BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101 Miércoles 28 de abril de 2021 Sec. III.   Pág. 50188
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
6914 Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador mercantil y de bienes muebles de Badajoz, por la que se 
resuelve  no  practicar  la  inscripción  de  una  escritura  de  constitución  de 
sociedad de responsabilidad limitada.
En el recurso interpuesto por don Carlos Duro Fernández, notario de Los Santos de 
Maimona, contra la nota de calificación emitida por el registrador Mercantil y de Bienes 
Muebles de Badajoz, don Juan Enrique Pérez Martín, por la que se resuelve no practicar 
la inscripción de una escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada 
autorizada por el notario recurrente.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 19 de noviembre de 2020 por don Carlos Duro 
Fernández, notario de Los Santos de Maimona, con el número 770 de protocolo, se 
procedió a constituir la sociedad de responsabilidad limitada denominada «Odiseos Aec, 
S.L.», en los términos que constan en la misma.
II
Presentada el día 20 de noviembre de 2020 la referida escritura en el Registro 
Mercantil de Badajoz, fue objeto de calificación negativa, en cuanto aquí interesa, por la 
siguiente causa:
«Juan Enrique Pérez Martin, Registrador Mercantil de Badajoz, previo el consiguiente 
examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 
del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos.
Diario/Asiento: 52/3134.
F. presentación: 20/11/2020.
Entrada: 1/2020/4605.
Sociedad: Odiseos Aec S.L.
Autorizante: Duro Fernández, Carlos.
Protocolo: 2020/770 de 19/11/2020.
Fundamentos de derecho (defectos).
1.  (…)
2.  Las actividades descritas en el Art. 2.º de los Estatutos, constituyen actividades  e
profesionales, por lo que la Sociedad debe adoptar la forma de Sociedad Profesional., o  bo
bien determinar –en los estatutos sociales- de forma clara e inequívoca que respecto a  14ww
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Profesionales. Arts. 1 y 2 de la Ley de Sociedades Profesionales y Sentencia del Tribunal 
Supremo, Sala de lo Civil, de 18 de julio de 2.012. –subsanable–.
3.  (…)
Badajoz, 23 de noviembre de 2020.–El Registrador Mercantil.
Sin perjuicio de proceder a la subsanación de los defectos anteriores y a obtener la 
inscripción del documento, en relación con la presente calificación: (…).»
III
Mediante escrito, don Carlos Duro Fernández, notario de Los Santos de Maimona, 
interpuso recurso el día 17 de diciembre de 2020 fundado en las siguientes alegaciones:
«(…) La nota de calificación se refiere sin distinción a «las actividades descritas en el 
artículo 2.º de los estatutos», por lo que habrá que entender que se refiere a todas.
La  actividad  de  construcción,  reforma,  modificación,  rehabilitación,  reparación  y 
conservación de edificios en modo alguno puede considerarse actividad propia de una 
sociedad profesional pues es insostenible que para el desempeño de dichas actividades 
sea necesaria titulación universitaria oficial.
Lo mismo cabe decir para la actividad de edición, publicación y venta de libros y 
revistas.
En cuanto a las actividades de formación y de consultoría y asesoramiento, al 
circunscribirse  además  al  campo  de  la  construcción,  a  los  de  la  ingeniería  y  la 
arquitectura, el desempeño de dichas actividades podría suponer la posesión de la 
correspondiente titulación universitaria oficial, pero la Ley de Sociedades Profesionales 
al definir «actividad profesional», a efectos de delimitar su ámbito de aplicación, exige 
dos requisitos que han de darse cumulativamente: el primero, el que ha quedado dicho, 
que para el desempeño de la actividad en cuestión se requiera titulación universitaria 
oficial, pero además y necesariamente debe concurrir un segundo requisito, cual es que 
para  dicho  desempeño  se  requiera  también  inscripción  en  el  Colegio  profesional 
correspondiente, o dicho de otro modo, que sean actividades de colegiación obligatoria, 
lo que en ningún caso ocurre con la actividad de asesoría o consultoría ni con la de 
formación;  no  hay  ninguna  disposición  legal  o  reglamentaria  que  exija  o  requiera 
inscripción en Colegio profesional para desarrollar actividades de consultoría ni para 
desarrollare actividades de formación como es la impartición de cursos, talleres, charlas, 
conferencias, seminarios, enseñanza reglada y no reglada, etc.
Estos es así porque el prestar servicios de asesoramiento/consultoría o de formación 
en tales campos o ramas del conocimiento no supone en modo alguno el ejercicio de la 
profesión; así el ingeniero, o el arquitecto, y valdría para cualquier otro titulado, que 
presta servicios de asesoramiento o de formación, no está ejerciendo al desarrollar esas 
actividades la profesión para la que su titulación le habilita, sino que está aprovechando 
y transmitiendo sus conocimientos en dichas matrerías; de la misma manera que es 
posible,  y  no  tan  extraño,  teniendo  en  cuenta  la  interrelación  de  conocimientos  y 
disciplinas que exige una formación integral, que titulados en una materia o disciplina 
específica puedan prestar consultoría y formación a titulados en otras distintas, si tales 
conocimientos les pueden servir de utilidad a estos segundos; o yendo más allá, ni 
siquiera la mera actividad de consultoría o formación requeriría inexcusablemente la 
titulación universitaria, cuando los conocimientos que pueden transmitirse proceden de  s
otros campos o de la experiencia. oe.
Quiere decirse que no es lo mismo ejercer una profesión para la que se exige una  w.
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capacita, y se utiliza y aprovechan, los conocimientos adquiridos para obtener dicha
titulación.» Bc
IV
Mediante oficio, de fecha 18 de diciembre de 2020, el registrador Mercantil y de 
Bienes Muebles de Badajoz remitió el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 36 de la Constitución Española; 1 de la Ley 2/2007, de 15 de 
marzo,  de  sociedades  profesionales;  las  Sentencias  del  Tribunal  Constitucional 
número 83/1984, de 24 de julio, y 42/1986, de 10 de abril, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de diciembre de 1993, 30 de 
abril de 1999, 5 y 16 de marzo, 2 de julio y 9 de octubre de 2013, 4 de marzo y 18 de 
agosto de 2014, 20 de julio de 2015, 11 de enero, 17 de octubre y 16 de diciembre 
de 2016, 2 de marzo, 24 de abril, 14 de junio, 22 de noviembre y 21 de diciembre 
de 2017, 9 de enero, 28 de mayo, 19 de junio, 18 de julio, 9 de octubre y 5 de diciembre 
de 2018 y 12 de junio y 19 de diciembre de 2019.
1.  La  cuestión  planteada  en  el  presente  recurso  versa  sobre  el  concepto  de 
actividad profesional definido en el artículo 1 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
sociedades profesionales, como elemento determinante de la sujeción de las compañías 
que las tengan por objeto a la disciplina especial que este texto legal establece.
Como ya señalaran, entre otras, las Resoluciones de esta Dirección General de 15 
de diciembre de 1993 y 30 de abril de 1999, o la más reciente de 9 de octubre de 2018, 
es la delimitación estatutaria del objeto social, y no el efectivo desenvolvimiento posterior 
de las actividades en él comprendidas, la que determina la aplicación de aquellas 
disposiciones especiales que prevean el cumplimiento de concretos requisitos por razón 
del ámbito de actuación  demarcado,  de modo que, desde la etapa fundacional, la 
compañía ha de reunir todas las condiciones que hagan viable el desarrollo de las 
distintas facetas comprendidas en el objeto (artículos 36, 1271, 1666 y 1700.2.º del 
Código Civil y 117 del Código de Comercio), contempladas como un género que incluye 
todas sus especies, por lo que habría de incluirse una previsión específica para que 
alguna de ellas pudiera quedar excluida.
A raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2012, este Centro 
Directivo (Resoluciones de 5 y 16 de marzo, 2 de julio y 9 de octubre de 2013, 4 de marzo 
y 18 de agosto de 2014, 20 de julio de 2015, 11 de enero, 17 de octubre y 16 de diciembre 
de 2016, 2 de marzo, 24 de abril, 14 de junio, 22 de noviembre y 21 de diciembre de 2017, 
9 de enero, 28 de mayo, 19 de junio, 18 de julio, 9 de octubre y 5 de diciembre de 2018 
y 12 de junio y 19 de diciembre de 2019, entre otras) ha venido sosteniendo de manera 
reiterada que, cuando los estatutos sociales de una compañía hagan referencia en la 
delimitación del objeto a actividades que revistan el carácter de «profesionales» conforme 
al concepto adoptado en el artículo 1 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, la sociedad debe 
quedar sometida a la disciplina establecida en este texto legal, a menos que, en aras de la 
certidumbre jurídica, se incluya la declaración expresa de que se configura como una 
compañía de medios, de comunicación de ganancias, o de intermediación, posibilidad 
expresamente aludida en la exposición de motivos de la Ley.
En esta línea de razonamiento, la nota de calificación del registrador parte de la 
premisa de que «las actividades descritas en el Art. 2.º de los Estatutos, constituyen 
actividades profesionales», circunstancia por la que «la Sociedad debe adoptar la forma 
de Sociedad Profesional, o bien determinar –en los estatutos sociales– de forma clara e  es
inequívoca que respecto a tales actividades el objeto es la mediación o la intermediación,  bo
quedando por tanto excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 2/2007 (…)». 14ww
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disciplina especial que el texto legal establece.
El artículo 1.1 de la Ley de sociedades profesionales comienza ordenando que «las 
sociedades  que  tengan  por  objeto  social  el  ejercicio  en  común  de  una  actividad 
profesional deberán constituirse como sociedades profesionales en los términos de la 
presente Ley». No obstante, después de este mandato de tan extenso alcance, el 
segundo párrafo se encarga de acotar los confines del precepto declarando que, «a los 
efectos de esta Ley, es actividad profesional aquélla para cuyo desempeño se requiere 
titulación universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario 
acreditar una titulación universitaria oficial, e inscripción en el correspondiente Colegio 
Profesional».
Con arreglo a la segunda acepción que acoge el Diccionario de la Real Academia 
Española, el término «profesión» hace referencia al «empleo, facultad u oficio que 
alguien  ejerce  y  por  el  que  percibe  una  retribución».  Así  contemplada,  la  idea  de 
profesión está vinculada a las notas caracterizadoras de una ocupación, actividad o 
cometido  socialmente  tipificado  por  un  núcleo  de  saberes,  técnicas  o  habilidades 
dirigidos al cumplimiento duradero de una función o tarea. En el estadio que con esta 
perspectiva se divisa, la conexión de la profesión con un determinado conjunto de 
conocimientos o destrezas no está sometida a un control jurídico público, ni tampoco las 
condiciones concretas en que deba desarrollarse su ejercicio.
La configuración jurídica de una profesión tiene lugar cuando el ordenamiento se 
encarga  de  delimitar  las  actividades  que  la  identifican,  de  exigir  la  acreditación  de 
determinados conocimientos para su ejercicio y las condiciones en que deba desarrollarse, 
lo que con frecuencia se producirá sobre una previa tipificación social de la tarea.
Como se desprende de la lectura de los dos párrafos transcritos del artículo 1.1 de la 
Ley de sociedades profesionales, el ejercicio profesional en común al que pretende 
someter a sus prescripciones específicas es el referente a unas actividades concretas, 
objeto de una configuración legal expresa como «profesiones tituladas» y cuyo ejercicio 
se halle sometido a colegiación obligatoria. A ellas alude el artículo 36 de la Constitución 
Española para establecer una reserva de Ley sobre el régimen jurídico de los colegios 
profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas, como se ha encargado de 
resaltar el Tribunal Constitucional en las Sentencias número 83/1984, de 24 de julio, 
y 42/1986, de 10 de abril, entre otras. En definitiva, lo que viene a establecer es que, por 
Ley, puede condicionarse el ejercicio de determinadas profesiones a la previa posesión 
de un título académico o profesional, cuando existen razones de interés público que lo 
aconsejen.
3.  Declara  el  registrador  en  la  nota  de  calificación  impugnada,  de  un  modo 
genérico, que «las actividades descritas en el Art. 2.º de los Estatutos, constituyen 
actividades  profesionales»,  sin  señalar  específicamente  las  que  pudieran  tener  tal 
carácter, y menos aún indicar la disposición o disposiciones legales de las que derivara 
el carácter de profesión titulada sometida a colegiación obligatoria.
El artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria establece en su segundo párrafo la necesidad 
de que las calificaciones negativas expresen las causas impeditivas, suspensivas o 
denegatorias del asiento solicitado «y la motivación jurídica de las mismas, ordenada en 
hechos  y  fundamentos  de  derecho».  El  razonamiento  justificador  constituye  un 
instrumento de prevención de la arbitrariedad, en la medida que su cumplida observancia 
dificulta las decisiones voluntaristas y, al mismo tiempo, se revela como una garantía de 
la posición jurídica del administrado, informándole de los argumentos a rebatir para 
conseguir una impugnación exitosa.
Pese  al  silencio  de  la  nota  de  calificación,  el  recurrente  centra  su  razonamiento  s
impugnatorio en rebatir que las actividades de formación, consultoría y asesoramiento en el  oe.
campo de la construcción, la ingeniería y la arquitectura tengan el carácter de actividades  w.
profesionales a los efectos del artículo 1 de la Ley de sociedades profesionales, alegando  14ww
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cuya  responsabilidad  en  la  ejecución  correspondería,  en  todo  caso,  al  profesional 
destinatario de esos servicios. Respecto de la consultoría, es de observar que se va 
delimitando paulatinamente como una actividad profesional socialmente tipificada, pero el 
legislador todavía no ha adoptado la decisión de regularla como una profesión titulada 
sometida  a  colegiación  obligatoria  en  ninguna  de  las  modalidades  aludidas  en  el 
cuestionado artículo 2 de los estatutos sociales de la compañía.
En virtud de lo expuesto, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y 
revocar la nota de calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 10 de marzo de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.