BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 312 Miércoles 29 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 166665
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
21779 Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Entidad Pública Empresarial 
Red.es,  M.P.,  por  la  que  se  publica  el  Convenio  entre  el  Observatorio 
Nacional de Tecnología y Sociedad y el Instituto Nacional de Ciberseguridad 
de  España,  M.P.,  SA,  para  la  puesta  en  marcha  de  un  Espacio  de 
Observación sobre Ciberseguridad en España.
El Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. y la Directora 
General de la S.M.E. Instituto de Ciberseguridad de España, M.P. S.A. (INCIBE), han 
suscrito, con fecha 15 de diciembre de 2021, el Convenio entre el Observatorio Nacional 
de Tecnología y Sociedad (ONTSI) adscrito a la entidad pública empresarial Red.es, 
M.P.,y la S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, M.P. S.A. (INCIBE) 
para la puesta en marcha de un Espacio de Observación sobre Ciberseguridad en 
España C035/21-OT.
Para generar conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone 
la publicación del citado Convenio.
Madrid,  22  de  diciembre  de  2021.–El  Director  General  de  la  Entidad  Pública 
Empresarial Red.es, M.P., Alberto Martínez Lacambra.
CONVENIO ENTRE EL OBSERVATORIO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
(ONTSI) ADSCRITO A LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P., 
Y LA S.M.E. INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P. S.A. 
(INCIBE) PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN ESPACIO DE OBSERVACIÓN 
SOBRE CIBERSEGURIDAD EN ESPAÑA. C-035/21-OT
REUNIDOS
De una parte, Alberto Martínez Lacambra, en calidad de Director General de la 
entidad pública empresarial Red.es, M.P., con domicilio en la Plaza de Manuel Gómez 
Moreno  s/n,  28020,  Madrid  y  CIF  Q-2891006-E,  nombrado  por  el  Consejo  de 
Administración en su sesión extraordinaria del día 31 de mayo de 2021 y facultado para 
este acto en virtud de las facultades delegadas a su favor de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 14.1.k) del Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba 
el Estatuto de Red.es.
De otra parte, Rosa María Díaz Moles, mayor de edad, en calidad de Directora 
General de la S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España M.P., S.A. (en 
adelante, INCIBE), con CIF A-24530735 y domicilio en 24005  León, Edificio INCIBE, 
Avda. José Aguado, 41, facultada para este acto conforme consta en la escritura pública 
con número de protocolo 4623 otorgada el 13 de diciembre de 2019 por la Notario del 
Ilustre Colegio de Madrid doña Ana María López-Monís Gallego. es
La entidad pública empresarial Red.es, M.P. (en adelante, «Red.es») y la S.M.E.  w.
Instituto Nacional de Ciberseguridad de España M.P., S.A. (en adelante, INCIBE), podrán  779ww
ser dToednaosm ilnaasd apsa,r tineds ivsideu arelmcoennotec,e «nl al aP acratep»a cyi,d daed  fojurmrídai ccao nnjuencteas, a«rliaas  pPaarrate ss»u.scribir el
presente Convenio interadministrativo, y en su virtud,
EXPONEN
Primero.
Que el Observatorio Nacional de la Tecnología y la Sociedad (ONTSI) es un órgano 
adscrito a la entidad pública empresarial Red.es cuyo principal objetivo es el seguimiento 
y el análisis de la economía y sociedad digital.
El ONTSI basa su actividad en los datos. Elabora e interpreta indicadores, realiza 
estudios y analiza el impacto de la tecnología en la sociedad siendo el organismo público 
de referencia en humanismo tecnológico y en el estudio de los retos asociados a la 
sociedad digital desde una perspectiva innovadora
Segundo.
Que  INCIBE  es  una  sociedad  mercantil  dependiente  del  Ministerio  de  Asuntos 
Económicos  y  Transformación  Digital  a  través  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), siendo la entidad de referencia para el 
desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de ciudadanos, red académica y 
de  investigación  española  (RedIRIS)  y  empresas,  especialmente  para  sectores 
estratégicos.
La misión de INCIBE es reforzar la ciberseguridad, la confianza y la protección de la 
privacidad  en  los  servicios  de  la  Sociedad  de  la  Información,  aportando  valor  a 
ciudadanos, empresas y a otros agentes privados, entre los que se incluyen los sectores 
profesionales.
En este marco, la ciberseguridad y la confianza digital en las empresas se posicionan 
como elementos claves para el desarrollo económico y por ello, la protección frente a las 
ciberamenazas y el fomento de la seguridad constituyen factores esenciales para el 
desarrollo de la economía de Internet.
Como centro de excelencia, INCIBE es un instrumento del Gobierno para desarrollar 
la ciberseguridad como motor de transformación social y oportunidad para la innovación. 
Para ello, con una actividad basada en la investigación, la prestación de servicios y la 
coordinación con los agentes con competencias en la materia, INCIBE lidera diferentes 
actuaciones para la ciberseguridad a nivel nacional e internacional.
Tercero.
Que la ciberseguridad, cuyo estudio y conocimiento para su mejor implementación, 
constituye la materia objeto del convenio, es esencial para la confianza en la era digital. 
En un mundo interconectado, la fortaleza global depende de la fortaleza de la conexión 
más  débil.  Es,  pues,  necesario  contribuir  a  que  los  procesos  de  digitalización  e 
hiperconectividad  se  realicen  en  un  entorno  confiable  y  seguro  para  ciudadanos  y 
empresas.
Cuarto.
Que  en  2019,  el  Gobierno  de  España  publicó  la  Estrategia  Nacional  de 
Ciberseguridad, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, donde se presentaba 
la seguridad en el ciberespacio como objetivo prioritario con el fin de garantizar la 
Seguridad Nacional, y para crear una sociedad digital en la que la confianza es un 
elemento fundamental. En el año 2020 se constituye el Foro Nacional de Ciberseguridad,  e.e
con el objetivo de fomentar la cultura de ciberseguridad, ofrecer apoyo a la Industria  w.b
e I+D+i y promover la formación y el talento a través de un entorno de colaboración  779ww
público-privada bajo el paraguas del Consejo de Seguridad Nacional.
Quinto.
Que  a  nivel  europeo  la  ciberseguridad  también  se  considera  prioritaria,  como 
muestra,  por  ejemplo,  la  estrategia  presentada  en  diciembre  de  2020  «Estrategia 
Europea de Ciberseguridad para la Década Digital» que considera que la mejora de la 
ciberseguridad es «esencial para que las personas se beneficien de la innovación, la 
conectividad  y  la  automatización,  y  para  salvaguardar  los  derechos  y  libertades 
fundamentales».
Sexto.
Que el Gobierno de España ha puesto en marcha en abril de 2021 el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, un plan de inversiones y reformas, con un 
triple objetivo: apoyar a corto plazo la recuperación tras la crisis sanitaria, impulsar a 
medio plazo un proceso de transformación estructural, y llevar a largo plazo a un 
desarrollo más sostenible y resiliente.
La rápida transformación digital de la economía y la sociedad ha convertido a las 
competencias  digitales  en  herramientas  básicas  para  poder  aprovechar  las 
oportunidades que ofrece desde el punto de vista económico, social y ambiental: nuevas 
y accesibles formas de comunicación y de prestación de servicios.
En  este  escenario,  se  va  a  llevar  a  cabo  competencias  digitales  ligadas  al 
aprendizaje en el campo de la ciberseguridad y la confianza digital. En concreto, está 
previsto  que  se  destinen  a  este  fin  las  actuaciones  de  la  Inversión  1,  Línea  de 
actuación 1 del componente 19, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: 
Competencias Digitales (digital skills).
Los  programas  incorporados  en  esta  área  incorporan  un  notable  esfuerzo  de 
concienciación  y  sensibilización  que  deben  llegar  al  mayor  número  posible  de  la 
población,  a  través  de  campañas  de  comunicación,  acciones  de  proximidad,  y  del 
desarrollo  de  recursos  específicos  para  tales  fines.  La  implementación  de  estos 
programas exige por otro lado el conocimiento profundo y la evaluación de la realidad en 
relación con la realidad fáctica sobre la que deben operar, para lo que el análisis de los 
datos vinculados a la materia objeto del convenio, se revela como un instrumento de 
primer orden.
Séptimo.
Que los trabajos que llevan a cabo los firmantes y los estudios que realiza el ONTSI 
sobre la materia objeto del Convenio tanto en la ciudadanía como en las empresas son 
un excelente punto de partida para ampliar los conocimientos que actualmente existen 
sobre esta materia, aglutinar en torno a ellos un hub de conocimiento e investigación que 
aproveche las sinergias de los trabajos realizados por cada parte, así como para invitar a 
otras entidades a que se unan a este proyecto para facilitar la difusión de conocimientos 
y  aumentar  su  impacto  en  la  economía  y  sociedad,  tanto  a  nivel  nacional  como 
internacional.
Octavo.
Que en virtud de lo anterior, las partes están interesadas en mejorar el conocimiento 
actual sobre ciberseguridad y confianza digital en España, prestando especial atención a 
estos elementos en el ámbito de la ciudadanía, las empresas y las Administraciones  e.
Públicas, a través de la cooperación entre las instituciones firmantes y las que se sumen  w.b
en el futuro en materia de investigación y divulgación de sus resultados. 779ww
que Toredaol iceello  lasse  mfuantceiroianleizsa rdáe e nO lbas epruveasttoar ioe n Tmemarácthicao  deso ubnre e sCpiabceiros edgeunrtirdoa dd,e l qOuNe TsSeI 
concretaran en anexo al presente Convenio, bajo la denominación «ObservaCiber».
Por todo ello, todas las partes acuerdan suscribir el presente Convenio, que se regirá 
por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El objeto del Convenio es mejorar el conocimiento actual sobre ciberseguridad y 
confianza digital en España, prestando especial atención a estos elementos en sentido 
amplio, a través de la cooperación entre ambas instituciones, y las que se sumen en el 
futuro, en la definición y creación de un Observatorio Temático para la Ciberseguridad 
(en adelante «Observaciber») que impulse la investigación y divulgación de conocimiento 
sobre esta materia, y que se encargue de la recopilación, sistematización, actualización, 
generación de información y difusión relacionada con la materia objeto del Convenio.
Segunda.  Actuaciones y obligaciones de la Partes.
Para el cumplimiento del presente Convenio las partes desarrollarán las siguientes 
actuaciones cuyo desarrollo se detalla en el Anexo al Convenio:
1.  Creación y puesta en marcha del Observatorio para la difusión de los estudios y 
trabajos realizados conjuntamente en el ámbito de la materia objeto del Convenio y, que 
tendrá como misión ser el punto de referencia del conocimiento y reflexión sobre la 
misma.
2.  Difusión y comunicación de los resultados de los informes en la materia objeto 
del Convenio, tanto en un ámbito divulgativo como académico. En estas actuaciones de 
promoción y difusión habrá de figurar el nombre y logotipo de Obsevaciber.
3.  Desarrollo de actuaciones específicas para facilitar la difusión y el intercambio de 
conocimientos sobre la materia objeto del Convenio en España e internacionalmente.
4.  Desarrollo de estudios y actuaciones citadas como actuaciones propias de cada 
Parte en el anexo del Convenio.
5.  Aportar apoyo institucional a las actividades llevadas a cabo por el Observatorio, 
entre ellas, la presentación de los sucesivos informes de la materia objeto del Convenio, 
contribuyendo a su difusión y a las actividades necesarias para ello, de común acuerdo 
entre las Partes.
6.  Participación en los grupos de trabajo y de reflexión que se creen en el marco del 
Convenio  poniendo  a  disposición  del  proyecto  los  medios  humanos  y  materiales 
necesarios para que se puedan desarrollar las actuaciones previstas, en los términos 
señalados en el Anexo del Convenio.
7.  Puesta en común de la información necesaria disponible por cada institución 
para facilitar la elaboración de informes o recomendaciones para el impulso del objeto 
del convenio, facilitando el contacto con agentes del ecosistema digital que puedan 
contribuir a los objetivos del presente convenio.
Tercera.  Financiación.
El  presupuesto  máximo  estimado  de  las  actuaciones  previstas  en  la  cláusula 
segunda será de un millón doscientos mil euros (1.200.000 €), de los cuales:
Red.es asumirá, dentro de la ejecución material de las actuaciones previstas en la  e.e
cláusula segunda, los costes relativos a las tareas que se le atribuyen hasta un máximo  b
de cuatrocientos mil euros (400.000 €) anuales. Las aportaciones realizadas por Red.es  779ww
sneercáens idfinaadnecsi adrealsa ceionn saud atos taldidiraedc tapmore lnat eU ncióonn  Eularso peinai-cNiaetxivtGase nedrea tiolons E  UF odnednotrso  ldaes 
dReelc cuopmerpaocnióenn tye  R1e9s, ilPielannci aN, aecsiotannadl od ea liCneoamdpoest ecnocni alas  IDnivgeitraslieósn  (1d,i gLitíanle as kdilels )a cyt upaacriaó nla 1s 
que Red.es ha recibido fondos específicos.
Por su parte INCIBE asumirá, dentro de la ejecución material de las actuaciones 
previstas en la cláusula segunda, los costes relativos a las tareas que se le atribuyen, en 
particular la elaboración de o los estudios y trabajos sobre ciberseguridad indicados en el 
apartado 2.1 y 2.2 del Anexo del presente Convenio, hasta un máximo de doscientos mil 
euros (200.000 €) anuales.
La  ejecución  de  las  inversiones  estará  sujeta  en  todo  caso  a  la  disponibilidad 
presupuestaria de las Partes.
Las partes presentarán anualmente y en el seno de la Comisión de Seguimiento 
certificación emitida por la persona con competencia en la materia, con la justificación de 
las inversiones realizadas en cada ejercicio económico. Esta certificación se realizará 
sobre  la  base  de  las  facturas  abonadas,  notas  de  cargo  y  demás  documentos 
probatorios que constituyen el soporte documental de los gastos incurridos. Todo el 
soporte documental de los gastos incurridos así como el desglose de los mismos se 
acompañará a la certificación para su valoración por la Comisión de Seguimiento, junto 
con la memoria técnica y económica correspondiente.
Cuarta.  Cláusula relativa a los fondos europeos.
Las partes deberán cumplir las obligaciones, europeas y nacionales, relativas a la 
financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.
– Serán responsables de la fiabilidad y del seguimiento de la ejecución de las 
actuaciones, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución 
de cada actuación a través del reporte en la Comisión de Seguimiento del Convenio.
– Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar 
por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros 
aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los 
indicadores de seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
– Tienen  la  obligación  de  implementar  medidas  dirigidas  a  prevenir,  detectar, 
comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble 
financiación
– Asimismo,  deben  cumplir  con  las  obligaciones  en  materia  de  información, 
comunicación y publicidad contempladas en el artículo 34 del Reglamento (UE) n.º 
2021/241, de 12 de febrero de 2021, sobre la financiación de la Unión Europea de las 
medidas  incluidas  en  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia.  En 
particular, en las medidas de información y comunicación de las actuaciones (carteles 
informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas 
web,  anuncios  e  inserciones  en  prensa,  certificados,  etc.),  se  deberán  incluir  los 
siguientes logos:
1.  El emblema de la Unión.
2.  Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión 
Europea-NextGenerationEU»;
3.  Se recomienda emplear también el logo del PRTR español.
4.  Se tendrán en cuenta las normas gráficas del emblema de la Unión y los colores 
normalizados  establecidos  en  el  Anexo  II  del  Reglamento  de  Ejecución  821/2014. 
También  se  puede  consultar  la  siguiente  página  web:  http://
publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm  y  descargar  distintos  ejemplos  del 
emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download e.
Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y  779ww
de aDcece ascou aelr dpoú bcliocno .el artículo 9.6 «Comunicación» de la Orden HFP/1030/2021, de 29
deexe snecpiótine mdeb rere, sepno nlossa binilfidoarmd e(str,a yd uecnidtrae gaa blaless  lesneg dueabse lroác ainlecslu, irs il ap sroigcueideen)t:e  «cFláinuasnuclaia ddeo 
por  la  Unión  Europea-NextGenerationEU.  Sin  embargo,  los  puntos  de  vista  y  las
opiniones  expresadas  son  únicamente  los  del  autor  o  autores  y  no  reflejan 
necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni 
la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas».
– Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de los fondos y en formato 
electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del 
Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021.
– Asumirán el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones 
realizadas  en  el  marco  de  este  Convenio  y  la  obligación  de  mantenimiento  de  la 
documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que 
establezca el Ministerio de Hacienda de conformidad con la normativa nacional y de la 
Unión Europea.
– Tienen la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y de la 
adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la 
corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
– Custodiar  y  conservar  la  documentación  de  la  actividad  financiada  por  el 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  de  conformidad  con  el  artículo  132  del 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la 
Unión.
– En  la  ejecución  de  las  actuaciones  objeto  del  convenio  no  perjudicarán 
significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 
n.º 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 2019/2088.
Quinta.  Consejo Asesor.
Se  crea  un  Consejo  Asesor  como  órgano  de  apoyo  y  asesoramiento  del 
Observatorio, que servirá para impulsar y orientar su actividad, así como para reflexionar 
sobre  las  tendencias  que  guían  el  desarrollo  de  la  materia  objeto  del  Convenio  y 
contribuir a la comunicación de los resultados de los estudios realizados. Su composición 
será paritaria.
El Consejo Asesor estará compuesto por representantes de la administración de los 
Ministerios con competencias en la materia y que formen del convenio, que deberán ser 
designados expresamente.
La pertenencia al Consejo Asesor no dará derecho a percepción económica alguna, 
sin perjuicio del abono de los gastos por desplazamiento contemplados en la normativa 
aplicable, en los casos en que proceda.
Sexta.  Gerencia del Observatorio.
Para la gestión ordinaria del observatorio el ONTSI designará una persona para 
coordinar los trabajos, con el perfil técnico adecuado bajo la dirección del ONTSI.
Corresponderá a esta persona la planificación general de su actividad, así como la 
decisión sobre la información que se ofrecerá en su página web, bien sea esta la 
elaborada  por  las  partes  en  los  términos  del  Anexo,  bien  se  trate  de  información 
disponible procedente de personas expertas en la materia o instituciones nacionales o  s
internacionales relacionadas con la misma, de acuerdo con los parámetros establecidos  oe.
por la Comisión de Seguimiento. w.
adper oLlabasa  cpipeóarnsr toecnsoa r ryce osloparo dngindeaendreáor raada a d elapl  oOCrb osemel risvpiaórotnop riiood  eeo lbaSsbeeogrruvaairmáto iercinoot no u.l an Dai nicfmohraem mamocreiióamn o aprniraou cadel edcbeuenyrtaeá    2021-21779n https://ww
hacerse pública en el primer trimestre del año siguiente a que se refiera.
Séptima.  Comisión de Seguimiento del Convenio.
Se crea una Comisión de Seguimiento del Convenio, como mecanismo de vigilancia 
y control del mismo y para la realización de las tareas de evaluación de las actuaciones 
objeto del Convenio conforme a las directrices de los reglamentos de fondos europeos.
La Comisión de Seguimiento del Convenio estará constituida por un representante 
por  cada  una  de  las  partes  firmantes,  entre  profesionales  cuyo  perfil  técnico  sea 
adecuado a la materia objeto del convenio, que serán designados expresamente por las 
partes. Podrán incorporarse a las reuniones de la Comisión personas designadas por los 
representantes de ambas Partas, con carácter consultivo.
La sustitución, con carácter definitivo o temporal, de cualquiera de los miembros de 
la  Comisión  de  Seguimiento,  será  anunciada  en  la  convocatoria  de  la  reunión 
correspondiente, y quedará debidamente reflejada en el acta de esta. Un miembro de la 
Comisión de Seguimiento ejercerá las funciones de presidente. La presidencia será 
rotatoria entre las Partes con periodicidad semestral. De la misma forma se procederá 
respecto del secretario, no pudiendo coincidir ambos cargos simultáneamente en la 
misma Parte.
Los acuerdos de la Comisión de Seguimiento se adoptarán por unanimidad de sus 
miembros, y de sus reuniones se levantará la correspondiente acta. La Comisión de 
Seguimiento tiene las siguientes competencias:
1.  La evaluación del logro de objetivos.
2.  Concretar  los  términos  de  la  colaboración  institucional  entre  las  Partes,  en 
particular la relativa a la participación de las mismas en los informes que cada una de 
ellas realizará en el marco del Convenio.
3.  El establecimiento de los parámetros y requerimientos para la publicación en el 
observatorio de documentos de interés relacionados con la materia objeto del convenio, 
tanto procedentes de las Partes como de terceros.
4.  Velar por el debido cumplimiento de este Convenio y resolver los problemas de 
interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse respecto al mismo.
5.  La revisión y aprobación de una memoria anual de actuaciones del Observatorio.
Asimismo, podrá proponer la tramitación de adendas al Convenio, con mejoras y 
modificaciones de las actuaciones previstas en el mismo. Dichas adendas deberán 
tramitarse conforme a lo previsto en la cláusula decimocuarta. Cualquier propuesta que 
se acuerde en este sentido deberá reflejarse por escrito en un acuerdo de la Comisión 
de Seguimiento.
La Comisión de Seguimiento se reunirá en sesión constitutiva en el plazo de 30 días 
desde la firma del Convenio y podrá reunirse cuantas veces lo solicite cualquiera de las 
Partes. En todo caso, se reunirá como mínimo dos veces al año.
La Comisión establecerá sus normas internas de funcionamiento dentro del marco 
dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y estará sujeta a los dispuesto en el artículo 54 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en lo 
que se refiere a la designación de sus miembros.
En  todo  lo  no  previsto,  se  sujetará  al  régimen  jurídico  que  para  los  órganos 
colegiados  se  establece  en  la  Sección  Tercera,  del  Capítulo  Segundo,  del  Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Octava.  Propiedad intelectual e industrial. oe.
La  propiedad  intelectual  de  los  informes  elaborados  en  el  desarrollo  de  las  779ww
iamcptuliaqcuieo naefse cptarecvióisnt aasl geunn a las ocblráeu slau lap rotepriceedraad  cinotrerelescptounadl eor ái ndau sOtrNiaTl SdIe,  sloins  qtruaeb aejollso, 
elas tcuodrrioess poo npduibelnictaec aio tnraebs aqjouse  elafe octturaa dpoasrt efu ehraay ad eel laábmobriatod od eyl  aCpoonrvtee naiol .Observatorio, ni a
En lo demás, todas las Partes reconocen y quedan obligadas a respetar los derechos 
que  la  actual  legislación  en  materia  de  propiedad  intelectual  e  industrial  (y  las 
limitaciones que se recogen en dicha legislación o la que en cada momento y lugar sea 
aplicable) otorga a cada una de ellas sobre sus productos, aplicaciones y/o desarrollos 
tecnológicos  en  general,  así  como  sobre  cualquiera  de  las  transformaciones  o 
modificaciones que 9 pudieran sufrir ahora y en el futuro por un período de tiempo y con 
ámbito geográfico ilimitado y aplicable a cualquier modalidad de explotación.
Todas las Partes se obligan a citar a la otra parte en todas las comunicaciones 
públicas donde se mencione dicha marca en relación con la colaboración en el ámbito 
del Observatorio.
Novena.  Protección y Seguridad de la Información.
El tratamiento de los datos personales que precisen las Partes que suscriben el 
Convenio se sujetará a la normativa nacional y comunitaria en materia de protección de 
datos, en especial, a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, y al Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
Décima.  Naturaleza del presente Convenio.
El Convenio es uno de los previstos en el artículo 47.2.b) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por tanto, se sujeta a lo en ella 
dispuesto, y específicamente al régimen jurídico de Convenios, previsto en el Capítulo VI 
del Título Preliminar de dicha ley.
Undécima.  Vigencia del presente Convenio.
El Convenio se perfeccionará en el momento de su firma y será eficaz una vez 
inscrito en el Registro de Convenios y Encomiendas del Sector Público Estatal (REOICO-
RCESPE) dentro de los cinco (5) días siguientes a su formalización. Adicionalmente, 
dentro de los diez (10) días siguientes también a su formalización, deberá publicarse en 
el «Boletín Oficial del Estado», siendo su vigencia de dos (2) años.
Duodécima.  Extinción del Convenio y efectos.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto, o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución:
1.  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
2.  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
3.  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
4.  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
5.  La imposibilidad sobrevenida de realizar las actividades descritas.
6.  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
El cumplimiento o la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo  oe.
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las Partes  w.
deenl  loNCsoo t néovrbemsnitniaoon sete xe ilssott aeabnnl etaeccritdiuooar,sc  sieoin nc eeusla  anerdntío cc uculoors n5oc2 ud rderea   elcajeu LcaRulqcJuiSóienPr,.a l adse  Plaasrt ecsa,u asa psr odpeu eresstao ludcei ólna   2021-21779n https://ww
Comisión de Seguimiento, podrán acordar la continuación y finalización de aquellas que
consideren  oportunas,  estableciendo  un  plazo  improrrogable  para  su  finalización,  Bc
transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos 
establecidos en el párrafo anterior.
Decimotercera.  Consecuencias en caso de incumplimiento.
En caso de incumplimiento del Convenio por una de las Partes, la otra Parte podrá 
notificar a la Parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de treinta 
días  con  las  obligaciones  o  compromisos  que  se  consideran  incumplidos.  Este 
requerimiento será comunicado también a la Comisión de Seguimiento que deberá hacer 
constar en el acta correspondiente el cumplimiento o, en su caso, el incumplimiento de 
las obligaciones recíprocas de cada Parte.
Si  trascurrido  el  plazo  de  treinta  días  desde  el  requerimiento  persistiera  el 
incumplimiento, la Parte que lo dirigió notificará a la otra Parte y a la Comisión de 
Seguimiento, la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el 
Convenio. En este caso, la Parte incumplidora habrá de reparar los daños y perjuicios 
que hubiere causado a la otra Parte.
Si en cualquier momento, durante la vigencia del Convenio, la autoridad de control, la 
Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo verificasen el incumplimiento de los 
objetivos establecidos a través de los indicadores, la entidad incumplidora tendrá la 
obligación de reintegrar los fondos correspondientes.
En  cualquier  caso,  ninguno  de  estos  supuestos  de  resolución  anticipada  del 
Convenio podrá afectar a las actuaciones que se encuentren en curso, que deberán ser 
finalizadas en los términos establecidos.
Decimocuarta.  Adhesión.
A fin de dar el mayor impulso al objeto del Convenio podrán adherirse al mismo 
mediante  la  correspondiente  Adenda,  otras  instituciones,  fundaciones,  o  empresas, 
públicas o privadas, que compartan el objetivo de ampliar conocimientos sobre la materia 
objeto del Convenio y el fomento de la sensibilidad ciudadana respecto del mismo, 
compartiendo experiencias y fomentando la innovación en este campo.
Decimoquinta.  Régimen de resolución de conflictos.
La resolución de las controversias que pudieren plantearse sobre la interpretación y 
ejecución del Convenio, deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las Partes, a 
través de la Comisión de Seguimiento. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
es el competente para conocer las cuestiones que puedan suscitarse entre las Partes en 
relación con el mismo, a través de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
Y en prueba de conformidad, las Partes firman el presente Convenio, en Madrid, en 
fecha 15 de diciembre de 2021.–Por la entidad pública empresarial Red.es, M.P., el 
Director General, Alberto Martínez Lacambra.–Por INCIBE, la Directora General, Rosa 
Díaz Moles.
ANEXO
Primero.  Actuaciones específicas de cada una de las Partes en el marco de las líneas 
de acción descritas en la cláusula dos del convenio. e.
1.  Actuaciones específicas de del ONTSI: 779ww
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1.2  Aportar  el  personal  que  se  encargará  de  la  gestión  ordinaria  y  del 
mantenimiento  del  observatorio  y  designar  la  persona  que  se  encargará  de  su 
coordinación.
1.3  Realizar  el  diseño  específico  del  Observatorio,  desde  el  punto  de  vista 
operativo, en base a decisiones previamente tomadas, tanto sobre los objetivos como 
sobre los contenidos, por la Comisión de Seguimiento, con medios propios o mediante 
un encargo a terceros en los términos establecidos en la normativa de contratación 
aplicable. El encargo del diseño informático debe incluir también una fase de formación 
del personal que vaya a gestionar el Observatorio.
1.4  Realizar estudios específicos para mejorar el conocimiento disponible sobre la 
percepción de la ciberseguridad entre la ciudadanía y las empresas, especialmente la 
PYME,  y  sobre  la  confianza  digital,  segmentando  los  resultados  por  grupos 
socioeconómicos y demográficos prestando una atención especial a la perspectiva de 
género.
1.5  Realizar estudios específicos sobre colectivos con mayor riesgo en el ámbito 
digital, como menores de edad, personas con bajo nivel de competencias digitales y 
otros colectivos vulnerables.
1.6  Recopilar los indicadores sobre ciberseguridad y confianza digital usados en la 
construcción de índices de desarrollo digital en el ámbito internacional y sobre los que 
existen en el ámbito nacional.
1.7  Crear mecanismos para disponer de información rápida sobre la evolución de la 
percepción de riesgo y amenazas digitales, o sobre aspectos específicos de la misma, 
entre la ciudadanía y el sector empresarial.
1.8  Realizar la evaluación del grado de cumplimiento de las normas que puedan 
dictarse en materia de ciberseguridad y de la efectividad de las medidas que estas 
implementen,  sin  perjuicio  de  la  evaluación  normativa  que  corresponde  a  las 
Administraciones  Públicas  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  130  de  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común.
2.  Actuaciones específicas de INCIBE:
2.1  Dar  continuidad  al  estudio  de  Análisis  y  Diagnóstico  del  Talento  en 
Ciberseguridad en España, que constituirá una medida de base a la creación, retención y 
generación de talento con actuaciones de organismos públicos y privados bajo la marca 
de Observaciber.
2.2  Dar  continuidad  al  estudio  de  Análisis  y  Diagnóstico  de  la  Industria  de 
Ciberseguridad en España, así como el benchmarking internacional alineado con ENI 
(esquema nacional de interoperabilidad) bajo la marca de Observaciber.
2.3  Contribuir  activamente  en  la  recopilación  de  indicadores  señalada  en  el 
punto 1.6 anterior, con la información e indicadores disponibles de INCIBE en el ámbito 
de la ciudadanía y empresas, que contribuya a la generación de un cuadro de mando 
sobre el estado de la ciberseguridad y confianza digital en España.
2.4  Contribuir activamente en la realización de estudios específicos para mejorar el 
conocimiento disponible sobre la percepción de la ciberseguridad entre la ciudadanía y 
las empresas, así como en los colectivos con mayor riesgo de exclusión digital