BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Martes 23 de febrero de 2021 Sec. TC.   Pág. 21874
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2826 Sala Segunda. Sentencia 7/2021, de 25 de enero de 2021. Recurso de 
amparo  4217-2019.  Promovido  por  don  Alfonso  Mesa  Puga  y  otras  dos 
personas  más  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de 
primera  instancia  de  Almería  en  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  (motivación):  STC 
31/2019  (ausencia  de  control  judicial  de  las  cláusulas  abusivas  que 
desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia). Voto particular.
ECLI:ES:TC:2021:7
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4217-2019, promovido por don Alfonso Mesa Puga, 
doña Juana Francisca López del Águila y don Juan Mesa López, contra la providencia 
del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Almería de 17 de mayo de 2019, por la que 
se inadmite el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la providencia 
de 12 de abril de 2019, pronunciada en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 
610-2014. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Juan 
Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  Don Alfonso Mesa Puga, doña Juana Francisca López de Águila y don Juan 
Mesa  López,  representados  por  el  procurador  de  los  tribunales  don  Pedro  Emilio 
Serradilla Serrano y bajo la dirección del letrado don Iván García Navarro, interpusieron 
recurso  de  amparo  contra  las  resoluciones  judiciales  que  se  mencionan  en  el 
encabezamiento de esta sentencia mediante escrito registrado en este tribunal el 5 de 
julio de 2019.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  Los recurrentes en amparo fueron demandados el 24 de marzo de 2014 por 
impago de una deuda hipotecaria, dando lugar al procedimiento de ejecución hipotecaria  s
núm. 610-2014, que se tramitó en el Juzgado de Primera Instancia 2 de Almería,  e.
dictándose el auto despachando la ejecución el 19 de septiembre de 2016. w.
b)  Los recurrentes en amparo, don Alfonso Mesa Puga y don Juan Mesa López,  26ww
minteedrieasnetes  edsec rmitoo rdae  y1 5d ed ev ejunlcioim dieen t2o0 1a6n,t icsioplaicditoa.r oLna  lap entiucliiódna d fudee  dlaess ecslátimusaudlaas  pdoer 
providencia de 19 de septiembre de 2016 por no tratarse de la vivienda habitual de los
solicitantes.  El  bien  hipotecado  fue  subastado  y  adjudicado  a  la  entidad  bancaria 
ejecutante.
c)  Los recurrentes, mediante escrito de 25 de marzo de 2019, solicitaron la nulidad de 
actuaciones alegando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y 
de la normativa comunitaria, con base en el Directiva 91/13/CEE, por no haberse hecho 
aplicación de la jurisprudencia sobre la revisión de oficio de cláusulas abusivas en cualquier 
fase del procedimiento. Igualmente alegaron la falta de legitimación activa de la entidad 
ejecutante tras haberse producido una transmisión del crédito a un fondo de titulación de 
activos.
d)  El incidente fue inadmitido por providencia de 12 de abril de 2019 argumentando 
que los recurrentes llevaban personados desde el 2016 en el procedimiento y solicitan el 
control de abusividad una vez que ya se han dictado numerosas resoluciones que no 
han  sido  impugnadas,  incluyendo  la  providencia  de  19  de  septiembre  de  2016, 
concluyendo  que  había  precluido  el  plazo  previsto  en  el  art.  228  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil (LEC) y que la nulidad debió hacerse valer a través del sistema de 
recursos.
e)  Los recurrentes, mediante escrito de 26 de abril de 2019, solicitaron la nulidad de 
actuaciones de la providencia de 12 de abril de 2019 alegando la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por falta de motivación, en relación con 
la potestad de revisión de oficio de las cláusulas abusivas, y por incongruencia omisiva, 
al no haberse dado respuesta a la cuestión de la falta de legitimación activa de la 
ejecutante.
f)  El incidente fue inadmitido por providencia de 17 de mayo de 2019 argumentando 
que la providencia de 12 de abril de 2019 no es recurrible y que no cabe reiterar un 
incidente basado en los mismos términos.
3.  Los demandantes solicitan que se otorgue el amparo por vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), declarándose la nulidad de la resolución 
impugnada con retroacción de actuaciones para que se verifique un control judicial de 
oficio de la eventual abusividad de las cláusulas del contrato de préstamo que dio lugar 
al procedimiento de ejecución, con fundamento en que la decisión judicial de negarse a 
realizar dicho control por preclusión del plazo es contraria a la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea en materia de cláusulas abusivas, que obliga a los 
tribunales a examinar de oficio y en cualquier momento del proceso la abusividad de las 
cláusulas  del  contrato.  Igualmente,  se  invoca  el  art.  24.1  CE  al  considerar  que 
habiéndose formulado una concreta solicitud de que se declarara la falta de legitimación 
activa de la ejecutante, ninguna mención o referencia se hace a ello en la resolución 
impugnada.
4.  La Sección Tercera de este tribunal, por sendas providencias de 12 de junio 
de 2020, acordó la admisión a trámite del presente recurso, apreciando que concurre en 
el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el asunto suscitado transciende el caso concreto 
porque  plantea  una  cuestión  jurídica  de  relevante  y  general  repercusión  social  o 
económica [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 g)]; dirigir atenta comunicación al órgano 
judicial  para  que  remita  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  y 
emplazamiento  para  que  puedan  comparecen  en  los  recursos  de  amparo  quienes 
hubieran sido parte en el procedimiento; y la formación de pieza separada para la 
tramitación  del  incidente  sobre  la  suspensión  solicitada,  que  fue  denegada  por  e
ATC 79/2020, de 20 de julio. bo
oFrisdce5an.l a ycL ióaan   sladesec  rp1ea tadrtreeía so  dcpteeu rbjsuroesn tidaceida a 2sd0 e2p 0ola,r   aSpcalaolazrd oSó  cedogamurn úvdnias  tdade e d veee siltnaets e t raidbcítuaunsaa cpli,o apnraoe rs p darielli sgMeeninntciasirat e ldraieos    2021-2826n https://ww
alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52 LOTC.
6.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado en este tribunal el 23 de noviembre 
de 2020, interesa que se estime el recurso por vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE) anulándose todo lo actuado desde la providencia de 12 de abril 
de 2019 con retroacción de actuaciones. Expone, en relación con la negativa judicial a 
analizar el carácter abusivo de determinado clausulado por considerar que era una 
petición extemporánea, que el juzgado no ha atendido con dicha argumentación a la 
doctrina de la STJUE de 26 de enero de 2017 sobre el control de la abusividad en este 
tipo de supuestos. Por su parte, en relación con la ausencia de respuesta sobre la 
eventual falta de legitimación activa de la entidad ejecutante, el fiscal afirma, con cita de 
la STC 152/2015, de 6 de julio, que también se ha producido una vulneración del 
art. 24.1 CE en este caso por incongruencia omisiva al no haberse dado ningún tipo de 
respuesta a una pretensión deducida por la parte.
7.  Los demandantes presentaron sus alegaciones mediante escrito registrado el 13 
de octubre de 2020 ratificándose en las formuladas en su demanda de amparo.
8.  Por  providencia  de  21  de  enero  de  2021  se  señaló  para  la  deliberación  y 
votación de la presente sentencia el día 25 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso.
El objeto de este recurso es determinar si las resoluciones judiciales impugnadas han 
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes (art. 24.1 CE) por (i) 
rechazar  la  petición,  amparada  en  la  aplicación  de  la  normativa  europea  y  en  la 
jurisprudencia que la interpreta, de analizar la abusividad de determinadas cláusulas del 
contrato  de  préstamo,  cuya  ejecución  se  instaba,  con  el  argumento  de  la 
extemporaneidad de la solicitud; y (ii) la ausencia de respuesta judicial en relación con la 
alegada falta de legitimación activa de la entidad ejecutante.
2.  El control judicial sobre las cláusulas abusivas en los procedimientos ejecutivos.
La cuestión planteada por los recurrentes en relación con la negativa judicial a 
analizar la abusividad de determinadas cláusulas del contrato de préstamo hipotecario, 
cuya ejecución se instaba, con el argumento de la extemporaneidad de la solicitud es, en 
lo fundamental, la misma que fue resuelta por este tribunal en la STC 31/2019, de 28 de 
febrero,  y  en  una  serie  de  resoluciones  dictadas  en  su  aplicación  (por  ejemplo, 
SSTC 30/2020, de 24 de febrero; 48/2020, de 15 de junio, o 140/2020, de 6 de octubre).
En aquel caso también se había solicitado el control del carácter abusivo de un 
préstamo  al  amparo  del  Derecho  de  la  Unión  Europea  (Directiva  93/13/CEE,  del 
Consejo,  de  5  de  abril,  sobre  cláusulas  abusivas  en  los  contratos  celebrados  con 
consumidores y STJUE de 26 de enero de 2017, C-421/14, asunto Banco Primus, S. A., 
c. Jesús Gutiérrez García), que había sido rechazado porque el recurrente no se opuso 
en el plazo establecido a la ejecución alegando la abusividad y porque la ejecución se 
despachó cumpliendo todos los requisitos procesales. La citada STC 31/2019, declaró 
que, de acuerdo con la Directiva 93/13/CEE, conforme a la interpretación realizada por 
parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia de 26 de enero de 2017), 
las «cláusulas cuyo eventual carácter abusivo no haya sido aún examinado en un 
anterior control judicial del contrato controvertido concluido con la adopción de una  e
resolución con fuerza de cosa juzgada, deben ser conocidas por el juez nacional, bien a  bo
instancia de parte o de oficio» (FJ 6). De ese modo, la STC 31/2019 establece (i) que no  26ww
pcarebcelu cidoon ssidoelor apr oqruqeu ee ll ap lpaazrot ep aerjeac duetanduan cniaor  floar mexuilsatseen coiap odseic icólánu asu llaa se ajebcuusciivóans  ehna yeal 
(pFlaJz 6o) ;d ye  (diii)e zq udeía «sn por ecvoinsstota e enn e nl ianrgtú. n5 5a7p,a ertna dreol adceiól na uctoon d eesl paartc. h5a5n6d, oa lma beojes cduec iólan  LqEuCe 
se haya producido un examen del clausulado contractual» y que no puede entenderse
realizado y justificado con la simple afirmación de que la demanda ejecutiva «cumple los 
requisitos establecidos en el artículo 685 LEC» (FJ 8). Por ello concluye «que el juzgado 
vulneró  el  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE)  con  su 
inmotivada contestación acerca de la existencia de un control de la cláusula previo a la 
denuncia –única excepción contemplada por el Tribunal de Justicia para excluir, de 
haberse dictado resolución firme, un examen posterior–, pues ‘mal se puede realizar un 
control  –ni  siquiera  externo–  de  lo  que  carece  de  un  razonamiento  expreso’» 
(fundamento jurídico 8).
En el presente caso, tomando en consideración que también la respuesta judicial 
para  denegar  hacer  un  control  de  la  abusividad  del  clausulado  del  contrato  cuya 
ejecución había dado lugar al procedimiento de ejecución hipotecaria fue el carácter 
extemporáneo de la solicitud, debe concluirse, por las mismas razones expuestas en la 
STC 31/2019, que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial (art. 24.1 CE). En este 
supuesto, al igual que en el enjuiciado por la STC 31/2019, el órgano judicial efectuó una 
interpretación  irrazonable  y  arbitraria  de  la  norma  aplicada  en  el  proceso  porque 
prescindió de la interpretación del Derecho europeo efectuada por Tribunal de Justicia de 
la  Unión  Europea,  que  es  el  único  órgano  competente  para  llevar  a  cabo  aquella 
interpretación con carácter vinculante. Su decisión es también lesiva del derecho que 
consagra el art. 24.1 CE por «su inmotivada contestación acerca de la existencia de un 
control de la cláusula previo a la denuncia» (fundamentos jurídicos 6 y 8).
3.  La incongruencia omisiva en relación con la alegación de la falta de legitimación 
activa.
Este tribunal ha reiterado que la incongruencia omisiva, como uno de los defectos de 
motivación con relevancia constitucional prohibidos por el derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de 
las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa 
interpretar  razonablemente  el  silencio  judicial  como  una  desestimación  tácita  cuya 
motivación  pueda  inducirse  del  conjunto  de  los  razonamientos  contenidos  en  la 
resolución; que no es necesaria para la satisfacción del derecho a la tutela judicial 
efectiva  una  contestación  explícita  y  pormenorizada  a  todas  y  cada  una  de  las 
alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión; y que 
basta, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta 
global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales. 
A tales efectos, es necesario distinguir entre las meras alegaciones o argumentaciones 
aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones y estas últimas en sí mismas, 
pues, si con respecto a las primeras puede no ser necesaria una respuesta explícita y 
pormenorizada de todas ellas y la eventual lesión del derecho fundamental deberá 
abordarse desde el prisma del derecho a la motivación de toda resolución judicial, 
respecto de las segundas la exigencia de respuesta congruente se muestra con todo 
rigor siempre y cuando la pretensión omitida haya sido llevada al juicio en el momento 
procesal oportuno (STC 165/2020, de 16 de noviembre, FJ 3).
En  el  presente  caso  han  quedado  acreditados  los  siguientes  extremos:  (i)  los 
recurrentes  instaron  en  su  incidente  de  nulidad,  junto  con  solicitud  del  control  de 
abusividad del clausulado del contrato hipotecario, la alegación de la falta de legitimación 
activa de la entidad ejecutante; (ii) el órgano judicial, mediante la providencia de 12 de 
abril  de  2019,  inadmitió  este  incidente  haciendo  solo  referencia  expresa  a  la 
circunstancia de que se había instado el control de abusividad de clausulado de manera  e
extemporánea por los recurrentes, que estaban personados desde el año 2016 en el  bo
procedimiento y a los que se les habían notificado todas las resoluciones dictadas; (iii)  26ww
plorso virdeecnucrriae netel sh ecdheon udnec iqauroen s ee hnu beiel ras eogmunitdidoo  cinucaildqeunieter  tipproo mdeo vciodnos idceornatcraió nl as ocbirtea dlaa 
alerggiutimmeancitóann doa cútnivicaa; mye nt(eiv q) uee ll a óprrgoavnidoe njcuiad iceiraal  irirneacdumrriibtióle  ye sqtuee  ssee greupnldaon teianbcaidne nlates 
cuestiones ya resueltas por la providencia impugnada.
En atención a lo expuesto, de conformidad con el informe de la Fiscalía, el tribunal 
concluye que se ha producido la incongruencia omisiva denunciada por los demandantes 
y, por tanto, de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), ya que (i) la 
alegación de los demandantes sobre la eventual falta de legitimación activa de la entidad 
ejecutante es una pretensión diferente de la relativa al carácter abusivo de determinadas 
cláusulas del contrato hipotecario; (ii) esta pretensión fue deducida por los demandantes 
de manera expresa y separada en sendos incidentes de ejecución; y (iii) el órgano 
judicial omitió cualquier consideración sobre esta petición, pues en la providencia de 12 
de  abril  de  2019  solo  se  consideraba  el  argumento  de  la  extemporaneidad  de  la 
pretensión en relación con la cuestión relativa al carácter abusivo de determinadas 
cláusulas contractuales. Esto determina que también haya que estimar vulnerado el 
art.  24.1  CE  en  relación  con  esta  cuestión  y  proceda  declarar  la  nulidad  de  las 
resoluciones impugnadas también por este motivo. Por ello debe también ordenarse la 
retroacción de actuaciones con el objeto de que se dicte una nueva resolución judicial 
que repare igualmente esta incongruencia omisiva.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Alfonso Mesa Puga, doña Juana 
Francisca López del Águila y don Juan Mesa López y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de los demandantes de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerles  en  su  derecho  y,  en  consecuencia,  declarar  la  nulidad  de  las 
providencias del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Almería de 12 de abril y de 17 de 
mayo de 2019, pronunciadas en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 610-2014.
3.º  Ordenar la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior 
al pronunciamiento de la primera de las resoluciones anuladas para que el órgano 
judicial dicte una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo núm. 4217-2019
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el 
presente voto particular por discrepar de la fundamentación y del fallo de la sentencia recaída 
en el recurso de amparo núm. 4217-2019, el cual a mi juicio debió ser desestimado.
Las razones de mi discrepancia han quedado detalladamente expuestas en el voto 
particular formulado a la sentencia 31/2019, de 28 de febrero, que resolvió una demanda de  e.
amparo sustancialmente idéntica a la presente, al que por tanto me remito. w.
FirmYMa adedonr  yitda r,l u sabe rnivcteaididnoot ie.cmincitoo  mdei v oetnoe proa rtdiceu ldaor.s mil veintiuno.–Ricardo Enríquez Sancho.– OE-A-2021-28able en https://