BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308 Viernes 24 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 162355
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
21344 Orden TED/1447/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos innovadores de I+D 
de  almacenamiento  energético  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
I
Según el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales y se crea el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, corresponde a éste la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en 
materia climática, de energía y medio ambiente para la transición a un modelo productivo 
y social más ecológico, así como la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno 
frente al reto demográfico y el despoblamiento territorial.
Las  ayudas  incluidas  en  estas  bases  reguladoras  corresponden  al  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  del  gobierno  español,  que  permitirá  la 
realización de reformas estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e 
inversiones,  con  el  objeto  de  acometer  un  cambio  del  modelo  productivo  para  la 
recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19.
La pandemia provocada por la COVID-19 ha desencadenado una crisis económica, 
social y sanitaria. Como consecuencia, la magnitud del desafío ha exigido una respuesta 
común a escala europea, coordinada por la Comisión Europea, mediante la puesta en 
marcha  de  un  ambicioso  Fondo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  que  contribuirá  al 
proceso de reconstrucción de las economías europeas en el mundo posterior a la 
pandemia y la crisis económica causadas por la COVID-19.
El  Plan  de  Recuperación  para  Europa,  NextGenerationEU,  permitirá  a  España 
movilizar  un  volumen  de  inversión  sin  precedentes.  Derivado  de  éste,  el  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  de  España,  aprobado  por  la  Comisión 
Europea, es un proyecto de país, que requiere de la implicación de todos los agentes 
económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos 
de la administración pública. Los instrumentos incluidos en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, permitirán la realización de reformas estructurales durante 
los próximos años, mediante la implementación de cambios normativos e inversiones. El 
objeto de estas modificaciones es orientar un cambio del modelo productivo hacia la 
profundización en la transición ecológica, que sirva de guía para la recuperación de la 
economía tras la pandemia causada por la COVID-19. Adicionalmente, la aplicación de 
estos fondos orientará la transformación de la estructura económica, contribuyendo a 
que sea más resiliente e inclusiva.
Este Plan tiene entre sus objetivos que España apueste por la «descarbonización» 
de la economía, invirtiendo en infraestructuras verdes, de manera que se produzca una 
profunda transformación desde un sistema con un fuerte componente en las energías 
fósiles hacia un sistema energético limpio, es por ello que la transición ecológica es uno  e.
de los cuatro ejes transversales del Plan. w.b
La Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio  344ww
mdeo d2i0fi1c9a,  lsao Dbirree cntoivram 2a0s 1c2o/m27u/nUeEs,  pya eral R eel gmlaemrceandtoo  i(nUteEr)io 2r0 d1e9 /la9 4e3le dcetrli cPidaarlda my epnotro l aE uqruoep esoe 
yd ed eml Canoinfiseesjtoo,  dlae  r5e ldeev ajunnciioa  ddee 2l 0a1lm9,a rceelantaivmoi eanl tmo eprcaarad ol ain tceorinosre dceu claió enl edcetr iclaid atrda,n psoicnieónn 
energética, definiendo las actividades e instalaciones de almacenamiento energético, así
como estipulando la necesidad de facilitar el acceso del almacenamiento a las redes y los 
mercados del sistema eléctrico. En el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 5 de junio de 2019, se resalta que, para integrar el porcentaje creciente 
de energías renovables, el futuro sistema eléctrico debe hacer uso de todas las fuentes 
disponibles de flexibilidad, en particular de las soluciones del lado de la demanda y el 
almacenamiento de energía. Dichas regulaciones europeas han quedado reflejadas en el 
Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de 
energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, donde se definen nuevos 
agentes  del  sector  eléctrico  como  los  titulares  de  instalaciones  de  almacenamiento, 
modificando la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Por otra parte, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, 
remitido a la Comisión Europea en marzo de 2020, proporciona el marco director del 
programa  de  inversiones  y  reformas  para  una  transición  medioambiental  justa  que 
desarrolle las capacidades estratégicas de la economía verde.
El PNIEC incluye, entre sus objetivos energéticos, lograr en 2030 una presencia de 
las energías renovables sobre el uso final de energía del 42%, donde la producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable deberá representar el 74% de 
la generación eléctrica, conllevando una importante reducción del nivel de emisiones de 
CO  y favoreciendo el paso a una economía baja en carbono. Para dotar de mayor 
2
firmeza a las redes eléctricas, en un escenario de mayor penetración de las renovables, 
se hace necesario introducir elementos que doten flexibilidad y gestionabilidad a la red, 
donde el almacenamiento constituye uno de los pilares y elementos habilitadores. El 
almacenamiento es aún más importante si se tiene en cuenta que España es una isla 
energética,  dadas  las  limitadas  conexiones  eléctricas  con  nuestros  países  vecinos. 
Específicamente,  el  PNIEC  incluye  la  «Medida  1.2  Gestión  de  la  demanda, 
almacenamiento  y  flexibilidad»,  que  tiene  como  objetivo  el  desarrollo  del  marco 
regulatorio del almacenamiento energético para contribuir a su despliegue.
Desde el punto de vista del almacenamiento, el PNIEC prevé una potencia adicional 
de 6 GW, que aportará una mayor capacidad de gestión a la generación. De manera 
complementaria, la Estrategia de Almacenamiento Energético, aprobada por el Gobierno 
el 9 de febrero de 2021, profundiza en las necesidades de almacenamiento establecidas 
en el PNIEC, cuantificándolas en, al menos, 20 GW de almacenamiento disponible 
en 2030 y aborda, entre otras cuestiones, las distintas alternativas disponibles y las 
líneas de acción prioritarias que permitan un efectivo despliegue del almacenamiento 
energético y su efectiva integración en el sistema, de manera que se aporte flexibilidad a 
la generación eléctrica renovable, lo cual, junto con el impulso de la gestión de la 
demanda, permitirá una mayor integración de la generación renovable en el sistema, 
contribuyendo  a  la  seguridad,  fiabilidad  y  calidad  del  suministro.  Las  actuaciones 
promovidas por el presente régimen de ayudas están alineadas con la Estrategia de 
Almacenamiento Energético y contribuyen a su desarrollo, según se detalla en dicha 
estrategia en la línea de acción 2, y en particular en la medida 2.6, para proporcionar 
señales de inversión en almacenamiento coherentes con las necesidades de la red; la 
medida 3.2. Fortalecer y promover la industria nacional de almacenamiento para su uso 
en todas las aplicaciones posibles; así como la línea de acción 6, relativa a las palancas 
del desarrollo tecnológico del almacenamiento.
Por su parte, y partiendo del PNIEC, la Estrategia de Descarbonización a Largo 
Plazo 2050 (ELP) dibuja la trayectoria de transformación del sistema energético para los 
años 2030 a 2050, trazando la evolución hacia la neutralidad climática antes de ese  s
último año. La ELP incluye la necesidad de almacenamiento diario, semanal y estacional  oe.
ppesaatrrraaaA  teedéllig  cspiicoeeancrsíatoo lmd«r Coee llnécimtocetna,r ,sie cildeo ane, lerqmarugdaeícoa es.  neEyar sámm  d1ioee0vn 0ietl%iosd pae rednec»eni raogdlv éerateli bclPeloevl a sapnena  criEnaiacs e ltualla yta aenñl  edodce e2en 0stIr5inod0v ad.edes  tduigena aac lidómena  lcaCesi neaanctmcífiiiocenane tosy    2021-21344n https://www.
Técnica  y  de  Innovación  (PEICTI)  2021-2023,  que  es  el  principal  instrumento  de  la
Administración para el desarrollo y consecución de los objetivos de la Estrategia Española
de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2021-2027. Dentro de la citada acción estratégica, 
se  alude  al  «incremento  de  energía  renovable  en  el  sistema  energético  mediante  el 
desarrollo de sistemas de almacenamiento y la digitalización del sistema eléctrico, para la 
consecución de un sistema más descentralizado, seguro, flexible y resiliente».
Por otro lado, el almacenamiento supone una oportunidad muy atractiva para reactivar 
las zonas de transición justa. La creación de empleo impulsada por este despliegue, dado 
el  carácter  deslocalizado  del  mismo,  tendrá  un  importante  efecto  en  las  regiones 
dependientes  económicamente  de  las  tecnologías  basadas  en  combustibles  fósiles, 
mitigando  el  posible  impacto  que  pudiera  ocasionar  el  abandono  de  este  tipo  de 
tecnologías para dar paso a otras soluciones limpias, necesarias para la descarbonización 
del sistema. Está por ello alineado con la Estrategia de Transición Justa.
Las  prioridades  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  están 
completamente alineadas con las siete iniciativas bandera europeas (flagship initiatives) 
presentadas por la Comisión en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021. 
Entre estas iniciativas destacan el apoyo a la electrificación, la integración de energías 
renovables, el almacenamiento energético y el hidrógeno renovable.
En este contexto, el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, establecido 
por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, que financia el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, 
establece un marco para hacer frente a los efectos sin precedentes de la crisis ocasionada 
por  la  COVID-19  así  como  los  impactos  económicos  asociados.  Estos  recursos 
adicionales deben utilizarse de modo que se garantice el cumplimiento de los objetivos 
intermedios y las metas pertinentes, en los plazos establecidos en el citado Plan.
II
Dentro  de  las  diez  políticas  palanca  que  contempla  el  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, se incluye la «Transición energética justa e inclusiva», 
donde se encuentra la componente 8: Infraestructuras eléctricas, promoción de redes 
inteligentes  y  despliegue  de  la  flexibilidad  y  el  almacenamiento.  Esta  componente 
incluye, entre otros, el desarrollo de los sistemas de almacenamiento.
Por ello, dentro de la componente 8, y con objeto de promover el despliegue del 
almacenamiento energético, y favorecer el desarrollo, investigación e innovación en las 
tecnologías del mismo, se aprueba la orden de bases de la presente orden ministerial, 
para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para los proyectos 
innovadores de I+D relativos al despliegue del almacenamiento energético. Esta orden 
de bases contribuye a la consecución de los objetivos 125 y 126 de anexo II de la 
Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 
recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021, ambos objetivos referentes 
al despliegue de 600 MW de almacenamiento energético. En particular, se enmarca en la 
fase  de  I+D,  previa  al  despliegue  a  gran  escala  del  almacenamiento  energético. 
Adicionalmente, esta orden contribuye al cumplimiento de los indicadores de seguimiento 
de las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación acordadas por el Gobierno de 
España y la Comisión Europea, en particular, los indicadores de seguimiento 125.1 
y  126.1,  ambos  relativos  al  desarrollo  de  al  menos  2  proyectos  innovadores  de 
almacenamiento energético.
Adicionalmente, la componente 7 del Plan, orientada a favorecer el aumento de la 
penetración  de  renovables,  necesita  las  inversiones  en  almacenamiento  de  la  s
componente 8, de manera que el almacenamiento actúe como elemento habilitador para  e.
una adecuada integración en el sistema de la energía procedente de fuentes renovables. w.
Las  ayudas  de  la  presente  orden  de  bases  serán  financiadas  con  los  fondos  344ww
pdreo cReedceunpteesra dceiól nM, eTcraannissfmorom daec iRóne cyu pReerasciliióenn cyia R, ecsoilrireenscpiao,n adli eensdtaor  cinocnlu liad atsip eonlo eglí aP ldaen 
iennveerrgséiótinc o,c odnet esmu pclaodmapso neenn tel a8 . inAvdeicrsioiónna lm(eCn8t.eI1, )l,a sD iensvpelriseigounee s ddeel  laa lmC8a.cI1e,n aaml eiesntator   BOE-A-cable e
vinculadas al almacenamiento energético, se clasifican en el campo de intervención 
«033. Sistemas de energía inteligentes (incluidos las redes inteligentes y los sistemas de 
TIC)  y  su  almacenamiento»,  según  el  Reglamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Cuentan, por ello, con un 100% de 
aportación al etiquetado verde, contribuyendo significativamente a la transición ecológica 
y un 40% de ponderación en el etiquetado digital.
Además, con fecha 14 de diciembre de 2021, mediante acuerdo del Consejo de 
Ministros  se  aprobó  el  «Proyecto  Estratégico  para  la  Recuperación  y  Transformación 
Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento». 
Los proyectos de almacenamiento innovadores constituyen la actuación 8 de dicho PERTE, 
perteneciente a la fase de I+D.
Las ayudas reguladas por esta orden serán financiadas con cargo al patrimonio del 
IDAE, una vez transferidos los fondos sujetos a la finalidad prevista en el Servicio 50 
«Mecanismo de Recuperación y Resiliencia». Así, la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, 
de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2021  establece  crédito 
presupuestario en la aplicación presupuestaria 23.50.420B.748 «Al IDAE (Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía). Para la promoción de energías renovables, 
eficiencia energética y movilidad sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» 
para la financiación de la presente convocatoria. Esta cuantía prevista en la Ley de 
Presupuestos  Generales  para  el  presente  ejercicio  podrá  verse  incrementada  en 
ejercicios futuros con cargo a los créditos aprobados para su transferencia a IDAE en el 
Servicio  50  para  la  consecución  de  las  finalidades  previstas  en  el  mencionado 
componente  8,  así  como  con  cualesquiera  otros  que  pudieran  habilitarse, 
independientemente de su origen, siempre y cuando se hubieran transferido al IDAE a tal 
fin o se hubiera aprobado su disposición conforme a los procedimientos estatuariamente 
previstos para la disposición de fondos propios del IDAE.
III
Estas  ayudas  a  los  proyectos  innovadores  de  I+D  relativos  al  despliegue  del 
almacenamiento, y el consiguiente desarrollo de los sistemas de almacenamiento y la 
capacidad instalada, redundarán en una mejora de la integración de energías renovables, 
lo  que  conllevará  una  reducción  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero. 
Adicionalmente, la medida contribuye sustancialmente a la mitigación del cambio climático 
según el artículo 10 del Reglamento (UE) 2020/852 el Parlamento Europeo y del Consejo 
de  18  de  junio  de  2020,  relativo  al  establecimiento  de  un  marco  para  facilitar  las 
inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
Asimismo, el desarrollo de estas ayudas favorecerá la generación de empleo y la 
actividad económica, en  un contexto  de recuperación económica tras la pandemia, 
inducida por las distintas líneas de ayuda. Cabe destacar el beneficio derivado de la 
reducción de las importaciones de combustibles fósiles y la mejora de la competitividad 
de las empresas.
Las actuaciones financiadas por esta orden de bases atenderán al principio de «no 
causar  un  perjuicio  significativo»  a  ninguno  de  los  objetivos  medioambientales 
establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 el Parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de junio de 2020; así como al principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
IV s
La recepción de solicitudes, instrucción, selección, gestión, resolución, verificación y  w.b
control y, en su caso, publicación de las convocatorias de estas ayudas serán realizados  344ww
por Eell  IDmAaErc doe  mreagnuelarad ocre ndtrea lizeasdtaas.  ayudas  resulta  conforme  con  la  jurisprudencia
constitucional  consolidada  en  materia  de  ayudas  y  subvenciones  que  comenzó  a
articularse con la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de febrero, y que 
se ha perfilado con las sentencias 9/2017, de 19 de enero, y 62/2018, de 7 de junio.
La orden tiene como objetivo incentivar proyectos de gran relevancia tecnológica, 
con un volumen de inversión significativo, que permitan un avance más notable en el 
desarrollo tecnológico del almacenamiento energético. Para asegurar la plena efectividad 
de los objetivos en los que se enmarcan y para garantizar las mismas posibilidades de 
obtención  y  disfrute  por  parte  de  sus  potenciales  destinatarios  en  todo  el  territorio 
nacional,  resulta  necesario  que  estas  ayudas  se  gestionen  de  forma  centralizada, 
estableciendo una articulación simultánea y uniforme en toda España. La selección de 
los proyectos a subvencionar requiere de una valoración técnica que no garantizaría la 
igualdad de acceso si las valoraciones no las realizara la misma entidad. Tanto más 
cuanto  la  diversidad  de  los  proyectos  subvencionables  hace  altamente  complejo  el 
establecimiento  de  criterios  reglados  para  la  distribución  de  los  fondos  entre  las 
comunidades autónomas sin riesgo de que proyectos merecedores de un mayor impulso 
pudieran quedar excluidos por razón de las singularidades territoriales. En caso de 
territorializarse la gestión de estas ayudas, la finalidad y operatividad de las mismas 
podrían verse amenazadas con riesgo para la eficiencia de la inversión estatal.
A  mayor  abundamiento,  la  gestión  centralizada  y  uniforme  de  esta  actuación 
financiada con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia agilizará el cumplimiento de 
los compromisos asumidos por España y recogidos en la Decisión de Ejecución del 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia 
de  España.  La  actuación  está  asociada  a  un  objetivo  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia que debe cumplirse antes del final de 2023 (la adjudicación 
de, al menos, cinco proyectos de almacenamiento innovadores, equivalentes a una 
capacidad instalada agregada de al menos 600 MW o un suministro de energía total 
equivalente (MWh)).
En relación con esta cuestión debe señalarse que la gestión centralizada de las 
subvenciones fue informada y consensuada en la Conferencia Sectorial de Energía, 
celebrada el 9 de diciembre de 2021, con los representantes de todas las comunidades 
autónomas.
El  procedimiento  de  concesión  de  las  ayudas  será  mediante  concurrencia 
competitiva, conforme a los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y de acuerdo con los criterios de evaluación y 
selección establecidos en esta orden.
Las ayudas reguladas en esta orden tienen como potenciales beneficiarios, entre 
otros,  a  entidades  con  personalidad  jurídica  que  realicen  actividad  económica,  que 
podrían  considerarse  ayudas  de  estado.  Por  ello  y  para  que  estas  ayudas  sean 
compatibles con el mercado interior, se someten a los requisitos y límites establecidos en 
el Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que 
se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, aplicándose la exención por categoría 
de ayudas de investigación y desarrollo e innovación (Sección 4), sin perjuicio del resto 
de disposiciones tanto de derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran 
resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución 
y  gestión  tanto  del  Mecanismo  Europeo  de  Recuperación  como  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Reglamento (UE) número 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, establece que las ayudas a proyectos de investigación 
y  desarrollo  serán  compatibles  con  el  mercado  interior  siempre  que  cumplan  las  s
condiciones previstas en su artículo 25. Las ayudas establecidas en estos programas  oe.
han  sido  diseñadas  considerando  las  condiciones  establecidas  en  el  artículo  25.2,  w.
apartados b) investigación industrial y c) desarrollo experimental, contemplándose, por  344ww
etann teol ,R laesg laaymuednatso  p(UarEa)  ensútmose rdoo 6s5 á1m/2b0i1to4s  ddee l ala C I+omD,i ssióeng,ú dne l a1s7  ddeef injuicniioon dees  2e0s1ta4b. lPecoird uans 
lcaodmop, resnedráe   lpao scirbelea ciólan  fdinea nccoiamcpióonn endtee s pdroey escistotesm  adse  cionmvepslteigjoasc ióyn  puineddues triniacl,lu irq ulea   BOE-A-cable e
construcción de prototipos en un entorno de laboratorio o en un entorno con interfaces 
simuladas con los sistemas existentes, así como líneas piloto, cuando sea necesario 
para la investigación industrial y, en particular, para la validación de tecnología genérica. 
Adicionalmente,  contempla  las  actividades  de  desarrollo  experimental,  que  podrá 
comprender la creación de prototipos, la demostración, la elaboración de proyectos 
piloto, el ensayo y la validación de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, 
en entornos representativos de condiciones reales de funcionamiento, y puede incluir el 
desarrollo de prototipos o proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando 
sean necesariamente el producto comercial final.
V
El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece una serie de medidas que van 
a permitir una gestión más ágil de las subvenciones financiadas con fondos europeos. 
Entre ellas, se suprime la necesidad de exigir la autorización del Consejo de Ministros 
prevista en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Esta orden ministerial se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación 
que establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  de  necesidad,  eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
Cumple con los principios de necesidad y eficacia en el sentido enunciado en los 
párrafos  anteriores,  donde  se  explican  la  necesidad  y  fines  perseguidos  con  su 
aprobación,  que  son  la  necesidad  de  descarbonizar  los  distintos  sectores  de  la 
economía, al actuar el almacenamiento energético como un habilitador de la integración 
de renovables que provee flexibilidad a la producción de energías renovables así como 
reactivar  la  actividad  económica  del  país,  en  el  marco  de  los  objetivos  del  Plan 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, del PNIEC 2021-2030 y de la Estrategia de 
Almacenamiento Energético. El dictado de esta norma es, por tanto, el instrumento más 
adecuado para garantizar la consecución de estos objetivos.
Es conforme también con el principio de proporcionalidad dado que no contiene 
restricciones de derechos ni impone obligaciones a sus destinatarios, conteniendo la 
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir.
Se adecúa, igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la 
norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente con los planes y normativa 
vigente  en  materia  de  energías  renovables  y  establece  estímulos  económicos  que 
facilitarán su mejor cumplimiento.
La norma cumple con el principio de transparencia, ya que han participado en la 
elaboración  de  la  misma  los  potenciales  destinatarios  en  el  marco  del  trámite  de 
audiencia e información pública a la que se sometió la propuesta de orden entre el 12 y 
el 26 de noviembre de 2021, sin que dicha participación suponga ninguna ventaja de 
cara a la debida realización del proceso de gestión de las ayudas reguladas por la 
presente orden. Adicionalmente, el Gobierno lanzó una Expresión de Interés relativa a la 
flexibilidad  del  sistema  energético,  infraestructura  eléctrica  y  redes  inteligentes  y 
despliegue del almacenamiento energético, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, para identificar la existencia de potenciales proyectos en 
dicho ámbito del sector energético, valorar su impacto en la cadena de valor, en el  s
desarrollo industrial y en el empleo, y, con ello, definir y concretar el ámbito objetivo de  e.
las ayudas. Además, define claramente sus objetivos, reflejados en su preámbulo y en la  w.
memoria que la acompaña. 344ww
normFaintaivlam ennot eim, psoen ee nccauregnatsr aa damcriendisittraadtoiv aesl  ipnrninecciepsioa ridaes  oe fiacciecnecsioar iapso ryq uraec iloan ianliicziaa,t ievna 
su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Asimismo, se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de 
diciembre,  con  la  finalidad  de  acometer  un  proceso  de  modernización  de  la 
Administración Pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la 
ejecución del Plan y la mejor gestión de fondos, impulsando la colaboración público-
privada entre las Administraciones Públicas y el sector privado.
Por ello, en la tramitación de esta orden ministerial se han aplicado las previsiones de los 
artículos 47, 60 y 61 del Real Decreto-ley 36/2020 de 30 de diciembre, habiéndose solicitado 
los informes de Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada a los que hace referencia 
el artículo 17.1, párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Las  bases  reguladoras  que  se  aprueban  mediante  esta  orden  ministerial  se  han 
elaborado atendiendo a estándares exigidos para cada uno de los principios y criterios 
establecidos  en  relación  a  la  planificación  y  ejecución  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Residencia por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que 
se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta orden ministerial se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 149.1. 
23.ª y 149.1.25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, 
en materia de legislación básica sobre protección del medioambiente, y sobre las bases del 
régimen  energético  y  minero.  Así  como  en  el  artículo  149.1.15.ª  de  la  Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y 
coordinación general de la investigación científica y técnica.
