BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Viernes 20 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 103132
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
14648 Pleno. Sentencia 151/2020, de 22 de octubre de 2020. Cuestión interna de 
inconstitucionalidad 1231-2020. Planteada por la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional  en  el  recurso  de  amparo  1880-2018,  respecto  del  último 
párrafo del art. 238 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal, en la redacción 
dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. Derecho a la tutela 
judicial sin indefensión y principio de exclusividad jurisdiccional: nulidad del 
precepto legal en cuanto excluye la posibilidad de revisión judicial de los 
decretos dictados en reposición por los letrados de la administración de 
justicia (STC 58/2016).
ECLI:ES:TC:2020:151
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente,  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías,  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido  Tourón  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 1231-2020, planteada por la Sala 
Primera del Tribunal Constitucional en el recurso de amparo 1880-2018, respecto del 
último párrafo del art. 238 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal, en la redacción dada 
por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva oficina judicial, por posible vulneración del artículo 24.1 CE, en 
conexión con el art. 117.3 CE. Han comparecido y formulado alegaciones el abogado del 
Estado y la fiscal general del Estado. Ha sido ponente la magistrada doña Encarnación 
Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Mediante providencia de 10 de marzo de 2020, el Pleno de este tribunal admitió 
a trámite una cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por su Sala Primera en 
el recurso de amparo núm. 1880-2018, respecto del último párrafo del art. 238 bis de la 
Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim), en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 
de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva  e
oficina judicial, en el que se establece que «[c]ontra el decreto del Secretario Judicial que  b
resuelva el recurso de reposición no cabrá interponer recurso alguno», por posible  648ww
vulneración del artículo 24.1 CE, en conexión con el art. 117.3 CE.
2.  Los antecedentes de la presente cuestión interna de inconstitucionalidad son los 
que a continuación se resumen.
A)  El día 9 de abril de 2018 tuvo entrada en el registro general de este tribunal un 
escrito del procurador de los tribunales don Isidro Orquín Cedenilla, actuando en nombre 
y representación de don Ricardo Sáenz de Ynestrillas Pérez, por el que interpuso 
recurso  de  amparo  contra  el  decreto  de  5  de  abril  de  2018  de  la  letrada  de  la 
administración de justicia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, 
por el que se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la diligencia de 
ordenación de la letrada de la administración de justicia, de 26 de febrero de 2018, 
dictados  en  el  rollo  de  apelación  núm.  1717-2017,  dimanante  del  procedimiento 
abreviado 154-2015 del Juzgado de lo Penal núm. 9 de Valencia.
B)  Los hechos de los que trae causa el recurso de amparo (tramitado ante la Sala 
Primera de este tribunal con el núm. 1880-2018) son, en síntesis, los siguientes:
a)  El Juzgado de lo Penal núm. 9 de Valencia dictó sentencia, de fecha 30 de junio 
de  2017,  condenando  al  hoy  demandante  de  amparo  como  autor  criminalmente 
responsable de un delito de calumnias de los artículos 205, 206 y 211 del Código penal 
(CP), con la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de multa de doce meses, con 
cuota  diaria  de  quince  euros,  con  la  responsabilidad  personal  subsidiaria,  caso  de 
impago, del art. 53 CP, así como al pago de las costas procesales causadas, incluidas 
las  de  la  acusación  particular  y,  por  vía  de  responsabilidad  civil,  la  obligación  de 
indemnizar al querellante en la cantidad de 3000 €.
b)  Elevado recurso de apelación fue desestimado por sentencia de la Audiencia 
Provincial de Valencia, de 6 de febrero de 2018, en la que se razona que el acusado no 
ha conseguido probar la veracidad de sus acusaciones, sin que la imputación de graves 
hechos delictivos, carente de sustento probatorio, pueda ampararse en el derecho a la 
libertad de expresión o de información. La sentencia dispone en el fallo que «contra esta 
sentencia no cabe recurso alguno al haberse incoado la causa con anterioridad al 6 de 
diciembre de 2015, fecha de entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre».
