BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 338 Lunes 28 de diciembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 122384
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
17203 Sala Segunda. Sentencia 175/2020, de 30 de noviembre de 2020. Recurso 
de amparo 3541-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de 
las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción 
de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho 
a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020  [inadecuada  utilización  de  la 
dirección  electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:175
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3541-2019, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, de 23 de 
abril de 2019, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el auto, también 
impugnado,  de  fecha  21  de  septiembre  de  2018,  por  el  que  se  inadmitió  por 
extemporánea la demanda de oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil en 
el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 382-2018, instado por la entidad Banco 
de Sabadell, S.A. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Se ha personado la entidad Pera 
Assets  Designated  Activity  Company,  actuando  como  sucesora  procesal  del  banco 
ejecutante. Ha sido ponente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 6 de junio 
de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando en 
nombre y representación de Penrei Inversiones, S.L., bajo la defensa de la letrada doña 
Anju  Nirmala  Benavent  Rodríguez,  interpuso  demanda  de  amparo  contra  las 
resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a  o
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes: 203www.
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dneúrme.c h3o  ddee  Luosorc as.o bInrec olaa dfoin cpar orceegdisimtraiel n4to3 .4d3e1 ,e ijnesccurcitiaó ne nh ipeol tReecagrisiatr o( ndúem l.a  3P8r2o-p2i0e1d8a)d,   BOE-A-cable e
mediante  auto  de  fecha  8  de  junio  de  2018,  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 5 de Lorca (en adelante, el juzgado) ordenó la ejecución del título 
hipotecario, despachó ejecución contra otra entidad y contra la ahora demandante de 
amparo y dispuso, a continuación, lo siguiente:
«El presente auto, junto con el decreto que dictará el letrado de la Administración de 
Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte 
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), sin 
citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la 
ejecución.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada 
pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en el artículo 695 de 
la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la notificación del 
presente auto y del decreto que se dicte».
b)  La  citada  notificación  se  produjo  a  través  del  servicio  de  notificaciones 
electrónicas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Más en concreto, el servicio 
remitió el 13 de junio de 2018 un correo electrónico en el que señalaba como asunto 
«Juzgados y Tribunales – Aviso de Notificación para el NIF B73836173», dirigida a 
Penrei Inversiones, S.L. – NIF B73836173. Según el texto del correo, la notificación 
venía referida al asunto «JDO. 1 INST. E INSTR. N 5 DE LORCA EJH/0000382/2018», 
indicándole que la «notificación estará disponible en su dirección electrónica habilitada 
única desde el 13-06-2018 hasta el 29-07-2018. Si no procediera a su lectura en el plazo 
indicado se producirán los efectos correspondientes, según la normativa aplicable». Más 
adelante se añadía que «independientemente del tiempo que tenga a su disposición el 
acto de comunicación, transcurridos tres días hábiles desde su puesta a su disposición 
sin que el destinatario haya accedido a su contenido, se entenderá que la comunicación 
ha  sido  efectuada  legalmente  desplegando  todos  sus  efectos,  conforme  con  lo 
establecido  en  el  art.  162.2  de  la  LEC»,  para  finalizar  señalando  que  este  «aviso 
conforme a lo dispuesto en el art. 25 del RD 1065/2015 no tiene efecto procesal alguno».
En la certificación emitida por el servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica  habilitada  también  consta  que  la  notificación  tenía  como  número  de 
referencia el 5b21627144e24, que fue puesta a disposición del destinatario el 13 de junio 
de 2018 y que la fecha de aceptación fue el 24 de julio de 2018, figurando como 
certificado digital receptor el correspondiente a don José Luis Reverte, en su calidad de 
representante de la citada mercantil.
c)  En escrito presentado ante el juzgado el día 31 de julio de 2018, la demandante 
de amparo compareció en el procedimiento, formulando oposición a la ejecución, con su 
documentación adjunta.
d)  Con fecha 21 de septiembre de 2018, el juzgado dictó un auto por el que se 
acordó: «Inadmitir a trámite la oposición formulada por la parte ejecutada […] Penrei 
Inversiones, S.L., […] por presentación fuera de plazo, contra Banco Sabadell, S.A.», 
advirtiendo en pie de recurso que contra dicha resolución cabía recurso de reposición.
