, aunque resulte una unidad de 
convivencia sin relación familiar.
3.  Excepcionalmente, se entenderá como unidad de convivencia:
a)  La  constituida  por  una  persona  víctima  de  violencia  machista  que  haya 
abandonado el domicilio habitual con sus hijos o menores en situación de guarda con 
fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad.
b)  La constituida por una persona con sus hijos o menores en situación de guarda 
con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que haya iniciado trámite de separación o 
divorcio.
c)  Las situaciones derivadas de la compartición de vivienda por diferentes unidades 
de convivencia o personas solas hasta un máximo de dos unidades de convivencia por 
vivienda durante un tiempo mínimo de tres años.
4.  Una  misma  persona  no  puede  formar  parte  de  dos  o  más  unidades  de 
convivencia. e.e
5.  La unidad de convivencia habrá de estar constituida de forma continuada durante  b
al menos los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud. 13ww
Artículo 20.  Requisitos.
1.  Tienen  derecho  a  las  prestaciones  de  la  renta  social  garantizada,  en  las 
condiciones  previstas  en  este  Decreto  ley,  las  personas  en  las  que  concurran  las 
siguientes circunstancias:
a)  Que  hayan  solicitado  el  ingreso  mínimo  vital  y  tengan  la  resolución 
desestimatoria por motivos de ingresos durante el ejercicio anterior, pero que tengan, en 
el momento de la solicitud, ingresos inferiores a la cuantía de la renta social garantizada.
b)  Que estén empadronadas en cualquiera de los municipios de las Illes Balears en 
la fecha de la solicitud.
c)  Que acrediten una residencia en las Illes Balears con un mínimo de 12 meses de 
antelación a la fecha de presentación de la solicitud. Este requisito no se exigirá en los 
siguientes casos:
i.  Las personas menores de edad incorporadas en una unidad de convivencia por 
motivos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar 
permanente.
ii.  Las personas víctimas de trata de seres humanos o explotación sexual. Esta 
condición se acreditará mediante resolución judicial o informe de los servicios sociales 
públicos.
iii.  Las mujeres víctimas de violencia machista acreditados por cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 78 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de 
mujeres y hombres, y en el artículo 23 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género.
d)   Estar en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas o ingresos 
suficientes, de acuerdo a la definición de vulnerabilidad económica del artículo 17.
e)   Que ningún miembro de la unidad de convivencia tenga derecho a percibir otras 
prestaciones públicas, el importe de las cuales iguale o supere la prestación económica 
de la renta social.
f)   Que la persona solicitante, o cualquiera de las personas integrantes de la unidad 
familiar, no haya renunciado a una oferta de trabajo adecuada, según normativa laboral 
vigente, o haya causado baja voluntaria en su trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena, 
en  los  tres  meses  anteriores  a  la  presentación  de  la  solicitud  de  la  renta  social 
garantizada.
g)   Que la persona solicitante no sea beneficiaria de la renta social garantizada o 
del ingreso mínimo vital como miembro de otra unidad de convivencia.
2.  A fin de poder atender situaciones excepcionales, que no se adecuen a todos los 
requisitos del apartado anterior pero que presenten situación de necesidad, el órgano 
instructor, previo Informe de la Comisión Técnica, podrá emitir resoluciones favorables a 
la prestación.
Artículo 21.  Consentimiento de las personas destinatarias y acreditación de requisitos.
1.  Las  personas  que  reúnan  los  requisitos  y  quieran  solicitar  la  renta  social 
garantizada  han  de  rellenar  el  impreso  de  solicitud  donde  tiene  que  constar  la 
autorización expresa de todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de 
edad a la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para dar su  es
consentimiento a: o
a)  Formar parte de aquella unidad de convivencia. 13ww
y aqbu)e llaR oetcraab qaur ela t einnfgoar ma avceiór nc onne lcoess raerqiau idseit ocsa rdáec taecrc eecsoon aó mlai cpore, sdtea claió ns.eguridad social
2.  El modelo de solicitud indicará la documentación que hay que adjuntar para
acreditar el cumplimiento de los requisitos del artículo anterior.
Artículo 22.  Obligaciones de las personas destinatarias.
Las personas destinatarias de la renta social garantizada están obligadas a:
a)  Destinar la cuantía económica de la prestación de la renta social a la finalidad 
para la que se ha otorgado, de acuerdo con el artículo 12 de este Decreto ley y los 
artículos 142 y siguientes del Código Civil.
b)  Administrar los recursos disponibles de manera responsable, con el fin de evitar 
la agravación de la situación económica o la situación de exclusión.
c)  Comunicar, en el plazo máximo de treinta días, al órgano instructor, los cambios 
sustanciales de situación personal o patrimonial y, en concreto, los siguientes cambios:
i.  Modificación del número de miembros de la unidad de convivencia.
ii.  Contrato laboral superior a 30 días de jornada completa de cualquiera de los 
miembros de la unidad de convivencia.
iii.  Obtener ingresos superiores al 150% de la renta social garantizada de la unidad 
de convivencia.
d)  Con carácter general, estar inscritas como demandantes de trabajo, no rechazar 
una oferta de trabajo adecuada, según la normativa laboral vigente, no causar baja 
voluntaria, y seguir con aprovechamiento un Plan de Activación Laboral de acuerdo a lo 
que establezca el SOIB. Están exentos de este requisito las personas que acrediten 
trastornos de salud mental o presenten problemas de adicciones.
e)  Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.
f)  Residir de forma efectiva y continuada en las Illes Balears durante todo el período 
de percepción de la prestación. Computan como ausencias las salidas del territorio de 
las Illes Balears que superen un mes, en un período de 12 meses, y estas tendrán que 
ser comunicadas previamente.
g)  Asistir a las entrevistas a las que sean citadas por parte del órgano instructor a 
efectos de seguimiento de la situación.
h)  Atender los requerimientos y colaborar con las actuaciones de comprobación 
que lleve a cabo la administración.
i)  Comunicar cualquier cambio de domicilio habitual de las personas destinatarias.
j)  Presentar anualmente la declaración responsable a que se refiere el artículo 32.2.
Sección 2.ª Régimen económico y tramitación
Artículo 23.  Importe de la renta social garantizada.
1.  La renta social garantizada es el nivel de renta mínimo que el Gobierno de las 
Illes Balears garantiza a cualquier ciudadano solo o unidad de convivencia.
2.  Las cuantías de la renta social garantizada según la estructura de las unidades 
de convivencia es la siguiente:
  Coeficiente Anualidad Mensualidad
Un adulto solo. 1,00 5.538,00 461,50
Un adulto y un menor. 1,52 8.417,76 701,48
Un adulto y dos menores. 1,82 10.079,16 839,93 s
Un adulto y tres o más menores. 2,12 11.740,56 978,38 b
Dos adultos. 1,30 7.199,40 599,95 13ww
Dos adultos y un menor. 1,60 8.860,80 738,40
Dos adultos y dos menores. 1,90 10.522,20 876,85
Dos adultos y tres o más menores. 2,20 12.183,60 1.015,30
  Coeficiente Anualidad Mensualidad
Tres adultos. 1,60 8.860,80 738,40
Tres adultos y un menor. 1,90 10.522,20 876,85
Tres adultos y dos o más menores. 2,20 12.183,60 1.015,30
Cuatro adultos. 1,90 10.522,20 876,85
Cuatro adultos y un menor. 2,20 12.183,60 1.015,30
Otras. 2,20 12.183,60 1.015,30
3.  Las cuantías de la renta social garantizada se actualizarán de acuerdo con la 
actualización del ingreso mínimo vital o, en su defecto, aplicando el coeficiente a la 
cuantía anual de la pensión no contributiva por jubilación.
Artículo 24.  Capacidad económica.
1.  Para calcular la capacidad económica de la persona solicitante sola o titular de 
una  unidad  de  convivencia  se  tienen  que  computar,  como  ingresos,  los  ingresos 
percibidos por todas las personas destinatarias de la renta social por los siguientes 
conceptos:
a)  Las pensiones de jubilación, discapacidad, viudedad y orfandad, así como las 
prestaciones y los subsidios por desocupación.
b)  Los rendimientos de trabajo remunerado.
c)  Los rendimientos económicos que se deriven de la explotación de los bienes 
muebles e inmuebles.
d)  Cualquier otro ingreso no previsto expresamente.
2. No se computan las prestaciones finalistas como las ayudas de urgencia social o 
de concurrencia, becas de guardería infantil y de comedor, becas de formación para 
personas adultas, ayudas por hijas y/o hijos a cargo, ayudas para el alquiler, ayudas 
económicas del sistema de atención a la dependencia, como tampoco las ayudas por 
acogimientos  familiares  ni  las  pensiones  de  alimentos  reconocidas  judicialmente  y 
efectivamente percibidas.
Artículo 25.  Duración de la prestación económica.
1.  La  prestación  se  tiene  que  mantener  mientras  subsistan  las  causas  que 
motivaron la concesión, excepto que concurran las causas de suspensión o extinción 
establecidas en este Decreto ley o en su desarrollo reglamentario.
2.  A los efectos de lo que dispone el apartado anterior, la consejería competente en 
materia de servicios sociales revisará anualmente el mantenimiento de las circunstancias 
que motivaron su concesión, y las personas destinatarias están obligadas a comunicar 
cualquier alteración de estas circunstancias. En particular, esta revisión tiene que valorar 
el posible derecho de las personas destinatarias a recibir el Ingreso Mínimo Vital, de 
acuerdo con lo que establece la letra j) del artículo 22 de este Decreto ley.
Artículo 26.  Órgano competente en la gestión de la renta.
La consejera competente en materia de servicios sociales es el órgano competente  b
para conceder, modificar, renovar, suspender o extinguir la prestación económica de la  13ww
renta social garantizada de las Illes Balears.
Artículo 27.  Inicio del procedimiento y presentación de solicitudes.
1.  El procedimiento administrativo para conceder la prestación económica se tiene 
que iniciar a instancia de parte, por medio de una solicitud de la persona interesada y de 
acuerdo con el modelo que la consejería competente en materia de servicios sociales 
ponga a disposición de las personas interesadas en sus oficinas de información y en su 
sede electrónica.
2.  La solicitud se tiene que presentar preferentemente en el registro general de la 
consejería competente en materia de servicios sociales, sin perjuicio de la posibilidad de 
presentación, conforme a lo que se dispone en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de procedimiento administrativo común, y a través de la sede electrónica.
Artículo 28.  Revisión y enmienda de la solicitud.
1.  El  órgano  instructor  tiene  que  comprobar  que  tanto  la  solicitud  como  la 
documentación adjuntada son completas y correctas. Así mismo, cuando sea necesaria 
la ampliación de documentación para acreditar que se cumplen los requisitos, se puede 
solicitar a otros organismos los datos y los informes que hagan falta. El acceso a los 
datos de otros organismos está autorizado, excepto oposición expresa del solicitante o 
de normativa especial aplicable.
2.  Si la solicitud no cumple los requisitos necesarios o falta documentación, se tiene 
que requerir a la persona solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta 
o adjunte los documentos preceptivos.
Artículo 29.  Comprobación de los requisitos.
1.  Una vez completada la solicitud, el órgano instructor tiene que comprobar la 
concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 20 de este Decreto ley, y 
elevará la propuesta de resolución a la consejera o al consejero.
2.  No  obstante  lo  anterior,  si  en  la  comprobación  se  constatara  que  se  han 
producido variaciones sobrevenidas que afecten el reconocimiento del derecho o a la 
determinación del importe mensual o que hay circunstancias no comunicadas por la 
persona solicitante, con anterioridad a la emisión de la propuesta, se le pondrán los 
hechos de manifiesto, y se le concederá un plazo de diez días para formular alegaciones 
y, si procede, aportar la documentación necesaria.
3.  Cuando se compruebe que la persona solicitante cumple todos los requisitos, 
pero falte información de alguna persona integrante de la unidad de convivencia a 
efectos  de  establecer  las  prestaciones  complementarias,  se  aprobará  la  prestación 
básica a favor de la persona solicitante. Una vez recibida la información restante, si se 
tercia, se dictará resolución con el importe total que corresponde al conjunto de la 
unidad. Esta nueva resolución producirá efectos a partir de la fecha que en ella se 
indique, sin que en ningún caso pueda tener efectos retroactivos.
Artículo 30.  Resolución del procedimiento.
1.  En el plazo de tres meses desde la entrada de la solicitud en el registro de la 
consejería competente en materia de servicios sociales, la consejera o el consejero tiene 
que dictar y notificar la resolución. Transcurrido este plazo, las solicitudes se entenderán 
desestimadas.
2.  La resolución estimatoria establecerá, entre otras cuestiones, la cuantía de la  e.
prestación, la relación de derechos y obligaciones que correspondan a las personas  w.b
destinatarias y la fecha a partir de la cual la prestación reportará efectos económicos. 13ww
Artículo 31.  Pago de la prestación económica.
1.  La  concesión  de  la  renta  social  garantizada  tiene  que  reportar  efectos 
económicos a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de resolución de la 
concesión.
2.  No obstante, y siempre que la resolución sea estimatoria, en todos los casos en 
los que la solicitud no requiera ser subsanada, los efectos económicos se producirán a 
partir del primer día del mes siguiente a la fecha de registro de entrada de la solicitud.
3.  Los pagos se efectuarán por mensualidades vencidas.
Artículo 32.  Revisión del cumplimiento de los requisitos y de las obligaciones.
1.  El  órgano  instructor  puede  comprobar  de  oficio,  en  cualquier  momento,  el 
mantenimiento de los requisitos que motivaron la concesión de la prestación, así como 
su cuantía, de acuerdo con el plan anual de revisiones.
2.  Anualmente, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, los perceptores tendrán 
que presentar una declaración responsable del hecho de que mantienen las condiciones 
por las que se les otorgó la renta social garantizada. Los perceptores que no presenten 
esta declaración antes del mes de octubre de cada año quedarán suspendidos de la 
prestación durante tres meses, como máximo, mientras no presenten la declaración 
anual.
3.  El órgano instructor para hacer el seguimiento del cumplimiento de la situación 
por parte de las personas destinatarias tiene que aprobar un plan anual de revisiones de 
los expedientes.
4.  A estos efectos, se puede requerir la comparecencia personal de las personas 
beneficiarias titulares, así como requerir la documentación que acredite el cumplimiento 
de los requisitos establecidos para percibir la renta social garantizada.
5.  La comprobación de oficio y anual supondrá obligación de reintegro cuando los 
ingresos  anuales  de  la  unidad  de  convivencia  superen  el  150%  de  la  prestación 
correspondiente a la unidad de convivencia.
Artículo 33.  Modificación de la prestación económica.
1.  La  prestación  económica  concedida  inicialmente  puede  experimentar 
modificaciones  como  consecuencia  de  los  cambios  acontecidos  en  la  unidad  de 
convivencia, que pueden ser tanto de carácter personal, como económico. Cuando se 
haya detectado, por comunicación de la persona interesada o bien por comprobación de 
oficio, que ha habido algún cambio en la composición familiar o un aumento de ingresos 
económicos que reducen la cuantía de la renta, la reducción se aplicará desde el día 
efectivo del cambio, deduciendo del total la cuantía cobrada en exceso.
2.  El procedimiento de modificación de la prestación económica se puede iniciar de 
oficio o a instancia de parte.
3.  El procedimiento iniciado de oficio cuando derive de una comprobación por la 
propia administración se tendrá que comunicar a la persona beneficiaria titular, quien 
dispondrá  de  un  plazo  de  diez  días  para  hacer  las  alegaciones  o  aportar  la 
documentación que estime convenientes.
4.  Cuando la modificación derive de la incorporación de cualquiera de las personas 
destinatarias a un puesto de trabajo, los ingresos que se deriven se computarán en 
un 50% a efectos del cálculo del importe de la prestación por un período de 6 meses  s
desde la resolución que acuerde esta modificación y mientras dure el contrato de trabajo.  oe.
Una vez transcurrido este período se tendrán que descontar íntegramente. w.
sust5it.u iráC ueal tnitduola lra d pee lras opnreas btaecnieófnic piaorri ao ttritou lmari esmeab rion tdeern laad uan eidna du nd ece cnotnrov ipveennicteian.ciario se  2020-8013n https://ww
Artículo 34.  Suspensión de la prestación económica.
1.  La prestación económica se puede suspender por cualquiera de las siguientes causas:
a)  Cuando durante dos meses seguidos el cómputo total de ingresos supere el 
equivalente al máximo del baremo de la prestación.
b)  Cuando se esté instruyendo un procedimiento sancionador y a propuesta del 
órgano instructor.
c)  Mientras se tramita la extinción de la prestación.
d)  Cuando  las  personas  destinatarias  no  atiendan  los  requerimientos  o  no 
colaboren con las actuaciones de comprobación que lleva a cabo la administración.
e)  Cuando no se presente la declaración anual durante el período de revisión.
f)  Los que se prevean reglamentariamente.
2.  Los efectos de la suspensión se determinarán en la resolución que la acuerde. 
En el caso de sanción per infracción leve, debe citarse y recalcularse la prestación, si se 
tercia.
3.  La desaparición de las circunstancias que hayan motivado la suspensión de la 
prestación  económica  tiene  que  dar  lugar,  a  instancia  del  órgano  instructor,  a  la 
reanudación de los efectos económicos de la prestación que tenía concedida la persona 
titular antes de que se resolviera su suspensión.
