BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 61 Viernes 12 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 28592
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
3840 Real Decreto 146/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican el Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica  básica  de  los  departamentos  ministeriales,  y  el  Real  Decreto 
734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio del Interior.
El Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio del Interior, atribuye a la persona titular de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, bajo la inmediata autoridad de la persona titular del Departamento, 
el ejercicio de un amplio elenco de competencias relacionadas con la promoción de las 
condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, el mando de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y la coordinación y supervisión de sus servicios y 
misiones, así como la dirección y coordinación de la cooperación policial internacional.
La complejidad de las funciones en materia de seguridad pública asumidas por la 
Secretaría de Estado de Seguridad y las necesidades de coordinación de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad han dado lugar a que, tradicionalmente, bajo la dependencia de 
su titular y para el apoyo en el ejercicio de estas competencias, haya existido, como 
característica propia de esta Secretaría de Estado, un Gabinete de Coordinación y 
Estudios, con nivel orgánico de subdirección general.
No  obstante,  a  lo  largo  de  los  últimos  años  las  funciones  del  Gabinete  de 
Coordinación y Estudios no han dejado de crecer de manera exponencial –incluyendo, 
entre ellas, los ámbitos de protección de las infraestructuras críticas, la coordinación en 
materia de capacidades de ciberseguridad del Ministerio del Interior, o la coordinación 
del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista– y, sin dejar de constituir el principal 
órgano de apoyo a la persona titular de la Secretaria de Estado de Seguridad, ha 
desbordado ese marco, asumiendo gradualmente como propias un considerable número 
de competencias que, al mismo tiempo, han obligado a ampliar y redimensionar su 
estructura para adecuarla a dicha realidad.
La asunción de estas competencias ha sido consecuencia gradual de la evolución y 
configuración del modelo policial español. La existencia de dos cuerpos policiales de 
ámbito estatal, la Policía Nacional y la Guardia Civil, adscritos respectivamente a las 
Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, cuyo órgano superior común 
inmediato es la Secretaría de Estado de Seguridad, impone, por un lado, la necesidad de 
una  estructura  organizativa  con  entidad  suficiente  para  garantizar  la  coordinación 
permanente de su actividad, tanto en relación con las competencias específicas de cada 
uno de ellos, como en aquellos casos de confluencia de ambos cuerpos en un mismo 
ámbito; y por otro lado, exige la existencia de un órgano único que haga posible el 
ejercicio de un creciente número de competencias de seguridad pública de carácter 
transversal, como pueden ser la gestión del Sistema de Seguimiento Integral de los 
casos de Violencia de Género o del Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras 
Críticas.
Asimismo,  dentro  del  actual  modelo  policial,  y  sin  perjuicio  de  la  existencia  de  s
cuerpos de policía en las comunidades autónomas, la seguridad pública constituye por  oe.
mandato constitucional una competencia exclusiva del Estado, lo que multiplica las  w.
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órgano en el que se residencia esta función y el que le da la necesaria continuidad.
El notable incremento en las funciones del Gabinete de Coordinación y Estudios no 
ha tenido reflejo en la determinación de su nivel orgánico, que, desde su origen, ha sido 
de subdirección general. Sin duda este nivel administrativo se correspondía con las 
funciones inicialmente asumidas y con las que el artículo 67.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico, asigna a los subdirectores generales, a 
los que define como «los responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director 
general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, 
objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los 
asuntos de la competencia de la Subdirección general».
Sin  embargo,  como  se  ha  expuesto,  las  funciones  actuales  del  Gabinete  de 
Coordinación y Estudios superan ampliamente su estrecho marco competencial inicial, 
limitado estrictamente al asesoramiento y apoyo al proceso de toma de decisiones de la 
persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad, dando lugar a un desequilibrio 
entre sus competencias y el rango administrativo de su titular.
Abundando en los mismos argumentos, en el momento presente, sin dejar de lado 
esas  funciones  de  asesoramiento,  la  relevancia  que  ha  adquirido  el  Gabinete  de 
Coordinación y Estudios en razón de las responsabilidades que ha asumido en el ámbito 
de la dirección de la política de seguridad y la visibilidad que su ejercicio le confieren, 
determinan que su titular deba mantener relaciones fluidas y frecuentes tanto con las 
personas titulares de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, que 
tienen rango de subsecretario, como con las personas titulares de las Consejerías de 
Interior o de Seguridad de las comunidades autónomas con policía propia y de los 
órganos  directivos  de  los  que  dependen  estos  cuerpos.  En  tales  situaciones,  esta 
diferencia de rango administrativo, tratándose de un órgano a través del cual se ejerce 
buena parte de las competencias del Estado en materia de coordinación de la seguridad 
pública, genera una evidente dificultad añadida para el ejercicio de sus funciones.
Por todo lo anterior, resulta evidente que el actual nivel orgánico de subdirección 
general del Gabinete de Coordinación y Estudios ha dejado de corresponderse con el 
contenido y funciones de dicho órgano, por lo que resulta plenamente coherente tanto 
con  la  relevancia  funcional  e  institucional  de  las  competencias  que  actualmente 
desarrolla,  como  con  las  facultades  que  corresponden  a  los  directores  generales 
conforme al artículo 66 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la atribución a este órgano 
del nivel orgánico de dirección general.
Este cambio se considera necesario, en definitiva, para adecuar el nivel del referido 
órgano directivo con la trascendencia de las responsabilidades que le son inherentes, e 
imprescindible  para  garantizar  la  adecuada  gestión,  impulso  y  coordinación  de  las 
competencias estatales en materia de seguridad pública que se ejercen a través del 
mismo.
Como consecuencia de ello, pasa a depender de la nueva Dirección General de 
Coordinación y Estudios la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, que, con 
nivel orgánico de subdirección general, hasta ahora dependía de la persona titular de la 
Secretaría de Estado de Seguridad.
La  creación  de  esta  dirección  general  exige  modificar,  además  del  Real 
Decreto 734/2020, de 4 de agosto, el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que 
se establece  la  estructura  orgánica básica de  los  departamentos ministeriales para 
incorporar en la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior la nueva Dirección 
General de Coordinación y Estudios. E igualmente resulta necesario exceptuar de la 
condición  de  funcionario  a  la  persona  titular  de  esta  nueva  dirección  general,  de  s
conformidad con lo previsto en el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. oe.
Es preciso contemplar la posibilidad de que la persona titular de la Dirección General  w.
de  Coordinación  y  Estudios  pueda  no  ostentar  la  condición  de  funcionario  público,  40ww
aetleevnaddieon dnoú mae lraos d ees fpuencciaiolense sc aarsaucmteidríassti caacst udaelm eesntete  óprogra neol .G Caboimneot es ed eh aC oeoxrpduineasctoió, nu ny 
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de la persona titular del órgano unas cualidades específicas que, en ocasiones, pueden 
no encontrar adecuada respuesta en la capacitación eminentemente técnica de los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los que históricamente ha estado 
asociado el puesto.
La diversidad de las materias sobre las que ejerce competencias la citada dirección 
general exige de su titular un conocimiento transversal y, a la vez, especializado que se 
corresponde  con  profesionales  con  conocimientos  y  experiencia  en  dichos  ámbitos 
competenciales, que no siempre es posible alcanzar si su perfil se reduce al ámbito de la 
función  pública.  En  los  últimos  años  se  han  producido  notables  avances  en  la 
consideración ciudadana y en el replanteamiento del papel del sector privado de la 
seguridad,  reconociéndose  la  importancia,  eficacia  y  eficiencia  de  la  colaboración 
público-privada como medio para hacer frente y resolver los problemas que se producen 
en la sociedad en este ámbito. La seguridad se considera cada vez más una parte 
indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad y al 
ejercicio efectivo de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. En este 
sentido, la amplitud de las atribuciones del citado órgano directivo aconsejan que dicho 
puesto pueda ser cubierto por personas que hayan demostrado previamente una carrera 
profesional,  en  el  ámbito  público  o  privado,  y  que  acrediten  suficientemente  la 
cualificación y la experiencia necesarias para organizar y coordinar procesos diversos, 
dinámicos y complejos.
Por otra parte, en la Secretaría de Estado de Seguridad se contempla expresamente 
la  figura  del  Relator  Nacional  contra  la  Trata  de  Seres  Humanos,  conforme  a  lo 
establecido en el artículo 29.4 del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra 
la trata de seres humanos, que entró en vigor en España el 1 de agosto de 2009, y al 
artículo 19 de la Directiva 2011/36/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril 
de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la 
protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del 
Consejo, función que ya venía ejerciendo este órgano superior.
Asimismo, se lleva a cabo una clarificación puntual en las funciones de la Jefatura de 
Información dependiente de la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de la 
Guardia Civil, recogiendo de manera expresa la utilización operativa de la información, 
especialmente en materia antiterrorista, en el ámbito nacional e internacional.
Finalmente, este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación a los 
que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  principios  de  necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Así, atiende a la 
necesidad de modificar puntualmente la estructura orgánica básica del Ministerio del 
Interior, siendo la regulación prevista eficaz y proporcionada en el cumplimiento de este 
propósito, sin afectar en forma alguna a los derechos y deberes de la ciudadanía. 
También  contribuye  a  dotar  de  mayor  seguridad  jurídica  a  la  organización  y 
funcionamiento del Departamento, al adecuar la estructura de los órganos directivos a 
las funciones que realmente ejercen. Cumple también con el principio de transparencia, 
en la medida en que la norma identifica claramente su objeto y finalidad. También se 
adecúa al principio de eficiencia, ya que no impone nuevas cargas administrativas, ni 
afecta a las existentes.
En su virtud, a iniciativa del Ministro del Interior, a propuesta del Ministro de Política 
Territorial y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 9 de marzo de 2021, s
DISPONGO:
Artículo primero.  Modificación del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que 
se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales, queda modificado como sigue:
Uno.  El párrafo A) del artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«A)  La  Secretaría  de  Estado  de  Seguridad,  de  la  que  dependen  los 
siguientes órganos directivos:
1.º  La  Dirección  General  de  la  Policía,  cuyo  titular  tendrá  rango  de 
Subsecretario.
2.º  La Dirección General de la Guardia Civil, cuyo titular tendrá rango de 
Subsecretario.
3.º  La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
4.º  La Dirección General de Coordinación y Estudios.»
Dos.  Se adiciona un nuevo párrafo u) al apartado 1 de la disposición adicional 
séptima, con la siguiente redacción:
«u)  La Dirección General de Coordinación y Estudios.»
Artículo segundo.  Modificación del Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.
El Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio del Interior, queda modificado como sigue:
Uno.  Se modifica el párrafo a) del artículo 1.5, que queda redactado del siguiente 
modo:
«a)  La  Secretaría  de  Estado  de  Seguridad,  órgano  superior  del  que 
dependen los siguientes órganos directivos:
1.º  La Dirección General de la Policía.
2.º  La Dirección General de la Guardia Civil.
3.º  La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
4.º  La Dirección General de Coordinación y Estudios.»
Dos.  Se modifica el apartado 2 del artículo 2, que queda redactado del siguiente 
modo:
«2.  Como órgano de asistencia inmediata a la persona titular de la Secretaría 
de Estado existe un Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general, con la 
estructura que se establece en el artículo 23.3 del Real Decreto 139/2020, de 28 
de enero.
La  persona  titular  de  la  dirección  del  Gabinete  ejercerá  las  funciones  de 
Relatoría Nacional contra la Trata de Seres Humanos conforme a la normativa 
internacional y europea vigente. Asimismo coordinará, siguiendo las instrucciones  e
de la persona titular de la Secretaría de Estado, las Subdirecciones Generales de  bo
Planificación  y  Gestión  de  Infraestructuras  y  Medios  para  la  Seguridad  y  de  40ww
Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad.»
Tres.  Se modifica el apartado 3 del artículo 2, que queda redactado del siguiente 
modo:
«3.  Depende de la persona titular de la Secretaría de Estado el Centro de 
Inteligencia  contra  el  Terrorismo  y  el  Crimen  Organizado  (CITCO),  con  nivel 
orgánico de subdirección general, al que corresponde la recepción, integración y 
análisis de la información estratégica disponible en la lucha contra todo tipo de 
delincuencia organizada o grave, terrorismo y radicalismo violento, el diseño de 
estrategias específicas contra estas amenazas y su financiación, así como, en su 
caso, el establecimiento de criterios de actuación y coordinación operativa de los 
órganos  u  organismos  actuantes  en  los  supuestos  de  concurrencia  en  las 
investigaciones  o  actuaciones  relacionadas  con  los  precursores  de  drogas  y 
explosivos, y en particular sobre las siguientes funciones:
1.º  Recibir, integrar y analizar informaciones y análisis operativos que sean 
relevantes  o  necesarios  para  elaborar  la  correspondiente  inteligencia  criminal 
estratégica y de prospectiva, tanto en su proyección nacional como internacional, 
integrando y canalizando, de manera coordinada, a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y, en su caso, a otros organismos que se determine, toda la 
información operativa que reciba o capte.
2.º  Dictar, determinar y establecer, en los supuestos de intervención conjunta 
o  concurrente,  los  criterios  de  coordinación  y  de  actuación  de  las  unidades 
operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la de éstas con 
otros  órganos  u  organismos  intervinientes,  en  función  de  sus  competencias 
propias o de apoyo a la intervención.
3.º  Elaborar  informes  anuales,  así  como  una  evaluación  periódica  de  la 
amenaza.
4.º  Elaborar, en coordinación con la Dirección General de Coordinación y 
Estudios, las informaciones estadísticas no clasificadas relacionadas con estas 
materias, en especial la estadística oficial sobre drogas, crimen organizado, trata y 
explotación de seres humanos.
5.º  Proponer, en el ámbito de sus competencias, las estrategias nacionales y 
actualizarlas  de  forma  permanente,  coordinando  y  verificando  su  desarrollo  y 
ejecución.
6.º  Establecer,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  las  relaciones 
correspondientes con otros centros o unidades similares de la Unión Europea, de 
sus Estados miembros o de terceros países.
Del CITCO dependerán la Oficina Nacional de Información sobre Pasajeros 
(ONIP), que actúa como Unidad de Información sobre Pasajeros (PIU) nacional 
prevista en la normativa europea, y la Unidad de Policía Judicial para delitos de 
terrorismo  (TEPOL).  Asimismo,  desarrollará  las  funciones  encomendadas  al 
Subregistro  Principal  OTAN-UE  para  los  órganos  centrales  del  Ministerio  del 
Interior y las de punto focal de la Relatoría Nacional contra la Trata de Seres 
Humanos para su apoyo y asistencia técnica.»
Cuatro.  El párrafo b) del artículo 4.5, referido a los órganos dependientes de la 
persona titular de la Dirección Adjunta Operativa, queda redactado como sigue:
«b)  La Jefatura de Información, a cargo de un Oficial General de la Guardia  e.e
Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde organizar, dirigir y  b
gestionar la obtención, recepción, tratamiento, análisis y difusión de la información  40ww
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especialmente en materia antiterrorista, en el ámbito nacional e internacional».
Cinco.  Se adiciona un nuevo artículo 5 bis, con el siguiente contenido:
«Artículo 5 bis.  La Dirección General de Coordinación y Estudios.
1.  La Dirección General de Coordinación y Estudios es el órgano de apoyo y 
asesoramiento a través del cual la persona titular de la Secretaría de Estado de 
Seguridad ejerce su función de coordinación y supervisión de la actuación de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de colaboración con las policías 
autonómicas  y  las  policías  locales.  Es  el  encargado  de  confeccionar  las 
instrucciones y los planes directores y operativos de la Secretaría de Estado en 
materia  de  seguridad  ciudadana,  supervisando  su  ejecución;  de  elaborar 
periódicamente los datos estadísticos de criminalidad; de diseñar y desarrollar 
acciones formativas comunes para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad; de coordinar y evaluar acciones y sistemas comunes de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad encaminados a la protección de colectivos vulnerables, y 
de auxiliar al titular de la Secretaría de Estado en su función como responsable 
superior del Sistema Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas y 
como coordinador de las políticas de ciberseguridad encomendadas al Ministerio.
En concreto, le corresponden las siguientes funciones:
1.º  Desarrollar  estrategias  específicas  de  lucha  contra  la  criminalidad  y 
elaborar las instrucciones y los planes directores y operativos de la Secretaría de 
Estado  en  materia  de  seguridad  ciudadana,  coordinando  la  actuación  de  las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este ámbito, así como de éstos 
con las policías autonómicas y las policías locales.
2.º  Desarrollar, implantar y gestionar la Estadística Nacional de Criminalidad, 
integrando todos los datos procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, las policías autonómicas y las policías locales.
3.º  Elaborar  periódicamente  informes  estadísticos  sobre  la  situación  y 
evolución de la criminalidad.
4.º  Realizar investigaciones, estudios, análisis e informes sobre aspectos 
relacionados  con  la  política  de  seguridad,  el  modelo  policial  y  la  seguridad 
ciudadana.
5.º  Promover y desarrollar acciones formativas conjuntas para miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías autonómicas y las 
policías locales.
6.º  Fomentar  la  participación  y  colaboración  de  la  Universidad,  de  otras 
entidades o instituciones públicas y privadas y de personalidades investigadoras o 
del ámbito académico en el desarrollo de las actividades y funciones que le 
corresponden.
7.º  Informar los proyectos de disposiciones generales en el ámbito de sus 
competencias.
8.º  Elaborar  resoluciones,  instrucciones  y  circulares  para  su  posterior 
elevación al titular de la Secretaría de Estado.
9.º  Actuar como Unidad Nacional de la Agencia de la Unión Europea para la 
Formación Policial (CEPOL).
10.º  Establecer,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  las  relaciones 
correspondientes con otros centros o unidades similares de la Unión Europea, de 
sus Estados miembros o de terceros países. e
11.º  Impulsar,  coordinar  y  supervisar,  a  través  del  Centro  Nacional  de  bo
Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), todas las actividades que tiene  40ww
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12.º  Constituirse  como  Servicio  Central  de  Violencia  de  Género  para  la 
dirección, definición y operación del Sistema de Seguimiento Integral de los casos 
de Violencia de Género.
13.º  Dirigir la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio.
14.º  Actuar como Centro Nacional de Desaparecidos.
15.º  Ejercer, a través de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, las 
funciones  de  punto  de  contacto  nacional  de  coordinación  operativa  para  el 
intercambio de información con la Comisión Europea y los Estados miembros, en 
el marco de lo establecido por la Directiva 2013/40/UE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas 
de información, y por la que se sustituye la Decisión Marco 2005/222/JAI, del 
Consejo, y ejercer como canal específico de comunicación entre los Centros de 
Respuesta  a  Incidentes  Cibernéticos  (CSIRT)  nacionales  de  referencia  y  la 
Secretaría de Estado de Seguridad, y desempeñar la coordinación técnica en 
materia de ciberseguridad entre dicha Secretaría de Estado y sus organismos 
dependientes, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros ministerios.
16.º  Ejercer  la  coordinación  de  los  Centros  de  Cooperación  Policial  y 
Aduanera.
17.º  Centralizar,  a  través  del  Centro  Permanente  de  Información  y 
Coordinación  (CEPIC),  la  recepción,  clasificación  y  distribución  de  sucesos, 
noticias e informaciones generadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
cualesquiera otras instituciones públicas o entidades privadas cuya actividad tenga 
relación  con  la  seguridad  pública  y  los  planes  operativos  o  estratégicos  que 
establezca la Secretaría de Estado.
2.  De  la  Dirección  General  de  Coordinación  y  Estudios  depende  la 
Inspección  de  Personal  y  Servicios  de  Seguridad,  con  nivel  orgánico  de 
subdirección general, encargada de la inspección, comprobación y evaluación del 
desarrollo de los servicios, centros y unidades, centrales y periféricos, de las 
Direcciones  Generales  de  la  Policía  y  de  la  Guardia  Civil,  así  como  de  las 
actuaciones  realizadas  por  los  miembros  de  los  respectivos  Cuerpos  en  el 
cumplimiento de sus competencias.
En este ámbito, en particular, le corresponden las siguientes funciones:
1.º  Elaborar y proponer a la persona titular de la Secretaría de Estado la 
planificación de la actividad inspectora.
2.º  Analizar y comprobar el estado, adecuación, suficiencia y utilización de 
los recursos humanos, materiales e infraestructuras sobre los que ejerce la función 
inspectora, con objeto de optimizarlos y proponer, en su caso, las medidas que 
procedan.
3.º  Realizar el control y seguimiento de los planes y objetivos de actuación, 
en relación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, establecidos por la 
Secretaría de Estado y las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia 
Civil.
4.º  Ejercer las competencias en materia de prevención de riesgos laborales 
que le otorgan los Reales Decretos 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención 
de riesgos laborales en la Guardia Civil, y 2/2006, de 16 de enero, por el que se 
establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los 
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. e
5.º  Llevar a cabo, en el ámbito de sus funciones, el seguimiento de los  bo
programas de calidad establecidos en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio,  40ww
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6.º  Promover  actuaciones  que  favorezcan  la  integridad  profesional  y 
deontológica  de  los  miembros  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del 
Estado».
Disposición adicional primera.  No incremento de gasto público.
La aplicación de este real decreto se hará sin aumento del coste de funcionamiento 
de los órganos directivos y no supondrá incremento de gasto público.
Disposición adicional segunda.  Supresión de órganos.
Se suprime el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de 
Seguridad.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 9 de marzo de 2021.
FELIPE R.
El Ministro de Política Territorial y Función Pública,
MIQUEL OCTAVI ICETA I LLORENS