BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Sábado 31 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 93548
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13031 Sala Primera. Sentencia 147/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de 
amparo  5275-2020.  Promovido  por  don  Carlos  Aires  da  Fonseca  Panzo 
respecto del auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que 
autorizó su extradición a Angola. Vulneración de los derechos a la tutela 
judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías en conexión con los 
derechos a la libertad personal, de residencia y circulación: resolución judicial 
que acepta como soporte de la demanda de extradición un escrito de la 
fiscalía angoleña carente de refrendo judicial (STC 147/2020).
ECLI:ES:TC:2021:147
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5275-2020, promovido por don Carlos Aires da 
Fonseca Panzo, representado por el procurador de los tribunales don Ramón Blanco 
Blanco y asistido por los abogados don Salvador Guerrero Palomares y don Daniel 
Campos Navas, contra la providencia de 21 de octubre de 2020 por la que se inadmite a 
trámite el incidente de nulidad de actuaciones contra el auto de 28 de septiembre 
de 2020 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que estima el recurso 
de súplica del Ministerio Fiscal presentado contra el auto de 29 de julio de 2020, dictado 
por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que se 
autoriza su extradición a Angola. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito que tuvo entrada en este tribunal el 4 de noviembre de 2020, el 
procurador de los tribunales don Ramón Blanco Blanco, en nombre y representación de 
don  Carlos  Aires  da  Fonseca  Panzo,  interpuso  recurso  de  amparo  contra  las 
resoluciones que se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  Los hechos en que se sustenta la demanda son, sucintamente expuestos, los 
siguientes:
a)  El  recurrente  en  amparo,  don  Carlos  Aires  da  Fonseca  Panzo,  nacional  e.
angoleño, fue detenido en Marbella el 10 de septiembre de 2019 en virtud de la orden de  w.
detención  núm.  27/2019  2019/DNIAP/PGR  emitida  el  21  de  mayo  de  2019  por  el  031ww
DEle pJaurztgaamdeon tCo ednetlr aFl isdcea l IGnsetnruecraciló dne  nAúnmg.o la4  yd ifcirtmó aaduat op odre d oens aV amnidsemrlae yf eBcehnat oi nMcoaatenudso. 
procedimiento de extradición.
b)  El  Consejo  de  Ministros,  en  reunión  de  25  de  octubre  de  2019,  acordó  la 
continuación en vía judicial del procedimiento de extradición del Sr. da Fonseca Panzo, 
comunicándolo así al Juzgado Central de Instrucción núm. 4.
c)  El día 18 de noviembre de 2019 tuvo lugar en el Juzgado Central de Instrucción 
núm. 4 la comparecencia prevista en el art 12 de la Ley de extradición pasiva (LEP) en la 
que  el  reclamado  manifestó  su  oposición  a  la  demanda  de  extradición  y  que  no 
renunciaba al principio de especialidad. Con esa misma fecha el juzgado dictó auto 
acordando elevar a la Sala las actuaciones.
d)  En el auto núm. 20-2020 de 29 de julio, la Sección Primera de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional desestimó la demanda de extradición, por ausencia del 
requisito de doble incriminación.
Según  el  auto,  se  imputa  al  reclamado  haber  recibido  pagos  de  la  mercantil 
Odebrecht y, en concreto, se le atribuye haber recibido el 30 de junio de 2017, por 
transferencia bancaria, en su cuenta núm. 313.3310, domiciliada en el banco suizo Julius 
Bär & Co., S.A., la cantidad de 3 299 852 $, realizada por la citada mercantil. Se añade 
que  el  reclamado  no  tiene  ingresos  que  puedan  justificar  esa  cantidad  de  dinero. 
Igualmente se menciona en la demanda de extradición que el reclamado posee las 
cuentas bancarias 0987970 y 0994300 domiciliadas en el banco suizo Banque Héritage, 
S.A., que parecen estar relacionadas con las actividades ilegales antes mencionadas.
Para la Sala, no es en verdad una transferencia lo que figura en la transmisión de 
información de la Fiscalía suiza a las autoridades de Angola, pues en ella se indica que, 
a fecha 30 de junio de 2017, el saldo en la cuenta del reclamado en el Banco Julius Bär 
& Co., S.A., era de más de 3,2 millones de dólares. La defensa del reclamado, además, 
ha aportado un certificado del Banco Julius Bär & Co., S.A., fechado el 15 de noviembre 
de 2019, en el que se dice que en la cuenta del Sr. da Fonseca no se recibió en todo el 
año 2017 una transferencia por importe de 3 299 852 $ (folio 64 rollo de sala). Es 
evidente, arguye la Sala, que no es lo mismo recibir una transferencia en una cuenta 
bancaria por un importe concreto en una fecha determinada que la existencia de un 
saldo por ese importe en esa fecha.
La Sala concluye que tener una cantidad determinada en una cuenta bancaria en un 
banco suizo, sin más datos, no es constitutivo de delito alguno en nuestro país y los 
hechos por los que se formula la reclamación nunca serían constitutivos de delito, por lo 
que no se cumpliría en este caso el principio de doble incriminación.
e)  La Fiscalía interpuso recurso de súplica,  por  considerar que sí concurre el 
requisito de doble incriminación, recurso que fue estimado por el Pleno de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional en el auto núm. 47-2020, de 28 de septiembre, de modo 
que  se  declara  procedente,  sin  perjuicio  de  la  última  decisión  que  corresponde  al 
Gobierno de la Nación, la extradición del recurrente a Angola.
Para el Pleno, de la interpretación integradora de la documentación extradicional 
remitida por la autoridad requirente, y de la solicitada a las autoridades suizas, cabe 
deducir que, en fecha 30 de junio de 2017, ciertamente no se produjo la transferencia por 
importe de 3 299 852 $, sino que a esa fecha ese era el saldo existente en la cuenta 
núm. 313.3310 del Banco Julius Bär & Co, S.A., cuyo titular era el reclamado, pero de la 
documentación aportada no se desprende, como se refiere en el auto recurrido, que la 
presente reclamación tenga como base el mero hecho de ser titular de esa cuenta ni el 
de detentar ese saldo, ni tampoco el de ser titular de los otras dos cuentas canceladas, 
sino el hecho de haber utilizado esas cuentas para la recepción y ocultación de los 
beneficios obtenidos de actividades corruptas, procedentes de la mercantil Norberto  s
Odebrecht, S.A., la cual «conseguía la adjudicación de importantes contratos públicos,  oe.
gracias a la creación de "fondos negros", con los que compensaba con sobornos a  w.
políticos y exdirectivos de empresas estatales y paraestatales en los países donde  031ww
desaAr rjoulilcaiboa  dseul  aPcletivniod,a dco»n.forme a la legislación penal española, tales hechos podrían
pcoenrcsitbitiudiar s ulno  sdeerlíiaton  dae c acmohbeioc hdoe,  lap oar dcjuudaicnatoc iósne  dees tiám pionrdtiacnatnedso c oqnutera tloass  pcúabnlitcidoasd, elos   BOE-A-cable e
que supondría la comisión de un delito de cohecho pasivo, previsto y penado en los arts. 
419 a 422 del Código penal, al concurrir los requisitos que vienen a constituir dicha 
infracción, cuales son los de, en su condición de funcionario público, solicitar o recibir 
una dádiva, favor o retribución para cometer en el ejercicio de su cargo un acto contrario 
a las obligaciones inherentes al mismo.
Se afirma en el auto recurrido que nada se dice sobre la función pública que pudiera 
desempeñar el reclamado, si bien el Pleno considera que, de la documentación aportada 
en  la  causa,  consistente  en  la  declaración  prestada  por  el  reclamado  ante  las 
autoridades angoleñas se advierte tal condición, y así manifiesta que: «Desde 2004 es 
funcionario del Ministerio de Economía [Ministério das Finanças de Angola (MINFIN)] y 
trabajó como técnico superior de la Dirección Nacional del Tesoro de 2004 a 2008, y 
de 2008 a 2010 estuvo en comisión de servicio como Director Nacional del Ministerio de 
Coordinación Económica; posteriormente, de 2010 a 2013 fue Director Nacional de 
Deuda pública en el MINFIN; de 2013 a 2015 pidió una excedencia para estudiar; 
de 2015 a 2016 fue asesor del Consejo de Administración del Banco de Desarrollo de 
Angola  (BDA);  de  2016  a  2017  fue  Director  Ejecutivo  del  BDA  y,  por  último,  fue 
Secretario de Asuntos Económicos del Presidente de la República hasta la fecha de su 
revocación y, actualmente, se encuentra a la espera de su reubicación en el MINFIN», 
por lo que la condición de funcionario público o de autoridad del reclamado no puede ser 
puesta en duda.
Respecto del delito contra la hacienda pública, afirma el Pleno que también concurre 
la doble incriminación; es cierto, tal y como indica el auto recurrido, que no se refiere el 
concreto tributo eludido, el importe de lo defraudado o el o los ejercicios en que se ha 
dejado de abonar el impuesto, pero también lo es que en una cuenta de titularidad del 
reclamado, oculta al fisco en el que el mismo ha de abonar los tributos, no puso en 
conocimiento de la Hacienda Pública angoleña la titularidad de la suma de 3 299 852 $, 
hecho sin duda susceptible de integrar el delito contra la hacienda pública, siendo la 
descripción del hecho suficiente y razonable para entender la posible existencia de dicha 
infracción penal, que deberá ser objeto de análisis por el tribunal de enjuiciamiento del 
Estado requirente.
Otro tanto cabe decir del delito de blanqueo de capitales, por cuanto la cantidad de la 
que era titular en la cuenta de Suiza procedería, indiciariamente, del «ejercicio de 
actividades  corruptas  y  actividades  de  reciclaje  relacionadas  con  las  actividades 
comerciales internacionales del Grupo Odebrecht […] que se había comprometido a 
otorgar importantes contratos públicos mediante la creación de fondos negros a través 
de los cuales premiaba a políticos y ex directores de estado y en los países donde 
operaba», y dichas cantidades habrían sufrido un proceso de ocultación o encubrimiento 
del auténtico titular de las mismas mediante las cuentas corrientes abiertas en Suiza y de 
las que era beneficiario final el reclamado, y así se indica que dichas cuentas, abiertas 
en el Banco Heritage de Suiza, una a nombre de «Thunder Bay Property Group Inc.», 
«parecen estar relacionadas con las actividades ilegales antes mencionadas».
Tras  establecer  la  existencia  de  la  doble  incriminación,  el  Pleno  aborda  las 
cuestiones planteadas por la defensa, impeditivas de la entrega.
En primer lugar, analiza el motivo de que la petición la firma la Fiscalía angoleña, que 
no  es  independiente,  sin  que  exista,  por  tanto,  resolución  análoga  al  auto  de 
procesamiento.
El Pleno se remite a su sentencia de 10 de noviembre de 2016, que dispone que el 
concepto de «autoridad judicial» debe entenderse en el sentido de que designa a las  s
autoridades que participan en la administración de la justicia penal de los Estados  oe.
miembros, entre los que se encuentra el Ministerio Fiscal. En este sentido, el estado  w.
requirente aporta, entre la documentación extradicional, la resolución de la Fiscalía  031ww
sGee nrearzaoln dae  yla  mRoetpivúab lilcaa  idmep Autnagcoiólan,  dfoer m18u laddea m ya yqou dee  s2ir0v1e8 ,d «er eblaatsoer ioa  finlaa l»re, celanm laa cqiuóen 
deixlitgraednicciiaosn aplr,a cetxicpaodnaiesn, dlaos  ploesn daiennteteces ddeen tpersa cqticuaer  yd ilearso nc onlucgluasr ioan elas,  einnv edsotnigdaec sióen h, alcaes   BOE-A-cable e
constar que «no subsisten dudas de que las cantidades citadas en los autos proceden de 
actividades corruptas, de recepción indebida de beneficios y de participación económica 
en negocios públicos en Angola, de los que resultó el pago de sobornos o comisiones al 
investigado por parte de la empresa Odebreccht, en el banco suizo Julius Bär & Co.», 
resolución que colma el requisito exigido por nuestro artículo 7 1 a) LEP.
En segundo lugar, se analiza la objeción relativa al obstáculo que supone la Ley de 
amnistía de Angola, 11/2016, de 12 de agosto, fundada en el dictamen del profesor de 
derecho de la Universidad Agostinho Neto Joao Manuel Lourenço, quien refirió que la 
citada norma se aplica a aquellos delitos cometidos con anterioridad al 11 de noviembre 
de 2015 y sancionados con penas inferiores a los doce años de prisión.
Pues bien, sin perjuicio de que los hechos por los que se produce la reclamación 
extradicional habrían seguido cometiéndose después de la indicada fecha, por cuanto a 
fecha 30 de junio de 2017 el reclamado poseía en la cuenta del banco suizo Julius Bär & 
Co., S.A., la suma de 3 299 852 $, recuerda el Pleno que es doctrina reiterada suya 
(auto de fecha 4 de abril de 2001, auto 40/2004, de 19 de abril, auto 58/2004, de 31 de 
mayo, o auto 18/2018, de 14 de febrero) que no le corresponde la interpretación y 
aplicación de la citada Ley de amnistía angoleña, la cual está reservada a los juzgados y 
tribunales de dicho país.
La siguiente causa de oposición formulada por la defensa del recurrente es la 
consistente  en  tener  razones  fundadas  para  creer  que  la  solicitud  de  extradición 
motivada por un delito común, tiene como fin la persecución política, alegando la causa 
incluida en el artículo 5.1 LEP, y aduce para ello que la demanda de extradición se basa 
en datos falsos.
En opinión del Pleno, las alegaciones efectuadas por la defensa del reclamado no 
sustentan la sospecha de una persecución arbitraria que encubra motivos políticos, 
siendo los delitos que se le imputan de carácter común, sin que se haya aportado dato 
alguno que permita, siquiera vislumbrar, la existencia de razones de persecución política 
detrás de la reclamación efectuada.
Por último, se plantea como causa de denegación de la entrega el riesgo de trato 
inhumano o degradante por el estado de las prisiones en Angola, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 4.6 LEP, aportando un memorándum elaborado por el profesor 
de derecho anteriormente citado, sobre las condiciones de las prisiones en Angola, que 
se  remite  a  un  informe  sobre  este  particular  de  la  «Asociación  Justicia,  Paz  y 
Democracia», y que refiere, de modo genérico, el precario estado de las mismas.
En  este  caso,  según  refiere  el  Pleno,  no  se  ha  concretado  de  una  forma 
suficientemente razonable la posible existencia de tales vulneraciones a los derechos 
fundamentales del recurrente, lo que le impide poder apreciar tal causa de denegación, 
siendo así que la República de Angola ha suscrito el Tratado contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, es un Estado parte en el Pacto 
internacional de derechos civiles y políticos, entre otros, y ha sido miembro del Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el periodo 2018-2020.
f)  Finalmente,  el  demandante  de  amparo  presentó  un  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones.  Se  fundaba  en  los  siguientes  motivos:  1)  vulneración  del  principio  de 
legalidad en relación con la doble incriminación; 2) vulneración de la tutela judicial 
efectiva en su vertiente de obtener una resolución fundada en derecho, en relación con 
la doble incriminación; 3) vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de 
motivación en relación con el art. 7.1 a) LEP (falta de independencia de la Fiscalía 
angoleña); 4) vulneración del derecho a la legalidad penal en relación con el art. 4.4 LEP  s
(no examen de la amnistía); 5) vulneración indirecta del derecho a no sufrir tratos  oe.
inhumanos y degradantes por falta de motivación. w.
g)  Con fecha 21 de octubre de 2020 se inadmite a trámite, por providencia del  031ww
aPcletunaoc idoen elsa  pSlaanltae addeo ,l oc oPn elan asli gdueie nlate  Afuunddieanmceian taNcaiócnio:nal, el incidente de nulidad de
«A tenor de lo establecido en el art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se
inadmite dicho incidente por cuanto se refiere a cuestiones que ya están resueltas en
dicho auto de fecha 28 de septiembre de 2020 sin que se encuentre contemplado dentro 
de los requisitos contemplados por el Tribunal Supremo en la doctrina recogida, entre 
otras, en la sentencia fecha 26 de septiembre de 2016.»
3.  El recurrente reprocha en su demanda de amparo al Pleno de la Sala de lo Penal 
de la Audiencia Nacional, que autorizó en vía jurisdiccional su extradición a Angola, 
diversas vulneraciones de derechos fundamentales que se articulan en siete motivos:
a)  Vulneración  del  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva  por 
incumplimiento del canon de motivación reforzada (art. 24.1 CE) y del derecho a un 
proceso  con  todas  las  garantías  (art.  24.2  CE)  en  conexión  con  los  derechos 
fundamentales a la libertad personal (art. 17.1 CE) y a la libertad de residencia y 
circulación (art. 19 CE) del reclamado internacionalmente. Garantías procesales respecto 
de la «resolución análoga» al auto de procesamiento.
Indica  el  recurrente  que  el  artículo  7.1  a)  LEP  establece  que  la  solicitud  de 
extradición  debe  estar  acompañada  de  «la  sentencia  condenatoria  o  el  auto  de 
procesamiento y prisión o resolución análoga según la legislación del país requirente». El 
auto del Pleno de la Sala de lo Penal impugnado ha validado como «resolución análoga» 
al auto de procesamiento, el informe realizado por el Ministerio Fiscal angoleño, en una 
investigación  que  no  está  aún  judicializada.  Por  otra  parte,  afirma  que  la  Fiscalía 
angoleña no es independiente del poder ejecutivo.
b)  Vulneración  indirecta  del  derecho  a  no  sufrir  trato  inhumano  o  degradante 
(art. 15 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por falta de motivación.
Para el recurrente, el auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 
vulnera  de  forma  indirecta  el  derecho  fundamental  invocado  por  cuanto  existiendo 
razones objetivas y constatables para apreciar el riesgo de que sufra trato inhumano y 
degradante en las prisiones angoleñas, la Sala ad quem ha concedido la extradición, sin 
haber tomado en consideración la realidad expuesta a través de prueba no contradicha y 
sin haber adoptado tampoco ninguna acción para asegurarse de que ese riesgo no 
existe, interpretando asimismo los requisitos necesarios para acoger esta causa de 
denegación (art. 4.6 LEP), sin tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea.
A ello se añade que las prisiones angoleñas, a juicio del recurrente, no cumplen con 
los estándares mínimos europeos. El hacinamiento, unido a carencias de higiene y 
salubridad en los centros penitenciarios puede constituir trato inhumano o degradante.
c)  Vulneración  del  principio  de  legalidad  penal  (art.  25.1  CE)  y  del  derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con la inaplicación de 
la causa de denegación de la extradición del art. 4.4 LEP.
