BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 157 Viernes 2 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 78947
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
11004 Resolución de 25 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por la que se publica el Convenio con el Ilustre Colegio de Registradores de 
la  Propiedad,  Mercantiles  y  Bienes  Muebles  de  España,  en  materia  de 
acceso a la información registral por parte de la Oficina de Recuperación y 
Gestión de Activos.
Con fecha 21 de junio de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Ministerio de 
Justicia y el Ilustre Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes 
Muebles de España, en materia de acceso a la información registral por parte de la 
Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 25 de junio de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Justicia y el Ilustre Colegio de Registradores de la 
Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España en materia de acceso a la 
información registral por parte de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos
En Madrid, firmado electrónicamente.
INTERVIENEN
De una parte don Pablo Zapatero Miguel, Secretario de Estado de Justicia, en 
nombre y representación del Ministerio de Justicia, según nombramiento efectuado por 
Real Decreto 160/2020, de 29 de enero, publicado en el BOE el 30 de enero de 2020, y 
actuando conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público y el Real Decreto 453/2020 de 10 de marzo, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica 
el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, 
de 25 de julio, y cuantas disposiciones le atribuyen competencia.
De otra parte, doña María Emilia Adán García, quien actúa en su condición de 
Decana Presidenta del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes 
Muebles  de  España  (en  adelante,  Colegio  de  Registradores),  en  virtud  de  las 
atribuciones que tiene conferidas conforme al artículo 23 del Real Decreto 483/1997, 
de 14 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España y de su nombramiento de fecha de 12 de diciembre 
de 2017, actuando en ejecución del acuerdo de la Junta de Gobierno de 1 de junio 
de 2021. es
En el ejercicio de sus respectivos cargos, intervienen reconociéndose la legitimidad y  w.
la capacidad necesaria para la firma del presente Convenio y a tales efectos 2021-1100n https://w
EXPONEN
I
El artículo 10 de la Directiva 2014/42/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 
de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del 
delito  en  la  Unión  Europea  insta  a  los  Estados  miembros  a  adoptar  las  medidas 
necesarias para la creación de oficinas nacionales centrales, «con objeto de garantizar la 
administración adecuada de los bienes embargados preventivamente con miras a su 
posible decomiso».
El artículo 3 de la Decisión 2007/845/JAI del Consejo, de 6 de diciembre de 2007, 
sobre cooperación entre los organismos de recuperación de activos de los Estados 
miembros en el ámbito del seguimiento y la identificación de productos del delito o de 
otros bienes relacionados con el delito, y el art. 12 del Real Decreto 948/2015, de 23 de 
octubre,  por  el  que  se  regula  la  Oficina  de  Recuperación  y  Gestión  de  Activos, 
establecen  los  mecanismos  por  los  que  las  oficinas  de  recuperación  de  activos 
intercambiarán información para la consecución de las finalidades establecidas en las 
leyes.  Entre  estas  informaciones  se  incluyen  las  relativas  a  las  personas  jurídicas, 
propiedades inmobiliarias y demás artículos de valor.
La  Ley  Orgánica  1/2015,  de  30  de  marzo,  por  la  que  se  modifica  la  Ley 
Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal, y la Ley 41/2015, de 5 de 
octubre,  de  modificación  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal,  incorporan  al 
ordenamiento jurídico las previsiones contempladas en la citada normativa.
En  este  sentido,  el  apartado  1  de  la  Disposición  adicional  sexta  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Criminal, configura la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos como 
un  «órgano  administrativo  al  que  corresponden  las  funciones  de  localización, 
recuperación,  conservación,  administración  y  realización  de  efectos  procedentes  de 
actividades delictivas en los términos previstos en la legislación penal y procesal». El 
párrafo segundo de dicho apartado 1 establece que «cuando sea necesario para el 
desempeño de sus funciones y realización de sus fines, la Oficina de Recuperación y 
Gestión de Activos podrá recabar la colaboración de cualesquiera entidades públicas y 
privadas,  que  estarán  obligadas  a  prestarla  de  conformidad  con  su  normativa 
específica».
Por su parte, y como ya se ha adelantado, el Real Decreto 948/2015, de 23 de 
octubre, regula la actuación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
II
El artículo 2 del Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del 
Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio 
atribuye  a  la  Secretaría  de  Estado  de  Justicia,  entre  otras  competencias,  las 
relacionadas con la localización, recuperación, administración y realización de efectos, 
bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas.
Por su parte, la disposición adicional segunda del citado Real Decreto 453/2020, 
dispone que las referencias que se hacen en el ordenamiento jurídico a la Oficina de 
Recuperación  y  Gestión  de  Activos,  suprimida  por  el  artículo  2.2  del  Real 
Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los Departamentos Ministeriales, se entenderán realizadas a la Dirección General de  es
Seguridad Jurídica y Fe Pública. bo
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (en adelante, Oficina de  4w
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Procederá, igualmente, a la localización de activos a instancia del Ministerio Fiscal en 
el ejercicio de sus competencias en el ámbito de las diligencias de investigación, de la 
cooperación  jurídica  internacional,  del  procedimiento  de  decomiso  autónomo  o  en 
cualesquiera  otras  actuaciones  en  los  términos  previstos  en  las  leyes  penales  o 
procesales.
Por su parte, el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes 
Muebles de España (en lo sucesivo, Colegio de Registradores), de acuerdo con lo 
establecido  en  el  artículo  1  de  sus  Estatutos  generales,  aprobados  por  Real 
Decreto  483/1997,  de  14  de  abril,  es  una  Corporación  de  Derecho  público,  con 
personalidad jurídica propia amparada por la ley y reconocida por el Estado, que goza de 
autonomía para el cumplimiento de sus fines y tiene competencia sobre sus colegiados 
en todo el territorio nacional. Se rige por lo dispuesto en la legislación hipotecaria, en la 
de Colegios Profesionales y en los citados Estatutos generales, conforme a lo previsto 
en  la  citada  legislación  de  Colegios  Profesionales.  Entre  sus  fines  figuran  los  de 
colaborar con las Administraciones públicas e instituciones y prestar los servicios y 
realizar las actividades que les sean propias en interés de las Administraciones públicas, 
sean nacionales, comunitarias o internacionales.
III
Los juzgados, tribunales y las fiscalías en el ámbito de sus competencias precisan 
acceder a ciertos datos o información que esté a disposición de los Registradores para 
asegurar la eficacia de las resoluciones de embargo o decomiso, que, en su caso, se 
adopten.
Con la finalidad de descargar y permitir a los juzgados y tribunales dirigir todos sus 
esfuerzos a la investigación de los ilícitos penales, la Oficina de Recuperación y Gestión 
de  Activos  asumirá,  cuando  así  sea  encomendado  por  el  Juez  o  la  Fiscalía,  la 
localización de los bienes de un investigado o condenado por delitos cometidos por 
organizaciones criminales o de aquellos otros delitos de los que puede derivarse un 
importante beneficio económico, como el delito de blanqueo de capitales. Asimismo, 
procederá a la gestión de los bienes intervenidos, embargados o decomisados, por 
encomienda del órgano judicial.
Para el desarrollo de esta función de localización de bienes de auxilio a los órganos 
judiciales, la Oficina precisa contar con los instrumentos que le permitan el acceso a los 
datos que el Juzgado o la Fiscalía le hayan requerido para que, una vez obtenidos, los 
ponga a su disposición para el uso exclusivo de ese procedimiento y con la finalidad de 
que se puedan adoptar las medidas que aseguren la eficacia de un futuro decomiso. 
Asimismo, la Oficina en su función de gestión precisa tener conocimiento de la situación 
registral de los bienes gestionados, por una parte, a efectos de evitar actuaciones 
antieconómicas y proponer al órgano judicial la medida de administración o conservación 
que resulte más adecuada y garantice el máximo beneficio económico, y, por otra parte, 
para llevar a cabo los procedimientos de realización de los bienes de conformidad con lo 
dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico.
El artículo 118 de la Constitución establece el deber de colaboración con los jueces y 
tribunales  en  el  curso  del  proceso  y  en  ejecución  de  lo  resuelto.  Este  deber  de 
colaboración  ha  sido  incorporado  en  la  Disposición  adicional  sexta  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Criminal que regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos al 
prever en el apartado 1 párrafo segundo que «cuando sea necesario para el desempeño  s
de sus funciones y realización de sus fines, la Oficina de Recuperación y Gestión de  e.
Activos podrá recabar la colaboración de cualesquiera entidades públicas y privadas,  w.
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Muebles (FLOTI, FLEI y FLOMI) para realizar solicitudes de información registral a los 
Registradores.
En este tenor, el Colegio de Registradores se obliga a permitir la comunicación con el 
servidor web de los Registros de la Propiedad y Bienes Muebles para realizar solicitudes 
de información registral a los Registradores por los usuarios autorizados pertenecientes 
a la ORGA en la forma que ambas partes determinan.
La ORGA será responsable de que sus equipos tengan las características técnicas 
adecuadas, para que la recepción de la información solicitada se realice en las mejores 
condiciones posibles.
IV
Con fecha de 11 de abril de 2017 las partes suscribieron un Convenio -con una 
vigencia  de  cuatro  años-,  con  el  fin  de  impulsar  y  reforzar  el  ejercicio  de  las 
competencias de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos que se detallan en el 
Expositivo I, y definir el acceso a la información registral procedente de los Registros de 
la Propiedad, Mercantil y Bienes Muebles a la ORGA cuando actúe, por encomienda de 
los órganos judiciales o, en su caso, de las fiscalías, en la localización, recuperación y 
gestión de bienes incautados, embargados o decomisados, o susceptibles de serlo. 
Asimismo, el Convenio determinará las condiciones de comunicación con el servidor web 
de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles, para realizar solicitudes 
de información registral a los Registradores.
Este Convenio no comporta ningún tipo de contraprestación económica, ni produce 
ningún incremento del gasto público.
En  atención  a  los  satisfactorios  resultados  derivados  de  la  ejecución  de  dicho 
Convenio,  las  partes  han  manifestado  su  voluntad  de  consolidar  la  relación  de 
cooperación en este ámbito y suscribir para ello un nuevo Convenio, siguiendo en su 
elaboración y tramitación los requerimientos de la normativa actualmente vigente en la 
materia, singularmente lo previsto en la Ley 40/2015.
En  virtud  de  lo  expuesto,  las  partes  firmantes  manifiestan  su  voluntad  de 
colaboración mutua, que articularán a través del presente Convenio, de acuerdo con las 
siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El objeto del presente Convenio entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de 
Registradores es definir el acceso de la ORGA a la información registral procedente de 
los Registros de la Propiedad, Mercantil y Bienes Muebles y la relativa a su titularidad 
real cuando aquella actúe, por encomienda de los órganos judiciales, de las fiscalías o 
en el marco de la cooperación internacional con organismos análogos, en la localización, 
recuperación  y  gestión  de  bienes  incautados,  embargados  o  decomisados,  o 
susceptibles de serlo.
Asimismo, el Convenio determinará las condiciones de comunicación con el servidor 
web de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles, para realizar 
solicitudes de información registral a los Registradores.
El acceso a la información registral tendrá como finalidad exclusiva la colaboración  e
con la ORGA en el desarrollo de las funciones de localización y gestión de bienes que  bo
saéunsstáa lo ctogiemonsep p eaatetrrnaibc guiaaidsraa, sna tspizío arcr o elman coeo fimecniiee nmncdaiaate  ddrieea l  ledomes  jbiunaetrecgreocs ay,m  terbilb idoue ndcaeole misni sfooo r.fmisaccailóíans  ceonn  eol rágmanbiistom does   2021-11004n https://ww
Segunda.  Condiciones de acceso y utilización.
Todo acceso a la información realizada al amparo del presente Convenio requiere la 
acreditación de que la ORGA actúa en el marco de un procedimiento judicial penal en el 
desarrollo de sus funciones de localización y gestión de bienes, identificando el número 
del procedimiento penal o diligencias de investigación que correspondan con el acceso 
concreto que se pretende.
Procederá, igualmente, cuando la ORGA actúe a instancia de la Fiscalía en el 
ejercicio de sus competencias, bien en el ámbito de las diligencias de investigación, de la 
cooperación  jurídica  internacional,  del  procedimiento  de  decomiso  autónomo  o  en 
cualesquiera  otras  actuaciones  en  los  términos  previstos  en  las  leyes  penales  o 
procesales.
Del mismo modo, identificará el requerimiento por el que ejecute una solicitud de 
cooperación  internacional  relativa  al  intercambio  de  información  sobre  bienes  con 
organismos análogos.
La ORGA, a través del usuario previamente autorizado, sólo formulará peticiones de 
información  registral  en  el  ámbito  del  presente  convenio  cuando  su  interés  en  la 
obtención de las mismas se realice para el cumplimiento de sus funciones.
Una copia impresa o en formato digital de la información obtenida podrá incorporarse 
a los correspondientes expedientes de la ORGA, sin perjuicio de la información que de 
conformidad  con  la  normativa  vigente  deba  formar  parte  de  los  procedimientos  de 
gestión de los bienes, a efectos de su realización, destrucción, etc. Asimismo, la ORGA 
se compromete a no incorporar dichos datos a bases de datos o ficheros informatizados 
que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas o jurídicas 
ajenas a su función y ello, aunque se exprese la procedencia de la información.
Dada la finalidad de la utilización de la información registral por parte de la ORGA en 
auxilio de la jurisdicción penal, por la obtención de la misma no se girarán los honorarios 
y aranceles correspondientes a las informaciones solicitadas.
La información podrá solicitarse telemáticamente durante las veinticuatro horas del 
día, todos los días de la semana. Queda a salvo el derecho a interrumpir el servicio por 
las necesidades de mantenimiento del sistema o por cualquier otra causa que obligue a 
ello, no siendo responsable el servidor de información de la falta de servicio que pudiera 
derivarse de causas fortuitas.
Con  el  fin  de  cumplir  con  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), así como la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales y establecer un mecanismo que permita la identificación de forma 
inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de 
información, el Colegio de Registradores establece las siguientes condiciones para la 
utilización del sistema:
– La  entidad  ORGA  identificará  de  forma  inequívoca,  mediante  un  usuario  o 
subusuario único por persona, en cada petición el usuario autorizado en su organización 
a solicitar informaciones registrales a través del servidor web de los Registradores de 
España.
– La entidad ORGA se compromete a remitir al Colegio de Registradores la siguiente 
documentación:
• Un listado con el desglose de usuarios y subusuarios correspondientes a las  s
personas con acceso al sistema, incluyendo sus nombres y apellidos, D.N.I/N.I.F. o  oe.
cualquier identificador personal o profesional y la dirección de correo electrónico, en su  4ww.
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la dirección de correo electrónico, en su caso, así como las bajas producidas.
– La entidad ORGA responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos de 
los usuarios que facilite, y deberá haber cumplido con las correspondientes obligaciones 
de protección de datos respecto de los mismos.
En este sentido, se informa que la política de privacidad aplicable a estos usuarios 
puede ser consultada en la siguiente URL:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
– La entidad ORGA mantendrá en secreto y bajo su responsabilidad las contraseñas 
de acceso al sistema de información, y adicionalmente adquiere el compromiso de no 
compartir usuarios ni subusuarios por varias personas con acceso a este servicio.
La  entidad  ORGA  responderá,  en  cualquier  caso,  del  cumplimiento  de  estos 
requisitos y por tanto de las consecuencias que de ellos se deriven en caso de infracción 
o incumplimiento de los mismos.
Tercera.  Naturaleza de los datos cedidos.
Los datos suministrados por los Registradores serán aquellos que permitan conocer 
la situación registral y la titularidad real de los bienes inmuebles, muebles y entidades 
inscritas para el debido cumplimiento de las funciones de la ORGA de localización y 
gestión de bienes, con el último fin de colaborar con el Juzgado en la adopción de las 
medidas sobre bienes embargados o decomisados y, en su caso, su ejecución.
Cuarta.  Compromisos de las partes.
Las partes se comprometen a desarrollar coordinadamente, en el ámbito de sus 
respectivas  competencias,  las  actuaciones  y  medidas  necesarias  para  el  eficaz 
cumplimento  del  objeto  de  este  Convenio  y,  en  concreto,  asumen  los  siguientes 
compromisos:
1.  Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles.
– Permitir la comunicación con el servidor web de los Registros de la Propiedad, 
Mercantiles y Bienes Muebles (FLOTI; FLE; FLOMI) y a los de titularidad real para 
realizar solicitudes de información registral a los citados Registros por los usuarios 
autorizados pertenecientes a la ORGA en la forma que determinen ambas partes.
– Establecer  el  procedimiento  y  conexiones  telemáticas  que  garanticen  la 
confidencialidad, autenticidad e integridad de la información por los que se materializará 
el acceso a la información registral por parte de la ORGA.
– Realizar en sus aplicaciones informáticas las modificaciones que ambas partes 
fijen de común acuerdo.
– Facilitar los datos registrales y de titularidad real solicitados por la ORGA cuando 
actúe por encomienda de los órganos judiciales, de las fiscalías o en cooperación con 
organismos  análogos  en  la  localización  y  recuperación  de  bienes  incautados, 
embargados o decomisados, o susceptibles de serlo.
