BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 263 Miércoles 3 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 133719
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
17965 Orden  TED/1181/2021,  de  30  de  octubre,  por  la  que  se  acuerda  el 
reconocimiento de las repercusiones económicas derivadas de la adopción 
de medidas temporales y extraordinarias para garantizar la seguridad del 
suministro en La Palma.
El Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de 
producción  de  energía  eléctrica  y  el  procedimiento  de  despacho  en  los  sistemas 
eléctricos de los territorios no peninsulares, establece en su artículo 59 que en los casos 
que el operador de sistema ponga de manifiesto riesgos de cobertura de la demanda en 
el  corto  plazo,  la  comunidad  o  ciudad  autónoma  afectada  deberá,  en  virtud  de  lo 
establecido en el artículo 7.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, solicitar al Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo el reconocimiento de las repercusiones económicas para 
la  adopción  de  medidas  para  la  garantía  del  suministro,  con  carácter  previo  a  su 
adopción. Asimismo, el citado artículo 59 indica que, por orden del Ministro de Industria, 
Energía  y  Turismo,  se  reconocerá,  en  su  caso,  las  repercusiones  económicas  que 
pudieran derivarse de la adopción de estas medidas extraordinarias para garantizar la 
seguridad  de  suministro  para  una  potencia  determinada,  según  las  características 
técnicas y económicas aprobadas y por un periodo de tiempo determinado.
En las normas mencionadas, las referencias al Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo se entenderán realizadas al actual Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, según la disposición final segunda del Real Decreto 2/2020, de 12 de 
enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
El pasado 19 de septiembre de 2021, a las 15:12 horas (hora canaria) comenzó una 
erupción volcánica en la zona de Montaña Rajada de la isla de La Palma, en el municipio 
de El Paso, después de una intensa actividad sísmica y de deformación registrada 
durante la semana previa a la erupción, según datos del Instituto Geográfico Nacional.
La erupción, que inicialmente presentaba dos fisuras grandes alineadas separadas 
entre sí por unos 200 metros, con 9 bocas eruptivas, ha venido expulsando una colada 
de lava intensa y materiales piroclásticos a la atmósfera, presentando fases intermitentes 
de diferente explosividad volcánica, y destruyendo a su paso centenares de viviendas y 
explotaciones agrícolas. La evolución de este fenómeno ha derivado en daños en las 
líneas de distribución eléctrica en la isla, que hacen que no se cumplan los criterios de 
seguridad de suministro establecidos en la normativa del sector.
Atendiendo a lo anterior, en fecha 15 de octubre se ha recibido escrito de la Dirección 
General de Energía del Gobierno de Canarias en el que solicita el reconocimiento las 
repercusiones económicas por las medidas extraordinarias para garantizar la seguridad 
de suministro en la isla de La Palma, por una potencia de 9 MW en la subestación Valle 
de Aridane y 4 MW en la zona de Puerto Naos, por el tiempo que resulte necesario hasta 
la finalización de la situación de emergencia y la restitución de las infraestructuras 
críticas afectadas. s
Como características técnicas el Gobierno de Canarias señala que los generadores  e.
deben ser capaces de acoplar en tiempos inferiores a 20 minutos. w.
Realizado el preceptivo trámite de audiencia, en virtud de todo lo expuesto, resuelvo: 965ww
Primero.  Reconocimiento de las repercusiones económicas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del Sector Eléctrico, y en el artículo 59 del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el
que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de 
despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, se autoriza el 
reconocimiento de las repercusiones económicas en el sistema eléctrico de La Palma 
que pudieran derivarse de la instalación de grupos de emergencia para garantizar el 
suministro en dicho sistema desde el día siguiente a la entrada en vigor de la presente 
orden, y por el tiempo que resulte necesario hasta la finalización de la situación de 
emergencia y la restitución de las infraestructuras críticas afectadas, con un máximo de 
un año desde la entrada en vigor de la presente orden.
Los  grupos  de  emergencia  tendrán  una  potencia  de  9  MW  a  instalar  en  la 
subestación Valle de Aridane, y una potencia de 4 MW en la zona de Puerto Naos, 
incluyéndose los costes dentro de la retribución de la actividad de producción de los 
territorios no peninsulares.
A  estos  efectos,  la  Comunidad  Autónoma  de  islas  Canarias  dará  traslado  a  la 
Dirección General de Política Energética y Minas de las solicitudes de los titulares de las 
instalaciones de reconocimiento de dichas repercusiones junto con una auditoría de los 
costes en que se haya incurrido.
Para que se reconozcan las repercusiones económicas, los grupos de emergencia 
que  se  instalen  en  virtud  de  esta  autorización  no  podrán  sustituir  a  otros  grupos 
disponibles inscritos en el Registro de instalaciones de producción de energía eléctrica 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, exceptuando que, a 
criterio del operador del sistema, sea imprescindible para prevenir situaciones de riesgo 
en la prestación del suministro.
Segundo.  Entrada en vigor y eficacia.
La presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y surtirá efectos desde las cero horas del día siguiente al de su entrada en vigor.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia 
Nacional en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de la presente orden, de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden, significando que, 
en caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca  la  desestimación  presunta  del  mismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 123.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Madrid, 30 de octubre de 2021.–La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.