BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 157 Jueves 4 de junio de 2020 Sec. I.   Pág. 37000
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
5650 Decreto-ley 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes 
de carácter estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las 
entidades del sector público de la Administración de la Generalidad.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos ley son promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente de la Generalidad.
De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley.
La situación de crisis sanitaria generada como consecuencia de la COVID-19 ha 
obligado al Gobierno de la Generalidad a tomar de forma gradual una serie de medidas 
en diferentes ámbitos, con el objetivo de paliar los graves efectos que la pandemia está 
produciendo.
Estas medidas se han tomado mediante diferentes decretos ley adoptados desde el 
mismo momento de la declaración de la situación de pandemia que hizo la Organización 
Mundial de la Salud, el pasado 11 de marzo; desde el primero, el Decreto-ley 6/2020, 
de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financiera, 
fiscal y de contratación pública, a fin de paliar los efectos de la pandemia generada por el 
coronavirus COVID-19, hasta el último que se ha aprobado, el Decreto-ley 12/2020, 
de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con el 
Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en 
la  estructura  de  la  Administración  de  la  Generalidad,  para  paliar  los  efectos  de  la 
pandemia generada por la COVID-19.
Después  de  estas  medidas  urgentes  adoptadas  por  el  Gobierno,  se  dicta  este 
Decreto-ley que, por un lado, contiene medidas estructurales y organizativas que quieren 
ser una continuación de las que se tomaron con el Decreto-ley 12/2020, de 10 de abril y, 
por otro, incorpora medidas nuevas en el ámbito de las entidades del sector público de la 
Administración de la Generalidad.
El Decreto-ley se estructura en dos capítulos, cinco artículos, seis disposiciones 
adicionales, una disposición derogatoria y una disposición final.
El capítulo I, referido a medidas de carácter estructural y organizativas, incluye un 
conjunto de regulaciones que complementan lo que disponía el Decreto-ley 12/2020, 
de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con el 
Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en 
la estructura de la Administración de la Generalidad de Cataluña. En concreto, se 
determinan las competencias que asume el Departamento de Salud y, por tanto, y por 
conexión, las que se mantienen en el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales y 
Familias.  Asimismo,  se  regula  el  régimen  en  materia  de  contratación,  personal, 
inspección e información en relación con las competencias que asume el Departamento 
de Salud y se concretan aún más las actuaciones futuras de carácter presupuestario.
El capítulo II, de medidas en el ámbito de diferentes entidades del sector público de 
la Administración de la Generalidad, consta de un artículo 3, que contiene una medida  e.e
relativa a la ampliación del plazo que tienen los propietarios para depositar las fianzas de  b
los contratos de arrendamientos urbanos; un artículo 4, que regula la adjudicación  50ww
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como suspender temporalmente, y por el mismo plazo, la aplicación del artículo 169 del
texto refundido y del Decreto 351/1995, de enajenación de locales comerciales y plazas 
de  aparcamiento  propiedad  del  Incasol  y,  finalmente,  el  artículo  5,  junto  con  la 
disposición adicional quinta incorporan medidas para paliar los efectos de la pandemia 
en el sector de la producción y gestión de residuos, al regular el derecho de las personas 
que no estén obligadas a tener esta fianza en el ámbito de la gestión de residuos a 
solicitar su devolución a la Agencia de Residuos de Cataluña, medida que coadyuvará a 
hacer  frente  a  los  agravios  económicos  que  puedan  haber  sufrido  a  causa  de  la 
pandemia.
En cuanto a las disposiciones adicionales, la primera y la segunda complementan las 
medidas  organizativas  establecidas  en  el  capítulo  I.  Por  otra  parte,  la  disposición 
adicional  tercera  establece,  de  manera  singular,  la  autorización  para  hacer  una 
contratación de emergencia en atención al peligro que para las personas y bienes puede 
suponer no realizar las obras que ahora se autoriza contratar. Finalmente, la disposición 
adicional cuarta prevé una habilitación para que, en relación con determinados contratos 
de alquiler de bienes adquiridos por la Generalidad de Cataluña por sucesión intestada y 
respecto  a  los  cuales  es  arrendadora,  esta,  teniendo  en  cuenta  los  efectos  de  la 
pandemia respecto a las actividades desarrolladas en estos contratos, pueda adoptar 
determinas medidas sobre el pago de las rentas, para evitar añadir más afectación a los 
inquilinos.
En el presente supuesto, el carácter extraordinario y excepcional de la situación 
deriva de la declaración del estado de alarma provocada por la situación sanitaria que 
requiere adoptar de manera urgente medidas que palien, en lo posible, la situación 
creada y que no pueden aplazarse, incluso, mediante la utilización de medios legislativos 
de urgencia en un momento posterior.
Por tanto, en uso de la autorización concedida en el artículo 64 del Estatuto de 
autonomía de Cataluña, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de 
noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno;
A propuesta del vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda y 
previa deliberación del Gobierno, decreto:
CAPÍTULO I
Medidas de carácter estructural y organizativas
Artículo 1.
1.  En este artículo se especifica el ámbito de aplicación del capítulo IV del Decreto-
ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación 
con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario 
y en la estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar los efectos de la 
pandemia generada por la COVID-19.
Con el fin de hacer frente a la situación coyuntural generada por la pandemia de la 
COVID-19 en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial, el 
Departamento de Salud asume, para paliar sus efectos, las competencias en materia de 
intervención e información de centros de servicios sociales de carácter residencial que 
corresponden a la Dirección General de la Autonomía Personal y la Discapacidad.
Las competencias asumidas por el Departamento de Salud en materia de centros de 
servicios  sociales  de  carácter  residencial  se  circunscriben  exclusivamente  a  las 
tipologías de servicios de la Cartera de Servicios Sociales: e.e
a)  Personas mayores: 50ww
perma.a1n enSteer.vicio de hogar residencia para personas mayores de carácter temporal o
perma.a2n enSteer.vicios de residencia asistida para personas mayores de carácter temporal o  BOE-A-cable e
b)  Discapacidad intelectual:
b.1  Servicios  de  hogar  residencia  temporal  o  permanente  para  personas  con 
discapacidad intelectual.
b.2  Servicios  de  centro  residencial  temporal  o  permanente  para  personas  con 
discapacidad intelectual.
c)  Discapacidad física:
c.1  Servicios  de  hogar  residencia  temporal  o  permanente  para  personas  con 
discapacidad física.
c.2  Servicios  de  centro  residencial  temporal  o  permanente  para  personas  con 
discapacidad física.
Artículo 2.
Se añade un artículo 5.bis al Decreto-ley 12/2020, de 10 de abril, con el siguiente 
contenido:
«Artículo 5.bis.
Mientras la atribución de competencias previstas en el artículo anterior esté 
vigente, se adoptan las siguientes medidas organizativas:
a)  Las unidades orgánicas del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias y su personal adscrito que ejerzan funciones transversales, y solo en 
cuanto a las competencias asumidas por el Departamento de Salud, continuarán 
desarrollando estas funciones bajo las directrices y criterios de actuación del 
Departamento de Salud. Se informará con carácter previo a la Secretaria General 
del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de las directrices y 
criterios.
b)  El Servicio de Inspección y Registro, adscrito a la Dirección de Servicios 
del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, así como las unidades 
territoriales  en  que  se  desarrolla  la  función  inspectora  bajo  la  coordinación 
funcional del Servicio de Inspección y Registro mencionado, actuará y dará apoyo 
al Departamento de Salud, a requerimiento de la inspección sanitaria, en los 
términos que acuerden los dos departamentos, en relación con las funciones que 
establece el artículo 6 de la Ley 16/1996, de 27 de noviembre, reguladora de las 
actuaciones  inspectoras  y  de  control  en  materia  de  servicios  sociales  y  de 
modificación del Decreto legislativo 17/1994, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba la refundición de las leyes 12/1983, 26/1985 y 4/1994, en materia de 
asistencia y servicios sociales.
c)  Con el fin de asegurar la ejecución correcta de los procedimientos de 
contratación, los órganos competentes del Departamento de Salud ejercerán las 
competencias en materia de contratación administrativa y de todos los actos de 
contenido  económico  que  deriven  de  ella,  en  relación  con  las  competencias 
asumidas, a través de los órganos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias que corresponda, en función de la cuantía y, de acuerdo con las 
delegaciones vigentes en el ámbito de este Departamento, sin perjuicio de los 
expedientes  que  pueda  tramitar  directamente  el  Departamento  de  Salud  en  s
ejercicio de sus funciones de intervención. o
d)  En  relación  con  los  expedientes  que  comporten  la  asunción  de  w.
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y disponer todo tipo de anotaciones contables relacionadas con los gastos, el
reconocimiento de derechos y obligaciones, las modificaciones presupuestarias y
otras facultades en materia de gestión económica, presupuestaria y contable, a 
través de los órganos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 
que corresponda, en función de la cuantía, y de acuerdo con las delegaciones 
vigentes en el ámbito de este Departamento, sin perjuicio de los compromisos que 
pueda asumir directamente el Departamento de Salud, como consecuencia del 
ejercicio de las competencias asumidas de intervención.
e)  Se comprometerán con cargo a los créditos presupuestarios propios los 
gastos correspondientes a los expedientes siguientes:
– Los expedientes de contratación administrativa y otros que impliquen la 
asunción de compromisos de carácter económico que, desde la entrada en vigor 
del Decreto-ley 12/2020, de 10 de abril, inicien el Departamento de Salud y el 
Servicio Catalán de la Salud, en ejecución de las competencias asumidas en 
materia de centros sociales de carácter residencial.
– Las contrataciones temporales de profesionales que deban efectuarse para 
atender  la  situación  urgente  de  carácter  social  o  sanitario  de  estos  centros 
residenciales por razón de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 por parte 
del Departamento de Salud y por el Instituto Catalán de la Salud, con respecto al 
personal sanitario.
– En  el  momento  en  que  la  persona  titular  del  Departamento  de  la 
Vicepresidencia  y  de  Economía  y  Hacienda  realice  las  adaptaciones 
presupuestarias  necesarias,  estos  créditos  presupuestarios  propios, 
comprometidos por parte del Departamento de Salud, el Servicio Catalán de la 
Salud y el Instituto Catalán de la Salud, serán compensados mediante los créditos 
presupuestarios previstos para estos fines y no comprometidos por parte del 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
f)  Los sistemas de información necesarios para gestionar las competencias 
asumidas por el Departamento de Salud que se lleven a cabo de manera unificada 
con otros recursos de carácter social deben garantizar el mantenimiento de las 
funciones de obtención y tratamiento de información en relación con estos centros 
y, a tal efecto, las unidades del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias responsables de su gestión deben poner a disposición del Departamento 
de Salud la información que este pueda requerir para el ejercicio correcto de las 
funciones que le son propias.»
CAPÍTULO II
Medidas en el ámbito de diferentes entidades del sector público de la 
Administración de la Generalidad
Artículo 3.  Medidas en materia de fianzas en contratos de arrendamientos urbanos.
Hasta el 31 de diciembre de 2020, los arrendadores de fincas urbanas, tanto las 
destinadas a vivienda como las destinadas a otros usos, deben depositar en el Instituto 
Catalán del Suelo la fianza en metálico establecida por el artículo 36.1 de la Ley 
estatal 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, en el plazo de cuatro 
meses, a contar desde la formalización del contrato.
Artículo 4.  Medidas en materia de inmuebles propiedad del Instituto Catalán del Suelo  e.
(Incasol). w.
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refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de
agosto, ni el Decreto 351/1995, de enajenación de locales comerciales y plazas de 
aparcamiento propiedad del Instituto Catalán del Suelo.
2.  La enajenación onerosa de los inmuebles que sean propiedad del Incasol, hasta 
el 31 de diciembre de 2020, se regirá por lo dispuesto en el artículo 168 del texto 
refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010 de 3 de 
agosto.
El Incasol, una vez recibida la oferta de adquisición de un inmueble de su propiedad, 
incluidas  las  ofertas  que  actualmente  están  en  información  pública,  la  adjudicará 
directamente  al  solicitante  que  haya  presentado  la  oferta,  que  se  publicará, 
posteriormente a la adjudicación, en dos de los diarios de mayor difusión de la comarca y 
en  el  tablón  de  anuncios  del  ayuntamiento  del  municipio  al  que  pertenezcan  los 
inmuebles objeto de la enajenación. La oferta deberá cumplir los requisitos del precio de 
mercado fijado por la Comisión de Valoraciones del Instituto Catalán del Suelo, las 
condiciones  generales  de  comercialización  de  los  inmuebles  del  Incasol  y  las 
condiciones resolutorias previstas en el artículo de 170 del texto refundido de la Ley de 
urbanismo.
Artículo 5.  Modificación del texto refundido de la Ley reguladora de los residuos.
Se modifica la letra b del artículo 24.1 del texto refundido de la Ley reguladora de los 
residuos, aprobado por el Decreto legislativo 1/2009, de 21 de julio, que pasa a tener la 
siguiente redacción:
«b)  En caso de que se trate de residuos peligrosos y también cuando lo exija 
la regulación específica, constituir y depositar una fianza suficiente para hacer 
frente a las obligaciones adquiridas en relación con el desarrollo de la actividad y 
para pagar las sanciones impuestas y suscribir, si procede, una póliza de seguro 
para  responder  de  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  y  para  regenerar  los 
recursos naturales o los espacios degradados.»
Disposición adicional primera.
Las previsiones de lo que dispone el capítulo I de este Decreto-ley mantienen rango 
reglamentario a los efectos de su desarrollo, su modificación y derogación.
Disposición adicional  segunda.
Las previsiones contenidas en el capítulo I de este Decreto-ley mantendrán su 
vigencia durante el estado de alarma y hasta que estén vigentes las medidas sanitarias 
de intervención de centros de servicios sociales de carácter residencial de carácter 
excepcional que se acuerden para gestionar la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, acordadas por las disposiciones normativas del Estado.
Disposición adicional  tercera.
Las funciones no asumidas por el Departamento de Salud, de acuerdo con lo que 
dispone este Decreto-ley se mantienen en la unidad del Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias, que designe la persona titular.
Disposición adicional cuarta.  Declaración de obras de emergencia. oe.
De acuerdo con el punto 2 del Acuerdo GOV/54/2020, de 27 de marzo, por el que se  50ww
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muro de contención de la escuela.
Esta actuación forma parte del contrato de ejecución de las obras RAM 2019 en los 
Servicios  Territoriales  en  Cataluña  Central  (IV):  Escola  Mare  de  Déu  del  Patrocini 
(Cardona) y Escuela Llobera (Llobera), clave: XMH-19524.
Quinta.  Medidas  con  relación  a  los  contratos  de  arrendamiento,  de  derechos  de 
superficie, de concesiones administrativas o de cualquier derecho real y de alquileres 
procedentes de herencias intestadas.
1.  En el período de estado de alarma y durante los seis meses siguientes a su 
levantamiento, respecto a los arrendamientos de inmuebles propiedad de la Generalidad 
de Cataluña, incluyendo los que esta haya adquirido por herencia intestada, así como los 
derechos de superficie, concesiones administrativas o cualquier derecho real, que la 
Generalidad de Cataluña ha otorgado a personas físicas o jurídicas, que se hayan visto 
afectados económicamente por el contexto derivado de la COVID-19 o de las medidas 
tomadas para combatirla, estas podrán solicitar un aplazamiento en el pago de la renta o 
canon de dichos contratos o una reducción de la renta o canon del periodo, que serán 
repercutidos, si procede, en los cánones o rentas devengadas con posterioridad y en un 
plazo  máximo  de  36  meses.  En  ningún  caso  se  devengarán  intereses  por  el 
aplazamiento o reducción solicitados.
Lo previsto en el párrafo anterior se entiende únicamente para las rentas o cánones 
devengados pero no satisfechos cuando entre en vigor esta disposición, excepto los 
cánones que se devenguen con carácter anual, en cuyo caso se aplicará a la parte 
proporcional del canon desde la entrada en vigor de la presente disposición.
2.  Para  acreditar  los  motivos  relacionados  con  el  estado  de  vulnerabilidad 
relacionados con las consecuencias de la crisis de la COVID-19, en el supuesto de 
arrendamientos para uso de vivienda, se deberá presentar una declaración responsable, 
que se podrá presentar por medios telemáticos, en la que se motive esta vulnerabilidad, 
haciéndose relación de la situación económica del arrendatario y de todas las personas 
que vivan en la vivienda. Una vez finalizado el estado de alarma y sus prorrogas, el 
arrendatario dispondrá del plazo de un mes para aportar los documentos acreditativos de 
la situación declarada.
En el supuesto de arrendamiento para uso distinto al de vivienda y para el resto de 
contrato o derechos previstos en esta disposición, los solicitantes deberán acreditar una 
reducción en el volumen de facturación que afecte su situación económica, mediante la 
aportación del libro de facturas emitidas del ejercicio anterior y del correspondiente al 
ejercicio 2020 en fecha de la presentación de la solicitud, o por cualquier otro medio que 
justifique debidamente la reducción de los ingresos. A efectos de lo previsto en la 
presente disposición, la parte del libro de facturas que afecte al período en que se 
contrae esta disposición, se podrá presentar por medios telemáticos, sin perjuicio de la 
comprobación posterior.
La falta de aportación de la documentación acreditativa de la situación declarada, o 
que la documentación no se ajuste a lo declarado o aportado, conllevará dejar sin 
efectos la resolución que se haya dictado en aplicación de la presente disposición.
3.  Las solicitudes deberán presentarse mediante la dirección de correo electrónico 
de  la  Dirección  General  del  Patrimonio  de  la  Generalidad  de  Cataluña: 
ecopatrimoni@gencat.cat.
4.  A tal efecto se habilita a la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad 
de Cataluña para la gestión y resolución de las solicitudes que deriven de lo previsto en 
esta disposición. e.
Disposición  adicional  sexta.  Devolución  de  fianzas  en  el  ámbito  de  la  gestión  de  50ww
obligr1ea. sdiadLsua osas  .pdeisrspoonnaesr  dtietu laurneas  fdiaen zaac, tievind aldoes s tédrem ingoess tióenst adbele creidsoidsu oesn  qlau ele tnroa  be stdéenl   OE-A-2020-56able en https://
artículo 24.1 del texto refundido de la Ley reguladora de los residuos, aprobado por el
Decreto legislativo 1 / 2009, de 21 de julio, pueden solicitar su devolución a la Agencia 
de Residuos de Cataluña.
2.  En caso de que se trate de actividades de gestión de residuos no peligrosos y 
peligrosos, se devolverá únicamente el importe de la fianza que corresponda a la gestión 
de residuos no peligrosos.
Disposición derogatoria.
Queda derogada la disposición adicional sexta del Decreto-ley 11/2020 de 7 de abril, 
por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los 
efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias.
Disposición final.
Este Decreto-ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya».
Barcelona,  21  de  abril  de  2020.–El  Presidente  de  la  Generalidad  de  Cataluña, 
Joaquim  Torra  i  Pla.–El  Vicepresidente  del  Gobierno  y  Consejero  de  Economía  y 
Hacienda, Pere Aragonès i Garcia.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8119, de 23 de abril de 2020. 
Convalidado por Resolución 762/XII del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña» número 8141, de 26 de mayo de 2020.)