BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Jueves 10 de marzo de 2022 Sec. TC.   Pág. 28807
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3809 Pleno.  Auto  39/2022,  de  10  de  febrero  de  2022.  Conflicto  negativo  de 
competencia  8083-2021.  Inadmite  a  trámite  el  conflicto  negativo  de 
competencia 8083-2021, planteado por la sociedad Puerto de Navacerrada-
Estación de Esquí, SA, en relación con la competencia para resolver sobre la 
interrupción o suspensión, por causa de fuerza mayor, del plazo de concesión 
para la ocupación privativa de un monte catalogado.
ECLI:ES:TC:2022:39A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro José 
González-Trevijano Sánchez, presidente; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, 
don  Santiago  Martínez-Vares  García,  don  Antonio  Narváez  Rodríguez,  don  Ricardo 
Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón; la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón; los magistrados don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique 
Arnaldo  Alcubilla,  y  las  magistradas  doña  Concepción  Espejel  Jorquera  y  doña 
Inmaculada  Montalbán  Huertas,  en  el  conflicto  negativo  de  competencia 
número 8083-2021, ha dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1. El  20  de  diciembre  de  2021,  tuvo  entrada  en  el  registro  del  Tribunal 
Constitucional el escrito presentado por la sociedad Puerto de Navacerrada-Estación de 
Esquí, S.A., (en adelante Puerto de Navacerrada), representada por el procurador de los 
tribunales  don  Guillermo  García  San  Miguel  Hoover,  y  asistida  de  la  letrado  doña 
Verónica Ester Casas, por el que promueve conflicto negativo de competencia entre la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Administración General del Estado, en 
relación con la competencia para resolver sobre «la interrupción o suspensión del plazo 
de la concesión por causa de fuerza mayor por el tiempo de duración de los dos estados 
de alarma decretados sucesivamente para evitar la propagación del virus del Covid-19».
2. Los antecedentes de hecho de la solicitud son los siguientes:
a) La entidad Puerto de Navacerrada es titular de la concesión para la ocupación 
privativa de 7,6756 hectáreas en el denominado Pinar de Valsaín, monte del catálogo de 
utilidad pública, en virtud de contrato y pliego suscrito por el presidente del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales (en adelante OAPN) en fecha 29 de febrero de 1996, por 
un plazo de veinticinco años. Actualmente, el OAPN es propietario del monte Pinar de 
Valsaín.
b) El 30 de marzo de 2021, Puerto de Navacerrada presentó ante el servicio 
territorial de medio ambiente de Segovia de la Junta de Castilla y León, una solicitud de 
interrupción temporal del cómputo del plazo de la ocupación por tiempo suficiente para  s
compensar los efectos que sobre los ingresos de la sociedad por la explotación han  oe.
tenido y puedan tener, las medidas tomadas y por tomar, por las administraciones  w.
(cdoemlecp)ge atecEinólt ne5 st  epdrareirt ao rmliaaa lc ydooen  tSdeeen gcoi2óv0ni2a d1) e,d  elea l l paa jeJnufedn etamd ediale  d sCeealr vsCitcoililvoai  dy-t e1Lr9er.iótonr,i adli ctdóe  unMae rdeioso lAucmióbnie pnoter   2022-3809n https://ww
lnao q ucoer r«edsapdoon dqeu ea l al ac oJnucnetsaio ndaer iaC absatsilala  suy  sLoeliócnit urde seonl vuenra  scoobnrdei cliaó np arodlmoningisatcriaótniv ad e[… l]a,   BOE-A-cable e
concesión […]». Al propio tiempo se informaba que se daba traslado del escrito al OAPN, 
«órgano competente para resolver su solicitud».
d) La  sociedad  Puerto  de  Navacerrada  interpuso  recurso  contencioso-
administrativo frente a la anterior resolución que ha correspondido al Juzgado Central de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 10, y ha sido registrado con el núm. 38-2021.
e) El 11 de junio de 2021, la mercantil Puerto de Navacerrada efectuó esa misma 
solicitud al OAPN. Dicho organismo autónomo, por resolución de 30 de junio de 2021, 
declaró que la competente para cualquier incidencia en relación con el otorgamiento de 
títulos de uso sobre los montes de utilidad pública era la Junta de Castilla y León.
f) Con fecha de 29 de julio de 2021, Puerto de Navacerrada presentó escrito ante el 
servicio territorial de Medio Ambiente de Segovia en el que reitera su solicitud «conforme 
a lo ordenado en el oficio de la OAPN de 30 de junio de 2021». Por acuerdo de 14 de 
octubre  de  2021  la  Junta  de  Castilla  y  León  declara  la  incompetencia  de  dicha 
administración para resolver la solicitud efectuada, dado que lo solicitado afecta a las 
cláusulas administrativas de la concesión y que la entidad propietaria del monte es el 
OAPN. Indica que la suspensión de plazos administrativos, o la ampliación de plazos 
contractuales, nada tienen que ver con la gestión de los montes, sino con la eficacia de 
un contrato entre partes en el que la comunidad autónoma no ha participado.
g) Contra dicho acuerdo se interpuso por la Abogacía del Estado en representación 
de  OAPN  recurso  contencioso-administrativo  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el que solicitaba la adopción de 
medidas cautelares.
h) El 28 de octubre de 2021, Puerto de Navacerrada, mediante escrito dirigido a la 
ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, instó a la Administración 
General del Estado a pronunciarse en relación con la competencia o incompetencia del 
Ministerio respecto de la solicitud planteada, sin que se haya dictado resolución alguna 
sobre la petición efectuada.
3. En la demanda se afirma que, habiéndose solicitado, tanto a la Junta de Castilla 
y León como a la Administración General del Estado, la interrupción o suspensión del 
plazo de la concesión por causa de fuerza mayor, ninguna de las dos administraciones 
acepta su competencia para resolver dicha petición, por lo que no queda al interesado 
otra opción que dirigirse en tiempo y forma al Tribunal Constitucional para que, en el 
ejercicio de sus atribuciones, determine cuál es competente.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto de la presente resolución
El objeto del presente procedimiento es resolver el conflicto negativo de competencia 
[arts. 161.1 c) CE y 68 y ss. de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC], 
puesto que la demandante considera que se debe identificar qué administración territorial 
es la competente para resolver sobre la solicitud de interrupción o suspensión del plazo 
de la concesión por causa de fuerza mayor, si el Estado o la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León.
2. Doctrina sobre los requisitos del conflicto negativo de competencia
Este tribunal ha establecido en doctrina reiterada (por todos, ATC 168/2019, de 10 de  s
diciembre,  con  cita  de  otros  anteriores),  que  para  tener  por  planteado  un  conflicto  e.
negativo de competencia debe concurrir una doble exigencia: w.
obtean)i doE enn p rlaims ecro lnudgiacri,o qnuees  lya  pplearzsoosn aq ufíes icsae ñoa ljau reídl icaart .q u6e8  aLcOcTeCde s ae nedsates  trreibsuonluacl iohnaeyas 
pdreeccliinsaatrosreia qsu ed,e  alsaí  ccoommop elate dnec iala  paodrm pinairsttera cdieó nl asso liacditmadinai setrna csieognuensd oim lupglicaar dpause. dDe esbeer 
expresa  o  por  silencio  negativo  (art.  68.2  LOTC)  y  no  se  exige  que  agote  la  vía
administrativa, la resolución de la administración a la que se dirige la solicitud en primer 
lugar sí debe ser recurrida hasta agotar la vía administrativa y además ha de ser 
expresa, pues en ella no sólo debe declinar su competencia, sino declarar competente a 
otra  administración  determinada,  bien  sea  la  del  Estado  o  «el  órgano  ejecutivo 
colegiado»  de  una  comunidad  autónoma  según  dispone  el  art.  68.1  LOTC 
(ATC 322/1989, de 6 de junio, FJ 2).
b) En segundo término, que dichas negativas sucesivas se basen precisamente en 
una diferencia de interpretación de preceptos constitucionales o de los estatutos de 
autonomía o de leyes orgánicas u ordinarias que delimiten los ámbitos de competencia 
del Estado y de las comunidades autónomas (art. 69.2 LOTC), exigencia esta última que 
pretende evitar que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre conflictos que carecen 
de dimensión constitucional.
De este modo hemos afirmado que con «esa configuración legal de este cauce 
procesal se pretende vedar el acceso al Tribunal Constitucional de pretensiones que 
‘hayan sido desatendidas por razones no competenciales o por controversias que, aun 
siendo de naturaleza competencial, no son, sin embargo, propias de la jurisdicción del 
Tribunal Constitucional’ (ATC 322/1989, FJ 2). De forma que la simple presencia de 
cuestiones estrictamente fácticas o, incluso, jurídicas en alguna medida vinculadas con 
el sistema de distribución de competencias, pero cuya solución no requiera de una 
interpretación  de  las  reglas  competenciales,  no  permite  transformar  un  conflicto  de 
competencias  aparente  en  una  verdadera  controversia  competencial  susceptible  de 
resolución en el cauce prevenido en los arts. 68 y ss. LOTC.» (STC 156/1990, de 18 de 
octubre, FJ 1).
3. Aplicación de la doctrina al caso
En el presente caso falta la doble exigencia requerida para que podamos admitir a 
trámite el conflicto negativo de competencias planteado.
a) En primer lugar, dispone el art. 68.1 LOTC –y así hemos tenido ocasión de 
recordarlo recientemente– (ATC 8/2021, de 28 de enero, FJ 3) que, en el caso de que la 
administración  del  Estado  decline  su  competencia,  y  una  vez  agotada  la  vía 
administrativa, el interesado «ha de reproducir su pretensión ante el órgano ejecutivo 
colegiado de la comunidad autónoma que la resolución declare competente» y añade 
que «[d]e análogo modo se procederá si la solicitud se promueve ante la comunidad 
autónoma y esta se inhibe por entender competente al Estado». Esa segunda solicitud 
no  se  ha  reproducido  en  los  términos  exigidos  por  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional,  pues  el  interesado  reitera  la  inicial  petición,  no  ante  el  Consejo  de 
Ministros (art. 1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno) sino frente a la 
ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico. Con ello se incumple el 
propósito de la previsión legal, de que sea el órgano superior colegiado que dirige la 
administración requerida en segundo término, el que se pronuncie sobre la existencia o 
no de competencia para acceder a lo solicitado (en sentido similar, ATC 163/2012, de 13 
de septiembre, FJ 3).
b) Por  otra  parte,  el  conflicto  planteado  carece  de  la  dimensión  constitucional 
exigida (art. 69.2 LOTC) En el presente caso, de los antecedentes expuestos resulta que 
el  objeto  de  la  controversia  no  se  circunscribe  a  discernir  a  qué  administración  le 
corresponden actualmente las competencias sobre el monte afectado, ni se cuestionan 
la competencia asumida por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en virtud del  es
artículo 71.1.8 de Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre de reforma del Estatuto de  bo
Autonomía de Castilla y León en relación con el desarrollo normativo y ejecución en  09ww
qtCmeuaarerstie ttfoirullriaaeia   iyldn  efdLo eemr móoMnan,ed tiedonsi iocn.  ieóTAga emanlt  biepvisaero mnacteseeín d tqdimeue ipe elo nalrat  o ldap ed rpoleerp ognipaaui ceecitóvoaanmr  iacut eondrniedrcilat eomdsr iioaaónlun tt edós.eno obSmreea gl,oo asv  iratre afdeveéri sd loads e Jlt eusrnerteravn iocdiseo,    OE-A-2022-38able en https://
De hecho no se solicita a este tribunal que «efectúe un juicio sobre el alcance o 
sentido  de  las  reglas  competenciales  del  bloque  de  la  constitucionalidad» 
(ATC  322/1989,  FJ  2  in  fine)  que  determinan  la  atribución  de  la  competencia 
controvertida a una u otra administración, sino la identificación de la administración que 
debe resolver una situación determinada. No es necesaria, por tanto, una valoración 
acerca de la interpretación de preceptos constitucionales, estatutarios o de legislación 
orgánica u ordinaria que delimite ámbitos de competencia.
Lo que se dirime entre ambas administraciones es a quien le corresponde resolver 
sobre la petición de interrumpir o suspender el plazo de duración de la concesión 
administrativa, esto es, qué administración debe realizar las funciones relativas al control 
de la duración de un título concesional en relación con parte del monte denominado 
Pinar de Valsaín, sobre el que no se discute quien tiene competencias y el alcance de las 
mismas.
Tal disyuntiva, al residenciarse en la interpretación del alcance de las facultades para 
la interpretación y aplicación del contrato suscrito con la entidad demandante, en cuya 
virtud se otorgó una concesión, con una duración de veinticinco años, para uso privativo 
de parte del monte del Pinar de Valsaín, pertenece al ámbito de la legalidad ordinaria, 
ajeno, por tanto, a la interpretación de las normas del bloque de la constitucionalidad 
atributivas de competencias. Tan es así que tanto el demandante como el Estado, han 
decidido solventar sus desavenencias acerca de a quien le corresponde la decisión 
sobre la suspensión o interrupción del plazo de duración de la concesión mediante la 
interposición  de  sendos  recursos  contencioso-administrativos  ante  la  jurisdicción 
ordinaria que se encuentran pendientes de resolver.
De  lo  anterior  se  debe  concluir  que  no  se  han  cumplido  los  requisitos  de 
procedibilidad exigidos por los arts. 68.1 y 69.2 LOTC, lo que determina la inadmisión del 
presente conflicto negativo de competencia.
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
Inadmitir a trámite el conflicto negativo de competencia.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, a diez de febrero de  dos mil  veintidós.–Pedro José González-Trevijano 
Sánchez.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Santiago Martínez-Vares García.–Antonio Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa 
Balaguer  Callejón.–Ramón  Sáez  Valcárcel.–Enrique  Arnaldo  Alcubilla.–Concepción 
Espejel Jorquera.–Inmaculada Montalbán Huertas.–Firmado y rubricado.