BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 322 Jueves 10 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 112995
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
15917 Resolución  de  26  de  noviembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la 
calificación emitida por la registradora mercantil de Toledo, por la que se 
resuelve no practicar la inscripción de una escritura de apoderamiento.
En el recurso interpuesto por don Manuel López Pardiñas, notario de Bilbao, contra 
la calificación emitida por la registradora mercantil de Toledo, doña Pilar del Olmo López, 
por la que se resuelve no practicar la inscripción de una escritura de apoderamiento 
autorizada por el Notario recurrente.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada por el notario de Bilbao don Manuel López Pardiñas el 
día 13 de julio de 2020 con el número 1.593 de su protocolo, se procedió a formalizar un 
apoderamiento acordado por el Consejo de Administración de la compañía Engineered 
Fire Piping, S.L., en los términos que constan en la misma.
II
Presentada la referida escritura en el Registro Mercantil de Toledo el 14 de julio 
de 2020, fue objeto de calificación negativa, en cuanto aquí interesa, por no constar en la 
correspondiente  certificación  de  acuerdos  sociales  el  nombre  de  los  consejeros 
asistentes a la sesión respectiva. El notario autorizante de la escritura, don Manuel 
López Pardiñas, interpuso recurso contra la referida nota de calificación que ha dado 
lugar a la Resolución de 23 de octubre de 2020.
Con independencia de la referida impugnación de dicha calificación, el recurrente 
procedió a subsanar la escritura en los siguientes términos:
«Diligencia.–Que extiendo yo el notario autorizante de esta escritura, de conformidad 
con el artículo 153 del reglamento notarial, para hacer constar que la identidad de los 
integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad mercantil otorgante, según 
resulta de la escritura de nombramiento de consejo otorgada el mismo día y n.º de 
precedente de protocolo es la siguiente:
Presidente Don ….
Y para que así conste, extiendo la presente diligencia, en Bilbao, a 11 de agosto 
del 2020. Doy fe.».
Presentada la escritura con la diligencia de subsanación, resultó rechazada de nuevo 
su inscripción mediante nota de 12 de agosto de 2020, sustentada en los siguientes 
fundamentos de derecho:
«Calificada nuevamente la escritura que fue calificada el 16 de julio de 2020, en la  e.
que se incluye una diligencia extendida por el notario con fecha 11 de agosto de 2020 en  w.b
la que se pretende subsanar el defecto conforme al artículo 153 del Reglamento Notarial  917ww
dpoocrquumee nnoto s neo ttraartiaa ld qeu eer rpoureesd emna steerri asleusb,s oamnaisdioosn epso ry  edle nfeoctatorsio  daeu ftoorrmizaan ptea,d esicnidoo dse e unn eal 
soumbissiaónna ccioómn eretiqduai eerne  dlae  cuenrati fnicuaecvióan c eprrtoiftioccaocliiózna ddae l eanc tlaa  dperlo Cpioan seesjcor idtuer aA dpmori nlios trqauceió nla, 
con firmas legitimadas notarialmente, inserta en la diligencia o bien aportada al Registro.
El artículo 153, párrafo primero, del Reglamento Notarial establece que: "Los errores 
materiales,  las  omisiones  y  los  defectos  de  forma  padecidos  en  los  documentos 
notariales ínter vivos podrán ser subsanados por el Notario autorizante, su sustituto o 
sucesor en el protocolo, por propia iniciativa o a instancia de la parte que los hubiera 
originado o sufrido. Sólo el Notario autorizante podrá subsanar la falta de expresión en el 
documento de sus juicios de identidad o de capacidad o de otros aspectos de su propia 
actividad en la autorización"».
III
Esta  segunda  nota  de  calificación  fue  igualmente  recurrida  ante  esta  Dirección 
General por el Notario autorizante el 17 de agosto de 2020, esgrimiendo las alegaciones 
que a continuación se transcriben:
«Primero.  En primer lugar, el recurrente reitera aquí los argumentos expuestos en 
el previo recurso contra la exigencia por parte de la Registradora de la expresión de los 
nombres de los integrantes del Consejo de Administración, cuando en la certificación se 
ha expresado que los asistentes son todos, y ello, máxime, cuando como en este caso 
ocurre, su nombramiento se ha formalizado ante el mismo Notario, en la misma fecha, 
con el número precedente de Protocolo, y en rigor, con unidad de acto, aunque se 
plasme en dos instrumentos distintos.
Segundo.  La “questio iuris" aquí no es ya determinar si dicha exigencia de la 
Registradora es ajustada a Derecho o no, sino con independencia de ello, determinar si 
puede ser sanada por el Notario, al amparo del art. 153 del Reglamento Notarial.
Este Notario es el primero en compartir que el artículo 153 del Reglamento Notarial 
no  puede  en  modo  alguno  interpretarse  y  emplearse  como  patente  de  corso  para 
subsanar o corregir cualquier error.
Ahora bien, a salvo el superior criterio de esa Dirección General, entiendo que en el 
presente caso, mi actuación se ajusta tanto a la letra como al espíritu del precepto 
citado.
En  efecto,  la  Registradora  no  ha  querido  aplicar  los  criterios  reiterados  en  las 
Resoluciones de la Dirección General, en orden a atender al conjunto de los elementos 
de calificación a su alcance, que le permiten sin duda alguna resolver su “duda” sobre 
quienes son todos los miembros integrantes del Consejo; si reiteradamente, p.e., la 
Dirección General ha promovido la consulta a otros Registros (vid por todas la Ron de 26 
de julio de 2017), no cree descabellado el recurrente que la Registradora en este caso 
hubiera atendido pura y simplemente al contenido el documento previo pendiente de 
inscripción en su Registro.
Aseveración que este recurrente hace sin por ello aceptar la necesidad de expresar 
la relación nominal de consejeros cuando se expresa que están presentes todos los 
integrantes.
Esto así, cabe recordar que conforme al artículo 1 de la Ley Orgánica del Notariado 
compete al Notario «… la exactitud de lo que el Notario ve, oye y percibe por sus 
sentidos  …».  Pues  bien,  este  Notario  vio  y  oyó  la  celebración  del  consejo  de 
administración en que se acordó la concesión del poder, y, por tanto, puede, como 
hecho, dar fe de la presencia de los miembros del Consejo de Administración, y de su 
identidad, como también y desde luego de su voluntad de otorgar el poder. Y este no otro 
es el contenido de la diligencia de subsanación.
Tercero.  Criterios de interpretación del artículo 153 del Reglamento Notarial. e.e
Si bien este Notario es el primero en defender una utilización no abusiva del remedio  b
previsto en el artículo 153 del Reglamento Notarial, parece razonable recordar aquí  917ww
dcoem  eox eplr epsroiópnio  Ternib uunna l tSeustparmemenot oh a daed mlait idfoe cphoar  eyje mhpolroa  esdteal  víoat opragraam siuebnstoa na(Sr TlaS f a2lta0 
smuabrszaon a2r0 1p2o)r,  lay  vaías í dleal  aRret.s 1o5lu3c ilóan f adltea  d1e  deex pargeosisótno  ddee  la2 0h1o8ra  addeml ioteto rlgaa pmoiesinbtioli,d ahde cdheo 
además en el caso contemplado, ante un funcionario diplomático en funciones notariales.
Entre  los  posibles  defectos  subsanables  por  esta  vía  están,  como  cita  la 
Registradora, las omisiones, y en el presente caso se trata de una omisión (de un dato 
necesario según la Registradora) perfectamente salvable en atención al documento 
previamente autorizado, y además a lo visto y oído por el Notario».
IV
La  registradora  emitió  informe  el  27  de  agosto  de  2020,  ratificándose  en  su 
calificación. En el citado informe, contemplado en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, 
se incluyen nuevas alegaciones en defensa de nota de calificación que no son propias 
de este trámite, conforme al criterio reiteradamente mantenido por este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 215, 247, 248 y 250 de la Ley de Sociedades de Capital; los 
artículos 11, 97, 99, 107 y 112 del Reglamento del Registro Mercantil; el artículo 153 del 
Reglamento Notarial; y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 10 de junio de 1991, 17 de octubre de 1991, 26 de marzo de 2014 y 7 de 
enero de 2020.
1.  Dejando aparte las alusiones que el recurrente efectúa a la innecesariedad en el 
caso  considerado  de  la  relación  nominal  de  consejeros  concurrentes  a  la 
correspondiente sesión del consejo de administración de la compañía, aspecto que fue 
objeto de un recurso anterior y que ha sido solventado en la Resolución de este Centro 
Directivo de 23 de octubre de 2020, la cuestión sobre la que versa este expediente se 
centra en la posibilidad de subsanar, al amparo del artículo 153 del Reglamento Notarial, 
una omisión padecida en una certificación de acuerdos del consejo de administración de 
una compañía mercantil, mediante una diligencia suscrita por el propio notario.
En concreto, el único asunto planteado se refiere al mutismo de la certificación que 
mediante la escritura se eleva a público sobre la identidad de los miembros concurrentes 
a la sesión en que se adoptó el correspondiente acuerdo, limitándose a señalar que 
«concurrieron la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, de acuerdo 
con la Lista de Asistentes que figura al comienzo de la propia Acta».
2.  El artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil, destinado a regular los 
requisitos de las actas de órganos colegiados de las sociedades mercantiles, dispone en 
el  segundo  párrafo  de  la  regla  4.ª  de  su  apartado  1  que  «[e]n  caso  de  órganos 
colegiados de administración, se expresará el nombre de los miembros concurrentes, 
con indicación de los que asisten personalmente y de quienes lo hacen representados 
por otro miembro». Está mención no aparece reiterada en el artículo 112 del mismo texto 
reglamentario al enumerar las circunstancias que deben expresar las certificaciones en 
extracto de tales actas; no obstante, en su enunciado se incluyen dos pasajes de los que 
deriva la exigencia de consignar los nombres.
El primero de esos fragmentos es el recogido en el apartado 2, por cuya virtud «[s]i 
los acuerdos hubieren de inscribirse en el Registro Mercantil, se consignarán en la 
certificación todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la 
validez de los acuerdos adoptados». Resulta obvio que la reseña de los consejeros 
asistentes  a  la  correspondiente  reunión  es  el  medio  idóneo  para  comprobar  el 
cumplimiento  del  tracto  sucesivo  tal  como  aparece  definido  en  el  artículo  11.3  del 
Reglamento del Registro Mercantil. e.e
La segunda fracción que afecta a la cuestión debatida es la regla 4.ª del apartado 3  b
del mismo artículo 112 del Reglamento del Registro Mercantil, dedicado a señalar el  917ww
baileivnio,  ldae a cluodniddiac iorengelsa  r4e.sª pdeicstpoo ndee l qauretí c«u[leo] n9 7c apsaor ad ela só rcgearntiofisc adceio andems ipnoisr treaxctrióanc ton.o  Psueerás 
dnee cedsoanrdioe  essep edceifsicparre ncdueá nqtouse  assíi sthiearborná  pdeer soenxparlmeseanrtsee  n«i eclu ánnotmosb rpeo rd ree ploress emniteamcióbnro»s, 
concurrentes», lo hagan personalmente o representados por otro miembro.
3.  El tema debatido en este recurso debe abordarse desde la perspectiva de la 
competencia  de  los  sujetos  actuantes  en  el  mecanismo  de  elevación  a  público  de 
acuerdos sociales.
El proceso de adopción de decisiones por un consejo de administración ha de quedar 
reflejado  en  la  correspondiente  acta.  El  cometido  de  su  redacción  corresponde  al 
secretario, recogiendo en ella los pormenores exigidos por el artículo 97 del Reglamento 
del Registro Mercantil y, una vez aprobada, deberá también firmarla con el visto bueno 
del presidente (artículos 250 de la Ley de Sociedades de Capital y 99 del Reglamento 
del Registro Mercantil).
La competencia para redactar la escritura de elevación a instrumento público de los 
acuerdos sociales corresponde al notario, incluyendo en ella todas las circunstancias del 
acta  que  sean  necesaria  para  calificar  la  validez  de  aquéllos  (artículo  107.2  del 
Reglamento  del  Registro  Mercantil),  tomando  como  base  el  acta  o  libro  de  actas, 
testimonio notarial de los mismos o certificación de los acuerdos (artículo 107.1 del 
Reglamento del Registro Mercantil). Cuando, como en este caso, el documento que sirve 
de  base  es  la  certificación  de  los  acuerdos,  resulta  evidente  que  las  menciones 
necesarias para calificar la regularidad del proceso decisorio deberán estar reflejados en 
la  propia  certificación  (artículo  112  del  Reglamento  del  Registro  Mercantil),  con 
independencia de que, a criterio del notario, se transcriban también en la escritura.
4.  El artículo 153 del Reglamento Notarial concede al notario autorizante, así como 
a su sustituto o sucesor en el protocolo, la potestad de subsanar por sí solo los errores 
materiales, las omisiones y los defectos de forma padecidos en los documentos inter 
vivos,  en  los  términos  que  en  el  mismo  constan.  Esta  Dirección  General  se  ha 
pronunciado en múltiples ocasiones sobre la interpretación de tal norma, contribuyendo a 
perfilar sus límites; de entre los muchos aspectos que han sido abordados, interesa 
destacar en este lugar el relativo al ámbito de su potencial aplicación, circunscribiéndola 
al margen de intervención del notario en el documento, de manera que solo alcanzaría a 
«la exclusiva subsanación de aquellos errores materiales, omisiones y defectos de forma 
que se hayan padecido en los instrumentos públicos como consecuencia de apreciación 
de hechos o actuación del propio notario» (Resolución de 7 de enero de 2020).
En el caso examinado en el presente recurso, la diligencia extendida por el notario 
autorizante de la escritura afecta a un extremo que debe constar en la certificación unida 
(artículo 112 del Reglamento del Registro Mercantil) y no a una mención confiada al 
notario  en  la  redacción  de  la  correspondiente  escritura.  En  consecuencia,  no 
corresponde al notario subsanar por sí solo la omisión padecida en la certificación unida.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme  a  lo  establecido  en  la  disposición  adicional  vigésima  cuarta  de  la 
Ley 24/2001, 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 26 de noviembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.