BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 233 Miércoles 29 de septiembre de 2021 Sec. I.   Pág. 119462
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
15773 Real Decreto 819/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las 
bases  reguladoras  para  la  concesión  directa  de  subvenciones  a  las 
explotaciones agrarias de titularidad compartida, y se aprueba la convocatoria 
para el ejercicio 2021.
En el ámbito de la explotación familiar del medio rural, son muchas las mujeres que 
comparten con los hombres las tareas agrarias, asumiendo buena parte de las mismas y 
aportando tanto bienes como trabajo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, figura 
sólo el hombre como titular de la explotación agraria, lo que dificulta que se valore 
adecuadamente la participación de la mujer en los derechos y obligaciones derivados de 
la gestión de dicha explotación, en condiciones de igualdad.
Dos normas con rango de ley constituyen el primer reconocimiento jurídico de lo que 
ya es conocido como la titularidad compartida de explotaciones agrarias. Por una parte, 
el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres y, por otra parte, la disposición final cuarta de la Ley 45/2007, de 13 
de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, en las que se instaba al 
Gobierno  a  promover  y  desarrollar  el  régimen  de  titularidad  compartida  de  bienes, 
derechos y obligaciones en el sector agrario y la correspondiente protección de la 
Seguridad Social.
En desarrollo de dichos mandatos legales, se aprobó el Real Decreto 297/2009, de 6 
de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias, suponiendo un 
primer paso y un importante avance en la materia; pero esta norma operaba únicamente 
en el ámbito de la regulación administrativa de las explotaciones agrarias, y no daba 
pleno cumplimiento a los mandatos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y la 
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, que pretendían establecer un régimen mucho más 
amplio  e  incluso  plantear  la  modificación  de  leyes  civiles,  mercantiles,  fiscales,  de 
derecho notarial y registral, o laborales.
Una regulación completa de la figura de la titularidad compartida de las explotaciones 
agrarias se acometió a través de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad 
compartida de las explotaciones agrarias. Esta ley tiene como objetivo ir más allá de la 
regulación de efectos administrativos a la que aspiró el Real Decreto 297/2009, de 6 de 
marzo, para promover una acción positiva logrando dar visibilidad a las mujeres, de 
modo que éstas puedan ejercer y disfrutar de todos los derechos derivados de su trabajo 
en las explotaciones agrícolas en términos de igualdad con respecto a los hombres, 
favoreciendo la asunción de decisiones gerenciales y de los riesgos y responsabilidades 
derivados de aquéllas, y dando así cumplimiento efectivo al principio de igualdad y no 
discriminación proclamado en la Constitución Española.
A través de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, se promueven diversas medidas 
tendentes a reconocer la igualdad real de la participación de la mujer en la explotación 
agraria tales como la regulación de la administración, representación y responsabilidad 
sobre la explotación de titularidad compartida entre los dos miembros titulares; el reparto 
de rendimientos por mitades iguales entre ambos titulares; la consideración de ambos  s
titulares como beneficiarios directos de las ayudas y subvenciones de las que sea objeto  oe.
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compartida, regulado por la Orden AAA/1408/2012. Dicho Registro está adscrito a la
Dirección  General  de  Desarrollo  Rural,  Innovación  y  Formación  Agroalimentaria  del  Bc
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y se nutre de la información que al efecto 
suministran  las  comunidades  autónomas,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 7 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre.
Los datos aportados por el Registro de titularidad compartida durante los primeros 
años  de  su  funcionamiento  reflejaban  una  implantación  de  la  ley  de  titularidad 
compartida  menor  de  la  esperada.  Asimismo,  en  el  informe  de  evaluación  de  los 
resultados de la aplicación de dicha ley, elaborado en 2015 por un evaluador externo a 
petición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en cumplimiento del mandato 
previsto en el disposición adicional cuarta de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, se 
pusieron de manifiesto los factores que causaban el retraso en la aplicación de la ley, 
entre los cuales destacaban la falta de difusión y desconocimiento de la figura, así como 
la consideración de que era necesario aumentar los incentivos económicos asociados a 
la misma.
A  la  vista  del  citado  informe,  se  incluyó  entre  los  objetivos  del  Ministerio  de 
Agricultura, Pesca y Alimentación incrementar los esfuerzos para difundir la ley de 
titularidad compartida, a fin de mejorar su aplicación. Estos esfuerzos se han plasmado 
en una variedad de actuaciones desarrolladas durante los últimos años. En primer lugar, 
se crearon dos grupos de trabajo, uno con los gestores de las comunidades autónomas 
en la materia y otro con las asociaciones de mujeres y otros agentes sociales, para 
colaborar  en  la  identificación  y  solución  de  problemas  en  el  funcionamiento  de  la 
Ley 35/2011, de 4 de octubre, así como para plantear posibles mejoras.
En segundo lugar, se han organizado jornadas formativas sobre la ley de titularidad 
compartida dirigidas a los gestores de las comunidades autónomas en esta materia y a 
las oficinas comarcales agrarias.
Debe destacarse también la labor desarrollada por las entidades de mujeres rurales 
de ámbito nacional en la difusión de la titularidad compartida entre las potenciales 
beneficiarias, organizando jornadas informativas en el marco de la ejecución de las 
subvenciones para la realización de actividades de especial interés para impulsar el 
papel de las mujeres en el desarrollo rural, financiadas por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.
Asimismo, en 2018 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó un 
manual informativo sobre la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, para 
facilitar el manejo y comprensión de esta figura. De forma complementaria, se publican 
trimestralmente  desde  2018  boletines  informativos  sobre  titularidad  compartida  y 
periódicamente se elaboran vídeos en los que se recopilan experiencias y casos reales 
de cotitulares en régimen de titularidad compartida, que se publican en la web de este 
Ministerio así como en las redes sociales.
Estas medidas han contribuido a que haya aumentado considerablemente el número 
de explotaciones agrarias de titularidad compartida registradas en los últimos años, tal 
como se refleja en el Registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida. No 
obstante, se considera necesario dar un paso más y abordar la vía de los incentivos 
económicos,  lo  que  vendría  a  atender  uno  los  reclamos  más  demandados  por  las 
potenciales  beneficiarias  de  esta  figura,  para  lograr  una  mayor  efectividad  en  la 
aplicación de los objetivos de la ley de titularidad compartida. Asimismo, avanzar en 
medidas de tipo económico cuenta con la opinión favorable de las entidades de ámbito 
nacional de mujeres rurales, manifestada a través de la realización de una encuesta.
Como fundamento para aprobar una medida consistente en un apoyo económico, 
cabe  señalar  que,  en  la  propuesta  de  Reglamento  de  la  Política  Agrícola  Común  s
post 2020, se incide en que es fundamental examinar cuidadosamente las necesidades  oe.
específicas de las mujeres en la agricultura y en las zonas rurales, con el fin de cumplir  w.
con los objetivos en materia de igualdad de género y eliminar las desigualdades de  773ww
gdéenciesrioon eens .cuanto a empleo, salarios y pensiones, atención sociosanitaria y toma de
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Común post 2020 (PEPAC) que existe una menor representación de las mujeres en la 
actividad  agraria  y  una  menor  dimensión  económica  de  sus  explotaciones,  con  el 
consiguiente déficit de renta, siendo, por tanto, una de las necesidades del sector agrario 
en España la incorporación y permanencia en la actividad agraria de las mujeres rurales.
Entre los incentivos económicos existentes asociados a la titularidad compartida 
destaca el regulado en materia de Seguridad Social en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del trabajo autónomo, en cuyo artículo 37 se establece una reducción, durante 
cinco años, del 30 por 100 de la cotización por contingencias comunes de cobertura 
obligatoria a favor del cónyuge o descendiente del titular de la explotación agraria que se 
incorpore a la actividad agraria, cuando se trate de personas de 50 años o menos edad, 
y siempre que el titular de la explotación se encuentre dado de alta en el Régimen 
Especial  de  la  Seguridad  Social  para  Trabajadores  por  cuenta  Propia  Agraria  o 
Autónomos a través del Sistema Especial para trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
El presente real decreto se concibe como un complemento a la citada reducción de la 
cotización a la Seguridad Social establecida en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del trabajo autónomo, salvaguardando plenamente las competencias de las 
entidades gestoras de la Seguridad Social, destinado a facilitar que los titulares de la 
explotación agraria de titularidad compartida perceptora de las ayudas directas puedan 
hacer frente con garantías suficientes al pago de las cuotas correspondientes de la 
Seguridad  Social  a  las  que  se  encuentran  obligados.  De  esta  forma,  con  la 
complementariedad y compatibilidad de ambas ayudas se pretende ofrecer un apoyo 
para cubrir parte del coste que supone la obligación prevista en el artículo 3 de la 
Ley 35/2011, de 4 de octubre, consistente en que las personas titulares de la explotación 
agraria deben estar dadas de alta en la Seguridad Social.
Asimismo, mediante la aprobación de estas ayudas, se pretende especialmente 
incentivar  nuevas  inscripciones  de  altas  de  explotaciones  agrarias  de  titularidad 
compartida, así como la afiliación a la Seguridad Social de los cónyuges o parejas unidas 
por análoga relación de afectividad de las personas titulares de explotaciones agrarias, 
en el conjunto de España.
Debe  tenerse  en  cuenta,  asimismo,  la  concurrencia  de  diversas  condiciones 
coyunturales  que  se  suman  a  los  problemas  descritos,  y  que  han  afectado 
negativamente al sector primario en los últimos meses, como fenómenos climáticos 
adversos que han afectado en mayor o menor medida a la práctica totalidad de los 
sectores que integran el sistema agroalimentario, como la reciente borrasca Filomena, y 
que, en algunos casos, se han visto además afectados por situaciones desfavorables de 
mercado y por los efectos de la pandemia producida por el COVID-19.
Estas circunstancias permiten justificar plenamente la necesidad de adoptar estas 
nuevas subvenciones, de gran interés en la política de desarrollo rural del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, para revitalizar la ley de titularidad compartida de las 
explotaciones agrarias, de modo que sea una herramienta positiva y eficaz para las 
mujeres rurales y que contribuya, en suma, a promover y favorecer la igualdad real de 
las mujeres en el medio rural.
Asimismo,  dado  que  se  trata  de  una  primera  aproximación  del  Ministerio  de 
Agricultura, Pesca y Alimentación para contribuir al coste económico de las cuotas de la 
Seguridad  Social  de  los  titulares  de  las  explotaciones  agrarias,  se  parte  para  el 
ejercicio 2021 de una estimación inicial en cuanto al importe a destinar para dicho fin. La 
cuantía asignada en 2021 en los Presupuestos Generales del Estado responde, por 
tanto, a una escala preliminar, cuyo desarrollo y posible ampliación en futuros años  s
dependerá, además de la disponibilidad presupuestaria de cada anualidad, del éxito de  oe.
la iniciativa, su impacto, resultado y cumplimiento de objetivos, así como de la valoración  w.
de las necesidades a las que responder en cada ejercicio. 773ww
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concesión directa de estas subvenciones, al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siguiendo el procedimiento previsto en el 
artículo 28 del mismo cuerpo legal.
Teniendo  en  cuenta  todo  ello,  con  objeto  de  fortalecer  la  viabilidad  y  normal 
funcionamiento del conjunto del sector agrario español, mediante este real decreto se 
establecen las bases reguladoras de subvenciones públicas destinadas a financiar el 
coste de las cuotas sociales de tales explotaciones. El interés económico y social de la 
medida deriva de la necesidad de garantizar la actividad del sector agroalimentario, 
pieza clave tanto para fijar población en el medio rural en el marco de la lucha contra el 
despoblamiento, como para garantizar el abastecimiento de alimentos a la población. El 
interés social y económico del mantenimiento de la actividad del sector agrario resulta en 
extremo  evidente  desde  que,  en  el  contexto  de  la  pandemia  ocasionada  por  el 
COVID-19, su continuidad ha permitido mantener en todo momento un abastecimiento 
de alimentos regular y suficiente a toda la población española, siendo al propio tiempo 
las explotaciones en titularidad compartida un medio para fomentar la igualdad efectiva 
predicada por el artículo 9.2 de la Constitución Española.
Los perceptores de la subvención son las explotaciones agrarias inscritas en el 
Registro  de  explotaciones  agrarias  de  titularidad  compartida,  que  cumplan  además 
determinados requisitos, sin necesidad de establecer parámetros comparativos ni una 
prelación  entre  ellas,  por  lo  que  se  desestima  establecer  un  procedimiento  de 
concurrencia competitiva, haciendo más conveniente la concesión directa de las ayudas, 
además  de  por  la  total  ausencia  de  competitividad  entre  los  perceptores,  por  la 
excepcionalidad de las condiciones que concurren, dado el marco de impulso a la figura 
de la titularidad compartida en que se insertan.
Estas subvenciones tienen como intención el disfrute por parte de sus potenciales 
destinatarios en condiciones de igualdad, independientemente de dónde se ubique la 
explotación agraria de titularidad compartida, por lo que se considera necesario aplicar 
un  claro  enfoque  nacional  a  estas  ayudas  y  no  compartimentarlas  en  función  de 
territorios  regionales,  de  forma  que  se  garantice  tanto  su  implantación  como  los 
beneficios económicos que ofrece de manera trasversal y homogénea al conjunto de 
España. Esta intención, además, se apoya en el mandato constitucional contenido en el 
artículo  40  de  la  Constitución  Española,  que  encomienda  a  los  poderes  públicos 
promover las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una 
distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de 
estabilidad económica, debiendo por ese motivo constreñirse la medida de fomento a 
una cuantía idéntica en todos los casos (todo ello sin perjuicio de la potestad de las 
comunidades autónomas de aprobar otras ayudas similares).
Asimismo,  se  estima  que  la  actividad  administrativa  de  convocatoria,  gestión  y 
control  de  las  subvenciones  no  puede  fraccionarse  entre  varias  comunidades 
autónomas, ni se considera posible que dicha actividad se lleve a cabo a través de 
mecanismos de cooperación o coordinación, al requerir un grado de homogeneidad en la 
ejecución, que, forzosamente, sólo puede conseguir el Estado. Ya que se trata de unas 
ayudas  directas  sin  siquiera  solicitud,  es  necesario  que  sea  el  órgano  que  posee 
información actualizada del número y caracteres de esas explotaciones en el cómputo 
nacional el que determine la concesión directa de las mismas en los términos de este 
real decreto. Hasta tal punto es así, que en orden a reducir las cargas administrativas a 
los  ciudadanos  se  ha  optado  por  suprimir  la  solicitud  como  uno  de  los  trámites 
tradicionales  de  los  mecanismos  subvencionales,  pues  la  inmensa  mayoría  de  la 
información necesaria obra en poder del Estado, y permite una gestión rápida, eficaz y  s
homogénea, que además permita para este mismo ejercicio económico un inmediato  oe.
alivio de las dificultades en que este tipo de explotaciones se han visto incursas dada la  w.
evolución del mercado fruto de la epidemia y de las especiales características que  773ww
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de las ayudas en forma de entrega directa sin contraprestación a dichas explotaciones. 
De  esta  forma,  la  tramitación  de  la  entrega  podrá  iniciarse  al  día  siguiente  de  la 
publicación del extracto de la convocatoria y se agiliza la gestión en tanto que el único 
órgano  que  posee  toda  la  información  nacional  tramitará  en  unidad  de  acto  la 
subvención,  de  modo  que  llegue  sin  dilaciones  a  los  interesados.  El  Ministerio  de 
Agricultura,  Pesca  y  Alimentación  transferirá  a  las  explotaciones  los  importes 
correspondientes al total de la subvención.
La gestión centralizada se perfila como la única forma de gestión que garantiza 
idénticas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios 
en todo el territorio nacional, mediante el establecimiento de unos requisitos uniformes 
para el acceso a las ayudas, fundamentales en este supuesto en el que las ayudas no se 
encuentran compartimentadas, sino que se extienden al conjunto de España. Procede 
destacar en este sentido que el tipo de necesidades de apoyo financiero que generan las 
situaciones que se pretenden afrontar con esta medida responden a un patrón común en 
todas las zonas y tipo de explotaciones afectadas, independientemente de la comunidad 
autónoma donde se ubiquen las mismas. Se trata de ayudas para afrontar los seguros 
sociales  de  este  tipo  de  explotaciones.  A  unas  necesidades  tan  específicas,  la 
Administración debe responder de forma que los plazos y requisitos sean idénticos en 
todo el territorio nacional, lo cual únicamente se garantiza con una gestión centralizada 
que asegure un tratamiento inmediato e igual de los expedientes sobre la información 
agregada  con  la  que  ya  se  cuenta.  La  gestión  centralizada  también  contribuye  a 
garantizar que no se sobrepasan los importes máximos de ayudas establecidos por la 
normativa de minimis, a los que están sujetas las subvenciones establecidas en el 
presente  real  decreto.  Por  ello,  se  hace  imprescindible  que  la  concesión  de  estas 
subvenciones  se  gestione  de  forma  centralizada  por  la  Administración  General  del 
Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el ámbito de su 
competencia exclusiva en las bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica, prevista en el artículo 149.1.13.º de la Constitución Española.
Con palabras de la sentencia del Tribunal Constitucional 45/2001, de 15 de febrero, 
«el artículo 149.1.13.ª CE puede amparar tanto normas estatales que fijen las líneas, 
directrices y los criterios globales de ordenación de sectores económicos concretos, 
como previsiones de acciones o medidas singulares indispensables para alcanzar los 
fines  propuestos  en  dicha  ordenación  (STC  155/1996,  de  9  de  octubre,  F.  4  y 
jurisprudencia  en  ella  citada)».  En  definitiva,  el  Estado  tiene  reservada,  por  el 
mencionado artículo 149.1.13.ª, una competencia de dirección en la que tienen cobijo 
normas básicas y, asimismo, previsiones de acciones o medidas singulares que sean 
necesarias  para  alcanzar  los  fines  propuestos  dentro  de  la  ordenación  del  sector 
(STC 117/1992, de 16 de septiembre). Ello se debe a su carácter transversal ya que, aun 
existiendo  una  competencia  sobre  un  subsector  económico  que  una  comunidad 
autónoma ha asumido como «exclusiva» en su Estatuto, esta atribución competencial no 
excluye la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese 
subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia exclusiva puede estar 
condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una competencia propia y 
diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos campos o materias, 
siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de planificación 
económica» (sentencia del Tribunal Constitucional 74/2014, de 8 de mayo). Igualmente, 
la STC 11/2015, FJ 4, por remisión a la STC 79/1992, de 28 de mayo, FJ2, ha recordado 
que «el sector de la agricultura y la ganadería es de aquellos que por su importancia  s
toleran la fijación de líneas directrices y criterios globales de ordenación así como  oe.
previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los  w.
fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector, destacando que ''… en materia  773ww
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la ordenación general de la economía''».
Asimismo,  la  presente  norma  se  dicta  al  amparo  de  la  regla  1.ª  de  dicho 
artículo 149.1, en virtud de la cual el Estado posee competencia exclusiva ya que este 
real decreto constituye una regulación de las condiciones básicas que garantizan la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 
deberes constitucionales, siendo ésta la misma cláusula competencial en virtud de la 
cual se dictó el artículo 1 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, título que más que delimitar 
un ámbito material excluyente de toda intervención de las comunidades autónomas, lo 
que contiene es una habilitación para que el Estado condicione -mediante, precisamente, 
el  establecimiento  de  unas  "condiciones  básicas"  uniformes-  el  ejercicio  de  esas 
competencias  autonómicas  con  el  objeto  de  garantizar  la  igualdad  de  todos  los 
españoles  en  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  en  el  cumplimiento  de  sus  deberes 
constitucionales (STC 173/1998).
En  relación  con  el  rango  de  la  norma  y  a  tenor  de  la  reiterada  jurisprudencia 
constitucional (STC 175/2003, de 30 de septiembre, y STC 156/2011, de 18 de octubre) 
resulta adecuado para su regulación establecerlo mediante real decreto, al tratarse de 
normativa básica de competencia estatal. Asimismo, desde el punto de vista formal, la 
doctrina del Tribunal Constitucional exige el establecimiento de las bases reguladoras de 
subvenciones  mediante  una  norma  con  rango  de  ley  o  real  decreto;  así,  en  su 
Sentencia 156/2011, de 18 de octubre (FJ 7) afirma que «en cuanto a la perspectiva 
formal, la regulación subvencional que nos ocupa debe también satisfacer las exigencias 
formales de la normativa básica contenidas en la antes reproducida STC 69/1988, FJ 5. 
Desde dicha perspectiva formal, hay que partir de que en las materias de competencia 
compartida  en  las  que,  como  ocurre  en  este  caso,  corresponde  al  Estado  el 
establecimiento de las normas básicas y a las comunidades autónomas el desarrollo 
normativo  y  la  ejecución  de  dichas  bases,  la  instrumentación  de  los  programas 
subvencionales debe hacerse con el soporte de la ley formal siempre que sea posible, o, 
en todo caso, a través de norma reglamentaria del Gobierno que regule los aspectos 
centrales del régimen jurídico de las subvenciones, que debe comprender, al menos, el 
objeto y finalidad de las ayudas, su modalidad o modalidades técnicas, los sujetos 
beneficiarios y los requisitos esenciales de acceso... Este criterio respecto a la cobertura 
formal  de  la  normativa  básica  ha  de  ser  exigido,  incluso  con  mayor  rigor,  en  los 
supuestos de subvenciones estatales centralizadas en los ámbitos materiales en los que 
la  Constitución  reserva  al  Estado  la  normativa  básica,  toda  vez  que  esa  gestión 
centralizada se erige en excepción que limita el ejercicio ordinario por las comunidades 
autónomas de sus competencias».
Por  consiguiente,  mediante  el  presente  real  decreto  se  establecen  las  bases 
reguladoras de estas subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Asimismo, se incluye la convocatoria para el ejercicio 2021, de modo que se acorten 
los plazos al máximo para asegurar el aprovechamiento de los recursos y la plena 
eficacia y efectividad de la medida durante el primer año de su aplicación.
Las ayudas que se concedan al amparo de este real decreto tendrán carácter de 
minimis y estarán limitadas por lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la 
Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, en el 
Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a 
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, o en el Reglamento (UE)  s
n.º 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los  oe.
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de  w.
minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura, en función del sector de actividad,  773ww
aersttíacnudloo 1 p0o8r  dtaenl tTor aetsatdaos  daeyu Fduansc eioxneanmtaise ndteo  ldae o lbal iUgancióiónn E duero npoetaif.icación establecida en el
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establece la obligación a los sujetos a los que se refiere dicho artículo, en particular la 
entidad de titularidad compartida, de relacionarse con la Administración por medios 
electrónicos, y en el caso de los titulares de la explotación que sean personas físicas, se 
impone, en atención a sus características profesionales, la misma obligación en virtud de 
lo previsto en el artículo 14.3 de la citada norma.
Asimismo, debido al elevado número de ayudas que se prevé conceder en las 
convocatorias que se aprueben al amparo del presente real decreto, se estima necesario 
sustituir la notificación individual de las propuestas de resolución provisional y definitiva, 
así como de la resolución de concesión, mediante la publicación de las mismas en el 
tablón de anuncios de la sede electrónica asociada del Departamento, con el objetivo de 
agilizar y facilitar la tramitación del procedimiento de concesión de estas ayudas.
Las  presentes  ayudas  se  encuentran  recogidas  en  el  Plan  Estratégico  de 
Subvenciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el período 2021 
a 2023.
La regulación que se contiene en esta norma se ajusta a los principios contemplados 
en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En concreto, cumple con los 
principios de necesidad y eficacia, pues se trata del instrumento más adecuado para 
garantizar que la normativa se aplica de un modo homogéneo en todo el territorio 
nacional,  lo  que  garantiza  el  interés  general.  También  se  adecua  al  principio  de 
proporcionalidad, pues no se imponen restricciones u obligaciones a los destinatarios. En 
cuanto a los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, dicha norma se 
adecua a los mismos pues es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, y, por 
otra  parte,  favorece  la  certidumbre  y  claridad  del  mismo  y  se  ha  procurado  la 
participación  de  las  partes  interesadas,  por  lo  que  se  cumple  el  principio  de 
transparencia. Igualmente, respeta el principio de eficiencia, evitando nuevas cargas 
administrativas y en tanto que la norma asegura la máxima eficacia de sus postulados 
para garantizar que las ayudas lleguen de una manera ágil a todos los beneficiarios, 
incorporando en su seno la propia convocatoria, especialmente dada la supresión de la 
solicitud por los potenciales interesados.
En la tramitación de este real decreto se ha recabado informe de la Abogacía del 
Estado y de la Intervención Delegada en el Departamento, así como del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, este último de conformidad con el artículo 28.2 de la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  y  se  ha  sometido  a  consulta  de  comunidades 
autónomas y entidades representativas de mujeres rurales y del sector afectado.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la 
aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de septiembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  Este real decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la 
concesión directa de subvenciones a favor de las explotaciones agrarias de titularidad 
compartida,  en  los  términos  establecidos  en  este  real  decreto,  con  la  finalidad  de 
contribuir al pago de las cuotas de la Seguridad Social a las que sus titulares se 
encuentran obligados.
2.  Asimismo, establece la convocatoria de estas ayudas para el año 2021.
Artículo 2.  Régimen jurídico aplicable. w.b
al ar1tí.c uLloa 2s 2p.r2e.cs)e ndtee sla a Lyeuyd a3s8 /s2e0 0c3o,n dcee d1e7r ádne  enno vréiegmimberen. de concesión directa, conforme
por 2lo.  prEesvtiassto s eunb vlean Lceioyn e3s8 /s2e0 0re3g, idráen 1, 7a ddeem náosv dieem pborre ,l oG deisnpeuraels dtoe  eSnu ebsvteen rceioanl edse,c rye eton, 
su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, y por lo previsto 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones  Públicas.  Las  subvenciones  se  ajustarán  a  lo  dispuesto  en  la 
resolución de concesión.
3.  Asimismo, estarán sujetas a lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, en el 
Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a 
las ayudas de minimis en el sector agrícola, y en el Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la 
Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la 
pesca y de la acuicultura, y a la normativa concordante que resulte de aplicación.
4.  Las presentes subvenciones se otorgarán una sola vez por explotación agraria 
en cada convocatoria.
Artículo 3.  Beneficiarios.
1.  Podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en este real 
decreto las explotaciones agrarias de titularidad compartida que se hallen inscritas en 
situación de alta en el Registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, según la información suministrada por 
las distintas comunidades autónomas en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 35/2011, 
de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, con, al 
menos,  un  mes  de  antelación  a  la  fecha  en  que  se  publique  el  extracto  de  cada 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
2.  Asimismo,  las  entidades  beneficiarias  y  sus  titulares,  en  su  caso,  deberán 
cumplir los siguientes requisitos adicionales:
a)  La entidad de titularidad compartida y las personas titulares de la misma deberán 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.
b)  La entidad de titularidad compartida y las personas titulares de la misma no 
deberán estar incursos en ninguna de las circunstancias enumeradas en los apartados 2 
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, acreditándose en particular 
conforme a lo previsto en el artículo 6.3 con respecto de la obligación de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Artículo 4.  Obligaciones de los beneficiarios.
1.  Las entidades beneficiarias estarán sujetas al cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el artículo 14.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de los 
requisitos previstos en este real decreto.
2.  Las entidades beneficiarias deberán proporcionar al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación toda la información necesaria para poder realizar el seguimiento y 
control de estas subvenciones.
3.  Las entidades beneficiarias y sus titulares, en su caso, deberán informar al 
órgano concedente sobre el importe de otras subvenciones ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad o sujetas al régimen de ayudas de minimis, procedentes de  s
cualquiera de las Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión  oe.
Europea o de organismos internacionales, según modelo de anexo recogido en cada  w.
ccuomnv4po.l icra lAatossri imsai.igsumieon, telass o belingtaidcaiodneess  bdeunraenfitcei aerli atise myp os ures qutieturliadroe:s,  en  su  caso,  deberán  2021-15773n https://ww
a)  La explotación agraria de titularidad compartida deberá permanecer en situación
de alta en el Registro de explotaciones de titularidad compartida durante el plazo de
cinco años a partir de la fecha de publicación de la resolución definitiva en la que se 
concedan las ayudas, salvo que se den las causas previstas en el artículo 8 a), b) o c) de 
la Ley 35/2011, de 4 de octubre, o se haya declarado por el organismo competente de la 
Seguridad  Social  la  incapacidad  permanente  de  cualquiera  de  los  titulares  de  la 
explotación agraria, que le inhabilite para ejercer la actividad agraria.
b)  Las personas titulares de la explotación anotada en el Registro de explotaciones 
agrarias de titularidad compartida deberán permanecer en situación de alta en el régimen 
de la Seguridad Social al que estén acogidos durante el plazo de cinco años a partir de 
la fecha de publicación de la resolución definitiva en la que se concedan las ayudas.
5.  Los  beneficiarios  deberán  dar  publicidad  de  las  subvenciones  y  ayudas 
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Artículo 5.  Convocatoria.
1.  Las ayudas se convocarán, en función de las disponibilidades presupuestarias, 
por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación u órgano en quien delegue.
2.  La solicitud de la ayuda se entenderá realizada por el mero hecho de que la 
explotación se encuentre anotada en situación de alta en el Registro de explotaciones 
agrarias de titularidad compartida del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
la fecha señalada en el artículo 3.1.
Artículo 6.  Instrucción.
1.  El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento es la 
Subdirección General de Dinamización del Medio Rural, de la Dirección General de 
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria.
Corresponde  al  órgano  instructor  realizar  de  oficio  cuantas  actuaciones  estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud 
de los cuales deba pronunciarse la resolución, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  En el plazo que indique la respectiva convocatoria, se presentará la siguiente 
documentación dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la 
sede  electrónica  asociada  del  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación,  por 
medios electrónicos, bien por la obligación existente para los sujetos a que se refiere el 
artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, bien, para el resto de sujetos, porque 
en atención a sus características profesionales concurren los requisitos para imponerlo 
conforme al artículo 14.3 de dicha norma:
a)  Compromiso de mantener la explotación de titularidad compartida en situación 
de alta en el Registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida así como el alta 
de los cotitulares de la explotación en el régimen de la Seguridad Social al que estén 
acogidos respectivamente, durante el plazo requerido en el artículo 4.4, y según modelo 
recogido en cada convocatoria.
b)  Declaración responsable sobre las ayudas o subvenciones que hayan recibido la 
entidad y los titulares de la explotación agraria de titularidad compartida durante los dos 
ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso que estén sujetas al 
Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de 18 de diciembre de 2013; al Reglamento (UE) 
n.º 1408/2013, de 18 de diciembre de 2013; al Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la  e.
Comisió,n de 27 de junio de 2014, o a otros reglamentos de minimis, según corresponda,  w.b
y según modelo recogido en cada convocatoria. 773ww
obtecn)i daDse, cplaarraac ilóan  mreissmpoan sfianballeid eand ,l at aqnutoe  cpoonr sltae ne lnatsid aaydu dcaosm soo lpicoitra dloass  tyit,u elanr essu  cdaes ola, 
mpriisvmadao, s,p sroecgeúdne mntoedse ldoe r elcaosg iAdod menin icsatrdaac icoonnevso cpaútobrliicaa.s  o  de  otros  entes  públicos  o
3.  La presentación de la documentación enumerada en el apartado anterior implica:
a)  La potestad del órgano instructor para recabar de la Tesorería General de la 
Seguridad  Social  información  relativa  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  la 
Seguridad Social en los términos previstos en el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, por parte de los titulares de la explotación agraria y de la explotación. No 
obstante, los titulares de la explotación agraria en su propio nombre y en nombre de la 
explotación  podrán  oponerse  expresamente  a  la  consulta,  debiendo  aportar  los 
correspondientes certificados en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b)  La potestad del órgano de instrucción para comprobar los datos de identidad del 
representante de la entidad o de la persona física, mediante consulta al Sistema de 
Verificación de Datos de Identidad previsto en el artículo único, apartado 3, del Real 
Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de 
documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración 
General  del  Estado  y  de  sus  organismos  públicos  vinculados  o  dependientes.  No 
obstante, los titulares de la explotación agraria podrán oponerse expresamente a la 
consulta  debiendo  aportar  entonces  copia  del  DNI,  NIF  o  pasaporte  o  documento 
equivalente en caso de extranjeros, de acuerdo con lo previsto en el citado artículo.
c)  Asimismo, el interesado podrá dar su conformidad expresa para que el órgano 
instructor recabe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria información relativa 
al  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  con  respecto  de  los  titulares  de  la 
explotación agraria y de la explotación en los términos previstos en el artículo 23.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No obstante, la entidad podrá denegar expresamente 
el  consentimiento,  debiendo  aportar  los  correspondientes  certificados  junto  con  la 
solicitud en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuando la documentación a la que se refiere este apartado sea aportada por el 
titular de la explotación agraria, el órgano instructor podrá efectuar las verificaciones 
necesarias para comprobar la exactitud de los datos con el fin de evitar el posible 
fraude en la obtención de las ayudas o subvenciones por el falseamiento de las 
condiciones  requeridas  para  su  concesión  o  la  ocultación  de  las  que  hubiesen 
impedido o limitado ésta.
4.  Si  la  documentación  aportada  fuera  incompleta  o  contuviera  errores 
subsanables, se requerirá al interesado para que, en el plazo máximo de diez días 
hábiles desde el día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le 
tendrá por desistido, previa resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.
5.  No obstante, cualquiera de los titulares de la explotación agraria de titularidad 
compartida podrá presentar, en el plazo que indique la respectiva convocatoria, en 
nombre de la entidad beneficiaria, la renuncia a la subvención, lo que supondrá la 
exclusión del procedimiento y el reparto lineal de la cuantía que se le hubiera asignado 
entre los restantes beneficiarios. La presentación de la renuncia se realizará a través de 
la sede electrónica asociada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por 
medios electrónicos, bien por la obligación existente para los sujetos a que se refiere el 
artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien, para el resto de sujetos, porque  e
en atención a sus características profesionales concurren los requisitos para imponerlo  bo
conforme al artículo 14.3 de dicha norma, y según el modelo de anexo recogido en cada  773ww
convEonc acatosroia d.e no presentar la documentación requerida en el apartado 2 y, en su caso, 3
sqeu ee nstuepnodnedrráá  qiguuea slme ernetneu nscui ae xac lluas sióunb vdeenl cpióronc, etednimieinednoto  pyo re ld erespisatirdtoa  lain elaa le dxep lolata ccuióann, tílao 
que se le hubiera asignado entre los restantes beneficiarios.
6.  El órgano instructor, a la vista de la documentación presentada, formulará la 
correspondiente propuesta de resolución de concesión provisional y pago de las ayudas, 
que deberá contener una lista con los datos identificativos de las entidades beneficiarias 
y la cuantía que se les otorga, incluyendo, en su caso, los aumentos derivados de las 
eventuales renuncias indicadas en el apartado anterior, y, si procede, el importe del 
equivalente  de  subvención  bruta;  así  como  otras  listas  de  entidades  excluidas, 
especificando el motivo de dicha exclusión, las que se han tenido por desistidas y las 
que han renunciado expresamente.
7.  La notificación individual de la propuesta de resolución se substituye por la 
publicación  de  la  misma  mediante  inserción  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  sede 
electrónica asociada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, concediendo un 
plazo de 10 días para alegaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el órgano 
instructor  formulará  la  propuesta  de  resolución  definitiva,  que  deberá  expresar  las 
entidades para las que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, así como 
las excluidas especificando el motivo de dicha exclusión, las que se han tenido por 
desistidas y las que han renunciado expresamente.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas 
por  los  interesados.  En  este  caso,  la  propuesta  de  resolución  formulada  tendrá  el 
carácter de definitiva.
8.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva serán publicadas en el 
tablón de anuncios de la sede electrónica asociada del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (https://sede.mapa.gob.es/) durante un plazo no inferior a diez días hábiles, 
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
surtiendo la publicación los efectos de la notificación.
9.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se haya publicado 
la resolución de concesión.
Artículo 7.  Resolución.
1.  El órgano competente para resolver será el Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación o, en su caso, en quien delegue, de acuerdo con la Orden APA/21/2019, 
de 10 de enero, de fijación de límites para administrar ciertos gastos y de delegación de 
competencias  en  el  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación,  que  dictará 
resolución motivada a la vista de la propuesta de resolución definitiva formulada por el 
órgano instructor.
2.  El plazo máximo para resolver y publicar la resolución de concesión será de seis 
meses desde la fecha de publicación del extracto de la correspondiente convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.4 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  hubiera  dictado  y  publicado  la  resolución,  la 
subvención  se  entenderá  desestimada  por  silencio  administrativo  en  virtud  del 
artículo 25.5 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con el artículo 25.1.a) de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa.
3.  La resolución del procedimiento se publicará en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica  asociada  del  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación  (https:// e.
sede.mapa.gob.es/), de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45.1 de la Ley 39/2015,  w.b
de 1 de octubre, surtiendo la publicación los efectos de la notificación. 773ww
SubAvesnimciiosmneos,  (BlaD  NreSs)o, ludcei óanc useerd oc ocmonu nlioc adráis puae sltao  eBna sleo s daer tícDualotso s1 8N ay ci2o0n adl e dlea 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  Contra  la  resolución  de  concesión,  que  agota  la  vía  administrativa,  podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante el Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación  en  el  plazo  máximo  de  un  mes,  en  los  términos  previstos  en  los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o ser impugnada directamente 
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de 
dos meses conforme a lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  en  ambos  casos  contados  desde  el  día 
siguiente al de la publicación de la mencionada resolución de concesión. No podrán 
simultanearse ambas vías de recurso.
Si el acto no fuera expreso, cualquiera de los titulares de la explotación agraria, en 
nombre  de  la  misma,  y  otros  posibles  interesados,  podrán  interponer  recurso  de 
reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo 
con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Artículo 8.  Financiación y cuantía de las subvenciones.
1.  La financiación de las subvenciones previstas en el presente real decreto se 
efectuará  con  cargo  a  las  aplicaciones  presupuestarias  21.08.414B.485.01 
y 21.08.414B.485.03 de los Presupuestos Generales del Estado o las que puedan 
substituirlas  en  años  posteriores,  estando  condicionada  la  concesión  de  las 
subvenciones a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la 
concesión.
2.  El importe máximo se establecerá en cada convocatoria, y se repartirá a partes 
iguales  entre  las  explotaciones  agrarias  de  titularidad  compartida  que  cumplan  los 
requisitos.
3.  La cuantía máxima anual que se podrá otorgar a cada entidad beneficiaria no 
podrá superar los 1.500 euros en cada ejercicio.
4.  En todo caso, la cuantía de la subvención a cada entidad beneficiaria estará 
limitada por lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de 18 de diciembre 
de 2013, que en su artículo 3.2 establece en 200.000 euros la cuantía total de las ayudas 
de minimis concedidas a una empresa durante cualquier periodo de tres ejercicios 
fiscales, en el Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de 18 de diciembre de 2013, que en su 
artículo  3.2  establece  en  20.000  euros  la  cuantía  total  de  las  ayudas  de  minimis 
concedidas a una empresa dedicada a la producción primaria agrícola durante cualquier 
periodo de tres ejercicios fiscales, o en el Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la Comisión 
de 27 de junio de 2014, que en su artículo 3.2 establece en 30.000 euros la cuantía total 
de las ayudas de minimis concedidas a una empresa en el sector de la pesca y de la 
acuicultura durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. El régimen a aplicar 
dependerá  de  la  naturaleza  de  la  actividad  de  la  entidad  beneficiaria,  conforme 
determinen dichos reglamentos.
Artículo 9.  Justificación y pago.
1.  El órgano instructor verificará mediante la consulta al Registro de explotaciones 
agrarias de titularidad compartida al cabo del primer año, segundo, tercer, cuarto y quinto 
año desde la fecha de publicación de la resolución por la que se concedan las ayudas, 
que las entidades beneficiarias cumplen los requisitos establecidos en el artículo 4.4. 
A los mismos efectos, el órgano instructor recabará información de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, en los mismos espacios temporales señalados en el presente  es
apartado, para comprobar que los titulares de la explotación de titularidad compartida se  bo
encuentran al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad  773ww
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3.  Las subvenciones que se otorguen en virtud del presente real decreto estarán 
asociadas  a  la  explotación  agraria  de  titularidad  compartida,  y  corresponderán  por 
mitades iguales a favor de cada uno de los cónyuges o miembros de la pareja de hecho 
titulares de las explotaciones agrarias de titularidad compartida, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre.
4.  No se prevé efectuar pagos a cuenta o pagos anticipados, ni la constitución de 
garantías por parte de los beneficiarios.
Artículo 10.  Modificación de la resolución y reintegro.
1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención podrá dar lugar a la modificación o denegación de la misma.
2.  El incumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención 
dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención concedida, con la obligación de 
reintegrar las cantidades en su caso percibidas, incrementadas con los intereses de 
demora.
Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia 
del interés de demora, desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos 
previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aplicándose el 
procedimiento de reintegro regulado en el capítulo II del título II de dicha ley.
Artículo 11.  Compatibilidad.
1.  Las subvenciones reguladas en este real decreto serán compatibles con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales. Serán compatibles en todo caso con otras 
ayudas o subvenciones que pudieran establecer las comunidades autónomas para la 
misma finalidad.
2.  No obstante, el importe acumulado de las subvenciones en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos  o  recursos,  supere  el  coste  de  la  actividad  subvencionada  ni  los  límites 
establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre 
de 2013, o en el Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre 
de 2013, o en el Reglamento (UE) n.º 717/2014, de la Comisión, de 27 de junio de 2014, 
en función del tipo de perceptor.
3.  Asimismo, en caso de obtención concurrente de ayudas otorgadas para la misma 
finalidad  por  otras  Administraciones  o  entes  públicos  o  privados,  nacionales  o 
internacionales,  cuando  el  importe  total  de  las  subvenciones  percibidas  por  cada 
beneficiario  supere  el  coste  de  toda  la  actividad  subvencionable  que  se  vaya  a 
desarrollar para el período de que se trate, dará lugar a la reducción que corresponda en 
el importe de las subvenciones reguladas en este real decreto.
Artículo 12.  Devolución a iniciativa del perceptor.
1.  El beneficiario podrá efectuar la devolución voluntaria de los importes recibidos 
sin previo requerimiento de la Administración, conforme a lo establecido en el artículo 90 
del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2.  La devolución se realizará de acuerdo al procedimiento de recaudación de los  s
ingresos no tributarios, regulado por la Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la que  oe.
se desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el  w.
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo relativo al procedimiento de recaudación de  773ww
rEesctuardsoo sa  notr atvréibsu tadreio se nntiid aaddeusa necorolasb odrea dtoituralasr,i dsaedg údne  elal  Amdomdeinlois trqauceió ne sGtaebnleezracla  dleal 
Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Artículo 13.  Publicidad.
1.  Será de aplicación a las subvenciones convocadas o concedidas al amparo del 
presente real decreto lo previsto en los artículos 18 y 20 de la vigente Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, en materia de publicidad y transparencia.
2.  Estas subvenciones serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad 
de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Artículo 14.  Seguimiento de las ayudas.
El  seguimiento  de  las  ayudas  se  llevará  a  cabo  por  la  Dirección  General  de 
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, de acuerdo con lo dispuesto 
el capítulo V del título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 88 de su 
Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 15.  Régimen sancionador.
El régimen de infracciones y sanciones por los incumplimientos que, en su caso, se 
produzcan se ajustará a lo dispuesto por el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  y  por  el  título  IV  del  Reglamento  de  la  misma,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Disposición adicional única.  Convocatoria para la concesión directa de subvenciones a 
las explotaciones agrarias de titularidad compartida, para el ejercicio 2021.
Primero.  Objeto.
Se convocan en régimen de concesión directa, para el ejercicio 2021, subvenciones 
a  favor  de  las  explotaciones  agrarias  de  titularidad  compartida,  en  los  términos 
establecidos en el presente real decreto, con el objetivo de contribuir al pago de las 
cuotas correspondientes de la Seguridad Social que deben abonar los titulares de la 
misma.
Segundo.  Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de estas subvenciones se establecen en el presente real 
decreto.
Tercero.  Financiación,  créditos  presupuestarios  y  cuantía  total  máxima  de  las 
ayudas.
1.  La financiación de las subvenciones previstas en la presente convocatoria se 
efectuará  con  cargo  a  las  aplicaciones  presupuestarias  21.08.414B.485.01 
y 21.08.414B.485.03 de los Presupuestos Generales del Estado, habilitadas al efecto 
para la anualidad 2021, con un importe máximo de 1.000.000,00 euros.
2.  El importe máximo referido en el apartado anterior para la anualidad 2021 se 
distribuirá en partes iguales entre las explotaciones agrarias de titularidad compartida 
que cumplan los requisitos.
3.  La cuantía máxima que se podrá otorgar a cada entidad beneficiaria no podrá  es
superar los 1.500 euros. o
Cuarto.  Beneficiarios.
Podrán  ser  beneficiarios  de  estas  subvenciones  las  explotaciones  agrarias  de 
titularidad compartida que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 3 y 4.4 de 
este real decreto.
Quinto.  Documentación.
1.  La solicitud de la ayuda a las explotaciones se entenderá realizada por el mero 
hecho de estar inscritas en situación de alta en el Registro de explotaciones agrarias de 
titularidad compartida del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con un mes de 
antelación a la fecha en que se publique el extracto de esta convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado».
2.  Las entidades presentarán la documentación prevista en el artículo 6.2 de este 
real decreto, empleando los modelos anexos a esta convocatoria, o la renuncia prevista 
en el artículo 6.4, según modelo anexo a esta convocatoria, en el plazo de diez días 
hábiles  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  publicación  del  extracto  de  la  presente 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Sexto.  Instrucción y resolución.
1.  La ordenación e instrucción del procedimiento se realizará de acuerdo con el 
presente real decreto, por el órgano en él descrito, que es la Subdirección General de 
Dinamización del Medio Rural, de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2.  Si  la  documentación  aportada  fuera  incompleta  o  contuviera  errores 
subsanables, se requerirá al interesado para que, en el plazo máximo de diez días 
hábiles desde el día siguiente al de la recepción del requerimiento, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le 
tendrá por desistido, previa resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo el 
artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 68.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.  El órgano competente para resolver será el Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación o, en su caso, en quien delegue de acuerdo con la Orden APA/21/2019, 
de 10 de enero, de fijación de límites para administrar ciertos gastos y de delegación de 
competencias  en  el  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación,  que  dictará 
resolución motivada a la vista de la propuesta de resolución definitiva formulada por el 
órgano instructor.
4.  El plazo máximo para resolver y publicar la resolución de concesión será de seis 
meses desde la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
5.  Contra  la  resolución  de  concesión,  que  agota  la  vía  administrativa,  podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante el Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación  en  el  plazo  máximo  de  un  mes,  en  los  términos  previstos  en  los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o ser impugnada directamente 
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de 
dos meses conforme a lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  en  ambos  casos  contados  desde  el  día 
siguiente  al  de  la  publicación  de  la  mencionada  resolución  definitiva.  No  podrán  e.e
simultanearse ambas vías de recurso. b
Séptimo.  Justificación y pago.
1.  El órgano instructor verificará mediante la consulta al Registro de explotaciones 
agrarias de titularidad compartida al cabo del primer año, segundo, tercer, cuarto y quinto 
año a partir de la fecha de publicación de la resolución en la que se concedan las 
ayudas,  que  las  entidades  beneficiarias  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  el 
artículo 4.4 de este real decreto. A los mismos efectos, el órgano instructor recabará 
información de la Tesorería General de la Seguridad Social, en los mismos espacios 
temporales señalados en el presente apartado, para comprobar que los titulares de la 
explotación de titularidad compartida se encuentran al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones con la Seguridad Social, conforme a lo establecido en el artículo 3.2 a).
2.  El  pago  de  las  subvenciones  se  realizará,  tras  dictarse  la  resolución  de 
concesión y pago, en la cuenta bancaria asociada a la titularidad compartida. El pago 
estará asociado a la explotación agraria de titularidad compartida, y corresponderá por 
mitades  iguales  a  favor  de  cada  uno  de  los  cónyuges  o  miembros  titulares  de  la 
explotación  agraria,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  11  de  la 
Ley 35/2011, de 4 de octubre.
3.  No se prevé efectuar pagos a cuenta o pagos anticipados, ni la constitución de 
garantías por parte de los beneficiarios.
Octavo.  Modificación  de  la  resolución,  reintegro,  compatibilidad,  devolución  a 
iniciativa del perceptor, publicidad, seguimiento de las ayudas y régimen sancionador.
En todos estos aspectos se estará a lo dispuesto en los artículos 10 a 15 del 
presente real decreto.
Noveno.  Régimen de recursos.
Contra la presente convocatoria, que agota la vía administrativa, cabrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante el Ministro de Agricultura, Pesca, y Alimentación, 
en el plazo máximo de un mes desde el día siguiente al de la publicación de su extracto 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, o impugnarse directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el 
plazo máximo de dos meses, desde dicha fecha, según lo previsto en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin que puedan 
simultanearse ambas vías de impugnación.
Décimo.  Efectos.
La presente convocatoria surtirá efectos desde el día siguiente al de la publicación 
del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 13.ª del artículo 149.1 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y la 
regla 1.ª sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales.
Disposición final segunda.  Habilitación normativa. b
dispSoesi chioanbeilsit an ecael sMariinaiss tproa rad ee l dAegsraicruroltlulora y,  ePjeecsuccaió ny  deA leimsteen rteaaciló dne cpreatroa.  adoptar  las
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 28 de septiembre de 2021.
FELIPE R.
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
LUIS PLANAS PUCHADES
ANEXO A
Modelo de presentación de documentación para la subvención directa a las 
explotaciones agrarias de titularidad compartida
(Real Decreto 819/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida, 
y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2021)1 
DATOS DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA DE TITULARIDAD COMPARTIDA 
 
N.I.F. de la TC:   
IBAN cuenta   
bancaria de la TC:2 
Correo electrónico   Correo electrónico: 
y teléfono a efectos 
de comunicación 
con la  Teléfono:  
Administración: 
 
 
Don/Doña _______________________________________________________, con NIF _____________,  
y 
Don/Doña __________________________________________, con NIF ______________, como titulares 
de la explotación agraria de titularidad compartida con NIF _____________________ 
declaran que son ciertos los datos consignados anteriormente, reuniendo los requisitos exigidos y 
aceptando las condiciones establecidas en las bases reguladoras de estas ayudas.  
Se comprometen a mantener la explotación de titularidad compartida en situación de alta en el Registro de 
explotaciones de titularidad compartida, así como permanecer en alta en el régimen de la Seguridad al 
que se halle acogido, durante el plazo requerido en el artículo4.4. En caso de incumplimiento de este 
requisito, dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención concedida, en los términos establecidos en 
el artículo 10. 
En virtud de la obligación legal contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 28.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la presentación de esta documentación implica la potestad del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación para recabar de la Tesorería General de la Seguridad Social 
información relativa al cumplimiento de las obligaciones frente a la seguridad social que correspondan a 
los dos titulares de la explotación agraria y a la explotación agraria, a los efectos del artículo 3, del 
artículo 4.4 y del artículo 9 de las bases reguladoras de estas ayudas.  
 
 se oponen 
 no se oponen 
En  caso  de  marcar  la  casilla  de  “se  oponen”  se  deberá  aportar  la  documentación  acreditativa 
correspondiente tanto de la explotación agraria, en su caso, como de los titulares de la misma. 
Igualmente, conforme al artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se debe 
señalar expresamente si autorizan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para recabar de la 
Agencia  Tributaria  información  relativa  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  que  es
correspondan tanto a la explotación agraria como  a los dos titulares de la misma.  o
 autorizan  773ww
 no autorizan
 1  R   e l l e n  a  r  e  n    c a  s t e  ll a  n o  .                 
2e sAtu veifeercat oysa , deen  reel aFliizcahre reol  Cpeangtora dl dee l aT esrucbevroesn cdieóln T, eesso rnoe Pceúsbalicrioo.  que la cuenta bancaria sea registrada previamente, si no lo
 
 
En caso de marcar la casilla de NO autorización, se deberá aportar la documentación acreditativa 
correspondiente, tanto de la explotación agraria como de los titulares de la misma. 
 
Asimismo, los abajo firmantes DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos que se indican en este 
formulario son ciertos, y se comprometen a probar documentalmente los mismos en caso de que le sean 
requeridos. 
 
En ____________, a _____ de ______________ de 2021 
 
 
Firma titular 1 :…………………………………………………. 
Nombre y apellidos: D/D.ª ……………………………………...............................................................………… 
 
 
 
Firma titular 2: …………………………………………………… 
Nombre y apellidos: D./D.ª ………..............................................................……………………………………… 
 
 
SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN  
Paseo de Infanta Isabel, 1, 28071 Madrid 
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene un compromiso de cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
tratamiento 
 de datos personales y seguridad de la información con el objeto de garantizar que la recogida y tratamiento de los datos facilitados se realiza 
conforme al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y de la normativa nacional vigente en la materia. Por este 
motivo, le ofrecemos a continuación información sobre la política de protección de datos aplicada al tratamiento de los datos de carácter 
personal derivado de la tramitación de las solicitudes de subvenciones:  
 
1. Responsable del tratamiento: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  
 
Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria; Subdirección General de Dinamización del Medio Rural.  
 
Dirección: Gran Vía de San Francisco 4-6, 28005 Madrid  
 
Correo: dgdrifa@mapa.es 
 
Delegado de Protección de datos: bzn-DPD@mapa.es 
 
2. Finalidad del tratamiento: Los datos personales incorporados serán utilizados exclusivamente en el marco de las presentes 
subvenciones para el ejercicio 2021; y se conservarán mientras la legislación aplicable obligue a su conservación (Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español)  s
  e.
3. Legitimación del tratamiento: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el  b
  e 4j.e Drceisctiion datea prioodse dree sl opsú dbalitcooss:  cnoon feesrtiádno sp rael vriesstpaso ncesasibolne edse dl etr dataatmosi enni ttora (nLsefye 3re8n/c2i0a0s 3in, tdeer n1a7c dioen naolevsi edme bdraet,o Gs.e  neral de Subvenciones)   2021-15773n https://ww
 Day  eotrrpaeovcséhisco idsó ens o sabul r tsere aedtlea tm realieetacntmtroói endniect aos u adsse od cdaiataotdosa sy :(  haCt ontpnosf os:/er/mrs eoedb aeje .lmtoo ap dpreea v.dgiseotcboi.s eeiosn/n )ee,l s eR la GauPctocDem, spoaot, idrzeraácd tsaiofsi.lci acAicstiaiómrn ia sylm  Msoui,pn srisie tcseoiórninos  idddeee  rsAaug vsr uidclauntletorusar dpao,e Psrs esosuncsaa d lyee sAr,e llicamh loeimns,ti tapacocidóiórnná,    BOE-A-cable e
presentar una reclamación de tutela ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://sedeagpd.gob.es/) 
 
ANEXO I
Modelo de declaración responsable de que la entidad y sus titulares no se 
encuentran incursos en los supuestos del artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 
  de noviembre, y de no ser deudor por procedencia de reintegro
 
 (Real Decreto 819/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida, 
y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2021)3 
 
Don/Doña ____________________________________..........................______, con NIF _____________,  
y 
Don/Doña __________________________________________________, con NIF _____________, como 
titulares de la explotación agraria de titularidad compartida con NIF _____________________ 
 
CERTIFICAN 
-  Que  ni  la  explotación  agraria  ni  sus  titulares  nos  encontramos  incursos  en  los  supuestos 
contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 6.3 con respecto de la obligación de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias. 
 
-  Que ni la explotación agraria ni sus titulares somos deudores por resolución de procedencia de 
reintegro de subvenciones. 
 
Y para que así conste, a efectos de lo previsto en el artículo 3.2 b) del Real Decreto 819/2021, de 28 de 
septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a 
las explotaciones agrarias de titularidad compartida, nos comprometemos expresamente a mantener el 
cumplimiento de tales requisitos durante el período de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del 
derecho al cobro de la subvención, de acuerdo con el artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, firmo la presente. 
En _____________, a _____ de ______________ de 2021. 
 
Firma titular 1:…………………………………………………. 
Nombre y apellidos: D./D.ª ….................…………………….............................................……………………… 
 
 
Firma titular 2: …………………………………………………… 
Nombre y apellidos: D./D.ª …..............................................................…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  e.
  b
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                                                  Bc
3 Rellenar en castellano.
 
ANEXO II
Modelo de declaración responsable de ayudas de minimis concedidas en nombre 
  de la entidad de titularidad compartida o de sus titulares
 
(Real Decreto 819/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida, 
y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2021)4 
DECLARAMOS expresamente, que la entidad de titularidad compartida y sus titulares  hemos obtenido las siguientes ayudas 
de las Administraciones públicas españolas o comunitarias sujetas al régimen de minimis 
en los últimos tres ejercicios fiscales (dos años previos y el ejercicio fiscal en curso de la convocatoria), siendo éstas las que 
figuran a continuación: 
 
AÑO  ORGANISMO CONCEDENTE  TC O TITULAR  IMPORTE DE LA AYUDA (€) 
       
       
       
  TOTAL     
 
 
(*) IMPORTANTE: en caso de no rellenar ningún dato en este cuadro, se entenderá que declaran no haber recibido ninguna ayuda 
de minimis en los tres últimos ejercicios. 
 
Asimismo, declaramos conocer el carácter de minimis que en su caso obtenga con la presente subvención y se compromete a no recibir, 
individual o acumuladamente, ayudas con el mismo carácter de minimisen un período de tres años, a partir de la fecha de concesión, que 
superen el límite. El presente programa se rige y ampara en lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de 18 de diciembre de 
2013, que en su artículo 3.2 establece en 200.000 euros la cuantía total de las ayudas de minimis concedidas a una empresa durante 
cualquier periodo de tres ejercicios fiscales; en el Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de 18 de diciembre de 2013, que en su artículo 3.2 
establece en 20.000 euros la cuantía total de las ayudas de minimis concedidas a una empresa dedicada a la producción primaria agrícola 
durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales; o en el Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la Comisión de 27 de junio de 2014, que en 
su artículo 3.2 establece en 30.000 euros la cuantía total de las ayudas de minimis concedidas a una empresa en el sector de la pesca y de 
la acuicultura durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. El régimen a aplicar dependerá de la naturaleza de la actividad del 
solicitante, conforme determinen dichos reglamentos. 
 
En _____________, a _____ de ______________ de 2021. 
 
 
Firma titular 1: …………………………………………………. 
Nombre y apellidos: D./D.ª …………..........................................................................................…………………………………… 
 
 
Firma titular 2: …………………………………………………… 
Nombre y apellidos: D./D.ª …………………………………………..........................................................................................…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  bo
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                                                  Bc
4 Rellenar en castellano.
 
ANEXO III
Modelo de declaración responsable sobre otras ayudas públicas solicitadas o 
concedidas a nombre de la entidad de titularidad compartida o de sus titulares 
  para esta misma finalidad
 
(Real Decreto 819/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida, 
y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2021)5 
 
DECLARAMOS expresamente que a fecha de presentación de la documentación de las presentes 
subvenciones, las siguientes declaraciones son ciertas, que disponemos de la documentación que las 
acredita y nos obligamos a comunicar al órgano concedente de las ayudas cualquier modificación al 
respecto, hasta que haya trascurrido el plazo de prescripción previsto en el artículo 39 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
DECLARAMOS que la entidad de titularidad compartida o sus titulares (marcar lo que proceda):  
 NO tiene concedida o solicitada ninguna ayuda pública para la misma finalidad. 
 Tiene concedidas o solicitadas las siguientes ayudas públicas para la misma finalidad (incluidas las 
ayudas recibidas, en su caso, con carácter de mínimis, Reglamento (UE) nº. 1408/2013 de la Comisión, 
de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de mínimis en el sector agrícola):  
 
Disposición legal que 
establece las normas  Fecha de concesión 
TC o miembro  Subvención recibida 
reguladoras y  o solicitud 
convocatoria 
       
       
       
       
 
En _____________, a _____ de ______________ de 2021. 
 
Firma titular 1: …………………………………………………. 
Nombre y apellidos: D./D.ª ……………………………………...........................................……………… 
 
Firma titular 2: …………………………………………………… 
Nombre y apellidos: D./D.ª ………...........................................…………………………………………… 
 
 
 
 
 
  s
  o
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 5   R  e  l le  n  a  r   e  n    c a  s  t e  ll a  n  o  .             
 
ANEXO IV
  Modelo de renuncia a las subvenciones
 
(Real Decreto 819/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida, 
y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2021)6 
 
DECLARO expresamente, en nombre y representación de la explotación agraria de titularidad compartida, 
cuyo NIF es __________________, que renuncio de modo expreso a la percepción de la subvención 
prevista en el Real Decreto 819/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión directa de subvenciones a explotaciones agrarias de titularidad compartida. 
 
En __________________________________, a _____ de ______________ de 2021. 
 
 
Firmado: …………………………………………………. 
 
Nombre y apellidos: D./D.ª …………………………………………........................................…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Bc
6 Rellenar en castellano.