BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185 Lunes 6 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 48030
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7347 Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de la propiedad de Baza, por la que se deniega la inscripción 
del testimonio de una sentencia firme por la que se acuerda la separación de 
mutuo acuerdo de unos cónyuges sin liquidar la sociedad de gananciales.
En el recurso interpuesto por don E. J. L., abogado, contra la nota de calificación del 
registrador de la Propiedad de Baza, don José Antonio Jiménez Rubio, por la que se 
deniega  la  inscripción  del  testimonio  de  una  sentencia  firme  por  la  se  acuerda  la 
separación de mutuo acuerdo de unos cónyuges sin liquidar la sociedad de gananciales.
Hechos
I
Mediante testimonio expedido por doña S. P. P., letrada de Administración de Justicia 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Baza, se transcribió la 
sentencia  dictada  en  el  seno  del  procedimiento  de  separación  de  mutuo  acuerdo 
número 248/2008 en el que se acordaba «la separación legal del matrimonio formado 
por P. C. C. S. y P. M. F. F.», indicando que «las partes no liquidan en el presente 
convenio el régimen económico matrimonial».
II
Presentado el día 6 de noviembre de 2019 dicho testimonio en el Registro de la 
Propiedad de Baza, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«-Calificado en el día de hoy por José Antonio Jiménez Rubio, Registrador de la 
Propiedad de Baza y su Distrito Hipotecario, el testimonio expedido por S. P. P., Letrada 
de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º Dos 
de Baza, el día 31/10/2019, procedimiento número 248/2008, con firma electrónica, del 
cual certifico que he verificado su autenticidad a través del c.s.v., que fue presentado por 
E. J. J. L., el día 06/11/2019, con el número de entrada 3942/2019, que originó el 
asiento 1355 del Diario 81; y acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el 
artículo 254 de la Ley Hipotecaria, mediante aportación de documentos complementarios 
y  junto  la/s  carta/s  de  pago;  tras  examinar  los  antecedentes  del  Registro,  se  han 
observado las siguientes circunstancias que ha motivado la calificación desfavorable:
Hechos.
1.  La sentencia testimoniada, que consta inscrita en el Registro Civil, pero de la que 
no consta su número, fue dictada por Doña María Ascensión Vivas Oliver, el día uno de 
julio  de  dos  mil  ocho,  en  el  ámbito  del  procedimiento  de  separación  de  mutuo 
acuerdo 248/2008. En dicha sentencia, se acuerda la separación de mutuo acuerdo de  e.
los cónyuges, casados bajo el régimen de gananciales, Doña P. C. L. M. y Don J. A. S.  w.b
M., y se trascribe el convenio regulador de separación suscrito y ratificado por ambos. 47ww
que Esne d ihcahcoe cno nevne nlaio  mdeis mmaan, ifcieosnttain euna rláan c lá“huassutlaa  sqeugeu nsdea ,r eqauleic lea sl aa trliibquucidioanceiósn  ded eu slao 
slao csioecdiaedd adde  gdaen agnacniaanlecsia”,l edse, l smei sdmicoe m eoxdpor eqsuaem eenn tlea  sqéupet im“laas,  replaarttievsa  an ola  lliiqquuiiddaanc ióenn  deel 
presente convenio el régimen económico matrimonial”, acordándose además, que no
podrá instarse la liquidación del mismo hasta pasados seis años desde la firma del 
convenio.
2.  Se acompaña al testimonio calificado, fotocopia de escritura de poder general 
para pleitos, por la que Don P. M. F. F., atribuye, entre otros, a Don E. J. J. L., facultades 
para representarle en determinados actos, entre los que no se encuentra la posibilidad 
de solicitar la inscripción en el Registro de la Propiedad en su nombre.
A los anteriores hechos, son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho.
1.  Los  artículos  18  y  19  Ley  Hipotecaria  y  100  del  Reglamento  Hipotecario, 
atribuyen a los Registradores de la Propiedad facultades para calificar determinados 
aspectos de las resoluciones judiciales, tales como los obstáculos que surjan del registro 
para su inscripción.
2.  Artículo 1.1 Ley Hipotecaria, que manifiesta que el objeto del Registro de la 
Propiedad es inscribir o anotar los actos o contratos relativos al dominio y demás 
derechos  reales  que  recaigan  sobre  bienes  inmuebles,  sin  que  en  documento 
presentado se contenga ninguno de estos actos o contratos susceptibles de dar lugar a 
algún asiento registral, ya que expresamente se difiere la liquidación de la existente 
sociedad de gananciales a un momento posterior. Si bien la sociedad de gananciales se 
disuelve por la sentencia de separación, no será hasta la liquidación cuando la cuota 
abstracta que cada cónyuge ostenta en la masa ganancial se concrete en bienes o 
cuotas concretas sobre los bienes que integran dicha masa. En este periodo intermedio 
entre  la  disolución  y  la  liquidación,  se  mantiene  una  especie  de  comunidad 
postmatrimonial sobre la antigua masa ganancial, que no se rige por las reglas previstas 
en el código civil para la sociedad de gananciales en cuanto a su administración y 
disposición,  como  ponen  de  manifiesto  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  en 
sentencias como la de 7-11-1997 y 31-12-1998, así como la reiterada doctrina de la 
Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  en  resoluciones  como  la 
de 30-6-2003, 6-11-2009, 26-3-2014.
Por tanto, para cambiar la naturaleza de los bienes en el Registro de la Propiedad es 
necesario el título que contenga la liquidación de la antigua sociedad de gananciales, 
bien judicial o notarial. Es por tanto insubsanable este defecto.
3.  Artículo 9 Ley Hipotecaria, 51 Reglamento Hipotecario, 21 Ley Hipotecaria, que 
contienen el principio de especialidad o determinación y manifiestan las circunstancias 
que han de contener los asientos registrales, y, por tanto, los títulos que los provocan y 
que exigen que se manifiesten todos los datos relativos a los títulos que dan lugar a los 
asientos registrales, faltando en el documento calificado el número de la sentencia 
trascrita en el testimonio.
4.  Artículo 3 y 6 Ley Hipotecaria, 33 y 34 del Reglamento Hipotecario, 1259 del 
código civil. La inscripción en el Registro de la Propiedad puede ser solicitada, entre 
otros, por quien ostente la representación del transmitente, adquirente o de quien tenga 
interés en asegurar el derecho que se pretende inscribir, como pone de manifiesto el 
artículo 6 de la Ley Hipotecaria. Don E. J. J. L., alega la representación de Don P. F. F. 
aportando, para ello una fotocopia de una escritura de poder, siendo necesario para ello 
aportar copia autorizada original dada la necesidad de titulación pública y auténtica que 
deriva del artículo 3 de la Ley hipotecaria y los correlativos del Reglamento.
Por otro lado, entre las facultades atribuidas por el interesado en el poder aportado, 
no se encuentra la de instar la inscripción a su favor en el Registro de la Propiedad, y  e
dada la reiterada doctrina de la interpretación restrictiva de los poderes debo considerar  bo
insuficiente la representación alegada para la solicitud de asientos registrales. 47ww
regisDtera dcoorn fodrembeid apdr occoend elar  are glala  ncootinfitceancidióan  edne  ella a rctaícliufilcoa c3i2ó2n  dnee glaa tiLveay  dHeilp odtoeccuamriae,n teol 
pprreesseennttaacdioó,n  qcuoerrdeasnpdoon ddieenstdee,  peonr tounnc pelsa zaou qtoume ávtiecnacmeerán tea  lopsro rsreosgeandtoa  deíla sa, scieonnttoa ddoes 
desde la práctica de la última de las notificaciones que deban ser realizadas. Prórroga
durante la cual no pueden ser despachados los títulos posteriores relativos a la misma 
finca, cuyos asientos de presentación han de entenderse igualmente prorrogados hasta 
el término de la vigencia del asiento anterior.
En su virtud,
Acuerdo
Denegar  la  inscripción  del  documento  objeto  de  la  presente  calificación,  según 
resulta de los Hechos y Fundamentos de Derecho consignados. Queda automáticamente 
prorrogado  el  asiento  de  presentación  correspondiente  a  este  título.  Notifíquese  al 
presentante y al funcionario autorizante del título calificado en el plazo máximo de diez 
días hábiles contados desde esta fecha.
Contra la presente nota (…)
Baza, siete de noviembre de dos mil diecinueve. El Registrador (firma ilegible), Fdo. 
José Antonio Jiménez Rubio.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don E. J. L., abogado, interpuso recurso el 
día 23 de diciembre de 2019 por escrito y en base a los siguientes argumentos:
«El Sr. Registrador señala tres defectos.
1.º- El acto cuya inscripción se solicita no constituye una mutación jurídica real, ya 
que  lo  presentado  es  un  testimonio  de  la  Sentencia  de  separación/divorcio  sin 
Liquidación de la sociedad de gananciales.
Efectivamente,  la  separación  o  divorcio  producen  legalmente  la  disolución  del 
matrimonio, cambiado el estado civil de las personas (Art. 1392 Código Civil), pero no la 
liquidación de la sociedad de gananciales (Salvo que vaya acompañado de Convenio 
Regulador en el que así se estipule, lo que no ocurre en este caso). Por lo que, por si 
sola la separación o divorcio no son actos con trascendencia jurídico real. Pero lo que se 
solicita expresamente en el asiento de presentación, extendido en virtud de instancia 
suscrita por el presentante a la que acompañó el referido testimonio de sentencia, es el 
Reflejo Registral de dicho cambio en el estado civil de los titulares, nunca la mutación 
jurídico real. El Reflejo Registral del nuevo estado civil de los titulares (art 51.9.a del 
Reglamento  Hipotecario)  tiene  trascendencia  registral  porque  en  la  actualidad  la 
publicidad del Registro es inexacta (Art. 39 de la Ley Hipotecaria). Inexactitud que debe 
ser rectificada (Art. 40 de la Ley Hipotecaria). Piénsese, por ejemplo, en el distinto 
tratamiento registral de los embargos que pudieran recaer sobre dicho bien y contra la 
sociedad de gananciales (art. 141.1 y 5 del Reglamento Hipotecario). Y el testimonio de 
la sentencia de separación o divorcio, en el que consta el Convenio Regulador de los ex 
cónyuges es un título hábil para tal fin, porque dicho Convenio, aprobado judicialmente, 
es un documento fehaciente en el que consta de modo indubitado el consentimiento que 
exige el citado Art. 40.d para poder rectificar el Registro (Resolución de la Dirección 
General de Registros y Notariados de 23 de abril de 2018).
2.º-  Alega  también  el  Registrador  como  motivo  para  denegar  el  Documento 
Presentado que no aparece en la sentencia el número de la misma.
Efectivamente,  el  Juzgado  ha  omitido  este  dato.  Pero  el  mismo  carece  de  e.
trascendencia registral. Por eso, el Art. 51.11 del Reglamento Hipotecario no lo incluye  w.
entre los dalos que deben constar en la inscripción relativos al título formal que la  47ww
3p roddeu lcae L. eLyo  Hreipleovtaencater iap)a rqau ela  pinrusecrbipac eiól na cetso  qcuuey as ein tsractreip dcieó nu ns ed oscoulimcietan t(oA mauptléian tdicooc t(rAinrta. 
daelg ulan aD ierenc ccoiónnc rGeteon).eral de Registros y Notariado, sin que sea necesario citar resolución  BOE-A-cable e
3.º- Alega el Registrador como tercer motivo para denegar la inscripción que no se 
acredita la representación del titular registral de forma fehaciente, ya que se acompaña 
fotocopia de la escritura de poder.
El Art. 6 de la Ley Hipotecaria determina quienes podrán pedir indistintamente la 
inscripción en el Registro. Entre ellos, quien tenga la presentación del interesado en la 
inscripción  (Art.  6.d  Ley  Hipotecaria);  el  artículo  39  del  Reglamento  Hipotecario 
contempla esta regulación al permitir lo que se ha dado en llamar por la doctrina la 
petición tácita por la mera representación del título: “Se considera comprendido en el 
apartado  d)  del  Art.  6  de  la  Ley  Hipotecaria  a  quien  presente  los  documentos 
correspondientes en el Registro con objeto de solicitar la inscripción”.»
IV
El registrador de la Propiedad emitió informe en defensa de su nota de calificación el 
día 7 de enero de 2020, ratificándola en todos sus extremos, y elevó el expediente a este 
Centro Directivo. No consta en el expediente haber dado traslado a la autoridad judicial 
competente  del  recurso  para  que  pudiera  realizar  las  alegaciones  que  considere 
oportunas al amparo de lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1392 y siguientes del Código Civil; 1, 2 y 6 de la Ley Hipotecaria; 
39 del Reglamento Hipotecario; 208, 209, 212, 213 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil; las Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1997, de 11 de mayo 
de 2000, 3 de junio de 2004, 17 de octubre de 2006 y 10 de junio de 2010, y las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 21 de julio y 18 
de noviembre de 2003, 14 y 18 de enero de 2005, 17 y 18 de enero, 20 y 23 de junio, 1 
de octubre y 19 de noviembre de 2007, 2 de junio y 4 de julio de 2009, 10 de diciembre 
de 2012, 11 de diciembre de 2013 y 27 de enero de 2015.
1.  Son tres los defectos que se discuten en el presente expediente: si es inscribible 
un  testimonio  de  una  sentencia  por  la  que  se  declara  la  separación  legal  de  un 
matrimonio sin liquidar la sociedad de gananciales, si es necesario que en el testimonio 
de la sentencia presentado se reseñe el número de la misma y, en último lugar, si resulta 
suficiente para acreditar las facultades representativas del presentante en nombre del 
cónyuge separado una fotocopia de una escritura de poder para pleitos.
2.  En relación con el primero de los defectos reseñado debe confirmarse que nos 
encontramos ante la declaración judicial de la separación legal de un matrimonio cuyo 
régimen  económico  matrimonial  es  el  supletorio  de  sociedad  de  gananciales  que, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1392 del Código Civil, implica la disolución del 
mismo.
Como  resulta  de  la  propia  sentencia,  los  cónyuges  acuerdan  que  disuelta  tal 
sociedad de gananciales no se procede a la liquidación de la misma, dando lugar a una 
comunidad postganancial. Según se desprende de la uniforme doctrina jurisprudencial y 
de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  disuelta  la  sociedad  de 
gananciales  y  aun  no  liquidada  surge  una  comunidad  -«posmatrimonial»  o 
«postganancial»- «sobre la antigua masa ganancial cuyo régimen ya no puede ser el de 
la sociedad de gananciales, sino el de cualquier conjunto de bienes en cotitularidad 
ordinaria, en la que cada comunero (cónyuge supérstite y herederos del premuerto en  e.e
caso de disolución por muerte, o ambos cónyuges si la causa de disolución fue otra)  b
ostenta una cuota abstracta sobre el “totum” ganancial (como ocurre en la comunidad  47ww
huenroe dditea rilao sa nbtieesn edse  lian tepgarraticnitóens  ddee ll a mhiesrmenoc, iac)u, ypae rcou noota u naab scturaoctata  cosunbcrseistati rsáo bmreie ncatrdaas 
poeprevriavcai olnae es xpdree saliqduai dcaocmióunn-didivaids iópno,s msaet rimmaotneiraial lyic eh aestna  quunea,  pmaerdteia ninted ivlaidsu oaplizoartduan ays 
concreta de bienes para cada uno de los comuneros» (Sentencia de 7 de noviembre
de 1997, que recoge doctrina ya mantenida en las Sentencias de 21 de noviembre 
de 1987, 8 de octubre de 1990, 17 de febrero de 1992 y 23 de diciembre de 1993, entre 
otras; con un criterio que ha sido reiterado en Sentencias posteriores como las de 11 de 
mayo de 2000, 3 de junio de 2004, 17 de octubre de 2006 y 10 de junio de 2010).
El Tribunal Supremo en su Sentencia de 10 de noviembre de 2017, ha manifestado: 
«2.–La llamada “comunidad postganancial”, existente desde que se disuelve la sociedad 
de gananciales hasta que se produce la liquidación, carece de regulación en el Código 
Civil, pero esta sala ha tenido ocasión de pronunciarse en varias ocasiones sobre el 
régimen aplicable a este patrimonio del que son titulares, según los casos, los cónyuges 
o excónyuges o el viudo y los herederos del premuerto. Se trata de una comunidad en la 
que los partícipes no tienen una cuota sobre cada uno de los bienes sino sobre la 
totalidad del patrimonio y a la que no resultan de aplicación las reglas de la sociedad de 
gananciales (Sentencias 754/1987, de 21 de noviembre, 547/1990, de 8 de octubre, 
127/1992, de 17 de febrero, sentencia 1213/1992, de 23 de diciembre, 875/1993, de 28 
de septiembre, 1258/1993, de 23 de diciembre, 965/1997, de 7 de noviembre, 50/2005, 
de 14 de febrero, 436/2005, de 10 de junio ). Estas sentencias se ocupan de resolver 
una variedad de problemas que plantea la comunidad postganancial, tales como su 
composición  (bienes  y  deudas  comunes),  el  régimen  de  responsabilidad  (tanto  por 
deudas comunes como por deudas privativas) o el régimen de disposición de los bienes 
comunes. En ellas se ha venido reiterando una doctrina general según la cual, por lo que 
ahora nos interesa: “1) La comunidad indivisa no se ve aumentada con las rentas de 
trabajo ni con las de capital privativo, que serán en todo caso privativas, excepto los 
frutos de los bienes privativos que estuvieran pendientes en el momento de la disolución, 
a los cuales habrá de aplicar analógicamente las normas referentes a la liquidación del 
usufructo;  por  supuesto,  ingresan  en  el  patrimonio  común  los  frutos  de  los  bienes 
comunes.”  2)  El  patrimonio  de  la  comunidad  indivisa  sigue  respondiendo  de  las 
obligaciones que pesaban sobre la sociedad, pero las que contraiga con posterioridad 
cualquier  titular  recaen  sobre  su  propio  patrimonio;  los  acreedores  podrán  pedir  el 
embargo de la cuota abstracta que su deudor tenga sobre el patrimonio común, que 
quedará especificada en bienes concretos, al producirse la división y adjudicación, pero 
no antes». Así lo declaran la sentencia 547/1990, de 8 de octubre (en un caso en el que 
se embargaron bienes de la comunidad por una deuda contraída por la viuda cuando ya 
lo era); la sentencia 875/1993, de 28 de septiembre (en un caso en el que la viuda 
vendió  como  privativas  unas  fincas  gananciales  antes  de  la  liquidación);  la 
sentencia 965/1997, de 7 de noviembre (que en el caso consideró que el bien adquirido 
con  posterioridad  a  la  disolución  era  privativo).  Aplicando  esta  doctrina,  la 
sentencia 1213/1992, de 23 de diciembre, respecto de una plantación de eucaliptus, dice 
que si produce rendimientos durante la fase liquidatoria habrán de ingresar en el haber 
liquidable; y la sentencia 1258/1993, de 23 de diciembre, declara que, puesto que hasta 
la liquidación el patrimonio es común, los incrementos de valor y las plusvalías que los 
bienes hayan podido experimentar y las minusvalías son de riesgo y ventaja de todos, lo 
que en el caso es argumento para concluir que el momento de la valoración es el de la 
liquidación. La interpretación de que los frutos aumentan el patrimonio en liquidación 
cuenta con el respaldo doctrinal, que la fundamenta en el tenor del art. 1408 CC, que 
menciona los frutos y rentas, así como en la interpretación del art. 1410 CC en relación 
con los arts. 760, 1063 y 1533 CC. De esta doctrina resulta que los rendimientos 
generados por un establecimiento común gestionado por uno de los excónyuges son 
comunes hasta la liquidación, pero ello no hace comunes los ingresos que procedan del  s
propio trabajo del excónyuge. En consecuencia, los frutos o rendimientos de la empresa  oe.
o explotación generados por su actividad se integran en el patrimonio indiviso pero  w.
corresponde al productor una remuneración por su actuación. Es decir, de los beneficios  47ww
rreetcrliabmucaiodnoes ss odleol  ptiutueladre ns es ehri ctieenroidno sp reivna tcivuaesn tdae slodse  reeln dmimismienot odsía d een l aq ucelí nsicea ,d ipsuoelvsió l alas 
sboecnieefdicaido.s  dEen  lac colnínsieccau seonnc ifar,u toesn  deel  bpieenreíosd coo menutnree s l(ala  dcilsínoilcuac)ió pne ryo  dlae bleiqnu eidxaccluióirns,e  llooss   BOE-A-cable e
rendimientos de trabajo del titular correspondientes a dicho período, lo que deberá 
concretarse en la liquidación del régimen económico matrimonial que cualquiera de los 
cónyuges podrá solicitar de conformidad con lo dispuesto en el art. 810 LEC».
En la misma línea, este Centro Directivo también ha reiterado, en Resoluciones 
de 17 y 18 de enero, 20 y 23 de junio, 1 de octubre y 19 de noviembre de 2007, 2 de 
junio y 4 de julio de 2009, 10 de diciembre de 2012, 11 de diciembre de 2013 y 27 de 
enero de 2015, entre otras, que no corresponde a los cónyuges individualmente una 
cuota indivisa de todos y cada uno de los bienes que la integran y de la que puedan 
disponer separadamente, sino que, por el contrario, la participación de aquéllos se 
predica globalmente respecto de la masa ganancial en cuanto patrimonio separado 
colectivo, en tanto que conjunto de bienes con su propio ámbito de responsabilidad y con 
un régimen específico de gestión, disposición y liquidación, que presupone la actuación 
conjunta  de  ambos  cónyuges  o  sus  respectivos  herederos,  y  solamente  cuando 
concluyan las operaciones liquidatarias, esta cuota sobre el todo cederá su lugar a las 
titularidades singulares y concretas que a cada uno de ellos se le adjudiquen en las 
operaciones liquidatarias.
Efectivamente, la simple disolución de la sociedad de gananciales sin liquidación, no 
implicación mutación jurídico real alguna susceptible de inscripción registral conforme a 
lo dispuesto en los artículos 1.2 y 2 de la Ley Hipotecaria.
Sin embargo, la alteración del estado civil, de casado a separado, provoca, como se 
ha dicho, la disolución de la sociedad de gananciales, e implica, como también se ha 
dicho, que surja una comunidad post ganancial, que produce importantes alteraciones en 
el régimen de administración y disposición de los bienes, así como en el régimen de 
cargas y responsabilidad de las deudas contraídas por los consortes. Así, ya no serán de 
aplicación muchas de las normas contenidas en los artículos 1371 a 1391 del Código 
Civil  (cfr.  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  14  de  febrero  de  2005  respecto  del 
artículo 1384); si la disolución de la sociedad de gananciales es por separación o 
divorcio, se puede solicitar del juzgado la administración conjunta, individual, o de un 
tercero,  o  reparto  de  funciones  según  los  bienes.  Igualmente  tiene  repercusiones 
respecto de las deudas contraídas por los consortes antes de la disolución, así como de 
las deudas contraídas después de la disolución.
Especialmente  importante  es  el  contenido  del  artículo  102  del  Código  civil  que 
determina la producción de importantes efectos no ya con la sentencia firme que declara 
la  separación  o  el  divorcio,  sino  incluso  con  la  admisión  de  la  demanda.  Así  el 
artículo 102 determina que «admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, se 
producen, por ministerio de la Ley, los efectos siguientes: 1.º Los cónyuges podrán vivir 
separados y cesa la presunción de convivencia conyugal. 2.º Quedan revocados los 
consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro. 
Asimismo, salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos 
del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. A estos efectos, cualquiera de 
las partes podrá instar la oportuna anotación en el Registro Civil y, en su caso, en los de 
la Propiedad y Mercantil».
Resulta evidente que, si la admisión de la demanda produce efectos susceptibles de 
su constancia en el Registro de la Propiedad, con mayor razón es susceptible de 
constancia registral la sentencia que declare la separación o divorcio, constancia que 
deberá realizarse mediante asiento de inscripción, por tratarse de sentencia firme.
3.  El segundo de los defectos recurrido es la falta de referencia del número de 
sentencia en el testimonio calificado. s
El artículo 208 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que «si se tratara de  oe.
sentencias y autos habrá de indicarse el Tribunal que las dicte, con expresión del Juez o  w.
Magistrados que lo integren y su firma e indicación del nombre del ponente, cuando el  47ww
Tbarisbtuanráa l cosena la  cfoirlmegai addeol .p oEnne netel »c.aso de providencias dictadas por Salas de Justicia,
formDuilcahráon p rceocnefoprtom ees a c loom dpisleptuaedsot oc oenn  eel la artrítcícuulolo 2 a0n9t earl iocor nyc creotna rs quujeec i«ólna,s  asdeenmteánsc,i aas  lases   BOE-A-cable e
siguientes reglas: 1.ª En el encabezamiento deberán expresarse los nombres de las 
partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales 
actúen, así como los nombres de los abogados y procuradores y el objeto del juicio. 2.ª 
En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y 
en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los 
hechos en que las funden, que hubieren sido alegados oportunamente y tengan relación 
con las cuestiones que hayan de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y 
practicado y los hechos probados, en su caso. 3.ª En los fundamentos de derecho se 
expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de hecho y de derecho 
fijados por las partes y los que ofrezcan las cuestiones controvertidas, dando las razones 
y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las 
normas jurídicas aplicables al caso. 4.ª El fallo, que se acomodará a lo previsto en los 
artículos  216  y  siguientes,  contendrá,  numerados,  los  pronunciamientos 
correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación 
de  todas  o  algunas  de  dichas  pretensiones  pudiera  deducirse  de  los  fundamentos 
jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su 
caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para 
la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 219 de esta Ley».
Las sentencias una vez extendidas y firmadas por quienes las hubieran dictado, 
serán publicadas y depositadas en la oficina judicial, ordenándose por el letrado de la 
Administración  de  Justicia  su  notificación  y  archivo  conforme  a  lo  dispuesto  en  el 
artículo 212, llevando, bajo la custodia del mismo, un libro de sentencias, en el que se 
incluirán firmadas todas las definitivas, autos de igual carácter, así como los votos 
particulares que se hubieren formulado, que serán ordenados correlativamente según su 
fecha (artículo 213 Ley de Enjuiciamiento Civil).
Por tanto, no se trata el número de sentencia de uno de los contenidos previstos en 
el referido artículo 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo considerarse el 
testimonio de la Sentencia expedido por el letrado de la Administración de Justicia 
inscribible.
Por tanto, el defecto debe ser revocado.
4.  El tercer defecto impugnado se refiere a la falta de acreditación de las facultades 
representativas del presentante, abogado, en nombre del titular registral, al aportar una 
fotocopia de un poder para pleitos.
La Dirección General de los Registros y del Notariado se pronunció, de manera 
uniforme,  sobre  la  calificación  por  parte  del  registrador  respecto  de  las  facultades 
representativas del presentante de un documento para cumplir el principio de rogación 
dando inicio al procedimiento registral, y para interposición de un recurso gubernativo. 
En este sentido concluyó que si del mero presentante de un documento se presume su 
representación  (artículos  6  de  la  Ley  Hipotecaria  y  39  de  su  Reglamento),  dicha 
presunción se limita al trámite de la presentación y actos conexos, sin extenderse a la 
legitimación para recurrir. (Resoluciones de 21 de julio y 18 de noviembre de 2003, 14 
y 18 de enero de 2005 y 31 de julio de 2014).
Por tanto, el defecto debe ser revocado.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las  e
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de  bo
la Ley Hipotecaria. 47ww
PúbMlicaad, rSido, fí6a  Pduee nmtea rSzoa ndtiaeg o2.020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe