BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 198 Jueves 19 de agosto de 2021 Sec. I.   Pág. 101671
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
14039 Decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de 
Riesgos de la Generalitat de Catalunya.
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos ley sean promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalitat.
De acuerdo con ello, promulgo el siguiente Decreto-ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El  principio  de  indemnidad  en  relación  con  el  ejercicio  de  funciones  públicas 
comporta que ningún servidor público se pueda ver perjudicado como consecuencia del 
ejercicio legítimo del cargo público que ocupa. Este principio ha sido consolidado por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo que, en la Sentencia de 8 de julio del 2020, entre 
otros,  le  otorga  carácter  general  estableciendo  que  el  principio  de  indemnidad  o 
resarcimiento no se limita solo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, sino que se 
extiende a la totalidad de trabajadores y trabajadoras públicos, en tanto se configura 
como inherente al sentido instrumental de toda administración, en la medida en que los 
servidores públicos no actúan en interés propio sino en interés público, en interés de 
todos. En conclusión, como señala el Tribunal Supremo, si los servidores públicos sufren 
un daño o perjuicio en la realización del servicio, sin que concurra culpa o negligencia, 
tienen que ser resarcidos. Este principio está recogido en el artículo 14.f) del texto 
refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, aprobado por el Real 
decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que, de forma expresa incluye, entre los 
derechos individuales de los empleados públicos, el derecho a la defensa jurídica y a la 
protección de la Administración en los procedimientos que se siguen ante cualquier 
orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio de sus funciones. En el ámbito de la 
Generalitat de Catalunya, y con la misma finalidad, el artículo 9 de la Ley 7/1996, de 5 de 
julio, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalitat de 
Catalunya dispone que el abogado de la Generalitat puede asumir la representación y la 
defensa de los miembros del Gobierno, de los altos cargos y de los funcionarios y 
empleados públicos de la Administración de la Generalitat y de sus organismos, sea cuál 
sea su posición procesal, cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones 
relacionados con el ejercicio del cargo, a menos que los intereses del representado y los 
de la Generalitat sean opuestos o contradictorios. Por otra parte, la protección de estos 
derechos no sería completa si no comportara igualmente el derecho a ser beneficiario de 
las garantías necesarias para hacer frente a las reclamaciones que contra los empleados 
públicos se puedan presentar, con el fin de evitar que estas reclamaciones puedan 
suponer un perjuicio en el patrimonio personal de las personas involucradas.
II s
Los altos cargos y los miembros del Gobierno disfrutan igualmente de garantías y  b
principios que los protegen en el ejercicio de sus cargos y funciones. De acuerdo con el  039ww
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actuaciones  que  forman  parte  de  ellas.  La  autonomía  política  de  las  comunidades
autónomas y su capacidad de autogobierno, en palabras del Tribunal Constitucional, se 
manifiesta sobre todo en la capacidad de elaborar sus políticas públicas en materias de 
su competencia (SSTC 13/1992 FJ.7 y 192/2000 FJ.7). En consecuencia, el control 
jurisdiccional de los actos políticos del Gobierno reside por una parte, en la jurisdicción 
contenciosa  administrativa  mediante  un  control  debilitado  y  limitado  a  los  aspectos 
formales, procedimentales y competenciales (es decir, los elementos reglados de los 
actos) y, de la otra, en la jurisdicción constitucional. Los actos políticos del Gobierno y el 
ejercicio de sus potestades discrecionales solo están sometidos a la Constitución y al 
bloque  de  la  constitucionalidad,  en  el  que  se  inserta  el  Estatuto  de  autonomía  de 
Catalunya, y su control tiene que respetar en todo caso el principio de la división de 
poderes y la posición institucional del Gobierno, teniendo en cuenta la existencia de un 
núcleo de discrecionalidad indisponible.
El  ejercicio  por  parte  del  Gobierno  de  la  dirección  política  incluye  tanto  el 
establecimiento de directrices como de políticas públicas pero, además, los miembros 
del  Gobierno,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  disfrutan  de  todos  los  derechos 
fundamentales constitucionalmente protegidos, como la libertad de expresión, el derecho 
de reunión o la libertad de información con carácter reforzado, como ha reconocido 
reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; de forma 
que el ejercicio lícito de estos derechos en ningún caso puede comportar un perjuicio 
económico a la Generalitat de Catalunya. En el mismo sentido, tampoco se puede hacer 
responsable de estas actuaciones a los empleados públicos que hayan intervenido en 
las  actuaciones  administrativas  correspondientes  dando  cumplimiento  a  todos  los 
trámites legalmente preceptivos, ya que el control de oportunidad está especialmente 
prohibido,  en  palabras  del  Tribunal  Constitucional,  a  los  órganos  de  control  o  de 
intervención.
Asimismo, y entre las políticas públicas que, en el ámbito de sus competencias, 
corresponde definir y dirigir al Gobierno de la Generalitat, se incluye la acción exterior, 
que encuentra su fundamento en el artículo 193 del Estatuto de autonomía de Catalunya 
y que se configura como un mandato dirigido a la Generalitat a fin de que impulse la 
proyección de Cataluña al exterior y promueva los intereses en este ámbito.
Al amparo de este mandato estatutario el Gobierno de la Generalitat puede llevar a 
cabo cualquier actividad dirigida a la consecución de estas finalidades, tanto en el 
ejercicio de sus competencias como en defensa de sus intereses, con el único límite 
constitucional de las relaciones internacionales que corresponden a la competencia del 
Estado, así como de otras competencias estatales con proyección exterior, como la 
sanidad exterior o el comercio exterior. Sin embargo, el reconocimiento de la acción 
exterior  de  las  comunidades  autónomas  es  incluso  anterior  al  vigente  Estatuto  de 
autonomía ya que, como han señalado la doctrina y la jurisprudencia constitucional, 
encuentra su fundamento constitucional en el principio de autonomía previsto en los 
artículos 2 y 147 de la Constitución, en tanto que constituye un instrumento ordinario 
para el ejercicio de sus competencias y la defensa de sus intereses.
III
Para hacer frente a sus responsabilidades y obligaciones legales de protección de 
los  servidores  públicos,  la  Generalitat  de  Catalunya  tiene  suscritas  pólizas  de 
responsabilidad  civil  para  la  cobertura  de  los  riesgos  en  que  puedan  incurrir.  En 
consecuencia, en caso de siniestro, se ponen en marcha los mecanismos de cobertura  s
correspondientes. Sin embargo, esta situación se ha alterado y actualmente se produce  e.
una  exclusión  de  determinados  riesgos  de  las  pólizas  suscritas,  exclusión  que,  w.
eventualmente, puede tener efectos retroactivos. 039ww
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necesario y urgente que la Generalitat adopte las medidas complementarias en los 
mecanismos existentes dirigidas a garantizar y proteger el derecho a la indemnidad de 
las personas afectadas en el ejercicio de sus funciones, al menos hasta que no haya un 
pronunciamiento judicial que declare con carácter firme su responsabilidad disciplinaria, 
contable o penal. Uno de los supuestos que hacen necesaria y urgente esta actuación 
por la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas afectadas ante una 
decisión administrativa no firme, son las actuaciones previas 80/2019 del Tribunal de 
Cuentas, sector público autonómico (inf. fisco. destino recursos asignados a la ejecución 
de  políticas  de  acción  exterior  por  parte  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  en  los 
ejercicios 2011 a 2017), objeto de la notificación de la liquidación provisional de fecha 30 
de  junio  de  este  año,  que  afecta  a  varios  altos  cargos,  responsables  políticos  y 
funcionarios y funcionarias de la Generalitat.
La brevedad de los plazos en muchos de estos supuestos y la falta de mecanismos 
para dar cobertura a la situación producida obligan a la Generalitat de Catalunya a 
adoptar, con carácter urgente y general, las medidas necesarias con el fin de garantizar 
tanto el principio de indemnidad como la protección de los derechos fundamentales de 
todos los servidores públicos afectados por siniestros no cubiertos por las pólizas de 
responsabilidad civil y patrimonial actuales de la Generalitat de Catalunya, mediante la 
creación de un fondo específico complementario de las pólizas suscritas.
IV
Este Decreto ley se dicta al amparo de la potestad de autoorganización y de las 
competencias que los apartados 1 y 2 del artículo 159 y 136 del Estatuto de autonomía 
atribuyen  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  en  las  materias  de  régimen  jurídico, 
procedimiento y responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas catalanas, 
y de la función pública, respectivamente.
Por lo tanto, en uso de la autorización que me concede el artículo 64 del Estatuto de 
autonomía de Cataluña y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de 
noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno,
A  propuesta  del  consejero  de  Economía  y  Hacienda  y  de  la  consejera  de  la 
Presidencia y con la deliberación previa del Gobierno, Decreto:
Artículo 1.  Objeto.
1.1  Es objeto de esta Ley la creación del Fondo Complementario de Riesgos de la 
Generalitat de Catalunya (FCRCAT) para hacer frente a las obligaciones legales que le 
corresponden con relación a los riesgos no cubiertos por las pólizas de seguros de 
responsabilidad civil, patrimoniales y contables suscritas por la Generalitat de Catalunya 
por siniestros que puedan afectar a las personas comprendidas en el ámbito subjetivo de 
esta Ley en el ejercicio de su cargo o funciones que se puedan ver afectadas en su 
patrimonio  por  resoluciones  o  actos  administrativos  o  judiciales  en  procedimientos 
administrativos o judiciales que no hayan concluido con resolución firme.
1.2  La dotación mínima de este Fondo se fija inicialmente en la cantidad de 10 
millones de euros. Anualmente se hará una aportación por una cuantía al menos igual a 
las liquidaciones que se hayan llevado a cabo el año anterior con cargo en este Fondo, 
con la actualización correspondiente.
1.3  La gestión del Fondo se puede encargar a la entidad gestora que se constituya 
o bien a una entidad gestora ya existente. e.e
Artículo 2.  Ámbito subjetivo. 039ww
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Gobierno de la Generalitat por actuaciones realizadas en el ejercicio de su cargo.
Artículo 3.  Riesgos objeto de cobertura.
Los riesgos objeto de cobertura por el Fondo Complementario de Riesgos de la 
Generalitat  de  Catalunya  serán  los  que  sufran  las  personas  incluidas  en  el  ámbito 
subjetivo de esta Ley y que queden excluidos de cobertura a cargo de las pólizas de 
seguros de responsabilidad civil, patrimonial y contable suscritas por la Generalitat de 
Catalunya con el fin de cubrir las obligaciones que, de acuerdo con la normativa vigente, le 
corresponda  directamente  asumir  por  los  daños  corporales  y  materiales  y  las 
consecuencias directas de estos daños, así como los perjuicios económicos puros, no 
consecuencia de daños materiales y/o corporales previos, causados por acción u omisión 
a  terceras  personas  en  ejercicio  de  su  actividad,  así  como  la  responsabilidad  civil 
profesional, incluida la responsabilidad contable, mientras no recaiga sentencia firme.
Artículo 4.  Condiciones para solicitar la cobertura.
4.1  La cobertura del siniestro con cargo en el Fondo Complementario de Riesgos de la 
Generalitat de Catalunya se llevará a cabo con la presentación previa de una solicitud de 
acuerdo con el modelo incluido en el anexo de este Decreto ley ante la entidad gestora del 
Fondo, la cual tiene que ir acompañada de una declaración responsable en la que la 
persona solicitante manifieste que cumple las siguientes condiciones:
a)  Que no existe una resolución judicial firme que declare ilícitas las actuaciones 
realizadas.
b)  Que el riesgo no se encuentra cubierto por ninguna póliza de seguro suscrito por 
la Administración de la Generalitat de Catalunya o por alguna entidad de su sector 
público.
c)  Que la Generalitat de Catalunya no ha iniciado ninguna acción contra la persona 
afectada y, en particular, ningún procedimiento disciplinario o sancionador ni ningún 
procedimiento judicial de reclamación de responsabilidad civil.
4.2  Sin perjuicio de los efectos de la declaración responsable desde la presentación 
de la solicitud, la entidad gestora la comunicará, para su verificación, a los órganos 
siguientes:  con  respecto  a  la  letra  a),  a  los  órganos  competentes  en  materia  de 
representación y defensa jurídica de la Generalitat; con respecto a la letra b), a los 
órganos competentes en materia de seguros de la Generalitat de Catalunya, y con 
respecto a la letra c), se comunicará de forma simultánea a todos los departamentos de 
la Administración de la Generalitat para que verifiquen el cumplimiento en relación con 
ellos y sus entidades adscritas o que dependan de ellos.
4.3  En  todo  caso  la  inexactitud,  falsedad  u  omisión  de  carácter  esencial  de 
cualquier dato o documento que acompañe la  solicitud o conste en la declaración 
responsable  comporta  la  imposibilidad  de  disfrutar  de  la  cobertura  y  genera  una 
obligación  de  retorno,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  penales,  civiles  o 
administrativas a las cuales pueda dar lugar.
4.4  El  perjuicio  patrimonial  se  debe  acreditar  mediante  la  aportación  de  la 
resolución o acto relativo al procedimiento administrativo o judicial que lo afecte, el cual 
no puede haber concluido por resolución judicial firme.
4.5  En caso de que los afectados por el perjuicio patrimonial lo sean en concepto 
de responsabilidad solidaria, la emisión de la garantía no puede superar el total de la 
cantidad reclamada y, si no hay acuerdo entre las personas afectadas, se distribuirá de 
forma proporcional entre ellas. En todo caso, la garantía no puede superar de forma  e.
individual el 50% del total a distribuir, a no ser que la cantidad reclamada no supere  w.b
el 5% del Fondo. 039ww
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comunicación.
4.7  La  entidad  gestora,  una  vez  presentada  la  solicitud  con  la  declaración 
responsable, garantizará a la entidad financiera la emisión del aval con un depósito a 
cargo del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya. Este 
contraaval tendrá carácter reglado.
Artículo 5.  Obligación de retorno.
5.1  En caso de que llegara a existir pronunciamiento judicial firme y, si procede, se 
hayan agotado todas las vías de impugnación judiciales y jurisdiccionales, estatales e 
internacionales, y si se confirmara la existencia de responsabilidad contable o civil 
derivada de falta o delito por parte de las personas beneficiarias, se generará un crédito 
de  derecho  público  de  devolución  por  parte  de  los  beneficiarios  de  los  importes 
garantizados, así como de los intereses y de los gastos que se hayan generado en razón 
de las garantías efectuadas con cargo en el Fondo.
5.2  La obligación de retorno tiene la naturaleza de derecho público por parte de la 
Generalitat  y  esta  tiene  que  realizar  todas  las  actuaciones  necesarias  para  su 
recaudación, incluso el procedimiento ejecutivo de recaudación de acuerdo con lo que 
establece la normativa vigente.
Artículo 6.  Actuaciones para la dotación en el Fondo Complementario de Riesgos.
6.1  El  Departamento  competente  en  materia  de  finanzas  debe  realizar  las 
actuaciones correspondientes para la dotación de los recursos económicos necesarios 
para el FCRGC. Con esta finalidad, a la entrada en vigor de este Decreto ley, se 
entenderá dotado el fondo por el importe establecido en el artículo 1 y se deben efectuar 
las actuaciones necesarias para esta dotación.
6.2  Se establece como modalidad de control para las operaciones necesarias para 
la dotación del FCRCAT el control posterior, con las finalidades y el procedimiento 
establecido por el Decreto ley 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de 
carácter administrativo, tributario y de control financiero.
Disposición transitoria.
1.  Mientras no se constituya la entidad gestora del FCRCAT o bien se encargue su 
gestión a una entidad ya constituida, y de forma excepcional, se encarga su gestión 
provisionalmente al Instituto Catalán de Finanzas.
2.  Para al caso de que no sea posible cuando entre en vigor este Decreto ley 
aplicar lo que prevé el punto 7 del artículo 4 y con carácter excepcional, la entidad 
gestora puede otorgar la garantía mediante cualquier medio admitido en derecho, sin 
perjuicio  de  que  sea  sustituida  posteriormente  por  lo  que  dispone  el  precepto 
mencionado.
Disposición final.
Este Decreto ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya». 
Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los cuales sea de aplicación este 
Decreto ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades a los 
cuales corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 6 de julio de 2021.–El Presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere  bo
Aragonès i Garcia.–El Consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró i Ribas.–La  039ww
Cons(ePjeubralic addeo  lean  Pelr «eDsiiadreion Ocfiiaci,a Ll daeu lraa G Venileargarliàta tP doe nCsa.taluña» número 8452, de 7 de julio de 2021.
Convalidado por RGeseonleurcaiólitna t7 d1e/X CIVa,t adleulñ Paa»r lnaúmmeenrtoo  8d4e7 C1a, tdaelu 3ñ ad,e p augbolisctaod dae e 2n0 e2l1 «)Diario Oficial de la
ANEXO
Modelo de solicitud a presentar a la entidad gestora del Fondo*
* Instituto Catalán de Finanzas.
1.  Datos de la persona solicitante:
Nombre y apellidos: ......................................................................................................
DNI: ..............................
Dirección: .....................................................................................................................
Teléfono de contacto: ..............................
Dirección electrónica para notificaciones: ....................................................................
Manifiesto: ....................................................................................................................
2.  Hechos:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.  Responsabilidad solidaria:
□ Sí    □ No
Se adjunta acuerdo:
□ Sí    □ No
4.  En consecuencia, solicito:
Que la Generalitat de Catalunya, a través del Fondo Complementario de Riesgos de la 
Generalitat de Catalunya, dé cobertura económica a la cantidad de ............... que se me 
reclama  en  concepto  de  responsabilidad  civil/patrimonial/contable  en  el  procedimiento 
administrativo/judicial ...... . En caso de que resulte condenado con sentencia firme, me 
comprometo a devolver los gastos e intereses correspondientes a esta cantidad.
Lugar, fecha y firma de la persona solicitante
Los  datos  que  facilite  serán  tratados  por  el  Instituto  Catalán  de  Finanzas,  (en 
adelante, también el ICF) o bien por la entidad gestora que se determine, en calidad de 
responsable  del  tratamiento,  con  la  finalidad  de  proceder  a  tramitar  la  solicitud  de 
cobertura de siniestro de acuerdo con lo que establece el Decreto ley 15/2021, de 6 de 
julio. La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica 
en la ejecución de su petición.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para tramitar la solicitud y 
para dar cumplimiento a las obligaciones legales a las cuales la entidad gestora pueda 
estar sometida.
Puede  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  limitación, 
portabilidad o, si procede, oposición. Puede ejercer estos efectos por diferentes vías:
En caso de que la entidad gestora sea el ICF: b
0801–––0   TPP Baooamrrr  ccbeoeisérlconrren itoao p. eaule elcadt erdó inrehiccaocc ieeórnnlo  pp rooaste tacltc rGiaovrdaéensd  aVddiaee s d@elo ilcsef s.c faCotro.mrtus laCraiotas landees , l6a3 5w, 6e.bª  phlatntpta:/,/  OE-A-2021-14039able en https://ww
www.icf.cat/ca/common/Privacitat/.
En  todos  los  casos,  siempre  puede  efectuar  la  reclamación  pertinente  ante  el 
delegado de protección de datos del ICF (o de la entidad gestora correspondiente) 
dpoICF@icf.cat o de la Agencia Catalana de Protección de Datos (www.apdcat.cat).
Para más información, consulte la política de privacidad del ICF en www.icf.cat.
(Las referencias al ICF se pueden sustituir por la denominación de la entidad gestora 
que en el futuro pueda gestionar el Fondo).
(Adjuntar declaración responsable sobre el cumplimiento de las condiciones legales y 
documentación acreditativa de la existencia del procedimiento administrativo/judicial y de 
la cantidad reclamada.)
Modelo de declaración responsable sobre el cumplimiento de las condiciones 
legales
Datos de la persona declarante (nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono de 
contacto y dirección electrónica para notificaciones), departamento de la Generalitat o 
entidad del sector público de la Generalitat de Catalunya donde presta o ha prestado 
servicios (...................), periodo de prestación de los servicios (.............).
Declaro responsablemente que:
a)  No  existe  una  resolución  judicial  firme  que  declare  ilícitas  las  actuaciones 
realizadas.
b)  El riesgo no se encuentra cubierto por ninguna póliza de seguro suscrita por la 
Administración de la Generalitat de Catalunya o por alguna entidad de su sector público.
c)  La Generalitat de Catalunya no ha iniciado ninguna acción contra la persona 
afectada y, en particular, ningún procedimiento disciplinario o sancionador ni ningún 
procedimiento judicial de reclamación de responsabilidad civil.
Autorizo a la Generalitat de Catalunya y al órgano gestor del fondo a fin de que 
pueda solicitar, si procede, la información necesaria para el control y seguimiento de la 
solicitud y realizar las consultas necesarias para comprobar la acreditación de estos 
hechos.
(Lugar fecha y firma de la persona declarante)