BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 20 Lunes 24 de enero de 2022 Sec. V-B.  Pág. 3251
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
1996 Resolución de 19 de enero de 2022, de la Delegación del Gobierno en
Illes Balears sobre revocación de actos administrativos de gravamen o
desfavorables al interesado.
Vistos los procedimientos sancionadores que figuran relacionados en el Anexo
de la presente resolución y analizados los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Esta Delegación del Gobierno dictó en su momento resolución
sancionadora respecto de los procedimientos objeto de la presente resolución y
relacionados en el Anexo, por incumplimiento de los apartados 1, 3 o 5 del artículo
7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, de conformidad con las instrucciones cursadas por el Ministro del Interior a las
Delegaciones del Gobierno, en las que se consideraba que el incumplimiento de
tales preceptos constituía desobediencia a las órdenes del Gobierno y su
inobservancia subsumida dentro de la infracción grave del artículo 36.6 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
SEGUNDO.- En las mencionadas resoluciones se imponían sanciones de
multa, no constando que se haya procedido al pago de las mismas.
Y teniendo en cuenta los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone
que ‘’El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquier que
haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte,
su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión,
siempre que sea el mismo órgano que deba tramitar y resolver el procedimiento.
Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno’’.
SEGUNDO.- La Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, número 148/
2021, de 14 de julio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad nº
2054-2020 interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y declaró inconstitucionales y nulos los
apartados 1, 3 y 5 de su artículo 7, con el alcance y efectos señalados por la propia
sentencia.
TERCERO.- El artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional establece que ‘’Las sentencias declaratorias de la
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no e.
permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa w.b
juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos w
iandcmoninsitsitturacitoivnoasle rse,f esarelvnote esn a e lu cna sporo dceed loimsi epnrotoce ssaonsc pioennaadleosr  oe nc oqnuteen, ccioosmoo-
coo dnes elac useanncciiaó nd eo  luan nau elixdcaldu sdióen la,  enxoernmcaió anp oli cliamdiata, crieósnu dltee  ulan rae rsepdouncscaióbnili ddaed l’a’. pena E-B-20ble en 
CUARTO.- De acuerdo con el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
‘’Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el
plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal
revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico’’.
QUINTO.- La competencia para dictar la presente resolución sobre revocación
corresponde a este órgano, toda vez que la competencia para la resolución de
procedimientos administrativos sancionadores por infracciones graves en este
ámbito la ostentan los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y
en las Ciudades de Ceuta y Melilla, de conformidad con el artículo 32.1.c) de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
En consecuencia con todo lo anterior, vistos los antecedentes y fundamentos
mencionados y en uso de las facultades conferidas,
RESUELVO
PRIMERO.- Acordar la acumulación y la revocación de los procedimientos que
figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución, anulando las
resoluciones sancionadoras emitidas.
SEGUNDO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial del Estado de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, al apreciar razones de interés público.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa por lo que, de
acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe
interponer recurso de Alzada ante el Ministro del Interior, en el plazo máximo de
UN MES contado desde el día siguiente a aquél en que se publique la presente
resolución.
ANEXO RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE NIF/NIE
1095/2020 Y2540306Q
1119/2020 43465516R
1122/2020 Y1754100L
1131/2020 43081849C
1152/2020 41522131R
1160/2020 41517220N
1163/2020 43187302H
1165/2020 43116988S
1172/2020 43129226V
1175/2020 41538579G
1186/2020 43078670S es
1192/2020 Y6041479Z o
1196/2020 45185034Q ww.
11129080//22002200 4423311622455627LP 22-1996https://w
1202/2020 Y0279087L 20n 
1205/2020 47031809Y
1207/2020 43463532H
1210/2020 Y6695012W
1224/2020 Y1274638S
1227/2020 Y2234306P
1229/2020 Y6448309C
1230/2020 41515843S
1231/2020 45612974H
1234/2020 Y4424877J
1236/2020 X7525971A
1243/2020 41709595S
1247/2020 41539820A
1249/2020 43025539Z
1250/2020 43170523Y
1253/2020 74721834D
1271/2020 Y4850885S
1282/2020 Y7375796D
1284/2020 X3335837D
1288/2020 24344838M
1302/2020 Y1013948F
1314/2020 43459551Q
1315/2020 X6721045P
1316/2020 45693135R
1323/2020 43072056W
1330/2020 43182798E
1331/2020 X7773830Z
1342/2020 47429135F
1351/2020 43205748H
1355/2020 43182998S
1364/2020 45613452J
1366/2020 43473556Z
1369/2020 43217657J
1371/2020 Y7761352Q
1382/2020 45942893W
1398/2020 41538579G
1401/2020 X6559078F
1407/2020 46393548H
1408/2020 43460886V
1414/2020 Y2784871E
1416/2020 45609047R
1419/2020 49928213C
1426/2020 43215980S
1427/2020 47005642J
1435/2020 Y0598622S
1439/2020 42971321F
1444/2020 43213998B
1453/2020 X2958396K
1457/2020 43171504K
1460/2020 43235597J e.
1469/2020 43163890C w.b
1470/2020 75402953Y 6w
11447712//22002200 X438111942653593NE
11447747//22002200 1785241062892573EY E-B-20ble en 
1491/2020 Y7920028S
1492/2020 43210186V
1495/2020 Y1406923G
1503/2020 Y2654742G
1507/2020 X1430763W
1519/2020 43194013J
1529/2020 Y4935565D
1533/2020 43219609X
1537/2020 Y7908716L
1540/2020 44073449K
1546/2020 43224559S
1548/2020 44073449K
1553/2020 Y1328898H
Palma, 19 de enero de 2022.- La Delegada del Gobierno en Illes Balears, Ana
María Calvo Sastre.
ID: A220001688-1