BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 76  Martes 30 de marzo de 2021  Sec. I.   Pág. 35948
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
4907 Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen 
jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley orgánica:
PREÁMBULO
I
Esta norma tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable al Consejo General 
del Poder Judicial cuando la composición del mismo no se renueve en el plazo establecido 
por la Constitución, abocando al órgano constitucional a continuar en funciones hasta su 
renovación.
La duración del mandato de los Vocales del Consejo se determina de forma clara e 
inequívoca en la Constitución Española, estableciéndose en su artículo 122.3 que el 
«Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal 
Supremo que lo Presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de 
cinco años».
Del mismo modo, en el artículo 570.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, se hace referencia a la situación resultante de la finalización del plazo sin 
que hayan sido designados nuevos Vocales, señalándose que «si ninguna de las dos 
Cámaras hubiere efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los Vocales 
que les corresponda, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de 
posesión del nuevo, no pudiendo procederse, hasta entonces, a la elección de nuevo 
Presidente del Consejo General del Poder Judicial».
Es evidente que la superación del plazo máximo de mandato sin que se haya producido 
la debida renovación sitúa al Consejo General del Poder Judicial en una situación 
extraordinaria, cuyo régimen jurídico no puede ser el mismo que el aplicable al periodo 
normal de funcionamiento. Muestra de tal diferencia es la terminología utilizada en la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para denominar al Consejo que supera 
su mandato, que pasa a ser «saliente» y, por tanto, a continuar exclusivamente «en 
funciones». Pese a ello y a diferencia de lo que sucede con otros órganos constitucionales 
como el Gobierno o las Cortes Generales, los cuales cuentan con una exhaustiva 
regulación sobre cómo han de operar cuando se encuentran en funciones o disueltas, 
respectivamente, en el caso del Consejo General del Poder Judicial no existe previsión 
alguna sobre la materia más allá del mencionado artículo de la Ley Orgánica 6/1985. e.e
Esta laguna jurídica constituye sin duda un déficit en el diseño constitucional del  b
Estado que debe ser corregido. Partiendo de que lo deseable será siempre que la  07ww
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de la Administración de Justicia, así como un medio para favorecer la renovación, pero, 
sobre todo, resulta fundamental de cara a salvaguardar la legitimidad del órgano.
No debe olvidarse que, en tanto máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, el 
Consejo General del Poder Judicial es una pieza clave en el diseño institucional propio de 
nuestro Estado de Derecho. Y lo es, no solo por garantizar la independencia de quienes 
ejercen la potestad jurisdiccional, sino también por aportar legitimidad democrática al 
tercer poder del Estado.
De lo anteriormente expuesto se colige la necesidad de limitar las decisiones 
adoptadas por un Consejo saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional 
de mandato. Así, facultades como la de proponer el nombramiento del Presidente del 
Tribunal Supremo, de los Presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de 
Justicia y la Audiencia Nacional, de los Presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal 
Supremo o de los Magistrados del Tribunal Constitucional, deben quedar excluidas del 
ámbito competencial del Consejo cuando este se encuentra en funciones. Estas lógicas 
limitaciones, derivadas del carácter excepcional de la no renovación en plazo, también 
deben establecerse en relación con el nombramiento de los Directores de la Escuela 
Judicial y del Centro de Documentación Judicial, así como del Vicepresidente del Tribunal 
Supremo, el Promotor de la Acción Disciplinaria, el Director del Gabinete Técnico del 
Consejo General del Poder Judicial y el Jefe de la Inspección de Tribunales.
Por el contrario, aquellas facultades que resultan necesarias para garantizar el normal 
funcionamiento del órgano y no impliquen una injerencia en las legítimas atribuciones del 
Consejo entrante son expresamente recogidas en el régimen jurídico del que la presente 
norma dota al Consejo en funciones. Se garantiza de esta manera que no se produzca una 
parálisis en su funcionamiento.
Al no tratarse de un órgano jurisdiccional, que no podría ver paralizada su actividad ni 
dejar en suspenso ninguna de sus atribuciones, resulta posible separar las facultades del 
Consejo General del Poder Judicial en funciones que resultan indispensables para el 
gobierno y buen funcionamiento de juzgados y tribunales de aquellas otras que, por el 
contrario, conforman un haz de competencias y atribuciones que legítimamente han de 
corresponder al Consejo entrante o renovado y no al saliente.
Artículo único.  Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en los siguientes 
términos:
Uno.  Se introduce un nuevo artículo 570 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 570 bis.
1.  Cuando, por no haberse producido su renovación en el plazo legalmente 
previsto, el Consejo General del Poder Judicial entre en funciones según lo previsto 
en el apartado 2 del artículo 570, la actividad del mismo se limitará a la realización 
de las siguientes atribuciones:
1.ª  Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del 
Estado.
2.ª  Participar, en los términos legalmente previstos, en la selección de Jueces 
y Magistrados.
3.ª  Resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento,  e.
provisión de destinos, ascensos reglados, situaciones administrativas y régimen  w.b
disciplinario de Jueces y Magistrados. 07ww
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Gob5ie.ªr noC dueid laors  dTer ilbau pnuablelisc.ación oficial de las sentencias y demás resoluciones que
se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales.
6.ª  Garantizar el funcionamiento y actualizar los programas formativos de la 
Escuela Judicial.
7.ª  Ejercer la potestad reglamentaria en las siguientes materias:
a)  Publicidad de las actuaciones judiciales.
b)  Publicación y reutilización de las resoluciones judiciales.
c)  Habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública.
d)  Constitución de los órganos judiciales fuera de su sede.
e)  Régimen de guardias de los órganos jurisdiccionales.
f)   Organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles 
en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional.
g)  Condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que 
conforman el estatuto de Jueces y Magistrados, así como el régimen jurídico de las 
Asociaciones judiciales, sin que tal desarrollo reglamentario pueda suponer 
innovación o alteración alguna de la regulación legal.
8.ª  Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario a su 
servicio.
9.ª  Colaborar con la Autoridad de Control en materia de protección de datos en 
el ámbito de la Administración de Justicia.
10.ª  Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la 
Administración de Justicia.
11.ª  Elaborar y ejecutar su propio presupuesto, en los términos previstos en la 
presente Ley Orgánica.
12.ª  Proponer, previa justificación de la necesidad, las medidas de refuerzo 
que sean precisas en concretos órganos judiciales.
13.ª  Emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por 
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.
14.ª  Recopilar y actualizar los Principios de Ética Judicial y proceder a su 
divulgación, así como a su promoción con otras entidades y organizaciones 
judiciales, nacionales o internacionales.
15.ª  Elaborar los informes sobre los anteproyectos de ley y disposiciones 
generales que en virtud de lo dispuesto en el artículo 561 le correspondan.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Consejo en funciones 
podrá realizar aquellas otras actuaciones que sean indispensables para garantizar 
el funcionamiento ordinario del órgano.»
Dos.  Se introduce un nuevo artículo 598 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 598 bis.
Cuando el Consejo General del Poder Judicial se encuentre en funciones, según 
lo previsto en el artículo 570.2, su Presidencia no podrá acordar el cese del 
Secretario General ni del Vicesecretario General del Consejo General del Poder 
Judicial.»
Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley orgánica.
Madrid, 29 de marzo de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN