BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Miércoles 26 de enero de 2022 Sec. III.   Pág. 10246
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
1250 Resolución de 14 de diciembre de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para 
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 
fiscalización de las modificaciones y otras incidencias sobrevenidas durante 
la ejecución de los contratos celebrados por los Ministerios del Área de la 
Administración Económica del Estado y sus organismos dependientes, que 
hayan tenido lugar en el periodo 2014 a 2016.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 14 de diciembre de 2021, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca 
del  Informe  de  fiscalización  de  las  modificaciones  y  otras  incidencias  sobrevenidas 
durante la ejecución de los contratos celebrados por los Ministerios del Área de la 
Administración Económica del Estado y sus organismos dependientes, que hayan tenido 
lugar en el periodo 2014 a 2016, acuerda:
1.  Asumir  el  contenido  del  citado  informe,  así  como  sus  conclusiones  y 
recomendaciones.
2.  Instar a los órganos de contratación de los distintos ministerios y organismos 
dependientes a:
– Adoptar las medidas oportunas para alcanzar un mayor rigor en la planificación y 
en las actuaciones previas a la contratación, con el fin de asegurar la mejor descripción 
técnica de las necesidades a cubrir, una correcta presupuestación de los contratos y la 
mayor diligencia posible en la elaboración, coordinación administrativa y supervisión de 
los proyectos de obras, evitando así, en la medida de lo posible, las modificaciones de 
los contratos y las alteraciones en su ejecución.
– Efectuar un seguimiento riguroso de la ejecución de los contratos para asegurar 
que  esta  se  ajusta  a  las  cláusulas  y  condiciones  contractuales  recogidas  en  los 
correspondientes  pliegos  y  a  las  necesidades  reales  existentes  en  cada  momento, 
detallando suficientemente en los pliegos el modo en que se ha de llevar a cabo la 
supervisión de la actuación del contratista durante el desarrollo de la ejecución del 
contrato.
– Exigir las correspondientes responsabilidades y aplicar el régimen sancionador 
vigente cuando se produzcan incidencias en la ejecución de los contratos que supongan 
perjuicios para el interés público.
– Aplicar, en lo posible, en los contratos y en su ejecución, las previsiones legales de 
carácter  potestativo  tendentes  a  promover  la  sostenibilidad  ambiental  y  la  igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, mediante la inclusión, en su caso, de condiciones 
especiales en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de 
adjudicación.
– Cumplir con la exigencia normativa de remitir las incidencias en los contratos 
rendidos al Tribunal de Cuentas en tiempo y forma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2021.–El Presidente de  es
la Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel  o
Alonso Jiménez. 50www.
TRIBUNAL DE CUENTAS 
Nº 1.328 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES Y OTRAS INCIDENCIAS SOBREVENIDAS 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS MINISTERIOS DEL ÁREA 
DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES, QUE 
HAYAN TENIDO LUGAR EN EL PERIODO 2014 A 2016 
El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en 
los artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de 
Cuentas, y a tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y 
concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
ha aprobado, en su sesión de 25 de julio de 2019, el Informe de Fiscalización de las 
modificaciones y otras incidencias sobrevenidas durante la ejecución de los contratos 
celebrados por los ministerios del área de la administración económica del estado y sus 
organismos dependientes, que hayan tenido lugar en el periodo 2014 a 2016 y ha acordado 
su elevación a las Cortes Generales, así como al Gobierno de la Nación, según lo prevenido 
en el artículo 28 de la Ley de Funcionamiento. 
 
 
ÍNDICE 
 
I.  INTRODUCCIÓN 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 
I.2.  ANTECEDENTES, ÁMBITO SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL 
I.3.  OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA FISCALIZACIÓN 
I.4.  MARCO NORMATIVO 
II.  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
II.1.  CUMPLIMIENTO  DE  LA  OBLIGACIÓN  LEGAL  DE  REMISIÓN  DE 
DOCUMENTACIÓN  E  INFORMACIÓN  AL  TRIBUNAL  DE  CUENTAS  SOBRE  LOS 
CONTRATOS REMITIDOS PARA SU FISCALIZACIÓN 
II.2.  DESVIACIONES DE PLAZOS 
II.3.  DESVIACIONES DE COSTES 
II.4.  RESOLUCIONES DE CONTRATOS 
II.5.  CESIONES DE CONTRATOS 
II.6.  SUBCONTRATACIONES 
II.7.  PRÓRROGAS DE SERVICIOS 
II.8.  OTRAS INCIDENCIAS DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS 
II.9.  CONSIDERACIONES  EN  RELACIÓN  CON  LA  OBSERVANCIA  DE  LA 
NORMATIVA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES 
II.10.  CONSIDERACIONES  EN  RELACIÓN  CON  LA  OBSERVANCIA  DE  LA 
NORMATIVA SOBRE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
BUEN GOBIERNO 
II.11.  CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
EFECTUADAS  EN  INFORMES  APROBADOS  EN  AÑOS  ANTERIORES  Y  EN  LAS 
RESOLUCIONES  DE  LA  COMISIÓN  MIXTA  RELATIVAS  A  LA  CONTRATACIÓN, 
APLICABLES A LOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS FISCALIZADOS 
III.  CONCLUSIONES 
III.1.  CONCLUSIONES  EN  RELACIÓN  CON  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS 
OBLIGACIONES LEGALES DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL TRIBUNAL DE 
CUENTAS (SUBAPARTADO II.1)  
III.2.  CONCLUSIONES  EN  RELACIÓN  CON  LAS  DESVIACIONES  TEMPORALES 
PRODUCIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS (SUBAPARTADO II.2)  
III.3.  CONCLUSIONES  EN  RELACIÓN  CON  LAS  DESVIACIONES  DE  COSTES 
PRODUCIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS (SUBAPARTADO II.3)  
III.4.  CONCLUSIONES  EN  RELACIÓN  CON  LAS  RESTANTES  INCIDENCIAS 
PRODUCIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS (SUBAPARTADO II.4 A  es
II.8)   o
OHIIIOR.5GM. ÁBNRIECCSAO ( N3S/CU2L0BU0A7SP,I AODRNETE 2AS2D  DOEE INI .M 9)AR  REZLOAC, PIÓANR A CLOAN IG  UEALL DCAUDM EPFLEIMCITEINVTAO D ED MEU  JLEAR ELSE YY   2022-1250n https://ww

III.6.  CONCLUSIONES  EN  RELACIÓN  CON  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS 
PRESCRIPCIONES  DE  TRANSPARENCIA  ESTABLECIDAS  POR  LA  NORMATIVA 
APLICABLE EN EL PERIODO FISCALIZADO (SUBAPARTADO II.10)  
III.7.  CONCLUSIONES  EN  RELACIÓN  CON  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS 
RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EFECTUADAS EN INFORMES 
ANTERIORES  Y  EN  LAS  RESOLUCIONES  DE  LA  COMISIÓN  MIXTA 
CONGRESO-SENADO PARA  LAS  RELACIONES  CON  EL TRIBUNAL  DE  CUENTAS 
RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN (SUBAPARTADO II.11)  
III.8.  CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LAS INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
IV.  RECOMENDACIONES 
IV.1.  RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN 
ANEXOS 
 
 
RELACIÓN DE ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
A  Autorización del gasto  
ADIF  Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
ADOK  Autorización  y  disposición  del  gasto,  reconocimiento  de  obligación  y 
propuesta de pago  
AEMPS  Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
AEMET  Agencia Estatal de Meteorología 
AGE  Administración General del Estado 
APIF  Anteproyecto de Informe de Fiscalización 
Art.  Artículo 
BOE  Boletín Oficial del Estado 
CC  Código Civil 
CHD  Confederación Hidrográfica del Duero 
CHGa  Confederación Hidrográfica del Guadiana 
CHGr  Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
CHM  Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 
CHS  Confederación Hidrográfica del Segura 
CHT  Confederación Hidrográfica del Tajo 
CIEMAT  Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
CSIC  Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
D  Disposición del gasto  
DG  Dirección General 
DGA  Dirección General del Agua 
DGC  Dirección General de Carreteras  
DGIF  Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias  
DGMM  Dirección General de la Marina Mercante 
DGOI  Dirección General de Organización e Inspección  
DGSCM  Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar 
DGPE  Dirección General de Patrimonio del Estado 
EDAR  Estación/es Depuradora/s de Aguas Residuales 
FEDER  Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
IAC  Instituto de Astrofísica de Canarias  oe.
IGTCU  Instrucción General del Tribunal de Cuentas  50www.
INE  Instituto Nacional de Estadística

INJUVE  Instituto de la Juventud 
INC  Instituto Nacional de Consumo 
IPC  Índice de Precios de Consumo 
JC  Junta de Contratación del Ministerio 
LES  Ley de Economía Sostenible 
LCAP  Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
LCSP  Ley de Contratos del Sector Público 
LFTCU  Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas 
LGP  Ley General Presupuestaria 
LOTCU  Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas 
LRJSP  Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 
MAGRAMA  Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación 
MCT  Mancomunidad de Canales del Taibilla 
MEYC  Ministerio de Economía y Competitividad 
MESS  Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
MF  Ministerio de Fomento 
MINHAP  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
MIET  Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
MSSSI  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  
MTMSS  Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
OAPN  Organismo Autónomo Parques Nacionales 
OEPM  Oficina Española de Patentes y Marcas 
OK  Reconocimiento de obligación y propuesta de pago  
PCAG   Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras 
del Estado 
PCAP  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
PGE   Presupuestos Generales del Estado 
PME  Parque Móvil del Estado 
PPT  Pliego de Prescripciones Técnicas 
R  Retención de crédito  
RD  Real Decreto 
RD-L  Real Decreto Legislativo  e.e
RGLCAP  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  w.b
Públicas  2022-1250n https://ww
 
SEITV  Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda  
SEIP   Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación / Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación 
SEITV  Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda 
SEMA  Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
SESSI  Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad  
SESS  Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social 
SG  Subdirección General 
SGAF  Subdirección General de Administración Financiera 
SGAGF  Subdirección General de Administración y Gestión Financiera 
SGEATI  Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa y Tecnologías 
de la Información 
SHAP  Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas 
SSPSI  Subsecretaría de Sanidad, Política Social e Igualdad 
SSSSI  Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
STI  Subsecretaría de Trabajo e Inmigración 
TRLCAP  Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
TRLCSP  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
TURESPAÑA  Instituto de Turismo de España 
UTE  Unión Temporal de Empresas 
 
 
 

 
RELACIÓN DE CUADROS 
CUADRO Nº 1: CONTRATOS EXAMINADOS POR MINISTERIOS 
CUADRO Nº 2: INCIDENCIAS EXAMINADAS POR MINISTERIOS 
CUADRO Nº 3: CONTRATOS ADICIONALES COMUNICADOS POR EJERCICIOS 
CUADRO Nº 4: OTRAS INCIDENCIAS COMUNICADAS POR EJERCICIOS 
CUADRO Nº 5: CONTRATOS MODIFICADOS NO COMUNICADOS DE OFICIO Y REMITIDOS 
EN LA PRESENTE FISCALIZACIÓN POR MINISTERIOS 
CUADRO Nº 6: OTRAS INCIDENCIAS NO COMUNICADAS DE OFICIO Y REMITIDAS EN LA 
PRESENTE FISCALIZACIÓN POR MINISTERIOS 
 
   
 
I.  INTRODUCCIÓN 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 
El presente Informe ha sido realizado de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1982, 
de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y en la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora de su 
funcionamiento, y en cumplimiento del Programa de Fiscalizaciones para el año 2018 aprobado 
mediante acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 21 de diciembre de 2017, en el que, a 
iniciativa del propio Tribunal, fue incluida la realización de una Fiscalización de las modificaciones y 
otras incidencias sobrevenidas durante la ejecución de los contratos celebrados por los ministerios 
del área de la Administración Económica del Estado y sus organismos dependientes en el periodo 
2014 a 2016. El inicio del procedimiento fiscalizador, previsto en el artículo 3.b) de la LFTCU, fue 
acordado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 28 de septiembre de 2017 y las 
correspondientes directrices técnicas fueron aprobadas en igual fecha. 
La presente Fiscalización se enmarca en los objetivos específicos 1.1 a 1.3 del Plan estratégico del 
Tribunal de Cuentas 2018-2021: realizar actuaciones que sirvan a las Cortes generales y a las 
Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas para impulsar la adopción de medidas que 
contribuyan a conseguir un sector público más racional y eficiente, fomentar buenas prácticas de 
organización, gestión y control de las entidades públicas e identificar y fiscalizar las principales áreas 
de riesgo, con especial hincapié en las prácticas que puedan propiciar el fraude y la corrupción.  
I.2.  ANTECEDENTES, ÁMBITO SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL 
Tanto por su relevancia cuantitativa como por su trascendencia en la gestión de los recursos públicos, 
la contratación pública ha constituido, tradicionalmente y por imperativo legal, uno de los objetivos 
prioritarios del Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su actividad de control del sometimiento de la 
actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia, economía 
y transparencia, así como a la sostenibilidad ambiental y a la igualdad de género, de conformidad 
con los artículos 9 y 11.a) de la LOTCU y 31.c), 39 y 40 de la LFTCU. 
En el ejercicio de la función fiscalizadora sobre este concreto ámbito de la gestión pública, se ha 
venido observando que algunas incidencias que se producen de forma habitual con posterioridad a 
la formalización de los contratos (principalmente, las modificaciones contractuales y la realización de 
prestaciones  complementarias  inicialmente  no  previstas,  así  como  también  las  demoras  y 
suspensiones de la ejecución y la concatenación de prórrogas de servicios), pueden alterar y, en 
ocasiones, llegar a desvirtuar las condiciones de ejecución en que los contratos fueron públicamente 
licitados y que se establecieron, inicialmente, en los contratos formalizados, algunas de las cuales 
pudieron ser determinantes de la adjudicación; incidencias que implican, generalmente, incrementos 
del plazo de ejecución o del importe a satisfacer al contratista, sin que dichas alteraciones estén 
siempre suficientemente justificadas en los expedientes. Con esta fiscalización, en suma, se 
pretende, fundamentalmente, analizar las desviaciones de costes y de plazos producidas y su 
repercusión para el erario público, entre otros objetivos. 
La frecuencia e importancia relativa que han adquirido estas prácticas y los efectos negativos que 
implican en la gestión de los recursos públicos justifican la realización de la presente fiscalización, 
que se enmarca, de este modo, entre las actuaciones de control de la contratación pública que, de 
forma continuada y sistemática, realiza este Tribunal en los ministerios y en sus organismos 
autónomos y agencias dependientes, cuya actividad contractual, sujeta íntegramente y en todas sus 
fases al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), ha venido siendo  es
examinada en anteriores ocasiones en el contexto de las fiscalizaciones globales o sectoriales  oe.
realizadas con carácter anual sobre el ámbito del sector público estatal por parte del Tribunal de  w.
Cuentas.  50ww

 
El ámbito subjetivo de esta fiscalización está constituido por los departamentos ministeriales del Área 
de  Administración  Económica  del  Estado  (durante  el  periodo  fiscalizado,  los  de  Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente; Economía y Competitividad; Empleo y Seguridad Social; Fomento; 
Hacienda y Administraciones Públicas; Industria, Energía y Turismo; y Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad), así como por los organismos de ellos dependientes1. 
Constituyen  el  ámbito  objetivo  y  temporal  de  la  fiscalización  todas  aquellas  modificaciones 
contractuales y otras incidencias producidas entre los ejercicios 2014 y 2016, ambos inclusive, 
durante la ejecución de los contratos celebrados por los ministerios y organismos antes indicados. 
I.3.  OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA FISCALIZACIÓN 
I.3.1. La presente fiscalización se ha centrado en la comprobación del cumplimiento de la legalidad 
en los procedimientos de la fase de ejecución de los contratos, siendo, por tanto, una fiscalización 
de cumplimiento cuyos objetivos, establecidos en las Directrices Técnicas aprobadas por el Pleno 
del Tribunal de Cuentas el 28 de septiembre de 2017, son los siguientes: 
a) Verificar el cumplimiento de la obligación de comunicar al Tribunal de Cuentas las modificaciones, 
prórrogas o variaciones de plazos, las variaciones de precio y el importe final, la nulidad y la extinción 
normal o anormal de los contratos, así como de la obligación de remitir la documentación relativa a 
las incidencias de los contratos celebrados, cuando proceda, en los términos establecidos por la 
legislación contractual aplicable y por la Instrucción general relativa a la remisión telemática al 
Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de 
contratos, convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector Público 
Estatal y Autonómico. 
b) Comprobar la adecuación a la legislación de contratos públicos vigente y, en su caso, al clausulado 
de  los  contratos,  de  las  modificaciones  contractuales,  de  la  contratación  de  prestaciones 
complementarias, de las prórrogas de servicios y de otras incidencias surgidas durante la ejecución 
de los contratos. 
c) Analizar la adecuación a la legalidad presupuestaria de la gestión del gasto derivado de las 
incidencias surgidas en la ejecución de los contratos. 
d) Analizar el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas efectuadas en 
Informes aprobados en años anteriores y en las Resoluciones de la Comisión Mixta relativas a la 
contratación realizada por los Ministerios del Área de la Administración Económica del Estado y sus 
Organismos dependientes, en lo que afecte al ámbito objetivo de la presente fiscalización. 
e) Analizar el grado de cumplimiento de las previsiones contenidas tanto en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en todo aquello 
que, de conformidad con dicha normativa, pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones 
fiscalizadoras. 
I.3.2. En el procedimiento de fiscalización se han realizado todas las pruebas y actuaciones que se 
han  considerado  necesarias  para  dar  cumplimiento  a  los  objetivos  señalados  utilizando  los 
procedimientos y técnicas habituales de auditoría. En particular, se han aplicado las Normas de 
Fiscalización del Tribunal de Cuentas aprobadas por el Pleno en su reunión de 23 de diciembre de 
2013. 
                                                 e.
1 Los Reales Decretos 415/2016, de 3 de noviembre, y 355/2018, de 6 de junio, por los que se reestructuran los  w.b
ddeep laa rftiasmcaelinztaocsi ómni nai setxecrieaplecsió, nd ideerol nM ninuisetvearsio d deen oFmomineanctioo.n es a todos los Ministerios integrados dentro del ámbito subjetivo  50ww
 
En el desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras no se han producido limitaciones que hayan 
impedido cumplir los objetivos previstos, habiendo prestado adecuadamente su colaboración los 
órganos de contratación fiscalizados. 
1.3.3. Una vez finalizados los trabajos preliminares, se procedió a extraer una muestra de contratos 
para la fiscalización de sus incidencias de ejecución, procurando que dicha muestra incluyese 
expedientes de todos los departamentos ministeriales, todos los tipos de contratos y todas las clases 
de incidencias objeto de fiscalización. Igualmente, se han tenido en cuenta las cuantías establecidas 
en el artículo 39 de la LFTCu para los distintos tipos de contratos y sistemas de adjudicación. 
Finalmente,  se  han  incluido  algunos  expedientes  cuando  por  sus  especiales  características 
resultaban de especial interés. 
Como resultado, se ha seleccionado una muestra de 67 expedientes, cuyos datos figuran en la 
relación anexa, adjudicados con un importe conjunto inicial de 907.228.400,52 euros, con la siguiente 
distribución por Ministerios y tipos de contratos: 
CUADRO Nº 1: CONTRATOS EXAMINADOS POR MINISTERIOS 
IMPORTE  
MINISTERIO  TIPO DE CONTRATO  NÚMERO  %  % 
(euros) 
Obras  11  45,83  101.347.827,16  72,38 
MAGRAMA  Servicios  11  45,83  18.023.913,66  12,87 
Suministros  2  8,33  20.657.846,72  14,75 
TOTAL  24  35,82  140.029.587,54  15,43 
MEIC  Servicios  4  100,00  3.183.317,86  100,00 
TOTAL  4  5,97  3.183.317,86  0,35 
MEYSS  Servicios  4  100,00  26.791.091,11  100,00 
TOTAL  4  5,97  26.791.091,11  2,95 
Obras  2  10,53  144.656.441,56  20,40 
MF  Servicios  15  78,95  58.894.330,34  8,31 
Concesión de obras públicas  2  10,53  505.475.697,00  71,29 
TOTAL  19  28,36  709.026.468,90  78,15 
Obras  2  40,00  3.593.571,80  28,96 
MINHAFP 
Servicios  3  60,00  8.816.490,09  71,04 
TOTAL  5  7,46  12.410.061,89  1,37 
MINETAD  Servicios  2  100,00  173.442,85  100,00 
TOTAL  2  2,99  173.442,85  0,02 
Servicios  7  77,78  13.796.910,80  88,36 
MSSSI 
Suministros  2  77,78  1.817.519,57  11,64 
TOTAL  9  13,43  15.614.430,37  1,72 
Obras  15  22,39  249.597.840,52  27,51 
Servicios  46  68,66  129.679.496,71  14,29 
TOTALES 
Suministros  4  5,97  22.475.366,29  2,48 
Concesión de obras públicas  2  2,99  505.475.697,00  55,72 
TOTAL  67  100,00  907.228.400,52  100,00 
Fuente: elaboración propia 
   

 
En total, se han fiscalizado 316 expedientes de incidencias producidas durante la ejecución de los 
67 contratos seleccionados, según la clasificación que figura en el siguiente cuadro: 
CUADRO Nº 2: INCIDENCIAS EXAMINADAS POR MINISTERIOS 
MINISTERIOS 
INCIDENCIAS 
MAPAMA  MEC  MEYSS  MF  MINETAD  MINHAP  MSSSI  TOTAL 
AMPLIACIONES DE PLAZO  29      19    1    49 
SUSPENSIONES  8      6        14 
OTRAS DEMORAS  3      2        5 
PRÓRROGAS DE SERVICIOS  20  4  7  20  2  2  9  64 
MODIFICACIONES  6      15    4  7  32 
CONTRATOS COMPLEMENTARIOS        1        1 
REVISIONES DE PRECIOS  9  3  7  15      3  37 
RECEPCIONES  16  1  3  13  2  5  6  46 
CERTIFICACIONES FINALES  4      1    1    6 
LIQUIDACIONES  13  1  2  13  2  3  6  40 
CESIONES  3      1    2  1  7 
SUBCONTRATACIONES  3            3  6 
RESOLUCIONES DE CONTRATOS  2        1      3 
OTRAS INCIDENCIAS   4      2      1  7 
TOTALES  120  9  19  108  7  18  36  317 
Fuente: elaboración propia 
I.4.  MARCO NORMATIVO 
I.4.1. Normativa vigente durante el periodo fiscalizado 
La normativa de referencia en la fiscalización ha sido, esencialmente, la siguiente: 
- Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 
- Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 
- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30  oe.
de octubre, de Contratos del Sector Público.  w.
 
- Decreto  3854/1970,  de  31  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 
- Orden de 8 de marzo de 1972, por la que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para la 
contratación de estudios y servicios técnicos competencia del Ministerio de Obras Públicas. 
- Instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los 
expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión 
celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada por Acuerdo del 
Pleno de 26 de marzo de 2009 y publicada en el BOE de 11 de abril de 2009 por Resolución de 6 de 
abril del mismo año, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas (IGTCU/2009). 
- Instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los 
expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión 
celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada por Acuerdo del 
Pleno de 28 de noviembre de 2013 y publicada en el BOE de 17 de diciembre de 2013 por Resolución 
de 10 de diciembre del mismo año, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas (IGTCU/2013). 
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
- Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen del control interno 
ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado. 
- Acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión 
de los artículos 152 y 147 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto 
al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos. 
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
I.4.2. Regulación jurídica y principales modificaciones normativas 
Para el adecuado análisis de la ejecución de los contratos administrativos, es preciso partir de dos 
consideraciones previas de carácter general: por una parte y como todos los contratos, estos se rigen 
por el principio general de Derecho pacta sunt servanda, que obliga a cumplir lo pactado en los 
términos y condiciones acordados, de modo que los contratos vinculan a las partes y son obligatorios, 
tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos (art. 1091 
del CC); principio que se halla expresamente reconocido también en la normativa de contratación 
pública (arts. 192 de la LCSP y 209 del TRLCSP) y, por otra, los contratos administrativos están 
sometidos el principio de ejecución a riesgo y ventura del contratista, expresamente reconocido en 
los artículos 98 y 156.a) del TRLCAP, 7.2, 199 y 225.1 de la LCSP y 7.2 y 215 del TRLCSP; principio 
del que únicamente se exceptúan los supuestos de fuerza mayor enumerados en los artículos 144 
del TRLCAP, 214 de la LCSP y 231 del TRLCSP para los contratos de obras (incendios causados  s
por la electricidad atmosférica, fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos,  e.
terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u  w.b
otros semejantes y destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o  50ww

 
alteraciones  graves  del  orden  público).  En  virtud  de  estos  principios,  los  incumplimientos 
contractuales imputables al contratista implican la obligación de este de resarcir a la Administración 
Pública los daños y perjuicios causados o de satisfacer las penalidades o sanciones previstas en la 
normativa o en los pliegos de los contratos. 
A su vez, los artículos 59 del TRLCAP, 194 de la LCSP y 210 del TRLCSP, reconocen a la 
Administración Pública una serie de prerrogativas y potestades que puede ejercitar, unilateralmente, 
con el fin de preservar y garantizar el interés público, que consisten en interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés 
público, así como acordar su resolución y determinar los efectos de esta; prerrogativas que pueden 
incidir muy significativamente en la ejecución de los contratos. El ejercicio de estas prerrogativas 
requiere la previa justificación de la existencia de un interés público específico y está sometido a 
determinados requisitos, límites y condiciones establecidos en la normativa. 
Por último, es preciso tener en cuenta que la ejecución de los contratos administrativos se halla 
sometida de modo particular, además de lo establecido en su normativa jurídica específica -TRLCAP, 
LCSP, TRLCSP y RGLCAP, fundamentalmente-, a lo previsto en los respectivos PCAP y PPT, que 
deben redactarse y aprobarse por la Administración, unilateral y previamente, antes de la licitación y 
adjudicación de los contratos (arts. 49 y 94 del TRLCAP, 99 y 193 de la LCSP y 115 y 208 del 
TRLCSP), de forma que la otra parte contratante no puede alterar su contenido, aproximándose así 
los contratos administrativos a la figura de los contratos de adhesión y siendo esta también una 
prerrogativa y una obligación de la Administración para la mejor defensa de los intereses públicos 
afectados. 
Habida cuenta de los cambios normativos que se produjeron durante el periodo temporal al que se 
extiende la presente fiscalización, los contratos de la muestra se encuentran sometidos a las 
siguientes normas, en función de su entrada en vigor: 
- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas: aplicable a los contratos cuyas convocatorias de 
licitación se publicaron a partir del 22-6-2000. 
- Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público: aplicable a los contratos cuyas 
convocatorias de licitación se publicaron a partir del 30-4-2008 (en los procedimientos negociados 
sin publicidad, a los contratos cuyos pliegos se a probaron a partir de la fecha indicada). 
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible: aplicable a los contratos adjudicados a partir 
del 6-3-2011. 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público: aplicable a los contratos cuyas convocatorias de licitación se 
publicaron a partir del 16-12-2011 (en los procedimientos negociados sin publicidad, a los contratos 
cuyos pliegos se aprobaron a partir de la fecha indicada). 
De entre las normas jurídicas aprobadas durante el periodo temporal en que fueron adjudicados los 
contratos fiscalizados (2007 a 2014), destaca, por la relevancia de los cambios que introdujo en las 
materias que abarca, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES), que entró en 
vigor el día 6 de marzo de 2011 y es aplicable a los contratos adjudicados a partir de dicha fecha de 
acuerdo  con  su  Disposición  Transitoria  7ª.  Esta  norma  afectó,  fundamentalmente,  a  las 
modificaciones de contratos. 
En esta materia, la LES introdujo en la LCSP un nuevo Título -el V- en el que se estableció una doble  s
y diferenciada regulación de las mismas, distinguiéndose, por una parte, las modificaciones de los  oe.
contratos públicos previstas en la documentación que rige la licitación (pliegos o anuncio de licitación)  w.
y, por otra, las modificaciones no previstas en la misma.  50ww
 
Con respecto a las primeras, la LES permitió modificaciones sin necesidad de una justificación 
específica “siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente 
de esta posibilidad y se hayan detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que 
podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que pueden 
acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan 
afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello”. Por consiguiente, aunque la mencionada 
Ley exime de justificar estas modificaciones, estableció unos requisitos previos particularmente 
rigurosos y explícitos en cuanto a la información que los pliegos o los anuncios de licitación debían 
poner a disposición de las empresas potencialmente interesadas en concurrir a las licitaciones, en 
plena coherencia con el principio de transparencia, rector de los procedimientos de contratación 
pública. A mayor abundamiento, el precepto anterior y parcialmente transcrito, especifica que, “a 
estos efectos, los supuestos en que podrá modificarse el contrato deberán definirse con total 
concreción por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva y 
las condiciones de la eventual modificación deberán precisarse con un detalle suficiente para permitir 
a los licitadores su valoración a efectos de formular su oferta y ser tomadas en cuenta en lo que se 
refiere a la exigencia de condiciones de aptitud a los licitadores y valoración de las ofertas.” Por lo 
tanto y en virtud de esta modificación legislativa, solamente quedaron dispensadas de justificación 
las modificaciones cuando en los pliegos o en los anuncios de licitación concurrieran todos y cada 
uno de los requisitos acumulativos previamente transcritos, lo que resultaría de difícil concreción en 
la práctica. De no cumplirse tales requisitos, las modificaciones debieron justificarse con arreglo a lo 
que, a continuación, se indica. 
Con respecto a las modificaciones no previstas o deficientemente previstas en la documentación que 
rige la licitación, la LES requería que, en todo caso, en el expediente se justificase suficientemente 
la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 
a)  Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden 
cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del 
proyecto o de las especificaciones técnicas. 
b)  Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas 
que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, 
hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a 
la adjudicación del contrato, y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la 
diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del 
proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 
c)  Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los 
términos inicialmente definidos. 
d)  Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, 
siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya 
producido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 
Con la salvedad de la circunstancia prevista en el apartado a), que implica la existencia de un 
proyecto deficientemente elaborado, el resto de las circunstancias se refieren, en síntesis, a la 
efectiva concurrencia de hechos imprevisibles durante la preparación y adjudicación del contrato y 
posteriores al mismo, en plena sintonía con la anterior y tradicional regulación de las modificaciones 
de los contratos administrativos en el ordenamiento jurídico español. 
Con independencia de lo anterior, la LES introdujo una importante limitación en la cuantía máxima 
de las modificaciones de contratos, al prever que el conjunto de ellas no podía superar el 10% del  es
precio de adjudicación del contrato, estableciendo una prohibición anteriormente inexistente.  oe.

 
En  cuanto  a  la  diferenciación  entre  las  modificaciones  de  los  contratos  y  los  contratos 
complementarios, que en los artículos 155.b) y 158.b) la LCSP resultaba notablemente confusa, la 
LES intentó clarificarla introduciendo en ambos artículos el requisito de que las obras o servicios 
complementarios pasasen a ser necesarios para ejecutar las obras o servicios tal y como estaban 
descritos en el proyecto o en el contrato originario “sin modificarlo”. 
I.5. TRÁMITE DE ALEGACIONES 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la LFTCU, los resultados de las actuaciones 
practicadas en el procedimiento fiscalizador han sido remitidos para la formulación de las alegaciones 
oportunas y la presentación de los documentos y justificantes que se estimasen convenientes, tanto 
a los actuales responsables de los departamentos ministeriales fiscalizados como a quienes lo fue 
durante el ámbito temporal al que se extiende la presente fiscalización. 
Dentro del plazo concedido para ello, han manifestado que no presentan alegaciones los siguientes 
destinatarios del APIF: 
- Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 
- Ministerio de Economía y Empresa. 
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
- Ministerio para la Transición Ecológica – Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. 
- Organismo Autónomo Parques Nacionales. 
- Ministra de Empleo y Seguridad Social durante el periodo comprendido entre el 22-12-2011 y el 
6-6-2018. 
- Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad durante el periodo comprendido entre el 
4-11-2016 y el 1-6-2018.  
- Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino durante el periodo comprendido entre el 
21-10-2010 y el 22-12-2011. 
Por el contrario, se han presentado un total de 23 escritos con formulación de alegaciones 
procedentes de: 
- Ministra de Fomento durante el periodo comprendido entre el 22-12-2011 y el 4-11-2016. 
- Oficina Española de Patentes y Marcas. 
- Instituto de Turismo de España. 
- Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
- Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. 
- Instituto de Astrofísica de Canarias. 
- Junta de Contratación de los Servicios Centrales del Ministerio de Hacienda. 
- Parque Móvil del Estado. 
- Dirección General de Patrimonio del Estado. 
- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social – Oficialía Mayor. 
- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social – Dirección General de Consumo. 
- Instituto de la Juventud. 
- Ministerio de Fomento – Dirección General de Carreteras. 
- Ministerio de Fomento – Dirección General de Organización e Inspección. 
- Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
- Agencia Estatal de Meteorología. 
- Ministerio para la Transición Ecológica – Dirección General del Agua. 
- Confederación Hidrográfica del Duero. 
- Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
- Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.  es
- Confederación Hidrográfica del Segura.  oe.
- Confederación Hidrográfica del Tajo.  w.
- Mancomunidad de los Canales del Taibilla.  50ww
 
Las alegaciones realizadas y los documentos adjuntados han sido examinadas y tratados, teniéndose 
en cuenta en este informe en los casos en los que se han estimado suficientemente fundamentadas 
y sustentadas o dándose contestación a aquellas cuyos criterios interpretativos o valorativos no han 
podido ser compartidos. No se han tenido en consideración las alegaciones que son meras 
explicaciones  de  las  actuaciones  de  los  órganos  fiscalizados  o  que  plantean  criterios, 
consideraciones o argumentaciones no fundamentadas o no soportadas legal o documentalmente, 
por lo que la falta de contestación a este tipo de alegaciones no debe entenderse, por tanto, como 
una aceptación tácita de su contenido. En todo caso, el resultado definitivo de la fiscalización es el 
expresado en el presente informe, con independencia de las consideraciones que se hayan 
manifestado en las alegaciones. 
A continuación se exponen los resultados obtenidos de los trabajos de fiscalización llevados a cabo. 
II.  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
II.1.  CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE LOS CONTRATOS REMITIDOS 
PARA SU FISCALIZACIÓN 
Los artículos 57 del TRLCAP y 29 de la LCSP y del TRLCSP regulaban la remisión de documentación 
contractual al Tribunal de Cuentas, estableciendo que, dentro de los tres meses siguientes a la 
formalización del contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora, debía remitirse al Tribunal de 
Cuentas una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado aquel, acompañada 
de un extracto del expediente del que se derive, siempre que la cuantía del contrato excediera de 
determinados importes según el tipo de contrato. Igualmente, habían de comunicarse al Tribunal de 
Cuentas las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, las variaciones de precio y el importe 
final, la nulidad y la extinción normal o anormal de los contratos indicados; todo ello sin perjuicio de 
las facultades del Tribunal de Cuentas para reclamar cuantos datos, documentos y antecedentes 
estime pertinentes en relación con los contratos de cualquier naturaleza y cuantía. 
Por su parte, el artículo 40.2 de la LFTCU establece que los centros, organismos o entidades que 
hubieran celebrado contratos de los indicados, enviarán anualmente al Tribunal una relación de los 
mismos, incluyendo copia autorizada de los respectivos documentos de formalización y de aquellos 
otros que acrediten su cumplimiento o extinción, sin perjuicio de remitir al Tribunal cualesquiera otros 
que aquel les requiera. 
Las Instrucciones generales relativas a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos 
de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos y convenios celebrados por las 
entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, aprobadas por el Pleno del citado Tribunal en 
sesiones de 26 de marzo de 2009 y 28 de noviembre de 2013, concretan la información y la 
documentación que debía de ser remitida en cumplimiento de las obligaciones establecidas en los 
citados artículos 57 del TRLCAP y 29 de la LCSP y del TRLCSP y 40.2 de la LFTCU. De acuerdo 
con la citadas Instrucciones, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se produjeron, 
debieron comunicarse de oficio al Tribunal de Cuentas todas las modificaciones, prórrogas o 
variaciones de plazos, las variaciones de precios y el importe final, la nulidad y la extinción normal o 
anormal de los contratos rendidos. 
Los departamentos ministeriales y organismos incluidos en el ámbito subjetivo de la presente 
fiscalización han remitido de oficio al Tribunal de Cuentas información acerca de un total de 338 
modificaciones  de  contratos  llevadas  a  cabo  durante  el  periodo  2014-2016,  que  supusieron 
variaciones, en más o en menos, de 230,6 millones de euros sobre los importes de adjudicación  es
iniciales, y un total de 7 contratos complementarios por importe de 103,3 millones de euros, cuyo  oe.
desglose por años se ofrece en el siguiente cuadro:  w.

 
CUADRO Nº 3: CONTRATOS ADICIONALES COMUNICADOS POR EJERCICIOS 
IMPORTE 
Año  TIPO DE INCIDENCIA  Nº DE INCIDENCIAS 
(euros) 
MODIFICADOS  100  18.443.851,74 
2014 
COMPLEMENTARIOS  3  44.280.972,79 
MODIFICADOS  137  88.192.219,51 
2015 
COMPLEMENTARIOS  4  59.016.835,42 
MODIFICADOS  101  124.005.405,96 
2016 
COMPLEMENTARIOS  0  0 
Fuente: elaboración propia 
Además de lo anterior, de la información rendida de oficio al Tribunal de Cuentas pueden extraerse 
los siguientes datos relativos a otras incidencias producidas: 
CUADRO Nº 4: OTRAS INCIDENCIAS COMUNICADAS POR EJERCICIOS 
AÑO  TIPO DE INCIDENCIA  Nº DE INCIDENCIAS 
PRÓRROGAS DE SERVICIOS  264 
AMPLIACIONES DE PLAZOS  37 
2014  CESIONES DE CONTRATOS  7 
RESOLUCIONES DE CONTRATOS  8 
REVISIONES DE PRECIOS  21 
PRÓRROGAS  329 
AMPLIACIONES DE PLAZOS  63 
2015  CESIONES DE CONTRATOS  5 
RESOLUCIONES DE CONTRATOS  7 
REVISIONES DE PRECIOS  24 
PRÓRROGAS DE SERVICIOS  255 
AMPLIACIONES DE PLAZOS  37 
2016  CESIONES DE CONTRATOS  3 
RESOLUCIONES DE CONTRATOS  1 
REVISIONES DE PRECIOS  5 
 Fuente: elaboración propia 
 
Con independencia de las incidencias en su momento comunicadas de oficio en cumplimiento de las 
Instrucciones  del  Tribunal  de  Cuentas,  en  la  presente  fiscalización,  se  requirió  a  todos  los 
departamentos  ministeriales  implicados  la  aportación  de  relaciones  certificadas  de  todas  las 
incidencias producidas durante los ejercicios 2014, 2015 y 2016 en la ejecución de los contratos 
seleccionados, en las que debía declararse tanto la existencia como la inexistencia de las diferentes 
incidencias posibles, agrupadas en las siguientes categorías: modificados, prórrogas de servicios, 
ampliaciones de plazos, suspensiones temporales, paralizaciones sin suspensiones, otras demoras 
sin  expediente,  cesiones,  subcontrataciones,  revisiones  de  precios,  reajustes  del  equilibrio 
económico-financiero, penalizaciones, intereses de demora, resoluciones de contratos y otras.  e.e
Dichas relaciones fueron aportadas, en general, con el contenido requerido, excepto las siguientes  bo
cuyo contenido es deficiente:  50www.
 
- En las relaciones certificadas de la CHS, la CHT, la CHGr y la CHM del MAGRAMA, de la SESSI y 
del INC del MSSSI, únicamente figuran las incidencias existentes en algunas categorías, dejándose 
en blanco las demás y, por tanto, sin declararse, expresamente, la inexistencia de incidencias en las 
restantes categorías.2 
- Las relaciones certificadas de la DGA y de la MCT del MAGRAMA no contienen información sobre 
la existencia o inexistencia de subcontrataciones en algunos de los contratos en ellas incluidos y, en 
la relación de la AEMPS del MSSSI, por toda información referente a esta incidencia, figura la 
expresión “sin datos”. 
Entre las incidencias comunicadas de oficio, en su momento, a este Tribunal y las incidencias 
declaradas en las relaciones certificadas o de las que se ha remitido documentación en la presente 
fiscalización se observan las incongruencias que figuran en los siguientes cuadros: 
CUADRO Nº 5: CONTRATOS MODIFICADOS NO COMUNICADOS DE OFICIO Y REMITIDOS 
EN LA PRESENTE FISCALIZACIÓN POR MINISTERIOS 
  TIPO DE CONTRATO 
MINISTERIO  OBRAS  SUMINISTROS  SERVICIOS  TOTAL 
MAPAMA  4  0  0  4 
MF  0  0  4  4 
MSSSI  0  0  2  2 
TOTAL  4  0  6  10 
 Fuente: elaboración propia 
                                                 s
2 Con respecto a lo alegado por la CHS, sobre que en sus certificaciones se recogen todas las incidencias producidas, debe  e.
señalarse que, en el supuesto de no haberse producido incidencias en determinadas categorías, debía hacerse constar,  w.b
eaxfepcrteasdaams epnotre ,la s pur ienseexnistete fniscciaa leizna claiósn r.e laciones certificadas de acuerdo con el modelo enviado, en su día, a las entidades  50ww

 
CUADRO Nº 6: OTRAS INCIDENCIAS NO COMUNICADAS DE OFICIO Y REMITIDAS EN LA 
PRESENTE FISCALIZACIÓN POR MINISTERIOS 
MINISTERIO 
INCIDENCIAS  TOTAL 
MAPAMA  MEC  MEYSS  MF  MINETAD  MINHAP  MSSSI 
SUBCONTRATACIONES  3            3  6 
REVISIONES DE 
8  3  3  15      1  30 
PRECIOS 
RESOLUCIONES          1      1 
RECEPCIONES  9    3  9  2  2  5  30 
PRORROGAS  6  1  1  2        10 
LIQUIDACIONES  13  1  2  13  2  3  6  40 
CESIONES  2          1    3 
CERTIFICACIONES 
4      1    1    6 
FINALES 
AMPLIACIONES DE 
19      18        37 
PLAZO 
SUSPENSIONES  8      6        14 
OTRAS DEMORAS  3      2        5 
OTRAS INCIDENCIAS  3      2      1  6 
TOTAL  78  5  9  68  5  7  16  188 
 Fuente: elaboración propia 
II.2.  DESVIACIONES DE PLAZOS 
Las desviaciones temporales en la ejecución de los contratos administrativos pueden producirse en 
el inicio de las prestaciones (comprobaciones del replanteo en los contratos de obras), durante su 
ejecución  (prórrogas,  suspensiones  y  paralizaciones)  o  en  su  terminación  (recepciones, 
certificaciones  finales  y  liquidaciones  de  los  contratos),  estableciéndose  en  la  normativa  de 
contratación diferentes procedimientos para la tramitación de las diversas incidencias que pueden 
producirse en la ejecución de los contratos, así como sus requisitos y efectos. 
- Retrasos en el inicio de las prestaciones 
Con la finalidad de fijar el momento de inicio de la ejecución y del consiguiente cómputo de los plazos 
de los contratos de obras, en los artículos 142 del TRLCAP, 212 de la LCSP, 229 del TRLCSP y 139 
y 140 del RGLCAP se regula la comprobación del replanteo del proyecto con la finalidad de verificar 
la realidad geométrica de la obra y la disponibilidad de los terrenos necesarios para su ejecución. A 
tal fin, los preceptos citados requieren que, en el plazo de un mes desde la formalización del contrato 
o, en casos excepcionales justificados, en el plazo establecido en el contrato si fuera distinto, se  e.e
levante un acta en presencia del contratista para recoger el resultado de dicha comprobación, de  bo
forma que, si el resultado fuera positivo por hallarse disponibles los terrenos y no existir obstáculos  50ww
 
para el comienzo de las obras, debe iniciarse el cómputo del plazo y comenzar la ejecución; en caso 
contrario, la normativa prevé una serie de consecuencias y efectos. En los restantes tipos de 
contratos, no se regula un trámite específico para fijar el inicio del cómputo de los plazos, pudiendo, 
no obstante, establecerse en los respectivos pliegos; caso de no haberse establecido en éstos, la 
ejecución de los contratos y el consiguiente cómputo de los plazos debe comenzar a partir de su 
formalización. 
- Prórrogas o ampliaciones temporales 
Las prórrogas o ampliaciones temporales estrictas se hallan reguladas, por los que a los contratos 
incluidos en esta fiscalización se refiere, en los artículos 95 y 96 del TRLCAP, 196, 197 y 225.2 de 
la LCSP, 212, 213 y 242.2 del TRLCSP y 97 a 100 del RGLCAP, a cuyo tenor los plazos contractuales 
pueden ser ampliados previa tramitación de un expediente en el que debe concederse trámite de 
audiencia al contratista, salvo cuando se inicie a petición del mismo, en el que debe informar la 
Intervención cuando lleve consigo un reajuste de anualidades, así como la Dirección facultativa o el 
responsable del contrato, finalizando mediante un acuerdo o resolución del órgano de contratación 
autorizando o denegando la prórroga solicitada. Cuando la causa de la prórroga fuera imputable al 
contratista, en los artículos 95 del TRLCAP, 196 de la LCSP y 212 del TRLCSP se establece la 
facultad de la Administración de optar entre la resolución del contrato o la imposición de unas 
“penalidades” o sanciones económicas diarias al contratista; por este motivo, reviste una especial 
importancia la justificación de las causas motivadoras de las prórrogas y de las consiguientes 
desviaciones temporales que implican. 
- Suspensiones temporales 
Las suspensiones temporales de la ejecución de los contratos administrativos se regularon durante 
el periodo fiscalizado en los artículos 102 del TRLCAP, 203 de la LCSP, 220 TRLCSP y 103 del 
RGLCAP y en las cláusulas 63 a 65 del PCAG, distinguiéndose entre suspensiones parciales y totales 
y estableciéndose el procedimiento y requisitos a seguir para la aprobación de la incidencia por el 
órgano de contratación, previos los informes correspondientes, siendo necesaria la expedición de 
actas de suspensión temporal, totales o parciales, al inicio de las mismas para la fijación exacta de 
las fechas en que comienzan a producir sus efectos, así como de las correspondientes actas de 
levantamiento de las suspensiones a su finalización, de modo que queden fijadas con precisión las 
circunstancias generadoras de estas incidencias así como las fechas y, por tanto, su duración. 
- Retrasos en la terminación y recepción 
Con la finalidad de dejar la debida constancia de la correcta ejecución y de la completa terminación 
de las prestaciones constitutivas del objeto de los contratos, en los artículos 110, 147, 185 y 213 del 
TRLCAP; 205, 218, 268 y 283 de la LCSP; 222, 235, 244, 292, 297.2 y 307 del TRLCSP y 107, 108, 
164, 165, 168, 179, 185, 203 y 204 del RGLCAP, se reguló, durante el periodo fiscalizado, un trámite 
de especial relevancia, cual es la recepción de los contratos; acto al que han de concurrir la 
Administración y el contratista en el plazo de un mes desde la terminación de la ejecución o en el 
plazo que se determine en el PCAP si fuera distinto, con la finalidad de comprobar si las prestaciones 
ejecutadas se ajustan a los prescripciones del contrato, levantándose un acta al efecto en la que 
debe consignarse, expresamente, la conformidad o disconformidad con lo ejecutado, de forma que, 
si el resultado es conforme, los correspondientes bienes pueden ser entregados al servicio o al uso 
público y comienza el plazo de garantía en aquellos contratos en que así se hubiera establecido; 
plazo durante el cual el contratista debe hacerse cargo de la conservación de los bienes y la 
reparación de todas las deficiencias que se detecten. Si el acta arrojara un resultado negativo por no 
ser conforme la prestación con las estipulaciones contractuales, la normativa regula los trámites, 
plazos, consecuencias y efectos derivados de dicho resultado.   es
Es importante resaltar, a estos efectos, que, a tenor de los artículos 110.2 del TRLCAP, 205.2 de la  w.
LCSP y 222.2 del TRLCSP, la constatación del cumplimiento de los contratos, es decir, de haberse  50ww

 
realizado “la totalidad” de sus prestaciones, de acuerdo con los términos de los mismos y a 
satisfacción de la Administración, exigía “en todo caso” un acto “formal” y positivo de recepción o 
conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización total del objeto del contrato. Por 
consiguiente, esta prescripción legal afecta a todos los contratos administrativos examinados en la 
presente fiscalización, con independencia de sus objetos o circunstancias, sin que los contratos de 
servicios se hallen exceptuados de la misma, habida cuenta que en los artículos 213.1 del TRLCAP, 
283.1 de la LCSP y 307.1 del TRLCSP, específicamente aplicables al cumplimiento de estos 
contratos, se refieren, expresamente, a su recepción y, en el artículo 204 del RGLCAP, se regula y 
desarrolla, también expresamente, la “recepción de los trabajos y servicios”, permitiendo en su 
apartado tercero que, en los respectivos PCAP, se determine la forma para su realización pero no la 
denominación o el contenido del mencionado acto.  
Por su parte, el Tribunal de Cuentas, en el Informe de Fiscalización de la contratación celebrada en 
2013 en el Área de la Administración Económica del Estado, ha puesto de manifiesto que la 
“inobservancia de los plazos legalmente establecidos para la recepción y liquidación de los contratos 
no supone el incumplimiento de una mera formalidad legal sino que su trascendencia es sustantiva, 
por lo que debe prestarse especial diligencia en el cumplimiento de las prescripciones legales que 
los regulan. En este sentido, no parece ocioso recordar que el incumplimiento del plazo de recepción 
deja en suspenso los efectos derivados del cumplimiento del contrato, que no se producen en tanto 
no se acredite formalmente la realización de la prestación. Asimismo, el incumplimiento de este plazo 
produce una demora en el inicio del cómputo de otros plazos, como el de garantía; o el de la medición 
y aprobación de la certificación final en los contratos de obra; o el mismo plazo de liquidación de los 
contratos, que comienzan a contarse a partir de la fecha del acto de recepción. Por su parte, el 
incumplimiento del plazo de liquidación impide extinguir el vínculo contractual existente entre las 
partes (…) dejando pendientes durante este tiempo, en su caso, los saldos derivados de la 
liquidación, que pueden ser, recíprocamente, a favor o en contra del Estado o del contratista. Esta 
situación también repercute en la contabilidad de la Administración General del Estado ya que, en 
tanto no se produzca la liquidación del contrato, el gasto realizado se registra como inmovilizado en 
curso, y no se amortiza, lo que resulta contrario a los principios contables públicos”. Una vez expuesta 
la regulación de las incidencias que pueden producirse en relación con los plazos de ejecución, en 
los contratos fiscalizados se han observado las siguientes deficiencias: 
a)  Deficiencias generales  
- Las recepciones de los contratos números 2, 4 a 7, 9, 10, 12, 14, 15, 18 a 20, 34 a 38, 49 a 51, 54, 
55, 58 y 65 de la relación anexa, lo que supone el 37% de la muestra, se realizaron fuera del plazo 
legal de un mes desde la terminación de la ejecución, con diversos retrasos de hasta 1 año y 7 
meses,  sin  que  consten  las  circunstancias  que  pudieran  justificar  estos  retrasos  que  son 
especialmente perjudiciales para el interés público en el caso de los contratos de obras ya que, hasta 
que la recepción de conformidad no se produce, no pueden ser entregados los bienes al uso público 
o al servicio correspondiente. A este respecto, destacan los retrasos observados en la recepción de 
los contratos números 10, 14, 35 y 51 del anexo, superiores a 6 meses. 
- No se han aportado las actas de recepción total, expresamente solicitadas, requeridas por los 
artículos 110.2 del TRLCAP, 205.2 de la LCSP o 222.2 del TRLCSP, que debieron emitirse durante 
el periodo fiscalizado, a la terminación de la ejecución de los contratos números 1, 8, 11, 253, 27, 30 
a 32, 40 a 42, 53, 56, 59 a 61, 64 y 66 de la relación anexa, por lo que no se ha acreditado la completa 
y correcta ejecución del 27% de los contratos examinados4. 
                                                
3 Aunque el CIEMAT manifiesta en sus alegaciones que ha adjuntado el acta de recepción del contrato número 25, dicho 
documento no ha sido aportado.  es
4 Se han aportado algunas actas de recepción parcial o certificaciones de conformidad parciales de varios contratos de  e.
servicios incluidos en este párrafo del Informe, correspondientes a los periodos iniciales y algunas prórrogas, pero no las  w.b
adcet alas  vqigueen dceiab iteortoanl d leev caandtaar csoen atr alat ot.e rminación de las últimas prórrogas aprobadas y ejecutadas, es decir, a la expiración  50ww
 
- En ningún caso se han impuesto a los contratistas penalidades o sanciones por las paralizaciones 
y demoras en la ejecución de los contratos examinados, a pesar de que, en numerosos expedientes, 
no constan con claridad y precisión las causas de tales incidencias o no se han aportado los 
expedientes que debieron instruirse de acuerdo con la normativa, por lo que no ha podido constatarse 
la imputabilidad de las mismas. 
b)  Deficiencias específicas 
- Contrato de obras de mejora de las instalaciones y eliminación de nutrientes de las EDAR de 
Cantalejo, Arévalo, Peñaranda de Bracamonte y el Barco de Ávila (número 2 de la relación 
anexa - MAGRAMA/CHD), formalizado el 17 de enero de 2014 con un plazo de 18 meses.  
El acta de comprobación de replanteo positiva y de inicio de las obras se levantó el 13-2-2014, 
empezándose a contar el plazo desde el siguiente día 14, pero ese mismo día se suspendieron las 
obras por no haberse aprobado el Plan de Seguridad y Salud, lo que resulta contradictorio con el 
acta, y sin que en el PCAP del contrato se hubiera establecido la obligación de presentación del 
mencionado plan por el contratista ni el plazo para ello. La suspensión se mantuvo hasta el 
20-6-2014, fecha en que se firmó un acta de levantamiento de la suspensión, lo que implicó una 
demora en el comienzo de las obras de 4 meses y 6 días, representativa del 23,31% del plazo. De 
acuerdo con esta suspensión, las obras deberían haberse terminado el 20-12-2015. Sin embargo y 
a pesar de que, según el acta de levantamiento de la suspensión, esta se produjo el 20-6-2014, las 
certificaciones de obras ejecutadas correspondientes a los meses de junio a septiembre de 2014, 
inclusive, son de importe cero, lo que implica que las obras estuvieron paralizadas irregularmente 
durante casi 3 meses y medio después del levantamiento de la suspensión, sin que se hayan 
aportado las correspondientes actas de suspensión temporal total y de levantamiento de la misma, 
expresamente requeridas.5 En la relación certificada de incidencias producidas durante la ejecución 
de este contrato, figura la concesión de una prórroga temporal el 18-12-2015 con una duración de 2 
meses y 23 días (14,5% del plazo) cuyo expediente se ha remitido incompleto al no constar la 
“propuesta de ampliación del plazo de entrega de los trabajos, solicitada y justificada por la Comisaría 
de Aguas”6, que se menciona en la comunicación del Servicio de Contratación, aunque la solicitud 
de dicha prórroga no procedió de la Comisaría de Aguas sino del contratista, lo que resulta 
contradictorio con el texto anteriormente transcrito, y se fundamentó en “la meteorología de los 
últimos días de noviembre y principios de diciembre”, sin indicarse la naturaleza e intensidad de las 
inclemencias meteorológicas ni su efectiva incidencia en las diferentes partes de las obras, por lo 
que la prórroga está insuficientemente justificada, habida cuenta de la generalidad e imprecisión de 
su motivación. 
Se han aportado tres actas de recepción distintas, emitidas la primera el 16-5-2016 y las otras dos el 
22-6-2016. Aunque, en el encabezamiento de todas ellas, figura el objeto total del contrato, que 
abarcaba las EDAR de Cantalejo, Arévalo, Peñaranda de Bracamonte y el Barco de Ávila, en la 
primera acta consta haberse levantado en la EDAR de Arévalo y, en la segunda y en la tercera, no 
se especifican los lugares en que fueron levantadas aunque, en los antecedentes administrativos de 
la Medición General de las obras, se atribuye la primera acta a las EDAR de Arévalo (único lugar que 
figura en el acta) y de El Barco de Ávila y el acta de 22-6-2016 (mencionada en singular) a las EDAR 
de Cantalejo y de Peñaranda de Bracamonte. Por consiguiente, el contenido de estas actas es 
impreciso e induce a confusión.7 En todas las actas figura como fecha de terminación el 15-3-2016. 
                                                
5 En las alegaciones de la CHD, se ha informado que esta paralización estuvo motivada porque el nombramiento del 
coordinador de seguridad y salud se realizó el 22-8-2014, lo que pone de manifiesto una cierta falta de diligencia en la 
gestión administrativa del contrato ya que dicho nombramiento, así como el de la dirección facultativa, debieron realizarse 
con antelación suficiente a la fecha en que, previsiblemente, iban a iniciarse las obras en función del estado de tramitación 
del respectivo expediente de contratación.  es
6 En sus alegaciones la CHD ha aportado una nota interior, carente de motivación, en la que dicho órgano se limita a prestar  e.
su conformidad a la solicitud del contratista.  w.b
7a fAirmunaqcuióen l an oC HpaDr ehcae  asleerg eaxdaoc qtau.e C eonn ctoredtaasm leanst ea,c ltaa sp rsime eersap eaccitfaic aenst álo sre lfuegriadrae sa  yA rséev adleos, cmribieenntr alass  qouber,a es ne jleacsu dtaodsa asc, tatasl   50ww

 
Por lo tanto y aun en el caso de admitirse tal fecha, la recepción se realizó fuera del plazo de un mes 
establecido al efecto en el artículo 222.2 del TRLCSP y en el PCAP del contrato. Además en las 
actas de recepción, no se fijó la fecha para el inicio de la medición general de las obras ejecutadas, 
con infracción del artículo 166 del RGLCAP. 
- Contrato de obras de mejora de las instalaciones actuales y eliminación de nutrientes de las EDAR 
de Medina del Campo, Iscar, Tordesillas, Tudela de Duero, Benavente y Toro (nº 3 de la relación 
anexa – MAGRAMA/CHD), formalizado el 17 de enero de 2014 con un plazo de 18 meses. 
Al igual que en el contrato anterior, el acta de comprobación de replanteo positiva y de inicio de las 
obras se levantó el 13-2-2014, empezándose a contar el plazo desde el día siguiente; no obstante, 
ese mismo día se suspendieron las obras por no tener aprobado el Plan de Seguridad y Salud, lo 
que resulta contradictorio con el acta anterior, sin que en el PCAP del contrato se hubiera establecido 
la obligación de presentación del mencionado plan por el contratista ni el plazo para ello. La 
suspensión se mantuvo hasta el 20-6-2014, fecha en que se firmó un acta de levantamiento de la 
suspensión, lo que implicó una demora en el comienzo de las obras de 4 meses y 6 días (23,31% 
del plazo), coincidente con la del contrato anterior. De acuerdo con esta suspensión, las obras 
deberían haberse terminado el 20-12-2015. Sin embargo y a pesar de que, según el acta de 
levantamiento de la suspensión, esta se produjo el 20-6-2014, las certificaciones de obras ejecutadas 
correspondientes a los meses de junio a septiembre de 2014, inclusive, son de importe cero, lo que 
implica que las obras estuvieron paralizadas irregularmente durante casi 3 meses y medio después 
del levantamiento de la suspensión, sin que obren en el expediente las correspondientes actas de 
suspensión temporal total y de levantamiento de la misma.8 En la relación certificada de incidencias 
producidas durante la ejecución de este contrato, figura la concesión de una prórroga temporal el 18-
12-2015 por la que se amplió el plazo de ejecución hasta el 30-6-2016 (35% del plazo originario) 
cuyo expediente, se ha remitido incompleto al no constar la “propuesta de ampliación del plazo de 
entrega de los trabajos, solicitada y justificada por la Comisaría de Aguas”9, que se menciona en la 
comunicación del Servicio de Contratación, aunque la solicitud de dicha prórroga no procedió de la 
Comisaría de Aguas sino del contratista, lo que resulta contradictorio con el texto literalmente 
transcrito, y se fundamentó, además de en una autorización de ADIF que se hallaba pendiente de 
tramitación, en “la meteorología de los últimos días de noviembre y principios de diciembre”, sin 
indicarse la naturaleza e intensidad de las inclemencias meteorológicas ni su efectiva incidencia en 
las diferentes partes de las obras, por lo que, habida cuenta de la generalidad e imprecisión del 
motivo invocado, dicha prórroga no está suficientemente justificada. 
Con fecha 23-6-2016, fue concedida al contratista una nueva prórroga de 5 meses, por la que se 
amplió el plazo hasta el 30-11-2016, que implicó una desviación temporal del 27,77%, cuyo 
expediente, también expresamente requerido, se ha remitido incompleto al no constar la “propuesta 
de ampliación del plazo de entrega de los trabajos, solicitada y justificada por la Comisaría de Aguas”, 
que se menciona en la comunicación del Servicio de Contratación, aunque la solicitud de dicha 
prórroga tampoco en este caso procedió de la Comisaría de Aguas sino del contratista, lo que resulta 
contradictorio con el texto anteriormente transcrito, y se fundamentó en el hecho de haberse recibido 
el 31-5-2016 la autorización de ADIF –invocada también como motivo de la prórroga anterior- y otra 
autorización  de  la  Comisión  de  Cultura  de  Zamora  el  10-6-2016  pero  sin  especificarse  las 
                                                
posteriores, no se especifican los lugares en que fueron levantadas, figurando marcadas en todas ellas la casilla “Favorable” 
y no la casilla “Favorable con observaciones (Se adjunta informe ampliatorio)”, no obstante lo cual, junto con las actas, se 
han aportado a este Tribunal unos informes que no son mencionados en el texto de las mismas, uno de ellos carente de 
firmas, en los que se describen las obras ejecutadas. 
8 En sus alegaciones la CHD ha informado que esta paralización estuvo motivada porque el nombramiento de la 
coordinadora de seguridad y salud se realizó el 9-7-2014, lo que pone de manifiesto una cierta falta de diligencia en la 
gestión administrativa del contrato ya que dicho nombramiento, así como el de la dirección facultativa, debieron realizarse 
con antelación suficiente a la fecha en que, previsiblemente, iban a iniciarse las obras en función del estado de tramitación  es
del respectivo expediente de contratación, además de no justificar el estado de completa paralización de las obras desde  e.
dicho nombramiento hasta el mes de octubre de 2014.  w.b
9m Cotoivna lcaiós na, leeng alac ioqnuees d idceh ola ó CrgHaDno s see h liamni taap ao rptraedsota ur nsaus c noontfaosrm inidteardio are las ss sooblriec iteusdteas y d leal  csoignutireantitset ap. rórroga, carentes de  50ww
 
consecuencias concretas que las fechas en que, finalmente, fueron concedidas las mencionadas 
autorizaciones tuvieron sobre las diferentes partes de las obras en ejecución, por lo que, habida 
cuenta de la generalidad e imprecisión de dicho motivo, esta prórroga tampoco puede considerarse 
suficientemente justificada. 
Se han aportado dos actas de recepción diferentes, emitidas el 20 y el 21-12-2016, respectivamente, 
y levantadas en lugares no especificados (en el encabezamiento de todas ellas, figura el objeto del 
contrato con todas las EDAR incluidas en el mismo). Por consiguiente, el contenido de las actas es 
impreciso e induce a confusión.10 
En todas las actas figura como fecha de terminación el 30-11-2016. Por lo tanto y, aunque la 
recepción se realizó en el plazo de un mes desde la terminación establecido al efecto en el artículo 
222.2 del TRLCSP y en el PCAP del contrato, esta fecha pone de manifiesto, con respecto a la fecha 
de  terminación  resultante  del  levantamiento  de  la  suspensión (20-12-2015),  una  demora no 
justificada de 11 meses y 10 días (63% del plazo), al no haberse aportado el expediente de la 
segunda suspensión ni motivado adecuadamente las prórrogas concedidas. En las actas de 
recepción tampoco se fijó la fecha para el inicio de la medición general de las obras ejecutadas tal y 
como requiere el artículo 166 del RGLCAP. 
- Contrato de obras de mejora de modernización de regadíos de las vegas del Guadalquivir. Vegas 
bajas. Sector III (nº 4 de la relación anexa – MAGRAMA/GHGr), formalizado el 21 de octubre de 2010 
con un plazo de 10 meses. 
El acta de comprobación de replanteo positiva y de inicio de las obras se levantó el 19-11-2010, 
empezándose a contar el plazo desde ese mismo día, por lo que las correspondientes obras deberían 
haber finalizado el 19-9-2011. 
No  obstante,  durante  su  ejecución,  se  aprobaron  cuatro  suspensiones  temporales  y  cinco 
ampliaciones temporales con el siguiente detalle:  
Una suspensión temporal parcial el 10-8-2011 para la redacción de la modificación nº 1 y una primera 
suspensión temporal total, del 18-5-2012 al 2-8-2013 (1 año y 2,5 meses), por el mismo motivo de la 
anterior. 
Una segunda suspensión temporal total del 11-11-2014 al 12-1-2015 (2 meses) que no fue 
comunicada de oficio, en su momento, al Tribunal de Cuentas y cuyo expediente se ha aportado en 
el procedimiento de fiscalización. Para su aprobación, se invocó como causa la falta de disponibilidad 
de los terrenos necesarios para ejecutar el Modificado 1º que había sido formalizado el 1-8-2013 y 
para cuya tramitación se habían suspendido temporal y parcialmente las obras desde el 10-8-2011; 
por tanto, desde la suspensión parcial para la tramitación del modificado hasta la suspensión total 
ahora analizada, transcurrieron 3 años y 3 meses, sin que consten las circunstancias por las que, 
durante este lapso temporal, no pudieron haberse realizado las expropiaciones necesarias sin 
necesidad de aprobar esta nueva suspensión, que, por tanto, difícilmente puede considerarse 
justificada. Además, el contratista hizo constar su oposición al levantamiento de la suspensión por la 
existencia de una línea eléctrica de media tensión y de una tubería de riego que atravesaban los 
terrenos donde debían ejecutarse las obras del modificado, motivo por el cual no estaban disponibles. 
El expediente de la tercera suspensión temporal total, del 26-1-2016 al 19-7-2016 (5,5 meses), 
tampoco fue comunicado de oficio al Tribunal de Cuentas y ha sido remitido en el presente 
procedimiento fiscalizador. En dicho expediente, se invocó como causa la existencia de retrasos 
                                                
10 Aunque la CHD ha alegado que en las actas se especifican los lugares y se describen las obras ejecutadas, tal afirmación  es
no es exacta. Concretamente, en ninguna de las dos actas se especifica el lugar en que fueron levantadas, figurando  e.
marcadas en ellas la casilla “Favorable” y no la casilla “Favorable con observaciones (Se adjunta informe ampliatorio)”, no  w.b
doeb slatasn mtei slom causa, lc, ajurenntote cso dne l afisrm aacsta, se,n s leo sh aqnu ea pseo rdtaedsoc raib eesnt ela sT roibburansa le ujencoust aindfaosrm. es que no son mencionados en el texto  50ww

 
varios (sin especificar) en la sustitución de la línea eléctrica anteriormente mencionada, lo que 
confirma la objeción que el contratista había manifestado al levantamiento de la suspensión anterior; 
por consiguiente, tampoco es posible considerar adecuadamente justificada esta suspensión. 
En cuanto a las ampliaciones del plazo, la primera fue concedida el 12-9-2011 por un periodo de 3 
meses, por la que se amplió el plazo hasta el 19-12-2011; la segunda el 1-12-2011 por un periodo 
de 9,5 meses, por la que se amplió el plazo hasta el 19-9-2012 y la tercera el 15-10-2013 por un 
periodo de 12 meses, por la que se amplió el plazo hasta el 3-12-2014 (para la fijación de esa fecha 
debe tenerse en cuenta la suspensión temporal total previa de 1 año y 2,5 meses, en la que se fijó 
como fecha de terminación el 3-12-2013). 
La cuarta prórroga, concedida el 13-2-2015, por la que se amplió el plazo hasta el 27-11-2015 por 
un periodo de 9,5 meses (para cuyo cómputo debe tenerse presente también la suspensión temporal 
total previa de 2 meses) tampoco fue comunicada de oficio, en su momento, al Tribunal de Cuentas, 
habiéndose aportado el expediente en el procedimiento fiscalizador. En la solicitud de la dirección 
facultativa de las obras que dio origen a la tramitación del expediente, se invoca, como causa de la 
misma, que “a la vista del plazo que resta para concluir la obra, tras el levantamiento de la suspensión 
temporal total, totalmente insuficiente para la conclusión de los trabajos, se hace preciso disponer la 
ampliación… dado que a día de hoy -30-01-2015- por parte de la UTE adjudicataria del contrato, no 
se ha efectuado tal hecho”, sin mayor concreción al respecto, por lo que su concesión no está 
justificada. Mediante la quinta prórroga, aprobada el 19-11-2015 por un periodo de un año, se amplió 
el plazo de ejecución hasta el 28-11-2016. Esta prórroga tampoco fue comunicada de oficio, en su 
momento, al Tribunal de Cuentas, habiéndose aportado el expediente en el presente procedimiento 
fiscalizador. Para su concesión, se invocó como motivo la reposición de una línea eléctrica cuyo 
traslado se retrasó por causas que no se especifican y “ante la dificultad de efectuar los trabajos 
pendientes en periodo invernal y la imposibilidad de  ejecutarlos en campaña de riego”, sin 
especificarse cuales eran los trabajos pendientes ni la duración de la campaña de riego ni su 
incidencia sobre las diferentes partes de la obra, por lo que no está adecuadamente fundamentada. 
En conclusión y como consecuencia de las ampliaciones y suspensiones comentadas, el plazo de 
ejecución inicial, de 10 meses, experimentó una significativa desviación temporal total del 623% que, 
en su mayor parte, estuvo relacionada con las deficientes gestiones para conseguir la disponibilidad 
de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras. 
El acta de recepción favorable fue emitida el 14-3-2017, cuatro meses después de noviembre de 
2016, último mes con obra certificada y en el que se acredita la ejecución por el 100% del importe. 
Por lo tanto, se emitió fuera del plazo de un mes establecido en el artículo 205.2 de la LCSP. 
- Contrato de asistencia técnica para dirección de obras medioambientales y forestales en la Cuenca 
del Guadiana (nº 5 de la relación anexa – MAGRAMA/CHGa). 
Este contrato, financiado con fondos FEDER, se formalizó el 3 de septiembre de 2012 con un plazo 
de 48 meses, que comenzó a partir del día siguiente al de formalización, por lo que dicho plazo 
expiraba el 3 de septiembre de 2016.  
No obstante, el 22 de octubre de 2012 se concedió una ampliación temporal de un mes del plazo de 
ejecución, hasta el 3 de octubre de 2016. Como documentos justificativos de esta ampliación, se ha 
aportado un escrito del contratista en el que solicitó que le fuera concedida una “desaceleración del 
crédito de la anualidad del 2012, por un importe de 305.328,22 euros, al futuro ejercicio del 2016”, 
aduciendo como único motivo que, aunque la asistencia técnica se había iniciado con normalidad, 
se estaba “ejecutando a un ritmo inferior al establecido”, sin mayor concreción al respecto, a pesar 
de lo cual dicha solicitud, calificada por la dirección facultativa como un reajuste de anualidades, fue 
informada favorablemente.  es
El 23 de junio de 2016, el contratista solicitó una nueva ampliación del plazo de ejecución porque  w.
“debido a la limitación de plazos establecidos por el programa Operativo de los Fondos FEDER 2007- 50ww
 
2013, el número de obras se ha concentrado de manera que los trabajos se están desarrollando a 
un ritmo inferior al previsto”, lo que aparentemente resulta contradictorio. Esta petición fue informada 
favorablemente por la dirección de obra por el mismo motivo anteriormente expuesto y por “la 
disponibilidad de crédito que permite dicha ampliación”, circunstancia que, de por sí, tampoco justifica 
una ampliación de plazo. Mediante acuerdo de 30 de julio del mismo año, se concedió la ampliación 
solicitada hasta el 26 de diciembre de 2016. 
En consecuencia, en la ejecución del contrato se concedieron dos prórrogas temporales que 
implicaron una desviación temporal total del 7,7% y que no están suficientemente justificadas. 
Aunque, mediante la prórroga anterior, el plazo fue ampliado hasta el 26 de diciembre de 2016, en 
el acta de recepción figura como final del plazo de ejecución el 31-12-16, sin que conste justificación 
de la discrepancia de fechas. Dicha acta fue levantada el 7 de febrero de 2017, habiendo expirado 
el plazo de un mes previsto al efecto en el artículo 205.2 de la LCSP. 
- Contrato de trabajos de topografía y cartografía y/o toma de datos en la Cuenca del Segura (nº 10 
de la relación anexa – MAGRAMA/CHS), formalizado el 30 de junio de 2014 con un plazo de 12 
meses, a contar desde el día siguiente, prorrogable por otros 12 meses. 
Durante la ejecución de este contrato y a solicitud del contratista, se acordó la prórroga prevista, con 
lo que el fin del plazo se situó en el 30-6-2016. 
Transcurridos siete meses de la prórroga, se aprobó una suspensión temporal total del contrato por 
11 meses (desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2016), debido a la situación económica 
de la CHS para la anualidad 2016 como consecuencia de medidas de ajuste presupuestario. En el 
“Informe del estado económico de créditos comprometidos para 2016 con cargo a fondos propios”, 
emitido cuatro días antes del acta de suspensión por el Jefe de Gestión Económica de la CHS, se 
hizo constar que “en cuanto a los contratos que se suspenden, se considera que los expedientes a 
tramitar y la alimentación de las bases de datos objeto de los mismos puede ser realizada por los 
funcionarios del organismo, aunque ello suponga dilatar un cierto tiempo los actuales plazos de 
resolución”; apreciación que no es plenamente coherente con la situación de insuficiencia de medios 
personales de la CHS que se había puesto de manifiesto en la memoria justificativa del contrato y 
que la Comisaría de Aguas había emitido con fecha 10-12-2013, en la que se afirmaba que la CHS 
carecía de técnicos y de personal auxiliar que pudiera encargarse de las tareas objeto del contrato. 
No obstante, la suspensión se levantó antes de la fecha prevista con base en una petición de la 
Comisaría de Aguas de la CHS motivada en “las necesidades” de dicha Comisaría, sin mayor 
concreción. El acta de levantamiento de la suspensión y reinicio de los trabajos se emitió el 16-5-
2016, con lo que la suspensión tuvo una duración de 3,5 meses, situándose la fecha final del plazo 
prorrogado en el 15-10-2016. 
El acta de recepción de conformidad, de 31-5-2018, fue emitida un año y 7 meses y medio después 
de la expiración del plazo prorrogado, con incumplimiento del plazo de un mes desde la terminación, 
previsto en el artículo 222.2 del TRLCSP y la solicitud del representante de la Intervención para asistir 
al acto de recepción también se realizó fuera del plazo establecido en el artículo 28.4 del RD 
2188/1995 (30 días anteriores a la finalización de los trabajos). 
- Contrato de obras de renovación del Canal de Murcia. Tramo II - Hms 45 al 81,6. Molina del Segura 
(nº 18 de la relación anexa – MAGRAMA/MCT), formalizado el 17 de enero de 2014 con un plazo de 
12 meses. 
El acta de comprobación de replanteo positiva se levantó el 17-2-2014, empezándose a contar el 
plazo desde el día siguiente, por lo que las correspondientes obras deberían haber finalizado el 17- es
2-2015 pero, durante su ejecución, se aprobaron cinco ampliaciones del plazo.  oe.

 
La primera fue concedida el 10-2-2015, a solicitud del contratista, con una duración de 7,5 meses, 
por la que se amplió el plazo hasta el 30-9-2015. A pesar de que el director facultativo de las obras 
informó,  motivada  y  pormenorizadamente,  que  los  retrasos  acumulados  eran  imputables  al 
contratista salvo un periodo de, aproximadamente, 15 días, el responsable administrativo del contrato 
informó favorablemente la concesión de la prórroga en su totalidad, sin realizar comentario alguno 
sobre las objeciones planteadas por la dirección facultativa. Finalmente, la prórroga se concedió por 
la duración total solicitada, sin imposición de sanciones a la contrata y sin que, en el expediente 
aportado,  consten  argumentos  contrarios  a  los  expuestos  por  la  dirección  facultativa.  Por 
consiguiente, la concesión de esta prórroga no está adecuadamente justificada, así como tampoco 
la falta de imposición al contratista de las penalidades por demora previstas en el artículo 212 del 
TRLCSP. 
La segunda prórroga, que no fue comunicada de oficio, en su momento, a este Tribunal, fue 
concedida el 28-9-2015 con una duración de 1 mes y 20 días, ampliándose el plazo hasta el 
20-11-2015, inclusive, como consecuencia de la imposibilidad de acceder a terrenos privados 
afectados por la segunda modificación del contrato. 
Un día antes de la expiración de la anterior, se concedió la tercera prórroga, de 28 días, por la que 
se amplió el plazo de ejecución al 18-12-2015, motivada en “nuevas unidades –no especificadas- 
que han surgido para adaptar la obra construida a la explotación actual”, sin mayor concreción al 
respecto, por lo que no puede considerarse suficientemente justificada. 
Cuando faltaban dos días para expirar la prórroga anterior, se concedió la cuarta, de un mes y 11 
días de duración, por la que el plazo fue ampliado al 29-01-2016, que se fundamentó en el “estudio 
conjunto de sistemas de telecontrol incluyendo la realización de las pertinentes pruebas de 
funcionamiento de estos elementos”.  
La quinta y última prórroga temporal, de 2 meses y 2 días, por la que se amplió el plazo de ejecución 
al 31-03-2016, se concedió el 21-01-2016 y estuvo motivada, además de en “la coordinación con la 
red de explotación para las pruebas hidráulicas”, en las “pruebas de funcionamiento de los sistemas 
de telecontrol” -misma causa invocada para la prórroga anterior-.  
No se han remitido las solicitudes del contratista que dieron origen a la tramitación de los expedientes 
de las tres primeras prórrogas, no obstante haberse requerido, expresamente, los expedientes 
completos de las mismas. En conclusión y como consecuencia de las ampliaciones comentadas, el 
plazo inicial, de 12 meses, experimentó una relevante desviación temporal total del 112,5%, 
deficientemente justificada. 
El acta de recepción se emitió el día 9-2-2017, fuera del plazo legal de un mes desde la terminación 
de las obras, establecido en el artículo 222.2 del TRLCSP, y más de 10 meses después de haber 
expirado el plazo ampliado por las prórrogas, sin que consten las causas de esta nueva demora ni la 
concesión de otras prórrogas o suspensiones que pudieran ampararla.  
- Contrato de obras de Mejora del abastecimiento a Aspe y Hondón de las Nieves (nº 19 de la relación 
anexa – MAGRAMA/MCT), formalizado el 5 de mayo de 2014 con un plazo de 18 meses. 
El acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras se levantó el 14-7-2014, fuera del plazo 
de 30 días establecido a tal fin en la normativa y en el documento de formalización del contrato, 
comenzando el cómputo de la ejecución desde el día siguiente, por lo que las correspondientes obras 
deberían haber finalizado el 14-1-2016. 
No obstante, el contratista solicitó con fecha 7-1-2016 una ampliación de plazo de 2 meses, motivada  s
en que el 28-10-2015 el Comité Ejecutivo de la MCT había autorizado la redacción del proyecto  oe.
modificado nº 1 en el que se contemplaban unas obras cuya ejecución dependía de la firma de un  w.
convenio entre la Mancomunidad y los Ayuntamientos de Aspe y Hondón de las Nieves; modificado  50ww
 
y convenio que se hallaban pendientes de aprobación y firma. Previos los informes favorables de la 
empresa responsable de la dirección de obra y del responsable del contrato, el Comité Ejecutivo de 
la MCT autorizó el 15-1-2016 la primera ampliación del plazo de 2 meses y la fecha de finalización 
quedó fijada para el 14-3-2016.  
El 10-3-2016, con registro de entrada en la MCT del siguiente día 11, la empresa contratista solicitó 
una nueva ampliación de plazo hasta el 31-5-2016 (2,5 meses) sobre la base de que tanto el convenio 
como el proyecto modificado continuaban en tramitación. Al día siguiente, el responsable del 
contrato, aunque estimó que podía ser aceptable el aplazamiento solicitado ya que podía recuperarse 
la demora ocasionada, finalmente, consideró oportuno autorizar la ampliación pero con una duración 
inferior, de 2 meses, sin explicar la incongruencia entre el plazo solicitado y el plazo inferior 
propuesto.  La  empresa  encargada  de  la  dirección  de  obra,  con  fecha  10-3-2016,  informó 
favorablemente la ampliación de plazo por iguales motivos y ese mismo día el Comité Ejecutivo de 
la MCT autorizó esta segunda ampliación de plazo por 2 meses, fijando la fecha de finalización de 
las obras para el 16-5-2016 y comunicándose también en ese mismo día la concesión de la 
ampliación al contratista. En el expediente de concesión de esta prórroga, llama la atención tanto la 
celeridad con que se realizaron las correspondientes actuaciones como varias incongruencias 
cronológicas no justificadas: la solicitud de ampliación del plazo, el informe de la dirección de obra, 
la autorización de la ampliación y la comunicación al contratista son de la misma fecha (10-3-2016), 
el informe de la dirección de obra y la autorización de la ampliación se emitieron un día antes del 
registro de entrada de la solicitud en la MCT y el informe del responsable del contrato fue posterior, 
en un día, a la concesión de la prórroga. 
La tercera prórroga se concedió con una duración de un mes, previo informe favorable de la empresa 
responsable de la dirección de obra de 13-5-2016 (tres días antes de la expiración del plazo ampliado 
por la prórroga anterior), y se motivó en fugas de agua de una tubería de titularidad municipal, no 
habiéndose aportado la solicitud del contratista, expresamente requerida11. Mediante esta prórroga, 
la fecha de terminación del plazo se fijó en el 16-6-2016. 
En total y como consecuencia de las incidencias anteriormente expuestas, el plazo del contrato 
experimentó una ampliación total de 5 meses, lo que implica una desviación temporal representativa 
del 27,77% del respectivo plazo inicial de ejecución. 
Como última certificación de obras ejecutadas, se ha aportado la nº 25, de 31-12-2016, en la que 
figura como fecha de terminación el 5-12-2016 (fecha incorrecta ya que, en la última prórroga 
concedida, se fijó en el 16-6-2016 como fecha final, la única suspensión temporal aprobada fue 
parcial y no total, y la modificación del contrato no alteró el plazo). Esta certificación implica, por tanto, 
una demora adicional no justificada de 6 meses y medio, lo que incrementaría la desviación temporal 
total al 63,88%. 
La recepción de conformidad de las obras tuvo lugar el día 23-03-2017, con incumplimiento del plazo 
de un mes desde su terminación, establecido al efecto en el artículo 222.2 del TRLCSP, sin que, en 
el acta de recepción, se fijara la fecha para el inicio de la medición general, tal y como requiere el 
artículo 166.1 del RGLCAP. 
No se ha aportado la preceptiva medición general de obras ejecutadas, expresamente requerida, ni 
emitido la certificación final; actuaciones que debieron realizarse en los plazos de uno y dos meses, 
respectivamente, contados a partir de la recepción de la obra de acuerdo con el artículo 166 del 
RGLCAP, habiéndose comunicado a este Tribunal, en un escrito de 21-11-2018, que “a fecha actual 
no existe acuerdo entre la Administración y el contratista adjudicatario de las obras relativo a la 
medición general de las mismas y por tanto no se ha elaborado la certificación final de los trabajos”. 
                                                 e.
11 Con relación a la alegación realizada por la MCT, referente a la aportación de la solicitud del contratista en dicho trámite,  w.b
daelebgea csioenñeasla. rse que el mencionado documento no consta en la documentación adjuntada con las correspondientes  50ww

 
Sin embargo, el mencionado artículo del RGLCAP establece que la Administración debe realizar 
tanto la medición general como la certificación final en los plazos anteriormente indicados, con 
audiencia del contratista, tanto si este muestra su conformidad como si presenta reclamaciones, de 
forma que, en caso de disconformidad, la Administración debe valorar su reclamación y adoptar el 
acuerdo, estimatorio o desestimatorio, que en Derecho proceda, sin que la normativa autorice a la 
Administración a suspender o posponer, indefinidamente, tales actuaciones.12 
- Contrato  de  obras  de  abastecimiento a  los núcleos  de  población  inmediatos  al  acueducto 
Tajo-Segura. TT.MM. varios (CUENCA) (nº 20 de la relación anexa – MAGRAMA), formalizado el 5 
de junio de 2007 con un plazo de 24 meses y un precio de 18.935.356,00 euros. 
El acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras se levantó el 29-6-2007, por lo que, de 
conformidad con el plazo, las obras deberían haber finalizado el 28-6-2009. 
Sin embargo, durante la ejecución del contrato se aprobaron las seis ampliaciones del plazo y la 
reducción del plazo, con reajustes de anualidades, que figuran en el siguiente cuadro: 
       
Nº  FECHA DE  FECHA DE  DURACIÓN 
APROBACIÓN  FINALIZACIÓN DEL  (meses) 
PLAZO 
1  11-4-2008  30-6-2010  + 12 
2  8-9-2009  30-12-2010  + 6 
3  25-5-2010  30-11-2011  + 11 
4  29-3-2011  30-5-2014  + 30 
5  21-6-2014  30-11-2015  + 18 
6  7-5-2015  30-11-2016  + 12 
7  7-10-2015  30-11-2015  - 12 
Fuente: elaboración propia 
La primera prórroga se concedió a solicitud del contratista, motivándose la misma en que, por parte 
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, se le había informado de que 
se iban a producir una serie de variaciones en la Autovía A-3, afectada por las obras, así como porque 
ADIF estaba construyendo el trazado de una línea de alta velocidad entre Madrid y Cuenca, también 
afectada por las obras; hechos “que sí pueden justificar retrasos en la ejecución. A la vista de estos 
problemas, es de prever un retraso en la definición de una cierta parte del trazado y la consiguiente 
ejecución de la obra en un plazo que estimamos puede dilatarse entre 9 y 12 meses”. Tanto el 
Ingeniero Director de las obras como el Director Técnico de la CHGa informaron favorablemente la 
solicitud del contratista sin comentario adicional alguno, concediéndose finalmente la prórroga de 
acuerdo  con  la  dilación  máxima  estimada  por  este.  La  prórroga  no  está  adecuadamente 
fundamentada  ya  que  no  se  ha  aportado  documentación  alguna,  expresamente  requerida, 
acreditativa de los motivos invocados relativos a la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Castilla-La Mancha o a ADIF que permita valorar las razones esgrimidas por el contratista en su 
solicitud, la cual, por otra parte, carece de datos mínimamente precisos sobre los motivos esgrimidos, 
al no especificarse las variaciones de la autovía o las características de las obras de ADIF ni su 
                                                 e.
12 En sus alegaciones, la MCT ha aportado el acta de medición general de las obras ejecutadas en la que consta la  w.b
daicstcao rneffoerrmenidtea da  duenl  ccoornrteraot iesntav,i amdoe npcoior neál ncdoonstrea tqisutea  cfoornm iunldói caalecgióanc idoen elass,  dpieferore nnoc isaes  heann la a mdjeudnitcaidóon .e stas ni un anexo del  50ww
 
incidencia específica sobre las diferentes partes del proyecto en ejecución. 
Esta deficiencia se observa, igualmente, en la segunda prórroga, motivada en “la paralización de 
tramos de las obras por motivos arqueológicos y a no tener un ritmo adecuado las expropiaciones” y 
en la paralización parcial de la obra afectada por una modificación en tramitación, sin mayor 
concreción, así como en la tercera prórroga, motivada “a causa de las precipitaciones habidas y que, 
por ser claramente conocidas no hace falta mayor descripción” y que, por tanto, fue concedida sin 
especificarse en el expediente la naturaleza, intensidad y duración de tales inclemencias ni su 
incidencia en las diferentes partes de las obras.  
La cuarta prórroga, que fue la de mayor duración -30 meses-, no se aprobó a iniciativa del contratista 
sino de la Administración, aunque con la oposición del primero por cuanto consideró que el retraso 
propuesto por la Administración podría producirle un perjuicio derivado del previsible aumento de 
precios del mercado. Con respecto a las causas de esta prórroga, solamente figura en la propuesta 
y resolución de concesión de la misma una genérica alusión a la existencia de un modificado en 
tramitación “cuya aprobación no se realizará hasta finales de 2011”, fecha que no justifica la 
concesión de esta prórroga, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución hasta el 30 de mayo 
de 2014. 
Aunque para la tramitación de la modificación del contrato se levantó un acta de suspensión temporal 
parcial el 23-4-2009, no se han aportado las actas de suspensión temporal total, expresamente 
requeridas, que pudieran amparar el estado de absoluta paralización de las obras observada en los 
meses de enero, febrero y septiembre de 2010 y septiembre de 2015, así como entre los meses de 
noviembre de 2010 y septiembre de 2014, ya que las certificaciones de obras ejecutadas en dichos 
meses son todas ellas de importe cero; paralización que prácticamente también se produjo en el mes 
de agosto de 2015, cuya certificación de obras ejecutadas ascendió a solo 0,34 euros. Por 
consiguiente, las obras estuvieron irregularmente paralizadas durante 51 meses, lo que implica una 
importante desviación temporal no justificada, representativa del 212,5%. A estos efectos, consta 
una solicitud de suspensión temporal total de las obras que el contratista presentó el 22-9-2010, 
motivada en que ya se habían terminado las obras no afectadas por la modificación, por lo que “sería 
contraproducente continuar ejecutando trabajos que podrían quedar sustituidos por los reflejados en 
el futuro modificado”, solicitud que fue informada favorablemente por el Director de las obras y por el 
Director Técnico de la CHGa, pero no consta la aprobación de dicha suspensión por el órgano de 
contratación  ni  se  han  aportado  las  correspondientes  actas  de  suspensión  y  del  posterior 
levantamiento de la suspensión. Con esa misma motivación, el contratista solicitó el 2-6-2014 la 
quinta prórroga del plazo con una duración de 18 meses, que fue aprobada el día 21 del mismo mes 
y año. 
La sexta prórroga, cuyos motivos no constan en la documentación examinada, se aprobó el 7-5-2015 
con una duración de 12 meses a iniciativa de la Administración y con la oposición del contratista, que 
alegó que ya se había formalizado el modificado, lo que efectivamente se había producido el 
2-10-2014, por lo que había desaparecido el obstáculo para la ejecución de las obras, reservándose 
el ejercicio de acciones para la reclamación de las indemnizaciones que pudieran corresponderle 
como consecuencia de los retrasos acumulados imputables a la Administración. En consecuencia, 
esta prórroga no puede considerarse justificada. De hecho, cinco meses después y a petición del 
contratista, se aprobó un reajuste de anualidades con un acortamiento del plazo exactamente igual 
a la anterior ampliación -12 meses-, lo que pone de manifiesto la improcedencia de dicha ampliación. 
Como consecuencia de las prórrogas anteriormente comentadas, el plazo de ejecución del contrato 
sufrió una desviación temporal representativa del 320,83% del plazo. 
Las obras fueron recibidas de conformidad el 1-3-2016, tres meses después de la expiración del  es
plazo de ejecución ampliado y fuera del plazo legal de un mes desde la terminación de las obras, en  oe.
noviembre de 2015.  w.

 
Como consecuencia de las demoras imputables a la Administración, se tramitó un expediente de 
indemnización por daños y perjuicios que se inició mediante una reclamación del contratista 
presentada el 21-1-2014 y que, previos varios informes y el dictamen del Consejo de Estado, terminó 
mediante Resolución de 29-11-2017 por la que se fijó una indemnización a favor del contratista con 
un importe de 1.627.361,04 euros, aprobándose y disponiéndose el correspondiente gasto con el 
reconocimiento de la consiguiente obligación a cargo del erario público. En su dictamen, el Consejo 
de Estado puso de manifiesto, expresamente, la conveniencia de abrir una inspección para, en su 
caso, depurar las correspondientes responsabilidades. Como consecuencia, el 26-2-2018, la Ministra 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente remitió al Subsecretario del Ministerio el 
referido dictamen para que, por parte de la Inspección General de Servicios, se incoase un 
expediente a fin de dilucidar las posibles responsabilidades, y la Inspección General emitió, siete 
meses después, un informe en el que, tras reconocerse la existencia de “limitaciones y deficiencias 
en la planificación global de las obras”, así como la “falta de mecanismos administrativos de 
coordinación tanto en el propio centro directivo que gestionó la obra (MAGRAMA – DG del Agua) 
como con el Ministerio de Fomento”, así como un deficiente análisis previo de los proyectos 
necesarios  para  su  ejecución,  se  pronunció,  únicamente,  sobre  la  posible  responsabilidad 
disciplinaria derivada de tales deficiencias, para concluir que dicha responsabilidad había prescrito 
por haber transcurrido más de tres años desde las actuaciones planificadoras, sin que conste la 
práctica de ulteriores actuaciones en el expediente incoado. Con independencia de las deficiencias 
de planificación, el informe no analiza ni valora las consecuencias de las numerosas paralizaciones 
y demoras sufridas por las obras durante su ejecución, deficientemente justificadas o carentes de 
justificación,  según  los  casos,  como  anteriormente  ha  quedado  expuesto,  ni  las  posibles 
responsabilidades derivadas de las mismas, disciplinarias o contables, algunas de las cuales podrían 
no haber prescrito. 
Ninguna de las incidencias de la ejecución de este contrato fue debidamente comunicada de oficio, 
en su momento, a este Tribunal.13 
- Contrato de la Balsa Llano de Cadimo - Modernización de la zona regable del Rio Guadalbullón. 
T.M. de Jaén (nº 21 de la relación anexa – MAGRAMA), formalizado el 23 de mayo de 2008 con un 
plazo de 42 meses. 
El acta de comprobación de replanteo positiva se emitió el 20-6-2008, por lo que, de conformidad 
con  el  plazo,  las  obras  debieron  comenzar  ese  mismo  día  y  terminar  el  19-12-2011  pero, 
incongruentemente con la comprobación de replanteo positiva en la que se ordenó el comienzo de 
las  obras  y  sin  haberse  aportado  el  preceptivo  expediente  de  suspensión  temporal  total, 
expresamente requerido, que debió tramitarse, las cuatro primeras certificaciones mensuales de 
obras ejecutadas (de junio a septiembre de 2008) son de importe cero, lo que implica una paralización 
total de las obras que no está justificada, lo que también ocurre en las certificaciones de los meses 
de diciembre de 2008 y diciembre de 2009. 
 
 
                                                
13 Con respecto a lo alegado por la DGA, debe indicarse que, entre las circunstancias alegadas, la aprobación de prórrogas 
temporales y de reajustes de anualidades, por sí mismas, no justifican la existencia de certificaciones mensuales de obras 
ejecutadas de importe cero, ya que dichas certificaciones acreditan la no ejecución de obras durante los periodos en que 
fueron expedidas, habida cuenta que las certificaciones de obras deben expedirse sobre la base de las relaciones valoradas 
y estas relaciones, a su vez, deben redactarse sobre las mediciones de las unidades de obra realmente ejecutadas (arts. 
147, 148 y 150 del RGLCAP) y la normativa solamente permite paralizar absolutamente las obras mediante la tramitación 
y aprobación de expedientes de suspensiones temporales totales, lo que en el presente contrato no consta, al haberse  es
aprobado, solamente, una suspensión temporal parcial. Por otra parte, la insuficiencia de crédito tampoco justifica la  e.
expedición de certificaciones de importe cero cuando se hayan ejecutado obras en los periodos certificados, con  w.b
ilnad inespuefnicdieenncciiaa  ddee  cqruéed ditoic heas  cuinrcau snistutaanccióian  pquudei earfae cimtap alilc paar guon ad ed elam coerrat ifeicna ecli óanb opneoro d neo l aas s cue crtoifnictaecniiodnoe. s expedidas, pues  50ww
 
Además, durante la ejecución del contrato se aprobaron las ocho prórrogas que figuran en el 
siguiente cuadro: 
FECHA DE 
FECHA DE LA 
Nº  FINALIZACIÓN DEL 
PRÓRROGA 
PLAZO 
1  7-7-2009  23-12-2012 
2  18-3-2010  23-12-2013 
3  15-9-2010  23-6-2014 
4  15-2-2011  23-11-2015 
5  10-4-2015  23-6-2016 
6  3-12-2015  23-9-2016 
7  22-9-2016  30-11-2016 
8  ilegible  27-2-2018 
 Fuente: elaboración propia 
Como única justificación de las tres últimas prórrogas, se mencionan los retrasos derivados de la 
tramitación de un proyecto modificado -el nº 2- sin mayor precisión al respecto, lo que no se considera 
suficientemente justificativo del aplazamiento de 1 año y 5 meses en total que dichas prórrogas 
implicaron. Ese mismo motivo fue invocado para una suspensión temporal parcial de las obras de 
21-7-2015; suspensión que fue levantada casi un año después, el 8-7-2016, una vez aprobada la 
referida modificación. 
Como consecuencia de todas las prórrogas, el plazo inicial de ejecución del contrato, de 42 meses, 
fue ampliado en 74 meses más y se produjo una importante desviación temporal total del 176%. 
Ninguna de las ampliaciones del plazo concedidas durante la ejecución de este contrato fue 
debidamente comunicada de oficio, en su momento, a este Tribunal. 
Como última certificación mensual ordinaria de obras ejecutadas, se ha aportado la nº 116, de enero 
de 2018, en la que se acredita la ejecución de obras por un importe total de 61.730.026,35 euros 
sobre un presupuesto vigente líquido de 61.731.819,54 euros (99,99% de ejecución). 
El acta de recepción, remitida en el trámite de alegaciones, se emitió el 27-3-2019, más de un año 
después de haber expirado el plazo ampliado por las ocho prórrogas anteriormente concedidas, y, 
en la misma, se hizo constar que no pudo comprobarse “in situ” el funcionamiento de las bombas 
integrantes del Sistema de bombeo – 2ª Fase por falta de suministro eléctrico, no obstante lo cual 
fueron probadas en un taller y se realizó la recepción de conformidad. 
En consecuencia, teniendo este contrato un plazo originario de ejecución de tres años y medio, las 
correspondientes obras no fueron recibidas hasta 10 años y 9 meses después de haberse levantado 
el acta de comprobación de replanteo e inicio de las mismas, lo que implica una desviación temporal 
total representativa del 307%. - Contrato de redacción del proyecto constructivo de la línea de altas 
prestaciones Orense-Monforte-Lugo. Subtramo Monforte-Vilar de Vara. Plataforma (nº 36 de la 
relación anexa-MF), formalizado el 22 de diciembre de 2009 con un plazo de 18 meses a partir de la 
firma del contrato. 
De acuerdo con las estipulaciones contractuales, el plazo de ejecución de este contrato finalizaba el 
22-6-2011; sin embargo, el 27-5-2011 se concedió al contratista una prórroga con una duración de 
12 meses (66,66% del plazo), por la que se amplió el plazo hasta el 22-6-2012.  es
El 3-5-2012, se emitió un acta de suspensión temporal; situación que se mantuvo hasta el día  w.
3-9-2014, en que se suscribió el acta de reanudación de los trabajos, lo que implicó una demora de  50ww

 
28 meses, representativa del 155,5% del plazo originario del contrato. Aunque no se especifica en 
las actas el tipo de suspensión, del conjunto de la documentación examinada se deduce que esta 
fue total y estuvo causada por la tramitación ambiental a que fue sometido el proyecto por decisión 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En relación con esta causa, se han 
aportado diversos documentos sobre la tramitación ambiental del proyecto, desde un escrito de 2-2-
2011, de la SG de Planificación y Proyectos del MF, hasta un escrito de 18-5-2012, de la SG de 
Evaluación Ambiental del MAGRAMA, inclusive, en los que, en síntesis, se puso de manifiesto la 
necesidad de redactar un proyecto global que integrase los proyectos de los diferentes tramos 
inicialmente redactados y de someter el proyecto integrado a una evaluación de impacto ambiental 
en ejecución del procedimiento establecido en la Sección 1ª del Cap. II del RD-L 1/2008, de 11 de 
enero; documentos que no permiten valorar si la duración de la suspensión está adecuadamente 
justificada ya que ésta se mantuvo durante dos años y tres meses y medio después del último escrito 
aportado. 
La recepción de conformidad se efectuó el 13-4-2015, con un retraso de 4 meses y medio con 
respecto al plazo legal de un mes desde la fecha final de terminación de los trabajos (23-10-2014) 
que consta en los antecedentes de la liquidación del contrato. 
- Contrato  de  redacción  del  proyecto  constructivo  de  la  línea  de  altas  prestaciones 
Orense-Monforte-Lugo. Subtramo Vilar de Vara-Sarriá. Plataforma (nº 37 de la relación anexa-MF), 
formalizado el 21 de diciembre de 2009 con un plazo total de 18 meses a partir de la firma del contrato 
y uno parcial de 12 meses para la redacción del proyecto básico. 
De acuerdo con las estipulaciones contractuales, el plazo de ejecución de este contrato finalizaba el 
21-6-2011. 
El 27-5-2011 se concedió al contratista una prórroga de 12 meses (66,66% del plazo), por la que el 
plazo se amplió al 21-6-2012. Asimismo, constan datos de una primera suspensión temporal total de 
9 meses (50% del plazo), del 20-1 al 20-10-2012. 
Con fecha 1-2-2013 se suspendieron los trabajos durante 19 meses y medio, hasta el 17-9-2014 
(108,33% del plazo). Aunque no se especifica en el acta el tipo de suspensión, del conjunto de la 
documentación examinada se deduce que fue total y estuvo motivada por la tramitación ambiental a 
que fue sometido el proyecto por decisión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. En relación con esta causa, se han aportado diversos documentos, desde un escrito de 
2-2-2011, de la SG de Planificación y Proyectos del MF, hasta un escrito de 18-5-2012, de la SG de 
Evaluación Ambiental del MAGRAMA, en los que, en síntesis, se pone de manifiesto la necesidad de 
redactar un proyecto global que integrase los proyectos de los diferentes tramos inicialmente 
redactados y de someter el proyecto integrado a una evaluación de impacto ambiental en ejecución 
del procedimiento establecido en la Sección 1ª del Cap. II del RD-L 1/2008, de 11 de enero; 
documentos que no permiten valorar si la duración de la suspensión está adecuadamente justificada 
ya que esta se mantuvo hasta dos años y cuatro meses después del último escrito aportado. 
Durante la suspensión, se tramitó una modificación del contrato entre febrero y abril de 2014. Según 
consta en la petición de autorización del modificado, de 25-6-2014, a dicha fecha el proyecto básico 
se hallaba “en una fase muy avanzada de redacción”, lo que implica que no se había redactado en 
el correspondiente plazo parcial de 12 meses, que había expirado el 21 de diciembre de 2010, sin 
que consten las actuaciones administrativas realizadas en relación con esta demora. 
- Contrato  de  redacción  del  proyecto  constructivo  de  la  línea  de  altas  prestaciones 
Orense-Monforte-Lugo. Subtramo Sarriá-Variante de la Puebla de San Julián. Plataforma (nº 38 de 
la relación anexa – MF), formalizado el 22 de diciembre de 2009 con un plazo total de 18 meses a  es
partir de la firma del contrato y uno parcial de 12 meses para la redacción del proyecto básico.  oe.
De acuerdo con las estipulaciones contractuales, el plazo de ejecución de este contrato finalizaba el  50ww
 
22-6-2011. No obstante, el 27-5-2011 se concedió una prórroga de 12 meses (66,66% del plazo), 
que amplió la finalización del contrato al 22-6-2012. 
El 16-1-2012 se firmó un acta de suspensión temporal en la que, contra lo requerido por el artículo 
203.1 de la LCSP, no se consignaron las circunstancias que motivaron la suspensión y el 22-4-2014 
se emitió el acta de reanudación de los trabajos, permaneciendo las obras suspendidas durante 27 
meses (150% del plazo), del 16-1-2012 al 22-4-2014. Aunque no se especifica en el acta el tipo de 
suspensión, del conjunto de la documentación examinada se deduce que esta fue total. No obstante, 
en relación con la causa de esta suspensión, se han aportado diversos documentos sobre la 
tramitación ambiental del proyecto, desde un escrito de 2-2-2011, de la SG de Planificación y 
Proyectos del MF, hasta un escrito de 18-5-2012, de la SG de Evaluación Ambiental del MAGRAMA, 
en los que, en síntesis, se pone de manifiesto la necesidad de redactar un proyecto global que 
integrase los proyectos de los diferentes tramos inicialmente redactados y de someter el proyecto 
integrado a una evaluación de impacto ambiental en ejecución del procedimiento establecido en la 
Sección 1ª del Cap. II del RD-L 1/2008, de 11 de enero; documentos que no permiten valorar si la 
duración de la suspensión está adecuadamente justificada ya que esta se mantuvo casi dos años 
después del último escrito aportado. Durante la suspensión, se tramitó una modificación del contrato. 
Según consta en la petición de autorización de la modificación del contrato, de 21-2-2014, a dicha 
fecha el proyecto básico se encontraba “en una fase muy avanzada de redacción”, lo que implica que 
no se había redactado en el correspondiente plazo parcial de 12 meses, establecido en el contrato; 
plazo que había expirado el 22 de diciembre de 2010, sin que consten las actuaciones administrativas 
realizadas en relación con esta significativa demora cuyas causas no constan y que, por tanto, no 
está justificada. 
En los antecedentes de la liquidación del contrato, consta que la fecha final prorrogada de terminación 
de los trabajos era el 27-9-2014. El acta de recepción de conformidad está fechada el 16-1-2015, dos 
meses y medio después de haber expirado el plazo de un mes desde la terminación, establecido en 
el artículo 205.2 de la LCSP. 
- Contrato de redacción del proyecto trazado y construcción de mejoras funcionales de seguridad vial 
y capacidad de la Autovía V-31 - P.K. 2,5 AL 12,5. SILLA-VALENCIA (nº 43 de la relación anexa-MF), 
formalizado 14 de diciembre de 2012 con un plazo de 24 meses contados a partir del día siguiente. 
De acuerdo con el plazo establecido, este contrato debía finalizar el 15-12-2014; no obstante, durante 
su ejecución, se aprobaron tres reajustes de anualidades con sucesivas prórrogas temporales el 
3-10-2014, el 16-9-2015 y el 10-11-2016, respectivamente. En las prórrogas, se establecieron como 
fechas de finalización de los trabajos el 15-12-2016 (ampliación de 2 años), el 15-12-2017 (1 año) y 
el 30-11-2018 (11,5 meses), a consecuencia de lo cual el plazo de ejecución del contrato experimentó 
una ampliación total de 3 años y 11,5 meses, representativa del 197,92% del plazo. 
La primera prórroga se motivó en una Resolución de la SEITV de 26-2-2014, invocándose que era 
“necesario adecuar el presupuesto del contrato referenciado a la disponibilidad presupuestaria”, sin 
contener una motivación más precisa; generalidad y falta de precisión que también se aprecia en la 
motivación de la segunda prórroga, que figura en un informe del Jefe del Servicio de Planeamiento, 
Proyectos y Obras, consistente en que “Varias de las tareas previstas han sufrido algunos retrasos, 
no siendo previsible la finalización de algunas de ellas dentro del presente año”. A este respecto, la 
Intervención objetó que no estaba suficientemente motivada la causa de la segunda prórroga ni si 
esta era imputable o no al contratista. Posteriormente, se incorporó una Resolución de la SEITV de 
11-3-2015 y un informe favorable sobre la misma de la Abogacía del Estado, de igual fecha, 
invocándose el reajuste de anualidades por razón de las restricciones presupuestarias. Finalmente, 
la Intervención fiscalizó favorablemente el expediente. En opinión de este Tribunal, los documentos 
incorporados en el expediente de la segunda prórroga, con posterioridad a las objeciones de la  es
Intervención, no responden a las mismas ya que no se especifican las tareas retrasadas ni las causas  o
de los retrasos.  w.

 
Para la tercera prórroga, se invocó que “en octubre de 2015, se remitió a la Subdirección General de 
Estudios y Proyectos el estudio de soluciones. Enlace entre las Autovías V-30 y V-31 como 
complemento a la Fase II del Proyecto, encontrándose pendiente de supervisión”, sin mayor 
concreción, por lo que dicha prórroga tampoco puede considerase adecuadamente justificada. 
- Contrato de obras en la Autovía de Sierra Nevada (A-44) Albolote (enlace con la A-92) Santa Fe 
(enlace con la A-329) Andalucía oriental (nº 44 de la relación anexa-MF).14 
Este contrato se formalizó el 20 de diciembre de 2007 con un plazo de 41 meses, reducido conforme 
a la oferta del contratista con respecto al plazo previsto en el PCAP, de 46 meses. 
El acta de comprobación de replanteo se levantó el 21-12-2007 con un resultado negativo por no 
disponerse de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras. Por este motivo, las obras no 
comenzaron hasta 9 meses y medio después, concretamente, hasta el 1-10-2008. De acuerdo con 
esa fecha, las obras debían terminar el 1-3-2012. 
Sin embargo, durante la ejecución del contrato se aprobaron los nueve reajustes de anualidades que 
figuran en el siguiente cuadro: 
FECHA DE FINALIZACIÓN 
Nº  FECHA DEL REAJUSTE 
DEL PLAZO 
1  13-8-2009  1-4-2012 
2  15-12-2010  2-10-2014 
3  10-9-2013  31-10-2016 
4  21-11-2014  31-10-2016 
5  17-10-2016  30-11-2017 
6  14-12-2016  30-11-2017 
7  14-11-2017  30-11-2018 
8  20-12-2017  30-11-2018 
9  16-11-2018  30-11-2019 
Fuente: elaboración propia 
Como consecuencia de ello, el plazo de ejecución del contrato experimentó una ampliación total de 
7 años y 9 meses, lo que llevó consigo una significativa desviación temporal total superior al 200% 
del plazo del contrato. 
Por otra parte, aunque se llevaron a cabo los expedientes de reajustes de anualidades, no se 
tramitaron, conjuntamente, los preceptivos expedientes de prórrogas temporales en aquellos casos 
en que los reajustes implicaron también alteraciones del plazo de ejecución (arts. 97 a 100 del 
RGLCAP) ni, en las resoluciones de aprobación de estos reajustes, consta la aprobación de dichas 
prórrogas por el órgano de contratación; expedientes que también deberían haberse instruido porque 
los reajustes de anualidades, de por sí, no implican, necesariamente, ampliaciones del plazo vigente 
sino la redistribución de las anualidades del gasto dentro del plazo contractual preestablecido. 
                                                
14 Debe tenerse en cuenta, respecto a lo alegado por la DGC, que la mención del mantenimiento o modificación del plazo  es
en las resoluciones de aprobación de los reajustes no subsana la omisión de los expedientes de las prórrogas temporales  e.
del contrato, que también debieron tramitarse, y que no es aceptable la alegada equivalencia entre la firma del contratista  w.b
eanl m laiss macot,a hsa dbeid dae ctruaecnctióan d oe  elan  dloifse prerongtera fminaalsid daed l odse  tdraicbhaojoss t ryá lmosit epsre. ceptivos trámites de audiencia que debieron conferirse  50ww
 
Tampoco obran en el expediente los preceptivos trámites de audiencia al contratista de los reajustes 
1º y 7º, expresamente solicitados y requeridos por el artículo 96.2 del RGLCAP.  
El contratista, mediante un escrito presentado el 28-7-2010, en el trámite de audiencia conferido en 
el segundo reajuste de anualidades, dejó constancia que dicho reajuste suponía una “modificación 
esencial de las condiciones básicas del contrato, al dejar sin efecto la programación del desarrollo 
de los trabajos en tiempo y coste óptimo tanto para la licitación como para la adjudicación del 
contrato” e implicaba una alteración sustancial del contrato, motivo por el cual dejó constancia de su 
derecho a las “compensaciones económicas que procedan” y se reservó, expresamente, el ejercicio 
de acciones para la defensa de sus intereses. A pesar de ello, el reajuste se aprobó sin que, en la 
propuesta  ni  en  la  resolución  aprobatoria,  conste  valoración  alguna  de  las  anteriores 
manifestaciones. Asimismo, en el mencionado escrito, el contratista puso de manifiesto que 
“imponiéndose de facto la suspensión temporal del contrato,… deberá levantarse acta en la que se 
consignen las circunstancias que han motivado la suspensión y la situación de hecho en la ejecución 
de la obra”, lo que no se hizo, infringiéndose el artículo 102.1 del TRLCAP. En los restantes 
expedientes, el contratista manifestó también su expresa disconformidad con los reajustes y las 
implícitas ampliaciones del plazo por considerarlos alteraciones sustanciales del contrato.  
El artículo citado establece que “Para efectuar el reajuste de las anualidades será necesaria la 
conformidad del contratista, salvo que razones excepcionales de interés público determinen la 
suficiencia del trámite de audiencia del mismo y el informe de la Intervención”. 
A estos efectos, se ha remitido un informe favorable de la Abogacía del Estado sobre la Resolución 
de la SEITV del MF, de 13 de julio de 2016, en relación con la reprogramación presupuestaria de 
contratos de obra y de servicios para la DGC, en el que considera la citada Resolución ajustada a 
Derecho, mencionando unos Acuerdos del Consejo de Ministros de 29-1-2010 y 20-5-2010 que 
aprobaron la no disponibilidad de créditos dentro de los PGE de 2010 y el Plan de Revisión del Gasto 
del Estado para el periodo 2011-2013 y siguientes, así como las Leyes de PGE de 2010 a 2016 (sin 
citar artículos) y una Resolución del Consejo de Ministros, mediante Acuerdo de 29-4-2016, 
declarando la no disponibilidad de créditos por importe de 2.000 millones de euros, de los que 598,30 
correspondían al MF. Sin embargo, no se han aportado los informes de la Intervención, exigidos por 
el precitado artículo, expresamente requeridos, figurando solamente unos sellos con la inscripción 
“fiscalización favorable” y la firma de los interventores en las propuestas de aprobación de los 
reajustes. 
En el trámite de audiencia sobre la primera modificación del contrato, el contratista puso de manifiesto 
la imposibilidad de cumplir el plazo de ejecución vigente en ese momento, que finalizaba el 
31-10-2016, por la situación en que se encontraba la tramitación del modificado y el volumen de obra 
a que afectaba, así como por problemas derivados de la falta de accesos a la obra. A pesar de ello, 
el modificado se aprobó y formalizó sin alteración del plazo, lo que resulta contradictorio. 
Por otra parte, se produjeron dos suspensiones temporales. La primera de carácter total se acordó 
el 23-11-2012, manteniéndose formalmente dicha suspensión durante un año hasta el 22-11-2013 
aunque, según las relaciones de certificaciones de obras ejecutadas obrantes en los expedientes de 
revisión de precios, el importe de las obras ejecutadas entre noviembre de 2012 y diciembre de 2013 
fue de cero euros, lo que implica que la suspensión se mantuvo, de hecho, un mes más después del 
acuerdo de levantamiento de la suspensión. 
Del expediente de la segunda suspensión, que fue parcial, expresamente requerido, únicamente se 
ha aportado el acuerdo de suspensión de 21-10-2014, adoptado conjuntamente con la autorización 
para la redacción del modificado 1º. En un informe de la Dirección de obra de 28-7-2016, se menciona 
que se trasladó al adjudicatario el acta de suspensión temporal parcial, habiendo manifestado este  es
su disconformidad. La suspensión estuvo causada por la tramitación del modificado nº 1, motivo por  oe.
el cual se paralizaron las unidades afectadas por el mismo y el contrato modificado se formalizó el  w.
7-8-2016. Por lo tanto, esta suspensión duró 1 año y 9,5 meses, sin que consten las circunstancias  50ww

 
que pudieran justificar una tramitación tan dilatada e incongruente con la celeridad e inmediatez que 
deben caracterizar la solución de las incidencias surgidas durante la ejecución de las obras. 
Como última certificación mensual ordinaria de obras ejecutadas, se ha remitido la nº 111, 
correspondiente al mes de septiembre de 2018, en la que figura la ejecución de obras por un importe 
total acumulado de 74.987.159,55 euros sobre un presupuesto vigente líquido de 81.846.731,36 
euros, lo que implica una ejecución del 91,62% cuando habían transcurrido casi 10 años desde el 
inicio de las obras, en octubre de 2008, en un contrato que se había formalizado con un plazo inicial 
de 41 meses, valorándose la reducción del plazo ofertada por el adjudicatario sobre el plazo previsto 
en el respectivo PCAP, de 46 meses, lo que resulta especialmente incongruente con la ejecución del 
contrato. 
- Contrato de obras en la Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: La Encina-Torrelavega. Cantabria (nº 
45 de la relación anexa-MF)  
Este contrato se formalizó el 27 de abril de 2007 con un plazo de 36 meses, reducido conforme a la 
oferta del contratista con respecto al plazo previsto en el PCAP, de 45 meses. 
El acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras se levantó el 25-5-2007. Por lo tanto y de 
conformidad con el plazo, las obras deberían haberse terminado el 24-5-2010. 
Sin embargo, durante la ejecución del contrato, se aprobaron los reajustes de anualidades, con 
alteraciones de la fecha de terminación del plazo de ejecución de las obras, que figuran en el 
siguiente cuadro: 
FECHA DE 
FECHA DEL 
Nº  FINALIZACIÓN DEL 
REAJUSTE 
PLAZO 
1  29-4-2008  15-10-2010 
2  31-7-2009  15-3-2011 
3  18-11-2009  31-7-2011 
4  14-3-2011  31-10-2014 
5  5-6-2012  15-12-2015 
6  22-11-2012  31-10-2015 
7  8-10-2015  30-6-2016 
Fuente: elaboración propia 
El contratista, aun manifestando su conformidad con los reajustes y las consiguientes ampliaciones 
del plazo, dejó expresa constancia en varios escritos que los consideraba modificaciones con 
alteraciones sustanciales del contrato, reclamando unas compensaciones económicas que habían 
sido acordadas, anteriormente, con la Administración en un expediente de resolución del contrato de 
mutuo acuerdo, que había sido archivado, y reservándose el ejercicio de acciones legales para 
obtener las compensaciones económicas derivadas de las suspensiones y aplazamientos de las 
obras acordadas por la Administración. Por este motivo, con fecha 5-10-2017, presentó una 
reclamación  de  indemnización  por  daños  y  perjuicios  por  importe  de  9.416.973,08  euros, a 
consecuencia de las suspensiones y reprogramaciones de la obra, la cual, a 21-11-2018, fecha del 
último documento aportado, se hallaba pendiente de resolución. 
En los expedientes remitidos, solamente figura una justificación específica de la necesidad del último 
reajuste con ampliación del plazo. En los reajustes 4º, 5º y 6º, se invocaron unas Instrucciones de la 
SEITV en cumplimiento de los Acuerdos del Consejo de Ministros de 29-1-2010 y 20-5-2010, que  e.e
aprobaron la no disponibilidad de créditos dentro de los PGE de 2010 y el Plan de Revisión del Gasto  bo
del Estado para el periodo 2011-2013 y siguientes, así como las Leyes de PGE de 2010 a 2016 (sin  50ww
 
citar artículos) y una Resolución del Consejo de Ministros, mediante Acuerdo de 29-4-2016, 
declarando la no disponibilidad de créditos por importe de 2.000 millones de euros, de los que 598,30 
correspondían al MF. No se han aportado informes favorables de la Intervención exigidos por el 
artículo 96.2 del RGLCAP, figurando solamente unos sellos con la inscripción “fiscalización favorable” 
y la firma de los interventores en las propuestas de aprobación de los reajustes. 
Con independencia de lo anterior, las certificaciones de obras ejecutadas correspondientes a los 
meses de agosto a noviembre de 2010, enero de 2011, marzo a noviembre de 2011, enero a 
septiembre de 2012, noviembre de 2012, enero a marzo de 2013 y noviembre de 2014 son de importe 
cero,  lo  que  implica  que,  al  menos  durante  dichos  meses,  las  obras  estuvieron  totalmente 
paralizadas, sin que se hayan aportado los expedientes de suspensión temporal total que debieron 
tramitarse de acuerdo con la normativa, expresamente requeridos, ni, por tanto, consten las causas 
de tales paralizaciones, que, por consiguiente, no pueden considerarse justificadas. 
Además, se concedieron al contratista dos prórrogas, la primera el 28-9-2011, de 2 meses, por la 
que se amplió el plazo hasta el 31-12-2011, y la segunda el 3-6-2016, de 5 meses, por la que se 
amplió el plazo hasta el 30-11-2016, de las cuales, no obstante haberse expresamente requerido los 
respectivos expedientes, únicamente se ha aportado el expediente de la segunda, que se motivó en 
la tramitación del tercer modificado del contrato. 
Como consecuencia de todo ello, el plazo de ejecución del contrato experimentó las ampliaciones 
que figuran en el siguiente cuadro: 
FECHA DE 
FECHA DE 
INCIDENCIA  Nº  FINALIZACIÓN DEL 
APROBACIÓN 
PLAZO 
Reajuste con 
1º  29-4-2008  15-10-2010 
ampliación 
Reajuste con 
2º  31-7-2009  15-3-2011 
ampliación 
Reajuste con 
3º  18-11-2009  31-7-2011 
ampliación 
Reajuste con 
4º  14-3-2011  31-10-2014 
ampliación 
Prórroga  1ª  28-9-2011  31-12-2011 
Reajuste con 
5º  5-6-2012  15-12-2015 
ampliación 
Reajuste con 
6º  22-11-2012  31-10-2015 
ampliación 
Reajuste con 
7º  8-10-2015  30-6-2016 
ampliación 
Prórroga  2ª  3-6-2016  30-11-2016 
Fuente: elaboración propia 
Como puede observarse en el cuadro anterior, la fecha de finalización del plazo de la primera 
prórroga es incongruente con la fecha de finalización del plazo fijada en el cuarto reajuste de 
anualidades; incongruencia que también se aprecia entre las fechas de finalización fijadas en los 
reajustes 5º y 6º, lo que pone de manifiesto una falta del adecuado rigor en la tramitación de las 
incidencias de ejecución del contrato. 
Con fecha 22-10-2015, se procedió a la ocupación efectiva y puesta en servicio de las obras sin antes  e
haber sido recibidas de conformidad, con invocación del artículo 147.6 del TRLCAP a pesar de que,  bo
según consta en el acuerdo de ocupación efectiva, el 19-10-2015 se había levantado un acta de  w.

 
comprobación de las obras, prevista en el artículo 168.1 del RGLCAP, en la que se hizo constar que, 
“aunque las obras no podían considerarse completamente finalizadas”, una parte terminada sí 
cumplía la condiciones necesarias para su uso público. Esta ocupación no se ajusta a los 
requerimientos del artículo 147.6 del TRLCAP porque carece de la preceptiva motivación de las 
excepcionales razones de interés público que pudieran justificarla. Por otra parte, según el apartado 
2 del artículo 168 del RGLCAP, para que la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio 
para el uso público produzca los efectos de la recepción, es preciso que, de acuerdo con el acta de 
comprobación, las obras estuvieran finalizadas y fueran conformes con las prescripciones previstas 
en el contrato, lo que no sucedía en este caso. 
El acta de recepción de conformidad se levantó casi un año después, el 11-10-2016, habiéndose 
terminado las obras el 30-9-2016, 6 años y 4 meses después de la expiración del plazo originario del 
contrato  (36  meses),  lo  que  implica  una  importante  desviación  temporal  del  211%,  que  es 
particularmente incongruente con el hecho de haberse adjudicado el contrato a un licitador que había 
ofrecido la ejecución del mismo en un plazo reducido con respecto al previsto en el PCAP y en 
atención, entre otras, a dicha circunstancia. 
- Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en 
la A-23, la N-324 y la N-211. Teruel (nº 49 de la relación anexa-MF), formalizado el 13 de enero de 
2011 con un precio de 7.071.965,24 euros y con un plazo de 36 meses, contados a partir del día 
siguiente a la firma del contrato. 
La certificación de servicios ejecutados en el mes de diciembre de 2012 es de importe cero de 
acuerdo con los datos que sobre la misma figuran en el expediente de liquidación del contrato, sin 
que se haya aportado el correspondiente expediente de suspensión temporal total, expresamente 
requerido, que pudiera amparar esta paralización, cuyas causas tampoco constan ni, por tanto, 
puede considerarse justificada. 
- Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de 
la A-7, la A-91 y la N-342a (nº 50 de la relación anexa-MF), formalizado el 30 de noviembre de 2010 
con un precio de 8.792.970,44 euros y con un plazo de ejecución de 36 meses, contados a partir del 
día siguiente a la firma del contrato. 
Al igual que en el contrato anterior, las certificaciones de servicios ejecutados en los meses de 
noviembre y diciembre de 2011, noviembre y diciembre de 2012 y diciembre de 2013 son de importe 
cero de acuerdo con los datos que sobre las mismas figuran en el expediente de liquidación del 
contrato, sin que se hayan aportado los expedientes de suspensión temporal total, expresamente 
requeridos, que pudieran amparar estas paralizaciones, cuyas causas tampoco constan ni pueden 
considerarse justificadas. 
- Contrato de prestación de servicios postales (nº 55 de la relación anexa-MINHAP), formalizado el 1 
de agosto de 2013 con un plazo de 12 meses, prorrogable por un periodo máximo de 6 meses. 
El contrato finalizaba, de acuerdo con el plazo inicial más la prórroga, el 31-12-2014; sin embargo, 
los certificados de recepción de conformidad remitidos por los servicios centrales, territoriales y 
organismos públicos fueron emitidos entre el 28-4-2016 y el 6-5-2016, por lo que la recepción total 
se realizó con 15 meses de retraso respecto al plazo establecido en el artículo 222 del TRLCSP. 
- Contrato de obras de rehabilitación de la antigua sucursal del Banco de España en Pamplona (nº 58 
de la relación anexa-MINHAP), formalizado el 20 de noviembre de 2014 con un plazo de 18 meses. 
El acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras se levantó el 15-12-2014 por lo que, de  s
conformidad con el plazo, las obras deberían haberse terminado el 15-6-2016.  oe.
 
La recepción de conformidad se llevó a cabo el 30-11-2016, con un retraso de 4 meses con respecto 
al plazo de un mes para la recepción establecido en el art. 222.2 del TRLCSP. El representante de 
la Intervención expresó su conformidad con la recepción aunque detallando en un anexo varios 
incumplimientos de la documentación aportada por el contratista que debían ser subsanados; 
subsanación que se hizo constar en un documento fechado el 11-5-2017, 5 meses y medio después 
de la recepción. 
II.3.  DESVIACIONES DE COSTES 
Las desviaciones de costes durante la ejecución de los contratos administrativos pueden producirse 
como consecuencia de modificaciones de sus objetos con incrementos del precio, de prestaciones 
complementarias, de las revisiones de precios y de las liquidaciones finales con excesos sobre los 
presupuestos  vigentes líquidos,  estableciéndose  en  la  normativa  los  procedimientos  para  su 
tramitación, con sus correspondientes requisitos y efectos. 
- Modificaciones de contratos  
Las modificaciones de los contratos públicos en ejecución se hallan reguladas, por lo que a los 
contratos incluidos en esta fiscalización se refiere, en los artículos 42, 59, 101, 146, 189 y 212 del 
TRLCAP, 87.3, 195.3.b), 200, 202, 217, 226, 233, 272 y 282 de la LCSP, 99.3, 105 a 108, 219, 234, 
243, 249, 250, 296 y 306 del TRLCSP y 97, 101, 102, 141, 158 a 162 y 202 del RGLCAP. 
Como anteriormente se ha expuesto, es preciso distinguir dos regulaciones jurídicas diferentes de 
las modificaciones contractuales, a saber, la anterior y la posterior a la aprobación de la Ley 2/2011, 
de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES), que entró en vigor el 6-3-2011 y es aplicable a todos 
los contratos adjudicados a partir de dicha fecha a tenor de su Disposición transitoria 7ª. La regulación 
anterior se caracterizaba, fundamentalmente, por la inexistencia de un límite máximo para las 
modificaciones, con independencia del establecimiento de determinados trámites y efectos cuando 
la modificación implicase un determinado porcentaje de incremento sobre el precio primitivo del 
contrato, y porque las causas justificativas de las modificaciones se establecían y regulaban, 
exclusivamente, en las leyes y en el reglamento reguladores de la contratación pública. Por el 
contrario, la LES introdujo un límite máximo para las modificaciones con incremento del precio (10% 
del precio primitivo del contrato) y permitió que, además de las causas previstas en la normativa, en 
los  pliegos  de  los  contratos  se  previeran  otras  causas  específicas  para  las  modificaciones 
contractuales así como el procedimiento para su tramitación, siempre y cuando se cumplieran 
determinados requisitos y condiciones para permitir a las empresas su adecuada valoración a los 
efectos de permitirles formular sus ofertas en las licitaciones correspondientes. 
- Contratos complementarios 
La regulación de esta materia, por los que a los contratos incluidos en esta fiscalización se refiere, 
está contenida en los artículos 141.d) y 210.d) del TRLCAP, 155.b) y 158.b) de la LCSP y 171.b) y 
174.b) del TRLCSP. 
La tradicional distinción entre los contratos modificados y los complementarios se basaba en que, 
mientras las modificaciones de los contratos debían tener por objeto la ejecución de prestaciones 
necesarias o indispensables e inseparables del contrato primitivo, los contratos complementarios 
debían tener por objeto prestaciones convenientes pero no indispensables y separables de aquel. 
Sin embargo, la introducción mediante la LCAP de las prestaciones complementarias entre los 
supuestos de utilización del procedimiento negociado sin publicidad, sometiéndolas al doble requisito 
de su inseparabilidad del contrato principal o de su estricta necesidad para la ejecución de aquel, y 
el mantenimiento de estos supuestos en las leyes posteriores vigentes durante el ámbito temporal  e.e
de la fiscalización, originó cierta confusión entre ambas figuras que la LES intentó mitigar al precisar  bo
que las obras o servicios complementarios no podían modificar el proyecto o el contrato originario. A  50ww

 
partir del 18 de abril de 2016, fecha de entrada en vigor del efecto directo de la Directiva 2014/24/UE, 
no debieron tramitarse contratos complementarios habida cuenta que los supuestos regulados en los 
artículos 171.b) y 174.b) del TRLCSP no se encuentran contemplados en los artículos 26.4 y 32 de 
la citada Directiva y que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transpuso al ordenamiento jurídico nacional la mencionada Directiva, no contempla esta 
modalidad  contractual;  en  este  sentido  se  pronunció  la  Junta  Consultiva  de  Contratación 
Administrativa en su Recomendación de 15 de marzo de 2016 sobre el efecto directo de las nuevas 
Directivas comunitarias en materia de contratación pública. 
- Revisiones de precios 
La revisión de precios, por lo que a los contratos incluidos en esta fiscalización se refiere, se halla 
regulada en los artículos 103 a 108 del TRLCAP, 77 a 82 de la LCSP, 89 a 94 TRLCSP y 104 a 106 
RGLCAP; preceptos a cuyo tenor la revisión de los precios de los contratos públicos debe llevarse a 
cabo mediante los índices o fórmulas de carácter oficial que se determinen en los PCAP y se halla 
sometida al doble requisito del transcurso de un año desde su adjudicación (TRLCAP y LCSP) o 
formalización (TRLCSP) y a la previa ejecución del 20% de su importe, prohibiéndose, además, en 
los contratos sometidos al TRLCAP y a la LCSP, que el primer año de la ejecución pueda ser objeto 
de revisión. 
- Liquidaciones de contratos 
Los artículos 110 y 147 del TRLCAP, 205.4 y 218.3 de la LCSP, 222.4 y 235.3 del TRLCSP y 169 
del RGLCAP establecen que ha de procederse a la liquidación de todos los contratos administrativos 
-sin excepción- en el plazo máximo de un mes desde el acta de recepción, aunque, en los contratos 
de obras, dicha liquidación ha de realizarse una vez transcurrido del plazo de garantía, como mínimo 
de un año desde la recepción, con la finalidad de comparar las prestaciones realmente ejecutadas 
con las abonadas al contratista y, en función del resultado, fijar el saldo a favor o en contra de este, 
pudiendo no resultar saldo alguno cuando coincidan las prestaciones y los abonos realizados. 
Estrechamente relacionada con la liquidación del contrato de obras, está la certificación final de obras 
ejecutadas, regulada en los artículos 147.1 del TRLCAP, 200.4 y 218.1 de la LCSP, 216.4 y 235.1 
del TRLCSP, 47.2 de la LGP y 166 del RGLCAP, que debe aprobarse en el plazo de dos meses 
(TRLCAP) o en el de tres meses (LCSP/TRLCSP) desde la recepción de conformidad y en virtud de 
la cual, previa medición general de las obras ejecutadas, puede resultar un saldo favorable al 
contratista cuando estas excedan de las obras certificadas y abonadas anteriormente al mismo. 
La normativa permite que, en la certificación final y a cuenta de la liquidación o en la liquidación del 
contrato, se incluya un incremento adicional no superior al 10% del precio primitivo del mismo siempre 
que responda a un incremento del número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en 
el contrato originario, de tal forma que no pueden incluirse en este porcentaje unidades nuevas y 
distintas de las previstas en aquel. Para la cobertura financiera de este incremento adicional en los 
contratos de obras de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de 
abono total del precio, debió efectuarse una retención adicional de crédito del 10 por ciento del 
importe de adjudicación en el momento en que esta se realizó; retención aplicable en el ejercicio en 
que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o el siguiente, según el 
momento en que se realice el pago de la certificación final. 
   
 
Una vez expuesta, en líneas generales, la regulación de las incidencias relativas a las desviaciones 
de costes, a continuación se exponen las deficiencias observadas en los contratos fiscalizados: 
a)  Deficiencia general 
No se han aportado las liquidaciones de los contratos números 1, 8, 11, 14, 22, 25, 27, 30, 3215, 3316, 
34, 40 a 42, 48, 53, 55 a 57, 59, 61 y 64 a 66 de la relación anexa, expresamente solicitadas y 
requeridas por los artículos 110.4 y 147.3 del TRLCAP, 205.4 y 218 de la LCSP o 222.4 y 235 del 
TRLCSP, que debieron realizarse durante los ejercicios del ámbito temporal de la presente 
fiscalización; omisión que se observa, especialmente, en los contratos de servicios y de suministro 
y, en menor medida, en los contratos de obras. 
b)  Deficiencias específicas 
- Contrato de obras de mejora de las instalaciones y eliminación de nutrientes de las EDAR de 
Cantalejo,  Arévalo,  Peñaranda  de  Bracamonte  y  el  Barco  de  Ávila  (nº  2  de  la  relación 
anexa-MAGRAMA/CHD), formalizado el 17 de enero de 2014 con un precio de 3.003.903,51 euros. 
El acta de medición general de las obras ejecutadas fue suscrita el 8-7-2016, fuera del plazo de un 
mes desde la recepción (16-5-2016), establecido en el artículo 166.1 del RGLCAP17, con un saldo a 
favor del contratista de 208.874,77 euros, abonable con cargo al 10% previsto en los artículos 234.3 
del TRLCSP y 160 del RGLCAP. Para el cálculo del referido saldo, se detrajo un importe 
de -100.803,59 euros correspondiente a una revisión de precios cuya relación valorada está fechada 
posteriormente, en agosto de 2017, lo que resulta incongruente. Por otra parte, se incluyeron algunos 
precios nuevos en la medición general, lo que no se ajusta a los artículos 234.3 del TRLCSP y 160 
del RGLCAP, que únicamente permiten imputar con cargo al mencionado porcentaje el incremento 
de unidades realmente ejecutadas sobre las “previstas en las mediciones -y, por consiguiente, en el 
presupuesto- del proyecto”.18 La inclusión en el contrato de las unidades correspondientes a los 
nuevos precios debería haberse realizado previa tramitación del preceptivo expediente para la 
modificación del contrato. No se ha aportado el documento acreditativo del pago de esta medición, 
no obstante haberse solicitado. 
En la hoja de cálculo de la revisión de precios, se menciona una certificación final (nº 23) de 3-7-2016, 
con un importe de 309.678,36 euros, incluido IVA, (8,52% del precio), que no ha sido remitida a pesar 
de haberse requerido expresamente. 
Recabado el expediente de revisión de precios del contrato, únicamente se ha remitido una hoja sin 
firmar, por lo que no reúne los requisitos mínimos de integridad documental que permitan verificar su 
validez y eficacia, que contiene una relación valorada de revisión de precios, fechada en agosto de 
                                                
15 No puede aceptarse lo alegado por el MTMSS sobre los contratos números 30 y 32, referente a que las liquidaciones se 
realizaron mediante las actas de recepción o conformidad, ya que no se ajusta al artículo 205.4 de la LCSP, aplicable a 
estos contratos, que requiere que la liquidación del contrato se realice separada y posteriormente a la recepción del mismo, 
y porque, en las actas de recepción aportadas, ni siquiera se mencionan las liquidaciones. 
16 Con respecto a la alegación de la OEPM en la que se califica el contrato fiscalizado de este organismo como contrato 
menor, debe tenerse en cuenta que el contrato número 33 del anexo 1 no es un contrato menor ya que fue licitado con un 
presupuesto de 440.000,00 euros y adjudicado con un precio total de 361.328,00 euros, IVA excluido, con independencia 
que, en un momento determinado de la fase de ejecución, se suscribiera un documento de formalización por un importe 
parcial menor (3.442.85 euros). 
17 La correspondiente alegación de la CHD se fundamenta en la fecha de una recepción parcial del objeto del contrato; sin 
embargo, en la cláusula adicional nº 5 del PCAP, se estableció, expresamente, la improcedencia de recepciones parciales, 
por lo que dicha alegación no puede aceptarse. 
18 A este respecto, en la medición general aportada por APIF, figura, entre las variaciones introducidas, una que es del 
siguiente tenor literal: “Barandilla de protección de acero inoxidable. El ajuste de medición correspondiente a esta unidad  es
viene motivado por la decisión de sustituir las barandillas de acero galvanizado por barandillas de acero inoxidable, por  e.
tanto siendo las mismas mediciones, les corresponde otro precio de proyecto: Barandilla de protección de acero inoxidable.”  w.b
Potorar  cdoen dsiifgeurieennttees,  caal rmacetneoríss tpicoars l,o c qoune o rtreos pperecctaio a.  esta unidad, se produjo la sustitución de la incluida en el proyecto por  50ww

 
2017, una vez transcurrido el plazo de garantía de un año desde la recepción, que arroja una revisión 
negativa y, por tanto, favorable a la Administración, con un importe de -100.803,59 euros, faltando el 
resto del expediente. En la relación certificada de incidencias producidas durante la ejecución de este 
contrato, consta como fecha de la revisión el 8-7-2016, lo que resulta incongruente.  
- Contrato de obras de mejora de las instalaciones y eliminación de nutrientes de las EDAR de Medina 
del  Campo,  Iscar,  Tordesillas,  Tudela  de  Duero,  Benavente  y  Toro  (nº  3  de  la  relación 
anexa-MAGRAMA/CHD), formalizado el 17 de enero de 2014 con un precio de 2.985.410,57 euros. 
El acta de medición general de las obras ejecutadas fue suscrita el 30-12-2016 con un saldo a favor 
del contratista de 203.604,14 euros, abonable, en su mayor parte, con cargo al 10% previsto en los 
arts. 234.3 del TRLCSP y 160 del RGLCAP. Para el cálculo del referido saldo, se detrajo un importe 
de -104.144,92 euros correspondiente a una revisión de precios aunque la relación valorada de la 
revisión de precios está fechada posteriormente, en agosto de 2017, lo que resulta incongruente. En 
esta medición se incluyeron precios nuevos, lo que no se ajusta a los artículos 234.3 del TRLCSP y 
160 del RGLCAP, que solo permiten imputar con cargo al mencionado 10% el incremento de 
unidades realmente ejecutadas sobre las “previstas en las mediciones -y, por consiguiente, en el 
presupuesto- del proyecto”.19 Por otra parte, el expediente de la medición general se ha remitido 
incompleto, faltando los antecedentes y el documento acreditativo del pago correspondiente a dicha 
medición, expresamente requerido. 
En la relación valorada de la revisión de precios, se menciona una certificación final (nº 31) de 
30-12-2016, que no ha sido remitida a pesar de haberse requerido expresamente, con un importe de 
307.749,06 euros, incluido IVA, (8,52% del precio, porcentaje coincidente con el del contrato 
anterior). 
Recabado el expediente de revisión de precios del contrato, únicamente se ha remitido una hoja sin 
firmar que contiene una relación valorada de precios revisados, fechada en agosto de 2017, que 
arroja  una  revisión  negativa  y,  por  tanto,  favorable  a  la  Administración,  por  importe 
de -104.144,92 euros, faltando el resto del expediente. En la relación certificada de incidencias 
producidas durante la ejecución de este contrato, figura como fecha de la revisión de precios el 
25-1-2018; fecha incongruente con la anterior y que es posterior a la expiración del plazo de garantía. 
- Contrato de servicios de apoyo a actuaciones ordinarias de gestión del Servicio de Aguas 
Subterráneas en la Cuenca del Segura (nº 13 de la relación anexa-MAGRAMA/CHS), formalizado el 
13 de julio de 2010 con un precio de 977.025,04 euros. 
Este  contrato  se  formalizó  con  un  precio  de  997.025,04 euros,  IVA  excluido,  cuantificado 
erróneamente en 20.000 euros más que el importe de la oferta del contratista y el importe de 
adjudicación del contrato, que ascendió a 977.025,04 euros, IVA excluido, si bien la suma del 
desglose de anualidades que figura en la misma cláusula del documento de formalización arroja un 
resultado correcto. 
                                                
19 A este respecto, en la medición general aportada, constan, entre las variaciones introducidas, algunas que respondieron 
a imprevisiones del proyecto y que, por consiguiente, implicaron nuevas unidades de obra, concretamente, la ejecución, en 
la arqueta de bombeo, de un sistema de desbaste mediante rejas extraíbles y plataforma superior de mantenimiento, por 
los elevados costes de explotación y mantenimiento de los equipos de desbaste automáticos proyectados; las partidas de 
instalación de alumbrado y fuerza de la caseta de bombeo, que las mediciones del proyecto no contemplaban; la sustitución 
del cuadro eléctrico de la caseta de bombeo porque, durante la elevación estacional del nivel del río, el cuadro eléctrico  es
llegaba a sumergirse, de forma que, en el momento de ejecución de las obras, el mismo se encontraba ya muy deteriorado,  e.
motivando esto la decisión de sustituirlo; la ejecución de una cubierta plana invertida en vez de una cubierta plana  w.b
cy olan veejenccuiocnióanl;  dlae e ujencau ncuióenv ad eels ctaecrrióanm dieen tboo cmobne foá bernic eal  deem liasdarriilolo d cea lraa  mviasrtag eenn  izsquustieiturdcaió. n del cerramiento con bloque Split  50ww
 
No se realizaron las preceptivas revisiones del precio de acuerdo con la fórmula establecida en el 
apartado 17 del Cuadro de Características del respectivo PCAP, sino que los precios iniciales se 
mantuvieron en las prórrogas por considerarse “razonables”, sin mayor justificación al respecto. 
- Contrato de obras de acondicionamiento de las instalaciones electromecánicas para prevención de 
riesgos ante avenidas de la presa de El Castro. Toledo (nº 15 de la relación anexa MAGRAMA/CHT), 
formalizado el 11 de marzo de 2014. 
Este contrato se formalizó con un plazo de 6 meses a contar desde el 4-4-2014, fecha del acta de 
inicio de las obras, por lo que, de conformidad con el plazo, estas deberían haberse terminado el 3-
10-2014. No obstante, durante su ejecución, se concedió una prórroga por causas justificadas, que 
amplió el plazo hasta el 28-11-2014, representativa del 30% del plazo. El acta de recepción se firmó 
el 11-3-2015, figurando en la misma el día 28-11-2014 como fecha de terminación definitiva de las 
obras, lo que implica que la recepción se realizó con una demora de 2,5 meses con respecto al plazo 
de un mes establecido en la normativa. 
Aunque el plazo de garantía, de 12 meses, expiró el 12-3-2016 y los documentos del expediente 
tramitado para la liquidación del contrato están fechados en el mes de marzo de 2016, la propuesta 
de la liquidación no se realizó hasta un año y siete meses después, concretamente, en un día no 
especificado del mes de octubre de 2017, la fiscalización previa del expediente tuvo lugar el 13 de 
noviembre de 2017 y la aprobación de la liquidación por el órgano de contratación en una fecha no 
especificada. En consecuencia, el contrato se liquidó con una significativa demora cuyas causas se 
desconocen. 
- Contrato de obras de renovación del Canal de Murcia. Tramo II - Hms 45 al 81,6. Molina del Segura 
(nº 18 de la relación anexa-MAGRAMA/MCT), formalizado el 1 de enero de 2014 con un precio de 
3.786.104,83 euros. 
Durante su ejecución, se aprobaron dos modificaciones sin variaciones del precio ni del plazo, 
formalizadas, respectivamente, el 14-2-2014 (tres días antes de la comprobación del replanteo del 
proyecto primitivo y del inicio de las correspondientes obras) y el 22-7-2015, que tuvieron por objeto, 
fundamentalmente,  modificaciones  en  el  trazado  del  canal.  No  se  ha  acreditado  que  estas 
modificaciones fueran imprevisibles cuando se redactó el proyecto primitivo del contrato, por lo que 
no pueden considerarse justificadas a los efectos del artículo 107 del TRLCSP ni se habían previsto 
en el PCAP a los efectos del artículo 106 de la misma Ley. 
En el acta de recepción de las obras, además de ponerse de manifiesto el incumplimiento de los 
plazos legales para la recepción y para la solicitud de representante de la Intervención para dicho 
acto, se hicieron constar “diferencias entre lo realmente ejecutado y la aprobado inicialmente en el 
expediente objeto de recepción, como consecuencia de la sustitución de unidades de obra y la 
incorporación de precios nuevos”, consideradas de escasa importancia y supuestamente justificadas 
en un informe adjunto del  Director de los trabajos, que ha sido  aportado en el trámite de 
alegaciones.20 
                                                
20 El contenido de dicho informe pone de manifiesto que las obras de renovación del Canal de Murcia fueron objeto de 
fraccionamiento en diversos tramos y proyectos parciales “para responder a las necesidades del mercado, dado que la 
posibilidad de realizar el proyecto con una única actuación, en ese momento (cuando el proyecto global se redactó), era 
muy reducida”; lo que ocasionó que “los diversos tramos actuaron con Direcciones de Obras aplicando distintos criterios,… 
de forma que fue necesaria una coordinación general para evitar las discrepancias detectadas entre las actuaciones.” 
Asimismo, en el informe se afirma que “la causa que ha motivado la aprobación de los distintos expedientes de precios 
nuevos son la inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante 
el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas”.  es
También se invoca, como causa justificativa de los nuevos precios y de las consiguientes modificaciones, la publicación de  e.
diversa normativa y guías aplicables a las obras por parte de la MCT “tras la redacción del proyecto de las obras”, pero sin  w.b
easppoertcaidficoa nrsoe j ulastsif incoar msuafisc iye ngtueímase nqtuee l asse d mifeernecniocinaasn e nnit rlea sla fse cohbarass e fnin qaulme efnuteer oenje pcuubtalidcaasd ays l.a Ps ocro ncotrnastaigduaise.n te, el informe  50ww

 
- Contrato de obras de Mejora del abastecimiento a Aspe y Hondón de las Nieves (nº 19 de la relación 
anexa-MAGRAMA/MCT), formalizado el 5 de mayo de 2014 con un precio de 2.288.112,00 euros. 
Se formalizó una modificación de este contrato el 10-5-2016 sin incremento del precio ni del plazo, 
en la que se observa que algunas de las actuaciones incluidas en la misma fueron mejoras cuya 
imprevisibilidad en el momento de redacción del proyecto primitivo no se ha acreditado y dos de ellas 
podrían poner de manifiesto, además, errores del proyecto (cambio de ubicación del edificio de 
bombeo de Crevillente por la existencia y restricciones de dos líneas eléctricas adyacentes y 
ejecución de una nueva cámara de válvulas y estación de bombeo con las dimensiones adecuadas 
para una correcta explotación “dado que la cámara de bombas actual es… demasiado pequeña”), 
por lo que no pueden considerarse justificadas a los efectos del artículo 107 del TRLCSP ni se habían 
previsto en el PCAP a los efectos del artículo 106 de la misma norma. 
No se emitió la certificación final, con infracción del artículo 166 del TRLCSP. 
- Contrato de obras de abastecimiento a los núcleos de población inmediatos  al Acueducto 
Tajo-Segura. TT.MM. varios (Cuenca) (nº 20 de la relación anexa – MAGRAMA), formalizado el 5 de 
junio de 2007 con un plazo de 24 meses y un precio de 18.935.356,00 euros, IVA incluido. 
Durante la ejecución de este contrato, se tramitó un expediente de modificación que se inició 
mediante una solicitud de autorización para la redacción del proyecto modificado, de 30-1-2009, con 
un importe adicional de 10.000.000,00 de euros, IVA incluido, y finalizó el 2-10-2014 con la 
formalización del contrato modificado con un importe adicional de 701.673,89 euros, IVA incluido. 
Por tanto, en primer lugar, se aprecia una tramitación significativamente dilatada del expediente de 
la modificación al haberse dejado transcurrir 5 años y 9 meses entre ambas actuaciones; tiempo 
durante el cual las obras sufrieron importantes demoras y paralizaciones (anteriormente descritas en 
el apartado II.3 del Informe) como consecuencia de la afección de las mismas por el proyecto 
modificado que se hallaba en tramitación, que dieron lugar a una indemnización por daños y 
perjuicios a favor del contratista por importe de 1.627.361,04 euros. 
En la modificación y entre otras actuaciones, se incluyó el aumento de un ramal de conducción para 
el  futuro  abastecimiento  a  22  núcleos  poblacionales  más  de  los  inicialmente  proyectados, 
invocándose para ello una solicitud de “Aguas de Castilla-la Mancha” que no se ha aportado21 así 
como la realización de “la obligatoria campaña previa de prospección arqueológica”, actuaciones 
cuya imprevisibilidad cuando se tramitó el proyecto primitivo no se ha acreditado. 
Por otra parte, llama la atención que, habiéndose solicitado y autorizado con fecha 31-3-2009 la 
redacción  del  proyecto  modificado  con  un  importe  adicional  de  10.000.000,00  de  euros, 
representativo del 52,81% del precio primitivo, dicho proyecto fue aprobado el 17-9-2014 con un 
importe adicional de 701.673,89 euros, representativo del 3,7% del precio primitivo, importe con el 
que finalmente se formalizó el contrato modificado. Solicitada la motivación de la radical diferencia 
entre ambos importes, se ha aportado una copia de la memoria del proyecto modificado, carente de 
firma, en la que, a este respecto, únicamente figura que “Diversas circunstancias –sin concretar– 
complicaron la tramitación de la Modificación nº 1 prevista, a las que se sumó la situación económica 
general. En vista de estos hechos y siguiendo instrucciones de la Dirección General del Agua, se 
procedió a adoptar un criterio de austeridad. Según dicho criterio, se planteó la resolución de 
problemas derivados de circunstancias sobrevenidas (a tenor de lo contemplado en el art. 101 del 
TRLCAP, que rige este Contrato), en base a considerar en la Modificación autorizada exclusivamente 
aquellas unidades, mediciones y conceptos que sean necesarios a corto plazo para el cumplimiento 
de los objetivos contemplados en el proyecto contratado, dejando para un posterior proyecto, cuando 
las circunstancias generales lo permitan, la ejecución de todos los elementos contemplados en la 
                                                 e.
21 Requerida expresamente dicha solicitud, no se ha aportado documento alguno de la Entidad de Derecho Público Aguas  w.b
dOerd Cenasatcililóan-L dae lM Taenrcrihtoar,i oh ya bViéivniednodsae  dreem lait icdiota, dean C soum luungiadra, du nA uetsócnroitmo ad.e  l Director General del Agua de la Consejería de  50ww
 
Modificación inicial”. Además de la excesiva generalidad con que dicha justificación está planteada, 
al no precisarse las unidades, mediciones y conceptos a que afecta, la misma pone de manifiesto 
que una gran parte de las unidades contempladas en la modificación inicial ni eran necesarias ni 
respondieron a causas imprevisibles cuando se preparó el contrato primitivo, lo que, de haberse 
llevado a cabo, habría implicado una infracción del art. 101.1 del TRLCAP. 
- Contrato de obras de la Balsa Llano de Cadimo - Modernización de la zona regable del Rio 
Guadalbullón.T.M. de Jaén (nº 21 de la relación anexa-MAGRAMA), formalizado el 23 de mayo de 
2008 con un precio de 58.996.928,57 euros. 
Durante la ejecución de este contrato, se aprobaron dos modificaciones: la primera se formalizó el 
17-1-2014 con un importe adicional negativo de -2.808,36 euros, sin variación del plazo, siendo la 
solicitud de autorización para redactar el proyecto modificado de fecha 1-4-2013, lo que implica que 
la tramitación de esta modificación, a pesar de su reducido importe (0,005% del precio primitivo), 
duró 9 meses y medio, sin que consten circunstancias justificativas de esta dilación temporal que es 
incoherente con la inmediatez y celeridad con que deben tramitarse las incidencias de los contratos 
en ejecución. En la modificación, se incluyeron, entre otras, algunas actuaciones y unidades de obra 
que no respondieron a circunstancias imprevisibles cuando se redactó el proyecto primitivo del 
contrato o fueron necesarias para corregir algunos errores del mismo, concretamente, modificación 
de taludes y procedimientos de excavación, reducción de la lámina de agua para limitar la carga 
hidráulica y un nuevo trazado del eje en la margen derecha, todo ello como consecuencia de la 
realización, con posterioridad a la redacción del proyecto primitivo, de una campaña geotécnica más 
extensa que la realizada para la redacción de dicho proyecto. 
La segunda modificación fue formalizada el 8-7-2016 con un importe adicional negativo de -2.301,84 
euros, sin alteración del plazo. La petición de autorización para redactar el proyecto modificado es 
de fecha 1-7-2015, lo que implica que la tramitación de esta modificación se dilató durante un año a 
pesar de su reducido importe (0,004% del precio primitivo). En la misma, se incluyeron, entre otras, 
algunas actuaciones y unidades de obra que no respondieron a circunstancias imprevisibles cuando 
se redactó el proyecto primitivo del contrato o fueron necesarias para corregir algunos errores del 
mismo, concretamente, la adaptación de la línea proyectada para transporte y distribución de energía 
eléctrica a las características de la subestación eléctrica existente. 
En consecuencia, durante la ejecución de este contrato se aprobaron dos modificaciones que no 
están adecuadamente justificadas a los efectos del artículo 101.1 del TRLCAP. 
- Contrato de mantenimiento, conservación y explotación del sistema automático de información 
hidrológica (SAIH) de la Cuenca del Tajo (nº 24 de la relación anexa-MAGRAMA), formalizado el 5 
de septiembre de 2013 con un precio de 6.551.125,79 euros. 
La primera revisión de precios de este contrato fue aprobada el 4-8-2016, cuando habían transcurrido 
2 años y 11 meses desde el inicio de la ejecución, con un importe de 376.430,78 euros, IVA incluido, 
y comprendió la revisión de las certificaciones 19 (parcial) y 20 a 34 de servicios ejecutados, así 
como el importe líquido de los servicios pendientes de ejecutar. En el expediente, consta que se 
aplicó un “coeficiente de revisión del mes de junio 2016” del 1.0269107390 “al que corresponden los 
últimos índices publicados”, pero no constan los certificados del INE sobre el IPC aplicado ni el 
periodo  utilizado  para  su  cálculo.  Requeridos  dichos  certificados,  se  ha  aportado  uno, 
correspondiente a la variación experimentada por el IPC entre diciembre de 2014 y diciembre de 
2015, que fue del 0%, importe inferior y no coincidente con el aplicado a la revisión; diferencia que 
se produjo porque el coeficiente aplicado respondió a una previsión futura de la evolución del referido 
índice para el año 2016, lo que carece de amparo normativo porque la revisión de precios tiene como 
finalidad conseguir una actualización de los precios del contrato en función de la variación  es
experimentada en el periodo inmediatamente anterior y, por tanto, cuantificable de acuerdo con los  oe.
datos publicados por el INE, que ha de estar referida, en todo caso, a un periodo anterior, sin que la  w.
normativa permita actualizaciones de precios en función de previsiones futuras. Además, para  50ww

 
calcular la revisión, se empleó una fórmula no prevista en el PCAP. Tampoco consta que se aplicara 
a la revisión el límite legal del 85% de la variación del IPC establecido en el artículo 78.3 de la LCSP, 
reguladora de la ejecución de este contrato porque la respectiva convocatoria de licitación se había 
publicado el 26-9-2011 (a este respecto, en el apartado 17 del cuadro de Características del PCAP, 
se admitió la revisión de precios conforme al IPC pero sin mencionarse el límite legal del 85%).22 
- Contrato de limpieza, recepción y explotación de la cafetería comedor de la Residencia del 
Observatorio “Roque de los Muchachos” (nº 27 de la relación anexa-MEYC/IAC), formalizado el 21 de 
mayo de 2012 con un precio de 450.612,36 euros y con un plazo de 2 años a partir del 1 de julio del 
mismo año, prorrogable un año más. 
Durante su ejecución, se aprobó una prórroga anual del servicio con revisión del precio cuyo importe 
ascendió a 225.880,71 euros, con un precio unitario del menú a 10,48 euros y con respecto a la cual 
no se han aportado los certificados de servicios prestados, sin que, a este respecto, en las facturas 
remitidas conste la conformidad administrativa con los servicios facturados, así como tampoco el acta 
de recepción ni la liquidación del contrato, documentos expresamente requeridos. 
- Contrato de servicios de carácter informático con destino a la SG de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones y a la DG de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (nº 30 de la relación 
anexa-MEES),  formalizado,  según  lotes,  el  10  de  febrero  de  2012  con  un  precio  de 
12.378.670,44 euros y con un plazo de 2 años. 
 Aun cuando, en la cláusula XIV.2 del PCAP de este contrato, se estableció que “La revisión de 
precios, cuando proceda, se realizará de acuerdo con el índice oficial de precios al consumo o, 
alternativamente, con la fórmula o índice que se detalla en el apartado trigésimo cuarto de la Hoja-
Resumen que será invariable durante la vigencia del contrato”, en el referido apartado únicamente 
se estableció, a tal efecto, que “Habrá lugar a la revisión de precios en los casos, términos y forma 
establecidos en los artículos 77 a 82 de la LCSP y concordantes del RGLC”, sin que tampoco se 
especifique la fórmula de revisión en el documento de formalización del contrato. En consecuencia, 
no se determinó con claridad la fórmula aplicable para la revisión de precios, lo que no se ajusta a 
los artículos 67.2.o) y 71.3.g) del RGLCAP, que requieren que se especifique en el PCAP y en el 
documento de formalización del contrato la fórmula concreta de revisión aplicable. No se han 
aportado los expedientes de revisión de precios, expresamente requeridos, que debieron tramitarse 
de conformidad con los artículos precitados del PCAP ni dicha revisión se refleja en los precios de 
las prórrogas aprobadas, que mantienen los precios originarios, así como tampoco se ha remitido la 
liquidación del contrato.23 
- Contrato de implantación de redes corporativas multiservicio para el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración y para el Ministerio de Igualdad (nº 32 de la relación anexa-MEES), formalizado el 22 de 
marzo de 2011 con un precio de 13.370.282,43 euros y con un plazo de 45 meses, del 1-4-2011 al 
31-12-2014, prorrogable por otros 27 meses. 
Durante su ejecución, se formalizó la primera prórroga el 10-12-2014 por un periodo de 12 meses, 
del 1-1-2015 al 31-12-2015, con un importe de 4.314.144,47 euros, IVA incluido. Aunque, en la 
resolución de aprobación de la prórroga, se dispuso que “Las citadas cantidades se regularizarán 
incrementándose el importe en el 85% de la variación experimentada por el IPC, a la vista del 
                                                
22 Los documentos adjuntados en el trámite de alegaciones por la CHT, en relación con la revisión de precios, son 
incongruentes con los documentos anteriormente aportados del expediente de revisión de precios, así como la alegación 
en sus propios términos, habida cuenta que el 4 de agosto de 2016 no pudo aprobarse una revisión de precios elaborada 
con unos índices publicados en octubre del mismo año, como se afirma en los dos primeros puntos de la alegación, y que, 
consultada la página web del INE, los valores del IPC general en los meses de febrero de 2012 y de agosto de 2016 eran  es
de 97.452 y 99,934, respectivamente, y no de 100.380 y 102.936, como se afirma en los puntos 5º y 6º de la misma. En  e.
cualquier caso, no se han adjuntado con la alegación los certificados del INE acreditativos de los índices aplicados.  w.b
e23x pJeudniteon tceo nde l aasc tuaaleligzaacciioónne dse al p erescteio  caol ntitpraot oim, peol sMitiivnois gteernioe rnaol  dheal  IVreAm aitpidlioc aebxlep eedni esnut emso dmee nretov.i sión del precio sino un  50ww
 
certificado que emita el INE” y, en el PCAP, se había previsto la revisión del precio, no se han 
aportado los expedientes que debieron tramitarse para dicha revisión, expresamente requeridos24, ni 
declarado éstos en la relación certificada de incidencias producidas en la ejecución del contrato, así 
como tampoco la liquidación del contrato.  
- Contrato de ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-332 (Alicante) 
(nº 35 de la relación anexa-MF), formalizado el 29 de diciembre de 2010 con un importe de 
4.266.353,60 euros. 
Durante la ejecución de este contrato se produjeron dos modificaciones no comunicadas de oficio, 
en su momento, al Tribunal de Cuentas: la primera en 2011, con un incremento adicional del precio 
de 475.395,90 euros, y la segunda en 2012, que implicó una reducción de 407.012,51 euros. 
El 29 de mayo de 2014 se aprobaron nuevos precios contradictorios con un importe total de 
202.170,00 euros sin tramitarse el correspondiente expediente de modificación del contrato, lo que 
resultaba preceptivo al no poder integrarse estas unidades en el 10% adicional con cargo a la 
liquidación del contrato. En la propuesta de aprobación de estos precios, se menciona una cláusula 
del PCAG -la 45- que se refiere a las mediciones mensuales de unidades de obra ejecutadas y un 
artículo del PPT -5.4- que contiene un cuadro de precios de unidades de obra previstas y que, por 
tanto, son ajenos al contenido de la propuesta, por lo que está deficientemente fundamentada. 
En el expediente de la liquidación del contrato, se menciona una revisión del precio a favor del 
contratista con un importe de 178.901,72 euros, cuyo expediente no consta, aprobada el 29-11-2013. 
En la hoja de cálculo de la revisión de precios aneja a la liquidación del contrato, consta que los 
importes de las certificaciones de servicios ejecutados en noviembre y diciembre de 2011 y enero de 
2012 fueron incluidos en la revisión a pesar de que estos meses formaban parte (íntegramente los 
dos primeros y parcialmente el tercero) del primer año de la ejecución del contrato, por lo que 
debieron quedar excluidos de la revisión de acuerdo con el artículo 77.1 in fine de la LCSP. 
La liquidación se aprobó el 16-12-2015. Dado que la recepción del contrato se había producido el 7 
de abril, la liquidación se realizó fuera del plazo de un mes desde la recepción establecido en la 
normativa. 
- Contrato  de  redacción  del  proyecto  constructivo  de  la  línea  de  altas  prestaciones 
Orense-Monforte-Lugo.  Subtramo  Monforte-Vilar  de  Vara.  Plataforma  (nº  36  de  la  relación 
anexa-MF), formalizado el 22 de diciembre de 2009 con un importe de 1.496.397,63 euros. 
Durante su ejecución, se aprobó un modificado negativo con un importe de -90.532,05 euros para 
cuya justificación se invocaron en el expediente unas causas excesivamente genéricas (“cambios en 
la coyuntura económica han afectado a la planificación ferroviaria. En base a esta situación, no se 
considera viable afrontar la ejecución de las obras… y, por tanto, no tiene sentido desarrollar al 
completo las tramitaciones pendientes”), sin especificar, por lo que no puede considerarse justificado. 
La liquidación se aprobó el 1-9-2015, fuera del plazo de un mes desde la recepción de conformidad 
(13-4-2015), establecido en la normativa, y arrojó un saldo de 59.584,56 euros a favor del contratista 
por el importe de la revisión de precios pendiente, que le fue abonado el 21-12-2015, fuera del plazo 
establecido en el artículo 218.3 de la LCSP. A este respecto, debe tenerse en cuenta que la 
suspensión temporal producida durante la ejecución de este contrato, expuesta en el anterior 
                                                 e.
24 Únicamente, se han remitido copias de varios acuerdos aprobatorios de revisiones de precios, carentes de fechas y de  w.b
feirfimcaacsi ay.,  por tanto, que no reúnen los requisitos mínimos de integridad documental que permitan verificar su validez y  50ww

 
epígrafe del Informe, implicó una demora representativa del 155,5% del plazo originario con la 
consiguiente repercusión en la revisión de precios, sin estar adecuadamente justificada. 
- Contrato  de  redacción  del  proyecto  constructivo  de  la  línea  de  altas  prestaciones 
Orense-Monforte-Lugo. Subtramo Vilar de Vara-Sarriá. Plataforma (nº 37 de la relación anexa-MF), 
formalizado el 21 de diciembre de 2009 con un importe de 1.449.075,36 euros. 
Las incidencias en la ejecución de este contrato son muy parecidas a las del contrato anterior. 
Se aprobó un modificado negativo aunque de mayor  importe (-692.000,00 euros) para cuya 
justificación se invocaron en el expediente unas causas excesivamente genéricas, sin especificar, 
invocándose cambios en la coyuntura económica que afectaron a la planificación ferroviaria (“… en 
base a esta situación, no se considera viable afrontar la ejecución de las obras… y, por tanto, no 
tiene sentido desarrollar al completo las tramitaciones pendientes”). 
La liquidación se aprobó el 24-8-2015, fuera del plazo de un mes desde la recepción de conformidad 
(17-12-2014) establecido en la normativa y arrojó un saldo de 35.864,12 euros a favor del contratista 
por el importe de la revisión de precios pendiente. A este respecto, debe tenerse en cuenta que, 
durante la ejecución del contrato, se produjo una suspensión temporal representativa del 108,33% 
del plazo originario, expuesta en el anterior epígrafe del Informe, con la consiguiente repercusión en 
la revisión de precios, sin estar adecuadamente justificada. 
- Contrato  de  redacción  del  proyecto  constructivo  de  la  línea  de  altas  prestaciones 
Orense-Monforte-Lugo. Subtramo Sarriá-Variante de la Puebla de San Julián. Plataforma (nº 38 de 
la  relación  anexa-MF/DGIF),  formalizado  el  22  de  diciembre  de  2009  con  un  importe  de 
1.643.461,40 euros y con un plazo total de 18 meses a partir de la firma del contrato. 
Al igual que en los dos contratos anteriores, durante su ejecución, se aprobó un modificado negativo 
con un importe de -609.449,99 euros para cuya justificación se invocaron en el expediente unas 
causas excesivamente genéricas, sin especificar, invocándose también cambios en la coyuntura 
económica que afectaron a la planificación ferroviaria. 
La liquidación se aprobó el 24-8-2015, fuera del plazo de un mes desde la recepción de conformidad 
(16-1-2015) previsto en la normativa y arrojó un saldo de 46.889,17 euros a favor del contratista por 
el importe de la revisión de precios pendiente. A este respecto, debe tenerse en cuenta que la 
suspensión comentada en el anterior epígrafe del Informe implicó una demora representativa del 
150% del plazo originario con la consiguiente repercusión en la revisión de precios, sin estar 
adecuadamente justificada.  
- Contrato de redacción del proyecto de trazado y construcción de mejoras funcionales de seguridad 
vial y capacidad de la Autovía V-31 - P.K. 2,5 AL 12,5. SILLA-VALENCIA (nº 43 de la relación 
anexa-MF), formalizado 14 de diciembre de 2012 con un precio de 1.187.247,68 euros y con un plazo 
de 24 meses contados a partir del día siguiente. 
La revisión de precios de este contrato fue aprobada el 16-12-2015 con un importe de 4.186,16 euros, 
IVA incluido, en concepto de revisión de precios hasta diciembre de 2014. En el expediente tramitado 
para la revisión, se aplicó una fórmula no prevista en el PCAP. No se  tramitaron los expedientes de 
revisión de precios de las certificaciones posteriores a diciembre de 2014, habiéndose informado a 
este Tribunal que “se procederá a su regularización en la liquidación del contrato”. Lo expuesto no 
se ajusta a lo establecido en el artículo 104.2 del RGLCAP, que únicamente permite efectuar dicha 
revisión mediante la aplicación de los índices o fórmulas de carácter oficial determinados en el PCAP. 
  e.
 
- Contrato de obras de la Autovía de Sierra Nevada (A-44) Albolote (enlace con la A-92) Santa Fe 
(enlace con la A-329) Andalucía oriental (nº 44 de la relación anexa-MF), formalizado el 20 de 
diciembre de 2007 con un precio de 72.496.866,52 euros. 
Durante la ejecución de este contrato, se aprobaron dos modificaciones: la primera fue formalizada 
el 5-8-2016 con un importe adicional de 256.587,15 euros, lo que implicó un incremento del 0,35% 
del precio primitivo del contrato, sin alteración del plazo. Esta modificación tuvo como antecedentes 
cuatro  propuestas  de  modificación  de  23-12-2009,  23-3-2010,  9-12-2011  y  18-11-2013, 
respectivamente, que  no fueron  aprobadas,  retomándose  de  nuevo  la  tercera  propuesta. El 
expediente se había iniciado el 26-5-2014 (primer documento del que se tiene constancia en los 
antecedentes del informe de la Inspección de Servicios y Obras) y la modificación no se formalizó 
hasta el 5-8-2016, lo que implica que el expediente tardó en tramitarse 2 años y 2 meses, sin que 
consten las circunstancias que pudieran justificar una tramitación tan dilatada. 
Inicialmente, se propuso una modificación con un importe total adicional de 7.094.443,35 euros, 
representativa del 9,62% del precio primitivo del contrato. Con respecto a la misma, la Inspección 
General de Servicios del Ministerio, en informe de 27-6-2014, consideró que la partida de nuevos 
préstamos  de  tierras  (7.921.871,61 euros)  estaba  sobrevalorada,  que  algunas  actuaciones 
propuestas para conseguir una “optimización económica” no eran causa de modificación y que la 
sustitución de dos viaductos por marcos prefabricados y el encauzamiento de un canal no estaban 
justificados. 
El  21-10-2014  se  autorizó  la  redacción  del  proyecto  modificado  en  un  plazo  de  2  meses, 
acordándose, asimismo, la suspensión temporal parcial de las obras afectadas. No obstante, en la 
autorización, a pesar de lo objetado por el Inspector General, se recogieron todas las modificaciones 
inicialmente propuestas aunque con una importante disminución de la partida de nuevos préstamos 
de tierras (que pasó de 7.921.871,61 a 2.171.277,16 euros) y algunas variaciones en otras cuyas 
causas no constan. El proyecto modificado fue supervisado el 7-6-2016, un año y siete meses y 
medio después de la autorización de redacción, sin que consten las causas justificativas de esta 
importante demora. 
Se han aportado tres informes de supervisión sobre el proyecto modificado, de los cuales dos fueron 
emitidos por la propia empresa consultora que redactó dicho proyecto y, por tanto, carecen de validez 
a los efectos de garantizar un adecuado control del proyecto por la inexistencia de la necesaria 
separación de funciones, y uno emitido por un ingeniero de la SG de Construcción, que no consta 
haya sido emitido por una oficina o unidad administrativa de supervisión de proyectos especializada 
en dicha función, como requiere la normativa. Se ha aportado también un informe favorable de la 
Oficina de Supervisión de 22-12-2011 que, por su fecha, debe referirse a la tercera propuesta de 
modificación, en el que se afirma que “para proceder a un análisis más detallado de la propuesta de 
modificado, sería necesaria la participación de una asistencia técnica externa, con un equipo 
pluridisciplinar…, tal y como sucedió en la supervisión del proyecto original”. En consecuencia, no se 
ha acreditado que el proyecto modificado fuera adecuadamente supervisado con todas las garantías 
técnicas. 
Con excepción de las partidas referentes a la disposición de nuevos préstamos de tierras y a la 
adaptación de la gestión de residuos a la normativa vigente, las restantes actuaciones del modificado 
eran  previsibles  cuando  se  redactó  el  proyecto  primitivo,  sin  que  se  haya  acreditado  su 
imprevisibilidad ni su necesidad por causas sobrevenidas con posterioridad a la adjudicación del 
contrato primitivo, por lo que respondieron a errores u omisiones de dicho proyecto y, por tanto, la 
modificación no puede considerarse justificada a los efectos del artículo 101.1 del TRLCAP. En este 
sentido, el Inspector General consideró expresamente previsible la partida correspondiente a la 
reposición de los servicios afectados, que era la más cuantiosa económicamente de todas las  es
incluidas en la modificación (5.499.171,35 euros). No consta que se realizaran actuaciones tendentes  o
a la exigencia de responsabilidades por las deficiencias del proyecto previstas en los arts. 124.5 y  w.
219 del TRLCAP.  50ww

 
El contratista, en el trámite de audiencia, manifestó su disconformidad con diversos aspectos del 
modificado por considerar que su importe era inferior a las necesidades reales de la obra y en sus 
alegaciones puso de manifiesto la imposibilidad de cumplir el plazo de ejecución vigente en ese 
momento, que finalizaba el 31-10-2016, por la situación en que se encontraba la tramitación del 
modificado, por el volumen de obra a que afectaba y por problemas derivados de la falta de accesos 
a la obra, a pesar de lo cual el modificado se aprobó y se formalizó sin alteración del plazo del 
contrato, lo que resulta contradictorio. 
En la autorización para redactar el proyecto modificado, se aprobaron varios precios nuevos 
deficientemente justificados en el informe sobre la propuesta de autorización. Concretamente, los 
precios unitarios de 3.107,00 y 3.462,60 euros para unas vigas prefabricadas acerca de los cuales, 
en un informe de 23-9-2104, se indicó que “No tenemos precio en la base por lo que me lo justifican 
de donde sale ese precio. Dejemos el que ellos proponen”, así como un precio unitario de 
242,40 euros por metro de tubo prefabricado y otro por cada unidad de arqueta de 4.230,66 euros 
sobre los cuales y como único comentario justificativo figura “Dejemos el que ellos proponen”. No se 
ha aportado el acta de precios contradictorios, expresamente requerida, que debió levantarse de 
acuerdo con el artículo 146.2 del TRLCAP. Aunque el contratista manifestó, inicialmente y en el 
trámite de audiencia, su disconformidad con varios aspectos del modificado, posteriormente, firmó el 
documento de formalización del contrato modificado. 
La  autorización  para  la  redacción  del  proyecto  modificado  cuantificó  su  importe  en 
1.615.043,84 euros (incremento adicional del 2,31%) pero la modificación, finalmente, se aprobó y 
formalizó con un importe de 256.587,15 euros (incremento adicional del 0,35%) sin que, en el 
expediente aportado, se justifique esta diferencia. Entre la propuesta inicial (7.094.443,35 euros, 
representativa del 9,62% del precio primitivo del contrato) y el precio final, el importe de la 
modificación experimentó una minoración de 6.837.856,20 euros. 
Las actuaciones anteriormente expuestas ponen de manifiesto la falta del necesario rigor en la 
planificación y preparación del contrato originario. 
Durante la ejecución de este contrato, se tramitó, también en el año 2017, una segunda modificación, 
fechada el 21-9-2017, con un importe de 8.864.556,55 euros, lo que supone un incremento del 
12,66% del precio primitivo del contrato; modificación que no había sido comunicada de oficio, en su 
momento, al Tribunal de Cuentas. 
Además, se produjeron también las siguientes revisiones de precios: 
La primera revisión de precios fue aprobada el 26-12-2014 con un importe de 1.603.658,71 euros. 
Aunque la DGC había aprobado un presupuesto líquido de 8.962.752,65 euros en concepto de 
revisión de precios, finalmente, solo se aprobó la revisión de las certificaciones anteriores al año 2014 
“debido a la no disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y futuros”. Aun cuando en el 
apartado 3º de los antecedentes de la propuesta de revisión de precios de la SG de Coordinación y 
Gestión Administrativa, de 18-12-2014, se afirma que “debido a la no disponibilidad presupuestaria 
para el presente ejercicio y futuros, se tramita solo el importe correspondiente a ejercicios anteriores”, 
en el apartado 1º de la parte dispositiva de la propuesta los importes están referidos al mismo ejercicio 
de la propuesta (2014), lo que resulta contradictorio. No obstante, del examen de los cálculos del 
presupuesto elaborado por la DGC, se deduce que dichos importes corresponden a ejercicios 
anteriores.  
La segunda revisión de precios fue aprobada el 2-11-2015 con un importe de 4.775.029,67 euros. 
En esta revisión se incluyeron las certificaciones números 29 a 50 que ya habían sido revisadas 
anteriormente en el primer expediente de revisión de precios, sin que conste justificación alguna de  es
la doble revisión de esas certificaciones, lo que podría implicar un pago indebido.  oe.
 
No constan en el expediente examinado las certificaciones mensuales de obras ejecutadas primera 
y última con sus correspondientes documentos contables y de pagos, expresamente requeridas. 
- Contrato de obras en la Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: La Encina-Torrelavega. Provincia de 
Cantabria (nº 45 de la relación anexa-MF), formalizado el 27 de abril de 2007 con un precio de 
72.159575,04 euros. 
Se han tramitado dos modificaciones durante la ejecución del contrato:  
La primera, formalizada el 13-6-2013 con un importe adicional de 14.168.819,36 euros, IVA incluido, 
que implicó un incremento representativo del 19,64% del precio primitivo del contrato, sin alteración 
del plazo. 
La segunda se formalizó el 3-11-2015, después de la ocupación efectiva y puesta en servicio de la 
obra (22-10-2015), con un importe adicional de cero euros y sin alteración del plazo. La autorización 
para redactar el proyecto modificado es de fecha 22-6-2015, lo que implica que la tramitación de esta 
modificación se dilató durante 4,5 meses. En la misma, se incluyeron, entre otras, algunas 
actuaciones y unidades de obra que no respondieron a circunstancias imprevisibles cuando se 
redactó el proyecto primitivo del contrato o fueron necesarias para corregir algunos errores del 
mismo, por lo que no puede considerarse totalmente justificada a los efectos del art. 101.1 del 
TRLCAP. 
La tercera modificación fue formalizada el 8-8-2016, después también de la ocupación efectiva y 
puesta  en  servicio  de  la  obra,  con  un  importe  adicional  de  262.373,64 euros,  IVA  incluido, 
representativo del 0,36% del precio primitivo del contrato que, junto con el incremento del primer 
modificado, supone un incremento total del 20%, con ampliación del plazo de ejecución hasta el 
30-9-2016 (ampliación incongruente con la segunda prórroga del contrato, concedida el 3-6-2016, 
por la que se amplió el plazo hasta el 30-11-2016). 
La autorización para redactar el proyecto modificado está fechada el 3-2-2016, lo que implica que la 
tramitación  de  esta  modificación  se  dilató  durante  6  meses;  dilación  que  es  especialmente 
incongruente con el objeto de la modificación, consistente en la estabilización definitiva de un talud 
que había sufrido una importante rotura tras un intenso aguacero, y con el hecho de que la autovía 
había sido puesta en servicio con anterioridad a la tramitación del expediente de la modificación. 
El 13-6-2014 se formalizó con el mismo contratista un contrato complementario con un precio de 
11.132.790,77 euros, IVA incluido, que tuvo como objeto, entre otras actuaciones, la corrección de 
inestabilidades de los taludes de desmonte, la construcción de nuevos encauzamientos y colectores 
y la reposición de bienes y servicios afectados por las obras. 
Las actuaciones mencionadas eran inseparables del proyecto primitivo, además de necesarias para 
poder considerarlo un proyecto completo y para el adecuado funcionamiento de las obras, por lo que, 
en  realidad,  constituyeron  modificaciones  del  mismo  y  no  debieron  tramitarse  como  obras 
complementarias.  De  haberse  tramitado  como  una  modificación,  el  conjunto  de  todas  las 
modificaciones aprobadas durante la ejecución de este contrato habría excedido del 20% del precio 
primitivo del contrato y el expediente debería haberse sometido al previo y preceptivo dictamen del 
Consejo de Estado (art. 59.3 del TRLCAP), lo que no se hizo, sin perjuicio de constituir una causa de 
resolución potestativa del contrato (art. 112.2 del TRLCAP). 
La certificación final, aprobada el 27-12-2016 con un importe adicional por obra ejecutada de 
7.389.093,72 euros, representó el 9,82% del importe adicional al IVA vigente cuando se formalizó el 
contrato, porcentaje que se ajusta al artículo 160 del RGLCAP. No obstante, en ella se incluyó una  s
partida con un importe de 34.130,21 euros en concepto de “presupuesto aprobado y no certificado”,  oe.
que no está justificada ya que se había ejecutado y certificado el 100% del presupuesto vigente  w.
líquido aprobado.  50ww

 
- Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en 
la A-23, la N-324 y la N-211. Teruel (nº 49 de la relación anexa-MF), formalizado el 13 de enero de 
2011 con un precio de 7.071.965,24 euros y con un plazo de 36 meses, contados a partir del día 
siguiente a la firma del contrato. 
Durante la ejecución de este contrato, se aprobaron dos modificaciones: la primera, formalizada el 
27-5-2011 con un importe adicional de 754.132,87 euros, IVA incluido, sin variación del plazo, y la 
segunda, formalizada el 28-11-12, con un importe adicional negativo de -741.929,09 euros, IVA 
incluido, también sin alteración del plazo. 
Con independencia de los anteriores contratos modificados, se ha aportado un acta de precios 
nuevos de 27 de mayo de 2014, en la que se detallan un total de 33 nuevos precios (del nº 23 al 55) 
por un importe total de 28.683,18 euros, aprobándose los correspondientes precios contradictorios 
el 6 de marzo de 2015, sin que conste la tramitación del correspondiente expediente de modificación 
del contrato, que resultaba preceptivo al no poder integrase estas nuevas unidades en el exceso del 
10% con cargo a la liquidación del contrato. 
El 9-12-2014 se aprobó una revisión de precios con un importe de 428.158,86 euros, IVA incluido, 
que se aplicó a partir de la certificación de obras ejecutadas en el mes de diciembre de 2011 a pesar 
de que el contrato había empezado a ejecutarse el 14 de enero del mismo año, de tal forma que los 
importes de las certificaciones de servicios prestados en diciembre de 2011 y enero de 2012 fueron 
indebidamente incluidas en la revisión porque esos meses (íntegramente el primero y parcialmente 
el segundo) estaban dentro del primer año de ejecución del contrato, por lo que debieron quedar 
excluidos de la revisión de acuerdo con el artículo 77.1 in fine de la LCSP. 
La liquidación del contrato fue aprobada el 5 de diciembre de 2016, con un saldo a favor del Estado 
de 6.152,69 euros, IVA incluido, con un retraso de 7 meses con respecto al cumplimiento del plazo 
de garantía, de un año desde el acta de recepción. 
- Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de 
la A-7, la A-91 y la N-342a (nº 50 de la relación anexa-MF), formalizado el 30 de noviembre de 2010 
con un precio de 8.792.970,44 euros y con un plazo de ejecución de 36 meses, contados a partir del 
día siguiente a la firma del contrato. 
Con respecto a la revisión de precios, en el apartado 19 del Cuadro de Características del PCAP, se 
estableció una fórmula de revisión de precios en función del IPC pero sin el preceptivo límite del 85% 
de dicho índice establecido en el artículo 78.3 de la LCSP. 
En los antecedentes de la liquidación del contrato, consta una primera revisión de precios aprobada 
el 4 de diciembre de 2013 con un importe de 489.651,50 euros. 
La segunda revisión de precios, cuyo expediente se ha remitido incompleto en varios anejos de la 
liquidación del contrato (solamente los cálculos realizados y los certificados del INE sobre las 
variaciones del IPC aplicadas), se realizó en junio de 2015 con un importe de 683.080,24 euros, parte 
del cual (206.550,54 euros) fueron reconocidos y abonados al contratista en la liquidación del 
contrato con fecha 28-11-2015. En dicha revisión se incluyó, indebidamente, el precio del mes de 
octubre de 2011, perteneciente al primer año de la ejecución, por lo que debió quedar excluido de la 
revisión de acuerdo con el artículo 77.1 in fine de la LCSP. 
El contrato tenía un plazo de garantía de un año (aptdo. 22 del Cuadro de Características del PCAP) 
a partir de la recepción, que tuvo lugar el 17-4-2015, pero se liquidó el 23-11-2015, antes de la 
expiración de dicho plazo (17-4-2016), con infracción del artículo 218 de la LCSP, específicamente  s
aplicable a este contrato según la cláusula 33 del respectivo PCAP, que únicamente permite liquidar  oe.
el contrato una vez expirado el plazo de garantía. El director del contrato solicitó la devolución al  w.
contratista de la fianza definitiva en junio de 2015 (no consta el documento de su devolución), mucho  50ww
 
antes de la expiración del plazo de garantía contra lo establecido en el artículo 90.1 de la LCSP, a 
cuyo tenor la garantía no podía ser devuelta hasta el vencimiento del plazo de garantía, previa 
constatación del cumplimiento satisfactorio del contrato.25 
- Contrato de operaciones de conservación y explotación en la A-49 y en la N-435 (nº 51 de la relación 
anexa-MF), formalizado el 26 de septiembre de 2011 con un precio de 6.025.000,00 euros y con un 
plazo de ejecución de 36 meses, contados a partir del día siguiente a la firma del contrato. 
Durante la ejecución de este contrato, con fecha 16-11-2012 se formalizó una modificación del 
contrato con un importe negativo de -477.473,28 euros, IVA incluido, sin alteración del plazo, que, en 
su momento, no fue comunicada de oficio a este Tribunal. 
El 20-10-2014 se aprobaron precios contradictorios correspondientes a nuevas unidades de obra no 
incluidas en el proyecto primitivo, sin que conste la tramitación del correspondiente y preceptivo 
expediente de modificación del contrato ya que estas unidades no tenían cabida en el 10% de 
excesos de medición que pueden imputarse a la liquidación del contrato. 
La liquidación del contrato fue aprobada el 28-12-2016, antes de la expiración del plazo de garantía, 
lo que era posible por tratarse de un contrato de servicios y no de obras, con un saldo a favor del 
contratista de 37.506,14 euros, IVA incluido, aunque con incumplimiento del plazo de un mes desde 
el acta de recepción establecido con carácter general en el artículo 205.4 de la LCSP. 
En el apartado 2.5 del documento nº 2 de la Liquidación del contrato, referente a la revisión de precios 
del contrato, consta que se incluyeron en dicha revisión las certificaciones de servicios prestados en 
julio, agosto y septiembre de 2012 a pesar de que el primer año de la ejecución del contrato finalizaba 
el 27-9-2012, lo que no se ajusta al artículo 77.1 in fine de la LCSP, a cuyo tenor el primer año de la 
ejecución debió quedar excluido de la revisión. 
- Contrato de prestación de servicios postales (nº 55 de la relación anexa-MINHAP), formalizado el 1 
de agosto de 2013 con un precio de 6.151.470,42 euros y con un plazo de 12 meses prorrogable por 
un periodo máximo de 6 meses. 
Con respecto a este contrato, se ha aportado una memoria justificativa de la Oficialía Mayor del 
Ministerio, fechada el 20-5-2014, sobre la modificación y prórroga del mismo, así como diferentes 
documentos de la prórroga pero no se ha remitido ningún otro documento del expediente de la 
modificación, a pesar de haberse requerido expresamente, por lo que se desconocen sus causas, 
objeto e importe, que tampoco figuran en la memoria mencionada. En consecuencia, no ha podido 
verificarse la justificación y procedencia de esta modificación del contrato, que se menciona, 
igualmente, en un informe de la Oficialía Mayor del Ministerio, de 23-11-2018, referente al expediente 
de “Prórroga por cinco meses y modificación por reducción de plazo e importe, del contrato para la 
prestación de servicios postales en el MINAP”. 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula 4.6 del PCAP, transcurrido un año desde la 
formalización, procedía la revisión de los precios unitarios ofertados, con redondeo a dos decimales, 
aplicando el 85% de la variación del IPC; revisión que se aplicaría exclusivamente a los precios 
unitarios del contrato. El contrato fue prorrogado durante 5 meses adicionales a los 12 del plazo 
inicial con los mismos precios del contrato originario y, aunque en la comunicación de la aceptación 
por la Administración de la prórroga solicitada, se comunicó al contratista que se procedería a la 
                                                
25 La correspondiente alegación de la DGC, sobre la hipotética corrección de la forma en que se liquidó este contrato, no 
puede aceptarse al haberse previsto, expresamente, en el PCAP del mismo, la aplicación del artículo que ahora se pretende 
ignorar, lo que resultaría contrario a los propios actos del órgano de contratación. Por otra parte, el objeto del contrato,  es
además de servicios, comprendía también la ejecución de obras, lo que, unido al establecimiento de un plazo de garantía,  e.
implica que la liquidación del contrato ha de esperar al transcurso del mismo para comprobar, previamente, si, durante  w.b
deimchpore spala czoo,n slatrsu cotobrraa sa  hsaun c ofusntac,i oannatedso  dceo rprreoccteadmeern ate la o l,iq eunid accaisóon  dceoln ctroanritora, tloa.s  deficiencias fueron subsanadas por la  50ww

 
revisión de precios y se procedió al cálculo de los nuevos precios aplicables a partir del 1 de agosto 
de 2014, sin embargo, no se tramitó el preceptivo expediente de revisión, incoherentemente con la 
comunicación y con la cláusula del PCAP anteriormente citada, habiéndose informado a este Tribunal 
que “dado que se trataba de un contrato por precios unitarios e importe estimado, la escasa incidencia 
de la variación en los precios unitarios, y teniendo en cuenta que la misma era negativa al haber sido 
la variación del Índice de precios al Consumo en los doce meses anteriores del -0,3%, no se 
consideró oportuno tramitar un expediente de revisión de precios”, a pesar de lo cual los precios 
unitarios revisados fueron efectivamente aplicados en la correspondiente facturación. 
- Contrato de obras para oficinas del Tribunal Constitucional en los locales sitos en las calles Cea 
Bermúdez, 68 y San Francisco de Sales, 6 de Madrid (nº 57 de la relación anexa-MINHAP), 
formalizado el 12 de junio de 2013 con un precio de 1.228.827,04 euros y con un plazo de 8 meses. 
Entre la redacción del proyecto primitivo, en julio de 2011, y la solicitud de ofertas en el procedimiento 
utilizado para la adjudicación de este contrato (negociado), en junio de 2012, transcurrió casi un año, 
y otro año más hasta que se formalizó el correspondiente contrato en junio de 2013. Por tanto y en 
primer lugar, se observa una tramitación muy dilatada del procedimiento negociado sin publicidad 
para la adjudicación de este contrato, lo que pudo implicar la obsolescencia del respectivo proyecto 
(en este sentido, en el procedimiento de concesión de la licencia municipal de obras, se detectó, 
entre otros aspectos que requirieron cambios del proyecto, que los ascensores proyectados no se 
ajustaban a la normativa).26 
Con fecha 30-5-2014 se formalizó una modificación del contrato. En el PCAP (cláusula 2.3) y a los 
efectos del artículo 106 del TRLCSP, únicamente se había fijado el límite de las modificaciones en 
el 15%, faltando todos los demás requisitos exigidos por dicho artículo para la adecuada previsión 
de las modificaciones en los pliegos, por lo que dicha cláusula carece de validez a los efectos del 
precitado artículo y a esta modificación resulta aplicable el artículo 107 de la misma Ley. En este 
sentido, no se ha acreditado la imprevisibilidad de las correspondientes necesidades cuando se 
tramitó el contrato primitivo ya que la modificación tuvo por objeto, entre otras actuaciones, además 
de la instalación de los ascensores para minusválidos, la creación de tres nuevos despachos cuya 
necesidad no consta en la documentación examinada, así como varias actuaciones solicitadas por 
el Tribunal Constitucional con posterioridad al comienzo de las obras. En un informe del Gerente del 
Tribunal Constitucional de fecha 20 de diciembre de 2013, es decir, transcurridos 6 meses de la 
ejecución del contrato primitivo, se propuso la realización de algunas adaptaciones al proyecto inicial, 
tales como "incremento de nivel de seguridad de los vidrios; mejora en los controles de accesos e 
informática; incremento de la capacidad de archivo o superficie de los armarios integrados; y reajuste 
de distribución de ambos locales"; actuaciones que, a juicio de este Tribunal, eran previsibles y 
podían haberse incorporado al proyecto originario de las obras, así como otras actuaciones de mejora 
cuya imprevisibilidad durante la tramitación del contrato primitivo tampoco se ha acreditado.27 En 
conclusión, esta modificación pone de manifiesto omisiones e imprevisiones no justificadas en el 
proyecto primitivo, sin que se haya tramitado el correspondiente expediente para la exigencia de las 
responsabilidades por deficiencias o errores en el proyecto, previsto en el artículo 312 y en la 
disposición adicional 19ª del TRLCSP. 
Además, mediante esta modificación se produjo un incremento de 176.704,44 euros, representativo 
del 14,38% del precio primitivo del contrato, que supera el límite máximo del 10% establecido en el 
apartado 3.d) del art. 107 del TRLCSP y, como tal, implicó una alteración de las condiciones 
esenciales de licitación y adjudicación del contrato, lo que está prohibido por la normativa, sin que 
dicho incremento pueda ampararse en el límite del 15% fijado en la cláusula 2.3 del respectivo PCAP 
                                                
26 La alegación de la DGPE, sobre el retraso en la concesión de la licencia municipal de obras, carece del adecuado soporte 
documental al no haberse aportado la solicitud de concesión de dicha licencia, debidamente registrada de entrada en el  es
Ayuntamiento de Madrid.  e.
27 Aunque la DGPE ha indicado en sus alegaciones que la modificación fue informada favorablemente por la Abogacía del  w.b
Efusetraodno f,o nrom suela hdaa sa adnjutnet aedl óor dgoacnuom deen ctoo natlrgautancoi óanc,r elod qitauteiv iom dpeid lea  afeccehpata er nla q cuoer rleassp noencdeiesnidtead aelesg daecli óTnri.b unal Constitucional  50ww
 
a los efectos del artículo 106 del TRLCSP ya que el precitado artículo no era aplicable por las 
deficiencias anteriormente comentadas sobre el contenido de dicha cláusula. 
No se ha aportado el acta de la medición general de obras ejecutadas, expresamente solicitada, 
requerida por el artículo 166 del RGLCAP, en base a la cual debió elaborarse la certificación final; 
certificación que se expidió a los 4 meses y medio del acta de recepción, fuera del plazo de 3 meses 
establecido al efecto en el artículo 235.1 del TRLCSP, con un saldo a favor del contratista 
representativo del 5% del precio del contrato. 
Por último y aunque se ordenó la cancelación de la garantía definitiva una vez concluido el plazo de 
garantía, tampoco se ha aportado el expediente de la liquidación del contrato, expresamente 
requerido y que debió aprobarse previamente a dicha cancelación. 
- Contrato de obras de rehabilitación de la antigua sucursal del Banco de España en Pamplona (nº 58 
de la relación anexa-MINHAP), formalizado el 20 de noviembre de 2014 con un precio de 
2.364.744,76 euros y con un plazo de 18 meses. 
Con fecha 30 de marzo de 2016, se aprobó una modificación del contrato formalizada el 5 de mayo 
con un importe adicional de 46.931,07 euros, sin incremento de plazo. Aunque, en su mayor parte, 
la modificación estaba justificada y tiene cobertura en la modificaciones previstas en el respectivo 
PCAP al amparo del artículo 106 del TRLCSP, entre otras actuaciones, se incluyeron en la misma 
algunos nuevos trabajos no previstos en el proyecto primitivo que eran necesarios para dar 
cumplimiento a aspectos de la normativa de incendios y de accesibilidad (modificación del recinto del 
ascensor de emergencia) y para mejorar el funcionamiento y las comunicaciones internas del edificio, 
que ponen de manifiesto ciertas imprevisiones y deficiencias en el proyecto primitivo. 
La certificación final se emitió y abonó en 2017, con retraso, lo que originó una petición de abono de 
intereses de demora por el adjudicatario. 
- Contrato de suministro de energía eléctrica para la sede de Alcalá, 37-Madrid (nº 59 de la relación 
anexa-MSSSI), formalizado el 1 de enero de 2012 con un precio máximo de 1.584.000,00 euros y 
con un plazo improrrogable de 3 años. 
Durante su ejecución, se formalizó una modificación el 19-9-2014 con un importe de 63.657,99 euros, 
IVA incluido, que implicó un incremento del precio primitivo del contrato representativa del 3,32%, no 
prevista en el PCAP, que consistió, únicamente, en el incremento del precio sin modificación del 
objeto del contrato, motivándose la misma en cambios normativos, concretamente, de las órdenes 
ministeriales por las que se revisaron los peajes de acceso de energía eléctrica. La memoria 
justificativa es de 17-6-2014 y en ella se incluyeron previsiones para el año 2014 y para el año 2015. 
La Abogacía del Estado informó favorablemente la propuesta (aunque sin citar artículos de las 
normas en que se fundamenta ni especificar las resoluciones del Consejo de Estado ni las sentencias 
del Tribunal Supremo cuya doctrina menciona), calificando el expediente de “recomposición del 
equilibrio económico y financiero del contrato”; calificación que se recoge en el documento de 
formalización, denominado “adenda”, en el que no se menciona la modificación sino que se alude a 
una “alteración del equilibrio económico y financiero del contrato”. A este respecto, en la LCSP, 
aplicable a este contrato, únicamente se prevé el reajuste del equilibrio económico-financiero para el 
contrato de concesión de obras públicas en sus artículos 241 y concordantes y no para el de 
suministro. A pesar de ello, esta actuación se comunicó de oficio al Tribunal de Cuentas como una 
modificación del contrato. Lo anteriormente expuesto pone en evidencia que esta modificación 
encubrió una revisión de precios que no se había previsto en el PCAP del contrato (en el apartado 
28 de la Hoja-Resumen del PCAP, regulador de la revisión de precios del contrato, se había 
establecido, exclusivamente, la improcedencia de la revisión del “precio kw/h”) y que, por tanto, era  es
improcedente a tenor de los artículos 77 a 79 de la LCSP, preceptos reguladores de la revisión de  oe.
precios de los contratos administrativos, que únicamente permiten dicha revisión de acuerdo con la  w.
fórmula o el sistema de revisión que expresamente se haya detallado en el PCAP.  50ww

 
En los antecedentes del documento de formalización, se mencionan otras 2 adendas aprobadas el 
19-12-2012 y el 19-12-2013, por las que el precio del contrato se incrementó en 35.306,52 y 
40.408,41 euros, IVA incluido, respectivamente, que no fueron comunicadas de oficio, en su 
momento, a este Tribunal. 
En el expediente examinado, no obra la liquidación del contrato. 
- Contrato de vigilancia y seguridad del Centro Eurolatinoamericano de Juventud (nº 63 de la relación 
anexa-MSSSI/INJUVE), formalizado el 5 de noviembre de 2012 con un precio de 311.475,70 euros 
y con un plazo de 24 meses a contar del 1-1-2013 al 31-12-2014. 
Durante la ejecución de este contrato, se tramitó una modificación con un incremento adicional de 
9.616,10 euros, IVA excluido, que no fue comunicada de oficio, en su momento, al Tribunal de 
Cuentas y cuyo expediente está incompleto al no haberse aportado el reajuste de la garantía y la 
formalización documental, expresamente solicitados y requeridos por los artículos 99.3 y 219.2 del 
TRLCSP, siendo el último documento remitido la conformidad del contratista, que está fechada el 18-
11-2014. Por otra parte, solicitada la aportación de la resolución de aprobación del modificado por el 
órgano de contratación, prevista en el artículo 97.4 del RGLCAP, se ha remitido, en su lugar, una 
resolución de aprobación del respectivo gasto carente de fecha y de la motivación requerida por el 
precitado artículo.  
A este respecto, es de señalar que las modificaciones previstas del contrato se establecieron en el 
PPT sin indicarse el procedimiento que había de seguirse para ello ni el límite de las mismas y, por 
tanto, sin cumplirse plenamente los requisitos del artículo 106 del TRLCSP. 
La única justificación de la necesidad de la modificación que figura en los documentos aportados es 
el “aumento de las actividades llevadas a cabo durante el año 2013 (20,95%) así como el de 
participantes  en  las  mismas  (30%)”,  justificación  excesivamente  genérica  e  imprecisa  al  no 
especificarse en qué consistieron las actividades aumentadas con respecto a las inicialmente 
previstas ni su número, así como tampoco el de participantes superiores a los previstos. Por 
consiguiente, la modificación no está adecuadamente justificada. 
- Contrato de prestación de servicios postales en el procedimiento especial de arbitraje  ante la Junta 
Arbitral Nacional de Consumo, adscrita al INC (nº 64 de la relación anexa-MSSSI/INC), formalizado 
el 9 de agosto de 2013 con un precio de 366.318,00 euros y con un plazo “desde la firma del contrato 
hasta el 30-11-2014”, prorrogable con una duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas, de 
36 meses. 
Ocho meses antes de la expiración del plazo, mediante resolución de 26-3-2014, se aprobó una 
prórroga  que  se  formalizó  el  27-3-2014,  sin  especificar  su  duración,  “por  un  importe  de 
366.318,00 euros, impuestos excluidos”. Tanto por la fecha en que se formalizó como por el 
contenido del acuerdo de la prórroga, se deduce que, en realidad, se trató de una modificación del 
contrato por la que se incrementaron las prestaciones y el importe, sin incremento del plazo. 
En este sentido, en la memoria justificativa de esta “prórroga”, emitida el 27-2-2014, cuando 
solamente habían transcurrido seis meses y medio de haberse formalizado el contrato originario, 
consta que, estando a punto de finalizar las 100.000 notificaciones contratadas, se estimó que eran 
necesarias otras 100.000 notificaciones más, por lo que “se hace necesario proceder a la prórroga 
de dicho contrato en 100.000 notificaciones”. En consecuencia, más que una prórroga temporal, 
realmente se trató de una modificación con una alteración sustancial del objeto del contrato porque 
implicó un incremento del 100% del precio primitivo, aprobada cuando solamente había transcurrido 
el 42% del plazo. Todo lo cual pone de manifiesto la deficiente estimación de las necesidades  es
existentes en la preparación del contrato originario, con la consiguiente distorsión de las condiciones  oe.
en que dicho contrato fue públicamente licitado.  w.
 
A estos efectos, en el apartado 25 de la Hoja-Resumen del respectivo PCAP, se había establecido, 
expresamente, la improcedencia de modificaciones a los efectos del artículo 106 del TRLCSP, por lo 
que únicamente podían realizarse modificaciones en los supuestos y con los requisitos y límites del 
artículo 107 de la misma Ley, que establece un límite máximo del 10% de incremento adicional del 
precio para el conjunto de las modificaciones del contrato. Por lo tanto, en la ejecución de este 
contrato, se aprobó una modificación irregular del mismo que implicó una alteración sustancial del 
100% de su importe, con infracción de lo dispuesto en el artículo 107.3.d) del TRLCSP. 
En el expediente examinado, no consta la liquidación del contrato requerida por el artículo 222.4 del 
TRLCSP. 
- Contrato de vigilancia y seguridad en distintas dependencias del MSSSI (nº 66 de la relación 
anexa-MSSSI), formalizado el 27 de diciembre de 2013 con un precio de 821.424,95 euros y con un 
plazo de un año a contar del 1-1 al 31-12-2014, prorrogable por 6 meses. 
El 26-11-2014 se aprobó la primera prórroga del plazo por un periodo de 3 meses, del 1-1-2015 al 
31-3-2015 con un importe de 244.821,36 euros, IVA incluido. 
En la memoria justificativa de esta prórroga consta que, desde el mes de mayo de 2014, el personal 
ubicado en la sede del Protectorado de Fundaciones, sito en la calle Bravo Murillo nº 4, fue trasladado 
a la sede central del Ministerio, “absorbiendo dicho servicio de vigilancia y seguridad el propio 
Ministerio de Sanidad, no suponiendo con ello ningún tipo de modificación en el contrato vigente, al 
realizar la misma jornada laboral de horas, a igual precio y mismos días de la semana, viéndose tal 
incidencia reflejada en las facturas correspondientes a partir de dicha fecha (la omisión de la sede 
de Bravo Murillo)” y, de hecho, la vigilancia del mencionado edificio no consta en las certificaciones 
mensuales de servicios prestados a partir del mes de junio de 2014. Sin embargo y a pesar de ello, 
el contrato no se modificó a la baja, como hubiera sido procedente, por la desaparición de la 
necesidad de vigilar uno de los edificios que formaba parte del objeto del contrato primitivo 
(concretamente, en el PPT del contrato primitivo, se incluía la dotación de un vigilante de seguridad 
sin arma, todos los días laborables, de lunes a viernes de 7:30 a 19:00 horas, en el acceso de entrada 
al edificio de la calle Bravo Murillo, 4). A este respecto, en el apartado 25.2 de la Hoja-Resumen del 
PCAP, se previó la modificación del contrato por el “número de sedes en más o en menos dentro de 
la misma localidad”, por lo que el contrato debió modificarse en menos al reducirse el número de 
sedes a vigilar. En consecuencia y al no haberse modificado el contrato, a partir de junio de 2014 se 
estuvo abonando un servicio cuya necesidad había desaparecido ya que no se justifica en el 
expediente la necesidad de mantener el personal específicamente dedicado, con anterioridad, a la 
vigilancia del edificio de la calle Bravo Murillo, 4 en el edificio de los servicios centrales del Ministerio, 
que ya contaba con su propio servicio de vigilancia. 
En el expediente examinado, no obra la liquidación del contrato requerida por el artículo 222.4 del 
TRLCSP. 
II.4.   RESOLUCIONES DE CONTRATOS 
Las resoluciones de los contratos públicos se hallan reguladas, por lo que a los contratos incluidos 
en la presente fiscalización se refiere, en los artículos 111 a 113, 149 a 151, 192, 193, 214 y 215 del 
TRLCAP, 197, 206 a 208, 220 a 222, 245 a 247, 275, 276, 284 y 285 de la LCSP, 213, 223 a 225, 
237 a 239, 269 a 271, 299, 300, 308 y 309 del TRLCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP. 
Esta  regulación  supedita  la  resolución  de  los  contratos  a  la  existencia  de  unos  supuestos 
específicamente tasados, así como de un interés público que ha de justificarse en el correspondiente 
expediente, el cual ha de ser informado por la Abogacía del Estado, por la Intervención y, en los  e.e
supuestos de oposición del contratista, además, por el Consejo de Estado. Cuando los motivos de la  bo
resolución contractual fueran imputables al contratista, la normativa citada requiere que se realice  50ww

 
una valoración de los daños y perjuicios causados a la Administración, con incautación de la garantía 
definitiva y, cuando el importe de esta fuera inferior al de los daños causados, la realización de las 
consiguientes actuaciones para el resarcimiento del erario público por la diferencia. A estos efectos, 
es importante tener presente que únicamente es posible la resolución de mutuo acuerdo entre la 
Administración y el contratista cuando concurra una causa objetiva de interés público y no exista 
incumplimiento alguno imputable al contratista. 
En los contratos fiscalizados y por lo que a esta incidencia se refiere, se han observado las siguientes 
deficiencias: 
- Contrato de obras de construcción de la senda peatonal entre el Faro de Cabo Mayor hasta la 
Virgen del Mar. Santander (nº 16 de la relación anexa-MAGRAMA), formalizado el 28 de noviembre 
de 2013 con un precio de 808.767,40 euros y con un plazo de 12 meses. 
Este contrato se resolvió mediante Acuerdo de 27-4-2015 a causa de la oposición vecinal y del 
Ayuntamiento de Santander a la ejecución de la senda tal y como se había planteado en el proyecto, 
demandando una modificación del mismo. Como la normativa no permitía la modificación del 
proyecto porque no tenía encaje en el artículo 106 ni en el artículo 107 del TRLCSP, se optó por una 
resolución  basada  en  el  desistimiento  unilateral  de  la  Administración.  Sin  embargo,  dicho 
desistimiento tenía como finalidad una modificación del proyecto que se estaba ejecutando, por lo 
que pudo constituir una actuación en fraude de ley ya que, al amparo de una causa legal de 
resolución contractual (desistimiento) se persiguió un fin distinto (la modificación del contrato) que no 
tenía encaje en la normativa reguladora de las modificaciones contractuales.  
En relación con la oposición que suscitaron las obras, en el antecedente 3º del acuerdo de resolución 
del contrato se afirma que el proyecto fue sometido a información pública y, en el antecedente 1º del 
dictamen del Consejo de Estado, figura que, aunque la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria 
indicó que el proyecto debía someterse al trámite de evaluación de impacto ambiental, la DG de 
Calidad y Evaluación Ambiental resolvió que no procedía someter dicho proyecto (que, según datos 
obrantes en el antecedente 1º del dictamen aportado del Consejo de Estado, debió redactarse antes 
del año 2004, casi diez años antes de formalizarse el contrato) al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental, considerándose que esta última DG era la competente por tratarse de una obra 
estatal. 
El proyecto originario se había redactado por una empresa consultora en julio de 2003, más de 10 
años antes de formalizarse el contrato. Según consta en la memoria del proyecto, se concedió a la 
empresa redactora del proyecto una prórroga de 4 meses con la finalidad de buscar un consenso 
social  entre  las  distintas  soluciones  a  adoptar  con  los  diversos  organismos  implicados  del 
Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma y dicho proyecto fue sometido a información pública y a 
consulta de los organismos implicados. En julio de 2005, se redactó una adenda para recoger las 
correcciones propuestas como resultado de la información pública y de la consulta efectuada, 
procediéndose, posteriormente, a la expropiación de los terrenos necesarios. En junio de 2012, se 
redactó un proyecto refundiendo el originario con la adenda. Por consiguiente, se observa una 
tramitación significativamente dilatada del proyecto, de 9 años de duración, que pudo incidir en la 
obsolescencia del mismo y en la oposición posteriormente suscitada por la ejecución de las obras. 
El 23-1-2004 se emitió un informe de supervisión sobre el proyecto del año 2003, en el que figura un 
presupuesto de ejecución por contrata de 2.015.389 euros, que es superior y no coincide con el 
presupuesto aportado del proyecto refundido de junio de 2012 (1.919.826,06 euros), sin que conste 
justificación  de  esta  diferencia.  Finalmente,  la  obra  salió  a  licitación  pública  por  el  importe 
presupuestado en el proyecto, ajustado a una variación del IVA. 
De la documentación aportada, se desprende que el proyecto originario fue sometido a información  oe.
pública y consultas en 2004, siendo en aquel entonces evaluadas las propuestas recibidas del  w.
Ayuntamiento y de una denominada “Asamblea para la Defensa de la Senda Costera” (de la que se  50ww
 
ha aportado un escrito sin firma, fecha ni identificación de sus autores), que solicitaron una 
modificación improcedente del contrato. La solicitud de modificación del mismo fue considerada 
injustificada por el Jefe de la Demarcación de costas de Cantabria, aunque, teniendo en cuenta una 
marcha de protesta vecinal contra las obras por considerarlas agresivas con el entorno y los 
numerosos actos vandálicos producidos en las obras, propuso la paralización total de las obras y 
sometió el asunto al Ministerio. 
El contratista mostró su conformidad con la resolución por desistimiento de la Administración pero se 
opuso a la cuantificación de daños y a la indemnización propuesta por esta, exigiendo una 
indemnización significativamente mayor. Tras la emisión de varios informes, el Consejo de Estado 
dictaminó que procedía una indemnización de 19.097,06 euros y por este importe se emitió el 
correspondiente documento contable ADOK. 
Con fecha 18-7-2018, se ha informado a este Tribunal que el proyecto de finalización de la senda ha 
sido sometido al procedimiento de información pública y oficial pero está paralizado y no ha 
continuado su tramitación al no haberse emitido el informe de la Comisión Regional de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, solicitado por el Ayuntamiento de Santander, en aplicación de las 
previsiones del Plan Especial de Sendas y Caminos Litorales de Cantabria, sin que conste haberse 
emitido el mencionado informe a enero de 2019. 
Las incidencias anteriormente expuestas, ponen de manifiesto una acusada falta de rigor y diligencia 
en la gestión administrativa del contrato. 
- Contrato de rehabilitación medioambiental de la fachada costera del casco urbano de Altea (nº 23 
de la relación anexa-MAGRAMA), formalizado el 29 de noviembre de 2013 con un precio de 
3.660.443,40 euros y con un plazo de 24 meses. 
El acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras se firmó el 27-12-2013 y en la misma se 
hizo constar que “la Administración autoriza al contratista la iniciación de las obras a partir del día 
siguiente al de comunicación al adjudicatario de la aprobación del Plan de Seguridad y Salud”; plan 
que, según consta en un escrito de 23-4-2014, había sido aprobado el anterior día 26 y se notificó al 
contratista el mismo día de la comprobación del replanteo, por lo que las obras debieron comenzar 
a ejecutarse el día 28-12-2013. Sin embargo, la primera certificación mensual, correspondiente a 
enero de 2014, es de importe cero, siendo la primera certificación con importe de obras ejecutadas 
la segunda, correspondiente al mes de febrero de 2014, lo que implica que el comienzo de las obras 
sufrió una demora irregular de un mes cuyas causas no constan. 
Por otra parte, las certificaciones de obras ejecutadas números 7 a 12, expedidas entre los meses 
de julio y diciembre de 2014, también son de importe cero, sin que se hayan aportado los expedientes 
de suspensión temporal total, expresamente requeridos, que pudieran amparar esta paralización 
irregular de las obras. A este respecto, en varios informes constan incumplimientos del plazo por el 
contratista sin que se suspendieran las obras, aprobaran prórrogas ni se le impusieran penalidades 
por demora. Concretamente, el 7 de febrero de 2014 la Directora de las Obras puso expresamente 
de  manifiesto  al  contratista  varios  incumplimientos  y  retrasos  en  numerosas  actuaciones, 
requiriéndole para que “de forma inmediata” dispusiera los medios humanos y materiales necesarios 
para el correcto desarrollo de las obras, reiterándose dicho requerimiento un mes después. Con fecha 
8 de abril del mismo año, el Servicio de Proyectos y Obras emitió un informe en el que se relacionaban 
varios retrasos e incumplimientos injustificados, de los que “se deriva la posibilidad de que resulte 
necesario proceder a la suspensión temporal de las obras”, considerando que “dicha suspensión 
temporal podría ser imputable al contratista con las consecuencias previstas en el PCAP y en el 
TRLCSP”. A pesar de ello, no se ordenó el inicio de expediente alguno para la depuración de las 
responsabilidades del contratista ni para la imposición al mismo de las penalidades por demora  es
previstas en el artículo 212 del TRLCSP y en la cláusula 32 del PCAP del contrato, lo que implica  oe.
una deficiente actuación administrativa en defensa de los intereses públicos.   w.

 
Finalmente, tras haber sido declarado el contratista en concurso de acreedores, se acordó la 
resolución del contrato con fecha 12-12-2014, levantándose el 20-2-2015 un acta de medición y 
comprobación  de  las  obras  ejecutadas  que  se  cuantificaron  en  39.464,46 euros  sobre  un 
presupuesto vigente líquido de 4.429.136,51 euros, lo que implica que solamente se había ejecutado 
el 0,89% del contrato. 
II.5.  CESIONES DE CONTRATOS 
La regulación sobre las cesiones de los contratos públicos, por lo que a los contratos incluidos en la 
presente fiscalización se refiere, está contenida en los artículos 114 del TRLCAP, 90.4 y 209 de la 
LCSP, 102.4 y 226 TRLCSP y 97 del RGLCAP. En virtud de estas disposiciones, las cesiones de los 
contratos públicos se someten, únicamente y con carácter general, a la previa ejecución por el 
contratista cedente del 20% del importe del contrato, a la constatación de la capacidad y solvencia 
del contratista cesionario, a la autorización por el órgano de contratación y a la formalización en 
escritura pública; trámites a los que debe añadirse el informe de la Asesoría jurídica y la sustitución 
de la garantía del contratista cedente por la nueva garantía que debe constituir el contratista 
cesionario. 
En las cesiones de contratos examinadas, se han observado las siguientes incidencias: 
- Contrato de obras de Mejora del abastecimiento a Aspe y Hondón de las Nieves (nº 19 de la relación 
anexa-MAGRAMA/MCT). 
Aunque con fecha 3 de junio de 2015 se formalizó la cesión del contrato, previa autorización 
administrativa por parte de la MCT de fecha 25 de mayo de 2015, con antelación a los trabajos de la 
presente fiscalización no se tenía en el Tribunal de Cuentas información alguna sobre dicha cesión, 
que debería haber sido comunicada de oficio en el plazo de tres meses desde la fecha en que se 
produjo. Requeridos el informe de la Asesoría Jurídica y la escritura pública de la cesión (arts. 226 
del TRLCSP y del 97 del RGLCAP), no se han aportado dichos documentos aunque, con respecto 
al segundo, se ha remitido una “escritura de ratificación” de la escritura de cesión, en la que figura la 
denominación y la fecha de ésta pero no su contenido.  
- Contrato de vigilancia y seguridad sede central del Parque Móvil del Estado (nº 56 de la relación 
anexa-MINHAP/PME). 
En la presente fiscalización y en relación con este contrato, se ha indicado que “El contrato fue 
suscrito con fecha 29/06/2012, con una duración de 1 año a partir del 1-7-2012 y con posibilidad de 
prórroga.  Iniciada  la  ejecución,  (el  contratista)  solicitó,  con  fecha  31-10-2012,  la  preceptiva 
autorización del O.C. para proceder a la cesión del contrato a favor de la empresa (XX). Dicha 
autorización fue concedida con fecha 5-12-2012, realizándose la cesión con efectos de 18-1-2013. 
En 2013, con bastante antelación a la finalización del periodo inicial, el O.C. decidió proceder a una 
nueva licitación para el servicio de seguridad dado que no se iba a ejecutar la opción de prórroga 
prevista en el pliego del contrato objeto de muestra, cuyas prestaciones finalizaron el 30-6-2013. Así 
pues, no existe ninguna incidencia que reseñar para el contrato seleccionado, Expte.1985/2012, ya 
que su finalización (en 2013) se produjo con anterioridad al periodo objeto  de fiscalización 
(2014-2016).” 
No obstante y con respecto a la afirmación final, debe indicarse que, al no haberse aportado el 
documento acreditativo del acto formal y positivo de recepción o conformidad, que debió emitirse 
dentro del mes siguiente a la ejecución total del contrato, expresamente solicitado y requerido por el 
artículo 222.2 del TRLCSP, no se ha acreditado la fecha de expiración de su vigencia temporal ni, 
por tanto, su exclusión del ámbito temporal de la presente fiscalización; sin que la aportación de  e.e
varias certificaciones parciales de servicios prestados mensualmente y de una nota interior sobre el  bo
cumplimiento satisfactorio del servicio, emitida a los efectos de devolución de la garantía definitiva,  50ww
 
subsane la omisión del preceptivo acto formal de recepción, particularmente, por lo que respecta a 
la fijación de la fecha de extinción de la vigencia temporal del contrato. 
II.6.  SUBCONTRATACIONES 
La regulación de las subcontrataciones figura, por lo que a los contratos incluidos en la presente 
fiscalización se refiere, en los artículos 115 y 116 del TRLCAP, 210 y 211 de la LCSP, 227 a 228 bis 
TRLCSP y 67 del RGLCAP, en una normativa caracterizada por su parquedad y laxitud, que 
únicamente requiere para poder celebrar subcontratos entre los contratistas y otras empresas que 
en los PCAP se fije un porcentaje máximo, sin limitación, susceptible de ser subcontratado o, en el 
supuesto de que dicho límite no se hubiera establecido, que el importe total subcontratado no exceda 
del 50% del importe del contrato, en los contratos sometidos al TRLCAP, o del 60%, en los contratos 
sometidos a la LCSP o al TRLCSP. No se precisa, al contrario que las cesiones, de autorización 
administrativa alguna (con la salvedad de los contratos de carácter secreto o reservado) sino que 
basta la comunicación anticipada y por escrito del contratista a la Administración de su intención de 
celebrar el subcontrato, indicando la parte que pretende subcontratar, la identidad del subcontratista 
y justificando su aptitud para la ejecución de la parte subcontratada.  
Dado que la normativa no impone obligación alguna de publicar las subcontrataciones y habida 
cuenta  de  la  inexistencia  de  relaciones  económico-financieras  entre  la  Administración  y  los 
subcontratistas, lo que implica la ausencia de información sobre éstos en la contabilidad pública de 
los entes y organismos públicos contratantes, la única fuente de conocimiento para este Tribunal de 
las subcontrataciones producidas ha consistido en la específicamente requerida y aportada por los 
departamentos ministeriales y organismos públicos implicados en la presente fiscalización a través 
de las relaciones certificadas de incidencias en la ejecución de contratos. 
Examinadas dichas relaciones, se observa lo siguiente: 
- Las relaciones certificadas correspondientes a los contratos celebrados por la CHS28 (núms. 8 a 14 
de la relación anexa), la CHT (nº 15 de la relación anexa), la CHGr (nº 4 de la relación anexa), la 
CHM (nº 7 de la relación anexa), la MCT (núms. 18 y 19 de la relación anexa), el INC (nº 64 de la 
relación anexa), la Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (núms. 59, 66 y 67 de la 
relación anexa) y la AEMPS (núms. 60 a 62 de la relación anexa) no contienen los datos solicitados 
sobre la existencia o inexistencia de subcontratos, por lo que no se ha aportado la información 
expresamente requerida. 
- De los 67 contratos fiscalizados, únicamente consta en las relaciones la existencia de subcontratos 
en dos de ellos, concretamente, de 31 subcontratos en el contrato número 18 (MCT) y de 38 
subcontratos en el contrato número 20 (MAGRAMA). 
En los contratos examinados, se aprecia lo siguiente: 
- Contrato de obras de construcción de la senda peatonal entre el Faro de Cabo Mayor hasta la 
Virgen del Mar. Santander (nº 16 de la relación anexa-MAGRAMA). 
El acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras fue negativa porque el representante de 
la empresa alegó que era necesaria la designación de un Coordinador de Seguridad y Salud “por la 
utilización de subcontratas y/o trabajadores autónomos”; sin embargo, no consta documentación de 
subcontrataciones ni declarado su existencia en la correspondiente relación certificada de incidencias 
en la ejecución del contrato. 
                                                 b
r2e8 aElinz aedl otrsá mínitteeg draem aelengtaec cioonne pse, rlsao CnHalS p rhoap iinof odrem laa deom qpurees lao sc otrnatbraatjoisst ac.o rrespondientes a sus respectivos contratos fueron  50ww

 
- Contrato de obras de renovación del Canal de Murcia. Tramo II-Hms 45 al 81,6. Molina del Segura 
(nº 18 de la relación anexa-MCT). 
Se han remitido varias páginas del libro de subcontratación en las que figuran algunos datos de los 
subcontratos celebrados, todos ellos ejecutados en 2015, pero no los documentos expresamente 
requeridos por este Tribunal (comunicaciones anticipadas del contratista a la Administración, los 
informes emitidos, en su caso, por la Dirección facultativa o por el Servicio o unidad administrativa 
responsable del contrato y la acreditación de la aptitud de los subcontratistas). 
- Contrato de abastecimiento a los núcleos de población inmediatos al acueducto Tajo-Segura (nº 20 
de la relación anexa-MAGRAMA). 
Se han remitido páginas del libro de subcontratación en las que figuran algunos datos de 38 
subcontratos celebrados, todos ellos ejecutados entre los ejercicios 2014 y 2016, así como un 
certificado firmado el 28-6-2016 por el Director Técnico de las obras en el que se indica que el importe 
total subcontratado fue del 34,49% sobre el presupuesto total de adjudicación, IVA excluido, junto 
con varios cálculos anejos, siendo dicho porcentaje, por consiguiente, inferior al límite máximo 
establecido al efecto en el correspondiente PCAP (50%) aunque no coincide con el calculado por el 
contratista (33,69%) en un documento fechado el 24-6-2016. Al igual que en el contrato anterior, en 
este tampoco se han aportado las comunicaciones anticipadas del contratista a la Administración, 
los informes emitidos, en su caso, por la Dirección facultativa o por el Servicio o unidad administrativa 
responsable  del  contrato  y  la  acreditación  de  la  aptitud  de  los  subcontratistas,  documentos 
expresamente requeridos. 
En conclusión, la limitada información y documentación aportada sobre las subcontrataciones pone 
de manifiesto, con carácter general, la falta del adecuado control y seguimiento administrativo sobre 
esta materia. 
II.7.   PRÓRROGAS DE SERVICIOS 
Las prórrogas de los contratos de consultoría, asistencia y servicios (TRLCAP) o de los contratos de 
servicios (LCSP y TRLCSP) se hallan reguladas, por lo que a los contratos incluidos en el ámbito de 
la presente fiscalización se refiere, en los artículos 198 del TRLCAP, 279 de la LCSP y 303 del 
TRLCSP. 
A este respecto, los contratos de consultoría y asistencia y los de servicios sometidos al TRLCAP 
podían tener un plazo de vigencia máximo de dos años con la posibilidad de ser prorrogado por 
mutuo acuerdo de las partes hasta dos años más, sin que la duración total del contrato, incluidas las 
prórrogas, pudiera exceder de cuatro años, y los contratos de servicios sometidos a la LCSP o al 
TRLCSP podían tener un plazo de vigencia máximo de cuatro años con la posibilidad de prorrogarse 
por mutuo acuerdo de las partes hasta dos años más, sin que la duración total del contrato, incluidas 
las prórrogas, pudiera exceder de seis años. En ambos casos, la duración de las prórrogas no podía 
superar, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente. 
Las prórrogas de estos contratos, a diferencia de las de los contratos de obras, siempre implican un 
mayor gasto por la prolongación en el tiempo de la prestación de los servicios inicialmente 
contratados, por lo que los respectivos expedientes, además de la correspondiente propuesta o 
solicitud de inicio, deben someterse, entre otros trámites, a la fiscalización previa del gasto por la 
Intervención y no deben comprender prestaciones distintas de las inicialmente contratadas. 
En los expedientes de prórrogas examinados, se han apreciado las siguientes deficiencias: 
- Contrato de vigilancia y seguridad de diversos locales de la AEMET (nº 1 de la relación  bo
anexa-MAGRAMA), formalizado el 20 de diciembre de 2012 con un plazo de 24 meses a contar  w.
 
desde  el  1-1-2013  hasta  el  1-1-2015,  prorrogable  por  otros  24  meses,  con  un  precio  de 
4.410.450,00 euros, IVA incluido (importe anual de 2.205.225,00 y mensual de 183.768,75 euros), 
revisable por el 85% de la variación del IPC. 
La primera revisión del precio de este contrato se aprobó el 17-3-2014 con un importe anual adicional 
de 3.748,88 euros (de lo que resulta una mensualidad de 184.081,16 euros), correspondiente a la 
aplicación del 85% de la correspondiente variación del IPC. Sin embargo, en los respectivos 
documentos contables de reserva de crédito (RC), aprobación del gasto (A) y disposición del gasto 
(D) figura que este importe es “por 2 años”, lo que resulta contradictorio. 
La primera prórroga se formalizó el 11-9-2014 por un periodo de 5 meses, del 1-1-2015 al 31-5-2015, 
con un importe de 918.843,75 euros con IVA, de acuerdo con el contrato y la normativa (importe 
mensual de 183.768,75 euros igual al del contrato inicial no revisado), a pesar de que dicho precio 
había sido revisado con anterioridad, por lo que esta prórroga se formalizó con un precio no 
actualizado. 
No obstante y a pesar de que, en el expediente de la prórroga, se aprobó un gasto por el importe 
inicial sin revisar, los pagos mensuales se hicieron efectivos por el importe mensual revisado 
(184.081,16 euros). Por consiguiente, en la ejecución de la prórroga se abonaron pagos por un 
importe total superior al gasto de la prórroga aprobado aunque, hasta el mes de marzo de 2015, 
inclusive, los excesos en los respectivos pagos mensuales podían imputarse al gasto anual aprobado 
en el expediente de la 1ª revisión del precio. 
La propuesta de la prórroga formulada por el Director de Administración de la AEMET se fundamentó 
en que estaba prevista la centralización del servicio para el 31-5-2015. A este respecto, en el 
expediente de la prórroga y a diferencia de las restantes, no consta el informe previo favorable de la 
DG de Racionalización y Centralización de la Contratación del MINHAP, necesario por tratarse de un 
servicio de contratación centralizada según lo dispuesto en los artículos 2 y 5 de la Orden 
EHA/1049/2008, de 10 de abril, de bienes y servicios de contratación centralizada, en su redacción 
dada por la Orden HAP/536/2014. 
El 27-2-2015 se formalizó la segunda prórroga por un periodo de 7 meses, del 1-6-2015 al 
31-12-2015, con un importe de 1.286.381,29 euros con IVA, de acuerdo con el contrato y la normativa 
y con un importe mensual de 183.768,75 euros, igual al del contrato inicial no revisado, a pesar de 
que dicho precio había sido revisado con anterioridad a la primera prórroga, con lo que esta prórroga 
se formalizó también con un precio no actualizado. 
Aunque en el expediente de esta prórroga se aprobó un gasto por el importe inicial sin revisar, los 
pagos  mensuales  se  hicieron  por  el  importe  mensual  ya  revisado  (184.081,16 euros).  Por 
consiguiente y en principio, en la ejecución de esta prórroga se abonaron pagos por un importe total 
superior al gasto aprobado, si bien el exceso por la revisión de precios pudiera tener amparo en la 
posterior aprobación del gasto de la 3ª prórroga, que se realizó por el importe conjunto inicial más el 
de la revisión en una fecha parcialmente ilegible de junio de 2015 (mes de inicio de la 2ª prórroga). 
En el informe de la DG de Racionalización y Centralización de la Contratación del MINHAP sobre 
esta prórroga, de 28-1-2015, se afirma que “la incorporación de las dependencias de la AEMET 
situadas en el término municipal de Madrid al contrato centralizado de seguridad privada y de 
servicios auxiliares de control tendrá lugar en la tercera fase del mismo” pero sin especificarse la 
fecha en que debía ejecutarse dicha fase.  
La tercera prórroga se formalizó el 31-7-2015 por un periodo de 6 meses, del 1-1-2016 al 30-6-2016, 
con un importe de 1.108.235,88 euros con IVA, de acuerdo con el contrato y la normativa (importe  es
mensual igual al del contrato revisado), con lo cual esta prórroga, a diferencia de las anteriores, se  oe.
formalizó con el precio actualizado.  w.

 
No obstante, en el respectivo expediente se autorizaron dos gastos con sus correspondientes  
documentos contables RC, A y D: el primero con un importe de 1.104.186,96 euros, en cuyo 
respectivo RC figura “Prórroga… por 6 meses del 1-1-2016 al 30-6-2016”, y el segundo con un 
importe de 3.784,92 euros, en cuyos documentos contables únicamente figura “Servicio de seguridad 
y vigilancia diversos locales AEMET por 2 años”. Este último importe coincide con el importe anual 
adicional aprobado en la primera revisión de precios del contrato con fecha 17-3-2014. La aprobación 
del gasto se hizo por el importe conjunto (inicial + revisión) de junio de 2015 (mes de inicio de la 2ª 
prórroga). 
En el informe de la DG de Racionalización y Centralización de la Contratación del MINHAP sobre 
esta prórroga, de 2-3-2015, y a diferencia del emitido con ocasión de la prórroga anterior, ya no se 
alude a la tercera fase del contrato centralizado de seguridad privada y de servicios auxiliares de 
control, sino que se afirma que no estaba establecida la fecha de incorporación de las dependencias 
de la AEMET, situadas en el término municipal de Madrid, al contrato centralizado de seguridad 
privada y de servicios auxiliares de control, lo que resulta incongruente con la fundamentación del 
informe anteriormente emitido por la misma DG.  
El 29-10-2015, ocho meses antes de la expiración de la prórroga anterior, se formalizó la cuarta 
prórroga por un periodo de 5 meses, del 1-7-2016 al 30-11-2016 con un importe de 920.405,80 euros, 
IVA incluido, de acuerdo con el contrato y la normativa (importe mensual de 184.081,16 euros, igual 
al del contrato revisado). 
En el informe de la DG de Racionalización y Centralización de la Contratación del MINHAP sobre 
esta prórroga, de 1-7-2015, se afirma, al igual que en el de la prórroga anterior, que todavía no estaba 
determinada la fecha de incorporación de las dependencias de la AEMET, situadas en el término 
municipal de Madrid, al contrato centralizado de seguridad privada y de servicios auxiliares de control. 
Según consta en las propuestas de la AEMET sobre las prórrogas, la mencionada incorporación se 
había previsto, inicialmente, para el 31-5-2015 pero tal previsión se retrasó, reiteradamente, por 
circunstancias que no constan en la documentación examinada. 
Las incidencias anteriormente descritas ponen de manifiesto una falta de coordinación entre la 
planificación de la centralización del servicio y de la ejecución del contrato, así como una falta de 
rigor y diligencia en la adecuación del precio de las prórrogas a las revisiones procedentes. 
- Contrato de mantenimiento, conservación y explotación de las redes de control del sistema 
automático de información hidrológica (nº 7 de la relación anexa-MAGRAMA), formalizado el 25 de 
febrero de 2014 con un plazo de 9 meses, prorrogable por otros 9 meses, a contar desde el día 
1-3-2014, con un precio de 616.433,02 euros, IVA incluido. 
El 6-11-2014 se aprobó la primera prórroga de este contrato con una duración de 9 meses (del 
1-12-2014 al 31-8-2014) y con un importe de 616.433,02 euros, IVA incluido, (precio inicial sin 
variación), sin incidencias reseñables. 
El acta de recepción de conformidad fue emitida el 21-1-2016, casi 5 meses después de la 
terminación del plazo inicial y el de la primera y única prórroga posible, figurando asimismo en dicha 
acta el 31-8-2015 como fecha de finalización de los trabajos. En consecuencia las prestaciones 
objeto del contrato fueron recibidas con incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 
222 del TRLCSP, que requiere que la recepción se lleve a cabo dentro del mes siguiente a la 
terminación de la ejecución.  
En cuanto al expediente de liquidación del contrato, se han aportado todos los documentos del mismo 
excepto su aprobación por el órgano de contratación. La liquidación se realizó en febrero de 2017,  es
fuera del plazo de 30 días desde la recepción, establecido al efecto en el apartado 4º del artículo 222  oe.
del TRLCSP, cuando había transcurrido más de un año desde la recepción.  w.
 
 - Contrato de servicios de apoyo en la tramitación de actuaciones incluidas en el programa FEDER 
2007-2013 (nº 12 de la relación anexa-MAGRAMA), formalizado el 2 de diciembre de 2008 con un 
plazo prorrogable de 48 meses a contar desde la firma del contrato. 
Con carácter previo al análisis de las prórrogas, debe indicarse que, aun siendo el plazo de este 
contrato prorrogable, en el respectivo PCAP no se determinó el número de prórrogas posibles ni su 
concreta duración sino que se sometieron, con carácter general, al artículo 279.1 de la LCSP, lo que 
implica una deficiente regulación de las prórrogas en el mencionado pliego. 
La primera prórroga fue concedida el 18-10-2012 con una duración de 19 meses (del 3-12-2012 al 
2-7-2014) y con un importe de 611.651,90 euros, IVA incluido, de acuerdo con lo solicitado por el 
contratista y la Directora de los trabajos. El escrito del contratista solicitando la prórroga está fechado 
el 2 de octubre de 2012 pero fue registrado de entrada en la CHS el día 4 del mismo mes y año. Sin 
embargo, el informe de la Directora de los trabajos en el que propuso la concesión de la prórroga en 
los mismos términos e importe solicitados por el contratista (19 meses y 611.651,90 euros), se emitió 
el 3 de octubre de 2012, un día antes de la presentación en la CHS de la solicitud del contratista, lo 
que resulta incongruente. 
La segunda prórroga fue aprobada el 27-6-2014 con una duración de 45 días (del 3-7 al 16-8-2014) 
y con un importe de 30.126,80 euros, IVA incluido, de acuerdo con lo solicitado por el contratista y la 
Dirección de los trabajos. Aunque la Dirección de los trabajos propuso una prórroga de 43 días, esta 
se concedió por 45 días, sin variación del importe propuesto por la Dirección. La propuesta se motivó, 
muy genéricamente, en “diversas circunstancias” de las que solo se especifica una, por lo que está 
deficientemente justificada. 
- Contrato de limpieza, recepción y explotación de la cafetería comedor de la Residencia del 
Observatorio “Roque de los Muchachos” (nº 27 de la relación anexa-MEYC/IAC). 
Además de la incidencia que sobre la primera prórroga se ha puesto de manifiesto en el anterior 
apartado II.4 del Informe, se observa que este contrato fue indebidamente prorrogado sin cobertura 
contractual.  
En este sentido, habiéndose formalizado el contrato el 21 de mayo de 2012 con un plazo de 2 años, 
desde el 1-7-2012 hasta el 30-6-2014, inclusive, prorrogable un año más como máximo, y habiéndose 
formalizado y ejecutado dicha prórroga del 1-7-2014 al 30-6-2015, con fecha 1-07-2015 expiró la 
vigencia del contrato, a pesar de lo cual se emitió una Resolución de 29 de junio de 2015 del órgano 
de contratación del IAC por la que se declaró la necesidad de que se continuase prestando el servicio, 
en la que consta, expresamente, que “Dado que el contrato no admite más opción de prórroga, la 
actual empresa adjudicataria prestará el servicio en las mismas condiciones técnicas y económicas, 
hasta que se adjudique la nueva licitación”.  
 En consecuencia, los servicios estuvieron prestándose y abonándose, sin cobertura contractual 
desde la fecha en que expiró la vigencia del contrato ahora fiscalizado hasta el 1-11-2018, fecha en 
que comenzó a ejecutarse un contrato posterior, formalizado el 4-10-2018 para la prestación de los 
servicios, habiéndose abonado por dicho periodo a la misma empresa adjudicataria del contrato 
vencido un total de 805.641,20 euros.29 
                                                
29 En el trámite de alegaciones, el IAC ha invocado el informe 4/2016 de la Junta Consultiva de Contratación del Gobierno 
de Canarias, en el que se plantea una situación en la cual, a la finalización de las prórrogas temporales, la prestación objeto 
del contrato aún no se había ejecutado en su totalidad y el contratista continuó realizando los restantes trabajos objeto del 
contrato, pendientes de ejecución. Dicha situación es diferente a la del contrato ahora fiscalizado, en el que el servicio  es
contratado había sido prestado, en su totalidad, a la finalización del plazo máximo de ejecución. El citado informe, por otra  e.
parte, considera aplicable la prórroga por tácita reconducción, regulada en el artículo 1566 del Código Civil para el contrato  w.b
deesp aercreianl ddaem cioennttroa; tsaicni óenm pbúabrlgicoa,  neoxc pluaírae,c eex jpursetsifaicmadeon teel,  ulas op odsei beilsidtaa dfi gduer a p erónr erol gcaa spoo rq ucoen nsoesn toimcuiepnat op otárqcuiteo  ldae l elagsis plaacritóens   50ww

 
- Contrato de servicio de gestión operativa de la presencia de TURESPAÑA en medios sociales on 
line (nº 34 de la relación anexa-MIET), formalizado el 27 de agosto de 2013 con un plazo de ejecución 
de 12 meses a contar desde el 1 de septiembre de 2013, con posibilidad de prórroga por un periodo 
de igual duración. 
Con fecha 1-9-2014, se formalizó la prórroga de este contrato por un año más y con el mismo importe 
sin que coincida la denominación de la empresa que pidió y con la que se formalizó la prórroga con 
la denominación de la empresa que figura en los anuncios de adjudicación y formalización del 
contrato publicados en la Plataforma de Contratación del Estado y en el BOE, por un error producido 
en los anuncios publicados. 
II.8.   OTRAS INCIDENCIAS DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS 
- Contrato  de  trabajos  de  protección  ambiental  Río  Guadiana  (nº  6  de  la  relación 
anexa-MAGRAMA/CHGa), formalizado el 28 de junio de 2013 con un precio de 1.234.185,32 euros 
y con un plazo de 24 meses. 
Como antecedente del contrato ahora fiscalizado, consta la tramitación de un contrato en 2012 por 
el procedimiento excepcional de emergencia, con un importe máximo de 1.800.000,00 euros. La 
tramitación de emergencia, que implica la absoluta exclusión de los contratos así tramitados de los 
principios de publicidad y de concurrencia, informadores de la contratación pública, y de todas las 
actuaciones relativas a la previa formación del expediente y a la tramitación escrita del procedimiento 
de  adjudicación  y  que  está  permitida,  únicamente,  en  los  supuestos  de  "acontecimientos 
catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa 
nacional"  (art.  113.1  del  TRLCSP),  no  estaba  justificada  en  el  presente  caso  ya  que  las 
correspondientes necesidades eran conocidas con significativa antelación (según consta en una 
memoria de un proyecto fechado en mayo de 2012, desde “la primavera del año 2004” era conocida 
la presencia en el río Guadiana de una especie vegetal invasora cuya eliminación o reducción era 
necesaria),  realizándose,  además,  trámites  incongruentes  con  la  tramitación  de  emergencia 
(elaboración de un proyecto que fue supervisado y aprobado, redacción y aprobación de un pliego y 
formalización del contrato). El informe de supervisión, de 13-6-2012, se refiere a un documento 
innominado y a un “presupuesto total” de 1.715.560,17 euros, inferior a la previsión del contrato de 
emergencia y, en el antecedente 3º del contrato de colaboración de emergencia, formalizado el 
20-12-2012, figura que “Dentro de la declaración de emergencia, la presidencia de la CHGa… 
acuerda que la referida obra de emergencia se ejecute… por un importe de 1.800.000,00 euros, IVA 
incluido”. Desde la redacción del proyecto hasta la formalización del contrato de emergencia 
transcurrieron 7 meses y, por consiguiente, un dilatado periodo temporal durante el que podría 
haberse licitado públicamente el contrato. 
Del contrato de emergencia, sin embargo, solamente se ejecutaron obras por un importe de 
68.000,00 euros (3,7%) porque se acordó su “resolución por extinción por cumplimiento” con fecha 
7-2-2013, es decir, al mes y medio de la formalización de dicho contrato, emitiéndose un “Informe de 
recepción de obra de emergencia” el 25-2-2013; resolución y recepción que se produjeron con la 
finalidad de adjudicar el resto de la actuación prevista mediante licitación pública para “evitar 
problemas de elegibilidad dentro del programa Operativo de Extremadura 2007-2013 de los fondos 
FEDER”, es decir, para conseguir su financiación mediante fondos FEDER. De este modo, se produjo 
                                                
en general y, específicamente, la prórroga tácita del contrato de arrendamiento (arts. 23.2 y 290.2 del TRLCSP), debiendo 
tenerse en cuenta, a estos efectos, que el artículo 19.2 del TRLCSP establece que las normas de derecho privado sólo 
serán de aplicación a los contratos administrativos en defecto de las disposiciones de dicha Ley y sus disposiciones de 
desarrollo y, supletoriamente, de las restantes normas de derecho administrativo. Por otra parte, si, como se alega, era  es
necesaria la continuidad del servicio por el carácter permanente y esencial de las prestaciones - circunstancia que era  e.
perfectamente conocida por el IAC - debería haberse tramitado el nuevo expediente de contratación con antelación  w.b
scuofnictiineunitdea pda drea  pqruees,t aac liaó nfi ndaelli zsaecrvióicni od.e l contrato anterior, ya se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantizase la  50ww
 
una resolución irregular del contrato sin la previa tramitación del preceptivo expediente previsto en la 
normativa. 
El contrato ahora fiscalizado, que se derivó del anterior, salió a licitación pública con un presupuesto 
base de 1.453.864,55 euros y se formalizó el 28-6-2013 con un precio de 1.234.185,62, IVA excluido, 
y 1.493.364,6 euros, IVA incluido, formalizándose el 28 de junio de 2013 con un plazo de 24 meses 
aunque las obras se ejecutaron en 12 meses con una reducción del 50% del plazo. Solicitada la 
pertinente aclaración al respecto, el Director de las obras ha informado que “por razones de trámites 
presupuestarios y procedimientos de licitación –sin mayor concreción-, los trabajos no pudieron 
iniciarse hasta junio de 2013”, lo que obligó a la Administración a “agilizar y aumentar los esfuerzos 
para controlar” la extensión de la especie vegetal invasora dañina para las aguas del río Guadiana.  
No se ha aportado el expediente que debió tramitarse para modificar el plazo del contrato, 
habiéndose enviado, únicamente, un expediente de reajuste de anualidades cuyas características no 
coinciden completamente con la argumentación de la Administración ya que no se tramitó a iniciativa 
de la misma sino del contratista, quien, con fecha 12 de agosto de 2013, solicitó que le fuera 
concedida “una aceleración del crédito por importe de 565.000,00 euros con el objeto de incrementar 
el presupuesto del ejercicio 2013 y una reducción en el plazo… pasando a ser 18 meses”, 
fundamentando la petición en que la obra se estaba desarrollando “al ritmo previsto”; por lo que 
resulta incongruente solicitar una reducción del plazo cuando la obra estaba desarrollándose según 
el ritmo previsto en los documentos contractuales. Consta la aprobación del reajuste de anualidades 
por el Presidente de la CHG con la conformidad del Director Técnico de las obras pero no la 
aprobación expresa de la consiguiente reducción del plazo de ejecución del contrato. 
Aunque la anómala petición del contratista fue informada favorablemente por el Director Técnico, la 
documentación del expediente fue devuelta el 16 de septiembre de 2013 “por no tener encaje 
presupuestario en el año 2013 la anualidad propuesta”, si bien, con fecha 31 de octubre del mismo 
año, el reajuste se autorizó por el Presidente de la CH del Guadiana.  
En las certificaciones de obras ejecutadas correspondientes al periodo fiscalizado, se observan las 
siguientes anomalías e irregularidades: 
•  No todas las certificaciones corresponden a meses sucesivos sino que se aprecian saltos 
temporales entre las mismas, careciendo algunos meses de certificaciones, sin que consten 
expedientes de suspensión temporal total, lo que no se ajusta a la normativa. 
•  En la certificación aportada como nº 6, figura que es la certificación nº 8 (número que también 
figura en la correspondiente factura y en la relación valorada) aunque dicho número está tachado a 
mano y, al lado, figura manuscrito el número 6 (número que también figura en el documento O). Por 
tanto, existe una incongruencia interna entre los diferentes documentos aportados en cuanto a la 
enumeración de esta certificación. La certificación corresponde al mes de enero de 2014 pero en la 
relación de certificaciones, está fechada en octubre de 2010. La certificación se expidió el 31-1-2014 
y fue abonada el 1-4-2014 (3 meses después, fuera del plazo legal de pago, de 30 días a partir de 
su expedición). 
•  En la certificación aportada como nº 7, figura que es la certificación nº 9 (número que también 
figura en la factura y en la relación valorada) aunque dicho número está tachado a mano y, al lado, 
figura manuscrito el número 7 (número que también figura en el documento O). Por tanto, existe una 
incongruencia interna entre los diferentes documentos aportados en cuanto a la enumeración de esta 
certificación. La certificación corresponde al mes de febrero de 2014 pero, en la relación de 
certificaciones, está fechada en noviembre de 2010. La certificación se expidió el 28-2-2014 y fue 
abonada el 3-4-2014, fuera del plazo legal.  es
•  Como certificación nº 8 (número que también figura en el documento O), se ha aportado la  w.
certificación nº 10 (número que también figura en la factura y en la relación valorada). Por tanto,  50ww

 
existe  una  incongruencia  interna  entre  los  diferentes  documentos  aportados  en  cuanto  a  la 
enumeración de esta certificación. Esta certificación corresponde al mes de marzo de 2014 pero, en 
la relación de certificaciones, está fechada en diciembre de 2010.  
•  En la certificación aportada como nº 9, figura que es la certificación nº 10 aunque dicho número 
está tachado a mano y, al lado, figura manuscrito el número 9 (número que también figura en el 
documento O). Por otra parte, en la factura y en la relación valorada figura como certificación nº 11. 
Por tanto existe una incongruencia interna entre los diferentes documentos aportados en cuanto a la 
enumeración de esta certificación. La certificación corresponde al mes de abril de 2014 pero, en la 
relación de certificaciones, está fechada en enero de 2011. La certificación se expidió el 30-4-2014 
pero fue abonada el 14-8-2014 (3,5 meses después). 
•  En la certificación aportada como nº 10, figura otro número parcialmente ilegible que está 
tachado a mano y, al lado, figura manuscrito el número 10 (número que también figura en el 
documento O). Por otra parte, en la factura y en la relación valorada figura como certificación nº 12. 
Por tanto existe una incongruencia interna entre los diferentes documentos aportados en cuanto a la 
enumeración de esta certificación. La certificación corresponde al mes de mayo de 2014 pero, en la 
relación de certificaciones, está fechada en febrero de 2011. La certificación se expidió el 30-5-2014 
pero fue abonada el 14-8-2014 (2,5 meses después). 
•  En la certificación aportada como nº 11, figura que es la certificación nº 13 (número que también 
figura en la factura y en la relación valorada) aunque al lado, figura manuscrito el número 11 (número 
que también figura en el documento O aunque tachado a mano y manuscrito el número 13). Por tanto 
existe  una  incongruencia  interna  entre  los  diferentes  documentos  aportados  en  cuanto  a  la 
enumeración de esta certificación. La certificación corresponde al mes de junio de 2014 pero, en la 
relación de certificaciones, está fechada en julio de 2013. La certificación se expidió el 30-6-2014 
pero fue abonada el 19-9-2014 (2,5 meses después). Esta es la última certificación mensual ordinaria 
de obras ejecutadas que ha sido aportada. 
Aunque se ha remitido la certificación final, no se ha aportado la aprobación de la misma por el órgano 
de contratación, requerida por el artículo 166.9 del RGLCAP como requisito previo al abono de su 
importe al contratista. 
Tampoco se ha aportado el documento acreditativo de la retención adicional de crédito del 10% del 
importe de adjudicación en el momento en que esta se realizó (3-6-2013), requerida por el artículo 
47.2 de la LGP, documento expresamente solicitado y procedente ya que, en la certificación final, se 
reconoció a favor del contratista un importe total en exceso sobre el precio del contrato con cargo al 
10% previsto en los artículos 234.3 del TRLCSP y 160 del RGLCAP. Por el contrario, el documento 
RC aportado se expidió en octubre de 2014, durante la tramitación de la propia certificación final. En 
consecuencia, se infringió el artículo 47.2 de la LGP. 
II.9.   CONSIDERACIONES EN RELACIÓN CON LA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVA PARA 
LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES  
De acuerdo con lo dispuesto en las Directrices Técnicas de esta fiscalización, se ha realizado un 
análisis específico de las cuestiones relacionadas con la observancia de la normativa para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, entre las que se incluye, fundamentalmente, la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que entró en vigor el 24 de marzo 
de 2007. La mencionada ley establece, en su artículo 33, que “las Administraciones públicas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, a través de sus órganos de contratación y, en relación con 
la ejecución de los contratos que celebren, podrán establecer condiciones especiales con el fin de 
promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo  e.e
establecido en la legislación de contratos del sector público”.  bo
 
A este respecto, se ha comprobado que, con la salvedad de los contratos números 12 y 24 
(MAGRAMA), 26 (CSIC), 36 a 39 y 49 a 52 (MF) y 64 (MSSSI), en los PCAP de los restantes contratos 
de la relación anexa no se previeron condiciones especiales de ejecución para la promoción de la 
igualdad entre hombres y mujeres. Por consiguiente, las mencionadas condiciones únicamente se 
establecieron en el 18% de los contratos examinados.  
II.10.  CONSIDERACIONES  EN  RELACIÓN  CON  LA  OBSERVANCIA  DE  LA  NORMATIVA 
SOBRE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO 
El artículo 8.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno estableció la obligación, entre otras, de publicar en los portales de 
transparencia la información relativa a las modificaciones de los contratos, así como las decisiones 
de desistimiento y renuncia de los contratos. En virtud del precitado artículo y de la Disposición final 
9ª de la Ley, las modificaciones de contratos aprobadas a partir de la entrada en vigor del Título I de 
la misma, transcurrido un año desde su publicación en el BOE de 10-12-2013, debieron hacerse 
públicas en la forma antes indicada. En consecuencia, debieron publicarse las modificaciones 
aprobadas a partir del 10-12-2014. 
A este respecto, no se ha acreditado que las modificaciones de los contratos de la relación anexa 
números 18 (2ª modificación), 19 y 21 del MAGRAMA, 45 (2ª y 3ª modificación) y 5330 del MF,  58 
del MINHAP se publicaran en cumplimiento del precepto anteriormente mencionado. 
Tampoco consta la publicación de la resolución del contrato de obras de construcción de la senda 
peatonal entre el Faro de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar. Santander (nº 16 de la relación 
anexa-MAGRAMA) por desistimiento de la Administración, mediante Acuerdo de 27-4-2015. 
II.11.  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  RECOMENDACIONES  DEL  TRIBUNAL  DE  CUENTAS 
EFECTUADAS  EN  INFORMES  APROBADOS  EN  AÑOS  ANTERIORES  Y  EN  LAS 
RESOLUCIONES  DE  LA  COMISIÓN  MIXTA  RELATIVAS  A  LA  CONTRATACIÓN, 
APLICABLES A LOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS FISCALIZADOS 
Para el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes del 
Tribunal de Cuentas y en las resoluciones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones 
con el citado Tribunal, se han tomado como referencia los siguientes informes con sus respectivas 
resoluciones: 
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por las Entidades 
sometidas al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
mediante acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 30 de abril de 2009 y Resolución de la 
Comisión Mixta de 29 de septiembre de 2009. 
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante los ejercicios 2006 y 2007 por las 
Entidades sometidas al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado mediante acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 24 de marzo de 2011 y Resolución 
de la Comisión Mixta de 28 de abril de 2014. 
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2008 por las Entidades del 
Sector Público estatal sometidas a la Legislación de Contratos de las Administraciones Públicas, 
                                                 s
30 No puede aceptarse lo alegado por la DGOI sobre que el modificado no publicado carecía de contenido económico  e.
porque la Ley 19/2003 estableció la preceptiva publicación de todas las modificaciones contractuales, sin excepciones, a  w.b
peacortniró dmei csau.  entrada en vigor, y porque la modificación afectó al régimen de pagos y, por consiguiente, tuvo repercusión  50ww

 
aprobado mediante acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 31 de mayo de 2012 y Resolución 
de la Comisión Mixta de 28 de abril de 2014. 
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2009 por las Entidades 
Estatales que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, tienen la consideración de 
Administraciones Públicas, aprobado mediante acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 20 de 
diciembre de 2012 y Resolución de la Comisión Mixta de 28 de abril de 2014. 
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante los ejercicios 2010 y 2011 por las 
Entidades Estatales que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, tienen la 
consideración de Administraciones Públicas, aprobado mediante acuerdo del Pleno del Tribunal de 
Cuentas de 23 de diciembre de 2013 y Resolución de la Comisión Mixta de 8 de abril de 2014. 
Del examen de los mencionados informes y resoluciones, pueden extraerse, a modo de síntesis, las 
siguientes recomendaciones que afectan a la fase de ejecución de los contratos: 
1ª.- Mejorar los estudios previos y las fases preparatorias de los contratos con la finalidad de evitar 
modificaciones, contratos complementarios, ampliaciones de plazos y retrasos insuficientemente 
justificados. 
2ª.- Adoptar y/o reforzar las medidas de supervisión, seguimiento y control con el objetivo de que el 
contrato se ajuste a lo pactado, evitando o disminuyendo los retrasos y demoras en la ejecución. 
3ª.- Adoptar las medidas necesarias para el más riguroso cumplimiento de los plazos en la emisión 
de certificaciones y la recepción de los contratos, haciendo efectivas las garantías en caso de 
incumplimiento y, en su caso, la imposición de penalidades. 
4ª.- Justificar debidamente las necesidades o causas imprevistas que originan las modificaciones 
contractuales. 
5ª.- Incluir entre las condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la efectiva igualdad 
entre hombres y mujeres. 
En relación con las tres primeras recomendaciones, en los apartados II.2. y II.3. se pone de manifiesto 
que, durante los ejercicios fiscalizados, continuaron produciéndose numerosas modificaciones, 
ampliaciones de plazos y suspensiones sin justificar o deficientemente justificadas, retrasos en las 
recepciones de los contratos, así como algunas paralizaciones muy relevantes sin la previa 
tramitación  de  los  expedientes  requeridos  por  la  normativa,  lo  que  pone  de  manifiesto  el 
incumplimiento de las mencionadas recomendaciones. 
En cuanto a la cuarta recomendación, en la práctica totalidad de las modificaciones examinadas se 
ha observado la inclusión de algunas actuaciones que ponen de manifiesto imprevisiones y 
deficiencias en las actuaciones preparatorias de los contratos, particularmente en los proyectos de 
obras, por lo que tampoco puede estimarse cumplida dicha recomendación. 
Por lo que respecta a la quinta y última recomendación, en el anterior apartado II.10. se pone de 
manifiesto que, en los PCAP de 12 de los 67 contratos examinados, se establecieron condiciones 
especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado 
de trabajo, lo que supone el cumplimiento de la recomendación en el 18% de los contratos. 
 
III. CONCLUSIONES 
III.1.  CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
LEGALES  DE  REMISIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  AL  TRIBUNAL  DE  CUENTAS 
(SUBAPARTADO II.1) 
1.  Los departamentos ministeriales fiscalizados cumplieron de manera deficiente la obligación 
de comunicar de oficio al Tribunal de Cuentas las incidencias producidas durante la ejecución 
de los contratos rendidos al mismo, establecida en la normativa y en las instrucciones 
generales del propio Tribunal, no solo en cuanto al cumplimiento del plazo establecido para 
dichas comunicaciones (tres meses a contar desde la fecha en que se hubieran producido), 
sino también por la omisión de gran parte de las mismas. Así, el 59% de las incidencias 
fiscalizadas (188 de 316) no se comunicaron, en su momento, al Tribunal de Cuentas, que 
solo ha tenido conocimiento de las mismas con motivo de la presente fiscalización. Por otra 
parte, en algunos casos, la documentación de las incidencias comunicadas no se encontraba 
completa. 
2.  A la vista de la deficiente información remitida de oficio y con objeto de tener conocimiento 
del número total de contratos que habían experimentado incidencias en su ejecución y el 
alcance de las mismas, este Tribunal solicitó a los diferentes departamentos ministeriales la 
cumplimentación de unas relaciones certificadas comprensivas de todas las incidencias 
producidas durante el periodo fiscalizado en la ejecución de los contratos seleccionados; 
petición que fue atendida por todas las entidades requeridas aunque con una información 
deficiente en algunas de las relaciones aportadas. En este sentido, los datos contenidos en 
algunas de las relaciones certificadas, remitidas a petición del Tribunal de Cuentas, no se 
corresponden exactamente con otra documentación remitida al citado Tribunal, ya fuera de 
oficio o a requerimiento del mismo. En ocasiones, dichas relaciones recogen incidencias de 
las que no se había remitido documentación, o bien no incluyen incidencias de las que se ha 
enviado  documentación.  Finalmente,  del  examen  de  la  documentación  aportada,  se 
desprende la existencia de algunas otras incidencias cuyos expedientes no han sido 
remitidos ni sus datos incluidos en las relaciones. En consecuencia, existen discordancias 
entre la información incluida en algunas relaciones certificadas y la información obrante en 
la documentación examinada, que ponen de manifiesto una deficiente elaboración de las 
citadas relaciones y cuestiona su fiabilidad. 
III.2.  CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON LAS DESVIACIONES TEMPORALES PRODUCIDAS 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS (SUBAPARTADO II.2) 
3.  Se produjeron en un elevado número de casos desviaciones temporales como consecuencia 
de reajustes de anualidades, de prórrogas o ampliaciones de plazos y de suspensiones 
temporales, totales o parciales, que no están adecuadamente justificadas en los expedientes 
al no constar, en algunos casos, las causas que las motivaron o, en otros, por figurar estas 
con excesiva generalidad, sin una adecuada precisión que permita valorar la oportunidad y 
procedencia de su concesión a los contratistas. En ocasiones, se aprobaron ampliaciones 
de plazos cuyos expedientes no han sido aportados, lo que evidencia una planificación y 
control de la ejecución deficientes. 
4.   Durante  la  ejecución  de  algunos  contratos  de  obras,  se  produjeron  importantes 
paralizaciones temporales, al inicio o durante su ejecución, sin haberse tramitado los 
preceptivos expedientes de suspensiones temporales totales y, por lo tanto, sin que consten 
sus causas ni se hayan justificado, lo que no es conforme a los artículos 102 del TRLCAP,  es
203 de la LCSP, 220 TRLCSP o 97 y 103 del RGLCAP.  oe.

 
5.  En diez expedientes se produjeron unas desviaciones temporales totales superiores al 100% 
de los respectivos plazos de ejecución y, en otros cuatro expedientes, desviaciones 
superiores al 50%, en las que se han observado las deficiencias que se exponen en el 
subapartado II.2 de este Informe. 
6.  Se observan deficiencias generalizadas en las recepciones de los contratos ya que, teniendo 
en cuenta que se deberían haberse emitido 45 actas de recepción durante el periodo 
fiscalizado en los contratos de la muestra, no se han aportado las actas de 18 contratos (40% 
del total de contratos que deberían haberse recepcionado), por lo que no se ha acreditado 
su correcta y completa ejecución, y las actas de otros 25 contratos (37% de la muestra) se 
realizaron fuera del plazo legal de un mes desde la terminación de la ejecución, lo que no se 
ajusta a los artículos 110 del TRLCAP, 205 de la LCSP o 222 del TRLCSP, con varios 
retrasos de hasta un año y siete meses, sin que consten las circunstancias que pudieran 
justificar estos retrasos que son especialmente perjudiciales para el interés público en el caso 
de los contratos de obras ya que, hasta que la recepción de conformidad no se produce, no 
pueden ser entregados los bienes al uso público o al servicio correspondiente. 
7.  En ningún caso se han impuesto a los contratistas penalidades o sanciones establecidas en 
los artículos 95 del TRLCAP, 196 de la LCSP o 212 del TRLCSP, por las paralizaciones y 
demoras en la ejecución de los contratos examinados, a pesar de que, en numerosos 
expedientes, no constan con claridad y precisión las causas de tales incidencias o no se han 
aportado los expedientes que debieron instruirse de acuerdo con la normativa, por lo que no 
ha podido constatarse la imputabilidad de las mismas. 
III.3.  CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON LAS DESVIACIONES DE COSTES PRODUCIDAS 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS (SUBAPARTADO II.3) 
8.  En la mayoría de los expedientes examinados de las modificaciones de contratos en 
ejecución, con desviaciones de costes, no se ha acreditado que algunas de las actuaciones 
en ellos incluidas fueran imprevisibles en la preparación de los respectivos contratos 
primitivos o ponen de manifiesto errores u omisiones en los proyectos originarios, lo que 
impide considerarlas justificadas a los efectos de los artículos 101 TRLCAP, 92 quáter de la 
LCSP o 107 del TRLCSP, sin que conste la realización de actuaciones tendentes a la 
exigencia de las correspondientes responsabilidades a los autores o supervisores de los 
mismos, previstas en los artículos 217 y 219 del TRLCAP, 286 y 288 de la LCSP o 310 y 312 
del TRLCSP, así como las disposiciones adicionales quinta del TRLCAP, vigésima segunda 
de la LCSP o decimonovena del TRLCSP. 
9.  Se ha observado una tramitación excesivamente dilatada de algunos expedientes de 
modificaciones de contratos, en los que se dejaron transcurrir entre 6 meses y 5 años y medio 
entre las primeras actuaciones aportadas y las formalizaciones de los respectivos contratos 
modificados; dilaciones que son especialmente incongruentes con la celeridad e inmediatez 
que deben caracterizar la resolución de cuantas incidencias puedan surgir en los contratos 
en ejecución. 
10. Durante la ejecución de algunos contratos sometidos a la LES o al TRLCSP, se aprobaron 
modificaciones por un importe total acumulado superior al 10% de los respectivos precios 
primitivos y, por tanto, por encima del importe máximo permitido por los artículos 92 quáter 
de la LCSP o 107 del TRLCSP. 
11. Durante la ejecución de un contrato de vigilancia de varias sedes del MSSSI (número 66 de 
la relación anexa) y como consecuencia del traslado del Protectorado de Fundaciones, que  e.e
se hallaba inicialmente ubicado en una sede independiente, a la sede central del Ministerio,  bo
no se redujo el precio del contrato como hubiera sido procedente en cumplimiento del  50ww
 
apartado 25.2 de la Hoja-Resumen del respectivo PCAP, por la desaparición de la necesidad 
de vigilar el edificio anteriormente ocupado por dicho Protectorado. 
12. Se aprobaron precios nuevos contradictorios con imputación al 10% en exceso sobre los 
presupuestos vigente líquidos en las certificaciones finales o en las liquidaciones de algunos 
contratos, pero sin tramitarse los correspondientes expedientes de modificaciones, lo que no 
se ajusta a los artículos 234.3 del TRLCSP y 160 del RGLCAP, que solo permiten imputar 
con cargo al referido porcentaje el incremento de unidades realmente ejecutadas sobre las 
“previstas en las mediciones” -y, por consiguiente, en el presupuesto- del contrato originario. 
13. En algunos contratos de obras, no se ha acreditado la retención adicional de crédito por el 
10% del importe de adjudicación del contrato en el momento en que esta se realizó, requerida 
por el artículo 47.2 de la LGP para la cobertura de los posibles saldos a favor del contratista 
resultantes de la medición general de las obras ejecutadas. 
14. Los precios de varios contratos no fueron revisados durante su ejecución a pesar de que, en 
los respectivos pliegos, se había previsto dicha revisión y de que se habían cumplido las 
condiciones legales requeridas para ello, lo que es contrario a los artículos 103 del TRLCAP, 
77 de la LCSP y 89 del TRLCSP. 
15. En las revisiones de precios efectuadas durante la ejecución de varios contratos, fueron 
indebidamente incluidas algunas prestaciones ejecutadas durante el primer año de ejecución 
y que, por tanto, debieron quedar excluidas de la revisión de acuerdo con el artículo 77.1 in 
fine de la LCSP. 
16. Se observan deficiencias generalizadas en las liquidaciones de los contratos ya que, 
teniendo en cuenta que se deberían haberse liquidado 33 contratos de muestra durante el 
periodo fiscalizado, no se han aportado las liquidaciones de 24 de dichos contratos, con 
infracción de los artículos 110.4 y 147.3 del TRLCAP o 205.4 y 218 de la LCSP o 222.4 y 
235 del TRLCSP, omisión que se observa, especialmente, en los contratos de servicios y de 
suministro y, en menor medida, en los contratos de obras. 
17. En la ejecución del contrato de obras de abastecimiento a los núcleos de población 
inmediatos al acueducto Tajo-Segura TT.MM. varios de la provincia de Cuenca (nº 20 de la 
relación  anexa,  tramitado  por  el  MAGRAMA),  se  produjeron  importantes  demoras  y 
paralizaciones que implicaron una desviación temporal total representativa del 320,83% del 
plazo. Como consecuencia de las demoras imputables a la Administración se tramitó un 
expediente de indemnización por daños y perjuicios que terminó mediante una Resolución 
por la que se reconoció una indemnización a favor del contratista con un importe de 
1.627.361,04  euros,  aprobándose  y  disponiéndose  el  correspondiente  gasto  con  el 
reconocimiento de la consiguiente obligación a cargo del erario público. En su dictamen, el 
Consejo de Estado puso de manifiesto, expresamente, la conveniencia de abrir una 
inspección para, en su caso, depurar las correspondientes responsabilidades, lo que no se 
ha realizado al considerarse por la Inspección General de Servicios del Ministerio que habían 
prescrito las responsabilidades disciplinarias derivadas de las deficiencias en la planificación 
global de las obras, en el análisis previo de los proyectos y en la coordinación de las obras, 
en un informe en el que, sin embargo, no se analizan ni valoran las consecuencias de las 
numerosas paralizaciones y demoras sufridas por las obras durante su ejecución, ni las 
posibles responsabilidades derivadas de las mismas, disciplinarias o de otra índole, algunas 
de las cuales podrían no haber prescrito. 

 
III.4.  CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON LAS RESTANTES INCIDENCIAS PRODUCIDAS 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS (SUBAPARTADO II.4 A II.8) 
18. Dos de los contratos examinados fueron resueltos durante su ejecución sin que se hayan 
justificado adecuadamente las causas motivadoras de las resoluciones, en uno de ellos por 
la extraordinaria dilación temporal entre la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, 
lo que pudo incidir en la obsolescencia del proyecto y la oposición que suscitó la ejecución 
de las respectivas obras, y, en el otro, por haberse dejado transcurrir varios meses con 
retrasos e incumplimientos injustificados del contratista sin haberse realizado actuaciones 
para el resarcimiento a la Administración de los correspondientes daños y perjuicios por 
ejecución defectuosa y demora, lo que no es coherente con los artículos 95 del TRLCAP, 
196 de la LCSP o 212 TRLCSP. 
19. La limitada información y la escasa documentación aportada sobre las subcontrataciones 
pone de manifiesto, con carácter general, la falta del adecuado control y seguimiento 
administrativo sobre esta materia. 
20. Los servicios objeto del contrato de limpieza, recepción y explotación de la cafetería comedor 
de la Residencia del Observatorio “Roque de los Muchachos” (número 27 de la relación 
anexa, correspondiente al MEYC/IAC) continuaron prestándose y abonándose después de 
haber  expirado  el  respectivo  plazo  contractual  y  la  única  prórroga  permitida  y,  por 
consiguiente, sin cobertura contractual, con incumplimiento del artículo 28 del TRLCSP, que 
prohíbe la contratación verbal salvo cuando el contrato tenga carácter de emergencia. 
21. En algunos casos, se aprobaron prórrogas de contratos de servicios deficientemente 
motivadas o con precios desactualizados o con incongruencias cronológicas en la tramitación 
de los expedientes. 
22. Destacan especialmente las incidencias producidas durante la ejecución del contrato de 
trabajos de protección ambiental Río Guadiana, derivado de la tramitación previa de un 
expediente de emergencia no justificado, cuyas obras fueron ejecutadas en 12 meses a 
pesar de tener un plazo de 24 meses sin haberse modificado, previamente, dicho plazo y en 
cuyas certificaciones de obras ejecutadas se han observado anomalías e irregularidades que 
se exponen en el subapartado II.8. 
III.5.  CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 3/2007, 
DE  22  DE  MARZO,  PARA  LA  IGUALDAD  EFECTIVA  DE  MUJERES  Y  HOMBRES 
(SUBAPARTADO II.9) 
23. A pesar de haberse previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, la posibilidad de establecer en los PCAP de los contratos 
públicos condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres 
en el mercado de trabajo, se ha comprobado que solo en 12 de los 67 contratos analizados 
se previeron condiciones especiales de ejecución para la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
III.6.  CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES DE 
TRANSPARENCIA ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA APLICABLE EN EL PERIODO 
FISCALIZADO (SUBAPARTADO II.10) 
24. Habiéndose establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la  s
información pública y buen gobierno la obligación, entre otras, de publicar en los portales de  e.
transparencia la información relativa a las modificaciones de los contratos, así como las  w.b
decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos, excepto en un contrato, no se ha  50ww
 
acreditado que las modificaciones de contratos y la resolución por desistimiento examinadas 
y aprobadas a partir del 10-12-2014 se publicaran en el Portal de Transparencia de la AGE. 
III.7.  CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EFECTUADAS EN INFORMES ANTERIORES Y EN LAS 
RESOLUCIONES  DE  LA  COMISIÓN  MIXTA  CONGRESO-SENADO  PARA  LAS 
RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN 
(SUBAPARTADO II.11) 
25. Durante los ejercicios fiscalizados, continuaron produciéndose numerosas modificaciones, 
ampliaciones de plazos y suspensiones sin justificar o deficientemente justificadas, retrasos 
en las recepciones de los contratos, así como algunas paralizaciones muy relevantes sin la 
previa tramitación de los expedientes requeridos por la normativa, lo que pone de manifiesto 
el incumplimiento de las mencionadas recomendaciones y, en la práctica totalidad de las 
modificaciones examinadas, se ha observado la inclusión de algunas actuaciones que ponen 
de manifiesto imprevisiones y deficiencias en las actuaciones preparatorias de los contratos, 
particularmente en los proyectos de obras. En consecuencia, no pueden estimarse cumplidas 
las recomendaciones sobre le ejecución de contratos contenidas en los anteriores informes 
del Tribunal de Cuentas y en las Resoluciones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para 
las relaciones con el Tribunal de Cuentas. 
III.8.  CONCLUSIONES  GENERALES  SOBRE  LAS  INCIDENCIAS  PRODUCIDAS  EN  LA 
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
26. La existencia de defectos o carencias en los proyectos iniciales, la falta de previsión, la 
descoordinación  entre  Administraciones,  la  ausencia  de  informes  o  de  actuaciones 
preceptivas o la imprevisión acerca del resultado de dichas actuaciones, han ocasionado 
alteraciones sustantivas en cuanto al ritmo de ejecución, al coste final o a la rentabilidad 
social en términos de satisfacción del interés público al que deben responder. 
27. El conjunto de las incidencias observadas en la ejecución de los contratos pone de manifiesto 
la falta de una adecuada planificación y coordinación administrativa, la existencia de 
actuaciones cronológicas incongruentes y, en general, una carencia del necesario rigor en la 
tramitación administrativa de las incidencias surgidas durante la ejecución. 
IV. RECOMENDACIONES 
IV.1. RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN 
1.- Debería extremarse el rigor en la planificación y en las actuaciones previas a la contratación, con 
el fin de asegurar la mejor descripción técnica de las necesidades a cubrir, una correcta 
presupuestación de los contratos y la mayor diligencia posible en la elaboración, coordinación 
administrativa y supervisión de los proyectos de obras, especialmente en los grandes proyectos 
de infraestructuras, que deberían tramitarse de modo que comprendan todos y cada uno de los 
elementos necesarios para su ejecución, evitando así las modificaciones de los contratos y las 
alteraciones en su ejecución. 
2.- Los órganos de contratación deberían efectuar un seguimiento riguroso de la ejecución de los 
contratos para asegurar que esta se ajusta a las cláusulas y condiciones contractuales recogidas 
en los correspondientes pliegos y a las necesidades reales existentes en cada momento. Con  s
este fin, resultaría conveniente detallar suficientemente en los pliegos el modo en que se ha de  e.
llevar a cabo la supervisión de la actuación del contratista durante el desarrollo de la ejecución  w.b
del contrato, además de la designación del responsable del contrato encargado de la supervisión  50ww

 
y control del cumplimento de aquel. 
3.- Cuando se produzcan incidencias en la ejecución de los contratos que supongan perjuicios para 
el interés público, derivados de defectos o imprevisiones imputables a los autores o supervisores 
de los proyectos, o de incumplimientos contractuales por parte de las empresas contratistas, 
deberían  exigirse  las  correspondientes  responsabilidades  o  imponerse  las  penalidades  o 
sanciones establecidas en los pliegos y en la legislación vigente en los casos en que resulte 
procedente. 
4.- Resultaría conveniente que los órganos de contratación fiscalizados aplicasen, en lo posible, las 
previsiones legales, de carácter potestativo, tendentes a promover la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres en la contratación pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, mediante la inclusión, en su caso, de cláusulas en los 
PCAP que contemplen condiciones especiales de ejecución para promover la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres. 
Madrid, 25 de julio de 2019 
LA PRESIDENTA 
 
 
María José de la Fuente y de la Calle 
ANEXOS 
RELACIÓN DE ANEXOS 
ANEXO 1 
ANEXO 2 
CIÓN DE LOS EL ESTADO Y  Fecha de formalización  20-dic-2012 17-ene-2014 17-ene-2014 21-oct-2010 3-sep-2012 28-jun-2013 25-feb-2014
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C  0  1  7  7  4  2  8 
EA 0 5 5 4 1 3 7
E LA EJONÓMIC ecio IVA  xcluidon euros)  645.000, 003.903, 985.410, 479.766, 355.412, 234.185, 509.448,
NTC6  Pre(e 3. 3. 2. 4. 1. 1.
AE1
RN 20
Anexo 1   DUS Y OTRAS INCIDENCIAS SOBREVENIDASNISTERIOS DEL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓMOS DEPENDIENTES EN EL PERIODO 2014 A  RELACIÓN DE CONTRATOS EXAMINADOS  Objeto  SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE DIVERSOS LOCALES DE LA AEMET  MEJORA DE LAS INSTALACIONES ACTUALES Y ELIMINACIÓN DE NUTRIENTES DE LAS EDAR DE CANTALEJO, ARÉVALO, PEÑARANDA DE BRACAMONTE Y EL BARCO DE ÁVILA  MEJORA DE LAS INSTALACIONES ACTUALES Y ELIMINACIÓN DE NUTRIENTES DE LAS EDAR DE MEDINA DEL CAMPO, ISCAR, TORDESILLAS, TUDELA DE DUERO, BENAVENTE Y TORO  MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS BAJAS. SECTOR III. TT.MM. Vª DE LA REINA, CAZALILLA Y ESPELUY (JAÉN)  N DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓOBRAS MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN LA CUENCA DEL GUADIANA.  TRABAJOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL TRAMO MEDIO DEL RIO GUADIANA (MASAS DE AGUA Y MÁRGENES DE LA CUENCA DEL GUADIANA (BADAJOZ). FASE I. FONDOS FEDER 2007-2013  MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE LAS REDES DE CONTROL AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA (SAIH), DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE CALIDAD DE LAS AGUAS (SAICA) Y DE LA RED PIEZOMÉTRICA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 
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FISCALIZACIÓCONTRATOS  Nº Tipo Informe  1 SE  2 O  3 O  4 O  5 SE  6 O  7 SE  BOE-A-2022-1250cable en https://www.boe.es
 
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Fecha de ormalizació 22-mar-2012 22-oct-2013 30-jun-2014 1-sep-2014 2-dic-2008 13-jul-2010 8-jul-2010 11-mar-2014 28-nov-2013 17-dic-2012
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0 5 4 2 2 4 0 9 0 0
6 4 2 1 2 0 0 0 4 0
VA  oos)  82, 96, 70, 64, 26, 25, 00, 49, 67, 60,
cio Icluideur 23.1 06.5 51.5 34.6 84.6 77.0 08.6 68.8 08.7 34.3
exn  1 9 1 5 4 9 4 1 8 7
Pree 0. 0. 1. 1. 1.
( 1 1
Objeto  SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  SERVICIOS MÍNIMOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE SAIH, SAICA Y ROEA  TRABAJOS DE CARÁCTER MATERIAL, TOPOGRÁFICOS O CARTOGRÁFICOS Y/O TOMA DE DATOS PREVIA, PERO NECESARIOS PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS SOBRE CÁNONES Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS USOS PRIVATIVOS DE AGUAS PÚBLICAS EN LA CUENCA DEL SEGURA.  SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INSTALACIONES DE LA C.H.  SERVICIOS DE APOYO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA FEDER 2007-2013, EJE PRIORITARIO EN EL ÁMBITO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA.  SERVICIO DE APOYO A ACTUACIONES ORDINARIAS DEL SERVICIO DE AGUAS DE GESTIÓN SUBTERRÁNEAS EN LA CUENCA DEL SEGURA.  ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REVISIÓN Y EN SU CASO EXTINCIÓN DE DERECHOS VIGENTES EN QUE SE CONSTATE LA INEXISTENCIA TOTAL O PARCIAL DE RIEGO EN LA CUENCA DEL SEGURA  ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES N DE ELECTROMECÁNICAS PARA PREVENCIÓRIESGOS ANTE AVENIDAS DE LA PRESA DE EL CASTRO (TOLEDO)  SENDA PEATONAL ENTRE EL FARO DE CABO MAYOR HASTA LA VIRGEN DEL MAR. SANTANDER  SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO, ENSERES Y DOCUMENTACIÓN EN TODAS LAS DEPENDENCIAS 
 
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Nº Informe  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  BOE-A-2022-12cable en https://
 
n
Fecha de ormalizació 1-ene-2014 5-may-2014 5-jun-2007 23-may-2008 20-jul-2011 29-nov-2013 5-sep-2013 4-ene-2013 20-nov-2012 21-may-2012 25-nov-2013
f
                     
3 0 0 7 0 0 9 0 0 6 0
8 0 0 5 0 4 7 5 0 3 0
VA  oos)  04, 12, 56, 28, 50, 43, 25, 59, 00, 12, 46,
cio Icluideur 86.1 88.1 35.3 96.9 00.1 60.4 51.1 14.8 70.0 50.6 47.8
exn  7 2 9 9 3 6 5 2 1 4 3
Pree 3. 2. 8. 8. 3. 6. 2.
( 1 5
Objeto  DEL DEPARTAMENTO Y ENTRE ESTE Y OTROS CENTROS OFICIALES  RENOVACIÓN DEL CANAL DE MURCIA SEGREGACIÓN TRAMO II KM 45 AL 81,6 MOLINA DE SEGURA  MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A ASPE Y HONDÓN DE LAS NIEVES  ABASTECIMIENTO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN INMEDIATOS AL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA. (TT. MM.VARIOS CUENCA) PROYECTO BALSA LLANO DE CADIMO - MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL RÍO GUADALBULLÓN.TM DE JAÉN  APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE N AMBIENTAL DE UMBRALEJO Y EDUCACIÓGRANADILLA - LOTES 2 Y 3  REHABILITACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA FACHADA COSTERA DEL CASCO URBANO DE ALTEA. ALICANTE  MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA (SAIH) DE LA CUENCA DEL TAJO 2011-2014  SOPORTE A OPERACIONES DE INSTALACIONES I+D+I MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y GENERALES DEL CEDER  GESTIÓN TÉCNICA, SOPORTE A USUARIOS Y N DEL REPOSITORIO DOCUMENTACIÓINSTITUCIONAL DEL CSIC. DIGITAL CSIC  LIMPIEZA Y HABITACIONES, RECEPCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA COMEDOR DE LA RESIDENCIA DEL OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS  USO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLATAFORMA GICA DE PROCESO DE DATOS DEL TECNOLÓMINISTERIO 
 
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rgano dentratació MCT  MCT  Ministro  Ministro  OAPN  SEMA  SEMA  CIEMAT  CSIC  IAC  JC 
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Nº Informe  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  BOE-A-2022-12cable en https://
 
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de ció 013 012 012 011 014 013 010 009 009 009
Fecha ormaliza 31-ene-2 10-feb-2 31-oct-2 22-mar-2 19-feb-2 27-ago-2 29-dic-2 22-dic-2 21-dic-2 22-dic-2
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8 4 6 3 0 0 0 3 6 0
8 4 3 4 0 0 6 6 3 4
VA  oos)  56, 70, 81, 82, 28, 00, 43, 97, 75, 61,
cio Icluideur 69.2 78.6 72.8 70.2 61.3 70.0 66.3 96.3 49.0 43.4
exn  1 3 8 3 3 1 2 4 4 6
Pree 2. 3. 4. 1. 1. 1.
( 1 1
Objeto  SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO OCUPADO POR LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SS. DE BARCELONA  SERVICIO DE CARÁCTER INFORMÁTICO CON GENERAL DE DESTINO A LA SUBDIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  TRASLADO DE MOBILIARIO, DOCUMENTACIÓN Y OTROS ENSERES EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS SERVICIOS CENTRALES  IMPLANTACIÓN DE REDES CORPORATIVAS MULTISERVICIO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN Y PARA EL MINISTERIO DE IGUALDAD  MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DE LA OEPM EN MADRID, PASEO DE LA CASTELLANA 75  N OPERATIVA DE LA PRESENCIA DE GESTIÓTURESPAÑA EN MEDIOS SOCIALES ON LINE  EJECUCIÓN DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN N-332. ALICANTE  REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA LÍNEA DE ALTAS PRESTACIONES ORENSE-MONFORTE-LUGO SUBTRAMO MONFORTE-VILAR DE VARA. PLATAFORMA  REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA LÍNEA DE ALTAS PRESTACIONES ORENSE-MONFORTE-LUGO SUBTRAMO VILAR DE VARA-SARRIA. PLATAFORMA  REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA LÍNEA DE ALTAS PRESTACIONES ORENSE-MONFORTE-LUGO. SUBTRAMO SARRIA-VARIANTE DE LA PUEBLA DE SAN JULIÁN. PLATAFORMA 
 
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Nº Informe  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  BOE-A-2022-12cable en https://
 
n
Fecha de ormalizació 27-abr-2012 30-dic-2010 30-dic-2011 27-jul-2012 14-dic-2012 20-dic-2007 27-abr-2007 27-dic-2007 26-dic-2007 27-dic-2013 13-ene-2011
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5 4 0 5 8 2 4 0 0 0 4
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cio Icluideur 41.4 01.5 25.0 27.5 87.2 96.8 59.5 00.0 75.6 81.9 71.9
exn  1 7 8 1 1 4 1 9 5 0 0
Pree 4. 3. 1. 2. 2. 1. 3. 2. 7.
( 7 7 4 6
2 2
Objeto  SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA N DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓCALIDAD ISO 9001:2008  SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL COMPLEJO DE LOS NUEVOS MINISTERIOS Y ZONAS COMUNES EXTERIORES DEL MISMO, DESDE EL 1 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  LIMPIEZA EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y EMPLEO Y MINISTERIO DE SANIDAD  MANTENIMIENTO INTEGRAL Y GESTIÓN TÉCNICA PARA LA SEDE DE LA D.G.I.G.N.  REDACCIÓN PROYECTO TRAZADO Y MEJORAS FUNCIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD VIAL Y CAPACIDAD DE LA AUTOVÍA V- 31 PK 2,5 AL 12,5. SILLA VALENCIA  AUTOVÍA DE SIERRA NEVADA (A-44) ALBOLOTE (ENLACE CON LA A-92) SANTA FE (ENLACE CON LA A-329)ANDALUCÍA ORIENTAL AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO A-8. TRAMO: LA ENCINA-TORRELAVEGA. PROVINCIA DE CANTABRIA  BLICAS PARA LA CONCESIÓN DE OBRAS PÚCONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA AUTOVÍA A-31 DEL PK 124 AL 235, TRAMO BONETE-ALICANTE  CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE AUTOVÍA A-2 DEL PK 62 AL 139,5 TRAMO R2 SORIA-GUADALAJARA  GESTIÓN DE SERVICIOS DE LA LÍNEA MARÍTIMA DE INTERÉS PÚBLICO MÁLAGA-MELILLA Y ALMERÍA-MELILLA  EJECUCIÓN DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN A-23, N-234 Y N-211.TERUEL
 
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Nº Informe  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  BOE-A-2022-12cable en https://
 
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Fecha de ormalizació 30-nov-2010 26-sep-2011 21-mar-2012 27-jun-2012 2-ago-2012 1-ago-2013 29-jun-2012 12-jun-2013 20-nov-2014 1-ene-2012 7-ago-2012
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Pree 8. 6. 3. 2. 2. 6. 1. 2. 1. 1.
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Objeto  EJECUCIÓN DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN LA A-7, LA A-91 Y LA N-342a  EJECUCIÓN DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN LA A-49, PK 31,5 AL 84,0; H-31, PK.77,82 AL 84,642; Y N-435, PK. 169,2 AL 221,1 PROVINCIA DE HUELVA  CONSERVACIÓN INTEGRAL E-15 A-17 PK 480 A 532 V-21 PK 0 AL 18,8 V-23 PK 0 AL 8,23 V-30 PK 0 A 17,08 V-31 PK 0 A 11,850 CORREDOR SILLA-PICASSENT. VALENCIA  DE LOS SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA  DESARROLLO Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE APLICACIONES EN EL ENTORNO TECNOLÓGICO DE LA SUBSECRETARIA  PRESTACIÓN DE SERVICIOS POSTALES  VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SEDE CENTRAL  OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LAS OFICINAS PARA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LOS Nº 68 Y LOCALES SITOS EN LA C/CEA BERMÚDEZ C/SAN FRANCISCO DE SALES Nº 6 DE MADRID.  N DE LA ANTIGUA OBRAS DE REHABILITACIÓSUCURSAL DEL BANCO DE ESPAÑA EN PAMPLONA  SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALCALÁ 37 DE MADRID  SERVICIO DE GRABACIÓN DE DATOS Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 
 
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Nº Informe  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  BOE-A-2022-12cable en https://
 
Fecha de ormalización 30-mar-2012  29-nov-2013  5-nov-2012  9-ago-2013  15-mar-2013  27-dic-2013  29-jun-2012 
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Objeto  SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS SEDEDE LA AEMPS  SERVICIOS INFORMÁTICOS EN LA AGENCIESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOSANITARIOS  VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CENTRO EUROLATINOAMERICANO DE JUVENTUD  PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES EN EPROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ARBITRAJE QUE SSEGUIRÁ ANTE LA JUNTA ARBITRAL NACIONAL DCONSUMO, ADSCRITA AL INSTITUTO NACIONAL DCONSUMO  ASISTENCIA A VICTIMAS DE DISCRIMINACIÓN POORIGEN RACIAL O ÉTNICO Y PROMOCIÓN DEPRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO Y NDISCRIMINACIÓN  VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN DEPENDENCIAS DEMINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES GUALDAD, SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD PROTECTORADO DE FUNDACIONES  SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEMINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E INSTITUTO DGUALDAD, SUS ORGANISMOS SALUD CARLOS III 
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Nº Informe  61  62  63  64  65  66  67  BOE-A-2022-12cable en https://

Anexo 2 
FISCALIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES Y OTRAS INCIDENCIAS SOBREVENIDAS 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS MINISTERIOS 
DEL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS 
DEPENDIENTES EN EL PERIODO 2014 A 2016 
  INCIDENCIAS EN LAS QUE SE HAN OBSERVADO DEFICIENCIAS POR 
CONTRATOS EXAMINADOS31 
Nº  AP  S  D  P  M  CC  RP  R  CF  L  C  SC  RC  O 
Contrato 
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incidencias.
Nº  AP  S  D  P  M  CC  RP  R  CF  L  C  SC  RC  O 
Contrato 
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Nº  AP  S  D  P  M  CC  RP  R  CF  L  C  SC  RC  O 
Contrato 
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