BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 40 Miércoles 16 de febrero de 2022 Sec. I.   Pág. 19522
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
2461 Real Decreto 125/2022, de 15 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales.
El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales, relaciona en la disposición adicional 
séptima, apartado 1, las direcciones generales para las cuales no se considera necesario 
que sus titulares ostenten la condición de funcionario, en atención a las características 
específicas de dichos órganos directivos, así como, en su apartado 2, los máximos 
órganos  de  dirección  de  los  organismos  autónomos  y  entidades  gestoras  de  la 
Seguridad Social que se eximen de dicho requisito de ser funcionario de carrera para sus 
titulares en atención a sus características específicas.
El 14 de diciembre de 2021, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia 1.471/2021, recaída en el 
recurso ordinario número 112/2020, por la que se declara la nulidad de los apartados 2.e) 
y 1.m), de la citada disposición adicional séptima del Real Decreto 139/2020, de 28 de 
enero, en los que se hace referencia a la Dirección General del Instituto de la Juventud y 
a la Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, 
respectivamente.
En relación con las funciones de las citadas direcciones generales, cuya excepción 
es objeto de anulación, el artículo 7 del Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, regula las 
funciones  que  corresponden  a  la  Dirección  General  de  Políticas  Palanca  para  el 
Cumplimiento de la Agenda 2030. Por su parte, las funciones del Instituto de la Juventud 
se regulan en el artículo 3 del Estatuto de este organismo autónomo, aprobado por 
Real Decreto 486/2005, de 4 de mayo, asimismo, siendo las competencias que se 
atribuyen a la persona que ocupe su dirección general las que se relacionan en su 
artículo 7.
Por otro lado, examinado el contenido de la referida sentencia en relación con la 
excepción regulada para la Dirección General del Instituto de la Juventud, la misma 
concluye que hay un déficit de motivación y una falta de explicación en la norma 
reglamentaria o en la memoria justificativa relativa al cambio de criterio respecto del 
Real Decreto 486/2005, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del organismo 
autónomo Instituto de la Juventud, en virtud del cual, las mismas funciones que el actual 
real decreto atribuye a la Dirección General de la Juventud, se consideraron asumibles 
dentro del régimen ordinario de provisión, lo que conduce a que el Tribunal repute no 
ajustado a Derecho el apartado 2.e), relativo a la Dirección General del Instituto de la 
Juventud, de la disposición adicional séptima del Real Decreto 139/2020, de 28 de 
enero, considerando que deben explicarse en el real decreto que crea o modifica la 
estructura de un departamento ministerial, de modo suficiente y razonado, no de forma  es
genérica  e  inconcreta,  los  motivos  de  esa  excepción,  al  considerar  que  son  los  o
elementos objetivos vinculados a las funciones y competencias de una determinada  61ww
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artículo séptimo del Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, son las asignadas a la
Secretaría de Estado para la Agenda 2030, órgano superior de la Administración General 
del Estado, por lo que la justificación contenida en el Real Decreto 139/2020, de 28 de 
enero, toda vez que las funciones de la citada dirección general serían meramente de 
ejecución  administrativa,  no  resultaría  suficiente  para  explicar  la  concurrencia  de 
especiales características que hagan necesaria la excepción.
En consecuencia, constatadas las deficiencias de motivación puestas de manifiesto 
por la sentencia citada, procede ahora la modificación del Real Decreto 139/2020, de 28 
de enero, con el fin de que las excepciones de la condición de funcionario respecto de la 
persona titular de la Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la 
Agenda 2030, así como de la persona titular de la Dirección General del Instituto de la 
Juventud, queden justificadas conforme a los fundamentos señalados por la propia 
sentencia, teniendo por tanto un encaje adecuado a lo establecido en el artículo 66.2 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre la 
posibilidad de nombramiento de directores generales que no reúnan la condición de 
funcionario, cuando así se permita en el real decreto de estructura.
En  cuanto  a  la  primera,  la  Dirección  General  de  Políticas  Palanca  para  el 
Cumplimiento de la Agenda 2030, según lo establecido en el Real Decreto 452/2020, 
de 10 de marzo, es el órgano directivo que tiene atribuidas las funciones dirigidas a 
acelerar  la  consecución  de  los  objetivos  de  desarrollo  sostenible  que  permitan  el 
cumplimiento por España de la Agenda 2030 y, en concreto, según lo establecido en el 
artículo 7.1.b) impulsar y evaluar las políticas palanca definidas en el Plan de Acción 
para la implementación de la Agenda 2030, aprobado por el Consejo de Ministros del 29 
de junio de 2018.
La aprobación del Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 por el 
Consejo  de  Ministros  tuvo  como  objetivo  el  impulso  de  forma  inmediata  de  nuevas 
políticas,  medidas,  gobernanza  y  métodos  de  trabajo  y  el  compromiso  de  acciones 
inmediatas por parte de la Administración General del Estado, transponiendo a nuestro 
país el enfoque de gestión de la sostenibilidad incluido en la resolución A/RES/70/1 
«Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», aprobado 
por la Asamblea de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. Esta resolución 
plantea un enfoque novedoso, frente a la resolución A/RES/55/2 «Declaración del Milenio» 
que incluía un enfoque de cooperación internacional con los países en desarrollo. La 
resolución de Naciones Unidas sobre la Agenda 2030 aplica los nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) tanto a los países desarrollados como a los países en 
desarrollo y establece la necesidad de actuar dentro de los países y entre ellos.
El nuevo paradigma del Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 
fue acompasado de la creación, mediante el artículo 11 del Real Decreto 419/2018, 
de  18  de  junio,  por  el  que  se  reestructura  la  Presidencia  del  Gobierno,  del  Alto 
Comisionado para la Agenda 2030. Esta nueva organización lleva la gestión de la 
Agenda 2030 dentro de las políticas públicas más allá del enfoque de competencias de 
cooperación  internacional  para  el  desarrollo  sostenible  establecido  en  el  Real 
Decreto 768/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Con el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, se produce la creación de la 
Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, siendo 
el mencionado Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, la norma encargada de definir 
sus competencias. Entre otras, compete a la persona titular de la Dirección General de 
Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030 el impulso, la proyección, el  es
seguimiento  y  la  evaluación  de  las  políticas  palanca  que  permitan  acelerar  la  o
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cumplimiento de la Agenda 2030 de los proyectos normativos de la Administración 
General del Estado.
Tanto el seguimiento del Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, 
como las tareas relacionadas con la Estrategia de Desarrollo Sostenible que el propio 
Plan emplaza a elaborar, exigen de unos conocimientos técnicos específicos en los 
ámbitos incluidos dentro de las políticas palanca y una experiencia profesional previa 
que justifican que su titular no sea necesariamente un funcionario público.
Para la consecución de dichos objetivos, tal y como establece la propia Agenda 2030 
dentro de las metas del ODS 17, y el Plan de Acción para la Implementación de la 
Agenda 2030, en su medida transformadora número 2 relativa al impulso de alianzas 
para los ODS entre todos los actores como vectores de transformación, la Dirección 
General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030 se relaciona 
intensamente con Naciones Unidas, con las instituciones europeas, con el resto de 
administraciones  públicas  competentes,  con  la  sociedad  civil  organizada,  el  sector 
privado, las instituciones académicas y la sociedad en su conjunto. Asimismo, ejerce 
asesoramiento  a  distintos  órganos  de  la  Administración  General  del  Estado  en  los 
asuntos relacionados con el cumplimiento de la citada Agenda 2030.
Consecuentemente,  con  la  función  de  cumplimento  de  la  Agenda  2030  en  los 
proyectos normativos de la Administración General del Estado, la Dirección General de 
Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030 participa en formular la 
política nacional de desarrollo sostenible. Esta política trasciende a las competencias 
meramente  administrativas  necesarias  para  alcanzar  los  diversos  sectores  de  la 
actividad  económica  del  país,  lo  que  requiere  unos  conocimientos  de  todos  estos 
sectores de la actividad empresarial y social que no se exigen en el ámbito de la 
Administración General del Estado en ninguno de los cuerpos de funcionarios cuyos 
cometidos estatutarios se correspondan con la cualificación profesional demandada en la 
gestión de estas áreas.
Por su parte, en el ámbito del Instituto de la Juventud (INJUVE), se considera 
conveniente hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, para su dirección general, en relación con el artículo 100.1, párrafo 
segundo, de esa misma Ley 40/2015, de 1 de octubre, al tratarse del nombramiento de la 
persona titular de un organismo autónomo.
Al respecto, el Gobierno es consciente de las presentes necesidades de la población 
joven en la actual situación sanitaria, social y económica, así como del apoyo que debe 
prestarse para procurar las condiciones para la participación de éstos en el desarrollo 
político, social, económico y cultural de España.
Para su consecución, la Dirección General del Instituto de la Juventud (INJUVE) 
tiene entre sus principales funciones el diseño de las políticas de promoción de la 
igualdad  de  oportunidades  entre  las  personas  jóvenes  y  para  el  fomento  de  la 
participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y 
cultural, así como la dirección de la comunicación externa e interna del organismo.
Dichas funciones requieren de unos conocimientos específicos, unos requerimientos 
técnicos y una experiencia profesional y de relación con organizaciones representativas 
y de la sociedad civil que justifican que su titular no sea necesariamente un funcionario 
público y puedan ser también ejercidas por personas que puedan resultar idóneas para 
su desempeño.
Y  así,  entre  las  funciones  específicas  que  requieren  estos  conocimientos  y 
experiencia se encuentran el diálogo permanente con jóvenes y asociaciones juveniles,  es
la colaboración estrecha con estas y otras organizaciones no gubernamentales, así  o
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funciones del INJUVE, requiere para ser eficaz un conocimiento específico de los medios
y de los códigos comunicativos que actualmente emplean los jóvenes, así como de sus 
campos de interés. A día de hoy el segmento joven es ya una generación nativa digital y 
de marcado carácter audiovisual, que exige rapidez, dinamismo, creatividad y agilidad en 
la comunicación.
En aras de un desempeño adecuado en el cumplimiento de las funciones de esta 
dirección general es preciso atender a las características vanguardistas y las tendencias 
rápidamente cambiantes en los intereses del sector poblacional al que se orientan las 
políticas juveniles, así como a las particularidades del entorno digital en el que este 
sector se desenvuelve en su cotidianeidad. Las dinámicas de información e interrelación 
social entre los jóvenes se dan de forma mayoritaria y creciente en unas redes sociales 
de las cuales es imprescindible conocer los riesgos y oportunidades que ofrece a la 
juventud, así cómo saber comunicar a través de ellas para trasladar de forma eficiente 
los servicios, planes, programas y políticas públicas que la administración implementa en 
beneficio de la juventud.
Estos perfiles profesionales y conocimientos no son exigibles para el acceso a los 
cuerpos  de  la  Administración  General  del  Estado,  motivo  por  el  que  no  resulta 
conveniente limitar las formas de provisión al ámbito público y por el que se considera 
conveniente excepcionar de la reserva funcionarial el nombramiento de la persona titular 
de la Dirección General del Instituto de la Juventud (INJUVE).
Esta  excepción,  por  otro  lado,  ya  está  considerada  como  posibilidad  en  el 
Real Decreto 486/2005, de 4 de mayo, al señalar en su disposición adicional primera que 
el nombramiento del Director General del Instituto de la Juventud se podrá efectuar, en 
atención a las características específicas de las funciones del organismo, entre personal 
que tenga tanto la condición de funcionario como entre aquel otro que no reúna dicha 
condición de funcionario.
El  presente  real  decreto  es  coherente  con  los  principios  de  buena  regulación 
previstos en el artículo 129 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, dado que atiende a la 
necesidad de adaptar la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, 
en lo que a la fundamentación de la excepción de la condición de funcionario se refiere, 
de  dos  direcciones  generales  afectadas  por  la  Sentencia  del  Tribunal 
Supremo 1.471/2021, de 14 de diciembre, y es eficaz y proporcional en el cumplimiento 
de este propósito, sin afectar a los derechos y deberes de los ciudadanos. También 
contribuye a dotar de mayor seguridad jurídica a la organización y funcionamiento de la 
Administración General del Estado, al adecuar aquella a las necesidades organizativas 
existentes.  Cumple  también  con  el  principio  de  transparencia  ya  que  contiene  una 
definición clara de los objetivos y de los motivos a los que responde el real decreto. 
Finalmente, es también adecuado al principio de eficiencia, ya que no impone cargas 
administrativas.
En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, a 
propuesta  de  la  Ministra  de  Hacienda  y  Función  Pública,  y  previa  deliberación  del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de febrero de 2022,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura  s
orgánica básica de los departamentos ministeriales, queda modificado como sigue: oe.
Uno. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional séptima, al que se añade  61ww
un nuevo párrafo m), con la siguiente redacción:
Age«nmda)  20L3a0 .D»irección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la
Dos. Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional séptima, al que se añade 
un nuevo párrafo e), con la siguiente redacción:
«e) Dirección General del Instituto de la Juventud.»
Disposición adicional única. No incremento de gasto público.
La aplicación del presente real decreto no supondrá incremento de gasto público.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 15 de febrero de 2022.
FELIPE R.
La Ministra de Hacienda y Función Pública,
MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO