BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 271 Viernes 12 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 139694
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
18532 Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora de la propiedad de Segovia n.º 3 a practicar una anotación 
preventiva  de  embargo  ordenada  en  procedimiento  administrativo  de 
apremio.
En el recurso interpuesto por doña M. B. J. L., jefa de los Servicios Tributarios de la 
Diputación Provincial de Segovia, contra la negativa de la registradora de la Propiedad 
de  Segovia  número  3,  doña  María  Raquel  Laguillo  Menéndez-Tolosa,  a  practicar 
anotación preventiva de embargo ordenada en procedimiento administrativo de apremio.
Hechos
I
En expediente administrativo de apremio número 2014EXP59003118, que se instruía 
en la Unidad Recaudatoria de los Servicios Tributarios de la Diputación Provincial de 
Segovia contra la herencia yacente y herederos desconocidos de don P. S. C., se trabó 
embargo sobre la finca registral número 1.877 de Sotosalbos.
II
Presentado mandamiento ordenando la práctica de la correspondiente anotación 
preventiva en el Registro de la Propiedad de Segovia número 3, fue objeto de la 
siguiente nota de calificación:
«De conformidad con los artículos 18 y 19 bis de la Ley Hipotecaria ha sido calificado 
el Mandamiento de embargo dictado por la Diputación Provincial de Segovia, número de 
Expediente 14/3118, de fecha 8 de junio de 2021 en base a los siguientes hechos y 
fundamentos de derecho:
Hechos:
1.  Presentado en este Registro de la Propiedad, a las 14:05, del día 10/06/2021, 
bajo el asiento número 408, del diario 53, mandamiento de 8 de junio de 2021 ordenando 
anotación de embargo sobre la finca 1877 de Sotosalbos, dimanante del expediente 
seguido contra la herencia yacente de don P. S. C.
2.  Del mandamiento resulta que se ha notificado el embargo bien individualmente o 
bien en la forma edictal prevista en el artículo 112 de la LGT, a los herederos o herencia 
yacente de don P. S. C. Se acompaña Certificado de defunción de dicho deudor, si bien 
no se aporta copia auténtica de su testamento o Acta de declaración de herederos 
abintestato, del que resulten quienes son los herederos, y por tanto no consta que se 
hayan notificado a todos.
3.  No es por tanto anotable el mandamiento al no haberse seguido el procedimiento  e.
legalmente establecido al efecto, que prevé el nombramiento judicial de un administrador  w.b
de la herencia, a la espera de un heredero definitivo; y sin que la falta de ese cargo que  532ww
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Juez un administrador que represente la herencia yacente en tanto no aparezcan los 
eventuales herederos.
Fundamentos de Derecho:
Artículo  18  de  la  Ley  Hipotecaria:  Los  Registradores  calificarán,  bajo  su 
responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, 
en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la 
validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte 
de ellas y de los asientos del Registro.
Artículo 100 del Reglamento Hipotecario, “La calificación por los Registradores de los 
documentos expedidos por la autoridad judicial se limitará a la competencia del Juzgado 
o Tribunal, a la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere 
dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que 
surjan del Registro”.
Artículo 24 de la Constitución Española. 1. Todas las personas tienen derecho a 
obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e 
intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
Artículo 20 de la Ley Hipotecaria. Para inscribir o anotar títulos por los que se 
declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales 
sobre  inmuebles,  deberá  constar  previamente  inscrito  o  anotado  el  derecho  de  la 
persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos. En el caso 
de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la 
transmisión o gravamen, los Registradores denegarán la inscripción solicitada.
Artículo 38 de la Ley Hipotecaria: En caso de embargo preventivo, juicio ejecutivo o 
vía de apremio contra bienes inmuebles o derechos reales determinados, se sobreseerá 
todo procedimiento de apremio respecto de los mismos o de sus frutos, productos o 
rentas  en  el  instante  en  que  conste  en  autos,  por  certificación  del  Registro  de  la 
Propiedad, que dichos bienes o derechos constan inscritos a favor de persona distinta de 
aquella contra la cual se decretó el embargo o se sigue el procedimiento, a no ser que se 
hubiere dirigido contra ella la acción en concepto de heredera del que aparece como 
dueño en el Registro. Al acreedor ejecutante le quedará reservada su acción para 
perseguir en el mismo juicio ejecutivo otros bienes del deudor y para ventilar en el juicio 
correspondiente el derecho que creyere asistirle en cuanto a los bienes respecto de los 
cuales se suspende el procedimiento.
Artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Civil “1. Siempre que el Tribunal tenga 
noticia del fallecimiento de una persona y no conste la existencia de testamento, ni de 
ascendientes, descendientes o cónyuge del finado o persona que se halle en una 
situación de hecho asimilable, ni de colaterales dentro del cuarto grado, adoptará de 
oficio  las  medidas  más  indispensables  para  el  enterramiento  del  difunto  si  fuere 
necesario y para la seguridad de los bienes, libros, papeles, correspondencia y efectos 
del difunto susceptibles de sustracción u ocultación. De la misma forma procederá 
cuando las personas de que habla el párrafo anterior estuvieren ausentes o cuando 
alguno de ellos sea menor o tenga capacidad modificada judicialmente y no tenga 
representante legal”.
