BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Sábado 31 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 93234
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13011 Sala Primera. Sentencia 127/2021, de 21 de junio de 2021. Recurso de 
amparo  4163-2019.  Promovido  por  don  Juan  Carlos  Asenjo  Grande  en 
relación  con  la  sentencia  de  un  juzgado  central  de  lo  contencioso-
administrativo  en  procedimiento  por  responsabilidad  patrimonial  de  la 
administración de Justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la 
presunción  de  inocencia:  STC  125/2019  (denegación  de  indemnización 
resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 
19 de junio).
ECLI:ES:TC:2021:127
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara, 
don Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4163-2019, interpuesto por don Juan Carlos Asenjo 
Grande, representado por la procuradora de los tribunales doña Teresa del Rosario 
Campos Fraguas y asistido por la abogada doña María Dolores Pena Rey, contra la 
sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 1, de 11 de abril 
de 2019 (procedimiento abreviado núm. 15-2019), que desestimó el recurso contencioso-
administrativo  interpuesto  contra  la  resolución  dictada  por  el  secretario  de  Estado 
de  Justicia,  por  delegación  de  la  ministra  de  Justicia,  de  31  de  agosto  de  2018 
(expediente núm. 373-2017), que denegó la indemnización solicitada en concepto de 
responsabilidad  patrimonial  del  Estado  por  prisión  preventiva.  Han  intervenido  el 
abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Alfredo 
Montoya Melgar.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 3 de julio 
de 2019, la procuradora de los tribunales doña Teresa del Rosario Campos Fraguas, en 
nombre y representación de don Juan Carlos Asenjo Grande y bajo la dirección de la 
abogada  doña  María  Dolores  Pena  Rey,  interpuso  recurso  de  amparo  contra  las 
resoluciones mencionadas en el encabezamiento.
2.  Los hechos relevantes para resolver este recurso de amparo son los siguientes: es
a)  Con fecha 10 de julio de 2017, el recurrente en amparo formuló ante el Ministerio  w.
de Justicia reclamación indemnizatoria por responsabilidad patrimonial del Estado por la  011ww
vdíea  1d0e l 0a0rt0.  2€9 4– mdeá sla l oLse yin Oterrgeásneisc al edgeal lePso dperro cJeuddeicniatel s(L–O cPoJn) .b Saosleic ietón  uqnuae  inhdaebmían iezsatcaidóon 
opcritvuabdroe  ddee  lib2e0r1t9a de enn  vsiirttuuadc idóen  daeu tpor isdieóln  Jpurzegvaednoti vad ed eInssdteru eclc 2ió2n  dneú sme.p t2ie0m dbere  Mala 8d rdide,   BOE-A-cable e
acordado en actuaciones judiciales seguidas por delitos de estafa, falsedad y usurpación 
de estado civil. De esta causa finalmente resultó absuelto, primero por sentencia núm. 
392/2016 de la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid de 11 de julio 
de 2016, posteriormente confirmada por sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo núm. 284/2017, de 19 de abril de 2017, al ser desestimado el recurso de 
casación interpuesto por la acusación particular.
b)  Esta reclamación dio lugar a la incoación del expediente de responsabilidad 
patrimonial  del  Estado  núm.  373-2017,  en  el  que  su  pretensión  fue  finalmente 
desestimada, de acuerdo con el criterio del Consejo de Estado, mediante resolución del 
secretario de Estado de Justicia de 31 de agosto de 2018, dictada por delegación de la 
ministra  de  Justicia,  por  entender  que  su  absolución  no  se  había  producido  por 
inexistencia objetiva del hecho.
c)  Contra la desestimación de la reclamación promovida, la representación procesal 
de don Juan Carlos Asenjo Grande interpuso recurso contencioso-administrativo el 17 de 
agosto de 2017, tramitándose como el procedimiento abreviado núm. 15-2019 de los de 
su clase, ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 1.
d)  Por  sentencia  núm.  58/2019,  de  11  de  abril,  el  Juzgado  Central  de  lo 
Contencioso-Administrativo  núm.  1  desestimó  el  recurso  conforme  al  siguiente 
razonamiento:
«En definitiva, el art. 294 LOPJ se refiere un supuesto específico de error judicial que 
no requiere la previa declaración judicial del mismo, por referirse a supuesto en que la 
resolución penal de absolución o sobreseimiento libre se produce por “inexistencia de 
hecho imputado” y no genéricamente por otros casos de absolución o sobreseimiento 
libre, por lo que cuando no concurre tal supuesto queda abierta la vía del art. 293.2 LOPJ 
para el caso que venía siendo indemnizado como inexistencia subjetiva.
Pues bien, en el presente caso expresa la resolución recurrida que en el fallo de la 
sentencia de la sección decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid, el 11 de julio 
de 2016, no se declara la inexistencia del hecho imputado, requisito fijado por el art. 294 
LOPJ para tener derecho a ser indemnizado […].
Se ha de añadir que tales conclusiones no son contrarias a lo razonado en la 
STC 8/2017 de 19 de enero, que no altera la regulación legal expresada centrándose en 
la  formación  de  los  razonamientos  argumentales  en  relación  con  la  presunción  de 
inocencia, por lo que acuerda es la retroacción de actuaciones» (FJ 2).
3.  El recurrente alega vulneración de los artículos 17.1, 14 y 24.2 CE en relación 
con los artículos 6.2 y 5 del Convenio europeo de derechos humanos.
Alega el recurrente, en primer lugar, que la sentencia recurrida «otorga, en aplicación 
del artículo 294 LOPJ, un tratamiento distinto a supuestos de hecho idénticos vulnerando 
el artículo 14 CE». Con cita de la STC 60/2015, FJ 4, se argumenta que «el trato 
diferente  que  se  aplica  a  quienes  no  son  condenados  por  haberse  probado  la 
inexistencia del hecho y quienes lo han sido por otras razones, carece de justificación, es 
desproporcionada y vulnera el derecho a la igualdad».
Por lo que se refiere al derecho a la presunción de inocencia (arts. 24.2 CE y 6.2 
CEDH), apoyándose en las SSTEDH de 25 de abril de 2006, caso Puig Panella c. 
España y de 13 de julio de 2010, caso Tendam c. España, y en la STC 8/2017, se 
considera infringido porque «para decidir sobre si concurre o no responsabilidad de la 
administración de justicia por prisión provisional no seguida de condena no podrán 
utilizarse argumentos que directa o indirectamente afecten a la presunción de inocencia,  e
puesto que violaría este derecho cualquier razonamiento que ponga en duda la inocencia  bo
del demandante, como el afirmar que la razón de la absolución deriva de la aplicación de  011ww
hloesc hpori ndceilpiciotisv od»e.l proceso penal (presunción de inocencia) y no de la inexistencia del
todoP ocriu údlatidmaon,o e nti ecnuea netlo  dael bdeerr edceh ot odleer alirb elartsa dm (eadrti.d a1s7 .1le CgíEtim), aasle gqau eq usee  easd coipetreton  qpuoer 
el Estado en el seno de una investigación, pues no es otra cosa que el ejercicio del ius
puniendi en aras del interés general. Pero, a su juicio, la privación legítima de libertad 
alcanza tal grado de injerencia sobre el ciudadano que supera toda obligación soportable 
en aras del interés general. Considera que esto lo ha tenido en cuenta el legislador cuando 
ha incluido en nuestro cuerpo normativo el artículo 294.1 LOPJ, y, sin embargo, en casos 
como el presente, el Estado no compensa a los ciudadanos que han sido absueltos por 
aplicación del principio de presunción de inocencia bajo el paraguas de un razonamiento 
retorcido  que,  como  ha  establecido  el  Tribunal  Europeo  Derechos  Humanos  y, 
recientemente, el Tribunal Constitucional en su sentencia de 20 de junio de 2019, vulnera 
los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la igualdad y a la libertad.
4.  Mediante providencia de 25 de enero de 2021, la Sección Primera de este 
tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo presentada, apreciando 
que  concurre  en  el  recurso  especial  trascendencia  constitucional  porque  la  posible 
vulneración del derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley o de 
otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)].
En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  art.  51  LOTC  se  acordó  dirigir  igualmente 
comunicación al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 a fin de que, en 
plazo que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada de las 
actuaciones correspondientes al procedimiento abreviado 15-2019 debiendo previamente 
emplazarse, para que en el plazo de días puedan comparecer, si lo desean, en el recurso 
de amparo, a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente 
en amparo. Y al ser el abogado del Estado, en representación de la administración, parte 
interesada,  se  acuerda  también  notificarle  esta  resolución,  que  le  servirá  de 
emplazamiento,  para  que  en  el  plazo  de  diez  días  pueda  comparecer,  si  lo  estima 
pertinente, con traslado asimismo y a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
5.  El secretario de justicia de la Sección Primera de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 22 de febrero de 2021, acordó tener por personado al abogado del 
Estado.
Por diligencia de ordenación de 23 de marzo de 2021 se tienen por recibidos los 
testimonios de las actuaciones remitidos por el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1, y, constando ya personado en la actuaciones el abogado del 
Estado en nombre y representación de la administración pública, a tenor de lo dispuesto 
en el art. 52 LOTC, se acuerda dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las 
partes personadas por plazo común de veinte días, para que dentro de dicho término 
puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
6.  El demandante presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el 16 de 
abril de 2021, reproduciendo, en esencia, las formuladas en su demanda de amparo.
7.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado en este tribunal el 5 de mayo de 2021, 
interesa el otorgamiento del amparo «una vez que el origen de las lesiones al derecho a 
la presunción de inocencia y al derecho a la igualdad (art. 14 CE) se hallaría en la norma 
legal».  Entiende  que,  dado  que  en  buena  parte  los  planteamientos  sustantivos 
introducidos en el debate son sustancialmente coincidentes con los abordados en la 
STC 125/2019, de 31 de octubre, se debe «reconocer el derecho del recurrente a que la 
decisión  sobre  su  solicitud  de  indemnización  se  adopte,  en  cuanto  a  sus  criterios 
rectores, de acuerdo a las exigencias constitucionales del art. 14 CE y del art. 24.2 CE 
señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019». En la primera de ellas, los incisos «por 
inexistencia objetiva del hecho imputado» y «por esta misma causa» del art. 294.1 LOPJ  e.
son declarados inconstitucionales y nulos por vulneración de los citados artículos. w.
se d8ic. te Esle anbteongcaidao c doenlf oErmstaed ao ,D meeredciahnot ey ,e escnr ictoa sreog diset raedstoim eal c2i1ó nd ed eal brreilc duers 2o0, 2«1s,e i notredreensae 
[d…isp] olan ree treol aaccrti.ó n2 9d4e l LeOxpPeJd,i eyn tes igau laie nindsota nscieiam oppreo rteuln ac aau fcine  dper oqcueed, idmee anctaule raddoe ccuoand loo ,q usee 
acrediten los daños y perjuicios que en su caso se hubieran podido llegar a producir».
Destaca el abogado del Estado que, aunque resulta de aplicación la STC 85/2019, de 19 de 
junio, y, por ello, ha de declararse la vulneración del derecho a la presunción de inocencia al 
haberse  aplicado  un  inciso  del  art.  294.1  LOPJ  declarado  inconstitucional  por  su 
contradicción con el art. 24.2 CE, el fallo de la citada resolución «deja incólume la expresión 
“siempre que se hayan arrogado perjuicios”», lo que implica que el resarcimiento no es 
automático  y  que  no  le  corresponde  al  Tribunal  Constitucional  pronunciarse  sobre  la 
procedencia  del  resarcimiento  determinando  la  realidad  de  los  daños  sino  a  la 
administración una vez depurado el art. 294.1 LOPJ de sus incisos inconstitucionales.
9.  Por providencia de 17 de junio de 2021 se señaló para la deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a las SSTC 85/2019 y 125/2019.
El presente recurso de amparo tiene por objeto la sentencia núm. 58/2019, de 11 de 
abril,  del  Juzgado  Central  de  lo  Contencioso-Administrativo  núm.  1,  recaída  en 
procedimiento abreviado núm. 15-2019, y la resolución de 31 de agosto de 2018 del 
secretario de Estado del Ministerio de Justicia, denegatoria de la indemnización solicitada 
por haber sufrido el recurrente prisión provisional y ser absuelto posteriormente.
Tanto  el  objeto  del  presente  proceso  constitucional  como  los  planteamientos 
introducidos  por  las  partes  en  el  debate  son  sustancialmente  coincidentes  con  los 
abordados por el Pleno del Tribunal Constitucional en la STC 125/2019, de 31 de octubre 
(recurso de amparo núm. 4035-2012), a cuyos fundamentos jurídicos debemos remitirnos. 
En concreto, en su fundamento jurídico 4 se determinaron los efectos sobre el recurso de 
amparo de la declaración de inconstitucionalidad de los incisos «por inexistencia del hecho 
imputado» y «por esta misma causa» del art. 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
por la STC 85/2019, de 19 de julio, para concluir que procede otorgar el amparo en tanto 
«las  resoluciones  ahora  impugnadas  de  aplicación  de  dicha  normativa  –a  la  que 
atendieron  los  órganos  administrativos  y  judiciales  por  estar  entonces  vigente– 
materializan la misma vulneración del derecho a la igualdad y del derecho a la presunción 
de inocencia (arts. 14 y 24.2 CE) que apreciamos en la norma en la que tienen su fuente».
En consecuencia, procede estimar el presente recurso de amparo y reconocer el 
derecho del recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, en 
cuanto  a  sus  criterios  rectores,  de  acuerdo  con  las  exigencias  constitucionales  del 
art. 14 CE y del art. 24.2 CE, señaladas en las SSTC 85/2019, de 19 de junio, y 125/2019, 
de 31 de octubre. Por ello, la retroacción debe remontarse al momento anterior a dictarse 
la resolución del secretario de Estado de justicia de 31 de agosto de 2018, que denegó la 
indemnización y que origina la lesión de los derechos fundamentales a la igualdad y a la 
presunción  de  inocencia,  para  que  la  administración  resuelva  de  nuevo  la  cuestión 
planteada, conforme a las exigencias de los arts. 14 y 24.2 CE, en los términos indicados 
en las STC 85/2019, FJ 13, y la STC 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido bo
consEesctiumeanrc ieal: recurso de amparo interpuesto por don Juan Carlos Asenjo Grande y, en  2021-13011n https://ww
pres1u.nº cióDne dclea rinaor cqeunec hiaa (na rsti.d 2o4 v.2u lCneEr)a.dos sus derechos a la igualdad (art. 14 CE) y a la  BOE-A-cable e
2.º  Restablecerle en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia 
núm. 58/2019, de 11 de abril, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 1, recaída en procedimiento abreviado núm. 15-2019, y de la resolución de 31 de 
agosto  de  2018  del  secretario  de  Estado  del  Ministerio  de  Justicia  dictada  en  el 
expediente núm. 373-2017.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  anterior  a  pronunciarse  la  última 
resolución citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
prisión provisional de forma respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y 
a la presunción de inocencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.