BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 163 Miércoles 10 de junio de 2020 Sec. TC.   Pág. 39075
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
5967 Sala  Primera.  Sentencia  42/2020,  de  9  de  marzo  de  2020.  Recurso  de 
amparo 4933-2018. Promovido por don Carlos Stuart Rochabrunt Gamarra, 
en relación con la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Girona y 
las sentencias de las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que denegaron su 
solicitud de obtención de tarjeta de residencia como familiar de ciudadano de 
la Unión Europea. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela 
judicial efectiva: resoluciones administrativas y judiciales que no ponderaron 
suficientemente las circunstancias fácticas de la relación de dependencia que 
sirve de fundamento a la posibilidad de reagrupación familiar.
ECLI:ES:TC:2020:42
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José González Rivas, presidente, y los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  4933-2018,  promovido  por  don  Carlos  Stuart 
Rochabrunt Gamarra, representado por la procuradora de los tribunales doña Valentina 
López Valero y asistido por el abogado don Ignacio Cardona Alonso, contra la resolución 
del subdelegado del Gobierno en Girona de 26 de septiembre de 2014, desestimatoria 
del recurso de alzada formulado contra la resolución del jefe de la Oficina de Extranjería 
de la Subdelegación del Gobierno de 3 de julio de 2014, que archivaba la solicitud del 
ahora demandante de amparo de tarjeta de residencia como familiar de ciudadano de la 
Unión Europea y contra la sentencia 1137/2018 de la Sección Quinta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2018, desestimatoria 
del recurso de casación formulado contra la sentencia 396/2017 de la Sección Quinta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
de 19 de mayo de 2017, que estimó el recurso de apelación formulado por la Abogacía 
del Estado contra la sentencia 86/2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 1 de Girona de 23 de abril de 2015, que anuló las resoluciones administrativas y 
reconoció el derecho del actor a obtener la tarjeta de familiar de ciudadano comunitario. 
Han comparecido el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el 
magistrado don Alfredo Montoya Melgar.
I. Antecedentes e.
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el 24 de septiembre de 2019, la  67ww
pdreo cduorna dCoarralo dse S lotusa trrti bRuoncahleasb rduonñt aG Vaamleanrrtain ay  Lbóapjoe zla V dailreercoc, ióenn  dneolm abbroeg ya dreop dreosne nIgtancaicóino 
eCnacrdaobneaza mAlioennstoo., interpuso recurso de amparo contra las resoluciones citadas en el
2.  Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamente 
expuestos, los siguientes:
a)  Don  Carlos  Stuart  Rochabrunt  Gamarra,  de  nacionalidad  peruana,  contrajo 
matrimonio con doña Leonor Consuelo Pérez Durand, ciudadana española, el 14 de 
febrero de 2014, y afirma vivir con ella en el municipio de Arbúcies (Girona) desde 
noviembre de 2013.
b)  Con fecha 5 de marzo de 2014 presentó una solicitud de tarjeta de residencia 
como familiar de un ciudadano de la Unión Europea para residir en España.
c)  La  Subdelegación  del  Gobierno  le  requirió  para  acreditar  que  su  cónyuge 
contaba con medios económicos suficientes para mantenerle, conforme a lo previsto en 
el art. 7.1 b) del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación 
y residencia en España de ciudadanos de la Unión Europea.
Como su mujer había dejado de cotizar a la Seguridad Social desde el 30 de 
septiembre de 2011, no pudo cumplir con ese requerimiento, pero alegó que en realidad 
ese requisito no le era aplicable en su caso, puesto que contaba con seguro médico 
privado e ingresos propios suficientes como trabajador autónomo, en su condición de 
ingeniero informático que diseña páginas web.
A  la  vista  de  esas  alegaciones,  mediante  resolución  del  jefe  de  la  Oficina  de 
Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de 3 de julio de 2014, se decide archivar la 
solicitud.
d)  Interpuesto  recurso  de  alzada,  fue  desestimado  mediante  resolución  del 
subdelegado del Gobierno en Girona de 26 de septiembre de 2014. Se ratifica que el 
requerimiento administrativo de documentación no fue atendido, porque se aportó un 
certificado bancario del interesado «pero no lo que la administración le requería que 
estaba relacionado con la ciudadana de la Unión Europea que le daría derecho a la 
tarjeta de residencia». Y ahora, en vía de recurso, se sigue sin acreditar que la reagrupante 
se  encuentre  en  alguno  de  los  supuestos  del  art.  7  del  Real  Decreto  240/2007, 
constando que está de baja en la Seguridad Social desde 2011.
e)  Interpuesto recurso contencioso-administrativo, fue estimado por sentencia 86-2015 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Girona de 23 de abril de 2015, 
que anuló las resoluciones administrativas y reconoció el derecho del actor a obtener la 
tarjeta de familiar de ciudadano comunitario. La resolución invoca el criterio de una 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 29 de octubre de 2014, de 
conformidad con la cual en estos casos de reagrupación familiar es de aplicación el art. 8 
y  no  el  7  del  Real  Decreto  240/2007.  Esta  estimación  le  permitió,  en  ejecución 
provisional de sentencia, obtener una tarjeta de familiar residente.
f)  Interpuesto recurso de apelación por la Administración General del Estado, fue 
estimado por sentencia 396/2017 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de mayo de 2017. La 
resolución declara, primero, que el Real Decreto 240/2007 es de aplicación también a los 
españoles, tal como dejó claro el Tribunal Supremo desde su sentencia de 1 de junio 
de 2010, seguida de otras (SSTS de 20 de octubre de 2011 o de 27 de abril de 2012). Y 
segundo, aprecia que la Orden 1490/2012, de 9 de julio, de desarrollo del art. 7 del Real 
Decreto citado exige (art. 4.3, por remisión al art. 3.2) la acreditación documentaria de 
ingresos.  En  consecuencia,  entiende  que  el  incumplimiento  del  requerimiento  para 
demostrar esto último determina que la tarjeta de residencia se denegó correctamente, 
por lo que se anula la sentencia de instancia.
g)  La parte planteó recurso de casación, que se tuvo por preparado mediante auto  e.
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 18 de julio de 2017 y fue admitido a  w.b
trámite por auto del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2017, fijando como  67ww
cDueecsretióton  2d4e0 /2in0t0e7r éess  cdaes aacpiloicnaacl ióonb jae tliav or elaag rdueptaecrimónin adcei ófna mdileia rseis  enlo  acrot.m  u7n idtaerli oRs edael 
ciudLaad asneonst eenspciaañ o1l1e3s 7r/e2s0id1e8n tdees  elna  ESsepcacñiaó.n  Quinta  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2018 reitera la conclusión de que el
art.  7  del  Real  Decreto  240/2007  (en  el  que  se  incluye  la  exigencia  de  medios 
económicos para no ser una carga para la asistencia social española) es de aplicación a 
la reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles. En consecuencia, 
se desestima el recurso de casación.
La  sentencia  dedica  todo  su  esfuerzo  argumental  a  desentrañar  el  ámbito  de 
aplicación del Real Decreto 240/2007, que ha sufrido varias incidencias. Fundamentalmente, 
aclara:
Primero,  que  el  Real  Decreto  240/2007  cumplía  dos  finalidades:  trasponer  la 
Directiva 2004/38/CE, sobre la libre circulación y residencia de ciudadanos de la Unión y 
de miembros de su familia en el territorio de los Estados miembros y regular, al margen 
de la directiva, la reagrupación familiar de ciudadanos españoles. Lo que ocurre es que 
esta segunda cuestión se regulaba por la disposición adicional vigésima del reglamento 
de  extranjería,  que  fue  introducida  mediante  la  disposición  final  tercera  del  Real 
Decreto 240/2007.
Segundo, que la STS de 1 de junio de 2010 (recurso de casación 114-2007), anuló la 
expresión «otro Estado miembro», tanto en el art. 2 del Real Decreto, como en la 
disposición adicional vigésima que se ha citado, ampliando con ello el ámbito subjetivo 
de aplicación del real decreto. En los fundamentos de derecho segundo y decimoprimero 
B) de la misma considera que no se ajusta al art. 3 de la Directiva que se dé un trato 
diferenciado, a través del reglamento de extranjería, a los españoles que reagrupan o se 
acompañan de familiares no españoles cuando hayan ejercido su derecho a la libre 
circulación y vuelvan a España.
Tercero, que el Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones, decidió incorporar en el Real Decreto 240/2007 el art. 7 de la directiva, 
antes no traspuesto, sometiendo a ciertas condiciones el reconocimiento del derecho de 
residencia en el Estado de acogida por periodo superior a tres meses a ciudadanos de 
otros estados de la Unión (art. 7.1 del Real Decreto 240/2007), y a los familiares 
extranjeros de esos ciudadanos (art. 7.2 del Real Decreto 240/2007), entre las cuales 
está el disponer, para él y sus familiares, de recursos suficientes «para no convertirse en 
una carga para la asistencia social en España durante su periodo de residencia, así 
como de un seguro de enfermedad». Tras esa reforma, la Orden PRE/1490/2012, de 9 
de  julio,  aprobó  normas  para  la  aplicación  del  art.  7  del  Real  Decreto  240/2007, 
destacando en su preámbulo que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 
de 1 de junio de 2010) la regulación referida a los familiares de ciudadanos de estados 
miembros de la Unión Europea comprende también a los familiares de ciudadanos 
españoles que se reúnan o acompañen al mismo, siendo de aplicación el requisito de 
contar con ingresos suficientes.
