BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 98 Miércoles 8 de abril de 2020 Sec. III.   Pág. 28621
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
4355 Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y 
del  Notariado,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  calificación  de  la 
registradora de la propiedad interina de Gandía n.º 3, por la que se suspende 
la inscripción de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.
En el recurso interpuesto por don Gonzalo Cano Mora, notario de Gandía, contra la 
calificación de la registradora de la Propiedad interina de Gandía número 3, doña María 
Teresa  López  Alfonso,  por  la  que  se  suspende  la  inscripción  de  una  escritura  de 
préstamo con garantía hipotecaria. 
Hechos
I
Mediante escritura otorgada el día 16 de julio de 2019 ante el notario de Gandía, don 
Gonzalo Cano Mora, con el número 964 de protocolo, se formalizó un préstamo para 
financiar la adquisición de una vivienda habitual de los prestatarios; y en garantía del 
mismo se constituyó hipoteca sobre dicha finca.
En tal escritura se expresaba que se había redactado conforme a minuta presentada 
por la entidad acreedora, y que «la misma obedece a condiciones generales de su 
contratación (…)»; que «las condiciones generales figuran inscritas en el Registro de 
Condiciones Generales de Contratación y están disponibles en la web del Prestamista y 
en cualquiera de las oficinas abiertas al Público del Banco». Y el notario añadía lo 
siguiente: «(…) he comprobado la previa inscripción en el Registro de Condiciones 
Generales de Contratación de las cláusulas con dicho carácter contenidas en la presente 
escritura;  teniendo  las  cláusulas  que  no  se  ajustan  exactamente  a  las  mismas  la 
condición de particulares o negociadas individualmente, lo que corroboran las partes 
contratantes».
II
Presentada el día 16 de julio de 2019 copia autorizada electrónica de dicha escritura 
en el Registro de la Propiedad de Gandía número 3, fue objeto la siguiente nota de 
calificación:
«En relación al documento de 16/07/2019, del Notario de Gandía, don Gonzalo Cano 
Mora  con  protocolo  964/2019,  presentado  por  Cano  Mora,  Gonzalo  el  16/07/2019, 
adopto el siguiente acuerdo relativo a la calificación registral del documento relacionado, 
en base a los siguientes:
I.  Fundamentos de hecho.
Primero.  Que  con  fecha  16/07/2019  fue  presentada  en  este  Registro  copia 
auténtica  de  la  escritura  pública  relacionada  en  el  encabezamiento,  causando  el  e.
asiento 1326 del Diario 56, entrada 5099 de 2019. w.b
IPI.r imFeuron.d amLae nletogsis dlaec iDóenr ehciphoot.ecaria –Ley de 8 de febrero de 1946 y su Reglamento
de 14 de febrero de 1947– otorga al Registrador de la Propiedad el control de legalidad
de los documentos presentados a inscripción, mediante la calificación registral. Bc
Segundo.  Una vez calificado el documento objeto del presente acuerdo, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, y 98 y siguientes de su Reglamento, 
y dentro del plazo legal de quince días hábiles a que se refiere el precepto citado, la 
Registradora titular de esta oficina, competente por razón del territorio donde radica/n 
la/s finca/s, ha observado los siguientes defectos que impiden la inscripción del mismo:
No se incorpora en la escritura el Código Identificador del modelo de contrato de 
préstamo o crédito que se ha utilizado, acreditativo de su depósito en el Registro de 
Condiciones Generales de la Contratación, ni otros datos que permitan comprobar la 
efectividad de su depósito con anterioridad a la comercialización del préstamo.
Fundamento de Derecho.
El artículo 11.2 de la LCGC que ha sido objeto de modificación expresa por la 
disposición final 4.ª de la LCI los modelos de contrato de préstamo y crédito hipotecario 
que contengan condiciones generales establece expresamente “el depósito obligatorio 
de  sus  formularios  para  el  prestamista  en  el  Registro  antes  de  empezar  su 
comercialización”.
Por su parte, el artículo 7 de la LCI que ratifica esa obligatoriedad del depósito de los 
modelos de condiciones generales, lo configura expresamente en su título como “una 
obligación  de  transparencia  de  los  contratos”  por  lo  que  de  conformidad  con  el 
artículo 83 de la LGDCU (modificado por la disposición final 8.ª de la LCI), que ahora 
dice:  “las  condiciones  incorporadas  de  modo  no  transparente  en  los  contratos  en 
perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho”, no es posible la inscripción 
de un préstamo o crédito hipotecario sin el previo depósito en el RCGC del modelo 
contractual que le sirve de soporte.
La necesidad de comprobación del depósito previo resulta también de la Instrucción 
de 13 de Junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre 
el depósito de las condiciones generales de la contratación, la cual, en su párrafo último 
resume que “en el contrato de préstamo debe hacerse constar que las condiciones 
generales han sido objeto de depósito y comprobarse por el notario y el registrador que 
dicho depósito se ha practicado”.
Tercero.  El (los) indicado/s defecto/s se fundamenta/n en las normas legales y 
reglamentarias citadas.
Por todo ello acuerdo:
Uno.  Suspender la inscripción del documento presentado, por los defectos que se 
indican en el Segundo de los Fundamentos de Derecho.
Dos.  Notificar a los interesados: 1.º) Que el asiento de presentación que motivó el 
título calificado queda prorrogado (…)
Contra esta calificación podrá (…).
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por María Teresa 
López Alfonso registrador/a de Registro Propiedad de Gandía 4 a día diez de Septiembre 
del año dos mil diecinueve.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don Gonzalo Cano Mora, notario de Gandía,  b
interpuso recurso el día 8 de octubre de 2019 mediante escrito con los siguientes  55ww
fduenfde«acLtmoa e ccnoatonlisfsi cisjuatercíindótinec o iesmn:p nuog nhaadbae, rase l ac oqnuseig mnaed ore mel itnoú mpoerr on oid reenptiefitcira, deosrt adbelel cdee puóns iúton idcoe   OE-A-2020-43able en https://
las condiciones generales en el Registro de Condiciones Generales de Contratación.
Primero.
Como fundamento jurídico me limito a las dos normas legales y a la Instrucción 
citadas por la Registradora.
Del artículo 11 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación, resulta el 
depósito es obligatorio antes de la comercialización de los préstamos o créditos.
Del artículo 7 de la Ley de Contratación de Crédito Inmobiliario, resulta que los 
prestamistas tienen que inscribir en el Registro de Condiciones Generales, las cláusulas 
de los contratos que tengan tal carácter.
Y de la Instrucción de la Dirección General, resulta que en la escritura de préstamo 
hipotecario debe hacerse constar que las condiciones generales han sido objeto de 
depósito  y  comprobarse  por  el  notario  y  el  registrador  que  dicho  depósito  se  ha 
practicado.
Segundo.
De lo anterior resulta que hay dos normas que imponen la “obligación del depósito” 
de las condiciones generales de contratación. Ninguna de estas normas habla de la 
escritura ni de la inscripción.
Hay una Instrucción de la DGRN que yendo un poco más allá de la Ley interpreta 
que dicha obligación debe comprobarse a la hora de autorizar la escritura e inscribir el 
préstamo o crédito hipotecario.
Pero en todo caso habla de «comprobar» dicho depósito. Así la Instrucción dice: “...el 
notario deberá controlar al autorizar la escritura de préstamo hipotecario, y el registrador de 
la propiedad al inscribirla, el mero hecho de que efectivamente la entidad financiera haya 
procedido previamente a practicar dicho depósito. Se trata de un control de cumplimiento de 
la legalidad que el notario y el registrador de la propiedad están obligados a realizar, como 
ocurre con otros supuestos de obligaciones legales cuyo cumplimiento, con independencia 
de sí afectan o no a la validez y eficacia del negocio, debe resultar de la escritura y en su 
caso hacerse constar al practicar su inscripción: ocurre así con la entrega del certificado 
energético, la declaración del movimiento de metálico, la justificación de los medíos de 
pago, la obtención de una licencia urbanística, etc.”.
(…) se exige controlar que se haya efectuado dicho depósito, como cualquiera otro 
de los controles de legalidad a que se refiere posteriormente. Pero en ningún caso se 
exige que para ese control sea preciso aportar el número de registro del depósito: Igual 
que no se exige el número de código del certificado de eficiencia energética, o el número 
de operador del prestamista habitual, o el número de Registro en el Banco de España de 
las entidades de crédito... Es decir, hay obligaciones de control que exigen una labor de 
comprobación del profesional afectado, que este debe hacer.
Desde luego que si la entidad aporta el número, la labor se facilita notablemente; 
pero si no lo aporta, es deber de notario y registrador el comprobar ese depósito a través 
de un Registro que es público en este caso; sin poder negar la autorización o la 
inscripción por no aportar dicho número, ya que no es una obligación impuesta por la 
normativa.
En apoyo de esta tesis continúa la Instrucción de la Dirección General diciendo: “Ese 
control notarial y registral, por lo demás, no tiene coste económico alguno, por cuanto, 
como se hace constar en el informe remitido por el Colegio de Registradores, el registro 
es público y de acceso gratuito para todos los que tengan interés en consultarlo. Ello 
agrava la carga o deber de diligencia del notario y del registrador, quienes, en cuanto  s
autoridades, podrán acceder al citado Registro de forma inmediata y gratuita, y realizar  oe.
de esta forma la comprobación del previo depósito de las condiciones generales, la cual  w.
traemsppEeosccetoi vd odeseb bheeor rnádo erg aedrniiloiegsre”a.nr cciao sateg raalvgaudnoo  dpea rqau lea  ehnatbidlaa dla f iInnasntrcuicecraió onb, ltiagmadpao caol  psaugpoo ndee  usnuas   2020-4355n https://ww
carga excesiva cuando lo cierto es que las entidades suelen tener cuatro o cinco minutas
de utilización general y algunas otras más especiales. Una vez que se han autorizado o
se han calificado varios préstamos de la misma entidad es fácilmente identificable la 
minuta.
En todo caso, las minutas depositadas en el Registro de Condiciones Generales 
hacen referencia a si es préstamo, o novación, o subrogación, sí son a tipo fijo, o 
variable, con carencia, sin carencia, con cuota creciente o no, de autopromotor...
En este caso concreto al Notario no le costó comprobar que era una hipoteca a tipo 
fijo con bonificaciones, sin carencia, con sistema francés de amortización y entrando en 
el Registro de Condiciones Generales, y con ayuda del buscador de palabras encontré la 
siguiente minuta que se adapta a la recogida en la escritura:
Hipoteca tipo fijo. Sin carencia. Amortización sistema francés minuta de escritura de 
préstamo hipotecario. Modelo CNCTHP0685 - 0619 Minuta adaptada a LCI principales 
características: particulares adquisición vivienda entrega al formalizar interés fijo: cuotas 
constantes sin carencia hipoteca bilateral bonificada.
Sin que la identidad deba ser absoluta, puesto que como la propia Instrucción de la 
DGRN  establece:  “Y  no  se  debe  olvidar  otra  consideración  de  importancia:  si  los 
contratos no se limitan a una simple utilización y rellenado de un modelo preestablecido, 
sino que se pueden adaptar con flexibilidad a las necesidades que se planteen en cada 
supuesto concreto…”.
... La consecuencia de lo anterior es que el previo depósito de las condiciones 
generales empleadas por la entidad en su contratación no debe impedir la autorización y 
posterior inscripción de la escritura de préstamo hipotecario por el hecho de que del 
cotejo de la misma con las condiciones generales depositadas resulte alguna diferencia, 
ya que por hipótesis esa diferencia, especialmente en la medida en que sea relevante, 
constituiría en principio una condición particular, y no general”.
Como corolario de lo señalado, procede remarcar que el control notarial y registral 
sobre el depósito de las condiciones generales se ciñe a comprobar que el mismo se ha 
producido  formalmente  respecto  de  las  cláusulas  contractuales  que  merezcan  tal 
consideración. En el supuesto de que se haya producido alguna discordancia entre una 
cláusula contractual y la condición general depositada, ello se deberá en principio a que 
esa estipulación tiene el carácter de condición particular, negociada individualmente.
Por último, la Instrucción de la DGRN ante una hipotética falta de depósito establece:
“A ello se debe añadir otra consideración de importancia: la legislación no precisa la 
eventual consecuencia de la falta de depósito sobre la validez de la condición general, 
sin  que  el  control  formal  que  deben  desempeñar  notarios  y  registradores  sobre  el 
cumplimiento  de  dicha  obligación  suponga  atribuir  a  su  inobservancia  una  nulidad 
patente y de pleno derecho de la misma. Es imprescindible tener en cuenta lo anterior a 
la hora de constatar el alcance de la verificación que ha desempeñarse, pues todo 
aquello que exceda la mera comprobación del depósito de las condiciones generales 
queda al margen del control de la legalidad notarial y de la calificación registral. En 
particular, excede de ellas entrar a cuestionar el carácter de cláusula particular de las 
que se aparten de las condiciones generales. La determinación de la eventual nulidad de 
una cláusula sólo es competencia de la autoridad judicial, en el correspondiente proceso 
contradictorio, con audiencia y con la debida tutela judicial de ambas partes, y en el que 
se tenga en cuenta una multitud de factores que no son susceptibles de apreciación en 
el ámbito del control de legalidad notarial, ni de la calificación registral.”
Conclusión: s
Las normas establecen la obligación del depósito de las Condiciones Generales de  w.
Contratación. 55ww
notaLraio sIn ys trruecgcisiótrna ddoer elas  DloG qRuNe  cdoembeon h ehmacoesr  veiss toc,o mreppritoeb aar  loe ll amrgeoro d hee scuh oe nduenl cdiaedpoó sqiutoe, 
sdienp oesnittaradra sm yá lsa sa ullátil izeand acsu; aon dtoe  laa  vlaa lideeqzu iova nleunlidciaad  tdoeta ul noa  dpea rlacisa ld edpeo sliatasd acos.ndiciones  BOE-A-cable e
En  la  escritura  calificada  se  expresa  que  el  notario  ha  comprobado  la  previa 
inscripción  de  la  minuta  conteniendo  las  condiciones  generales  en  el  Registro 
correspondiente. Y he explicado brevemente cómo comprobarlo de una manera sencilla.
No se entiende por qué el notario ha podido cumplir su obligación de comprobar ese 
previo depósito haciéndolo constar así en la escritura, y el Registrador no ha querido 
hacerlo causando una dilación perjudicial a los interesados.
El hecho de que se exprese el código identificador favorece notablemente la labor de 
comprobación, pero en ningún caso se puede convertir en causa de denegación de la 
inscripción no tipificada por las normas legales, y ni siquiera impuesta por la Instrucción 
de la DGRN.»
IV
La registradora de la Propiedad emitió informe mediante escrito de fecha 21 de 
octubre de 2019 y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 y 21 de la Ley Hipotecaria; 3, 7, 14 y 15 de la Ley 5/2019, 
de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario; 1, 17 bis y 24 de la 
Ley del Notariado; 5, 7, 11, 23 y 24 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones 
generales de la contratación; 28.3 de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 4 de febrero de 2014 sobre los contratos de crédito celebrados con los 
consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las 
Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010; 6 y 7 de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados con consumidores; 147 del Reglamento Notarial; 29 y 30 de la 
Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de 
servicios bancarios; las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de 
junio de 2009 (As. C-243/08), 14 de marzo de 2013 (As. C-415/11) y 26 de marzo 
de 2019 (Ass. C-70/17 y C-179/17); las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de marzo 
de 2001, 4 de julio y 12 de diciembre de 2008, 16 de diciembre de 2009, 9 de mayo, 13 
de septiembre y 18 de noviembre de 2013 y 26 de mayo, 30 de junio y 8 de septiembre 
de 2014; la Instrucción de 13 de junio de 2019 de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado sobre el depósito de condiciones generales de la contratación, y el reflejo 
del mismo en las escrituras de préstamo y en el Registro de la Propiedad, desde la 
entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de 
crédito inmobiliario; la Instrucción de 20 de diciembre de 2019 de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado ante diversas dudas en la aplicación de la Ley 5/2019, 
de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, y las Resoluciones 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de enero y 8 de junio 
de 2011, 23 de enero, 16 y 27 de febrero, 20 y 28 de junio y 18, 26 y 27 de julio de 2012, 
2 de enero, 2 de marzo, 1 de junio, 1 y 11 de julio y 6 y 13 de septiembre de 2013, 5 de 
febrero, 23 de julio y 29 de septiembre de 2014, 22 de enero y 12 de marzo de 2015, 19 
de julio de 2018 y 13 y 27 de junio, 29 de noviembre y 5, 11, 12 y 20 de diciembre 
de 2019.
1.  Mediante la escritura que es objeto de la calificación impugnada se formaliza un 
préstamo para financiar la adquisición por los prestatarios de una vivienda habitual; y en  e.e
garantía del mismo se constituye hipoteca sobre dicha finca. b
En tal escritura el notario expresa que la misma se ha redactado conforme a minuta  55ww
pcorenstreanttaacdióan  py oqr uela h ae n«tcidoamdp roabcaredeod loar ap reqvuiae  inosbceridpeccióen  ae n ceol nRdeicgioisntreos  deg eCnoenradliecsio ndees 
Gesecnrieturarale; s tdeen iCenodnotr altaasc iócnlá dues ulalass c lqáuues ulnaos  csoen  adjiuchstoa nca reáxcatectra cmoennteten idaa sl aesn  lma ipsrmesaesn tlea 
condición de particulares o negociadas individualmente, lo que corroboran las partes 
contratantes».
Según el único defecto expresado en la nota impugnada la registradora suspende la 
inscripción solicitada porque «no se hace constar el Código Identificador del modelo de 
contrato de préstamo o crédito que se ha utilizado, acreditativo de su depósito en el 
Registro de Condiciones Generales de la Contratación, ni otros datos que permitan 
comprobar  la  efectividad  de  su  depósito  con  anterioridad  a  la  comercialización  de 
préstamo».
El notario recurrente alega que los artículos 7 y 11 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, 
establecen la obligación del depósito de las condiciones generales de contratación; que 
la Instrucción de esta Dirección General de 13 de junio de 2019 establece que notarios y 
registradores deben comprobar el mero hecho del depósito, sin entrar más allá en cuanto 
a la equivalencia total o parcial de las condiciones depositadas y las utilizadas, o de la 
validez o nulidad de una de las depositadas; que en la escritura calificada se expresa 
que  el  notario  ha  comprobado  la  previa  inscripción  de  la  minuta  conteniendo  las 
condiciones generales en el Registro correspondiente y no se entiende por qué el notario 
ha podido cumplir su obligación de comprobar ese previo depósito haciéndolo constar 
así en la escritura, y la registradora no ha querido hacerlo; y que el hecho de que se 
exprese el código identificador favorece notablemente la labor de comprobación, pero en 
ningún caso se puede convertir en causa de denegación de la inscripción no tipificada 
por  las  normas  legales,  y  ni  siquiera  impuesta  por  la  referida  Instrucción  de  esta 
Dirección General.
2.  En la referida Instrucción de 13 de junio de 2019 de esta Dirección General, 
sobre el depósito de condiciones generales de la contratación, y el reflejo del mismo en 
las escrituras de préstamo y en el Registro de la Propiedad -a la que se remite la 
reciente Instrucción de este Centro de 20 de diciembre de 2019-, se analizan tres 
cuestiones en relación con todo el conjunto normativo examinado: la necesidad, o no, de 
que en cualquier escritura pública de préstamo hipotecario, así como en su inscripción 
registral, se controle y haga constar que se ha producido el previo depósito de las 
condiciones generales de la contratación empleadas en la misma; la forma o contenido 
que debe tener ese depósito; y el tratamiento que debe darse al hecho de que en una 
cláusula contenida en el contrato de préstamo formalizado en escritura pública exista 
alguna diferencia con la cláusula que fue depositada en el Registro de Condiciones 
Generales.
Respecto de la primera cuestión, que es la que interesa en este expediente, dicha 
Instrucción ya estableció con toda claridad que, al imponerse en el artículo 11 de la 
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, a todas las 
entidades  la  obligación  concreta  y  terminante  de  depositar  los  formularios  de  los 
préstamos y créditos hipotecarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la propia 
ley antes de empezar su comercialización, es indudable que «el notario deberá controlar 
al autorizar la escritura de préstamo hipotecario, y el registrador de la propiedad al 
inscribirla, el mero hecho de que efectivamente la entidad financiera haya procedido 
previamente  a  practicar  dicho  depósito».  Añade  que:  «Se  trata  de  un  control  de 
cumplimiento  de  la  legalidad  que  el  notario  y  el  registrador  de  la  propiedad  están 
obligados a realizar, como ocurre con otros supuestos de obligaciones legales cuyo 
cumplimiento, con independencia de si afectan o no a la validez y eficacia del negocio, 
debe resultar de la escritura y en su caso hacerse constar al practicar su inscripción: 
ocurre así con la entrega del certificado energético, la declaración del movimiento de  s
metálico, la justificación de los medios de pago, la obtención de una licencia urbanística,  oe.
etc.».  Y  termina  insistiendo  en  «la  carga  o  deber  de  diligencia  del  notario  y  del  w.
registrador, quienes, en cuanto autoridades, podrán acceder al citado Registro de forma  55ww
cinomneddiciiaotnae ys  ggreantueirtaa,le ys »re. aClizuaers tdióen e sdtiast ifnotram ae sl al ac ormelpartoivbaa cai ólna  daecl tuparecvióion  dqeupeó shitaoy daen  ldaes 
sperégsutiar meol  nfoortmaraioli zya deol  reeng iesstrcarditourr ac upaúnbdlicoa e enx iusntaa  acllgáuunsau lad ifceorenntecniaid aco enn l ae lc lcáounsturalato q duee   BOE-A-cable e
fue depositada en el Registro de Condiciones Generales, cuestión que, como se ha 
indicado anteriormente, también es analizada en dicha Instrucción, teniendo en cuenta 
que la flexibilidad que requiere el tráfico jurídico debe permitir la adaptación a las 
necesidades que se planteen en cada supuesto concreto (por especialidades en relación 
con la finalidad del préstamo, el objeto, los sujetos, la relación entre los sujetos, los 
pactos  especiales  que  se  hayan  alcanzado,  etc.),  y  la  inclusión  en  el  contrato  de 
cláusulas  especiales  que  se  aparten  de  las  condiciones  generales  que  se  han 
depositado, precisamente porque por su especialidad propia no constituyen condiciones 
generales, sino condiciones particulares o pactos que han sido objeto de negociación 
individual. Por ello concluye que «si bien en el contrato de préstamo debe hacerse 
constar que las condiciones generales han sido objeto de depósito, y comprobarse por el 
notario y el registrador que dicho depósito se ha practicado, ello no impide que en la 
configuración  del  contrato  se  hayan  acordado  modificaciones  respecto  de  esas 
condiciones generales, lo que es una exigencia de la flexibilidad que la contratación y el 
tráfico inmobiliario deben tener para adecuarse a las necesidades de las partes en cada 
caso particular».
En cualquier caso, las entidades financieras con frecuencia suelen indicar en sus 
modelos o minutas los números de identificación de las cláusulas depositadas en el 
Registro de Condiciones Generales de la Contratación, lo que tiene la finalidad de que 
dichos números aparezcan también reseñados en las escrituras de préstamo, para 
facilitar en su día la comprobación de ese depósito. En tales supuestos, parece claro 
que, en la facultad de configuración del contrato que tienen las partes, siempre dentro de 
los límites legales, se debe entender incluida la de la reseña de ese número identificador, 
con la finalidad de facilitar la comprobación de la efectividad del depósito al notario, al 
registrador y eventualmente al juez que debiera pronunciarse sobre los efectos del 
negocio documentado. En consecuencia, en los supuestos en que ese número sea 
indicado por la entidad financiera, el notario respetando su voluntad negocial, deberá 
consignarlos en la escritura. No obstante, la carencia de ese reflejo por la entidad 
financiera no impide la autorización de la escritura ni su inscripción registral, puesto que 
siempre es posible el cotejo de la escritura con el conjunto de cláusulas depositadas por 
la  entidad  financiera,  algo  que,  por  lo  demás,  las  modernas  herramientas  digitales 
facilitan sobremanera.
Ahora bien, de todos los razonamientos anteriores se desprende inequívocamente 
que es requisito ineludible para la autorización de la escritura del préstamo hipotecario 
que  el  notario  haya  comprobado  que  se  ha  producido  el  previo  depósito  de  las 
condiciones generales de la contratación empleadas en la misma, de modo que, como 
establece la mencionada Instrucción, en el supuesto de que se compruebe, por el notario 
o  por  el  registrador,  que  una  condición  general  no  ha  sido  depositada,  deberán 
notificárselo  al  Ministerio  de  Justicia,  en  cumplimiento  de  su  deber  general  de 
colaboración con la Administración, para que éste proceda en la forma establecida en el 
artículo 24 de la Ley 7/1998, sobre condiciones generales de la contratación, según el 
cual: «La falta de inscripción de las condiciones generales de la contratación en el 
Registro  regulado  en  el  capítulo  III  cuando  sea  obligatoria  o  la  persistencia  en  la 
utilización  o  recomendación  de  condiciones  generales  respecto  de  las  que  ha 
prosperado una acción de cesación o retractación, será sancionada con multa del tanto 
al duplo de la cuantía de cada contrato por la Administración del Estado, a través del 
Ministerio de Justicia, en los términos que reglamentariamente se determinen (…)».
En el presente caso el notario expresa en la escritura que ésta contiene condiciones  s
generales de contratación y ha comprobado que han sido inscritas en el Registro de  oe.
Registro de Condiciones Generales de la Contratación. Por todo ello, el referido defecto  w.
expresado en la calificación impugnada no puede ser mantenido. 55ww
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble 
en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del 
juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley 
Hipotecaria.
Madrid, 8 de enero de 2020.–El Director General de los Registros y del Notariado, 
Pedro José Garrido Chamorro.