BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 107 Miércoles 5 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 53651
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7411 Resolución de 14 de abril de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora mercantil IV de Alicante a inscribir la escritura de constitución de 
una sociedad.
En el recurso interpuesto por don J. A. F. S., abogado, en nombre y representación 
de la sociedad «Brösen & De Jager Project Development, S.L.», contra la negativa de la 
registradora Mercantil IV de Alicante, doña María del Pilar Planas Roca, a inscribir la 
escritura de constitución de dicha sociedad.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 14 de diciembre de 2020 por el notario de 
Teulada, don Víctor Ortega Álvarez, con el número 1.316 de protocolo, se constituyó la 
sociedad «Brösen & De Jager Project Development, S.L.».
En lo que interesa en este expediente, el apartado 5 del artículo 7 de los estatutos 
sociales,  tenía  respectivamente  el  siguiente  contenido:  «De  conformidad  con  la 
legislación  civil  aplicable,  corresponde  a  los  socios  titulares  o,  en  su  caso,  a  sus 
causahabientes, el ejercicio de los derechos sociales. Se establece la posibilidad de que 
cada socio pueda designar un representante para el ejercicio de los derechos sociales 
constante  la  comunidad  hereditaria,  si  así  lo  establecen  los  respectivos  títulos 
sucesorios».
Y en el artículo 29, párrafo último, se disponía lo siguiente: «La distribución de 
dividendos a los socios no se realizará en proporción a su participación en el capital 
social, sino que todos los socios tendrán derecho a una misma proporción de dividendos, 
con independencia de su participación en el capital o de sus derechos de voto; de 
manera que, una vez aprobada en junta la distribución de dividendos, todos los socios 
percibirán una parte de los mismos igual entre ellos, dividiéndose así el total a repartir 
por cada uno de los socios de la entidad».
II
Presentada  el  mismo  día  14  de  diciembre  de  2020  copia  autorizada  de  dicha 
escritura en el Registro Mercantil de Alicante, fue objeto de calificación negativa en los 
términos que, a continuación, se transcriben, únicamente respecto de los defectos que 
son objeto de impugnación:
«María Pilar Planas Roca, Registrador Mercantil de Alicante, previo el consiguiente 
examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 
del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho: es
Hechos. w.
DF.i aprrieos/Aesniteanctioó:n 3: 5174//81121/2.020.
ESnotcriaeddaa:d 1: /B2r0ö2s0e/n2 1&.5 D1e9 ,J0a.ger Project Development SL.
Hoja:
Autorizante: Ortega Álvarez, Víctor.
Protocolo: 2020/1316 de 14/12/2020.
Fundamentos de Derecho.
1.  El último párrafo del punto 5 del artículo 7 de los estatutos: “Se establece la 
posibilidad de que cada socio pueda designar un representante para el ejercicio de los 
derechos  sociales  constante  la  comunidad  hereditaria,  si  así  lo  establecen  los 
respectivos títulos sucesorios”, contradice lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de 
Sociedades de Capital, que establece que debe designarse una sola persona física para 
el ejercicio de los derechos de socio y el socio es la comunidad hereditaria, comunidad 
de tipo germánico, y no cada coheredero como resulta de las STS de 12 de junio 
de 2015 y 12 de noviembre de 2020 y de la Resolución de la dirección de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 10 de diciembre de 2020.
2.  (…)
3.  El último párrafo del artículo 29 de los estatutos, “La distribución de dividendos a 
los socios no se realizará en proporción a su participación en el capital social, sino que 
todos  los  socios  tendrán  derecho  a  una  misma  proporción  de  dividendos,  con 
independencia de su participación en el capital o de sus derechos de voto; de manera 
que, una vez aprobada en junta la distribución de dividendos, todos los socios percibirán 
una parte de los mismos igual entre ellos, dividiéndose así el total a repartir por cada uno 
de los socios de la entidad.”, contradice lo dispuesto en el artículo 275 de la Ley de 
Sociedades de Capital, que permite romper la proporcionalidad entre la distribución de 
dividendos a los socios y su participación en el capital social si así consta en estatutos, 
pero  esta  regla  solo  puede  ser  alterada  mediante  la  creación  de  participaciones 
privilegiadas  en  el  reparto  de  dividendos,  con  observancia  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 184.2.2 del Reglamento del Registro Mercantil, lo que excluye el pacto de 
reparto de dividendos por cabeza y con independencia del número de participaciones. 
