BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 260 Sábado 30 de octubre de 2021 Sec. I.   Pág. 131803
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA
17663 Orden TMA/1160/2021, de 8 de octubre, por la que se establece el marco 
para la celebración de acuerdos de entrega a los Ayuntamientos de vías 
urbanas de la red estatal.
El preámbulo de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras manifiesta que 
«el notable desarrollo de las redes de carreteras en España impone la necesidad de 
reajustar las competencias del Estado y de las restantes administraciones públicas sobre 
determinadas carreteras, de forma que se obtenga una racionalización de la gestión de 
las redes basada en criterios funcionales. […] Asimismo, se hace imprescindible agilizar 
el procedimiento para posibilitar los intercambios de titularidad entre las distintas redes 
cuando la permuta o cesión de tramos o itinerarios sea conveniente para el interés 
público».
El artículo 49.1 de la Ley de Carreteras establece que «[l]as carreteras del Estado o 
tramos determinados de ellas se entregarán a los ayuntamientos respectivos en el 
momento en que adquieran la condición de vías urbanas. El expediente se promoverá a 
instancia del ayuntamiento o del Ministerio de Fomento y será resuelto por el Consejo de 
Ministros. Excepcionalmente podrá resolverlo el titular del citado departamento cuando 
existiere acuerdo entre el órgano cedente y el cesionario». En el mismo sentido, el 
artículo  5  de  la  Ley  de  Carreteras  dispone  que  «[a]quellas  carreteras  que,  siendo 
competencia del Ministerio de Fomento, no formen parte de la Red de Carreteras del 
Estado, así como los viales y caminos de su competencia, constituyen el Viario Anexo a 
la  Red  de  Carreteras  del  Estado  […]  Este  viario  podrá  ser  cedido  a  otras 
administraciones públicas. El expediente se promoverá a instancia de éstas o del propio 
Ministerio de Fomento y será resuelto por éste. Cuando no existiere acuerdo entre el 
cedente y el cesionario, el expediente será resuelto por el Consejo de Ministros».
En relación con lo anterior, el artículo 127.2 del Reglamento General de Carreteras, 
aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, precisa que «se considera 
que una carretera estatal o un tramo determinado de ella adquieren la condición de vía 
urbana si se cumplen las dos siguientes condiciones: a) Que el tráfico de la carretera sea 
mayoritariamente urbano. b) Que exista alternativa viaria que mantenga la continuidad 
de la Red de Carreteras del Estado, proporcionando un mejor nivel de servicio.»
La disposición adicional tercera de la Ley de Carreteras dispone que «[e]l Ministerio 
de Fomento promoverá los acuerdos oportunos para transferir a la administración que 
corresponda las carreteras o tramos de las mismas que siendo de titularidad del Estado 
no cumplan los requisitos precisos para formar parte de la Red de Carreteras del 
Estado». El objeto de esta Orden es fijar un marco que permita promover y agilizar la 
celebración de acuerdos entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y 
los  Ayuntamientos  interesados  para  la  entrega  a  estos  últimos  de  los  tramos  de 
carreteras estatales que ya no reúnan los requisitos para ser de titularidad del Estado por 
haber adquirido la condición de vías urbanas. s
El sistema vigente para la entrega de vías urbanas se encuentra regulado en la  e.
Orden de 23 julio de 2001 por la que se regula la entrega a los Ayuntamientos de tramos  w.
urbanos de la Red de Carreteras del Estado, con las modificaciones introducidas por la  663ww
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interesado, quien asume su financiación. Se preveía la participación del Ministerio de 
Fomento (hoy de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) en esa financiación mediante 
una transferencia de crédito, según el baremo establecido en dichas órdenes, una vez 
acreditada la ejecución de las obras. Esta transferencia se orientaba exclusivamente a 
cubrir las actuaciones de mera conservación del firme, drenaje superficial, señalización, 
balizamiento y mejoras de la seguridad viaria, pero no las de tratamiento puramente 
urbano. Sin embargo, la falta de disponibilidad presupuestaria ha dado lugar a que desde 
el bienio 2009–2010 no se haya llevado a cabo ninguna entrega de vías urbanas salvo 
aquéllas que no llevaran aparejadas transferencias económicas adicionales a favor de 
las Corporaciones Locales.
La experiencia acumulada en las entregas tramitadas durante el último decenio, a lo 
que se añaden las nuevas orientaciones y políticas europeas de movilidad segura y 
sostenible, así como el actual contexto en que España va a recibir fondos del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, aconsejan regular un nuevo sistema 
que sustituya al establecido en las Órdenes aludidas.
El sistema que ahora se establece prevé que sea el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana quien contrate la ejecución de las actuaciones de mejora y 
acondicionamiento de los tramos a ceder, así como también las necesarias para su 
adecuación a su nueva función como vías urbanas, desarrollando e implantando las 
soluciones de movilidad urbana más sostenibles técnica, económica y ambientalmente. 
Dichas actuaciones se definirán en el proyecto constructivo sobre el que se basará el 
acuerdo entre este Ministerio y el Ayuntamiento por el que éste asumirá la titularidad de 
la vía urbana, sujeto a la condición suspensiva de que la Administración General del 
Estado reciba de conformidad las obras realizadas.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, cuyo 
texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, y 
en la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción 
sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras 
públicas  de  infraestructuras  ferroviarias,  carreteras  y  aeropuertos  del  Ministerio  de 
Fomento, no se incluirán en los proyectos actuaciones cuya justificación y necesidad se 
base en la promoción de desarrollos urbanísticos, polígonos industriales, y similares. 
Este tipo de actuaciones no serán en ningún caso financiadas por el Ministerio de 
Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana,  que  podrá  autorizarlas,  si  cumplen  los 
requisitos para ello, pero su ejecución y financiación corresponderán a los promotores de 
los desarrollos mencionados.
Esta orden ministerial respeta los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común  de  las  Administraciones  Públicas:  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Respeta los principios de necesidad y 
eficacia, pues tiene por objeto dar cumplimiento al mandato expresado en el artículo 49.1 
de la ley de carreteras y lo hace de la forma más adecuada para el interés general, 
mediante  acuerdo  con  los  respectivos  Ayuntamientos  para  la  realización  de  las 
actuaciones necesarias para el acondicionamiento, la mejora y la humanización de los 
tramos. La norma es coherente con el principio de proporcionalidad, pues contiene la 
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma. No restringe 
derechos, y las obligaciones que impone a sus destinatarios (la Dirección General de 
Carreteras y los Ayuntamientos) en orden a la formalización de acuerdos para la entrega 
de vías urbanas, son las imprescindibles a la luz de la experiencia adquirida con los  s
sistemas vigentes con anterioridad. Asimismo, cumple el principio de seguridad jurídica,  oe.
pues se limita a establecer un marco claro para los acuerdos de entrega de vías  w.
urbanas, que competen a la Administración General del Estado y los Ayuntamientos. No  663ww
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Por todo ello, y en uso de las facultades que nos confieren el artículo 49.1 de la Ley 
de Carreteras para entregar a los Ayuntamientos los tramos de carreteras del Estado 
cuando adquieran la condición de vías urbanas y existiere acuerdo con el cesionario, la 
disposición  adicional  tercera  de  la  Ley  de  Carreteras  para  promover  los  acuerdos 
oportunos  de  transferencia  de  titularidad  de  los  citados  tramos,  preceptos  también 
desarrollados en el artículo 127 del Reglamento General de Carreteras, y la disposición 
final única del mismo para dictar las disposiciones necesarias para su aplicación y 
desarrollo, dispongo:
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
Esta orden ministerial tiene por objeto establecer un marco para la celebración de 
acuerdos  entre  el  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana  y  los 
Ayuntamientos interesados que tengan por finalidad la entrega a estos últimos de los 
tramos de carreteras estatales que ya no reúnan los requisitos para ser de titularidad del 
Estado por haber adquirido la condición de vías urbanas, de acuerdo con las previsiones 
de los artículos 5 y 49.1 y la disposición adicional tercera de la Ley 37/2015, de 29 de 
septiembre,  de  Carreteras,  y  el  artículo  127  del  citado  Reglamento  General  de 
Carreteras.
Artículo 2.  Iniciativa del acuerdo.
1.  El acuerdo será propuesto por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana al Ayuntamiento en cuyo término se ubique el tramo de carretera a entregar.
2.  El Ayuntamiento también podrá solicitar a este Ministerio el inicio de los trámites 
descritos en esta orden ministerial para la entrega del tramo.
Artículo 3.  Proyecto de acondicionamiento, mejora y humanización de la vía urbana.
1.  El acuerdo se formalizará sobre la base de un proyecto de acondicionamiento, 
mejora y humanización de la vía urbana que determinará con precisión el tramo de 
carretera que es objeto de entrega al Ayuntamiento, con todos los elementos auxiliares y 
equipamientos cuya titularidad será transferida. Dicho proyecto definirá las obras de 
mejora y acondicionamiento que se realizarán en el tramo, así como las actuaciones 
específicas  necesarias  para  su  adecuación  a  su  futura  función  como  vía  urbana, 
considerando las soluciones técnica, económica y ambientalmente más sostenibles.
2.  No se incluirán en los proyectos actuaciones cuya justificación y necesidad se 
base en la promoción de desarrollos urbanísticos, polígonos industriales, y similares. 
Este tipo de actuaciones no serán en ningún caso financiadas por el Ministerio de 
Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana,  que  podrá  autorizarlas,  si  cumplen  los 
requisitos para ello, pero su ejecución y financiación corresponderán a los promotores de 
los desarrollos mencionados.
3.  La redacción y tramitación de los proyectos de acondicionamiento, mejora y 
humanización de los tramos corresponderá a la Dirección General de Carreteras, y su 
aprobación al órgano competente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana.
Artículo 4.  Formalización del acuerdo.
1.  Se faculta a la Dirección General de Carreteras para redactar la propuesta de  e.e
entrega del tramo. w.b
2.  Una vez elaborado el proyecto de acondicionamiento, mejora y humanización de  663ww
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establecido  en  la  presente  orden,  si  bien  la  transferencia  de  titularidad  no  será
plenamente efectiva hasta que las obras hayan sido recibidas de conformidad y el 
Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dicte la resolución indicada en el 
artículo 7.
Artículo 5.  Ejecución y recepción de las obras.
1.  La ejecución de las obras será contratada por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, que asumirá su financiación con cargo a las pertinentes 
partidas presupuestarias.
2.  La  recepción  de  las  obras  competerá  exclusivamente  a  la  Administración 
General del Estado conforme a la normativa vigente.
Artículo 6.  Modificaciones del contrato.
Sin perjuicio de lo previsto en la legislación de contratos del sector público, todas las 
modificaciones del contrato de obras de acondicionamiento, mejora y humanización del 
tramo se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de esta orden.
Artículo 7.  Transferencia de la titularidad del tramo.
1.  Una vez firmada el acta de recepción de las obras, el Ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana dictará resolución por la que se transferirá al Ayuntamiento 
la titularidad del tramo de carretera determinado en el proyecto de acondicionamiento, 
mejora y humanización, con todos sus elementos auxiliares y equipamientos. Desde ese 
momento y sin más trámites, el Ayuntamiento asumirá plenamente la titularidad del tramo 
y será responsable de su conservación y explotación, sin perjuicio del régimen de 
responsabilidad  del  contratista  establecido  en  la  legislación  de  contratos  del  sector 
público para las obras por él ejecutadas.
2.  El tramo de carretera entregado al Ayuntamiento será excluido de la Red de 
Carreteras del Estado y de sus inventarios y catálogos.
Disposición transitoria única.  Procedimientos en curso.
Los procedimientos para la entrega de vías urbanas a Ayuntamientos iniciados antes 
de la entrada en vigor de esta orden y que aún no hubieren concluido por no haberse 
formalizado el acuerdo o no haberse entregado todavía el tramo, continuarán rigiéndose 
por la normativa anterior y, en su caso, por lo ya acordado.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas la Orden de 23 julio de 2001 por la que se regula la entrega a los 
Ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado, y la Orden 
FOM/3426/2005, de 27 de octubre, por la que se fijan condiciones especiales para la 
entrega a los Ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid, 8 de octubre de 2021.–La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda  e.e
Urbana, Raquel Sánchez Jiménez. w.b