BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 118  Martes 28 de abril de 2020  Sec. I.   Pág. 30512
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
4690 Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19.
El artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19, permite que las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en 
cualquier régimen de la Seguridad Social cuya actividad no se encuentre suspendida con 
ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
puedan solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social una moratoria de seis 
meses, sin interés, en el pago de las aportaciones empresariales a la cotización a la 
Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta cuyo periodo de devengo esté 
comprendido entre los meses de abril y junio de 2020, así como en el pago de las cuotas 
de los trabajadores por cuenta propia cuyo periodo de devengo esté comprendido entre los 
meses de mayo y julio de 2020.
En dicho artículo 34 se contienen las normas de procedimiento aplicables a la 
tramitación de la referida moratoria, remitiéndose únicamente a los requisitos y condiciones 
para poder beneficiarse de la medida que se establezcan mediante orden del Ministro de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos.
De acuerdo con ello y al objeto de asegurar la efectiva aplicación de esa moratoria se 
dicta la presente orden ministerial, en la que se determinan las actividades económicas 
que podrán acogerse a ella, de acuerdo con la vigente Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE-2009).
Esta orden se adecua a los principios de buena regulación establecidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
Así, es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad, 
puesto que su regulación resulta justificada y su alcance es el imprescindible para la 
consecución del objetivo perseguido, que no es otro que dictar las normas necesarias 
para poder asegurar la efectiva aplicación de la moratoria prevista en el artículo 34 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
En cumplimiento del principio de seguridad jurídica, la regulación de esta orden resulta 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, 
generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que 
facilite su conocimiento y comprensión.
En aplicación del principio de transparencia, el objetivo de la orden se define y justifica 
en este preámbulo, y en cumplimiento del principio de eficiencia, su regulación no supone 
la imposición de ningún tipo de obligaciones o cargas administrativas para empresas y  e.
trabajadores ni ninguna utilización de recursos públicos. w.b
La presente orden se adecua plenamente al orden constitucional de distribución de  90ww
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EspEañsotala o.rden se dicta en uso de la habilitación conferida en el artículo 34.1 del Real  BOE-A-cable e
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, en el que se dispone que mediante orden del Ministro
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se establecerán los requisitos y condiciones 
para poder beneficiarse de la moratoria en el pago de cuotas en él regulada.
En su virtud, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos y de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:
Artículo único.  Actividades económicas que podrán acogerse a la moratoria en el pago de 
cotizaciones sociales prevista en el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social 
y económico para hacer frente al COVID-19.
La moratoria en el pago de cotizaciones sociales prevista en el artículo 34 del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, resultará de aplicación a 
las empresas y a los trabajadores por cuenta propia cuya actividad económica, entre 
aquellas que no se encuentren suspendidas con ocasión del estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, esté incluida en los siguientes códigos de 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009):
119  (Otros cultivos no perennes).
129  (Otros cultivos perennes).
1812  (Otras actividades de impresión y artes gráficas).
2512  (Fabricación de carpintería metálica).
4322  (Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado).
4332  (Instalación de carpintería).
4711  (Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio 
en productos alimenticios, bebidas y tabaco).
4719  (Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados).
4724  (Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería 
en establecimientos especializados).
7311  (Agencias de publicidad).
8623  (Actividades odontológicas).
9602  (Peluquería y otros tratamientos de belleza).
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen 
económico de la Seguridad Social.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Madrid, 24 de abril de 2020.–El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
José Luis Escrivá Belmonte.