BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Miércoles 10 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 27836
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
3742 Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador de la propiedad interino de Jerez de los Caballeros a inscribir un 
testimonio  de  un  auto  judicial  por  el  que  se  homologa  un  convenio  de 
transacción judicial sobre liquidación de régimen económico matrimonial.
En el recurso interpuesto por doña F.M.G. contra la negativa del registrador de la 
propiedad interino de Jerez de los Caballeros, don Juan Pablo Gallardo Macías, a 
inscribir un testimonio de un auto judicial por el que se homologa un convenio de 
transacción judicial sobre liquidación de régimen económico matrimonial.
Hechos
I
Por auto dictado el 18 de febrero del 2020 (en procedimiento de liquidación de 
gananciales 447/2017; procedimiento origen 99/2012) por la juez titular del Juzgado de 
Primera  Instancia  de  Jerez  de  los  Caballeros  se  acordó  homologar  la  transacción 
alcanzada por don F.A.J.A. y doña F.M.G. para liquidar su sociedad de gananciales con 
adjudicación de los bienes previamente determinados en la referida sentencia en el 
procedimiento 99/2012.
En el referido acuerdo transaccional se manifiesta que, mediante sentencia de 4 de 
abril de 2011 dictada en procedimiento de divorcio contencioso por el juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia de Jerez de los Caballeros, se decretó la disolución del 
matrimonio  formado  por  don  F.A.J.A.  y  doña  F.M.G.  Se  añade  que  se  solicitó  la 
formación del inventario, conforme a lo dispuesto en el artículo 808.1 y 2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, y no alcanzándose acuerdo entre las partes se dictó sentencia de 8 
de  mayo  de  2013  que  determinaba  judicialmente  cuáles  eran  los  bienes  que 
conformaban el inventario de dicha sociedad conyugal. Asimismo, se expresa en el 
referido acuerdo transaccional que, conforme a lo establecido en el artículo 810.1 y 2 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha concluido el inventario y es firme la resolución que 
declara disuelto el régimen económico matrimonial por sentencia de 4 de abril de 2011, 
por lo que las partes han llegado a un acuerdo en el citado procedimiento de liquidación 
de sociedad de gananciales número 447/2017, procediendo a liquidar la sociedad de 
gananciales de la forma en que se expresa.
II
Testimonio del citado auto se presentó el 9 de octubre de 2020 en el Registro de la 
Propiedad de Jerez de los Caballeros y fue objeto de calificación por el registrador en los 
siguientes términos:
«Calificado  por  Don  Juan  Pablo  Gallardo  Macías,  Registrador  de  la  Propiedad  es
Interino de Jerez de los Caballeros, provincia de Badajoz, el presente documento, y tras  o
examinar los antecedentes del Registro, resultan los siguientes: 42ww
MIn.s tGrHIu. .ec RccEhi.ól,o  ntsLe .esNttrúimamdoeonr iodo e cU olnano  A nddúmem ienJreisort erdazec  idóeenn  trldoaesd  aJC u9as4tbi4ca/il2ale0 rd2oe0sl  ,e Jxdupezelg daAidduoot o de eld  1eP8 rH-i0mo9em-r2oa0l o2Ing0sa ptcaoinórc nDi aod nee    OE-A-2021-37able en https://
Transacción  dictado  el  18-02-2020  en  procedimiento  de  Liquidación  de  Sociedades
Gananciales, señalado con el número 447/2017 seguido en dicho juzgado, ha sido 
presentado por duplicado por Don M.P.G., el 09-10-2020, bajo el asiento 1.528 del 
Diario 83, al que se acompaña certificado expedido por el Registro Civil de Jerez de los 
Caballeros que acredita el estado civil de los interesados.
II.  En dicho documento se han observado las siguientes circunstancias que han 
sido objeto de calificación desfavorable:
– Se pretende la inscripción de la liquidación de la sociedad conyugal formada por 
Don F.A.J.A. y Doña F.M.G., pero el acuerdo de homologación no es inscribible en el 
Registro, debiendo autorizar la oportuna escritura pública.
Fundamentos de derecho.
Los registradores de la propiedad calificarán bajo su responsabilidad, acerca de la 
legalidad de las formas extrínsecas, la capacidad de los otorgantes y la validez de los 
actos, de los documentos de todas las clases susceptibles de inscripción. Conforme a los 
artículos 18 y 19 de la Ley Hipotecaria, y 98 a 100 del Reglamento Hipotecario.
Artículos en los que se fundan los defectos observados.
– Artículos 3 de la Ley Hipotecaria, Resolución de DGNR de 5 de abril de 2017, 105 
del Reglamento Hipotecario y demás preceptos concordantes.
Acuerdo
Suspender la inscripción solicitada.
Notifíquese al presentante y (…)
Contra la presente nota de calificación, (…)
Jerez de los Caballeros a 3 de noviembre de 2020».
III
Contra la anterior calificación, doña F.M.G. interpuso recurso el 26 de noviembre 
de 2020 en el que alega lo siguiente:
«(…) Primero. Que mediante Sentencia de 4 de abril de 2011 (se adjunta copia como 
doc. 2) dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Jerez de los Caballeros en el 
procedimiento  de  divorcio  contencioso  n.°  687/2010,  se  decretó  la  disolución  del 
matrimonio formado por D. F.A.J.A. y D.ª F.M.G., con los efectos legales inherentes, 
entre ellos la disolución del régimen de gananciales, y fijándose las oportunas medidas.
Segundo. Tras dicha disolución del matrimonio por divorcio, se instó de nuevo por las 
partes, ante el Juzgado de Jerez de los Caballeros, procedimiento de liquidación de 
sociedad de gananciales, donde tras el desacuerdo de los litigantes sobre los bienes que 
integraban dicha sociedad matrimonial, concluyó con sentencia del mismo juzgado de 
fecha 8 de mayo de 2013, posteriormente aclarado mediante auto de fecha 27 de mayo 
de 2.013, donde se determinaba judicialmente cuales eran los bienes que conformaban 
el inventario de dicha sociedad conyugal, por lo que la determinación de los mismos fue 
objeto de controversia, y sometida a la consideración y control judicial. (Se adjunta 
sentencia y auto de aclaración como documento n. 3 y 4).
Tercero. Que por Auto de 18 de febrero de 2020 del Juzgado de Primera Instancia de 
Jerez de los Caballeros, dictada por la magistrado Juez D.ª Leticia Francisco Blanco, se 
acordó homologar la transacción alcanzada por D. F.A.J.A. y D.ª F.M.G. para liquidar su 
sociedad de gananciales, en la que se establece el inventario de partidas de activo y 
pasivo determinadas, con carácter previo, por la autoridad judicial y posterior liquidación 
y adjudicación a los antiguos cónyuges de los bienes que conforman el caudal ganancial. 
Se acompaña testimonio de dicho Auto como documento n. 5. e.e
Cuarto. Que mediante la Calificación de 14/10/2020 que se recurre, se suspende por  b
el Sr. Registrador de la Propiedad de Jerez de los Caballeros la inscripción de la  42ww
liinqsucidribaicbiólen,  dsee glaú ns oscei eddiacde , deel  gAauntoa ndceia l1e8s  fdoer mfeabdrae rpoo rd eD .2 F0.2A0.J .qAu.e y  aDc.oªr dF.óM h.Gom., oallo ngoa rs elar 
taruatnosraizcacri ólan  oaplocratunnzaad eas cpriotur rala psú bplaicrtae.s  para  liquidar  su  sociedad  conyugal,  debiendo
Quinto. Que, como dice la Resolución de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 26 de julio de 2017 (se adjunta como documento n. 6), a la que seguimos 
en este recurso, fuera de los supuestos en que hubiese habido oposición entre las partes 
y verdadera controversia, el acuerdo de los interesados que pone fin al procedimiento de 
división de un patrimonio o a la liquidación de una sociedad de gananciales –como es 
nuestro caso– no pierde su carácter de documento privado, que en atención al principio 
de titulación formal previsto en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, exige el previo 
otorgamiento de escritura pública notarial a los efectos de permitir su acceso al Registro 
de la Propiedad.
Sin embargo, una vez hechas estas consideraciones, el registrador, en el ejercicio de 
su  función  calificadora,  debe  analizar  la  verdadera  naturaleza  del  documento  y 
cuestionar su posible acceso al Registro.
Debe  estudiarse  el  iter  procedimental  del  documento  presentado  para  intentar 
establecer –o descartar– una similitud en las formas que asegure el cumplimiento de los 
requisitos mínimos de equivalencia con el convenio regulador de la separación o el 
divorcio (título éste sí inscribible, conforme determinan innumerables resoluciones de la 
DGRN).
Como dice la citada Resolución de la DGRN de 26/07/2017, el Auto de homologación 
judicial de una transacción entre partes para la división de patrimonios y, concretamente 
en nuestro caso, para la liquidación de la sociedad de gananciales formada por los 
antiguos esposos, no puede ostentar per se la misma capacidad a efectos de inscripción 
que un convenio regulador, siendo preciso, para ello, una relación con un proceso de 
crisis matrimonial, que resulte acreditada.
En este sentido se pronunció la Resolución de la DGRN de 18 de mayo de 2017, 
que, analizando una disolución de sociedad conyugal en acuerdo homologado ante la 
autoridad judicial, impide su inscripción por haberse otorgado abstrayéndose de una 
situación de crisis matrimonial. Literalmente se resolvió que: "(...) La falta de conexión 
entre la acción entablada que conlleva a la liquidación de la sociedad conyugal con una 
situación de crisis matrimonial despojan a este documento de su excepcional habilitación 
para el acceso al Registro del mismo (...)".
Sin  embargo,  este  no  es  nuestro  caso,  por  cuanto  ya  en  el  propio  Auto  de 
homologación judicial de 18-02-2020, en el que se transcriben literalmente los pactos 
alcanzados por las partes, se dice ya en el Pacto primero lo siguiente:
"Que mediante Sentencia dictada el 4 de abril de 2011 por ese Juzgado de Primera 
Instancia  en  el  procedimiento  de  divorcio  contencioso  n.°  687/2010,  se  decretó  la 
disolución del matrimonio que formaban las partes litigantes, con los efectos legales 
inherentes,  entre  ellos  la  disolución  del  régimen  de  gananciales,  y  fijándose  las 
oportunas medidas".
Que como consta en la documental aportada, igualmente se determinó por decisión 
judicial cual eran los bienes de esta sociedad conyugal, ante las discrepancias de las 
partes en la determinación del activo y pasivo de las mismas.
Posteriormente,  en  los  pactos  subsiguientes,  las  partes  proceden  a  realizar  la 
liquidación y adjudicación de bienes, limitándose a fijar en el inventario los bienes 
previamente determinados judicialmente, lo que se hace mediante una expresa conexión 
entre la acción entablada que conlleva a la liquidación de la sociedad conyugal con la 
precedente situación de crisis matrimonial, liquidación que, como se aprecia, no ha sido 
otorgada  abstrayéndose  de  dicha  situación  de  crisis  matrimonial  sino  como  directa 
consecuencia de la misma. s
Tal  y  como  indica  la  ya  citada  Resolución  de  la  DGRN  de  26/07/2017,  "En  el  oe.
supuesto  contemplado  en  el  presente  expediente,  debe  considerarse  que  nos  w.
encontramos ante una resolución judicial de división de un patrimonio, relativo a una  42ww
bviiveineensd,a  oabdjqeutoir iddae e na pprroob iancdióivnis ou p ohro ammobloogsa ccióónny ujguedsic, iaeln,  ryé gicmueyna  dree lsaecpióanr accioónn  deel 
epsrotacbeldeicmidiean teon d eel  dtíivtuolroc ioob qjeuteo  imdep lpicrae slae ndtiascoilóunc,i óanl  dreefle mrirasteri mao «nPior oqcueeddiam ipeenrtfoe:c tDaimviesniótne   BOE-A-cable e
Bienes en Comunidad Ordinaria indivisa –001596/2014– como consecuencia del divorcio 
n.° 469/2013-C», por lo que, de acuerdo con lo establecido en el anterior fundamento de 
Derecho, el documento ahora presentado es susceptible de inscripción registral/, por lo 
que debe estimarse el recurso. En consecuencia, esta Dirección General ha acordado 
estimar el recurso y revocar la nota de calificación del registrador'. Esto mismo es de 
aplicación a nuestro caso, por los motivos expuestos.
En un caso similar al nuestro, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 
de  21/09/2018,  Rec.  70/2018,  con  cita  de  la  mencionada  Resolución  de  la  DGRN 
de 26/07/2017, se expresa así:
"Ello es lo que se solicitó en la demanda, que 'se declare la obligación por parte de la 
Registradora de la Propiedad de Sant Boi de Llobregat de inscribir la adjudicación 
del  6,25%,  de  la  finca  NUM000  de  dicha  localidad...,  todo  ello  en  atención  a  lo 
establecido en el Auto de fecha...'. Dicho Auto (...) es dictado tras un acuerdo entre las 
partes sobre la liquidación de la participación en la finca homologado judicialmente por 
auto anterior que no ha sido aportado al procedimiento, con lo que se da cumplimiento a 
lo que en dicha Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado tiene 
en cuenta para que proceda el acceso al registro de la propiedad, esto es, se ha dictado 
tras un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto y refleja el acuerdo de las 
partes en cuanto a la división de la cosa común y constando en una ejecutoria no es 
necesaria  su  protocolización  mediante  el  otorgamiento  de  escritura  pública. 
Consiguientemente  (...)  procede  la  estimación  del  recurso  de  apelación,  con  la 
consecuencia de la estimación de la demanda, debiendo la Registradora de la Propiedad 
demandada proceder a la inscripción del Auto de fecha 18 de marzo de 2015 en la parte 
bastante". Se acompaña Sentencia como documento n.° 7.
Como ya hemos dicho, en nuestro caso existe una expresa conexión entre la acción 
entablada que conlleva a la liquidación de la sociedad conyugal con el precedente 
procedimiento de divorcio, por lo que es claro que, conforme a la doctrina de la DGRN 
citada, el documento ahora presentado es susceptible de inscripción registral».
IV
El registrador de la propiedad notificó la interposición del recurso al letrado de la 
Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia de Jerez de los Caballeros, 
el 2 de diciembre de 2020, sin que éste hiciera alegaciones, y elevó el expediente a este 
Centro Directivo, con su informe, mediante escrito de 17 de diciembre.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1, 2, 3, 9, 18, 19, 19 bis, 21, 38, 40, 76, 82 y 322 y siguientes de 
la Ley Hipotecaria; 19, 71, 72, 73, 145, 207, 209, 317, 319, 415, 437, 517, 524, 705 y 
siguientes, 769 y siguientes, 787 y 806 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 
281 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 90, 91, 103, 1261, 1280, 1344, 1397, 1404, 
1809, 1816 y 1817 del Código Civil; 33, 34, 51 y 100 del Reglamento Hipotecario; Real 
Orden de 13 de diciembre de 1867; y las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 16 de enero de 1864, 25 de julio de 1880, 14 de junio 
de 1897, 12 de febrero de 1916, 31 de julio de 1917 y 1 de julio de 1943, 5 de mayo 
de 2003, 21 de abril y 25 de octubre de 2005, 21 de enero, 2 de marzo, 30 y 31 de mayo 
y 27 de julio de 2006, 9 de abril de 2007, 22 de mayo y 29 de octubre de 2008, 5 de 
febrero de 2009, 8 y 18 de enero, 16 de junio y 15 de julio y 9 y 23 de diciembre de 2010,  e.
13 de enero de 2011, 22 de febrero, 11 de abril y 5 de diciembre de 2012, 11 de mayo,  w.b
21 de junio, 9 de julio, 5 y 28 de agosto y 18 de diciembre de 2013, 25 de febrero, 27 de  42ww
my 1a ryz o2  ddee  2o0c1tu4b, r3e0 d dee 2 o0c1tu5b, r4e  yy  51 2d ed em anyoov,ie 2m dbere j udneio 2, 01194 y,  32 6d ed em jaurlzioo,,  67  ddee  sseeppttieiemmbbrree, 
1n3o,v i1e7m yb r2e4 d dee 2 o0c1t6u,b r1e1  yd 3e0 e dnee rnoo, v1ie6m dber efe yb r2e1ro d, e1  ddicei emmabrrzeo ,1 65  yy  267 d dee  afberbilr,e 1ro7 ,y 1 380,  1d9e 
y 30 de mayo, 19 y 20 de junio, 21 y 26 de julio, 7, 18 y 27 de septiembre, 11 y 31 de 
octubre, 2 y 8 de noviembre de 2017 y 20 de febrero, 6 de junio de 2018 y 22 de 
noviembre; y las Resoluciones de esta Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública de 19 de febrero y 9 de octubre de 2020 y 15 de enero de 2021.
1.  Se debate en este expediente sobre la posibilidad de inscribir un testimonio de 
un auto dictado el 18 de febrero del 2020, en procedimiento de liquidación de sociedad 
de gananciales seguido en el Juzgado de Primera Instancia de Jerez de los Caballeros, 
por el que se acordó homologar la transacción alcanzada por don F.A.J.A. y doña F.M.G. 
para liquidar su sociedad de gananciales, con adjudicación de los bienes previamente 
determinados en otra sentencia -de 8 de mayo de 2013- que se cita en dicho acuerdo 
transaccional (conforme al artículo 808, apartados 1 y 2, de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). En este acuerdo de los cónyuges se indica que en sentencia del referido juzgado 
de 4 de abril de 2011 se decretó la disolución del matrimonio por divorcio, pero no se 
hace ninguna referencia a la eventual existencia de convenio regulador de los efectos de 
dicho divorcio.
El registrador suspende la inscripción solicitada por considerar que el acuerdo de 
homologación no es inscribible en el Registro, debiendo autorizarse la oportuna escritura 
pública, según resulta del artículo 3 de la Ley Hipotecaria y la Resolución de este Centro 
Directivo de 5 de abril de 2017.
La recurrente alega que en este caso existe una expresa conexión entre la acción 
entablada  que  lleva  a  la  liquidación  de  la  sociedad  conyugal  con  el  precedente 
procedimiento de divorcio, según consta en las sentencias que se aportan con el escrito 
de recurso, por lo que conforme a la doctrina de esta Dirección General que cita el 
documento ahora presentado es susceptible de inscripción registral.
2.  La cuestión debatida ha sido resuelta por esta Dirección General en numerosas 
ocasiones habiéndose elaborado una reiterada doctrina que resulta de plena aplicación 
al presente supuesto (vid., por todas, las Resoluciones de 30 de noviembre de 2016, 16 
de febrero, 1 de marzo, 5 de abril, 18 y 19 de mayo y 26 de julio, 18 de septiembre y 11 
de octubre de 2017 y 6 de junio de 2028).
Como ha puesto de relieve este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 25 de 
octubre de 2005 y 16 de junio de 2010, entre otras muchas) uno de los principios 
básicos de nuestro sistema registral es el llamado principio de legalidad que, por la 
especial trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro (que gozan 
erga omnes de la presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia 
jurisdiccional –artículos 1 y 38 de la Ley Hipotecaria–), está fundado en una rigurosa 
selección de los títulos inscribibles sometidos a la calificación del registrador, y así el 
artículo  3  de  la  Ley  Hipotecaria  establece,  entre  otros  requisitos,  la  exigencia  de 
documento público o auténtico para que pueda practicarse la inscripción en los libros 
registrales, y esta norma se reitera a través de toda la Ley Hipotecaria, así como de su 
Reglamento, salvo contadas excepciones que son ajenas al caso ahora debatido.
Ciertamente,  según  los  artículos  1216  del  Código  Civil  y  317.1.º  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil, son documentos públicos los testimonios que de las resoluciones y 
diligencias  de  actuaciones  judiciales  de  toda  especie  expidan  los  letrados  de  la 
Administración de Justicia (a quienes corresponde dar fe, con plenitud de efectos, de las 
actuaciones procesales que se realicen en el Tribunal o ante él –artículos 281 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y 145 de la Ley de Enjuiciamiento Civil–); y conforme al 
artículo 319.1 de dicha Ley procesal tales testimonios harán prueba plena del hecho o  e
acto que documentan y de la fecha en que se produce esa documentación (cfr., también,  bo
artículo 1218 del Código Civil). Pero es también cierto, según la reiterada doctrina de  42ww
eesl taR eDgirisetcrcoi ólno sG etíntuelroasl,  qreulea taivl oesx igai r beile anretísc uilnom 3u deeb lelas  Loe y dHeirpeoctheocsa rirae aplaersa  iqnusecr ibeisr teénn 
qcounes piguneaddaons  ceonn setsacrr ietunr ac upaúlqbuliciear,a e djeec uetsotarisa  col adsoecsu mdee ndtooc uamuteénnttoicso ,i nndois qtiunitearme eenltloe , dseincoir 
en aquellos que legalmente sean los propios del acto o contrato que haya de inscribirse;
de modo que la doctrina y preceptos hipotecarios no reputan indiferente la especie de 
documento auténtico presentado en el Registro, y exigen el congruente con la naturaleza 
del acto inscribible (cfr. Real Orden de 13 de diciembre de 1867 y Resoluciones de 16 de 
enero de 1864, 25 de julio de 1880, 14 de junio de 1897, 12 de febrero de 1916, 31 de 
julio de 1917 y 1 de julio de 1943, entre otras).
3.  Este Centro Directivo se ha pronunciado reiteradamente sobre la naturaleza que 
tiene el acuerdo transaccional referido, así como sobre la eficacia formal que le confiere, 
en su caso, la homologación judicial recaída.
La transacción supone un acuerdo por el que las partes, dando, prometiendo o 
reteniendo alguna cosa evitan la provocación de un pleito o ponen término al que 
hubiesen  ya  comenzado,  adquiriendo  para  las  partes  carácter  de  cosa  juzgada 
(artículos 1809 y 1816 del Código Civil); mientras que su homologación o aprobación 
judicial, según lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, implica una 
revisión del organismo jurisdiccional respecto del poder de disposición de las partes en 
relación con el objeto del pleito, pero no implica un verdadero análisis y comprobación 
del fondo del acuerdo que supone la transacción.
En la Resolución de 6 de septiembre de 2016 se afirmó lo siguiente: «"(...) la 
transacción, aun homologada judicialmente no es una sentencia y por ello carece de su 
contenido y efectos por cuanto, al carecer de un pronunciamiento judicial sobre el fondo 
del asunto, nada impide su impugnación judicial en los términos previstos en la Ley 
(artículo 1817 del Código Civil). El auto de homologación tampoco es una sentencia pues 
el  Juez  se  limita  a  comprobar  la  capacidad  de  los  otorgantes  para  transigir  y  la 
inexistencia de prohibiciones o limitaciones derivadas de la Ley (artículo 19 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil), pero sin que lleve a cabo ni una valoración de las pruebas ni un 
pronunciamiento  sobre  las  pretensiones  de  las  partes  (artículo  209  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento  Civil)  (…)  Esta  Dirección  General  ha  tenido  ocasión  de  manifestar 
recientemente (cfr. Resolución de 9 de julio de 2013) que «la homologación judicial no 
altera el carácter privado del documento pues se limita a acreditar la existencia de dicho 
acuerdo. Las partes no podrán en ningún caso negar, en el plano obligacional, el pacto 
transaccional alcanzado y están obligados, por tanto, a darle cumplimiento». Si bien es 
cierto que en virtud del principio de libertad contractual es posible alcanzar dicho acuerdo 
tanto dentro como fuera del procedimiento judicial, no es menos cierto que para que 
dicho acuerdo sea inscribible en el Registro de la Propiedad deberán cumplirse los 
requisitos exigidos por la legislación hipotecaria (...)". También ha tenido ocasión de 
señalar esta Dirección General que en los procesos judiciales de división de herencia 
que culminan de manera no contenciosa se precisa escritura pública, por aplicación del 
artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (cfr. Resolución de 9 de diciembre 
de 2010). La protocolización notarial de la partición judicial, siempre y cuando haya 
concluido sin oposición, viene impuesta como regla general por el artículo 787.2 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Este criterio, además, es compartido unánimemente por la 
doctrina, para quienes la referencia a la sentencia firme contenida en el artículo 14 de la 
Ley Hipotecaria se limita a las particiones judiciales concluidas con oposición. En efecto, 
el artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil determina que la aprobación de las 
operaciones divisorias se realiza mediante decreto del secretario judicial, hoy letrado de 
la Administración de Justicia, pero en cualquier caso ordenando protocolizarlas».
Ciertamente, el auto judicial por el que se lleva a cabo la homologación del contrato 
de transacción no es un documento privado. Pero la homologación judicial no altera el 
objeto, contenido y forma del acuerdo entre las partes; no tiene otro alcance que poner  e.
fin al procedimiento judicial existente y precisamente por ello, porque el juez ve finalizada  w.b
su labor y no entra a valorar las pruebas ni a conocer de las pretensiones de las partes,  42ww
dneoc claornet,i emnoed uifniqau ed,e ccolanrsatcitiuóyna  jou deicxitainl gsao burnea  lraesla mciiósnm jausrí dnici au ndae treersmoilnuacdióan.  Spoonr  llaas q puaer teses 
rlaesq uqisuieto, sm eexdigiaidnotse  plao r perle osrtdaecnióanm dieen tsou,  dceocnlaserannti,m cioennstoti tuyy eenl ,c mumodpilfiimcaienn oto e xdteinl grueesnto u ndae 
relación jurídica preexistente que hace innecesaria la existencia del proceso que queda
así  sin  objeto.  Consecuentemente,  y  de  acuerdo  con  los  principios  de  nuestro 
ordenamiento, la alteración del contenido del Registro de la Propiedad requiere que el 
acuerdo alcanzado entre las partes se documente adecuadamente (artículo 3 de la Ley 
Hipotecaria), a fin de poder provocar el efecto acordado entre las partes (artículos 40, 76 
y 82 de la Ley Hipotecaria).
No  obstante,  es  reiterada  doctrina  de  este  Centro  Directivo  que  el  convenio 
matrimonial puede ser título inscribible en aquellos negocios que puedan tener carácter 
familiar, como pudiera ser la liquidación del patrimonio ganancial, así como –en los 
supuestos del régimen de separación de bienes– la adjudicación de la vivienda habitual y 
otros bienes accesorios a ella, destinados a la convivencia y uso ordinario de la familia, y 
en general para la liquidación del conjunto de relaciones patrimoniales que puedan existir 
entre los cónyuges derivadas de la vida en común. Pero es también doctrina de esta 
Dirección General que cuando no se trate de un convenio regulador aprobado en un 
proceso de separación, nulidad y divorcio (cfr. artículos 769 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento  Civil)  sino  ante  un  procedimiento  para  la  liquidación  del  régimen 
económico-matrimonial (cfr. artículos 806 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil), 
el acuerdo transaccional homologado por el juez no es inscribible si no consta en 
escritura pública. Así resulta de las Resoluciones de 30 de noviembre de 2016, y 16 de 
febrero, 1 de marzo y 18 de mayo de 2017, entre otras. En estas Resoluciones se 
expresa lo siguiente respecto de procedimientos contenciosos para la liquidación del 
régimen económico matrimonial:
«Fuera de los casos de convenio matrimonial, conforme al artículo 806 de la Ley de 
Enjuiciamiento  Civil,  el  proceso  se  aplica  para  la  liquidación  de  cualquier  régimen 
económico-matrimonial, tanto si ha sido establecido por capitulaciones matrimoniales o 
por  disposición  legal,  siempre  que  concurra  en  dicho  régimen  una  situación  que 
determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas 
cargas y obligaciones, que es precisamente el patrimonio que hay que liquidar y dividir.
Dispone el artículo 810.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que «cuando, sin mediar 
causa justificada, alguno de los cónyuges no comparezca en el día señalado, se le 
tendrá por conforme con la propuesta de liquidación que efectúe el cónyuge que haya 
comparecido. En este caso, así como cuando, habiendo comparecido ambos cónyuges, 
lleguen a un acuerdo, se consignará éste en el acta y se dará por concluido el acto, 
llevándose a efecto lo acordado conforme a lo previsto en los dos primeros apartados del 
artículo 788 de esta Ley».
Y el artículo 788 dispone que: «1. Aprobadas definitivamente las particiones, el 
Secretario judicial procederá a entregar a cada uno de los interesados lo que en ellas le 
haya sido adjudicado y los títulos de propiedad, poniéndose previamente en éstos por el 
actuario notas expresivas de la adjudicación. 2. Luego que sean protocolizadas, el 
Secretario  judicial  dará  a  los  partícipes  que  lo  pidieren  testimonio  de  su  haber  y 
adjudicación respectivos».
Poniendo en relación este artículo con el 787.2 anterior se deduce la necesidad de 
su protocolización notarial. En efecto, el artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
determina que la aprobación de las operaciones divisorias se realiza mediante decreto 
del secretario judicial, hoy letrado de la Administración de Justicia, pero en cualquier 
caso ordenando protocolizarlas.
En el mismo sentido, esta Dirección General ha señalado (cfr. Resolución de 19 de 
julio de 2016) que en los procesos judiciales de división de herencia que culminan de 
manera no contenciosa se precisa escritura pública; esta misma regla es aplicable por la  e.
remisión legal que se efectúa conforme ha quedado expuesto, al caso de la liquidación  w.b
judicial de gananciales». 42ww
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presentada la conexión de dicho acuerdo con una situación de crisis matrimonial, de
modo que del título presentado a inscripción resulte que la liquidación del régimen 
económico matrimonial provenga de un proceso de nulidad, separación o divorcio.
4.  Ciertamente, en el presente caso no pueden tenerse en cuenta a la hora de 
resolver el recurso documentos no presentados para su calificación y que han sido 
aportados en el momento de interposición del mismo pues, conforme al artículo 326 de la 
Ley Hipotecaria, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se 
relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose 
cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en 
tiempo y forma (vid., por todas, las Resoluciones de 27 de julio de 2006, 22 de mayo 
de 2008, 5 de febrero de 2009, 8 y 18 de enero y 23 de diciembre de 2010, 13 de enero 
de 2011, 21 de junio y 28 de agosto de 2013, 7 de septiembre y 1 de octubre de 2015 
y 21 de julio de 2017, o las más recientes de 19 de febrero y 9 de octubre de 2020 y 15 
de enero de 2021).
Por ello, en el presente caso no puede tenerse en consideración los documentos que 
se han presentado sólo con el escrito de impugnación y no en el momento de la 
calificación, como son sentencia de 4 de abril de 2011 dictada en procedimiento de 
divorcio contencioso ni la sentencia de 8 de mayo de 2013 sobre determinación de los 
bienes que conformaban el inventario de dicha sociedad conyugal.
No obstante, el título presentado a calificación contiene datos suficientes (reseñados 
en el apartado I de los «Hechos» de la presente resolución) que permiten deducir que el 
procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales proviene del proceso de 
divorcio de quienes han alcanzado el acuerdo transaccional. Por ello, debe concluirse 
que el documento objeto de la calificación impugnada es susceptible de inscripción 
registral.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la 
calificación impugnada, en los términos que resultan de los anteriores fundamentos de 
Derecho.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 19 de febrero de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.