BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Martes 22 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 21438
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2824 Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de la propiedad de Santa Lucía de Tirajana, por la que se 
suspende la inscripción de una escritura de compraventa.
En el recurso interpuesto por don A., don Z. H. y don O. S. E., como administradores 
mancomunados de la sociedad «Sánchez Espino Gestión Económica, S.L.», contra la 
nota de calificación del registrador de la Propiedad de Santa Lucía de Tirajana, don 
Javier Angulo Rodríguez, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
compraventa.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 10 de agosto de 2021 por el notario de Las 
Palmas de Gran Canaria, don Alberto Blanco Pulleiro, con el número 2.206 de protocolo, 
se  procedió  a  la  compraventa  de  participaciones  en  ejecución  de  un  acuerdo  de 
separación y dación en pago de deuda entre dos entidades, y en el que se señalaba 
como requisitos tributarios para la inscripción en el Registro de la Propiedad lo siguiente: 
«la previa presentación de la declaración del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana. A estos efectos, la parte adquirente me requiere 
para que remita al Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, copia simple de esta escritura, 
con el valor de la comunicación a que se refiere el artículo 110-6-b de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales».
II
Presentada  dicha  escritura  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Santa  Lucía  de 
Tirajana, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Entrada N.º: 9841 del año: 2.021.
Asiento N.º: 2.482 Diario: 137.
Presentado el 13/10/2021 a las 15:01.
Presentante: Asefico Consulting SL.
Interesados: Construcciones Zenón Sánchez Pérez SL, Sánchez Espino Gestión 
Económica SL.
Naturaleza: Escritura pública.
Objeto: dación en pago.
Protocolo N.º: 2206/2021 de 10/08/2021.
Notario: Alberto Blanco Pulleiro, Las Palmas de Gran Canaria.
El  registrador,  que  suscribe,  previo  el  consiguiente  examen  y  calificación  de 
conformidad con los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de Reglamento Hipotecario,  e.e
y conforme a lo siguiente: b
HHeacnh soisd.o presentados en este Registro los documentos anteriormente relacionados  2022-2824n https://ww
tseenpdaerancteiósn a y:  dcaocmiópnr aevne nptaag od ed ep daertuicdipaa.ciones sociales en ejecución de un acuerdo de  BOE-A-cable e
Fundamentos de Derecho.
– No se acredita la presentación a liquidación del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal) o la comunicación a 
que se refiere el art. 110.6 TRLRHL, al correspondiente Ayuntamiento de Ingenio donde 
radican las fincas, a los efectos de levantar el cierre registral previsto en el art. 254.5 LH.
Resuelvo.
Suspender el documento presentado por los motivos dichos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 322 de la Ley Hipotecaria, pongo en su 
conocimiento la nota de calificación del referido documento.
No se ha tomado anotación de suspensión por no haber sido solicitada.
Esta nota, puede ser (…) Santa Lucía de Tirajana a veintiuno de octubre del año dos 
mil veintiuno. Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Javier 
Angulo Rodríguez registrador/a de Registro Propiedad de Santa Lucía de Tirajana a día 
veintiuno de octubre del año dos mil veintiuno.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don A., don Z. H. y don O. S. E., como 
administradores mancomunados de la sociedad «Sánchez Espino Gestión Económica, 
S.L.», interpusieron recurso el día 17 de noviembre de 2021 en virtud de escrito y en el 
que, resumidamente, señalaban lo siguiente:
«En  la  mencionada  escritura  de  compraventa  de  participaciones  sociales  en 
ejecución de un acuerdo de separación y dación en pago de deuda, en su exponendo II, 
punto séptimo, b.2) recoge textualmente:
“b.2)… La previa presentación de la declaración del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. A estos efectos, la parte adquiriente me 
requiere para que remita al Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, copia simple de esta 
escritura, con el valor de la comunicación que se refiere el artículo 110-6-b de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.”
No obstante, con fecha 3 de noviembre de 2021, se publica en la página web del 
Tribunal Constitucional sentencia de 26 de octubre de 2021, que resuelve la cuestión de 
la inconstitucionalidad número 4433-2020, en la que se declara la inconstitucionalidad y 
nulidad  de  los  artículos  107.1,  segundo  párrafo,  107.2.a)  y  107.4  del  TRLHL  por 
contravenir injustificadamente el principio de capacidad económica como criterio de la 
imposición.
La declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos mencionados supone 
su  expulsión  del  ordenamiento  jurídico,  dejando  un  vacío  normativo  sobre  la 
determinación  de  la  base  imponible  que  impide  que  impide  [sic]  la  liquidación, 
comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad.
Por lo tanto, al no estar la sociedad obligada a presentar la plusvalía, queda nula la 
causa de suspensión por la que no se realizó el registro de los inmuebles.»
IV es
El registrador de la Propiedad suscribió informe el día 2 de diciembre de 2021 y elevó  w.
el expediente a este Centro Directivo. 24ww
Fundamentos de Derecho
Vistos  los  artículos  3,  9  y  254.5  de  la  Ley  Hipotecaria;  51  del  Reglamento  BOE-A-cable e
Hipotecario; la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021, y las
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 22 de febrero 
de 2006, 5 de diciembre de 2011, 30 de enero, 3 y 10 de octubre y 27 de noviembre 
de 2014, 5 de marzo, 17 de julio y 28 de agosto de 2015, 7 de enero de 2016, 3 de abril 
de 2018 y 9 de enero de 2020.
1. La presente Resolución tiene por objeto una escritura de compraventa de una 
finca en relación con la exigencia de la previa presentación en el ayuntamiento para la 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana.
Son hechos que deben tenerse en cuenta para la resolución de este expediente los 
siguientes:
– En escritura autorizada el día 10 de agosto de 2021 por el notario de Las Palmas 
de Gran Canaria, don Alberto Blanco Pulleiro, número 2.206 de protocolo, se procede a 
la compraventa de participaciones en ejecución de un acuerdo de separación y dación 
en pago de deuda entre dos entidades.
– En  dicha  escritura  consta,  en  el  apartado  de  «advertencias  legales  (…)  b.) 
Requisitos tributarios para la inscripción en el Registro de la Propiedad»: «b.2) La previa 
presentación  de  la  declaración  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los 
Terrenos de Naturaleza Urbana. A estos efectos, la parte adquirente me requiere para 
que remita al Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, copia simple de esta escritura, con el 
valor de la comunicación a que se refiere el artículo 110-6-b de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales».
El  registrador  suspende  la  inscripción  del  documento  por  no  acreditarse  la 
presentación a liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza  Urbana  (Plusvalía  municipal)  o  la  comunicación  a  que  se  refiere  el 
artículo 110.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al correspondiente 
Ayuntamiento de Ingenio donde radican las fincas, a los efectos de levantar el cierre 
registral previsto en el artículo 254.5 de la Ley Hipotecaria.
Los  recurrentes  alegan  que  la  declaración  de  inconstitucionalidad  y  nulidad  de 
determinados artículos de la Ley Reguladora de Haciendas Locales supone su expulsión 
del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base 
imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo 
local y, por tanto, su exigibilidad.
2. Este Centro Directivo (vid. Resoluciones recogidas en los «Vistos») ha analizado 
el  alcance  del  denominado  cierre  registral  por  no  acreditar  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones  fiscales,  tanto  en  relación  con  los  Impuestos  sobre  Transmisiones 
Patrimoniales  Onerosas  y  Actos  Jurídicos  Documentados  y  de  Sucesiones  y 
Donaciones, como respecto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (Plusvalía).
El artículo 254.1 de la Ley Hipotecaria dispone: «Ninguna inscripción se hará en el 
Registro de la Propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos 
establecidos o que se establecieren por las leyes, si los devengare el acto o contrato que 
se pretenda inscribir».
Más específicamente el mismo artículo establece en su punto 5: «El Registro de la 
Propiedad  no  practicará  la  inscripción  correspondiente  de  ningún  documento  que 
contenga acto o contrato determinante de las obligaciones tributarias por el Impuesto  es
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin que se acredite  bo
previamente haber presentado la autoliquidación o, en su caso, la declaración, del  24ww
iDTmeepxctuYroee  atsRo telo oLf,su eo nge dilfsaeild accottooi vmdsoe u,d  n2elai/ c2 aaL0cce0laiyó4r n,aR  drae ee gq n5uu  lqeadu deséo em rc araoe rndfziseeoi sr»leta.e sl a eH sleatetcr aice ibne)dr radese r le Lagopicsaatrrltaealsd, ,oe a l 6pa rrdoteíbcl auadlorot í2 cp5uo5lor,   1ep1lá 0Rrr adefeaoll    OE-A-2022-28able en https://
primero, de la misma ley establece: «No obstante lo previsto en el artículo anterior, podrá
extenderse el asiento de presentación antes de que se verifique el pago del impuesto; 
más en tal caso se suspenderá la calificación y la inscripción u operación solicitada y se 
devolverá el título al que lo haya presentado, a fin de que se satisfaga dicho impuesto».
En consecuencia, la falta de acreditación de la liquidación del Impuesto de Plusvalía 
supone  el  cierre  del  Registro  (salvo  en  lo  relativo  a  la  práctica  del  asiento  de 
presentación) y la suspensión de la calificación del documento.
3. La  doctrina  mantenida  por  este  Centro  Directivo  ha  establecido  que  el 
registrador, ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite, no sólo ha de 
calificar su validez y licitud, sino decidir también si se halla sujeto o no a impuestos; la 
valoración que haga de este último aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no 
le corresponde la competencia liquidadora respecto de los diversos tributos; no obstante, 
será suficiente bien para acceder, en caso afirmativo, a la inscripción sin necesidad de 
que la administración fiscal ratifique la no sujeción, bien para suspenderla en caso 
negativo, en tanto no se acredite adecuadamente el pago, exención, prescripción o 
incluso la no sujeción respecto del impuesto que aquel consideró aplicable, de modo que 
el registrador, al sólo efecto de decidir la inscripción, puede apreciar por sí la no sujeción 
fiscal  del  acto  inscribible,  evitando  una  multiplicación  injustificada  de  los  trámites 
pertinentes para el adecuado desenvolvimiento de la actividad jurídica registral.
Ahora  bien,  no  concurriendo  circunstancias  de  realización  de  especial  tarea  de 
cooperación con la Administración de Justicia (Resolución de 21 de diciembre de 1987) 
ni resultando supuestos de expresa e indubitada no sujeción al Impuesto (apartados 2 
a 4 del artículo 104 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) o 
de clara causa legal de exención fiscal, imponer al registrador la calificación de la 
sujeción o no al Impuesto de ciertos actos contenidos en el documento presentado a 
inscripción supondría obligarle a realizar inevitablemente declaraciones tributarias que 
(aunque sea con los limitados efectos de facilitar el acceso al Registro de la Propiedad) 
quedan fuera del ámbito de la competencia reconocida a este Centro Directivo, de modo 
que, aunque es posible que el registrador aprecie la no sujeción de determinado acto a 
las obligaciones fiscales, ha de tenerse en cuenta que si para salvar su responsabilidad 
exigiere la correspondiente nota de pago, exención, prescripción o no sujeción, habrán 
de ser los órganos tributarios competentes –en este caso, municipales– los que podrán 
manifestarse al respecto al recibir la comunicación impuesta por ley, sin que corresponda 
a esta Dirección General el pronunciarse, a no existir razones superiores para ello (por 
ejemplo, cfr. artículo 118 de la Constitución) o tratarse de un supuesto en el que se esté 
incurriendo en la exigencia de un trámite desproporcionado que pueda producir una 
dilación indebida.
4. En el supuesto de este expediente, los recurrentes alegan que la declaración de 
inconstitucionalidad  y  nulidad  de  los  artículos  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas 
Locales supone su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo 
sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, 
recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad.
El recurso no puede prosperar.
Debe tenerse en cuenta que lo declarado nulo por la Sentencia es el sistema de 
cálculo de la base imponible del Impuesto, pero no el Impuesto mismo, por lo que las 
demás cuestiones relativas al mismo deben considerarse subsistentes y, en especial, la 
necesidad de asegurarse de que las administraciones correspondientes sigan teniendo 
la  información  de  los  hechos  imponibles  generadores  del  Impuesto  que  se  sigan 
produciendo. Esto unido a que sigue plenamente vigente el artículo 254.5 de la Ley  es
Hipotecaria, permite concluir que la actuación de los registradores debe seguir siendo la  o
pdmuaeltiserl amrEdi oanaerb  rmcqeroiucern ehnes othlee  aR cqu ueuvnegeeanin  sciaimtdirsaoopi,s,  u sptdegiaee nrnbaaade c ot tioeóo hdxndaai ogtssrsiit r balsalu eoslta s al oa rfepic adoce.ohnracatrcu.ibimouneyenestna atcenisót endr ipeor reeavslie sygt aap roe snlat el arni oonr oesrsmu ajae ,cl aisó iSnne  pone terijnnuscictiaaior,    OE-A-2022-2824able en https://www.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de 
calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 2 de febrero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.