BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Martes 15 de junio de 2021 Sec. TC.   Pág. 72910
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
10017 Sala Segunda. Sentencia 104/2021, de 10 de mayo de 2021. Recurso de 
amparo 764-2020. Promovido por la entidad Naguspea, S.L., respecto de la 
providencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco que inadmitió el incidente de nulidad 
de actuaciones promovido respecto de una sentencia estimatoria del recurso 
de suplicación formulado por la contraparte en proceso de conflicto colectivo 
por modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): inadmisión del 
incidente de nulidad de actuaciones fundada en la procedencia del recurso de 
casación para la unificación de doctrina sin estar acreditada la concurrencia 
de identidad de situaciones fácticas entre la sentencia que se pretendía 
controvertir y otra dictada por este Tribunal Constitucional en cuya doctrina se 
fundamenta la impugnación.
ECLI:ES:TC:2021:104
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 764-2020, promovido por la entidad Naguspea, S.L., 
contra la providencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, de 17 de diciembre de 2019, que inadmitió el 
incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la sentencia de la misma sala de 9 
de octubre de 2019, dictada en suplicación. Ha actuado la confederación sindical ELA e 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez 
Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 5 de febrero 
de 2020, el procurador de los tribunales don Luis Fernando Pozas Osset, actuando en 
nombre y representación de la entidad Naguspea, S.L., bajo la defensa del letrado don 
Xabier  Solís  López,  interpuso  demanda  de  amparo  contra  la  resolución  arriba 
mencionada.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a  o
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes: 017www.
sindaic)a l CEoLnA  feincthearp 2u4so d ed eambarinl ddae  2d0e1 c9o, nlafl icretop rceosleencttaivcoió np opr romcoedsiafilc daeci ólan  csounsfteadnecriaacl idóen 
scoolnicdiitcainodnoe sa dl eju tzrgaabdaojo  ccoomntprae tlean eten tqiduaed  «adqeucí larerec uqrrueen tlea  ym coodniftircaa ceiló cno msuitsét adnec ieaml dpere slaas,   BOE-A-cable e
condiciones de trabajo consistente en modificación de horario de las limpiadoras es nula 
o subsidiariamente injustificada, y se condene a la empresa demandada residencia 
Naguspea,S.L.,  a  estar  y  pasar  por  esta  declaración  y  a  reponer  al  colectivo  de 
gerocultoras en sus anteriores condiciones de trabajo».
Atribuido el conocimiento de la causa al Juzgado de lo Social núm. 6 de Bilbao, una 
vez tramitado el procedimiento, autos núm. 347-2019, este dictó sentencia el 3 de junio 
de 2019 con la siguiente dispositiva y pie de recurso:
«Que, desestimando la demanda interpuesta por ELA frente a Naguspea, S.L., en el 
que fue parte el comité de empresa, autos 347-2019, absuelvo a la demandada de 
cuanto se pedía.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito 
mediante comparecencia o por escrito ante este juzgado en el plazo de cinco días a 
contar desde su notificación, debiendo designar letrado/a o graduado/a social para su 
formalización.»
b)  La  confederación  sindical  ELA  interpuso  recurso  de  suplicación  contra  la 
sentencia de instancia. Tras la tramitación del procedimiento, recurso 1584-2019, la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
dictó sentencia el 9 de octubre de 2019 con la siguiente dispositiva y pie de recurso:
«Que debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la 
representación letrada de ELA frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social 
núm.  6  de  Bilbao  en  el  procedimiento  núm.  347-2019,  seguido  a  instancia  de  la 
recurrente contra Naguspea, S.L., y comité de empresa, en procedimiento de conflicto 
colectivo, y revocando la sentencia recurrida declaramos que la fórmula empresarial 
utilizada para ajustar los calendarios de los limpiadores de la residencia (adelanto de 
media hora la salida durante algunos meses) es improcedente y contraria al artículo 17 
del convenio colectivo, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por dicha 
declaración con los efectos legales que procedan. Sin condena en costas.
Notifíquese a las partes litigantes y al Ministerio Fiscal la sentencia dictada, con la 
advertencia de que contra la misma puede interponerse recurso de casación para la 
unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, anunciándolo a 
través  de  esta  Sala  por  escrito,  dentro  de  los  diez  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación, durante el cual tendrán a su disposición en la oficina judicial de esta Sala los 
autos para su examen.»
c)  Notificada esta última sentencia, la entidad demandada en la instancia formalizó 
contra aquella un escrito de incidente de nulidad de actuaciones ante la propia Sala de lo 
Social del tribunal superior de justicia, alegando la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva y a no padecer indefensión (art. 24.1 CE), la cual desglosa en tres 
infracciones distintas que desarrolla a lo largo del escrito y resume previamente así:
«(1)  La  sentencia  estima  un  motivo  de  censura  jurídica  que  en  la  propia 
fundamentación jurídica se reconoce que no existe –y, es más, se dice que ello debería 
motivar la desestimación del motivo de recurso–. Ello supone, entre otras cuestiones, un 
manifiesto quebranto de la debida congruencia interna de la sentencia; por un lado se 
reconoce expresamente que el recurso debiera ser inadmitido o desestimado por una 
absoluta falta de los requisitos mínimos necesarios pero, a continuación, se entra al  e.e
fondo de dicho recurso para apreciar la vulneración de un precepto del convenio que no  b
fue denunciada como tal en el cuerpo del recurso. 017ww
recu(r2s)o  dLea  ssuepnlitceancciióan e ys,t ipmoar  utann tmo,o tqivuoe  dmei  creepnrseusrean jtuardídai cnao q puued noo i mexpiusgtínaa er.n E esl  tdeexctoir,  dseel 
qhuae e smtiim raedpore usne nmtaodtiav oh udbei ererac uprsood idinoa uadpitoar tapra rptea;r as in[q suieq]u ieersata e sIlcmuac.h aSra llaas  daele lgoa cSioonceiasl 
hubiera podido alcanzar la convicción contraria a la expresada en la demanda y, por 
tanto, ratificar la sentencia dictada en la instancia.
(3)  La sentencia condena a mi representada a cosa distinta de aquello que se 
solicita en el suplico del recurso.»
En dicho escrito se cita doctrina de este Tribunal Constitucional sobre el derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y en concreto a una sentencia 
congruente (STC 86/2000, de 27 de marzo, y se reproduce la STS de 26 de abril 
de 2018 en la que se citan las SSTC 42/2005, de 28 de febrero; 140/2006, de 8 de mayo, 
y 127/2008, de 27 de octubre).
En un apartado sobre cumplimiento de los requisitos de admisión del incidente de 
nulidad, el escrito expone lo que sigue:
«– La resolución sobre la que se insta el presente incidente es firme, de conformidad 
con la diligencia de ordenación dictada por esta Iltre. Sala de lo Social en fecha 8 de 
noviembre de 2019.
– No se ha podido denunciar la vulneración que desarrollaremos antes de recaer la 
sentencia combatida.
– La no interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina […] 
obedece a que la finalidad del mismo es la de evitar disparidad de criterios susceptibles 
de producir un quebranto en la unificación de la interpretación del derecho y en la 
formación de la jurisprudencia.
Siendo  ello  así,  y  procediéndose  a  articular  una  infracción  de  los  artículos 
constitucionales precitados orientados principalmente a cuestiones de índole procesal, el 
medio hábil para dicha denuncia debe ser un incidente de nulidad.»
d)  La petición de nulidad resultó inadmitida de plano por la Sala de lo Social del 
tribunal superior de justicia, mediante providencia de 17 de diciembre de 2019, con el 
siguiente tenor:
«El anterior escrito presentado por Naguspea, S.L., en solicitud de incidente de 
nulidad de actuaciones, únase a la pieza de recurso de su razón.
El art. 241.1 párrafo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que el incidente 
de nulidad de actuaciones podrá instarse siempre que no quepa, frente a la resolución a 
la que se imputa el motivo de nulidad, interponer recurso ordinario o extraordinario.
Teniendo presente que la sentencia dictada por este tribunal era susceptible de ser 
recurrida  en  casación  para  unificación  de  doctrina  ante  el  Tribunal  Supremo,  no 
concurriría el requisito legal citado, no pudiendo este tribunal aceptar los argumentos que 
sobre  este  punto  esgrime  la  parte  interesada,  puesto  que  en  el  citado  recurso 
extraordinario puede hacerse valer cualquier motivo de nulidad.
Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno (artículo 241.1 
LOPJ).
Lo acuerda y rubrica la señora magistrada ponente. Doy fe.»
e)  Notificada la citada providencia, se promueve el presente recurso de amparo.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  la  providencia  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia del País Vasco «vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) al 
señalar que no cabe la formulación de un incidente de nulidad frente a la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por no haberse formulado con carácter  es
previo recurso de casación para la unificación de doctrina, cuando la interposición de  o
este resulta manifiestamente improcedente». Señala que con su decisión, la providencia  017ww
simametoepntnutivetgaonndscao iadds,ea   p areoh vras iu cs puiódranievn ardtoede:co  hh( ioe)a  c ehfdsuotincismdh, aaalom   upcenuan artrtaele lrc  eu«asrd uselolat a  dl atpeu r topsecoulaesp silbijacuilladmidcicaeióidnan tl e dq eeiunf eeadc dúetminvnaiiucs»naib cmlcieaeo rsnm etleeog tsúiad nroft lirasce guitprleaaor nrad tdeolaass     OE-A-2021-10able en https://
jurisprudencia, la cual señala cómo «[s]in un motivo de infracción de normas sustantivas
[art. 193 c) LJS], la revisión fáctica quedaría huérfana», lo que ha hecho la sentencia es 
que «[…]‘construye’ un motivo de censura jurídica que no figuraba en el recurso de 
suplicación y sobre el cual mi representada no pudo verter réplica», tal como se explicó 
en el escrito de nulidad; (ii) la sentencia además, «condena a mi representada a cosa 
distinta de aquello que se solicitaba en el recurso de suplicación», toda vez que en el 
recurso de suplicación formulado por ELA se pedía que se declarara la nulidad o, 
subsidiariamente, el carácter injustificado de una –supuesta– modificación sustancial y, 
sin embargo, el fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no 
hace  alusión  a  dicha  –pretendida–  modificación,  sino  que  contiene  una  condena 
declarativa  –que  la  conducta  empresarial  es  contraria  al  artículo  17  del  convenio 
colectivo de aplicación–».
Sobre la idoneidad del incidente de nulidad promovido, argumenta la demanda que la 
«producción de las distintas infracciones que denunciábamos en nuestro incidente de 
nulidad las vinculábamos al artículo 218 de la LEC, con motivo de la producción de 
varias incongruencias. Sobre la vinculación de las garantías que consagra el artículo 218 
de la LEC al artículo 24 CE –y, por ende, susceptible de articularse un incidente de 
nulidad–, se pronuncia también la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 86/2000, de 
fecha 27 de marzo del año 2000»; el incidente tenía así por fin «denunciar severas 
vulneraciones del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en los términos 
indicados y en sus distintas vertientes».
Dicho  incidente  de  nulidad  resultaba  obligado,  a  su  entender,  por  el  carácter 
manifiestamente improcedente del recurso de casación para la unificación de doctrina, 
pues en su configuración legal por el art. 219 de la Ley reguladora de la jurisdicción 
social (LJS), se «determina la exigencia de que en su escrito de formalización se razone 
y relacione de manera precisa y circunstanciada las identidades que determinan la 
contradicción alegada y la infracción legal que se imputa a la sentencia. Esos elementos 
de  coincidencia  que  resultan  necesarios  encarnan  lo  que  una  reiteradísima 
jurisprudencia  viene  denominando  el  requisito  de  la  triple  identidad,  esto  es,  de  la 
identidad subjetiva, objetiva y causal»; requisitos que no concurrían en este caso, por lo 
que el «único medio hábil» para combatir las vulneraciones producidas era el incidente 
de nulidad.
La demanda explica a continuación por qué no concurrían tales requisitos de la 
casación unificadora:
«(i)  Porque la misma [sentencia de contradicción] tendría que analizar un supuesto 
en el que se discuta si un control de excesos de jornada a través de (i) la concesión de 
días libres y (ii) reducciones de jornada es ajustado a Derecho de conformidad con un 
convenio colectivo que, año a año, reduce su jornada anual.
(ii)  Porque dicho exceso de jornada tendría que producirse como consecuencia de 
integrar el calendario vacacional en la cartelera provisional.
(iii)  Porque, además, el supuesto contradictorio tendría que serlo atendiendo a la 
aplicación de un convenio colectivo con la misma –o similar– fórmula de reducción de 
jornada» (se reproduce a continuación el art. 17 del Convenio colectivo de centros de la 
tercera edad de Bizkaia, sobe jornadas anuales de trabajo).
De este modo, prosigue diciendo, la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo «determina cómo la posibilidad de interponer un recurso de casación para la 
unificación de doctrina dirigido a la discusión de cuestiones estrictamente procesales –
que, principalmente, son el motivo de la interposición de nuestro inadmitido incidente de  e
nulidad– no está exento del requisito de contradicción: con independencia de que la  bo
cuestión procesal sea muy concreta, para que la misma pueda ser objeto de estudio a  017ww
"trtarivpéles  iddee nutnid aredc",u rlsoo  cduea lc asesa acinótno jap airnav ilaab ulen ieficna ceiló snu dpeu edsotoct rqinuae  tanmosb ioécnu spea »e,x iyg ircáit ae slaa 
rseecnuterrnecnitae  dsee  deicnhcao nStraalbaa  deen  2u1n dae « neonvcireumcibjardea »d ep 2u0e0s 0s. i Dinetfeiernpdoen íala  adqeumela nredcau rqsuoe  dlea 
casación y el mismo «finalmente concluye con un auto de inadmisión a trámite –como
estaba destinado a ocurrir–, corría el riesgo de perder el plazo para interponer un 
incidente de nulidad frente a la sentencia». Y añade que estas «encrucijadas» son 
conocidas por este Tribunal Constitucional a propósito de la relación entre el incidente de 
nulidad y el recurso de amparo, con cita de la STC 255/2007, de 17 de diciembre, sobre 
el riesgo de incurrir en falta de agotamiento de la vía judicial previa o, en cambio, si 
interpone todos los recursos posibles o imaginables, en extemporaneidad por no ser 
procedente.
Expuesto lo que antecede, se afirma en la demanda que la providencia recurrida ha 
obviado la flexibilidad de las normas sobre recursos «rescisorios» como el incidente de 
nulidad de actuaciones –con cita de las SSTC 185/1990, de 15 de noviembre, y 65/2016, 
de 11 de abril– y ha obviado también el derecho de acceso a la jurisdicción «que predica 
el principio pro actione […]», con cita en respaldo de este segundo aspecto, de las 
SSTC 237/2005, de 26 de septiembre; 35/1995, de 6 de febrero (se indica por error 7 de 
febrero), y 133/2005, de 23 de mayo (se indica por error 23 de abril).
Finaliza sus alegaciones la entidad recurrente diciendo que por la infracción cometida 
por la providencia impugnada de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), debe declararse la nulidad de esta, con retroacción del procedimiento 
«hasta el momento en que se inadmitió a trámite el incidente de nulidad planteado». 
Petición que traslada al suplico de la demanda, junto con la del reconocimiento del 
derecho fundamental invocado.
Con relación al requisito de la especial trascendencia constitucional del recurso [arts. 
49.1 y 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)], la demanda, luego 
de reproducir el listado de causas que trae la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, 
sostiene que el mismo «radica en determinar si, en consonancia con el artículo 24 CE, 
resulta imperativo el agotamiento de cualesquiera recursos que la ley habilite frente a 
una resolución para poder formularse un incidente de nulidad, al amparo del artículo 241 
y ss. de la LOPJ, con independencia de que el recurso necesario para el agotamiento de 
la vía previa sea manifiestamente improcedente por cuestiones de fondo y forma».
Añade, con cita de la STC 112/2019, de 3 de octubre, que este tribunal ha apreciado 
en el supuesto en ella enjuiciado que no resulta exigible antes de venir en amparo ex 
art. 44.1 a) LOTC, deducir un incidente de nulidad de actuaciones contra una sentencia 
de instancia que se dice lesiva de un derecho fundamental, y ello tras la inadmisión por 
falta de interés casacional objetivo de un recurso de casación contencioso-administrativo 
promovido  contra  aquella  sentencia,  aunque  si  el  incidente  se  interpone  ha  de 
considerarse un cauce idóneo. Así, el «interés y trascendencia constitucional, por tanto, 
reside en determinar si el anterior criterio es extrapolable a un supuesto en el que no se 
interpone un recurso de casación para la unificación de doctrina por ser manifiestamente 
improcedente e inservible […] para formalizar un incidente de nulidad frente a una 
sentencia suplicatoria y, por ende, si debía de haberse interpuesto aquel para tener por 
cumplido el requisito de agotamiento de la vía previa que se exige de cala [sic] a la 
instrumentalización de un incidente de nulidad». Tomando en cuenta, dice asimismo, la 
jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y la encrucijada en que se 
encuentra la parte si se interpone el recurso de casación unificadora y este se inadmite, 
perdiendo el plazo para promover el incidente de nulidad.
4.  Antes de resolver sobre la admisibilidad del recurso, la secretaría de justicia de la 
Sección  Cuarta,  Sala  Segunda,  de  este  Tribunal  Constitucional,  dictó  diligencia  de 
ordenación el 15 de septiembre de 2020 requiriendo al Juzgado de lo Social núm. 6 de 
Bilbao  para  que  remitiera  «certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  e.
correspondientes al procedimiento de conflictos colectivos 347-2019». w.b
prov5id. enUcniaa  evl e3z0  rdeec inboidvaiesm  lbarse  adcet u2a0c2io0n epso,r  llaa  qSueec caicóonr dCóu aadrtma itdire a  etrsátem itteri beuln raelc udriscotó, 
L«OapTrCec) iapnodroq uqeu ee cl orneccuurrrseo  epnl aenl tmeais muno  upnroab elesmpeac iaol  tarafescctean dae nucniaa  cfaocnesttait udcieo nuanl  (adretr. e5c0h.o1 
fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]».
En la misma resolución se acordó dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, para que remitiera certificación o 
fotocopia  adverada  «de  las  actuaciones  correspondientes  al  recurso  de 
suplicación 1584-2019». Asimismo, acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo 
Social núm. 6 de Bilbao para que procediera a emplazar en el plazo de diez días a 
quienes hubieran sido parte en el procedimiento de ejecución referenciado, excepto a la 
parte  recurrente  en  amparo,  por  si  querían  comparecer  en  el  presente  proceso 
constitucional.
6.  Con fecha 17 de diciembre de 2020, doña Irati Díaz Ugarte, letrada del Ilustre 
Colegio  de  Abogados  de  Bizkaia,  presentó  escrito  en  el  registro  de  este  tribunal 
manifestando que «dentro del plazo establecido al efecto vengo a comparecer ante esta 
Sala, en la representación que ostento en nombre del sindicato ELA, se adjunta poder 
notarial, y a personarme ante la Sala Segunda del Tribunal Constitucional a sostener los 
derechos de mi representado con motivo del recurso de amparo, solicitando se atiendan 
con la compareciente las sucesivas diligencias».
La secretaría de justicia de la Sección Cuarta de este tribunal dictó diligencia de 
ordenación el 20 de enero de 2021, acordando conceder a la citada letrada un plazo de 
diez  días  «para  que  se  persone  en  el  presente  recurso  por  medio  de  procurador, 
conforme preceptúa el artículo 81.1 de la LOTC, con apercibimiento que de no verificarlo, 
se la tendrá por decaída en su derecho».
El  requerimiento  fue  cumplimentado  por  la  procuradora  de  los  tribunales  doña 
Esperanza Azpeitia Calvín, mediante escrito registrado ante este tribunal el 19 de febrero 
de 2021 en el que afirmó actuar en nombre y representación de la confederación sindical 
ELA según «acredita la escritura de poderes que acompaño», solicitando se la tuviera 
por comparecida y parte en el presente recurso, entendiéndose con ella las sucesivas 
actuaciones.
7.  Con fecha 23 de febrero de 2021, la secretaría de justicia de la Sección Cuarta 
de este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que, de un lado, decidió tener por 
personada a la procuradora doña Esperanza Azpeitia Calvín en nombre y representación 
de la confederación sindical ELA, y de otro lado acordó dar vista de las actuaciones a las 
partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que 
pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto 
en el art. 52.1 LOTC.
8.  Con fecha 24 de marzo de 2021, la representación procesal de la entidad 
sindical personada en este recurso presentó su escrito de alegaciones interesando de 
este tribunal, se «dicte resolución por la que se inadmita el recurso presentado».
Ante  todo,  en  el  escrito  se  alega  la  conformidad  a  Derecho  de  la  resolución 
impugnada, pues «la inadmisión lo ha sido en base a la norma procesal, que no se ha 
interpretado ni de forma formalista ni desproporcionada. La inadmisión deriva de manera 
terminante, clara e inequívoca del propio texto legal; sin dudas que hayan de resolverse 
con criterios interpretativos de alguna dificultad. Asimismo entiende [dicha parte] que no 
ha existido vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante de 
amparo. Y por último entiende esta parte que la misma no ha cumplido los requisitos de 
admisibilidad del recurso de amparo constitucional».
Sostiene el escrito que la entidad recurrente parte de un error de base, como es 
entender  que  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  exige  para  el  control  de  las  s
infracciones procesales en el recurso de casación para la unificación de doctrina laboral,  oe.
cqi«nouTfnreSat  rca2ccs3ioot-ann1dce-ua1srs2 r,,a  pl oRro ueqcncue.aes   a1nl5ioed5 see9.n s/1t icC1di;eiat ard1t  o-7 epe-nu2n e0 s el [asl…aste  ]i d, sep1intu8utni-ad2tcoa-i2 od0n lsa eo[ss…l o  ]rhs,e uas1s od1tlae-u3n ca-ti1iocv5rnae esd[s …i tad]dr,e se e4l  -le1aAn0sl  -tc1ous7 ae»Tnn. rttoieYb nu acnc lioaaanssl:     2021-10017n https://www.
relación a las sentencias de este Tribunal Constitucional, aduce que: «es más, no es
exigible la identidad cuando la sentencia alegada de contraste fue dictada por el Tco,
pues la comparación debe hacerse desde la perspectiva del derecho fundamental cuya 
vulneración se alega (TS 16-9-14, Rec. 2431/13; 23-3-17)». Añade como ejemplos de la 
exigencia  de  la  homogeneidad  entre  las  infracciones  procesales  comparadas,  las 
sentencias del Tribunal Supremo 761/2017, de 4 de octubre; 150/2018, de 14 de febrero, 
y 464/2016, de 1 de junio. Así, la recurrente «simplemente optó por no realizar ese 
previo trámite obligatorio».
Desde esta perspectiva, advierte el escrito de alegaciones, la demanda de amparo 
adolecería  de  la  «inexistencia  de  interés  y  trascendencia  constitucional»,  pues  la 
sentencia que se dictase «solo podría consistir en determinar si se pude [sic] realizar un 
incidente de nulidad de actuaciones no habiendo cumplido los requisitos legales de 
previa interposición de un recurso de casación para la unificación de doctrina alegando 
infracciones procesales para tener por cumplido el requisito de agotamiento de la vía 
previa que exige de cara a la instrumentalización de un incidente de nulidad, solo porque 
la  parte  legítima  subjetivamente  entiende  –pues  ni  lo  ha  intentado–,  que  va  a  ser 
‘manifiestamente improcedente e inservible’», por lo que no cabe deducir que la lesión 
denunciada –que considera no se ha producido– «cualifique el recurso ahora planteado 
de especial trascendencia», como exige el art. 50.1 b) LOTC.
Remacha este óbice la parte personada diciendo que «se debería inadmitir a trámite 
la demanda de amparo, de conformidad con el art. 50.1 a) en relación con el art. 44.1, 
ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC),“toda vez que no se han 
agotado debidamente todos los medios de impugnación dentro de la vía judicial” […]».
9.  Con fecha 26 de marzo de 2021, la representación procesal de la entidad aquí 
recurrente  formuló  sus  alegaciones  interesando  se  estime  la  demanda  de  amparo 
presentada, con reconocimiento de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y 
nulidad de la providencia recurrida, «debiendo retrotraerse el procedimiento hasta el 
momento  en  el  que  se  inadmitió  a  trámite  el  incidente  de  nulidad  planteado  por 
Naguspea».
En el escrito se manifiesta la «adhesión y ratificación de los hechos y fundamentos 
de Derecho consignados en la demanda de amparo tramitada bajo el procedimiento 
núm. 764-2020», antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho que pasa a resumir 
extensamente.
10.  El fiscal ante este Tribunal Constitucional, presentó escrito de alegaciones el 7 
de abril de 2020 por el que interesó de este tribunal que dictara sentencia «con el 
siguiente  pronunciamiento:  1.  Estimar  el  presente  recurso,  otorgando  el  amparo  a 
Naguspea,  S.L.  2.  Declarar  que  ha  sido  vulnerado  el  derecho  fundamental  de  la 
demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). 3.  Restablecerla en su derecho y, 
en consecuencia, declarar la nulidad de la providencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha el [sic] 17 de diciembre de 2019, 
en el recurso de suplicación núm. 1584-2019, por la que se inadmite el incidente de 
nulidad. 4.  Retrotraer las actuaciones del mencionado procedimiento hasta el momento 
previo a dictar la providencia mencionada, para que se tramite el incidente de nulidad».
Luego  de  resumir  los  antecedentes  del  proceso  a  quo  y  de  la  tramitación  del 
presente recurso de amparo, el escrito de alegaciones del fiscal cita doctrina sobre el 
derecho a la tutela judicial efectiva, en su faceta de derecho a obtener una resolución 
fundada en Derecho, y el canon de su control ante este tribunal (cuando la resolución 
resulta  arbitraria,  manifiestamente  irrazonada  o  irrazonable  o  incurra  en  un  error 
patente), en concreto la STC 46/2020, de 15 de junio. Cita también doctrina sobre el  e
significado del principio pro actione, que no exige la interpretación más favorable a la  bo
admisión  de  las  normas  pero  sí  la  prohibición  de  interpretaciones  excesivamente  017ww
ffoisrcmaal lais rteacso or draigro lrais dtaisst,in ccoiómno e dnetrcela eral c laan SoTnC d e8 0c/o2n0t2ro0l,  ddeel  1d5e rdeec hjuon dioe,  aFcJc e3s. oY  aplr porcoecdees oe,l 
rdeosbplee citnos tdaenlc diae)r,e yc hlao  dlibee artcacde sdoe la l elogsis lraedcourr spoasr as aclovon fiegnu realr  plorosc erescou rpseonsa, l c(odne rceictah od ea  llaa 
STC 166/2016, de 6 de octubre, FJ 3.
Sentado esto, el fiscal considera también de relieve traer a colación la doctrina 
constitucional  sobre  la  interpretación  del  requisito  del  previo  agotamiento  de  la  vía 
judicial para la interposición de la demanda de amparo, ex art. 44.1 a) LOTC, doctrina 
que «ha mantenido que este requisito ha de ser interpretado de manera flexible y 
finalista, sosteniendo que no es necesario, para estimar agotada la vía judicial previa, 
que se hayan presentado todos los recursos posibles, sino tan solo aquellos que no 
quepa duda respecto de la procedencia y la posibilidad real y efectiva de interponer el 
recurso, estimándose cumplido el requisito cuando no se ha interpuesto un recurso que, 
aun  siendo  posible  plantear,  estaba  abocado  al  fracaso».  Como  ejemplo,  cita  las 
SSTC 60/2017, de 22 de mayo, FJ 2, y 112/2019, de 3 de octubre, FJ 3 d), así como el 
ATC 3/2019, de 28 de enero, FJ 3 a), precisando este último que el recurso de casación 
para la unificación de doctrina no resulta siempre preceptivo, y es quien alegue la 
inadmisión del recurso de amparo por no haberse promovido aquel recurso previamente, 
el  que  tiene  la  carga  de  acreditar  la  posibilidad  que  existía  de  acudir  a  dicha 
extraordinaria vía. En el mismo sentido cita la STC 63/2021, de 15 de marzo, FJ 2.
Expuesta la doctrina aplicable, el fiscal precisa que en este caso no resulta aplicable 
el principio pro actione, pues no se trata de un supuesto de inadmisión de acceso al 
proceso, la causa ha pasado ya por dos grados jurisdiccionales, sino el de acceso a los 
recursos,  con  el  consiguiente  canon  predicable  de  este,  «sin  que  sea 
constitucionalmente exigible la interpretación legal más favorable para hacer efectivo el 
acceso al recurso». En este caso, comparte el fiscal la apreciación de la demanda de 
amparo, de que el recurso de casación para la unificación de doctrina no resultaba 
viable, no solo por la imposibilidad «detalladamente justificada en la demanda de amparo 
de encontrar una sentencia contradictoria respecto del fondo del asunto, que se da por 
reproducida  por  no  extender  innecesariamente  este  informe»,  sino  porque  «existe 
asimismo una extrema dificultad para encontrar una sentencia que pueda considerarse 
contradictoria, a los efectos de presentar un recurso de casación para la unificación de 
doctrina,  con  la  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  País  Vasco  que  se  pretende 
impugnar, porque esta no cuestiona el criterio consolidado: que si no hay motivo jurídico 
procede desestimar el recurso, sino que acepta esta doctrina, pero por una circunstancia 
particular (el recurso dice que de la modificación de los hechos probados pretendida, 
resulta que la actuación de la empresa vulnera el artículo 17 del convenio colectivo), 
considera que puede entrar a enjuiciar el fondo del asunto. Y al hacerlo estima el 
recurso. Es prácticamente imposible encontrar una sentencia que diga justo lo contrario, 
porque lo que hacen las sentencias que resuelven de modo adverso es aplicar la 
doctrina aceptada por esta de que si no hay motivo jurídico no se puede estimar el 
recurso; y sería necesario encontrar una que afirmase que, a pesar de que el recurrente 
menciona que se vulnera un artículo de un convenio colectivo (o de otra norma), dentro 
del motivo de modificación de los hechos probados, como no se ha articulado un motivo 
jurídico, no procede entrar a valorar el fondo del asunto, por lo que desestima el recurso. 
No parece posible encontrar una sentencia que haga referencia a una mención de la 
infracción de una norma, en el seno de un motivo de suplicación para modificación de 
hechos del art. 193.3 b) LJS; para decir que, a pesar de esa referencia a la infracción 
normativa, como no existe un motivo de suplicación al amparo del art. 193.3 c) LJS 
procede desestimar el recurso porque no hay motivo jurídico. Vistos los antecedentes de 
inadmisión  de  recursos  de  casación  para  unificación  de  doctrina  por  falta  de 
contradicción, en casos con diferencias menores que la existente entre una sentencia 
que simplemente diga que aplica el criterio de que si no hay motivo jurídico no se puede  s
estimar el recurso y la que aquí se recurre, se considera que el recurso de casación para  oe.
unificación de doctrina no tendría posibilidad de prosperar». w.
Bajo tal consideración, finaliza el fiscal diciendo que «no era exigible al recurrente  017ww
tqoumea pdrae seenn talas ep droicvhidoe rnecciau rsqou ea nstees  rdeeclu irnreci deesn teco dnetr anruiali daald  ayr tq. u2e4 p.1o r CtaEn, tos ulap odneec isuiónna 
rinetqeurpisrietota cdióen  qdueel   anrot . q2u4e1p.1a  LnOinPgJú ne xrececusirvsaom  eonrdtein afroiorm  anlii setax,t rapoorrd ihnaabrieor  paaprlaic apdood eerl   BOE-A-cable e
interponer el incidente de nulidad, de un modo que convierte este requisito en un 
obstáculo procesal impeditivo de la tutela judicial efectiva».
11.  La secretaría de justicia dictó diligencia el 9 de abril de 2021 haciendo constar 
que se habían presentado escritos de alegaciones por la representación procesal de la 
entidad recurrente, por la representación procesal del sindicato ELA y por el Ministerio 
Fiscal, quedando conclusas las actuaciones.
12.  Mediante providencia de 6 de mayo de 2021, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 10 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso.
Nos  corresponde  resolver  la  demanda  de  amparo  interpuesta  por  la  mercantil 
recurrente contra la providencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco que inadmitió a trámite el incidente de 
nulidad de actuaciones promovido por aquella contra la sentencia de la misma Sala que, 
previamente, había estimado el recurso de suplicación deducido por la organización 
sindical actora en la instancia, trayendo consigo la estimación de la demanda formulada 
por esta ante el juzgado de lo social, al calificar de improcedente la modificación de las 
condiciones de trabajo objeto del conflicto colectivo.
Sostiene  la  recurrente  en  amparo  que  la  providencia  que  impugna  vulnera  su 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al inadmitir el incidente planteado por 
ella con el razonamiento de que falta el requisito del art. 241.1 de la Ley Orgánica del 
Poder  Judicial  (LOPJ)  de  que  contra  la  resolución  no  quepa  recurso  ordinario  o 
extraordinario, que aquí contra la sentencia de suplicación cabía interponer recurso de 
casación para la unificación de doctrina ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo pues 
«en el citado recurso extraordinario puede hacerse valer cualquier motivo de nulidad». 
La demanda de amparo niega este extremo argumentando, como ya se expuso en los 
antecedentes, que dicho recurso de casación resultaba improcedente en este caso al no 
reunirse los requisitos exigidos por la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Alto 
Tribunal para su admisión.
La  pretensión  constitucional  de  la  recurrente  es  apoyada  en  su  escrito  de 
alegaciones  por  el  fiscal  ante  este  tribunal,  mientras  que  la  organización  sindical 
personada solicita que declaremos la inadmisión del recurso de amparo por óbices 
procesales, negando además que sea de estimar en cuanto al fondo. Así trabado el 
debate, ha de darse respuesta en primer lugar al óbice procesal planteado por ELA, en 
cuanto su estimación impediría el examen de la queja de la demanda.
2. Óbice a la admisibilidad del recurso.
a)  Como se dejó constancia en los antecedentes, ya en el tramo final de su escrito 
de alegaciones la organización sindical personada afirmó que la demanda de amparo 
denota  la  inexistencia  de  «interés  y  trascendencia  constitucional»,  refiriéndose  al 
requisito de la especial trascendencia constitucional del recurso previsto en los arts. 49.1 
y 50.1 b) LOTC. A su parecer, no la tiene al haberse planteado para determinar si la 
parte  recurrente  podía  promover  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  sin  la  previa 
interposición de un recurso de casación para la unificación de doctrina, solo porque esta  e
entienda  subjetivamente  que  dicha  casación  es  improcedente  o  inservible.  Como  bo
segundo argumento que ofrece la parte personada como óbice, dice que el presente  017ww
raegcoutrasdoo  ddee baimdapmareon tdee tboed oinsa ldoms imtiresdei oesx  daer tism. p4u4g.1n aac) ióyn 5 d0e.1n taro)  LdOe TlaC v ípao jruqduiec ia«ln»o. se han
seguPnadrao  ósbui cree spprouceesstaa l,s lea  fimaltpao dnee  augnoat apmriimenetroa  dper elocsis mióend, ioys  edse  qimuep ulgon aacleiógna daon tecos mdeo 
venir ante nosotros, más bien revela una crítica a la queja de fondo de la demanda que
llevaría a desestimarla, y no a su inadmisión. En efecto, el escrito de alegaciones de ELA 
no defiende que tras serle notificada la providencia del incidente de nulidad, la mercantil 
recurrente tuviera que agotar algún medio de impugnación contra dicha providencia 
antes de formalizar la demanda de amparo, siendo evidente a su vez, que de haber dado 
la Sala de lo Social una respuesta de fondo a la solicitud de nulidad, la recurrente ya no 
habría deducido demanda de amparo por su inadmisión tal y como aquí ha hecho (la 
habría articulado en su caso por otros motivos, o se habría aquietado con la decisión), 
todo lo cual descarta su consideración como tal óbice por falta de agotamiento de la vía 
judicial previa al amparo.
Lo que en realidad indica el sindicato personado es que el recurso de casación para 
la  unificación  de  doctrina  sí  cabía  contra  la  sentencia  de  suplicación,  en  vez  del 
alternativo incidente de nulidad utilizado por la recurrente, pero ese es justamente el 
objeto de la queja de fondo deducida por esta última.
A mayor abundamiento, resulta reiterada la doctrina constitucional que permite venir 
en amparo contra la decisión denegatoria de un incidente de nulidad interpuesto contra 
una resolución anterior del proceso a quo, sin tener que agotar más recursos o promover 
antes otro incidente de nulidad (SSTC 153/2012, de 16 de julio; 9/2014, de 27 de enero; 
204/2014, de 15 de diciembre; 91/2015, de 11 de mayo; 96/2015, de 25 de mayo; 
98/2015, de 25 de mayo; 142/2015, de 22 de junio; 65/2016, de 11 de abril, y 102/2020, 
de 21 de septiembre).
b)  Ha  de  analizarse  solamente,  por  tanto,  la  objeción  de  la  falta  material  del 
requisito de la especial de trascendencia constitucional del recurso. En los términos con 
que la misma es defendida en el escrito de alegaciones, se adelanta que dicho óbice ha 
de  ser  desestimado.  En  primer  lugar,  porque  el  contenido  entre  otras  de  las 
SSTC  91/2015,  142/2015,  y  143/2020,  además  del  ATC  65/2018,  de  18  de  junio, 
evidencia que este tribunal sí considera de especial trascendencia constitucional el 
problema  derivado  del  desconocimiento  por  algunos  órganos  judiciales  del  papel 
asignado por nuestro ordenamiento jurídico al incidente de nulidad de actuaciones como 
cauce de reparación de la lesión de los derechos fundamentales y salvaguarda de la 
subsidiariedad de esta jurisdicción constitucional de amparo, tras su reforma por la Ley 
Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, al inadmitir a trámite dicho incidente afirmándose que 
la  parte  debió  interponer  contra  la  respectiva  resolución  un  recurso  de  naturaleza 
extraordinaria –y no dicho incidente– el cual, sin embargo, no cabe en todo caso ni se 
ofrecen datos que permitan colegir que lo fuere necesariamente en el asunto planteado.
Como se hizo constar en la providencia de admisión a trámite de este recurso, se 
reconoció su especial trascendencia constitucional por tratarse de un problema o una 
faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina, en concreto, añadimos 
ahora, en relación con la protección del incidente de nulidad cuando este se inadmite por 
considerarse preceptiva la interposición de un recurso de casación para la unificación de 
doctrina  laboral,  como  cauce  para  denunciar  la  infracción  de  una  doctrina  de  este 
Tribunal Constitucional. Cabe añadir, en fin, que conforme tenemos reiterado, «es a este 
tribunal a quien corresponde apreciar si el contenido del recurso justifica una decisión 
sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional, que encuentra su 
momento procesal idóneo en el trámite de admisión contemplado en el art. 50.1 LOTC 
[últimamente, SSTC 46/2019, de 8 de abril, FJ 3 c); 54/2019, FJ 3 c); 58/2019, FJ 3 c); 
59/2019, FJ 3 b), las tres últimas de 6 de mayo, y 3/2020, de 15 de enero, FJ 4, así como 
las anteriores que ahí se citan]» (STC 143/2020, FJ 2).
Se desestima en consecuencia el óbice procesal invocado. s
3.  Doctrina aplicable al examen de la queja de fondo. w.b
judicCiaolm eof epcutinvtao  (parretv. io2,4 d.1e bCeE a) cqlaurea rsrees quultea  laco fnacceertnai ddae l edne reesctheo  cfuansdoa, mtael nctaolm ao l ah teumteolas 
edle cmlaisramdoo  prerocibelnetmema ecnotnes ati tpurcoiopnóasli tod ed efo ontdrao  dqeumea anqduaí ,d ea uanmqpuaer or eesnp elac tqou ed es eu pnl arnetceuarbsao 
extraordinario y orden jurisdiccional distinto, es la del derecho de acceso a los recursos,
pues «si bien no se trata técnicamente de un recurso porque este se articula frente a 
resoluciones judiciales no firmes y el incidente de nulidad de actuaciones procede frente 
a resoluciones que ya han alcanzado firmeza, la faceta del derecho al recurso (art. 24.1 
CE) es la concernida cuando se trata de decisiones de inadmisión de tales incidentes, 
también cuando este asunto se erige en queja autónoma de la demanda de amparo (al 
efecto, SSTC 153/2012, de 16 de julio, FJ 2; 204/2014, de 15 de diciembre, FJ 3; 
91/2015, de 11 de mayo, FJ 3, y 142/2015, de 22 de junio, FJ 2). Dos de las posibles 
formas de vulneración del derecho son el carácter arbitrario o irrazonable de la decisión 
de inadmisión, que es lo alegado» [STC 143/2020, FJ 3 b)], también en la presente 
demanda.
Con este punto de partida, procede poner de relieve la siguiente doctrina:
a)  Ante todo, al ejercitar este tribunal el control por la posible vulneración del 
derecho al recurso en todos los casos, excepto en el proceso penal (derecho a la doble 
instancia regido por el principio pro actione: últimamente, SSTC 3/2021, de 25 de enero, 
FJ 3, y 4/2021, de 25 de enero, FJ 3, y las que en ambas se citan), venimos advirtiendo 
que «[…] no le corresponde revisar la aplicación judicial de las normas sobre admisión 
de recursos, salvo en los casos de inadmisión cuando esta se declara con base en una 
causa legalmente inexistente o mediante un "juicio arbitrario, irrazonable o fundado en 
error fáctico patente" (SSTC 55/2008, de 14 de abril, FJ 2, y 42/2009, de 9 de febrero, 
FJ 3)» [STC 7/2015, de 22 de enero, FJ 2 A) c)]» [STC 143/2020, FJ 4 a)].
De manera más concreta, respecto de la inadmisión judicial de un incidente de 
nulidad  de  actuaciones  por  no  haber  interpuesto  la  parte  en  su  lugar  un  recurso 
devolutivo de carácter extraordinario contra la resolución previa, hemos dicho que «la 
motivación  que  necesariamente  ha  de  ofrecer  el  órgano  judicial  competente  para 
inadmitir  el  incidente  de  nulidad,  aunque  sea  sucinta,  debe  precisar  el  recurso 
extraordinario que a su parecer cabría interponer, teniendo para ello en cuenta las 
posibilidades reales de procedencia de tal recurso en el caso concreto, habida cuenta su 
regulación legal. El no hacerlo así conlleva la vulneración del derecho al recurso de la 
parte demandante de amparo (SSTC 91/2015, de 11 de mayo, FJ 3, y 142/2015, de 22 
de junio, FJ 4)» [STC 143/2020, FJ 4 b) (ii)].
Lógicamente, la aplicación de esta doctrina ha de cohonestarse con la configuración 
legal  de  los  recursos  dentro  de  cada  orden  jurisdiccional.  Siendo  un  recurso 
extraordinario que por tanto no cabe frente a todo tipo de resoluciones ni por cualquier 
infracción  jurídica,  ha  de  verificarse  si  está  garantizado  el  acceso  por  un  criterio 
predeterminado y directo por la ley, como puede ser el de la cuantía o el de la tramitación 
de la causa en la instancia por un determinado tipo de procedimiento con especialidades, 
por ejemplo en la casación civil [STC 143/2020, FJ 5 b)], o si la norma reconoce un 
margen de interpretación al tribunal ad quem para apreciar si concurre en cada caso o 
no el motivo legal de acceso, como sucede en la casación por interés casacional tanto 
en el orden civil [STC 143/2020, FJ 5 b)], como en el orden contencioso-administrativo 
[SSTC  112/2019,  de  3  de  octubre,  FJ  3  e);  98/2020,  de  22  de  julio,  FJ  2  B),  y 
ATC 65/2018, de 7 de junio, FJ 5].
En todo caso, las distintas Salas del Alto Tribunal han ido elaborando un catálogo de 
motivos  de  inadmisión  para  cada  recurso  que  los  operadores  jurídicos  deben 
responsablemente  tener  en  cuenta,  a  fin  de  no  preparar  o  interponer  un  recurso 
destinado  a  fracasar  por  defectos  formales  o  por  su  falta  ostensible  de  contenido 
[STC 143/2020, FJ 5 b)]. Lo que no es de recibo es que el órgano judicial sustituya a la 
parte interesada, dando por hecho que la resolución dictada por él mismo incurre en el  e.
tipo de infracción jurídica susceptible de tutela a través del referido recurso extraordinario  w.b
[STC 143/2020, FJ 5 c)]. 017ww
apelba)c ióPno rs ilnoo q udee  arteacñuer saols o rddee na cjucreissdoi cctaiosnaadlo s occoinatlr, ae ll acsu adl encoi scioonneosc ed dee ll ar eicnusrtsaon cdiae 
(jujusztigcaiad odse  dlaes  lcoo msoucniaidl)a, dceosm aou tsóonno meal sd, ey  slausp ldicoasc imóno daanlitdea ldoess  tdrieblu rneacleusrs os udpee rcioarseasc iódne 
ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, el general y el de unificación de doctrina,
importa  aquí  detenernos  en  este  último,  que  es  precisamente  el  señalado  por  la 
providencia  impugnada  en  el  presente  amparo  como  aquel  recurso  devolutivo 
extraordinario que la parte debió necesariamente interponer y no el incidente de nulidad 
de actuaciones.
Así, recientemente hemos recordado en nuestra STC 63/2021, de 15 de marzo, FJ 2, 
que si bien «formalmente las sentencias dictadas en suplicación por las Sala de lo Social 
de los Tribunales Superiores de Justicia son recurribles en casación para la unificación 
de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Cuestión diferente es si esa 
vía impugnativa resultaba viable en las circunstancias particulares del caso […], tal 
medio de impugnación «debe considerarse no solo extraordinario sino excepcional, ‘y 
esa especial naturaleza determina que no sea preceptiva siempre su interposición para 
dar por agotada la vía judicial ordinaria, sino solo en aquellos supuestos en los que, por 
existir doctrina jurisprudencial contradictoria, a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
deba darse la posibilidad [determinante en general de esta exigencia del art. 44.1 a) 
LOTC]  de  reparar  la  lesión  del  derecho  fundamental  que  se  entiende  vulnerado, 
salvando así la subsidiariedad del amparo. Pero no será exigible de modo general, dado 
el  concreto  alcance  de  aquel  recurso  de  casación,  que  consiste  en  la  unificación 
jurisprudencial  a  través  de  la  armonización  de  contradicciones  preexistentes  en 
sentencias dictadas en suplicación’ (STC 332/1994, fundamento jurídico 2; en el mismo 
sentido, entre otras, SSTC 94/1998, fundamento jurídico 2 y 183/1998, fundamento 
jurídico 2)» (STC 5/1999, de  8 de  febrero, FJ  1). Además de que «[c]omo se ha 
reiteradamente afirmado, ‘no basta con alegar la abstracta procedencia del recurso de 
casación para la unificación de doctrina’, sino que ‘corresponde a la parte que pretende 
hacer  valer  su  no  interposición,  como  motivo  de  la  inadmisiblidad  de  la  demanda, 
acreditar la posibilidad de recurrir en esta extraordinaria vía, absteniéndose de efectuar 
vagas invocaciones sobre la procedencia del recurso’, ‘pues es claro que la diligencia de 
la parte para la tutela de su derecho ante los tribunales ordinarios no alcanza a exigirle, a 
priori, la interposición de recursos de dudosa viabilidad’ (STC 210/1994, fundamento 
jurídico 2; en el mismo sentido STC 183/1998, fundamento jurídico 2)» (ibidem, también 
la STC 107/2000, de 5 de mayo, FJ 2)». En el mismo sentido, ATC 3/2019, de 28 de 
enero, FJ 3.
c)  La doctrina que acaba de reproducirse, predicable en general del recurso de 
casación para la unificación de doctrina social, no encuentra alteración ni reserva en la 
causa  prevista  en  el  art.  219.2  LJS,  conforme  al  cual,  y  en  lo  que  aquí  importa 
considerar:  «Podrá  alegarse  como  doctrina  de  contradicción  la  establecida  en  las 
sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional […] en materia de derechos humanos 
y  libertades  fundamentales  ratificados  por  España,  siempre  que  se  cumplan  los 
presupuestos del número anterior referidos a la pretensión de tutela de tales derechos y 
libertades.  La  sentencia  que  resuelva  el  recurso  se  limitará,  en  dicho  punto  de 
contradicción, a conceder o denegar la tutela del derecho o libertad invocados, en 
función de la aplicabilidad de dicha doctrina al supuesto planteado».
El número anterior (art. 219.1 LJS) es aquel que delimita la finalidad de dicho recurso 
extraordinario, diciendo que «el recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina con 
ocasión  de  sentencias  dictadas  en  suplicación  por  las  Salas  de  lo  Social  de  los 
Tribunales Superiores de Justicia, que fueran contradictorias entre sí, con la de otra u 
otras  Salas  de  los  referidos  Tribunales  Superiores  o  con  sentencias  del  Tribunal 
Supremo, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación 
donde, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se  s
hubiere llegado a pronunciamientos distintos». oe.
Pues bien; la jurisprudencia reiterada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo venía  w.
considerando ya al tiempo en el que fue notificada a la entidad recurrente la sentencia de  017ww
slau pvliiacabciliidóand q udee  lein treerspuoltnóe rd ecsofnatvroar aeblllae  –umn ormeceunrtsoo e dne e lc qausea csióun d epfaernas ala  duenbiífaic apcoinódne rdaer 
rdeoccutrrisnoa –d,e y c taasmacbiióénn  uancitfuicaalmdoernat ep,o qr uinef raalc ccoiónnd idceio ndaorc teriln aar td. e2 1e9s.t2e  LTJriSb ulan apl rCocoendsetintucciaio dneall   BOE-A-cable e
en materia de derechos fundamentales, a que «se cumplan los presupuestos del número 
anterior», eso significa que siguen concurriendo tanto la contradicción de soluciones 
jurídicas, como la identidad de situaciones entre ambos asuntos, el resuelto en nuestra 
sentencia que sirve de contraste y el juzgado en la resolución impugnada.
Como  muestra,  el  ATS  de  9  de  marzo  de  2019  (recurso  de  casación  para  la 
unificación de doctrina 1338-2019) enjuicia un caso que guarda algunas similitudes con 
las infracciones denunciadas en el escrito de nulidad de actuaciones por la entidad 
demandante del presente amparo, afectantes al art. 24.1 CE. La parte en el caso 
examinado por el alto tribunal optó entonces por interponer la casación unificadora que, 
sin embargo, resultó inadmitida por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo por medio de 
este auto. Aunque en él se afirma que el supuesto del art. 219.2 LJS no precisa acreditar 
estrictamente la identidad de hechos, fundamentos y pretensiones, sí que se exige una 
«homogeneidad de situaciones», entendida como «coincidencia en el sustrato fáctico» o 
de las cuestiones debatidas en ambas resoluciones, la impugnada y la de contraste, 
acerca del modo concreto en que aquella –la impugnada– ha vulnerado el derecho 
fundamental, conforme así lo ha declarado esta –la del Tribunal Constitucional– en otro 
asunto. En su fundamento de Derecho sexto, reseña el auto:
«En el cuarto motivo se alega que la sentencia recurrida se ha excedido en sus 
funciones  revisoras,  al  haber  alterado  el  relato  fáctico  sin  que  las  partes  hubieran 
planteado motivo de suplicación a tal efecto. Se invoca de contraste la sentencia núm. 53 
del Tribunal Constitucional de 14 de marzo de 2005 (recurso de amparo 4217-2000). 
Dicha resolución otorga el amparo solicitado, reconoce el derecho del demandante a la 
tutela judicial efectiva y declara la nulidad de la sentencia que desestimó el recurso de 
suplicación formulado, retrotrayendo las actuaciones para que, tras dar audiencia a las 
partes, se dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado. 
[…] Antes de continuar no resulta ocioso recordar que a tenor del art. 219.2 de la Ley 
reguladora de la jurisdicción social podrá alegarse como doctrina de contradicción la 
contenida en las sentencias del Tribunal Constitucional y de los órganos jurisdiccionales 
instituidos en los Tratados y Acuerdos internacionales en materia de derechos humanos 
y  libertades  fundamentales  ratificados  por  España,  siempre  que  se  cumplan  los 
presupuestos del número 1 del citado precepto referidos a la pretensión de tutela de 
tales derechos y libertades, por lo que estas sentencias pueden servir para fundamentar 
la contradicción a los efectos del recurso de casación unificadora.
Ello supone que, salvando las peculiaridades de los procedimientos en que las 
sentencias  comparadas  se  dicten,  el  análisis  de  las  identidades  debe  mantenerse 
también en estos casos, por más que adecuado a las características del recurso de 
amparo en el que se produce la sentencia de contraste. En este sentido, no es suficiente 
con que el derecho fundamental –y, por ende, el precepto constitucional– invocado sea el 
mismo, sino que se hace precisa una más minuciosa coincidencia en el sustrato fáctico 
del  que  parte  para  lograr  su  protección,  de  acuerdo  con  la  STS  14/11/2014  (R. 
1839-2013).
Que el legislador haya relajado la contradicción no significa que la misma haya 
desaparecido, pues el contraste de doctrinas se permite ‘siempre que se cumplan los 
presupuestos del número anterior’. Por eso en las SSTS 14 noviembre 2014 (rec. 1236, 
1839 y 2431/2013) se explica que no es necesario que las pretensiones sean idénticas, 
aunque sí los debates sobre vulneración del derecho; desde la perspectiva del derecho 
constitucional invocado, las situaciones sí han de ser homogéneas pues de lo contrario 
no podía hablarse de contradicción entre doctrinas. En suma, no se exige la identidad  e.
integral habitual (‘hechos, fundamentos y pretensiones’) pero sí la homogeneidad en los  w.b
debates (problema suscitado). 017ww
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excedió en sus funciones al haber tenido en cuenta unos hechos que para la recurrente
no constan en la sentencia de instancia. Y la Sala desestima el recurso de la demandada 
por defectuosa articulación del mismo.
Por el contrario, en la sentencia de contraste se declara la incongruencia de la sentencia 
resolutoria del recurso de suplicación. En este supuesto lo que se solicitaba por la parte era una 
revisión de la incapacidad permanente total reconocida, fallando la Sala en el sentido de que no 
procedía  el  reconocimiento  del  grado  incapacitante  solicitado,  teniendo  en  cuenta  que  el 
trabajador estaba jubilado, de ahí que el Tribunal Constitucional, en este caso, entienda que se 
vulnera el art. 24.1 CE puesto que se transformó la petición de revisión por agravación del grado 
invalidante, en un litigio sobre si procede el reconocimiento de un grado de incapacidad 
permanente cuando se tiene la condición de jubilado; cuestión sobre la que no se dio audiencia a 
las partes. Añadiendo en la Sala que en el recurso de suplicación la Sala debe ceñirse 
estrictamente a los motivos de recurso planteados por las partes. Por ello, la doctrina contenida 
en la sentencia de comparación, no es extensible al supuesto contemplado en la sentencia 
recurrida».
En el ATS de 13 de marzo de 2019 (recurso de casación para la unificación de 
doctrina 1156-2018), por su parte, se sostiene que «el análisis de las identidades debe 
mantenerse también en estos casos»:
«A tenor del art. 219.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción social podrán alegarse como 
doctrina  de  contradicción  las  sentencias  del  Tribunal  Constitucional  y  de  los  órganos 
jurisdiccionales instituidos en los Tratados y Acuerdos internacionales en materia de derechos 
humanos y libertades fundamentales ratificados por España, siempre que se cumplan los 
presupuestos del art 219.1 LJS referidos a la pretensión de tutela de tales derechos y 
libertades, por lo que estas sentencias pueden servir para fundamentar la contradicción a los 
efectos del recurso de casación unificadora. Ello supone que, salvando las peculiaridades de 
los procedimientos en que las sentencias comparadas se dicten, el análisis de las identidades 
debe mantenerse también en estos casos, por más que adecuado a las características del 
recurso de amparo en el que se produce la sentencia de contraste. En este sentido, no es 
suficiente con que el derecho fundamental –y, por ende, el precepto constitucional– invocado 
sea el mismo, sino que se hace precisa una más minuciosa coincidencia en el sustrato fáctico 
del que parte para lograr su protección. (STS 16/09/2014 (R. 2431/2013) y Autos 09/04/2013 
(R.  2221/2012),  17/09/2013  (R.  1163/203)  28/01/2014  (R.  1234/2013),  12/03/2014 
(R.1309/2013) 08/04/2014 (R. 2316/2013)».
En el mismo sentido que este último, se pueden citar entre otros los AATS de 22 de 
septiembre de 2019, 15 de octubre de 2019, y 1 de diciembre de 2020 (recursos de casación 
para la unificación de doctrina 746-2019, 893-2019) y 922-2020, respectivamente).
4.  Aplicación de la doctrina al caso planteado.
La aplicación de la doctrina de referencia ha de conducir a la estimación de la demanda 
interpuesta. Precisamente porque el medio impugnatorio efectivamente utilizado por la 
recurrente contra la sentencia de suplicación fue el incidente de nulidad de actuaciones, en 
el que aparte de infracciones de legalidad ordinaria (art. 218 de la Ley de enjuiciamiento 
civil), se alegó la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE), bien por incongruencia con cita de doctrina de este Tribunal Constitucional, bien por 
exceso de jurisdicción de la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia al resolver 
aquel recurso de suplicación, el cauce de acceso al recurso de casación para la unificación 
de doctrina era el del art. 219.2 LJS; esto es, la conculcación de doctrina del Tribunal  e.e
Constitucional en materia de derechos fundamentales. Sin embargo, como hemos visto la  b
jurisprudencia  de  la  Sala  Cuarta  del  Tribunal  Supremo  exige  también  aquí  para  su  017ww
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oportunidad de impetrar la reparación del derecho fundamental vulnerado ante la propia
Sala autora de la resolución lesiva. Por esta razón optó por deducir el incidente de nulidad, 
para cuya viabilidad no es necesario que concurra una identidad de situaciones, bastando 
con que resulten aplicables al caso concreto los postulados generales de nuestra doctrina 
sobre el derecho fundamental de que se trate.
Incluso, a mayor abundamiento, si a efectos hipotéticos se deja por un momento al margen 
la utilización del incidente de nulidad de actuaciones que hizo la recurrente y se considera la 
queja contra la sentencia de suplicación como una infracción procesal de legalidad ordinaria, el 
cauce del recurso de casación para la unificación de doctrina sería entonces el del art. 219.1 LJS, 
donde de todas formas seguiría siendo exigible la homogeneidad e identidad de situaciones a la 
que se ha hecho mención –como reconoce la entidad personada en su escrito de alegaciones–, 
o  más  estrictamente  en  su  caso  la  identidad  de  «hechos,  fundamentos  y  pretensiones 
sustancialmente iguales», como reza la norma.
La conducta procesal de la recurrente, en definitiva, no puede ser tildada de negligente 
o  desconocedora  del  recurso  de  casación  para  la  unificación  de  doctrina,  sin  que 
corresponda a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia el sustituir a aquella en 
la tarea de determinar si dicho recurso de casación cabía en ese caso por existir la debida 
identidad  con  otra  de  este  Tribunal  Constitucional.  De  todos  modos,  la  providencia 
impugnada ningún dato aporta para entender que tal cosa era en efecto posible, limitándose 
a decir que su sentencia era «susceptible» de ser recurrida en casación para unificación de 
doctrina ante el Tribunal Supremo, y que no estaba de acuerdo con los argumentos 
ofrecidos en el escrito de nulidad para justificar haber acudido a este, porque en aquel 
«puede hacerse valer cualquier motivo de nulidad», aserto claramente incorrecto, puesto 
que el art. 219 LJS somete en todo caso su procedencia a unos requisitos peculiares que 
pueden o no darse, más allá de que en su trasfondo se trate del control de la infracción de 
normas y derechos, sustantivos o procesales.
Al haber segado con este escueto e irrazonable argumento el derecho de la recurrente a 
impugnar la sentencia de suplicación por un instrumento que resultaba legalmente procedente 
como era el incidente de nulidad de actuaciones (art. 241 LOPJ), inadmitiéndolo a trámite, la Sala 
vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso al recurso.
Debe  por  tanto  estimarse  la  presente  demanda  de  amparo,  con  nulidad  de  la 
providencia impugnada y retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente 
anterior a dictarse esta, para que en su lugar se provea por la Sala mediante una 
resolución que resulte respetuosa del derecho fundamental.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por la entidad Naguspea, S.L., por vulneración 
de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 
CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de la providencia de 17 de diciembre de 2019 de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (recurso 1584-2019).
3.º  Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al dictado de  es
dicha providencia, para que por la Sala competente se provea a otra resolución que  o
resulte respetuosa con el derecho fundamental declarado. 017www.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
JuanD aAdnat oennio M  Xaidorli dR, íao sd.–iePze ddero  mJaoysoé  dGe odnozsá lemzi-l Tvreevinijtaiunnoo .S–Eánncchaernza.–cAiónnt oRnoioc aN Tarrívaáse.–z
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.