BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 47 Miércoles 24 de febrero de 2021 Sec. I.   Pág. 22654
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
2849 Ley 9/2020, de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha.
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo 
la siguiente Ley.
ÍNDICE
Título I.  Disposiciones generales.
Capítulo I.  Objeto, clasificación y régimen jurídico.
Artículo 1.  Objeto.
Artículo 2.  El Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Artículo 3.  Los bienes y derechos de dominio público o demaniales.
Artículo 4.  Los bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales.
Artículo 5.  Régimen jurídico.
Artículo 6.  Principios de gestión y administración.
Capítulo II.  Órganos competentes.
Artículo 7.  Facultades patrimoniales y de representación en general.
Artículo 8.  Competencias.
Artículo 9.  El patrimonio de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Título II.  Protección y defensa.
Capítulo I.  Principios generales y prerrogativas.
Artículo 10.  Obligación de protección y defensa y deber de colaboración.
Artículo 11.  Limitaciones en cuanto a la disponibilidad de bienes y derechos.
Artículo 12.  Remisión de información con incidencia patrimonial por parte de los 
registros y archivos públicos.
Artículo 13.  Prerrogativas administrativas.
Capítulo II.  El Inventario General.
Artículo 14.  El Inventario General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Artículo 15.  Dirección, gestión y control del Inventario General.
Artículo 16.  Órganos competentes para la gestión de los inventarios.
Artículo 17.  Naturaleza jurídica del Inventario General.
Artículo 18.  Acceso a la información contenida en el Inventario General.
Artículo 19.  Reflejo contable.
Capítulo III.  Del régimen registral. s
Artículo 20.  Obligatoriedad de la inscripción en general. w.b
Artículo 21.  Cuestiones relacionadas con el régimen registral de los bienes inmuebles. 49ww
Capítulo IV.  Facultad de investigación.
Artículo 22.  Objeto y órganos competentes.
Artículo 23.  Inicio e instrucción del procedimiento.
Artículo 24.  Terminación del procedimiento.
Artículo 25.  Premio por denuncia.
Capítulo V.  Facultad de deslinde de inmuebles.
Artículo 26.  Objeto y órganos competentes.
Artículo 27.  Iniciación e instrucción del procedimiento.
Artículo 28.  Terminación del procedimiento.
Capítulo VI.  Recuperación de la posesión.
Artículo 29.  Objeto y órganos competentes.
Artículo 30.  Iniciación e instrucción del procedimiento.
Artículo 31.  Terminación del procedimiento y ejecución.
Artículo 32.  Indemnización de daños y perjuicios.
Capítulo VII.  Desahucio administrativo.
Artículo 33.  Objeto y ejercicio de la potestad.
Capítulo VIII.  Régimen sancionador.
Artículo 34.  Infracciones.
Artículo 35.  Sanciones.
Artículo 36.  Competencia y procedimiento.
Artículo 37.  Indicios de ilícito penal.
Título III.  Destino de los bienes y derechos: afectación y adscripción.
Capítulo I.  Afectación, desafectación y mutación demanial.
Artículo 38.  La afectación y sus efectos.
Artículo 39.  Forma de la afectación.
Artículo 40.  Afectaciones concurrentes y especiales.
Artículo 41.  Competencia y procedimiento para la afectación.
Artículo 42.  La desafectación: efectos y forma.
Artículo 43.  Competencia y procedimiento para la desafectación.
Artículo 44.  Mutaciones demaniales.
Artículo 45.  El procedimiento y competencia para la mutación demanial.
Artículo 46.  Las mutaciones demaniales subjetivas.
Capítulo II.  La adscripción de bienes y derechos.
Artículo 47.  Concepto y objeto.
Artículo 48.  La adscripción de bienes y derechos demaniales.
Artículo 49.  La adscripción de bienes y derechos patrimoniales.
Artículo 50.  Órganos competentes y procedimiento para el cambio de adscripción 
de bienes y derechos.
Artículo 51.  Cambios de adscripción motivados por reorganizaciones administrativas.
Artículo 52.  Adscripciones compartidas.
Capítulo III.  Incorporación al patrimonio de la Administración de Castilla-La Mancha  s
de los bienes y derechos de sus organismos y entidades. e.
Artículo 53.  Incorporación por innecesaridad. 49ww
Artículo 54.  Incorporación por supresión del organismo.
Título IV.  Régimen de uso y aprovechamiento de los bienes y derechos.
Capítulo I.  Utilización de los bienes destinados al uso general.
Artículo 55.  Régimen aplicable.
Artículo 56.  Clases de usos y Títulos habilitantes.
Artículo 57.  Reservas demaniales.
Capítulo II.  Uso de los bienes destinados a los servicios públicos y otras funciones 
administrativas.
Artículo 58.  Bienes y derechos destinados a los servicios públicos.
Artículo 59.  Ocupación de edificios y otros inmuebles por terceros.
Capítulo III.  Autorizaciones y concesiones demaniales.
Artículo 60.  Exigencia de las autorizaciones y concesiones demaniales.
Artículo 61.  Autorizaciones: otorgamiento, transmisibilidad y revocación.
Artículo 62.  Concesiones: otorgamiento, formalización, transmisibilidad y rescate.
Artículo 63.  Régimen económico de las autorizaciones y las concesiones.
Artículo  64.  Condiciones  generales  y  particulares  de  las  autorizaciones  y  las 
concesiones.
Artículo 65.  Contenido mínimo del acto de otorgamiento.
Artículo 66.  Órganos competentes.
Artículo 67.  Procedimiento para la adjudicación directa de autorizaciones y concesiones.
Artículo 68.  Procedimiento de adjudicación en régimen de concurrencia iniciado con 
motivo de la solicitud de un particular.
Artículo 69.  Procedimiento de adjudicación en régimen de concurrencia iniciado a 
instancia de la propia Administración.
Artículo 70.  Extinción de las autorizaciones y concesiones demaniales.
Artículo 71.  Devolución del bien y otros efectos de la extinción.
Artículo 72.  Derecho de adquisición preferente.
Capítulo IV.  Aprovechamiento y explotación de los bienes y derechos patrimoniales.
Artículo 73.  Explotación de bienes y derechos patrimoniales.
Artículo 74.  Órganos competentes.
Artículo 75.  La adjudicación de la explotación a terceros.
Artículo 76.  Formalización y subrogación.
Título V.  De los edificios administrativos.
Artículo 77.  Edificio administrativo.
Artículo 78.  Reglas básicas de utilización.
Artículo 79.  Los edificios administrativos compartidos.
Artículo 80.  Planificación para la optimización de los edificios administrativos.
Artículo 81.  Órgano de coordinación y control.
Artículo 82.  Comisión Consultiva de Gestión de Edificios Administrativos.
Título VI.  De los negocios jurídicos patrimoniales
Capítulo I.  Disposiciones generales. e.e
Artículo 83.  Reconocimiento de la potestad y principio de libertad de pacto. 49www.
AAAArrrrttttííííccccuuuulllloooo    88886745....     TPRParréoesgacpiemcaidroeainmnce iijóeusnn rpí tddoeie rcdiloc eni aa ealpgedlosijcu.cadiobic lpeaa.ctiróimn.onial. OE-A-2021-28able en https://
Artículo 88.  Capacidad para contratar con la Administración.
Artículo 89.  Formalización de determinados negocios jurídicos sobre inmuebles.
Capítulo II.  Negocios jurídicos de adquisición.
Sección primera.  Cuestiones generales.
Artículo 90.  Modos de adquisición y su carácter.
Artículo 91.  Adquisiciones sometidas a legislación específica.
Sección segunda.  Adquisiciones a título oneroso de bienes inmuebles, derechos 
reales y propiedades incorporales.
Artículo 92.  Adecuación al fin.
Artículo 93.  Competencia para la adquisición de bienes inmuebles y derechos reales.
Artículo 94.  Normas especiales para la preparación y aprobación de la adquisición.
Artículo 95.  Adjudicación.
Artículo 96.  Particularidades respecto del pago.
Artículo 97.  Adquisiciones de derechos de propiedad incorporal.
Sección tercera.  Adquisiciones a Título gratuito.
Artículo 98.  Órganos competentes.
Artículo 99.  Reglas generales para las adquisiciones a Título gratuito.
Artículo 100.  Normas específicas para las adquisiciones hereditarias.
Capítulo III.  Negocios jurídicos de enajenación.
Sección primera.  Cuestiones generales.
Artículo 101.  Bienes y derechos susceptibles de enajenación.
Artículo 102.  Negocios jurídicos de enajenación.
Artículo 103.  Pago del precio por parte de los adquirentes.
Artículo 104.  Cargas y gravámenes.
Sección segunda.  La enajenación onerosa de bienes inmuebles y derechos reales.
Artículo 105.  Competencia.
Artículo 106.  Preparación de la venta.
Artículo 107.  Adjudicación con concurrencia: subasta o concurso.
Artículo 108.  Adjudicación directa.
Artículo 109.  Enajenación de inmuebles litigiosos.
Sección tercera.  Cesión gratuita de bienes inmuebles.
Artículo 110.  Competencia y requisitos.
Artículo 111.  La solicitud y su tramitación.
Artículo 112.  El acuerdo de cesión.
Artículo 113.  Aplicación efectiva del bien al fin y su control.
Artículo 114.  Extinción y reversión.
Artículo 115.  Cesión gratuita de uso.
Sección cuarta.  La enajenación de bienes muebles y derechos de propiedad incorporal.
Artículo 116.  Competencia. bo
Artículo 117.  Adjudicación. 49ww
ACratípcíutulolo 1 I1V8. .  PCeermsiuótna  gdrea tbuiietan edse  yb ideenreesc hmouse.bles.
Artículo 119.  Requisitos.
Artículo 120.  Competencia.
Artículo 121.  Normas de procedimiento.
Capítulo V.  Arrendamiento de inmuebles.
Artículo 122.  Competencia.
Artículo 123.  Preparación del contrato de arrendamiento.
Artículo 124.  Adjudicación.
Artículo 125.  Formalización.
Artículo 126.  Adscripción.
Artículo 127.  Contratos mixtos de arrendamiento.
Título VII.  El patrimonio empresarial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Capítulo I.  Disposiciones generales.
Artículo 128.  Ámbito.
Artículo 129.  Adquisición.
Artículo 130.  Aportaciones no dinerarias.
Artículo 131.  Representación de la Administración regional.
Artículo 132.  Enajenación.
Artículo 133.  Reordenación interna del patrimonio empresarial.
Capítulo II.  Las empresas públicas.
Artículo 134.  Concepto y régimen jurídico.
Artículo 135.  Constitución.
Artículo 136.  Tutela funcional.
Artículo 137.  Acuerdos sociales sometidos a autorización del Consejo de Gobierno.
Artículo 138.  Especialidades de las empresas públicas íntegramente participadas 
de Castilla-La Mancha.
Disposición  adicional  primera.  Competencias  en  relación  a  los  patrimonios  de 
gestión separada.
Disposición  adicional  segunda.  Convenios  de  contenido  patrimonial  con  otras 
entidades públicas.
Disposición adicional tercera.  Participación en las actuaciones de ejecución del 
planeamiento.
Disposición adicional cuarta.  Régimen patrimonial de los consorcios adscritos a la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Disposición  adicional  quinta.  Régimen  patrimonial  del  Ente  Público  de  Radio-
Televisión de Castilla-La Mancha.
Disposición adicional sexta.  Régimen patrimonial de la Universidad de Castilla-La 
Mancha.
Disposición adicional séptima.  Gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Disposición adicional octava.  Especialidades de gestión de determinados grupos de 
bienes muebles y derechos.
Disposición adicional novena.  Bienes semovientes.
Disposición adicional décima.  Actualización de cuantías.
Disposición transitoria primera.  Bienes y derechos de dominio público adscritos a  e
empresas y fundaciones públicas bajo la vigencia de la normativa anterior. bo
Disposición  transitoria  segunda.  Régimen  transitorio  de  los  expedientes  49ww
patrDimisopnoiasliecsió.n derogatoria única.  Derogación normativa.
Disposición  final  primera.  Modificación  de  la  Ley  1/2006,  de  23  de  marzo,  de 
creación de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha.
Disposición final segunda.  Referencias normativas.
Disposición final tercera.  Desarrollo reglamentario.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El Patrimonio de la Junta de Comunidades es una de las instituciones jurídicas 
previstas  en  el  Estatuto  de  Autonomía  de  Castilla-La  Mancha,  aprobado  por  Ley 
Orgánica 9/1982, de 10 de agosto. En este sentido, el artículo 43.1 establece que el 
patrimonio de la Comunidad Autónoma estará integrado por el patrimonio de la Junta de 
Comunidades en el momento de aprobarse el Estatuto, los bienes afectos a los servicios 
traspasados y los bienes adquiridos por la Junta de Comunidades por cualquier título 
jurídico válido. El apartado 2 de este mismo precepto continúa diciendo que «el régimen 
jurídico del patrimonio, su administración, defensa y conservación serán regulados por 
una ley de las Cortes de Castilla-La Mancha, en el marco de la legislación básica del 
Estado».
Por  otro  lado,  el  artículo  39  del  Estatuto,  en  redacción  dada  por  la  Ley 
Orgánica 3/1997, de 3 de julio, después de proclamar en el apartado 2 que «en el 
ejercicio de sus competencias, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha gozará 
de las potestades y privilegios propios de la Administración del Estado», relacionando 
algunas de estas potestades, prosigue en el apartado 3 afirmando que, «asimismo, en el 
ejercicio de la competencia de organización, régimen y funcionamiento prevista en el 
artículo 31.1.1.ª del presente Estatuto y, de acuerdo con la legislación del Estado, 
corresponde a la Comunidad Autónoma, entre otras materias, …la regulación de los 
bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad 
Autónoma, …».
En cumplimiento del mandato estatutario recogido en el artículo 43.2, las Cortes de 
Castilla-La Mancha aprobaron la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrimonio de la 
Comunidad  Autónoma  de  Castilla-La  Mancha,  que  fue  objeto  de  desarrollo  al  año 
siguiente por medio del Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, por el que se aprobó el 
Reglamento para su aplicación.
La Ley 6/1985, de 13 de noviembre, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, cuyos objetivos fundamentales (según su exposición de motivos) 
eran «la defensa de los bienes de la Región y su gestión adecuada, tanto en el ámbito 
jurídico como en el financiero», ha sido el instrumento fundamental en el que se ha 
sustentado la gestión y administración del patrimonio general hasta la fecha, si bien, en 
todo este periodo se han producido multitud de cambios y circunstancias que han ido 
ocasionando el paulatino desfase y desajuste del texto, sobreviniendo insuficiente para 
dar solución a las necesidades actuales. Estos cambios y circunstancias se predican 
tanto de la propia Institución autonómica como de la materia objeto de regulación de la 
ley.
En  cuanto  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla-La  Mancha,  su  realidad 
institucional, organizativa y competencial, y por tanto patrimonial, es de mucha mayor 
entidad y complejidad que en el año 1985, bastando aludir aquí a las importantes 
competencias y servicios públicos que ha asumido en este periodo, como han sido, entre  e.e
otras, la educación (1999) y la sanidad (2001), esencialmente, o la gestión del Instituto  b
Nacional de Empleo en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación (2002) o las  49ww
Ifnusntcitiuotnoe sN ayc sioenrvailc dioes  Sdeer vlaic iSose gSuoricdiaadle sS, occoianl  e(1l 9c9o5rr)e esnp olnadsi emnatete trriaassp eanscoo pmoern pdaardtea sd eall 
Efusntcaidoon edse. los medios materiales, es decir, de los bienes y derechos afectos a dichas
Respecto a la propia materia objeto de regulación, es decir, la gestión del patrimonio 
público, también ha sufrido un gran desarrollo y evolución en todo este tiempo, sirviendo 
de  parámetro  a  estos  efectos  el  nuevo  bloque  normativo  dictado  por  el  Estado, 
constituido  por  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  de  Patrimonio  de  las 
Administraciones  Públicas,  y  su  Reglamento  de  desarrollo,  aprobado  por  Real 
Decreto 1373/2009, de 28 de agosto. Estas normas, fundamentalmente la Ley (aunque 
también  el  Reglamento),  contienen  preceptos  básicos,  aparte  de  otros  que  son  de 
aplicación general, y vienen a sustituir a la vetusta legislación anterior que procedía de 
los años 60, esto es, a la Ley del Patrimonio del Estado, cuyo texto articulado fue 
aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril, y el Decreto 3588/1964, de 5 de 
noviembre, por el que se aprobaba el Reglamento para la aplicación de la Ley del 
Patrimonio del Estado.
Algunas de las carencias de la Ley 6/1985 se han intentado paliar a través de 
modificaciones legislativas, habiéndose tramitado hasta nueve modificaciones del texto, 
siendo todas ellas de carácter puntual, no suficientes para actualizar la norma en su 
consideración global, como ahora se pretende.
II
El punto de partida de la ley no puede ser otro que las normas básicas y de 
aplicación  general  del  Estado.  Así,  en  la  disposición  final  segunda  de  la  Ley  de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas se especifican los preceptos de la misma 
que tienen carácter básico (apartado 5), dictados en ejercicio de la competencia atribuida 
al Estado por el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, así como aquellos otros que son 
de  aplicación  general  (apartados  1,  2,  3  y  4),  dictados  al  amparo  de  los  títulos 
competenciales atribuidos al Estado con carácter exclusivo en el mismo artículo 149 de 
la Constitución en las materias relativas a legislación mercantil, penal, penitenciaria y 
procesal, legislación civil, régimen económico de la Seguridad Social y legislación sobre 
expropiación forzosa. Estas disposiciones son de aplicación directa a las Comunidades 
Autónomas (artículo 2.2 de la ley).
El  resto  del  articulado  de  la  Ley  de  Patrimonio  de  las  Administraciones  es  de 
aplicación directa únicamente a la Administración General del Estado y a sus organismos 
e instituciones dependientes, siendo aplicable a las Comunidades Autónomas sólo de 
forma supletoria. Esta supletoriedad del derecho estatal ha sido de mucha utilidad para 
la Administración de la Junta de Comunidades, dadas las lagunas de la Ley 6/1985, 
de 13 de noviembre, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Hay que destacar aquí que en estas disposiciones no básicas ni de aplicación general de 
la  Ley  de  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas  se  reconocen  multitud  de 
privilegios y prerrogativas, que en principio sólo se predican para la Administración 
estatal, estando vedadas para las Comunidades Autónomas, salvo que puedan recurrir a 
las mismas por la mencionada vía de la supletoriedad, según cada caso. En el supuesto 
de esta Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el artículo 39.2 del Estatuto de 
Autonomía  proclama  que  «en  el  ejercicio  de  sus  competencias,  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha gozará de las potestades y privilegios propios de la 
Administración del Estado», previsión que ha sido tenida en cuenta en la regulación 
operada por la presente ley.
Con estos antecedentes, el objetivo de esta iniciativa legislativa será dotar a la 
Comunidad  Autónoma  de  un  nuevo  marco  normativo  en  materia  patrimonial  más  s
completo, totalmente renovado y actualizado a las circunstancias actuales, adaptado a la  e.
legislación básica y de aplicación general del Estado, y que sea el instrumento idóneo  w.
para una gestión eficaz del patrimonio regional, abordando suficientemente todos los  49ww
adsepl epcattorism ionnteiog,r aennt etsa ndtoe  qlau ec itsaodpao rgtee smtióante: rdiaels ddee  lloas p frionteesc cdieó nu, sdoe fgeennsear ayl , cloons sseervrvaicciióons 
apdúmbliicnoisst rauc oiótrna sd efu nlocsio nbeiesn peús bylic adse;r epcahsoasn dpoo rp olar  laAsd mnoinrimstarasc rióenla ti(veans  paa rlati cuutlialirz adceió nlo ys   BOE-A-cable e
edificios de uso administrativo) y los ciudadanos; y abordando sin ambages los negocios 
jurídicos patrimoniales, es decir, todas aquellas cuestiones de derecho público relativas a 
la  adquisición  y  enajenación  de  bienes  y  derechos  por  parte  de  la  Junta  de 
Comunidades,  estableciendo  las  debidas  garantías  para  la  seguridad  jurídica  y  la 
defensa de los derechos e intereses de la misma en el tráfico jurídico; o la necesidad de 
hacer frente a las especialidades de las empresas públicas de Castilla-La Mancha, como 
medio de ejecución de las funciones de su competencia; asumiendo con plenitud todas 
las facultades y prerrogativas administrativas en materia patrimonial.
La ley tiene una nueva estructura, que intenta no alejarse de la establecida en la ley 
estatal básica para facilitar la interconexión e interpretación conjunta de ambos textos, y 
consta de 138 artículos, diez disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria 
y cuatro finales, superando el contenido de la ley anterior e incorporando multitud de 
novedades, en los términos que se recoge en la exposición resumida de cada uno de los 
títulos que sigue a continuación.
III
La ley comienza con un título I que versa sobre las disposiciones generales, que se 
clasifica, a su vez, en dos capítulos.
El capítulo I trata del objeto de la ley, que no puede ser otro que establecer el 
régimen jurídico aplicable al Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, que estará integrado por todos los bienes y derechos que pertenezcan a las 
Cortes regionales, a la Administración de la Comunidad Autónoma y a sus organismos 
públicos y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes, quedando 
así fijado el ámbito objetivo y subjetivo de la ley.
También se recoge la tradicional clasificación entre los bienes y derechos de dominio 
público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales, así como el sistema de 
fuentes aplicable al patrimonio, destacando el carácter subsidiario de la ley respecto de 
aquellos bienes y derechos que tengan legislación especial, como es el caso de los 
montes,  las  vías  pecuarias,  las  carreteras  y  caminos,  el  patrimonio  cultural  o  el 
patrimonio afecto a la política de vivienda y suelo. Esta cuestión viene a matizar el objeto 
y alcance de la ley, puesto que, siendo cierto que se aplica a todos los bienes y derechos 
integrantes  del  Patrimonio  de  la  Junta  de  Comunidades,  sólo  una  parte  de  este 
patrimonio, que podemos nominar como patrimonio general, estará regulado de forma 
directa por esta ley, siendo supletoria para ese otro conjunto patrimonial integrado por los 
bienes  y  derechos  sujetos  a  legislación  específica  (las  denominadas  propiedades 
administrativas especiales).
El capítulo II se ocupa de las competencias en materia patrimonial, distinguiendo las 
del Consejo de Gobierno, las propias de las consejerías, y las de los organismos y 
entidades  de  derecho  público,  dotando  de  especial  protagonismo  a  la  consejería 
competente en materia de hacienda, a la que se instituye como máximo responsable del 
Patrimonio de la Junta de Comunidades, al asumir el ejercicio de las facultades y el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la titularidad de los bienes y derechos, 
salvo  que  estén  específicamente  atribuidas,  delegadas  o  desconcentradas  en  otros 
órganos, ostentando también dicha consejería la representación extrajudicial.
Por último, se alude en este capítulo a las especialidades del patrimonio de las 
Cortes de Castilla-La Mancha, donde destaca el principio de autonomía de gestión.
IV oe.
El título II regula la protección y defensa del patrimonio, y consta de ocho capítulos  49ww
eAnd mlionsis trqauceió ns een  evastna  mdeastegrriaan.ando  las  distintas  facultades  y  prerrogativas  de  la
propEial  cAadpmítiunlios trIa acbióonr daa t rcauveésst idoen essu sg eónrgearanloess ,y  caogmeon telass,  loo bqliugea csieo nheasc ey  edxetebnesreivso  dae l olas 
concesionarios y demás usuarios de los bienes, así como el deber de colaboración de 
los ciudadanos en general, o la obligación de los registros y los archivos públicos de 
suministrar información a la Comunidad Autónoma cuando se requiera para la adecuada 
protección y defensa de sus bienes y derechos.
Los capítulos II y III prevén, respectivamente, el Inventario General y el régimen 
registral.  El  Inventario  se  configura  como  un  instrumento  al  servicio  de  la  gestión 
patrimonial,  en  toda  su  extensión,  y  se  regulan  aspectos  como  su  contenido,  las 
competencias en cuanto a su dirección, gestión y control, su relación con otros catálogos 
o registros administrativos internos y su naturaleza jurídica. En relación al régimen 
registral, además de la ya clásica obligación de inscribir los bienes y derechos, se 
incorporan en la ley la facultad para instar, cuando concurran los supuestos que se 
especifican, la cancelación y rectificación de determinadas inscripciones.
Los capítulos IV a VII están dedicados a las «facultades y prerrogativas» de las 
Administraciones Públicas «para la defensa de su patrimonio» previstas en la legislación 
básica del Estado, que son las tradicionales facultades de investigación (capítulo IV), 
deslinde (capítulo V) y recuperación de la posesión (capítulo VI), a las que se une, como 
novedad para nuestro ámbito autonómico, el desahucio administrativo respecto de los 
bienes demaniales (capítulo VII).
La regulación de las prerrogativas de investigación, deslinde y recuperación de la 
posesión es más amplia y precisa que la recogida en la anterior Ley de Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de 1985, puesto que esta se limitaba, prácticamente, a reconocer 
dichas técnicas, y no siempre de forma afortunada, puesto que, a título de ejemplo, 
restringía las facultades de investigación y deslinde a los bienes patrimoniales, lo que no 
se coordinaba adecuadamente con la concepción del dominio público. En la presente ley, 
por  el  contrario,  se  prevén  los  aspectos  esenciales  del  régimen  jurídico  de  las 
prerrogativas de investigación, deslinde y recuperación de la posesión, siguiendo un 
esquema semejante en los tres casos, que comienza con la definición depurada de cada 
una de las facultades y la atribución de las competencias para instruir y resolver los 
procedimientos, tanto en el caso de la Administración autonómica, que corresponderán a 
la  consejería  competente  en  materia  de  hacienda,  como  en  el  supuesto  de  los 
organismos y entidades públicas, quienes también dispondrán de estas facultades; luego 
se  sigue  con  los  aspectos  fundamentales  de  cada  procedimiento  administrativo, 
adaptados  ya  a  la  regulación  operada  por  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y por último, se 
aborda la terminación del expediente y la ejecución de la resolución, en su caso.
Como  se  ha  dicho,  y  con  independencia  de  lo  que  pueda  establecerse  en  la 
legislación  especial  para  otras  categorías  de  bienes  de  naturaleza  patrimonial,  se 
incorpora como novedad para nuestro ámbito autonómico una cuarta prerrogativa, el 
desahucio administrativo, que se proyecta sólo sobre los bienes de dominio público, y 
cuya  finalidad  es  posibilitar  a  la  Administración  para  que  pueda  recuperar  en  vía 
administrativa la posesión indebidamente perdida de sus bienes demaniales cuando se 
extinga o decaiga el título que legitimaba la citada ocupación, pudiendo acudir a los 
medios que tiene reconocidos para la ejecución forzosa del lanzamiento.
El último bloque normativo del título II, que constituye el capítulo VIII, se reserva para 
la potestad sancionadora en materia patrimonial, y en el mismo se contienen, con la 
debida clasificación en muy graves, graves y leves, un cuadro de infracciones totalmente 
renovado, además de las correspondientes sanciones y las normas de competencia y 
procedimiento. s
V 49www.
propEial  tCítoumlo uInIIi dtaiedn eA uptoórn oombjae tdoe esdl ed eusntain od odbele l ovse rtbieienntee,s  lay  fdinearleiscthao, se se nd eecli rá, mla bfuiton cdióen  lao 
servicio a que se destinarán (la afectación), y la subjetiva u orgánica, esto es, los
órganos, organismos o entidades de la Comunidad a los que se asignarán para la 
ejecución de sus competencias (la adscripción).
El capítulo I se dedica a la afectación, la desafectación y la mutación demanial. Junto 
a la afectación expresa se contempla, como novedad, la afectación tácita y presunta, 
para así poder extender los efectos de la demanialidad a aquellos bienes y derechos que 
estén, de facto, vinculados al uso general o a los servicios públicos. Asimismo, se 
importa la figura de la mutación demanial subjetiva, reconocida en la Ley 33/2003, de 3 
de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas  y  acogida  por  las 
Comunidades Autónomas que han legislado con posterioridad a dicha ley, por cuya virtud 
se  admitirá  la  afectación  de  bienes  y  derechos  del  patrimonio  regional  a  otras 
Administraciones Públicas para el cumplimiento de sus fines y competencias, sin que ello 
incida  en  la  naturaleza  y  titularidad  del  bien.  No  obstante,  esta  figura  no  es 
completamente nueva en nuestra legislación, puesto que la Ley de Patrimonio de 1985 
preveía en el artículo 44 la cesión de uso de bienes demaniales, cuyo perfil tenía muchas 
analogías y similitudes con la mutación demanial subjetiva. De la regulación que hace la 
ley de esta mutación demanial vamos a destacar que, a diferencia del Estado y la 
mayoría de las Comunidades Autónomas, no se exige reciprocidad, como manifestación 
de la voluntad de la Junta de Comunidades de dar cumplimiento en esta materia, sin 
ninguna  reticencia,  a  los  principios  de  colaboración  y  cooperación  que  rigen  las 
relaciones entre las Administraciones Públicas.
La adscripción de los bienes y derechos se afronta en el capítulo II, y se mantiene en 
términos muy parecidos a la regulación anterior, con algunas innovaciones, como la 
adscripción de los bienes y derechos demaniales que estará limitada o reservada a las 
instituciones,  organismos  o  entidades  de  naturaleza  pública  de  la  Junta  de 
Comunidades,  o  la  inclusión  de  las  adscripciones  motivadas  por  reorganizaciones 
administrativas y el supuesto de las adscripciones compartidas.
El capítulo III aborda una cuestión sobre la que la Ley de 1985 también guardaba 
silencio, y es la incorporación al patrimonio de la Administración regional de los bienes y 
derechos que sean de titularidad de sus organismos y entidades públicas, cuando les 
resulten innecesarios para el cumplimiento de sus fines, o en los supuestos de supresión 
del organismo o entidad pública de que se trate.
VI
El siguiente título de la ley, el IV, aborda el régimen de uso y aprovechamiento de los 
bienes y derechos demaniales (capítulos I a III) y patrimoniales (capítulo IV).
El  régimen  jurídico  que  se  establece  es  prácticamente  nuevo,  puesto  que  la 
regulación de la Ley de Patrimonio de 1985 sobre el uso y aprovechamiento de los 
bienes y derechos era muy sumaria, siendo el Reglamento para la aplicación de la Ley, 
aprobado por Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, el que establecía una regulación 
más desarrollada, aunque insuficiente y ya desfasada ante las circunstancias actuales, 
toda vez que, entre otros factores, nos encontramos ante una materia muy intervenida 
por la legislación básica del Estado aprobada por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Esta última circunstancia relativa a la extensión de la normativa básica ha exigido 
una minuciosa labor de integración de ambos textos, con remisiones frecuentes a la Ley 
estatal, cuya finalidad última ha sido intentar ofrecer al operador jurídico una regulación 
unitaria,  completa  y  ordenada  de  esta  materia,  huyendo,  en  lo  posible,  de  la  s
reproducción de aquellos contenidos ya previstos en la legislación básica. e.
El  capítulo  I  trata  de  la  utilización  de  los  bienes  destinados  al  uso  general,  w.
distinguiendo los distintos tipos de uso, que clasifica en uso común, uso especial y uso  49ww
pprúivbalictiovos,,  mdeietnetrrmasin aqnudeo  ele cl arpéígtuimloe InI  sjeu rdídeicdoic ag ae nleorsa lb ieanpelicsa dbeles tinaa dlooss  am ilsoms osse rvyi cisous 
peoxcrmepecnioornizaal doac uepla criéógni mpeonr  tedrec elraoss . aCuotomrioza ccoioronleasr ioy,  eclo cnacpeístuiolon eIsII  edsetmabalneicaele sd,e  dfoornmdea   BOE-A-cable e
destaca el plazo de duración máxima, que se fija en diez años para las autorizaciones y 
setenta y cinco para las concesiones (sustituyendo a los actuales plazos de treinta y 
cincuenta años, respectivamente), y la novedosa reglamentación de los procedimientos 
de adjudicación de autorizaciones y concesiones.
Este título finaliza con el capítulo IV, que trata del aprovechamiento y explotación de 
los bienes y derechos de derecho privado o patrimoniales.
VII
El título V se ocupa, por primera vez en nuestro ordenamiento patrimonial, de los 
edificios de uso administrativo, que serán aquellas edificaciones, locales o espacios que 
se destinen a las sedes, oficinas, servicios administrativos y dependencias auxiliares de 
las consejerías, organismos y demás entidades públicas de la Junta de Comunidades.
Entre las cuestiones que se afrontan destaca el establecimiento de unas reglas de 
uso de los edificios administrativos, la planificación para optimizar su utilización en su 
consideración global, donde los planes aprobados serán de ejecución obligatoria, la 
previsión de un órgano de coordinación y control, que es la consejería competente en 
materia de hacienda, y un órgano no permanente de consulta y asesoramiento, que se 
denomina Comisión Consultiva de Gestión de Edificios Administrativos.
También se contempla la gestión y administración de los edificios administrativos 
compartidos por varias consejerías, organismos o entidades de la Comunidad Autónoma.
VIII
El  título  VI  es  el  más  extenso  de  la  ley,  constituyendo  una  de  las  razones  o 
fundamentaciones  principales  de  esta  iniciativa  legislativa.  Su  contenido  son  los 
negocios jurídicos patrimoniales, abordando todas las cuestiones de derecho público 
relativas  a  la  adquisición,  enajenación  y  gravamen  de  los  bienes  y  derechos 
patrimoniales por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Antes de proceder al desarrollo del contenido del título es conveniente apuntar que 
se trata, una vez más, de una regulación prácticamente nueva, sin apenas antecedentes 
en nuestro ordenamiento regional, de ahí su trascendencia, ya que la Ley de Patrimonio 
de 1985, dado el contexto en el que fue aprobada, se limitaba a reconocer las facultades 
para  adquirir,  arrendar,  enajenar,  gravar  o  permutar  y  a  establecer  los  órganos 
competentes,  omitiendo  la  mayor  parte  de  las  cuestiones  relativas  al  régimen  y 
tramitación de los distintos contratos patrimoniales; así, nada decía sobre el modo de 
proceder en las enajenaciones onerosas o ventas, salvo una mera remisión (artículo 65) 
a  «las  disposiciones  aplicables  de  la  legislación  de  contratos  del  Estado  y  demás 
disposiciones específicas», y lo mismo puede decirse de las adquisiciones, al establecer 
(artículo 47) que «la adquisición de todo tipo de bienes se realizará según lo previsto en 
la legislación de contratación administrativa», aspecto ya superado, sobre todo por las 
diferencias que hay entre ambas contrataciones, como lo atestigua el hecho de que la 
legislación de contratos del sector público vigente excluye de su ámbito de aplicación a 
los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios 
jurídicos  análogos  sobre  bienes  inmuebles,  valores  negociables  y  propiedades 
incorporales.
En  cuanto  al  contenido  de  este  título,  el  capítulo  I  recoge  unas  disposiciones 
generales aplicables a todos los contratos y negocios patrimoniales, cuyo punto de 
partida será el reconocimiento de la potestad negocial y la proclamación de la libertad de  e.
pacto, así como el régimen jurídico aplicable a los negocios patrimoniales, acogiendo la  w.b
clásica  doctrina  de  los  actos  separables.  En  este  capítulo  destaca  también  el  49ww
ceosntatrbaletocsim piaetnrtimo odneia luensa ys  snuo fromrmasa liczoamciuónne.s para la preparación y adjudicación de los
capíLtualso sp, aqrutiec uclalarisdifaicdae se nd e« nceagdoac iotsip ojulorígdíiaco ss ed ev aand qdueissicairórno»lla (ncdaop íteunlo  lIoI)s,  «snuecgeosciviooss 
jurídicos de enajenación» (capítulo III), incluida la constitución de cargas y gravámenes, 
la «permuta de bienes y derechos» (capítulo IV) y el «arrendamiento de inmuebles» 
(capítulo V).
IX
El último título de la ley, el VII, contiene la regulación del patrimonio empresarial de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el que tiene especial protagonismo el 
régimen de las empresas públicas, dando cumplimiento al mandato recogido en el 
artículo 53.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma, cuando dice que 
«La Junta de Comunidades podrá constituir empresas públicas como medio de ejecución 
de las funciones que sean de su competencia, según lo establecido en el presente 
Estatuto».
El  capítulo  I  contempla  las  cuestiones  de  carácter  general,  aplicable  a  todo  el 
patrimonio  empresarial,  como  su  ámbito,  los  procedimientos  de  adquisición  y 
enajenación de acciones, participaciones y demás títulos o valores representativos del 
capital de sociedades mercantiles, la representación de la Administración regional en los 
órganos  soberanos  de  las  sociedades  en  las  que  participe  o  la  prerrogativa  de 
reordenación o reestructuración interna del patrimonio empresarial.
Las especialidades de las empresas públicas se recogen en el capítulo II, en el que 
se aborda su definición y régimen jurídico, los requisitos para su constitución, que deberá 
ser autorizada por el Consejo de Gobierno mediante Decreto, se regula también el 
alcance de la tutela funcional, que se ejercerá por la consejería que se determine por el 
Consejo  de  Gobierno,  o  el  sometimiento  a  la  autorización  de  dicho  órgano  de 
determinados acuerdos societarios, como las modificaciones estatutarias que afecten al 
objeto social, el capital o los aspectos orgánicos, las modificaciones estructurales, la 
disolución voluntaria o la constitución de otras empresas públicas.
La regulación de  las  empresas públicas finaliza con  las particularidades de las 
denominadas «empresas públicas íntegramente participadas de Castilla-La Mancha».
X
En  cuanto  a  las  disposiciones  adicionales,  transitorias,  derogatorias  y  finales, 
destaca la disposición relativa a los patrimonios de gestión separada, siendo también de 
especial interés la disposición que aborda los convenios en materia patrimonial o la 
relativa a las actuaciones de ejecución del planeamiento en las que participe la Junta de 
Comunidades como titular de bienes o derechos afectados.
Finalmente, la ley contiene las reglas de derecho transitorio que serán aplicables a 
los procedimientos que estén en trámite en el momento de la entrada vigor de la misma, 
y recoge la habilitación correspondiente para que se pueda proceder a su desarrollo 
reglamentario.
TÍTULO I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto, clasificación y régimen jurídico e.e
Artículo 1.  Objeto. 49ww
JcuonntsLaea r dvpear ceCisóoenmn, tdueen l iedcyao dntiefeosnr med iepd oaCrd a ocsbotijlnela tlo-aL  eales gMtaisablnaleccchióeanr,   ebalá srsíé iccgaoim mye olna  ssjuu d ríiasddpicmoosi nidciseiotlr naPecasiót rdnime,  odanepifloiec nadsceai ó lnay    OE-A-2021-28able en https://
general del Estado.
Artículo 2.  El Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
1.  El  Patrimonio  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  está 
constituido por todos los bienes y derechos de los que sean titulares las Cortes de 
Castilla-La Mancha e instituciones dependientes, la Administración de la Comunidad 
Autónoma, y los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de la misma.
No se entenderán incluidos en dicho patrimonio el dinero, los valores, los créditos y 
los  demás  recursos  financieros  de  su  hacienda,  en  los  términos  previstos  en  el 
artículo 3.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas.
2.  Los bienes y derechos pueden ser de dominio público o demaniales y de dominio 
privado o patrimoniales.
Artículo 3.  Los bienes y derechos de dominio público o demaniales.
1.  Son bienes y derechos de dominio público los previstos en el artículo 2.1 que se 
encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos otros a los 
que una ley les otorgue expresamente dicho carácter.
2.  En todo caso, tendrán la consideración de demaniales los bienes inmuebles de 
titularidad de las instituciones y órganos de la Junta de Comunidades previstos en el 
artículo 2.1, en los que se alojen sus sedes, servicios, oficinas y dependencias.
3.  El dominio público es inalienable, inembargable e imprescriptible.
Artículo 4.  Los bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales.
1.  Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales los previstos en el 
artículo 2.1 que no tengan la condición de demaniales.
2.  En todo caso, tendrán la consideración de patrimoniales los siguientes:
a)  Los valores y títulos representativos de acciones y participaciones del capital de 
sociedades mercantiles o de las obligaciones emitidas por las mismas, así como los 
contratos de futuros y opciones cuyo activo subyacente esté constituido por acciones o 
participaciones en entidades mercantiles.
b)  Los derechos de arrendamiento.
c)  Los derechos de propiedad incorporal.
d)  Los derechos de contenido patrimonial derivados de la titularidad de los bienes y 
derechos de dominio privado.
Artículo 5.  Régimen jurídico.
1.  El Patrimonio de la Junta de Comunidades se regirá por la legislación básica y 
las disposiciones de aplicación general del Estado, por esta ley y su normativa de 
desarrollo. Con carácter supletorio se aplicarán las normas del derecho administrativo y, 
en su defecto, las del derecho privado.
2.  No obstante lo establecido en el apartado anterior, los bienes y derechos que 
tengan legislación especial se regirán por dicha normativa con carácter preferente.
Artículo 6.  Principios de gestión y administración.
La gestión y administración de los bienes y derechos demaniales y patrimoniales se  oe.
sujetará a los principios establecidos en la legislación básica del Estado. w.
CAPÍTULO II
Órganos competentes
Artículo 7.  Facultades patrimoniales y de representación en general.
1.  El ejercicio de las facultades y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
la titularidad de los bienes y derechos integrantes del patrimonio de la Administración de 
la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  así  como  su  representación 
extrajudicial, corresponde a la consejería competente en materia de hacienda, a través 
del órgano directivo competente en materia de patrimonio, salvo para aquellos supuestos 
en los que estén específicamente atribuidas, delegadas o desconcentradas en otro 
órgano u organismo o entidad, y sin perjuicio de las facultades y obligaciones inherentes 
al acto de adscripción.
2.  En relación a los bienes y derechos cuya titularidad corresponda a un organismo 
o  entidad  distinta  de  la  Administración  regional,  el  ejercicio  de  las  facultades, 
obligaciones  y  la  representación  extrajudicial  previstas  en  el  apartado  anterior  se 
desempeñarán por el órgano que determinen sus normas o instrumentos de creación, 
organización o funcionamiento. A falta de atribución expresa, se ejercerán por sus 
presidentes o directores.
3.  La representación en juicio en materia patrimonial se regirá por la normativa de 
ordenación del servicio jurídico de la Junta de Comunidades.
Artículo 8.  Competencias.
1.  El Consejo de Gobierno ejercerá las siguientes competencias:
a)  Definir  la  política  en  materia  patrimonial  y  la  aprobación  de  las  normas 
reglamentarias de desarrollo de esta ley.
b)  Establecer, de estimarlo conveniente, los criterios para la coordinación de la 
utilización, gestión y administración de los bienes y derechos.
c)  Determinar las directrices y la estrategia general sobre la gestión del patrimonio 
empresarial de la Junta de Comunidades.
d)  Acordar, aprobar o autorizar los actos de disposición, administración y gestión 
que esta ley le atribuye.
2.  Además de la competencia general del artículo 7 y el resto de atribuciones 
recogidas en esta ley, corresponderá a la consejería competente en materia de hacienda:
a)  Velar por el cumplimiento de la normativa y la política patrimonial definida por el 
Consejo de Gobierno, a cuyo efecto podrá dictar las circulares, instrucciones y órdenes 
de servicio que estime oportuno.
b)  Fijar los criterios para la coordinación de la utilización, gestión y administración 
de los bienes y derechos, cuando no sean establecidos por el Consejo de Gobierno, y 
verificar su aplicación, pudiendo dictar instrucciones y circulares a estos fines.
3.  Las  consejerías,  a  través  de  los  órganos  que  determinen  sus  normas  de 
organización y competencias, ejercerán las siguientes atribuciones:
a)  La ejecución de la política patrimonial en el ámbito de su consejería, de acuerdo 
con las directrices establecidas por el Consejo de Gobierno y la consejería competente  e.e
en materia de hacienda. b
b)  Prestar la colaboración que se solicite por la consejería competente en materia  49ww
de hca)c ieLnad aa dpqaurais liaci ódne,f ecnussat,o pdriao,t epcrcoiótenc cyi ógne,s tuiósno ,d egle psatitórnim yo neion.ajenación de los bienes
mutuiliezbalnedso  yp arloas e l deejererccihcoios  ded es ups rcoopmiepdeatde nicniacos.rporal  que  sean  necesarios  o  vengan
d)  Las facultades y obligaciones correspondientes a la adscripción de los bienes 
inmuebles y los derechos reales y de arrendamiento que recaigan sobre los mismos.
e)  Las demás competencias y atribuciones establecidas por esta ley.
4.  A  los  organismos  públicos  y  demás  entidades  de  derecho  público  les 
corresponderán  las  competencias  establecidas  para  las  consejerías  en  el  apartado 
anterior y las específicamente atribuidas en esta ley.
Artículo 9.  El patrimonio de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Las  Cortes  Regionales  tienen  autonomía  para  la  gestión  de  su  patrimonio, 
ostentando sobre los bienes y derechos que adquieran o se les adscriban las mismas 
competencias y facultades que esta ley atribuye al Consejo de Gobierno, a la consejería 
competente en materia de hacienda y al resto de consejerías.
Cuando los bienes y derechos adscritos dejen de ser necesarios para el desarrollo 
de sus funciones, se comunicará esta circunstancia a la consejería competente en 
materia de hacienda para que decida lo que proceda en cuanto a su nuevo destino o 
aplicación.
Dentro del primer semestre de cada ejercicio, las Cortes remitirán al órgano directivo 
competente en materia de patrimonio el Inventario de sus bienes y derechos, actualizado 
a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
TÍTULO II
Protección y defensa
CAPÍTULO I
Principios generales y prerrogativas
Artículo 10.  Obligación de protección y defensa y deber de colaboración.
1.  En aplicación del deber de protección y defensa establecido en la legislación 
básica, los órganos y organismos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
que tengan a su cargo el ejercicio de las facultades y el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la titularidad o la adscripción de los bienes y derechos del patrimonio, 
deberán velar por su custodia, defensa, protección e integridad, de conformidad con lo 
dispuesto en este título y la normativa que resulte aplicable.
El resto de organismos, entidades, órganos y demás unidades administrativas de la 
Junta de Comunidades, así como el personal a su servicio, cualquiera que sea la 
relación  de  empleo,  estarán  obligados  a  colaborar  en  la  defensa  y  protección  del 
patrimonio, debiendo facilitar a los órganos competentes cuantos datos, informes o 
documentos les soliciten, prestando el auxilio o cooperación activa que se demande, y 
comunicando cualquier incidencia o circunstancia de la que tengan conocimiento que 
pueda afectar a la protección e integridad del patrimonio.
2.  Los titulares de concesiones y otros derechos sobre los bienes de dominio 
público o de dominio privado de esta Comunidad Autónoma estarán obligados a velar y 
colaborar en la protección y defensa de los bienes que utilicen, en los términos previstos 
en el apartado anterior.
3.  El personal al servicio de las Administraciones públicas y los ciudadanos en  e.
general, estarán obligados a colaborar con la Junta de Comunidades de Castilla-La  w.
Mancha  en  la  protección  y  defensa  de  los  bienes  y  derechos  integrantes  de  su  49ww
pLaetyr i3m3o/2n0io0, 3c, odne  3e ld ea lncoavniceem byr ec,o dnete Pnaidtroim eosntaiob dleec ildaoss A demn inloisst raacrtiíocnueloss P ú6b1l icya s6.2 de la
Artículo 11.  Limitaciones en cuanto a la disponibilidad de bienes y derechos.
1.  Ningún juez o tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de 
embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos de 
dominio privado o patrimoniales cuando se hallen materialmente afectados a un servicio 
público o a una función pública, o sus rendimientos o el producto de su enajenación 
estén  legalmente  afectados  a  fines  determinados,  o  se  trate  de  valores  o  títulos 
representativos del capital de las sociedades del sector público regional que ejecuten 
políticas públicas o presten servicios de interés general para la Comunidad Autónoma.
2.  No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los bienes y derechos 
del Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ni someter a arbitraje 
los conflictos que se susciten sobre los mismos, salvo autorización del Consejo de 
Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de hacienda, previo 
informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. En las transacciones judiciales se 
recabará informe, además, al Gabinete Jurídico.
3.  Tampoco pueden gravarse los bienes y derechos del Patrimonio de la Junta de 
Comunidades sino conforme con los principios que rigen su enajenación y siguiendo el 
procedimiento previsto en esta ley.
Artículo  12.  Remisión  de  información  con  incidencia  patrimonial  por  parte  de  los 
registros y archivos públicos.
La Dirección General del Catastro, los Registros de la Propiedad y los restantes 
registros  y  archivos  públicos  suministrarán  a  los  órganos  competentes  para  la 
administración del patrimonio de la Comunidad Autónoma la información que, previa 
solicitud, dispongan sobre los bienes y derechos de la Junta de Comunidades y sobre 
aquellos otros cuya información sea precisa o relevante para la instrucción y resolución 
de los procedimientos de protección y defensa regulados en este título, en los mismos 
términos que vengan obligados respecto a la Administración General del Estado.
Artículo 13.  Prerrogativas administrativas.
1.  De conformidad con lo establecido en la legislación básica del Estado, la Junta 
de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  ostenta  las  siguientes  facultades  y 
prerrogativas:
a)  Investigar la situación de los bienes y derechos que puedan pertenecer a su 
patrimonio.
b)  Deslindar en vía administrativa los inmuebles de su titularidad.
c)  Recuperar  de  oficio  la  posesión  indebidamente  perdida  de  sus  bienes  y 
derechos.
d)  Desahuciar en vía administrativa a los poseedores de los bienes inmuebles 
demaniales una vez que se haya extinguido el título que legitimaba dicha posesión.
2.  Se reconoce la potestad sancionadora en materia patrimonial, que se ejercerá en 
los términos previstos en el capítulo VIII de este título.
CAPÍTULO II
El Inventario General es
Artículo 14.  El Inventario General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 49ww
regio1n. alE, le lI nIvnevnetnatraiori oG deen ecraadl ae sutnaorá  dceo nlofosr moragdaon ispmoro se l yI nevnetnidtaardioe sd ed el ad eArdemchinoi sptrúabcliiócno 
Mvinacnuclhaad oes i nos tidtuecpioennedsie dnetepse nddeie natqeuse.lla,  y  el  Inventario  de  las  Cortes  de  Castilla-La  BOE-A-cable e
2.  El Inventario General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha incluirá 
la totalidad de los bienes y derechos que integran su patrimonio, salvo los que se indican 
a continuación:
a)  Los bienes fungibles.
b)  Los bienes muebles y derechos que tengan un valor individualizado inferior al 
importe que se determine mediante Orden de la consejería competente en materia de 
hacienda.
c)  Los bienes semovientes.
d)  Los bienes adquiridos por los organismos y las entidades de derecho público con 
el propósito de devolverlos al tráfico jurídico de acuerdo con sus fines peculiares.
3.  En relación a cada bien o derecho, en el Inventario se harán constar como 
mínimo los datos o referencias necesarios para su identificación e individualización, su 
situación jurídica, su naturaleza demanial o patrimonial, su adscripción y, en el caso de 
los bienes y derechos demaniales, la finalidad o uso al que se destina.
Además, se incorporarán los datos o informaciones que se consideren necesarios 
para su protección y gestión, en los términos que se determine reglamentariamente.
4.  Los bienes y derechos integrantes del patrimonio que no deban formar parte del 
Inventario General por la aplicación de las reglas establecidas en este artículo, serán 
objeto de inscripción o anotación en un registro o catálogo interno de cada consejería u 
organismo, a los efectos de llevar el control adecuado sobre dichos bienes y derechos.
5.  La  formación,  mantenimiento  y  actualización  del  Inventario  General  será 
independiente  de  los  registros,  catálogos  y  demás  instrumentos  de  identificación  o 
control previstos en la normativa específica reguladora de las propiedades y derechos 
especiales. En este sentido, la incorporación de un bien o derecho en los citados 
registros o catálogos no eximirá de la obligación de su anotación en el Inventario 
General, conforme a las normas y reglas previstas en este capítulo.
Artículo 15.  Dirección, gestión y control del Inventario General.
1.  La formación y actualización del Inventario General se regirá por lo dispuesto en 
esta ley, su normativa de desarrollo y las directrices que establezca el órgano directivo 
competente en materia de patrimonio.
2.  Los hechos, actos o negocios que afecten a la situación jurídica o física de los 
bienes y derechos se deberán hacer constar en el Inventario de forma inmediata.
3.  No se podrán realizar actos de gestión o disposición sobre bienes y derechos 
inventariables si no se encuentran debidamente inscritos en el Inventario General.
4.  El órgano directivo competente en materia de patrimonio velará por la corrección 
y veracidad de la información que consta en el Inventario General, pudiendo recabar 
cuantos datos o informaciones estime conveniente e impartir las órdenes e instrucciones 
pertinentes  a  tal  fin.  Esta  norma  no  podrá  servir  para  eximir  o  atemperar  la 
responsabilidad de los órganos competentes para la adecuada formación y actualización 
de los inventarios.
Artículo 16.  Órganos competentes para la gestión de los inventarios.
1.  La formación y actualización del Inventario de los bienes y derechos de las 
Cortes de Castilla-La Mancha corresponderá al órgano que establezca su normativa 
específica. e.
2.  La formación y actualización del Inventario de los bienes y derechos de la  w.b
Administración de la Junta de Comunidades corresponderá: 49ww
a)  A la consejería competente en materia de hacienda, a través del órgano directivo
bqiueen eoss tye dneter elcahso sc:ompetencias en materia de patrimonio, en relación a los siguientes
1.º  Los bienes inmuebles.
2.º  Los derechos reales y de arrendamiento sobre inmuebles, y demás negocios o 
actos distintos de los anteriores por cuya virtud se adquiera el derecho de uso de bienes 
inmuebles.
3.º  Los  títulos  representativos  de  acciones  y  participaciones  del  capital  de 
sociedades mercantiles y de las obligaciones emitidas por las mismas.
4.º  Los vehículos.
5.º  Los  derechos  de  reversión  respecto  de  los  bienes  inmuebles  cedidos  por 
razones de utilidad pública o interés social.
6.º  Cualesquiera bienes y derechos cuya obligación de inventario no se atribuya a 
otro órgano.
b)  A las consejerías, a través de sus órganos o unidades competentes en materia 
de patrimonio, sobre los bienes muebles y los derechos de propiedad incorporal que 
adquieran, utilicen o generen, y sobre cualesquiera derechos de contenido patrimonial 
que recaigan sobre los mismos.
c)  A la consejería competente en materia de vivienda, urbanismo y planificación 
territorial, en relación a los bienes y derechos previstos en el apartado 1 de la disposición 
adicional primera de esta ley.
3.  La formación y actualización de los inventarios de los bienes y derechos de los 
organismos  públicos  y  las  entidades  de  derecho  público,  corresponderá  al  órgano 
competente en materia de patrimonio que establezca su normativa o instrumento de 
autoorganización.
Artículo 17.  Naturaleza jurídica del Inventario General.
1.  El Inventario General es un instrumento interno de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, cuya finalidad es reflejar e informar sobre la situación y variación del 
patrimonio, dar soporte a la propia gestión patrimonial, y ofrecer información que pueda 
servir de apoyo a la planificación y ejecución de sus competencias.
2.  El Inventario General no tiene la consideración de registro público.
Los datos e informaciones que constan en el Inventario General no surtirán efectos 
frente a terceros, ni podrán ser utilizados para hacer valer derechos frente a la Junta de 
Comunidades.
Artículo 18.  Acceso a la información contenida en el Inventario General.
La consulta por parte de los ciudadanos de los datos e informaciones del Inventario 
será procedente cuando formen parte de un expediente, de conformidad con las normas 
generales de acceso a los mismos, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de 
transparencia.
Artículo 19.  Reflejo contable.
Todos los hechos y operaciones que afecten a los bienes y derechos integrantes del 
Inventario  General  tendrán  su  reflejo  contable,  en  los  términos  que  determine  la 
normativa de contabilidad que resulte aplicable.
CAPÍTULO III e.e
Del régimen registral 49ww
Artículo 20.  Obligatoriedad de la inscripción en general.
suscLeopst ibbleiesn edse  y indsecrreipchcioósn  ddeel bPearátrnim  oinnsicor ibdiers ela  eJnu ntloas  dec orCreosmpuonniddiaednetess  qureeg issteraons   BOE-A-cable e
públicos, así como todos los actos y contratos referidos a aquellos que puedan tener 
acceso a dichos registros, de conformidad con su normativa reguladora. No obstante, la 
inscripción de los derechos de arrendamiento sobre bienes inmuebles en el Registro de 
la Propiedad será potestativa, conforme a la legislación hipotecaria.
Artículo 21.  Cuestiones relacionadas con el régimen registral de los bienes inmuebles.
1.  La inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes inmuebles y derechos 
que  recaigan  sobre  los  mismos,  titularidad  de  la  Administración  de  la  Junta  de 
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  se  llevará  a  cabo  por  el  órgano  directivo 
competente  en  materia  de  patrimonio,  salvo  aquellos  que  sean  adquiridos  por 
expropiación forzosa y los integrantes de los patrimonios de gestión separada a los que 
se refiere la disposición adicional primera de esta ley.
En el caso de los bienes y derechos de titularidad de los organismos públicos o las 
entidades de derecho público, la inscripción deberá solicitarse por el órgano que se 
establezca en sus propias normas de creación, organización o funcionamiento, y en su 
defecto, por sus presidentes o directores.
2.  La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podrá, mediante certificación 
administrativa emitida por el órgano competente, instar la cancelación o rectificación de 
las inscripciones a su favor en los siguientes casos, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación hipotecaria:
a)  Cuando quede acreditada la inexistencia actual o la imposibilidad de localización 
física de un inmueble.
b)  Cuando se reconozca la titularidad, mejor derecho o preferencia del título de un 
tercero sobre un inmueble que esté inscrito a nombre de la Junta de Comunidades o en 
caso de doble inmatriculación. En estos supuestos, el expediente deberá ser informado 
por  el  órgano  o  unidad  que  tenga  atribuido  el  asesoramiento  jurídico  del  órgano 
competente para la expedición de la certificación.
3.  Las comunicaciones que los Registradores de la Propiedad deban efectuar a la 
Administración  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  durante  la 
tramitación de los procedimientos previstos en la legislación hipotecaria, se dirigirán al 
órgano o entidad que haya instado el correspondiente procedimiento, y en su defecto, a 
la consejería competente en materia de hacienda.
CAPÍTULO IV
Facultad de investigación
Artículo 22.  Objeto y órganos competentes.
1.  La facultad de investigación tiene por objeto acreditar que un bien o derecho 
pertenece al Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuando no 
conste su titularidad de modo cierto.
2.  En  relación  a  los  bienes  inmuebles  o  derechos  sobre  los  mismos  que  se 
presuman de titularidad de la Administración de la Junta de Comunidades, la iniciación 
de los expedientes de investigación corresponderá al titular de la consejería competente 
en materia de hacienda, así como su resolución, previa instrucción llevada a cabo por el 
órgano directivo competente en materia de patrimonio. e.e
En  el  ámbito  de  los  organismos  públicos  y  entidades  de  derecho  público,  la  w.b
competencia para iniciar y resolver los procedimientos se determinará conforme a las  49ww
reglas establecidas en el artículo 7.2 de esta ley.
Artículo 23.  Inicio e instrucción del procedimiento.
1.  El procedimiento de investigación se iniciará de oficio, a iniciativa propia o de 
otros  órganos  de  la  Junta  de  Comunidades  u  otras  Administraciones,  o  como 
consecuencia de la denuncia de particulares.
El inicio del procedimiento se anunciará en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» 
y en el tablón de edictos del ayuntamiento en cuyo término municipal se localice el 
inmueble, donde estará expuesto por un periodo de un mes.
Cualquier persona que entienda que el procedimiento de investigación afecta a sus 
derechos e intereses puede comparecer en el expediente, hacer alegaciones, aportar 
documentos y proponer pruebas.
2.  El órgano instructor realizará cuantos actos y comprobaciones estime necesarios 
para el buen fin de la acción investigadora, entre los que se encuentra la práctica de 
pruebas.
Los sujetos contemplados en el artículo 10.3 estarán obligados a colaborar con el 
órgano instructor, en los términos previstos en dicho precepto.
3.  Tendrán la consideración de interesados en el expediente aquellas personas que 
hubieren  comparecido  en  el  mismo  justificando  dicha  condición  y  aquellas  otras  a 
quienes, a juicio del órgano instructor, afecte la investigación.
4.  Ultimados  los  actos  de  investigación  y  comprobación,  se  dará  trámite  de 
audiencia a los interesados por un plazo de diez días, procediéndose a continuación a la 
elaboración de la propuesta de resolución por parte del órgano instructor.
La propuesta de resolución deberá ser informada por el órgano o unidad que tenga 
atribuido  el  asesoramiento  jurídico  del  órgano  competente  para  resolver  el 
procedimiento.
Artículo 24.  Terminación del procedimiento.
1.  El procedimiento terminará por resolución, que declarará la titularidad de la Junta 
de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  del  bien  o  derecho,  cuando  así  quedara 
acreditada, o el archivo del expediente, en el caso contrario.
2.  La resolución se publicará en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» y se 
notificará a los interesados.
3.  En el supuesto de que hubiera interesados en el procedimiento con derechos e 
intereses contradictorios o limitativos de los que pudiera corresponder a la Junta de 
Comunidades, el plazo para notificar la resolución será de veinticuatro meses, contados 
desde la fecha del acuerdo de iniciación. El incumplimiento de este plazo determinará la 
caducidad del procedimiento.
4.  Cuando la resolución fuera declarativa de la titularidad del bien o derecho de la 
Junta de Comunidades, ordenará que se proceda a su tasación, su anotación en el 
Inventario, su inscripción registral, y la adopción de cuantas medidas sean necesarias 
para garantizar la plenitud y efectividad de sus derechos.
Artículo 25.  Premio por denuncia.
1.  Los  particulares  que  promuevan  mediante  denuncia  un  procedimiento  de 
investigación de bienes o derechos, cuyo resultado definitivo sea la declaración de la 
titularidad  de  la  Comunidad  Autónoma,  tendrán  derecho  a  un  premio  de  carácter 
pecuniario. s
En el caso de los bienes inmuebles, el nacimiento del derecho tendrá lugar cuando  oe.
se proceda a la inscripción registral. w.
post2Ee.lr  iodSreidir ealocdsh. ob iedneecsa eor ád esrei clhao sd escolna reanciaójne ndaed osti tudlea rfiodramda  eosn erreovsoac,a edla p roe mainou tleanddar ác uonn   2021-2849n https://ww
importe líquido igual al diez por ciento obtenido por la enajenación, y se reconocerá de
oficio por parte de la Administración en dicho procedimiento. Bc
3.  Si el bien o derecho no fuera enajenado dentro del plazo de cinco años, el 
denunciante podrá solicitar la concesión del premio dentro del plazo de los tres años 
siguientes, cuyo importe líquido será del cinco por ciento del valor de tasación que tenga 
en el momento de la solicitud.
Este procedimiento se suspenderá si se encuentra pendiente un expediente de 
enajenación o un procedimiento administrativo o judicial del que pueda derivarse la 
revocación o anulación de la titularidad del bien o derecho.
La solicitud se tramitará y resolverá por el órgano directivo competente en materia de 
patrimonio.
CAPÍTULO V
Facultad de deslinde de inmuebles
Artículo 26.  Objeto y órganos competentes.
1.  La facultad de deslinde tiene por objeto delimitar los bienes inmuebles de la 
Junta de Comunidades respecto de otros que pertenecen a terceros, cuando sus límites 
se desconozcan o sean imprecisos, o existan indicios de usurpación.
2.  En relación a los bienes inmuebles de titularidad de la Administración de la Junta 
de  Comunidades,  la  iniciación  de  los  expedientes  corresponderá  al  titular  de  la 
consejería  competente  en  materia  de  hacienda,  así  como  su  resolución,  previa 
instrucción llevada a cabo por el órgano directivo competente en materia de patrimonio.
En el ámbito de los organismos públicos y las entidades de derecho público, la 
competencia para iniciar y resolver los procedimientos se determinará conforme a las 
reglas establecidas en el artículo 7.2 de esta ley.
Artículo 27.  Iniciación e instrucción del procedimiento.
1.  El procedimiento de deslinde se iniciará de oficio, a iniciativa propia o de otros 
órganos,  o  como  consecuencia  de  la  petición  de  cualquiera  de  los  propietarios 
colindantes, siendo a su costa los gastos que se generen.
Iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, y mientras dure su tramitación, 
no podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión.
2.  El  inicio  del  procedimiento  se  notificará  a  los  propietarios  de  las  fincas 
colindantes y a los titulares de otros derechos sobre las citadas fincas de los que se 
tenga conocimiento. Asimismo, el acuerdo de inicio se publicará en el «Diario Oficial de 
Castilla-La  Mancha»  y  en  el  tablón  de  edictos  del  ayuntamiento  en  cuyo  término 
municipal se localice el inmueble, donde estará expuesto durante un mes.
Cualquier persona que entienda que el procedimiento de deslinde afecta a sus 
derechos e intereses puede comparecer en el expediente para que, en su caso, sea 
considerado como interesado.
3.  En el supuesto de que la finca objeto de deslinde estuviera inscrita, el acuerdo 
de iniciación se comunicará al Registro de la Propiedad para que tome razón de dicha 
circunstancia.
4.  Los interesados podrán presentar las alegaciones y los documentos que estimen 
conveniente para la defensa de sus derechos e intereses dentro del plazo establecido en 
la notificación o publicación del acuerdo de inicio del expediente.
Una vez transcurrido, como mínimo, un plazo de dos meses desde la terminación del  es
plazo para presentar alegaciones al que se refiere el párrafo anterior, se celebrará el acto  o
difpvninaeoscrldt iraorauá.sp cn Eetf oosairrt c  eeoau n clatf oaucemtntilov cp,loiu oaasgnñl a aanqrrdo uiyoome  s qfbse urepcae ohdc radoo  epnsqse vuiprogeiotcno rases re e.áa  l D lda óeee rftt geoetoacdrmtdnooaosi.n s  Llei onal,as s c sAtiron udantcmec trltoiaeunr sai fsacyintdi roaaloonlcissdei,ó a sinsn de rt eeerdsáarete lai dzsfriiaaárjaidd garaoi dslssooi ,ss  etpp indlooí amrre   pleis teolau sróc   rtpuodgan earod nt eleaoo,l      OE-A-2021-2849able en https://www.
apeo se levantará la oportuna acta.
5.  Ultimados los actos anteriores, se dará trámite de audiencia a los interesados por 
un plazo de diez días, procediéndose a continuación a la elaboración de la propuesta de 
resolución por parte del órgano instructor.
La propuesta de resolución deberá ser informada por el órgano o unidad que tenga 
atribuido  el  asesoramiento  jurídico  del  órgano  competente  para  resolver  el 
procedimiento.
Artículo 28.  Terminación del procedimiento.
1.  El  procedimiento  terminará  por  resolución  aprobatoria  del  deslinde,  que  se 
publicará en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» y se notificará a los interesados.
2.  El plazo para notificar la resolución será de veinticuatro meses, contados desde 
la  fecha  del  acuerdo  de  iniciación.  El  incumplimiento  de  este  plazo  determinará  la 
caducidad del procedimiento.
3.  La resolución aprobatoria del deslinde, una vez sea firme, se anotará en el 
Inventario General, se procederá a su inscripción en el Registro de la Propiedad, y 
habilitará para la ejecución del amojonamiento, con intervención de los interesados que 
así lo soliciten.
CAPÍTULO VI
Recuperación de la posesión
Artículo 29.  Objeto y órganos competentes.
1.  La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha puede recuperar por sí misma, 
y en cualquier momento, la posesión indebidamente perdida de sus bienes y derechos 
de dominio público.
2.  En el caso de los bienes y derechos patrimoniales, la recuperación en vía 
administrativa  de  la  posesión  indebidamente  perdida  exige  que  la  iniciación  del 
procedimiento haya sido notificada al presunto usurpador antes de que transcurra el 
plazo de un año, contado desde el día siguiente al de la usurpación. Vencido dicho plazo, 
la recuperación de la posesión deberá instarse ante la jurisdicción civil.
3.  En relación a los bienes inmuebles y demás derechos que recaigan sobre los 
mismos de titularidad de la Administración de la Junta de Comunidades, la iniciación de 
los expedientes de recuperación corresponderá al titular de la consejería competente en 
materia de hacienda, así como su resolución, previa instrucción llevada a cabo por el 
órgano directivo competente en materia de patrimonio.
En el ámbito de los organismos públicos y las entidades de derecho público, la 
competencia para iniciar y resolver los procedimientos se determinará conforme a las 
reglas establecidas en el artículo 7.2 de esta ley.
Artículo 30.  Iniciación e instrucción del procedimiento.
1.  El procedimiento se iniciará de oficio, a iniciativa propia o de otros órganos de la 
Junta de Comunidades u otras Administraciones Públicas, o como consecuencia de la 
denuncia de particulares.
2.  El órgano instructor realizará cuantos actos y comprobaciones estime necesarios 
para verificar el hecho de la usurpación y la fecha de su inicio. En todo caso, se 
comunicará el inicio del procedimiento al presunto usurpador, al que se ofrecerá un plazo  e.
de diez días, o un plazo inferior, si así se hubiera señalado motivadamente, para que  w.
pueda hacer las alegaciones y aportar los documentos que estime oportunos para  49ww
acreLdoitsa rs ou jjeutsotsif iccaorn ltae mpopslaedsoiósn e.n el artículo 10.3 estarán obligados a colaborar con el
órgano instructor, en los términos previstos en dicho precepto.
3.  Ultimados  los  actos  de  investigación  y  comprobación,  se  dará  trámite  de 
audiencia a los interesados por un plazo de diez días, salvo si con posterioridad al 
trámite de alegaciones previsto en el apartado anterior no se hubiera desarrollado o 
incorporado al procedimiento otros actos o elementos que vayan a ser tenidos en cuenta 
para la decisión del mismo.
La propuesta de resolución deberá ser informada por el órgano o unidad que tenga 
atribuido  el  asesoramiento  jurídico  del  órgano  competente  para  resolver  el 
procedimiento.
Artículo 31.  Terminación del procedimiento y ejecución.
1.  La  resolución  que  ponga  fin  al  procedimiento  declarará  la  posesión  como 
ilegítima, cuando hubiera quedado acreditado el hecho de la usurpación, o el archivo del 
expediente, en el caso contrario.
El plazo para notificar la resolución será de doce meses, que se computarán desde la 
fecha del acuerdo de iniciación.
El incumplimiento de este plazo determinará la caducidad del expediente.
2.  Cuando la resolución declare la posesión como ilegítima, ordenará al órgano 
directivo  competente  en  materia  de  patrimonio  que  lleve  a  cabo  las  actuaciones 
conducentes a la devolución de la posesión o desalojo del inmueble, conforme a las 
reglas siguientes:
a)  Se notificará la resolución al usurpador u ocupante, concediéndole un plazo de 
diez días para que cese voluntariamente en su actuación, ocupación o tenencia.
b)  En caso de resistencia, se adoptarán cuantas medidas estime conveniente para 
la ejecución forzosa de la resolución y consecuente recuperación de la posesión, en los 
términos previstos en el capítulo VII del título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c)  Para el lanzamiento podrá solicitarse el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, así como, imponer multas coercitivas de hasta un cinco por ciento del valor 
de los bienes o derechos usurpados, reiteradas de forma sucesiva por periodos de diez 
días.
d)  En el caso de que el usurpador no cesara de forma voluntaria en su actuación, 
serán de su cuenta todos los gastos generados con ocasión de la ejecución forzosa, que 
podrán hacerse efectivos a través de la vía de apremio.
Artículo 32.  Indemnización de daños y perjuicios.
1.  Una vez recuperada la posesión, el órgano directivo competente en materia de 
patrimonio podrá acordar, previa comprobación y audiencia al usurpador, la procedencia 
de una indemnización con motivo de los daños causados en los bienes o derechos 
usurpados  y  los  perjuicios  resultantes  del  hecho  o  circunstancia  de  la  ocupación 
ilegítima.
En esta resolución, que en todo caso será motivada, se determinarán los conceptos y 
las cuantías objeto de indemnización, cuya ejecución se podrá llevar a cabo por la vía de 
apremio.
2.  Este incidente será independiente de la responsabilidad administrativa que, en 
su caso, pueda exigirse al usurpador por la aplicación de las normas previstas en el 
capítulo VIII de este título. s
CAPÍTULO VII
Desahucio administrativo
Artículo 33.  Objeto y ejercicio de la potestad.
1.  La  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  podrá  recuperar  en  vía 
administrativa la posesión de sus bienes demaniales, cuando se extinga o decaiga el 
título que legitimaba la ocupación por terceros y estos no hubieran procedido a su 
adecuada devolución o restitución.
2.  Para el ejercicio de esta potestad será necesario que previamente se haya 
declarado  la  extinción  de  la  concesión,  autorización  o  título  de  que  se  trate,  con 
audiencia del interesado. Esta declaración corresponderá al órgano que, conforme a las 
normas reguladoras del título, sea el competente para acordar su extinción, y a falta de 
esta mención, al que lo sea para su otorgamiento, y en su defecto, a la consejería u 
organismo que tenga a su cargo la adscripción del bien.
Cuando la resolución declare la extinción del título, se concederá al poseedor u 
ocupante un plazo de diez días para que cese voluntariamente en su actuación, y se le 
advertirá de que en el supuesto de que no proceda de dicho modo se instará su 
ejecución forzosa.
3.  La ejecución forzosa del desahucio se llevará a cabo por el órgano directivo 
competente en materia de patrimonio, en los términos previstos en el artículo 31 para la 
recuperación de oficio de la posesión.
Respecto de los bienes que sean propiedad de los organismos públicos y entidades 
de derecho público, la competencia se determinará conforme a las reglas establecidas 
en el artículo 7.2 de esta ley.
4.  Recuperada la posesión, podrá exigirse la indemnización de daños y perjuicios 
en los supuestos y conforme se determina en el artículo 32 de esta ley.
CAPÍTULO VIII
Régimen sancionador
Artículo 34.  Infracciones.
1.  Será infracción muy grave la producción de daños o deterioros de cualquier tipo 
en los bienes y derechos del Patrimonio de la Junta de Comunidades por un valor 
superior a 300.000 euros.
2.  Son infracciones graves:
a)  La producción de daños o deterioros de cualquier tipo en los bienes y derechos 
del Patrimonio de la Junta de Comunidades, cuando el valor de aquellos sea superior 
a 10.000 euros y no exceda de 300.000 euros.
b)  La usurpación de bienes de dominio público.
c)  La retención de bienes de dominio público una vez declarada la ilegalidad de la 
ocupación en vía administrativa o después de extinguido el título que legitimaba la 
misma.
d)  La  retención  de  los  bienes  patrimoniales  una  vez  extinguido  el  título  que 
legitimaba su uso o explotación.
e)  El uso o aprovechamiento de los bienes demaniales o patrimoniales sin título  e.e
habilitante. w.b
f)  Las actuaciones sobre bienes destinados a un servicio público que impidan o  49ww
dificgu)lt enE gl rinacvuemmpelnimtei elan tnoo drme alol ps rdeestbaecrieósn  ddee  acquusteol.dia, defensa, protección, integridad y
colahb)o raCcuióanlq purieevr isottoros  einnc uloms palpimairetandtoo sd 1e  yla 2s  doebll iagratícciounloe 1s 0e dstea belsetcai dleays. en esta ley para
los  beneficiarios  de  las  autorizaciones  y  concesiones  demaniales,  o  para  los
destinatarios de las cesiones gratuitas de bienes y derechos patrimoniales, cuando se 
deriven perjuicios graves para la Comunidad Autónoma.
3.  Son infracciones leves:
a)  La producción de daños o deterioros de cualquier tipo en los bienes y derechos 
del Patrimonio de la Junta de Comunidades, cuando el valor de los mismos sea igual o 
inferior a 10.000 euros.
b)  Las actuaciones sobre bienes afectos a un servicio público que dificulten la 
normal prestación de aquel.
c)  La falta de colaboración a la que se refiere el artículo 10.3 de esta ley.
d)  Los demás incumplimientos de las obligaciones contempladas en esta ley.
4.  Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres 
años y las leves al año.
Artículo 35.  Sanciones.
1.  Las  infracciones  serán  sancionadas  con  multa,  cuyas  cuantías  serán  las 
siguientes:
a)  Del tanto al duplo del valor de los daños o deterioros, en los supuestos de los 
apartados 1, 2.a) y 3.a) del artículo anterior.
b)  De 10.001 euros hasta un máximo de 60.000 euros, para el resto de infracciones 
graves.
c)  De 600 euros hasta un máximo de 10.000 euros, para las sancionadas por el 
resto de faltas leves.
2.  En  la  determinación  de  la  cuantía  de  la  multa  se  considerará  el  grado  de 
culpabilidad o la existencia de intencionalidad, el valor o la entidad de los daños o 
perjuicios causados, la naturaleza de los bienes o derechos afectados, el beneficio 
obtenido, la continuidad o persistencia en la conducta infractora y la reincidencia.
Será circunstancia atenuante la corrección voluntaria de la situación creada con 
motivo  de  la  infracción  dentro  de  los  plazos  que,  en  su  caso,  se  fijen  por  la 
Administración. En este supuesto, las sanciones se podrán reducir hasta la mitad cuando 
concurra dolo, o hasta en dos terceras partes en caso de culpa o negligencia.
3.  Con independencia de la sanción que pudiera imponerse, la persona infractora 
estará  obligada  a  la  restitución  o  reposición  del  bien,  a  la  reparación  del  daño 
ocasionado, y a indemnizar por los daños irreparables y los perjuicios causados, en los 
términos que se establezcan por el órgano competente para la imposición de la sanción 
o en el procedimiento complementario previsto en el artículo 90.4 de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas.
4.  Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres 
años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por faltas 
leves al año.
Artículo 36.  Competencia y procedimiento.
1.  Corresponderá  al  Consejo  de  Gobierno  resolver  los  procedimientos 
sancionadores en los que la presunta infracción sea calificada como muy grave en la  e.
propuesta de resolución, al titular de la consejería competente en materia de hacienda  w.
cuando sea calificada como grave, y al órgano directivo competente en materia de  49ww
patrLimao enjieoc cuucaiónnd od es elaas c saalinficciaodnae sc osmeroá  lecvoem.petencia del órgano directivo competente en
materia de patrimonio.
2.  Las responsabilidades previstas en este capítulo, se sustanciarán y ejecutarán 
por las normas reguladoras del procedimiento administrativo que sea de aplicación 
general a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el 
ejercicio de la potestad sancionadora.
3.  Cuando el infractor no proceda a la restitución o reposición del bien o a la 
reparación del daño ocasionado, en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 
anterior, el órgano competente podrá acordar la imposición de multas coercitivas de 
importe igual al cinco por ciento del valor del bien o del daño, según el caso, que podrán 
reiterarse por periodos no inferiores a treinta días, hasta un máximo de cinco.
Artículo 37.  Indicios de ilícito penal.
Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal se procederá, 
previo  informe  jurídico,  a  dar  traslado  de  los  mismos  a  la  jurisdicción  competente, 
dejando en suspenso la tramitación del procedimiento sancionador hasta que aquella se 
pronuncie.
TÍTULO III
Destino de los bienes y derechos: afectación y adscripción
CAPÍTULO I
Afectación, desafectación y mutación demanial
Artículo 38.  La afectación y sus efectos.
La afectación determina la vinculación de los bienes y derechos a un uso general o a 
un servicio público y su consiguiente integración en el dominio público.
Artículo 39.  Forma de la afectación.
1.  Salvo que derive de una norma con rango legal, la afectación deberá hacerse de 
forma expresa, mediante resolución emitida por el órgano competente.
2.  No obstante, surtirán los mismos efectos que la afectación expresa los hechos y 
circunstancias siguientes:
a)  La utilización pública, notoria y continuada por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha de bienes y derechos de su titularidad para el uso general o un 
servicio público.
b)  La adquisición de bienes y derechos a título oneroso sin el ejercicio de la 
potestad expropiatoria, para ser destinados a un uso general o la prestación de un 
servicio público.
c)  La  adquisición  de  bienes  y  derechos  a  título  gratuito  con  la  condición  de 
destinarlos a un uso general o a un servicio público.
d)  La adquisición de bienes y derechos reales por usucapión, cuando los actos 
posesorios que han determinado la prescripción adquisitiva hubiesen vinculado el bien o 
derecho al uso general o a un servicio público, sin perjuicio de los derechos adquiridos 
sobre los mismos por otras personas al amparo de las normas de derecho privado.
e)  La adquisición de bienes y derechos por expropiación forzosa. e
f)  La aprobación por el Consejo de Gobierno de programas o planes de actuación  bo
general, o proyectos de obras o servicios, cuando de los mismos resulte la vinculación  49ww
de bgie) neLsa o  addeqreucishicoisó nd edteer mbiineandeos s ma ufienbelse sd ep aursao  geel ndeersael nov doelv simerievinctioo  pdúeb lliocso .servicios
públhic) osL oo sp ainram luae dbelecso reanc ióconn dsetr ulacsc idóenp qeuned evnacyiaasn. a destinarse a un uso general o a un
servicio público.
3.  En los supuestos de las letras a), b), c), d) y f) del apartado anterior que recaigan 
sobre bienes inmuebles en régimen de propiedad, y en el de la letra h), la producción de 
los  efectos  de  la  afectación  no  eximirá  a  las  consejerías,  organismos  y  entidades 
conocedoras de dichas situaciones del deber de ponerlas en conocimiento del órgano 
directivo  competente  en  materia  de  patrimonio  para  que  tramite  el  correspondiente 
procedimiento de afectación. En el caso de la letra h), también deberá comunicarse la 
finalización de la obra para su anotación en el Inventario General e inscripción en los 
registros correspondientes, acompañando la documentación necesaria a tal efecto.
Artículo 40.  Afectaciones concurrentes y especiales.
1.  Los bienes y derechos de la Junta de Comunidades podrán ser afectados a más 
de un uso general o servicio público cuando los diversos fines sean compatibles entre sí.
2.  Podrá acordarse la afectación de bienes y derechos que no vayan a destinarse a 
un uso general o servicio público de forma inmediata, siempre que sea previsible dicha 
utilización en un periodo de tiempo concreto o tras el cumplimiento de determinadas 
condiciones o circunstancias. La resolución que decida esta afectación deberá hacer 
mención al plazo o las condiciones y circunstancias que la justifican.
Artículo 41.  Competencia y procedimiento para la afectación.
1.  La afectación de los bienes inmuebles y demás derechos sobre los mismos 
corresponde  al  titular  de  la  consejería  competente  en  materia  de  hacienda,  previa 
instrucción del procedimiento por parte del órgano directivo competente en materia de 
patrimonio.
2.  El procedimiento se iniciará de oficio, a iniciativa propia o a propuesta motivada 
de las consejerías, organismos o entidades interesados en la afectación.
En la tramitación del expediente, el órgano directivo competente en materia de 
patrimonio  podrá  solicitar  las  informaciones  que  precise  y  llevar  a  cabo  todas  las 
actuaciones que se estimen necesarias o convenientes para la depuración física y 
jurídica del bien o derecho y la mejor resolución del procedimiento. Asimismo, se dará 
audiencia  a  todas  las  consejerías,  organismos  y  entidades  que  pudieran  resultar 
afectados.
3.  Cuando se acuerde la afectación, la resolución deberá indicar, al menos, el bien 
o derecho al que se refiere, el fin al que se destina y la circunstancia de quedar integrado 
en el dominio público. También podrá establecer, de estimarse oportuno, las condiciones 
o requisitos de uso o destino del bien o derecho.
La afectación se anotará en el Inventario General, momento en el que surtirá sus 
efectos.
Artículo 42.  La desafectación: efectos y forma.
1.  Por  medio  de  la  desafectación  los  bienes  y  derechos  de  dominio  público 
perderán esta cualidad, adquiriendo la de patrimoniales, por dejar de destinarse al uso 
general o a los servicios públicos.
2.  Salvo los supuestos previstos en esta ley u otras normas del ordenamiento 
jurídico,  la  desafectación  deberá  realizarse  de  forma  expresa,  mediante  resolución 
debidamente motivada del órgano competente.
Artículo 43.  Competencia y procedimiento para la desafectación. e.
1.  La desafectación de los bienes inmuebles y demás derechos sobre los mismos  49ww
asert íctrualmo i4ta1r áp aprao rl al aasfe mctaiscmióans. normas de competencia y procedimiento previstas en el
dereCcuhaon daol  sqeu aec useerd er elafie drees, aflaesc tarcaiózonn, elas  reqsuoelu chióann  dedbeeterárm inindaicdaor , alal  mpeénrodsid, ae l bdiee n loa 
demanialidad, la declaración de que ha quedado integrado en el dominio privado de la
Administración, y su adscripción a la consejería competente en materia de hacienda, 
salvo que, por razones justificadas, se estime conveniente que su adscripción como bien 
patrimonial se asigne a otra consejería, organismo o entidad pública.
2.  La desafectación de los bienes muebles y demás derechos que no recaigan 
sobre  inmuebles  corresponderá  a  las  consejerías,  organismos  o  entidades  que  los 
viniesen utilizando.
Una vez perdida la demanialidad, estos bienes y derechos se seguirán gestionando 
por las consejerías, organismos o entidades respectivas, salvo que se acuerde el cambio 
de adscripción, en los términos previstos en esta ley.
Artículo 44.  Mutaciones demaniales.
1.  La mutación demanial tiene por objeto la modificación de la afectación de un bien 
o derecho, que se articula a través de la desafectación de un uso general o servicio 
público y su simultánea afectación a otro u otros, sin alteración en su calificación jurídica.
2.  Con  carácter  general,  la  mutación  demanial  se  acordará  de  forma  expresa 
mediante resolución.
No obstante, la utilización del bien o derecho de forma pública, notoria y continuada a 
un fin de uso general o servicio público distinto de aquel al que está afectado, producirá 
los mismos efectos que la resolución aprobatoria de la mutación demanial. Cuando se 
trate de bienes inmuebles en régimen de propiedad, la anterior circunstancia no eximirá 
de la debida regularización o declaración expresa de la mutación, a cuyo efecto se 
instará e instruirá el procedimiento correspondiente.
Artículo 45.  El procedimiento y competencia para la mutación demanial.
Las  competencias  y  el  procedimiento  a  seguir  para  la  mutación  demanial  se 
sujetarán a las reglas previstas en el artículo 41 para la afectación.
Artículo 46.  Las mutaciones demaniales subjetivas.
1.  Los bienes y derechos de dominio público de la Administración de la Junta de 
Comunidades  y  de  sus  organismos  y  entidades  vinculados  o  dependientes  podrán 
afectarse a otras Administraciones Públicas para que sean destinados a fines, usos o 
servicios públicos de su competencia.
Esta mutación demanial no implicará transferencia de la titularidad ni alteración en la 
calificación jurídica del bien o derecho.
2.  Cuando se trate de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, la 
afectación a otras Administraciones Públicas deberá ser acordada por el Consejo de 
Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de hacienda, previo 
informe de la consejería, organismo o entidad a la que estuviesen adscritos.
En el acuerdo se establecerá, como mínimo, la identificación del bien o derecho, la 
Administración Pública beneficiaria de la afectación, el fin al que han de destinarse y el 
plazo de duración, que no excederá de setenta y cinco años. Asimismo, se podrá 
contemplar que todos los gastos y tributos, incluido el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
que se originen en los bienes y derechos durante el periodo de duración de la mutación 
demanial, serán asumidos por la Administración destinataria de la misma.
La mutación demanial se formalizará en documento administrativo por el titular del 
órgano  directivo  competente  en  materia  de  patrimonio  y  el  titular  del  órgano  que  s
represente a la Administración Pública de que se trate, momento en el que se entenderá  oe.
entregada la posesión y surtirá todos sus efectos, salvo que se hubiera dispuesto otra  w.
cosa. 49ww
por 3e.l  CoLnosse bjoie dnee sG oo bdieerrencoh.os deberán ser destinados al uso o servicio público acordado
acorEdna rác alas oe xdtien ciiónncu dmep llaim mieunttaoc, iólna  yc olan sreevjeerrísai ónco dmep leotse nbtiee neens  om daeterericah odse,  choanc iteonddaas   BOE-A-cable e
sus pertenencias y accesiones. Del inicio de este procedimiento se informará al Consejo 
de Gobierno.
4.  Vencido  el  plazo  establecido,  la  afectación  se  podrá  prorrogar  cuando  se 
mantengan las mismas circunstancias que motivaron su otorgamiento. El incidente de 
prórroga  se  resolverá  por  la  consejería  competente  en  materia  de  hacienda,  que 
informará de su resultado al Consejo de Gobierno.
5.  La afectación a otras Administraciones Públicas de bienes muebles o derechos 
que no recaigan sobre bienes inmuebles corresponderá a la consejería, organismo o 
entidad que los tuviere adscritos.
CAPÍTULO II
La adscripción de bienes y derechos
Artículo 47.  Concepto y objeto.
1.  La adscripción determina el órgano, organismo o entidad al que se asigna el uso 
y gestión de un bien o derecho para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus 
competencias.
2.  Con independencia de las atribuciones reservadas por esta ley y su normativa de 
desarrollo a la consejería competente en materia de hacienda o a otros órganos, la 
adscripción confiere las funciones, facultades y obligaciones relativas a la utilización del 
bien  o  derecho,  su  custodia,  administración,  conservación,  mantenimiento, 
aseguramiento y mejora.
3.  La  adscripción  se  otorgará  inicialmente  al  órgano,  organismo  o  entidad 
interesada en la adquisición del bien o derecho, y podrá modificarse posteriormente en 
los supuestos previstos en los artículos 50 y 51 de esta ley.
La adscripción no alterará la propiedad de los bienes ni la titularidad de los derechos.
Artículo 48.  La adscripción de bienes y derechos demaniales.
Los bienes y derechos de naturaleza demanial se podrán adscribir a:
a)  Las Cortes Regionales e instituciones dependientes.
b)  Las consejerías y demás órganos integrantes de la Administración de la Junta de 
Comunidades.
c)  Los  organismos  públicos  y  entidades  de  derecho  público  vinculados  o 
dependientes de la Administración regional.
Artículo 49.  La adscripción de bienes y derechos patrimoniales.
1.  Con carácter general, los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los 
mismos que tengan naturaleza patrimonial se adscribirán a la consejería competente en 
materia de hacienda, y se gestionarán por el órgano directivo competente en materia de 
patrimonio, salvo que por razones justificadas se acuerde su adscripción a otro órgano, 
organismo o entidad pública.
2.  Los  derechos  de  arrendamiento  sobre  bienes  inmuebles  y  los  derechos  de 
propiedad incorporal se adscribirán a los órganos, organismos o entidades que vayan a 
hacer uso de los mismos.
3.  Los bienes y derechos patrimoniales también se podrán adscribir a las empresas  e.e
de capital enteramente público y a fundaciones íntegramente públicas siempre que, en  b
ambos casos, formen parte del sector público regional. La pérdida sobrevenida de los  49ww
anteriores requisitos conllevará la revocación de la adscripción.
Artículo 50.  Órganos competentes y procedimiento para el cambio de adscripción de 
bienes y derechos.
1.  Las consejerías, organismos y demás sujetos previstos en los dos artículos 
precedentes  que  precisen  bienes  y  derechos  del  patrimonio  se  dirigirán,  mediante 
solicitud motivada, a la consejería competente en materia de hacienda.
En el expediente, que se instruirá por el órgano directivo competente en materia de 
patrimonio,  se  dará  audiencia  a  todas  las  consejerías,  organismos  y  entidades 
interesadas.
2.  El procedimiento será resuelto por el órgano directivo competente en materia de 
patrimonio, salvo en los casos en que la solicitud de adscripción vaya referida a bienes 
inmuebles o a derechos que recaigan sobre los mismos, donde el procedimiento será 
resuelto por el titular de la consejería competente en materia de hacienda.
3.  Resuelto el cambio de adscripción, se formalizará la entrega del bien o derecho 
en un acta que deberán suscribir los órganos u organismos afectados.
Del cambio de adscripción se dejará constancia en el Inventario General de Bienes y 
Derechos.
Artículo 51.  Cambios de adscripción motivados por reorganizaciones administrativas.
1.  La creación, modificación o supresión de las consejerías y demás organismos 
públicos e instituciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, no implicará 
por sí solo el cambio de adscripción de los bienes y derechos, salvo que se disponga 
otra cosa en la norma o disposición impulsora de la reestructuración orgánica.
A falta de previsión expresa, se entenderá que los bienes y derechos continúan 
vinculados a los mismos fines y funciones, considerándose adscritos a las consejerías, 
organismos o entidades a los que se hayan atribuido las respectivas competencias.
Estas alteraciones se actualizarán de oficio en el Inventario General por el órgano 
directivo competente en materia de patrimonio.
2.  Cuando la reestructuración orgánica exija una distribución de bienes y derechos 
entre varias consejerías y organismos, los afectados remitirán propuesta conjunta para 
su actualización en el Inventario General.
Si no hay acuerdo sobre la distribución, cada consejería u organismo remitirá su propia 
propuesta, que deberá estar motivada, correspondiendo al órgano directivo competente en 
materia de patrimonio resolver definitivamente sobre el reparto de bienes y derechos.
Artículo 52.  Adscripciones compartidas.
1.  Los bienes inmuebles y los derechos que recaigan sobre los mismos podrán ser 
adscritos a dos o más consejerías, organismos o entidades. La resolución que acuerde 
esta  adscripción  deberá  determinar  la  parte  que  se  asigna  a  cada  consejería  u 
organismo o entidad y la distribución del espacio.
2.  Las discrepancias que surjan sobre el ejercicio de las facultades y cumplimiento 
de las obligaciones comunes derivadas de la adscripción compartida se resolverán, 
previa audiencia de los interesados, por el órgano directivo competente en materia de 
patrimonio, cuya decisión será vinculante.
CAPÍTULO III
Incorporación al patrimonio de la Administración de Castilla-La Mancha de los  e.
bienes y derechos de sus organismos y entidades w.
Artículo 53.  Incorporación por innecesariedad.
dere1c.h oL opsú bbliiecon evsi nyc duelardeocsh oos  ddee ptietunldaireidnateds d ed elo sla  oArgdamniisnmistorsa cpióúnb licreogsi oyn eanl tiqduaed esse adne 
innecesarios para el cumplimiento de sus fines se podrán incorporar al patrimonio de 
esta última.
La circunstancia de la innecesariedad se comunicará al órgano directivo competente 
en materia de patrimonio, quien decidirá, previa consulta a los órganos, organismos o 
entidades que estime puedan estar interesados en los bienes y derechos, la procedencia 
de la incorporación al patrimonio de la Administración de la Junta de Comunidades o la 
autorización  para  su  enajenación.  Si  se  tratara  de  bienes  inmuebles,  la  decisión 
corresponderá al titular de la consejería que ostente las competencias en materia de 
hacienda.
Cuando la resolución acuerde la incorporación se pronunciará sobre la afectación, en 
su caso, y la adscripción.
2.  Las normas del apartado anterior no se aplicarán a aquellos bienes y derechos 
que los organismos adquieran con el propósito de devolverlos, con o sin transformación, 
al tráfico jurídico de acuerdo con sus fines o por tratarse de su actividad peculiar.
Artículo 54.  Incorporación por supresión del organismo.
1.  Los bienes y derechos de los organismos públicos y entidades de derecho 
público que sean objeto de supresión se incorporarán al patrimonio de la Administración 
de la Junta de Comunidades.
2.  En  cuanto  a  su  afectación  y  adscripción,  se  estará  a  lo  que  establezca  la 
disposición que acuerde la extinción. En su defecto, la consejería competente en materia 
de hacienda decidirá lo que proceda sobre la afectación, en su caso, y adscribirá los 
bienes y derechos a la consejería u organismo del que dependía o estaba vinculado el 
organismo o entidad objeto de extinción, salvo que de forma motivada acuerde otra cosa.
3.  La  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  a  favor  de  la  Administración 
regional se practicará con la presentación de la disposición por la que se hubiese 
producido la supresión del organismo.
TÍTULO IV
Régimen de uso y aprovechamiento de los bienes y derechos
CAPÍTULO I
Utilización de los bienes destinados al uso general
Artículo 55.  Régimen aplicable.
La utilización de los bienes de dominio público destinados al uso general se regirá 
por la legislación especial reguladora de los mismos, aplicándose las disposiciones 
generales de la legislación básica del Estado en materia patrimonial, esta ley y su 
normativa de desarrollo en defecto o insuficiencia de aquella.
Artículo 56.  Clases de usos y títulos habilitantes.
1.  Los bienes de dominio público destinados al uso general son susceptibles de las 
siguientes modalidades de uso:
a)  Uso común. e
b)  Uso especial. bo
c)  Uso privativo. 49ww
indis2t.i ntaE,l  suinso n ceocmesúidna eds  deel  qreuceo cnoorcriemsipeonntod ee xap troedsoos p loosr  pcaiurdtea ddaen loas A pdomr iingiusatrla yc idóen ,f oyr msina 
más restricciones que las siguientes:
a)  Que no se impida o limite el uso de los demás ciudadanos.
b)  Que  se  haga  un  uso  racional  del  bien,  respetando  su  naturaleza  y 
características.
c)  Las demás limitaciones y condiciones derivadas de la normativa aplicable y del 
acto de su afectación.
3.  El uso especial es aquel que, siendo compatible con el uso común, corresponde 
a  todos  los  ciudadanos,  si  bien,  por  la  concurrencia  de  diversas  circunstancias 
singulares, como la peligrosidad, la intensidad de uso, la escasez, la protección del bien, 
la obtención de una rentabilidad u otras análogas, se supedita su ejercicio a la previa 
autorización o concesión administrativa.
4.  El uso privativo del dominio público es el que podrá corresponder a un interesado 
con  limitación  o  exclusión  de  los  demás,  previa  obtención  de  la  correspondiente 
autorización o concesión, en los términos previstos en el capítulo III de este título.
Artículo 57.  Reservas demaniales.
1.  La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha puede reservarse el uso de 
bienes de dominio público para la ejecución de sus fines y competencias, cuando existan 
razones de utilidad pública o interés general que así lo justifiquen.
2.  La reserva deberá ser acordada por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la 
consejería competente en materia de hacienda e iniciativa de la consejería, organismo o 
entidad que tenga interés en su adopción. El acuerdo determinará, al menos, los bienes 
que comprende, los fines y competencias para los que se declara y el plazo máximo, que 
no  podrá  exceder  del  tiempo  necesario  para  la  ejecución  o  cumplimiento  de  las 
mencionadas competencias o fines que la justifican.
El acuerdo se publicará en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» y se inscribirá en 
el Registro de la Propiedad.
3.  La  reserva  prevalecerá  frente  a  otros  posibles  usos  y  llevará  implícita  la 
declaración de utilidad pública y la necesidad de la ocupación para la expropiación de los 
derechos de uso preexistentes que sean incompatibles con la misma.
CAPÍTULO II
Uso de los bienes destinados a los servicios públicos y otras funciones 
administrativas
Artículo 58.  Bienes y derechos destinados a los servicios públicos.
1.  La utilización de los bienes y derechos destinados a la prestación de los servicios 
públicos se efectuará de conformidad con la normativa reguladora del servicio público de 
que se trate, aplicándose las disposiciones de esta ley y su normativa de desarrollo con 
carácter subsidiario.
2.  A falta de normativa reguladora del servicio público, los bienes y derechos se 
utilizarán  de  conformidad  con  su  afectación  y  por  lo  establecido  en  esta  ley  y  su 
normativa de desarrollo.
Artículo 59.  Ocupación de edificios y otros inmuebles por terceros.
1.  Con carácter excepcional, se podrá admitir la ocupación de espacios en edificios  e.e
y otros inmuebles públicos por parte de terceros para su utilización y aprovechamiento  b
privativo, tanto con fines lucrativos como no lucrativos, siempre que dichos espacios no  49ww
sseeravnic inoesc peúsbalriicooss  noi  asdem imniesntroasticvaobse in ost aelandtoorsp eeznc aaq ueel llaodse.cuado funcionamiento de los
conc2e. sióEns tdae mocaunpiaalc, iqóune  ddeebbeerráá  essetra or tohragbaidlitaa dcao npfoorrm lea  sceo errsetsapbolencdeie ennte e la cuatopríitzualoc iIóIIn d oe 
este título.
No obstante, las solicitudes de uso por un plazo no superior a treinta días, o que 
tengan por objeto la organización de conferencias, seminarios, presentaciones u otros 
eventos, sólo precisarán para su autorización la resolución emitida por la consejería, 
organismo o entidad titular de la adscripción, en la que se establecerá, al menos, las 
condiciones de utilización del bien, la duración y la contraprestación a satisfacer, en su 
caso, en los términos previstos en el artículo 63.
CAPÍTULO III
Autorizaciones y concesiones demaniales
Artículo 60.  Exigencia de las autorizaciones y concesiones demaniales.
1.  Estarán sujetos a autorización, hasta un plazo máximo de diez años, incluidas 
las prórrogas, los siguientes usos:
a)  El uso especial.
b)  El  uso  privativo  del  dominio  público  con  instalaciones  no  permanentes  o 
desmontables o con bienes muebles.
2.  El uso especial y el uso privativo del dominio público con instalaciones no 
permanentes o desmontables o con bienes muebles por un plazo superior a diez años, y 
en  todo  caso,  la  ocupación  privativa  de  dominio  público  con  obras  o  instalaciones 
permanentes, estarán sometidos a concesión demanial, hasta un plazo máximo de 
setenta y cinco años, incluidas las prórrogas.
3.  Las autorizaciones y concesiones que habiliten para la ocupación de bienes de 
dominio público que sean necesarias para la ejecución de un contrato administrativo se 
considerarán accesorias de aquel, y estarán vinculadas a dicho contrato en cuanto a su 
otorgamiento, duración, vigencia y transmisibilidad. No será necesario obtener estas 
autorizaciones  o  concesiones  cuando  el  contrato  administrativo  habilite  para  la 
ocupación de los bienes de dominio público.
De la celebración de estos contratos se dará cuenta al órgano directivo competente 
en materia de patrimonio.
Artículo 61.  Autorizaciones: otorgamiento, transmisibilidad y revocación.
La  forma  de  otorgamiento,  transmisibilidad  y  revocación  de  las  autorizaciones 
demaniales se regirán por las disposiciones básicas de los apartados 1, 2 y 4 del 
artículo 92 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas.
Artículo 62.  Concesiones: otorgamiento, formalización, transmisibilidad y rescate.
1.  El  régimen  de  otorgamiento  y  formalización  de  las  concesiones  será  el 
establecido con carácter básico en los apartados 1 y 2 del artículo 93 de la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
2.  Las concesiones que habiliten para el uso privativo del dominio público con 
instalaciones  no  permanentes  o  desmontables  o  con  bienes  muebles  se  podrán 
transmitir  a  tercero,  previa  conformidad  del  órgano  competente,  salvo  que  en  su 
otorgamiento se hubieran tenido en cuenta circunstancias personales del concesionario  es
o  que  dicha  transmisión  estuviera  prohibida  expresamente  en  las  condiciones  o
reguladoras de la concesión. 49ww
sdPeoa mtrr3eiimn.g ioiorná Lpi aoúp  botdrlreai c nlolaas ssmc  oAnisnodi órmomnbi nradaisses t  rdolaae csiln i oascnrtoateínlcsacu cePliosoú inbo9elni8cse.a 1sps  e.qdrueme la ahn aeLbneitylei tse3 n3e /jp2ea0cr0ua3ta ,l dada eos c p3uo pdra eec li óncnoo vnpiecriemvsabitorievna,a  rddioee,l    OE-A-2021-28able en https://
4.  La  Administración  podrá  acordar  el  rescate  de  la  concesión  antes  de  su 
vencimiento, cuando lo justifiquen razones sobrevenidas de interés público. En este 
caso, el concesionario deberá ser resarcido de los daños y perjuicios que se le hayan 
producido, en los términos previstos en el artículo 71.3 de esta ley.
Artículo 63.  Régimen económico de las autorizaciones y las concesiones.
Las  autorizaciones  y  concesiones  se  otorgarán  con  contraprestación  o  con 
condiciones, o con sujeción a la tasa por utilización privativa o especial de bienes de 
dominio público que venga prevista en las leyes aplicables a la Comunidad Autónoma 
que regulen estos tributos.
No obstante lo anterior, no estarán sujetas a contraprestación o tasa cuando el uso 
de los bienes de dominio público no lleve aparejada una utilidad económica o, aun 
existiendo, la utilización o aprovechamiento conlleve condiciones u obligaciones para el 
beneficiario que la anulen o la hagan irrelevante.
Artículo  64.  Condiciones  generales  y  particulares  de  las  autorizaciones  y  las 
concesiones.
1.  El órgano directivo competente en materia de patrimonio, a iniciativa propia o a 
instancia de las consejerías u organismos interesados, podrá proponer al titular de la 
consejería competente en materia de hacienda la aprobación de condiciones generales 
para el otorgamiento de determinadas categorías de autorizaciones y concesiones, que 
deberán ser publicadas en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».
Durante el tiempo de su vigencia, las condiciones generales serán vinculantes para 
los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones y concesiones que se encuentren 
dentro de su ámbito de aplicación.
2.  Las cláusulas particulares de las autorizaciones y concesiones demaniales se 
establecerán  en  el  pliego  de  condiciones,  cuando  resulte  necesario  o  se  estime 
conveniente  hacer  uso  de  este  instrumento  de  conformidad  con  esta  ley,  y  en  la 
resolución por la que se otorgue la autorización o concesión demanial.
Artículo 65.  Contenido mínimo del acto de otorgamiento.
La resolución por la que se otorgue una autorización o concesión demanial tendrá el 
siguiente contenido mínimo:
a)  Delimitación y descripción del bien o porción de dominio público objeto de uso.
b)  El régimen de utilización, incluyendo, si procede, las obras o instalaciones que 
deban ejecutarse.
c)  El compromiso de utilizar el bien según su naturaleza y características, y de 
entregarlo o devolverlo a la extinción del título en el estado en el que se recibe o en las 
condiciones que se especifiquen, en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del 
artículo 71.
d)  El régimen económico.
e)  La exigencia de garantía, de estimarse conveniente.
Cuando se exija garantía se indicará su importe y forma de constitución, que deberá 
tener lugar antes de la ocupación del inmueble, en el caso de la autorización, o de la 
formalización, en el caso de la concesión. La garantía responderá del adecuado uso del 
bien, de su reposición o reparación, y del resto de las obligaciones establecidas. e.
Cuando el importe de los gastos generados o daños y perjuicios causados a la  w.b
Administración supere el importe de la garantía, el exceso se podrá hacer efectivo por el  49ww
procfe) dimLaie anstou ndcei óanp rdeem lioos. gastos de conservación y mantenimiento del inmueble, y de
los tributos asociados al mismo.
g)  La obligación del usuario o concesionario de la obtención, a su costa, de cuantas 
licencias,  autorizaciones  o  permisos  se  requieran  para  el  uso  o  el  ejercicio  de  la 
actividad.
h)  La asunción frente a la Administración o terceros de la responsabilidad que se 
derive de la ocupación o uso del inmueble, con mención, si se considera oportuno, de la 
obligatoriedad de formalizar una póliza de seguro, un aval bancario u otra garantía 
suficiente.
i)  El plazo y régimen de prórroga, que siempre deberá ser expresa.
j)  El régimen relativo a la transmisibilidad de la autorización o concesión.
k)  La facultad de la Administración de inspeccionar el bien objeto de autorización o 
concesión, para comprobar y garantizar que el mismo es utilizado de conformidad con 
los términos de su otorgamiento.
l)  Las causas de extinción.
m)  En las autorizaciones, se incluirá la aceptación por parte del beneficiario de la 
facultad de revocación unilateral de la Administración por razones de interés público, 
conforme se establece en el artículo 92.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
n)  En las concesiones, por su parte, se indicará que su otorgamiento se entenderá 
hecha sin perjuicio de tercero.
Artículo 66.  Órganos competentes.
1.  Las  autorizaciones  y  concesiones  se  otorgarán  por  los  titulares  de  las 
consejerías a las que estuvieren adscritos los bienes.
En el ámbito de los organismos públicos y las entidades de derecho público, tanto 
para  los  bienes  de  su  titularidad  como  los  que  tengan  adscritos,  la  competencia 
corresponderá  a  quien  determinen  sus  normas  de  creación,  organización  o 
funcionamiento, y en su defecto, a sus presidentes o directores.
2.  A los mismos órganos corresponderá el seguimiento y control, así como la 
modificación, interpretación, autorización de la transmisión y la extinción.
3.  El otorgamiento de la autorización y la formalización de la concesión, así como 
su  extinción,  se  deberán  comunicar  al  órgano  directivo  competente  en  materia  de 
patrimonio para su anotación en el Inventario General.
Artículo  67.  Procedimiento  para  la  adjudicación  directa  de  autorizaciones  y 
concesiones.
1.  Las solicitudes que tengan por objeto un uso especial o privativo de bienes de 
dominio  público  se  tramitarán  por  las  reglas  de  este  artículo  cuando  proceda  la 
adjudicación directa y por las normas del artículo siguiente en el caso contrario.
2.  Serán  causas  de  inadmisión,  con  archivo  de  la  solicitud,  las  circunstancias 
siguientes:
a)  La inadecuación, inexistencia o insuficiencia del bien.
b)  Cuando se ponga en riesgo su protección, defensa o conservación.
c)  La incompatibilidad del uso solicitado con el destino del bien.
d)  Cualquier otra razón justificada de interés público.
3.  Cuando se dé trámite a la solicitud, la propuesta de resolución, que deberá 
incorporar al menos el contenido previsto en el artículo 65, se comunicará al interesado  e.
para que pueda hacer las alegaciones y consideraciones que estime oportunas en un  w.b
plazo de diez días. 49ww
trasl4a.d oC doen t ocdaor áloc taecr tuparedvoi oa l aó rglaa nreos doilrueccitóivno  qcuoem ppeotnegnate  feinn  mal apteroricae ddeim piaetnritmo,o nseio  pdaarraá 
que 5e.m  iEtal  inpflaozrmo ep parreac erepstiovlov eern  euln  pprloaczeod dime iveenitnot ey d ínaost.ificar la resolución será de tres
meses. En caso de silencio, los interesados podrán entender desestimada la solicitud.
Artículo 68.  Procedimiento de adjudicación en régimen de concurrencia iniciado con 
motivo de la solicitud de un particular.
Las solicitudes de autorizaciones o concesiones demaniales que no reúnan los 
requisitos para ser otorgadas de forma directa, podrán motivar el inicio de oficio de un 
procedimiento de adjudicación en régimen de concurrencia, conforme a las siguientes 
reglas:
a)  Se publicará un anuncio gratuito en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» 
comprensivo  de  la  solicitud  presentada,  de  la  posibilidad  de  que  otros  interesados 
presenten sus propias solicitudes alternativas en el plazo que se indique, que no podrá 
ser inferior a veinte días naturales para las autorizaciones y treinta para las concesiones, 
y de las condiciones mínimas a las que quedará sometida la autorización o concesión. 
Durante el plazo de presentación el solicitante inicial podrá mejorar o complementar su 
propia solicitud.
Con carácter previo a la publicación del anuncio, se dará traslado de todo lo actuado 
al  órgano  directivo  competente  en  materia  de  patrimonio  para  que  emita  informe 
preceptivo en un plazo de veinte días.
b)  La adjudicación se decidirá en base a los criterios que se establezcan en el 
anuncio, entre los que se contemplará, de ser ello posible, la mayor utilidad pública o 
interés social de los usos objeto de las solicitudes. Los criterios que establezca el 
anuncio deberán estar formulados de manera objetiva.
En el caso de las autorizaciones, cuando no fuera procedente establecer criterios de 
selección  la  adjudicación  podrá  efectuarse  por  sorteo  público,  siempre  que  esta 
posibilidad se haya indicado en el anuncio.
c)  El plazo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de seis 
meses, que se computarán desde la publicación de la convocatoria.
d)  La adjudicación será objeto de publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha».
Artículo  69.  Procedimiento  de  adjudicación  en  régimen  de  concurrencia  iniciado  a 
instancia de la propia Administración.
1.  El procedimiento para la adjudicación de autorizaciones y concesiones podrá 
iniciarse  de  oficio  por  parte  de  los  órganos  competentes  para  su  otorgamiento,  a 
iniciativa propia o a propuesta de otros órganos, exponiendo las razones de utilidad 
pública o interés social que lo justifican.
2.  Antes de proceder a la publicación de la convocatoria, el órgano competente 
aprobará el pliego de condiciones, previo informe del órgano directivo competente en 
materia de patrimonio, que deberá emitir en un plazo de veinte días.
El  pliego  de  condiciones  regulará,  al  menos,  las  cuestiones  previstas  en  el 
artículo 65, así como, los requisitos que deben reunir los potenciales aspirantes y los 
criterios que servirán para la valoración de las solicitudes, entre los que necesariamente 
se deberá contemplar la mayor utilidad pública o interés social de los usos objeto de 
aquellas,  salvo  en  el  caso  de  las  autorizaciones  en  las  que  no  fuera  procedente 
establecer criterios de selección, cuya adjudicación podrá efectuarse por sorteo público. 
Tanto los requisitos de los potenciales aspirantes como los criterios que servirán para la 
valoración de las solicitudes deberán estar formulados de manera objetiva.
3.  La convocatoria se publicará de forma gratuita en el «Diario Oficial de Castilla-La  s
Mancha». El plazo para presentar solicitudes no podrá ser inferior a veinte días naturales  oe.
para las autorizaciones y treinta para las concesiones. w.
mes54e..s  , qLEual e p asladezj uocdo ipmcaaprcuaiót anrre ásrnoe ldcvaeeesr dráee l  leapn rpo ucfbaelvdicoimar cieidónent  odl aey   lasno ocltiocifniitcvuaodrc  alqatou reriea s.hoaluycai óonb tseenriád od em seejoisr   2021-2849n https://ww
valoración, y se publicará en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».
Artículo 70.  Extinción de las autorizaciones y concesiones demaniales.
1.  Las autorizaciones y concesiones demaniales se extinguirán por las causas 
previstas en las normas básicas de los artículos 94 y 100 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y por las demás razones 
que  se  hubieran  previsto  en  las  condiciones  y  cláusulas  reguladoras  de  cada 
autorización o concesión.
2.  En  los  supuestos  de  muerte  del  usuario  o  concesionario  persona  física  o 
extinción de la personalidad jurídica y caducidad por vencimiento del plazo, la extinción 
se producirá de forma automática.
La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra 
causa de extinción imputable al usuario o concesionario, y se formalizará en documento 
administrativo.
El resto de causas de resolución deberán ser acordadas por el órgano competente, 
previa audiencia a los interesados. Cuando se acuerde la extinción se determinarán sus 
efectos, en los términos previstos en el título constitutivo, en esta ley y demás normativa 
que sea aplicable.
Artículo 71.  Devolución del bien y otros efectos de la extinción.
1.  A la extinción de la autorización o concesión el interesado deberá abandonar o 
dejar libre el bien y hacer entrega de la posesión a la Administración en las condiciones 
establecidas, y en su defecto, en el estado en el que se encontraba al inicio de la 
autorización o concesión.
2.  Cuando se extinga la concesión, las obras, construcciones e instalaciones fijas 
ejecutadas por el concesionario deberán ser demolidas, salvo que su mantenimiento 
hubiera sido previsto expresamente en el título o el órgano administrativo competente así 
lo decidiera. En este caso, las obras, construcciones e instalaciones serán adquiridas 
gratuitamente y libres de cargas y gravámenes por la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.
3.  En el caso de rescate anticipado de la concesión, el titular será indemnizado del 
perjuicio material surgido de la extinción anticipada, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 101.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas.
4.  Si  la  causa  de  extinción  de  la  autorización  o  concesión  consistiere  en  la 
desafectación  del  bien,  se  procederá  a  la  liquidación  conforme  se  prevé  en  los 
apartados 2 y 3 del artículo 102 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas.
El  órgano  competente  para  declarar  la  caducidad  de  las  autorizaciones  y 
concesiones será, en los supuestos del artículo 102.2.a) de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el que sea competente para 
su otorgamiento, y en los supuestos de la letra b) del apartado 2 del citado precepto, el 
titular de la adscripción.
No obstante, se podrá acordar la expropiación de los derechos si se estimare que su 
mantenimiento durante el término de su vigencia perjudica el posterior destino de los 
bienes  o  los  hace  desmerecer  considerablemente  a  los  efectos  de  su  potencial 
enajenación.
Artículo 72.  Derecho de adquisición preferente. es
Cuando se acuerde la enajenación onerosa de los bienes patrimoniales a los que se  w.
mrdeeifsmiemraeon siae lle qasup,e at ertndadedrroáiv ne4 n dd eerdel eca hrotcí codunelco ea sadinqotuneiersisioc ri,ó onltoo spr grteaitfduealraesrn etsce u deaenn  dldooes r ettéecrnhmíoasinn o vsilga pe rnectevoisns dtsoicosib óernen   lldooess    2021-2849n https://ww
apartados 1 y 3 del artículo 103 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas. Bc
El derecho podrá ser ejercitado dentro de los veinte días naturales siguientes a aquel 
en que se les notifique la decisión de enajenar el bien, con indicación del precio y las 
demás condiciones esenciales de la enajenación. A falta de notificación, o cuando la 
enajenación se efectúe en condiciones distintas de las mencionadas en la comunicación, 
el derecho podrá ejercitarse desde la perfección de la venta hasta que trascurran treinta 
días naturales posteriores a la inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad.
CAPÍTULO IV
Aprovechamiento y explotación de los bienes y derechos patrimoniales
Artículo 73.  Explotación de bienes y derechos patrimoniales.
La Junta de Comunidades podrá explotar los bienes y derechos patrimoniales que 
sean  susceptibles  de  un  aprovechamiento  rentable,  a  través  de  cualquier  negocio 
jurídico, típico o atípico, de acuerdo con criterios de máxima rentabilidad económica y 
social.
No obstante, la explotación de los bienes y derechos patrimoniales que se hallen 
materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, sólo será posible 
en la medida en que sea compatible con el servicio o función pública de que se trate.
Artículo 74.  Órganos competentes.
Los actos relativos al aprovechamiento o explotación de los bienes y derechos 
patrimoniales corresponderán a los titulares de las consejerías a los que estén adscritos, 
y en el caso de los organismos públicos y las entidades de derecho público, tanto para 
los bienes de su titularidad como los que tengan adscritos, a los órganos que determinen 
sus  normas  de  creación,  organización  o  funcionamiento,  y  en  su  defecto,  a  sus 
presidentes o directores.
Artículo 75.  La adjudicación de la explotación a terceros.
1.  La adjudicación de los contratos para la explotación de los bienes y derechos 
patrimoniales por terceros se realizará en régimen de concurrencia o de forma directa, 
en los términos establecidos con carácter básico en el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
La adjudicación deberá publicarse en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».
2.  Antes de la convocatoria pública o de la adjudicación directa, según se trate, el 
órgano competente aprobará, previo informe de los servicios jurídicos, las condiciones 
relativas a la utilización y explotación del bien o derecho, los criterios de selección, en su 
caso, el plazo de duración, la contraprestación a satisfacer por el adjudicatario, las 
causas de resolución, y todas aquellas cuestiones que se estimen convenientes para la 
adecuada defensa de los derechos e intereses de la Junta de Comunidades.
3.  Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, las solicitudes 
de uso de bienes patrimoniales por un plazo no superior a treinta días, o que tengan por 
objeto la organización de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos, sólo 
precisarán para su adjudicación la autorización emitida por el órgano competente, en la 
que se establecerá, al menos, las condiciones de utilización y explotación del bien, la 
duración y la contraprestación a satisfacer.
Artículo 76.  Formalización y subrogación. w.
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distinta.
2.  La subrogación de un tercero en los derechos y obligaciones dimanantes del 
contrato sólo será posible cuando, estando prevista en las condiciones acordadas, sea 
autorizada expresamente por el órgano competente para la adjudicación.
TÍTULO V
De los edificios administrativos
Artículo 77.  Edificio administrativo.
A  los  efectos  de  esta  ley,  se  entiende  por  edificio  de  uso  administrativo  las 
edificaciones,  locales  y  otros  espacios  que  estén  destinados  a  las  sedes,  oficinas, 
servicios  administrativos  y  dependencias  auxiliares  de  los  órganos  e  instituciones 
previstos en el artículo 2.1.
También  se  considerarán  edificios  administrativos  aquellos  que  por  sus 
características  sean  susceptibles  de  ser  destinados  a  los  fines  indicados,  con 
independencia del uso que se les estuviere dando.
Artículo 78.  Reglas básicas de utilización.
Las consejerías, organismos públicos y demás entidades titulares de la adscripción 
utilizarán y gestionarán los edificios administrativos con sujeción a las siguientes reglas:
a)  Seguridad y conservación.
b)  Uso racional y eficiente.
c)  Accesibilidad, habitabilidad y funcionalidad, sin perjuicio de las consideraciones 
de carácter cultural o medioambiental que puedan o deban tenerse en cuenta.
d)  Imagen  institucional  unificada  e  inspirada  en  los  principios  que  rigen  la 
organización y funcionamiento de la Administración Pública.
e)  Adecuación a las actuaciones de planificación, coordinación y control que se 
establecen en los artículos siguientes.
Artículo 79.  Los edificios administrativos compartidos.
1.  Las facultades y obligaciones comunes derivadas de la adscripción compartida 
de un edificio administrativo se asignarán y ejercerán por las consejerías, organismos y 
entidades  afectados,  en  los  términos  que  establezcan  de  común  acuerdo  en  el 
correspondiente protocolo. A falta de acuerdo, la forma de gestión del edificio se decidirá 
por el órgano directivo competente en materia de patrimonio.
Las discrepancias que surjan sobre el ejercicio o interpretación de las facultades y 
obligaciones  comunes  establecidas  se  resolverán  en  los  términos  previstos  en  el 
artículo 52.2 de esta ley.
2.  Mediante Orden de la consejería competente en materia de hacienda se podrá 
desarrollar  el  contenido  mínimo  de  los  protocolos  para  la  gestión  de  un  edificio 
administrativo compartido.
Artículo 80.  Planificación para la optimización de los edificios administrativos.
1.  El titular de la consejería competente en materia de hacienda podrá aprobar 
planes para la adecuada optimización de los edificios administrativos. es
Los planes también podrán incluir medidas tendentes a la mejora de la seguridad y  o
conservación de los edificios y para procurar un uso más racional y eficiente. 49www.
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inmuebles, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
Artículo 81.  Órgano de coordinación y control.
1.  La consejería competente en materia de hacienda, a través del órgano directivo 
competente en materia de patrimonio, ejercerá las siguientes funciones:
a)  Coordinar la utilización de los edificios administrativos.
b)  Velar  por  el  cumplimiento  de  las  reglas  básicas  de  utilización  de  edificios 
administrativos establecidas en el artículo 78.
c)  Supervisar la ejecución de los planes de optimización.
2.  Para el desarrollo de las anteriores funciones, el órgano directivo competente en 
materia de patrimonio podrá recabar los dictámenes, informaciones y documentos que 
estime conveniente a las consejerías, organismos y demás entidades de la Junta de 
Comunidades, realizar visitas de comprobación e inspección a los edificios, y dictar las 
instrucciones que considere necesarias.
Artículo 82.  Comisión Consultiva de Gestión de Edificios Administrativos.
1.  Se crea la Comisión Consultiva de Gestión de Edificios Administrativos, como 
órgano  no  permanente  de  consulta  y  asesoramiento  en  materia  de  utilización, 
coordinación y optimización de los edificios administrativos.
2.  La  Comisión  Consultiva  estará  integrada  por  el  titular  del  órgano  directivo 
competente en materia de patrimonio, que la presidirá, el titular del órgano directivo 
competente en materia de coordinación administrativa, que ejercerá la vicepresidencia, 
el titular del órgano directivo competente en materia de presupuestos, y los titulares de 
las secretarías generales técnicas, o en su defecto, las secretarías generales, de las 
consejerías. El secretario de la Comisión Consultiva será un funcionario del órgano 
directivo competente en materia de patrimonio, con voz y sin voto.
La  Comisión  podrá  solicitar  información  y  convocar  a  sus  sesiones  a  aquellos 
órganos o unidades, tanto centrales como periféricos, que se considere conveniente, en 
función de los temas a tratar. En todo caso, se convocará a un representante de los 
organismos y las entidades cuyos intereses pudieran resultar afectados.
3.  La Comisión Consultiva de Gestión de Edificios Administrativos podrá elaborar 
estudios y realizar propuestas o recomendaciones sobre cualquier asunto relacionado 
con la planificación, la coordinación y la utilización de los edificios administrativos, y 
emitirá informe cuando así se requiera por la consejería competente en materia de 
hacienda.
TÍTULO VI
De los negocios jurídicos patrimoniales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 83.  Reconocimiento de la potestad y principio de libertad de pacto.
Para  la  consecución  de  sus  fines  y  la  defensa  de  sus  intereses,  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha podrá celebrar cualesquiera contratos, convenios y  es
negocios jurídicos patrimoniales, tanto típicos como atípicos, y concertar los pactos,  o
cláusulas y condiciones que se estimen por conveniente, siempre que no sean contrarios  49www.
al interés público, al ordenamiento jurídico ni a los principios de buena administración.
Artículo 84.  Régimen jurídico aplicable.
1.  La  preparación  y  adjudicación  de  los  contratos  y  demás  negocios  jurídicos 
patrimoniales se regirán por las normas directamente aplicables al Patrimonio de la Junta 
de Comunidades recogidas en el artículo 5 de esta ley. Con carácter supletorio, se 
acudirá a la normativa patrimonial del Estado no básica, a la legislación de contratos del 
sector público y a las restantes normas del derecho administrativo, y en su defecto, al 
derecho privado.
2.  Los  efectos  y  extinción  se  regirán  por  las  normas  directamente  aplicables 
previstas en el artículo 5 y por el derecho privado.
3.  Los  negocios  complejos,  entendiendo  por  tales  aquellos  que  incluyan 
prestaciones accesorias o correspondientes a distintos tipos de contratos o negocios 
patrimoniales,  se  tramitarán  en  expediente  único  y  se  regirán,  en  cuanto  a  la 
competencia y procedimiento, por las disposiciones reguladoras del negocio jurídico que 
sea la razón principal de su celebración.
Artículo 85.  Preparación del negocio patrimonial.
1.  La  celebración  de  negocios  patrimoniales  requerirá  la  tramitación  de  un 
expediente  preparatorio,  en  el  que  deberá  quedar  acreditado  su  necesidad  o 
conveniencia.
2.  En  los  contratos  patrimoniales  relativos  a  adquisiciones  onerosas,  ventas, 
permutas o arrendamientos, se incorporará al expediente el pliego de condiciones, que 
habrá de recoger, como mínimo, el objeto del contrato, su régimen jurídico, los pactos y 
condiciones reguladoras de los derechos y obligaciones de las partes y las normas o 
reglas relativas a la adjudicación cuando esta vaya a tener lugar mediante concurso o 
subasta.
En el supuesto de adjudicación directa, el pliego de condiciones se podrá sustituir por 
el proyecto de contrato.
El pliego de condiciones, o en su caso el proyecto de contrato, deberá ser informado 
por el órgano o unidad que tenga atribuido el asesoramiento jurídico del órgano que haya 
de decidir sobre su aprobación.
Completado el expediente, se procederá a la aprobación del mismo, del pliego de 
condiciones o del proyecto de contrato, en su caso, y la tasación pericial, y se dispondrá 
la apertura del procedimiento de adjudicación, si esta ha de llevarse a cabo mediante 
concurrencia pública, o la autorización para que se proceda a la formalización, en el 
supuesto de adjudicación directa.
3.  En los expedientes que tengan por objeto la adquisición onerosa, venta, permuta 
o arrendamiento de bienes inmuebles y derechos reales que recaigan sobre los mismos 
de cuantía superior a 12.000 euros, una vez aprobado el expediente y de forma previa a 
la apertura del procedimiento de adjudicación, en caso de concurrencia pública, o a la 
autorización para que se proceda a la formalización, en caso de adjudicación directa, se 
deberá publicar un anuncio del trámite en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» y 
toda la información y documentación relevante en el Portal de Transparencia de Castilla-
La Mancha.
Artículo 86.  Tasaciones periciales.
1.  En  los  contratos  y  demás  negocios  patrimoniales  relativos  a  adquisiciones  s
onerosas, ventas, permutas, arrendamientos y todos aquellos otros en los que el valor  oe.
del  bien  o  el  derecho  sea  relevante  para  su  celebración,  se  deberá  emitir  el  w.
tcroarmrEeitsnap coeiónl ndr iedesentlto ep  rdionecf oecrdmoimneti readnteot osv. asloer apcoiódnrá no  tuatsiliazcairó no tpraesri cviaall,o rpaacriao nseus  cqounes idceornasctieónn  eenn  leal   2021-2849n https://ww
expediente, en el Inventario General o en registros oficiales, como las valoraciones
catastrales. Bc
2.  Los informes de valoración y las tasaciones periciales se podrán elaborar por 
personal  técnico  dependiente  de  la  consejería,  organismo  o  entidad  que  tenga  la 
adscripción  de  los  bienes  o  derechos  o  que  haya  interesado  su  adquisición  o 
arrendamiento, por técnicos facultativos de la consejería competente en materia de 
hacienda o por técnicos de otras consejerías que se estimen más apropiados en función 
del tipo de bien o derecho a valorar. De forma motivada, también se podrá solicitar estos 
trabajos a sociedades debidamente inscritas en el registro oficial de sociedades de 
tasación y a empresas legalmente habilitadas, previa celebración del correspondiente 
contrato, con arreglo a las normas de contratación del sector público.
3.  De forma motivada, se podrá modificar la tasación cuando omita o no justifique 
adecuadamente la valoración de algunos elementos importantes, cuando razones de 
especial idoneidad del bien o derecho u otras circunstancias le otorguen un valor para la 
Administración  distinto  del  valor  de  mercado,  o  cuando  concurran  hechos  o 
circunstancias no apreciados en la tasación. Como alternativa a la modificación, se 
podrán recabar informes y tasaciones contradictorias.
4.  La tasación deberá ser aprobada por el órgano competente para aprobar el 
expediente. Cuando haya tasaciones discrepantes, la aprobación recaerá sobre la que 
se considere más ajustada al valor real del bien o derecho para el negocio de que se 
trate.
5.  Las tasaciones tendrán una validez de un año, contado desde su aprobación.
Artículo 87.  Procedimiento de adjudicación.
1.  Con  carácter  general,  los  negocios  jurídicos  patrimoniales  se  adjudicarán 
respetando los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, a 
través de los procedimientos de concurso o subasta.
En el concurso, la adjudicación recaerá en el licitador que haga la oferta más 
ventajosa en su conjunto, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de 
condiciones, sin atender exclusivamente al precio, y que deberán ser formulados de 
manera objetiva.
En  la  subasta,  el  pliego  establecerá  un  tipo  base  expresado  en  dinero,  con 
adjudicación a la oferta más ventajosa económicamente.
En ambos casos, el órgano competente para resolver la adjudicación estará asistido 
por  una  mesa  de  contratación  patrimonial,  cuya  composición  y  funciones  se 
determinarán reglamentariamente.
2.  La adjudicación directa sólo será posible, previa justificación en el expediente, en 
los supuestos que se relacionan a continuación:
a)  Cuando el adjudicatario sea otra Administración pública, un organismo o entidad 
pública, o una entidad de derecho privado perteneciente al sector público.
b)  Cuando el concurso o la subasta hubieran sido declarados desiertos o cuando, 
habiendo  sido  adjudicados,  no  llegaran  a  formalizarse  o  resultaran  fallidos  por 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, siempre que no hubiera 
transcurrido un plazo de quince meses desde la publicación de la convocatoria. En este 
caso, las condiciones de la adjudicación directa no podrán ser distintas de las que 
sirvieron de base para la adjudicación por concurso o subasta.
c)  Por razón de urgencia, derivada de hechos o circunstancias imprevistas.
d)  En los casos en los que exista un derecho de adquisición preferente reconocido 
por disposición legal o en un contrato. e
e)  En los restantes supuestos previstos en esta ley para cada tipo de contrato o  bo
negocio. 49ww
ante3s.  deL ala  Apdemrfeincicsitóranc dióenl  npeogdorcái os upsaptreimndoenri aol,  dceusainsdtiro  dseel  mproodciefiqduimeine not od edsea paadrjeuzdcicaanc ilóans 
razones que justificaron su iniciación o sobrevengan otros motivos de interés público, sin
que se genere derecho a indemnización a favor de los licitadores. La resolución que  Bc
acuerde el desistimiento ordenará la devolución de las garantías que hubieran sido 
constituidas.
4.  La  publicación  de  la  adjudicación  prevista  en  esta  ley  para  los  negocios  y 
contratos patrimoniales que tengan por objeto la adquisición onerosa, venta, permuta o 
arrendamiento de bienes inmuebles y derechos reales que recaigan sobre los mismos, 
contendrá, al menos, el objeto y valor del negocio jurídico patrimonial, la persona o 
entidad adjudicataria, el tipo de procedimiento seguido para la adjudicación y los criterios 
que la han motivado. El expediente completo, incluida la resolución de adjudicación, 
deberá publicarse en el Portal de Transparencia de Castilla-La Mancha.
Artículo 88.  Capacidad para contratar con la Administración.
1.  Podrán celebrar negocios jurídicos patrimoniales con la Junta de Comunidades 
de  Castilla-La  Mancha  las  personas  físicas  y  jurídicas  que  tengan  capacidad  para 
contratar con arreglo a las normas civiles.
2.  De forma motivada, el pliego de condiciones podrá exigir requisitos adicionales 
en función del bien o derecho objeto del contrato o el interés público afectado.
3.  En cualquier caso, y siempre que se trate de bienes inmuebles, no podrán 
adquirir a título oneroso ni arrendar a la Junta de Comunidades, aquellas personas de 
naturaleza privada que incurran en alguna de las prohibiciones para contratar con la 
Administración previstas en la legislación de contratos del sector público.
Artículo 89.  Formalización de determinados negocios jurídicos sobre inmuebles.
1.  Los negocios jurídicos de adquisición, gravamen y enajenación que afecten a 
bienes inmuebles y derechos reales sobre los mismos se formalizarán en escritura 
pública, cuando esta forma sea requisito constitutivo del negocio o sea necesaria para la 
inscripción en el Registro de la Propiedad.
2.  Con  independencia  de  lo  establecido  en  el  apartado  anterior,  las  cesiones 
gratuitas  de  bienes  inmuebles  o  derechos  reales  que  se  realicen  con  otras 
Administraciones Públicas, organismos o entidades públicas vinculadas o dependientes, 
se podrán formalizar en documento administrativo, que será título suficiente para su 
inscripción en el Registro de la Propiedad.
3.  En  el  otorgamiento  de  las  escrituras  y  la  formalización  de  los  documentos 
administrativos,  ostentará  la  representación  de  la  Administración  de  la  Junta  de 
Comunidades el titular del órgano directivo competente en materia de patrimonio o el 
titular del órgano o funcionario en quien delegue.
4.  El arancel que deba satisfacer la Junta de Comunidades por la formalización de 
los negocios jurídicos patrimoniales se reducirá en el porcentaje previsto en la normativa 
arancelaria notarial.
CAPÍTULO II
Negocios jurídicos de adquisición
Sección primera. Cuestiones generales
Artículo 90.  Modos de adquisición y su carácter.
1.  La Junta de Comunidades podrá adquirir bienes y derechos por cualquiera de los  oe.
modos previstos en el ordenamiento jurídico. w.
adqu2Ni.or i doSobsas lctvaoonn t ede,ils  lcpoaosrs ábiccietióennre  dsle ey gp adalet rriemenco hnociaso lnettrsraa,n rssioifne,  rpildeoorsj su ibcpiieoonr  deeesl   sEyus  tpadodesorte eucr hiooort sraa f esAecdt amecniinótiensn.trdaecriáónn   2021-2849n https://ww
pública se integrarán en el patrimonio regional con el carácter que ostenten en el
momento del traspaso. Bc
Artículo 91.  Adquisiciones sometidas a legislación específica.
Con independencia de lo establecido en el artículo 84 sobre el régimen jurídico 
aplicable a los negocios jurídicos patrimoniales, se regirán por su normativa específica:
a)  Las adquisiciones de bienes muebles u otros derechos patrimoniales que se 
encuentren dentro del ámbito del contrato típico de suministro o de cualquier otro de los 
regulados en la legislación de contratación del sector público.
b)  Las adquisiciones que provengan del ejercicio de la facultad de expropiación 
forzosa, así como su reversión.
Los expedientes de expropiación forzosa se tramitarán por la consejería competente 
por razón de la materia. A la misma consejería corresponderá conocer de la reversión, 
aunque los bienes y derechos expropiados hubieran sido afectados a otros fines y 
adscritos a otra consejería, organismo o entidad de la Comunidad Autónoma.
De las actas de pago y ocupación, debidamente inscritas en el Registro de la 
Propiedad, así como de la reversión, se dará cuenta al órgano directivo competente en 
materia de patrimonio para su anotación en el Inventario General.
c)  Las  adjudicaciones  de  bienes  y  derechos  en  procedimientos  de  ejecución 
judiciales y administrativos.
En  estos  supuestos,  el  representante  de  la  Junta  de  Comunidades  en  dichos 
procedimientos cursará comunicación al órgano que, conforme a las normas generales, 
sea el competente para su adquisición onerosa, acompañando la información relativa al 
inmueble que obre en el expediente. El órgano competente para su adquisición onerosa 
será el que decidirá sobre la conveniencia de solicitar la adjudicación.
De  los  bienes  adjudicados  se  podrá  tomar  posesión  en  vía  administrativa, 
ejercitando, de ser necesario, las prerrogativas previstas en la legislación básica del 
Estado y en esta ley.
Sección segunda. Adquisiciones a título oneroso de bienes inmuebles, derechos reales 
y propiedades incorporales
Artículo 92.  Adecuación al fin.
La Junta de Comunidades podrá adquirir bienes y derechos a título oneroso siempre 
que los mismos sean idóneos para los fines públicos a los que se pretenden destinar. Se 
podrán admitir cargas y gravámenes, siempre que sean compatibles con el fin o destino 
determinantes de su adquisición.
Artículo 93.  Competencia para la adquisición de bienes inmuebles y derechos reales.
1.  La aprobación y adjudicación de los expedientes relativos a las adquisiciones de 
bienes inmuebles y derechos reales sobre los mismos por parte de la Administración 
autonómica  se  acordarán  por  el  titular  de  la  consejería  competente  en  materia  de 
hacienda.
2.  Cuando el importe que sirva de base para la licitación o la adquisición en los 
supuestos de adjudicación directa sea superior a doce millones de euros, la aprobación 
del expediente precisará de la autorización previa del Consejo de Gobierno.
Artículo 94.  Normas especiales para la preparación y aprobación de la adquisición.
1.  La iniciativa corresponderá a la consejería, organismo o entidad interesada, a  b
través de una propuesta de adquisición, a la que se deberá acompañar: 49ww
pardoqcuaei)sd iicmUióinenan,  tloom sqe fumineeo srhi aaa  yljoaus s dtqifeiuc eas tesivgeau p,i rrseceote mnppdarerea nd sesisuvt aina addrjeu e dll iacb aiencneió cone ,es liy dd aetdor deuoch s ooap, qolaur tepulrnlooidpsau dde astdtaoe sd  eloal    OE-A-2021-28able en https://
informaciones que se estimen convenientes.
b)  El certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, 
la  fiscalización  previa  efectuada  por  la  intervención  competente,  en  su  caso,  y  la 
aprobación del gasto.
c)  El informe de valoración o tasación que haya servido de base para la aprobación 
del gasto.
d)  En el supuesto de que se proponga la adjudicación directa, se aportará la oferta 
del interesado.
2.  La propuesta de adquisición se dirigirá al órgano directivo competente en materia 
de patrimonio, al que corresponderá la tramitación del procedimiento preparatorio y su 
elevación al órgano que deba proceder a su aprobación.
3.  La consejería competente en materia de hacienda podrá instar el procedimiento 
a  iniciativa  propia,  cuando  lo  estime  conveniente  para  atender  las  necesidades 
existentes o futuras.
Artículo 95.  Adjudicación.
1.  Con carácter general, los negocios jurídicos de adquisición se adjudicarán por 
concurso, cuya convocatoria se publicará gratuitamente en el «Diario Oficial de Castilla-
La Mancha», sin perjuicio de que puedan utilizarse otros medios de publicidad o difusión 
adicionales.
2.  Además de los supuestos previstos en el artículo 87.2, estos negocios se podrán 
adjudicar  de  forma  directa,  previa  justificación  razonada,  con  motivo  de  las 
peculiaridades  de  las  necesidades  a  satisfacer,  las  condiciones  del  mercado,  o  la 
especial idoneidad del bien o el derecho.
3.  La adjudicación deberá publicarse en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» 
cuando el precio de la misma sea superior a 12.000 euros.
Artículo 96.  Particularidades respecto del pago.
1.  El pago del precio podrá ser objeto de aplazamiento, en los términos previstos en 
el pliego o proyecto de contrato, y dentro de los límites establecidos en la normativa 
presupuestaria.
2.  El pago de parte del precio de las adquisiciones podrá hacerse mediante la 
entrega de otros bienes o derechos.
Artículo 97.  Adquisiciones de derechos de propiedad incorporal.
1.  Las adquisiciones de derechos de propiedad incorporal corresponderá a las 
consejerías, organismos y entidades interesados.
2.  Estas adquisiciones se regirán por su normativa específica y, en su defecto, por 
las normas y trámites aplicables a la adquisición de bienes inmuebles que no sean 
incompatibles con la naturaleza de estos derechos.
Sección tercera. Adquisiciones a título gratuito
Artículo 98.  Órganos competentes.
1.  La  aceptación  de  herencias,  legados,  donaciones  y  demás  disposiciones 
gratuitas corresponde al titular de la consejería competente en materia de hacienda,  e.e
aunque se señale como beneficiario a otro órgano, organismo o entidad pública de la  b
Junta de Comunidades. 49ww
supu2e. stoSse: exceptúan de la norma establecida en el apartado anterior los siguientes
a)  Las disposiciones gratuitas de bienes y derechos de interés cultural, artístico o 
histórico, donde se estará a lo que disponga su normativa específica. En su defecto, esta 
competencia se atribuye a la consejería competente en materia de patrimonio cultural.
b)  Las donaciones de bienes muebles en las que el donante indique el órgano o 
entidad  o  el  fin  a  que  deben  destinarse,  cuya  aceptación  será  competencia  de  la 
consejería, organismo o entidad correspondiente.
c)  Las  adquisiciones  derivadas  de  transferencias  de  otras  Administraciones 
públicas, que se regirán por su normativa específica.
3.  Los bienes y derechos aceptados pasarán a formar parte del patrimonio de la 
Administración regional, organismo o entidad pública a la que pertenezca el órgano 
competente para su aceptación, con independencia de su posterior afectación, en su 
caso, y adscripción conforme a las normas de esta ley.
4.  La  renuncia  corresponderá  al  mismo  órgano  establecido  en  los  apartados 
anteriores para la aceptación.
Artículo 99.  Reglas generales para las adquisiciones a título gratuito.
1.  Las adquisiciones a título gratuito de bienes o derechos que lleven aparejados 
gastos o estén sometidos a alguna condición o modo onerosos sólo podrán aceptarse si 
el valor del gravamen establecido no excede del valor de lo que se adquiere.
Si los gastos, cargas y gravámenes excediesen el valor del bien, la disposición sólo 
podrá  aceptarse  si  concurren  razones  de  interés  público  apreciadas  por  el  órgano 
competente para su aceptación, previa autorización del Consejo de Gobierno.
2.  Si los bienes y derechos se hubieran adquirido bajo la condición o modo de su 
afectación  permanente  a  determinados  fines  o  destinos,  se  entenderá  cumplida  y 
consumada cuando se hubieran destinado a dichos fines durante treinta años, aunque 
después de este plazo dejasen de estarlo como consecuencia de su obsolescencia, 
deterioro  provocado  por  el  uso,  u  otras  circunstancias  sobrevenidas  que  así  lo 
justificaran.
3.  Cuando el disponente señale como beneficiario a algún órgano, organismo o 
entidad, se respetará su voluntad en la correspondiente adscripción, salvo que ello no 
sea posible por razones justificadas, y sin perjuicio del debido cumplimiento de las 
condiciones o cargas modales previstas en el apartado anterior.
4.  Quienes por razón de su cargo o empleo público tuvieren noticia de la existencia 
de algún testamento u oferta de donación a favor de la Junta de Comunidades o de 
alguno  de  sus  órganos,  organismos  o  entidades,  estarán  obligados  a  ponerlo  en 
conocimiento de la consejería competente en materia de hacienda.
Artículo 100.  Normas específicas para las adquisiciones hereditarias.
1.  Las  disposiciones  por  causa  de  muerte  realizadas  a  favor  de  órganos, 
organismos o entidades ya suprimidos en la fecha en que se abra la sucesión, se 
entenderán hechas a favor de los que hayan asumido sus funciones o atribuciones, y en 
su defecto, a favor de la Administración regional, lo que no afectará a la competencia 
para su aceptación.
2.  La  aceptación  de  herencias  se  entenderá  hecha  siempre  a  beneficio  de 
inventario.
CAPÍTULO III
Negocios jurídicos de enajenación
Sección primera. Cuestiones generales
Artículo 101.  Bienes y derechos susceptibles de enajenación.
1.  Los bienes y derechos patrimoniales podrán ser enajenados, previa declaración 
de  alienabilidad,  cuando  sean  innecesarios  o  inadecuados  para  el  ejercicio  de  las 
competencias y el cumplimiento de los fines de la Junta de Comunidades, no haya 
previsión para su posible utilización futura y no se estime conveniente proceder a su 
aprovechamiento o explotación.
2.  Excepcionalmente, por razones justificadas de interés público, podrá acordarse 
la enajenación de bienes con reserva de uso temporal. Esta contratación, que se regirá 
por las normas de competencia y procedimiento previstas para la enajenación onerosa, 
contemplará la simultánea utilización temporal de los bienes objeto de enajenación 
mediante el correspondiente negocio jurídico que habilite para ello.
Con esta finalidad, podrá acordarse la desafectación de los bienes previstos en el 
artículo 3.2 de esta ley.
Artículo 102.  Negocios jurídicos de enajenación.
1.  La enajenación a título oneroso de los bienes y derechos del Patrimonio de la 
Junta  de  Comunidades  podrá  efectuarse  en  virtud  de  cualquier  negocio  jurídico 
traslativo, típico o atípico.
2.  La enajenación a título gratuito sólo será posible en los supuestos previstos en 
las secciones tercera y cuarta de este capítulo.
Artículo 103.  Pago del precio por parte de los adquirentes.
1.  El pago del precio de la venta deberá efectuarse en la forma y plazo establecidos 
en el pliego de condiciones o proyecto de contrato, con carácter previo o simultáneo a la 
entrega del bien o transmisión del derecho.
2.  El  pliego  de  condiciones  o  el  proyecto  de  contrato  podrán  admitir  el  pago 
aplazado de parte del precio hasta un máximo de diez años, siempre que se respeten las 
siguientes reglas:
a)  Que se establezca un pago inicial de, al menos, el diez por ciento del precio, que 
deberá satisfacerse con carácter previo o simultáneo a la entrega del bien o transmisión 
del derecho.
b)  Que  se  garantice  suficientemente  el  precio  aplazado,  mediante  condición 
resolutoria explícita, hipoteca, aval bancario, seguro de caución u otra garantía usual en 
el mercado.
c)  Las  cantidades  aplazadas  generarán  el  interés  legal  del  dinero,  salvo  que 
motivadamente se establezca otro superior.
3.  El pago de parte del precio de las enajenaciones podrá hacerse mediante la 
entrega de otros bienes o derechos, si así se hubiera contemplado en el pliego de 
condiciones o proyecto de contrato. es
Artículo 104.  Cargas y gravámenes. 49www.
PatrNimoo npiood dráen l ai mJupnotnae rdsee  Ccoamrguansid ayd egsra dveá mCeansetisll a-sLoab rMe alnocsh ab iseinneos c oon  dloesr ercehqousis itdoesl 
establecidos para su enajenación o en virtud de Ley.
Sección segunda. La enajenación onerosa de bienes inmuebles y derechos reales
Artículo 105.  Competencia.
1.  El órgano competente para aprobar y adjudicar los expedientes de venta y otras 
transmisiones onerosas de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos será el 
titular de la consejería competente en materia de hacienda.
2.  En el caso de los organismos públicos y demás entidades de derecho público, se 
estará a lo que establezcan sus normas de creación, organización o funcionamiento, y 
en su defecto, serán competentes sus presidentes o directores, previa autorización de la 
consejería que tenga las atribuciones en materia de hacienda, en los términos previstos 
en el artículo 53.
3.  Cuando el precio que sirva de base para la licitación o la venta directa sea 
superior a doce millones de euros, la aprobación del expediente requerirá la previa 
autorización del Consejo de Gobierno.
Artículo 106.  Preparación de la venta.
1.  El expediente de venta se iniciará de oficio por el órgano directivo competente en 
materia de patrimonio, a iniciativa propia, a propuesta motivada de las consejerías, 
organismos o entidades que tengan adscritos los bienes o derechos, o a solicitud de un 
particular interesado. En este último caso, se informará al solicitante sobre la decisión 
que se haya tomado en relación a la iniciación del procedimiento.
2.  Será requisito para la venta la previa depuración física y jurídica del bien o 
derecho  real,  practicándose  su  deslinde,  si  fuera  necesario,  e  inscribiéndose  en  el 
Registro de la Propiedad, si todavía no lo estuviese.
No obstante, podrá aprobarse la venta sin sujeción a los requisitos establecidos en el 
párrafo anterior cuando se trate de bienes que vayan a segregarse de otros de titularidad 
de  la  Administración,  organismo  o  entidad  enajenante,  o  que  estén  pendientes  de 
deslinde, o pendientes de inscripción, o sujetos a cargas y gravámenes, siempre que 
estas circunstancias se indiquen en el pliego de condiciones o, en el supuesto de 
adjudicación directa, se pongan en conocimiento del interesado y sean aceptadas por 
este.
3.  Preparado  el  expediente,  el  órgano  directivo  competente  en  materia  de 
patrimonio declarará motivadamente la alienabilidad del bien y elevará propuesta al 
órgano competente para su aprobación.
La motivación de la declaración de alienabilidad será comprensiva, al menos, de las 
circunstancias previstas en el artículo 101.
Artículo 107.  Adjudicación con concurrencia: subasta o concurso.
1.  La subasta será el sistema ordinario de adjudicación, y podrá desarrollarse en 
acto público, con la posibilidad de presentación inicial o definitiva de ofertas en sobre 
cerrado, o a través de sistemas de subasta electrónica, conforme se determine en el 
pliego de condiciones.
El concurso se podrá utilizar para la venta de aquellos bienes que estén vinculados o 
sean adecuados para el desarrollo e implementación de las directrices u objetivos de las 
políticas públicas o la promoción de actuaciones de utilidad pública o interés social.
2.  La convocatoria se publicará gratuitamente en el «Diario Oficial de Castilla-La  s
Mancha» y en el tablón de anuncios del ayuntamiento en cuyo término radique el bien,  oe.
sin perjuicio de que se puedan utilizar otros medios de publicidad adicionales, en función  w.
de la naturaleza y características del bien. 49ww
comEplu tpalraázno  dpeasrdae  plar epsuebnlitcaar coiófenr etan  seel r«áD icaormio oO fmicíinailm doe  Cdea svtiellain-tLea  dMíaasn chháab»i.les, que se
gara3n. tíaP daerla c pinacroti cpipoar rc eienn teol  dperol ctiepdoi mesietanbtole dceid oa dpjaurdaic laac vióenn tsae.rá necesario constituir una  BOE-A-cable e
La garantía se podrá constituir en cualquiera de los medios previstos en la legislación 
de  contratos  del  sector  público,  se  depositará  en  la  caja  de  depósitos  de  la 
Administración de Castilla-La Mancha, y se acreditará ante la mesa de contratación 
patrimonial en los términos que se establezca en el pliego de condiciones.
La  garantía  será  devuelta  a  los  ofertantes  tras  la  adjudicación,  excepto  al 
adjudicatario, cuya devolución se producirá una vez formalizado el contrato, salvo que la 
garantía se hubiere constituido en efectivo y su importe se aplique al precio de la venta.
4.  La participación en el procedimiento supone la aceptación incondicionada de las 
cláusulas y estipulaciones recogidas en la convocatoria y el pliego de condiciones, sin 
salvedad o reserva alguna.
5.  El plazo de adjudicación será el establecido en el pliego de condiciones, que no 
podrá ser superior a tres meses en el caso de la subasta ni de seis meses en el de 
concurso, computados desde la publicación del anuncio en el «Diario Oficial de Castilla-
La Mancha».
6.  La adjudicación deberá publicarse en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» 
cuando el precio de la misma sea superior a 12.000 euros.
7.  Si la subasta fuera declarada desierta, se podrán convocar hasta dos más de 
forma sucesiva, con una reducción máxima en cada una de ellas del quince por ciento 
respecto al tipo fijado para la anterior, siempre que no hubieran transcurrido más de 
veinticuatro meses desde la convocatoria de la primera.
Como  alternativa  a  lo  establecido  en  el  párrafo  anterior,  se  puede  acudir  al 
procedimiento de adjudicación directa, en los términos previstos en el artículo 87.2.b).
Artículo 108.  Adjudicación directa.
1.  Además  de  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  87.2,  la  venta  se  podrá 
adjudicar de forma directa en estos casos:
a)  Cuando se trate de solares que por su forma o pequeña extensión resulten no 
edificables y la venta se efectúe a un propietario colindante.
b)  En  el  caso  de  fincas  rústicas  que  no  lleguen  a  constituir  una  superficie 
económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde con su 
naturaleza, y la venta se haga a favor de un propietario colindante.
c)  Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad 
pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida.
d)  Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de 
servicio público o la realización de un fin de interés general por persona distinta de las 
previstas en la letra anterior.
e)  Cuando por razones excepcionales, debidamente justificas en el expediente, se 
estime conveniente efectuar la venta a favor del ocupante legítimo del inmueble.
2.  En los supuestos de las letras a) y b) del apartado anterior en los que haya más 
de un colindante interesado, la adjudicación recaerá en el propietario del inmueble de 
menor superficie que, mediante su agrupación con el que pretende adquirir, llegue a 
constituir un solar edificable, o una superficie económicamente explotable o susceptible 
de prestar una utilidad acorde con su naturaleza. Si ningún propietario reúne dichas 
circunstancias, será preferido el que lo sea del inmueble de mayor superficie.
3.  En  el  procedimiento  de  adjudicación  directa  la  exigencia  de  garantía  será 
potestativa. s
4.  La adjudicación se publicará en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» cuando  oe.
el precio de la misma sea superior a 12.000 euros. w.
Artículo 109.  Enajenación de inmuebles litigiosos.
o pr1o.y ecLtoos d bei ecnoenstr alittiog isoes ohsa gsae  mpoednrcáinó ne neaxjperneasra s aie dmicphrae  cqiurceu enns tealn pcliiae,g coo dne i ncdoicnadcicióionn, easl 
menos, del objeto, las partes y la referencia del pleito de que se trate, así como, de la
plena asunción por parte del adjudicatario de los riesgos y consecuencias que se deriven 
del litigio.
En caso de adjudicación, la subrogación en los riesgos y consecuencias derivados 
del pleito se harán constar en la escritura pública en la que se formalice la venta.
2.  Si el litigio se suscitase una vez iniciado el procedimiento de enajenación y este 
se encontrase en una fase en la que no fuera posible el cumplimiento de lo establecido 
en el apartado anterior, se retrotraerán las actuaciones al momento procedimental que 
permita  dicho  cumplimiento,  salvo  que  se  estime  más  conveniente  suspender  el 
procedimiento o desistir de la venta.
Sección tercera. Cesión gratuita de bienes inmuebles
Artículo 110.  Competencia y requisitos.
A propuesta de la consejería competente en materia de hacienda, el Consejo de 
Gobierno podrá ceder gratuitamente los bienes inmuebles y los derechos reales de 
dominio privado de la Junta de Comunidades cuya afectación o explotación no se juzgue 
previsible,  a  otras  Administraciones  Públicas  y  a  fundaciones  públicas,  para  la 
realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia.
Artículo 111.  La solicitud y su tramitación.
1.  El procedimiento se iniciará de oficio por el órgano directivo competente en 
materia de patrimonio, a solicitud de alguna de las entidades previstas en el artículo 
anterior, en la que se indicará el bien cuya cesión se pide y el fin o fines concretos a los 
que se pretende destinar.
A la solicitud se acompañará la acreditación de la competencia o capacidad del 
peticionario, de la representación, en su caso, y que se cuenta con los medios o recursos 
necesarios para el cumplimiento de la finalidad propuesta.
2.  En el procedimiento se recabará informe a la consejería, organismo o entidad al 
que esté adscrito el bien, se verificará la concurrencia de los requisitos necesarios para 
la cesión, así como la adecuación del bien o derecho para el fin que se solicita.
Comprobados los extremos anteriores, el órgano directivo competente en materia de 
patrimonio elevará el expediente al titular de la consejería para que, si así lo estima 
conveniente, someta la propuesta al Consejo de Gobierno. La elevación del expediente 
llevará implícita la declaración de alienabilidad.
3.  Serán de aplicación a este procedimiento las disposiciones del artículo 106.2 
relativas a la depuración física y jurídica de los bienes o derechos.
Artículo 112.  El acuerdo de cesión.
1.  El acuerdo de cesión establecerá, al menos, el fin al que obligatoriamente deberá 
ser destinado el bien o bienes por parte del cesionario, el plazo para el cumplimiento o 
efectividad inicial del citado destino, que no podrá ser superior a cinco años, y las causas 
de resolución.
Además, la transmisión podrá someterse al cumplimiento de otras obligaciones y 
sujetarse a condición, término o modo, con arreglo a lo dispuesto por la legislación civil.
2.  La cesión se formalizará en los términos previstos en el artículo 89, momento en 
el que surtirá sus efectos, y se inscribirá en el Registro de la Propiedad por parte del  s
cesionario. En la inscripción se hará constar el fin al que deben destinarse los bienes y  o
las demás cargas y condiciones a las que queda sometida la cesión, y la advertencia de  w.
rqeugeis Netorl a inl.ocbusmtapnlitme,i enetl o adceu elarsd om idsme acse dsaiórná  lupgoadrr áa  sdue mreosroalru clioósn .efectos  a  la  inscripción  2021-2849n https://ww
3.  La cesión, una vez formalizada, se publicará en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha».
Artículo 113.  Aplicación efectiva del bien al fin y su control.
1.  Los bienes y derechos deberán destinarse de modo permanente a los fines 
previstos  en  el  acuerdo  de  cesión,  en  la  forma  y  condiciones  que  se  hubieran 
establecido.
2.  El control de la aplicación efectiva de los bienes y derechos a los fines acordados 
y del cumplimiento de las demás condiciones de la cesión, corresponderá al órgano 
directivo competente en materia de patrimonio, para lo que podrá adoptar cuantas 
medidas de comprobación estime oportunas.
3.  Los cesionarios deberán remitir cada tres años la certificación o documentación 
acreditativa del destino dado a los bienes, salvo que el acuerdo de cesión establezca un 
plazo más amplio o exonere de esta obligación.
Artículo 114.  Extinción y reversión.
1.  Cuando los bienes cedidos no fuesen destinados a los fines previstos en el plazo 
señalado en el acuerdo de cesión, o dejasen de serlo posteriormente, o se incumpliesen 
las obligaciones, cargas o condiciones impuestas al cesionario, se considerará resuelta 
la cesión.
También  procederá  la  extinción  de  la  cesión  cuando  concurran  las  causas  de 
resolución que expresamente se hayan recogido en el acuerdo de cesión, por la renuncia 
del cesionario, y la caducidad por vencimiento del plazo o término establecidos, en su 
caso.
2.  La extinción de la cesión conllevará la reversión de los bienes a la Junta de 
Comunidades con todas las mejoras realizadas y la obligación del cesionario de hacerse 
cargo  de  la  reparación  de  los  detrimentos  o  deterioros  que  aquellos  hubieren 
experimentado  con  motivo  de  su  uso,  protección,  mantenimiento  o  conservación 
inadecuados.
3.  La extinción se acordará por el titular de la consejería competente en materia de 
hacienda,  previa  instrucción  de  un  procedimiento  en  el  que  se  dará  audiencia  al 
cesionario.
Cuando la resolución acuerde la extinción de la cesión declarará la causa que la 
motiva, y lo que proceda acerca de la reversión de los bienes y la reparación de los 
deterioros sufridos, en su caso, por los mismos. Esta reparación podrá consistir en el 
pago de una indemnización de importe igual al valor de los detrimentos o deterioros, 
previa tasación pericial.
De la resolución de la cesión, cuya ejecución se llevará a cabo por el órgano directivo 
competente en materia de patrimonio, se informará al Consejo de Gobierno.
4.  La resolución por la que se acuerde la extinción de la cesión y la reversión del 
bien al Patrimonio de la Junta de Comunidades será título suficiente para la inscripción 
de dichos actos en el Registro de la Propiedad.
Artículo 115.  Cesión gratuita de uso.
Las cesiones gratuitas de uso de bienes inmuebles patrimoniales de la Junta de 
Comunidades, que sólo podrán acordarse para la realización de fines de utilidad pública 
o interés social, se regirán por las normas previstas en esta sección que no sean 
incompatibles con la naturaleza de este derecho, con las siguientes particularidades:
a)  Además de los sujetos previstos en el artículo 110 podrán ser destinatarios de  e.
estas cesiones las empresas públicas regionales, las corporaciones de derecho público,  w.b
las fundaciones privadas y las asociaciones declaradas de utilidad pública. 49ww
artícbu)l o E1n1 2.e1l,  aascíu ecrodmoo  deel  rcéegsimióenn  sdee  urescoo gdeerlá bni enla,s  elc upelasztioo ndees  dpurreavciisótna,s  queen  neol 
eclxácuesduelarás  qduee  sseet eensttaim ye nc icnocnov eanñioesn,t ecso matpernedniddaidsa sla sla csi rcpurónrsrtoagnacsia, sy d ceu caaledsaq cuaiesroa,  eontrtares 
las que podrá contemplarse la posibilidad de revocación unilateral por las causas o
razones de interés público que se determinen, sin derecho a indemnización para la 
cesionaria.
c)  El cesionario asumirá los gastos derivados de la conservación, mantenimiento y 
uso del inmueble, salvo que otra cosa se disponga en el acuerdo de cesión. Además, se 
podrá contemplar que todos los tributos que se originen en los bienes durante el periodo 
de duración de la cesión serán asumidos por el cesionario, incluido el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles.
Sección cuarta. La enajenación de bienes muebles y derechos de propiedad incorporal
Artículo 116.  Competencia.
1.  La  enajenación  de  bienes  muebles  y  derechos  de  propiedad  incorporal 
corresponderá a la consejería, organismo o entidad pública a los que estén adscritos o 
los viniera utilizando.
Reglamentariamente se podrá atribuir esta competencia a un órgano distinto de los 
previstos en el párrafo anterior para determinadas categorías de bienes y derechos.
2.  El acuerdo de enajenación llevará implícita la desafectación del bien o derecho y 
la declaración de alienabilidad.
Artículo 117.  Adjudicación.
1.  Con carácter general, la venta de bienes muebles y derechos de propiedad 
incorporal se efectuará mediante subasta pública, que se sustanciará por las reglas 
previstas para los bienes inmuebles que puedan resultar aplicables.
2.  La adjudicación directa sólo será posible en los supuestos relacionados en el 
artículo 87.2 y en los que se indican a continuación:
a)  Cuando el valor pericial de los bienes o derechos sea inferior a 1.500 euros.
b)  Cuando  se  trate  de  bienes  perecederos,  obsoletos  o  deteriorados.  A  estos 
efectos,  se  considerarán  obsoletos  y  deteriorados  cuando  en  el  momento  de  la 
enajenación su valor de tasación sea inferior al veinticinco por ciento respecto del de 
adquisición.
c)  Cuando sean entregados como parte del precio de otros sustitutivos de la misma 
clase o especie que sean adquiridos, en los términos previstos en la legislación de 
contratos del sector público.
d)  Cuando se trate de terminales, equipos o dispositivos tecnológicos, electrónicos 
o de telecomunicaciones móviles o portátiles, puestos a disposición individual de las 
autoridades y los empleados públicos de la Administración para el ejercicio de sus 
funciones, siempre que el bien tenga una antigüedad mínima de seis meses y la venta se 
realice a la autoridad o empleado usuario del mismo por el valor de tasación.
Si la venta de los bienes a los que se refieren las letras a) y b) no es factible y no 
hubiera solicitudes de entidades interesadas en su cesión conforme se establece en el 
artículo siguiente, se podrá proceder a su retirada o eliminación, a través de su entrega a 
un gestor autorizado para su recogida, destrucción o reciclaje.
Artículo 118.  Cesión gratuita de bienes muebles.
Las consejerías, los organismos y las entidades de derecho público podrán ceder de 
forma gratuita los bienes muebles que sean innecesarios, obsoletos o deteriorados,  e.
siempre que se haga en favor de otras Administraciones Públicas o instituciones sin  w.
ánimo de lucro que sirvan a fines de utilidad pública o interés social. 49ww
en eLlo asc buieerndeos  dcee dciedsoisó nd,e yb eerná ns ud edsetifneacrtsoe,  daul rfainn tees tuanb lepceirdiood dou draen ttere es l apñlaozso.  Cquuem spelid foijes 
estos requisitos, se entenderá consumada la condición.
CAPÍTULO IV
Permuta de bienes y derechos
Artículo 119.  Requisitos.
1.  Los bienes y derechos patrimoniales podrán ser permutados por otros ajenos 
cuando concurran estos dos requisitos:
a)  Que se justifique la conveniencia y oportunidad del negocio para los intereses 
públicos de la Comunidad Autónoma.
b)  Que la diferencia del valor entre los bienes o derechos que se trata de permutar 
no sea superior al cincuenta por ciento del que lo tenga mayor, compensándose la 
diferencia en dinero u otros bienes y derechos.
Si la diferencia de valor fuese superior al cincuenta por cierto del que lo tenga mayor, 
el expediente se tramitará como una adquisición o venta, según el caso, con pago de 
parte del precio en especie.
2.  La permuta de bienes del patrimonio regional por otros bienes futuros sólo será 
posible cuando estos últimos sean determinados o susceptibles de determinación en el 
momento de perfeccionarse la permuta, sin necesidad de un nuevo contrato o acuerdo 
entre las partes. El pliego de condiciones o el proyecto de contrato deberán contemplar 
el plazo de entrega de la cosa futura y la obligación de garantizar el cumplimiento íntegro 
de su prestación mediante aval u otras garantías, tanto jurídicas como económicas, que 
se estimen suficientes por parte de la Administración.
Los bienes futuros podrán consistir en edificaciones o construcciones a ejecutar por 
parte del permutante.
Artículo 120.  Competencia.
1.  Cuando los bienes y derechos que se dan en permuta tengan un valor igual o 
superior a los que se reciben, será competente para aprobar y adjudicar la permuta el 
órgano que lo sea para la enajenación onerosa de aquellos.
2.  Cuando los bienes o derechos que se entregan tengan una valoración inferior a 
los que se reciben será competente el que lo fuere para la adquisición onerosa de estos.
3.  Cuando  el  valor  de  la  permuta  sea  superior  a  doce  millones  de  euros  se 
requerirá autorización del Consejo de Gobierno.
Artículo 121.  Normas de procedimiento.
La preparación y adjudicación del expediente de permuta se regirá por las normas 
relativas  a  las  adquisiciones  a  título  oneroso  de  bienes  reguladas  en  este  título, 
acumulando los requisitos y trámites previstos para las enajenaciones onerosas que 
sean compatibles.
CAPÍTULO V
Arrendamiento de inmuebles
Artículo 122.  Competencia. s
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podrá tomar en arrendamiento los  w.b
inmuebles que necesite para el ejercicio de sus competencias. 49ww
consLeaj eraíuat ocroizmapcieótne ntye  aednj umdiacatecriióan  ded eh aecsiteonsd ac.o Ant reastotes  mcoisrrmeosp óorngdaen oa ls eti tualtarirb udyee  llaa 
dlae rceissioólnu csioóbnr aen latic nipoavdaac iódne,l  clao nptrróartroo.ga, cuando tenga que acordarse de forma expresa, y
Artículo 123.  Preparación del contrato de arrendamiento.
La iniciativa corresponderá a la consejería, organismo o entidad interesada en el 
arrendamiento, a través de una propuesta motivada que se remitirá al órgano directivo 
competente en materia de patrimonio, a la que deberá acompañarse:
a)  La memoria justificativa, comprensiva de la necesidad a satisfacer, la propuesta 
del  procedimiento  que  haya  de  seguirse  para  la  adjudicación  del  contrato  y  todas 
aquellas informaciones que se estimen convenientes para su tramitación.
b)  El certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, 
la  fiscalización  previa  efectuada  por  la  intervención  competente,  si  procede,  y  la 
aprobación del gasto.
c)  El informe de valoración o tasación que haya servido de base para la aprobación 
del gasto.
d)  La oferta del arrendador, en el caso de que se proponga la adjudicación directa.
Artículo 124.  Adjudicación.
1.  Los  contratos  de  arrendamiento  se  adjudicarán  por  concurso  público  con 
carácter general, cuya convocatoria se publicará gratuitamente en el «Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha», sin perjuicio de que puedan utilizarse otros medios de publicidad o 
difusión.
2.  La adjudicación directa solo será posible cuando, previa justificación razonada, 
concurra  alguno  de  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  87.2,  o  cuando  las 
peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario o la 
especial idoneidad del bien así lo hagan necesario o conveniente.
3.  La adjudicación del arrendamiento se publicará en el «Diario Oficial de Castilla-
La Mancha».
Artículo 125.  Formalización.
Los contratos de arrendamiento se formalizarán en documento administrativo por el 
titular del órgano directivo competente en materia de patrimonio, o el titular del órgano o 
funcionario en quien delegue.
Cualquiera de las partes podrá solicitar la formalización en escritura pública, siendo a 
su costa los gastos correspondientes.
Artículo 126.  Adscripción.
1.  En el contrato de arrendamiento se deberá indicar la consejería, organismo o 
entidad  que  lo  utilizará  inicialmente,  lo  que  no  impedirá  el  cambio  de  adscripción 
posterior por circunstancias sobrevenidas. Los cambios de adscripción no afectarán a las 
condiciones y clausulado del contrato, y se comunicarán al arrendador para su debido 
conocimiento.
No obstante, de forma excepcional y por razones justificadas se podrá acordar la 
utilización exclusiva del inmueble por uno o varios órganos u organismos de la Junta de 
Comunidades.
2.  Salvo  las  atribuciones  propias  de  la  consejería  competente  en  materia  de 
hacienda previstas en el artículo 122, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de 
las obligaciones del arrendatario le corresponden a la consejería, organismo o entidad  e
que  tenga  adscrito  el  arrendamiento,  incluida  la  asunción  de  las  consecuencias  bo
económicas que pudieran derivarse de la resolución anticipada del contrato. 49ww
Artículo 127.  Contratos mixtos de arrendamiento.
Con independencia de lo establecido en el artículo 84.3 para los negocios jurídicos
complejos, los contratos de arrendamiento con opción de compra y demás contratos  Bc
mixtos de arrendamiento y adquisición de bienes inmuebles se regirán por las normas de 
competencia y procedimiento establecidas para la adquisición de bienes inmuebles.
TÍTULO VII
El patrimonio empresarial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 128.  Ámbito.
1.  A los efectos de esta ley, forman parte del patrimonio empresarial de la Junta de 
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  las  acciones,  participaciones  y  demás  valores 
representativos  del  capital  de  sociedades  mercantiles,  así  como  las  obligaciones, 
obligaciones convertibles en acciones, contratos de futuros y opciones, derechos de 
suscripción  preferente,  créditos  participativos  y  demás  títulos,  valores  o  derechos 
análogos a los anteriores, que sean representativos de derechos para la Administración 
regional,  los  organismos  públicos  o  las  entidades  de  derecho  público  vinculados  o 
dependientes de la misma.
2.  El patrimonio empresarial se regirá por el derecho privado, sin perjuicio de las 
disposiciones de esta ley que le resulte de aplicación.
Artículo 129.  Adquisición.
1.  La adquisición por suscripción o compra de acciones, participaciones y demás 
títulos y valores representativos del capital de sociedades mercantiles por parte de la 
Administración autonómica se acordará por el titular de la consejería competente en 
materia de hacienda, a iniciativa propia o a propuesta de la consejería, organismo o 
entidad interesados, previa autorización del Consejo de Gobierno. Si con motivo de la 
adquisición la empresa pasara a ser pública en los términos previstos en el artículo 134, 
la autorización adoptará la forma de Decreto.
En  el  expediente  deberá  dejarse  constancia  de  las  razones  de  interés  público 
regional que justifican la adquisición y la valoración o tasación que haya servido de base 
para la determinación o aceptación del precio.
2.  Las normas previstas en el apartado anterior serán de aplicación, en lo que sea 
compatible,  a  las  adquisiciones  de  futuros  y  opciones,  obligaciones,  obligaciones 
convertibles en acciones, derechos de suscripción preferente, créditos participativos y 
otros títulos, valores o derechos análogos.
3.  Los títulos y los resguardos de depósitos correspondientes a los derechos que 
forman parte del patrimonio empresarial de la Administración regional se custodiarán por 
el órgano directivo competente en materia de patrimonio.
4.  Los  organismos  públicos  y  las  entidades  de  derecho  público  vinculados  o 
dependientes de la Administración autonómica sólo podrán adquirir los títulos y valores 
previstos  en  este  artículo  cuando  así  se  prevea  en  sus  normas  de  creación  u 
organización.
Artículo 130.  Aportaciones no dinerarias. s
1.  El titular de la consejería competente en materia de hacienda podrá acordar la  w.b
aportación de bienes o derechos patrimoniales a las sociedades mercantiles, previa  49ww
jeuusrtoifsic aoc iósne  rtaraztoanraad ad.e  Sbi ieenl evsa loinrm auseigbnleasd, os ea  lpar eacpisoartraác iaóunt ofruizearac iósnu pdeerilo rC ao n3s0e0jo. 00d0e 
Gob2ie. rnEo.l informe de expertos independientes al que se refiere el artículo 67 del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, se podrá sustituir por el informe de tasación previsto en el 
artículo  86  de  esta  ley  cuando  la  destinataria  de  la  aportación  sea  alguna  de  las 
empresas públicas íntegramente participadas por la Junta de Comunidades, en los 
términos  previstos  en  el  artículo  182  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Artículo 131.  Representación de la Administración regional.
La representación de la Administración regional ante las sociedades mercantiles en 
las que participe de forma directa y el ejercicio de los derechos inherentes a su condición 
de socio, corresponden al titular de la consejería competente en materia de hacienda. 
Estas facultades podrán ser objeto de delegación, con el alcance y extensión que se 
determine.
Artículo 132.  Enajenación.
1.  La  enajenación  de  acciones,  participaciones  y  demás  títulos  y  valores 
representativos del capital de sociedades mercantiles titularidad de la Administración 
regional, se podrá realizar en mercados secundarios organizados o fuera de los mismos, 
por cualesquiera actos o negocios jurídicos.
La enajenación se acordará por el titular de la consejería competente en materia de 
hacienda, a iniciativa propia o a propuesta de la consejería u organismo interesado. La 
enajenación deberá ser autorizada por el Consejo de Gobierno cuando concurra alguna 
de las siguientes circunstancias:
a)  En el caso de empresas públicas, cuando la enajenación conlleve la pérdida de 
la unipersonalidad, de la condición de empresa pública totalmente participada por la 
Junta de Comunidades o de la propia condición de empresa pública.
b)  Cuando la enajenación afecte a toda la participación en la sociedad de que se 
trate.
c)  Cuando el valor  nominal de todas las  acciones  o participaciones objeto de 
enajenación sea igual o superior a 300.000 euros.
d)  Cuando el importe total de la operación sea igual o superior a 600.000 euros.
e)  Cuando la enajenación se efectúe de forma directa por razones excepcionales 
que así lo hagan conveniente.
Si  los  títulos  o  valores  representativos  del  capital  fueran  de  titularidad  de  los 
organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de la 
Administración regional, la enajenación corresponderá al órgano que se indique en sus 
normas de creación, organización o funcionamiento, y en su defecto, a sus presidentes o 
directores,  previo  informe  de  la  consejería  competente  en  materia  de  hacienda  y 
autorización  del  Consejo  de  Gobierno  en  los  mismos  supuestos  relacionados 
anteriormente.
En  el  expediente  deberá  dejarse  constancia  de  las  razones  que  justifican  la 
enajenación.
2.  La  enajenación  se  efectuará  por  subasta  o  concurso  público  con  carácter 
general, si bien se podrá proceder a la adjudicación directa en los supuestos previstos en 
el artículo 87.2, o cuando haya razones excepcionales que así lo hagan conveniente, o 
cuando  la  venta  se  realice  a  favor  de  la  propia  sociedad  en  los  casos  y  con  las 
condiciones y requisitos establecidos en la legislación mercantil. Al procedimiento deberá  e.
incorporarse la valoración o tasación que haya servido de base para la determinación del  w.b
tipo de licitación o del precio. 49ww
enajNeon aocibósnt asnet ea julos taarnáte ari olar,s  cduisapnodsoic iloonse stí truelogsu lacdootircaesn d ee nlo sm mericsamdooss.  Eorng aenstizoasd coass, olsa, 
deen aejesntimacaiórsne  aa duenc uinatdeor mae lodsia irniote rfiensaensc ideero l al eCgoamlmuennidtea da Auutotórinzaodmoa, , csuey poosd hráo neonrcaarriogsa r slae 
podrán deducir del resultado bruto de la operación, ingresándose en la Tesorería el 
rendimiento neto de la misma.
3.  La enajenación de futuros y opciones, obligaciones, obligaciones convertibles en 
acciones,  derechos  de  adquisición  preferente  y  demás  títulos,  valores  o  derechos 
análogos se ajustará, en lo que sea compatible, a las normas establecidas en los 
apartados anteriores.
Artículo 133.  Reordenación interna del patrimonio empresarial.
1.  El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de 
hacienda e informe de las consejerías afectadas, podrá acordar la incorporación de las 
acciones y participaciones sociales de titularidad de la Administración regional a los 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la 
misma, si tienen reconocida la facultad para esta adquisición en sus normas de creación 
u organización, y a las empresas públicas íntegramente participadas por la Junta de 
Comunidades. Del mismo modo, se podrá acordar la incorporación de las acciones y 
participaciones sociales de los organismos públicos, entidades de derecho público y 
empresas públicas íntegramente participadas a favor de la Administración de la Junta de 
Comunidades.
La  certificación  del  acuerdo  será  título  suficiente  para  acreditar  el  cambio  de 
titularidad y para la realización de cualquier otra actuación de carácter administrativa, 
societaria o contable que sea necesaria o se derive de la misma.
2.  Estas operaciones de cambio de titularidad y reordenación interna no estarán 
sujetas a la legislación del mercado de valores ni al régimen de oferta pública de 
adquisición, no podrán dar lugar al ejercicio de derechos de tanteo, retracto o cualquier 
otro derecho de adquisición preferente que pudieran ostentar los socios o terceras 
personas, ni podrán ser entendidas como causa de modificación o resolución de las 
relaciones jurídicas que mantengan las sociedades afectadas.
3.  Asimismo, las operaciones societarias, cambios de titularidad y actos derivados 
de la ejecución de este artículo estarán exentos de cualquier tributo autonómico o local, y 
gozarán de los mismos privilegios que el Estado en lo relativo al pago de aranceles y 
honorarios de Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
4.  Las facultades previstas en este artículo deberán ejercerse dentro de los límites 
establecidos en el artículo 168 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de 
las Administraciones Públicas.
CAPÍTULO II
Las empresas públicas
Artículo 134.  Concepto y régimen jurídico.
1.  A los efectos de esta ley, son empresas públicas de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La  Mancha  aquellas  sociedades  mercantiles  en  las  que  la  Administración 
regional  y  sus  organismos  públicos  y  entidades  de  derecho  público  tengan  una 
participación directa o indirecta por medio de otras sociedades superior al cincuenta por 
ciento, o dispongan de la mayoría absoluta de los derechos de voto, o tengan la facultad 
de nombrar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración.
2.  Estas sociedades se regirán por el ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de  es
las especialidades previstas en esta ley y la normativa de derecho público que le sea de  o
acopnlictraocl ieócno ennó mmicaote yr ifain parnecsieurpou.estaria, contable, personal, contratación, subvenciones y  2021-2849n https://www.
Artículo 135.  Constitución.
1.  La constitución de empresas públicas se acordará por el titular de la consejería 
competente en materia de hacienda, a iniciativa propia o a propuesta motivada de la 
consejería  u  organismo  o  entidad  interesado,  previa  autorización  del  Consejo  de 
Gobierno mediante Decreto.
2.  A la solicitud que se eleve al Consejo de Gobierno para su autorización se 
acompañará, al menos, la memoria justificativa, un plan de actuación, inversiones y 
financiación, el proyecto de estatutos de la sociedad, la acreditación de existencia de 
crédito adecuado y suficiente para hacer frente a la suscripción dineraria fundacional o, 
en su caso, la propuesta de aportación en especie.
Artículo 136.  Tutela funcional.
1.  Las empresas públicas de la Junta de Comunidades directamente participadas 
por la misma, y en todo caso, las íntegramente participadas a las que se refiere el 
artículo 138, estarán sometidas a la tutela funcional de la consejería que determine el 
Consejo de Gobierno.
2.  Corresponderá a la consejería de tutela:
a)  Fijar  las  líneas  generales  y  estratégicas  de  actuación  de  la  sociedad,  de 
conformidad con las directrices establecidas por el Consejo de Gobierno.
b)  La propuesta de nombramiento de la mitad, al menos, de las personas que 
deban formar parte del órgano de administración, así como de su remoción, salvo que 
otra cosa se disponga en los estatutos de la sociedad. Las discrepancias entre la 
consejería de tutela y la de hacienda sobre esta materia se resolverán por el Consejo de 
Gobierno.
c)  El control funcional y de eficacia y el seguimiento de su actividad.
d)  En general, la iniciativa, informe o propuesta respecto de aquellas decisiones 
relativas a la empresa pública que deban someterse a la consideración de la consejería 
competente en materia de hacienda o el Consejo de Gobierno.
Artículo 137.  Acuerdos sociales sometidos a autorización del Consejo de Gobierno.
1.  Las  empresas  públicas  necesitarán  la  autorización  previa  del  Consejo  de 
Gobierno para la realización de las siguientes operaciones societarias:
a)  Las modificaciones estatutarias que afecten al objeto social, el capital y a los 
órganos de la sociedad.
b)  La  transformación,  fusión,  escisión  y  demás  modificaciones  estructurales 
previstas en la legislación mercantil.
c)  La disolución voluntaria de la sociedad.
d)  La constitución de empresas públicas regionales y la compra o enajenación de 
acciones  o  participaciones  de  otras  sociedades  que  impliquen,  respectivamente,  la 
adquisición o pérdida de la condición de empresa pública. Si la empresa objeto de 
creación o adquisición fuera o pasara a tener el capital totalmente participado por la 
Junta de Comunidades, la autorización deberá adoptar la forma de Decreto.
2.  En aquellas empresas públicas que no sean de capital íntegramente participado 
por  la  Junta  de  Comunidades,  la  autorización  sólo  será  vinculante  para  los  s
representantes de la misma en los correspondientes órganos de la sociedad. o
En los estatutos de las empresas públicas se hará constar expresamente que las  w.
doep eGraocbioienrneos ,p croenv isetla asl ceann ceel  appreavrtisatdoo e ann etesrtieo ra prtríecucilsoa.rán autorización previa del Consejo  2021-2849n https://ww
Artículo 138.  Especialidades de las empresas públicas íntegramente participadas de 
Castilla-La Mancha.
1.  A  los  efectos  de  esta  ley,  se  consideran  empresas  públicas  íntegramente 
participadas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aquellas sociedades 
mercantiles en las que la totalidad de su capital social sea titularidad, de forma directa o 
indirecta a través de otras sociedades mercantiles, de la Administración regional, de sus 
organismos públicos y de las entidades de derecho público vinculados o dependientes.
2.  De forma excepcional y por razones justificadas de interés público, la consejería 
de  tutela  podrá  dar  instrucciones  específicas  a  la  empresa  pública  íntegramente 
participada con el objeto de que lleve a cabo determinados encargos o actuaciones 
concretas.
Los administradores a los que se encomiende la ejecución de las instrucciones 
deberán actuar de forma diligente para su debido cumplimiento, quedando exonerados 
de la responsabilidad prevista en el artículo 236 del Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, si de dicha actuación o cumplimiento se derivasen consecuencias lesivas, en los 
términos  previstos  en  el  artículo  179  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
3.  Los altos cargos y empleados públicos de la Junta de Comunidades que formen 
parte del órgano de administración de empresas públicas íntegramente participadas con 
forma de sociedad anónima, no resultarán afectados por la prohibición establecida en el 
artículo 213.2 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en los términos 
previstos en el artículo 180.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas.
4.  Estas empresas públicas podrán recibir bienes y derechos patrimoniales en 
adscripción, en los términos previstos en el artículo 49 de esta ley.
Disposición adicional primera.  Competencias en relación a los patrimonios de gestión 
separada.
1.  La adquisición, protección, defensa, administración, uso, enajenación y demás 
actuaciones de carácter dispositivo y de gestión relativas a las viviendas, los locales 
comerciales, las edificaciones, servicios complementarios de promoción pública, el suelo 
adquirido  para  la  construcción  de  los  citados  bienes  o  en  ejecución  de  planes 
urbanísticos y demás inmuebles y derechos reales que recaigan sobre los mismos, que 
estén o vayan a ser destinados a la ejecución de la política de vivienda, urbanismo y 
planificación territorial, corresponderá a la consejería competente sobre dichas materias, 
con las mismas facultades y prerrogativas previstas en esta ley para la consejería 
competente en materia de hacienda, salvo las atribuciones recogidas en el título III, que 
seguirá conservando esta última.
A  propuesta  de  la  consejería  competente  en  materia  de  vivienda,  urbanismo  y 
planificación territorial, el Consejo de Gobierno podrá, mediante Decreto, establecer las 
normas reguladoras del ejercicio de estas competencias, así como, las especialidades 
que  se  estimen  necesarias  o  convenientes  en  orden  a  la  adquisición,  protección, 
defensa, gestión, administración, utilización, aprovechamiento, explotación y enajenación 
de este patrimonio.
2.  La adquisición, protección, defensa, administración, uso, enajenación y demás 
actuaciones de carácter dispositivo y de gestión relativas a los bienes inmuebles y  e
derechos reales sobre los mismos que recaigan sobre los montes, vías pecuarias, los  bo
bienes y derechos afectos al fomento y protección medioambiental y aquellos otros que  49ww
mpsineisvaacetneísc rtioiagsl auad scceiyóe  npad tgesibrloi lcebdusrielr teu ddcreatica  hmyua nesm n temaedp airortoee vrlaaeiamccsihbo, ainecmaondirteeroen,  stcocpo oonncn i dnlleaaerssgá  é mataicc istoliamv, sida faosc droefenasssct eaudjlle,t ear íadaegesxrs íp cceyoo rmlaipm,pr eeegnrtreatoanngctaeaiódstine v reaoons,     OE-A-2021-28able en https://
previstas en esta ley para la consejería competente en materia de hacienda.
Disposición adicional segunda.  Convenios de contenido patrimonial con otras entidades 
públicas.
1.  La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podrá celebrar convenios con 
otras Administraciones Públicas y demás entidades del sector público con la finalidad de 
ordenar sus relaciones patrimoniales en un determinado ámbito o para realizar las 
actuaciones comprendidas en esta ley.
Los convenios podrán tener un contenido o clausulado meramente orientativo de 
actuaciones futuras que sólo comporten declaraciones de intención, en cuyo caso se 
considerarán protocolos, o podrán recoger compromisos de operaciones concretas y 
determinadas, siendo en este caso inmediatamente ejecutivos y obligatorios para las 
partes, en los términos que, en ambos supuestos, se prevea en los mismos.
2.  Cuando se trate de convenios inmediatamente ejecutivos, la totalidad de las 
actuaciones previstas se considerarán integradas en un único negocio jurídico complejo, 
cuya  conclusión  requerirá,  además  de  la  observancia  de  las  normas  que  sean  de 
aplicación en función de su naturaleza y contenido, el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en esta ley para las operaciones patrimoniales que contemple.
La celebración de los convenios corresponderá al órgano que sea competente para 
decidir sobre las operaciones patrimoniales que constituyen su objeto, previo informe del 
órgano o unidad que tenga atribuido su asesoramiento jurídico y, cuando afecten a 
bienes inmuebles o derechos reales, informe del órgano directivo competente en materia 
de patrimonio.
Estos  convenios  constituirán  título  suficiente  para  inscribir  las  operaciones  que 
contengan en el Registro de la Propiedad y otros registros públicos.
3.  Los convenios urbanísticos se regirán por su normativa específica.
Disposición  adicional  tercera.  Participación  en  las  actuaciones  de  ejecución  del 
planeamiento.
1.  Las  adquisiciones  de  bienes  y  derechos  derivadas  de  la  ejecución  del 
planeamiento y otros instrumentos urbanísticos se regirán por su normativa específica.
2.  La  participación  de  la  Administración  regional  en  los  procedimientos  y 
actuaciones de ejecución del planeamiento urbanístico, con la aportación de bienes 
inmuebles o derechos, exigirá la adhesión expresa, manifestada por el órgano directivo 
competente en materia de patrimonio, correspondiendo la realización de los actos que 
requiera  dicha  participación  a  la  consejería  u  organismo  de  adscripción,  salvo  que 
motivadamente se atribuyan a otro órgano.
No obstante, cuando la totalidad o parte de los bienes inmuebles o derechos objeto 
de la aportación se encuentren dentro del ámbito del apartado 1 de la disposición 
adicional  primera,  el  representante  de  la  Junta  de  Comunidades  en  dichos 
procedimientos será la consejería competente en materia de vivienda, urbanismo y 
planificación territorial, si bien deberá consultar a la consejería competente en materia de 
hacienda sobre todas aquellas cuestiones que puedan afectar al patrimonio general.
Disposición adicional cuarta.  Régimen patrimonial de los consorcios adscritos a la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El patrimonio de  los  consorcios  adscritos a  la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha se regirá por esta ley y su normativa de desarrollo, en  s
los términos previstos en el artículo 122.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de  oe.
Régimen Jurídico del Sector Público. w.
Dispdoes iCciaósnt ilalad-iLcaio nMaal nqcuhinat.a.  Régimen patrimonial del Ente Público de Radio-Televisión
La  adquisición,  protección,  defensa,  gestión,  administración,  explotación  y
enajenación de los bienes y derechos propios del Ente Público de Radio-Televisión de
Castilla-La Mancha se regirán por la Ley 3/2000, de 26 de mayo, de Creación del Ente 
Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha y demás normativa de rango legal o 
reglamentario  reguladora  de  esta  entidad,  aplicándose  con  carácter  subsidiario  las 
disposiciones de esta ley que sean compatibles con la naturaleza y actividad del Ente.
Disposición  adicional  sexta.  Régimen  patrimonial  de  la  Universidad  de  Castilla-La 
Mancha.
1.  La presente ley será de aplicación al patrimonio de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, en los términos previstos en la normativa específica de universidades.
No  obstante,  las  competencias  contempladas  en  esta  ley  y  su  normativa  de 
desarrollo  para  los  distintos  órganos  de  la  Administración  regional  se  entenderán 
atribuidas a los correspondientes órganos de la Universidad de Castilla-La Mancha.
2.  La afectación de bienes del Patrimonio de la Junta de Comunidades a los fines 
de la Universidad de Castilla-La Mancha por cuya virtud se transmita su titularidad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 80.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, corresponderá al Consejo de Gobierno, a propuesta de la 
consejería competente en materia de hacienda e iniciativa de la consejería que ostente 
las competencias en materia educativa.
Cuando los bienes afectados dejen de ser necesarios para la prestación del servicio 
público  universitario  o  se  empleen  en  funciones  distintas  de  las  propias  de  la 
Universidad, se comunicará dicha circunstancia a la consejería competente en materia 
de  hacienda,  para  que  pueda  ejercitar  el  derecho  de  reversión  previsto  en  dicha 
normativa, o bien, si ello no fuere posible, el reembolso de su valor al momento en que 
procedía la reversión.
Disposición adicional séptima.  Gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
La  gestión  y  ejecución  del  gasto  correspondiente  al  Impuesto  sobre  Bienes 
Inmuebles se llevará centralizadamente por el órgano directivo competente en materia 
de patrimonio, salvo aquellos supuestos en los que el hecho imponible recaiga sobre 
bienes  inmuebles  que  sean  destinados  a  la  ejecución  de  la  política  de  vivienda, 
urbanismo y planificación territorial a los que se refiere el apartado 1 de la disposición 
adicional primera, que se gestionarán por la consejería de adscripción.
Disposición adicional octava.  Especialidades de gestión de determinados grupos de 
bienes muebles y derechos.
El  Consejo  de  Gobierno  podrá  establecer  especialidades  para  la  gestión  y 
administración de determinados grupos de bienes muebles o derechos, como la flota de 
vehículos de la Junta de Comunidades, los equipos y sistemas de telecomunicaciones o 
para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y cualesquiera otros 
bienes y derechos informáticos.
Disposición adicional novena.  Bienes semovientes.
La gestión y administración de los bienes semovientes se regirá por su normativa 
específica, aplicándose de forma subsidiaria las normas previstas en esta ley para los 
bienes muebles, en lo que sea compatible con su naturaleza.
Disposición adicional décima.  Actualización de cuantías. b
geneLraasl ecsu daen tCíaass etilslata-Lbale cMidaansc hean. esta ley se actualizarán por las leyes de presupuestos
Disposición  transitoria  primera.  Bienes  y  derechos  de  dominio  público  adscritos  a 
empresas y fundaciones públicas bajo la vigencia de la normativa anterior.
Las adscripciones de bienes y derechos de naturaleza demanial acordadas a favor 
de empresas públicas y fundaciones públicas bajo la vigencia de la Ley 6/1985, de 13 de 
noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, pasarán a 
considerarse autorizaciones demaniales, quedando sometidas a la regulación contenida 
en el título IV de esta ley, salvo el plazo de duración, que se regirá por la normativa 
aplicable a las adscripciones por la citada Ley 6/1985, de 13 de noviembre.
Será causa de resolución específica de estas autorizaciones la falta de uso de los 
bienes y derechos para los fines que motivaron la adscripción originaria.
Disposición transitoria segunda.  Régimen transitorio de los expedientes patrimoniales.
Los expedientes patrimoniales que se encuentren en tramitación a la entrada en 
vigor de esta ley pasarán a regirse por la misma, conservando su validez los actos 
dictados bajo la vigencia de la legislación anterior que sean compatibles.
No obstante, se regirán por la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrimonio de la 
Comunidad  Autónoma  de  Castilla-La  Mancha  y  el  Decreto  104/1986,  de  23  de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para su aplicación, los siguientes 
expedientes:
a)  Los expedientes de deslinde anunciados en el «Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha» a la entrada en vigor de esta norma.
b)  Los procedimientos que se vayan a adjudicar con concurrencia pública, cuando 
el anuncio de licitación se hubiera publicado en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» 
a la entrada en vigor de esta ley.
c)  Los procedimientos adjudicados, con independencia de la forma de adjudicación.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en todo aquello 
que sean contrarias o se opongan a lo dispuesto en la presente ley.
2.  En particular, se derogan expresamente las siguientes disposiciones normativas:
a)  La Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha.
b)  El Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación del Reglamento para 
la aplicación de la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, salvo las cuestiones procedimentales reguladas en los 
artículos 119 a 128 para las enajenaciones de inmuebles mediante concurrencia pública, 
que permanecerán vigentes en todo aquello que no contradigan a lo previsto en esta ley, 
hasta la entrada en vigor de las normas que puedan dictarse en su desarrollo sobre 
dichos procedimientos.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 1/2006, de 23 de marzo, de creación 
de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha.
El artículo 5 de la Ley 1/2006, de 23 de marzo, de creación de la Empresa Pública 
Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha quedará redactado de la forma siguiente: s
«Artículo 5.  Patrimonio. w.
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adquiera o se le atribuyan por cualquier persona y en virtud de cualquier título».
Disposición final segunda.  Referencias normativas.
Las referencias normativas que se contengan en otras normas de alcance sectorial o 
reguladoras  de  propiedades  especiales  a  la  Ley  6/1985,  de  13  de  noviembre,  de 
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se entenderán hechas a 
la presente ley.
Disposición final tercera.  Desarrollo reglamentario.
Se  faculta  al  Consejo  de  Gobierno  para  que  dicte  las  disposiciones  que  sean 
necesarias para el desarrollo reglamentario y aplicación de esta ley.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha».
Toledo, 6 de noviembre de 2020.–El Presidente, Emiliano García-Page Sánchez.
(Publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 234, de 19 de noviembre de 2020)