BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 86  Sábado 28 de marzo de 2020  Sec. I.   Pág. 27548
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
4152 Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del 
COVID-19.
I
El pasado 14 de marzo, el Consejo de Ministros acordó declarar el estado de alarma, 
en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con motivo de la crisis sanitaria 
originada por la pandemia del COVID-19.
Posteriormente, con fecha 17 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, con el fin de arbitrar un conjunto de 
medidas que permitieran paliar, en cierta medida, la crisis sanitaria, económica y social 
generada por la pandemia del COVID-19.
Entre las medidas contempladas en este real decreto-ley, se recogía la flexibilización 
de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), tanto por causa de fuerza 
mayor, como en el supuesto de los derivados de causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción, con el fin de intentar paliar los efectos devastadores que 
esta crisis sanitaria está produciendo en el mercado laboral.
No obstante, el notablemente estancamiento que está registrando nuestro mercado laboral, 
unido al importante volumen de ERTE presentados, desde la declaración del estado de alarma, 
ponen de relieve la necesidad de arbitrar nuevas medidas e instrumentos que contribuyan a 
paliar los efectos de esta crisis sanitaria sobre las personas trabajadoras de nuestro país.
De esta forma, la situación extraordinaria y urgente por la que actualmente atravesamos 
requiere la adopción de nuevas medidas que respondan de manera adecuada a las 
necesidades que se derivan de las consecuencias cambiantes de esta crisis sanitaria, que 
suponen una alteración grave y sin precedentes de nuestra vida diaria y que está teniendo 
un impacto devastador sobre el mercado laboral, generando una gran incertidumbre en un 
amplio colectivo de personas trabajadoras, que están viendo afectados sus puestos de 
trabajo, a raíz de la suspensión de un importante volumen de actividades, como 
consecuencia de la declaración del estado de alarma.
II
El real decreto-ley se estructura en cinco artículos, cuatro disposiciones adicionales y 
tres disposiciones finales.
En primer término, el real decreto-ley busca establecer instrumentos tendentes a 
garantizar la aplicación efectiva de los servicios que resultan esenciales en las 
circunstancias actuales, al objeto de dar una respuesta adecuada a las necesidades de 
atención sanitaria y social, que concurren. No en vano, los hospitales, los ambulatorios y 
las residencias de personas mayores, entre otros, son centros llamados a prestar un 
servicio básico en un contexto de emergencia de salud pública y social, como el que 
atravesamos en la actualidad. es
Así, este real decreto-ley, prevé que, durante la vigencia del presente estado de alarma  o
y sus posibles prórrogas, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, como  52ww
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no puedan tramitar ERTE. Esta medida busca garantizar el compromiso de toda la sociedad,
instituciones y organizaciones de este país con las personas más vulnerables, entre las 
que, sin duda, se encuentran las enfermas y las socialmente dependientes.
Del mismo modo, el presente real decreto-ley viene a complementar y detallar algunas 
de las medidas previstas, en lo atinente la tramitación de los ERTE, previstas en el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, concretando el procedimiento de 
reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo, para todas las personas 
afectadas por procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada basados 
en las causas previstas en los artículos 22 y 23 del mencionado real decreto-ley, así como 
a integrar otra serie de medidas, en el ámbito laboral, destinadas a paliar los efectos de la 
crisis del COVID-19, sobre las personas trabajadoras.
Tanto las empresas como los sectores económicos y la sociedad, en su conjunto, 
consideran que estamos ante un momento de enfriamiento de la actividad productiva 
acotado por la situación excepcional por la que atravesamos, con motivo de la crisis del 
COVID-19 y, por tanto, que esta situación va a tener una duración limitada y sujeta a un 
periodo de tiempo concreto.
Por esta razón, se establecieron medidas extraordinarias y excepcionales en el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con el objetivo de garantizar que los efectos de la 
crisis sanitaria no impidan el restablecimiento de la actividad empresarial y la salvaguarda 
del empleo. En este sentido, y no obstante la vigencia de las diversas causas de despido 
y extinción de los contratos previstas en la normativa laboral, el Gobierno reforzó los 
procedimientos de suspensión y reducción de jornada, agilizándolos y flexibilizándolos, 
con el objetivo de que las causas a las que se refieren los artículos 22 y 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no sean utilizadas para introducir medidas traumáticas 
en relación al empleo, la extinción de los contratos de trabajo, sino medidas temporales, 
que son las que, en definitiva, mejor responden a una situación coyuntural como la actual.
Asimismo, se prevé, para el caso de las sociedades cooperativas que, cuando por falta 
de medios adecuados o suficientes, la Asamblea General de las mismas no pueda ser 
convocada para su celebración a través de medios virtuales, el Consejo Rector pueda 
asumir la competencia para aprobar la suspensión total o parcial de la prestación de trabajo 
de sus socias y socios y emitir la correspondiente certificación para su tramitación, en los 
términos previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Por otra parte, el presente real decreto-ley prevé mecanismos para paliar los efectos 
de esta crisis sanitaria en la contratación temporal, determinando que la paralización de la 
actividad económica, derivada de la situación del estado de alarma, declarada en todo el 
territorio nacional, y que impide continuar, en determinados casos, con la prestación de 
servicios, sea tenida en cuenta como un factor excepcional, a todos los efectos y, en 
particular, también en la contratación temporal.
Por ello, a través de este real decreto-ley se establece la interrupción del cómputo de 
la duración de los contratos que, ante dicha circunstancia, no pueden alcanzar el objeto 
para el que fueron suscritos. De esta forma, se consigue garantizar que los contratos 
temporales, incluidos los formativos, de relevo y de interinidad, puedan alcanzar su 
duración máxima efectiva, desplegando plenos efectos, en cuanto a prestación de 
servicios, la formación que llevan aparejada y la aportación a la actividad empresarial, 
durante el tiempo inicialmente previsto, de forma tal que la situación de emergencia 
generada por la crisis sanitaria del COVID-19 no prive a la empresa de su capacidad real 
para organizar sus recursos.
Asimismo, es del todo imprescindible, ofrecer una solución conjunta a las distintas  es
eventualidades que, a nivel de tramitación, se están suscitando tanto para la entidad  o
gmcrseooeosmlsitoctiuvoiltuonarca idcdi ooaedsndle  eoi pnslsoac  rpsrt eáo fupmcre riletearaznsssatt oe a rm mcediaocepyanr leooíedsrss,aa   eessdnx. e ep E loendnsd e cl isoqeoesunnm etcee rpesxel lpte doseoe,i dl, es riecneeo cgnpmiutoreel,oas tq ec puidnóaedenr e  aert e secl lmgaapusropi lfsoaaicirctuaaiivtólro o dner iec ld tlo íeaemnmdmfioetppersolm  etrleoaeam b lsa opod lroleoairc  alpieetlar smded,ev poci lssleoat oonsy      OE-A-2020-4152able en https://www.
en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, no puede suponer una duración máxima 
diferente que la aplicable a las resoluciones expresas, que se circunscriben a la vigencia 
del estado de alarma, conforme a lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, así como de sus posibles prórrogas.
Por otro lado, este real decreto-ley prevé medidas que permitan proporcionar un 
equilibrio entre los recursos del sector público y las necesidades de respuesta de empresas 
y personas trabajadoras afectadas por la grave situación de crisis sanitaria por la que 
atravesamos. Todo ello, sin olvidar, la necesidad de implementar todos los mecanismos de 
control y de sanción necesarios, con el fin de evitar el uso fraudulento de los recursos 
públicos para finalidades ajenas a las vinculadas con su naturaleza y objetivo.
De esta forma, se prevé que las solicitudes presentadas por la empresa que 
contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las 
sanciones correspondientes, siendo sancionable, igualmente, conforme a lo previsto en 
dicha norma, la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas, en relación al 
empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que 
las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas.
De forma paralela, se establece el deber de colaboración de la entidad gestora de las 
prestaciones por desempleo con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, debiendo 
notificar, a tal efecto a esta última, los supuestos en los que apreciase indicios de fraude 
para la obtención de las prestaciones por desempleo.