c)  El hoy recurrente de amparo solicitó al juzgado la «notificación personal» de la 
citada sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, con la finalidad de conocer el 
dies a quo para la interposición de recurso de casación por infracción de precepto 
constitucional. Dicha solicitud fue denegada por diligencia de ordenación de la letrada de 
la administración de justicia, de 26 de febrero de 2018, en la que se razona que la 
sentencia apelada se notificó a las partes a través de sus representantes, al no tratarse 
de juicio oral, que es lo que determina el art. 160 LECrim.
d)  Frente a la anterior diligencia de ordenación se interpuso recurso de revisión, 
que fue tramitado como recurso de reposición por la letrada de la administración de 
justicia  y  desestimado  por  decreto  de  5  de  abril  de  2018  de  la  letrada  de  la 
administración de justicia «por los propios fundamentos expuestos en la resolución 
recurrida». Asimismo, en la parte dispositiva se indica que «contra la presente resolución 
no cabe interponer recurso alguno».
3.  Se  recurren  en  amparo  las  resoluciones  dictadas  por  la  letrada  de  la 
administración de justicia invocando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso al recurso, en conexión con lo 
dispuesto en los arts. 117.3 y 120.3 CE.
Aduce la parte demandante que, tras dictarse la sentencia de la Audiencia Provincial  s
de Valencia que desestimó el recurso de apelación, se omitió el trámite de notificación  oe.
«qpppureoeorctr iunsqoreuannedat eoml».r ,a  Earsncl ia nce oosen tle dqi enusniecea inoddt iodde,oel  c l aairprrcltgau. uznmo1s 6teap0nna tcraLai aE q inCuqteurei emrnp ,oiom  nsepeesird   sieódul e fdrisceepicetreuenrrntmsedo ienc  daoerne   lc cnoadorsetrieafriecccctiaóahrnm ol,a  eq n«sutaeee n  eletaeln  ndtdiceieioansb d laeeal     2020-14648n https://www.
notificación»,  tal  y  como  se  recoge  en  los  AATC  160/1982,  de  5  de  mayo,  FJ  2,
y 662/1985, de 2 de octubre, FJ 2, así como en las SSTC 190/1994, de 20 de junio,
y 88/1997, de 5 de mayo, exigencia que, a su juicio, se ha llevado hasta sus últimas 
consecuencias en la STC 91/2002, de 22 de abril, en la que se reconoce que el cómputo 
del  plazo  para  apelar  debe  realizarse  desde  la  notificación  de  la  sentencia  hecha 
personalmente a las partes y no a sus procuradores, de acuerdo con lo previsto en el 
art.  160  LECrim.  En  consecuencia,  para  la  parte  recurrente  la  falta  de  notificación 
personal implica la vulneración del art. 24 CE, en su vertiente de derecho de acceso al 
recurso,  al  ocasionar  incertidumbre  respecto  del  plazo  para  interponer  el  recurso 
pertinente.
Una vez desarrollada la queja que se acaba de exponer, la demanda se centra en 
argumentar la vulneración del derecho a la revisión judicial de las resoluciones de los 
letrados de la administración de justicia, con apoyo en el art. 117.3 CE que recoge el 
principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional, queja que se conecta con la 
vulneración del art. 24 CE, en su vertiente de derecho a obtener una resolución judicial 
motivada. La parte recurrente entiende que estamos ante un caso similar al resuelto en 
la STC 58/2016, de 17 de marzo, en la que este tribunal estima la cuestión interna de 
inconstitucionalidad  planteada  por  la  Sala  Segunda  del  Tribunal  Constitucional  en 
relación con el art. 102 bis.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción  contencioso-administrativa,  declarando  la  inconstitucionalidad  de  dicho 
precepto al excluir la intervención judicial en la revisión del decreto del letrado de la 
Administración de Justicia que resuelve el recurso de reposición contra sus propias 
diligencias de ordenación.
Por todo ello, se solicita la admisión a trámite del recurso de amparo y que el tribunal 
plantee una cuestión interna de inconstitucionalidad contra el último apartado del art. 238 
bis LECrim, en el que se establece que «[c]ontra el decreto del Secretario Judicial que 
resuelva el recurso de reposición no cabrá interponer recurso alguno», con la finalidad 
de estimar el presente recurso de amparo y que las resoluciones de la letrada de la 
Administración de Justicia puedan ser impugnadas ante un órgano jurisdiccional.
4.  Por providencia de fecha 25 de febrero de 2019, la Sección Segunda de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo «apreciando que concurre en el 
mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) como consecuencia 
de que la posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir 
de la ley o de otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)]». En la misma 
resolución  se  acordó  dirigir  atenta  comunicación  a  los  siguientes  órganos 
jurisdiccionales,  a  fin  de  que,  en  plazo  que  no  excediera  de  diez  días  remitiesen 
certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  a  los 
procedimientos  tramitados  ante  cada  uno:  (i)  a  la  Sección  Cuarta  de  la  Audiencia 
Provincial de Valencia respecto de las actuaciones correspondientes al recurso núm. 
1717-2017 y (ii) al Juzgado de lo Penal núm. 9 de Valencia, respecto del procedimiento 
abreviado  núm.  154-2015,  en  este  último  caso  debiendo  encargarse  además  de 
emplazar en el plazo de diez días a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, 
excepto la parte recurrente en amparo, para que puedan comparecer si lo desean en el 
presente proceso de amparo.
5.  Con fecha 9 de mayo de 2019, la Secretaría de Justicia de la Sala Primera de 
este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que acordó dar vista de las actuaciones 
a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que 
pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto 
en el artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). e
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del presente recurso de amparo.
El fiscal comienza aclarando que no cabe imputar a la parte actora la falta de 
agotamiento de los correspondientes medios de impugnación [art. 44.1 a) LOTC], ya que 
el art. 238 bis LECrim, establece que contra el decreto del letrado de la administración de 
justicia resolutorio del recurso de reposición no cabe recurso alguno y, además, el 
incidente de nulidad de actuaciones del art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(LOPJ) es inviable dado que el mismo exige, como presupuesto, que la resolución del 
incidente sea resuelta por un órgano jurisdiccional. En segundo término señala que no 
puede desconocerse la trascendencia de los actos de notificación para el derecho que 
alega el recurrente y que se refleja en la doctrina que, por todas, recoge la STC 6/2019, 
FJ 2 apartados c) y d), sin perjuicio de que la petición de notificación personal de la 
sentencia de apelación era susceptible de ser contestada por medio de una diligencia de 
ordenación, dada la función que a la misma le asigna el art. 206.2.1 de la Ley de 
enjuiciamiento civil (LEC), añadiendo que las resoluciones recurridas no presentan tacha 
en cuanto a la legitimidad competencial del letrado de la administración de justicia para 
dictarlas, toda vez que se cumplieron las previsiones legales que en materia de recurso 
prevé  la  ley  procesal.  En  tercer  lugar  afirma  que  no  puede  entenderse  que  las 
resoluciones impugnadas adolezcan de falta de motivación, pues expresan de manera 
razonada,  aunque  sucinta,  los  fundamentos  de  la  decisión  relativa  a  la  falta  de 
notificación personal al recurrente.
Cuestión distinta, explica el fiscal, es si la ley, al impedir el control jurisdiccional de la 
actuación procesal de la letrada de la administración de justicia por la que se niega la 
notificación personal de la sentencia de apelación, afecta al derecho a la tutela judicial 
protegido por el art. 24 CE y al principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional 
recogido en el art. 117.3 CE, tal y como denuncia la parte demandante, pues podría 
entenderse que la norma «incurre en insalvable inconstitucionalidad al crear un espacio 
de inmunidad jurisdiccional incompatible con el derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva y la reserva de jurisdicción a los jueces y tribunales integrantes del Poder 
Judicial» (STC 58/2016, FJ 7), doctrina que se reitera en las SSTC 72/2018 y 34/2019.
Por todo ello, el fiscal concluye que, en el caso que nos ocupa, excluido el recurso 
ante el órgano jurisdiccional por la expresa previsión legal, no es posible un control 
judicial de la actuación procesal de la letrada de la administración de justicia, ni, por 
tanto, de la posible afectación del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE que 
el recurrente vincula a la fijación del dies a quo para interponer el recurso de casación 
frente a la sentencia de apelación, por lo que para resolver el presente recurso de 
amparo  resulta  necesario  elevar  previamente  al  Pleno  una  cuestión  interna  de 
inconstitucionalidad respecto del art. 238 bis LECrim.
7.  La  Sala  Primera  de  este  tribunal,  mediante  providencia  de  28  de  octubre 
de 2019, en ejercicio de la potestad prevista en el artículo 55.2 LOTC y con suspensión 
del plazo para dictar sentencia, acordó oír a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para 
que en el plazo común e improrrogable de diez días pudieran alegar lo que deseen sobre 
la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad o sobre el fondo de esta, 
respecto  del  último  párrafo  del  art.  238  bis  LECrim,  en  la  redacción  dada  por  la 
Ley  13/2009,  de  3  de  noviembre,  de  reforma  de  la  legislación  procesal  para  la 
implantación de la nueva oficina judicial, en el que se establece que «contra el decreto 
del Secretario Judicial que resuelva el recurso de reposición no cabrá interponer recurso 
alguno», por su eventual oposición al derecho a la tutela judicial efectiva garantizada en 
el artículo 24.1 CE y al principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional consagrado 
en  el  art.  117.3  CE,  en  la  medida  en  que  las  resoluciones  de  la  letrada  de  la  e.
administración de justicia deniegan el derecho a la notificación personal de la sentencia  w.b
que desestima el recurso de apelación en una causa penal, sin que tal decisión pueda  648ww
ser revisada por un órgano jurisdiccional.
con 8fe. chLaa  dree p1re5s deen tnaocvióienm pbrorec edsea l2 d0e1l9 r,e acrugruremneten teann daom lpaa proe rftoinremnacliiazó d ees eclreitvoa rre agli sPtrlaednoo 
la cuestión interna de inconstitucionalidad y reiterando las alegaciones expuestas en su
demanda de amparo dirigidas a fundamentar la inconstitucionalidad del último párrafo del 
art. 238 bis LECrim. En este sentido se reproducen los razonamientos expuestos por 
este tribunal en la STC 58/2016, de 17 de marzo, que resolvió una cuestión interna de 
inconstitucionalidad similar a la que ahora se promueve y declaró la inconstitucionalidad 
y nulidad del primer párrafo del artículo 102 bis.2, párrafo 1, de la Ley de la jurisdicción 
contencioso-administrativa (LJCA), al concluir que dicha norma incurría «en insalvable 
inconstitucionalidad al crear un espacio de inmunidad jurisdiccional incompatible con el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y con la reserva de jurisdicción a los 
Jueces y Tribunales integrantes del Poder Judicial».
9.  El fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito registrado el 15 de 
noviembre de 2019, sosteniendo la existencia de motivos suficientes para elevar una 
cuestión interna de inconstitucional al Pleno respecto del último párrafo del art. 238 bis 
LECrim.
Tras exponer los antecedentes del caso y referirse al cumplimiento de los requisitos 
necesarios para el planteamiento de la cuestión, señala que, en términos similares a lo 
resuelto en las SSTC 58/2016, 72/2018 y 34/2019, nos hallamos ante un precepto legal 
de carácter general que veda el control jurisdiccional de actos procesales de los letrados 
de la administración de justicia, por lo que entiende que el art. 238 bis párrafo final 
LECrim, no es compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión que 
garantiza  el  artículo  24.  l  CE,  ni  con  el  principio  de  exclusividad  de  la  potestad 
jurisdiccional consagrado por el art. 117.3 CE, en cuanto que priva a los jueces y 
magistrados,  como  primeros  garantes  de  los  derechos  fundamentales  en  nuestro 
ordenamiento  jurídico,  de  la  posibilidad  de  dispensar  la  tutela  judicial  efectiva  sin 
indefensión que a todos garantiza el artículo 24.1 CE en ejercicio del principio de 
exclusividad de la potestad jurisdiccional derivado del principio de independencia judicial 
garantizado por el artículo 117.1 CE.
10.  Por  auto  de  fecha  24  de  febrero  de  2020,  la  Sala  Primera  del  Tribunal 
Constitucional acordó elevar al Pleno cuestión interna de inconstitucionalidad respecto 
del último párrafo del art. 238 bis LECrim, en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 
de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva 
oficina judicial, por su oposición al artículo 24.1 CE, en conexión con el art. 117.3 CE.
Para la Sala Primera la duda de constitucionalidad afecta al régimen de recursos 
legalmente  establecido  contra  los  decretos  de  los  letrados  de  la  administración  de 
justicia, en la medida en que la aplicación del precepto cuestionado impide que las 
decisiones procesales de aquellos sean revisadas por los jueces y tribunales, titulares en 
exclusiva de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE), impidiendo así que estos, como 
primeros garantes de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico, 
dispensen la tutela judicial efectiva sin indefensión que a todos garantiza el art. 24.1 CE 
en ejercicio del principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional, o principio de 
«reserva de jurisdicción» (STC 181/2000, de 29 de junio, FJ 19), consagrado por el 
art. 117.3 CE y derivado del principio de independencia judicial garantizado por el 
art. 117.1 CE.
11.  Por providencia de 10 de marzo de 2020, el Pleno del Tribunal Constitucional 
acordó admitir a trámite la presente cuestión interna de inconstitucionalidad; reservar 
para sí su conocimiento; dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el 
art.  37.3  LOTC,  al  Congreso  de  los  Diputados  y  al  Senado,  por  conducto  de  sus  s
presidentes, al Gobierno, por conducto del ministro de Justicia, y a la fiscal general del  oe.
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definitivamente la presente cuestión y publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín
Oficial del Estado».
12.  La presidenta del Senado, mediante escrito registrado en este tribunal el 4 de 
abril de 2020, comunicó la personación de dicha cámara en el proceso, ofreciendo su 
colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
13.  La fiscal general del Estado cumplimentó el trámite conferido mediante escrito 
registrado el 10 de junio de 2020, solicitando al Tribunal Constitucional que estime la 
presente  cuestión  interna  de  inconstitucionalidad  y  declare  la  inconstitucionalidad  y 
nulidad del último párrafo del art. 238 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Tras  exponer  los  antecedentes  del  caso  y  los  términos  de  la  duda  de 
constitucionalidad  planteada,  la  fiscal  general  del  Estado  analiza  en  su  escrito  de 
alegaciones el cumplimiento de los requisitos procesales de planteamiento de la cuestión 
interna de inconstitucionalidad, de conformidad con los arts. 55.2 y 35.2 LOTC, para 
inmediatamente después exponer los razonamientos jurídicos dirigidos a fundamentar la 
inconstitucionalidad del precepto cuestionado.
En este sentido se cita el ATC 163/2013, de 9 de septiembre, por el que la Sala 
Segunda del Tribunal planteó una cuestión interna de inconstitucionalidad respecto del 
art.  102  bis  LJCA,  de  contenido  muy  similar  al  hoy  cuestionado,  por  su  posible 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva garantizada en el art. 24.1 CE, 
cuestión  que  fue  resuelta  por  la  STC  58/2016,  de  17  de  marzo,  que  declaró  la 
inconstitucionalidad y nulidad del citado precepto por cuanto «incurre en insalvable 
inconstitucionalidad al crear un espacio de inmunidad jurisdiccional incompatible con el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la reserva de jurisdicción a los jueces y 
tribunales integrantes del Poder Judicial» (FJ 7). Asimismo se refiere a la STC 72/2018, 
que  declaró  la  inconstitucionalidad  y  nulidad  del  art.  188.1,  párrafo  primero,  de  la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, toda vez que dicho 
precepto  excluía  del  recurso  judicial  determinados  decretos  de  los  letrados  de  la 
administración de justicia, cercenando el derecho del justiciable a someter el asunto a la 
decisión última del juez o tribunal, a quien compete de modo exclusivo la potestad 
jurisdiccional y, por último, alude a la STC 34/2019, de 14 de marzo, que declaró la 
inconstitucionalidad y nulidad del párrafo tercero del art. 34.2 y del inciso «y tercero» del 
párrafo segundo y del párrafo cuarto del art. 35.2 LEC, por las mismas razones ya 
expuestas, toda vez que establecía, en relación con la impugnación de los honorarios de 
los  abogados,  que  el  decreto  del  letrado  de  la  administración  de  justicia  no  era 
susceptible de recurso.
Una vez expuesto lo anterior, la fiscal general del Estado concluye que el párrafo final 
del art. 238 bis LECrim, en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de 
reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial ha de 
ser  declarado  inconstitucional,  pues  su  contenido  afecta  al  régimen  de  recursos 
legalmente establecido contra los decretos de los letrados de la administración de justicia 
en el proceso penal, en la medida en que su aplicación impide que las decisiones 
procesales de aquellos, en las que resulte afectado un derecho fundamental, sean 
revisadas por los jueces y tribunales, titulares en exclusiva de la potestad jurisdiccional 
(art. 117.3 CE), afectando así al derecho a la tutela judicial efectiva que a todos garantiza 
el art. 24.1 CE, dando por reproducida la doctrina contenida en el fundamento jurídico 4 
de la STC 58/2016.
14.  La presidenta del Congreso, mediante escrito registrado en este tribunal el 12 
de junio de 2020, comunicó la personación de dicha cámara en el proceso, ofreciendo su 
colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. e
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Pleno la presente cuestión interna de inconstitucionalidad respecto del último párrafo del
art. 238 bis LECrim, el abogado del Estado señala que el precepto cuestionado es similar
al  artículo  102  bis,  apartado  segundo,  de  la  Ley  reguladora  de  la  jurisdicción 
contencioso-administrativa, declarado inconstitucional por la STC 58/2016, de 17 de 
marzo, al crear un espacio de inmunidad jurisdiccional incompatible con el derecho 
fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva  y  con  la  reserva  de  jurisdicción  que  la 
Constitución reconoce a los jueces y tribunales integrantes del Poder Judicial. Asimismo 
se refiere a las SSTC 72/2018 y 34/2019, que declararon inconstitucionales preceptos 
que, en la jurisdicción social y civil, respectivamente, impedían la revisión judicial de 
determinados  decretos  definitivos  de  los  letrados  de  la  administración  de  justicia, 
creando un espacio de inmunidad jurisdiccional incompatible con el derecho a la tutela 
judicial efectiva.
En consecuencia, el abogado del Estado entiende que, a la vista de las decisiones 
del tribunal anteriormente citadas y teniendo en cuenta la semejante redacción del 
precepto ahora cuestionado con los ya declarados inconstitucionales, solicita al Tribunal 
Constitucional que dicte una sentencia «conforme a Derecho».
16.  Por providencia de 20 de octubre de 2020 se señaló para deliberación y fallo de 
esta sentencia el día 22 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  La presente cuestión interna de inconstitucionalidad se plantea respecto del 
último párrafo del art. 238 bis LECrim, en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de 
noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina 
judicial, en el que se establece que «[c]ontra el decreto del Secretario Judicial que 
resuelva el recurso de reposición no cabrá interponer recurso alguno».
La duda de constitucionalidad que se plantea afecta al régimen de recursos contra 
los decretos de los letrados de la administración de justicia, en la medida en que su 
aplicación puede impedir que las decisiones de estos sean revisadas por los jueces y 
tribunales, titulares en exclusiva de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE), vulnerando 
así el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión que garantiza el 
art. 24.1 CE. El auto de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, de fecha 24 de 
febrero de 2020, en el que se plantea al Pleno del tribunal la presente cuestión interna de 
inconstitucionalidad, parte de la doctrina fijada en las SSTC 58/2016, de 17 de marzo; 
72/2018,  de  21  de  junio,  y  34/2019,  de  14  de  marzo,  que  han  declarado 
inconstitucionales y nulos, respectivamente, el primer párrafo del art. 102 bis.2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa 
(LJCA); el art. 188.1, párrafo primero, de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de 
la jurisdicción social (LJS); y el párrafo tercero del art. 34.2 y el inciso «y tercero» del 
párrafo segundo y del párrafo cuarto del art. 35.2 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), 
todos ellos en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la 
legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. La Sala Primera 
considera  que  estamos  ante  preceptos  sustancialmente  iguales,  pues  todos  ellos 
impiden la revisión judicial de los decretos de los letrados de la administración de justicia.
La fiscal general del Estado interesa la estimación de la presente cuestión interna de 
inconstitucionalidad, por las razones que se resumen en los antecedentes de esta sentencia, 
y  el  abogado  del  Estado,  tras  referirse  a  la  jurisprudencia  dictada  por  el  Tribunal 
Constitucional en supuestos similares al que nos ocupa, solicita que se dicte una sentencia 
conforme a Derecho, tal y como se reproduce con más detalle en los antecedentes.
2.  Como recuerdan las SSTC 58/2016, FJ 2; 72/2018, FJ 2, y 34/2019, FJ 3, citadas en  bo
el auto de planteamiento de la cuestión interna de inconstitucionalidad, la regulación actual  648ww
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eficiente y transparente, lo que implica conseguir una optimización y racionalización de los
medios que se destinan a la Justicia. A tal efecto, una de las claves fundamentales de la 
reforma  consiste,  precisamente,  en  potenciar  la  intervención  de  los  letrados  de  la 
administración de justicia, llamados a responsabilizarse, por su capacitación profesional como 
técnicos en Derecho, «de determinadas materias que si bien quedan fuera de la potestad 
jurisdiccional  atribuida  con  exclusividad  a  jueces  y  tribunales,  no  por  ello  son  menos 
importantes para la buena marcha del servicio público que constituye la administración de 
Justicia», como señala la exposición de motivos de la citada Ley 13/2009.
De  acuerdo  con  este  nuevo  modelo  de  oficina  judicial,  configurada  como 
organización instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de 
jueces y tribunales (art. 435.1 LOPJ), la toma de decisiones dentro del proceso se 
distribuye ahora entre jueces y magistrados, por un lado, y letrados de la administración 
de justicia, por otro, reservando a los primeros las resoluciones que se integran en lo que 
la  exposición  de  motivos  de  la  Ley  13/2009  denomina  «función  estrictamente 
jurisdiccional», en consonancia con lo establecido en los arts. 24.1 y 117 CE. Se trata, en 
definitiva, como también se desprende de la citada Ley, de que los jueces y magistrados 
dediquen todos sus esfuerzos a las funciones que les vienen encomendadas por la 
Constitución, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, descargándoles de todas aquellas 
tareas no vinculadas estrictamente a dicha función constitucional, de manera que el 
nuevo  modelo  de  la  oficina  judicial  atribuye  a  otros  funcionarios  aquellas 
responsabilidades y funciones que no tienen carácter jurisdiccional.
Este tribunal ya ha tenido ocasión de indicar que, en el marco de la moderna oficina 
judicial,  «la  Ley  13/2009  acomete  una  minuciosa  reforma  horizontal  de  las  leyes 
procesales en todos los órdenes jurisdiccionales. Introduce en cada una de ellas normas 
generales y especiales expresivas de los supuestos en que las "resoluciones procesales" 
–denominación que engloba en la nueva nomenclatura legal tanto a las "resoluciones 
judiciales", dictadas por jueces o tribunales, como las de los letrados de la administración 
de justicia, como expresan el artículo 206 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) y los 
artículos 244 y 456 LOPJ– deben ser dictadas por el juez o tribunal o por el letrado de la 
administración de justicia. Se indica igualmente la denominación y forma de la resolución 
de  que  se  trate  (providencias,  autos  y  sentencias  en  el  caso  de  las  resoluciones 
judiciales; diligencias y decretos en el caso de las resoluciones de los letrados de la 
administración de justicia), así como su régimen de impugnación. En tal sentido el 
artículo 456.4 LOPJ, en la redacción resultante de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, 
determina con carácter general que "las diligencias de ordenación y los decretos serán 
recurribles en los casos y formas previstos en las leyes procesales"» (STC 58/2016, 
de 17 de marzo, FJ 2; párrafo reproducido en la STC 72/2018, FJ 2).
