BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Miércoles 23 de febrero de 2022 Sec. TC.   Pág. 22120
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2923 Pleno. Sentencia 8/2022, de 27 de enero de 2022. Recurso de amparo 
3640-2019. Promovido por don Antonio Javier Rodríguez Naranjo respecto de 
las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la 
Audiencia Provincial de Madrid y un juzgado de primera instancia de Pozuelo 
de Alarcón en juicio ordinario sobre tutela civil del derecho al honor. Supuesta 
vulneración  del  derecho  a  la  libertad  de  expresión:  manifestaciones 
realizadas a través de las redes sociales a partir del desprecio hacia la 
falsedad de los hechos que se narran y sustituyendo una verdad objetiva, 
empíricamente constatable, por una verdad subjetiva.
ECLI:ES:TC:2022:8
El Pleno del Tribunal Constitucional compuesto por el magistrado don Pedro José 
González-Trevijano Sánchez, presidente; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, 
don  Santiago  Martínez-Vares  García,  don  Antonio  Narváez  Rodríguez,  don  Ricardo 
Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón; la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón; los magistrados don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique 
Arnaldo Alcubilla, y las magistradas doña María Concepción Espejel Jorquera y doña 
Inmaculada Montalbán Huertas, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3640-2019, promovido por la procuradora de los 
tribunales doña Marta Isla Gómez, en nombre y representación de don Antonio Javier 
Rodríguez Naranjo y bajo la dirección letrada de don Alejandro Framiñán de Miguel, 
contra la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 236/2019, de 23 de abril, 
que desestima el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación 
interpuesto por el ahora recurrente contra la sentencia 265/2017, de 30 de junio, de la 
Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid por la que se estimó el recurso 
de apelación formulado contra la sentencia 176/2016, de 20 de septiembre, dictada en 
juicio ordinario sobre tutela civil del derecho al honor, dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Ha sido parte don Máximo Pradera 
Sánchez, representado por el procurador de los tribunales don Rafael Gamarra Megías, 
y bajo la dirección letrada de don David Bravo Bueno. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. 
Ha sido ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este tribunal el 11 de junio de 2019, doña Marta  e.
Isla Gómez, en nombre y representación de don Antonio Javier Rodríguez Naranjo y bajo  w.b
la dirección letrada de don Alejandro Framiñán de Miguel, interpuso recurso de amparo  23ww
Dcounotdraé claims as ednet elnac iAasu ddieicntacdiaa sP rpoovri nlac iaSla dlae  dMe alod rCidi vail  dlaesl  Tqruibeu nsael  Shaucpere rmeofe rye lnac iSae eccni óenl 
encabezamiento, alegando la vulneración de su libertad de expresión.
2. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo, relevantes para la 
resolución del caso son, en síntesis, los siguientes:
a) Don  Máximo  Pradera  Sánchez  y  don  Antonio  Javier  Rodríguez  Naranjo 
compartían una sección titulada «Con un par» en el marco del programa radiofónico 
«Julia en la Onda» de la emisora Onda Cero, en la que los periodistas comentaban 
temas de actualidad desde posiciones ideológicamente contrapuestas.
El día 4 de abril de 2014 el señor Rodríguez Naranjo había publicado en el diario 
digital que él mismo dirigía, «El diario de Alcalá», un artículo en el que, bajo el titular «A 
propósito de Aguirre», expresaba su opinión sobre un incidente de tráfico en el que se 
vio envuelta la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. Ese mismo día, el señor 
Pradera Sánchez escribió varios mensajes en el grupo de Whatsapp del programa de 
radio (grupo integrado por ambos periodistas y por la directora y la subdirectora del 
mismo) en los que expresaba su malestar con el artículo y, por extensión, con la persona 
del  señor  Rodríguez  Naranjo,  al  que  reprochaba  haber  falseado  la  realidad  de  lo 
sucedido y ocultar la verdad.
b) El 8 de abril de 2014, el señor Pradera Sánchez envió al señor Rodríguez 
Naranjo un correo electrónico con el siguiente contenido:
«Estimado Antonio
Tienes 24 horas para rectificar tus patrañas sobre Aguirre
Pasado ese plazo, se publica este artículo [reproducido a continuación del mensaje]
Una cosa son las opiniones discrepantes y otra muy distinta LAS MENTIRAS, que no 
estoy dispuesto a tolerar de alguien que se jacta de ser "mi amigo".
No es posible la amistad ni el respeto con un mentiroso
Saludos
Max».
El señor Pradera Sánchez publicó el día 8 de abril de 2014 el susodicho artículo, en 
su blog digital denominado «El Blog de Max Pradera». Consistía en un texto escrito en 
tono sarcástico, bajo el título «Naranjo rectifica» donde el autor se hacía pasar por el 
señor  Rodríguez  Naranjo  para  defender  a  la  señora  Aguirre  (https://
maxpradera.tumblr.com/post/82077821139/naranjo-rectifica).
c) El día 6 de mayo de 2014 se produjo un nuevo incidente entre ellos en que, tras 
haber calificado don Antonio Javier Rodríguez Naranjo de «chorrada» un comentario de 
don Máximo Pradera Sánchez, este se dirigió al primero en los siguientes términos: 
«Bueno, ya es la segunda vez que me faltas al respeto […] te tendré que arrancar la 
cabeza». Continuando la discusión, de nuevo el último manifestó al señor Rodríguez 
Naranjo: «[…] es la última vez que te ríes de mí o me tomas el pelo, soy más alto que tú 
y te voy a machacar».
d) El día 7 de mayo de 2014, el señor Rodríguez Naranjo publicó en su cuenta 
personal de Twitter el siguiente mensaje: «He sido agredido física y verbalmente, con 
testigos y en el estudio de "@Juliaenlaonda", por Máximo Pradera. Tras tres semanas de 
acosos». A lo largo del mismo día 7 el señor Rodríguez Naranjo continuó publicando 
mensajes en su cuenta de Twitter, incluyendo los siguientes:
– «No he contado esto por fastidiar a Máximo Pradera. Yo le tenía mucho afecto. Es 
decencia y honestidad. Espero que se cure y mejore algo […]».
– «Dice @maxpradera que por qué no le denuncio. También ha contado que le  s
agredí yo. Esto solo confirma que necesita ayuda. Yo se la di. Ya no». oe.
– «Ojalá fuera un show. Nunca jugaría con vosotros. Max Pradera no está bien. Y yo  w.
an ou np– ue e«sdp@oe mchiaaaclxiesptrra an.d aLedoraa n  yeMac eep sodirat ases vm.i tMaurcálohx.aim A pohe.o nMrarau, rcclheho ad»vo.asl.  hYoos ttiea sa»p.reciaba un montón. Consulta  2022-2923n https://ww
En esa misma fecha el diario «Periodista Digital» publicó una información firmada por
los periodistas don Juan Velarde y don Luis Balcarce, en que se hacían eco del referido
incidente. Esta noticia se encabezaba con el titular «Agresiones fuera de micro de Julia 
en la Onda», con el subtítulo «Antonio Naranjo acusa a Pradera de "maltratador" por 
agredirle  en  Onda  Cero  con  el  puño  en  alto»;  seguido  de  otro  subtítulo  donde 
literalmente se decía: «Atresmedia no debería tener como tertuliano a un maltratador».
En el cuerpo de la noticia se reproducían entrecomilladas las manifestaciones del 
señor Rodríguez Naranjo al citado medio digital. Por su relación con el uso del sustantivo 
«maltratador» tiene relevancia el siguiente extracto:
«[…] Añade el periodista que Pradera huyó como un conejo al retarle a dirimir el 
tema a puñetazos:
"Por  supuesto,  quiero  dejar  constancia  del  trato  impecable  de  Julia  Otero  que 
entendió en todo momento que yo ya no iba a hacer la sección con este señor y que 
ahora, en vez de hacerla cuatro veces en semana, él la hará solo dos días y yo otros 
dos, pero por separado. También, a modo de reflexión, me gustaría decir que Onda Cero 
y Atresmedia deberían replantearse si les interesa tener a un maltratador y a un agresor 
trabajando o colaborando con su empresa" […]».
En el mismo día y en los inmediatamente posteriores también otros medios de 
comunicación se hicieron eco del incidente, tales como los diarios digitales «Libertad 
Digital», «Ecoteuve» y «Estrella Digital», haciendo hincapié en la agresión denunciada 
por el señor Rodríguez Naranjo. Igualmente, tales acusaciones tuvieron una amplia 
repercusión en Twitter.
e) Don  Máximo  Pradera  Sánchez  presentó  demanda  conforme  a  la  Ley 
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen, contra don Antonio Javier Rodríguez Naranjo, 
por intromisión ilegítima en su derecho al honor.
En la demanda se formulaban, en síntesis, las siguientes alegaciones: (i) en el 
incidente del día 6 de mayo entre los periodistas no hubo agresiones, ni insultos; (ii) el 
día  7  de  mayo  el  demandado  afirmó  falsamente  en  su  cuenta  de  Twitter 
(@AntonioRNaranjo)  que  había  sido  víctima  de  una  agresión  física  por  parte  del 
demandante, que tuvo una amplia difusión; (iii) el mismo 7 de mayo el demandado 
publicó unas manifestaciones en el diario «Periodista Digital», calificando al demandante 
de maltratador en los términos expuestos más arriba; a lo que siguió la acusación en 
sucesivos mensajes de perturbado y de desequilibrado, también en los términos ya 
expuestos; (iv) de lo sucedido se hicieron eco en los días siguientes tres medios digitales 
(«Libertad Digital», «Ecoteuve.es» y «Estrella Digital») y diversas cuentas de Twitter; (v) 
el demandante decidió mantenerse ajeno y no responder para no alimentar la polémica; 
(vi) estas falsas acusaciones generaron un clima contrario al demandante, afectando 
negativamente a su dignidad y reputación profesional y también a su modo de vida, dado 
que el programa radiofónico en el que intervenía fue cancelado y la cadena de radio 
prescindió de sus servicios; (vii) las acusaciones formuladas contra él, por su carácter 
inequívocamente vejatorio y por el descrédito público que generaban, menoscabando su 
reputación profesional, constituían una intromisión ilegítima en el honor del demandante.
Con fundamento en lo precedente, don Máximo Pradera Sánchez solicitó que se 
declarase la existencia de dicha intromisión ilegítima en el honor y se condenara al 
demandado a indemnizarle en 23 324 €, a cesar en la intromisión, a publicar a su costa 
la sentencia de condena en el diario digital que publicó la expresión tenida por ofensiva 
o, subsidiariamente, en la edición digital de un periódico de igual o superior difusión,  es
publicación  que,  en  todo  caso,  deberá  llevarse  a  cabo  en  su  cuenta  de  Twitter  o  bo
cualquier otra de la que pudiera ser titular en el futuro, así como al pago de las costas. 23ww
pdloeesrs ieofh)sd etiiscmEthalóo s sJ l auc zsopgenra e dpateornon tedsdirueóioj nePr ridporiaonmdr  e esraneal n  Iteeneplsn itsccaoioandn cidtioeae x  dte2oe 0 lI  ndddseeíta r us laec6 cp ittdóeieennm  smnabú raemry eo.dl  ae1dc  2eiód0 ne21  06Pq1, ou4cze,ou  neemsnloiad  nqedtureeae nn Aídarleoans r qculuóoltenas     OE-A-2022-29able en https://
acreditado  que  el  demandante  se  dirigió  al  demandado  en  tono  amenazante  e
intimidatorio, y por cuanto las expresiones utilizadas no tenían suficiente gravedad para 
poder  ser  consideradas  como  «expresiones  insultantes,  insinuaciones  insidiosas  y 
vejaciones innecesarias que solo pueden entenderse como insultos o descalificaciones», 
en los términos descritos en la STC 105/1990, de 6 de junio.
g) Don  Máximo  Pradera  Sánchez  recurrió  en  apelación,  oponiéndose  el 
demandado y el Ministerio Fiscal. Por sentencia de 30 de junio de 2017, la Sección 
Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso, revocó la resolución 
de instancia y declaró la existencia de una intromisión ilegítima en el derecho al honor 
del demandante, condenando al demandado a cesar en su intromisión, indemnizar al 
demandante por daño moral en 5000 € y a publicar a su costa la sentencia en el diario 
«Periodista Digital», o, subsidiariamente, en otro de similares características, y en la 
cuenta personal de Twitter del demandado.
Acotando el objeto a las manifestaciones realizadas por el demandado a raíz del 
incidente entre ambos periodistas ocurrido el 6 de mayo de 2014, como fundamentos de 
esta resolución la Audiencia Provincial expuso, resumidamente, lo siguiente: i) no existió 
hostigamiento o acoso por parte del demandante, sino una crisis en la relación entre 
ambos, con descalificaciones mutuas; ii) no existió ni el maltrato ni la agresión física 
denunciada por el ahora apelado; iii) no está justificado que se describa al demandante 
de persona violenta en su ámbito profesional, a través de unos medios de gran difusión, 
como la red Twitter y el periódico digital mencionado; iv) esas manifestaciones carecían 
de interés general; v) respecto de las expresiones proferidas y su difusión, se trata de 
manifestaciones gratuitas, «fríamente planteadas», que no tienen otra intención que 
ofender  al  demandante,  no  siendo  una  disputa  privada,  pues  era  conocido  que  al 
difundirse en Twitter era accesible a cualquier persona. Finalmente, se concluye que se 
había producido una vulneración del derecho al honor del demandante, al difundir el 
demandado una imagen negativa de aquel en redes sociales y medios digitales, como 
sujeto acosador y agresivo, que no está amparada por la libertad de expresión.
En el fallo de la sentencia estimatoria de la apelación «se condena al demandado a 
indemnizar por daños, al demandante, en la suma de 5 000 €» y a «publicar a su costa la 
sentencia  en  "Periodista  Digital"  o  subsidiariamente  en  un  medio  de  similares 
características, y finalmente a publicar en su cuenta de Twitter el texto de la sentencia 
estimatoria» y todo ello «sin imposición de costas en ambas instancias».
h) Habiéndose  interpuesto  por  el  demandante  de  amparo  sendos  recursos, 
extraordinario de infracción procesal y de casación, ambos resultaron desestimados por 
sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 23 de abril de 2019, que 
confirmó la sentencia impugnada.
En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, este se fundó en la 
contravención del art. 24 CE, al estimar el recurrente que el tribunal de apelación había 
incurrido en una «valoración arbitraria, ilógica e irrazonable de la prueba» considerando 
acreditado que no hubo agresión física por parte de don Máximo Pradera Sánchez a don 
Antonio  Javier  Rodríguez  Naranjo,  y  que  el  último  llamó  «maltratador»  al  primero. 
Rechazando tales argumentos y respecto al primer aspecto, la Sala consideró que la 
equiparación entre amenazas verbales («te voy a tener que arrancar la cabeza […]», 
amenaza pronunciada por el señor Pradera) y una agresión física real que denunciaba el 
recurrente entrañaba una «inadmisible banalización de la violencia». En relación con el 
uso  de  la  expresión  «maltratador»,  la  Sala  confirmó  que  el  recurrente  no  había 
conseguido desvirtuar «la valoración conjunta de la prueba por el tribunal sentenciador».
Como fundamento del recurso de casación, el recurrente alegó la infracción de la  es
doctrina jurisprudencial sobre ponderación de los derechos en litigio, al haber negado el  o
pditrnrereitbelee uverviénoaxsap n elr cgendieastern ieó qea nurlpoa,e esl ,n l laiaiam,c  sjipeíuó lnrncici os asqpmduuroou esc d p.ael aosLnsroac  , ei eaSllx  aahop leatrloeic brdshgeeiooarst n adeaedes s t li aqdmp uepróe or i etfneaeefnlroexi drislmsaa ta seasr ncgepicunóoimatnre  ,en ednjcleu it adsout esindfm ipaecao a asnrr íipdtacueaunaldaa colncaió itó ocncn a no drsien eelcda  iuc eolocirbbatnvaenfi lra itcd dateleodal      OE-A-2022-2923able en https://www.
recurrente al sustentarse sus opiniones o juicios de valor en unos hechos inveraces, que
afectaban gravemente a la consideración pública del demandante, con independencia 
del comportamiento impropio del demandante al presumir de su estatura y corpulencia 
para intimidar al demandado. Se sostiene literalmente que «ni la Constitución ni la Ley 
Orgánica 1/1982 ni la jurisprudencia amparan que frente a unos determinados hechos 
reprobables se reaccione exagerándolos hasta la mendacidad para, así, suscitar un 
mayor reproche social hacia la persona que nunca llevó su comportamiento hasta el 
extremo  que  se  le  imputa».  Esa  falta  de  veracidad,  precisamente,  determinaría  la 
ilegitimidad de la intromisión en el honor del demandante, con independencia de que se 
admitiera el interés general de lo comunicado y publicado por el demandado, en atención 
a  «la  condición  de  importantes  profesionales  de  la  información  de  demandante  y 
demandado».
3. El demandante de amparo atribuye a la sentencia de 23 de abril de 2019, dictada 
por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y, por extensión a la sentencia de 30 de junio 
de 2017 de la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid, la vulneración 
del derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE], al no haber realizado una 
adecuada ponderación entre el susodicho derecho a la libertad de expresión y el derecho 
al honor de la contraparte.
El recurrente, tal y como sostuvo ante la Audiencia Provincial y ante el Tribunal 
Supremo, entiende que los tuits cuestionados se enmarcan en el ejercicio de la libertad 
de  expresión.  En  la  demanda  se  expone  que,  al  hilo  de  un  suceso  que  afecta 
íntimamente al ámbito personal y a la esfera pública como comunicador de don Antonio 
Rodríguez Naranjo, este decide exponer su versión en las redes sociales, exponiendo su 
opinión a sus seguidores por medio de la red social Twitter. Desde esta posición, el 
recurrente entiende que el Tribunal Supremo confunde ambos derechos (expresión e 
información), y que al considerar falsa la expresión «agresión física», no tiene en cuenta 
lo verdaderamente probado, ni el hecho de que el señor Rodríguez Naranjo sintió 
violencia en el gesto del demandante de la instancia, y que eso fue lo expresado a sus 
seguidores  en  las  redes  sociales,  emitiendo  su  opinión  sobre  cómo  se  habían 
desarrollado los hechos. Por tanto, se estaría ante un juicio de valor objetivo enmarcado 
en su derecho a la libertad de expresión del art. 20 CE, no pudiendo exigirse el requisito 
de veracidad a sus manifestaciones al tratarse de una valoración subjetiva de los hechos 
«con independencia de que sea o no veraz, dado que un sentimiento es imposible que 
se preste a una demostración de exactitud».
