BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 290 Sábado 4 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 150042
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
20096 Orden TED/1358/2021, de 1 de diciembre, por la que establecen las bases 
reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  para  la  financiación  de 
proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la 
despoblación.
En  los  últimos  decenios,  la  cohesión  territorial  y  social  de  España  se  ha  visto 
condicionada por una crisis territorial derivada de un modelo que ha posibilitado la 
gradual  concentración  de  servicios,  actividad  económica  e  inversión  en  las  áreas 
urbanas y metropolitanas, lo que ha generado desigualdades territoriales estructurales 
que afectan a los municipios de menor población y ha dificultado el desarrollo económico 
y social y el bienestar de la población española.
Por un lado, se han intensificado los movimientos migratorios a las grandes ciudades 
y áreas metropolitanas con la consiguiente pérdida de población en amplias zonas, lo 
que  ha  derivado  en  déficits  en  los  servicios  públicos  y  falta  de  oportunidades  de 
desarrollo  de  proyectos  vitales.  En  especial,  su  menor  accesibilidad  dificulta  la 
incorporación de sus habitantes y de sus estructuras productivas a una nueva realidad 
económica cada vez más dependiente del sector terciario y en la que la producción de 
bienes y servicios tiende a concentrarse de forma creciente en espacios geográficos 
reducidos, pero que acogen un porcentaje cada vez mayor de la población española y de 
la actividad emprendedora del país.
Según datos de Eurostat, la densidad de España en su conjunto se situó en 2020 
en 93 personas por kilómetro cuadrado, por debajo de la media de la Unión Europea, 
de 117 hab./km2, o de países como Francia (100 hab./km2), Portugal (115 hab./km2) o 
Alemania (232 hab./km2). Es más, tomando como base para este análisis la actual 
organización municipal, los datos más recientes indican que los municipios de 5.000 o 
menos habitantes suponen, a 1 de enero de 2019, el 84 % del total, si bien en ellos 
residen alrededor de 5,7 millones de personas, lo que supone el 12,12 % del total de la 
población española. Por este motivo, España se enfrenta desde hace ya varios años a 
un serio desafío de despoblación de grandes áreas de su territorio.
Por otra parte, un número relevante de los municipios que cuentan entre 5.001 
y 20.000 habitantes también presentan patrones preocupantes de despoblación. En 
concreto,  a  1  de  enero  de  2019,  existen  en  España  un  total  de  889  municipios 
entre 5.001 y 20.000 habitantes; pero un 45,6 % de ellos han perdido población en el 
periodo 2015-2019 y en un 32,7 % el porcentaje de personas con edad igual o superior a 
los 65 años supera la barrera del 20 %.
La consecuencia de este cambio es que la actual estructura territorial, demográfica y 
social de España se caracteriza por sus fuertes desequilibrios internos, la desigualdad de 
hecho para hacer efectivas las expectativas personales y profesionales de la ciudadanía, 
la dispersión territorial y las disparidades de desarrollo y bienestar, lo que conlleva 
inexorablemente al aumento de la vulnerabilidad territorial. s
Una vulnerabilidad territorial caracterizada por la existencia de obstáculos adicionales  e.
para el desarrollo económico y el bienestar social, en especial debido a un elevado nivel  w.
de envejecimiento, un reducido número de población joven, una pérdida de población de  096ww
ufonr mrae dcuocnidtion uandúam ear olo  ldaerg om dueje rveasr ioesn a ñeodsa,d u ndae  ptieránmeri dhei jdoes  pyo, bplaocri ótna ndteos, cfoamvopreencseard ae,l 
areuesmenpclaiaz oo  gceanreenracciaio enna lu, nu nra edlieov caedroc annivoe ld dee l odsis speerrvsicióions q buáes dicioficsu mltaá sla e csoemncuianliecasción y la  BOE-A-cable e
Además, estas circunstancias también han puesto de relieve las dificultades de 
abordar  con  su  actual  organización  y  funcionamiento  administrativo  los  problemas 
derivados de una realidad compleja y expuesta a nuevos cambios que podrían en el 
futuro  agravar  aún  más  los  problemas  de  desequilibro  territorial  y  de  igualdad  de 
derechos para toda la ciudadanía del país, con independencia del lugar donde residan.
Esta realidad apunta la urgencia de desarrollar una política planificada, integrada y 
coordinada para la revitalización social, económica y medioambiental de estas zonas. 
Tanto  la  Agenda  2030  como  los  objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  tienen  como 
presupuesto inexcusable garantizar la cohesión social y territorial. La Agenda 2030 
establece las bases para una adecuada remuneración de los bienes por parte de toda la 
sociedad, lo que ha de formar parte del nuevo contrato social, en este caso, entre el 
mundo rural y el urbano.
Asimismo, la Agenda Urbana Española –marco político derivado de la Nueva Agenda 
Urbana- también tiene en cuenta los pueblos y los territorios predominantemente rurales, 
que también juegan un papel importante en el desarrollo y que viven bajo el constante 
riesgo de la despoblación por su vinculación con lo urbano del que dependen y por el 
que, en ocasiones, pueden verse amenazados.
Desde la perspectiva institucional, el sistema de distribución de competencias pone 
de  relieve  que  corresponde  a  todas  las  Administraciones,  cada  una  en  su  ámbito 
específico,  la  consecución  de  estos  objetivos  y  el  tratamiento  y  las  respuestas  al 
problema  de  los  desequilibrios  internos  que  causa  la  distribución  territorial  de  la 
población en España y, en particular, la despoblación, de modo que la solución a esta 
cuestión, y las actividades tendentes a paliar sus efectos negativos sobre la cohesión 
territorial y social del país requieren de una actuación concertada y de una estrategia 
compartidas en la que participen todos los niveles administrativos.
Con este objetivo, el Gobierno se ha dotado desde principios de 2020 de una 
estructura administrativa especializada, la Secretaría General para el Reto Demográfico, 
y ha articulado las intervenciones de los diferentes ministerios mediante la Comisión 
Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico, atribuyendo a esta Secretaría General 
las funciones propias de coordinación de las actuaciones ministeriales y de valoración y 
traslado a los departamentos de las iniciativas sociales identificadas.
Como  resultado  de  este  proceso  de  concertación  interministerial,  la  Comisión 
Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico adoptó el 16 de marzo de 2021 el Plan 
de Medidas del Gobierno, que identifica un total de 130 medidas cuya puesta en marcha 
efectiva corresponde a los diferentes departamentos ministeriales.
Simultáneamente, y en línea con las comunidades autónomas, ha impulsado la 
Estrategia  Nacional  frente  al  Reto  Demográfico,  en  la  que  se  prevé  también  la 
participación de las entidades locales, y ello con el objetivo de sentar las bases de un 
proyecto compartido que garantice la igualdad de oportunidades y facilite el libre ejercicio 
de los derechos de ciudadanía en todo el territorio.
Como punto básico, considera imprescindible atender y fomentar la creación de un 
ecosistema administrativo, social y emprendedor de ámbito local, que fomenten las 
iniciativas  económicas  endógenas  y  pongan  en  valor  su  capacidad  transformadora, 
mediante la integración de los recursos públicos y del movimiento asociativo en un 
proceso  de  análisis,  reflexión  y  toma  de  decisiones  compartido  para  abordar  este 
problema en toda su complejidad, y para que sirva de base para la elaboración de 
proyectos transformadores de desarrollo dirigidos a reorientar la actual situación.
Para alcanzar su plena eficacia, la política del Gobierno contempla un sistema de  s
gobernanza  de  las  medidas  administrativas  que  presta  especial  atención  a  la  oe.
participación de los sectores afectados y a su incorporación al esfuerzo de todas las  w.
Administraciones para cambiar las preocupantes tendencias actuales. En este sentido,  096ww
ye se clelamveen etol ps adpee l cdoeo rladsin eanctióidna dee sim lopcualsleos d, eco lmoso  teenrrtiidtoardioess,  dcea pcaocmeusn dicea cgióenn ebriadri rey cpciiloontaarl 
eenst rsaut etgeirari tcoorimo,ú gne, nideernatri fuicna ra voabnjecteiv ossin éersgpiecocí,f ipcroosp, oervcaiolunaarr  lmose dpiroosy eccotmosu nye lso sy  raersmuoltnaidzoasr   BOE-A-cable e
los proyectos para que se alcancen los objetivos del territorio y el resultado de mejora 
estable de situación demográfica.
Simultáneamente,  tiene  en  consideración  que  el  territorio  español  alberga  un 
importante capital natural que proporciona bienes y servicios ambientales para el propio 
territorio y que, además, aporta beneficios adicionales para el conjunto de la sociedad 
española,  de  modo  que  la  biodiversidad  y  los  servicios  ecosistémicos  tienen  un 
importante  papel  potencial  para  equilibrar  desigualdades  territoriales  y  contribuir  a 
aportar soluciones al reto demográfico a través de entornos colaborativos en los que se 
fomente la economía circular.
Para el desarrollo efectivo de estos objetivos, con esta orden el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico aborda la creación de una línea de ayudas 
destinadas a incentivar proyectos para afrontar el reto demográfico y la lucha contra la 
despoblación.
La orden ministerial se adecúa a los principios de buena regulación establecidos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y, en particular, a los principios de necesidad y 
eficacia,  justificada  por  una  razón  de  interés  general,  como  es  la  atención  a  los 
problemas específicos que el acelerado cambio demográfico está generando en una 
parte importante del territorio español.
También se adecua al principio de proporcionalidad, en la medida en que la norma 
contiene las actuaciones imprescindibles para el fin que se persigue, estableciendo las 
bases reguladoras que permitan articular la concesión de ayudas previstas. De acuerdo 
con  el  principio  de  seguridad  jurídica,  la  norma  es  coherente  con  el  resto  del 
ordenamiento jurídico nacional e internacional. Se cumple igualmente con el principio de 
transparencia, ya que en la elaboración de la norma se ha seguido un proceso de 
audiencia  pública  para  todos  los  interesados,  tal  y  como  establece  la  normativa, 
habiéndose realizado el trámite mediante la publicación del proyecto en la web del 
departamento. Finalmente, respecto al principio de eficiencia, se imponen las menores 
cargas posibles a los ciudadanos.
A su vez, con esta orden el Ministerio actúa en ámbitos territoriales en los que 
mediante el ejercicio de una pluralidad de competencias, bien estatales, bien de las 
comunidades  autónomas,  o  bien  incluso  de  otros  entes  territoriales,  haya  de 
desarrollarse una actividad de planificación o programación económica, que se dicta en 
el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución 
Española.
El  artículo  149.1.13.ª  CE  atribuye  al  Estado  las  bases  y  coordinación  de  la 
planificación de la actividad económica; esto es, una competencia para ‘la ordenación 
general de la economía’ que responde al principio de unidad económica y abarca la 
definición de las líneas de actuación tendentes a alcanzar los objetivos de política 
económica global o sectorial fijados por la propia Constitución, así como la adopción de 
las medidas precisas para garantizar la realización de los mismos. En ese sentido, la 
regulación prevista no excede de ese ámbito de lo básico y, por tanto, respeta el orden 
de distribución de competencias con las comunidades autónomas.
Asimismo,  la  línea  de  ayudas  regulada  en  esta  orden  valora  tanto  el  carácter 
supraautonómico de los procesos demográficos a los que se dirige, como sus objetivos 
transversales e intersectoriales, y su carácter absolutamente experimental, del que se 
espera que aporte una experiencia evaluable y transferible a otros territorios, con el fin 
de facilitar una implantación progresiva de políticas contra la despoblación, diseñadas,  s
entre otros factores, en función del retorno que aporte la futura evaluación de resultados  oe.
de esta nueva línea de política pública. w.
Estos rasgos imposibilitan establecer a priori una previsión de la distribución territorial  096ww
daeyul dgaass.t oE ny e sjutes tsifeicnatnid ola,  lag egsetsiótinó np coern tlara lAizdamdain eisst riamcpiórne scGinedniebrlael  pdaeral  aEssetagduora rd lea  pelsetnaas 
elafse ctmiviisdmada sd ep loassi bmilieddaiddeass  ddeen troob dteen claió onr dye nadcisiófrnu tbeá spicoar  dpeal rtsee ctdoer  ys upsa rap ogtaernacnitaizleasr   BOE-A-cable e
destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la 
cuantía global de los fondos estatales destinados.
Por tanto, dado que el ámbito de aplicación es todo el territorio nacional, y en 
beneficio de su efectividad y operatividad, es conveniente la concentración de fondos 
que los financian, ya que no es posible establecer a priori un esquema de distribución 
territorial del gasto, pues tal distribución debe basarse en una previsión de demanda de 
apoyo a proyectos que es desconocida en general.
La multidimensionalidad del reto demográfico, que afecta de manera desigual a los 
distintos territorios y que, en consecuencia, genera en los posibles beneficiarios de estas 
ayudas  características  tan  heterogéneas  en  lo  relativo  a  su  estructura,  a  sus 
dimensiones, así como en lo relativo a la madurez de los proyectos, hace que resulte 
imposible  anticipar  un  criterio  claro  de  distribución  de  los  fondos  adscritos  a  la 
convocatoria  entre  las  distintas  comunidades  autónomas.  Así,  estas  circunstancias 
impiden la previa territorialización de los créditos entre las comunidades autónomas y 
exigen  la  intervención  de  la  Administración  General  del  Estado  para  garantizar  la 
igualdad de los posibles destinatarios en todo el territorio nacional.
De acuerdo con el Tribunal Constitucional, en su sentencia 13/1992, de 6 de febrero, 
la centralización «sólo es posible cuando el Estado ostente algún título competencial, 
genérico o específico, sobre la materia y en las circunstancias ya señaladas en nuestra 
doctrina anterior, a saber: que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad 
de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas 
posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el 
territorio nacional, evitando al mismo tiempo que se sobrepase la cuantía global de los 
fondos estatales destinados al sector».
En un supuesto similar, resuelve el Tribunal Constitucional en sentencia 15/2018, 
de 22 de febrero, indicando que «la previa territorialización de los fondos asignados a la 
compra  de  estos  créditos  determinaría  inevitablemente  la  consecuencia  de  que  en 
alguna Comunidad Autónoma quedaran proyectos que no podrían beneficiarse de esta 
posibilidad por haberse agotado en ella los fondos asignados mientras que en otras 
quedaran fondos excedentes por no haberse presentado proyectos que reunieran las 
condiciones exigidas para su adquisición en la correspondiente convocatoria». Por todo 
ello, resulta imprescindible una acción centralizada como la que se establece en la 
presente orden ministerial.
Asimismo, constituye un objetivo fundamental de esta norma la armonización de los 
criterios que deben guiar la concesión de estas ayudas. Para la efectiva aplicación de 
dichos criterios es necesario garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los 
recursos públicos destinados a incentivar las citadas inversiones en cualquier punto del 
territorio nacional.
A su vez, su creación se complementará con un proceso de acompañamiento y 
apoyo  por  parte  de  la  Administración  del  Estado,  así  como  con  un  sistema  de 
seguimiento compartido que permita conocer y difundir las experiencias que se van 
desarrollando en los diferentes territorios.
En esta línea, el artículo 10 del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que 
se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, establece 
que corresponde a la Secretaría General para el Reto Demográfico el impulso de la 
política del Gobierno en esta materia, mediante la elaboración de estrategias y planes y  s
la realización de actuaciones prioritarias. En especial, el artículo 11 del citado Real  oe.
Decreto asigna a la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, órgano  w.
directivo dependiente de esa Secretaría General, entre otras funciones, el impulso de  096ww
laocctaulaecsi,o naesís  ctoemndoe enlt eims paul lsfoom deen tloa  cyo laapbooyroa caió np rpoúybelcictoos-p qriuvaed par opmaruae lvaa nc olnasse ceunctiidóand dees 
los objetivos referidos al reto demográfico.
Para alcanzar este objetivo, y teniendo en cuenta el carácter innovador de las 
políticas  públicas  destinadas  al  reto  demográfico,  el  14  de  noviembre  de  2020,  el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de su página 
web,  activó  una  consulta  pública,  formalizada  mediante  la  presentación  de 
Manifestaciones de Interés, y orientada a obtener ‘un conocimiento más amplio de 
proyectos viables orientados a luchar contra la despoblación y favorecer la cohesión 
territorial en los pequeños municipios, que se están llevando a cabo desde perspectivas 
diversas,  lo  que  facilitará  el  lanzamiento  de  proyectos  de  impacto  ante  el  reto 
demográfico.
Esta publicación ha permitido conocer las grandes líneas de proyectos e iniciativas 
generados por la sociedad civil y que desde una gran diversidad de circunstancias 
objetivas y de planteamientos, han aportado información sobre más de 4.000 iniciativas, 
que han sido objeto de una primera valoración con vistas a identificar aquellas que se 
consideren  especialmente  de  interés  para  su  posible  tratamiento  como  proyectos 
experimentales y, por lo tanto, susceptibles de extensión a diferentes zonas geográficas.
Igualmente, este proceso ha puesto de relieve la existencia de un elevado interés 
compartido por todo tipo de agentes y actores, tanto institucionales como sociales y 
emprendedores para abordar un problema que se ha incorporado plenamente al debate 
público actual, y en el que desempeñan un papel esencial las iniciativas formuladas en el 
ámbito  local,  ya  que  más  de  la  mitad  de  las  Manifestaciones  de  Interés  han  sido 
aportadas por entidades locales.
En  esta  línea,  y  para  el  desarrollo  del  Plan  de  Medidas  del  Gobierno  que  le 
corresponde, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico considera 
conveniente la creación de una línea de ayudas estatales que tengan como finalidad el 
apoyo de iniciativas innovadoras, que aporten una visión nueva y multisectorial de 
desarrollo de las zonas afectadas y que sean susceptibles de convertirse en casos piloto 
de interés para todas las zonas que comparten este problema. Además, se busca que la 
línea de ayudas tenga una incidencia especial en el emprendimiento y capacitación de 
jóvenes y mujeres, para abrir nuevas perspectivas y contribuir al desarrollo económico y 
social en estos territorios. En ese sentido, los jóvenes desempeñan un papel esencial en 
la revitalización de los pequeños municipios y áreas rurales, así como en la fijación de 
población en el territorio.
En el caso de las mujeres, la pandemia del COVID-19 ha supuesto efectos que 
impactan, particularmente, en aquellas que residen en el ámbito rural, incidiendo en la 
desigualdad de género. La crisis de cuidados, la precariedad económica, el incremento 
de la pobreza, la falta de acceso a bienes y servicios esenciales, la limitación de 
movilidad y el incremento de la violencia de género, son algunos de los problemas que 
se han visto fuertemente afectados, con el añadido de que en el ámbito rural, los 
servicios públicos se han visto reducidos. Las mujeres en esta situación, padecen una 
sobrecarga  en  responsabilidades  que,  añadido  a  la  brecha  digital  ya  existente,  les 
supone grandes dificultades para el auto-empleo y el emprendimiento.
A tal efecto, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, las ayudas previstas en esta orden han sido 
tenidas en cuenta en la revisión del Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2022-2024.
En la tramitación de esta orden se ha recabado informe de la Abogacía General del 
Estado, de la Intervención Delegada en el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, de la Oficina Presupuestaria y de la Secretaría General Técnica en  s
dicho  departamento;  todo  ello  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  17.1  de  la  oe.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y al artículo 26.5 de la  w.
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 096ww
autóIngoumalmase nyt ed,e  elal sp eronytiedcatdoe sd elo coarldeesn,  ys hea  ssoidmoe otiób jeato  adued iiennfocrima adceió nla psú bcloicmau an idtraadveéss 
de la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La orden se dicta al amparo de las competencias exclusivas del Estado previstas en 
el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, en materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica, y se aprueba de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, 
dispongo:
Artículo 1.  Objeto y Finalidad.
1.  Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras 
para la financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial, que 
desde  una  dimensión  económica,  social,  medioambiental  y  de  género  propicien  la 
reactivación social y económica de zonas con problemas de despoblación y revaloricen 
el espacio rural.
2.  Las ayudas se destinarán a financiar proyectos innovadores de carácter singular 
y demostrativo, que tengan como finalidad la lucha contra la despoblación, el desarrollo 
sostenible y la transición ecológica, con una de estas modalidades:
a)  Modalidad A. Proyectos institucionales promovidos por entidades locales, que 
tengan como finalidad fomentar la creación y el desarrollo de ecosistemas de inteligencia 
e  innovación  territorial  o  el  apoyo  a  proyectos  tractores  que  reactiven  la  actividad 
socioeconómica con la finalidad de afrontar el reto demográfico y la lucha contra la 
despoblación.
b)  Modalidad B. Proyectos sociales promovidos por entidades sin ánimo de lucro, 
que tengan como finalidad incentivar y desarrollar la participación social en proyectos 
que tengan como objetivo la transformación territorial.
c)  Modalidad C. Proyectos empresariales que tengan como finalidad el impulso, la 
diversificación y reactivación económica, con la consiguiente generación de nuevos 
puestos  de  trabajo  o  el  mantenimiento  de  los  ya  existentes,  para  el  fomento  del 
desarrollo de zonas con especiales dificultades demográficas, con especial atención a 
aquellos proyectos impulsados por la juventud y mujeres.
3.  La definición y los objetivos específicos de cada una de las modalidades de 
ayudas figuran en el anexo de esta orden.
4.  Los proyectos deberán aportar una visión integral del problema demográfico, 
tener  en  cuenta  las  diferentes  perspectivas  y,  preferentemente,  abordar  respuestas 
transferibles para otras zonas rurales con problemas de despoblación.
5.  Los proyectos podrán desarrollarse en uno o varios municipios, siendo elegibles 
tanto los municipios con una población igual o inferior a los 5.000 habitantes, como 
aquellos municipios de más de 5.000 habitantes, siempre y cuando las actuaciones se 
desarrollen  en  entidades  locales  menores  con  una  población  inferior  a  los  5.000 
habitantes.
Los proyectos podrán presentarse tanto para un municipio como para un conjunto de 
municipios, siempre y cuando sean elegibles de acuerdo con los criterios anteriormente 
expuestos.
6.  Las  convocatorias  fijarán  anualmente  los  proyectos  cuya  financiación  se 
considere prioritaria. s
Artículo 2.  Régimen jurídico aplicable. w.
acueErsdtoa sc osnu blov eensctiaobnleesc idsoe  ecno necl eadrteícráunlo  e2n3  yré sgiigmueienn tdees , cdoen clau rLreenyc 3ia8 /2co0m03p,e dtietiv 1a7,  ddee 
naopvroiebmadbore p, oGr Reneearl aDl edcere tSo u8b8v7e/n2c0i0o6n,e dse,  2a1s íd ec ojumlioo .lo  establecido  en  su  Reglamento,
En todo lo no previsto por esta orden será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así 
como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban 
someterse a esta Ley y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza 
jurídica pudiera resultar de aplicación.
Artículo 3.  Beneficiarios.
1.  A los efectos de estas bases reguladoras podrán ser beneficiarios aquellos que 
reúnan los siguientes requisitos:
a)  Modalidad A. Proyectos promovidos por entidades locales.
1.º  Los  ayuntamientos  o  agrupaciones  de  ayuntamientos,  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.º  Las diputaciones provinciales y forales, los cabildos y consejos insulares, y las 
comunidades  autónomas  uniprovinciales,  en  el  ejercicio  de  las  competencias  que 
corresponden a las diputaciones provinciales.
3.º  Los  consejos  comarcales  u  otras  entidades  locales  que  agrupen  a  varios 
municipios, instituidas por las comunidades autónomas.
4.º  Las mancomunidades de municipios, siempre que tengan contempladas entre 
sus fines el desarrollo económico, el fomento del empleo u otros análogos que las 
legitimen para ejecutar las operaciones.
5.º  Los organismos autónomos vinculados o dependientes de cualquiera de las 
entidades locales territoriales citadas.
b)  Modalidad B. Proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro.
1.º  Tener un ámbito territorial de actuación supraprovincial, autonómico o estatal.
2.º  Tener  como  fines  institucionales  primordiales  la  realización  de  actividades 
alineadas con el objeto descrito en el artículo 1.
3.º  Carecer de fines de lucro. A estos efectos, se considerarán también entidades 
sin fines de lucro a aquellas que desarrollen actividades de carácter comercial, siempre 
que  los  beneficios  resultantes  de  las  mismas  se  inviertan  en  su  totalidad  en  el 
cumplimiento de sus fines institucionales, no comerciales.
4.º  Estar legalmente constituidas y debidamente inscritas en el correspondiente 
registro administrativo.
5.º  Disponer  de  la  estructura  y  capacidad  suficientes  para  garantizar  el 
cumplimiento de los objetivos, acreditando la experiencia operativa necesaria para ello, 
de conformidad con los criterios de valoración enumerados en el artículo 9.
c)  Modalidad  C.  Proyectos  promovidos  por  empresas  y  otras  iniciativas 
emprendedoras.
1.º  No podrán ser beneficiarios de las ayudas, aquellos en los que concurra alguna 
de  las  circunstancias  relacionadas  en  el  artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  s
noviembre General de Subvenciones. e.
2.º  Podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas  w.
físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo  096ww
djuerí duicnaid, apdu eedcaonn ómlleicvaa r oa  pcaatrbimo olnoiso  psreopyaercatdoos , qaucet,iv iaduand ecsa roe ccieonmdpoo rdtaem  pieenrstoosn aoli dasde 
encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.
Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas 
sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en 
la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro 
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que 
tendrán  igualmente  la  consideración  de  beneficiarios.  En  cualquier  caso,  deberá 
nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes 
para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No 
podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción 
previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de 
Subvenciones.
Artículo 4.  Financiación y cuantía de la subvención.
1.  La financiación y el pago se efectuará con cargo a los créditos correspondientes 
del presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
estando  condicionada  la  concesión  de  las  subvenciones  a  la  existencia  de  crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la concesión.
2.  En caso de que antes de la finalización del ejercicio presupuestario anual se 
incrementara el crédito disponible, podrá resolverse la concesión de ayudas adicionales, 
dentro de los límites presupuestarios disponibles.
3.  Cada beneficiario podrá presentar en su solicitud un único proyecto. El importe 
total solicitado por cada beneficiario no podrá superar los siguientes importes máximos.
a)  Modalidad A. El importe de las subvenciones concedidas no podrá superar 
el 5 % del crédito disponible para la modalidad A.
b)  Modalidad B. El importe de las subvenciones concedidas no podrá superar 
el 12 % del crédito disponible para la modalidad B.
c)  Modalidad C. El importe de las subvenciones concedidas no será superior al 
máximo previsto para la ayuda total de minimis concedida a una única empresa para 
este tipo de ayudas en el Reglamento (UE) No 1407/2013 de la Comisión de 18 de 
diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, durante cualquier período 
de tres ejercicios fiscales. El límite se aplicará independientemente de la forma de la 
ayuda de minimis, y el período de tres ejercicios fiscales se determinará tomando como 
referencia los ejercicios fiscales utilizados por la empresa.
4.  Las  ayudas  concedidas  no  podrán  superar  el  90  %  del  total  de  gasto 
subvencionable para las modalidades A y B y el 70 % para la modalidad C.
Artículo 5.  Gastos subvencionables y no subvencionables.
1.  Se consideran gastos subvencionables aquellos que, con carácter general, estén 
relacionados y sean adecuados para el desarrollo de la actividad objeto de la ayuda. Los 
gastos han de ser conformes con la normativa aplicable y deberán estar sujetos a 
precios de mercado.
2.  La financiación podrá aplicarse a los siguientes costes directos, en su caso en 
los porcentajes y condiciones que especifique cada convocatoria:
a)  Gastos de personal. En esta partida se podrán incluir los gastos derivados del 
pago de las retribuciones al personal vinculado al programa, así como los importes  e
abonados al personal ajeno al beneficiario con contrato de arrendamiento de servicios o  bo
que  realice  una  colaboración  esporádica.  Las  retribuciones  abonadas  al  personal  096ww
saudbsvceritnoc iaóln c uhmasptlaim  eiel ntimo pdoerl tep rodger almasa  sreutbrivbeunccioionneasd ofi júandiacsa mpeanrate  lpoosd rcáonr rseesrp oonbdjeieton tdees 
lgar uApdoms ipnrisotfreascioiónna lGese neenr aell  dCeol nEvestnaiod oC, ohleacsttiav oe lÚ inmicpoo rvteig eenfetec tpivaarma eenl tpee arsboonnaal dlaob, odrea l sdeer 
inferior al anterior. Con igual límite se podrán sufragar las becas asociadas al proyecto, 
siendo imputables las horas de dedicación exclusiva al mismo.
Serán  subvencionables  los  gastos  de  finiquito  e  indemnización  del  personal 
contratado específicamente para cada proyecto y por el periodo de duración del mismo.
No podrán incluirse en este concepto los gastos originados por los miembros de 
Juntas Directivas o Consejos de Dirección de los beneficiarios, derivados del desarrollo 
de esa función.
Los importes abonados al personal contratado en régimen de arrendamiento de 
servicios,  modalidad  ésta  que  tendrá  siempre  carácter  excepcional,  se  incluirán 
únicamente en los casos en que, por las especiales características de la actuación, no 
resulte adecuado el desarrollo de las actividades concretas de que se trate por el 
personal de la propia entidad promotora, y con las limitaciones señaladas en el párrafo 
anterior,  pudiéndose  establecer  excepciones,  por  razón  de  la  actividad  en  la 
convocatoria.
Para cada uno de los proyectos se identificará la identidad y titulación de los expertos 
participantes en el mismo, así como la adscripción y porcentaje de dedicación al mismo.
b)  Gastos de viajes y manutención. Podrán justificarse con cargo a este concepto 
exclusivamente las dietas y gastos de viaje del personal adscrito a los programas. Las 
dietas y gastos de viaje podrán ser objeto de subvención en las cuantías fijadas para el 
Grupo 2 por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del  servicio,  siempre  que  no  superen  el  3  %  del  importe  total  subvencionado  del 
programa,  salvo  que,  en  atención  a  la  naturaleza  del  mismo  y,  previa  solicitud 
suficientemente justificada, se autorice otro porcentaje distinto, que en ningún caso 
podrá ser superior al 7 %, conforme al procedimiento establecido para la modificación de 
la resolución de concesión.
c)  Gastos de actividades. En esta partida se podrán incluir los gastos derivados de 
la realización del programa subvencionado, siempre que se puedan determinar y sean 
necesarios para la ejecución de los proyectos, entendiendo como tales:
1.º  Artículos  de  consumo,  suministros  y  servicios  generales,  que  serán 
subvencionables en base a costes reales incurridos, soportados por facturas, debiendo 
ser asignados a prorrata con arreglo a un método justo y equitativo que debe constar por 
escrito.
2.º  Alquiler de bienes inmuebles utilizados para el desarrollo del proyecto, en base 
a costes reales incurridos, soportados por facturas, debiendo ser asignados a prorrata 
con arreglo a un método justo y equitativo que debe constar por escrito.
3.º  En el caso de que fuera necesario realizar inversiones en bienes inscribibles en 
un registro público (adquisición, construcción, rehabilitación y mejora) así como en la 
adquisición de vehículos, se deberá justificar el carácter imprescindible de las mismas y 
su  vinculación  con  la  obtención  de  los  logros  previstos  para  la  actividad.  Estas 
inversiones no podrán superar el 5 % del total de la subvención solicitada para el 
proyecto de que se trate y el gasto deberá realizarse dentro del periodo subvencionable 
que marque cada convocatoria y al menos 6 meses antes de la fecha de justificación. El 
periodo durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el 
que se le concedió la subvención será de 20 años en caso de bienes inscribibles así 
como en la adquisición de vehículos, y de 5 años para el resto de bienes debiéndose 
observar las reglas del artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
d)  Gastos de revisión de la cuenta justificativa. El gasto derivado de la revisión de la  e
cuenta justificativa mediante informe de auditor, según lo previsto en el artículo 5.7 no  bo
podrá superar el 10 % del importe de la ayuda. 096ww
novi3e.m  bDree,  caucaunedrdoo e cl oimnp loor tees dtaebl lgeacsidtoo  seunb veel nacritoícnualbol e3 s1u pdeer ela l aLse cyu 3a8n/t2ía0s0 e3s, tdaeb le1c7id daes 
para la contratación menor en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el beneficiario deberá
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la
contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, 
salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número 
de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere 
realizado con anterioridad a la subvención.
4.  Serán  considerados  como  costes  indirectos  aquellos  que,  no  estando 
directamente vinculados con el objeto de la ayuda, sean necesarios para el correcto 
funcionamiento de la entidad beneficiaria. Los gastos indirectos subvencionables no 
podrán  superar  en  su  conjunto,  el  límite  máximo  del  15  %  de  los  gastos  directos 
justificados  para  cada  uno  de  los  programas,  sin  que  sea  precisa  su  justificación 
adicional.
Se incluyen tanto los gastos indirectos imputables a varios programas, como los 
gastos generales de estructura que, sin ser imputables a una actividad concreta, son 
necesarios para llevar a cabo la actividad. Los gastos indirectos se basarán en gastos 
reales incurridos, soportados por facturas, debiendo ser prorrateados con arreglo a un 
método  justo  y  equitativo,  de  acuerdo  con  principios  y  normas  de  contabilidad 
generalmente admitidas, que debe constar por escrito. En todo caso, tales gastos deben 
corresponder al período en que efectivamente se realiza la actividad.
Del mismo modo, estos gastos se acreditarán mediante declaración responsable 
firmada por el representante legal del beneficiario, en la que se describirán los tipos de 
gastos incluidos y el método de prorrateo empleado.
5.  En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos 
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales 
sobre la renta.
6.  Los  gastos  financiables  han  de  haberse  contraído  dentro  del  plazo  que  se 
establezca en la convocatoria correspondiente.
7.  La acreditación de los gastos se efectuará de forma electrónica mediante cuenta 
justificativa, en un máximo de tres meses desde la finalización del plazo de ejecución del 
proyecto. Las diferentes convocatorias detallarán el contenido de la cuenta justificativa 
que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, irá acompañada de un informe de un 
auditor  de  cuentas  inscrito  como  ejerciente  en  el  Registro  Oficial  de  Auditores  del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que se ajustará a las previsiones de la 
Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de 
los  auditores  de  cuentas  en  la  realización  de  los  trabajos  de  revisión  de  cuentas 
justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el 
artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Aquellas  subvenciones  concedidas  por  importe  inferior  a  60.000  euros  podrán 
realizar  la  justificación  mediante  cuenta  justificativa  simplificada,  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 6.  Compatibilidad e incompatibilidad con otras ayudas.
Estas  ayudas  serán  compatibles  con  otras  ayudas,  subvenciones,  ingresos  o 
recursos  recibidos  para  las  mismas  actuaciones,  procedentes  de  cualquier 
Administración, entes públicos o privados, nacionales o internacionales, siempre que la 
suma de todas ellas no supere el coste de las actividades subvencionadas, y que no 
hayan  sido  concedidas  por  el  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto 
Demográfico.
Teniendo en cuenta el objetivo de estas ayudas, y de acuerdo con lo establecido en  e.
el  artículo  107  del  Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea,  las  ayudas  w.b
correspondientes a la modalidad C no tienen la consideración de ayuda de Estado,  096ww
caoynusdiadse rráencdiboidsea sc noom ppaotdibrále s cuopne realr  mele mrcáaxdimo oin pterreiovirs. tEo np asrua  claass oa,y euld iamsp doert em itnoitmali sd ee nl aesl 
Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.
Artículo 7.  Presentación de solicitudes y Documentación a aportar.
1.  Las convocatorias derivadas de esta orden deberán publicarse en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma, en el «Boletín Oficial del 
Estado».
2.  Las subvenciones se podrán solicitar a partir del primer día hábil tras dicha 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», durante un plazo de treinta días hábiles, 
en la sede electrónica asociada del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.
3.  Junto  con  la  solicitud,  se  deberá  aportar  una  Memoria  descriptiva  de  las 
actuaciones a acometer y que forman el proyecto. El contenido específico de esta 
Memoria se fijará en cada una de las convocatorias.
4.  Igualmente, la entidad solicitante deberá aportar una declaración responsable 
sobre los siguientes extremos:
a)  Cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente orden para tener derecho 
a la ayuda, así como disponibilidad de la documentación que así lo acredita y de que la 
pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, así como de su 
compromiso  de  mantener  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  durante  el  período 
inherente al ejercicio de la actividad para la que se solicita la ayuda.
b)  Cumplimiento de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social.
c)  Cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones.
d)  No estar incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para obtener la condición de beneficiaria.
e)  Que se dispone de crédito suficiente o compromiso de habilitar crédito suficiente 
para completar la financiación del proyecto, en caso de que sea concedida la ayuda 
solicitada.
5.  Adicionalmente, para cada una de las modalidades determinadas en el artículo 3, 
se deberá aportar la siguiente documentación adicional:
a)  Modalidad A. Proyectos promovidos por entidades locales.
1.º  Certificado de la entidad solicitante en el que conste el acuerdo o resolución de 
aprobación del proyecto estratégico u operativo y de la solicitud de la ayuda, adoptado 
por el órgano competente.
2.º  En su caso, acuerdo de delegación de firma del representante legal de la 
entidad para la presentación de la solicitud.
3.º  En el supuesto de que solicite la ayuda una mancomunidad de municipios, se 
aportará certificación que acredite que en sus estatutos está contemplado que entre sus 
fines se encuentra el desarrollo económico, el fomento del empleo u otros análogos que 
la legitiman para ejecutar las operaciones.
4.º  En el supuesto de que solicite la ayuda un organismo autónomo, se aportará 
certificado en el que conste la conformidad de la entidad local territorial de la que 
dependen para que el organismo autónomo formule tal solicitud. Asimismo, se acreditará 
que tal organismo tiene atribuidas las funciones, competencias y potestades necesarias 
para llevar a cabo la finalidad objeto de estas ayudas y que cumple los requisitos 
necesarios para ser beneficiario de una ayuda pública.
5.º  Declaración de otras ayudas solicitadas o recibidas, tanto de carácter público  e.e
como privado, de acuerdo con el modelo que se establecerá en la correspondiente  b
convocatoria. 096ww
b)  Modalidad B. Proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro.
1.º  Certificado de la entidad solicitante en el que conste el acuerdo o resolución de 
aprobación  del  proyecto  y  de  la  solicitud  de  la  ayuda,  adoptado  por  el  órgano 
competente.
2.º  En su caso, acuerdo de delegación de firma del representante legal de la 
entidad para la presentación de la solicitud.
3.º  Declaración responsable de la entidad solicitante referida al cumplimiento de los 
requisitos  exigidos  en  la  presente  orden  para  tener  derecho  a  la  ayuda,  de  la 
disponibilidad de la documentación que así lo acredita y de que la pondrá a disposición 
de la Administración cuando le sea requerida, así como de su compromiso a mantener el 
cumplimiento de sus obligaciones durante el período inherente al ejercicio de la actividad 
para la que se solicita la ayuda.
4.º  Declaración de otras ayudas solicitadas o recibidas, tanto de carácter público 
como privado de acuerdo con el modelo que se establecerá en la correspondiente 
convocatoria.
c)  Modalidad  C.  Proyectos  promovidos  por  empresas  y  otras  iniciativas 
emprendedoras.