Así, dejando a salvo el principio de exclusividad de jueces y magistrados en el ejercicio de 
la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE), derivado a su vez del principio de independencia 
judicial (art. 117.1 CE), ya hemos afirmado en la STC 58/2016, FJ 4, que «no puede merecer 
en principio reproche de inconstitucionalidad la opción tomada por el legislador, en el marco 
del modelo de oficina judicial que diseñó la Ley Orgánica 19/2003 y desarrolló la Ley 13/2009 
y que reafirma la reciente Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio», toda vez que, de acuerdo con 
esta opción legislativa, la toma de decisiones en el proceso se distribuye entre jueces y 
magistrados, por un lado, y letrados de la administración de justicia, por otro, reservando a los 
primeros las decisiones procesales que puedan afectar a la función o potestad estrictamente 
jurisdiccional, que les viene constitucionalmente reservada en exclusiva (art. 117.3 CE), y 
atribuyendo a los segundos, que asumen la dirección de la oficina judicial, aquellas funciones 
que no tienen carácter jurisdiccional. s
3.  El precepto objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad está, al igual que  w.b
los casos ya examinados en las SSTC 58/2016, 72/2018 y 34/2019, en directa conexión con  648ww
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nulidad del artículo 454 bis.1, párrafo primero, de la Ley de enjuiciamiento civil, en la 
redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.
La duda de constitucionalidad planteada por la Sala Primera se refiere precisamente al 
régimen  de  recursos  legalmente  establecido  contra  los  decretos  de  los  letrados  de  la 
administración de justicia que se dictan en el seno del proceso penal, en la medida en que el 
último párrafo del art. 238 bis LECrim, establece que contra el decreto del letrado de la 
administración de justicia que resuelve el recurso de reposición no cabe interponer recurso 
alguno, impidiendo que las decisiones procesales de aquellos sean revisadas por los jueces y 
tribunales, por lo que, ateniéndonos a los razonamientos del auto de planteamiento, debemos 
determinar si el precepto cuestionado es compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión que garantiza el artículo 24.1 CE y con el principio de exclusividad de la 
potestad jurisdiccional consagrado por el artículo 117.3 CE.
4.  De acuerdo con lo expuesto, resulta claro que el último párrafo del art. 238 bis 
LECrim, excluye todo control jurisdiccional del decreto del letrado de la administración de 
justicia que resuelve el recurso de reposición y cierra la posibilidad de una tutela de 
derechos  e  intereses  legítimos  que  la  Constitución  contempla  que  sea  siempre 
dispensada por los jueces y tribunales, creando un sector de inmunidad que no se 
compadece con el art. 24.1 CE, ni con lo previsto en el art. 117.3 CE.
Por tanto, la exclusión de recurso frente al decreto priva del acceso al control 
jurisdiccional de una decisión adoptada en el seno de un proceso penal por un órgano no 
investido de función jurisdiccional, cuando según reiterada doctrina de este tribunal «el 
derecho a obtener de los jueces y tribunales una resolución razonada y fundada en 
Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes se 
erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva 
reconocido en el art. 24.1 CE» (por todas, STC 8/2014, de 27 de enero, FJ 3).
En definitiva, el precepto cuestionado vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), ya que crea un régimen de impugnación de las decisiones de los letrados 
de la administración de justicia generador de un espacio inmune al control jurisdiccional. 
En coherencia con ello, se debe declarar la inconstitucionalidad y nulidad del precepto 
cuestionado, precisando, al igual que se hizo en las SSTC 58/2016, FJ 7; 72/2018, FJ 4; 
34/2019, FJ 7, y 15/2020, FJ 3, que, en tanto el legislador no se pronuncie al respecto, el 
recurso judicial procedente frente al decreto del letrado de la administración de justicia 
resolutivo de la reposición sea el directo de revisión.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar la presente cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por la Sala Primera 
del Tribunal Constitucional y, en su virtud, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del último 
párrafo del art. 238 bis LECrim, en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, 
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, en el 
que se establece que «[c]ontra el decreto del Secretario Judicial que resuelva el recurso de 
reposición no cabrá interponer recurso alguno».
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». o
Dada en Madrid, a veintidós de octubre de dos mil veinte.–Juan José González  648ww
RGiavracsía.–.–EJnucaanrn aAcniótonn ioR oXciao l TRrííoass..––PAenddrroé s JoOsléle rGo onTzaáslseazr-aT.r–eSvaijanntioa goS ánMcahretízn.–eAz-nVtaorneios 
NCaornvdáee-zP umRopdidroíg Tuoeuzr.ó–nA.l–frMedaorí a MLuoinstao yBaa laMgueelgr aCr.a–lRleijcóanr.d–oF irmEnardíqou ye rzu bSricaandcoh.o.–Cándido  BOE-A-cable e