BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 74 Sábado 27 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 35621
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
4804 Ley 1/2021, de 19 de febrero, de modificación de la Ley 1/2014, de 21 de 
febrero, de perros de asistencia.
LA PRESIDENTA DE LAS ILLES BALEARS
Sea  notorio  a  todos  los  ciudadanos  que  el  Parlamento  de  las  Illes  Balears  ha 
aprobado  y  yo,  en  nombre  del  Rey  y  de  acuerdo  con  lo  que  se  establece  en  el 
artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Constitución Española, la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre 
los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  y  la  Carta  de  los  Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea son normas básicas que reconocen la necesidad de 
fomentar la libertad, la independencia y la igualdad, así como la obligación de adoptar 
medidas  inclusivas  para  remover  todos  los  obstáculos  que  limiten  estos  derechos. 
Suponen la consagración del enfoque de derechos de las personas con discapacidad o 
enfermas como sujetos titulares de derechos y la obligación de los poderes públicos de 
garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo.
La Constitución Española reconoce, en su artículo 14, el derecho de igualdad de 
todos los españoles ante la ley, pero, además, el artículo 9.2 impone a los poderes 
públicos las obligaciones de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y remover los 
obstáculos  que  impidan  o  dificulten  su  plenitud.  Asimismo,  el  artículo  20  de  la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad insta a 
los estados parte a adoptar medidas efectivas para asegurar que las personas con 
discapacidad gocen de movilidad personal con la máxima independencia posible, como 
por ejemplo facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia 
humana  o  animal  y  a  intermediarios,  tecnologías  de  apoyo,  dispositivos  técnicos  y 
ayudas  para  la  movilidad  de  calidad.  Finalmente,  el  artículo  49  de  la  Constitución 
Española dispone que los poderes públicos deben llevar a cabo una política de previsión, 
tratamiento,  rehabilitación  e  integración  de  las  personas  con  discapacidad  física, 
sensorial o intelectual, a las que prestarán la atención especializada que requieran y las 
ampararán  especialmente  para  el  disfrute  de  los  derechos  que  el  título  I  de  la 
Constitución otorga a toda la ciudadanía. En desarrollo de estas previsiones, el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
tiene por objeto garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como 
el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones respecto al resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la 
promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso a la  e.e
ocupación, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación  b
de toda forma de discriminación. 04ww
BaleEanrs ,e la ápmrobbiatod oa uptoorn ólam iLceoy,  eOl rgaártnícicualo  11/260.40 7d, edl eE s2t8a tudteo  fdeeb rAeruot,o neosmtaíbal edcee  lqause  Illleass 
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las Illes Balears y de los grupos y colectivos en los que se integra sean objeto de una
aplicación  real  y  efectiva.  Además,  el  artículo  30.15  de  dicho  estatuto  otorga  a  la 
comunidad autónoma la competencia exclusiva en las políticas de protección y apoyo a 
las personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales.
La Ley 1/2014, de 21 de febrero, de perros de asistencia, reconoce y garantiza, en la 
comunidad autónoma de las Illes Balears, el derecho de acceder, circular y permanecer 
de las personas que, por cualquier tipo de discapacidad, son auxiliadas por perros de 
asistencia.
II
Las personas con discapacidad o con una enfermedad limitante y crónica constituyen 
un sector de población heterogéneo, pero ambas pueden tener en común la necesidad, 
en mayor o menor medida, de requerir garantías suplementarias para vivir con plenitud 
de derechos o para participar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos en 
la vida económica, social y cultural. Esta igualdad de derechos aún no es plena, lo que 
exige  que  las  instituciones  redoblen  los  esfuerzos  con  vistas  a  alcanzarla  en 
cumplimiento del mandato del artículo 9.2 de la Constitución Española y del artículo 16.4 
del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
En los últimos años se ha ido extendiendo progresivamente la ayuda con perros de 
asistencia no solo a las personas afectadas por discapacidades visuales sino también a 
las afectadas por discapacidades físicas, intelectuales o sensoriales, ya que suponen un 
apoyo importante para mejorar su autonomía personal y su calidad de vida. Hasta ahora, 
la normativa vigente en las Illes Balears no preveía esta situación, y las personas 
usuarias de perros de asistencia han constatado que, en ocasiones, se les denegaba la 
entrada a lugares y transportes públicos, lo que supone una limitación a su inclusión y 
participación social real y efectiva.
Una vez constatadas las capacidades de los perros de alerta médica como perros de 
asistencia, se observa la necesidad de que no solo las personas con disfunción visual, 
auditiva o de movilidad puedan valerse de la ayuda de un perro de asistencia, sino 
también de forma excepcional las personas que sufren otro tipo de discapacidades, 
físicas  o  sensoriales,  trastornos  endocrinos  o  cualquier  tipo  de  enfermedad,  y  que 
requieran o puedan requerir o para las que sea necesario o conveniente la asistencia de 
perros de asistencia.
Un  perro  de  asistencia  se  configura  como  una  ayuda  extra  para  las  familias 
integradas por personas con diabetes, epilepsia, autismo o similar. Para estas personas, 
los perros de asistencia pueden ser de ayuda para controlar la enfermedad, darles 
seguridad y potenciar su independencia e interacción social, especialmente para niños y 
niñas. Es una alternativa muy eficaz a la hora de mejorar la vida de los pacientes y de 
sus familias.
Por lo tanto, es evidente la necesidad de ampliar el marco normativo instaurado por 
la Ley 1/2014, de 21 de febrero, de perros de asistencia, para adaptarlo a la realidad 
actual y amparar el derecho de todas las personas que puedan beneficiarse de la ayuda 
de  un  perro  de  asistencia,  además  de  las  reconocidas  en  la  versión  inicial  de  la 
Ley 1/2014, a acceder al entorno y, por tanto, a una participación social efectiva.
III
La Ley 1/2014, en el artículo 3, clasificaba los perros de asistencia en perro guía, 
perro de señalización de sonidos y perro de servicio, y no daba cabida a otras categorías  e.
que sí recogen otros ordenamientos jurídicos, tanto internacionales como autonómicos,  w.b
como son los perros de aviso o alerta médica y los perros para personas con trastornos  04ww
de eEsspteac mtroo daiufitcisatcai.ón nace con el objetivo de actualizar la normativa, y regular y ampliar
plaesr mcaatneegnocríiaa sd ed ela pse prreorss odnea sa suissuteanricaias  dy,e  peosrt otas nptoe,r reols ,d ae reefcehcoto dse d aec ecqeusiop,a crairrclausla ccioónn  eyl 
resto de colectivos reconocidos, favorecer su derecho a la autonomía, conseguir una 
igualdad real y efectiva y facilitar la participación de toda la ciudadanía, sin ningún tipo de 
discriminación, en la vida política, económica, cultural, social y laboral.
Asimismo, se añade la aplicación de la normativa vigente en la acreditación de 
enfermedad de las personas usuarias de perros de asistencia, la acreditación de la 
idoneidad del perro y de la unidad de vinculación, así como el reconocimiento de perros 
adiestrados en otras comunidades autónomas.
IV
El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, establece los principios de buena regulación y 
dispone que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 
administraciones públicas deben actuar de acuerdo con los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En la exposición 
de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley 
o de proyectos de reglamento, deberá quedar suficientemente justificada la adecuación 
de la norma a estos principios.
Por su parte, el artículo 49 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes 
Balears, indica que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, 
el Gobierno de las Illes Balears debe actuar de acuerdo con los principios de necesidad, 
eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia,  eficiencia,  calidad  y 
simplificación, establecidos en la normativa estatal básica. La exposición de motivos o el 
preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de 
reglamento, informará sobre la adecuación a estos principios.
Respecto a los principios de necesidad y eficacia, hay que señalar el claro interés 
general del objeto de esta disposición, dirigido a promover la igualdad efectiva de la 
ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y, específicamente, las condiciones para la 
igualdad plena y real de las personas con discapacidad, mediante el reconocimiento y la 
garantía del derecho de acceso al entorno para las personas que requieran la utilización 
de un perro de asistencia.
De  conformidad  con  el  principio  de  proporcionalidad,  la  disposición  contiene  la 
regulación imprescindible para atender la necesidad que se quiere cubrir con la norma, 
tras constatar que no hay otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan 
menos obligaciones a las personas destinatarias.
En  aplicación  del  principio  de  seguridad  jurídica,  hay  que  señalar  que  esta 
disposición se adopta en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Administración 
de la comunidad autónoma en el ámbito correspondiente y es coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea. Así, se enriquece el marco 
normativo, se actualiza y se le da un carácter estable, predecible, integrado, claro y de 
certeza, que facilita su conocimiento y su comprensión y, en consecuencia, la actuación y 
la toma de decisiones de las personas y de las empresas.
Respecto  al  principio  de  transparencia,  las  administraciones  públicas  han  de 
posibilitar el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y a los 
documentos propios del proceso de elaboración de normas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. Asimismo, deben definir claramente los 
objetivos de las iniciativas normativas y la justificación correspondiente en el preámbulo  s
o exposición de motivos, y deben posibilitar que los destinatarios potenciales tengan una  e.
participación activa en la elaboración de las normas. Con carácter previo a la elaboración  w.
de esta norma, se ha consultado a la ciudadanía para que pueda expresar su opinión  04ww
dsoeb irnefo larm inaicciióanti vpaú, byl icpao sctoerrrioersmpoenndteie snete hsa p saoram qeutideo l aesl  pteexrtsoo an alos sy t rloásm siteecst odree sa uadfeiecntacdiao ys 
por esta modificación pudieran hacer las alegaciones que consideraran pertinentes.
En cuanto a los principios de eficiencia, calidad y simplificación, hay que señalar que 
la ampliación del ámbito objetivo y subjetivo del derecho de acceso que realiza la norma 
es perfectamente compatible con el uso que hagan de los espacios públicos y privados 
el  resto  de  usuarios,  sin  imponer  o  evitar  cargas  administrativas  innecesarias  o 
accesorias y racionalizando, en la aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Artículo primero.  Modificación del artículo 1 de la Ley 1/2014, de 21 de febrero, de 
perros de asistencia.
El apartado 1 del artículo 1 de la Ley 1/2014, de 21 de febrero, de perros de 
asistencia, queda modificado de la siguiente manera:
«1.  Esta ley tiene por objeto reconocer y garantizar el derecho de acceder, 
circular y permanecer de las personas que, por cualquier tipo de discapacidad o 
enfermedad acreditada u oficialmente reconocida, son auxiliadas por perros de 
asistencia. Asimismo, pretende establecer los derechos y las obligaciones de los 
usuarios,  regular  las  actividades  de  control  de  estos  animales  y  fijar  las 
condiciones mínimas que debe tener un centro de adiestramiento.»
Artículo segundo.  Modificación del artículo 2 de la Ley 1/2014, de 21 de febrero, de 
perros de asistencia.
Se modifican las letras a) y f) y se incluye la letra k) en el artículo 2 de la Ley 1/2014, 
de 21 de febrero, de perros de asistencia, con la siguiente redacción:
«a)  Perros de asistencia: Aquellos que han sido adiestrados por centros 
especializados  y  oficialmente  reconocidos,  para  el  acompañamiento,  la 
conducción, la ayuda y el auxilio de personas con discapacidad o enfermedad 
acreditada u oficialmente reconocida.»
«f)  Persona usuaria: Aquella persona con cualquier tipo de discapacidad o 
enfermedad acreditada u oficialmente reconocida que disfruta de los servicios 
prestados por un perro de asistencia, oficialmente reconocido y acreditado, y 
adiestrado específicamente para cumplir determinadas funciones. Esta persona 
debe  tener  reconocida  la  discapacidad  o  enfermedad  mediante  el  certificado 
oficial.»
«k)  Unidad de vinculación: Es la unidad legalmente reconocida formada por 
una persona usuaria y su perro de asistencia.»
Artículo tercero.  Adición de dos nuevas letras en el artículo 3 de la Ley 1/2014, de 21 
de febrero, de perros de asistencia.
Se añaden dos nuevas letras, d) y e), en el artículo 3 de la Ley 1/2014, de 21 de 
febrero, de perros de asistencia, con la siguiente redacción:
«d)  Perro de aviso o alerta médica: El perro adiestrado para avisar de una 
alerta médica a personas que padecen una discapacidad o crisis recurrentes con 
desconexión sensorial derivadas de una enfermedad específica, como diabetes, 
epilepsia u otra enfermedad orgánica, o alguna otra enfermedad reconocida de 
acuerdo con la normativa sanitaria aplicable.
e)  Perro  para  personas  con  trastornos  del  espectro  autista:  El  perro  s
adiestrado  para  promover  la  autonomía  personal  de  las  personas  usuarias  oe.
mediante la ayuda y la asistencia en las actividades de la vida diaria, preservar su  w.
integridad física, controlar situaciones de emergencia y guiarlas.» 2021-4804n https://ww
Artículo cuarto.  Modificación del artículo 5 de la Ley 1/2014, de 21 de febrero, de perros 
de asistencia.
El apartado 1 del artículo 5 de la Ley 1/2014, de 21 de febrero, de perros de 
asistencia, queda modificado de la siguiente manera:
«1.  Para  la  formación  de  los  perros  destinados  al  acompañamiento,  la 
conducción y el auxilio de las personas con discapacidad o enfermedad acreditada 
u oficialmente reconocida, los centros de adiestramiento deben presentar ante la 
consejería competente en materia de servicios sociales la declaración responsable 
correspondiente.  Una  vez  realizada  la  inspección  pertinente,  se  entenderá 
reconocido. Este servicio es de ámbito suprainsular.»
Disposición final primera.  Referencias normativas.
Las referencias a «personas con discapacidad» y «discapacidad» de la Ley 1/2014, 
de 21 de febrero, de perros de asistencia, y del Decreto 73/2016, de 23 de diciembre, 
sobre los centros de adiestramiento de perros de asistencia y los principios generales del 
procedimiento para el reconocimiento de los perros de asistencia, deben entenderse 
hechas  a  «personas  con  discapacidad  o  enfermedad  acreditada  u  oficialmente 
reconocida»  y  «discapacidad  o  enfermedad  acreditada  u  oficialmente  reconocida», 
respectivamente.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de 
las Illes Balears».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y 
las Autoridades a los que corresponda la hagan guardar.
Palma, 19 de febrero de 2021.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 27, de 25 de febrero de 2021)