BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 294 Jueves 9 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 151310
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
20315 Orden TED/1374/2021, de 1 de diciembre, por la que se crea la División para 
el  Seguimiento  de  la  Aplicación  de  la  Normativa  Medioambiental  en  la 
Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Plan), aprobado 
por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021, establece el conjunto de actuaciones a 
través de las cuales el Estado español prevé ejecutar los 69.528 millones de euros que 
le han sido asignados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante, 
Mecanismo), establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo  de  12  de  febrero  de  2021  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia, con el fin de impulsar la recuperación y lograr el máximo 
impacto contra cíclico.
El Plan establece que la transición ecológica es uno de los 6 pilares de actuación y 
que el Mecanismo deberá apoyar este principio, contribuyendo a los objetivos climáticos 
europeos.
De manera más específica, el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 12 de febrero de 2021 condiciona la aprobación del Plan, así como de los 
desembolsos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a lo largo de su ejecución, al 
cumplimiento del principio de no causar un daño significativo al medio ambiente (DNSH 
en sus siglas en inglés) y de alcanzar unos porcentajes predeterminados de contribución 
en materia medioambiental y climática. El sistema para evaluar dicho cumplimiento, el 
cual, por sus propias características, tiene un elevado grado de complejidad, se regula 
en la normativa comunitaria, que establece diversos mecanismos de seguimiento.
Sin embargo, y aun cuando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
ha contribuido a dar visibilidad a esta función de supervisión de los efectos en materia 
medioambiental y climática de la ejecución de las políticas públicas, y a poner de relieve 
su trascendencia de cara al futuro, no se trata en absoluto de una actuación que surja y 
se extinga con el citado Plan, sino que por el contrario tiene detrás una larga trayectoria, 
y sobre todo tiene una gran vocación de futuro, para garantizar que las decisiones en 
cada una de las grandes políticas públicas se diseñen y desarrollen de modo que en su 
implementación se alineen con la política medioambiental española y comunitaria, y con 
la normativa emanada de ambas instancias, nacional e internacional. Se trata por ello de 
una función de carácter permanente, cuyo horizonte temporal va mucho más allá que el 
del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  siendo  a  este  respecto 
significativos los compromisos asumidos por España bajo el Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima, y el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de  18  de  junio  de  2020  relativo  al  establecimiento  de  un  marco  para  facilitar  las 
inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
Es esta una función que tiene una naturaleza netamente diferente de la protección 
del medio ambiente, sobre la cual se establece una distribución de competencias entre el  s
Estado y las Comunidades Autónomas. Se trata en este caso de una función enfocada  e.
en una cuestión concreta pero a la vez necesaria, dado que su punto de mira está en la  w.
ejecución de las políticas públicas y en asegurar que no tengan efectos directos o  315ww
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ministeriales y cuya estructura orgánica se desarrolla en el Real Decreto 500/2020, de 28 
de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, 
de  28  de  enero,  por  el  que  se  establece  la  estructura  orgánica  básica  de  los 
departamentos  ministeriales,  es  el  Departamento  competente,  en  el  ámbito  de  la 
Administración General del Estado, para la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno  en  materia  de  lucha  contra  el  cambio  climático,  prevención  de  la 
contaminación, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad, de los bosques, del 
mar, agua y energía para la transición a un modelo productivo y social más ecológico, así 
como la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno frente al reto demográfico 
y el despoblamiento territorial. Se trata por ello del Departamento ministerial en el que 
deben residenciarse estas funciones de supervisión y vigilancia de las actuaciones de la 
Administración en cuanto a sus efectos en esta materia
Teniendo  en  cuenta  el  carácter  transversal  de  las  funciones  a  desarrollar,  la 
Subsecretaría  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico,  a  través  de  su 
Gabinete Técnico, ha venido desempeñando labores de coordinación y asesoramiento a 
todos los Departamentos de la Administración General del Estado en el cumplimiento del 
principio de no causar daño significativo y en los requerimientos de etiquetado climático. 
Su  participación  en  la  elaboración  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia, asegurando el cumplimiento de los requisitos medioambientales de sus 30 
componentes y asumiendo la interlocución con la Comisión Europea en estos aspectos, 
ha reafirmado esta línea de actuación y a la vez es el detonante de que se considere 
necesaria su formalización de cara al futuro, atribuyendo esta función a un órgano 
administrativo predeterminado y especializado en la materia.
Estas funciones de asesoramiento deben de residir en el Ministerio para la Transición 
Ecológica  y  el  Reto  Demográfico  no  sólo  por  sus  competencias  en  materia 
medioambiental sino también por su conocimiento e implicación en la negociación del 
Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento de 
Taxonomía),  la  mitigación  del  cambio  climático,  las  emisiones  de  gases  de  efecto 
invernadero, la adaptación al cambio climático, los efectos adversos de las condiciones 
climáticas, la utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos, el 
potencial ecológico de las masas de agua, el uso de materiales, el uso directo o indirecto 
de recursos naturales como las fuentes de energía no renovables o las materias primas, 
la economía circular, el ciclo de vida de los productos, en particular en términos de 
durabilidad y de posibilidades de reparación, la actualización, reutilización o reciclado de 
los productos, la generación, incineración o eliminación de residuos, la prevención y 
control de la contaminación, las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el 
suelo, la resiliencia, protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas, y el 
estado de conservación de los hábitats y las especies.
Dichas  funciones  requieren  una  especialización  en  la  materia  del  personal 
responsable, dedicación plena y una coordinación directa con las Secretarías de Estado 
del Departamento y el resto de Departamentos ministeriales.
Por  todo  ello,  resulta  necesaria  la  creación,  adscrita  de  forma  directa  a  la 
Subsecretaría  del  Departamento,  de  un  órgano  administrativo  para  coordinación  y 
seguimiento en cuanto a sus efectos medioambientales de los diversos instrumentos de 
gestión de que se dote la Administración del Estado, comenzando con el propio Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El objeto de esta orden, por tanto, es la creación de una División que asumiría estas  s
funciones, adscrita a la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el  oe.
Reto Demográfico, de acuerdo con el artículo 59.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,  w.
de Régimen Jurídico del Sector Público, que dispone que los órganos de nivel inferior a  315ww
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Esta Orden Ministerial se ajusta a los principios de buena regulación establecidos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y, en concreto, a los de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia  y  eficiencia,  ya  que  atiende  y 
persigue  el  interés  general  creando  una  unidad  imprescindible  para  el  correcto 
funcionamiento externo e interno de la Administración, la eficiencia en el gasto público y 
la correcta gestión del proceder administrativo, siendo el instrumento normativo más 
adecuado para su consecución, es coherente con el resto del ordenamiento jurídico y 
evita cargas administrativas innecesarias y accesorias.
En su virtud, con la previa autorización de la Ministra de Hacienda y Función Pública, 
dispongo:
Artículo 1.  Creación de la División para la Coordinación y Seguimiento de la Aplicación 
de la Normativa Medioambiental.
1.  Se crea una División denominada División para la Coordinación y Seguimiento 
de la Aplicación de la Normativa Medioambiental, como órgano administrativo de nivel 
inferior a subdirección general, que depende directamente de la persona titular de la 
Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
2.  Al frente de la División existirá un Director con el nivel que determine la relación 
de puestos de trabajo.
Artículo  2.  Funciones  de  la  División  para  la  Coordinación  y  Seguimiento  de  la 
Aplicación de la Normativa Medioambiental.
A la División para la Coordinación y Seguimiento de la Aplicación de la Normativa 
Medioambiental le corresponden, entre otras, las siguientes funciones:
a)  El  asesoramiento  a  los  Departamentos  ministeriales  de  la  Administración 
General  del  Estado  (AGE)  en  el  cumplimiento  del  principio  de  no  causar  daño 
significativo al medio ambiente (DNSH) y en el etiquetado climático, de acuerdo con el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero 
de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; la Guía de 
desarrollo  del  citado  Reglamento;  la  aplicación  del  Reglamento  (UE)  2020/852,  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para 
facilitar  las  inversiones  sostenibles  y  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  (UE) 
2019/2088; así como el resto de normativa comunitaria.
b)  La información, coordinación y supervisión de la implementación de las políticas 
públicas con la finalidad de que sean conformes a la política medioambiental española y 
a la normativa comunitaria.
c)  La elaboración de guías de aplicación, ejecución y seguimiento, involucrando al 
tercer  sector  y  a  las  empresas  en  la  implementación  de  políticas  conformes  a  la 
normativa medioambiental.
d)  La formación del personal del Departamento y del resto de Departamentos de la 
AGE en la elaboración de normativa y en la convocatoria de subvenciones y licitaciones 
públicas en el ámbito medioambiental.
Disposición final única.  Entrada en vigor. s
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial  w.b
del Estado». 315ww
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