BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 32733
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4494 Sala Primera. Sentencia 19/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de 
amparo 6348-2018. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir en relación con la Orden 24/2016, de 10 de junio, por la que se 
establecen  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  becas  para  el 
alumnado que vaya a finalizar sus estudios universitarios en universidades 
públicas de la Comunitat Valenciana, y la Resolución de 11 de julio de 2016, 
de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que 
se convocan becas para el alumnado que vaya a finalizar sus estudios 
universitarios en las universidades públicas de la Comunidad Valenciana 
durante el curso 2016/2017, y las resoluciones dictadas por las salas de lo 
contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana desestimando la impugnación de dicha 
orden. Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la 
creación de centros docentes: nulidad de los preceptos reglamentarios que 
limitan el disfrute de becas a los alumnos matriculados en universidades 
públicas integrantes del sistema universitario valenciano (STC 191/2020). 
Votos particulares.
ECLI:ES:TC:2021:19
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6348-2018, promovido por la Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir, representada por la procuradora de los tribunales doña Ana 
Lázaro Gogorza, y asistida por el letrado don Gonzalo Fernández de Arévalo, contra la 
Orden de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, 24/2016, de 10 
de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas 
para el alumnado que vaya a finalizar sus estudios universitarios en universidades 
públicas de la Comunitat Valenciana, y contra la Resolución de 11 de julio de 2016, de la 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan 
becas  para  el  alumnado  que  vaya  a  finalizar  sus  estudios  universitarios  en  las 
universidades públicas de la comunidad valenciana durante el curso 2016/2017; así 
como contra la sentencia de fecha 21 de noviembre de 2017, de la Sección Quinta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad  e.e
Valenciana, dictada en los autos del recurso contencioso administrativo núm. 458-2016 y  b
acumulado 558-2016, y las providencias de 21 de junio y 22 de octubre de 2018 de la  94ww
rSeeccucrisóon  Pdreim  ecraas adcei ólan  Snaúlam d. e 1lo4 7C3o-2n0te1n8c. ioHsoa- Aidnmteirnvisetnraidtoiv o edl elM Tirnibisutnearilo S  uFpisrecaml o ye nh eal 
cCoomndpea-rPecuimdop idlao  TGoeunróenra.litat Valenciana. Ha sido ponente el magistrado don Cándido
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 29 de noviembre de 2018, la 
procuradora de los tribunales doña Ana Lázaro Gogorza en nombre y representación de 
la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, interpuso recurso de amparo 
contra las resoluciones que se citan en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son, en síntesis, los 
siguientes:
a)  Con fecha 14 de junio de 2016, se publicó en el «Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana»  («DOCV»  núm.  7805)  la  Orden  de  la  Consellería  de  Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte, 24/2016, de 10 de junio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de las becas para el alumnado que vaya a finalizar 
sus estudios universitarios en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.
La referida Orden 24/2016, de 10 de junio, en su artículo 1.1 dispone:
«El objeto de la orden es establecer las bases por las que han de regirse las 
convocatorias de becas dirigidas al alumnado al que le reste un máximo de veinticuatro 
créditos para finalizar sus estudios universitarios en el curso académico establecido en la 
correspondiente convocatoria, en alguna de las universidades públicas que integran el 
sistema universitario valenciano, o en sus centros públicos adscritos, y esté matriculado 
en créditos que correspondan a la tercera y/o sucesivas matrículas.»
Igualmente, en su artículo 2.1 establece:
«Podrá solicitar la beca el alumnado al que le reste un máximo de veinticuatro 
créditos para finalizar sus estudios universitarios en el curso académico correspondiente 
en las universidades públicas que integran el sistema universitario valenciano, o de sus 
centros públicos adscritos, y esté matriculado en créditos que correspondan a la tercera 
y/o sucesivas matrículas.»
Por otro lado, con fecha 14 de julio de 2016, se publicó en el «Diario Oficial de la 
Comunidad Valenciana» («DOCV» núm. 7828) Resolución de 11 de julio de 2016, de la 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte por la que se convocan las 
becas  para  el  alumnado  que  vaya  a  finalizar  sus  estudios  universitarios  en  las 
universidades  públicas  de  la  Comunidad  Valenciana  en  el  curso  2016/2017¸  cuyo 
apartado primero dispone:
«Apartado 1.  Objeto.
Convocar  para  el  curso  2016/2017,  las  becas  para  la  realización  de  estudios 
universitarios para el alumnado que le reste un máximo de veinticuatro créditos para 
finalizar  sus  estudios  universitarios  en  las  universidades  que  integran  el  sistema 
universitario valenciano, a las que hace referencia el apartado 2.1 A) de la Ley de las 
Cortes Valencianas 4/2007, de 9 de febrero, de coordinación del sistema universitario 
valenciano y de sus centros públicos adscritos.»
Se indica igualmente en su apartado segundo:
«Apartado 2.  Beneficiarios y estudios comprendidos.
1.  Podrán solicitar beca el alumnado al que le reste un máximo de veinticuatro  e.
créditos para finalizar sus estudios universitarios en el curso académico 2016/2017 en  w.
las universidades públicas que integran el sistema universitario valenciano, o de sus  94ww
cye/on tsruocse psúivbalsic omsa atrdícsuclraitso.s», y esté matriculado en créditos que correspondan a la tercera
b)  La  Universidad  Católica  de  Valencia  San  Vicente  Mártir  interpuso  recurso
contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección de los derechos
fundamentales, contra la citada Orden 24/2016, de 10 de junio, alegando la vulneración 
de los artículos 14, 16 y 27 CE.
Igualmente interpuso frente a la ya citada Resolución de 11 de julio de 2016, recurso 
contencioso-administrativo  también  por  vulneración  de  los  derechos  fundamentales 
recogidos en los artículos 14, 16 y 27 CE.
c)  Con  fecha  7  de  septiembre  de  2016,  la  Sección  Quinta  de  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana, entendió, tanto en el procedimiento de derechos fundamentales 458-2016 en 
relación con el recurso contra la Orden 24/2016, de 10 de junio, como en el 558-2016 en 
relación con el recurso contra la Resolución de 11 de julio de 2016, que únicamente 
cabía seguir el procedimiento por lesión del artículo 14 CE (igualdad y no discriminación 
entre  centros  docentes)  pero  que  no  podían  invocarse  razones  de  discriminación 
ideológica (artículo 16 CE) o de derecho a la educación y libertad de creación de centros 
docentes (artículo 27.6 CE).
La Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana acordó mediante dos autos en los correspondientes 
procedimientos «la continuación del procedimiento respecto al derecho de igualdad que, 
en su condición de centro de enseñanza universitaria, estima vulnerado la demandante, 
declarando  la  inadecuación  del  procedimiento  en  cuanto  a  los  demás  motivos  de 
impugnación, así como la falta de legitimación activa de la misma para su ejercicio, 
denegando la conversión parcial del procedimiento».
Asimismo, ambos recursos fueron acumulados mediante auto de fecha 1 de marzo 
de 2017.
d)  Con  fecha  21  de  noviembre  de  2017,  la  Sección  Quinta  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana, dictó la sentencia 1079/2017, por la que desestimó el recurso interpuesto 
contra la Orden 24/2016, de 10 de junio, y contra la Resolución de 11 de julio de 2016, 
sin entrar en el fondo del asunto, entendiendo y trasladando que la Orden y Resolución 
recurridas no contienen disposiciones relativas a las universidades, sino tan solo a los 
alumnos y que, por ello, no podían ser recurridas por aquellas.
e)  Interpuesto recurso de casación el mismo fue inadmitido por providencia de 
fecha 21 de junio de 2018 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo «en aplicación de lo dispuesto en el artículo 90.4 b) de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por cuanto en el escrito 
de preparación no se ha fundamentado de forma suficiente, con singular referencia al 
caso, que concurran alguno o algunos de los supuestos que permiten apreciar el interés 
casacional  objetivo  y  la  conveniencia  de  un  pronunciamiento  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, incumpliéndose, de este modo, las 
exigencias que el artículo 89.2 f) de la citada ley impone para dicho escrito».
f)  La universidad recurrente interpuso incidente de nulidad de actuaciones con 
fundamento en que la motivación de la citada providencia «es ilógica e irrazonable, ya 
que solo puede deberse a un error el que, ante dos cuestiones totalmente equivalentes, 
se  den  motivaciones  contradictorias».  Señala  la  recurrente  que  ante  el  recurso  de 
casación presentado en otro procedimiento análogo, frente a la sentencia 561/2017, se 
fundamentó la inadmisión de la casación de otra manera, pues se fundó «al no haberse 
justificado en el escrito de preparación que las infracciones imputadas a la sentencia 
hayan sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la misma.»
Para la recurrente la motivación de la providencia de inadmisión de fecha 21 de junio  s
de  2018  «supone  una  lesión  al  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva  oe.
(artículo 24 CE), que provoca indefensión […] impidiendo que el Tribunal Supremo haya  w.
podido  entrar  a  conocer,  en  su  integridad,  las  alegadas  lesiones  a  los  derechos  94ww
fundga)m  eCnotanl efse crheaco 2n2o cdideo osc etunb lroes  daert í2c0u1lo8s,  1la4 ,S 2a7la y  d1e6  ldoe C lao nCtoennsctioitusoci-óAnd mesinpiasñtroaltaiv»o. del
Tprroibvuidneanl cSiau pdreem ion addicmtóis ipórno vdideel nrceiac uernso l ad qeu ec ainsaacdimónit,e  ienld iincacinddeon teq udee  «n[ul]laid apdr ocvoidnetrnac liaa   BOE-A-cable e
mencionada se ajusta íntegramente a las exigencias previstas en al artículo 90.4 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa 
[LJCA],  que  recoge,  como  única  indicación  de  las  providencias  de  inadmisión,  la 
concurrencia en el caso de alguna de las circunstancias que prevé, si bien la propia 
norma  determina  que  la  motivación  sea  sucinta  ("Las  providencias  de  inadmisión 
únicamente indicarán…")». Señala, también, la citada providencia de inadmisión, que los 
escritos de preparación de los recursos, cuya contradictoria resolución se exponía como 
fundamento de la nulidad, son diferentes.
3.  Con fecha de 29 de noviembre de 2018, se presentó en el registro del Tribunal 
Constitucional recurso de amparo por la Universidad Católica de Valencia San Vicente 
Mártir, en el que se alegó la vulneración de los artículos 14, 27 y 16 CE por la Orden de 
la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, 24/2016, de 10 de junio, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas para el 
alumnado que vaya a finalizar sus estudios universitarios en universidades públicas de la 
Comunitat Valenciana, y por la Resolución de 11 de julio de 2016, de la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan las becas para el 
alumnado que vaya a finalizar sus estudios universitarios en las universidades públicas 
de la comunidad valenciana en el curso 2016/2017, así como del derecho a la tutela 
judicial efectiva, del artículo 24 CE, por la actuación de los órganos judiciales.
La demanda parte de que se han lesionado los derechos fundamentales de la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, a la que la administración da un 
trato discriminatorio por ser una universidad no pública. Además de la vulneración de los 
derechos de los alumnos de dicha universidad, a los que se impide la libre elección del 
centro educativo, se lesionan los derechos de la universidad, creada al amparo del 
artículo 27.6 CE y configurada por las leyes vigentes en régimen de igualdad con las 
universidades públicas, cuyos estudios han sido excluidos de la posibilidad de acceder a 
los mismos con dichas becas. Se aduce que, si se ha discriminado a la universidad 
recurrente por tener ideario propio, dicha discriminación está prohibida por la legislación 
nacional e internacional de derechos humanos; y si dicha discriminación se ha producido 
por ser una universidad privada, dicha discriminación es contraria al Derecho de la Unión 
Europea.
a)  En cuanto a la vulneración del artículo 14 CE, la demanda aduce que la Orden y 
Resolución recurridas establecen un trato desigual de la recurrente con las universidades 
públicas,  introduciendo  una  diferencia  arbitraria  al  excluir  los  estudios  en  las 
universidades  privadas  del  régimen  de  becas,  a  pesar  de  estar  configuradas  las 
universidades en régimen de igualdad por la legislación vigente [artículo 45 de la Ley 
Orgánica de universidades (LOU)].
Asimismo,  señala  la  demanda,  que  se  trata  de  forma  desigual  circunstancias 
objetivamente idénticas de créditos matriculados, notas, renta de los alumnos por el solo 
hecho del centro en el que deciden estudiar, excluyendo a los alumnos que libremente 
quieren elegir estudios en las universidades de iniciativa social de la posibilidad de 
obtener  beca.  Todo  ello,  considera  la  demanda,  sin  que  exista  ninguna  razón  que 
justifique objetiva y razonadamente esta discriminación de las universidades de iniciativa 
social o de sus alumnos, ni finalidad constitucionalmente legítima, ni congruencia entre el 
trato desigual, el supuesto de hecho que lo justifica y la finalidad que se persigue, ni 
proporcionalidad entre los elementos anteriores, como reiteradamente ha exigido el 
Tribunal Constitucional. e
Igualmente se recuerda por la demanda que la orden y resolución impugnadas, que  bo
son disposiciones de rango administrativo, distinguen de forma claramente restrictiva  94ww
dereYc hsoes  rdeec ulaesrd uan iqvueers eidl aindmeso yti vdaed osu csa amlubmion doesl  dsoisntdeem laa  dleey  baepcliacsa bleles inoon alo,  haadceem.ás, los
uconmiveprrsoimdaisdoess  lidbere mideenntteid aadsu mcaidtóolisc ap oer ne l uEns ttaradtoa dsoo birnet eurnn atcraioton anl oq duies cfroimrminaa topraiort ea  dlaesl 
ordenamiento  jurídico  español  vigente  y  cuya  eficacia  es  exigible  por  cualquier
universidad interesada. La administración puede decidir establecer o no una determinada 
beca, pero lo que no puede hacer es, una vez creada, discriminar con ella a unas 
universidades respecto de otras, máxime sin siquiera motivar dicha discriminación de los 
diferentes centros universitarios y de su alumnado.
b)  En cuanto a la vulneración del artículo 27 CE, la demanda afirma que las becas 
son un elemento nuclear del sistema educativo que incide, por tanto, en el derecho a la 
educación, siendo el régimen de las becas desarrollo del artículo 27 CE. En este caso, 
se ha privado del derecho a obtener una beca a quienes, reuniendo las condiciones 
objetivas para obtenerlas, cursan estudios en universidades privadas.
La orden y resolución recurridas impiden a los alumnos de acuerdo con el escrito de 
la demandante, elegir libremente la universidad en la que quieren realizar sus estudios 
universitarios, de tal manera que los alumnos que por razones puramente pedagógicas, 
religiosas o morales, deseen estudiar en la Universidad Católica de Valencia, no puedan 
elegir  esta  universidad  si  quieren  obtener  una  beca,  aunque  reúnan  todas  las 
condiciones objetivas para su obtención, viéndose económicamente forzados, o a no 
estudiar, o a estudiar en una universidad pública. Situación que se agrava habida cuenta 
de  que  existen  titulaciones  que  solo  se  imparten,  dentro  del  sistema  universitario 
valenciano, en las universidades de iniciativa social, por lo que habrá alumnos que, pese 
a reunir las condiciones exigidas legalmente, no solo no podrán elegir dónde estudiar, 
sino qué estudiar.
Asimismo, se alega que la orden lesiona el principio de confianza legítima por el 
cambio repentino que introdujo, sin ninguna medida transitoria para paliar su impacto, y 
sin modificación previa de la legislación para darle cobertura.
c)  Respecto a la vulneración del artículo 16 CE, la demanda pone de relieve que, 
conforme al artículo 2 de la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de coordinación del sistema 
universitario valenciano, hay dos universidades privadas: San Pablo CEU y San Vicente 
Mártir, que coincide que son de inspiración católica. De ahí se extrae que discriminar en 
el régimen de becas a las universidades privadas es hacerlo a las universidades de 
ideario católico. Se alega que también se lesiona la libertad religiosa de quienes quieren 
estudiar en esta universidad católica y necesitan una beca para hacerlo, así como de 
quienes ya estudian en ella y necesitan la beca para continuar. Se vuelve a aducir que la 
orden contraviene el artículo X.3 del Acuerdo del Estado español con la Santa Sede.
d)  Finalmente, en cuanto a la vulneración del artículo 24 CE, la demanda hace 
referencia a que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no entra en 
el  fondo  del  análisis  de  la  orden  y  resolución  recurridas  porque  entiende  que  la 
recurrente solo está legitimada para recurrir por lesión de su derecho a la igualdad y no 
discriminación,  para  señalar  después  que  tampoco  para  este  derecho,  pues  la 
impugnación de esta orden y resolución solo podían haberla llevado a los tribunales los 
alumnos, pero no una universidad que representa a más de 13 000 estudiantes.
Se  aduce  que  recurrida  la  sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la 
Comunidad  Valenciana,  que  se  fundamenta  copiando  literalmente  otra  anterior,  la 
sentencia 561/2017, el Tribunal Supremo dicta una providencia de inadmisión con una 
motivación ilógica e irrazonable, ya que solo puede deberse a un error el que, ante dos 
cuestiones totalmente equivalentes, se den motivaciones contradictorias, denegándose a 
la recurrente su derecho a la doble instancia y al examen de su recurso.
4.  Mediante providencia de 16 de septiembre de 2019, la Sección Primera del 
Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite el recurso, apreciando que concurre en el 
mismo una especial trascendencia constitucional [artículo 50.1 de la Ley Orgánica del  e.
Tribunal Constitucional (LOTC)] como consecuencia de que la posible vulneración del  w.b
derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley o de otra disposición de  94ww
claa rSáecctecrió gne nPerirmale [rSa TdCe  1la5 5S/2a0la0 9d,e  FloJ  2C ocn)]t.e Ancdieomsoá-sA, damcoinridsótr adtiirvigoi rd aetle Tnrtiab ucnoaml uSnuicparecmióon  aa 
afinl  rdeecu qrsuoe  dreem ciatas acceiórtnif icnaúcmió. n1 4o7 f3o-t2o0c1o8p.ia I gaudavlemreandtae  daec olards óa dctiruigaicri oanteenst ac ocroremsupnoincadcieiónnte as 
la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, para que, en plazo que no exceda de diez días, 
remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes; debiendo 
previamente  emplazarse  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el  recurso  contencioso-
administrativo con excepción de la parte recurrente en amparo, para que en dicho plazo 
puedan comparecer, si lo desean, en el presente recurso de amparo.
5.  Por diligencia de ordenación de 14 de noviembre de 2019, el secretario de 
justicia de la Sección Primera de la Sala Primera de este tribunal, acordó tener por 
recibidos  los  testimonios  de  las  actuaciones  remitidos  por  la  Sala  Tercera  de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y por la Sección Quinta de la Sala de 
lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana, así como el escrito de la abogada de la Generalitat Valenciana a quien se 
tiene por personada y parte. Asimismo, de conformidad con el artículo 52 LOTC se 
dispuso dar vista de todas las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, 
para que en un plazo común de veinte días pudieran presentar las alegaciones que a su 
derecho convengan.
6.  Mediante escrito presentado el 2 de diciembre de 2019 tuvo entrada en este 
tribunal el escrito de alegaciones de la Generalitat Valenciana, en las que se opuso al 
recurso de amparo y solicitó se dictase sentencia acordando su desestimación. Tras 
referirse a los antecedentes de hecho que han dado lugar al presente recurso, formula 
las alegaciones que se resumen a continuación:
a)  En  primer  lugar,  descarta  la  alegación  de  la  recurrente  de  discriminación 
ideológica. En su opinión, no se infiere ni de la orden ni de los antecedentes de la 
misma. La universidad recurrente no es la única universidad privada de la comunidad 
autónoma, sino que hay otras universidades privadas, algunas con ideario católico y 
otras sin ese ideario, siendo el alumnado de todas ellas afectado del mismo modo por la 
orden. Por ello entiende inadmisible el planteamiento de la demanda de que la orden 
discrimina al alumnado de la universidad recurrente, por su ideología católica.
b)  Asimismo, contradice las valoraciones de la recurrente en amparo sobre lo que 
afirmaron las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia. Alega, así, que se 
acotó el objeto del procedimiento, para conocer solo de la alegación relativa a posible 
vulneración del derecho a la igualdad (artículo 14 CE), descartando las alegaciones 
relativas a vulneración del derecho a la libertad religiosa y del derecho a la educación; 
por entender, respecto al primero (artículo 16 CE), que «ni siquiera a nivel indiciario 
puede estimarse comprometido», porque «en ningún momento el carácter de católica 
guarda relación alguna» con la decisión adoptada por la administración, por lo que «su 
invocación carece de la forma más absoluta de fundamento alguno siquiera debatible»; y 
respecto al segundo (artículo 27 CE), por no aceptar el planteamiento que hizo la 
Universidad Católica de Valencia, que se arrogó la representación y defensa de derechos 
del alumnado y de la Iglesia católica, que obviamente no le corresponden.
La sentencia citada descartó las cuestiones de legalidad ordinaria y desestimó el 
recurso  al  no  apreciar  la  vulneración  constitucional  denunciada  porque  la  Orden 
impugnada «no vulnera el derecho a la igualdad de la demandante que no se ve 
afectada en modo alguno por la misma, reguladora de derechos de los alumnos».
c)  En cuanto a la vulneración del artículo 24 CE, a la vista del contenido de las 
providencias del Tribunal Supremo, las mismas satisfacen el derecho a la tutela judicial 
efectiva, no generan indefensión y no suponen lesión del artículo 24 CE, pues con ellas  s
se acuerda la inadmisión como consecuencia de la aplicación razonada de lo dispuesto  oe.
en los artículos 89.2 d) y 90.4 b) LJCA; sin que pueda apreciarse arbitrariedad, ni  w.
ainctteurdap)cr eiótAancs iiómmnis armnigiofoie,r issltataa m,a eebxnoctgeeas divaira rmadzeeo nnltaea  bfGolere,m naenlriias ltiatea ortr  oddree ssppcraaotrpetaon rtecqi,uo en nasid ea .rehsauylata dvou lnedrea dou neal   2021-4494n https://ww
artículo 14 CE, tal y como se resolvió en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana al afirmar que la orden «no vulnera el derecho a la igualdad de
la demandante que no se ve afectada en modo alguno por la misma, reguladora de 
derechos de los alumnos». En su opinión, la universidad recurrente no es titular del 
derecho a la igualdad.
A su entender, conforme al artículo 45 LOU, y a los Reales Decretos 1721/2007, 
de 21 de diciembre, y 595/2015, de 3 de julio, el Estado establece un sistema general de 
becas que garantiza a nivel nacional unas condiciones mínimas de igualdad. Por su 
parte, la Orden impugnada contempla la concesión de becas propias de la Generalitat 
Valenciana,  como  complemento  de  dicho  sistema  general  de  becas.  Esto  es, 
garantizadas  esas  condiciones  de  igualdad,  la  comunidad  autónoma,  con  su 
presupuesto, y conforme a la normativa de ayudas, complementa el sistema de becas.
En todo caso, afirma, hay razones objetivas que justifican el trato diferenciado entre 
los alumnos de las universidades públicas y los alumnos de las universidades privadas, 
sin que ello suponga la infracción del principio de igualdad. Al respecto expone que los 
alumnos son los que optan por acudir a la universidad privada y no a la pública (como se 
puede optar por acudir a la sanidad privada, o a servicios sociales privados…).
Esta opción de cada alumno y familia, que obviamente no es posible en todos los 
casos, pues está condicionada por la situación socioeconómica de cada alumno, supone 
una clara diferencia que justifica el distinto tratamiento, respecto a quien acude a la 
universidad pública.
En  este  sentido,  se  debe  tener  en  cuenta  que  los  alumnos  que  acuden  a  la 
universidad  privada  lo  hacen,  bien  porque,  pudiendo  acceder  a  la  pública,  optan 
libremente por otro modelo; bien porque no han alcanzado la nota de corte necesaria; 
bien por otros motivos personales; y, en todo caso, porque se está en disposición de 
costear los gastos que ello supone.
Existen pues, de acuerdo con el escrito de la abogada de la Generalitat, razones 
objetivas que justifican que, al alumno que ha superado la nota de corte establecida y ha 
accedido a la universidad pública, se le pueda dar un trato diferenciado, respecto a aquel 
que no ha alcanzado esa nota. Precisamente el principio de igualdad, acompañado por 
los principios de mérito y capacidad, justifica el trato diferenciado.
Del mismo modo, si se ha optado libremente por la privada, porque así se ha 
preferido, por su ideario o por otro motivo, también existe una clara razón objetiva que 
justifica la diferencia de trato respecto a los alumnos de la pública.
Completando lo dicho, señala la abogada de la Generalitat que la universidad pública 
es la única que garantiza el acceso a todo tipo de alumnado, independientemente de sus 
condiciones socioeconómicas. Al respecto, el artículo 45.4 LOU determina que el Estado 
y las comunidades autónomas deben instrumentar una política de becas, y que las 
universidades públicas deben establecer modalidades de exención del pago de precios 
públicos por servicios académicos. Estas obligaciones se exigen a los poderes públicos 
con una finalidad concreta, que nadie quede excluido del estudio en la universidad por 
razones  económicas.  Esta  finalidad  queda  garantizada  y  es  controlable  en  las 
universidades públicas en la medida en que los precios públicos vienen marcados por la 
ley  (artículo  81  LOU)  y  no  pueden  ser  superados,  regulándose  las  ayudas  de  la 
administración de acuerdo con los mismos. Sin embargo, en las universidades privadas 
dichos precios son libres y, por tanto, las becas o ayudas, fijadas en relación con los 
mismos están desvinculadas del objeto y finalidad fijados en el citado artículo 45.4 LOU, 
lo  que  conlleva  a  que  los  términos  de  la  comparación  entre  estudiantes  no  sean 
equivalentes  y,  por  tanto,  ante  la  limitación  existente  de  recursos  públicos,  queda 
justificada, objetiva y razonablemente, la medida adoptada. s
Por otra parte, el alumnado de la universidad recurrente tiene a su alcance becas y  oe.
ayudas que regula y concede la propia universidad que «según datos de la web de la  w.
propia universidad, estaban dotadas con un total de 5,4 millones de euros; becas y  94ww
aalyuumdnaos sq duee  lac oumnipvleermsiednatda np úlabslic dae»l. Estado y que, obviamente, no están abiertas a los
que Egna rdaenftiinziati vlaa ,i gaudauldcea dq eunet rhea tyo duons  sloisst eumnaiv egresnitearraiol sd, ey  bbeeccaass  cqoume pgleemsteionntaa rieals E, qstuaed oe,l   BOE-A-cable e
gobierno de la comunidad autónoma destina a los alumnos de la universidad pública, y 
que la Universidad Católica de Valencia, con sus fondos, destina a su propio alumnado, 
como hacen también otras universidades privadas.
Atendiendo al coste de las universidades privadas afirma que quien opta por una 
universidad privada es que dispone de recursos económicos para ello y la incidencia de 
la beca sería, en todo caso, menos decisiva para el alumno de la universidad privada 
que para el alumno de la universidad pública.
Por tanto concluye la abogada de la Generalitat que existen razones que justifican 
que, las becas que nos ocupan, se destinen a los alumnos de la universidad pública y no 
a los alumnos de la universidad privada.
En conclusión, la regulación autonómica se ajusta a las exigencias del principio de 
igualdad  al  no  afectar  al  sistema  básico  de  becas  que  gestiona  el  Estado,  y  es 
respetuosa  con  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional,  plasmada  en  numerosas 
sentencias, entre ellas en las SSTC 63/2011, de 16 de mayo; 79/2011, de 6 de junio; 
117/2011, de 4 de julio, y 61/2013, de 14 de marzo.
e)  Respecto a la eventual vulneración del artículo 27 CE, si bien es indiscutible que 
conforme a la doctrina constitucional, el sistema de becas es un elemento nuclear del 
sistema educativo dirigido a dotar de máxima efectividad al derecho a la educación, sin 
embargo, de acuerdo con dicha doctrina, en el artículo 27 CE no se enuncia como tal un 
derecho fundamental a una prestación pública, a una beca (SSTC 86/1985, de 10 de 
julio; 188/2001, de 20 de septiembre; 212/2005, de 21 de julio; 25/2015, de 19 de 
febrero, y 95/2016, de 12 de mayo, entre otras). Se trata de un derecho de configuración 
legal. Consecuentemente, no es posible fundamentar en el texto constitucional una 
pretensión individual de obtención de una beca, ya que el derecho a la educación no 
implica ninguna obligación estatal de subvencionar a las familias para hacerlo efectivo; 
menos si quien plantea la pretensión es una universidad y no el alumno, o su familia. Por 
todo ello no cabe apreciar la lesión del artículo 27 CE que se denuncia.
f)  Finalmente, en relación con el artículo 16 CE, las resoluciones impugnadas de 
ningún modo inciden o afectan a la libertad ideológica y religiosa, y por todo ello no cabe 
apreciar la lesión del artículo 16 CE que se denuncia, para lo que se apoya en lo 
afirmado en el auto de 7 de septiembre de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana.
7.  Con fecha de 19 de diciembre de 2019, la universidad recurrente en amparo 
presenta un escrito en el que se reafirma en sus alegaciones.
8.  El Ministerio Fiscal formuló alegaciones mediante escrito registrado el 23 de 
diciembre de 2019, interesando la estimación del presente recurso de amparo. Tras 
exponer los antecedentes de hecho de los que trae causa el presente recurso, realiza 
una serie de consideraciones iniciales.
En primer lugar, determina las que, a su juicio, son las pretensiones que se quieren 
ejercitar  en  este  proceso  constitucional.  Las  vulneraciones  que  se  achacan  a  la 
Orden 24/2016 y a la Resolución de 11 de julio de 2016 son la desigualdad de trato entre 
las universidades públicas y privadas, al amparo del artículo 14 CE, sobre la base de que 
la  legislación  básica  no  ampara  dicha  diferencia  de  trato;  y  al  amparo  de  los 
artículos 16.1 y 27.1 CE, por haber sido discriminada por su naturaleza de universidad 
privada de ideario católico. Por otra parte, las vulneraciones que se atribuyen a las 
diferentes resoluciones judiciales son la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (artículo 24.1 CE) en tanto en cuanto dichas resoluciones habrían privado a la  e
ahora recurrente de su derecho a una sentencia de fondo y del artículo 24.2 CE porque  bo
le habrían impedido el acceso efectivo a una doble instancia judicial. 94ww
interEpnu essetog uennd ore lluagciaórn,  acloeng alo qs uaer,t íceunl olas  4m3e yd id4a4  LeOn TqCu,e  ceoln rfoercmures oa l dcer itaemriop aersot ahbale sciiddoo 
aepnr SecTiCad 5a6s/ 2p0a1r9a,  ldae  a6d dmei smióany od,e yl  ap rleasse rnatzeo nreecsu drseo e sdpee caimalp tararos,c ehnadne ndcei aa cnoanlisztaitrusceio, neanl 
primer lugar, las vulneraciones de los artículos 14, 16 y 27 CE, que se imputan a la orden
ahora recurrida, y, posteriormente, en su caso, la vulneración del artículo 24 CE que, a 
su vez, se achaca a las diferentes resoluciones judiciales.
En tercer lugar, afirma que la universidad recurrente tiene legitimación ad causam 
para  promover  el  presente  recurso  de  amparo,  pues  posee  un  interés  legítimo 
[artículo 162.1 b) CE], habida cuenta que la imposibilidad de los estudiantes de una 
universidad privada de acceder a las becas que están reconocidas a los estudiantes de 
las universidades públicas, además de perjudicar a los estudiantes de aquellas, puede 
constituir un elemento disuasorio para la matriculación de determinados estudiantes en 
universidades privadas, lo que para estas habría de significar, en definitiva, menor 
número  de  estudiantes,  con  el  consiguiente  perjuicio  en  el  ámbito  económico  y  la 
correlativa incertidumbre sobre su supervivencia futura, a cuya afectación habría que 
sumar la correlativa limitación de su libertad de enseñanza. A lo que habría que añadir 
que no es descartable que una universidad privada pudiera actuar por sus alumnos, a 
tenor de que estos, más allá de ser meros receptores de la educación que se imparte, se 
integran en los organismos universitarios (conforme a los artículos 15.2 y 16.3 LOU).
Finalmente, expone que el artículo 1.1 y el artículo 2.1 de la Orden 24/2016, de 10 de 
junio, y el apartado 1 y el apartado 2.1 de la resolución de 11 de julio de 2016 pueden ser 
objeto de recurso de amparo. En su opinión, no puede negarse que el trato desigual o la 
discriminación pudieran tener su origen directo e inmediato en estas disposiciones. Es 
posible admitir en abstracto que, en determinados casos, la mera existencia de un 
precepto  reglamentario  que  sea  de  aplicación  directa  puede  violar  un  derecho 
fundamental (en este sentido, cita las SSTC 189/1987, de 24 de noviembre, FJ 3; 
141/1985, de 22 de octubre, FJ 2, y 57/2004, de 19 de abril, FJ 2).
En cuanto al fondo del asunto, tras exponer la doctrina constitucional sobre el 
principio de igualdad y el de no discriminación (cita la STC 91/2019, de 3 de julio) analiza 
la  denuncia  de  la  desigualdad  de  trato  entre  las  universidades  públicas  y  las 
universidades  privadas  en  materia  de  becas  para  el  alumnado  que  se  imputa  al 
artículo 1.1 y al artículo 2.1 de la Orden 24/2016, de 10 de junio, y al apartado 1 y al 
apartado 2.1 de la resolución de 11 de julio de 2016.
Su análisis se fundamenta en las siguientes consideraciones:
a)  Las universidades públicas y privadas son a efectos jurídicos iguales ya que a 
ambas les corresponde prestar el servicio público de la educación superior (artículo 1.1 
LOU y STC 176/2015, de 22 de julio, FJ 2). Además, están sujetas a los mismos 
requisitos para su creación o reconocimiento (Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de 
creación,  reconocimiento,  autorización  y  acreditación  de  universidades  y  centros 
universitarios); todas las universidades someten las titulaciones que tienen que impartir 
al mismo procedimiento de aprobación; y el acceso a las universidades, tanto públicas 
como privadas, tiene una base común (aprobación del bachillerato y de la prueba de 
acceso a la universidad). Además, el artículo 2 de la Ley 4/2007, de 9 de febrero, 
proclama tal igualdad al disponer que el sistema universitario valenciano está integrado, 
entre otras, por la universidad recurrente. Del artículo 6.1 de la citada ley infiere que, a 
efectos  jurídicos,  las  universidades  públicas  y  las  universidades  privadas  pueden 
considerarse  iguales  en  lo  sustancial,  y  con  carácter  particular,  que  la  universidad 
privada recurrente es, a esos efectos jurídicos, igual a las universidades públicas de la 
Comunidad Valenciana.
b)  En segundo lugar, aborda la relevancia constitucional de las becas universitarias, 
de acuerdo con el artículo 27, apartados 1 y 5, CE, y con la jurisprudencia constitucional 
(STC 188/2001, de 20 de septiembre FJ 5). e.
c)  Finalmente, el Ministerio Fiscal entiende necesario referirse al marco jurídico  w.b
estatal y autonómico sobre la materia, que es desarrollo del artículo 27, apartados 1 y 5,  94ww
dCeEl ,a prtríeccuelop t1o4s  CquEe p hoar ne sdtea rs neer cceosnasriidaemraednotes  vain lcau hlaodroas d ceo ann éall.izar la vulneración aducida
Tras referirse a los artículos 27, apartados 1 y 5, y 149.1.30 CE, pone de relieve que
el  Tribunal  Constitucional  ha  afirmado  que,  aunque  no  exista  en  este  precepto
constitucional una referencia expresa a un sistema de prestaciones públicas en apoyo 
del derecho de todos los ciudadanos a la educación, este precepto incorpora, junto a su 
contenido primario de derecho a la libertad, una dimensión prestacional, en cuya virtud 
los  poderes  públicos  habrán  de  procurar  la  efectividad  de  tal  derecho.  El 
artículo 149.1.30 CE es el precepto que ampara la competencia del Estado en esta 
materia  (STC  188/2001,  de  20  de  septiembre).  Se  extrae  de  dicha  sentencia, 
fundamento jurídico 5, la garantía consagrada en el artículo 27.5 CE.
Alega que las leyes orgánicas existentes en este asunto tienen la consideración de 
normas básicas para el desarrollo del artículo 27 CE, en cuanto tendentes a garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia, y son las 
encargadas de prever que sea el Gobierno el que regule, también con carácter básico, 
los parámetros precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y 
ayudas. Hace referencia, por tanto, a lo dispuesto en el artículo 45.1, párrafo segundo, 
LOU, en el artículo 83.3 de la Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo, de educación, y en el 
Real Decreto 1721/2007 y sus modificaciones, que complementan el régimen jurídico de 
las becas que ha establecido el legislador orgánico que no distingue entre universidades 
públicas y privadas.
En relación con la normativa autonómica reitera que el artículo 2 de la Ley 2/2007 
establece la equiparación de las universidades públicas y privadas y expone también la 
evolución  normativa  en  la  Comunidad  Valenciana  en  esta  materia,  destacando  la 
incorporación  de  las  universidades  privadas  en  los  sucesivos  decretos  desde  el 
Decreto 40/2002, de 5 de marzo, de medidas de apoyo a los estudiantes universitarios 
en la Comunidad Valenciana, hasta el Decreto 180/2016, por el que se modifica el 
anterior.
Ahora bien, el Ministerio Fiscal niega que se pueda considerar que la comunidad 
autónoma ejerza su competencia sobre la base de considerar que las ayudas y becas 
financiadas con cargo al presupuesto de las comunidades autónomas no interfieren en 
las normas básicas sobre las becas que se referirían a las financiadas con cargo a los 
presupuestos generales del Estado. Alega, a este respecto, la doctrina del Tribunal 
Constitucional relativa a que el poder de gastar no es un título atributivo de competencias 
sino que el gasto solo se justifica al amparo del régimen de distribución de competencias 
(cita SSTC 39/1982, de 30 de junio, FJ 5 in fine; 95/1986, de 10 de julio; 146/1986, de 25 
de noviembre; 201/1988, de 27 de octubre, y 14/1989, de 26 de enero).
Además, tras exponer el régimen de distribución de competencias en la materia pone 
de relieve que, si bien las normas básicas circunscriben su regulación tan solo a las 
ayudas  y  becas  financiadas  con  cargo  a  los  presupuestos  generales  del  Estado 
(artículo 45 LOU; artículo 83.2 de la Ley Orgánica de educación; artículo 2 del Real 
Decreto 1721/2007; y artículo 1 del Real Decreto 472/2014, de 13 de junio, por el que se 
establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y 
ayudas al estudio para el curso 2014-2015, y se modifica parcialmente el citado Real 
Decreto 1721/2007), dicha referencia no implica que la regulación establecida en dichas 
normas deje de ser básica para las comunidades autónomas y no deba ser respetada 
por ellas, tal y como se desprende de los citados preceptos de la Ley Orgánica de 
universidades  y  la  Ley  Orgánica  de  educación  y  de  la  STC  188/2001,  de  20  de 
septiembre, FJ 10 a). En definitiva, señala, la doctrina constitucional en esta materia «ha 
considerado el carácter básico de casi todos los elementos y requisitos que conforman la 
beca y ha dejado un escaso margen de desarrollo a la normativa autonómica, pero esta 
ordenación básica tan detallada se justifica por la finalidad que estas normas persiguen:  s
que la regulación del sistema de becas se realice sin menoscabo de la garantía de la  oe.
igualdad en la obtención de las ayudas en todo el territorio nacional. En consecuencia,  w.
es posible descartar que la normativa básica estatal, constituida tanto por las leyes  94ww
oprugeádneic saesr  caommpol iapdoar  loo sc oremaplelest addeac rpeotor sl acsi tacdoomsu, ncidoandsetitsu yaau tuónnao mgaasr acnotína  cmaírngiom aa  qsuues 
propios fondos».
De acuerdo con lo anterior, el Ministerio Fiscal considera que todo programa de 
ayudas ha de garantizar a los ciudadanos con menos recursos económicos el acceso a 
la educación superior mediante prestaciones económicas en forma de becas y que la 
normativa  básica,  no  establece,  en  el  sistema  de  becas,  diferencias  entre  las 
universidades públicas y privadas y es vinculante para las comunidades autónomas.
Sin embargo, I) la disposición objeto del presente recurso de amparo considera que 
las universidades privadas no son iguales que las universidades de titularidad pública ya 
que  se  refieren  únicamente  a  quienes  se  hallen  matriculados  en  alguna  de  las 
universidades públicas que integran el sistema universitario valenciano, o en sus centros 
públicos adscritos, pero no a quienes, en igual caso, se hallen matriculados en una 
universidad  privada,  con  la  excepción,  en  este  último  caso,  de  los  estudios  de 
universidades  privadas  que  se  concreten  en  cada  convocatoria.  Ello  implica 
necesariamente que, para poder disfrutar de esas becas de estudios, la opción prioritaria 
sería  la  universidad  pública  frente  a  la  universidad  privada.  Por  lo  tanto,  las 
universidades  públicas  y  las  privadas  no  se  encuentran  en  la  misma  posición:  su 
diferencia de origen y titularidad sirve para aceptar o rechazar la candidatura de un 
aspirante a este tipo de subvención. Entiende el Ministerio Fiscal que no hay una 
justificación razonable del trato desigual y que la administración no ha expuesto la 
justificación de la diferencia y reitera que las becas y ayudas en la educación superior 
son un elemento esencial del derecho a la educación que pretende garantizar a los 
ciudadanos con menos recursos económicos el acceso a esa educación superior, sin 
distinción entre centros docentes públicos y privados, lo que necesariamente habrá de 
constituir un límite para el ejercicio de la iniciativa legislativa o reglamentaria en esta 
materia; II) que todas las universidades, tanto las públicas como las privadas, en cuanto 
prestan igualmente el servicio público de la educación superior y son iguales a efectos 
jurídicos, han de poder ofrecer a los estudiantes con menos recursos económicos el 
acceso a sus enseñanzas, sobre todo cuando algunas de estas solo son ofertadas en 
centros de carácter privado, sin alternativa por tanto en centros de carácter público; y III) 
que  las  disposiciones  aquí  impugnadas  (el  artículo  1.1  y  el  artículo  2.1  de  la 
Orden 24/2016, de 10 de junio, y el apartado 1 y el apartado 2.1 de la Resolución de 11 
de julio de 2016) se oponen frontalmente a la normativa básica del Estado, que no 
distingue entre universidades públicas y privadas, en los términos que anteriormente han 
sido detallados.
Además, con dicha regulación se ha desconocido por completo la existencia de un 
tratado internacional, vinculante para España, que obliga a dar el mismo trato, en cuanto 
a becas, a las universidades promovidas por la Iglesia católica que a las universidades 
públicas. En efecto, el artículo X, apartado 3, del Acuerdo entre el Estado español y la 
Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales de 3 de enero de 1979 garantiza a los 
alumnos de universidades, colegios universitarios, escuelas universitarias y otros centros 
universitarios que se establezcan por la Iglesia católica «los mismos beneficios en 
materia de [...] ayudas al estudio y a la investigación [...] que se establezcan para los 
alumnos de las universidades del Estado». Se trata de una norma integrada en el 
ordenamiento jurídico nacional (SSTC 66/1982, de 12 de noviembre, FJ 5, y 187/1991, 
de 3 de octubre, FJ 1), cuyo alcance se circunscribe a las universidades de la Iglesia, y 
limita las legítimas facultades de diseño de la política universitaria en cuanto al reparto 
de fondos públicos de ayudas para estudiantes.
De acuerdo con lo anterior, concluye que el artículo 1.1 y el artículo 2.1 de la 
Orden 24/2016, de 10 de junio, y el apartado 1 y el apartado 2.1 de la resolución de 11  s
de  julio  de  2016  han  lesionado  el  derecho  fundamental  a  la  igualdad  ante  la  ley  oe.
(artículo 14 CE) de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Y para el  w.
restablecimiento  de  su  derecho  se  habrá  de  declarar  la  nulidad  de  los  indicados  94ww
parmepceaproto.s,  así  como  de  las  resoluciones  judiciales  objeto  del  presente  recurso  de
9.  Por providencia de 11 de febrero de 2021, se señaló para deliberación y votación
de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y posición de las partes.
El presente recurso de amparo se interpone contra la Orden de la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, 24/2016, de 10 de junio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de becas para el alumnado que 
vaya a finalizar sus estudios universitarios en universidades públicas de la Comunitat 
Valenciana,  y  contra  la  Resolución  de  11  de  julio  de  2016,  de  la  Consellería  de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan becas para el 
alumnado que vaya a finalizar sus estudios universitarios en las universidades públicas 
de la comunidad valenciana durante el curso 2016/2017; igualmente se interpone contra 
la sentencia de fecha 21 de noviembre de 2017, de la Sección Quinta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana, dictada en los autos del recurso contencioso administrativo núm. 458-2016 y 
acumulado 558-2016, así como contra las providencias de 21 de junio y 22 de octubre 
de 2018 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo en el recurso de casación núm. 1473-2018.
Según la demandante de amparo, en los términos que se han expuesto en los 
antecedentes, la Orden y Resolución impugnadas habrían vulnerado los artículos 14, 16 
y 27 CE, por excluir a las universidades privadas de la Comunitat Valenciana del sistema 
de becas previsto en ella. Las resoluciones judiciales sucesivas no habrían subsanado 
estas  vulneraciones,  incurriendo,  además,  en  la  vulneración  de  los  derechos  de  la 
universidad recurrente a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE).
El  representante  de  la  Generalitat  Valenciana  se  opone  al  recurso  de  amparo, 
solicitando su íntegra desestimación, en la medida en que, a su juicio y en los términos 
expuestos en los antecedentes de esta sentencia, la Orden impugnada no ha producido 
las  vulneraciones  aducidas  en  la  demanda.  Además,  las  resoluciones  judiciales  se 
habrían ajustado a los parámetros de la doctrina constitucional relativa al derecho a la 
tutela judicial efectiva (STC 112/2019, de 3 de octubre).
El Ministerio Fiscal, por su parte, tal y como se ha dado cumplida cuenta en los 
antecedentes de esta sentencia, interesa la estimación de la demanda de amparo al 
entender que se ha vulnerado el derecho de la recurrente a la igualdad (artículo 14 CE).
2.  Doctrina sentada por la STC 191/2020, de 17 de diciembre.
La STC 191/2020, de 17 de diciembre, concluye que la Orden de la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de la Comunitat Valenciana, 21/2016, de 10 
de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas 
para  la  realización  de  estudios  universitarios  en  las  universidades  de  la  Comunitat 
Valenciana ha vulnerado el artículo 14 CE en relación con el artículo 27 CE.
Tras recoger en su fundamento jurídico 4 la doctrina constitucional existente sobre el 
derecho a la igualdad (artículo 14 CE), en relación con el derecho a la educación 
(artículo 27 CE), en el fundamento jurídico 5 se afirma la existencia de un término de 
comparación válido, tanto porque el legislador orgánico al establecer el régimen jurídico 
de  las  universidades  no  distingue  entre  universidades  públicas  y  privadas  cuando 
dispone que la universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante 
la investigación, la docencia y el estudio y determina las funciones de la universidad al 
servicio de la sociedad (artículo 1.1 LOU), como porque el artículo 2 de la Ley 4/2007, 
de 9 de febrero, de coordinación del sistema universitario valenciano, determina que este  e.
está formado por las universidades de titularidad pública y las de titularidad privada,  w.
entre las que se encuentra la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir  94ww
l[aa rdtíocuctlori n2a.1 c bo)n dteen liad aL eeyn] ,l aash oSraS TreCc u1r7re6n/2te0 1e5n,  adme p2a2r od, eh ajucliieon, dFoJ  r2e,f eyr e7n4c/i2a0 a1l9 r,e dspee 2c2to ,d ea 
mayo, FJ 4.
Así mismo, se afirma que la legislación orgánica, a la hora de configurar las becas y 
ayudas al estudio (artículo 45 LOU) no ha establecido distinción entre los alumnos 
matriculados en las universidades públicas y privadas ni en relación con las enseñanzas 
que imparten las mismas, ni en la regulación del sistema de becas en la Comunitat 
Valenciana se establece esta distinción entre universidades públicas y privadas, como 
así se desprende del preámbulo del Decreto de la Generalitat Valenciana 88/2006, de 16 
de  junio,  por  el  que  se  modifica  el  Decreto  40/2002,  de  medidas  de  apoyo  a  los 
estudiantes universitarios en la Comunitat Valenciana.
En cuanto a la justificación del trato dispar, ni del tenor de la disposición objeto del 
recurso, ni de la exposición de motivos de la misma es posible encontrar una finalidad 
que  justifique  el  establecimiento  del  tratamiento  diferenciado  al  que  se  ha  hecho 
referencia entre las universidades públicas y las universidades privadas, y tampoco las 
alegaciones de la comunidad autónoma permiten justificar desde la perspectiva del 
artículo 14 CE, la diferencia de trato denunciada, añadiendo que aunque se pudiera 
considerar, tal y como alega el representante de la Generalitat, que las comunidades 
autónomas  puedan  establecer  otras  modalidades  de  ayudas  con  cargo  a  su 
presupuesto,  no  pueden  hacerlo  distinguiendo  sin  justificación  y  al  margen  de  la 
legislación  vigente,  que  no  diferencia  entre  universidades  públicas  y  privadas, 
haciéndose mención, al respecto, a la STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 5, en la que se 
afirmaba que el poder de gastar no es un título atributivo de competencias, por lo que, 
como se afirma en la STC 188/2001, de 20 de septiembre, el sistema de ayudas que 
establezca la comunidad autónoma no puede desconocer lo dispuesto por el legislador 
estatal, y en concreto el mandato de igualdad en las ayudas.
3.  Aplicación de la doctrina jurisprudencial de la STC 191/2020 de 17 de diciembre.
En el caso examinado el objeto de impugnación se concreta en la Orden de la 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 24/2016, de 10 de junio, por 
la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  becas  para  el 
alumnado que vaya a finalizar sus estudios universitarios en universidades públicas de la 
Comunitat Valenciana y en la Resolución de 11 de julio de 2016, de la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan becas para el 
alumnado que vaya a finalizar sus estudios universitarios en las universidades públicas 
de la comunidad valenciana durante el curso 2016/2017. En las disposiciones referidas 
persiste la exclusión de los alumnos matriculados en las universidades privadas y de las 
enseñanzas que se imparten en las mismas del régimen de becas de la Comunitat 
Valenciana, introduciendo una diferencia entre las universidades del sistema universitario 
valenciano que carece de la justificación objetiva y razonable que toda diferenciación 
normativa, por imperativo del artículo 14 CE, debe poseer para ser considerada legítima. 
Dicha exclusión, además, se proyecta sobre el artículo 27 CE, ya que afecta tanto al 
derecho de las universidades privadas a crear instituciones educativas (artículo 27.6 CE) 
como al derecho de los estudiantes a la educación (artículo 27.1 CE), por lo que nos 
remitimos a los criterios jurisprudenciales que se contienen en la STC 191/2020, de 17 
de diciembre, cuya aplicación a este supuesto resulta indudable.
4.  Conclusión.
Los razonamientos expuestos conducen a la estimación del recurso de amparo y la 
consiguiente  anulación  de  la  Orden  de  la  Consellería  de  Educación,  Investigación, 
Cultura  y  Deporte  24/2016,  de  10  de  junio,  por  la  que  se  establecen  las  bases  e.
reguladoras para la concesión de becas para el alumnado que vaya a finalizar sus  w.
estudios universitarios en universidades públicas de la Comunitat Valenciana, y de la  94ww
yR eDseopluocritóen,  dpeo r1 1la  dqeu jeu lisoe d ec o2n0v1o6c,a dne  blae cCaosn spealrlae ríeal  daelu Emdnuacdaoc ióqnu,e I nvvaeysati gaa cfiinóanl,i zCaur ltsuuras 
eesl tcuudrisoos  u2n0i1v6e/r2s0it1a7ri,o sa uennq luaes  usnoilvoe ersnid laod qeus ep úabfeliccatas  ad el ala e cxocmluusnióidna dde v alalesn ucniaivnear sdiudraadnetes   BOE-A-cable e
privadas de la misma, que es el extremo que se entiende que vulnera los derechos de la 
recurrente tal y como se ha solicitado en la demanda.
La exclusión se produce por el término «públicas» contenido en los artículos 1.1 y 2.1 
de la Orden 24/2016, de 10 de junio, y en el apartado 2.1, de la resolución de 11 de julio 
de 2016. Igualmente se produce por la referencia a la letra A) del apartado 2.1 de la 
Ley 4/2007, de 9 de febrero, que se recoge en el apartado 1 de la Resolución de 11 de 
julio de 2016, pues todos ellos vulneran el derecho de la universidad solicitante de 
amparo recogido en el artículo 14 CE en relación con el artículo 27 CE, al establecer una 
diferencia  de  trato  entre  las  universidades  públicas  y  privadas  en  relación  con  la 
posibilidad  de  solicitar  las  becas  reguladas  en  la  misma  para  cursar  estudios 
universitarios.
Por último, al apreciarse la vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el 
artículo 14 en relación con el artículo 27 CE, no procede examinar la lesión denunciada 
del derecho a la libertad ideológica (artículo 16 CE) ni la referida al derecho a la tutela 
judicial efectiva (artículo 24.1 CE).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir y, en su virtud:
1.º  Declarar  que  ha  sido  vulnerado  su  derecho  fundamental  a  la  igualdad 
(artículo 14 CE), en relación con su derecho fundamental a la creación de centros 
docentes (apartado 6 del artículo 27 CE).
2.º  Restablecerla en sus derechos y, en consecuencia, declarar la nulidad del 
término «públicas» contenido en los artículos 1.1 y 2.1 de la Orden de la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte 24/2016, de 10 de junio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de becas para el alumnado que 
vaya a finalizar sus estudios universitarios en universidades públicas de la Comunitat 
Valenciana,  y  en  el  apartado  2.1  de  la  Resolución  de  11  de  julio  de  2016,  de  la 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan 
becas  para  el  alumnado  que  vaya  a  finalizar  sus  estudios  universitarios  en  las 
universidades públicas de la comunidad valenciana durante el curso 2016/2017. Así 
como de la referencia a la letra A) recogida en el apartado 1 de la referida Resolución 
de 11 de julio de 2016.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de febrero de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón respecto  e.
de la sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 6348-2018 w.
TribuEnna el lC eojenrsctiictuioc idoen alla,  fya ccuolnta de l qmueá xmimeo c orensfipeereto  eal  alart íocuplion ió9n0 .2d ed em lias  Lceoym Opargñáenroicsa,  mdeel 
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sostener en la Sala en la que se ha deliberado el presente asunto, en la Sala en la que
se deliberó el recurso de amparo núm. 2578-2019 y que desembocó en la aprobación de 
la STC 6/2021, de 25 de enero, así como en el Pleno en el que se decidió el recurso de 
amparo núm. 5099-2018 y que desembocó en la aprobación de la STC 191/2020, de 17 
de diciembre.
Me  remito,  así,  a  las  razones  recogidas  en  los  votos  particulares  a  aquellas 
sentencias,  reiterando  de  nuevo  mi  oposición  tanto  a  la  doctrina  en  la  que  se 
fundamentaron –y ahora de fundamenta la presente sentencia–, como a la errónea 
aplicación al caso concreto de la doctrina constitucional en materia de igualdad que en la 
presente sentencia se realiza.
Madrid, a quince de febrero de dos mil veintiuno.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–
Firmado y rubricado.
Voto particular que formula la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón a la 
sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 6348-2018
En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional manifiesto mi discrepancia con la argumentación y el fallo de la 
sentencia aprobada por la Sala. La argumentación de la resolución a la que se opone 
este voto es plenamente coincidente con la de la STC 191/2020, de 17 de diciembre, y 
habiendo manifestado mi discrepancia respecto de aquella, en el voto particular conjunto 
firmado con el magistrado don Juan Antonio Xiol, me remito ahora, en su totalidad, a 
dicho voto particular.
Madrid, a quince de febrero de dos mil veintiuno.–María Luisa Balaguer Callejón.–
Firmado y rubricado.