BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 267 Lunes 8 de noviembre de 2021 Sec. I.   Pág. 137325
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
18191 Decreto-ley 8/2021, de 30 de agosto, por el que se modifican el Decreto-ley 
10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de 
las Illes Balears, y el Decreto 84/2010, de 25 de junio, por el que se regulan 
los criterios para calcular la capacidad económica con el fin de establecer la 
participación económica de las personas beneficiarias de las prestaciones 
asistenciales  que  forman  parte  de  la  Red  Pública  de  Atención  a  la 
Dependencia  de  las  Illes  Balears,  y  para  concretar  las  prestaciones 
económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La  Ley  5/2016,  de  13  de  abril,  de  la  renta  social  garantizada,  supuso  un  hito 
importante en la política de lucha contra la pobreza en las Illes Balears y dio efectividad 
al mandato del artículo 21 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears cuando prevé 
que, con objeto de combatir la pobreza y facilitar la inserción social, los poderes públicos 
de las Illes Balears deben garantizar el derecho de los ciudadanos de las Illes Balears en 
estado de necesidad a la solidaridad y a una renta mínima de inserción, en los términos 
previstos en la ley. La renta social garantizada de las Illes Balears se constituyó como 
una prestación periódica dirigida a situaciones de vulnerabilidad económica para la 
cobertura de los gastos básicos de las personas.
El  Decreto-ley  10/2020,  de  12  de  junio,  de  prestaciones  sociales  de  carácter 
económico de las Illes Balears, tiene por objeto regular las prestaciones sociales de 
carácter económico que se enmarcan en el ámbito de los servicios sociales de las Illes 
Balears. Incluye, por lo tanto, la renta social garantizada pero también otras prestaciones 
de cariz más específico como son el complemento de renta social de las Illes Balears a 
la prestación del ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas (PNC) o la renta 
de emancipación de jóvenes que han sido sometidos a medidas administrativas de tutela 
o guarda de protección de menores. También prevé una regulación de las prestaciones 
económicas de derecho de concurrencia o las de urgencia social. La necesidad de 
aprobar el Decreto-ley 10/2020, se debió, básicamente, a dos motivos. Por un lado, la 
irrupción de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, que a la vez ha desembocado en 
una  crisis  económica  y  social  de  valor  todavía  incalculable,  pero  sin  duda  de 
proporciones  ingentes,  ha  disparado  la  demanda  de  prestaciones  de  necesidades 
básicas de subsistencia. En este sentido, la paralización de la actividad económica 
decretada por el estado de alarma y la adopción de las medidas sanitarias necesarias 
para minimizar la incidencia de la enfermedad ha provocado situaciones de auténtica 
necesidad social, y más en una comunidad autónoma como la nuestra, con una fuerte 
dependencia del sector turístico.
Por otro lado, la aprobación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que 
se  establece  el  ingreso  mínimo  vital,  como  medida  de  seguridad  social,  obligó  a 
replantear el escenario de cobertura de rentas básicas, rentas sociales y rentas de  e.e
inserción del conjunto de comunidades autónomas. Este Real Decreto-ley crea y regula  w.b
el ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y  191ww
ceoxnclvuivseiónnc ias,o ccuiaal nddeo  slea se npceuresnotnraesn  eqnu eu nvai vsaitnu ascoiólans d eo  viunltneegrraabdilaidsa de np our nlaa  cuanreidnacdia  ddee 
rtaencutor,s osse  ehcizoon ónmeciceossa rsiou fiacjiuesnttaers  lapsa rpar elas taccoiboenretusr ae cdoen ólamsi cnaesc peosird avudlense rbaábsiliicdaasd.  aP oers tloa 
nueva prestación para regular su relación y régimen de compatibilidad y subsidiariedad.
No obstante, la regulación del ingreso mínimo no ha sido pacífica dado que, desde la 
aprobación, ya ha sido objeto de varias modificaciones.
En un primer momento, mediante el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, se 
modificaron el artículo 20 y la disposición transitoria primera, para facilitar el intercambio 
de información entre las administraciones públicas implicadas en la gestión de la nueva 
prestación.
En  un  segundo  momento,  mediante  el  Real  Decreto-ley  28/2020,  de  22  de 
septiembre, de trabajo a distancia, se modificaron los artículos 7, 19, 25 y 33 y las 
disposiciones transitorias primera y segunda, con el fin de mejorar con urgencia algunos 
aspectos de los procedimientos de reconocimiento de la prestación no contributiva de 
ingreso mínimo vital, agilizando así el procedimiento de reconocimiento de la prestación, 
reforzando la seguridad jurídica y corregiendo las disfuncionalidades detectadas en los 
meses  de  vigencia.  Este  Real  Decreto-ley  ha  sido  tácitamente  derogado  por  la 
Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.
En tercer lugar, el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas 
sociales  en  defensa  del  empleo,  completó  la  reforma  con  la  modificación  de  los 
artículos 4 a 8, 10, 13, 16, 34, 35 y las disposiciones transitorias tercera y séptima, 
posibilitando, entre otros cambios de carácter más técnico, que las personas que, como 
consecuencia  de  la  crisis  sanitaria  provocada  por  la  COVID-19,  se  encuentran  en 
situación  de  vulnerabilidad  económica  de  forma  repentina,  puedan  acceder  a  la 
prestación.
En cuarto lugar, el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas 
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, 
modificó el artículo 29, desarrollando el régimen de intercambio de información entre 
comunidades autónomas y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con el fin de 
establecer sistemas de interconexión desde las bases de datos de prestaciones sociales 
autonómicas similares que permitan un reconocimiento más ágil de los derechos a 
ingreso  mínimo  vital,  para  facilitar  el  traspaso  de  beneficiarios  de  la  prestación 
autonómica a la ayuda estatal.
Por último, el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan 
medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la 
Seguridad Social y económico, hace una revisión extensiva de la norma mediante la 
modificación de los artículos 4 a 6, 14.1, 19, 25.3, 30.2 y 31.2, y también se añaden los 
artículos 6 bis a 6 quater, 19 bis, 33 bis y la disposición transitoria octava. Esta reforma 
tiene como finalidad modificar la regulación de les personas usuarias de prestaciones de 
servicio residencial para ampliar la capacidad de ser beneficiarias de la prestación a 
personas que residen en establecimientos financiados con fondos privados; se elimina el 
límite de titulares del ingreso mínimo vital en una misma vivienda; se mejora el sistema 
de comprobación del empadronamiento, y se abre a nuevas situaciones especiales como 
los establecimientos colectivos, la infravivienda o las personas sin hogar; se amplían los 
casos especiales de unidades de convivencia (víctimas de violencia de género, guardas 
y acogida de menores, desahucios por accidente o causa mayor, personas solas que 
comparten domicilio); se introduce la figura de las entidades mediadoras sociales, que 
pueden certificar la existencia de las condiciones de vulnerabilidad social y económica 
para facilitar la tramitación de la prestación; y, por último, se admite la posibilidad de que 
la notificación de la resolución del derecho a la prestación a las personas sin domicilio se 
pueda efectuar en los servicios sociales del municipio correspondiente, o en la sede 
social  o  centros  de  entidades  donde  las  personas  interesadas  figuran  como  s
empadronadas. oe.
Todas estas modificaciones han afectadIIo en mayor o menor medida la regulación  2021-18191n https://ww
idneic icaul yqause  fisnea lhidizaod edse  elara r eenl trae asjoucsitael  gdaer alan tirzeandtaa , smoceidaila gnater aenlt iDzaedcare tao -llae yc r1e0a/c2i0ó2n0 ,d eu nlaa   BOE-A-cable e
prestación estatal. Pues bien, los cambios sustanciales que ha sufrido el ingreso mínimo 
vital motivan, en parte, la nueva regulación que se prevé en este Decreto-ley, y son una 
muestra fehaciente de la necesidad de adaptación constante y urgente de la normativa 
de prestaciones sociales para adecuarse a las necesidades diversas y cambiantes de la 
población a la que va destinada, que es la más vulnerable y sensible a los cambios de la 
coyuntura social y económica.
Así,  concretamente,  las  modificaciones  del  Decreto-ley  10/2020  que  ahora  se 
proponen responden a varias cuestiones puntuales.
Por un lado, se modifican la letra c) del apartado primero del artículo 20 «Requisitos» 
y la letra f) del artículo 22 «Obligaciones de las personas destinatarias» para introducir 
una nueva excepción en el requisito de doce meses de residencia continuada en las Illes 
Balears, con carácter previo a la solicitud [artículo 20.1.c)], o para mantener la prestación 
[artículo 22.f)]. La propuesta pretende facilitar el desplazamiento limitado en el tiempo 
(como  máximo,  cuatro  meses  de  los  doce  requeridos)  para  atender  oportunidades 
laborales o profesionales eventuales que se den fuera del territorio de la comunidad 
autónoma.  De  este  modo,  se  quiere  facilitar  la  obtención  de  ingresos  puntuales 
motivados por trabajos ocasionales o temporales (por ejemplo, en la vendimia) que, sin 
ser suficientes para cubrir las necesidades básicas, puedan suponer un ingreso adicional 
sin decaer en su derecho a la renta social garantizada, tanto en el momento de la 
solicitud, como en el del mantenimiento de la prestación.
Por otra parte, se hace una modificación del artículo 31 «Pago de la prestación 
económica»  con  la  modificación  del  apartado  primero  y  la  supresión  del  apartado 
segundo. El apartado tercero, que actualiza la numeración, mantiene la redacción actual. 
El  motivo  de  esta  modificación  es  adaptar  la  fecha  de  efectos  económicos  de  las 
prestaciones concedidas al régimen habitual en otras prestaciones económicas sociales, 
como  la  renta  de  emancipación  de  jóvenes  que  han  sido  sometidos  a  medidas 
administrativas de tutela o guarda de protección de menores, regulada en el apartado 
quinto del artículo 58 del Decreto 10/2020, o la del ingreso mínimo vital (artículo 11.1 del 
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo).
A  continuación,  cambia  el  apartado  segundo  del  artículo  32  «Revisión  del 
cumplimiento de los requisitos y las obligaciones» en el sentido de sustituir la obligación 
de las personas perceptoras de la renta social garantizada de presentar anualmente, 
entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, una declaración responsable del hecho de que 
persisten las condiciones para las que se les otorgó la renta social garantizada. Con la 
redacción actual, se podría dar el caso de que alguien que haya presentado una solicitud 
de  prestación  en  febrero  y  que  se  haya  resuelto  favorablemente  en  mayo,  queda 
obligado  a  presentar  una  nueva  declaración  de  cumplimiento  de  requisitos  antes 
del 30 de septiembre, lo que supone una carga administrativa excesiva, sobre todo 
cuando el espíritu de la norma es que se haga una comprobación anual. Se debe 
recordar, además, que 2021 es el primer año en que se haría efectiva esta obligación de 
comunicación, y que la mayoría de las personas beneficiarias actuales ha obtenido el 
reconocimiento  del  derecho  a  la  prestación,  vinculado  a  una  denegación  previa  al 
ingreso mínimo vital, a partir de enero de este año.
Igualmente, cambia el artículo 55 «Requisitos de las personas beneficiarias» y se 
añade un nuevo apartado, el segundo, lo que supone que la redacción actual queda 
convertida en el apartado primero. Este artículo hace referencia a los requisitos para 
acceder a la prestación de renta de emancipación de jóvenes que han sido sometidos a 
medidas administrativas de tutela o guarda de protección de menores. La modificación  s
pretende introducir una excepción en el requisito establecido en la letra c de la redacción  oe.
actual,  según  el  cual  las  personas  beneficiarias  deben  estar,  como  mínimo  y  sin  w.
necesidad de que sean consecutivos, doce meses entre los 16 y los 18 años bajo una  191ww
mmeendoidrae sd dee g luaas rdIllae so  Btaulteealars d. eM ácsu aalqlláu iedrea  ladse  elaxcse epncitoidnaedse sy ap eúsbtlaicbales cdidea sp reonte eclc miónis mdeo 
pmáerdraidfoa s( rdeeg rteusteolsa  oin fgruucatrudoas eons  mala áyomrbeisto d efa 1m7i liaañr odse),  oseri gperno poo nlea  sparilmvaerr ala  aopblliicgaacciióónn  ddee   BOE-A-cable e
que la medida de tutela o guarda haya sido aplicada por una entidad pública de las Illes 
Balears, y se abre la posibilidad a que –a consecuencia de coordinación estatal o de 
colaboración con otras comunidades autónomas en materia de atención a la infancia 
desprotegida– jóvenes tutelados o guardados por entidades de otros territorios puedan 
acceder a la renta de emancipación, de forma extraordinaria y puntual, mediante una 
resolución del consejero o consejera competente.
Para finalizar con lo que hace referencia a la modificación del Decreto-ley 10/2020, 
se propone añadir un nuevo apartado, el tercero, a la disposición transitoria segunda, de 
forma que quede recogida de forma explícita la compatibilidad a seguir percibiendo la 
renta social garantizada regulada en la Ley 5/2016, de 13 de abril, con el acceso al 
ingreso mínimo vital estatal, hasta la fecha de resolución estimatoria de la prestación 
estatal,  siempre  que  se  haya  cumplido  la  obligación  del  apartado  primero  de  esta 
disposición transitoria (solicitud del ingreso mínimo vital antes del 30 de septiembre 
de 2020) y se mantengan los requisitos establecidos en el momento de la concesión. Se 
debe recordar que esta renta declarada compatible es la existente antes de la entrada en 
vigor tanto del Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, como del Real Decreto-ley 20/2020, 
de 29 de mayo. Además, se debe destacar que la normativa reguladora del ingreso 
mínimo  vital  garantiza  la  compatibilidad  de  la  nueva  prestación  con  las  rentas 
autonómicas [en concreto, el apartado segundo del artículo 2; la letra c) del apartado 
primero del artículo 7; el segundo párrafo del apartado segundo del artículo 8; y el 
número 1 de la letra e del apartado primero del artículo 18]. Por el contrario, la nueva 
renta social creada por el Decreto 10/2020, sí que está declarada explícitamente como 
incompatible con el ingreso mínimo vital [letra b) del apartado primero del artículo 9].
III
Además, se propone la modificación de la letra a) del apartado séptimo del artículo 9 
del Decreto 84/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los criterios para calcular la 
capacidad económica con el fin de establecer la participación económica de las personas 
beneficiarias de las prestaciones asistenciales que forman parte de la Red Pública de 
Atención  a  la  Dependencia  de  las  Illes  Balears,  y  para  concretar  las  prestaciones 
económicas  del  Sistema  para  la  Autonomía  y  Atención  a  la  Dependencia.  En  el 
artículo 9.7 del Decreto se determinan una serie de reducciones del copago de la 
persona dependiente al servicio residencial. En los casos de personas con situación de 
dependencia con cónyuge o pareja de hecho, se determina que la persona que queda en 
el domicilio debe disponer de una cuantía anual equivalente a la IPREM del ejercicio 
correspondiente. En el año 2021, este importe asciende a 6.778,80 € anuales. Esta 
deducción  se  introdujo  para  garantizar  que  las  personas  con  menores  recursos 
económicos, cónyuges o pareja de hecho de una persona dependiente que ingresa en 
una residencia, pudieran seguir viviendo, con un cierto grado de autonomía económica, 
en su domicilio. Con el paso de los años, se ha podido constatar que este importe es 
totalmente insuficiente, y condena a la pobreza a la persona que queda en el domicilio o 
la obliga a rechazar el ingreso residencial y estar abocada al cuidado de la persona 
dependiente, para poder seguir viviendo en este. De este modo, se han producido dos 
situaciones injustas: por un lado, cuando la persona que ingresa en la residencia es la 
que dispone de ingresos, la que queda en su domicilio no puede vivir de manera 
autónoma, a causa del elevado coste de la vida y, especialmente, de las viviendas en 
nuestra  comunidad  autónoma;  por  el  otro,  cuando  la  persona  que  ingresa  en  la  s
residencia no dispone de ingresos, la que queda en el domicilio ve muy menguada su  e.
independencia económica, y debe dedicar el 50 % de sus ingresos a atender el pago de  w.
la  residencia  de  su  pareja,  puesto  que,  para  calcular  su  capacidad  económica,  se  191ww
caountósnidoemraan,  dloosn dineg lrae spoesn sdióen l am peadriae jas.e  Essittueó  heenc hloos  e9s5 8m,8á3s  €g rmaveen seuna lneuse as tfreac hcoam duen 1id daed 
oabbvriila, rs qeugeú ne setel  Mpeinrjiusticeiroio t iednee  Inucnl ucsoimónp,o Sneengtuer iddea df eSmoinciizaal cyió Mn imgruayc ieolneevsa.d oN,o p usees tpou eqduee   BOE-A-cable e
en, nuestra sociedad, muchas mujeres no han cotizado durante su vida laboral, ya que 
se han dedicado al cuidado de toda la familia. Por esta razón, en el caso exclusivo de los 
cónyuges y las parejas de hecho, se propone ampliar la cuantía anual de reducción de la 
aportación económica anual de la persona usuaria del servicio de atención residencial 
al 200 % del IPREM del ejercicio presupuestario correspondiente.
IV
Este Decreto-ley está estructurado en un artículo único, una disposición transitoria y 
tres disposiciones finales.
El artículo único contiene seis modificaciones del Decreto-ley 10/2020, de 12 de 
junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, en concreto 
en los artículos 20.1.c), 22.f), 31, 32.2, 55 y la disposición transitoria segunda.
La  disposición  transitoria  regula  la  aplicación  de  la  modificación  prevista  en  el 
apartado tercero del artículo único a los expedientes que se encuentran actualmente en 
tramitación.
En cuanto a las disposiciones finales, la primera supone una modificación de la letra 
a del apartado séptimo del artículo 9 del Decreto 84/2010, de 25 de junio, por el que se 
regulan los criterios para calcular la capacidad económica con el fin de establecer la 
participación económica de las personas beneficiarias de las prestaciones asistenciales 
que forman parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears, y 
para concretar las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la  Dependencia.  La  segunda,  regula  que  la  modificación  anterior  tiene  carácter  de 
reglamento, con vista a posibles cambios posteriores. Por último, la tercera marca la 
entrada  en  vigor  de  este  Decreto-ley  y  la  fecha  de  efectos  de  las  modificaciones 
contenidas en el artículo único.
V
El artículo 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears prevé, en el apartado 1 
que, en caso de necesidad extraordinaria y urgente, el Consejo de Gobierno puede dictar 
medidas legislativas provisionales en forma de decretos leyes, que no pueden afectar los 
derechos establecidos en este Estatuto, las materias objeto de leyes de despliegue básico 
del Estatuto de Autonomía, los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, la 
reforma del Estatuto, el régimen electoral ni el ordenamiento de las instituciones básicas de 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Este artículo, en el segundo apartado, 
establece que los decretos leyes quedarán derogados si, en el plazo improrrogable de los 
treinta días subsiguientes a su promulgación, no los valida expresamente el Parlamento 
después de un debate y de una votación de totalidad. Esta previsión también fue recogida 
por el artículo 45 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, de Gobierno de las Illes Balears.
La necesidad de aprobar este Decreto-ley de modificación del Decreto-ley 10/2020, 
de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, radica 
en la necesidad de adecuar la regulación de las prestaciones económicas en materia de 
asistencia  social  tanto  al  resto  del  ordenamiento  jurídico  –concretamente  a  las 
modificaciones efectuadas del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se 
establece el ingreso mínimo vital, como medida de seguridad social– como a algunas 
carencias que se han advertido en la puesta en marcha de las prestaciones que se regulan. 
Esta adaptación debe hacerse lo más rápido posible para cubrir las necesidades básicas de 
las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Más en un momento,  e.
como el actual, caracterizado por una crisis económica de graves dimensiones, en el que se  w.b
debe dar respuesta de forma ágil y eficiente a la ciudadanía balear. 191ww
acueProdro  ecsoon,  elna  vjuirtruisdp rduedle anrctíiacu ldoe 4l 9T rdibeul nEaslt aCtuotnos dtietu cAiountoanl,o melí aD deec rleatso -Illeleys  cBoanlestaitrusy, ey  duen 
iunrsgterunmciean tose cao nslati tudceio nasulmbevennteir  lícait o,u snieam  psirteu aqcuióen la  fcinoanlcidreatda ,q udee jnutsrtoif icdae l a lloesg isloabcjieótniv does 
gubernamentales, que, por razones difíciles de prever, requiera una acción normativa 
inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento 
de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, como es el caso.
Al respecto, la actuación de los poderes públicos en materia de servicios sociales 
persigue, entre otros objetivos, el de detectar y atender las situaciones de carencia de 
recursos básicos y las necesidades sociales, tanto de las personas como de los grupos y 
la comunidad en general, y al mismo tiempo sus actuaciones deben orientarse para 
evitar el riesgo de que se produzcan situaciones de mayor necesidad social.
Las competencias que fundamentan la actuación de la Comunidad Autónoma en esta 
materia están atribuidas por el apartado 15 del artículo 30 y el apartado 12 del artículo 31 
del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
Finalmente, se debe indicar que este Decreto-ley se aprueba en conformidad con los 
principios  del  artículo  129  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y  del  artículo  49  de  la 
Ley 1/2019, de 31 de enero, de Gobierno de las Illes Balears.
Por todo esto, a propuesta de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes, y 
habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en la sesión de 30 de agosto de 2021, 
se aprueba el siguiente Decreto-ley:
Artículo único.  Modificación del Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones 
sociales de carácter económico de las Illes Balears.
1.  La letra c) del apartado primero del artículo 20 del Decreto-ley 10/2020, de 12 de 
junio,  de  prestaciones  sociales  de  carácter  económico  de  las  Illes  Balears,  queda 
modificada de la manera siguiente:
«c)  Que acrediten una residencia en las Illes Balears con un mínimo de doce 
meses de antelación a la fecha de presentación de la solicitud. Este requisito no 
se exigirá en los casos siguientes:
i.  Las personas menores de edad incorporadas a una unidad de convivencia 
por motivos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogida 
familiar permanente.
ii.  Las personas víctimas de trata de seres humanos o explotación sexual. 
Esta condición se acreditará mediante resolución judicial o informe de los servicios 
sociales públicos.
iii.  Las mujeres víctimas de violencia machista acreditada por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 78 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de 
igualdad de mujeres y hombres, y el artículo 23 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
iv.  Cuando la ausencia del territorio de las Illes Balears esté motivada por 
causas laborales o profesionales y sea inferior a cuatro meses. Esta circunstancia 
se debe acreditar en el momento de solicitar la prestación con la documentación 
que se indique en el formulario de solicitud.»
2.  La letra f) del artículo 22 del Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones 
sociales de carácter económico de las Illes Balears, queda modificada de la manera 
siguiente:
«f)  Residir de forma efectiva y continuada en las Illes Balears durante todo el  o
ptpCeeourrdraiiortnoáddrnoioo  s d uldaepes ep  lreaaarusrcs  elIeolplnsec csciói auBnsaa  tdlreeeosa  tmlréasn e pq srmeueseso. tt»asivucaipódenar.se C np ooumrn p cmuateuassn,a  cseo nlm aubono  arpauelsereison docoi a pdsr eola fedsso sicoaenl iadmlaeesss  ednseo.l    OE-A-2021-18191able en https://www.
3.  El artículo 31 del Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales 
de carácter económico de las Illes Balears, queda modificado de la manera siguiente:
«Artículo 31.  Pago de la prestación económica.
1.  La  concesión  de  la  renta  social  garantizada  debe  reportar  efectos 
económicos a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de registro de 
entrada de la solicitud.
2.  Los pagos se deben efectuar por mensualidades vencidas.»
4.  El apartado segundo del artículo 32 del Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, de 
prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, queda modificado de la 
manera siguiente:
«2.  Cada año posterior al de la concesión de la prestación, entre el 1 de abril 
y  el  30  de  septiembre,  los  perceptores  deben  presentar  una  declaración 
responsable del hecho de que persisten las condiciones por las que se les otorgó 
la renta social garantizada. Los perceptores que no presenten esta declaración 
antes del mes de octubre de cada año quedarán suspendidos de la prestación 
durante tres meses, como máximo, mientras no presenten la declaración anual.»
5.  Se  añade  un  nuevo  apartado,  el  apartado  segundo,  al  artículo  55  del 
Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de 
las Illes Balears, con esta redacción:
«2.  Si, como consecuencia de coordinación estatal o de colaboración con 
otras comunidades autónomas en materia de atención a la infancia desprotegida, 
cuando los menores residan y sean atendidos en las Illes Balears conservando la 
tutela de la comunidad autónoma de procedencia, el consejero o la consejera 
competente en materia de servicios sociales, mediante resolución, puede dejar sin 
aplicación el requisito establecido en la letra c del apartado primero, acompañando 
la resolución con la certificación de tutela que ostente la comunidad autónoma de 
procedencia.»
6.  Se añade un nuevo apartado, el apartado tercero, a la disposición transitoria 
segunda del Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter 
económico de las Illes Balears, con esta redacción:
«3.  En el caso de los apartados anteriores, la prestación de renta social 
garantizada,  concedida  previamente  a  la  entrada  en  vigor  del  Real  Decreto-
ley 20/2020, de 29 de mayo, es compatible y no deducible con el ingreso mínimo 
vital hasta la fecha de reconocimiento de la prestación estatal. Esta compatibilidad 
tendrá efectos hasta la fecha de resolución estimatoria del ingreso mínimo vital por 
parte de la Administración de la Seguridad Social.»
Disposición transitoria única.  Expedientes en tramitación.
A los expedientes que se encuentran actualmente en tramitación, y de los que 
todavía no se ha dictado la resolución correspondiente en el momento de entrada en 
vigor de este Decreto-ley, les será de aplicación la modificación prevista por el apartado 
tercero del artículo único. e.e
Disposición final primera.  Modificación del Decreto 84/2010, de 25 de junio, por el 
que se regulan los criterios para calcular la capacidad económica con el fin de 
establecer  la  participación  económica  de  las  personas  beneficiarias  de  las 
prestaciones asistenciales que forman parte de la Red Pública de Atención a la 
Dependencia de las Illes Balears, y para concretar las prestaciones económicas del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
La letra a) del apartado séptimo del artículo 9 del Decreto 84/2010, de 25 de junio, 
por el que se regulan los criterios para calcular la capacidad económica con el fin de 
establecer la participación económica de las personas beneficiarias de las prestaciones 
asistenciales que forman parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia de las 
Illes  Balears,  y  para  concretar  las  prestaciones  económicas  del  Sistema  para  la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, queda modificada de la manera siguiente:
«a)  Si la persona interesada tiene cónyuge o pareja de hecho, esta debe 
disponer  de  una  cuantía  anual  equivalente  a  dos  IPREMs  del  ejercicio 
correspondiente. En el caso de ascendientes mayores de 65 años, descendentes 
o personas vinculadas por tutela o acogida menores de 25 años o mayores de 
esta edad en situación de dependencia o discapacidad, siempre que convivan y 
dependan económicamente, cada una de estas personas debe disponer de una 
cuantía anual equivalente al IPREM del ejercicio correspondiente. Esta reducción 
se refiere a la participación económica de la persona usuaria. En ningún caso, lo 
que prevé este apartado implica reconocer derechos económicos a favor de las 
personas mencionadas.»
Disposición final segunda.  Deslegalización.
La disposición final primera, por la que se modifica el Decreto 84/2010, de 25 de 
junio, por el que se regulan los criterios para calcular la capacidad económica con el fin 
de  establecer  la  participación  económica  de  las  personas  beneficiarias  de  las 
prestaciones  asistenciales  que  forman  parte  de  la  Red  Pública  de  Atención  a  la 
Dependencia de las Illes Balears, y para concretar las prestaciones económicas del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, tiene rango reglamentario.
Disposición final tercera.  Efectos y entrada en vigor.
Este Decreto-ley empieza a tener vigencia al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial de las Illes Balears», excepto los apartados primero, segundo y sexto del 
artículo único, que tienen efectos retroactivos a partir del día 16 de junio de 2020.
Palma, 30 de agosto de 2021.–El Vicepresidente (por suplencia, artículo 7, Ley 
1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears), Juan Pedro Yllanes Suárez.–
La Consejera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago Rodríguez.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 118, de 31 de agosto de 2021. Convalidado por 
Resolución del Parlamento de las Illes Balears, publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» 
número 136, de 5 de octubre de 2021)