En su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  El objeto de estas bases es la regulación de la concesión de ayudas públicas 
para proyectos de I+D relativos al despliegue del almacenamiento energético, en el 
marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  dentro  de  la 
componente  8,  inversión  1  para  el  despliegue  del  almacenamiento  energético,  y 
contribuyendo a la consecución de los objetivos 125 y 126 de anexo II de la Decisión de 
Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación 
y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021.
2.  La concesión de estas ayudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, 
de  acuerdo  con  los  principios  de  publicidad,  transparencia,  objetividad,  igualdad  y  no 
discriminación que rigen en la gestión de ayudas y subvenciones públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 22 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en 
su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3.  El ámbito temporal de vigencia de estas bases reguladoras se extenderá desde 
su  entrada  en  vigor  hasta  el  31  de  diciembre  de  2025.  No  obstante,  las  ayudas 
concedidas se seguirán rigiendo por ella y por las convocatorias dictadas al amparo de la 
misma hasta la finalización y cierre de los correspondientes expedientes, incluyendo los 
eventuales procedimientos de reintegro.
4.  El ámbito geográfico de los proyectos que opten a las ayudas que se concedan 
al amparo de esta orden es la totalidad del territorio nacional.
Artículo 2.  Normativa aplicable. b
epnnoo rr ml1lao.a   psm rLevisaivgmsise aatno,yt  eueesdnn a q lsaula  eqL  uerpeeyo  s3srp e8es /ucr2et 0ingv0aua3tl a,u cndroa eenl env1zo 7aec  sdaptetauo  ndroioiarevd rieayenn m  rserbeesrse oru,el ulygtca ieirróá nndn s e, ud aa edrpe elgcimcolaaánmcsci eóedsnnei,tó  opyn o,d,  ree pl nodo  erpd saicsaruptrirauconuelltlsoaat.ros,    OE-A-2021-21344able en https://ww
2.  También serán de aplicación las siguientes disposiciones normativas:
a)  El Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, 
sin perjuicio del resto de disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión 
Europea que pudieran resultar de aplicación.
Las normas que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, y en particular:
1.º  Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 por el que 
se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la 
recuperación tras la crisis de la COVID-19.
2.º  El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
3.º  El Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se 
aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4.º  La Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación 
del plan de recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021.
5.º  Las disposiciones operativas relativas a la aprobación de la evaluación del plan 
de recuperación y resiliencia acordadas por el Gobierno de España y la Comisión 
Europea..
b)  La normativa que regula la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo»:
1.º  El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 
junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (Reglamento de 
Taxonomía)
2.º  La Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo»  en  virtud  del  Reglamento  relativo  al  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia (2021/C 58/01) (Guía Técnica de la Comisión Europea)
3.º  Los Actos Delegados derivados del Reglamento (UE) 2020/852 (Reglamento de 
Taxonomía).
En todo caso, las actuaciones llevarán a cabo los procedimientos de evaluación 
ambiental establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
que sean de aplicación, así como otras evaluaciones y procedimientos que pudieran 
resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
c)  El Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, la Orden HFP/1030/2021, 
de 29 de septiembre y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.
d)  En todo lo no previsto en esta orden será de aplicación lo establecido en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y su normativa de desarrollo, así como en las demás 
disposiciones que resulten de aplicación.
e)  La normativa aplicable en materia de prevención, detección y corrección del 
fraude, la corrupción y el conflicto de intereses:
1.º  En aplicación de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2017, la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero por la que se  es
modifica la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para transponer  o
directivas de la Unión Europea en los ámbitos financieros y de terrorismo, y abordar  344ww
cCduiocemies2mut.iºonb nidreeEas dl  ddeRees   eEíng1udl9aroo9mlp5eee,  inantrstoee. lran(tCaivcEoio,  naEa lu.lraa topmro) tencúcmióenr od e2 9l8o8s/ 1i9n9te5r edseels  cfoinnasnecjoie, rodse  d1e8  ldaes   OE-A-2021-21able en https://
3.º  El  artículo  61  del  Reglamento  (EU,  Euratom)  2018/1046,  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al 
Presupuesto General de la Unión europea (Reglamento financiero).
4.º  El artículo 53 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
relativo a los principios éticos; el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, relativo a 
la abstención, y el artículo 24 del mismo cuerpo legal, relativo a la recusación.
3.  La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la 
ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta Ley.
4.  Asimismo,  será  de  aplicación  la  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 
de diciembre, en lo que se refiere a la vinculación legal a finalidad de los fondos recibidos 
por transferencia al IDAE procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, así como el tipo de concurrencia, la publicación de las bases, 
las obligaciones de control, el seguimiento de la ejecución y el reingreso de fondos.
Artículo 3.  Tipos de actuaciones objeto de las ayudas.
1.  Podrán ser objeto de las ayudas los proyectos innovadores de I+D de desarrollo 
experimental y de investigación industrial en el ámbito del almacenamiento energético, 
sin  perjuicio  de  que  las  respectivas  convocatorias  limiten  la  tipología  de  proyectos 
elegibles.
En  todo  caso  las  actuaciones  financiables  se  adaptarán  a  lo  dispuesto  en  el 
Reglamento  (UE)  número  651/2014  de  la  Comisión,  de  17  de  junio  de  2014,  en 
particular, en el artículo 25 del citado reglamento.
2.  Sin  perjuicio  de  que  las  convocatorias  puedan  establecer  restricciones 
adicionales, en cumplimiento de la exigencia de que el régimen de ayudas tenga «efecto 
incentivador» establecida en el artículo 6 del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, 
no podrán ser objeto de ayudas los proyectos que se hayan iniciado con anterioridad a la 
fecha de presentación de la solicitud de ayuda, entendida la fecha de inicio de los 
trabajos según la definición del artículo 2 del citado Reglamento, y de acuerdo con las 
especificidades que se puedan establecer en la correspondiente convocatoria.
3.  Los proyectos elegibles deberán estar en una fase de desarrollo tecnológico, que 
podrá ser medido como el nivel de preparación tecnológica (TRL), según se especifique 
en la correspondiente convocatoria.
4.  Se podrá exigir que las instalaciones de los proyectos tengan unas potencias 
mínimas de funcionamiento, según se especifique en la correspondiente convocatoria.
5.  Los proyectos propuestos deberán probar que sin el apoyo público solicitado no 
sería posible la viabilidad económica, mediante la provisión de una memoria económica 
que haga patente la necesidad de la subvención pública. Se determinará en la respectiva 
convocatoria los documentos a aportar.
6.  Los proyectos deberán cumplir todos los trámites medioambientales que sean de 
aplicación conforme a la normativa aplicable. Los proyectos financiados atenderán al 
principio  de  «no  causar  un  perjuicio  significativo»  a  ninguno  de  los  objetivos 
medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 el Parlamento Europeo  e
y del Consejo de 18 de junio de 2020. bo
7.  En ningún caso podrán financiarse las siguientes actividades: 344ww
almaac) enAacmtiiveindtaod eesn ererglaéctiiocon adqause  cpoune dloasn  codmarb ursetsibplaelsd of ósai letse,c ninoclolugidíaoss  bsiassteamdaass  edne 
combustibles fósiles.
b)  Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la 
Unión Europea en las cuales se prevean emisiones equivalentes de CO2 que no sean 
sustancialmente  inferiores  a  los  parámetros  de  referencia  establecidos  para  la 
asignación gratuita de derechos.
c)  Actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de 
tratamiento biológico mecánico que impliquen un aumento de su capacidad o de su vida útil.
d)  Actividades en las que la eliminación de desechos puede causar daños a largo 
plazo al medio ambiente.
8.  Para poder acceder a las ayudas, la fecha de finalización de los proyectos 
presentados, definida la misma según se especifica en el artículo 15, apartado 3, debe 
ser  anterior  al  30  de  junio  de  2026,  sin  perjuicio  de  que  las  correspondientes 
convocatorias establezcan requisitos más estrictos.
Artículo 4.  Beneficiarios.
1.  Podrán  obtener  la  condición  de  beneficiarios  en  las  correspondientes 
convocatorias  que  se  celebren  al  amparo  de  esta  orden,  siempre  que  realicen  la 
actividad que fundamenta su concesión en los términos que las mismas establezcan y 
cumplan  todos  los  requisitos  exigidos,  las  siguientes  personas  jurídicas  que  estén 
válidamente constituidas, y tengan domicilio fiscal en España:
a)  Organismos  públicos  de  investigación  definidos  en  el  artículo  47  de  la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
b)  Universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades privadas 
con capacidad y actividad demostrada en I+D+i, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que estén inscritas en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos, creado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de 
septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
c)  Otros centros públicos de I+D: organismos públicos y centros con personalidad 
jurídica propia dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, y los 
dependientes o vinculados a las administraciones públicas territoriales y sus organismos, o 
participados mayoritariamente por el sector público, cualquiera que sea su forma jurídica.
d)  Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o gestionen 
actividades de I+D, generen conocimiento científico o tecnológico, faciliten su aplicación 
y transferencia o proporcionen servicios de apoyo a la innovación a las empresas.
e)  Empresas, tal como se definen en el Reglamento (UE) número 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio.
f)  Centros  tecnológicos  de  ámbito  estatal  y  centros  de  apoyo  a  la  innovación 
tecnológica de ámbito estatal que estén inscritos en el registro de centros creado por el 
Real  Decreto  2093/2008,  de  19  de  diciembre,  por  el  que  se  regulan  los  Centros 
Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se 
crea el Registro de tales centros.
g)  Otros centros privados de I+D+i que tengan definida en sus estatutos la I+D+i 
como actividad principal.
h)  Empresas  Innovadoras  de  Base  Tecnológica,  según  el  artículo  56  de  la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
i)  Otras organizaciones que presten apoyo a la transferencia tecnológica, o realicen 
difusión y divulgación tecnológica y científica. s
2.  Cuando las ayudas se otorguen en virtud de esta orden a Universidades o  w.b
Centros  de  Investigación  o  Tecnológicos  para  la  ejecución  de  un  proyecto  que  no  344ww
iancvuoelurdcore a  alocsti vpidreacde petocso neósmtaibcale,c indoo s teenn derlá anr tíccounlos i1d0e7ra.1c iódne l Tdrea taadyou ddaes  Fduen ciEosntaamdoie ndtoe 
de la Unión Europea.
3.  En el caso de que el solicitante sea una agrupación, se deberá cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  No podrán obtener la condición de beneficiario:
a)  Aquellos solicitantes en quienes concurra algunas de las circunstancias que 
prohíben el acceso a dicha condición, recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
b)  Aquellos solicitantes que se encuentren sujetos a una orden de recuperación 
pendiente como consecuencia de una Decisión previa de la Comisión Europea que haya 
declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el mercado interior.
c)  Aquellos solicitantes que puedan considerarse como empresas en crisis según lo 
definido en las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de 
reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).
d)  Aquellos solicitantes que no reúnan todos los requisitos establecidos en el Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
5.  En  aplicación  de  los  apartados  1  y  2  del  artículo  61  del  Reglamento  (EU, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, para 
poder ser beneficiarios de las ayudas, aquellos solicitantes que dentro de los requisitos 
de concesión de la ayuda deban llevar a cabo actividades que presenten un conflicto de 
intereses  potencial,  deberán  aportar  una  declaración  de  ausencia  de  conflicto  de 
intereses (DACI). El modelo de DACI se incluirá en las convocatorias.
Artículo 5.  Pluralidad de beneficiarios.
1.  Conforme al artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se podrá 
aplicar la condición de beneficiario a los miembros asociados del beneficiario que se 
comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamenten la 
concesión de la ayuda en nombre y por cuenta del beneficiario, en el supuesto de que se 
trate de una persona jurídica. Se consideran miembros asociados aquéllos que tengan 
con el beneficiario una relación o vínculo de carácter jurídico no contractual que se 
encuentre recogido en sus estatutos, en escritura pública o en documento análogo de 
constitución.
2.  Conforme al artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, podrán tener la 
condición de beneficiario las agrupaciones de personas jurídicas, tanto públicas como 
privadas  que,  aun  careciendo  de  personalidad  jurídica,  puedan  llevar  a  cabo  los 
proyectos, actividades o comportamientos, o que se encuentren en la situación que 
motiva la concesión.
3.  Podrán ser beneficiarias agrupaciones incluidas en las siguientes categorías:
1.º  Agrupaciones  o  asociaciones  empresariales,  siempre  que  por  su  objeto  o 
finalidad puedan ser beneficiarias de estas ayudas.
2.º  Agrupaciones  empresariales  innovadoras  activas  en  sectores  y  regiones 
concretos, cuyo objetivo sea contribuir con eficacia a la transferencia tecnológica y a la 
divulgación de información entre las empresas integrantes de la agrupación, que estén 
inscritas en el registro correspondiente.
3.º  Las Uniones Temporales de Empresas (UTE).
4.º  Cualquier otra forma de agrupación o asociación de personas jurídicas que 
cumpla con el resto de requisitos establecidos en la presente orden.
4.  Los sujetos que formen parte de alguna de las formas de pluralidad o agrupación  b
a que se refiere este artículo deberán pertenecer a alguna de las categorías enumeradas  344ww
en lo5s.  arEtínc uelol sc a4s yo  5d.3e,  ayg cruumpapcliiro lnoess r esqinu ipsietorsso qnuaeli dsaed e jsutraíbdliecazc, aunn op adrae  llooss  bpeanretifcicipiaarniotess.
acoctouradrináa dcoorma od e elnat idaagdru pcaocoiórdni naacdtuoarará  oc omreop rreespernetsaennteta ndtee  o laa pomdiesmraad.o  úLnai coe ndtied alad 
agrupación,  con  poderes  suficientes  para  cumplir  las  obligaciones  que,  como
beneficiario, corresponden a la agrupación. La entidad coordinadora será el interlocutor y 
representante  de  la  agrupación  ante  el  IDAE  y  canalizará  las  relaciones 
correspondientes entre éste y los miembros de la agrupación. La entidad coordinadora 
será el único con acceso a las notificaciones y comunicaciones del IDAE y deberá 
trasladar las mismas al resto de miembros de la agrupación, tanto en el procedimiento de 
concesión como en la fase de seguimiento y justificación de las ayudas. Asimismo, el 
representante  de  la  agrupación  recibirá  el  pago  de  la  ayuda  concedida  y  será 
responsable de su distribución entre los miembros de la agrupación, de acuerdo con lo 
establecido en la resolución de concesión.
6.  De conformidad con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de 
concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, 
así  como  el  importe  de  subvención  a  aplicar  por  cada  uno  de  ellos,  que  tendrán 
igualmente la condición de beneficiarios.
7.  Las relaciones de la agrupación deberán estar formalizadas documentalmente 
mediante  un  acuerdo  de  agrupación  en  el  que  se  establezcan  los  derechos  y 
obligaciones de los distintos participantes.
8.  Las actividades dentro de la agrupación deberán estar equilibradas, de modo 
que la participación, en términos presupuestarios, de un participante, no sea superior 
al 70%. Los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro deberán constar en 
la solicitud y en la resolución de concesión.
Artículo 6.  Obligaciones esenciales de los beneficiarios.
1.  Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y concordantes de su Reglamento de desarrollo, así 
como  las  contenidas  en  estas  bases  reguladoras,  las  que  se  determinen  en  cada 
convocatoria, las que figuren en la resolución de concesión de las ayudas y en las 
instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de las presentes bases y las 
respectivas convocatorias, comunique el órgano competente en materia de ejecución, 
seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.
2.  Los  beneficiarios  deberán  encontrarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  sus 
obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social,  conforme  a  lo  dispuesto  en  los 
artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La solicitud correspondiente 
contemplará  la  autorización  expresa  por  parte  del  solicitante  para  que  el  órgano 
concedente  obtenga  de  forma  directa  la  acreditación  correspondiente  a  través  de 
certificados telemáticos. En caso de no otorgarse dicha autorización, los beneficiarios 
deberán  aportar  los  certificados  correspondientes.  Cuando  no  estén  habilitados  los 
medios  técnicos  necesarios  para  realizar  dichas  consultas,  el  órgano  concedente 
requerirá al beneficiario la presentación de los correspondientes certificados emitidos por 
la Hacienda estatal o autonómica, según proceda, y por la Seguridad Social, justificativos 
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social conforme a lo 
dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
3.  Los  beneficiarios  deberán  aceptar  los  términos  que  se  establezcan  en  la 
resolución de concesión, y realizar el proyecto conforme a los objetivos y al plan de 
trabajo de la solicitud de ayuda, que tendrá carácter vinculante, y a lo establecido en la 
resolución de concesión y sus eventuales modificaciones.
4.  Las  entidades  beneficiarias  deberán  cumplir,  además,  con  las  siguientes 
obligaciones,  europeas  y  nacionales,  relativas  a  la  financiación  del  Mecanismo  de  e.
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo  w.b
siguiente: 344ww
Cviortnuasd)e  djoeS ld eae r st1íoc2mu dleoet e 2fr2eá.bn2r .eaer )ol a.d seL laa R ccteougnalccaeimosneióennsto  dd (eeU  acEyo)u n2dtr0ao2sl 1 de/2es4 tal1ar sád  eicnlo sPntidatuircclaiioomnneaendsta od  aeEl  ulcaroo mUpenpoiróo nym,  dieseonl    OE-A-2021-21able en https://
escrito, por parte del beneficiario, de la concesión de los derechos y accesos necesarios
para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía 
Europea  y  las  autoridades  nacionales  competentes  ejerzan  sus  competencias,  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.e) del citado reglamento.
b)  Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las 
actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel 
de consecución de cada actuación.
c)  Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar 
por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros 
aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para evaluar los indicadores, 
hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
d)  Asumirán  el  mantenimiento  de  una  adecuada  pista  de  auditoría  de  las 
actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento 
de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos 
que establezca el Ministerio de Hacienda de conformidad con la normativa nacional y de 
la Unión Europea.
e)  Tendrán la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la 
adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la 
corrupción,  prevenir  el  conflicto  de  interés  y  la  doble  financiación.  Los  solicitantes 
deberán adoptar todas aquellas medidas que eviten un conflicto de intereses potencial 
entre sus propios intereses y los de la Unión Europea, estableciendo, asimismo, las 
medidas oportunas para evitar un conflicto de intereses en las funciones que estén bajo 
su  responsabilidad  y  para  hacer  frente  a  situaciones  que  puedan  ser  percibidas 
objetivamente como conflictos de intereses.
f)  Custodiarán y conservarán la documentación de la actividad financiada por el 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  de  conformidad  con  el  artículo  132  del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
julio de 2018.
g)  En  la  ejecución  de  las  actuaciones  subvencionadas,  no  perjudicarán 
significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En concreto, en aquellas actuaciones que 
contemplen obras, los beneficiarios garantizarán, en función de las características de la 
misma, que no se perjudique a ninguno de los seis objetivos medioambientales definidos 
en dicho Reglamento. Adicionalmente, se comprometerán a que:
1.º  Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición 
generados en los proyectos de infraestructura (con exclusión de los residuos con código 
LER 17 05 04), se preparen para la reutilización, el reciclaje y la revalorización de otros 
materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros 
materiales de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos 
de construcción y demolición de la UE.
2.º  Los operadores limiten la generación de residuos en los procesos relacionados 
con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos 
de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas 
disponibles  y  utilizando  la  demolición  selectiva  para  permitir  la  eliminación  y 
manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta 
calidad  mediante  la  eliminación  selectiva  de  materiales,  utilizando  los  sistemas  de 
clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. e.
3.º  En aquellas actuaciones que impliquen demolición, practicarán una demolición  w.b
selectiva. 344ww
en  4lo. º reLfeorsid doi sae ñolas  dneo rlmosa  eIdSifOic io2s0 y8 8la7s  ptéacrnai ceavsa dluea cr onlas trcuacpcaiócnid aapdo ydeen  dlae scmircounlatarjied aod 
audsoa pdtaeb liolisd aredc duers looss,  eaddiaficpitoasb,l ecsó,m floe xeibslteoss  ye sdtáensm doisnetñaabdleoss  ppaarraa  pseerrm mitiár sl ae friecuietnilitzeasc eiónn  eyl 
el reciclaje.
5.º  Los componentes y materiales de construcción utilizados en el desarrollo de las 
actuaciones  previstas  en  esta  medida  no  contengan  amianto  ni  sustancias  muy 
preocupantes identificadas a partir de la lista de sustancias sujetas a autorización que 
figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006.
6.º  Adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes 
durante la fase de obra y se ejecutarán las actuaciones asociadas a esta medida 
cumpliendo la normativa vigente en cuanto la posible contaminación de suelos y agua.
5.  Adicionalmente, en cuanto a la atención de los objetivos medioambientales, se 
deberá cumplir, en particular, lo siguiente:
a)  Uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos: se aplicará la 
regulación nacional que garantiza la preservación de la calidad del agua y evita el estrés 
hídrico, además, los proyectos estarán sujetos a un estudio individualizado de impacto 
ambiental, de acuerdo a la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 13 de diciembre de 2011.
b)  Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas: los proyectos 
estarán sujetos a Evaluación de Impacto ambiental según la Directiva 2011/92/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, en su caso.
6.  Los  beneficiarios  estarán  obligados  a  comunicar  de  inmediato  al  órgano 
competente, incluso durante la tramitación de la solicitud, cualquier modificación de las 
condiciones  inicialmente  informadas  con  la  documentación  que  se  acompaña  a  la 
solicitud. La falta de comunicación de estas modificaciones podrá ser causa suficiente 
para la revocación de la ayuda de acuerdo con lo previsto en los artículos 31 y 32 de la 
presente orden.
7.  Los beneficiarios deberán proporcionar al órgano competente la documentación 
necesaria  ex  post  con  el  contenido  mínimo  que  figure  en  la  correspondiente 
convocatoria, de justificación de la realización del proyecto.
8.  El  Organismo  gestor  transmitirá  a  los  beneficiarios  cuantas  instrucciones 
considere necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente orden y en la 
respectiva convocatoria, siendo obligación de los beneficiarios dar cumplimiento a lo 
solicitado.
9.  Se ha de identificar a los perceptores finales de fondos (beneficiarios últimos de 
las ayudas, contratistas y subcontratistas que resulten adjudicatarios), incluyendo su 
inscripción en el Censo de empresarios de la AEAT o equivalente que refleje la actividad 
económica  que  desarrollan,  así  como  la  declaración  de  los  mismos  de  cesión  y 
tratamiento de los datos en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR. A efectos 
de auditoría y control del uso de los fondos, y con base en lo establecido en el artículo 22 
del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, 
los datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos. Se deberá permitir a 
la administración general del estado, al órgano instructor de las presentes ayudas, a la 
Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), al Tribunal 
de  Cuentas  y,  cuando  proceda,  a  la  Fiscalía  Europea,  el  acceso  a  la  información 
contenida en el Registro de Titularidades Reales o base de datos similar, así como la 
cesión de información entre los sistemas de información de las ayudas y el Sistema de 
Fondos Europeos.
10.  Asimismo,  los  beneficiarios  deberán  cumplir  con  las  obligaciones  de 
información y publicidad que las autoridades competentes establezcan relativas a la  s
financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular: oe.
a)  Toda  referencia  en  cualquier  medio  de  difusión  al  proyecto  subvencionado,  344ww
ceufeaclqtou ieerna  qeul em saerac oe l dcaenl aPl lealne giddeo , Rdeecbuepráe rcaucmiópnl,i r Tcroann slofos rrmeaqcuiiósnito sy  eRsteasbillieecnidcioas  ay  teall 
Mdisepcoanniibsmle oe nd lea  wReebc dueple IrDacAiEón,  wyw wR.iedsaielie.ensc.ia  que  figuran  en  el  Manual  de  Imagen  BOE-A-cable e
b)  Los perceptores de fondos de la Unión Europea deberán mencionar el origen de 
esta  financiación  y  garantizar  su  visibilidad,  en  particular  cuando  promuevan  las 
actuaciones  subvencionables  y  sus  resultados,  facilitando  información  coherente, 
efectiva  y  proporcionada  dirigida  a  múltiples  destinatarios,  incluidos  los  medios  de 
comunicación y el público, añadiendo, cuando proceda, el emblema de la Unión y una 
declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU», de conformidad con el Artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021.
c)  Los  beneficiarios  informarán  al  público  del  apoyo  obtenido  de  los  fondos 
haciendo  en  su  sitio  de  Internet,  en  caso  de  que  dispongan  de  uno,  una  breve 
descripción de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con 
sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión.
11.  El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en los apartados 
anteriores, podrá ser causa de la pérdida de derecho al cobro o del reintegro de la ayuda 
concedida según la fase procedimental en que se halle la tramitación del expediente.
12.  Cuando las entidades, además de actividades no económicas, desempeñen 
actividades de carácter económico, deberán disponer de una contabilidad que permita 
distinguir con claridad entre los dos tipos de actividades y entre sus respectivos costes, 
financiación e ingresos, de manera que se evite efectivamente la subvención indirecta de 
la actividad económica.
13.  Para el ámbito subjetivo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, respecto al proceso 
de adjudicación de los contratos vinculados a la actuación subvencionada, se deberá 
cumplir  con  lo  establecido  en  el  artículo  23  de  dicha  ley,  siempre  que  resulte  de 
aplicación por razón de la categoría del contrato y de su valor estimado.
Para el resto de supuestos, en la tramitación de los contratos a realizar para llevar a 
cabo las actuaciones incentivadas, se tendrá en cuenta lo siguiente:
1.  Para las contrataciones relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda, cuando 
sea de aplicación, se dispondrá de suficiente concurrencia de ofertas (al menos tres, 
cuando ello sea posible), conforme al artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio 
o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren.
2.  No  se  podrán  incluir,  para  la  valoración  de  ofertas,  criterios  de  valoración 
discriminatorios o que alteren la concurrencia, pudiendo establecerse requisitos mínimos 
a cumplir por los ofertantes siempre y cuando éstos no puedan utilizarse para valorar 
favorablemente unas ofertas frente a otras.
3.  Se deberá disponer de la documentación del proceso de contratación, incluida la 
justificación de la selección de la oferta más favorable y de las comunicaciones con los 
ofertantes.
4.  Las obras, servicios o prestación del servicio contratado deben ser demostrables 
y tienen que estar verificadas y aceptadas de forma previa a la certificación del pago, 
conforme a las condiciones que se establezcan en el contrato.
14.  Se deberá acreditar ante el IDAE la realización de la actividad, facilitando además 
las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización del proyecto o acción  s
objeto de la ayuda, aportando a tal efecto cuanta documentación le fuera requerida, así  oe.
pcaorqomuye1oel5 clal.to oss   eoLvnbaa lseliog l racmecosaino rdvnceooe c sldoa eesto s liratniaa dnbsiocl erapmcdoidoadartrievsása np   qeoeuur esrloat afp uObeelarerda cyene nn rs  aHooclFibioclPinitga a1adl 0coai3sop0 lnip/ce2aas0rb a2lae 1rd.,e ipdcoeior nt2aa9rl  edloses,   sreeenps utipeltaamrdtboicrseu  ldaeern,l    2021-21344n https://www.
lo relativo a la prevención de los conflictos de intereses.
Artículo 7.  Cambio de beneficiario por modificación estructural.
1.  Cuando un beneficiario sufriera una modificación estructural, de acuerdo a las 
normas jurídicas por las que se regule, deberá solicitar la modificación de la resolución 
de concesión por cambio del beneficiario, que habrá de ser autorizada de forma expresa 
por el órgano concedente, siempre que se den las siguientes condiciones:
a)  Que la nueva entidad asuma todas las obligaciones del beneficiario, establecidas 
en el artículo 6 de estas bases reguladoras, incluido, en su caso, el reintegro de la ayuda 
que no haya sido debidamente justificada.
b)  Que la nueva entidad cumpla los requisitos para la obtención de la ayuda 
referidos en estas bases reguladoras, y los demás establecidos en las correspondientes 
convocatorias.
2.  La autorización anterior podrá quedar condicionada a la constitución de garantías 
adicionales,  que  permitan  asegurar  convenientemente  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones que la nueva entidad asume y que podrán alcanzar, en su caso, el 100% 
del importe de la subvención concedida.
3.  Cuando el solicitante de un cambio de beneficiario por modificación estructural 
sea la entidad coordinadora y el órgano concedente de la ayuda deniegue dicha solicitud 
o,  aun  habiéndola  autorizado,  el  nuevo  beneficiario  no  constituya  las  garantías 
adicionales que, en su caso, se le requieran, la agrupación deberá proponer una nueva 
entidad coordinadora, según el procedimiento y requisitos que se establezcan en la 
correspondiente convocatoria. Las garantías constituidas por la entidad coordinadora 
original no podrán ser canceladas hasta que se hayan constituido unas nuevas que las 
sustituyan, de acuerdo con la calificación financiera de la nueva entidad coordinadora. 
En el caso de que la agrupación no proponga una nueva entidad coordinadora, se 
iniciará un procedimiento de reintegro que podrá ser total o parcial.
4.  Cuando el solicitante de un cambio de beneficiario por modificación estructural 
sea participante de un proyecto y el órgano concedente de la ayuda deniegue dicha 
solicitud, la agrupación, a través de su representante, deberá proponer la sustitución de 
dicha entidad por otra o, en su caso, la reasignación de actividades, de acuerdo con el 
artículo 24 de esta orden y según el procedimiento y requisitos que se establezcan en las 
correspondientes convocatorias.
Artículo 8.  Subcontratación.
1.  Podrán subcontratarse las actuaciones objeto de las ayudas respetando los 
requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento de desarrollo.
2.  Se podrá subcontratar con terceros hasta el 80% de la actividad incentivada, de 
conformidad con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En caso de 
subcontratar parte o toda la actividad objeto de este contrato, se habrán de prever 
mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no 
causar  un  perjuicio  significativo»  al  medioambiente  y  el  resto  de  condiciones 
establecidas en las bases y en la convocatoria correspondiente, garantizándose que la 
subcontratación no desvirtúe el papel del beneficiario.
3.  Las convocatorias establecerán los requisitos relativos a la prevención de los 
conflictos de interés en subcontratistas, de conformidad con la Orden HFP 1030/2021, 
de 29 de septiembre. e.
4.  Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante la entidad beneficiaria, que  w.b
asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actuación subvencionada frente a  344ww
la A5d.m inLiast reanctiiódna.d beneficiaria deberá, en todo caso, informar sobre los contratistas y
subcontratistas al órgano concedente de la subvención.
CAPÍTULO II
Características de las ayudas
Artículo 9.  Modalidad de la ayuda y régimen de concesión.
1.  Las ayudas que se otorguen consistirán en una subvención a fondo perdido que 
el órgano concedente podrá adelantar al beneficiario al objeto de facilitar la financiación 
de los proyectos.
El anticipo consistirá en el abono, por el órgano concedente, previo depósito de 
garantía, de un anticipo de la ayuda concedida, en los términos establecidos en el 
artículo 14 de esta orden.
2.  El  procedimiento  de  concesión  de  las  ayudas  será  el  de  concurrencia 
competitiva, previsto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, conforme 
a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de 
los recursos públicos que señala el artículo 8.3 de dicha Ley.
3.  El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17  de  noviembre,  y  en  su  Reglamento  de  desarrollo,  con  las  características 
determinadas en estas bases reguladoras y en las respectivas convocatorias.
4.  El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria 
efectuada por el órgano competente, cuyo texto completo deberá publicarse en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones, y un extracto del mismo, en el «Boletín Oficial del Estado».
5.  Las convocatorias serán centralizadas correspondiendo la gestión de las ayudas 
al IDAE.
6.  Las ayudas concedidas estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos 
en el Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 2014.
Artículo 10.  Cuantía e intensidad de la ayuda y criterios para su determinación.
1.  El importe de la ayuda concedida para los proyectos que resulten seleccionados 
se establecerá de acuerdo con la solicitud presentada por el beneficiario, en función de 
los gastos subvencionables de la actividad financiada y los límites establecidos en este 
artículo, así como de la disponibilidad financiera.
2.  El importe de la ayudas a conceder se determinará en las convocatorias, y, para 
el caso de actividades económicas, de acuerdo a las intensidades y límites establecidos 
para cada tipo de beneficiario por el Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 
de junio de 2014 (RGEC), y, en particular, por las intensidades de ayuda y cuantías de 
ayuda máximas establecidas en su artículo 25 para las tipologías elegibles.
3.  Las  convocatorias  podrán  establecer  un  límite  o  porcentaje  máximo  de 
intensidad de ayuda para cada actuación.
Artículo 11.  Régimen de financiación.
1.  Los fondos destinados a la financiación de las ayudas reguladas por esta orden 
se realizan con cargo al presupuesto del IDAE previa transferencia desde la aplicación 
presupuestaria 23.50.420B.748 «Al IDAE. Para la promoción de energías renovables, 
eficiencia energética y movilidad sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» 
de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre. Esta cuantía inicialmente prevista en la Ley de 
Presupuestos  Generales  para  el  presente  ejercicio  podrá  verse  incrementada  en  e.
ejercicios futuros con cargo a los créditos aprobados para su transferencia a IDAE en el  w.b
Servicio  50  para  la  consecución  de  las  finalidades  previstas  en  la  mencionada  344ww
cinodmeppoennednietnet em8e, ntaes dí e scuo moroig enc,o sni emcpuraele ys qcuuaienrdao  soet rhousb ieqruaen  trapnusdfieerriadno  alh IaDbAilEita ar stea,l 
pfinre ov issteo sh upbairear ala a dpirsopboasdicoió snu d dei sfpoonsdiocsió pnr ocpoinofso rdmeel  IaD AloEs. procedimientos estatuariamente
2.  Las ayudas serán financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
dado que el programa de incentivos aprobado por esta orden ha resultado incluido en el 
Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  aprobado  por  las  instituciones 
europeas competentes.
A estos efectos, se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y 
control aplicables a la ejecución tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las específicas 
relativas a la información y publicidad, criterios de selección de operaciones, etc., cuya 
aplicación sea de obligado cumplimiento. En particular la Orden HFP/1030/2021, de 29 
de septiembre.
3.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, en las convocatorias correspondientes se establecerá la cuantía total máxima 
de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, la 
cuantía estimada de las subvenciones. Tanto la concesión como la cuantía de las ayudas 
estarán supeditadas a la disponibilidad del crédito correspondiente.
Artículo 12.  Concurrencia y acumulación de ayudas.
