BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 104 Martes 14 de abril de 2020 Sec. I.   Pág. 28956
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE SANIDAD
4442 Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas 
excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención 
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, contempla 
una serie de medidas dirigidas a proteger el bienestar, la salud y seguridad de los 
ciudadanos y la contención de la progresión de la enfermedad.
El artículo 4.2.d) del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, determina que, 
para el ejercicio de las funciones previstas en el mismo y bajo la superior dirección del 
Presidente  del  Gobierno,  el  Ministro  de  Sanidad  tendrá  la  condición  de  autoridad 
competente delegada, tanto en su propia área de responsabilidad como en las demás 
áreas que no recaigan en el ámbito específico de competencias de los demás Ministros 
designados como autoridad competente delegada a los efectos de este real decreto.
En  concreto,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  4.3  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Sanidad queda habilitado para dictar 
las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, dentro de su 
ámbito  de  actuación  como  autoridad  delegada,  sean  necesarias  para  garantizar  la 
prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección 
de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas 
previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de 
alarma, excepción y sitio.
Asimismo, el artículo 8.2 del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, dispone 
que  las  autoridades  competentes  delegadas  podrán  imponer  la  realización  de 
prestaciones personales obligatorias imprescindibles para la consecución de los fines del 
real decreto.
Igualmente, de acuerdo con el artículo 12.4 del citado real decreto, las autoridades 
competentes delegadas podrán adoptar medidas para determinar la mejor distribución en 
el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades 
que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria.
Por otro lado, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública estableció 
en su artículo 13.3 el mandato para la creación de una Red de Vigilancia en Salud 
Pública, que incluya tanto un sistema de alerta precoz como de respuesta rápida y que 
esté en funcionamiento continuo e ininterrumpido las veinticuatro horas del día. En 
cumplimiento  de  este  mandato,  y  mediante  el  Real  Decreto  2210/1995,  de  28  de 
diciembre, se creó la Red nacional de vigilancia epidemiológica, que permite la recogida 
y el análisis de la información epidemiológica con el fin de poder detectar problemas que 
supongan un riesgo para la salud, contribuir a la aplicación de medidas de control 
individual y colectivo y difundir la información a las autoridades competentes. Asimismo, 
como parte de esta Red nacional de vigilancia se estableció la obligación de notificar 
aquellas enfermedades recogidas en el anexo I del citado real decreto, y entre las que se 
encuentra  el  SARS,  disponiéndose  además  respecto  de  dicha  enfermedad  en  el  s
artículo 13.1.a) del citado real decreto su notificación con carácter de urgencia y por el  oe.
medio más rápido posible, tan pronto se detecte su existencia. w.
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correspondiendo a las comunidades autónomas, en su ámbito competencial, establecer
el procedimiento al efecto. Bc
En este marco, mediante la presente orden se dispone la obligación por parte de los 
centros,  servicios  y  establecimientos  sanitarios  de  diagnóstico  clínico  de  titularidad 
privada estar disponibles para entrar a formar parte o reforzar los circuitos de diagnóstico 
ya  existentes,  y  de  notificar  a  la  autoridad  sanitaria  competente  de  la  comunidad 
autónoma los casos de COVID-19 diagnosticados. Las autoridades de salud pública de 
la comunidad autónoma establecerán los procedimientos y el circuito para cumplir con 
los objetivos y con las tareas de vigilancia y contención de la epidemia.
Por otra parte, con el fin de reforzar el Sistema Nacional de Salud, se pone a 
disposición de las comunidades autónomas cualquier centro, servicio y establecimiento 
sanitario de diagnóstico clínico, que a la fecha de entrada en vigor de la orden no esté 
prestando servicios al Sistema Nacional de Salud. Esta puesta a disposición incluye la 
posibilidad de adoptar las medidas necesarias para la regulación de los precios de las 
pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19, con el objeto de evitar situaciones 
abusivas en el acceso a este servicio.
Igualmente, se limita la realización de las pruebas diagnósticas para la detección del 
COVID-19 a aquellos casos en los que exista una prescripción previa por un facultativo y 
se ajusten a criterios establecidos por la autoridad sanitaria competente.
Finalmente, se establece la obligación por parte de las comunidades autónomas de 
trasladar la información obtenida en aplicación de la presente orden al Ministerio de 
Sanidad, previa solicitud, así como la facultad del Ministerio de Sanidad de adoptar las 
medidas oportunas en base a criterios de necesidad y urgencia, con el objetivo de 
garantizar los principios de equidad y cohesión.
En su virtud, resuelvo:
Primero.  Puesta  a  disposición  de  las  comunidades  autónomas  de  los  centros  de 
diagnóstico clínico.
1.  Las comunidades autónomas tendrán a su disposición los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada ubicados en su 
comunidad autónoma que no estén prestando servicio en el Sistema Nacional de Salud, 
así como su personal.
2.  En todo caso, la realización de pruebas diagnósticas por los citados centros, 
servicios  y  establecimientos  de  diagnóstico  clínico  para  la  detección  del  COVID-19 
quedará sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado segundo.
3.  La puesta a disposición de medios a que se refiere el apartado 1 incluye la 
posibilidad de adoptar las medidas necesarias para la regulación de los precios de las 
pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19, con el objeto de evitar situaciones 
abusivas en el acceso a este servicio.
Segundo.  Requisitos para la realización de pruebas diagnósticas para la detección del 
COVID-19.
La indicación para la realización de pruebas diagnósticas para la detección del 
COVID-19  deberá  ser  prescrita  por  un  facultativo  de  acuerdo  con  las  directrices, 
instrucciones y criterios acordados al efecto por la autoridad sanitaria competente.
Tercero.  Notificación de los casos COVID-19 confirmados.
1.  Todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico,  s
con independencia de su titularidad, deberán notificar a la autoridad sanitaria competente  oe.
de la comunidad autónoma en la que se encuentren ubicados y/o presten sus servicios,  w.
los casos de COVID-19 confirmados de los que hayan tenido conocimiento tras la  42ww
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ácidos nucleicos o reacciones de PCR, o test rápidos diagnósticos deberá ponerlo en 
conocimiento de la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma en la que 
se encuentren ubicados y/o presten sus servicios, con indicación expresa del tipo de 
material, número de unidades adquiridas y destino de uso.
3.  La información a la que se refiere este apartado deberá ser comunicada a la 
mayor brevedad posible, correspondiendo a la autoridad sanitaria competente de cada 
comunidad autónoma establecer el procedimiento concreto para su remisión.
4.  Las comunidades autónomas trasladarán al Ministerio de Sanidad, cuando este 
lo requiera, la información referida en este apartado que solicite.
Una vez recibida esta información, el Ministerio de Sanidad podrá adoptar, en su 
caso, las medidas oportunas en atención a criterios de necesidad y urgencia, con el 
objetivo de garantizar los principios de equidad y cohesión.
Cuarto.  Régimen sancionador.
El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta orden podrá ser sancionado 
con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
Quinto.  Desarrollo y ejecución.
Corresponde a las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma 
y  de  las  Ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  dictar  las  resoluciones,  disposiciones  e 
instrucciones  interpretativas  que,  en  la  esfera  específica  de  su  actuación,  sean 
necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en esta orden.
Sexto.  Vigencia.
Lo previsto en esta orden será de aplicación hasta la finalización del estado de 
alarma  declarado  por  el  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  y  sus  posibles 
prórrogas.
Séptimo.  Efectos.
La presente orden producirá efectos el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Octavo.  Régimen de recursos.
Contra la presente orden, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.
Madrid, 13 de abril de 2020.–El Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca.