BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Sábado 15 de agosto de 2020 Sec. TC.   Pág. 70541
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
9770 Pleno.  Sentencia  82/2020,  de  15  de  julio  de  2020.  Recurso  de 
inconstitucionalidad 3135-2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados 
del grupo parlamentario Popular del Congreso de los Diputados en relación 
con diversos preceptos de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios 
sociales  inclusivos  de  la  Comunidad  Valenciana.  Principio  de  autonomía 
local:  nulidad  de  los  preceptos  legales  autonómicos  que  especifican  los 
porcentajes de financiación por las diputaciones provinciales de costes de 
personal y prestaciones municipales.
ECLI:ES:TC:2020:82
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  Presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido 
Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  inconstitucionalidad  núm.  3135-2019  promovido  por  más  de 
cincuenta diputados del grupo parlamentario Popular del Congreso de los Diputados 
contra diversos preceptos de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales 
inclusivos de la Comunidad Valenciana. Han intervenido los letrados de la Generalitat y 
de las Cortes Valencianas. Ha sido ponente don Cándido Conde-Pumpido Tourón.
I. Antecedentes
1.  Con fecha 20 de mayo de 2019, don Rafael Hernando Fraile y don Arturo 
García-Tizón López, diputados del Congreso de los Diputados y comisionados por 
más de cincuenta diputados pertenecientes al grupo parlamentario Popular en el 
Congreso  de  los  Diputados,  interpusieron  recurso  de  inconstitucionalidad  contra 
diversos preceptos de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos 
de  la  Comunidad  Valenciana,  publicada  en  el  «Diario  Oficial  de  la  Generalitat 
Valenciana» núm. 8491, de 21 de febrero de 2019. Los preceptos impugnados son los 
arts. 27.5, 30, 104.1 b), 105.1, 106.2 y 3, 107.2 y 3, 108, 109 y 110, las disposiciones 
transitorias  primera,  cuarta  (apartados  4  y  5)  y  quinta  (apartados  2  y  3)  y  la 
disposición final segunda (apartados 2 y 3).
2.  En  el  escrito  de  interposición  del  recurso  de  inconstitucionalidad,  una  vez 
referidos el contenido de la ley impugnada y afirmada la concurrencia de los requisitos 
formales relativos a la presentación en plazo del recurso y a la legitimación de los 
recurrentes, incluso tras la disolución anticipada de las Cortes Generales (ATC 547/1989, 
de 15 de noviembre), se formulan diversos reproches de inconstitucionalidad, agrupados 
en dos apartados, que se sintetizan a continuación:
a)  En un primer bloque de alegaciones se señala que toda la ley, al margen de los 
preceptos impugnados, conlleva cargas económicas y obligaciones para los poderes 
públicos  cuyo  sostenimiento  se  hace  incorporando  la  capacidad  financiera  de  las 
diputaciones, y que el establecimiento de una responsabilidad compartida respecto de 
los servicios sociales, con inclusión tajante de las diputaciones provinciales, supone la 
inconstitucionalidad de los arts. 27.5, 30, 104.1 b), 105.1, 106.2 y 3, 107.2 y 3, 108, 109 
y  110  y  las  disposiciones  transitorias  primera,  cuarta  (apartados  3  y  4),  y  quinta 
(apartados 2 y 3) y la disposición final segunda (apartados 2 y 3). Se aduce que la nueva 
regulación contrasta con la anterior, contenida en la Ley 5/1997, de 25 de junio, por la 
que se regulaba el sistema de servicios sociales: de ese marco legislativo se pasa a uno 
nuevo de responsabilidad financiera compartida, con la peculiaridad de que se disponen 
unas aportaciones mínimas pormenorizadas para las entidades locales.
Asimismo,  los  recurrentes  se  refieren  a  diversos  aspectos  contemplados  en  la 
memoria económica de la ley impugnada, como la estimación de la actual contribución 
de los diputaciones provinciales a la financiación de los servicios sociales, la justificación 
de por qué el umbral de población de los municipios a financiar por las diputaciones 
valencianas será diferente y concretamente superior para la de Alicante, el calendario de 
implantación de la ley y la participación de los ayuntamientos y las diputaciones en la 
financiación  del  personal  y  de  las  prestaciones  para  los  cinco  primeros  ejercicios. 
Consideran que las previsiones estimativas de la memoria, puestas en conexión con los 
arts. 104 a 110, las disposiciones transitorias primera, cuarta y quinta y las disposiciones 
finales  primera  y  segunda,  permiten  afirmar  que  la  vulneración  de  la  autonomía 
financiera es máxima. En particular se hace referencia pormenorizada a los gastos por 
servicios sociales que le correspondería asumir a la Diputación de Alicante, y se afirma 
que constituirá un compromiso del presupuesto total de la diputación del 10 por 100 
en  2020  y  superior  al  13  por  100  en  2021,  a  lo  que  deberá  añadirse  la  posible 
financiación de infraestructuras y equipamientos que la Generalitat pueda imputar a las 
diputaciones. Según los recurrentes, conforme a la ley las aportaciones de la Diputación 
de Alicante deben efectuarse de modo necesario e imperativo a partir del próximo 
ejercicio económico y, sin embargo, ni se prevé la transferencia de todos los servicios 
sociales, infraestructuras y equipamientos de titularidad de la diputación (sino solo de 
aquellos a que concretamente se hace mención en la disposición), y de los que se prevé 
no  se  establece  una  fecha  cierta  en  la  que  la  Generalitat  se  hará  cargo  de  su 
financiación,  lo  cual  implica  una  desviación  económica  importante  de  fondos  de  la 
diputación con base en la ley, de modo absolutamente al margen de la capacidad de 
decisión y gestión autónoma de la entidad. Con el ejemplo de la Diputación de Alicante 
los  recurrentes  afirman  que  pretenden  demostrar  el  nivel  extremo  de  intensidad 
intervencionista sobre la financiación de las diputaciones provinciales.
b)  El segundo grupo de alegaciones versa sobre la infracción de la autonomía y la 
suficiencia financiera constitucionalmente reconocida en los arts. 137, 141 y 142 CE 
y 66.3 Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (EACV) en relación con los 
arts. 7.2, 10.2, 26.1 c) y 3, 36.1, 58 y 59 Ley reguladora de las bases de régimen local  e.
(LBRL). w.b
Los recurrentes afirman que los preceptos impugnados considerados en su conjunto  70ww
cdoisnpturaedsitcoe ne nla esl  naorrt.m 2a6s,  baápsaicrtaasd odse l 1a rct.)  3y6 3.1, , LaBpRaLrt,a dyao sq au)e y d bic),h oLsB RpLre, ceenp troesla ceisótna bcloence lno 
jcuormídoic ac,o mecpoenteónmciicaa  pyro tpéiacn dicea  laas  lodsip umtaucnioicnipeiso sp, ropveirnoc iamleasti zlaan adsoi sqteunec iad icyh ac oaospiesrteancicóian 
deberá  encaminarse  de  modo  especial  y  preferente  a  los  de  menor  capacidad
económica y de gestión y respecto del establecimiento y adecuada prestación de los 
servicios mínimos, sin que las prestaciones relativas a servicios mínimos se establezcan 
como servicios mínimos en los municipios con población superior a 20 000 habitantes. 
En cambio, la ley impugnada, al imponer a las diputaciones que canalicen la financiación 
destinada a los servicios sociales con las directrices que se establecen en los preceptos 
mencionados, estaría hurtando a las diputaciones la competencia que con carácter 
básico les ha atribuido la legislación básica estatal, sustituyéndola por otra regida por 
criterios radicalmente opuestos a los de prioridad o preferencia que el legislador básico 
estableció en las normas que integran el bloque de constitucionalidad. Igualmente, al dar 
prioridad para la fijación del umbral de población a prestar asistencia a criterios como la 
distribución y concentración de la población provincial, en lugar de la menor capacidad 
económica y de gestión, también se estarían sustituyendo los criterios establecidos por 
la legislación básica estatal por criterios distintos fijados ex novo.
Los recurrentes alegan también que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana (art. 63.3) y la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de régimen local 
de  la  Comunidad  Valenciana  (art.  52)  establecen  como  requisito  previo  necesario 
ineludible la aprobación de una ley de coordinación, para poder proceder de modo 
efectivo a la regulación de la coordinación de las funciones. En el mismo sentido se 
considera infringido el art. 58.2 LBRL, pues no ha existido la previa participación de las 
diputaciones  respecto  a  la  coordinación  de  competencias  que  se  impone  por  la 
Generalitat. Y se alude a la Ley 2/1983, de 4 de octubre, por la que se declaran de 
interés general para la Comunidad Valenciana determinadas funciones propias de las 
diputaciones provinciales, ya analizada constitucionalmente (STC 27/1987, de 27 de 
febrero), y sobre la que diversas sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (192/2017 y 196/2017, 
ambas de 24 de febrero; 913/2017, de 4 de octubre, y 948/2017, de 25 de octubre), con 
respecto a decretos del Consell que fijaban las directrices para la coordinación de 
funciones que gestionan las diputaciones en materia de turismo y deportes, han dejado 
claro  que  no  puede  servir  de  cobertura  para  la  inmisión  en  las  competencias 
provinciales, pues debe entenderse derogada a tenor de lo dispuesto en la disposición 
derogatoria 1.2 de la Ley 8/2010 y sin que hasta la fecha se haya dictado una ley que la 
sustituya.
Según los recurrentes, la coordinación mediante planes sectoriales y con el grado de 
detalle que se determina en los preceptos de la Ley de servicios sociales se concibe 
como una situación excepcional, una vez comprobada la inviabilidad de la coordinación 
determinada en el art. 10.2 LBRL, precisamente por el carácter coactivo de una y el 
voluntario de la otra. La ley impugnada no respeta la subsidiariedad establecida en los 
arts. 10.2 y 59 LBRL. A la luz de la STC 27/1987, que perfiló el contenido y alcance de la 
coordinación, se señala que no puede entenderse que los preceptos impugnados se 
hayan limitado a realizar una acción coordinadora, destinada a fijar medios y sistema de 
relación  para  hacer  posible  la  información  recíproca,  la  homogeneidad  técnica  en 
determinados  aspectos  y  la  acción  conjunta  para  evitar  contradicciones  y  reducir 
disfunciones,  sino  que,  por  el  contrario,  se  efectúa  una  injerencia  total  en  las 
competencias provinciales determinando al detalle del 90 por 100 de la inversión en los 
municipios de menos de 10 000 habitantes y del 85 por 100 de los de menos de 20 000 
en el caso de la Diputación de Alicante, exactamente cómo y en qué deben destinar su 
asistencia y cooperación, es decir prácticamente el total de su asistencia y cooperación 
en  materia  de  servicios  sociales;  condicionando,  además,  dada  la  importancia  s
cuantitativa de la inversión, el resto de su acción de asistencia a los municipios de sus  oe.
respectivas  provincias  que,  igualmente,  se  verían  afectados  por  la  consiguiente  w.
detracción de fondos hacia la asistencia social. 70ww
impoSretagnútne  dloes l asre ccoumrrepnetteesn,c iadse  prloopsi asp rdeec elpatso sd ipiumtapcuigonnaedso psr ovdienrciviaal esu nv almenecniaonsacas,b oy 
jseer ásrqituúiac aa  relassp eacdtom idneis tlraa caiountoens ópmriocvai,n caial ledse jaernla su npar ápctoicsaicmióenn tdee  sdine paeuntodneonmciaía  cpuaarsai   BOE-A-cable e
determinar cómo y de qué manera desarrollarán su competencia de asistencia a los 
municipios  en  materia  de  servicios  sociales.  De  este  modo  se  ha  configurado 
exhaustivamente el contenido de su actividad agotando su ámbito de decisión autónoma, 
mermando sustancialmente su autonomía.
En definitiva, el juego de los arts. 27.5, 30, 104.1 b), 105.1, 106.2 y 3, 107.2 y 3, 108, 
109  y  110,  las  disposiciones  transitorias  primera,  cuarta  (apartado  4  y  5)  y  quinta 
(apartados  2  y  3),  y  la  disposición  final  segunda  (apartados  2  y  3)  produce  una 
vulneración de los arts. 137 y 141 CE sobre la autonomía de las provincias y sus 
diputaciones, con afectación del art. 142 CE por atacar la suficiencia financiera, así como 
la vulneración de la exigencia estatutaria del art. 66.3 EACV en relación con los arts. 7.2, 
10.2, 26.1 c) y 3 en conexión con el art. 36.1 b), 58 y 59 LBRL. Y se afirma que resulta 
imposible deslindar unos preceptos impugnados de otros, pues es el conjunto el que 
produce el efecto de invasión competencial sobre la autonomía y la suficiencia financiera 
de las diputaciones provinciales.
3.  Por providencia de 4 de junio de 2019, el Pleno, a propuesta de la Sección 
Primera,  acordó  admitir  a  trámite  el  recurso  y  dar  traslado  de  la  demanda  y  los 
documentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus 
presidentes,  y  al  Gobierno,  por  conducto  del  ministro  de  Justicia,  así  como  a  la 
Generalitat Valenciana y a las Cortes Valencianas, por conducto de sus presidentes, al 
objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el procedimiento y 
formular alegaciones. Asimismo se acordó publicar la incoación del procedimiento en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana», lo que se 
verificó en el primero en el núm. 140, de 12 de junio de 2019.
4.  Mediante  escrito  de  25  de  junio  de  2019,  el  abogado  del  Estado,  en  la 
representación que legalmente ostenta, señaló que no haría alegaciones en el presente 
procedimiento y que se personaba exclusivamente a los efectos de que en su día se le 
notifiquen las resoluciones que en él se dicten.
5.  Por escrito de 23 de julio de 2019, el abogado de la abogacía general de la 
Generalitat Valenciana, en la representación que legalmente ostenta, solicitó prórroga del 
plazo concedido al Gobierno valenciano para personarse en este recurso. Mediante 
diligencia de ordenación de 24 de julio de 2019 de la secretaría de justicia, se tuvo por 
personado a la Generalitat y se prorrogó, según se había interesado, en ocho días el 
plazo concedido por providencia de 4 de junio de 2019.
6.  Por escrito de 26 de julio de 2019, el letrado de las Cortes Valencianas, en la 
representación que ostenta de dicho Parlamento, se personó en el procedimiento y 
realizó alegaciones que se sintetizan a continuación:
a)  Un  primer  apartado  contiene  diversas  consideraciones  de  carácter  general. 
Comienza  con  consideraciones  relativas  a  la  vía  empleada  para  la  defensa  de  la 
autonomía  provincial.  Se  considera  que  el  ámbito  «natural»  para  encauzar  esa 
pretensión debería ser el del planteamiento de un conflicto en defensa de la autonomía 
local contemplado en el art. 75 bis y sigs. LOTC, pues se afirma que una norma 
autonómica puede lesionar la autonomía local constitucionalmente garantizada. Lo que 
sucede es que solo una de las diputaciones provinciales de la Comunidad Valenciana (la 
de Alicante) parece entender vulnerada la autonomía provincial, con lo que no siendo  e.e
destinataria única de la ley (art. 75 ter.1 LOTC) solo hubiera podido interponer dicho  b
conflicto si al menos otra diputación provincial se hubiera unido a ella representando  70ww
lcao mqou em ílnai mDoi plau tmacitiaódn  dPe rloav pinocbialal cidóen  oAfilciciaaln [taer t.h 7a5  atecru.1d icd)o L Oa TlCa] . vEíast ad eesl  lare rcauzróson  pdoer 
innocromnas tiimtupciuognnaaliddaa dp.a Artsicimipaisrmono  csuea tarole pgear sqounea se nd ee ll ap Droipceudtaimcióienn tPor odvein ecliaabl doera Acilóicna ndtee , lay 
que ni ellas ni tampoco la abogacía de la Generalitat, el Consejo Jurídico Consultivo o el
Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana hicieron observación alguna 
sobre una eventual infracción de la autonomía municipal o provincial.
Por otro lado, se señala que muchos apartados de los preceptos impugnados no 
guardan relación alguna con las diputaciones provinciales ni con su autonomía, por lo 
que se interesa que queden fuera del objeto del recurso de inconstitucionalidad, por falta 
de  conexión  con  las  razones  de  la  impugnación,  los  arts.  108.1,  109.2  y  110, 
apartados 3, 4 y 7, la disposición transitoria cuarta, apartado 4 a), c), d), e), f) y g), la 
disposición transitoria quinta, apartado 2 a), c), d) y e).
El apartado del escrito de alegaciones se completa con consideraciones sobre las 
competencias exclusivas de la Comunidad Valenciana en materia de servicios sociales 
(art. 49.1.24 y 27 EACV) y su desarrollo mediante la ley impugnada, las competencias 
locales en ámbitos propios de competencia autonómica de acuerdo con la Ley de bases 
de régimen local y la autonomía provincial con referencia a la STC 27/1987.
b)  La primera impugnación que se analiza es la del art. 27.5. El letrado autonómico 
señala que no parece discutible que la Comunidad Valenciana se pueda comprometer a 
financiar con su presupuesto y con el de las diputaciones provinciales la actividad que 
los municipios desarrollen en materia de servicios sociales, máxime cuando se trata de 
que las corporaciones provinciales colaboren con los de menor número de habitantes y, 
por  ello,  normalmente  de  menor  capacidad  económica.  Además,  las  corporaciones 
locales participan en el procedimiento de elaboración de la ley impugnada y del plan 
estratégico de servicios sociales, así como en el órgano de coordinación y colaboración 
interadministrativa en servicios sociales al que se refiere el art. 49 de la ley recurrida. Por 
otro lado, el precepto impugnado no detalla obligación alguna para las diputaciones, ya 
que  solo  hace  referencia  a  que  cada  administración  pública  asumirá  sus 
responsabilidades «en los términos en que se determine en esta ley y su desarrollo 
reglamentario», por lo que una eventual extralimitación competencial sería predicable, en 
su caso, de la referida concreción y no de este precepto.
c)  El letrado autonómico rechaza también la impugnación del art. 30, afirmando que 
su esquema obedece al diseñado por la normativa básica estatal y la jurisprudencia que 
la interpreta, por lo que rechaza tacha alguna de inconstitucionalidad.
d)  Se rechaza igualmente la impugnación del art. 104.1 b), porque que el sistema 
público  valenciano  de  servicios  sociales  se  financie  con  los  presupuestos  de  la 
Generalitat [art. 104.1 a)] y de los entes locales [art. 104.1 b)] y con las aportaciones 
finalistas de la administración del Estado y de la Unión Europea [art. 104.1 c)] obedece a 
la  visión  integradora  del  servicio  público  que  se  presta  a  los  ciudadanos,  algo 
perfectamente  posible  al  amparo  de  la  jurisprudencia  constitucional  (en  particular, 
STC 109/1998).
e)  Por idénticas razones a las anteriores se rechaza también la impugnación del 
art. 105, pues lo que dispone es consecuencia de la visión integradora del servicio 
público.
f)  Asimismo se rechaza la impugnación de los apartados 2 y 3 del art. 106, porque 
este precepto se limita a recoger que la administración provincial colaborará en la 
financiación de dicho servicio público en la forma que concreta la ley en sus artículos 
siguientes, de forma que, de ser inconstitucionales, lo serían esos preceptos y en ningún 
caso el art. 106.2.
g)  También se rechaza la impugnación de los apartados 2 y 3 del art. 107, porque 
contienen previsiones acordes con el marco normativo y jurisprudencial expuesto en las 
consideraciones generales. Con mayor razón se rebate la dirigida contra el apartado 3,  s
que solo prevé que el resto del personal de servicios sociales (el que no es de atención  oe.
primaria de carácter general) lo financiará la administración titular del servicio, que será,  w.
de ordinario, la Generalitat, salvo que la diputación provincial ya contara anteriormente  70ww
con he)s e Dseerl vaicrtio.  1o0, 8v osleu notabrjeiatamne nsutes,  htraeysa a dpeacrtidaiddoos c: rleaa irmlop (uagrnt.a 3c0ió.4n) .del apartado 1 debe
paeurtomnaonmeícae rp rfouveirnac idael lq oubej esteo  rdeeivl ipnrdoiccae;s loa,  dpeule asp caortmadoo s 2e  dinedbiceó r encoh gauzaarrdsea  preolraqcuióen a crtoicnu llaa   BOE-A-cable e
un mecanismo análogo al de la financiación del personal de servicios sociales a que se 
refiere el art. 107 y cuya regularidad ya se afirmó; y la del apartado 3 también debe ser 
descartada porque, de modo correlativo al art. 107.3 para la financiación del personal, se 
contempla  que  la  financiación  de  las  prestaciones  de  atención  secundaria  (que 
mayoritariamente corresponde a la Generalitat) se hará con cargo a la administración 
titular del servicio, lo cual no vulnera la autonomía provincial.
i)  En cuanto a la impugnación íntegra del art. 109, el letrado autonómico señala que 
la del apartado 2 debe permanecer fuera del objeto del proceso, por no guardar relación 
alguna con la autonomía provincial; la del apartado 1 debe ser rechazada, porque solo 
prevé  un  plan  de  infraestructuras  de  servicios  sociales  en  el  que  participarán  las 
administraciones  valencianas  (autonómica,  provincial  y  municipal),  sin  obligaciones 
específicas, prescripción que no vulnera autonomía alguna; los apartados 3 y 4 tampoco 
merecen reproche alguno de infracción de la autonomía; el apartado 5, que contempla la 
participación  de  las  diputaciones  provinciales  en  la  financiación  del  plan  de 
infraestructuras  y  equipamientos  de  servicios  sociales,  tiene  el  mismo  encaje 
competencial que el resto de la regulación, y debe tenerse en cuenta que dicho plan de 
infraestructuras tiene un diseño análogo al plan de obras y servicios de Cataluña; y, por 
último, el apartado 6 del art. 109 no contiene prescripción alguna que pueda afectar a la 
autonomía provincial, sino solo una norma de tarea, un mandato de contenido al futuro 
plan de infraestructuras y servicios sociales.
j)  Del art. 110 impugnado en su totalidad, los apartados 3, 4 y 7 deben permanecer 
fuera del proceso, porque no guardan relación alguna con la autonomía provincial; el 
apartado 1 no es inconstitucional, porque contempla la financiación del sistema público 
valenciano de servicios sociales mediante formas de colaboración interadministrativa, 
partiendo por tanto de la premisa de la voluntariedad; el apartado 2 contiene una mera 
ordenación temporal de los convenios, con independencia de su contenido, por lo que no 
puede afectar a la autonomía; y, por último, los apartados 5 y 6 solo contienen una 
prescripción formal en cuanto al instrumento para hacer realidad la financiación de 
ayuntamientos y mancomunidades por la Generalitat y las diputaciones provinciales, 
también sin prejuzgar el contenido y alcance de dicha financiación.
k)  La impugnación de la disposición transitoria primera debe ser rechazada porque 
su  diseño  competencial  prevé  la  participación,  entre  otras,  de  las  diputaciones 
provinciales en la elaboración del plan estratégico de servicios sociales y su previa 
consulta  al  órgano  de  coordinación  y  colaboración  interadministrativa  en  servicios 
sociales del que también forman parte aquellas, y porque, dado su carácter transitorio, 
mientras se transfieren determinadas infraestructuras y equipamientos a la Generalitat, 
dispone que su financiación seguirá corriendo a cargo de la administración que es su 
titular, conforme al régimen vigente.
l)  Se rechaza también la impugnación de la disposición transitoria cuarta, en sus 
apartados 4 y 5. Por lo que respecta a las letras a), c), d), e), f) y g) del apartado 4, su 
impugnación debe permanecer fuera del proceso, por no guardar relación con el motivo 
de  impugnación.  En  cuanto  al  resto  de  los  apartados  impugnados,  contienen  las 
prescripciones relativas a la financiación del personal que ha de prestar la asistencia en 
materia de servicios sociales durante los primeros cinco primeros años tras la entrada en 
vigor, mediante módulos objetivos en los que participarán las diputaciones provinciales. 
Además  de  los  argumentos  anteriores,  el  letrado  autonómico  señala  que  la 
STC 109/1998 ya se pronunció sobre la existencia de módulos objetivos en relación con 
los presupuestos de los entes locales. Por último, el apartado 5 tan solo contempla que  s
la administración titular del servicio de atención secundaria corra con los costes de su  oe.
personal, lo que no puede ser inconstitucional como se ha indicado anteriormente. w.
m)  Igualmente  se  descarta  la  inconstitucionalidad  de  la  disposición  transitoria  70ww
qguuianrtdaa, nim rpeulagcnióand ac oenn  seul so bajpeatort addeol sp 2ro yc e3s.o ,L aasl  lneotr ates nae)r,  pc)o,t edn) cyia elid) adde l aalgpuanrtaa deon  2u nnao 
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contiene en el art. 108, cuya impugnación se ha rechazado, y también contiene la 
previsión de que el coste se financie de acuerdo con los porcentajes que contempla el 
art.  106,  cuya  regularidad  ya  ha  sido  afirmada.  Y  en  cuanto  al  apartado  3,  este 
contempla que la administración que ostente la titularidad del servicio sea quien lo 
financie, como hacen otros preceptos analizados.
n)  Por  último,  no  es  inconstitucional  la  disposición  final  segunda,  en  sus 
apartados 2 y 3, pues es corolario de las prescripciones contenidas en la ley en relación 
con el personal que presta la atención en materia de servicios sociales, de forma que, 
habiéndose sostenido su regularidad constitucional, forzosamente habrá que concluir 
también en su legitimidad.
Por todo ello, el letrado autonómico suplica que se dicte sentencia que declare 
ajenos al objeto del recurso a los arts. 108.1, 109.2, 110.3, 4 y 7, la disposición transitoria 
cuarta,  apartado  4,  letras  a),  c),  d),  e),  f)  y  g),  y  la  disposición  transitoria  cuarta, 
apartado 2, letras a), c), d) y e), y desestimatoria en relación con los demás preceptos 
impugnados; o, alternativamente, una sentencia íntegramente desestimatoria.
7.  Mediante  escrito  de  10  de  septiembre  de  2019,  la  abogacía  general  de  la 
Generalitat Valenciana se opuso al recurso de inconstitucionalidad y formuló alegaciones 
que, después de referirse al contenido de la ley recurrida y al marco normativo en el 
ámbito de los servicios sociales y de las competencias locales, examinan los motivos de 
impugnación.
a)  Como  cuestión  previa  se  señala  que  la  demanda  formulada,  pese  a  su 
extensión, no llega a formular una argumentación específica que permita conocer los 
concretos motivos por los que, en cada caso, y respecto a cada uno de los artículos que 
cita, se produce la infracción constitucional invocada. Los recurrentes desarrollan dos 
bloques de alegaciones, planteando, de modo genérico y global, dos vulneraciones, sin 
una argumentación específica y razonada para cada precepto e infracción denunciada. 
Por ello, el letrado autonómico considera que debe aplicarse la doctrina plasmada en las 
SSTC 233/1999, de 16 de diciembre; 237/2007, de 8 de noviembre, y 103/2013, de 25 
de abril (FJ 7).
b)  A pesar de lo anterior, la representación procesal de la Generalitat Valenciana 
analiza de manera genérica lo que entiende que es el núcleo relativo a la autonomía 
financiera y la coordinación de las diputaciones. A tal fin se expone la configuración 
constitucional de la autonomía provincial de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 
(SSTC 103/2013, de 25 de abril, y 111/2016, de 9 de junio), afirmando que el núcleo de 
la actividad de la provincia es el apoyo a los municipios radicados en su ámbito territorial.
Asimismo se recuerda que la autonomía económica de los entes locales presenta la 
vertiente de los ingresos y la de los gastos. Una de las exigencias de la autonomía local 
en la vertiente del gasto es «la plena disponibilidad» por las corporaciones locales de sus 
ingresos «sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión, para poder ejercer las 
competencias propias» (STC 109/1998). La autonomía local es dentro de la ley y la 
diputación  tiene  precisamente  autonomía  financiera  constitucionalmente  garantizada 
para alcanzar o administrar sus propios recursos y fuentes de financiación y tomar la 
decisión en sus presupuestos que le permita atender sus obligaciones competenciales. 
No comporta el derecho a la financiación completa garantizada de todos los servicios y 
competencias por la administración autonómica, sino la responsabilidad para ordenar 
sus  fuentes  de  ingreso  y  cauces  de  gastos  para  salvaguardar  el  equilibrio  s
presupuestario. oe.
Con la entrada en vigor de la Ley 3/2019, las diputaciones provinciales no van a  w.
ppdrreeesdsaeernrtoetelrlma cri nauasond aan so,c  ossimen opt ersateetann ccdiilaela  moqbuelenig taenc odio ene lesastsu  dvmieeis rcmaonam sop c eodtemenbpcieeiatresan nac ñiaeassd tadidrea  sae sjeaisc tluaetsna cnliedago qa. ulmEee nsn otenel    2020-9770n https://ww
propias e irrenunciables de las diputaciones, y cuya titularidad y ejercicio se tenían tanto
antes como después de la vigencia de la ley recurrida. El propio escrito de recurso
recuerda que la legislación anterior ya confería a los ayuntamientos competencias en 
materia de servicios sociales: así, en el art. 6 de la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la 
Generalitat, por la cual se regula el sistema de servicios sociales en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana, cuyo paralelo es el art. 29 de la ley recurrida, así como el art. 30 
para las diputaciones. Es lógico, argumenta el letrado autonómico, que se pretenda 
disponer de una nueva regulación para mejorar la estructura del sistema de servicios 
sociales en beneficio de todos los ciudadanos: lo que no puede pretender una diputación 
es que se petrifique el ordenamiento jurídico.
Seguidamente se exponen algunos datos:
– La  Diputación  de  Alicante,  al  financiar  sus  municipios  de  menos  de  20  000 
habitantes, está financiando un 22,54 por 100 de su población, mientras que la previsión 
para  las  provincias  de  Valencia  y  Castellón  es  de  25  y  de  24,72  por  100, 
respectivamente: es decir, el esfuerzo económico será similar en las tres provincias de la 
comunidad. Por lo demás, la participación de las diputaciones provinciales en el conjunto 
del Estado en la financiación de servicios sociales está generalizada, y específicamente 
en el sostenimiento de los municipios pequeños.
– Tal como consta en la tabla 11 de la memoria económica, las Diputaciones de 
Alicante, Castellón y Valencia invirtieron en 2018, respectivamente, 3 380 000, 841 000 
y 20 403 000 euros en subvenciones y transferencias a ayuntamientos y otras entidades 
locales en materia de servicios locales, lo que supone, respectivamente, el 1,72, el 0,62 
y el 4,31 por 100 de su presupuesto, y un gasto por habitante total de la provincia de 1,9, 
1,5 y 8 euros. Sin embargo, el presupuesto total de servicios sociales de las diputaciones 
provinciales en 2018 no mantiene esa proporción: el de la Diputación de Alicante es más 
elevado que el de las otras diputaciones provinciales, con un total de 33 096 397,95 
euros, lo que supone una inversión por habitante de 18,13 euros frente a los 12,41 y 9,04 
euros, respectivamente, de las Diputaciones de Valencia y Castellón. La gran diferencia 
entre el presupuesto total y el dedicado a las subvenciones a entidades locales en 
materia de servicios sociales, reside en que la Diputación de Alicante financia el Hogar 
Provincial y el Centro Dr. Esquerdo, en los que invirtió 23 028 634,47 euros: se trata de 
centros de atención secundaria que es competencia de la Generalitat, y que tienen que 
ser transferidos a la Generalitat y sostenidos por esta, por lo que el presupuesto de 
servicios sociales de la Diputación de Alicante no se verá afectado como consecuencia 
de la aplicación de la ley. La ley recurrida pretende que las entidades locales ejerzan las 
competencias que legalmente les corresponden, y no otras que puedan comprometer el 
ejercicio de aquellas o su estabilidad económica.
– También se resalta que la media de inversión por habitante en servicios sociales 
de las diputaciones a nivel estatal era, en 2018, de 38 euros por habitante (excluidas las 
diputaciones forales), mientras que era de 18, 12 y 9 para las diputaciones de Alicante, 
Valencia y Castellón, respectivamente.
Finalmente, se trae a colación la sentencia 5/2015 de 21 de enero de 2015 del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia que se pronunció sobre las mismas cuestiones 
aquí planteadas, pero con relación a una norma reglamentaria, y de la que se subraya la 
afirmación allí contenida de que «si la Xunta de Galicia asumiese un papel financiador 
preponderante de tales servicios [servicios de competencia municipal y que forman parte 
de  la  cartera  prestacional  mínima  que  deben  asegurar  los  ayuntamientos  con 
independencia  de  la  población],  pese  a  la  existencia  de  diputaciones  respecto  de 
concellos  de  menos  de  20  000  habitantes,  se  produciría  una  usurpación  material  e
competencial por la administración autonómica […]». bo
c)  Por lo que respecta al motivo segundo de impugnación, el letrado autonómico se  70ww
arelefigearec ióan l ad efu qnuceió dne dbee  ceoxoisrtdiri nparceivóina mdeen ltaes a d dipicuhtaac cioonoerdsi nparocivóinnc uianlae sle, ye nd ep acortoicrudlianra cai ólan 
aLperyo 2b/a1d9a8 3p ohra m saidyoo rdíear oagbasodlau tpao dr ela l adsis cpoorstiecsió, nle dye qrougea ntoor ieax 1is.t2e  deen  lala L aecyt u8a/2lid0a1d0,  yp uaesís  slea 
afirma  en  diversas  sentencias  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad
Valenciana que estimaron unos recursos contra unos decretos que establecían funciones 
de  coordinación,  por  falta  de  cobertura  en  el  art.  4  de  la  Ley  2/1983.  El  letrado 
autonómico objeta varios aspectos de esa argumentación: i) el Tribunal Constitucional no 
puede verse condicionado por un razonamiento obiter dicta de una sentencia, de la que 
solo es vinculante su parte dispositiva; ii) el referido razonamiento no conduce a la 
conclusión a la que llegan los recurrentes: todo lo más podría deducirse la no vigencia 
del art. 4 de la Ley 2/1983; iii) las sentencias a las que se hace alusión no son correctas, 
pues confunden la derogación por ley posterior con una posible incompatibilidad de la 
antigua norma con los requisitos exigidos para su aprobación o desarrollo en normas 
posteriores: una ley de coordinación posterior derogaría a una ley de coordinación 
anterior, pero el cambio legislativo en cuanto a los requisitos para aprobar una ley o sus 
condiciones no deroga la ley anterior; iv) la Ley 2/1983 está plenamente vigente; v) 
también lo está su art. 4, sobre cuya constitucionalidad se refirió la STC 27/1987, de 27 
de febrero, FJ 6; vi) la redacción del precepto estatutario que regulaba entonces la 
coordinación (art. 47.3 EACV 1982) es prácticamente idéntica a la del que la regula 
ahora (art. 6.3 EACV 2006); vii) en cualquier caso, sería indiferente la no vigencia de la 
Ley 2/1983, ya que la Ley 3/2019 es una ley que declara que los servicios sociales son 
servicios públicos esenciales de interés general, y es una ley aprobada por mayoría 
absoluta, por lo que cumpliría con los requisitos previstos en el art. 66.3 EACV.
8.  Mediante providencia de día 14 de julio de 2020 se acordó señalar para la 
deliberación y votación de la presente Sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de inconstitucionalidad.
El presente recurso de inconstitucionalidad ha sido formulado por más de cincuenta 
diputados del grupo parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados contra los 
siguientes preceptos de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos 
de la Comunidad Valenciana: los arts. 27.5, 30, 104.1 b), 105.1, 106.2 y 3, 107.2 y 3, 
108, 109 y 110, las disposiciones transitorias primera, cuarta (apartados 4 y 5) y quinta 
(apartados 2 y 3) y la disposición final segunda (apartados 2 y 3).
Los diputados recurrentes consideran que la competencia autonómica en materia de 
servicios sociales se ha ejercido vulnerando la garantía constitucional de la autonomía 
provincial reconocida en los arts. 137 CE y 141 CE, así como la configuración legal que 
de esa autonomía ha realizado el legislador básico estatal en los arts. 7.2, 10.2, 26.1 c) 
y 3, 36.1, 58 y 59 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 
local (LRBRL). Igualmente consideran vulnerada la autonomía y la suficiencia financiera 
de las diputaciones provinciales recogida en el art. 142 CE. Los representantes legales 
del Gobierno valenciano y de las Cortes Valencianas expresan su opinión divergente, 
suplicando la desestimación íntegra del recurso.
2.  Consideraciones previas.
Antes de abordar el examen  de las concretas  impugnaciones contenidas en el 
recurso  de  inconstitucionalidad  interpuesto,  debemos  realizar  una  serie  de 
observaciones preliminares.
a)  Las primeras conciernen a las consideraciones que efectúan los representantes 
legales autonómicos y que parecen cuestionar el alcance o la pertinencia del presente  e.
recurso de inconstitucionalidad, si bien no se formulan estrictamente como causas de  w.b
inadmisibilidad. 70ww
– Así, en efecto, aunque no se opone expresamente a la admisión a trámite del
rreecquurissioto sn i pcrouceesstiaolneas , eexlp llíectirtaadmoe ndtee  leans  Cnionrgteúsn  Vmaolemnecniaton aesl  sceuñmaplali mqiueen toe l dáem bsiutos 
«natural» para encauzar la pretensión ejercitada en este recurso debería ser el
planteamiento de un conflicto en defensa de la autonomía local contemplado en el 
art. 75 bis y ss. LOTC.
Sin embargo, de acuerdo con nuestra Ley Orgánica, no hay «ámbitos naturales» o 
vías preferentes para encauzar la defensa de la autonomía local constitucionalmente 
garantizada, sino distintos tipos de procesos constitucionales con sus propios requisitos 
de legitimación y su propio objeto, que pueden solaparse en la práctica contra las 
mismas disposiciones (SSTC 92/2015, de 14 de mayo, FJ 1, y 107/2017, de 21 de 
septiembre, FJ 1). Así, los diputados no pueden promover un conflicto en defensa de la 
autonomía local, en el que la legitimación queda restringida a los municipios y provincias, 
pero si pueden alegar la vulneración de la autonomía provincial a través de la promoción 
de un recurso de inconstitucionalidad por estar constitucionalmente legitimados para ello 
[art. 162.1 a) CE]. En consecuencia, la circunstancia de que existan otros tipos de 
procesos constitucionales en los que otros sujetos jurídico-públicos podrían también 
promover el control de constitucionalidad de una ley que se considera lesiva de la 
autonomía  local,  no  condiciona  la  admisibilidad  de  este  proceso  ni  determina  la 
intensidad  del  escrutinio  que  deba  aplicar  este  tribunal.  Salvadas  las  diferencias 
procesales, no debe haber diferencias en cuanto a la intensidad de nuestro escrutinio en 
dichos tipos de procesos, y a la plena aplicabilidad de la doctrina resultante en ambos 
tipos de procesos [STC 107/2017, FJ 2 c)].
– El  letrado  de  las  Cortes  Valencianas  interesa  que  determinados  preceptos 
impugnados, o parte de ellos, queden fuera del objeto del recurso, pues no guardan 
relación  alguna  con  las  diputaciones  provinciales  ni  con  su  autonomía  que  es  la 
exclusiva razón en la que se sustentaría la impugnación.
En este punto debemos recordar la doctrina de este tribunal, recogida por todas en 
las SSTC 233/1999, de 16 de diciembre y 54/2018, de 24 de mayo, y en virtud de la cual 
«no basta la mera invocación formal de los preceptos en la demanda (STC 98/1989, 
FJ 5) o incluso, como sucede en este caso, la existencia en la misma de una solicitud 
expresa  de  su  declaración  de  inconstitucionalidad,  para  que  este  tribunal  deba 
pronunciarse sobre todos y cada uno de ellos, sino que es preciso, además, que en el 
cuerpo  del  recurso  se  contenga  la  argumentación  específica  o  razonamientos  que 
fundamenten  la  presunta  contradicción  de  éstos  con  la  norma  fundamental 
[SSTC 146/1994, FJ 7 B); 214/1994, FJ 3; 195/1998, FJ 1]. Efectivamente, hemos de 
recordar aquí una vez más que la impugnación de las normas debe ir acompañada de la 
preceptiva fundamentación y precisión que permitan al abogado del Estado [o en este 
caso a los representantes legales autonómicos], al que asiste, como parte recurrida, el 
derecho de defensa, así como a este tribunal, que ha de pronunciar la sentencia, 
conocer  las  razones  por  las  que  los  recurrentes  entienden  que  las  disposiciones 
impugnadas transgreden el orden constitucional (SSTC 118/1996, FJ 2, y 118/1998, 
FJ 4). Cuando lo que está en juego es la depuración del ordenamiento jurídico, ‘es carga 
de los recurrentes no solo la de abrir la vía para que el tribunal pueda pronunciarse, sino 
también la de colaborar con la justicia del tribunal en un pormenorizado análisis de las 
graves  cuestiones  que  se  suscitan.  Es  justo,  pues,  hablar  [...]  de  una  carga  del 
recurrente y en los casos en que aquélla no se observe, de una falta de diligencia 
procesalmente  exigible,  que  es  la  diligencia  de  ofrecer  la  fundamentación  que 
razonablemente es de esperar’ (STC 11/1981, FJ 3; reiterada en las SSTC 36/1994, 
FJ 1; 43/1996, FJ 3; 61/1997, FJ 13, y 118/1998,FJ 4). En particular, es claro que ‘la 
presunción de constitucionalidad de normas con rango de ley no puede desvirtuarse sin 
un mínimo de argumentación y no caben impugnaciones globales y carentes de una  s
razón suficientemente desarrollada’ (STC 43/1996, FJ 5)» (STC 233/1999, de 16 de  oe.
diciembre, FJ 2). w.
Y  esto  último  sería,  precisamente,  lo  que,  como  advierte  el  abogado  de  la  70ww
Gunean esraelriitea t,d oec uarrrteíc pualorcsi aslmine nptreo ceend eelr ,p rreessepnetcet ore cduer som eunch eol sq udee s ee lilmosp,u gan adne leimn itbalor qluoes 
ccoonmcore rteossu latap aerxtaigdiobsle ,i mcupáulg neasd eols m noi tipvroo cpeodr eer l aq useu  seex aemnteienn dsein qguuela rcizaaddao ,u nnoi  rdaez oenllaors,   BOE-A-cable e
contradice la norma fundamental. Pues bien, dado que, como venimos diciendo, no 
corresponde a este tribunal reconstruir de oficio las demandas (SSTC 73/1988 y 7/1998; 
AATC 256/1991 y 291/1997), nuestro examen debe limitarse al de aquellos apartados 
acerca de cuya presunta inconstitucionalidad razona y se pronuncia explícitamente el 
escrito que formaliza el recurso de los diputados y, en su caso, a los preceptos y 
apartados impugnados a los que inequívocamente deba entenderse dirigida la única 
tacha de inconstitucionalidad que se opone a todos ellos en el recurso, que no es otra 
que la vulneración de la autonomía provincial como consecuencia de la afectación 
constitucionalmente reconocida de las provincias y de la suficiencia financiera de las 
diputaciones provinciales.
Será al hilo de examinar la impugnación de cada precepto cuando procedamos, en 
su caso, a excluir de nuestro análisis aquellos apartados incluidos implícitamente en el 
suplico del recurso planteado pero ayunos de mayores referencias a lo largo de este, de 
modo que incumplida la carga de fundamentación; por ello, tal y como solicita el abogado 
de la Generalitat, habrá de rechazarse el recurso en relación con ellos.
b)  En  segundo  lugar  y  antes  de  entrar  a  examinar  las  cuestiones  de  fondo 
planteadas  en  este  proceso  constitucional,  hemos  de  analizar  en  qué  medida  las 
modificaciones de los preceptos impugnados durante su pendencia ha podido tener 
incidencia en la pervivencia del objeto.
En efecto, la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, ha venido a alterar 
algunos de los preceptos impugnados en el presente recurso. Así, la referida norma ha 
añadido un nuevo apartado 7 al artículo 109, ha modificado los apartados 2 y 3 del 
artículo  110,  ha  añadido  un  apartado  3  a  la  disposición  transitoria  primera  y  ha 
modificado el apartado 1 de la disposición final segunda de la Ley 3/2019, de 18 de 
febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana.
De acuerdo con la doctrina de este tribunal, la regla general es que en los procesos 
de inconstitucionalidad la modificación, derogación o pérdida de vigencia de la norma 
que se recurre produce la extinción del proceso (por todas, SSTC 19/2012, de 15 de 
febrero, FJ 2; 216/2012, de 14 de noviembre, FJ 2, 9/2013, de 28 de enero, FJ 2, 
y 108/2015, de 28 de mayo, FJ 2), ya que la finalidad de este proceso abstracto no es 
otro que la depuración del ordenamiento jurídico, algo innecesario cuando el propio 
legislador ha expulsado la norma de dicho ordenamiento.
Dicha  regla  tiene  como  excepciones,  entre  otras,  que  el  pleito  tenga  carácter 
competencial y que tal controversia no pueda entenderse resuelta con la modificación o 
derogación de la norma [por todas, SSTC 134/2011, de 20 de julio, FJ 2 b); 161/2012, 
de 20 de septiembre, FJ 2 b); 133/2012, de 19 de junio, FJ 2; 26/2015, de 19 de febrero, 
FJ 3, y 108/2015, de 28 de mayo, FJ 2]. Así, en efecto, de acuerdo con la consolidada 
doctrina de este tribunal en procesos constitucionales de naturaleza competencial, «la 
eventual apreciación de la pérdida de objeto del proceso dependerá de la incidencia real 
que sobre el mismo tenga la derogación, sustitución o modificación de la norma y no 
puede resolverse apriorísticamente en función de criterios abstractos o genéricos, pues 
lo relevante no es tanto la expulsión de la concreta norma impugnada del ordenamiento, 
cuanto determinar si con esa expulsión ha cesado o no la controversia competencial, 
toda vez que poner fin a la misma a la luz del orden constitucional de reparto de 
competencias es el fin último al que sirven tales procesos» (por todas, STC 143/2014, 
de 22 de septiembre, FJ 2).
En el presente caso nos encontramos ante el supuesto de un proceso constitucional  s
de  naturaleza  competencial,  pues  lo  que  se  controvierte  es  la  vulneración  de  la  oe.
autonomía local provincial por los preceptos impugnados. Ello supone que al tener el  w.
pleito este carácter competencial se debe examinar si la controversia puede entenderse  70ww
rimespuuegltnaa dcoosn.  Elxaa mmeond qifiucea ceiónn e l qpurees esnet e hsau puperosdtou cnidoos  lldeeva  aal glau ncoo ndcleu silóons  dper eqcueep tlooss 
cporencsetiptutocsio nayliad adm. odificados  no  dejan  de  plantear  similares  problemas  de  BOE-A-cable e
Así, en efecto, la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa  y  financiera  y  de  organización  de  la  Generalitat  ha  añadido  nuevos 
apartados al artículo 109 y a la disposición transitoria primera de la Ley 3/2019, de 18 de 
febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana. 
Sin embargo, estos nuevos apartados en nada alteran la controversia competencial 
suscitada,  pues  subsiste  el  resto  del  contenido  de  los  mismos.  Asimismo,  las 
modificaciones de los apartados 2 y 3 del artículo 110 y del apartado primero de la 
disposición final segunda de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de 
servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana, tampoco suponen el cese de 
la controversia competencial, suscitando la nueva redacción exactamente los mismos 
problemas competenciales que la previa.
En consecuencia, el presente proceso no ha perdido objeto por el hecho de que se 
hayan producido las modificaciones señaladas, subsistiendo los motivos impugnatorios.
3.  El contenido de la norma impugnada.
Hechas las consideraciones precedentes, procede ahora referirse brevemente al 
contenido de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la 
Comunidad Valenciana.
La Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunidad 
Valenciana, de acuerdo con su preámbulo, tiene como objetivo «blindar los servicios 
sociales declarándolos servicios públicos esenciales, en virtud de lo que se dispone en el 
artículo 128.2 de la Constitución Española, y de interés general, construyendo el sistema 
público valenciano de servicios sociales» y pretende «encuadrarse en las denominadas 
leyes  de  tercera  generación  de  servicios  sociales,  las  cuales  se  caracterizan  por 
asegurar la protección jurisdiccional de los servicios sociales, consolidándolos como el 
cuarto pilar del estado del bienestar». Así, la ley recurrida tiene por objeto configurar el 
marco jurídico de actuación de los poderes públicos valencianos en el ámbito de los 
servicios sociales.
El preámbulo de la Ley 3/2019 señala las disfuncionalidades del anterior sistema de 
servicios sociales de la Comunidad Valenciana, entre las cuales destaca la inexistencia 
de un sistema coherente y organizado, que habría dado lugar a una provisión inicua de 
los servicios sociales en función de la situación financiera, social y geográfica de cada 
municipio.  La  fragmentación  del  sistema  anterior  se  habría  traducido,  señala  el 
preámbulo de la norma, en una disparidad en la provisión de servicios sociales que 
impediría la coordinación y la evaluación conjunta de estos. El preámbulo continúa 
señalando  que  es  fundamental  la  implicación  de  la  Generalitat  para  garantizar,  en 
concordancia con el principio de igualdad efectiva consagrado en el artículo 9.2 de la 
Constitución, que todas las personas tengan acceso a unos estándares mínimos de 
servicios sociales, independientemente de su lugar de residencia.
La ley diseña un «sistema público valenciano de servicios sociales» (arts. 14 a 20 de 
la ley) en torno a dos niveles: atención primaria, que puede ser de carácter básico 
(generalista y polivalente) o específico (de atención singularizada) y atención secundaria, 
para una intervención integral y sostenida en el tiempo.
Y para realizar dicha atención, el sistema público valenciano de servicios sociales se 
organiza territorialmente en torno a tres demarcaciones (arts. 21 y ss. de la ley): 1) Zonas 
básicas de servicios sociales, para la atención primaria de carácter básico. Estas zonas 
básicas se constituirán en municipios de más de 5 000 habitantes o agrupación de 
municipios de menor población. 2) Áreas de servicios sociales: para la atención primaria  e
específica. Estarán integradas por una o varias zonas básicas que integren más de 20  bo
000 habitantes. 3) Departamentos de servicios sociales: para la atención secundaria. 70ww
básiLcao  psreo vaitsriióbnu yye  laa  lgoess tmióunn diceip ilooss  [saerrtv. ic2i9o.s1  sbo)c],i aale lso sd eq uaete snec iólen  aptrriibmuayreian  digeu caalmráecnteter 
d[deete armcuinearddoa sc ocno mepl eatret.n c2i9a.s1  cdo)n,  «rleolsa csióenrv iac iolas  adtee nincfióann cpiar imy aardiao ldeesc ceanrcáiac,t evr ioelsepnecciaíf idcoe 
género y machista, diversidad funcional o discapacidad y trastorno mental crónico de la 
atención primaria de carácter específico»].
La  provisión  y  la  gestión  de  los  servicios  sociales  de  atención  secundaria  se 
atribuyen  a  la  Generalitat  [art.  28.1  i)],  que  se  reserva  igualmente  determinadas 
competencias en relación a la atención primaria de carácter específico [de acuerdo con 
el art. 28.1 h) «los servicios de atención diurna y nocturna, de atención ambulatoria de 
alojamiento alternativo de la atención primaria de carácter específico, sin perjuicio de la 
delegación que, en su caso, pueda efectuarse en las entidades locales»].
Por su parte las diputaciones provinciales, en el marco de la planificación de la 
Generalitat prestarán la asistencia técnica y económica y la supervisión que garantice a 
los ayuntamientos, especialmente a los de menor población, capacidad económica y/o 
de gestión, el ejercicio de sus competencias en materia de servicios sociales.
La ley se estructura en un título preliminar y en ocho títulos, con más de un centenar 
y medio de artículos y disposiciones adicionales, transitorias y finales, en los cuales se 
configura el marco jurídico de actuación de los poderes públicos valencianos en el 
ámbito de los servicios sociales, se ordenan y regulan los servicios sociales en la 
Comunidad Valenciana, y se planifica y se estructura el sistema público valenciano de 
servicios sociales. Sus títulos regulan los siguientes aspectos del sistema público: los 
elementos constitutivos, el catálogo de prestaciones, la planificación, la ordenación y la 
intervención de dicho sistema, la intervención de la iniciativa privada, la participación de 
la sociedad civil, la financiación, la mejora de la calidad en las prestaciones y recursos 
humanos y la inspección de las actividades en materia de servicios sociales y el régimen 
sancionador aplicable.
No obstante, el objeto del recurso es limitado, pues está únicamente referido a la 
vulneración  de  la  autonomía  provincial  por  los  concretos  preceptos  impugnados  y, 
específicamente  la  vulneración  de  la  suficiencia  financiera  de  las  diputaciones 
provinciales.
4.  Encuadre competencial y tacha de inconstitucionalidad alegada.
Los recurrentes no ponen en cuestión la titularidad autonómica de la competencia 
exclusiva en materia de servicios sociales.
En la materia asistencia social, en la que cabe encuadrar la norma autonómica 
impugnada en el presente proceso, la Comunidad Valenciana asumió la competencia 
en 1982, a través del artículo 31.24 del Estatuto de Autonomía en la redacción entonces 
vigente. Hoy, la competencia autonómica en materia servicios sociales se encuentra 
reconocida en el artículo 49.1.24 del Estatuto de Autonomía en vigor.
Lo que los recurrentes reprochan a la referida ley autonómica es que la competencia 
autonómica  sobre  servicios  sociales  se  haya  ejercido  vulnerando  la  garantía 
constitucional de la autonomía provincial reconocida en los arts. 137 CE y 141 CE y la 
configuración legal que de esa autonomía ha realizado el legislador básico estatal. 
Igualmente  consideran  vulnerada  la  autonomía  y  la  suficiencia  financiera  de  las 
diputaciones provinciales recogida en el art. 142 CE.
Acotado  el  problema  constitucional  que  suscita  el  presente  recurso  de 
inconstitucionalidad, debemos recordar, en primer lugar, en los siguientes fundamentos 
jurídicos tanto la doctrina establecida por este tribunal sobre el significado y alcance de 
la garantía constitucional de la autonomía local, especialmente la provincial que se 
recoge constitucionalmente en los artículos 137 y 141 de la Constitución (fundamentos 5 
y 6), como la doctrina de este tribunal sobre la autonomía y suficiencia financiera de las  e
diputaciones provinciales que se recoge en el art. 142 CE (fundamento 7). bo
5L.a  dLoac tdrioncat reinsata sbolebcreid ala  pgoarr aensttíea  tcriobnusntaitlu scoiobnrael  edle s liag naiufictoandoom yí aa llcoacnacl.e de la garantía  2020-9770n https://ww
c[SoSnsTtCitu 4c1io/2n0a1l 6d eF FlaJ Ja u9t oyn 1o1m bía) ; lo11c1a/l 2h0a1 6s,i ddoe  e9x pduee jsutnai or e(cFiFenJJte 1m1e yn t1e2, )e; n4t5re/2 o0t1ra7s F, Je n3  lba)s;   BOE-A-cable e
54/2017 FJ 4 b), y 101/2017 FJ 5 a)]. Sus principales líneas pueden resumirse en los 
términos siguientes.
La Constitución «no precisa las competencias que corresponden a los entes locales» 
[STC 154/2015, de 9 de julio, FJ 6 a), citando la STC 32/1981, de 28 de julio, FJ 3]. 
Distribuye todo el poder público entre el Estado (las competencias atribuidas por el 
art.  149  CE)  y  las  comunidades  autónomas  (las  competencias  atribuidas  por  los 
estatutos de autonomía y las leyes previstas en los apartados 1 y 2 del art. 150 CE). A su 
vez, en consonancia con la estructura territorial compuesta que diseña el art. 137 CE 
(STC 82/1982, FJ 4), la Constitución no encomienda en exclusiva la regulación y la 
asignación de las competencias locales ni al Estado ni a las comunidades autónomas, 
pues cada cual en el marco de sus atribuciones ha de regular y atribuir las competencias 
de los entes locales, sin perjuicio de la autonomía asegurada en los arts. 137, 140 y 141 
CE [STC 214/1989, FJ 3 a)].
No obstante corresponder al Estado y a las comunidades autónomas, cada cual en el 
marco de sus atribuciones, regular y atribuir las competencias de los entes locales, el 
art. 149.1.18 CE ampara una regulación estatal básica sobre competencias locales que, 
en cuanto tal, está llamada a condicionar al legislador autonómico. Así, en efecto, el 
Estado puede apoyarse en el art. 149.1.18 CE para establecer aquellas condiciones 
básicas conforme a las que la legislación sectorial de las comunidades autónomas ha de 
atribuir  específicamente  las  competencias  locales  en  un  momento  sucesivo.  Así  lo 
declaró la STC 214/1989, FJ 3 a), al pronunciarse sobre la ordenación básica original de 
las competencias locales: en «esa ulterior operación» que ha quedado «deferida al 
legislador competente por razón de la materia», las comunidades autónomas no pueden 
«desconocer los criterios generales que los arts. 2.1, 25.2, 26 y 36 de la misma LRBRL 
han establecido».
Por tanto, a la hora de asignar o suprimir competencias locales al amparo de sus 
atribuciones estatutarias, la comunidad autónoma debe respetar las referidas bases del 
régimen local [SSTC 214/1989, FJ 3 a); 159/2001, FJ 4, y 121/2012, de 5 de junio, FJ 7], 
pero además debe respetar la garantía constitucional de la autonomía local y también la 
regulación sobre régimen local que pueda eventualmente incluir su propio estatuto de 
autonomía, salvo que esta última fuera incompatible con aquellas bases (SSTC 31/2010, 
FJ 36, y 103/2013, FJ 4).
6.  Una  vez  recordado  lo  anterior,  nos  corresponde  examinar  cómo  se  han 
concretado en nuestra doctrina aquellos límites a los respectivos legisladores sectoriales 
que se derivan del reconocimiento constitucional de la autonomía local en los arts. 137, 
140 y 141 CE [STC 214/1989, FJ 3 a)].
Tal  y  como  hemos  tenido  oportunidad  de  señalar  la  autonomía  local 
constitucionalmente  garantizada  se  configura  como  una  garantía  con  un  contenido 
mínimo que el legislador debe respetar; «se concreta, básicamente, en el derecho de la 
comunidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno y administración 
de  cuantos  asuntos  le  atañen,  graduándose  la  intensidad  de  esta  participación  en 
función de la relación existente entre los intereses locales y supralocales dentro de tales 
asuntos o materias, para lo que deben estar dotados de las potestades sin las que 
ninguna actuación autonómica es posible (STC 40/1998, de 19 de febrero, FJ 39). La 
autonomía local permite configuraciones legales diversas. La STC 41/2016, de 3 de 
marzo, FJ 11 b), lo recuerda cuando afirma que ‘al distribuir poder local, el Estado y las 
comunidades autónomas disponen de libertad de configuración, pero deben graduar el  e
alcance o intensidad de la intervención local en función de la relación existente entre los  bo
intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias [STC 154/2015, FJ 6  70ww
a5)7,/ 2c0it1a5n,d Fo Jl a6s,  yS S92T/C2 03125/,1 F9J8 14, ]’F» J( S4T; C1 7100/51/928091,9 ,F Jd e9 1; 95 1d/e2 0s0e4p,t ieFmJ b9r;e ,9 F5J/2 041, 4c,o mFJil la5s; 
interAiosríe, sre sfiuripérnimdoidnaoss) .a los municipios, hemos señalado que las leyes sectoriales «deben
ponderar  los  intereses  locales  y  supralocales  involucrados,  asegurando  ‘que  los
municipios  tengan  competencias  propias  en  ámbitos  de  interés  exclusiva  o 
prevalentemente municipal’ y, en general, una capacidad de intervención en los asuntos 
que les afectan tanto más relevante y decisiva cuanto mayor sea el saldo favorable a los 
intereses municipales» [STC 107/2017, de 21 de septiembre, FJ 3 c) –comillas interiores 
suprimidas– citando la STC 41/2016, FFJJ 9 y 11 b), que a su vez cita las SSTC 4/1981, 
de 2 de febrero, FJ 3; 32/1981, de 28 de julio, FJ 4; 170/1989, 19 de octubre, FJ 9, 
y 51/2004, de 13 de abril, FJ 9].
La doctrina referida, además de asumir que la capacidad de intervención de los 
distintos entes locales en los asuntos que les afectan debe ser tanto más relevante y 
decisiva cuanto mayor sea el saldo favorable a sus intereses en un determinado ámbito, 
supone asumir una segunda perspectiva –que no es sino el reverso de la misma idea–: 
la de que el legislador sectorial, atendiendo, en este caso, a intereses de alcance 
supralocal, pueda conferir a instancias políticas supramunicipales (por ejemplo, cabildos, 
consejos  insulares,  diputaciones  o  comunidades  Autónomas)  mecanismos  de 
intervención  sobre el ámbito competencial local que  limiten la autonomía municipal 
[STC 107/2017, de 21 de septiembre, FJ 3 c)], –o en su caso que limiten la autonomía 
provincial cuando se trate de mecanismos de intervención autonómica que supongan 
una  limitación  de  esta–,  pero  siempre  que  la  previsión  de  tales  mecanismos  se 
condicione al cumplimiento de una serie de condiciones y requisitos.
En  efecto,  entre  tales  mecanismos  de  intervención  que  limitan  la  autonomía 
municipal  –o  la  autonomía  provincial–  se  encontraría,  entre  otros,  la  previsión  de 
facultades de coordinación de la actividad de las corporaciones locales por el Estado o 
por las comunidades autónomas, según el régimen de distribución de competencias 
entre aquél y estas. Así, la facultad coordinación se orienta a flexibilizar y prevenir 
disfunciones derivadas del propio sistema de distribución de competencias, aunque sin 
alterar, en ninguno de los casos la titularidad y el ejercicio de las competencias propias 
de los entes en relación.
En este sentido, la normativa básica estatal ha previsto la posibilidad de que las 
comunidades  autónomas  asuman  potestades  de  coordinación  de  las  diputaciones 
provinciales cuando tras disponer en el art. 10.2 LRBRL que «procederá la coordinación 
de las competencias de las entidades locales entre sí y, especialmente, con las de las 
restantes  administraciones  públicas,  cuando  las  actividades  o  los  servicios  locales 
trasciendan el interés propio de las correspondientes entidades, incidan o condicionen 
relevantemente los de dichas administraciones o sean concurrentes o complementarios 
de los de estas», ha dispuesto, en el art. 59.1 LRBRL, que «a fin de asegurar la 
coherencia de la actuación de las administraciones públicas, en los supuestos previstos 
en el número 2 del artículo 10 y para el caso de que dicho fin no pueda alcanzarse por 
los  procedimientos  contemplados  en  los  artículos  anteriores  o  éstos  resultaran 
manifiestamente inadecuados por razón de las características de la tarea pública de que 
se trate –se refiere en este punto a las técnicas de cooperación, o si se quiere, de 
‘coordinación voluntaria’ contempladas en los artículos anteriores–, las leyes del Estado 
y las de las comunidades autónomas, reguladoras de los distintos sectores de la acción 
pública, podrán atribuir al Gobierno de la Nación, o al Consejo de Gobierno, la facultad 
de coordinar la actividad de la administración local y, en especial, de las diputaciones 
provinciales en el ejercicio de sus competencias». La LRBRL ha reflejado, por tanto, la 
posibilidad  de  atribuir  la  facultad  de  coordinar  la  actividad  de  las  diputaciones 
provinciales en el ejercicio de sus competencias a la comunidad autónoma.
En esta misma línea, el apartado 3 del artículo 66 del Estatuto de Autonomía de la  s
Comunidad Valenciana, dispone que «la Generalitat coordinará las funciones propias de  oe.
las diputaciones provinciales que sean de interés general de la Comunidad Valenciana»,  w.
a estos efectos, el propio precepto estatutario, se remite a la legislación básica del  70ww
nEosrtmadaoti.v aA sbí,á seilc are, felari dpoo spirbeilcideapdto  dees tcaotuotradriinoa re sata blales cdei,p eunta clíinoenae sc opnro vloin cpiraelveiss toc ueann dloa 
fcaocnucltuardrae s udne  cinotoerrdéisn acgieónne srea l prseutpernadloec parlo toe gecro imntuenreitaseriso ,s uppureaslo ccaolens .la  atribución  de  BOE-A-cable e
La coordinación tiene por objeto, naturalmente, competencias de titularidad local; 
pero no supone una sustracción de las competencias de las entidades sometidas a la 
misma, «antes bien, presupone lógicamente la titularidad de las competencias en favor 
de la entidad coordinada». Esto implica que quien ejerza la competencia coordinada será 
siempre la propia entidad local. Sin embargo, tal y como ha señalado la STC 109/1998, 
de  21  de  mayo,  «las  facultades  de  coordinación  –a  diferencia  de  las  técnicas  de 
colaboración, basadas en la participación voluntaria y, por ende, en una situación más 
nivelada  de  los  entes  cooperantes–  conllevan  ‘un  cierto  poder  de  dirección, 
consecuencia de la posición de superioridad en que se encuentra el que coordina 
respecto  al  coordinado’  [STC  214/1989,  FJ  20  f)].  Y  siendo,  consiguientemente,  la 
imposición  una  de  las  principales  notas  distintivas  de  la  coordinación  frente  a  la 
voluntariedad que caracteriza a las fórmulas cooperativas [cfr., además, STC 331/1993, 
FJ 5 A)], es claro que el que ostenta atribuciones de aquella índole está legitimado, en 
línea de principio, para establecer unilateralmente medidas armonizadoras destinadas a 
la más eficaz concertación de la actuación de todos los entes involucrados. Desde esta 
perspectiva, puede en verdad afirmarse que la coordinación ‘constituye un límite al pleno 
ejercicio de las competencias propias de las Corporaciones locales’ [STC 27/1987, FJ 2; 
asimismo STC 214/1989, FJ 20 f)]».
Por lo tanto, la facultad de coordinación en la medida en que permite someter a los 
entes locales coordinados a «un cierto poder de dirección», constituye un mecanismo de 
intervención  que  tiene  una  evidente  afectación  sobre  la  autonomía  local.  Es  esta 
posibilidad de afectación de la autonomía constitucionalmente reconocida la que exige la 
existencia de límites a la función de coordinación. Límites que, tanto en la doctrina 
constitucional como en la propia legislación básica, han quedado concretados en una 
serie de exigencias sustantivas y procedimentales que se imponen a toda previsión de la 
referida facultad de coordinación.
En efecto, del reconocimiento que se realiza en los arts. 137, 140 y 141 CE de la 
autonomía local, y siguiendo lo razonado en la STC 111/2016, de 9 de junio –en aquella 
ocasión para el supuesto de la facultad de coordinación de los municipios por parte de 
las diputaciones provinciales–, cabe extraer también para el supuesto de la previsión de 
una facultad autonómica de coordinación sobre las diputaciones que la misma, además 
de estar específicamente atribuida y suficientemente predeterminada, debe responder a 
la protección de intereses generales o comunitarios. Se trata de una doble exigencia 
constitucional de predeterminación y proporcionalidad.
Así, en lo que se refiere a la predeterminación, señalábamos en la STC 111/2016 
como una amplia indeterminación equivale a confiar a la propia entidad coordinadora la 
forma y alcance de su «cierto poder de dirección» sobre el ente coordinado; un poder 
que estaría, en realidad, autoatribuido en contra de la doctrina constitucional.
A su vez, en lo que se refiere a la proporcionalidad, y tal y como igualmente 
señalábamos, el legislador sectorial, dentro de los amplios márgenes con que cuenta 
para  diseñar  fórmulas  de  coordinación,  debe  asegurar  que  el  grado  de  capacidad 
decisoria que conserve la provincia sea tendencialmente correlativo al nivel de interés 
presente en el asunto de que se trate. Tal como recuerda la STC 154/2015, de 9 de julio, 
FJ 6 a), «se trata de que el legislador gradúe el alcance o intensidad de la intervención 
local ‘en función de la relación existente entre los intereses locales y supralocales dentro 
de tales asuntos o materias’». Por tanto, de acuerdo con la doctrina de este tribunal, y a 
la luz de los art. 137, 140 y 141 CE, la autonomía de las entidades coordinadas exigirá 
que estas conserven aquel grado de capacidad decisoria que sea tendencialmente  s
correlativo al nivel de interés presente en el asunto de que se trate. oe.
La necesidad de imponer límites y condiciones a la facultad de coordinar derivados  w.
del reconocimiento constitucional de la autonomía local ha sido igualmente concretada y  70ww
cdoemsaurnroidllaadd a aeuntó lnao mnoar m(aot ivaal  bEásstiacdao e),s talata lf.a Acuslít,a edl  adret.  5co9o LrdRinBaRr L laq uea crteivcidoando ced ea  llaa 
administración local y, en especial, de las diputaciones provinciales en el ejercicio de sus
competencias, especifica el presupuesto y las condiciones a los que, en todo caso, 
deberá ajustarse el ejercicio de tal facultad coordinadora.
Así, en efecto, el presupuesto para que se pueda prever una facultad autonómica de 
coordinación sobre las diputaciones provinciales en el ejercicio de sus competencias 
sería doble, pues la normativa básica estatal, en el art. 59.1 LRBRL que se remite al 10.2 
LRBRL, exige, por un lado, que «las actividades o los servicios locales transciendan el 
interés  propio  de  las  correspondientes  entidades  (locales),  incidan  o  condicionen 
relevantemente los de dichas administraciones (el Estado y la comunidad autónoma) o 
sean concurrentes o complementarios de los de estas», y por otro, que la coherencia de 
la  actuación  de  las  administraciones  públicas  no  pueda  alcanzarse  por  los 
procedimientos  de  cooperación  voluntaria  o  éstos  resultaran  manifiestamente 
inadecuados por razón de las características de la tarea pública de que se trate. Doble 
presupuesto  que  no  es  sino  una  manifestación  de  la  exigencia  constitucional  de 
proporcionalidad, entendida, como ya hemos visto, como la obligación de graduar el 
alcance o intensidad de la intervención de cada nivel territorial «en función de la relación 
existente entre los intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias», 
y que se deriva del reconocimiento constitucional de la autonomía local (ex arts. 137, 140 
y 141 CE).
Cumplido el referido presupuesto, y en desarrollo de la exigencia constitucional de 
predeterminación, para que se pueda prever una facultad autonómica de coordinación 
sobre las diputaciones provinciales en el ejercicio de sus competencias, el apartado 1 del 
art. 59 LRBRL, establece una serie de exigencias procedimentales que implican que los 
entes coordinados conozcan, con carácter previo, como se va a producir aquella. En 
efecto, el apartado primero del art. 59 dispone que tal coordinación debe realizarse 
«mediante la definición concreta y en relación con una materia, servicio o competencia 
determinados de los intereses generales o comunitarios, a través de planes sectoriales 
para la fijación de los objetivos y la determinación de las prioridades de la acción pública 
en la materia correspondiente», lo que supone una exigencia de realizar la coordinación 
a través de un determinado y concreto instrumento como es el plan.
La razón para ello es que dichos planes deberán tramitarse –tal como dispone el 
art. 58.2 LRBRL al que se remite el art. 59.1 de la propia LRBRL–, con la participación de 
las  administraciones  afectadas,  participación  que  tiene  como  propósito  último  la 
armonización de los intereses públicos en presencia; lo que ciertamente supone una 
garantía de la autonomía local, pues implica, por un lado, la participación de los entes 
locales en la tramitación del plan y, por otro, que cualquier desviación respecto de los 
intereses locales manifestados mediante su participación en la elaboración de aquel, 
solo podría justificarse en la armonización de los intereses públicos en presencia. Con 
ello  se  concretan  y  desarrollan  en  la  normativa  básica  estatal  las  exigencias 
constitucionales  de  predeterminación  y  proporcionalidad  en  lo  que  se  refiere  a  la 
previsión de facultades de coordinación.
Finalmente  el  apartado  segundo  del  art.  59  LRBRL  dispone  que  las  leyes 
reguladoras de los distintos sectores de la acción pública que prevean la coordinación 
deben precisar, «con el suficiente grado de detalle, las condiciones y los límites de la 
coordinación, así como las modalidades de control que se reserven las Cortes Generales 
o las correspondientes asambleas legislativas», de nuevo se trata de una exigencia de 
predeterminación en cuando a las condiciones y los límites de la coordinación y en 
cuanto a las modalidades de control.
Recapitulando, de acuerdo con la doctrina reproducida, la previsión de una función  s
autonómica de coordinación de las diputaciones provinciales por parte de la comunidad  oe.
autónoma,  que  indudablemente  es  susceptible  de  suponer  una  afectación  de  su  w.
capacidad de decisión en un ámbito legalmente atribuido a aquellas, deberá someterse a  70ww
lparse dseigteuriemnitneasd cao, ntdailc iporneevsis: iaódne mdeá sc doeo redsintaarc eiósnp edceífbicearám ernetsep oantrdibeuri daa  yla s upfricoiteenctceiómne ndtee 
lian teprreospeias  gcoeonredrianlaecsi óon c oemn ufunnitaciróions ,d dee l am oredloa cqióune  esexi sgtreandtuea erán terel  allocsa ninctee roe sinetse nlosicdaaleds d ey   BOE-A-cable e
supralocales o comunitarios existente en tales asuntos o materias. Así, tal coordinación 
debe realizarse a través de la adopción de planes sectoriales en cuya tramitación debe 
garantizarse la participación de los propios entes locales coordinados con la finalidad de 
armonizar los intereses públicos afectados.
7.  La doctrina sobre la autonomía y la suficiencia financiera local.
Los  diputados  recurrentes  consideran  que  –además  de  la  autonomía  local  que 
garantizan los arts. 137 CE y 141 CE, y cuyos contornos han sido definidos por la 
doctrina  de  este  tribunal  sintetizada  en  los  anteriores  fundamentos  jurídicos–,  los 
preceptos impugnados vulneran, asimismo, el principio de suficiencia financiera recogido 
en el art. 142 CE al disponer que las «haciendas locales deberán disponer de los medios 
suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones 
respectivas».
Este tribunal ha recordado que la autonomía de la que gozan los entes locales, en lo 
que al ámbito económico se refiere, tiene claramente dos aspectos: la vertiente de los 
ingresos y la de los gastos (STC 48/2004, de 25 de marzo, FJ 10).
a)  Autonomía financiera en la vertiente de los ingresos.  Por lo que a la primera de 
ellas respecta, en virtud del art. 142 CE, la autonomía local presupone la existencia de 
«medios suficientes» para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las 
corporaciones locales. Ello no significa que se deba garantizar «a las Corporaciones 
locales autonomía económico-financiera en el sentido de que dispongan de medios 
propios –patrimoniales y tributarios– suficientes para el cumplimiento de sus funciones, 
sino que lo que dispone es únicamente la suficiencia de aquellos medios» (STC 96/1990, 
de 24 de mayo, FJ 7; en el mismo sentido, SSTC 179/1985, de 19 de diciembre, FJ 3, 
y 166/1998, de 15 de julio, FJ 10).
Es, pues, el principio de suficiencia de ingresos y no el de autonomía financiera el 
que garantiza la Constitución Española en relación con las haciendas locales, suficiencia 
de medios que, como hemos señalado también en reiteradas ocasiones, constituye el 
presupuesto indispensable «para posibilitar la consecución efectiva de la autonomía 
constitucionalmente garantizada» (STC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 7). En efecto, el 
«principio de autonomía que preside la organización territorial del Estado (arts. 2 y 137) –
hemos afirmado–, ofrece una vertiente económica importantísima, ya que, aun cuando 
tenga un carácter instrumental, la amplitud de los medios determina la posibilidad real de 
alcanzar los fines» (STC 237/1992, de 15 de diciembre, FJ 6). «La autonomía de los 
entes locales va, entonces, estrechamente ligada a su suficiencia financiera, por cuanto 
exige  la  plena  disposición  de  medios  financieros  para  poder  ejercer,  sin 
condicionamientos indebidos y en toda su extensión, las funciones que legalmente les 
han sido encomendadas» (STC 104/2000, de 13 de abril, FJ 4); es decir, «para posibilitar 
y  garantizar,  en  definitiva,  el  ejercicio  de  la  autonomía  local  constitucionalmente 
reconocido» en los arts. 137, 140 y 141 CE [STC 331/1993, de 12 de noviembre, FJ 2 b); 
en el mismo sentido, SSTC 96/1990, FJ 7; 171/1996, de 30 de octubre, FJ 5; 233/1999, 
de 16 de diciembre, FFJJ 4 b), y 22; y 104/2000, FJ 4].
La  doctrina  de  este  tribunal  ha  subrayado  que  es  al  Estado,  a  tenor  de  la 
competencia exclusiva que en materia de hacienda general le otorga el art. 149.1.14 CE, 
a  quien,  a  través  de  la  actividad  legislativa  y  en  el  marco  de  las  disponibilidades 
presupuestarias, incumbe en última instancia hacer efectivo el principio de suficiencia 
financiera de las haciendas locales [SSTC 179/1985, de 19 de diciembre, FJ 3; 96/1990,  s
de  24  de  mayo,  FJ  7;  237/1992,  de  15  de  diciembre,  FJ  6;  331/1993,  de  12  de  oe.
noviembre, FJ 2 b); 171/1996, de 30 de octubre, FJ 5; 233/1999, de 16 de diciembre,  w.
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ejemplo, de la participación en tributos de las comunidades autónomas.
Así, la comunidad autónoma, que tiene atribuida la capacidad de determinar el 
ámbito competencial local en el ámbito de sus competencias, es constitucionalmente 
responsable, junto con el Estado, de garantizar la suficiencia financiera de los entes 
locales. Consecuentemente la atribución a los entes locales de nuevas tareas, o la 
ampliación de aquellas que ya venían desempeñando, debe tener como consecuencia, 
en su caso, la garantía de aquellos ingresos que le permitan hacer frente a la eventual 
necesidad de gasto que la nueva atribución de competencias pueda suponer, debiendo 
encargarse también aquel nivel de gobierno al que el bloque de constitucionalidad ha 
reservado la concreta competencia –y que decide atribuirla al ente local– de acordar 
aquellas medidas pertinentes al objeto de garantizar su suficiencia financiera. Por tanto, 
el  nivel,  estatal  o  autonómico,  que  atribuye  a  los  entes  locales  determinadas 
competencias es, asimismo, constitucionalmente responsable de garantizar a dichos 
entes aquellos recursos financieros que les permitan acometer esas nuevas tareas.
Así, la responsabilidad autonómica en la tarea de dotar de recursos económicos 
suficientes a los entes locales se encuentra explicitada, en primer lugar, en el art. 142 CE 
cuando dispone que «las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes 
para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y 
se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y 
de las comunidades autónomas», del que cabe extraer un mandato cuyos destinatarios 
son tanto el Estado como las comunidades autónomas. Mandato que se encuentra, 
asimismo, recogido en la Carta europea de la autonomía local («BOE» núm. 47, de 24 
de febrero de 1989) cuando en su art. 9 referido a los recursos financieros de las 
entidades locales dispone en su apartado 1 que «las entidades locales tienen derecho, 
en el marco de la política económica nacional, a tener recursos propios suficientes de los 
cuales  pueden  disponer  libremente  en  el  ejercicio  de  sus  competencias»  y  en  su 
apartado  2  que  «los  recursos  financieros  de  las  entidades  locales  deben  ser 
proporcionales  a  las  competencias  previstas  por  la  Constitución  o  por  la  ley». 
Relacionándose igualmente en la referida carta europea las cargas financieras con el 
ámbito competencial local cuando establece, en el apartado 4 del referido art. 9, que «los 
sistemas financieros sobre los cuales descansan los recursos de que disponen las 
entidades locales deben ser de una naturaleza suficientemente diversificada y evolutiva 
como para permitirles seguir, en la medida de lo posible y en la práctica, la evolución real 
de los costes del ejercicio de sus competencias» y, en el apartado 5 del referido art. 9, 
que los procedimientos de compensación financiera o de las medidas equivalentes 
destinadas a corregir los efectos del desigual reparto de las fuentes potenciales de 
financiación, «no deben reducir la libertad de opción de las entidades locales, en su 
propio ámbito de competencia».
La responsabilidad autonómica en la tarea de garantizar unos recursos económicos 
suficientes a los entes locales se encuentra explicitada, en segundo lugar, tanto en la 
normativa básica estatal como en el propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana.
En efecto, el apartado 4 del art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local, en la redacción que le ha dado la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la  administración  local,  dispone  la 
obligación de prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia 
financiera de las entidades locales al realizar la determinación legal de las competencias 
municipales en aquellas materias enunciadas en el propio precepto. La doctrina de este 
tribunal recogida en la STC 41/2016, de 3 de marzo, FJ 10 c), ha extendido la exigencia  s
de prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera  oe.
de las entidades locales también a aquellos ámbitos no incluidos en el listado del  w.
art.  25.2  LBRL,  pues  tal  como  tuvimos  oportunidad  de  afirmar  las  «competencias  70ww
LpBroRpLia ss»in om quuneic ripeasluelsta nn oig usoanlm seonltoe  ldaes  partervibisuiiodnaess  dgeennterora dlees  ldoes  lam áLregye rneegsu ldaedlo raar td. e2 5la.2s 
Tbaamsebsié nd,e p orér gtaimnteon,  elno caaql u(eallrotss.  á2m.1b itoys  7n.o1  inLcBluRidLo) s qeune e lh laisnta dpoe rdmeal naertc. id2o5 .2in LaBltRerLa d«alass.   BOE-A-cable e
comunidades autónomas pueden decidir si, y hasta qué punto, los municipios deben 
tener competencias propias, pero sujetándose a las exigencias de los apartados 3, 4 y 5 
del  art.  25  LBRL;  además  de  a  las  garantías  de  autonomía  local  previstas  en  la 
Constitución y, en su caso, en los Estatutos de Autonomía» [STC 41/2016, de 3 de 
marzo, FJ 10 c)]. Ello supone que también en los supuestos en los que el legislador 
sectorial atribuya competencias a los entes locales fuera de las del listado del art. 25.2 
LBRL deberá prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia 
financiera de aquellos.
Por su parte el artículo 64.2 del Estatuto de Autonomía de Valencia, tras disponer 
que mediante ley de las Cortes Valencianas se procederá a la descentralización en favor 
de  los  ayuntamientos  de  aquellas  competencias  que  sean  susceptibles  de  ello, 
atendiendo  a  la  capacidad  de  gestión  de  los  mismos,  establece  que  «esta 
descentralización irá acompañada de los suficientes recursos económicos para que sea 
efectiva».
La garantía de la suficiencia de recursos recogida en los preceptos básicos y en los 
preceptos estatutarios ciertamente se encuentra referida a los ayuntamientos, pero a 
través de la función provincial de asistencia y cooperación económica a los municipios, 
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión, supone, en última 
instancia, una garantía de la suficiencia financiera de las propias diputaciones, órgano de 
gobierno  de  la  provincia,  que  no  es  sino  una  entidad  local  «determinada  por  la 
agrupación de municipios» (art. 141.1 CE) que tiene reconocida entre aquellas funciones 
que  constituyen  el  núcleo  de  su  actividad  la  asistencia  y  la  cooperación  jurídica, 
económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica 
y de gestión [según se dispone en el art. 36.1 b) LRBRL]. A este respecto, hemos 
precisado que la provincia, en cuanto entidad local «determinada por la agrupación de 
municipios» (art. 141.1 CE), tiene como núcleo de su actividad el apoyo a los municipios 
radicados en su ámbito territorial (STC 111/2016, de 9 de junio, FJ 9); actividad que se 
traduce  «en  la  cooperación  económica  a  la  realización  de  las  obras  y  servicios 
municipales, y que es llevada a la práctica a través del ejercicio de su capacidad 
financiera  o  de  gasto  público  por  parte  del  ente  provincial.  Es  esta  actuación 
cooperadora, pues, la que cabe identificar como el núcleo de la autonomía provincial» 
(STC 109/1998, de 21 de mayo, FJ 2). Así, si bien es cierto que este tribunal ha 
señalado que el contenido de la garantía constitucional de la provincia no queda limitado 
única y exclusivamente a la función de cooperación económica a la realización de obras 
y servicios municipales, o al apoyo a los municipios, estas funciones sí forman parte de 
aquel contenido (STC 103/2013, de 25 de abril, FJ 5).
La caracterización constitucional de la provincia como «agrupación de municipios» 
(art.  141.1  CE)  supone,  precisamente,  que  unas  y  otros  responden  a  un  ámbito 
normalmente común de intereses, pues los municipios son los destinatarios principales o 
directos de las competencias que hemos denominado instrumentales de asistencia, 
cooperación  y  coordinación  características  de  la  provincia  como  entidad  local 
«determinada por la agrupación de municipios» (art. 141.1 CE; STC 107/2017, de 21 de 
septiembre,  FJ  4).  Así,  en  efecto,  la  Constitución,  al  configurar  la  provincia  como 
agrupación de municipios, está regulando el nivel local de gobierno como un sistema 
integrado por dos entidades, los municipios y la provincia. Dos entidades que forman 
parte de una misma comunidad política local que determina que no existan propiamente 
intereses provinciales opuestos a los municipales, pues precisamente la función de la 
provincia es garantizar la prestación integral de los servicios de competencia municipal y  s
el ejercicio de las competencias municipales. oe.
Por tanto, y de acuerdo con la doctrina reproducida, la atribución por parte del  w.
legislador sectorial de una nueva competencia o de una nueva función a los entes  70ww
lroeccaolredsa rd ceobmeroá  nhuaecsetrras eC ognasratitnutcizióann,d jou nstuo  as ulafi csieunficciiean fciniaa fnincaienrcai.e rEal ldoe n loo se esn tóebsi cloec aplaersa, 
Erellcoo noobcliigdaa  ael nE setla adrot.,  1a4 l2a sC cEo,m imunpidoandee esn a eult óanrot.m 1a3s5  yC aE l,o lsa  eenstteasb illoidcaadle sp,r ecsaudpau ceusatal reian.   BOE-A-cable e
el marco de sus competencias, a adoptar aquellas medidas que permitan realizar los 
principios de eficiencia (art. 31.2 CE) y eficacia (art. 103.1 CE) y alcanzar la situación 
presupuestaria  de  equilibrio  o  superávit  que  impone  la  Constitución  (art.  135; 
STC 41/2016, de 3 de marzo, FJ 3).
b)  Autonomía financiera en la vertiente de los gastos. La suficiencia de medios o 
ingresos para cumplir sus funciones es, pues, el primero de los aspectos que conforman 
la autonomía de los entes locales en general y de las provincias en particular. Ahora 
bien, y como hemos subrayado, asimismo, en la STC 48/2004, de 25 de marzo, aunque 
la Constitución únicamente se refiere a la «suficiencia de medios» cuando alude a los 
entes locales, es evidente que la autonomía de éstos no se agota con la suficiencia de 
sus haciendas. Como señalamos en la STC 109/1998, de 21 de mayo, precisamente en 
relación con la autonomía, en su faceta económica, de las provincias, «si bien el art. 142 
CE solo contempla de modo expreso la vertiente de los ingresos, no hay inconveniente 
alguno en admitir que tal precepto constitucional, implícitamente y en conexión con el 
art. 137 de la norma suprema consagra, además del principio de suficiencia de las 
haciendas locales, la autonomía en la vertiente del gasto público, entendiendo por tal la 
capacidad genérica de determinar y ordenar, bajo la propia responsabilidad, los gastos 
necesarios para el ejercicio de las competencias referidas» (STC 109/1998, de 21 de 
mayo,  FJ  10).  De  hecho,  hemos  señalado  que,  con  respecto  a  los  entes  locales, 
«aunque el soporte material de la autonomía financiera son los ingresos y en tal sentido 
la  Constitución  configura  como  principio  la  suficiencia  de  recursos»,  «la  autonomía 
financiera está configurada más por relación a la vertiente del gasto ‘como capacidad 
para gastar [...]’ que con relación al ingreso –como capacidad para articular un sistema 
suficiente de ingresos–» (STC 104/2000, de 13 de abril, F 4).
Autonomía local en la vertiente del gasto que, como recordábamos en la citada 
STC 109/1998, de 21 de mayo entraña, al menos, dos exigencias. En primer lugar, «la 
plena  disponibilidad»  por  las  corporaciones  locales  de  sus  ingresos,  «sin 
condicionamientos  indebidos  y  en  toda  su  extensión,  para  poder  ejercer  las 
competencias  propias»,  doctrina  esta  que,  vertida  inicialmente  en  relación  con  la 
autonomía de gasto de las comunidades autónomas, venimos aplicando a los entes 
locales desde nuestra STC 237/1992, de 15 de diciembre.
Y, en segundo lugar, la capacidad de decisión sobre el destino de sus fondos, 
también sin condicionamientos indebidos. «Solamente así, en rigor, asegurando prima 
facie la posibilidad de decidir libremente sobre el destino de los recursos, adquiere pleno 
sentido la garantía de la suficiencia de ingresos ‘para el desempeño de las funciones que 
la ley atribuye a las corporaciones respectivas’, según la dicción literal del mencionado 
art. 142 CE» (STC 109/1998, de 21 de mayo, FJ 10).
Así, la autonomía de gasto no entraña solo la libertad de los órganos de gobierno 
«en cuanto a la fijación del destino y orientación del gasto público», sino también «para 
la cuantificación y distribución del mismo dentro del marco de sus competencias».
Ciertamente, también señalamos en la ya referida STC 109/1998, que «bajo el 
prisma de los arts. 137 y 142 CE, el ámbito sobre el que se proyecta la autonomía de 
gasto provincial no ha de concebirse como una esfera total y absolutamente resistente a 
cualquier mínima incidencia o afectación proveniente de otros niveles de gobierno», 
dado que, en relación con la autonomía local –aquí en su concreta vertiente económica–, 
«lo que la Constitución veda de una forma terminante y sin excepciones no es sino el 
menoscabo del núcleo esencial o reducto indisponible de la institución, estrictamente». 
De donde inferimos que la autonomía en el ámbito económico, y, concretamente, en la  s
vertiente del gasto, de la que gozan los entes locales «puede ser restringida por el  oe.
Estado y las comunidades autónomas», pero siempre –es importante subrayarlo– que  w.
dicha restricción se lleve a cabo «dentro de los límites establecidos en el bloque de la  70ww
fcaocnuslttaitudceiso ncaoloidrdaidn»a d(SorTaCs .109/1998, de 21 de mayo, FJ 10), por ejemplo, en virtud de las
recoSnionc eidma beanr geol , acrto. m1o3 7y ay  1s4e1ñ aClaEm loas f aacl urletafedr idrneo cso ao rdlain gaacrióann títaie ndee  slau sa luímtointeosm. íYa  elonc aell   BOE-A-cable e
caso de las facultades de coordinación en el ámbito de la autonomía económica, y, 
concretamente, en la vertiente del gasto, lo que se encuentra vedado al legislador, tanto 
estatal  como  autonómico,  para  preservar  el  reducto  esencial  e  indisponible  de  la 
autonomía provincial en su vertiente presupuestaria, es la ausencia de graduación del 
alcance o intensidad de la coordinación en función de la relación existente entre los 
intereses locales y supralocales o comunitarios dentro de tales asuntos o materias.
Así, la eventual vulneración de la autonomía provincial en la vertiente del gasto 
público, no derivaría del simple hecho de que una ley autonómica conllevara unas cargas 
económicas y unas obligaciones para las diputaciones provinciales, sino del hecho de 
que en la ley autonómica se determinasen aquellas, sin tener en cuenta la relación 
existente entre los intereses locales y supralocales concurrentes.
8.  Aplicación de la jurisprudencia constitucional a las impugnaciones específicas.
Hechas las anteriores consideraciones, tanto en relación con la doctrina sobre el 
significado y alcance de la garantía constitucional de la autonomía local (fundamentos 5 
y 6), como en relación con la doctrina sobre la autonomía y suficiencia financiera de las 
diputaciones provinciales (fundamento 7), nos encontramos ya en disposición de iniciar 
el  enjuiciamiento  de  los  concretos  preceptos  impugnados,  comenzando  por  la 
impugnación del apartado 5 del artículo 27 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de 
servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana cuando dispone:
«Para  garantizar  la  gobernanza  del  sistema  y  el  acceso  universal  a  este  en 
condiciones de igualdad, cada uno de los niveles de atención tendrá asignado un ámbito 
territorial  de  ejercicio,  en  el  cual  se  especificarán  las  competencias  de  cada 
administración  pública,  junto  con  sus  responsabilidades  respectivas  en  materia  de 
financiación,  en  los  términos  en  los  que  se  determine  en  esta  ley  y  su  desarrollo 
reglamentario.»
Se  impugna  el  precepto,  como  el  resto  de  preceptos,  por  vulnerar  la  garantía 
constitucional de la autonomía provincial reconocida en los arts. 137 CE y 141 CE, así 
como la configuración legal que de esa autonomía ha realizado el legislador básico 
estatal en los arts. 7.2, 10.2, 26.1 c) y 3, 36.1, 58 y 59 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local (LBRL). Igualmente se considera vulnerada la 
suficiencia financiera de las diputaciones provinciales recogida en el art. 142 CE.
En el supuesto que se examina, el precepto impugnado tras prever que cada uno de 
los niveles de atención previstos en la ley autonómica, primario y secundario, tenga 
asignado un ámbito territorial de ejercicio, dispone que en cada uno de dichos ámbitos 
se  especificarán  las  competencias  de  cada  administración  pública,  junto  con  sus 
responsabilidades respectivas en materia de financiación, en los términos en los que se 
determine en la propia ley autonómica y su desarrollo reglamentario.
La remisión que se hace en el apartado impugnado a «los términos en los que se 
determine en esta ley y su desarrollo reglamentario» fundamenta que deba rechazarse la 
impugnación planteada ya que la eventual vulneración competencial solo se produciría, 
en su caso, por aquellas disposiciones que realicen tal determinación sin cumplir con los 
requisitos establecidos por la doctrina de este tribunal, tal y como que han quedado 
reflejados  en  los  anteriores  fundamentos  jurídicos.  En  definitiva,  la  disposición 
impugnada no resulta inconstitucional al no poder suponer, por si misma, un menoscabo 
de  aquel  reducto  indisponible  de  la  autonomía  provincial  constitucionalmente 
garantizada.  Será  al  examinar  aquellos  otros  preceptos  de  la  norma  autonómica  e.
impugnada  –o  de  su  desarrollo  reglamentario–  que  especifiquen  las  concretas  w.
competencias  o  funciones  de  cada  administración  pública,  junto  con  sus  70ww
lrae spvounlnsearbaiclidióand eds er eslap ecatuivtaosn oemn íam apterorivai ndceia fli nasnec iapcrioódnu, cdeo, ndseie hnadbor áe dne  atanl aliczaasrose  lsai 
inconstitucionalidad imputable a ese concreto precepto.
Procede, por tanto, desestimar la impugnación del apartado 5 del artículo 27 de la 
Ley  3/2019,  de  18  de  febrero,  de  servicios  sociales  inclusivos  de  la  Comunidad 
Valenciana.
9.  Se impugna, asimismo, el art. 30 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios 
sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana, que tras disponer en su apartado 1:
«Las diputaciones provinciales de la Comunidad Valenciana, en el marco de la 
planificación de la Generalitat que prevé esta ley y sus disposiciones de desarrollo, y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre régimen local vigente, prestarán la 
asistencia técnica y económica y la supervisión que garantice a los ayuntamientos, 
especialmente  a  los  de  menor  población,  capacidad  económica  y/o  de  gestión,  el 
ejercicio de sus competencias en materia de servicios sociales»,
Establece en su apartado 2:
«La Generalitat, en el ejercicio de sus competencias, coordinará a las diputaciones 
provinciales en el ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado anterior»,
y prosigue afirmando en los apartados 3 y 4:
«3.  Las  diputaciones  provinciales  se  encargarán  de  la  supervisión  de  casos, 
formación, asistencia técnica y orientación de las personas profesionales del sistema 
público valenciano de servicios sociales de su ámbito de referencia.
4.  Sin perjuicio de lo anterior, las diputaciones provinciales podrán colaborar en la 
provisión de los servicios sociales, de acuerdo con la planificación estratégica de la 
Generalitat, en cuya coordinación por parte de la Generalitat se hará una definición 
concreta y en relación a las materias, servicios y actividades a desarrollar por las 
diputaciones en materia de servicios sociales, a través de las fórmulas de colaboración 
interadministrativa previstas en esta ley y en la legislación vigente sobre régimen local.»
Los motivos de impugnación son los mismos que los ya referidos para el caso del 
apartado 5 del art. 27.
En este caso, el apartado primero del art. 30 dispone que la competencia de las 
diputaciones provinciales sobre la prestación de asistencia técnica y económica a los 
ayuntamientos se hará «en el marco de la planificación de la Generalitat que prevé la 
propia ley autonómica y sus disposiciones de desarrollo».
Por su parte el apartado segundo del art. 30 dispone que la Generalitat coordinará a 
las diputaciones provinciales en el ejercicio de su competencia sobre asistencia técnica y 
económica a los ayuntamientos a la que se refiere el apartado primero.
Y el apartado cuarto del art. 30 prevé que las diputaciones provinciales puedan 
colaborar en la provisión de los servicios sociales, de acuerdo con la planificación 
estratégica de la Generalitat adoptada en virtud de su potestad de coordinación.
Nos encontramos, por tanto ante una previsión legal de una potestad de coordinación 
de las diputaciones provinciales por parte de la comunidad autónoma; potestad a la que 
se le debe aplicar aquellos límites y condiciones a los que nos hemos referido en los 
fundamentos jurídicos previos.
Así, la potestad de coordinación de la comunidad autónoma de aquellas funciones 
atribuidas legalmente a las diputaciones provinciales –potestad que indudablemente es 
susceptible  de  suponer  una  afectación  de  la  capacidad  de  decisión  en  un  ámbito  s
atribuido a estas, pues, en el presente supuesto, se trata tanto de la coordinación de las  oe.
diputaciones provinciales en el ejercicio de su función de asistencia técnica y económica  w.
a los ayuntamientos [función prevista en el art. 36.1 b) LRBRL] como de la coordinación  70ww
dpero vlaissió dni pduet alociso nseesrv ipcrioosv inscoicailaelse se [nfu enlc ióenje rpcriceivoi stdae  esnu  eflu anrct.ió 3n6 .d1e  cc) oLlaRbBoRraLc]–ió, nd eebne rlaá 
esostmaetatel r(saer,t . p5o9r  eLxRigBeRncLi)a  yta dnetol  daert .l o6s6 a.3r tsd. e1l 3E7s yta 1tu4t1o  CdEe  cAoumtoon odme ílaa,  nao rlmasa tisviag ubieánsticeas   BOE-A-cable e
condiciones: además de estar específicamente atribuida, deberá estar suficientemente 
predeterminada, debiendo tal coordinación realizarse a través de planes sectoriales en 
los que se garantice la participación de los entes locales en su tramitación, participación 
que  se  reconoce  con  la  finalidad  de  armonizar  los  intereses  públicos  afectados; 
asimismo tal previsión de la facultad de coordinación deberá responder a la protección 
de intereses generales o comunitarios, de modo que el legislador gradúe el alcance o 
intensidad  de  la  propia  coordinación  en  función  de  la  relación  existente  entre  los 
intereses locales y supralocales o comunitarios existente en tales asuntos o materias. 
Finalmente, la potestad de coordinar a las diputaciones en el ejercicio tanto de su función 
de  asistencia  técnica  y  económica  a  los  ayuntamientos  como  de  su  función  de 
colaboración  en  la  provisión  de  los  servicios  sociales,  deberá  ser  compatible,  por 
exigencia del art. 142 CE, de la Carta de europea de la autonomía local, de la Ley de 
bases  de  régimen  local  (art.  25)  y  del  Estatuto  de  Autonomía  (art.  64.2),  con  la 
responsabilidad autonómica de garantizar a los entes locales, en su caso, aquellos 
recursos financieros que les permitan acometer sus tareas.
Ciertamente, en el presente supuesto se cumple el requisito de la atribución de la 
facultad  de  coordinación  pues,  la  misma  se  encuentra  dispuesta  en  el  precepto 
impugnado y en el resto de la propia norma autonómica. En lo que se refiere al requisito 
de la predeterminación de la potestad de coordinación, si bien el precepto perfila algunos 
aspectos del poder de coordinación autonómico, no construye totalmente la facultad 
autonómica, sin embargo, se remite a la planificación estratégica de la Generalitat que se 
prevé en la propia ley autonómica (arts. 42 y ss.) y en sus disposiciones de desarrollo. 
Planificación en cuyo procedimiento de elaboración participan las entidades locales, tal y 
como  dispone  el  art.  42  de  la  propia  ley  autonómica  cuando  establece  que  el 
procedimiento de elaboración de la planificación garantizará, a través del órgano de 
coordinación y colaboración interadministrativa en servicios sociales (regulado en el 
art. 49), la participación de las entidades locales.
Así, la función de coordinación de las diputaciones provinciales prevista en el art. 30 
de la norma autonómica se lleva a cabo de acuerdo con lo previsto en la normativa 
básica estatal, pues la misma se produce a través de la aprobación de planes para la 
fijación de los objetivos y la determinación de las prioridades de la acción pública 
(art. 59.2 LRBRL). Asimismo, dichos planes se tramitan con la participación de las 
administraciones afectadas, a que se refiere el art. 58.2 de la LBRL, para armonizar los 
intereses públicos en presencia.
Igualmente, la existencia de fuertes intereses generales o comunitarios sobre la 
materia  de  servicios  sociales  avala  la  posibilidad  de  establecer  una  función  de 
coordinación de la comunidad autónoma. En efecto, la competencia en materia de 
asistencia social es una competencia exclusiva autonómica que desde los propios inicios 
del Estado autonómico pudo ser asumida estatutariamente por todas las comunidades 
autónomas en virtud de la previsión recogida en el art. 148.1.20 CE. El propio preámbulo 
de  la  Ley  3/2019  justifica  la  implicación  de  la  comunidad  autónoma  señalando  las 
disfuncionalidades del anterior sistema de servicios sociales de la Comunidad Valenciana 
y considera que ha sido la necesidad de construir un sistema coherente y organizado, 
que no haga depender la provisión de los servicios sociales de la situación financiera, 
social  y  geográfica  de  cada  municipio,  lo  que  ha  justificado  la  implicación  de  la 
Generalitat  para  garantizar,  en  concordancia  con  el  principio  de  igualdad  efectiva 
consagrado en el artículo 9.2 de la Constitución, que todas las personas tengan acceso a 
unos estándares mínimos de servicios sociales, independientemente de su lugar de  s
residencia. Se trata, por tanto, de un ámbito, el de los servicios sociales, en que los  oe.
importantes intereses supralocales o comunitarios en presencia permiten una incisiva  w.
potestad autonómica de coordinación. 70ww
la  pFoitneasltmade ntdee,  yc cooomrdoin vaecrióenm odse a ll ae xdaimpuintaacr ioenl easrt . p1r0o5v.i1n cdiael elas  lerye,c toagmidbaié ne nim  lpau gnnoarmdoa, 
autonómica sería compatible con la responsabilidad autonómica, ex art. 142 CE, de
garantizar a los entes locales, en su caso, aquellos recursos financieros que les permitan 
acometer sus tareas.
Naturalmente que frente a aquellos planes que pudieran vulnerar las exigencias que 
se derivan de los arts. 137, 141 o 142 CE –y que se concretan y desarrollan en la 
normativa básica estatal y en el estatuto de autonomía–, se podrán, en su caso, utilizar 
las vías procesales oportunas a fin de restablecer la garantía de la autonomía provincial 
constitucionalmente garantizada.
En relación con la impugnación del apartado 3 que se refiere a la competencia de las 
diputaciones provinciales de supervisión, formación, asistencia técnica y orientación de 
las personas profesionales del sistema público valenciano de servicios sociales, no hay 
una  argumentación  específica  que  permita  conocer  las  razones  por  las  que  los 
recurrentes entienden que se transgrede el orden constitucional, por lo que, de acuerdo 
con lo que se anticipó en el fundamento jurídico 2, debemos excluirlo de nuestro análisis.
Procede, por tanto, desestimar la impugnación del artículo 30 de la Ley 3/2019, de 18 
de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana.
10.  Se impugnan a continuación toda una serie de preceptos recogidos en el titulo 
VI –«Financiación»– de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos 
de la Comunidad Valenciana. Las razones para la impugnación de todos ellas son las 
mismas ya referidas.
Se  impugna,  en  primer  lugar,  el  art.  104.1  b)  que  dispone  las  «fuentes  de 
financiación» estableciendo:
«1.  El sistema público valenciano de servicios sociales se financiará con cargo a:
a)  Los presupuestos de la Generalitat.
b)  Los presupuestos de los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y el resto 
de entidades locales de la Comunidad Valenciana
c)  Las aportaciones finalistas de los presupuestos generales del Estado y de la 
Unión Europea.»
Las diputaciones provinciales tienen entre las funciones asignadas por la normativa 
básica [art. 36.1 b) LRBRL] la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a 
los municipios. En ningún caso incurre una previsión como la recogida en el art. 104.1 b), 
que de forma genérica dispone que la financiación del sistema público valenciano de 
servicios sociales correrá a cargo –además de los presupuestos autonómicos, de los 
ayuntamientos y de las aportaciones del Estado y de la Unión Europea–, también de los 
presupuestos  de  las  diputaciones  provinciales,  en  vulneración  de  la  autonomía 
provincial.
No obstante lo anterior, cabe recordar que la atribución a los entes locales de nuevas 
tareas, o la ampliación de aquellas que ya venían desempeñando, debe tener como 
consecuencia, en su caso, por exigencia constitucional (ex art. 142 CE) la garantía de la 
suficiencia para poder hacer frente a la eventual necesidad de gasto que la nueva 
atribución de competencias pueda suponer, debiendo encargarse también aquel nivel de 
gobierno al que el bloque de constitucionalidad ha reservado la concreta competencia –y 
que decide atribuirla al ente local– de acordar las medidas pertinentes al objeto de 
garantizar tal suficiencia financiera. Ha sido, precisamente, la necesidad de garantizar la 
suficiencia financiera del nuevo sistema de servicios sociales la que habría justificado la 
adopción de la nueva norma, pues tal y como hemos ya señalado, en el preámbulo de la 
Ley 3/2019 se dispone que se trata con ella de hacer frente a las disfuncionalidades del  e.
anterior sistema de servicios sociales que hacia depender la provisión de los servicios  w.
sociales de la situación financiera, social y geográfica de cada municipio. Frente a tal  70ww
sgiaturaanctióizna,r , lae n ncuoenvcao rndoarnmciaa,  cporno sieglu ep rinecl ippiore ádme biugluoa, ldiamdp liecfae ctaiv ala  coGnesnaegrraalditoa t epna real 
marítnícimuloos 9 d.2e  dsee rlavi cCioosn sstoitcuicailóens,,  qinudee tpoednadsi elanste pmeersnoten adse  tseun gluagna ar cdcee sreos aid uennocisa .e Estlálon dsaer vees   BOE-A-cable e
reflejado en el articulado de la norma autonómica cuando el art. 105.1 dispone, como se 
examinará  en  el  siguiente  fundamento,  que  las  administraciones  públicas  de  la 
Comunidad Valenciana garantizarán la financiación necesaria «para asegurar el derecho 
de la ciudadanía a recibir las prestaciones reconocidas en el catálogo de prestaciones 
del sistema público valenciano de servicios sociales».
En consecuencia, procede desestimar la impugnación del artículo 104.1 b) de la 
Ley  3/2019,  de  18  de  febrero,  de  servicios  sociales  inclusivos  de  la  Comunidad 
Valenciana.
11.  Se  impugna,  igualmente,  el  105.1  referido  a  las  obligaciones  de  las 
administraciones públicas en materia de financiación en cuanto dispone:
«Las  administraciones  públicas  de  la  Comunidad  Valenciana  garantizarán  la 
financiación  necesaria  para  asegurar  el  derecho  de  la  ciudadanía  a  recibir  las 
prestaciones reconocidas en el catálogo de prestaciones del sistema público valenciano 
de servicios sociales y el desarrollo adecuado de los servicios sociales de su respectiva 
competencia.»
El precepto dispone una obligación de financiación del sistema por parte de todas las 
administraciones públicas de la Comunidad Valenciana. Obligación que tiene una doble 
finalidad: asegurar el derecho de la ciudadanía a recibir las prestaciones reconocidas en 
el Catálogo de prestaciones del sistema público valenciano de servicios sociales y 
asegurar el desarrollo adecuado de los servicios sociales de su respectiva competencia. 
La comunidad autónoma se hace así responsable, en último término, de garantizar la 
financiación  necesaria  del  sistema  público  valenciano  de  servicios  sociales. 
Consecuentemente  la  asunción  de  tal  responsabilidad,  interpretada  a  la  luz  de  la 
exigencia constitucional de garantizar la suficiencia financiera de los entes locales ex 
art. 142 CE, debe tener como consecuencia, en su caso, la garantía de los ingresos de 
las administraciones públicas locales para poder hacer frente a la eventual necesidad de 
gasto que la atribución de las nuevas funciones realizada por el legislador sectorial 
pueda suponer.
Tal  garantía  de  la  suficiencia  financiera  deberá,  en  su  caso,  concretarse  en  la 
planificación estratégica a la que se remite la propia norma en el apartado 1 del art. 30 
cuando tras disponer que «las diputaciones provinciales de la Comunidad Valenciana, en 
el marco de la planificación de la Generalitat […] prestarán la asistencia técnica y 
económica y la supervisión que garantice a los ayuntamientos […] el ejercicio de sus 
competencias en materia de servicios sociales», establece en el apartado 2 del mismo 
artículo  que  «la  Generalitat,  en  el  ejercicio  de  sus  competencias,  coordinará  a  las 
diputaciones provinciales en el ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado 
anterior», coordinación que recordemos que de acuerdo con el art. 59 LBRL se realiza a 
través de planes sectoriales.
En consecuencia, procede asimismo desestimar la impugnación del artículo 105.1 de 
la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunidad 
Valenciana.
12.  Los recurrentes impugnan los apartados 2 y 3 del art. 106, precepto que se 
refiere al sistema de financiación y principios. Los apartados impugnados disponen:
«2.  La  cofinanciación  de  la  Generalitat  con  las  diputaciones  provinciales,  los 
ayuntamientos y otras formas de organización reconocidas, se efectuará conforme al  e.e
principio de equidad territorial, con el objeto de garantizar que toda la ciudadanía reciba  b
un nivel mínimo de prestaciones. 70ww
aten3c.i ónL sae dráis,t rciobnu ccióanrá dctee rl ag efinnearnacli,a lcai óens tdaeb leccaiddaa  ceonn lcoesp atort ípcualroas c saigduai ennivteesl .f»uncional de
El apartado 2 del artículo 106 establece el principio de equidad territorial como
principio  que  debe  regir  la  cofinanciación  de  la  Generalitat  con  las  diputaciones
provinciales y los ayuntamientos. El establecimiento de tal principio general no es en sí 
mismo vulnerador de la autonomía provincial constitucionalmente garantizada. Ninguna 
vulneración de la autonomía política y financiera supone la fijación por la ley autonómica 
de un principio como el de equidad territorial que no es sino un reflejo de principios que 
se encuentran recogidos en la Constitución misma, cuando, por ejemplo, se refiere en el 
art. 138 CE al establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las 
diversas partes del territorio español. En relación con el resto de los incisos, y del mismo 
modo que hemos desestimado las impugnaciones anteriores, se debe desestimar la 
presente impugnación, pues la remisión que se realiza en el apartado tercero de la 
distribución de la financiación de cada concepto para cada nivel funcional de atención a 
la establecida en los artículos siguientes, supone que en su caso la inconstitucionalidad 
se encontraría en aquellos preceptos y no en el presente que se remite a ellos.
Lo anterior entraña la desestimación de la impugnación de los apartados segundo y 
tercero del art. 106 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos 
de la Comunidad Valenciana.
13.  Se impugnan, asimismo, los apartados segundo y tercero del art. 107 sobre 
financiación de personal, en virtud de los cuales:
«2.  Para la financiación del personal de atención primaria de competencia de los 
municipios  de  conformidad  con  el  artículo  29,  la  Generalitat,  en  el  marco  de  la 
planificación estratégica, establecerá la distribución de la financiación entre la Generalitat 
y las entidades locales.
La  Generalitat,  en  el  ejercicio  de  las  competencias  de  coordinación  de  las 
diputaciones  provinciales  referidas  en  el  artículo  30  de  esta  ley,  establecerá  los 
porcentajes  de  participación  de  estas  en  la  financiación  para  el  desarrollo  de  sus 
funciones de asistencia técnica y económica a los municipios.
Con objeto de garantizar un esfuerzo económico proporcional y equitativo de las tres 
diputaciones provinciales, por ley autonómica se fijará el umbral de población de los 
municipios que debe financiar cada diputación provincial, en función de la diferente 
distribución y concentración de la población en cada una.
El esfuerzo económico mencionado no podrá suponer, en ningún caso, financiar el 
personal de poblaciones cuya suma de los habitantes represente más del 25 por 100 de 
la población total de su respectiva provincia.
La financiación por parte de las diputaciones provinciales no llegará a los municipios 
de más de 20 000 habitantes, conforme a lo que dispone la normativa de régimen local 
vigente.
Será  obligación  de  las  entidades  locales  la  aplicación  de  los  acuerdos  o  los 
convenios  colectivos  vigentes,  independientemente  de  las  cuantías  de  los  módulos 
financiados.
3.  La financiación del personal de atención primaria de carácter específico de 
competencia  de  la  Generalitat,  así  como  del  personal  de  atención  secundaria,  se 
realizará  con  cargo  al  presupuesto  de  la  administración  titular  del  servicio 
correspondiente.»
a)  El primer párrafo del apartado 2 se remite, en lo que se refiere a la financiación 
del personal de atención primaria de competencia de los municipios, a la distribución de 
la financiación que prevea la Generalitat, en el marco de la planificación estratégica.
Distribución  de  la  financiación  que  –en  lo  que  se  refiere  a  las  diputaciones  s
provinciales que es lo impugnado en el presente recurso–, se fundamenta, según la  oe.
propia ley impugnada, «en el ejercicio de las competencias de coordinación de las  w.
adGripet.un 1tea0rca7ilo,i tna«etl oses  spptraoobrvclieneccneitaar,lje esss e rdgeeúfe npr iaddraitsiscp ioepnnae ce ióle nal  rdstíeec gueulsont ad3so0   edpneá  rlarea sfftiona a dlneecyli »aa cypió aqnru tapeda porae  rsemel gidtuirenísadanor r aod lelloal    2020-9770n https://ww
de sus funciones de asistencia técnica y económica a los municipios».
Se trata por tanto de un precepto legal en el que la comunidad autónoma prevé una 
potestad de coordinar a las diputaciones provinciales.
Ciertamente, y como venimos reiterando, tal facultad de coordinación se debe llevar 
a cabo, de acuerdo con límites y condiciones que por exigencia de los arts. 137, 141 
y 142 CE, se recogen en la doctrina de este tribunal y se concretan y desarrollan en la 
normativa básica estatal y en el estatuto de autonomía.
b)  En este punto, y con carácter previo a determinar si la facultad de coordinación 
prevista en el precepto impugnado se ha sometido a la exigencias referidas, se debe 
examinar una concreta cuestión planteada por los recurrentes que recuerdan que el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (art. 66.3) y la Ley 8/2010, de 23 de 
junio,  de  la  Generalitat,  de  régimen  local  de  la  Comunidad  Valenciana  (art.  52.1) 
establecen  como  requisito  previo  necesario  ineludible  la  aprobación  de  una  ley  de 
coordinación, para poder proceder de modo efectivo a la regulación de la coordinación 
de las funciones.
En efecto, el apartado 3 del artículo 66 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana,  dispone  que  «la  Generalitat  coordinará  las  funciones  propias  de  las 
diputaciones provinciales que sean de interés general de la Comunidad Valenciana. A 
estos efectos, y en el marco de la legislación del Estado, por ley de las Cortes, aprobada 
por mayoría absoluta, se establecerán las fórmulas generales de coordinación y la 
relación  de  las  funciones  que  deben  ser  coordinadas,  fijándose,  en  su  caso,  las 
singularidades que, según la naturaleza de la función, sean indispensables para su más 
adecuada coordinación. A los efectos de coordinar estas funciones, los presupuestos de 
las diputaciones, que estas elaboren y aprueben, se unirán a los de la Generalitat».
Por su parte, el apartado 1 del art. 52 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 
Generalitat, de régimen local de la Comunidad Valenciana dispone que «la Generalitat 
coordinará las funciones propias de las diputaciones provinciales que sean de interés 
general para la Comunidad Valenciana. Por ley de las Cortes Valencianas, aprobada por 
mayoría absoluta, que establecerán (sic) las formulas generales de coordinación y la 
relación de las funciones que han de ser coordinadas, fijándose, si es el caso, las 
singularidades que, según la naturaleza de la función, sean indispensables para su más 
adecuada coordinación».
Los diputados recurrentes consideran que la referida ley de coordinación, necesaria 
para  poder  proceder  de  modo  efectivo  a  la  regulación  de  la  coordinación  de  las 
funciones, no ha sido adoptada todavía, pues consideran que la Ley 2/1983, de 4 de 
octubre,  por  la  que  se  declaran  de  interés  general  para  la  Comunidad  Valenciana 
determinadas funciones propias de las diputaciones provinciales, no puede servir de 
cobertura para la inmisión en las competencias provinciales, pues debe entenderse 
derogada a tenor de lo dispuesto en la disposición derogatoria de la Ley 8/2010, de 23 
de junio, de régimen local de la Comunidad Valenciana, sin que hasta la fecha se haya 
dictado una ley que la sustituya.
Cabe señalar, en primer lugar, que la disposición derogatoria de la Ley 8/2010, de 23 
de junio, tras disponer la derogación explicita de una serie de normas, entre las cuales 
no se encuentra la Ley 2/1983, de 4 de octubre, dispone que «asimismo, quedan 
derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior rango a la presente ley, en 
lo que contradigan o se opongan a lo establecido en la misma». Sin embargo, el hecho 
de que el art. 52 de la referida ley autonómica de 2010, disponga que «por ley de las 
Corts, aprobada por mayoría absoluta, [se] establecerán las formulas generales de 
coordinación y la relación de las funciones que han de ser coordinadas[…]» –lo que no  s
es sino una reproducción de la exigencia del art. 66.3 EACV–, no supone, como afirman  oe.
los recurrentes sin motivación alguna, la derogación de la Ley 2/1983, de 4 de octubre,  w.
pues no hay contradicción en relación con aquella. 70ww
caráEcnte tro pdroe vciaos doe,  luan cau leesyt idóen  cpolaonrtdeinaadcai ópno rc olons  urenc cuornretennteidso – clao nncerceetosa yr idae ateprrmobinaacdióon– c, oyna 
hvual nseidroa caióbno rddaedl ap preocr eepsttoe  Tersibtautnuatal reion  leaq SuTivCal e2n7t/e1 9a8l7  adrót.n d6e6 .p3r edciesla macetnutael  sEes ptalatunttoe ód lae   BOE-A-cable e
Autonomía, reformado por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril. En efecto en aquella 
ocasión se planteó la vulneración del art. 47.3 del por aquel entonces vigente Estatuto de 
Autonomía, por cuanto la Ley 2/1983, de 4 de octubre, por la que se declaran de interés 
general  para  la  Comunidad  Valenciana  determinadas  funciones  propias  de  las 
diputaciones provinciales, no establecía las fórmulas generales de coordinación sino que 
confería  su  determinación  al  Gobierno  valenciano  mediante  decreto  del  Consell, 
desconociendo, según los recurrentes de entonces, la reserva de ley que aquel precepto 
estatutario, muy similar al precepto estatutario vigente, imponía.
Sin embargo, de acuerdo con la doctrina recogida en la STC 27/1987 «es cierto que 
el art. 47.3 EACV establece una reserva de ley en cuanto a la fijación de las fórmulas 
generales de coordinación. Pero no cabe entender que dicha reserva se extienda al 
contenido  concreto  de  la  actuación  coordinadora  en  relación  con  cada  una  de  las 
funciones coordinadas, sin perjuicio de que, respecto de los distintos sectores de la 
acción pública, las correspondientes leyes autonómicas puedan, en su caso, precisar las 
facultades de coordinación que corresponden al Gobierno valenciano, estableciendo 
modulaciones o fórmulas singulares y límites específicos de la coordinación, en los 
términos del art. 59 de la referida Ley estatal 7/1985».
Así, de acuerdo con la STC 27/1987, «los arts. 4 y 5, y, con carácter más general, el 
entero título III de la Ley 2/1983, dan cumplimiento a aquella reserva legal. El art. 4 
concreta,  como  fórmula  de  coordinación,  las  directrices  a  aprobar  por  decreto  del 
Consell, pero el art. 5 prefigura el contenido de tales directrices, que deben ‘contener los 
criterios generales, determinar los objetivos y prioridades, las bases de actuación y, en 
su caso, los instrumentos orgánicos y funcionales de coordinación adecuados a la 
naturaleza de la función de que se trate’. Dicho contenido, por lo demás, coincide 
sustancialmente  con  el  previsto  en  la  actual  legislación  básica  del  Estado,  que  el 
legislador autonómico debe respetar […], ya que, en virtud del art. 59.1 de la Ley 7/1985, 
de Bases del Régimen Local, la coordinación de los entes locales y, en especial, de las 
diputaciones provinciales por el Consejo de Gobierno de la Comunidad, ha de realizarse 
‘a través de planes sectoriales para la fijación de los objetivos y de la determinación de 
las prioridades de la acción pública en la materia correspondiente’. Con independencia 
de su denominación, las directrices de coordinación a que se refieren los arts. 4 y 5 de la 
Ley valenciana 2/1983, tienen un contenido equivalente al de los planes sectoriales de 
coordinación cuyas previsiones deben cumplir las administraciones locales coordinadas, 
en los términos del citado art. 59 de la Ley 7/1985».
No cabe, por tanto, considerar contrario al actual art. 66.3 EACV el hecho de que sea 
la ley sectorial autonómica, en este caso la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios 
sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana, la que precise aquellas facultades de 
coordinación que corresponden al Gobierno valenciano.
Es cierto que el vigente art. 66.3 EACV establece una reserva de ley en cuanto a la 
fijación de las fórmulas generales de coordinación. Pero como ya consideramos en la 
STC 27/1987 no cabe entender que dicha reserva se extienda al contenido concreto de 
la actuación coordinadora en relación con cada una de las funciones coordinadas, sin 
perjuicio  de  que,  respecto  de  los  distintos  sectores  de  la  acción  pública,  las 
correspondientes leyes autonómicas puedan, en su caso, precisar las facultades de 
coordinación que corresponden al Gobierno valenciano, estableciendo modulaciones o 
fórmulas singulares y límites específicos de la coordinación, en los términos del art. 59 
de la referida Ley estatal 7/1985.
c)  Cuestión distinta es la referida a los límites a aquellas facultades de coordinación  s
dispuestas  en  las  correspondientes  leyes  sectoriales  autonómicas,  límites  que  se  oe.
derivarían del reconocimiento constitucional de la autonomía provincial. w.
Nos  encontramos,  por  tanto,  ante  una  previsión  legal  de  una  potestad  de  70ww
cpoooterdstinaadc aió lna  qduee  lasse  ldei pduetbaec ioanpelicsa rp raoqvuinecllioasle lsím pitoers  pya croten ddicei olnae sc oam lousn iqduaed  naoust óhneommoas; 
referido en los fundamentos jurídicos previos.
Así, reiteramos que la potestad de coordinación de la comunidad autónoma sobre el 
ejercicio  por  las  diputaciones  provinciales  de  su  función  legalmente  atribuida  de 
asistencia  económica  a  los  ayuntamientos  debe  someterse  a  aquellas  condiciones 
derivadas del reconocimiento constitucional de la autonomía local recogido en los arts. 
137, 141 o 142 CE –y que se concretan y desarrollan en la normativa básica estatal y en 
el estatuto de autonomía–. Más concretamente la potestad de coordinación: además de 
estar específicamente atribuida debe estar suficientemente predeterminada. Para lo cual 
tal coordinación debe realizarse a través de planes sectoriales en los que se garantice la 
participación de los entes locales con la finalidad de armonizar los intereses públicos 
afectados;  pues  tal  previsión  de  coordinación  deberá  responder  a  la  protección  de 
intereses generales o comunitarios, de modo que el legislador gradúe el alcance o 
intensidad  de  la  propia  coordinación  en  función  de  la  relación  existente  entre  los 
intereses locales y supralocales o comunitarios existente en tales asuntos o materias. 
Finalmente, la potestad de coordinación deberá ser compatible con la responsabilidad 
autonómica de garantizar a los entes locales ex art. 142 CE, en su caso, aquellos 
recursos financieros que les permitan acometer sus tareas.
Ciertamente, en el presente supuesto se cumple el requisito de la atribución, pues la 
misma se encuentra dispuesta en el precepto impugnado y en el resto de la propia 
norma autonómica. En lo que se refiere al requisito de la predeterminación de la potestad 
de coordinación, si bien el precepto perfila algunos aspectos del poder de coordinación 
autonómico, no predetermina totalmente la facultad autonómica, sin embargo, se remite 
a la planificación estratégica de la Generalitat que se prevé en la propia ley autonómica 
(arts. 42 y ss.) y en sus disposiciones de desarrollo. Planificación en cuyo procedimiento 
de elaboración participan las entidades locales, tal y como dispone el art. 42 de la propia 
ley autonómica cuando establece que el procedimiento de elaboración de la planificación 
garantizará, a través del órgano de coordinación y colaboración interadministrativa en 
servicios sociales (regulado en el art. 49), la participación de las entidades locales.
Así, la función de coordinación de las diputaciones provinciales prevista en el art. 30 
y a la que se refiere el segundo párrafo del apartado 2 del art. 107, se lleva a cabo de 
acuerdo con lo previsto en normativa básica estatal, pues la misma se produce a través 
de la aprobación de planes para la fijación de los objetivos y la determinación de las 
prioridades de la acción pública (art. 59.2 LRBRL). Asimismo, dichos planes se tramitan 
con la participación de las administraciones afectadas, a que se refiere el art. 58.2 LBRL, 
para armonizar los intereses públicos en presencia; lo que ciertamente supone una 
garantía de la autonomía local, pues implica, por un lado, la participación de los entes 
locales en la tramitación del plan y, por otro, que cualquier desviación respecto de los 
intereses locales manifestados mediante su participación en la elaboración de aquel, 
solo podría justificarse en la armonización de los intereses públicos en presencia.
Igualmente, la existencia de fuertes intereses supralocales o comunitarios sobre la 
materia de servicios sociales avala la posibilidad de establecer una coordinación de la 
comunidad autónoma con tal grado de intensidad. Así cuando el segundo párrafo del 
apartado  2  dispone  que  la  Generalitat,  en  el  ejercicio  de  las  competencias  de 
coordinación de las diputaciones provinciales referidas en el artículo 30 de esta ley, 
«establecerá  los  porcentajes  de  participación  de  estas  en  la  financiación  para  el 
desarrollo de sus funciones de asistencia técnica y económica a los municipios», esta sin 
duda, determinando intensamente el alcance de la coordinación, pero ello se justifica en 
la existencia de los importantes intereses comunitarios que concurren en la materia 
coordinada s
En efecto, recordemos nuevamente que la Ley 3/2019, tiene como objetivo, de  oe.
acuerdo  con  su  preámbulo,  «blindar  los  servicios  sociales  declarándolos  servicios  w.
públicos esenciales, en virtud de lo que se dispone en el artículo 128.2 de la Constitución  70ww
Esoscpiaañleosl»a.,  yP daera i nteelr épsr egáemnebruallo,  cdoen stlrau yneonrdmo ae, l seiss tefmunad paúmbelinctoa lv alale nicmiapnlioc adceió sne rdveic iolas 
cGoennseargarlaitadto  epna real  agratírcaunloti z9a.r2,  deen l ac Coonncostridtuacnicóina,  qcuoen  toedl asp rliansc ippeior sodnea sig tueanlgdaand  acecfeecstoiv aa   BOE-A-cable e
unos estándares mínimos de servicios sociales, independientemente de su lugar de 
residencia. Se trata por tanto de un ámbito en el que concurren importantes intereses 
comunitarios,  por  lo  que  es  posible  una  intensa  determinación  del  alcance  de  la 
coordinación.
La existencia de tales intereses comunitarios, supone que tal determinación a pesar 
de su intensidad no vulnere la exigencia de que las funciones de coordinación tengan 
que ser compatibles con la autonomía de las entidades locales, que se reconoce en el 
art. 10.4 LRBRL, máxime cuando en la fijación de los porcentajes de participación de las 
diputaciones en la financiación se hace en el marco de la planificación estratégica, en la 
que, como hemos visto se prevé la participan de los entes locales y máxime cuando 
además, el art. 105 de la propia norma autonómica dispone una obligación de garantizar 
la  financiación  del  sistema  por  parte  de  todas  las  administraciones  públicas  de  la 
Comunidad  Valenciana,  lo  que  supone  que  la  comunidad  autónoma  se  hace 
responsable, en último término, de la financiación del sistema público valenciano de 
servicios sociales.
Así, y en su caso, la eventual vulneración competencial solo se produciría por el plan, 
pero en ningún caso cabría imputar la vulneración de la doctrina constitucional recogida 
en los anteriores fundamentos jurídicos de la presente resolución al párrafo segundo del 
apartado segundo del art. 107 de la norma impugnada.
d)  En cuanto al resto de los apartados del art. 107 no cabe sino desestimar la 
impugnación  planteada,  pues,  una  vez  se  ha  considerado  constitucional  el  párrafo 
segundo  del  apartado  segundo,  que  es  el  más  incisivo,  el  resto  precepto  es 
perfectamente constitucional. En efecto la determinación de un umbral de población de 
los municipios que debe financiar cada diputación provincial en función de la diferente 
distribución y concentración de la población en cada una y mediante una ley autonómica 
con objeto de garantizar un esfuerzo económico proporcional y equitativo de las tres 
diputaciones provinciales, tiene un propósito constitucionalmente legítimo como es el de 
garantizar un esfuerzo económico proporcional y equitativo de las tres diputaciones 
provinciales, reflejo de principios recogidos en la norma fundamental (art. 138 CE).
Asimismo, cabe finalmente señalar en relación con la impugnación del apartado 3 
que tampoco vulnera la autonomía local, pues supone establecer la regla de que el titular 
de un servicio es el que debe financiarlo con su presupuesto. Regla que no supone 
contradecir la obligación que se establece en nuestro sistema de garantizar la suficiencia 
financiera de los entes locales, pues tal garantía es el presupuesto de la referida regla.
En  virtud  de  lo  anteriormente  referido,  se  desestima  la  impugnación  de  los 
apartados 2 y 3 art. 107 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales 
inclusivos de la Comunidad Valenciana.
14.  Los recurrentes impugnan asimismo el art. 108 que se refiere a la financiación 
de prestaciones cuando dispone:
«1.  Las  prestaciones  cuya  competencia  corresponda  a  la  Generalitat  serán 
financiadas íntegramente por esta.
2.  Para la financiación de las prestaciones de atención primaria no integradas en el 
apartado anterior, la Generalitat, en el marco de la planificación estratégica, establecerá 
la distribución de la financiación entre la Generalitat y las entidades locales.
La  Generalitat,  en  el  ejercicio  de  las  competencias  de  coordinación  de  las 
diputaciones  provinciales  referidas  en  el  artículo  30  de  esta  ley,  establecerá  los 
porcentajes  de  participación  de  estas  en  la  financiación  para  el  desarrollo  de  sus  e
funciones de asistencia técnica y económica a los municipios. bo
Con objeto de garantizar un esfuerzo económico proporcional y equitativo de las tres  70ww
mdipuunticaicpiioonse sa  prfoinvainncciiaalre s,p opro r claedya  audtiopnuótamciicóan  sper ofivjainráci ael,l  uamtebnrdaile dned op oab lalaci ónd ifdeere nlotes 
distribución y concentración de la población en cada una.
El esfuerzo económico mencionado no podrá suponer, en ningún caso, financiar 
aquellas prestaciones en poblaciones cuya suma de los habitantes represente más 
del 25 por 100 de la población total de su respectiva provincia.
La financiación por parte de las diputaciones provinciales no llegará a los municipios 
de más de 20 000 habitantes, conforme a lo que dispone la normativa de régimen local 
vigente.
3.  La financiación de prestaciones de atención secundaria se realizará con cargo al 
presupuesto de la administración titular del servicio correspondiente.»
Cabe señalar en primer lugar que los apartados 1 y 3 del art. 108 no hacen sino 
disponer que sea el titular del servicio el que deba financiar con cargo a su presupuesto 
las prestaciones de aquel, por lo que no pueden considerarse contrarios a la autonomía 
provincial. Sin que ello suponga contradecir la obligación previa que se establece en 
nuestro  sistema:  la  obligación  del  legislador  sectorial  de  tener  que  garantizar  la 
suficiencia financiera de los entes locales.
En cuanto al apartado segundo del art. 108, el control de su constitucionalidad debe 
ser similar al ya realizado para el caso del apartado segundo del art. 107, por cuanto si 
este se refería a la financiación del personal, el examinado en el presente fundamento se 
refiere a la financiación de las prestaciones.
En consecuencia, y por las mismas razones ya señaladas en el fundamento jurídico 
anterior, es constitucional el inciso del apartado segundo del artículo 108 que dispone 
que  «la  Generalitat,  en  el  ejercicio  de  las  competencias  de  coordinación  de  las 
diputaciones  provinciales  referidas  en  el  artículo  30  de  esta  ley,  establecerá  los 
porcentajes  de  participación  de  estas  en  la  financiación  para  el  desarrollo  de  sus 
funciones de asistencia técnica y económica a los municipios», en cuanto si bien supone 
atribuir a la comunidad autónoma la faculta de coordinar la función legalmente atribuida a 
las diputaciones de asistencia económica a los ayuntamientos, ello se justifica en que se 
trata de un ámbito en el que concurren importantes intereses comunitarios. En efecto, 
como  ya  hemos  recordado,  ha  sido,  precisamente,  la  necesidad  de  garantizar  la 
suficiencia financiera del nuevo sistema de servicios sociales la que ha fundamentado la 
nueva norma, pues tal y como se señala en el preámbulo de la Ley 3/2019 se trata con 
ella de hacer frente a las disfuncionalidades del anterior sistema de servicios sociales 
que hacia depender la provisión de los servicios sociales de la situación financiera, social 
y geográfica de cada municipio. Frente a ello, la nueva norma implica, prosigue el 
preámbulo, a la Generalitat para garantizar, en concordancia con el principio de igualdad 
efectiva consagrado en el artículo 9.2 de la Constitución, que todas las personas tengan 
acceso a unos estándares mínimos de servicios sociales, independientemente de su 
lugar de residencia.
La existencia de tales intereses comunitarios implica que la intensa determinación 
que supone la fijación de los porcentajes de participación de las diputaciones en la 
financiación  no  vulnere  la  exigencia  de  que  las  funciones  de  coordinación  sean 
compatibles con la autonomía de las entidades locales, que se reconoce en el art. 10.4 
de la LRBRL, máxime cuando, y como desarrollábamos en el supuesto del art. 107, la 
fijación de tales porcentajes se hace en el marco de la planificación estratégica, en la 
que, como hemos visto se prevé la participan de los entes locales y especialmente 
cuando además, el art. 105 de la propia norma autonómica dispone una obligación de 
financiación  del  sistema  por  parte  de  todas  las  administraciones  públicas  de  la 
Comunidad  Valenciana,  lo  que  supone  que  la  comunidad  autónoma  se  hace 
responsable,  en  último  término,  de  garantizar  la  financiación  del  sistema  público  e.
valenciano de servicios sociales. w.b
Así, y en su caso, la eventual vulneración competencial solo se produciría por el plan,  70ww
epne rloo se na nntienrgioúrne sc afusnod caamberínat oims pjuurtíadric loas v dueln lear apcrieósne ndtee  lrae sdoolcutcriinóan  caol nasrtt.i tu1c0i8o ndael  lrae cnoogrmidaa 
impuEgnn avidrtau.d de ello, debe desestimarse la impugnación del art. 108 de la Ley 3/2019,
de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana.
15.  Los  recurrentes  impugnan  el  art.  109  referido  a  la  financiación  de 
infraestructuras y equipamientos de servicios sociales. El art.109 dispone:
«1.  La consejería competente en materia de servicios sociales, con la participación 
del  órgano  de  coordinación  y  colaboración  interadministrativa  en  servicios  sociales, 
elaborará y aprobará un plan cuatrienal de infraestructuras de servicios sociales, en el 
que se establecerá la participación de la Generalitat, las diputaciones provinciales y los 
ayuntamientos u otras entidades locales en la financiación de la construcción de nuevas 
infraestructuras y nuevos equipamientos de servicios sociales del conjunto del sistema 
público valenciano de servicios sociales.
El  Plan  de  infraestructuras  de  servicios  sociales  se  realizará  conforme  al  plan 
estratégico de servicios sociales de la Comunidad Valenciana. Asimismo, dentro del 
informe de evaluación del plan estratégico, se realizará una valoración del desarrollo del 
plan de infraestructuras de servicios sociales durante ese período.
2.  Los ayuntamientos proporcionarán el suelo necesario para la construcción de 
nuevas infraestructuras y equipamientos de servicios sociales.
3.  El  mantenimiento  de  las  infraestructuras  y  los  equipamientos  de  atención 
primaria se realizará con cargo a la entidad titular.
4.  El mantenimiento de las infraestructuras y los equipamientos en el nivel de la 
atención secundaria se realizará con cargo a la administración pública titular.
5.  Las diputaciones provinciales, en el ejercicio de sus funciones de asistencia 
técnica y económica a los municipios y de acuerdo con lo que dispone la normativa 
vigente sobre régimen local, participarán en la financiación de las nuevas infraestructuras 
y  equipamientos  de  servicios  sociales  de  atención  primaria,  así  como  en  su 
mantenimiento, en los municipios de menos de 20 000 habitantes, bajo la coordinación 
de la Generalitat en la definición de las materias, servicios y actividades a desarrollar por 
parte de las diputaciones provinciales de acuerdo con la planificación estratégica.
6.  El Plan de infraestructuras de servicios sociales tendrá en cuenta, además de lo 
señalado  en  el  artículo  44,  las  zonas  de  la  Comunidad  Valenciana  con  riesgo  de 
despoblación y las oportunidades que dicho plan puede suponer para el desarrollo local.
7.  Así mismo, la consejería competente en materia de servicios sociales podrá 
incluir dentro del plan de infraestructuras, en colaboración con los ayuntamientos y las 
diputaciones, la realización de actuaciones mediante la delegación, por parte de la 
Generalitat, del ejercicio de sus competencias en materia de construcción, ampliación, 
adecuación,  reforma  y,  en  su  caso,  equipamiento  de  centros  públicos  de  servicios 
sociales tanto de atención primaria específica como de secundaria de la Generalitat. Las 
delegaciones se realizarán en favor de los municipios en cuyo territorio se ejecutará la 
actuación.  No  obstante  lo  anterior,  en  función  del  tamaño  del  municipio,  de  las 
circunstancias económico-financieras de los mismos y de la complejidad de la actuación 
a acometer, dicha delegación podrá realizarse en favor de cualquier entidad que tenga 
reconocida  la  naturaleza  de  local  o  supramunicipal  con  capacidad  para  ejercer  las 
competencias en el correspondiente ámbito territorial.
Atendiendo  a  las  circunstancias  concurrentes,  podrán  delegarse  todos  aquellos 
trámites previos, actuaciones técnicas y actos administrativos relativos a viabilidad de 
parcelas,  direcciones  facultativas  y  asistencias  técnicas,  redacción  de  proyectos, 
supervisión y aprobación de los mismos, construcción de nuevos centros de servicios 
sociales, así como obras de ampliación, reforma, mejora y sustitución, seguimiento de 
las inversiones y recepción de las mismas y equipamientos de los centros de servicios 
sociales. e.
Será condición necesaria que dichas actuaciones estén previamente contenidas en  w.b
las sucesivas programaciones de obras, así como en el mapa de infraestructuras de  70ww
speordvriácnio sa ustoocriizaalersse  daec tluaa ccioonnseesj enroía  pcreovmispteatse,n steie mpoprr er aqzuóen  lad ec itlaad am actoenrsiae.j eNríoa  olob setsatnimtee, 
oeplimoritnuancoió enn d ea pinlicsatacliaócnio dnee sc prirteorviiossio onbajleetsiv oo sa  vpirnocgurlaamdoass  eas lpaesc ínfieccoess.idades de sociales,
A tal efecto, la consejería competente en materia de servicios sociales publicará en 
su página web información suficiente sobre las actuaciones que tenga en ejecución 
consecuencia de lo previsto en el presente decreto ley.
En  todo  caso,  las  administraciones  locales,  en  la  ejecución  y  desarrollo  de  la 
delegación, deberán sujetarse a lo previsto en la normativa de contratos del sector 
público.»
El recurso interpuesto no realiza una argumentación específica en relación con la 
impugnación de este precepto, por lo que hay que aplicarle la argumentación general de 
que incide sobre las competencias de las diputaciones provinciales y en particular, la 
autonomía financiera.
El  apartado  quinto  del  precepto  impugnado  dispone  que  las  diputaciones 
provinciales,  participarán  en  la  financiación  de  las  nuevas  infraestructuras  y 
equipamientos  de  servicios  sociales  de  atención  primaria,  así  como  en  su 
mantenimiento, en los municipios de menos de 20 000 habitantes, bajo la coordinación 
de la Generalitat en la definición de las materias, servicios y actividades a desarrollar por 
parte de las diputaciones provinciales de acuerdo con la planificación estratégica.
Los  recurrentes  reconocen  que  en  lo  referente  a  la  financiación  de  las 
infraestructuras y equipamientos de servicios sociales, aunque va a suponer una carga 
financiera para la diputación provincial, la proporción en la que va a participar no se 
detalla  en  el  precepto  impugnado  sino  que  se  remite,  en  el  apartado  primero  del 
precepto, al plan cuatrienal de infraestructuras de servicios sociales que se realizará 
conforme al plan estratégico de servicios sociales de la Comunidad Valenciana.
El plan cuatrienal le corresponde adoptarlo a la consejería competente en materia de 
servicios  sociales,  con  la  participación  del  órgano  de  coordinación  y  colaboración 
interadministrativa en servicios sociales. Órgano que crea el artículo 49 de la Ley 3/2019, 
de 18 de febrero como instrumento de coordinación entre las distintas administraciones 
públicas competentes o con atribuciones en materia de servicios sociales, con una 
composición que contará con el mismo número de representantes de las entidades 
locales que de la Generalitat.
Asimismo, ese plan de infraestructuras de servicios sociales debe realizarse, en 
virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado primero del art. 109, conforme 
al plan estratégico de servicios sociales de la Comunidad Valenciana. Plan estratégico 
cuya elaboración, desarrollo y aprobación, así como de sus instrumentos de ejecución, 
corresponde a la Generalitat con la participación de las entidades locales.
El mecanismo dispuesto en el precepto impugnado es compatible con la normativa 
básica estatal, cuando dispone que la facultad de coordinación se debe llevar a cabo, a 
través de la aprobación de planes sectoriales para la fijación de los objetivos y la 
determinación de las prioridades de la acción pública (art. 59.2 LRBRL). En efecto, como 
venimos reiterando en el art. 59 LRBRL se especifican una serie de reglas a las que, en 
todo caso, deberá ajustarse el ejercicio de la facultad coordinadora. Así debe realizarse 
tal coordinación «mediante la definición concreta y en relación con una materia, servicio 
o competencia determinados de los intereses generales o comunitarios, a través de 
planes sectoriales para la fijación de los objetivos y la determinación de las prioridades 
de la acción pública en la materia correspondiente»; asimismo dichos planes deberán 
tramitarse con la participación de las administraciones afectadas, a que se refiere el 
art. 58.2 de la propia ley, para armonizar los intereses públicos en presencia, lo que 
ciertamente supone una garantía de la autonomía local, pues implica, por un lado, la 
participación de los entes locales en la tramitación del plan y, por otro, que cualquier  e.
desviación respecto de los intereses locales manifestados mediante su participación en  w.b
la elaboración de aquel, solo podría justificarse en la armonización de los intereses  70ww
públPicoors  ceonn psrigeusieenncteia,. el Parlamento valenciano ha asegurado a las diputaciones su
iinnftrearevestnrcuicótnu raesn,  mlae diealnatbeo rlaac ipórne setannctioa  edne l elp lóarng aensot rdaeté gciocoo rdcinoamcoió ne ny  ceoll abpolarna ciódne 
interadministrativa en servicios sociales de sus representantes, actuando así el legislador
autonómico en consonancia con el derecho de los entes locales a participar en los 
asuntos que les afecten inherente a la garantía institucional de la autonomía local 
(STC 109/1998, de 21 de mayo, FJ 7).
En suma, dado que, en un ámbito en el que concurren como venimos comprobando 
importantes  intereses  supralocales,  se  satisface  la  inexcusable  participación  de  las 
diputaciones en la elaboración de los planes, ha de concluirse que el precepto enjuiciado 
no vulnera la autonomía provincial. Así, la eventual vulneración competencial solo se 
produciría, en su caso, por el plan, pero en ningún caso cabría imputar la vulneración de 
la doctrina constitucional recogida en los anteriores fundamentos jurídicos de la presente 
resolución al art. 109 de la norma impugnada.
16.  Se impugna, igualmente, el art. 110 referido a las fórmulas de colaboración 
financiera.
El precepto impugnado regula la colaboración entre las distintas administraciones 
públicas de la Comunidad Valenciana para la financiación del sistema público valenciano 
de servicios sociales disponiendo que la misma se fijará a través de convenios de 
colaboración plurianuales u otras fórmulas previstas en la normativa vigente.
El recurso interpuesto se encuentra ayuno de toda argumentación específica por lo 
que, de acuerdo con lo que se anticipó en el fundamento jurídico 2, debemos excluirlo de 
nuestro análisis, recordando que la impugnación de las normas debe ir acompañada de 
la  preceptiva  fundamentación  y  precisión  que  permitan  a  los  representantes 
autonómicos, a los que asiste, como parte recurrida, el derecho de defensa, así como a 
este tribunal, que ha de pronunciar la sentencia, conocer las razones por las que los 
recurrentes  entienden  que  las  disposiciones  impugnadas  transgreden  el  orden 
constitucional (SSTC 118/1996, FJ 2, y 118/1998, FJ 4).
Cuando lo que está en juego es la depuración del ordenamiento jurídico, «es carga 
de los recurrentes no solo la de abrir la vía para que el tribunal pueda pronunciarse, sino 
también la de colaborar con la justicia del tribunal en un pormenorizado análisis de las 
graves  cuestiones  que  se  suscitan.  Es  justo,  pues,  hablar  [...]  de  una  carga  del 
recurrente y en los casos en que aquélla no se observe, de una falta de diligencia 
procesalmente  exigible,  que  es  la  diligencia  de  ofrecer  la  fundamentación  que 
razonablemente es de esperar» (STC 11/1981, FJ 3; reiterada en las SSTC 36/1994, 
FJ 1; 43/1996, FJ 3; 61/1997, FJ 13, y 118/1998, FJ 4). En particular, es claro que «la 
presunción de constitucionalidad de normas con rango de ley no puede desvirtuarse sin 
un mínimo de argumentación y no caben impugnaciones globales y carentes de una 
razón suficientemente desarrollada» (STC 43/1996, FJ 5).
17.  Se  impugna  la  disposición  transitoria  primera  sobre  transferencia  de 
infraestructuras y equipamientos de atención primaria y de atención secundaria entre 
administraciones públicas y que dispone:
«1.  La Generalitat, de acuerdo con lo que disponga el plan estratégico de servicios 
sociales de la Comunidad Valenciana, y previo informe del órgano de coordinación y 
colaboración interadministrativa en servicios sociales previsto en el artículo 49 de esta 
ley, promoverá el proceso para que se produzca, de forma progresiva, la transferencia a 
la Generalitat de las infraestructuras y equipamientos de atención secundaria y de los 
servicios de atención diurna, de atención ambulatoria y de alojamiento alternativo de la 
atención  primaria  de  carácter  específico  regulados  en  los  apartados  d,  e  y  f  del 
artículo  18.2  de  esta  ley  de  titularidad  de  las  entidades  locales,  con  sujeción  al  e.
reglamento de bienes de las entidades locales y al resto de normativa que resulte de  w.
aplicación. 70ww
infra2e.s trHucatsutraa sq uye  lonso  esqeu ipparomdiueznctoas  edsete  lapsr oecenstiod addee s trlaoncsafleerse nccoinat induea rtáitnu lasriiednaddo,  ldaes 
atitdumlairnidisatrda cdióen  teitsutlaasr  dey  essuta sf.inanciación  se  hará  con  cargo  al  presupuesto  de  la  BOE-A-cable e
3.  En el caso de las infraestructuras y equipamientos mencionados en el apartado 
primero de titularidad de las diputaciones provinciales, el proceso de transferencia a la 
Generalitat Valenciana se coordinará en las mesas técnicas de cooperación social de la 
Generalitat Valenciana con cada una de las diputaciones.»
Las razones de la impugnación no son específicas sino las generales de todo el 
recurso  interpuesto  y  suponen  considerar  que  se  vulnera  la  autonomía  provincial 
constitucionalmente garantizada.
En este caso el precepto impugnado no hace sino regular el proceso progresivo de 
transferencia de la titularidad de determinadas infraestructuras y equipamientos de las 
entidades locales a la Generalitat. Transferencia que se justifica en la atribución que 
realiza la propia Ley autonómica a la Generalitat tanto de la provisión y la gestión de los 
servicios sociales de atención secundaria [art. 28.1 i]) como la de aquellos «servicios de 
atención diurna y nocturna, de atención ambulatoria de alojamiento alternativo de la 
atención primaria de carácter específico» [art. 28.1 h)].
Asimismo, el precepto regula el régimen de tales infraestructuras y equipamientos 
hasta  que  se  produzca  la  efectiva  transferencia  de  su  titularidad  a  la  Generalitat, 
mientras ello no ocurra las infraestructuras y los equipamientos de las entidades locales 
continuarán  siendo  de  titularidad  de  estas  y  su  financiación  se  hará  con  cargo  al 
presupuesto  de  la  administración  titular  de  estas.  Los  recurrentes  alegan  que  el 
mantenimiento de la financiación de las infraestructuras y equipamientos de las que son 
titulares mientras no se produzca la efectiva transferencia supone una carga financiera 
para las diputaciones. Sin embargo, en ningún caso se puede considerar que vulnere la 
autonomía provincial aquella regla que dispone que la provincia como titular de una 
infraestructura es la que debe financiarla. Regla que no supone contradecir la obligación 
que se establece en nuestro sistema de garantizar la suficiencia financiera de los entes 
locales, pues tal garantía es el presupuesto de la regla. En todo caso, la previsión 
impugnada  supone  el  mantenimiento  de  la  situación  existente  en  el  momento  de 
aprobación  de  la  norma  impugnada,  que  no  es  otra  que  la  financiación  de  las 
infraestructuras y equipamientos corresponde a su titular y no supone en este caso la 
imposición de nuevas obligaciones financieras a las diputaciones.
18.  Las disposiciones transitorias cuarta y quinta vienen a establecer el régimen 
transitorio  de  la  financiación  del  personal  y  de  las  prestaciones  mientras  no  se 
desarrollen los arts. 107 y 108 de la propia ley.
Así, se impugnan los apartados cuarto y quinto de la disposición transitoria cuarta 
sobre financiación del personal en cuanto disponen:
«4.  En los primeros cinco ejercicios a partir de la entrada en vigor de esta ley, y 
para el personal de atención primaria de competencia de conformidad con el artículo 29 
de esta ley, cada administración pública de la Comunidad Valenciana financiará un 
porcentaje del módulo de financiación del personal previsto en el apartado anterior, de 
acuerdo con la distribución siguiente y de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
final segunda:
a)  La Generalitat financiará el importe total del módulo de personal en todo el 
territorio de la Comunidad Valenciana, a excepción de las cuantías que les corresponda 
aportar a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales, determinadas en los 
apartados siguientes de esta disposición. e.e
b)  Las  diputaciones  provinciales,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  b
artículo 106.2 de esta ley, financiarán un porcentaje mínimo del módulo de financiación  70ww
ddeislt rpibeurscoiónna:l  dlae  lDosip mutuanciicóinp iodse d eA lsicuasn rtees pfiencatnivcaiasr áp roevl in8c5ia sp,o dre  1a0c0u edrdeol  cmoónd lual os igdueie nlotes 
mdeu n1ic0i p0io0s0 ;d ela m Deinpousta dceió 2n0  d0e0 0C haastbeitllaónnt efsin ya necl ia9r0á  peolr  19000  peonr  lo1s0 0m udneilc impióodsu dloe  mdee nlooss 
municipios de menos de 10 000 habitantes, y la Diputación de Valencia financiará el 85
por 100 del módulo de los municipios de menos de 15 000 habitantes y el 90 por 100 en 
los municipios de menos de 10 000.
c)  Los ayuntamientos financiarán el 10 por 100 del módulo al que se refiere el 
apartado primero en los municipios de menos de 10 000 habitantes, con independencia 
de si el porcentaje restante es financiado por la Generalitat o por la diputación provincial 
correspondiente.  Este  porcentaje  podrá  reducirse  atendiendo  a  las  especiales 
particularidades y al esfuerzo económico de los municipios, de acuerdo con los requisitos 
que se establezcan reglamentariamente, con independencia de si el porcentaje restante 
es financiado por la Generalitat o por la diputación provincial correspondiente.
d)  Los ayuntamientos financiarán el 15 por 100 del módulo al que se refiere el 
apartado primero en los municipios con población superior a 10 000 habitantes e inferior 
a 20 000 habitantes, con independencia de si el porcentaje restante es financiado por la 
Generalitat o por la diputación provincial correspondiente.
e)  En los municipios con población entre 20 000 y 50 000 habitantes, ambos 
incluidos, corresponderá a los ayuntamientos la financiación del 20 por 100 del módulo 
mencionado.
f)  En municipios de más de 50 000 y hasta 100 000 habitantes, los ayuntamientos 
aportarán el 25 por 100 del módulo.
g)  En municipios de más de 100 000 habitantes, los ayuntamientos financiarán 
el 30 por 100 del módulo.
5.  En el nivel de atención secundaria, la financiación se realizará con cargo a la 
administración titular del recurso.»
La  impugnación  del  apartado  quinto,  como  ya  hemos  hecho  en  relación  con 
disposiciones similares, debe ser desestimada en cuanto simplemente dispone que la 
financiación en el nivel de atención secundaria correrá a cargo del titular del recurso, 
pues tal regla no supone contradecir la obligación que se establece en nuestro sistema 
de garantizar la suficiencia financiera de los entes locales, pues tal garantía es el 
presupuesto de aquella.
En lo que se refiere al apartado cuarto, es la letra b) la que viene a establecer 
directamente los porcentajes mínimos de participación de las diputaciones provinciales 
en la financiación del personal.
Así, en relación con la diputaciones, el referido apartado dispone que la Diputación 
de Alicante financiará el 85 por 100 del módulo de los municipios de menos de 20 000 
habitantes y el 90 por 100 en los municipios de menos de 10 000; la Diputación de 
Castellón financiará el 90 por 100 del módulo de los municipios de menos de 10 000 
habitantes, y la Diputación de Valencia financiará el 85 por 100 del módulo de los 
municipios de menos de 15 000 habitantes y el 90 por 100 en los municipios de menos 
de 10 000.
Estos porcentajes mínimos, que, sin embargo, llegan hasta el 90 por 100 de los 
módulos  del  personal,  suponen  una  prefiguración  exhaustiva  del  contenido  de  la 
actividad del ente coordinado. La referida prefiguración exhaustiva no se adecua, sin 
embargo, a la normativa básica estatal cuando exige, en el art. 59.1 LRBRL, que la 
potestad  de  coordinación  de  la  comunidad  autónoma  de  la  función  provincial  de 
asistencia económica a los ayuntamientos, se realice a través de planes sectoriales en 
los que se garantice la participación de los entes locales con la finalidad de armonizar los 
intereses  públicos  afectados.  Así,  las  exigencias  recogidas  en  la  normativa  básica 
suponen indudablemente una garantía de la autonomía local, pues implican, por un lado,  e
la participación de los entes locales en la tramitación del plan y, por otro, que cualquier  bo
desviación respecto de los intereses locales manifestados mediante su participación en  70ww
lpaú belliacobso reanc ipórne sdeen caiaq.uel, solo podría justificarse en la armonización de los intereses
art. P1r0e7c isdaem lae nnteo rmheam aoust onaófimrmicaad oc oenn  laess teax igmeinscmiaas  rqeuseo luscei óimn ploan ecno mcopnastitbitiulidcaiodn adl eyl 
normativamente  a  la  función  de  coordinación  autonómica,  cuando  se  refiere  a  la
capacidad  de  la  Generalitat,  en  ejercicio  de  tal  función  de  coordinación  de  las 
diputaciones provinciales, para establecer los porcentajes de participación de estas en la 
financiación  del  personal,  pues  se  remite  para  ello  a  una  planificación  en  cuya 
tramitación participan los entes locales. Sin embargo, la letra b) del apartado 4 de la 
disposición transitoria cuarta, al establecer directamente los porcentajes mínimos de 
participación de las diputaciones provinciales en la financiación del personal, no se 
adecua a las exigencias recogidas en la normativa básica estatal para desarrollar la 
función de coordinación, y que tienen como finalidad garantizar la autonomía local. Por 
ello  vulneran  aquella  garantía  y  el  recurso  debe  ser  estimado  en  este  punto, 
declarándose  la  letra  b)  del  apartado  4  de  la  disposición  transitoria  cuarta  de  la 
Ley  3/2019,  de  18  de  febrero,  de  servicios  sociales  inclusivos  de  la  Comunidad 
Valenciana  inconstitucional  y  nula,  ya  que  los  referidos  porcentajes  mínimos  de 
participación  deben  establecerse  a  través  de  los  planes  sectoriales  en  los  que  se 
garantice la participación de los entes locales afectados, y no directamente en una 
disposición transitoria.
Una vez depurada la letra b) del apartado 4 debe desestimarse la impugnación del 
resto del precepto pues se refiere a las aportaciones de los municipios, cuestión que 
escapa a los motivos de la impugnación que son la preservación de la autonomía 
provincial constitucionalmente garantizada.
19.  Se impugnan los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria quinta sobre 
financiación de las prestaciones y que dispone que «conforme al marco competencial y a 
las consignaciones presupuestarias anuales, la financiación de las prestaciones se regirá 
por los siguientes criterios y reglas»:
«2.  Para la financiación de las prestaciones de atención primaria, no integradas en 
el apartado anterior, en los primeros cinco ejercicios a partir de la entrada en vigor de 
esta  ley,  cada  administración  pública  de  la  Comunidad  Valenciana  financiará  un 
porcentaje del coste total de las prestaciones, de acuerdo con la distribución siguiente y 
de conformidad con lo dispuesto en la disposición final segunda:
a)  La Generalitat financiará las prestaciones en todo el territorio de la Comunidad 
Valenciana, a excepción de las cuantías que corresponda aportar a los ayuntamientos y 
a las diputaciones determinadas en los apartados siguientes de esta disposición.
b)  Las diputaciones provinciales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de 
esta ley, financiarán un porcentaje del coste de las prestaciones de los municipios de sus 
respectivas provincias, de acuerdo con la distribución establecida en el apartado 4 b) de 
la disposición transitoria cuarta.
c)  Los ayuntamientos financiarán el 10 por 100 del coste en los municipios de 
menos  de  10.000  habitantes,  con  independencia  de  si  el  porcentaje  restante  es 
financiado  por  la  Generalitat  o  por  la  diputación  provincial  correspondiente.  Este 
porcentaje podrá reducirse atendiendo a las especiales particularidades y al esfuerzo 
económico  de  los  municipios,  de  acuerdo  con  los  requisitos  que  se  establezcan 
reglamentariamente, con independencia de si el porcentaje restante es financiado por la 
Generalitat o por la diputación provincial correspondiente.
d)  Los ayuntamientos financiarán el 15 por 100 del coste de las prestaciones en los 
municipios con población superior a 10 000 habitantes e inferior a 20 000 habitantes, con 
independencia de si el porcentaje restante es financiado por la Generalitat o por la 
diputación provincial correspondiente. s
e)  En  los  municipios  con  población  igual  o  superior  a  20  000  habitantes,  los  oe.
ayuntamientos  aportarán  el  25  por  100  de  la  financiación  de  las  prestaciones  w.
prof3e.s ioEnanl eesl  yn ievle 5l 0d ep oar t1e0n0c iódne  lsaesc purnedsataricai,o nlae sf ineaconncióamciiócna ss ye  treecanloizlaórgáic acos.n cargo a la  2020-9770n https://ww
atrdamnsinitiosrtiraa cpiróimn etritau.l»ar del recurso, de conformidad con lo dispuesto en la disposición  BOE-A-cable e
Lo afirmado en el fundamento jurídico precedente en relación con la disposición 
transitoria  cuarta  relativa  a  la  financiación  del  personal  debe  llevarnos  a  la  misma 
conclusión en relación con la disposición transitoria quinta relativa a la financiación de las 
prestaciones.
En efecto, la letra b) del apartado 2 de la disposición transitoria quinta establece los 
porcentajes mínimos de participación de las diputaciones provinciales en la financiación 
de las prestaciones en el periodo transitorio cuando dispone que «las diputaciones 
provinciales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de esta ley, financiarán un 
porcentaje del coste de las prestaciones de los municipios de sus respectivas provincias, 
de acuerdo con la distribución establecida en el apartado 4 b) de la disposición transitoria 
cuarta».
Una vez depurada la letra b) del art. 4 de la disposición transitoria cuarta, debe 
realizarse lo propio, y declararse inconstitucional y nulo, el inciso «de acuerdo con la 
distribución establecida en el apartado 4 b) de la disposición transitoria cuarta» recogido 
en la letra b) del apartado 2 de la disposición transitoria quinta de la Ley 3/2019, de 18 
de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana, por los mismos 
motivos: por no adecuarse a las exigencias recogidas en la normativa básica estatal, y 
que tienen como finalidad garantizar la autonomía local. Al establecer directamente el 
legislador los porcentajes de financiación del coste total de las prestaciones, y no hacerlo 
a través de un plan en cuya tramitación participen las diputaciones provinciales, se 
vulnera aquella garantía.
Establecida la nulidad del inciso referido debe desestimarse la impugnación del resto 
del precepto pues se refiere a las aportaciones de los municipios, cuestión que escapa a 
los motivos de la impugnación que son la preservación de la autonomía provincial 
constitucionalmente garantizada o se refiere a la financiación de las prestaciones con 
cargo a la administración titular del recurso.
En relación con la impugnación del apartado 3, y como ya hemos hecho en relación 
con disposiciones similares, la misma debe ser desestimada en cuanto simplemente 
dispone que la financiación en el nivel de atención secundaria correrá cargo del titular del 
recurso y tal regla no supone contradecir la obligación que se establece en nuestro 
sistema de garantizar la suficiencia financiera de los entes locales, pues tal garantía es el 
presupuesto de aquella.
20.  Se impugnan finalmente los apartados segundo y tercero de la disposición final 
segunda  sobre  composición  de  equipos,  ratios  en  atención  primaria  y  atención 
secundaria. Los referidos apartados disponen:
«2.  En el primer ejercicio económico después de la entrada en vigor de esta ley, se 
llevará a cabo la reestructuración de la atención primaria de carácter básico, así como la 
reordenación  del  sistema  de  financiación  compartida  entre  la  Generalitat,  las 
diputaciones provinciales y los ayuntamientos, reguladas en las disposiciones transitorias 
cuarta y quinta de esta ley.
3.  En el segundo ejercicio económico después de la entrada en vigor de esta ley, se 
llevará a cabo la reestructuración de la atención primaria de carácter específico, así 
como la reordenación del sistema de financiación compartida entre la Generalitat, las 
diputaciones provinciales y los ayuntamientos, reguladas en las disposiciones transitorias 
cuarta y quinta de esta ley.»
Una vez hemos considerado inconstitucionales los referidos apartados e incisos de  s
las disposiciones transitorias cuarta y quinta a las que se remite la disposición final  oe.
segunda, no cabe sino desestimar la impugnación de esta última, debiendo señalarse  w.
Gmqueisenm eearla ,s liintmaotp , lselua mpso andneidp auuttona acdi oevn urelenso errpdareconivóainnc cióidanel e dslea l  yas iuslottoesn moaamy udíane t alfoimncaiaenln,c tiopasuc ieóqsnu  sece ormsáe p aarlre taipdlriaoz acee ndetrener   llaaa    2020-9770n https://ww
realizar tal reordenación conforme a las previsiones de la propia norma cuando habrá de
tenerse en cuenta la doctrina de este tribunal en relación con la función de coordinación 
y sus límites.
21.  Conclusión.  Por todo cuanto antecede, debemos estimar parcialmente este 
recurso de inconstitucionalidad.
Es obligado, en efecto, concluir que únicamente aquellos concretos apartados e 
incisos  de  la  Ley  3/2019,  de  18  de  febrero,  de  servicios  sociales  inclusivos  de  la 
Comunidad  Valenciana  que  no  se  adecuan  a  las  exigencias  constitucionales  para 
desarrollar  la  función  de  coordinación  de  las  diputaciones  provinciales  –y  que  se 
encuentran concretadas y desarrolladas en la normativa básica estatal cuando exige que 
la potestad de coordinación de la comunidad autónoma de la función provincial de 
asistencia económica a los ayuntamientos se realice a través de planes sectoriales en 
los que se garantice la participación de los entes locales con la finalidad de armonizar los 
intereses públicos afectados–, infringen la autonomía local, y por ello son declarados 
inconstitucionales y nulos. Se trata de la letra b) del apartado 4 de la disposición 
transitoria cuarta; y el inciso «de acuerdo con la distribución establecida en el apartado 4 
b) de la disposición transitoria cuarta» recogido en la letra b) del apartado 2 de la 
disposición  transitoria  quinta.  Manteniéndose  la  constitucionalidad  del  resto  de  los 
preceptos impugnados, con desestimación en lo que a ellos se refiere del recurso 
interpuesto. Sin perjuicio de señalarse que la atribución por parte del legislador sectorial 
de una nueva competencia o de una nueva función a los entes locales deberá hacerse 
garantizando su suficiencia financiera
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad núm. 3135-2019 promovido 
por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Popular del Congreso de los 
Diputados contra diversos preceptos de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios 
sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana y, en consecuencia:
1.º  Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los siguientes apartados e incisos 
de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunidad 
Valenciana: la letra b) del apartado 4 de la disposición transitoria cuarta; y el inciso «de 
acuerdo con la distribución establecida en el apartado 4 b) de la disposición transitoria 
cuarta» recogido en la letra b) del apartado 2 de la disposición transitoria quinta.
2.º  Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de julio de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago 
Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  s
Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y  oe.
rubricado. w.