BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 17 Lunes 20 de enero de 2020 Sec. III.   Pág. 5384
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
843 Resolución  de  9  de  enero  de  2020,  de  la  Presidencia  del  Consejo  de 
Transparencia y Buen Gobierno, por la que se publica el Convenio con la 
Comunidad  Autónoma  del  Principado  de  Asturias,  para  el  traslado  del 
ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas 
en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno.
El  artículo  38,  número  2,  letra  c),  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), encomienda 
a la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función 
de conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación de su artículo 24. Por 
su parte, el número 2 de la Disposición adicional cuarta de la LTAIBG prevé que las 
Comunidades  Autónomas  podrán  atribuir  la  competencia  para  la  resolución  de  la 
reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 
para lo cual deberán celebrar el correspondiente Convenio con la Administración General 
del Estado en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los 
gastos derivados de esa asunción de competencias.
En desarrollo de las anteriores previsiones normativas, el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (Consejería de 
Presidencia) suscribieron el pasado 27 de diciembre el correspondiente Convenio de 
colaboración que, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal con fecha 8 de enero de 2020, 
debe ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado» según determina el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En su virtud, esta Presidencia resuelve:
Remitir al «Boletín Oficial del Estado» para su publicación el Convenio entre el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias (Consejería de Presidencia) para el traslado del ejercicio de la competencia 
para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Madrid, 9 de enero de 2020.–El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, A.A.I., P. S. (Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre), el Subdirector General 
de Transparencia y Buen Gobierno, Francisco Javier Amorós Dorda.
ANEXO ÚNICO
Convenio entre la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (a través de la 
Consejería de Presidencia) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por el 
que se atribuye al Consejo la competencia para la resolución de las reclamaciones 
previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno e
En Madrid, a 27 de diciembre de 2019. w.
REUNIDOS
nomDbera udnaa p paarart ee,s ltae  Iclmarag.o S mrae. ddiaonñtae  RDiteac rCeatom 1b4lo/2r 0R1o9d, rdígeu e2z4,  dCeo njuslieoj,e rdae ld Pe rPesreidseidneten cdiae,l   BOE-A-cable e
Principado  de  Asturias,  en  representación  de  la  Administración  del  Principado  de 
Asturias,  en  el  ejercicio  de  las  competencias  que  le  confiere  el  artículo  3  del 
Decreto  13/2019,  de  24  de  julio,  del  Presidente  del  Principado  de  Asturias,  de 
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma y autorizada para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27 
de diciembre de 2019.
De otra parte, don Francisco Javier Amorós Dorda, ejerciendo las funciones de 
Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por vacante, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 10.1 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se 
aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Las partes intervienen en virtud de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las 
competencias,  facultades  y  atribuciones  que  tienen  atribuidas,  reconociéndose 
mutuamente capacidad y legitimación para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto,
EXPONEN
Primero.
Que de acuerdo con el artículo 24, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, 
LTAIBG),  frente  a  toda  resolución  expresa  o  presunta  en  materia  de  acceso  a  la 
información  pública,  podrá  interponerse  una  reclamación  ante  el  Consejo  de 
Transparencia y Buen Gobierno con carácter potestativo y previo a su impugnación en 
vía contencioso-administrativa.
Segundo.
Que el artículo 38, número 2, letra c), de la LTAIBG atribuye al Presidente del 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función de conocer de las 
reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de la Ley.
Tercero.
Que la disposición adicional 4.ª de la LTAIBG, establece que la resolución de la 
reclamación  prevista  en  el  artículo  24  de  la  misma  corresponderá  al  órgano 
independiente  que  determinen  las  Comunidades  Autónomas  en  los  supuestos  de 
resoluciones dictadas por las Administraciones y el sector público de éstas, y por las 
Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial.
Cuarto.
Que la citada disposición adicional 4.ª, en su número 2, contempla la posibilidad de 
que las Comunidades Autónomas atribuyan al Consejo la competencia para la resolución 
de las reclamaciones referidas en el apartado anterior, mediante la celebración del 
correspondiente  Convenio  en  el  que  se  estipulen  las  condiciones  en  que  aquéllas 
sufragarán los gastos derivados de esta asunción de competencias.
Quinto.
Que el artículo 63 de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre,  o
de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, crea el Consejo de Transparencia  w.
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Sexto.
Que, hasta que tenga lugar la efectiva puesta en funcionamiento de su Consejo 
propio, es de interés de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias hacer uso 
de la facultad que le confiere la disposición adicional 4.ª, número 2, de la LTAIBG para 
atribuir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la competencia para la resolución 
de las reclamaciones de su artículo 24 en los supuestos de resoluciones dictadas por su 
Administración propia y las entidades integradas en el sector público de ésta, y por las 
Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial.
Séptimo.
Que, a tal efecto, las partes convienen en suscribir el presente Convenio, que se 
ajustará a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El objeto de este Convenio lo constituye la atribución de la competencia al Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno para la resolución de las reclamaciones previstas en 
el artículo 24 de la LTAIBG, respecto de las resoluciones dictadas por la Administración 
del Principado de Asturias y su sector público, y por las Entidades Locales incluidas en 
su ámbito territorial y su sector público.
Segunda.  Especificaciones.
1.  La atribución de la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
no supone en ningún caso renuncia de la competencia que corresponde a la Comunidad 
Autónoma,  transfiriéndose  únicamente  la  gestión,  resolución  y  notificación  de  las 
reclamaciones correspondientes que se sustancien.
2.  La Comunidad Autónoma, comunicará a las Entidades Locales incluidas en su 
ámbito territorial la firma del Convenio dando traslado de la notificación al Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno.
Tercera.  Obligaciones de carácter general.
1.  El  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  se  obliga  a  conocer  las 
reclamaciones  en  materia  de  acceso  a  la  información  que  puedan  interponerse  al 
amparo  de  la  LTAIBG  y  de  la  Ley  del  Principado  de  Asturias  8/2018,  de  14  de 
septiembre, respecto de los actos de la Administración de la Comunidad Autónoma y su 
sector público, así como de las Entidades Locales comprendidas en su territorio y su 
sector público.
Esta obligación comprende la de tramitar, resolver, notificar y hacer el seguimiento de 
dichas reclamaciones en el plazo a que se refiere el artículo 24, número 4, de la LTAIBG.
Del mismo modo comprende la de remitir por vía electrónica a las Administraciones 
implicadas las resoluciones dictadas, en el término de los tres días siguientes a su fecha 
de elaboración y a notificarlas a los interesados en los términos previstos en la LTAIBG.
2.  Las reclamaciones de acceso a la información pública podrán presentarse en 
cualquier registro público de las Administraciones incluidas en el ámbito de aplicación del  e.e
Convenio y, en general, en los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de  b
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. w
al órLgoasn roe cgoismtrpoes tednet ela sd eE lnat iCdaodmeusn Lidoacda lAesu tsóen oomblaig.an a enviar la reclamación presentada
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(reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es) en el curso de los tres días siguientes 
al de la fecha en que tuvieran entrada en la sede autonómica identificada al efecto.
3.  La obligación de conocer las reclamaciones comprende igualmente aquellas que 
se hubiesen formulado con anterioridad a la entrada en vigor del Convenio y que sean 
posteriores a 21 de junio de 2019.
Cuarta.  Obligaciones de carácter económico.
1.  La Comunidad Autónoma se obliga a sufragar con cargo a sus propios recursos 
los gastos derivados de la ejecución de este Convenio.
2.  El importe de los costes se determinará por el Consejo multiplicando el número 
de reclamaciones presentadas por el coste unitario de las resoluciones, calculado de 
acuerdo con el Modelo de Costes Estándar / Standard Cost Model (MCE/SCM) de la 
Unión Europea en la versión simplificada adoptada en España, aprobada por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009.
3.  El método de cálculo será el explicitado en el Anexo de este Convenio.
4.  La Comunidad Autónoma ingresará anualmente en el Tesoro Público los costes 
derivados de la tramitación, resolución, notificación y seguimiento de las reclamaciones 
comprendidas en el ámbito de este Convenio y de elaboración de las correspondientes 
resoluciones.
El pago será anual, salvo en el supuesto de terminación anticipada del Convenio, y 
tendrá lugar en el último trimestre del año natural, salvo que la comisión a la que se 
refiere la cláusula séptima acuerde que se produzca en un momento distinto. El pago se 
hará efectivo previa expedición de la correspondiente certificación por el Consejo en la 
que constará, como documento anexo, el desglose de los importes correspondientes a la 
Comunidad y a las Entidades Locales comprendidas en el ámbito de aplicación del 
Convenio.
En los supuestos de prórroga de este Convenio, la correspondiente Adenda fijará los 
plazos de pago de conformidad con lo que se establezca en la Comisión de Seguimiento.
5.  La Comunidad Autónoma, una vez satisfecho el pago, podrá resarcirse de los 
gastos  que  se  deriven  de  las  tramitaciones  de  reclamaciones  competencia  de  las 
Entidades Locales y del resto de sujetos que integran el sector público, tanto autonómico 
como local, repitiendo por el importe que resultase de aplicación.
Quinta.  Vigencia y modificación del Convenio.
1.  Este  Convenio  tendrá  vigencia  de  dos  años,  surtiendo  efectos  desde  su 
inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 
del sector público estatal y publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 48.8, párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
2.  El Convenio podrá prorrogarse por un periodo bienal mediante acuerdo expreso 
de ambas partes, siempre que la prórroga se adopte con anterioridad a la finalización de 
su plazo de duración y sin que en ningún caso exceda de los plazos establecidos en el 
artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores la vigencia de este 
Convenio terminará con anterioridad a la fecha señalada en el caso de que se ponga en 
funcionamiento efectivo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de 
Asturias, tal y como se establece en la cláusula siguiente. es
En este supuesto, las reclamaciones que se encuentren pendientes de resolución en  bo
ese momento serán resueltas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal  w
ay cfoorr4dm.a adrEaá nnp  operal  ractaceus doee rdd leao   luqiqnuuáein dsiamec eipó ldnae nf itnleaaesl   lpdaae mrl tCeosod niffivircmeanacinioót neq sud.ee  sees pter aCcotiqnuveen tiroa,s é ssuta e xdteinbceiróán .ser  OE-A-2020-84able en https://
Sexta.  Denuncia y extinción del Convenio.
1.  La  Comunidad  Autónoma  podrá  denunciar  este  Convenio  comunicándolo  al 
Consejo por escrito con un mes de antelación a la fecha en la que desee la terminación 
del mismo.
En todo caso, será causa de extinción la puesta en funcionamiento del órgano propio 
en materia de resolución de las reclamaciones a que se refiere el artículo 24 de la 
LTAIBG,  y  el  artículo  63  de  la  Ley  del  Principado  de  Asturias  8/2018,  de  14  de 
septiembre.
2.  El Consejo solo podrá denunciar el Convenio por causas sobrevenidas de índole 
presupuestaria, técnica u organizativa debidamente motivadas. En su caso, la denuncia 
se realizará en los términos previstos en el número anterior.
3.  En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las 
acciones ya iniciadas en el momento de notificación de la denuncia, en los términos 
definidos en la cláusula quinta.
4.  La extinción del Convenio supondrá la liquidación de las obligaciones financieras. 
El acuerdo de resolución establecerá el modo de liquidar las actuaciones que estuvieran 
pendientes de ejecución en el momento de la extinción del Convenio.
5.  El Convenio se extinguirá por cualquiera de las causas previstas en el artículo 51 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
6.  En el caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en las cláusulas 
tercera y cuarta, se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 51.2.c) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
7.  En caso que existieran perjuicios susceptibles de indemnización en los términos 
de  los  artículos  49.e)  y  51.2.c)  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  éstos  serán 
evaluados y acordados por la Comisión de Seguimiento del presente Convenio. En caso 
de desacuerdo se estará en lo establecido en la cláusula séptima, apartado 3.
Séptima.  Comisión de Seguimiento.
1.  El Convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento, formada por 
dos representantes del Consejo  y dos  representantes de la Comunidad Autónoma, 
designados por cada una de las partes y nombrados por el Consejo. Los representantes 
del Consejo asumirán la Presidencia y la secretaría de la comisión.
2.  Corresponderá a la Comisión el seguimiento de la ejecución de las resoluciones 
del Consejo. En este sentido, cuando la resolución se refiera a un acuerdo o acto de 
alguna de las Entidades Locales de ámbito territorial obligadas por este Convenio, ésta 
podrá designar a un representante que participará en la correspondiente sesión de la 
comisión.
3.  Las partes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de la 
misma, cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento del Convenio, sin 
perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo para el 
conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.
4.  Las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán celebrarse por medios 
electrónicos.
5.  La Comisión de Seguimiento contará con un comité técnico de asesoramiento 
que  informará,  caso  de  ser  necesario,  aquellas  reclamaciones  que,  por  involucrar 
cuestiones  técnicas  específicas  del  ámbito  local  o  autonómico,  requieran  un 
asesoramiento por parte del Consejo. El comité estará formado por los representantes  e
de la Comisión de Seguimiento más un experto designado por la Comunidad Autónoma,  bo
un experto designado, en su caso, por la Entidad Local que corresponda, que sustituirá a  w
crueunuaonl 6qdio.ue ni eelEorsasl    vcrdieoretpmu rlaeaitléssee  sptn.éatcarntneitcseo,s  y sd eefur álna c cCiooonnmavrouácn apiddraeodf ep, ruye nnuttnue amtelmercneetnerto ea  d petrosariv glénasa  Cddooe m pvoiisdri óeenol ,cC oaon nfpeseertejiocni.cóina sd eo   OE-A-2020-84able en https://
Octava.  Resoluciones del Consejo.
Las resoluciones del Consejo serán impugnables ante la jurisdicción competente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Novena.  Transparencia.
Las  partes  firmantes  del  Convenio  se  comprometen  al  cumplimiento  de  las 
obligaciones establecidas en la LTAIBG y en la Ley del Principado de Asturias 8/2018, 
de 14 de septiembre, así como a someterse al régimen de infracciones y sanciones en 
materia de transparencia que a cada una de ellas les resulte de aplicación.
Décima.  Naturaleza y régimen jurídico del Convenio.
1.  Este  Convenio  tiene  la  consideración  de  Convenio  interadministrativo,  de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 47.2 a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
resultándole asimismo aplicable lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, encontrándose excluido del ámbito de la 
contratación pública.
2.  Este Convenio se regirá por lo dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, aplicándose los principios de la normativa en materia 
contractual para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse.
3.  El Convenio se ajustará a los principios rectores y regla de gasto establecidos en 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera,  que  prevé  el  principio  de  estabilidad  presupuestaria  para  todas  las 
Administraciones Públicas.
4.  Sin perjuicio de lo previsto en la precedente cláusula séptima, las cuestiones 
litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de este Convenio, que no 
cuenten con acuerdo en el seno de la Comisión de Seguimiento, serán de conocimiento 
y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.
En prueba de conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, las partes firman 
este Convenio por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados.–Por la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, Rita Clambor Rodríguez.–Por el Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno, P. S. (artículo 10 del Real Decreto 919/2014), el 
subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno, Francisco Javier Amorós Dorda.
ANEXO
I.  De  acuerdo  con  el  Modelo  de  Costes  Estándar  /  Standard  Cost  Model 
(MCE/SCM)  de  la  Unión  Europea,  en  la  versión  simplificada  adoptada  en  España, 
aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, los costes 
internos  de  los  procesos  de  trabajo  en  las  Administraciones  Públicas  tienen  en 
consideración los costes de personal y los costes de funcionamiento de los servicios.
II.  Respecto de los costes de personal, el coste medio por tarea es el resultado de 
multiplicar el coste unitario por hora del grupo de titulación por el número de horas que 
lleva realizar la tarea. El cálculo del coste de la hora de cada grupo profesional, se  e.e
obtiene dividiendo la jornada anual de 1.664 horas de trabajo por el salario anual. El  w.b
número de horas empleado en realizar la tarea se obtiene de la observación directa de  3ww
los pIIrIo. ceRseossp deec ttora dbea jolo.s gastos de funcionamiento (costes indirectos), el importe de los
mlosis mProess uspeu oebsttioesn eG ae npearratilre sd ed elal  Einsftoardmoa. cEiól nim repcoortgei deaq ueinv aloldsr ícaa ap íltau lsousm IIa y  dcea ploístu clor éVdIi tdoes 
correspondientes en un porcentaje del 30 por 100 pues tal es la imputación de los costes 
de funcionamiento que se hace según estándares internacionales.
IV.  Aplicando estos parámetros, el cálculo del coste unitario para 2019 de una 
reclamación  tramitada  por  el  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  sería  el 
siguiente:
A.  El coste unitario por hora de personal por grupo de titulación, imputados los 
costes de funcionamiento sería:
– A1 o equivalente: 23,71 euros.
– A2 o equivalente: 18,46 euros.
– C1 o equivalente: 13,74 euros.
– C2 o equivalente: 11,35 euros.
B.  La  tramitación  media  de  un  expediente  de  reclamación  es  de  6:30  horas, 
teniendo en cuenta el siguiente desglose:
– Borrador: Tres horas por parte de un técnico del grupo A1 o un técnico A2.
– Propuesta de resolución: Dos horas por parte de un técnico A1.
– Gestión administrativa (registro de entrada y salida, traslado de oficios, notificación 
resolución): 1:30 horas por parte de un administrativo C1.
C.  De este modo, el coste unitario de una reclamación sería:
– Borrador: por parte de un técnico A1 o Técnico A2 (tres horas):
• A1: 23,71 x 3= 71,13 euros.
• A2: 18,46 x 3= 55,38 euros.
• Valor medio: 71,13 + 55,38/2= 63,25 euros.
– Propuesta de Resolución: por parte de técnico A1 (dos horas):
• 23,71 x 2= 47,42 euros.
– Gestión  administrativa:  Registro  de  entrada  y  salida,  traslado  de  oficios, 
notificación resolución (1:30 hrs.):
• 13,74 x 1,5= 20,61 euros.
– Total: 63,25 euros + 47,42 euros + 20,61 euros = 131,28 euros.
Total expediente: 131,28 euros.