BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 327 Miércoles 16 de diciembre de 2020 Sec. I.   Pág. 115180
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
16253 Real  Decreto  1104/2020,  de  15  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la 
concesión  directa  de  subvenciones  a  interlocutores  sociales  para  la 
digitalización del sector productivo.
La Formación Profesional es una pieza indispensable para contar con un modelo 
productivo que intensifique los procesos de creación de valor y de empleo de calidad. La 
necesidad de repensar el futuro en gran parte de los sectores económicos para el 
crecimiento económico y social hace de este un momento de oportunidad, desde un 
clima de colaboración público-privada. Uno de los grandes retos tras la desescalada del 
confinamiento será la reactivación de manera gradual de los distintos sectores para 
frenar el impacto de la crisis económica. El escenario por el que el país está pasando ha 
permitido identificar las fortalezas y debilidades de los sectores productivos y de las 
organizaciones empresariales del país. También las amenazas y oportunidades.
El dinamismo de la Formación Profesional se ha puesto de manifiesto en las múltiples 
actuaciones surgidas durante esta crisis. La Formación Profesional, que en el último periodo 
se ha presentado como uno de los ámbitos estratégicos de las políticas de gobierno, ha dado 
muestra  de  su  capacidad  de  incorporar  innovación  con  la  agilidad  que  los  sectores 
productivos necesitan y contando con su apoyo. De ahí que la Formación Profesional se 
muestre ahora como uno de los motores en el crecimiento económico y social tras esta crisis.
El ambicioso I Plan Estratégico de Formación Profesional, iniciado desde el cuarto 
trimestre de 2018, ha sido intensificado y adaptado, tras la andadura de dos años, para dar 
respuesta  a  las  necesidades  de  cualificación  y  recualificación  de  los  trabajadores  y 
trabajadoras, futuros y actuales, a nivel individual y colectivo de cada empresa, en estos 
momentos de creación de un nuevo modelo de crecimiento económico. En consecuencia, el 
Gobierno ha elaborado un «Plan para la modernización de la Formación Profesional, el 
crecimiento económico y social y la empleabilidad», con la finalidad de crear un ecosistema 
de relanzamiento económico desde la apuesta por el capital humano.
Uno de los ámbitos en los que se centran las actuaciones del Plan es la formación en 
digitalización  de  los  trabajadores  con  niveles  intermedios  de  competencia  y 
responsabilidad de los distintos sectores productivos. Se plantea como línea estratégica 
el impulso de la digitalización para el crecimiento económico y social, que se dirige a 
crear y mantener una fuerza laboral basada en el conocimiento.
A lo largo de las dos últimas décadas, los sucesivos Gobiernos de España han ido 
adoptando  programas  para  el  avance  digital,  alineados  con  las  agendas  digitales 
europeas,  que  han  servido  de  marco  para  impulsar  un  proceso  de  despliegue  de 
infraestructuras y desarrollo de un ecosistema empresarial y tecnológico en un ámbito 
clave para la productividad económica, la vertebración territorial y el progreso social. Así, 
el Plan Info XXI, el Programa España.es, el Plan Avanza y, por último, la Agenda Digital 
para España de febrero de 2013 han permitido una aproximación estratégica que ha 
guiado un importante esfuerzo de inversión pública y privada en este terreno.
La Unión Europea trabaja por una transformación digital en todos los aspectos, 
desde la salud hasta la industria, pasando por la educación. Tal es la importancia de este  s
objetivo que se ha establecido como una de las seis prioridades de la Comisión Europea  oe.
pReale drsaeEil  i2lec 0anG1pc9oiaa-bc,2 iite0ahr2rna 4ao ,  ,hlb aeaescj nohp  oeel rla spn oúopnbmraelisbcs raece on «sntaUu uc ninóaaanp  E nuuuedreseotvlap a aP g plaaeodnnra  epdrdtaaaecrd  ióaRan ame d clpeaul  ipateee rcrayan  dcoirilógáonipgta,ií dal»aTs, .r acruenyssopfo uorembsjaetacti ivóaon   elasy    2020-16253n https://www.
necesidad urgente de apoyar la modernización del tejido empresarial a través de, entre
otras acciones, la digitalización, impulsando su internacionalización, la renovación del  Bc
capital tecnológico, su adaptación a la transición ecológica, en línea con la estrategia 
digital europea. En este sentido, la Agenda España Digital 2025, aprobada el pasado 
mes de julio, será la hoja de ruta para guiar la acción en este terreno.
La situación excepcional derivada de la pandemia de la COVID-19 ha acelerado el 
proceso de digitalización, poniendo de relieve las fortalezas y también las carencias tanto 
desde el punto de vista económico como social y territorial. En efecto, durante los meses de 
restricción de la movilidad, se ha hecho patente la capacidad y resiliencia de las redes de 
telecomunicaciones  para  cubrir  una  situación  extrema  de  súper-conectividad,  con 
incrementos respecto a 2019 de hasta el 50 % en voz fija, del 30 % en voz móvil, del 20 % 
en datos en red fija, y de un 50 % en tráfico de datos móviles. Además, se ha consolidado el 
protagonismo de los servicios audiovisuales digitales como bien de consumo generalizado. 
También  se  ha  incrementado  significativamente  el  teletrabajo,  y  se  ha  impulsado  la 
digitalización de la educación, con un cambio radical de métodos y contenidos.
Es, por tanto, necesario intensificar la transformación de la Formación Profesional 
para facilitar el paso hacia una economía digital, cuya importancia se ha evidenciado en 
esta crisis. Además, en numerosos estudios se ha identificado, desde hace varios años, 
una fuerte correlación entre el PIB per cápita y el nivel de digitalización de un país. La 
formación de las personas trabajadoras es la clave de bóveda para garantizar que este 
proceso de digitalización del tejido productivo alcanzará un éxito no sólo económico, sino 
social y laboral. En el actual contexto es urgente establecer planes de formación digital 
en  las  empresas  al  objeto  de  recualificar  las  plantillas  laborales  dotándoles  de  la 
empleabilidad  necesaria  para  el  trabajo  futuro.  En  este  sentido,  cobra  especial 
importancia la necesidad de aumentar las habilidades tecnológicas entre las mujeres. 
Según el estudio «Women in the digital Age» de la Comisión Europea, incorporar a más 
mujeres en empleos digitales tendría un beneficio para la economía de hasta 16.000 
millones de euros anuales para el PIB conjunto de la UE.
Dentro de este ámbito, el mencionado Plan para la modernización de la Formación 
Profesional, el crecimiento económico y social y la empleabilidad, incluye la Línea 3.2, 
«Oferta de formación del módulo de Digitalización aplicada al sector productivo», en la 
que se plantea una actuación que formará a 125.000 personas anualmente durante 4 
años, mediante un módulo de 30 horas de digitalización aplicada a su sector productivo y 
puesto de trabajo.
Se trata de un módulo de formación asociado a una Unidad de Competencia del 
Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales  y,  por  tanto,  acreditable  y 
acumulable en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Este 
módulo contiene los elementos básicos que permiten a los trabajadores, partiendo de su 
competencia digital, alcanzar la correspondiente a la digitalización del puesto de trabajo 
y procesos productivos o de prestación de servicios, en los que interviene. Asimismo, 
esta acción formativa se acompañará de un proceso simultáneo de diagnóstico de las 
necesidades de formación en el ámbito de la digitalización que permita la evaluación de 
las acciones formativas actuales y la planificación de las futuras.
La envergadura de esta actuación que pretende llegar, en el primer año, a 125.000 
trabajadores,  requiere  contar  con  los  representantes  naturales  de  estos  y  de  sus 
empresas, requisito imprescindible para poder acceder a este volumen de destinatarios 
en el sistema productivo.
Se considera por ello imprescindible que esta formación sea impartida en el marco de 
colaboración con los interlocutores sociales, las organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas, por su cercanía a las empresas y trabajadores, lo que les hace  s
conocedores directos de sus necesidades y de las formas más adecuadas para atender  oe.
las mismas. Todo lo anterior, hace que la canalización de las subvenciones previstas en  w.
este real decreto a través de esos interlocutores sociales, sea una garantía para una  253ww
dadigeitcauliazdaaci ócno naspeliccuacdióan.  Ddiec hlooss  oinbtjeertliovcoust odree sc udaislipfiocanceinó nd ed eu nloas  gtrraanb acjaadpoilarerisd aedn  emna etel rtieaj iddeo 
tperrorditourcitaivleos  yo  eenn tiedla dmeesr caasdooc iaddea str aob vainjoc,u ala dtraasv, éesn  dtoed osu esl  toerrgriatonriizoa nciaocnioens asl eyc stoerciatoleress  yd/eo   BOE-A-cable e
actividad, lo que constituye el valor añadido necesario para llevar a buen término este 
proceso.  El  aprovechamiento  de  esta  capilaridad  implica  el  reconocimiento  de  la 
posibilidad, en su caso, de intervención en el proyecto de dichas entidades sectoriales y/o 
territoriales por su cercanía a los trabajadores y a las empresas.
