BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161 Miércoles 7 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 80853
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
11302 Sala Segunda. Sentencia 120/2021, de 31 de mayo de 2021. Recurso de 
amparo  3368-2020.  Promovido  por  la  Comisión  Internacional  para  la 
Conservación del Atún Atlántico en relación con las sentencias dictadas por 
las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en proceso por despido. Supuesta vulneración de los derechos a la 
tutela judicial efectiva (resolución jurídicamente fundada) y a un proceso con 
todas  las  garantías:  inexistencia  del  privilegio  de  inmunidad  absoluta  de 
jurisdicción.
ECLI:ES:TC:2021:120
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3368-2020, promovido por la Comisión Internacional 
para  la  Conservación  del  Atún  Atlántico,  representada  por  la  procuradora  de  los 
tribunales doña Blanca Rueda Quintero y con la asistencia del letrado don José Luis 
Castro Martín, contra la sentencia núm. 919/2016, de 4 de noviembre, de la Sala de lo 
Social  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Madrid,  dictada  en  el  recurso  de 
suplicación 661-2016, que resolvió el formulado contra el auto del Juzgado de lo Social 
núm. 36 de Madrid, de fecha 15 de abril de 2016; y contra la sentencia núm. 146/2020, 
de 14 de febrero, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en recurso de 
casación para la unificación de doctrina núm. 82-2017, interpuesto frente a la referida 
sentencia  núm.  919/2016.  Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  la 
magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado en este tribunal el día 16 de julio de 2020, la Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (en adelante ICCAT), representada 
por la procuradora de los tribunales doña Blanca Rueda Quintero y con la asistencia del 
letrado don José Luis Castro Martín, interpuso recurso de amparo contra las sentencias 
a las que se hace referencia en el encabezamiento, dictadas por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso de suplicación 661-2016, y la Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo, en el recurso de casación para la unificación de  e
doctrina núm. 82-2017, alegando la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva  b
d(aerrte. c2h4o.,1 y  CaE u)n,  perno cseus ov ecortnie tnotdea ds ela sd egraercahnotí aas  u(anrat.  2re4s.2o lCucEió).n motivada y fundada en  2021-11302n https://ww
2.  Los hechos relevantes, que se desprenden de la demanda de amparo y de las 
actuaciones que la acompañan, son los siguientes:
a)  Doña Felicidad García Rodríguez presentó demanda por despido, extinción de 
contrato y violación de derechos fundamentales contra la ICCAT, con sede en España, 
que fue turnada para su conocimiento al Juzgado de lo Social núm. 36 de Madrid, dando 
lugar a los autos núm. 737-2017.
b)  Admitida a trámite mediante decreto del letrado de la administración de justicia, 
de 30 de noviembre de 2015, se dio traslado de la misma a la parte demandada, quien 
formuló alegaciones.
c)  Con fecha 15 de marzo de 2016, el Juzgado de lo Social núm. 36 de Madrid dictó 
auto declarando la falta de jurisdicción de los juzgados de lo social para conocer de la 
demanda  «por  venir  encomendada  al  Tribunal  Administrativo  de  la  Organización 
Internacional del Trabajo o al Tribunal Administrativo de Naciones Unidas, absteniéndose 
de conocer sobre ella y procediendo al archivo definitivo de las presentes actuaciones». 
El órgano de instancia basó su decisión en la condición de funcionaria del organismo 
internacional de la demandante, y en atención a la inmunidad jurisdiccional otorgada por 
el instrumento de ratificación del Convenio de sede entre España y la ICCAT, firmado en 
Madrid el 29 de marzo de 1971, y los estatutos de este organismo, en los que se prevé 
que los funcionarios interpongan sus recursos, en última instancia, ante el Tribunal 
Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo o el de las Naciones Unidas.
d)  Por  auto  de  15  de  abril  de  2016  se  desestimó  el  recurso  de  reposición 
interpuesto por la demandante contra la resolución precedente.
e)  Formalizado recurso de suplicación por doña Felicidad García Rodríguez, fue 
estimado por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, fechada el 4 de noviembre de 2016, declarando la competencia jurisdiccional de 
dicho juzgado de lo social para conocer de la demanda interpuesta contra la ICCAT, así 
como la nulidad del auto de 15 de abril de 2016 y la retroacción de las actuaciones al 
momento inmediatamente anterior a su dictado, al objeto de proceder al correspondiente 
señalamiento para la celebración del juicio.
Como fundamentos de esa decisión, se expone: en primer lugar, que la relación entre 
las partes es estrictamente laboral, por más que «a efectos meramente internos u 
organizativos» tenga la consideración de funcionaria, con lo que resulta de aplicación el 
art. 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). En segundo término, porque el 
privilegio de inmunidad jurisdiccional cede a favor de la jurisdicción del Estado cuando se 
trata de simples actos de gestión, de la clase del caso enjuiciado, en que la ICCAT actúa 
«como un particular o de acuerdo con las normas de Derecho privado o laboral». Por 
otro lado porque no existe un acuerdo entre España y la organización internacional, en 
virtud del cual esa última pueda hacer valer la inmunidad de jurisdicción en un proceso 
como  este,  «cuando  el  trabajo  haya  sido  ejecutado  o  haya  de  ejecutarse  total  o 
parcialmente  en  España».  Finalmente,  porque,  de  aceptarse  la  inmunidad  de 
jurisdicción, «no está previsto en la normativa de la organización demandada un tribunal 
propiamente  jurisdiccional,  no  administrativo,  donde  pueda  ventilarse  el  conflicto 
promovido».
f)  Mediante escrito, registrado el 9 de diciembre de 2016, la ICCAT formuló recurso 
de casación para unificación de doctrina, articulado sobre tres motivos, con los que se 
pretende  justificar  la  prevalencia  del  principio  de  inmunidad  de  jurisdicción  de  la 
organización internacional en el asunto objeto de estas actuaciones.
Como primer motivo, se invoca la contradicción de la sentencia recurrida con la  e.
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 28 de  w.b
otIrCcaCttuaAbmTre,ie  andlte oc  2od0ne1t el5om,s ap fsluaín rc cuoionmnaoa  erliaxoc sien ppfrecarictóecnni óennco id eaendlt emC aios nitbavllee on rdioge a dnlaeiz  sianecmdióeun ns iiudnsatecdrr nidtaoec  eijounnrtriaseld. Eicscpióanñ ae ny  eell   2021-1130n https://w
de mCaoymoo d see 2g0u0n8d op,o sr ela a Sleaglaa  dlae c loon Stroacriieadl daedl  dTeri blau nsaeln Steunpceiari orer cduer rJiduas tcicoian  dlae  dMicataddriad  eyl  e5l 
art. 35 de la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de
los Estados extranjeros, las organizaciones internacionales con sede u oficina en España 
y las conferencias y reuniones internacionales celebradas en España. Alega la ICCAT 
que  dispone  de  un  mecanismo  alternativo  para  la  resolución  de  conflictos  con  su 
personal sumamente garantista del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en 
virtud de la aplicación de los estatutos y reglamentos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a los que expresamente se remite el 
art. 44 de los estatutos y reglamento de personal de la ICCAT para las cuestiones no 
previstas en los mismos. Ello permite que para la resolución de controversias entre la 
organización y su personal se pueda acudir, no solo al procedimiento de conciliación, 
sino también la interposición de un comité de apelaciones de la organización en primera 
instancia, y ante el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo o 
el Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas.
El último argumento que se ofrece hace referencia a la discrepancia de la resolución 
recurrida con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid,  de  24  de  mayo  de  2004,  pues  dada  la  condición  de  funcionaria  de  la 
demandante, ello determina la falta de jurisdicción e incompetencia del orden social para 
conocer de la demanda.
g)  Por sentencia núm. 146/2020 de 14 de febrero, de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo se desestimó el recurso de casación interpuesto por la ICCAT.