Después, afirma la sentencia que las limitaciones a la reagrupación familiar no 
afectarían negativamente al derecho fundamental a la intimidad familiar, puesto que la 
STC  186/2013  habría  aclarado  que  ese  derecho  no  forma  parte  del  contenido 
garantizado por el art. 18.1 CE, en términos semejantes a los que utiliza el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos para interpretar el art. 8.1 del Convenio europeo para la 
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH).
3.  La parte recurrente interpone recurso de amparo alegando la vulneración, por un 
lado, del derecho fundamental a la igualdad de trato (art. 14 CE) y, por otro, del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), en relación con el derecho al pleno  e
desarrollo de la personalidad (art. 10 CE), del derecho a contraer matrimonio (art. 32.1  bo
CE) y del principio de protección de la familia (art. 39.1 CE). El origen de estas lesiones  67ww
ye sdtaer 2ía6  tdaen tose epnti elamsb rrees odleu c2i0o1n4e,s  cdoem loa  eSnu bladse lseegnatceinócni adse ld Gelo Tbriiebrunnoa dl eS u3p deeri ojur ldioe d Jeu s2t0ic1ia4 
de CEant acluuñaan tdoe a 1l 9d edree cmhaoy ao  ldae t u2t0e1la7  jyu ddiecli aTlr eibfuenctaivl aS,u spere cmoon edceta 3  lad ele jusilóion d ceo n2 0e1l 8d.erecho
a la vida en familia y a la convivencia matrimonial con su cónyuge, que han sido
vulnerados por la denegación de la tarjeta sin que las resoluciones judiciales impugnadas se 
hayan  pronunciado  respecto  a  estos  derechos.  Toda  la  interpretación  judicial  gira 
solamente en torno al alcance de los arts. 7 y 8 del Real Decreto 240/2007, que desde 
la STS de 1 de junio de 2010 se afirma que es también de aplicación a los familiares 
de  ciudadanos  españoles.  Esos  preceptos  fueron  modificados  por  Real  Decreto-
ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud, y desarrollados por Orden 1490/2012, de 9 de julio.
Según la jurisprudencia europea, el derecho a la libre circulación y residencia en la 
Unión Europea no es un derecho incondicional, pero no se debe restringir por motivos 
económicos (SSTJUE de 25 de julio de 2008, asunto C-127/08, Metock y otros; de 5 de 
mayo de 2011, asunto C-434/09, McCarthy, y de 15 de noviembre de 2011, asunto 
C-256/11, Murat Dereci y otros). En esta materia sería de aplicación el art. 7 de la Carta 
de los derechos fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), que es equivalente del 
art. 8.1 CEDH (STJUE de 5 de octubre de 2010, asunto C-400/10, McB). Por su parte, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos aprecia que del art. 8 CEDH se pueden derivar 
obligaciones positivas para el Estado de respeto efectivo a la vida familiar, permitiendo la 
entrada de personas a su territorio (STEDH de 21 de diciembre de 2001, asunto Sen c. 
Países Bajos). La exclusión de una persona de poder vivir con sus parientes puede 
constituir una injerencia del Estado en el derecho garantizado por el art. 8.1 CEDH, las 
cuales solo son admisibles si están previstas por la ley, fundadas en una finalidad 
legítima y son proporcionadas a su finalidad (art. 8.2 CEDH).
La demanda reconoce que según la jurisprudencia constitucional la intimidad familiar 
del art. 18.1 CE no es equiparable al derecho a la vida familiar del Convenio europeo de 
derechos humanos (SSTC 186/2013, de 2 de diciembre), si bien los principios que 
derivan de los arts. 10.1 y 39 CE, aunque no sean susceptibles de amparo directo, sí han 
de informar la práctica judicial a la hora de aplicar el ordenamiento, por ejemplo, a la 
hora de decretar una expulsión del territorio nacional. De otro modo serían derechos 
meramente teóricos o ilusorios (SSTC 12/1994, de 17 de enero, y 173/2011, de 7 de 
noviembre).
La norma que se cuestiona (Real Decreto 240/2007), aparte de no respetar el 
principio de jerarquía normativa, (aunque pretende referirse a la reserva de ley en 
materia de regulación de derechos), tendría lógica para la reagrupación de familiares de 
un  ciudadano  comunitario  que  se  establece  en  España,  pero  es  desproporcionada 
cuando  se  aplica  a  un  ciudadano  español.  El  mismo  efecto  tiene  que  los  medios 
económicos provengan de uno u otro cónyuge. Pero el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña no valoró estas circunstancias, ni tampoco el Tribunal Supremo, que se limitó a 
remitirse a un pronunciamiento previo de 18 de julio de 2017, en el que indicaba que las 
limitaciones a la reagrupación familiar no afectan al derecho a la intimidad familiar del 
art. 18.1 CE. El derecho a la vida en familia y a la convivencia matrimonial existe y ha de 
informar la práctica judicial, aunque no sea objeto de protección a través del recurso de 
amparo. Esa falta de argumentación de los órganos judiciales, reclamada por la parte 
reiteradamente, resulta lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), 
interpretado  por  la  doctrina  constitucional  (STC  31/2013,  de  11  de  febrero,  sobre 
motivación de resoluciones judiciales, y STC 201/2016, de 28 de noviembre, sobre la 
posibilidad de lesionar el art. 24 al fiscalizar resoluciones administrativas que no tengan 
carácter sancionador, al confirmar aquellas sin ponderar las circunstancias personales 
del interesado, tal como permitía una norma legal). En el presente caso estaban en juego 
derechos protegidos por los arts. 10, 32 y 39 CE. s
En cuanto al derecho a la igualdad, ha sido lesionado al aplicarse al recurrente el  oe.
art. 7 del Real Decreto 240/2007, previsto para otro supuesto (ciudadanos comunitarios  w.
que pretendan instalarse en España). 67ww
las pEanr eojpaisn idóen  udne l crieucduardreanntoe ,e ssep apñroodl uyc oet ruon eax dtroabnljee rdoe seixgturaacldoamdu dneit atrriaot oy.  lParsim pearroe,j aesn tdree 
deostsa sc isuedgaudnadnaoss  tieesnpeanñ doelerse c(hoo  dae  reessipdairñ eonl  ceol np acísiu aduand acnuoa ncdoom nuinnigtaurnioo) ,d ee nlo sc umainetmo bqruoes   BOE-A-cable e
tenga ingresos propios. El derecho a contraer matrimonio en condiciones de igualdad es 
un derecho constitucional (art. 32 CE), y esa igualdad debe proyectarse también sobre 
los efectos civiles de cualquier matrimonio civil inscrito en el registro civil. Ese derecho 
queda restringido con lesión del principio de igualdad si la vida en común propia del 
matrimonio se hace depender de la acreditación de medios económicos. El derecho a 
convivir no puede depender de forma radical y excluyente de la situación económica del 
ciudadano español, pues eso supone recibir un trato limitado y restrictivo en función de la 
nacionalidad. Habría, por tanto, una diferencia de trato infundada y discriminatoria de 
matrimonios válidamente inscritos en el registro civil en función de su composición, que 
no reúne los requisitos de tener una justificación objetiva y razonable, de perseguir una 
finalidad constitucionalmente legítima y de ser proporcionada.
La segunda desigualdad se produce «entre los miembros de la propia pareja, ya que 
mientras que en cualquier pareja cualquiera de ellos puede trabajar para sostener a su 
familia, las resoluciones aquí impugnadas obligan a que sea el cónyuge español quien 
deba inexcusablemente aportar los medios económicos para el sostenimiento de la 
familia», aunque sea el cónyuge extracomunitario el que tenga ingresos elevados y 
suficientes. Lo cual lesiona el derecho a la igualdad en derechos y obligaciones de los 
cónyuges (art. 32 CE). Se invoca la STC 200/2001, de 4 de octubre, sobre el alcance del 
art. 14 CE. La cuestión es que en el presente caso ha habido una diferencia de trato 
derivada del carácter extracomunitario del recurrente. El fin de la exigencia normativa de 
suficiencia de medios económicos se ve igualmente salvaguardado en el caso de que 
sea el cónyuge extranjero el que los aporte, resultando desproporcionado que por ese 
motivo se impida la convivencia efectiva del matrimonio.
El recurrente solicita, además, mediante otrosí la medida cautelar consistente en 
mantener la vigencia de su tarjeta de residencia provisional, concedida en ejecución 
provisional por auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Girona 
de 19 de octubre de 2015. El fin de la vía judicial ordinaria supondrá el fin de esta 
medida cautelar, que se solicita que se restaure, en atención a los graves perjuicios que 
se irrogarían al recurrente, sin que por ello se lesione ningún bien jurídico, ningún 
derecho de tercero, ni el interés general.
Se justifica la especial trascendencia constitucional indicando que el asunto plantea 
una faceta de un derecho fundamental sobre el que el Tribunal Constitucional no ha 
tenido oportunidad de pronunciarse hasta ahora: supuesto a) de la STC 155/2009, de 25 
de junio, FJ 2.
El recurrente cuestiona la interpretación desproporcionada que han realizado tanto la 
administración como los tribunales de justicia para exigir a los cónyuges de ciudadanos 
españoles,  a  efectos  de  obtener  su  residencia  legal  en  nuestro  país,  los  mismos 
requisitos que se exigen para la reagrupación familiar en España a los cónyuges de 
ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea y, en concreto, del requisito 
de que sea el cónyuge español el que acredite la tenencia de medios económicos 
familiares, sin valorar los que puede aportar el ciudadano extranjero. Se subraya que no 
existen resoluciones del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión, que «es de gran 
trascendencia sobre los derechos que esta parte entiende vulnerados», aunque es cierto 
que sí hay pronunciamientos del Tribunal Supremo (SSTS de 18 de julio de 2017, 11 de 
junio de 2018 y 3 de julio de 2018).
Considera  necesario  que  este  Tribunal  se  pronuncie  sobre  las  circunstancias  y 
requisitos que han de cumplir los ciudadanos extracomunitarios casados con españoles 
para poder residir en España. Además, ese pronunciamiento es importante a la luz de  s
cambios normativos recientes, como el de los arts. 7 y 8 del Real Decreto 240/2007,  oe.
modificados por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril. w.
Alega que el problema trasciende del caso concreto y afecta a un gran número  67ww
duen  snitaucaiocinoanle sc,o yna  uqnu ee extnr alan jesoroc,i eldoa dc usaoln  pcuaeddae v eezn cmuáasd rfarersceu eennte se le sstuep tuipeos tdoe  gla) zodse  dlae 
STC 155/2009.
4.  Mediante providencia de 6 de mayo de 2019, la Sección Primera de este Tribunal 
acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo presentada, apreciando que 
concurre en el recurso especial trascendencia constitucional porque puede dar lugar al 
Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de 
reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)].
De conformidad con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), al haberse recibido testimonio de las actuaciones, se resolvió dar 
vista de las mismas por plazo común de veinte días al ministerio fiscal, al procurador del 
recurrente y a la abogacía del Estado, para que pudieran formular alegaciones.
5.  El abogado del Estado, en la representación que le es propia, se personó en el 
procedimiento con fecha 10 de mayo de 2019.
6.  Con fecha de 2 de julio de 2019 se presentó escrito de alegaciones por la 
representación procesal del demandante. En él se ratificaba en el contenido de la 
demanda de amparo formulada, dándolo por reproducido en su integridad y afirmando 
después que procedía a ampliar y aclarar las manifestaciones vertidas en ella.
En este sentido, expone primeramente que se ha vulnerado el derecho a la tutela 
judicial efectiva en relación con los derechos al libre desarrollo de la personalidad del 
artículo 10.1 CE, el derecho a contraer matrimonio del art. 32.1 CE y el principio de 
protección de la familia del art. 39.1 CE. Recuerda que entre los deberes matrimoniales 
está  el  de  vivir  juntos,  socorrerse  mutuamente,  compartir  las  responsabilidades 
domésticas y el cuidado y atención de los miembros de la familia (art. 68 del Código 
Civil). Indica que el matrimonio es una institución protegida constitucionalmente y que el 
desarrollo de su régimen jurídico corresponde a la ley, que deberá respetar su contenido 
esencial;  ese  régimen  jurídico  ha  sido  sintetizado  en  la  STC  198/2012,  de  6  de 
noviembre.  La  resolución  administrativa  y  las  sentencias  impugnadas  impiden  la 
residencia del demandante en España con su esposa, y por ello niegan el contenido 
esencial de la institución matrimonial. Ello supone también una injerencia arbitraria y 
desproporcionada en su vida privada y afecta a la dignidad de la persona, derecho 
reconocido  en el art. 10 CE, en el  artículo 17  de  la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en el artículo 8 del Convenio europeo para la protección de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Reitera que, en su redacción originaria, el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, 
sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico  Europeo,  excluía  de  su  aplicación  a  los  familiares  de  los  ciudadanos 
españoles,  remarcando  que  se  dirigía  a  los  familiares  de  los  ciudadanos  de  otros 
estados miembros de la Unión Europea. Ello fue así hasta que la STS de 1 de junio 
de 2010 amplió el ámbito de aplicación. Tras la modificación introducida por el Real 
Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud, el artículo 7 del Real Decreto 240/2007 exige a los 
ciudadanos europeos que para instalarse en España deben disponer de trabajo o medios 
de vida, y en el artículo 8 impone que deben cumplir ese requisito para poder reagrupar 
con  ellos  a  sus  familiares.  El  objetivo  de  ese  Real  Decreto-ley  era  trasponer  la 
Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Añade  el  demandante  que  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  ha 
considerado en la sentencia de 21 de diciembre de 2011, asunto Sen c. Países Bajos, 
que, aunque el artículo 8 CEDH no garantiza ningún derecho en favor de un extranjero a  e
entrar o residir en el territorio de un país determinado, excluir a una persona de un país  bo
en el que viven sus parientes próximos puede constituir una injerencia en el derecho al  67ww
rdeesrpeecthoo  dfuen ldaa mvidean tafal msii linaor  cpuromtepgleid loo sp orer qeuli saitrot.s  8d.1e l CaEpaDrHta dyo  e2s ad einl jmeriesnmcoia a irntífcriunlgoe;  eesl 
pdreocpiro, rcqiuoen aedsat éa  ljau sfitnifaicliaddaad  lpeogrit imunaa p enresceegsuiiddaad.  Sseogcúianl  eilm dpiceerinotsea,  eyl  Tsriebau,n aeln d ee sJpuesctiicaial, 
de la Unión Europea reconoce, en su sentencia de 8 de mayo de 2018, dictada en el
asunto C-82/16, el derecho de los ciudadanos extracomunitarios a residir en los países 
de la Unión con sus familiares miembros de un Estado de la Unión, pues de lo contrario 
se vulneraría el derecho de este si se viera obligado a abandonar su país de origen 
viéndose  privado  del  disfrute  efectivo  de  los  derechos  conferidos  por  los  tratados 
comunitarios.
Alega además que la limitación impuesta en el artículo 7 del Real Decreto 240/2007 
vulnera el principio de jerarquía normativa al venir recogida en normas reglamentarias 
(Real  Decreto  240/2007,  de  16  de  febrero,  y  la  orden  del  Ministerio  de  la 
Presidencia 1490/2012, de 9 de julio). La medida le parece razonable al demandante en 
el  ámbito  para  el  que  se  creó,  que  es  la  residencia  en  España  de  ciudadanos 
comunitarios, pues parece prudente que hasta que el cabeza de familia no tenga trabajo 
no pueda traer a España a sus familiares, pero es desproporcionada cuando se trata de 
un ciudadano español puesto que el mismo resultado se consigue si es el cónyuge 
extracomunitario quien genera los recursos económicos; y, aun si no los tuviera, hay 
otras limitaciones menos gravosas para los derechos afectados.
El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimaron la 
pretensión del recurrente en amparo, sin argumentación tanto sobre las condiciones 
personales del actor como sobre la protección de los derechos a la vida familiar y a la 
convivencia  matrimonial,  integrantes  de  los  derechos  al  libre  desarrollo  de  su 
personalidad (art. 10.1 CE), a contraer matrimonio (art. 32.1 CE) y a la protección a la 
familia (art. 39.1 CE). Ello implicaría la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
en su vertiente del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.
El escrito de alegaciones del demandante incide en que se ha vulnerado el derecho a 
la igualdad del art. 14 CE, al aplicarse de manera automática e incondicionada el 
requisito del artículo 7.2 del Real Decreto 240/2007 a los ciudadanos españoles. La 
desigualdad se produce, en primer lugar, entre los miembros del matrimonio respecto de 
cualquier otra pareja de nacionalidad española, que puede fundar una familia en España 
aunque uno de los dos miembros carezca de trabajo. También existe un segundo nivel 
de desigualdad entre los miembros de la propia pareja, ya que se exige que sea el 
cónyuge español quien deba inexcusablemente aportar los medios económicos para que 
pueda residir en España con su cónyuge. El art. 32.1 CE consagra la igualdad jurídica 
entre los dos miembros del matrimonio en derechos y obligaciones, tal y como se 
desprende de las SSTC 200/2001, de 4 de octubre, y 198/2012, de 6 de noviembre, 
entre otras que cita. Y en este caso se genera una evidente discriminación entre ellos. 
No hay fin legítimo ni proporcionalidad en las medidas impuestas en los artículos 7 y 8 
del Real Decreto 240/2007.
Por todo ello, el recurrente termina solicitando que se conceda el amparo solicitado.
7.  Con fecha de 12 de julio de 2019 el fiscal presenta su escrito de alegaciones, en 
el que expone las siguientes consideraciones.
Comienza señalando las resoluciones que se impugnan en el proceso de amparo y 
exponiendo los derechos que el recurrente entiende vulnerados, para explicar después 
las razones por las que va a dar preferencia al análisis de la eventual infracción del 
derecho a la igualdad consagrado en el artículo 14 CE. Esas razones se centran, en 
síntesis,  en  que  en  casos  como  el  que  aquí  se  enjuicia,  en  los  que  se  imputan 
vulneraciones al acto administrativo y a las sentencias judiciales, la eventual existencia 
de las lesiones del art. 24 CE, y su apreciación prioritaria por este Tribunal, solo tendrían 
efecto  retardatorio  para  la  efectiva  tutela  del  derecho  a  la  igualdad.  A  la  misma 
conclusión se llega desde la perspectiva de la especial trascendencia constitucional del  e.
recurso, puesto que habiendo sido centrada en este caso en la oportunidad de que este  w.b
Tribunal  perfile  la  doctrina  constitucional  relativa  al  derecho  fundamental  sustantivo  67ww
Einuvroocpaedao,  lean  saesnutenntocsia  dqeu eo bstee npcuiódnie rdae d itcatrajer tap odr ee sftaem Tiliraibr udnea l cniou dpaoddarníao  pdreo nluan cUianriósne 
asortb. r2e4  eCl Eco, nhtaebnriídao d dee c iercsuen dsecrreibcirh os ue ann eáslitseis c aa seos,t ep uúeltsimtoo  qeuxetr,e dmeo a, psirne caiadre nlatr alersseió ne nd leol 
que  constituye  el  núcleo  de  la  especial  trascendencia  constitucional  del  recurso
planteado. Por ello considera que ha de analizarse con carácter previo la alegada 
vulneración del derecho a la igualdad.
Tras ello, procede el escrito del fiscal a sintetizar la argumentación del recurrente, 
exponiendo seguidamente la doctrina del Tribunal Constitucional en cuanto al artículo 14 
CE. Lo hace tomando como guía la STC 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4 a), y después, 
en lo relativo a la reagrupación familiar, siguiendo las consideraciones incluidas en la 
STC 236/2007, de 7 de noviembre, de la que resulta, en síntesis, que el derecho a la 
reagrupación familiar no forma parte del contenido consagrado en el artículo 18 CE. 
Parte de que el derecho a la intimidad personal que consagra ese precepto implica la 
existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los 
demás, necesario para mantener una calidad mínima de la vida humana; añade que ese 
derecho no se extiende solo a los aspectos de la vida propia personal, sino también a 
determinados aspectos de otras personas con las que guarda una personal y estrecha 
vinculación familiar, de modo que determinados eventos que pueden ocurrir a padres, 
cónyuges o hijos tienen tal trascendencia para el individuo que su indebida publicidad o 
difusión incide directamente en la propia esfera de su personalidad, por lo que existe al 
respecto un derecho constitucionalmente protegido –propio y no ajeno– a la intimidad; en 
suma, el derecho reconocido en el artículo 18.1 CE atribuye a su titular el poder de 
resguardar ese ámbito reservado por individuo para sí y su familia de una publicidad no 
querida.  Sin  embargo,  concluye  el  fiscal  a  este  respecto,  de  acuerdo  con  la 
STC 236/2007, que ni del art. 8.1 CEDH, interpretado por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en distintas resoluciones que se citan, ni de la Directiva 2004/86/CE 
del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, ni del artículo 23.1 del Pacto internacional de 
derechos civiles y políticos se deduce un criterio interpretativo del art. 18.1 CE que lleve 
a entender comprendido en el mismo un derecho a la reagrupación familiar, de forma 
que, en rigor, nuestra Constitución no reconoce un derecho a la vida familiar en los 
mismos  términos  que  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  interpreta  el 
artículo 8.1 CEDH y menos aún consagra un derecho fundamental a la reagrupación 
familiar, pues ni uno ni otro derechos forman parte del contenido del derecho a la 
intimidad garantizado por el artículo 18.1 CE.
Posteriormente, el fiscal expone el iter normativo de las disposiciones concernidas en 
este  recurso  de  amparo  y,  tras  ese  recorrido,  manifiesta  que  en  este  caso  se  ha 
producido  una  lesión  del  derecho  a  la  igualdad.  Indica  que  las  dos  resoluciones 
administrativas  se  fundaron  desde  un  punto  de  vista  fáctico  en  dos  argumentos 
principales: el primero, que no había sido atendido el requerimiento de documentación 
formulado al ahora demandante de amparo, en concreto la relativa a la ciudadana de la 
Unión Europea; esa documentación daría derecho a que el solicitante obtuviera tarjeta 
de  residencia;  el  segundo  argumento  empleado  por  los  órganos  administrativos 
resolutorios se centró en que ni siquiera en vía de recurso se había acreditado que el 
reagrupante se encontrase en alguno de los supuestos a), b) o c) del artículo 7.1 del 
Real Decreto 240/2007. Sin embargo, no se prestó atención alguna a la acreditación 
documental  de  los  recursos  económicos  que  el  ciudadano  no  comunitario  había 
aportado, ni tampoco a las consecuencias que para él (y también para su cónyuge 
española)  pudiera  tener  la  decisión  administrativa  que  se  adoptaba  en  orden  al 
mantenimiento  de  la  convivencia,  aunque  dicha  decisión  fuera  acorde  con  lo 
preceptuado por el artículo 7 del Real Decreto 240/2007. Por ello, aun aplicándose la 
legalidad  vigente,  se  introdujo  una  evidente  diferenciación  en  el  tratamiento  de  los 
cónyuges; diferenciación que carece de sentido si se tiene en cuenta que la finalidad  s
buscada por la norma aplicada es la de que el cónyuge extracomunitario no suponga una  oe.
carga para la asistencia social en España, y ese objetivo podría cumplirse igualmente si  w.
es el cónyuge nacional o es el extracomunitario el que dispone de los medios, o si, como  67ww
edse  flrae cuuneidnated,  efasm lail iasru. mAa  edlelo  losse  buiennee sq udee,  uenno  eys toet roca lsoo q, ueel  pceiurdmaidtiraínao e lc momanutneitnaimrioie, netno 
dcuisapnotnoe m diee mexbaroc tadme eunntae  ulonsi dmadis mfaomsi lriaerc ucrasroasc teecroiznaódma icporisn cdiep aqlmuee ndtiesp poonrí ala e ls ociluiddaardidaando,   BOE-A-cable e
no comunitario. Lo que la norma impone es que el ciudadano extracomunitario disponga 
de bienes y recursos, no que sea titular de los mismos. De este modo, el problema no es 
el tenor del precepto aplicado sino la interpretación y aplicación que se hace del mismo, 
que dan lugar a una diferenciación entre cónyuges que carece de sentido. Especialmente, 
si se valoran desde el punto de vista de la proporcionalidad, la medida adoptada (el 
archivo de la solicitud de la tarjeta solicitada), el resultado producido (la quiebra de la 
convivencia familiar) y la finalidad pretendida por la norma.
Por ello, concluye el fiscal que se puede apreciar una diferencia de trato que deriva 
de una interpretación de la normativa aplicable excesivamente rigorista y carente de 
sentido (no es proporcionada), porque la finalidad de dicha norma se cumple igualmente 
si los recursos económicos precisos para el sostenimiento de los cónyuges y su unidad 
familiar proceden del cónyuge comunitario, del extracomunitario o de ambos. Al no 
haberlo apreciado así, las resoluciones administrativas han incurrido en una vulneración 
del artículo 14 CE, lo que supone la nulidad de tales resoluciones y, también, en cuanto 
no repararon dicha vulneración, la de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de mayo de 2017, que 
estimó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del juzgado del mismo 
orden jurisdiccional de 23 de abril de 2015, y de la sentencia dictada por la Sección 
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Seguidamente, el fiscal pasa a analizar el segundo motivo de amparo, basado en la 
vulneración del artículo 24.1 CE, en relación con los derechos al libre desarrollo de la 
personalidad (art. 10.1 CE), a contraer matrimonio (artículo 32.1 CE) y al principio de 
protección  de  la  familia  (art.  39.1  CE),  que  se  imputa  tanto  a  las  resoluciones 
administrativas como a las judiciales. En este punto, su escrito de alegaciones parte de 
la idea de que carece de objeto pronunciarse sobre esa alegación, por dos razones: la 
primera,  que  el  recurso  reviste  especial  trascendencia  constitucional  porque  da  al 
Tribunal  la  oportunidad  de  pronunciarse  sobre  el  derecho  fundamental  sustantivo 
invocado en asuntos relativos a la obtención de tarjeta de familiar de ciudadano de la 
Unión Europea [STC 155/2009, de 14 de septiembre, FJ 2 a)], y desde la perspectiva del 
art. 24.1 CE nada podrá añadir a la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto, dado 
que la jurisprudencia en ese ámbito es amplia y consolidada. La segunda razón estriba 
en que habiéndose informado a favor la queja relativa al artículo 14 CE carecería de 
objeto ocuparse de la anunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
No obstante lo anterior, efectúa un somero análisis al respecto, y llega a la conclusión 
de  que  dicho  precepto  (art.  24.1  CE)  no  opera  en  relación  con  las  resoluciones 
administrativas, salvo los supuestos consagrados por la doctrina constitucional, que aquí 
no concurren. En relación con las resoluciones judiciales, sí debería ser apreciada la 
vulneración del art. 24.1 CE en tanto en cuanto, como ya se dijo, a juicio del fiscal en 
ninguna de las sentencias se entró a considerar la peculiaridad del caso (la disposición 
por parte del demandante de amparo de medios económicos bastantes) ni tampoco la 
gravedad de las consecuencias que para la reagrupación familiar pretendida pudieran 
tener las resoluciones administrativas recurridas en esa vía jurisdiccional.
Por todo lo anterior, el fiscal peticiona la estimación parcial del recurso, reconociendo 
que se ha vulnerado el derecho fundamental del recurrente a la igualdad por parte de las 
resoluciones administrativas y resarciéndole en su derecho. A tal fin, impetra que se 
declare la nulidad de la resolución del subdelegado del Gobierno en Girona de 26 de 
septiembre de 2014, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra la resolución 
del jefe de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de 3 de julio  s
de 2014, en la que se archivaba la solicitud del ahora demandante de amparo de tarjeta  oe.
de residencia como familiar de ciudadano de la Unión Europea y la sentencia 1137/2018  w.
de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo  67ww
dseen t3e ndceia  j3u9lio6 /2d0e1 72 0d1e8 la,  Sdeescecsiótinm Qatuoirniata  ddeel  lar eScaulras od ed leo  Ccaosnatecniócnio sfoor-mAdumlaidnois tcraotnivtroa  delal 
dTeri baupnealla Scuiópne rfioorrm duel aJduos tipcioar  dlea  CAabtoagluañcaía,  ddee 1l 9E dseta mdoa ycoo dnetr a2 0la1 7s, eqnutee necsitaim 8ó6 e/2l 0re1c5u rdseol   BOE-A-cable e
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Girona de 23 de abril de 2015, que 
anuló las resoluciones administrativas y reconoció el derecho del actor a obtener la 
tarjeta de familiar de ciudadano comunitario.
8.  Por su parte, la Abogacía del Estado presentó su escrito de alegaciones con 
fecha de 1 de julio de 2019.
En dicho escrito se centra el objeto del recurso de amparo y sus antecedentes, 
indicando que se denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del 
artículo 24.1 CE en relación con los derechos al libre desarrollo de la personalidad del 
art. 10.1 CE, del derecho a contraer matrimonio del artículo 32.1 CE y del principio de 
protección de la familia del artículo 39.1 CE así como el derecho a la igualdad. Indica 
también que no se denuncia la vulneración del derecho consagrado en el art. 18.1 CE, 
aunque sí se menciona la doctrina emanada de la STC 186/2013, relativa al derecho a la 
vida familiar, que queda fuera del objeto del amparo constitucional por dicha falta de 
denuncia.
Indica  seguidamente  la  Abogacía  del  Estado  que  el  recurso  es  parcialmente 
inadmisible porque la lesión del artículo 24.1 CE se imputa a la sentencia del Tribunal 
Supremo, respecto de la cual el incidente de nulidad de actuaciones era una vía apta 
para hacerlo valer en el proceso judicial. Y, sin embargo, el incidente no fue planteado.
Entrando en el fondo de la cuestión, la Abogacía del Estado expone que no concurre 
la falta de motivación que se reprocha, puesto que se denuncia, no la omisión de 
pronunciamiento sobre los pedimentos, peticiones o pretensiones jurídicas en sentido 
propio, sino de algunas alegaciones individuales o razonamientos concretos en el que el 
recurso de casación se había sustentado; recuerda que no se exige una contestación 
judicial  explícita  y  pormenorizada  a  cada  una  de  esas  alegaciones  individuales  o 
razonamientos concretos, sino que es suficiente con la respuesta que se ofrece en la 
sentencia del Tribunal Supremo. A ello añade que no es que no se hayan ponderado las 
circunstancias personales o familiares por parte de la sentencia; es que el demandante 
no las ha invocado. La única circunstancia personal que invoca es su matrimonio con 
una  ciudadana  española,  y  lo  hace  para  deducir  de  ello  que,  en  este  caso  de 
reagrupación por ciudadano español, no deberían exigirse los requisitos económicos 
previstos en el artículo 7.1 del Real Decreto 240/2007 y en la Orden PRE/1490/2012, 
de 9 de julio. Ciertamente, el apartado 7 del artículo 7 del Real Decreto 240/2007, y 
también  el  artículo  3  de  la  Orden  citada,  indican  que  la  valoración  de  los  medios 
económicos ha de hacerse de manera individualizada teniendo en cuenta la situación 
personal y familiar del solicitante. En aplicación de ese criterio, la jurisprudencia menor, 
afirma la Abogacía del Estado, ha prescindido de la exigencia de un nivel económico 
cuando concurren circunstancias singulares, especialmente cuando el extranjero además 
de estar casado con ciudadana española es padre o madre de hijos menores de edad 
residentes en España. Y en ese sentido, cita la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, de 21 de septiembre de 2016. En el presente caso, lo que 
sucede es que no consta ni se ha alegado por el recurrente en la vía judicial previa 
ninguna  circunstancia  personal  o  familiar  particular  que  permita,  según  dicha 
jurisprudencia, modificar la conclusión de la preceptiva denegación de la tarjeta por falta 
absoluta de acreditación del requisito de medios económicos.
En realidad, según el abogado del Estado, lo que plantea el recurso es que el 
extranjero adquiera de modo derivativo un derecho de entrada por la celebración del 
matrimonio con nacional español sin sujeción a los requisitos económicos o de otra 
naturaleza establecidos por la legislación de extranjería, y eso es ir mucho más allá de la  e.
eficacia informadora del artículo 39 CE. w.b
También considera el abogado del Estado que no se ha vulnerado el artículo 14 CE.  67ww
uPnaort,e e dnetr ela l ai dpeaar edjae lf orermcuardrean pteo rd ceiu qduaed ahnaoy  eusnpaa ñdoifle yr ecnócniaycuigóen  edxet ratrcaotom uenni tdaoriso , nyiv oetlreass: 
pparorepjiaas p aerne jlaa,s y qau qeu elo sla sd ores smoliuecmiobnreoss  ismepaung ensapdaañso olebsli;g ayn o atr oq,u een sterea  leols c ómnieyumgber oess pdaeñ olal 
quien deba inexcusablemente aportar los medios económicos para el sostenimiento de la
familiar  o,  en  otro  caso,  el  cónyuge  extracomunitario  no  podrá  residir  en  España. 
Después, el abogado del Estado pasa a confrontar esas desigualdades con la exigencia 
constitucional  de  que  para  existir  vulneración  es  preciso  que  exista  un  término  de 
comparación válido, y llega a la conclusión de que en este caso no existe dicho término 
de  comparación,  dado  que  el  artículo  13  CE  impide  invocar  la  igualdad  entre  los 
matrimonios formados solo por españoles y los constituidos por españoles y extranjeros.
Pasa después la Abogacía del Estado a contradecir la afirmación del recurrente de 
que según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea las limitaciones e 
interpretaciones respecto al derecho de libre circulación y residencia en el ámbito de la 
Unión han de ser de aplicación restrictiva, sin que quepan restricciones por motivos 
económicos. A tal efecto, cita la STJUE de 21 de abril de 2016, asunto Mimoun Khachab 
c. Subdelegación  del  Gobierno  en  Álava,  que  establece  que  el  derecho  a  la 
reagrupación familiar debe interpretarse en el sentido de que permite a las autoridades 
competentes de un Estado miembro fundamentar la denegación de una solicitud en una 
valoración, incluso prospectiva, de la probabilidad de mantenimiento o no de los recursos 
fijos o regulares suficientes de los que debe disponer el reagrupante.
Finaliza su argumentación desarrollando la idea de que todos los Estados establecen 
requisitos de naturaleza económica para el ejercicio del derecho a la reagrupación por 
sus propios nacionales, de acuerdo con la información que cita, procedente de la Red 
Europea de Migraciones, con mención de la situación en distintos Estados europeos.
Por todo lo anterior, pide que se dicte sentencia de inadmisión del primer motivo del 
recurso y de desestimación del segundo.
9.  Por providencia de fecha 5 de marzo de 2020 se señaló para votación y fallo del 
presente recurso el día 9 de dicho mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y posiciones de las partes.
El presente recurso de amparo se dirige contra la resolución del subdelegado del 
Gobierno en Girona de 26 de septiembre de 2014, desestimatoria del recurso de alzada 
formulado contra la resolución del jefe de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación 
del Gobierno de 3 de julio de 2014 en la que se archivaba la solicitud del ahora 
demandante de amparo de tarjeta de residencia como familiar de ciudadano de la Unión 
Europea,  contra  la  sentencia  1137/2018  de  la  Sección  Quinta  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2018, desestimatoria 
del recurso de casación formulado contra la sentencia 396/2017 de la Sección Quinta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
de 19 de mayo de 2017, que estimó el recurso de apelación formulado por la Abogacía 
del Estado contra la sentencia 86/2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm.  1  de  Girona,  de  23  de  abril  de  2015,  que  anuló  las  referidas  resoluciones 
administrativas y reconoció el derecho del actor a obtener la tarjeta de familiar de 
ciudadano comunitario.
En el apartado de antecedentes de esta sentencia han quedado detalladas las 
circunstancias relativas al procedimiento administrativo que concluyó con resolución 
desestimatoria,  impugnada  después  en  sede  judicial,  así  como  las  vicisitudes  del 
proceso seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en grado de recurso 
de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia y, finalmente en el trámite impugnatorio  es
abierto ante el Tribunal Supremo en funciones casacionales. bo
El Ministerio Fiscal ha peticionado la estimación parcial del recurso, por vulneración  67ww
spaoeocpntrou tnleaaencs ic ourieanns e dosóel bulc iccToiernoi btnrdueaens  ea aalll ddaSmm.u Aiipsndriiebsemitmlriadoáta isevd,an  s ipmt aadpnrecetloi tara alq r utríleecasu  npdlooee  cs1ste4eos   hCtaiamE  lp.aa rcLsoia ómv nAuo bldvnoieedglro aar ecicncíioacuin drGeseosen  ntpieemo rdarp elun  dtnoaeu dlhl aiEdasabs detaa r ddslaeeo     OE-A-2020-59able en https://
vulnerado ni el artículo 14 ni el 24.1 CE.
2.  Óbice procesal.
Se cuestiona la admisibilidad del recurso en cuanto a la vulneración imputada a la 
sentencia  del  Tribunal  Supremo.  Dicha  vulneración  consistiría  en  la  violación  del 
artículo 24.1 CE en relación con los artículos 10 y 39 CE. Indica el abogado del Estado 
que, en tanto que no se ha interpuesto el pertinente incidente de nulidad de actuaciones 
frente a dicha sentencia del Tribunal Supremo, el recurso no resulta admisible en ese 
extremo concreto.
Lo  cierto  es  que,  tal  y  como  se  desprende  de  las  actuaciones,  la  vulneración 
mencionada se imputa también a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña. El ahora demandante de amparo indica a este respecto que «estaban en juego 
relevantes principios y derechos constitucionales, como son los derechos a la vida en 
familia y a contraer matrimonio, protegidos por los artículos 10.1, 32 y 39 CE, lo que 
exigía  en  sede  jurisdiccional  una  ponderación  de  las  circunstancias  personales  del 
interesado y una motivación expresa y suficiente sobre los efectos». Y después se 
refiere a la «falta de valoración por las sentencias impugnadas, de toda circunstancia 
personal, reiteradamente puesta de manifiesto por esta parte, y a ausencia de referencia 
a los derechos constitucionales invocados por el Tribunal Superior de Justicia, o la 
negación  por  el  Tribunal  Supremo  de  que  exista  ningún  derecho  de  relevancia 
constitucional,  supone  la  quiebra  de  la  necesaria  motivación  de  las  resoluciones 
judiciales, integrante del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE […]». Es 
decir, el debate procesal sostenido ante la jurisdicción ordinaria ha girado, parcialmente, 
en  torno  a  la  posible  vulneración  del  artículo  24.1,  por  no  haberse  ponderado  las 
circunstancias  personales  del  interesado  y  haberse  omitido,  consecuentemente,  el 
análisis de los efectos de esas circunstancias. El ahora demandante de amparo también 
se queja de la vulneración de los derechos fundamentales alegados ya ante el Tribunal 
Superior de Justicia y, después, ante el Tribunal Supremo.
Ello implica que la sentencia del Tribunal Supremo se impugna porque no repara las 
vulneraciones  ya  dirigidas  contra  la  resolución  del  Tribunal  Superior  de  Justicia, 
concretadas en la falta de ponderación de las circunstancias personales del recurrente y 
en  la  falta  de  acogida  de  la  denuncia  de  vulneración  de  los  referidos  derechos 
fundamentales.  Por  ello,  no  resulta  necesario  acudir  al  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones. Tal como expresamos en la STC 46/2014, de 7 de abril, FJ 2, «[e]n la 
demanda se alega, en unidad argumental, la incongruencia y la defectuosa motivación, 
que se predican de las resoluciones administrativas (en cuanto a la motivación) y de las 
sentencias, que se consideran que incurren, además, en incongruencia por no examinar 
los motivos de arraigo invocados. Así las cosas, no era preciso el incidente de nulidad de 
actuaciones contra la última sentencia, dictada en apelación, sin que pueda considerarse 
que el acceso a la jurisdicción constitucional haya producido per saltum, es decir, "sin 
brindar a los órganos judiciales la oportunidad de pronunciarse y, en su caso, remediar la 
lesión  invocada  como  fundamento  del  recurso  de  amparo  constitucional" 
(SSTC 141/2011, de 26 de septiembre de 2011, FJ 2, y 1/2013, de 14 de febrero, FJ 2). 
Es más, dado que lo que se pide al Tribunal de apelación es precisamente que se 
pronuncie sobre las citadas alegaciones sustanciales alegándose además que de lo 
contrario  se  le  produce  indefensión,  el  planteamiento  del  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones en este caso habría podido suponer un alargamiento de la vía (por razones 
similares a las que llevaron a esta conclusión en la STC 17/2012, de 13 de febrero, 
FFJJ 3 y 4), pues no procede acudir al incidente de nulidad de actuaciones para reparar 
una lesión que ya ha sido previamente denunciada (ATC 42/2010, de 12 de abril, FJ 2)». e.
3.  Contexto jurídico en el que se enmarca el litigio. 67ww
efecAtunater s udnea  cbormeeven zaerx peol saicniáólnis isd ed el ala sn ovrumlnaetrivaac iodnee s aaplleicgaacdióans  reessgurltiam icdoan vaenntiee ntlea 
jurisdicción ordinaria y empleada por la administración, así como de la doctrina de este
Tribunal y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la cuestión 
planteada.
Para ello resulta necesario destacar, en primer lugar, que el régimen de extranjería, 
en nuestra legislación, ha de partir de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y dos 
reglamentos: el aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, aplicable a todos 
los extranjeros extracomunitarios, y el aprobado por Real Decreto 240/2007, de 16 de 
febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los 
Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo. Este último vino a trasponer la Directiva 2004/38/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente 
en  el  territorio  de  los  Estados  miembros.  En  la  exposición  de  motivos  del  Real 
Decreto 240/2007 se indicaba que «el derecho a la reagrupación familiar se determina 
como  un  derecho  inherente  al  ciudadano  de  un  Estado  miembro,  pero  asociado 
necesariamente al ejercicio de su derecho de libre circulación y residencia en el territorio 
de los otros Estados miembros, todo ello de conformidad con la normativa comunitaria y 
con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En este 
sentido, para regular la reagrupación familiar de ciudadanos españoles que no han 
ejercido el derecho de libre circulación, se introduce una disposición final tercera que, a 
su vez, introduce dos nuevas disposiciones adicionales, decimonovena y vigésima, en el 
reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España  y  su  integración  social,  aprobado  por  Real  Decreto  2393/2004,  de  30  de 
diciembre.  Estas  disposiciones  protegen  especialmente  al  cónyuge  o  pareja  de 
ciudadano español y a sus descendientes menores de veintiún años, mayores de dicha 
edad que vivan a su cargo, o incapaces».
El artículo 7.1 del Real Decreto 240/2007, citado, regulaba la residencia superior a 
tres meses de los ciudadanos de un estado miembro de la Unión Europea o de otro 
estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Dicho artículo fue 
modificado por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar  la  sostenibilidad  del  Sistema  Nacional  de  Salud  y  mejorar  la  calidad  y 
seguridad de sus prestaciones. El objetivo del Real Decreto-ley 16/2012, al introducir las 
nuevas condiciones de residencia, era el de evitar «el grave perjuicio económico para 
España especialmente en cuanto a la imposibilidad de garantizar los retornos de los 
gastos ocasionados por la prestación de servicios sanitarios y sociales a ciudadanos 
europeos». En su nueva redacción, se reconocía el derecho de residencia de todo 
ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo por un período superior a tres meses si: 
a) es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en España, o b) dispone, para 
sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga 
para la asistencia social en España durante su período de residencia, así como de un 
seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en España, o c) está matriculado en 
un centro público o privado, reconocido o financiado por la administración educativa 
competente con arreglo a la legislación aplicable, con la finalidad principal de cursar 
estudios, inclusive de formación profesional; y cuenta con un seguro de enfermedad que 
cubre todos los riesgos en España y garantiza a la autoridad nacional competente, 
mediante una declaración o por cualquier otro medio equivalente de su elección, que 
posee recursos suficientes para sí y los miembros de su familia para no convertirse en  s
una carga para la asistencia social del Estado español durante su período de residencia,  oe.
o d) es un miembro de la familia que acompaña a un ciudadano de la Unión Europea o  w.
de otro estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o va a reunirse  67ww
ceonn  eéll , ayp qaurtea dcou m2p led elal sm ciosnmdoic ioanrte. s7 c osnet ermepcolandoacse e nta lmasb iléentr aesl  ad),e bre) coh co) . dPeo rr eostriod elandcoia, 
edset aubnl eEcsidtaod eon m eile ampbarrota cduoa pnrdimo earcoo ma ploasñ emni eaml bcriuodsa ddea nlao  fdaem lialia U qnuióen n Eo usreoapne an aoc dioen aolteros   BOE-A-cable e
Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o se reúnan con él en 
el Estado español, siempre que dicho ciudadano cumpla las condiciones contempladas 
en las letras a), b) o c) de dicho apartado primero.
El ámbito de aplicación del Real Decreto 240/2007 se había ampliado a consecuencia 
de la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2010, que anuló la expresión «de 
otro Estado miembro» de su artículo 2, –referido al ámbito de aplicación de la norma– de 
modo que ahora se incluían los familiares, cualquiera que fuera su nacionalidad, de un 
«ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, cuando le acompañen o se reúnan con él».
Posteriormente,  la  Orden  PRE/1490/2012,  de  9  de  julio,  dictó  normas  para  la 
aplicación del artículo 7 del Real Decreto 240/2007, con arreglo a la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, de forma que ahora la expresión «familiar de un ciudadano de un 
estado miembro de la Unión Europea» incluye a los familiares de un ciudadano español 
que se reúnan o acompañen al mismo.
En  este  contexto,  la  Sala  Tercera  del  Tribunal  Supremo  ha  resuelto,  en  sus 
sentencias de 18 de julio de 2017 y 11 de junio de 2019, que el artículo 7 es aplicable a 
la reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles, de modo que, 
para que sea posible la reagrupación, es preciso que cumpla el ciudadano español 
alguno de los requisitos expresados en el artículo 7 del Real Decreto 240/2007. En el 
presente caso, las resoluciones que se cuestionan están basadas en última instancia en 
el  incumplimiento  del  requisito  de  que  el  ciudadano  español  disponga  de  recursos 
suficientes, en los términos que se expusieron en los antecedentes de esta sentencia.
