BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 206 Jueves 30 de julio de 2020 Sec. I.   Pág. 60051
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
8755 Decreto-ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia 
sanitaria y administrativa.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
El artículo 67.6.a del Estatuto prevé que los decretos ley son promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la 
situación de emergencia ocasionada por el brote epidémico de la COVID-19 como 
pandemia  internacional  y  la  declaración  del  estado  de  alarma  mediante  el  Real 
Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  el  Gobierno  de  la  Generalidad  ha  aprobado 
diferentes medidas en varios ámbitos con el fin de paliar los efectos desfavorables que 
ha ocasionado esta crisis sanitaria, medidas que, en algunos casos, resulta necesario, 
vista la nueva situación, mantener o adaptar, sin perjuicio de complementarlas con otras 
que aseguren y coadyuven a la efectividad de las actuaciones hasta ahora adoptadas.
Es por eso que se dicta este nuevo Decreto ley que se estructura en 3 capítulos, 10 
artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y dos disposiciones 
finales.
El capítulo 1, referido a las medidas de carácter sanitario, contiene una serie de 
medidas que tienen que permitir mantener el control de los mecanismos de respuesta a 
la situación sanitaria. Así, el artículo 1, parte del reconocimiento que el impacto de la 
pandemia de la COVID-19 sobre nuestro país ha exigido un sobreesfuerzo al sistema 
público  de  salud  de  Cataluña.  La  implicación  de  los  profesionales  y  entidades  del 
sistema ha sido ejemplar y, a la vez, se ha complementado con una amplia movilización 
de los recursos disponibles en el conjunto de la sociedad, en especial con la suma a la 
respuesta asistencial de los centros y establecimientos sanitarios privados y de las 
mutuas de accidentes de trabajo organizada por la autoridad sanitaria (Departamento de 
Salud y Servicio Catalán de la Salud) en coordinación con el conjunto del sistema.
En estos momentos, en un contexto de excepcionalidad en el que la crisis sanitaria, a 
pesar  de  contenida,  todavía  no  se  ha  superado,  se  requiere  preservar  aquellas 
herramientas de gestión que se han mostrado eficaces para afrontar colectivamente los 
retos de la pandemia y garantizar el derecho a la protección de la salud de la población 
en las mejores condiciones posibles. La adopción de las medidas normativas propuestas 
se tiene que interpretar en este contexto. La evidencia clínica apunta a la incidencia de 
posibles rebrotes de la enfermedad. Ante eso, la experiencia acumulada a lo largo de los 
últimos  meses  ha  demostrado  el  interés  social  en  mantener  abiertos  canales 
institucionalizados para facilitar a la autoridad sanitaria un acceso inmediato al aumento 
de  la  capacidad  productiva  del  Sistema  sanitario  integral  de  utilización  pública  de 
Cataluña (SISCAT). e.
Las condiciones actuales de la evolución de la pandemia no justifican una reserva  w.b
integral del conjunto del potencial asistencial de los recursos sanitarios privados, ni una  55ww
pinlatenrivfiecnacciióónn  sroebsrpeo nlossa bmlei smy ocso. hNeore onbtes tacnotne , elassta  nerecaelsididaadd, essí  djeu sstiafilcuadn  púpbreliscear vya ru nlaa 
capacidad  de  acceso  inmediato  del  Sistema  público  de  salud  a  sus  recursos  y  la
continuidad de su integración funcional, en términos temporales, al SISCAT bajo una 
triple dimensión.
En primer lugar, respecto de la gestión del periodo transitorio de recuperación de la 
normalidad en el ámbito de la atención sanitaria. La dedicación integral de los recursos 
públicos a la pandemia también ha tensionado los servicios sanitarios en relación a su 
actividad ordinaria, con una afectación sobre la asistencia a la salud de las personas a 
las cuales puede mitigarse si, temporalmente, el SISCAT ve ampliados sus recursos 
funcionales.
En segundo lugar, con el objetivo de afrontar aumentos de demanda asistencial fruto 
de la incidencia directa de la COVID-19, que pueden manifestarse con un alto grado de 
variabilidad en función de cada territorio y, por lo tanto, requieren mantener estructuras 
de respuesta flexibles e inmediatas, procurando proteger la continuidad de los servicios 
en el conjunto de líneas asistenciales.
En tercer lugar, bajo la perspectiva de abordar planes de contingencia en aquellos 
ámbitos donde sea necesario y con la intensidad que la realidad de cada supuesto exija.
La posibilidad real de un rebrote también aconseja garantizar la capacidad productiva 
de los laboratorios y poder utilizar medidas para evitar abusos o falta de capacidad, y por 
este motivo se prevén medidas como la de fijar precios máximos en caso necesario, o 
sujetar la actividad privada de los laboratorios a autorizaciones previas.
Ciertamente, la evolución de la pandemia muestra signos positivos. No obstante, el 
deber de dar una respuesta eficaz al derecho a la protección de la salud, vista la 
evidencia  clínica  que  pronostica  posibles  rebrotes,  cuya  intensidad  puede  volver  a 
constituir una amenaza para las estructuras estables del SISCAT, aconseja una acción 
proactiva y decidida de la autoridad sanitaria para anticiparse a los peores escenarios. 
