BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 216 Jueves 9 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 108885
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
14742 Resolución de 15 de junio de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2018.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 15 de junio de 2021, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2018, acuerda:
1.  Asumir  el  contenido  del  citado  Informe,  así  como  sus  conclusiones  y 
recomendaciones.
2.  Instar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a poner en marcha lo 
antes posible las siguientes medidas:
– Integrar en la Cuenta General las cuentas de todos los entes del sector público 
regional, no solo de los sujetos a contabilidad pública, ofreciendo una visión consolidada 
de la actividad económico-financiera de los entes de la Comunidad Autónoma, tomando 
en consideración normas contables tales como la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, 
por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas 
en el ámbito del sector público. Promover, asimismo, la elaboración y aprobación de una 
norma similar a la contenida en la Orden HAP/801/2014, de 9 de mayo, por la que se 
regula el procedimiento de rendición de cuentas anuales en los casos de modificaciones 
estructurales entre entidades del sector público que supongan la extinción de entidades 
públicas sin que exista un proceso de liquidación.
– Realizar las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el plazo 
de rendición de las cuentas a 30 de junio del ejercicio siguiente al que se refieran, a fin 
de facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por el Tribunal de Cuentas.
– Potenciar la conexión automática entre el inventario y el sistema de información 
contable.
– Dictar  la  norma  oportuna  que  regule  la  elaboración  de  un  informe  por  las 
fundaciones, empresas y consorcios, a presentar junto con sus cuentas anuales, relativo 
al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero asumidas como 
consecuencia de su pertenencia al sector público, de contenido similar al previsto en la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
– Modificar el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha para incluir, tal como hace la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones para el Estado, la obligación de 
remitir al Tribunal de Cuentas, de forma anual, un informe sobre el seguimiento de los 
expedientes de reintegro y sancionadores derivados del ejercicio del control financiero.
– Reforzar la revisión y el control económico de los centros docentes, públicos y 
concertados, tanto por la citada Consejería, como por la Intervención General de la 
Comunidad Autónoma.
– Implantar  los  registros  públicos  de  infractores  que  establecen  las  leyes 
autonómicas de evaluación ambiental y de montes, además de promoverse la efectividad  e.e
de las sanciones. b
– Promover el desarrollo reglamentarlo de los aspectos pendientes de la Ley 7/2010,  742ww
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Alonso Jiménez.
 
 
TRIBUNAL DE CUENTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 1.402 
 
INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
 DE CASTILLA-LA MANCHA, 
EJERCICIO 2018 
 
 
 
 
El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora, establecida en los 
artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de su Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y a 
tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 
7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión de 
26 de noviembre de 2020 el Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
ejercicio 2018, y ha acordado su elevación a las Cortes Generales y a las Cortes de Castilla-La 
Mancha, así como al Gobierno de la citada Comunidad Autónoma, según lo prevenido en el 
artículo 28 de la Ley de Funcionamiento. 
 
 
ÍNDICE 
 
I.  INTRODUCCIÓN. 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR. 
I.2.  ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL. 
I.3.  MARCO NORMATIVO. 
I.4.  OBJETIVOS Y ALCANCE. 
I.5.  TRÁMITE DE ALEGACIONES. 
II.  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 
II.1.  ENTIDADES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 
II.2.  RENDICIÓN DE CUENTAS. 
II.2.1.  Cuenta General. 
II.2.2.  Otras entidades. 
II.3.  CONTROL INTERNO. 
II.3.1.  El control interno atribuido a la IGCA. 
II.3.2.  Sistemas y procedimientos de control interno. 
II.4.  CUENTA GENERAL. 
II.4.1.  Datos generales. 
II.4.2.  Contabilidad presupuestaria de la Administración General. 
II.4.3.  Situación patrimonial. Balance Administración General. 
II.4.4.  Resultado económico-patrimonial Administración General. 
II.4.5.  Memoria Administración General. 
II.4.6.  Cuentas de los OOAA. 
II.4.7.  Ente Público Instituto de Promoción Exterior. 
II.5.  CUENTAS ANUALES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS. 
II.5.1.  Sector público empresarial de la Comunidad Autónoma. 
II.5.2.  Fundaciones autonómicas. 
II.5.3.  Consorcios públicos. 
II.6.  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 
II.6.1.  Marco normativo. 
II.6.2.  Cumplimiento de los objetivos. 
II.6.3.  Planes Económico-Financieros. 
II.7.  ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA. 
II.7.1.  Personal.  s
II.7.2.  Medidas contra la morosidad en el sector público.  bo
II.7.3.  Transferencias y subvenciones.  742ww
II.7.4.  Endeudamiento y avales.
IIII..77..65..   GGaassttoo  esadnuictaartiiovo.  no universitario.  BOE-A-cable e
 
II.7.7.  Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
II.7.8.  Transparencia. 
II.7.9.  Gestión medioambiental. 
II.7.10. Preparación de CLM para la implementación, control y seguimiento de los ODS. 
II.8.  FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL. 
II.8.1.  Dotaciones de los Fondos. 
II.8.2.  Recursos de los Fondos de Compensación Interterritorial. 
II.8.3.  Proyectos de inversión. 
II.8.4.  Financiación de los Fondos. 
II.9.  SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES. 
II.9.1.  Informes de Fiscalización anteriores. 
II.9.2.  Resoluciones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas. 
III.  CONCLUSIONES. 
IV.  RECOMENDACIONES. 
 
ANEXOS 
 
 
RELACIÓN DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
BDRS  Base de Datos Regional de Subvenciones. 
CA/CCAA  Comunidad/es Autónoma/s. 
CCOO  Comisiones Obreras. 
CDGAE  Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 
CECAM  Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha. 
CLM  Castilla-La Mancha. 
CMT  Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha, S.A.U.  
CPFF  Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
DA/DDAA  Disposición adicional/Disposiciones adicionales. 
DF  Disposición final. 
DG  Dirección General. 
EA  Estatuto de Autonomía. 
ENS  Esquema Nacional de Seguridad. 
ENI  Esquema Nacional de Interoperabilidad. 
FC  Fondo de Compensación. 
FCI  Fondo/s de Compensación Interterritorial. 
FEADER  Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 
FEAGA  Fondo Europeo Agrícola de Garantía. 
FEDER  Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
FENIN  Federación Española de Empresas de Tecnologías Sanitarias. 
FLA  Fondo de Liquidez Autonómico. 
FSE  Fondo Social Europeo. 
GEACAM  Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 
GICAMAN  Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A. 
ICAC  Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
IGAE  Intervención General de la Administración del Estado. 
IGCA  Intervención General de la Comunidad Autónoma. 
IMUJ  Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
IPEX  Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. 
IRIAF  Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de 
Castilla-La Mancha. 
IRPF  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
ISFOC  Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A.U. 
IVA  Impuesto sobre el Valor Añadido. 
JCCM  Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
LEA  Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha. 
LFCI   Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación 
Interterritorial.  s
LGP   Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.  oe.
LGS  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  742ww
LM  LCeays ti3lla/2-L0a0 8M, adnec h1a2.   de  junio,  de  Montes  y  Gestión  Forestal  Sostenible  de
LO  Ley Orgánica.
 
LOEPSF  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera.  
LOFCA  Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 
Autónomas. 
LOMCE  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
LOTCu  Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 
LP/LLPP  Ley/es de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. 
LPGE  Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
LRJSP  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
LTBG  Ley  4/2016,  de  15  de  diciembre,  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  de 
Castilla-La Mancha. 
MINHAFP  Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
OA/OOAA  Organismo autónomo/Organismos autónomos. 
ODS  Objetivo/s de Desarrollo Sostenible. 
ORN  Obligaciones Reconocidas Netas. 
PA  Plan/es de Ajuste. 
PeCAM  Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma. 
PEF  Plan/es Económico-Financiero/s. 
PEICLM  Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de 
Castilla-La Mancha. 
PGC  Plan General de Contabilidad. 
PGCP  Plan General de Contabilidad Pública de Castilla-La Mancha. 
PGE  Presupuestos Generales del Estado. 
PIB  Producto Interior Bruto. 
PIT  Promoción interna temporal. 
PMP  Periodo medio de pago. 
RCM  Radio Autonómica de Castilla-La Mancha, S.A.U. 
RD  Real Decreto. 
RD-L  Real Decreto-Ley. 
RTVCLM  Radio-Televisión de Castilla-La Mancha. 
SESCAM  Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 
PSMRC  Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca. 
SODICAMAN  Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, S.A. 
TRLH  Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. 
UGT  Unión General de Trabajadores. 
 
 
RELACIÓN DE CUADROS 
Cuadro Nº 1.   ENTIDADES INTEGRANTES SECTOR PÚBLICO CLM. 
Cuadro Nº 2.   GASTO CONTABILIZADO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO CLM 
(PARCIALMENTE CONSOLIDADO O AGREGADO). 
Cuadro Nº 3.   INFRACCIONES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DETECTADAS. 
Cuadro Nº 4.   PLANES DE CONTROL SOBRE EJERCICIO 2018. 
Cuadro Nº 5.   PLANES DE CONTROL FONDOS COMUNITARIOS. 
Cuadro Nº 6.   FACTURAS SEGÚN PUNTO ENTRADA. 
Cuadro Nº 7.   EVOLUCIÓN GASTO NO FINANCIERO 2016-2018. 
Cuadro Nº 8.   MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. 
Cuadro Nº 9.   FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO. 
Cuadro Nº 10. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. 
Cuadro Nº 11. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. 
Cuadro Nº 12. CUENTAS DE TESORERÍA (SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018). 
Cuadro Nº 13. FONDOS PROPIOS (VARIACIÓN 2016-2018). 
Cuadro Nº 14. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS NO FINANCIEROS. 
Cuadro Nº 15. MAGNITUDES CONSOLIDADAS SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO. 
Cuadro Nº 16. MAGNITUDES AGREGADAS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 
Cuadro Nº 17. ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 
PRESUPUESTO (VARIACIÓN 2017-2018). 
Cuadro Nº 18. MAGNITUDES AGREGADAS IPEX. 
Cuadro Nº 19. MAGNITUDES AGREGADAS SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL. 
Cuadro Nº 20. APORTACIONES DE LA JUNTA Y SUS OOAA AL SECTOR PÚBLICO 
EMPRESARIAL. 
Cuadro Nº 21. INFORMES DE AUDITORÍA EMPRESAS. 
Cuadro Nº 22. MAGNITUDES AGREGADAS SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL. 
Cuadro Nº 23. APORTACIONES DE LA JUNTA Y SUS OOAA AL SECTOR PÚBLICO 
FUNDACIONAL. 
Cuadro Nº 24. INFORMES DE AUDITORÍA FUNDACIONES. 
Cuadro Nº 25. EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT 2013-2019. 
Cuadro Nº 26. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA 2013-2019. 
Cuadro Nº 27. GASTOS DE PERSONAL SECTOR PÚBLICO CLM (EVOLUCIÓN 2017-2018). 
Cuadro Nº 28. EFECTIVOS SECTOR PÚBLICO CLM (EVOLUCIÓN 2017-2018). 
Cuadro Nº 29. TASA DE COBERTURA TEMPORAL. 
Cuadro Nº 30. EFECTIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CA Y ORGANISMOS  o
(EVOLUCIÓN 2017-2018).  742www.
CCuuaaddrroo  NNºº  3312..  GGAASSTTOOSS D DEE P PEERRSOSNOANLA YL  E(OFEOCATAIV EO SIP SEEXC).T OR PÚBLICO EMPRESARIAL.
Cuadro Nº 33. GASTO DE PERSONAL APROBADO Y EJECUTADO 2018.
 
Cuadro Nº 34. GASTOS DE PERSONAL Y EFECTIVOS. SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL. 
Cuadro Nº 35. COMPARATIVA PMP CLM-CONJUNTO DE CCAA. 
Cuadro Nº 36. PMP SECTOR EMPRESARIAL. 
Cuadro Nº 37. DISTRIBUCIÓN FONDOS FLA. 
Cuadro Nº 38. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA JCCM. 
Cuadro Nº 39. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA JCCM Y SUS OOAA. 
Cuadro Nº 40. OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS A 
UGT, CCOO Y CECAM. 
Cuadro Nº 41. AUTORIZACIONES ENDEUDAMIENTO 2018. 
Cuadro Nº 42. SITUACIÓN AVALES A 31 DE DICIEMBRE 2018. 
Cuadro Nº 43. VALORACIÓN ESTADO SALUD. 
Cuadro Nº 44. EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS SESCAM. 
Cuadro Nº 45. PERSONAL TEMPORAL (SESCAM). 
Cuadro Nº 46. RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE SALUD 2018 (POR TIPO DE PERSONAL). 
Cuadro Nº 47. EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO HOSPITALARIO. 
Cuadro Nº 48. GASTO PRESTACIÓN FARMACÉUTICA AMBULATORIA. 
Cuadro Nº 49. PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS POR PRINCIPIO ACTIVO. 
Cuadro Nº 50. GASTO FARMACÉUTICO Y SANITARIO DEVENGADO en clm 2018. 
Cuadro Nº 51. EQUIPAMIENTO CLM 2018. 
Cuadro Nº 52. LISTAS DE ESPERA. 
Cuadro Nº 53. EVOLUCIÓN DE DERIVACIONES 2017-2018 EN LA CA. 
Cuadro Nº 54. OPINIÓN DEL USUARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA. 
Cuadro Nº 55. CENTROS Y ALUMNOS EN EDUCACIÓN BÁSICA. 
Cuadro Nº 56. GASTO ENSEÑANZA PÚBLICA NO UNIVERSITARIA. 
Cuadro Nº 57. RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGÚN INFORME PISA. 
Cuadro Nº 58. FECHAS PREVISTAS ACTUACIONES PENDIENTES PLAN. 
Cuadro Nº 59. EFECTIVOS DE CLM. DISTRIBUCIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 
Cuadro Nº 60. DISTRIBUCIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA ADMÓN. AUTONÓMICA, 
PARLAMENTO AUTONÓMICO Y S. REGIONALES. 
Cuadro Nº 61. RECLAMACIONES RESUELTAS POR EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN 
GOBIERNO. 
Cuadro Nº 62. RECURSOS OBTENIDOS DE LOS FCI. 
Cuadro Nº 63. FCI (FINANCIACIÓN OBTENIDA EN 2018). 
 
 
I.  INTRODUCCIÓN 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 136 y 153 de la Constitución Española, 
corresponde al Tribunal de Cuentas el control económico y presupuestario de las Comunidades 
Autónomas (CCAA). 
En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 en relación con el 4, y de forma 
específica en el artículo 13.2 de la Ley Orgánica (LO) 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de 
Cuentas (LOTCu), se procede, en el ejercicio de las competencias de este Tribunal, a emitir el 
presente  Informe  sobre  los  resultados  del  control  económico-presupuestario  de  la  actividad 
desarrollada por la Comunidad Autónoma (CA) de Castilla-La Mancha (CLM) durante el ejercicio 
2018. 
La presente fiscalización se incluye en el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas 
para el año 2020, aprobado por su Pleno el 19 de diciembre de 2019 y modificado en sus 
sesiones de 30 de enero, 30 de abril, 28 de mayo, 25 de junio, 30 de septiembre y 29 de octubre 
de 2020, dentro del apartado de las fiscalizaciones derivadas de un mandato legal.  
Esta fiscalización se enmarca dentro de los objetivos específicos: 1.1 “Realizar actuaciones que 
sirvan a las Cortes Generales y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 
para impulsar la adopción de medidas que contribuyan a conseguir un sector público más racional 
y eficiente”, 1.2 “Fomentar buenas prácticas de organización, gestión y control de las Entidades 
Públicas”, 1.3 “Identificar y fiscalizar las principales áreas de riesgo, con especial hincapié en las 
prácticas que puedan propiciar el fraude y la corrupción”, 1.4 “Incrementar las fiscalizaciones 
operativas”, 1.5 “Agilizar la tramitación de los procedimientos fiscalizadores” y 2.3 “Contribuir al 
fortalecimiento del control interno”, recogidos en el Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas 
2018-2021, aprobado por su Pleno en sesión de 25 de abril de 2018.  
I.2.  ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL 
El ámbito subjetivo de la fiscalización está compuesto por las entidades que forman el sector 
público autonómico, conforme al Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Hacienda  de  CLM  (TRLH),  además  de  aquellas 
encuadradas  en  el  sector  público  en  que  la  CA,  directa  o  indirectamente,  ostentara  una 
participación  superior  al  del  resto  de  Administraciones participantes  (según  se  detalla  en  el 
apartado II.1 y con excepción de la Universidad1 y sus entidades dependientes). El ámbito objetivo 
de la fiscalización está formado por las cuentas rendidas por el conjunto de entidades anteriores, 
incluyendo,  además,  las  operaciones,  actos  o  hechos  que  conforman  la  actividad 
económico-presupuestaria de la CA. No obstante, cabe señalar que, en el referido Programa de 
Fiscalizaciones para 2020, se ha incluido la realización de la fiscalización de la contratación de las 
CCAA y Ciudades Autónomas sin órgano de control externo propio, correspondiente al ejercicio 
2018, por lo que dicha materia no es objeto de tratamiento específico en el presente Informe. 
El ámbito temporal se refiere al ejercicio 2018, sin perjuicio de las operaciones o hechos de 
ejercicios anteriores o posteriores que se analicen por su relación con el ejercicio fiscalizado. 
 1   N  o    o  b s  t a n  t e ,    s e    h  a c  e n    r e  f e r e  n  c i a  s puntuales a la Universidad, en esencia, al analizar datos generales del sector
público autonómico.
 
 
I.3.  MARCO NORMATIVO 
a)  Legislación autonómica  
La normativa emanada de la CA aplicable a su actividad económico-financiera durante el ejercicio 
fiscalizado está constituida, fundamentalmente, por las siguientes disposiciones: 
  Orden de 15 de diciembre de 1997, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el Plan de Contabilidad Pública aplicable a la Junta de Comunidades de CLM (JCCM) y 
se determina la estructura y contenido de la Cuenta General (PGCP). 
  TRLH. 
  Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de 
Garantías de Servicios Sociales. 
  Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la JCCM para 2018. 
  Ley 11/2012, de 21 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
de la JCCM. 
  Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de CLM (LTBG). 
b)  Legislación estatal 
  LO 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las CCAA (LOFCA). 
  Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial 
(LFCI). 
  Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 
  Real Decreto (RD) 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad (PGC). 
  Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 
CCAA  de  régimen  común  y  Ciudades  con  Estatuto  de  Autonomía  (EA)  y  se  modifican 
determinadas normas tributarias. 
  LO  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera 
(LOEPSF). 
  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. 
  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). 
  Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.  bo

 
I.4.  OBJETIVOS Y ALCANCE 
La presente fiscalización se realiza de conformidad con las Directrices Técnicas aprobadas por el 
Pleno del Tribunal de Cuentas el 28 de noviembre de 2019 e, igualmente, de acuerdo con las 
Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobadas por el Pleno el 23 de diciembre de 
2013. 
La fiscalización se ha realizado en el marco de los objetivos determinados en las Directrices 
Técnicas ya citadas, de conformidad con el artículo 9 de la LOTCu. Dichos objetivos se concretan 
en los siguientes: 
  Verificar si la Cuenta General de la CA y las demás cuentas anuales individuales de las 
entidades públicas de la CA se han rendido respetando las normas que les son de aplicación 
respecto a plazo, estructura y contenido. 
  Determinar si las cuentas anuales rendidas se presentan de acuerdo con los principios y 
normas definidos en los planes de contabilidad y en la normativa económico-financiera que rige la 
gestión de los presupuestos, poniendo de manifiesto las observaciones y salvedades que se 
estimen significativas. 
  Analizar los sistemas de control interno establecidos, en especial, en la Administración 
General. 
  Comprobar si se han seguido los procedimientos establecidos para la determinación y 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, de 
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  normativa  que  regula  esta  materia,  así  como  verificar  la 
implantación  de  las  medidas  correctoras  propuestas  en  los  diferentes  Planes 
Económico-Financieros (PEF) y Planes de Reequilibrio presentados, en su caso. 
  Evaluar la sujeción a los principios de legalidad, eficiencia y economía en la gestión de los 
recursos públicos, principalmente en la Administración General, para la que se prevé el análisis, 
entre otras, de las áreas de sanidad, medioambiente, educación, personal, morosidad de la deuda 
comercial, endeudamiento y subvenciones. 
  Analizar la aplicación de los recursos provenientes de las dotaciones de los Fondos de 
Compensación Interterritorial (FCI) [Fondo de Compensación (FC) y Fondo Complementario]. 
  Realizar  el  seguimiento  de  las  recomendaciones  formuladas  en  informes  de  ejercicios 
anteriores elaborados por el Tribunal, así como las señaladas en las resoluciones de la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. 
Además, se ha verificado el cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como de las prescripciones de transparencia en todo aquello en que lo dispuesto en 
dicha normativa pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. 
De  la  exposición  de  los  objetivos  anteriores  se  deduce  el  carácter  integral  de  la  presente 
fiscalización (de regularidad y operativa). 
No  se  han  planteado  limitaciones  al  alcance  que  impidieran  la  verificación  de  los  objetivos  es
planteados en la presente fiscalización.   o
I.5. TRÁMITE DE ALEGACIONES
Lpoasra r eqsuuel tsaed ofso rdmeu llaasse anc tlausa caiolengeasc ipornaecsti cya dsaes p srees peunstaiesreonn  cduea nmtoasn ifdieosctuom ael nPtoress yid jeunstteif icdaen ltae sC sAe, 
 
 
estimasen pertinentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 7/1988, de 5 de 
abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu).  
Solicitada prórroga, las alegaciones se recibieron dentro del plazo concedido y, en virtud de lo 
dispuesto en el mencionado artículo 44, se incorporan a este Informe.  
A la vista de las alegaciones, se han efectuado las oportunas modificaciones en el texto y, en los 
casos en que se ha visto necesario plantear algunas consideraciones respecto al contenido de las 
mismas, aquellas se reflejan mediante notas a pie de página. No se formulan observaciones 
respecto a las alegaciones que constituyen meras explicaciones en relación con los hechos 
recogidos en el Informe y que, por tanto, no implican oposición al contenido del mismo. En 
cualquier caso, el resultado definitivo de la fiscalización es el expresado en el presente Informe. 
II.  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
Todos los anexos a este Informe se han elaborado con los datos tal y como vienen reflejados en la 
contabilidad o confeccionados por el Tribunal con los datos contables aportados por aquella, de 
los que son transcripción. Los estados y cuadros que se incluyen junto al texto del Informe son, 
salvo que se indique lo contrario, el resultado del análisis de la fiscalización, coincidente o no con 
los datos contables, y se basan en datos aportados por la Comunidad y, de forma residual, 
publicados por otras entidades públicas (caso, este último, en el que se hace mención específica a 
ello). 
Los anexos I.1-1, I.1-2 y I.1-3 recogen las cifras agregadas correspondientes a la liquidación de 
los presupuestos de gastos e ingresos y saldos presupuestarios de las Administraciones públicas. 
Asimismo, los anexos I.1-4 y I.1-5 reflejan la situación económico-financiera y los resultados 
económico-patrimoniales de las Administraciones públicas. 
II.1.  ENTIDADES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
El artículo 4 del TRLH determina que el sector público de la CA se compone de los órganos de la 
JCCM regulados en su EA y los vinculados o dependientes de estos, la Administración de la Junta 
de Comunidades, sus organismos autónomos (OOAA) y entidades públicas dependientes, las 
empresas  y  fundaciones  públicas  regionales  y,  finalmente,  los  consorcios  participados 
mayoritariamente por la Junta.  
Según lo dispuesto en los artículos 81 y 82 de la LO 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
y, en especial, en la más reciente LRJSP, las universidades públicas de las CCAA forman parte 
del sector público institucional. En la modificación operada sobre el artículo 4 del TRLH por la Ley 
de CLM 7/2017, 21 diciembre, de Presupuestos Generales de la JCCM para 2018, se indica que 
el  TRLH  pasa  a  ser  de  aplicación  a  las  Universidades  públicas  de  CLM  a  los  efectos  del 
seguimiento de lo establecido en la normativa vigente en materia de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, y del cumplimiento de los principios y obligaciones contables que se 
deriven de lo establecido en el título sexto, aunque no se han incluido expresamente entre los 
entes integrantes del sector público regional. 
Además de las entidades recogidas en el artículo 4 antes mencionado, a los efectos de esta 
fiscalización se ha tenido en cuenta que la CA participa en el capital de sociedades públicas o en  s
la dotación de fundaciones pertenecientes al sector público, en cuantía igual o superior a la del  e.
resto de Administraciones participantes. No se toman en consideración aquellas entidades que  w.
estuvieran incursas en el supuesto previsto en el párrafo tercero y siguientes de la Disposición  742ww
adicional (DA) novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP).
 
En el siguiente cuadro se ofrece información agregada sobre el número de entes referidos en los 
tres párrafos anteriores (a 31 de diciembre de 2018). 
CUADRO Nº 1.   ENTIDADES INTEGRANTES SECTOR PÚBLICO CLM2 
Entidad  Número 
Administración General Junta  1 
OOAA y Entes con cuentas rendidas según contabilidad pública  5 
Empresas y Entes con cuentas rendidas según contabilidad privada  11 
Fundaciones  11 
Universidad  1 
Consorcios  2 
A continuación, se refleja el gasto de las entidades anteriores, de acuerdo con las cuentas 
rendidas en la fiscalización. Para la Junta y los entes que han presentado las cuentas bajo el 
PGCP, se reflejan los datos agregados parcialmente consolidados que aparecen en la memoria de 
la Cuenta General. Para empresas, fundaciones y consorcios, se recoge el gasto agregado de 
modo que no se han eliminado las transferencias internas por las aportaciones efectuadas por la 
Junta (o por otros entes integrantes del sector público regional) a los sujetos que operan bajo el 
régimen de contabilidad privada. 
CUADRO Nº 2.   GASTO CONTABILIZADO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO CLM 
(PARCIALMENTE CONSOLIDADO O AGREGADO) 
(miles de euros) 
Entidad  Importe 
Sector administrativo  9.012.433 
Empresas y resto de entes públicos  217.531 
Fundaciones  33.625 
Universidad  196.279 
Consorcios  0 
Total  9.459.868 
En los anexos I.1-1 y I.1-2 a este Informe se recoge un resumen de la liquidación de los 
presupuestos de gastos y de ingresos del ejercicio 2018, de la Administración General de la CA, 
de los OOAA y de otros Entes sujetos al régimen de contabilidad pública. El anexo I.1-3 recoge el 
resultado y el saldo presupuestario de todas estas entidades correspondiente al ejercicio 2018, y 
en  los  anexos  I.1-4  y  I.1-5  se  refleja  un  resumen  del  balance  y  cuenta  del  resultado 
económico-patrimonial. 
En los anexos I.2-1 y I.2-2 del Informe se recoge un resumen de las cuentas anuales del ejercicio 
2018 (balance y cuenta de pérdidas y ganancias) de las empresas públicas autonómicas y de los 
consorcios públicos que rindieron sus cuentas conforme al PGC. En los anexos I.3-1 y I.3-2 se 
recoge un resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2018 (balance y cuenta de resultados) de 
las fundaciones públicas autonómicas que rinden las mismas conforme a la adaptación del PGC a 
entidades sin fines lucrativos.  e.
                                                
2  En el anexo I.0 se ofrece una relación nominativa de estas entidades.
 
 
II.2.  RENDICIÓN DE CUENTAS 
II.2.1.  Cuenta General 
El artículo 113.1 del TRLH establece que la Cuenta General de la JCCM se formará anualmente 
con la Cuenta de la Administración de la Junta, la Cuenta de sus OOAA y, en su caso, las cuentas 
de las entidades del artículo 4 de esta Ley incluidas en el régimen de contabilidad pública. La 
Orden de 15 de diciembre de 1997, en el ejercicio de la habilitación conferida por el artículo 113.2 
del TRLH, dispone que la Cuenta General de la JCCM está integrada por la Cuenta General de la 
Administración de la Junta así como por todas las cuentas generales de las entidades que 
integran el sector público regional y estén sometidas al régimen de contabilidad pública. 
La Cuenta General de 2018 fue remitida al Tribunal de Cuentas el 31 de octubre de 2019, dentro 
del plazo previsto en el artículo 114 del TRLH (hasta el día 31 de octubre del año siguiente al que 
se refiera). 
Desde el 1 de enero de 2014, debido a la modificación introducida por la Ley 9/2013, de 12 
diciembre, de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de la JCCM para 2014, se ha 
retrasado el plazo de rendición desde el 30 de junio hasta el 31 de octubre, en ambos casos, del 
año siguiente al que se refiera la cuenta. Dicha modificación legislativa va en línea opuesta al 
contenido de las Resoluciones aprobadas por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, en relación con los diferentes informes anuales de las CCAA, en las que se 
insta,  a  todas  las  CCAA, a  “efectuar  las  modificaciones normativas  oportunas  a  efectos de 
adelantar el plazo de rendición de las cuentas a 30 de junio del ejercicio siguiente a que se 
refieran”3.  
Las cuentas de los Consorcios Parque Arqueológico de Carranque y Parque Arqueológico de 
Alarcos no se incluyen en la Cuenta General, dado que se rinden indebidamente conforme al PGC 
y no conforme al PGCP, pese a lo dispuesto en sus estatutos (si bien se trata de entidades en 
proceso de disolución, que no presentan relevancia económica). 
Las cuentas de determinadas entidades de derecho público [Grupo Ente Público Radio-Televisión 
de  CLM  (RTVCLM)  e  Infraestructuras  del  Agua  de  CLM],  empresas  públicas  [Gestión  de 
Infraestructuras de CLM, S.A. (GICAMAN), Grupo Instituto de Finanzas de CLM, S.A.U., Gestión 
Ambiental  de  CLM,  S.A.  (GEACAM)  y  Sociedad  para  el  Desarrollo  Industrial  de  CLM,  S.A. 
(SODICAMAN)] y fundaciones públicas [Parque Científico y Tecnológico de CLM, Impulsa CLM, 
Sociosanitaria de CLM, Jurado Arbitral Laboral de CLM, Centro Tecnológico del Metal de CLM, 
Patronato  de  la  Semana  de  Música  Religiosa  de  Cuenca  (PSMRC)  y  Hospital  Nacional  de 
Parapléjicos para la Investigación y la Integración], elaboradas bajo el régimen de contabilidad 
privada, se rinden formando parte de la Cuenta General de 2018, aun cuando el artículo 113.1 del 
TRLH solo prevé la inclusión de las cuentas confeccionadas mediante contabilidad pública.  
Por su parte, el artículo 106.4 del TRLH establece que las entidades públicas que forman parte del 
sector público regional deben formar y rendir sus cuentas de acuerdo con los principios y normas 
de contabilidad recogidos en el PGCP, salvo que su actividad principal consista en la producción 
de bienes y servicios destinados a la venta en el mercado y que al menos el 50 % de sus ingresos 
proceda de esta fuente, circunstancias que no concurren en el Grupo Ente Público RTVCLM, pese 
a lo cual ha presentado cuentas conforme al PGC. En las mismas circunstancias se encuentra la 
Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de CLM, pues, a la vista de la Ley 12/2002,  e.e
                                                  742ww
3Rla eP Rlaaercasio oenlule ccsia ócsnoo nd c eeo ln2 Tc7rr iedbteuo n fdaeelb  drCeerL oCM ud, eelna 2tsa0 sR1,8 ee,s noe lnrue crlaieoclnaióecnisó  ncdo ecn o1 ln2o  sed lIe ni nfjoufornmrimoe esd  edA en2 u0fia1slc7ea,s l aizdpaerc oeibósantad d aCes A lpa do Cre  Allao  sdC eeolj meerjicesiircócinioc siMo 2 i2x0t01a13 5p y a yr2 a0m 1láa4ss,  
recientemente la Resolución de 27 febrero de 2019, en relación con el informe de fiscalización del ejercicio 2016.
 
de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de la CA de CLM y el artículo 3 de sus 
Estatutos, se aprecia que más de la mitad de sus ingresos son públicos. Ello supondría la 
inclusión de las cuentas de ambas entidades en la Cuenta General (como en la práctica se ha 
hecho), si bien bajo las prescripciones de la contabilidad pública4. 
Así mismo, la DA quinta de la Ley de Presupuestos de la CA (LP) para 2018 establece la 
obligatoriedad para las entidades, empresas públicas y fundaciones que integran el sector público 
regional y para los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la JCCM, de 
someterse a la auditoría anual de las cuentas, sin que cumplieran con dicha disposición aquellas 
que se encontraban en proceso de extinción.  
La Cuenta General y las cuentas individuales en ella incluidas se presentan, con carácter general, 
de acuerdo con la estructura definida en los planes y normas contables, sin perjuicio de las 
observaciones expuestas a lo largo del presente subapartado (y, en particular, en los párrafos 
anteriores, sobre el plan contable de aplicación) y contienen todos los estados previstos en el 
artículo 113.2 del TRLH y en la Orden de 15 de diciembre de 1997, de la Consejería de Economía 
y Hacienda. 
La  citada  Orden  indica  que  los  entes  integrantes  del  sector  público  regional  llevarán  su 
contabilidad conforme al Plan General de Contabilidad Pública aprobado mediante Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda, de 6 de mayo de 1994, estableciendo reglas particulares en 
lo referente a la elaboración de las cuentas anuales, particularidades que se concretan en la 
omisión de algunos apartados constitutivos de la memoria respecto a la prevista en la Orden 
estatal que, por tanto, no han sido confeccionados e incorporados, pese a que deberían contener 
información considerada de relevancia, como, por ejemplo: 
  En la parte relativa a la información de la ejecución del gasto público: remanentes de crédito, 
ejecución de los proyectos de inversión, transferencias y subvenciones, convenios y personal.  
  En cuanto a la información sobre la ejecución del ingreso público: proceso de gestión de los 
ingresos, transferencias y subvenciones recibidas, tasas, precios públicos y precios privados y 
derechos presupuestarios pendientes de cobro según su exigibilidad. 
  Inmovilizado inmaterial, material, o inversiones gestionadas para otros entes públicos. 
Además, no se considera apropiada la mención genérica que se realiza indicando que la no 
presentación de estados financieros en la memoria de las cuentas es debida a la inexistencia de 
datos u operaciones, sin que se haga necesario detallar cuáles son estos estados. 
Mediante la Orden HAC/553/2019, de 24 de abril, por la que se modifica la Orden HAP/1724/2015, 
de 31 de julio, por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado, se establece 
que en la memoria de la Cuenta General del Estado se ha de incluir información relativa al 
resultado obtenido en términos de contabilidad nacional. Al cierre del ejercicio 2019, la regulación 
de la Cuenta General de la CA no preveía tal información, que se considera relevante. No 
obstante, la Cuenta General de la CA del ejercicio 2018 incluyó un estado con información del 
resultado en términos de contabilidad nacional, aun no estando previsto en la normativa de 
referencia. 
Como se ha puesto de manifiesto, la contabilidad de la Administración regional y organismos  es
administrativos se adapta, con las particularidades señaladas, al Plan contable estatal de 1994, el  o
cual fue derogado por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, que aprueba un nuevo plan  742www.
 4  L  a    C  A    in  d i c  a   e  n   s  u s    a l e  g a  c i o  n e  s   q   ue, “conforme a la disposición transitoria quinta de la Orden 169/2018, por la que se
aprueba el PGCP de la JCCM, ambos entes aplican el PGCP desde el día 1 de enero de 2020”.
 
 
configurado como el marco contable para todas las Administraciones públicas. No ha sido hasta la 
aprobación de la Orden 169/2018, de 26 de noviembre, por la que se aprueba el nuevo Plan 
General de Contabilidad Pública de la JCCM, cuando se ha producido la necesaria adaptación al 
mismo (con entrada en vigor el 1 de enero de 2019). Esta norma procedió a la derogación de la 
Orden previa de 1997, la cual determinaba tanto el plan contable regional como la estructura y 
contenido de la Cuenta General, sin que, hasta el 1 de julio de 2020, se haya procedido a regular 
estos últimos. 
La normativa autonómica no contiene previsión similar a la de la Orden HAP/801/2014, de 9 de 
mayo, por la que se regula el procedimiento de rendición de cuentas anuales en los casos de 
modificaciones estructurales entre entidades del sector público que supongan la extinción de 
entidades públicas sin que exista un proceso de liquidación conforme al artículo 138.6 de la LGP, 
donde se indica que “es fundamental que los organismos o entidades que se extinguen sin que 
exista un proceso de liquidación, elaboren y rindan información correspondiente a la gestión 
realizada, al objeto de que se pueda realizar el control sobre la utilización de los recursos públicos, 
así como medir el grado de realización de las actuaciones previstas”. 
Finalmente, cabe señalar que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) 
elaboró unas Normas sobre Consolidación de Cuentas en el Sector Público, que se aprobaron por 
la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, con carácter marco para todas las Administraciones 
Públicas. Así, la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se regula la elaboración de la 
Cuenta General del Estado, establece un nuevo estado de cuenta única consolidada, sin que la 
CA disponga de una norma de contenido similar. Respecto al ejercicio fiscalizado, dado que no 
existe previsión al respecto en la Orden de 15 de diciembre de 1997, la CA no presenta una 
cuenta consolidada semejante, sin perjuicio de los datos agregados parcialmente consolidados 
que aparecen en la memoria para los entes sujetos a contabilidad pública. Al cierre de 2019 
seguía sin contarse con una norma reguladora del contenido y estructura de la Cuenta General, 
sin que se hubiera avanzado, por tanto, en una cuenta consolidada única para la CA.  
II.2.2.  Otras entidades 
Respecto a las cuentas anuales que no forman parte de la Cuenta General pero pertenecen al 
sector  público  regional  según  el  TRLH,  el  artículo  107  de  este  Texto  establece  que  los 
cuentadantes que en él se enuncian deben remitir a la Intervención General de la CA (IGCA) sus 
cuentas anuales, elaboradas de conformidad con la legislación específica, dentro de los siete 
meses siguientes a la terminación del ejercicio económico y que esta las enviará al órgano de 
control externo en el plazo de un mes desde que las recibiera. Adicionalmente, deben remitirse las 
cuentas  de  aquellas  entidades  públicas  en  las  que,  aun  no  concurriendo  los  requisitos 
establecidos en el artículo 4 del TRLH, la JCCM posee una participación superior en el capital 
social, dotación fundacional o fondo equivalente al del resto de Administraciones y que tienen la 
obligación de rendir cuentas en virtud del artículo 34 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas. 
Dada la operativa antes señalada para conformar la Cuenta General de la CA, solo las cuentas de 
las fundaciones CLM Tierra de Viñedos, Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes y 
Colección Roberto Polo (constituida en 2018) no se incluyeron en la misma, rindiéndose las de 
esta última durante el transcurso de la fiscalización, por lo tanto fuera del plazo previsto en el 
TRLH. 
El artículo 106 del TRLH, dedicado al régimen de contabilidad de las entidades integrantes del  b
sector público regional, no contiene una referencia expresa a las fundaciones, sin que la CA  742ww
daipsrpuoenbgaan  dlaes l engoirsmlaacsió nd ee sapdeacpítfaiccaió anl  dreesl pPeGctCo . aE ll aRsD e n1t4id9a1d/2e0s1 s1i,n  dfein e2s4  lduec roactitvuobsr ey,  peol rm eol dqeuloe  dsee 
polbalnig adteo raiac tduea cliaósn  ndoer mlaas se nqtuidea deens  ésl ins ef inceosn tliuecnreanti vpoasr,a e stotadbalse clea,s  efnu nsdua cairotínceuslo  d3e,  clao mappleictaecnicóina 
 
estatal y asociaciones declaradas de utilidad pública y en particular, a las fundaciones estatales 
que integran el sector público fundacional. En sendas resoluciones de 26 de marzo de 2013 del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), se aprueban el Plan de Contabilidad de 
las entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin 
fines  lucrativos.  En  el  ejercicio  fiscalizado,  la  Fundación  Colección  Roberto  Polo  rinde 
incorrectamente, siguiendo el RD 1515/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el PGC 
de Pequeñas y Medianas Empresas. 
II.3.  CONTROL INTERNO 
II.3.1.  El control interno atribuido a la IGCA 
Según el artículo 92 del TRLH, el control interno de la gestión económico-financiera de la JCCM 
se realiza por la IGCA sobre el conjunto de la actividad financiera y sobre los actos con contenido 
económico que la integran, con la finalidad de procurar el mejor cumplimiento de los principios de 
legalidad, economía, eficiencia y eficacia. Este control se ejerce mediante la función interventora y 
el control financiero. 
Junto con el TRLH, la Circular 1/2007, de 19 de junio, de Control Financiero, elaborada por la 
IGCA, establece el marco normativo en esta materia.  
A)  FUNCIÓN INTERVENTORA 
Tal  como  prevé  el  artículo  99  del  TRLH,  si  la  Intervención,  al  realizar  la  fiscalización  o 
intervención, se manifiesta en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el 
procedimiento seguido para su adopción, debe formular sus reparos por escrito, con cita de los 
preceptos legales en los que sustente su criterio. Respecto a los reparos procedentes de la propia 
IGCA, o confirmados por esta, compete al Consejo de Gobierno adoptar la resolución definitiva, 
sin que durante 2018 se produjeran reparos que tuviera que resolver dicho Consejo.  
Sí se produjeron actos de convalidación por el Consejo de Gobierno, conforme al artículo 100 del 
TRLH, por omisión del trámite de fiscalización previa, por valor de 8.228 miles de euros (7.909 
miles en 2017). En el siguiente cuadro se muestran las infracciones del ordenamiento jurídico 
detectadas, adicionales en su caso a la propia ausencia de fiscalización previa. 
CUADRO Nº 3.   INFRACCIONES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DETECTADAS 
(miles de euros) 
Número 
Infracción  Importe 
Expedientes 
Ausencia de convenio/contrato  2.543  6 
Fraccionamiento  238  4 
Omisión de fiscalización  4.405  4 
Prescindir  del  procedimiento  establecido  para  la  1.042  6 
ejecución del gasto objeto del expediente 
Total general  8.228  20  e
Del análisis de los expedientes cabe destacar un incremento con respecto al ejercicio anterior de  742ww
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gestor  se  habría  prescindido  del  procedimiento  establecido  para  la  ejecución  del  gasto, 
incurriéndose en una serie de irregularidades (entre ellas fraccionamiento). 
En un caso, cuyo importe asciende a 29 miles de euros, se procede a la autorización del 
reconocimiento de obligaciones derivadas de la liquidación de una encomienda de gestión con la 
Empresa de Transformación Agraria, S.A (TRAGSA), sin que produjera la preceptiva retención 
adicional de crédito prevista en el artículo 4.8 del RD 1072/2010, de 20 de agosto, que regula a 
este medio propio y sus filiales. En 2017 se autorizaron mediante convalidación el reconocimiento 
de obligaciones por importe de 252 miles de euros derivadas de la ejecución de obras realizadas 
por este medio propio. 
Respecto al expediente de la Consejería de Hacienda en el que se convalida un gasto de 724 
miles de euros, con motivo de la prestación de servicios transitorios durante enero y febrero de 
2018, tras la resolución del contrato centralizado del servicio de vigilancia y seguridad de edificios 
de la administración de la JCCM y del Servicio de Salud de CLM (SESCAM), se observan hechos 
similares en 2017, con una convalidación de obligaciones por importe de 3.475 miles de euros por 
la prestación de los mismos servicios. 
En otros dos expedientes (92 y 106 miles de euros respectivamente) no existía cobertura ni 
presupuestaria ni contractual para el gasto, por lo que serían nulos de pleno derecho, según 
establece el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.  
En 2018, se convalidan 260 miles de euros como consecuencia de la continuación de estancias 
en plazas residenciales en centros geriátricos tras la finalización en 2016 de la vigencia de los 
contratos  suscritos  con  sus  titulares  y  sin  que  se  formalizaran  con  ellos  nuevos  contratos 
derivados del acuerdo marco vigente para el periodo 2017-2020, al no haberse incluido estos 
centros en dicho acuerdo, por distintos motivos. Estos hechos también se dieron en 2017, con 
convalidaciones por 577 miles de euros. 
También se repite la convalidación del gasto en la contratación de líneas de transporte escolar 
(Consejería de Educación) por un importe de 235 miles de euros en 2018, apreciándose además 
el fraccionamiento de los contratos. En 2017 las obligaciones autorizadas por el procedimiento de 
convalidación derivadas de contratos de transporte escolar ascendieron a 50 miles de euros. 
B)  CONTROL FINANCIERO Y AUDITORÍA PÚBLICA 
El artículo 104.3 del TRLH otorga a la IGCA la posibilidad de formular informes de actuación 
derivados de las recomendaciones y de las propuestas para los órganos gestores contenidas en 
los informes de control financiero, ante determinadas circunstancias.  
El informe de actuación, de 27 de abril de 2017, basado en el informe de control financiero de 21 
de marzo de 2017 sobre la contratación de personal temporal e indefinido de enero a octubre de 
2016 de la empresa GEACAM, proponía, entre sus conclusiones, la revisión del Acuerdo, de fecha 
17 de mayo de 2016, adoptado en el seno de la Comisión de Interpretación y Vigilancia del III 
Convenio Colectivo de aplicación a las empresas adjudicatarias de los servicios de prevención y 
extinción de incendios forestales de CLM, declarando la nulidad de aquellas partes que implicaran 
obligaciones  económicas  que  supusieran,  directa  o  indirectamente,  un  incremento  del  gasto 
público en materia de costes de personal o incrementos en las retribuciones por encima del límite  s
previsto  en  el  artículo  34.2  de  la  LP  para  2016,  así  como  de  las  97  contrataciones  oe.
fijas-discontinuas efectuadas.  w.
Preosrp uReesstao ludcei ólan ,C doen se1j2e rídae  dme aArgzroic udletu r2a0, 1M8e, ddioe  Alma bIiGenCtAe  ys eD erseasrureollvloe  Rcuornasl,i dlae rcaura la sdee cfuunaddaa  elan 
lDai resocclicióitnu dG eenne rsaul  (mDGom) deen tPo,r epsourp upeasrttoes  dceo nG cEaAráCcAteMr ,p rdeev iolo as  lcao crroenstpraotnadciieónnt edse  ninufeovrmo epse rdsoen laal   BOE-A-cable e
 
(o  cambio  de  las  condiciones  de  trabajo),  así  como  en  el  caso  de  negociación  con  los 
representantes de los trabajadores, aunque dicha DG no los llegó a emitir. Posteriormente, en la 
Resolución de 3 de julio de 2018, de la IGCA, se concluye que “la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural y GEACAM han llevado a cabo los distintos puntos recogidos 
en la propuesta de actuación, en relación a la realización de 97 contratos bajo la modalidad de 
fijos-discontinuos y el Acuerdo de CIV de 17/05/2016”. 
La Circular 1/2007 establece la obligación de elaborar un plan anual de control financiero. En 
concreto, el grado de realización de las actuaciones previstas en los planes aprobados, que 
inciden esencialmente sobre la actividad económico-financiera del ejercicio 2018, se refleja en el 
cuadro siguiente (a 10 de junio de 2020). 
CUADRO Nº 4.   PLANES DE CONTROL SOBRE EJERCICIO 2018 
(número de informes) 
Actuaciones 
Planes de Control Financiero   Resolución  Terminadas 
Programadas 
Plan de Control Financiero y Auditoría de Empresas y  11/02/2019  39  28 
Entes Públicos  
Plan de Control Financiero del SESCAM para 2017   28/02/2018  18  13 
Plan  de  Control  Financiero  del  área  de  gastos  de  21/02/2018  2  1 
personal 
Total    59  42 
Adicionalmente, durante el ejercicio fiscalizado se ejecutaron controles sobre fondos comunitarios 
en el marco de los siguientes planes de control financiero. 
CUADRO Nº 5.   PLANES DE CONTROL FONDOS COMUNITARIOS 
Plan de Control Financiero  Fecha de aprobación 
Plan de Control Financiero 2017-2018 de las operaciones financiadas por el  19/05/2017 
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 
Plan de control de las auditorías de operaciones y de los sistemas de gestión  6/04/2018 
y control del programa operativo Fondo Social Europeo (FSE) iniciativa 
empleo juvenil 
Plan de control de las auditorías de operaciones y de los sistemas de gestión  16/04/2018 
y control del programa operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) CLM 
Plan  de  Control  Financiero  y  de  procedimientos  de  gestión  de  las  27/04/2018 
operaciones financiadas por los fondos FEAGA y Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) (ejercicio 2018)  es
Plan de Control Financiero 2018-2019 de las Operaciones Financiadas por el  26/07/2018  w.
FEAGA  742ww
Los procedimientos de repercusión de responsabilidad financiera a los organismos pagadores
iniciados en 2017 y finalizados en 2018 por la Comisión Europea en el ámbito del programa
 
 
operativo FEAGA han conllevado correcciones financieras en CLM por importe de 558 miles de 
euros, de los cuales 472 miles son por deficiencias en condicionalidad y 86 miles por deficiencias 
en los controles a posteriori.  
En cumplimiento del artículo 104.4 del TRLH, la IGCA ha emitido el informe-resumen de los 
resultados más significativos de las actuaciones de control financiero desarrolladas durante el 
ejercicio 2018. 
Por otra parte, en relación con el seguimiento del grado de cumplimiento de conclusiones y 
recomendaciones procedentes de los informes emitidos, el TRLH no incluye una previsión similar 
a la de los artículos 161 y 166 de la LGP, donde, por un lado, se obliga a los órganos gestores a 
elaborar un plan de acción con las medidas concretas a adoptar tras los informes de control 
financiero permanente, y, por otro, a incluir la información sobre las medidas adoptadas por los 
órganos gestores para solventar las salvedades puestas de manifiesto en ejercicios anteriores en 
el informe anual resumen de las auditorías de cuentas anuales realizadas.  
Finalmente, según la Circular 1/2007, debe contarse con un sistema de gestión que permita el 
seguimiento de los informes de los que se deriven reintegros por parte de los perceptores de 
subvenciones, el cual ha de integrarse en la Base de Datos Regional de Subvenciones (BDRS), 
sin que tampoco se haya acreditado su implementación. 
II.3.2.  Sistemas y procedimientos de control interno 
A)  PRESUPUESTACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS E INDICADORES 
Las variaciones del presupuesto de 2018 incrementaron el inicial de la Administración General de 
la Junta en un 6 %, aumentando las tasas de variación frente a los ejercicios precedentes (2,6 % 
de 2017 y 2 % de 2016).  
Por su parte, el artículo 53.1 del TRLH establece escasas restricciones a la realización de 
transferencias de crédito, pudiendo estas efectuarse entre distintas secciones del presupuesto, 
desde créditos para operaciones financieras al resto de los créditos, o desde créditos para 
operaciones  de  capital  a  créditos  para  operaciones  corrientes,  lo  que  debilita  el  valor  del 
presupuesto  inicialmente  aprobado  como  instrumento  de  planificación  de  la  actividad. 
Adicionalmente para el ejercicio fiscalizado, la LP deja sin efecto la práctica totalidad de las 
limitaciones contenidas en el precitado artículo del TRLH. En el ejercicio 2018, las transferencias 
de crédito realizadas se incrementaron un 28,1 %, pasando de 336.475 miles de euros a 431.065 
miles.  En  el  subepígrafe  II.4.2.A)  se  ponen  de  manifiesto  las  debilidades  detectadas  en  el 
procedimiento de modificaciones de créditos.  
Finalmente, según el artículo 41 del TRLH, entre la documentación que debe acompañar al 
anteproyecto de LP se encuentran las memorias explicativas de los contenidos de cada una de las 
secciones de gasto de los presupuestos, junto con los objetivos, actividades e indicadores de cada 
uno de los programas de gasto. Referente a la ejecución del presupuesto del ejercicio 2018, el 
seguimiento mediante indicadores de los programas presupuestarios aprobados no se extiende a 
todos los objetivos y actividades y, de aquellos sobre los que consta su medición, esta se limita a 
los datos cuantitativos sin acompañarlos de la necesaria información cualitativa que permitiría su 
correcta comprensión.  
B)  FONDOS LÍQUIDOS  b
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eelllaob, otraal r cyo smoom reetecor gae l ae al parrotíbcaucloió n6 2d.3e l dCeol nTsRejLoH d,e l aG oCboinesrneoje urína  pdlaen E dceo ndoismpoías icyi óHna dceie nfodnad opsu,e sdien 
 
que dicho plan (o documento equivalente) se haya aprobado, de acuerdo con el procedimiento 
establecido, durante el ejercicio fiscalizado. Esta cuestión cobra especial relevancia a la vista de la 
modificación operada por la LO 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la LOEPSF, 
por  la  que  se  añade  una  nueva  DA  a  esta  última,  donde  se  establece  que  todas  las 
Administraciones públicas deben disponer de planes de tesorería que pongan de manifiesto su 
capacidad para atender el pago de los vencimientos de las deudas financieras. 
C)  PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTROLES DE EFICACIA 
El artículo 59 del TRLH establece que los órganos competentes de gestión de la CA deben 
establecer los sistemas de control que estimen adecuados para la supervisión de las diferentes 
actuaciones financieras que correspondan a sus unidades. Como ya se indicó en informes de 
fiscalización anteriores, las Consejerías no contaban, con carácter general, con dichos sistemas, 
sin que se haya informado sobre la introducción de los mismos. 
Si bien el control de eficacia que establece el artículo 6 de la Ley 4/2015, de 26 de marzo, por la 
que se crea el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de CLM 
(IRIAF), no había sido implantado durante el ejercicio fiscalizado, la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural contrató la realización de un informe del citado control de 
eficacia, relativo al periodo 2015-2017, el cual fue finalizado en el mes de febrero de 2019. 
D)  PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD E INVENTARIOS 
El artículo 32.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, obliga a inventariar los bienes y derechos que integran el patrimonio, haciendo constar, 
con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación, situación jurídica y el 
destino o uso de los mismos. El valor de los activos que componen el inventario de la JCCM, a 31 
de diciembre de 2018, ascendía a 1.543.760 miles de euros. 
La Ley 6/1985, de 13 de noviembre, del Patrimonio de la CA, prevé en su artículo 9 que el 
inventario general de bienes y derechos comprende todos aquellos de dominio público y privado a 
los que se refieren los artículos 3 y 4 de esta Ley, excepto aquellos bienes muebles cuyo valor 
unitario sea inferior a 600 euros. Se encuentra, por tanto, tácitamente derogada la redacción del 
artículo 10 del Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación del Reglamento para la 
aplicación de la Ley anterior, donde se establece la excepción para aquellos “bienes y derechos 
cuyo valor unitario sea inferior a 25.000 pesetas”. Si bien aquellos bienes por encima de 600 euros 
deben quedar registrados en el registro de bienes, se ha constatado que aquellos cuyo valor se 
encuentra entre los 600 y los 1.500 euros no se incorporan, desde el 1 de enero de 2019, al activo 
del balance, existiendo por tanto una discrepancia entre ambos registros. 
Asimismo, esta Ley establece que la contabilidad patrimonial debe ser la que permita seguir, en 
todo momento, la gestión de los bienes y derechos que integran el inventario y la obligación de 
actualizarlo anualmente.  
Del análisis de los datos que recoge el citado inventario, se deduce que: 
  De la comparación de la totalidad de los saldos registrados en las correspondientes rúbricas 
de inventario y los saldos contables de las cuentas de inmovilizado se deducen diferencias. 
Además, se encuentran registrados al menos 498 elementos del inmovilizado sin valoración y no  s
aparecen otros que sí están contabilizados, existiendo, además, una falta de coincidencia entre  oe.
las altas y bajas contabilizadas durante el ejercicio y los expedientes de variación del inventario  w.
tr amitaNdoo se xeins teel  vminiscmuloa cpieórní oednot.r e la aplicación de inventario y la contabilidad en lo referente a  2021-14742n https://ww
bdioemneinsio m puúebblilceos.  (excepto elementos de transporte), derechos e inmuebles que no estén afectos al  BOE-A-cable e
 
 
E)  PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO 
El artículo 76 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, prevé que la JCCM 
debe constituir su respectivo patrimonio público de suelo y consignar en los presupuestos anuales 
una cantidad equivalente, como mínimo, al cinco por cien del presupuesto de inversiones, para las 
actuaciones  relativas  al  mismo,  sin  que  se  haya  acreditado  este  extremo  para  el  ejercicio 
fiscalizado5.  
Respecto a la gestión anual de su explotación, la cual debe acompañarse a la liquidación de las 
cuentas correspondientes a la ejecución de los presupuestos anuales, no se aprecia la inclusión 
de esta información en la Cuenta General.  
F)  BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES 
El Decreto 49/2018, de 10 de julio, por el que se modifica el Reglamento de Desarrollo del TRLH, 
en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, dispone que el 
“Gobierno regional, a través de la consejería competente para la gestión de la BDRS, remitirá 
trimestralmente a las Cortes de CLM relación individualizada de los beneficiarios de subvenciones 
concedidas por el procedimiento de concesión directa, en los supuestos previstos en el artículo 
75, apartado 2, letras b) y c), del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, relativos a 
subvenciones  directas  que  resulten  impuestas  por  norma  con  rango  legal  y  de  carácter 
excepcional, respectivamente. No obstante, se excluyen de esta obligación las subvenciones que 
sean objeto de publicidad activa de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia de transparencia, acceso de los ciudadanos a la información pública y buen gobierno”. No 
se ha acreditado la remisión trimestral de tal documentación6.  
G)  REGISTRO DE FACTURAS Y ACREEDORES 
En la JCCM conviven el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la CA (PeCAM), 
que continúa ofreciendo sus servicios propios, y el Punto General de Entrada de Facturas de la 
Administración General del Estado (FACe) al que CLM se adhirió en septiembre de 2014. Sin 
embargo, la Orden de 4 de febrero de 2015, por la que se crea el punto general de entrada de 
facturas electrónicas de la JCCM incluye en su ámbito de aplicación a la Administración de la 
JCCM, sus OOAA y entidades públicas vinculadas o dependientes con presupuesto limitativo, 
quedando un importante número de entidades que pertenecen al sector público regional fuera de 
dicho  sistema.  Algunas  de  ellas,  como  el  Ente  Público  Infraestructuras  del  Agua  de  CLM, 
GICAMAN y GEACAM se adhirieron voluntariamente. 
                                                 
5 La CA señala en sus alegaciones, de manera general y sin precisar ni documentar adecuadamente, que, “En lo 
referente a la obligación de consignar en los presupuestos anuales una cantidad equivalente, como mínimo al cinco por 
ciento del presupuesto de inversiones, para las actuaciones relativas al mismo, podemos señalar que los Presupuestos 
Generales de la JCCM para 2018, contemplaban determinadas cantidades destinadas al mantenimiento, conservación y 
gestión del patrimonio separado de vivienda y suelo de la Consejería de Fomento, en los programas presupuestarios 
gestionados en ese momento por la DG de Vivienda, “431ª. Promoción de la Vivienda” y de la DG de Planificación  e
Territorial y Urbanismo, “432A. Gestión del Urbanismo” y “432B. Planificación Territorial”; debiendo tenerse en cuenta,  o
en este punto, el contenido del artículo 7 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,  w.
en lo relativo al principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos”.  742ww
6in Afourmnqauceió nno g lsoeb arel sspoebtróe  l2a0 p1e8r iao dlaic Pidraeds idtreimnceisat rdael,  ljausn tCoo crtoens ,l aas t raalveégsa cdioen lae sD lGa  CdeA  Reenlvaícai oonfeicsio c opno rl aesl  Cquoert esse,  rdeem fietec hlaa 
6 de junio de 2019.
 
A partir del 1 de enero de 2015 se produce la entrada en vigor de la obligatoriedad de facturación 
electrónica establecida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, salvo en los 
supuestos de exclusión que contempla el citado artículo (en el caso de la legislación autonómica, 
los artículos 5 y 67 de la Orden de 4 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que 
se crea el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración de la JCCM y 
se regula el procedimiento para su tramitación). La evolución de las facturas de los dos últimos 
ejercicios, según los puntos de entrada, se muestra a continuación. 
CUADRO Nº 6.   FACTURAS SEGÚN PUNTO ENTRADA 
(en número) 
(%) sobre  (%) sobre  Variación 
Punto entrada  2017  total  2018  total   (%) 
Papel  20.629  4  20.451  4   (0,9) 
FACe  174.234  38  191.183  40  9,7 
PeCAM  267.303  58  262.574  56   (1,8) 
Total  462.166  100  474.208  100  2,6 
 
Respecto a los informes previstos en la Ley 25/2013, cabe señalar que: 
Se han elaborado por el órgano competente en materia de contabilidad, tal y como establece el 
artículo 10.2, los informes trimestrales con la relación de las facturas que hayan permanecido más 
de tres meses desde que fueron anotadas sin efectuarse el reconocimiento de la obligación por 
los órganos competentes y remitido al órgano de control interno. En el correspondiente al último 
trimestre de 2018, se pone de manifiesto que existían 5.034 facturas (por importe de 20.495 miles 
de euros) sin que se hubiera reconocido la obligación al cierre de 2018, de las cuales 259 tuvieron 
entrada en el registro en el periodo 2010-2017, la mayoría (192 facturas) de este último año por 
importe de 696 miles de euros. 
La IGCA ha emitido el 19 de diciembre de 2019 el informe de evaluación del cumplimiento de la 
normativa en materia de morosidad, previsto en el artículo 12.2, correspondiente al ejercicio 2018.  
En el informe de auditoría de sistemas previsto en el artículo 12.3, de fecha 10 de agosto de 2018, 
se indica que 1.782 facturas emitidas por sociedades anónimas y limitadas se han tramitado en 
papel, incumpliendo el artículo 6 de la Orden de 4 de febrero de 2015, al no estar en los supuestos 
excepcionales previstos por dicho artículo. Además, otras 18 facturas emitidas (en papel) por 
dichas sociedades incumplen lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, al presentar un 
importe superior a 5 mil euros. Así mismo, se indica que la comunicación a FACe de las facturas 
en formato papel y procedentes de PeCAM, registradas en el RCF, no se realiza simultáneamente 
tal y como indica la Orden PRE/710/2016. A pesar de que este informe debe elaborarse de forma 
anual, el referido anteriormente es el último elaborado al cierre de 2019. 
                                                  e.
7 El artículo 6 ha sido modificado por la Disposición final (DF) primera de la Orden 161/2019, 23 septiembre, de la  w.b
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2019  742ww
yed nede elra oa  Jp2ue0nr2ttua0r ,a dla ed  eeCxl ocemljueusrcinóiicdni aodd e2e 0sla2  d0fae, c eCtnua rrsaet liealllcaei-ócLtnar ó cMnoincaa nla cd hciraoig nqidtuaaeb  ailgi doloacsde  ncde edn egtr aoassut todoson ceoe minnítgaer sed speoú gsb elpicsúotibósl nicn ooes cu,o nenilvóimemrisniciataan rdciouosy,  opd aeimrptiepr noddretieel  1ns tedeaes  
igual o inferior a 5.000 euros.
 
 
Según los datos aportados por la CA, en 2018 se produjeron 35.275 rechazos de facturas que 
habían sido objeto de inscripción en el Registro de Facturas, por no ser correctas. Aunque CLM 
adoptó en 2017 los códigos de error para los puntos de entrada de facturas electrónicas y de los 
registros contables de facturas, según el documento de códigos acordado en el Foro de Factura 
Electrónica que preside el Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHAFP), tras lo dispuesto 
en la Orden PRA/360/2017, de 21 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) de 2 de marzo de 2017, sobre 
condiciones adicionales a cumplir por las CCAA adheridas al Fondo de Financiación a CCAA, de 
la documentación remitida se deduce que los motivos de rechazo continuaban sin estar tipificados, 
estandarizados o ajustarse a la nomenclatura anteriormente citada.  
H)  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
El artículo 156 de la LRJSP, indica que el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) tiene por objeto 
establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la 
presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen 
adecuadamente la seguridad de la información tratada. El RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el ENS en el ámbito de la Administración Electrónica tiene por objeto determinar la política 
de seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios electrónicos. 
En los informes de fiscalización precedentes se realizó un análisis del estado de aplicación del 
ENS en la CA. En relación con lo dicho y por lo que se refiere al ejercicio fiscalizado, cabe señalar 
que: 
  De acuerdo con el artículo 11 del RD, todos los órganos superiores de las Administraciones 
públicas  deberán  disponer  formalmente  de  su  política  de  seguridad  que  articule  la  gestión 
continuada de la seguridad, que será aprobada por el titular del órgano superior correspondiente. 
En el caso de CLM, fue el Consejo de Gobierno, por Decreto 57/2012, de 23 de febrero, el que 
aprobó la política de seguridad de la información de la Administración de la JCCM, comprendiendo 
el ámbito del Decreto tanto a la Administración General como a los OOAA y entidades de derecho 
público vinculadas o dependientes, cuando ejerzan potestades administrativas. La aprobación de 
esta política seguía sin particularizarse para cada uno de los órganos superiores de la CA8, y ello 
pese a los riesgos específicos que los diferentes sistemas utilizados pueden plantear. 
  Conforme al artículo 13 del citado Decreto, la Política de Seguridad de la Información se ha 
de desarrollar por medio de las normas y los procedimientos técnicos y, según el artículo 6 del 
mismo, corresponde al Comité de Seguridad de la Información la aprobación y seguimiento de las 
normativas en materia de seguridad, sin que se hayan comunicado actuaciones en este sentido. 
Tampoco se ha informado de la aprobación, por este Comité, de planes estratégicos, planes 
directores y líneas de actuación en materia de seguridad de la información y políticas de auditoría, 
tras la propuesta del responsable de la seguridad, pese a lo señalado en el artículo 10 del mismo 
texto legal, si bien las actas de las reuniones de la Comisión de la Administración Electrónica y 
Simplificación de Trámites Administrativos (CAESTA)9, en cuyo seno está creado y constituido el 
Comité anterior según la CA (aunque no ha aportado documentación formal de esto último) sí 
reflejan el tratamiento de diversos temas relacionados con la seguridad de la información.  
                                                 
8 Según el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de CLM, cada uno 
de los consejeros es el órgano responsable de la definición y ejecución de la acción de gobierno en un área  e
determinada conforme al programa general de Gobierno y, en tal condición, órgano superior de la correspondiente  o
Consejería.  w.
9Ala d Simnefgionúrimsnt raeaclt iióvanort síec, nula llo ac  u6aa ddlm enilon  Diesetsrctaárce eiótoxnp  5rde7es/ 2ala0m 1Je2Cn,C telaM  m C(edonemcfiiinosiindóaand  eadn ee  snlua l  aaA redtísmcturiunlocis t5tur)ra,a cd ioeórbngí aaEn leiezlceatgtrióivrn,a ie cdnaet r ylea   Ssguiemss ptmilóiifneic mdaecbi róloans  s dye ege unTr riedála msdei tdneeos  
de la misma, a los componentes del referido Comité.
 
  Compete,  a  su  vez,  según  el  artículo  10  referido,  al  Responsable  de  Seguridad,  la 
actualización  de  la  política  de  seguridad  de  la  información  y  el  desarrollo  de  dicha  política 
mediante planes, sin que se hayan acreditado actuaciones de este tipo.  
  De acuerdo con el artículo 13 del RD 3/2010, debe realizarse y desarrollarse un análisis y 
tratamiento de los riesgos a los que está expuesto el sistema. Tras los manuales aprobados por el 
Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la Viceconsejería de Administración Local y 
Coordinación Administrativa en 2017, durante el ejercicio fiscalizado, la CAESTA fijó la necesidad 
de realizar análisis de riesgos por parte de los órganos gestores y se estableció una operativa al 
respecto.  
  Hasta el mes de mayo de 2018 no se contó con un procedimiento de gestión de incidentes 
de seguridad debidamente aprobado. Además, en dicho ejercicio, la CAESTA establece la forma 
de actuar para notificar brechas de seguridad.  
   Según dispone el artículo 15 del Decreto 57/2012, la gestión de riesgos, que debe hacerse 
de forma continua, es preceptiva para los sistemas de información incluidos dentro del marco 
establecido por el RD 3/2010. En este sentido y como se ha señalado, la CAESTA indicó, en el 
ejercicio  fiscalizado,  la  necesidad  de  realizar  el  análisis  de  riesgos  para  todos  los  órganos 
gestores, los cuales deben también demostrar la conformidad de los sistemas con el ENS, 
llevándose a cabo los análisis relativos a los sistemas TAREA10 y GRECO11.  
  En el ejercicio fiscalizado, sistemas tales como TAREA y GRECO no contaban con la 
declaración de aplicabilidad prevista en el artículo 27 del RD 3/2010, pues esta fue elaborada solo 
para los servicios comunes de tecnologías de la información (Consejería de Fomento) de la DG de 
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. Se ha informado de que, con posterioridad a dicho 
ejercicio,  se  elaboran  las  declaraciones  de  aplicabilidad  para  todos  los  trámites  o  procesos 
electrónicos novedosos que se dan de alta en el Registro de Actividades de Tratamiento de la 
JCCM, refiriéndose algunos de ellos a TAREA y GRECO. 
  Al cierre del ejercicio 2017, la auditoría de la seguridad sobre los sistemas de información a 
la que se refiere el artículo 34 del RD, donde se verificase el cumplimiento de los requerimientos 
del ENS por parte de los citados sistemas, solo se había llevado a cabo sobre los servicios 
comunes y el Centro de Proceso de Datos de la Consejería de Fomento, quedando fuera del 
alcance la verificación completa de sistemas tales como TAREA y GRECO. No obstante, en 2018, 
la CAESTA acordó iniciar la certificación de conformidad con el ENS de estos dos sistemas y 
estableció  que  las  auditorías  de  certificación  se  realizaran  internamente  por  el  Servicio  de 
Seguridad y Protección de Datos, al menos cada dos años.  
                                                  oe.
10 El Sistema de Información Económico-Financiero TAREA (Tratamiento Automatizado de Recursos Económicos y  w.
Administrativos) registra todas las operaciones de naturaleza presupuestaria, económica, financiera y patrimonial que se  742ww
pdreo ddeutzaclalen p eanra s lua  átommbait od;e r edfelecjias iolonse rse. sultados del ejercicio de la actividad y facilita la información tanto agregada como
11 Sistema informático de gestión de los tributos cedidos.
 
 
I)  INTEROPERABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
El RD 4/2010, de 8 de enero, regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) en el ámbito 
de la Administración Electrónica, cuya finalidad es la creación de las condiciones necesarias para 
garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas 
y aplicaciones empleados por las Administraciones públicas, que permita el ejercicio de derechos 
y el cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los servicios públicos, a la vez que 
redunda en beneficio de la eficacia y la eficiencia. 
De las comprobaciones realizadas sobre su grado de aplicación en la CA, cabe deducir las 
siguientes cuestiones: 
  El artículo 8 del RD, dedicado a los servicios de las Administraciones públicas disponibles 
por medios electrónicos, indica la necesidad de publicar las condiciones para el consumo de los 
servicios puestos a disposición del resto de entidades por medios electrónicos, sin que en el portal 
de la CA constase tal publicidad. 
  La  aplicación  informática  “Sistema  de  Información  y  Atención  Ciudadana”  (SIACI)  se 
constituye  en  el  inventario  de  procedimientos  y  servicios  de  la  JCCM.  En  relación  con  su 
actualización, exigida por el RD, aunque esta se produce diariamente, su publicación se realiza 
con carácter mensual. 
  Al  cierre  del  ejercicio fiscalizado no  se  había  concluido la  necesaria  automatización e 
interoperabilidad de las infraestructuras de la JCCM en relación con los servicios del Directorio 
Común (DIR3) y el Sistema de Información Administrativa (SIA) de la Administración General del 
Estado. La función básica de este sistema (SIA) es la de actuar como catálogo de información 
sobre tramitación administrativa y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 21.4 la Ley 
39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas.  
  La puesta a disposición de los ciudadanos y otras entidades de aquellas aplicaciones y 
objetos de información cuya titularidad recae en la JCCM, con el fin de perseguir su reutilización y 
aprovechamiento, tal como prevé el RD, se seguía realizando solo bajo demanda. 
  El código de las aplicaciones licenciadas por la CA no se había publicado, por lo que no se 
facilita su libre utilización en los términos previstos en el RD. 
  La Orden 111/2018, de 20 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se regula la obtención y utilización de la firma electrónica, basada en el 
certificado de empleada y empleado público, del personal al servicio de la Administración de la 
JCCM, da cumplimiento parcial al mandato del artículo 18 del RD citado, que exige un documento 
expresamente  aprobado  (y  publicado)  donde  figure  su  política  de  firma  electrónica  y  de 
certificados. 
  A comienzos del ejercicio fiscalizado entra en vigor la política de gestión de documentos 
electrónicos de la CA, aprobada mediante el Decreto 89/2017, de 12 de diciembre. 
  La CA había dado solo cumplimiento parcial a lo dispuesto en el artículo 21 del RD, pues no 
contaba con un repositorio electrónico complementario y equivalente en su función a los archivos 
convencionales que contemplase la aplicación de normas de conservación a los documentos  e
depositados en él y su transferencia a otros repositorios.  bo
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  Al cierre del ejercicio fiscalizado, la CA no había publicado, en su sede electrónica, ni la 
declaración de conformidad con el ENI ni otros distintivos de interoperabilidad. 
Por  otra  parte,  la  CA  aprobó,  en  el  ejercicio  2015,  el  Plan  Estratégico  de  Administración 
Electrónica: CLM "Administración más digital, más abierta y más fácil", con un horizonte temporal 
hasta 2018. En el mismo se preveían actuaciones de simplificación y racionalización de los 
procedimientos, planes y trámites administrativos censados en el SIACI (más de 1.900). En el 
informe de evaluación realizado en abril de 2018, consta que, de un total de 42 medidas, 23 
habrían sido llevadas a término mientras que el resto se encontrarían en ejecución. 
J)  SISTEMA DE SUPERVISIÓN CONTINUA 
La CA no realizó actuaciones, ni durante el ejercicio fiscalizado ni hasta el cierre del siguiente, que 
dieran cumplimiento al artículo 81.2 de la LRJSP, según el cual, todas las Administraciones 
Públicas deben establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, 
con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su 
sostenibilidad  financiera,  que  deberá  incluir  la  formulación  expresa  de  propuestas  de 
mantenimiento, transformación o extinción. 
II.4.  CUENTA GENERAL 
II.4.1.  Datos generales 
A)  ADMINISTRACIÓN GENERAL 
En  el  siguiente  cuadro  se  presenta  la  evolución  de  los gastos  no  financieros, Obligaciones 
Reconocidas Netas (ORN), en el periodo 2016-2018 para la Administración General de la JCCM. 
CUADRO Nº 7.   EVOLUCIÓN GASTO NO FINANCIERO 2016-2018 
(miles de euros) 
Año  2016  2017  2018 
Gasto no financiero  6.351.160  6.608.804  6.825.536 
Variación respecto del ejercicio anterior (%)  (1)  4  3 
Como se aprecia en el cuadro, el gasto no financiero del ejercicio 2018 se ha incrementado un 
3 % respecto del año anterior. 
B)  ORGANISMOS Y ENTES 
Se analizan las cuentas de los organismos y entes no integrados, a efectos presupuestarios, en la 
Administración General de la Junta. Unos y otros, conforme a lo dispuesto por el TRLH, incluyen 
sus cuentas en la Cuenta General. 
Los OOAA y entidades de derecho público se rigen por lo dispuesto en sus respectivas leyes de  e.
creación  y,  en  el  ámbito  económico-financiero,  se  encuentran  sometidos  al  régimen  de  w.
contabilidad pública y a lo dispuesto en el TRLH, según el cual el control interno le corresponde a  742ww
la IGCA.
 
 
La LP para 2018 establece los siguientes OOAA y entidades integrantes del sector público 
regional: 
  OOAA: IRIAF, SESCAM, Instituto de la Mujer de CLM (IMUJ) y Agencia del Agua. 
  Ente Público: Instituto de Promoción Exterior de CLM (IPEX). 
II.4.2.  Contabilidad presupuestaria de la Administración General 
En la LP para 2018 los créditos aprobados ascendieron a 9.116.947 miles de euros (anexos II.1.3 
y II.1.4), resultando superiores en un 3 % a los del ejercicio inmediatamente anterior, al igual que 
las previsiones para financiarlos, dentro de las cuales, 1.915.921 miles procedían de operaciones 
de endeudamiento (anexo II.1.5).  
En el ejercicio fiscalizado, los créditos definitivos se elevaron a 9.651.508 miles de euros (un 6 % 
superiores a los de 2017), siendo el incremento respecto de los iniciales de 534.561 miles. 
A)  MODIFICACIONES DE CRÉDITO 
Los  anexos  II.1-1  y  II.1-2  muestran,  atendiendo  a  su  clasificación  económica  y  orgánica, 
respectivamente,  las  modificaciones  presupuestarias  aprobadas  durante  el  ejercicio  2018, 
recogiéndose a continuación el resumen de las modificaciones realizadas. 
CUADRO Nº 8.   MODIFICACIONES DE CRÉDITOS 
(miles de euros) 
2018 
Tipo 
Número  Importe 
Ampliaciones de crédito  1  299.987 
Incorporaciones de remanentes de crédito  69  147.358 
Créditos generados por ingresos  49  87.216 
Transferencias de crédito  421  ±431.065 
Total  540  534.561 
En el ejercicio 2018, las modificaciones cuantitativas de crédito (ampliaciones, incorporaciones, 
generaciones) ascienden a 534.561 miles de euros, representando el 6 % de los créditos iniciales 
del presupuesto de gastos. Esta cifra supone un incremento del 134 % respecto de las llevadas a 
cabo en el ejercicio 2017. 
En relación con el expediente de ampliación de crédito tramitado durante el ejercicio por importe 
de 299.987 miles de euros (el cual representa un 56 % del total de las modificaciones cuantitativas 
ejecutadas), cabe señalar que tiene por objeto formalizar deuda a largo plazo (por un importe 
máximo de 300 millones de euros) para la refinanciación anticipada de deuda. Desde un punto de 
vista formal, y al igual que en el ejercicio anterior, este tipo de expedientes se encuentran 
incompletos al no indicarse la incidencia en el proyecto de gasto, incumpliéndose la regla 7 de la  es
Orden de 29 de enero de 2007, por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a  o
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 1 2   L a    C  A    s e  ñ  a l a    e n    la  s   a  l e g  a  c i o n  e  s    que esta ausencia se debe a que las partidas del presupuesto de gastos afectadas
no figuran vinculadas a proyectos de gasto, sin que ello conste expresamente en los referidos expedientes.
 
En la regulación de los créditos ampliables que realiza el artículo 52 del TRLH no se incluye una 
disposición similar a la contenida en el artículo 54 de la LGP, donde se prevé que las ampliaciones 
de crédito que afecten a operaciones del presupuesto del Estado se financiarán con cargo al 
Fondo de Contingencia o con baja en otros créditos del presupuesto no financiero. El citado 
artículo del TRLH no prevé la necesidad de que estas modificaciones presupuestarias cuenten 
con financiación. No obstante, en 2018 la ampliación de crédito llevó asociada una fuente de 
financiación. 
Las transferencias de crédito (modificaciones que no afectan al importe total del presupuesto ya 
que suponen una redistribución de los créditos) ascendieron a 431.065 miles de euros (frente a los 
336.475 miles de 2017). El total neto de modificaciones tramitadas en 2018 que tuvieron como 
destino los artículos 42 y 72 del presupuesto de gastos ascendieron a 41.422 miles de euros (un 
240 % más que en el ejercicio anterior).  
En la normativa de CLM no existe una disposición equivalente a la del artículo 52.1.a) de la LGP, 
donde se establece, entre otras restricciones, para las transferencias de crédito, que no podrán 
realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de los créditos, ni desde créditos 
para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes, lo que afecta negativamente al 
principio de especialidad cualitativa de los créditos presupuestarios. 
B)  FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES 
El siguiente estado resume las fuentes de financiación de las modificaciones de crédito realizadas. 
CUADRO Nº 9.   FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO 
(miles de euros) 
Incorporaciones 
Tipo de modificación / Fuente de  Ampliaciones  Generaciones 
de remanentes de  Total 
Financiación  crédito  de crédito 
crédito 
Remanente de tesorería  0  147.358  12.986  160.344 
Aportaciones públicas o privadas  0  0  2.560  2.560 
Endeudamiento  299.987  0  71.228  371.215 
Reintegros  0  0  442  442 
Total  299.987  147.358  87.216  534.561 
El importe total de las modificaciones de crédito se encuentra financiado. Efectivamente, se 
ampliaron y generaron créditos (299.987 y 71.228 miles de euros, respectivamente) mediante la 
suscripción  de  préstamos  a  largo  plazo,  siendo  el  endeudamiento  la  principal  fuente  de 
financiación de las modificaciones (69,4 %). En este sentido, cabe recordar que el artículo 11 de la 
LOEPSF señala que la ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los 
gastos o ingresos de las Administraciones Públicas quedan sometidas al principio de estabilidad 
presupuestaria.  es
q(Lm1uao2e du. 9itsfi8ileci6za  acmccoioiiórlenrnese s)ds.p  e opl nrreedsmeu apcnuoeenns ttiean rcdioaers p teoasrsaoccreeinordníaieó s( e endn e s2 uc0 rp1éa8dr itateo   ua(nf1e 4cim7ta.p3do5ar8)te  c motomilteaosl  )fd uyee  ng1tee6n 0de.e3r a4fic4ni oamnniecleisas c didóeen  c edruéerd oliatsos,    2021-14742n https://www.
 
 
Teniendo en cuenta que el artículo 7.3 de la LOEPSF establece que todo acto administrativo o 
actuación de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, que afecten a los gastos o ingresos 
públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma 
estricta  al  cumplimiento  de  las  exigencias  de  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y 
sostenibilidad  financiera,  cabe  señalar  que  las  incorporaciones  de  crédito  financiadas  de  la 
manera antes expuesta inciden negativamente sobre la estabilidad presupuestaria, mientras que 
las ampliaciones en las que se habría recurrido al endeudamiento como fuente de financiación lo 
hacen, de la misma forma, sobre la sostenibilidad financiera. Al igual que en 2017, la LP para 
2018 no recoge la prohibición de realizar modificaciones que supongan un aumento de las 
necesidades totales de financiación.  
A ello se une la existencia de un remanente de tesorería total negativo al cierre del ejercicio 
precedente de 536.932 miles de euros, aunque se financiaran con remanente afectado en 2018 
modificaciones por 160.344 miles, ejercicio en que se genera un nuevo remanente negativo de 
549.579 miles.  
Precisamente, en relación con el uso dado en el ejercicio a los 8.103 miles de euros consignados 
en el Fondo de Contingencia, estos sirvieron para abonar una condena por sentencia judicial firme 
por importe de 1.100 miles de euros, resultado de un contencioso entre la Administración General 
de la JCCM y una empresa de transportes que data de 2014, 375 miles para incrementar una 
subvención nominativa concedida a la Fundación Impulsa CLM (entidad encargada de la gestión 
de la puesta en marcha de la Fundación Roberto Polo) y 6.628 miles para financiar el déficit 
presupuestario sanitario y los incrementos retributivos derivados de la  Ley de Presupuestos 
Generales del Estado (LPGE) para el año 2018, mientras que el concepto 520, Otros imprevistos, 
carecía de créditos iniciales, siendo necesaria la generación de créditos mediante la suscripción 
de préstamos a largo plazo por importe de 71.288 miles de euros. 
A la vista de lo antes expuesto, la falta de previsión inicial de las cantidades en los casos 
enumerados en el párrafo anterior no justifica el uso del Fondo de Contingencia ya que el pago de 
sentencias  condenatorias  debería  haberse  previsto,  como  viene  reiterándose  en  anteriores 
informes de fiscalización, teniendo ello reflejo en la cuenta prevista por el PGCP para registrar en 
el balance las provisiones para riesgos y gastos. Respecto a los gastos para la creación de la 
Fundación Roberto Polo, ya en 2017 la JCCM había culminado el acuerdo para la donación de la 
colección del mismo nombre y, finalmente, en la modificación presupuestaria por 6.628 miles de 
euros con destino a la transferencia nominativa del SESCAM, tampoco es apropiado su uso para 
el caso del déficit presupuestario sanitario, toda vez que el OA en 2017 arrojó un resultado y saldo 
presupuestario positivo de 24.109 miles de euros.  
C)  EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
La liquidación del presupuesto de gastos, según la clasificación económica, se presentó a nivel de 
artículo,  según  se  dispone  en  el  PGCP,  si  bien  dicha  desagregación  es  inferior  a  la  del 
presupuesto aprobado (a nivel de subconcepto) prevista en el PGCP, por lo que de dicho estado 
no se puede deducir el cumplimiento de la vinculación de los créditos. 
Los anexos II.1-3 y II.1-4 reflejan la liquidación del presupuesto de gastos atendiendo a su 
clasificación económica y orgánica, por capítulos y secciones, respectivamente. 
 
La ejecución por capítulos ha sido la siguiente. 
CUADRO Nº 10. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
(miles de euros) 
Incrementos 
Créditos  Obligaciones  obligaciones  Grado de 
Desviación  Ejecución 
Capítulos  finales  reconocidas  ejercicio  Pagos  cumplimiento 
(A-B)  (%) 
(A)  (B)  anterior  (%) 
 (%) 
1. Gastos de personal  1.722.105  1.710.012  5  12.093  99  1.709.938   100 
2. Gastos corrientes en  474.255  422.254  2  52.001  89  403.047   95 
bienes y servicios 
3. Gastos financieros  209.334  208.665   (4)  669  100  208.665   100 
4. Transferencias  4.722.040  4.357.654  3  364.386  92  4.263.471   98 
corrientes 
5. Fondo de  0  0  0   0  0  0   0  
contingencia y otros 
imprevistos 
6. Inversiones reales  123.535  77.758  (2)  45.777  63  69.091   89 
7. Transferencias de  491.352  257.858   8  233.494  52  236.273   92 
capital 
8. Activos financieros  2.841  1.756  4  1.085  62  1.756   100 
9. Pasivos financieros  1.906.046  1.898.347  23  7.699  100  1.898.347   100 
Total  9.651.508  8.934.304  7  717.204  93  8.790.588  98 
Las obligaciones reconocidas en 2018 fueron un 7 % superiores a las del ejercicio anterior. El 
aumento más significativo de las obligaciones reconocidas se produce en el capítulo 9 (23 %), 
siendo las disminuciones muy poco significativas (capítulos 3 y 6).  
Las secciones que experimentan un mayor incremento de las obligaciones reconocidas respecto 
del ejercicio anterior son Deuda Pública (20 %) y Presidencia de la Junta (15 %), mientras que los 
descensos se produjeron en Agricultura y Hacienda (6 % y 8 % respectivamente). Las secciones 
Sanidad (2.807.109 miles de euros) y Deuda Pública (2.102.427 miles) son las que presentan los 
mayores importes de obligaciones reconocidas, al igual que en el ejercicio anterior, seguidas de 
Educación, Cultura y Deportes (1.702.748 miles de euros). 
El grado de ejecución del presupuesto ha sido del 93 %. La menor ejecución corresponde a la 
sección Empleo y Economía (57 %). 
El porcentaje de obligaciones reconocidas que ha dado lugar a pagos en 2018 se sitúa en el 98 %, 
siendo el capítulo 6 (inversiones reales) el que alcanza un menor grado de cumplimiento (89 %). 
La sección que presenta un menor grado de cumplimiento (90 %) es Fomento. 
Durante 2018 se reconocieron obligaciones en el presupuesto del citado ejercicio en una cuantía  s
de 15.009 miles de euros por gastos derivados de adquisiciones, obras, servicios y demás  e.
prestaciones que se realizaron en años anteriores, incumpliéndose el principio de temporalidad  w.
recogido  en  el  artículo  49  del  TRLH,  si  bien  su  artículo  36  habilita  tal  reconocimiento  en  742ww
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7 de la Orden de Ejecución del Presupuesto de 2018, aunque este supuesto no se encuentra 
entre las excepciones habilitadas por el artículo citado. Para el importe restante (4.726 miles de 
euros), no se ha acreditado la excepción a la regla general que avalaría la imputación. 
D)  EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
1.  Análisis global 
El anexo II.1-5 recoge la liquidación del presupuesto de ingresos según su clasificación económica 
por capítulos. La ejecución por capítulos ha sido la siguiente. 
CUADRO Nº 11. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
(miles de euros) 
Incremento 
Previsiones  Derechos  derechos  Grado de 
Desviación  Ejecución 
Capítulos  finales  reconocidos  ejercicio  Cobros  cumplimiento 
(A)  (B)  anterior  (B) – (A)  (%)  (%) 
(%) 
1. Impuestos directos  1.281.958   1.296.882   4   14.924   101   1.289.475   99  
2. Impuestos indirectos  2.583.089   2.622.342   3   39.253   102   2.590.041   99  
3. Tasas, precios públicos y  171.265   183.210   3   11.945   107   158.169   86  
otros ingresos 
4. Transferencias corrientes  2.731.570   2.450.651   1   (280.919)  90   2.441.868   100  
5. Ingresos patrimoniales  10.443   11.462   (43)  1.019   110   8.484   74  
6. Enajenación de  6.858   5.367   (14)  (1.491)  78   4.710   88  
inversiones reales 
7. Transferencias de capital  415.960   193.219   35   (222.741)  46   184.382   95  
8. Activos financieros  163.229   1.792   (5)  (161.437)  1   1.784   100  
9. Pasivos financieros  2.287.136   2.193.309   18   (93.827)  96   2.184.673   100  
Total  9.651.508   8.958.234   6   (693.274)  93   8.863.586   99  
Los derechos reconocidos netos se elevaron a 8.958.234 miles de euros, 693.274 miles por 
debajo de las previsiones finales. La mayor participación en los derechos reconocidos del ejercicio 
correspondió a los capítulos 2, “impuestos indirectos” (29 %), el 4, “transferencias corrientes” 
(27 %) y el 9, “pasivos financieros” (24 %).  
Los derechos reconocidos totales del ejercicio ascienden un 6 % respecto del ejercicio anterior. 
No obstante, el descenso mayor en términos absolutos se produjo en los ingresos patrimoniales 
(8.712 miles de euros). 
Al  cierre  de  2019  constaban  ingresos  pendientes  de  aplicar  a  presupuesto  por  importe  de 
649 miles de euros, siendo los más antiguos de 2009.  
El grado de ejecución en 2018 fue de un 93 %. La recaudación neta en este ejercicio ha sido  s
superior a la del 2017 en 527.340 miles de euros (un 6 %) y se obtuvo un grado de cumplimiento  e.
del 99 %.  w.
 
2.  Estructura de financiación 
El  marco  legal  que  fija  las  líneas  generales  del  sistema  de  financiación  autonómica  y  sus 
principios rectores se encuentra en los artículos 156 a 158 de la Constitución Española y en su 
desarrollo mediante la LOFCA, completado con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se 
regula el sistema de financiación de las CCAA de régimen común y Ciudades con EA. 
El alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la CA de CLM queda fijado en la 
Ley 25/2010, de 16 de julio. Dentro de las competencias normativas de la CA en esta materia, se 
promulgó la ley autonómica 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de 
CLM. 
El sistema de financiación, que toma como año base el 2007, se basa fundamentalmente en los 
tributos cedidos, total o parcialmente, por el Estado (que constituyen la denominada “capacidad 
tributaria“), el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y el Fondo de Suficiencia 
Global, este último mecanismo de cierre, cubriendo la diferencia entre las necesidades globales 
de financiación de cada Comunidad y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia del 
Fondo de Garantía. 
Por otra parte, para aproximar a las CCAA en términos de financiación por habitante y de 
favorecer  la  igualdad  y  equilibrio  económico  territorial,  la  Ley  22/2009  creó  los  fondos  de 
convergencia  autonómicos,  dotados  con  recursos  adicionales  del  Estado  (Fondo  de 
Competitividad y Fondo de Cooperación). 
Para la materialización de las transferencias de estos recursos por la Administración estatal a las 
Administraciones autonómicas, el sistema se basa en la instrumentación de entregas a cuenta13 
de los recursos tributarios, de acuerdo con las cuantías estimadas, según los datos disponibles en 
el momento de elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), estableciendo que, para 
cada ejercicio económico, se formalizará una liquidación anual definitiva en un solo acto por la 
totalidad de los recursos del sistema, una vez conocidos los datos anuales reales. 
En 2018 se incrementaron los recursos obtenidos por la CA en un 6 % en relación con el ejercicio 
anterior (524.320 miles de euros más que en 2017), manteniéndose como principal recurso el 
procedente del sistema de financiación de las CCAA de régimen común y Ciudades con EA que 
establece la Ley 22/2009 (61 % del total de los derechos reconocidos) a través de los diferentes 
impuestos que lo conforman.  
Las liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009 (efectuadas en los ejercicios 2010 
y 2011), resultaron ambas negativas para la CA, estando su cancelación prevista mediante el 
procedimiento recogido en la DA cuarta de la Ley 22/2009. Esta Disposición preveía la práctica 
por parte de las CA de las devoluciones resultantes de las liquidaciones negativas mediante 
retenciones practicadas por el Estado sobre las entregas a cuenta o liquidaciones, por un importe 
tal que permitiera cancelar la deuda en un máximo de hasta 60 mensualidades, a partir del 1 de 
enero de 2011 y de 2012, respectivamente. La DA trigésima sexta de la Ley 2/2012, de 29 de 
junio, de PGE para el año 2012, estableció un mecanismo financiero extrapresupuestario con el 
objetivo de extender los plazos de devolución fijados hasta 120 mensualidades, plazo que fue 
ampliado (nuevamente) a 204 meses, a partir del 1 de enero de 2015, en virtud de la DF primera 
del RD-L 12/2014, de 12 de septiembre. A 31 de diciembre de 2018 el importe de la deuda 
                                                  742ww
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liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017.
 
 
acumulada  por  la  CA  como  consecuencia  de  los  anticipos  del  citado  mecanismo  financiero 
extrapresupuestario ascendía a 666.879 miles de euros14.  
La liquidación definitiva de los recursos del Sistema de Financiación y Fondos de Convergencia 
Autonómica del ejercicio 2018, no se había publicado por el MINHAFP15 a 1 de junio de 2020. 
E)   RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 
El resultado presupuestario (capítulos 1 a 8) reflejó un saldo negativo de 271.032 miles de euros, 
tal como se recoge en el anexo II.1-6. Este, al igual que en el ejercicio anterior, tiene su origen en 
el resultado negativo de las operaciones no financieras (271.068 miles de euros), mientras que las 
operaciones con activos financieros arrojan un superávit de 36 miles. La variación neta de pasivos 
financieros fue de 294.962 miles de euros, de lo que resultó un saldo presupuestario positivo de 
23.930  miles.  Con  los  ajustes  por  créditos  financiados  con  remanente  de  tesorería  y  las 
desviaciones de financiación positivas se obtuvo un superávit de financiación del ejercicio de 
14.813 miles de euros. 
Por lo tanto, se ha producido un empeoramiento del resultado, dado el superávit de 23.382 miles 
de euros de 2017. En 2018 se ha disminuido la financiación procedente de los fondos europeos 
(los fondos agrarios y de desarrollo rural descendieron 71.081 miles de euros) y de los recursos 
patrimoniales propios (disminuyeron 10.681 miles). Por el contrario, la financiación ajena fue un 
18 % mayor que en el ejercicio anterior (328.005 miles más), representando un 24 % del total de 
los derechos reconocidos. 
La correcta imputación temporal de los gastos señalados en los subepígrafes II.4.2.C y II.4.3.E, 
(en este último en la parte correspondiente al gasto registrado en el ejercicio en la cuenta 409) 
hubiera afectado al resultado presupuestario. 
II.4.3.  Situación patrimonial. Balance Administración General 
En el anexo II.2-0.1 se reflejan las magnitudes del balance, de acuerdo con los datos de la Cuenta 
General. 
El  activo  ascendía  a  2.102.790  miles  de  euros,  los  fondos  propios  eran  negativos  por 
13.869.910 miles y el pasivo exigible totalizaba 15.972.700 miles, con una división de deudas a 
largo y a corto plazo de 13.220.732 miles de euros y 2.751.968 miles, respectivamente.  
A)  INMOVILIZADO 
Del análisis de los registros contables correspondientes al inmovilizado se deducen las siguientes 
observaciones: 
  Como se señaló en el apartado de control interno, numerosos valores contables no son 
reflejo de los importes por los que aparecen en el inventario. Esta ausencia de relación entre los 
valores ofrecidos por los dos sistemas en cuestión se centra en todos aquellos bienes y derechos 
que no son inmuebles afectos al dominio público o elementos de transporte. En concreto, la 
diferencia entre el precio de adquisición de las instalaciones técnicas, la maquinaria, el utillaje, el 
                                                 
14 Se indica en las alegaciones que “en el ejercicio 2019 se ha procedido a la reclasificación, como pasivo financiero, del  e
importe pendiente de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009 y mecanismos previstos para su  o
devolución fraccionada”, lo que será objeto de contraste al analizar la Cuenta General de la CA correspondiente al  w.
ejercicio 2019.  742ww
1P5o Tstrearsio erml RenDt e4 r1e5n/2o0m1b6r,a ddoe  M3 indies tneorivoi edme bHrea,c ipeonrd ae l pqour ee ls eR Dre 3e5st5r/u2c0tu1r8a, nd elo s6  ddeep jaurntiaom, epnotro esl  mquinei sstee riraeleesst,r uMcItNurHaAn FloPs. 
departamentos ministeriales.
 
mobiliario y los equipos para procesos de información recogido en la contabilidad y su reflejo en el 
inventario ascendía, al cierre del ejercicio fiscalizado, a 463.803 miles de euros. 
   Toda adquisición de bienes imputada en los correspondientes subconceptos del capítulo 6 
del  presupuesto  de  gastos  se  registra  como  incremento  del  inmovilizado  material,  con 
independencia del valor unitario de los elementos, cuando, en coherencia con el procedimiento 
establecido en el inventario, las adquisiciones de aquellos cuyo valor unitario sea inferior a 600 
euros deberían registrarse como gasto.  
  Fruto de la falta de conexión entre los sistemas, no se registran contablemente las bajas de 
bienes muebles (salvo elementos de transporte) producidas en el inventario. Tampoco se dispone 
de información sobre su posible deterioro.  
  Al no registrarse de forma individualizada el alta contable de determinados elementos, las 
amortizaciones  se  realizan  mediante  estimaciones  que  incurren  en  el  riesgo  de  continuar 
amortizando elementos completamente amortizados o dados de baja en el inventario.  
  En cuanto a las “Inversiones gestionadas para otros entes”, no existe dentro del sistema de 
información  TAREA,  un  subsistema  de  seguimiento.  En  su  lugar,  la  IGCA  solicita  de  las 
consejerías la cumplimentación de anexos informativos sobre las inversiones que estaban en 
ejecución, se han ejecutado y se han entregado. En las consejerías tampoco existen sistemas 
normalizados de seguimiento, por lo que se da el riesgo de que los anexos no contengan 
información actualizada de todas las inversiones correspondientes. 
En el ejercicio 2018 se mantenía contabilizada la participación en el capital de la sociedad 
New-Techno por importe de 361 miles de euros, totalmente provisionada, que se encontraba sin 
actividad  y  con  cancelación  provisional  en  el  Registro  Mercantil,  sin  que  los  servicios  de 
patrimonio de la CA hayan concluido sobre su posible baja. 
B)  DEUDORES 
En el anexo II.2-1 se refleja la evolución de los deudores presupuestarios de 2018, tanto del 
ejercicio corriente como de ejercicios cerrados. 
A 31 de diciembre de 2018, los deudores presupuestarios totalizaban 270.320 miles de euros, de 
los que 175.672 miles de euros correspondían a deudores procedentes de ejercicios anteriores. 
Los del ejercicio corriente (94.648 miles de euros) representaban el 1 % del total de derechos 
reconocidos en el año, al igual que en 2017. 
Las disminuciones en el saldo inicial de los derechos reconocidos en el ejercicio 2017 y anteriores 
ascendieron a 45.676 miles de euros, importe que se incluyó en los gastos y pérdidas de otros 
ejercicios de la cuenta del resultado económico-patrimonial. Las disminuciones, en concreto, 
derivan de: 
 
 
  Anulaciones de liquidaciones por 24.088 miles de euros de los que el 89 % corresponden a 
los capítulos 1 y 2, concretándose el 21 % en anulaciones del Impuesto de Sucesiones y un 68 % 
en  el  de  Transmisiones  Patrimoniales  Onerosas  y  Actos  Jurídicos  Documentados.  Estas 
anulaciones derivan de la elevada litigiosidad en estos impuestos, debida a la determinación del 
“valor  real”  de  los  bienes  como  base  imponible.  Esta  alta  conflictividad  en  vía 
económico-administrativa,  contencioso-administrativa  o  en  procedimiento  de  tasación  pericial 
contradictoria, trae consigo que gran parte de las anulaciones de derechos de presupuestos 
cerrados vengan motivadas por la anulación o rectificación del valor de los bienes que ha servido 
de base a las liquidaciones complementarias practicadas por la Administración. Pese a que esta 
situación viene señalándose desde hace varios ejercicios, la CA no ha informado de medidas para 
solventar esta incorrecta valoración de los bienes16.  
  Rectificaciones  por  importe  de  1.418  miles  de  euros  de  derechos  reconocidos 
principalmente en 2017 (un 26 %), 2012 (un 23 %) y 2015 (un 15 %) y produciéndose en su 
mayoría en el capítulo 1, principalmente en el Impuesto de Sucesiones (43 %) y en el capítulo 2 
(el 42 %). 
  Bajas por insolvencias y otras causas que suponen un importe de 20.170 miles de euros, en 
donde destacan 806 miles derivados de los 626 expedientes de prescripción (tramitados durante 
el ejercicio 2018) de los cuales 461, cuyo importe asciende a 323 miles de euros, se deben a 
sanciones y multas prescritas y 14.000 miles de insolvencias declaradas en el procedimiento de 
recaudación en vía ejecutiva, cuya gestión está encomendada, en el caso de los ingresos de 
derecho público, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud del convenio suscrito 
el 15 de septiembre de 2006. 
Al  inicio  del  ejercicio  2018  existían  saldos  deudores  presupuestarios  pendientes  de  cobro 
procedentes de ejercicios anteriores con antigüedad superior a cuatro ejercicios por importe de 
93.974 miles de euros. Al cierre, el importe total de los deudores presupuestarios cuya antigüedad 
superaba dicho plazo se había incrementado hasta los 94.177 miles de euros, destacando 16.138 
miles de euros procedentes de la venta de viviendas. Los derechos con antigüedad superior a diez 
años que permanecían contabilizados ascendían a 17.836 miles de euros. 
La  JCCM  utiliza,  como  modo  de  provisión  de  los  saldos  de  deudores  la  alternativa  de  la 
estimación global de los riesgos de fallidos existentes en dichos saldos. El criterio que mantiene la 
CA se basa en un informe de 2014 de la IGCA sobre provisión de insolvencias que no establece 
una metodología similar a la de porcentajes mínimos según la antigüedad acumulada prevista 
para las entidades locales en el artículo 193.bis del RD-L 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que alcanza mayores 
grados  de  cobertura.  De  esta  manera,  en  el  ejercicio  2018  la  dotación  a  la  provisión  para 
insolvencias de la JCCM fue de 82.536 miles de euros, mientras que de haberse aplicado los 
criterios del citado artículo 193.bis hubiera alcanzado los 108.332 miles.  
En cuanto al ejercicio corriente, la Cuenta General presenta los derechos pendientes netos, no 
informando de otras modificaciones producidas durante el mismo como anulaciones por importe 
de 6.812 miles de euros o insolvencias por 2.243 miles, de las cuales un 55 % se deben al 
Impuesto sobre Sucesiones y un 23 % a multas y sanciones, entre otras causas.  
                                                  s
16 Se pone de manifiesto en las alegaciones que, con fecha 21 de febrero de 2020, ha sido publicada en el DOCM la  e.
Orden 25/2020, de 13 de febrero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, con el “objetivo, entre  w.b
otros, dotarse de un medio de comprobación amparado por la objetividad y seguridad jurídica que aporta el carácter  742ww
iMensdetearcbpaeledncodi dieaInn meteno,  bdaiilmciahprailoi aO,  reddxeeppnee rrnieedfniueceniratze a y  dlaree  sgeluagl auDdraiGd a addc tejuul arícCdiióacntaa,  sdeterno  l.o esAl  odcabemmligpáaosd, o dslea  t rlirabe ugvtuaalrlaoiocrsaió cneió nn de,e l  párlomospb iiatmo d ededeli o Oasp bldsiceear cvviaóatnolo rdrioae c dilóoensl  
impuestos antes mencionados”.
 
La Junta no utiliza las cuentas previstas por el PGCP para registrar en balance el importe de las 
deudas aplazadas y fraccionadas pendientes de vencimiento, lo que incide sobre el total de 
deudores reflejados en balance. Tampoco se separa contablemente los saldos deudores de 
presupuestos cerrados, quedando las operaciones sobre estos registradas en la cuenta destinada 
a deudores de presupuesto corriente. 
Por su parte, la recaudación de derechos de ejercicios cerrados ascendió a 58.971 miles de euros, 
es decir, un 25 % del saldo inicial una vez modificado (frente al 41 % de 2017).  
C)  TESORERÍA 
El saldo contable del epígrafe “tesorería” que figura en el balance de situación a 31 de diciembre 
de 2018 está formado por las siguientes cuentas. 
CUADRO Nº 12. CUENTAS DE TESORERÍA (SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
(miles de euros) 
Nº Cuenta  Denominación  Saldo 
571  Bancos. Cuentas operativas  235.289 
573  Bancos. Cuentas restringidas de recaudación  25.734 
575  Bancos. Cuentas restringidas de pagos  1.400 
Total  262.423 
El saldo de tesorería ha aumentado un 19 % desde el ejercicio anterior. Los saldos de las diversas 
cuentas han aumentado respecto del ejercicio anterior (cuentas operativas un 19 %, restringidas 
de recaudación un 25 % y restringidas de pagos un 4 %). 
El importe de tesorería representa un 49 % del activo a corto plazo que figura en balance, frente al 
43 % del ejercicio anterior. El capital circulante presenta un importe negativo, por 2.213.018 miles 
de euros (ligeramente mejor que en 2017, cuando su importe negativo era de 2.270.075 miles), 
por lo que la disponibilidad de la tesorería es coyuntural, condicionada al pago de deudas e 
imposibilitando su inversión temporal. El capital circulante negativo representa un desequilibrio 
financiero que muestra el riesgo a la hora de atender los pagos a corto plazo de la CA. 
El anexo II.2.3 refleja el desarrollo de la tesorería de la CA derivado de la cuenta rendida para el 
ejercicio 2018. 
De las comprobaciones realizadas se deduce que, en relación con el régimen de disposición de 
fondos, la firma autorizada en dos cuentas bancarias es de carácter indistinto y en otra más tenía 
un único autorizado, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 86.2 del TRLH, donde se exige al 
menos dos firmas conjuntas. Adicionalmente, en otras dos cuentas no se precisa el régimen de 
disposición de los fondos.  
 
 
D)  FONDOS PROPIOS 
Los fondos propios presentaban, a 31 de diciembre de 2018, un saldo deudor de 13.869.910 miles 
de euros, frente a los 13.564.352 miles del año 2017. Los resultados negativos de los ejercicios 
2016 a 2018 suman 1.189.525 miles de euros, lo que representa el 9 % del mencionado saldo 
deudor. Su detalle se recoge en el siguiente cuadro. 
CUADRO Nº 13. FONDOS PROPIOS (VARIACIÓN 2016-2018) 
(miles de euros) 
Variación  Variación 
 
2016  2017  2018  16/17  17/18 
 
(%)  (%) 
FONDOS PROPIOS  (13.190.806)  (13.564.352)  (13.869.910)  3   2  
I.  Patrimonio  (12.585.440)  (13.279.302)  (13.570.801)  6   2  
  Patrimonio  (10.325.452)  (10.930.818)  (11.215.868)  6   3  
  Patrimonio recibido en cesión  140.657   143.189   143.656   2   0  
  Patrimonio entregado en adscripción  (121.395)  (121.326)  (121.353)  (0)  0  
  Patrimonio entregado en cesión  (26.856)  (23.501)  (23.911)  (12)  2  
  Patrimonio entregado al uso general  (2.252.394)  (2.346.846)  (2.353.325)  4   0  
IV.  Resultados del ejercicio  (605.366)  (285.050)  (299.109)  (53)  5  
Excluido del cálculo el importe del patrimonio entregado al uso general, dado su volumen y el 
importante impacto sobre los fondos propios que genera su propia mecánica de contabilización, 
estos últimos seguirían siendo negativos por importe de 11.516.585 miles de euros. 
Estas cifras son consecuencia del alto nivel de endeudamiento de la Junta en relación con el valor 
contabilizado de sus bienes y derechos patrimoniales, si bien la representatividad de la cifra de 
fondos propios como magnitud obtenida por diferencia entre el activo y el pasivo exigible, se 
encuentra afectada, fundamentalmente, por las incidencias en el registro del inmovilizado que han 
sido expuestas en el epígrafe II.4.3. 
E)  ACREEDORES 
En  el  anexo  II.2-4  se  refleja  la  evolución  durante  el  ejercicio  fiscalizado  de  los  acreedores 
presupuestarios no financieros, cuyo saldo al cierre del mismo ascendía a 148.285 miles de euros, 
de los que 143.716 miles procedían de la ejecución del presupuesto corriente y el resto de 
ejercicios cerrados. 
 
En  el  siguiente  estado  se  refleja  la  evolución  en  2018  de  los  acreedores  presupuestarios 
incluyendo, adicionalmente, los reflejados en la cuenta 409. 
CUADRO Nº 14. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS NO FINANCIEROS 
(miles de euros) 
Acreedores no financieros  Saldo a  Saldo a  Variación  Variación 
presupuesto de gasto  31/12/2017  31/12/2018  absoluta  (%) 
400  AOR  Ejercicio  corriente  (Cte  y  105.335   148.285   42.950   41 
Cerrados) 
  - De presupuesto corriente  82.619   143.716   61.097   74 
  - De presupuestos cerrados  22.716   4.569   (18.147)  (80) 
408  Acreedores por devolución de ingresos  2.366   973   (1.393)  (59) 
409  Acreedores  por  operaciones  15.389   16.614   1.225   8 
pendientes de aplicar a presupuestos 
Total  123.090   165.872   42.782   35 
Al igual que en ejercicios precedentes, los acreedores presupuestarios procedentes de ejercicios 
cerrados no se contabilizaban en la cuenta habilitada al efecto por el PGCP (401), registrándose 
indistintamente, de forma indebida, con los del ejercicio corriente en la cuenta 400. 
En  2018  se  incrementaron  un  74  %  (61.097  miles  de  euros)  los  saldos  de  acreedores 
presupuestarios del ejercicio corriente y un 8 % (1.225 miles) los procedentes de operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto, mientras que disminuyeron los acreedores presupuestarios 
de ejercicios cerrados en un 80 % (18.147 miles) y los acreedores por devolución de ingresos en 
un 59 % (1.393 miles), registrándose una variación en términos absolutos respecto a 2017 de un 
35 % (cerca de 43 millones de euros). 
Destacan los 115.768 miles de euros de transferencias corrientes y de capital pendientes de pago 
al cierre del ejercicio. Del citado importe, 67.514 miles tenían como destinatarios los OOAA de la 
CA, siendo el principal acreedor el SESCAM cuyo derecho de cobro frente a la JCCM ascendía a 
48.989 miles, de los que 45.128 miles se concentraban en el programa 412E, Planificación, 
atención a la salud e instituciones sanitarias (dentro del grupo de programa hospitales, servicios 
asistenciales y centros de salud).  
Entre los acreedores que se ven reducidos, la JCCM ha llevado a cabo devoluciones de ingresos 
por importe de 105.301 miles de euros (estos han disminuido un 59 %), de los cuales 57 millones 
de euros han sido por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y 32 millones por Impuestos 
Especiales. 
En lo referente a la cuenta 409, se ha producido un aumento de su saldo del 8 % (1.225 miles de 
euros), siendo el 94 % (15.684 miles) gasto generado en 2018, mientras que 930 miles, que 
procedían de ejercicios anteriores, permanecían pendientes de aplicar al cierre del ejercicio. El  e.
incremento del saldo final de dichos acreedores en 2018 (y en 2016) respecto del inicial supuso su  w.b
cómputo en el déficit de la CA a efectos de contabilidad nacional (como gasto efectivamente  742ww
rperaelsizuapduoe)s,t acroian,  imndieenpteransd eqnuceia e nd e2l 0m17o mlae dnitfoe reenn ceial  qmueen poor sdteelr isoarmldeon ftinea tlu dveie lraa  cluugeanrt as uco inm rpeustpaeccióton 
aAld iinciiocinaal lmdioe nltueg, adr ea  luan r eavjuissitóen  cdoen  lmose neoxrp geadsieton tneos  fllienvaandcoiesr oa,  dlais mcoinnuvyaelinddaoc ióenl  ddéefilc Cit odnes elajo C dAe. 
 
 
Gobierno en función de lo previsto en el artículo 100 del TRLH, por omisión de la fiscalización 
previa, se deduce que gastos con origen en ejercicios anteriores a 2018 por importe de 550 miles 
de euros no estaban recogidos en la cuenta de acreedores pendientes de aplicar a presupuestos 
a 1 de enero de dicho año. 
Por otro lado, en el estado de deuda incluido en la Cuenta General del ejercicio 2018 no se recoge 
como endeudamiento un total de 91.807 miles de euros correspondientes a diversos préstamos 
concedidos por varios Ministerios a la JCCM, al no formar parte de tal concepto según el Protocolo 
de Déficit Excesivo. 
II.4.4.  Resultado económico-patrimonial Administración General 
La Administración General de la JCCM presenta un desahorro para 2018 de 299.109 miles de 
euros. En 2017, el desahorro ascendió hasta los 285.050 miles. Dentro de los gastos destaca el 
importe de las transferencias y subvenciones (4.620.454 miles de euros). 
II.4.5.  Memoria Administración General 
A)  ASPECTOS GENERALES 
De acuerdo con el PGCP la memoria debe contener un estado operativo, donde se muestre la 
comparación entre los gastos e ingresos presupuestarios, entendidos estos como obligaciones y 
derechos reconocidos durante el ejercicio, tomados ambos por sus importes netos. En este 
apartado se incluyen exclusivamente dos tablas, una en la que se reflejan las obligaciones 
reconocidas (gastos) a nivel de grupo de función, y otra en la que se muestran los derechos 
reconocidos (ingresos) a nivel de capítulo (según clasificación económica), sin realizarse ningún 
análisis comparativo adicional, pese a que lo que se pretende con la memoria es ampliar la 
información ya incluida en los otros estados financieros. 
B)  ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA 
El anexo II.2-8 recoge el estado del remanente de tesorería según figura en la memoria rendida. 
El remanente, al cierre del ejercicio 2018, presentaba signo negativo, con una cuantía de 549.579 
miles de euros, frente a los 536.932 miles, también negativos, de 2017. El remanente afectado 
ascendió a 169.459 miles de euros. 
El signo negativo del remanente de tesorería no afectado (719.038 miles de euros) implica que los 
recursos líquidos y los derechos de cobro liquidables a corto plazo no son suficientes para hacer 
frente a las deudas a corto plazo.  
La  correcta  imputación  temporal  de  las  obligaciones  mencionada  en  el  subepígrafe  II.4.2.C 
variaría el importe de esta magnitud, aunque ello no presenta especial relevancia dado el saldo de 
dicho remanente.  
C)  CUENTAS CONSOLIDADAS DEL SECTOR ADMINISTRATIVO 
La memoria de la Cuenta de la Administración General también ofrece información sobre las cifras 
agregadas parcialmente consolidadas de las entidades que formulan sus cuentas conforme al 
PGCP.  e.
    742ww
 
CUADRO Nº 15. MAGNITUDES CONSOLIDADAS SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
(miles de euros) 
Importe  
Magnitudes sector público administrativo (parcialmente consolidado)17 
ejercicio 2018 
Créditos iniciales  9.218.346 
Previsiones iniciales  9.219.046 
Modificaciones presupuestarias (gastos)  544.939 
Modificaciones presupuestarias (ingresos)  544.488 
Créditos definitivos   9.763.285 
Previsiones definitivas  9.763.534 
ORN   9.012.433 
Derechos reconocidos netos   9.065.158 
Resultado presupuestario  (243.819) 
Saldo presupuestario  52.725 
Remanente de Tesorería  (805.748) 
Para la elaboración de los distintos estados consolidados parcialmente, se han llevado a cabo las 
siguientes  operaciones  de  eliminación:  créditos  y  débitos  recíprocos,  bienes  entregados  y 
recibidos en adscripción, gastos e ingresos por operaciones internas, gastos presupuestarios e 
ingresos presupuestarios recíprocos y, finalmente, cobros y pagos recíprocos. 
                                                  b
17 La Orden de 15 de noviembre de 1997 define el resultado presupuestario como “la diferencia entre la totalidad de  742ww
ifrniengearmnecsbiooeslrs oops r,de yes  uplapa usteoivstaotalsidr ifaoindsa  ndreceai elgirzaoassdt”oo. ssE  lpd sruearsladunopt eup ereeslst auerpjieoursec isdctieaolr, i ome xissceml udoied feoinjsee rl cocisoc imod,eo re i“vxaacqlduuoeidsllo ads em l oalasg  ndeiemturiidsv iaqódunoe sy s  decer eo ablact iieaónmne o daretñi zapadaciseióinvndo osy  
al resultado presupuestario del ejercicio la variación neta de pasivos financieros presupuestarios”.
 
 
II.4.6.  Cuentas de los OOAA 
A)  DATOS GENERALES 
De acuerdo con las cuentas rendidas por estos organismos en el ejercicio 2018 los anexos I.1-1, 
I.1-2 y I.1-3 recogen los datos relativos a la contabilidad presupuestaria y los anexos I.1-4 y I.1-5 
presentan el resumen de sus balances y cuentas de resultado económico-patrimonial.  
La situación económica y financiero-patrimonial de los OOAA de la CA presentaba, al cierre del 
ejercicio 2018, las magnitudes agregadas que se recogen a continuación. 
CUADRO Nº 16. MAGNITUDES AGREGADAS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
(miles de euros) 
Concepto / Descripción  2018 
BALANCE   
  Activo total  937.587 
. Inmovilizado  842.186 
. Circulante  95.401 
  Fondos propios  582.426 
  Pasivo exigible (a largo plazo)  1.582 
  Pasivo exigible (a corto plazo)  353.579 
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL   
  Resultados ordinarios  (2.554) 
  Resultados extraordinarios  4.116 
  Resultado total (ahorro)  1.562 
Respecto a las magnitudes de balance, el activo circulante aumenta en un 63 % siendo la causa 
principal los derechos de cobro frente a la JCCM generados con motivo de subvenciones y 
transferencias pendientes de pago. Así, el conjunto de los OOAA presentaba al cierre del ejercicio 
un  total  de  74.759  miles  de  euros  pendiente  de  cobro  (67.514  miles  corresponden  a  la 
Comunidad), destacando a nivel individual el SESCAM, donde los deudores que aparecen en 
balance se han incrementado en un 325 %, siendo el saldo a cierre del ejercicio de 53.405 miles 
de euros, con lo que se pone fin en este organismo a la tendencia descendente de los últimos 
años de esta masa del balance, que ha pasado desde los 477.705 miles en 2013 a 50.685 miles 
en 2016, hasta llegar a su mínimo (12.559 miles) en 2017. En todos los casos, los importes de los 
deudores pendientes de cobro proceden, en esencia, de transferencias pendientes de la JCCM. 
El resultado económico-financiero agregado de los organismos ha pasado a ser positivo en 1.562 
miles de euros (frente a los 15.847 miles, negativos del ejercicio anterior). La razón de tal 
variación  se  encuentra  en  el  aumento  generalizado  de  las  subvenciones  y  transferencias 
procedentes de la JCCM. En 2018, los OOAA recibieron un 5 % (131.578 miles de euros) más que 
en el ejercicio precedente, de los cuales 122.202 miles de euros tuvieron como destinatario el 
SESCAM. Individualmente, destaca la evolución del IRIAF, organismo de reciente creación que ha  e.
visto aumentados sus ingresos con respecto a 2017 en un 90 % (4.628 miles de euros), siendo su  w.b
principal fuente de financiación la JCCM (la aportación de esta ha supuesto un 70 %).  742ww
  
 
B)  CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
El 98 % de la totalidad de previsiones y créditos iniciales consignados en los presupuestos de los 
OOAA corresponde al SESCAM. También le corresponden el 98 % del total de los derechos y 
obligaciones reconocidos. 
Por otro lado, el conjunto de los organismos ejecuta sus presupuestos de ingresos prácticamente 
al 100 % y los de gastos al 99 %. En cuanto a los cobros y pagos procedentes del presupuesto 
corriente, se ha alcanzado un grado de cumplimiento conjunto del 97 % tanto en la recaudación 
como en los pagos. 
En términos de derechos reconocidos, el 96 % de los ingresos de los OOAA en el ejercicio 2018 
proceden de transferencias y subvenciones recibidas y, de estas, el 98 % (2.768.909 miles de 
euros) son concedidas por la JCCM, suponiendo la principal fuente de financiación de estos, con 
el SESCAM como principal destinatario (2.717.879 miles de euros).  
El resultado presupuestario acumulado que presentan los OOAA es positivo por un importe de 
27.075 miles de euros y, como consecuencia de la variación de pasivos financieros, el saldo 
presupuestario asciende a 28.657 miles de euros (22.028 miles en 2017). En 2018 tanto el IRIAF 
como el SESCAM presentan variación en los pasivos financieros por préstamos a largo plazo 
(1.257 miles de euros en el IRIAF y 325 miles de euros en el SESCAM). 
Individualmente, tanto el resultado como el saldo presupuestario de todos los organismos es 
positivo (los resultados del IRIAF, la Agencia del Agua y el IMUJ fueron negativos en 2017), 
aunque en el SESCAM se produce un empeoramiento, al ser el superávit de 19.306 miles de 
euros frente a los 24.109 miles del año anterior.  
C)  BALANCES, CUENTAS DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES Y MEMORIAS 
Ni en los balances de los OOAA ni en los de la Junta se hace distinción entre los deudores y 
acreedores  presupuestarios  procedentes  del  propio  ejercicio  y  de  ejercicios  cerrados, 
contabilizándose  todos ellos en las  cuentas de  ejercicio  corriente.  Tampoco aparece  en los 
balances la cuenta de “resultados del ejercicio anterior”, ya que estos se van incorporando a la 
cifra de “patrimonio”, que sufre una continua variación todos los ejercicios. 
En cuanto a las cuentas de resultado económico-patrimonial, todos los organismos presentan un 
ahorro, excepto el SESCAM que, a pesar de mejorar su resultado, este sigue siendo negativo por 
importe de 4.829 miles de euros (11.887 miles en 2017).  
En la cuenta de resultados del SESCAM figuran ingresos extraordinarios de otros ejercicios por 
4.261 miles de euros, derivados de una incorrecta contabilización de una construcción dada de 
alta en el inventario en 2008. Si se hubiese utilizado la cuenta “patrimonio” como contrapartida de 
los  ajustes  (en  lugar  de  la  de  ingresos  extraordinarios)  la  cuenta  del  resultado  económico-
patrimonial hubiera ofrecido una imagen más ajustada a la realidad de las operaciones del 
ejercicio. 
La Agencia del Agua y el SESCAM presentan remanentes de tesorería negativos como en 
ejercicios anteriores, siendo destacable el del último con un importe de 267.156 miles de euros.  
De los balances de situación de la Agencia del Agua y especialmente del SESCAM, se deduce  e.
que las deudas a corto plazo superan a la tesorería y otros activos a corto plazo para hacer frente  w.
a las mismas.  742ww
Por lo que se refiere a las cuentas bancarias de los OOAA, una del SESCAM y otra del IRIAF
tcieuneennta  fdireml aS EinSdCisAtiMnt an,o  esne  icnodnictraa  edl eré gloim qeune d ees ftiarmblaesc ed ee llo as ratíuctuolori z8a6d.o2s .T RLH. Además, en otra
 
 
En relación con el inmovilizado, el inventario no recoge la totalidad de los inmovilizados adquiridos 
por los OOAA, con diferencias de, al menos, 18.943 miles de euros, y existe el riesgo de que 
contenga elementos que debieran ser dados de baja. Por otra parte, existen divergencias entre los 
valores de las rúbricas de inventario y los valores contables18. En particular, la diferencia entre el 
precio de adquisición contabilizado para el inmovilizado no financiero del SESCAM y su valor en 
inventario asciende a 443.458 miles de euros. Todo ello pone en duda que el inventario de los 
OOAA sea soporte adecuado de la contabilidad y que ofrezca la imagen fiel de la realidad 
patrimonial. 
La evolución de la cifra de acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto 
(cuenta 409) registrada en la contabilidad de estas entidades, se expone a continuación. 
CUADRO Nº 17. ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 
PRESUPUESTO (VARIACIÓN 2017-2018) 
(miles de euros) 
Entidades  31/12/2017  31/12/2018  Variación 18-17 
IRIAF  3  182  179 
SESCAM  102.819  140.553  37.734 
IMUJ  120  17  (103) 
Agencia del Agua  105  0  (105) 
Total  103.047  140.752  37.705 
En el caso del SESCAM, del saldo final de la cuenta 409 en 2018 correspondían al capítulo 2 
95.053 miles de euros (68 %) y 43.206 miles de euros al capítulo 4 (31 %). 
El artículo 49 del TRLH establece que con cargo a los créditos del estado de gastos de cada 
presupuesto solo pueden contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y 
demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio 
presupuestario. Del saldo de esta cuenta, 684 miles correspondían a gastos de 2017 y anteriores, 
siendo el resto (139.869 miles de euros) relativos a gastos generados en el propio ejercicio 2018 y 
que, por tanto, no van a imputarse al presupuesto del ejercicio en que es procedente (tal como se 
indica en las definiciones y relaciones contables del PGCP en relación con los saldos incluidos en 
la cuenta 409), con la repercusión que ello tiene sobre las distintas magnitudes contables y 
presupuestarias. 
En el SESCAM, durante 2018 se reconocieron obligaciones en el presupuesto del citado ejercicio 
en una cuantía de 102.135 miles de euros por gastos derivados de adquisiciones, obras, servicios 
y  demás  prestaciones  que  se  realizaron  en  años  anteriores,  incumpliéndose  el  principio  de 
temporalidad recogido en el artículo 49 del TRLH, si bien su artículo 36 establece excepciones a 
esta  regla.  En  este  sentido,  la  imputación  al  ejercicio  de  13.335  miles  de  euros  deriva  de 
compromisos de gasto debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, supuesto previsto en 
dicho artículo. Por otro lado, 55.813 miles no contaban con crédito disponible en el ejercicio de 
procedencia,  por  lo  que  la  CA,  en  aplicación  del  artículo  7  de  la  Orden  de  Ejecución  del 
Presupuesto de 2018 y previa autorización del Consejo de Gobierno, los imputó al presupuesto 
del ejercicio, supuesto este que no se encuentra entre las excepciones habilitadas por el artículo  e.
36.  Finalmente,  los  restantes  32.897  miles  de  euros  se  habrían  imputado  sin  que  se  haya  w.b
especificado el procedimiento utilizado para ello y su debido amparo en las excepciones del  742ww
a  r  t í c u  l o    m   e  n  c  i o  n  a  d  o  .                
18 147 elementos aparecen en el inventario con valor cero.
 
El análisis del SESCAM se completa en el epígrafe II.7.5. 
II.4.7.  Ente Público Instituto de Promoción Exterior 
El IPEX forma parte del sector público administrativo de la CA. En los anexos I.1-1, I.1-2, I.1-3, 
I.1-4 y I.1-5 se incluye el resumen de su ejecución presupuestaria y del balance y cuenta del 
resultado económico-patrimonial. 
Su  presupuesto  asciende  a  4.068  miles  de  euros,  los  derechos  y  obligaciones  reconocidos 
ascendieron a 3.359 y 3.245 miles respectivamente, siendo el grado de ejecución del presupuesto 
ingresos de un 83 % y un 80 % el de gastos. En cuanto a cobros y pagos del ejercicio, los 
derechos han alcanzado un grado de cumplimiento del 70 %, frente al 91 % de las obligaciones. 
Casi el 100 % de los derechos reconocidos por el IPEX en 2018 corresponde a transferencias 
recibidas de la Junta, por un total de 3.358 miles de euros. 
La situación económica y financiero-patrimonial del IPEX presentaba, al cierre del ejercicio 2018, 
las magnitudes agregadas que se recogen a continuación. 
CUADRO Nº 18. MAGNITUDES AGREGADAS IPEX 
(miles de euros) 
Concepto / Descripción  2018  
BALANCE       
-  Activo total   1.544  
. Inmovilizado  13  
. Circulante  1.531  
-  Fondos propios  1.188  
-  Pasivo exigible (a corto plazo)  356  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL      
-  Resultados ordinarios   185  
-  Resultados extraordinarios   0  
-  Resultado total (ahorro)  185  
En el resultado económico-patrimonial, el ahorro ha pasado de 76 miles de euros en 2017 a 185 
miles en el ejercicio fiscalizado. Por su parte, el remanente de tesorería que presenta el IPEX es 
positivo en 1.175 miles de euros. Entre los gastos de 2018 se recogen 8 miles de euros por 
servicios prestados por una empresa con posterioridad al 1 de marzo de dicho año, fecha en la 
que vencía el plazo de vigencia del contrato que daba soporte jurídico a las operaciones19. 
El saldo final de la cuenta 409 en 2018 ascendía a 52 miles de euros de los que el 100 % 
correspondía a gastos generados en el ejercicio, prácticamente en su totalidad por transferencias 
corrientes a empresas privadas.  s
Por su parte, el resultado presupuestario ha pasado de 149 miles de euros en 2017 a 114 miles en  w.
2018.  742ww
                                                
19 Expedientes 1505, 1990, 2273, 2495 y 3261.
 
 
En el epígrafe II.7.3 se analiza la gestión del IPEX sobre determinas subvenciones concedidas.  
II.5.  CUENTAS ANUALES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
II.5.1.  Sector público empresarial de la Comunidad Autónoma 
A)  ANÁLISIS GENERAL 
Según  el  artículo  4  del  TRLH,  se  consideran  empresas  públicas  regionales  las  sociedades 
mercantiles en cuyo capital social la JCCM tenga una participación directa o indirecta superior al 
cincuenta  por  ciento.  Para  la  determinación  de  este  porcentaje  se  tendrán  en  cuenta  las 
participaciones de todas las entidades integrantes del sector público regional a las que se refiere 
este artículo. 
Adicionalmente, la CA participa en otras sociedades públicas en las que, sin cumplir el requisito 
previsto en el artículo anterior, dispone de un porcentaje en el capital superior al del resto de 
Administraciones. 
Por otro lado, el artículo 106.4 del TRLH establece que los entes de derecho público (excluidos 
OOAA) con actividad principal consistente en la producción de bienes y servicios destinados a la 
venta en el mercado, cuando al menos el 50 % de sus ingresos proceda de estas ventas, han de 
llevar sus cuentas conforme al PGC. En este sentido, tanto el Ente Público Infraestructuras del 
Agua de CLM como el Ente Público RTVCLM, que formulan sus cuentas conforme al PGC, 
debieron formular sus cuentas según el PGCP, como se indicó en el epígrafe II.2.1. 
A diferencia de lo previsto en la LGP, el TRLH no contaba con un precepto que obligara a las 
empresas públicas autonómicas a la elaboración de un informe, a presentar junto con las cuentas 
anuales, relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero asumidas 
como consecuencia de su pertenencia al sector público, en el cual se ofreciera información 
detallada, entre otros extremos, de subvenciones, personal o contratación. 
Los datos agregados de los balances y cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018 se 
recogen, respectivamente, en los anexos I.2-1 y I.2-2 (confeccionados con datos agregados, no 
consolidados). 
Los grupos Ente Público RTVCLM e Instituto de Finanzas de CLM han rendido las cuentas 
anuales de 2018 de forma consolidada. 
 
La  situación  económica  y  financiera  del  sector  empresarial  de  CLM,  al  cierre  del  ejercicio 
fiscalizado, presentaba las siguientes magnitudes agregadas. 
CUADRO Nº 19. MAGNITUDES AGREGADAS SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 
(miles de euros) 
Concepto / Descripción  2018 
BALANCE   
-  Activo total   1.104.158 
  .  No corriente  805.569 
  .  Corriente  298.589 
-  Patrimonio neto  768.559 
-  Pasivo no corriente  204.022 
-  Pasivo corriente  131.577 
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL   
-  Resultados de explotación  (29.855) 
-  Resultados financieros  808 
-  Resultados antes de Impuestos  (29.047) 
-  Impuestos sobre beneficios  (44) 
-  Resultado del ejercicio  (29.091) 
La cifra agregada de los activos totales como del patrimonio neto a fin del ejercicio 2018 no ha 
sufrido apenas variación con respecto a la registrada en el ejercicio precedente20. Sin embargo, el 
pasivo no corriente se ha visto incrementado en un 10 % mientras que el corriente habría 
mermado un 31 %.  
En  relación  con  los  movimientos  individuales  de  las  entidades  que  han  motivado  estas 
variaciones, destaca el incremento en un 40 % del pasivo no corriente de Televisión Autonómica 
de Castilla-La Mancha, S.A.U. (CMT) por la reclasificación a largo plazo de 9.494 miles de euros 
de la deuda mantenida con el Ente Público RTVCLM. Además, dicho ente ha incrementado en un 
41 % el pasivo no corriente al suscribir un nuevo préstamo a largo plazo con IFCLM el 25 de abril 
de 2018 por importe de 3.924 miles de euros. 
Los resultados continúan siendo negativos por importe de 29.091 miles de euros, reduciéndose 
las pérdidas en un 12 % con respecto al ejercicio anterior (33.104 miles), como consecuencia 
principalmente del resultado positivo de GICAMAN (15.618 miles de euros) que mejora un 60 % al 
aumentarse los ingresos por subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio y 
actualizarse un derecho de cobro frente a la JCCM. 
Se han reducido las pérdidas de GEACAM en 4.051 miles de euros, principalmente al obtener 
mayores subvenciones que en el ejercicio anterior (1.912 miles) y descender sus gastos de 
personal (1.496 miles de euros). No obstante, su patrimonio neto y su fondo de maniobra se 
mantienen negativos (860 miles de euros y 3.716 miles, respectivamente).  e.e
 2C 0 o  n L ca e s n   tsr a o cc  iió e nd , a  S d .e A s .  U C .  M ( IS T F ,  O R C  a )d  h io a   n A   rueteoxnpórmesicaad o dlaes  CciLfrMas  d(ReC 2M01),7  IeFnC lLaMs c uee nItnasst itauntou aldees  cSoirsrteesmpaosn diFeonttoevso altla eicjeorsc icdioe   2021-14742n https://ww
2018. Las variaciones observadas en el ejercicio fiscalizado se han calculado sobre las nuevas cifras.
 
 
Por otro lado, las dos sociedades del Ente Público RTVCLM presentaban un fondo de maniobra 
negativo (CMT, por 6.292 miles de euros y RCM, por 287 miles), mientras que SODICAMAN 
empeoró sus resultados negativos en un 50 % al disminuir un 51 % el importe neto de la cifra de 
negocios. 
B)  SOCIEDADES INCURSAS EN CAUSA DE DISOLUCIÓN 
GEACAM S.A. se encontraba a 31 de diciembre de 2018 en causa de disolución de acuerdo con 
el artículo 363 del TRLSC, como consecuencia de la reducción de su patrimonio neto a una 
cantidad inferior a la mitad del capital social debido a pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 
por importe de 17.240 miles de euros. El 27 de diciembre de 2018, el Consejo de Gobierno aprobó 
la autorización de una aportación de socios de 4.056 miles de euros para la compensación de 
pérdidas, que no fue desembolsada hasta el 31 de enero de 2019, lo que propició la solicitud de 
un préstamo en el ejercicio fiscalizado21. 
C)  FINANCIACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA JUNTA Y SUS OOAA 
Con cargo al presupuesto de 2018 de la Junta y sus OOAA se han reconocido obligaciones con 
destino al sector público empresarial por un total de 181.619 miles de euros, según el siguiente 
desglose. 
CUADRO Nº 20. APORTACIONES DE LA JUNTA Y SUS OOAA AL SECTOR PÚBLICO 
EMPRESARIAL 
(miles de euros) 
Denominación  2017   2018 
Infraestructuras del Agua de CLM  23.409  22.608 
Grupo RTVCLM  38.554  45.653 
GEACAM  68.011  76.933 
GICAMAN  35.513  36.425 
Total  165.487  181.619 
Las aportaciones de la Junta y sus OOAA al sector público empresarial han aumentado en un 
10 % respecto a las del año anterior. En particular, las realizadas a GEACAM se han visto 
incrementadas con respecto al ejercicio anterior en un 13,1 %, siendo la JCCM la principal 
administración concedente, si bien ha incurrido en unas pérdidas de 3.339 miles de euros, como 
se ha puesto de manifiesto anteriormente.  
El Grupo Ente Público RTVCLM, además de la aportación anual por importe de 39.154 miles de 
euros de la JCCM para cubrir los gastos de explotación, ha recibido una subvención extraordinaria 
para  compensación  de  pérdidas  por  importe  de  4.999  miles  y  otra  de  1.500  miles  para  la 
financiación de los costes derivados de la puesta en marcha de la plataforma digital de CMM en 
2017 que se encontraba pendiente de cobro a 31 de diciembre del ejercicio anterior. 
 2J 1C   SC  eM    ,h  p a oc  re   2  c. 1o 0 n 0s   t ma r i, l e e s n  d   le a  se   u a r loe s g , a e c n io   cnoensc, elpat oa pdreo baapcoirótanc dióen  uenx trnauoerdvoin agraias tao  GpEorA CpaArMte,  cdoenl  Cfeocnhsae 2jo4  ddee  mGaorbzieor dneo  2d0e2 0la,   2021-14742n https://ww
con la finalidad de compensar pérdidas de ejercicios anteriores y reestablecer el equilibrio patrimonial.
 
D)  PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES 
La Comisión Ejecutiva del Patronato de la Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos para la 
Investigación y la Integración, socio único de las sociedades referidas, acordó en enero de 2013 
proceder a su liquidación. 
El 9 de diciembre de 2014 se escrituró la disolución y liquidación de FUHNPAIIN Viajes con un 
resultado de liquidación de cero euros, tras el desarrollo de un procedimiento concursal, si bien, el 
17 de septiembre de 2015 se reabrió la hoja registral de esta sociedad en el Registro Mercantil. 
Finalmente, el 5 de octubre de 2018 se procede al cierre provisional de la hoja registral por baja 
en el Índice de Entidades Jurídicas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, lo que 
imposibilita la mayor parte de inscripciones relativas a la sociedad. Al cierre de 2019, la solicitud 
de inscripción de acuerdo de disolución, liquidación y extinción de presentada en el Registro 
Mercantil continúa pendiente de subsanación de defectos en la escritura de disolución. 
Por su parte, FUHNPAIIN Empleo concluyó la fase común del concurso y procedió a la apertura 
de la fase de liquidación el 20 de julio de 2015, aprobándose en diciembre del mismo año el plan 
de liquidación. La Administración Concursal de la sociedad ha elaborado el 22 de julio de 2019 
una rendición de cuentas completa junto con la solicitud de conclusión del concurso una vez 
terminada la liquidación de la masa activa conforme a lo establecido en los artículos 152.1 y 181.1 
de la Ley Concursal.  
E)  DEFICIENCIAS CONTABLES E INFORMES DE AUDITORÍA 
La realización de informes de auditoría sobre las cuentas anuales de las diversas sociedades, 
junto con la opinión manifestada en su caso, se refleja en el siguiente cuadro. 
CUADRO Nº 21. INFORMES DE AUDITORÍA EMPRESAS 
Cuentas  Número 
Auditadas  9 
  Con opinión favorable  8 
  Con opinión favorable con salvedades  1 (Infraestructuras del Agua de CLM) 
No auditadas   2 (FUHNPAIIN Empleo* y FUHNPAIIN Viajes*) 
(*)  En proceso de liquidación 
Por lo que se refiere a las incorrecciones contables detectadas en los informes de auditoría, cabe 
señalar que Infraestructuras del Agua de CLM mantiene como inmovilizado material los derechos 
de cesión de uso otorgados por la JCCM por importe de 13.913 miles de euros. Estos derechos de 
cesión no se encuentran formalizados en ningún acta de cesión, sino amparados por la Ley 
12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de la CA de CLM, por lo que no se 
dispone de un inventario detallado de los activos objeto de la cesión, del valor de los mismos, su 
situación y plazo de cesión. Adicionalmente, en el Inventario General de la JCCM no constan 
derechos de uso cedidos a la citada Entidad Pública. En estas circunstancias, no se puede opinar 
sobre  la  corrección  de  los  importes  registrados  en  los  epígrafes  “inmovilizado  material"  y 
"subvenciones, donaciones y legados".  e.
De las comprobaciones realizadas durante la fiscalización se realizan las observaciones sobre las  742ww
cmuaennifteasst addea  elans l osso cciiteaddaodse ins foqrumee sa dpea raeucdeinto raía .c ontinuación,  las  cuales  no  alteran  la  opinión
  
 
 
GICAMAN 
La sociedad ha reexpresado en las cuentas anuales de 2018 las cifras del ejercicio 2017, en 
concreto reclasificando las periodificaciones a largo y corto plazo, que se han visto alteradas en 
1.132 miles de euros, sin que conste en la memoria referencia suficiente a la razón de tales 
movimientos.  
Además, se ha procedido incorrectamente a la modificación del exceso de la provisión dotada al 
cierre de 2018 con motivo del conflicto de la liquidación de la Autovía de la Sagra (en 1.684 miles 
de euros), dado que esta modificación deriva del acuerdo del Consejo de administración de la 
sociedad de 29 de marzo de 2019 tras su resolución. En su lugar, dado que el hecho deriva de 
acontecimientos ocurridos tras el cierre del ejercicio 2018, debió informarse en la memoria de las 
cuentas anuales22. 
A 31 de diciembre de 2018, existían demandas interpuestas contra la sociedad por importe de 906 
miles de euros (3.599 miles en 2017) que no estaban provisionadas, en base a la opinión de los 
asesores legales, los cuales consideran que el riesgo de que se deriven responsabilidades en 
contra de la sociedad no es probable, sin indicar en la memoria ni los hechos constitutivos de los 
litigios ni el nivel de riesgo de cada uno de ellos. 
En abril de 2019, la sociedad tenía 1.757 viviendas de protección oficial y protección pública bajo 
la modalidad de arrendamiento con opción de compra, junto con otras 313, en las que dicha 
opción no podía ejercerse hasta transcurridos 10 o 25 años. De conformidad con lo señalado en el 
Boletín Oficial del ICAC número 99 del año 2014, aquellos arrendamientos de inmuebles con 
opción de compra en los que no existieran dudas razonables de que se va a ejercitar dicha opción 
(lo cual cabría presumir en el supuesto de que el importe de aquella fuese equivalente al valor 
razonable  del  inmueble  en  la  fecha  de  la  firma  del  acuerdo  de  arrendamiento  menos  las 
mensualidades que el arrendatario abone hasta el ejercicio de la opción), deben contabilizarse 
como financieros y no como operativos. El hecho de que el contrato no obligue al inquilino a 
ejercer de forma obligatoria dicha opción no supone motivo suficiente como para tratar este 
arrendamiento como operativo, debiéndose atender al fondo económico de la operación, tal como 
prevé el PGC. 
Se recogen en el epígrafe “deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del balance 7.776 
miles  de  euros  (6.148  miles  en  2017)  correspondientes  al  importe  pendiente  de  cobro  de 
arrendamientos de viviendas, existiendo un deterioro contabilizado del saldo total a cierre del 
ejercicio. Pese a que a 31 de diciembre de 2018 se había producido el cobro de rentas atrasadas 
por importe de 119 miles de euros, no se procedió a la reversión del deterioro por el importe de 
dichas cantidades23. 
GICAMAN contabiliza dentro del epígrafe “productos terminados” de las existencias comerciales, 
promociones de viviendas que, si bien estaban destinadas inicialmente a la venta, se encontraban 
                                                 
22 Pese a lo señalado en las alegaciones, no procedería realizar esa modificación, dado que con esta anotación no se 
muestran hechos que ya existían a cierre del ejercicio 2018, pues no fue hasta el 29 de marzo de 2019 cuando se 
autorizó el acuerdo transaccional del que deriva el ajuste de la provisión. En este sentido, puede verse lo dicho, entre 
otros, en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas número 121/2020.  e
23 Indica la sociedad en las alegaciones que “el saldo acumulado del deterioro a 31 de diciembre de 2018 será igual al  w.b
saldo acumulado a 31 de diciembre de 2017 adicionado en los saldos impagados de los recibos del propio ejercicio  742ww
pe2rx0ipn1rc8ei psyia o m ldoine oc noraond trocao remion,p  elnonoss  apimcoidpóronár ntree scc oodmgeidp roee ncesinba oressel   dPleaG seC jp,e arecrlti icdciaoussa  l adenestl teaarbicolterivecose   ycq oudbeer,al  dspaoalsvs oidv ouq ruaoen  ltaeus n dadi cenh oogr amesajteo rdsc iiscepi ooi”nn, ggeraell osdo eps e,f osyer m saeal  
valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales.
 
explotadas realmente bajo la fórmula del alquiler, de lo que se derivaría su inclusión dentro de las 
inversiones inmobiliarias24.  
En el ejercicio fiscalizado, GICAMAN no disponía de un plan sistemático de conservación de las 
viviendas  de  su  propiedad,  lo  que  permitiría  un  mantenimiento  programado,  realizando 
únicamente este tipo de trabajos tras las inspecciones puntuales de su unidad técnica. Este tipo 
de plan, en caso de llevarse a cabo, debería ser tratado contablemente tal como indica la regla 
segunda de la Resolución de 1 de marzo de 2013 del ICAC, por la que se dictan normas de 
registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias. 
Como consecuencia de créditos concedidos a varios Ayuntamientos por un importe total dispuesto 
de 15.551 miles de euros, seguían pendientes de devolución 13.414 miles al cierre de 2018, pese 
a que en los convenios formalizados (entre 2008 y 2011) se fijaba un período generalmente de 18 
meses para disponer del préstamo, momento a partir del cual se iniciaría la devolución. La 
sociedad no había procedido al deterioro de estos en las cuentas de los ejercicios anteriores a 
2018, basándose en que la JCCM garantizaba la recuperabilidad de los créditos concedidos, en 
documento de 22 de mayo de 2012, firmado por la Consejería de Fomento. Las cuentas anuales 
del ejercicio fiscalizado recogen un deterioro (333 miles), por primera vez, por el retraso en los 
flujos de efectivo estimados futuros. No obstante, las correcciones valorativas necesarias como 
consecuencia del deterioro del valor de los créditos ocasionado por el retraso en los flujos de 
efectivo estimados futuros deberían haberse efectuado a lo largo de los años transcurridos, según 
establece el PGC, afectando la anotación realizada en 2018 también a la cuenta de reservas. 
Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2018, la JCCM no había aportado cantidad alguna en base 
al citado compromiso. 
Cabe destacar que la ausencia de contabilización del deterioro  de la deuda acumulada con 
GICAMAN por parte de las juntas administradoras25 (con un saldo de 318 miles de euros al cierre 
de 2018 y que va incrementándose a un ritmo superior al 30 % anual desde 2016), ha sido 
solventado en las cuentas anuales del ejercicio fiscalizado.  
Finalmente, en el pasivo del balance se recogen deudas a corto plazo con entidades de crédito 
(27.135 miles de euros) las cuales se encuentran garantizadas con existencias comerciales, si 
bien dicha clasificación no se corresponde con los vencimientos a corto plazo de tales pasivos 
financieros, que ascenderían a 4.228 miles de euros, siendo el resto no corriente. Según la norma 
sexta de elaboración de las cuentas anuales del PGC, los pasivos se pueden clasificar como 
corrientes cuando se espere liquidarlos en el ciclo normal de la explotación de la sociedad, 
circunstancia que no concurre en este caso. 
                                                  es
24 En las alegaciones, la sociedad señala que ha procedido a la reclasificación, quedando reflejada en las cuentas  o
anuales del ejercicio 2019.  w.
2vju5iv nEiteasnstod saa sdim mpprinooiprstietersad,da qodur adese f, i gGcuIoCranAnsMt ietuAniN dea,l  sda ecp tialvorosa   dgleaa s latgo eess mctiopómrne uscnaoe, msd úeanrsi voadcneia  ddloeos sl a ai nf amlaltusa e mdbelies pms aagcsoo n,y   pqvouirv eipe aenrldltaea  sad ceea lnbo asa  ialnqtqeuunileidlirine, onhsd aodn.e   Lildaaoss  
adquiriendo estas deudas con GICAMAN, sin que sea previsible su resarcimiento.
 
 
Grupo Instituto de Finanzas de CLM 
En las inversiones financieras a largo plazo del Instituto de Finanzas se encuentra registrado un 
préstamo otorgado a GICAMAN por 22.000 miles de euros, cuyo vencimiento, previsto en 2012, 
no fue atendido y respecto al cual no se espera su recuperabilidad en el corto plazo. En las 
inversiones a corto plazo figura otro crédito por importe de 999 miles de euros otorgado a la 
extinta Empresa Regional del Suelo y Vivienda (absorbida en 2012 por GICAMAN), resultante de 
la liquidación en el ejercicio 2009 del convenio con la Consejería de Ordenación del Territorio y 
Vivienda y el Ayuntamiento de Albacete. Pese a sus fechas de vencimiento, el deterioro de estos 
créditos no ha sido recogido contablemente26. 
Los motivos de la corrección de errores realizada sobre el deterioro de participaciones en otras 
empresas no quedan suficientemente explicados en la memoria de las cuentas anuales del 
ejercicio. Con motivo de esta operación, la sociedad procedió a reexpresar las cifras de 2017 
incluidas en dichas cuentas.  
Grupo Ente Público RTVCLM 
Las sociedades del Grupo obtuvieron pérdidas en 2018 por importe de 34.381 miles de euros 
(CMT) y 3.864 miles (RCM). Estas pérdidas contables se generan como consecuencia de la 
contabilización  de  las  aportaciones  de  la  Junta  directamente  en  los  fondos  propios  como 
aportaciones de socios, tomando como base lo dispuesto en la norma de registro y valoración 
18.2 del PGC. Con posterioridad, la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se 
aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, 
vino a desarrollar el contenido de la citada norma 18 del PGC. Las sociedades se estarían 
acogiendo al tratamiento previsto para transferencias globales en el apartado 2 de la norma sexta.  
En relación con la contabilización de las transferencias recibidas como aportaciones de socios, 
debe  señalarse  que  el  apartado  1.b  de  la  citada  norma  sexta  exceptúa  expresamente  su 
aplicación en el caso de que la empresa receptora desarrolle una sola actividad específica que 
haya sido declarada de interés público o general mediante una norma jurídica, en cuyo caso 
recogerán estas aportaciones como subvenciones imputables al patrimonio neto. En este sentido, 
la Ley 3/2000, de 26 de mayo de Creación del Ente Público RTVCLM establece que “la prestación 
de los servicios públicos de radiodifusión y televisión será realizado por empresas públicas con 
forma de sociedades anónimas”. 
De la información que consta en la memoria de las sociedades no pueden deducirse los motivos 
que fundamentan el criterio aplicado. Tampoco se ha aportado un documento de programación de 
la actividad a desarrollar por las sociedades donde figuren, en su caso, otras actividades al 
margen del servicio público anterior. Además, cabe señalar que hasta el ejercicio 2015, cuando se 
produjo un cambio de criterio, las sociedades imputaban directamente a la cuenta de pérdidas y 
ganancias las citadas transferencias. 
Al cierre del ejercicio 2018, en el activo no corriente de CMT y de RCM aparecían 20.460 miles de 
euros en la primera y 682 miles en la segunda, derivados de derechos a cobrar por devoluciones 
pendientes de IVA, de acuerdo con el criterio de las sociedades. Sin embargo, las actas fiscales 
derivadas de actuaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en relación 
con el citado impuesto en los ejercicios 2012 a 2014, denegaron el derecho a la devolución de 
                                                  e.
26 Tras comenzar señalando la sociedad, en las alegaciones, que la falta de reconocimiento del deterioro se debe a que  w.b
“el socio único de ambas sociedades (GICAMAN y el Instituto de Finanzas) es la JCCM”, se concluye que, en un  742ww
iisnnefsoatrr ucmamene cdneetlo ac djouanr ítddroiicclh ofai na dadneecucidueaaro”d,  odp eoulrn  elaoj e fqrecuciechi aoe  ld2 Ie0nt1set7rimt,u litano a Idndetae  Frovi neuannnc czióaanlse  Gn“cdeoannretioirna údl aed  erve elaanl icJziCamnCiedMno t orgesec spotaimorneceinasdle óys  “ mecosatnna tblealne ficienenard limod aecddo indatena tcqetu oeesl  
con GICAMAN para conseguir un acuerdo de cara a regularizar esta situación”.
 
tales cantidades, por lo que fueron recurridas ante el Tribunal Económico-Administrativo Central 
(TEAC), el cual emitió resolución con fecha 22 de septiembre de 2017 de estimación parcial del 
recurso presentado por las sociedades del grupo, también impugnada, en marzo de 2018, ante la 
Audiencia Nacional, que se encontraba pendiente de resolución al cierre de 2019. Las sociedades 
formalizaron avales para las liquidaciones provisionales de IVA de los ejercicios 2012 a 2014 ante 
la AEAT.  
En relación con los procesos de inspección de IVA realizados durante los ejercicios 2015, 2016 y 
2017, sobre la CMT, la sociedad solicitó ante el tribunal económico-administrativo la suspensión 
con dispensa de garantías de la ejecución de diversos acuerdos de liquidación de la AEAT, con 
amparo en los artículos 46 y 47 del RD 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento general de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía 
administrativa, argumentando ello en los perjuicios de difícil o imposible reparación dada “la 
situación financiera en la que se encuentra la Sociedad y que le lleva, no solo a no poder hacer 
frente al pago de la cuota resultante [….] sino a la imposibilidad de obtener un aval solidario por 
parte de una entidad financiera y a la insuficiencia de activos de su propiedad […] sobre los que 
constituir garantía”. Pese a que dichas solicitudes no habían sido resueltas al cierre de 2018, 
habiendo transcurrido más de un año desde la fecha de interposición, las cuentas anuales no 
hacen mención a este importante riesgo. 
Además, desde un punto de vista contable, según lo dispuesto en el Boletín Oficial del ICAC 
número 48 del año 2001, con carácter general, las contingencias fiscales, se deriven o no de un 
acta de inspección, deberán ocasionar en el ejercicio en que se prevean, la correspondiente 
dotación a la provisión para riesgos y gastos por el importe estimado de la deuda tributaria. No 
obstante lo anterior, las dos sociedades, a la vista de los estudios e informes solicitados, donde se 
estimaba una alta probabilidad de resolución del asunto a favor de sus intereses, mantienen su 
posición de no reconocer tal provisión. 
Los  informes  de  auditoría  de  cuentas  de  las  sociedades  continúan  reflejando  una  opinión 
favorable sin salvedades, a pesar de la incertidumbre derivada de los acontecimientos anteriores, 
y el efecto económico muy significativo que llevaría aparejada la confirmación de las actuaciones 
fiscales (denegación de la devolución) en el caso de CMT, que la colocaría en situación de 
disolución según lo dispuesto en el artículo 363 del TRLSC. 
Otras entidades 
El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de SODICAMAN no contenían, en las partidas en 
las que procede, la referencia cruzada al apartado de la memoria donde figuraba el detalle de la 
información. 
Al cierre del ejercicio 2018, en el activo no corriente de GEACAM aparecían créditos con las 
Administraciones públicas por importe de 4.917 miles de euros (1.730 miles en 2017). En 2014, la 
Agencia  Tributaria  inició  actuaciones  de  comprobación  e  investigación  del  Impuesto  de 
Sociedades y el IVA. En relación con este último, el 20 de agosto de 2014 GEACAM firmó un acta 
de disconformidad con la Agencia Estatal. El acuerdo de liquidación por importe de 9.425 miles de 
euros quedó suspendido con la presentación de un aval de la JCCM por el mencionado importe. 
El informe de auditoría de cuentas de la sociedad correspondiente al ejercicio 2018 refleja una 
opinión  favorable  sin  salvedades  y  menciona  este  hecho  como  un  aspecto  relevante  de  la 
auditoría. No obstante, según lo dispuesto en el Boletín Oficial del ICAC número 48 del año 2001,  es
con carácter general, las contingencias fiscales, se deriven o no de un acta de inspección,  o
 
 
deberán ocasionar en el ejercicio en que se prevean, la correspondiente dotación a la provisión 
para riesgos y gastos por el importe estimado de la deuda tributaria27. 
Para realizar la corrección de errores que afecta al período de vida útil de las plantas fotovoltaicas 
del ISFOC, se ha utilizado como contrapartida la cuenta “resultados negativos de ejercicios 
anteriores” en lugar de “reservas”, tal como establece la norma de registro y valoración 22 del 
PGC.  Con  motivo de  esta operación, la sociedad procedió a reexpresar las cifras de 2017 
incluidas en las cuentas 2018.  
F)  ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL  
El saldo vivo del endeudamiento mantenido por GICAMAN, como única sociedad del sector 
público  empresarial  con  deudas  con  entidades  de  crédito  al  cierre  del  ejercicio  fiscalizado, 
alcanzaba los 49.624 miles de euros según sus cuentas (si bien la cifra asciende a 49.674 según 
datos de la JCCM). 
II.5.2.  Fundaciones autonómicas 
A)  ANÁLISIS GENERAL 
El TRLH define, a sus efectos, a las fundaciones públicas autonómicas como aquellas en las que 
concurran algunos de los siguientes supuestos: 
a)   Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración 
de JCCM, sus OOAA o demás entidades integrantes del sector público regional. 
b)   Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 
cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por la Administración de JCCM, 
sus OOAA o demás entidades integrantes del sector público regional. 
Esta definición es similar a la que preveía el artículo 44 de la Ley 50/2002, de Fundaciones, ley 
estatal pero de aplicación en la CA, dado que esta no cuenta con normativa propia en la materia. 
No obstante, la Disposición derogatoria única de la LRJSP suprimió dicho artículo.  
El artículo 128 de la LRJSP (precepto que no tiene carácter básico) añade a los dos supuestos 
anteriores para la consideración de una fundación como integrante del sector público estatal, el 
caso en que la mayoría de los derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del 
sector público institucional estatal. De todo ello se deduce la situación de divergencia que ha 
sobrevenido entre una legislación y otra. 
Además, la CA participa en fundaciones cuya dotación es mayoritariamente pública, si bien 
ninguna Administración aportó más del 50 % de la misma, siendo la participación de la CA mayor 
o igual a la del resto, o bien cuyo patronato está mayoritariamente nombrado por Administraciones 
Públicas,  disponiendo  la  CA  de  un  número  mayor  o  igual  al  del  resto  de  Administraciones 
individualmente consideradas.  
El anexo I.0 recoge las entidades integrantes del sector público de CLM, encontrándose en la 
situación descrita en el párrafo anterior las fundaciones  PSMRC, El Greco 2014, Centro de 
Innovación de Estructuras Inteligentes, Centro Tecnológico del Metal de CLM y Parque Científico y  es
Tecnológico de CLM.  o
                                                  742ww
2aIV7  lAEa  ndR elea ssG oaElulAecgCióaAncM iod,ne edl seT  rsliobesu d neaaj elc rEucecicnoiotnasó  dm2e0ic 1loa0   Ainadt em2r0pin1oi2ss.ti crEaiótninv  rode euCln erienóctnru adrls,e odl  eCc oo9nn tdseeen jcomi odaseroz -oAa dddmme iin2ni0iss2ttrr0aa,c tieivónon   radenelat ecla iló aen Am cupodrneie slnaacs,i  add eeN ca1lac4ri oadnceaio lj,un felriose  nddteee  
2020, se manifiesta la intención de provisionar la deuda tributaria.
 
Durante  el  ejercicio  2015  se  inició  una  operación  de  reestructuración  del  sector  público 
fundacional al aprobarse la fusión de la Fundación El Greco con la Real Fundación de Toledo (no 
perteneciente al sector público). El balance de fusión se presentó a 31 de octubre de 2015, 
produciéndose la consiguiente transmisión en bloque de todo el patrimonio de la primera a la 
segunda,  que  adquiere  por  sucesión  universal  los  bienes,  derechos  y  obligaciones  de  la 
absorbida. Con fecha 24 de mayo de 2016 se elevan a públicos los acuerdos de fusión. No 
obstante, no es hasta el 10 de enero de 2017 cuando se adopta un acuerdo del Consejo de 
Gobierno  de  la  JCCM  autorizándose  la  tramitación  del  procedimiento  para  dicha  fusión  por 
absorción y el 13 de febrero del mismo año cuando el Protectorado de Fundaciones de CLM 
muestra su conformidad con el acuerdo de fusión y establece la obligación para el patronato 
resultante  de  la  fusión  de  comunicarle  la  inscripción  de  aquella  en  el  Registro  Único  de 
Fundaciones de competencia estatal. Al cierre de 2018, el procedimiento de fusión aún no se 
había resuelto, encontrándose pendiente la ratificación del acuerdo de fusión por el Protectorado 
estatal y la consiguiente inscripción en el Registro citado. A dicha fecha, la IGAE tenía pendiente 
de clasificación, a efectos de contabilidad nacional, a la fundación absorbente. 
Por otro lado, durante el ejercicio fiscalizado se constituyó mediante escritura de fecha 15 de 
noviembre la Fundación Colección Roberto Polo, siendo el 100 % de la aportación de la dotación 
fundacional de la JCCM, y cuyas cuentas anuales se rindieron fuera del plazo. 
A diferencia de lo previsto en la LGP, el TRLH no contaba con un precepto que obligara a la 
elaboración de un informe, a presentar junto con las cuentas anuales, relativo al cumplimiento de 
las  obligaciones  de  carácter  económico-financiero  asumidas  como  consecuencia  de  su 
pertenencia al sector público, en el cual se ofreciera información detallada, entre otros extremos, 
de subvenciones, personal o contratación.  
Pese a que el artículo 1.2 de la LP para 2018, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 
35.3  del  TRLH,  indica  que  los  presupuestos  generales  de  la  JCCM  deben  integrar  los 
presupuestos de explotación y capital de la totalidad de las fundaciones consideradas dentro del 
sector público regional, no incluyen los de las fundaciones CLM Tierra de Viñedos y Centro de 
Innovación de Infraestructuras Inteligentes (además de los de las que se encuentran en situación 
de liquidación). 
Se ha apreciado la ausencia de inclusión en la memoria de las cuentas anuales de información 
anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin fines lucrativos para 
la realización de las inversiones financieras temporales, aprobado mediante acuerdo del Consejo 
de la CNMV de 20 de noviembre de 200328. En caso de tener página web, según se desprende de 
un nuevo acuerdo de este órgano regulador, de 5 de marzo de 2019, debe publicarse también allí 
como medida de transparencia, sin que ello haya sido cumplido al cierre de dicho año. 
Los anexos 1.3-1 y 1.3-2 recogen la situación económico-financiera y los resultados de estas 
entidades públicas. 
La situación económica y financiera de las fundaciones, al cierre del ejercicio fiscalizado, presenta 
las magnitudes agregadas que se recogen a continuación. 
                                                  b
28 Por su parte, el Banco de España, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2003, dispuso  742ww
qffiinnuaaenn ecciilee Crraoóssd  tuieg moo tprdooers a Claenosán dldoeug colatsas   qaeupnertio dlblaeadvdeaosr a spnion ra  áplnaai rmeCjoaN ddMaeV  ll aus ceororbí laieg nad cefoi óranmp aldic eda ecs iudó enrpe eósntsiti tulooc,si óp nrmé yiss tmaqmuoeso  ,n tcéoer mseisióntnuo vstie emara plnao srsa uli njedvteea rsas ciaoti nvlaeosss  
normas de ordenación y disciplina del mercado de valores.
 
 
CUADRO Nº 22. MAGNITUDES AGREGADAS SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL29 
(miles de euros) 
Concepto / Descripción  2018 
BALANCE     
-  Activo total   66.105 
  .  No corriente  53.090 
  .  Corriente  13.015 
-  Patrimonio neto  45.929 
-  Pasivo no corriente  10.657 
-  Pasivo corriente  9.519 
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL     
-  Resultados de explotación  841 
-  Resultados financieros  (34) 
-  Resultado/Excedente del ejercicio  807 
Con carácter general se observa que las magnitudes correspondientes al balance no han variado 
significativamente con respecto al ejercicio 2017, continuando la tendencia generalizada a la 
disminución de todas las masas. Destaca el caso de la Fundación Tierra de Viñedos donde los 
fondos propios han sufrido una disminución de un 34 % con motivo de las pérdidas de ejercicios 
anteriores.  
A 31 de diciembre, presentaban patrimonio neto negativo las fundaciones Hospital Nacional de 
Parapléjicos para la Investigación y la Integración (2.337 miles de euros) y PSMRC (284 miles), 
situación que va siendo saneada con los excedentes obtenidos en los últimos ejercicios. Esta 
última también presentaba un fondo de maniobra negativo de 285 miles de euros.  
En el caso del Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración, su memoria 
indica que, aunque esta mantiene deudas frente a la JCCM por importe de 1.471 miles de euros, 
la Junta ha expresado de forma explícita su apoyo financiero, al no solicitar la devolución de las 
deudas vencidas hasta que la fundación haya restablecido su situación patrimonial. Igualmente, 
también se han recogido aportaciones nominativas en la Ley de Presupuestos. Consecuencia de 
lo  anterior,  en  2018  el  fondo  de  maniobra  continúa  siendo  positivo  en  232  miles  de  euros 
(171 miles en 2017). Los fondos propios de esta fundación se mantienen negativos, alcanzando 
los 2.503 miles de euros.  
La Fundación Parque Científico y Tecnológico de CLM continúa con fondos propios negativos 
(1.201 miles de euros) y la Fundación CLM Tierra de Viñedos, se encuentra incursa en una 
situación de desequilibrio financiero, con una reducción del activo corriente del 45 % y generando 
unas pérdidas de 185 miles de euros. 
Por el contrario, se observan importantes variaciones en las correspondientes a los resultados del 
ejercicio. Así los resultados de explotación han pasado en 2018 a ser positivos en 841 miles de 
euros frente a las pérdidas de 149 miles de 2017 (en 2016 las pérdidas en el conjunto de estas  s
entidades ascendieron a 597 miles), como consecuencia por un lado del incremento global de un  e.
                                                  742ww
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las incluidas en la Cuenta General de 2017.
 
9  %  de  las  subvenciones  recibidas  (Impulsa  y  Centro  de  Innovación  de  infraestructuras 
Inteligentes recibieron un 30 % y un 57 % más de ayudas que en el ejercicio precedente) y la 
mejora de los resultados individuales de las fundaciones Hospital Nacional de Parapléjicos para la 
Investigación y la Integración, Parque Científico y Tecnológico de CLM, Centro de Innovación de 
Infraestructuras Inteligentes y PSMRC. No obstante, si bien esta última ha pasado de unas 
pérdidas de 42 miles de euros (resultados tras la reexpresión de las cifras de 2017 en relación con 
las cuentas anuales reformuladas de dicho ejercicio) a un beneficio de 306 miles, las deficiencias 
recogidas en el subepígrafe II.5.2.D ponen de manifiesto la falta de fiabilidad del mismo.  
B)  FINANCIACIÓN CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA Y SUS OOAA 
A continuación, se presenta el desglose de las aportaciones realizadas por la Junta y sus OOAA a 
las fundaciones públicas autonómicas. 
CUADRO Nº 23. APORTACIONES DE LA JUNTA Y SUS OOAA AL SECTOR PÚBLICO 
FUNDACIONAL 
(miles de euros) 
ORN 
Fundaciones 
    Total 2018   
Fundación Impulsa CLM       5.945   
Fundación Parque Científico y Tecnológico de CLM      2.156   
Fundación PSMRC      90   
Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos      839   
Fundación Colección Roberto Polo      30   
Fundación Sociosanitaria de CLM       17.302   
Total       26.362   
Las aportaciones de la JCCM y sus OOAA al sector público fundacional han aumentado en el 
ejercicio  fiscalizado  un  11 %  con  respecto  al  ejercicio  anterior,  concentrando  la  Fundación 
Sociosanitaria de CLM el 66 % del total de las aportaciones, a pesar de las cuales continúa 
presentando pérdidas al cierre del ejercicio. Las aportaciones recibidas por la Fundación Hospital 
Nacional de Parapléjicos se han incrementado con respecto a 2017 en un 60 %, de las cuales el 
72 % procede del SESCAM. Las ayudas percibidas de la JCCM por la Fundación PSMRC son 
objeto de análisis detallado en el epígrafe II.7.3 de este Informe.  
C)  SITUACIÓN  PATRIMONIAL  DE  ALGUNAS  FUNDACIONES.  PROCESOS  DE 
LIQUIDACIÓN 
La Fundación CLM Tierra de Viñedos, se encuentra incursa en una situación de persistente 
desequilibrio financiero. En marzo de 2015 se dictó resolución de inicio de procedimiento de 
comprobación de actividad de la citada Fundación por parte del Protectorado de Fundaciones de 
CLM, al haber quedado sin efecto la función atribuida a la fundación tras la supresión del Fondo 
de Promoción Vitivinícola, mediante la Ley 6/2013, de 14 de noviembre, por la que se deroga 
parcialmente la Ley 8/2003, de 20 de marzo, de la Viña y el Vino de CLM, requiriéndose al  e.
patronato que en el plazo de dos meses acordara la modificación de los estatutos establecida en  w.b
el  artículo  29  de  la  Ley  50/2002.  Pese  a  que  no  fue  atendido,  no  se  produjo  un  nuevo  742ww
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por una parte, y, por otra, con la posibilidad de modificar el fin fundacional. En 2018, el patrimonio 
neto (360 miles de euros) continúa por debajo de la dotación fundacional (1.000 miles) al no 
disponer la entidad de otro medio para hacer frente a las obligaciones que le son exigibles. 
Según consta en el informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales rendidas, la entidad 
habría diseñado durante 2018 un plan de viabilidad para asegurar el cumplimiento del objetivo 
fundacional plasmado en sus Estatutos, el cual habría sido aprobado por su Patronato finalmente 
el 29 de octubre de 2018.  
Adicionalmente, el informe de la auditoría externa correspondiente al ejercicio 2018 vuelve a 
presentar una incertidumbre sobre la capacidad de la fundación para continuar como entidad en 
funcionamiento, a la vista del importe dispuesto de la dotación y las pérdidas netas generadas de 
185 miles de euros.  
La  Fundación  PSMRC  se  encuentra  incursa,  al  igual  que  la  anterior,  en  una  situación  de 
persistente desequilibrio financiero.  
El informe de la auditoría externa correspondiente al ejercicio 2018 presenta una incertidumbre 
sobre la capacidad de la fundación para continuar como empresa en funcionamiento, debido a los 
fondos propios negativos por importe significativo, así como al importante deterioro de su situación 
financiera con un fondo de maniobra negativo.  
Pese a la situación que ha sido expuesta y las deficiencias señaladas más adelante derivadas de 
las comprobaciones realizadas sobre su contabilidad durante la fiscalización, el Protectorado de 
Fundaciones de CLM no ha llevado a cabo nuevas actuaciones de control en orden a constatar 
que  la  fundación  no  se  encontraba  en  una  situación  de  grave  irregularidad  en  la  gestión 
económica que  pusiera  en  peligro  su  subsistencia,  motivo que  prevé el  artículo  35  del RD 
1337/2005,  de  11  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  fundaciones  de 
competencia estatal, para una intervención temporal de la misma, desde la Resolución de 20 de 
noviembre de 2014 (que no llegó a ser atendida) en la que se imponía a la entidad la presentación 
semestral de la documentación contable con la especificación del grado de cumplimiento del Plan 
de Actuación del ejercicio 2015.  
Las cuentas anuales rendidas por la Fundación del ejercicio 2015 y subsiguientes aún están 
pendientes de ser revisadas por parte del Protectorado a los efectos de lo previsto en el artículo 
25 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y en el artículo 28 del Reglamento de 
fundaciones antes citado. Este retraso generalizado en el examen de cuentas por parte del 
Protectorado de CLM ya fue puesto de manifiesto en la fiscalización de la CA del ejercicio 2017, 
que  tiene  como  consecuencia  directa  la  imposibilidad  en  el  acceso  de  terceros  a  las 
correspondientes cuentas. 
Por su parte, la Fundación Centro Tecnológico del Metal de CLM, con una dotación fundacional de 
30 miles de euros, como consecuencia de los resultados negativos de ejercicios anteriores, 
presenta unos fondos propios negativos de 470 euros, no constando actuaciones del Protectorado 
en la línea de lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de Fundaciones30. 
Adicionalmente, el informe de auditoría externa (que emite una opinión favorable con salvedades), 
incluye un párrafo de énfasis en el que se pone de manifiesto una incertidumbre material sobre la 
continuidad de la Fundación, “si no se desarrollan y financian nuevos proyectos y sobre todo,  s
respecto al Proyecto ICT-FEDER que es para el que la Fundación fue constituida”. Efectivamente,  oe.
y a pesar de lo señalado por esta fundación en la memoria, durante 2018 la entidad no tuvo ni  w.
 3fo 0  n E d lo  a s r  t ípc r uo  lpo  i o 2 s2 ,    d s ei  l  e R ll eo  g  pl a om n  ee   n et o n    d re ie    lsag oL elya  5c0o/n2s0e0c2u, cdióe nf udned alcoiso nfiense,s s efuñnadlaa cqiuoen aelens l,o se lc apsrootse cdteo rraeddou cpcuióend eg rraevqeu deeri rl oasl   2021-14742n https://ww
patronato a fin de que adopte las medidas oportunas para corregir la situación.
 
actividad ni personal, contando como único activo con un terreno cedido por el Ayuntamiento de 
Tomelloso para la construcción del Centro Tecnológico del Metal de CLM. La cesión se realizó en 
marzo de 2012, inicialmente por 50 años “con un plazo de edificación máximo de cinco años que 
podría  prorrogarse  por  acuerdo  expreso  del  Ayuntamiento  si  estimase  que  existe  causa 
justificada”. En este sentido, se aprobó una prórroga el 23 de noviembre de 2017.  
D)  DEFICIENCIAS CONTABLES E INFORMES DE AUDITORÍA 
La realización de informes de auditoría sobre las cuentas anuales de las diversas fundaciones, 
junto con la opinión manifestada en su caso, se refleja en el siguiente cuadro. 
CUADRO Nº 24. INFORMES DE AUDITORÍA FUNDACIONES 
Cuentas  Número 
Auditadas  9 
  Con opinión favorable  8 
  Con opinión favorable con salvedades  1 (Fundación Centro Tecnológico del Metal) 
No auditadas   1 (Fundación El Greco 2014*) 
(*)  En proceso de fusión, en la condición de absorbida.  
Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración 
El informe de auditoría emitido sobre las cuentas de 2018 manifiesta una opinión no modificada, si 
bien incluye, al igual que en 2017, una incertidumbre material relacionada con el principio de 
entidad en funcionamiento, al mantener la fundación deudas frente a la JCCM por importe de 
1.471 miles de euros.  
La  entidad,  que  realiza  su  actividad  en  instalaciones  propiedad  del  Hospital  Nacional  de 
Parapléjicos, continúa sin registrar contablemente el valor razonable de la cesión de uso de las 
instalaciones en las que desarrolla su actividad31.  
Fundación CLM Tierra de Viñedos 
Con una dotación fundacional inicial de un millón de euros, a 31 de diciembre de 2018 su 
patrimonio  neto  había  quedado  reducido  a  360  miles  de  euros,  situación  financiera  que  se 
encuentra  agravada  por  el  hecho  de  no  poder  obtener  recursos  a  través  de  subvenciones 
provenientes del Ministerio de Agricultura o de Fondos Europeos debido a su forma jurídica y 
composición actual, realizándose su actividad con tesorería acumulada en ejercicios anteriores. 
Ello cuestiona la aplicación del principio de entidad en funcionamiento. 
Fundación Centro Tecnológico del Metal 
Los estados financieros rendidos no contienen, en las partidas en las que procede, la referencia al 
apartado de la memoria donde figura el detalle de la información.  s
    w.
                                                
31 En las alegaciones se indica el registro oportuno de este inmovilizado en las cuentas anuales de la entidad de 2019.
 
 
Fundación Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes  
Tanto los ingresos como los gastos simplemente se enumeran por cuenta contable, sin que 
aparezca ningún tipo de aclaración en la memoria. En particular, destaca el gasto de personal 
incurrido en 2018, el cual incluye, entre otros conceptos, otras cargas sociales por importe de 44 
miles de euros. En 2017, estos gastos supusieron 27 miles de euros, cantidad que formaba parte 
del Plan de Retribuciones Flexible de la fundación, del que no se ha acreditó su aprobación. La 
variación en el ejercicio fiscalizado tampoco queda explicada32. 
Fundación Sociosanitaria 
La fundación mantiene un crédito totalmente deteriorado por 354 miles de euros con el SESCAM, 
procedente de un convenio de colaboración formalizado en 2012, sin que haya constancia de que 
se haya iniciado ningún tipo de acción para el cobro del importe o para la cancelación o anulación 
del convenio33. 
La fundación tiene cedidos en uso diferentes espacios que no se han valorado económicamente, 
por lo que el inmovilizado recogido en su balance se encuentra infravalorado34. 
Fundación Jurado Arbitral Laboral 
Los estados financieros rendidos no contienen, en las partidas en las que procede, la referencia al 
apartado de la memoria donde figura el detalle de la información. 
Fundación PSMRC 
Como ya se puso de manifiesto en el informe de fiscalización del ejercicio 2017 de la CA, las 
cuentas anuales de ese ejercicio de la Fundación PSMRC fueron reformuladas, siendo aprobadas 
las nuevas por el Patronato con fecha 21 de mayo de 2019 y rendidas a este Tribunal fuera del 
plazo previsto en la normativa. El informe de auditoría que las acompañaba denegaba la opinión 
sobre  las  mismas  debido  a  la  cancelación  de  199  miles  de  euros  de  saldos  acreedores 
(considerados  por  la  entidad  como  no  reclamados,  prescritos  o  para  los  que  no  se  tenía 
documentación soporte y de los que se espera que no supondrían una salida de recursos de la 
entidad en un futuro), sobre los que no se obtuvo documentación soporte suficiente. Igualmente se 
manifestaba en dicho informe que las circunstancias descritas evidenciaban una falta de control 
interno sobre las cuentas de proveedores que impedía obtener evidencia suficiente y adecuada 
sobre la razonabilidad de los saldos del epígrafe de “otros acreedores” del balance. 
En las cuentas anuales del ejercicio 2018, las cifras comparativas correspondientes a 2017 han 
sido reexpresadas como consecuencia, según se informa en la memoria, de la detección de 
errores existentes de ejercicios anteriores a la vista de nueva información disponible. 
                                                 
32 La fundación, en sus alegaciones, no hace ninguna mención a si el Plan de Retribuciones Flexible está aprobado por 
el órgano competente. Por otro lado, y pese a las explicaciones realizadas, tal como se indica en el Informe, debe ser en 
la memoria donde se dé la información oportuna para que el resto de estados financieros pueda ser comprendidos 
adecuadamente.  
33 En las alegaciones se recoge que “la Dirección de la Fundación presenta en las Cuentas Anuales de todos los  e
ejercicios  el  detalle  de  los  usuarios  y  otros  deudores  de  la  actividad  propia  pendientes  de  cobro  para  o
su  aprobación,  dando  cuenta,  por  tanto,  a  todos  los  miembros  del  Patronato  entre  los  que  se  w.
encuentra el SESCAM ejerciendo la vicepresidencia”, sin que ello pueda considerarse equivalente a las acciones  742ww
3fo4 rImndaelepse npdreievnistteams eennt ela d neo lram eaxtiivsate vnicgiean dtee  pcaornas terunctecniodneersse s orebcrlea mloas daoc teivl opsa gcoe ddied olas ,d peruodcae.d e el registro de los derechos
de uso, salvo en los casos, señalados en las alegaciones, en que su valoración no pueda hacerse con fiabilidad.
 
La Fundación ha formulado las cuentas anuales del ejercicio 2018 el 7 de junio de 2019, fuera del 
plazo legal. El informe de auditoría referente a dicho ejercicio es favorable. 
El significativo incremento del activo corriente (un 46 % respecto al ejercicio anterior) y por tanto la 
mejora del Fondo de Maniobra, que no obstante continúa negativo en el ejercicio 2018 por importe 
de 285 miles de euros, son consecuencia de dicha corrección de errores, manteniéndose la 
situación de desequilibrio financiero. Los fondos propios negativos aumentan un 6,7 % hasta los 
611 miles de euros y el patrimonio neto se sitúa en 283 miles de euros. 
Del  análisis  realizado  y  a  la  vista  de  los  errores  procedentes  de  ejercicios  anteriores  que 
provocaron la reformulación de cuentas en 2017 y la posterior corrección de los saldos de dicho 
ejercicio en las cuentas de 2018, se aprecia un alto riesgo de ausencia de razonabilidad de los 
saldos de acreedores al cierre del ejercicio fiscalizado.  
Además, en particular se han puesto de manifiesto las siguientes cuestiones: 
  Tres transferencias bancarias por importe de tres miles de euros cada una, realizadas el 27 
de febrero de 2018 y referidas a una factura (número 1/2018) por importe de 10 miles de euros y 
de fecha 31 de marzo de 2018, se habrían realizado con anterioridad a recibirse esta.  
  Se encuentran contabilizadas facturas por un total de 166 miles de euros35, las cuales no 
han sido aportadas, que han dado lugar en 2018 a transferencias bancarias por importe de 34 
miles de euros. 
  El Director artístico de la Fundación, con el que esta mantiene una relación mercantil, 
facturó a la entidad en 2018 un total de 42 miles de euros en concepto de dirección artística de la 
semana de música religiosa, sin que en los estatutos de la Fundación aparezca dicho puesto.  
 
Además, la citada persona es miembro y representante de la Asociación Semana de Música 
Religiosa Cuenca, la cual facturó a la Fundación, en mayo de 2018, 50 miles de euros en 
concepto de “conciertos realizados por la Academia Semana de Música Religiosa barroca y 
contemporánea en la 57 edición del festival de música religiosa de Cuenca”. Dicha contratación se 
realizó de forma directa.  
  La Fundación no ha procedido a presentar ante la AEAT el preceptivo modelo 347 de 
declaración anual de operaciones con terceros. Atendiendo a su contabilidad, en 2018 existirían al 
menos 39 proveedores cuyos datos, como consecuencia de las operaciones realizadas con la 
Fundación, debían haberse consignado en dicho formulario. 
  En las cuentas figuran contabilizados gastos por el desplazamiento de invitados, estancias 
en  hoteles  y  gastos  en  restaurantes,  entre  otros,  sin  que  la  entidad  haya  aportado  los 
procedimientos internos debidamente aprobados para la ejecución de los mismos.  
  La fundación no recoge información en sus cuentas sobre el periodo medio de pago (PMP) y 
ello pese a que, en la nota 8 de la memoria, se recoge expresamente que "los intereses que 
figuran en la cuenta de PyG se corresponden en su mayoría con los intereses devengados hasta 
31 de diciembre de 2018 por haberse producido el retraso en el pago de facturas con dos 
proveedores y que han sido reclamados en el ejercicio 2018”. 
  La  memoria  tampoco  recoge  información  en  relación  con  las  actividades  realizadas,  bo
objetivos e indicadores de la actividad y convenios de colaboración con otras entidades.   742ww
                                                
35 Las facturas números 0009, 0010, 0011, 0042 y 0028.
 
 
  El plan de actuación para 2018 no había sido presentado al Protectorado incumpliendo lo 
establecido por el artículo 26 de la Ley 50/2002. 
E)  ENDEUDAMIENTO SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL 
El saldo vivo del endeudamiento con entidades de crédito que presentaban las fundaciones 
públicas autonómicas a 31 de diciembre de 2018 ascendió a 511 miles de euros, correspondiente 
a un préstamo hipotecario de la Fundación Sociosanitaria de CLM. 
II.5.3.  Consorcios públicos 
El artículo 4.1.d) del TRLH incluye expresamente a los consorcios participados mayoritariamente 
por la JCCM, a los que se refiere el artículo 6 de la misma norma, como entidades pertenecientes 
al sector público regional. Este último artículo prevé la posibilidad de participar en consorcios con 
otras Administraciones públicas y con entidades privadas para fines de interés público o utilidad 
social, debiendo regularse el régimen económico de aplicación en las bases de su constitución, en 
todo caso acordes con el citado TRLH cuando la participación de la Administración regional en su 
financiación fuese superior al 50 % o cuando, sin serlo, fuese mayoritaria. Las circunstancias 
descritas concurrían en los consorcios Parque Arqueológico de Carranque y Parque Arqueológico 
de Alarcos. 
Los Consejos de Administración de los dos consorcios aprobaron el 5 de febrero y el 9 de abril de 
2015 su disolución, con cesión global de activos y pasivos a la JCCM al asumir esta la gestión de 
los parques, en virtud de los Decretos 95/2012 y 96/2012, ambos de 12 de julio, lo que supuso de 
facto el cese de actividad de ambos. 
Las cuentas anuales de 2018 de ambos consorcios fueron rendidas, constando en ambos casos 
únicamente del balance (anexos I.2-1 y I.2-2), formulándose conforme al PGC y no conforme al 
PGCP, como estipulan sus estatutos.  
A 31 de diciembre de 2018, los saldos acreedores de los Consorcios del Parque Arqueológico de 
Carranque y del Parque Arqueológico de Alarcos ascendían, respectivamente, a 266 miles de 
euros y 136 miles.  
Finalmente, según consta en informe emitido por la Consejería de Cultura el 14 de enero de 2019, 
los citados procesos de disolución permanecían sin avance. Así mismo, en los informes de control 
financiero de la IGCA, fechados en septiembre de 2019, se constataba la inactividad de ambos 
consorcios.  
II.6.  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
II.6.1.  Marco normativo 
En  el  ejercicio  fiscalizado,  el  marco  normativo  aplicable  a  la  estabilidad  presupuestaria  y 
sostenibilidad financiera estaba configurado por la LOEPSF. Esta LO fue modificada en 2013, 
ampliando la definición del principio de sostenibilidad financiera al extenderlo al control de la 
deuda comercial. Se establece así la obligación de hacer público el PMP a proveedores, para lo 
cual, en 2014, se aprobó el RD 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología  es
de cálculo del PMP a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el  bo
procedimiento  de  retención  de  recursos  de  los  regímenes  de  financiación,  previstos  en  la  742ww
LcáOlcEuPloS Fd.e El Pl RMDP ,1 c0o4n0 e/2fe0c1t7o,s d dee 2 12  ddee  adbicriiel dmeb 2re0,1 m8.o difica el artículo 5 del RD 635/2014, referido al
 
La LO 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la LOFCA y de la LOEPSF, modificó la DA 
primera de la LOEPSF para adaptarla a la configuración de los mecanismos adicionales de 
financiación de las CCAA establecida por el RD-L 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de 
sostenibilidad financiera de las CCAA y entidades locales. 
En 2016, la LO 1/2016, de 31 de octubre, de reforma de la LOEPSF, introduce una nueva DA (la 
séptima) en la citada LOEPSF, dedicada a las reglas para el establecimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas por 
un Gobierno en funciones. 
En cumplimiento de lo previsto por la DF segunda de la LOEPSF, se dictó la Orden HAP 
2105/2012,  de  1  de  octubre  (modificada  con  posterioridad),  que  regula  las  obligaciones  de 
suministro de información previstas por la mencionada LO, que incluye en el ámbito subjetivo de 
aplicación a las CCAA y entidades dependientes. 
Por su parte, la Ley 11/2012, de 21 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera de la JCCM, entró en vigor el 1 de enero de 2013. 
II.6.2.  Cumplimiento de los objetivos 
A)  ÁMBITO SUBJETIVO 
El Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de 10 de abril de 2003, en relación 
con el suministro de información de las CCAA al Ministerio de Hacienda y al propio Consejo, exige 
la debida información a efectos de clasificar las entidades autonómicas de acuerdo con las 
normas del Sistema Europeo de Cuentas y la existencia de un inventario de entidades integrantes 
de cada una de las CCAA. 
El citado Ministerio, a través de la IGAE, tenía pendiente de clasificar, a estos efectos, las 
siguientes entidades: Fundación Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes y Real 
Fundación de Toledo. 
El artículo 2 de la Ley de CLM 11/2012 establece su ámbito de aplicación, enumeración que 
supuso,  entre  otras,  la  modificación  del  artículo  4  del  TRLH  que  determina  qué  órganos  y 
entidades componen el sector público de la CA. 
B)  OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO FISCALIZADO 
Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017 se fijaron los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de 
sus  subsectores  para  el  período  2018-2020  y  el  techo  de  gasto  del  Estado  para  2018, 
aprobándose el 28 de julio del mismo año los citados objetivos individualizados para cada una de 
las CCAA. Los objetivos para CLM fueron un déficit del 0,4 % del Producto Interior Bruto (PIB), y 
un endeudamiento del 35,3 %, una vez incorporada la deuda no computable por tratarse de 
excepciones permitidas por los Acuerdos de Ministros. 
En lo referente a la variación del gasto computable, el artículo 12 de la LOEPSF (regla de gasto) 
determina que la primera no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio 
plazo de la economía española. En el citado Acuerdo se determina que esta tasa sería del 2,4 %  e
en 2018.  bo
CLeas) t aLbOiClEidUPaMSd FPp LrceIoMsnuItEpeNumeTpsOltaa ,Dr ieaEn,   LdsOeu  Sda erOtuíBcduJalE opT ú1IVb7l,Oi clSoas   y i ndfeo rlma eresg slao bdree  geal sctuom qpuleim eiel nMtoIN dHeA lFoPs  odbejbeeti veolse vdaer   OE-A-2021-14able en https://
 
 
al Gobierno, antes del 15 de abril y del 15 de octubre de cada año. En el informe de octubre de 
2019, la necesidad de financiación de CLM se cuantificó en 152 millones de euros, lo que supone 
el 0,36 % del PIB, sin que existiera desviación respecto del objetivo.  
La evolución del déficit de la CA en los últimos años ha sido la siguiente. 
CUADRO Nº 25. EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT 2013-2019 
Objetivo  Déficit alcanzado 
Año 
(% del PIB)  (% del PIB) 
2013  1,3  2,09 
2014  1  1,80 
2015  0,7  1,59 
2016  0,7  0,82 
2017  0,6  0,71 
2018  0,4  0,36 
2019  0,1  1,2 (*) 
(*)  Dato de déficit correspondiente al informe de avance de abril de 2020. 
El artículo 13 de la Ley de estabilidad autonómica establece la necesidad de emitir, antes del 1 de 
abril  de  cada  año,  un  informe  por  parte  de  la  Consejería  de  Hacienda  sobre  el  grado  de 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. El relativo al ejercicio 2018 no aparece 
fechado  y  en  él  se  avanzaba  el  incumplimiento  de  la  regla  de  gasto,  al  determinarse  una 
desviación de 25 millones sobre el límite de incremento establecido, sin especificarse sus causas.  
No obstante, la CA finalmente también cumplió con la regla de gasto, al ser la tasa de variación de 
un 1,8 % respecto del gasto computable realizado en el ejercicio 2017, tal como acredita el 
informe del Ministerio de Hacienda de octubre de 2019. 
Según cómputo del Banco de España y de acuerdo con la metodología SEC2010, la deuda de la 
CA ascendía, al cierre de 2018, a un saldo de 14.714 millones de euros, lo que representaba el 
35,3 % del PIB regional, superior en cerca de 10 puntos al relativo al del sector CCAA (24,4 %). 
Ello supone el cumplimiento del objetivo de deuda, teniendo en cuenta que la computable, 
incluyendo las excepciones permitidas en Acuerdo del Consejo de Ministros, ascendía al citado 
porcentaje. 
 
De acuerdo con los datos del citado Banco de España, la deuda viva de CLM ha evolucionado de 
la siguiente forma. 
CUADRO Nº 26. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA 2013-2019 
(millones de euros) 
Año  Total Deuda Viva 
2013  11.343 
2014  12.858 
2015  13.426 
2016  14.055 
2017  14.430 
2018  14.714 
2019  14.949 (*) 
(*)   Dato provisional correspondiente al informe de avance de abril de 2020. 
Respecto a los fondos creados por la normativa autonómica de estabilidad, el Fondo de Reserva 
para Deuda, cuya finalidad es disminuir el endeudamiento neto de la CA no fue dotado en el 
ejercicio 2018. Por su parte, la utilización dada al Fondo de Contingencia, dotado con 8.103 miles 
de  euros  y  destinado  a  necesidades  que  pudieran  surgir  en  el  ejercicio  corriente  y  fueran 
inaplazables, de carácter discrecional y no previstas en el presupuesto inicial, se analiza en el 
epígrafe II.4.2. 
Adicionalmente, según prevé el artículo 4 de la LOEPSF, para encontrarse en una situación de 
sostenibilidad financiera, el PMP a los proveedores no ha de superar el plazo máximo previsto en 
la  normativa  sobre  morosidad.  Según  dispone  el  artículo  13.6  de  la  citada  LO,  las 
Administraciones Públicas deben publicar su PMP a proveedores y disponer de un plan de 
tesorería. El análisis del PMP y de la morosidad se realiza en el epígrafe II.7.2 siguiente.  
II.6.3.  Planes Económico-Financieros 
El incumplimiento del objetivo de déficit y de la regla de gasto para 2017 hizo necesaria la 
presentación de un PEF cuyo borrador fue informado por la AIReF (Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal) y posteriormente, aprobado por el CPFF el 31 de julio de 2018. 
En el PEF 2018-2019 se alega como causas del incumplimiento del objetivo de déficit la no 
aprobación del saldo del Programa Operativo FEDER 2007-2013, que según la CA hubiera 
supuesto un ingreso de 52 millones de euros, y el déficit de 24 millones de euros experimentado 
por el subsector Universidades. Respecto al incumplimiento de la regla de gasto en 2017, los 
principales factores causantes habrían sido el incremento de gasto corriente, tanto en gastos de 
personal  (por  la  aplicación  de  la  recuperación  del  complemento  específico  del  2012  y  la 
actualización salarial), como en los gastos corrientes. 
En el informe de seguimiento de los PEF correspondiente al último trimestre de 2018 se indica, en 
relación con el PEF 2018-2019 de CLM, que varias medidas de aumentos retributivos de capítulo I  s
han  supuesto  un  incremento  de  gasto  que  superaría  sus  estimaciones.  Así,  la  medida  de  oe.
recuperación del complemento específico del ejercicio 2012 supuso un mayor gasto por importe  w.
de 45,2 millones de euros, mientras que la ampliación de jornada de personal interino en verano,  742ww
lgaa bstaojas ddae  dpee rrsaotinoas l adlueml SnEoS/pCroAfMes,o hra ebnr íasenc tuontadlaizraiad oy  uenl d mecaayiomr igeanstoto d dee o 6tr7a,s9  mmeilldoindeass  ddee  eauhroorsro.  de
 
 
II.7.  ANÁLISIS  DE  LA  GESTIÓN  ECONÓMICO-FINANCIERA  DE  LA  COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
Se analizan en este apartado diversas cuestiones de la actividad económico-financiera, tanto de la 
Administración General como de los demás entes de la Comunidad. 
II.7.1.  Personal 
A)  EVOLUCIÓN GENERAL 
Según datos publicados en el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, el número de efectivos de la CA se incrementó en los últimos diez años (es decir, en el 
periodo que va desde el 1 de enero de 2009 al cierre del ejercicio fiscalizado) en un 4,9 %, frente 
al 0,47 % de incremento medio del sector autonómico (comunidades y ciudades autónomas). 
En los siguientes cuadros se ofrece la evolución de los gastos de personal recogidos en las 
cuentas de resultados de la Administración General de la Junta, los organismos públicos, las 
empresas, las fundaciones y la Universidad (a los que se hace referencia en el subapartado II.1), 
así como del número de efectivos. 
CUADRO Nº 27. GASTOS DE PERSONAL SECTOR PÚBLICO CLM (EVOLUCIÓN 2017-2018) 
(miles de euros) 
Entidad  2017  2018 
Junta  1.628.933  1.710.012 
Organismos con contabilidad pública  1.381.419  1.438.328 
Empresas y Entes con contabilidad privada   88.341  88.994 
Fundaciones  11.641  12.175 
Universidad  153.300  156.159 
Total  3.263.634  3.405.668 
 
CUADRO Nº 28. EFECTIVOS SECTOR PÚBLICO CLM (EVOLUCIÓN 2017-2018) 
(número de efectivos) 
Entidad  2017  2018 
Junta  44.713  44.771 
Organismos con contabilidad pública  29.488  29.870 
Empresas y Entes con contabilidad privada  2.632  2.622 
Fundaciones  351 (*)  361 
Universidad (**)  4.063   4.070  
Total  81.247  81.694 
(*)   La Fundación centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes ha corregido en la memoria de las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio 2018, el número de efectivos medios en 2017, pasando de 21 a 24. 
(**)   Se incluye el Personal de Administración y Servicios, el Personal de Administración y Servicios dedicado a I+D y 
el Personal Docente e Investigador. 
Continuando la tendencia de ejercicios anteriores, en 2018 se vuelve a producir un incremento 
global interanual de los gastos de personal de CLM (142.034 miles de euros), pasando de un 
3,8 % (variación 2016-2017) a un 4,3 % en el periodo 2017-2018, al experimentarse incrementos 
en todos los sectores, el más significativo el de la JCCM donde este aumento ha sido de un 4,9 %.  
El incremento global interanual del número de efectivos ha sido de un 0,5 % y, en concreto, en el 
ámbito de la JCCM, el número de efectivos se ha visto incrementado en 58 (0,1 %). El incremento 
global del gasto de personal producido en 2018 se analiza con detalle en el subepígrafe B) 
siguiente. 
En el ejercicio se mantiene la prohibición de la contratación de nuevo personal laboral temporal, 
así como del nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, salvo en 
casos excepcionales en los que, contando con la correspondiente dotación presupuestaria, se 
pretenda cubrir necesidades urgentes e inaplazables, aunque se ha apreciado el incumplimiento 
de esta restricción en determinados casos, tal y como se expone en los siguientes subepígrafes. 
Respecto a las disposiciones que afectan a la incorporación al sector público de personal de 
nuevo ingreso, la LP para 2018 ha trasladado las tasas de reposición que habilita la Ley 6/2018, 
de 3 de julio, de PGE para 2018 (el 100 % en determinados sectores y administraciones y hasta 
un máximo del 75 en los restantes sectores), así como la tasa adicional para estabilización del 
empleo  temporal,  que  incluye  hasta  el  90  %  de  las  plazas  que,  estando  dotadas 
presupuestariamente, hubieran estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al 
menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017. En relación con esta última, la 
oferta de empleo público de la JCCM para el año 2018 además contenía parte de las plazas 
correspondientes a dicha tasa adicional y que procedían de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de PGE 
para 2017. 
 
 
La evolución de la tasa de cobertura temporal prevista en dicho precepto (que ha de situarse en 
un máximo del 8 % para los sectores allí recogidos al final de periodo 2017-2019)36, es la 
siguiente. 
CUADRO Nº 29. TASA DE COBERTURA TEMPORAL 
(en porcentaje) 
Tasa estimada tras 
Tasa cobertura  Tasa prevista 
conclusión 
temporal a 30  Procesos en  acorde con el 
Colectivo  procesos derivados 
de junio de  ejecución  objetivo fijado en la 
de OEP de 2018 y 
2019   LPGE 2018 
anteriores  
Personal sanitario (SESCAM)  27,1  Sí  7,9  Sí 
Cuerpos docentes (LO 2/2006)         
  Profesores  enseñanza  12,7  No  N/A (*)  No 
secundaria  y  profesores 
técnicos  de  formación 
profesional 
  Maestros  N/D (**)  Sí  10,9  No 
Otro personal en el ámbito de los 
       
procesos de estabilización (***) 
  Funcionario  N/D (**)  Sí  1,8  Sí 
  Laboral  N/D (**)  Sí  9  No 
(*)  N/A: No aplicable 
(**)  N/D: No disponible 
(***)  La DG de la Función Pública no ha suministrado los datos soporte de las previsiones de la tasa de cobertura que 
ha señalado, a lograr al finalizar los procesos en curso.  
A 30 de junio de 2019, estaba en curso la ejecución completa de la Oferta de Empleo Público del 
SESCAM de 2016, con una reducción estimada de la temporalidad hasta el 20,6 %. Igualmente, 
estaban pendientes las convocatorias derivadas de las ofertas de empleo público de 2017 y 2018. 
En lo referente a las gratificaciones extraordinarias que pudieran abonarse, durante 2018, se 
reconocieron obligaciones por gratificaciones por 3.961 miles de euros (un 6 % más que en 2017), 
de las cuales un 67 % se concentraron en la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural. 
Actuaciones de la IGCA para el control de los gastos de personal 
Mediante la Resolución de 11 de febrero de 2019, de la IGCA, se aprueba el Plan de Control 
Financiero y Auditoría de Empresas y Entes Públicos para el Ejercicio 2019. En la parte quinta del 
citado plan se incluye dentro del control financiero de empresas públicas y demás entidades que 
forman parte del Sector Público de CLM, el seguimiento en materia de gestión de personal. Los 
informes ejecutados dentro del plan preveían, dentro de los objetivos de control, la verificación de 
que en 2018 se contrató personal conforme a la previsión establecida en la LP para 2018 e, 
                                                  e.
36 En relación con la mencionada Oferta de Empleo Público de 2018 (también de 2017) y los procesos de estabilización  w.b
de empleo temporal, cabe señalar que la habilitación temporal para su ejecución cuyo vencimiento se produzca en el  742ww
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de empleo público que articulen los procesos de estabilización de empleo temporal.
 
igualmente, que no se excedió el presupuesto de gastos de personal, conforme al artículo 21 de la 
mencionada Ley, poniendo de manifiesto deficiencias como las contrataciones suscritas por la 
Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos, el ISFOC y GEACAM fuera de plazo de validez de la 
autorización  concedida  o  con  anterioridad  a  la  emisión  del  informe  preceptivo.  Esta  última 
empresa además no justificó todo el incremento de personal laboral indefinido remitido a la central 
de información económico-financiera del Ministerio de Hacienda regulada en el artículo 28 de la 
LOEPSF. 
Además, por Resolución de 21 de febrero de 2018 de la IGCA, se aprobó la realización del control 
financiero del área de gastos de personal para el ejercicio 2018, comprendiendo la verificación de 
la tramitación de la nómina que gestiona la DG de Función Pública de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, así como la gestionada por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, la cual incluía personal docente y profesores de religión. Respecto al primero de los 
controles (el único finalizado hasta la fecha) destaca, entre otras irregularidades, que continúa sin 
regularizarse la situación laboral de seis trabajadores que se encuentran desde los años 90 
prestando sus servicios bajo un contrato temporal por obra o servicio, lo cual podría dar lugar a la 
consideración de dichos contratos como indefinidos tal y como prescribe el artículo 8.2 del RD 
2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los 
Trabajadores en materia de contratos de duración determinada. Así mismo, el control constata 
deudas no reclamadas por importe de 17 miles de euros en relación con los líquidos negativos 
generados en las nóminas mensuales y los anticipos pendientes de amortizar de aquellos que han 
causado baja en nómina antes de cancelar el anticipo concedido. 
B)  RECUPERACIÓN DE COMPLEMENTOS SUPRIMIDOS POR LA LEY 1/2012, DE 21 DE 
FEBRERO,  DE  MEDIDAS  COMPLEMENTARIAS  PARA  LA  APLICACIÓN  DEL  PLAN  DE 
GARANTÍAS DE SERVICIOS SOCIALES 
El apartado segundo del artículo 35 de la LP para 2018 indicaba que, a partir del 1 de enero de 
2018,  las  retribuciones  íntegras  del  personal  experimentarían,  en  su  caso,  el  incremento 
establecido en la normativa básica del Estado con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 
2017. Este incremento se concreta en el artículo 18. Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de PGE 
para el año 2018, donde se establece un 1,5 % más un 0,25 % adicional (desde el 1 de julio de 
2018 este último) condicionado al crecimiento del PIB y otro, que podría alcanzar el 0,2 %, para la 
implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de 
complementos  específicos  entre  puestos  con  funciones  equiparables,  la  homologación  de 
complementos de destino o la aportación a planes de pensiones. 
Por su parte, las Disposiciones adicionales (DDAA) decimonovena y vigésima de la LP para 2018 
dispusieron  que,  con  efectos  de  1  de  enero  de  2018,  los  coeficientes  reductores  de  las 
retribuciones del personal previstos de forma temporal en diversos artículos de las Leyes 1/2012, 
de 21 de febrero, y 5/2012, de 12 de julio, quedaran suprimidos. Ello, según se desprende del 
Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de 
la JCCM de 1 de febrero de 2016, que sirvió de base a estas disposiciones, supuso un incremento 
retributivo del 1,5 % en relación con las existentes al cierre del ejercicio anterior.  
En este sentido, las leyes de presupuestos del Estado para 2017 y 2018 establecían sendas 
DDAA relativas a la posibilidad de restablecimiento de las retribuciones minoradas en cuantías no 
previstas en las normas básicas del Estado, incluyendo ambas el mismo requisito para habilitar tal 
restablecimiento.  es
AtLya Plmd GiegpuEuoda cpalo a,q  rcauause mí2  s0cpeo1li m8óp ,onu e eslnoac e  2rdse0eag1 rlmi8ao,  a dpeneali  frrigaeea sqastuoptoi rso,ei tbneoa n epr  llroe eIssnv tifatsoé trmromm eeeidnn iod dlseaa  s,qf  ieusDsecAta or le i2zes9asuªc, l tidcóaeunn m  lddapee lLl i rPCa cGrLotMíEncu  , lpoleoasj er 1aor7c b2 ijcae0ipot1iav 72ro ty0sa 1 d4d7o1e,s ª  d la3dé  efyCi c lA4ait     2021-14742n https://www.
de la LOEPSF, y ello tal como se desprende de los informes citados en dichas disposiciones que
 
 
abarcan el ejercicio presupuestario 2018 (informes del  apartado 4 del artículo 17 sobre los 
objetivos de los años 2016 y 2017, emitidos en octubre de 2017 y 2018, respectivamente, e 
informe del apartado 3 del artículo 17, fechado en abril de 2018, sobre el objetivo del año 2017), 
los cuales acreditan el exceso de déficit sobre el objetivo marcado. 
En  relación  con  este  incumplimiento,  cabe  destacar  la  reciente  Sentencia  del  Tribunal 
Constitucional  que  estima  el  recurso  de  inconstitucionalidad  número  5530-2019  y,  en 
consecuencia,  declara  la  inconstitucionalidad  y  nulidad  de  la  DA  decimoséptima  de  la  Ley 
14/2018, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la CA de la Región de Murcia para el 
año 2019. En dicha Sentencia se señala que “Es evidente que existe una contradicción formal 
insalvable entre ambos preceptos, pues la norma autonómica se limita a ordenar la recuperación 
de los conceptos retributivos dejados de percibir en 2013 y 2014, omitiendo los criterios a que 
expresamente  se  refiere  la  norma  estatal  de  contraste  y,  con  ello,  infringiendo  el  carácter 
condicionado de la posibilidad de recuperación que esta última contempla, porque ha quedado 
acreditado, y no se ha controvertido, que las condiciones que la norma básica impone con relación 
al cumplimiento de los objetivos de déficit y de deuda y la regla de gasto no se cumplían”. 
C)  ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS SUJETOS A CONTABILIDAD PÚBLICA 
Por lo que se refiere a los efectivos de la Administración General de la CA y de los organismos 
con contabilidad pública, su número ha evolucionado de la forma expuesta en el cuadro siguiente, 
de donde se deduce que se han incrementado en cerca del 0,6 % respecto del año anterior. 
CUADRO Nº 30. EFECTIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CA Y ORGANISMOS 
(EVOLUCIÓN 2017-2018) 
(número de efectivos a 31 de diciembre) 
Entidad  2017  2018 
JCCM  44.713  44.771 
Organismos con contabilidad pública  29.488  29.870 
Total  74.201  74.641 
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de octubre de 2018 se aprueba la Oferta de Empleo 
Público de la JCCM para 2018, resultando un total de 3.442 plazas de nuevo ingreso, 79 de 
promoción interna y 134 para promoción interna directa en el puesto (puestos donde se mantiene 
la permanencia en el puesto de trabajo, sin que la realización del trabajo asignado se vea afectado 
sustancialmente por la reclasificación efectuada). Por lo que se refiere a la situación de promoción 
interna directa, la Disposición transitoria octava de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo 
Público de CLM, disponía que hasta que en cada Administración pública de CLM se procediese a 
la  implantación  de  la  carrera  profesional  horizontal,  podrían  convocarse  dichos  procesos 
selectivos, sin que, al cierre del ejercicio 2018, esta carrera se hubiera implantado.  
 
El detalle de los gastos de personal de los organismos se recoge en el siguiente cuadro. 
CUADRO Nº 31. GASTOS DE PERSONAL (OOAA E IPEX) 
(miles de euros) 
AGENCIA 
Denominación  IRIAF  SESCAM  IMUJ  IPEX 
DEL AGUA 
Sueldos y salarios  2.875  1.140.696  2.231  1.416  593 
Cuotas,  prestaciones  y  cargas 
748  288.668  548  349  184 
sociales a cargo del empleador 
Total  3.623  1.429.364  2.779  1.765  777 
En el ejercicio 2018 el incremento más significativo en este grupo de gastos se ha producido en el 
IPEX (16,7 %) y en el IRIAF (11,7 %). No obstante, en la Agencia del Agua el incremento ha sido 
de un 6,8 % y en el SESCAM de un 4,1 %. 
D)  EMPRESAS  
Los gastos de personal y número de efectivos de las empresas y entes empresariales, según los 
datos de las memorias de estas entidades, presentan la siguiente evolución durante los ejercicios 
2017 y 2018.  
CUADRO Nº 32. GASTOS DE PERSONAL Y EFECTIVOS SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 
(miles de euros y número de efectivos medios) 
Gastos personal   Nº de empleados 
Denominación 
2017  2018  2017  2018 
Ente Público RTVCLM  5.403  5.747  109  107 
CMT  13.538  14.916  311  319 
RCM  2.295  2.568  50  53 
GEACAM   63.198  61.702  2.080  2.057 
GICAMAN  1.508  1.468  32  32 
Infraestructuras del Agua de CLM  1.015  1.095  19   22 
Instituto de Finanzas de CLM  520  612  11  12 
ISFOC  630  656  16  16 
SODICAMAN  234  230  4  4 
Total  88.341  88.994  2.632  2.622 
Los gastos de personal de las entidades han aumentado globalmente un 0,7 % respecto del  s
ejercicio anterior, mientras que el número medio de efectivos descendió un 0,4 %. En particular,  e.
superaron la cuantía prevista para dichos gastos en los respectivos presupuestos aprobados en la  w.
LP para 2018 las entidades Instituto de Finanzas de CLM (0,6 %), ISFOC (1,5 %), el Ente Público  742ww
RtoTdVasC LeMlla s(1 s4i,g3u %ier)o, nC MelT p r(o9c,2e d%im) iye nRtCo Mpr e(0v,i7s to% e),n t aell  caormtícou laop 2a1re cdee  ednic heal  cLueayd rpoa rsaig auuietnotreiz,a sr i tbaileens 
desviaciones.
 
 
CUADRO Nº 33. GASTO DE PERSONAL APROBADO Y EJECUTADO 2018 
(miles de euros) 
Gastos personal 2018     Diferencia 
Denominación 
aprobado  ejecutado    (en euros)  (%) 
Ente Público RTVCLM  5.026  5.747  721    14,3 
CMT  13.664  14.916  1.252    9,2 
RCM  2.549  2.568  19    0,7 
Instituto de Finanzas de CLM  608  612  4    0,6 
ISFOC  646  656  10    1,5 
De  igual  modo  que  en  la  Administración  General,  la  LP  para  2018  continúa  manteniendo 
restricciones para la contratación de personal en el sector público empresarial. Así, la DA novena 
indica que solo en casos  excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, 
podrían  llevarse  a  cabo  contrataciones  temporales,  mientras  que  la  contratación  indefinida 
quedaba  habilitaba  exclusivamente  para  procesos  de  consolidación  de  empleo  temporal,  en 
función de una tasa de reposición de efectivos (100 o 60 %) en función de la obtención o no de 
beneficios por la empresa en los dos años anteriores. 
Además, cualquier contratación de personal en las empresas pertenecientes al sector público 
regional requería, con carácter previo, el informe favorable de la DG competente en materia de 
presupuestos.  
A continuación, se exponen de manera individualizada los incumplimientos advertidos en relación 
con los preceptos anteriores, así como otras detectadas que afectan al personal que presta sus 
servicios en las empresas y entes empresariales. 
Infraestructuras del Agua de CLM 
En la plantilla aprobada por el Consejo de Administración el 4 de mayo de 2012 no figuraban los 
puestos directivos (director del área de comunicación y director del área jurídico-administrativa) 
incorporados a la estructura en 2016. En 2018 se incorporó otro directivo, sin que en las cuentas 
anuales se informe de la obtención de la debida autorización. 
Grupo Ente Público RTVCLM 
El artículo 6.f) de la Ley 3/2000, de 26 de mayo de creación del Ente Público RTVCLM, atribuye al 
Consejo de Administración la aprobación, con carácter definitivo, de las plantillas del EP y sus 
sociedades y el régimen retributivo de su personal. Las plantillas aprobadas, en julio de 2010, 
recogen un total de 359 efectivos, mientras que la plantilla media anual viene superando a la 
aprobada (479 trabajadores en 2018, 470 en 2017). En el caso de CMT, a lo largo de 2018 
tuvieron lugar un total de 167 contrataciones, dos de las cuales fueron de carácter indefinido (sin 
plaza asignada) con motivo de una sentencia judicial y un acta de inspección laboral. 
Por otro lado, el régimen retributivo del Grupo no ha llegado a aprobarse en los términos previstos 
en la Ley 3/2000.   es
 
El Tercer Convenio Colectivo37 de RTVCM regula las relaciones laborales entre el Grupo y su 
personal, salvo las exclusiones que en él se enumeran y que tienen en común el carácter temporal 
de la prestación laboral o de servicios.  
En relación con el personal excluido del convenio, en diciembre de 2015 se modificaron los 
contratos de cuatro trabajadores con contrato de alta dirección dividiendo sus retribuciones en una 
cantidad  fija  más  un  complemento  vinculado  al  cumplimiento  de  los  objetivos  fijados  en  el 
contrato, sin que se hubiera establecido previamente la política de retribución variable, con un 
sistema de medición de los mismos, ni se haya acreditado la subsanación de esta deficiencia con 
posterioridad. 
El Grupo suscribió en 2018 162 contratos con carácter temporal, sin que quede especialmente 
justificada la urgencia de 129 contrataciones de interinos, al indicarse exclusivamente como 
fundamento  “sustituir  a  trabajadores  con  derecho  a  reserva  de  plaza”.  Del  total  de 
incorporaciones, 95 se realizaron a través de las bolsas de trabajo y, para el resto, al no existir 
tales bolsas, se acudió a la base de datos de currículos existente en CMT, lo que supone una 
rebaja en las garantías de aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, al verse 
afectadas la publicidad y transparencia adecuadas.  
En relación con la regulación que establece el III Convenio Colectivo de CLM Media, vigente en el 
ejercicio fiscalizado, debe destacarse lo siguiente: 
  El artículo 45.3 regula el incremento del salario base mediante la aplicación de la desviación 
del IPC real producido en el año anterior. Durante el ejercicio 2016, según consta en informe de 
control  financiero,  no  se  incrementaron  las  retribuciones  de  los  trabajadores,  encontrándose 
supeditado el 1 % autorizado por la DG de Presupuestos con fecha 20 de noviembre de 2017 a la 
firma del IV Convenio Colectivo. La subvención extraordinaria para compensación de pérdidas por 
importe de 4.999 miles recibida en 2018 incluía 1.105 miles de euros para la implementación del 
IV Convenio Colectivo y las subidas aprobadas para los empleados públicos en las leyes de PGE 
y de la JCCM. En relación con los citados atrasos, en marzo de 2018 se abonaron 190 miles de 
euros en concepto de atrasos correspondientes a 2016, y en abril de 2019 un total de 915 miles, 
correspondientes a las actualizaciones salariales de los ejercicios 2017 y 2018, siendo la primera 
anterior a la entrada en vigor del nuevo convenio (1 de enero de 2019)38. 
                                                 
37 El 21 de mayo de 2019, el Diario Oficial de CLM publicó el IV Convenio Colectivo de CLM Media mediante resolución 
del 3 de mayo de 2019 de la DG de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral. 
38 Pese a que en las alegaciones se afirma que “dado que los convenios colectivos entran en vigor a partir de la fecha  s
acordada entre las partes, y que existe autorización de la DG de Presupuestos de la JCCM, y por tanto, no hay  e.
oposición de la autoridad laboral competente, los abonos se efectúan conforme a derecho”, cabe recordar la prevalencia  w.b
de las limitaciones contenidas en las leyes de presupuestos sobre las previsiones de convenios colectivos, pactos y  742ww
aoaccuuatoesririozdnaoedss,o ,st a dle ocnno ddmeico hs paers e dvleeécy leealsr .aa  rAtlíasc íu,n loeu nli1dt8rae.d  O odtcreha osl  odpseu  ealadc ueLenPr dGcoiEtas  rpsdaeer  alia n2sc0 rS1e8em nyet encntoocm iadose   hdraee tlr reiTbitrueibcrauiondnaoel  slaS  rujeupbrriaesspmaroun dddeoen  cl2oia1s   edpneo  rmcjueúnnlittoiap jldeeess  
1982, de 17 de noviembre de 1986, de 21 de noviembre de 1997, de 30 de junio de 1997 y de 9 de marzo de 2000.
 
 
  En materia de gastos de locomoción, el artículo 53 establece las cantidades a abonar por 
kilometraje en función de la casuística establecida, siendo la retribución, en todos los casos, 
superior al importe considerado exento en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF), pese a lo cual, no ha sido hasta el 1 de enero del ejercicio fiscalizado 
cuando estos abonos han pasado a realizarse con la oportuna retención fiscal. Por otro lado, el 
Convenio prevé que si el desplazamiento (de los trabajadores) se realiza en vehículo de RTVCM 
se abonará, con carácter general 0,10 €/km. en cualquiera de los casos, siempre que los trayectos 
realizados a lo largo de un día superen, sumando los de ida y vuelta, la distancia de 200 
kilómetros. Sobre estos abonos no se practicó retención fiscal hasta enero de 2019, según ha 
informado la sociedad, pese a que no pueden considerarse exentos en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 9 del RD439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del IRPF y se 
modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, donde se prevé la exención dirigida a 
compensar los gastos de locomoción del empleado o trabajador que se desplace fuera de la 
fábrica, taller, oficina, o centro de trabajo, dado que, en el caso señalado, el trabajador no incurre 
en gasto de locomoción alguno. La base de retención ascendería a unos 12 miles de euros en 
2018. 
Finalmente,  en  el  ejercicio  fiscalizado  el  Ente  Público  RTVCLM  ha  recibido  la  subvención 
extraordinaria por importe de 1.500 miles de euros que se encontraba pendiente de cobro, con la 
finalidad de financiar los costes derivados de la puesta en marcha de la plataforma digital de CLM 
Media. No obstante, 690 miles de euros de dicho importe se utilizaron para atender gastos de 
personal. 
ISFOC 
La plantilla aprobada no ha sido acreditada por medio adicional al de su reflejo en las cuentas 
anuales, sin que sea esta vía la apropiada para la aprobación de los puestos de plantilla y sus 
modificaciones. Según estas, se cuenta con 16 empleados, sin experimentar variación de personal 
desde el 25 de abril de 2013. 
GEACAM 
La sociedad continúa realizando contrataciones temporales sin solicitar autorización o sin que esta 
se haya recibido, en contra de lo dispuesto en la DA novena de la LP para 2018, además de no 
justificar todo el incremento de personal laboral indefinido remitido a la central de información 
económico-financiera  regulada  en  el  artículo  28  de  la  LOEPSF,  según  se  concluye  en  los 
diferentes informes de control financiero emitidos por la IGCA. 
 
E)  FUNDACIONES 
Los gastos de personal y número de efectivos de las fundaciones a las que se hace referencia en 
el epígrafe II.5.2 presentan la siguiente evolución durante los ejercicios 2017 y 2018.  
CUADRO Nº 34. GASTOS DE PERSONAL Y EFECTIVOS. SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL 
(miles de euros y número medio de efectivos) 
Gastos personal  Efectivos  
Denominación 
2017  2018  2017  2018 
Fundación Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes   1.077  1.497  21 (*)  36 
Fundación Impulsa CLM  718  877  20  22 
Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y  1.221  1.146  44  40 
la Integración  
Fundación Parque Científico y Tecnológico de CLM   1.129  898  23  20 
Fundación Sociosanitaria de CLM (**)  7.009  7.254  232  232 
Resto de fundaciones  487  503  11  11 
Total  11.641  12.175  354  361 
(*)   La Fundación centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes ha corregido en la memoria de las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio 2018, el número de efectivos medios en 2017, pasando de 21 a 24.   
(**)   Las cifras de número de empleados hacen referencia a los efectivos al término del ejercicio. 
Con carácter general, el número medio de empleados en 2018 en las entidades sin ánimo de lucro 
perteneciente al sector público regional se ha incrementado en un 2,9 %, mientras que los costes 
en este capítulo lo hicieron en un 4,6 %. 
Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración 
De las actuaciones de control financiero de la IGCA se deduce que un número significativo de 
altas de personal temporal han sido cursadas con retraso, cuando ya habían perdido vigencia las 
autorizaciones, mientras que un alta se produjo antes de recibirla. 
Fundación Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes 
Esta fundación ha aumentado su gasto de personal un 39 % respecto al ejercicio anterior (que se 
acumula  al  42  %  en  el  precedente),  mientras  que  el  número  medio  de  sus  empleados  se 
incrementó en 12 (36 trabajadores frente a 24 en el ejercicio anterior). La fundación suscribió 
veintidós contratos en 2018, de los que seis eran de carácter temporal y dieciséis eran indefinidos, 
sin acreditar, para los primeros, encontrarse en casos excepcionales y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables y, para los segundos, las tasas de reposición de efectivos que habilitarían 
tales contrataciones, todo ello según establece la DA decima de la LP para 2018.  e.e
 
 
II.7.2.  Medidas contra la morosidad en el sector público 
La reducción de la morosidad constituye un elemento fundamental a efectos del cumplimento de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones 
públicas. De acuerdo con el artículo 4 de la LOEPSF, se entiende por sostenibilidad financiera la 
capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, 
deuda pública y morosidad de deuda comercial. 
Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el PMP a los proveedores no 
supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. 
A)  OBLIGACIONES RECOGIDAS EN LA LOEPSF 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.6 de la LOEPSF, todos los entes integrados a 
efectos de contabilidad nacional en el sector Administraciones públicas deben publicar su PMP a 
proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluya, al menos, información relativa a la 
previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que 
fija la normativa sobre morosidad. 
El RD 635/2014, de 25 de julio, desarrolla la metodología de cálculo del PMP a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 
regímenes de financiación, previstos en la LOEPSF. De acuerdo con la redacción vigente al inicio 
del ejercicio fiscalizado, el PMP medía el retraso en el pago de la deuda comercial en términos 
económicos, computado a partir de los 30 días posteriores a la fecha de entrada de la factura en 
el registro administrativo, según conste en el RCF o sistema equivalente, o desde la fecha de 
aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda.  
Tras la modificación introducida en el artículo 5 del RD 635/2014 por el RD 1040/2017, de 22 de 
diciembre, con efectos de 1 de abril de 2018, el cálculo del PMP se empieza a calcular, de forma 
novedosa, como la diferencia entre: 
  La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes 
entregados o servicios prestados, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. 
  La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el RCF o 
sistema equivalente, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración, en los 
supuestos  en  los  que  o  bien  no  resulte  de  aplicación  un  procedimiento  de  aceptación  o 
comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad a la 
aprobación de la conformidad.  
Cabe señalar que se mantiene el supuesto relativo a las certificaciones de obra ya incluido en la 
redacción original del artículo 5. 
El PMP definido en estos reales decretos mide el retraso en el pago de la deuda comercial en 
términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de pago establecido en la 
legislación de contratos y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El PMP, según la normativa 
aplicable, no debe superar los 30 días. 
 
En el cuadro siguiente se muestra el PMP mensual del conjunto de entidades pertenecientes al 
sector público de CLM, en términos del SEC 2010, y el medio de todas las CCAA39. 
CUADRO Nº 35. COMPARATIVA PMP CLM-CONJUNTO DE CCAA 
(en días) 
Año 2018  CLM (*)  Total CCAA  Diferencia  
Enero   17,00  16,40  0,60 
Febrero  15,26  15,70  (0,44) 
Marzo  23,61  14,13  9,48 
Abril  50,18  35,42  14,76 
Mayo  31,09  33,70  (2,61) 
Junio  28,02  33,45  (5,43) 
Julio  32,05  33,31  (1,26) 
Agosto  35,08  38,13  (3,05) 
Septiembre  39,50  39,47  0,03 
Octubre  41,85  35,66  6,19 
Noviembre  47,36  33,24  14,12 
Diciembre  38,15  30,54  7,61 
(*)   Las Fundaciones PSMRC, Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración y Centro 
Tecnológico del Metal de CLM no remitieron los datos correspondientes durante el ejercicio.  
A lo largo del ejercicio se observa que el PMP mensual a los proveedores de la CA superó el 
máximo previsto de 30 días todos los meses excepto en enero, febrero, marzo y junio. Ello implica 
que, de acuerdo con el artículo 4 de la LOEPSF, no se logró la sostenibilidad de la deuda 
comercial, dado que el PMP a los proveedores superó, durante ocho meses, el plazo máximo 
previsto en la normativa sobre morosidad, lo que también repercute en la consecución de la 
sostenibilidad financiera, según dicho artículo. 
Asimismo, no se procedió según lo dispuesto en el artículo 13.6 de la LOEPSF, que establece que 
cuando el PMP, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la 
normativa sobre morosidad, la Administración ha de incluir, en la actualización de su plan de 
tesorería  inmediatamente  posterior  a  la  mencionada  publicación,  como  parte  de  dicho  plan, 
medidas relacionadas con: 
  El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para 
poder reducir su PMP hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. 
  El compromiso de adoptar medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de 
ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería 
necesaria para la reducción de su PMP a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa 
sobre morosidad. 
En el ejercicio se pagaron obligaciones por importe de 1.944.401 miles de euros, de los que  e.
569.745 miles correspondieron a obligaciones que, encontrándose pendientes de pago, habían  w.
 3p 9r  o D v ee  e  d a oc  ur ee s r  d r oe  a  cl ioz  an  d  la a    c do  ins   pl ao   s mi c ei ó t on d    torlaongsíaito prirae vúisntaic ae nd eell  mRiDsm 1o0 t4e0n/d2r0í1a7 l,u glaa r pernim eel rma epsu bdleic jaucnióion  dme e2n0s1u8a rl edfeerli dPaM aP l oas   2021-14742n https://ww
datos del mes de abril de 2018.
 
 
superado en más de 30 días el plazo máximo de la normativa de morosidad durante dos meses 
consecutivos. El importe total de la deuda comercial en diciembre de 2018 era de 185.323 miles 
de euros. 
De las sentencias judiciales recaídas en el ejercicio fiscalizado se deduce que los retrasos en el 
pago de las deudas comerciales del SESCAM le supondrán obligaciones de pago por intereses de 
demora por importe superior a los 4.111 miles de euros. 
La  LO  9/2013,  de  20  de  diciembre,  de  control  de  la  deuda  comercial  en  el  sector  público 
establecía, en su DA tercera, que, en las entidades de las Administraciones Públicas no sujetas a 
auditoría  de  cuentas,  se  debían  efectuar  anualmente  los  trabajos  de  control  precisos  para, 
mediante  técnicas  de  auditoría,  verificar  la  existencia  de  obligaciones  derivadas  de  gastos 
realizados  o  bienes  y  servicios  recibidos  para  los  que  no  se  ha  producido  su  imputación 
presupuestaria, sin que la CA las llevara a cabo.  
Sector público empresarial 
La Resolución de 29 de enero de 2016, del ICAC, sobre la información a incorporar en la memoria 
de las cuentas anuales en relación con el PMP a proveedores en operaciones comerciales indica, 
en su artículo 2, su aplicación obligatoria a todas las sociedades mercantiles españolas, salvo 
para las sociedades mercantiles encuadradas en el artículo 2.1 de la LOEPSF.  
Tras el dictado del RD 602/2016, las entidades mercantiles que formulen sus cuentas anuales en 
formato abreviado o según el PGC de Pequeñas y Medianas Empresas, no están obligadas a 
incluir información sobre el PMP a proveedores en su memoria.  
Atendiendo a la información de sus cuentas anuales, en el siguiente cuadro se muestran las 
empresas con un período de pago a proveedores más elevado. 
CUADRO Nº 36. PMP SECTOR EMPRESARIAL 
(en días) 
Denominación  PMP durante el ejercicio 
Ente Público RTVCLM  82,16 
CMT  53,15 
RCM  54,51 
GEACAM  121 
B)  MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA LIQUIDEZ 
Mediante el RD-L 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 
CCAA y entidades locales y otras de carácter económico, se crea el Fondo de Financiación a 
CCAA, estructurado en cuatro compartimentos con características y condiciones propias: Facilidad 
Financiera, Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), Fondo Social y Fondo en liquidación para la 
Financiación de los Pagos a los Proveedores de CCAA.  es
Ddeloelulso r lsfaao n dnCtedeDlo  eGcsli  tAfaeinEdjea ordl mcaeicñ e2iono5.t  e 2Ld 0oree1s ce8 sin,b ueiecdrleo oFss, oi,1v n2o6d6s do6 ae .d1c mue4 e4aFr rmdiznooials,en  s2ac 8lidta eecdr ieaóe rnujou rnson esiloo  ,shs e a2r  7edi ncedussetrtr siunsomeaspr eoitnnineitc maaida blolaer e smc  yaae ns2dci5igae nnldaateced i oóolosnc st aud  AbeCr cedLu eMetour.ddd Dooaesss     2021-14742n https://www.
 
con  proveedores,  1.594.332  miles  a  amortizaciones  de  deuda  y  24.354  miles  a  intereses 
asociados a los vencimientos de deuda, totalizando en conjunto 1.884.830 miles de euros. 
La adhesión al fondo de liquidez conlleva la aceptación de todas las condiciones establecidas en 
la LOEPSF, el citado RD-L 17/2014, los acuerdos adoptados por la CDGAE relacionados con este 
mecanismo y el programa para la aplicación del mecanismo de apoyo a la liquidez de las CCAA 
2018. 
El RD-L 17/2014 prevé la obligación de la aprobación de un plan de ajuste para el compartimiento 
FLA, indicando la no necesidad para el compartimento Facilidad Financiera y sin establecer 
disposición alguna en el caso del Fondo Social.  
El Consejo de Gobierno de CLM adoptó, el 13 de febrero de 2018, el acuerdo de manifestar el 
compromiso de cumplir con todas las condiciones establecidas en las diversas normas y acuerdos 
antes citados. 
Además de las establecidas anteriormente, el Acuerdo de la CDGAE de 2 de marzo de 2017 
(publicado por la Orden PRA/360/2017) fijó treinta condiciones adicionales, sin que se incluyeran 
nuevos compromisos en el año 2018 y sin establecer los medios para la acreditación de las 
condiciones o bien el procedimiento para proceder a su comprobación y/o seguimiento (a través 
de comités de seguimiento, grupos de trabajo, etc.), existiendo únicamente por parte de las 
comunidades la asunción general de los compromisos, en algunos casos plasmadas en planes de 
ajuste.  
En  relación  con  determinadas  condiciones  cuyo  cumplimiento  no  se  había  acreditado  en  la 
fiscalización del ejercicio anterior, se observa lo siguiente: 
  Respecto a la condición 13 (e-factura), la CA seguía ultimando, en octubre de 2018, “los 
desarrollos técnicos necesarios tanto en el sistema de gestión de la información económico 
financiera (TAREA), como en el PeCAM, para la implementación de un registro de cesiones de 
créditos  documentados  en  facturas,  que  permita  el  seguimiento  de  la  tramitación  de  los 
procedimientos de toma de razón de las cesiones y, al mismo tiempo, que los cesionarios puedan 
acceder, a través de PeCAM, a información sobre el estado de tramitación de las facturas en las 
que tenga dicha condición”40. 
  La condición 27 (en materia de sanidad) de rubricar la adhesión de la CA al convenio de 
colaboración suscrito por la Administración General del Estado con Farmaindustria el 29 de 
diciembre de 2016, no se ha llevado a cabo. 
  La  ejecución  de  las  condiciones  15,  18,  19,  y  20  en  materia  de  sistemas  de 
información/simplificación administrativa sigue demorada. 
La deuda total viva a 31 de diciembre de 2018 con motivo de la adhesión a los mecanismos 
extraordinarios de liquidez ascendía a 11.220.518 miles de euros según los datos del Banco de 
España.  Sin  embargo,  la  contabilidad  de  la  JCCM,  utilizando  adecuadamente  el  criterio  de 
devengo en lugar del de caja, registra 11.220.676 miles de euros, debiéndose la diferencia al FLA 
2018 que se cobró en 2019 (158 miles). 
                                                  742ww
422000 E1199n,,   la“dtsera  aslal e laIgn actecuirlovmneiennsca icsóienó  nhG adecene el orresa flde dreeesn alcarri aoJ lCalo Csla Mt ee,c npntrooarld ólaga i ceqonus ef u nsneecc ieocsrneaaarmi oeisel  nymt olóa dd auepllo rr oedbgeails ctRiróoen gd dieset rc olea s dRieoe nCseoesl sudicoeinó cenrs éd ddeie t2o 5 de ednr eem cahaboyrosil   dddeee  
crédito documentados en facturas en TAREA y se establecen sus normas de funcionamiento”.
 
 
FLA 
La financiación de este fondo destinada al pago a proveedores, distribuida entre los diferentes 
entes regionales, se refleja en el siguiente cuadro.  
CUADRO Nº 37. DISTRIBUCIÓN FONDOS FLA 
(miles de euros) 
Entidad  Total 
JCCM  102.751 
SESCAM  162.587 
AGENCIA DEL AGUA  287 
IPEX  232 
IMUJ  32 
IRIAF  255 
Total  266.144 
Compartimento Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a los Proveedores de 
CCAA 
Como ya se puso de manifiesto en informes anteriores sobre la CA, del análisis de la evolución de 
las cuentas contables que recogieron los movimientos de los fondos recibidos durante la vigencia 
de  este  mecanismo,  se  apreció  la  existencia  de  errores  por  pagos  duplicados,  así  como 
actuaciones pendientes en relación con el seguimiento de la correcta imputación presupuestaria 
de los mismos. Así, las siguientes cuentas utilizadas para reflejar los movimientos generados por 
los pagos e ingresos derivados del mecanismo, presentaban aún saldos al cierre del ejercicio 
2018: 
  La cuenta deudora “deudores por pagos duplicados mecanismos pago a proveedores” de la 
Junta presentaba un saldo de 304 miles de euros, frente a los 316 miles del cierre anterior. En el 
SESCAM, el saldo de la misma cuenta, al cierre del ejercicio fiscalizado, era de 187 miles de 
euros (499 miles en 2017).  
  La cuenta acreedora “Pagos pendientes de aplicación-ICO Proveedores” mantenía saldos al 
cierre del ejercicio en la JCCM (399 miles de euros), en el SESCAM (384 miles) y en el IMUJ (16 
miles). En consecuencia, la imputación presupuestaria de estos importes no se había producido 
aún al cierre de 2018, si bien, del proceso de depuración emprendido, se deduce la reducción de 
los  saldos  pendientes  de  la  JCCM,  mientras  que,  en  el  SESCAM,  se  habría  producido  un 
incremento del saldo de 41 miles de euros en relación con el cierre de 2017. En el caso del IMUJ, 
no hay variación del saldo en los últimos ejercicios. 
Otras medidas de liquidez 
La CA dispuso, en el período 2012-2016, de otras medidas de liquidez adicionales por importe de  e.e
2.219 millones de euros. En el ejercicio 2018, el cumplimiento de las condiciones inherentes ha  b
supuesto para la CA, entre otros, los siguientes desembolsos:  742ww
  En  relación  con  el  mecanismo  financiero  extrapresupuestario  previsto  en  la
DsuAc etrsigivéassim doe ls aepxtlaaz daem liae nLtoe yd 2e/l2 s0a1ld2o,  dpee n2d9i ednet eju dneio ,r edinet ePgGroE  dpea rlaa se ll iqauñiod a2c0io1n2e, sla sd eal msipsltieamcioan dees 
 
financiación de 2008 y 2009, así como de los anticipos concedidos en virtud de dicho mecanismo, 
habrían generado para CLM, en el período 2012-2017, una deuda acumulada que ascendía a 
769.475 miles de euros. En 2018, el reintegro de los anticipos extrapresupuestarios ha supuesto 
un desembolso de 51.298 miles de euros.  
Planes de ajuste (PA) 
El RD-L 17/2014 mantiene la obligación de la aprobación de un PA para las CCAA acogidas al 
compartimiento FLA. 
Del análisis del PA 2018 vigente en el ejercicio fiscalizado, donde la CA se compromete a adoptar 
medidas suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos derivados de la LOEPSF para 
dicho año, se deduce que: 
  En relación con las medidas que permitiesen garantizar el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, cabe remitirse a lo señalado en el epígrafe II.6.3 de este Informe.  
  De la parte dedicada a las reformas estructurales relativas al crecimiento económico y 
creación de empleo, se incluyen medidas desglosadas por consejerías, pero no un calendario de 
implantación debidamente detallado. Así mismo, el plan tampoco informa de los indicadores que 
permitirían medir su grado de realización. Por otro lado, y dentro de este mismo apartado del plan, 
se incluyen otros compromisos que, o bien son declaraciones de intenciones que no cuentan con 
mecanismos o procedimientos para su monitorización o, como, se ha expuesto en este mismo 
epígrafe, se limitan a trasladar la asunción del compromiso de implementación de las condiciones 
que se establecieron para acceder a los fondos del FLA 2017. Es necesario recordar que, según 
la DA primera de la LOEPSF, el cumplimiento de las medidas incluidas en el PA determinará el 
desembolso por tramos de la ayuda financiera establecida, por lo que es necesario que en este 
caso  los compromisos  se  materialicen  en acciones cuya medición y seguimiento  permita  el 
cumplimiento de la normativa establecida. 
 
 
En relación con los procesos de reestructuración a llevar a cabo, cabe señalar que el 20 de 
diciembre de 2018 el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el Informe de fiscalización sobre los 
procesos de extinción de entidades dependientes de las CCAA sin Órgano de Control Externo 
propio como consecuencia de la reestructuración de su sector público41. 
II.7.3.  Transferencias y subvenciones 
A)  ASPECTOS GENERALES 
La normativa básica por la que se rigen las transferencias y subvenciones públicas concedidas por 
CLM es la siguiente: 
  LGS, cuyo ámbito de aplicación subjetivo incluye a todas las Administraciones públicas, 
constituyendo legislación básica los preceptos señalados en su DF primera. 
  TRLH. 
  RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 
Subvenciones. 
  Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del 
TRLH en materia de subvenciones. En el ejercicio fiscalizado, el Decreto 49/2018, de 10 de julio, 
modifica el Reglamento anterior para afrontar los cambios derivados de la Ley 15/2014, de 16 de 
septiembre, de racionalización del sector público y la LRJSP. 
  Decreto 89/2003, de 27 de mayo, sobre presentación de solicitudes de subvenciones, 
ayudas  públicas  o  prestaciones  de  servicios  sujetos  a  convocatorias  públicas  (derogado 
parcialmente por el Decreto 21/2008). 
Como ya se indicó en el epígrafe II.2.1, el contenido de la Cuenta General presenta omisiones de 
algunos apartados de la memoria, que deberían contener información considerada de relevancia, 
como es el caso de la referente a la ejecución de transferencias y subvenciones. En particular, de 
la  información  de  la  citada  cuenta  no  resulta  posible  clasificar  las  subvenciones  según  los 
diferentes procedimientos de concesión establecidos en el artículo 75 del TRLH y desarrollados en 
los artículos 34 y siguientes del Decreto 21/2008.  
El título tercero del TRLH, dedicado a las subvenciones, no contiene ningún precepto similar al 
previsto para la Administración estatal por la DA primera de la LGS (y en normas similares de 
otras CCAA), en la cual se establece que la IGAE remitirá al Tribunal de Cuentas, de forma anual, 
un informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores derivados del 
ejercicio del control financiero. 
La Administración General de la Junta ha reconocido obligaciones en 2018 por transferencias y 
subvenciones concedidas, tanto corrientes como de capital, por importe de 4.615.512 miles de 
                                                 
41 Entre las conclusiones relativas a CLM destacan, entre otras, las siguientes: 
-  La evolución del sector público instrumental autonómico como consecuencia de las altas y bajas producidas en el 
periodo fiscalizado ha supuesto una reducción efectiva del número de entes, a 31 de diciembre de 2016, de un 60,8 %.  s
- El proceso de reordenación se inició con la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, de Reordenación del Sector Público de la  o
JCCM, la cual contenía medidas en el sentido del Acuerdo del CPFF de 2010. Sin embargo, no se ha acreditado la  w.
elaboración de un plan integral de reestructuración del sector público como exigía el posterior Acuerdo 5/2012 del  742ww
C- PLaF Fre, edsistrpuocntuiérnadcoiósne ,d eenl s seuc tlourg aprú,b dliec ou nin csotrnujmunetnot adle a muteodniódmasic poa drcei aCleLsM.  realizada en el periodo fiscalizado ha supuesto
50 bajas y 5 altas.
 
euros, un 3 % más que en el ejercicio anterior, lo que supone un 52 % del total de obligaciones 
reconocidas con cargo al presupuesto de 2018. De dicho importe, 3.467.275 miles corresponden a 
transferencias y 1.148.237 miles a subvenciones. 
La distribución por capítulos de las obligaciones reconocidas por transferencias y subvenciones 
concedidas por la JCCM en 2018 figura en el siguiente cuadro. 
CUADRO Nº 38. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA JCCM 
(miles de euros) 
Importe  Importe  Variación 
Subvenciones y 
obligaciones  obligaciones 
Transferencias concedidas  Artículos 
reconocidas en  reconocidas en  Variación 
por la Junta de CLM  Importe 
2017  2018  2017 (%) 
A OOAA de la Junta de CLM  41 + 71  2.637.330  2.768.917  131.587  5 
A  Empresas  Públicas  y  42 + 72  309.985  347.736  37.751  12 
Otros EEPP de CLM 
A  la  Admón.  del  Estado,  43 + 73  4.487  5.964  1.477  33 
OOAA, EEPP y Otros 
A CCAA  45 + 75  2.925  9.605  6.680  228 
A Corporaciones Locales  46 + 76  161.000  160.630  (370)  0 
A Empresas Privadas  47 + 77  925.623  842.988  (82.635)  (9) 
A  Familias  e  Instituciones  48 + 78  445.502  479.672  34.170  8 
sin fines de lucro 
Al exterior  49 + 79  0  0  0  0 
Total     4.486.852  4.615.512  128.660  3 
El 94 % fueron transferencias y subvenciones corrientes y el resto, 6 %, de capital. Al menos el 
59 % de las obligaciones reconocidas corresponde a las transferencias de la JCCM al SESCAM, y 
el 16 % (726.321 miles de euros) se registró en el marco de la Política Agraria Comunitaria; de 
estas últimas, 126.527 miles de euros son subvenciones concedidas en régimen de concurrencia 
competitiva,  12.505  a  corporaciones  locales  y  114.022  a  empresas  privadas  y  familias  e 
instituciones sin fines de lucro. 
En relación con el ejercicio anterior, se producen variaciones positivas significativas en cuanto a 
su importe en las ayudas destinadas a OOAA que se incrementan en 131.587 miles de euros y a 
empresas y otros entes públicos de la Comunidad (37.751 miles), mientras que aquellas que se 
destinan a empresas privadas se han visto disminuidas en 82.635 miles de euros.  
 
 
Por lo que se refiere a las subvenciones, conforme a los diferentes procedimientos de concesión 
establecidos en el artículo 75 del TRLH y desarrollados en los artículos 34 y siguientes del 
Decreto 21/2008, las concedidas en 2018 por la JCCM y sus OOAA se muestran en el siguiente 
cuadro. 
CUADRO Nº 39. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA JCCM Y SUS OOAA 
(miles de euros) 
Procedimiento de concesión  Importe concedido   Importe reconocido 
a)  Concurrencia competititva  1.347.053  1.137.481 
b)  Directas  12.703  10.756 
  b.1) subvenciones nominativas en LP para 2017  2.764   
  b.2) impuestas por norma de rango legal  868   
  b.3) excepcionales  9.071   
Total   1.359.756  1.148.237 
En 2018 se concedieron un 3 % menos de subvenciones que en el ejercicio anterior al reducirse 
un 84,8 % las concesiones de carácter excepcional (59.845 miles de euros en 2017).  
Dentro  de  las  subvenciones  concedidas  en  2018  en  régimen  de  concurrencia  competitiva 
(1.347.053 miles de euros), el 54 % (724.068 miles) se registró en el marco de la Política Agraria 
Común. Destacan por el volumen de ayudas gestionadas, la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural (71 %) y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo (15 %). 
Respecto a las subvenciones directas (12.703 miles de euros), un importe de 2.764 miles de euros 
venía recogido de forma nominativa en la LP para 2018, otro de 868 miles se debía a obligaciones 
impuestas a la Administración por una norma de rango legal, las cuales siguen el procedimiento 
de concesión que resulta aplicable de acuerdo con su propia normativa y 9.071 miles de euros 
eran subvenciones de carácter excepcional, de las cuales 1.191 miles se concedieron en el marco 
de la Política Agraria Común. 
B)  ANÁLISIS DE LA PLANIFICACION Y GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
El artículo 71 del TRLH establece la necesidad, para los órganos de la Administración regional o 
cualesquiera  entidades  que  propongan  el  establecimiento  de  subvenciones,  de  contar,  con 
carácter previo, con un plan estratégico de subvenciones, donde se recojan los objetivos y efectos 
que pretendan con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y 
sus fuentes de financiación.  
Así mismo, a los efectos de la publicidad de las ayudas, debe suministrarse la información a la 
BDRS de forma exacta, completa, en plazo y respetando el modo de envío establecido con el fin 
de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa sobre transparencia en materia de publicidad 
de la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o  s
presupuestaria. En este sentido, el Decreto 10/2016, de 23 de marzo, por el que se regula la  e.
estructura y funciones de la IGCA, remite al contenido de la relación de puestos de trabajo para la  w.
identificación de las unidades centrales del citado órgano de control interno que han de ejercer las  742ww
foupnocritounneass  dmeo dgieficsatiócino ninems eedni altaa  cditea dlaa  rBeDlaRciSón,  sdien  pquuees thoass tqau ela  affeecchtean  sae  ehsataysa nf upnrcoiodnuecsid, oq ulaes, 
andoe pmoár se,l  Sale crvieicriroe  ddee lA epjleicracicciioon feissc daeli zIandfoor,m earcainó nd Eesceomnópmeñicaad Rase gpioorn aell.  S ervicio de Fiscalización y
 
En relación con el análisis de los planes estratégicos de subvenciones y la información recogida 
en la BDRS, se han detectado las siguientes debilidades: 
  La Orden de 164 de 22 de septiembre de 2017, de la Consejería de Hacienda, dicta las 
normas sobre la estructura y contenido de los planes estratégicos de subvenciones (PES) 2018 a 
2020 así como el procedimiento para su elaboración, aprobación, modificación, seguimiento y 
actualización, observándose que en las memorias de cada PES no se valoran los resultados 
obtenidos en el plan precedente (2015-2017), por lo que estos no sirven de base y de estudio 
comparativo con la información que contienen las distintas fichas, en contra de lo que establecen 
los artículos 2 y 4 de la citada Orden. Adicionalmente, el artículo 18 de la LTBG, establece la 
obligación de publicar y mantener actualizada la información relativa a los planes estratégicos de 
ayudas y subvenciones aprobados, sin que esta información, a 1 de julio de 2020, fuera accesible 
directamente desde las propias páginas de las Consejerías (excepto de la de Fomento), debiendo 
llegarse a la misma a través de la web de la IGCA. 
  Según  información  de  la  JCCM,  la  Fundación  Sociosanitaria  de  CLM  otorgó  entregas 
dinerarias en forma de subvenciones a lo largo de 2018 por importe de 7.082 miles de euros, 
aunque, en la memoria de sus cuentas anuales, las ayudas monetarias superaban este importe, 
ascendiendo a 7.576 miles. Igualmente, figuraban ayudas concedidas por la Fundación Cultura y 
Deporte (Fundación Impulsa CLM desde 2016) por importe de 54 miles de euros, mientras que 
según la memoria de sus cuentas anuales habría concedido ayudas monetarias por importe de 
257 miles. Ninguna de las dos fundaciones citadas ha acreditado contar con la autorización de la 
consejería de adscripción a la que se refiere la DA decimosexta de la LGS42. 
  La información que consta en la BDRS en materia de prohibiciones para tener la condición 
de beneficiario o entidad colaboradora es nula. En el caso de reintegros, la información se 
gestiona por las diferentes consejerías, sin que exista una regulación para su trasvase a la citada 
base de datos. En julio de 2019, constaban un total de 1.411 registros, ascendiendo a 2.285 miles 
de euros (intereses incluidos) el importe pendiente de reintegro, de los cuales solo 41 miles 
habrían sido reintegrados, siendo las deudas más antiguas del ejercicio 2014. Según los datos 
aportados, solo las Consejerías de Economía, Empresas y Empleo y Bienestar social estarían 
aportando sus datos en esta materia. 
A partir del 1 de enero de 2016 se pone en funcionamiento el Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones con el objeto de dar publicidad a la información contenida en la Base de Datos 
Nacional  de  Subvenciones,  de  acuerdo  con  los  artículos  18  y  20  de  la  LGS.  Los  nuevos 
requerimientos de información motivaron importantes cambios en la referida base, tanto en su 
estructura como en el modo de suministro de la información que contiene, los cuales fueron 
regulados  a  través  de  cuatro  instrucciones  dictadas  por  la  IGAE  en  diciembre  de  2015.  El 
desarrollo de estas previsiones en el ámbito de la CA supuso la publicación mediante Resolución 
de 9 de marzo de 2016, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, de 
dos instrucciones conjuntas, de 24 de febrero de 2016, de la Viceconsejería de Administración 
Local y Coordinación Administrativa y de la IGCA, relativas a la aplicación de lo dispuesto en la 
LGS, en materia de publicidad de convocatorias de subvenciones.  
                                                 
42 Pese a lo señalado por la CA en las alegaciones en relación con el régimen vigente para las entregas dinerarias sin 
contraprestación efectuadas por las fundaciones del sector público regional hasta la entrada en vigor del Decreto 
49/2018, tras la redacción otorgada al apartado primero de la DA decimosexta de la LGS por parte de la DF séptima de  s
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, queda derogado el régimen sobre las citadas entregas dinerarias sin contraprestación  e.
previsto hasta ese momento, pasando a contemplarse la posibilidad de que estas entidades otorguen ayudas dinerarias  w.b
en forma de subvenciones, si bien con la correspondiente autorización y sujetas al régimen jurídico introducido por la  742ww
npauol ner ovoa tsr oere,r  dqeauscetac esiól  n“ao.r rtCgícaaunblioes  m3re.o2cs od predú albarl, i cLpoGosSr  y,u  nae ln lqatiuddeao d,s eqesu  rede eflia ed rDeerA ela cd hCeocA ip meúnob slsiecuxost  ava ildneecgu allaac idLooGnseS so , t idneeonp ere eensldu ciletaanr táaecpstl eidcre ad bleale sp  arAe dlcamesp ifntuoisn tbdraáacsciiiocoonn eeyss,  
públicas”.
 
 
C)  AYUDAS PÚBLICAS RECIBIDAS CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS DE LA JCCM 
POR LA FUNDACIÓN PSMRC 
La Fundación PSMRC viene percibiendo recurrentemente de la JCCM una transferencia para 
sufragar los gastos de la edición anual de la Semana de la Música Religiosa de Cuenca.  
En relación con la transferencia nominativa por importe de 90 miles de euros concedida por la 
JCCM para la 55 edición (realizada en 2016), el informe de control financiero de 14 de noviembre 
de  2018  realizado  por  la  IGCA  señala  que,  el  20  de  junio  de  2017,  el  órgano  gestor 
(Viceconsejería de Cultura) procedió a requerir la subsanación de los defectos encontrados en la 
documentación justificativa presentada el 10 de mayo de 2017. Ante el silencio de la Fundación, 
se reiteró el requerimiento en dos ocasiones más, el 8 de septiembre de 2017 y el 22 de junio de 
2018, sin que se hubiera atendido el requerimiento por la beneficiaria ni se hubiese iniciado el 
procedimiento de reintegro, a pesar de haber transcurrido más de un año entre la presentación de 
la cuenta justificativa y el último requerimiento de subsanación. También es destacable la falta de 
actuaciones del órgano gestor entre el requerimiento del 8 de septiembre de 2017 y el siguiente 
de 22 de junio de 2018 (superior a nueve meses). Al cierre del ejercicio 2019 seguía sin iniciarse 
el procedimiento de reintegro. 
En el caso de la subvención nominativa concedida en el ejercicio 2017, una vez presentada la 
cuenta justificativa por la Fundación el 26 de marzo de 2018, el órgano gestor detectó nuevamente 
defectos, los cuales fueron comunicados a la beneficiaria mediante requerimiento de subsanación 
de 8 de mayo de 2018, sin que, al cierre de 2019, se haya acreditado su atención ni el inicio de un 
procedimiento de reintegro43.  
Pese a la situación relativa a los fondos entregados en ejercicios anteriores, en 2018 vuelve a 
concederse  una  subvención  nominativa,  igualmente  por  importe  de  90  miles  de  euros,  y 
autorizada por Resolución de 5 de abril de 2018 de la Secretaría General de la Consejería de 
Educación,  Cultura  y  Deportes,  siendo  el  pago  anticipado  el  20  de  abril.  Ante  la  falta  de 
justificación del uso de los fondos antes de la fecha establecida en la resolución de concesión (30 
de  junio  de  2019),  la  Viceconsejería  de  Cultura,  órgano  gestor  de  las  ayudas,  procedió  al 
requerimiento de la documentación el 5 de noviembre de 2019, sin que a 1 de julio de 2020 haya 
constancia de actuaciones posteriores por parte del beneficiario o del gestor. 
 42 30   2C 0 o , m  e o n    dl ao  sc  u q m u  ee n  s t ae c   aió c n u  e a rd d j au nn   t al o  s a    rl  aesin taelgergoasc idoen e3s2 a.2p6a5r,e5c4e ne usreonsd ya s6 .r7e2s2o,l2u1ci oenuerso,s ,e menit irdealas ccióonn  cfeocnh ala s4  sdueb vaegnocsitoon dees   2021-14742n https://ww
nominativas correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017.
 
D)  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  A  LAS  ORGANIZACIONES  SINDICALES  Y  A  LA 
CONFEDERACION EMPRESARIAL DE CLM (CECAM) 
La JCCM44, el IPEX y el IMUJ vienen concediendo anualmente subvenciones directas y en 
régimen de concurrencia competitiva a las organizaciones sindicales Comisiones Obreras (CCOO) 
y  Unión  General  de  Trabajadores  (UGT),  así  como  a  la  CECAM,  reconociéndose  en  2018 
obligaciones por importe de 3.204 miles de euros, con el siguiente desglose en función del 
beneficiario y el procedimiento de concesión. 
CUADRO Nº 40. OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS A 
UGT, CCOO Y CECAM 
(miles de euros) 
Procedimiento de concesión 
Beneficiario 
Concurrencia  Directas  Total 
CCOO  659  531  1.190 
UGT  492  531  1.023 
CECAM  625  366  991 
Total  1.776  1.428  3.204 
Del importe total reconocido en 2018, el 44,6 % tiene su origen en subvenciones directas, 
mientras que el resto (55,4 %) en procedimientos de concurrencia. Se ha procedido al análisis de 
una muestra de diez ayudas cuyo importe asciende a 1.849 miles de euros (el 57,6 % del total de 
las obligaciones reconocidas), de los cuales 421 miles se concedieron en régimen de concurrencia 
competitiva, mientras que 1.428 miles se otorgaron directamente. Los órganos gestores de las 
ayudas analizadas han sido la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.  
Las obligaciones reconocidas por 421 miles de euros por subvenciones concedidas en régimen de 
concurrencia se concretan en dos expedientes (170 miles a UGT y 251 miles a CCOO). Su 
regulación específica aparece en la Orden de 9 de diciembre de 2015, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones con cargo al Fondo de Ayuda Sindical45 y en la Resolución de 20 de abril de 
2018, por la que se aprueba la convocatoria para ese ejercicio. La distribución de la ayuda se 
realiza de forma proporcional al número de representantes sindicales que se hubiesen obtenido, 
anticipándose el 100 % del total de la subvención concedida con la notificación de la resolución de 
la concesión. 
En las resoluciones de concesión a ambas organizaciones sindicales (de fecha 7 de agosto de 
2018) no constan los proyectos a realizar, pese a lo indicado por el artículo 12.3 de la Orden, 
apareciendo, en su lugar, una referencia genérica a la “realización de actividades de acción y/o de 
formación sindical”. 
                                                  oe.
44 La JCCM a través de las Consejerías de Economía, Empresas y Empleo, de Educación Cultura y Deportes y,  w.
finamente, la de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.  742ww
4s5in Fdoicnadl oy /doe d Aey fuodrma aSciniódnic sainl pdaicraal  ldae e lloasb oy rlaacsi órenp yr edseesnatrarnotlelos,  dpeo rl olass t roarbgaajnaidzoarceiosn ye lsa ss itnrdaibcaajlaedso, rdaes .a Lcati vfiidnaadlideas dd dee a eccsitóans 
subvenciones es apoyar y potenciar la actividad sindical en el ámbito de la Comunidad Autónoma de CLM.
 
 
En relación con las cuentas justificativas presentadas por ambos beneficiarios, se observa que: 
  En las memorias de las actividades de acción sindical y/o de formación sindical objeto de las 
subvenciones no se incluye la relación de actuaciones realizadas dentro de cada uno de los 
diferentes ámbitos de actividad (tales como la negociación colectiva, las elecciones sindicales, la 
conflictividad laboral o la formación), detallando de esta manera los gastos y pagos, tal y como 
indica el artículo 14.3 de la Orden.  
  Del análisis de las memorias económicas presentadas no se puede concluir si los gastos 
justificados por ambas organizaciones sindicales (teléfonos, electricidad, mantenimiento, gastos 
editoriales, así como las nóminas y seguros sociales) responden indubitadamente a la naturaleza 
de la actividad subvencionada, tal y como prevé el artículo 14.5 de la Orden. Ello se debe, por un 
lado, a la indeterminación de los gastos elegibles y, por otro, a la falta de explicación de la 
vinculación entre las actuaciones realizadas y los gastos justificados.  
Finalmente, los dos expedientes carecen de los informes sobre el grado de cumplimiento de las 
condiciones, a realizar tras la comprobación técnico-económica de la justificación a que se refiere 
el artículo 15 de la Orden.  
Los ocho expedientes de subvenciones concedidas directamente a las organizaciones sindicales y 
a CECAM, por importe de 1.428 miles de euros, se distribuyen así: 659 miles por el Plan de 
Empleo 2018, 23 miles por el Plan Integrado de Gestión de Residuos 2018-2023, 713 miles por la 
participación en el Consejo de Relaciones Laborales y 33 miles por el Convenio entre el IPEX y la 
CECAM, habiendo sido gestionados seis por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y 
los dos restantes por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y el IPEX. 
En lo referente al Plan Integrado de Gestión de Residuos 2018-2023, el Decreto 77/2018, de 23 
de octubre, regula la concesión directa con carácter excepcional de una subvención a CECAM 
para la realización de actuaciones por un importe total de 180 miles de euros, repartidos en 
anualidades de 30 miles entre 2018 a 2023. Del análisis realizado se observa que: 
  En el Decreto se justifica el carácter directo de la subvención a CECAM por ser esta la única 
organización empresarial capaz de alcanzar las metas propuestas en el citado Plan. No obstante, 
en dicho instrumento de planificación se incluyen nueve programas de actuación (uno trasversal y 
ocho  específicos)  que  involucran  a  multiplicidad  de  agentes  sin  que  entre  ellos  figure 
expresamente CECAM como organización social indispensable para el logro de los objetivos.  
  En relación con la acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario, el 
artículo 3 del Decreto recoge la fórmula de la declaración responsable, sin que conste que el 
órgano gestor realizara actuaciones posteriores para la comprobación de su veracidad. 
  La cuenta justificativa presentada recoge exclusivamente costes salariales y de seguridad 
social por un importe total de 23 miles de euros, correspondientes a un solo trabajador no 
pudiendo concluirse que los mismos respondan de manera indubitada a la naturaleza de la 
actividad subvencionada, al realizarse la vinculación con las actividades mediante la aplicación de 
porcentajes sin soportar los criterios utilizados, que tampoco pueden deducirse de la memoria de 
actuaciones aportada. Adicionalmente los importes destinados a cada una de las actividades 
superan los presupuestos consignados en el anexo I del Decreto. 
  Tampoco  consta  en  la  cuenta  justificativa  una  relación  detallada  de  otros  ingresos  o  bo
subvenciones que hayan podido financiar la actividad subvencionada, según detalla el artículo  742ww
9P.o2r. dlo)  dqeul eD seec rreetofie. re al Plan de Empleo 2018, del análisis de los tres expedientes en los que se
reconocen obligaciones por importe de 659 miles de euros en dicho ejercicio, en base a lo
 
establecido en el Decreto 82/2018, de 13 de noviembre, por el que se regula la concesión directa 
con carácter excepcional de subvenciones a UGT, CCOO y CECAM, vinculadas a la evaluación y 
difusión del Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas de CLM 2018-2020, se observa que: 
  El Decreto expone el carácter directo y extraordinario de las subvenciones concedidas a las 
beneficiarias  anteriormente  citadas,  alegando  la  necesidad  de  dar  cumplimiento  al  acuerdo 
suscrito el 17 de abril de 2018 entre la JCCM con los agentes sociales para la aplicación del Plan 
Regional de Empleo y Garantía de Rentas de CLM (2018-2020) y la dificultad de una convocatoria 
pública. De esta manera, al eludirse el procedimiento de concurrencia, quedan excluidas de 
participar otras organizaciones sindicales diferentes de las dos citadas. 
  La concesión de subvenciones se vincula a la evaluación y difusión del Plan Extraordinario y 
Urgente por el Empleo 2015-2017, del cual el Plan 2018-2020 es el sucesor en el tiempo, sin que 
se haya acreditado la realización de tal evaluación y seguimiento. 
  Respecto a la documentación aportada para acceder a la condición de beneficiario, se 
aportan declaraciones responsables, sin que conste que el órgano gestor realizara actuaciones 
posteriores para su comprobación.  
   Los planes anuales de trabajo correspondientes a 2018 presentados por las entidades 
beneficiarias no establecen los “mecanismos de información y seguimiento entre los beneficiarios 
y participantes del Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas de CLM 2018-2020 y los 
órganos de diálogo social y de la negociación colectiva en CLM” que indica el artículo 5 del 
Decreto. Estos planes anuales de trabajo debían ser presentados ante la Comisión Regional de 
Seguimiento y Evaluación del Plan, para su aprobación, sin que ello se produjera. 
  Además,  ningún  beneficiario  incluye  una  relación  detallada  de  otros  ingresos  o 
subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, según detalla el artículo 11.2.g) 
del  Decreto  (y  ello  pese  a  ser  perceptoras  de  otras  subvenciones,  tanto  directas  como  en 
concurrencia, en concreto del Fondo de Ayuda Sindical que financia actividades similares)46. 
Del análisis de los tres expedientes en los que se reconocen obligaciones por importe de 713 
miles de euros en 2018, en base a tres resoluciones de la Secretaría General de Economía, 
Empresas y Empleo en las que se concede una subvención nominativa de 250 miles de euros a 
UGT, CCOO y CECAM, en calidad de miembros del Consejo de Relaciones Laborales, se observa 
que: 
  La cuenta justificativa rendida por CCOO para la justificación del segundo y tercer pago 
incluyen facturas de una empresa por un importe de 28 miles de euros, sin que se haya acreditado 
la solicitud de los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la LGS, debían haberse 
solicitado por la beneficiaria47. 
                                                 
46 Pese a que, como se indica en el texto, las beneficiarias de estas ayudas percibieron, al menos,  subvenciones del 
Fondo de Ayuda Sindical, que financia actividades similares, en las alegaciones se indica que aquellas aportaron 
declaraciones responsables de “no haber solicitado, ni haber sido beneficiaria de otras ayudas, subvenciones o ingresos  e
para el mismo proyecto, provenientes de cualquier Administración Pública, incluida la Junta de Comunidades de  o
Castilla-La Mancha, o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales”, sin  w.
que se hayan acreditado comprobaciones al respecto por parte del órgano gestor de los fondos.  742ww
4fu7 eArounn qsuuec seed ieinnddicoa  eenn  elal st ieamlegpaoc, ionnoe sse q uaed julanst an edcoecsuidmaednetsa csiaótnis foe cmheams moreiad ijaunstteif iclaa tcivoan trqautea caiócnr eddeit ee sqteu ep rsoev eteradtoar  dsee 
servicios no integrantes de una misma prestación que se ha fraccionado.
 
 
  En ninguno de los tres expedientes consta el plan anual de trabajo48 al que se refieren las 
resoluciones de concesión en sus apartados cuarto y quinto, el cual debe de ser aprobado y 
recoger las actividades subvencionables. Por lo tanto, no puede concluirse si los gastos se han 
realizado  con  motivo  de  actividades  subvencionables,  que  deben  detallarse  en  los  planes 
aprobados. 
  Las resoluciones de concesión establecen en su punto sexto la incompatibilidad de las 
concedidas con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, sea cual 
fuera la procedencia de estas, sin que consten actuaciones de verificación al respecto por parte 
del órgano gestor, ni se acredite por los beneficiarios que las actividades no han sido financiadas 
además de con la subvención concedida con fondos propios u otras subvenciones o recursos. 
Finalmente del análisis de un expediente por el que se reconocen 33 miles de euros a CECAM, en 
base a una subvención nominativa de 40 miles instrumentalizada a través del convenio firmado el 
16 de julio de 2018 entre el IPEX y CECAM, para la realización de acciones de promoción exterior 
que contribuyan a la internacionalización de la empresa castellano manchega, se observa que el 
citado convenio, que tiene el carácter de bases reguladoras de la concesión, establece en su 
cláusula segunda la incompatibilidad de esta ayuda con otras subvenciones, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, sea cual fuera la procedencia de estas, presentando el beneficiario una 
declaración responsable de ello, aunque no figuran en el mismo actuaciones de verificación al 
respecto por parte del órgano gestor. 
E)  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  POR  EL  IPEX  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA 
COMPETITIVA  
Se ha revisado una muestra de 96 miles de euros correspondientes a pagos realizados por el 
IPEX en concepto de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva. 
La  Orden  58/2017,  de  20  de  marzo,  de  la  Consejería  de  Economía,  Empresas  y  Empleo, 
establece las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de 
internacionalización. Del análisis realizado cabe señalar que: 
  En su artículo 5 requiere que los beneficiarios desarrollen su actividad económica en CLM y 
que ello se acredite en la forma indicada en la correspondiente convocatoria,  lo que no se 
concreta en las diversas resoluciones de concesión, más allá de la exigencia de la declaración 
responsable del beneficiario sobre este extremo49. 
  De igual manera, mediante declaración responsable, se debía acreditar estar al corriente de 
sus  obligaciones  tributarias  con  la  AEAT  y  con  la  JCCM,  con  la  Seguridad  Social  y  en  el 
cumplimiento  de  las  obligaciones  por  reintegro  de  subvenciones,  sin  que  se  arbitraran 
procedimientos adicionales de comprobación. 
  Se exige a los beneficiarios la presentación de una memoria de actuación justificativa del 
cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de 
las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en el modelo facilitado por el IPEX. Sin 
embargo, el citado modelo no puede entenderse como una memoria suficientemente descriptiva 
de las actuaciones, presentando la forma de una breve encuesta. 
                                                  es
48 En las alegaciones se indica que estos planes no fueron remitidos previamente por error, adjuntándose ahora varios  o
documentos a estos efectos, los cuales están sin firmar ni fechar.  w.
4da9ey Su jdeua nisnio d,pi cadarea,   elalna   Clpaoasnr atsicleeijpgeaaríccaiió odnne ea sEg, crquoupneao dm“Eaí saet,e nE  aamscppcerioecnstoae sss  eyd  heEa mi nstpuelbernsoaa, ncpiaoodnro al alciz oqanuc leiaó  nse enc toeransdvtaoabc elaendc aevsing  oplaro sdr  ebe all asI neOssrt dirteuegtnou  9lda2ed/2 oP0ra2ros0m , ddoeec  iló2an4s  
Exterior de Castilla-La Mancha”.
 
La  Orden  67/2017,  de  21  de  marzo,  de  la  Consejería  de  Economía,  Empresas  y  Empleo, 
establece las bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo de planes individuales  de 
promoción  internacional  convocadas  por  el  IPEX  para  promover  y  consolidar  la  actividad 
exportadora de las empresas y la Orden 182/2017, de 23 de octubre, de la Consejería de 
Economía,  Empresas  y  Empleo,  las  bases  reguladoras de  las  ayudas  para  el impulso  y la 
competitividad internacional de las empresas del sector de la moda en CLM, convocadas por el 
IPEX cofinanciables en un 80 % en el marco del Programa Operativo FEDER de CLM 2014-2020. 
De las verificaciones realizadas, se destaca lo siguiente: 
  Estas órdenes establecen que la cuenta justificativa incluiría una memoria de actuación 
justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. De los ocho expedientes 
analizados se desprende que dichos documentos presentan descripciones generales, sin incluir 
suficiente detalle de las actividades realizadas. Así, no figura la descripción de los objetivos 
previstos ni, por tanto, su grado de consecución a través de la realización de tales actividades. 
Ello  reduce  la  utilidad  de  estos  documentos  a  la  hora  de  medir  la  eficacia  de  las  ayudas 
entregadas por el IPEX.  
  Igualmente son extensibles las críticas antes señaladas sobre la Orden 58/2017 en relación 
con las declaraciones responsables.  
II.7.4.  Endeudamiento y avales 
A)  OPERACIONES DE CRÉDITO Y ENDEUDAMIENTO 
Las  operaciones  de  crédito  (concertaciones  o  disposiciones)  efectuadas  por  la  CA  deben 
adecuarse al marco normativo del TRLH y las correspondientes Leyes de Presupuestos de la CA 
(LLPP), así como a la LOFCA y a la legislación vigente en materia de sostenibilidad financiera. 
Además, hay que considerar los Acuerdos del CPFF que, durante el periodo fiscalizado, pudieran 
afectar al endeudamiento de la Comunidad. 
El artículo 62.1 de la LP para 2018 autorizó al Consejo de Gobierno para acordar la emisión de 
deuda pública y la concertación de operaciones de crédito a largo plazo, tanto interior como 
exterior, con la limitación de que el saldo vivo de la deuda a 31 de diciembre de 2018 no superase 
en más de 309.872 miles de euros el correspondiente al cierre del año anterior. El mismo artículo 
establecía  la  revisión  automática  del  límite  en  determinados  casos,  principalmente  por  los 
importes que pudieran ser aprobados por la Administración General del Estado bajo la cobertura 
de cualquier mecanismo de financiación promovido por el Estado. 
Por otro lado, la LO 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la LOFCA y de la LOEPSF, 
introduce el principio de prudencia financiera, lo que supone que las operaciones financieras de 
las CCAA se formalicen cumpliendo unas condiciones razonables de coste y riesgo.  
El  apartado  3  del  artículo  14  de la  LOFCA indica  que las  operaciones  de crédito  precisan 
autorización  del  Estado  cuando  se  constate  el  incumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto. CLM incumplió el objetivo de estabilidad 
de 2016, lo que fue conocido en el transcurso del ejercicio fiscalizado. No obstante, el artículo 20 
de la LOEPSF señala que si la CA hubiera presentado un PEF y sus medidas declaradas idóneas, 
no precisan de autorización las operaciones de crédito a corto plazo que no sean consideradas  e.
financiación exterior. En este sentido, en julio de 2018 se aprobó el PEF de CLM para el período  w.b
2018-2019.   742ww
 
 
Las operaciones sometidas a autorización en 2018 fueron las siguientes. 
CUADRO Nº 41. AUTORIZACIONES ENDEUDAMIENTO 2018 
(millones de euros) 
Finalidad  Acuerdo Consejo de Ministros/ CDGAE  Importe 
Formalización de operaciones de endeudamiento a c/p  16/03/2018  295 
para  renovar  líneas  de  crédito  a  corto  plazo  con 
vencimientos en 2018 
Formalización de operaciones de endeudamiento a l/p  23/11/2018  300 
para  la  amortización  anticipada  de  operaciones 
financieras de deuda concertada con anterioridad 
FLA    1.885 
Total    2.480 
En relación con las operaciones anteriores, cabe señalar que: 
  El artículo 63 de la LP para 2018 facultaba al titular de la Consejería con competencias en 
materia de Hacienda para concertar operaciones de crédito por plazo igual o inferior a un año, 
destinadas a renovar líneas de crédito a corto plazo con vencimientos en 2018 y obtener mejores 
condiciones financieras. Durante el ejercicio fiscalizado se realizaron seis operaciones de este 
tipo, por un importe total de 295 millones de euros. 
  Se concertaron tres operaciones de endeudamiento a largo plazo por importe total de 300 
millones de euros. 
Las operaciones de endeudamiento de la CA se realizaron dentro de los límites anteriormente 
señalados. 
El porcentaje que el importe total de las anualidades de amortización (por capital e intereses) 
representa sobre los ingresos corrientes del ejercicio en 2018, ascendía al 9 %, por lo tanto 
inferior al límite del 25 % establecido en los artículos 14.2.b) de la LOFCA y 87.1.b) del TRLH.  
B)  ENDEUDAMIENTO SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL 
El artículo 64 de la LP establece para las operaciones de endeudamiento de las entidades que, 
conforme  a  la  normativa  aplicable  en  materia  de  estabilidad  presupuestaria,  tengan  la 
consideración de sector público y su endeudamiento consolide con el de la CA, la autorización 
previa de la Consejería de Hacienda. 
No  se  detectó  ninguna  fundación  ni  empresa  que  realizara  operaciones  necesitadas  de 
autorización. 
 
C)  AVALES 
La introducción del principio de prudencia financiera afecta también al otorgamiento de garantías 
públicas, pasivos contingentes y otras medidas de apoyo extrapresupuestario a operaciones de 
crédito otorgadas por las CCAA, en cuanto pueden comprometer la sostenibilidad financiera de 
estas. Así, el apartado 6 del artículo 14 de la LOFCA establece la necesidad de que las CCAA 
reduzcan el riesgo y coste derivado de la concesión de avales u otro tipo de garantías que 
afiancen las operaciones de crédito. 
La prestación de avales por parte de la CA se regula, con carácter general, en el artículo 90 del 
TRLH donde también se establece la posibilidad de inspección por parte de la Consejería de 
Hacienda de las operaciones financiadas con créditos avalados por la JCCM para comprobar su 
aplicación y rentabilidad, con el posterior traslado de los resultados a las Cortes Regionales, sin 
que se hayan realizado actuaciones de inspección. 
Por su parte, el artículo 66 de la LP para 2018 estableció que el Consejo de Gobierno podría 
autorizar la concesión de avales a las entidades y empresas que forman parte del sector público 
regional hasta un importe máximo de 100.000 miles de euros, extendiéndose las garantías a sus 
correspondientes cargas financieras. 
Partiendo de la información recogida en la Cuenta General, se elabora el anexo I.4, que recoge la 
evolución en el ejercicio 2018 de los avales y otras garantías otorgadas por la Administración 
General de la Junta. 
El saldo de avales y otras garantías a 1 de enero de 2018 que figura en la Cuenta General 
asciende a 36.000 miles de euros y al cierre de dicho año a 13.753 miles. 
Durante el ejercicio fiscalizado no se concedió ningún aval a entidades del sector público regional 
y se registraron cancelaciones de avales concedidos por la JCCM para garantizar deudas frente a 
la Administración Tributaria por importe de 22.247 miles de euros, de los que 18.854 miles 
correspondían a un aval concedido en 2014 a GICAMAN por importe de 64.974 miles y el resto a 
uno otorgado a favor del Ente Público RTVCLM.  
Pese a lo dispuesto en el PGCP, en la citada cuenta no se indica cuáles de los avales cancelados 
derivaron en responsabilidad. Adicionalmente, la JCCM no utiliza la cuenta prevista por el PGCP 
para registrar en el balance las provisiones para riesgos y gastos, por lo que no se estarían 
contemplando los importes estimados para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas, 
procedentes  de  litigios  en  curso,  indemnizaciones  u  obligaciones  pendientes  de  cuantía 
indeterminada, como sería el caso de avales u otras garantías similares a cargo de la entidad. 
El riesgo vivo a fin del ejercicio 2018 se refleja en el estado siguiente. 
CUADRO Nº 42. SITUACIÓN AVALES A 31 DE DICIEMBRE 2018 
(miles de euros) 
Saldo final  
Avalados  Riesgo vivo 
s/ Cuenta General  es
Ente Público RTVCLM  4.328  3.600  w.
GEACAM  Total  139..745235   139..042255   2021-14742n https://ww
 
 
II.7.5.  Gasto sanitario 
A)  EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO EN CLM 
El Sistema Nacional de Salud está integrado por el conjunto de los Servicios de Salud de la 
Administración del Estado y de las CCAA. En CLM, en desarrollo de lo establecido por su EA en 
materia de sanidad e higiene, la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de 
CLM creó el SESCAM, como organismo autónomo (OA) adscrito a la Consejería de Sanidad, 
siendo desde enero de 2002 la entidad encargada del sistema de prestaciones sanitarias públicas 
en la CA. 
Entre las funciones de este OA se encuentran la ejecución y gestión de las prestaciones sanitarias 
que le sean asignadas; la gestión, conservación y mantenimiento de los centros, servicios y 
establecimientos  sanitarios;  la  óptima  distribución  de  los  medios  económicos  afectos  a  la 
financiación de los servicios y prestaciones sanitarias asistenciales; la mejora continua de la 
calidad y modernización de los servicios; el estímulo a la formación continuada, la docencia y la 
investigación científica; la gestión de las prestaciones farmacéuticas y complementarias que le 
correspondan;  y  la  gestión  de  los  recursos  humanos,  materiales  y  financieros  que  le  sean 
asignados para el desarrollo de sus funciones.  
Por lo que respecta a su organización, el Decreto 166/201550, de 14 de julio, regula la estructura 
orgánica y funciones del SESCAM. El SESCAM se estructura en los órganos centrales (Consejo 
de  Administración,  Presidencia  del  Consejo,  Dirección-Gerencia  y  órganos  directivos 
dependientes de esta) y periféricos (Gerencias de Atención Integrada, de Atención Primaria, de 
Atención Especializada, de Ámbito Regional). La estructura periférica a 31 de diciembre de 2018 
constaba de 28 hospitales (6 en Albacete, 8 en Ciudad Real, 2 en Cuenca, 5 en Guadalajara y 7 
en Toledo) y 172 centros de salud. El número total de tarjetas individuales sanitarias expedidas 
era de 1.947.725 (cifra similar a la del cierre de 2017, con un ligero incremento), estando prevista, 
además, la posibilidad de conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos. 
Según prevé el artículo 83 de la Ley 8/2000, el SESCAM está sujeto a la función interventora de 
acuerdo con lo dispuesto en el TRLH. No obstante, el Consejo de Gobierno, con fecha 28 de 
octubre de 2008, y en función de la habilitación conferida por ese mismo artículo, acordó someter 
a  control  financiero  permanente,  como  único  sistema  de  control,  a  determinados  órganos 
periféricos del SESCAM. 
Finalmente, de acuerdo con los datos ofrecidos por los indicadores clave del Sistema Nacional de 
Salud para 2017 (últimos datos disponibles), el porcentaje de hombres en CLM que, en dicho 
ejercicio, valoran positivamente su estado de salud supera en seis puntos al de mujeres y, en 
ambos casos, los resultados son mejores que la media nacional para ambos sexos. 
CUADRO Nº 43. VALORACIÓN ESTADO SALUD 
(en porcentaje) 
España  CLM 
Año 2017 
Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  s
Pesotbaldaoc idóen  scaolund  valoración positiva de su  77,7  70,4  78,7  72,3  742www.
                                                
50 Derogado por el Decreto 82/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y funciones del SESCAM.
 
B)  PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN EL ÁREA DE SALUD  
El artículo 15 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre de Ordenación sanitaria de CLM establece 
que el Plan de Salud es el instrumento de planificación estratégica, dirección y ordenación del 
Sistema Sanitario de CLM, pese a lo cual la CA no contaba con un plan de estas características 
durante el ejercicio fiscalizado. Dicha ausencia implica que tampoco se está dando cumplimiento 
al artículo 82.2 de la Ley 8/2000, donde se indica que el proyecto del presupuesto del SESCAM se 
basará en las previsiones del plan de salud anterior y en la provisión de servicios sanitarios que se 
le haya encomendado. 
Al cierre de 2019, el Plan de Salud de CLM 2019-2025 se encontraba en período de información 
pública. 
Durante el ejercicio anterior al fiscalizado concluyó la aplicación del Plan Director de atención a la 
cronicidad 2014-2017, mediante el cual se implantó un protocolo de actuación al paciente crónico 
en todo el ámbito sociosanitario, del cual no se ha acreditado la evaluación ni parcial ni final de 
dicho plan, cuyos resultados debían haberse tomado en cuenta para la elaboración de los nuevos 
instrumentos  de  planificación,  dada  la  importancia  sostenida  (y  coste)  que  suponen  estas 
patologías crónicas. Durante 2018 no se ha documentado que la CA contara con un plan de estas 
características, a pesar de la confluencia en el territorio autonómico de factores como la dispersión 
geográfica y una población envejecida.  
Finalmente, el Plan de Renovación de Alta Tecnología Sanitaria en CLM (2016-2021) es objeto de 
análisis en el subepígrafe II.7.5.G siguiente.  
C)  EL GASTO SANITARIO DEL SERVICIO DE SALUD 
De  la  Estadística  del  Gasto  Sanitario  Público  de  2018  del  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios 
Sociales e Igualdad, respecto del análisis de dicho gasto del sector CCAA, destacan los siguientes 
resultados: 
  Las CCAA incurrieron en un gasto sanitario público consolidado de 65.911 millones de 
euros, lo que supone el 5,5 % de su PIB y 1.416 euros de media por habitante. En CLM, el citado 
gasto asciende a 2.919 millones, lo que representa el 7,1 % del PIB regional y 1.438 euros por 
habitante, lo que la sitúa por encima de la media y en el undécimo puesto entre las CCAA por 
mayor gasto por habitante.  
  En el conjunto de las CCAA, la tasa de variación del gasto sanitario público respecto del 
ejercicio anterior fue del 3,7 %, mientras en CLM este porcentaje ascendió al 4,9 %.  
  CLM destinó el 50,9 % del total del gasto sanitario público consolidado de la Comunidad a 
remuneración de su personal, mientras que la media del total de las CCAA fue del 45,1 %, 
situándose en el grupo de las cuatro CCAA que más dedican a este concepto (más del 50 % del 
total del gasto) 
El crédito definitivo aprobado en 2018 para la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales fue de 
2.810.818 miles de euros, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 2.807.109 miles, de 
las cuales 2.674.545 miles correspondían a transferencias y subvenciones a OOAA, siendo el 
SESCAM el principal destinatario. El 99 % de los derechos reconocidos por este organismo  es
proceden de los capítulos 4 y 7 (transferencias corrientes y de capital).  o
E2du.l8 r2ac2nré.t5ed3 it28o0  m1fi8inle,a ssl  edp eag ereaun reoersal ,r oSenlE  cSouCballAi grMeacc, oiocnnooemcsióo p  oesbnelidcgicaeicnóitnoe nspe drse eps ouimrp uipmeusptatoarr rtiaeal   dpienr ed2se.7up9pe6un.ed3si0et0on ,tm eq,i uleeas s.q cAuedeneddmaiórá osna,    2021-14742n https://ww
contabilizadas en la cuenta 409, por un importe de 140.553 miles de euros. La suma de las
 
 
obligaciones reconocidas y las pendientes de imputar excedieron en 114.315 miles sus créditos 
disponibles, incrementándose esta cantidad un 45 % respecto del ejercicio 2017. 
La  evolución  de  las  obligaciones  reconocidas  con  cargo  al  presupuesto  del  SESCAM,  por 
capítulos, es la que se muestra en el siguiente cuadro. 
CUADRO Nº 44. EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS SESCAM 
  (miles de euros)   
Capítulos  2016  2017  2018 
1. Gastos de personal  1.325.180  1.373.026  1.429.382 
2. Gastos corrientes en bienes y servicios  739.571  725.129  776.440 
3. Gastos financieros  1.500  11.034  3.886 
4. Transferencias corrientes  521.370  530.393  546.626 
6. Inversiones reales  18.205  28.177  39.517 
7. Transferencias de capital  30  70  54 
8. Activos financieros  440  437  395 
9. Pasivos financieros  0  0  0 
Total  2.606.296  2.668.266  2.796.300 
Variación de los gastos pendientes de imputar a 
21.020  38.975  37.734 
presupuesto  
El importe de la variación de los gastos pendientes de imputar a presupuesto, en el caso concreto 
de  2018,  corresponde  a  la  diferencia  entre  los  gastos  efectuados  en  dicho  ejercicio  cuyo 
reconocimiento de la obligación quedó pendiente (140.553 miles de euros) y las obligaciones 
reconocidas en 2018 que corresponderían a gastos realizados en ejercicios anteriores (102.819 
miles).  
En 2018, el capítulo con más peso relativo sobre el total de obligaciones reconocidas es el de 
gastos de personal, representando el 51 %. A continuación, se encuentran el capítulo de gastos 
corrientes en bienes y servicios (28 %) y el capítulo de transferencias corrientes (20 %), cifras 
similares a las de 2017. 
Desde el punto de vista económico-financiero, no se encuentra estimado el importe para hacer 
frente a responsabilidades probables o ciertas, procedentes, entre otros casos, de litigios en 
curso, a través de la correspondiente provisión contable.  
D)  PERSONAL DEL SESCAM 
La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios 
de salud, dispone que la planificación de los recursos humanos en los servicios de salud se 
instrumenta principalmente a través de los Planes de Ordenación de los Recursos Humanos, 
regulados en su artículo 13. En este sentido, mediante sendos Acuerdos del Consejo de Gobierno 
de 21 de marzo de 2013 y de 16 de enero de 2014, se aprueban, respectivamente, el Plan de 
Ordenación de Recursos Humanos, en el ámbito de la movilidad del personal del SESCAM y el  e.e
Plan de Ordenación de Recursos Humanos, en el que se determinan las medidas a adoptar  b
respecto al personal destinado en las Gerencias de Atención Primaria y Atención especializada de  742ww
ATrlbibaucneatel S puopre rlaio ri mdep lJaunstaticciióan d ed eC LlaM n nuúemvae roGse 8re yn c1i1a5 d dee  A2t0e1n6c,i ósne  aInntuelgarraodna a. mPboor sS aecnuteerndcoiass.  del
 
La citada ley prevé en su capítulo III que cada servicio de salud, atendiendo a las características 
de su organización sanitaria, establecerá los sistemas de agrupación y enumeración de dichos 
puestos o plazas, siendo un instrumento para tal ordenación, la plantilla orgánica. Así, la plantilla 
orgánica informada era de 25.453 efectivos y el número de puestos cubiertos ascendía a 24.009 al 
cierre de 2018, por lo tanto existían 1.444 vacantes. De las plazas cubiertas, el 27,9 % lo fue 
mediante personal interino, aumentando el porcentaje de interinidad respecto de 2017 (24,1 %).  
Además,  durante  el  ejercicio  fiscalizado  tuvieron  lugar  48.435  contrataciones  temporales 
amparadas en el artículo 48 de la LP para 2018, que habilitaba la contratación de nuevo personal 
temporal (estatutario o laboral) exclusivamente en casos excepcionales en los que se pretendieran 
cubrir necesidades urgentes e inaplazables. Mediante la Orden 214/2017, de 29 de diciembre, de 
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, se desarrolla el procedimiento para el 
nombramiento y contratación de este personal. Además, el artículo 22.4 de la Ley 1/2012 de 21 de 
febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios 
Sociales,  excepciona  de  autorización  previa  a  aquellas  contrataciones  para  suplir  períodos 
vacacionales y las de carácter urgente.  
Del total de las contrataciones temporales señaladas se ha observado que, con carácter general, 
no  existe  homogeneidad  en  los  motivos  aludidos  por  las  gerencias  para  desencadenar  la 
contratación  y  que  solo  1.243  contrataciones  aparecen  catalogadas  específicamente  bajo  la 
denominación de “cobertura urgente”. 
Cabe  señalar  que,  aunque  el  artículo  26  de  la  Orden  214/2017  considera  que  no  existen 
necesidades urgentes e inaplazables para la cobertura de puestos de trabajo por sustitución 
transitoria de sus titulares, en los supuestos de concesión de comisiones de servicios, licencias sin 
sueldo  y  de  cualquier  otro  permiso  o  licencia  cuyo  otorgamiento  esté  condicionado  a  las 
necesidades del servicio, salvo justificación particular, se han detectado contratos tramitados 
como urgentes que respondían a sustituciones por la concesión de licencias sin sueldo (88), por la 
asistencia a cursos (161), por reciclaje (9), por comisiones de servicios (171) o por permisos 
personales (474), sin que se haya aportado documentación específica de los mismos. 
La recurrencia de contrataciones de personal laboral o estatutario temporal, este último con 
carácter  de  eventual,  para  atender  necesidades  coyunturales,  si  bien  no  supone  un 
incumplimiento normativo, sí es un indicador que aconsejaría revisar el adecuado tamaño y 
configuración de las plantillas.  
El número de contratos temporales suscritos al amparo del artículo 48 de la LP para 2018 en las 
categorías de personal sustituto y eventual superó los 35.005. Dado que diversos trabajadores 
fueron contratados en más de una de las categorías anteriores o en diversas ocasiones, el 
número de efectivos temporales de estas categorías que prestaron servicios al SESCAM durante 
el ejercicio fiscalizado se situaría en torno a los 8.500. 
 
 
El artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de 
los servicios de salud, establece las clases de personal estatutario temporal (además, el SESCAM 
contaba con otro personal de carácter temporal no estatutario). El número de personas en cada 
una de las clases previstas en el citado artículo, al cierre de 2018, se refleja a continuación. 
CUADRO Nº 45. PERSONAL TEMPORAL (SESCAM) 
(en número) 
Estatutarios temporales  Efectivos  
Eventuales    2.259 
Sustitución    4.022 
Interinos    6.613 
En relación con aquellos trabajadores eventuales que podrían encontrarse en la situación descrita 
en el artículo 9.3 de la Ley 55/2003 (más de dos nombramientos para la prestación de los mismos 
servicios por un período acumulado de doce o más meses en un período de dos años) y que hace 
necesario el estudio de la creación de una plaza estructural en la plantilla, cuyo número ascendía 
al menos a 39 al inicio del ejercicio fiscalizado, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en el asunto C-16/15, de 14 de septiembre de 2016, resuelve que la utilización de 
nombramientos de duración determinada sucesivos para atender necesidades permanentes en el 
sector de los servicios de salud es contraria al derecho de la Unión, lo que obliga a arbitrar 
soluciones para estas situaciones de temporalidad, no solo en el ámbito del SESCAM, sino para el 
resto de la Administración Autonómica, sin que la CA haya informado de la adopción de medidas 
para solucionar esta situación. 
Otra consecuencia del abuso de la temporalidad es el reconocimiento de la condición de indefinido 
no fijo por sentencia judicial con motivo de una excesiva concatenación de contratos temporales 
para  cubrir  una  plaza  vacante  ante  necesidades  estructurales  no  reconocidas  por  la 
administración. Al cierre del ejercicio el SESCAM tenía un total de 15 trabajadores en esta 
categoría (dos de ellos por sentencias dictadas en diciembre de 2018).  
Por otra parte, a 31 de diciembre de 2018 un total de 802 efectivos (726 en 2017) se encontraba 
ocupando plaza en virtud de nombramiento bajo la modalidad de “promoción interna temporal” 
(PIT), generando esta situación un gasto de 4.534 miles de euros.  
Durante el tiempo en que se realicen las funciones en PIT, el personal percibe las retribuciones 
correspondientes a las funciones efectivamente desempeñadas, manteniéndose en servicio activo 
en su categoría de origen, de acuerdo con el pacto firmado entre el SESCAM y las organizaciones 
sindicales,  con  entrada  en  vigor  en  2009.  Se  aprecia  el  riesgo  de  que  los  nombramientos 
amparados en dicha figura supongan una consolidación de hecho de situaciones previstas por la 
norma con carácter temporal. Así, en particular, entre 2016 y 2018, 411 personas se encontraban 
en dicha situación, mientras que 25 acumulaban más de 20 años.  
En relación con las cuantías a percibir por el personal al servicio de las instituciones sanitarias en  s
concepto  de  productividad  variable  destinada  a  retribuir  la  consecución  de  los  objetivos  e.
presupuestarios y asistenciales programados, el SESCAM ha informado que no se abonó ninguna  w.
cuantía en concepto de productividad variable del personal directivo en el ejercicio fiscalizado.   742ww
Por otro lado, cabe señalar que, por Resolución de 28 de febrero de 2018, la IGCA aprobó el Plan
dinec luCyoenntrdool  Flainsa ngceireernoc idaesl  SdeE SáCmAbMito,  stoebrrrieto rlaia lg e(dseti óCn oroeradliiznaadcaió nta net oI npsopre clocsió sne ryv icdieo sU cregnetnracilaess,, 
 
Emergencias y transporte Sanitario), como por las gerencias de atención especializada, primaria y 
de atención integrada, encontrándose entre los objetivos la comprobación de la distribución de las 
guardias del personal facultativo, el análisis de la productividad variable por participación en 
programas especiales, el análisis del concepto retributivo “productividad por mayor carga de 
trabajo” y el análisis de las PIT. 
En la mayor parte de los informes se pone de manifiesto, entre otras deficiencias, que en los 
nombramientos de PIT realizados en el ejercicio 2018 no se justifica la necesidad en los términos 
del artículo 26 de la Orden 214/2017, la existencia de un elevado número de ellos cuya duración 
supera  los  dos  años  y  la  “falta  de  formalidad”  del  funcionamiento  de  las  bolsas  de  PIT. 
Adicionalmente, los informes de control financiero constatan una deficiencia en la convocatoria y 
provisión de plazas del personal estatutario con carácter periódico por parte del SESCAM, en los 
términos de los artículos 29 y 30 de la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco, lo que 
provoca que se recurra a las PIT para cubrir esas plazas con personal propio del centro, para 
facilitar  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  las  gerencias.  En  este  contexto,  el  reparto  de 
determinadas cantidades de productividad se realiza en función de los puestos cubiertos en las 
correspondientes gerencias, por lo que ello es un incentivo para su cobertura, acudiendo también 
para ello a la PIT. 
Finalmente, el siguiente cuadro muestra los recursos humanos disponibles en CLM en 2018, 
según datos de los indicadores del Sistema Nacional de Salud. 
CUADRO Nº 46. RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE SALUD 2018 (POR TIPO DE 
PERSONAL) 
(en número) 
Media del Sistema de Salud 
Recursos 2018 (tipo de personal)  CLM 
español 
Médico  en  atención  especializada  por  1.000  1,98  1,9 
habitantes (*)     
Enfermería  en  atención  especializada  por  1.000  3,45  3,36 
habitantes 
Médico  atención  primaria  por  1.000  personas  0,77  0,82 
asignadas 
Enfermería en atención primaria por 1.000 personas  0,66  0,75 
asignadas 
(*)  Incluye centros del sector público y privado. 
Por tanto, si bien en atención especializada las ratios de CLM son inferiores a las de la media del 
sistema español (tanto en personal médico como de enfermería), en primaria la CA presenta 
mejores cifras en ambos colectivos que las de la media nacional.  
 
 
E)  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 
1.  Farmacia hospitalaria 
En el siguiente cuadro se muestra la evolución del gasto farmacéutico hospitalario, según datos 
del Ministerio de Hacienda. 
CUADRO Nº 47. EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO HOSPITALARIO 
(miles de euros) 
Variación  Variación  Variación 
2015  2016  2017  2018 
  (%)  (%)  (%) 
Total CCAA  6.561.848  6.113.570   (6,8)  6.294.463   2,9  6.808.081  8,1 
CLM  251.739   243.352   (3,3)  254.297   4,5  274.092  7,8 
Frente a la progresiva reducción de costes de los tratamientos con antivirales de acción directa en 
hepatitis C (por la negociación de costes y reducción de tratamientos) y de la terapia antirretroviral 
(por la aparición de genéricos), la innovación terapéutica de alto coste en el área de la oncología y 
de las enfermedades catalogadas como raras afectan al aumento del gasto. También se ha 
incrementado el coste de hemoderivados como consecuencia de la menor disponibilidad de 
productos procedentes del fraccionamiento de excedentes de plasma. En terapias biológicas, a 
pesar de los ahorros generados por la introducción de productos biosimilares, se incrementa la 
prevalencia de uso y los costes globales. 
2.  Atención sanitaria con medios ajenos 
El artículo 25 del presupuesto de gastos (“asistencia sanitaria con medios ajenos”) recoge el 
crédito  disponible  para  los  procedimientos  de  hospitalización,  quirúrgicos  y  diagnósticos,  el 
transporte sanitario y otras prestaciones de asistencia sanitaria. 
Durante 2018, en dicho artículo se reconocieron obligaciones por importe de 143.721 miles de 
euros, por lo tanto sin apenas variaciones con respecto al ejercicio 2017 (143.021 miles de euros).  
El artículo 54 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de CLM determina 
que  el  sistema  sanitario  de  CLM  puede  establecer  conciertos  o  convenios  singulares  de 
vinculación  para  la  prestación  de  servicios  sanitarios  a  través  de  medios  ajenos  al  mismo, 
teniendo siempre en cuenta el principio de complementariedad, estando la competencia delegada 
en el SESCAM. 
Los procedimientos administrativos a seguir en orden a la contratación, gestión y seguimiento de 
la prestación de las asistencias sanitarias con medios ajenos se basan, por tanto, en la legislación 
de contratos del sector público o bien en la figura del convenio singular de vinculación. Esta última 
figura, excluida del ámbito de aplicación de la anterior, presenta un carácter excepcional frente a 
la concertación, tal como se recoge en la Orden de 22 de junio de 2010, de la Consejería de Salud 
y Bienestar de CLM.  s
Según indican los artículos 66 y 67 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, los  w.
hospitales generales del sector privado que lo soliciten se vincularán al Sistema Nacional de Salud  742ww
cmueadniadnot ela cso nnevceensioidsa sdiensg ualsairsetse.n ciales lo justifiquen. Esta vinculación a la red pública se realizará
 
En fiscalizaciones de ejercicios anteriores se señaló el empleo de esta figura para la concertación 
de prestaciones particulares, por tanto con una finalidad similar a la de los conciertos de asistencia 
sanitaria,  pero  sin  garantizarse  los  principios  básicos  de  promoción  de  la  concurrencia,  de 
publicidad y de libertad de acceso a las licitaciones, exigidos por la normativa reguladora de la 
contratación  pública,  así  como  la  existencia  de  convenios  singulares  suscritos  con  centros 
sanitarios privados ubicados en el territorio de otras CCAA limítrofes a CLM, a pesar de la 
excepcionalidad de esta posibilidad, sin que el SESCAM haya acreditado medidas dirigidas a 
corregir estas deficiencias. De los diez nuevos convenios suscritos en 2018, uno era en territorio 
de otra CA.  
En este sentido, la Consejería de Sanidad aprobó con fecha de 9 de abril del 2019 la Orden 
59/2019 por la que se modifica la Orden de 22/06/2010, por la que se establece el procedimiento 
para la vinculación de centros privados de atención sanitaria especializada a la Red Hospitalaria 
Pública de CLM. Así, tras la modificación del artículo 9, el SESCAM podrá de manera excepcional 
suscribir convenios singulares de vinculación con centros sanitarios privados ubicados en otras 
CA  limítrofes  con  CLM,  siempre  que  las  posibilidades  diagnósticas  y  terapéuticas  de  la 
Comunidad sean insuficientes y la distancia entre la localidad de residencia del paciente y el 
centro vinculado más próximo en la región sea superior en más de 50 kilómetros a la existente con 
centros privados. 
En el Informe de fiscalización de CLM, ejercicio 2017, se recogen diversas actuaciones de control 
llevadas  a  cabo  por  el  SESCAM  sobre  la  facturación  de  los  centros  conveniados  con  las 
Gerencias de Atención Integrada de Guadalajara, Albacete, Talavera de la Reina, Cuenca y 
Toledo, desprendiéndose una serie de deficiencias cuya subsanación no se había acreditado al 
cierre de 2018:  
  En relación con la Gerencia de Cuenca, la toma de medidas para solventar las deficiencias 
procedimentales  asociadas  a  la  facturación,  puestas  de  manifiesto  en  el  control,  donde  se 
indicaba que “77 consultas externas incluidas en el convenio singular de vinculación, se facturaron 
a pacientes que tenían orden de asistencia para tratamiento de radioterapia, por lo que debería 
aclararse si estas consultas, cuando son previas al inicio del tratamiento están o no incluidas 
dentro  de  la  tarifa  del procedimiento  de  radioterapia  completo  tal  como está  definido  en el 
convenio”. Así, no se habían realizado las oportunas adendas al convenio o dictado las notas 
interpretativas necesarias para tal aclaración. 
  En las auditorías de seguimiento de la facturación de la actividad concertada relativa a la 
Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo y de Talavera de la Reina se deja patente la 
necesidad de revisar el procedimiento de validación y abono de las facturas derivadas de la 
prestación de servicios de asistencia sanitaria a través de medios ajenos de manera que, de forma 
previa a la tramitación a realizar por el órgano administrativo, las facturas dispongan del visto 
bueno desde el punto de vista asistencial, comprobándose no solo que el paciente facturado fue 
previamente  remitido  por  el  SESCAM,  sino  que  la  prestación  facturada  corresponde  con  la 
realizada. Dicha comprobación ha de efectuarse mediante la revisión de los informes médicos 
remitidos por los centros concertados, actuación que, en general, no se viene realizando. Una vez 
que la factura dispone de la conformidad asistencial, la documentación médica ha de incorporarse 
en la historia clínica correspondiente, lo que tampoco se realizaba de forma adecuada. 
Adicionalmente, en las alegaciones efectuadas al Informe de fiscalización de 2017, el SESCAM 
manifestó diversas objeciones a la adopción de las medidas propuestas en sus propios controles,  e
lo que evidenció la necesidad de contar con un protocolo de actuación para estas actividades, en  bo
orden a garantizar tanto la calidad de las tareas verificadoras como sus efectos de cara a las  742ww
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F)  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
1.  Prescripción de medicamentos 
En 2018 el incremento del gasto correspondiente a la facturación de la prestación farmacéutica 
ambulatoria por las oficinas de farmacia en el territorio de la CA ha sido del 3,3 %, superior al 
gasto medio producido en el total de las CCAA y Ciudades Autónomas (2,7 %), tal como se ve en 
el cuadro siguiente, según datos del Ministerio de Sanidad. 
CUADRO Nº 48. GASTO PRESTACIÓN FARMACÉUTICA AMBULATORIA 
(miles de euros) 
Recetas    Gasto 
Entidad 
Total 2018  ∆ (%)    Total 2018  ∆ (%) 
CLM  44.401.786  1,71    511.060  3,30 
Total CCAA y Ciudades  946.691.450  1,55    10.506.069  2,72 
Autónomas 
 
La evolución de los datos de prescripción por principio activo en CLM, tendencia que se mantiene 
como objetivo institucional, se muestra en el cuadro que figura a continuación, elaborado a partir 
de datos recibidos del SESCAM. 
CUADRO Nº 49. PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS POR PRINCIPIO ACTIVO  
(miles de euros y número) 
Concepto   2017  2018 
Importe medicamentos facturados (precio venta público)   550.032  565.164 
Recetas de medicamentos facturadas  42.762.962  43.422.033 
Recetas por principio activo  17.413.163  18.154.391 
% Recetas por principio activo  40,7  41,8 
Importe Recetas por principio activo  116.207  120.264 
% Importe Recetas por principio activo  21,1  21,9 
El incremento global del gasto de la prestación farmacéutica a través de receta es de un 3,5 % 
respecto al ejecutado en 2017 y está motivado por el continuo crecimiento de dos subgrupos 
terapéuticos:  antidiabéticos  y  antitrombóticos  (el  aumento  ha  sido  de  un  8  %  y  un  16  %  s
respectivamente) al ser terapias con elevada prevalencia de uso, en las que progresivamente se  e.
está incrementando la población tratada con los medicamentos de más reciente introducción.  w.
 
En 2018, el SESCAM reconoció obligaciones por importe de 535.419 miles de euros derivadas del 
gasto de facturas de recetas médicas, presentadas mensualmente por los respectivos Colegios 
Provinciales Farmacéuticos (correspondientes al periodo enero a diciembre de 2018), habiendo 
sido abonadas en el ejercicio.  
La revisión de la facturación de las recetas presentadas por los mencionados colegios oficiales dio 
lugar a la devolución de 15.816 recetas, por un importe de 267 miles de euros.  
2.  Sostenibilidad del gasto farmacéutico 
El título VII de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad regula la transparencia y 
sostenibilidad del gasto sanitario, estableciendo para las CCAA la obligación de remisión periódica 
al  MINHAFP  de  la  información  correspondiente  al  gasto  farmacéutico  hospitalario,  gasto  en 
productos farmacéuticos y sanitarios (con y sin recetas médicas u orden de dispensación) y el 
gasto en inversiones reales en el ámbito sanitario, así como las medidas (y grado de avance) para 
mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario. 
Además, el artículo 113 de la citada Ley crea un Instrumento de Apoyo a la Sostenibilidad del 
Gasto Farmacéutico y Sanitario de las CCAA, de adhesión voluntaria. Una vez producida la 
adhesión, la variación interanual a ejercicio cerrado del gasto farmacéutico, tanto hospitalario 
como en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de dispensación, y el 
gasto farmacéutico, tanto hospitalario como en productos farmacéuticos y sanitarios sin recetas 
médicas u orden de dispensación no puede ser superior a la tasa de referencia de crecimiento del 
PIB de medio plazo de la economía española previsto en el artículo 12.3 de la LOEPSF. 
Posteriormente,  por  Acuerdo  de  la  CDGAE  de  31  de  marzo  de  2016,  sobre  condiciones 
adicionales a cumplir por las CCAA adheridas al Fondo de Financiación a CCAA, compartimento 
FLA 2016, se indica que aquellas que incumplieran el objetivo de déficit de 2015, situación en que 
se encontraba CLM, debían adherirse al citado instrumento de apoyo para poder disponer de los 
fondos asignados para el segundo trimestre del citado 2016. 
CLM se adhirió en 2016 al Instrumento de Apoyo a la Sostenibilidad del Gasto Farmacéutico y 
Sanitario por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de mayo de 2016, y mediante Adenda de 18 
de mayo de 2016 al protocolo de colaboración entre la Administración General del Estado y 
Farmaindustria.  
En  relación  con  el  FLA  2017,  por  Acuerdo  de  la  CDGAE  de  2  de  marzo  de  2017,  sobre 
condiciones adicionales a cumplir por las CCAA adheridas al Fondo de Financiación a CCAA, 
compartimento FLA 2017, se establecía que aquellas debían cumplir, para poder disponer de los 
nuevos fondos, además de con el resto de condiciones establecidas hasta el momento, también 
con las nuevas incluidas en el citado acuerdo entre las que se encontraba (condición número 27) 
la adhesión al Convenio de colaboración suscrito por la Administración General del Estado con 
Farmaindustria el 29 de diciembre de 2016, conforme al procedimiento de adhesión que se 
establezca.  
CLM ha asumido el compromiso de implementación de dicha condición en los PA aprobados para 
2017 (compromiso 47, firma del protocolo de colaboración suscrito entre la Administración General 
del Estado y Farmaindustria con fecha 4 de noviembre de 2015) y 2018 (compromiso 46, adhesión 
al convenio de colaboración suscrito por la Administración General del Estado con Farmaindustria  s
el 29 de diciembre de 2016, así como a sus posteriores renovaciones), sin que al cierre de 2019  oe.
ello se hubiera llevado a cabo, tal como se indica en el epígrafe II.7.2.  w.
 
 
En el cuadro siguiente se recogen los principales datos sobre el gasto devengado neto y la tasa 
de variación interanual de la CA (publicados por el Ministerio de Hacienda). 
CUADRO Nº 50. GASTO FARMACÉUTICO Y SANITARIO DEVENGADO EN CLM 2018 
(miles de euros) 
Serie Gasto en productos  Serie Total Gasto 
Serie Gasto 
farmacéuticos y sanitarios  en productos 
  farmacéutico 
por recetas médicas u  farmacéuticos y 
hospitalario 
orden de dispensación  sanitarios 
Gasto devengado neto  274.092  517.222  998.517 
Tasa variación interanual (%)  7,8  2,6  4,1 
Por tanto, en todos los indicadores sobre gasto en productos sanitarios y farmacéuticos de CLM 
se muestra un crecimiento por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio 
plazo de la economía española para 2018, establecida en el 2,4 %. 
G)  INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO SANITARIO  
El artículo 4.4 del RD 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, 
se  refiere  específicamente  a  la  preservación  de  las  garantías  durante  la  instalación  de  los 
productos y durante el tiempo que permanecen en funcionamiento en los centros sanitarios, 
estableciendo  que  los  productos  deberán  estar  correctamente  instalados  y  ser  mantenidos 
adecuadamente de forma que se garantice que, durante su período de utilización, conservan la 
seguridad y prestaciones previstas por su fabricante.  
1.  Gestión del equipamiento sanitario tecnológico por el SESCAM 
La gestión del equipamiento sanitario tecnológico de las diferentes unidades del SESCAM se lleva 
a  cabo  de  manera  descentralizada,  es  decir  por  cada  gerencia,  mediante  el  Sistema  de 
Información para la Gestión de Mantenimiento e Inventario Asistido por Ordenador (GMAO). De 
las verificaciones realizadas resulta que el GMAO presenta importantes deficiencias, entre las que 
destacan las siguientes: 
  No estar conectado con el inventario de los servicios centrales del SESCAM, por lo que los 
datos que se manejan en GMAO y dicho inventario pueden no coincidir ni responder a los mismos 
criterios clasificatorios. Ello implica una debilidad importante en el cumplimiento de las funciones 
de supervisión y control del patrimonio y el desarrollo, ejecución y seguimiento de las inversiones 
de  obras,  instalaciones,  equipamientos  y  en  tecnologías  de  la  información  de  los  centros 
dependientes del SESCAM que tiene atribuida su Secretaría General por el Decreto 166/2015, de 
14 de julio. En este sentido, cabe destacar que el último control de inventario del equipamiento 
sanitario tecnológico data de 2016 e incluía solamente la alta tecnología, quedando el control de 
otros equipamientos de tecnología no tan avanzada diferido en el tiempo. Todas las actuaciones 
relativas a este control están soportadas exclusivamente en un correo electrónico de fecha 10 de 
noviembre de 2015, sin que existieran actuaciones formales al respecto y sin que consten los 
resultados obtenidos del mismo.  e
  Al menos los campos de esta aplicación referidos a la criticidad del activo, la fecha de  742ww
rgeevsistiioónna edno se. l inventario y la última revisión en el inventario no incluían información de los activos
 
  Existen bienes a los que se asigna un mismo número de inventario, sin que la aplicación 
tuviera limitaciones a este respecto. 
  Los bienes no están distribuidos en un número limitado y regulado de categorías, sino que 
aparecen según la denominación que el usuario correspondiente le diera en el momento de 
registrarlo, sin que la aplicación incluya categorías estándar. 
  La  introducción  y  gestión  de  los  bienes  no  se  encuentra  soportada  por  instrucciones 
internas. 
  La Orden de 18/07/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, de modificación 
de la Orden de 18/12/2012, de las Gerencias de Atención Integrada del SESCAM, supuso una 
reforma de la estructura orgánica del mismo, simplificando las estructuras administrativas, lo que 
provocó la desaparición de determinadas gerencias, pese a lo cual, la información incluida en 
GMAO no  está  adaptada  a  dichos  cambios,  por  lo  que  la  asignación  de  los bienes  no se 
corresponde a la estructura fijada por dicha norma de 2013, lo que puede provocar disfunciones 
sobre la gestión de determinados activos. 
  En documentación de marzo de 2016 se manifestaba la necesidad de contratar un servicio 
de soporte y mantenimiento de esta aplicación, que no se llevó a cabo finalmente51.  
2.  Equipamiento sanitario de alta tecnología 
Cabe indicar que el SESCAM puso en marcha el Plan de Renovación de Alta Tecnología Sanitaria 
en CLM 2016-2021, con una dotación de 27.851 miles de euros, con objeto de la renovación o, en 
su  caso,  sustitución  de  equipos  para  ofrecer  una  mayor  vida  útil,  añadiendo  nuevas 
funcionalidades a los equipos instalados.  
El Plan abarca tanto equipos de media como alta tecnología y tiene carácter dinámico, debiendo 
adaptarse a la realidad de manera periódica, sin embargo, no se han producido las revisiones 
anuales del mismo que en él se establecen, ni tampoco se ha elaborado un cronograma con las 
dotaciones  presupuestarias  anuales  necesarias  para  su  consecución.  Asimismo,  el  Plan  no 
incluye suficientes aspectos relativos a su evaluación (órgano encargado de llevarla a cabo, 
periodicidad, indicadores). 
Si bien en España no existe legislación para la gestión del ciclo de vida de la tecnología sanitaria, 
sí se cuenta con unos criterios generalmente aceptados a nivel internacional (o reglas de oro). Así, 
estos establecen que hasta el 60 % del equipamiento habría de tener una antigüedad inferior a 5 
años, el 30 % situarse entre 5 y 10 años y es deseable que solo el 10 % supere esta vida en 
activo.  Lógicamente,  las  estimaciones  generales  anteriores  se  verán  afectadas por  el  grado 
particular de utilización de cada equipo. 
 5 1   E  n    la  s   a  l e g  a  c i o n  e  s   s  e    in  d i c  a   q  u  e   este servicio se contrató en 2019 (con posterioridad al ejercicio fiscalizado) y sin
incluir documentación acreditativa de ello.
 