Artículo 791 de la Ley de Enjuiciamiento Civil “Intervención judicial de la herencia 
cuando no conste la existencia de testamento ni de parientes llamados a la sucesión 
legítima 1. En el caso a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, una vez 
practicadas las actuaciones que en él se mencionan, el Letrado de la Administración de  e
Justicia adoptará mediante diligencia las medidas que estime más conducentes para  bo
averiguar  si  la  persona  de  cuya  sucesión  se  trata  ha  muerto  con  disposición  532ww
Rteesgtaismtreon Gtaerinae ora sl idne e Allact,o osr ddeen Úalntidmoa,  aV otalul netfaedc,t oa,s qí ucoem soe  etrla cigeart iafi claods oa dueto ds ecfeurntcifiiócand luoe dgeol 
que Rseesao pluocsiiobnlee”s. de la D.G.R.N. de 24 de febrero de 2006, 5 de julio de 2006, 18 de
noviembre de 2006 y 21 de febrero de 2007 y Sentencias del T.S.J. de La Rioja de 30 de
noviembre de 2006, en relación con el recurso 106/2006, de los que se deduce que no 
basta una citación genérica a posibles herederos, sino que es necesario que la herencia 
esté debidamente representada para la defensa de los derechos de sus titulares.
Se suspende la anotación soliciada [sic] en el mandaminto [sic] por no constar el 
nombramiento judicial de un administrador de la herencia.
Contra la presente nota podrá (…).
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por María Raquel 
Laguillo Menéndez Tolosa registrador/a de Registro Mercantil de Segovia a día treinta de 
junio del año dos mil veintiuno.»
III
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  doña  M.  B.  J.  L.,  jefa  de  los  Servicios 
Tributarios de la Diputación Provincial de Segovia, interpuso recurso el día 16 de julio 
de 2021 atendiendo a los siguientes argumentos:
«Hechos.
1.º  (…)
3.º  Que la cuestión determinante del Acuerdo denegatorio viene fundada en la falta 
de nombramiento de administrador judicial de la Herencia Yacente conforme al articulado 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 790 y ss), y hay que tener presente lo siguiente:
a)  En primer lugar nos encontramos ante un procedimiento, el de apremio, llevado 
a cabo por esta Unidad Recaudatoria, que tiene su amparo normativo en legislación 
especial como lo es la Ley General Tributaria y cuyas características vienen recogidas en 
el art 163 de dicha norma, siendo por tanto, los preceptos de naturaleza tributaria los que 
le son de aplicación y no otros (dada la especialidad de aquella), salvo los que en 
defecto de estos tienen un carácter subsidiario en su aplicación, así se recoge en el 
art. 7.2 de dicho cuerpo legal, que al establecer el orden de prelación de las fuentes del 
ordenamiento tributario, dispone que tendrán un carácter supletorio las disposiciones 
generales del derecho administrativo y los preceptos de derecho común.
El citado art. 163 LGT dispone, en relación al carácter del procedimiento de apremio: 
“1. El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo. La competencia para 
entender  del  mismo  y  resolver  todas  sus  incidencias  corresponde  únicamente  a  la 
Administración tributaria.
2.  El procedimiento administrativo de apremio no será acumulable a los judiciales ni 
a otros procedimientos de ejecución. Su iniciación o tramitación no se suspenderá por la 
iniciación de aquéllos, salvo cuando proceda de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, o con las normas del 
artículo siguiente.
La Administración tributaria velará por el ámbito de potestades que en esta materia le 
atribuye  la  Ley  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  legislación  de  conflictos 
jurisdiccionales.
3.  El procedimiento de apremio se iniciará e impulsará de oficio en todos sus 
trámites y, una vez iniciado, sólo se suspenderá en los casos y en la forma prevista en la 
normativa tributaria”.
Que en base a lo establecido en el art. 35.4 de la LGT las Herencias Yacentes 
pueden constituir sujetos pasivos de los tributos. s
Y en el art. 39.3 del mismo cuerpo legal se establece que: “Mientras la herencia se  oe.
encuentre  yacente,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  del  causante  w.
dcoertreLerasmpsi noanacdcieótrunáa  acyli o rneliepqsrue idseaancditmóannin teisd tderea  tlilavaa shs e orebqnliugceiaa c yiotaencneegsna tnet r.ibpuotar riaosb jedteol   claau sacunaten tifdiceabceiróánn,   2021-18532n https://ww
realizarse o continuarse con el representante de la herencia yacente. Si al término del
procedimiento no se conocieran los herederos, las liquidaciones se realizarán a nombre 
de la herencia yacente.
Las obligaciones tributarias a que se refiere el párrafo anterior y las que fueran 
transmisibles por causa de muerte podrán satisfacerse con cargo a los bienes de la 
herencia yacente”.
b)  Por otro lado y según dispone el apartado 3 del art. 45.de la Ley General 
Tributaria, que establece que: “por los entes a los que se refiere el apartado 4 del 
artículo 35 de esta ley actuará en su representación el que la ostente, siempre que 
resulte acreditada en forma fehaciente y, de no haberse designado representante, se 
considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, 
cualquiera de sus miembros o partícipes.” Y el art. 177.1, párrafo tercero de la misma 
Ley y el apartado 2 del art. 127 del Reglamento General de Recaudación, que establece 
que: “mientras se halle la herencia yacente, el procedimiento de recaudación de las 
deudas  pendientes  podrá  dirigirse  o  continuar  contra  los  bienes  y  derechos  de  la 
herencia”.
Por  ello,  en  el  presente  caso,  no  resulta  imprescindible  el  nombramiento  de 
administrador judicial de la Herencia Yacente, máxime cuando en el certificado literal de 
defunción expedido a solicitud de esta administración en fecha 31 de julio de 2020, 
consta que el citado señor falleció en estado de soltero, desconociéndose si existen o no 
herederos que pudieran ser debidamente notificados, no se ha ocasionado por tanto 
ninguna  indefensión  a  nadie  en  este  procedimiento,  pues  la  finca  objeto  del 
mandamiento de embargo, consta a fecha de hoy a nombre del fallecido.
Aunque es cierto que el Centro Directivo al que nos dirigimos, antes D.G.R.N., ha 
exigido  en  ocasiones  el  nombramiento  judicial  de  un  administrador  de  la  Herencia 
Yacente, en los procedimientos seguidos contra herederos indeterminados del titular 
registral, para poder considerarse cumplido el tracto sucesivo (art. 20 de la LH y 166.1 
del Reglamento Hipotecario), sin embargo esto no debe de convertirse en una exigencia 
formal excesivamente gravosa, de manera que debe de limitarse a aquellos casos en 
que el llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico, así lo recoge 
la Resolución de la D.G.R.N. de 20 de agosto de 2010.
A  mayor  abundamiento  de  todo  lo  expuesto,  debe  citarse  ahora  el  precedente 
contenido en la Resolución de 19 de octubre de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, que fue publicada en BOE del día 8 de noviembre de 2007, 
frente al recurso interpuesto por la Oficina Comarcal de Recaudación y Gestión Tributaria 
y Catastral de la Diputación Provincial de Badajoz, contra la negativa de la Registradora 
de la Propiedad de Llerena, a practicar una anotación preventiva de embargo, que en su 
Fundamento de Derecho 4.º, ante un supuesto similar, se argumenta lo siguiente:
“Se  trata  de  un  apremio  por  débitos  fiscales  en  el  que  han  de  aplicarse  las 
específicas  normas  que  disciplinan  tal  tipo  de  ejecución.  Por  ello  ha  de  traerse  a 
colación, como sostiene el recurrente, el apartado 3 del artículo 45 de la Ley General 
Tributaria que establece que por los entes a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 
de la misma Ley (entre los que está la herencia yacente) actuará el que ostente su 
representación, siempre que sea acreditada fehacientemente: de no haberse designado 
representante,  se  considerará  como  tal  el  que  aparentemente  ejerza  la  gestión  o 
dirección y, en su defecto, cualquiera de sus miembros o partícipes. Además, según el 
artículo 177.1, párrafo tercero de la misma Ley y el apartado 2 del artículo 127 del 
Reglamento  General  de  Recaudación,  mientras  se  halle  la  herencia  yacente,  el  e
procedimiento de recaudación de las deudas pendientes podrá dirigirse o continuar  bo
contra  los  bienes  y  derechos  de  la  herencia,  de  suerte  que  las  actuaciones  se  532ww
esenñteanladdeorásn e cno ne l qmuieennc oiosnteandtoe  alar taícdumloi n4is5t.r3a cdióen l ao  Lreepyr eGseennetaraciló Tnr idbeu teasritaa.,. .e nP olor se tlélor,m yin eons 
icmopnrtreas cdined ilbol eq uaec rseed iteaxrp reels an opmobr rlaam Rieengtois trdaed ouran  eand mlai ncisatlriaficdaocr ióqnu eim  rpeupgrneasednat,e n oa  elas 
herencia yacente.”
En el caso presente, como ya se ha dicho, el procedimiento no ha podido ser 
notificado a los herederos, pues ni siquiera se conoce si los mismos existen evitando con 
ello la posible vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva del 
art. 24 de la Constitución Española.
La eficacia administrativa y la economía procedimental, constituyen algunos de los 
principios en los que se sustenta el funcionamiento de la Administración en el ejercicio 
de sus potestades propias, y esta eficacia administrativa perdería su sentido, si hubiera 
que  paralizar  el  procedimiento  de  apremio  para  solicitar  el  nombramiento  de  un 
administrador judicial de la Herencia Yacente como se pretende por el Sr. Registrador de 
la Propiedad, (en este sentido STS 1744/2011 Sala de lo Contencioso N.º de Recurso: 
53/2009),  medida  que,  además,  atentaría  contra  el  fin  último  de  la  actividad 
Administrativa, que es servir con objetividad al interés general; y es a esta importante 
finalidad donde cobra sentido la facultad reconocida legalmente a la Administración 
tributaria para dirigirse contra los bienes de la herencia yacente, facultad que no resulta 
potestativa, sino por el contrario deviene en obligatoria, puesto que si no se hiciera 
constituiría una dejación de funciones, con el resultado final de perjudicar la realización 
de créditos de derecho público que, en aras al citado interés general, tiene la obligación 
de garantizar. Ello aparte de la responsabilidad fijada en la Ley General Presupuestaria, 
en que pudiera incurrir el funcionario público que no ejerciera esta potestad que la ley le 
reconoce para evitar el perjuicio de valores a la Hacienda pública.
