BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 64 Miércoles 16 de marzo de 2022 Sec. V-B.  Pág. 12730
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
8218 Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Subdelegación del Gobierno
en Córdoba, de finalización y archivo de procedimientos sancionadores.
Vistos los procedimientos sancionadores que figuran relacionados en el Anexo
de la presente resolución y analizados los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.- Esta Subdelegación del Gobierno acordó iniciar los procedimientos
sancionadores objeto de la presente resolución, por incumplimiento de los
apartados 1, 3 o 5 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, de conformidad con las instrucciones
cursadas por el Ministro del Interior a las Delegaciones del Gobierno, en las que se
consideraba que el incumplimiento de tales preceptos constituía desobediencia a
las órdenes del Gobierno y su inobservancia subsumida dentro de la infracción
grave del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección
de la Seguridad Ciudadana.
Y teniendo en cuenta los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 32.1.c) de la Ley Orgánica 4/2015,
de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, la competencia para la
resolución de procedimientos administrativos sancionadores por infracciones
graves corresponde al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, competencia que fue delegada, para los hechos ocurridos en la
provincia, en la Subdelegada del Gobierno en Córdoba por resolución de 21 de
septiembre de 2015, relativa a la delegación de competencias en materia
sancionadora sobre seguridad ciudadana (B.O.E. de 25 de septiembre de 2015).
SEGUNDO.- El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone
que ‘El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquier que
haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte,
su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión,
siempre que sea el mismo órgano que deba tramitar y resolver el procedimiento.
Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno’.
TERCERO.- La Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, número 148/
2021, de 14 de julio, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad nº
2054-2020 interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y ha declarado inconstitucionales y nulos s
los apartados 1, 3 y 5 de su artículo 7, con el alcance y efectos señalados por la e.
propia sentencia. w.
del CPUroAcRedTiOm.i-e Dneto a Acudemrdinoi sctorant ievlo a Crtíocmulúon 8 9d.e1  ldaes  laA dLmeyin 3is9t/r2a0c1io5n, edse  1P údbel ioccatsu b‘’rEel,
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cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre
alguna de las siguientes circunstancias:
c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción
administrativa’’.
En consecuencia con todo lo anterior, vistos los antecedentes y fundamentos
mencionados y en uso de las facultades conferidas,
RESUELVO
PRIMERO.- Acordar la acumulación de los procedimientos sancionadores que
figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución.
SEGUNDO.- Declarar finalizados los procedimientos sancionadores que
figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución, con archivo de las
actuaciones seguidas en los mismos.
TERCERO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial del Estado de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, al apreciar razones de interés público.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa por lo que, de
acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe
interponer recurso de Alzada ante el Ministro del Interior, en el plazo máximo de
UN MES contado desde el día siguiente a aquél en que se publique la presente
resolución.
Expediente/Año Identificador Infractor
2108/2020 30976345Z
2148/2020 47442012G
2164/2020 25730381M
2165/2020 30815193T
2204/2020 26826697A
2258/2020 46267810K
2261/2020 31892025H
2270/2020 45745510M
2273/2020 46269274J
2290/2020 30944051N
2301/2020 30806148V
2467/2020 30982457P
2502/2020 50623529T
2584/2020 50604689C
2661/2020 26975757T
2673/2020 30957972H
2675/2020 80151901Y
2682/2020 45743087C es
2689/2020 80155694G o
2725/2020 30951365N ww.
22787585//22002200 3304800293624501JH 22-8218https://w
2964/2020 Y3545309B 20n 
2972/2020 26976293F
3016/2020 30966450D
3141/2020 75722762T
3275/2020 30509246E
3276/2020 34842482N
3278/2020 30829223T
3596/2020 30523900W
3979/2020 30959484N
4002/2020 31000686K
4454/2020 49833448S
4469/2020 46073274L
4553/2020 46265259T
4747/2020 X1418775C
9692/2020 30982979R
Córdoba, 8 de marzo de 2022.- El instructor, Antonio Luna Crespo.
ID: A220009149-1