BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 306 Sábado 21 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 103300
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
14687 Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, para la financiación de proyectos acordados por la 
Comisión de adjudicación de bienes producto del delito.
El  Secretario  de  Estado  de  Justicia  y  la  Presidenta  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, han suscrito un Convenio para la financiación de proyectos 
acordados por la Comisión de adjudicación de bienes producto del delito.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anejo a la 
presente Resolución.
Madrid, 12 de noviembre de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEJO
Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria para la financiación de proyectos acordados por la Comisión de 
adjudicación de bienes producto del delito
28 de septiembre de 2020.
SE REÚNEN
De una parte, D. Pablo Zapatero Miguel, Secretario de Estado de Justicia, en nombre 
y representación del Ministerio de Justicia, según nombramiento efectuado por Real 
Decreto 160/2020, de 29 de enero, publicado en el BOE el 30 de enero de 2020, y 
actuando conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público y el Real Decreto 453/2020 de 10 de marzo, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica 
el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, 
de 25 de julio, y cuantas disposiciones le atribuyen competencia.
De otra parte, D.ª Inés María Bardón Rafael, Presidenta de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, según nombramiento efectuado por Real Decreto 380/2018, 
de 8 de junio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 103.tres.2 de la Ley 31/1990, de 27 
de diciembre.
Las  partes  se  reconocen  mutuamente  plena  capacidad  de  actuar  en  la 
representación legal que ostentan para suscribir el presente convenio y, a tal fin,
EXPONEN w.
que Dsee  daecsuaerrrdooll ac olan  eeslt raurctítcuuralo o 7rg.1á ndiceal  RbáesailIc Da edcerle Mtoi n4is5t3e/r2io0 2d0e,  Jdues t1ic0ia d, ey  smea mrzood, ifpicoar  eell   OE-A-2020-14able en https://
Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003,
de 25 de julio corresponde al Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, entre otros, «la función derivada del soporte necesario 
para el desarrollo de la actividad propia de la Comisión de Adjudicación de bienes 
producto del delito».
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria) es 
una entidad de Derecho Público encargada, en nombre y por cuenta del Estado, de la 
aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero y de aquellos recursos de 
otras Administraciones y Entes Públicos nacionales o de la Unión Europea cuya gestión 
se le encomiende por Ley o por Convenio.
II
La  disposición  adicional  sexta  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal,  en  su 
apartado 1, establece la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), como un 
órgano administrativo al que corresponden las funciones de localización, recuperación, 
conservación,  administración  y  realización  de  efectos  procedentes  de  actividades 
delictivas en los términos previstos en la legislación penal y procesal. Por su parte, en el 
apartado 3, se establecen los fines propios de los recursos obtenidos por la Oficina de 
Recuperación y Gestión de Activos.
El artículo 2 del Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la 
Oficina  de  Recuperación  y  Gestión  de  Activos,  dispone  que  la  Oficina  aplicará  el 
producto de la gestión y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias del 
delito a los fines previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con los objetivos 
prioritarios  que  en  el  mismo  artículo  relaciona.  A  tal  fin,  el  artículo  8  del  Real 
Decreto  948/2015,  de  23  de  octubre,  crea  la  Comisión  de  Adjudicación  de  bienes 
producto del delito (en adelante CABID) como órgano colegiado adscrito orgánicamente 
al  Ministerio  de  Justicia  a  través  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Justicia,  al  que 
corresponderá la distribución de los recursos económicos obtenidos por la Oficina y 
afectados a los fines señalados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por su parte, la disposición adicional segunda del Real Decreto 453/2020, de 10 de 
marzo, dispone que las referencias que se hacen en el ordenamiento jurídico a la Oficina 
de  Recuperación  y  Gestión  de  Activos,  suprimida  por  el  artículo  2.2  del  Real 
Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los Departamentos Ministeriales, se entenderán realizadas a la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de julio de 2020 se aprobó la 
propuesta de criterios de distribución, para el año 2020, de los recursos obtenidos por la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, afectados a los fines establecidos 
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y en su reunión de 8 de julio de 2020, la CABID 
acordó los proyectos a financiar.
III
El artículo 13.2 del Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la 
Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, dispone lo siguiente:
«2.  Cuando recaiga resolución judicial firme de decomiso, los recursos obtenidos 
serán objeto de realización y la cantidad obtenida se aplicará en la forma prevista en el 
artículo 367 quinquies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La cantidad restante, así  e.e
como el producto obtenido por la gestión de los bienes durante el proceso, se transferirá  b
al Tesoro como ingreso de derecho público, del que una vez deducidos los gastos de  687ww
feul ncPiroensaumpuieensttoo  y dgeels tMióinn idsete lraio O  fdicei nJau dseti cRiae,c uspee raafceióctna  y hGaesstati ónu nd e5 A0c tpivoors ,c dieontatod oas  elna 
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General Presupuestaria.»
De conformidad con lo dispuesto en la letra b) del artículo 52.1 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, «no podrán realizarse transferencias de 
créditos entre créditos de distintas secciones presupuestarias». No obstante, según el 
apartado 2 del mismo artículo, dicha restricción no afectará a las transferencias de 
crédito  se  deriven  de  convenios  o  acuerdos  de  colaboración  entre  distintos 
departamentos  ministeriales,  órganos  del  Estado  con  secciones  diferenciadas  en  el 
Presupuesto del Estado u organismos autónomos, entre otros.