El escrito de demanda afirma que se está ante un supuesto de colisión de derechos 
fundamentales –derecho al honor del art. 18.1 CE y libertad de expresión del art. 20.1 a) 
CE– en el que la sentencia recurrida da prevalencia al derecho al honor. El recurso 
insiste en que se está en presencia del derecho a la libertad de expresión porque se trata 
de la exteriorización de juicios de valor, ideas y opiniones, teniendo relevancia dicha 
calificación  en  la  medida  en  que  en  el  ejercicio  de  la  libertad  de  expresión  la 
jurisprudencia constitucional considera intrascendente el requisito de la acreditación de 
la veracidad de las afirmaciones y expresiones.
Con cita de las SSTC 11/2000, FJ 8, y 160/2003, FJ 4, la demanda continúa la 
argumentación refiriéndose a los criterios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 
ponderar entre el derecho al honor y la libertad de expresión (relevancia pública del 
asunto; carácter de personaje público del sujeto sometido a crítica u opinión; contexto en 
que se producen las manifestaciones; hecho de que las manifestaciones contribuyan o 
no al debate público). En aplicación de estos criterios al caso, la demanda insiste en que  s
las manifestaciones del recurrente en amparo habrían quedado cubiertas por la libertad  e.
de expresión (con cita adicional de las SSTC 77/2009, 216/2013 y 79/2014), poniendo el  w.
acento en que el condenado por vulneración del derecho al honor es la víctima de la  23ww
(adgerneusinócnia, dqou ey  addeenmunácsi annot eh)a t rsaidboa jaabpaony.a Ldao  aprogru eml emnetadcioió dne c coonmcluunyeic ascoisótne neine nqduoe  qaume b«oesl 
pdreerveaclheon cai ala  ali blae rtinatdr odme iseixópnr eesnió enl  hdae sreidcoh ov ualnl ehroandoor  ppoer rcou apnrotod ulac es eunntae nccoian fruesciuórnr idean  dlaa   BOE-A-cable e
delimitación de ambos derechos a proteger, libertad de expresión e información, al
atribuir a la libertad de expresión un requisito de aplicabilidad como es la veracidad que 
no es predicable del ejercicio de tal derecho contraviniendo la doctrina jurisprudencial 
expuesta, solo subsanable por esta vía de recurso».
Por lo que hace a la justificación de la especial trascendencia constitucional, la 
demanda afirma que el recurso da «ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o 
cambiar  su  doctrina  como  consecuencia  de  un  proceso  de  reflexión  interna 
(STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 6)». Siendo doctrina consolidada que no es exigible el 
requisito de veracidad para la protección del derecho a la libertad de expresión, el 
recurrente defiende que solo se le puede responsabilizar de sus publicaciones y de sus 
tuits dirigidos a sus seguidores, sin que se le pueda acusar de otras informaciones en 
otros medios (acusación de maltrato). Se insiste en este punto en el hecho de que el 
recurrente transmite a sus seguidores su sensación de haber sido «agredido física y 
verbalmente porque así lo siente, no con ánimo de engañar a su seguidores a los que 
nunca  trataría  de  engañar,  porque  son  un  gran  valor  añadido  a  su  profesión  de 
comunicador  y  periodista».  Desde  este  razonamiento,  se  solicita  del  Tribunal 
Constitucional que se pronuncie «sobre la incidencia o no de las nuevas tecnologías en 
las libertades constitucionales: la confrontación entre los medios tradicionales, prensa 
escrita  o  apariciones  en  televisión,  con  los  derechos  de  réplica,  rectificación  que 
configuraban tradicionalmente las infracciones al derecho al honor y donde las personas 
se expresaban libremente, y ahora nos encontramos que el poder expresar una opinión, 
un tuit, no dirigido a una generalidad sino para tus seguidores; al mismo tiempo, que 
gente  ajena  pueda  buscarlo  y  tener  conocimiento  si  es  de  su  interés;  además  la 
posibilidad de retuit, aumentando su circulación, y cómo no, la posibilidad del aludido de 
contestar al autor e intervenir en la misma secuencia inmediatamente. Todas estas 
posibilidades se unen a la casi inmediatez de las comunicaciones y a la escasa vida de 
las mismas, inmediatamente sustituidas por otras noticias novedosas, o camufladas y 
diluidas por otros trendic topics. A ello añadimos que otras personas haters, odiadores, 
intervengan en el proceso y expongan sus opiniones e incluso un menoscabo del honor, 
pero nunca imputable al autor inicial».
Por lo expuesto, se solicita la estimación de su recurso y la declaración de nulidad de 
la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 23 de abril de 2019 y, 
mediante otrosí interesa la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida, pues 
dicha ejecución haría perder al amparo su finalidad, de conformidad con lo previsto en el 
art. 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
4. La Sección Segunda  de la  Sala  Primera de  este tribunal acordó, mediante 
providencia de 10 de febrero de 2020, la admisión a trámite de la demanda de amparo, 
apreciando  que  concurre  en  la  misma  una  especial  trascendencia  constitucional 
(art. 50.1 LOTC) toda vez que el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de 
un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, 
FJ 2 b)]; y, en cumplimiento de lo preceptuado por el art. 51 LOTC, se dirigió atenta 
comunicación a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y a la Sección Duodécima de la 
Audiencia Provincial de Madrid a fin de que remitieran las certificaciones o copias 
adveradas de las actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 4345-2017 
y al recurso de apelación núm. 184-2017, respectivamente. Igualmente, se dirigió atenta 
comunicación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Pozuelo de 
Alarcón  al  objeto  de  que  remitiera  las  certificaciones  o  copias  adveradas  de  las 
actuaciones  correspondientes  al  procedimiento  ordinario  núm.  654-2014,  debiendo  s
previamente  emplazarse  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el  procedimiento,  con  e.
excepción de la parte demandante, al objeto de que comparecieran, si así lo deseaban,  w.
en  el  presente  recurso  de  amparo.  Asimismo,  se  formó  la  correspondiente  pieza  23ww
sreecpuarrraednate  dpea rsau qspueen aslieógna, rcaonn lcoe qduieen edsot imuna rpalna zcoo ncvoemnúienn tael  aMl irneisspteercioto F.iscal y a la parte
5. Por escrito registrado el 17 de febrero de 2020, la parte recurrente presentó
alegaciones, ampliando las expuestas en la demanda de amparo respecto de la solicitud
de  suspensión,  distinguiendo  entre  los  diversos  pronunciamientos  contenidos  en  la 
resolución impugnada. Así, en relación con la publicación de la sentencia se aduce que 
produciría un perjuicio irreparable, real, concreto e irreversible; mientras que acerca de la 
suspensión del abono de la indemnización establecida se afirma que el demandante ya 
se había resarcido de los anticipos económicos que realizó, pues se habían abonado los 
gastos ocasionados con motivo de la asistencia letrada y la representación procesal, 
añadiendo que la suspensión del pago de la indemnización no supondría ningún perjuicio 
a tercero, ni perturbación de ningún derecho constitucional.
6. Con  fecha  25  de  febrero  de  2020,  el  fiscal  presentó  escrito  favorable  a  la 
suspensión de la publicación de la sentencia impugnada, al objeto de salvaguardar su 
efectividad para el caso de que se estimara el amparo solicitado, de modo similar a lo 
resuelto en supuestos equiparables; no así de los efectos económicos de la condena, al 
ser perfectamente subsanable mediante la reversión de las cantidades abonadas.
7. Por auto 49/2020, de 15 de junio, de la Sala Primera, se resolvió conceder la 
suspensión interesada en lo relativo a la publicación de la sentencia impugnada, como 
interesó el Ministerio Fiscal, a la vista de las dificultades de reparar los daños que 
pudiera causar, particularmente, por la pérdida de credibilidad del afectado. No obstante, 
se desestimó la solicitud en lo que se refiere a la vertiente económica, dada la facilidad 
para  subsanar  esta  actuación  mediante  la  devolución  de  la  cantidad  satisfecha  si 
finalmente se estima el recurso de amparo.
8. Por escrito fechado el 21 de julio de 2020, se personó en el proceso de amparo 
don Máximo Pradera Sánchez, solicitando que se le diera vista de las actuaciones y se le 
emplazase para la presentación de las alegaciones procedentes.
9. Mediante diligencia de ordenación de 4 de agosto de 2020, se tuvieron por 
recibidos los testimonios de las actuaciones enviadas por la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid y el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Pozuelo de Alarcón; así como por personado y 
parte en las actuaciones a don Máximo Pradera Sánchez. En la misma resolución se 
decidió dar vista de todas las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas 
para que pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes, de conformidad 
con el art. 52.1 LOTC.
10. El 29 de septiembre de 2020, don Rafael Gamarra Megías, procurador de los 
tribunales, en nombre y representación de don Máximo Pradera Sánchez, y bajo la 
dirección  letrada  de  don  David  Bravo  Bueno,  presentó  su  escrito  de  alegaciones 
considerando  correcta  la  ponderación  efectuada  en  la  sentencia  impugnada  y 
solicitando, por consiguiente, la desestimación del recurso de amparo.
Tras repasar la manifestaciones efectuadas por el ahora recurrente de amparo a 
través de su cuenta en la red social Twitter y al diario «Periodista Digital», contenidas en 
los hechos declarados probados por las sentencias de instancia y exponer la distinción 
doctrinal entre la narración de hechos, que se sitúa en el ámbito de la libertad de 
información, y la manifestación de opiniones, enmarcada en la libertad de expresión, 
esta parte niega que la agresión física narrada por el recurrente sea mera exteriorización 
de sus propios sentimientos, a los que no cabe exigirles veracidad, sino que se trataría 
de hechos falsamente atribuidos al señor Pradera Sánchez, que deben enmarcarse en el 
derecho a la información y sometidos a ese requisito de veracidad. Insiste el escrito de  e.
alegaciones en que «[s]egún los hechos probados en este procedimiento y ratificados  w.b
por la sentencia recurrida, tal agresión nunca existió. Ni la narrada –que no "opinada" ni  23ww
t"asmenptoidcao" –e nxiis ttiaemropno cloo sn iinngvuennata dootrsa . eNmupnucjoan heus,b o" mnainngoútanz ocso"n ta–cetno  rfíesaicliod andi , dpicoer  t"amntáos, 
magarneostioanzoess" q, uees teol  reesc,u "rmreánste"  qduei slioesra q rueefe ryiar  ulteil izhaanbdríoa ne xspirdeos apmroepnintea deol  vaenrbteos "–p eog adre"m».ás
El escrito recuerda, asimismo, que el recurrente en amparo participó de la difusión de 
sus tuits en la prensa, concediendo entrevistas que también son objeto del procedimiento 
y publicando tuits adicionales con los que ahondó en el asunto y reafirmó la existencia 
del episodio. Además, en la entrevista a «Periodista Digital» y en los tuits adicionales, el 
recurrente añadió diversas conclusiones y valoraciones injuriosas sobre su propio relato 
inventado, como las de acosador, agresor violento o desequilibrado mental. En suma, el 
recurrente  en  amparo  aprovechó  el  relato  de  un  hecho  ficticio  para  justificar  los 
calificativos y otras expresiones injuriosas referidas en la sentencia impugnada.
En síntesis, el escrito de alegaciones sostiene que: i) teniendo en cuenta que lo 
narrado son hechos y que por tanto deben pretender su amparo en el derecho a la 
información, y partiendo de que tales hechos han sido acreditados como falsos, no 
puede más que concluirse que la sentencia recurrida no solo no contradice sino que 
aplica la doctrina de este tribunal sobre protección del derecho al honor y libertad de 
expresión;  ii)  los  apelativos  dedicados  a  su  persona,  tales  como  «maltratador», 
«acosador», «agresor violento» o «desequilibrado mental», siendo, estos sí, juicios de 
valor,  tampoco  merecerían  amparo  alguno,  al  tratarse  de  expresiones  claramente 
vejatorias,  además  de  inmerecidas,  pues  a  través  de  ellas  se  añade  un  «plus  de 
lesividad» al valorarse hechos que nunca sucedieron.
11. El fiscal presentó alegaciones por escrito de 8 de octubre de 2020, interesando 
la desestimación del recurso de amparo.
En primer término, la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional determina si los hechos 
deben situarse en el contexto de la libertad de expresión o de la libertad de información, 
y si esa cuestión es o no relevante. A ese fin rememora la doctrina constitucional, 
concluyendo que las manifestaciones realizadas por el demandante en su cuenta de 
Twitter el día 7 de mayo («He sido agredido física y verbalmente, con testigos y en el 
estudio de "@Juliaenlaonda", por Máximo Pradera. Tras tres semanas de acosos») 
contienen  una  narración  de  hechos,  que  no  comprende  «ningún  pensamiento,  ni 
valoración, ni opinión», realizada por un periodista profesional al que se le supone un 
dominio  del  lenguaje,  que  excluye  «lapsus  lingüísticos»  que  le  lleven  a  utilizar 
incorrectamente el concepto de «violencia física», con lo que tales manifestaciones 
deben incardinarse en la libertad de información, lo que supedita el amparo pretendido a 
la  constatación  de  su  veracidad.  Por  lo  que  se  refiere  al  empleo  de  la  expresión 
«maltratador»  en  el  artículo  del  diario  «Periodista  Digital»  y  en  días  sucesivos,  se 
considera acreditado que tal expresión fue utilizada por el demandado y que el artículo 
donde se emplea tiene como finalidad dar cuenta de la noticia ocurrida, que sería la 
supuesta agresión física, por lo que se posicionaría también en el contexto de la libertad 
de información.
Analizando separadamente las expresiones antedichas, en la línea de lo afirmado 
por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y con apoyo en la doctrina constitucional, el 
Ministerio Fiscal admite hipotéticamente «la existencia de interés general o noticiable» 
en  las  manifestaciones  del  demandado,  relativas  al  hecho  de  haber  padecido  una 
agresión física por parte del demandante de instancia, claramente inscribibles en la 
libertad de información, pero niega que este factor sea trascendente «porque faltaría el 
otro requisito que debe colmar la información, y es el de la veracidad», pues de lo que se 
trataba era de perjudicar al otro. En consecuencia, no puede prevalecer la libertad de 
información, habiéndose vulnerado el derecho al honor del demandante. En cuanto al 
uso del calificativo «maltratador» y partiendo de que el recurrente era conocedor de la  s
inexistencia de la agresión, el empleo de ese vocablo tampoco podría estar amparada  e.
por  la  libertad  de  expresión,  pues  «[n]o  puede  nunca  considerarse  justificada  la  w.
utilización de un término objetivamente peyorativo, como el que se utilizó, cuando su  23ww
aplicFaincaiólmn eanl ctea,s eol  yf ias claa l preercshoanzaa q luae a sleeg lea cdióirnig idóe, ls ree bcuarsraebnate e, nq uune  hpeacrehcoe f adlseos»p.renderse
dgera vseudsa da fidrme ascuiso npeasl,a bdrea sq sueer íaal  mheanboerr sael  ipr udbilriicgaiddao  tsauns  smoloa naif essutsa csioengeusid oerne sT, wpiutteesr  llaa   BOE-A-cable e
gravedad de una ofensa al honor dependerá del alcance de esa ofensa, no de su
difusión; además de que como indica el propio recurrente esas manifestaciones eran 
accesibles para «gente ajena, es decir no seguidor suyo, […] quedando por tanto abierto 
a un número indeterminado de personas». Sostiene, en definitiva, que el uso de las 
denominadas redes sociales no debe influir en el tratamiento general de estos supuestos 
de colisión de derechos como la libertad de expresión o de información con otros 
derechos individuales, como el honor, la intimidad o la propia imagen.
12. Por providencia de 16 de septiembre de 2021, el Pleno, conforme al art. 10.1 n) 
LOTC, a propuesta de tres magistrados, acordó recabar para sí el conocimiento del 
presente recurso de amparo.
13. Por providencia de 25 de enero de 2022, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 27 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del recurso y posiciones de las partes.
El presente recurso de amparo tiene por objeto la sentencia de 23 de abril de 2019, 
dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo a la que se atribuye la vulneración 
del derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE], infracción que extiende a la 
sentencia de 30 de junio de 2017, de la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial 
de Madrid.
Los hechos determinantes de la condena del recurrente se centran esencialmente en 
el mensaje publicado por don Antonio Javier Rodríguez Naranjo en su cuenta personal 
de Twitter, el día 7 de mayo de 2014, donde se decía: «He sido agredido física y 
verbalmente, con testigos y en el estudio de "@Juliaenlaonda", por Máximo Pradera. 
Tras tres semanas de acosos», y en el uso del calificativo «maltratador» para referirse a 
este  último  en  la  entrevista  que  sirve  de  base  al  artículo  publicado  en  el  diario 
«Periodista digital» ese mismo día bajo el titular «Agresiones fuera de micro de Julia en 
la Onda», con el subtítulo «Antonio Naranjo acusa a Pradera de "maltratador" por 
agredirle  en  Onda  Cero  con  el  puño  en  alto»;  seguido  del  siguiente  subtítulo: 
«Atresmedia no debería tener como tertuliano a un maltratador».
Para el recurrente en amparo, las sentencias impugnadas no efectúan una adecuada 
ponderación de los derechos en conflicto, argumentando, de contrario, a favor de la 
prevalencia de su derecho a la libertad de expresión frente al derecho al honor de don 
Máximo  Pradera  Sánchez.  En  síntesis,  para  el  recurrente  las  manifestaciones 
censuradas reflejan una visión subjetiva de los hechos a la que no cabe exigir veracidad, 
«dado que un sentimiento es imposible que se preste a una demostración de exactitud». 
El demandante en instancia, don Máximo Pradera Sánchez, solicita la desestimación del 
recurso de amparo afirmando que las palabras del recurrente en amparo se enmarcan 
en la libertad de información, estando ausente de las mismas la nota de veracidad 
exigible a la información. En el mismo sentido se pronuncia la Fiscalía ante el Tribunal 
Constitucional,  que  también  interesa  la  desestimación  del  recurso  de  amparo,  al 
entender que las declaraciones del recurrente en amparo se incardinan en la libertad de 
información, incumpliendo el requisito de veracidad que se le exigiría para gozar de 
amparo desde esta perspectiva.
