BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59  Miércoles 10 de marzo de 2021  Sec. I.   Pág. 27628
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
3700 Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1224/2009,  de  17  de  julio,  de  reconocimiento  de  las  competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral.
A la hora de analizar la situación actual del mercado de trabajo en España, que se ha 
visto golpeado por las medidas extraordinarias tomadas para hacer frente a la pandemia 
de COVID-19, es destacable el hecho de que del total de los casi 23 millones de españoles 
que conforman la población activa de nuestro país, 11.043.300 personas, equivalente a 
un 48,02 %, tienen un nivel de formación que no les capacita profesionalmente (o carece 
de documentos oficiales que lo acrediten). Esto hace que algunos profesionales españoles, 
especialmente de aquellos sectores productivos con una regulación total o parcial de 
actividad, pierdan empleabilidad debido a la falta de acreditación de sus competencias 
profesionales, al ser esta acreditación (generalmente carnés profesionales) un requisito 
específico para la certificación de trabajos realizados.
El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) estima 
en el horizonte de España del año 2030 una población activa total de 21.377.300, con un 
descenso de un 7,2 % respecto de la actual. Se aprecia también un serio desajuste entre 
los niveles de cualificación previstos para España en el año 2030, y los que tendría la 
Unión Europea que, dado que en esa fecha estaremos ante una globalización general del 
mercado de trabajo, y con independencia del efecto corrector que correspondiera a los 
sectores productivos y de prestación de servicios de cada país, evidencian un desequilibrio 
en el caso español, con un exceso de personas con un bajo nivel de cualificación (30 % en 
España frente al 15 % de la Unión Europea) y una necesidad de incrementar, al menos 
en 10 puntos porcentuales, el número de ciudadanos con un nivel medio de cualificación 
(32 % en España frente al 45 % de la Unión Europea).
En este marco, también es importante destacar que, desde la implantación del 
procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral en España, en 2009, las administraciones educativas y laborales han 
realizado 231 convocatorias, con un total de 266.646 plazas para diferentes unidades de 
competencia incluidas en las Cualificaciones Profesionales del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. Si se compara con la cifra ya identificada de 11 millones de 
personas sin acreditación de su cualificación profesional, este procedimiento ha llegado 
al 2,42 % de los potenciales beneficiarios del mismo en 10 años.
Por tanto, la formación y acreditación en el ámbito profesional es un elemento crítico 
para la empleabilidad de los ciudadanos y ha sido, entre otras, una de las causas de la 
mayor incidencia que la crisis económica y financiera tuvo en España, en términos de 
empleo, y, previsiblemente, será también un elemento fundamental para la recuperación 
de la nueva crisis generada por la pandemia COVID-19.
A fin de crear un ecosistema de relanzamiento económico desde la apuesta por el 
capital humano y el talento, se aprobó recientemente el Plan de Modernización de la 
Formación Profesional, que tiene entre sus principios la generalización de los procedimientos 
de reconocimiento y acreditación de la competencia profesional de la población activa, en  s
particular de las personas expulsadas del mercado laboral durante la crisis COVID-19. oe.
En este contexto, y con el objetivo de proporcionar por un lado respuestas oportunas  w.
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para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las
personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación mediante 
su publicación, flexibilizando el procedimiento para hacer posible la realización de los 
objetivos establecidos en el Plan de Modernización de la Formación Profesional.
Este real decreto tiene en cuenta el marco de distribución de competencias en la 
materia, y así contempla un conjunto de disposiciones que podrán ser aplicadas por las 
administraciones públicas competentes, respetando en todo caso las competencias propias 
las comunidades autónomas y las necesidades de adaptación a sus respectivos territorios.
El presente real decreto se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. En concreto, es acorde con los principios de necesidad y 
eficacia, ya que la norma proyectada se basa en una identificación clara de los fines 
perseguidos y es el instrumento más adecuado para garantizar su consecución; con el 
principio de proporcionalidad, ya que la norma contiene la regulación imprescindible para 
atender la necesidad a cubrir, pues no implica restricciones de derechos ni impone nuevas 
obligaciones a sus destinatarios; con el principio de seguridad jurídica, ya que la norma 
contribuye a reforzar dicho principio, pues, además de ser coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico, favorece la certidumbre y claridad del mismo; con el principio de 
transparencia, ya que se ha ofrecido a los potenciales destinatarios la posibilidad de participar 
en la elaboración de la norma, incluyendo el acceso a los documentos propios de su proceso 
de elaboración, y al hecho de que la norma define claramente sus objetivos, reflejados en su 
preámbulo y en la memoria que lo acompaña; y es coherente con el principio de eficiencia, en 
tanto que persigue el interés general, dado que adapta el marco procedimental que pueden 
iniciar los ciudadanos interesados en obtener la evaluación y acreditación de sus competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación 
al contexto actual y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos.
Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1, 1.ª, 7.ª y 30.ª de la Constitución, 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 
y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; la legislación laboral; y la regulación 
de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y 
profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin 
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las 
comunidades autónomas, ha emitido dictamen el Consejo Escolar del Estado y han 
informado el Consejo General de la Formación Profesional y el Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública, según lo previsto en el artículo 26.5 párrafo sexto de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Formación Profesional, con la 
aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, oído el Consejo 
de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de marzo 
de 2021,
DISPONGO:
Artículo único.  Modificación del Real Decreto  1224/2009, de  17 de julio, de 
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral, queda redactado en los siguientes términos:
Uno.  Se modifican los apartados 1, 2, 3, 4 y 7 del artículo 10, con la redacción siguiente: o
«1.  Las administraciones competentes mantendrán abierto un procedimiento de  00ww
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autónoma vinculada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.
2.  Las administraciones competentes garantizarán el inicio del procedimiento 
para cada ciudadano de acuerdo con los plazos previstos en el artículo 21 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. El plazo máximo para resolver será de seis meses desde 
que la solicitud tenga entrada en el registro electrónico de la administración 
competente para su tramitación. En caso de que no se dicte resolución expresa en 
plazo, la solicitud presentada se entenderá desestimada por silencio administrativo.
3.  Las administraciones competentes, en colaboración con los interlocutores 
sociales, promoverán la máxima difusión del procedimiento, así como la información 
y orientación a las que se refiere el artículo 8, al menos en los centros educativos 
que imparten enseñanzas de Formación Profesional, los Centros de Educación para 
Personas Adultas, centros autorizados para impartir Formación profesional para el 
empleo y en las Oficinas de Empleo.
4.  Las administraciones competentes darán publicidad a:
a)  Los lugares y medios para formalizar las inscripciones.
b)  Los centros en los que se desarrollará el procedimiento en función del 
sector productivo al que estén asociadas las unidades de competencia que se van 
a acreditar.
c)  El procedimiento y los plazos para presentar reclamaciones al resultado de 
la evaluación de las unidades de competencia.
7.  Para el eficaz acceso de las personas que están trabajando a los procesos 
de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través 
de la experiencia laboral y de otros aprendizajes no formales, se podrán utilizar los 
permisos individuales de formación, de acuerdo con lo que establezca el Ministerio 
de  Trabajo  y  Economía  Social  en  desarrollo  del  artículo  29  del  Real 
Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo en el ámbito laboral.»
Dos.  Se modifican los apartados 1.c).1) y 2) y 1.d) del artículo 11, con la redacción 
siguiente:
«c)  Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con las competencias 
profesionales que se quieren acreditar:
1)  En el caso de experiencia laboral. Justificar, al menos 3 años, con un mínimo 
de 2.000 horas trabajadas en total, en los últimos 15 años transcurridos antes de la 
presentación de la solicitud. Para las unidades de competencia de nivel I, se requerirán 2 
años de experiencia laboral con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total.
2)  En el caso de formación. Justificar, al menos 300 horas, en los últimos 10 
años transcurridos antes de la presentación de la solicitud. Para las unidades de 
competencia de nivel I, se requerirán al menos 200 horas. En los casos en los que 
los módulos formativos asociados a la unidad de competencia que se pretende 
acreditar contemplen una duración inferior, se deberán acreditar las horas 
establecidas en dichos módulos.
d)  En los casos en que las unidades de competencia profesional que se van a 
valorar cuenten, por su naturaleza, con requisitos adicionales, poseer documento 
justificativo de cumplir con dichos requisitos.» s
Tres.  Se modifica el artículo 19, con la redacción siguiente: b
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Formación Profesional, con la finalidad, en su caso, de completar la formación
conducente a la obtención del correspondiente título de formación profesional o  Bc
certificado de profesionalidad.
La administración competente reconocerá las unidades de competencia 
acreditadas, que surtirán los siguientes efectos.
a)  Convalidación de los módulos profesionales correspondientes, según la 
normativa vigente, y que se establece en cada uno de los títulos.
b)  Exención de los módulos formativos asociados a las unidades de 
competencia de los certificados de profesionalidad, según la normativa vigente, y 
que se establece en cada uno de los certificados.»
Cuatro.  Se modifica el artículo 25, con la redacción siguiente:
«1.  Los requisitos que deberán concurrir en todo caso para obtener de las 
administraciones competentes la habilitación para ejercer las funciones de 
asesoramiento y/o evaluación son los que se indican a continuación según los 
perfiles profesionales que se distinguen:
a)  El Profesorado perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos, Profesores de 
enseñanza secundaria o Profesores Técnicos de formación profesional con 
atribución docente en la familia profesional correspondiente, deberá acreditar al 
menos cuatro años de experiencia docente impartiendo módulos profesionales 
asociados a cualificaciones profesionales de dicha familia.
b)  Los formadores y formadoras de formación profesional, deberán acreditar 
una experiencia docente de al menos cuatro años impartiendo módulos formativos 
asociados a cualificaciones profesionales cuyas unidades de competencia son 
objeto de acreditación.
c)  Los profesionales expertos en el sector productivo y en las cualificaciones 
profesionales cuyas unidades de competencia sean objeto de acreditación deberán 
acreditar una experiencia laboral en dicho sector de al menos cuatro años. Estos 
profesionales deberán, asimismo, superar un curso de formación específica 
organizado o supervisado por las administraciones competentes.
d)  Los profesionales de los perfiles a) y b) anteriores cuando cuenten al menos 
con experiencia docente de dos años impartiendo módulos profesionales o 
formativos  asociados  a  cualificaciones  profesionales  cuyas  unidades  de 
competencia sean objeto de acreditación deberán acreditar, al menos, dos años de 
experiencia laboral en el sector productivo y en las cualificaciones profesionales 
cuyas unidades de competencia sean objeto de acreditación.
2.  Las administraciones competentes podrán convocar cursos de formación 
específica que faciliten la evaluación de determinadas unidades de competencia. Los 
contenidos del curso tomarán como referente lo establecido en los anexos IV y V.
3.  Las personas designadas por las administraciones competentes podrán 
intervenir en el procedimiento tanto en calidad de asesores como de evaluadores, no 
pudiendo asumir el asesoramiento y la evaluación en el caso de un mismo candidato.»
Cinco.  Se modifica el artículo 26, con la redacción siguiente:
«En cada ámbito territorial, las administraciones responsables del procedimiento 
nombrarán las comisiones de evaluación de las diferentes especialidades o Familias 
Profesionales necesarias para atender al procedimiento en aquellas unidades de 
competencia solicitadas por los candidatos. Las administraciones responsables 
garantizarán la adecuación de estas comisiones a las necesidades que en cada 
momento del procedimiento abierto se produzcan.» s
Seis.  Se modifican los apartados 1 y 5 del artículo 27, con la redacción siguiente: b
pcoamra«o 1e v.v oCaclauadalears:  c.u oSnmea i gsqiaóurnea  neotsiszttaaerrnáát  afloarrá mp rlaaed spaer nepcsoiiard  uednne c meiavín,a ilomutaroad  doleare  cssie ntcacrone tptoae drríesaol  ysn eaacslt  oamrc efroenrdomistaa tdtrieavoss    2021-3700n https://ww
como del productivo. Excepcionalmente, las administraciones competentes podrán
adaptar la composición y funcionamiento de las comisiones de evaluación con el fin  Bc
de garantizar la eficacia del procedimiento.
5.  A la constitución de estas comisiones les será de aplicación, en aquello que 
proceda, lo establecido en materia de órganos colegidos en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.»
Siete.  Se modifica el artículo 29, con la redacción siguiente:
«1.  Los centros públicos que imparten enseñanzas de formación profesional 
del sistema educativo, los centros integrados públicos de formación profesional y los 
Centros de Referencia Nacional quedan autorizados para desarrollar las distintas 
fases del procedimiento en los términos establecidos en el presente real decreto.
2.  Los centros integrados de formación profesional privados concertados 
podrán ser autorizados por la administración competente en cada ámbito territorial 
para desarrollar las distintas fases.
3.  Cuando sea necesario, la administración competente podrá determinar otras 
sedes para la realización de algunas de las fases, que cederán sus instalaciones y 
servicios. A estos efectos, podrán utilizarse otros centros que imparten formación 
profesional u otros espacios ubicados fuera de los centros docentes cuando se 
considere adecuado. En estos casos, la administración competente podrá suscribir 
convenios con empresas u otras entidades públicas o privadas.»
Disposición transitoria única.  Procedimientos iniciados con anterioridad.
Las administraciones competentes finalizarán los procedimientos iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto de acuerdo con la normativa 
vigente en el momento en el que se iniciaron. No obstante, podrán acogerse a la regulación 
establecida en este real decreto si se considera que esta última es más favorable a los 
intereses de los ciudadanos.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 9 de marzo de 2021.
FELIPE R.
La Ministra de Educación y Formación Profesional,
MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