BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 116 Sábado 15 de mayo de 2021 Sec. I.   Pág. 57902
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
8034 Acuerdo de 28 de abril de 2021, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de 
reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía en relación con los 
Grupos Parlamentarios.
El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado el día 28 de abril de 2021, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional primera del Reglamento de la 
Cámara, la reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía en relación con los 
grupos parlamentarios.
Sevilla, 28 de abril de 2021.–El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía, Ángel 
Marrero García-Rojo.
Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía en relación con los grupos 
parlamentarios
Exposición de motivos
El Parlamento de Andalucía, en diciembre de 2003, mediante la aprobación por 
unanimidad y lectura única, incorporaba a su Reglamento la figura del Diputado no 
Adscrito,  transponiendo  las  previsiones  del  denominado  «Pacto  Antitransfuguismo», 
manteniendo la vocación de proyectar a la vida parlamentaria las previsiones y los 
acuerdos contra el transfuguismo suscritos en dicho momento por las fuerzas políticas 
más representativas en las Cortes Generales, representadas también en el Parlamento 
andaluz. Acuerdos que, como señala la STC 246/2012, de 20 de diciembre, tienen como 
finalidad «la de respetar la voluntad de los ciudadanos manifestada en las elecciones, en 
cuanto constituye la expresión esencial de un régimen democrático. Con este objetivo se 
disponen una serie de medidas «para frenar y reducir el condenable fenómeno de 
deslealtad política conocido como transfuguismo», entre las que se encuentra la creación 
legal de la figura de los «miembros no adscritos».
En la Exposición de Motivos de la reforma del Reglamento de 2003 se justificaba 
esta modificación en «la salvaguarda de una estrecha correspondencia entre las listas 
electorales y los grupos parlamentarios que, como agentes cualificados en el ejercicio de 
las funciones parlamentarias, se constituyan en la Cámara», y continuaba: «a fin de 
evitar la distorsión que en dicha correspondencia entre tales listas y grupos sin duda 
produce […] la formación de otros nuevos».
El  pasado  21  de  septiembre  de  2020,  la  Comisión  de  Seguimiento  del  Pacto 
Antitransfuguismo consensuó políticamente la III Adenda, denominada «Pacto por la 
estabilidad institucional. Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el 
transfuguismo en las instituciones democráticas», cuyo texto integrado fue debatido en 
su sesión de 3 de noviembre de 2020 y aprobado en sesión de 11 de noviembre 
de 2020, al firmar el mismo la Ministra de Política Territorial y Función Pública y las 
fuerzas políticas con representación mayoritaria en las Cortes Generales.
En dicha III Adenda se establece que «las fuerzas políticas se comprometen a  s
impulsar  la  modificación,  desde  el  respeto  a  su  autonomía  e  idiosincrasia,  de  los  oe.
reglamentos de las cámaras y los reglamentos orgánicos de las corporaciones locales,  w.
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democrática que suponen los acuerdos del Pacto Antitransfuguismo, para corregir una
práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las  Bc
urnas. Fruto de esa voluntad es que el Pleno del Parlamento de Andalucía ha resuelto, 
conforme  a  lo  previsto  en  la  disposición  adicional  primera  del  Reglamento  del 
Parlamento de Andalucía, llevar a cabo la presente reforma, en la que se recoja el 
espíritu de la voluntad de los grupos representados en la Cámara.
Tanto nuestro Estatuto de Autonomía como la doctrina del Tribunal Constitucional 
consagran la libertad de mandato de los diputados, pero junto a ello, sin embargo, el 
citado Tribunal ha afirmado desde siempre la relevancia jurídica de la adscripción política 
de los representantes. Así, ya la STC 32/1985, de 6 de marzo, FJ Segundo, señaló que 
«Es claro, en efecto, que la inclusión del pluralismo político como un valor jurídico 
fundamental (artículo 1.1 C.E.) y la consagración constitucional de los partidos políticos 
como  expresión  de  tal  pluralismo,  cauces  para  la  formación  y  manifestación  de  la 
voluntad popular e instrumentos fundamentales  para  la participación política de los 
ciudadanos (artículo 6), dotan de relevancia jurídica (y no solo política) a la adscripción 
política de los representantes y que, en consecuencia, esa adscripción no puede ser 
ignorada, ni por las normas infraconstitucionales que regulen la estructura interna del 
órgano en el que tales representantes se integran, ni por el órgano mismo, en las 
decisiones que adopte en ejercicio de la facultad de organización que es consecuencia 
de su autonomía».
