BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 266 Sábado 6 de noviembre de 2021 Sec. I.   Pág. 135294
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
18143 Decreto-ley 10/2021, de 22 de julio, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones dirigidas a cubrir el coste del Impuesto de Bienes Inmuebles 
soportado  por  empresas  titulares  de  la  explotación  de  establecimientos 
turísticos de alojamiento de Canarias, afectadas por la crisis derivada de la 
pandemia de la COVID-19 y por el que se modifica el Decreto-ley 9/2021, de 
28 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las 
personas  trabajadoras  por  cuenta  ajena  afectadas  por  expedientes  de 
regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto-
ley 10/2021, de 22 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
dirigidas a cubrir el coste del Impuesto de Bienes Inmuebles soportado por empresas 
titulares de la explotación de establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias, 
afectadas por la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19, y por el que se modifica 
el Decreto-ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones 
directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de 
regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19, ordenando a la ciudadanía y a 
las autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Las consecuencias derivadas de la pandemia de la COVID-19 declarada por la 
Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020 en la economía y, en especial en el 
sector turístico, por las restricciones a la movilidad de las personas, ha tenido graves 
repercusiones en Canarias, la comunidad más afectada en el conjunto de España, dada 
nuestra especialización económica en la actividad turística a lo largo de todo el año. El 
descenso en la llegada de visitantes nacionales e internacionales en el último año 
cercano al 90 %, según datos de Frontur-Istac, ha paralizado la actividad turística en una 
comunidad en la que este sector supone directa e indirectamente aproximadamente 
el 35 % del PIB y el 40 % del empleo, según estimaciones del último informe Impactur 
Canarias, por su efecto arrastre en otros sectores de la economía canaria a lo que habría 
que añadir las repercusiones en la economía y el empleo de las rentas generadas por el 
turismo.
El Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias –también conocido como 
Plan Reactiva Canarias– aprobado por el Gobierno de Canarias el 1 de octubre de 2020 
y por el Parlamento de Canarias el 22 de octubre de 2020, con el consenso de partidos 
políticos, agentes institucionales, económicos y sociales de las Islas, es el marco de 
referencia  de  las  medidas  para  la  recuperación  tras  la  COVID-19.  La  Prioridad 
Estratégica 5 del Plan, relativa al impulso de la actividad económica y, en particular, el  e.
punto 5.4, establece la necesidad de implementar medidas de apoyo a las empresas a  w.b
fondo perdido, a modo de subvenciones, para ayudar a las empresas a compensar los  143ww
gsuafsrtaogsa er np elosse  qau lea  hnauylaa no  treendiudcoi dqau aec itnivciudrardir  dpea rsau hsa ecmerp frreesnatse. a la crisis y que han tenido
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marcha  medidas  extraordinarias  de  apoyo  a  las  empresas  y  a  las  personas 
autónomas durante 2020 y 2021.
Sin embargo, la duración de la crisis económica y empresarial está siendo mayor de 
lo previsto. El impacto derivado de la reducción del nivel de ingresos y facturación de 
empresas y personas autónomas y la falta de liquidez puede conducirlas a una situación 
de riesgo de solvencia a corto y medio plazo y poner en peligro los puestos de trabajo.
Por ello, se han puesto en marcha nuevas medidas y líneas de ayuda tanto en el 
ámbito  estatal  como  en  el  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  de  apoyo  al 
mantenimiento del empleo en las empresas y personas autónomas, medidas de carácter 
fiscal,  etc.  como  una  red  de  seguridad  para  el  tejido  productivo  para  empresas  y 
personas autónomas y trabajadoras.
Por  parte  del  Consejo  de  Gobierno  de  Canarias,  se  ha  aprobado  el  Decreto-
ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
dirigidas  al  mantenimiento  de  la  actividad  de  personas  trabajadoras  autónomas  y 
pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de 
la  COVID-19,  convalidado  por  el  Parlamento  de  Canarias,  en  sesión  del  Pleno  de 
fecha  25  de  marzo  de  2021.  En  dicho  Decreto-ley,  se  establecen  dos  líneas  de 
subvenciones:  la  primera,  destinada  al  mantenimiento  de  la  actividad  de  personas 
trabajadoras autónomas sin asalariados; y la segunda, al de la actividad de pequeñas y 
medianas  empresas  y  personas  trabajadoras  autónomas  con  asalariados,  con  una 
dotación  total  de  84  millones  de  euros  con  cargo  a  los  fondos  de  la  Ayuda  a  la 
Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU).
En esta convocatoria no fueron incluidas las actividades de alojamiento turístico, con 
el compromiso de establecer medidas específicas para las empresas titulares de la 
explotación  de  establecimientos  turísticos  de  alojamiento  de  Canarias,  gravemente 
afectadas por la paralización en la llegada de turistas que ha obligado a su cierre o 
inactividad mientras han debido hacer frente a una serie de costes independientes de su 
nivel de actividad.
Por su parte, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 
de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta 
a la pandemia de la COVID-19, cuyo título I regula una nueva «Línea COVID de ayudas 
directas a autónomos y empresas», para reducir el endeudamiento suscrito a partir de 
marzo de 2020 y reforzar la solvencia de las empresas, dotada de 7.000 millones de 
euros. Dicho Real Decreto-ley fue desarrollado, mediante Orden HAC/283/2021, de 25 
de marzo, por la que se concretan los aspectos necesarios para la distribución definitiva, 
entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los recursos de la 
citada línea, que determinó para Canarias una dotación de 1.144 millones de euros, la 
mayor dotación de todas las Comunidades Autónomas.
Posteriormente, se aprueba el Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se 
adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la 
pandemia de COVID-19, que modifica el citado Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo, para habilitar a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para 
que, dentro de la asignación total establecida para cada una de ellas, puedan añadir al 
listado de sectores elegibles para recibir ayudas con cargo a la Línea COVID establecido 
en el anexo I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, otros sectores adicionales 
que se hayan visto particularmente afectados en el ámbito de su territorio.
Mediante Decreto-ley 6/2021, de 4 de junio, se regula, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, la concesión de la «Línea COVID de ayudas directas a personas  s
autónomas y empresas» prevista en el título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de  oe.
marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la  w.
pandemia  de  la  COVID-19,  financiada  por  el  Gobierno  de  España,  al  que  pueden  143ww
adceougdearss efi neamncpiererasas,s  adseí  ctoomdoos c olosst esse fcijtoosr eisn,c uprarirdao sc,u cborinr  psoursc ednetuadjeass  yc loímn itperso vmeáexdiomreoss,, 
según dimensión de las empresas.
II
El apartado 1 del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado 
mediante  la  Ley  Orgánica  1/2018,  de  5  de  noviembre,  dispone  que,  en  caso  de 
extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar normas con rango de ley, 
que recibirán el nombre de decretos-leyes.
Concurren de manera evidente en la presente situación las circunstancias necesarias 
que  legitiman  el  empleo  de  esta  medida  legislativa  aprobada  por  el  Gobierno:  la 
extraordinaria y urgente necesidad derivada de la extensión de la crisis sanitaria y que 
ha determinado la declaración de uno de los estados de emergencia previstos en el 
artículo 116 de la Constitución.
La extraordinaria y urgente necesidad que fundamenta el establecimiento de las 
medidas de ayuda establecidas en el presente Decreto-ley viene constituida por la 
situación que atraviesan las empresas explotadoras de alojamientos turísticos a las que 
se destinan dichas medidas; situación que, en bastantes casos es grave, debido a la 
prolongación de los efectos de las restricciones a la movilidad y que se manifiesta en la 
pérdida de importante de ingresos, así como graves problemas de liquidez.
El Decreto-ley, tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, se constituye 
como  un  instrumento  estatutariamente  válido  y  lícito,  siempre  que,  tal  como 
reiteradamente ha exigido el Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero 
F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4; 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, F. 
3; 68/2007, de 28 de marzo, F. 10; y 137/2011, de 14 de septiembre, F. 7), el fin que 
justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los 
objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes,  máxime 
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Igualmente, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar las medidas que se 
incluyen en este Decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que 
corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de 
septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades 
políticas de actuación (STC 14/2020, de 28 de enero), y que son medidas de naturaleza 
económica  que  persiguen  atenuar  los  efectos  de  la  crisis  y  habilitar  medios  para 
afrontarlos de la mejor manera posible, de manera que no existe un uso abusivo o 
arbitrario de este instrumento normativo (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, 
de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4 y 39/2013, de 14 de febrero, 
FJ 5).
El Estatuto de Autonomía de Canarias impone a los poderes públicos canarios la 
obligación  de  garantizar  las  medidas  necesarias  para,  entre  otros  objetivos,  hacer 
efectivo el desarrollo económico (artículo 11.1), exigiendo a las administraciones públicas 
canarias la promoción de dicho desarrollo (artículo 165.2). Igualmente, el crecimiento 
estable y la búsqueda del pleno empleo constituyen principios rectores de la actuación 
política  contenido  en  la  norma  institucional  básica  de  Canarias.  Por  otra  parte,  la 
Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencias en materia de promoción de la 
actividad económica. Concretamente el artículo 114.1 del Estatuto de Autonomía de 
Canarias  reconoce  que  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  tiene  competencia 
exclusiva  en  materia  de  planificación  y  promoción  de  la  actividad  económica  en 
Canarias, lo que habilita para establecer y regular líneas de ayudas económicas públicas 
para  las  empresas  de  nuestra  comunidad  autónoma,  ejercitando  con  ello  una  e.
competencia normativa dentro de la actividad de fomento de la Comunidad Autónoma, a  w.b
que se refiere el artículo 102.1 del mencionado Estatuto de Autonomía. 143ww
y elL Eosst acotunttoe ndied oAsu intocnoorpmoíraa ddoes  Caal nDaerciarest oim-lepyid neon  aqfueect asne aan m oabtjeertioa sd qeu lea  lale Cgiosnlasctiitóunc idóen 
aufregcetnac iaa . lEosn  eafsepcetoct,o las  reesgeunlacciaiólens  ddee l also ss udbevreencchioosn eys  dreefbeerirdeass  deen  llaa  pcriuedseandtaen níao,r mnoa  nseo 
refiere a las instituciones autonómicas, ni tampoco incide en la ley de presupuestos, sin 
que sobrepasen, por lo tanto, los limites materiales vedados al decreto-ley.
III
En cuanto al ámbito de aplicación, las medidas establecidas en el presente Decreto-
ley están dirigidas específicamente al sector del alojamiento turístico de Canarias, que 
no fue incluido en el ámbito de aplicación del Decreto-ley 2/2021, de 1 de marzo, por el 
que se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la 
actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los 
sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19. En el presente Decreto-
ley  se  regula  la  concesión  directa  de  subvenciones  dirigidas  a  cubrir  el  coste  del 
Impuesto de Bienes Inmuebles que han tenido que afrontar las empresas de este sector 
mientras su actividad ha estado prácticamente paralizada por los efectos de la pandemia 
de la COVID-19 en la movilidad y el turismo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de 
diciembre, General de Subvenciones, «los tributos son gasto subvencionable cuando el 
beneficiario de la subvención los abona efectivamente».
El Impuesto de Bienes Inmuebles es un impuesto directo, encuadrado en el sistema 
tributario local, de exacción obligatoria por los ayuntamientos y de carácter real pues 
grava la titularidad dominical y otros derechos reales sobre bienes inmuebles localizados 
en el municipio y, por ello, susceptible de ser subvencionado.
Las subvenciones previstas en el Decreto-ley se acogen al Marco Nacional Temporal 
relativo a las medidas de ayuda destinadas a respaldar la economía en el contexto del 
actual brote de COVID-19, aprobado mediante Decisión de la Comisión Europea de 2 de 
abril  (Decisión  SA.56851  (2020/N))  al  amparo  del  Marco  Temporal  Europeo  y  sus 
posteriores modificaciones.
De acuerdo con lo establecido en este régimen, las autoridades competentes podrán 
conceder ayudas temporales a empresas y personas autónomas que se enfrentan a una 
falta de liquidez u a otro tipo de perjuicios significativos a raíz del brote de COVID-19, y, 
en general, a cualquier empresa o persona autónoma cuyos resultados económicos se 
vean  afectados  como  consecuencia  del  estado  de  alarma  decretado  a  raíz  de  la 
COVID-19.
En cuanto al procedimiento de tramitación, se ha optado por el régimen de concesión 
directa  y  sin  convocatoria,  dado  que  las  subvenciones  se  otorgan  por  la  mera 
concurrencia  en  las  empresas  de  los  requisitos  establecidos  en  el  articulado  para 
obtener la condición de beneficiarias, hasta que se agoten los recursos destinados a este 
fin. La concurrencia no competitiva es un mecanismo que permite que las solicitudes 
puedan ser atendidas por su orden de entrada, desde el momento de su presentación, 
sin que se comparen con otras solicitudes, arbitrando, de esta forma un procedimiento 
ágil, que permita la tramitación de un elevado número de solicitudes con la mayor 
rapidez  posible,  lo  que  resulta  coherente  con  las  urgentes  necesidades  que  las 
subvenciones están llamadas a paliar.
El establecimiento de un procedimiento de concesión de estas subvenciones en 
régimen de concesión directa sin convocatoria requiere de una norma de rango legal, de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  22.2.b)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones [y en similares términos el artículo 21.1.c) del 
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de  s
subvenciones  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias],  conforme  al  cual  podrán  e.
concederse  subvenciones  directas  «...cuyo  otorgamiento  venga  impuesto  a  la  w.
Administración por una norma de rango legal, que seguirá el procedimiento de concesión  143ww
que Lleas  preressueltnet adcei óanp lidcea csióonli cditeu daecus,e rsdeoa cno nla ssu  sporloicpitiaa nntoersm paetirvsao»n.as físicas o jurídicas,
dlae bLeeryá  r3e9a/l2iz0a1r5se,  edxec l1u sidvea moecntuteb rpeo, r dmeel dPiorso ceeledcimtróiennictoo s Aadl maminpisatrraot idveol  aCrotímcuúlon  1d4e.3  ldaes   BOE-A-cable e
Administraciones Públicas y del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 
electrónicos, dado que las subvenciones están destinadas al ámbito empresarial, al que 
se le presupone el acceso a los medios electrónicos precisos, tal y como se determina 
en distintos ámbitos por la legislación sectorial.
IV
El presente Decreto-ley se estructura en tres capítulos, con veintidós artículos y tres 
disposiciones finales.
El capítulo I, dedicado a las disposiciones generales, regula el objeto y finalidad del 
Decreto-ley, el régimen jurídico, las empresas beneficiarias y sus obligaciones, la cuantía 
de  las  subvenciones,  su  financiación  y  el  destino,  además  de  las  entidades 
colaboradoras.
El capítulo II regula el procedimiento de gestión de subvenciones, estableciendo las 
normas fundamentales relativas al procedimiento de concesión; mientras que el capítulo 
III  regula  las  condiciones  para  la  justificación  y,  en  su  caso,  el  reintegro  de  las 
subvenciones, los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones 
impuestas  con  motivo  de  la  concesión  de  las  subvenciones,  la  compatibilidad  e 
incompatibilidad con otras ayudas o subvenciones, así como el régimen aplicable a la 
prescripción y a las infracciones y sanciones.
