BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 336 Viernes 25 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 120493
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
17003 Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias,  y  la  Asociación  Andade,  para  el  desarrollo  del  taller  de 
seguridad vial (Taseval) de intervención en el medio abierto y en el ámbito de 
las penas y medidas alternativas.
Habiéndose suscrito el 29 de septiembre de 2020 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la Asociación 
Andade (Asociación Nacional de Amputados de España) para el desarrollo del taller de 
seguridad vial (Taseval) de intervención en el medio abierto y en el ámbito de las penas y 
medidas alternativas, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho 
Convenio que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 15 de diciembre de 2020.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, y la Asociación Andade (Asociación Nacional de 
Amputados de España) para el desarrollo del taller de seguridad vial (Taseval) de 
intervención en el medio abierto y en el ámbito de las penas y medidas alternativas
Madrid, a 29 de septiembre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortíz González, Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/2018, de 18 de 
junio (BOE de 19 de junio), actuando por delegación de competencias del/la Secretario/a de 
Estado de Seguridad, según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden 
INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban 
las delegaciones efectuadas por otras autoridades, en relación con el artículo 62.2g) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los 
efectos del presente convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid.
Y  de  otra  parte,  doña  María  Covadonga  Manzaneque  Rodríguez,  en  nombre  y 
representación de la de la Asociación Andade como Presidenta, elegida por la Asamblea de 
fecha 12 de octubre de 2019 y facultada para este acto en virtud de las atribuciones que 
tiene conferidas como Presidente/a según los Estatutos de la Asociación en su artículo 17. 
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección I con número 589396. Y con 
domicilio a los efectos del presente convenio en calle Marqués de Vega de Anzo 1, 10.º, 
33007 de Oviedo.
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que  oe.
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el  w.
presente convenio y, a tal efecto, 003ww
EXPONEN
Primero.
Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la 
dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en 
nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos en 
beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción dada por 
la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la anterior, remiten las 
circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, estableciéndose en el citado 
artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad –que no podrán imponerse sin el 
consentimiento  del  penado–  le  obligan  a  prestar  su  cooperación  no  retribuida  en 
determinadas  actividades  de  utilidad  pública.  Estas  circunstancias  de  ejecución  se 
mantuvieron por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, desarrollada reglamentariamente 
por el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, y por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 
marzo, ambas modificativas del Código Penal.
Tercero.
Que la citada Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código 
Penal,  introduce  una  nueva  regulación  en  materia  de  suspensiones  de  condena. 
Desaparece la dualidad suspensión/sustitución de condena y, como señala el nuevo 
texto en su exposición de motivos: «(…) el tradicional régimen de sustitución de la pena 
pasa  a  ser  regulado  como  una  modalidad  de  suspensión  (…)»,  desapareciendo  el 
artículo 88. Igualmente se modifica el contenido del artículo 83 relativo a los deberes y 
prohibiciones que pueden condicionar las suspensiones de condena. En concreto, el 
artículo 83.1 6.º establece la obligación de participar en programas formativos, laborales, 
culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de 
los animales, de igualdad de trato y no discriminación y otros similares cuando sean 
cometidos sobre la mujer, por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya 
estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia. Por su 
parte, en su apartado 7.º se establece la posibilidad de participar en programas de 
deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes o de 
tratamiento de otros comportamientos adictivos.
Cuarto.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio 
de las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como 
establecen la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y el  e.e
Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. w.b
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accidentes de tráfico, mediante campañas informativas junto con la Dirección General de 
Tráfico, a través de los medios y canales de difusión pertinentes.
Sexto.
Que  según  el  artículo  49  del  Código  Penal,  los  trabajos  en  beneficio  de  la 
comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a 
prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que 
podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, 
en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, 
así  como  en  la  participación  del  penado  en  talleres  o  programas  formativos  o  de 
reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.
Séptimo.
Que las nuevas figuras penales surgidas como consecuencia de una nueva realidad 
social ponen de relieve que este tipo de conductas constituyen un problema social de 
enorme trascendencia, por el daño que producen, por su extensión, y por el significado 
que  guarda  su  naturaleza.  Todo  ello  hace  necesario  que  las  instituciones  deban 
coordinarse para contribuir a su erradicación.
Octavo.
Que la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento tiene como 
finalidad incidir en el comportamiento del penado, tratando de evitar la repetición de 
iguales o parecidas conductas en un futuro y detener una posible espiral de agresiones y 
violencia. En definitiva, es una cuestión de suma importancia social en la que ha de 
implicarse toda la sociedad y, especialmente, las Administraciones Públicas.
Noveno.
Que a su vez, para el contexto de internos condenados a privación de libertad, tanto 
en segundo grado de tratamiento, como terceros grados o régimen de semilibertad, el 
artículo 59 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, determina que: «1.  El 
tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a 
la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. 2. El tratamiento 
pretende  hacer  del  interno  una  persona  con  la  intención  y  la  capacidad  de  vivir 
respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, 
en la medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de 
responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en 
general».
En consonancia con lo anterior, el artículo 65.2 del mismo texto normativo establece 
que: «La progresión en el tratamiento dependerá de la modificación de aquellos sectores 
o rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva; se 
manifestará en la conducta global del interno y entrañará un acrecentamiento de la 
confianza depositada en el mismo y la atribución de responsabilidades, cada vez más 
importantes, que implicarán una mayor libertad».
Por todo ello, es fundamental desarrollar programas de intervención específicos con 
los penados cuya situación penal y penitenciaria así lo requiera. es
Por lo expuesto, se acuerda suscribir el presente convenio que se regirá por las 
siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto la efectiva puesta en marcha del Taller de 
Intervención  Taseval  (Taller  de  Seguridad  Vial),  que  podrá  estar  dirigido  tanto  a 
condenados  a  privación  de  libertad  en  régimen  de  tercer  grado,  como  a  aquellos 
condenados a penas y medidas alternativas.
Segunda.  Compromisos  que  asume  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a través de la Subdirección 
General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, se compromete a:
1.  Posibilitar  el  desarrollo  del  taller  o  programa  de  intervención,  mediante  la 
derivación de los casos de penados con sometimiento a esta regla de conducta, por 
condenas a medidas y penas alternativas, y aquellos internos condenados a privación de 
libertad que así lo requieran.
2.  Colaborar en la formación de los especialistas necesarios para la adecuada 
aplicación del taller o programa de intervención a desarrollar.
3.  Facilitar el material de trabajo, la metodología de aplicación y los instrumentos 
necesarios para el desarrollo del taller o programa.
4.  Establecer un plan de seguimiento, evaluación y control de la calidad del taller o 
programa.
5.  Coordinar  e  integrar  todas  las  actuaciones  realizadas,  a  fin  de  dar  fiel 
cumplimiento del taller o programa a los destinatarios del mismo.
6.  Adoptar las medidas de seguridad oportunas cuando el programa o taller se 
desarrolle en un Centro de Inserción Social.
Tercera.  Compromisos que asume la Asociación.
La Asociación se compromete a:
1.  Desarrollar el Taller/Programa conforme al modelo y programa marco establecido 
por  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias.  Su  participación  será 
colaborando en varias sesiones, que serán complementarias a la impartición por parte de 
otros profesionales como son: la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias y alcohólicos 
Anónimos.
Todo ello coordinado en el marco de unas actuaciones encaminadas a sensibilizar y 
educar en Seguridad Vial.
2.  Aportar a los profesionales adecuados y necesarios para el desarrollo del Taller 
objeto del presente convenio.
Cuarta.  Obligaciones económicas o contractuales.
Del presente convenio no se generarán obligaciones de carácter económico para  es
ninguna de las partes. o
Asimismo, en ningún caso se derivarán relaciones de naturaleza laboral, contractual,  003www.
Afudnmciionnisatrriaacl ioó ne sPteantuitaerniac ieanritar.e los profesionales que realicen los talleres o programas y la
Quinta.  Recursos humanos.
El presente convenio no generará ningún tipo de vínculo contractual ni laboral entre 
las partes firmantes y las personas físicas que desempeñen las actividades propias del 
mismo.
Sexta.  Confidencialidad y protección de datos.
1.  La  Asociación  se  compromete  a  mantener  en  secreto  todos  los  datos  e 
informaciones facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que 
sean concernientes a la ejecución del objeto del presente convenio. En particular, será 
considerado como información confidencial todos los datos relativos al penado, debiendo 
la Asociación mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna 
forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del 
presente convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por  parte  de  las  autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, 
y  a  la  libre  circulación  de  dichos  datos  y  por  la  que  se  deroga  la  Decisión 
Marco 2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal  respectivamente  recabados  en  el  ámbito  del  trabajo  en  beneficio  de  la 
comunidad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la 
otra  parte,  se  realizará  con  la  condición  de  encargado  de  tratamiento,  única  y 
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del 
convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, 
salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a 
otras Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del  presente  convenio,  actuarán  como  responsables  del  tratamiento  la  Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias y la Asociación. Los datos objeto de tratamiento 
tendrán  por  finalidad  la  ejecución  de  sanciones  penales,  al  amparo  de  la  Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema 
penal, y se clasificarán en las siguientes categorías: nombre y apellidos del penado, DNI 
y copia de los hechos probados del testimonio de sentencia.
4.  Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5.  Las  partes  firmantes  del  convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  las  hubiera  cometido  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido.
Séptima.  Financiación del convenio. es
El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben. w.
Octava.  Comisión de Seguimiento.
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representantes de la Asociación que serán nombrados por el Secretario General de 
Instituciones Penitenciarias y por su Presidente/Presidenta, respectivamente.
2.  Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que 
éstos designen.
3.  La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, así como la designación del secretario, que 
actuará con voz pero sin voto.
4.  La  Comisión  de  Seguimiento  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento que se deriven del presente convenio.
5.  El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Novena.  Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y la Asociación.
Los  acuerdos  de  modificación,  prórroga  y  resolución  del  convenio  deberán  ser 
tramitados de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, e inscritos en 
el Registro Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación del Sector 
Público Estatal y publicados en el «Boletín Oficial del Estado».
Décima.  Legislación aplicable.
Este Convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación, modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por 
conciliación  en  la  Comisión  de  Seguimiento  serán  sometidas  a  los  tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Undécima.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  el  presente  convenio  resultará  eficaz  una  vez  sea  inscrito  en  el  Registro 
Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal 
y tras su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia  del  convenio,  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  la 
Asociación podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por hasta otros 
cuatro años adicionales.
Duodécima.  Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que  se  encuentren  en  ejecución  en  el  momento  de  la  resolución  del  convenio  e.e
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización. w.b
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