Alegada por el recurrente la causa de denegación prevista en el artículo 4.4 LEP 
fundada en la Ley angoleña 11/2016, de 12 de agosto, considera este que el auto que se 
impugna  deja  imprejuzgada  esa  alegación,  aduciendo  que  «no  corresponde  a  este 
órgano jurisdiccional la interpretación y aplicación de la citada Ley de amnistía angoleña, 
la cual está reservada a los juzgados y tribunales de dicho país», vulnerando de este 
modo no sólo el principio de legalidad extradicional por inaplicación de un precepto legal 
claro y diáfano, sino también el derecho a la tutela judicial efectiva, que exige en materia 
extradicional, por su relación con el derecho fundamental a la libertad, un canon de 
motivación reforzada que proteja al extraditurus de una aplicación arbitraria, irrazonable 
e imprevisible de la norma, como entiende que ha sido el caso.
d)  Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en su vertiente  e
de obtener una resolución fundada en derecho, en relación con el requisito de la doble  bo
incriminación. 031ww
irrazAorngaubylee , eli lóregcicuar reen teim qpureev iesli baleu tod ed ello Ps lehneoc hqouse  esext rraedciucrioren arleeasl izean  unloas  sdueblsituonsc iódne 
ceol hdeecrehcoh, ofr fauunddea mfisecnatla yl  ibnlvaoncqaudeoo. de capitales según la legislación española, vulnerando
El recurrente mantiene que es falso que haya recibido una transferencia el 30 de 
junio de 2017, que además no era fruto de un error, sino de una calculada estrategia de 
la fiscalía angoleña para eludir la aplicación de la Ley de amnistía 11/2016. Lo que las 
autoridades suizas comunicaban era la existencia de un saldo en esa fecha del 30 de 
junio de 2017. Saldo no es igual que ingreso. Esta tesis, asumida en la instancia, fue 
revocada  por  el  Pleno.  Este,  tras  realizar  una  «interpretación  integradora»  de  los 
documentos extradicionales, troca la afirmación angoleña de que hubo un ingreso por la 
de que hubo un saldo y, entendiendo que la mera existencia de ese saldo puede ser 
considerado delictivo en nuestro país, construye a partir de ahí un relato de hechos que 
encaje con los delitos por los que finalmente concede la extradición: fraude fiscal, 
corrupción pasiva, corrupción activa, participación económica en los negocios y blanqueo 
de capitales.
e)  Vulneración  del  principio  acusatorio,  en  su  vertiente  de  la  exigencia  de 
imparcialidad  judicial  y  del  derecho  de  defensa  (art.  24.2  CE),  en  relación  con  la 
exigencia de doble incriminación.
El auto que se impugna se sitúa, a juicio del recurrente, en la posición de parte, 
vulnerando el principio acusatorio, el derecho de defensa y la exigencia de imparcialidad 
judicial, al «reconstruir» el relato de hechos extradicionales, «creando» uno diferente al 
existente en la documentación remitida por el Estado requirente, haciendo «encajar» 
dicho distinto relato en los tipos penales existentes en nuestro ordenamiento.
Una de las expresiones constitucionales de la aplicación del principio acusatorio es la 
imposibilidad  para  el  tribunal  de  introducir  elementos  fácticos  de  oficio  en  el 
procedimiento. Esta doctrina, a juicio del demandante de amparo, debe aplicarse al 
procedimiento extradicional.
f)  Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, a la defensa y a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
La posición del extraditurus, sostiene el recurrente, se perjudica gravemente en 
segundo grado, tras la estimación de un recurso de súplica por el Pleno, sin que se haya 
practicado prueba personal alguna ni haya habido celebración de vista.
g)  Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente 
del derecho de acceso a los recursos, por la inadmisión inmotivada del incidente de 
nulidad de actuaciones formulado contra el auto que acordó la extradición.
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a juicio del recurrente, 
inadmite de forma inmotivada el incidente de nulidad de actuaciones formulado contra el 
auto núm. 47/2020, de 28 de diciembre, por el que se estima el recurso de súplica del 
Ministerio Fiscal, y se da lugar a la extradición.
4.  Por providencia de 14 de diciembre de 2020, la Sección Segunda del Tribunal 
Constitucional acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que 
concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional  porque  el  recurso 
plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no 
hay doctrina de este tribunal y puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su 
doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 a) 
y b)]. Acordaba, por ello, dirigir atenta comunicación a la Sección Primera de la Sala de 
lo Penal de la Audiencia Nacional a fin de que en el plazo de diez días remitiera 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al rollo de Sala 
núm.  57-2019,  correspondiente  al  procedimiento  de  extradición  núm.  40-2019  del 
Juzgado Central de Instrucción núm. 4, debiendo previamente emplazarse, para que en 
el plazo de diez días pudieran comparecer si lo deseaban, en el recurso de amparo a  e.
quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo. w.b
La providencia acordaba, a solicitud de la representación procesal del recurrente en  031ww
uarmgpeanrcoia,  leax cseupspcieonnsaiól na  dqeu el as ee jerecfuiecrióen e dl ea rtlaícsu lroe s5o6lu.6c idoen elsa  iLmepyu Ognrgaádnaisc aa ld aepl rTercibiaurn alal 
oC omnusyti tduicfíicoinl arel p(LaOraTcCió)n,  tqoudea  hvaerzía q pueer ddeicrh sau  efijneaculidcaiódn  apl rroedcuucrisroía d uen a pmeprjauricoi.o de imposible
5.  Una  vez  recibidos  los  testimonios  solicitados  y  cumplimentados  los 
emplazamientos requeridos, mediante diligencia de ordenación de 29 de marzo de 2021 
del secretario de Justicia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, se acordó dar 
vista de las actuaciones a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por un plazo común de 
veinte días para que formularan las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme 
determina el artículo 52 LOTC.
6.  La parte recurrente presentó escrito en que se remite íntegramente a la demanda 
inicial, añadiendo una cita a la STJUE de 10 de marzo de 2021, y una copia legalizada 
de la Ley Orgánica angoleña 22/2012, de 14 de agosto, da Procuradoria Geral da 
Republica e do Ministerio Público, cuyo artículo 8.3 dispone que «el Procurador General 
de la República recibe instrucciones directas del Presidente de la República».
7.  El 30 de abril de 2021 presentó su escrito de alegaciones el Ministerio Fiscal.
Considera, en primer lugar, que respecto de la sexta queja del recurrente, referida a 
que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó una resolución 
contraria a los intereses del justiciable por vía de recurso sin práctica de prueba personal 
ni celebración de vista, este objeto no fue planteado en el incidente de nulidad de 
actuaciones, por lo que adolece del defecto de la falta de agotamiento de la vía judicial 
previa, conforme a los artículos 44.1 a) y 50.1 a) LOTC, lo que implica que concurre en él 
una evidente causa de inadmisión.
Seguidamente,  tras  exponer  la  evolución  de  la  jurisprudencia  constitucional  y 
detenerse en la STC 147/2020, de 19 de octubre, el Ministerio Fiscal examina la primera 
queja de amparo. A la luz de esa doctrina ha de analizarse la aplicación que del canon 
de motivación reforzada ha hecho la resolución recurrida; por una parte, desde el prisma 
de las condiciones de objetividad e imparcialidad de la autoridad cuya decisión se haya 
en el origen del procedimiento de auxilio judicial internacional; por otra parte, al objeto de 
comprobar si la solicitud se sustenta en decisiones adoptadas con el debido respeto a 
las  garantías  procesales  y  tras  una  ponderación  adecuada  de  su  necesidad  y 
proporcionalidad a los fines de la extradición.
Desde el primer punto de vista, considera el Ministerio Fiscal que la Procuraduría 
General  de  la  República  de  Angola,  a  la  que  corresponde  la  formulación  de  las 
peticiones  de  extradición,  no  es  una  autoridad  independiente  respecto  del  poder 
ejecutivo. Con arreglo a la Ley 22/2012, de 14 de agosto, de la Procuraduría General de 
la República y del Ministerio Público, art. 8.3, el procurador General de la República 
recibe  instrucciones  directas  del  presidente  de  la  República  en  el  ámbito  de 
representación del Estado por la Procuraduría (y esta lo representa principalmente en el 
ejercicio  de  la  acción  penal).  De  este  modo  constituye  esta  una  unidad  orgánica 
subordinada  al  presidente  de  la  República,  como  jefe  del  Estado,  y  se  organiza 
verticalmente, bajo la dirección del procurador general de la República, que recibe 
instrucciones directas y de cumplimiento obligatorio del presidente de la República en 
dicho ámbito. En tales circunstancias, no parece posible entender que en el órgano 
competente para formular las demandas de extradición de la República de Angola se 
cumplan  los  estándares  de  independencia  del  poder  ejecutivo  que  exigen  tanto  la 
jurisprudencia constitucional como la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En  cuanto  a  la  segunda  perspectiva,  el  documento  esencial  de  la  solicitud  de 
extradición es el denominado «relatorio final». En él se efectúan dos «propuestas»; de 
un lado, que la Dirección de la Procuraduría General de la República practique las 
diligencias  oportunas  al  objeto  de  recoger  elementos  de  prueba  que  permitan  el  e
descubrimiento  de  la  verdad  material;  de  otro,  el  traslado  de  la  investigación  a  la  bo
Dirección Nacional de Investigación y Acción Penal parta la incoación del oportuno  031ww
pernodceerseoz acdroim úinniacla. mPeonrt el oa lt aimntpou, lseol  d«erel lpartoorcieod»i mnioe nctoo,n ssitnit uqyuee  spinuoe duan a parcetoci adrsee  peanr teé,l 
ujundaic ivaal.l oRraaczioónne so btojedtaivsa  ees taims pqaurec iapla rdeec elans s upfriucieebnatess,  npia rcala csoen saildgeurnaar  qduee  hnoom eoslo pgoascibiólen 
su equiparación al auto de procesamiento a que se refiere el art. 7.1 a) LEP y ha de 
llevar a estimar el primer motivo de la demanda de amparo.
La estimación del primer motivo de amparo haría innecesario entrar en el examen del 
resto de los motivos de amparo que cuestionan las decisiones aquí impugnadas desde 
otros ángulos, como la infracción del principio de doble incriminación, el riesgo de tratos 
inhumanos o degradantes, o la existencia de causas extintivas de la responsabilidad 
penal en el país de origen, o en las vulneraciones que se atribuyen a la providencia por 
la que se inadmitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones.
Por lo expuesto, el Ministerio Fiscal interesa del Tribunal Constitucional que dicte 
sentencia con el siguiente pronunciamiento: a) estimar el recurso de amparo interpuesto 
por don Carlos Aires da Fonseca Panzo; b) restablecer los derechos vulnerados y, en 
consecuencia, reconocer sus derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) en conexión con sus derechos a la 
libertad personal (art. 17.1 CE) y a la libertad de residencia y circulación (art. 19 CE); c) 
anular el auto dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el 
recurso de súplica núm. 50-2020 con fecha 28 de septiembre de 2020, por el que se 
dispuso  haber  lugar  a  la  extradición  a  Angola  del  demandante  de  amparo,  y  la 
providencia dictada por igual órgano en ese mismo procedimiento con fecha 21 de 
octubre de 2020, por la que se inadmitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones 
entablado contra aquel auto.
8.  Por providencia de 8 de julio de 2021 se señaló para la deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 12 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso.
La demanda de amparo se dirige contra la providencia de 21 de octubre de 2020, por 
la que se inadmite a trámite el incidente de nulidad de actuaciones contra el auto de 28 
de septiembre de 2020 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que 
estima el recurso de súplica del Ministerio Fiscal presentado contra el auto de 29 de julio 
de 2020, dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 
en el que se autoriza en fase jurisdiccional la extradición a Angola de don Carlos Aires 
da Fonseca Panzo para su enjuiciamiento por hechos que podrían ser constitutivos de 
delito de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La imputación, en síntesis, consiste en que don Carlos Aires da Fonseca Panzo 
recibió el 30 de junio de 2017, por transferencia bancaria, en su cuenta núm. 313.3310, 
domiciliada en el banco suizo Julius Bär & Co., S.A., la cantidad de 3 299 852 $ realizada 
por la empresa Norberto Odebrecth, S.A. Se indicaba que el reclamado no tiene ingresos 
que puedan justificar esa cantidad de dinero. Igualmente se mencionaba en la demanda 
de extradición que el reclamado posee las cuentas bancarias núms. 0987970 y 0994300 
domiciliadas en el banco suizo Banque Héritage, S.A., que parecen estar relacionadas 
con las actividades ilegales mencionadas. El recurrente fue de 2016 a 2017 director 
ejecutivo  del  Banco  de  Desarrollo  de  Angola  y,  por  último,  secretario  de  asuntos 
económicos del Presidente de la República.
La demanda de amparo sostiene  que las  dos resoluciones judiciales objeto de 
impugnación han incurrido en vulneración de los derechos fundamentales a la tutela 
judicial efectiva y a un proceso justo (art. 24.1 y 2 CE), a la libertad personal (art. 17.1  es
CE), a la libertad de residencia y circulación (art. 19 CE), a no sufrir trato inhumano o  bo
degradante (art. 15 CE), del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), del principio  031ww
(araecrsuto.s lau2tco4ior.i2no e Cys :Ed)e l edne rseicehteo  dmeo tdiveofesn sqau e(,a rte. n2 4s.í2n teCsEis),,  yv iednee lna  par edseucnicr ióqnu ed e einn ocdeicnhcaias   OE-A-2021-13able en https://
(i)  Se concede la extradición con base en un título jurídico, el «relatorio final» 
presentado  por  la  fiscalía  angoleña  en  la  causa  penal,  insuficiente  y  carente  de 
legitimidad  en  términos  constitucionales  para  justificar  la  privación  de  libertad  del 
reclamado y la restricción de los restantes derechos fundamentales invocados en la 
demanda.
(ii)  No se toma en consideración el riesgo de que el demandante de amparo sufra 
trato inhumano y degradante en las prisiones angoleñas.
(iii)  Se ha dejado imprejuzgada la cuestión de si los hechos que se le imputan caen 
dentro del ámbito de aplicación de la Ley Angoleña núm. 11/2016, de 12 de agosto, de 
amnistía.
(iv)  Se realiza una subsunción irrazonable, ilógica e imprevisible de los hechos 
extradicionales en los delitos de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales según la 
legislación española, afectando al principio de doble incriminación.
(v)  Se ha reconstruido por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 
el  relato  de  hechos  extradicionales,  creando  uno  diferente  al  existente  en  la 
documentación remitida por el Estado requirente, y haciendo encajar dicho distinto relato 
en los tipos penales existentes en nuestro ordenamiento.
(vi)  Se ha agravado la situación del recurrente en la segunda instancia sin haberse 
observado las garantías de inmediación y contradicción que deben presidir la valoración 
probatoria y sin haber sido oído al encausado.
(vii)  Se ha inadmitido a trámite, de manera inmotivada, el incidente de nulidad de 
actuaciones contra el auto que resuelve el recurso de súplica.
El fiscal ante el Tribunal Constitucional, tal y como ha quedado expuesto en el 
correspondiente  antecedente,  solicita  que  se  otorgue  el  amparo  porque  el  órgano 
competente para formular las demandas de extradición de la República de Angola no 
cumple los estándares de independencia del poder ejecutivo que exige la jurisprudencia 
constitucional,  y  porque  el  título  jurídico  que  sirve  de  sustento  a  la  pretensión  de 
extradición no constituye sino un acto de parte, enderezado únicamente al impulso del 
procedimiento, sin que pueda apreciarse en él una valoración objetiva e imparcial de las 
pruebas, ni clase alguna de homologación judicial.
2.  Especial trascendencia constitucional.
La demanda de amparo cuestiona que una solicitud de extradición no respaldada en 
una  orden  judicial  de  detención  o  prisión  pueda  ser  acogida  sin  incurrir  en  las 
vulneraciones constitucionales que denuncia, situación que entiende se ha producido en 
tanto que la fiscalía angoleña no es independiente, en el ejercicio de la acción penal, 
respecto del poder ejecutivo, y el «relatorio final» en que se apoya la fiscalía angoleña no 
es equivalente funcional de un auto de prisión o de procesamiento.
Este objeto, referido a las condiciones que ha de reunir el título jurídico transmitido 
por las autoridades del país reclamante junto con su demanda extradicional para que 
pueda ser considerado legítimo y suficiente en orden a justificar una decisión de entrega, 
fue abordado en la STC 147/2020, de 19 de octubre. Pero esta sentencia fue publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» con posterioridad a la fecha de presentación de la 
demanda de amparo.
Alegada como motivo de especial trascendencia constitucional por el recurrente que 
la demanda plantea un problema referido a un derecho fundamental sobre el que no 
existe jurisprudencia constitucional, la publicación en el boletín es el último momento  s
procesal que debe tenerse en cuenta para resolver sobre la apreciación de la especial  oe.
1tlloor4a sq8s auc/2eue0nt od1dso5e t,n9a 1c7 d2i/a2e/ 20 e02cs10op6,ne  s9yct8 iiat1/u2l3 c0t9ri2oa/20ns0,ac 1el9 8n9f)d/u.2e n0Mnd2cáa0iasd,   a1cr eo0cn0eis/en2tn i0ttu2eec0msi toeeyn  na1tmel0 a,1o  /etl2aisv0 tod2a e0 dm,( SotaocSndtTrdoinCasa,   d yh5e la6 o1 / 2sd80ie dd1coe3l a ,r sreaei1tmpe7troi0aes/dm2 aa0b  1lreoe3ns,,     2021-13031n https://www.
efectos  de  la  sentencia  de  la  Sección  Tercera  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos
Humanos  de  20  de  enero  de  2015,  asunto  Arribas  Antón  c.  España,  §  37,  para
explicitar la aplicación al caso de la especial trascendencia constitucional «con el fin de 
garantizar una buena administración de justicia» y hacer «recognoscibles los criterios de 
aplicación empleados al respecto» (STC 9/2015, de 2 de febrero, FJ 3).
3.  Doctrina constitucional de la STC 147/2020, de 19 de octubre.
Como se acaba de mencionar, un asunto similar al presente fue abordado por la 
STC 147/2020, de 19 de octubre. Parte esta sentencia de que en el ámbito de la 
extradición pasiva el derecho a la libertad no solo está comprometido por lo que respecta 
a la condena a una sanción penal o al cumplimiento de una pena de reclusión en el 
Estado requirente, sino asimismo por lo que se refiere a impedir la permanencia en 
territorio español de un extranjero mediante su traslado forzoso a la frontera y entrega a 
las autoridades reclamantes (STC 141/1998, FJ 6), y atendiendo al canon de motivación 
reforzado, dicho derecho fundamental «se conecta con otros derechos fundamentales: 
con el derecho a la libertad (art. 17 CE) y con el derecho a la libertad de residencia y de 
entrada y salida del territorio del Estado (art. 19 CE), puesto que la declaración de 
procedencia de la extradición tendría efectos en el derecho del recurrente a permanecer 
en España y, como eventual consecuencia, el cumplimiento de una pena privativa de 
libertad (SSTC 242/1994, de 20 de julio, FJ 4; 203/1997, de 25 de noviembre, FJ 3 y 5; 
147/1999, de 4 de agosto, FJ 3)» [STC 87/2000, de 27 de marzo, FJ 5].
El cumplimiento de este canon de motivación reforzada obliga a un escrutinio previo 
de la solicitud de extradición y de su justificación documental para comprobar si se 
sustenta en decisiones o actos que hayan sido adoptados de una forma respetuosa con 
las  garantías  procesales  y  tras  una  ponderación  adecuada  de  su  necesidad  y 
proporcionalidad  para  realizar  los  fines  de  la  extradición  y  en  un  caso  como  este 
asegurar la presencia del extraditurus en el juicio, pues solo a partir de ese análisis será 
posible que los tribunales de nuestro país puedan exteriorizar de un modo adecuado las 
razones justificativas de sus propias decisiones desde la perspectiva de la incidencia 
limitadora que los derechos fundamentales tienen sobre el ejercicio de la potestad de 
extraditar (SSTC 292/2005, de 10 de noviembre, FJ 2, y 140/2007, de 4 de junio, FJ 3, y 
ATC 412/2004, de 2 de noviembre, FJ 5).
El análisis ha de extenderse necesariamente a las condiciones de objetividad e 
imparcialidad de la autoridad cuya decisión se halla en el origen del procedimiento de 
auxilio judicial internacional, procedimiento que al tener por objeto el desplazamiento 
internacional del reclamado, debe garantizarle como mínimo una valoración imparcial de 
las pruebas disponibles, tanto de cargo como de descargo, y una ponderación de la 
necesidad de su entrega para la realización de los fines procesales esgrimidos pues 
conforme a reiterada jurisprudencia constitucional (por todas, SSTC 227/2001, de 26 de 
noviembre, FJ 4, y 156/2002, de 23 de julio, FJ 3) este tribunal no es el juez de la 
extradición, sino el órgano de control del juez de la extradición en materia de garantías 
constitucionales comprobando si en el procedimiento previo a la decisión que la autoriza 
se ha lesionado algún derecho fundamental constitucionalmente protegido.
Seguidamente la STC 147/2020, de 19 de octubre, analiza la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en concreto las sentencias de la Gran Sala del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de mayo de 2019, asuntos OG y PI 
(Fiscalías de Lübeck y Zwickau) (C-508/18 y C-82/19 PPU, EU:C:2019:456) y PF (Fiscal 
general de Lituania) (C-509/18, EU:C:2019:457), y las sentencias de su Sala Primera 
de 12 de diciembre de 2019, asuntos JR e YC (Fiscal de Francia) (C-566/19 PPU y 
C-626/19  PPU,  EU:C:2019:1077);  XD  (Ministerio  Fiscal  de  Suecia)  (C-625/19  PPU,  e
EU:C:2019:1078), y ZB (Fiscal de Bruselas) (C-627/19 PPU, EU:C:2019:1079), algunas  bo
de las cuales se invocan en la demanda de amparo. 031ww
comEos tlaas e rmesisoiólunc iodnee us nrae fioerrdeenn  ladse  edxeigteenncciióans  eduer otupteeala,  pquueed gee naefercat a«ru naal  dmeeredcidhao  qau ela, 
Dlibeerretcahdo sd e Fluan dpaemrseonntaa leesn  cduee sltaió nU, ncioónns aEgurarodpoe ae»n  e(Jl Ra rteíc uYloC 6,  Fdeis claal  Cdaer taF rdaen clioas, 
apartado 68), establecida en una Decisión marco que «forma parte de un sistema global
de garantías inherentes a la tutela judicial efectiva establecidas por otras normas de la 
Unión,  adoptadas  en  el  ámbito  de  la  cooperación  judicial  en  materia  penal  y  que 
contribuyen a facilitar el ejercicio de sus derechos a la persona buscada sobre la base de 
una  orden  de  detención  europea,  incluso  antes  de  su  entrega  al  Estado  miembro 
emisor» (XD, Ministerio Fiscal de Suecia, apartado 54).
El  tribunal  exige  que  «se  adopte  una  resolución  conforme  con  las  exigencias 
inherentes a la tutela judicial efectiva, cuando menos en uno de los dos niveles de dicha 
protección». En el primer nivel, la tutela judicial se basa en un procedimiento nacional 
sujeto a control judicial en el que la persona objeto de la orden ha disfrutado de todas las 
garantías propias de la adopción de este tipo de resoluciones, en particular de las 
derivadas de los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales a los 
que hace referencia el artículo 1, apartado 3 de la Decisión marco 2002/584.
En  el  segundo  nivel  la  tutela  la  confiere  la  autoridad  emisora  de  la  orden  de 
detención europea, al controlar los requisitos necesarios para dicha emisión y valorar si, 
teniendo en cuenta las particularidades del caso concreto, dicha emisión tiene carácter 
proporcionado. Para satisfacer este segundo nivel de garantía la autoridad emisora debe 
estar en condiciones de ejercer esa función con objetividad, teniendo en cuenta todas las 
pruebas de cargo y de descargo, y sin estar expuesta al riesgo de que su potestad 
decisoria  sea  objeto  de  órdenes  o  instrucciones  externas,  en  particular  del  poder 
ejecutivo. En el caso de que esa autoridad, en virtud del derecho del Estado emisor, no 
sea un juez o tribunal, la decisión de emitir dicha orden de detención y en particular la 
proporcionalidad de esa decisión, debe poder ser objeto de un recurso judicial en el 
Estado miembro que satisfaga las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera por ello que la autoridad 
designada  por  el  Derecho  interno  para  expedir  la  orden  europea  de  detención  no 
necesariamente ha de ser un juez o tribunal, admitiendo otro tipo de autoridad siempre 
que reúna las siguientes condiciones: (i) que se trate de una autoridad que participe en la 
administración de la justicia penal, lo que excluye ministerios y servicios de policía que 
forman parte del poder ejecutivo, pero permite incluir a un fiscal que tenga competencia 
en el marco del procedimiento penal para ejercer la acción penal contra una persona 
sospechosa de haber cometido un delito a fin de que sea llevada ante un tribunal; (ii) que 
se  trate  de  una  autoridad  independiente,  no  sometida  a  órdenes  o  instrucciones 
externas, en particular del poder ejecutivo, y que esté en condiciones de ejercer su 
función con objetividad, esto es, teniendo en cuenta todas las pruebas de cargo y de 
descargo; y (iii), por último, pero no menos importante, que su decisión esté sometida a 
control judicial en cuanto al cumplimiento de los requisitos de su emisión y, en particular, 
de su proporcionalidad (OG y PI, Fiscalías de Lübeck y Zwickau, apartado 75), control 
que  puede  ser  previo,  simultáneo  o  posterior  (XD,  Ministerio  Fiscal  de  Suecia, 
apartado 52) y que solo se relativiza cuando la orden de detención europea tiene por 
objeto la ejecución de una pena, porque en tal caso «su proporcionalidad resulta de la 
condena impuesta» (ZB, Fiscal de Bruselas, apartado 38).
Hay que añadir que en la reciente sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea el 10 de marzo de 2021, en el asunto C648/20 PPU, 
EU:C:2021:187, este último criterio ha sido aún más matizado, al establecerse que «las 
exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva de la que debe gozar una persona 
contra la que se haya dictado una orden de detención europea para el ejercicio de 
acciones penales no se cumplen cuando tanto la orden de detención europea como la 
resolución judicial sobre la que se fundamenta han sido dictadas por un fiscal que puede  s
calificarse de ‘autoridad judicial emisora’, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de  oe.
dicha Decisión Marco, pero no pueden ser objeto de un control judicial en el Estado  w.
miembro emisor antes de la entrega de la persona buscada por el Estado miembro de  031ww
ejecDucei óens»to.s antecedentes, que no se alejan del canon que ha configurado este tribunal
deen  d1e9f ednesa  odcetul bdreer,e cqhuoe  an loa  lhibaeyr tagda rdaen tlíaas  epfeercstoivnaa sd, esl ed ceornecclhuoy ea e nla  lali bSeTrCta d1 4s7in/2 0u2n0a,   BOE-A-cable e
mediación judicial que controle la necesidad y proporcionalidad de la medida que la 
afecte, y que la posible intervención de cualquier otra autoridad pública a la que el 
derecho  interno  del  Estado  miembro  atribuya  una  participación  significativa  en  la 
administración de la justicia penal del país, como puede ser el caso de determinadas 
fiscalías en función de las atribuciones procesales que les confiera el derecho nacional, 
demandará en todo caso la inexcusable concurrencia de una autoridad judicial incluso en 
aquellos  casos  en  que  sea  incuestionable  su  independencia  estructural  del  poder 
ejecutivo.
4.  Aplicación del canon de motivación reforzada.
En el marco normativo vigente en la República de Angola, la Procuraduría General 
de la República, a la que corresponde la formulación de las peticiones de extradición, es 
definida por la Ley 22/2012, de 14 de agosto, de la Procuraduría General de la República 
y del Ministerio Público, en su artículo 1.1, como un organismo del Estado con una 
función de representación del Estado, especialmente en el ejercicio de la acción penal, 
de defensa de los derechos de otras personas físicas y jurídicas, de defensa de la 
legalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional y de fiscalización de la legalidad en la 
fase de instrucción preparatoria de los procesos y en lo que afecta al cumplimiento de las 
penas. El artículo 8.3 de la citada ley añade que el procurador general de la República 
recibe  instrucciones  directas  del  presidente  de  la  República,  en  el  ámbito  de  la 
representación del Estado por la Procuraduría General de la República, es decir, en el 
ejercicio de la acción penal. En tales circunstancias, como apunta el ministerio fiscal, no 
parece posible entender que en el órgano competente para formular las demandas de 
extradición de la República de Angola se cumplan los estándares de independencia del 
poder ejecutivo a que hemos hecho referencia anteriormente.
Por  otro  lado,  la  petición  de  extradición  se  funda  en  un  «relatorio  final»  de  la 
Dirección Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la Procuraduría 
General  de  la  República  de  Angola,  que  es  únicamente  un  acto  de  impulso  del 
procedimiento, dictado sin ningún control por parte de la autoridad judicial, lo que impide 
que pueda considerarse equiparable al auto de procesamiento a que se refiere el art. 7.1 
a) LEP.
Las resoluciones judiciales impugnadas en el presente recurso de amparo al aceptar 
de las autoridades angoleñas, como soporte de la demanda extradicional, un escrito del 
fiscal carente de genuino refrendo judicial, han incurrido en un déficit de tutela del 
derecho a la libertad del reclamado.
5.  Conclusión.
Las resoluciones judiciales impugnadas incurren por tal razón en vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva por incumplimiento del canon de motivación reforzada 
(art. 24.1 CE) y del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) en 
conexión con los derechos fundamentales a la libertad personal (art. 17.1 CE) y a la 
libertad de residencia y circulación (art. 19 CE) del reclamado internacionalmente.
La vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y al proceso con todas las 
garantías conduce, en este caso, a la anulación de los autos de la Audiencia Nacional 
dado que la misma se origina en una falta de ponderación de la incidencia que la 
decisión de extraditar tiene en el contenido constitucionalmente protegido del derecho a 
la libertad del extraditurus y en la inexistencia de un juicio de necesidad judicialmente 
homologado en el país reclamante. e.
Este pronunciamiento anulatorio hace innecesario entrar en el examen del resto de  w.
los motivos de amparo que cuestionan dichas decisiones desde otros ángulos como la  031ww
ninafrcaiocnciaóln,  ldae le xpirsitnecnipciioa   ddee  dmoobtliev oisn cpriomlíitnicaocsió no,  lfara updrouhleibnitcoiós n od ee l lar ieesxgtora ddicei óntr adtoesl 
inhumanos o degradantes.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Carlos Aires da Fonseca Panzo, y, 
en su virtud:
1.º  Anular el auto de 28 de septiembre de 2020, dictado por el Pleno de la Sala de 
lo Penal de la Audiencia Nacional, y la providencia de 21 de octubre de 2020, dictada por 
la misma Sala.
2.º  Restablecer  los  derechos  vulnerados  y,  en  consecuencia,  reconocer  sus 
derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE) en conexión con sus derechos a la libertad personal (art. 17.1 CE) y a la 
libertad de residencia y circulación (art. 19 CE) invocados por el recurrente.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a doce de julio de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–
Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  Melgar.–
Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.