IV
En virtud de lo expuesto las partes firmantes manifiestan su voluntad de colaboración 
mutua, de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
Es objeto del presente Convenio establecer los términos en que se llevará a cabo lo 
acordado por la CABID, en su reunión de 8 de julio de 2020, a efectos de distribuir los 
recursos  obtenidos  por  la  Dirección  General  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública 
afectados a los fines establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en lo referente al 
proyecto a financiar a la Agencia Tributaria:
«Adquisición de una patrullera de 42 metros con dos embarcaciones auxiliares» por 
importe de 100.000,00 euros.
Segunda.  Compromisos de las partes.
Las partes asumen los siguientes compromisos:
1.  Ministerio de Justicia.
El  Ministerio  de  Justicia  transferirá  100.000,00  euros  desde  la  aplicación 
presupuestaria 13.02.112A.227.11 del presupuesto de gastos del Ministerio de Justicia 
para el año 2020 a la aplicación presupuestaria 15.302.00.932A.630 de la Agencia 
Tributaria para la financiación del proyecto enumerado en la cláusula primera.
2.  Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
La Agencia Estatal de la Administración Tributaria realizará el proyecto enumerado 
en la cláusula primera y deberá informar sobre el proyecto realizado y justificar el gasto 
realizado, en los términos establecidos en el «Procedimiento para la presentación de 
propuestas ante la CABID procedentes de la Administración General del Estado y de la 
Fiscalía General del Estado», aprobado en la reunión de la CABID de 27 de febrero 
de 2019, facilitando al menos, la información que figura en el Anexo. El proyecto deberá 
llevarse a cabo antes del 1 de julio del 2021.
Tercera.  Comisión de seguimiento, vigilancia y control.
El seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido en el presente 
convenio, se realizará por la CABID que actuará como comisión de seguimiento del  e.e
presente convenio. b
La Agencia Estatal de la Administración Tributaria estará representado por su vocal  687ww
dDeescirgentoa d9o4 8e/2n0 1l5a,  dCeA 2B3I Dd,e  oscetguúbnre .lo  establecido  en  el  citado  artículo  8  del  Real
Cuarta.  Efectos.
El presente convenio tendrá una vigencia de 1 año a partir de la fecha de su 
publicación en el BOE, una vez inscrito en el registro Electrónico estatal de órganos e 
instrumentos de Cooperación del sector público estatal en los términos del artículo 48.8 
de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  sin 
posibilidad de prórroga.
Quinta.  Modificación.
Las  partes  firmantes  podrán  modificar  los  términos  del  presente  Convenio  en 
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una «Adenda» al mismo. La 
modificación se incorporará como parte inseparable del texto del Convenio.
Sexta.  Causas de extinción.
1.  El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2.  De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son causas de resolución del Convenio, 
las siguientes:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado 
expresamente su prórroga.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El  incumplimiento  grave  y  acreditado  de  las  obligaciones  y  compromisos 
asumidos por parte de alguno de los firmantes. Cualquiera de las partes podrá notificar a 
la  parte  incumplidora  un  requerimiento.  Este  requerimiento  será  comunicado  a  la 
Comisión  de  Coordinación  y  Seguimiento.  Si  trascurrido  el  plazo  indicado  en  el 
requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte 
firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
d)  La decisión judicial declaratoria de nulidad del Convenio.
e)  Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
En el supuesto de resolución del Convenio y en el caso de existir actuaciones en 
curso  de  ejecución,  las  partes,  a  propuesta  de  la  Comisión  de  Coordinación  y 
Seguimiento, podrán acordar la continuación y finalización de las mismas, estableciendo 
un plazo improrrogable para su finalización.
Séptima.  Naturaleza jurídica y resolución de controversias.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por los artículos 47 y 
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente convenio se resolverán entre las 
partes de manera amistosa, en el seno de la Comisión prevista en la cláusula tercera. A 
falta  de  acuerdo,  serán  competentes  para  conocer  de  las  cuestiones  litigiosas  los 
órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo, todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
dicha jurisdicción. s
Octava.  Transparencia. w.
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Novena.  Protección de datos de carácter personal.
Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a la 
normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  datos  de  carácter  personal, 
comprometiéndose a dar un uso debido a los datos de tal naturaleza que obtengan como 
consecuencia del desarrollo del presente Convenio. A tal fin cumplirán lo previsto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por lo previsto por la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, así como por las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
Ambas partes consienten que los datos personales derivados del contenido del presente 
Convenio puedan incorporarse a ficheros de titularidad de cada una de ellas con la única 
finalidad de proceder a la gestión adecuada del mismo. El ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrá llevar a cabo en los términos 
establecidos  legalmente  mediante  comunicación  al  domicilio  social  de  la  respectiva 
entidad.
Y,  de  conformidad  con  cuanto  antecede,  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que 
legalmente  corresponden  a  cada  uno  de  los  firmantes,  obligando  con  ello  a  las 
instituciones  que  representan,  se  firma  electrónicamente  el  presente  Convenio.–El 
Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero Miguel.–La Presidenta de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, Inés María Bardón Rafael.
ANEXO
Comisión de adjudicación de bienes producto del delito
Memoria justificativa de proyecto año 2020
– Ministerio/órgano/entidad que efectúa la solicitud:
– Denominación del proyecto:
– Descripción de las actuaciones realizadas y calendario de ejecución:
– Financiación recibida:
– Ejecución:
• Importe ejecutado a 31 de diciembre de 2020.
• Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2020.
• Remanente (no imputable al ejercicio 2020).
– Otra información de interés: