BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161 Miércoles 7 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 80840
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
11301 Sala Primera. Sentencia 119/2021, de 31 de mayo de 2021. Recurso de 
amparo 3199-2020. Promovido por doña Iris Martín Varela en relación con la 
sentencia  dictada  por  un  juzgado  de  lo  social  de  Lugo  en  proceso  de 
conciliación  de  la  vida  laboral  y  familiar.  Vulneración  del  derecho  a  no 
padecer discriminación por razón de sexo: resolución judicial que no pondera 
las circunstancias personales de quien impugna una modificación de jornada 
de trabajo que incide sobre el disfrute de la reducción que tiene reconocida 
por cuidado de hijos.
ECLI:ES:TC:2021:119
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
El recurso de amparo núm. 3199-2020, ha sido promovido por doña Iris Martín 
Varela, representada por el procurador de los tribunales don Avelino Calviño Gómez y 
asistida por el abogado don Pedro Blanco Lobeiras contra la sentencia del Juzgado de lo 
Social núm. 2 de Lugo de 10 de enero de 2020, que desestimó la demanda de la 
recurrente en el proceso de conciliación de la vida laboral y familiar núm. 706-2019, y 
frente al auto de 4 de junio de 2020 dictado por el mismo órgano judicial en el que se 
desestimó el incidente de nulidad de actuaciones formulado contra la anterior resolución. 
Ha  comparecido  la  mercantil  Insuiña,  S.L.,  representada  por  la  procuradora  de  los 
tribunales doña María Teresa Gamazo Trueba, bajo la dirección letrada de don Roberto 
Vázquez Cid. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don 
Alfredo Montoya Melgar.
I. Antecedentes
1.  Por escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 15 de julio 
de 2020, el procurador de los tribunales don Avelino Calviño Gómez, actuando en 
nombre y representación de doña Iris Martín Varela, asistida por el letrado don Pedro 
Blanco Lobeiras, interpuso recurso de amparo contra las dos resoluciones citadas en el 
encabezamiento.
2.  Los hechos de los que trae causa la presente demanda de amparo, relevantes  es
para la resolución del recurso, son los siguientes: o
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el 31 de agosto de 2018. En ese escrito le comunicó que prestaría sus servicios en
horario de 8:30 a 14:30 horas, siendo efectiva la reducción de jornada a partir del 11 de 
septiembre de 2018.
b)  Con posterioridad a la concesión de la solicitud de reducción de jornada que se 
hizo efectiva en la fecha señalada, la recurrente presentó escrito el 26 de septiembre 
de 2018 en el que solicitaba ser excluida de la realización de guardias los fines de 
semana y festivos, accediendo la empresa a la solicitud formulada. La recurrente no 
realizó guardias de fin de semana desde octubre de 2018.
c)  El 30 de agosto de 2019 la empresa Insuiña, S.L., remitió a la trabajadora 
comunicación en la cual se le hacía saber que procedía a distribuir irregularmente su 
jornada prestando servicios una hora y treinta minutos los sábados, «cuando así sea 
requerida por las necesidades de la producción y organización de la planta».
d)  La trabajadora remitió escrito a la dirección de la empresa en el que mostraba su 
frontal oposición y solicitaba mantener la concreción horaria reconocida en la reducción 
para el cuidado de menor, sin prestación de servicios ningún sábado.
Dado que la empresa no modificó su postura, la trabajadora presentó demanda ante 
los juzgados de lo social de Lugo.
e)  En la demanda se alegaba la imposibilidad de atender a la modificación de 
horario impuesta por la empresa por la que se le exigía trabajar los sábados que la 
empresa le indicase con antelación, de 12:00 a 13:30 horas, compensando ese tiempo al 
inicio de la jornada laboral del lunes. Se consideraba que esa decisión vulneraba los 
arts. 14 y 39 CE. Y se pedía como medida cautelar: «el mantenimiento de la concreción 
horaria de la que ha venido disfrutando la actora y por ende fijando su jornada de lunes a 
viernes de 8:30 a 14:30 horas, sin prestación de servicios los sábados».
Mediante auto núm. 77/2019, de 19 de octubre, se estimó dicha medida cautelar 
acordando «exonerar a la actora doña Iris Martin Varela de prestar servicios a la entidad 
demandada los sábados».
f)  La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo de 10 de enero de 2020 
desestimó la demanda.
En  los  fundamentos  de  derecho  se  justifica  la  desestimación  de  la  demanda, 
argumentando que, a la vista de la declaración de hechos probados y la regulación 
contenida en el art. 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción 
social (LJS), el procedimiento carece de objeto en la medida en que no existe negativa ni 
falta  de  conformidad  del  empresario  con  la  reducción  de  jornada  solicitada  por  la 
trabajadora en el año 2018. Señala que la entidad demandada accedió a la solicitud 
formulada por doña Iris y le comunicó que su nuevo horario sería de 8:30 a 14:30 horas 
de lunes a viernes y aceptó la decisión de la trabajadora de no realizar más guardias los 
fines de semana. No obstante, en el año 2019, la entidad demandada se vio obligada a 
distribuir la jornada de doña Iris de forma irregular por razones de organización del 
servicio de guardia del laboratorio al que pertenecía. Por ello, el 30 de agosto de 2019 se 
comunicó a doña Iris que tendría que prestar los servicios una hora y media los sábados, 
pudiendo desarrollar su actividad en horario de 12:00 a 14:30 horas. Para respetar la 
reducción de jornada concedida en el año 2018, se le comunicó también a la actora que 
el día laborable siguiente al sábado en el que hubiera prestado servicios, el horario de 
entrada se retrasaría de las 8:30 horas a las 10:00 horas.
Afirma  la  sentencia  que  la  decisión  adoptada  por  el  empresario  se  encuentra 
amparada en apartado 8 del pacto de articulación de las condiciones de trabajo de los 
trabajadores de la planta de Xove, que faculta a la entidad demandada a organizar el 
trabajo de un departamento mediante la modificación del horario o la flexibilización de la  s
jornada si en un determinado departamento no hubiese personal suficiente adscrito al  oe.
servicio  de  guardia.  Añade  que,  según  consta  en  la  documental  que  obra  en  las  w.
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reorganizar el servicio de guardias del laboratorio de Xove porque solo una de las 
trabajadoras del departamento está adscrita voluntariamente al servicio de guardias, no 
pudiendo existir una sola trabajadora adscrita al servicio ya que el puesto que el pacto de 
articulación de las condiciones de trabajo (apartado octavo) impide que un trabajador 
realice guardias más de dos fines de semana seguidos, salvo que los trabajadores lo 
acepten voluntariamente. Además esta trabajadora adscrita voluntariamente al servicio 
de guardias, añade la sentencia, ha solicitado por escrito que se vuelva al sistema de 
guardias que regía anteriormente a que se aceptase la renuncia de doña Iris, lo que 
supone una negativa a estar permanentemente de guardia ante la renuncia al servicio de 
sus dos compañeros.
Considera la sentencia que la decisión adoptada por la empresa de modificar el 
horario de la actora y distribuir de forma irregular su jornada laboral debe ser tratada en 
un procedimiento distinto (art. 138 LJS), puesto que en el supuesto litigioso no se ha 
denegado a la actora la solicitud de reducción de jornada formulada en el año 2018. 
Concluye señalando que la actora nunca ha solicitado la concreción horaria al amparo de 
la normativa vigente, puesto que fue la empresa por medio de escrito de 31 de agosto la 
que comunicó a la actora que prestara sus servicios en horario de 8:30 a 14:30 horas de 
lunes a viernes, en respuesta a la solicitud de reducción de jornada formulada y sin 
perjuicio de la adscripción voluntaria al servicio de guardias del fin de semana.
g)  Frente  a  esta  sentencia,  la  demandante  formuló  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones, por considerar que la misma vulneraba su derecho a la tutela judicial 
efectiva, así como el derecho a la igualdad, la prohibición de discriminación por razón de 
sexo y lo dispuesto en el art. 39 CE en cuanto a la protección de la infancia y la familia. A 
juicio de la recurrente, la desestimación de la demanda se fundaba esencialmente en 
que no se había seguido el procedimiento adecuado y por ello no se había entrado en el 
fondo.
El incidente de nulidad fue desestimado por auto de 4 de junio de 2020. Señala este 
auto que «de la lectura del fundamento de derecho tercero de la sentencia se evidencia 
que la afirmación efectuada por la actora no es correcta, ello es así porque si se hubiese 
inadmitido la demanda de plano por inadecuación del procedimiento no se entraría a 
valorar la prueba y a afirmar que la modificación realizada por la entidad demandada en 
el horario de la actora se encuentra justificada por razones organizativas y amparada 
también en el apartado 8 del pacto de articulación de las condiciones de trabajo de los 
trabajadores de la planta de Xove». Considera el auto que a pesar de entender que el 
procedimiento carecía de objeto, en la sentencia recurrida se procedió a entrar a resolver 
sobre el fondo del asunto y así, tras la valoración de la prueba se entiende que la 
distribución irregular de la jornada acordada por la empresa se encuentra justificada por 
razones organizativas relativas al servicio de guardia y además amparada en el pacto de 
condiciones de trabajo de los trabajadores de la planta de Xove. Por otro lado, entiende 
que la resolución cuya nulidad se pretende no contiene una discriminación por razón de 
sexo, ni ha obviado el mandado constitucional de protección a la familia porque, como se 
indica en la resolución, no se trata de un supuesto de los previstos en el art. 139 LJS 
puesto que no ha habido negativa o falta de conformidad con el empresario respecto a la 
solicitud  de  reducción  de  jornada  de  la  trabajadora;  se  trata  de  un  supuesto  de 
modificación sustancial de condiciones laborales por lo que los términos del debate no 
son los que pretende la actora, sino que lo que hay que examinar es si la modificación 
operada se ajusta a lo previsto en el art. 41 de la Ley del estatuto de los trabajadores 
(LET), análisis que ha realizado la sentencia de 10 de enero de 2020. s
3.  El 15 de julio de 2020 se registró en este tribunal la demanda de amparo  w.b
idlnoet eS 2rop0cu2iae0ls  dntaiúc tmpaod. ro2  l apd oerr e Lepulr gemosi,es nemtnao cp óirórognca edndeoim  ljauie ddnicetoima lna.únmda. n7t0e6 c-2o0n1tr9a,  lya  frseennttee nacl iaau dtoe ld Jeu 4z gdaed jou ndieo   2021-1130n https://w
discErimn ilnaa cdieómn apnodra r aszeó na ledgea s, eexno  p(raimrt.e 1r 4lu CgaEr),.  vTurlanse rraecfeiórnir sdee la  dlae rencohrmo aat ivlaa  ingaucailodnaadl  yy 
europea  que  pretende  garantizar  la  igualdad  de  trato  entre  mujeres  y  hombres,  y
proscribir la discriminación por razón de sexo, indica que la sentencia impugnada se 
ampara en un «acuerdo de empresa» (es decir, no en un convenio colectivo), para avalar 
una solución basada en una interpretación restrictiva del derecho de la trabajadora, que 
supondría una discriminación indirecta por ser las mujeres el colectivo que ejercita en 
mayor medida el derecho de reducción de jornada por motivos de conciliación.
Señala la recurrente que la sentencia impugnada resuelve sin tener en cuenta la 
perspectiva constitucional, esto es, el derecho a la igualdad y no discriminación por 
razón de sexo y el mandato constitucional de protección a la familia. Invoca después la 
STC 3/2007, que indicó que las resoluciones judiciales no pueden quedarse, en casos 
como este, en el plano de la legalidad ordinaria, y que, por el contrario, deben ponderar 
todas  las  circunstancias  concurrentes,  concretamente,  la  importancia  que  para  la 
efectividad del derecho a la no discriminación por razón de sexo de la trabajadora tiene 
el ejercicio del derecho de reducción de jornada por motivos familiares. Tal ponderación 
no se habría realizado en el caso de autos, al limitarse a justificar y amparar la decisión 
empresarial (que la actora con reducción de jornada preste servicios los sábados) en la 
insuficiencia de personal. No se analizó, en suma, en qué medida la necesidad de no 
trabajar los sábados resultaba necesaria para la atención de los fines con relevancia 
constitucional, ni cuáles son las dificultades organizativas que su reconocimiento pudiera 
causar  a  la  empresa.  Tal  interpretación  se  convierte,  a  su  juicio,  en  un  obstáculo 
injustificado para la permanencia en el empleo de la trabajadora y para la compatibilidad 
de su vida profesional y personal, basada en una presunta necesidad organizativa 
empresarial.
Se queja la recurrente, asimismo, de que, con ello, el juzgador haya equiparado la 
mera voluntad de un trabajador de no seguir trabajando los sábados, con la necesidad 
de conciliación de una madre trabajadora, derecho este último que fue ignorado, cuando 
debía primar la dimensión constitucional de la controversia planteada. En otras palabras, 
el  órgano  judicial  no  habría  tutelado  debidamente  el  derecho  de  la  trabajadora, 
imponiéndole un obstáculo para compatibilizar su vida profesional y laboral, lo que 
entiende que constituiría una discriminación indirecta por razón de sexo.
En  segundo  lugar,  alega  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva, 
entendiendo que la apreciación en el caso de autos de la inadecuación de procedimiento 
infringe el art. 24.1 CE y el art. 102.2 LJS. A este respecto aduce la parte recurrente, 
como  así  lo  hiciera  en  el  incidente  de  nulidad  de  actuaciones,  que  si  el  juzgador 
consideraba que el procedimiento adecuado en el caso de autos era el de modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo del art. 138 LJS y no el de conciliación de la vida 
laboral y personal, debió así acordarlo conforme a lo señalado en el citado art. 102 LJS, 
incluso sin audiencia de parte, máxime cuando para ello no existe obstáculo alguno 
(ambos preceptos, arts. 138 y 139 se ubican en el mismo capítulo como modalidades 
procesales  que  tienen  especialidades  respecto  al  proceso  ordinario;  tienen  una 
tramitación idéntica, pues en ninguno existe conciliación previa, y son de instancia 
única). Se recuerda, además, que la prohibición de sobreseimiento del proceso o la 
absolución en la instancia por inadecuación de la modalidad procesal elegida viene 
incluso explicitada en la exposición de motivos de la ley. Tal infracción, continúa diciendo, 
le ha causado indefensión y ahonda en la flagrante violación del derecho a la no 
discriminación por razón de sexo de la que ha sido objeto, al no haber ofrecido una 
respuesta motivada, ponderada y razonada a su pretensión.
A la vista de todo ello solicita que se estime el recurso, y que este tribunal dé 
respuesta directa a su pretensión, acogiendo su demanda, pues cuenta con todos los  s
elementos precisos para decidir sobre el fondo (vulneración del art. 14 CE). Con carácter  oe.
subsidiario, si lo considerase imprescindible, interesa que se ordene la retroacción y que  w.
fsineaal Piedola rjdu  zodgtreao dqsoíu,  ees leo qsliutcaeit  adv eulcaei lsviinaóm na e nddoici astatuarp  sosenungstpaee nuncnsi aioó.bns tdáec ulloos  inejufesctitfoicsa ddoe  plaa ras elan tpeenrcmiaa nceonnc liaa   2021-1130n https://w
en el empleo.
4.  Por providencia de 14 de diciembre de 2020, la Sección Primera acordó la 
admisión a trámite de la demanda de amparo, al apreciar que concurría en la misma una 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC)] porque el recurso planteaba un problema o afectaba a una faceta 
de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina del tribunal [STC 155/2009, 
FJ 2 a)].
En aplicación de lo previsto en el art. 51 LOTC, se acordó dirigir atenta comunicación 
al Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo, para que en el plazo de diez días remitiese 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los autos núm. 
706-2019; debiendo previamente emplazarse, para que en el plazo de diez días pudieran 
comparecer, si así lo deseaban, en el recurso de amparo, a quienes hubieran sido parte 
en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.
Por último, de conformidad con la solicitud de la parte actora, se acordó formar la 
correspondiente pieza separada de suspensión, que fue denegada por ATC 14/2021, 
de 15 de febrero.
5.  Por escrito registrado el 13 de enero de 2021 la procuradora de los tribunales 
doña María Teresa Gamazo Trueba, bajo la dirección letrada de don Roberto Vázquez 
Cid, en nombre y representación de la mercantil Insuiña, S.L., solicita se la tenga por 
personada en el presente procedimiento.
6.  Por diligencia de ordenación de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 28 
de enero de 2021, se tienen por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos 
por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo y escrito de la procuradora doña Teresa 
Gamazo Trueba, a quien se tiene por personada y parte en nombre y representación de 
Insuiña, S.L., con quien se entenderán la presente y sucesivas diligencias.
A tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se da vista de todas las actuaciones del 
presente recurso de amparo, en la secretaría de esta Sala, por un plazo común de veinte 
días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término 
puedan presentar las alegaciones que a su derecho convenga.
7.  El 23 de febrero de 2021 presentó su escrito de alegaciones el Ministerio Fiscal 
interesando el otorgamiento del amparo por vulneración del art. 14 CE.
Tras exponer los antecedentes del asunto, el Ministerio Fiscal recoge la doctrina 
constitucional sobre la prohibición de discriminación por razón de sexo y el derecho a la 
tutela judicial efectiva.
El fiscal considera que resulta más claro comenzar su dictamen abordando en primer 
lugar la concreta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que se plantea en la 
demanda de amparo. A su juicio, no existe una violación del derecho a la tutela judicial 
efectiva en sí misma, pues la sentencia sí que se pronuncia sobre la petición de fondo y 
considera  ajustada  a  derecho  la  modificación  del  horario,  con  arreglo  al  pacto  de 
condiciones  de  trabajo  de  los  trabajadores  de  la  planta  de  Xove  por  las  razones 
organizativas que se expresan. Por lo tanto, afirma que procede la desestimación del 
recurso en cuanto a este motivo. Señala que otra cosa es que se haya producido la 
omisión de valorar la dimensión constitucional de la cuestión debatida, que se refiere a la 
modificación de la concreción horaria de la reducción de jornada previamente concedida, 
pues esta cuestión debe analizarse dentro del otro motivo del recurso.
Señala el fiscal que el objeto de debate de fondo es si el cambio de horario de 
trabajo resulta justificado, no desde el punto de vista de la legalidad ordinaria, sino desde  s
el punto de vista del contenido esencial del derecho a la no discriminación por razón de  oe.
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pacto de condiciones de trabajo de los trabajadores de la planta de Xove. Por otra parte,
al afirmar la sentencia que la demandante nunca solicitó la concreción del horario,
entiende  el  fiscal  que  no  está  interpretando  adecuadamente  el  hecho  de  que  la 
trabajadora tenía desde hacía un año un horario de reducción de jornada acordado con 
la empresa, pues por mucho que la iniciativa partiera de esta, después de un año 
cumpliendo el horario sin ningún tipo de objeción, parece claro que la situación debe 
tener el mismo trato que si la trabajadora hubiera exigido esa concreción de horario y la 
empresa hubiera aceptado, máxime si se tiene en cuenta que lo que se discute son la 
horas de trabajo de los sábados, constando expresamente que la trabajadora solicitó no 
hacer guardias de fin de semana, con lo que la empresa estuvo de acuerdo.
Estima el fiscal que la justificación aportada por el empresario no es suficiente para 
considerar  que  el  trato  perjudicial  sufrido  por  la  trabajadora  no  suponga  una 
discriminación  indirecta  por  razón  de  sexo;  fundamentalmente,  porque  las  razones 
organizativas no pueden justificar un acto que supone una discriminación.
Señala que la decisión de la empresa parece venir dada porque el empleado varón 
que prestaba servicios en el mismo departamento tampoco quiere hacer guardias y la 
otra trabajadora del departamento no quiere hacerlas ella sola. En esta tesitura, si bien 
no le concede directamente la petición al empleado, parece que trata de equiparar de 
algún modo la carga de trabajo de los fines de semana entre los tres trabajadores 
obligando a la trabajadora con reducción de jornada para el cuidado de hijos, a modificar 
el horario que tenía concedido desde hacía un año.
El fiscal considera que estamos ante un supuesto de discriminación indirecta y, por 
tanto, ante una medida que, aunque podría considerarse formalmente neutra, en la 
práctica perjudica la conciliación de la vida familiar y laboral de la empleada que está 
ejercitando su derecho a la reducción de jornada por el cuidado de hijos. La empresa 
puede  mantener  la  organización  que  tenía  antes  de  exigir  ese  cambio  de  trabajo, 
simplemente haciendo las guardias los otros dos empleados, ninguno de los cuales es 
una mujer que se encuentre en situación de reducción de jornada para el cuidado de 
hijos.
Pero sobre todo, afirma el fiscal, en la sentencia impugnada ni siquiera se entra a 
valorar si supone una discriminación indirecta el perjuicio que supone el cambio de 
horario para la conciliación de la vida familiar y laboral de la demandante, ni se analiza 
tampoco  la  posibilidad  de  realizar  cualquier  otra  medida  organizativa  que  permita 
mantener el horario de la demandante sin trabajar en fin de semana. A su entender, la 
ausencia de análisis de la dimensión constitucional de la demanda planteada queda más 
clara si cabe cuando la sentencia impugnada afirma que el proceso pertinente no era el 
de  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral,  sino  el  de  modificación  sustancial  de 
condiciones  de  trabajo.  Considerando  que  con  el  hecho  de  haberle  concedido  la 
reducción de jornada ya no había posibilidad de discriminación, ignorando con esta 
afirmación  las  sentencias  del  Tribunal  Constitucional  en  las  que  se  ha  admitido  la 
existencia de discriminación indirecta por razón de sexo en casos en que la reducción de 
jornada estaba concedida y era en la ejecución de esta reducción de jornada cuando se 
producía la discriminación por razón de sexo (por todas, STC 79/2020, de 2 de julio).
Concluye el fiscal que la dimensión constitucional de la medida contemplada en los 
apartados 5 y 6 del art. 37 LET «ha de prevalecer y servir de orientación para la solución 
de cualquier duda interpretativa». Continúa el fiscal afirmando que «a ello contribuye el 
propio precepto legal, que no contiene ninguna precisión sobre la forma de concreción 
horaria de la reducción de jornada, ni establece si en su determinación deben prevalecer 
los  criterios  y  las  necesidades  del  trabajador  o  las  exigencias  organizativas  de  la 
empresa, lo que posibilita una ponderación de las circunstancias concurrentes dirigida a  s
hacer compatibles los diferentes intereses en juego». oe.
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empresa, en ningún momento se vulnera la reducción que le fue concedida de acuerdo
con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores en el año 2018, ni tampoco su 
derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Señala que no parece 
razonable pensar que la prestación de servicios durante hora y media en la mañana de 
un sábado límite de alguna manera ese derecho, aún más cuando se le ha ofrecido la 
posibilidad de realizar dicha prestación en una franja horaria a partir del mediodía.
Por lo que se refiere a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, afirma 
que en ningún momento se priva a la parte actora de este derecho, pues no se le impide 
de  ninguna  forma  incoar  otro  procedimiento  por  la  vía  que  proceda  para  lograr  el 
ejercicio del derecho pretendido. Señala que la sentencia sí resuelve sobre el fondo del 
asunto y lo hace de manera detallada (reproduce distintas partes de los fundamentos 
jurídicos de la sentencia recurrida).
Pone de manifiesto que la aceptación de la reducción de jornada no incluía, en ningún 
momento, la exclusión de las guardias que fue solicitada en un momento posterior y que, 
por ello, en nada influía en la concesión de esa reducción. Fueron solicitudes totalmente 
independientes, no guardando relación la una con la otra. Alega que la recurrente solicitó 
en fecha 9 de agosto de 2018 la reducción de jornada que le fue debidamente concedida 
(el 31 de agosto) y, por otro lado, y de forma independiente, solicitó, en fecha de 26 de 
septiembre de 2018, la exclusión de su participación en el sistema de guardias. Por ello, 
entiende que la recurrente no solicitó conforme al procedimiento regulado en el art. 37 LET 
una  concreción  horaria  determinada  para  el  cuidado  de  menor  en  atención  a  unas 
necesidades concretas en relación con la posibilidad de ser incluida en ese sistema de 
guardias que recoge el art. 8 del citado pacto.
9.  Por providencia de 27 de mayo de 2021, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 31 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo.
El presente recurso de amparo se dirige contra la sentencia del Juzgado de lo Social 
núm. 2 de Lugo de 10 de enero de 2020, que desestimó la demanda interpuesta por la 
recurrente en la que solicitaba se la exonerase de prestar servicios una hora y media los 
sábados  y  pudiera  continuar  prestando  servicios  en  el  mismo  horario  que  lo  venía 
haciendo desde que disfrutaba de reducción de jornada por cuidado de hijos. El recurso se 
dirige asimismo contra el auto del mismo órgano judicial de 4 de junio de 2020, que 
desestimó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la anterior resolución.
La demandante alega vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación por 
razón de sexo (art. 14 CE) porque la negativa de la sentencia recurrida a reconocer su 
petición de seguir sin prestar servicios los sábados, se adopta sin analizar en qué medida 
dicha posibilidad de no trabajar los sábados resultaba necesaria para la atención a los 
fines de relevancia constitucional a los que la institución sirve. A su juicio, se resuelve el 
litigio sin adoptar una perspectiva constitucional, solamente en base a lo dispuesto en un 
pacto de empresa. Asimismo, alega también vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva  (art.  24.1  CE),  porque  la  sentencia  recurrida  desestimó  la  demanda  por 
inadecuación del procedimiento sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, no siendo ello 
acorde con lo dispuesto en el art. 102 LJS, que obligaba a cambiar el procedimiento de 
oficio,  si  estimaba  que  no  era  el  adecuado  y  que  la  interpretación  de  las  normas 
procesales que hizo la sentencia infringió el principio pro actione, causándole indefensión. es
El Ministerio Fiscal solicita la estimación del recurso de amparo por ausencia de  bo
análisis  de  la  dimensión  constitucional  de  la  cuestión  planteada.  Por  su  parte,  la  1w
seereennp   nerpeilrn soagedñúnuontc a 2emc0 ióo1unm8n ,ae dd nemet o loaa sdc eumif iecveraurdcclonaió encnrtoai ln  dlI aenlo  sr leudadii ñsudpaciu,sc etSirósi.bntLou .d ,ce eisón ojn oel ircldn iEteaas d tsalaau t q udjutooeer sn dfeauesde tlia omc soda nTeccri aóetbnrdaa idbpjaaaud jeoaos  rl,pea aos r r,e  sscruiaun zrjouro eiqncnueitoees,     OE-A-2021-1130able en https://w
organizativas y necesarias para el buen funcionamiento de la empresa.
2.  Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
Comenzaremos el análisis de los motivos alegados por el relativo a la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva, porque su hipotética estimación haría perder sentido 
a la alegada vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo.
La demandante de amparo denuncia, en efecto, la vulneración de su derecho a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a obtener 
una resolución expresa y motivada sobre el fondo de la cuestión planteada.
Así planteada la cuestión, hemos de recordar que, según reiterada doctrina de este 
tribunal, recogida, entre otras, en la STC 308/2006, de 23 de octubre, FJ 5:
«[E]l derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el art. 24.1 CE, comprende 
el derecho de los litigantes a obtener de los jueces y tribunales una resolución motivada 
y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por 
las partes en el proceso que, no obstante, puede ser también de inadmisión si concurre 
causa  legal  para  ello  y  así  se  aprecia  razonadamente  por  el  órgano  judicial 
(SSTC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2; 206/1999, de 8 de noviembre, FJ 4; 198/2000, 
de 24 de julio, FJ 2; 116/2001, de 21 de mayo, FJ 4, entre otras). También ha dicho este 
tribunal que los derechos y garantías previstos en el artículo 24 CE no garantizan la 
corrección jurídica de la actuación o interpretación llevada a cabo por los órganos 
judiciales  comunes,  pues  no  existe  un  derecho  al  acierto  (entre  otras  muchas, 
SSTC 151/2001, de 2 de julio, FJ 5, y 162/2001, de 5 de julio, FJ 4), y tampoco aseguran 
la  satisfacción  de  la  pretensión  de  ninguna  de  las  partes  del  proceso  (por  todas, 
SSTC 107/1994, de 11 de abril, FJ 2, y 139/2000, de 29 de mayo, FJ 4). Ahora bien, lo 
que  en  todo  caso  sí  garantiza  el  expresado  precepto  es  el  derecho  a  que  las 
pretensiones se desenvuelvan y conozcan en el proceso establecido al efecto, con 
observancia de las garantías constitucionales que permitan el derecho de defensa, y a 
que finalice con una resolución fundada en Derecho, la cual podrá ser favorable o 
adversa a las pretensiones ejercitadas (STC 50/1982, de 15 de julio, FJ 3).
Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, 
contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los 
criterios jurídicos que fundamentan la decisión (SSTC 58/1997, de 18 de marzo, FJ 2; 
25/2000, de 31 de enero, FJ 2); y en segundo lugar, que la motivación esté fundada en 
Derecho (STC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3), carga que no queda cumplida con la 
mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser 
consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad 
(por todas, STC 146/2005, de 6 de junio, FJ 7). Lo anterior conlleva la garantía de que el 
fundamento  de  la  decisión  sea  la  aplicación  no  arbitraria  de  las  normas  que  se 
consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un 
error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no 
podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan 
solo una mera apariencia (por todas, SSTC 25/2000, de 31 de enero, FJ 2, y 221/2001, 
de 31 de octubre, FJ 6). En suma, el art. 24 CE impone a los órganos judiciales no solo 
la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que, 
además,  esta  ha  de  tener  contenido  jurídico  y  no  resultar  arbitraria  (entre  otras, 
STC 8/2005, de 17 de enero, FJ 3).»
La sentencia impugnada, aunque considera que no se ha seguido el procedimiento 
adecuado  –a  su  juicio,  debería  haberse  seguido  el  procedimiento  de  modificación  s
sustancial de condiciones de trabajo previsto en el art. 138 LJS y no el de ejercicio de los  oe.
derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del art. 139 LJS–, entra en  1ww.
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las condiciones de trabajo de los trabajadores de la planta de Xove. Concretamente, la
sentencia considera que la distribución irregular de la jornada acordada por la empresa 
se encuentra justificada en los siguientes motivos:
– El apartado 8 de la articulación de condiciones de trabajo de los trabajadores de 
Xove, que permite a la empresa la modificación del horario o flexibilización de la jornada 
si en un departamento no hubiese un número suficiente de personas adscritas al servicio 
de guardia.
– El deseo de uno de los compañeros de departamento de la recurrente en amparo 
de no seguir realizando guardias los fines de semana.
– La  imposibilidad  de  que  un  trabajador  realice  guardias  más  de  dos  fines  de 
semana seguidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado octavo del pacto de 
articulación de las condiciones de trabajo de los trabajadores de Xove.
– Solo una de las trabajadoras del departamento está adscrita voluntariamente al 
servicio de guardias, y solicita por escrito que se vuelva al sistema de guardias que regía 
antes de la renuncia de la recurrente en amparo, por lo que se niega a realizar guardias 
durante dos fines de semana seguidos.
Por lo tanto, no existe la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva alegada 
por la recurrente porque la sentencia sí se pronuncia sobre la petición de fondo y 
considera ajustada la modificación del horario por las razones expuestas.
3.  Derecho a la no discriminación por razón de sexo.
En  orden  a  determinar  si  se  ha  producido  la  infracción  del  derecho  a  la  no 
discriminación por razón de sexo que la recurrente denuncia, es necesario recordar 
brevemente el contenido del derecho fundamental invocado.
Conforme a reiterada doctrina constitucional, «la conducta discriminatoria se cualifica 
por el resultado peyorativo para la mujer que la sufre, que ve limitados sus derechos o 
sus legítimas expectativas por la concurrencia de un factor cuya virtualidad justificativa 
ha sido expresamente descartada por la Constitución, dado su carácter atentatorio a la 
dignidad del ser humano (art. 10.1 CE). En consecuencia, la prohibición constitucional 
específica de los actos discriminatorios por razón de sexo determina que se habrá 
producido la lesión directa del art. 14 CE cuando se acredite que el factor prohibido 
representó el fundamento de una minusvaloración o de un perjuicio laboral, no teniendo 
valor legitimador en esos casos la concurrencia de otros motivos que hubieran podido 
justificar la medida al margen del resultado discriminatorio» (SSTC 214/2006, de 3 de 
julio, FJ 3; 324/2006, de 20 de noviembre, FJ 4; 3/2007, de 15 de enero, FJ 2, y 66/2014, 
de 5 de mayo, FJ 2).
Como expresa la STC 79/2020, de 2 de julio, FJ 4, la discriminación por razón de 
sexo «comprende no solo el tratamiento peyorativo que se funda en la pura y simple 
constatación del sexo de la persona afectada, sino en la concurrencia de razones o 
circunstancias que tengan con el sexo de la persona una conexión directa e inequívoca, 
como sucede con el embarazo y la maternidad (por todas, SSTC 17/2003, de 30 de 
enero, FJ 3; 3/2007, de 15 de enero, FJ 2, y 2/2017, de 16 de enero, FJ 5). No obstante, 
esta  protección  constitucional  vinculada  a  factores  diferenciales  que  inciden  en  las 
mujeres no se detiene en el embarazo y subsiguiente maternidad, sino que se extiende 
también al ejercicio por la trabajadora de los ‘derechos asociados a la maternidad’. Tales 
derechos,  aunque  son  reconocidos  por  el  ordenamiento  jurídico  indistintamente  al 
hombre y a la mujer con el objeto de estimular cambios en la cultura familiar y promover 
el reparto de responsabilidades, sirven principalmente para compensar las dificultades y  e.
desventajas que agravan la posición de la mujer trabajadora. En efecto, se trata de  w.
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subrayar que la discriminación por razón de sexo no solo se produce cuando a la mujer 
trabajadora se le niega uno de esos derechos asociados a la maternidad, sino también 
cuando, pese a su inicial reconocimiento y ejercicio, se le cause un perjuicio efectivo y 
constatable que consista en un ‘trato peyorativo en sus condiciones de trabajo’, o en ‘una 
limitación  o  quebranto  de  sus  derechos  o  legítimas  expectativas  económicas  o 
profesionales en la relación laboral’, por la exclusiva razón del ejercicio previo de ese 
derecho [STC 233/2007, FJ 7 c) 2]. En otras palabras, en tales casos la vulneración del 
art.  14  CE  vendría  determinada  por  el  menoscabo,  de  carácter  discriminatorio, 
ocasionado en el patrimonio jurídico de la mujer trabajadora. Y, entre esos derechos 
asociados a la maternidad que, como se ha dicho, responden a la idea de compensar las 
desventajas reales que para la conservación de su empleo y para la conciliación de su 
vida laboral y familiar soporta la mujer trabajadora, se encuentran, precisamente, el 
derecho a la excedencia laboral por cuidado de hijos (art. 46.3 LET) y el derecho a la 
reducción de jornada por razones de guarda legal (art. 37.6 LET)».
Asimismo, hay que recordar que la específica prohibición de discriminación por razón 
de sexo no solo comprende la «discriminación directa» a la que se ha hecho referencia, 
sino también la «discriminación indirecta», cuyo concepto legal aparece recogido en el 
art. 6.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, según el cual: «[s]e considera discriminación indirecta por razón de sexo la 
situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a 
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo 
que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a 
una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y 
adecuados». En este sentido, este tribunal entiende por «discriminación indirecta», aquel 
tratamiento formalmente neutro o no discriminatorio del que se deriva, por las diversas 
condiciones fácticas que se dan entre trabajadores de uno y otro sexo, un impacto 
adverso sobre los miembros de un determinado sexo [SSTC 145/1991, de 1 de julio, 
FJ 2; 91/2019, de 3 de julio, FJ 4 c), y 70/2020, de 2 de julio, FJ 4].
Por lo que se refiere a la relevancia de la voluntad de discriminar, hay que tener en 
cuenta que es doctrina reiterada y constante de este tribunal que la vulneración de los 
derechos fundamentales puede darse aunque no exista intención lesiva. «Lo único 
relevante es que el contenido esencial, […], haya resultado o no menoscabado. Lo cual, 
traducido al ámbito que nos ocupa de la prohibición de discriminación por razón de sexo 
(art. 14 CE), supone que bastará con que quede probado que el factor protegido estuvo 
en la base del perjuicio o minusvaloración laboral sufrido por la mujer trabajadora. La 
STC 2/2017, de 16 de enero, FJ 6, recordaba ese parámetro reiterado en nuestra 
doctrina, caracterizador de todo juicio sobre la incidencia sobre un derecho fundamental, 
y que consiste, por tanto, en que puede declararse la lesión del derecho fundamental 
aunque no haya ánimo lesivo, en este caso discriminatorio, al bastar la objetividad del 
perjuicio» [STC 108/2019, de 30 de septiembre, FJ 4 c)].