La Sala pone de relieve que no siendo contrario al art. 24 CE que exista un régimen 
de inmunidad de jurisdicción, también es cierto que el art. 21.2 LOPJ y las normas de 
Derecho internacional público a las que remite este precepto, no imponen una regla de 
inmunidad absoluta de los Estado extranjeros y organizaciones internacionales. En este 
sentido, con apoyo en la STC 107/1992, de 1 de julio, hace hincapié en la necesaria 
distinción entre actos iure imperii y actos iure gestionis, en orden a la resolución de las 
cuestiones relativas a los límites de la inmunidad de jurisdicción, así como en la norma 
contenida en el art. 10 de la Ley Orgánica 16/2015. Tras analizar el art. 11 del Convenio 
de sede entre España y el ICCAT a la luz de los parámetros interpretativos anteriores, 
concluye que la inmunidad de jurisdicción «no alcanza las controversias que pueda 
mantener  con  sus  empleados  de  nacionalidad  española,  contratados  para  prestar 
servicios en puestos de trabajo de carácter puramente asistencial y técnico, que no 
suponen el ejercicio del poder público que como ius imperii le corresponde para el 
desarrollo de sus objetivos, en la medida en que se trata de meros litigios particulares 
que no tienen la menor incidencia en el normal desempeño de las funciones y tareas de 
carácter internacional que constituyen el objetivo de su actuación». Sin perjuicio de su 
retribución  y  del  hecho  de  que  esté  acreditada  como  personal  de  la  organización 
internacional en el registro del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Sala considera que la 
categoría profesional de la demandante es la de auxiliar administrativa y no existe 
«ningún dato que permita admitir que sus funciones abarcaran las que se corresponden 
con el desarrollo de la actuación pública de la organización».
Igualmente rechaza el motivo relativo a la existencia del mecanismo alternativo de 
resolución de conflictos que exige el art. 35 de la Ley Orgánica 16/2015, dados los 
términos «tan vagos, genéricos e imprecisos con los que está redactado el art. 44 de los 
estatutos y reglamento del personal de la ICCAT», donde se establece que «podrían 
aplicarse subsidiariamente» los estatutos de la FAO. Ello significa que «no es en modo 
alguno automática e incondicionada, sino que se le atribuye una naturaleza puramente 
potestativa, con la que parece dejarse al unilateral arbitrio de la ICCAT» tal posibilidad. 
Tampoco aparece la menor referencia a esta cuestión en el acuerdo de colaboración  s
firmado en 1973 entre la FAO y la ICCAT, no siendo esta un organismo especializado de  oe.
la Organización de Naciones Unidas (ONU), como la FAO, y no consta que la ICCAT  w.
hdAaedylm aói rngsisautnsraoctr iijvtuood  idccoeian ll, a Nism aNpciaidoceni oecnsoe nsUs niUdidenaridasar  squ unlae s a lcacu oIenCrtdCrooAv Teq rudseiias psle oc nopgnea r smduei t apu ensr sosomisnteaetlme. rEa  lalaol l,t Tearr nibjauutinciviaool    2021-1130n https://w
vdael erre slao luincmióunn didea dc odnetr ojuvreisrsdiiacsc iólanb oarnatlee slo cso tnr iblousn amleiesm ebsrpoasñ doele ss,u q pueer,s poonra lc, opnasriag uhieanceter   BOE-A-cable e
serán los competentes para conocer de esta clase de reclamaciones, con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 21.1, en relación con el art. 25, ambos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.
Finalmente, en cuanto a la falta de competencia del orden jurisdiccional social para 
conocer de la causa, dada la condición de funcionaria de la demandante, razón por la 
que  correspondería  a  la  jurisdicción  contencioso-administrativa,  también  la  Sala  la 
desestima. La acción ejercitada en la demanda es la de extinción de la relación laboral 
ex art. 50 de la Ley del estatuto de los trabajadores, por lo que la normativa legal 
española de aplicación a los funcionarios no es en modo alguno trasladable a quienes 
prestan  servicios  para  una  organización  internacional  que  se  rige  por  sus  propios 
estatutos  y  reglamentos  de  personal.  A  ello  añade  que,  el  art.  24  LOPJ,  limita  la 
competencia de la jurisdicción española en el orden contencioso-administrativo, pero no 
alude a las controversias relativas a la prestación de servicios en favor de empleadores 
extranjeros, como por el contrario así hace el art. 25 LOPJ para el orden social de la 
jurisdicción. Por lo demás, advierte que la utilización del término «funcionario» en la 
versión española de los estatutos y reglamentos de la ICCAT, así como que exista un 
registro en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los empleados de las legaciones 
extranjeras  y  organizaciones  internacionales  con  sede  en  España,  no  supone  la 
atribución de la condición de funcionario. Por consiguiente, sin perjuicio de que una 
organización  internacional  atribuya  la  denominación  de  «funcionario»  a  todos  sus 
empleados, «no supone en realidad que, en el caso de corresponder la competencia a la 
jurisdicción española, deba de atribuirse en favor de los órganos judiciales del orden 
contencioso  administrativo,  puesto  que  eso  no  quita  que  para  la  resolución  de  la 
controversia, haya de aplicarse la normativa laboral y residenciarse en consecuencia 
ante el orden social, en tanto que resulta absolutamente inviable trasladar al personal 
contratado por tales organismos la normativa de la función pública española, tal y como 
como viene a ratificarlo la Ley Orgánica 16/2015 en sus arts. 10 y 35, en los que 
claramente habla de procesos relativos a contratos de trabajo y procesos laborales».
3.  La organización internacional recurrente invoca la vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a una resolución 
motivada y fundada en derecho, entendiendo que lo correcto habría sido reconocer la 
inmunidad de jurisdicción de que goza la ICCAT frente a la demanda presentada por 
doña Felicidad García Rodríguez, incurriendo tanto la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid como la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en una 
selección e interpretación arbitraria de las normas legales aplicables.
Así, entiende que a diferencia de los Estados, las organizaciones internacionales 
gozan de inmunidad absoluta de jurisdicción, «solo exceptuada en el caso de que la 
propia organización renuncie a ese privilegio en relación con un asunto determinado», 
como se pone de manifiesto en el art. 11 del Convenio de sede del ICCAT donde se 
establece: «La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, sus 
bienes y haberes, donde quiera que se hallen, disfrutan de la inmunidad de jurisdicción, 
salvo en la medida en que la Comisión renuncie expresamente a ella en un caso 
determinado  o  si  esta  renuncia  resultare  de  las  cláusulas  de  un  contrato.  Queda 
entendido, sin embargo, que se necesitará una nueva renuncia para las medidas de 
ejecución». A la luz de dicha norma, resulta improcedente distinguir, como se hace en las 
resoluciones recurridas, entre actos ex iure imperii y actos ex iure gestionis, que solo es 
aplicable a los Estados; así como tampoco puede hacerse con el régimen de inmunidad 
condicionada que fija el art. 35.1 de la Ley Orgánica 16/2015. e.
En  segundo  lugar,  subraya  que  de  manera  injustificada  o  bien  se  omite  toda  w.b
lCroeo fenqrveuenenc ioiac  odome  psneoodr teas, e a upanlpiacl aicnsade olde,ec ebcniiód cnaa mmaebrnbitoiet,r  alloraisa   naordtrsem.  a1l 0a psy r e3dv5iiss.1pta od seeic nliao  neLele syr e Ofnerorgirdámona ictaiavr at1.s 6 1/21«0 q1du5ee,l    2021-1130n https://w
dinetescrnoancoiocen aleasd efrmenátse  aa lbaise rletaymese nptoes telari orreesg»l.a  que  da  preferencia  a  los  tratados
Asimismo, atribuye a las resoluciones impugnadas la vulneración del derecho a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), ya que si los tribunales consideraban que 
el art. 11 del Convenio de sede suscrito entre España y el ICCAT vulneraba el art. 24.1 
CE, debieron plantear una cuestión de inconstitucionalidad, pero no dejarlo de aplicar.
Por  todo  ello,  finaliza  solicitando  que  se  declare  la  nulidad  de  las  sentencias 
impugnadas, para que se dicte una nueva resolución respetuosa con los derechos 
fundamentales vulnerados.
4.  El 1 de octubre de 2020 comparecieron ante la letrada de la administración de 
justicia del Juzgado de lo Social núm. 36 de Madrid doña Felicidad García Rodríguez y la 
ICCAT,  manifestando  haber  alcanzado  un  acuerdo,  según  el  cual  la  organización 
internacional  reconoce  la  improcedencia  del  despido  de  su  empleada  y  ofrece,  en 
concepto de indemnización por despido, la cantidad de 170 000 € netos, con cuya 
percepción  ambas  partes  se  declaran  completamente  saldadas  y  finiquitadas  por 
cualquier concepto, reconociendo la actora que no ha existido ninguna clase de daño 
moral, ni de otra índole derivados de cualquier tipo de conducta inapropiada del ICCAT y 
que la indemnización obedece exclusivamente al concepto de despido. Ambas partes se 
comprometen a no entablar reclamación alguna en ningún orden jurisdiccional o arbitral. 
Así, se extendió la correspondiente acta de conciliación, el mismo día se dictó decreto 
aprobando lo convenido.
5.  Por providencia de 24 de noviembre de 2020, la Sala Segunda de este tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que, en el mismo concurre 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC)], porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de 
un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, 
FJ 2 a)].
Asimismo,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  art.  51  LOTC,  se  dirigió  atenta 
comunicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al 
Juzgado de lo Social núm. 36 de Madrid, a fin de que remitieran certificación o fotocopia 
adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de suplicación núm. 661-2016 
y al procedimiento ordinario núm. 937-2015, respectivamente; debiendo el Juzgado de lo 
Social núm. 36 de Madrid emplazar a quienes hubieran sido parte en el proceso del que 
trae causa el presente recurso, para que pudieran comparecer en estas actuaciones, si 
así lo deseaban, excepto a la parte recurrente en amparo.
6.  Mediante escrito registrado el 28 de diciembre de 2020, doña Felicidad García 
Rodríguez se personó en las actuaciones, bajo la asistencia letrada de doña Melina 
Perugini Kasanetz, informando a la Sala Segunda del Tribunal Constitucional del acuerdo 
entre las partes concluido el 1 de octubre de 2020 que, según sostiene, «zanjaba 
definitivamente el proceso, en el que ambas partes se comprometían a nada más pedir 
ni reclamar por concepto alguno […], por lo que entendemos que habiéndose resuelto el 
conflicto no cabe la sustanciación del presente recurso y la prosecución del mismo es 
contraria a lo pactado y resulta temeraria». Se instaba a la Sala a que, antes de realizar 
más actuaciones, «se pronuncie sobre existe un óbice procesal para la continuidad del 
presente  recurso,  instando  a  la  parte  contraria  para  que  desista  de  su  recurso, 
resultando temerario que no haya desistido del mismo, por lo que en caso de no hacerlo 
se  solicita  condena  por  temeridad  y  se  solicita  así  mismo  costas  por  la  presente 
actuación e alegaciones y personación». Se alega, en último término, que habiéndose  s
sometido la ICCAT de forma voluntaria a la jurisdicción de los tribunales españoles, «y  oe.
concretamente de aquel cuya competencia en su día cuestionó, […] difícilmente puede  2ww.
segu7i.r  pEonni éfencdhoala  5e nd ee nfetrberdeicroh od»e,  p2o0r2 m1,e ldai oIC dCelA rTe cfourrmsou dlóe  aalmegpaacrioo ninetse rfpreunetseto a.l anterior  2021-1130n https://w
easmcpriatoro e. nP aseran teidlloo  faadvuocrea,b elen a p qriumee sr elu cgoanr tqinuuea aral  alac cseudsetar nac ilaac aiópnro dbealc piórens deenlt ea crueecurdrsoo c odne   BOE-A-cable e
doña Felicidad García Rodríguez «no ha consentido someterse a la jurisdicción de los 
tribunales españoles», y «no puede, pues, interpretarse como una renuncia implícita a la 
inmunidad de jurisdicción y ejecución que a la ICCAT otorga su Convenio de sede», toda 
vez que los actos de los letrados de la administración de justicia carecen de naturaleza 
jurisdiccional.  En  segundo  término  insiste  en  que  el  acuerdo  transaccional  no  ha 
supuesto  la  satisfacción  extraprocesal  del  recurrente  y,  con  ello,  la  pérdida  de 
legitimación activa. A su juicio, el recurrente mantiene un interés legítimo en obtener un 
pronunciamiento de fondo (ATC 458/2006, de 18 de diciembre, FJ 3), consistente en que 
se revoquen las resoluciones impugnadas, que la despojan «de una parte relevante del 
estatuto  jurídico  que  el  ordenamiento  jurídico  le  confiere  por  su  condición  de 
organización internacional», al interpretar incorrectamente el contenido y posición en el 
sistema de ese tratado internacional, lo que proporcionaría a la ICCAT «un beneficio 
indiscutible e individualizado». Por otro lado, sostiene que, manteniendo el recurso, la 
ICCAT  no  estaría  infringiendo  los  términos  del  acuerdo.  Finalmente,  advierte  que, 
aunque  se  desistiera  del  recurso,  continuaría  existiendo  un  interés  general  en  su 
sustanciación, como se desprende del hecho de que se haya apreciado la concurrencia 
de  una  especial  trascendencia  constitucional,  respecto  del  recurso  de  amparo 
promovido.
8.  El Ministerio Fiscal presentó alegaciones por escrito, de 26 de marzo de 2021, en 
sentido desfavorable a la estimación de la demanda de amparo.
Tras compendiar los acontecimientos procesales que consideró de interés al caso y 
concretar los aspectos más relevantes de la pretensión de la demandante, señala que el 
objeto del presente recurso consiste en dilucidar si los órganos jurisdiccionales, cuyas 
resoluciones se impugnaron, han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la 
organización internacional recurrente (art. 24.1 CE), en su vertiente relativa al derecho a 
obtener una resolución fundada en derecho, así como también del derecho a un proceso 
con todas las garantías (art. 24.2 CE), por la inaplicación del art. 11 del Convenio de 
sede suscrito entre España y el ICCAT, efectuando una selección arbitraria de las 
normas  legales  aplicables  al  caso,  y  sin  haber  planteado  una  cuestión  de 
inconstitucionalidad.
Antes de analizar el fondo de la cuestión, el fiscal verifica la concurrencia de los 
óbices procesales invocados. Así, frente a la aparente pérdida sobrevenida de objeto del 
recurso por causa del acuerdo extraprocesal suscrito entre las partes, no considera 
satisfechas  las  condiciones  que  se  exigen  para  la  aplicación  de  esta  causa  de 
terminación (STC 184/2008, de 22 de diciembre, FJ 2), dado que «no han sido los 
propios órganos judiciales los que han reparado directamente la lesión alegada ante este 
tribunal,  ni  ha  desaparecido  el  acto  origen  del  proceso  de  amparo  y  sobre  todo 
considerando que existe un interés general objetivo en la resolución del pleito en el 
sentido expresado en la providencia que admite el recurso por la especial trascendencia 
constitucional, pues la decisión que se tome puede servir de referente en cuanto a las 
posibilidades para interpretar las cláusulas de inmunidad de los convenios o acuerdos 
entre  España  y  las  organizaciones  internacionales  tras  la  aprobación  de  la  Ley 
Orgánica 16/2015, en relación con la doctrina asentada sobre las controversias entre los 
Estados y el personal de sus embajadas en España, a la vista de la evolución del 
entendimiento  de  la  inmunidad  de  jurisdicción  que  resulta  de  la  normativa  y 
jurisprudencia internacionales», interés general que no se ve afectado por el puntual 
reconocimiento de la jurisdicción española en el acuerdo.
Por el contrario, para el fiscal concurre el óbice de falta de denuncia previa de la  e.
vulneración [art. 44.1 c) LOTC], relativa al hecho de que no se planteara una cuestión de  w.b
icinnocanop nltiocsdatiatru sec siloatens  agpliarderaacden ptístaoos b a(rale rc ta.e sl2 o4a,. r2ct .o Cm1E1o) ,  bdpaeusle esC  donena vdlaea n vsioue l nadederu ajscoei óednne   dedel ele ld secICrreiCtcoAh dToe,  a ie nnute nr luppgoroascirc eidóseno    2021-1130n https://w
Sdeall are cduer sloo  dSeo ccaiasla cdieóln .T Sriubbusniadli aSriaumpreenmteo,,  dsee a thraibburiíra l ai nvcuulnrreidraoc ieónn  au nla  sseegnutenndcoia  ódbei clea 
procesal, por falta de agotamiento de la vía judicial ordinaria al no haber planteado la
recurrente  el  oportuno  incidente  excepcional  de  nulidad  de  actuaciones  contra  la 
mencionada sentencia [art. 44.1 a) LOTC].
A continuación, analiza la doctrina constitucional aplicable al caso, alcanzando las 
siguientes conclusiones:
(i)  Respecto al carácter absoluto de la inmunidad de jurisdicción que corresponde al 
ICCAT, a juicio del fiscal no es función del Tribunal Constitucional determinarla, siendo la 
fijación  del  grado  de  inmunidad  de  esa  organización  internacional  una  cuestión  de 
legalidad ordinaria, que corresponde resolver a los tribunales ordinarios.
(ii)  Identificado  el  canon  de  constitucionalidad  aplicable  al  derecho  a  la  tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) como derecho a una resolución motivada y jurídicamente 
fundada, sostiene que no cabe calificar como arbitraria, manifiestamente irrazonable o 
incursa en un error patente la selección de normas aplicables que han realizado el 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Madrid  y  el  Tribunal  Supremo.  Tampoco  entiende 
vulnerado ese canon de constitucionalidad, al haberse interpretado que el art. 11 del 
Convenio de sede no establece una inmunidad de jurisdicción absoluta para todo tipo de 
actuaciones de la organización y con independencia de las funciones del puesto de 
trabajo que se desempeñe. Así, es incorrecto que no se pueda diferenciar entre actos 
iure imperii y actos ex iure gestionis, situándose entre esos últimos los relativos a los 
contratos de trabajo de trabajadores administrativos, pues esta distinción se contiene en 
el  art.  13  del  Convenio  de  sede  al  diferenciar  entre  bienes  e  ingresos  vinculados 
directamente al cumplimiento de los fines de la organización y otros. Y se manifiesta en 
el diverso tratamiento jurídico que se depara al personal diplomático y administrativo de 
la organización, según lo previsto en los arts. 12 a 22 del Convenio. Por otro lado, 
tampoco  resulta  ilógico  utilizar  la  normativa  y  jurisprudencia  sobre  el  personal  de 
embajadas  y  consulados  para  ayudar  en  esa  interpretación,  al  que  se  remite 
puntualmente en el propio Convenio de sede.
Desde otra perspectiva, el fiscal hace hincapié en la doctrina constitucional relativa al 
derecho de acceso a la jurisdicción, en virtud de la cual deben interpretarse con el 
principio pro actione y, por consiguiente, de modo restrictivo las norma limitadoras de esa 
vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), como sería el referido 
art. 11 del Convenio, que, de aplicarse según la amplia lectura que propone la recurrente, 
impediría a la trabajadora demandante en el proceso laboral el acceso a los jueces y 
tribunales españoles.
(iii)  Finalmente, en cuanto a la vulneración del derecho a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE), el Ministerio Fiscal expresa su discrepancia con la recurrente, 
toda vez que los tribunales no dejan de aplicar el art. 11 del Convenio por considerarlo 
inconstitucional, sino que meramente lo interpretan con arreglo a los criterios que ya se 
han calificado antes como no arbitrarios, irracionales o incursos en error patente, según 
los  cuales  la  inmunidad  de  jurisdicción  de  la  ICCAT  no  sería  absoluta.  A  mayor 
abundamiento, entiende que de considerar que, en verdad, el precepto no se aplicó por 
estimarlo contrario a la Constitución, en cualquier caso resultaría aceptable dado el 
rango preconstitucional del Convenio de sede.
9.  Por providencia de fecha 27 de mayo de 2021, se señaló para votación y fallo del 
presente recurso el día 31 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes. bo
dsuep llEaic la Spcraieólasn e ndnúetem  lro.e  6cS6uo1rcs-i2oa0 lt 1ied6ne,e l a Tpsríoi brc uoonmbajoel  toSla u lasp eesnreitonertn ecdnieac i anJ uúnsmútmi.c 1i.a 49 61d/9e2/ 02M200a1,d6 rd,i ded  e1e 44n   ddeeel   nrfeeobcvurieersrmoo,b  rddeee,    2021-1130n https://w
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casación para la
unificación de doctrina núm. 82-2017, interpuesto frente a la resolución precedente. Bc
La demandante de amparo atribuye a las resoluciones impugnadas la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a una 
resolución motivada, entendiendo que, de conformidad con lo previsto en el art. 11 del 
Convenio de sede suscrito entre España y la ICCAT, lo correcto jurídicamente habría sido 
reconocer la inmunidad de jurisdicción de que goza la organización internacional frente a 
la demanda presentada por doña Felicidad García Rodríguez, incurriendo tanto la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid como la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo en una selección e interpretación arbitraria de las normas legales 
aplicables. Asimismo, se les imputa la vulneración del derecho a un proceso con todas 
las garantías (art. 24.2 CE) por haber inaplicado el art. 11 del Convenio de sede, en lugar 
de  plantear  una  cuestión  de  inconstitucionalidad  si  los  órganos  jurisdiccionales 
albergaban dudas sobre su acomodo a la Constitución española.
El fiscal se opone y solicita la desestimación del recurso de amparo. Considera que 
no ha existido la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) 
denunciada  por  la  recurrente,  pues  no  cabe  calificar  la  motivación  cuestionada  de 
arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable o incursa en un error patente en 
cuanto a la selección e interpretación de las normas aplicables. Tampoco admite la 
infracción del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), toda vez que, 
frente a lo argumentado por la recurrente, no se ha inaplicado el mencionado art. 11 del 
Convenio, sino tan solo interpretado; y por cuanto, de entender cierta tal objeción, esa 
inaplicación resultaría aceptable al tratarse de una norma preconstitucional.
2.  Análisis de las causas de inadmisión de la demanda de amparo.
Con carácter previo al análisis del fondo del asunto, resulta procedente verificar la 
eventual concurrencia de ciertos óbices procesales que, de estimarse, obstarían la 
continuación el presente enjuiciamiento. A saber: en primer término, la posible pérdida 
sobrevenida de objeto, a raíz del acuerdo transaccional concluido entre la demandante 
de instancia y la ICCAT. En segundo lugar, el incumplimiento del requisito de falta de 
denuncia previa de la infracción del derecho a proceso con todas las garantías [art. 44.1 
c) LOTC]. Alternativamente al anterior motivo de inadmisión, la falta de agotamiento de la 
vía  judicial  ordinaria  al  no  haber  acudido  al  incidente  excepcional  de  nulidad  de 
actuaciones [art. 44.1 a) LOTC].
Una consolidada doctrina constitucional reconoce la desaparición sobrevenida de 
objeto como una de las formas de terminación del proceso constitucional cuando «las 
circunstancias  posteriores  a  la  presentación  de  la  demanda  hacen  innecesario  un 
pronunciamiento del Tribunal Constitucional al haberse modificado de manera sustancial 
la  controversia»  (STC  52/2021,  de  15  de  marzo,  FJ  2,  véase  también  las 
SSTC 116/2020, de 16 de noviembre, FJ único, y 52/2019, de 11 de abril, FJ 2, entre 
otras decisiones). Dicha pérdida de objeto «queda referida a los casos en los que o bien 
los propios órganos judiciales han reparado directamente la lesión alegada ante este 
tribunal, o bien ha desaparecido el acto o la causa origen del proceso de amparo, ya que 
en cualquiera de ellos carecería de sentido un pronunciamiento estimatorio al no existir 
la lesión del derecho fundamental invocada, salvo que, a pesar de haber desaparecido 
formalmente el acto lesivo, debieran tenerse en cuenta otros elementos de juicio que 
siguieran  haciendo  precisa  nuestra  respuesta  (por  todas,  STC  233/2007,  de  5  de 
noviembre, FJ 3)» (STC 185/2008, de 22 de diciembre, FJ 2; también la STC 73/2018, 
de 5 de julio, y toda la doctrina en ella citada).
En cuanto a esta cuestión, el acuerdo transaccional alcanzado por las partes del  e
proceso ordinario puso término al litigio laboral, que dio origen a la presente demanda de  bo
amparo, y que no tendría ningún efecto sobre la situación creada por tal acuerdo la  2w
eexvpeonntuea l eal nMulaincisiótenr idoe  Flaissc asle, netesnticmiaasm iomsp upgroncaeddaesn. teS ins eegmubira rcgoon,  clao msou satacnecrtiaadcaiómn endteel   2021-1130n https://w
ppureesseton tree mamedpiaor oa,  lap uleessi ónno a lheagna dsaid; ota mlosp opcroo phiao sd eósragpaanroesc idjuor isedl iaccctioon oarliegse nlo dse lq rueec uhrason 
de amparo, pero sobre todo, existe un interés general objetivo, traducido en la causa de
especial trascendencia constitucional apreciada por este tribunal, dado que la solución 
que ahora se alcance puede resultar de utilidad en orden a interpretar las cláusulas de 
inmunidad de jurisdicción, incluidas en convenios o acuerdos suscritos entre España y 
las organizaciones internacionales, tras la promulgación de la Ley Orgánica 16/2015, 
de  27  de  octubre,  sobre  privilegios  e  inmunidades  de  los  Estados  extranjeros,  las 
organizaciones  internacionales  con  sede  u  oficina  en  España  y  las  conferencias  y 
reuniones internacionales celebradas en España.
En relación con el segundo grupo de óbices, efectivamente se constata que la 
vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías con fundamento en la 
omisión de plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 11 del Convenio de 
sede del ICCAT no fue denunciada hasta la formalización de la demanda de amparo, con 
lo que o bien hemos de considerar incumplido el requisito de denuncia previa de la 
misma [art. 44.1 c) LOTC], de entender que la lesión fue causada por la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues nada se dice sobre ello en el recurso 
de casación; o bien se habría incurrido en una falta de agotamiento de la vía judicial 
ordinaria, por haber obviado el planteamiento del oportuno incidente excepcional de 
nulidad de actuaciones, de entender causada la infracción constitucional en la propia 
decisión del Tribunal Supremo. Las razones expuestas nos han de llevar a inadmitir y, 
por consiguiente, desestimar el recurso interpuesto por este motivo.
3.  Doctrina  constitucional  sobre  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva,  en  su 
vertiente de derecho a una resolución motivada y jurídicamente fundada y el privilegio de 
inmunidad de jurisdicción de los Estados y las organizaciones internacionales.
Con carácter general, sobre el significado de derecho a la tutela judicial efectiva en 
su  faceta  de  derecho  a  obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  este  tribunal 
entiende que constituye una garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los 
poderes públicos, «lo que implica que (i) la resolución ha de estar motivada, es decir, 
contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los 
criterios jurídicos que fundamentan la decisión, y (ii) la motivación debe contener una 
fundamentación en Derecho, esto es, que el fundamento de la decisión sea la aplicación 
no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso, pues tanto si la 
aplicación  de  la  legalidad  es  fruto  de  un  error  patente,  como  si  fuere  arbitraria, 
manifiestamente irrazonada o irrazonable, no podría considerarse fundada en Derecho, 
dado  que  la  aplicación  de  la  legalidad  sería  tan  solo  una  mera  apariencia  (así, 
SSTC 31/2013, de 12 de marzo, FJ 3, o 48/2014, de 7 de abril, FJ 3)» (STC 3/2019, 
de 14 de enero, FJ 6, entre otras muchas). Pronunciamiento reiterado, al que se suman 
otras declaraciones entre las que queremos destacar la atinente a que «el derecho 
reconocido en el art. 24.1 CE no garantiza la corrección jurídica de la interpretación y 
aplicación del Derecho llevada a cabo por los jueces y tribunales, pues no existe un 
pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las 
normas,  salvo  que  afecte  al  contenido  de  otros  derechos  constitucionales» 
(STC 46/2020, de 15 de junio, FJ 3).
También por lo que al derecho de acceso a la jurisdicción, (art. 24.1 CE) se ha puesto 
de relieve que el canon de constitucionalidad aplicable resulta del principio pro actione, 
que no supone que deba optarse por la interpretación más propicia a la admisión del 
acto  de  postulación  de  entre  todas  las  posibles,  pero  sí  proscribe  interpretaciones 
excesivamente formalistas o rigoristas de los criterios de admisión. En otras palabras, 
«que,  dada  la  trascendencia  que  para  la  tutela  judicial  tienen  las  decisiones  de  e
denegación de acceso a la jurisdicción, su control constitucional ha de verificarse de  bo
forma especialmente intensa, a través de los criterios que proporciona el principio pro  2w
aacdtmioinsieó,n e ndtee nednidtroe  ntoo dcaosm ola lsa  pfoorsziobsleas  sedlee clcaisó nn doerm laa sin tqeurper elata crieógnu mlaná,s  sfainvoo racbolme oa  llaa   2021-1130n https://w
iqnuteer dpiocrc isóun  ridgeo raisqmuoe,ll apso rd seuc ifsoiormneasli simmop eedxictievsaisv od oe  puonr  pcuroanlquuniceira motirean rtaoz sóonb rreev eelle nfo nudnoa 
clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que
sacrifican. Esto implica la exigencia de que los órganos judiciales, al interpretar los 
requisitos procesales legalmente previstos, tengan presente la ratio de la norma, con el 
fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no razonables de ella impidan 
un  enjuiciamiento  de  fondo  del  asunto,  vulnerando  las  exigencias  del  principio  de 
proporcionalidad (así, SSTC 112/2019, de 3 de octubre, FJ 4; 80/2020, de 15 de julio, 
FJ 3, y 89/2020, de 20 de julio, FJ 3)» (STC 141/2020, de 19 de octubre, FJ 3, también la 
más reciente STC 63/2021, de 15 de marzo, FJ 3). Habiéndose admitido entre las 
causas impeditivas la falta de competencia jurisdiccional (STC 141/2020, de 19 de 
octubre, FJ 3).
En cuanto al derecho a un proceso con todas las garantías con el fundamento 
expuesto en el recurso de amparo y sin perjuicio de la inadmisión del motivo por el que 
se denuncia su vulneración, esta se produciría como consecuencia de la no aplicación 
por  un  tribunal  ordinario  de  una  norma  postconstitucional,  con  rango  de  ley,  por 
considerarla contraria a la Constitución o, en su caso, al Derecho de la Unión Europea, 
en lugar de plantear la oportuna cuestión de inconstitucionalidad ante el tribunal o 
cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así, respecto de lo 
primero, es efectivamente doctrina de este tribunal el que «los órganos de la jurisdicción 
ordinaria no pueden inaplicar una ley postconstitucional vigente sin plantear cuestión de 
inconstitucionalidad, pues al hacerlo incurren en exceso de jurisdicción de conformidad 
con los arts. 153 a) y c) y 163 CE, en la medida en que interpretan preceptos y normas 
de la Constitución y del bloque de la constitucionalidad (STC 173/2002, FJ 7), y vulneran 
además  las  garantías  procesales  del  art.  24  CE,  pues  aunque  pueda  resultar  esa 
decisión judicial ‘aparente o formalmente motivada’ no es, sin embargo ‘una resolución 
fundada  en  Derecho’  resultando  así  ‘lesiva  de  las  garantías  del  proceso  debido’  y 
provocando ‘indefensión’ a la parte recurrente (por todas, STC 177/2013, de 21 de 
octubre, FJ 8, con cita de otras)» (STC 1/2017, de 16 de enero, FJ 3). Como también es 
doctrina consolidada que «[r]esulta contrario al derecho a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE), dejar de aplicar una norma interna (tenga esta o no rango de 
ley) sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
cuando exista una ‘duda objetiva, clara y terminante’ sobre esa supuesta contradicción 
[SSTC 58/2004, FFJJ 9 a 14; 232/2015, FJ 5 a)]» (STC 37/2019, de 26 de marzo, FJ 4).
Por el contrario, se ha reconocido la posibilidad de que los tribunales ordinarios 
puedan declinar la aplicación de una norma legal para aplicar en su lugar un precepto 
contenido  en  un  tratado  internacional,  así  como  también  podrán  inaplicar  normas 
preconstitucionales. En este sentido, declaramos que «[e]l marco jurídico constitucional 
existente erige, pues, al control de convencionalidad en el sistema español en una mera 
regla  de  selección  de  derecho  aplicable,  que  corresponde  realizar,  en  cada  caso 
concreto,  a  los  jueces  y  magistrados  de  la  jurisdicción  ordinaria.  Como  viene 
estableciendo de forma incontrovertida la jurisprudencia previa, la determinación de cuál 
sea  la  norma  aplicable  al  caso  concreto  es  una  cuestión  de  legalidad  que  no  le 
corresponde  resolver  al  Tribunal  Constitucional  sino,  en  principio,  a  los  jueces  y 
tribunales  ordinarios  en  el  ejercicio  de  la  función  jurisdiccional  que,  con  carácter 
exclusivo, les atribuye el artículo 117.3 CE (por todas SSTC 49/1988, de 22 de marzo, 
FJ 14; 180/1993, de 31 de mayo, FJ 3, y 102/2002, FJ 7). En síntesis, la facultad propia 
de  la  jurisdicción  para  determinar  la  norma  aplicable  al  supuesto  controvertido  se 
proyecta también a la interpretación de lo dispuesto en los tratados internacionales 
(STC 102/2002, FJ 7), así como al análisis de la compatibilidad entre una norma interna 
y  una  disposición  internacional.  Ello  supone  que,  en  aplicación  de  la  prescripción  s
contenida en el artículo 96 CE, cualquier juez ordinario puede desplazar la aplicación de  oe.
una norma interna con rango de ley para aplicar de modo preferente la disposición  w.
cdcaoesn lotae  ncnioodnramc eraen t ionu.t neL rtanra aat adddemol i soinirótdener nndaaemc iloiaen naptloo, ,ss icbinoil miqduaoed r  eddseeu  tltaqalu  deoe busvnpioala,  zsnaionmromi esanu t ocmo dnee rrariav ineng aloap  lielcexagpcauiló lsnsi óeanal    2021-1130n https://w
ainpalipclaiccaiódna  dpeolr  pórirngcainpoios  ddee p lrae vjuarliesndciciac ió(SnS oTrCdi n1a0r2ia/2 h0a1 6s,i ddoe  a2d5m dieti dmaa pyoo;r  1e1s6te/2 t0r1ib6u,n dael  e2n0   BOE-A-cable e
de junio, y 127/2016, de 7 de julio), en lo que hace al control de constitucionalidad de 
normas preconstitucionales (STC 11/1981, de 8 de abril), y a la hora de determinar las 
relaciones entre las fuentes internas de rango legal y las normas de Derecho comunitario 
derivado (por todas SSTC 28/1991, de 14 de febrero, FJ 5; 64/1991, de 22 de marzo, 
FJ 4; 180/1993, de 31 de mayo, FJ 3; 145/2012, de 2 de julio, FJ 2, y 118/2016, de 23 de 
junio,  FJ  3)»  (STC  140/2018,  de  20  de  diciembre,  FJ  6).  Será  tarea  del  Tribunal 
Constitucional «a través del recurso de amparo constitucional, revisar la selección del 
derecho formulada por los jueces ordinarios en determinadas circunstancias bajo el 
parámetro del artículo 24.1 CE, que garantiza ‘que el fundamento de la decisión judicial 
sea la aplicación no arbitraria ni irrazonable de las normas que se consideren adecuadas 
al caso, pues tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente con 
relevancia  constitucional,  como  si  fuere  arbitraria,  manifiestamente  irrazonada  o 
irrazonable no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la 
legalidad sería tan solo una mera apariencia (por todas, SSTC 25/2000, de 31 de enero, 
FJ  2;  221/2001,  de  31  de  octubre,  FJ  6,  y  308/2006,  de  23  de  octubre,  FJ  5)’ 
(STC 145/2012, de 2 de julio, FJ 4)» (ibidem).
En lo que respecta al tratamiento de la inmunidad de jurisdicción, en particular, en 
materia de controversias surgidas en el contexto de relaciones laborales, la doctrina 
constitucional  queda  acotada  a  la  predicable  de  los  Estados  extranjeros  y  de  su 
personal, donde se pone en conexión tal privilegio con el derecho a la tutela judicial 
efectiva, habiendo declarado que «aun cuando el régimen de inmunidad de ejecución de 
los  Estados  extranjeros  no  resulte  contrario  en  principio  al  derecho  fundamental 
sobredicho, una indebida extensión de su ámbito por parte de los tribunales ordinarios sí 
conllevaría una violación de ese derecho» (STC 176/2001, de 17 de septiembre, FJ 2). Y 
sigue, «[c]omo este tribunal ha tenido la ocasión de manifestar, el art. 21.2 LOPJ y las 
normas de Derecho internacional público a la que tal precepto remite, no imponen una 
regla de inmunidad absoluta de ejecución de los Estados extranjeros, sino que permiten 
afirmar la relatividad de dicha inmunidad, conclusión que se ve reforzada por la propia 
exigencia de la efectividad de los derechos que contienen el art. 24 CE y por la ratio de 
la inmunidad, que no es la de otorgar a los Estados una protección indiscriminada, sino 
la de salvaguardar su igualdad e independencia. Por consiguiente, la delimitación del 
alcance de tal inmunidad debe partir de la premisa de que, con carácter general, cuando 
en una determinada actividad o cuando en la afectación de determinados bienes no esté 
empeñada la soberanía del Estado extranjero, tanto el ordenamiento internacional como, 
por remisión, el ordenamiento interno desautorizan que se inejecute una sentencia; en 
consecuencia, una decisión de inejecución supondría en tales casos una vulneración del 
art. 24.1 CE (SSTC 107/1992, de 1 de julio, FJ 4; 292/1994, de 27 de octubre, FJ 3, 
y 18/1997, de 10 de febrero, FJ 6). Por lo tanto, la relatividad de la inmunidad de la 
ejecución de los Estados extranjeros se asienta en la distinción entre bienes destinados 
a actividades de iure imperii (es decir, en las que está empeñada la soberanía del 
Estado) y bienes destinados a actividades de iure gestionis (o lo que es lo mismo, 
actividades en las que el Estado no hace uso de su potestad de imperio y actúa de la 
misma manera que un particular)» (ibidem).
Tal doctrina, en lo que al presente recurso de amparo concierne puede sintetizarse 
en  las  siguientes  proposiciones:  (i)  obtener  una  resolución  fundada  en  derecho 
constituye una garantía frente a la arbitrariedad de los poderes públicos, pero no asegura 
la corrección jurídica de la interpretación y aplicación del derecho; (ii) el derecho a la 
tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, excluye criterios de  s
admisión excesivamente formalistas o rigoristas, que impidan el enjuiciamiento del fondo  oe.
del asunto, si bien resulta aceptable como causa de inadmisión la falta de competencia  w.
jcduoerninstidreaigcracia iol aan  aalalp;  lCi(cioiai)nc sieótlin tud dceeiróe nuc,nh eaon  na lolu rgdmaearb  idcdeoo n pp lrraaonnctgeeosa ord  cesu elee siynt ifóprinon sgdtece o cinnuscatointnudscotii otuunnca ilot rpniboaurli ndcaaoldn ;os raiddueinnraqaruriloae    2021-1130n https://w
sreí cqougeid ap oednr áunn  dtreactalindaor i nlate ranpalicciaocniaóln,  pduee su an ae lnloosr mleas  cleograrel sppaornad ea plalic ianrt eurpnrae tdaicsipóons diceió lon   BOE-A-cable e
dispuesto en tales instrumentos. Igualmente están facultadas para considerar derogado 
un precepto preconstitucional en virtud de la disposición derogatoria tercera CE, sin 
necesidad de acudir al art. 55.2 LOTC o tratándose de normas preconstitucionales; (iv) y, 
finalmente, que la regla de inmunidad de jurisdicción como causa impeditiva del derecho 
de acceso a la jurisdicción tiene un carácter relativo y su operatividad depende de la 
naturaleza  de  los  actos  objeto  de  control,  excluyéndose  aquellos  vinculados  a 
actividades de mera gestión.
4.  Aplicación de la doctrina constitucional al caso concreto.
Expuestos los criterios constitucionales a los que debemos sujetarnos para dirimir la 
presente litis, procede analizar la respuesta dada por los órganos jurisdiccionales, cuyo 
razonamiento es cuestionado por la organización internacional recurrente.
Los argumentos contenidos en la demanda de amparo parten de una afirmación 
claramente cuestionable: que la ICCAT goza de inmunidad absoluta, derivada de la 
previsión contenida en el art. 11 del instrumento de ratificación del Convenio de sede 
entre España y la ICCAT, firmado el 29 de marzo de 1971. En esta norma se dispone que 
«[l]a  Comisión  Internacional  para  la  Conservación  del  Atún  Atlántico,  sus  bienes  y 
haberes, donde quiera que se hallen, disfrutan de la inmunidad de jurisdicción, salvo en 
la medida en que la Comisión renuncie expresamente a ella en un caso determinado o si 
esta renuncia resultare de las cláusulas de un contrato. Queda entendido, sin embargo, 
que se necesitará una nueva renuncia para las medidas de ejecución». En definitiva, 
considera que a la ICCAT no le sería aplicable la distinción que, en atención a la 
naturaleza de la actividad sometida a escrutinio, ha venido siendo empleada con los 
Estados al objeto de alcanzar el oportuno punto de equilibrio entre semejante privilegio y 
la salvaguarda del derecho a la tutela judicial efectiva, en su faceta de derecho de 
acceso a la jurisdicción.
En este punto, hay que subrayar que, como indicamos en el apartado precedente, la 
interpretación  de  lo  dispuesto  en  los  tratados  internacionales  suscritos  por  España 
constituye una cuestión de estricta legalidad que corresponde resolver a los tribunales 
ordinarios, siendo tarea este tribunal verificar que «el fundamento de la decisión judicial 
sea la aplicación no arbitraria ni irrazonable de las normas que se consideren adecuadas 
al caso» (STC 140/2018, de 20 de diciembre, FJ 6).
En tal sentido, se debe avanzar que la selección de disposiciones efectuada, tanto 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como por la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo es adecuada, al tratarse de normas relevantes para la 
resolución  de  la  controversia  planteada.  En  la  sentencia  resolutoria  del  recurso  de 
suplicación, esa normativa comprende regulaciones relativas al régimen de inmunidad y 
al personal que trabaja para la ICCAT, como son el art. 11 del Convenio de sede del 
ICCAT, el art. 44 de los estatutos y reglamento de personal del ICCAT y, por remisión de 
este, el art. 23.4 los estatutos del personal de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO); así como disposiciones españolas, tales 
como  el  art.  35.1  la  Ley  Orgánica  16/2015,  de  27  de  octubre,  sobre  privilegios  e 
inmunidades de los Estados extranjeros, las organizaciones internacionales con sede u 
oficina en España y las conferencias y reuniones internacionales celebradas en España, 
y el 25.1 LOPJ.
A  esas  disposiciones,  el  Tribunal  Supremo  añade  las  siguientes:  el  art.  XI  del 
Convenio internacional para la conservación del atún del Atlántico, de 14 de mayo 
de 1966, ratificado por España el 6 de marzo de 1969; el acuerdo de colaboración entre  e
la FAO y la ICCAT de 1973; la Convención de las Naciones Unidas sobre inmunidades  bo
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, de 2 de diciembre de 2004, y los arts.  2w
e9x.1p,r e2s1a mye, ndtee  an luae ovrog,a n2i5z acLiOónP Jin; tecrunyaac iornealel vraenccuirare nstee , dpeorri vhaa bdeerl  sihdeoc hciota ddaes  rpeofre reirsstea   2021-1130n https://w
eesnp sauñ orleecsu rseon  dleo sc aósradceiónne so  pciovri l,r ecgounlater nlac iocsoom-apdemteinncisiatr ajutirvisod icyc iosnoacila dl.e  Cloosm tori bupnuaeldees 
fácilmente apreciarse, ninguna de las normas seleccionadas por los órganos judiciales 
puede tacharse de ajena a la controversia suscitada.
Basta una lectura conjunta de tales normas, para comprobar que todas ellas son 
aplicables a la controversia suscitada y que, por consiguiente ninguna arbitrariedad se ha 
cometido  en  la  selección  de  la  normativa  aplicable.  Otro  tanto  ha  de  decirse  su 
interpretación  y  aplicación  al  caso  enjuiciado  y,  en  particular,  respecto  del  alcance 
relativo,  que  no  absoluto,  de  la  inmunidad  que  se  debe  reconocer  a  la  ICCAT, 
contrariamente a lo que la organización internacional deriva del art. 11 del Convenio de 
sede.
En  las  sentencias  impugnadas,  tal  conclusión  nace  de  la  aplicación  a  las 
organizaciones internacionales, al igual que a los Estados, de la distinción entre actos 
iuri imperii y actos iure gestionis, a efectos de determinar el alcance de esa inmunidad de 
jurisdicción en los términos expuestos en el fundamento precedente. Coinciden ambos 
tribunales  en  que  una  controversia  suscitada  por  el  despido  de  la  trabajadora 
demandante en instancia, quien desarrolla tareas meramente administrativas, en ningún 
caso puede afectar a los fines propios de la organización y, por consiguiente, se inscribe 
dentro de la segunda categoría de actos iure gestionis, que no gozan de ese privilegio. 
En igual sentido se han pronunciado tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(SSTEDH de 23 de marzo de 2010, asunto Cudak c. Lituania, y de 29 de junio de 2011, 
asunto Sabeh el Leil c. Francia), como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (en la 
sentencia de 19 de julio de 2012, asunto C-154/11, Ahmed Mahamdia c. República 
Argelina Democrática y Popular).
Aunque la recurrente cuestiona ese argumento, reivindicando un trato diferente de 
las organizaciones internacionales, en particular, de la ICCAT, y los Estados, de manera 
que  «[l]a  entera  actuación  de  las  organizaciones  internacionales,  o  bien  implica  el 
ejercicio de los poderes y competencias que le han sido atribuidas, o bien es una 
actuación ultra vires y por lo tanto inválida», son varios los argumentos que se pueden 
oponer para rechazar esta objeción, atendiendo a la propia normativa de la ICCAT. De un 
lado, el art. 1 del Convenio de sede, dedicado al reconocimiento de personalidad jurídica 
propia y capacidad de obrar y procesal de la organización internacional no limita su 
validez a que se trate de actuaciones vinculadas al ejercicio de sus funciones. De otro, el 
art. 13 del Convenio de sede declara exentos de impuesto y gravámenes exclusivamente 
los bienes e ingresos «obtenidos y vinculados directamente al cumplimiento de las 
finalidades propias», lo que presupone la existencia de otros. El mismo Convenio de 
sede utiliza conceptos aplicables a los Estados, en cuanto el trato que se confiere a sus 
representaciones diplomáticas, al remitirse al régimen de privilegios que se reconoce a 
las sedes de aquellas (art. 4.3); o respecto de los privilegios e inmunidades aplicables a 
los  altos  funcionarios  de  la  organización,  que  será  el  propio  de  los  diplomáticos 
extranjeros (arts. 15, 16, 19 y 21). Habida cuenta esto último, como destaca el Ministerio 
Fiscal en sus alegaciones, «utilizar normativa y jurisprudencia sobre el personal de 
embajadas y consulados, para ayudar en la interpretación del sentido que haya de darle 
a  la  inmunidad  de  jurisdicción  del  art.  11,  no  resulta  asimismo  ilógico,  irracional  o 
absurdo, ni supone un error conceptual patente, como se pretende en la demanda de 
amparo».
Amén de lo anterior, en los arts. 15 a 22 del Convenio se distingue entre el personal 
diplomático  de  la  organización  y  el  meramente  administrativo  o  expertos, 
reconociéndoles  distintas  clases  de  inmunidad,  hasta  su  efectiva  denegación  bajo 
determinadas circunstancias. s
En definitiva, del Convenio de sede no se desprende un tratamiento unívoco de la  oe.
inmunidad, ni para todos los actos, ni para todas las personas que trabajan para la  w.
cICoCnvDAeTen,s iodn eoe  flpeauc ptdueiearndspdaeo pc ottairv claah sad resse elna t deterna cbaiaarbsjai tidrmaoprriaua g done amidrraaasnc.dioannatel ,l ae li nctaenrporne tdaec iócno ndsetilt uacrito. n1a1li ddaedl   2021-1130n https://w
daeprlieccahbole d ec oamccpeosrtoa  a elal  jruercishdaizcoc iódne.  Ain ttaelerpsr eetfaeccitoonse lsa  riencjuusrtriefinctaed caomnesnidtee rare ismtrpicroticveads endteel   BOE-A-cable e
la aplicación de la previsión contenida en el segundo párrafo del art. 35.1 de la Ley 
Orgánica 16/2015, en la que se condiciona la inmunidad de jurisdicción en «procesos del 
ámbito laboral relativos a miembros del personal de las organizaciones internacionales» 
a la existencia «de un mecanismo alternativo de resolución de la controversia, ya esté 
previsto en el tratado constitutivo, los estatutos, el reglamento interno o en cualquier otro 
instrumento aplicable de las organizaciones internacionales»; pues, de la expresión con 
que  comienza  ese  apartado  («[e]n  ausencia  de  acuerdo  internacional  bilateral  o 
multilateral aplicable») y de una interpretación sistemática de los dos párrafos en que se 
estructura ese precepto, se desprende, según opina, la prevalencia de la cláusula de 
inmunidad exclusión del art. 11 del Convenio de sede.
Las resoluciones impugnadas desdicen esa lectura, toda vez que, ausente otra 
regulación y como se ha observado por la organización internacional a lo largo del 
procedimiento,  la  única  vía  de  resolución  de  la  controversia  sería  la  que  pudiera 
proporcionar los estatutos y reglamento de personal de la FAO, a los que se remite el 
art. 44 de los estatutos y reglamento de la ICCAT, donde se regula el régimen jurídico del 
personal de la organización internacional. Una reglamentación que los tribunales critican 
por resultar vaga e imprecisa, y por establecer un mecanismo aparentemente potestativo 
al establecer, literalmente, que las mencionadas normas de la FAO «podrían aplicarse 
subsidiariamente» a «aquellas cuestiones no previstas de manera específica». Además 
como destaca la sentencia del Tribunal Supremo, no consta dato alguno para considerar 
que la ICCAT haya suscrito el acuerdo específico con las Naciones Unidas aceptando la 
competencia  del  Tribunal  Administrativo,  al  que  se  reconduce  la  competencia  para 
conocer de las reclamaciones en materia de personal de los organismos especializados 
de esa organización internacional, en general, entre los que se encuentra la FAO, con 
arreglo al art. 2.5 del estatuto del Tribunal Administrativo de la ONU.
En semejantes términos, una aplicación extensiva del régimen de inmunidad del 
art.  11  del  Convenio  de  sede,  como  la  que  propone  la  organización  internacional 
demandante,  limitaría  improcedentemente  el  libre  acceso  a  la  jurisdicción  de  la 
trabajadora demandante en instancia, que solo dispondría de la posibilidad de acudir a 
ciertos remedios, cuya virtualidad no es clara. Un razonamiento como el precedente para 
descartar que la ICCAT goce de inmunidad absoluta de jurisdicción de acuerdo con la 
legislación española y las normas de Derecho internacional público y, en consecuencia, 
para atribuir el conocimiento de la demanda a los juzgados y tribunales españoles, de 
acuerdo con lo prescrito en los arts. 21.1 y 25 LOPJ, no resulta arbitrario, irracional o 
incurso en error patente, en modo alguno.
Para concluir, queremos exponer una breve reflexión acerca de la vulneración del 
derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) también denunciado, que se 
fundamentaba en el hecho de no haberse aplicado una norma con rango de ley, por su 
supuesta  inconstitucionalidad,  en  lugar  de  plantear  la  oportuna  cuestión  ante  este 
tribunal. No se cuestiona en este caso la inconstitucionalidad de la ley que determina la 
competencia para resolver la controversia planteada, sino que de lo que se trata es de su 
inaplicación al caso concreto. Esto último es lo que efectivamente se plasma en las 
resoluciones impugnadas de acuerdo con los criterios expuestos a lo largo de este 
fundamento jurídico, que, como se ha hecho hincapié, no resultan ni arbitrarios, ni 
irracionales, ni evidencian la comisión de un error patente.
Por todo lo razonado, se desestiman las quejas formuladas por la ICCAT relativas a 
la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y del derecho a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). s
2021-1130n https://w
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por la Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico frente a la sentencia núm. 919/2016, de 4 de noviembre, 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y la sentencia 
núm. 146/2020, de 14 de febrero, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
2021-1130n https://w