Las subvenciones aquí reguladas son posibles, además, gracias al diálogo social 
que, en materia de Formación Profesional, se ha establecido entre el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y los Interlocutores Sociales, abriendo oportunidades 
de colaboración como la aquí recogida. A estos efectos, en la Mesa de Diálogo Social 
para la Formación Profesional, se ha tratado esta actuación, siendo aportado el marco y 
contenido de la formación por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
y habiéndose abierto la participación a todos los representantes con capacidad de 
interlocución presentes en la misma. Tanto a través de la presentación de un proyecto 
como de la manifestación explícita en siguiente convocatoria de la Mesa de Diálogo 
Social, fueron la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la 
Confederación Española para la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y la Unión 
General de Trabajadores (UGT) las organizaciones que manifestaron su disposición, 
estructura y capacidad actual para participar en un proyecto de esta envergadura.
La  Confederación  Española  de  Organizaciones  Empresariales  (CEOE),  creada 
en 1977, representa y defiende los intereses de los empresarios españoles. Integra, con 
carácter voluntario, a la mayor parte de las empresas y autónomos de cualquier tamaño 
y sector de actividad por medio de sus asociaciones de base, que configuran una red de 
más  de  200  organizaciones  empresariales  (52  organizaciones  territoriales  y  154 
organizaciones  sectoriales).  CEOE  es  el  principal  interlocutor  de  las  empresas  en 
España ante el Gobierno, los organismos del Estado, organizaciones sindicales, partidos 
políticos e instituciones internacionales.
La  Confederación  Española  de  la  Pequeña  y  Mediana  Empresa  (CEPYME) 
representa a las pequeñas y medianas empresas españolas y está integrada por 53 
organizaciones  territoriales  de  ámbito  provincial  y  autonómico  y  49  organizaciones 
sectoriales de ámbito nacional, que a su vez agrupan a más de tres mil organizaciones 
empresariales de base, lo que representa prácticamente el noventa y nueve por ciento 
de las asociaciones de pymes existentes.
Ambas organizaciones, CEOE y CEPYME, llegan a través de esa extensa red a más 
de 4 millones de empresas.
La Unión General de Trabajadores (UGT) es una confederación sindical constituida 
en 1888. Uno de los dos sindicatos mayoritarios, dentro de los más representativos, y 
por ello es un interlocutor social. Posee una estructura territorial y sectorial, con más 
de 900.000 afiliados. Su objetivo de acción sindical, desde sus inicios hace más de 130 
años, ha sido la búsqueda del consenso a través de una combinación adecuada de 
acción  sindical  y  consenso  en  la  consecución  de  acuerdos.  Actualmente  UGT 
negocia  4.500  convenios,  que  alcanzan  a  1.100.000  empresas  y  11.000.000  de 
trabajadores y cuenta con casi noventa mil miembros en los órganos de representación 
unitaria, elegidos en los correspondientes procesos electorales.
El  Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional  estima  que  concurren 
circunstancias  excepcionales  que  acreditan  las  razones  de  interés  público  para  la 
aprobación como subvenciones de concesión directa, previstas en el artículo 22.2 c) de 
la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones. La digitalización del sector 
productivo resulta crucial para impulsar la competitividad empresarial, la cualificación de 
los trabajadores y trabajadoras y la empleabilidad de jóvenes y mujeres. Y reviste  s
especial urgencia de cara a la recuperación de la economía española tras la crisis  oe.
provocada por la pandemia de la COVID-19. Además, en este caso no se puede iniciar  w.
un procedimiento de concurrencia competitiva, por cuanto se trata de entidades que  253ww
epsretasbtalenc uenr ap saerárime edtero sse rcvoicmiopsa fruaetirvao sd eql umee rpceardmoi,t asnin  sáun improe ldaeci ólunc rnoi,  ptaomr ploo cqou ee nxois tciraíbaen 
ointtrearslo cpuotsoibreless s opceiracleesp troerfaesr iddoes .tales fondos, dada la posición única que ostentan los  BOE-A-cable e
El presente real decreto se aprueba de acuerdo con los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia recogidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. En este sentido, esta norma cumple con los principios 
de  necesidad  y  eficacia,  puesto  que  resulta  el  instrumento  más  indicado  para  los 
intereses que se persiguen, dados los plazos de ejecución comprometidos en el «Plan 
para  la  Formación  Profesional,  la  Reconstrucción  Económica  y  Social  y  la 
Empleabilidad»;  cumple  con  el  principio  de  proporcionalidad,  ya  que  contiene  la 
regulación  imprescindible  para  atender  a  las  necesidades  que  se  pretenden  cubrir 
reduciendo  su  contenido  al  mínimo  imprescindible;  y  cumple  con  el  principio  de 
seguridad jurídica, ya que es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y 
de la Unión Europea, y en particular con la legislación presupuestaria.
Además, la norma es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que la 
norma asegura la máxima eficacia de sus postulados con los menores costes posibles 
inherentes a su aplicación, de modo que se logren los objetivos de interés general a que 
atienden estas finalidades y entidades a través de un instrumento jurídico apropiado, 
conforme el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre y que asegure la certidumbre 
de  los  perceptores  de  las  mismas  y,  al  propio  tiempo,  su  completa  publicidad,  y 
transparencia al ser conocido por todas las entidades beneficiarias de las ayudas.
Las subvenciones reguladas mediante el presente real decreto quedan exentas de la 
obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3 del Tratado de la 
Unión Europea, al destinarse específicamente a los gastos subvencionables sujetos a 
exención contemplados en el apartado 3 del artículo 31 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 
de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado. En la tramitación de este real decreto se ha recabado informe de la Abogacía del 
Estado  en  el  departamento,  así  como  del  Ministerio  de  Hacienda,  éste  último  de 
conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la Constitución Española: el 
artículo 149.1.1.ª, la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales y el artículo 149.1.30.ª, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Formación Profesional, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de diciembre de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto.
Este real decreto tiene por objeto regular, con carácter de bases reguladoras, la 
concesión directa de subvenciones, con carácter excepcional y por razones de interés 
público y social, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, en relación con el artículo 28.2 y 3 de la misma Ley, y el artículo 67 
del  Reglamento  de  la  Ley  General  de  Subvenciones,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, para la realización de las actuaciones de digitalización 
del sector productivo que se mencionan en el artículo 7 de este real decreto y en las  e.e
correspondientes resoluciones de concesión. b
Artíca1u.)  lo SC2e.o rnáfnEe ndbteeidnraaecdfiiceóisna r bEiaessnp deaefñi cloaial acr ioadnsec. eOsrigóann diziraeccitoan dees s Eumbvpernecsiaornieasle lsa s(C sEigOuiEen).tes entidades: BOE-A-2020-16cable en https://
b)  Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).
c)  Unión General de Trabajadores (UGT).
2.  De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, tendrán igualmente la condición de beneficiarios los miembros asociados 
de los beneficiarios enunciados en el apartado anterior, cualquiera que sea la forma de 
asociación, cuando se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades 
que fundamentan la concesión de la subvención en su nombre y por cuenta de las 
organizaciones beneficiaras recogidas en el apartado anterior.
Artículo 3.  Compatibilidad de la subvención.
1.  Estas subvenciones serán compatibles con la percepción de cualquier otra ayuda 
o  subvención  proveniente  de  Administraciones  locales,  regionales,  nacionales, 
supranacionales  o  internacionales,  salvo  para  las  subvenciones  cofinanciadas  con 
fondos europeos. En todo caso, el montante total en caso de que concurrieran varias 
ayudas o subvenciones no podrá superar el valor total del gasto realizado.
2.  Las entidades beneficiarias deberán informar a la autoridad concedente sobre el 
importe de otras subvenciones que sean otorgadas por otras Administraciones con los 
mismos fines.
Artículo 4.  Procedimiento de concesión.
