BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 175 Viernes 23 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 88960
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
12391 Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Consumo, por 
la que se publica el Convenio con la Agencia Catalana del Consumo y el 
Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, para la constitución de la Junta 
Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo, la Agencia Catalana del Consumo de la 
Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, en fecha 14 de 
julio  de  2021,  Convenio  para  la  constitución  de  la  Junta  Arbitral  de  Consumo  del 
Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, que figura como anexo a esta resolución, 
procede su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto 
en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
Madrid, 15 de julio de 2021.–La Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea 
García.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo, la Agencia Catalana del Consumo de la 
Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, para la 
constitución de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Vilafranca del 
Penedès
REUNIDOS
De una parte, doña Bibiana Medialdea García, Directora General de Consumo, de 
acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 224/2020, de 29 de enero, por 
delegación  de  competencias  del  Ministro  de  Consumo,  efectuada  mediante  Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de 
créditos para gastos y de delegación de competencias.
De otra parte, don Francesc Sutrias i Grau, Director de la Agencia Catalana del 
Consumo de la Generalitat de Cataluña, por nombramiento efectuado por el Gobierno de 
la Generalitat de Cataluña, mediante Decreto 103/2021, de 1 de junio, y en virtud de lo 
dispuesto en la Ley 9/2004, de 24 de diciembre, de creación de la Agencia Catalana del 
Consumo. La suscripción de este Convenio se ha autorizado por acuerdo del Gobierno, 
de conformidad con el artículo 26.k) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la 
Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, en relación con el artículo 175.1 del 
Estatuto de Cataluña.
Y  de  otra,  don  Pere  Regull  i  Riba,  Alcalde  de  Vilafranca  del  Penedès,  por 
nombramiento del pleno municipal celebrado el día 15 de junio de 2019, de conformidad 
con el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. La firma de este convenio ha sido autorizada por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès de fecha 10 de mayo  s
de 2021, según propuesta de acuerdo formulada en el expediente 41/2021/1376-EG- oe.
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Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y
EXPONEN
El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa 
de  los  consumidores  y  usuarios,  protegiendo,  mediante  procedimientos  eficaces,  la 
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
En cumplimiento del mandato constitucional, el Capítulo II, del Título V, del Libro 
Primero, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno 
para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así 
como el procedimiento de resolución de conflictos.
De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el 
cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter 
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las 
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente,  la  Ley  7/2017,  de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  incorpora  al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la 
ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a 
través de la Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la letra b del 
artículo  3  del  Real  Decreto  495/2020,  de  28  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Consumo  y  se  modifica  el  Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.
Mediante convenio de fecha 31 de mayo de 1994, se constituyó la Junta Arbitral de 
Consumo del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès (en adelante, la Junta Arbitral), 
realizando desde entonces una importante labor para la resolución de conflictos de 
consumo en su ámbito territorial.
Así  pues,  el  Ministerio  de  Consumo,  la  Agencia  Catalana  del  Consumo  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Cataluña  y  el  Ayuntamiento  de  Vilafranca  del  Penedès, 
conscientes  de  la  necesidad  de  facilitar  a  los  consumidores  un  medio  eficaz  de 
resolución  de  conflictos  y  teniendo  en  cuenta  la  experiencia  positiva  desde  su 
constitución, consideran aconsejable dar continuidad a la Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
Capítulo VI, del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y de su disposición adicional octava,
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
El objeto de este Convenio es determinar que la Junta Arbitral de Consumo del 
Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, con sede en Vilafranca del Penedès, cuyo 
ámbito  territorial  viene  determinado  por  el  propio  del  municipio  de  Vilafranca  del  e.
Penedès, conocerá, con carácter prioritario, de las reclamaciones de los consumidores  w.b
de dicho ámbito, en relación con sus derechos legalmente reconocidos, de conformidad  391ww
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o disposición que lo sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  El Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès impulsará, en su ámbito territorial, la 
gestión y administración del arbitraje institucional de consumo por la Junta Arbitral, 
comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo, en el plazo de un 
año desde la fecha de eficacia del presente convenio, su acreditación como entidad de 
resolución alternativa de litigios de consumo, de conformidad con lo previsto en la 
Ley 7/2017, de 2 de noviembre.
2.  El Ministerio de Consumo establecerá en colaboración con el Ayuntamiento de 
Vilafranca  del  Penedès,  un  sistema  de  información  recíproco  para  el  buen 
funcionamiento  del  Sistema  Arbitral  de  Consumo,  en  cooperación  con  la  Agencia 
Catalana del Consumo.
3.  El  Ayuntamiento  de  Vilafranca  del  Penedès  facilitará  información  sobre  la 
designación de Presidente y Secretario de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato 
referente a la actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se 
determinen.
4.  El Ministerio de Consumo y la Agencia Catalana del Consumo facilitarán el 
asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema Arbitral de 
Consumo en el ámbito territorial del municipio de Vilafranca del Penedès.
5.  Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de Seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión de 
Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a través de 
medios  telemáticos,  y  estará  formada  por  un  representante  de  cada  Institución  firmante, 
correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en lo 
no previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la 
Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en Adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo 
acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años  es
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio. bo
El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su  391ww
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Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las 
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como las siguientes:
a)  Por el transcurso del plazo previsto para solicitar la acreditación de la Junta 
Arbitral como Entidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud 
o su denegación.
b)  La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de 
ser comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo 
de tres meses.
c)  La disolución o supresión de alguna de las partes.
d)  Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes está 
incumpliendo los compromisos adquiridos  en  el presente Convenio, se lo notificará 
mediante  comunicación  fehaciente  e  indicará  las  causas  que  originan  dicho 
incumplimiento. Este requerimiento será comunicado igualmente a los representantes de 
la Comisión de Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no 
superior a un mes, a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la 
Comisión de Seguimiento podrá decidir sobre la adopción inmediata de las medidas 
correctoras oportunas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el presente Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la Comisión de 
seguimiento, persistiera el incumplimiento, se entenderá resuelto el Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las 
partes se comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de 
Seguimiento  las  discrepancias  que  pudieran  surgir  sobre  la  interpretación, 
desarrollo, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación 
del presente Convenio. Las cuestiones litigiosas que en la ejecución y cumplimiento 
pudieran aparecer y no quedasen resueltas por la Comisión de Seguimiento, se 
someterán  a  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la citada jurisdicción.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución 
del Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril  e
de  2016  relativo  a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  bo
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se  391ww
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y a la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes o por sus representantes acreditados.–El Ministro de Consumo, P.D. (Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre), la Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea 
García.–El Director de la Agencia Catalana del Consumo, Francesc Sutrias i Grau.–El 
Alcalde de Vilafranca del Penedès, Pere Regull i Riba.