Se advierte que en caso de modificación de los Estatutos Sociales, mediante testimonio, 
diligencia o escritura de subsanación, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el 
Art. 197 Reglamento del Registro Mercantil, tiene que constar la redacción íntegra del 
artículo que se modifica. (Res. D.G.R.N. 9 de marzo de 1999).
En relación con la presente calificación: (…)
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15.º del R.R.M. contando la 
presente nota de calificación con la conformidad de los cotitulares del Registro.
Alicante/Alacant, cuatro de enero de dos mil veintiuno.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don J. A. F. S., abogado, en nombre y 
representación  de  la  sociedad  «Brösen  &  De  Jager  Project  Development,  S.L.», 
interpuso recurso el día 15 de enero de 2021 mediante escrito con los siguientes 
fundamentos jurídicos:
«I.  De procedimiento (…)
II.  De fondo. e.
Tercero.  Relativa a la falta de inscripción parcial de la escritura de constitución. 11ww
escrEitnutrean, dtoedmao vse zq uqeu,e  elna  oeml icsaiósno  dqeu lea sn colsá uosuculapsa ,d ecfaebcetu olasa sin secnr ilpac iiónns crpipacrcióianl  qduee dlaa 
suplEidna  cpuomr lpalsim nioernmtoa sc oleng alole sp creovrrisetsop oennd ieeln taerstí.culo 63.2 del Reglamento del Registro
Mercantil, el apartado decimoprimero del otorgamiento de la escritura dispone:
“Decimoprimero.  Se solicita la inscripción de la presente en el Registro Mercantil 
correspondiente, salvo los apoderamientos otorgados en los apartados séptimo, octavo y 
décimo y, si existiera algún defecto que impidiera la total inscripción, se solicita la 
inscripción parcial de la misma en lo pertinente.”
Sin embargo, según consta a esta parte, la inscripción parcial no ha tenido lugar por 
parte del registro mercantil.
Cuarto.  Relativo al primer defecto. Infracción del artículo 188.5 del Reglamento del 
Registro Mercantil.
Respecto de este punto, considera la Sra. Registradora que:
“El  último  párrafo  del  punto  5  del  artículo  7  de  los  estatutos:  ‘Se  establece  la 
posibilidad de que cada socio pueda designar un representante para el ejercicio de los 
derechos  sociales  constante  la  comunidad  hereditaria,  si  así  lo  establecen  los 
respectivos títulos sucesorios’, contradice lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de 
Sociedades de Capital, que establece que debe designarse una sola persona física para 
el ejercicio de los derechos de socio y el socio es la comunidad hereditaria, comunidad 
de tipo germánico, y no cada coheredero como resulta de las STS de 12 de junio 
de 2015 y 12 de noviembre de 2020 y de la Resolución de la dirección de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 10 de diciembre de 2020.”
En cuanto a esta calificación, el párrafo de los estatutos sociales al que se refiere la 
misma dispone:
“5.  De  conformidad  con  la  legislación  civil  aplicable,  corresponde  a  los  socios 
titulares o, en su caso, a sus causahabientes, el ejercicio de los derechos sociales.
Se establece la posibilidad de que cada socio pueda designar un representante para 
el  ejercicio  de  los  derechos  sociales  constante  la  comunidad  hereditaria,  si  así  lo 
establecen los respectivos títulos sucesorios.”
El artículo 188.5 del Reglamento del Registro Mercantil reza:
“5.  Cuando  así  se  establezca  en  los  estatutos  sociales,  de  acuerdo  con  la 
legislación  civil  aplicable,  corresponderá  al  socio  titular  o,  en  su  caso,  a  sus 
causahabientes, el ejercicio de los derechos sociales.
De  la  misma  forma,  los  estatutos  podrán  establecer,  de  conformidad  con  la 
legislación civil aplicable, la designación de un representante para el ejercicio de los 
derechos sociales constante la comunidad hereditaria si así fue establecido en el título 
sucesorio”.
Por tanto, la redacción de los estatutos sociales, en este punto en concreto, coincide 
con la dicción literal del artículo 188.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Creemos, 
dicho sea con el debido respecto, que la registradora confunde la posibilidad de los 
socios de designar un representante para el ejercicio de los derechos sociales constante 
la comunidad hereditaria, si así lo establecen los respectivos títulos sucesorios; con que 
dicha designación la efectúen los herederos. En cambio, no es esta interpretación que 
efectúa el registro la voluntad de los socios fundadores, ni tampoco es lo que se recoge 
en los estatutos. En éstos únicamente se prevé la posibilidad de que cada uno de los 
socios pueda designar un representante para el ejercicio de aquellos derechos sociales.
La registradora suspende la inscripción de esta cláusula por entender que los socios,  e.
a través de estos estatutos, están otorgando a sus herederos la posibilidad de nombrar  w.b
un representante al margen de lo previsto en el artículo 126 de la Ley de Sociedades de  11w
Cloasp eitastl ayt ustions c usmolpalmir ecnotne  laess tráeng lainsc qourpeo rriagnedno l al ac opmousnibidiliadda dh eqreudei talersia .o Yfr,e pcoer  eell  csoengtruanrdioo, 
párrafo del artículo 188.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
Quinto.  Relativo al tercer defecto, referente a la suspensión de la inscripción de la 
cláusula correspondiente al reparto de los dividendos por cabezas.
En cuanto a este defecto, considera la Sra. Registradora que:
“El último párrafo del artículo 29 de los estatutos, ‘La distribución de dividendos a los 
socios no se realizará en proporción a su participación en el capital social, sino que todos 
los socios tendrán derecho a una misma proporción de dividendos, con independencia 
de su participación en el capital o de sus derechos de voto; de manera que, una vez 
aprobada en junta la distribución de dividendos, todos los socios percibirán una parte de 
los mismos igual entre ellos, dividiéndose así el total a repartir por cada uno de los 
socios de la entidad.’, contradice lo dispuesto en el artículo 275 de la Ley de Sociedades 
de Capital, que permite romper la proporcionalidad entre la distribución de dividendos a 
los socios y su participación en el capital social si así consta en estatutos, pero esta regla 
solo puede ser alterada mediante la creación de participaciones privilegiadas en el 
reparto  de  dividendos,  con  observancia  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  184.2.2  del 
Reglamento del Registro Mercantil, lo que excluye el pacto de reparto de dividendos por 
cabeza y con independencia del número de participaciones”.
Sin embargo, no estamos de acuerdo en que la regla de la proporcionalidad entre la 
distribución de los dividendos y la participación en el capital únicamente pueda alterarse 
mediante la creación de participaciones privilegiadas.
El artículo 275 de la Ley de Sociedades de Capital dispone que:
“1.  En la sociedad de responsabilidad limitada, salvo disposición contraria de los 
estatutos, la distribución de dividendos a los socios se realizará en proporción a su 
participación en el capital social.
1.  En la sociedad anónima la distribución de dividendos a las acciones ordinarias se 
realizará en proporción al capital que hubieran desembolsado.”
Consideramos que, de la dicción del propio artículo 275 de la LSC, no se desprende 
que  la  única  forma  de  romper  la  proporción  entre  el  derecho  al  dividendo  y  la 
participación  en  el  capital  social  sea  la  creación  de  participaciones  sociales  con 
privilegio. Es más, si se creasen participaciones sociales de este tipo, debería luego 
aplicarse lo previsto en el artículo 184.2 del Reglamento del Registro Mercantil, que 
regula las participaciones de las sociedades de responsabilidad limitada y establece:
“2.  En caso de desigualdad de derechos, las participaciones se individualizarán por 
el  número  que  les  corresponda  dentro  de  la  numeración  correlativa  general  y  los 
derechos que atribuyan se concretarán del siguiente modo:
1)  Cuando concedan más de un derecho de voto, para todos o algunos acuerdos, 
se indicará el número de votos.
2)  Cuando concedan derechos que afecten al dividendo o a la cuota de liquidación, 
se indicará la cuantía de éstos por medio de múltiplos de la unidad.
3)  En  los  demás  casos,  se  indicará  el  contenido  y  la  extensión  del  derecho 
atribuido.”
Pues bien, teniendo en cuenta que para el caso de los derechos que afectan al 
dividendo,  debe  indicarse  el  número  de  derechos  al  dividendo  que  atribuye  cada  e
participación social, podría darse el caso de que matemáticamente no pueda lograrse un  bo
número entero tal que consiga hacer igual la distribución de dividendos entre todos los  w
ndsoeecc pieAorsssoi,ídp  ialonadrdsc e idcopeone santaledmsni,eee nlnort t eeqqm uuaeeel  n sacteeac  updpdietraier sl t eauyn   pdcsaoeinrm t eiclpsail p eucajnarce siróa enocp ipóaeenrntr  oaed clde icoe apn dpaeiirsvtta iidclm iespanoatdcecioimaosln.á petioscr a pscr aipvbiaelerzaga iaso,db aetesnn  lyeu rgs aeinrl    OE-A-2021-74able en https://
múltiplo de la unidad que exige el artículo 184.2.2 del RRM, lo que en ocasiones incluso 
podría tornarse imposible dado que el número a obtener debe ser entero.»
IV
Mediante escrito, de fecha 28 de enero de 2021, la registradora elevó el expediente, 
con su informe, a este Centro Directivo. En dicho informe hizo constar que el día 18 de 
enero de 2021, a los efectos de lo establecido en el párrafo quinto del artículo 327 de la 
Ley Hipotecaria, se dio traslado del recurso al notario que autorizó la escritura calificada, 
sin que éste haya presentado alegaciones.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 398, 400, 1067, 1068, 1255, 1281 a 1286 y 1691 del Código Civil; 
23, 28, 94, 95, 96.1, 126 y 275 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 63.2, 184 y 188.5 
del Reglamento del Registro Mercantil; las Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de 
abril de 1960, 14 de mayo de 1973, 5 de noviembre de 2004, 12 de junio de 2015 y 12 
de noviembre de 2020; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 17 de marzo de 1986, 23 marzo de 1995, 22 de marzo de 2000, 23 y 26 
enero de 2009, 14 de marzo de 2016 y 16 de octubre de 2017, y la Resolución de la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 10 de diciembre de 2020.
1.  La primera objeción que opone la registradora a la inscripción de la escritura 
cuya calificación es impugnada se refiere a la cláusula de los estatutos sociales según la 
cual «se establece la posibilidad de que cada socio pueda designar un representante 
para el ejercicio de los derechos sociales constante la comunidad hereditaria, si así lo 
establecen los respectivos títulos sucesorios». A su juicio, esta disposición contradice lo 
establecido en el artículo 126 de la Ley de Sociedades de Capital, según el cual debe 
designarse una sola persona física para el ejercicio de los derechos de socio y el socio 
es la comunidad hereditaria, y no cada coheredero como resulta de las Sentencias del 
Tribunal Supremo de 12 de junio de 2015 y 12 de noviembre de 2020 y de la Resolución 
de esta Dirección General de 10 de diciembre de 2020.
El recurrente alega que los estatutos solamente están incorporando la posibilidad 
que ofrece el segundo párrafo del artículo 188.5 del Reglamento del Registro Mercantil y 
no se pretende otorgar a los herederos la posibilidad de nombrar un representante al 
margen de lo previsto en el artículo 126 de la Ley de Sociedades de Capital y sin cumplir 
con las reglas que rigen la comunidad hereditaria.