1.  El  procedimiento  se  iniciará  de  oficio  por  el  centro  gestor  del  crédito 
presupuestario  al  que  se  imputa  la  subvención,  esto  es,  la  Secretaría  General  de 
Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación, que será también el 
órgano instructor, y terminará con una resolución de concesión en la que se determinará 
el objeto, las actuaciones concretas subvencionables, el crédito presupuestario y la 
cuantía, el pago y el plazo y la forma de la justificación, conforme a lo dispuesto en este 
real decreto.
2.  Los  beneficiarios  deberán  aportar  la  documentación  que  se  indica  en  el 
artículo 5.2 de este real decreto en el plazo indicado por el citado órgano instructor quien 
lo solicitará por escrito.
3.  La resolución de concesión correspondiente se dictará por la persona titular de la 
Secretaría General de Formación Profesional.
4.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución a los beneficiarios será 
de 3 meses desde la fecha de inicio del procedimiento.
5.  La notificación se realizará por medios electrónicos mediante comparecencia en 
la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6.  Contra  la  resolución  del  órgano  concedente,  podrá  interponerse  recurso  de 
alzada en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
Artículo 5.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1.  Las  entidades  beneficiarias  de  las  ayudas  llevarán  a  cabo  las  actividades 
previstas  en  el  presente  real  decreto,  con  el  alcance  que  se  determine  en  la 
correspondiente resolución de concesión, conforme al artículo 28.1 de la Ley 38/2003,  e.
de 17 de noviembre y deberán cumplir las obligaciones que establece el artículo 14 de la  w.b
citada ley. 253ww
gest2o.r   dLeols  cbreéndeitfoic iparreiossu pdueebsetraárnio  prael seqnutea r,s ee ni melp pultaaz ola q useu bsvee ndceitóenrm, iunnea p odre cella craecnitórno 
rtreibspuotanrsiaasb ley  dfree nqtuee  as ela e Snceugeunritdraand  aSl occoiarrli,e ndtee  neon  ehla cllaurmsep limincieunrtsoo  deen  sunsin goubnligoa dcieo nleoss 
supuestos del artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de que no
son deudores por procedencia de reintegro. En dicha declaración el solicitante deberá 
comprometerse expresamente a mantener el cumplimiento de tales requisitos durante el 
período de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la 
ayuda, de acuerdo con el artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3.  De conformidad con el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, las entidades beneficiarias podrán autorizar al órgano competente 
para consultar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria si se encuentran al 
corriente de sus obligaciones tributarias.
4.  La presentación de la comunicación de aceptación de la subvención conllevará la 
autorización del beneficiario para que el órgano competente obtenga de forma directa la 
acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el 
beneficiario  no  deberá  aportar  la  correspondiente  certificación.  No  obstante,  el 
beneficiario podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces 
la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado reglamento.
Artículo 6.  Publicidad de las subvenciones.
1.  Las subvenciones concedidas al amparo de este real decreto se publicarán en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), de conformidad con el artículo 20 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el 
que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
2.  Se  hará  constar  en  las  actuaciones,  incluyendo  cualquier  documentación  o 
publicación  de  cualquier  índole  y  soporte,  actuación  de  comunicación  o  visibilidad, 
premios y publicidad, que son financiadas por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, utilizándose a estos efectos el logotipo oficial del Departamento.
Artículo 7.  Actividades y gastos subvencionables y plazo de realización.
1.  Las actividades que implica la ejecución del proyecto y constituye el objetivo de 
las subvenciones son las siguientes:
a)  Difusión de la actuación e información sobre el mismo en los distintos sectores y 
territorios, con orientación, captación y selección de un total de 125.000 trabajadores, 
destinatarios de la acción formativa.
b)  Desarrollo y ejecución de una acción formativa en digitalización aplicada al 
sector productivo, con metodología de formación virtual tutorizada, y con el temario y 
contenidos que apruebe la Secretaría General de Formación Profesional, con carácter de 
proyecto piloto. Esta acción formativa tendrá una duración de 30 horas, responderá a los 
contenidos de una Unidad de Competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, y será acreditable en el Sistema Nacional de Cualificaciones y de la 
Formación Profesional. Para el desarrollo de la citada acción formativa se determinarán 
las condiciones específicas en la resolución de concesión, siendo una de las condiciones 
exigibles que exista un mínimo del 20% de mujeres inscritas en dicha acción formativa.
La actuación estará dirigida a un total de 125.000 trabajadoras y trabajadores, de 
cualquier ámbito o sector y sin requisito de pertenencia o afiliación a ninguna de las 
organizaciones beneficiarias, con la siguiente distribución:
–  Confederación  Española  de  Organizaciones  Empresariales  (CEOE):  62.500  e.
trabajadoras y trabajadores. w.b
– Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME): 20.833  253ww
trab–a jaUdnoiórans G ye tnraebraalj addeo Trerasb.ajadores (UGT): 41.667 trabajadoras y trabajadores.
Los trabajadores participantes en la acción formativa podrán tener la condición de
ocupados  por  cuenta  ajena  o  por  cuenta  propia,  incluyendo  los  trabajadores  que
mantengan una relación de carácter temporal con las Fuerzas Armadas, y su selección 
corresponderá al beneficiario en los términos establecidos en este artículo. Se dará 
prioridad para la participación en la acción formativa a los trabajadores y trabajadoras 
afectados por un expediente de regulación temporal de empleo.
c)  Elaboración  de  un  informe  de  evaluación  y  diagnóstico  de  necesidades  de 
formación para los trabajadores de los diferentes sectores productivos en el conjunto del 
Estado, en el ámbito de la digitalización aplicada, una vez finalizada la intervención 
formativa.
2.  Se considerarán gastos subvencionables aquellos en los que hayan incurrido los 
beneficiarios para la realización de las actuaciones que constituye el objetivo de la 
subvención, y que estén incluidos en alguna de las siguientes categorías de costes:
a)  Costes directos, entendiendo por tales aquellos que resulten necesarios para la 
realización material de la actividad o producto subvencionado o exigidos por la normativa 
aplicable para la realización de la actividad o la elaboración del producto, en los términos 
descritos en la resolución de concesión, incluyéndose los gastos de publicidad, difusión, 
información y orientación. Los materiales didácticos elaborados para la implementación 
de la actividad pasarán a propiedad exclusiva del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, sin límite de uso. A estos efectos se cederán todos los derechos de autoría, 
sin perjuicio del reconocimiento formal de los autores.
b)  Costes  indirectos,  considerándose  como  tales  los  relacionados  con  las 
actuaciones de los beneficiarios de coordinación, preparación, seguimiento y evaluación 
de  la  realización  de  las  actuaciones  que  constituye  el  objetivo  de  la  subvención, 
incluyendo los gastos internos, como los de personal, y otros gastos generales derivados 
de suministros, tales como luz, agua, teléfono, etc., o servicios tales como mensajería, 
vigilancia, mantenimiento u otros similares.
c)  Auditoría de las actividades subvencionadas.
3.  Las actividades se han de realizar desde la fecha de notificación al beneficiario 
de la resolución de concesión en el ejercicio presupuestario del año 2020, y podrán 
prolongase  a  lo  largo  del  ejercicio  presupuestario  del  año  2021.  No  obstante,  los 
beneficiarios podrán solicitar al órgano competente para la concesión de la subvención, 
ampliación del periodo de ejecución anteriormente indicado, cuando razones de fuerza 
mayor o circunstancias sobrevenidas, de tipo sanitario o de otra naturaleza, hayan 
impedido  o  dificultado  la  normal  ejecución  del  proyecto  subvencionado  en  los 
términos previstos.
Artículo 8.  Subcontratación.
1.  Las entidades beneficiarias podrán ejecutar el proyecto mediante la contratación 
de cuantos servicios o entregas de bienes requieran al efecto, en los términos previstos 
en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Cuando las actuaciones subcontratadas a terceros requieran de autorización 
previa del órgano concedente de acuerdo con el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, esta deberá emitirse en un plazo máximo de veinte días hábiles desde 
que se solicitó por el beneficiario, entendiéndose concedida por silencio administrativo 
positivo en caso contrario.
3.  El  porcentaje  máximo  de  subcontratación  del  importe  de  la  actividad 
subvencionada,  sumando  los  precios  de  todos  los  subcontratos,  no  podrá  exceder  e.
del 70 %. w.b
4.  No tendrán la condición de entidades subcontratadas o proveedoras las que, de  253ww
aarctuíceurldoo  2c.2o nd elol  pprreesveisntote  erne ael l daerctírceutolo,  t1e1n.2g adne  iglau aLlemye 3n8te/2 l0a0 c3o, nddeic 1ió7n  ddee  nboevnieemficbiareri,o ys  aell 
considerarse  como  miembros  asociados  de  los  beneficiarios  y  se  comprometan  a
efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la 
subvención en su nombre y por cuenta del primero.
Artículo 9.  Cuantía y financiación.
1.  La financiación de estas subvenciones se realizará conforme al procedimiento 
establecido en el apartado 4 del artículo 67 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.  El importe máximo por alumno, entendiendo como tal el que complete al menos 
el 80 % de la formación, serán 245 euros. Para aquel alumnado que no complete el 80 % 
del tiempo estimado de la formación se considerará como imputable al proyecto, y gasto 
justificable un 10 % del máximo previsto, equivalente a 24,5 euros.
3.  Los importes máximos a conceder serán:
a)  La subvención a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) ascenderá a la cuantía de quince millones trescientos doce mil quinientos euros, 
con cero céntimos (15.312.500,00 euros).
b)  La subvención a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME) ascenderá a la cuantía de cinco millones ciento cuatro mil ciento sesenta y 
seis euros, con sesenta y seis céntimos (5.104.166,66 euros).
c)  La subvención a la Unión General de Trabajadores (UGT) ascenderá a la cuantía 
de diez millones doscientos ocho mil trescientos treinta y tres euros con treinta y tres 
céntimos (10.208.333,33 euros).
Artículo 10.  Formalización y pago de la subvención.
1.  La  propuesta  de  pago  de  las  subvenciones  previstas  a  las  entidades 
beneficiarias de cada una de las ayudas establecidas en este real decreto se podrá 
efectuar  con  carácter  anticipado  a  su  justificación,  conforme  al  artículo  34  de  la 
Ley 38/2003 de 17 noviembre, para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a 
la subvención.
2.  En todo caso, para autorizar el gasto y proceder al correspondiente pago, las 
aplicaciones respectivas deberán estar incluidas en la correspondiente autorización del 
Ministerio de Hacienda relativa al calendario de pagos del segundo semestre de 2020, 
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se establecen 
los criterios de aplicación de la prórroga para 2020 de los Presupuestos Generales del 
Estado  vigentes  en  el  año  2019,  se  formaliza  la  distribución  por  Departamentos 
ministeriales y se aprueban medidas para reforzar el control del gasto público, de 27 de 
diciembre de 2019.
3.  El  pago  de  las  ayudas  se  hará  sin  necesidad  de  constitución  de  fianza  o 
garantía,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  42.1  en  relación  con  el 
artículo 42.2.a) y d) del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, si bien, con carácter previo al cobro de la 
subvención, las entidades beneficiarias deberán acreditar que se encuentran al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 de dicho reglamento, así como no ser 
deudor  por  procedimientos  de  reintegro,  como  señala  el  artículo  5.2  del  presente 
real decreto.
4.  Una vez reconocida la obligación, se ordenará el pago, que se efectuará en la  s
cuenta  corriente  que  la  beneficiaria  comunique  al  centro  gestor  del  crédito  oe.
presupuestario  al  que  se  imputa  la  subvención  del  Ministerio  de  Educación  y  w.
Formación Profesional. 2020-16253n https://ww
Artículo 11.  Justificación de la subvención.
1.  La realización de las actividades para las que se haya concedido la subvención 
se justificará en el primer trimestre del año siguiente al de la finalización de la ejecución 
de las acciones.
2.  La  justificación  de  las  ayudas  concedidas  a  las  entidades  beneficiarias  se 
ajustará a lo previsto en el título II, capítulo II, artículos 69 y siguientes del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, en el que se regula la justificación de subvenciones, conforme a los términos que se 
establecen en el capítulo respectivo del título II y en la correspondiente resolución de 
concesión.
Dicha  justificación  se  llevará  a  efecto  mediante  el  régimen  de  módulos  con 
presentación de la siguiente documentación:
a)  Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas 
y de los resultados obtenidos.
b)  Una memoria económica justificativa que contendrá como mínimo los siguientes 
extremos:
– Acreditación o, en su defecto, declaración del beneficiario sobre el número de 
unidades físicas consideradas como módulo.
– Cuantía de la subvención, calculada sobre la base de las actividades cuantificadas 
en la memoria de actuación y los módulos contenidos en el siguiente número.
– En su caso, detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia.
3.  La distribución del coste máximo por alumno a que hace referencia el artículo 9.2 
del presente real decreto incluirá un máximo del 15% de costes indirectos y otros costes 
en el que quedarán incluidos, en la proporción que corresponda, los costes derivados de 
la elaboración del informe a que hace referencia el apartado 1.c) del artículo 7 del 
presente real decreto.
4.  Las entidades beneficiarias deberán arbitrar los sistemas de identificación y, en 
su caso, localización de las personas formadas a los efectos de la acreditación de la 
formación realizada y de las comprobaciones y controles que pudieran exigirse por los 
organismos con competencia para ello a que hace referencia el artículo 12 de este real 
decreto.
5.  Los trabajadores beneficiarios de las acciones formativas deberán cumplimentar 
una declaración responsable de su participación que se presentará directamente ante la 
Secretaría General de Formación Profesional. A estos efectos dicha Secretaría habilitará 
los medios telemáticos que se precisen, así como los formularios y las instrucciones, 
procedimiento y plazos de presentación por parte de las personas formadas, de lo que 
serán debidamente informados e instruidos por parte de las entidades beneficiarias antes 
del inicio de la acción formativa que corresponda.
Artículo 12.  Actuaciones de comprobación y control.
1.  Los beneficiarios, habrán de someterse a los procedimientos de comprobación y 
control que determine el Ministerio de Educación y Formación Profesional de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 32 y del 44 al 51 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  e.e
así como a los que se establezcan en la resolución por la que se formalice la concesión.  b
Asimismo, habrán de someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y  253ww
fcinoanntrcoile qrou ed peu elad aInn treeravleiznacri ólons  Góregnaenroasl  ddee  clao ntArodlm cionmistpreatceiónnte sd, eel nE psatartdicou layr , aal l ccoonnttrrooll 
fiscalizador del Tribunal de Cuentas.
2.  Los beneficiarios deberán conservar toda la documentación original, justificativa 
y de aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de 
comprobación y control, en los plazos que prevea la normativa que les sea de aplicación.
3.  La Secretaría General de Formación Profesional establecerá un sistema de 
muestreo  e  inferencia  estadística  respecto  de  los  cursos  y  acciones  formativas 
desarrollados, con el fin de garantizar una justificación más completa en aquellos cursos 
seleccionados mediante dicho muestreo. A estos efectos, las resoluciones de concesión 
a cada entidad beneficiaria establecerán los parámetros y características del sistema de 
muestreo, así como el procedimiento para su realización.
Artículo 13.  Incumplimientos y reintegros.
1.  Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y,  en  su  caso,  de  los 
intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título III del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. El 
órgano competente para exigir el reintegro será la Secretaría General de Formación 
Profesional.
3.  En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser 
reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en 
cuenta  el  hecho  de  que  el  citado  incumplimiento  se  aproxime  significativamente  al 
cumplimiento  total  y  se  acredite  por  las  entidades  beneficiarias  una  actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
Artículo 14.  Infracciones y sanciones.
Las posibles infracciones en materia de subvenciones que pudieran ser cometidas 
por los beneficiarios se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el 
título IV, capítulo I y II de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la 
Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en la regulación de las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de 
los  derechos  y  en  el  cumplimiento  de  los  deberes  constitucionales  y  en  el 
artículo 149.1.30.ª que atribuye al Estado las normas básicas para el desarrollo del 
artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 
los poderes públicos en esta materia.
Disposición final segunda.  Régimen jurídico aplicable.
Estas subvenciones se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en el 
presente  real  decreto  y  en  las  correspondientes  resoluciones  de  concesión,  por  lo 
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que  e.e
afecte a los principios de publicidad y concurrencia y por lo previsto en la Ley 39/2015,  w.b
de 1 de octubre y demás normas que resulten de aplicación. 253ww
Disposición final tercera.  Habilitación para el desarrollo y ejecución.
Se habilita a la Ministra de Educación y Formación Profesional para adoptar las
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 15 de diciembre de 2020.
FELIPE R.
La Ministra de Educación y Formación Profesional,
MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