Además, conviene también aducir, que esta facultad no es patrimonio exclusivo de la 
Administración pública, sino que puede extenderse al ámbito del derecho común. Así se 
establece en la sentencia de la Audiencia Provincial de las Palmas del día 8 de abril 
de 2005, n.º 187/2005, repertorio Aranzadi JUR/132523, en donde se señala que cuando 
no exista administración regularmente constituida de la herencia yacente, se entiende 
que ante todo, deben satisfacerse los legítimos intereses de terceros y que deberán ser 
admitidas las demandas dirigidas contra la herencias yacentes y los llamados a ella, aun 
cuando en rigor, ni el causante viva, ni los herederos la hayan aceptado. Por su parte, 
fallecido un deudor y desconociéndose el estado real y actual de la herencia –si ha sido 
o no aceptada, si lo ha sido por todos los llamados a ella, en forma–, la acción debe 
dirigirse contra la herencia yacente, contra los posibles e ignorados herederos, si no se 
sabe su identidad, o contra los que lo sean, si esa identidad es conocida.
Por último, debe añadirse que el requisito de la representación contenido en la Ley 
Hipotecaria y en la de Enjuiciamiento Civil –se entiende que se refiere al artículo 790, 
tiene un carácter provisional y transitorio, responde a un fin cautelar cual es garantizar la 
integridad del caudal hereditario para que sea entregado a sus legítimos destinatarios, 
mientras se llevan a cabo todos la tramites sucesorios. Tiende a preservar lo que está 
llamado a ser adjudicado, pero que carece de virtualidad alguna cuando la herencia 
permanece yacente sin expectativa alguna de ser reclamada por nadie, como sucede en 
el caso que ha dado lugar a la actuación ejecutiva denegada por el Sr. Registrador de la 
Propiedad  n.º  3  de  Segovia,  mientras  tanto,  el  bien  integrado  en  la  misma  sigue 
devengando tributos cuya acción efectiva de cobro es impedida por esta negativa a 
proceder contra los bienes gravados con los mismos.
A todo lo expuesto, hay que añadir
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho.
Primero.  Sobre la legitimación de esta Unidad Recaudatoria para interponer este  e
recurso,  es  de  aplicación  el  art.  325  de  la  Ley  Hipotecaria  que  establece  que  se  bo
encuentran legitimados para interponerle: 532ww
quie“nL ate pnegras oinntae,r énsa tcuoranlo coi djuor íednic aa,s eag ucruayro l ofasv eofre csteo sh udbei eérast ad,e c pormaoct itcraarn slafe rinesncteri poc ipóonr, 
otro  concepto,  y  quien  ostente  notoriamente  o  acredite  en  forma  auténtica  la
representación legal o voluntaria de unos y otros para tal objeto...”
Segundo.  En cuanto al procedimiento son de aplicación los arts. 322 y siguientes 
de la Ley Hipotecaria y demás normas de desarrollo.
Tercero.  Sobre  el  fondo,  Ley  General  Tributaria,  Reglamento  General  de 
Recaudación,  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
RDL 2/2004, de 5 de marzo, Código Civil arts. 956 y 1020, arts. 790 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Cuarto.  Doctrina que se invoca: Resoluciones de la D.G.R.N. de 20 de agosto 
de 2010 y de 19 de octubre de 2007, STS-Sala 3.ª- 1744/2011 y STS - Sala 3.ª-, 
de 18/10/2012.»
IV
La registradora de la Propiedad de Segovia número 3, doña María Raquel Laguillo 
Menéndez-Tolosa, emitió informe, en el que mantuvo íntegramente su calificación, y 
formó el oportuno expediente que elevó a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 2, 3, 18, 20, 38, 40 y 82 de la Ley 
Hipotecaria; 150 y 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 100 y 140 del 
Reglamento Hipotecario; la Sentencia del Tribunal Constitucional número 26/2020, de 24 
de febrero; las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 7 de abril 
de 1992, 7 de julio de 2005, 12 de junio de 2008, 3 de marzo de 2011, 28 de junio y 21 
de octubre de 2013, 6 de febrero de 2020 y 9 de octubre de 2021; las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de noviembre de 2002, 7 y 8 de 
abril de 2003, 23 de marzo y 22 de junio de 2007, 29 de mayo y 26 de agosto de 2008, 6 
de junio y 11 de julio de 2009, 8 de noviembre de 2010, 2 de septiembre de 2011, 11 de 
mayo de 2012, 28 de enero, 27 de mayo y 12 de julio de 2013, 29 de enero, 8 de mayo 
y 2 de octubre de 2014, 29 de enero, 11 de febrero, 5 de marzo, 16 y 29 de abril, 21 de 
mayo, 17 de julio, 22 de octubre y 9 de diciembre de 2015, 17 de marzo, 17 de mayo, 8 
y 23 de septiembre, 4 de octubre y 15 de noviembre de 2016, 22 de mayo, 18 de octubre 
y 18 de diciembre de 2017,15 de febrero, 20 de julio, 15 de noviembre y 18 de diciembre 
de 2018 y 17 de enero, 8 de mayo, 6 de septiembre, 4 de noviembre y 12 de diciembre 
de 2019 y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 
de 10 de agosto, 30 de septiembre y 19 de octubre de 2020 y 14 y 28 de enero, 3 de 
febrero, 18 de mayo, 23 de julio y 9 de septiembre de 2021.