El juzgado basó su decisión, conforme a su fundamento de Derecho único, en lo 
siguiente: «Se establece en el artículo 134 de la LEC, la improrrogabilidad de los plazos 
establecidos en la misma, y en el artículo 136 de la LEC, que transcurrido o pasado el 
término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la 
preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate. Establece el 
artículo 695 LEC que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los  e
términos previstos en dicho artículo y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente  bo
a la notificación del auto y del decreto. Constando en el presente supuesto que la parte  203ww
seejerc iuntaaddma istied ah asu o poupeossticoi óunn ap ovre ez xttreamnspcourrárnideoa e, ld pel aczoon fqourme ildeagda lmcoenn tloe  esest aleb loetcoirdgoa ,e dne lboes 
preceptos citados».
e)  Formalizado recurso de reposición, el juzgado dictó un nuevo auto el 23 de abril 
de 2019, por el que se desestimó el recurso, conforme a los motivos expuestos en su 
razonamiento jurídico segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de las recurrentes, las mismas desde el 1 de enero de 2017 (disposición 
transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC) están 
obligadas  a  relacionarse  con  la  Administración  de  Justicia  por  medios  electrónicos 
(art. 14.2 a) de la Ley 39/2015 LPAAP y art. 273.3 a) de la LEC)».
Tras afirmar que los recurrentes interpretan de forma errónea la normativa aplicable, 
se  citan  los  arts.  162.2  de  la  Ley  de  enjuiciamiento  civil  (LEC);  33.2  y  34  de  la 
Ley 18/2011, de 5 de julio; 11.2 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre; y el 
acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 6 de julio 
de 2016, para concluir afirmando la «validez [de] la notificación a personas jurídicas por 
canales electrónicos».
A continuación, señala que «en el presente caso, consta que la notificación se puso a 
disposición de las recurrentes en fecha 13/06/18 no accediendo al contenido hasta el 
día 24/07/18 […], presentando los escritos de oposición a la ejecución en fecha 31/07/18, 
claramente fuera del plazo legalmente establecido en el art. 556.1 de la LEC (dentro de 
los diez días siguientes al de la notificación del auto despachando ejecución,) y siendo 
que conforme al art. 136 de la LEC transcurrido o pasado el término señalado para la 
realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la 
oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que dichas oposiciones son 
extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión».
Como pie de recurso, el auto indicó que dicha resolución «es firme, y contra la misma 
no cabe recurso alguno».
Este auto fue notificado en fecha 26 de abril de 2019 y, junto con el auto de 21 de 
septiembre de 2018, es el objeto del presente recurso interpuesto por la citada entidad 
Penrei Inversiones, S.L.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causan la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad recurrente, al haberse 
efectuado  su  emplazamiento  como  ejecutada  en  el  procedimiento  hipotecario  de 
referencia, a través de un correo electrónico remitido por un servicio de notificaciones 
electrónicas, tratándose de su primer emplazamiento judicial.
La  recurrente  reconoce  que,  por  ser  una  persona  jurídica,  viene  obligada  a 
relacionarse con la administración de justicia a través de medios electrónicos. Aclara, no 
obstante, que cuando es el primer emplazamiento y por tanto todavía aquella «no ha 
tenido ninguna relación con el juzgado correspondiente en este especial y concreto 
procedimiento»,  ha  de  practicarse  mediante  cédula  con  entrega  en  papel  de  la 
documentación correspondiente, conforme establece el art. 273 LEC, en relación con los 
arts. 135, 152, 162 y 155 LEC. Este último, precisa, «es categórico al respecto ya que en 
su  punto  primero  nos  indica  que  cuando  las  partes  no  actúen  representadas  por 
procurador o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de 
comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes». Añade que incluso la 
notificación  realizada  tampoco  cumple  con  las  formalidades  de  las  comunicaciones  s
electrónicas. Además, su entidad nunca facilitó una dirección de correo electrónico a  oe.
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a través de la dirección electrónica habilitada.
Sobre el auto de 23 de abril de 2019, se rechaza por la recurrente que haya 
fundamentado  su  decisión  en  la  ley  de  procedimiento  administrativo  común,  «que 
consideramos inaplicable al ámbito procesal civil, puesto que además de existir normas 
concretas  al  respecto,  no  se  dan  en  uno  y  otro  ámbito  las  mismas  garantías 
procedimentales»; siendo que en materia de notificación de actos procesales existe su 
propia normativa tanto en la Ley de enjuiciamiento civil –los artículos arriba citados– 
como en el haz de garantías del propio art. 24 CE.
Con cita expresa de la doctrina de este tribunal sobre la relevancia de los actos de 
comunicación procesal desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva 
(entre  otras,  SSTC  115/1988,  195/1990  y  326/1993),  finaliza  solicitando  que,  con 
estimación del amparo, se acuerde la nulidad de los autos de 21 de septiembre de 2018 
y  de  23  de  abril  de  2019,  «reconociendo  el  derecho  individual  de  Penrei 
Inversiones, S.L., a obtener una resolución con respeto al derecho a la tutela judicial 
efectiva, y la nulidad de actuaciones y reposición de todo al momento previo a dictarse el 
auto de fecha 21 de septiembre de 2018, para que resuelva conforme a Derecho, 
admitiendo a trámite la demanda de oposición al despacho de ejecución» formulada por 
la recurrente.
Por medio de un «segundo otrosí digo», en el escrito de demanda se argumentó 
«que la continuación de la ejecución derivadas de los pronunciamientos judiciales que 
han sido objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación 
a terceros, pueden hacer perder al recurso de amparo su finalidad», por lo que se solicitó 
«la suspensión de la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria 382-2018 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial» [sic].
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este tribunal dictó 
providencia el 25 de noviembre de 2019 por la que acordó: (i) admitir a trámite el 
recurso,  «apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia 
constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el 
recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el 
que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y porque el recurso puede 
dar  ocasión  al  tribunal  para  aclarar  o  cambiar  su  doctrina,  como  consecuencia  de 
cambios  normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho 
fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]»; (ii) dirigir atenta comunicación al Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, a fin de que proceda a «emplazar a 
quienes hubieran sido parte en el procedimiento» de origen, excepto a la «recurrente en 
amparo», para poder comparecer en el presente proceso constitucional en el plazo de 
diez días; y (iii) formar la «oportuna pieza separada de suspensión».
5.  Por nueva providencia dictada por la Sección Cuarta de este tribunal en la misma 
fecha  se  dispuso  «formar  con  la  precedente  fotocopia,  la  oportuna  pieza  para  la 
tramitación del incidente sobre suspensión y conforme determina el artículo 56 de la Ley 
Orgánica de este Tribunal, conceder un plazo común de tres días a la parte recurrente y 
al Ministerio Fiscal para que aleguen lo que estimen pertinente sobre dicha suspensión». 
Este traslado fue cumplimentado por la parte recurrente, mediante escrito de fecha 3 de 
diciembre de 2019, en el que se ratificó en su petición inicial. Por su parte, el Ministerio 
Fiscal presentó informe en fecha 10 de diciembre de 2019, en el que interesó que se 
adoptara únicamente la medida de anotación preventiva de la demanda de amparo. e
Así se acordó por medio del ATC 7/2020, de 27 de enero, dictado por la Sala  bo
Segunda de este tribunal. En el mismo se denegó la suspensión solicitada y se ordenó la  203ww
raenmotisaicóinó na l prreefveerindtoiv jau zdgea dloa  pdaerma alan deaxp deed icaiómnp daerol  meann deal mreiegnistotr oo pdoer tulan op. rSoep iecodnasdi,d ecroan, 
ala  taald qeufeiscitcoi,ó nq udee el sbtiae nm peodrid tae r«cseero r elop uhtaic iiedróan eirare pivainrad iceavbitaler,  esli tpuearcjuióicni oa  dlear iqvuaed os ed eh qaucee 
referencia en la demanda».
6.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 16 de diciembre de 2019, 
la procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu, actuando en nombre y 
representación de la entidad Pera Assets Designated Activity Company, bajo la dirección 
letrada de don Alejandro Ingram Solís, solicitó que se le tuviera por personada en este 
recurso, en su condición de adquirente de los créditos hipotecarios que anteriormente 
eran de la titularidad de la entidad Banco de Sabadell, S.A. Estos créditos le habían sido 
cedidos por esta en virtud de escritura suscrita el 23 de julio de 2019, ante el notario de 
Madrid don Carlos de Alcocer Torra.
7.  Con fecha 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de 
este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que se acordó, de un lado, tener por 
personado y parte a la entidad Pera Assets Designated Activity Company, a través de la 
procuradora mencionada, y de otro, dar vista de las actuaciones a las partes personadas 
y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el art. 52.1 LOTC.
8.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones el 6 de noviembre de 2020. En el mismo interesó que se dictara resolución 
estimatoria del recurso de amparo reiterando los argumentos expuestos en la demanda. 
Además, se hace una reseña expresa de la sentencia que resuelve el recurso de amparo 
núm. 5377-2018, que se corresponde con la STC 40/2020, de 27 de febrero. En esta 
resolución, por aplicación de las SSTC 6/2019, de 17 de enero, y 47/2019, de 8 de abril, 
se confirma la doctrina que defiende en este recurso, en torno a la necesidad de que el 
primer emplazamiento o citación se efectúe en el domicilio de la persona jurídica que 
figure como demandada, según impone el artículo 155.1 LEC.
9.  El fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 16 de 
noviembre de 2020, por el que interesó de este tribunal que dictara sentencia otorgando 
el amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial  efectiva  sin  indefensión  (art.  24.1  CE),  y  su  restablecimiento  mediante  la 
declaración  de  nulidad  de  «todo  lo  actuado  desde  la  notificación  efectuada 
electrónicamente del auto despachando ejecución acordado por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, en el juicio de ejecución hipotecaria 382-2018», 
además de la consiguiente retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente 
anterior a aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de formular la 
oposición a la ejecución».
El fiscal considera que nos encontramos ante el mismo supuesto fáctico y jurídico que 
ya fue resuelto en sentido estimatorio mediante las SSTC 40/2020, de 27 de febrero, 
y 43/2020, de 9 de marzo, cuyo contenido extracta. En estas resoluciones se concedió el 
amparo solicitado por aplicación de la doctrina expuesta, a su vez, en las SSTC 6/2019, 
de 17 de enero, y 47/2019, de 8 de abril, de las que se deriva la obligatoriedad de que el 
primer emplazamiento se realice de manera personal y con entrega en papel de la 
documentación, conforme a lo dispuesto en los arts. 155.1 y 273.4, segundo párrafo, LEC.
10.  Por  la  Secretaría  de  Justicia  se  ha  dictado  diligencia  el  17  de  noviembre 
de 2020, dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del 
Ministerio Fiscal y de la representación procesal de la recurrente en amparo, quedando 
el asunto concluso y pendiente para deliberación cuando por turno corresponda. No 
consta presentado dentro del plazo del art. 52.1 LOTC, o con posterioridad, ningún 
escrito de alegaciones de la entidad Pera Assets Designated Activity Company. e.
11.  Mediante  providencia  de  fecha  26  de  noviembre  de  2020,  se  señaló  para  203ww
deliberación y votación de la presente sentencia el día 30 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia e instrucción de 
Lorca,  los  cuales,  tras  emplazarlas  por  vía  electrónica  a  través  del  servicio  de 
notificaciones electrónicas y de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, han inadmitido a trámite los ulteriores escritos de oposición a la 
ejecución, los recursos de reposición o de nulidad de actuaciones, por considerarlos 
extemporáneos  o  improcedentes,  al  entender  realizados  conforme  a  Derecho  los 
emplazamientos comunicados a través del sistema de notificaciones telemáticas.
En concreto, en el presente recurso la entidad Penrei Inversiones, S.L., impugna los 
autos  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  5  de  Lorca,  de  21  de 
septiembre de 2018 y de 23 de abril de 2019, dictados en el proceso hipotecario 
núm. 382-2018.
La demanda de amparo alega, en esencia, la vulneración del derecho fundamental a 
la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  en  su  vertiente  de  derecho  a  no  padecer 
indefensión, al no haberse efectuado aquel emplazamiento de manera personal y con 
entrega  en  papel  de  la  documentación  correspondiente,  tal  y  como  establecen  las 
normas de la Ley de enjuiciamiento civil.
El Ministerio Fiscal, por su parte, interesa la estimación del amparo por el primer 
motivo.
2.  Aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la cuestión planteada.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 27 de febrero, en la que ha tenido la 
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra 
dos autos de coincidente contenido con el que ahora se impugna, y donde se dio 
respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio 
de la demanda. Descartada en este caso la concurrencia de algún elemento distintivo 
que  obligue  a  una  fundamentación  o  resultado  diferente  a  lo  declarado  entonces, 
procede por tanto que hagamos aplicación de la citada sentencia 40/2020.
En primer lugar, en el fundamento jurídico 2 se descarta cualquier posible óbice 
procesal, tanto por falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo [art. 44.1 a) 
LOTC] como por ser prematuro el amparo. En el primer caso, porque no cabe recurso 
contra el auto desestimatorio de la reposición, como se indica en el pie de recurso de 
este. En el segundo supuesto, porque no es exigible esperar a la finalización del proceso 
ejecutivo  hipotecario  a quo, ya que  condicionar la  interposición de  la demanda de 
amparo a este hecho genera una dilación injustificada que se traduciría en un gravamen 
adicional o en la intensificación de la lesión constitucional que denuncia, como ya se 
expuso en las SSTC 39/2015, de 2 de marzo, y 49/2016, de 14 de marzo.
En segundo lugar, en el fundamento jurídico 3 de esa resolución se advierte que es 
de aplicación la doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de enero, 
FJ 4 a), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de abril, 
FJ 4 a), recaída en proceso de amparo. En ambos supuestos se afirma la «garantía del 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la Ley de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), como primera  e.
comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida por una  w.
comunicación electrónica», tal y como ocurre con la efectuada a través de la dirección  203ww
ecolemctprólenmicean thaa lbai lriteagdlaa.  dEell  aermt. p2la7z3a.4m LieEnCto s opberres olan apl ressee netxaigceió ne ne ne pl aaprte. l 1d5e5 l.a1s  LcEopCi,a sy  dleo 
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fundamental»,  como  ya  ha  declarado  este  tribunal  en  varios  recursos  de  amparo 
referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo 
fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Finalmente, constata entonces la STC 40/2020, en su fundamento jurídico 4, como 
ha de hacerse también en el presente supuesto, que las dos resoluciones judiciales 
impugnadas vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no 
proceder a su emplazamiento personal en el proceso a quo a efectos de requerirle de 
pago o alternativamente permitirle presentar su oposición a la ejecución. Por el contrario, 
el juzgado optó por un emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones 
electrónicas  y  dirección  electrónica  habilitada  de  la  Fábrica  Nacional  de  Moneda  y 
Timbre, que no está previsto en la normativa procesal para estos casos, y que apenas 
consistía en un aviso remitiendo a un enlace de internet para poder conocer el contenido 
de la notificación. Además, para el cómputo del plazo de presentación del escrito de 
oposición se invocaron normas del procedimiento administrativo común, que son ajenas 
al ámbito jurisdiccional en el que nos encontramos, en alegal conjunción con el plazo del 
art. 556 LEC. Todo ello produjo una indebida denegación de su escrito de oposición a la 
ejecución, lo que determina la estimación del amparo por vulneración de su derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con 
reconocimiento de tal derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la entidad Penrei Inversiones, S.L., y, 
en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los autos de 21 de 
septiembre de 2018 y de 23 de abril de 2019, dictados por el Juzgado de Primera 
Instancia  e  Instrucción  núm.  5  de  Lorca  en  el  proceso  de  ejecución  hipotecaria
núm. 382-2018, así como la nulidad de las actuaciones realizadas a partir del auto de 8 
de junio de 2018 por el que se acordó el despacho de la ejecución y el requerimiento de 
pago a la entidad deudora.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
requerimiento de pago a la entidad ejecutada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
trámite  por  el  citado  juzgado,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho  s
fundamental reconocido. e.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». 203ww
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