BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 282 Jueves 25 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 145141
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
19503 Sala Segunda. Sentencia 174/2021, de 25 de octubre de 2021. Recurso de 
amparo 1421-2019. Promovido por doña Irene Rigau i Oliver respecto de las 
sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sala de lo 
Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que la condenaron 
por un delito de desobediencia. Supuesta vulneración de los derechos a la 
libertad ideológica y de expresión, de reunión y participación política, a la 
presunción de inocencia y a la legalidad penal: STC 170/2021 (negativa a dar 
debido  cumplimiento  a  la  providencia  de  este  Tribunal  acordando  la 
suspensión  de  las  actuaciones  controvertidas  en  la  impugnación  de 
disposiciones autonómicas tramitada con el número 6540-2014).
ECLI:ES:TC:2021:174
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1421-2019, promovido por doña Irene Rigau i Oliver 
frente a la sentencia de 23 de enero de 2019 de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo que estimó parcialmente el recurso de casación interpuesto contra la sentencia 
de 13 de marzo de 2017 de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Han formulado alegaciones don Artur 
Mas i Gavarró y doña Joana Ortega i Alemany. Ha sido ponente el magistrado don Pedro 
José González-Trevijano Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 5 de marzo 
de 2019, doña Irene Rigau i Oliver, representada por el procurador de los tribunales don 
Aníbal Bordallo Huidobro y bajo la dirección del letrado don Jorge Navarro Massip, 
interpuso recurso de amparo frente a las resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos relevantes para la resolución del presente recurso de amparo y a los 
que se refiere la demanda, son los siguientes:
a)  En el procedimiento abreviado núm. 1-2016, seguido en la Sala de lo Civil y  s
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la demandante de amparo, así  e.
como contra don Artur Mas i Gavarró y doña Joana Ortega i Alemany, el Ministerio Fiscal  w.
y varias acusaciones populares, unificadas bajo una misma representación procesal,  503ww
afourtmo uladreo n aapceurstuarcai ónd ec onjutriac iolo s otrraels  ipnover stdigealidtooss , ddiec tádnedsoosbee edli e1n3c idae  oyc tupbrerev adreic a2c0i1ó6n 
administrativa.
En el juicio oral celebrado en el mes de febrero de 2017, tras la práctica de la prueba, 
el  fiscal  calificó  definitivamente  los  hechos  como  constitutivos  de  un  delito  de 
desobediencia grave cometido por autoridad pública del art. 410.1 del Código penal (en 
adelante, CP) y un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 CP en relación 
de concurso medial del artículo 77.1 y 2 CP, en tanto que la acusación popular acusó por 
los mismos delitos, si bien en relación de concurso real o, alternativamente, de concurso 
medial. Las defensas de los acusados solicitaron su libre absolución.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó la 
sentencia 5/2017, de 13 de marzo, en la que se declaró probado, en síntesis, que don 
Artur Mas i Gavarró, en su condición de presidente de la Generalitat de Cataluña, 
efectuó una comparecencia institucional ante los medios de comunicación el día 14 de 
octubre  de  2014  en  la  que  anunció  la  celebración  de  un  proceso  de  participación 
ciudadana para el día 9 de noviembre siguiente, y que simultáneamente, en una página 
web institucional que había sido creada y registrada el día 10 de octubre anterior 
denominada www.participa2014.cat, se reflejó el mismo anuncio en el que se llamaba a 
los catalanes y las catalanas y a las personas residentes en Cataluña a manifestar su 
opinión sobre el futuro político de Cataluña. Bajo la iniciativa y dirección del presidente 
de la Generalitat actuaron la demandante, en su condición de titular del Departamento de 
Enseñanza de la Generalitat y doña Joana Ortega i Alemany, en su condición de titular 
del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat.
El  31  de  octubre  de  2014  el  Gobierno  de  España  presentó  ante  el  Tribunal 
Constitucional una impugnación de disposiciones autonómicas y, subsidiariamente, un 
conflicto positivo de competencia contra las actuaciones de la Generalitat de Cataluña 
relativas a dicha convocatoria que dio lugar al dictado de la providencia del Tribunal 
Constitucional de 4 de noviembre de 2014, en la que en virtud de la invocación por el 
Gobierno  del  artículo  161.2  de  la  Constitución  se  acordó  la  suspensión  de  las 
actuaciones impugnadas, así como de las restantes actuaciones de preparación de dicha 
consulta o vinculadas a ella, por un plazo máximo de cinco meses, desde el 31 de 
octubre de 2014, fecha de interposición de la impugnación, para las partes en el proceso, 
y desde el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» –que se produjo el día 
siguiente– para los terceros. La providencia fue comunicada el mismo día a los servicios 
jurídicos de la Generalitat de Cataluña por correo electrónico acompañada de una carta 
del presidente del Tribunal Constitucional dirigida al presidente de la Generalitat.
El Consell de Govern, en el que participó la demandante, se reunió la tarde del 
mismo día, analizó la providencia y acordó recurrirla en súplica y subsidiariamente 
formular  alegaciones  en  defensa  de  la  constitucionalidad  de  las  actuaciones 
impugnadas. El presidente de la Generalitat, conocedor de que tales iniciativas no 
afectaban a la eficacia del proveído, se abstuvo de dictar una resolución o de efectuar 
anuncio alguno de suspensión del proceso participativo, y de común acuerdo con la 
demandante de amparo y la otra acusada, obrando cada cual en el ámbito de sus 
respectivas responsabilidades institucionales, desarrollaron las actividades preparatorias 
que permitieron la celebración de la consulta en el día señalado y en días sucesivos 
hasta el 25 de noviembre de 2014 –mantenimiento de la página web y de la campaña de 
publicidad  institucional,  reparto  masivo  de  correspondencia  oficial,  distribución  del 
material, urnas, papeletas y sobres, así como ordenadores a los puntos de votación, 
elaboración e instalación de los programas informáticos y apoyo técnico necesarios para 
la gestión del proceso, contratación de un suplemento de póliza de accidentes para 
cubrir a los voluntarios, e instalación de un centro de prensa para anunciar oficialmente  s
los resultados, entre otras–. oe.
La  sentencia  declaró  que  estos  hechos  eran  constitutivos  de  un  delito  de  w.
desobediencia cometido por autoridad o funcionario público previsto y penado en el  503ww
aarrttííccuulloo  2481,0 .i1n cCisPo  pdreiml eqruoe,  ddeoln  CAórdtuigro  Mpaesn ail , Geanv atarrnót of uqeu ea ulato rd eemn alnodsa ntéterm yi nloas  odtreal 
laectruas abd)a  dfueel roCnó dciogoop epreandaolr,a sa  nlae cepsaar riqause e na blosso ltvéíram ian olso sd etlr easrt íacuculos a2d8o, sin cdiseol  sdeeglituon ddoe,   BOE-A-cable e
prevaricación administrativa del artículo 404 CP, por no apreciar la existencia de una 
antijuridicidad material que se proyectase más allá del incumplimiento del mandato 
judicial suspensivo emanado del artículo 161.2 de la Constitución.
Como consecuencia de ello se impuso a don Artur Mas i Gavarró la pena de multa de 
doce  meses  con  una  cuota  diaria  de  cien  euros  y  una  responsabilidad  personal 
subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, y la pena 
de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de 
ámbito local, autonómico o estatal, así como para el ejercicio de funciones de gobierno 
tanto en el ámbito autonómico como del Estado por tiempo de dos años, mientras que a 
doña Joana Ortega i Alemany se impuso la pena de multa por tiempo de diez meses con 
la misma cuota y la pena de inhabilitación especial para los mismos cargos y funciones 
públicos por tiempo de un año y nueve meses, y se imponía a la demandante la pena de 
multa por tiempo de ocho meses con la misma cuota y la pena de inhabilitación especial 
para los mismos cargos y funciones públicos por tiempo de un año y seis meses.
b)  Los tres condenados interpusieron sendos recursos de casación que fueron 
acumulados bajo el núm. 1018-2017. La demandante, junto a otros motivos de infracción 
de ley y quebrantamiento de forma, invocó al amparo de los arts. 852 de la Ley de 
enjuiciamiento criminal (LECrim) y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la 
vulneración del derecho a la igualdad (arts. 14 CE y 14 del Convenio europeo de 
derechos humanos: CEDH), del derecho a la legalidad penal (arts. 25.1 y 7 CEDH) y de 
los derechos a la libertad ideológica, de expresión y de participación en los asuntos 
públicos (arts. 16, 20 y 23 CE en relación con los arts. 9 y 10 CEDH).
El recurso de casación de la demandante fue estimado parcialmente en sentencia 
de 23 de enero de 2019 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que le redujo la 
duración de la pena de inhabilitación especial a seis meses como consecuencia de la 
estimación del motivo de infracción de ley en la determinación de la pena.
3.  La demanda de amparo alega el siguiente fundamento:
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (arts. 24.1 CE 
y 6.1 CEDH) y del derecho fundamental a la presunción de inocencia (arts. 24.2 CE y 6.2 
CEDH), ya que las sentencias impugnadas han realizado una forzada modulación de los 
requisitos que una desobediencia ha de tener para integrar el delito del art. 410.1 CP. No 
existió un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer, ni se dio el 
requisito de que la orden haya sido claramente notificada al obligado a cumplirla, que 
este haya sido requerido para cumplimentar aquello que se le ordena y que frente al 
mandato persistente y reiterado se alce el obligado a acatarlo en una oposición tenaz, 
contumaz y rebelde, como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
La comunicación de la providencia de 4 de noviembre de 2014 al Gobierno de la 
Generalitat por conducto de su presidente, aunque fuera conocida por la demandante y 
los  restantes  miembros  del  Gobierno,  no  constituyó  un  mandato  expreso  e 
individualizado  de  cumplimiento  que  pudiera  considerarse  equivalente  a  un 
requerimiento personal.
Dicha providencia es, en virtud del art. 161.2 CE, una resolución de efecto debido y 
automático, por lo que no parece lógico que, a efectos penales y contra reo, pueda ser 
equiparada a una resolución que contenga un mandato no provisional, sino definitivo y 
perfectamente identificado en cuanto a contenido y destinatarios.
La  voluntad  de  desobedecer  no  se  puede  inferir,  como  hacen  las  sentencias 
impugnadas, de la decisión del Gobierno de la Generalitat de interponer un recurso de  e
súplica,  que  fue  debidamente  fundamentado,  ni  de  solicitar  subsidiariamente  su  bo
aclaración por las dudas que suscitaba sobre las actuaciones a las que alcanzaba. No  503ww
taoudnoq uinec usme palidmmieitnietora  dceo munoa i nrceusmolpulcimióine njtuod ilcaia fl acltoan sdteit usyues pdeenlistoió nd ed ed elas ocboendvieonccaitao,r iay 
pporerqviuseta n poa srae  etrla 9ta dríea  ndoev uienma bdrees doeb e2d0ie1n4c, inao a sbeie ertsat.aría ante una desobediencia delictiva,
Señala que la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley 
Orgánica  del  Tribunal  Constitucional,  ha  incorporado  novedades  en  el  conjunto  de 
facultades  que  el  Tribunal  Constitucional  tiene  reconocidas  para  garantizar  el 
cumplimiento de sus resoluciones, como resulta principalmente del nuevo art. 92.4 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que en caso de incumplimiento, una 
vez constatados los responsables del mismo tras los oportunos requerimientos exigidos 
en el precepto, permite al tribunal acordar a) la imposición de una multa coercitiva; b) la 
suspensión de funciones a autoridades o empleados públicos; c) la ejecución sustitutoria 
de las resoluciones, para lo que podrá pedir la colaboración del Gobierno de la Nación, y 
d) deducir el oportuno testimonio de particulares. El uso que ha hecho el Tribunal 
Constitucional de sus nuevas atribuciones se ha concretado en la imposición de multas 
coercitivas, en apercibimientos o advertencias de poder incurrir en responsabilidad penal 
o incluso en deducción de testimonio de particulares para su remisión al Ministerio 
Fiscal. Quiere significarse con ello que, incluso después de esta mayor atribución de 
facultades al Tribunal Constitucional, la inculpación por delito de desobediencia ha sido 
precedida siempre del oportuno y personal apercibimiento de las consecuencias penales 
que los incumplimientos podrían aparejar, algo completamente diferente de lo sucedido 
con  la  providencia  de  4  de  noviembre  de  2014,  que  se  dirigió  al  Gobierno  de  la 
Generalitat en su conjunto a través de su presidente, pues no identificó a quienes debían 
hacer efectivo el cumplimiento de la suspensión, no se hizo requerimiento alguno y se 
limitó a dar un traslado puramente procesal de la admisión a trámite de la impugnación 
formulada  por  la  abogacía  del  Estado.  Concluye  diciendo  que  diferenciar  entre 
desobediencia de particulares y desobediencia de autoridades y funcionarios públicos a 
la hora de determinar la necesidad de requerimiento previo, como hace la sentencia del 
Tribunal Supremo 177/2017, de 22 de marzo que enjuició por el mismo delito a otro 
miembro de la Generalitat de Cataluña, constituye una manifestación del Derecho penal 
de autor al establecer una presunción iuris et de iure de que los funcionarios públicos 
conocen  el  alcance  de  la  antijuridicidad  que  supone  incumplir  un  pronunciamiento 
jurisdiccional.
4.  Por providencia de 27 de enero de 2020 la Sección Tercera de este tribunal 
acordó la admisión a trámite del recurso de amparo «apreciando que concurre en el 
mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso 
plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no 
hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]». En la misma providencia se 
acordó dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a fin de 
que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada 
de las actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 1018-2017. Se acordó 
también dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento 
abreviado núm. 1-2016, debiendo previamente emplazarse, para que en el plazo de diez 
días pudieran comparecer, si lo deseasen, en el recurso de amparo a quienes hubieran 
sido parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo.
5.  Cumplimentados los emplazamientos requeridos, el procurador de los tribunales 
don Ignacio Argos Linares por escrito registrado de entrada el 24 de febrero de 2020 
compareció ante el tribunal y solicitó la personación en el procedimiento en nombre y 
representación de don Artur Mas i Gavarró. e
deen  ee6ln .p trraoEdclae p deriolm 2ciue5rn adtode o efren bd nreeo rlmoo sbd reter i b2yu0 rn2ea0pl recesos mednoptnaa rceIigócnnióa  dcaeion  dteAo rñegalo  tsJri obLauinnnaaar lO eysr  tsepogoliarc  ieit óAs cllearim tpoae rnresygo.insatrcaidóon   2021-19503n https://www.
este7 t.r ibPunoar ld dileig e1n dceia  judleio  odred e2n0a2c0ió sne  dteulv ose pcorer tpaeriros odnea djuos tyic piaa rdtee  elan  Seel cpcrioócne dTiemrcieenrato d ael   BOE-A-cable e
procurador don Ignacio Argos Linares en nombre y representación de don Artur Mas i 
Gavarró y de doña Joana Ortega i Alemany, y se acordó dar vista de las actuaciones 
recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por un plazo común de veinte 
días a efectos de presentar las alegaciones que considerasen pertinentes conforme 
determina el artículo 52.1 LOTC.
8.  La representación procesal de la demandante evacuó trámite de alegaciones 
mediante escrito registrado de entrada el 16 de julio de 2020 en el que reprodujo los 
argumentos de la demanda.
9.  La representación procesal de don Artur Mas i Gavarró evacuó el trámite de 
alegaciones mediante escrito registrado de entrada el 28 de julio de 2020, en el que 
manifestaba su adhesión a los argumentos expuestos en la demanda de amparo de 
doña Irene Rigau i Oliver e interesaba su estimación.
10.  La representación procesal de doña Joana Ortega i Alemany evacuó el trámite 
de alegaciones mediante escrito registrado de entrada el 28 de julio de 2020, en el que 
igualmente manifestaba su adhesión a los argumentos expuestos en la demanda de 
amparo de doña Irene Rigau i Oliver.
11.  El fiscal ante el Tribunal Constitucional registró el 17 de septiembre de 2020 
escrito de alegaciones en el que solicitó con carácter principal la inadmisión del recurso 
de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial previa y falta de invocación 
[art. 44.1 a) y c) LOTC en relación con el art. 50.1 a) LOTC], y con carácter subsidiario su 
completa desestimación.
En primer término el fiscal opone al conjunto del recurso los óbices procesales de 
falta de agotamiento de la vía judicial previa y falta de invocación de la vulneración 
[art. 44.1 a) y c) LOTC en relación con el art. 50.1 a) LOTC], porque la demandante no 
hizo valer, en el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña, la vulneración de los derechos fundamentales a la presunción 
de inocencia y a la tutela judicial efectiva, que constituyen el fundamento del amparo 
impetrado,  y  porque  tampoco  alegó  esa  vulneración  en  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones contra la sentencia dictada en casación.
En  segundo  término,  solicita  la  desestimación  de  la  demanda.  Tras  citar  la 
STC  91/2009,  de  20  de  abril,  FJ  5,  como  representativa  de  las  exigencias 
constitucionales de motivación a la hora de apreciar la concurrencia del dolo, examina 
los argumentos empleados en el fundamento de derecho primero de la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para inferir la existencia del dolo desobediente 
en  los  acusados  y  considera  que  dicha  argumentación  es  racional  y  ha  sido 
adecuadamente  exteriorizada.  La  sala  parte  de  que  los  tres  acusados  tuvieron 
conocimiento de la providencia de 4 de noviembre de 2014 en la medida en que todos 
ellos formaban parte del Consell de Govern que se reunió la tarde de ese mismo día y 
adoptaron el acuerdo de recurrirla en súplica y de pedir su aclaración; que todos ellos 
omitieron las decisiones y conductas necesarias para hacer efectiva la suspensión; que 
el informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional ya anticipó la hipótesis de la 
suspensión en uso de la facultad del art. 161.2 CE frente a una convocatoria por parte de 
la Generalitat de una consulta popular no referendaria y de sus posibles consecuencias; 
que las alegaciones de incertidumbre sobre el contenido y carácter vinculante de la 
providencia  quedaban  desautorizadas  por  la  propia  claridad  del  contenido  de  la 
providencia; y que el Tribunal Constitucional desestimó la solicitud de aclaración porque  e.
lo que se pretendía era un nuevo pronunciamiento sobre el alcance de las suspensión  w.
acordada. Por su parte el Tribunal Supremo en su sentencia contesta que el dolo exigible  503ww
innoc ucmonpsliirs tuen e nm easntdea ctoa sjou deinci aqlu, eqreure  ceosmee tdeor luon  fldueyleit oc doen  dneastoubraeldidieandc idae,  slionso  eenp isqoudeiroesr 
ninasrtraandcoias  eesn  taenl  flaócgtiucma  cdoem ola  rasecinotneanlc.ia, y que la inferencia verificada por el tribunal de  BOE-A-cable e
El fiscal considera que existía un enlace directo entre los hechos probados y la 
intención de la demandante de desobedecer la orden, y que las resoluciones judiciales 
ofrecen una argumentación lógica, razonable y debida y extensamente motivada sobre 
cómo ha sido extraído el elemento subjetivo del tipo de un conjunto de datos objetivos.
12.  Por providencia de 21 de octubre de 2021 se acordó señalar para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 25 del citado mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
El presente recurso se interpone contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y 
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 13 de marzo de 2017 que condenó 
a la demandante por delito de desobediencia a la pena de ocho meses de multa con una 
cuota diaria de cien euros y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de 
privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, y a la pena de inhabilitación 
especial  para  el  ejercicio  de  cargos  públicos  electivos,  ya  sean  de  ámbito  local, 
autonómico o estatal, así como para el ejercicio de funciones de gobierno tanto en el 
ámbito autonómico como del Estado por tiempo de un año y seis meses, y contra la 
sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 23 de enero de 2019 
que estimó parcialmente su recurso de casación con el único efecto de reducir la 
duración de la pena de inhabilitación especial a seis meses.
Como se ha expuesto en el apartado de antecedentes, en la demanda de amparo la 
recurrente invoca como vulnerados los derechos a la tutela judicial efectiva y a la 
presunción de inocencia.
El fiscal ante el Tribunal Constitucional ha solicitado la inadmisión del recurso de 
amparo con carácter principal y su completa desestimación con carácter subsidiario.
2.  Óbices procesales.
Es necesario pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos admisibilidad de la 
demanda establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, toda vez que el 
fiscal ha solicitado su íntegra inadmisión alegando dos óbices procesales que exigen 
análisis y respuesta aunque sea en el momento de dictar sentencia. Hemos declarado en 
múltiples ocasiones (por todas, SSTC 129/2018, de 12 de diciembre, FJ 2, y 154/2016, 
de 22 de septiembre, FJ 2), que los defectos insubsanables de que pudiera estar 
afectado el recurso de amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente 
admitido a trámite (por todas, también, SSTC 18/2002, de 28 de enero, FJ 3, y 158/2002, 
de  16  de  septiembre,  FJ  2),  de  forma  que  la  comprobación  de  los  presupuestos 
procesales para la viabilidad de la acción pueden volverse a abordar o reconsiderar en la 
sentencia,  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  dando  lugar  a  un  pronunciamiento  de 
inadmisión por la falta de tales presupuestos, sin que para ello constituya obstáculo el 
carácter tasado de los pronunciamientos previstos en el artículo 53 LOTC (por todas, 
STC 69/2004, de 19 de abril, FJ 3; o SSTC 89/2011, de 6 de junio, FJ 2, y 174/2011 de 7 
de noviembre, FJ 2).
El fiscal en su escrito de alegaciones aduce que el recurso de amparo no cumple los 
requisitos procesales de agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC] y de 
denuncia temprana de la vulneración del derecho constitucional tan pronto como hubiera 
lugar a ello [art. 44.1 c) LOTC], ya que la demandante no invocó en el recurso de  e.
casación que interpuso contra la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal  w.b
Superior de Justicia de Cataluña la vulneración de los derechos a la tutela judicial  503ww
deefe nctuivliad ayd a d lea  apcretusaucniocinóens d.e inocencia, y tampoco hizo valer estos derechos en incidente
invoLcaa ciaólne gadcei ónla  dveul lnfiesrcaacli ónno  dcea reecseto sd ed ecroencshisotse nfcuinad acmuaenndtaol easp uennt a eal  rleac ufarsltoa   ddee 
casación,  que  era  el  recurso  que  ofrecía  la  primera  oportunidad  para  articular  tal
denuncia  en  tiempo  hábil  para  obtener  su  reparación.  Examinados  los  motivos  del 
recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la demandante, nos 
encontramos con que los derechos fundamentales invocados fueron el derecho a la 
igualdad del art. 14 CE (motivo primero), el derecho a la legalidad penal del art. 25.1 CE 
(motivo segundo) y los derechos a la libertad ideológica, de expresión y de participación 
en los asuntos públicos de los arts. 16, 20 y 23 CE (motivo tercero); seguidamente, tras 
un motivo de quebrantamiento de forma del art. 850.1 LECrim por denegación de una 
prueba documental (motivo cuarto), se introdujeron varios motivos de infracción de ley 
del art. 849.1 LECrim (motivos quinto a undécimo), de los cuales el motivo quinto se 
fundamentaba en la indebida aplicación del art. 410.1 CP.
Nos encontramos con que la demandante no combatió frontalmente la racionalidad y 
consistencia de la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña en el momento procesal oportuno para ello, que era el recurso de casación, 
por infracción de preceptos constitucionales (arts. 852 LECrim y 5.4 LOPJ), habiendo 
optado,  legítimamente  por  lo  demás,  por  centrar  su  esfuerzo  impugnatorio  en  vía 
casacional en argumentos relativos a la errónea aplicación del delito del art. 410.1 CP 
por inconcurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo.
No obstante, aunque de manera solapada, en los motivos quinto y sexto del recurso 
de casación interpuesto por la demandante, articulados como infracción de ley, hallamos 
una censura a que pueda derivarse una desobediencia abierta de la interposición del 
recurso de súplica o de la solicitud de aclaración de la providencia; y en el motivo octavo, 
por inaplicación del error de tipo o de prohibición, la alegación de que el criterio favorable 
a la irrelevancia penal de los hechos inicialmente adoptado por la Fiscalía del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, cuando el proceso de participación todavía no había 
terminado,  vendría  a  ser  un  elemento  excluyente  de  la  voluntad  consciente  de 
desobedecer.
Tampoco podemos abstraernos de la iniciativa procesal desarrollada por otro de los 
condenados en la causa, don Artur Mas, quien en el motivo cuarto de su recurso de 
casación hizo denuncia explícita de vulneración de su derecho a la presunción de 
inocencia con argumentos relativos a la supuesta irracionalidad del juicio de inferencia 
del dolo desobediente que abarcaría a los tres condenados; motivo cuya estimación 
hubiera beneficiado a todos ellos (art. 903 LECrim) y que determinó un pronunciamiento 
efectivo de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el fundamento de derecho 
décimo de su sentencia. El motivo cuestionaba en concreto que pudiera deducirse el 
dolo típico a partir del acuerdo adoptado por el Consell de Govern de interponer un 
recurso de súplica contra la providencia de 4 de noviembre de 2014, y de solicitar su 
aclaración,  del  acatamiento  de  la  providencia  del  Tribunal  Constitucional  de  29  de 
septiembre de 2014 y del informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional, 
afirmando que estos indicios carecían de valor incriminatorio, eran neutros o, incluso, 
favorables a los acusados.
El Tribunal Supremo responde que el dolo «fluye con naturalidad de la secuencia de 
episodios concatenados que recoge el factum» y que la inferencia que hace el tribunal 
de instancia en este punto es «tan lógica como racional», analizando a continuación de 
manera extensa y pormenorizada los elementos en los que se fundaba dicha inferencia, 
entre ellos, la claridad del tenor literal de la providencia. En el fundamento de derecho 
undécimo de su sentencia, al contestar a los motivos de inaplicación del error de tipo o 
de prohibición formalizados por la demandante (motivo octavo de su recurso), y por doña 
Joana Ortega y don Artur Mas (motivo quinto de sus respectivos recursos), el Tribunal  s
Supremo  incide  de  nuevo  en  la  solidez  de  la  inferencia  del  conocimiento  por  los  oe.
acusados de la ilicitud de su conducta. No es posible afirmar, por ello, que la cuestión de  w.
la ilógica inferencia del dolo típico haya arribado per saltum al ámbito del amparo  503ww
consEtnitu ecli ofunnadl.amento jurídico 2 a) de la STC 170/2021, de 7 de octubre, que resolvió el
rreeccourrdsoa mdoes  qaumep a«reos ten útrmib.u n1a4l 6h3a-2 0o1p9ta dion tepropru eesfetoc tupaor r undao nin tAerrpturer taMciaósn  fil exGibalvea rdróe,l   BOE-A-cable e
principio de subsidiariedad del amparo constitucional establecido en el art. 53.2 CE, al 
que sirven las exigencias procesales de invocación previa y agotamiento de la vía previa, 
en aquellos casos en que los órganos judiciales han tenido la oportunidad efectiva de 
pronunciarse sobre la lesión constitucional invocada en el recurso de amparo aunque 
sea  con  motivo  de  recursos  o  vías  impugnatorias  utilizadas  en  el  procedimiento 
antecedente por partes procesales distintas de quien lo interpone: lo hemos establecido 
tanto en recursos de casación (SSTC 133/2014, de 22 de julio, FJ 2; 39/2004, de 22 de 
marzo, FJ 2 a); 313/2005, de 12 de diciembre, FJ 2, y 156/2007, de 2 de julio, FJ 5) 
como en incidentes de nulidad de actuaciones (STC 1/2020, de 14 de enero, FJ 3). Esta 
postura concreta, por lo demás, la doctrina general que proclama que la subsidiariedad 
del  amparo  en  la  tutela  de  los  derechos  constitucionales,  en  cuanto  principio 
fundamentador de las causas de inadmisión de los arts. 44.1 a) y c) LOTC, queda 
garantizada cuando, al margen de consideraciones formales y ponderando este interés 
con el derecho de acceso al recurso de amparo, los órganos judiciales han contado con 
la posibilidad cierta de pronunciarse y, en definitiva, de restablecer la vulneración aducida 
(por todas, SSTC 136/2002, de 3 de junio, FJ 2; 93/2003, de 19 de mayo, FJ 2; 
o 133/2003, de 30 de junio, FJ 2)».
Aplicada a la presente demanda de amparo esta doctrina que, como vemos, pone el 
énfasis en que los órganos de la jurisdicción ordinaria hayan tenido la oportunidad real 
de conocer y reparar la vulneración del derecho fundamental en el seno del proceso con 
independencia  de  quién  lo  impetre,  estimamos  procedente  desestimar  los  óbices 
procesales de falta de agotamiento de la vía judicial previa y falta de denuncia temprana 
de la vulneración de los derechos constitucionales invocados planteados por el fiscal en 
su escrito de alegaciones, toda vez que la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 
enero de 2019 consagró un extenso fundamento de su sentencia a la solidez del juicio 
de inferencia de la concurrencia del dolo típico en los tres condenados en la causa.
3.  Sobre la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, prueba del dolo
La demanda de amparo denuncia la vulneración de los derechos a la tutela judicial 
efectiva  y  a  la  presunción  de  inocencia  de  la  recurrente  censurando  la  falta  de 
racionalidad de los juicios de inferencia verificados en la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña que condujeron a la apreciación, en ella y en los otros dos 
acusados en la causa antecedente, de la existencia de un ánimo interno de desobedecer 
abiertamente el mandato judicial encarnado en la providencia de este tribunal de 4 de 
noviembre  de  2014.  Se  trata  de  una  cuestión  que  ya  ha  quedado  dirimida  en  la 
STC 170/2021 ya citada.
Concretamente, en el fundamento jurídico 7 de dicha sentencia recordamos que 
«[c]omo sintéticamente establece la STC 91/2009, de 20 de abril, FJ 5, la concurrencia 
del dolo debe ser examinada desde los parámetros del derecho a la presunción de 
inocencia, y como elemento subjetivo del delito ha de quedar suficientemente probado "si 
bien es cierto que la prueba de este último resulta más compleja y de ahí que en 
múltiples casos haya que acudir a la prueba indiciaria […]. En relación específicamente 
con  los  elementos  subjetivos  debe  tenerse  presente  además  que  solo  pueden 
considerarse acreditados adecuadamente si el enlace entre los hechos probados de 
modo directo y la intención perseguida por el acusado con la acción se infiere de un 
conjunto  de  datos  objetivos  que  revelan  el  elemento  subjetivo  a  través  de  una 
argumentación lógica, razonable y especificada motivadamente en la resolución judicial 
(SSTC 91/1999, de 26 de mayo, FJ 4; 267/2005, de 24 de octubre, FJ 4; 8/2006, de 16  e
de  enero,  FJ  2).  Más  concretamente,  nuestro  control  de  la  razonabilidad  de  la  bo
argumentación acerca de la prueba indiciaria puede llevarse a cabo tanto desde el canon  503ww
deel h seuc hlóog qicuae  od ec oehlleorse nseci ah a(cseie nddeori viarrra oz onnoa bcolen dcuuzacnadno  nloastu irnadlmicieonst ec oan éslt)a, tcaodmoso  edxecsldueya enl 
edxec seus ivsaumficeienntec ia aob iceartroá,c tedr écboinl cluoy eninted,e teexrcmluinyaédnod osdee l a rlaa zoinnafebrileidnacdia  po(rp eolr  catroádcatesr, 
SSTC 145/2005, de 6 de junio, FJ 5; 328/2006, de 20 de noviembre, FJ 5)"; en cualquier
caso, "el juicio que compete realizar a este Tribunal es un mero control externo sobre la 
concreta  motivación  empleada  por  la  resolución  impugnada,  limitándose  a  ‘la 
razonabilidad del nexo establecido por la jurisdicción ordinaria, sin que podamos entrar a 
examinar  otras  posibles  inferencias  propuestas  por  quien  solicita  el  amparo’ 
(STC 220/1998, de 16 de noviembre, FJ 3). Por ello hemos reiterado que ‘entre diversas 
alternativas igualmente lógicas, nuestro control no puede alcanzar la sustitución de la 
valoración  efectuada  por  los  órganos  judiciales,  ni  siquiera  afirmar  que  fuera 
significativamente  más  probable  un  acaecimiento  alternativo  de  los  hechos’ 
(SSTC 124/2001, de 4 de junio, FJ 13, y 328/2006, de 20 de noviembre, FJ 5)"».
Aplicando esta doctrina al presente caso, observamos que la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña dedica el apartado número tres de su fundamento de 
derecho primero al examen de la concurrencia del dolo desobediente; y concluye que los 
tres  acusados  «obraron  con  conocimiento  del  mandato  judicial  y  con  intención  de 
incumplirlo a partir de estos elementos: (i) tomaron conocimiento de la providencia el 
mismo día de su pronunciamiento y formaron parte del Consell de Govern que se reunió 
esa misma tarde y acordó interponer el recurso de súplica, lo que revelaba consciencia 
de que el proceso de participación ciudadana no podría celebrarse si este Tribunal no 
alzaba la suspensión; (ii) la providencia de 4 de noviembre de 2014 era clara tanto en su 
contenido como en su carácter vinculante, los destinatarios eran autoridades públicas, 
disponían del asesoramiento jurídico de equipos técnicos, de modo que "la claridad del 
mandato contenido en una resolución judicial no puede hacerse depender de la mejor o 
peor  voluntad  de  entenderlo  que  pueda  admitir  el  destinatario  compelido  a  su 
cumplimiento"; (iii) la solicitud de aclaración dirigida por el Consell de Govern a este 
Tribunal fue declarada inadmisible en el ATC 292/2014, de 2 de diciembre, porque 
discutía los términos de la suspensión para solicitar un nuevo pronunciamiento sobre el 
alcance de la suspensión acordada, por lo que constituyó un subterfugio dilatorio; (iv) un 
informe previo del Consell Assessor per a la Transició Nacional dependiente de la 
Generalitat  de  Catalunya,  conocido  por  el  demandante,  advertía  que  la  vía  de 
impugnación del art. 161.2 CE comportaría la suspensión automática de la actuación 
autonómica e incluso de la posibilidad de que se imputase un delito de desobediencia en 
el caso en que mediase una resolución cautelar adoptada en un proceso contencioso-
administrativo o constitucional que instase a no celebrar una consulta cuya convocatoria 
no hubiese sido impugnada».
Apuntamos que ante idéntico escenario, la providencia de este tribunal de 29 de 
septiembre  de  2014,  redactada  en  coincidentes  términos  a  los  contenidos  en  la 
providencia de 4 de noviembre de 2014, providencia aquella que suspendía el Decreto 
del  presidente  de  la  Generalitat  de  Cataluña  129/2014,  de  27  de  septiembre,  de 
convocatoria  de  una  consulta  popular  no  referendaria  sobre  el  futuro  político  de 
Cataluña, fue acatada, procediéndose a la suspensión de las actuaciones vinculadas a la 
misma, sin necesidad de requerimiento alguno ni de advertencia previa.
Señalamos que «[l]a sentencia del Tribunal Supremo apela por su parte en su 
fundamento de derecho cuarto a la claridad del mandato, frente al que se esgrimía como 
argumento defensivo  una suerte  de ignorancia fingida que la sala no admite pues 
"quedaba meridianamente claro qué actuaciones no venían consentidas por el Tribunal 
Constitucional  por  ser  abiertamente  vulneradoras  de  la  orden  de  suspensión,  se 
interprete esta como se interprete y se le dé el alcance que se le quiera dar"; en su 
fundamento  de  derecho  quinto  apunta  que  "por  su  posición  institucional  y  por  su 
implicación en la activación y llevanza a término de ese proceso, hacer caso omiso a la  s
decisión constitucional suponía su abierto desacato". oe.
Asimismo,  en  el  fundamento  de  derecho  décimo  de  la  sentencia  del  Tribunal  w.
Supremo  se  da  respuesta  directa  a  la  denuncia  de  vulneración  del  derecho  a  la  503ww
epxreigsiubnlec iónno  dceo ninsoisctee necina , qsueeñrearla ncdoom eqtueer , uanu nd eal itroie sdgeo  ddees opbaerdeiceenrc irae,p esitnitoiv oesn,  eql udeorelor 
ienpciusmodpiolirs  ucno nmcaantednaatod ojus dqicuiea l,r eyc oqguee  e"el sfatec tduomlo.  flLuaye i ncfeorne nncaitau rqaulied ahda cdee  elal  tsriebcuuneanl csiao bdree   BOE-A-cable e
este punto es tan lógica como racional", ya que lo que resulta incompatible con los 
hechos es no apreciar una voluntad de no respetar lo que disponía la providencia 
emanada del Tribunal Constitucional y notificada por carta personal al presidente de la 
Generalitat, lo que se tenía que interpretar "como algo más que una simple deferencia 
institucional". Considera que son elementos en los que fundar esa inferencia los términos 
literales de la propia providencia, que reproduce, la ausencia de efecto suspensivo del 
recurso de súplica y de la solicitud de aclaración, que en el recurso de súplica se 
solicitaba que se dejara sin efecto la providencia para que pudiera celebrarse el proceso 
participativo, lo que revelaba que eran conscientes de que la providencia lo impedía si no 
era alzada por el propio Tribunal Constitucional; que el recurso de aclaración solo se 
refería a si la suspensión alcanzaba a las actuaciones aun no formalizadas jurídicamente 
el día 31 de octubre de 2014; que la providencia de 29 de septiembre de 2014, que decía 
lo mismo que la de 4 de noviembre de 2014, fue cumplida en sus propios términos sin 
instarse aclaración alguna, siendo llamativo el cambio de actitud en relación con la 
segunda; y que el informe del Consell Assessor aludía a la posibilidad de incurrir en 
responsabilidades penales. Añadía que la invocación de los derechos de los ciudadanos 
no permite sustituir esta inferencia por otra, porque "[l]os derechos fundamentales han de 
ejercitarse en la forma y por los cauces establecidos en la Constitución y en las leyes"».
Destacamos  que  las  sentencias  impugnadas  partieron  de  datos  debidamente 
acreditados «que les llevaron a concluir que el demandante y las otras dos acusadas 
tenían cabal conocimiento del mandato judicial y de su deber de cumplirlo», inferencia 
que no presenta ninguna quiebra lógica, apreciándose un razonamiento debidamente 
argumentado y exteriorizado que ha conducido a la conclusión de la existencia de 
intencionalidad o dolo.
Apuntamos, finalmente, que «[l]a demanda parece reprobar con especial intensidad 
que los tribunales hayan tomado como elemento de convicción el tenor literal de la 
providencia, argumento que este tribunal no puede hacer suyo pues no es posible que el 
enjuiciamiento de un caso como este pueda prescindir del contenido de la resolución 
cuyo incumplimiento es fundamento de la imputación y objeto del debate, constituyendo 
la  alegación  del  demandante  manifestación  más  bien  de  su  discrepancia  con  la 
interpretación judicial que se da al mismo; esto es, con la valoración judicial de tan 
relevante medio de prueba, que una constatación de su ineficacia probatoria».
Las consideraciones que se acaban de reproducir permiten desechar igualmente el 
fundamento de la presente demanda de amparo al denunciar la vulneración del derecho 
a  la  presunción  de  inocencia  por  supuesta  falta  de  consistencia  racional  de  las 
resoluciones judiciales impugnadas en punto a la inferencia del dolo de desobedecer.
Finalmente, procede dar por reproducida la argumentación obrante en el fundamento 
jurídico 6 de la STC 170/2021 en relación con la exigencia de expreso requerimiento 
previo para cumplir el mandato, en el que finalmente afirmamos que «[a] la luz de estos 
precedentes hemos de convenir en que la sentencia del Tribunal Supremo objeto de 
impugnación en el presente recurso de amparo concuerda con ellos en el aspecto de 
que el requerimiento previo no es un requisito típico del delito de desobediencia, ni una 
condición objetiva de punibilidad, sino un medio de acreditar el dolo cuya relevancia se 
atenúa  cuando  se  atribuye  a  autoridades  o  funcionarios  públicos.  Este  criterio  era 
previsible en la fecha en que ocurrieron los hechos».
Y en cuanto a las objeciones que la demandante plantea respecto de la providencia 
de 4 de noviembre de 2014, en el sentido de que cuestionar que, a efectos penales, 
pueda ser equiparada a una resolución que contenga un mandato no provisional sino  s
definitivo y perfectamente identificado en cuanto a contenido y destinatarios, también  oe.
procede  desestimar  ese  alegato  con  base  en  los  fundamentos  consignados  en  el  w.
fundamento jurídico 5 de la STC 170/2021, en el que resolvimos sobre la ejecutividad y 
alcance del referido mandato.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar la presente demanda de amparo promovida por doña Irene Rigau i 
Oliver.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.