2.  Respecto  del  ejercicio  de  los  derechos  de  socio  correspondientes  a  las 
participaciones integradas en la comunidad hereditaria es aplicable el artículo 126 de la 
Ley de Sociedades de Capital (cfr., por todas las Resoluciones de este Centro Directivo 
de 4 de marzo de 2016 y 10 de diciembre de 2020), que establece la regla imperativa 
según la cual los cotitulares «habrán de designar una sola persona para el ejercicio de 
los derechos de socio, y responderán solidariamente frente a la sociedad de cuantas 
obligaciones se deriven de esta condición». La finalidad de esta norma es procurar, en 
favor de la sociedad, obtener claridad y sencillez en el ejercicio de los derechos de socio. 
En sentido técnico, la designación del representante común es una carga impuesta por la 
Ley a los cotitulares y funciona como requisito de legitimación para el ejercicio de los 
derechos corporativos incorporados a las acciones o participaciones que se tienen en  e.e
cotitularidad. Dicha carga está establecida en interés exclusivo de la sociedad de tal  b
manera que la propia sociedad puede, si le conviene y a su riesgo, reconocer como  11ww
dváel itdood oesl  eejlelorcsi.c Fiou edrea  udne  deesrteocsh coa scoosrp, olara stiovcoi epdoard u pnuoe sdoel,o  edne p lroins ccipoitoit,u rlaerseisst ier ne lb eejenrecfiicciioo 
cdoet itduelarerecsh.o sN op oorb sptearnstoen, ala d sisotcinietad adde  nloa  pdueesdigen aodpao nceormseo  arle perjeersceicnitoa ndtee  lúonsi cdoe rdeec hlooss 
cuando éstos son consentidos por la unanimidad de los cotitulares (como resulta de las
Resoluciones de esta Dirección General de 23 marzo de 1995, 22 de marzo de 2000 
y 23 y 26 enero de 2009 en materia de nombramiento de auditores a petición de la 
minoría).
Esta norma legal se fundamenta en el principio de unificación subjetiva del ejercicio 
de los derechos de socio para facilitar a la sociedad tal ejercicio, de modo que en las 
relaciones entre los cotitulares y la sociedad ésta pueda actuar como si la acción tuviera 
un único titular. Y la designación de la persona que haya de ejercitar los derechos de 
socio se regirá por las reglas propias de la comunidad hereditaria (cfr. Resolución de 17 
de  marzo  de  1986),  de  modo  que  si  existe  un  albacea  o  se  ha  nombrado  un 
administrador de la herencia por el testador o judicialmente le corresponderá el ejercicio 
de los derechos de socio frente a la sociedad. En caso de que tal representación no 
resulte por virtud de la ley o por decisión judicial o negocio jurídico, su designación 
deberá de efectuarse por mayoría de cuotas o intereses, como resulta de la aplicación 
del artículo 398 del Código Civil (cfr. Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de abril 
de 1960 y 14 de mayo de 1973 y la citada Resolución de esta Dirección General de 17 
de marzo de 1986).
3.  El artículo 188.5 del Reglamento del Registro Mercantil permite que los estatutos 
se remitan al título sucesorio para la designación de ese representante para el ejercicio 
de los derechos sociales constante la comunidad hereditaria.
Como se expresa en el preámbulo del Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero, que 
introdujo  dicha  norma  reglamentaria,  con  ella  se  trata  de  atender  a  la  realidad 
económica, jurídica y social, en que una gran parte del tejido empresarial español está 
integrado  por  sociedades  de  carácter  familiar  en  sentido  amplio,  en  las  cuales  la 
propiedad o el poder de decisión pertenecen, total o parcialmente, a un grupo de 
personas que son parientes consanguíneos o afines entre sí. Por ello es obligado tomar 
en consideración «sus peculiaridades y la lícita autorregulación de sus propios intereses 
especialmente en relación a la sucesión de la empresa familiar, removiendo obstáculos y 
dotando de instrumentos al operador jurídico».
Concretamente, entre los instrumentos que faciliten la autonomía negocial en este 
ámbito, se establece dicha regla de representación o habilitación para una situación que, 
según ha demostrado la práctica societaria, carece de reglas adecuadas en la sucesión 
de la titularidad de la empresa familiar, de suerte que se permite al causante titular de las 
participaciones designar en el título sucesorio un representante único de todos los 
integrantes de la comunidad hereditaria para facilitar el ejercicio de los derechos de socio 
en tanto no se realice la partición y adjudicación de las participaciones a un heredero.
Con  esta  perspectiva,  y  si  la  cláusula  estatutaria  cuestionada  se  interpreta 
atendiendo no solo a su sentido literal sino también al sentido más adecuado para que 
produzca  efecto,  y  a  los  demás  criterios  hermenéuticos  de  los  contratos  (cfr. 
artículos 1281 a 1286 del Código Civil), debe concluirse que lo que se pretende con 
dicha disposición estatutaria es permitir al socio causante -y no al socio coheredero 
como interpreta la registradora- que en el título que haya de regir su sucesión designe un 
representante  para  el  ejercicio  de  los  derechos  sociales  constante  la  comunidad 
hereditaria.
Por ello, el defecto debe ser revocado.
4.  La segunda objeción expresada en la calificación impugnada es relativa a la 
disposición estatutaria por la cual se establece que «la distribución de dividendos a los 
socios no se realizará en proporción a su participación en el capital social, sino que todos 
los socios tendrán derecho a una misma proporción de dividendos, con independencia  s
de su participación en el capital o de sus derechos de voto; de manera que, una vez  oe.
aprobada en junta la distribución de dividendos, todos los socios percibirán una parte de  w.
los mismos igual entre ellos, dividiéndose así el total a repartir por cada uno de los  11w
sociCoso ndsei dlae rean tildaa dr»e.gistradora  que  dicha  cláusula  «contradice  lo  dispuesto  en  el
aernttírceu lloa  2d7is5t rdibeu lcaió Lne yd ed ed iSviodceienddaods eas  ldoes  Csoacpiiotasl ,y q suue  ppearrmticiitpea rcoiómnp eern  lae lp croappoitracl iosnoacilaidl asdi   BOE-A-cable e
así consta en estatutos, pero esta regla solo puede ser alterada mediante la creación de 
participaciones  privilegiadas  en  el  reparto  de  dividendos,  con  observancia  de  lo 
dispuesto en el artículo 184.2.2 del Reglamento del Registro Mercantil, lo que excluye el 
pacto  de  reparto  de  dividendos  por  cabeza  y  con  independencia  del  número  de 
participaciones».
El recurrente mantiene que, del citado artículo 275 de la Ley de Sociedades de 
Capital, se desprende que cabe romper la proporción entre el derecho al dividendo y la 
participación  en  el  capital  social  de  forma  distinta  a  la  creación  de  participaciones 
sociales con privilegio, como ocurre en el presente caso de reparto de dividendos por 
cabezas, sin necesidad de tener que acudir a complejas operaciones matemáticas para 
obtener el múltiplo de la unidad que exige el artículo 184.2.2.º del Reglamento del 
Registro Mercantil, lo que en ocasiones incluso podría tornarse imposible dado que el 
número por obtener debe ser entero.