Artículo 35.  Extinción de la renta social.
1.  La prestación de la renta social se extingue por cualquiera de las siguientes 
causas:
a)  Por la modificación sustancial de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la prestación.
b)  Por la pérdida de alguno de los requisitos exigidos a la persona titular para su 
reconocimiento, previstos en el artículo 20 de este Decreto ley.
c)  Por el incumplimiento grave o muy grave previsto en este Decreto ley por parte 
de las personas destinatarias.
d)  Por trasladar la residencia a un municipio situado fuera de las Illes Balears.
e)  Por  la  actuación  fraudulenta  o  el  falseamiento  de  datos  encaminados  a  la 
obtención, la conservación o el aumento de la renta social garantizada.
f)  Por la muerte de la persona beneficiaria titular. No obstante, no se extinguirá la 
prestación cuando la persona de mayor edad, siempre que haya cumplido la mayoría de 
edad, o la persona física que ejerza la tutela o la guarda y custodia, que forme parte del 
núcleo familiar, se subrogue en la posición de la persona titular de la prestación, siempre 
que se continúen cumpliendo el resto de requisitos para ser beneficiaria previstos en 
este Decreto ley.
g)  Por la renuncia de la persona titular.
h)  Llevar más de tres meses en suspensión sin que el órgano competente haya 
recibido información.
i)  Por las que se prevean reglamentariamente.
2.  La consejería competente en materia de servicios sociales puede actuar de oficio 
cuando  tenga  conocimiento  de  alguna  de  estas  circunstancias,  y  ponerlo  en 
conocimiento de la persona beneficiaria titular, quien dispondrá de un plazo de diez días  es
hábiles para hacer las alegaciones o aportar la documentación que estime convenientes. o
ArtícEunlo  l3o6s.   cRaseoinst egdreo  dpee rlsao pnraess taqcuióen .se  mantienen  en  situación  de  vulnerabilidad  2020-8013n https://ww
esucospneónmsiicóan  yy  qquuee  tpieidnaenn  eqlu efr ahcaccioenra fmreiennteto a d uen l ar edinetuedgaro,  lpao cr ucaanutísaa sd ed ela  erxetinntcai ósno cyi/aol   BOE-A-cable e
garantizada no podrá ser inferior al 75% de la cuantía a la que tendría derecho sin 
deuda.
Artículo 37.  La Comisión Técnica de la renta social garantizada.
1.  Se  crea  la  Comisión  Técnica  de  la  renta  social  garantizada,  adscrita  a  la 
consejería competente en materia de servicios sociales, con las siguientes funciones:
a)  Valorar periódicamente la implementación de la prestación.
b)  Resolver dudas y alegaciones que puedan presentar las personas interesadas.
c)  Resolver dudas previa solicitud del órgano que tramita la renta.
d)  Proponer modificaciones en la reglamentación de la renta.
e)  Elevar los informes de valoración y las propuestas de modificación a la consejera 
o consejero competente en materia de servicios sociales y a los órganos de coordinación 
y participación autonómicos del sistema de servicios sociales.
f)  Estudiar y elevar propuesta de resolución de los casos exceptuados.
2.  Esta Comisión tiene que estar formada por, como mínimo:
a)  Seis personas funcionarias adscritas a la consejería competente en materia de 
servicios  sociales,  que  tienen  que  ser  nombradas  por  su  consejera  o  consejero 
indicando, de entre ellas, las que tienen que ejercer la presidencia y la secretaría.
b)  Seis personas funcionarias de los servicios sociales comunitarios:
i.  1 representante de los municipios menores de 20.000 habitantes a propuesta de 
la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB).
ii.  1  representante  de  los  municipios  de  más  de  20.000  hab.  de  Mallorca  por 
rotación, por orden alfabético.
iii.  1 representante de los municipios de más de 20.000 hab. de Menorca por 
rotación, por orden alfabético.
iv.  1  representante  de  los  municipios  de  más  de  20.000  hab.  de  Eivissa  por 
rotación, por orden alfabético.
v.  1 representante del Ayuntamiento de Palma.
vi.  1 representante del Ayuntamiento de Formentera.
Sección 3.ª Régimen sancionador
Artículo 38.  Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a)  No informar del cambio de lugar de residencia dentro del territorio de las Illes 
Balears.
b)  No informar de las salidas del territorio de las Illes Balears que superen un mes, 
en un período de 12 meses, no comunicadas previamente.
c)  No asistir las entrevistas a que sean citadas las personas titulares por parte del 
órgano instructor a efectos de hacer el seguimiento de la situación.
d)  No  atender  a  los  requerimientos  ni  colaborar  con  las  actuaciones  de 
comprobación que lleve a cabo la Administración.
e)  No  comunicar  cualquier  cambio  de  domicilio  habitual  de  las  personas  s
destinatarias.  oe.
Artículo 39.  Infracciones graves. 13ww
Son infracciones graves:
a)   Dos o más faltas leves en un plazo de un año, contado desde la fecha de la
resolución administrativa firme sancionadora de la primera falta leve.
b)  No comunicar, en el plazo máximo de 30 días, al órgano instructor, los cambios 
sustanciales de situación personal o patrimonial:
i.  Modificación del número de los miembros de la unidad de convivencia.
ii.  Contrato laboral superior a 30 días de jornada completa de cualquiera de los 
miembros de la unidad de convivencia.
iii.  Obtener ingresos superiores al 150% de la renta social garantizada de la unidad 
de convivencia.
iv.  No residir de forma efectiva y continuada en las Illes Balears durante todo el 
período  de  percepción  de  la  prestación,  sin  perjuicio  de  las  ausencias  permitidas 
debidamente comunicadas.
c)   Las actuaciones dirigidas a obtener o conservar la renta social, sabiendo que no 
se  cumplen  los  requisitos  para  percibirla,  cuando  de  estas  actuaciones  se  hubiera 
derivado una percepción indebida de la prestación económica en una cuantía igual o 
superior al 100% de la cuantía máxima de la renta social que pudiera corresponder con 
carácter anual a una unidad familiar de las características de la persona infractora.
d)   La utilización de la prestación para finalidades diferentes de las establecidas en 
el artículo 12.
Artículo 40.  Infracciones muy graves.
La reincidencia en una falta grave con resolución administrativa firme en el plazo 
de 3 años se considerada infracción muy grave.
Artículo 41.  Sanciones.
1.  Las infracciones leves se sancionan con la suspensión temporal de la renta 
social con una mensualidad.
2.  Las  infracciones  graves  se  sancionan  con  la  extinción  de  la  prestación 
económica y la prohibición de acceso a esta por un período de 3 meses. Si la unidad de 
convivencia incluye personas menores de 18 años, se reducirá a 1 mes.
3.  Las infracciones muy graves se sancionan con la extinción de la prestación 
económica y la prohibición de acceso a esta en un período de 6 meses. Si la unidad de 
convivencia incluye personas menores de 18 años, se reducirá a 3 meses.
Artículo 42.  Órganos competentes en el procedimiento sancionador.
1.  La  dirección  general  competente  en  renta  social  garantizada  es  el  órgano 
competente  para  instruir  los  procedimientos  sancionadores  de  la  renta  social 
garantizada.
2.  El órgano competente para resolver los procedimientos sancionadores es la 
consejera o consejero competente en materia de servicios sociales.
CAPÍTULO II
Complemento de Rentas de las Illes Balears a las pensiones no contributivas 
(PNC)
Artículo 43.  Objeto. es
El complemento de renta social de les Illes Balears tiene por objeto adecuar la  w.
pensión no contributiva del sistema de seguridad social al nivel de vida de las Illes  13ww
Bmaalyeoarr sp.r oEtestcec ióconm sopcleiaml.ento se dedicará a los perfiles de población que requieren de
Artículo 44.  Naturaleza.
El Complemento de Renta Social de las Illes Balears:
a)  Es  una  prestación  de  carácter  finalista  que  queda  excluida  del  ámbito  de 
aplicación de la normativa general de subvenciones.
b)  Es un derecho subjetivo de todas las personas que cumplen los requisitos 
previstos en este Decreto ley y su concesión no está condicionada por disponibilidad 
presupuestaria.
c)  Tiene  carácter  complementario,  respecto  de  las  prestaciones  económicas, 
pensiones no contributivas de la seguridad social y de cualquier renta que puedan 
corresponder a la persona titular o a cualquiera de las personas integrantes de la unidad 
de convivencia, hasta el importe que corresponda.
d)  Es  intransferible,  de  forma  que  no  puede  ofrecerse  como  garantía  de 
obligaciones, no se puede ceder totalmente ni parcialmente, no puede ser objeto de 
compensación o descuento –excepto para el reintegro de las prestaciones percibidas 
indebidamente en los términos previstos en este Decreto ley–, ni ser objeto de retención 
o embargo, excepto en los supuestos y con los límites previstos en la legislación general 
del Estado que resulte aplicable.
e)  Se articula como una prestación económica no condicionada a la obligación de 
participar en actividades de inserción social o laboral, sin perjuicio del derecho de las 
personas beneficiarias de la renta a participar en ellas.
f)  Tiene, como uno de sus principales objetivos, la garantía de unos ingresos 
mínimos para atender las necesidades básicas.
Artículo 45.  Destinatarios de la prestación.
A efectos de este Decreto ley, se entiende que son personas destinatarias los 
titulares de las pensiones no contributivas.
Artículo 46.  Requisitos.
1.  Para ser beneficiaria del complemento de pensión no contributiva, la persona 
solicitante  tendrá  que  tener  reconocida  y  activa  la  pensión.  La  Administración  del 
Gobierno de las Illes Balears comprobará este requisito. En particular, se tiene que de 
comprobar que el reconocimiento de este complemento, de acuerdo con la normativa 
aplicable a las pensiones no contributivas, no afecte el importe o el derecho a recibir la 
pensión no contributiva.
2.  Los requisitos y la puesta en funcionamiento de otros complementos se hará de 
acuerdo a lo establecido en la disposición adicional cuarta.
Artículo 47.  Importe y cálculo del importe de la prestación económica.
1.  El complemento de las pensiones no contributivas se calcula añadiendo un 
máximo de 24,91%, en función de los ingresos declarados, a la cuantía resultante de la 
pensión.
2.  Otros  complementos  de  apoyo  a  las  unidades  de  convivencia  se  podrán 
establecer en las leyes anuales de presupuestos generales de la comunidad autónoma.
Artículo 48.  Órgano competente para la gestión. es
El órgano competente para la gestión del complemento de Renta Social de las Illes  w.
sBearlveiacrioss  as olacisa lepse.nsiones no contributivas es la consejera competente en materia de  2020-8013n https://ww
Artículo 49.  Solicitudes.
Las solicitudes se harán a instancia de parte o mediante concesión de oficio a partir 
de la comprobación de ser titular de las prestaciones o pensiones de la seguridad social 
que dan derecho al complemento.
Artículo 50.  Modificación, suspensión y extinción.
El complemento se modificará, suspenderá o extinguirá de la misma manera que la 
prestación o pensión que genera el derecho.
CAPÍTULO III
Renta de emancipación de jóvenes que han sido sometidos a medidas 
administrativas de tutela o guarda de protección de menores
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 51.  Objeto.
La renta para jóvenes que han sido sometidos a medidas administrativas de tutela o 
guarda del sistema de protección de menores y que se encuentran en proceso de 
autonomía personal tiene por objeto contribuir, temporalmente hasta los 25 años, a que 
puedan vivir de una manera autónoma y se puedan integrar gradualmente en la vida 
social  y  laboral,  siempre  que  acrediten  que  no  disponen  de  recursos  económicos 
suficientes y vivan autónomamente.
Artículo 52.  Naturaleza.
1.  La  renta  es  una  prestación  social  de  tipo  económico  que  tiene  carácter 
complementario respecto de otras prestaciones del sistema público de prestaciones 
sociales.
2.  Tiene carácter temporal y permite atender los gastos esenciales de personas que 
han estado tuteladas o bajo una medida de guarda por la entidad pública de protección 
competente.
Artículo 53.  Régimen de compatibilidad e incompatibilidad.
1.  La renta es compatible y complementaria a las prestaciones sociales de carácter 
económico de concurrencia competitiva y las de urgencia social, y también con las 
ayudas y/o becas de servicios sociales.
2.  Esta  prestación  es  compatible  con  otras  prestaciones  económicas  de  la 
Administración autonómica, insular o local, que tengan como finalidad la formación y la 
plena inserción de las personas en el mercado laboral.
3.  La renta mensual es incompatible con otras prestaciones sociales de carácter 
económico de derecho subjetivo como la renta social garantizada o el ingreso mínimo 
vital que tenga reconocidas la persona beneficiaria o a las que tenga derecho.
Sección 2.ª Acceso a la prestación
Artículo 54.  Personas destinatarias. b
essoingm alaTnesi te icdnIloaleensns    aaBd ptaeurlroteeevaclearhsc oo,h   qagaumu eaise rcednurat om p bpsoeluran  nleaP f liorecoisnay trreidieacaqstodu   idpsEeiútdo busleic csqaatuat idev eo Re  pesInrtnaodtbtaievl ecidlccaueisóa  nel p ld (eaPerrs EtmíoIc)neu, anlosso u rsebqigssuu cecire oitnomht aeppn eoy t resq niuduteone     OE-A-2020-80able en https://
funcionario de la consejería competente en materia de servicios sociales y la persona 
solicitante.
Artículo 55.  Requisitos de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias tienen que cumplir los siguientes requisitos:
a)  Haber cumplido 18 años y no haber cumplido 25.
b)  Estar bajo guarda o tutela administrativa en el momento de cumplir 18 años.
c)  Haber estado, como mínimo y sin necesidad de que sean consecutivos, doce 
meses entre los 16 y los 18 años bajo una medida de guarda o tutela de cualquier de las 
entidades públicas de protección de menores de las Illes Balears. Excepcionalmente, el 
período mínimo de doce meses mencionado no será de aplicación a las personas 
menores de edad sometidas a una medida administrativa de protección que vuelven a su 
ámbito  familiar  cuando  este  regreso  resulta  infructuoso,  así  como  a  las  personas 
menores de edad sometidas por primera vez a guarda o tutela administrativa después de 
haber cumplido 17 años.
d)  Acreditar que no convive con los familiares por los que se generó la medida 
administrativa, excepto en el caso previsto de tutela o guarda legal establecida en el 
apartado 2 del artículo 60 de este Decreto ley.
e)  Tener unos ingresos inferiores al de la renta social garantizada para un adulto 
solo en el momento de la solicitud de la prestación.
f)  En el supuesto de que la persona interesada no tenga una actividad laboral 
remunerada y no curse estudios académicos, tiene que estar inscrita como demandante 
de trabajo en el Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB). Este requisito se 
exceptuará en los casos en que la situación administrativa del solicitante no le permita 
estar inscrito en el SOIB.
g)  Tener la residencia en la comunidad autónoma de las Illes Balears.
h)  En los casos en que la persona demandante presente problemas de adicciones, 
será  requisito,  presentar  informe  técnico  favorable  relativo  a  la  percepción  de  la 
prestación en el proceso de autonomía personal.
i)  No tener su capacidad de obrar limitada en el manejo de dinero por sentencia 
judicial.
Artículo 56.  Valoración de la situación de necesidad.
1.  La situación de necesidad se tiene que valorar teniendo en cuenta los ingresos 
económicos.
2.  Se debe determinar si la persona beneficiaria tiene hijos o hermanos a cargo que 
le comporten una mayor necesidad económica. A tal efecto, la consejería competente en 
materia  de  servicios  sociales,  si  procede,  podrá  solicitar  informe  sobre  la  persona 
beneficiaria a las administraciones públicas.
3.  A los efectos de lo que establecen los apartados anteriores, se entiende, a todos 
los efectos, que hay carencia de recursos económicos cuando los ingresos personales 
son inferiores a una vez la renta social garantizada para una persona adulta sola.
4.  No se tienen en cuenta como ingresos personales los que puede percibir la 
persona beneficiaria provenientes de ayudas de cualquier naturaleza si tienen la finalidad 
de atender los gastos derivados de la necesidad del concurso de otra persona para llevar 
a cabo los actos esenciales de la vida, como tampoco las prestaciones sociales de  s
carácter  económico,  subvenciones  o  becas  que  sean  compatibles  de  acuerdo  al  oe.
artículo 53. w.
Artículo 57.  Obligaciones de las personas beneficiarias.
Los perceptores de la prestación tienen las obligaciones siguientes:
a)  Cumplir satisfactoriamente el proyecto educativo individual (PEI).
b)  En su caso, comunicar a la consejería competente en materia de servicios 
sociales que se ha producido alguna de las causas de suspensión o extinción, indicadas 
en el artículo 65 de este Decreto ley y, si procede, reintegrar las cuantías percibidas 
indebidamente a estos efectos.
c)  Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concedió.
d)  Asistir a las entrevistas a las que sean citados.
e)  Atender a los requerimientos y colaborar en las actuaciones de comprobación.
f)  Comunicar cualquier cambio de domicilio o composición de la unidad familiar.
Sección 3.ª Régimen económico y tramitación
Artículo 58.  Cuantía de la prestación.
1.  La  cuantía  máxima  de  la  prestación  es  equivalente  a  una  renta  social 
garantizada para una persona adulta sola y la mínima es el 25% de la máxima.
2.  Se puede percibir la cuantía íntegra de la prestación mientras la suma de la 
cantidad que supone, más los ingresos procedentes de la actividad laboral remunerada o 
de las prestaciones económicas complementarias no iguale o supere el valor de 1,5 
veces la renta social garantizada. En este supuesto, la cuantía de la prestación se 
reducirá en la proporción necesaria para no superar este límite.
3.  Excepcionalmente, en los supuestos en que la situación familiar o de convivencia 
de la persona que ha sido sometida a medida de protección de tutela o guarda suponga 
una carga económica, la prestación se incrementará en la cantidad resultante en un 20% 
para la segunda persona integrante del núcleo familiar y en un 10% para las restantes, 
hasta  un  máximo  de  cuatro  personas.  En  el  cómputo  de  miembros,  las  personas 
afectadas por una discapacidad del 33% o superior computan un 10% más, de acuerdo 
con los límites cuantitativos previstos en los apartados anteriores.
4.  La prestación se tiene que percibir en pagos mensuales vencidos.
5.  La fecha de efectos del derecho a la renta es la de día 1 del mes siguiente a la 
solicitud.
Artículo 59.  Duración de la prestación.
1.  La duración de la prestación es de un máximo de 36 meses, en función de la 
edad de la persona interesada, del momento de presentar la solicitud y del hecho de que 
se mantengan las condiciones que motivaron la concesión. En cualquier caso finaliza el 
día en que el solicitante cumple los 25 años.
2.  El subsidio de paro que prevé la legislación de la Seguridad Social para las 
personas menores de edad privadas de libertad se computa dentro de los 36 meses.
Artículo 60.  Presentación de solicitudes.
1.  La prestación se puede solicitar en cualquier momento, a partir de los 18 años y 
hasta que se cumplan 25, o en el supuesto que establece el apartado siguiente.
2.  Puede presentar la solicitud la persona interesada o quien ejerza la tutela o la 
guarda, tres meses antes de cumplir dieciocho años. En este caso, tendrá efectos 
económicos desde el mes en que se cumpla la edad mínima.
3.  Las solicitudes de la prestación se presentarán en las sedes de la consejería 
competente en materia de servicios sociales, en los registros de los entes o los órganos  s
administrativos o por los medios telemáticos que establece la Ley 39/2015, de 1 de  o
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y de  w.
psaeocduneeg raed loae  cdctorisónpn oiecsla icm.ióond edleo  laqsu ep elars coonnasse ijnetreíare csoamdapse teenn tseu se no fmiciantaesri ad ed ein fsoermrvaiccioiósn  syo ceina lesus   2020-8013n https://ww
Artículo 61.  Gestión de las prestaciones.
La gestión de la prestación mensual corresponde a la consejería competente en 
materia de servicios sociales del Gobierno de las Illes Balears.
Artículo 62.  Resolución.
En todos los casos, la consejería competente en materia de servicios sociales dictará 
y notificará la resolución motivada en el plazo de tres meses desde la fecha de la 
solicitud, o desde la resolución del trámite de enmiendas, si se tercia. Transcurrido este 
plazo sin que se haya notificado, se entenderá desestimada la solicitud.
Artículo 63.  Abono.
La prestación se abonará directamente a la persona beneficiaria.
Artículo 64.  Suspensión o extinción.
1.  El procedimiento de suspensión o de extinción se puede iniciar a instancia de la 
persona interesada o de oficio por acuerdo del órgano competente.
2.  La suspensión de la prestación tiene una duración máxima de tres meses. 
Durante este periodo, se puede reiniciar la prestación cuando deje de existir la causa 
que ha motivado la suspensión.
3.  Si se agota el periodo de suspensión y no se ha solucionado la causa, la 
prestación se extingue automáticamente.
Artículo 65.  Causas de suspensión y extinción.
1.  Son causas de suspensión de la prestación:
a)  Dejar de residir en las Illes Balears.
b)  Llevar a cabo una actividad laboral remunerada con una retribución igual o 
superior a 1,5 veces la renta social garantizada por un adulto solo.
c)  Dejar  de  atender  injustificadamente  dos  requerimientos  de  la  administración 
competente.
d)  Incumplir el Proyecto Educativo Individual (PEI) o no seguir las pautas por un 
periodo  inferior  a  tres  meses,  previo  informe  de  la  persona  técnica  encargada  del 
seguimiento del PEI o quien la substituya.
e)  Llevar a cabo la tramitación de un expediente de extinción.
2.  Son causas de extinción de la renta:
a)  Producirse la muerte de la persona beneficiaria.
b)  Cumplir 25 años o haber disfrutado de la prestación durante 36 meses.
c)  Dejar de vivir de manera autónoma por retorno al núcleo familiar en el que se 
integraba antes de adoptarse la medida administrativa de tutela o guarda.
d)  Mantener  cualquiera  de  las  causas  que  motivan  la  suspensión  durante  un 
periodo de tres meses.
e)  Dejar de residir en las Illes Balears, una vez suspendida la prestación, durante 
un periodo mínimo de tres meses.
f)  Falsear la información aportada a la Administración en la acreditación de los  e
requisitos. bo
g)  Incumplir el PEI acordado o no seguir las pautas durante un periodo superior a  13ww
tqrueise nm leas seusb, sptirteuvyiao. informe de la persona técnica encargada del seguimiento del PEI o
motihv)o  dPero dhuecreirnscei al,a  dmoenjaocraió nd eu  lao tsroitus aicniógnre seocso nqóumei ciam dpeliq luae np elras odneas abpeanreicfiicóianr idae p olar 
situación de necesidad.
i)  Renunciar voluntariamente a una oferta de trabajo adecuada o la reducción 
horaria si no es por motivo de estudios.
Sección 4.ª Proyecto educativo individual
Artículo 66.  Proyecto educativo individual (PEI).
1.  El proyecto educativo individual es el documento que recoge los compromisos de 
itinerario hacia la autonomía personal que tiene que realizar el joven y los apoyos que 
tiene que recibir de los técnicos de la consejería competente en materia de servicios 
sociales.
2.  Este documento tiene que estar pactado y firmado por una persona técnica 
encargada del seguimiento del PEI y por el joven.
3.  El PEI siempre puede modificarse, de forma consensuada, a instancia del joven 
o de la persona técnica encargada del seguimiento.
Artículo 67.  Seguimiento de los Proyectos Educativos Individuales.
1.  La consejería competente en materia de servicios sociales asignará a cada 
persona beneficiaria una persona técnica de referencia para la gestión y el seguimiento 
del PEI.
2.  La persona técnica asignada comprobará periódicamente, el mantenimiento de 
los requisitos necesarios para poder disfrutar de la prestación.
3.  La persona técnica asignada puede recabar la información de otros servicios 
técnicos y administrativos para poder hacer el seguimiento del PEI.
Sección 5.ª Régimen sancionador
Artículo 68.  Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a)  No informar del cambio de lugar de residencia dentro de las Illes Balears.
b)  No informar de las ausencias de las Illes Balears. Computan como ausencias las 
salidas del territorio que superen un mes, en un periodo de 12 meses, y estas tendrán 
que ser comunicadas previamente.
c)  No asistir a tres de las entrevistas a las que sean citadas por parte de los 
servicios técnicos a efectos de seguimiento de la prestación.
d)  No  atender  a  los  requerimientos  y  no  colaborar  con  las  actuaciones  de 
comprobación que lleve a cabo la administración.
e)  Tener resolución de extinción por incumplimiento de PEI.
Artículo 69.  Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a)  Dos o más faltas leves en un plazo de un año, contado desde la fecha de la 
resolución administrativa firme sancionadora de la primera falta leve.
b)  No comunicar, en el plazo máximo de 30 días, al órgano instructor, los cambios 
sustanciales de situación personal o patrimonial: e
i.  Modificación del número de los miembros de la unidad de convivencia. w.
iiiivii...    CNOoobn trteernasetiodr  iliran dbgeore rfasoolr mssu sapu eeprfeeiorcriot iavre a3s 0y a  dcl oí1an5st0 ind%ue a djodera nl aea ndre alan cstao I mldlepesl ee Btmaa.alenacrisp adcuiórann.te tres meses,  2020-8013n https://ww
sin perjuicio de las ausencias permitidas debidamente comunicadas.
c)  Las  actuaciones  dirigidas  a  obtener  o  conservar  la  renta  de  emancipación, 
sabiendo que no se cumplen los requisitos para tenerla.
d)  La utilización de la prestación para finalidades diferentes de las establecidas en 
este Decreto ley.
Artículo 70.
Infracciones muy graves
Son infracciones muy graves:
a)  La reincidencia en una falta grave.
b)  Tres resoluciones administrativas firmes de extinción.
Artículo 71.  Sanciones.
1.  Las infracciones leves se sancionan con la extinción de la prestación y con la 
prohibición de acceso a ésta durante un periodo de 2 meses.
2.  Las  infracciones  graves  se  sancionan  con  la  extinción  de  la  prestación 
económica y la prohibición de acceso a ésta durante un periodo de 4 meses.
3.  Las infracciones muy graves se sancionan con la extinción de la prestación 
económica y la prohibición de acceso a ésta en un periodo de 12 meses.
TÍTULO III
Prestaciones económicas de derecho de concurrencia
Artículo 72.  Concurrencia pública.
La  convocatoria  de  prestaciones  sociales  de  carácter  económico  dotadas  con 
créditos  presupuestarios  limitados  a  las  cantidades  consignadas  en  el  presupuesto 
correspondiente se llevará a cabo teniendo en cuenta criterios de prelación del estado de 
necesidad, por lo que se abrirá un procedimiento de concurrencia pública.
Artículo 73.  Convocatoria de las prestaciones.
1.  Los  procedimientos  de  concurrencia  pública  para  el  otorgamiento  de  las 
prestaciones económicas de derecho de concurrencia se iniciarán, con el acuerdo previo 
del órgano de gobierno de la administración que tenga la iniciativa, sea autonómica, 
insular o local, mediante una convocatoria pública aprobada por orden de la persona 
titular del departamento competente. Esta resolución incluirá, como mínimo:
a)  La cuantía de la prestación y las condiciones para acceder.
b)  El estado de necesidad requerido y la manera de acreditarlo.
c)  Los criterios de valoración y prelación de la situación de necesidad.
d)  La fecha de los efectos y la duración de la prestación.
e)  Las personas beneficiarias.
f)  Las personas o los entes que pueden presentar las solicitudes y el lugar y la 
forma de presentación.
g)  Los plazos de presentación de solicitudes y de resolución y notificación de los 
procedimientos. El órgano competente para resolver y los recursos procedentes. s
h)  Las causas específicas de suspensión y de extinción de la prestación, en su  e.
caso. w.
i)  La cancelación de los datos de carácter personal facilitados, en el momento en  13ww
pqruoec elad er,e esno lluac vióían  juddei cilaal .convocatoria adquiera firmeza en la vía administrativa y, si
jk))   LLoas  icnrcéodmitopsa tmibáilixdiamdo cso hna obtilriatasd porse sptaarcai oanteens,d eenr  lsaus  cparessot.aciones. BOE-A-cable e
2.  Las solicitudes que cumplan las condiciones exigidas por la convocatoria, una 
vez valoradas, se ordenarán según la situación de necesidad. Las prestaciones se 
otorgan  de  acuerdo  con  este  orden  de  prelación  hasta  que  se  agote  el  crédito 
presupuestario disponible.
Artículo 74.  Duración de las prestaciones.
1.  Las prestaciones otorgadas con carácter de derecho de concurrencia tienen la 
duración prevista en la convocatoria o en la resolución de concesión.
2.  Las  prestaciones  otorgadas  en  convocatorias  plurianuales  se  prorrogan 
automáticamente para cada ejercicio si se mantienen los requisitos que han motivado la 
concesión, no se produce una causa de extinción o suspensión de la prestación y no 
supera el número de ejercicios presupuestarios de la convocatoria.
Artículo 75.  Créditos presupuestarios y prórrogas.
1.  La convocatoria para iniciar los procedimientos de prestaciones de derecho de 
concurrencia preverá el crédito total que se le destine.
2.  Sin perjuicio del crédito anterior, el departamento competente tiene que hacer las 
previsiones  presupuestarias  necesarias  para  atender  los  gastos  derivados  de  las 
prórrogas  de  las  prestaciones  de  derecho  de  concurrencia  otorgadas  en  ejercicios 
anteriores. Estos créditos se consignarán separadamente en el presupuesto anual del 
departamento  competente  y  no  se  pueden  incluir  en  los  créditos  destinados  a  las 
convocatorias anuales.
Artículo 76.  Publicidad.
Las administraciones públicas, sin perjuicio de la publicidad preceptiva, tienen que 
dar la máxima difusión a las convocatorias para conceder prestaciones sociales de 
carácter económico. Así mismo, el departamento competente tiene que dar publicidad a 
los créditos consignados en su presupuesto destinados a financiar las prestaciones de 
derecho de concurrencia otorgadas en ejercicios anteriores.
TÍTULO IV
Prestaciones económicas de urgencia social
Artículo 77.  Prestaciones de urgencia social.
Las  prestaciones  económicas  de  urgencia  social  tienen  la  finalidad  de  atender 
situaciones  de  necesidad  puntuales,  urgentes  y  básicas,  de  subsistencia,  como  la 
alimentación, el vestido y el alojamiento, y apoyo familiar y apoyo a la inserción social.
Artículo 78.  Objeto.
Las  prestaciones  económicas  tienen  por  objeto  atender  necesidades  sociales 
derivadas  de  situaciones  de  urgencia  social  reguladas  en  el  artículo  22.2  de  la 
Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears.
Artículo 79.  Concepto, naturaleza y tipo de ayudas de urgencia social. s
1.  Las ayudas de urgencia social son prestaciones sociales de carácter económico  w.
del Sistema Público de Servicios Sociales acotados por concepto y temporalmente.  13ww
qTuieen eanfe pcoter nf inaa lpidearsdo rneasso love ur nsiidtuaadceiso ndees  cqounev riveeqnucieiare qnu uer gpeonrc siait ueanc ieoln aepso ysoo berceovneónmidaicso, 
gastos  imprevistos,  déficit  temporal  de  ingresos  económicos,  emergencias,  apoyo
familiar o procesos de inserción social, den lugar a una situación de necesidad de 
acceso a recursos de primera necesidad.
2.  Estas ayudas pueden estar causadas por alguna de las siguientes situaciones:
a)  Ayudas básicas: La situación de necesidad provocada por gastos imprevistos y/o 
déficit temporal de ingresos de la unidad familiar que provoca un estado de carencia en 
el acceso a las necesidades sociales básicas y que requiere de ayuda urgente.
b)  Ayudas  de  emergencia:  La  situación  de  necesidad  provocada  por  una 
emergencia, generando una situación de carencia en el acceso a necesidades sociales 
básicas.
c)  Ayudas de apoyo: Tienen por objeto el apoyo familiar y reforzar procesos de 
inserción social.
Artículo 80.  Objeto de la prestación.
La finalidad de las ayudas de urgencia social es la cobertura de las necesidades 
sociales básicas que permiten la subsistencia o bien facilitan un escenario de autonomía 
económica  de  las  unidades  de  convivencia  y,  prioritariamente,  las  definidas  en  los 
siguientes supuestos:
a)  Imposibilidad transitoria de continuar con el uso y disfrute de la vivienda habitual.
b)  Carencia  de  medios  económicos  para  conservar  las  condiciones  de 
habitabilidad, incluyendo entre otras, los gastos de adquisición de equipamiento básico 
de la vivienda habitual.
c)  Alimentación.
d)  Curas personales esenciales, vestido e higiene.
e)  Alojamiento temporal.
f)  Transporte en casos que garanticen procesos de inserción laboral o formativa.
g)  Gastos de medicación y otras curas sanitarias, que vengan diagnosticadas por 
personal facultativo sanitario del sistema público de salud, cuando no se hayan podido 
cubrir por otro sistema de protección social.
h)  Situaciones de emergencia que pongan en peligro la convivencia en la unidad 
familiar, riesgo de exclusión social de la unidad de convivencia o de alguno de sus 
miembros que no estén contempladas en este artículo ni por otras prestaciones del 
Sistema Público de Servicios Sociales.
i)  Otros conceptos debidamente justificados por el trabajador social que tramita la 
ayuda económica.
j)  Programas de apoyo a la inserción social.
k)  Programas de apoyo familiar.
Artículo 81.  Órgano instructor de las ayudas de urgencia social.
1.  Las ayudas económicas básicas serán tramitadas por los servicios sociales 
comunitarios a cargo de los presupuestos municipales de servicios sociales.
2.  Las ayudas económicas de emergencia, las de apoyo familiar y las de apoyo a la 
inserción social pueden ser tramitadas por los servicios sociales de la Red Pública de 
Servicios Sociales e irán a cargo de la administración que tenga la iniciativa.
3.  Los entes locales, según las competencias que tienen en materia de servicios 
sociales comunitarios, incluirán en los presupuestos de gastos una partida anual para 
poder atender adecuadamente las ayudas económicas básicas de sus vecinos. e.
Artículo 82.  Personas beneficiarias y requisitos. 13ww
pers1o.n aPs uqeudee cno nssetrit upyearns ounnaas u nbiednaedf idceia rcioans vidvee nclaias  inadyeupdeansd ieencoten,ó qmuiec asse abná astiecansd idlaass   OE-A-2020-80able en https://
por  los  servicios  sociales  comunitarios  básicos  de  cualquier  municipio  de  las  Illes 
Balears, con residencia efectiva y que cumplan los siguientes requisitos:
a)  Tener expediente abierto en los servicios sociales comunitarios donde tengan 
que realizar la demanda de ayuda.
b)  Colaborar  con  los  técnicos  de  los  servicios  sociales  comunitarios  básicos, 
aportando toda la información necesaria, facilitando el acceso al domicilio y buscando 
soluciones conjuntas a la situación de necesidad.
c)  Estar en situación de necesidad social provocada por una situación de déficit de 
ingresos  económicos.  Esta  situación  será  valorada  por  un  trabajador  social  de  los 
servicios sociales comunitarios básicos.
2.  Pueden ser personas beneficiarias de las ayudas de emergencia, las personas 
afectadas por la situación provocada por la emergencia que sean residentes en las Illes 
Balears, sin tener que acreditar la situación de necesidad económica.
3.  Pueden ser personas beneficiarias de las ayudas de apoyo, las personas que 
requieren  de  apoyo  familiar  o  de  apoyo  en  los  procesos  de  inserción  social,  que 
presentan  un  grado  de  vulnerabilidad,  debidamente  informadas  por  un  técnico  de 
servicios sociales y acotadas al programa de apoyo.
Artículo 83.  Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias de las prestaciones estarán sujetas a las siguientes obligaciones: 
a)  Destinar el importe de la ayuda a la finalidad por la que se otorgó.
b)  Reintegrar el importe de las cuantías indebidamente percibidas. 
c)  Facilitar la tarea a las personas designadas para verificar su situación económica 
y familiar, proporcionándoles toda la información precisa.
Artículo 84.  Procedimiento de las ayudas de urgencia social.
1.  El acceso a las ayudas económicas básicas se realizará mediante el siguiente 
procedimiento:
a)  Demanda de ayuda económica a los servicios sociales comunitarios básicos.
b)  Investigación  y  contraste  de  la  situación  de  necesidad,  cumplimiento  de 
requisitos y tramitación de prestaciones a las que se pueda tener derecho (ingreso 
mínimo vital, renta social garantizada, pensión no contributiva, etc.). El trabajador social 
acredita la situación de necesidad de ayuda urgente.
c)  Contrato asistencial de prestación económica, en su caso.
d)  Tramitación de la prestación económica, en su caso.
e)  Comprobación de que la prestación se ha destinado a la finalidad que la motiva.
2.  El acceso a las ayudas económicas de emergencia se realizará mediante el 
siguiente procedimiento:
a)  Comprobación  de  la  afectación  y  situación  de  carencia  provocada  por  la 
emergencia.
b)  Tramitación de la prestación económica, si procede, a propuesta del trabajador 
social de la Red Publica de Servicios Sociales.
c)  Comprobación del buen uso de la prestación económica. e.e
3.  El  acceso  a  las  ayudas  de  apoyo  se  realizará  mediante  el  siguiente  13ww
procae)d imPireonptuoe:sta del técnico que elabora el informe de necesidad.
bc))   CPoamgop rdoeb laac piórne sdtea cqióune. la prestación se ha destinado a la finalidad que la motiva. BOE-A-cable e
Artículo 85.  Pago de las ayudas de urgencia social.
1.  El  pago  de  la  ayuda  destinada  a  unidades  de  convivencia  en  situación  de 
urgencia,  se  efectuará  mediante  una  transferencia  bancaria  a  la  cuenta  corriente 
facilitada por la persona titular o mediante mecanismos alternativos (tarjeta bancaria u 
otras) con el compromiso de destinar su importe al pago de los conceptos que motivaron 
la solicitud.
2.  El pago efectivo de las ayudas económicas básicas y las de emergencia tendrá 
carácter prioritario en la ejecución de gastos de la administración gestora y no se puede 
dilatar en el tiempo.
3.  La ayuda puede tener carácter periódico, pero no puede superar los 12 meses.
Artículo 86.  Régimen de compatibilidad.
Esta prestación es complementaria y compatible con todas las prestaciones sociales 
de  carácter  económico  que  define  este  Decreto  ley,  así  como  con  el  resto  de 
prestaciones o pensiones públicas, excepto que la legislación reguladora de las mismas 
establezca su incompatibilidad.
Artículo 87.  Desarrollo reglamentario.
1.  Las corporaciones locales pueden regular mediante una ordenanza municipal las 
cuantías y los conceptos de las ayudas económicas básicas.
2.  Las  administraciones  públicas  pueden  regular  el  procedimiento,  cuantías  y 
conceptos  de  las  prestaciones  de  apoyo  familiar  y  apoyo  a  la  inserción  mediante 
desarrollo reglamentario.
3.  Mediante un acuerdo del órgano de gobierno de la administración competente 
según el supuesto, se regulará la cuantía, los criterios y los conceptos de las ayudas de 
emergencia.
Disposición adicional primera.  Información a las personas beneficiarias.
Los consejos insulares y la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears informarán a los perceptores actuales de la renta mínima de inserción o de la 
renta social garantizada que su prestación está afectada por la subsidiariedad respecto 
del ingreso mínimo vital.
Disposición  adicional  segunda.  Fichero  de  prestaciones  sociales  de  carácter 
económico.
Se crea el fichero único de datos personales de todas las prestaciones sociales de 
carácter económico en las Illes Balears con la estructura de información detallada en el 
anexo.
Disposición adicional tercera.  Ampliación de referencias al ingreso mínimo vital.
Todas las referencias a la prioridad de apoyo, acceso, beca, descuentos así como 
cualquier  ayuda  prevista  para  los  perceptores  de  la  renta  social  garantizada  de  la 
Ley  9/2019,  de  19  de  febrero,  de  la  atención  y  los  derechos  de  la  infancia  y  la 
adolescencia de las llles Balears, se amplían a los perceptores del ingreso mínimo vital. s
Disposición  adicional  cuarta.  Comisión  interdepartamental  de  estudio  de  los  w.
complementos de rentas diferente a la de pensiones no contributivas. 13ww
Se crea una Comisión interdepartamental para estudiar en los próximos meses la
epvlaouluscibióilind adde ly  neivl ecl odsete  ceocboenrtóumraic od edl ei nigmrepslaon tamrí nliam oc ovmitpalle mene ntlaasri edIllaeds  dBeal leianrgsr,e sloa 
mínimo vital entre la población de las Illes Balears teniendo presente la lucha contra la 
pobreza.
La Comisión se regula mediante Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y 
Deportes y forman parte el vicepresidente del Govern de les Illes Balears, el consejero 
de  Modelo  Económico,  Turismo  y  Trabajo,  la  consejera  de  Hacienda  y  Relaciones 
Exteriores y la consejera de Asuntos Sociales y Deportes.
Disposición adicional quinta.  Comisión de evaluación de prestaciones de la renta social 
garantizada.
1.  Se  crea  la  Comisión  de  Evaluación  de  prestaciones  sociales  de  carácter 
económico configuradas como derecho subjetivo de este Decreto ley, adscrita a la 
consejería competente en materia de servicios sociales, con las funciones siguientes:
a)  Antes de la adopción de las resoluciones o de las modificaciones normativas 
correspondientes  por  los  órganos  competentes,  analizar  las  implicaciones 
presupuestarias de los informes y propuestas que emita la Comisión Técnica prevista en 
el artículo 37 que puedan afectar a las prestaciones sociales autonómicas de carácter 
económico configuradas como derecho subjetivo en este decreto ley.
b)  Contribuir a la planificación estratégica de las políticas públicas de garantía de 
renta,  basadas  en  análisis  técnicos  y  evaluaciones  cuantitativas  y  cualitativas 
independientes de resultado e impacto.
2.  Esta Comisión se constituye por Resolución de la consejera de Asuntos Sociales 
y Deportes y debe estar formada, como mínimo, por:
a)  La  persona  titular  de  la  dirección  general  de  Planificación  de  la  consejería 
competente en materia de servicios sociales.
b)  La persona titular de la dirección general de Servicios Sociales de la consejería 
competente en materia de servicios sociales.
c)  La  persona  titular  de  la  secretaría  general  de  la  consejería  competente  en 
materia de servicios sociales.
d)  La persona titular de la dirección general de Presupuestos de la consejería 
competente en materia de hacienda.
e)  La  persona  titular  de  la  dirección  general  de  Economía  de  la  consejería 
competente en materia de economía y empleo.
f)  Otras personas a propuesta de la consejería competente en materia de servicios 
sociales.
3.  Con periodicidad anual, la Comisión de Evaluación encargará a la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), o cualquier otro órgano de evaluación 
experto  independiente,  la  emisión  de  informes  de  evaluación  de  las  prestaciones 
sociales autonómicas de carácter económico configuradas como derecho subjetivo en 
este Decreto-ley.
4.  El primer informe, referido al ejercicio 2020, se centrará en la evaluación de los 
procesos  de  implementación  de  esta  norma,  la  proposición  de  metodologías  de 
evaluación, seguimiento y monitorización y de los efectos de la entrada en vigor del Real 
Decreto  Ley  20/2020,  de  29  de  mayo,  que  establece  el  ingreso  mínimo  vital.  Los 
informes  posteriores  evaluarán  los  resultados  obtenidos  respecto  de  los  objetivos 
planteados y el impacto social y económico de las prestaciones sociales implementadas. e.e
5.  Los informes de la Comisión deben emitirse dentro del plazo de los dieciséis  b
meses posteriores al ejercicio objeto de evaluación y deben ponerse en conocimiento del  13ww
Consejo de Gobierno en un plazo no superior a los tres meses posteriores a su emisión.
Disposición transitoria primera.  Mantenimiento de la renta mínima de inserción.
Las prestaciones económicas de la renta mínima de inserción se podrán mantener 
hasta el 31 de diciembre de 2020 siempre que las personas beneficiarias cumplan las 
condiciones y no tengan derecho a percibir el ingreso mínimo vital o la renta social 
garantizada.
Disposición transitoria segunda.  Mantenimiento de la renta social garantida, regulada 
en la Ley 5/2016, de 13 de abril.
1.  Los  perceptores  actuales  de  la  renta  social  garantizada,  regulada  en  la 
Ley 5/2016, de 13 de abril, que en fecha 30 de agosto de 2020 no hayan solicitado el 
ingreso mínimo vital al Instituto Nacional de la Seguridad Social decaerán en su derecho 
a percibir la prestación de la renta social garantizada a partir del 1 de septiembre 
de 2020.
2.  El pago de la nómina de la renta social garantizada se mantendrá hasta que los 
perceptores actuales tengan la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
relativa a la solicitud del ingreso mínimo vital. Esta resolución se comunicará a la 
Consejería de Asuntos Sociales y Deportes en los términos del artículo 7.c) de la 
Ley 5/2016.
Disposición transitoria tercera.  Transición a las nuevas prestaciones.
1.  Los  perceptores  actuales  de  la  renta  social  garantizada,  regulada  en  la 
Ley 5/2016, de 13 de abril, que tengan una resolución desestimatoria del ingreso mínimo 
vital, con la comprobación previa del cumplimiento de los requisitos establecidos y 
mediante una nueva resolución en los términos de este Decreto Ley, percibirán la nueva 
renta social garantizada de este Decreto ley.
2.  Los perceptores actuales del complemento de la pensión no contributiva prevista 
en la Ley 5/2016, de 13 de abril, se mantendrán como perceptores de la modalidad de 
complemento de pensión no contributiva recogida en este Decreto ley.
3.  Los perceptores actuales de la renta para personas en proceso de autonomía 
personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, 
regulada en el Decreto 52/2016, de 5 de agosto, continuarán percibiendo la prestación 
hasta que se dicte nueva resolución en los términos de este Decreto ley, sin necesidad 
que tengan que presentar una nueva solicitud.
Disposición derogatoria única.  Normas que se derogan.
Se derogan todas las normas de rango igual o inferior a este Decreto ley que lo 
contradigan o se opongan y, en particular, las siguientes:
a)  La Ley 5/2016, de 13 de abril, de la renta social garantizada.
b)  El artículo 6 y el artículo 7.1 del Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que 
se  establecen  medidas  urgentes  en  materia  de  contratación,  convenios,  conciertos 
educativos  y  subvenciones,  servicios  sociales,  medio  ambiente,  procedimientos 
administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID -19.
c)  El artículo 3 del Decreto-ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen 
medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la situación creada por el COVID-19  e
y de fomento de la investigación sanitaria. bo
d)  El Decreto 117/2001, de 28 de septiembre, por el cual se regula la renta mínima  13ww
admueet noineons)ro eemrscE.íialó  nDp.eercsroentoa l5 q2u/2e0 h1a6n,  dseid o5  sdoem aegtiodsatso ,a d me eldai dreans taa dpmairnais ptreartsivoansa sd ee pnr optreoccceisóon  ddee   OE-A-2020-80able en https://
Disposición final primera.  Inclusión de las prestaciones sociales de carácter económico 
en la Cartera Básica de Servicios Sociales de las Illes Balears 2017-2020.
Se incorporan las prestaciones sociales de carácter económico a la Cartera Básica 
de Servicios Sociales de las Illes Balears 2017-2020, regulada por el Decreto 66/2016, 
de 18 de noviembre, por el que se aprueba la cartera básica de servicios sociales de las 
Illes  Balears  2017-2020  y  se  establecen  los  principios  generales  para  las  carteras 
insulares y locales.
Lo que dispone el párrafo anterior se tiene que entender sin perjuicio de lo que 
establezcan las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears en relación con el complemento de las pensiones no contributivas.
Disposición final segunda.  Modificación del Decreto 40/2017, de 25 de agosto, sobre 
los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso 
de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes 
que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil.
El  artículo  22.2  del  Decreto  40/2017,  de  25  de  agosto,  sobre  los  criterios  de 
autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y 
de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a 
medidas de justicia juvenil, queda modificado de la siguiente manera:
«2.  Los periodos de derecho a la percepción de la prestación del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) computan en este límite temporal.»
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entra en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial de las Illes Balears».
Palma, 12 de junio de 2020.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.–La 
Consejera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago i Rodríguez.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 109, de 16 de junio de 2020. Convalidado por 
Resolución del Parlamento de las Illes Balears, publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» 
número 119, de 7 de julio de 2020)
ANEXO
Estructura de información del fichero único de datos personales de todas las 
prestaciones sociales de carácter económico
Nombre del campo Tipos Long.   Comentarios
1.  DATOS DEL ENVÍO.        
Todos los datos del registro de cabecera son 
1.1  REGISTRO DE CABECERA.      Obligatorio
obligatorios.
ENTIDAD GESTORA. A 3   Entidad gestora de la prestación.
NIF DEL ORGANISMO QUE ENVÍA LOS DATOS. G 0    
Literal del organismo que envía y/o gestiona la 
NOMBRE DEL ORGANISMO. A 40  
prestación.
FECHA IDENTIFICATIVA ENVÍO. N 8   Formato YYYYMMDD.
1.2  DATOS DE PRESTACIONES.        
MUNICIPIO. N 5 Obligatorio Municipio actual.
ENTIDAD GESTORA. A 3 Obligatorio Entidad gestora.
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO. G 0 Obligatorio (Información detalle validaciones).
TIPOS DE DOCUMENTO. A 1    
NÚMERO DEL DOCUMENTO. A 10   Número y letra de control.
APELLIDOS Y NOMBRE. G 0 Obligatorio  
PRIMER APELLIDO. A 20   Primer apellido del titular.
SEGUNDO APELLIDO. A 20   Segundo apellido del titular.
NOMBRE. A 15   Nombre del titular.
FECHA DE NACIMIENTO. G 0 Obligatorio  
AÑO. N 4   Año de nacimiento.
MES. N 2   Mes de nacimiento.
DÍA. N 2   Día de nacimiento.
Indicador de género; 1 Hombre, 2 Mujer, 3 No 
SEXO/GÉNERO. N 1 Obligatorio
binario.
Indicador de estado civil (información detalle 
ESTADO CIVIL. N 1 Obligatorio
validaciones).
NÚMERO DE BENEFICIARIOS. N 2 Obligatorio N.º beneficiarios.
PARENTESCO. A 20 Obligatorio Grado de parentesco.
UNIDAD DE CONVIVENCIA. A 25 Obligatorio Especificación de la unidad de convivencia.
Indicador del concepto por el que se pide la 
prestación:.
1. Manutención. s
CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN. N 1 Obligatorio 2. Vivienda. oe.
3. Suministro. w.
4. Atención a menores en riesgo. 13ww
IMPORTES. G 0   E5.N A CteÉnNciTóInM sOaSni tDaEria E /U faRrOm.acia.
PRESTACIÓN. N 6 Obligatorio Importe de la prestación.
Nombre del campo Tipos Long.   Comentarios
FECHA DE EFECTO DE LA PRESTACIÓN. G 0 Obligatorio Fecha de efectos y inicial (YYYYMMDD).
AÑO. N 4   Año de efectos.
MES. N 2   Mes de efectos.
DÍA. N 2   Día de efectos.
Fecha prevista del final de la prestación 
FECHA DE VENCIMIENTO. G 0 Opcional
(YYYYMMDD).
AÑO. N 4   Año de vencimiento.
MES. N 2   Mes de vencimiento.
DÍA. N 2   Día de vencimiento.