BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 20 Lunes 24 de enero de 2022 Sec. V-B.  Pág. 3257
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
1998 Resolución de 18 de enero de 2022, de la Delegación del Gobierno en
Canarias, Dirección Insular de la Administración General del Estado en
La Palma, sobre revocación de procedimientos administrativos
sancionadores y anulación de las resoluciones sancionadoras emitidas
en los mismos.
Vistos los procedimientos administrativos sancionadores que figuran
relacionados en el Anexo de la presente resolución y analizados los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Esta Delegación del Gobierno dictó en su momento resolución
sancionadora respecto de los procedimientos administrativos sancionadores objeto
de la presente resolución y relacionados en el Anexo, por incumplimiento de los
apartados 1, 3 o 5 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, de conformidad con las instrucciones
cursadas por el Ministro del Interior a las Delegaciones del Gobierno, en las que se
consideraba que el incumplimiento de tales preceptos constituía desobediencia a
las órdenes del Gobierno y su inobservancia subsumida dentro de la infracción
grave del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección
de la Seguridad Ciudadana.
Segundo.- En las mencionadas resoluciones se imponían sanciones de multa,
no constando que se haya procedido al pago de las mismas.
Y teniendo en cuenta los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que "El órgano
administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquier que haya sido la
forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su
acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión,
siempre que sea el mismo órgano que deba tramitar y resolver el procedimiento.
Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno".
Segundo.- La Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, número 148/2021,
de 14 de julio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad n.º 2054-
2020 interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, y declaró inconstitucionales y nulos los apartados 1,
3 y 5 de su artículo 7, con el alcance y efectos señalados por la propia sentencia.
Tercero.- El artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del e.
Tribunal Constitucional establece que "Las sentencias declaratorias de la w.b
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no w
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consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena
o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad".
Cuarto.- De acuerdo con el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas "Las
Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo
de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal
revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico".
Quinto.- La competencia para dictar la presente resolución sobre revocación
corresponde a este órgano, toda vez que la competencia para la resolución de
procedimientos administrativos sancionadores por infracciones graves en este
ámbito la ostentan los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y
en las ciudades de Ceuta y Melilla, de conformidad con el artículo 32.1.c) de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
En consecuencia con todo lo anterior, vistos los antecedentes y fundamentos
mencionados y en uso de las facultades conferidas,
RESUELVO
Primero.- Acordar la acumulación y la revocación de los procedimientos que
figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución, anulando las
resoluciones sancionadoras emitidas.
Segundo.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial del Estado de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, al apreciar razones de interés público.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa por lo que, de
acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe
interponer recurso de Alzada ante el Ministro del Interior, en el plazo máximo de un
mes contado desde el día siguiente a aquél en que se publique la presente
resolución.
ANEXO RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE NIF/NIE
365/2020 42846825X
738/2020 79087733W
1012/2020 42187357K
1453/2020 42840785L
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de enero de 2022.- El Delegado del Gobierno
en Canarias, Anselmo Francisco Pestana Padrón. s
ID: A220001738-1 oe.