BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 322  Jueves 10 de diciembre de 2020  Sec. I.   Pág. 112849
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
15877 Real Decreto 1090/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, 
de 28 de diciembre, del Cine.
La modificación del Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se 
desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, surge como respuesta a las 
necesarias adaptaciones que se han ido poniendo de manifiesto con la aplicación de la 
norma, teniendo en cuenta tanto el carácter dinámico del sector al que va dirigido como las 
modificaciones legislativas producidas desde que tuvo lugar su aprobación, concretamente 
la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y que afectan a determinados procedimientos, 
así como la modificación del artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades.
Las modificaciones se refieren a distintas materias que podrían englobarse en dos 
bloques diferenciados. Por un lado, las que afectan al fomento de la actividad 
cinematográfica y audiovisual y, por otro, las de carácter procedimental y de mejora de 
aspectos técnicos.
Empezando por el último bloque, con este real decreto se culmina el proceso por el 
cual la relación entre la Administración y las personas interesadas, tanto físicas como 
jurídicas, pasa a establecerse únicamente por medios electrónicos para todos los 
procedimientos en los que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
ejerce sus potestades en relación con las actividades cinematográficas y audiovisuales.
De este modo, la obligación que ya existía para todas las personas jurídicas de 
acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se extiende ahora también 
a las personas físicas, en virtud de la facultad establecida en el artículo 14.3 de dicha 
norma que permite a la Administración establecer la obligación de relacionarse con ella por 
medios electrónicos, teniendo en cuenta que se trata de profesionales del sector 
cinematográfico y audiovisual, y que por motivo de su dedicación profesional, cuentan con 
la infraestructura y la capacidad técnica precisa para efectuar su comunicación por medios 
electrónicos.
Por otra parte, con este real decreto se establece que todas las salas de exhibición 
cinematográfica deberán cumplir con sus obligaciones de control de asistencia y 
declaración de rendimientos con la concurrencia de las entidades denominadas 
«Buzones», esto es, a través del procedimiento ordinario previsto en la Orden 
CUL/1772/2011, de 21 de junio, por la que se establecen los procedimientos para el 
cómputo de espectadores de las películas cinematográficas, así como las obligaciones, 
requisitos y funcionalidades técnicas de los programas informáticos a efectos del control 
de asistencia y rendimiento de las obras cinematográficas en las salas de exhibición.
Para ello, se elimina el procedimiento simplificado regulado en la Orden CUL/1772/2011, 
de 21 de junio, que ya en el momento de su promulgación era absolutamente residual y 
que el ya derogado Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla 
la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine concibió como una situación transitoria para  s
aquellas salas de cine que no tuvieran en aquel momento carácter informatizado. oe.
ecqolu nseis Cseetoferemvmcaotacú  icaódo neen  lted rIxaenpp sleataidtrsutii ctdeoiaón d,nt rye ad  edleana  l Csolí nsifní esteíaitmcu calaoostnso,   gaedr seaet afafíe acuc ctytieol idszsoea d  claeaió lsl na cA sdo renste atmrsloa eAls ddu yieod  ssioa eevs lieiesslucitmetarnlóiencnsaiia.c l oays  o,r ebsnleigd failmecxiióiebnnil tidozeas    2020-15877n https://www.
Otra cuestión a destacar es el desarrollo reglamentario del régimen especial de
calificación por grupos de edad aplicable a los avances de las películas cinematográficas
proyectados en las salas de exhibición cinematográfica, que se efectúa de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 8.3 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, mediante el cual se 
precisa de manera clara quienes son los sujetos obligados a comunicar al público la 
calificación de estos avances y se modula la citada obligación en el caso de que el avance 
se proyecte junto con una película cinematográfica cuya calificación sea para una edad 
igual o superior a la del avance. Por último, para otorgar una mayor seguridad jurídica al 
respecto, se indica expresamente que las comunicaciones comerciales sobre las películas 
que sean efectuadas por las personas físicas o jurídicas prestadoras del servicio de 
comunicación audiovisual televisiva se rigen por su legislación específica.
En lo que respecta a la adaptación del texto a las modificaciones legislativas destaca 
la nueva redacción del procedimiento sancionador, de la que se eliminan las referencias a 
la normativa ya derogada, con lo cual se otorga una mayor seguridad jurídica, y se incluye 
expresamente la remisión a los principios generales de la potestad sancionadora que 
establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así 
como al procedimiento administrativo común y a sus especialidades respecto al 
procedimiento sancionador recogidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, y como novedad, se establece el régimen de reducciones del importe de las 
sanciones en los supuestos de reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario por 
parte de las personas presuntamente infractoras.
Las modificaciones que afectan al fomento de la actividad cinematográfica y audiovisual 
consisten en la flexibilización del régimen de aprobación de las coproducciones 
internacionales, por una parte, y, por otra, en la ampliación de los supuestos y condiciones 
de lo que debe entenderse por «obra audiovisual difícil» a efectos del cómputo de la 
intensidad máxima de las ayudas que pueden percibir dichas obras.
En lo que atañe a las coproducciones internacionales se facilita la admisión de 
personal extracomunitario o no perteneciente a los países coproductores, que ya se 
contempla actualmente como excepción a la regla general, pero que mediante esta 
modificación se incrementa su porcentaje y, además, con la posibilidad de que sea 
reconocido como coste por la parte española. Asimismo se promueve la aprobación de las 
coproducciones financieras, matizando para este tipo de coproducciones ciertos requisitos 
que actualmente se exigen, de modo que su regulación se encuentre en línea con las 
prácticas del mercado internacional.
Por último, mediante esta norma se establecen nuevos criterios para la identificación 
de determinadas obras como «obras audiovisuales difíciles», de acuerdo con lo dispuesto 
en la Comunicación de la Comisión sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y 
otras producciones del sector audiovisual, de 15 de noviembre de 2013 (2013/C332/01), 
así como en el artículo 54 del Reglamento 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
Según la mencionada normativa europea, corresponde a los Estados miembros la 
identificación de tales obras al instaurar regímenes o conceder ayudas; y se permite que 
la intensidad máxima del conjunto de las ayudas que puedan percibir dichas obras alcance 
hasta el 100 % de los costes subvencionables.
La adaptación de los criterios que permiten identificar una obra como «obra audiovisual 
difícil» a las circunstancias actuales se ha llevado a cabo teniendo en cuenta de manera 
conjunta tanto las ayudas como los incentivos fiscales a los que puede optar la obra, valorando 
desde esa perspectiva los supuestos en los que se considera prioritario paliar las dificultades 
de financiación que encuentran determinados proyectos para introducirse en el mercado y  es
consolidar su presencia en el mismo y ofreciendo, de este modo, una respuesta normativa  o
crdseooecobdierurLdencai ntc eeinaó l udmncae oop vdesoaitnrf e i rci lneoarvgesceu cióárlosanmnic odobinóecietnlio ds asi onre t tcnírdcil bueupuy lroolteaa d 3srmui6 oco.á 1cybs i or dsasneuuse blp saavu  eucLenidensciyteoio omv2sni7 asap/tu2lor.ao 0gYlt1ree á4segf, in icqdd aeouesss e 2t y ey7s s   ecdueroenrvin  einratseáou x avmdtiuoeeed m sniloeíbtmvo rihe sidta,ue e qa plum lrepeosáo d.rxruecimcgeiudnolota ad  jlleaea     OE-A-2020-15877able en https://www.
ayuda pública a percibir.
Así pues, al listado ya existente, formado por los cortometrajes, las producciones de 
«nuevos realizadores» y las obras rodadas en lenguas cooficiales distintas del castellano, 
se añaden las obras realizadas exclusivamente por directoras, como forma de paliar las 
dificultades que encuentran estos proyectos para introducirse en el mercado y consolidar 
su presencia en el mismo.
Por otro lado se quiere dar respuesta al mayor apoyo que precisan los proyectos 
dirigidos por cineastas con discapacidad, de manera que, según se establece en la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, puedan desarrollar y 
utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no solo en su propio beneficio sino 
también para el enriquecimiento de la sociedad.
Asimismo, pasan a tener esta consideración de «obra audiovisual difícil» aquellas con 
un especial valor cultural y artístico que necesiten un apoyo excepcional de financiación 
pública, las obras documentales, las obras de animación con bajos presupuestos y las 
obras audiovisuales realizadas en régimen de coproducción con países iberoamericanos, 
que cuentan con una gran relevancia cultural, pero que en muchas ocasiones tienen 
escasa presencia en las pantallas.
Además de las inclusiones señaladas, respecto al supuesto ya existente de 
producciones dirigidas por un «nuevo realizador», la norma adapta el texto al lenguaje 
inclusivo en materia de género y aumenta el límite máximo del presupuesto de producción 
para considerar la obra difícil, de modo que pasa de 300.000 euros a 1.500.000 euros.
Por último, se aumenta el límite máximo de ayudas que pueden recibir las obras 
audiovisuales difíciles, que se fija en los siguientes porcentajes del coste reconocido: Los 
cortometrajes pasan del 75 % al 85 % de dicho coste. Las obras de los nuevos y nuevas 
realizadoras, con un límite actual del 70 %; las obras en lenguas cooficiales, con un límite 
actual del 60 %; y el nuevo supuesto de las obras dirigidas por personas con discapacidad 
pasan a alcanzar todas ellas el 80 %. Los nuevos supuestos de obras realizadas 
exclusivamente por directoras, de obras de especial valor cultural, de documentales y de 
obras de animación podrán alcanzar ayudas de hasta el 75 % del coste reconocido, y, 
finalmente, las obras realizadas en régimen de coproducción con países iberoamericanos 
podrán alcanzar ayudas de hasta el 60 % de dicho coste.
Este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación contenidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Se trata de una norma necesaria y eficaz. Las medidas relativas a las coproducciones 
internacionales son necesarias en cuanto que obedecen a las prácticas del mercado 
internacional en este campo, permitiendo así que España entre a coproducir proyectos de 
potencial y prestigio internacionales en situación de igualdad con respecto a otros países.
Las modificaciones que afectan a la identificación de determinadas obras como «obras 
audiovisuales difíciles», son necesarias en cuanto que suponen la adaptación al ámbito de 
las ayudas a la cinematografía de lo previsto en el ámbito tributario para los incentivos 
fiscales, al tiempo que suponen el medio necesario y más adecuado para conformar una 
política integral de fomento de la igualdad de género así como de apoyo a las personas 
con discapacidad, y de impulso a las obras que encuentran dificultades para introducirse 
en el mercado; todo ello junto con las mejoras que se van efectuando en este mismo 
sentido en las bases reguladoras de las ayudas a la producción cinematográfica.
La modificación mediante la cual se establece de manera sistemática el régimen 
especial de calificación por grupos de edad aplicable a los avances de las películas 
cinematográficas, es necesaria en cuanto que supone el desarrollo reglamentario previsto 
al respecto en el artículo 8.3 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre. es
Del mismo modo, las modificaciones relativas al procedimiento sancionador, además de  o
sscnuuaeppbcoooeSnn seeeean rnrt  irue aaunls nte a aaqj,eu  uarmacedsie aciemnipoxtto iaisdg cdmeeieól  o ldnal,ae   a dsns aeleoar grsrumou ndrlaliioadvt i aervnedrasog  jarultamasrmí ndamtei ocopna dter aoidsfripectioa oal atrcqac iucloi oiencun eodeasmaxl di,lgoe aey gnea iílsuaa lqr a,L ousteipoveyean  asi 3mn  9pesp/rco2ooeb0dns1rueea5cr  ,iiel adadlsa se ls eí m1o ny b di ctsleeiueg  a oamlnlccetátiovuoxa bqnimnruee eaos.     OE-A-2020-15877able en https://www.
conjunto en la obtención de subvenciones.
Por último, existe una compensación entre las necesarias cargas administrativas 
introducidas y la eliminación de otras ya existentes, lo que redunda en la eficiencia de la 
norma.
Este real decreto consta de un artículo único, una disposición transitoria única, una 
disposición derogatoria única y una disposición final única.
En la elaboración de la presente norma han sido consultadas las entidades 
representativas de los sectores afectados y las comunidades autónomas.
Este real decreto se dicta al amparo de la disposición final cuarta de la Ley 55/2007, 
de 28 de diciembre, que habilita al Gobierno para dictar las normas reglamentarias que 
requieran su desarrollo y aplicación.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Cultura y Deporte, con la aprobación previa 
de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de diciembre 
de 2020,
DISPONGO:
Artículo único.  Modificación del Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que 
se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.
El Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, 
de 28 de diciembre, del Cine, queda modificado en los siguientes términos:
Uno.  El artículo 4 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 4.  Potestades administrativas y relaciones por medios electrónicos.
1.  El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales ejercerá las 
siguientes potestades en relación con las actividades cinematográficas y 
audiovisuales:
a)  Certificar la nacionalidad española de las películas cinematográficas y otras 
obras audiovisuales.
b)  Otorgar la calificación por edades de las películas cinematográficas y de las 
otras obras audiovisuales que no estén exceptuadas según lo establecido en el 
artículo 6.4.
c)  Aprobar los proyectos de coproducción internacional de las películas 
cinematográficas y otras obras audiovisuales realizadas en este régimen.
d)  Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias 
establecidas en el desarrollo de las actividades de producción, distribución y 
exhibición cinematográfica y audiovisual; así como las derivadas del acceso a las 
medidas de fomento reguladas en el capítulo III.
e)  La gestión del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y 
Audiovisuales.
2.  La relación con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
de las personas físicas y jurídicas interesadas en los trámites relativos a cualquiera 
de los procedimientos anteriormente citados se deberá realizar obligatoriamente por 
medios electrónicos, a través de la sede electrónica del Ministerio de Cultura y 
Deporte mediante los modelos normalizados disponibles en la misma.» s
Dos.  El apartado 4 del artículo 6 queda redactado de la siguiente manera: w.
regir«á4n.  poErs tsaur ánno remxcaetipvtau aedsapse cdífeic lao,  dlaissp pueelsíctou laesn  ploasr aa ptealretvaidsoiósn  ayn tlearsi osreersi,e sy  dsee 
tae lteravivséiósn ,d aes mí ceodmioos  aeqnu elollas sq outera ssu o breragsu laaucdióionv iessupaelecsí fcicrae acdoanst epmarpal es us idsitveumlgaasc idóen 
autorregulación, códigos de conducta u otros mecanismos para el control de los
contenidos divulgados por dichos medios, especialmente los anuncios publicitarios 
sobre películas cinematográficas y otras obras audiovisuales efectuados por los 
prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva, regulados en la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que se regirán 
por lo dispuesto en dicha normativa específica. No obstante lo anterior, cuando 
dichas obras resulten beneficiarias de alguna ayuda recogida en el capítulo III de la 
Ley 55/2007, de 28 de diciembre, serán objeto de calificación por el ICAA.»
Tres.  El apartado 1 del artículo 7 queda redactado de la siguiente manera:
«1.  La calificación por edades se solicitará por la empresa productora o 
distribuidora de la película cinematográfica u otra obra audiovisual mediante solicitud 
dirigida al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, que se 
presentará a través de la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte, según 
el modelo que estará disponible en la citada sede.
A la solicitud se acompañará:
a)  Propuesta del grupo de edad concreto para el que se solicita la calificación.
b)  Copia íntegra de la obra, en cualquier soporte, con idéntico contenido al que 
vaya a ser exhibida en salas o comercializada en otro ámbito.
c)  Memoria en la que se detalle el título original y de comercialización; empresa 
distribuidora, o productora en el caso de películas españolas; año de producción; 
director o directora y sinopsis argumental de la obra, así como su duración o metraje, 
según el soporte de que se trate.
d)  Si la lengua original no es el castellano, texto completo de los diálogos 
traducido al castellano.
e)  Cuando se trate de obras no españolas, certificado de nacionalidad de la 
obra expedido por el organismo oficial competente del país de producción o, en su 
defecto, documento acreditativo de la misma legalizado en el país de producción 
que contenga, al menos, los datos especificados en el párrafo c) que puedan ser 
conocidos en el país de origen.
f)  Justificante del abono de la tasa correspondiente.
g)  A efectos de acreditar la lícita tenencia de los derechos se presentará el 
contrato de distribución de la película, certificación del Registro de la Propiedad 
Intelectual en la que conste su inscripción u otra documentación que lo acredite 
fehacientemente. Si la lengua original de estos documentos no es el castellano 
estos se presentarán, además, traducidos a esta lengua.
El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales podrá valorar la 
identificación de la obra audiovisual mediante códigos o registros internacionales 
emitidos por entidades reconocidas o, en el ámbito nacional, por la certificación 
emitida por entidades gestoras de derechos o asociaciones representativas de la 
distribución de obras audiovisuales.»
Cuatro.  El apartado 3 del artículo 8 queda redactado de la siguiente manera:
«3.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 55/2007, de 28 de 
diciembre, el régimen especial aplicable a la calificación de los avances de las 
películas cinematográficas que se proyecten en salas de exhibición con fines 
promocionales es el siguiente: es
a)  La comunicación al público de la calificación de los avances de las películas  w.
se llevará a cabo por las personas titulares de las salas de exhibición y deberá  877ww
roebftleenjaidr ad peo rfo erlm aav acnlcaera ym ceunátle l ap ceorrcreepsptibonled iye ndteif ear elan cpiealdícau lacu.ál es la calificación
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“Película pendiente de calificación”.
c)  Podrá omitirse la comunicación al público de la calificación del avance 
cuando su exhibición se realice junto con una película cuya calificación sea para una 
edad igual o superior a la del avance.»
Cinco.  El párrafo b) del artículo 10.1 queda redactado de la siguiente manera:
«b)  Que se realicen por personal creativo, según la definición del artículo 4.j) 
de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, y resto de personal técnico, que posean la 
nacionalidad de alguno de los países a los que pertenecen las empresas 
coproductoras. No obstante, se permite que hasta un 15 % del citado personal sea 
de nacionalidad de un país no perteneciente a la Unión Europea o no perteneciente 
a los países coproductores.»
Seis.  El apartado 2 del artículo 10 queda redactado de la siguiente manera:
«2.  Las solicitudes de aprobación de una coproducción internacional que se 
dirijan al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales se presentarán 
a través de la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte, según el modelo 
que estará disponible en la citada sede.
A la solicitud se acompañará:
a)  Documento acreditativo de la cesión del autor o autores del guion o, en su 
caso, de la opción o cesión de la obra preexistente, y certificación acreditativa de la 
inscripción del guion en el Registro de la Propiedad Intelectual.
b)  Guion de la película cinematográfica o de la otra obra audiovisual y plan de 
rodaje.
c)  Presupuesto económico del proyecto, según modelo oficial, indicando las 
partidas y conceptos que corresponden a cada país participante en la coproducción.
d)  Relación nominal del personal creativo según la definición del artículo 4.j) 
de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, y resto de personal técnico, con expresión 
de su nacionalidad.
e)  Contrato de coproducción en el que se especificarán los pactos de las 
partes relativos a los diferentes extremos que se regulan en este real decreto, con 
indicación precisa de la participación de cada empresa coproductora, las 
aportaciones de personal creativo según la definición del artículo 4.j) de la 
Ley 55/2007, de 28 de diciembre, y resto de personal técnico, las transferencias 
dinerarias de cada empresa coproductora y el reparto de mercados y beneficios. 
Cuando el contrato de coproducción esté redactado en lengua distinta al castellano, 
se presentará, además, una traducción del mismo a esta lengua.»
Siete.  Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 10, que queda redactado de la 
siguiente manera:
«4.  La aprobación de las coproducciones financieras se podrá solicitar con el 
rodaje iniciado o finalizado, pero siempre antes de la solicitud de la calificación y 
nacionalidad de la obra. Será necesario, además, que se admita la aprobación en 
estos mismos términos por el país o países coproductores.»
Ocho.  El apartado 2 del artículo 11 queda redactado de la siguiente manera:
«2.  Cada parte en la coproducción deberá hacerse cargo, como norma  e.e
general, de los gastos correspondientes al personal creativo según la definición del  b
artículo 4 j) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, y resto de personal técnico de su  877ww
perfeocptioas n adcei orneacolidnaodc imy nieon tsoe  dreec coonsotcee, rláans  cpoamrtoid aapso yr taccoinocneepst odse  qlau pea ertne  eels ppraoñyoelact oa 
figurAe ne fae cctaorsg od dee l aostr oa ypuadísa sc oppúrobdlicuacsto rq.ue pudiera generar en su día la película
cinematográfica u otra obra audiovisual, podrá integrar el coste asumido por la
empresa coproductora española o empresa no española nacional de estados 
miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con sucursal en 
España, la participación de personal creativo que haya sido admitida como 
excepción según lo dispuesto en el artículo 10.1.b) siempre que se trate de personal 
perteneciente a países de la Unión Europea. No se reconocerán como parte del 
coste  español  los  gastos  derivados  de  personal  perteneciente  a  países 
extracomunitarios, salvo que dicho personal posea tarjeta o autorización de 
residencia en vigor en España.»
Nueve.  El párrafo a) del artículo 12.1 queda redactado de la siguiente manera:
«a)  Que el proyecto esté en condiciones de ser considerado nacional del país 
cuya coproducción sea mayoritaria.»
Diez.  El apartado 4 del artículo 15 queda redactado de la siguiente manera:
«4.  El inicio de la actividad de exhibición podrá producirse desde el mismo día 
de la presentación de la comunicación previa, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.»
Once.  El artículo 16 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 16.  Información para el público.
1.  Las personas titulares de las salas de exhibición deberán exponer la 
siguiente información, en el lugar de las taquillas donde resulte claramente 
perceptible para el público, así como de manera accesible para las personas con 
discapacidad:
a)  La calificación por grupos de edad de las películas cinematográficas y de 
los avances que formen parte del programa, según se establece en el artículo 8.3. 
Dicha calificación deberá ser comunicada a las salas de exhibición por las empresas 
distribuidoras de las películas programadas.
b)  El precio de las localidades.
c)  La prohibición de la grabación de las películas, así como, en su caso, de la 
introducción de cámaras o cualquier tipo de instrumento destinado a grabar imagen 
o sonido, establecida en el artículo 15.3 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, que 
podrá incluirse junto con el resto de las condiciones para el ejercicio del derecho de 
admisión a las salas.
d)  Los servicios de accesibilidad disponibles, tanto en las películas como en 
las salas, así como el medio de acceso a los mismos, indicando las fechas, horarios 
y salas de los pases con accesibilidad.
2.  Se deberán emitir y facilitar al público, previamente a su entrada en las 
salas de exhibición, los correspondientes títulos de acceso en soporte material o 
inmaterial. Siempre que se disfrute de un título que habilite a no abonar el importe 
íntegro de la localidad, deberá canjearse por un título de acceso, al que se le debe 
asignar un contravalor.
3.  Los títulos de acceso a las salas de exhibición cinematográfica deberán 
contener como mínimo los siguientes datos:
a)  Denominación de la empresa o de la persona titular de la sala de exhibición  bo
y número de identificación fiscal. 877ww
bcde))))     CTNIdíloetaumnsloetbif  riddceeea d  dllaoeo c rplaa ael islldfíaacaulndalua  aym.  dléairr ieqccuoce qi ódunae   pdimoesprteiadcla.h od.uplicidades dentro de una sesión. OE-A-2020-15able en https://
f)  Precio, con el IVA, o impuesto específico de una comunidad autónoma, 
incluido. El precio únicamente irá referido a los conceptos necesarios que den 
derecho de acceso a la sala y al visionado de la película en el formato elegido, 
excluido el importe que pueda corresponder a la venta de otros productos o a la 
prestación de otros servicios.
g)  Fecha y hora de la sesión para la que el título es válido.
4.  Los títulos de acceso podrán ser individuales o estar agrupados, de tal 
manera que una transacción corresponda a varios títulos de acceso bajo un único 
código de lectura electrónica para el control de acceso a la sala. En ambos casos 
deberá figurar toda la información referida en el apartado 3 y quedar registrados 
para el control de la sala por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales.
5.  A estos efectos, el archivo o archivos electrónicos en que conste el registro 
individualizado de los títulos de acceso tanto materiales como inmateriales deberán 
poder ponerse a disposición del Instituto en sus actividades de verificación y control, 
incluso las que se realicen mediante visita a las salas, y deberán conservarse de 
manera electrónica durante cuatro años.»
Doce.  El apartado 2 del artículo 17 queda redactado de la siguiente manera:
«2.  Los informes de exhibición se presentarán al Instituto por medios 
electrónicos  con  la  concurrencia  de  programas  informáticos  previamente 
homologados por el Instituto para tal fin, de acuerdo con los requisitos y 
funcionalidades técnicas que se especifiquen mediante orden ministerial, en la que 
se establecerán los requisitos, información y datos que deberán incorporar dichos 
informes.»
Trece.  El párrafo d) del artículo 18.1 queda redactado de la siguiente manera:
«d)  Garantizar la accesibilidad a la sala de exhibición de las personas con 
discapacidad, así como comunicar los servicios de accesibilidad disponibles.»
Catorce.  El artículo 19 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 19.  Festivales y filmotecas.
Las actividades de exhibición cinematográfica organizadas por festivales y 
por filmotecas oficialmente reconocidas por alguna Administración pública se 
regirán por sus normas específicas que, en cualquier caso, deberán asegurar el 
acceso y participación de las personas con discapacidad en condiciones de 
igualdad y no discriminación. Asimismo, la normativa específica de las filmotecas 
recogerá expresamente el respeto de los derechos de explotación y otros 
derechos comerciales concurrentes de las obras, así como el resto de principios 
establecidos en el Código de Ética de la Federación Internacional de Archivos 
Fílmicos.»
Quince.  El apartado 2 del artículo 20 queda redactado de la siguiente manera:
«2.  El régimen de ayudas estatales de gestión centralizada previsto en el 
citado capítulo se regirá, además de por lo dispuesto en este real decreto y en sus  es
correspondientes bases reguladoras, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  bo
General de Subvenciones; por el Reglamento de dicha ley, aprobado por el Real  877ww
Dnoercmreattoiv a8 8e7u/r2o0p0e6a,  adpeli c2a1b ldee e nju lliao ;m paoter rliaa .»Ley 39/2015, de 1 de octubre, y por la
Dieciséis.  Se modifica el apartado 2 y se añaden dos apartados 3 y 4 al artículo 21, 
que quedan redactados de la siguiente manera:
«2.  De acuerdo con las disposiciones de la Unión Europea en esta materia, se 
exceptúan de la aplicación de estos límites las producciones que tengan la 
consideración de obra audiovisual difícil. Tendrán la consideración de obra 
audiovisual difícil:
a)  Los cortometrajes, que podrán recibir ayudas públicas hasta el 85 % del 
coste reconocido.
b)  Las obras audiovisuales dirigidas por una persona que no haya dirigido o 
codirigido más de dos largometrajes calificados para su explotación comercial en 
salas de exhibición cinematográfica cuyo presupuesto de producción no supere 
1.500.000 euros, que podrán recibir ayudas públicas hasta el 80 % del coste 
reconocido.
c)  Las obras audiovisuales rodadas íntegramente en alguna de las lenguas 
cooficiales distintas al castellano que se proyecten en España en dicho idioma 
cooficial o subtitulado, que podrán recibir ayudas públicas hasta el 80 % del coste 
reconocido.
d)  Las obras audiovisuales realizadas exclusivamente por directores o 
directoras con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el 
órgano competente, que podrán recibir ayudas públicas hasta el 80 % del coste 
reconocido.
e)  Las obras audiovisuales realizadas exclusivamente por directoras, que 
podrán recibir ayudas públicas hasta el 75 % del coste reconocido.
f)  Las obras audiovisuales con un especial valor cultural y artístico que 
necesiten un apoyo excepcional de financiación según los criterios que se 
establezcan mediante Orden Ministerial o en las correspondientes convocatorias de 
ayudas, que podrán recibir ayudas públicas hasta el 75 % del coste reconocido.
g)  Los documentales, que podrán recibir ayudas públicas hasta el 75 % del 
coste reconocido.
h)  Las obras de animación, cuyo presupuesto de producción no supere 
2.500.000 euros, que podrán recibir ayudas públicas hasta el 75 % del coste 
reconocido.
i)  Las obras audiovisuales realizadas en régimen de coproducción con países 
iberoamericanos que podrán recibir ayudas públicas hasta el 60 % del coste 
reconocido a la parte española.
3.  A la hora de determinar si se respeta la intensidad máxima de ayuda habrá 
que tener en cuenta el importe total de las medidas de ayuda pública a la actividad 
o proyecto subvencionados, independientemente de si la subvención se financia 
con fondos locales, regionales, nacionales o de la Unión Europea. A estos efectos, 
se atenderá a los fondos gestionados directamente por la Unión Europea que 
tengan la consideración de ayudas, así como a los incentivos fiscales, que las 
empresas productoras hayan podido obtener. No obstante, los fondos otorgados 
directamente por los programas de la Unión Europea sin la participación de los 
Estados miembros en la decisión de subvención no son recursos estatales, por lo 
que las ayudas concedidas en virtud de los mismos no se tienen en cuenta a la hora 
de analizar si se respetan los límites de subvención. es
4.  En ningún caso el montante total de las ayudas, ingresos, recursos y  bo
subvenciones a percibir, directas o indirectas y cualquiera que sea su origen, puede  877ww
Diescuipsieertaer.  el Eclo psáterr daefo l ac )a dcetilv aidratídcu slou b3v2e.n2c qiouneaddaa r.e»dactado de la siguiente manera:
«c)  Vocalías: diez personas nombradas por la Presidencia que, pertenecientes a
distintos grupos sociales que reflejen la pluralidad de la sociedad española, estén
vinculados al ámbito cinematográfico y audiovisual, al del consumo, al pedagógico, a la 
protección de la infancia y de la adolescencia, a la igualdad de género, a la atención a 
la discapacidad así como a la defensa del medio ambiente; y reúnan las debidas 
condiciones de aptitud e idoneidad para esta función. Para su designación podrán 
solicitarse propuestas a las distintas entidades representativas de los citados ámbitos.»
Dieciocho.  El apartado 1 del artículo 34 queda redactado de la siguiente manera:
«1.  Los órganos asesores previstos en los artículos anteriores se regirán por 
lo previsto en el capítulo II, Sección 3.ª, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. En su composición se velará por el 
cumplimiento del principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.»
Diecinueve.  El artículo 36 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 36.  Procedimiento sancionador.
1.  El procedimiento sancionador se ajustará, en lo que sea competencia de los 
órganos de la Administración General del Estado, a los principios generales de la 
potestad sancionadora establecidos el capítulo III del título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como al procedimiento administrativo común y sus 
especialidades respecto al procedimiento sancionador establecidos en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2.  El procedimiento sancionador se iniciará de oficio por acuerdo de iniciación 
del órgano competente, según los términos establecidos en los artículos 63 y 64 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.  Será competente para ordenar la iniciación del procedimiento la Dirección 
General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y para la 
instrucción la Secretaría General. La resolución de los procedimientos sancionadores 
por infracciones muy graves corresponde a la Presidencia del Instituto de la 
Cinematografía  y  de  las Artes Audiovisuales  y  la  de  los  procedimientos 
correspondientes a infracciones graves y leves a su Dirección General.
4.  En el caso de procedimientos por infracciones en materia de subvenciones, 
las sanciones serán acordadas e impuestas por la persona titular del Ministerio de 
Cultura y Deporte o, en su caso, por la persona titular del Ministerio de Hacienda, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5.  Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente 
para resolver el procedimiento aplicará sobre el importe de la sanción propuesta las 
siguientes reducciones, según proceda, que serán acumulables entre sí:
a)  Reducción del 35 % si la persona infractora reconoce su responsabilidad.
b)  Reducción del 35 % si realiza el pago voluntario en cualquier momento 
anterior a la resolución.
Las reducciones deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del 
procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de 
cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
6.  El plazo total para resolver y notificar el procedimiento sancionador será de  es
seis meses a contar desde la adopción del acuerdo de iniciación. En los supuestos en  o
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del procedimiento, se declarará su caducidad de acuerdo con lo establecido en el
artículo 25.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
8.  La resolución del procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, 
indicará los recursos que procedan contra la misma y plazos para su interposición.»
Disposición transitoria única.  Eficacia temporal del régimen sobre obra audiovisual difícil.
La consideración de obra audiovisual difícil establecida en el apartado doce del artículo 
único resultará de aplicación a todas las obras que hayan solicitado el reconocimiento del 
coste de la película desde el 7 de mayo de 2020, tras la entrada en vigor del Real Decreto-
ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y 
de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en este real decreto.
En particular, se deroga el artículo 4.b) y el anexo II de la Orden CUL/1772/2011, de 21 
de junio, por la que se establecen los procedimientos para el cómputo de espectadores de 
las películas cinematográficas, así como las obligaciones, requisitos y funcionalidades 
técnicas de los programas informáticos a efectos del control de asistencia y rendimiento de 
las obras cinematográficas en las salas de exhibición.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», salvo el apartado nueve del artículo único, que entrará en 
vigor el día 1 de julio de 2021.
Dado en Madrid, el 9 de diciembre de 2020.
FELIPE R.
El Ministro de Cultura y Deporte,
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ URIBES