1.º  Documentación acreditativa de las circunstancias personales de la persona 
solicitante, de las registrales, en el caso de una sociedad constituida; o proyecto de 
estatutos y datos del promotor, si se trata de una sociedad en fase de constitución. En 
este supuesto, la aceptación de la propuesta de resolución definitiva aprobando la 
concesión de la ayuda solicitada deberá ir acompañada de los documentos acreditativos 
de la constitución de la sociedad y de sus circunstancias registrales. En su caso, las 
empresas deberán aportar una copia de la escritura de constitución de la sociedad, que 
deberá estar inscrita en el Registro Mercantil.
2.º  Declaración responsable de la entidad solicitante referida al cumplimiento de los 
requisitos  exigidos  en  la  presente  orden  para  tener  derecho  a  la  ayuda,  de  la 
disponibilidad de la documentación que así lo acredita y de que la pondrá a disposición 
de la Administración cuando le sea requerida, así como de su compromiso a mantener el 
cumplimiento de sus obligaciones durante el período inherente al ejercicio de la actividad 
para la que se solicita la ayuda.
3.º  Declaración de otras ayudas solicitadas o recibidas, tanto de carácter público 
como privado de acuerdo con el modelo que se establecerá en la correspondiente 
convocatoria, indicando si alguna de dichas ayudas ostenta la condición de minimis.
4.º  Documentación acreditativa de los puestos de trabajo de la empresa a la fecha 
de la solicitud de la ayuda, mediante la presentación de un Informe de plantilla media de 
trabajadores en situación de alta, referido a los seis meses anteriores a dicha fecha.
6.  La  Dirección  General  de  Políticas  contra  la  Despoblación  podrá  consultar, 
mediante  los  sistemas  de  información  disponibles,  la  información  o  documentación 
aportadas para verificar el cumplimento de las condiciones de los beneficiarios de la 
subvención. Esta comprobación podrá realizarse con anterioridad o posterioridad a la 
concesión  de  la  subvención  y,  en  caso  de  detectarse  el  incumplimiento  de  alguna 
condición, procederá la denegación de la subvención o su revocación y, en su caso, la 
exigencia de reintegro.
Artículo 8.  Fases del procedimiento. e.
1.  Una vez registrada la solicitud en la sede electrónica asociada del Ministerio para  096ww
elas taTbralencsidicoió enn  eEsctoel óagrticícau loy.  el  Reto  Demográfico,  se  tramitará  de  acuerdo  con  lo
Sub2d.i recEcl ióónrg aGneon ceoraml pdeete nInteic piaatrivaa lsa,  odrdee nlaa cDióirne cec iinósnt ruGcecnióenr adl edl ep roPcoeldítiimcaiesn tcoo nsetrraá  llaa 
Despoblación, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
3.  Si  en  la  documentación  aportada  se  observasen  defectos  u  omisiones 
subsanables,  deficiencias  de  carácter  técnico  o  se  necesitara  documentación 
complementaria para ampliar conocimiento sobre la ya presentada, se requerirá a la 
persona solicitante, para que en el plazo de diez días hábiles, subsane las faltas o 
acompañe los documentos necesarios advirtiéndole de que, en caso de no hacerlo, se le 
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos  previstos  en  el  artículo  21  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.  Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión de Valoración referida en el 
artículo 9.3 emitirá informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. 
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá 
notificarse a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá 
un plazo de diez días para presentar alegaciones.
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor 
del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la 
resolución de concesión.
5.  Las convocatorias podrán establecer una fase de preevaluación en la que se 
verificará el cumplimiento de los requisitos de carácter administrativo para adquirir la 
condición de beneficiario de la subvención.
6.  Examinadas  las  alegaciones  aducidas  en  su  caso  por  los  interesados,  se 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la 
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su 
cuantía,  especificando  su  evaluación  y  los  criterios  de  valoración  seguidos  para 
efectuarla.
El  expediente  de  concesión  de  subvenciones  contendrá  el  informe  del  órgano 
instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que 
los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis 
meses a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria. El vencimiento del 
plazo  máximo  sin  haberse  notificado  la  resolución  a  los  interesados  entenderá 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
7.  En  caso  de  que  a  lo  largo  del  periodo  de  ejecución  de  los  proyectos  se 
generasen nuevos remanentes de crédito derivados de una ejecución inferior al importe 
de  la  ayuda  concedida,  o  bien  se  dispusiese  de  nuevas  asignaciones,  se  podrán 
conceder nuevas ayudas adicionales, de acuerdo con lo establecido en las distintas 
convocatorias.
Artículo 9.  Criterios de admisibilidad y valoración.
1.  Las  solicitudes  y  proyectos  deben  sujetarse  a  los  siguientes  criterios  de 
admisibilidad:
a)  Presentación de las solicitudes conforme a los modelos oficiales dentro de los 
plazos y cauces establecidos.
b)  Adecuación del proyecto al objeto de la ayuda.
c)  Adecuación  de  la  entidad  solicitante  a  los  requisitos  establecidos  en  la 
convocatoria de referencia.
d)  Concurrencia de, al menos, dos de los objetivos específicos descritos en el  e
anexo de esta Orden para la correspondiente modalidad. bo
e)  Disponibilidad de los permisos administrativos correspondientes necesarios para  096ww
evilg deefgn)s) t aer,D rAodisqlelpuoboe ednllreoiáblsn ipl  ipdrdoraeoyd ye dedcictseotp o.loosns s etuer jredrteeonls o daso, c eeuvnma sleuuna tccoaió sanoc .aremdbitiaetnivtaol  ddee  asucu reersdool uccoiónn l ae lsetgimisalatocrióian,   OE-A-2021-20able en https://
emitida por el órgano competente.
2.  Las propuestas que resulten admitidas serán evaluadas conforme a los criterios 
de valoración que se exponen a continuación, y deberán incluir siempre la igualdad de 
género de forma transversal, de acuerdo con estos criterios generales:
Puntuación (máximo 
Criterios de valoración
100 puntos)
Criterios estratégicos–Oportunidad del proyecto. 0-30
Criterios técnicos–Idoneidad e Innovación del proyecto. 0-30
Impacto económico, social, ambiental, territorial y de género del proyecto. 0-30
Difusión y transferencia. 0-10
Asimismo,  y  para  facilitar  su  cumplimiento,  estos  criterios  de  valoración  se 
desagregarán en cada convocatoria y para cada modalidad, señalando los subcriterios 
que los componen e indicando, en su caso, su puntuación máxima y los umbrales 
mínimos de puntuación.
La máxima puntuación que podrá obtener una propuesta en el proceso de valoración 
será  de  100  puntos.  Las  propuestas  deberán  obtener,  al  menos,  15  puntos  en  la 
valoración  de  los  criterios  estratégicos,  15  puntos  en  la  valoración  de  los  criterios 
técnicos, 15 puntos en la valoración de los criterios del impacto del proyecto y 5 puntos 
en la valoración de los criterios de difusión y transferencia.
3.  A  tal  efecto,  se  constituirá  una  Comisión  de  Valoración,  presidida  por  un 
funcionario o funcionaria de nivel 30 de la Dirección General de Políticas contra la 
Despoblación, y de la que formarán parte otros dos funcionarios o funcionarias de este 
centro directivo, designados por el titular de la Dirección General, pertenecientes al 
subgrupo A1, uno de los cuales ejercerá las funciones propias de secretaría con voz y 
voto. Como órgano colegiado, esta Comisión tendrá una composición equilibrada en 
cuanto a la participación de mujeres y hombres.
Esta Comisión tiene naturaleza de órgano colegiado y en lo no dispuesto en esta 
orden se estará a lo regulado en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La Comisión de Valoración podrá estar 
asistida por expertos de instituciones que se consideren convenientes, en función de la 
convocatoria de que se trate.
4.  En caso de que dos o más propuestas obtengan la misma puntuación y no haya 
crédito suficiente para atender a todas ellas, se priorizará la propuesta de acuerdo al 
siguiente orden:
a)  Aquella que haya obtenido mayor puntuación en la valoración de los criterios 
estratégicos.
b)  Aquella que haya obtenido mayor puntuación en la valoración de los criterios 
técnicos.
c)  Aquella  que  haya  obtenido  mayor  puntuación  en  la  valoración  del  impacto 
económico, social, ambiental y de género del proyecto.
d)  Si aún persistiera la igualdad en la puntuación, se dará prioridad a las solicitudes 
por orden de entrada en la sede electrónica asociada.
Artículo 10.  Resolución.
1.  La resolución del procedimiento corresponderá a la persona titular del Ministerio  bo
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 096ww
2a.)   EDna tcoass doe dl eb esneer feicsitaimrioa tyo rdiae,s clar iprecsióonlu dceiól np reoxypercetsoa sráe:leccionado.
b)  El importe de los gastos considerados elegibles a estos efectos.
c)  La cuantía de subvención prevista. Bc
d)  Los plazos máximos para la conclusión del proyecto y para la presentación de la 
justificación de la realización del proyecto.
e)  Otras condiciones de obligado cumplimiento relacionadas con la ejecución de las 
actuaciones que, en función del caso particular, puedan requerirse.
3.  La resolución del procedimiento será notificada a los respectivos solicitantes y 
publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
4.  El beneficiario deberá notificar su aceptación de la resolución y las condiciones 
en ella impuestas, en el plazo máximo de diez días desde la fecha de recepción de la 
resolución  por  la  que  se  acuerde  la  concesión  de  la  ayuda,  a  través  de  la  sede 
electrónica asociada. La falta de aceptación expresa por parte del beneficiario, en los 
términos previstos anteriormente, supondrá la renuncia del mismo.
5.  La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los 
que  se  concede  la  subvención,  hará  constar,  en  su  caso,  de  manera  expresa,  la 
desestimación del resto de las solicitudes.
6.  Contra la resolución del procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, o ser 
impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ello sin perjuicio de la facultad de 
hacer  uso  del  requerimiento  previo  a  que  hace  referencia  el  artículo  44.1  de  la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
cuando se trate de beneficiarios de la Modalidad A.
Artículo 11.  Formas de ejecución de los proyectos y subcontratación.
1.  La ejecución de los proyectos se llevará a cabo por parte de los beneficiarios, 
mediante ejecución directa, suscripción de convenios o mediante contratación, en los 
términos señalados en el presente artículo.
2.  Se  permite  la  subcontratación,  mediante  la  concertación  con  terceros  de  la 
ejecución parcial de las actividades subvencionadas del proyecto. Queda fuera de este 
concepto de subcontratación la contratación de aquellos gastos en que tengan que 
incurrir los beneficiarios para la realización por sí mismas de la actividad subvencionada.
La subcontratación podrá llegar al 80 % del presupuesto elegible, de acuerdo con lo 
establecido en cada convocatoria. Cuando el importe de las actividades a subcontratar 
por el beneficiario exceda del 20 % de la ayuda asignada al proyecto y dicho importe sea 
superior  a  60.000  euros,  IVA  incluido,  el  beneficiario  deberá  solicitar,  previamente, 
autorización a la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, especificando 
las actividades a contratar, los datos del contrato a celebrar y su importe. La solicitud 
deberá realizarse al menos cuatro meses antes de la finalización del plazo de ejecución.
Si en el plazo de un mes, siguiente a la recepción de la solicitud de autorización 
previa citada, la Dirección General de Políticas contra la Despoblación no notifica al 
beneficiario su disconformidad, se entenderá concedida la autorización para celebrar el 
contrato.
3.  El  beneficiario  deberá  contar  con  medios  propios  para  las  funciones  de 
planificación y coordinación del proyecto, asumiendo, en todo caso, la responsabilidad 
de la ejecución de la actividad subvencionada.
Artículo 12.  Modificación de la resolución de concesión. bo
aelcteorn1eó.n m, Cicsuaiaes nmtdeponr eidc aoqsn uceeun r rnacuone  cnsitreaca up nadsrteaa  nlamc iaacsno ensrcoaeb sriseóuvnse tdnaeind calaisa ,la , dyueladbsai d,a clmoosne dnbitceeino ejnufeiscstii afirctiéaocdsn apisco,a dsqr áuneo    2021-20096n https://ww
solicitar  la  modificación  del  proyecto  aprobado.  En  este  caso,  las  modificaciones
económicas podrán alterar como máximo el 20 % del coste del proyecto. Bc
2.  Las  modificaciones  quedarán  sujetas  al  cumplimiento  de  los  siguientes 
requisitos:
a)  No podrán alterar el objeto y finalidad de la subvención.
b)  Deberán  respetar  la  cuantía  máxima  de  la  subvención  concedida.  Los 
incrementos del gasto, sobre el presupuesto aprobado, serán por cuenta del beneficiario.
c)  La solicitud de la modificación y su aceptación deberán realizarse al menos 
cuatro meses antes de la finalización del plazo de ejecución.
d)  No dañen derechos de terceros.
3.  La  resolución  de  la  solicitud  de  modificación  corresponderá  al  órgano 
concedente. Si en el plazo de un mes, siguiente a la recepción de la solicitud, no se 
notifica al beneficiario su conformidad, se entenderá no concedida la autorización para la 
modificación.
4.  Contra la resolución del procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, o ser 
impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ello sin perjuicio de la facultad de 
hacer  uso  del  requerimiento  previo  a  que  hace  referencia  el  artículo  44.1  de  la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, cuando se trate de beneficiarios de la Modalidad A.
Artículo 13.  Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados al cumplimiento general de lo 
establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en particular a las 
siguientes obligaciones:
a)  Acreditar la realización de las actividades que hayan sido objeto de subvención, 
de acuerdo con lo previsto en la presente orden.
b)  Comunicar, de forma inmediata, al órgano que otorga la ayuda, la concesión de 
otras  ayudas  para  la  misma  finalidad,  tanto  con  anterioridad  como  durante  el 
procedimiento, así como en el caso de su obtención después de la resolución de 
concesión.
c)  Trasladar  a  la  Dirección  General  de  Políticas  contra  la  Despoblación  la 
información y resultados de su actividad que le sea requerida, así como participar en los 
instrumentos de coordinación que este Centro directivo establezca a tal efecto.
d)  Identificar convenientemente la procedencia de la subvención y dar la adecuada 
difusión al carácter público de la financiación del proyecto innovador de que se trate, en 
los términos establecidos en al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 14.  Seguimiento de los proyectos.
1.  Para el seguimiento de la ejecución de los proyectos y de las actuaciones 
subvencionadas que se vayan llevado a cabo, la Dirección General de Políticas contra la 
Despoblación recabará del beneficiario la información complementaria que se considere 
conveniente disponer. A tal efecto, el seguimiento y control de las actuaciones se podrá 
llevar a cabo mediante reuniones y comunicaciones periódicas, petición y evaluación de 
informes, visitas in situ y control de la documentación recibida. e
2.  Igualmente, y teniendo en cuenta el carácter innovador y experimental de los  bo
proyectos,  la  Dirección  General  de  Políticas  contra  la  Despoblación  adoptará  las  096ww
mpreodyiedcatso s nceocfiensaanrciaiasd opsa.ra  posibilitar  la  difusión  y  el  seguimiento  compartido  de  los
Artículo 15.  Publicidad de la subvención.
Los beneficiarios deben dar difusión al carácter público de las ayudas percibidas para 
la  financiación  del  proyecto,  identificando  convenientemente  la  procedencia  de  la 
financiación. Así, deberán incluir la imagen institucional de la entidad concedente, así 
como las leyendas relativas a la financiación pública, según el tipo de proyecto, en los 
carteles,  las  placas  conmemorativas,  los  materiales  impresos,  y  en  los  medios 
electrónicos o audiovisuales. A tal efecto, habrán de incorporar de forma visible, el 
logotipo oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
De la misma manera, deberá identificarse la procedencia de la subvención y dar 
adecuada difusión al carácter público de la financiación del proyecto en las menciones 
realizadas en medios de comunicación.
Artículo 16.  Pagos anticipados.
1.  En las subvenciones correspondientes a las modalidades A, B y C se realizarán 
pagos anticipados, con carácter previo a la justificación, hasta un máximo del 100 % del 
importe de la ayuda concedida, en los términos y con los límites establecidos por el 
artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En  la  modalidad  A,  el  pago  anticipado  queda  exonerado  de  la  constitución  de 
garantía, conforme a lo dispuesto por el artículo 42.2, apartados a) y d), del Reglamento 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En las modalidades B y C, el beneficiario deberá presentar el original del resguardo 
de constitución de la garantía en la Caja General de Depósitos, en alguna de las 
modalidades previstas en las disposiciones reguladoras de la citada Caja, conforme al 
Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997, 
de 7 de febrero, y demás normativa de aplicación, y con los requisitos establecidos para 
las mismas.
La garantía se constituirá por un importe igual a la cantidad del pago anticipado, 
incrementado  en  máximo  del  20  %,  y  responderá  del  importe  de  las  cantidades 
anticipadas y de los intereses de demora.
La  garantía  prestada  será  liberada  tras  la  comprobación  de  la  realización  del 
proyecto, siempre que la ayuda final resultante sea de importe igual o superior a la 
cantidad previamente pagada. En caso contrario, se procederá a su devolución una vez 
se haya hecho efectivo el reintegro procedente.
Artículo 17.  Justificación de la realización del proyecto.
1.  Finalizada la ejecución, los beneficiarios deberán presentar la documentación 
técnica y económica acreditativa de la realización de la actividad objeto de la ayuda. 
Cada una de las convocatorias fijará de un modo pormenorizado el formato que tendrá la 
cuenta justificativa. En todo caso, la cuenta justificativa contendrá, con carácter general, 
la siguiente documentación:
a)  Memoria  de  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas 
y de los resultados obtenidos.
b)  Memoria  económica  abreviada  justificativa  del  coste  de  las  actividades 
realizadas.
c)  De acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003,  e.
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la cuenta justificativa irá acompañada de  w.b
un informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de  096ww
Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
realiAzqaur ellala sju sstuifbicvaecniócnio nmese dciaonntcee dciudeanst ap ojur stiimficpaotrivtea  isnifmerpiolifri caad a6,0 .d0e0 0a ceuuerordso,  pcoodnr álno 
dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
2.  La  Dirección  General  de  Políticas  contra  la  Despoblación  podrá  solicitar  la 
documentación o información que estime necesaria para la comprobación de la correcta 
aplicación de la ayuda y requerir para la presentación de los documentos justificativos 
adicionales que se consideren precisos, sin perjuicio de las facultades de comprobación 
que las normas vigentes atribuyen a la Intervención General de la Administración del 
Estado, al Tribunal de Cuentas o a otros órganos.
3.  El plazo de presentación de los documentos anteriores será, como máximo, de 
tres  meses  desde  la  finalización  del  plazo  para  la  realización  de  la  actividad.  Lo 
establecido en estas Bases se entiende sin perjuicio del control financiero previsto en 
artículos  141  y  siguientes  de  la  Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre,  General 
Presupuestaria y en el título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 18.  Graduación de incumplimientos y obligación de reintegro.
1.  Si  el  beneficiario  incumpliera  los  plazos  o  condiciones  señalados  en  esta 
normativa, con independencia de otras responsabilidades en que hubiera podido incurrir, 
perderá el derecho a la subvención concedida, con la obligación de reembolsar las 
cantidades ya percibidas incrementadas con el interés de demora aplicable según el 
artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  La realización en plazo de solo una parte de la actuación comprometida, dará 
lugar al ajuste y perdida del derecho al cobro parcial de la ayuda otorgada, siempre que 
como mínimo se haya ejecutado el 50 % del coste elegible comprometido, y lo ejecutado 
tuviera utilidad propia para la finalidad establecida en las presentes bases. En este 
supuesto,  el  beneficiario  sólo  podrá  recibir  el  porcentaje  de  ayuda  equivalente  al 
porcentaje del coste elegible que haya ejecutado.
3.  En el supuesto de que no se haya ejecutado un mínimo del 50 % de la actuación 
comprometida, o que, ejecutándose un porcentaje mayor a este, lo realizado no tuviera 
utilidad propia para la finalidad establecida en las presentes bases, se procederá a la 
pérdida  del  derecho  al  cobro  de  la  ayuda  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
establecidas en esta orden.
4.  El  incumplimiento  de  la  obligación  de  justificación  de  la  subvención  en  los 
términos establecidos en las presentes bases, los supuestos o casos del artículo 37.1 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o la justificación insuficiente de la misma, llevará 
aparejado el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta  orden  se  dicta  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  artículo  149.1.13.ª  de  la 
Constitución Española, que atribuye al Estado las competencias exclusivas en materia 
de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 1 de diciembre de 2021.–La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra  e.
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez. w.b
ANEXO
Modalidades de proyectos
Modalidad A. Proyectos institucionales para fomentar la creación y el desarrollo de 
ecosistemas de inteligencia e innovación territorial o el apoyo a proyectos tractores que 
reactiven la actividad socioeconómica con la finalidad de afrontar el reto demográfico y la 
lucha contra la despoblación
Definición.  Proyectos  que  tengan  como  finalidad  incentivar  acciones  para  la 
creación de ecosistemas innovadores impulsados por las entidades locales, abiertos a la 
participación social y orientados a generar proyectos tractores, que tengan un efecto 
multiplicador y destinados a fomentar el desarrollo económico o la diversificación de la 
actividad económica de las zonas afectadas en los que concurran, al menos, dos de los 
objetivos específicos que se indican.
Objetivos específicos.
O.E.1. Organizativos. Creación de estructuras administrativas destinadas a formalizar 
e impulsar la actividad de las entidades locales, en especial mediante la cooperación con 
otras Administraciones públicas y con agentes sociales y económicos activos en las 
zonas geográficas interesadas.
– Creación de Oficinas contra la Despoblación.
– Coordinación de iniciativas público-privadas.
– Creación de puntos de apoyo local para la atracción de nuevos pobladores.
– Acogida e integración de población inmigrante.
– Tratamiento especial e incorporación de entidades locales menores al ecosistema 
innovador y el desarrollo económico endógeno.
O.E.2. Refuerzo de los Servicios Públicos. Ampliación y mejora de los servicios 
públicos que corresponden a las entidades locales, y cooperación en la prestación de 
servicios que corresponden a las Administraciones del Estado y de las comunidades 
autónomas.
– Mejora de las infraestructuras locales.
– Mejora de la gestión medioambiental, en especial en el ámbito de la prevención y 
gestión de residuos, garantizando en todo caso la protección ambiental.
– Promoción y apoyo a la mejora de la calidad de vida en el medio rural.
– Promoción y apoyo para la creación y desarrollo de redes de inclusión social.
– Promoción de proyectos para la atención y cuidado de personas.
– Desarrollo de programas piloto dirigidos a parados de larga duración.
– Puesta en valor e investigación sobre bienes culturales de titularidad municipal.
– Tratamiento y depuración de aguas.
O.E.3. Fomento del Emprendimiento y de la Actividad Empresarial. Fomento de las 
actuaciones dirigidas a la identificación de nuevas actividades económicas compatibles 
con la conservación de la biodiversidad y el paisaje, y todo tipo de actuaciones que 
favorezcan el desarrollo económico endógeno y sostenible.
– Asesoramiento jurídico, técnico y financiero. s
– Acceso  a  la  actividad  agrícola,  ganadera,  forestal  y,  en  general,  de  oe.
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– Desarrollo de mercados cooperativos.
– Comercialización on line en el mercado de alimentos. Bc
– Desarrollo de formas especializadas de turismo: cultural, natural, termal, deportivo, 
gastronómico, etc.
O.E.4. Formación y Ayuda al Emprendimiento. Propuesta y gestión de actividades 
formativas destinadas a mejorar la capacitación laboral y el apoyo al emprendimiento de 
la población activa, en especial promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades de 
las mujeres y los jóvenes.
– Formación  e  innovación  agroalimentaria  y  de  aprovechamiento  de  recursos 
naturales locales.
– Formación e innovación en gestión ambiental local (agrocompostaje, recuperación 
de espacios degradados, sistemas blandos de depuración de aguas residuales…)
– Ejercicio de prácticas no laborales en empresas privadas.
– Recuperación de oficios, artesanías y tareas tradicionales.
– Formación en actividades turísticas vinculadas con la puesta en valor del territorio.
O.E.5. Desarrollo e Innovación en el Territorio. Fomento para la creación de una 
masa crítica que aporte una mejora de la competitividad y una puesta en valor de las 
ventajas económicas absolutas y comparativas y fomenten el valor económico agregado 
en estas áreas geográficas, en especial desde la perspectiva del patrimonio natural e 
histórico-artístico y cultural.
– Difusión del valor añadido aportado por la vida rural, en un entorno de hábitos 
saludables.
– Difusión del destino natural.
– Difusión  e  investigación  del  patrimonio  geológico  y  biológico,  así  como  del 
paleontológico.
– Recuperación, investigación y difusión de acontecimientos históricos vinculados 
con la vida local.
– Difusión  e  investigación  del  patrimonio  cultural,  histórico,  arqueológico  y 
etnológico.
– Actividades  de  cuidado  y  mejora  de  las  masas  forestales  y  la  prevención  y 
vigilancia de incendios forestales.
– Creación de plantas de compostaje de residuos forestales, agrícolas y biorresiduos 
domésticos.
– Creación de Comunidades Energéticas Locales.
– Reutilización de molinos y otras infraestructuras de uso tradicional.
– Recuperación, digitalización e informatización de fuentes históricas vinculadas con 
la vida local.
– Acceso, conocimiento y visita del patrimonio histórico artístico local.
– Educación ambiental.
– Restauración y mejora ambiental, tanto de los medios urbanos (calles y plazas, 
zonas verdes urbanas…) como de los entornos rurales (recuperación y arbolado de 
caminos,  recuperación  de  muros  de  piedra  seca,  creación  de  setos  en  superficies 
agrarias, reforestaciones…) y de ecosistemas locales (cursos de agua y riberas fluviales, 
bosquetes, etc.).
O.E.6. Mantenimiento y Renovación de la Vivienda y Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico. Fomento de la rehabilitación y puesta en valor de la vivienda rural, 
recuperación del patrimonio propio y, en particular, de la arquitectura tradicional y el  e.e
paisaje rural, garantizando que las intervenciones previstas analicen y respeten sus  b
valores, sistemas constructivos y materiales tradicionales. 096ww
vivie––n  dIPnart.oemrvoecnicóino ndees  luar beafnicaiesn acsiao ceiandeargsé ati claa  rye neol vaauctióonco yn sreuhmaob ileitnaecriógné teicnoe, rgreéltaiccaio ndaed laa   OE-A-2021-20able en https://
con la atracción de nueva población.
– Rehabilitación y puesta en uso del patrimonio municipal, en especial de antiguas 
escuelas.
O.E.7. Transición Digital y Plena Conectividad Territorial. Mejora del servicio público y 
fomento de actividades dirigidas a garantizar la conectividad de las zonas afectadas, 
fortalecer la interacción rural-urbana y la continuidad territorial.
– Digitalización de la red de baja tensión.
Modalidad B. Proyectos sociales para incentivar y desarrollar la participación social en 
proyectos que tengan como objetivo la transformación territorial
Definición.  Proyectos impulsados por entidades sin ánimo de lucro y dirigidos al 
desarrollo de la participación social, la revalorización del espacio rural y su relevancia 
social, cultural y medioambiental, mediante iniciativas que mejoren las condiciones de 
vida, favorezcan el bienestar social y la mayor cohesión territorial y social de las zonas 
afectadas, en los que concurran, al menos, dos de los objetivos específicos que se 
indican.
Objetivos específicos.
O.E.1.  Participación  Social  y  Movimiento  Asociativo.  Apoyo  a  la  participación 
ciudadana en la actividad local y desarrollar la actividad asociativa que tenga como 
finalidad la reactivación de la actividad económica y social de la zona.
– Creación y desarrollo del movimiento asociativo local, comarcal y provincial.
– Desarrollo de proyectos de solidaridad social.
– Establecimiento  de  vínculos  y  formas  de  colaboración  entre  el  movimiento 
asociativo, las administraciones locales y el emprendimiento empresarial local.
O.E.2.  Bienestar  Social  y  Economía  de  los  Cuidados.  Apoyo  a  la  integración 
socioeconómica  de  las  comunidades  marginadas,  los  migrantes  y  los  grupos 
desfavorecidos, a partir de la fijación de población, el mantenimiento de la existente, la 
dinamización de la misma y en su caso, la renovación de la población emigrada.
– Promoción y apoyo a la mejora de la calidad de vida en el medio rural.
– Creación y desarrollo de redes de solidaridad y apoyo mutuo de proximidad.
– Promoción y apoyo para la creación y desarrollo de redes de inclusión social.
– Promoción de proyectos para la atención y cuidado de personas en zonas rurales 
y de escasa población.
– Desarrollo de programas piloto dirigidos a personas paradas de larga duración.
O.E.3. Refuerzo de los Servicios. Desarrollo de actuaciones que cooperen en la 
prestación  de  servicios,  favorezcan  el  bienestar  e  inclusión  social  y  mejoren  las 
condiciones  y  calidad  de  vida  en  el  medio  rural,  con  especial  atención  a  las 
desigualdades de género y a la situación de las mujeres.
– Desarrollo de proyectos que incrementen la participación social en la prestación de 
servicios.
– Promoción y asesoramiento para facilitar el teletrabajo de los habitantes de las 
zonas rurales. es
– Promoción  para  la  prestación  de  servicios  financieros  digitales  mínimos  y  o
necesarios. 096ww
O– .EA.p4o. yoF opmarean ltao  mdeejol raE dmep lrae nreddim diee ndtios tryib udceió nl ac omAcetrivciidaal edn  Ezomnparse sruarraialel.s .Apoyo  y
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de servicios y el aprovechamiento de los activos de capital fijo y el mantenimiento de la 
provisión de servicios.
– Creación de redes de economía especiales para atender las necesidades de los 
pequeños municipios.
– Promoción y apoyo a proyectos destinados a la diversificación económica de la 
zona.
– Promoción y apoyo al desarrollo cooperativo.