En la disposición final primera se corrigen determinados preceptos del Decreto-
ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a 
las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación 
temporal  de  empleo  a  causa  de  la  COVID-19,  conforme  ha  señalado  el  Consejo 
Consultivo de Canarias en su dictamen n.º 370/2021, de 12 de julio, emitido en relación 
con el referido Decreto-ley 9/2021, de 28 de junio.
Asimismo, la corrección del apartado 3 del artículo 6 del citado Decreto-ley 9/2021, 
suprimiendo la referencia al «salario correspondiente neto previo al ERTE», trae su 
causa en que podrá tenerse en cuenta la misma en el estudio de costes simplificados al 
que hace alusión el apartado 3 de la disposición adicional primera; motivo por el cual en 
el citado artículo 6.3 se atenderá al «salario mínimo interprofesional (SMI)», en el sentido 
de que «el cómputo total de la prestación contributiva máxima por desempleo mensual 
bruta y del importe de la subvención que le corresponda prorrateada mensualmente, no 
podrá ser superior al salario mínimo interprofesional», que viene a ser la referencia que 
se toma en consideración en el citado Decreto-ley 9/2021, tanto en su exposición de 
motivos como en su contenido. Se añade igualmente en dicho apartado, como parámetro 
a tener en cuenta, la base reguladora a que hace referencia el artículo 161 del Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, al ser una variable cuantitativa de la que se 
dispone, que determinará que el mayor importe de la subvención a otorgar vaya dirigida 
al colectivo más vulnerable.
La  extraordinaria  y  urgente  necesidad  de  modificar  determinados  preceptos  del 
mencionado Decreto-ley 9/2021, de 28 de junio, orientados a clarificar su aplicación, se 
fundamenta en las propias razones que motivaron en su momento la tramitación de la 
norma de la que trae causa y, más en concreto y de manera específica, en el propio 
plazo para resolver de oficio la concesión de las subvenciones establecidas en dicho 
Decreto-ley con la finalidad de reducir los efectos negativos que los Expedientes de  s
Regulación Temporal de Empleo tienen sobre las personas trabajadoras con rentas más  e.
bajas, que la propia disposición señaló que sería de tres meses contados desde el día  w.
siguiente al de la publicación del mismo en el «Boletín Oficial de Canarias», lo que se  143ww
rpergoudluajtoo rcioo nse  feencmhaa rq3u0e  ddee njturnoi od ed deic h2o0 2p1la, zpoo.r  lo  que  urge  que  el  nuevo  contenido
y seE ens tlaabs ledcisep olas iecniotrnaedsa f ienna lveisg osre dgeuln pdrae sye tnetrec eDreac sreet oin-cleoyr.poran facultades de desarrollo  BOE-A-cable e
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias, a propuesta conjunta del Consejero de Hacienda, Presupuestos 
y Asuntos Europeos, de la Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo y de la 
Consejera de Turismo, Industria y Comercio, previa deliberación del Gobierno en su 
reunión celebrada el día 22 de julio de 2021, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
El presente Decreto-ley tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones 
con la finalidad de proporcionar liquidez a las empresas titulares de la explotación de 
establecimientos turísticos de alojamiento por la pérdida de ingresos derivada de la 
pandemia de la COVID-19, destinada a cubrir el coste de la cuota íntegra o, en su caso, 
de la cuota líquida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) devengada el día 1 de enero 
de 2021, que grava el valor de los bienes inmuebles sitos en Canarias afectos al 
desarrollo de la actividad de alojamiento turístico, tanto en la modalidad hotelera como 
extrahotelera, siempre y cuando haya sido abonada a la Administración tributaria local 
competente.
Artículo 2.  Régimen jurídico.
Las subvenciones previstas en el presente Decreto-ley se regirán, además de por lo 
dispuesto en el mismo, por lo establecido en las siguientes disposiciones normativas:
1.  En el ámbito de las ayudas de Estado:
Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda destinadas a respaldar la 
economía en el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado mediante Decisión de 
la Comisión Europea de 2 de abril (Decisión SA.56851 (2020/N)) y sus modificaciones 
posteriores.
2.  En el ámbito de la legislación estatal:
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo referente a sus 
preceptos básicos.
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en lo referente a sus preceptos 
básicos.
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.
Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
3.  En el ámbito de la normativa autonómica:
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. e
Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios  bo
electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 143ww
InforDmeaccreióton  3d7e/2 0A1c5t,u daeci o2n7e sd e Amdmariznois, trpaotirv aesl  qudee  slea  aAprdumeibnais tyr arceiógnu la Peúl bSlicisat emdea  dlea 
Comunidad Autónoma de Canarias.
Orden de 30 de abril de 2015, por la que se aprueba la política de identificación y 
autenticación en el ámbito de la administración electrónica de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Orden de 9 de mayo de 2016, por la que se regula el sistema de notificación 
electrónica  mediante  comparecencia  en  sedes  electrónicas  en  el  ámbito  de  la 
Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y  sus  organismos 
dependientes.
Artículo 3.  Personas beneficiarias.
1.  Las personas beneficiarias de estas subvenciones podrán ser las titulares de 
empresas que desarrollen, como actividad principal, alguna de las actividades turísticas 
de alojamiento integradas en los siguientes epígrafes de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE 2009):
5510 Hoteles y alojamientos similares.
5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
Por empresas deben entenderse las personas físicas, personas jurídicas y entidades 
a que se refiere el artículo 35.4  de la  Ley  58/2003,  de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que se encuentren inscritas, como explotadoras de establecimientos turísticos 
de  alojamiento,  en  el  Registro  General  Turístico,  en  los  términos  previstos  en  la 
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.
Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad, 
deberá nombrarse una persona representante o apoderada única de la agrupación, con 
poderes  bastantes  para  cumplir  las  obligaciones  que,  como  persona  beneficiaria, 
corresponden a la agrupación. Y no podrá disolverse la agrupación hasta que haya 
transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la citada 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Se entenderá como actividad principal, aquella que tenga el mayor volumen de 
operaciones en el año natural anterior.
2.  Para ser beneficiarias de estas subvenciones, las empresas a que se refiere el 
número anterior, deberán haber sufrido en su volumen de operaciones de la totalidad de 
su actividad empresarial del año 2020, determinado conforme a lo dispuesto en el 
artículo 66 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, una 
reducción igual o superior al 30 por ciento respecto al volumen de operaciones del 
año 2019.
Cuando se hubiese iniciado la actividad de explotación del establecimiento en el 
año 2019, el importe del volumen de operaciones obtenido en el tiempo de actividad de 
la empresa, se elevará al año, teniendo en cuenta la media mensual de dicho volumen.
En el caso de empresas cuyos titulares sean personas físicas o entidades a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los 
ingresos por la actividad de explotación de alojamientos turísticos, deben haber sido 
declarados en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas del año 2020 como 
rendimientos de actividades económicas.
3.  Solo será objeto de subvención, el coste del impuesto de bienes inmuebles 
correspondiente a establecimientos turísticos de alojamiento inscritos en el Registro 
General Turístico antes del 15 de marzo de 2020.
4.  La  persona  beneficiaria  de  la  subvención  será  la  titular  de  la  empresa  s
explotadora del establecimiento, siempre que acredite que es el sujeto pasivo obligado al  oe.
atpe asngoeo5pr . od lraetDa  larcel oo can upcdoouictrea iaór ídsnnoí t e ddcgeeorr anivb  aoeer,nl   edeMnefi a csuirauncr o ciaa acTssue,o em,lra dpcsouo  orceatomal n Npl íeqraeluc ssiidoauansje  adtqlo eu dlp eeIaB  saeI,iyvs ouotu,d. vnaioes r sadinée n Eednos tloac,dr eioss,i stná o ao  bp3loi1gd aráddneo    2021-18143n https://www.
diciembre de 2019 a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 18 del Reglamento
General de Exención por Categorías, excepto las microempresas o pequeñas empresas  Bc
(en el sentido del Anexo I del citado Reglamento General de Exención por Categorías) 
que ya estuvieran en crisis el 31 de diciembre de 2019, siempre y cuando no se 
encuentren inmersas en un procedimiento concursal ni hayan recibido una ayuda de 
salvamento o de reestructuración.
6.  Las personas o empresas solicitantes deberán estar dadas de alta en la Base de 
Datos  de  Terceros  del  Sistema  Económico-Financiero  y  Logístico  de  Canarias 
(SEFLogiC), para recibir pagos por cualquier concepto de los órganos y organismos de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
Artículo 4.  Cuantía y abono de la subvención.
La cuantía de las subvenciones podrá ser de hasta el 100 % de la cuota íntegra o en 
su caso, líquida, del Impuesto de Bienes Inmuebles devengado a 1 de enero de 2021, 
correspondiente a los establecimientos turísticos de alojamiento ubicados en Canarias, 
hasta el límite máximo por empresa regulado en el artículo 5.
La  subvención  consistirá  en  un  único  pago,  cuyo  abono  se  realizará  previa 
justificación de los requisitos exigidos.
En el caso de que la persona beneficiaria de la subvención no se corresponda con el 
sujeto pasivo del impuesto, además de justificar su abono, deberá acreditarse que el 
impuesto se soporta de forma directa o indirecta por la citada persona beneficiaria.
Artículo 5.  Régimen de ayudas de Estado aplicable a las subvenciones.
1.  El régimen de ayudas de Estado aplicable a las subvenciones reguladas en este 
Decreto-ley es el previsto en el Marco Nacional Temporal, en sus modalidades de 
concesión de ayudas en forma de subvenciones directas y de ayudas en forma de apoyo 
por costes fijos no cubiertos.
a)  Modalidad de subvenciones directas: Hasta un importe bruto máximo, antes de 
impuestos y otras retenciones, de 1.800.000 euros por empresa de la totalidad de las 
ayudas recibidas por una empresa, en esta u otra convocatoria, con cargo a esta 
modalidad del Marco Temporal. Esta subvención se acoge al Marco Temporal en la 
modalidad de subvenciones directas.
b)  Modalidad de ayudas en forma de apoyo por costes fijos no cubiertos: Por 
encima del importe bruto máximo de 1.800.000, antes de impuestos y otras retenciones, 
y hasta un tope máximo de 10.000.000, antes de impuestos y otras retenciones. Estas 
subvenciones se acogen a la Modalidad de apoyo por costes fijos no cubiertos.
En  todo  caso,  el  importe  bruto  máximo  por  empresa  no  podrá  ser  superior  a 
los 10.000.000 de euros indicados, para lo que se computará la totalidad de las ayudas 
recibidas por una empresa, en esta u otra convocatoria, con cargo a esta modalidad del 
Marco Temporal.
La subvenciones otorgadas en virtud de esta modalidad se concederán sobre la base 
de las pérdidas previstas. No obstante, el importe final de la misma se determinará tras 
la justificación de las pérdidas sobre la base de la contabilidad fiscal y de las cuentas 
auditadas,  debiéndose  reintegrar  todos  los  pagos  que  superen  el  importe  máximo 
permitido por empresa.
b.1)  Requisitos que deben cumplirse para obtener ayuda por esta modalidad del 
Marco temporal:
a)  Las empresas deberán haber sufrido en el periodo subvencionable del año 2021  bo
una reducción igual o superior al 30 por ciento de la totalidad de su actividad empresarial  143ww
respbe)c toE al l vvoolluummeenn  ddee  opoeprearcaicoinoense sd esl ea ñdoe 2te0r1m9i.nará  conforme  a  lo  dispuesto  en  el
artíccu)l o D66a ddoe  qlau eL eay l a4 /f2e0c1h2a,  ddee  s2o5l icdietu jdu nnioo ,s dee p Moderdáid aacsr eAdditmarin eissttraa tcivoansd iyc iFónis,c laal eesm.presa
deberá fijarlo provisionalmente aplicando criterios fundados.
d)  La  ayuda  podrá  cubrir  hasta  el  100  %  del  importe  del  IBI  abonado 
correspondiente al año 2021 y que no esté cubierto por otras fuentes, como seguros, 
otras medidas de ayuda temporal cubiertas por el marco temporal o ayudas de otra 
naturaleza, con el límite señalado en el apartado f) siguiente.
e)  A estos efectos, las pérdidas de las empresas en sus cuentas de pérdidas y 
ganancias durante el período subvencionable se considerarán costes fijos no cubiertos, 
no incluyéndose en ningún caso en los mismos las pérdidas por deterioro del valor 
puntuales.
f)  La  intensidad  de  la  ayudas  o  subvenciones  acogidas  a  esta  modalidad  no 
superará el 70 % de los costes fijos no cubiertos, salvo en el caso de las microempresas 
y  las  pequeñas  empresas  (en  el  sentido  del  anexo  I  del  Reglamento  General  de 
Exención por Categorías), para las que la intensidad de la ayuda no superará el 90 % de 
los costes fijos no cubiertos.
A estos efectos se entiende por:
– Microempresa aquella que ocupa a menos de diez personas empleadas y presenta 
un volumen de negocios anual o balance general anual inferior o igual a 2 millones de 
euros.
– Pequeña empresa aquella que ocupa a menos de cincuenta personas empleadas 
y presenta un volumen de negocios anual o balance general anual inferior o igual a 10 
millones de euros.
2.  Reglas de acumulación aplicable:
– Con carácter general, todas las ayudas con cargo al Marco Temporal Nacional o 
comunitario podrán acumularse siempre y cuando se respeten los importes máximos y 
los umbrales de intensidad máxima establecidos para cada modalidad de ayuda.
– Como excepción a este criterio general, las ayudas concedidas en el marco de la 
modalidad de ayuda en forma de costes fijos no cubiertos no podrán acumularse con 
otras ayudas por los mismos costes subvencionables.
– Las medidas de ayuda temporal previstas en este Decreto-ley podrán acumularse 
con las ayudas que entren en el ámbito de aplicación de los Reglamentos de minimis, 
siempre que se respeten las reglas de acumulación previstas en dichos Reglamentos de 
minimis.
– Las medidas de ayuda temporal previstas podrán acumularse con las ayudas 
exentas en virtud del Reglamento General de Exención por Categorías, siempre que las 
reglas de acumulación previstas en el mismo sean respetadas.
3.  Será necesario que las personas beneficiarias indiquen mediante declaración 
responsable el conjunto de ayudas públicas recibidas desde el inicio de la vigencia de los 
Marcos Temporales Nacional y Comunitario al objeto de poder comprobar que no se 
superen los umbrales máximos previstos para cada modalidad de ayuda.
4.  Se establecerá, en la correspondiente orden de concesión de subvención a las 
empresas beneficiarias, el sometimiento al Marco Nacional Temporal.
Artículo 6.  Financiación.
1.  El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones 
reguladas por el presente Decreto-ley asciende a sesenta y tres millones (63.000.000) de 
euros del presupuesto de gastos de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio para  e.e
la anualidad 2021, aplicación presupuestaria 16.04. 432F.4700200/L.A. 164G1158, según  b
se establezca en el correspondiente Plan Estratégico de Subvenciones. 143ww
estim2.a daS ed ep oladsrá s uinbcvreenmceionntaers,,  ssiienm spurjee cqióune  ae xlaisst ar ecgrléads itqou, el ap rceuvaén teíal  atrotítcaul lom á1x4i.m4 ad eol 
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en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.
Artículo 7.  Obligaciones y compromisos de las empresas beneficiarias.
Son obligaciones de las empresas beneficiarias:
a)  Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las 
circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de 
la subvención.
b)  Justificar  ante  el  órgano  concedente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condiciones y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención.
c)  Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación,  a  efectuar  por  el  órgano 
concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal 
de Cuentas, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios 
aportando  cuanta  información  le  sea  requerida  en  el  ejercicio  de  las  actuaciones 
anteriores.
d)  Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca y, en todo caso, 
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, la 
obtención  de  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  que  financien  las 
actividades subvencionadas procedentes de entidades públicas o privadas.
Especialmente, antes de la concesión de la subvención, la empresa o persona 
solicitante ha de declarar por escrito ante la autoridad que concede la subvención, 
mediante  declaración  responsable,  el  conjunto  de  subvenciones  y  ayudas  públicas 
recibidas hasta la fecha en aplicación de los Marcos Temporales Nacional y Comunitario, 
desde el inicio de la vigencia de los mismos.
e)  Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
con anterioridad a dictarse la propuesta de concesión.
f)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable, a la persona o empresa beneficiaria en cada caso, así como cuantos estados 
contables  y  registros  específicos  sean  exigidos  por  las  bases  reguladoras  de  las 
subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de 
comprobación y control.
g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control. El plazo de conservación de la documentación justificativa será 
de diez (10) años, conforme a lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal.
h)  Mantener  la  actividad  económica  por  parte  de  la  entidad  beneficiaria  de  la 
subvención hasta el 30 de junio de 2022.
i)  Proceder, en su caso, al reintegro de los fondos percibidos, en los términos del 
artículo 16 de este Decreto-ley.
Artículo 8.  Entidades colaboradoras.
1.  Se  podrán  designar  entidades  colaboradoras  de  la  Consejería  de  Turismo, 
Industria y Comercio para la gestión de las subvenciones reguladas en el presente  s
Decreto-ley, así como, en su caso, en la entrega y distribución de los fondos públicos a  oe.
empresas beneficiarias, para cuya efectividad se suscribirán los oportunos convenios de  w.
ceosltaa2bb.ol ercaLicdaioóssn e .ennti deal daerstí ccuolloa b1o3r addeo rlaas L deeyb 3e8rá/2n0 a0c3r,e ddeit a1r7 e ld ceu nmopvliiemmiebnreto,  daesí  locso mreoq uloissi tdoes   2021-18143n https://ww
solvencia y eficacia establecidos en la Orden de 10 de marzo de 1995, de la extinta
Consejería  de  Economía  y  Hacienda,  por  la  que  se  establecen  los  requisitos  de  Bc
solvencia y eficacia para ser entidad colaboradora en materia de ayudas y subvenciones 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3.  Las  entidades  colaboradoras,  en  los  términos  que  se  determinen  en  los 
convenios, podrán tener derecho a percibir un anticipo por las operaciones preparatorias 
que resulten necesarias para realizar las actuaciones financiadas hasta un límite máximo 
del 50 por ciento de la cantidad total a percibir.
4.  La Consejería de Turismo, Industria y Comercio podrá revocar libremente, en 
cualquier momento, la designación efectuada a la entidad o entidades colaboradoras.
CAPÍTULO II
Procedimiento de gestión de las subvenciones
Artículo 9.  Procedimiento de concesión.
1.  El procedimiento de concesión de estas subvenciones, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 21.1.c) del 
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, se efectuará en régimen de concesión directa sin 
convocatoria.
2.  Se iniciará mediante la presentación de una solicitud, en los términos previstos 
en el artículo 10, acompañada de la documentación que se establece en el artículo 11.
3.  Cada empresa interesada podrá presentar una solicitud por establecimiento o 
una solicitud por el conjunto de sus establecimientos.
4.  El abono de la subvención se efectuará tras la acreditación mediante documento 
de pago o demás documentos de valor probatorio equivalente del pago 2021 a la 
Administración tributaria local competente de la cuota íntegra o, en su caso, cuota líquida 
del IBI correspondiente al ejercicio.
5.  No se podrá realizar el pago de la subvención en tanto la persona o empresa 
beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social; o sea deudora por resolución firme de procedencia de 
reintegro. La valoración de estos extremos se efectuará en los mismos términos que 
para obtener la condición de beneficiaria o entidad colaboradora de acuerdo con la 
normativa  básica  y  considerando  que  la  beneficiaria  o  la  entidad  colaboradora  se 
encuentra  al  corriente  en  el  pago  de  obligaciones  por  reintegro  de  ayudas  o 
subvenciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado 
la  suspensión  con  ocasión  de  la  impugnación  de  la  correspondiente  resolución  de 
reintegro.
6.  Los expedientes de gastos correspondientes a las subvenciones directas a que 
se refiere el apartado 1 del presente artículo quedan exceptuados de la autorización 
previa del Gobierno que en atención a su cuantía se establece en las leyes anuales de 
presupuesto.
De los citados expedientes se dará cuenta al Gobierno trimestralmente.
7.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en 
la tramitación de solicitudes se guardará el orden estricto de presentación de las mismas 
en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, sin perjuicio del orden de resolución de las mismas previsto en el artículo 12 
del presente Decreto-ley.
Artículo 10.  Solicitudes de subvención, forma y plazo de presentación. e.e
irenefieacclii21ázto..na   dreáoLEn sa lel ea px p dcsrleailecuszdhseoeoinv   eaptdalmleeac czieótopnrn róte eendls  ie1ced a0nlea  t ddsafe ecos  iroólsmaelni caAp i ttddiueeemdml eeinscbsiotrs redlótirc enadi ticescuiu aód2b,ne0 v s2aPe 1 nús.tcbreailórivcánéa  sc dd oeedn  e lvlaal e  Cpidnrootoimcccuieunmdncieiomdn aitdedaín caAtisoóu  ntónc anraenotuaemrdxaaaol  e dssaee,l     OE-A-2021-18143able en https://www.
Canarias (https://sede.gobcan.es/sede/tramites/6935). A estos efectos se habilita a la
persona titular de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio para modificar y 
actualizar el procedimiento previsto en la sede electrónica.
Quedarán excluidas las solicitudes y documentación no presentadas a través del 
procedimiento creado a tal efecto en la sede electrónica.
En  supuestos  de  interrupción  no  planificada  en  el  funcionamiento  de  la  sede 
electrónica y siempre que sea posible, se dispondrá de las medidas para que el usuario 
resulte  informado  de  esta  circunstancia.  En  tales  supuestos,  si  se  produjera  la 
interrupción del servicio, se podrá declarar inhábil el último día de aquellos plazos de 
inminente vencimiento para la presentación de solicitudes por las personas o empresas 
interesadas,  cumplimentación  de  trámites  o  subsanación  de  requerimientos, 
exclusivamente  a  los  efectos  del  cómputo  plazos,  reanudándose  dicho  cómputo  el 
siguiente día hábil, mediante una resolución del titular de la sede electrónica, que será 
objeto de publicación en dicha sede, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 de 
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Además,  se  comunicará  dicha  circunstancia  a  todas  las 
personas registradas en las aplicaciones gestoras de los procedimientos afectados.
3.  La  presentación  de  solicitudes  presumirá  la  aceptación  expresa,  formal  e 
incondicional de lo dispuesto en el presente Decreto-ley, sin perjuicio del derecho a 
desistir de su petición, que se pudiera ejercitar antes de la concesión, o a renunciar a la 
ya concedida.
4.  Las personas o empresas interesadas, en el momento de la solicitud, deberán 
declarar bajo su responsabilidad:
a)  Que no está incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y según lo establecido en el artículo 26 del 
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  aprobado  mediante  el  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
b)  Que ha recibido las ayudas o subvenciones directas, que se relacionan, con 
arreglo al Marco Nacional Temporal o en aplicación del Marco Temporal Europeo, por 
importe de bruto de……….., antes de impuestos y otras retenciones.
c)  Que ha recibido las ayudas o subvenciones que se relacionan, por la modalidad 
del Marco Temporal de apoyo por costes fijos no cubiertos por un importe bruto máximo, 
antes de impuestos y otras retenciones, de ………….
d)  Que no ha recibido ayudas, ingresos o recursos para cubrir el coste del Impuesto 
de bienes inmuebles del año 2021.
e)  Que ha procedido a la correcta justificación de las subvenciones concedidas con 
anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en 
los términos establecidos en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
f)  Que  no  es  deudora  por  resolución  firme  de  procedencia  de  reintegro  de 
subvenciones.
g)  Que está al corriente en las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y 
frente  a  la  Seguridad  Social,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  24  del 
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  aprobado  mediante  el  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
h)  Que no se halla incursa en las causas de prohibición para ser beneficiaria, 
establecidas en el presente Decreto-ley.
i)  Que es titular de la explotación del establecimiento o establecimientos turísticos 
de alojamiento para los cuales se ha solicitado la subvención.
j)  Que se comprometen al mantenimiento de la actividad económica, como mínimo,  e.
hasta el 30 de junio de 2022. w.b
k)  Que cumple los requisitos para ser considerada como entidad que no está en  143ww
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qmuicer,o eemstparnedsoa s eon  pecqriusiesñ aesl  e3m1p rdees asd i(ceienm ebl rsee ndtied o 2d0e1l 9a,n etexnog Ia dne l lRa egcolanmsiednetroa cGióenn erdael 
de  Exención  por  Categorías)  y  no  se  encuentren  inmersas  en  un  procedimiento 
concursal ni hayan recibido una ayuda de salvamento o de reestructuración.
l)  Que no le han sido impuestas sanciones declaradas firmes por el incumplimiento 
de las medidas de contención de la propagación de la COVID-19, en el desarrollo de la 
actividad de explotación de establecimientos turísticos de alojamiento.
m)  Que estima que su volumen de operaciones en el ejercicio 2021 va a disminuir 
en más del 30% respecto al de 2019, en el supuesto de que la subvención se acoja a la 
modalidad de costes fijos no cubiertos. En caso contrario, debe indicarlo expresamente y 
solo podrá optar a la modalidad de subvenciones directas.
n)  Que según sus previsiones, estima que la totalidad de subvenciones y ayudas 
recibidas o que va a recibir en el año 2021 por la modalidad de ayudas en forma de 
apoyo por costes fijos no cubiertos, no superará el 70 % o el 90 %, según corresponda 
por el tipo de empresa de que se trate, de los costes fijos no cubiertos correspondientes 
al año 2021. Y que asimismo, se compromete a devolver la cantidad que exceda de este 
límite, si no se cumpliera esta previsión.
ñ)  Que  se  compromete  a  aportar  los  documentos  probatorios  o  los  datos 
adicionales que le sean requeridos, así como a comunicar de forma inmediata a la 
Administración cualquier variación que afecte a la documentación aportada.
o)  Que los datos que en ella figuran son ciertos y mantienen su vigencia en el 
momento de la presentación de la solicitud.
5.  La presentación de la solicitud de subvención conlleva la autorización para que la 
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  obtenga  de  las  Administraciones  tributarias 
correspondientes la información prevista en la presente Decreto-ley, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 22.4 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 4 del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, y la Orden HAC/348/2021, de 12 de abril.
6.  Las empresas interesadas deberán manifestar expresamente, en su caso, si se 
oponen a la consulta de los antecedentes obrantes en las Administraciones Públicas, a 
efectos de determinar su situación al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social. La oposición expresa a dicha consulta supondrá la 
obligación de aportar la documentación acreditativa de las circunstancias a que se refiere 
el apartado 4.g) de este precepto.
Artículo 11.  Documentación a acompañar a la solicitud.
Además de la solicitud-declaración responsable a que se refiere el artículo anterior, 
las personas interesadas, titulares de las empresas explotadoras de los establecimientos 
turísticos de alojamiento, deberán acompañar a la solicitud, la siguiente documentación:
a)  Documentación que acredite, por cualquier medio válido en Derecho, de manera 
fidedigna, la representación, en los casos en los que la solicitud sea presentada por 
medio de representante. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación 
realizada conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del Real Decreto 203/2021, de 30 de 
marzo.
b)  Acreditación del volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la 
Administración en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en 2019 y 2020 en las 
casillas «Total volumen de operaciones» de los modelos 425, 417 o 418, o en su caso, 
las correspondientes liquidaciones. s
c)  Recibo del IBI y documentación que acredite que ha soportado el citado gasto,  oe.
slaaos líei ccdmiot)ap mnreoCtes u danao onec dxuspoeml aoe tsenaeltd o po rertoarnap  tideeeelt  alc rdeuioesa  tlda seabe glle orrcuesip mcianoicmejaino utlnaeoe b otslueb rslíid.sgetaic coióp nde erds oean lopajaasg mofi eídsneictloa m,s  eisnom  coa,ju sproíod rdi cepa asqr,tu ee s deienl    2021-18143n https://www.
personalidad,  relación  de  los  importes  del  IBI  pagado  por  cada  miembro  de  la
agrupación, así como nombramiento de persona representante o apoderada única de la  Bc
agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como persona 
beneficiaria correspondan a la agrupación.
e)  En el caso de empresas cuyos titulares sean personas físicas o entidades a que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas del año 2020.
Artículo 12.  Instrucción y resolución del procedimiento.
1.  El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las 
subvenciones reguladas mediante el presente Decreto-ley será la Dirección General de 
Ordenación y Promoción Turística, la cual, a la vista del expediente, formulará propuesta 
de  resolución  y  la  elevará  al  órgano  concedente,  quien  mediante  orden  motivada, 
resolverá la concesión o denegación de la subvención.
2.  Recibida la solicitud correspondiente, el órgano instructor o, en su caso, la 
entidad colaboradora, examinará si reúne los requisitos exigidos, y si se acompaña a la 
misma la preceptiva documentación, requiriéndose en caso contrario a las personas y 
empresas interesadas para que, en el plazo de diez (10) días, subsanen, y/o completen 
los documentos y/o datos que deben presentarse, advirtiéndose de que si así no lo 
hicieran se les tendrá por desistidas de su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 21, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 68.1, todos ellos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Los requerimientos que se dirijan a las entidades interesadas para subsanar defectos 
en la documentación aportada con las solicitudes serán puestos a disposición en la sede 
electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias por un 
plazo de diez días. Si en dicho plazo la persona interesada no accede al documento 
puesto a disposición, el mismo se entenderá notificado a todos los efectos el día del 
vencimiento del plazo surtiendo ésta todos los efectos de notificación practicada.
3.  La competencia para la concesión de estas subvenciones, así como para la 
aprobación del gasto, corresponde a la persona titular de la Consejería de Turismo, 
Industria y Comercio.
4.  La concesión de la subvención se realizará hasta el agotamiento del crédito 
disponible, atendiendo a la fecha de presentación de las solicitudes de subvención que 
estén completas, o, si no estuviesen completas, a la fecha en que reúnan toda la 
documentación necesaria, una vez subsanadas, en su caso, las omisiones o defectos 
que, en la misma, se hubieran apreciado por el órgano instructor.
De no existir crédito suficiente para atender todas las solicitudes se formará una lista 
de  reserva  en  los  términos  y  a  los  efectos  establecidos  en  el  artículo  63.3  del 
Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Las solicitudes se 
ordenarán por la fecha en que estén completas.
Una  vez  agotado  el  crédito  establecido  para  atender  las  subvenciones,  serán 
denegadas  todas  las  solicitudes  que  no  hayan  podido  ser  atendidas  por  falta  de 
presupuesto, aunque se hayan presentado en plazo. En este supuesto, la orden de 
resolución  denegatoria  de  estas  solicitudes  se  podrá  realizar  conjuntamente  en 
documento único, cuya notificación se practicará en la forma que se establece en el 
apartado siguiente.
5.  Las órdenes de concesión deberán ser dictadas y notificadas antes del 30 de 
noviembre de 2021. Transcurrido dicho plazo sin resolverse expresamente, se entenderá 
desestimada la solicitud de subvención.
Las órdenes de concesión se notificarán por medios electrónicos de conformidad con  e.
lo previsto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  w.b
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 143ww
publ6ic. acLióans  esnu blav eBnacsioen dees  Dcaotnocse dNiadcaiso nsael rdáen  Soubbjeveton cdioen epsu, balsicíi dcaodm oa  etnr aevlé Ps ordtea l dsue 
Tran7s.p aLreansc siao ldiceilt uGdoebsi edrensoe dseti mCaadnaasri ays .las desistidas podrán acumularse en una única
orden, indicando la causa de desestimación o desistimiento, respectivamente.
Artículo 13.  Modificación de las órdenes de concesión.
1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, así como y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o 
ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, estatales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales que contradiga lo dispuesto en el 
artículo  5  del  presente  Decreto-ley,  podrá  dar  lugar  a  la  modificación  de  la 
correspondiente orden de concesión.
2.  La orden de modificación de la concesión de la subvención deberá dictarse por el 
órgano concedente en el plazo de quince días hábiles desde la fecha de presentación de 
la solicitud de modificación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado 
resolución  expresa,  legitima  a  las  personas  y  empresas  interesadas  para  entender 
desestimada por silencio administrativo la modificación solicitada.
CAPÍTULO III
Justificación y control de las subvenciones
Artículo 14.  Justificación de la subvención.
1.  La verificación de las subvenciones se realizará en el marco de lo establecido en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
2.  La aplicación de la subvención está limitada al pago del Impuesto de los Bienes 
inmuebles afectos a los establecimientos turísticos de alojamiento devengado el 1 de 
enero de 2021 y con carácter general, su justificación se realizará con la acreditación de 
haber realizado el pago del citado impuesto, en el momento de presentación de la 
solicitud.
3.  Conforme a lo previsto en el artículo 22.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, 
las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada 
situación en el perceptor no se requerirá otra justificación que la acreditación, conforme a 
los medios que establezca la normativa reguladora, de la situación o concurrencia que 
determina su concesión.
Por ello, con la presentación de la solicitud y aportación de la documentación exigida 
en el artículo 11, y previa comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el presente Decreto-ley, se entenderá cumplida la obligación de justificación de la 
subvención, sin perjuicio de la comprobación posterior del cumplimiento de la obligación 
del mantenimiento de la actividad y de las actuaciones de comprobación y control de 
subvenciones a que se refiere el artículo 15.
4.  No obstante, cuando la subvención se conceda por la modalidad de apoyo a 
costes fijos no cubiertos, deberá presentarse justificación de los requisitos declarados en 
el momento de la solicitud, relativos a la disminución del volumen de negocios del 
año 2021 respecto al 2019 y a la estimación de la no superación del límite del 70 o el 90 
%, declarado en el artículo 10.4.n), del total de subvenciones y ayudas recibidas por la 
modalidad de apoyo por costes fijos no cubiertos.
Para  ello,  deberá  presentarse,  antes  del  30  de  septiembre  de  2022,  la 
documentación siguiente:
a)  Acreditación del volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la 
Administración en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en 2021 en las casillas  s
«Total volumen de operaciones» de los modelos 425, 417 o 418 o, en su caso, las  oe.
correspondientes liquidaciones. w.
b)  Informe  de  auditoría  que  contendrá  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  del  143ww
aayñuod 2a0s2 1re yc idbeidtaalsle  edne  leal  ccuitaandtoía  adñeo l,o sp ogra sltao sm fiojodsa lnidoa cdu bdiee rtaopso yy od ep loars  csousbtveesn cfiiojonse sn oy 
cubiertos.
Artículo 15.  Comprobación y control de las subvenciones.
La persona beneficiaria estará obligada a facilitar las comprobaciones que garanticen 
la  correcta  realización  de  las  actuaciones  objeto  de  subvención.  Asimismo,  estará 
sometida a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así 
como al control financiero de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, Presupuestos y Asuntos Europeos, o de cualquier órgano, nacional o de la 
Unión  Europea.  A  estos  efectos,  el  órgano  concedente  podrá  realizar  las 
comprobaciones e inspecciones que entienda pertinentes, pudiendo solicitar a la entidad 
beneficiaria  de  la  subvención  cuantas  aclaraciones  y  documentación  considere 
oportunas. El incumplimiento de lo requerido por la Administración podrá considerarse 
causa suficiente para proceder al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas.
Artículo 16.  Reintegro de las subvenciones.
1.  Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en 
el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el presente Decreto-ley, darán 
lugar a la obligación de reintegrar totalmente las cantidades percibidas, así como la 
exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se 
acuerde  la  procedencia  del  reintegro  de  la  misma,  los  casos  contemplados  en  el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, será de aplicación el resto del capítulo I del título II de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre y el artículo 152 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre.
2.  El presente procedimiento de reintegro se rige por lo dispuesto en los títulos II y 
III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; las disposiciones básicas del título III del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y los 
artículos 40 y 41 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, en relación con lo dispuesto en 
los artículos 58 y 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.  No se estimarán alegaciones justificativas del incumplimiento basadas en la falta 
de viabilidad económica sobrevenida o en pérdidas de la actividad
Artículo 17.  Criterios de graduación de los incumplimientos.
1.  Los criterios de graduación para determinar la cantidad que finalmente haya de 
percibir la persona o empresa beneficiaria o, en su caso, el importe a reintegrar, por los 
incumplimientos de las obligaciones y condiciones establecidas en este Decreto-ley y 
demás normas aplicables responderán al principio de proporcionalidad en función de los 
costes justificados y las actuaciones acreditadas.
2.  En el supuesto de incumplimiento total de las obligaciones y condiciones dará 
lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención o al reintegro del 100 por ciento 
de la subvención concedida.
3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán la consideración de 
incumplimiento total o parcial los siguientes supuestos:
a)  Incumplimiento total de los objetivos para los que se concedió la subvención, a 
tal efecto:
a.1)  Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquellas que lo hubieren impedido.
a.2)  Resistencia,  excusa,  obstrucción  o  negativa  a  las  actuaciones  de  e
comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003,  bo
de  17  de  noviembre,  así  como  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  contables,  143ww
dreeg visetrraifilceasr  oe ld eem cpolenos edravdaoci óan l odse f odnodcousm peúnbtolicso csu, aenl dcuom dpel imelileon stoe  ddeelr oivbej eltaiv iom, plao sreibailliiddaadd 
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Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales. En este caso corresponderá el 
reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.
a.3)  A  tal  efecto,  tendrán  esa  consideración  el  falseamiento  de  los  datos 
suministrados  por  la  misma,  que  impidan  la  total  certificación  del  buen  fin  de  la 
subvención concedida.
a.4)  Incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  la  Administración  a  las 
personas beneficiarias, así como de los compromisos asumidos por estas con motivo de 
la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo o plazo en que 
se ha de adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. En 
este caso corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.
a.5)  Incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  la  Administración  a  las 
personas beneficiarias así como de los compromisos por estas asumidos con motivo de 
la concesión de la subvención distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la 
imposibilidad  de  verificar  el  empleo  dado  a  los  fondos  percibidos.  En  este  caso 
corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.
b)  Incumplimiento parcial de la obligación de justificación de la misma. A tal efecto 
tendrán esa consideración:
b.1)  El  incumplimiento  de  los  requerimientos  de  aportar  la  información  y 
documentación que se estime necesaria para el seguimiento y control de las personas 
participantes de la actividad para la que se ha obtenido la subvención. El importe de la 
reducción se practicará proporcionalmente, en función de los incumplimientos realizados, 
sobre la cantidad menor entre la justificada y la subvención concedida.
b.2)  En  caso  de  incumplimientos  de  obligaciones  formales  que  no  pudieran 
calcularse en términos porcentuales, cuando el cumplimiento por parte de las personas 
beneficiarias  del  objeto  de  la  subvención  se  aproxime  de  modo  significativo  al 
cumplimiento  total  y  se  acredite  por  la  entidad  beneficiaria  una  actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, se exigirá el reintegro 
de un 3% del importe de la subvención, sin perjuicio de la imposición de la sanción que 
en su caso corresponda.
Artículo 18.  Infracciones y sanciones.
Es de aplicación el régimen de infracciones y sanciones regulado en el título IV de la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  en  lo  relativo  a  infracciones  y  sanciones 
administrativas en materia de subvenciones.
Artículo 19.  Prescripción.
Resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos 39 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y 153 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, que disponen que prescribirá a 
los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro, 
establecen el cómputo de dicho plazo y su interrupción. Asimismo, el artículo 16.2 de la 
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, establece que la prescripción de los derechos de la 
Hacienda Pública se interrumpirá conforme a lo establecido en las normas tributarias y 
se aplicará de oficio.
Artículo 20.  Compatibilidad de las subvenciones.
1.  Las  subvenciones  cuya  convocatoria  y  concesión  se  regulan  mediante  el  bo
presente Decreto-ley serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o  143ww
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reguladora de las otras subvenciones concurrentes.
2.  El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que 
aisladamente, o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones 
públicas,  o  de  otros  entes  públicos  o  privados,  supere  el  coste  de  la  actividad 
subvencionada.
3.  Conforme a lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal, con carácter general 
todas las ayudas contempladas en dicho marco consolidado podrán acumularse entre sí, 
siempre y cuando se respeten los importes máximos.
Las  medidas  de  ayuda  temporal  previstas  en  dicho  marco  consolidado  pueden 
acumularse con las ayudas que entren en el ámbito de aplicación de los Reglamentos de 
minimis  (Reglamentos  (UE)  n.º  360/2012,  1407/2013,  1408/2013  y  717/2014  de  la 
Comisión), siempre que las reglas de acumulación previstas en estos Reglamentos de 
minimis sean respetadas.
Las medidas de ayuda temporal previstas en dicho marco consolidado también 
pueden  acumularse  con  las  ayudas  exentas  en  virtud  del  Reglamento  General  de 
Exención por Categorías, siempre que las reglas de acumulación previstas en el mismo 
sean respetadas.
Estas ayudas pueden acumularse con otras modalidades de ayuda siempre que no 
financien los mismos costes, por lo que debe garantizarse la identificación y control de 
los costes cubiertos.
Artículo 21.  Protección de datos.
Las  entidades  colaboradoras  serán  encargadas  del  tratamiento  de  los  datos 
personales que se incorporen a las solicitudes de estas subvenciones, quedando sujetas 
al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el vigente 
Reglamento (UE) n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
Será  responsable  del  tratamiento  de  datos  personales  y  encargados  de  su 
tratamiento, la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística de la Consejería 
de Turismo, Industria y Comercio. Dicho centro directivo tiene el deber de cumplir con la 
normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los datos 
personales.
Artículo 22.  Información y publicidad.
Las  personas  y  entidades  beneficiarias  deberán  cumplir  con  las  obligaciones 
establecidas por la normativa de aplicación en materia de información y publicidad, 
derivadas de la subvención concedida.
Disposición final primera.  Modificación del Decreto-ley 9/2021, de 28 de junio, por el 
que se regula la concesión de subvenciones directas a las personas trabajadoras por 
cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo a causa 
de la COVID-19.
Se modifica el Decreto-ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la concesión 
de subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por  s
expedientes de regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19 en los términos  oe.
siguientes: w.
siguUiennote. s tSéerm  minoods:ifica  el  apartado  1  del  artículo  1,  que  queda  redactado  en  los
«1.  Las subvenciones directas reguladas en el presente Decreto-ley tienen
por  objeto  reducir  el  impacto  económico,  con  la  finalidad  de  coadyuvar  al
mantenimiento  y  protección  del  empleo  y  de  los  derechos  laborales  de  las 
personas  trabajadoras  por  cuenta  ajena  que  sean  perceptoras  de  prestación 
contributiva por desempleo por debajo del salario mínimo interprofesional, como 
consecuencia de la suspensión temporal del contrato de trabajo a causa de la 
COVID-19.»
Dos.  Se  modifica  el  apartado  3  del  artículo  6,  que  queda  redactado  en  los 
siguientes términos:
«3.  El cómputo total de la prestación contributiva máxima por desempleo 
mensual bruta y del importe de la subvención que le corresponda prorrateada 
mensualmente, no podrá ser superior al salario mínimo interprofesional ni a la 
base  reguladora  a  que  hace  referencia  el  artículo  161  del  Real  Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social.»
Tres.  Se  modifica  el  apartado  2  del  artículo  11,  que  queda  redactado  en  los 
siguientes términos:
«2.  Para la concesión de las subvenciones, la instrucción y resolución de las 
mismas  se  efectuará  ordenando  de  manera  ascendente  a  las  personas 
trabajadoras atendiendo a la base reguladora a que hace referencia el artículo 161 
del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de entre la relación de 
personas facilitadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, que cumplan los 
requisitos relacionados en el artículo 3 de la presente Decreto-ley, y hasta fin de 
disponibilidad presupuestaria.
Ante la misma cuantía de base reguladora, se resolverá el empate en base a 
un segundo criterio de ordenación descendente, relativo al número de días en 
situación de ERTE.»
Cuatro.  Se modifica el artículo 20, que queda redactado en los siguientes términos:
«De  conformidad  con  lo  previsto  el  artículo  325.1  del  Tratado  de 
Funcionamiento  de  la  Unión  Europea,  la  Unión  y  los  Estados  miembros 
combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros 
de la Unión.
A tales efectos, para el control de estas subvenciones se tendrán en cuenta las 
medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de gestión, cumplir 
con la normativa en materia de contratación pública, así como evitar la doble 
financiación, las falsificaciones de documentos y otras prácticas que evidencien 
riesgos de fraude.»
Disposición final segunda.  Facultades de desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio 
para:
a)  Dictar  cuantos  actos,  resoluciones  e  instrucciones  sean  necesarias  para  el 
desarrollo, interpretación y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto-ley.
b)  Incrementar el importe máximo del crédito destinado a la financiación de las 
subvenciones establecido en el artículo 6.1 del presente Decreto-ley. e.e
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Canarias».
Dado en Canarias, 22 de julio de 2021.–El Presidente del Gobierno, Ángel Víctor 
Torres Pérez.–El Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Hacienda, Presupuestos y 
Asuntos  Europeos,  Román  Rodríguez  Rodríguez.–La  Consejera  de  Economía, 
Conocimiento y Empleo, Elena Máñez Rodríguez.–La Consejera de Turismo, Industria y 
Comercio, Yaiza Castilla Herrera.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 151, de 23 de julio de 2021. Convalidado por Resolución 
del Parlamento de Canarias, publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 176, de 27 de agosto 
de 2021)