BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 259  Miércoles 30 de septiembre de 2020  Sec. I.   Pág. 82159
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
11415 Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en 
materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos 
humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19.
I
La situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha obligado durante estos 
últimos meses a las diferentes Administraciones Públicas a dedicar todos sus medios 
personales y materiales a garantizar su funcionamiento, la prestación de los servicios 
públicos por sus empleados de forma no presencial y el ejercicio de los derechos de la 
ciudadanía y empresas.
Las medidas contenidas en esta norma tienen la finalidad de asegurar el normal 
funcionamiento de las Administraciones Públicas, impulsando nuevas formas de 
organización y estructuración del trabajo de las empleadas y empleados públicos para el 
mejor servicio a los intereses generales que tienen encomendado.
Por lo tanto, es ineludible abordar, con carácter inmediato, la regulación básica del 
teletrabajo en las Administraciones Públicas y la adaptación de estas a la administración 
digital.
Por otro lado, la imprevisibilidad, magnitud e impacto de esta crisis sanitaria obligan a 
acometer una serie de medidas excepcionales en materia de recursos humanos con el 
objetivo de reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional, ampliando 
las posibilidades de contratación de profesionales por parte de las comunidades 
autónomas. Se trata de medidas de refuerzo de un Sistema Nacional de Salud que se 
encuentra sometido en el momento actual a una importante sobrecarga y presión 
asistencial, por lo que su aprobación es urgente e impostergable.
II
El teletrabajo, entendido como modalidad preferente de trabajo a distancia que se 
realiza fuera de los establecimientos y centros habituales de la Administración, para la 
prestación de servicios mediante el uso de nuevas tecnologías, ha sido objeto de 
regulación tanto en el contexto europeo como a nivel nacional y autonómico y local.
En el contexto comunitario, la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Unión 
de Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa (UNICE), la Unión 
Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UNICE/UEAPME) y el 
Centro Europeo de la Empresa Pública (CEEP) firmaron, ya en el año 2002, el Acuerdo 
Marco Europeo sobre Teletrabajo, suscrito por los interlocutores sociales europeos en julio 
de 2002 y revisado en 2009, a fin de dar más seguridad a las personas acogidas a 
teletrabajo por cuenta ajena en la Unión Europea.
Este acuerdo partió de la concepción del teletrabajo como un medio para modernizar 
la organización del trabajo para las empresas y organizaciones prestadoras de servicios 
públicos, así como para dar una mayor autonomía a las personas trabajadoras en la  e.
realización de sus tareas. w.b
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AdmEinni slotr aqcuioen reess pPeúcbtalic aals .ámbito estatal, las primeras previsiones relativas al teletrabajo
fueron introducidas por la Orden APU/1981/2006, de 21 de junio, por la que se promueve
la implantación de programas piloto de teletrabajo en los departamentos ministeriales. A 
continuación se publicó el Manual para la implantación de programas piloto de teletrabajo 
en la Administración General del Estado, cuyo principal objetivo era el de servir de guía 
para los distintos departamentos ministeriales y organismos públicos a la hora de diseñar 
e implementar sus programas piloto de teletrabajo.
Un año después, se procedería a la aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ya derogada, en cuya 
disposición final sexta se incluía una habilitación para la regulación del teletrabajo en la 
Administración General del Estado.
Con posterioridad, en el Acuerdo Gobierno-Sindicatos de 25 de septiembre de 2009, 
en el apartado 1.1 relativo a la «Modernización y nuevas tecnologías», como desarrollo de 
la medida general destinada a «Impulsar la buena administración, la calidad y la eficacia 
de los servicios públicos», se incluyeron dos previsiones sobre esta materia: una de ellas 
referida al conjunto de Administraciones Públicas y otra a la Administración General del 
Estado.
Por su parte, el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración 
General del Estado y en sus organismos públicos, aprobado por el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 20 de noviembre de 2015, prevé en su eje 4 el fomento de la inclusión de 
medidas de carácter transversal para toda la Administración General del Estado en lo que 
respecta al tiempo de trabajo, la conciliación y la corresponsabilidad de la vida personal, 
familiar y laboral. En particular y como medida para el logro de este objetivo, se llevará a 
cabo el «desarrollo de experiencias de trabajo en red y mediante la utilización de las 
nuevas tecnologías, en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos, con el fin de favorecer la conciliación y una mejor organización y racionalización 
del tiempo de trabajo».
Cabe destacar igualmente que en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se regula conforme 
al mandato contenido en el artículo 18.4 de la Constitución Española y recogiendo la 
jurisprudencia nacional, comunitaria e internacional, un conjunto de derechos relacionados 
con el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral como son, entre otros, los derechos 
digitales en la negociación colectiva, el derecho a la intimidad y uso de dispositivos 
digitales en el ámbito laboral y el derecho a la desconexión digital.
En cuanto al ámbito autonómico y local, tras los iniciales programas piloto, se fue 
impulsando desde 2012 la regulación del teletrabajo para la prestación de servicios en sus 
ámbitos.
Sin embargo, la implantación del teletrabajo y su uso efectivo en las Administraciones 
Públicas no ha sido, en la práctica, mayoritaria hasta fechas recientes. Su introducción en 
el ámbito público se ha visto verdaderamente acelerada a partir de marzo de este año, 
ante las extremas y excepcionales circunstancias organizativas y funcionales a que abocó 
la crisis epidemiológica por la COVID-19 a todas las Administraciones Públicas.
La urgencia y la excepcionalidad de la situación exigieron la implementación de 
soluciones temporales, tanto para las administraciones que disponían de regulación al 
respecto, como, en especial, para quienes carecían de ella, con la finalidad de conjugar la 
necesaria continuidad de la actividad administrativa con el cumplimiento de las medidas 
sanitarias de contención vigentes en el contexto de la emergencia pandémica.
Así, en el marco y ámbito del estado de alarma decretado por Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se procedió a la aprobación de normas por  es
las cuales se implantaba de forma generalizada el teletrabajo en las distintas  o
Administraciones Públicas, si bien con carácter excepcional y temporal. 5ww.
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reducir la expansión de la COVID-19, al posibilitar el uso de medios tecnológicos para
realizar tareas a distancia o de manera virtual, sin necesidad de la presencia física en las 
dependencias durante la jornada laboral. La crisis epidemiológica ha mostrado el 
teletrabajo como el instrumento organizativo más eficaz para mantener la actividad y 
prestación de servicios públicos, garantizando a la vez la prevención frente al contagio.
Durante la crisis sanitaria no solo se ha reforzado la tendencia a la normalización del 
teletrabajo que ya se anticipaba con anterioridad a la misma, sino que incluso su utilización 
se ha llegado a configurar como preferente, como se hiciera en el artículo quinto del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19.
De esta manera, las tecnologías de la información y comunicación han constituido una 
herramienta clave para reducir el impacto de las medidas de contención y restricciones en 
el trabajo de las empleadas y empleados públicos en el contexto de incertidumbre, al 
tiempo que sienta las bases de una forma de organización de la prestación de servicios 
flexible y adaptable a cualesquiera circunstancias que se puedan dar en el futuro.
El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, es el instrumento normativo más 
oportuno para la introducción de unas reglas que sirvan de base común para el desarrollo 
de la figura en todas las Administraciones Públicas, al tratarse de una norma básica que 
establece los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo 
público y que contiene los elementos comunes al conjunto del personal funcionario de 
todas las Administraciones Públicas, así como las normas legales específicas aplicables al 
personal laboral a su servicio.
La figura del teletrabajo, más allá de la urgente necesidad organizativa actual, 
constituye una oportunidad para la introducción de cambios en las formas de organización 
del trabajo que redunden en la mejora de la prestación de los servicios públicos, en el 
bienestar de las empleadas y los empleados públicos, en los objetivos de desarrollo 
sostenible de la Agenda 2030 y en una administración más abierta y participativa. Supone 
el fomento del uso de las nuevas tecnologías de la información y el desarrollo de la 
administración digital, con las consiguientes ventajas tanto para las empleadas y 
empleados públicos, como para la administración y la sociedad en general.
III
Se regula con carácter básico la prestación del servicio a distancia mediante 
teletrabajo, fomentando así el uso de las nuevas tecnologías de la información y el 
desarrollo de la administración digital con las consiguientes ventajas tanto para las 
empleadas y empleados públicos, como para la administración y la sociedad en general. 
Entre otras, cabe destacar la reducción del tiempo en desplazamientos, la sostenibilidad 
ambiental o la mejora de la conciliación del desarrollo profesional con la vida personal y 
familiar, respetando en todo caso los principios de transparencia, igualdad entre mujeres y 
hombres y la corresponsabilidad y manteniéndose los derechos correspondientes, tales 
como el derecho a la intimidad o la desconexión digital y prestando una especial atención 
a los deberes en materia de confidencialidad y protección de datos.
Además, el teletrabajo no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el 
horario que corresponda en cada caso y de la normativa en materia de protección de datos 
de carácter personal.
Requisito previo será la valoración del carácter susceptible de poder realizarse 
mediante teletrabajo de las tareas asignadas al puesto, la correspondiente evaluación y  s
planificación preventiva, así como la formación en competencias digitales necesarias para  oe.
la prestación del servicio. w.
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garantizar la prestación de los mismos, hace necesario determinar que la prestación de
servicios en la modalidad de teletrabajo no pueda ser absoluta. Será en cada ámbito y en la  Bc
normativa reguladora que a tal efecto se dicte por cada administración competente donde se
determine el porcentaje de la prestación de servicios que puede desarrollarse por esta nueva 
modalidad, de tal manera que se combine la presencialidad y el teletrabajo en el régimen 
que se establezca. Se garantiza en todo caso la atención directa presencial a la ciudadanía.
IV
El objeto es, por tanto, configurar un marco normativo básico, tanto desde la 
perspectiva del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, como desde el punto de 
vista más específico de los derechos y deberes de los empleados públicos, suficiente para 
que todas las Administraciones Públicas puedan desarrollar sus instrumentos normativos 
propios reguladores del teletrabajo en sus Administraciones Públicas, en uso de sus 
potestades de autoorganización y considerando también la competencia estatal sobre la 
legislación laboral en el caso del personal laboral.
En la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública del pasado 11 de 
junio se acordó elaborar una propuesta para la reforma del texto refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público, a cuyo fin se celebraron varias reuniones de la Comisión de 
Coordinación del Empleo Público.
La propuesta resultante fue igualmente objeto de negociación con los agentes sociales, 
informada por la Conferencia Sectorial de Administración Pública en su reunión de 21 de 
septiembre de 2020 y ratificada a continuación mediante acuerdo de la Mesa General de 
Negociación de las Administraciones Públicas cuyo objeto de negociación son las 
condiciones de trabajo laborales que resulten susceptibles de regulación estatal con 
carácter de norma básica, sin perjuicio de los acuerdos a que puedan llegar las 
comunidades autónomas en su correspondiente ámbito territorial en virtud de sus 
competencias exclusivas y compartidas en materia de Función Pública.
La redacción contenida en este real decreto-ley es fruto del diálogo fluido entre las 
distintas Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales, ejemplo de 
cogobernanza en una administración pública multinivel.
El presente real decreto-ley introduce un nuevo artículo 47 bis en el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el capítulo V del título III, relativo a la 
jornada de trabajo, permisos y vacaciones.
Se define, en primer lugar, el teletrabajo como aquella modalidad de prestación de 
servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede 
desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias 
de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación.
Se establece expresamente que, en todo caso, el teletrabajo deberá contribuir a una 
mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación de 
su cumplimiento. Al tratarse de la regulación de una modalidad de trabajo y flexibilización 
de la organización de carácter estructural para las Administraciones Públicas ha de servir 
para la mejor consecución de los objetivos de la administración en su servicio a los 
intereses generales.
Como tal, sin perjuicio de su voluntariedad, su utilización deberá venir supeditada a 
que se garantice la prestación de los servicios públicos y, en todo caso, habrá de 
asegurarse el cumplimiento de las necesidades del servicio.
En ese sentido, se establece igualmente que la prestación del servicio a través de esta 
modalidad de trabajo habrá de ser expresamente autorizada, a través de criterios objetivos 
para el acceso y será compatible con la modalidad presencial que seguirá siendo la 
modalidad ordinaria de trabajo. s
El personal que preste servicios mediante esta modalidad tendrá los mismos deberes  oe.
y derechos que el resto de empleadas y empleados públicos, debiendo la administración  w.
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colectiva en cada ámbito. Las Administraciones Públicas que deban adaptar su normativa
de teletrabajo a lo previsto en este real decreto-ley dispondrán de un plazo de seis meses  Bc
a contar desde la entrada en vigor del mismo.
Por otra parte, este real decreto-ley en su artículo 2 introduce la posibilidad de que las 
comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria puedan contratar 
personas que, contando con el grado, licenciatura o diplomatura correspondiente, carezcan 
del título de Especialista reconocido en España, para realizar funciones propias de una 
especialidad, en dos supuestos. En primer lugar, en el caso de profesionales sanitarios 
que hayan realizado las pruebas selectivas de formación sanitaria especializada de la 
convocatoria 2019/2020 y que, habiendo superado la puntuación mínima en el ejercicio, no 
hayan resultado adjudicatarios de plaza. En segundo lugar, en el caso de profesionales 
sanitarios que cuenten con un título de Especialista obtenido en un Estado no miembro de 
la Unión Europea, siempre que el Comité de evaluación haya emitido el informe-propuesta 
regulado en el artículo 8.b), c) o d) del Real Decreto 459/2010, de 16 de abril.
Por otro lado, en el artículo 3, se regula con carácter excepcional y transitorio la 
prestación de servicios del personal médico y de enfermería estatutario, laboral y 
funcionario como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19, atendiéndose 
al tiempo a aquellas unidades con déficit de profesionales siempre que quede garantizada 
la asistencia a sus unidades de origen.
De este modo, se pretende permitir que se puedan realizar adscripciones de personal 
dentro de un mismo centro hospitalario, de un centro hospitalario a centros de atención 
primaria de su área, de este tipo de centros a hospitales y hospitales de campaña y entre 
otros centros, servicios, instituciones o establecimientos sanitarios públicos, con el fin de 
disponer del mayor número posible de profesionales.
También se regula en este precepto la posibilidad de que las comunidades autónomas 
puedan adscribir a su personal funcionario de cuerpos o categorías para los que se exigiera 
para su ingreso el título de Licenciatura, Grado o Diplomatura en Medicina o Enfermería a 
otros dispositivos asistenciales, en las mismas condiciones que los anteriores supuestos.
Asimismo, el real decreto-ley modifica el artículo 22 de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, estableciendo la posibilidad de que las personas que participen en las pruebas 
selectivas de Formación Sanitaria Especializada, se relacionen obligatoriamente a través 
de medios electrónicos, cuando así se prevea en la correspondiente convocatoria anual y 
en los términos que ésta establezca. Se habilita esta posibilidad, al amparo del artículo 12 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, tanto por las características del colectivo al que se dirige la 
convocatoria, como por la actual situación de pandemia.
Así, las personas que participan en las pruebas selectivas de Formación Sanitaria 
Especializada pertenecen a un colectivo de profesionales que reúnen una sobrada 
capacidad técnica y profesional y, que también será exigible para la actividad profesional 
que en su momento desarrollarán, que incluye el uso de tecnologías de la información. 
Además, la realización de determinados trámites por vía electrónica, en lugar de 
presencialmente, contribuye a reducir situaciones susceptibles de producir aglomeraciones, 
que deben evitarse especialmente en el contexto actual de crisis sanitaria provocada por 
la pandemia por COVID-19 y en particular tratándose de profesionales sanitarios, colectivo 
respecto del cual se deben extremar las precauciones.
Sin perjuicio de todo lo anterior, el uso de medios electrónicos supondrá una mayor 
agilización de la tramitación de las pruebas selectivas y facilitará la accesibilidad de las 
personas aspirantes, que podrán realizar las gestiones necesarias desde cualquier lugar y 
hora, dentro de los plazos previstos en la convocatoria.
V e
El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar reales decretos-leyes «en  w.
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Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, tal  Bc
como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de
febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, 
F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir 
a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de 
prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la 
vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, 
máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar la medidas que se incluyen 
este real decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al 
Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3); y esta 
decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación 
(STC, de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019); en este 
caso medidas dirigidas a incrementar la eficiencia en el funcionamiento del empleo público.
La adecuada fiscalización del recurso al decreto-ley requiere el análisis de dos 
aspectos desde la perspectiva constitucional: por un lado, la presentación explícita y 
razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de 
octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4); y, por otro lado, la existencia de una 
necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada 
para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, 
y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4).
En cuanto a la definición de la situación de urgencia, se ha precisado que no es 
necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de 
contenerse siempre en el propio real decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo 
igualmente de una pluralidad de elementos. El examen de la concurrencia del presupuesto 
habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad» siempre se ha de llevar a cabo 
mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno 
a dictar la disposición legal excepcional y que son, básicamente, los que quedan reflejados 
en la exposición de motivos de la norma, y en el propio expediente de elaboración de la 
misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, 
de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).
En cuanto a la segunda dimensión del presupuesto habilitante de la legislación de 
urgencia, concebida como conexión de sentido entre la situación de necesidad definida y 
las medidas que en el real decreto-ley se adoptan, el hecho de que se considere una 
reforma estructural no impide, por sí sola, la utilización de la figura del decreto-ley; pues, y 
esto es particularmente pertinente en el supuesto que se analiza, el posible carácter 
estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda 
convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, 
como ha ocurrido en el caso que nos ocupa tras la obligatoria generalización del teletrabajo 
en las Administraciones Públicas por causa del impacto de la pandemia por COVID-19, 
para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que 
pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, 
que no es otro que subvenir a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales 
que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo 
más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la 
tramitación parlamentaria de las leyes» (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, 
de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).
Por otro lado, en relación con las medidas de refuerzo de personal del Sistema 
Nacional de Salud, existe una obvia conexión entre la situación de necesidad definida y las  es
medidas que en el real decreto-ley se adoptan, pues estas tienen por objetivo aliviar la  o
presión a la que se encuentra sometido el Sistema Nacional de Salud, a causa de la crisis  5ww.
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circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad previstas en el artículo 86 de la
Constitución, considerando, por otra parte, que los objetivos que se pretenden alcanzar con 
el mismo no pueden conseguirse a través de la tramitación de una ley por el procedimiento 
de urgencia, y sin que este real decreto-ley constituya un supuesto de uso abusivo o 
arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, 
de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5).
Asimismo, debe señalarse que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el título I de las Constitución Española, al régimen de las Comunidades 
Autónomas ni al Derecho electoral general.
Este real decreto-ley responde a los principios de buena regulación de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, de conformidad 
con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad 
y eficacia, dado el interés general en que se fundamentan las medidas que se establecen, 
siendo el real decreto-ley el instrumento más inmediato para garantizar su consecución. La 
norma es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulación 
imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, 
se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico. En cuanto al principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de 
consulta pública, audiencia e información pública que no son aplicables a la tramitación y 
aprobación de decretos-leyes. Por último, en relación con el principio de eficiencia, este 
real decreto-ley no impone cargas administrativas para los ciudadanos.
Por tanto, en las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las 
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución 
Española como presupuestos habilitantes para la aprobación de un real decreto-ley.
Este real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1.7.ª y 18.ª de la Constitución 
Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación 
laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas; y en 
materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen 
estatutario de sus funcionarios.
Asimismo, los artículos 2 y 3 se dictan al amparo del artículo 149.1.16.ª y 30.ª de la 
Constitución Española, que atribuyen al Estado, respectivamente, la competencia 
exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad y en materia de 
regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 
académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 
Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes 
públicos en esta materia.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución 
Española, a propuesta de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, de la Ministra 
de Hacienda y del Ministro de Sanidad, y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 29 de septiembre de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Se introduce un nuevo artículo 47 bis en el texto refundido de la Ley del Estatuto  b
Bocátsuibcroe« ,Ad qertul1í ce.E u mqlouSp e4eled7 aca bdo rionse s.dP iadúceTbtrealaildce ootter, a eleabntpa rlrajooobs.ba asjoidg oua iqpeuonerte lRlsa e tméarlo mDdineaoclidrse:atdo  dLee gpisrelasttivaoc ió5n/2 0d1e5 s, edrevi c3i0o sd ea   BOE-A-2020-11415cable en https://ww
distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede
desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las 
dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información 
y comunicación.
2.  La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente 
autorizada y será compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá 
carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente 
justificados. Se realizará en los términos de las normas que se dicten en desarrollo 
de este Estatuto, que serán objeto de negociación colectiva en el ámbito 
correspondiente y contemplarán criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de 
prestación de servicio.
El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de 
la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.
3.  El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos 
deberes y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el presente Estatuto que 
el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo 
la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos 
que sean inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera 
presencial.
4.  La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen 
en esta modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad.
5.  El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en 
materia de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de 
desarrollo.»
Artículo 2.  Medidas de contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo.
1.  Se autoriza con carácter excepcional y transitorio la contratación por las 
comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de aquellas personas 
con grado, licenciatura o diplomatura que carecen aún del título de Especialista reconocido 
en España, para la realización de funciones propias de una especialidad, del siguiente 
modo:
a)  Podrán ser contratados bajo la modalidad contractual prevista en el Real 
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de 
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, los profesionales de 
cualquier titulación que realizaron las pruebas selectivas 2019/2020 de formación sanitaria 
especializada y que, habiendo superado la puntuación mínima en el ejercicio, no resultaron 
adjudicatarios de plaza.
En caso de que se trate de personas extranjeras, resultará de aplicación lo previsto en 
el artículo 43 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 
diciembre, aun cuando no hubiesen obtenido dicha plaza.
b)  Podrán ser contratados los profesionales sanitarios con título de Especialista 
obtenido en Estados no miembros de la Unión Europea incluidos en el ámbito de aplicación 
del Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las condiciones para el 
reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de Especialista en Ciencias  s
de la Salud, siempre que el Comité de Evaluación les haya emitido el informe-propuesta  oe.
regulado en el artículo 8.b), c) o d) del Real Decreto 459/2010, de 16 de abril. w.
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Artículo 3.  Prestación excepcional de servicios del personal médico y de enfermería 
estatutario, laboral y funcionario.
1.  De forma excepcional y transitoria, la comunidad autónoma correspondiente podrá 
destinar al personal estatutario de enfermería y médico facultativo especialista de área de 
cualquier especialidad, dentro de su centro hospitalario, a unidades asistenciales de otra 
especialidad distinta de la suya cuando el número de profesionales de dichas unidades no 
sea suficiente, como consecuencia de la pandemia por COVID-19, para la atención de los 
pacientes de dichas áreas y siempre que quede garantizada la asistencia sanitaria de sus 
unidades asistenciales de origen.
2.  Igualmente, cada comunidad autónoma podrá acordar que el personal de 
enfermería y médico especialista estatutario que preste servicios en centros hospitalarios 
pase a prestar servicios en los centros de atención primaria de su área de influencia para 
realizar las funciones propias del personal médico de atención primaria, de forma 
excepcional y transitoria, por insuficiencia de personal médico de atención primaria, como 
consecuencia de la pandemia por COVID-19, siempre que quede garantizada la atención 
sanitaria en sus unidades de origen.
3.  La comunidad autónoma correspondiente también podrá destinar al personal 
estatutario de la categoría de enfermería, médico/a o pediatra de atención primaria, de forma 
excepcional y transitoria, a prestar servicios en sus hospitales de referencia o a hospitales 
de campaña, si las necesidades motivadas por la pandemia por COVID-19 así lo demandan, 
siempre que quede garantizada la asistencia sanitaria en su centro de salud de origen.
4.  Asimismo, cada comunidad autónoma podrá destinar al personal funcionario 
autonómico de los cuerpos o categorías para los que se exigiera para su ingreso el título 
de Licenciatura, Grado o Diplomatura en Medicina o Enfermería, de forma excepcional y 
transitoria y de manera motivada por la insuficiencia de personal médico o de enfermería 
a causa de la pandemia por COVID-19, a cualquier dispositivo asistencial del Sistema 
Nacional de Salud, dentro de su provincia de destino.
5.  Asimismo, cada comunidad autónoma podrá destinar al personal enfermero o 
médico laboral que preste servicios en centros, servicios, instituciones o establecimientos 
sanitarios de carácter público, de forma excepcional y transitoria, a causa de la insuficiencia 
de personal médico provocada por la pandemia por COVID-19, a cualquier dispositivo 
asistencial del Sistema Nacional de Salud, dentro de su provincia de destino.
6.  La adscripción del personal enumerado en los párrafos 1 a 5 a las unidades con 
deficiencia en materia de recursos humanos se mantendrá en tanto subsista la insuficiencia 
de personal médico en las mismas y, como máximo, durante la vigencia de este artículo, 
de acuerdo con la disposición final cuarta.
7.  El personal afectado tendrá derecho a las indemnizaciones por razón de servicio 
que fije la normativa vigente, cuando corresponda.
8.  En el ámbito de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, corresponderá a la 
administración sanitaria competente la realización de las adscripciones a las que se 
refieren los apartados 1 a 5, a las que también les será de aplicación lo previsto en los 
apartados 6 y 7 de este artículo.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias.
Se modifica el apartado 1 del artículo 22 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias, que queda redactado en los siguientes términos: e.e
«1.  El acceso a la formación sanitaria especializada se efectuará a través de  w.
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en los términos que ésta establezca, en relación con los trámites de cumplimentación
y presentación de solicitudes, aportación de documentación y pago de tasas, así  Bc
como en la fase de adjudicación de plazas.»
Disposición final segunda.  Adaptación de normas.
Las Administraciones Públicas que deban adaptar su normativa de teletrabajo a lo 
previsto en este real decreto-Ley dispondrán de un plazo de seis meses a contar desde la 
entrada en vigor del mismo.
Disposición final tercera.  Título competencial.
1.  El artículo 1 de este real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1.7.ª y 18.ª 
de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia 
de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades 
Autónomas; y bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen 
estatutario de sus funcionarios.
2.  Por su parte, los artículos 2 y 3 se dictan al amparo del artículo 149.1.16.ª y 30.ª 
de la Constitución Española, que atribuyen al Estado, respectivamente, la competencia 
exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad y en materia de 
regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 
académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 
Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes 
públicos en esta materia.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor y vigencia
1.  Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
2.  Las medidas incluidas en los artículos 2 y 3 del presente real decreto-ley resultarán 
de aplicación por un plazo inicial de doce meses a partir de su entrada en vigor, pudiendo 
ser prorrogadas por decisión de la persona titular del Ministerio de Sanidad por sucesivos 
periodos de tres meses o inferiores en función de las necesidades organizativas y 
asistenciales derivadas de la evolución de la crisis sanitaria.
Dado en Madrid, el 29 de septiembre de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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