1.  El artículo 9 del Reglamento 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación  y  Resiliencia,  dispone  que:  «la  ayuda  concedida  en  el  marco  del 
Mecanismo se sumará a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos 
de la Unión. Las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros 
programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo 
coste». Por tanto, las ayudas reguladas en esta orden serán compatibles con otras 
ayudas  concedidas,  para  la  misma  actuación,  por  cualesquiera  Administraciones 
públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, siempre que no se 
supere el coste de la actividad subvencionada y se cumpla la condición de que, de forma 
acumulada, no se superen los límites establecidos por el Reglamento (UE) número 
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
2.  En  todo  caso,  la  entidad  deberá  comunicar  la  obtención  de  otras  ayudas, 
subvenciones, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, una 
vez tengan conocimiento de su existencia, siempre con anterioridad a la justificación de 
los fondos percibidos, lo que podrá originar las correspondientes minoraciones en el 
importe de la ayuda concedida. Asimismo, en el momento de la justificación, deberá 
comunicar, en su caso, la asignación de fondos propios al desarrollo de la actuación. Las 
convocatorias podrán solicitar una declaración responsable que acredite tanto las ayudas 
que ha solicitado como las que le han sido concedidas para la misma actuación.
Artículo 13.  Gastos subvencionables.
1.  Tendrán  la  consideración  de  gastos  subvencionables  aquellos  gastos  que 
satisfagan lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el 
artículo 83 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.  La financiación podrá aplicarse, en los términos que indiquen las convocatorias y 
la resolución de concesión, a los conceptos que determina el artículo 25 del Reglamento 
(UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
3.  No  se  considerarán  subvencionables  los  gastos  de  personal  fijo  vinculados 
estatutariamente  o  laboralmente  a  los  organismos  públicos  de  investigación, 
universidades  públicas  y  en  general  a  los  organismos  cuyos  presupuestos  son  es
consolidados en los PGE o de las comunidades autónomas, así como otros gastos que  bo
ya estén cubiertos por las dotaciones previstas en la Ley de Presupuestos Generales del  344ww
Estado o en las leyes de presupuestos de las comunidades autónomas.
Artículo 14.  Anticipos.
1.  El órgano concedente podrá establecer en cada convocatoria la dotación de 
anticipos a los beneficiarios de las ayudas que así lo soliciten.
2.  El anticipo se corresponderá como máximo con el 80 % del importe de la ayuda 
total concedida en la resolución de concesión.
3.  El anticipo deberá destinarse exclusivamente a cubrir gastos del proyecto objeto 
de subvención.
4.  El anticipo se abonará teniendo en consideración las garantías asociadas exigidas 
en cada convocatoria en los términos y condiciones reguladas en los artículos 42 y 
siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en esta orden de bases.
5.  En el supuesto de incumplimientos imputables al beneficiario que reduzcan la 
cuantía de la ayuda establecida en la certificación definitiva del artículo 26 de la presente 
orden respecto al anticipo abonado, procederá el reintegro parcial o total del mismo 
según lo establecido en los artículos 30 y 31 de esta orden. El órgano concedente 
notificará al beneficiario las cantidades que deba reembolsar del anticipo percibido.
Artículo 15.  Plazo de realización de las actuaciones.
1.  Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en los plazos indicados en 
las convocatorias no pudiendo iniciarse en ningún caso antes de la fecha de registro de 
la  solicitud  de  la  ayuda  por  parte  del  beneficiario,  y  sin  perjuicio  de  que  en  la 
correspondiente convocatoria se puedan especificar condiciones más restrictivas.
2.  Los proyectos deberán encontrarse completamente finalizados antes de la fecha 
especificada en las convocatorias correspondientes, siendo siempre anterior a la fecha 
límite establecida en el artículo 3 apartado 8, y deberán respetar el cumplimiento de los 
hitos intermedios que puedan ser establecidos en la correspondiente convocatoria.
3.  A los efectos de las ayudas reguladas en estas bases, se considerará que un 
proyecto está completamente finalizado cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a)  Que cuente con todos los elementos, equipos, sistemas e infraestructuras que 
sean objeto de la ayuda.
b)  Cuando sea de aplicación, que la instalación se haya inscrito adecuadamente en 
el  correspondiente  registro  administrativo,  o  bien  que  disponga  de  las  preceptivas 
autorizaciones.
Cuando no aplique el requisito b), deberá justificarse la finalización del proyecto 
mediante la documentación que lo acredite y, en su caso, que la instalación se encuentra 
en condiciones de ser puesta en tensión y de proceder a su explotación.
CAPÍTULO III
Procedimiento
Artículo 16.  Órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento de 
concesión y órgano responsable del seguimiento.
1.  El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) será competente 
para convocar, instruir y resolver las ayudas reguladas en esta orden.
La instrucción y ordenación del expediente se realizará por la Dirección General del 
IDAE, actuando como órgano instructor. e.e
El órgano concedente será la persona titular de la Presidencia del IDAE. w.b
2.  La  persona  titular  de  la  presidencia  del  IDAE  resolverá  y  notificará  el  344ww
dpero c1e7d imdeie nntoov, ideem cboren,f oprmreidviaad  rceosno lluoc piórenv iqstuoe  end iclotes  aerlt ícCuolonss e1j0o  yd 2e5  Aded mlai nLiestyr a3c8ió/2n0 0d3e, 
Rcoenaflo Drmecidraedto  c1o8n/2 l0o1 4e,s tdaeb l1e7c iddeo  eenne reol .artículo 7.6 del Estatuto del IDAE, aprobado por
3.  El órgano responsable de la instrucción de los procedimientos de concesión 
podrá asistirse de departamentos o áreas especializados para las labores de gestión y 
notificación a los interesados. Asimismo, se podrán utilizar para la gestión plataformas 
informáticas específicas, que serán accesibles a través de la sede electrónica del órgano 
concedente.
4.  Será  competente  para  evaluar  las  ayudas,  en  los  términos  previstos  en  el 
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, como órgano colegiado, una 
Comisión Técnica de Valoración integrada por:
a)  La  persona  titular  de  la  Subdirección  General  de  Prospectiva,  Estrategia  y 
Normativa en Materia de Energía de la Secretaría de Estado de Energía, que actuará 
como presidente.
b)  La persona titular de la Dirección de Energías Renovables y Mercado Eléctrico 
del IDAE.
c)  Una persona representante de los departamentos técnicos del IDAE en función 
de la materia de la ayuda.
d)  Una persona representante del Ministerio de Ciencia e Innovación.
e)  Una persona representante de la Secretaría de Estado de Energía.
Secretario con voz, pero sin voto: una persona representante de la Subdirección 
General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de Energía de la Secretaría 
de Estado de Energía, que actuará como Secretario.
En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 
justificada, cualquiera de los miembros titulares de la Comisión Técnica de Valoración 
podrá ser sustituido por suplentes que designe la persona titular de la Dirección General 
del IDAE, a propuesta de la persona titular del órgano o dirección al que pertenezcan, 
mediante resolución que se publicará en la página web del IDAE.
Asimismo, podrán asistir a las reuniones de dicha Comisión, con voz, pero sin voto, 
todas aquellas personas que sean convocadas por su Presidente, en calidad de expertos 
en las materias incluidas en el orden del día.
La pertenencia y/o asistencia a la Comisión Técnica de Valoración no conlleva 
derecho a la percepción de ninguna retribución.
5.  En virtud de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, las personas 
involucradas en dichas actividades deberán cumplimentar una DACI, y en caso de que 
se identifique un potencial conflicto de intereses, se procederá a las medidas que se 
establecen en la citada orden.
Artículo 17.  Convocatoria de las ayudas e inicio del procedimiento.
1.  Las  ayudas  reguladas  en  estas  bases  se  articularán  a  través  de  las 
convocatorias que se aprueben mediante resolución del órgano competente conforme 
establece el artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Las  convocatorias  detallarán,  como  mínimo,  el  contenido  previsto  en  el 
artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3.  Las convocatorias se aprobarán por el IDAE, mediante resolución de su Consejo 
de  Administración,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  23.2  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los apartados 6 y 7 del Estatuto del IDAE, 
aprobado por el Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, en relación con lo dispuesto en 
la disposición adicional vigésima sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y será  s
publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Un extracto de la  oe.
mOrisdme4n.a   HsLeFarPás/  1pc0uo3bn0livc/2oa0cda2ot1 oe,r ndia ees  l2 «i9nB cdoleule irstáíennp  Otileafimsc ibaprl erde.evli sEiosntaedso »y.  requerimientos  exigidos  por  la  2021-21344n https://www.
Artículo 18.  Tramitación electrónica.
1.  De acuerdo con los artículos 14.3 y 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la 
tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento, de forma 
que  las  solicitudes,  comunicaciones  y  demás  documentación  exigible  relativa  a  los 
proyectos que concurran a estas ayudas serán presentadas electrónicamente.
2.  Los interesados, debidamente identificados, podrán consultar los trámites que les 
sean notificados y efectuar la presentación de la documentación adicional que pudiera 
ser requerida por el órgano actuante por medios electrónicos.
3.  La publicación de las propuestas de resoluciones provisionales y definitivas, así 
como de las resoluciones de concesión y sus posibles modificaciones ulteriores, tendrá 
lugar en la sede electrónica del órgano concedente, surtiendo dicha publicación los 
efectos de la notificación según lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.
4.  En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las 
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de 
notificación por comparecencia electrónica, en los términos establecidos en el artículo 43 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 19.  Representación.
1.  La  intervención  por  medio  de  representante  de  las  entidades  solicitantes  o 
beneficiarias de las ayudas exige la acreditación de la representación necesaria para cada 
actuación, en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2.  El firmante de la solicitud de la ayuda deberá acreditar que en el momento de la 
presentación de la solicitud tiene la representación legal de la entidad beneficiaria. En caso 
contrario, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días hábiles, lo subsane, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.  El  órgano  instructor  podrá  requerir  en  cualquier  momento  a  las  personas 
firmantes de las distintas documentaciones que se presenten, la acreditación de la 
representación que ostentan. La falta de representación suficiente determinará que el 
documento en cuestión se tenga por no presentado, con los efectos que de ello se 
deriven para la continuación del procedimiento.
Artículo 20.  Formalización y presentación de solicitudes.
1.  Las solicitudes se presentarán en la forma, lugar y plazo que establezcan las 
convocatorias.
2.  El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación correspondiente 
detallada en las convocatorias no podrá ser inferior a veinte días ni superior a tres meses 
desde la fecha de efectos de las convocatorias. Las fechas de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes se señalarán en las convocatorias.
3.  Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido serán inadmitidas.
4.  Las solicitudes para la obtención de las ayudas se dirigirán al órgano instructor, y 
estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en el Portal de Ayudas 
alojado en la sede electrónica del mismo, donde se dispondrán los medios electrónicos 
de ayuda necesarios.
5.  El formulario de solicitud, y la memoria y documentación a aportar con el mismo,  s
deberán presentarse en castellano, excepto la documentación de carácter oficial que  oe.
pueda ser expedida por una Administración pública en relación con las tramitaciones que  w.
sáleom lcibcoiimttoup dte estraerinrtáo,  rqeiauslpe ed pceoi fdiecrjaeádr cfaiig ceuionra  ldra e ec nos rucrsue ascplqooumniepdreieatn edtneec  iclaaossn.  vleLonacg adutooarcsiau c.moeonfitcaiaclieósn  dneelc Eesstaardiao  eenn  leal   2021-21344n https://ww
6.  Por  tratarse  de  procedimientos  de  concesión  en  régimen  de  concurrencia
competitiva y, como tales, iniciados de oficio, no se admitirán las mejoras voluntarias de  Bc
la solicitud una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes. No obstante, el 
órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no 
supongan reformulación ni mejora de esta.
Si  la  documentación  presentada  junto  con  la  solicitud  no  reúne  los  requisitos 
exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, desde el 
siguiente  al  de  recepción  del  requerimiento,  subsane  la  falta  o  acompañe  los 
documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por 
desistido de su solicitud, mediante resolución, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 21.  Evaluación y selección de las solicitudes.
1.  La  evaluación  y  selección  de  las  solicitudes  se  realizará  en  régimen  de 
concurrencia competitiva a partir de la documentación aportada por el solicitante en la 
fase de presentación de solicitudes.
No  obstante,  como  parte  de  la  instrucción  del  procedimiento,  las  convocatorias 
podrán determinar la existencia de una fase de preevaluación siguiendo lo establecido 
en el segundo párrafo del artículo 24.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en la 
que el órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para 
adquirir la condición de beneficiario de la subvención y si el proyecto se adecúa a los 
objetivos de las convocatorias.
En todo caso, tal fase sólo podrá afectar a aquellos requisitos cuya concurrencia no 
requiera de ninguna valoración científica, técnica, o social.
2.  Una vez analizadas todas las solicitudes, así como las posibles subsanaciones 
presentadas en plazo, y, en su caso, finalizada la fase de preevaluación, se procederá a 
la  evaluación  de  las  solicitudes  que  cumplan  la  condición  de  entidad  beneficiaria 
conforme a los siguientes criterios, que serán desarrollados en las correspondientes 
convocatorias:
Ponderación 
Criterio
relativa
Viabilidad económica. 0 - 50 %
Características técnicas habilitadoras para la integración de renovables. 0 - 30 %
Escalabilidad tecnológica y potencial de mercado. 0 - 15 %
Viabilidad del proyecto. 0 - 25 %
Externalidades. 0 - 50 %
3.  Para la selección de las solicitudes, se establecerá un orden de prelación, de 
mayor a menor puntuación.
A igualdad de puntuación, tendrá prioridad la solicitud con menor intensidad de 
ayuda solicitada.
Posteriormente, se evaluará la relación de solicitantes según el orden de prelación en 
sentido descendente de puntuación, seleccionando aquellas solicitudes para las cuales, 
de  ser  aceptadas,  no  se  superen  los  límites  de  presupuesto  establecidos  en  las 
convocatorias. Si el presupuesto disponible no fuera suficiente para cubrir la totalidad de 
la  ayuda  de  la  última  solicitud  aceptada  con  presupuesto,  quedará  a  decisión  del  s
solicitante el aceptar o renunciar a esta ayuda parcial. En caso de rechazo de la ayuda,  oe.
el órgano instructor podrá ofertar al siguiente solicitante según el orden de prelación la  w.
aseceráp4 tu.a scaiLódanos . dceo nlav oacyautdoari aresm paonderánnte e, syp, eecnif iccaasro u ndae  preucnhtuaazoci,ó enl  mpríensimupau eens tcoa rdeam uannoe ndtee  lnoos   2021-21344n https://ww
criterios de selección.
5.  Una  vez  realizada  la  fase  de  valoración  de  las  solicitudes  se  publicará  la 
resolución provisional según lo detallado en el artículo 17, notificando a los solicitantes 
dicha publicación.
Artículo 22.  Propuesta de resolución provisional y definitiva.
1.  El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión 
Técnica de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente 
motivada, que deberá notificarse a los interesados conforme a lo establecido en el 
artículo 18 de la presente orden.
De acuerdo con el apartado 4 del artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
la  propuesta  de  resolución  provisional  se  notificará  a  los  interesados  mediante  su 
publicación en la página web del órgano concedente o el medio alternativo que pueda 
fijarse en las convocatorias.
2.  En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación de 
la propuesta de resolución provisional, las entidades solicitantes podrán formular las 
alegaciones que estimen convenientes.
3.  Examinadas las alegaciones y de acuerdo con el apartado 4 del artículo 24 de la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  el  órgano  instructor  formulará  la  propuesta  de 
resolución definitiva que será notificada a los interesados mediante su publicación en la 
página web del órgano concedente, o el medio alternativo que pueda fijarse en las 
convocatorias, para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al 
de  su  notificación,  los  beneficiarios  propuestos  comuniquen  su  aceptación, 
entendiéndose que decaen de su solicitud de no producirse contestación en dicho plazo.
4.  De acuerdo con el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las 
propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 23.  Resolución definitiva.
1.  El órgano concedente resolverá el procedimiento, adoptando la resolución de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  En la resolución de concesión de las ayudas se hará constar, al menos, la 
identidad de los beneficiarios de la ayuda concedida, así como cualquier información que 
la correspondiente convocatoria especifique en los términos de Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
3.  La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los 
que  se  concede  la  subvención,  hará  constar,  en  su  caso,  de  manera  expresa,  la 
desestimación del resto de las solicitudes.
4.  La resolución podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, 
cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases 
reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por 
rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en las convocatorias, con indicación de la 
puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración 
previstos en la misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el 
órgano  concedente  podrá  acordar,  sin  necesidad  de  una  nueva  convocatoria,  la 
concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su 
puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios,  es
se  haya  liberado  crédito  suficiente  para  atender  al  menos  una  de  las  solicitudes  bo
denegadas. 344ww
hafinád bmdiEleienl  siqós.ut rrUgeaa ntainavcoo cv  ecedodzicna tacnace reaádp  eletanal  tdpaearc od tlopea u  dlpeaers o stcapuo ubdnevecsee tsnasuci óbipónvon ery  ncp cpoairmórotneuc  eneddinceea l errsáál o  paleil cassizttuaao  n noitmopetc piofirióc osnaro rcaoliió cglnioata sben lenitne  tdlseoe,rs e e dstléi aeórdzmrgo diasní,nao oass     OE-A-2021-21able en https://
establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en la presente orden.
5.  La resolución se notificará a los interesados mediante su publicación en la sede 
electrónica  del  órgano  concedente  o  el  medio  alternativo  que  pueda  fijarse  en  las 
convocatorias.
6.  El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación es de seis 
meses contados desde la publicación del extracto de las convocatorias en el «Boletín 
Oficial»  correspondiente,  salvo  que  la  misma  posponga  sus  efectos  a  una  fecha 
posterior, según establece el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Si 
transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha 
resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.
7.  Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa según lo establecido 
en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición en los términos y plazos previstos en los artículos 123 y 124 de 
la  citada  ley,  o  recurso  contencioso-administrativo  ante  la  jurisdicción  contencioso-
administrativa.
8.  Los  beneficiarios  de  la  ayuda  serán  incluidos  en  la  lista  de  beneficiarios 
publicada de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) número 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
9.  Las  ayudas  concedidas  se  publicarán  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
Artículo 24.  Modificación de la resolución de concesión.
1.  Los proyectos con ayuda concedida deberán ejecutarse en el tiempo y forma 
aprobados en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias 
concretas que, excepcionalmente, alteren de forma objetiva las condiciones técnicas o 
económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, el beneficiario podrá solicitar 
la modificación de la citada resolución de concesión ante el mismo órgano que la dictó.
Para la realización de cualquier cambio en el proyecto se requerirá el cumplimiento 
simultáneo de las siguientes condiciones:
a)  Que  el  cambio  no  afecte  a  los  objetivos  perseguidos  con  la  ayuda,  a  sus 
aspectos fundamentales, a la determinación del beneficiario, ni perjudique derechos de 
terceros. A tales efectos, no se considerará que el cambio afecte a la determinación del 
beneficiario cuando sea debido a operaciones de fusión, absorción o escisión de la 
empresa inicialmente beneficiaria, conforme a la normativa vigente.
b)  Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas y excepcionales, que 
no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
c)  Que no suponga un incremento de la subvención concedida.
d)  Que la solicitud de la modificación se realice, al menos, tres meses antes de la 
finalización del plazo de ejecución del proyecto, y sea aceptada expresamente por el 
titular del órgano que dictó la resolución de concesión.
e)  Que no altere o comprometa el cumplimiento de los hitos y objetivos o requisitos 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
f)  Las que se determinen adicionalmente en las convocatorias.
2.  La solicitud de modificación, que se realizará de conformidad con lo previsto en 
el artículo 18 de esta orden, se acompañará de una memoria en la que se expondrán los 
motivos de los cambios y se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones  s
impuestas en la resolución de concesión, y el cumplimiento de los requisitos expuestos  oe.
edne l eó34l r..ag  paEEanroll  tpa óqldraugozea o1 nd  omdic eráteó xes ilsmpato eorne  adssraeotíb lcruleuecsl ioópo.nalu rdcaie ór encs osonelcvreáes rd iólean st.r esos limcietusdeess. de modificación será el titular  2021-21344n https://www.
CAPÍTULO IV
Justificación y pago de las ayudas
Artículo 25.  Justificación de la realización del proyecto.
1.  La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 30 y sucesivos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título II, capítulo 
II, de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, los 
requisitos específicos que se establezcan en las convocatorias y con lo establecido en la 
normativa aplicable del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión.
2.  Las convocatorias que se establezcan al amparo de estas bases reguladoras 
deberán  contemplar  los  plazos  máximos  para  la  justificación  de  acuerdo  con  lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y su Reglamento de aplicación.
La justificación por parte de los beneficiarios de la realización de las actuaciones que 
conforman el proyecto deberá realizarse, ante el órgano instructor, en el plazo máximo 
de tres meses contados a partir de la fecha en que expire el plazo máximo de finalización 
de la actuación establecido en la resolución de concesión o su eventual ampliación.
3.  La justificación documental, por parte de los beneficiarios, de la ejecución y pago 
de las actuaciones objeto de ayuda se realizará a través de la aplicación informática que 
estará disponible en la sede electrónica del órgano concedente, mediante escrito dirigido 
al órgano instructor, junto al que se aportará la documentación que se especifique en la 
correspondiente convocatoria.
4.  En todo caso, si realizada la actividad y finalizado el plazo para justificar, se 
hubiera pagado solo una parte de los costes en que se hubiera incurrido, a efectos de 
pérdida del derecho a la percepción de la ayuda correspondiente, se aplicará el principio 
de proporcionalidad.
5.  Con  independencia  de  lo  anterior,  el  órgano  instructor  podrá  elaborar 
instrucciones de acreditación y justificación complementarias para los casos en los que 
la complejidad de la actuación o el importe elevado de la ayuda así lo requieran.
6.  La no justificación en plazo por parte de los beneficiarios de la ayuda, de acuerdo 
con lo establecido en los apartados anteriores, supondrá la pérdida del derecho al cobro 
de la ayuda y, en su caso, el reintegro del anticipo por parte de aquellos, en los términos 
establecidos en los artículos 30 y 31 de la presente orden.
7.  El órgano instructor podrá requerir del beneficiario la aportación de cualquier 
documentación justificativa adicional a la expuesta, para verificar la efectiva adecuación 
de  la  actuación  ejecutada  a  la  que  fue  objeto  de  ayuda,  quedando  el  beneficiario 
obligado a su entrega en un plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción de la 
comunicación que se le efectúe por parte de aquel.
8.  El órgano instructor podrá realizar las verificaciones sobre el terreno de las 
operaciones concretas que se determinen para la correcta certificación del gasto, así 
como de las características declaradas del proyecto, y el beneficiario estará obligado a 
facilitarlas.
9.  El órgano instructor podrá, o bien designar al personal que estime oportuno o 
bien utilizar los servicios de empresas independientes especializadas para realizar el 
seguimiento, control y verificación de las actuaciones aprobadas, no sólo en la fase final 
de comprobación, sino también en momentos intermedios, donde se puedan comprobar 
los fines sobre los cuales se conceden las ayudas.