En relación con lo expuesto, es indudable la esencial función que cumplen hoy los 
grupos  parlamentarios  en  la  organización  y  funcionamiento  de  las  Asambleas 
Legislativas. El propio Tribunal Constitucional se ha encargado de ponerlo de manifiesto 
reiteradamente y así, por todas, en la STC 169/2009, de 9 de julio, FJ 3, señala que «la 
facultad  de  constituir  grupo  parlamentario,  en  la  forma  y  con  los  requisitos  que  el 
reglamento establece, corresponde a los diputados, y que dicha facultad pertenece al 
núcleo de su función representativa parlamentaria. Dada la configuración de los grupos 
parlamentarios en los actuales Parlamentos, como entes imprescindibles y principales en 
la organización y funcionamiento de la Cámara, así como en el desempeño de las 
funciones parlamentarias y los beneficios que conlleva la adquisición de tal status, 
aquella facultad constituye una manifestación constitucionalmente relevante del ius in 
officium del representante».
El  Tribunal  Constitucional  ha  reconocido  a  los  Parlamentos,  en  ejercicio  de  su 
potestad de autonormación y organización, una amplia disponibilidad para regular, como 
normación originaria, los grupos parlamentarios (STC 64/2002, de 11 de marzo, FJ 3), 
por lo que se impone que la Cámara deje un amplio campo para que los grupos 
parlamentarios puedan establecer sus propias reglas de organización y funcionamiento 
internos, que hagan valer el espíritu que pretende la presente reforma.
Así, sobre todas estas bases constitucionales, el Parlamento de Andalucía, mediante 
esta modificación de su reglamento, pretende, además de ganar en seguridad jurídica, 
adecuar, en todo momento, su funcionamiento a la voluntad popular, expresada en las 
elecciones. Y ello con pleno respeto a las exigencias de la libertad de mandato de sus 
diputados  y  del  pluralismo  de  las  opciones  que  refleje  la  normativa  interna  de  los 
distintos grupos parlamentarios.
Es esencial recordar, a este respecto, que ya la propia STC 64/2002 dejó claro que 
«del aserto de que la elección de los ciudadanos recae sobre personas determinadas y 
no sobre los partidos o asociaciones que las proponen como candidatos al electorado no 
puede deducirse […] que en un sistema de listas cerradas y bloqueadas […] los votos 
son recibidos por los candidatos y deben imputárseles individualmente a estos. Como 
también ha tenido ocasión de señalar este Tribunal, en un sistema tal no cabe hablar de  s
votos recibidos por candidatos singularmente considerados, sino, con relación a estos,  oe.
de cocientes, que no son votos efectivamente obtenidos, sino más bien resultados  w.
convencionales deducidos, a los efectos de reparto, del número total de votos de cada  34ww
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al correspondiente grupo parlamentario, en cuanto emanación de aquella candidatura o 
formación  política,  en  todo  momento,  tanto  al  inicio  como  en  el  desarrollo  de  la 
Legislatura, con independencia del número de miembros que en cada momento ostente.
Así, en efecto, lo reconoce el Tribunal Constitucional, en la repetida STC 64/2002, 
cuando alude a que no cabe hablar de votos recibidos por candidatos singularmente 
considerados; de lo que se trata es de que, partiendo de los votos de cada candidatura o 
formación política, se determina entre ellas los escaños que corresponden a cada una.
En  este  sentido,  no  se  ignora  que  el  Tribunal  Constitucional  ha  señalado,  por 
ejemplo, que la proporcionalidad en la composición de las Comisiones viene exigida por 
la propia Constitución (STC 93/1998, de 4 de mayo, FJ 3) o que la graduación de la 
cuantía de las subvenciones exclusivamente en atención al carácter más o menos 
numeroso  de  los  grupos  parlamentarios  constituye  una  exigencia  de  equidad 
(STC 214/1990, de 10 de febrero, FJ 7), ni que el Estatuto de Autonomía para Andalucía 
en su artículo 103.4, in fine, señala que «Los grupos parlamentarios participarán en la 
Diputación Permanente y en todas las Comisiones en proporción a sus miembros». Pero, 
como  demuestra  la  vinculación  que  en  relación  con  la  proporcionalidad  en  la 
composición de las Comisiones realiza el Tribunal Constitucional en la STC 93/1998 con 
la  relevancia  jurídica  de  la  adscripción  política  de  los  representantes,  esa 
proporcionalidad no tiene que ser necesariamente con el número concreto de miembros 
que  en  cada  momento  tenga  un  grupo  parlamentario,  sino,  en  línea  con  las 
consideraciones  previamente  expuestas,  con  el  número  de  Diputados  que 
correspondería a cada grupo parlamentario en función del que correspondería a cada 
candidatura o formación política, de la que aquel es emanación, en razón del respaldo 
electoral recibido.
Como ya se ha expuesto, este Parlamento, con la regulación que se aborda, no es 
ajeno a la existencia de un amplísimo acuerdo entre las fuerzas políticas, a todos los 
niveles,  para  combatir  los  efectos  perversos  del  transfuguismo,  plasmado  en  la 
suscripción de un Pacto por la Estabilidad Institucional o Acuerdo sobre un código de 
conducta política en relación con el transfuguismo en las instituciones democráticas.
Por ello, la presente modificación busca incorporar las líneas esenciales del acuerdo 
de  las  fuerzas  políticas,  dotar  de  seguridad  jurídica  a  los  supuestos  que  puedan 
plantearse y, sobre todo, guardando el respeto a las autónomas decisiones, garantizar la 
libertad de organización y funcionamiento de los grupos parlamentarios, en aras de su 
pluralismo y de su libertad ideológica.
Artículo único.  Modificación del Reglamento del Parlamento de Andalucía.
Se modifica el Reglamento del Parlamento de Andalucía en los términos que a 
continuación se expresan:
Uno.  Se modifica el apartado 2 del artículo 21 y se añaden dos apartados a este 
artículo, apartados 3 y 4, que quedan redactados así:
«2.  En el mencionado escrito, que irá firmado por quienes deseen constituir 
el grupo parlamentario, deberá constar la denominación de este, los nombres de 
todos sus miembros, así como su Portavoz titular y un máximo de dos adjuntos. 
Asimismo, se acompañará un escrito de conformidad del representante legal del 
sujeto político que presentó la candidatura.
3.  En ejercicio de su facultad de organización, cada grupo parlamentario se  e.
dotará de una Normativa Interna, que comunicará a la Mesa del Parlamento en el  w.b
plazo  de  un  mes  desde  su  constitución,  que  podrá  modificarse  durante  la  34ww
Legislatura, y que tendrá al menos el siguiente contenido:
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figurarán,  al  menos,  Presidente,  Portavoz,  Portavoces  Adjuntos,  Consejo  de 
Dirección y Asamblea de grupo.
b)  Procedimiento de incorporación al grupo parlamentario y de retorno.
c)  Procedimiento de salida del grupo parlamentario.
4.  La representación del grupo parlamentario corresponde a su Portavoz o, 
en su caso, a sus Portavoces Adjuntos, con respecto a las facultades, funciones o 
actuaciones  atribuidas  al  grupo  parlamentario  por  este  reglamento  y  demás 
normativa o prácticas parlamentarias y de las cuestiones de mera tramitación o de 
administración ordinaria del grupo parlamentario.»
Dos.  Se modifica el artículo 24, que queda redactado así:
«1.  Una vez producida la adscripción a un grupo parlamentario en el tiempo y 
forma que se regulan en los artículos anteriores, quien causara baja en el mismo 
adquirirá necesariamente la condición de diputado o diputada no adscrito.
2.  El Diputado o Diputada podrá causar baja en el grupo parlamentario, y la 
mesa del parlamento reconocerá su condición de diputado o diputada no adscrito, 
por los siguientes motivos y modos de acreditación:
a)  Por  abandono  voluntario  del  Diputado  o  Diputada,  que  surtirá  efecto 
cuando el Diputado o Diputada afectado comunique tal circunstancia a la Mesa del 
Parlamento de Andalucía.
b)  Por  expulsión  motivada  del  grupo  parlamentario  en  aplicación  de  las 
causas expresamente previstas en la normativa interna a la que se refiere el 
artículo 21.3 de este reglamento. La comunicación se hará mediante escrito de su 
portavoz a la mesa del parlamento. Sin perjuicio de las previsiones adicionales 
que la Normativa Interna del grupo parlamentario pueda contener sobre la baja, 
para  tener  esta  por  acreditada,  con  los  efectos  consiguientes,  la  Mesa  del 
Parlamento de Andalucía se limitará a comprobar, conforme al procedimiento de 
acreditación establecido, que el acuerdo de baja ha sido adoptado por el órgano o 
las personas competentes, con las mayorías en su caso previstas, y que la causa 
invocada  se  halla  expresamente  prevista  en  la  normativa  interna  del  grupo 
parlamentario.
c)  En  el  supuesto  de  transfuguismo,  la  comunicación  a  la  mesa  del 
abandono,  expulsión  o  separación  del  criterio  político  fijado  por  sus  órganos 
competentes del Diputado o Diputada que concurrió por la candidatura de la que 
trae causa el grupo parlamentario corresponderá al representante legal del sujeto 
político que presentó la candidatura o al del partido político que propuso su 
inclusión en esta en caso de coalición electoral.
3.  No obstante lo dispuesto en el  apartado 1, en cualquier momento el 
Diputado o Diputada no Adscrito podrá retornar al grupo parlamentario al que 
hubiese pertenecido, siempre que medien el consentimiento y la firma de su 
Portavoz.
4.  En el caso del Grupo Parlamentario Mixto, su Portavoz será designado 
atendiendo a un criterio rotatorio, por orden alfabético, para cada periodo de 
sesiones, salvo acuerdo adoptado por mayoría absoluta de sus miembros.
5.  La Mesa de la Cámara resolverá, con carácter general o en cada caso, 
sobre las discrepancias que surjan entre los miembros del Grupo Parlamentario  e.e
Mixto sobre sus reglas de funcionamiento. b
6.  Los  Diputados  no  Adscritos  gozarán  únicamente  de  los  derechos  34ww
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Clausa ancdtou aacdioqnueiesr aang rtuapl acdoansd idceió Dn,i pduetajadroásn  edset aobcleucpiadra sc ueanlq euli eprr epsueenstteo  roe gclaamrgeon eton. 
los órganos del Parlamento o de ostentar la condición de miembros de aquellos,
sin perjuicio de su posterior elección o designación conforme a los procedimientos 
establecidos.
7.  La  Mesa  del  Parlamento,  oída  la  Junta  de  Portavoces,  decidirá  el 
procedimiento para la intervención en el Pleno y las Comisiones de los Diputados 
no Adscritos, así como sobre su pertenencia a estas, respetando en todo caso lo 
previsto en el artículo 6.2 de este reglamento. Corresponde asimismo a la Mesa, 
oída la Junta de Portavoces, resolver cuantas cuestiones pudieran plantearse en 
relación con su situación y posibilidades de actuación en el marco del presente 
reglamento.
En  particular,  cuando  el  número  de  Diputados  no  Adscritos  altere 
significativamente la proporcionalidad prevista en el artículo 103.4, in fine, del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, podrá establecer fórmulas que repongan la 
representación  política  emanada  del  proceso  electoral,  incluida  la  del  voto 
ponderado, sin que se produzca en ningún caso la sobrerrepresentación de los 
Diputados no Adscritos. Asimismo, dichas fórmulas se podrán establecer en los 
supuestos en que la composición del Grupo Parlamentario Mixto comprometa el 
principio de proporcionalidad.
8.  En  el  supuesto  de  que  temporal  o  definitivamente  se  produjera  la 
usurpación parcial o completa de la denominación de un grupo parlamentario, este 
podrá  comunicar  a  la  Mesa  del  Parlamento  la  decisión  de  cambio  de  su 
denominación mientras que la usurpación se mantenga.»
Tres.  Se modifica el artículo 26, que queda redactado así:
«1.  Todos los grupos parlamentarios, con las especificaciones reguladas en 
el presente reglamento, gozan de idénticos derechos.
2.  Cualesquiera derechos, facultades, funciones, posibilidades de actuación y 
medios reconocidos a los Grupos parlamentarios en este reglamento y demás 
normativa  parlamentaria  lo  serán  sobre  la  base  del  número  de  Diputados 
obtenidos por la candidatura electoral en la que concurrieron a las elecciones y de 
la que el grupo parlamentario trae causa, sin que resulte relevante el número de 
Diputados  con  que  cuente  en  cada  momento  el  grupo  parlamentario.  Se 
exceptúan en todo caso los supuestos de ponderación de voto.»
Cuatro.  Se añade una disposición adicional quinta, que queda redactada así:
«Quinta.
A los efectos de lo previsto en el artículo 24 del presente reglamento, se entiende 
en situación de transfuguismo a los Diputados que, traicionando al sujeto político 
(partido político, coalición electoral o agrupaciones de electores) que los presentó a 
las elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del 
criterio fijado por sus órganos competentes.
Se considerará tránsfuga asimismo al Diputado o Diputada electo por una 
candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o 
es expulsado del partido político coaligado que propuso su incorporación en la 
candidatura,  aunque  recale  en  otro  partido  o  espacio  de  la  coalición  sin  el 
consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso.»
Disposición adicional única.  Normativa Interna de los actuales grupos parlamentarios. e.
En  el  plazo  de  un  mes  desde  la  entrada  en  vigor  de  la  presente  reforma  del  34ww
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de Andalucía en el considerado plazo.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía» y 
se publicará también en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín 
Oficial del Estado».