BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 334 Miércoles 23 de diciembre de 2020 Sec. I.   Pág. 118874
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
16843 Real  Decreto  1163/2020,  de  22  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la 
concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias 
para financiar prestaciones básicas de servicios sociales a desarrollar por las 
entidades locales.
El artículo 1 del Real Decreto 452/2020 de 10 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se 
modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales, establece que corresponde a dicho 
Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de derechos 
sociales y bienestar social, de familia y de su diversidad, de protección del menor, de 
cohesión social y de atención a las personas dependientes o con discapacidad, de 
adolescencia y juventud, así como de protección a los animales.
Por su parte, el artículo 2.2 del citado Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, 
establece, entre otras funciones de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, la 
promoción  de  los  servicios  sociales  y  el  fomento  de  la  cooperación  con  las 
organizaciones no gubernamentales e impulso del voluntariado social; la protección y 
promoción de las familias y su diversidad y la infancia, así como la prevención de las 
situaciones de necesidad en las que estos colectivos pudieran incurrir, en el ámbito de 
las competencias constitucionalmente reservadas al Estado. Asimismo, añade en su 
artículo 4 que le corresponde a la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios 
Sociales, en el ámbito de las competencias constitucionalmente reservadas al Estado y 
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos, entre otras, el impulso, 
análisis, elaboración, coordinación y seguimiento de los planes, estrategias y programas 
de actuación en materia de servicios sociales de Tercer Sector de Acción Social, de 
voluntariado, de protección y promoción de las familias y su diversidad, sin perjuicio de 
las competencias de otros departamentos en la materia.
La promoción de los servicios sociales para atender a un mayor número de personas 
y  familias  en  situación  de  necesidad  se  sitúa,  por  tanto,  entre  las  prioridades  del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y requiere del establecimiento de una 
acción coordinada, complementaria y eficaz de todas las administraciones públicas y 
demás actores relevantes en este campo.
De ahí que sea necesario destinar los recursos existentes para reequilibrar las 
diferencias entre los diferentes territorios especialmente aquellos cuya población tiene 
mayores tasas de pobreza y exclusión social. La Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo con los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2019 tiene una tasa de 
riesgo de pobreza (AROPE) del 28,5 %, y a nivel nacional es del 20,7 %, es decir, casi 
ocho  puntos  porcentuales  superiores  a  la  media  nacional.  También  es  una  de  las 
comunidades autónomas en la que hay un mayor número de hogares que llegan a fin de 
mes con mucha dificultad, que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos y 
que tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda. Estos colectivos precisan 
de una asistencia social inmediata por parte de los poderes públicos, ante la insuficiencia  s
de recursos públicos y privados disponibles para su atención. oe.
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Autónoma de Canarias destinadas al reforzamiento de las prestaciones básicas de
servicios sociales, que se prorrogaron en 2019. Bc
Dado que se mantienen en la Comunidad Autónoma de Canarias las circunstancias 
sociales, económicas y demográficas planteadas, se considera acreditada la existencia 
de razones de interés público, social y humanitario que determinan la necesidad del 
otorgamiento de una subvención en régimen de concesión directa, en atención a la 
regulación contemplada en los artículos 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  General  de  Subvenciones,  y  en  el  artículo  67  del  Reglamento  de  la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  aprobado  por  Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  para  financiar  prestaciones  básicas  de  servicios 
sociales en la Comunidad Autónoma de Canarias, con el objeto de mejorar la situación y 
el bienestar social de las personas más desfavorecidas.
Este real decreto cumple con los principios de buena regulación recogidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Así, este real decreto se adecúa a los principios de necesidad y eficacia, en tanto 
que persigue un interés general al pretender mejorar las condiciones de vida de gran 
parte de la población que vive en la Comunidad Autónoma de Canarias en riesgo de 
pobreza o exclusión social y lo hace mediante la financiación de las prestaciones básicas 
de los servicios sociales.
Esta  norma  responde  al  principio  de  proporcionalidad,  puesto  que  contiene  la 
regulación imprescindible para garantizar la consecución de un marco estable para el 
sostenimiento económico y financiero de una serie de programas y actuaciones en 
materia de asistencia social en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.
La  norma  se  adecúa  al  principio  de  seguridad  jurídica,  por  cuanto  posibilita  la 
concesión  de  la  subvención  objeto  de  la  misma  con  pleno  respeto  al  marco  legal 
aplicable.
De la misma manera en aplicación del principio de transparencia se han definido 
claramente el alcance y objetivo de dicha subvención; y de acuerdo con el principio de 
eficiencia, se contribuye a la gestión racional de los recursos públicos existentes.
El presente real decreto ha sido informado por la Abogacía del Estado y por la 
Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de 
la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, previo informe del Ministerio de Hacienda, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de diciembre de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter 
excepcional y por razones de interés público, social y humanitario, en aplicación de lo 
previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en relación con lo establecido en el artículo 28, apartados 2 y 3, de dicha  e.
ley,  de  una  subvención  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  financiar  w.
prestaciones básicas de servicios sociales a desarrollar por los municipios integrantes de  843ww
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Artículo 2.  Régimen jurídico aplicable.
La presente subvención se regirá, además de por lo particularmente dispuesto en 
este  real  decreto  y  en  su  orden  ministerial  de  concesión,  por  lo  previsto  en  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, así como por lo 
previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y en las demás normas legales y reglamentarias que resulten de 
aplicación.
Artículo 3.  Procedimiento de concesión.
1.  La concesión de esta subvención se realizará mediante orden de la persona 
titular del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Dicha orden desarrollará las 
condiciones específicas de la concesión de la subvención.
2.  La subvención concedida será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional 
de  Subvenciones,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  20.4  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 6 del Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad 
de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Artículo 4.  Entidad beneficiaria de la subvención.
La entidad beneficiaria de esta subvención es la Comunidad Autónoma de Canarias 
que implementará y reforzará las actuaciones objeto de la subvención a través de los 
municipios integrantes de la Comunidad Autónoma de Canarias como colaboradores 
necesarios  de  la  comunidad  autónoma,  encomendándoles  la  puesta  en  marcha  y 
ejecución  de  las  prestaciones  básicas  de  servicios  sociales,  articulando  dicha 
colaboración mediante diferentes convenios, acuerdos y protocolos de intervención.
Artículo 5.  Obligaciones de la entidad beneficiaria.
La Comunidad Autónoma de Canarias estará sujeta a las obligaciones previstas en 
los artículos 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a las 
que se determinen específicamente en la orden de concesión.
Artículo 6.  Actuaciones a financiar y gastos subvencionables.
1.  Serán subvencionables, con cargo a la subvención, los gastos de personal y los 
gastos corrientes derivados de la ejecución de las siguientes actuaciones:
a)  La información y orientación que facilite el acceso equitativo a los recursos 
sociales,  así  como  el  asesoramiento  especializado  sobre  problemas  sociales  y  su 
canalización.
b)  La  ayuda  a  domicilio  para  la  prestación  de  una  serie  de  atenciones  a  los 
individuos o familias en su domicilio cuando se hallen en situaciones en las que no sea 
posible la realización de sus actividades habituales o se encuentren en situaciones de 
conflicto psicofamiliar. s
c)  La gestión y administración de los alojamientos alternativos en situaciones de  oe.
crisis personal o familiar que podrán ser de carácter temporal o indefinido de acuerdo a  w.
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implicación, participación y el fortalecimiento de las redes de una comunidad.
e)  Las actuaciones en materia de cooperación social y el fomento de la solidaridad a 
través de las actividades de colaboración con las asociaciones o grupos de iniciativa social.
f)  Las prestaciones y ayudas económicas como complemento a las prestaciones básicas.
2.  En ningún caso tendrán la consideración de gastos subvencionables los gastos 
en inversiones.
3.  El periodo de ejecución de las actuaciones subvencionadas comprenderá desde 
la notificación de la orden de concesión hasta el 31 de octubre de 2021.
Artículo 7.  Subcontratación.
Atendiendo a la naturaleza de los gastos, la entidad beneficiaria podrá llevar a cabo 
la subcontratación ajustándose a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 
noviembre,  y  en  el  artículo  68  de  su  Reglamento.  La  entidad  beneficiaria  podrá 
subcontratar hasta el cien por cien del importe de la actividad subvencionada.
Artículo 8.  Cuantía y financiación.
El importe máximo de la subvención será de doce millones de euros (12.000.000 €) y 
se financiará con cargo al presupuesto de gastos del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030.
Artículo 9.  Pago de la subvención.
1.  El pago de la subvención se efectuará una vez dictada la orden de concesión. 
Para la realización del pago no será necesaria la constitución de garantía alguna en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 42.2.a) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
Este pago tendrá el carácter de pago anticipado en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Con carácter previo a la ordenación del pago, la Comunidad Autónoma de 
Canarias deberá acreditar ante la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios 
Sociales de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 los siguientes extremos:
a)  No estar incursa en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para 
obtener la condición de entidad beneficiaria de la subvención. Esta circunstancia se 
acreditará mediante la aportación de una declaración responsable.
b)  Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
mediante la aportación de los correspondientes certificados.
La Comunidad Autónoma de Canarias podrá autorizar a la Dirección General de 
Diversidad Familiar y Servicios Sociales a consultar dicha información tributaria de forma 
directa a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los momentos que sea 
preciso durante la tramitación del procedimiento, de acuerdo con el artículo 95.1.k) de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.
c)  No  ser  deudora  por  resolución  de  procedencia  de  reintegro  mediante  la 
aportación de una declaración responsable.
Artículo 10.  Compatibilidad con otras ayudas. es
1.  La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o  w.
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aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada. Bc
Artículo 11.  Publicidad y difusión.
1.  En las actuaciones que se lleven a cabo, en todo o en parte, en ejecución de 
esta subvención, que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, 
deberá incorporarse de forma visible el logotipo institucional de la «Dirección General de 
Diversidad  Familiar  y  Servicios  Sociales  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Derechos 
Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030» con el fin de identificar el 
origen del carácter público de la subvención.
2.  El logotipo institucional a que se refiere el apartado anterior únicamente podrá 
ser empleado en los materiales que se utilicen para la realización, información y difusión 
de las actuaciones que constituyen el objeto de la subvención y no con otros fines 
publicitarios ajenos a las mismas.
Artículo 12.  Modificación de la orden de concesión.
1.  La Comunidad Autónoma de Canarias podrá solicitar, con carácter excepcional, 
la modificación del contenido de la orden de concesión, cuando concurran circunstancias 
sobrevenidas que alteren o dificulten el cumplimiento de la misma, siempre que no 
suponga cambios esenciales de los contenidos en la orden de concesión.
La solicitud de modificación deberá fundamentar suficientemente dicha alteración o 
dificultad y deberá formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias 
que la justifiquen. Dicha solicitud se dirigirá a la Dirección General de Diversidad Familiar 
y Servicios Sociales y se presentará en el registro electrónico general del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, en todo caso, con anterioridad al momento en que 
finalice el plazo de ejecución de los gastos subvencionados.
2.  La orden que resuelva la solicitud de modificación se dictará por la persona titular 
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y se notificará en un plazo máximo 
de tres meses a contar desde la fecha de presentación de aquella.
3.  La persona titular del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 podrá modificar 
la orden de concesión siempre que concurran circunstancias que supongan una alteración 
relevante de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.
Artículo 13.  Régimen de justificación.
1.  En aplicación de lo previsto en la disposición adicional novena del Reglamento 
de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  la  entidad 
beneficiaria justificará la subvención mediante la aportación de un certificado emitido por 
el titular del órgano que ha percibido la subvención, en el que se acredite la realización 
de la actividad y el cumplimiento de su finalidad. Asimismo, deberán presentar un 
certificado expedido por la Intervención de la Comunidad Autónoma de Canarias, que 
acredite el destino final de los fondos.
En  todo  caso,  las  actividades  de  fiscalización  de  la  propuesta  de  gasto 
corresponderán  a  la  Intervención  Delegada  competente,  una  vez  se  encuentre  el 
expediente original completo, reunidos todos los justificantes y emitidos los informes 
preceptivos  y  cuando  esté  en  disposición  de  que  se  dicte  acuerdo  por  quien 
corresponda, y deberán realizarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Real 
Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control 
interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado.
2.  Los documentos a los que se refiere el apartado anterior deberán presentarse  s
por la entidad beneficiaria ante la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios  oe.
Sociales con fecha límite el 15 de noviembre de 2021. w.
Artículo 14.  Reintegro.
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desde el momento del pago, en los casos y en los términos previstos en el título II de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el título III del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2.  El  órgano  competente  para  la  iniciación,  ordenación  e  instrucción  del 
procedimiento de reintegro será la persona titular de la Dirección General de Diversidad 
Familiar y Servicios Sociales y su resolución corresponderá a la persona titular del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Artículo 15.  Régimen sancionador.
Las posibles infracciones que pudieran cometerse por la entidad beneficiaria de la 
subvención se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Disposición final primera.  Título competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de 
la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 22 de diciembre de 2020.
FELIPE R.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030,
PABLO IGLESIAS TURRIÓN