 
En el siguiente cuadro se recogen los datos sobre antigüedad del equipamiento sanitario de alta 
tecnología de CLM, según información suministrada por el SESCAM. Además, en el informe sobre 
el perfil tecnológico hospitalario y propuestas para la renovación de tecnologías sanitarias 2019, 
se ofrecen los datos sobre este mismo asunto de que disponía la  Federación Española de 
Empresas de Tecnologías Sanitarias (FENIN) al cierre de 2018. Unos y otros se recogen a 
continuación. 
CUADRO Nº 51. EQUIPAMIENTO CLM 2018 
(en porcentaje) 
SP España según FENIN     CLM según FENIN     Datos del SESCAM 
Tipo de equipamiento 
<5 años  5-10 años  >10 años    <5 años  5-10 años  >10 años    <5 años  5-10 años >10 años 
Tomografía 
34  29  37    42  6  52    34  6  60 
Computarizada 
Resonancia Magnética  38  23  39    33  21  45    67  8  25 
Sala de Hemodinámica  35  30  35    47  0  53    0  0  0 
Angiografía (Vascular 
35  30  35    47  0  53    44  11  45 
intervencionista) 
Acelerador Lineal de 
36  42  22    11  56  33    25  0  75 
Partículas 
Tomografía por emisión 
29  39  32    0  0  100    0  0  100 
de positrones 
Mamógrafo  30  27  39    37  21  42    63  6  31 
Ecógrafos  37  29  34    36  24  40    27  29  44 
Radiología Convencional  23  15  62    14  8  77    8  20  72 
Monitorización de 
20  24  56    19  28  53    29  25  46 
pacientes críticos 
Soporte Vital 
(respiradores y sistemas  11  19  70    5  14  82    17  21  62 
de anestesia) 
Terapias de Calor 
(incubadoras y cunas  10  13  77    10  9  80    11  19  70 
térmicas) 
Sistemas Digitales de 
N/D (*)  N/D (*)  N/D (*)    15  29  56    32  19  49 
Inyección de Contraste 
Endoscopia Flexible  53  26  21    46  32  22    30  33  37 
 (*)  N/D: No disponible 
De los datos que aparecen en el cuadro anterior se pueden extraer algunas conclusiones sobre el 
grado  de  obsolescencia  del  equipamiento  de  la  CA,  por  contraste  con  los  estándares 
generalmente aceptados antes expuestos: 
  Según  datos  de  ambas  fuentes  (FENIN  y  SESCAM),  la  CA  no  respeta  los  criterios 
deseables de antigüedad antes descritos en ninguna de las categorías de equipamiento.  
  Según datos de FENIN, los bienes en activo con más de diez años de utilización en la CA  es
superan, en todas las categorías salvo “monitorización de pacientes críticos”, a los del conjunto  bo
del sector público sanitario español.  742ww
 
  El equipo de “tomografía por emisión de positrones” con que se cuenta supera los diez años 
al cierre del ejercicio fiscalizado, frente al 32 % de estos equipos en el sector público sanitario 
español y el 10 % deseable. 
  Aunque los bienes integrantes de las categorías “sistemas de soporte vital” (respiradores y 
sistemas de anestesia) y “terapia de calor” (incubadoras y cunas térmicas) están menos ligados a 
los avances tecnológicos, por lo que podrían tener un tiempo de vida útil algo superior al resto de 
las  categorías,  el  28  %  de  los  bienes  pertenecientes  a  la  primera  categoría  presenta  una 
antigüedad superior a los 15 años (34 % en el conjunto del sector público sanitario español), al 
igual que el 32 % de la segunda (40 % en el sector público sanitario español), según datos de 
FENIN. El SESCAM atribuye una antigüedad superior a diez años a más del 62 % de este tipo de 
equipamiento. 
  Según los datos suministrados por el SESCAM, este no conocía la fecha de entrada en 
funcionamiento de 14 de los 67 equipos de Sistema de Inyección. 
  Es destacable la antigüedad superior a diez años en más del 70 % de los equipos de 
radiología convencional, según ambas fuentes. 
H)  CALIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA EN LAS PRESTACIONES Y GASTO SANITARIO 
1.  Listas de espera  
La evolución de las listas de espera a lo largo del año 2018 ha mostrado una disminución a nivel 
global, pasando de una cifra de 93.535 pacientes en espera al cierre de diciembre de 2017, a 
88.470 en la misma fecha de 2018, lo que supone un decremento de 5.065 personas (5,4 %). 
De acuerdo con la información del Ministerio de Sanidad, los datos más relevantes sobre las listas 
de espera en CLM son los siguientes. 
CUADRO Nº 52. LISTAS DE ESPERA 
Media Sistemas 
   CLM 
Salud CCAA 
Tasa de pacientes en espera quirúrgica por 1.000 habitantes (%)  18  14,8 
Tiempos medios de espera quirúrgica (días)  134  129 
Porcentaje  de  pacientes  con  más  de  seis  meses  de  espera  35,8  20 
quirúrgica (%) 
Tasas  de  pacientes  en  espera  para  consultas  (*)  por  1.000  24,6  62,5 
habitantes (%) 
Tiempo medio de espera para consultas (*) (días)  41  96 
Porcentaje  de  pacientes  con  más  de  60  días  de  espera  para  22,2  43,8 
consultas (*) (%) 
(*)   Consultas especializadas 
A 31 de diciembre de 2018, el número total de pacientes en espera estructural quirúrgica en CLM  e
ascendía a 34.779, destacando tanto el mayor tiempo medio de espera como el mayor porcentaje  bo
de pacientes con más de seis meses de espera, en ambos casos, sobre la media de los servicios  742ww
dsoeb srea l2u0d1 d7e ( 1to6d3a dsí alas)s.  CCAA. No obstante, el tiempo medio de espera quirúrgica ha disminuido
 
 
En  la  fecha  señalada,  el  número  total  de  pacientes  pendientes  de  una  primera  consulta 
especializada era de 47.634 y el tiempo medio de espera para acceder a ella era de 41 días, muy 
inferior al de la media nacional. Por su parte, el porcentaje de pacientes que esperaba más de 
sesenta días para la consulta fue del 22,2 %, frente al 43,8 % de media nacional. Este tiempo 
medio de espera sufre una mejora respecto a 2017 (46 días). No obstante los datos anteriores, se 
observa cómo, por ejemplo, para el Complejo Hospitalario de Toledo, el incremento de las listas 
quirúrgicas es destacable en algunas especialidades como traumatología, en la que el tiempo 
medio de espera se situaba en 2018 en 236 días. 
Las listas de espera para técnicas diagnósticas también habrían acusado un descenso al cierre de 
2018 (6.057 pacientes frente a los 7.466 de 2017). 
A  las  citadas  disminuciones  de  la  lista  de  espera  (quirúrgica  y  técnicas  diagnósticas)  ha 
contribuido la derivación de pacientes a centros privados, medida recurrente y con tendencia al 
alza tal y como se muestra a continuación, que el SESCAM achaca a la falta de personal 
especializado en procedimientos y técnicas diagnósticos (especialmente ecografía). 
CUADRO Nº 53. EVOLUCIÓN DE DERIVACIONES 2017-2018 EN LA CA 
(nº de pacientes) 
Variación 
Derivaciones  2017  2018 
(%) 
Quirúrgica  4.449  4.577  2,9 
Técnicas diagnósticas  55.923  61.268  9,6 
Total  60.372  65.845  9,1 
Por otra parte, la Ley 3/2014 de 21 de julio de garantía de la atención sanitaria y del ejercicio de la 
libre elección en las prestaciones del SESCAM establece: 
  En  su  artículo  3,  en  relación  con  los  tiempos  máximos  de  respuesta,  la  regulación 
reglamentaria de los niveles de priorización y tiempos mínimos, la cual seguía sin dictarse al cierre 
de 2019.  
  En el artículo 9, la obligación de elaboración por parte de la Consejería responsable de la 
gestión  sanitaria  de  un  informe  anual  de  listas  de  espera  para  su  remisión  a  la  Comisión 
competente de las Cortes de CLM en el primer semestre del año natural, sin que se hayan 
acreditado tal remisión referente a los ejercicios 2017 y 2018.  
2.  Aplicaciones dirigidas a la gestión de los datos clínicos de los pacientes 
En el ejercicio 2017 y anteriores se llevaron a cabo actuaciones para coordinar y potenciar la 
utilización de los sistemas de información clínico asistencial tanto de atención especializada como 
de atención primaria. Durante el ejercicio fiscalizado se mantiene la deficiencia relativa a la 
heterogeneidad en la identificación de pacientes en los hospitales, al no existir aún un número de 
historia clínica homogeneizado para todos ellos.  
3.  Libre elección de los servicios sanitarios  e.
El artículo 4 de la Ley 3/2014, de 21 de julio de garantía de la atención sanitaria y del ejercicio de  742ww
llaa  lliibbrree  eelleecccciióónn  edne  lamsé dpirceos tadcei ofanmesil idae, lp SeEdiSaCtraA My , eensftearbmleecroe  deenn etrl oá mdeb itlao  mdeis lma aa tzeonncaió nb ápsriicmaa rdiae 
saaclruedd itya,d eon l oesl  mámedbiiotos  dueti lilzaa daotesn (ceiónnc uheosstapsit adlaer icaa, lildaa ldib ure o etrloesc)c ipóanr ad ec ocnetnratrsota. rE lla S sEaStisCfaAcMc iónno  dheal 
 
usuario con la atención recibida y otras variables que pudieran originar una mayor demanda de los 
servicios de determinados centros en detrimento de otros, lo que motivaría una mayor dotación de 
recursos a los primeros, en aras a una más eficiente planificación. 
En este sentido, el artículo 69 de la citada ley establece, entre las funciones del SESCAM, la de 
realizar “la óptima distribución de los medios económicos afectos a la financiación de los servicios 
y prestaciones sanitarias asistenciales que le asigne el Sistema Sanitario de CLM”.  
4.  Indicadores de actividad de las Gerencias 
Con carácter anual, en los acuerdos de gestión que se establecen con las gerencias, se pactan 
indicadores de actividad en relación a estándares del SESCAM, dirigidos a mejorar la capacidad 
resolutiva y los tiempos de atención o incremento en actividad”. 
De acuerdo con el punto quinto de la Resolución de la Dirección Gerencia del SESCAM, sobre 
complemento de productividad anual por incentivos del personal, de 26 de enero de 2015, el 
treinta por ciento de la productividad anual por incentivos corresponde a los objetivos de las 
gerencias incluidos en el contrato de gestión y en la propia resolución. A diferencia del informe de 
evaluación de los resultados de 2015, donde aparece anexo un detalle de los objetivos previstos 
en la citada resolución (relativos a las perspectivas de eficiencia, del cliente, de procesos y de 
innovación), el correspondiente a 2016 (último llevado a cabo al cierre de 2018), no presenta dicho 
detalle, lo que impide la necesaria correlación con los objetivos e indicadores previstos en la 
resolución citada. 
5.  Percepción de la calidad del servicio de atención primaria por los usuarios 
En el siguiente cuadro se muestra, de acuerdo con los datos ofrecidos en los estudios 8817 y 
8818 del Centro de Investigaciones Sociológicas (Barómetros Sanitarios 2017 y 2018), la opinión 
de los ciudadanos sobre la atención recibida en las consultas del médico de cabecera (o de 
familia) de la sanidad pública de CLM. 
CUADRO Nº 54. OPINIÓN DEL USUARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
(en porcentaje) 
  2017  2018 
Buena / muy buena  85  87,6 
Regular / mala  13,5  11,6 
Muy mala  1,5  0 
No sabe/ no contesta  0  0,8 
En el ejercicio fiscalizado aumentan las opiniones favorables obtenidas en un 2,6 % respecto a 
este servicio. 
6.  Atención primaria 
De acuerdo con los datos suministrados por el SESCAM, la ratio de pacientes vistos por médico 
de  atención  primaria  y  día,  en  el  ejercicio  fiscalizado,  asciende  a  34,77,  por  encima  de  la  e.
generalmente recomendada de 28.  w.b
Por su parte, la ratio de pacientes vistos por personal de enfermería por día se situó en 22,59.
 
 
II.7.6.  Gasto educativo no universitario  
El artículo 37 del EA para CLM, atribuye a la CA la competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución, sin perjuicio de las facultades que 
se atribuyen al Estado y a la Alta Inspección para su cumplimiento y garantía. Asimismo, en virtud 
de la asunción de competencias educativas transferidas mediante el RD1844/1999, de 3 de 
diciembre, el Consejo de Gobierno de la JCCM atribuye las competencias, funciones y servicios 
asumidos por la CA en materia de enseñanza no universitaria a la Consejería de Educación. 
Tras el dictado de la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), la CA procedió a aprobar la 
Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de CLM. No obstante, la ley autonómica no ha sido 
actualizada tras las importantes modificaciones operadas en la LOE por la LO 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 
Según el artículo 3 de la LO 2/2006, el sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados, 
cursos y niveles de enseñanza. La educación primaria y la educación secundaria obligatoria 
constituyen la educación básica, obligatoria y gratuita para todas las personas. Así, el número de 
centros públicos, privados concertados y privados de la CA dedicados a esta enseñanza y el de 
alumnos en cada uno de los tipos de centro anteriores, aparece en el cuadro siguiente. 
CUADRO Nº 55. CENTROS Y ALUMNOS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
(en número) 
2016/17    2017/18    2018/19 
Curso 
Educación 
Centros  Alumnos  Centros  Alumnos  Centros  Alumnos 
Pública  865  174.537    863  175.138    867  175.644 
Concertada  109  40.534    109  40.918    109  40.935 
Privada  9  2.137    9  2.254    9  2.369 
Según la información provincial suministrada, la CA cumplía en todos sus centros públicos las 
ratios máximas de alumnos por aula establecidas en el artículo 157.1.a) de la LOE para la 
enseñanza  obligatoria  (25  para  la  educación  primaria  y  30  para  la  educación  secundaria 
obligatoria). En los centros privados y concertados también se cumplen en general, aunque con 
ligeras desviaciones en algunos casos52.  
En el RD-L 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el 
ámbito educativo, se contemplaba la posibilidad de elevar las ratios establecidas en el citado 
artículo 157.1.a) de la LOE, en determinadas circunstancias, si bien los centros cumplían sin tener 
en cuenta dicha posibilidad (que posteriormente desapareció con la entrada en vigor de la Ley 
4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la 
enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, aplicable desde el curso 2019/20, que 
d erogaba los correspondientes artículos del RD-L). 
 5p 2r  o E v ni nt r ce i a  e  dl l oe s   G  p u u ae d d ae  lna   j am r ae  ,n   cc io o nn   a u rn s ae      lroasti oc ednet ro2s7 ,4p4ri veand opsr imcoanrciae,r tya dlooss  cdeen etrdousc parcivióand oinsf adneti le, dpuricmaacrióian  yi nsfaencutiln, dparrimia aernia  lay   2021-14742n https://ww
secundaria en la provincia de Ciudad Real, con una ratio de 27,33 también en primaria.
 
A)  EDUCACIÓN Y GASTO PÚBLICO 
Los recursos públicos destinados a la educación no universitaria en la CA en los ejercicios 2017 y 
2018 se muestran en el cuadro siguiente. 
CUADRO Nº 56. GASTO ENSEÑANZA PÚBLICA NO UNIVERSITARIA 
(miles de euros) 
Obligaciones Reconocidas  2017  2018 
Infantil y Primaria  568.313,8  596.594,8 
Educación Secundaria y Formación Profesional   568.743,6  599.033,3 
Enseñanzas de Régimen Especial  43.652,4  58.468,5 
Educación Especial  134.310,8  142.847,1 
Educación de Adultos  22.834,2  25.113,9 
Servicios Complementarios (Comedor, Residencia y transporte escolar)  33.359,2  34.381,2 
Educación Compensatoria  0  0 
Actividades extraescolares y anexas  3.397,8  3.686,6 
Formación y perfeccionamiento del profesorado  1.808,5  1.536,4 
Investigación educativa  0  0 
Becas y ayudas  0  0 
Gastos de la Administración General   32.928,1  28.281,1 
Total  1.409.348,4  1.489.942,9 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
El principal componente del gasto en los centros públicos de educación es el relativo al personal 
docente, que se viene situando por encima del 85 %.  
B)   SISTEMAS DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 
La CA, en el ejercicio de sus competencias, dictó el Decreto 77/2002, de 21 de mayo, que regula 
el régimen jurídico de la autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos no 
universitarios, norma que fue desarrollada por la Orden conjunta de las Consejerías de Economía 
y Hacienda y de Educación y Cultura de 9 de enero de 2003. 
La Consejería no contaba con un plan de control propio (al margen del control financiero de la 
Intervención  General),  ni  con  un  manual  aprobado  para  sistematizar  sus  actuaciones  s
verificadoras,  ello  pese  a  que  la  Orden  mencionada  recogía  que  a  través  de  las  cuentas  oe.
consolidadas, la DG de Centros Educativos y Formación Profesional procedería a la evaluación de  w.
llcaau  mgSepeslcitmiróeinet anertcioao  dnGeó melanicsea raa dcl etuT laoécsci nocinceeans.t  roaPspo,r ors binsa udp aepsrja ueritncei o,e  ld ePel lla Sanen rádvleiisc iAisoc  ctudoaenc taiIóbnnlse pp qereucvceii sóctnoo r redenes  paoEpndlidcueac cariceóianól nizd,a er e laon    2021-14742n https://ww
dispuesto en el artículo 163 de la Ley 7/2010, y dentro de las tareas relativas al seguimiento y
 
 
evaluación del funcionamiento de los centros educativos, tiene encomendada la supervisión de los 
documentos de organización y gestión de los centros educativos.  
El artículo 5 del Decreto 77/2002 señala la necesidad de que los centros docentes cuenten con un 
presupuesto. En 2018, 204 centros aprobaron sus presupuestos fuera del plazo establecido en el 
artículo 6 del Decreto anterior y otros cinco no llegaron a aprobarlos.  
Aunque la Orden conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación y Cultura 
de 9 de enero de 2003, dispone que la Cuenta de Gestión de cada centro, con diligencia de 
aprobación por el Consejo Escolar, debe remitirse, en la primera quincena del mes de febrero del 
ejercicio siguiente, a la Delegación Provincial respectiva de la Consejería, 27 centros aprobaron la 
relativa al año 2018 fuera de plazo. En relación con la cuenta de 2019, este número ascendió a 31 
(a tres de ellos se les hubo de requerir su envío) y dos no la llegaron a presentar, pese a serles 
requeridas, sin que se hayan acreditado actuaciones posteriores sobre estos últimos.  
En relación con lo anterior y tras la redacción otorgada a la LOE por la LO 8/2013, de 9 de 
diciembre, el director del centro pasa a ser competente para la aprobación, recogida en su artículo 
122, de la ordenación y utilización de sus recursos, tanto materiales como humanos, a través de la 
elaboración  de  su  proyecto  de  gestión,  lo  que  ha  sido  entendido  por  las  Administraciones 
educativas como equivalente a la aprobación del presupuesto y de la cuenta de gestión, debiendo 
solo el Consejo Escolar realizar una “evaluación” (no aprobación), en términos del artículo 127, 
sobre dichos documentos. Ello, en relación con la cuenta sobre la gestión, conlleva una rebaja 
sustancial de las funciones encomendadas a dicho órgano por el vigente artículo 119 de la citada 
LO, donde se indica que “las Administraciones educativas garantizarán la intervención de la 
comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos a 
través del Consejo Escolar”. Además, se genera una diferencia con los centros concertados, 
donde se mantiene la necesidad de aprobación de la cuenta por parte de dicho Consejo. 
La CA ha indicado que su normativa reguladora de la gestión económica (Decreto y Orden), de 
redacción anterior a la LO 8/2013, mantiene las competencias atribuidas inicialmente al Consejo 
Escolar, dado que las atribuciones realizadas a los directores de los centros por el artículo 132.j 
de la LO 2/2006 no se han visto alteradas, señalándose que “la aprobación del presupuesto y de 
la cuenta de gestión de los centros docentes por parte de un órgano colegiado, añade un mayor 
rigor y transparencia a la gestión económica de los centros docentes, y potencia la efectiva 
participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la gestión de los mismos”, 
argumento en el cual se coincide. No obstante, ello pone de manifiesto, por un lado, la posible 
ilegalidad de las normas reglamentarias autonómicas, al no respetar lo dispuesto en una norma de 
rango superior, y, por otro, la diferente interpretación (y aplicación) que están haciendo las CCAA 
de estos preceptos. 
Según la Orden conjunta antes citada, la cuenta consolidada del ejercicio económico de todos los 
centros debe ser remitida a la DG de Centros Educativos y Formación Profesional, antes del 30 de 
abril, quien formará la cuenta consolidada de todas las Delegaciones Provinciales y la remitirá a la 
Consejería de Economía y Hacienda antes del 30 de junio, a efectos de su posterior control por 
los órganos competentes. La cuenta correspondiente a 2018 fue elaborada el 20 de febrero de 
2020, por lo tanto fuera del plazo previsto y con mayor retraso que el sufrido en la cuenta de 2017, 
sin que se haya acreditado su posterior remisión a la Consejería de Economía y Hacienda. 
Se mantiene la situación en el ejercicio fiscalizado de ausencia de verificaciones tendentes a  s
comprobar que los centros mantienen un inventario de bienes y derechos completos, valorado y  oe.
aDPcoetrru eaoclthizrooas d load,de no lai,  s lCeaA sll .e c vuae an tcaasb aon uunaale isn tedgerla ecijóenrc aicniou afli sdcea leizsatodso  enno e li nIncvlueynetna riion fGoremnaercaiól nd es Bobiernee slo ys   2021-14742n https://www.
rpielasngtoesa deon s orbelraec eiól na scuonnto  eqlu reie sseg oe xepcoonneó am cicoon tipnauraac iólan .C  A derivado de la resolución del litigio  BOE-A-cable e
 
Al  amparo  de  la  previsión  contenida  en  la  LP  de  CLM  para  2012,  quedaba  suspendida  la 
aplicación del Acuerdo publicado mediante Resolución de 15 de marzo de 1994, de la DG de 
Personal y Servicios, en lo concerniente al abono en concepto de vacaciones de julio y agosto 
para las sustituciones de más de 5 meses y medio, así como para las vacantes, por lo que, al 
personal  docente  no  universitario  interino,  se  le  pasaban  a  abonar  las  vacaciones 
correspondientes a 22 días hábiles si el nombramiento como interino fue por curso completo, o, de 
los días que proporcionalmente correspondan si el tiempo de servicio durante el año fue menor. 
El  cese  del  personal  interino  docente  coincidiendo  con  la  finalización  del  curso  escolar  fue 
cuestionado, por suponer un trato desigual no justificado respecto a los funcionarios docentes fijos 
o de carrera, lo que ha dado lugar a distintas acciones litigiosas por particulares. Así, al cierre del 
ejercicio fiscalizado, estaba pendiente de resolución el recurso de casación ante el Tribunal 
Supremo n° 1930/17, planteado contra la Sentencia n° 5/2017, de 16 de enero del Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  CLM.  No  obstante  lo  anterior,  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo 
2480/2019, de 9 de julio, desestimó el recurso, en contra de los intereses de los particulares 
demandantes. 
 
C)  LA GESTIÓN DE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS 
1.  Los módulos económicos 
De acuerdo con el artículo 117 de la LOE, la cuantía global de los fondos públicos destinados al 
sostenimiento  de  los  centros  privados  concertados,  para  hacer  efectiva  la  gratuidad  de  las 
enseñanzas objeto de concierto, ha de establecerse en los presupuestos de las Administraciones 
correspondientes. A efectos de distribución de la cuantía global, el importe del módulo económico 
por unidad escolar ha de fijarse anualmente en los PGE y, en su caso, en los de las CCAA, no 
pudiendo en estos ser inferior al que se establezca en los primeros. En este sentido, el artículo 55 
de la LP para 2018 establece el módulo económico de distribución de fondos públicos para el 
sostenimiento de centros concertados. 
Pese a que el artículo 117 de la LOE señala que la cuantía global de los fondos públicos 
destinados al sostenimiento de los centros privados concertados, se basa en hacer efectiva la 
gratuidad de las enseñanzas objeto de concierto, la CA, al igual que se observó en el ejercicio 
precedente,  no  contaba  con  un  estudio  específico  para  la  fijación  de  los  módulos 
económicos. En la práctica, su configuración deriva del convenio colectivo del personal docente 
de la educación concertada (módulo salarial) y de la aplicación de los términos establecidos en la 
LPGE para los correspondientes a los módulos de gastos variables y otros gastos. 
En relación con las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente, el artículo 
117 de la LOE indica que deben posibilitar la equiparación gradual de su remuneración con la del 
profesorado público de las respectivas etapas. En el acuerdo marco de 2012 entre la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, los sindicatos y las organizaciones patronales de la enseñanza 
privada concertada, el diferencial máximo de retribuciones entre el profesorado de la enseñanza 
privada concertada con respecto al profesorado de la enseñanza pública se estableció en el 2 %, 
si bien, en acuerdos posteriores, se elevó al 3 %. En diciembre de 2014 se preveía recuperar el 
diferencial del 2 % en el ejercicio 2017, lo que no llegó a hacerse efectivo. En ese ejercicio, 
mediante acuerdo de 7 de agosto, se alude de nuevo al 3 %, siendo este el último acuerdo 
comunicado. 
 
 
2.  Control interno de la gestión de los centros docentes concertados 
La CA no realizaba actuaciones de oficio dirigidas a comprobar, directamente, si la enseñanza en 
estos centros se estaba realizando en condiciones de gratuidad para los estudiantes, teniendo 
encomendada la Inspección Educativa la actuación en los casos en que se recibiesen denuncias 
sobre el pago obligatorio por servicios prestados por los centros. 
Por otro lado, la nómina del personal docente de los centros concertados se elabora y gestiona 
directamente por la Consejería, en los términos que prevé el artículo 117 de la LOE (los salarios 
del  personal  docente  deben  ser  abonados  por  la  Administración  al  profesorado  como  pago 
delegado y en nombre de la entidad titular del centro). 
En relación con los procesos selectivos de contratación del personal de los centros concertados, 
el artículo 60 de la LO 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, indica que las 
vacantes del personal docente que se produzcan en los centros concertados han de anunciarse 
públicamente y que el Consejo Escolar del centro establecerá los criterios de selección, que 
deben atender básicamente a los principios de mérito y capacidad.  
En las instrucciones anuales dictadas para regular los distintos procedimientos que afectan a la 
gestión de la nómina de los centros concertados, se viene estableciendo la documentación a 
presentar por los centros cuando se produce el alta de un nuevo profesor (entre ella el certificado 
del Consejo Escolar antes aludido). No obstante, la CA no ha acreditado las comprobaciones 
efectivamente realizadas sobre la documentación que se debe remitir y las medidas dispuestas 
para detectar una potencial falta de remisión de la misma.  
Con  fecha  7  de  agosto  de  2017,  se  rubricó  acuerdo  entre  la  Consejería  de  Educación, 
Cultura y Deportes, los sindicatos, las organizaciones patronales y de titulares, sobre las medidas 
a  tener  en  cuenta  para  la  reordenación  y  el  mantenimiento  del  empleo  en  el  sector  de  la 
enseñanza privada concertada, en virtud del cual se crea la bolsa de recolocación del profesorado 
afectado por la reducción de unidades concertadas, teniendo los centros concertados la obligación 
de utilizar esta bolsa de recolocación cuando necesiten contratar nuevo personal.  
El régimen de justificación de las cantidades abonadas para gastos variables y otros se basa en el 
RD 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas 
sobre conciertos educativos. El procedimiento está desarrollado por la Instrucción de la Secretaría 
General  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deportes,  sobre  la  justificación  de  las 
cantidades  percibidas  por  el  concepto  "otros  gastos"  en  los  centros  privados  concertados, 
incumpliéndose el plazo de aprobación de las cuentas justificativas de los importes recibidos en 
2018 por parte de 31 centros. Además, diez centros enviaron la cuenta justificativa a la Consejería 
con posterioridad a la fecha límite para su remisión.  
Tal como señala el artículo 41 del RD anterior, los centros concertados están sujetos al control de 
carácter  financiero  de  la  IGAC.  En  este  sentido,  durante  el  ejercicio  fiscalizado,  no  se  ha 
comunicado la realización de controles. 
D)   LA EVALUACIÓN EDUCATIVA Y LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO 
Evaluación nacional 
Los  artículos  140  y  siguientes  de  la  LOE  regulan  la  evaluación  del  sistema  educativo,  e.
encomendando  la  misma  al  Instituto  Nacional  de  Evaluación  Educativa  y  a  los  organismos  w.
correspondientes de las Administraciones educativas que estas determinen en el ámbito de sus  742ww
cDoempopretete.n cias, que en el caso de la CA corresponde a la Consejería de Educación, Cultura y
 
El citado Instituto, en colaboración con las Administraciones educativas, elabora el Sistema Estatal 
de Indicadores de la Educación con los datos facilitados por las CCAA y coordina la participación 
del Estado español en las evaluaciones internacionales.  
La evaluación del sistema educativo se desarrolla en tres ámbitos: evaluaciones nacionales, 
evaluaciones internacionales e indicadores educativos, analizándose a continuación la nacional. 
Una de las principales modificaciones introducidas por la LOMCE fue las evaluaciones externas 
de fin de etapa. Una primera, al finalizar el tercer curso de Educación Primaria a partir del curso 
2014/15, para comprobar el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en 
expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas; otra evaluación, al 
finalizar sexto curso de Educación Primaria a partir del curso 2015/16, respecto al grado de 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las 
competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología;  y  finalmente,  otra  evaluación  con  efectos 
académicos al finalizar cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y segundo curso 
de Bachillerato, siendo necesaria su superación para obtener los correspondientes títulos a partir 
del curso 2016/1753. 
El Decreto 54/2014, de 10 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria 
en  CLM,  determina  en  su  artículo  10  que  los  centros  docentes  realizarán  una  evaluación 
individualizada a todos los alumnos y alumnas al final del tercer curso de Educación Primaria, 
según disponga la Consejería competente en materia de educación. En ella se comprobará el 
grado de dominio de las capacidades, destrezas y habilidades en expresión y comprensión oral y 
escrita,  en  cálculo  y  resolución  de  problemas,  para  valorar  el  grado  de  adquisición  de  la 
competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática. Igualmente, al finalizar 
el sexto curso de Educación Primaria, se realizará una evaluación final individualizada en la que 
se comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los 
objetivos de la etapa. El resultado de la evaluación final de etapa se expresará en cinco niveles. 
 
En el curso 2018/19 se obtuvieron peores resultados respecto del 2017/18 tanto en sexto de 
primaria como en cuarto de la ESO en las competencias matemáticas y sociales y tecnológicas, 
sin que se hayan comunicado los resultados respecto de la evaluación de tercero de primaria. 
A pesar de lo anterior, no se ha acreditado la puesta en marcha de programa o actuación 
específico ni la elaboración de planes de acción (por ejemplo, para los centros con peores 
resultados), que hayan sido aprobados formalmente, aunque en el transcurso de la fiscalización 
precedente se informó de la previsión de realizarlos durante el curso 2018/19.  
Además, en la memoria de actuaciones de la Inspección relativa al ejercicio 2018/19 (a la que se 
hace referencia en el subepígrafe siguiente), se recoge la necesidad de planificar de forma más 
sistemática las evaluaciones externas del alumnado (evaluación individualizada de 3º de Primaria 
y evaluaciones finales de 6º de Primaria y 4º de ESO), definiendo claramente el papel de la 
                                                 
53 No obstante, a través del RDL 5/2016, de 9 de diciembre, fue modificado el calendario de implantación previsto en la 
LOMCE para estas evaluaciones, de forma que, hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de  s
Estado social y político por la educación, la evaluación de sexto curso de Educación Primaria y la de final de la ESO  e.
serán  consideradas  muestrales  y  tendrán  finalidad  diagnóstica.  Asimismo,  se  estableció  que  la  evaluación  de  w.b
bachillerato no fuera necesaria para la obtención del título de bachiller, realizándose exclusivamente para el alumnado  742ww
q3p1uroe/2c e0qd2ue0ie , arda le aa  2sc9uc pedrdeee srsi óeanp  teiinesdmtuebdfirinoeisd,  apu odnrei ve ella rsqs uietaevr aisoleus a.a cdEioosnp edtasen  d dmee esfitdnaiadclaa drse  qu eurtgeae,p nact oepnsr  eepvnois settael srá ioemrnbid liotaosd   daaerlt  ílceauj eelordcsui c2cio1a  c(fisiósencx atnolioz d auedn oEiv,d eeurlsc iaRtacDriói-anL,  
Primaria) y 29 (cuarto de ESO) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
 
 
Inspección en dicho proceso, con una mayor implicación en la planificación y elaboración de las 
pruebas, así como una mejora en la difusión de la información a los centros54. 
Evaluaciones internacionales 
Existen  evaluaciones  externas  coordinadas  por  instituciones  como  la  Organización  para  la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o la Asociación Internacional para la Evaluación 
del  Rendimiento  Educativo  (IEA).  Entre  las  evaluaciones  internacionales  más  importantes 
destacan PISA55, PIRLS56 Y TIMMS57. 
Los resultados del informe PISA en las dos últimas ediciones (2015 y 2018) se muestran a 
continuación. 
CUADRO Nº 57. RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGÚN INFORME PISA 
   Puntuación 2015     Puntuación 2018 
CA CLM  España  OCDE     CA CLM  España  OCDE 
Matemáticas  486  486  490     479  481  489 
Ciencias  497  493  493     484  483  489 
Como puede observarse, en 2015 los resultados en las dos competencias señaladas se situaron 
al nivel o por encima de la media nacional y, en ciencias, por encima también del resultado de la 
OCDE. Sin embargo, en 2018, los resultados en matemáticas están por debajo de la media 
nacional y de la OCDE, situándose en ciencias también por debajo de la media de la OCDE. 
E)   LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 
Por Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e 
Investigación,  se  aprueba  el  Plan  General  de  Actuación  y  Formación  de  la  Inspección  de 
Educación  de  CLM  para  el  curso  2018/19,  así  como  la  Memoria  Anual  de  Inspección  de 
Educación del Servicio de CLM en el citado curso escolar. 
Según indica la resolución, el objetivo principal de estos planes generales es fijar las prioridades 
de actuación de la Inspección en el ámbito de la CA y servir de marco para que los distintos 
Servicios de Inspección propongan su propio Plan Provincial de Actuación. Los planes de Toledo y 
Ciudad Real, remitidos junto al resto con las alegaciones, no aparecen firmados ni fechados. 
                                                 
54 La CA señala, en las alegaciones, que, “Como consecuencia de estos resultados, se elaboró el Plan de Éxito 
Educativo y Prevención del Abandono Escolar Temprano en Centros Docentes sostenidos con Fondos Públicos en 
CLM, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno con fecha 9 de octubre de 2018”, sin que en este documento esté 
claramente vinculado con el papel de la Inspección educativa, aspecto este último recogido en el párrafo del Informe. 
55  Programme for International Student Assessment (PISA) es un estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial 
que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura. Su objetivo es proporcionar datos 
comparables que posibiliten a los países mejorar sus políticas de educación y sus resultados. Se realiza cada tres años 
y el último se realizó en 2018.  s
56 Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) es un estudio de la IEA que evalúa la comprensión lectora  o
de los alumnos en 4º de Primaria. Se realiza cada cinco años. El último se llevó a cabo en 2016.  w.
5md7e a Tt4erºme dnáedt isPc ariinsm  yaI nrcitaiee rnync a2iatºio sd npear lol amM EoaSvthOide omd peasotdirc elsa  e aIlE naAdñ  oqS u1ce9ie 9en5vc,ae laú uSan tlquaudsey c  eo(Tnm IMpneuSteeSsn)trc oiea sps a cuíson,g  enesisttitevua dasino eá nliin setiessr tsnaeas c rmieoaanltaiezlr aiad úsen  ditceea nmlodsee nnatcleuia mesn nteorens  
el alumnado de 4º de Educación Primaria. Se realiza cada cuatro años, el último en 2015.
 
La  propuesta  de  memoria  donde  se  recogieran  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  había  de 
presentarse para su análisis al Consejo Provincial de Inspección y, una vez informada por este, 
remitirse a la Inspección General de Educación antes del día 31 de julio de 2019, sin que la 
memoria remitida indique la fecha de informe ni de remisión. 
Entre las propuestas para el diseño del plan general de actuación del curso siguiente que se 
recogen en las memorias de los ejercicios 2015 y 2016, se encontraban la realización de un plan 
general de actuación breve, sencillo y realista. En la memoria del ejercicio fiscalizado se insiste en 
esta cuestión, al hablarse, por ejemplo, de la necesidad tanto de planes provinciales más realistas 
como  de  una  planificación  de  las  actuaciones  efectuada  de  forma  realista,  sin  que  se 
solapen  en  su  desarrollo,  sino  con  una  adecuada  y  proporcionada  distribución  en  los  tres 
trimestres del curso, de lo que se deduce el escaso avance en el periodo 2015-2018. 
 
De  las  81  plazas  incluidas  en  la  RPT  de  la  Inspección,  las  cuales  han  experimentado  un 
importante aumento frente a 2017, en que se contaba con 70 puestos, seis estaban vacantes, una 
cubierta mediante comisión de servicios y otras seis mediante sustituciones. 
F)   DESARROLLO DE LA LEY 7/2010 
Al  cierre  de  2019,  los  siguientes  preceptos  de  la  Ley  7/2010,  de  20  de  julio,  continuaban 
pendientes de desarrollo reglamentario: 
  El Registro de entidades colaboradoras en la enseñanza previsto en el artículo 135 y cuya 
inscripción se disponía en la Ley como requisito indispensable para acceder a las subvenciones o 
ayudas  públicas  que  convocase,  a  tales  efectos,  la  Consejería  competente  en  materia  de 
educación. A su vez, el artículo 13 preveía que las asociaciones del alumnado se inscribieran en 
dicho Registro. 
  La Oficina de evaluación prevista en el artículo 167. 
G)  INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS  
No se ha acreditado que la CA contara con un plan general de infraestructuras de la región que 
comprendiera el ejercicio fiscalizado. Aun no estando obligada a su elaboración en virtud de la 
normativa vigente, un plan de estas características serviría como documento programático y 
orientador para un determinado periodo y base para el desarrollo de los planes sectoriales (entre 
ellos, el de infraestructuras educativas).  
A diferencia de un plan general, durante el ejercicio fiscalizado la CA sí contaba con el Plan de 
Inversiones Educativas 2016-2019. Este plan, del que no consta su aprobación o visto bueno por 
el órgano competente, no contiene documentación explicativa de los objetivos en él recogidos. 
Con posterioridad, el 20 de febrero de 2019, se presenta el II Plan de Inversiones Educativas 
2019-2023, el cual adolece de las mismas carencias que el precedente. 
Los objetivos del Plan 2016-2019, con un presupuesto de 105.040 miles de euros, fueron: 
  Mejorar  las  condiciones  de  prestación  del  servicio  educativo,  eliminando  las  aulas 
prefabricadas preexistentes al inicio de esta legislatura. 
  Atender las nuevas necesidades de espacios derivadas de las medidas de bajadas de ratios  o
profesor/alumno.  742www.
d eficieRnecfioarsm caorn slotrsu cetidviafisc.i os con problemas de funcionalidad derivada de su  obsolescencia o
 
 
  Dinamizar la economía regional y generar empleo (las obras incluidas en el plan generarán 
más de 630 empleos directos e indirectos). 
No se ha acreditado la elaboración de un informe sobre el grado de consecución de los objetivos 
antes expuestos, lo que es especialmente relevante antes de la puesta en marcha de un nuevo 
plan.  
A 1 de abril de 2019, el 50 % de las 109 actuaciones (obras) previstas en el Plan 2016-2019 no 
estaban aún concluidas, destacando que el 5 % de las mismas no se habían iniciado. Las fechas 
en que estaba prevista su finalización figuran a continuación. 
CUADRO Nº 58. FECHAS PREVISTAS ACTUACIONES PENDIENTES PLAN 
(en número) 
Actuaciones (obras) no terminadas 
2017  2018  2019  2020 
Previsión final 
10  15  25  4 
En relación con el objetivo de mejorar las condiciones de prestación del servicio educativo, 
eliminando las aulas prefabricadas preexistentes al inicio de esta legislatura, el plan preveía 114 
eliminaciones, habiéndose completado 33 a la fecha antes indicada. 
II.7.7.  Igualdad efectiva de mujeres y hombres 
A)  MARCO GENERAL 
La legislación particular de la CA y los órganos encargados específicamente de la aplicación de 
las políticas de igualdad durante el ejercicio fiscalizado, se recogen a continuación: 
  Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres 
Maltratadas de CLM, hasta noviembre de 2018, momento que fue derogada por la Ley 4/2018, de 
8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en CLM. 
  Decreto 38/2002, de 12 de marzo, de las Consejerías de Bienestar Social e Industria y 
Trabajo, para la aplicación de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de prevención de malos tratos y de 
protección a las mujeres maltratadas. 
  Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación del IMUJ de CLM. 
  Decreto 252/2003, de 29 de julio (modificado en octubre de 2015), por el que se regula la 
organización y funciones del IMUJ de CLM.  
  Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de CLM. 
La exposición de motivos de la Ley 4/2018, promulgada en el último trimestre del ejercicio  e.
fiscalizado, recoge, entre los principios rectores que informan dicha norma, el enfoque integral y el  w.b
carácter transversal de las medidas, programas y planes frente a la violencia de género por todas  742ww
lsaasn itAadrimo,i nsiosctriaacl,i oentce.s).  Públicas  implicadas  en  los  diferentes  ámbitos  de  actuación  (educativo,
 
El IMUJ de CLM, de acuerdo con la Ley 22/2002, es el órgano encargado específicamente de la 
aplicación de las políticas de igualdad, sin perjuicio de las actuaciones de carácter transversal que 
se desarrollan por el resto de las unidades de la Administración regional. Durante el ejercicio 
fiscalizado disponía de un presupuesto definitivo de 18.294 miles de euros, del cual derivaron 
unas obligaciones finalmente reconocidas por importe de 16.959 miles. 
B)  CIFRAS SOBRE IGUALDAD 
Se recoge a continuación la distribución de los efectivos de la CA entre mujeres y hombres al 
cierre del ejercicio fiscalizado, según datos del Registro Central de Personal del Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública al cierre del ejercicio fiscalizado. 
CUADRO Nº 59. EFECTIVOS DE CLM. DISTRIBUCIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES  
(en porcentaje) 
Docencia  Instituciones  
Consejerías y sus OOAA  Total 
no Universitaria  Sanitarias 
Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  Mujer 
47  53  33  67  28  72  34  66 
El siguiente estado refleja la distribución por sexo de los altos cargos de la CA y de los consejos 
de administración autonómica y de las empresas públicas. 
CUADRO Nº 60. DISTRIBUCIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA ADMÓN. 
AUTONÓMICA, PARLAMENTO AUTONÓMICO Y S. REGIONALES 
(en porcentaje) 
Administración y puesto  Mujeres  Hombres 
Administración Autonómica  Consejeras/os  50  50 
Viceconsejerías, Direcciones y Secretarías Generales  37  63 
Sociedades regionales  Miembros Consejos Administración   21  79 
De los datos expuestos en el cuadro anterior, se aprecia la composición equilibrada, conforme se 
define en la DA primera de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (las personas de cada sexo no superen el 60 % ni sean menos del 40 % en el conjunto 
de  que  se  trate)  en  los  titulares  de  las  Consejerías.  Sin  embargo,  en  las  Viceconsejerías, 
Direcciones,  Secretarías  Generales  y  consejos  de  las  sociedades  regionales  Ente  público 
RTVCLM, GEACAM, GICAMAN, Instituto de Finanzas de CLM, SODICAMAN, Infraestructuras del 
Agua de CLM e ISFOC no se alcanzan los porcentajes de referencia.  
C)   ACTUACIONES  s
El artículo 12 de la Ley de CLM 12/2010 establece que el Plan Estratégico para la Igualdad de  w.
Oportunidades, aprobado por el Consejo de Gobierno, es el instrumento del que se valdrán las  742ww
Alad meliinmisintraaccióionn edse  Plúab ldicisacsr ipmainraa caiólcna npzoarr  eral zoóbnje tdiveo  sdeex oig, udaeldsaadrr oelfleacntdivoa  ldaes  macucjeiorense sy  yh ommebdreidsa sy 
previstas en esta Ley. 
 
 
La CA contó con un Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 
de CLM (PEICLM), con vigencia en el periodo 2011-2016, no siendo aprobado el II PEICLM 
(2019-2024) hasta el 23 de octubre de 2018, por tanto, en el ejercicio fiscalizado no se contaba 
con un plan de igualdad en vigor. 
El nuevo plan, que entra en vigor en 2019 y será objeto de las oportunas verificaciones al fiscalizar 
tal  ejercicio,  contiene  siete  ejes  estratégicos  (gestión  pública  con  perspectiva  de  género, 
prevención y acción contra la violencia de género, empoderamiento y participación social…etc.), 
30 áreas estratégicas y 112 medidas. El sistema de gobernanza del PEICLM se estructura en 
cinco ámbitos (coordinación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación) y sitúa al IMUJ al 
frente de la gestión de cada uno de ellos. 
Por lo que se refiere al sector público empresarial, en julio de 2017 se aprobó el II Plan de 
Igualdad de RTVCLM previendo su vigencia durante el período 2019-2024. Hasta ese momento 
quedó en vigor el aprobado en 2013. Por su parte, GEACAM contaba con un Plan de Igualdad 
aprobado el 14 de julio de 2016 para el periodo 2016-2019.  
Finalmente, tras la entrada en vigor del RD-L 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación, todas las entidades con más de cincuenta trabajadores estarán obligadas a implantar 
un plan de igualdad, si bien de manera progresiva en el tiempo.  
El artículo 32 de la Ley 4/2018 establece que el IMUJ58 ha de realizar un informe anual sobre 
actuaciones en materia de violencia contra las mujeres, a remitir a las Cortes de CLM, en el que 
preceptivamente se contemplen las actuaciones desarrolladas y recursos humanos, asistenciales 
y económicos destinados por la Administración de la Junta a la prevención, sensibilización, 
protección y recuperación de las víctimas de la violencia de género, así como información relativa 
al número de denuncias presentadas y a actuaciones llevadas a cabo por otras Administraciones 
Públicas sobre violencia de género. Estas actuaciones serán objeto de verificación en la próxima 
fiscalización. 
El informe de seguimiento e información sobre las actuaciones en materia de violencia contra 
mujeres correspondiente al año 2018, cuyos resultados deberían contribuir a “la investigación, 
recogida de información y evaluación a través de planes estratégicos de igualdad” que establece 
el artículo 1 de la Ley 4/2018, no utiliza una metodología en la línea del modelo de seguimiento 
establecido por el PEICLM 2019-2024 (primer plan estratégico con vigencia paralela a la nueva 
norma autonómica) basado en un cuadro de mando de indicadores (pudiendo ser estos de 
ejecución, de resultado y de impacto, en función de los aspectos a evaluar) que “han de medir 
aspectos  cuantitativos  y  cualitativos  que  permitan  valorar  la  consecución  de  los  objetivos 
previstos”.  
D)  EVALUACIÓN 
La  ausencia  en  el  ejercicio  fiscalizado  de  un  plan  de  igualdad  en  vigor  impide  que  la 
Administración regional pueda actuar, en la aplicación del principio de igualdad, conforme a los 
criterios que se establecen en el artículo 51.g de la LO 3/2007, al carecer del instrumento esencial 
que permitiría planificar, implementar y evaluar las acciones y medidas previstas tanto en la 
referida ley estatal, como en la autonómica. 
 5 8   E  l  I M  U  J  ,   e n    s u    p á  g i n  a   w  e  b  ,  s  e g  u  ía   refiriéndose a la derogada Ley 5/2001, en lugar de actualizar los contenidos con la
normativa vigente.
 
II.7.8.  Transparencia 
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno supuso un importante avance en materia de publicidad activa (difusión de información sin 
necesidad de una solicitud concreta de los administrados) y pasiva (derecho de acceso a la 
información pública), reforzando las obligaciones que ya existían para determinados sujetos en el 
ordenamiento jurídico.  
Las disposiciones en materia de buen gobierno han sido de aplicación con carácter general desde 
el momento de la entrada en vigor de la Ley. Las CCAA disponían de un plazo máximo de dos 
años para adaptarse al resto de obligaciones que contiene la norma, culminando las actuaciones 
de CLM al respecto con la aprobación de la LTBG, en vigor desde el 31 de enero de 2017. 
La DA cuarta de la Ley 19/2013 preveía que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 
24 de la citada Ley, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las 
CCAA y su sector público, se llevara a cabo por el órgano independiente determinado por cada 
autonomía o bien atribuir la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante 
la formalización del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En este 
sentido, CLM suscribió sendos convenios de fecha 30 de diciembre de 2015 (en vigor en el 
ejercicio fiscalizado) y 28 de noviembre de 2019, este último a pesar de la publicación del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen 
Gobierno de 29 de junio de 2018, órgano propio para conocer de estos asuntos59. 
En el ejercicio fiscalizado se presentaron en la CA 184 solicitudes de información pública, siendo 
denegadas catorce. 
Por su parte, las reclamaciones resueltas por el citado consejo en 2018 y 2019, en relación con 
asuntos de competencia de la JCCM se recogen en el siguiente cuadro. 
CUADRO Nº 61. RECLAMACIONES RESUELTAS POR EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y 
BUEN GOBIERNO 
(en número) 
Resolución  2018  2019 
Archivadas  5  5 
Desestimadas  3  5 
Estimadas  5  11 
Estimadas parcialmente  1  3 
Estimadas por motivos formales  0  4 
Inadmitidas a trámite  4  7 
Retrotraer expediente  0  0 
Suspendido plazo resolución  1  0 
Total  19  35 
El artículo 61 de la LTBG contempla al Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno 
como  órgano  adscrito  a  las  Cortes  de  CLM,  cuyo  objeto  es,  adicionalmente,  velar  por  el  es
cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y garantizar y promover la observancia de  bo
 5c 9a   sE o n    d e es   te q   uc e o  n s v ee   n p io o  n s g e a   i n e dn i c  af u   nq  cu ie o  n “  alam vieigneton ceiafe dceti veos teel  cCoonnvseenjioo  tReermgiionnaarál  dceo nT aranntesrpioarriednacdi aa  yla  Bfeucehna  Gsoebñiaelrandoa  deen  leal   2021-14742n https://ww
Comunidad Autónoma”.
 
 
las disposiciones de buen gobierno en el ámbito de aplicación de la ley. La DA sexta establecía un 
plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley para adoptar las medidas precisas para 
la puesta en funcionamiento de aquel, sin que su puesta en marcha efectiva se haya producido, tal 
como se indicó en el párrafo anterior, lo cual ha derivado en la carencia de dichos controles en la 
CA, salvo en lo referente a la resolución de las reclamaciones contra las resoluciones en materia 
de  acceso  a  la  información  pública,  tarea  encargada  al  Consejo  de  Transparencia  y  Buen 
Gobierno estatal. 
Al cierre de 2019, la CA no había acreditado dar cumplimiento a la reclamación RT/0290/2018, 
estimada por el Consejo el 4 de diciembre de 201860. 
En relación con la información que ofrece la CA en materia de publicidad activa en el ejercicio 
fiscalizado (situación que se mantenía al cierre de 2019), se observa que: 
  La información referente a cargos, personal y retribuciones no se publica tal como establece 
el artículo 10 de la LTBG observándose la ausencia de los contratos de alta dirección u otros 
instrumentos en los que se formaliza una relación análoga en todas las entidades excepto en 
SODICAMAN e Instituto de Finanzas de CLM y de los gastos de representación y protocolarios.  
  Así mismo no todos los organismos de la administración institucional ni todos los entes 
instrumentales contaban con sus propios portales o se integraban en el Portal de Transparencia, 
como se detalla más adelante. Tampoco figuran en todos los casos las relaciones de puestos de 
trabajo o plantillas de personal de los organismos, tal y como establece el artículo 9 de la LTBG. 
  En el área económico-financiera, respecto de los ingresos, gastos y deudas de la CA, no se 
publican, pese a lo establecido en el artículo 11 de la LTBG, los indicadores para evaluar el 
cumplimiento de los planes y programas anuales y plurianuales de carácter general o sectorial que 
establezcan las directrices estratégicas de las políticas públicas. 
  En el Portal de Contratación Pública de CLM no se publica la información relativa a la 
desviación del coste final de la prestación contratada en relación con el importe adjudicado, a 
pesar de lo que establece el artículo 16 de la LTBG.  
De conformidad con los artículos 4.1, 7 y 8.4 de la LTBG, todas las entidades que conforman el 
ámbito subjetivo de la presente fiscalización son sujetos obligados, debiendo difundir de forma 
permanente,  veraz  y  objetiva  la  información  que  resulte  de  relevancia  para  garantizar  la 
transparencia de la actividad pública. Pese a ello se ha verificado que, al cierre de 2019: 
  En el apartado de transparencia institucional, organizativa y de planificación del Portal, la 
relación de entes que forman parte del sector público de la CA no incluye al ISFOC y a las 
fundaciones CLM Tierra de Viñedos y Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes61.  
                                                 
60 Según se indica en las alegaciones, la reclamación fue cumplida y aparecía catalogada de manera contraria “por un 
error material, reconocido por el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en correo de fecha 22 de 
septiembre de 2020”. No obstante, no se ha adjuntado ni el citado correo ni la diligencia expedida al efecto por el 
Director de la Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales del citado Consejo, a la que se hace también 
mención en las referidas alegaciones. 
61 La CA señala en sus alegaciones que el Portal de Transparencia de la Administración Regional recoge la relación de  s
entes del sector público de la CA que anualmente se incluyen en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales de  e.
la JCCM. No obstante, dado que se trata de un apartado de dicho Portal dedicado a la transparencia institucional,  w.b
organizativa y de planificación, parece oportuno ofrecer un contenido más extenso que el que pueda derivarse  742ww
efsoosrtcmriiecadt aaemdn  edqneutepe e deneld  Sileaen lcetetyo  rda epnlúu Ibanllis cdtoiet u rpteorge disoeun paFuli neoasrtgnoazsan, sizs aid c eyo  nCp LleaMlnloi,f  isfcoear  mplaea r pmpraeitrsett eaa cld icóeilnu  áddmaedb asitneoor v doiecbi otleosns.  ePPro ruern so umtproau yelaosdrt oocs,o  neGol ecInSimeFriOaelnCets,o   cddoeem  llaoa  
JCCM, tal como recoge el artículo 1 de la LP para 2018.
 
  En  el  apartado  de  información  económica,  presupuestaria  y  financiera,  la  información 
disponible sobre las cuentas bancarias se limita a las de titularidad de la Administración de la 
JCCM, de sus OOAA (IMUJ, IIRIAF y el SESCAM), no constando ninguna perteneciente al resto 
de entidades que conforman el sector público regional. 
  Respecto a los OOAA, el SESCAM y el IRIAF no ofrecen, en materia de publicidad activa, 
información económico-presupuestaria. 
El Portal incorpora un espacio de datos abiertos, en base al Acuerdo adoptado el 30 de mayo de 
2017 por el Consejo de Gobierno, observándose que: 
  Cerca de un 50 % de los datos se encuentran en formato que no reúne los requisitos para 
considerarse abiertos, en contra de lo que establece el artículo 27 de la LTBG.  
  No consta un catálogo de aplicaciones informáticas de propiedad de la administración de la 
JCCM y de sus entidades, empresas u organismos que, bajo la consideración de software libre, se 
encuentren a disposición de las personas usuarias para su utilización, pese a lo que prevé el 
mencionado artículo 28.4. 
La LTBG, en sus artículos 4.1, 35.3 y en la DA cuarta, prevé la elaboración de un código ético al 
que ajustarán su conducta todos los altos cargos y asimilados. No ha sido hasta el 27 de febrero 
de 2018 (fuera del plazo previsto en la DA citada) cuando se publicó el Decreto 7/2018, por el que 
se aprueba el Código Ético para los Altos Cargos o Asimilados de la Administración de la JCCM. 
Por otro lado, el 3 de octubre se publicó el acuerdo por el que se designan los vocales de la 
Comisión Ética Pública de la Administración de la JCCM. 
II.7.9.  Gestión medioambiental 
La  Agenda  2030  sobre  el  Desarrollo  Sostenible  de  la  Organización  de  Naciones  Unidas 
contempla, entre las metas asociadas a su objetivo número 15 [Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 15], “velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres  y  los  ecosistemas  interiores  de  agua  dulce  y  los  servicios  que  proporcionan,  en 
particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales”. 
La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural es el órgano de la Administración 
autonómica de CLM encargado de la propuesta y ejecución de las directrices del Consejo de 
Gobierno  sobre  la  política  agraria,  agricultura,  ganadería,  desarrollo  rural,  industrias 
agroalimentarias, política forestal, conservación y protección del medio ambiente, mitigación del 
cambio climático, de la evaluación ambiental, desarrollo sostenible y todas aquellas competencias 
que en esta materia le estén atribuidas en el marco de la Constitución y del EA. 
A)  EVALUACIÓN AMBIENTAL 
Corresponde al Estado la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de 
las facultades de las CCAA de establecer normas adicionales de protección, de acuerdo con el 
artículo 149.1.23 de la Constitución. Conforme al artículo 32.7 del EA de CLM, la Comunidad 
asume competencias para el desarrollo legislativo y ejecución de la protección del medio ambiente 
y de los ecosistemas, en el marco de la legislación básica del Estado.  e.
Mediante la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en CLM (LEA), según su  742ww
eexnp loas eicliaóbno draec imóno tyiv oasp,r osbea pcrióente nddeí ap liannteegsr ayr  plorosg arasmpeacst,o sq uaem dbeiebnatna leasp rdoebsadr ela usn aad fmasinei stteramcpioranneas 
ppúabrali caalsc,a anszía cr oumno ,e elevvaaludaor  enli vieml pdaect op raomtebciecinótna l ddeel  dmeteedrmio inaamdobsie nptreo yey ctporso mpúobvleicr oes l yd persivaarrdoollso, 
 
 
sostenible.  Por  su  parte,  mediante  el  Decreto  178/2002,  de  17  de  diciembre,  se  aprobó  el 
Reglamento General de desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación de Impacto 
Ambiental de CLM. 
En relación con las evaluaciones ambientales, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental62, señala en su DF undécima, a los efectos de su aplicación como legislación básica, 
que las CCAA que dispusieran de legislación propia en materia de evaluación ambiental deberían 
adaptarla a lo dispuesto en esta Ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor, adaptación 
que no se ha llevado a cabo en el caso de CLM. El dictado de la norma estatal ha llevado a una 
aplicación limitada de lo dispuesto en la LEA y el Decreto 178/2002 que, aunque permanecen 
vigentes, solo son aplicables en aquello en lo que no se opongan a la anterior.  
Con fecha 3 de octubre de 2017, la CA sustanció consulta pública sobre el anteproyecto de una 
nueva  ley  de  evaluación  ambiental,  tras  la  cual,  el  5  de  febrero  de  2019  se  aprobó  el 
correspondiente proyecto de ley que cristalizó en la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación 
Ambiental de CLM. Precisamente, en su exposición de motivos se señala que “pese al tiempo 
trascurrido, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental en CLM, aún permanecía sin 
adecuarse a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Más sorprendente aún es la persistencia actual 
del Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento General de 
Desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de evaluación del impacto ambiental y se adaptaron sus 
anexos. Procede subrayar la falta de claridad y de eficacia que entraña el escenario jurídico 
descrito para el conjunto de los intervinientes en los procedimientos de evaluación ambiental”. 
La Viceconsejería de Medio Ambiente tiene atribuida, entre otras funciones, la planificación y 
programación de la política medioambiental en materia de evaluación, impacto y control ambiental; 
la evaluación del impacto ambiental de proyectos, planes y programas, así como la autorización 
ambiental integrada.  
Del análisis realizado en los ejercicios precedentes cabe señalar una serie de deficiencias y 
debilidades procedimentales que se mantienen en el ejercicio fiscalizado: 
  De la estructura de esta Viceconsejería se aprecia que, en los casos en los que el papel de 
órgano sustantivo o promotor de programas o proyectos sujetos a evaluación ambiental, también 
le corresponde, las unidades administrativas competentes para ejercitar tales funciones se ubican 
dentro de dicha Viceconsejería, al igual que el órgano medioambiental, por lo que no se da una 
adecuada separación de funciones. 
  La  CA  no  tenía  constituido  el  registro  público  de  infractores  dependiente  del  órgano 
ambiental, previsto en el artículo 52 de la LEA, en el que han de reflejarse los datos identificativos 
del infractor cuya sanción sea firme, la tipificación de la infracción, así como cuantas medidas, 
sanciones, multas, indemnizaciones e inhabilitaciones hubieran procedido. 
  Los ingresos derivados de la imposición de sanciones establecidas en la LEA no quedan 
afectados a la protección del medio ambiente, en contra de lo que prescribe el artículo 43 del 
citado texto legal. Problema similar se advirtió respecto de la debida afectación de los ingresos 
obtenidos por la recaudación del Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el 
medio ambiente y de los recursos procedentes de la recaudación del canon eólico, en los términos 
que establece el artículo 67 de la Ley. 
    o
                                                  742ww
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el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
 
B)  MONTES Y GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 
La Ley 3/2008, de 12 de junio, regula los montes y la gestión forestal sostenible de CLM (LM). En 
ejercicios  anteriores  se  detectaron  una  serie  de  lagunas,  deficiencias  y  debilidades 
procedimentales que se mantienen en 2018: 
  La CA no contaba con un registro de montes de titularidad privada en sentido estricto, tal 
como prevé el artículo 17 de la LM, si bien disponía de una base de datos con información sobre 
los mismos.  
  Por Orden de 28 de marzo de 2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, se 
establece el Registro de los Montes Protectores y Montes Singulares de CLM, en cumplimiento de 
lo  dispuesto  por  el  artículo  20  de  la  LM  y,  aunque  se  indica  que  los  citados  registros 
administrativos son públicos, no existe un acceso a ellos a través de la página web de la JCCM. 
En relación con el proyecto GINFOR sobre el inventario forestal, el mapa forestal y el inventario de 
erosión de suelos de la Comunidad, previstos todos ellos en el artículo 27 de la LM, el acceso a la 
aplicación requiere la identificación completa del usuario (nombre, apellidos, DNI), por lo que no 
se considera que cumpla los principios generales de la política de datos abiertos.  
  La CA no dictó durante 2018 normas destinadas a favorecer y revitalizar el asociacionismo 
forestal, en el marco del fomento de la agrupación de montes, públicos o privados, previsto en el 
artículo 25 de la LM, donde se establece el objetivo de facilitar una ordenación y gestión integrada 
mediante  instrumentos  de  gestión  forestal  que  asocien  a  propietarios  de  pequeños  predios 
forestales, frente a las dos órdenes de 2017.  
  Pese a que el artículo 28 de la LM prevé que el Plan de Conservación del Medio Natural de 
la región (documento base para la planificación forestal) ha de revisarse al menos cada cinco 
años, la última actuación en este sentido data de 2003. 
  La Consejería competente seguía sin elaborar las instrucciones, a las que se refiere el 
artículo 31 de la citada Ley, para la ordenación y aprovechamiento de los montes de la región, 
cuya aprobación corresponde al Consejo de Gobierno mediante Decreto. 
  Solo los montes en régimen especial de propiedad de la CA en la provincia de Cuenca 
contaban con los instrumentos de gestión forestal indicados en el artículo 32 de la LM, quedando 
aún pendientes las actuaciones sobre el resto de montes de la CA, montes en régimen especial 
de  propiedad  municipal  (de  utilidad  pública)  y  montes  particulares  declarados  protectores  y 
singulares. 
  La CA seguía sin contar con un registro público regional de infractores de la LM, pese a lo 
dispuesto por el artículo 96 de esta Ley. 
Por  Orden  135/2018,  de  23  de  agosto,  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Medio  Ambiente  y 
Desarrollo Rural, se aprueba la estrategia regional de la biomasa forestal en CLM, de cuyo 
análisis resulta la definición un tanto genérica de los objetivos a conseguir y la falta de indicadores 
concretos para poder valorar su consecución.  
Entre los objetivos de la estrategia aparecen la contribución en la diversificación de la producción 
de energía a través de la valorización energética de la biomasa forestal para disminuir la actual  e
dependencia  respecto  a  productores  externos  de  energía  procedente  de  otras  fuentes  bo
(principalmente de los combustibles fósiles importados) y la generación de ingresos para las  742ww
dfcqoaiusrbeetie snl tatsaa elsC;ñ  Adaae ldan mrloa q i ntupeiersnot íredaalu  ccIcinoocfnnioósernmtsa  denpe cdú iaebb, il oficiescancos amr leidbzlaeuacrsciitvióóibannlde  occsoos  nyrr  desleosu sp  lovaaan pldoeriorexivtznreataeccc hicaóailnó me.n ji Eeeyrnnc t iorcmesio olaf vo2cir0liióez1nsa7t ca cpilóoeonnsn   íedadse edtr oievlsa a m dobaobinsjoe imftdiieveaos stsloaa,     OE-A-2021-14able en https://
 
 
ejecución de actuaciones financiadas con cargo a los presupuestos de la JCCM, de la existencia 
de  biomasa  forestal  residual,  que  según  el  artículo  38  de  la  LM,  ha  de  destinarse, 
preferentemente, a su transformación en productos energéticos y cuyo importe derivado de la 
enajenación ha de aplicarse a la conservación y mejora de los montes que lo generan. 
El seguimiento de la estrategia regional de biomasa estaba previsto a partir de los dos años de su 
elaboración (agosto de 2020), pese a lo cual la citada estrategia es calificada de “insuficiente” en 
la exposición de motivos de la Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de CLM, sin 
que se haya acreditado la evaluación de la que deriva tal dictamen.  
C)  DECLARACIÓN EMAS 
La Viceconsejería de Medio Ambiente es el organismo competente en la gestión de inscripciones 
en el Registro EMAS de CLM. El sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales 
Eco-Management  and  Audit  Scheme (EMAS),  junto  con  la  Norma ISO  14001,  son  los  dos 
principales referentes para la implantación de sistemas de gestión medioambiental. En concreto, 
el primero  es un mecanismo voluntario que está abierto a cualquier organización pública o 
privada, así como a pequeñas y medianas empresas que deseen mejorar su comportamiento en 
materia de medio ambiente. 
Las organizaciones que desean adherirse voluntariamente al Registro EMAS deben previamente 
llevar a cabo un análisis medioambiental inicial, establecer un sistema de gestión medioambiental, 
efectuar  una auditoría medioambiental,  preparar  una declaración  medioambiental  (de  carácter 
público) y, finalmente, obtener una verificación independiente de su sistema de gestión ambiental, 
de  la  auditoría  interna  y  de  la  declaración  medioambiental,  por  parte  de  un verificador 
medioambiental acreditado. 
Cualquier organización pública o privada que cumpla los requisitos citados en el punto anterior y 
que realice su actividad total o parcialmente en el ámbito territorial de CLM, puede solicitar su 
inscripción en el citado registro. Al cierre de 2019 este Registro contaba con ocho inscripciones, 
ninguna de ellas correspondiente a entidades del sector público regional. 
D)  CÁNONES DE ADUCCIÓN Y DEPURACIÓN 
La Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua establece en su artículo 
8.2, que al Ente Público Infraestructuras del Agua de CLM, le corresponde, entre otras, la gestión 
y recaudación de los cánones de aducción y depuración previstos en la citada ley. 
Ambos  cánones  se  configuran  como  ingresos  de  derecho  público,  con  naturaleza  de  tasa, 
aplicables en el ámbito territorial de la CA y se destinan a la financiación de los gastos de gestión 
y  de  inversión  de  las  infraestructuras  previstas  en  los  respectivos  Planes  Directores  de 
Abastecimiento  de  Aguas  y  de  Depuración  de  Aguas  Residuales  Urbanas,  los  cuales  son 
instrumentos de planificación territorial sujetos a revisión periódica. Entre el contenido mínimo de 
estos planes debe figurar un programa económico-financiero y, en el caso del Plan Director de 
Depuración de Aguas Residuales Urbanas, aspectos con repercusión medioambiental tales como 
la declaración de especial protección de zonas sensibles (zonificación de los recursos hidráulicos), 
así como posibles actuaciones en materia de reutilización de lodos y aguas residuales depuradas.  
Como se puso de manifiesto en el Informe de fiscalización de CLM, ejercicio 2017, el II Plan de  s
Depuración de Aguas Residuales Urbanas, aprobado en 2010, no concretaba las actuaciones a  e.
realizar dentro de su ámbito, a pesar de las anteriores previsiones legales, sin que aparezca  w.
información sobre su posible actualización en la información que sobre planes y programas se  742ww
 
muestra en la página institucional de la CA63. Por lo tanto, la CLM no dispone de los elementos de 
planificación  necesarios  para  establecer  las  bases  de  la  gestión  del  agua  en  materia  de 
abastecimiento y depuración. 
Como consecuencia de lo anterior, no se da adecuado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
17 de la Ley 12/2002, el cual prevé que los Presupuestos Generales de la JCCM recojan las 
partidas oportunas para llevar a cabo la ejecución de las infraestructuras previstas en los planes 
directores. 
Además, la ausencia de esta información supone una deficiencia importante en la delimitación de 
los cánones, al no contarse con la información plurianual sobre las inversiones a acometer, 
importe que también debería ser cubierto por dichas tasas. El único coste que se viene incluyendo 
en su configuración es el de la amortización de las inversiones en uso, que generará un fondo 
aproximado para la renovación de las ya existentes.  
Igualmente, los sucesivos Programas de Inversiones, Objetivos y Actuaciones del Ente Público 
Infraestructuras del Agua de CLM (en el año 2018, el programa de inversiones para la ejecución 
de obras relacionadas con la depuración y el abastecimiento ascendía a 14.803 miles de euros) 
no estarían soportados por el correspondiente plan director.  
Por otro lado, la Directiva 91/271/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas, establece que los Estados miembros deben adoptar las medidas 
necesarias para garantizar que dichas aguas son tratadas correctamente antes de su vertido y 
para ello, la norma comunitaria impone la obligación de someter dichas aguas residuales a 
tratamientos,  siendo  los  criterios  que  utiliza  para  su  fijación  el  número  de 
“habitantes-equivalentes”,  y  las  “aglomeraciones  urbanas”,  así  como  la  mayor  o  menor 
sensibilidad de la zona en la que van a realizarse los vertidos. 
En el ámbito de la CA, al cierre de 2018, en las aglomeraciones urbanas de más de 2.000 
habitantes-equivalentes constaban un total de 231 estaciones depuradores de aguas residuales 
(EDARES), de las cuales Infraestructuras del Agua de CLM gestionaba 97 (seis de ellas puestas 
en funcionamiento durante el ejercicio fiscalizado), encontrándose en situación de no conformidad 
con la normativa comunitaria un total de diez. Además, 27 municipios de más de 2.000 habitantes 
no contaban con EDAR operativa a dicha fecha, pese a ser ello obligatorio por imposición de la 
citada Directiva. No obstante, en febrero de 2019 entró en funcionamiento una EDAR en un 
municipio de los señalados64.  
Finalmente, por Resolución de 19/10/2016, de la Consejería de Fomento, se aprueba la Carta de 
Servicios de la Agencia del Agua, con la que se pretende informar al ciudadano y a los municipios 
sobre  los  servicios  que  se  prestan  desde  el  OA,  los  compromisos  que  se  asumen  en  su 
prestación, así como las garantías en caso de incumplimiento de los mismos, procediéndose a la 
medición del grado de ejecución de aquellos mediante el estudio de los indicadores que en dicha 
carta se definen. Al cierre del ejercicio fiscalizado no se cumplían, al menos, los compromisos que 
exigían  publicidad  e  información  pública  y tampoco  se  procedía,  con  carácter  general,  a  la 
evaluación de ninguno de ellos.  
   
                                                  w.
63 Pese a que la CA afirma que el plan citado sí concreta las actuaciones a realizar, adjunta exclusivamente a las  742ww
6a4l eLgaa cCioAne ms uann ifcieusatdar oe ang rlaesg aadloe gqauceio nnoe sd essuv iritnútae nloc idóinc hdoe.  que “estas aglomeraciones mayores de 2.000 habitantes
equivalentes en situación de no conformidad estén todas funcionando correctamente antes de 2024”.
 
 
E)  CONTROL DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS 
Dado que el artículo 12 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
atribuía a las CCAA la elaboración los planes autonómicos de gestión de residuos, por Decreto 
78/2016, de 20 de diciembre de 2016, se aprobó el Plan Integrado de Gestión de Residuos de 
CLM. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Directiva Marco de Residuos y en el 
artículo 14.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el Plan 
Integrado de Gestión de Residuos de CLM ha de evaluarse y revisarse como máximo a los seis 
años de su entrada en vigor, sin que, al cierre de 2019, se hubiese llevado a cabo aún una 
evaluación intermedia del mismo para obtener conclusiones parciales derivadas de su ejecución. 
En el marco del Procedimiento de Infracción CE número 2015/2192 se identificó un total de 68 
depósitos ilegales de residuos de construcción y demolición en CLM, tanto de titularidad pública 
como privada. A la vista de ello, desde el ejercicio 2016 se iniciaron actuaciones sobre 23 
emplazamientos de titularidad pública, con un coste total, al cierre del ejercicio fiscalizado, de 
1.617 miles de euros. 
Respecto a los emplazamientos de titularidad privada, se han emprendido actuaciones contra los 
responsables del vertido o bien los titulares de los terrenos, lo que ha llevado a que a mediados de 
2019 se hubieran restaurado doce emplazamientos. 
Asimismo, la Comisión Europea, en el transcurso del procedimiento antes señalado, aceptó la 
exclusión del mismo de otros tres emplazamientos. 
En relación con los 30 restantes, se ha estimado un coste de restauración por parte de la 
Administración, en caso de realizarse por vía de ejecución subsidiaria, de dos millones de euros. 
Respecto  a  los  depósitos  ilegales  de  neumáticos,  la  CA  ha  manifestado  a  las  autoridades 
competentes su interés para la cofinanciación de las medidas adoptadas para la gestión de 
neumáticos al final de su vida útil en el marco del Programa Operativo FEDER CLM 2014-2020. 
Las operaciones previstas al respecto alcanzaban siete emplazamientos, con un presupuesto 
inicial de 6.353 miles de euros. 
Al finalizar el primer trimestre de 2019, se habían concluido las actuaciones relativas a cinco 
emplazamientos, con un coste de 5.258 miles de euros. Para los otros dos emplazamientos 
restantes se habían iniciado los procedimientos de ejecución subsidiaria por la Administración. 
F)  INCENTIVACIÓN DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  
En relación con la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las Energías Renovables e 
Incentivación  del  Ahorro  y  Eficiencia  Energética  en  CLM,  han  de  señalarse  las  siguientes 
cuestiones que afectan al ejercicio fiscalizado: 
  No se ha informado de la aprobación de los programas de ahorro y eficiencia energética a 
los que hace referencia el artículo 14 de esta norma, que contemplen las medidas de carácter 
transversal necesarias para la reducción de la demanda energética, así como el aumento del 
rendimiento energético, sin que se haya acreditado la implantación formalmente de medidas de  s
ahorro y eficiencia energética en el marco de las instalaciones de la CA.  e.
  Tampoco se ha concretado la aprobación del Plan Estratégico para el Desarrollo Energético  742ww
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Economía Sostenible, no se ha llevado a cabo.
 
  No se ha creado el registro de áreas preferentes de energías renovables al que hace 
referencia el artículo 5. 
  El  Observatorio  Regional  para  las  Energías Renovables,  órgano  colegiado  de carácter 
consultivo previsto en el artículo 7 para el seguimiento y el análisis de la implantación y evolución 
de las energías renovables en CLM, se constituyó en 2008, sin que se haya acreditado ninguna 
reunión o emisión de dictamen desde dicho año. 
Por otra parte, el artículo 35 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible establece, 
para las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales adscritas a la 
Administración General del Estado, la necesidad de adaptar sus planes estratégicos para, entre 
otras cuestiones: 
  Revisar sus procesos de producción de bienes y servicios aplicando criterios de gestión 
medioambiental orientados al cumplimiento de las normas del sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambiental. 
  Optimizar el consumo energético de sus sedes e instalaciones celebrando contratos de 
servicios energéticos que permitan reducir el consumo de energía, retribuyendo a la empresa 
contratista con ahorros obtenidos en la factura energética. 
  Identificar  líneas  de  actuación  asociadas  a  procesos  de  investigación,  desarrollo  e 
innovación  relacionadas  con  las  actividades  del  objeto  social  o  estatutario  de  la  entidad, 
orientadas a obtener tecnología no existente en el mercado susceptible de contribuir a mejorar sus 
procesos productivos. 
  Proponer y, en su caso, establecer, en el marco de la negociación colectiva, mecanismos 
que faciliten la movilidad de los trabajadores en el ámbito del sector público empresarial del 
Estado, así como establecer un sistema de formación orientado a la cualificación y adaptación de 
los trabajadores a las nuevas tecnologías y a la cultura de la sostenibilidad. 
En el ámbito de la CA, al cierre del ejercicio fiscalizado, no existía norma similar a la anterior 
aplicable a sociedades y entes públicos empresariales, que, por tanto, no tenían la obligación de 
incorporar estos principios a sus instrumentos de planificación. 
II.7.10. Preparación de CLM para la implementación, control y seguimiento de los ODS 
La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Desarrollo Sostenible 
gira  en  torno  a  cinco  ejes  centrales:  planeta,  personas,  prosperidad, paz  y alianzas  y está 
integrada  por  17  ODS  con  169  metas,  que  abordan  las  dimensiones  económica,  social  y 
medioambiental de los mismos.  
La Agenda fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre de 2015.  
Como se desprende de la Resolución 70/1 de Naciones Unidas, en la implementación de la A2030 
es necesaria la intervención de varios actores, tanto públicos como privados. En el caso español, 
los principales son el Gobierno de España, las Cortes Generales, las CCAA, las entidades locales 
y las entidades del Tercer Sector.  
En la Resolución de 14 de marzo de 2019 del Parlamento europeo, sobre el informe estratégico  w.b
anual de implementación y cumplimiento de los ODS, se hace un llamamiento a una participación  742ww
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Para un adecuado logro de los ODS, en la etapa inicial, las distintas administraciones deben 
mostrar su compromiso con el cumplimiento de los ODS cuando estos recaigan en materias objeto 
de  su  competencia,  además  de  promover  la  concienciación  en  dicho  cumplimiento  entre  la 
sociedad y otros actores públicos. Adicionalmente, debe establecerse un sistema que permita la 
asignación de recursos financieros a los ODS y que sirva de apoyo a un plan o estrategia para su 
logro.  
Por último, debe contarse con un sistema de medición de resultados intermedios y finales, 
estableciendo indicadores relevantes con los hitos deseables en cada momento, en base a los 
cuales puedan, en su caso, reorientarse los esfuerzos y recursos para su logro. 
Por lo que se refiere al grado de preparación para la implementación de los ODS en CLM, en el 
Decreto 38/2018, de 5 de junio, por el que se crea la Comisión de Seguimiento de la Agenda 
2030, se declara que el Gobierno de esta CA está firmemente comprometido con la Agenda 2030 
y sus objetivos. En reunión de 5 de julio se procede a su constitución efectiva, si bien no se ha 
aportado  la  correspondiente  acta  debidamente  firmada.  Además  de  esta,  solo  consta 
documentación sobre otra reunión, convocada para el día 13 de marzo de 2019 (el acta aparece 
de nuevo sin formalizar). 
Según el Decreto, la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 (CSA2030) ha de registrar las 
acciones que ya se están llevando a cabo en esta materia e impulsar todas las que se deban 
articular a fin de cumplir los compromisos incluidos en la Hoja de Ruta de la Agenda 2030 de 
CLM, documento este último cuya existencia no ha sido acreditada. 
De ello se desprende que el compromiso de asumir y llevar a cabo los ODS por parte de la CA, en 
la medida en que sus competencias tengan relación con aquellos, se hace solo de manera 
indirecta a través de la parte expositiva del Decreto. 
La DG de Relaciones Institucionales asumió la presidencia de esta comisión. Por lo que se refiere 
a las vocalías, entre otros, se declaraba como tales a los titulares de las Secretarías Generales de 
la Presidencia y de las Consejerías que forman parte de la estructura de la Administración 
Regional. Según ha indicado la CA, estos órganos debían recabar la información necesaria de 
cada Consejería para su elevación a la comisión, aunque ni el decreto ni norma posterior en 
desarrollo del mismo establece el procedimiento para hacerlo. 
En relación con las funciones de la CSA2030, el artículo 4 señala que estas son: 
  Conocer las iniciativas, planes, programas y convenios existentes en los ámbitos cubiertos 
por los ODS, y llevar a cabo un seguimiento de su ejecución.  
  Estudiar y proponer al Consejo de Gobierno nuevas acciones para el cumplimiento de los 
ODS. En este sentido y dado que, a 31 de diciembre de 2018, no se había formado una estrategia 
regional sobre el logro de los ODS, no se ha realizado la propuesta de nuevas acciones que 
supongan alcanzar el logro de metas que no estuvieran cubiertas por los programas y planes 
estratégicos con los que ya contase CLM. La CA ha indicado que, al cierre de 2019, está 
preparando una estrategia (o plan de acción) para definir estas cuestiones, por lo que la única 
referencia existente es el plan de acción estatal. 
  Instar a otras Administraciones y organismos públicos y privados para que impulsen las  s
medidas necesarias para promover el cumplimiento de los ODS en CLM. Estos aspectos no  oe.
aparecen en las actas remitidas de las dos reuniones celebradas.  742www.
m etasE dlaeb loar aArg ye nhdaac e2r0 p3ú0b. lEiclo p urinm ienrf oinrmfoerm aen,u saol bsroeb erel  eesl teasdtoa dinoi cdiael  cduem lap lsimituieanctioó nd,e f uloes p orbejseetinvtoasd oy 
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las competencias regionales. El informe no ha sido presentado ante las Cortes regionales. El 
informe sobre el ejercicio 2019 no había sido elaborado a 31 de marzo de 2020. La CA ha 
señalado que baraja la presentación de manera conjunta para los ejercicios 2019 y 2020, con los 
efectos negativos que una ausencia de medición anual conllevaría. 
Por su parte, en el Boletín Oficial de las Cortes regionales de 11 de marzo de 2019 se incluye una 
declaración institucional de dicha institución para orientar la implementación en CLM de la Agenda 
de Desarrollo Sostenible 2030, desde un enfoque de derechos de la infancia. En dicha declaración 
se insta al gobierno regional a la creación del Consejo Regional de Desarrollo Sostenible, como 
instrumento para el seguimiento del plan de acción (sin desarrollar a nivel regional a dicha fecha, 
como se ha dicho) y para la promoción de un proceso de rendición de cuentas participativo, sin 
que se haya acreditado su efectiva constitución al cierre de 2019.  
En relación con las medidas adoptadas para la difusión de los ODS y si los diversos grupos de 
interés de la sociedad regional han sido incorporados al proceso para un mejor cumplimiento de 
dichos objetivos, la CA ha informado exclusivamente de la realización de un foro ciudadano en 
febrero de 2019.  
La fórmula para dar participación a los distintos actores de la sociedad regional interesados o 
afectados por los ODS se refleja en el artículo 6 del  Decreto 38/2018, al posibilitar que la 
CSA2030 constituyera grupos de trabajo. En este sentido, en su primera reunión se formaron diez 
grupos, donde figuran como participantes representantes de consejos asesores de la CA, de la 
universidad y de la mesa del tercer sector, si bien solo se ha acreditado la constitución formal de 
uno de ellos (grupo 8). 
La CSA2030 no ha dictado instrucciones dirigidas a que, en caso de existir más de una consejería 
u organismo público regional vinculado con la consecución de algún ODS, se estableciese una 
separación de responsabilidades para el logro de las metas. 
Las órdenes para la elaboración de los presupuestos regionales dictadas durante 2018 y 2019 no 
hacen mención a la distribución de recursos en función de los ODS. Por tanto, durante el ejercicio 
fiscalizado no existía una asignación de los recursos financieros en función de los ODS a lograr. 
Así, el presupuesto de la CA para 2018 no permitía identificar los créditos asignados a cada uno 
de los ODS competencia de la CA, sin perjuicio de que, en la clasificación funcional que se 
presenta, estos queden ligados a diversas políticas que tienen cabida dentro de los mismos. 
Precisamente en la declaración institucional de las Cortes regionales antes señalada, se insta al 
Gobierno de CLM a llevar a cabo estas acciones65. 
En el ejercicio fiscalizado no se había realizado una priorización expresa de los ODS que la CA 
debía atender. Tampoco consta la existencia de una serie de hitos u objetivos intermedios y 
finales en relación con los logros deseados y alcanzables en el ámbito de la CA. 
Con posterioridad al ejercicio fiscalizado y mediante Decreto 56/2019, de 7 de julio, por el que se 
establece  la  estructura  de  la  Administración  Regional,  se  crea  la  Consejería  de  Desarrollo 
Sostenible. Se atribuye entonces, por Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, el impulso de 
los planes específicos establecidos por las diferentes consejerías de la Administración regional 
para el cumplimiento de los ODS a la DG de Agenda 2030 y Consumo de dicha consejería. Estos 
planes específicos deberían ser un detalle de la estrategia regional de los ODS en cada uno de los  s
                                                  b
65 La CA manifiesta en sus alegaciones que, “como avances en el ámbito de la presupuestación en función de los ODS  742ww
h2ina0ic2yi 1aq rui neloc sod retpsroatarbacarajáor, s qp udoeer   epalr niPmárleoisryiase  cvdteoez ld , ieum nPpara ecmstoue pmpuoreersisatuo pssou Gberseetna elroirosa  leeOsnD  dSdei c dlhaeo  J lauá nmAtabg ietdone d qCau oe2m 0s3ue0n  idiqraáud ede essse daráerr  oCellla apsnutdinlloato -eL dnae  M lopasa nrptcirdhóaax  ippmaaorraas  
ejercicios”.
 
 
ámbitos de competencias de las consejerías que, como se ha señalado, seguía en fase de 
desarrollo. 
II.8.  FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 
La gestión de los FCI se encuentra regulada en la LFCI, que permite destinar los recursos 
previstos en el artículo 158.2 de la Constitución Española a dos fondos, el FC y el Fondo 
Complementario, con el fin de que este último pueda financiar no solo gastos de inversión, sino 
también los gastos corrientes asociados a dicha inversión. 
II.8.1.  Dotaciones de los Fondos 
El importe total de las dotaciones del ejercicio 2018 para la CA en concepto de FCI, consignado 
en la sección 33 de los PGE, fue de 35.005 miles de euros, de los que 26.254 miles correspondían 
al FC y 8.751 miles al Fondo Complementario (el 33,3 % del primero, según establece el artículo 
6.1 de la LFCI). 
Las dotaciones aprobadas en la LPGE no corresponden a proyectos concretos sino a líneas 
generales de actuación en diferentes sectores. Del mismo modo en la información suministrada en 
los  anexos  de  este  Informe  solamente  figuran  los  importes  agregados  a  nivel  de  línea  de 
actuación, no constando el detalle por cada uno de los proyectos en los que aquellas a su vez se 
desglosan. 
Los anexos III.1 y III.3 reflejan la liquidación de las aplicaciones del presupuesto de gastos que 
registraron  las  obligaciones  reconocidas  y  pagos  por  el  FC  y  el  Fondo  Complementario, 
respectivamente. 
El impacto que las medidas de contención del déficit público han tenido en los últimos años en la 
inversión pública puede contemplarse a través de la comparación de las dotaciones de los fondos 
entre 2011 y 2018, dada la relación directa entre gastos de inversión y dotaciones del FC, tal 
como muestra el siguiente cuadro. 
CUADRO Nº 62. RECURSOS OBTENIDOS DE LOS FCI 
(miles de euros) 
Variación interanual 
Año  Importe de las dotaciones 
(en %) 
2011  69.200  (35,7) 
2012  54.672  (21) 
2013  46.202  (15,5) 
2014  37.716  (18,4) 
2015  37.067  (1,7) 
2016  33.146  (10,6) 
2017  34.069  2,8 
2018  35.005 (*)  2,7  oe.
(*)   En el acta de la reunión del Comité de Inversiones Públicas del 20 de septiembre de 2017 se expone el  742ww
isniecrmepmree,n ptoo rd lea  lcao prraercticciiópna cpioórn  rdeen taa.lg unas CCAA, entre las que se encuentra CLM, indicando que este se explica, casi
 
La dotación total prevista para estos Fondos en los PGE de 2018 continúa siendo la misma que en 
los cuatro ejercicios anteriores (432.430 miles de euros).  
La importancia de estos recursos como instrumento de solidaridad regional ha ido menguando, 
con un descenso del 49 % desde 2011 hasta 2018, pasando a representar en el ejercicio 
fiscalizado el 0,38 % del presupuesto inicial de la CA. 
II.8.2.  Recursos de los Fondos de Compensación Interterritorial 
Los derechos reconocidos en el ámbito de los FCI ascendieron a 35.005 miles de euros en 2018. 
De ellos, 26.254 miles correspondían al FC y 8.751 miles al Fondo Complementario. Quedaron 
pendientes de recaudación hasta el ejercicio 2019 un total de 11.260 miles de euros. 
Los proyectos en los que se concretan las líneas de actuación son financiados por FCI en 
exclusividad  o  bien por dichos  fondos  junto con  otros propios.  Anualmente  las obligaciones 
reconocidas vienen siendo iguales o superiores a los ingresos recibidos. 
II.8.3.  Proyectos de inversión 
A)   PROYECTOS FINANCIADOS 
Las  dotaciones  aprobadas  en  la  LPGE  se  distribuyeron  en  tres  grandes  actuaciones: 
infraestructuras  en  carreteras,  infraestructuras  y  equipamiento  en  centros  educativos  e 
infraestructuras y equipamiento sanitario. Cada una de estas líneas de actuación es gestionada 
por una Consejería u Organismo (Consejería de Fomento, Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte y SESCAM, respectivamente). 
La Consejería de Fomento gestionó el 61 % de los fondos (21.361 miles de euros), mientras la de 
Educación el 11,8 % de los fondos (4.126 miles). Por su parte, el SESCAM tuvo encomendada la 
gestión de proyectos por 9.518 miles de euros (27,2 % de los fondos). 
En el ejercicio 2018 no se produjeron alteraciones cuantitativas ni cualitativas en la asignación 
inicial de los fondos. 
B)   GRADO DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LOS PROYECTOS 
Cada uno de los proyectos aprobados cuenta con la consideración de líneas de actuación, pero no 
con una definición detallada de las actuaciones que los componen. A su vez, a cada proyecto se 
le asignan las aplicaciones presupuestarias correspondientes a cada uno de los fondos para la 
imputación de gastos. Por lo tanto, el grado de ejecución de los proyectos considerado por la CA 
no es el avance real de los mismos que, dada su falta de concreción, no es posible determinar, 
sino el que se ha obtenido por la relación entre obligaciones reconocidas en las aplicaciones 
presupuestarias que recogen los gastos imputados a los citados proyectos y las dotaciones 
asignadas a los mismos, las cuales, según la información facilitada, ascienden al 100 %. 
II.8.4.  Financiación de los Fondos 
El resumen de la financiación obtenida por CLM, durante el ejercicio fiscalizado, por recursos de  es
los FCI, se refleja en el estado siguiente, detallando para cada dotación y tipo de fondo los  o
importes solicitados y pendientes de solicitar.  742www.
  
 
 
CUADRO Nº 63. FCI (FINANCIACIÓN OBTENIDA EN 2018) 
(miles de euros) 
Pendiente de 
FCI origen  Dotación    Solicitado  solicitar a 
31/12/2018 
2018. FC  26.254    26.254  0 
2018. Fondo Complementario  8.751    8.751  0 
Los derechos reconocidos por los recursos de los Fondos, procedentes del Estado, ascendieron, 
como ya se ha señalado, a 35.005 miles de euros, mientras las obligaciones pagadas por la CA en 
partidas de su presupuesto vinculadas a la ejecución de proyectos con dichos Fondos fueron de 
35.419 miles de euros. 
II.9.  SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
II.9.1.  Informes de Fiscalización anteriores 
El Informe anual de fiscalización de CLM, ejercicio 2017, fue aprobado por el Pleno del Tribunal de 
Cuentas el 19 de diciembre de 2019, por lo tanto, una vez cumplido el plazo para elaborar y remitir 
la Cuenta General de CLM relativa al ejercicio 2018. Por ello, se analizan a continuación las 
recomendaciones incluidas en el informe inmediatamente anterior (relativo al ejercicio 2016), 
aprobado por el Pleno el 20 de diciembre de 2018, el cual recogía recomendaciones similares a 
las formuladas en el de 2017, dado el carácter recurrente de las fiscalizaciones. 
1.  Tal  como  señalan  diversas  Resoluciones  aprobadas  por  la  Comisión  Mixta  para  las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas (entre otras de 8 de abril de 2014, de 28 de abril de 2015 y 
de 12 de junio de 2017), se deberían efectuar las modificaciones normativas oportunas a efectos 
de adelantar el plazo de rendición de las cuentas a 30 de junio del ejercicio siguiente a que se 
refieran, a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por este Tribunal. Las 
modificaciones normativas realizadas en los últimos años retrasaron el plazo de rendición desde el 
30  de  junio  hasta  el  31  de  octubre,  sin  que  esta  situación  haya  revertido,  pese  al  tiempo 
transcurrido desde que esta se viene haciendo, tanto por el Tribunal como por la Comisión Mixta. 
2.  La Cuenta General debería integrar las cuentas de todos los entes del sector público 
regional, no solo de los sujetos a contabilidad pública, ofreciendo una visión consolidada de la 
actividad  económico-financiera  de  los  entes  de  la  Comunidad.  Para  ello  deben  tomarse  en 
consideración normas contables tales como el Plan General de Contabilidad Pública aprobado por 
la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, y la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se 
aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector 
público. Además, debería valorarse el dictado de una norma similar a la contenida en la Orden 
HAP/801/2014, de 9 de mayo, por la que se regula el procedimiento de rendición de cuentas 
anuales en los casos de modificaciones estructurales entre entidades del sector público que 
supongan la extinción de entidades públicas sin que exista un proceso de liquidación. No se han 
producido modificaciones legales en la configuración de la Cuenta General, la cual, según el  es
TRLH, recoge exclusivamente entes sujetos a contabilidad pública. No obstante, la IGCA, al  o
fPJdoCoornmCr dMaoert, r  tadaa imcdphaabaprié tteCan,d u somee ne atrdale i,agP hnulaatlaen b i nlaeac s llutaOai dtreadosle  ttrndau emc1 tb62ui90réa/1n2 0 y0d, 1 ecn8oteo,n rrdtmmeenia ni 2daq6odu  aedds ee d  elennarot oiCvdgiaueadem enlabsta r eOs G,u rjdeseeentan esa ra dpaler  ud cedeobi nclaatiea  embCli AlbiPdr, eaCs dGidn peP qr  iu1vdea9e,d9  a7ala.,l     2021-14742n https://www.
cierre de 2019, se hayan regulado estos extremos.
 
3.  Conforme al marco contenido en los artículos 62.3 y 83 del Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda, sería recomendable elaborar un plan de disposición de fondos, como instrumento de 
planificación y gestión de las disponibilidades líquidas tendente a promover la sostenibilidad 
financiera. No ha habido avances en la elaboración de dicho plan, pese a venir recomendándose 
esta medida desde la fiscalización del ejercicio 2012, por lo que parece ser que los órganos 
gestores no consideran oportuno contar con el instrumento que le ofrecen los mencionados 
artículos, pese a sus relaciones con las obligaciones impuestas por la LOEPSF. 
4.  Debería potenciarse la conexión automática entre el inventario y el sistema de información 
contable. Si bien durante el ejercicio 2018 no se han apreciado mejoras, la CA ha indicado que, 
con ocasión de la entrada en vigor el 1 de enero de 2019, de la Orden 169/2018, de 26 de 
noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el 
PGCP de la JCCM, se extiende la vinculación automática inventario-contabilidad a la totalidad de 
las clases de activos que deben integrarse en el Inventario General, lo que será objeto de 
comprobación en fiscalizaciones subsiguientes. 
5.  Se debería dictar la norma oportuna que regulase la elaboración de un informe por las 
fundaciones, empresas y consorcios, a presentar junto con sus cuentas anuales, relativo al 
cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero asumidas como consecuencia 
de  su  pertenencia  al  sector  público,  de  contenido  similar  al  previsto  en  la  Ley  General 
Presupuestaria. No se ha dictado norma alguna para cubrir esta carencia, pese a la relevancia de 
ofrecer un mayor detalle que el que consta en las cuentas anuales para algunas materias, como 
así reconocen la ley estatal y algunas leyes de hacienda autonómicas. 
6.  Debería modificarse el Texto Refundido de la Ley de Hacienda para incluir, tal como hace la 
Ley General de Subvenciones para el Estado, la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas, de 
forma anual, un informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores 
derivados del ejercicio del control financiero. Tampoco ha habido avances al respecto. 
7.   Dada la redacción del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y la 
Ley  50/2002,  de  fundaciones,  la  ruptura  del  vínculo  entre  la  Administración  pública  y  una 
fundación debería llevarse a cabo mediante las vías de extinción (con o sin liquidación) de esta 
última previstas en la propia Ley, en lugar de la utilización del mecanismo de renuncia a la 
posición de miembro del Patronato. Al no haberse producido nuevas operaciones en el sentido 
expuesto en los últimos ejercicios, la presente recomendación no puede verificarse, por lo que 
será contrastada si vuelve a generarse una situación como la expuesta. 
8.  Debería modificarse el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad en materia 
de modificaciones de créditos incluyendo como requisito exigible para proceder a las ampliaciones 
de créditos, que estas se realicen con la oportuna financiación, con el fin de evitar desequilibrios 
que conducen a la generación de déficits presupuestarios. Si bien la legislación no ha sido 
actualizada, desde el ejercicio 2017 todos los expedientes de modificación señalan la fuente de 
financiación. 
9.  Deberían  implantarse  los  registros  públicos  de  infractores  que  establecen  las  leyes 
autonómicas de Evaluación Ambiental y de Montes, además de promoverse la efectividad de las 
sanciones impuestas por infracciones de la segunda. No se han tomado medidas para la creación 
de ambos registros. 
10.  Debería  promoverse  el  desarrollo  reglamentario  de  los  aspectos  pendientes  de la  Ley  oe.
7cereod/2fouo0rcrd1zai0anti,rva sdodeeso   rl2aa 0 d l arede  evvla iisjsu tiCóalion od, n eyds  eeloe jEesl  rdcríaueo csndautreclot iaólE dnedo cdusoec ona Cbóctmaieósninctii odllea ond-sL e leao n lsMo  lspaa lsnac cendhneisatstr. io nAdsteda  desa ompccráceuisóne,nt bed aseas,b   eedplreúaía bbe loipvcraooaltsrue  anpycco iiórca onrlson, esca  esecríle t apcnodatrmoposeos,l     2021-14742n https://www.
tanto  por  la  citada  Consejería  como  por  la  Intervención  General  de  la  Comunidad.  De  la
 
 
información  aportada  durante  la  fiscalización  no  se  deducen  avances  en  relación  con  esta 
recomendación. 
II.9.2.  Resoluciones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas 
Mediante la Resolución de 27 de febrero de 2018 aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe anual de fiscalización de la CA 
de  CLM,  ejercicio  2015,  se  instaba  a  esta  a  asumir  las  conclusiones  y  seguir  todas  las 
recomendaciones del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. 
Con posterioridad, se ha aprobado la Resolución de 27 de febrero de 2019, en relación con el 
Informe de fiscalización de la CA de CLM, ejercicio 2016. En la misma se insta a realizar 
actuaciones coincidentes con las recomendaciones que viene formulando este Tribunal y que han 
sido analizadas en el epígrafe anterior.  
Adicionalmente, se insta a la CA a implantar los registros públicos de infractores que establecen 
las leyes autonómicas de Evaluación Ambiental y de Montes, además de promover la efectividad 
de las sanciones impuestas por infracciones de la segunda (recomendación incluida en el Informe 
de fiscalización del ejercicio 2016 por primera vez), desprendiéndose, del análisis realizado en el 
epígrafe II.7.9, que la CA seguía sin tener constituidos ambos registros públicos de infractores, al 
igual que se advirtió en los dos ejercicios precedentes. 
III. CONCLUSIONES 
De los resultados de la fiscalización, expuestos en los apartados anteriores, se deducen las 
siguientes conclusiones: 
III.1.  RENDICIÓN DE CUENTAS 
1.  La Cuenta General de la Comunidad Autónoma (CA) de Castilla-La Mancha (CLM) del 
ejercicio  2018  y  las  cuentas  anuales  individuales  integradas  en  la  misma  se  han  rendido 
respetando las normas que les son de aplicación respecto a plazo, estructura y contenido, salvo 
por: 
  Las cuentas de los Consorcios Parque Arqueológico de Carranque y Parque Arqueológico 
de Alarcos no se incluyen en la Cuenta General, si bien se trata de entidades en liquidación de 
escasa relevancia económica.  
  Las  cuentas  del  Grupo  Ente  Público  Radio-Televisión  de  CLM  (RTVCLM)  y  de 
Infraestructuras del Agua de CLM deberían haberse presentado de acuerdo con los principios y 
normas de contabilidad pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.4 del Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda de CLM (TRLH). 
  Si bien la Orden de 15 de diciembre de 1997, de la Consejería de Economía y Hacienda por 
la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública aplicable a la Junta de Comunidades 
de CLM (JCCM) y se determina la estructura y contenido de la Cuenta General (PGCP), toma  s
como base el Plan de Contabilidad Pública aprobado mediante Orden del Ministerio de Economía  oe.
y Hacienda, de 6 de mayo de 1994, omite algunos apartados de la memoria de la citada Orden  w.
e stataLl,a c ocno nlata cboilridreasdp odned liae nAted mpéinrdisitdraa cdióen i nrfeogrmioancailó yn .o rganismos administrativos se adapta, con  2021-14742n https://ww
dEectoenrmominíaad ya sH apcairetincduala dried a6d dees,  mala pyloa nd ec o1n9t9a4b.l eN por eovbissttaon eten,  lma eydai adnetreo glaa dOar dOernd e1n6 9d/e2l0 M18in, idstee r2io6  ddee   BOE-A-cable e
 
noviembre, se aprueba el Plan de contabilidad pública de la JCCM, adaptado al Plan estatal de 
2010. 
  La normativa autonómica no contiene previsión similar a la de la Orden HAP/801/2014, de 9 
de mayo, por la que se regula el procedimiento de rendición de cuentas anuales en los casos de 
modificaciones estructurales entre entidades del sector público que supongan la extinción de 
entidades públicas sin que exista un proceso de liquidación. 
Tras la derogación desde 1 de enero de 2019 de la Orden de 15 de diciembre de 1997 por la 
Orden 169/2018, de 26 de noviembre, por la que se aprueba el PGCP de la JCCM, no se ha 
dictado precepto alguno que regule el contenido y estructura de la Cuenta General, la cual, con la 
normativa  vigente  en  el  ejercicio  fiscalizado,  no  se  presentaba  de  forma  consolidada 
(epígrafe II.2.1).  
2.  Las demás cuentas de las entidades que pertenecen al sector público regional o están 
mayoritariamente participadas por la Comunidad se han rendido respetando las normas que les 
son de aplicación respecto a plazo, estructura y contenido, a excepción de las cuentas de la 
Fundación Colección Roberto Polo que se han rendido fuera del plazo previsto y según el modelo 
contable aplicable a empresas (epígrafe II.2.2). 
III.2.  CONTROL INTERNO 
Por lo que se refiere al adecuado funcionamiento de los mecanismos de control interno y sistemas 
de  planificación  de  gastos  e  ingresos  con  que  contaba  la  Comunidad  durante  el  ejercicio 
fiscalizado, cabe realizar las siguientes observaciones: 
3.  Se produjeron actos de convalidación por el Consejo de Gobierno, conforme al artículo 100 
del TRLH, por omisión del trámite de fiscalización previa en actos de contenido económico, por 
valor de 8.228 miles de euros (subepígrafe II.3.1.A).  
4.  De las 59 actuaciones previstas en los planes de control financiero aprobados que incidieron 
esencialmente sobre la actividad económico-financiera de dicho año (excluidas las relativas a 
fondos comunitarios), consta la finalización de 42. 
El TRLH no incluye una previsión similar a la de los artículos 161 y 166 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria (LGP), sobre los planes de acción a elaborar por los 
órganos afectados por los controles de la Intervención General y su seguimiento, lo que debilita 
los efectos de las actuaciones de control (subepígrafe II.3.1.B). 
5.  El TRLH establece escasas restricciones a la realización de transferencias de crédito, lo que 
debilita el valor del presupuesto inicialmente aprobado como instrumento de planificación de la 
actividad. Adicionalmente para el ejercicio fiscalizado, la Ley de Presupuestos de la CA (LP) deja 
sin efecto la práctica totalidad de las limitaciones contenidas en el precitado Texto.  
La  información  de  seguimiento  de  los  objetivos  existentes  en  relación  con  los  programas 
presupuestarios previstos en la LP se limita a aportar los datos cuantitativos, sin acompañarlos de 
la necesaria información cualitativa que permitiría su correcta comprensión (subepígrafe II.3.2.A).  
6.  En el ejercicio fiscalizado no se contaba con un plan de disposición de fondos, documento  e
que, sin ser de elaboración imperativa según el TRLH, cobra especial relevancia a la vista de las  bo
obligaciones  impuestas  por  la  Ley  Orgánica  (LO)  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  742ww
7dPe.r e lsausNp duoief essretea nhritaae  siyn  afSocortmsutaaecdniooib nisleiodsba frdien  Falainn cianinetrcroaiedsru adc ec(L ilóOan EC dPoeSm nFuu)n e(idvsouasbd e,s peisíngt ervmairftaeus dI I d.d3ee. 2lc .aoBrn)t.tí rcoull op a5r9a  dlae ls TupReLrHvi,s pióonr   OE-A-2021-14able en https://
 
 
lo  que  perviven  las  carencias  advertidas  en  los  informes  de  fiscalización  precedentes 
(subepígrafe II.3.2.C).  
8.  En el ejercicio fiscalizado no existía aún vinculación entre la aplicación de inventario y la 
contabilidad para la totalidad de bienes, produciéndose además diferencias entre los registros de 
las  rúbricas  de  inventario  y  los  saldos  contables  de  las  cuentas  de  inmovilizado 
(subepígrafe II.3.2.D).  
9.  La información sobre la gestión de la explotación del patrimonio público del suelo de la 
Comunidad no se incluye en la Cuenta General, pese a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística.  Así  mismo,  tampoco  se  acredita  la  constitución  del 
patrimonio público de suelo previsto en la citada regulación autonómica (subepígrafe II.3.2.E). 
10.  No se ha producido la remisión trimestral a las Cortes Regionales de las relaciones de 
beneficiarios  de  subvenciones  a  las  que  se  refiere  el  Decreto  49/2018,  de  10  de  julio 
(subepígrafe II.3.2.F). 
11.  A pesar de la previsión de anualidad del informe sobre los sistemas para verificar el registro 
contable de facturas, recogida en el artículo 12.3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, 
tras  el  informe  de  agosto  de  2018,  no  se  ha  acreditado  la  emisión  de  ningún  otro 
(subepígrafe II.3.2.G). 
12.  Gran parte de la política de seguridad de la información de la Administración de la Junta de 
Comunidades de CLM (JCCM) aprobada por el Decreto 57/2012, de 23 de febrero, permanecía 
pendiente de desarrollo en la forma prevista en el mismo. En este sentido, no se ha informado de 
la aprobación, por el comité responsable, de planes estratégicos, planes directores y líneas de 
actuación en materia de seguridad de la información y políticas de auditoría. Además, en el 
ejercicio fiscalizado, sistemas tales como TAREA y GRECO no contaban con la declaración de 
aplicabilidad prevista en el artículo 27 del Real Decreto (RD) 3/2010, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad (ENS), que fue obtenida posteriormente. Es destacable que, a 
partir del mes de mayo de 2018, se contó con un procedimiento de gestión de incidentes de 
seguridad  debidamente  aprobado,  lo  que  subsana  la  carencia  advertida  en  fiscalizaciones 
precedentes (subepígrafe II.3.2.H). 
13.  Al  cierre  del  ejercicio fiscalizado no  se  había  concluido la  necesaria  automatización e 
interoperabilidad de las infraestructuras de la JCCM en relación con los servicios del Directorio 
Común (DIR3) y el Sistema de Información Administrativa (SIA) de la Administración General del 
Estado.  Además,  durante  el  ejercicio  fiscalizado,  la  CA  no  había  establecido  formalmente 
mecanismos de control para verificar el cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad 
(ENI), pese a la previsión contenida en el artículo 27 del RD (subepígrafe II.3.2.I). 
14.  La CA no realizó actuaciones, ni durante el ejercicio fiscalizado ni hasta el cierre de 2019, 
que  dieran  cumplimiento  al  sistema  de  supervisión  continua  de  sus  entidades  dependientes 
previsto en el artículo 81.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público  (LRJSP)  que  permita  comprobar  la  subsistencia  de  los  motivos  que  justificaron  su 
creación  y sostenibilidad  financiera,  y que  incluya  la  formulación  expresa  de  propuestas de 
mantenimiento, transformación o extinción (subepígrafe II.3.2.J).  s
III.3.  CUENTA GENERAL  742ww
1Aac5du.m eirndDisoet rlc aocaninó álnol isGs ipesrn inerceraiapll iidozesa  dlyao   nJousrnemt aad yse  dscpeor nleotnasdb eelen ste qdsue esf,iu njiecdtooonss   eacn ac orloánsct atepbrlia lindgeaesdn  edpreúa blc,l iocnlaat assb ei clpiduraeedsne,t anastsa ír doceno  mdleoa    OE-A-2021-14able en https://
 
que la gestión presupuestaria se desarrolló según las normas que la rigen, si bien han de 
realizarse las observaciones que se recogen a continuación (subapartado II.4). 
16.  Al igual que en 2017, la LP para 2018 no recoge la prohibición de realizar modificaciones 
que  supongan  un  aumento  de  las  necesidades  totales  de  financiación,  lo  que  incide 
negativamente en la sostenibilidad financiera de la CA. Además, en la normativa de CLM no 
existen disposiciones equivalentes a las de la LGP, donde se establecen restricciones cualitativas 
para las transferencias de crédito y de financiación para las ampliaciones (subepígrafe II.4.2.B). 
17.  Durante 2018 se reconocieron obligaciones en el presupuesto del citado ejercicio en una 
cuantía de 15.009 miles de euros por gastos derivados de adquisiciones, obras, servicios y demás 
prestaciones que se realizaron en años anteriores, admitiéndose excepciones a dicha imputación 
en los supuestos del artículo 36 del TRLH y sin que se acreditara en cuál de ellas se ampara la 
relativa a obligaciones por un importe de 4.726 miles de euros (subepígrafe II.4.2.C).  
18.  Ni las liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009, ambas negativas para la CA, ni 
los  mecanismos  posteriores  previstos  para  su  devolución  fraccionada  se  han  registrado  en 
contabilidad  financiera,  ascendiendo  la  deuda  a  666.879  miles  de  euros  al  cierre  de  2018 
(subepígrafe II.4.2.D). 
19.  Numerosos valores contables del inmovilizado no son reflejo de los importes por los que 
aparecen en el inventario. Esta falta de conexión entre los sistemas se centra en todos aquellos 
bienes y derechos que no son inmuebles afectos al dominio público o elementos de transporte 
(subepígrafe II.4.3.A). 
20.  Al  cierre  del  ejercicio  2018,  el  importe  contabilizado  de  deudores  presupuestarios  con 
antigüedad superior a cuatro años ascendía a 94.177 miles de euros. Además, la Junta no utiliza 
las cuentas previstas en el PGCP para registrar en balance el importe de las deudas aplazadas y 
fraccionadas pendientes de vencimiento, lo que incide sobre el total de deudores reflejados en 
balance (subepígrafe II.4.3.B). 
21.  En al menos tres cuentas bancarias se incumplía lo dispuesto en el artículo 86.2 del TRLH, 
donde  se  exigen  dos  firmas  conjuntas  para  su  manejo,  y  en  otras  dos  no  se  acreditó  su 
cumplimiento (subepígrafe II.4.3.C). 
22.  La representatividad de la cifra de fondos propios como magnitud obtenida por diferencia 
entre el activo y el pasivo exigible, se encuentra afectada, fundamentalmente, por las incidencias 
en el registro del inmovilizado (subepígrafe II.4.3.D). 
23.  Gastos  por  550  miles  de  euros  derivados  de  adquisiciones,  obras,  servicios  y  demás 
prestaciones realizadas con anterioridad al año 2018 no estaban contabilizados en la cuenta de 
acreedores pendientes de aplicar a presupuesto al cierre de 2017 (subepígrafe II.4.3.E). 
24.  La  memoria  no  contiene  el  estado  operativo  previsto  en  PGCP  donde  se  informe 
suficientemente  de  la  comparación  entre  los  gastos  e  ingresos  presupuestarios 
(subepígrafe II.4.5.A). 
25.  Ingresos  extraordinarios  de  otros  ejercicios  por  4.261  miles  de  euros  se  contabilizan 
incorrectamente en la cuenta de resultados de 2018 del Servicio de Salud de CLM (SESCAM), en  s
lugar de ser imputados directamente al patrimonio (subepígrafe II.4.6.C).  oe.
26.  En los balances de los organismos autónomos (OOAA), no aparece la cuenta de “resultados  742ww
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ejercicio y de ejercicios cerrados, contabilizándose todos ellos de manera agrupada.
 
 
Dos cuentas bancarias del SESCAM y una del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario y Forestal de CLM (IRIAF) no respetaban lo establecido en el artículo 86.2 del 
TRLH. Además, la rúbrica de inmovilizado de los Organismos presentaba deficiencias similares a 
las señaladas para la Administración General y, en particular, la diferencia entre el precio de 
adquisición contabilizado para el inmovilizado no financiero del SESCAM y su valor en inventario 
asciende a 443.458 miles de euros, cuestionando que este último se esté utilizando como soporte 
de la contabilidad. 
Gastos realizados en 2018 por importe de 139.869 miles de euros no fueron objeto de imputación 
al presupuesto del SESCAM, mientras otros correspondientes a ejercicios anteriores por importe 
de 102.135 miles de euros fueron imputados al presupuesto del año fiscalizado, incumpliendo el 
principio de especialidad temporal recogido en el artículo 49 del TRLH, actuación que repercute, a 
su vez, en el resultado presupuestario y en el remanente de tesorería. Además, no queda patente 
el procedimiento seguido para la imputación de gastos de ejercicios anteriores a 2018 por este 
organismo, en un importe de 32.897 miles de euros, en relación con su amparo en alguna de las 
excepciones a la regla de temporalidad previstas en las normas aplicables (subepígrafes II.4.6.B 
y II.4.6.C). 
III.4.  CUENTAS ANUALES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
27.  Del análisis realizado sobre las cuentas individuales de empresas, fundaciones y consorcios 
de la Comunidad y de los informes de auditoría emitidos sobre ellas se desprende que, con 
carácter general, se presentaron de acuerdo con los principios y normas contables definidos en 
los  planes  de  contabilidad,  si  bien  se  formulan  determinadas  observaciones  ante  las 
incorrecciones advertidas, que se recogen a continuación (subapartado II.5). 
28.  A diferencia de lo previsto en la LGP, el TRLH no contaba con un precepto que obligara ni a 
las empresas ni a las fundaciones públicas autonómicas a la elaboración de un informe, a 
presentar junto con las cuentas anuales, relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter 
económico-financiero asumidas como consecuencia de su pertenencia al sector público, aspectos 
que, en general, no son tratados con el detalle necesario en la información ordinaria incluida en 
las cuentas anuales (subepígrafes II.5.1.A y II.5.2.A). 
29.  La  Sociedad  de  Gestión  Ambiental  de  CLM,  S.A.  (GEACAM)  se  encontraba  a  31  de 
diciembre  de  2018  en  causa  de  disolución  de  acuerdo  con  el  artículo  363  del  TRLSC 
(subepígrafe II.5.1.B). 
30.  Las cuentas anuales de 2018 de la Sociedad Gestión de Infraestructuras de CLM, S.A. 
(GICAMAN), Grupo Instituto de Finanzas de CLM, GEACAM y de la Sociedad para el Desarrollo 
Industrial de CLM, S.A. (SODICAMAN) presentaban diversas incorrecciones en la aplicación de 
criterios contables o ausencia de la información prevista en el plan contable de referencia. 
La situación patrimonial y financiera de Televisión Autonómica de CLM, S.A.U. (CMT) y de Radio 
CLM  S.A.U.  se  veía  afectada  en  2018,  al  igual  que  en  ejercicios  anteriores,  por  diversas 
incertidumbres relevantes de carácter fiscal, pese a lo cual ambas sociedades decidieron no 
reconocer el riesgo correspondiente y ello pese a que su resolución en contra de los intereses de 
CMT colocaría a esta sociedad en situación de disolución, según lo dispuesto en el artículo 363 
del TRLSC. Por otro lado, en sus cuentas anuales y a la vista de lo señalado en la norma de 
registro y valoración 18.2 del Plan General de Contabilidad (PGC) y normativa de desarrollo, no  e.e
queda  suficientemente  documentado  el  soporte  para  la  contabilización  de  las  transferencias  b
recibidas de la JCCM directamente en sus fondos propios (subepígrafe II.5.1.E).  742ww
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cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización de 
las inversiones financieras temporales, aprobado mediante acuerdo del Consejo de la CNMV de 
20 de noviembre de 2003 (subepígrafe II.5.2.A). 
32.  Al cierre del ejercicio fiscalizado, la Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos para la 
Investigación y la  Integración  presentaba  patrimonio  neto  negativo, mientras  que  los  fondos 
propios de la Fundación Centro Tecnológico del Metal de CLM eran casi inexistentes tras los 
constantes resultados negativos, y las fundaciones Patronato de la Semana de Música Religiosa 
de Cuenca (PSMRC) y CLM Tierra de Viñedos, se encontraban incursas en una situación de 
persistente desequilibrio financiero (subepígrafes II.5.2.A y C). 
33.  La situación de las fundaciones Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la 
Integración y CLM Tierra de Viñedos cuestiona la formulación de las cuentas anuales de 2018 
bajo el principio de entidad en funcionamiento. Adicionalmente, las cuentas de Centro Tecnológico 
del  Metal,  Centro  de  Innovación  de  Infraestructuras  Inteligentes,  Jurado  Arbitral  Laboral  y 
Sociosanitaria de CLM presentaban determinadas incorrecciones en la aplicación de los criterios y 
normas contables. Del análisis realizado y a la vista de los errores procedentes de ejercicios 
anteriores que provocaron la reformulación de cuentas en 2017 y la posterior corrección de los 
saldos de dicho ejercicio en las cuentas de 2018, se aprecia un alto riesgo de ausencia de 
razonabilidad de los saldos de acreedores de las cuentas anuales de la Fundación PSMRC 
(subepígrafe II.5.2.D). 
34.  Las  cuentas  anuales  de  los  consorcios  Parque  Arqueológico  de  Carranque  y  Parque 
Arqueológico de Alarcos, ambos en proceso de disolución, no se formularon conforme al PGCP, 
como  estipulan  sus  estatutos.  En  2019,  se  constata  la  inactividad  de  ambas  entidades, 
permaneciendo sin avance sus procesos de disolución (epígrafe II.5.3). 
III.5.  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
De  la  comprobación  sobre  el  seguimiento  de  los  procedimientos  establecidos  para  la 
determinación y cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla 
de gasto, cabe destacar que: 
35.  En el informe del Ministerio de Hacienda de octubre de 2019 sobre el grado de cumplimiento 
de los objetivos del ejercicio 2018, se indica el cumplimiento del objetivo de déficit y de la regla de 
gasto. No obstante, los datos provisionales sobre el ejercicio 2019 reflejan la vuelta a la situación 
de incumplimiento del objetivo de déficit, con una importante desviación. 
La CA también cumplió el objetivo de deuda para el ejercicio fiscalizado, situándose dicha deuda, 
al cierre del mismo, en 14.714 millones de euros (subepígrafe II.6.2.C). 
III.6.  ANÁLISIS DE LA GESTIÓN 
Al evaluar la sujeción a los principios de legalidad, eficiencia y economía de la gestión de los 
recursos públicos, se han apreciado los siguientes incumplimientos y deficiencias: 
36.  El crecimiento global interanual de los gastos de personal del sector público de CLM ha sido 
de un 4,3 % (142.034 miles de euros). Así, junto a los incrementos de las retribuciones de los  s
empleados públicos  habilitados por el artículo 18. Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de  oe.
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2018, se produjo otro adicional del 1,5 %  w.
derivado de la eliminación en un 50 % de la reducción del complemento específico llevada a cabo  742ww
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la inconstitucionalidad y nulidad de la DA decimoséptima de la Ley 14/2018 de presupuestos 
generales de la Región de Murcia para el año 2019. En dicha sentencia se señala que “la norma 
autonómica se limita a ordenar la recuperación de los conceptos retributivos dejados de percibir 
en 2013 y 2014, omitiendo los criterios a que expresamente se refiere la norma estatal de 
contraste y, con ello, infringiendo el carácter condicionado de la posibilidad de recuperación que 
esta  última  contempla,  porque  ha  quedado  acreditado,  y  no  se  ha  controvertido,  que  las 
condiciones que la norma básica impone con relación al cumplimiento de los objetivos de déficit y 
de deuda y la regla de gasto no se cumplían (subepígrafes II.7.1.A y B). 
37.  Instituto de Finanzas de CLM, Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A.U. 
(ISFOC), el Ente Público RTVCLM, Radio Autonómica de CLM, S.A.U. (RCM) y CMT superaron la 
cuantía prevista para los gastos de personal en los respectivos presupuestos aprobados en la LP 
para 2018, si bien todas ellas siguieron el procedimiento previsto en su artículo 21. 
El Grupo Ente Público RTVCLM suscribió 162 contratos con carácter temporal, sin que quede 
especialmente justificada la urgencia de 129 contrataciones de interinos pese a lo dispuesto en la 
DA  novena  de  la  LP  para  2018,  al  indicarse  exclusivamente  como  fundamento  “sustituir  a 
trabajadores con derecho a reserva de plaza”. 
El citado Grupo ha abonado en marzo de 2018 y abril de 2019 atrasos de 2016, 2017 y 2018 por 
1.105 miles de euros amparados en el IV Convenio Colectivo de CLM Media, 190 miles con 
anterioridad a la entrada en vigor de este, a la cual quedaban supeditados. Por otro lado, si bien 
en  el  ejercicio  se  corrigieron  incidencias  en  la  aplicación  de  la  normativa  tributaria  sobre 
determinadas  retribuciones  a  su  personal,  las  cuales  fueron  advertidas  en  fiscalizaciones 
precedentes, persisten otras que han supuesto que el Grupo haya dejado de practicar retenciones 
sobre una base aproximada de 12 miles de euros (subepígrafe II.7.1.D). 
38.  De las actuaciones de control financiero de la Intervención General de la CA (IGCA) se 
deduce que un número significativo de altas de personal temporal de la Fundación Hospital 
Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración fueron cursadas con posterioridad a 
la  expiración  de  la  vigencia  de  las  autorizaciones  concedidas  por  la  consejería  competente 
(subepígrafe II.7.1.E). 
39.  Durante ocho meses de 2018, el período medio de pago de la CA, calculado conforme al 
RD 635/2014,  no  se  adecuó  al  periodo  de  30  días  legalmente  establecido.  Ante  dicho 
incumplimiento no se actuó según lo dispuesto en el artículo 13.6 de la LOEPSF. Además, no se 
han llevado a cabo los controles previstos en la DA tercera de la Ley Orgánica (LO) 9/2013, de 20 
de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, sobre las Administraciones 
Públicas no sujetas a auditoría de cuentas, relativos a verificar la existencia de obligaciones 
derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su 
imputación presupuestaria (subepígrafe II.7.2.A). 
40.  El Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) de 2 
de marzo de 2017 estableció condiciones adicionales a cumplir por las Comunidades Autónomas 
(CCAA) que quisieran adherirse al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del Fondo 
de Financiación de las CCAA, sin que CLM cumpliera todas ellas en tiempo y forma, lo que no le 
impidió percibir los fondos (subepígrafe II.7.2.B). 
41.  El TRLH no contiene ningún precepto similar al previsto para la Administración estatal por la  s
DA primera de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), sobre la  oe.
renaexocmpt useiasedic óieiconnun teaeenlss t  aTldle reicvb oaruendni anaustlen  agd  mreco ae Cybc uoase naeninnstcma eisoos,n  teadd doeson erfdnoeetrsid m sdoaee (  rsapivunoabundeagoplas,í g  dddraeeef l e ume InjIae. 7nricn.if3ificoe.iAorsm)t o.d e e ul sncoaob nrvteriso ieló lfn in saienngtceuigiemrraoied, noptrooar   ddloee   qlluaoess    2021-14742n https://www.
 
42.  La información que consta en la Base de Datos Regional de Subvenciones (BDRS) tanto 
sobre  procedimientos  de  reintegro,  como  sobre  prohibiciones  para  ser  beneficiario  de 
subvenciones,  es  muy  limitada,  no  ajustándose  a  las  previsiones  reglamentarias 
(subepígrafe II.7.3.B). 
43.  La Fundación PSMRC no atendió los requerimientos del órgano gestor de las transferencias 
nominativas de 2016, 2017 y 2018 concedidas por la JCCM para las sucesivas ediciones de la 
Semana de la Música Religiosa de Cuenca, relativos a la justificación de los fondos recibidos, sin 
que, ante esta actuación, se hubieran iniciado procedimientos de reintegro al cierre de 2019 
(subepígrafe II.7.3.C). 
44.  La JCCM, el Instituto de Promoción Exterior de CLM (IPEX) y el IMUJ vienen concediendo 
anualmente subvenciones directas y en régimen de concurrencia competitiva a las organizaciones 
sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), así como a la 
Confederación Empresarial de CLM (CECAM), reconociéndose en 2018 obligaciones por importe 
de  3.204  miles  de  euros,  de  cuyo  análisis  se  han  derivado  deficiencias,  tales  como  la 
indeterminación de los gastos elegibles, la falta de vinculación entre las actuaciones realizadas y 
los gastos justificados, la ausencia en la cuenta justificativa de una relación de otros ingresos o 
subvenciones relacionados con la actividad subvencionada o la ausencia de actuaciones de 
verificación por el órgano gestor de la posible incompatibilidad de las ayudas recibidas con otras 
para la misma finalidad (subepígrafes II.7.3.D). 
45.  La  JCCM  no  utiliza  la  cuenta  prevista  por  el  PGCP  para  registrar  en  el  balance  las 
provisiones para riesgos y gastos, por lo que no se estarían contemplando los importes estimados 
para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas, procedentes de litigios en curso, 
indemnizaciones u obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, como sería el caso de 
avales u otras garantías similares a cargo de la entidad (subepígrafe II.7.4.C).  
46.  Aunque el artículo 15 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre de Ordenación sanitaria de CLM 
establece  que  el  Plan  de  Salud  es  el  instrumento  de  planificación  estratégica,  dirección  y 
ordenación del Sistema Sanitario de CLM, la CA no contaba con un plan de estas características 
durante el ejercicio fiscalizado (subepígrafe II.7.5.B). 
47.  Durante  2018  se  generaron  obligaciones  pendientes  de  imputar  al  presupuesto  del 
SESCAM, que quedaron contabilizadas en la cuenta 409, por un importe de 140.553 miles de 
euros. La suma de las obligaciones reconocidas y las pendientes de imputar al presupuesto 
excedieron en 114.315 miles los créditos disponibles del Organismo (subepígrafe II.7.5.C). 
48.  El 27,9 % de las plazas cubiertas de la plantilla del SESCAM al cierre de 2018 lo fue 
mediante personal interino, aumentando el porcentaje de interinidad respecto del año precedente. 
En el caso de 39 trabajadores eventuales, a la vista del período acumulado y de conformidad con 
el artículo 9 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 
salud, se hacía necesario valorar la creación de plazas estructurales en la plantilla. A lo anterior ha 
de  añadirse  la  existencia  de  1.444  plazas  no  ocupadas  de  la  plantilla.  Del  total  de  las 
contrataciones  temporales  señaladas  se  ha  observado  que,  con  carácter  general,  no  existe 
homogeneidad en los motivos aludidos por las gerencias del SESCAM para desencadenar la 
contratación y que solo un 2 % de las contrataciones aparecen catalogadas específicamente bajo 
la denominación de “cobertura urgente”. 
En los controles financieros sobre el SESCAM se pone de manifiesto, entre otras deficiencias, que  o
ejnpunúrse mtcliofeeiscrd aoen  noldatmee n sbee r(alcslomeussbi eiedcnpautídoyga sre a ddnfeeu  l roIpaIs.rc7 oi.tóm5én.roDm cs)ii.unó pones ir nadt eelorl nsaa r dttíoecusm lopa oñ2ro6as l ,d (Pelo I Tlaq) u Oree radyleaizn af ud2eo1 s4i n/e2dn0i c1ea7ld  eoyj  eeerxcnii scftiioes c 2ua0nli1z ea8lc eniovoan desoes    2021-14742n https://www.
 
 
49.  Diversos  controles  realizados  internamente  por  el  SESCAM  sobre  sus  Gerencias  de 
Atención Integrada pusieron de manifiesto la necesidad de revisar el procedimiento de validación y 
abono de las facturas derivadas de la prestación de servicios de asistencia sanitaria a través de 
medios  ajenos,  sin  que  se  adoptaran  las  medidas  oportunas  para  ello  durante  el  ejercicio 
fiscalizado. No obstante, a partir de agosto de 2019, las GAI de Cuenca, Toledo y Talavera 
aprobaron protocolos de actuación para la facturación de la actividad concertada, cuya eficacia 
para  solventar  los  problemas  anteriores  se  analizará  en  próximas  fiscalizaciones 
(subepígrafe II.7.5.E). 
50.  El conjunto del gasto sanitario y farmacéutico de CLM creció por encima de la tasa de 
referencia  de  crecimiento  del  Producto  Interior  Bruto  (PIB)  de  medio  plazo  de  la  economía 
española para 2018 (punto II.7.5.F.2).  
51.  La gestión del equipamiento sanitario tecnológico de las diferentes unidades del SESCAM 
se lleva a cabo de manera descentralizada mediante el Sistema de Información para la Gestión de 
Mantenimiento  e  Inventario  Asistido  por  Ordenador  (GMAO),  el  cual  presenta  importantes 
deficiencias,  sin  que  se  haya  procedido  a  su  actualización  y  mantenimiento,  pese  a  las 
necesidades  manifestadas  desde  el  ejercicio  2016.  Por  su  parte,  no  se  han  producido  las 
revisiones previstas en el Plan de Renovación de Alta Tecnología Sanitaria en CLM 2016-2021. 
La antigüedad del equipamiento sanitario tecnológico de la CA en uso no responde a los criterios 
generalmente aceptados a nivel internacional, superando además los bienes en activo con más de 
diez años de utilización, en todas las categorías salvo “monitorización de pacientes críticos”, a los 
del conjunto del sector público sanitario español (punto II.7.5.G.2).  
52.  La tasa de pacientes en espera de intervención quirúrgica por 1.000 habitantes, los tiempos 
medios de espera y el porcentaje de pacientes con más de seis meses de espera para dichas 
intervenciones en CLM superaban los medios del conjunto de servicios de salud de las CCAA. A 
la  reducción  de  las  listas  de  espera  (quirúrgica  y  técnicas  diagnósticas)  ha  contribuido  el 
incremento en la derivación de pacientes a centros privados en un 9,1 %. Además, durante el 
ejercicio  fiscalizado,  no  se  ha  llegado  a  solventar  la  heterogeneidad  en  la  identificación  de 
pacientes  en  los  hospitales  de  la  CA,  al  no  existir  aún  un  número  de  historia  clínica 
homogeneizado (punto II.7.5.H.2). 
53.  La Dirección General (DG) de Centros Educativos y Formación Profesional de la Consejería 
de  Educación  no  contaba  con  un  plan  de  control  propio  ni  con  un  manual  aprobado  para 
sistematizar las actuaciones verificadoras sobre los centros docentes públicos. 
Cinco centros públicos no llegaron a aprobar su presupuesto para 2018, pese a lo indicado en el 
Decreto 77/2002. 
La Cuenta de Gestión de 2018 de 27 centros se aprobó fuera del plazo previsto en la Orden 
conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación y Cultura de 9 de enero de 
2003. En relación con la cuenta de 2019, este número ascendió a 31 en 2019, sin que dos centros 
llegaran a remitirlas. Además, la cuenta consolidada del ejercicio 2018 se elaboró fuera de plazo, 
sin que se haya acreditado su envío a la Consejería de Hacienda para su posterior control 
(subepígrafe II.7.6.B). 
54.  Un total de diez centros concertados presentaron las certificaciones con la aprobación por el  s
Consejo  Escolar  de  las  cuentas  del  ejercicio  económico  2018  fuera  del  plazo  establecido  oe.
(subepígrafe II.7.6.C).  w.
5de5 .l asL eav Calounasceiojenreías  adle a Eludmucnaacdioó n(s nuob ehpaíbgíraa faep IrIo.7b.a6d.Do )f.o rmalmente ningún plan de acción derivado
 
56.  La CA no contó con un Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres  (PEICLM)  en  el  ejercicio  fiscalizado,  dado  que  en  octubre  de  2018  se  aprobó  el 
correspondiente al periodo 2019-2024 (subepígrafe II.7.7.C).  
57.  La información que ofrecía en materia de publicidad activa el Portal de Transparencia de la 
CA, tanto en el ejercicio fiscalizado como al cierre de 2019, no cumplía con todas las premisas 
establecidas en la Ley 4/2016, de 15 de diciembre de Transparencia y Buen Gobierno de CLM 
(LTBG), al no publicar, entre otros aspectos, los contratos de alta dirección y otros instrumentos 
en los que se formaliza una relación análoga o los gastos de representación y protocolarios. A 
pesar de la publicación el 29 de junio de 2018 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, este órgano no había comenzado a 
operar al cierre de 2019 (epígrafe II.7.8). 
58.  La  CA  no  había  constituido  el  registro  público  de  infractores  dependiente  del  órgano 
ambiental, previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en 
CLM (LEA). Además, los ingresos derivados de la imposición de sanciones establecidas no 
quedan afectados a la protección del medio ambiente, en contra de lo que prescribe el artículo 43 
del citado texto legal. 
Además, la exposición de motivos de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de 
CLM subraya la falta de claridad y de eficacia del escenario jurídico vigente en ejercicios como el 
fiscalizado para el conjunto de los intervinientes en los procedimientos de evaluación ambiental 
(subepígrafe II.7.9.A). 
59.  Diversos registros y procedimientos previstos en la Ley 3/2008, de 12 de junio, por la que se 
regulan los montes y la gestión forestal sostenible de CLM (LM), y su normativa de desarrollo no 
habían llegado a ser puestos en marcha (subepígrafe II.7.9.B). 
60.  En materia de gestión medioambiental, el II Plan de Depuración de Aguas Residuales 
Urbanas no concretaba las actuaciones a realizar dentro de su ámbito, a pesar de lo dispuesto en 
la  Ley  12/2002,  de  27  de  junio,  Reguladora  del  Ciclo  Integral  del  Agua.  Esta  ausencia  de 
información supone una deficiencia también en la delimitación del canon de aducción y depuración 
previsto en la citada ley. Además, en el ámbito de la CA, al cierre de 2018, en las aglomeraciones 
urbanas  de  más  de  2.000  habitantes-equivalentes  constaban  un  total  de  231  estaciones 
depuradores de aguas residuales (EDARES), de las cuales Infraestructuras del Agua de CLM 
gestionaba  97  (seis  de  ellas  puestas  en  funcionamiento  durante  el  ejercicio  fiscalizado), 
encontrándose en situación de no conformidad con la Directiva 91/271/CEE un total de diez, y 27 
municipios de más de 2.000 habitantes no contaban con EDAR operativa a dicha fecha, pese a 
ser ello obligatorio por imposición de la citada Directiva.  
En el marco del Procedimiento de Infracción CE número 2015/2192 se ha identificado un total de 
68 depósitos ilegales de residuos de construcción y demolición en CLM, tanto de titularidad 
pública como privada. A 1 de marzo de 2019, quedaban actuaciones pendientes en relación con 
30 de estos últimos, con un coste estimado para la Administración, en caso de realizarse por vía 
de ejecución subsidiaria, de dos millones de euros. 
Respecto a los depósitos ilegales de neumáticos identificados en territorio de la CA, a la fecha 
señalada, se habían concluido las actuaciones sobre cinco emplazamientos, con un coste de 
5.258 miles de euros, estando en curso las relativas a otros dos (subepígrafes II.7.9.D y E).  s
61.  Del análisis de la preparación de CLM para la implementación, control y seguimiento de los  w.
Opcorbemjpepatiervatoensnd codia eus n Ddaee e slasatr rrCaoAtlelo.g  AiaSd oersemtgeáinosin,b allael   (C(oOo pmDlaSisn)ió  dsnee d  aedc eScdieóugncu)e im sqoieubneret,o   aedll  elc oliage rrAore g dedene dl oa2s 02 O1093D,0 S ac úaren an disvaee  ls edoselot a lhbaaas    2021-14742n https://ww
tenido dos reuniones a dicha fecha y, ni el Decreto 38/2018, de 5 de junio ni norma posterior, han
 
 
establecido  el  procedimiento  para  que  las  Secretarías  Generales  recabasen  la  información 
necesaria para su elevación a la citada comisión. 
No se ha creado el Consejo Regional de Desarrollo Sostenible, propuesto en la declaración de las 
Cortes regionales publicada en su Boletín Oficial de 11 de marzo de 2019. 
La fórmula para dar participación a los distintos actores de la sociedad regional interesados o 
afectados por los ODS se refleja en el artículo 6 del Decreto 38/2018. En este sentido, formados 
diez grupos, solo se ha acreditado la constitución formal de uno de ellos. Finalmente, las órdenes 
para la elaboración de los presupuestos regionales dictadas durante 2018 y 2019 no hacen 
mención a la distribución de los recursos financieros en función de los ODS (epígrafe II.7.10).  
III.7.  FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 
62.  El  grado  de  ejecución  de  los  proyectos  vinculados  a  los  Fondos  de  Compensación 
Interterritorial considerado por la CA no responde a su avance físico, dado que la falta de 
concreción de los mismos, al estar definidos en líneas generales de actuación, impide determinar 
dicho avance (subapartado II.8). 
III.8.  SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
63.  Del análisis de las recomendaciones formuladas en el Informe Anual de Fiscalización del 
ejercicio 2016, reiteradas en gran medida en el correspondiente al ejercicio 2017, no se deducen 
importantes avances en su implantación, por lo que parte de ellas se recogen nuevamente en el 
presente informe, considerándose que, algunas otras, dado el tiempo transcurrido desde que 
vienen formulándose y la falta de acciones dirigidas a su consecución, no deben ser objeto de 
nueva reiteración (epígrafe II.9.1). 
64.  En la Resolución de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal 
de Cuentas, de 27 de febrero de 2018, en relación con el Informe anual de fiscalización de la CA 
de  CLM,  ejercicio  2015,  se  instaba  a  esta  a  asumir  las  conclusiones  y  seguir  todas  las 
recomendaciones del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas (epígrafe II.9.2). 
IV. RECOMENDACIONES 
1.  La Cuenta General debería integrar las cuentas de todos los entes del sector público 
regional, no solo de los sujetos a contabilidad pública, ofreciendo además una visión consolidada 
de la actividad económico-financiera de los entes de la Comunidad. Para ello debe tomarse en 
consideración la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, y la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, 
por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el 
ámbito del sector público.  
2.  Debería potenciarse la conexión automática entre el inventario y el sistema de información 
contable. 
3.  Se debería dictar la norma oportuna que regulase la elaboración de un informe por las 
fundaciones, empresas y consorcios, a presentar junto con sus cuentas anuales, relativo al 
cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero asumidas como consecuencia  es
de  su  pertenencia  al  sector  público,  de  contenido  similar  al  previsto  en  la  Ley  General  o
Presupuestaria.   742www.
4Le. y GDeneebrearlí ad em oSduibficvaernsceio enle Tse pxatora R eelf uEnsdtaiddoo ,d ela  lao bLleigya cdieó nH adcei erenmdait ipr aarla T inricbluunira, lt adle c oCmueon htaasc,e d lea 
 
forma anual, un informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores 
derivados del ejercicio del control financiero.  
5.  Deberían  implantarse  los  registros  públicos  de  infractores  que  establecen  las  leyes 
autonómicas de Evaluación Ambiental y de Montes, además de promoverse la efectividad de las 
sanciones impuestas por infracciones de la segunda. 
6.  Debería  promoverse  el  desarrollo  reglamentario  de  los  aspectos  pendientes  de la  Ley 
7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. Además, debería potenciarse el papel 
coordinador de la Consejería de Educación en los planes de acción a elaborar por los centros 
educativos a la vista de los resultados obtenidos en las distintas pruebas de evaluación, así como 
reforzarse la revisión y el control económico de los centros docentes, públicos y concertados, 
tanto por la citada Consejería como por la Intervención General de la Comunidad. 
Madrid, 26 de noviembre de 2020 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
María José de la Fuente y de la Calle 
 
 
   
 
ANEXOS 
 
RELACIÓN DE ANEXOS 
I.  CUENTAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
I.0  ENTIDADES INTEGRANTES SECTOR PÚBLICO CLM. 
I.1-1  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Liquidación de los presupuestos de gastos. 
I.1-2  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Liquidación de los presupuestos de ingresos. 
I.1-3  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Saldos presupuestarios. 
I.1-4  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Balances. 
I.1-5  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Cuentas del resultado económico-patrimonial. 
I.2-1  EMPRESAS Y ENTIDADES PÚBLICAS. Balances. 
I.2-2  EMPRESAS Y ENTIDADES PÚBLICAS. Cuentas de pérdidas y ganancias. 
I.3-1  FUNDACIONES PÚBLICAS. Balances. 
I.3-2  FUNDACIONES PÚBLICAS. Cuentas de resultados. 
I-4  Situación de avales. 
II.  ADMINISTRACIÓN GENERAL 
II.1-1  Modificaciones de créditos presupuestarios. Clasificación económica. 
II.1-2  Modificaciones de créditos presupuestarios. Clasificación orgánica. 
II.1-3  Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación económica. 
II.1-4  Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación orgánica. 
II.1-5  Liquidación del presupuesto de ingresos. 
II.1-6  Resultado y saldo presupuestario del ejercicio. 
II.2-0.1 Balance. 
II.2-0.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial. 
II.2-1  Deudores presupuestarios. 
II.2-2  Deudores extrapresupuestarios. 
II.2-3  Tesorería. 
II.2-4  Acreedores no financieros. Presupuestarios. 
II.2-5  Acreedores no financieros. Extrapresupuestarios. 
II.2-6  Pasivos financieros: empréstitos. 
II.2-7  Pasivos financieros: préstamos. 
II.2-8  Remanente de Tesorería. 
III.  FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL  s
III.1  Liquidación de los créditos del Fondo de Compensación.  w.b
IIIIII..23   LLiiqquuiiddaacciióónn  ddee  llooss  rcerécudirtsooss d deel lF Foonnddoo C doem Cpolemmpeenntsaaricoió. n.  2021-14742n https://ww
III.4  Liquidación de los recursos del Fondo Complementario.
 
Anexo I.0 
 
ENTIDADES INTEGRANTES SECTOR PÚBLICO CLM 
Entidad  Denominación 
   
A.G. C.Autónoma  Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
Organismo Autónomo  Agencia del Agua 
Organismo Autónomo  Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha (IMUJ) 
Organismo Autónomo  Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) 
Organismo Autónomo  Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La 
Mancha (IRIAF) 
Ente Público  Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) 
Ente Público  Infraestructura del Agua de Castilla-La Mancha 
Ente Público  Radio-Televisión de Castilla-La Mancha (RTVCLM) 
Sociedad Mercantil  Radio Autonómica de Castilla-La Mancha, S.A.U. (RCM) 
Sociedad Mercantil  Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha, S.A.U. (CMT) 
Sociedad Mercantil  Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A. (GICAMAN) 
Sociedad Mercantil  Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, S.A.U. 
Sociedad Mercantil  Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A.U. (ISFOC) 
Sociedad Mercantil  Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. (GEACAM) 
Sociedad Mercantil  Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, S.A. (SODICAMAN) 
Sociedad Mercantil  FUHNPAIIN Empleo, S.L., en liquidación 
Sociedad Mercantil  FUHNPAIIN Viajes, S.L., en liquidación 
Fundación  Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos 
Fundación  Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración 
Fundación  Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca (PSMRC) 
Fundación  El Greco 2014  
Fundación  Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes 
Fundación  Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha  
Fundación  Impulsa CLM  
Fundación  Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha 
Fundación  Sociosanitaria de Castilla-La Mancha  
Fundación  Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha 
Fundación  Colección Roberto Polo 
Consorcio  Parque Arqueológico de Alarcos, en disolución 
Consorcio  Parque Arqueológico de Carranque, en disolución 
Universidad  Universidad de Castilla-La Mancha 
   
 
 
 

 
Anexo I.1-1 
 
 
 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  /  Liquidación de los presupuestos de gastos 
           
(miles de euros) 
           
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones 
   Subsectores 
iniciales   netas  finales  reconocidas 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  9.116.947   534.561   9.651.508   8.934.304  
ORGANISMOS AUTÓNOMOS         
-  Agencia de Agua de CLM   28.983   0   28.983   27.051  
-  IMUJ  18.067   227   18.294   16.959  
-  IRIAF  8.758   3.003   11.761   7.289  
-  SESCAM  2.715.617   106.921   2.822.538   2.796.300  
ENTES PÚBLICOS         
-  IPEX  4.068   0   4.068   3.245  
           
   TOTAL  11.892.440   644.712   12.537.152   11.785.148  
Anexo I.1-2 
         
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  /  Liquidación de los presupuestos de ingresos 
           
(miles de euros) 
           
Previsiones  Modificaciones  Previsiones  Derechos 
   Subsectores 
iniciales  netas  finales  reconocidos 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  9.116.947   534.561   9.651.508   8.958.234  
ORGANISMOS AUTÓNOMOS         
-  Agencia de Agua de CLM  28.983   0   28.983   27.442  
-  IMUJ  18.067   227   18.294   22.191  
-  IRIAF  8.758   3.003   11.761   11.017  
-  SESCAM  2.715.617   106.921   2.822.538   2.815.606  
ENTES PÚBLICOS         
-  IPEX  4.068   0   4.068   3.359  
           
TOTAL  11.892.440   644.712   12.537.152   11.837.849  

 
Anexo I.1-3 
       
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  /  Saldos presupuestarios 
 
(miles de euros) 
         
Variación neta 
Resultado  Saldo 
Subsectores  pasivos 
presupuestario  presupuestario 
financieros 
ADMINISTRACIÓN GENERAL   (271.032)  294.962   23.930  
ORGANISMOS AUTÓNOMOS       
 -  Agencia de Agua de CLM   391   0   391  
 -  IMUJ  5.232   0   5.232  
-  IRIAF  2.471   1.257   3.728  
 -  SESCAM  18.981   325   19.306  
ENTES PÚBLICOS       
 -  IPEX  114   0   114  
TOTAL  (243.843)  296.544   52.701  
exo I.1-4  o plazo  751.968     18.548   1.574   1.439   332.018     356   105.903  
An s  cort 2. 3.
ore A 
d
  Acre azo  732     0   0   257   325     0   314  
pl 0. 1. 2.
o  22 22
  arg 13. 13.
o  A l
v
si
  Pa s 
  Ingresos a distribuir en arios ejercicio 0     0   0   0   0     0   0  
v
 
Balances  Fondos propios  13.869.910)    (1.245)  5.974   20.127   557.570     1.188   (13.286.296) 
   S  /               (
  ES PÚBLICA es de euros)    Circulante  538.950        16.787    6.994    7.583    64.037       1.531    635.882    
  TRACION (mil   Activo  Gastos a distribuir  7.531     0   0   0   0     0   7.531  
S
  ADMINI movilizado  1.556.309     516   554   15.240   825.876     13   2.398.508  
n
  I
      Subsector ADMINISTRACIÓN GENERAL  ORGANISMOS AUTÓNOMOS  - Agencia de Agua de CLM   - IMUJ  - IRIAF  - SESCAM  ENTES PÚBLICOS  - IPEX  TOTAL  OE-A-2021-14742able en https://www.boe.es

xo I.1-5  RRO ORRO)  9.109)    175   5.267   949   4.829)    185   7.362) 
Ane AHOESAH (29 ( (29
D
(
s  8     0   0   0   1     0   9  
o 8 6 4
ari 3.4 4.2 7.7
n 1 1
di
or
a
xtr
E
  o-patrimonial  Ingresos  Transferencias y Subvenciones  2.643.870     27.388   21.790   8.621   2.780.150    3.358   5.485.177  
  mic s  0     3   4   0  3     1   11  
onó nario 17.23 5 39 1.13 34.70 153.5
  o ec Ordi 4.1 4.
d
  a                             
t
s del resul euros)  aordinarios  56.720     0   0   0   145     0   56.865  
  nta de  Extr
ue s 
  ÚBLICAS  /  C (mile Gastos  Transferencias y Subvenciones  4.620.454     24.281   12.572   452   546.678     1.265   5.205.702  
P
  RACIONES  De ncionamiento  2.396.523     2.985   4.345   8.350   2.277.120     1.909   4.691.232  
T u
S F
NI
MI
D
A
   Subsectores  ADMINISTRACIÓN GENERAL  ORGANISMOS AUTÓNOMOS  - Agencia de Agua de CLM   - IMUJ  - IRIAF  - SESCAM  ENTES PÚBLICOS  - IPEX  TOTAL  OE-A-2021-14742able en https://www.boe.es
Anexo I.2-1 
             
EMPRESAS Y ENTIDADES PÚBLICAS  /  Balances 
(miles de euros) 
Activo  Pasivo 
Patrimonio 
Denominación  No  Corriente  neto  No  Corriente 
corriente  corriente 
ENTES Y EMPRESAS PÚBLICOS  805.569   298.589   768.559   204.022   131.577  
Grupo Ente Público RTVCLM           
* ENTE PÚBLICO RTVCLM  33.939   12.107   25.946   13.665   6.435  
* CMT  22.986   11.208   2.613   14.081   17.500  
* RCM  727   1.063   214   226   1.350  
−  FUHNPAIIN Empleo, en liquidación  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
−  FUHNPAIIN Viajes, en liquidación  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
−  GEACAM  2.968   8.666   (860)   112   12.382  
−  GICAMAN   105.880   115.185   95.939   60.910   64.216  
−  INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CLM  513.752   83.112   572.858   2.333   21.673  
Grupo Instituto de Finanzas de CASTILLA-LA 
         
MANCHA 
* INSTITUTO DE FINANZAS DE CLM  102.887   42.169   27.487   112.455   5.114  
* ISFOC  8.490   2.195   9.951   240   494  
−  SODICAMAN  13.940   22.884   34.411   0   2.413  
CONSORCIOS PÚBLICOS  10   140   (252)   0   402  
−  CONSORCIO PARQUE ARQUEOLÓGICO DE  2   312   178   0   136  
ALARCOS, en disolución 
−  CONSORCIO PARQUE ARQUEOLÓGICO DE  8   (172)   (430)   0   266  
CARRANQUE, en disolución 
TOTAL  805.579   298.729   768.307   204.022   131.979  
N/A: (No aplicable) 
 

xo I.2-2 – 1/2  sultado del ejercicio  (29.091)      (5.670)   (34.381)   (3.864)  N/A  N/A   (3.339)  15.618  1.508    1.320  30   (313)   
e e
n R
A
ultados aciones umpidas  0      0    0    0    N/A  N/A  0    0    0      0    0    0     
Resopernterr
  i
 ancias  Resultados operaciones continuadas  (29.091)      (5.670)   (34.381)   (3.864)  N/A  N/A   (3.339)  15.618  1.508    1.320  30   (313)   
n
as y ga puestos s/ Bº  (44)     0    0    0    N/A  N/A  0    0     (6)     (42)  4  0     
d m
 di I
 as de pér esultados antes de mpuestos  (29.047)      (5.670)   (34.381)   (3.864)  N/A  N/A   (3.339)  15.618  1.514    1.362  26   (313)   
S  /  Cuent e euros)  Rsultados ancieros i 808     0     (81)   (4)  N/A  N/A  0     (1.479)  249    2.116  2  5   
  ES PÚBLICA (miles d xplotación  ReOtras finrúbricas  (166.014)      (6.584)   (34.849)   (3.873)  N/A  N/A   (74.040)   (14.679)   (30.557)     (1.138)  24   (318)   
DAD s de e nes  159     914  549  13  N/A  N/A  701  776  822    384  0    0     
 S Y ENTI Resultado Subvencio 136. 70. 31. 31.
SA A 
L
RE A-
L
EMP E CLM  CASTIL
D
    Denominación  ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS  Grupo Ente Público RTVCLM  *  ENTE PÚBLICO RTVCLM  *  CMT  *  RCM  − FUHNPAIIN Empleo, en liquidación  − FUHNPAIIN Viajes, en liquidación  − GEACAM  − GICAMAN   − INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA  Grupo Instituto de Finanzas de MANCHA  *  INSTITUTO DE FINANZAS DE CLM  *  ISFOC  − SODICAMAN  N/A: (No aplicable)  OE-A-2021-14742able en https://www.boe.es
2   
xo I.2-2 – 2/   sultado del ejercicio    0  0  (29.091)   
e e
n R
A
    ultados aciones umpidas    0  0    0 
Resopernterr
  ancias    Resultados operaciones continuadas i   0  0    (29.091)   
n
  as y ga   puestos s/ Bº    0  0    (44)   
d m
di I
  as de pér   esultados antes de mpuestos    0  0    (29.047)   
t R i
  S  /  Cuen e euros)    sultados ancieros    0  0    808    
CA s d Refin
   DADES PÚBLI (mile   s de explotación  Otras nes rúbricas     0     0  0     0     9    (166.014)   
S Y ENTI   Resultado Subvencio 136.15
A
S E  E 
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ación  ARQU ARQUón  TAL 
  Denomin ONSORCIOS PÚBLICOS  CONSORCIO PARQUE ALARCOS, en disolución  CONSORCIO PARQUE CARRANQUE, en disoluci    TO   2021-14742n https://www.boe.es
  C −  −       
  cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
 
Núm. 216 Jueves 9 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 109042
  Anexo I.3-1     Pasivo  Patrimonio No neto e Corriente corriente           5       360       0   12        1       1.293       1   0    9       878       34   951        D N/D N/D N/D  6       (2.337)      4.488       2.824        9       112       0   31        1            (284)      0         507            6       35.546       5.481       1.505        9       9.101       628       2.867        9       1.230       25   822        0       30       0   0    5     45.929     10.657     9.519         
nt 21 52 N/ 05 13 22 40 76 64 3 01
  Activo  No Corrieorriente     157        1.293  334 1. N/D  1.919       3. 4        2       40.126       2. 8.827       3. 428       1. 0    53.090     13.  
  c  
es  ÓN 
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B E
NDACIONES PÚBLICAS  /   (miles de euros)  ARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INT RAS INTELIGENTES  bía resuelto. 
  FU Denominación  FUNDACIONES  - FUNDACIÓN CLM TIERRA DE VIÑEDOS  - FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CLM  - FUNDACIÓN IMPULSA CLM   - FUNDACIÓN EL GRECO 2014 (*)  - FUNDACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS P - FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CLM  - FUNDACIÓN PSMRC   - FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CLM  - FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CLM   - FUNDACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTU - FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO (**)  TOTAL  N/D: (No disponible)  (*) A 7 de enero de 2019, el procedimiento de fusión aún no se ha (**) Constituida en noviembre de 2018  OE-A-2021-14742able en https://www.boe.es
  Anexo I.3-2 – 1/2  Rdo Total, es y Variac del ones PN en el ejercicio       0   (185)  0   (1)  0   (7)  N/D N/D  0 98   0   (5)   21    327    386 (1.224)  (544) (466)       
Ajustariaci
v
  s  Variac. de PN por ingresos y Variac. de PN gastos econocida en imputados el excedente directamente del ejercicio al PN       (185) 0    (1) 0    1  (8)    N/D N/D  143  (45)     (5)  0    306   0     323 (1.933)    (48) 126         
do s r    0    0    0    D  0  0    0     0   0   
 esulta puestos/ Bº  N/  
r m
    FUNDACIONES PÚBLICAS  /  Cuentas de  (miles de euros)  Excedente del ejercicio  cedente de la actividad Excedente Excedente de las Iantes de Otras operaciones bvenciones impuestos rúbricas financieras           0   (185)   0    (185)  30    (31)   0   (1)  5.717    (5.717)   1    1   N/D N/D N/D N/D  2.168    (2.003)   (22)   143   461    (467)   1   (5)   790    (481) (3)    306    2.952    (2.630) 1    323     17.324    (17.361)   (11)   (48)            ún no se había resuelto. 
x u a
  E S ón 
L  E Y  E  Y  si
  Denominación  UNDACIONES  FUNDACIÓN CLM TIERRA DE VIÑEDOS  FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEMETAL DE CLM  FUNDACIÓN IMPULSA CLM   FUNDACIÓN EL GRECO 2014 (*)  FUNDACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DPARAPLÉJICOS PARA LA INVESTIGACIÓN LA INTEGRACIÓN  FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DCLM  FUNDACIÓN PSMRC   FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE CLM  FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CLM     N/D: (No disponible)  (*) A 7 de enero de 2019, el procedimiento de fu   OE-A-2021-14742able en https://www.boe.es
   F -  -  -  -  -  -  -  -  -    
o I.3-2 – 2/2  Rdo. Total, Variac. del PN en el ejercicio  273   0   (1.190) 
x  
Ane es y ones  0    0    37) 
Ajustariaci (1
v  
  Variac. de PN por ingresos y gastos imputados directamente al PN  0    0    (1.860)   
 os  Variac. de PN reconocida en el excedente del ejercicio  273   0   807   
ad os  0    0    0  
 result mpuests/ Bº 
   NES PÚBLICAS  /  Cuentas de   (miles de euros)  Excedente del ejercicio  ctividad Excedente Excedente de las Iantes de operaciones Otras impuestos financieras úbricas  (166)  (1)    273   0 0 0   (29.041) (34) 807     
O a r
 NDACI nte de la  ciones  440    0  29.882   
U e n
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OVACIÓN GENTES  BERTO PO 2018 
   Denominación  - FUNDACIÓN CENTRO DE INNINFRAESTRUCTURAS INTELI FUNDACIÓN COLECCIÓN RO-  TOTAL  (**) Constituida en noviembre de   
Anexo I-4 
                 
SITUACIÓN DE AVALES 
(miles de euros) 
                   
Existencias  Existencias 
   Operaciones del ejercicio    
iniciales  finales 
Avalado 
Avales  Avales 
Nº  Importe        Nº  Importe 
constituidos  cancelados 
                             
1.  Concedidos por la Administración General                 
 -  RTVCLM  2   5.893     0  3.393     1   2.500  
 -  Ente RTVCLM  3   1.828     0  0     3   1.828  
 -  GICAMAN  1   18.854     0  18.854     0   0  
 -  GEACAM  1   9.425     0  0     1   9.425  
                   
   TOTAL  7  36.000     0  22.247      5   13.753 
                   

Anexo II.1-1  Total  dificaciones  19.028   6.870   (4.733)  213.361   (8.103)  226.423   (7.772)  15.958   8.186   (45)  299.997   299.952   534.561  
m
s  s 
e a
  conómica  modificacion vas Negativ 0  0  0  0  0  0   0   0   0   0   0   0   0  
  ón e Otras  Positi 0  0  0  0  0  0   0   0   0   0   0   0   0  
ci
  os  /  Clasifica Incorporaciones remanentes de crédito  5.049   5.940   0   120.084   0   131.073   8.432   7.853   16.285   0   0   0   147.358  
  upuestari Créditos enerados por ngresos  1.429   1.373   0   11.094   71.228   85.124   541   1.551   2.092   0   0   0   87.216  
s g i
   es de créditos pre miles de euros)  Transferencias de crédito  ositivas Negativas  49.545  (36.995)  27.240  (27.683)  422  (5.155)  170.418  (88.235)  51.717  (131.048)  299.342  (289.116)  18.652  (35.397)  113.030  (106.476)  131.682  (141.873)  31  (76)  10  0   41  (76)  431.065  (431.065) 
n ( P
  Modificaci mpliaciones de crédito  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   299.987   299.987   299.987  
  ÓN GENERAL  /   Créditos extraordinarios Ay suplementos de crédito  0   0   0   0   0   0  0   0   0   0   0   0   0  
   ADMINISTRACI Capítulos  1. Gastos de personal  2. Gastos corrientes en bienes y servicios  3. Gastos financieros  4. Transferencias corrientes  5. Fondo de contingencia y otros imprevistos  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  6. Inversiones reales  7. Transferencias de capital  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  8. Activos financieros  9. Pasivos financieros  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL    OE-A-2021-14742able en https://www.boe.es
2  s 
Anexo II.1- Total  dificacione 0   41   294.851   (8.103)  8.944   (204)  2.091   18.048   111.375   10.499   101.332   (4.313)  534.561  
m
 
s  s 
e a
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ca  cacio egati 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0   0   0  
 áni   difi N
rg mo as 
ón o Otras  ositiv 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0   0   0  
ci   P
 os  /  Clasifica ncorporaciones remanentes de crédito  0   0   0   0   2   851   7.294   2.312   111.909   12.970   1.149   10.871   147.358  
 stari   s Ios  s  0   0   0   0   0   42   36   83   01   17   84   53   16  
 esupue   Créditogeneradpor ingreso 71.5 1.2 3.9 5.7 3.3 7 6 87.2
  odificaciones de créditos pr (miles de euros)     Transferencias de crédito pliaciones e crédito Positivas Negativas  0  0  0   0  41  0   299.987  0  (5.136)  0  0  (8.103)  0  10.405  (1.463)  0  60.964  (133.561)  0  20.855  (27.294)  0  61.795  (50.042)  0  20.409  (26.644)  0  136.914  (142.702)  0  104.466  (5.067)  0  15.216  (31.053)  299.987  431.065  (431.065) 
M md
  N GENERAL  /      Créditos extraordinarios Ay suplementos de crédito  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Ó o 
CI oll
TRA blicas  Desarr
  ADMINIS    Secciones  02 Cortes de CLM  04 Consejo Consultivo de CLM  06 Deuda Pública  07 Créditos centralizados  11 Presidencia de La Junta  15 Hacienda y Administraciones Pú 17 Fomento  18 Educación, Cultura Y Deportes  19 Economía, Empresas y Empleo  21 Agricultura, Medio Ambiente y Rural  26 Sanidad  27 Bienestar Social    TOTAL  OE-A-2021-14742able en https://www.boe.es

Anexo II.1-3 
           
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Liquidación del presupuesto de gastos  /  Clasificación 
económica 
             
(miles de euros) 
             
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones  Remanentes 
Capítulos 
iniciales   netas  finales  reconocidas  de crédito 
1.  Gastos de personal  1.703.077   19.028   1.722.105   1.710.012   12.093  
2.  Gastos corrientes en bienes y  467.385   6.870   474.255   422.254   52.001  
servicios 
3.  Gastos financieros  214.067   (4.733)  209.334   208.665   669  
4.  Transferencias corrientes  4.508.679   213.361   4.722.040   4.357.654   364.386  
5.  Fondo de contingencia y otros  8.103   (8.103)  0   0   0  
imprevistos 
             
TOTAL  OPERACIONES  6.901.311   226.423   7.127.734   6.698.585   429.149  
CORRIENTES 
6.  Inversiones reales  131.307   (7.772)  123.535   77.758   45.777  
7.  Transferencias de capital  475.394   15.958   491.352   257.858   233.494  
             
TOTAL  OPERACIONES  DE  606.701   8.186   614.887   335.616   279.271  
CAPITAL 
8.  Activos financieros  2.886   (45)  2.841   1.756   1.085  
9.  Pasivos financieros  1.606.049   299.997   1.906.046   1.898.347   7.699  
             
TOTAL  OPERACIONES  1.608.935   299.952   1.908.887   1.900.103   8.784  
FINANCIERAS 
   TOTAL   9.116.947   534.561   9.651.508   8.934.304   717.204  
             
Anexo II.1-4 
           
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Liquidación del presupuesto de gastos  /  Clasificaciónorgánica 
             
(miles de euros) 
             
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones  Remanentes 
Secciones 
iniciales  netas  finales  reconocidas  de crédito 
02    Cortes de CLM  9.815   0   9.815   9.815   0  
04    Consejo Consultivo de CLM  1.584   41   1.625   1.525   100  
06    Deuda Pública  1.808.220   294.851   2.103.071   2.102.427   644  
07    Créditos centralizados  8.103   (8.103)  0   0   0  
11    Presidencia de la Junta  75.271   8.944   84.215   81.596   2.619  
15    Hacienda y Administraciones Públicas  82.865   (204)  82.661   79.917   2.744  
17    Fomento  308.575   2.091   310.666   275.677   34.989  
18    Educación, Cultura y Deportes  1.715.240   18.048   1.733.288   1.702.748   30.540  
19    Economía, Empresas y Empleo  278.462   111.375   389.837   223.058   166.779  
21    Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo  1.418.778   10.499   1.429.277   1.031.067   398.210  
Rural 
26    Sanidad  2.709.485   101.332   2.810.817   2.807.109   3.708  
27    Bienestar Social  700.549   (4.313)  696.236   619.365   76.871  
           
TOTAL   9.116.947   534.561   9.651.508   8.934.304   717.204  
             

Anexo II.1-5 
         
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Liquidación del presupuesto de ingresos 
 
(miles de euros) 
           
Previsiones  Modificaciones  Previsiones  Derechos 
Capítulos 
iniciales  netas  finales  reconocidos 
1.  Impuestos directos  1.281.958   0   1.281.958   1.296.882  
2.  Impuestos indirectos  2.583.089   0   2.583.089   2.622.342  
3.  Tasas, precios públicos y otros ingresos  171.265   0   171.265   183.210  
4.  Transferencias corrientes  2.747.167   (15.597)  2.731.570   2.450.651  
5.  Ingresos patrimoniales  10.443   0   10.443   11.462  
           
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  6.793.922   (15.597)  6.778.325   6.564.547  
6.  Enajenación de inversiones reales  6.415   443   6.858   5.367  
7.  Transferencias de capital  397.803   18.157   415.960   193.219  
           
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  404.218   18.600   422.818   198.586  
           
8.  Activos financieros  2.886   160.343   163.229   1.792  
9.  Pasivos financieros  1.915.921   371.215   2.287.136   2.193.309  
           
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  1.918.807   531.558   2.450.365   2.195.101  
        TOTAL   9.116.947   534.561   9.651.508   8.958.234  
           
Anexo II.1-6  mportes  (271.068)  36   (271.032)  294.962     23.930   122.885   132.002   0     14.813 
I
 
  1   6   7   7     4    
0 5 5 4 0
4.2 1.7 5.9 8.3 4.3        
N  03 03 89 93
OR 7. 7. 1. 8.
  cio     
  ario del ejerci   Derechos conocidos netos  6.763.133   1.792   6.764.925   2.193.309     8.958.234            
est   re
u
p a 
u d
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ald )  ació
y s ros anci
    ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Resultado      (miles de eu       Conceptos  1. (+) Operaciones no financieras      2. (+) Operaciones con activos financieros     I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)  II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS       III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)   3.  (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería     4.  (-)  Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con fin   5.  (+)  Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada           IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5)  2021-14742n https://www.boe.es

  Anexo II.2-0.1  Ej. anterior  (13.564.352)  (13.279.302)  0   0   (285.050)  0  12.845.084   1.239.702   11.605.382   0  2.778.619   32.288     1.644.249     1.102.082     0    0  2.059.351  
  Ej. corriente  (13.869.910)  (13.570.801)  0   0   (299.109)  0   13.220.732   1.239.702   11.981.030   0  2.751.968   32.286     1.578.969     1.140.713     0     0   2.102.790  
OS  ciables  gidos  ociables  RTO  
   N GENERAL  /  Balance  s de euros)  Pasivo  FONDOS PROPIOS  I. Patrimonio  II. Reservas  III. Resultados de ejercicios anteriores  IV. Resultados del ejercicio  INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICI ACREEDORES A LARGO PLAZO  I. Emisiones de obligaciones y otros valores nego II. Otras deudas a largo plazo  III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exi ACREEDORES A CORTO PLAZO  I. Emisiones de obligaciones y otros valores neg II. Deudas con entidades de crédito  III. Acreedores  IV. Ajustes por periodificación  PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A COPLAZO   TOTAL PASIVO 
Ó e                
   ACI (mil A)  B)  C)        D)  E) 
TR                                       
NIS or  24   73   91   90   85   85   83   44   0   51   19   74   0         51  
MI eri 2.1 4.1 1.0 4.3 4.4 7.9 8.6 8.5 6.1 2.5 9.8 9.3
  AD Ej. ant 1.54 14 1.27 11 50 28 21 2.05
e  9   7   4   3   5   0   1   0   0   2   5   3   0         0  
nt 30 32 61 77 25 34 53 95 03 49 42 79
  orrie 556. 169. 255. 10. 120. 7. 538. 274. 2. 262. 102.
c 1. 1. 2.
Ej. 
S 
O
as al uso  ateriales  eriales  das  as  EN VARI as  ación 
  Activo  INMOVILIZADO  I. Inversiones destinadgeneral  II. Inmovilizaciones inm III. Inmovilizaciones mat IV. Inversiones gestiona V. Inversiones financierpermanentes  GASTOS A DISTRIBUIR EJERCICIOS  ACTIVO CIRCULANTE  I. Existencias  II. Deudores  III. Inversiones financiertemporales  IV. Tesorería  V. Ajustes por periodific           TOTAL ACTIVO   2021-14742n https://www.boe.es
   A)            B)  C)                
Anexo II.2-0.2    e Ej. anterior  88  6.597.675      66  3.927.774   64  68.731   70  2.566.642   88  34.528   08  185   0  0   95  4.389   85  29.954   09  285.050  
ent 4.5 8.5 8.6 3.8 3.4 5 3 2.5 9.1
corri 6.77 4.04 6 2.64 1 1 29
  Ej. 
 
nt
     ta del resultado económico-patrimonial   de euros)       Haber  B) INGRESOS        1. Ingresos de gestión ordinaria   2. Otros ingresos de gestión ordinaria   3. Transferencias y subvenciones   4. Ganancias e ingresos extraordinarios    a) Beneficios procedentes del inmovilizado    b) Beneficios por operaciones de endeudami   c) Ingresos extraordinarios      d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios      DESAHORRO 
Cuen miles  erior  2.725     6.592   7.822   8.311   44   0   0   8.267  
  AL  /   (   Ej. ant 6.88 2.32 4.47 7 7      
NER nte  697     523   454   720   252   0   402   066  
GE orrie 073. 396. 620. 56. 56.
  CIÓN    Ej. c 7. 2. 4.      
A
R o 
T nt
    ADMINIS     Debe  A) GASTOS      1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales   2. Transferencias y subvenciones   3. Pérdidas y gastos extraordinarios    a) Pérdidas procedentes del inmovilizado    b) Pérdidas por operaciones de endeudamie   c) Gastos extraordinarios    d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios           AHORRO  OE-A-2021-14742able en https://www.boe.es

Anexo II.2-1 
           
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Deudores presupuestarios 
(miles de euros) 
Modificaciones 
Años  Saldo inicial  Saldo neto  Cobros  Saldo final 
Aumentos   Disminuciones 
1980  5   0   0   5   0   5  
1986  1   0   0   1   0   1  
1987  1   0   0   1   0   1  
1988  21   0   0   21   0   21  
1989  4   0   0   4   0   4  
1990  63   0   0   63   0   63  
1991  44   0   0   44   0   44  
1992  42   0   0   42   0   42  
1993  57   0   0   57   0   57  
1994  128   0   0   128   0   128  
1995  20   0   0   20   0   20  
1996  183   0   0   183   0   183  
1997  231   0   0   231   1   230  
1998  1.371   0   1   1.370   5   1.365  
1999  312   0   0   312   2   310  
2000  427   0   1   426   5   421  
2001  515   0   0   515   4   511  
2002  686   0   17   669   6   663  
2003  710   0   0   710   8   702  
2004  652   0   0   652   7   645  
2005  706   0   0   706   13   693  
2006  7.189   0   21   7.168   22   7.146  
2007  2.397   0   55   2.342   289   2.053  
2008  2.634   0   76   2.558   30   2.528  
2009  7.797   0   3.002   4.795   91   4.704  
2010  7.158   0   1.350   5.808   264   5.544  
2011  10.540   0   1.289   9.251   356   8.895  
2012  8.368   0   2.029   6.339   238   6.101  
2013  41.712   0   5.652   36.060   513   35.547  
2014  24.185   0   7.598   16.587   1.037   15.550  
2015  33.279   0   5.915   27.364   1.142   26.222  
2016  31.213   0   5.186   26.027   3.201   22.826  
2017  97.668   0   13.484   84.184   51.737   32.447  
2018  0   8.958.234   0   8.958.234   8.863.586   94.648  
              es
TOTAL  280.319   8.958.234   45.676   9.192.877   8.922.557   270.320   o
Anexo II.2-2 
           
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Deudores extrapresupuestarios 
(miles de euros) 
Saldo  Saldo 
Concepto  Modificaciones  Cargos  Total  Abonos 
inicial  final 
Deudores por IVA  117  0  85  202  117  85 
Deud. Pagos duplic.  32  0  0  32  0  32 
Movimientos internos de tesorería  79.957  0  165.059  245.016  163.956  81.060 
Movimientos internos de tesorería EEPP  3.186  0  0  3.186  0  3.186 
Deud.  Pagos  duplicados  mecanismo  pago  316  0  0  316  12  304 
proveedores 
Seg. Social, deudora  4.709  0  0  4.709  4.709  0 
G. Convenio de S. Soc.  0  0  254.029  254.029  254.029  0 
IVA soportado  0  0  266  266  266  0 
Pagos pendientes de aplicación  36  0  0  36  0  36 
Pagos pendientes de aplicación: costes convenio  0  0  1.282  1.282  1.282  0 
Pagos pendientes de aplicación: coste fabr. Ef. T  0  0  181  181  181  0 
Pagos pendientes de aplicación: ICO proveedores  460  0  0  460  61  399 
Provisiones de fondos pendientes de justificar  108  0  330  438  173  265 
Libramientos  para  provisiones  de  Fondos  1.586  0  1.204  2.790  1.909  881 
pendientes de pago 
Depósitos Constituidos a Corto Plazo  0   0  0   0   0   0  
Depósitos constituidos tasac. Pericial contrad. AB  91  0  59  150  49  101 
Depósitos constituidos tasac. Pericial contrad. CR  19  0  23  42  20  22 
Depósitos constituidos tasac. Pericial contrad. CU  66  0  45  111  56  55 
Depósitos constituidos tasac. Pericial contrad. GU  1  0  27  28  11  17 
Depósitos constituidos tasac. Pericial contrad. TO  252  0  108  360  135  225 
             
TOTAL  90.936   0   422.698   513.634   426.966   86.668  

Anexo II.2-3 
       
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Tesorería 
 
(miles de euros) 
         
Concepto  Importes 
1.  COBROS    24.021.366   
  Presupuesto corriente  8.864.559      
  Presupuestos cerrados  58.971      
  Operaciones no presupuestarias  15.097.836      
2.  PAGOS    23.978.817   
  Presupuesto corriente  8.790.812      
  Presupuestos cerrados  102.757      
  Operaciones no presupuestarias  15.085.248      
         
I.   Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)    42.549   
3.  Saldo inicial de tesorería      219.874 
II.  SALDO FINAL DE TESORERÍA (I+3)      262.423 
Anexo II.2-4 
           
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Acreedores no financieros  /  Presupuestarios 
(miles de euros) 
Modificaciones 
Años  Saldo inicial  Saldo neto  Pagos  Saldo final 
Aumentos   Disminuciones 
             
2017 y anteriores  105.335  0   375  104.960  100.391  4.569 
2018  0   8.934.304  0   8.934.304  8.790.588  143.716 
             
TOTAL  105.335  8.934.304  375  9.039.264  8.890.979  148.285 

3   
xo II.2-5 - 1/ aldo final   284 0 2 175 0 0 0 0 0 5 66.623 0 0 32.035 6.512 68 10.066 1 185 0 27 0 32 0 1 
e S
n
A
 
argos   22.033 416 21 464 0 1 415 94 267 0 89.319 1.195 55 35.947 19.198 791 78.665 17 1.285 11 114 5 238 6 5 
C 1 7 1
2.
 s 
ri
uesta Total   22.317 416 23 639 0 1 415 94 267 5 55.942 1.195 55 67.982 25.710 859 88.731 18 1.470 11 141 5 270 6 6 
p 1 8 1
u 2.
 s
xtrapr onos   06.365 416 21 224 0 1 415 94 267 2 93.101 1.195 55 67.982 19.896 747 79.026 15 1.308 11 118 5 212 1 6 
E b 1 7 1
 s  /   A 2.
o s 
r e
e n
anci cacio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
fin s)  difi
 no  uro Mo
reedores  miles de e do inicial   15.952 0 2 415 0 0 0 0 0 3 62.841 0 0 0 5.814 112 9.705 3 162 0 23 0 58 5 0   
c ( al
A S
 L  /  
A
R
E
N
E
G
N 
Ó
CI ón 
A ci
  ADMINISTR Concepto       Acreedores no Presupuestarios  O.A. no P. Ret. Judiciales  O.A. no P. Cuotas Voluntarias  O.A. no P. Ptes. Subvenciones  O.A. no P. Ptes. Herbáceos  O.A. no P. Cuotas Voluntarias - Educación  O.A. no P. Ret. Judiciales y Advas. Nómina Educa O.A. no P. Retenc. Anticipo Nómina Laboral C.PL  O.A. no P. Retenc. Anticipo Nómina Func. C.PL  O.A. no P. Ley Modulación Agricultura  Participación de EELL en los Tributos del Estado  Movimientos Internos Tesorería GRECO OOAA  O.A. no P. Nómina Descuento Desempleo  Otros acreedores no presupuestarios  EEPP Ingresos PtesLiq. AGUAS CLM  Hacienda Pública Acreedor por IVA  H.P. IRPF Nómina  H.P. IRPF S. Perif.  H.P. IRPF Prof.  H.P. Ret. I.R.C  H.P. Ret. Rend. Arrend.  H.P. IRPF no Resid.  Ret. IRPF Cursos  Ret. IRPF Premios  Ret. IRPF Otro Personal     OE-A-2021-14742able en https://www.boe.es
xo II.2-5 - 2/3  aldo final   0 26.380 0 2 0 1 0 66 3.467 0 0 33.817 0 20 30 1.691 0 0    0 0 0 0 0 649  25.735  
e S
n
A
argos   0 86.154 0 0 1 0 0 487 24.931 42.177 33.352 52.585 03.804 0 235 11.841 2 1.012 545 585 914 29.209 90 24.637  20.528  
C 1 1 21 0
0.
1
 s 
uestari Total   0 12.534 0 2 1 1 0 553 28.398 42.177 33.352 86.402 03.804 20 265 13.532 2 1.012 545 585 914 29.209 90 25.286  46.263  
p 2 1 21 0
u 0.
 s 1
apr s  0 57 0 0 1 1 0 82 78 77 52 31 04 2 34 83 2 12 45 85 14 00 90 49  34  
Extr bono   187.9 424.8142.133.3279.3103.8 211.8 1.055929.1 020.425.7
 s  /   A 10.
o s 
r e
e n
financi s)  dificacio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  
o  o o
 n ur M
reedores  miles de e do inicial   0 24.577 0 2 0 0 0 71 3.520 0 0 7.071 0 18 31 1.649 0 0 0 0 0 109 0 4.837  20.529  
Ac ( Sal
 L  /  
A
R
E
N
E
G
N 
Ó
CI
 ADMINISTRA Concepto   Ret. IRPF Agrícola y Ganadera Resto H.P. IRPF Nómina - Educación H.P. IRPF Nómina - CES H.P. IRPF Profesionales - RC - CES Ret. IRPF Ayudas y Becas Educación H.P. IRPF Profesionales Sindicatura H.P. IRPF AAEE. Estimación Objetiva Cuotas Derechos Pasivos Cuotas Derechos Pasivos - Educación Seguridad Social Acreedora Seguridad Social Centros Seguridad Social Cuota Transitoria Seguridad Social Educación Seguridad Social C.E.S. MUFACE F. General MUFACE F. Educación ISFAS Acreedora IVA Repercutido C.P.A. Ingr. Ptes. Aplic. Ret. Nóminas Lab. L.PL. C.P.A. Ingr. Ptes. Aplic. Ret. Nóminas Func. L.PL. C.P.A. Ingr. Ptes. Aplic. Tasas Dirección de Obras C.P.A. Recaudación Ejecutiva Convenio A.E.A.T. C.P.A. Ingresos por Penalidades y Sanciones C.P.A. de Varios C.P.A. Deleg. Prov. Contraído por Recaudado  2021-14742n https://www.boe.es
                               

3     
o II.2-5 - 3/ aldo final  0  0  770  0  8  56  0  0  0  0  346  0  0  17.127  666.879  27.435  3.458  2.216  37.010   963.179 
x S
n
A
 
1  0  9  2  6  6  4  0  0  3  3  5  6  3  8  1  7  9  3    7 
4 59907878024798337 2
argos  37.7 11.71552.6432.42 2 11.751.24.16 4.3 4.662.2
C 1
 s 
ario  741  0  529  192  704  462  374  480  270  83  549  25  46  900  177  616  095  255  383    406  
puest Total  37. 12. 552. 2. 28.718.31.4.2.41. 15.625.
u
 e
apr s   41  0  10  92  01  47  74  80  70  83  73  25  46  97  0  55  18  0  42    70  
xtr no 7.7 2.412.7432.42 2 3.4 3.76 1.9 0.8
E o 3 1 5 1 1 7
 s  /   Ab 5 14.6
ro s 
e e
ci on
n ci
no fina uros)  Modifica  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  
 Acreedores  (miles de e aldo inicial   0  0  119  0  3  15  0  0  0  0  276  0  0  15.403  718.177  27.861  3.477  2.255  29.441    954.536  
 L  /   S
A
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 ADMINISTRACIÓ Concepto   C.P.A. Retención Residencias C.P.A. Compensación Org. Pag. Med. Agro. C.P.A. Compensación de Deudas C.P.A. Anticipos Reintegrables - Educación I.P.A. Convenio GRECO C.P.A. Compensación Org. Pag. Regulador Med. Agro. C.P.A. Ingr. Ptes. Aplic. Reint. Plan Concertado C.P.A. Reintegro Servicio Ayuda a Domicilio C.P.A. Reintegro Servicio P.R.A.S. C.P.A. Reintegro Servicio P.R.I.S. C.P.A. Depósitos Tasación Pericial Contr. Retenciones Regularización Facturas Abono O.P.P.A.: Ingresos Pendientes de Aplicación O.P.P.A.: Ingresos Diarios Pendientes de Aplicación O.P.P.A.: Anticipo Ing. del Sistema Financiación CCAA Fianzas Recibidas a C/P Garantías Especiales Fianzas y Arrendamientos C. Inicial de T. 02-00102/G Depósitos Recibidos a C/P   TOTAL  2021-14742n https://www.boe.es
                             
Anexo II.2-6  Pendiente de mortización al 1 de diciembre  100.000   200.000   150.000   400.000   25.000   140.000   60.000   15.000   27.000   25.000   17.702   80.000   1.239.702 
a3
encias ambio  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Diferde c
 
n
aci 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
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 os  A
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pr pci 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
em scri
   GENERAL  /  Pasivos financieros:  (miles de euros)  Pendiente de s          Suscripciones amortización Su(totales) al 1 de enero  N/D 100.000   N/D 200.000   N/D 150.000   N/D 400.000   N/D 25.000   N/D 140.000   N/D 60.000   N/D 15.000   N/D 27.000   N/D 25.000   N/D 17.702   N/D 80.000    N/D  1.239.702 
é
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RACIÓ os de Int(%)  N/D  N/D  N/D  N/D  N/D  N/D  N/D  N/D  N/D  N/D  N/D  N/D   N/D  
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AD 03. ISIN:  05. ISIN:  07. ISIN:  09. ISIN:  10. ISIN:  10. ISIN: 140 mill. 10. ISIN: 60 mill. 10. ISIN:  11. ISIN: mill. 11. ISIN: 25 mill. 11. ISIN: 17,7 mill. 14. ISIN: 
ación  sión 20 sión 20 sión 20 sión 20 sión 2025 mill. sión 20he Bank, sión 20he Bank, sión 205 mill. sión 20adrid, 27 sión 20he Bank, sión 20he Bank, sión 2040 mill. 
Denomin ca, Emi7 ca, Emi5 ca, Emi3 ca, Emi8 ca, Emi1. BBVA, ca, Emi4. Deutscca, Emi8. Deutscca, Emi6. RBS, 1ca, Emi4. Caja Mca, Emi8. Deutscca, Emi7. Deutscca, Emi3. BBVA, OTAL 
   Año de emisión  Deuda Públi2003 ES000135011Deuda Públi2005 ES000135012Deuda Públi2007 ES000135013Deuda Públi2009 XS049613881Deuda Públi2010 ES000135014Deuda Públi2010 ES000135017Deuda Públi2010 ES000135020Deuda Públi2010 ES000135021Deuda Públi2011 ES000135022Deuda Públi2011 ES000135020Deuda Públi2011 ES000135025Deuda Públi2014 ES000135027T  N/D: (No disponible) OE-A-2021-14742able en https://www.boe.es

Anexo II.2-7 – 1/2  Pendiente de amortización al 31 de diciembre   79.227  6.250  665.389  1.472  343  15.000  449.205  156.576  7.142  7.880  50.000  5.455  1.434.202  621.930  648.215  537.440  1.206.194  1.162.973  1.878.043     
  Diferencias de cambio   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
 
  ciones  83.553  2.500  78.783  0  294  0  70.363  19.394  3.572  1.970  25.000  1.818  69.267  32.904  29.643  07.488  01.032  66.139  0     
za   521121
orti
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A
 
s  es  0  0  0  0  0  0  00  00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     
o n 00
m cio 95.80.
  sta osi  
pré Disp
   vosfinancieros:  os)    Pendiente de amortización al 1 de enero   162.780  8.750  744.172  1.472  637  15.000  424.568  95.970  10.714  9.850  75.000  7.273  2.003.469  854.834  777.858  644.928  1.407.226  1.329.112  1.878.043     
  NERAL  /  Pasi (miles de eur  Préstamos dispuestos  Nº Total    11    N/D 2    N/D 22    N/D 1    N/D 1    N/D 1    N/D 11    N/D 4    N/D 1    N/D 1    N/D 2    N/D 1    N/D 1    N/D 4    N/D 1    N/D 1    N/D 1    N/D 2    N/D 1    N/D      
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stamista    OLLO (EXONES (EX
Pre DESARRNVERSI ERIOR) 
E E I XT M  es
    BANCO DE CLM BANCO EUROPEO DBANCO EUROPEO DBANKIA BANKINTER BARCLAYS BANK (EBBVA CAIXABANK CAJA RURAL DE CLCAJASOL DEXIA DEXIA SABADELL FFPP (2012) FFPP (2013) FLA 2012 FLA 2013 FLA 2014 FLA 2015 FLA 2016    N/D: (No disponible) OE-A-2021-14742able en https://www.boe.
                          
Anexo II.2-7 – 2/2    Pendiente de amortización al 31 de diciembre   1.846.849  1.884.830  23.000  15.000  54.545  125.000  13.083  833  512.667  8.654    13.417.397    
encias ambio   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0 
Diferde c
   
  zaciones   0  0  17.500  0  36.364  0  26.167  1.667  115.645  3.269    1.894.332  
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A
   
  stamos  osiciones   0  1.884.830  0  0  0  125.000  0  0  0  0    2.184.830  
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:     
  os financiero s)  Pendiente de amortización al  1 de enero   1.846.849  0  40.500  15.000  90.909  0  39.250  2.500  628.312  11.923    13.126.899  
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  si ur   
  L  /  Pa es de e mos stos  Total   N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D   N/D   
NERA (mil Préstadispue Nº   1    1    2    1    1    1    2    1    7    2      88    
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        FLA 2017  FLA 2018  GLOBALCAJA  HSBC (EXTERIOR)  ICO  LIBERBANK  POPULAR   SABADELL  SANTANDER  UNICAJA       N/D:  (No disponible)    cve: BOE-A-2021-14742Verificable en https://www.bo
        Anexo II.2-8 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Remanente de Tesorería 
         
(miles de euros) 
         
Conceptos  Importes 
1.  Derechos pendientes de cobro    272.222 
(+)    del Presupuesto corriente  94.648    
(+)    de Presupuestos cerrados  175.672    
(+)    de operaciones no presupuestarias  85.087    
(-)    de dudoso cobro  82.536    
(-)    cobros realizados pendientes de aplicación definitiva  649    
2.  Obligaciones pendientes de pago    1.084.224 
(+)    del Presupuesto corriente  161.303    
(+)    de Presupuestos cerrados  4.569    
(+)    de operaciones no presupuestarias  918.787    
(-)    pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  435    
3.  Fondos líquidos    262.423 
I.    Remanente de Tesorería afectado    169.459  
II.    Remanente de Tesorería no afectado    (719.038) 
III.     Remanente de Tesorería (1-2+3)=(I+II)     (549.579) 
exo III.1  ndiente e pago    0   457   388     845  
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A   P
n    agos    16.582   2.070   7.990     26.642  
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sa es o  4   6   8   8  
mpen anentcrédit   3.03 44 69   4.17
   ditos del Fondo de Co       éditos Obligaciones Remnales reconocidas de     19.616  16.582   2.973  2.527   9.076  8.378      31.665  27.487  
ré Crfi
  c    
n de los  Bajas  (7.077)  (1.270)  (7.902)    (16.249) 
   AL  /  Liquidació    miles de euros)     Modificaciones  Otros ones aumentos     5.063   1.787   4.172     11.022  
ORI ( oraci   0   0   0     0  
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  N INTERT     Créditos iniciales    21.630   2.456   12.806     36.892  
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FONDOS DE COMP eas de actuación / Proyecto   s en carreteras   s y equipamiento de Centros  s y equipamiento sanitario    TOTAL   w.boe.es
Lín ura ura ura 742ww
aestruct aestruct aestruct
      Infr Infr Infr

2   
o III. eso 
Anex s de ingr 3.963   369   1.986     6.318  
n  ent
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e Com gresos  11.890   2.087   5.959     19.936  
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os d noci 3   6   5     4  
curs s reco 15.85 2.45 7.94 26.25
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  AL  /  Liquidaci   miles de euros)  evisiones finales  15.853   2.456   7.945     26.254  
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S DE COMPEN de actuación / Pro s   ntos de Centros Ed nto sanitario  TOTAL  
ONDO Líneas  arretera uipamie uipamie
F s en c s y eq s y eq boe.es
ctura ctura ctura 742www.
        Infraestru Infraestru Infraestru   OE-A-2021-14able en https://
exo III.3  ndiente e pago    24   364   6     394  
n ed
A   P  
  agos    5.860   1.308   1.609     8.777  
  plementario      emanentes Pde crédito    681   396   218     1.295    
  m     R  
do Co ciones ocidas    5.884   1.672   1.615     9.171  
   éditos del Fon       Créditos Obligafinales recon   6.565   2.068   1.833     10.466     
s cr s  81)  21)  88)    90) 
e lo Baja (1.8 (1.9 (1.5 (5.3
  d        
dación  os)  ciones  Otros mentos  2.862   2.319   1.848     7.029  
  RIAL  /  Liqui   (miles de eur   Modifica poraciones au    0   0   0     0    
O or
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  RTERRI     éditos ciales I 5.584   1.670   1.573     8.827    
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      Infraestructura Infraestructura Infraestructura     OE-A-2021-14742able en https://ww

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Ane e de ingr 4.131   418   393     4.942  
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ompl sos  377   252   180     809  
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ecursos  s reconoci 5.508   1.670   1.573     8.751  
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AL  /  Liquidació miles de euros)  Previsiones finales  5.508   1.670   1.573     8.751  
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DOS DE COMPENSACIÓ eas de actuación / Proyectos  eras   mientos de Centros Educativos  miento sanitario  TOTAL  
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        Infraestr Infraestr Infraestr   OE-A-2021-14able en https://