1.  El presente recurso tiene como objeto la negativa de la registradora a practicar 
una anotación preventiva de un embargo ordenado en un procedimiento administrativo 
seguido contra la herencia yacente del titular registral de la finca embargada.
La  registradora  fundamenta  su  oposición  en  la  necesidad  de  que  se  hubiera 
nombrado un defensor judicial que representara los intereses de dicha herencia yacente, 
dado  que  no  se  había  dirigido  el  procedimiento  contra  algún  heredero  identificado 
personalmente.
2.  Como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo, es principio básico de 
nuestro sistema registral el de que todo título que pretenda su acceso al Registro ha de 
venir  otorgado  por  el  titular  registral  o  en  procedimiento  seguido  contra  él  (cfr. 
artículos 20 y 40 de la Ley Hipotecaria), alternativa esta última que no hace sino 
desenvolver  en  el  ámbito  registral  el  principio  constitucional  de  salvaguardia  e.e
jurisdiccional de los derechos e interdicción de la indefensión (cfr. artículo 24 de la  b
Constitución Española) y el propio principio registral de salvaguardia judicial de los  532ww
asieEnnto slo rse gcisatsroasle se n(c fqr.u aer tíicnutelorv 1ie dnee  lala L heey rHenipcoiate cyaarciae)n.te, la doctrina que este Centro
Dprieretecntivdoa  htean evre nreidfloe jom arengteisntrieanl ddoe beas taorst icúultliamrsoes  baiñeons m imedpioannete  qeul en otomdbar aamctiueanctoió nd eq uune 
administrador judicial, en los términos previstos en los artículos 790 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, bien mediante la intervención en el procedimiento de alguno 
de los interesados en dicha herencia yacente (Resoluciones de 27 de mayo y 12 de julio 
de 2013, 8 de mayo de 2014, 5 de marzo de 2015 y demás citadas en los «Vistos»).
Esta doctrina se fue matizando en los últimos pronunciamientos en el sentido de 
considerar que la exigencia del nombramiento del defensor judicial debe limitarse a los 
casos en que el llamamiento a los herederos desconocidos sea puramente genérico y no 
haya ningún interesado en la herencia que se haya personado en el procedimiento 
considerando el juez suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente.
3.  El  Pleno  de  la  Sala  Primera  del  Tribunal  Supremo  en  su  Sentencia 
número 590/2021, de 9 de septiembre, dictada como culminación de un juicio verbal 
tramitado para impugnar una nota de calificación registral, ha sentado doctrina en la 
materia objeto del presente recurso.
Comienza el Tribunal reconociendo que, con carácter general, el registrador debe 
«verificar que la titular registral o, caso de haber fallecido, sus herederos (quienes según 
la información registral son titulares de derechos afectados por la sentencia objeto de 
inscripción), han tenido posibilidad de ser parte».
Procede a continuación a delimitar el alcance de la figura del administrador judicial 
de los bienes de una herencia yacente: «La administración judicial de la herencia se 
regula  en  la  Ley  de  enjuiciamiento  civil  en  el  marco  de  lo  que  se  denomina  la 
intervención judicial del caudal hereditario, sección 2.ª del Capítulo I [De la división de la 
herencia], del Título II (De la división judicial de patrimonios), del Libro IV (De los 
procesos especiales).
El fallecimiento de una persona sin haber otorgado testamento, si acaece con unas 
circunstancias que dan a entender que nadie se hará cargo de la sucesión, provoca la 
intervención judicial para asegurar el enterramiento del causante y la integridad de los 
bienes de la herencia (art. 790.1 LEC). Era lo que tradicionalmente se conocía por 
prevención del abintestato y tiene por finalidad asegurar que la sucesión intestada pueda 
ser una realidad. En un primer momento, esta intervención se dirige a adoptar de oficio e 
inaudita parte las medidas para el aseguramiento de los bienes, papeles, libros y efectos 
susceptibles de sustracción u ocultación, y a través de los cuales, se puede constituir el 
caudal hereditario, así como de los créditos, fincas o rentas (art. 790 LEC). Adoptadas 
estas medidas, la actuación judicial se encamina a la comprobación de la existencia de 
disposición testamentaria, y de si el fallecido tiene o no parientes que puedan ser 
llamados  a  suceder  (art.  791.1  LEC).  Esta  intervención  judicial  desemboca  en  la 
formación de un inventario y en la determinación de medidas para la administración del 
caudal hereditario (arts. 791.2, 794 y 795 LEC).
Así, con la finalidad de preservar la integridad del patrimonio relicto y garantizar los 
derechos e intereses de los llamados por el testamento o por la ley a suceder al 
causante,  el  juez  puede  acordar  por  medio  de  auto  motivado  las  medidas  de 
administración, custodia y conservación del caudal relicto que considere necesarias 
(art. 795.1 LEC). La ley pretende que, llegados a esa fase de la intervención judicial, una 
vez realizado el inventario, se adopten medidas de conservación, mientras no concluya 
la declaración de herederos o, en su caso, se apruebe la partición.
Fuera de estos casos y de otros expresamente previstos en la legislación civil 
(institución de heredero bajo condición suspensiva en los casos del art. 803-II CC, 
espera de un nasciturus [arts. 966 y 967 CC], reserva del derecho a deliberar del 
heredero [art. 1020 CC]), no está previsto el nombramiento de un administrador judicial. 
Sin perjuicio de que pudiera ser acordada como medida cautelar, a instancia de parte,  s
está claro que la ley no preceptúa el nombramiento de administrador judicial cuando en  oe.
un juicio declarativo es demandada una persona que ha fallecido hace más de treinta  w.
años sin que se conozcan sus herederos y, por ello, la demanda se dirige contra la  532ww
hereDnec iat ayla cfoernmtea y  qlouse i gnnoo racdaobsía h edreedsaetreonsd.er  el  mandamiento  judicial  y  denegar  la
iignnscorriapdcoiósn  hpeorreqdueer oesn  deel  pqruoiceens oa peanr eecl íaq uceo mseo  dtiictutóla rla  resegnistteranlc, iafa ellne criedbae hldaíací ac omntáras  ldoes   BOE-A-cable e
treinta  años,  no  se  hubiera  nombrado  administrador  judicial  que  representara  los 
eventuales derechos o intereses de los demandados».
No obstante, advierte el Tribunal que, como ya había sostenido en su Sentencia de 3 
de marzo de 2011, si existiera algún indicio de la existencia de cualquier heredero, previa 
averiguación de su identidad y domicilio, habría de darse cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 150.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: «Por disposición del Tribunal, 
también se notificará la pendencia del proceso a las personas que, según los mismos 
autos, puedan verse afectadas por la resolución que ponga fin al procedimiento. Esta 
comunicación se llevará a cabo, con los mismos requisitos, cuando el Tribunal advierta 
indicios de que las partes están utilizando el proceso con fines fraudulentos».
A partir de esa premisa concluye la citada Sentencia:
«Con carácter general, cuando se demande a los ignorados herederos de una 
persona que ha fallecido sin otorgar testamento y no se conozcan parientes con derecho 
a la sucesión intestada ni concurran indicios de su existencia, el juzgado debería notificar 
la  pendencia  del  proceso  al  Estado  o  a  la  Comunidad  Autónoma  llamada  por  la 
normativa civil aplicable a la sucesión intestada a falta de otros, en aplicación de lo 
prescrito en el citado art. 150.2 LEC.
Esta norma se complementa con otras que tratan de preservar el interés del Estado 
y, en general las administraciones públicas, respecto de los derechos sucesorios que 
pudieran corresponderle. En concreto, se complementa con el art. 6 del RD 1373/2009, 
de 28 de agosto, que aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que con carácter general 
dispone: “1. Los que por razón de su cargo o empleo público tuvieran noticia del 
fallecimiento intestado de alguna persona que carezca de herederos legítimos, estarán 
obligados a dar cuenta del mismo a la Delegación de Economía y Hacienda de la 
provincia  en  la  que,  según  su  información,  el  causante  hubiera  tenido  su  último 
domicilio”.
Y también con el art. 791.2 LEC que, en caso de intervención judicial de la herencia 
cuando no conste la existencia de testamento ni de parientes llamados a la sucesión 
intestada, junto a la ocupación de los libros, papeles y correspondencia del difunto, y el 
inventario y depósito de bienes, prescribe: “En la misma resolución ordenará de oficio la 
comunicación a la Delegación de Economía y Hacienda correspondiente por si resultare 
procedente la declaración de heredero abintestato a favor del Estado, con traslado del 
resultado de las diligencias realizadas y de la documentación recabada al amparo del 
apartado 1”».
4.  A la vista de la señalada Sentencia este Centro Directivo debe completar su 
doctrina para estos casos, y concluir que cuando se demanda a una herencia yacente 
caben dos posibilidades:
a)  Que se conozca o se tengan indicios de la existencia de concretas personas 
llamadas a la herencia. En este caso, habrá de dirigirse la demanda contra estos 
herederos, previa averiguación de su identidad y domicilio.
b)  Que no se tenga indicio alguno de la existencia de herederos interesados en la 
herencia yacente (casos de personas que han fallecido sin testamento y sin parientes 
conocidos  con  derecho  a  la  sucesión  intestada).  En  estos  supuestos,  además  de 
emplazar a los ignorados herederos por edictos, se debe comunicar al Estado o a la 
Comunidad Autónoma llamada por la normativa civil aplicable a la sucesión intestada a  e.
falta de otros, la pendencia del proceso, conforme al citado artículo 150.2 de la Ley de  w.
Enjuiciamiento Civil. 532ww
suplDeteobreio  reyc oredxacresep caio neaslt e yr esspoeloct o dqeubee  lae mnoptlieficaarsceió n cpuoarn dvoía  esdei cthaal ytiaenn e acgaorátacdteor, 
razonablemente, las posibilidades de efectuar una notificación personal.
La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2020 
recuerda que «la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la de esta sala han puesto 
de relieve la importancia que tiene la correcta realización de los actos de comunicación 
procesal. Son el cauce a través del cual las partes y los interesados legítimos conocen la 
existencia del proceso y sus trámites esenciales, y de este modo pueden realizar las 
actuaciones procesales que consideren adecuadas para la defensa de sus derechos e 
intereses legítimos. Por eso los órganos jurisdiccionales tienen el deber específico de 
adoptar todas las cautelas y garantías que resulten razonablemente adecuadas para que 
la comunicación con el interesado sea real y efectiva y asegurar que esa finalidad no se 
frustre por causas ajenas a la voluntad de los sujetos a quienes afecte, sin que ello 
signifique exigirles el despliegue de una desmedida labor investigadora que pudiera 
conducir  a  la  indebida  restricción  de  los  derechos  de  defensa  de  los  restantes 
personados en el proceso».
En esa línea, la reciente Sentencia número 26/2020, de 24 de febrero, de la sala 
Primera del Tribunal Constitucional ha vendido a recoger y concretar su doctrina a 
propósito  de  la  vulneración  del  artículo  24.1  de  la  Constitución  Española  por  las 
notificaciones por edictos reiterando dicho carácter excepcional.
Dice en su fundamento de Derecho 4: «El Tribunal Constitucional dispone de una 
abundante jurisprudencia, cuyo hito inicial se remonta a la STC 9/1981, de 31 de marzo, 
que vincula el adecuado respeto del art. 24.1 CE, en la dimensión relativa al disfrute de 
una tutela judicial efectiva sin indefensión, al correcto emplazamiento o citación de los 
interesados en un procedimiento, porque solo el adecuado emplazamiento asegura la 
presencia de la parte ante el órgano judicial para la defensa de sus propios intereses, en 
caso de que decida personarse. Se ha declarado que “el derecho a la tutela judicial 
efectiva  sin  indefensión  (art.  24.1  CE)  garantiza  a  todos  los  que  puedan  resultar 
afectados por la decisión que se dicte en un proceso judicial el derecho a conocer su 
existencia, a fin de que tengan la posibilidad de intervenir en él, ser oídos, y ejercer la 
defensa de sus derechos e intereses legítimos, y en este sentido es reiterada la doctrina 
constitucional sobre la importancia de los actos de comunicación para la efectividad del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE)” (STC 180/2015, de 7 
de septiembre, FJ 4, y jurisprudencia allí citada). Desde los anteriores presupuestos, 
nuestra  jurisprudencia  prioriza  la  notificación  personal,  sin  descartar  la  validez  de 
fórmulas de notificación no personal siempre que se cumplan determinados requisitos. 
Así, se aplica a cualquier procedimiento judicial dentro de cualquier orden jurisdiccional, 
la exigencia de procurar la citación personal de los interesados en dicho procedimiento, 
siempre que tal citación sea factible, debiendo considerar el emplazamiento edictal como 
un “remedio último de carácter supletorio y excepcional que requiere el agotamiento 
previo de las modalidades aptas para asegurar en el mayor grado posible la recepción 
de la notificación por su destinatario” (STC 82/2019, de 17 de junio, FJ 3). Un remedio 
que debiera limitarse a “aquellos supuestos en los que no conste el domicilio de quien 
haya de ser emplazado o bien se ignore su paradero (SSTC 141/1989, de 20 de julio, 
y 36/1987, de 25 de marzo, entre otras)” (STC 295/2005, de 21 de noviembre, FJ 3). La 
excepcionalidad del recurso a la notificación edictal, hace recaer sobre los órganos 
judiciales la responsabilidad de velar por la correcta constitución de la relación jurídico-
procesal, sin que ello signifique exigir al juez o tribunal correspondiente el despliegue de 
una desmedida labor investigadora (por todas, SSTC 136/2014, de 8 de septiembre, 
FJ 2, y 15/2016, de 1 de febrero, FJ 2, y jurisprudencia citada en este fundamento 
jurídico). Lo que sí exige es el “empleo de cuantos medios obren al alcance del órgano  s
judicial, de suerte que a la vista de los ordenados quepa cabalmente concluir que se han  oe.
agotado  las  posibilidades  de  localización  y,  por  tanto,  de  notificación  personal  al  w.
demandado”». 532ww
5.  En  el  caso  de  este  expediente  no  puede  olvidarse  que  se  trata  de  un
aplrgoucneadsim nieonrmtoa as demspineisctiaraletisv.o de apremio, por lo que habrán de tenerse en consideración
En particular, establece el artículo 127, en sus tres primeros apartados, del Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación:
«Artículo 127.  Procedimiento de recaudación frente a los sucesores.
1.  Fallecido  cualquier  obligado  al  pago  de  una  deuda,  el  procedimiento  de 
recaudación continuará con sus herederos y, en su caso, legatarios, sin más requisitos 
que la constancia del fallecimiento de aquel y la notificación al sucesor del requerimiento 
para el pago de la deuda y costas pendientes del causante, con subrogación a estos 
efectos en la misma posición en que se encontraba el causante en el momento del 
fallecimiento y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 182.3, primer párrafo, de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En la notificación al sucesor se le 
requerirá el pago de la deuda en los siguientes plazos:
a)  Si el fallecimiento del obligado al pago se produce dentro del periodo voluntario, 
se requerirá al sucesor para que realice el pago dentro del plazo del artículo 62.2 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
b)  Si el fallecimiento del obligado al pago se produce antes de la notificación de la 
providencia de apremio, se notificará al sucesor dicha providencia. Si realiza el pago 
antes de la notificación de la providencia de apremio, se le exigirá el recargo ejecutivo.
c)  Si el fallecimiento se produce una vez notificada la providencia de apremio al 
obligado al pago y antes de la finalización del plazo del artículo 62.5 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, se requerirá al sucesor para que realice el pago 
de  la  deuda  y  el  recargo  de  apremio  reducido  del  10  por  ciento  en  el  plazo  del 
artículo  62.5  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  con  la 
advertencia de que, en caso de no efectuar el ingreso del importe total de la deuda 
pendiente, incluido el recargo de apremio reducido del 10 por ciento, en dicho plazo, se 
procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el 
cobro de la deuda con inclusión del recargo de apremio del 20 por ciento.
d)  Si  el  fallecimiento  se  produce  después  de  la  finalización  del  plazo  del 
artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se requerirá al 
sucesor para que realice el pago de la deuda y el recargo de apremio ordinario en los 
plazos establecidos en dicho artículo.
Cuando el heredero alegue haber hecho uso del derecho a deliberar, se esperará a 
que  transcurra  el  plazo  concedido  para  ello,  durante  el  cual  podrá  solicitar  de  la 
Administración una certificación de las deudas del causante con efectos meramente 
informativos.
La Administración, una vez acreditada de forma fehaciente la condición de heredero 
del solicitante, expedirá un certificado que deberá contener el nombre y apellidos o razón 
social o denominación completa, número de identificación fiscal, último domicilio del 
causante y del heredero y detalle de las deudas y demás responsabilidades del causante 
pendientes a la fecha de expedición del certificado.
2.  Mientras se halle la herencia yacente, el procedimiento de recaudación de las 
deudas  pendientes  podrá  dirigirse  o  continuar  contra  los  bienes  y  derechos  de  la 
herencia.  Las  actuaciones  se  entenderán  con  quien  ostente  la  administración  o 
representación de esta, en los términos señalados en el artículo 45.3 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.
La suspensión del procedimiento de recaudación, en los términos señalados en el  e.
artículo 177.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando el  w.
heredero alegue haber hecho uso del derecho a deliberar con arreglo a la legislación  532ww
lcaiv hile, rneon caifae cytaacreán ate l.as posibles actuaciones recaudatorias que se lleven a cabo frente a
haya3n.  rDeneusndcei aqduoe  ac olnas thee qreunec niao  oe xnisot elna  hheareyadne roasc ecpotnaodcoi deoxsp ore csuaa nod otá cloitsa mcoennotec,id oses   BOE-A-cable e
pondrán los hechos en conocimiento del órgano competente, el cual dará traslado al 
órgano  con  funciones  de  asesoramiento  jurídico  a  efectos  de  que  se  solicite  la 
declaración de heredero que proceda, sin perjuicio de la continuación del procedimiento 
de recaudación contra los bienes y derechos de la herencia».
En los casos de herencia yacente las actuaciones se llevarán a cabo con quien 
ostente la administración o representación de ésta, que, como señala el artículo 45.3 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, es la persona que resulte 
acreditada como tal representante en forma fehaciente y, de no haberse designado 
representante,  se  considerará  como  tal  el  que  aparentemente  ejerza  la  gestión  o 
dirección y, en su defecto, cualquiera de sus miembros o partícipes. Si no existen 
herederos conocidos, se pondrán los hechos en conocimiento del órgano competente, el 
cual dará traslado al órgano con funciones de asesoramiento jurídico a efectos de que se 
solicite la declaración de heredero que proceda, sin perjuicio de la continuación del 
procedimiento de recaudación contra los bienes y derechos de la herencia.
Es por ello por lo que, de acuerdo con lo expuesto, ha de desestimarse el recurso, en 
tanto no consta que se hayan cumplido los requisitos que derivan de la normativa 
expuesta para la adecuada protección de los intereses de la herencia yacente en el 
procedimiento de apremio fiscal.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de 
calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 14 de octubre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.