Por último, es necesario recordar que «la dimensión constitucional de todas aquellas 
medidas normativas tendentes a facilitar la compatibilidad de la vida laboral y familiar de 
los trabajadores, tanto desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón 
de sexo o por razón de las circunstancias personales (art. 14 CE) como desde la del 
mandato de protección a la familia y a la infancia (art. 39 CE), ha de prevalecer y servir 
de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa en cada caso concreto, 
habida cuenta de que el efectivo logro de la conciliación laboral y familiar constituye una 
finalidad de relevancia constitucional fomentada en nuestro ordenamiento a partir de la  s
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, que adoptó medidas tendentes a lograr una efectiva  oe.
participación del varón trabajador en la vida familiar a través de un reparto equilibrado de  w.
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profesional y familiar de los trabajadores, y fomentar una mayor corresponsabilidad entre 
mujeres y hombres en la asunción de las obligaciones familiares» (SSTC 3/2007, de 15 
de enero, FJ 6, y 26/2011, de 14 de marzo, FJ 6).
4.  Resolución del recurso de amparo.
Aduce la demandante que la sentencia recurrida restringe sin fundamento el ejercicio 
del derecho de reducción de jornada por guarda legal a través de una interpretación 
restrictiva del ejercicio de este derecho, que supone una discriminación indirecta de las 
mujeres trabajadoras, pues son ellas el colectivo que ejercita en mayor medida tales 
derecho de conciliación de la vida laboral y familiar.
Como ha quedado expuesto, las resoluciones recurridas estiman como justificación 
suficiente para modificar la jornada de trabajo que venía disfrutando la demandante 
desde que le fue reconocido su derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos, 
las necesidades organizativas de la empresa, derivadas de que, al no hacer guardias los 
sábados la recurrente en amparo, sólo quedan dos trabajadores en el departamento para 
hacerlas, y uno de ellos ha pedido también no hacer guardias los sábados y la otra 
trabajadora ha manifestado su deseo de volver al sistema de guardias que se venía 
aplicando antes de que la recurrente se acogiera a la reducción de jornada.
No corresponde a este tribunal determinar si es posible o no eximir a la demandante 
de prestar servicios los sábados y mantener la misma jornada que venía disfrutando 
desde que le fue concedido su derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos, 
cuestión de legalidad ordinaria que compete exclusivamente a los jueces y tribunales 
(art.  117.3  CE).  Sin  embargo,  sí  nos  corresponde  valorar  desde  la  perspectiva 
constitucional que nos es propia, y a la vista del derecho fundamental invocado, la razón 
o argumento en virtud de los cuales la sentencia impugnada desestima la petición de la 
solicitante de amparo de no seguir prestando servicios los sábados de acuerdo con la 
jornada reconocida desde que comenzó a disfrutar de su derecho a la reducción de 
jornada por guarda legal. Hemos sostenido reiteradamente que, estando en juego un 
derecho fundamental sustantivo y no el derecho reconocido en el art. 24.1 CE, el control 
por parte de este tribunal no puede limitarse a verificar el carácter motivado, razonable y 
no arbitrario de la resolución judicial impugnada (entre otras, SSTC 30/2000, de 31 de 
enero, FJ 4; 173/2001, de 26 de julio, FJ 4; 92/2005, de 18 de abril, FJ 5, y 326/2005, 
de 12 de diciembre, FJ 5).
El análisis de las resoluciones recurridas nos lleva a concluir, con la recurrente y el 
Ministerio  Fiscal,  que  el  órgano  judicial  únicamente  ha  valorado  las  razones 
organizativas alegadas por la empresa para justificar la modificación del horario de la 
trabajadora,  sin  tener  en  cuenta  sus  circunstancias  personales  y  familiares.  Las 
resoluciones  recurridas  estiman  suficientes  para  imponer  el  cambio  de  horario  las 
dificultades  organizativas  de  la  empresa  derivadas  de  lo  dispuesto  en  el  pacto  de 
articulación de las condiciones de trabajo de los trabajadores de Xove, que impide que 
un trabajador realice guardias dos fines de semana seguidos, y derivadas también de la 
petición presentada por uno de los empleados del mismo departamento de no hacer 
guardias los sábados y de que la otra empleada no quiere hacer las guardias ellas sola y 
quiere volver a la situación anterior a la reducción de jornada de la demandante.
Como señala la STC 3/2007, de 15 de enero, FJ 5, «reconocida la incidencia que la 
denegación del ejercicio de uno de los permisos parentales establecidos en la ley puede 
tener en la vulneración del derecho a la no discriminación por razón de sexo de las 
trabajadoras, es lo cierto que el análisis que a tal efecto corresponde efectuar a los  e
órganos judiciales no puede situarse exclusivamente en el ámbito de la legalidad, sino  bo
que  tiene  que  ponderar  y  valorar  el  derecho  fundamental  en  juego.  Como  hemos  1w
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atendiendo  a  las  circunstancias  concurrentes  y,  sobre  todo,  a  la  trascendencia
constitucional de este derecho de acuerdo con los intereses y valores familiares a que el 
mismo responde. Como afirmamos en nuestra STC 95/2000, de 10 de abril, FJ 5, la 
razonabilidad de las decisiones judiciales es también una exigencia de adecuación al 
logro de los valores, bienes y derechos constitucionales (SSTC 82/1990, de 4 de mayo, 
FJ 2, y 126/1994, de 25 de abril, FJ 5)».
Es claro que estas consideraciones son íntegramente aplicables al supuesto aquí 
enjuiciado, en el que el órgano judicial ha entendido justificado el cambio de jornada de 
trabajo de la demandante de amparo con base a razones meramente organizativas, pero 
sin valorar que la trabajadora estaba disfrutando de un derecho relacionado con la 
maternidad y que esa modificación de la jornada podía producir en la práctica unos 
perjuicios en su ámbito familiar y laboral.
El hecho de que el órgano judicial no se haya planteado la cuestión de si modificar el 
horario de la demandante de amparo constituía o no un obstáculo para la compatibilidad 
de su vida familiar y laboral, en atención a las circunstancias concurrentes, supone, 
como  señala  la  recurrente  en  amparo,  no  valorar  adecuadamente  la  dimensión 
constitucional ex art. 14 CE, en relación con el art. 39.3 CE, del asunto planteado, de 
suerte que, como hemos afirmado en diversas ocasiones, el reproche que desde la 
perspectiva constitucional merece formularse contra las resoluciones judiciales recurridas 
en amparo «no es tanto ni solo que haya renunciado a interpretar la normativa aplicable 
de la manera más favorable a la efectividad del derecho fundamental, sino que ni 
siquiera haya tenido en cuenta que este derecho estaba en juego y podía quedar 
afectado» (SSTC 191/1998, de 29 de septiembre, FJ 5; 92/2005, de 18 de abril, FJ 5, 
y 3/2007, de 15 de enero, FJ 6).
En efecto, una vez que se puso de manifiesto que la trabajadora estaba disfrutando 
de una reducción de jornada por cuidado de hijos, el órgano judicial no podía prescindir 
de analizar si la modificación del horario que venía disfrutando suponía un perjuicio para 
la demandante y obstaculizaba o perjudicaba la compatibilidad de su vida familiar y 
laboral. En definitiva, afectando la modificación a la jornada que venía disfrutando la 
trabajadora en ejercicio de su derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos, el 
órgano judicial debió de examinar si esa distribución irregular de su jornada de trabajo 
decidida por la empresa, en virtud de la cual la trabajadora debería prestar servicios 
durante una hora y media los sábados cuando fuera requerida por necesidades de 
producción y organización de la planta, no solo sí resultaba necesaria por razones 
organizativas, sino también si, atendiendo a los fines de relevancia constitucional a los 
que la institución de reducción de jornada por cuidado de hijos sirve, se erigía en 
obstáculo injustificado para la permanencia en el empleo de la trabajadora y para la 
compatibilidad de su vida profesional con su vida familiar.
Aunque,  ciertamente,  el  empresario  puede  modificar  la  jornada  de  trabajo  por 
razones organizativas de acuerdo con lo previsto en el art. 41 LET, cuando el trabajador 
afectado esté disfrutando de un derecho relacionado con la maternidad y, disconforme 
con la decisión empresarial, decida impugnarla, el órgano judicial deberá ponderar las 
circunstancias concurrentes para hacer compatibles los diferentes intereses en juego, 
valorando  el  conflicto  en  su  dimensión  constitucional.  Esto  implica,  como  hemos 
señalado, que en este examen el órgano judicial debe tener presente que esa dimensión 
constitucional de las medidas tendentes a facilitar la compatibilidad de la vida laboral y 
familiar de los trabajadores ha de prevalecer y servir de orientación para la solución de 
cualquier duda interpretativa (SSTC 3/2007, de 15 de enero, FJ 6, y 26/2011, de 14 de 
marzo, FJ 5). Ello obligaba en el presente caso a valorar las concretas circunstancias  s
personales y familiares que concurrían en la trabajadora demandante, así como la  oe.
organización del servicio de guardias de los fines de semana en el departamento en el  w.
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padre y, en suma, la posible incidencia que la prestación de servicios durante los 
sábados pudiera tener para conciliar su actividad profesional con el cuidado de su hija.
La  ausencia  de  análisis  de  la  dimensión  constitucional  de  la  demanda  queda 
claramente patente, como señala el Ministerio Fiscal, cuando la sentencia recurrida 
afirma que el proceso pertinente no era el de conciliación de la vida familiar y laboral, 
sino el de modificación de condiciones de trabajo, considerando que el hecho de haberle 
concedido la empresa la reducción de jornada evitaba la posibilidad de discriminación. 
Esta afirmación del órgano judicial no tiene en cuenta las sentencias de este tribunal en 
las que se ha admitido la discriminación indirecta por razón de sexo en casos en los que 
la reducción de jornada estaba concedida y era precisamente en la ejecución de esta 
reducción de jornada cuando se producía tal discriminación por razón de sexo. En este 
sentido, cabe citar, entre otras, la STC 79/2020, de 2 de julio, en la que se declara la 
existencia de una vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de 
discriminación indirecta por razón de sexo (art. 14 CE), en un supuesto de diferencia de 
trato en materia retributiva entre trabajadores a tiempo completo y parcial, derivada del 
ejercicio del derecho de reducción de jornada por guarda legal.
En  definitiva,  la  decisión  del  órgano  judicial  de  desestimar  la  pretensión  de  la 
recurrente de no prestar servicios una hora y media los sábados, sin analizar hasta qué 
punto dicha pretensión resultaba necesaria para conciliar su vida familiar y laboral, nos 
lleva a concluir que no ha sido debidamente tutelado por los órganos judiciales el 
derecho fundamental de la recurrente a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 
CE). La negativa del órgano judicial se convierte, así, en un obstáculo injustificado para 
la permanencia en el empleo de la trabajadora y para la compatibilidad de su vida 
profesional con su vida familiar, y en tal sentido, constituye una discriminación indirecta 
por razón de sexo, de acuerdo con nuestra doctrina.
Cuanto ha quedado expuesto conduce al otorgamiento del amparo. Para restablecer 
a la recurrente en la efectividad de su derecho será necesario, con anulación de las 
resoluciones  judiciales  impugnadas,  reponer  las  actuaciones  al  momento  procesal 
oportuno a fin de que el Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo dicte nueva resolución 
respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo solicitado por doña Iris Martín Varela y, en su virtud:
1.º  Declarar que se ha vulnerado su derecho fundamental a la no discriminación por 
razón de sexo (art. 14 CE).
2.º  Declarar la nulidad de la sentencia de 10 de enero de 2020, dictada por el 
Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo (procedimiento de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral núm. 706-2019) y del auto del mismo juzgado de 4 de junio de 2020 
que desestimó el incidente de nulidad promovido contra aquella sentencia.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento procesal oportuno a fin de que por el órgano  s
judicial se dicte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido. e.
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