– Facilitar  los  datos  registrales  solicitados  por  la  ORGA  cuando  actúe  por 
encomienda de los órganos judiciales en la gestión de bienes incautados, embargados o 
decomisados.
– Facilitar  el  asesoramiento  técnico  preciso  al  personal  de  la  ORGA  si  fuera  e.e
necesario. b
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reali–z aDr eujna ra dceocnusatadnoc siae gdueiml iaecnctoe syo c oan trlao l.información  registral  de  modo  que  permita
– Dar difusión de la creación, naturaleza y funciones de la ORGA, así como del 
presente Convenio a los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles 
de España.
2.  Ministerio de Justicia.
– Remitir  a  los  Registros  en  el  momento  de  hacer  la  consulta  los  datos  del 
procedimiento judicial, el número de las diligencias de investigación o procedimiento de 
cooperación internacional con oficinas análogas de modo que quede acreditado que se 
actúa  en  el  marco  de  un  procedimiento  judicial,  adjuntando  esta  información  a  la 
consulta.
– Utilizar los datos registrales y de titularidad real obtenidos exclusivamente para el 
cumplimiento de los fines que le son propios y para el uso exclusivo en el marco del 
procedimiento judicial o de cooperación internacional con oficinas análogas para el que 
fueron solicitados.
– Adecuar los equipos informáticos de la ORGA a las características técnicas e 
informáticas para la debida recepción de la información solicitada, de acuerdo con el uso 
que del servicio se haga por la Oficina.
– Impartir las instrucciones necesarias o convenientes al personal de la ORGA 
autorizados para solicitar y acceder a la información registral.
– Fomentar que el personal habilitado para trabajar con la información registral 
participe en los cursos de formación que sean necesarios a fin de lograr el mejor 
servicio.
– Velar por el correcto cumplimiento del deber de sigilo del personal al servicio de la 
ORGA que tenga acceso a la información registral.
– Comunicar al Colegio de Registradores cualquier incidencia que pueda producirse.
Quinta.  Financiación.
La firma de este Convenio no comporta por sí misma ningún tipo de contraprestación 
económica, ni produce ningún incremento del gasto público.
Sexta.   Comisión mixta de vigilancia y seguimiento.
1.  Se constituye una Comisión mixta de vigilancia y seguimiento del Convenio a la 
que corresponderá velar por el correcto desarrollo y seguimiento de lo dispuesto en el 
mismo.
2.  Serán funciones de la Comisión mixta de vigilancia y seguimiento:
a)  Velar por el correcto desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Convenio.
b)  Impulsar  la  adopción  de  las  medidas  y  acciones  necesarias  para  el  mejor 
cumplimiento de los objetivos comunes perseguidos por las partes.
c)  Proponer las modificaciones al Convenio que se consideren oportunas.
3.  La Comisión mixta de vigilancia y seguimiento se reunirá una vez al año con 
carácter ordinario, pudiéndose reunir, además, con carácter extraordinario, a petición de 
cualquiera de las partes. Su funcionamiento se ajustará a lo dispuesto respecto de los 
órganos colegiados en la Ley 40/2015. Estará integrada por dos representantes de cada 
una de las partes, designados por las personas firmantes del Convenio. Asimismo, a las 
reuniones  de  la  citada  Comisión  asistirá,  con  voz,  pero  sin  voto,  un  funcionario  s
designado por la Dirección General de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos,  o
que ejercerá las funciones de secretario. La presidencia de la Comisión de Seguimiento  4ww.
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presente cláusula, por lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar
de la Ley 40/2015.
5.  Los acuerdos de la Comisión mixta de vigilancia y seguimiento serán adoptados 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 40/2015.
Séptima.  Vigencia y eficacia del convenio.
1.  El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años y será eficaz una vez 
inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del 
sector público estatal. Asimismo, será publicado en el Boletín Oficial del Estado, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015.
2.  Las partes, en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el 
apartado anterior, podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta 
cuatro años adicionales o su extinción, conforme a lo dispuesto en el artículo 49.h) 2.º de 
la Ley 40/2015.
Octava.  Modificación del Convenio.
El presente Convenio constituye la manifestación expresa de la voluntad de las 
partes en relación con la materia aquí contenida. Cualquier modificación del contenido 
mínimo y esencial del mismo deberá ser hecha por escrito y firmada por ambas partes, y 
requerirá acuerdo unánime de los firmantes, de acuerdo con el artículo 49.g) de la 
Ley  40/2015.  Las  modificaciones  serán  tramitadas  mediante  adenda  modificativa 
conforme a lo previsto en el artículo 50 de la citada Ley 40/2015.
Asimismo, las partes pueden acordar en el seno de la Comisión de Seguimiento 
algunos detalles relativos a la ejecución del contenido del convenio, siempre que no 
afecte al contenido mínimo y esencial del convenio.
Novena.  Causas de extinción.
1.  El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 51.1 de la Ley 40/2015.
2.  De conformidad con lo establecido en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, son 
causas de resolución del presente Convenio, las siguientes:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En  este  caso,  la  parte  afectada  podrá  notificar  a  la  parte  incumplidora  un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y 
se entenderá resuelto el convenio. La resolución del Convenio por esta causa conllevará 
la indemnización de los daños y perjuicios causados, teniendo en cuenta, en su caso, la 
valoración  de  los  gastos  asumidos  por  la  parte  perjudicada  a  consecuencia  del 
incumplimiento y hasta el momento de resolución del Convenio. e.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. w.b
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seguimiento, podrán acordar la continuación y finalización de las mismas, estableciendo
un  plazo  improrrogable  para  su  finalización,  transcurrido  el  cual  se  procederá  a  la 
liquidación del Convenio.
Décima.  Naturaleza jurídica del convenio y jurisdicción competente.
El  presente  Convenio  tiene  naturaleza  jurídico-administrativa  y  se  regirá  por  lo 
dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las 
partes de manera amistosa, en el seno de la Comisión Mixta de Vigilancia y Seguimiento 
prevista  en  la  cláusula  sexta.  Una  vez  agotada  esa  vía,  el  orden  jurisdiccional 
contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que 
pudieran suscitarse entre las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Undécima.  Transparencia.
Con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública que asiste a 
todas las personas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.1.b. de la Ley 19/2013 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno, 
el presente Convenio será publicado en el Portal de la Transparencia del Gobierno de 
España.
Duodécima.  Protección de datos de carácter personal.
Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a la 
normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  datos  de  carácter  personal, 
comprometiéndose a dar un uso debido a los datos de tal naturaleza que obtengan como 
consecuencia del desarrollo del presente Convenio. A tal fin cumplirán lo previsto en el 
Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  27  de  abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE; y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como en las disposiciones 
que en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la firma del mismo o que 
puedan estarlo durante su vigencia.
Así mismo, cuando la finalidad de la utilización de la información registral por parte 
de la ORGA sea la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de sanciones penales se cumplirá lo previsto en la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por  parte  de  las  autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, 
y  a  la  libre  circulación  de  dichos  datos  y  por  la  que  se  deroga  la  Decisión 
Marco 2008/977/JAI del Consejo y lo previsto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre en tanto no haya entrado en vigor la norma que trasponga al Derecho español 
lo dispuesto en dicha Directiva.
Los  datos  personales  derivados  del  contenido  del  presente  Convenio  pueden 
incorporarse a ficheros de titularidad de cada una de las partes con la única finalidad de  s
proceder a la gestión adecuada del mismo. oe.
Los datos de las Partes podrán ser comunicados a terceros únicamente en la medida  w.
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y la limitación de su tratamiento, así como oponerse al mismo, y podrán interponer, en 
caso  de  vulneración  de  derechos,  una  reclamación  ante  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos, sita en Calle Jorge Juan n.º 6, Madrid (www.aepd.es). Se informa 
que no se toman respecto de los datos decisiones automatizadas, incluida la elaboración 
de perfiles.
En cuanto al CORPME como responsable del tratamiento (cuyos datos identificativos 
constan en el encabezado del documento) los interesados podrán dirigirse al Delegado 
de Protección de Datos, cuyo dato de contacto es dpo@corpme.es, donde en todo 
momento los interesados pueden dirigirse para ejercer sus derechos y para cualquier 
cuestión  relativa  a  protección  de  datos  de  carácter  personal  respecto  del  acuerdo 
suscrito.
De conformidad con cuanto antecede, y en ejercicio de las facultades que legalmente 
corresponden  a  cada  uno  de  los  firmantes,  se  firma  electrónicamente  el  presente 
Convenio.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero Miguel.–La Decana-
Presidenta del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles 
de España, María Emilia Adán García.
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