– Promoción y apoyo a la mejora de la competitividad productiva en las zonas 
rurales.
– Promoción y apoyo a proyectos de desarrollo de agricultura de calidad y saludable.
– Promoción y apoyo a proyectos comunitarios de generación de energía renovable.
– Promoción y puesta en valor de nuevos recursos turísticos y apoyo al desarrollo de 
iniciativas turísticas privadas.
– Creación  de  espacios  compartidos  adecuados  para  atender  actividades  de 
formación de empresas (coworking).
O.E.5. Formación y Ayuda al Emprendimiento. Propuesta y apoyo a la gestión de 
actividades  formativas  destinadas  a  mejorar  la  capacitación  laboral  y  el  apoyo  al 
emprendimiento de la población activa, colaborando a la identificación de necesidades 
formativas y a la adaptación entre la oferta y la demanda.
– Apoyo a la profesionalización de la gestión empresarial.
– Mejora de la capacitación profesional y apoyo a proyectos piloto de formación 
profesional.
– Apoyo a proyectos de intercambio de experiencias formativas y emprendedoras 
con profesionales de otras regiones, comunidades autónomas o Estados.
O.E.6. Desarrollo e Innovación en el Territorio. Apoyo para la creación de una masa 
crítica que aporte una mejora de la competitividad y una puesta en valor de las ventajas 
económicas absolutas y comparativas y fomenten el valor económico agregado en estas 
áreas geográficas, en especial desde la perspectiva del patrimonio natural e histórico-
artístico y cultural.
– Recuperación  del  patrimonio  cultural  inmaterial  y  desarrollo  de  proyectos  de 
interés  etnológico,  y  en  especial  mediante  la  documentación  y  estudio  de  la 
supervivencia de las sociedades rurales del siglo XX.
– Desarrollo  de  planes  de  sostenibilidad  turística  en  destino,  incrementando  la 
infraestructura turística y de ocio y su difusión.
– Impulso al desarrollo de proyectos empresariales vinculados a las condiciones 
naturales de la zona, a la mejora y gestión ambiental, al aprovechamiento sostenible de 
recursos naturales y energéticos, a la recuperación de la biodiversidad, a la educación 
ambiental, etc.
O.E.7. Mantenimiento y Renovación de la Vivienda y Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico. Desarrollo de actuaciones destinadas a la rehabilitación y puesta en valor 
de la vivienda rural, recuperación del patrimonio propio y, en particular, de la arquitectura 
tradicional y el paisaje rural, garantizando que las intervenciones previstas analicen y 
respeten sus valores, sistemas constructivos y materiales tradicionales.
– Impulso  a  la  creación  de  formas  de  colaboración  público-privada  para  la  oe.
rehabilitación, física y energética, y puesta en valor de la vivienda rural. w.
– Impulso a la creación de formas de colaboración para la puesta en valor del  096ww
patr–im Ionnvieon htaisrtióardicoo,  yr eacrutípseticraoc dióen l,a  czoonnsae.rvación  y  difusión  del  patrimonio  histórico  y
artístico, vinculándolo a las necesidades habitacionales de la zona.
O.E.8. Transición Digital y Plena Conectividad Territorial. Apoyo a la realización de 
iniciativas y actividades sociales dirigidas a garantizar la conectividad de las zonas 
afectadas, fortalecer la interacción rural-urbana y la continuidad territorial.
– Promoción de actuaciones para la superación de la brecha digital y referidas al 
programa de extensión de la banda ancha, mediante el desarrollo de la Agenda Digital 
en el medio rural y el incremento de la capacitación tecnológica, prestando especial 
atención a la eliminación de la brecha digital de género.
– Mejora de la conexión mediante fibra óptica.
– Promoción de proyectos de mejora y movilidad eléctrica.
– Apoyo y desarrollo de proyectos para el uso de medios de transporte compartido u 
otra forma colaborativa, de acuerdo con las necesidades específicas detectadas
– Apoyo y desarrollo de proyectos relacionados con el transporte y la mejora de la 
movilidad de proximidad, en distancias cortas.
Modalidad C. Proyectos empresariales para el impulso, la diversificación y reactivación 
económica, con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo o el 
mantenimiento de los ya existentes
Definición.  Proyectos  empresariales  destinados  a  incrementar  la  actividad 
económica, fomentar la diversificación económica y apoyar al emprendimiento en el 
ámbito rural, en especial mediante la integración laboral de las mujeres y de la juventud, 
en los que concurran, al menos, dos de los objetivos específicos que se indican.
Objetivos específicos.
O.E.1. Estructura Productiva y Desarrollo Económico. Propuesta, desarrollo y puesta 
en marcha de iniciativas empresariales y de actuaciones tendentes a la reactivación 
económica y social de las zonas interesadas, en especial mediante el aprovechamiento 
de los activos de capital fijo y el mantenimiento de la provisión de servicios.
– Creación de redes de economía especiales para atender las necesidades de los 
pequeños municipios.
– Desarrollo  y  puesta  en  marcha  de  proyectos  destinados  a  la  diversificación 
económica de la zona.
– Desarrollo de y puesta en marcha de proyectos cooperativos.
– Apoyo y desarrollo a la mejora de la competitividad productiva en las zonas 
rurales.
– Desarrollo y puesta en marcha de proyectos de desarrollo de agricultura de calidad 
y saludable y de aprovechamiento sostenible de recursos naturales compatible con la 
conservación de la biodiversidad.
– Promoción  y  puesta  en  valor  de  nuevos  recursos  turísticos  y  desarrollo  de 
iniciativas turísticas empresariales.
O.E.2. Bienestar Social y Economía de los Cuidados.
– Propuesta y desarrollo de iniciativas para la mejora de la atención y el cuidado de 
la población.
O.E.3. Formación y Ayuda al Emprendimiento. Propuesta, desarrollo y puesta en 
marcha de actividades formativas destinadas a mejorar la capacitación laboral y el apoyo  e.
al emprendimiento de la población activa. w.
emp–r ePsaroripaul.esta  y  desarrollo  de  iniciativas  para  la  profesionalización  de  la  gestión
nece–s iPdraodpeuse sftoar,m daetsivaarsro ldloe y  lpau eessttaru ecntu mraa rpcrhoad duect ipvrao yye cltao s mpaerjoar ala  iddee nltaif iccaacpióanc idtaec ilóans 
profesional.
– Promoción y desarrollo de proyectos de aprendizaje permanente, especialmente 
mediante oportunidades de mejora y reciclaje flexibles de las capacidades, una mejor 
previsión  de  los  cambios  y  nuevos  requisitos  de  capacidades  en  función  de  las 
necesidades  del  mercado  de  trabajo,  facilitando  las  transiciones  profesionales  y 
promoviendo la movilidad profesional.
– Propuesta  y  puesta  en  marcha  de  proyectos  de  intercambio  de  experiencias 
formativas  y  emprendedoras  con  profesionales  de  otras  regiones,  comunidades 
autónomas o Estados.
O.E.4. Desarrollo e Innovación en el Territorio. Propuesta, desarrollo y puesta en 
marcha de iniciativas dirigidas a la creación de actividades económicas que aporten una 
mejora de la competitividad y una puesta en valor de las ventajas económicas absolutas 
y comparativas y fomenten el valor económico agregado en estas áreas geográficas, en 
especial desde la perspectiva del patrimonio natural e histórico-artístico y cultural.
– Propuesta  y  desarrollo  de  modelos  territorializados  de  sistemas  alimentarios 
inclusivos,  resilientes,  sostenibles  y  generadores  de  empleo,  basados  en  la 
agroecología, la producción agrícola y ganadera ecológica o extensiva, la transformación 
artesanal de dichos productos y la comercialización local mediante la venta directa y los 
canales cortos de comercialización.
– Propuesta y desarrollo del proyectos que fomenten la transición ecológica y el 
desarrollo  sostenible,  así  como  aquellos  que  desarrollen  y  dinamicen  valores 
paisajísticos que puedan fomentar la actividad económica en la zona.
– Propuesta y desarrollo de proyectos destinados a la conservación, mejora y uso 
sostenible  de  la  biodiversidad,  infraestructura  verde  y  potenciación  de  los  servicios 
ecosistémicos  que  tengan  un  impacto  positivo  en  la  reactivación  de  zonas  con 
dificultades demográficas.
– Desarrollo de proyectos de rehabilitación como herramienta para la capacitación y 
generador de empleo (bioconstrucción), puesta en valor y emprendimiento en bienes 
inmuebles.
– Desarrollo  de  planes  de  sostenibilidad  turística  en  destino,  Incrementando  la 
infraestructura turística y de ocio y su difusión.
– Desarrollo de proyectos empresariales vinculados a las condiciones naturales de la 
zona.
O.E.5. Mantenimiento y Renovación de la Vivienda y Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico. Propuesta, desarrollo y puesta en marcha de actuaciones destinadas a la 
rehabilitación y puesta en valor de la vivienda rural, recuperación del patrimonio propio y, 
en  particular,  de  la  arquitectura  tradicional  y  el  paisaje  rural,  garantizando  que  las 
intervenciones  previstas  analicen  y  respeten  sus  valores,  sistemas  constructivos  y 
materiales tradicionales.
– Impulso  a  la  creación  de  formas  de  colaboración  público-privada  para  la 
rehabilitación física y energética y puesta en valor de la vivienda rural.
– Impulso a la creación de formas de colaboración para la puesta en valor del 
patrimonio histórico y artístico de la zona.
– Desarrollo de proyectos destinados a la recuperación del patrimonio histórico y 
artístico, de acuerdo con las necesidades habitacionales de la zona y su protección y 
conservación.
O.E.6. Transición Digital y Plena Conectividad Territorial. Propuesta, desarrollo y  b
puesta en marcha de actividades e iniciativas empresariales dirigidas a garantizar la  096ww
ccoonnteincutivididaadd t erdrieto rliaasl.  zonas  afectadas,  fortalecer  la  interacción  rural-urbana  y  la
– Impulso  a  la  creación  de  formas  de  colaboración  público-privada  para  la
rehabilitación y puesta en valor de la vivienda rural.