2. Determinación de los derechos en conflicto en el contexto de las redes sociales
A tenor de la diferente perspectiva de las partes en litigio y del Ministerio Fiscal en  es
cuanto  a  la  determinación  del  derecho  fundamental  en  que  debería  inscribirse  la  o
conducta del ahora recurrente, la primera cuestión a dilucidar es si estamos ante el  23www.
didneecr iuedLnciarhoá o  Sue T anoC  tlrl aao6   5dlvib/ae2elr0oer1rtcaa5hdc,o i ód.dnee   d1ee3x  pedrseet seai óbtnrrii bl,ou  pnaoanrl t ecsi otlabarr  eluib nleaar  tlsaeodgl iatdi med eidi nalfados r mcmoanucscióthitnau,sc  tiqooudneaa  l svdeee zrl  eeqfijueeerrec eincl ilaoo    OE-A-2022-29able en https://
esta cuestión, hace hincapié en las dificultades para distinguir, en muchas ocasiones,
entre libertad de expresión y libertad de información. A pesar de ello se insiste en que la 
Constitución  y  la  jurisprudencia  distinguen  entre  el  derecho  a  expresar  y  difundir 
libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier 
otro medio de reproducción, de una parte, y el que tiene por objeto, de otra, la libre 
comunicación de información veraz por cualquier medio de difusión [apartados a) y d), 
respectivamente, del art. 20.1 CE]. Y reconoce que por más que «una libertad y otra 
pueden llegar a entreverarse en los supuestos reales que la vida ofrece (STC 41/2011, 
FJ 2, y resoluciones allí citadas), este distingo entre derechos es de capital importancia, 
pues mientras el segundo de los citados se orienta, sobre todo, a la transmisión o 
comunicación de lo que se tienen por hechos –susceptibles, entonces, de contraste, 
prueba o mentís–, la libertad de expresión tiene su campo de proyección más propio en 
la manifestación de valoraciones o juicios que, es evidente, quedan al margen de toda 
confirmación o desmentido fácticos. Se trata de una diferencia relevante, como es obvio, 
para  identificar  el  ámbito  y  los  límites  propios  de  cada  una  de  estas  libertades» 
[STC 65/2015, FJ 2].
Sin perjuicio de lo anterior, también se ha advertido de que «el deslinde entre ambas 
libertades no siempre es nítido, "pues la expresión de la propia opinión necesita a 
menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa, la comunicación de hechos o 
noticias comprende casi siempre algún elemento valorativo, una vocación a la formación 
de una opinión (SSTC 6/1988, 107/1988, 143/1991, 190/1992 y 336/1993). Por ello, en 
los supuestos en que se mezclan elementos de una y otra significación debe atenderse 
al  que  aparezca  como  preponderante  o  predominante  para  subsumirlos  en  el 
correspondiente  apartado  del  art.  20.1  CE  (SSTC  6/1988,  105/1990,  172/1990, 
123/1993, 76/1995 y 78/1995)" (STC 4/1996, de 16 de enero, FJ 3)» [STC 172/2020, 
de 19 de noviembre, FJ 7 B) b)].
La  constatación  de  las  dificultades  existentes  para  distinguir  entre  libertad  de 
información y libertad de expresión se acentúa cuando se contextualiza el ejercicio de 
una y de otra en el ámbito de internet y, más concretamente, en el de las redes sociales. 
Por esa razón es preciso tener en cuenta los siguientes elementos de juicio.
La  Recomendación  CM/Rec(2014)6  del  Consejo  de  Ministros  a  los  Estados 
miembros del Consejo de Europa sobre una «Guía de los derechos humanos para los 
usuarios de internet» (adoptada por el Consejo de Ministros el 16 de abril de 2014, en 
la 1197 reunión de delegados de los ministros) pone de manifiesto que internet tiene 
características de servicio público, por lo que debe garantizarse su accesibilidad, que se 
preste sin discriminación, que sea asequible, seguro fiable y continuo. Al tiempo esa 
categorización permite a los poderes públicos intervenir en la red para evitar que las 
personas se vean sujetas a injerencias ilícitas, innecesarias o desproporcionadas en el 
ejercicio  de  sus  derechos  fundamentales.  Esta  consideración  se  traduce  en  el 
reconocimiento de que, a través de la red, se puede ejercer la libertad de expresarse en 
línea y acceder a la información, opiniones y expresiones de otras personas, lo que 
incluye todo tipo de discursos sobre cualquier tema. Por lo que hace a las obligaciones 
de las autoridades, la recomendación sostiene que estas tienen el deber de respetar y 
proteger la libertad de expresión e información, de modo que toda restricción a esas 
libertades,  que  se  abordan  indiferenciadamente,  debe  tener  carácter  no  arbitrario, 
obedecer a un objetivo legítimo de acuerdo con el Convenio europeo de derechos 
humanos  (CEDH)  y  debe  ser  conforme  a  la  ley.  En  la  misma  línea,  de  mínima 
intervención sobre las libertades de comunicación, se pronuncia, en el marco de la Unión 
Europea, la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio  es
de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la  o
cpqeinorul finonecsrc omti«mpita[uileo]ciarr i,cóm  inloeáib, n sere  elgnme e ccpuntiarcreóchrrtnuoaicilslca,u  ocleac)iós.ar nt sEoe o nld es ce,seo  ,l mu ldoaneesp r  arcleasirotf eall eirebdvjoleoiec r cite9oatrs sdódp  needdi cceesoí  fue ilcaesxo  np c sreoeeolnnsc ism ióeiednedle  raccrDdoaa ennddrsdoeeao ci gsnhlr,tao ae l dariica nood froem ir(rneDum cnieratieiltv cacaaiórtp iinvoasa  ort pdsasuetdoiee obnud rene1e      OE-A-2022-2923able en https://www.
del artículo 10 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, ratificado por todos los Estados miembros; por esta razón, las 
directivas que tratan de la prestación de servicios de la sociedad de la información deben 
garantizar  que  se  pueda  desempeñar  esta  actividad  libremente  en  virtud  de  dicho 
artículo,  quedando  condicionada  únicamente  a  las  restricciones  establecidas  en  al 
apartado 2 de dicho artículo y en el apartado 1 del artículo 46 del Tratado».
Por  tanto,  no  cabe  duda  de  que  las  libertades  de  comunicación  –libertad  de 
información y libertad de expresión– también se ejercitan a través de las herramientas 
que facilita internet [en este sentido SSTEDH de 18 de diciembre de 2012, asunto Ahmet 
Yildirim c. Turquía, § 48, y de 10 de marzo de 2009, asunto Times Newspapers Ltd. c. 
Reino Unido (núms. 1 y 2), § 27], como lo son las redes sociales, siendo susceptibles de 
verse limitadas por el poder público allí donde se prevén también límites para el ejercicio 
de estas fuera del contexto de internet. La STEDH de 10 de marzo de 2009, asunto 
Times Newspapers Ltd. c. Reino Unido (núms. 1 y 2), establece que el art. 10 CEDH 
«garantiza no solo el derecho a difundir información, sino también el derecho del público 
a recibirla (véanse Observer y Guardian c. Reino Unido, de 26 de noviembre de 1991, § 
59 (b), […] y Guerra y otros c. Italia, de 19 de febrero de 1998, § 53, […]). Debido a su 
accesibilidad y a su capacidad para almacenar y difundir grandes cantidades de datos, 
los sitios de internet contribuyen de manera significativa a mejorar el acceso del público 
a las noticias y, en general, a facilitar la comunicación de la información» (§ 27). Del 
mismo modo que lo formula el Tribunal de Estrasburgo, podemos afirmar que la doctrina 
constitucional elaborada en torno a las libertades de información y expresión contenidas 
en el art. 20 CE, se proyecta al ejercicio de estos derechos cuando los mismos se 
encuentran  presentes  en  la  comunicación  a  través  de  internet.  No  obstante,  esa 
proyección no puede ser automática, y debe tener en cuenta las particularidades que se 
identifican en la comunicación a través de estos medios y muy concretamente a través 
de las redes sociales.
En primer término, es preciso tener en cuenta que el uso de las herramientas 
digitales convierte a sus usuarios en creadores de contenidos, emisores, difusores y 
reproductores de esos contenidos. En la STEDH de 16 de junio de 2015, asunto Delfi AS 
c. Estonia, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos expresa esta 
particularidad de forma clara: «la posibilidad de que los individuos se expresen en 
internet constituye una herramienta sin precedentes para el ejercicio de la libertad de 
expresión. Se trata de un hecho indiscutible, como ha reconocido en varias ocasiones 
[véanse Ahmet Yildirim c. Turquía, núm. 3111-10, § 48, TEDH 2012, y Times Newspapers 
Ltd. c. Reino Unido (núms. 1 y 2), núms. 3002-03 y 23676-03, § 27, TEDH 2009]. Sin 
embargo,  las  ventajas  de  este  medio  van  acompañadas  de  una  serie  de  riesgos. 
Contenidos  claramente  ilícitos,  incluido  el  difamatorio,  odioso  o  violento,  pueden 
difundirse como nunca antes en todo el mundo, en cuestión de segundos, y a veces 
permanecer en línea durante mucho tiempo».
Por tanto, los usuarios pueden llegar a desempeñar un papel muy cercano al que 
venían  desarrollando  hasta  ahora  los  periodistas  en  los  medios  de  comunicación 
tradicionales; esos medios también pueden usar las plataformas que ofrece internet para 
la  difusión  de  sus  contenidos;  y  los  periodistas  pueden  ejercer  las  libertades 
comunicativas asimismo a través de las redes sociales, con perfiles personales en los 
que no dejan de ser percibidos como periodistas por sus seguidores, y por el resto de 
usuarios. Esta intersección de estatutos introduce dificultades añadidas a la hora de 
examinar la adecuación constitucional de los límites que se introducen al ejercicio de las 
libertades de expresión y de información. Y tampoco facilita la desagregación entre estos  es
dos derechos, libertad de expresión y derecho a la información, que nuestro sistema  o
slcEibeoue nrcrosAtotpacintaduuc  dcodreii eoedt nanreea d acllo a i db trUaiiafre n virlniéaeófs nno dc rdEmioaeuca  rtcclroaliianpó lraeniab a.me,c roqetanundsete t id,st ueenc  oriooe pnsfiiuaneclir,óee nndr,e i aellaa nut dilnviobaa e  agrastealí n deeé nlrdei cemea lte  rlcnaibotneonsr tmtepaxirdteti rodd  ieond mfeeolix rnmpCaroanenctseisióó enndjo  eyq   udlleaea     OE-A-2022-2923able en https://www.
comunicación, puede llegarse a una conclusión similar, que exija examinar la fiabilidad
de la base fáctica en la que se basan los tuits y las declaraciones objeto de juicio en la 
instancia. Así, puede entenderse que el elemento predominante de las manifestaciones 
efectuadas el día 7 de mayo a través de su cuenta de Twitter por don Antonio Javier 
Rodríguez Naranjo («He sido agredido física y verbalmente, con testigos y en el estudio 
de "@Juliaenlaonda", por Máximo Pradera. Tras tres semanas de acosos») constituye 
esencialmente una narración de hechos, una «transmisión o comunicación de lo que se 
tienen por hechos». En el sentido expuesto por el Ministerio Fiscal, se rechazan las 
alegaciones del recurrente acerca de que se estaría formulando una mera opinión, «una 
evaluación personal y subjetiva» de los hechos. El añadido del vocablo «física» para 
calificar la supuesta violencia ejercida sobre su persona, por oposición a la violencia 
verbal que también dice haber padecido, concreta una determinada acción material 
perpetrada sobre su cuerpo, que no se produjo si atendemos a los hechos declarados 
probados  en  la  instancia;  debiendo  excluirse  que  por  el  recurrente,  un  periodista 
profesional al que se le supone un dominio del lenguaje, se incurriera en un «lapsus 
lingüístico» al exponer los hechos que le hubiera llevado a utilizar incorrectamente el 
concepto de «violencia física», como también aduce el fiscal.
En cuanto al uso del calificativo «maltratador» por el recurrente en el curso de la 
entrevista que sirvió de base al artículo publicado en el diario «Periodista Digital», 
aisladamente considerado y en su plasmación en algunas de las frases contenidas en el 
referido artículo (como cuando se afirma «Atresmedia no debería tener como tertuliano a 
un  maltratador»),  podría  asimilarse  a  una  opinión  o  juicio  de  valor,  pero  las 
características de este supuesto, a las que nos hemos venido refiriendo, exigen evitar 
esa diferenciación formal y acudir a la idea de la suficiencia de la base fáctica en la que 
se apoyan el conjunto de las expresiones utilizadas por el recurrente en amparo. Debe 
insistirse en la circunstancia de que los hechos se transmiten a través de las redes 
sociales, que es la presencia en redes la que atribuye relevancia a los hechos relatados 
y que lo que se contiene en la noticia posterior en prensa escrita es una reproducción de 
aquellos hechos, acompañada por los comentarios del recurrente en amparo. Por eso, 
en el conjunto del artículo, el vocablo «maltratador» se muestra inescindiblemente ligado 
a la narración de los hechos acaecidos según el relato del ahora recurrente, cobrando 
sentido solo en el marco de la supuesta violencia física que le sirve de sustento, y que se 
ha revelado falsa. Tal vínculo se pone claramente de manifiesto en el subtítulo que reza: 
«Antonio Naranjo acusa a Pradera de "maltratador" por agredirle en Onda Cero con el 
puño en alto». Y otro tanto se desprende del cuerpo de la noticia cuando se sostiene que 
«me gustaría decir que Onda Cero y Atresmedia deberían replantearse si les interesa 
tener a un maltratador y a un agresor trabajando o colaborando con su empresa». Por 
consiguiente,  el  empleo  de  semejante  expresión,  que  separadamente  podría 
considerarse una opinión, ha de valorarse como parte de la narración de los hechos 
llevada a cabo por el recurrente al periódico, dentro de los parámetros constitucionales 
que legitiman el ejercicio de la libertad de información.
3. Doctrina constitucional sobre el derecho a la libertad de información [art. 20.1 d) 
CE] en su colisión con el derecho al honor (art. 18 CE) en el contexto de las redes 
sociales
El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de elaborar una amplia y plenamente 
consolidada doctrina sobre el derecho al honor (art. 18.1 CE), la libertad de información 
[art. 20.1 d) CE] y la eventual confluencia conflictiva de tales derechos. De hecho, esta 
última situación ya se encuentra prevista en el art. 20.4 CE cuando establece que la  e.e
libertad de información y el resto de los derechos y libertades previstos en este precepto  w.b
«tienen  su  límite  en  el  respeto  a  los  derechos  reconocidos  en  este  título,  en  los  23ww
ipnrteimceidpatods,  ad ela  lapsro lpeiyae ism qaugee nl oy  dae lsaa prrrooltleecnc yió, ne dspee laci ajulmveennttued,  ye nd ee ll ad einrfeacnhcoia a»l. honor, a la
jurídCicoon c cuayraá pctreerc igsieónne draelp, ehnedmeo dse  slaoss tneonridmoa sq,u vea leolr edse ere icdheoa sa sl ohcoianloers  evsig e«nutne sc oennc ceapdtoa 
momento» (STC 112/2000, de 5 de mayo, FJ 6, también STC 180/1999, de 11 de
octubre, FFJJ 4 y 5, y las sentencias allí citadas), que garantiza, en términos positivos, 
«la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a expresiones o mensajes 
que lo hagan desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio 
o que sean tenidas en el concepto público por afrentosas» (STC 216/2013, de 19 de 
diciembre, FJ 5) y proscribe el «ser escarnecido o humillado ante sí mismo o ante los 
demás» (STC 127/2004, de 19 de julio, FJ 5), proyectándose también sobre la vida 
profesional del sujeto, «vertiente esta de la actividad individual que no podrá ser, sin 
daño para el derecho fundamental, menospreciada sin razón legítima, con temeridad o 
por capricho» (STC 65/2015, de 13 de abril, FJ 3).
Por lo que hace al impacto que puedan tener las redes sociales en los derechos de la 
personalidad, ya se ha dicho en la STC 27/2020, de 24 de febrero, donde se oponía la 
libertad de información al derecho a la propia imagen, que «[e]n este contexto es 
innegable que algunos contornos de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad 
y a la propia imagen (art. 18 CE), garantes todos ellos de la vida privada de los 
ciudadanos,  pueden  quedar  desdibujados  y  que  la  utilización  masificada  de  estas 
tecnologías de la información y de la comunicación, unida a los cambios en los usos 
sociales que ellas mismas han suscitado, añaden nuevos problemas jurídicos a los ya 
tradicionales» (FJ 3), pero también lo es «que los usuarios continúan siendo titulares de 
derechos fundamentales y que su contenido continúa siendo el mismo que en la era 
analógica» (ibidem). Esta identidad de contenido no impide que se tengan en cuenta las 
particularidades  que  presentan  las  redes  sociales  a  la  hora  de  evaluar  cómo  los 
derechos de la personalidad actúan en tanto límites de las libertades de comunicación.
Respecto a la trascendencia de la libertad de información, la STC 172/2020, de 19 de 
noviembre, recuerda que el libre ejercicio del derecho a comunicar o recibir libremente 
información veraz, consagrado en el art. 20 CE, «garantiza la formación y existencia de 
una opinión pública libre, "garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser 
una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al 
funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares 
de una sociedad libre y democrática. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus 
opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también 
informado  ampliamente de  modo  que pueda  ponderar opiniones diversas e incluso 
contrapuestas" (STC 159/1986, de 16 de diciembre, FJ 6; y SSTC 21/2000, de 31 de 
enero, FJ 4, y 52/2002, de 25 de febrero, FJ 4; en el mismo sentido, SSTEDH de 7 de 
diciembre de 1976, caso Handyside c. Reino Unido, § 49, y de 6 de mayo de 2003, caso 
Appleby y otros c. Reino Unido, § 39). El papel esencial que para el funcionamiento de la 
democracia desempeña la libertad de comunicar o recibir información determina que el 
objeto de protección del art. 10.1 CEDH, como señala el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, abarque no solo la esencia de las ideas y la información expresada, sino 
también la forma en que se transmiten (STEDH de 24 de febrero de 1997, caso De Haes 
y Gijsels c. Bélgica, § 48); protección que alcanza a internet, dada su capacidad para 
conservar y difundir gran cantidad de datos e informaciones, lo que contribuye a mejorar 
el acceso del público a las noticias y la difusión de información en general [STEDH de 10 
de marzo de 2009, caso Times Newspapers Ltd. c. Reino Unido (núms. 1 y 2), § 27]» 
[STC 172/2020, FJ 7 B) a)].
En esa misma resolución, se afirma que «[e]l ejercicio del derecho a la información 
no  es,  en  modo  alguno,  un  derecho  absoluto,  pues  está  sujeto  a  límites  internos, 
relativos a su propio contenido: la veracidad y la relevancia pública; y a límites externos, 
que se refieren a su relación con otros derechos o valores constitucionales con los que  es
puede entrar en conflicto: los derechos de los demás y, en especial y sin ánimo de  o
de[laSex Thj ueCaSvnu eee1sngr7totúi2vu,ni/ dd2F  a0yJlda2  l2, a0  e ,bd inlF)o ;dfJc ae1 tn7rr8ice n7Bicaa/)h1,   do9ac) 9r]aot9..ln  ,h2 sdo0tietn.u4 o2c rC5i,o  Eadn  ea[laS l o SicncTttouiCmnb sri1deo7a,li 0ddF/a,1J da 95a 9l,,a 4 y ,p  l5adro2 ep/ v27iea0 dr 0iaem2c ,jaiu ddgnaeeido n2 ,  5yFd  Jeda  e 2la ;lfa  e6p b/r1rione9tfer9ooc5r,cm , FiódaJnec   4idó1]en0»     OE-A-2022-2923able en https://www.
suministrada y su interés o relevancia pública condicionarán su protección constitucional,
si bien en la sentencia que venimos evocando se expone que «es reiterada doctrina, 
sintetizada en la STC 52/2002, de 25 de febrero, FJ 5, que "no supone la exigencia de 
una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, de modo que puedan 
quedar exentas de toda protección o garantía constitucional las informaciones erróneas o 
no  probadas,  sino  que  se  debe  privar  de  esa  protección  o  garantía  a  quienes, 
defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúen con menosprecio de 
la veracidad o falsedad de lo comunicado, comportándose de manera negligente e 
irresponsable, al transmitir como hechos verdaderos simples rumores carentes de toda 
contrastación o meras invenciones o insinuaciones" […]» [STC 172/2020, FJ 7 B) d)]. Así 
como, en relación con el requisito de la relevancia pública de la información, que «este 
tribunal ha declarado que una información reúne esta condición "porque sirve al interés 
general en la información, y lo hace por referirse a un asunto público, es decir, a unos 
hechos o a un acontecimiento que afecta al conjunto de los ciudadanos" (STC 134/1999, 
de 15 de julio, FJ 8)» [STC 172/2020, FJ 7 B) d)].
La  exceptio  veritatis  o  exigencia  de  veracidad  que  se  contempla  en  este 
pronunciamiento se proyecta en este caso a la base fáctica, que sustenta tanto la 
transmisión  de  hechos  como  la  formulación  de  juicios  de  valor  derivados  de  tales 
hechos, en el sentido expuesto en el fundamento anterior, porque quien actúa como 
emisor es un periodista, esto es, un profesional de la comunicación.
Las razones por las que actúa esta excepción, con los condicionantes descritos, es 
clara: «Según el apartado 2 del artículo 10 de la Convención, la libertad de expresión 
conlleva  "deberes  y  responsabilidades",  que  también  se  aplican  a  los  medios  de 
comunicación, incluso con respecto a asuntos de grave interés público. Además, estos 
"deberes y responsabilidades" pueden cobrar importancia cuando se trata de atacar la 
reputación de una persona determinada y vulnerar los "derechos de los demás". Por lo 
tanto, se requieren motivos especiales para dispensar a los medios de comunicación de 
su obligación ordinaria de verificar las afirmaciones de hecho que son difamatorias para 
los particulares. La existencia de tales motivos depende, en particular, de la naturaleza y 
el grado de la difamación en cuestión y de la medida en que los medios de comunicación 
puedan considerar razonablemente que sus fuentes son fiables con respecto a las 
alegaciones  (véanse  Lindon,  Otchakovsky-Laurens  y  July  c.  Francia  [GC],  núms. 
21279-02 y 36448-02, § 67, TEDH 2007-..., y Pedersen y Baadsgaard c. Dinamarca 
[GC], núm. 49017-99, § 78, TEDH 2004-XI)» (STEDH de 30 de mayo de 2013, asunto 
OOO "Vesti" y Ukhov c. Rusia, § 60).
Más allá de la excepción de veracidad, la articulación del derecho al honor como 
límite del ejercicio de las libertades de comunicación que se canalizan a través de 
internet y, en particular, a través de las redes sociales exige tomar en consideración, al 
menos, los siguientes elementos:
(i) Las redes sociales actúan sobre los ejes de la inmediatez y rapidez en la difusión 
de  contenidos,  la  dificultad  de  establecer  filtros  a  priori  en  esa  difusión,  y  la 
potencialmente amplia –y difícilmente controlable– transmisión de sus contenidos. Ello 
supone una capacidad para influir en la opinión pública exponencialmente superior a la 
de los medios de comunicación tradicionales que, por lo demás, también se sirven de las 
redes sociales para difundir sus contenidos, e incluso para manejar los tiempos y la 
capacidad de impacto de una determinada información. Las características apuntadas, 
como contrapunto, suponen un mayor riesgo de vulneración de los derechos de la 
personalidad de terceros. Este se mitiga o se acrecienta en función de elementos tales  s
como la cantidad de seguidores de un determinado perfil, el que este corresponda a un  e.
personaje público o privado, el hecho de que medios de comunicación clásicos o perfiles  w.
sumamente influyentes puedan llegar a generar un efecto multiplicador del mensaje y la  23ww
rcaupeindteaz  ae flae chtiovraa  cdoen  eqvuaelu saer  eplr oimpapgaac teol  qmueen lsaasj ee.x Eprsetossio neelesm oe nintofosr mhaanc iodnee sse vr otelcnaiddaoss  eenn 
prerodteesc csióonci adlee sd ahtoasn  dpeo udnid ote rtceenreor. en el derecho al honor, intimidad, propia imagen o  BOE-A-cable e
(ii) La autoría de las opiniones o informaciones de quienes se manifiestan a través 
de las redes también es un elemento para tener en cuenta a la hora de formular el juicio 
de proporcionalidad de las limitaciones al ejercicio de las libertades comunicativas. En 
las redes sociales son distintas las posiciones de quien crea el contenido, de quien lo 
reproduce haciéndolo suyo o de quien lo traslada sin más y, por supuesto, ninguna de 
ellas puede confundirse con la posición de la propia empresa que da el soporte a la red 
social  y  que  puede,  eventualmente,  establecer  algún  tipo  de  filtro  preventivo  o  de 
supresión de contenidos o suspensión de perfiles, llegado el caso. A su vez, y en lo que 
hace  al  estatuto  del  usuario,  no  solamente  difieren  entre  sí  al  adoptar  roles  o 
protagonismo diversos en redes, sino que difieren con carácter previo en función del 
anonimato del perfil, del carácter de personaje público de ese usuario, del hecho de que 
se trate de un profesional de la comunicación o no, de que el perfil sea institucional o 
personal, por ejemplo, y de que actúe en redes a cambio de una contraprestación 
económica o no lo haga.
(iii) Los destinatarios del mensaje, tanto los potenciales como los que finalmente han 
resultado receptores del mismo, también conforman un elemento para tener en cuenta 
en el juicio relativo al ejercicio de las libertades comunicativas o, al menos, en el examen 
relativo a la proporcionalidad de las medidas concretas restrictivas de este tipo de 
libertades. Del mismo modo que se asume que la amplitud de la difusión de un reportaje 
en un medio de comunicación clásico incide a la hora de formular un juicio sobre la 
adecuación de las restricciones, (en este sentido, STEDH de 7 de febrero de 2012, 
asunto Axel Springer AG c. Alemania, Gran Sala), ese elemento no puede ignorarse a la 
hora de evaluar el impacto de una determinada opinión o información difundida en redes. 
Si bien la afectación del derecho al honor, por ejemplo, del destinatario de una expresión 
injuriosa contenida en un tuit existe desde que el mensaje ha sido compartido, no es lo 
mismo que tal mensaje haya sido leído por una persona o por un millón, porque la 
imagen pública del titular del derecho al honor, y la percepción de esa imagen por 
terceras personas, no han quedado afectadas con la misma intensidad en uno y otro 
caso.
(iv) Por lo que hace al contenido de los mensajes, el margen de apreciación del 
Estado a la hora de restringir el derecho a la libertad de expresión varía en función de 
una  serie  de  factores  que  la  jurisprudencia  del  Tribunal  de  Estrasburgo  identifica 
claramente. La STEDH de 13 de julio de 2012, asunto Mouvement Raëlien Suisse c. 
Suiza, de la Gran Sala, es ilustrativa a este respecto: «Si bien el artículo 10.2 del 
Convenio deja poco margen para las restricciones a la libertad de expresión en asuntos 
políticos (véase Ceylan c. Turquía [GC], núm. 23556-94, § 34, TEDH 1999-IV), los 
Estados firmantes tienen generalmente un margen de apreciación más amplio a la hora 
de regular la libertad de expresión en ámbitos susceptibles de ofender convicciones 
personales íntimas de carácter moral o, más particularmente, religioso (véase Murphy, 
citada  anteriormente,  §  67).  Del  mismo  modo,  los  Estados  disponen  de  un  amplio 
margen de apreciación a la hora de regular la expresión comercial y publicitaria».
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es categórica cuando 
afirma  que  los  mensajes  difundidos  por  internet  se  benefician  de  una  protección 
equivalente a la que merecen los otros medios de comunicación, en lo que hace al 
respeto del debate político, en particular si quien emite el mensaje es un representante 
elegido por la ciudadanía. Es decir, el art. 10 CEDH exige un alto nivel de protección del 
derecho a la libertad de expresión cuando se trata de la difusión de un mensaje político o 
activista y ese margen permite a los representantes del ciudadano en cualquier ámbito,  es
en particular cuando actúan como opositores políticos, utilizar un lenguaje virulento y  o
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(v) La difusión en línea de ataques personales, que sobrepasan el marco de un 
debate sobre las ideas, no está protegida por el art. 10 CEDH (en este sentido, STEDH 
de 16 de enero de 2014, asunto Tierbefreier E.V. c. Alemania).
(vi) Por  último,  y  en  relación  con  el  efecto  desaliento,  o  efecto  disuasivo  del 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión en redes sociales, la valoración relativa a 
su concurrencia no puede ignorar la intensidad de la sanción, sea esta penal o, como es 
aquí  el  caso,  civil.  Esta  cuestión  debe  ser  analizada  a  la  hora  de  examinar  la 
proporcionalidad de una medida restrictiva (STEDH de 13 de julio de 2012, asunto 
Mouvement Raëlien Suisse c. Suiza, de la Gran Sala, § 75). En este sentido, el hecho de 
que la limitación del ejercicio del derecho tenga como consecuencia la imposición de la 
obligación de pagar una indemnización, y el alcance más o menos moderado de la 
cuantía,  no  es  argumento  bastante  para  hacer  desaparecer  el  riesgo  del  efecto 
desaliento, tal y como se deriva de la STEDH de 10 de julio de 2014, asunto Axel 
Springer  AG  c.  Alemania  (núm.  2),  que  recoge  a  este  respecto  la  cita  de  otros 
pronunciamientos previos.
4. Aplicación de la doctrina constitucional al presente caso
Resta  por  determinar  si  resultó  procedente  la  condena  de  don  Antonio  Javier 
Rodríguez Naranjo por la intromisión ilegítima en el derecho al honor de don Máximo 
Pradera Sánchez; o si, por el contrario, la conducta del primero resulta merecedora de 
protección constitucional, como interesa el recurrente. Este juicio, tal y como se expuso 
en la STC 93/2021, de 10 de mayo, no se limita a evaluar la adecuación argumental, la 
razonabilidad o la suficiente motivación de las resoluciones de instancia, habida cuenta 
de la naturaleza sustantiva de los derechos fundamentales alegados y el contenido de la 
jurisdicción  de  amparo.  En  estos  casos,  debe  insistirse  en  que  «la  función  que 
corresponde a este tribunal no se circunscribe a realizar un simple juicio externo de las 
resoluciones dictadas por los jueces y tribunales ordinarios, sino que vinculados a los 
hechos declarados probados en la vía judicial [art. 44.1 b) de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC) y STC 25/2019, de 25 de febrero, FJ 2 g)], hemos de 
aplicar a los hechos de los que parten esas resoluciones las exigencias dimanantes de la 
Constitución para determinar si, al enjuiciarlos, han sido o no respetadas, aunque para 
este  fin  sea  preciso  utilizar  criterios  distintos  de  los  aplicados  en  la  instancia» 
(STC 93/2021, FJ 3, y jurisprudencia allí citada). Y en ese sentido, es la exigencia de 
veracidad lo que debe comprobarse y, por lo tanto, analizar si el análisis de los hechos 
probados  en  las  sentencias  condenatorias  de  la  instancia,  tanto  la  de  la  Sección 
Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid como su confirmación por la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo, pone de manifiesto la falta de veracidad de lo manifestado 
por  don  Antonio  Javier  Rodríguez  Naranjo,  al  acusar  públicamente  a  don  Máximo 
Pradera Sánchez de haberle agredido físicamente, circunstancia en la que se apoya 
para calificarle de «maltratador» en la publicación digital, y para justificar sus mensajes 
en Twitter. La agresión física nunca acaeció, y el que el recurrente invoque que tal 
afirmación  constituía  una  opinión  personal  de  lo  ocurrido  viene  a  confirmar  esta 
circunstancia que, en cualquier caso, desde el planteamiento argumental que venimos 
sosteniendo, resulta indiferente. No pudiendo aplicarse en este caso la exceptio veritatis 
a la base fáctica que sustenta las manifestaciones expresadas por el recurrente en 
amparo, resulta manifiesto que este ha comunicado una serie de circunstancias fácticas 
y  no  fácticas,  con  conocimiento  de  que  lo  transmitido  era  falso  o  con  manifiesto 
desprecio  hacia  la  falsedad  de  la  noticia,  sustituyendo  una  verdad  objetiva,  e.e
empíricamente constatable, por una verdad subjetiva. Por lo que hace a la emisión de  w.b
juicios de valor, al comunicador se le exige también la obligación de respetar la buena fe. 23ww
dereAclh noo a s ulas tleibnrtea rcsoem lou ncoicmacuinóinc asdeo ,v peo rre tdaunctoid,a e ny  ucnoan firnofnotramdaac dióen  fvoermraaz , ilnam perdoitaetcac icóonn d elal 
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derecho al honor y la reputación del señor Máximo Pradera no puede negarse, encontrando
traducción en los efectos laborales que tuvo el conflicto entre los dos periodistas. Y, no 
pudiendo ampararse el menoscabo del derecho al honor sufrido por el denunciante en el 
legítimo ejercicio del derecho a la información del recurrente en amparo, no queda sino 
concluir que el reconocimiento en la instancia de la vulneración del derecho al honor, con la 
consiguiente  responsabilidad  civil,  se  ajustan  al  canon  constitucional  que  venimos 
exponiendo.
Los intentos del recurrente en amparo de diluir su responsabilidad acudiendo a las 
posibilidades técnicas de la red social empleada en la difusión de lo que no constituye 
sino una mera falsedad resultan ineficaces, pues el tuit en cuestión no tuvo una difusión 
limitada a un grupo de personas identificadas, no se trató de una conversación privada, 
contingencia disponible para los usuarios de la red; sino que estuvo disponible para un 
número  indeterminado  de  sujetos,  sean  los  que  el  recurrente  califica  como  «sus 
seguidores», concepto ya de por sí lo suficientemente ambiguo, o se incremente este 
colectivo  con  «gente  ajena»,  que  según  confirma  el  propio  recurrente  podría 
perfectamente «buscar» el tuit y tomar conocimiento de su contenido «si es de su 
interés». En definitiva, una publicidad general que casa con la voluntad del recurrente 
expresada a lo largo del procedimiento de difundir públicamente ideas y opiniones en el 
ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Al hilo de lo anterior, la acelerada 
pérdida de actualidad de las informaciones divulgadas a través de las redes sociales y su 
sustitución por otras más novedosas en nada afectan a la gravedad de la injerencia 
sobre el derecho al honor y a su eventual sanción.
Por lo que hace al efecto desaliento de una sanción del tipo de la aquí cuestionada, 
meramente  civil,  sobre  el  ejercicio  de  la  libertad  de  información  en  redes  sociales, 
entendemos que no tiene por qué producirse y que, al contrario, puede conformar un 
mensaje dirigido a la totalidad de los usuarios de que la publicación de informaciones falsas 
en internet, más concretamente en redes sociales, y en particular por parte de profesionales 
de la comunicación, es una falta de atención de los deberes y responsabilidades que les 
vinculan. La cuantía de la indemnización (5 000 €, frente a los más de 20 000 solicitados en 
la demanda de instancia), y las obligaciones de hacer (publicar a su costa la sentencia en 
«Periodista Digital» o subsidiariamente en un medio de similares características, y publicar 
en su cuenta de Twitter el texto de la sentencia estimatoria), no se presentan como medidas 
de una entidad tal que permitan entender que pueda producirse un efecto desaliento en el 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión por terceras personas que se encuentren en 
circunstancias equivalentes a las del recurrente en amparo.
Por  tanto,  teniendo  en  cuenta  lo  expuesto,  se  concluye  que  las  resoluciones 
impugnadas no han limitado de forma contraria a la Constitución el ejercicio de las 
libertades  informativas  del  recurrente  en  amparo,  consideración  que  conduce  a  la 
desestimación del recurso.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar  el  presente  recurso  de  amparo  interpuesto  por  don  Antonio  Javier 
Rodríguez Naranjo. s
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». w.b
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Espejel Jorquera.–Inmaculada Montalbán Huertas.–Firmado y rubricado.