BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 213 Viernes 7 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 65807
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9376 Resolución de 28 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por el registrador mercantil XII de Madrid, por la que se suspende 
la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales.
En el recurso interpuesto por don J. C. R. S., abogado, y don P. F. B., abogado, 
actuando en nombre y representación de la sociedad «Finca La Bulagar, S.L.» y esta a 
su vez como accionista de la sociedad «Royal Premier Hoteles, S.A.», contra la nota de 
calificación extendida por el registrador Mercantil XII de Madrid, don Adolfo García 
Ferreiro, por la que se suspende la inscripción de una escritura de elevación a público de 
acuerdos sociales.
Hechos
I
Por el notario de Marbella, don José Andújar Hurtado, se autorizó el día 9 de octubre 
de 2019, con el número 808 de protocolo, escritura por la que se elevaban a público los 
acuerdos de cese y nombramiento de administrador único adoptados por la junta general 
de la sociedad «Royal Premier Hoteles, S.A.». en fecha 25 de septiembre de 2019 y que 
resultaban del acta autorizada por el notario de Madrid, don Luis Rueda Esteban, el 
mismo día. En la misma escritura pública se requería al notario autorizante para que 
notificase el cese como administrador de la sociedad a quien ostentaba dicho cargo.
De la diligencia de expedición de copia electrónica realizada por el notario autorizante, 
resultaba lo siguiente: «(…) que expido yo el notario autorizante de dicha matriz, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 110.1 de la Ley 24/2001, a solicitud de para su 
remisión al notario don Salvador Barón Rivero. Esta copia electrónica solamente tiene 
validez para la finalidad respecto de la que ha sido solicitada, que es para que se notifique 
a la entidad «Segetur, S.A.» en el cese del cargo de administrador único (…)».
A continuación, resultaba la siguiente diligencia: «Es traslado a papel de la copia 
autorizada electrónica expedida por don José Andújar Hurtado, notario de Marbella, y 
que  expido  yo,  Salvador  Barón  Rivero,  notario  del  Ilustre  Colegio  de  Madrid,  con 
residencia  en  esta  capital,  como  destinatario  de  dicha  copia  electrónica  y  para  la 
finalidad concreta que en la misma se indica (…)».
II
Presentada el día 10 de octubre de 2019 la referida escritura en el Registro Mercantil 
de Madrid, fue calificada con defectos, reiterados en posteriores presentaciones de 
fechas 30 de enero y 5 de marzo de 2020, siendo objeto de la siguiente nota de 
calificación de fecha 28 de abril de 2020:
«Presentada nuevamente en unión de las actas autorizadas el 10 de octubre de 2019  es
(número  2419)  por  el  notario  de  Madrid,  Don  Salvador  Barón  Rivero  y  el  25  de  o
septiembre de 2019, (número 1753) por el notario de Madrid, Don Luis Rueda Esteban y  76ww
odbes deorvsa c leor tsifigicuaiceinotnee:s expedidas el 14 de noviembre de 2019, por Don M. C. M. C., se
artíc1u)l o N4o2 6.s1e  dheal  Rreegallaizmadeon tola  deplr oRveisgióisnt rod eM eforcnadnotsil . pDaicrah ae pl rBovOisRióMnE p uqeudee  ehxaigcee rseel   BOE-A-cable e
efectiva mediante transferencia a la cuenta corriente de La Caixa número (…) y SWIFT 
(…), perteneciente a este registro, debiendo acreditarse la misma mediante testimonio 
de su orden en la telecopia.
2)  La  sociedad  figura  dada  de  baja  provisional  en  el  Índice  de  Entidades  del 
Ministerio de Hacienda comunicada a este Registro a los efectos de lo previsto en los 
artículos 119 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 
y 96 RRM, con el consiguiente cierre registral. (Resoluciones de 1-III-10, 27-II-12, 21-
VI-12, 17-VII-12 Y 4-IX-12).
3)  La sociedad tiene el CIF revocado según mandamiento de revocación remitido a 
este Registro por la Agencia Tributaria (apartado cuarto de la Disposición Adicional Sexta 
de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre de 2.003 añadido por la Ley 36/2006 
de 29 de noviembre de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal.
4)  La hoja de la sociedad a que se refiere el precedente documento, ha sido 
cerrada  por  falta  del  depósito  de  las  cuentas  anuales,  correspondientes  a  los 
ejercicios 2015, 2016 y 2017, conforme a lo establecido en el artículo 282 L.S.C. y 378 
R.R.M.
5)  Debe inscribirse previamente el acta autorizada el 26 de junio de 2017, por el 
notario de Madrid, Don Javier Fernández Merino (número 1571) presentada bajo el 
asiento 127 del Diario 3013, número de entrada 11585/20 (Arts. 10, 11 y 111 RRM).
6)  De dicha Acta 1571/17 resulta la aprobación de las cuentas del ejercicio 2016 lo 
que resulta contradictorio con el contenido de una de dichas certificaciones expedida 
el 14 de noviembre de 2019. (Arts. 10, 11, 58 y 378 RRM).
7)  La copia presentada no es título inscribible ya que su finalidad es la remisión al 
notario de Madrid, Don Luis Rueda Esteban para su traslado a papel (Arts. 17 y 17 bis 
Ley del Notariado, 234 Reglamento Notarial y Resoluciones de 17 de julio de 2017 y 4 de 
diciembre de 2019).»
III
Contra la anterior nota de calificación, don J. C. R. S., abogado, y don P. F. B., 
abogado, actuando en nombre y representación de la sociedad «Finca La Bulagar, S.L.» 
y  esta  a  su  vez  como  accionista  de  la  sociedad  «Royal  Premier  Hoteles,  S.A.», 
interpusieron recurso el día 5 de junio de 2020 en virtud de escrito en el que alegaban, 
resumidamente, lo siguiente:
Que la sociedad «Finca La Bulagar, S.L.» accionista de «Royal Premier Hoteles, 
S.A.», solicitó del Registro Mercantil la convocatoria de junta general de accionistas que 
fue llevada a cabo y que se documentó mediante acta autorizada por el notario de 
Madrid, don Luis Rueda Esteban, en fecha 25 de septiembre de 2019; Que los acuerdos 
en  ella  documentados  son  los  que  sirvieron  de  base  a  la  escritura  objeto  de 
presentación; Que la administración saliente de la sociedad ha tenido ocasión reiterada 
de comparecer y alegar lo que en su derecho estimase oportuno, y Que, en base a 
estos, antecedentes exponen los siguientes motivos de recurso: a) Que aunque el 
artículo  426.1  del  Reglamento  del  Registro  Mercantil  es  claro  no  puede  su 
incumplimiento ser achacado a la parte si no al notario autorizante, y Que no obstante se 
acompaña  justificante  de  transferencia  bancaria;  b)  Que  en  cuanto  a  los  defectos 
segundo y tercero se vuelve a aportar resolución de la Agencia Tributaria por la que la 
Delegación  de  Madrid  remitió  al  Registro  Mercantil  cancelación  de  anotación  de 
declaración  de  fallido  lo  cual  quiere  decir  que  se  ha  verificado  la  solvencia  de  la  e.e
sociedad, se ha rehabilitado el CIF y es operativa a nivel fiscal; c) Que en cuanto a los  b
defectos  quinto  o  sexto,  el  Registro  anota  [sic]  los  documentos  por  orden  de  76ww
apñreosse natnatceisó ny.  pArheosrean tsaed ad iceen  qfeuceh laa  2e4s cdrietu eran edreo  fdeec h2a0 2260 , dtere jsu nmioe sdees 2 d0e1s7p, uréesa lidzea dlaa  qduoes 
ceista odboj,e 1to0  ddee l cRaelifgiclaamcieónnt od edbeel  Rinesgcisritbroir sMe earcnatensti;l ,Q dueeb,e d ines accriubeirrsdeo  acnotens e lla  pprroimpioe raamrtíecnutleo 
presentada y no la posterior que lo ha sido sin otra intención que perjudicar a la
sociedad; Que se ha cumplido además con el mandato del artículo 111 del Reglamento 
del  Registro  Mercantil;  Que  la  parte  desconoce  el  contenido  de  la  escritura 
posteriormente presentada y que se ha traído al registro casi tres años después de su 
otorgamiento; Que realizada consulta resulta que el documento versa sobre reducción y 
ampliación de capital; Que, según se deduce de determinada nota de calificación, la 
junta a que la misma se refiere se celebró sin que asistiera la totalidad del capital; Que, 
en base al artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital, existe el derecho de 
suscripción  preferente;  Que  el  acuerdo  de  incremento  de  capital  es  nulo  de  pleno 
derecho por no haberse reunido los requisitos legales, por lo que es imposible alegar la 
necesidad  de  su  previa  inscripción,  y  Que  de  confirmarse  el  defecto  se  estaría 
fomentando  la  inseguridad  jurídica  derivada  de  la  falta  de  Registro,  además  de 
convalidar una conducta poco ejemplar y reprochable jurídicamente; d) Que, en relación 
al cierre de la hoja social por falta de depósito de cuentas correspondientes a los 
ejercicios 2015 a 2017, los artículos 282 de la Ley de Sociedades de Capital y 378 del 
Reglamento del Registro Mercantil permiten la inscripción del cese de administradores, y 
derivado  de  ello  la  inscripción  del  nuevo  administrador  para  poder  efectuar  las 
operaciones precisas; Que se desconoce la existencia de una presunta aprobación de 
las cuentas del ejercicio 2016, y Que será cuando se inscriba el cese del administrador 
cuando se proceda a aportar la documentación que se precisa de conformidad con el 
artículo 378.6 del Reglamento del Registro Mercantil en el plazo de seis meses, y e) 
Que, en cuanto al último defecto, la escritura está perfectamente identificada así como 
los acuerdos en ella recogidos y Que presentan el original de la escritura autorizada.
IV
El registrador, tras la oportuna instrucción del expediente, emitió informe el día 12 de 
junio de 2020, ratificándose en su calificación, y elevó el expediente a este Centro 
Directivo. No obstante, y en relación al primer defecto, hizo constar que se había 
verificado el depósito a que se refiere el artículo 426 del Reglamento del Registro 
Mercantil. Del informe, resultaba que, notificada la interposición del recurso al notario 
autorizante del título calificado, no realizó alegaciones.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 del Código de Comercio; 13, 14, 104, 106.2 y 282 de la Ley de 
Sociedades de Capital; la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, 
General Tributaria; el artículo 119.2 y la disposición final duodécima de la Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades; los artículos 5, 96, 108, 109, 203 
y 378 del Reglamento del Registro Mercantil, y las Resoluciones de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 2 de febrero de 1979, 26 de mayo y 4 de junio 
de 1998, 23 de diciembre de 1999, 14 de enero y 21 de marzo de 2002, 10 de marzo 
de 2005, 20 de mayo de 2006, 21 de febrero de 2011, 14 de noviembre de 2013, 23 de 
enero, 20 de mayo, 19 de septiembre y 22 de diciembre de 2015, 18 de mayo de 2016, 
18 de enero de 2017, 11 de junio de 2018, 20 de febrero y 23 de julio de 2019 y 7 y 15 de 
enero de 2020, así como la de 15 de septiembre de 2015, ésta del sistema registral en 
contestación a consulta.
1.  Presentada a inscripción escritura de elevación a público de acuerdos sociales 
de cese y nombramiento de administrador único, es objeto de calificación negativa por  e.e
siete motivos distintos. De ellos los recurrentes no discuten el primero relativo a la falta  b
de provisión del coste de publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil»,  76ww
haaubniqtuuael . haEcl erne gailsgturandoosr  cpoomr esnuta rpioasr tes obinrfeo rlmo aq uqeu ea  ysau  jsueic ioh ac ornesatliitzuaydeo  uenla  dperpáócstiictoa 
cpolarnretesapdoansd.iente por lo que esta Resolución se referirá únicamente al resto de cuestiones
2.  Por lo que se refiere a los defectos numerados con los números dos y tres 
relativos al hecho de que consta en el Registro Mercantil que la sociedad se encuentra 
dada de baja provisional en el Índice de Entidades del Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, así como que su número de identificación fiscal ha sido objeto de revocación 
no cabe sino confirmar plenamente la calificación.
En  relación  al  cierre  registral  como  consecuencia  de  la  baja  provisional  de  la 
sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
este Centro Directivo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones (vid. las Resoluciones 
citadas en el apartado «Vistos» de la presente), con referencia a los efectos de cierre 
provocados por la nota marginal de baja provisional en el Índice de Sociedades. La 
doctrina de esta Dirección General al respecto se construyó sobre la redacción del 
artículo 131.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (y en el artículo 137 de la 
Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, refundido por aquél), 
que  establecía  que  en  caso  de  baja  provisional  de  una  sociedad  en  el  Índice  de 
Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se imponía un cierre 
registral prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en 
dicho Índice.
La regulación actual se contiene en el artículo 119.2 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades que tiene el siguiente contenido: «El acuerdo 
de  baja  provisional  será  notificado  al  registro  público  correspondiente,  que  deberá 
proceder a extender en la hoja abierta a la entidad afectada una nota marginal en la que 
se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse ninguna inscripción que a 
aquélla concierna sin presentación de certificación de alta en el índice de entidades».
Por lo que se refiere al hecho de que resulta del contenido del registro el hecho de la 
revocación  del  número  fiscal  de  la  sociedad,  la  disposición  adicional  sexta  de  la 
Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria que dispone lo siguiente en su cuarto 
apartado: «Cuando la revocación se refiera a una entidad, la publicación anterior también 
determinará que el registro público en que esté inscrita, en función del tipo de entidad de 
que se trate, proceda a extender en la hoja abierta a la entidad a la que afecte la 
revocación una nota marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá 
realizarse inscripción alguna que afecte a esta, salvo que se rehabilite dicho número o se 
asigne un nuevo número de identificación fiscal».
El precepto, añadido por el artículo 5.17 de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de 
medidas para la prevención del fraude fiscal, y reformado por el artículo único, 61 de la 
Ley 34/2015, de 21 de septiembre de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria tiene importantes consecuencias en el ámbito del Registro 
Mercantil pues, como puso de relieve la contestación de esta Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 15 de septiembre de 2015 a la consulta de la Subdirección 
General de Verificación y Control Tributario del Departamento de Gestión Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de fecha 3 de julio de 2015, se resuelven en 
la práctica de una nota marginal distinta a la que provoca la baja provisional en el Índice 
de Sociedades.
Como se puso entonces de relieve, la revocación del número de identificación fiscal 
obedece a una razón de ser y es objeto de un procedimiento distinto del que provoca la 
nota  marginal  de  cierre  previsto  en  el  artículo  119.2  de  la  Ley  del  Impuesto  de 
Sociedades.
La  regulación  del  número  de  identificación  fiscal  se  comprende  en  Real  s
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las  oe.
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las  w.
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. El procedimiento  76ww
ednem caornccaens iódne nsetr oc odnete mlopsla  perno cseud aimrtiíecnutloos 2 3d ey  ecl odmep rreovboaccaiócnió ne y  irnevheasbtiilgitaacciióónn,,  qeune  sseu 
aDretíccrueltoo  114077 0(r/e2f0o1r7m, addeo  2e9n  dceu adnictoie ma blare r)e, hdaeb icliutaycai órne gpuolar cviiórtnu dre dseull taanrt ílcausl oc o1n.2s9e cdueel nRceiaasl   BOE-A-cable e
y  efectos  derivados  de  ambas  situaciones.  Específicamente  el  procedimiento  de 
revocación, que obedece al incumplimiento de las obligaciones fiscales que el propio 
precepto determina, se sujeta al procedimiento en el mismo regulado y culmina con la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
En conclusión, el efecto de cierre total de la hoja social es el mismo tanto en el 
supuesto de baja provisional en el Índice de Entidades como en el de revocación del 
número de identificación fiscal, sin perjuicio de que la práctica de cada una de estas 
notas marginales así como su cancelación se practique en virtud de títulos igualmente 
distintos.
3.  La regulación expuesta se completa con la del artículo 96 del Reglamento del 
Registro Mercantil que establece lo siguiente: «Practicado en la hoja registral el cierre a 
que se refieren los artículos 276 y 277 del Reglamento del Impuesto de Sociedades, sólo 
podrán extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquellos que hayan 
de contener los actos que sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así 
como los relativos al depósito de las cuentas anuales».
El contenido de estas normas, según la reiterada doctrina de este Centro Directivo, 
es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre por baja provisional 
en el Índice de Entidades, a la que hay que añadir la provocada por la revocación del 
número de identificación fiscal, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la 
sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas. Y producido tal cierre ni siquiera 
pueden inscribirse actos que se hayan formalizado con anterioridad a dicho cierre.
A la luz de la regulación expuesta, el recurso no puede prosperar pues entre las 
excepciones  a  la  norma  de  cierre  que  los  preceptos  transcritos  contemplan  no  se 
encuentra ni el cese de administrador ni el nombramiento de uno nuevo como ha tenido 
ocasión de recordar esta Dirección General (vid. Resolución de 11 de junio de 2018).
Los  recurrentes  hacen  referencia  a  que  consta  en  el  registro  el  mandamiento 
expedido por la Agencia Tributaria por el que se solicita la cancelación de la anotación 
preventiva  de  declaración  de  fallido,  que  a  su  juicio,  implica  la  acreditación  de  la 
regularidad de la situación fiscal de la sociedad.
Dejando de lado el hecho de que el objeto de la presente lo constituye la calificación 
producida por el documento a que se refieren los hechos y no la cancelación de otro 
asiento que no forma parte del expediente, es patente la confusión de los recurrentes 
sobre  el  alcance  y  contenido  de  las  distintas  medidas  que  puede  adoptar  la 
Administración Tributaria en ejercicio de su competencia. Cada una de tales medidas 
tiene, en relación con el Registro Mercantil, su regulación procedimental, su título apto 
para la toma de razón y su título apto para su cancelación. La regulación contenida en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en relación a la declaración de 
fallido (artículo 173 en relación al artículo 62.3 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación), no puede confundirse 
con la ya analizada para la toma de razón y cancelación de las nota marginal de baja 
provisional en el índice de entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 
con la nota marginal de revocación del número de identificación fiscal.
No resultando que se haya presentado en el Registro Mercantil la certificación de alta 
a que se refiere el artículo 119.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, en relación a la nota marginal de baja provisional, ni tampoco el 
documento  que  acredite  la  rehabilitación  u  otorgamiento  de  un  nuevo  número  de 
identificación fiscal a que se refiere la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, 
de 17 diciembre, General Tributaria, no cabe sino confirmar la calificación del registrador. s
4.  También debe ser confirmado el defecto relativo a la imposibilidad de practicar  oe.
las  inscripciones  solicitadas  por  encontrarse  cerrada  la  hoja  de  la  sociedad  como  w.
consecuencia  de  no  haberse  depositado  las  cuentas  correspondientes  a  los  76ww
ejercCicoimoso  2h0a1 5r,e 2c0o1rd6a yd 2o0 1re7c.ientemente la Resolución de 10 de junio de 2020 (3.ª),
dreesppoescittaor  dlaes  lacsu ecnotanss eacnuueanlceisa,s  eql ucela rsoe  mdaenridvaanto  dneol rminacutivmop lcimonietenntoid od ee nla  eol balrigtíaccuilóon 2 d8e2   BOE-A-cable e
de la Ley del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, así como en el artículo 378 y en la disposición 
transitoria  quinta  del  Reglamento  del  Registro  Mercantil,  no  dejan  lugar  a  dudas: 
transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya 
practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente 
aprobadas, no puede inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el 
incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas y entre ellas la 
relativa al cese o dimisión de administradores, aunque no el nombramiento de quienes 
hayan de sustituirles en dicho cargo.
De  acuerdo  con  la  regulación  expuesta  debería  poder  inscribirse  el  cese  del 
administrador único pero la concurrencia de las notas marginales de baja provisional y 
de revocación del número de identificación fiscal lo impide.
No  altera  dicha  circunstancia  la  presentación,  junto  a  la  escritura  pública,  de 
certificaciones emitidas por el administrador elegido en la junta general a que se refiere 
aquella, de conformidad con el artículo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 
Mientras  no  resulte  la  cancelación  de  las  notas  marginales  de  cierre  de  continua 
referencia  ni  cabe  la  inscripción  de  cese  y  nombramiento  de  administrador  ni  la 
simultánea constancia de no aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los 
ejercicios a que se refiere la resolución del registrador.
5.  Por lo que se refiere a los defectos quinto y sexto, merecen un tratamiento 
conjunto por referirse a un documento presentado con posterioridad al que es objeto de 
calificación y que ha sido, igualmente, calificado con defectos.
De acuerdo con la calificación impugnada debe despacharse este documento con 
carácter previo así como resolverse la contradicción entre su contenido, por cuanto del 
mismo  resulta  la  aprobación  de  las  cuentas  de  la  sociedad  correspondientes  al 
ejercicio 2016, y la certificación que acompaña a la escritura y de la que resulta su no 
aprobación a los efectos del artículo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Los 
recurrentes entienden que debe respetarse el orden de presentación así como que el 
documento retrasado carece de validez. En relación a la aprobación de las cuentas 
anuales del ejercicio 2016 se afirma que se desconoce tal circunstancia y que será tras 
la apertura del folio y en el plazo de seis meses cuando el nuevo administrador inscrito 
procederá en la forma establecida en el artículo 378.5 del Reglamento del Registro 
Mercantil.
El análisis de la situación contenida en el registro, de la calificación emitida y del 
contenido del escrito de recurso impone que por esta Dirección General se hagan una 
serie de pronunciamientos.
En  primer  lugar,  es  doctrina  consolidada  de  esta  Dirección  General  (vid.  las 
Resoluciones de 17 de marzo de 1986, 25 de junio de 1990, 13 de febrero y 25 de julio 
de 1998, 29 octubre de 1999, 28 de abril de 2000, 31 de marzo de 2001, 5 de junio y 20 
de diciembre de 2012, 3 de julio de 2013, 31 de enero y 2 de agosto de 2014, 29 de 
enero de 2018 y 15 y 23 de julio de 2019), que el registrador en su calificación deberá 
tener en cuenta no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los 
auténticos y relacionados con éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto 
de que, al examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de 
despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la 
calificación, así como evitar inscripciones inútiles e ineficaces.
La doctrina expuesta se fundamenta en que no cabe una traslación mecánica de los 
principios registrales que juegan en el registro de bienes prototípico como es el Registro  s
de  la  Propiedad  en  el  registro  de  personas  que  es  nuestro  Registro  Mercantil.  La  oe.
preferencia excluyente o en rango de derechos reales distintos impuestos sobre una  w.
misma finca no es lo mismo que la contradicción que se ventila entre hechos registrables  76ww
isnucjoemtop iantsibclreibsi b(lneo ermn aelml erengteis taroc udeer dpoesr syo ndaesc.i sEionn eusn  sroecgiiaslteros ) dqeu pee srseo npares dcicoamno  dees  uenl 
Rqueeg isetnro u nM erercgaisnttriol,  deel  lblaiemnaedso,  dporinndceip iloo sd dee prericohroidsa dq uneo  spoubered ee ltloesn erre ceal igmaisnm oo  baielcna nsocen   BOE-A-cable e
incompatibles o gozan entre sí de preferencia en razón del momento de su acceso al 
registro. Por ello, aunque el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil haga una 
formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de 
ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro 
Mercantil  y  el  alcance  de  la  calificación  donde  los  principios  de  legalidad  y  de 
legitimación tienen su fuente en la Ley (en el Código de Comercio).
En segundo lugar, no puede discutirse en el ámbito de este expediente la validez del 
documento presentado con posterioridad al exceder por completo de lo que constituye su 
objeto. Dispone el artículo 326 de la Ley Hipotecaria lo siguiente: «El recurso deberá 
recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente 
con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en 
otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma».
En base a dicho precepto, es continua doctrina de esta Dirección General (vid., por 
todas, Resolución de 14 de julio de 2017, basada en el contenido del artículo y en la 
doctrina de nuestro Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de mayo de 2000), que el objeto 
del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es 
exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho. Dicha 
doctrina es de plena aplicación al recurso contra la calificación de un registrador en el 
ámbito  del  Registro  Mercantil  pues  de  conformidad  con  la  disposición  adicional 
vigesimocuarta  de  la  Ley  24/2001,  de  27  de  diciembre,  de  Medidas  Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social: «La regulación prevista en el sección 5.ª del capítulo 
IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad 
es también aplicable a los recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del 
de Bienes Muebles».
En tercer lugar, la pretensión de que se abra la hoja social para que luego el 
administrador  lleve  a  cabo  los  actos  precisos  para  esa  apertura  es  inviable  por 
contradecir  frontalmente  el  contenido  del  artículo  378  del  Reglamento  del  Registro 
Mercantil que si bien permite que la falta de acreditación se haga «en cualquier tiempo» 
(número  7),  exige  que  sea  con  carácter  previo  a  la  práctica  de  cualquier  asiento 
(número 1).
Establecido lo anterior el defecto señalado con el número 5 no podría mantenerse tal 
y  como  aparece  formulado  en  la  resolución  del  registrador  por  carecer  de 
fundamentación que justifique la necesidad de despacho previo requerida, privando al 
interesado (y a esta propia dirección en alzada), de la motivación a combatir en su 
escrito de recurso. Lo que ocurre es que es en el siguiente número donde el registrador 
señala dicha fundamentación señalando la evidente contradicción entre la certificación 
aportada  por  la  sociedad  de  la  que  resulta  la  no  aprobación  de  las  cuentas  del 
ejercicio 2016 y el contenido del documento posteriormente presentado, un acta notarial, 
de la que resulta lo contrario. Procede por tanto la desestimación del motivo de recurso.
6.  El mismo destino merece el último de los defectos señalados habida cuenta de 
que la escritura presentada a inscripción es el traslado a papel de copia electrónica 
emitida a los efectos de notificar al administrador cesado el hecho del cese, tal y como 
resulta de los hechos.
Como afirma la Resolución de 4 de diciembre de 2019 (2.ª): «En cuanto a la finalidad 
y el destinatario de la copia expedida con firma electrónica, dispone el artículo 17 bis, 
apartado 7, de la Ley del Notariado que «las copias electrónicas sólo serán válidas para 
la concreta finalidad para la que fueron solicitadas, lo que deberá hacerse constar 
expresamente en cada copia indicando dicha finalidad»; y el artículo 224.4, párrafo  s
segundo  del  Reglamento  Notarial  prescribe  que  «en  la  expedición  de  las  copias  oe.
autorizadas  electrónicas  se  hará  constar  expresamente  la  finalidad  para  la  que  se  w.
expide, siendo sólo válidas para dicha finalidad, y su destinatario, debiendo dejarse  76ww
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esóxploe ddeic isóun .traslado a papel– deriva únicamente de la concreta finalidad expresada en su  BOE-A-cable e
En definitiva, lo esencial es que el traslado de la copia electrónica a papel sea 
utilizado de manera congruente con la finalidad para la que se ha expedido aquélla.
El hecho de que acompañando al escrito de recurso se presente a este expediente 
de recurso otra copia no desvirtúa la conclusión anterior habida cuenta de que, como es 
doctrina reiterada, el expediente de recurso no es adecuado para la subsanación de 
defectos señalados en la calificación (Resolución de 6 de marzo de 2017), ni puede tener 
en cuenta documentos distintos a aquellos en virtud de los que el registrador llevó a cabo 
su calificación (Resoluciones de 22 de mayo y 14 de diciembre de 2017, entre otras).
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 28 de julio de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.