5.  La Ley de Sociedades de Capital, proclamando en materia societaria el principio 
de la autonomía de la voluntad (que en el ámbito del derecho patrimonial general 
consagra  como  auténtico  principio  fundamental  el  artículo  1255  del  Código  Civil), 
establece en su artículo 28 que en el título rector de la sociedad (ya sea el contenido de 
la escritura constitutiva y de los estatutos a ella unidos, o el que resulte, en su caso, de la 
ulterior  modificación  estatutaria)  «se  podrán  incluir,  además,  todos  los  pactos  y 
condiciones que los socios fundadores juzguen conveniente establecer, siempre que no 
se  opongan  a  las  leyes  ni  contradigan  los  principios  configuradores  del  tipo  social 
elegido».  De  esta  manera,  la  ley  reconoce  un  gran  espacio  negocial,  acotado 
exclusivamente por ciertos parámetros de política legislativa incorporados a la ley como 
mandato imperativo y por los principios básicos definidores del concreto tipo de la 
sociedad de capital de que se trate (esto es, el «límite infranqueable representado por 
las normas imperativas y por los principios configuradores», según la expresión que 
utiliza la Exposición de Motivos de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada), en el que se atribuye y se confía a la autonomía privada, en 
definitiva,  al  contractualismo,  la  condición  de  elemento  básico  de  actuación  en  la 
creación,  desarrollo  y  adaptación  del  ente  societario  a  las  diferentes  situaciones  y 
avatares que puedan sobrevenir al mismo en una economía de mercado en constante 
evolución (cfr., entre otras, la Resolución de este Centro Directivo de 16 de octubre 
de 2017).
Ciertamente,  el  artículo  23  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital,  al  regular  el 
contenido de los estatutos sociales dispone que si la sociedad fuera de responsabilidad 
limitada se expresará el número de participaciones en que se divida el capital social, el 
valor nominal de las mismas, su numeración correlativa y, si fueran desiguales, los 
derechos que cada una atribuya a los socios y la cuantía o la extensión de éstos. Y el 
artículo  184.2.2.º  del  Reglamento  del  Registro  Mercantil  añade  que,  en  caso  de 
desigualdad de derechos, si afectan al dividendo, «se indicará la cuantía de éstos por 
medio  de  múltiplos  de  la  unidad».  No  obstante,  debe  entenderse  que  esta  norma 
reglamentaria es aplicable únicamente cuando se trate de modalizaciones estatutarias a 
los derechos de las participaciones consistentes en la atribución a éstas de privilegios en 
el reparto de dividendos, pero no constituye un «numerus clausus» de los supuestos de 
desigualdad de derechos que permiten otros preceptos legales, como el artículo 275 de 
la Ley de Sociedades de Capital, según el cual «en la sociedad de responsabilidad 
limitada, salvo disposición contraria de los estatutos, la distribución de dividendos a los 
socios se realizará en proporción a su participación en el capital social». Se trata ésta de  s
una norma legal dispositiva que permite establecer en los estatutos reglas de reparto de  oe.
dividendos que no se ajusten a la proporcionalidad entre el derecho a participar en el  w.
reparto de las ganancias sociales y la participación en el capital social. 11w
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demuestra, entre otras normas, la que prohíbe la creación de participaciones sociales 
con derecho a percibir un interés (artículo 96.1 de la Ley de Sociedades de Capital), 
prohibición que sería innecesaria si la única forma de desigualdad en el reparto de las 
ganancias sociales fuera la del privilegio en el dividendo fijado numéricamente conforme 
al artículo 184.2.2.º del Reglamento del Registro Mercantil.
Debe  tenerse  en  cuenta  que  en  la  sociedad  de  responsabilidad  limitada,  y  a 
diferencia de las relaciones con terceros en las que rigen normas imperativas para 
salvaguardar la garantía que para aquellos comporta el capital social, en las relaciones 
entre los socios se permite el amplio juego de la autonomía de la voluntad para que los 
estatutos se aparten del criterio capitalista que consagran normas dispositivas, como la 
del  citado  artículo  275  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital.  Y  con  la  disposición 
estatutaria cuestionada por la calificación ahora impugnada no se contravienen normas 
imperativas ni los principios configuradores del tipo social elegido. Por ello, el segundo 
de los defectos impugnados debe también ser revocado.
6.  Por último, dado que en la escritura se solicitó expresamente la inscripción 
parcial, la registradora debió acceder a ella, conforme artículo 63 del Reglamento del 
Registro  Mercantil,  pues  las  estipulaciones  cuya  inscripción  se  ha  suspendido  son 
puramente potestativas, no afectan a la esencia del negocio jurídico formalizado y tienen 
autonomía en relación con las restantes incluidas en la escritura y en los estatutos 
sociales.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 14 de abril de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.