En este sentido, las políticas y medidas normativas ya desarrolladas con éxito hasta el 
momento, no pueden, todavía, suprimirse sin incurrir en un riesgo innecesario. Las 
extensiones funcionales de espacios al servicio de centros hospitalarios del SISCAT al 
conjunto del país, constituyen una red de seguridad para absorber picos de presión 
asistencial como consecuencia directa de la pandemia. La autoridad sanitaria, pues, 
actuando a través del Servicio Catalán de la Salud, debe seguir reteniendo la capacidad 
para gestionarlas y valorar su necesidad de continuidad en cada contexto, siempre en 
función de las previsiones de los expertos en salud pública y la valoración objetiva de las 
necesidades y la capacidad de obtener la cobertura requerida para la atención sanitaria 
en  cada  momento.  Esta  necesidad  también  aconseja  mantener  la  medida  de 
excepcionar  estos  espacios  de  las  regulaciones  técnico-sanitarias  y  la  autorización 
sanitaria, cosa que se establece en el artículo 2.
En el artículo 3, se da una nueva redacción al artículo 11 del Decreto ley 7/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y 
gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia 
tributaria y económica, en el cual, con esta redacción adaptada, se mantiene vigente en 
los términos de la disposición adicional primera. La fundamentación de la modificación 
propuesta viene dada por el hecho de que la emergencia sanitaria provocada por la 
COVID-19 es vigente y esta medida en materia de personal, en concreto en materia de 
incompatibilidades, resulta adecuada con el fin de poder abordar eventuales situaciones 
de  reactivación  por  rebrotes  que  se  pudieran  producir  en  la  evolución  de  esta 
emergencia sanitaria.
Por su parte, en el artículo 4, se modifica el Decreto 159/2007, de 24 de julio, por el 
que  se  regula  la  receta  electrónica  y  la  tramitación  telemática  de  la  prestación  s
farmacéutica  a  cargo  del  Servicio  Catalán  de  la  Salud,  medida  que  enlaza  con  la  oe.
implantación efectiva de la administración electrónica. En un contexto donde la seguridad  w.
de pacientes y profesionales puede verse significativamente mejorada por acciones en  55ww
qeustea  nlíon esae dae  ecsatrriac taam peronmteo vimerp ruensac inadsiibstlee,n cdiae  slaa npitarerisae nmceianloidsa dd edpierencdtiae.n tEes, tean  maeqduiedlalo, 
aasdiesmteánsc iavale se.n la línea de determinadas acciones de desburocratización de los servicios  BOE-A-cable e
El artículo 5 modifica el Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de la gestión de residuos 
sanitarios, la medida se fundamenta en el hecho que los residuos biosanitarios del 
grupo 3, son residuos de riesgo que requieren la adopción de medidas de prevención 
tanto dentro como fuera del centro sanitario generador, dado que pueden representar un 
riesgo para la salud laboral y pública.
Entre los residuos biosanitarios encontramos los residuos infecciosos, que son los 
residuos procedentes de pacientes con enfermedades infecto-contagiosas que pueden 
ser  origen  de  transmisión  a  través  de  sus  residuos.  Entre  estas  enfermedades  se 
encuentra la COVID-19.
El estado de conocimiento de la enfermedad en el momento de su inclusión en el 
anexo del Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de residuos sanitarios, mediante el Decreto 
ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de 
salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en 
materia tributaria y económica, no permitió concretar qué residuo, de los procedentes de 
enfermos de la COVID-19, era susceptible de transmitir la enfermedad. Actualmente 
somos  conocedores  que  son  las  secreciones  respiratorias  de  los  enfermos  de  la 
COVID-19 las que tienen capacidad infecciosa, lo cual aconseja modificar el anexo en 
este sentido.
En el artículo 6 se regula el régimen de información por parte de las empresas de 
servicios funerarias y que afecta a la Resolución SLT/799/2020, de 1 de abril, por la que 
se determina la recogida y transmisión de los datos de las personas difuntas por parte de 
las empresas prestadoras de servicios funerarios durante la situación de pandemia 
causada por la COVID-19 ha servido para registrar las defunciones por COVID-19 en 
Cataluña  de  manera  exhaustiva  e  inmediata  durante  la  pandemia  y  las  fases  de 
desconfinamiento.
Este Registro ha mostrado su utilidad en la monitorización de la COVID-19 en 
Cataluña y será de mayor utilidad en potenciales rebrotes que puedan ocurrir. Por se 
considera oportuno mantener la colaboración con las empresas de servicios funerarios 
durante los próximos meses. La continuidad en la declaración diaria de defunciones 
permitirá identificar con rapidez cualquier cambio de la tendencia o de las características 
de la mortalidad y, en consecuencia, tomar las decisiones de manera más informada y 
diligente.
El artículo 7 establece la regulación del ámbito de la intervención del Departamento 
de Salud en las residencias manteniendo los criterios que se han seguido durando el 
periodo de vigencia del estado de alarma. Este precepto tiene que ser dictado dado que 
la normativa estatal en que se concretaba el alcance de la intervención, como se ha 
dicho de contenido parecido, ha perdido vigencia. Por otra parte, esta disposición se 
complementa con el mantenimiento del resto de preceptos de los decretos ley 12/2020, 
de 10 de abril y 13/020 de 21 de abril, en relación con las competencias en materia de 
residencias.
El capítulo 2, con dos artículos, introduce dos medidas administrativas. El artículo 8, 
introduce una medida preventiva en relación con las cooperativas catalanas. Ante la 
posibilidad de que se produzcan más expedientes de regulación de empleo, a pesar de 
la finalización del estado de alarma, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 la 
medida que establece el artículo 5.3 del Decreto Ley 10/2020, de 27 de marzo, por el 
que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, 
económico y social de la COVID-19, que, de forma excepcional, autoriza al consejo 
rector a acordar la suspensión total o parcial de la actividad cooperativizada de todas las  s
personas socias trabajadoras, socias de trabajo, o personas trabajadoras o de una parte  oe.
de  estas  cuando  se  den  una  serie  de  requisitos  establecidos  en  el  artículo  5.3  w.
mencionado. 55ww
que Els aer tícdueltoe r9m minoadni ficloas e l óarrgtíacnuolos  únciocmo pdeetle Dnteecsr etpoa lreay  2tr2a/m20it2a0r , dlaes 2  sdaen jcuinoinoe, sp orp oerl 
dinifceurmenptleims iecnutoesrp does  lap onliociramleasti.v aE sreteg ulDaedcorreat od elle eys tsaed o trdaem aitlóa rmpaar ad eqnuuen cieald ocso npsoer jeloros   BOE-A-cable e
competente en materia de Interior pudiera delegar la competencia sancionadora en 
materia de protección civil, pero no pretendía afectar a las competencias locales. Con la 
nueva redacción esta delegación se entiende sin perjuicio de las competencias que la 
normativa  vigente  atribuya  a  las  administraciones  locales  y  se  deja  constancia  del 
régimen especial del municipio de Barcelona.
El capítulo 3 se refiere a las medidas en el ámbito de las personas jurídicas de 
derecho  privado  y  juntas  de  propietarios  en  régimen  de  propiedad  horizontal.  Las 
restricciones a la movilidad impuestas durante la vigencia del estado de alarma podían 
incidir de una forma especialmente negativa sobre la organización, la actividad y el 
cumplimiento  de  las  obligaciones  legales  y  estatutarias  por  parte  de  las  personas 
jurídicas  de  derecho  privado  sujetas  a  las  disposiciones  del  derecho  civil  catalán, 
incluidas  las  sociedades  cooperativas,  y  de  las  juntas  de  propietarios  de  las 
comunidades sujetas a régimen de propiedad horizontal. Para evitarlo, el Gobierno 
adoptó varias soluciones, mediante el Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que 
se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, 
económico y social de la COVID-19, como la ampliación de los plazos inicialmente 
previstos para la reunión de los órganos de estas entidades, la posibilidad de aplazar o 
modificar las reuniones convocadas con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma, la ampliación del plazo para elaborar, aprobar y presentar las cuentas anuales o 
la posibilidad de celebrar reuniones y adoptar acuerdos por medio de videoconferencia o, 
incluso, de adoptar acuerdos sin reunión, de conformidad con los requisitos previstos por 
el Código civil de Cataluña y aunque los estatutos no lo previeran.
Con  la  finalización  del  estado  de  alarma,  plazo  final  de  las  habilitaciones 
mencionadas, se han levantado completamente las restricciones a la circulación, pero 
siguen vigentes varias medidas, como el mantenimiento de una distancia física mínima 
interpersonal,  que  dificultan  o  impiden  la  concentración  de  números  elevados  de 
personas en un mismo lugar. El impacto de la pandemia, la duración del estado de 
alarma  y  la  vigencia  de  estas  medidas  aconsejan  mantener  temporalmente  varias 
medidas de carácter extraordinario con la misma finalidad perseguida por el artículo 4 del 
Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, de facilitar el funcionamiento y el cumplimiento de 
las obligaciones legales por parte de las asociaciones, las fundaciones y las juntas de 
propietarios. En esta misma línea, en el ámbito de las sociedades cooperativas, el 
Decreto ley 19/2020, de 19 de mayo, de medidas complementarias en materia social y 
sanitaria para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19, prolongó 
algunas de las medidas previstas por el Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, más allá 
de la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma y hasta el 31 de 
diciembre de 2020.
Con esta misma finalidad, el artículo 10 de este Decreto ley extiende de forma 
temporal y extraordinaria algunas de las medidas adoptadas bajo la vigencia del estado 
de alarma para facilitar el funcionamiento de las asociaciones, las fundaciones y las 
comunidades de propietarios, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias y, por lo 
tanto, la conveniencia, de reducir o condicionar el alcance de la regulación extraordinaria 
vigente hasta ahora. Así, se dispone que el cómputo de los plazos para convocar 
reuniones aplazadas y para elaborar, aprobar y presentar cuentas anuales se reanudará 
una vez transcurridos tres meses a partir de la fecha de finalización del estado de 
alarma, se extiende hasta 31 de diciembre de 2020 la posibilidad de celebrar reuniones y 
adoptar acuerdos por videoconferencia u otros medios análogos, aunque los estatutos 
no lo prevean, se admite la adopción de acuerdos sin reunión, hasta la misma fecha y en  s
determinadas  circunstancias,  y  se  suspende  hasta  el  30  de  abril  la  obligación  de  oe.
convocar y celebrar las juntas de propietarios en las comunidades sujetos a régimen de  w.
propiedad horizontal, admitiendo la posibilidad que la junta ordinaria se pueda reunir  55ww
dperensturop udees toe satneu apll aazpor,o bcaodno  dpeetremrmanineacdea psr ocrorongdaicdioon heass, tay  lae ncteelnedbireancdióon  qduee l ae pl róúxltiimmao 
junta ordinaria.
Las medidas contenidas en este artículo se dictan al amparo del artículo 129 del 
Estatuto de autonomía de Cataluña y se fundamentan en la extraordinaria y urgente 
necesidad de adoptarlas para facilitar que las asociaciones, las fundaciones y las juntas 
de propietarios puedan desarrollar su actividad y hacer frente a sus obligaciones legales 
en un contexto de reanudación en el que la prevención y la seguridad obligan a evitar la 
concurrencia de un gran número de personas en un mismo espacio.
Respecto  de  la  disposición  adicional  primera,  el  apartado  1  mantiene  vigentes 
determinados preceptos de anteriores decretos leyes dictados durante el estado de 
alarma.
En primer lugar, se mantiene la vigencia, en la nueva redacción dada por el artículo 3 
de este Decreto ley, del artículo 11 del Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo, por los 
motivos ya explicados anteriormente.
