BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 102 Jueves 29 de abril de 2021 Sec. III.   Pág. 51266
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
7043 Resolución de 22 de abril de 2021, de la Secretaría General de Consumo y 
Juego, por la que se publica el Convenio con la Junta de Extremadura, para 
la constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo y la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales de la Junta de Extremadura, en fecha 21 de abril de 2021, Convenio para la 
constitución  de  la  Junta  Arbitral  de  Consumo  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura, que figura como anexo a esta resolución, procede su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Madrid 22 de abril de 2021.–El Secretario General de Consumo y Juego, Rafael 
Escudero Alday.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo y la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura
En Madrid a 21 de abril de 2021.
REUNIDOS
De  una  parte,  don  Alberto  Carlos  Garzón  Espinosa,  Ministro  de  Consumo,  de 
acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el 
que se nombran Ministros del Gobierno, y en uso de la competencia atribuida por el 
artículo 61 letra k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
Y de otra parte, don José María Vergeles Blanca, Consejero de Sanidad y Servicios 
Sociales,  cargo  que  ostenta  por  nombramiento  efectuado  mediante  Decreto  del 
Presidente 18/2019, de 1 de julio, por el que se crea la Vicepresidencia Segunda de la 
Junta de Extremadura y se dispone el nombramiento de don José María Vergeles Blanca 
como titular de la misma y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de 
Extremadura,  en  virtud  de  la  delegación  de  firma  efectuada  mediante  Decreto  del 
Presidente 27/2019, de 25 de julio, por el que se delega en la persona titular de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales la firma de los convenios de colaboración 
con el Estado que suscriba la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el ámbito de las 
competencias que dicho departamento tiene atribuidas, DOE n.º 160, de 20 de agosto 
de 2019.
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo 
y de la Comunidad Autónoma de Extremadura. es
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y o
El artículo 51 de la Constitución insEtaX PaO loNsE pNoderes públicos a garantizar la defensa
de  los  consumidores  y  usuarios,  protegiendo,  mediante  procedimientos  eficaces,  la
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
En cumplimiento del mandato constitucional, el Capítulo II, del Título V, del Libro 
Primero, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno 
para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así 
como el procedimiento de resolución de conflictos.
De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el 
cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter 
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las 
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente,  la  Ley  7/2017,  de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  incorpora  al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la 
ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a 
través de la Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la letra b del 
artículo  3  del  Real  Decreto  495/2020,  de  28  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Consumo  y  se  modifica  el  Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.
Mediante Acuerdo de 6 de mayo de 1994, se constituyó la Junta Arbitral de Consumo 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (en adelante, la Junta Arbitral), realizando 
desde entonces una importante labor para la resolución de conflictos de consumo en su 
ámbito territorial.
Así pues, el Ministerio de Consumo y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, conscientes de la necesidad de facilitar a 
los consumidores un medio eficaz de resolución de conflictos y teniendo en cuenta la 
experiencia positiva desde su constitución, consideran aconsejable dar continuidad a la 
Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
Capítulo VI, del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y de su Disposición Adicional Octava,
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
El objeto de este Convenio es determinar que la Junta Arbitral de Consumo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, con sede en Mérida, cuyo ámbito territorial viene 
determinado por el propio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, conocerá, con 
carácter prioritario, de las reclamaciones de los consumidores de dicho ámbito, en 
relación con sus derechos legalmente reconocidos, de conformidad con los criterios 
competenciales y el procedimiento establecido en el Real Decreto 231/2008, de 15 de 
febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo o disposición que lo 
sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes. e.
1.  La Comunidad Autónoma de Extremadura impulsará, en su ámbito territorial, la  43ww
cgoemstpiórno mye taiédnmdionsiset raa csióonlic idtaerl  aanrbteit rlaaj eD iirnesctcitiuócni oGneanl edrea l cdoen Csuomnsou mpoor,  elan  eJul nptlaa zoA rdbeit ruanl, 
raeñsoo lduecsiódne  alalt efernchaativ dae  deefi claitcigiaio sd edl ep recsoennstuem coo, nvdeen icoo, nsfuo ramcirdeaddit accoiónn  loc opmroe veisnttoid aedn  dlea 
Ley 7/2017, de 2 de noviembre.
2.  El Ministerio de Consumo establecerá en colaboración con el Instituto de Consumo 
de Extremadura, integrado en la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, un sistema de 
información recíproco para el buen funcionamiento del Sistema Arbitral de Consumo.
3.  La Comunidad Autónoma de Extremadura facilitará información sobre la designación 
de Presidente y Secretario de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato referente a la 
actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se determinen.
4.  El  Ministerio  de Consumo  y la  Consejería  de Sanidad y Servicios Sociales 
facilitarán el asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema 
Arbitral de Consumo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5.  Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de Seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión de 
Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a través 
de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución firmante, 
correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en lo 
no previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la 
Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en Adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo 
acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años 
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio.
El presente Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles 
desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días 
hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las  es
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del  o
Sector Público, así como las siguientes: 43ww
Arbiatr)a l cPoomr oe El ntrtaidnasdc udres ore dsoellu pcilóanzo a lpterernvaistitvoa  paacrrae dsitoaldicait asrin l ah aabcerre edfietacctuióand od ela  lsao lJicuintutad 
o su denegación.
b)  La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser 
comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de tres 
meses.
c)  La disolución o supresión de alguna de las partes.
d)  Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes está 
incumpliendo los compromisos  adquiridos  en el presente Convenio, se lo notificará 
mediante  comunicación  fehaciente  e  indicará  las  causas  que  originan  dicho 
incumplimiento. Este requerimiento será comunicado igualmente a los representantes de 
la Comisión de Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no 
superior a un mes, a contar desde la fecha de la notificación. En todo caso, la Comisión 
de Seguimiento podrá decidir sobre la adopción inmediata de las medidas correctoras 
oportunas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente 
Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la 
Comisión  de  seguimiento,  persistiera  el  incumplimiento,  se  entenderá  resuelto  el 
Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se 
comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento 
las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las 
cuestiones  litigiosas  que  en  la  ejecución  y  cumplimiento  pudieran  aparecer  y  no 
quedasen resueltas por la Comisión de Seguimiento, se someterán a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la citada jurisdicción.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del 
Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes o por sus representantes acreditados.–El Ministro de Consumo, Alberto Carlos 
Garzón  Espinosa.–El  Consejero  de  Sanidad  y  Servicios  Sociales.  (P.D.  Decreto 
Presidente 27/2019, de 25 de julio de 2019. DOE N.º 160 de 20 de agosto de 2019),  e.
José María Vergeles Blanca. w.b