10.  El órgano instructor o cualquier organismo fiscalizador, nacional o comunitario,  e
podrá solicitar al beneficiario en cualquier momento durante la ejecución del proyecto, y,  bo
al menos, durante cinco años a contar desde la fecha de conclusión del plazo de  344ww
pjdduaeesr  tlailafo iscsju a msdctiioisófcimncua amers se)lta.na tbroelesa cloiizdraoigc ieinónan l elads e c qolaur erea schptauoyanacdniói ensn et(reinv iccdlouony vpeoancrdaao t oefrali acot,tu olrarag sea xmyh iijebuniscttioiófi ncda edn etlea cs u adayeluq dupaiae,g raoo    OE-A-2021-21able en https://
En caso de que el beneficiario no facilitase la exhibición de los documentos originales 
solicitados en un plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al que se le hubiera 
requerido, se considerará tal circunstancia como un incumplimiento de la obligación de 
justificación del destino de la ayuda otorgada. En este sentido, supondrá la pérdida del 
derecho al cobro de la ayuda y, en su caso, el reintegro del anticipo o la ayuda pagada 
en los términos establecidos en los artículos 30 y 31 de la presente orden.
Artículo 26.  Certificación provisional, pago de la ayuda y certificación definitiva.
1.  Una  vez  realizadas  las  actuaciones  de  comprobación  y  verificación  de  la 
justificación descrita en el artículo 25 de la presente orden, el órgano instructor emitirá 
una certificación provisional acreditativa del grado de cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la resolución de concesión de la ayuda, con las modificaciones de dicha 
resolución que, en su caso, se hubieran aprobado. Dicha certificación provisional será 
notificada al beneficiario.
2.  La  certificación  provisional  incluirá  la  información  que  se  especifique  en  las 
convocatorias correspondientes. El beneficiario dispondrá de un plazo de diez días hábiles 
para aceptar la certificación o, en su caso, presentar las alegaciones que estime oportunas.
3.  Una vez analizadas las alegaciones que, en su caso, pudiera haber presentado 
el beneficiario, el órgano instructor realizará la certificación definitiva y se procederá al 
pago de la ayuda por parte del IDAE.
4.  La certificación definitiva indicará la cuantía definitiva de la ayuda otorgada, así 
como la información que la correspondiente convocatoria especifique.
Artículo 27.  Garantías relativas al anticipo.
1.  De acuerdo con lo establecido en la sección 7.ª del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, procederá la 
constitución de garantías en todos los casos en los que se realice un pago anticipado para 
asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios.
Previo al abono del anticipo por la entidad concedente, en los términos que se 
establezcan en la correspondiente convocatoria, se requerirá el resguardo de la Caja 
General de Depósitos, acreditativo de haber depositado dicha garantía, a favor del 
órgano concedente.
2.  El importe a garantizar será igual a la cuantía del anticipo más los intereses 
calculados al tipo de interés legal, para la vigencia de la garantía.
3.  La garantía deberá ser constituida, en su caso, por la entidad coordinadora del 
proyecto.
4.  Las garantías se constituirán ante la Caja General de Depósitos, en la forma y 
procedimiento que establece el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, y según lo dispuesto en la 
Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, y con los requisitos que determina su regulación.
5.  La garantía deberá estar constituida al momento de la solicitud del anticipo.
El período de vigencia de la garantía será como mínimo por el plazo máximo de 
finalización  de  los  proyectos  más  un  periodo  de  dieciocho  meses  que  podrá  ser 
modificado por la propia convocatoria.
6.  La  falta  de  constitución  y  acreditación  ante  el  órgano  competente  de  las 
garantías en la modalidad establecida en estas bases reguladoras, previo trámite de  es
audiencia al beneficiario, supondrá la renuncia presunta al anticipo concedido para la  bo
realización del proyecto. 344ww
pcporroonyyt7reea.cc rttioooL ,,a y ts srliaa  se gi nnaev rlea erlnerlsatiíni aóstsene g  vsraáoocl birtdeoraedtam itlla eao n  eptslea u crbjcuuvismaetlinp fdiclciemiaó dlniaea  na setyeosu   dtilgoiabut.aealr la dareá l nal o instr vaoesbr sjeliaót invc oaespr tryifo icbcaaocdniaód nico i,o feinnnea slc  addseeoll    OE-A-2021-21able en https://
Una vez acreditado por el beneficiario de la ayuda que el proyecto se encuentra 
totalmente finalizada en plazo y emitida la certificación definitiva en virtud del artículo 26 
de  la  presente  orden,  el  órgano  concedente,  de  oficio,  procederá  a  solicitar  la 
cancelación de la garantía que corresponda.
En el caso de que el importe de la ayuda recogida en la certificación provisional fuera 
inferior  al  anticipo  abonado  y,  previo  el  oportuno  procedimiento  de  reintegro,  si  el 
beneficiario  no  efectuara  el  reintegro  correspondiente,  se  procederá  a  solicitar  la 
incautación de la garantía asociada.
8.  En caso de otros incumplimientos a los que se refieren los artículos 30 y 31 de la 
presente orden y, previo el oportuno procedimiento de reintegro, si el beneficiario no efectuara 
el reintegro, se procederá a solicitar la incautación de la garantía que corresponda.
CAPÍTULO V
Control y reintegro de las ayudas
Artículo 28.  Gestión, seguimiento y control.
1.  El órgano concedente en el ámbito de sus competencias garantizará la adecuada 
gestión, interpretación y resolución de todos los aspectos relativos a los expedientes de 
concesión de ayudas solicitadas, así como el seguimiento, evaluación y control de las 
mismas.
2.  Asimismo, las convocatorias podrán establecer el procedimiento de seguimiento, 
que deberá ser eficaz, transparente y basado en la calidad y el impacto científico-técnico 
y socioeconómico de las actuaciones financiadas, para lo cual podrán prever la creación 
de cuantas comisiones estimen necesario.
3.  El seguimiento de la actuación se realizará en los términos que determinen las 
convocatorias.
4.  El  seguimiento  deberá  basarse  en  la  documentación  o  información  que  se 
solicite al beneficiario, en indicadores objetivos establecidos al efecto y públicamente 
conocidos y comparables, así como en presentaciones presenciales y públicas con quien 
determine el órgano instructor, que podrán desarrollarse en lengua inglesa si así lo 
determinan las convocatorias.
5.  Las convocatorias podrán establecer mecanismos que permitan proceder a una 
minoración de la ayuda concedida en los casos en que las actividades de seguimiento 
pongan de manifiesto un grado de cumplimiento de los indicadores inferior al establecido 
en la resolución de concesión.
6.  Las  convocatorias  podrán  especificar  el  cumplimiento  de  hitos  de  control 
intermedios.
Artículo 29.  Instrucciones de cumplimiento.
El  órgano  instructor,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  podrá  emitir  cuantas 
instrucciones sean precisas para el cumplimiento de los requerimientos de la presente 
orden y las respectivas convocatorias y para la ejecución y certificación de gastos de las 
operaciones subvencionadas.
Artículo 30.  Incumplimientos, reintegros y sanciones.
1.  El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden, en las respectivas  e.
convocatorias,  incluido  el  incumplimiento  del  principio  de  «no  causar  un  perjuicio  w.
significativo»,  en  el  Reglamento  (UE)  2020/2094  del  Consejo  de  14  de  diciembre  344ww
ddee  f2e0b2r0e,r oe nd ee l2 R02e1g,l aym eenn ltaos ( dUeEm) á2s0 2n1o/r2m4a1s d aepl lPicaarblalemse, natsoí  cEoumroop eelo i nyc dueml pCliomniseenjtoo,  ddee  l1a2s 
ccoonndceicsioiónne,s d qauráe ,l uegna rs au  lcaa psoé,r dsidea h daeyla dne eresctahbol eacli dcoo berno  dlae  clao rareysupdoan yd,i eennt es ur ecsaosluoc, ipórne vdieo   BOE-A-cable e
el  oportuno  procedimiento  de  reintegro,  a  la  obligación  de  devolver  las  cantidades 
percibidas más los intereses de demora correspondientes, en el momento de detectarse 
el incumplimiento, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I, de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y en el título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En particular, procederá iniciar el procedimiento de reintegro en el caso de que se 
produzca informe desfavorable de fiscalización de cualquiera de las Administraciones 
facultadas para realizarlo.
2.  Los reintegros se regirán por el principio de proporcionalidad, y por el alcance de 
las consecuencias financieras, de acuerdo con lo previsto tanto en la normativa nacional 
como en la normativa comunitaria, conforme se establece en el siguiente artículo.
3.  Será de aplicación lo previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, si concurren los supuestos de infracciones administrativas en materia de 
subvenciones y ayudas públicas.
4.  Las infracciones podrán ser calificadas como leves, graves o muy graves, de 
acuerdo con los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La 
potestad sancionadora por incumplimientos se establece en el artículo 66 de la misma.
5.  El  órgano  concedente,  o  institución  habilitada  correspondiente,  será  el 
competente para exigir del beneficiario o destinatario, el reintegro de las subvenciones o 
ayudas  reguladas  por  esta  orden  ministerial,  de  acuerdo  con  lo  establecido  por  el 
artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 31.  Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
1.  El cumplimiento parcial de las obligaciones contenidas en estas bases, en la 
convocatoria,  o  en  la  resolución  de  concesión,  tendentes  a  la  satisfacción  de  sus 
compromisos, conllevará la obligación de reintegro parcial de las cantidades percibidas. 
Se aplicarán criterios de graduación cuando el cumplimiento de las obligaciones se 
aproxime  de  modo  significativo  al  cumplimiento  total,  y  se  acredite  una  actuación 
inequívocamente  tendente  a  la  satisfacción  de  las  características  declaradas  del 
proyecto, compromisos asumidos y condiciones de otorgamiento de la ayuda. En los 
criterios  de  graduación  de  los  posibles  incumplimientos  se  aplicará  el  principio  de 
proporcionalidad, con el objeto de cuantificar la pérdida parcial del derecho al cobro de la 
ayuda o, en su caso, el reintegro del anticipo de la ayuda correspondiente.
Se aplicarán criterios de graduación, con una minoración de hasta un 30 % en el 
caso de que las ayudas impliquen la instalación de una determinada potencia o energía 
de almacenamiento, y que la potencia o energía instalada real de la instalación sea 
menor que la potencia o energía para la que se concedió la ayuda que recoge la 
resolución de concesión, siempre y cuando sean idénticas el resto de las características 
declaradas. Se reducirá la ayuda total percibida proporcionalmente a la potencia o 
energía  no  construida,  manteniéndose  constante  el  importe  de  la  ayuda  unitaria 
concedida  según  lo  que  establezca  la  respectiva  convocatoria.  Se  considerará 
incumplimiento total en el caso de que la potencia o energía instalada real sea inferior 
al 70 % de los valores para los que se concedió la ayuda.
2.  Si se pone en riesgo la consecución de los hitos y objetivos de la componente 8 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por falta de cumplimiento de 
obligaciones, compromisos o hitos de control intermedios en su caso establecidos, se 
procederá al reintegro total de la ayuda.
3.  El cumplimiento de los hitos de control intermedios, en su caso, será obligatorio, 
y supondrá la pérdida de derecho de la ayuda en caso de incumplimiento y el reintegro  e.
de las cantidades percibidas. w.b
4.  La finalización de la actuación en un momento posterior al definido como máximo  344ww
en e5l .a rtEícnu ltoo d3o d cea lsao p, reel saelcnaten coerd deenl  dinacruám lupgliamr ieanl rtoe insetergár too ttaolt aeln d leo sla s aigyuuidean.tes casos:
a)  El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el
beneficiario que hayan servido de base para la concesión.
b)  Incumplimiento de la finalidad para la que la financiación fue concedida.
c)  La no inscripción en los registros oficiales exigidos por la legislación para el 
desarrollo de la actividad financiada.
Artículo 32.  Protección de datos de carácter personal.
El cumplimiento de la normativa establecida en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el 
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos 
será responsabilidad del órgano concedente, ante quien los interesados podrán ejercer 
personalmente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta orden ministerial se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 13.ª, 
23.ª y 25.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en 
materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, y sobre las bases del 
régimen minero y energético. Así como en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y 
coordinación general de la investigación científica y técnica.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid, 22 de diciembre de 2021.–La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.