En segundo lugar, se mantiene la vigencia de los artículos 5, 6 y disposición adicional 
tercera del Decreto ley 8/2020, 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión 
de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y 
económica, y de adopción de otras medidas. Respecto del artículo 5, a pesar de la buena 
evolución de la pandemia en nuestro territorio, la situación de emergencia sanitaria todavía 
perdura  y  se  prevé  que  en  cualquier  momento  puedan  ser  necesarias  actuaciones 
sanitarias urgentes e inmediatas ante la aparición de rebrotes de la COVID-19. Esta 
circunstancia aconseja que tanto el Departamento de Salud, como las entidades que de él 
dependen,  dispongan  de  una  cobertura  legal  que  establezca  claramente  y  sin 
interpretaciones la posibilidad de celebrar contratos para hacer frente a la COVID-19 al 
amparo de lo que prevé el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos 
de sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas 
del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero 
de 2014. Por otra parte, respecto del artículo 6 es el resultado de la constatación del hecho 
que la utilización de medios electrónicos en sesiones de órganos de gobierno resulta 
necesaria, ya que la evidencia clínica en el contexto de la pandemia aconseja la adopción 
de medidas de distanciamiento físico como acción preventiva en todos los ámbitos donde 
sea posible. En paralelo, la evolución tecnológica pone al alcance de las entidades los 
recursos para garantizar la seguridad y la confidencialidad en el proceso de toma de 
decisiones a distancia con plenas garantías, que en ningún caso las comprometen, ni 
cuestionan el modelo de funcionamiento de los órganos colegiados en ningún extremo. 
Actualmente, pues, se constata plena solvencia de las soluciones tecnológicas disponibles 
para no amenazar ningún derecho ni garantía en los términos que establece la normativa. 
La medida propuesta también resulta congruente con la legislación básica y la tendencia a 
la implantación efectiva de la administración electrónica. Por otra parte, cualquier nueva 
incidencia  en  la  evolución  de  la  crisis  sanitaria  que  pueda  requerir  acciones  de 
confinamiento  no  puede  poner  en  riesgo  la  continuidad  en  el  funcionamiento  de  las 
entidades y del conjunto de órganos susceptibles de resultar instrumentos clave para dar 
una respuesta socialmente responsable y bajo plenas garantías jurídicas. En relación con la 
medida referida al mantenimiento de la disposición adicional tercera, respecto del régimen 
especial  de  los  convenios  relacionados  con  la  COVID-19,  su  necesidad  deriva  de  la 
constatación del hecho que, la coordinación en la acción de las diferentes administraciones 
territoriales, las entidades proveedoras de salud y otras instituciones de nuestra sociedad se 
ha mostrado como un activo relevante para afrontar las exigencias de la crisis sanitaria en 
varios  niveles  (obtención  de  suministros,  estímulo  de  la  investigación,  dotación  de  s
equipamientos, gestión de recursos destinados a la atención, etcétera). oe.
En tercer lugar, se mantiene vigente la disposición transitoria séptima del Decreto  w.
ley 10/2020, de 7 de abril, por el cual se adoptan medidas económicas, sociales y  55ww
addem coinmisptrlaebmaesn, tpaariraas .paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otros
concFeinrtaaldmae, npteo,r  eunn ac ucauretos tilóung adr,e  ssee mguarnidtiaedn eju vríidgiecnat ey  edle sjais tcelamrao  dqeu ep acognot idneú ala v aigcetinvtied aedl   BOE-A-cable e
artículo 2 del Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, modificado por el artículo 1 del Decreto 
ley 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema 
sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para 
paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y de adopción de otras 
medidas urgentes con el mismo objetivo.
El apartado 2 de la disposición adicional primera mantiene vigente la simplificación 
regulada por los órganos correspondientes de los trámites procedimentales de carácter 
económico-financiero  con  relación  a  las  actuaciones  derivadas  de  procedimientos 
administrativos  susceptibles  de  producir  obligaciones  de  naturaleza  económica  o 
financiera que se tengan que llevar a cabo de forma presencial y/o con documentación 
original, para los cuales no se haga uso de medios electrónicos o telemáticos, de 
acuerdo con el establecido en la disposición transitoria séptima del Decreto ley 10/2020, 
de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para 
paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras de complementarias. 
Con esta previsión y la del apartado anterior de esta misma disposición se asegura la 
continuidad de la prestación de determinados servicios que de forma gradual se vuelvan 
a restar en forma presencial.
Finalmente,  el  apartado  3  de  la  disposición  adicional  primera,  establece  un 
mecanismo con el fin de asegurar que, respecto de las disposiciones prorrogadas en su 
vigencia,  esta  se  mantiene  igualmente  en  relación  con  las  disposiciones  de  rango 
inferior, acuerdos del Gobierno, instrucciones o resoluciones que las desarrollan, sin 
perjuicio de la potestad en orden a su modificación o derogación.
Por su parte, la disposición adicional segunda, de ayudas en apoyo al empleo prevé, 
en relación a la convocatoria para el año 2020 de la Línea 2 de las ayudas destinadas a 
dos líneas de apoyo al empleo de trabajadores con discapacidad de características 
especiales  de  los  centros  especiales  de  trabajo,  regulada  mediante  la  Orden  TSF/
223/2017, de 28 de septiembre, per la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión  de  las  ayudas  destinadas  a  dos  líneas  de  apoyo  a  la  ocupación  de 
trabajadores con discapacidad de características especiales de los centros especiales de 
trabajo, un mecanismo que permita dar solución al supuesto en el que el número de 
peticiones exceda el importe de la partida presupuestaria.
Respecto de la disposición transitoria, en su punto primero se establece el periodo de 
vigencia de determinadas disposiciones, fundamentalmente las referidas a aspectos de 
cariz sanitario o relacionadas con éste y que se vincula a la finalización del plan de 
acción PROSICAT. En su apartado segundo se prevé la posibilidad de hacer uso del 
procedimiento de contratación en su modalidad de emergencia, pero limitado al ámbito 
sanitario y a la debida justificación. Por el contrario, el resto de disposiciones contenidas 
en el Decreto ley extienden su vigencia hasta el 30 de septiembre de 2020, fecha en la 
que se considera se habrá producido la normalización de los procedimientos afectados 
por la pandemia originada por la COVID-19 en orden a permitir la presencialidad en la 
prestación de determinados servicios.
Finalmente, la disposición final establece la entrada en vigor del presente Decreto ley 
con efectos desde el día 20 de junio de 2020, para permitir la continuidad de las medidas 
una vez levantado el estado de alarma.
De  acuerdo  con  el  artículo  38  de  la  Ley  13/2008,  del  5  de  noviembre,  de  la 
presidencia de la Generalidad y del Gobierno, el Gobierno puede dictar disposiciones 
legislativas provisionales bajo la forma de decreto ley. En el presente supuesto, el 
carácter extraordinario y excepcional de la situación deriva de la declaración del estado  s
de alarma provocada por la situación sanitaria que requiere adoptar de manera urgente  oe.
medidas para el nuevo contexto de reanudación y que no pueden aplazarse, incluso,  w.
mediante la utilización de medios legislativos de urgencia a un momento posterior. 55ww
En uso de la autorización que concede el artículo 64 del Estatuto de autonomía de 
Cataluña, a propuesta del vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y 
Hacienda y con la deliberación previa del Gobierno, decreto:
CAPÍTULO 1
Medidas en materia de salud
Artículo 1.  Medidas de continuidad respecto de la puesta al servicio del Sistema público 
de salud de los recursos de centros y establecimientos sanitarios privados y de 
mutuas de accidentes de trabajo.
1.1  En función de las necesidades del Sistema Sanitario Público de Cataluña para 
gestionar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se habilita al Departamento de 
Salud, actuando a través del Servicio Catalán de la Salud, para disponer de la capacidad 
productiva de los centros y establecimientos sanitarios privados, laboratorios clínicos y 
mutuas de accidentes de trabajo en los términos que se especifican en el presente 
artículo. La finalidad de esta medida es proporcionar mayor capacidad asistencial de 
forma  inmediata  en  caso  que,  a  causa  de  la  incidencia  directa  o  indirecta  de  la 
pandemia, se requiera.
1.2  Esta habilitación comporta la integración funcional, transitoria y parcial, de estos 
centros y establecimientos al Sistema Sanitario Integral de Cataluña (SISCAT). A estos 
efectos, los centros y establecimientos sanitarios privados, laboratorios clínicos y mutuas 
de accidentes de trabajo tienen que atender los encargos de actividad procedentes del 
Servicio Catalán de la Salud, teniendo en cuenta que no se establece una reserva 
íntegra de actividad asistencial a favor suyo y pueden desarrollar la que les sea propia 
con normalidad, siempre que eso no entre en contradicción con el cumplimiento de la 
obligación de atención que se los asigna por motivos de interés general en cumplimiento 
del derecho a la protección de la salud de la población.
1.3  El Servicio Catalán de la Salud establecerá, mediante Resolución con este 
objeto,  los  mecanismos  de  relación  con  los  centros  y  establecimientos  sanitarios 
privados, laboratorios clínicos y mutuas de accidentes de trabajo para hacer efectivos los 
encargos en el marco del SISCAT así como el sistema de contraprestación económica 
por  la  realización  de  actividad  por  cuenta  del  Sistema  público  de  salud  que  les 
corresponda.
1.4  La  puesta  a  disposición  de  los  laboratorios  a  los  que  hace  referencia  los 
párrafos anteriores incluye la facultad de imponer autorizaciones para la realización de 
pruebas de carácter privado con el objeto de garantizar la disponibilidad de la capacidad 
productiva máxima para el sistema público de salud en caso de necesidad, así como la 
posibilidad  de  adoptar  las  medidas  necesarias  para  el  establecimiento  de  precios 
máximos aplicables a la realización de pruebas diagnósticas para garantizar un acceso 
en condiciones de equidad y evitar el riesgo de cualquier situación.
Artículo 2.  Medidas de continuidad respecto de la habilitación de espacios para uso 
sanitario.
2.1  Se confiere al Departamento de Salud, que en este ámbito actuará a través del 
Servicio Catalán de la Salud, la potestad de habilitar espacios para uso sanitario en 
locales  públicos  y  privados  que  reúnan  las  características  necesarias  para  prestar  es
servicios de atención sanitaria y para establecer su régimen de gestión en el marco del  o
ladqSaqiui ssuedptee eomlcnelolilaab sr  iapleSidcrsaoiapónpdanii toc dadi eoreilSso lS   eyeiIrassnv tttiehacemadigobora ai l dilCdt aeeadd  teaSao llasaáC lrnucmao dtaan dd l uepeañ o nCartlea a.l r atiEao Sclsruiartdñialsaua isdd.m ,  seacadlo niadnitmasai rpdisaaee rroo ec a damnesep ilocalínea nas odaarar mi olapa  otmicrv oaalan n dttCieneOrunivieVdaraI dDdab-  1add9joee,     OE-A-2020-8755able en https://www.
2.2  La anterior disposición se fundamenta en dotar al Sistema Sanitario Público de 
Cataluña  de  mayor  flexibilidad  para  aumentar  su  capacidad  de  respuesta  ante  las 
necesidades cambiantes de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y al Servicio 
Catalán de la Salud de nuevas herramientas para gestionar eventuales picos de mayor 
presión asistencial.
2.3  Los espacios habilitados para uso sanitario de conformidad con este precepto, 
y, por lo tanto, bajo la capacidad de decisión del Servicio Catalán de la Salud a través de 
su  integración  funcional  y  temporal  en  el  SISCAT,  quedan  exentos  de  cumplir  los 
requisitos técnico-sanitarios de autorización.
Artículo 3.  Declaración de interés público y compatibilidad del desarrollo, por parte del 
personal sanitario del sistema público, de otras actividades públicas sanitarias.
Se da nueva redacción al artículo 11 del Decreto ley 7/2020, 17 de marzo, de 
medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos 
sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, 
que queda redactado de la manera siguiente:
«Artículo 11.  Declaración de interés público y compatibilidad del desarrollo, por 
parte del personal sanitario del sistema público, de otras actividades públicas 
sanitarias.
Con  carácter  excepcional  y  transitorio,  con  la  finalidad  de  afrontar  la 
emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 y durante la vigencia de este 
artículo, se declara de interés público que el conjunto del personal sanitario del 
sistema público pueda desarrollar otras actividades públicas sanitarias en los 
sectores, servicios, empresas públicas, centros y unidades que se prevén en los 
puntos 1 y 2 del Acuerdo GOV/183/2013, de 23 de diciembre, prorrogado por el 
Acuerdo del GOV/185/2019, de 17 de diciembre, y consiguientemente, se vuelve 
compatible el ejercicio de estas actividades públicas.
En este caso, no es necesario obtener la autorización expresa y formal previa 
al  ejercicio  de  la  segunda  actividad,  que  será  sustituida  por  una  declaración 
responsable.»
Artículo 4.  Modificación del Decreto 159/2007, de 24 de julio, por el que se regula la 
receta electrónica y la tramitación telemática de la prestación farmacéutica a cargo 
del Servicio Catalán de la Salud.
Se modifica la letra n del artículo 2 del Decreto 159/2007, de 24 de julio, por se 
regula la receta electrónica y la tramitación telemática de la prestación farmacéutica a 
cargo del Servicio Catalán de la Salud, que queda redactada de la manera siguiente:
«n)  Hoja de medicación activa: documento, en formato papel o electrónico 
según la elección de la persona paciente, que incluye la información que sobre la 
prescripción se tiene que dar a la persona paciente y un código que lo vincula con 
la receta electrónica.»
Artículo 5.  Modificación del Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de la gestión de residuos 
sanitarios.
Se modifica el anexo del Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de la gestión de residuos  bo
sanitarios, en el sentido siguiente: 55ww
Donde dice:
«Infección: COVID-19.»
Tiene que decir:
«Infección: COVID-19. Residuos contaminados con secreciones respiratorias.»
Artículo 6.  Comunicación de datos por parte de las empresas funerarias.
6.1  Las empresas que prestan servicios funerarios tienen que seguir comunicando 
al Departamento de Salud en relación con cada persona difunta los datos siguientes: DNI 
o NIE; sexo; edad; fecha y causa de defunción; municipio de residencia; lugar de 
defunción y destino final (inhumación o incineración).
6.2  El  procedimiento  de  recogida  es  el  establecido  en  cada  momento  por  el 
Departamento de Salud y comunicado formalmente a las empresas que prestan servicios 
funerarios.
Artículo 7.  Intervención de los centros residenciales.
7.1  Para mantener el nivel de respuesta necesario y urgente ante la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, que todavía subsiste, y proteger a los colectivos que se 
han mostrado más vulnerables, así como prevenir posibles rebrotes, se atribuye a las 
autoridades sanitarias competentes la potestad de intervenir los centros residenciales, de 
carácter público y privado, en función de la situación epidemiológica y asistencial de 
cada  centro  residencial,  y  siempre  atendiendo  a  los  principios  de  necesidad  y  de 
proporcionalidad. Esta potestad de intervención, ante la ausencia de medios personales, 
materiales, circunstancias físicas y otros que pongan en riesgo la salud de las personas 
residentes, puede comportar la adopción de las medidas preventivas necesarias para 
garantizar la salud de las personas residentes y, específicamente, las medidas de orden 
temporal siguientes:
a)  Traslado de las personas residentes a otros dispositivos residenciales.
b)  Redistribución del personal del centro residencial.
c)  Suspensión de la actividad, de mutuo acuerdo con el Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias, de la entidad gestora del centro residencial y atribución de 
la gestión a otra entidad prestadora de servicios sociales autorizada.
d)  Medidas de dirección y coordinación de la actividad asistencial de la residencia 
mediante la designación de un profesional del sistema público de salud que pueda 
disponer de los recursos materiales y humanos del centro intervenido, así como de los 
recursos vinculados con la actividad sanitaria asistencial que se presta de forma habitual 
a las personas residentes, tanto del mismo centro como del sistema público de salud.
Esta persona podrá adoptar las decisiones que correspondan para garantizar las 
medidas preventivas en relación con la ubicación y aislamiento, condiciones de higiene, 
coordinación para el diagnóstico, seguimiento y, si procede, derivación de las personas 
residentes.
e)  Medidas de control y prevención de la infección, actuaciones de sectorización, 
higienización y desinfecciones.
f)  Medidas  de  apoyo  puntual  al  centro  residencial  con  personal,  en  caso  de 
necesidad.
7.2  Las  previsiones  contenidas  en  materia  de  servicios  sociales  de  carácter 
residencial en Decreto Ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas 
presupuestarias,  en  relación  al  Sistema  sanitario  integral  de  utilización  pública  de  e
Cataluña, en el ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la Generalitat,  bo
así como en el Decreto ley 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas  55ww
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modificaciones, mantendrán su vigencia hasta que se mantenga activado el Plan de
actuación del PROCICAT para emergencias asociadas a enfermedades transmisibles 
emergentes con potencial alto riesgo.
CAPÍTULO 2
Medidas administrativas
Artículo 8.  Medidas concretas aplicables a las sociedades cooperativas catalanas.
Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 la medida establecida en el 
artículo 5.3 del Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan 
medidas  económicas,  sociales  y  administrabas,  para  paliar  los  efectos  de  la 
pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias, que, de forma 
excepcional, autoriza el consejo rector a acordar la suspensión total o parcial de 
la actividad cooperativizada de todas las personas socias trabajadoras, socias de 
trabajo, o personas trabajadoras o de una parte de estas cuando se den una serie 
de requisitos establecidos en el artículo 5.3 mencionado.
Artículo  9.  Modificación  del  Decreto  ley  22/2020,  de  2  de  junio,  por  el  que  se 
determinan los órganos competentes para tramitar las sanciones por incumplimientos 
de la normativa reguladora del estado de alarma denunciados por los diferentes 
cuerpos policiales.
Se modifica el artículo único del Decreto ley 22/2020, de 2 de junio, por el que se 
determinan los órganos competentes para tramitar las sanciones por incumplimientos de 
la normativa reguladora del estado de alarma denunciados por los diferentes cuerpos 
policiales, que queda redactado de la manera siguiente:
«Artículo único.  Órganos competentes.
1.  El  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  derivada  de  los 
incumplimientos  de  la  normativa  reguladora  del  estado  de  alarma 
denunciados por los diferentes cuerpos policiales que actúan en Cataluña, y 
que constituyan infracciones de la normativa sectorial que resulte aplicable, 
incluida la resolución de los recursos administrativos que eventualmente se 
interpongan, corresponde al consejero de Interior, que la podrá delegar en 
cualquier otro órgano del Departamento de Interior.
2.  Lo que dispone el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las 
competencias  que  la  normativa  vigente  atribuya  a  las  administraciones 
locales.
3.  En atención que el municipio de Barcelona dispone de un régimen 
especial,  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  derivada  de  los 
incumplimientos  de  la  normativa  reguladora  del  estado  de  alarma 
denunciados  por  la  Guardia  Urbana  de  Barcelona,  y  que  constituyan 
infracciones  de  la  normativa  sectorial  que  resulte  aplicable,  incluida  la 
resolución  de  los  recursos  administrativos  que  eventualmente  se 
interpongan, corresponde en los órganos establecidos a la Ley 22/1998, 
de 30 de diciembre, de la Carta municipal de Barcelona.»
CAPÍTULO 3
Medidas en el ámbito de las personas jurídicas de derecho privado y juntas de 
propietarios en régimen de propiedad horizontal
Artículo 10.  Modificación del artículo 4 del Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el 
cual se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto 
sanitario, económico y social de la COVID-19.
Se modifica el artículo 4 del Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, que queda 
redactado de la forma siguiente:
«Artículo 4.  Medidas aplicables a las personas jurídicas de derecho privado 
sujetas  a  las  disposiciones  del  derecho  civil  catalán  y  a  las  juntas  de 
propietarios en las comunidades sujetos a régimen de propiedad horizontal.
4.1  El cómputo de los plazos previstos legalmente para la reunión de los 
órganos de las personas jurídicas de derecho privado sujetas a las disposiciones 
del derecho catalán, suspendidos a partir de la fecha de declaración del estado de 
alarma, se reanuda una vez transcurridos tres meses a partir de la fecha de 
finalización  del  estado  de  alarma.  Las  reuniones  convocadas  antes  de  la 
declaración de este estado que hayan sido aplazadas durante su vigencia se 
tienen que volver a convocar dentro de los tres meses siguientes a la fecha de 
levantamiento de este estado.
4.2  No  obstante  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  y  hasta  el  31  de 
diciembre de 2020, los órganos que se mencionan se pueden reunir y adoptar 
acuerdos por medio de videoconferencia o de otros medios de comunicación, de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 312-5.2 del Código civil de Cataluña, 
aunque los estatutos no lo prevean. Si no es posible utilizar estos medios, y hasta 
la misma fecha, también pueden adoptar acuerdos sin reunión, de conformidad 
con aquello que dispone el artículo 312-7 del Código civil de Cataluña, aunque los 
estatutos no lo prevean, siempre que lo decida la persona que los preside o que lo 
soliciten al menos dos miembros o, si se trata de la asamblea general de una 
asociación, un veinte por ciento de las personas asociadas.
4.3  El cómputo de los plazos previstos legalmente para elaborar, aprobar y 
presentar cuentas anuales y otros documentos exigibles, suspendidos a partir de 
la fecha de declaración del estado de alarma, se reanuda una vez transcurridos 
tres meses a partir de la fecha de finalización del estado de alarma.
4.4  La obligación de convocar y celebrar las juntas de propietarios en las 
comunidades sujetas a régimen de propiedad horizontal queda suspendida hasta 
el 30 de abril de 2021, sin perjuicio de la posibilidad de cada comunidad de 
convocar y celebrar la junta de propietarios dentro de este plazo, atendiendo sus 
circunstancias  y  las  medidas  de  seguridad  en  cada  momento  aplicables,  a 
iniciativa de la Presidencia o si lo pide al menos un veinte por ciento de los 
propietarios con derecho al voto, que representen el mismo porcentaje de cuotas. 
La celebración de la junta también se puede llevar a cabo a través de los medios 
establecidos en el artículo 312-5.2 del Código civil de Cataluña.
El  último  presupuesto  anual  aprobado  se  entiende  prorrogado  hasta  la 
celebración de la junta ordinaria, en la cual también se tiene que proceder a la  s
aprobación de las cuentas anteriores y a la renovación de los cargos, de acuerdo  oe.
con aquello que establece el artículo 553-15 del Código civil de Cataluña. w.
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4.5  Las medidas previstas en este artículo se entienden vigentes desde la
finalización del estado de alarma.» Bc
Disposición adicional primera.  Mantenimiento de la vigencia de determinados preceptos 
y actos de desarrollo.
1.  Se declaran vigentes las disposiciones siguientes dictadas durante el estado de 
alarma decretado por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo:
– El artículo 11 y la disposición adicional segunda del Decreto ley 7/2020, 17 de 
marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de 
residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y 
económica, en la redacción dada por el artículo 3 de este Decreto ley.
– Los artículos 5, 6 y la disposición adicional tercera del Decreto ley 8/2020, 24 de 
marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, 
de  transparencia,  de  transporte  público  y  en  materia  tributaria  y  económica,  y  de 
adopción de otras medidas complementarias.
– La disposición transitoria séptima del Decreto ley 10/2020, de 7 de abril, por se 
adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la 
pandemia generada por la COVID-19 y otros complementarias.
– El artículo 2 del Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan 
medidas presupuestarias, en relación con el Sistema sanitario integral de utilización 
pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la 
Generalidad, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19.
2.  Durante la etapa de la reanudación en el territorio de Cataluña en el marco de la 
emergencia  sanitaria  vigente  provocada  por  la  COVID-19,  permanece  vigente  la 
simplificación  regulada  para  los  órganos  correspondientes  de  los  trámites 
procedimentales  de  carácter  económico-financiero  con  relación  a  las  actuaciones 
derivadas de procedimientos administrativos susceptibles de producir obligaciones de 
naturaleza económica o financiera que se tengan que llevar a cabo de forma presencial 
y/o con documentación original, para los cuales no se haga uso de medios electrónicos o 
telemáticos, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria séptima del 
Decreto ley 10/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales 
y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y 
otros complementarias.
3.  Las disposiciones normativas de rango inferior, los acuerdos del Gobierno, las 
instrucciones y resoluciones dictadas en desarrollo de las disposiciones legales que de 
acuerdo con el presente Decreto ley mantienen su vigencia, se mantienen igualmente 
vigentes  hasta  que  lo  haga  la  disposición  que  desarrollan,  sin  perjuicio  de  su 
modificación o derogación. 
Disposición adicional segunda.  Ayudas en apoyo al empleo.
En  relación  a  la  convocatoria  para  el  año  2020  de  la  Línea  2  de  las  ayudas 
destinadas a dos líneas de apoyo al empleo de trabajadores con discapacidad de 
características especiales de los centros especiales de trabajo, regulada mediante la 
Orden  TSF/223/2017,  de  28  de  septiembre,  por  la  que  se  aprueban  las  bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas destinados a dos líneas de apoyo al empleo 
de trabajadores con discapacidad de características especiales de los centros especiales 
de trabajo, y en el caso que el número de solicitudes que cumplen los requisitos fijados 
supere la cuantía prevista en la partida presupuestaria establecida en la convocatoria  e.
mencionada se tiene que aplicar, para la concesión de la subvención, la puntuación  w.b
obtenida  en  la  Resolución  de  concesión  de  la  subvención  correspondiente  a  la  55ww
cOorndveonc aTtSorFia/9 1d/e2l 0a1ñ7o,  d2e0 2105 d ed el ams asyuob,v ehnacsitoan easg odtealr  Perlo gprraemsuap u1e, srteog uelsatdaob lemceiddoia netne  llaa 
dcoen lovos ceaxtpoeriad,ie yn tpeosr  sloe gtúann teos, tsae p tuienntueanc qióune. priorizar el otorgamiento de las subvenciones
Disposición transitoria.
1.  Las disposiciones contenidas en el capítulo 1 y en el apartado 1 de la disposición 
adicional primera de este Decreto ley, mantendrán su vigencia hasta que se mantenga 
activado el plan de actuación PROCICAT para emergencias asociadas en enfermedades 
transmisibles emergentes con potencial alto riesgo.
2.  La  adopción  de  medidas  de  carácter  urgente  dirigidas  a  la  protección  de 
personas derivadas del Plan de actuación PROCICAT y mientras esté vigente para los 
órganos del Departamento de Salud y de las entidades adscritas para hacer frente a la 
COVID-19,  podrá  justificar  el  uso  del  procedimiento  de  emergencia  previsto  en  el 
artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.
De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, en los contratos que 
celebre  el  Departamento  de  Salud  y  sus  entidades  adscritas  haciendo  uso  del 
procedimiento de emergencia, habrá que justificar en el expediente que no se puede 
alcanzar la finalidad perseguida haciendo uso de otro procedimiento contractual.
3.  El resto de disposiciones contenidas en este Decreto ley serán vigentes hasta 
el 30 de septiembre de 2020.
Disposición final primera.
Este Decreto ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya», excepto el capítulo 1 y la disposición adicional primera, que 
entran en vigor con efectos desde el día 20 de junio de 2020.
Disposición final segunda.
Las  modificaciones  de  este  Decreto  ley  si  afectan  disposiciones  de  rango 
reglamentario siguen manteniendo su rango normativo.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación este Decreto 
ley  cooperen  en  su  cumplimiento  y  que  los  tribunales  y  autoridades  a  los  que 
corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 23 de junio de 2020.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, Joaquim 
Torra i Pla.–El Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Economía y Hacienda, Pere 
Aragonès i Garcia.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8161, de 24 de junio de 2020. 
Convalidado por Resolución 847/XII del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña» número 8176, de 14 de julio de 2020)