BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 65 Miércoles 17 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 30901
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
4224 Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia, para el 
funcionamiento por medios electrónicos del registro de Convenios y Acuerdos 
colectivos  de  trabajo,  el  depósito  de  Estatutos  de  las  organizaciones 
sindicales y empresariales y el registro de Empresas de trabajo temporal.
Suscrito el Convenio entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Comunidad 
Autónoma de Galicia para el funcionamiento por medios electrónicos del registro de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, el depósito de estatutos de las organizaciones 
sindicales  y  empresariales  y  el  registro  de  empresas  de  trabajo  temporal,  y  en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.
Madrid, 8 de marzo de 2021.–La Secretaria General Técnica, Blanca Cano Sánchez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Comunidad 
Autónoma de Galicia para el funcionamiento por medios electrónicos del registro 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, el depósito de estatutos de las 
organizaciones sindicales y empresariales y el registro de empresas de trabajo 
temporal
En Madrid, a 26 de noviembre de 2020.
REUNIDAS
De una parte la Excma. Sra. doña Yolanda Díaz Pérez, en su condición de Ministra 
de Trabajo y Economía Social, nombrada por Real Decreto 358/2018, de 6 de junio, y en 
uso de sus atribuciones conferidas en virtud del artículo 61 k) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y de otra la Sra. doña María Jesús Lorenzana Somoza, en su condición de Conselleira 
de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia nombrada por el Decreto 112/2020, de 6 de 
septiembre, y en uso de sus atribuciones conferidas en el artículo 26 de la Ley 1/1983, 
de 22 de febrero, reguladora de la Xunta de Galicia y su presidencia.
Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad para obligarse y convenir.
EXPONEN
1.  Entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Comunidad Autónoma de 
Galicia se han suscrito varios convenios para el funcionamiento de las aplicaciones  s
electrónicas del Ministerio de Trabajo y Economía Social que dan soporte a: e.
El registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 24ww
EEll  dreegpisótsrioto d dee e emsptaretustaoss  ddee  tlraasb oarjog atenmizapcoiroanl.es sindicales y empresariales.
La entrada en funcionamiento de estas aplicaciones ha permitido que cualquier
trámite relacionado, tanto con el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
el depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, o el registro 
de  empresas  de  trabajo  temporal  se  pueda  realizar  de  forma  electrónica,  dando 
cumpliendo así al derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones  Públicas  establecido  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Además, la creación, de cada una de estas aplicaciones ha permitido la existencia, 
por  primera  vez,  de  una  información  completa,  tanto  de  los  convenios  y  acuerdos 
colectivos de trabajo existentes como de las organizaciones sindicales y empresariales 
cuyos estatutos están depositados en las oficinas públicas de estatutos, como de las 
empresas de trabajo temporal registradas ante cualquier autoridad laboral del Estado.
2.  El  Real  Decreto  713/2010,  de  28  de  mayo,  sobre  registro  y  depósito  de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, 
sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, y el Real 
Decreto  417/2015,  de  29  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  las 
empresas de trabajo temporal, al establecer que sus respectivos procedimientos deberán 
tramitarse a través de medios electrónicos, traen como consecuencia la necesidad de 
una aplicación informática que les dé cobertura.
Además, al establecerse en cada uno de los reales decretos la constitución de una 
base de datos central, exige que la información remitida por cada autoridad laboral 
competente se efectúe siguiendo unas determinadas especificaciones técnicas.
3.  Por ello los reales decretos antes citados prevén la firma de convenios entre el 
Ministerio  de  Trabajo  y  Economía  Social,  y  aquellas  comunidades  autónomas  que 
deseen utilizar las correspondientes aplicaciones informáticas como soporte informático 
de los citados procedimientos.
Dichos convenios se firmaron en el momento de entrada en funcionamiento de cada 
una de las aplicaciones.
En virtud de lo anterior, las partes arriba indicadas acuerdan suscribir el presente 
Convenio que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
En cumplimiento de lo previsto en:
– La disposición adicional primera del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre 
registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
– La disposición adicional primera del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre 
depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.
– La disposición adicional única del Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de las empresas de trabajo temporal.
El presente convenio tiene por objeto articular la colaboración entre el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social y la Comunidad Autónoma de Galicia para el funcionamiento 
y  gestión  posterior  del  registro  de  convenios  y  acuerdos  colectivos  de  trabajo,  del 
depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, y del registro 
de empresas de trabajo temporal.
Segunda.  Uso de las aplicaciones informáticas constituidas en el Ministerio de Trabajo  e.
y Economía Social. w.
MiniCstoemriop rodbea dTarasb laajso  pyo sEibciolindoamdeías  dSeo claiasl,  appalircaa ceiol nreesg isintrfoo rmdeá ticcoans vgeensiotiso nya daacsu eernd oesl 
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Galicia se compromete a cumplir las especificaciones técnicas que se establecen para 
dichas aplicaciones informáticas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Tercera.  Utilización de las aplicaciones informáticas por las Comunidades Autónomas.
1.  La Comunidad Autónoma albergará los datos obrantes en sus depósitos en las 
aplicaciones informáticas citadas en la cláusula anterior, gestionadas por el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social.
2.  La  Comunidad  Autónoma  puede  plantear  las  modificaciones  que  considere 
oportunas  para  un  mejor  funcionamiento  de  sus  depósitos  y  registros  a  través  del 
procedimiento previsto en la cláusula décima, siempre que no suponga una modificación 
del convenio. Los cambios serán evaluados y, en caso de ser aceptados por el Ministerio 
de Trabajo y Economía Social se incorporarán a la aplicación correspondiente.
Cuarta.  Base de datos central.
1.  A través de la correspondiente aplicación informática, las autoridades laborales 
competentes en la materia tendrán acceso a la base de datos central que incluirá todos 
los  asientos  electrónicos  practicados  en  las  condiciones  establecidas  en  los  reales 
decretos 713/2010, de 28 de mayo, 416/2015, de 29 de mayo, y 417/2015, de 29 de 
mayo.
2.  Las bases de datos se configurarán de forma que permitan enlazar digitalmente 
con los boletines oficiales correspondientes en los que figuren las resoluciones del 
registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, del depósito de los estatutos de 
las  organizaciones  sindicales  y  empresariales,  del  registro  de  empresas  de  trabajo 
temporal y de los demás actos que sean objeto de publicación en los citados registros y 
depósitos.
La Comunidad Autónoma podrá utilizar las bases de datos centrales con el fin de 
realizar consultas y disponer de información sobre los convenios y acuerdos colectivos 
de trabajo, las organizaciones sindicales y empresariales y las empresas de trabajo 
temporal que figuren en las mismas.
Quinta.  Acceso externo a los depósitos de estatutos y a la base de datos central.
1.  La Administración General del Estado se obliga a crear un sitio de Internet para 
cada aplicación a través de los cuales se realizará el acceso externo a los registros de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, los depósitos de estatutos, y los registros 
de empresas de trabajo temporal y a sus respectivas bases de datos centrales.
La Comunidad Autónoma podrá personalizar sus páginas de entrada a sus registros 
y depósitos, así como añadir contenidos adicionales ajustándose a los requisitos de 
diseño establecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
2.  Los contenidos insertados en las páginas de entrada a los registros y depósitos 
deberán ser coherentes con la legislación vigente en materia de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo, estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, y 
empresas de trabajo temporal, sin que en ningún caso puedan contravenir su aplicación, 
así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales  y  sus  correspondientes 
desarrollos reglamentarios. s
Sexta.  Acceso a los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, a los  w.
depósitos de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, y a los  24ww
registros de empresas de trabajo temporal.
depó1s. itoEsl  daec ceesstaot uato lso sd er elagsis torrogsa ndiez accoionnveesn isoisn dyi caacleuse ryd eoms pcroelesactriivaoless ,d ye  atr alobsa rjoe,g ias trlooss 
de empresas de trabajo temporal se realizará según el perfil informático correspondiente 
al usuario.
2.  Los perfiles informáticos de acceso a dichos depósitos serán los siguientes:
a)  Perfil de autoridad laboral que utilice la aplicación informática como soporte 
informático de su registro o depósito. Permitirá el acceso a todos los datos obrantes en 
su registro o depósito, así como la realización de los trámites relativos a todos los actos 
registrables o depositables. Permitirá, asimismo, la explotación informática de los datos, 
de acuerdo con las posibilidades de la aplicación.
Este perfil requerirá estar registrado como usuario del sistema.
b)  Perfil de usuario legitimado con certificado digital para solicitar el registro o 
depósito. Permitirá la presentación de solicitudes de los actos registrables o depositables 
y de certificaciones conforme a lo previsto en cada real decreto.
c)  Perfil de usuario sin certificado digital. Permitirá el acceso a la información que 
se considere en cada uno de los registros o depósitos, así como a la obtención de copias 
auténticas del texto de los estatutos.
3.  A efectos de lo previsto en esta cláusula, serán válidos los certificados reconocidos 
por la plataforma @firma del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
4.  Corresponderá a la Subdirección General de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Economía  Social  adoptar  las  medidas 
necesarias para dar de alta como usuario administrador de cada base de datos central a 
una persona designada por cada autoridad laboral de acuerdo con el perfil asignado a 
cada uno. El acceso deberá facilitarse dentro de los quince días siguientes a la recepción 
de la solicitud.
Una vez dado de alta, corresponderá al usuario administrador gestionar los trámites 
relacionados con los usuarios de la aplicación ubicados en su ámbito de actuación.
Séptima.  Asistencia a los usuarios de la aplicación.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social pondrá a disposición de los usuarios un 
sistema  de  atención  electrónica  destinado  a  solucionar  problemas  derivados  de  la 
utilización de las aplicaciones informáticas.
Octava.  Protección de datos.
La gestión de los datos obrantes en cada uno de los registros y depósitos se llevará 
a cabo de acuerdo con lo previsto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Novena.  Ausencia de coste.
Este convenio no conllevará contraprestación económica alguna por las partes. Las 
actividades de colaboración no supondrán para el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social incurrir en gasto alguno ni darán lugar a repercusión presupuestaria de ningún 
tipo.
Décima.  Seguimiento.
Para velar por el cumplimiento del presente convenio se constituirá una Comisión de  s
Seguimiento formada por la Directora General de Relaciones Laborales de la Comunidad  oe.
Autónoma  de  Galicia,  el  Director  General  de  Trabajo  del  Ministerio  de  Trabajo  y  w.
vvEooczco,an ploeemsr oírae s piSnre ovscoeiatnolt,,a  pono tedpsreá rdnse oi nnccaaosdr ape onAr adqrmsueien  iosltotrrsoa scm itóéinsc.mn Eiocnso  scd.aelildeagdu edne,  aasseí scoormeso,  cpoonr  doetrroesc hdoo as   2021-4224n https://ww
La Comisión de Seguimiento se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y se
regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no establecido  Bc
expresamente en la presente cláusula, por lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo II 
del Título Preliminar de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
Funciones:
a)  Efectuar un seguimiento del sistema, evaluar el funcionamiento de las bases de 
datos centrales y de los depósitos y registros de las autoridades laborales y, en su caso, 
proponer la introducción de cambios en las aplicaciones informáticas que supongan una 
mejora en la gestión de los registros y depósitos de las autoridades laborales, en las 
bases de datos centrales o en el sitio de Internet que les sirve de soporte, siempre que 
ello no suponga contravenir los reales decretos 713/2010, de 28 de mayo, 416/2015, 
de 29 de mayo y 417/2015, de 29 de mayo.
b)  Recibir las comunicaciones relativas a los cambios en las aplicaciones informáticas.
c)  Velar por el cumplimiento del presente instrumento de colaboración y resolver los 
problemas de interpretación y cumplimiento que se pudieran plantear con motivo de la 
aplicación del mismo.
Undécima.  Régimen jurídico aplicable y orden jurisdiccional competente.
Este convenio tiene naturaleza administrativa conforme a lo dispuesto, especialmente 
para los convenios, en el título preliminar, capítulo VI, de la Ley 40/2015.
Por otro lado, y sin perjuicio de lo establecido en la cláusula décima, las cuestiones 
litigiosas  surgidas  por  la  ejecución  del  presente  convenio  serán  de  conocimiento  y 
competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.
Duodécima.  Vigencia del convenio.
El Convenio tendrá una vigencia de 4 años desde la fecha de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de 
Órganos  e  Instrumentos  de  Cooperación  al  que  se  refiere  la  Disposición  Adicional 
Séptima de la Ley 40/2015, pudiendo acordar los firmantes, antes del vencimiento del 
plazo, una prórroga expresa por un período de hasta cuatro años.
Decimotercera.  Modificación, extinción y resolución del convenio.
1.º  La modificación del convenio solo podrá realizarse por acuerdo unánime de 
cada una de las partes.
2.º  El  convenio  se  extinguirá  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución las siguientes:
1.  Por el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.
2.  Por mutuo acuerdo de las partes, en las condiciones que ambas estipulen.
3.  Por imposibilidad justificada de realizar el objeto del convenio.
4.  Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en virtud de 
este convenio por una de las partes. En este caso, la parte interesada deberá notificar a  s
la otra parte la existencia del incumplimiento. La parte incumplidora deberá, en un plazo  oe.
de 30 días hábiles, subsanar el incumplimiento denunciado o justificar debidamente el  w.
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Si reunida la Comisión de Seguimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo
dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se  Bc
entenderá  resuelto  el  convenio.  La  resolución  del  convenio  por  esta  causa  podrá 
conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
5.  Por la denuncia de cualquiera de los firmantes. Esta denuncia deberá realizarse 
por escrito, expresando las causas que la motivan y notificarse a la otra parte con una 
antelación mínima de tres meses.
6.  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
7.  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes.
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución 
del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes a propuesta de la 
comisión de seguimiento, prevista en la Cláusula Décima, podrán acordar la continuación 
y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un 
plazo improrrogable para su finalización.–La Ministra de Trabajo y Economía Social, 
Yolanda Díaz Pérez.–La Conselleira de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia, María 
Jesús Lorenzana Somoza.