Adicionalmente, se incluye una modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, con el fin de determinar que las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones 
y protección por desempleo previstas en los artículos 24 y 25 del mismo, serán de 
aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción 
de jornada comunicados, autorizados o iniciados, con anterioridad a la entrada en vigor de 
dicho real decreto-ley y siempre que deriven directamente del COVID-19.
Finalmente, el presente real decreto-ley introduce una modificación del artículo 16 del 
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, relativo a la contratación, al objeto de ampliar la 
tramitación de emergencia para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que 
precise la Administración General del Estado para la ejecución de cualesquiera medidas 
para hacer frente al COVID-19, previsto en el mismo, a todo el sector público. Asimismo, 
se prevé la posibilidad de que el libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a 
los gastos que genera la adopción de medidas para la protección de la salud de las 
personas frente al COVID-19 pueda realizarse a justificar, si resultara necesario.
Por otra parte, dicho artículo también se modifica con la finalidad de completarlo y de hacer 
más efectiva la contratación, los libramientos de fondos, así como los pagos, en el ámbito de 
la Administración en el exterior para facilitar las medidas que se adopten por la misma frente al 
COVID-19. Todo ello, cumpliendo los requisitos formales previstos en este real decreto-ley.
Finalmente, también se excluye de la facturación electrónica las facturas emitidas por 
proveedores no nacionales radicados en el exterior que correspondan a expedientes de 
contratación. Todas estas medidas tratan de mejorar y hacer más eficaz la tramitación de 
la contratación por parte de la Administración en el exterior, facilitando el comercio exterior 
en un marco de circunstancias excepcionales que se están viviendo en la actualidad como 
consecuencia del COVID-19.
III
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar decretos-leyes 
«en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento  e.e
de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los  w.b
ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades  52ww
autóEnlo rmeaals d neic arel tDo-elereyc choon estleitucytoer auln g iennsetrruaml.ento constitucionalmente lícito, siempre que, tal
cfeobmreor ore, iFte. 5ra; d1a1m/2e0n0t2e,  dhea  1e7x igdeid oe nneureos, tFr.o 4 T, r1ib3u7n/2a0l 0C3o, ndset it3u dcieo njualilo (,s Fe.n 3te, yn c1ia89s /62/010958,3 d,e d 7e  j4u ldioe, 
F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir
a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles 
de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido 
por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de 
las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del 
Gobierno.
La grave crisis, generada por la declaración del estado de alarma, a causa del COVID-19, 
y el grave impacto que la misma está generando sobre el mercado laboral de nuestro país, 
incidiendo de forma notable, sobre las personas trabajadoras, justifican la extraordinaria y 
urgente necesidad de adoptar las medidas previstas en el presente real decreto-ley.
Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar la medidas que se incluyen 
este real decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al 
Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta 
decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 
30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), y que son 
medidas de índole laboral destinadas a reparar los perjuicios económicos y en el ámbito 
del empleo, derivados de la crisis del COVID-19, así como proteger el empleo y mantener 
la actividad económica. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran 
que, en ningún caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o 
arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, 
de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5).
En suma, en las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las 
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad previstas en el artículo 86 de la 
Constitución Española, considerando, por otra parte, que los objetivos que se pretenden 
alcanzar con el mismo no pueden conseguirse a través de la tramitación de una ley por el 
procedimiento de urgencia.
Asimismo, debe señalarse que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de las Constitución Española, al régimen de las comunidades 
autónomas ni al Derecho electoral general.
IV
Este real decreto-ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A 
estos efectos, pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia 
dado el interés general en el que se fundamentan las medidas establecidas, siendo el real-
decreto ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. Así, responde a 
la necesidad de minimizar el riesgo de un impacto incontrolado e irreversible de la situación 
de emergencia extraordinaria que se sigue del estado de alerta sanitaria provocada por el 
COVID-19, tanto en la actividad económica como en el mantenimiento y salvaguarda del 
empleo, evitándose así situaciones de desprotección y garantizando el restablecimiento y 
recuperación de la actividad económica.
Del mismo modo, es proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para 
conseguir su objetivo, limitando sus efectos a la concurrencia de la situación temporal y 
extraordinaria descrita. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico.
Asimismo, cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica  s
claramente su propósito y se ofrece una explicación, sin que se hayan realizado los  oe.
trámites de participación pública que se establecen en el artículo 26 de la Ley 50/1997, del  w.
Garepoaablr itdeaerdncoor e1, 1toa d-l leealy ma nlpuoad riidomo pd poern elecae  cpeatxorcg.e aPp ocarid óúmnlt iimnqiusoet,r ,ea ntpi varaera laa cllogiósun n rcaeo aanlde eiscl  ipdorneinaccrli epati ool sad-sele  eeyxfeiicssi,te enrnectgieaus, l eacs otenel    2020-4152n https://ww
anterioridad.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de marzo de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Mantenimiento de actividad de centros sanitarios y centros de atención a 
personas mayores.
1.  Durante la vigencia del estado de alarma acordado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus posibles prórrogas, se entenderán 
como servicios esenciales para la consecución de los fines descritos en el mismo, 
cualquiera que sea la titularidad, pública o privada o el régimen de gestión, los centros, 
servicios y establecimientos sanitarios, que determine el Ministerio de Sanidad, así como 
los centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con discapacidad, en 
los términos especificados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
2.  De conformidad con dicho carácter esencial, los establecimientos a que se refiere 
el apartado anterior deberán mantener su actividad, pudiendo únicamente proceder a 
reducir o suspender la misma parcialmente en los términos en que así lo permitan las 
autoridades competentes.
3.  El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes 
en aras al cumplimiento de lo previsto en este artículo será sancionado con arreglo a las 
leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de 
junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
Artículo 2.  Medidas extraordinarias para la protección del empleo.
La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en 
las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada 
previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se 
podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
Artículo 3.  Medidas extraordinarias de desarrollo del artículo 25 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, para agilizar la tramitación y abono de 
prestaciones por desempleo.
1.  El procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo, 
para todas las personas afectadas por procedimientos de suspensión de contratos y 
reducción de jornada basados en las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se iniciará mediante una solicitud colectiva presentada 
por la empresa ante la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, actuando en 
representación de aquellas.
Esta solicitud se cumplimentará en el modelo proporcionado por la entidad gestora de las 
prestaciones por desempleo y se incluirá en la comunicación regulada en el apartado siguiente.
2.  Además de la solicitud colectiva, la comunicación referida en el apartado anterior 
incluirá la siguiente información, de forma individualizada por cada uno de los centros de 
trabajo afectados:
a)  Nombre o razón social de la empresa, domicilio, número de identificación fiscal y  e.
código de cuenta de cotización a la Seguridad Social al que figuren adscritos los  w.
trabajadores cuyas suspensiones o reducciones de jornada se soliciten. 52ww
elecbtr)ó niNcoo mdeblr ere yp raepseellnidtaonst,e n lúemgaelr od ed ela i deemnptirfeicsaac.ión fiscal, teléfono y dirección de correo
cd))   NEúspmeecriofi cdaec ieóxnp deed ielanste m aesdigidnaasd oa  paodro lpat aaru, toarsidí acdo mlaob odrea ll.a fecha de inicio en que  BOE-A-cable e
cada una de las personas trabajadoras va a quedar afectada por las mismas.
e)  En el supuesto de reducción de la jornada, determinación del porcentaje de 
disminución temporal, computada sobre la base diaria, semanal, mensual o anual.
f)  A los efectos de acreditar la representación de las personas trabajadoras, una 
declaración responsable en la que habrá de constar que se ha obtenido la autorización de 
aquellas para su presentación.
g)  La información complementaria que, en su caso, se determine por resolución de 
la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
La empresa deberá comunicar cualesquiera variaciones en los datos inicialmente 
contenidos en la comunicación, y en todo caso cuando se refieran a la finalización de la 
aplicación de la medida.
3.  La comunicación referida en el punto apartado anterior deberá remitirse por la 
empresa en el plazo de 5 días desde la solicitud del expediente de regulación temporal de 
empleo en los supuestos de fuerza mayor a los que se refiere el artículo 22 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o desde la fecha en que la empresa notifique a la 
autoridad laboral competente su decisión en el caso de los procedimientos regulados en 
su artículo 23. La comunicación se remitirá a través de medios electrónicos y en la forma 
que se determine por el Servicio Público de Empleo Estatal.
En el supuesto de que la solicitud se hubiera producido con anterioridad a la entrada en 
vigor de este real decreto-ley, el plazo de 5 días empezará a computarse desde esta fecha.
4.  La no transmisión de la comunicación regulada en los apartados anteriores se 
considerará conducta constitutiva de la infracción grave prevista en el artículo 22.13 del 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
5.  Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de la remisión por parte 
de la autoridad laboral a la entidad gestora de las prestaciones de sus resoluciones y de 
las comunicaciones finales de las empresas en relación, respectivamente, a los 
expedientes tramitados conforme a la causa prevista en los artículos 22 y 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Artículo 4.  Medida extraordinaria aplicable a las sociedades cooperativas para la adopción 
de acuerdos en los procedimientos de suspensión total y/o parcial, en los términos 
previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de las 
sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios 
virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la suspensión total o 
parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitirá la correspondiente 
certificación para su tramitación, en los términos previstos en los artículos 22 y 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19.
Artículo 5.  Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales.
La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e 
interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, 
como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas 
modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas.
Disposición adicional primera.  Limitación de la duración de los expedientes temporales  bo
de regulación de empleo basados en las causas previstas en el artículo 22 del Real  52ww
DLae cdruertaoc-lieóyn  8d/e2 0lo2s0 e, xdpee 1d7ie dnete ms adrez ore.gulación de empleo autorizados al amparo de las
causas previstas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no podrá
extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria derivada
del COVID-19 de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la misma norma, 
entendiéndose, por tanto, que su duración máxima será la del estado de alarma decretado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus 
posibles prórrogas.
Esta limitación resultará aplicable tanto en aquellos expedientes respecto de los cuales 
recaiga resolución expresa como a los que sean resueltos por silencio administrativo, con 
independencia del contenido de la solicitud empresarial concreta.
Disposición adicional segunda.  Régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas.
1.  En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o 
incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes. Será 
sancionable igualmente, conforme a lo previsto en dicha norma, la conducta de la empresa 
consistente en solicitar medidas, en relación al empleo que no resultaran necesarias o no 
tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la 
generación o percepción de prestaciones indebidas.
2.  El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no 
imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los incumplimientos previstos en 
el apartado anterior, dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de dichas 
prestaciones. En tales supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o 
penal que legalmente corresponda, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las 
cantidades percibidas por la persona trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados 
de percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios.
3.  La obligación de devolver las prestaciones prevista en el apartado anterior, en 
cuanto sanción accesoria, será exigible hasta la prescripción de las infracciones referidas 
en el Texto Refundido de la Ley de infracciones y Sanciones en el Orden Social que 
resulten aplicables, de conformidad con las reglas específicas y de vigencia expresa 
previstos en este real-decreto ley.
Disposición adicional tercera.  Fecha de efectos de las prestaciones por desempleo 
derivadas de los procedimientos basados en las causas referidas en los artículos 22 y 23 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
1.  La fecha de efectos de la situación legal de desempleo en los supuestos de fuerza 
mayor será la fecha del hecho causante de la misma.
2.  Cuando la suspensión del contrato o reducción de jornada sea debida a la causa 
prevista en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, la 
fecha de efectos de la situación legal de desempleo habrá de ser, en todo caso, coincidente 
o posterior a la fecha en que la empresa comunique a la autoridad laboral la decisión 
adoptada.
3.  La causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo deberán figurar, en 
todo caso, en el certificado de empresa, que se considerará documento válido para su 
acreditación.
Disposición adicional cuarta.  Colaboración de la entidad gestora de las prestaciones por  bo
desempleo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 52ww
obteEnnc iólons  dseu plause psrtoess taecni olonse sq upeo r lad eesnetmidpalde og,e lsot ocroam aupnrieccairaás ae  lian dInicsipoes cdceió nfr adued Ter apbaarajo  lay 
Seguridad Social a los efectos oportunos.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en colaboración con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluirá, entre 
sus planes de actuación, la comprobación de la existencia de las causas alegadas en las 
solicitudes y comunicaciones de expedientes temporales de regulación de empleo basados 
en las causas de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19.
Se modifica el apartado segundo de la disposición transitoria primera, que queda 
redactado en los siguientes términos:
«Disposición transitoria primera.  Limitación a la aplicación a los expedientes de 
regulación de empleo.
2.  Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por 
desempleo previstas en los artículos 24 y 25 serán de aplicación a los afectados por 
los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, 
autorizados o iniciados, con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-
ley, siempre que deriven directamente del COVID-19.»
Disposición final segunda.  Modificación del artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 
12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 
económico del COVID-19.
Se da nueva redacción al artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, 
modificado por la Disposición final sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, que queda redactado como sigue:
«Artículo 16.  Contratación.
1.  La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las 
entidades del sector público para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad 
de actuar de manera inmediata, siendo de aplicación el artículo 120 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2.  De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los 
contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las 
necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas 
por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación 
la tramitación de emergencia. En estos casos, si fuera necesario realizar abonos a 
cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el contratista, no será de aplicación 
lo dispuesto respecto a las garantías en la mencionada Ley 9/2017, siendo el órgano 
de contratación quien determinará tal circunstancia en función de la naturaleza de la 
prestación a contratar y la posibilidad de satisfacer la necesidad por otras vías. De la 
justificación de la decisión adoptada deberá dejarse constancia en el expediente. es
3.  El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que  bo
genere la adopción de medidas para la protección de la salud de las personas frente  52ww
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Jefe de la Misión o Representación Permanente, con sujeción a las condiciones
libremente pactadas por la Administración con el contratista extranjero, cuando la 
intervención de éste sea absolutamente indispensable para la ejecución del contrato, 
por requerirlo así la atención de las necesidades derivadas de la protección de las 
personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente 
al COVID-19, y así se acredite en el expediente. No obstante, esta competencia 
podrá avocarse por el titular del departamento Ministerial competente por razón de 
la materia. Los contratos deberán formalizarse por escrito y se sujetarán a las 
condiciones pactadas por la Administración con el contratista extranjero.
Los libramientos de los fondos a los que se refiere el apartado tercero de este 
artículo podrán realizarse bien a favor de cajeros en España, bien a favor de cajeros 
en el exterior, manteniéndose la gestión financiera en el ámbito del Ministerio de 
Sanidad y con cargo a su presupuesto, sin perjuicio de que pudiera realizarse 
igualmente el pago en firme a través del cajero de pagos en el exterior. No obstante, 
la persona titular del ministerio de sanidad podrá delegar esta competencia de 
gestión financiera en órganos o entidades, sean o no dependientes.
Cuando fuera imprescindible de acuerdo con la situación del mercado y el tráfico 
comercial del Estado en el que la contratación se lleve a cabo, podrán realizarse la 
totalidad o parte de los pagos con anterioridad a la realización de la prestación por 
el contratista, en la forma prevista en el apartado 2. El riesgo de quebranto que 
pudiera derivarse de estas operaciones será asumido por el presupuesto del Estado.
5.  Se excluye de la obligación de facturación electrónica establecida en la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público, desde la entrada en vigor de este real 
decreto-ley, a las facturas emitidas por proveedores no nacionales radicados en el 
exterior que correspondan a los expedientes a los que hace referencia este artículo.»
Disposición final tercera.  Entrada en vigor y vigencia.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», manteniendo su vigencia durante el estado de alarma decretado por el 
Real Decreto 463/2020 y sus posibles prórrogas.
Dado en Madrid, el 27 de marzo de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN