BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 286 Martes 30 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 148042
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
19776 Orden TED/1323/2021, de 24 de noviembre, por la que se aprueban las 
directrices de ejecución del Instituto para la Transición Justa, O.A., para la 
determinación y desarrollo de los instrumentos necesarios de ejecución de 
los  créditos  presupuestarios  asignados  al  plan  de  apoyo  para  la 
recualificación profesional e inserción laboral de trabajadores y población 
afectados por la transición energética de la Componente 10 «Estrategia para 
la Transición Justa» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La política de transición justa en España se enmarca dentro del Pacto Verde de la 
Unión Europea. La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones de 11 de 
diciembre de 2019, sobre el Pacto Verde Europeo, impulsa una nueva estrategia de 
crecimiento que transforme la Unión en una economía moderna, eficiente en el uso de 
los recursos y competitiva, donde hayan dejado de producirse emisiones netas de gases 
de efecto invernadero en 2050, el crecimiento económico esté disociado del uso de 
recursos y no haya personas ni lugares que se queden atrás.
En línea con el Pacto Verde Europeo, el Gobierno de España presentó el Marco 
Estratégico de Energía y Clima, que busca facilitar la modernización de la economía 
hacia  un  modelo  sostenible  y  competitivo  que  contribuya  a  poner  freno  al  cambio 
climático. Este Marco Estratégico está integrado por tres pilares: la Ley de Cambio 
Climático  y  Transición  Energética,  que  busca  que  España  cuente  con  un  marco 
normativo sólido y estable para la descarbonización de su economía; el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que recoge una serie de medidas que buscan 
conseguir la neutralidad de emisiones en 2050; y la Estrategia de Transición Justa, una 
estrategia  de  acompañamiento  que  asegure  que  las  personas  y  los  territorios 
aprovechen al máximo las oportunidades de esta transición y que nadie se quede atrás.
En  España  se  ha  procedido  al  cierre  de  explotaciones  mineras  de  carbón,  de 
centrales  térmicas  de  carbón  y  centrales  nucleares.  Consecuencia  de  ello,  se  han 
producido importantes daños económicos en puntos específicos del territorio español, los 
cuales se han visto agravados al coincidir con la pandemia provocada por la COVID-19, 
que ha supuesto una crisis económica, social y sanitaria de dimensiones nunca vistas. 
La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea y, para dar 
respuesta a medio plazo, se ha puesto en marcha un ambicioso Fondo de Recuperación 
para  contribuir  al  proceso  de  reconstrucción  de  las  economías  en  el  mundo  post-
COVID-19, a partir de 2021. El Fondo de Recuperación Next Generation EU permitirá a 
España movilizar un volumen de inversión importante y en este contexto se aprobó por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) de España, aprobado a su vez por el Consejo 
Europeo el 13 de julio de 2021.
En este contexto, deben llevarse a cabo medidas en el marco establecido por el 
Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de  e.e
febrero, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que  b
financiará el PRTR de España, con el objetivo de hacer frente a los efectos de la crisis  776ww
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impulsar transformaciones que permitan avanzar hacia un nuevo modelo económico y
social para Europa y poder hacer frente, desde nuestras perspectivas, a los nuevos 
desafíos del futuro. El PRTR de España tiene entre sus objetivos que nuestro país 
apueste por la descarbonización, invirtiendo en infraestructuras verdes, en la mejora y 
recuperación del medio ambiente y el fomento de las energías renovables, siendo la 
transición ecológica uno de los cuatro ejes transversales del Plan en nuestro país.
El PRTR movilizará un importante volumen de recursos que supondrán un efecto 
multiplicador  en  la  economía.  Está  basado  en  la  colaboración  y  coordinación  para 
garantizar la plena efectividad en la ejecución de los distintos proyectos tractores que se 
desarrollarán al amparo del instrumento europeo Next Generation EU en los diversos 
sectores sobre los que opera. Se trata de promover proyectos transformadores de 
carácter estratégico, con vocación de arrastre para la economía y que se puedan escalar 
o replicar a distintos niveles. En particular, en la consulta previa realizada en el mes de 
febrero  de  2021  sobre  este  plan,  las  empresas  y  asociaciones  del  sector  de  las 
renovables ponían de manifiesto la urgencia y necesidad de la puesta en marcha de un 
programa de formación específico. Manifestaban la necesidad de contar con mano de 
obra formada a corto plazo, en particular para la puesta en marcha de las instalaciones 
de generación fotovoltaica o eólica. Además, en zonas con una cierta concentración de 
plantas de generación, se tendrá una masa crítica de trabajadores que serán necesarios 
durante toda la vida útil del proyecto (25-30 años) así como para la expansión del sector 
del  autoconsumo,  uno  de  los  grandes  generadores  de  empleo  de  la  transición 
energética, para el que se requerirá la introducción de mecanismos de evaluación de la 
calidad de las instalaciones y de los profesionales encargados de su instalación y 
mantenimiento. Estas mismas asociaciones consideraban la necesidad y oportunidad de 
hacer un esfuerzo en la recualificación (up-skilling) ya que solo con la oferta formal 
(Formación Profesional) no es posible a corto y medio plazo cubrir la demanda y evitar 
cuellos de botella.
El PRTR incluye, en la inversión correspondiente al Componente 10 «Estrategia de 
Transición Justa», un «Plan de apoyo para la recualificación profesional e inserción 
laboral de trabajadores y población afectados por la transición energética», dirigido a 
impulsar  la  transición  profesional  de  las  personas  afectadas  por  los  cierres  de 
explotaciones mineras y centrales térmicas de carbón y nucleares y demás población 
desempleada de los municipios afectados por la transición energética y que participan en 
los Convenios de Transición Justa, previstos en el artículo 28 de la Ley 7/2021, de 20 de 
mayo, de cambio climático y transición energética e incluidos como ámbito de actuación 
del Componente 10. El desarrollo efectivo de este «Plan de apoyo para la recualificación 
profesional e inserción laboral de trabajadores y población afectados por la transición 
energética» fomentará las transformaciones que permitan a los habitantes de estas 
zonas avanzar hacia nuevas áreas de actividad, especialmente en el campo de las 
energías renovables y el medio ambiente, como nicho de oportunidad ya que se prevé 
que una parte significativa del empleo que existirá en la UE en el periodo 2030 – 2050 
será fruto de las políticas de transformación ecológica y descarbonización promovidas en 
décadas previas.
En este marco, la presente orden aprueba las directrices que permiten una óptima 
ejecución del «Plan de apoyo para la recualificación profesional e inserción laboral de 
trabajadores y población afectados por la transición energética» de la Componente 10 
del PRTR.
El  Real  Decreto  2/2020,  de  12  de  enero,  por  el  que  se  reestructuran  los 
Departamentos ministeriales, establece en su artículo 14 que corresponderá al Ministerio  s
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la propuesta y ejecución de la política  oe.
del Gobierno en materia climática, de energía y medio ambiente para la transición a un  w.
modelo productivo y social más ecológico, así como la elaboración y el desarrollo de la  776ww
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establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, adscribe a 
dicho departamento, a través de la Secretaría de Estado de Energía, al Instituto para la 
Transición Justa, O.A.
Entre  sus  funciones,  el  artículo  3.3  de  sus  Estatutos,  aprobados  por 
Real Decreto 179/2021, de 23 de marzo, establece que el Instituto para la Transición 
Justa,  O.A.  «impulsará,  trabajando  de  forma  coordinada  con  otros  organismos 
competentes, el diseño de políticas de empleo y formación profesional con el fin de 
asegurar que el tránsito hacia un nuevo escenario productivo sea justo y socialmente 
beneficioso para todos». Asimismo, el artículo 4.a), atribuye a este Organismo la tarea 
de «identificar, promover y apoyar técnica y financieramente las medidas necesarias 
para acompañar la transformación de sectores y territorios, anticipando los posibles 
efectos negativos sociales y laborales de transformaciones relacionadas con la transición 
ecológica y la descarbonización de la economía».
En este marco, la adecuada definición de los instrumentos para la distribución y 
gestión  de  los  créditos  presupuestarios  asignados  al  «Plan  de  apoyo  para  la 
recualificación profesional e inserción laboral de trabajadores y población afectados por 
la transición energética» resultan imprescindibles para garantizar el pleno cumplimiento 
de  los  hitos  y  objetivos  definidos  desde  la  Comisión  Europea;  permitiendo, 
consecuentemente, la obtención de los fondos europeos por parte de España y su 
disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional.
Adicionalmente, la urgencia de la situación económica provocada por la COVID 19 y 
el  objetivo  de  las  ayudas  europeas  dirigidas  al  cambio  a  corto  plazo  del  modelo 
económico conlleva una inyección de fondos europeos que exigen de una gestión ágil. 
En concreto, esta orden está enfocada al CID (Council Implementing Decision) 139 del 
PRTR; un hito que debe cumplirse antes de diciembre de 2021 (la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de una norma que establezca el marco del programa de 
ayuda a la formación en «transición justa») y al cumplimiento del CID 141; un objetivo 
derivado de la aplicación del contenido de esta orden, que debe acreditarse antes de 
septiembre de 2023, que indica que al menos 4.000 personas deben ser beneficiarias de 
asistencia  personal  en  la  búsqueda  de  empleo  y  de  vías  individuales  de  reciclaje 
profesional para desempleados de zonas de transición justa. Tanto el hito como el 
objetivo quedan definidos en el «Anexo de la Propuesta de Decisión de Ejecución del 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia 
de España».
La presente orden ministerial se ha elaborado conforme a los principios de buena 
regulación que establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De este modo, 
cumple con los principios de necesidad y eficacia, dado que contribuye a articular 
servicios de apoyo a la reinserción laboral y de recualificación profesional que potencien 
el desarrollo alternativo sostenible en áreas para las áreas geográficas afectadas por el 
cierre de las explotaciones mineras de carbón y centrales térmicas de carbón, mitigando 
los efectos desfavorables para los municipios afectados y proporcionando alternativas de 
futuro. También contribuye a buscar soluciones a distintos problemas medioambientales 
y permite la creación de empleo local a corto plazo en un momento especialmente 
delicado como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19. En cuanto al 
principio de transparencia, esta orden remite a unos instrumentos jurídicos elaborados 
en base a criterios objetivos, públicos y conocidos previamente. También cumple con el 
principio de eficiencia al estar dirigido a apoyar una más eficaz y eficiente gestión de  s
fondos europeos a través de la participación de entidades asentadas en el territorio. En  oe.
fin, es coherente con el principio de seguridad jurídica, dado que para su elaboración se  w.
ha cumplido con todos los trámites preceptivos y establece criterios y un procedimiento  776ww
que son acordes con el ordenamiento jurídico.
En su virtud, dispongo:
Primero.
Aprobación de las directrices de ejecución del Instituto para la Transición Justa, O.A. 
del «Plan de apoyo para la recualificación profesional e inserción laboral de trabajadores 
y población afectados por la transición energética».
Se aprueban las directrices de ejecución del Instituto para la Transición Justa, O.A. 
del «Plan de apoyo para la recualificación profesional e inserción laboral de trabajadores 
y población afectados por la transición energética» de la Componente 10 del PRTR, que 
se contienen en esta orden, con el objetivo de cumplir el CID (Council Implementing 
Decision) 139.
Segundo.
Objetivo del Plan, acciones e iniciativas formativas y su naturaleza.
1.  El objetivo para la actuación «Plan de apoyo para la formación profesional e 
inserción laboral de trabajadores excedentes del carbón y desempleados afectados por 
el cierre de las centrales térmicas de carbón y nucleares» incluida en la inversión C10I1 
es que al menos 4.000 personas reciban asistencia y apoyo para la búsqueda de empleo 
y  participen  en  acciones  formativas  en  instalación  y/o  mantenimiento  de  energías 
renovables,  restauración  y  gestión  medioambiental  y  rehabilitación  energética  de 
viviendas, antes del tercer trimestre de 2023 para que España pueda conseguir los 
ingresos correspondientes por parte de la Comisión Europea.
2.  El Plan comprende las siguientes acciones e iniciativas formativas que requieren 
de una actuación coordinada y homogénea para integrar los diversos componentes 
multisectoriales e interterritoriales implicados:
Construcción de instalaciones fotovoltaicas en suelo.
Operación y mantenimiento de plantas solares/parques eólicos.
Instalación y mantenimiento de autoconsumo fotovoltaico.
Instalación y mantenimiento de solar térmica.
Energías renovables. Instalación y mantenimiento de geotérmica.
Rehabilitación integral y energética de viviendas.
Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial.
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización Industrial.
Restauración ambiental.
Recursos forestales.
Medio ambiente. Vigilancia ambiental.
Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas.
Manejo y mantenimiento de maquinaria agraria.
3.  Las cantidades que asigne el Instituto para la Transición Justa, O.A. deberán ser  oe.
destinadas a financiar las actuaciones para el desarrollo del Plan que se describen en el  w.
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Dicho objetivo global se distribuirá, de forma indicativa entre las CC. AA. afectadas por la
transición, en función de un peso relativo calculado en base al número de trabajadores  Bc
de las explotaciones mineras, centrales térmicas y nucleares y sus empresas auxiliares, 
así como de las instalaciones portuarias afectadas, elaborado de conformidad con la 
metodología para la definición de los Convenios de Transición Justa:
CC. AA. % Peso relativo del objetivo en función de % trabajadores afectados
Andalucía. 13
Aragón. 11
Asturias. 28
Castilla-La Mancha. 4
Castilla y León. 30
Galicia. 14
  TOTAL Zonas de 
100
Transición Justa.
Tercero.  Financiación del Plan e instrumentación.
1.  Las actuaciones que se realicen en el desarrollo del Plan de apoyo para la 
recualificación profesional e inserción laboral de trabajadores y población afectados por 
la transición energética tiene asignado un presupuesto de 20.000.000 euros para los tres 
años del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se financiarán con cargo 
a  los  créditos  presupuestarios  del  Instituto  para  la  Transición  Justa,  O.A.,  del 
programa 42JA «C10.I01 Inversiones en Transición Justa» vigentes en cada ejercicio 
económico.
2.  La instrumentación del «Plan de apoyo para la recualificación profesional e 
inserción laboral de trabajadores y población afectados por la transición energética» de 
la Componente 10 del PRTR, con el objetivo de cumplir el CID (Council Implementing 
Decision) 139, se podrá articular a través de un procedimiento de licitación para la 
contratación de un servicio dirigido a la recualificación profesional para la inserción 
laboral de desempleados de zonas afectadas por la transición energética.
Asimismo, podrá articularse un convenio con el Servicio Público de Empleo Estatal, 
O.A. para la recualificación profesional para la inserción laboral de desempleados de 
zonas afectadas por la transición energética, de acuerdo con la naturaleza coordinada y 
homogénea del plan, a fin de integrar los diversos componentes multisectoriales e 
interterritoriales del mismo.
Cuarto.  Régimen jurídico.
1.  Estas  actuaciones  y  la  gestión  de  los  créditos  estarán  sometidas  al 
Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
así como a la normativa interna aplicable a la gestión, seguimiento y control que se 
establezca para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, y en 
particular, al Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  cuya  aplicación  será  de  s
obligado cumplimiento. e.
2.  Las acciones que se desarrollen estarán sometidas asimismo al cumplimiento de  w.
las condiciones previstas en el Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17  776ww
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Quinto.  Incompatibilidades.
Las  acciones  formativas,  de  acompañamiento,  asesoramiento  y  orientación 
profesional en energías renovables, restauración y vigilancia ambiental y rehabilitación 
integral  y  energética  de  viviendas  que  se  desarrollen,  no  serán  compatibles  con 
subvenciones o ayudas que pudieran concederse para la misma finalidad, procedentes 
de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales.
Sexto.  Obligaciones que han de preverse en la instrumentación del plan.
1.  En la instrumentación del plan que se prevé en el apartado tercero.2 de esta 
orden,  se  deberá  establecer  el  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  según 
proceda:
a)  Comprobar que no se da el caso de doble financiación del gasto con otros 
regímenes de financiación comunitarios o nacionales.
b)  Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en función de los riesgos 
detectados.
c)  Establecer  los  procedimientos  para  garantizar  que  se  dispone  de  la 
documentación sobre el gasto y las auditorías necesarias para contar con una pista de 
auditoría  apropiada  de  las  actuaciones  realizadas  en  el  marco  de  esta  orden.  El 
suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de 
Hacienda de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea.
d)  Custodiar  y  conservar  la  documentación  de  la  actividad  financiada  por  el 
Mecanismos de Recuperación y Resiliencia, de conformidad con el artículo 132 del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la 
Unión.
e)  Realizar  las  oportunas  verificaciones  administrativas  de  la  totalidad  de  las 
actuaciones y, en su caso, verificaciones sobre el terreno sobre un muestreo de las 
mismas,  que  garanticen  la  regularidad  del  gasto,  la  realidad  de  los  pagos  y  su 
adecuación a las condiciones de esta orden.
f)  Realizar un seguimiento detallado y particularizado del presupuesto recibido, que 
permita verificar el cumplimiento de los límites, condiciones e intensidades de ayuda a 
otorgar establecidos tanto por el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, 
de 18 de diciembre de 2013 así como por el Reglamento (UE) número 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13, 
aplicando asimismo cualquier norma o reglamentación que resulte aplicable para la 
gestión y ejecución tanto al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2.  Con  objeto  de  que  el  Instituto  para  la  Transición  Justa,  O.A.  como  órgano 
responsable  de  la  gestión  de  los  fondos  del  plan,  en  el  contexto  del  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  y  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, pueda certificar la debida ejecución de los mismos ante las autoridades 
competentes,  podrá  requerir  la  información  necesaria,  así  como  hacer  cumplir 
puntualmente con lo que pudiera disponerse por cualquier norma o reglamentación 
aplicable.
Asimismo, se deberán cumplir en la ejecución del plan las instrucciones que tanto el  e.
Instituto para la Transición Justa, O.A. como cualquier órgano o autoridad competente  w.b
reciba en aplicación de cualquier normativa, tanto europea como nacional, que pudiera  776ww
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Europeos,  la  Intervención  General  de  la  Administración  del  Estado,  el  Tribunal  de 
Cuentas, los órganos de control y fiscalización de la Comisión Europea y a cualesquiera 
otras  actuaciones  de  comprobación  y/o  control  financiero  que  puedan  realizar  los 
órganos o autoridades de control competentes, tanto nacionales como de la Unión 
Europea, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las 
ayudas cofinanciadas con fondos europeos, aportando para ello cuanta información le 
sea requerida y cooperando plenamente en la protección de los intereses financieros 
tanto nacionales como de la Unión Europea, concediendo los derechos y el acceso 
necesarios a tales órganos o autoridades.
Asimismo, el Instituto para la Transición Justa, O.A. aplicará procesos de control 
interno  apropiados  en  los  niveles  de  gestión,  diseñados  para  ofrecer  garantías 
razonables de la consecución de los siguientes objetivos: eficacia, eficiencia y economía 
de  las  operaciones;  fiabilidad  de  los  informes;  salvaguardia  de  los  activos  y  de  la 
información; gestión adecuada de los riesgos relativos a la legalidad y regularidad de las 
operaciones subyacentes, y prevención, detección, corrección y seguimiento de fraudes 
e irregularidades.
4.  Asimismo, deben cumplir con las obligaciones de información y publicidad que 
las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. En particular, en las medidas de información y comunicación 
de  las  actuaciones  que  desarrollan  las  inversiones  (carteles  informativos,  placas, 
publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e 
inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes logos:
a)  El emblema de la Unión Europea,
b)  Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión 
Europea-Next Generation EU»;
c)  Se incluirá además el logotipo del Instituto para la Transición Justa y el del Plan 
de Recuperación, transformación y resiliencia.
d)  Se  tendrán  en  cuenta  las  normas  gráficas  y  los  colores  normalizados 
establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014. También se puede 
consultar la siguiente página web: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm 
y descargar distintos ejemplos del emblema en: https://europa.eu/european-union/about-
eu/symbols/flag_es#download.
Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y 
de acceso al público.
5.  El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este apartado podrá dar 
lugar, en caso de no subsanarse, al inicio de un procedimiento de reintegro por la 
totalidad  de  las  cantidades  percibidas  y  a  la  exigencia  del  interés  de  demora 
correspondiente desde el momento del pago.
Séptimo.  Cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio 
ambiente y de los objetivos climáticos y digitales.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de 
la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo»  en  virtud  del  Reglamento  relativo  al  Mecanismo  de  Recuperación  y  s
Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a  oe.
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del llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio
DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm») y los objetivos climáticos y 
digitales establecidos en el Componente 10 del PRTR.
Disposición final única.  Entrada en vigor y vigencia.
La presente orden producirá efectos el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2023, de 
acuerdo con las fechas límite de consecución de los hitos y objetivos asociados a las 
actuaciones derivadas de esta orden.
Madrid, 24 de noviembre de 2021.–La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.