BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 277 Viernes 19 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 142547
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
19043 Orden TES/1267/2021, de 17 de noviembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a 
la  financiación  del  «Programa  Investigo»,  de  contratación  de  personas 
jóvenes  demandantes  de  empleo  en  la  realización  de  iniciativas  de 
investigación  e  innovación,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
Tras  la  declaración  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  de  la  pandemia 
internacional provocada por la COVID-19, el 11 de marzo de 2020, los Estados miembros 
de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para 
proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este 
momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que 
impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó 
un paquete de medidas de gran alcance.
Estas medidas aúnan el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado 
y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation 
EU), cuyo elemento central es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido 
por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
La instrumentación de la ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de 
Recuperación  se  realizará  a  través  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, y de 
conformidad con lo establecido por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la 
aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council 
Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021.
Los  proyectos  que  constituyen  dicho  Plan  permitirán  la  realización  de  reformas 
estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones y, por lo 
tanto, posibilitarán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía 
tras la pandemia causada por la COVID-19 y, además, una transformación hacia una 
estructura más resiliente que afronte con éxito otras posibles crisis o desafíos en el 
futuro.
En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la política 
palanca VIII. «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo», se encuadra el 
Componente  23  «Nuevas  políticas  públicas  para  un  mercado  de  trabajo  dinámico, 
resiliente e inclusivo», liderado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y en 
cuyas iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural participa el Servicio Público 
de Empleo Estatal.
Uno de los objetivos de este Componente es reformar e impulsar las políticas activas 
de empleo, mejorando la cohesión del Sistema Nacional de Empleo, con un enfoque 
centrado en las personas y en las empresas, orientándolas hacia resultados evaluables, 
coherentes  con  la  innovación,  la  sostenibilidad  y  las  transformaciones  productivas,  s
apoyadas en la mejora de las capacidades y en la transformación digital de los servicios  oe.
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frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia. Por su parte, la Recomendación
del Consejo relativa al PNR de 2019 sugiere a España garantizar que los servicios de 
empleo sean capaces de proporcionar un apoyo efectivo.
En particular, el análisis europeo viene señalando el reto del desempleo juvenil, que 
representa un peligro para el equilibrio generacional, y el riesgo de exclusión socio 
laboral de los colectivos más vulnerables, con especial énfasis en el desempleo de larga 
duración, y lo mismo cabe decir de la persistencia de la desigualdad de género. Es 
importante señalar que las personas jóvenes trabajadoras son de los colectivos más 
perjudicados con las sucesivas crisis económicas. En el mercado de trabajo español se 
tienen, además, que enfrentar a la temporalidad de su contratación y al requisito de la 
experiencia laboral previa para poder acceder al mercado laboral.
Las circunstancias de las economías desarrolladas y, en particular, las características 
de los mercados de trabajo en su respuesta a los retos globales de sostenibilidad y 
competitividad requieren un fortalecimiento de las políticas activas de empleo y abocan a 
un nuevo enfoque en su provisión por parte de los servicios públicos de empleo. De esta 
forma,  se  contribuye  a  la  implementación  efectiva  del  Pilar  Europeo  de  Derechos 
Sociales, especialmente, en lo que respecta a su capítulo I, referido a la igualdad de 
oportunidades y acceso al mercado laboral, y a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), principalmente, a través 
del  ODS  8,  dirigido  a  promover  el  crecimiento  económico  sostenido,  inclusivo  y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Dentro de las reformas e inversiones propuestas en el mencionado Componente 23 
«Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», 
se  incluye  la  Inversión  1,  «Empleo  Joven»,  en  la  que  se  incardina  el  «Programa 
Investigo»,  que  supone  un  apoyo  operativo  al  objetivo  estratégico  de  mejorar  la 
empleabilidad de las personas jóvenes, como destinatarias finales.
La  aprobación  de  las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones  previstas  en  el 
«Programa  Investigo»  constituye  el  objeto  de  esta  norma,  cuya  finalidad  es  la 
contratación de personas jóvenes, mayores de 16 y menores de 30 años, investigadoras, 
tecnólogas, personal técnico y otros perfiles profesionales en I+D+i, así como, en su 
caso, el personal de apoyo a la investigación, en organismos públicos de investigación y 
difusión  del  conocimiento,  universidades  públicas,  centros  tecnológicos,  parques 
científicos y tecnológicos, entidades públicas sujetas a derecho privado y entidades 
privadas sin ánimo de lucro, como fundaciones, junto con empresas que inviertan en 
investigación e innovación.
Las actividades objeto de las ayudas enmarcadas en esta orden se desarrollarán por 
las  personas  jóvenes  señaladas,  en  las  iniciativas  relacionadas  con  la  sanidad,  la 
transición ecológica y la economía verde (energías renovables, eficiencia energética, 
tratamiento de aguas y residuos e industria agroalimentaria), la digitalización de servicios 
e ingeniería de datos o science data, así como todo proyecto de investigación destinado 
a las áreas sociales, culturales, artísticas o cualquier otro ámbito de estudio. Con este 
programa se revierte en la sociedad la alta formación de tecnólogos y tecnólogas.
Dentro de los objetivos generales descritos es necesario generar los instrumentos 
jurídicos en cada una de las líneas maestras de actuación, donde la Inversión Empleo 
Joven es un pilar fundamental para lograr la inserción laboral de las personas jóvenes, 
mayores de 16 y menores de 30 años, que son una generación azotada notablemente 
por la crisis financiera y sanitaria, lo que demanda su atención preferente, y proporciona 
una alternativa a los jóvenes para su inserción laboral, en sintonía con la Estrategia 
europea Next Generation. s
Esta orden regula, pues, el «Programa Investigo» y establece las bases que han de  oe.
regir la concesión de subvenciones públicas destinadas a financiar dicho programa tanto  w.
por  el  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  como  por  las  diferentes  comunidades  043ww
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de  Subvenciones,  como  el  Reglamento  que  la  desarrolla,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, disponen como su contenido obligatorio.
En esa línea, se contempla un conjunto de disposiciones comunes para todas las 
subvenciones que se concedan por las diferentes administraciones públicas, sin perjuicio 
de las competencias de ejecución y de autoorganización que tienen reconocidas las 
comunidades autónomas.
En particular, se prevé que la concesión y justificación de la subvención se realice a 
través del régimen de módulos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 76 a 79 
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Para implementar dicho régimen de 
módulos, en esta orden se establecen como módulos las cantidades que configuran los 
costes unitarios por persona contratada participante determinados en el informe técnico 
elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal para este programa.
Debido al particular proceso temporal de aprobación del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia por parte de las instituciones europeas, las subvenciones 
del «Programa Investigo» no se incluyeron en el Plan Estratégico de Subvenciones del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social. Empero, existe una necesidad de acometer 
esta actuación no prevista, basada en el interés social y general de que el Gobierno de 
España realice un útil aprovechamiento de los fondos europeos Next Generation EU, los 
cuales no siguen el ciclo presupuestario y legislativo nacional.
Esta iniciativa contribuye al logro del objetivo n.º 342 del Anexo de la precitada 
Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 
recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de contar 
antes de fin de 2025 con un total de 18.300 personas que terminen los programas de la 
Inversión 1, con una participación de 21.900 personas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, estas ayudas se enmarcan en la Estrategia 
Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 (EECTI).
Por  último,  será  de  aplicación  a  estas  bases  reguladoras,  así  como  a  las 
convocatorias que se publiquen en su aplicación, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en las reglas que agilizan y flexibilizan la tramitación de las subvenciones 
financiables con fondos europeos.
De  acuerdo  con  dicho  real  decreto-ley  y  en  aplicación  de  su  artículo  62,  las 
subvenciones objeto de esta orden se tramitarán según el procedimiento de concurrencia 
no  competitiva  establecido  en  dicho  artículo,  en  tanto  se  trata  de  subvenciones 
relacionadas financiables con fondos europeos, reguladas por la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre,  cuyo  objeto  es  financiar  actuaciones  concretas  que  no  requieren  de 
valoración comparativa con otras propuestas, por lo que las resoluciones de concesión 
se  dictarán  por  orden  de  presentación  de  solicitudes,  una  vez  realizadas  las 
comprobaciones de concurrencia de la actuación subvencionable y el cumplimiento del 
resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en 
la convocatoria.
Asimismo, en el ámbito de gestión de las comunidades autónomas competentes se 
podrá aplicar para la selección de beneficiarios de las subvenciones y su concesión, el 
procedimiento de concurrencia competitiva.
En el caso de la Administración General del Estado las bases reguladoras de estas 
subvenciones se aprobarán mediante orden ministerial, siendo de aplicación en todo lo  s
que sea compatible lo previsto en la citada Ley. oe.
Esta orden cumple con los principios de buena regulación, de necesidad, eficacia,  w.
proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia,  y  eficiencia,  previstos  en  el  043ww
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concesión de las subvenciones para financiar el «Programa Investigo». De la misma 
manera,  en  cumplimiento  del  principio  de  proporcionalidad,  la  norma  establece  la 
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir como es la regulación de 
este programa, así como el establecimiento de las bases reguladoras.
Por otra parte, en virtud del principio de seguridad jurídica, esta orden es coherente 
con el conjunto del ordenamiento normativo en su ámbito de aplicación. Igualmente, se 
ha tenido en cuenta el principio de transparencia, definiéndose el objeto y ámbito de 
aplicación, así como se ha promovido la participación de los potenciales destinatarios, 
siendo objeto de diálogo social, y de las administraciones competentes en el proceso de 
tramitación de la misma.
Finalmente,  en  aplicación  del  principio  de  eficiencia,  esta  orden,  estableciendo 
criterios objetivos y claros sobre el ciclo completo de gestión de la tramitación de las 
subvenciones, persigue una correcta utilización de los recursos públicos.
En el proceso de elaboración de esta orden han sido consultadas las comunidades 
autónomas  y  las  asociaciones  empresariales  y  organizaciones  sindicales  más 
representativas; ha sido informado el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, 
y ha sido informada la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, ha 
emitido informe la Abogacía del Estado en el Departamento, así como la Intervención 
Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Servicio 
Público de Empleo Estatal.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  Esta  orden  tiene  por  objeto  establecer  las  bases  reguladoras  de  las 
subvenciones del «Programa Investigo», de acuerdo con la dotación presupuestaria que 
se asigne a tal fin. Constituye una actuación incluida en la Inversión 1, «Empleo Joven», 
comprendida en el Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de 
trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, y por 
la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan 
de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de 
julio de 2021.
El Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas, serán las 
administraciones ejecutoras e impulsarán y subvencionarán el «Programa Investigo», 
cuyo objeto serán las subvenciones reguladas en la presente norma, para la contratación 
de personas jóvenes demandantes de empleo, de 16 o más años y que no hayan 
cumplido  treinta  años  en  el  momento  de  comenzar  la  relación  contractual,  por  los 
organismos  de  investigación  y  difusión  de  conocimientos,  universidades  públicas, 
centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, entidades públicas sujetas a 
derecho privado y entidades privadas sin ánimo de lucro, junto con empresas que estén 
invirtiendo en investigación e innovación pertenecientes al sector público o privado, en la 
realización de iniciativas de investigación e innovación contempladas en esta norma.
2.  El ámbito de aplicación de esta orden se extiende a todo el territorio nacional, sin 
perjuicio  de  las  competencias  de  ejecución  y  de  autoorganización  que  tienen 
reconocidas  las  comunidades  autónomas.  Las  entidades  públicas  o  privadas 
beneficiarias deberán tener su domicilio social en España. e.
3.  De acuerdo con lo recogido en el presupuesto de gastos del Servicio Público de  w.b
Empleo  Estatal  para  2021,  las  subvenciones  se  financiarán  mediante  los  recursos  043ww
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de  estas  subvenciones  financiables  con  fondos  europeos  les  será  de  aplicación  lo
previsto por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Asimismo, las subvenciones reguladas en esta orden están sujetas, en todo caso, al 
cumplimiento, ejecución y realización de los hitos y objetivos fijados en el Plan de 
Recuperación, Trasformación y Resiliencia, de conformidad con la Decisión de Ejecución 
del  Consejo  relativa  a  la  aprobación  de  la  evaluación  del  plan  de  recuperación  y 
resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID) y estarán sometidas a la 
plena aplicación de los mecanismos de gestión y control que se establezcan para el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y demás normativa de la Unión Europea 
aplicable  a  la  gestión,  seguimiento  y  control  que  se  establezca  para  el  Plan  de 
Reconstrucción, Trasformación y Resiliencia, así como a las obligaciones específicas 
relativas a la información y a la publicidad, a la verificación y a las demás impuestas por 
la normativa de la Unión Europea.
4.  Las ayudas previstas en estas bases reguladoras reúnen las condiciones para 
calificarse como subvención y están sujetas a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, su normativa de desarrollo y demás normativa aplicable. 
Estas ayudas no constituyen una ayuda de Estado, en los términos previstos en los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pues su 
concesión no falsea ni amenaza falsear la competencia, favoreciendo a determinadas 
empresas o producciones. Esta medida constituye, además, una medida de fomento del 
empleo.
Artículo 2.  Actividades y ocupaciones de preferente cobertura.
1.  Las actividades objeto de las ayudas enmarcadas en esta orden se desarrollarán 
por las personas capacitadas para llevar a cabo proyectos de investigación en calidad de 
investigadoras, tecnólogas, personal técnico y otros perfiles profesionales en I+D+i, así 
como, en su caso, el personal de apoyo a la investigación, facilitando su inserción laboral 
tanto  en  el  sector  público  como  en  el  privado  para  contribuir  a  incrementar  la 
competitividad  de  la  investigación  y  la  innovación.  Como  personal  de  apoyo 
subvencionado se podrá contratar hasta un 10 por ciento del total de puestos de trabajo 
ofertados, excluyéndose en todo caso los trabajos de apoyo administrativo.
2.  Las iniciativas de innovación e investigación y las de los departamentos de I+D+i 
se  desarrollarán  preferentemente  en  ocupaciones  referidas  a  sanidad,  transición 
ecológica, economía verde (energías renovables, tratamiento de aguas y residuos e 
industria agroalimentaria), así como digitalización de servicios y «data science».
Artículo 3.  Financiación.
1.  Las  subvenciones  previstas  en  esta  orden  se  financiarán  con  cargo  a  los 
correspondientes fondos dotados en el Presupuesto de gastos del Servicio Público de 
Empleo  Estatal,  en  el  marco  de  los  fondos  europeos  del  Mecanismo  para  la 
Recuperación y la Resiliencia, dentro del programa 240A.
2.  En el ámbito de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal la financiación se 
efectuará  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  «19.101.240A.482.96  Reserva  de 
gestión directa. Servicio Público de Empleo Estatal. Inversión PAES III. Empleo Joven. 
Programa de Investigación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».
3.  En  el  ámbito  de  gestión  de  las  comunidades  autónomas  la  financiación  se  es
efectuará con cargo a la partida presupuestaria «19.101.240A.454.30 Gestión por las  bo
Comunidades  Autónomas.  Inversión  PAES  III.  Empleo  Joven.  Programa  de  043ww
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criterios  objetivos  acordados  por  la  Conferencia  Sectorial  de  Empleo  y  Asuntos 
Laborales.
Artículo 4.  Beneficiarios de la subvención.
1.  Podrán  tener  la  condición  de  beneficiarios  de  la  subvención  en  las 
correspondientes convocatorias, efectuadas al amparo de esta orden, en los términos 
que las mismas establezcan, y siempre que cumplan los requisitos exigidos en cada 
caso, los siguientes organismos, centros y entidades de investigación y de difusión de 
conocimientos:
a)  Organismos  públicos  de  investigación  definidos  en  el  artículo  47  de  la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
b)  Universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades privadas 
con capacidad y actividad demostrada en I+D+i, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  de  Universidades,  que  estén  inscritas  en  el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos, creado por el Real Decreto 1509/2008, 
de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos.
c)  Centros  e  instituciones  sanitarias  públicas  y  privadas  sin  ánimo  de  lucro, 
vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud, que desarrollen actividades 
de I+D+i.
d)  Institutos  de  investigación  biomédica  o  sanitaria  acreditados  por  orden 
ministerial.
e)  Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la Innovación 
Tecnológica de ámbito estatal que estén inscritos en el registro de centros creado por el 
Real  Decreto  2093/2008,  de  19  de  diciembre,  por  el  que  se  regulan  los  Centros 
Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se 
crea el Registro de tales Centros.
f)  Otros centros públicos de I+D+i, con personalidad jurídica propia, que, en sus 
estatutos o en su objeto social o en la normativa que los regule, tengan la I+D+i como 
actividad principal.
g)  Centros privados de I+D+i, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia, 
que tengan definida, en sus estatutos o en su objeto social o en la normativa que los 
regule, la I+D+i como actividad principal.
h)  Empresas pertenecientes al sector público o privado, que estén invirtiendo en la 
realización de iniciativas de investigación e innovación contempladas en esta norma.
i)  También podrán ser entidades y centros beneficiarios, los centros de I+D a que 
se refiere la disposición adicional decimocuarta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, y los 
centros públicos de investigación agraria y alimentaria de las comunidades autónomas, 
integrados  en  las  Consejerías  responsables  de  la  investigación  agroalimentaria, 
participantes  en  la  Comisión  Coordinadora  de  Investigación  Agraria  INIA-CCAA.  Si 
alguno de ellos careciese de personalidad jurídica propia, constará como beneficiaria la 
administración pública a la que pertenezca.
2.  No podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones reguladas 
en esta orden las entidades y centros en quienes concurra alguna de las circunstancias 
contempladas en el artículo 13. 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo  5.  Destino  de  las  subvenciones  públicas,  cuantías  y  financiación  de  las  oe.
mismas. w.
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duración de los contratos a subvencionar será de un mínimo de 12 meses. La duración 
de la subvención será de un máximo de dos años.
Los contratos objeto de subvención, que habrán de ser a tiempo completo, se 
realizarán conforme a la normativa laboral. No se podrán contratar personas jóvenes que 
hayan desempeñado cualquier tipo de puesto de investigación en la misma entidad, 
empresa o grupo de empresas en el plazo de 6 meses inmediatamente anteriores.
2.  Los costes laborales incluirán:
a)  Costes laborales y salariales, incluyendo la cotización por todos los conceptos a 
la Seguridad Social.
b)  Ayudas al desplazamiento, por importe de 1.000 euros por año a tanto alzado 
por persona contratada, cuando estas tengan residencia en provincia o isla diferente de 
donde van a desempeñar su puesto de trabajo, que serán de aplicación a un máximo 
del 50 por ciento de las personas contratadas, hasta agotar el crédito disponible a tal fin. 
Una vez seleccionadas las personas trabajadoras para ocupar los puestos objeto de la 
subvención,  las  entidades  y  centros  beneficiarios  podrán  formalizar  una  solicitud 
adicional en la forma que se establezca en la convocatoria.
3.  La concesión de las subvenciones, así como su justificación, se realizará a 
través del régimen de módulos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 76 a 79 
del  Reglamento  de  la  Ley  General  de  Subvenciones,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio. Para implementar dicho régimen, de acuerdo con el 
informe técnico elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal para el cálculo de 
los costes unitarios por persona contratada participante en el «Programa Investigo», se 
establecen los siguientes módulos:
a)  Para compensar los costes laborales contemplados en el apartado 2.a):
Modulo A: El módulo ascenderá a 22.405,94 euros por persona contratada y año de 
contratación  (1.867,16  euros  por  mes),  en  el  caso  de  contratos  en  los  grupos  de 
cotización de la Seguridad Social 9 a 5, ambos inclusive.
Módulo B: El módulo ascenderá a 33.108,92 euros por persona contratada y año de 
contratación  (2.759,07  euros  por  mes),  en  el  caso  de  contratos  en  los  grupos  de 
cotización de la Seguridad Social 4 a 1, ambos inclusive.
De acuerdo con ello, el importe de esta subvención se calculará en función de las 
previsiones recogidas en el proyecto presentado del número de personas a contratar, los 
años (o meses en su caso) de contratación de cada una de ellas y el módulo según el 
grupo de cotización de la Seguridad Social que corresponda.
b)  Para  compensar  las  ayudas  al  desplazamiento  contempladas  en  el 
apartado 2.b), tiene la consideración de módulo la cantidad a tanto alzado de 1.000 
euros al año por persona contratada.
4.  Las  subvenciones  reguladas  en  esta  orden  serán  compatibles  con  otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualquier administración o entidad, pública o privada. Deberá quedar, en todo caso, 
identificada nítidamente la trazabilidad de los gastos. No obstante, estas subvenciones 
son incompatibles con la recepción de otros fondos comunitarios para la ejecución de los 
mismos proyectos de inversión, cuando ello suponga incurrir en doble financiación.  s
Conforme al artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del  oe.
Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  los  proyectos  de  inversión  financiados  por  el  w.
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia pueden recibir ayuda de otros programas e  043ww
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financiación sobre el mismo coste, procedentes de cualesquiera otras administraciones o 
entes públicos, nacionales o internacionales.
5.  Las convocatorias podrán establecer un límite o porcentaje máximo de ayuda 
para cada tipo de actuación y/o entidad beneficiaria.
Artículo 6.  Actividad subvencionada.
1.  La actividad subvencionada consistirá en la contratación de personas jóvenes de 
acuerdo con la legislación vigente, para el desarrollo y ejecución de las funciones, tareas 
e iniciativas de investigación e innovación, que sean competencia de las entidades y 
centros beneficiarios dentro del «Programa Investigo».
2.  La competencia podrá ser propia u originaria, o bien ejercida por delegación, 
encargo o encomienda.
3.  Se cubrirán preferentemente puestos en tareas relacionadas con las actividades 
señaladas en el artículo 2.
4.  Las  administraciones  laborales  competentes  en  sus  respectivos  ámbitos  de 
gestión  garantizarán  el  pleno  cumplimiento  del  principio  de  «no  causar  daño 
significativo» (principio do no significant harm, DNSH) y el etiquetado climático y digital, 
de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
aprobado  por  Acuerdo  del  Consejo  de  Ministros,  de  27  de  abril  de  2021  y  en  el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos.
Artículo 7.  Compromiso de no causar daño significativo al medio ambiente.
1.  Las  entidades  beneficiarias  de  las  subvenciones  reguladas  en  esta  orden 
deberán  garantizar  el  pleno  cumplimiento  del  principio  de  «no  causar  perjuicio 
significativo» (principio do no significant harm, DNSH) y el etiquetado climático y digital, 
de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en 
la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan 
de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de 
julio de 2021, y en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, así como en su normativa de desarrollo, en todas las fases del 
diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación.
2.  Las  solicitudes  deberán  acompañarse  de  una  declaración  responsable  de 
adecuación al principio de «no causar perjuicio significativo» (principio do no significant 
harm, DNSH), en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
conforme al formulario que se recoja en la convocatoria debidamente cumplimentado por 
la entidad solicitante.
3.  Las  declaraciones  responsables  del  principio  de  «no  causar  perjuicio 
significativo» (principio do no significant harm, DNSH) que se realicen deben atender 
obligatoriamente  a  la  Comunicación  de  la  Comisión  Europea  (2021/C  58/01),  Guía 
técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud 
del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
4.  En todo caso las entidades beneficiarias preverán mecanismos de verificación 
del cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principio do no 
significant harm, DNSH) y medidas correctoras para asegurar su implementación, de lo 
que dejarán constancia en la memoria justificativa de la subvención. es
Artículo 8.  Requisitos y criterios para la selección de las personas contratadas. 043ww
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exigidos  para  la  modalidad  de  contrato  que  se  formalice,  ajustándose  a  las 
circunstancias concretas de cada iniciativa, acorde con la legislación vigente. Estos 
requisitos se habrán de cumplir al inicio de su participación en el programa.
Como personal de apoyo se podrá contratar hasta un 10 por ciento del total de 
puestos  de  trabajo  ofertados,  excluyéndose  en  todo  caso  los  trabajos  de  apoyo 
administrativo.
2.  Las personas trabajadoras objeto de contratación se seleccionarán teniendo en 
cuenta los siguientes criterios:
a)  Mayor adecuación entre la formación académica de la persona joven en relación 
al programa de investigación que se desea llevar a cabo.
b)  Disponer de estudios específicos relacionados con la materia a desarrollar, tales 
como másteres, grados o/y cualesquiera que, estando homologados por el Ministerio de 
Educación  y  Formación  Profesional  o  el  Ministerio  de  Universidades,  les  otorguen 
mayores capacidades y competencias para llevar a cabo el programa de investigación.
Este criterio no será de aplicación para los puestos de apoyo.
c)  La valoración curricular y de las personas candidatas deberá realizarse mediante 
el uso de curriculum vitae ciego, garantizando el principio de no discriminación por 
ninguna razón.
d)  Las  convocatorias  deberán  recoger  las  medidas  que  la  entidad  tenga  ya 
implementadas a fecha de la solicitud para favorecer la conciliación entre la vida laboral, 
familiar, personal y la igualdad de género.
e)  En  las  convocatorias  las  administraciones  competentes  podrán  incluir  otros 
criterios que se consideren relevantes en función de su normativa propia o que se 
correspondan con la realidad del colectivo.
Artículo 9.  Régimen e inicio del procedimiento de concesión.
1.  En aplicación de lo establecido en el artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, las subvenciones objeto de esta orden se tramitarán según el 
procedimiento de concurrencia no competitiva, en tanto que se trata de subvenciones 
relacionadas financiables con fondos europeos, reguladas por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. Las resoluciones de concesión se dictarán por orden de presentación de 
solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la actuación 
subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento 
del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.
El  procedimiento  de  concurrencia  no  competitiva  se  podrá  ajustar  a  las 
particularidades específicas que, en su caso, para procedimientos análogos, figuren 
previstas en la normativa en materia de subvenciones aplicable en el ámbito de cada 
comunidad autónoma.
En el ámbito de gestión de las comunidades autónomas competentes se podrá 
aplicar, asimismo, para la selección de beneficiarios de las subvenciones y su concesión, 
el procedimiento de concurrencia competitiva, en los términos que se definan de acuerdo 
con  su  normativa  propia  en  las  correspondientes  convocatorias  de  la  respectiva 
comunidad autónoma.
2.  El procedimiento de concesión en régimen de concurrencia no competitiva se 
iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el Director General del Servicio 
Público de Empleo Estatal u órgano competente de la respectiva comunidad autónoma, 
cuyo extracto será publicado en el diario oficial correspondiente. e
La convocatoria se realizará de acuerdo con las bases reguladoras establecidas en  bo
esta orden y con el contenido señalado en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de  043ww
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de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y
en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Los órganos competentes para resolver podrán designar en sus convocatorias a 
otras entidades para efectuar la instrucción del procedimiento de concesión y elaborar 
las propuestas de resolución provisionales, siendo resuelto el procedimiento, en todo 
caso, por el órgano concedente.
Artículo 10.  Solicitud de la subvención.
1.  Las solicitudes de concesión de subvenciones se dirigirán a la Dirección General 
del  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  o  al  órgano  competente  de  la  comunidad 
autónoma, según el ámbito de la convocatoria. Se presentará una única solicitud por 
entidad para todas las contrataciones a realizar. Las solicitudes presentadas fuera del 
plazo previsto en la convocatoria darán lugar a la inadmisión de las mismas.
La forma y plazo de presentación de las solicitudes, así como la documentación que 
el interesado deberá acompañar a las mismas, se establecerán en las convocatorias.
Junto con la solicitud se presentará una memoria con la descripción de los puestos 
de trabajo a cubrir, características de las actividades a realizar y duración y número de 
contratos; así como las previsiones de los costes del programa, distinguiendo entre 
subvención solicitada y, en su caso, aportación de la entidad beneficiaria.
Las  convocatorias  podrán  establecer  un  número  máximo  de  contratos  a 
subvencionar por solicitud.
Los expedientes de gastos vinculados a las convocatorias que regula esta orden de 
bases  incluirán  la  memoria  específica  antes  indicada,  así  como  la  declaración  de 
ausencia de conflicto de intereses en línea con la prevención del fraude. Asimismo, se 
incluirá en la correspondiente convocatoria la obligación de los beneficiarios de aplicar 
medidas para evitar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés a la hora de aplicar 
las subvenciones recibidas a la financiación de proyectos y actuaciones.
En todo caso, se presentará por parte del interesado declaración responsable del 
cumplimiento de las condiciones para el acceso a la subvención; ello sin perjuicio de la 
posibilidad de que la administración competente consulte los sistemas de información 
correspondientes para verificar el cumplimento de las condiciones de los beneficiarios de 
la subvención. Esta comprobación podrá realizarse con anterioridad o posterioridad a la 
concesión  de  la  subvención.  En  caso  de  detectarse  el  incumplimiento  de  alguna 
condición, procederá la denegación de la subvención o la exigencia de reintegro.
En  particular,  respecto  la  acreditación  del  requisito  de  estar  al  corriente  de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en las convocatorias se podrá prever 
que la presentación de la solicitud conlleve la autorización del solicitante para que el 
órgano  concedente  obtenga  directamente  esta  información  a  través  de  certificados 
telemáticos, sin que el solicitante haya de presentar la correspondiente certificación, 
salvo que éste expresamente deniegue su consentimiento, en cuyo caso deberá aportar 
la  certificación  que  corresponde,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  22  del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
2.  Si la solicitud presentada no reúne los requisitos establecidos en esta orden y en 
la convocatoria, no estuviera debidamente cumplimentada, la documentación recibida 
fuese defectuosa o faltase alguno de los documentos preceptivos, se requerirá a la 
entidad solicitante para que en el plazo máximo de diez días hábiles subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistida de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1  e.
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las  w.b
Administraciones Públicas. 043ww
Artículo 11.  Instrucción y tramitación.
1.  El órgano instructor designado en la convocatoria realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos, de concurrencia de la actuación subvencionable y del cumplimiento del resto 
de  requisitos  exigidos,  en  virtud  de  los  cuales  debe  formularse  la  propuesta  de 
resolución.
Las personas que intervengan en el proceso de selección de los beneficiarios o en 
los procesos de verificación del cumplimiento de las condiciones, manifestarán de forma 
expresa  la  ausencia  o  no  de  conflictos  de  intereses  o  de  causa  de  abstención, 
considerando lo establecido en el artículo 61.3 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio, sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la Unión («Reglamento financiero») y el artículo 23 
de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; en caso de 
existir  conflicto  de  intereses  o  causa  de  abstención,  la  persona  afectada  deberá 
abstenerse de intervenir en estas actuaciones.
2.  El  órgano  instructor,  a  la  vista  del  expediente,  formulará  la  propuesta  de 
resolución provisional y/o definitiva, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Esta resolución podrá suponer una 
aprobación parcial de la solicitud. Se podrá prever la concesión de un plazo máximo 
de 10 días hábiles para que los interesados presenten su aceptación ante la propuesta 
de resolución definitiva. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren 
en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas por los interesados, y la cuantía que figure en la solicitud 
presentada  y  el  importe  de  la  subvención  de  la  propuesta  de  resolución  sean 
coincidentes, en cuyo caso la propuesta de resolución tendrá carácter de definitiva.
3.  En las convocatorias se podrá prever que cuando el importe de la subvención de 
la  propuesta  de  resolución  provisional  sea  inferior  al  que  figura  en  la  solicitud 
presentada, se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud en los 
términos establecidos en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  Las solicitudes se instruirán por orden de presentación.
Artículo 12.  Resolución y pago de la subvención.
1.  A  la  vista  de  la  propuesta  de  resolución  definitiva,  el  órgano  competente 
resolverá el procedimiento. En el ámbito de la Administración General del Estado, el 
órgano competente para resolver será la persona titular de la Dirección General del 
Servicio Público de Empleo Estatal. En el ámbito autonómico, resolverá el órgano que 
determine la normativa autonómica de aplicación.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de dos 
meses, contados desde la fecha presentación de la solicitud. Una vez transcurrido dicho 
plazo  sin  haberse  notificado  resolución  expresa,  la  solicitud  podrá  entenderse 
desestimada.
Si la resolución es de concesión se identificará la financiación para el «Programa 
Investigo», en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión 
Europea.
Se  procederá  al  registro  de  la  subvención  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones. Igualmente, la administración competente podrá acceder al Registro de 
Titularidades y otras bases de datos análogas, en su caso, y podrá ceder información 
entre  estos  sistemas  y  el  Sistema  de  Fondos  Europeos,  según  las  previsiones 
contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.
2.  La resolución administrativa contendrá como mínimo los siguientes extremos:
a)  Cuantía  de  la  subvención  a  otorgar,  indicando  el  número  de  personas  a  bo
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3.  Una vez dictada la resolución, se procederá al pago anticipado de la totalidad del 
importe de la subvención. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la 
entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias  y  frente  a  la  Seguridad  Social  o  sea  deudora  por  resolución  firme  de 
procedencia  de  reintegro.  No  procederá  la  constitución  de  garantías  a  favor  de  la 
administración concedente.
Dada la naturaleza de la subvención, los rendimientos financieros que se hubiesen 
generado  por  los  anticipos  de  fondos  librados  no  incrementarán  el  importe  de  la 
subvención concedida.
4.  Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la 
modificación de la misma. Dicha modificación deberá fundamentarse en circunstancias 
sobrevenidas  tras  la  resolución  y  durante  el  plazo  de  ejecución  de  la  actividad 
subvencionada para cada entidad beneficiaria y formalizarse con carácter inmediato a su 
acaecimiento y, en todo caso, antes de la finalización del citado plazo de ejecución. Cada 
convocatoria podrá determinar circunstancias que puedan dar lugar a la modificación de 
la resolución. En ningún caso la modificación podrá afectar a las obligaciones impuestas 
por  la  normativa  comunitaria  o  nacional  aplicable,  en  especial,  cuando  suponga 
incumplimiento de hitos u objetivos establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo 
relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España 
(Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021, o su plazo de ejecución.
El  órgano  competente  deberá  dictar  resolución  aceptando  o  denegando  la 
modificación propuesta en el plazo de dos meses desde la fecha en que la solicitud haya 
tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, salvo que la 
convocatoria establezca un plazo inferior. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse 
notificado  resolución  expresa,  la  solicitud  podrá  entenderse  desestimada.  Las 
resoluciones  podrán  retrotraer  sus  efectos,  como  máximo,  al  momento  de  la 
presentación de la solicitud de modificación. En todo caso, la modificación solo podrá 
autorizarse si no daña derechos de terceros.
Artículo 13.  Contratación de las personas trabajadoras.
1.  Las personas participantes serán seleccionadas por la entidad beneficiaria o el 
servicio público de empleo correspondiente, con un mes de antelación, al menos, al 
inicio previsto de los contratos. Se deberán publicar las ofertas de los puestos a cubrir, 
en el Portal Único de Empleo «EMPLÉATE» para las convocatorias de ámbito estatal. 
Las convocatorias de alcance autonómico podrán requerir la publicación de ofertas en el 
portal de empleo en su ámbito de competencia.
2.  Las  correspondientes  convocatorias  determinarán  los  procedimientos  de 
selección de las personas candidatas para la cobertura de los contratos susceptibles de 
ser subvencionados.
3.  Las entidades y centros beneficiarios contratarán a las personas trabajadoras 
seleccionadas  utilizando  la  modalidad  de  contratación  que  mejor  se  ajuste  a  las 
circunstancias  concretas  de  cada  iniciativa,  acorde  con  la  legislación  laboral,  de 
prevención de riesgos laborales y de Seguridad Social vigente.
4.  Los contratos deberán ser comunicados a través de la aplicación Contrat@ a la 
oficina  de  empleo  que  corresponda  y  llevarán  la  indicación  «Programa  Investigo. 
Mecanismo de recuperación y resiliencia», en los términos previstos en dicha aplicación.
5.  Los contratos deberán dar comienzo o finalizar en los plazos que, en su caso, 
establezca  cada  convocatoria,  salvo  en  casos  de  fuerza  mayor  o  por  causas  e.
debidamente justificadas, en que se podrá autorizar el aplazamiento del inicio por el  w.b
servicio público de empleo competente. 043ww
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proyecto de investigación.
Artículo 14.  Seguimiento, control y evaluación. Justificación de la subvención.
1.  Las entidades y centros beneficiarios deberán someterse a las actuaciones de 
comprobación a efectuar por el Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, a las de control financiero que correspondan, en su caso, a 
la Intervención General de la Administración General del Estado y a las previstas en la 
legislación  del  Tribunal  de  Cuentas,  así  como  a  las  que  puedan  efectuar  las 
comunidades autónomas y sus órganos de control en su ámbito de gestión y la Comisión 
y el Tribunal de Cuentas Europeo, así como la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF), la Oficina Nacional de Auditoría y, cuando proceda, la Fiscalía Europea.
En  todo  caso,  las  subvenciones  reguladas  en  esta  orden  estarán  sometidas, 
asimismo,  al  seguimiento,  control  y  evaluación  que  se  establezca  para  el  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  así  como  las  obligaciones  específicas 
relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento, evaluación y 
demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea se establezcan y cuya 
aplicación sea de obligado cumplimiento, incluyendo el del principio de «no causar 
perjuicio significativo» (principio «do no significant harm-DNSH»).
En particular, las administraciones concedentes recabarán, a efectos de auditoría y 
control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de 
reformas  y  proyectos  de  inversión  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en formato electrónico, las categorías armonizadas de 
datos, de conformidad con lo especificado en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 
2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en los 
términos en que determine la normativa que sea de aplicación.
2.  La concesión de la ayuda se verá condicionada al compromiso escrito de la 
concesión los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, 
el  Tribunal  de  Cuentas  Europeo,  la  Fiscalía  Europea  y  las  autoridades  nacionales 
competentes ejerzan sus competencias de control, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 22.2 e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de  12  de  febrero  de  2021,  y  en  el  artículo  129.1  del  Reglamento  (UE,  Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 («Reglamento 
Financiero»).
3.  La entidad beneficiaria comunicará a la Dirección Provincial del Servicio Público 
de Empleo Estatal, o unidad que corresponda en las comunidades autónomas, el inicio 
de los contratos en el plazo de quince días hábiles desde el mismo, con indicación del 
número de personas trabajadoras desempleadas contratadas.
4.  La  entidad  beneficiaria,  en  el  plazo  de  dos  meses,  computado  desde  la 
finalización  de  las  contrataciones  en  el  caso  de  las  contrataciones  anuales  y, 
adicionalmente, al año de iniciarse el contrato, para aquellas contrataciones que se 
extiendan más de 12 meses, y, en todo caso, antes del tercer trimestre de 2023, 
presentará ante la correspondiente Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal, o unidad que corresponda en las comunidades autónomas, la justificación del 
cumplimiento de las actuaciones subvencionadas y de los gastos realizados, mediante el 
régimen  de  módulos,  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  los  artículos  69  y  76  a  79  del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Dicha  justificación  incluirá  la  siguiente  documentación  que  deberá  presentar  la 
entidad beneficiaria:
a)  Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones  bo
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas  043ww
yp edrseo nloass  rpeasrutilctaipdaonst eosb cteonnitdraotsa. dLaas .memoria incluirá las actuaciones realizadas por las
b)  Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas en 
función  de  los  resultados  obtenidos,  que  contendrá,  como  mínimo  los  siguientes 
extremos:
1.º  Acreditación o declaración del beneficiario sobre el número de unidades físicas 
consideradas  como  módulo,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  5, 
especificando a este fin:
Personas contratadas, distinguiendo el grupo de cotización de la Seguridad Social 
que corresponda y tiempo de contratación (años, o en su caso, meses) de cada una de 
ellas, según lo especificado en el artículo 5.3.a).
Personas contratadas que han accedido a la ayuda al desplazamiento contemplada 
en el artículo 5.3.b).
2.º  Cuantía global de la subvención calculada sobre la base de las actividades 
cuantificadas en la memoria de actuación y los módulos contemplados en el artículo 5, 
según el sistema de cálculo y cuantificación mediante costes unitarios establecidos en 
dicho artículo.
La liquidación de la subvención se realizará en función de las personas contratadas 
en el proyecto, por cada año (o mes) de permanencia. En ningún caso la liquidación 
podrá superar la cuantía de la subvención inicialmente concedida. El cálculo se realizará 
considerando el número de personas contratadas, por cada año (o mes) de permanencia 
y por el módulo económico correspondiente, en función del grupo de cotización de la 
Seguridad Social.
A efectos de las ayudas de movilidad previstas en el artículo 5.3.b), el cálculo se 
realizará  considerando  el  número  de  personas  contratadas  que  acceden  a  dichas 
ayudas, por el módulo económico correspondiente.
3.º  Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia, así como la acreditación de 
haber ingresado, en su caso, el importe correspondiente a la diferencia entre la cantidad 
justificada y la recibida en concepto de anticipo.
No obstante, según lo dispuesto en el artículo 79 del mencionado Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones, los beneficiarios estarán dispensados de la obligación de 
presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil o 
cualquier otra documentación justificativa de los gastos realizados, sin perjuicio de la 
obligación del beneficiario de conservar los documentos justificativos de la aplicación de 
los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto 
de  las  correspondientes  actuaciones  de  comprobación  y  control,  según  dispone  el 
artículo 14.1.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como de cualquier otra 
obligación derivada de la normativa estatal o de la Unión Europea que así lo exija. En 
este sentido, deberán conservar los documentos justificativos y demás documentación 
concerniente a la financiación, en formato electrónico, durante un periodo de 5 años a 
partir de la operación, o de tres años cuando el importe de la subvención sea inferior 
a 60.000 euros, en los términos previstos en el artículo 132 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio («Reglamento 
Financiero»).
5.  Las administraciones competentes proporcionarán al Servicio Público de Empleo 
Estatal la información periódica de gestión que acredite el estado de situación del 
programa en su ámbito respecto de hitos y objetivos y sobre el gasto en que se ha 
incurrido, con la periodicidad que se determine para el Mecanismo de Recuperación y  e
Resiliencia y a través de los medios informáticos habilitados con esta finalidad, previa  bo
verificación de la misma. 043ww
ServLiociso  óPrúgbalnicoos  dceo mEmpeptleenot eEss tdaeta ll atosd aad lma iinnifsotrrmacaiocinóens y a duotocnuómmeinctaasc iódne bneercáens aarpiaosrt apra raal 
eSle rsveicgiuoi mPieúnbtloic od ed ela  Eemjepcluecoi ónE sdtaet allo sp aforan dloas  ardeecicbuidaodsa,  jaussít ifcicoamcoió nla sa  qeufee cptores cidsee  leal 
recepción de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 
atender los requerimientos que se le hagan desde las instituciones europeas.
Artículo 15.  Reintegros y régimen sancionador.
1.  El incumplimiento por parte del beneficiario de lo establecido en la resolución de 
concesión, así como en la presente orden y demás disposiciones aplicables en materia 
de subvenciones, en particular el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
darán lugar, a la vista de la naturaleza y causas del incumplimiento, a la obligación de 
reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como a la exigencia del 
interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la 
procedencia del reintegro de la misma.
En  el  caso  de  incumplimientos  parciales,  el  órgano  competente  determinará  la 
cantidad a reintegrar por el beneficiario respondiendo al principio de proporcionalidad en 
función de los costes justificados y las actuaciones acreditadas, en el supuesto de 
incumplimiento de la obligación de contratar durante el periodo previsto inicialmente o en 
la forma establecida, salvo que pueda constituir causa de reintegro total.
En el ámbito de gestión de las comunidades autónomas será de aplicación su 
normativa específica en materia de subvenciones y procedimiento de reintegro.
2.  Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, será de aplicación el 
régimen de infracciones y sanciones establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, así como, en su caso, lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones  y  Sanciones  en  el  Orden  Social,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
legislativo 5/2000, de 4 de mayo.
3.  En caso de incumplimiento de hitos y objetivos, calendario o cualquier otro 
aspecto  relacionado  con  la  normativa  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia, se procederá al reintegro, conforme a lo previsto en el artículo 7, regla 
séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2021 y en el artículo 37.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
Artículo 16.  Identificación y publicidad.
Las actuaciones subvencionadas que configuren el «Programa Investigo» objeto de esta 
orden,  así  como  cuanta  publicidad  se  haga  sobre  el  mismo  deberán  encontrarse 
debidamente  identificadas  de  conformidad  con  las  obligaciones  que  en  materia  de 
información, comunicación y publicidad determine la normativa interna y de la Unión Europea 
para  el  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  quedando  obligadas  las  entidades 
beneficiarias de estas subvenciones a hacer mención en su publicidad del origen de esta 
financiación, velando por darle visibilidad, incluido, cuando proceda, mediante el emblema de 
la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión 
Europea, Next Generation EU». Esta visibilidad se hará, en particular, cuando promuevan las 
acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida 
a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.
Disposición adicional primera.  Disponibilidad presupuestaria.
La  concesión  de  las  subvenciones  queda  condicionada  a  las  disponibilidades 
presupuestarias de cada ejercicio económico.
Disposición adicional segunda.  Reintegro de los departamentos ministeriales. e.
Cuando los beneficiarios de las subvenciones sean departamentos ministeriales de la  043ww
ATAdmS/i2n1is0tr/a2c0i0ó4n,  dGe e2n8e rdael  edneelr o,E rsetaladtiov,a  as elará j usdteifi caacpiólicna pcoiórn l oslo d edpiasrptuaemseton toes nm  inlais teOriradleens 
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lo que no procederá, en estos supuestos, la tramitación del procedimiento de reintegro.
Disposición adicional tercera.  Organismos autónomos de la Administración General del 
Estado.
En el ámbito de la Administración General del Estado, las subvenciones a que se 
refiere esta orden podrán ser abonadas directamente a los ministerios a los que estén 
adscritos  los  organismos  autónomos  que  contraten  a  los  jóvenes  demandantes  de 
empleo, cuando las solicitudes sean suscritas por los órganos de los departamentos 
ministeriales con competencias en materia de personal respecto de los organismos 
autónomos a ellos adscritos.
Disposición adicional cuarta.  Normativa aplicable.
Estas subvenciones se regirán, además de por lo previsto en esta orden, por lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 
Reglamento  que  la  desarrolla;  en  la  Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre;  en  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre; y en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. 
Además,  será  de  aplicación  lo  establecido  en  la  Orden  HFP/1030/2021,  de  29  de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
Se  estará  igualmente  a  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  (UE)  2021/  241  del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021; y en el Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 
(«Reglamento Financiero»).
Disposición adicional quinta.  Subvención de la indemnización por residencia.
En los proyectos aprobados en las convocatorias para la concesión de subvenciones 
que efectúe el Servicio Público de Empleo Estatal, que se desarrollen en el ámbito 
territorial de Ceuta, Melilla, Illes Balears, Canarias y otros territorios donde sea aplicable 
la  indemnización  por  residencia,  será  subvencionable,  además  de  las  cuantías 
establecidas en el artículo 5, el importe de la indemnización por residencia que perciban 
las personas trabajadoras contratadas, siempre que el organismo contratante venga 
obligado a su abono por disposición legal o convencional.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª, 13.ª y 15.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación 
laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas; la 
competencia exclusiva para regular las bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica; y la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación 
general de la investigación científica y técnica, respectivamente.
Disposición final segunda.  Facultades de aplicación.
Se autoriza al Director General del Servicio Público de Empleo Estatal a dictar las 
resoluciones o instrucciones necesarias para la aplicación de esta orden.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín  oe.
Oficial del Estado». w.
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