Este Tribunal ha dictado varias resoluciones cuya doctrina, como se irá viendo, 
puede resultar de aplicación al presente caso. En particular, la STC 46/2014, de 7 de 
abril, relativa a un supuesto de denegación de renovación de permiso de trabajo y 
residencia, cuyo fundamento jurídico 7 in fine afirma que «debe señalarse que las 
resoluciones  administrativas  que  no  tienen  carácter  sancionador,  como  son  las 
impugnadas en este caso, no pueden vulnerar el art. 24 CE, como antes se ha señalado; 
sin embargo, sí lo han hecho en el presente supuesto los órganos judiciales que en su 
labor  de  fiscalización  de  los  actos  administrativos  recurridos  se  han  opuesto  a  la 
ponderación de las circunstancias personales del recurrente bajo una interpretación de la 
norma que no respeta el canon constitucional de motivación del derecho a la tutela 
judicial efectiva». Por otro lado, la STC 131/2016, de 18 de julio, indica en su FJ 6, en 
relación con la medida de expulsión del territorio nacional contemplada en el art. 57.2 de 
la Ley 4/2000, que cabe la posible lesión del art. 24 CE si la revisión judicial del acto 
administrativo  en  cuestión  no  contiene  la  debida  motivación  de  las  circunstancias 
personales del recurrente, cuando están en juego «asociados a derechos fundamentales 
como los contemplados en los artículos 18.1 y 24.1 CE (STC 46/2014, FJ 7) una 
pluralidad  de  intereses  constitucionales  como  el  de  protección  social,  económica  y 
jurídica  de  la  familia  (art.  39.1  CE)  […].»  Esa  doctrina  ha  sido  reiterada  en  la 
STC 29/2017, de 27 de febrero, en cuyo FJ 3 puede leerse lo que sigue: «[P]or otra 
parte, también el Tribunal ha reiterado, específicamente en lo que se refiere a las 
alegaciones en vía judicial sobre la existencia de arraigo social y familiar respecto de 
aquellas  instituciones  que  implican  directa  o  indirectamente  la  salida  del  territorio 
nacional, que deben ser ponderadas tanto por la administración como por los órganos 
judiciales en vía de recurso […]».
Desde el punto de vista del Derecho de la Unión el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea ha dictado varias resoluciones que resultan relevantes en el presente caso. Se  s
trata, en particular, de las SSTJUE de 15 de noviembre de 2011, asunto C-256/11, Dereci  oe.
y otros, de 8 de mayo de 2018, asunto C-82/16, K.A. y otros, y de 27 de febrero de 2020,  w.
asunto C-836/18, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, a la que se hará alusión  67ww
más adelante.
4.  Vulneraciones alegadas.
Como ya se ha expuesto precedentemente, en el recurso de amparo se denuncian: 
a) la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE en relación 
con los derechos al libre desarrollo de la personalidad del artículo 10.1 CE; el derecho a 
contraer matrimonio del artículo 32.1 CE, y el principio de protección de la familia; y b) el 
derecho a la igualdad (art. 14 CE).
Tal y como viene considerando este Tribunal, en el análisis de las diferentes lesiones 
alegadas ha de seguirse el criterio de «mayor retroacción» que viene empleando nuestra 
jurisprudencia  (STC  180/2015,  de  7  de  septiembre,  FJ  3),  y  que  implica  conceder 
prioridad al examen de aquellas causas que, de prosperar, determinarían la retroacción a 
un momento procesal anterior, lo que haría innecesario un pronunciamiento sobre las 
restantes (SSTC 90/2010, de 15 de noviembre, FJ 2, y 25/2012, de 27 de febrero, FJ 2, y 
las que en ellas se citan). Ese criterio se va a aplicar, por consiguiente, en el análisis de 
las vulneraciones denunciadas.
a)   La alegada vulneración del artículo 14 CE.
En relación con la vulneración del derecho a la igualdad, el demandante parte de la 
existencia de una doble desigualdad de trato. Primero, entre las parejas formadas por un 
ciudadano español y otro extranjero extracomunitario, de un lado y, de otro, las parejas 
compuestas por dos ciudadanos españoles (o por español y comunitario), en cuanto que 
estas segundas tienen derecho a residir en el país aun cuando ninguno de los miembros 
tenga ingresos propios. Se afirma que el derecho a contraer matrimonio en condiciones 
de igualdad es un derecho constitucional (art. 32 CE), y esa igualdad debe proyectarse 
también sobre los efectos civiles de cualquier matrimonio civil inscrito en el registro civil. 
Al  tratar  diferentemente  a  ambos  grupos  de  matrimonios  o  situaciones  de  hecho 
asimilables, se vulnera el derecho a la igualdad, pues aquellos en los que se integra una 
persona extranjera resultan indebidamente perjudicados. La segunda desigualdad de 
trato  se  produce  entre  los  propios  miembros  de  la  pareja  mixta  –compuesta  por 
extracomunitario o extracomunitaria y español o española–, ya que mientras que en 
cualquier pareja cualquiera de sus componentes puede trabajar para sostener a su 
familia, las resoluciones impugnadas obligan a que sea el cónyuge español quien deba 
inexcusablemente aportar los medios económicos para el sostenimiento de la familia.
Con  respecto  a  esta  segunda  discriminación  alegada,  han  de  compartirse  las 
consideraciones formuladas por la Fiscalía en su escrito de alegaciones. Es preciso, en 
efecto, analizar si realmente las resoluciones cuestionadas consagran una diferencia de 
trato real, para después, si se constatara la existencia de tal diferencia de trato, escrutar 
si la misma resulta justificada, para, de este modo, dar una respuesta a la alegación de 
que  se  ha  vulnerado  el  artículo  14  CE.  En  esta  línea,  ha  de  recordarse  que  las 
resoluciones administrativas denegaron la solicitud formulada con base en el doble 
argumento de que no se había aportado la documentación exigida a la ciudadana 
española y que tampoco, en vía de recurso, se había acreditado que la reagrupante se 
encontrase en alguno de los casos a), b) o c) del artículo 7.1 del Real Decreto 240/2007, 
y  constando  además  que  estaba  de  baja  en  la  Seguridad  Social  desde  el  30  de 
septiembre de 2011. Sin embargo, dichas resoluciones administrativas no prestaron 
atención alguna a la documentación aportada por el ciudadano extracomunitario, con la 
que pretendía justificar su suficiencia de recursos. Se produjo, pues, una diferencia de 
trato entre ambos cónyuges, tal y como indica el Ministerio Fiscal. Tal y como se ha  s
venido exponiendo, la finalidad expresa de la norma aplicada es la de evitar que el  oe.
cónyuge extracomunitario suponga una carga para la asistencia social en España. Y esa  w.
frnienecaculeirdssaaodrsi o dsse,e  p aemcruobm otaps mlep ebrisémin i tesesi  e slue s l toitscutilueadnr aimedsiae ennlot oc ó ednseyp ulaagñ euo nle idxetarl adc qfoaumme uildinaiisrt.ap Droioen, e eo s dsteie  l mal oossdu om,r aela cd urere sclootass    2020-5967n https://ww
intelección  de  los  apartados  1  y  2  del  artículo  7  del  Real  Decreto  240/2007,  que
corresponde efectuar a este Tribunal desde el parámetro de la alegada vulneración del
art.  14  CE,  impone  la  conclusión  de  que  en  este  caso  concreto,  atendidas  las 
circunstancias expuestas, no puede sostenerse que el ciudadano español careciera de 
recursos, ya que no se ha examinado la documentación aportada a tal fin por el cónyuge 
que no era ciudadano de la Unión, omisión que, como se dijo, supone una lesión del 
derecho a la igualdad.
Ello comporta la constatación de que en el presente caso se ha vulnerado el derecho 
a la igualdad de la persona recurrente en amparo.
b)  La alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE en 
relación con los derechos al libre desarrollo de la personalidad del artículo 10.1 CE, el 
derecho a contraer matrimonio del artículo 32.1 CE y el principio de protección de la familia.
Como primera consideración, conviene poner de manifiesto que la STC 236/2007, 
de 7 de noviembre, FJ 11, al examinar la constitucionalidad de la regulación por la Ley de 
extranjería de la reagrupación familiar de extranjeros en España, si bien reconoció la 
existencia  de  una  dimensión  familiar  de  la  intimidad,  niega  que  la  misma  permita 
identificar «un derecho a la vida familiar en los mismos términos en que la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha interpretado el art. 8.1 CEDH, y menos 
aún  un  derecho  fundamental  a  la  reagrupación  familiar,  pues  ninguno  de  dichos 
derechos forma parte del contenido del derecho a la intimidad familiar garantizado por el 
art. 18.1 CE». Esa doctrina fue reiterada en los fundamentos jurídicos 6 y 7 de la 
STC 186/2013, de 4 de noviembre, al resolver un recurso de amparo contra una orden 
de expulsión de un ciudadano extranjero.
Por ello, el análisis de la eventual lesión habría de efectuarse en relación con la 
también eventual falta de motivación de las resoluciones judiciales. Ciertamente, en el 
ámbito de las resoluciones administrativas, hemos expresado, en la STC 159/2002, 
de 16 de septiembre, FJ 2, que «dado que no estamos ante una resolución sancionadora 
–único supuesto en que los derechos del art. 24 CE son directamente aplicables, según 
viene declarando este Tribunal desde la STC 18/1981, de 8 de junio, FJ 2– este motivo 
de amparo carece de fundamento». No obstante, también hemos puesto de manifiesto 
en la STC 131/2016, de 18 de julio, FJ 6, en relación con la medida de expulsión del 
territorio nacional contemplada en el art. 57.2 de la Ley 4/2000, que aunque esa medida 
pudiera no tener carácter sancionador, cabe la posible lesión del art. 24 CE si la revisión 
judicial del acto administrativo en cuestión no contiene la debida motivación de las 
circunstancias personales del recurrente, cuando están en juego «asociados a derechos 
fundamentales como los contemplados en los artículos 18.1 y 24.1 CE (STC 46/2014, 
FJ  7)  una  pluralidad  de  intereses  constitucionales  como  el  de  protección  social, 
económica y jurídica de la familia (art. 39.1 CE) en relación con el mandato del art. 10.2 
CE, así como el art. 3.1 de la Convención de Naciones Unidas de 20 de noviembre 
de 1989, sobre los derechos del niño, al que conduce la previsión del art. 39.4 CE, el 
órgano judicial debió ponderar las "circunstancias de cada supuesto" y "tener en cuenta 
la gravedad de los hechos", sin que pudiera ampararse, como hizo, en la imposibilidad 
legal de realizar tal ponderación» (STC 46/2014, FJ 7). Esa doctrina ha sido reiterada en 
lo esencial, en nuestras SSTC 201/2016, de 28 de noviembre, FFJJ 4 y 5, y 14/2017, 
de 30 de enero, FJ 5.
En esta última, hemos afirmado que «[e]ste Tribunal ha recordado en las recientes 
SSTC 131/2016, de 18 de julio, FJ 6, y 201/2016, de 28 de noviembre, FJ 3, que "el 
deber de motivación en el ámbito administrativo con relevancia constitucional no solo se 
produce en el supuesto de las sanciones administrativas", y que "frente a la regla  e
general, conforme a la cual el deber de motivación de los actos administrativos es un  bo
mandato  derivado  de  normas  que  se  mueven  en  el  ámbito  de  lo  que  venimos  67ww
adlecnaonmzain aunndao d liemgeanlisdiaódn  ocordnisntaitruiac,i oenna l dqeuteer mloi nhaadcoes  fsisucpauliezsatbolse  eax tcreapvcéiso ndaelel sre tcaul rsdoe bdeer 
apmrepcaisraom ceonntset,i tuccuioannadlo".  Tloasm baicétno ss ea hdam irneiistetrraatdivoo se nl idmicithaans  ore sroelsutcriinogneens  q"eule  eejsetroc iocciou rrdee, 
derechos fundamentales", pues en tal caso la actuación de la administración "es tan
grave que necesita encontrar una especial causalización y el hecho o el conjunto de 
hechos que lo justifican deben explicarse con el fin de que los destinatarios conozcan las 
razones por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses a los que se sacrificó" 
(STC  131/2016,  de  18  de  junio,  FJ  6).  Específicamente,  se  ha  destacado  que  la 
expulsión del extranjero con residencia de larga duración supone "una clara limitación a 
derechos fundamentales del actor que, como consecuencia de acordarse su expulsión 
del territorio nacional, se ha visto privado de su autorización de residencia, lo que implica 
la alteración de su propia condición de ciudadano y de la posibilidad del ejercicio de los 
derechos y libertades inherentes a la misma, aparte de las consecuencias que la medida 
tiene en su vida familiar" (STC 131/2016, de 18 de junio, FJ 6), lo que hace que sea 
extensible a dicha medida ese deber constitucional de motivación al margen de su 
eventual naturaleza jurídica sancionadora».
Por otro lado, recientemente se ha dictado, en el asunto C-836/18, la STJUE de 27 
de febrero de 2020. En ella se resuelve la petición de decisión prejudicial planteada por 
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha sobre la posible vulneración del 
artículo 20 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) debida a la 
exigencia de que el ciudadano español deba cumplir los requisitos del art. 7.1 del Real 
Decreto 240/2007 como condición necesaria para el reconocimiento del derecho de 
residencia de su cónyuge extracomunitario, sin examinar la existencia de una relación de 
dependencia entre ellos de tal naturaleza que determinara que, en caso de denegarse el 
derecho de residencia del ciudadano de un tercer país, el ciudadano de la Unión no 
pudiera separarse del miembro de la familia que depende de él y hubiera de abandonar 
el territorio de la Unión.
Ha de ponerse de manifiesto, en primer lugar, que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea considera que no existe esa «relación de dependencia que pueda justificar la 
concesión de un derecho de residencia derivado al amparo de ese artículo (el art. 20 
TFUE) por el mero hecho de que un nacional de un Estado miembro, mayor de edad y 
que nunca ha ejercido su libertad de circulación, y su cónyuge, mayor de edad y nacional 
de un tercer país, estén obligados a vivir juntos en virtud de las obligaciones que 
dimanan del matrimonio según el Derecho del Estado miembro del que es nacional el 
ciudadano de la Unión» (apartado 63).
Pero  lo  anterior  no  excluye,  por  otro  lado,  la  obligación  de  ponderar  las 
circunstancias concurrentes que puedan influir en la configuración de esa relación de 
dependencia a que se refiere el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como este 
expone  (apartado  53):  «[C]uando  un  nacional  de  un  tercer  país  presenta  ante  la 
autoridad nacional competente una solicitud de residencia con fines de reagrupación 
familiar con un ciudadano de la Unión, nacional del estado miembro de que se trate, 
dicha autoridad no puede denegar de manera automática esa solicitud por la única razón 
de que el ciudadano de la Unión no disponga de recursos suficientes. Por el contrario, le 
corresponde valorar, basándose en los datos de que el nacional del tercer país y el 
ciudadano de la Unión deben poder facilitarle libremente y procediendo, en su caso, a las 
investigaciones  necesarias,  si  existe  entre  esas  dos  personas  una  relación  de 
dependencia […] de modo que, en principio, deba concederse a dicha nacional de un 
tercer país un derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE (véase en 
este sentido, la sentencia de 10 de mayo de 2017, asunto C-133/15, Chávez-Vílchez y 
otros, EU:C:2017:354, apartados 75 a 77)».
De esta forma, la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
también impone la obligación de ponderar las circunstancias fácticas que determinan la  s
relación de dependencia que sirve de fundamento a la posibilidad de reagrupación;  oe.
exigencia que fue obviada en el caso que nos ocupa. El archivo de la solicitud de la  w.
tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión se realizó sin ponderar  67ww
iamdpeicduióa dlaa meesntaten cliaas  yc irrecsuindsetnacniaci aesn  pEesrspoanñaal edse ly  dfeammailinadreasn tdee dl es oalimciptaanrtoe,,  ac ofanl tlao  dqeu eo tsreo 
título habilitante, permitiendo, en su caso, la expulsión del mismo de territorio nacional.
La  sentencia  del  Tribunal  Supremo  ponderó  esas  circunstancias  personales  y 
familiares específicas del recurrente en casación, si bien se constriñe a solventar la 
cuestión  de  la  interpretación  que  haya  de  darse  a  los  artículos  7  y  8  del  Real 
Decreto 240/2007, en lo relativo a la aplicabilidad de dichos preceptos a la reagrupación 
de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles residentes en España, cuestión 
relevante desde el punto de vista del carácter básicamente nomofiláctico del recurso de 
casación. La respuesta del Tribunal Supremo a esa cuestión es positiva, y, para fundar 
su razonamiento, se basa en previas resoluciones del propio órgano jurisdiccional, una 
de las cuales transcribe parcialmente. Ahora bien, como se ha expuesto, la sentencia no 
se adentra en la necesaria ponderación de las circunstancias personales existentes en el 
caso concreto del recurrente en casación.
Esas circunstancias concretas se habían puesto de relieve a lo largo del proceso. En 
particular, el demandante se había referido a su suficiencia de medios en el escrito de 
demanda dirigido al juzgado, en el acto de la vista oral y en la impugnación del recurso 
de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado, afirmando que en ningún caso iba a 
suponer una carga para la asistencia social del Estado, que era el fundamento de la 
modificación  normativa  operada  en  el  Real  Decreto  240/2007  consistente  en  la 
necesidad  de  acreditar  recursos  suficientes.  Además,  había  aportado  distinta 
documentación, entre la que cabe citar un extracto de los movimientos de la cuenta 
corriente, el certificado de empadronamiento, el libro de familia, copia de póliza de 
seguro privado de salud, etc.
Otro tanto cabe decir de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
que basó su fallo en el incumplimiento del requerimiento de acreditación de los recursos 
por parte del cónyuge nacional, sin tener en consideración las alegaciones efectuadas al 
respecto de las circunstancias personales del entonces apelado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Carlos Stuart Rochabrunt Gamarra 
y, en consecuencia:
1.º  Declarar vulnerados sus derechos a la igualdad (art. 14 CE) y a la tutela judicial 
efectiva (art. 24 CE).
2.º  Restablecerle  en  sus  derechos  y,  a  tal  fin,  declarar  la  nulidad  de  la 
sentencia 1137/2018 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, de 3 de julio de 2018, desestimatoria del recurso de casación 
formulado  contra  la  sentencia  396/2017  de  la  Sección  Quinta  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 19 de mayo 
de 2017.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior a aquel en el que se dictó la 
última  resolución  citada,  para  que  se  resuelva  el  recurso  de  apelación  de  forma 
respetuosa con el derecho fundamental vulnerado. s
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». w.b
ACnádnDrdéiadsd oa OC elolnen rdMoe a-TPdaruisdms, aparida no.–u TSeovauenr tódianeg. –omM aMarrzaíoar t ídLneue iszda-oV sBa ramelasilg  vuGeeianr rtCceía.a–l.lJe–ujAóalnfnr. e–JdFooisr méM aGodonont oyz yáraule bzrM iRceailvdgaoas.r..–– OE-A-2020-59able en https://