BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 4 Miércoles 5 de enero de 2022 Sec. I.   Pág. 1073
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
230 Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes para 
ejecutar las actuaciones y los proyectos que deben financiarse con fondos 
europeos  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia.
LA PRESIDENTA DE LAS ILLES BALEARS
Sea  notorio  a  todos  los  ciudadanos  que  el  Parlamento  de  las  Illes  Balears  ha 
aprobado  y  yo,  en  nombre  del  Rey  y  de  acuerdo  con  lo  que  se  establece  en  el 
artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La expansión de la pandemia de la COVID-19 en todo el mundo ha provocado unas 
consecuencias asoladoras en la salud de las personas, pero, desgraciadamente, no solo 
en la salud, sino que sus efectos han afectado gravemente al tejido social y económico. 
Para  afrontar  la  crisis  sanitaria  se  han  adoptado  toda  una  serie  de  medidas 
excepcionales dirigidas a reducir suficientemente el impacto y controlar la expansión de 
la pandemia y, también, a paliar y revertir sus efectos negativos en el ámbito social y 
económico. En este sentido, la Unión Europea ha apostado por una recuperación firme y 
decidida de la economía y de la sociedad con la finalidad no solo de reparar los daños, 
sino también de salir reforzados de la crisis.
Esta apuesta de la Unión Europea se ha traducido en un paquete de medidas para 
impulsar la convergencia, la resiliencia y la transformación de la Unión Europea que 
parten de las primeras conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo en reunión 
extraordinaria celebrada entre los días 17 y 21 de julio de 2020; conclusiones estas que 
se complementaron posteriormente en la reunión de 11 de diciembre de 2020. Estas 
medidas, que han culminado con la aprobación a lo largo del mes de diciembre de 2020 
de la mayoría de los reglamentos correspondientes y también del presupuesto de la 
Unión  Europea,  se  articulan  fundamentalmente  mediante  dos  vías:  el  Instrumento 
Europeo de Recuperación, también llamado Next Generation EU, con una dotación 
de  750.000  millones  de  euros,  y  el  marco  financiero  plurianual  (MFP)  para  los 
ejercicios 2021-2027. El Instrumento Europeo de Recuperación se fundamenta a su vez 
en tres pilares:
1.º  El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), destinado a apoyar los 
esfuerzos de los estados miembros para recuperarse, a reparar los daños y a salir 
reforzados de la crisis, con un ámbito de aplicación estructurado alrededor de seis 
grandes bloques de actuaciones: a) la transición ecológica; b) la transformación digital; c) 
el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que incluye la cohesión económica, la 
ocupación,  la  productividad,  la  competitividad,  la  investigación,  el  desarrollo  y  la  es
innovación, y un mercado interior que funcione correctamente con pequeñas y medianas  o
empresas sólidas; d) la cohesión social y territorial; e) la salud y la resiliencia económica,  w
icsnaofapcinaaccl iiade ay d il nads ejtui tvureecnaiotcuncdaió,l, n c ocamonnot e p elola rs oe bcjejreimstoips,l, o ey l anf t)er edla usoc taprocoisólí,tn ic dyae se  l apduaemrsaae rlnarto alplror ó ldaxei m pcaare pgpaeacnriadecaraidócenisó .ny,  llaa   OE-A-2022-23able en https://
2.º  La Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa 
(REACT-EU), que se canaliza mediante los fondos FEDER, FSE y FEAD, y que pretende 
una recuperación ecológica, digital y resiliente.
3.º  El refuerzo de proyectos clave de la Unión Europea para extraer las enseñanzas 
de la crisis, fortalecer el mercado único y acelerar la doble transición digital y ecológica.
De acuerdo con esto, cada estado miembro debe elaborar un proyecto de país. En el 
Estado español, este proyecto es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
al que se refiere el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por el que deben 
canalizarse los fondos europeos.
Las  Illes  Balears  aprobaron,  así  mismo,  el  Plan  Autonómico  de  Reactivación  y 
Transformación Económica y Social de las Illes Balears, con diez ejes de futuro y diferentes 
planes, estrategias y pactos que deben permitir, en connivencia, discusión, consenso y 
construcción conjunta con otras administraciones y actores socioeconómicos, desplegar las 
acciones que son necesarias para hacer frente a la situación generada por la pandemia y 
salir fortalecidos.
II
El Real Decreto-ley 36/2020 mencionado aprueba un marco general básico dirigido a 
movilizar inversiones y proyectos y a facilitar, dentro del calendario temporal marcado por 
la Unión Europea, la gestión administrativa necesaria para que el máximo de proyectos 
pueda beneficiarse de la financiación europea. Algunas de estas medidas, de carácter 
básico, son directamente aplicables en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears, pero otras requieren una adaptación o un desarrollo legal autonómico que las 
armonice con las particularidades organizativas y normativas propias, lo que se lleva a 
cabo mediante esta ley.
Esta ley consta de veinticinco artículos, divididos en ocho capítulos, y también de 
diez  disposiciones  adicionales,  dos  disposiciones  transitorias,  una  disposición 
derogatoria y once disposiciones finales. El capítulo I regula las disposiciones generales, 
como por ejemplo el objeto y el ámbito de aplicación de la norma. El capítulo II hace 
referencia a los instrumentos de planificación, gestión y control; concretamente, al Plan 
Estratégico Autonómico que debe aprobar el Consejo de Gobierno, y también a la 
Dirección de la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas, que 
es  el  órgano  responsable  de  la  planificación,  la  evaluación,  la  coordinación  y  el 
seguimiento de las inversiones estratégicas promovidas por el Gobierno y el resto de 
instituciones y agentes sociales de las Illes Balears susceptibles de financiarse con los 
fondos integrantes del Instrumento Europeo de Recuperación.
Para adecuarse a las exigencias de la Unión Europea en la gestión de los fondos 
procedentes de este Instrumento Europeo de Recuperación, del que forman parte el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el REACT-EU, los capítulos siguientes lo 
que  hacen  principalmente  es  suprimir  algunos  trámites  que  no  se  consideran 
imprescindibles para garantizar la idoneidad del procedimiento o bien acortar los plazos 
de los trámites que se entienden ineludibles. Así, el capítulo III trata de agilizar el 
procedimiento  de  elaboración  de  normas  y  también  todos  los  procedimientos 
administrativos que comportan expedientes de gasto, con lo que se generaliza ex lege la 
tramitación por la vía de urgencia; y el capítulo IV establece determinadas normas  e.e
especiales en materia de suscripción de convenios, en consonancia con la regulación  b
estatal  en  este  punto.  El  capítulo  V  regula  algunas  especialidades  en  materia  0ww
pinrceosruppouraecsitóanri ad, ea  crfiénd iteosse; nyc iaelml ecnatpeí tudloe  VfaI ceilistatarb lleac eg ecnieerrtaacsi ónno, rmlaa sr eesstiptueccióianle sy  elan 
lmegaitselraiad odr ee sstautbavl epnocri omneedsi,o  tdaeml bRiéena l dDee curneato -mleay n3e6ra/2 0a2n0á ldoeg ac oan sltaa netes traebfleerceindcai ap. oAr  seul 
vez, el capítulo VII, en materia de contratación pública, prevé la aprobación de modelos
de pliegos tipo, con la inclusión necesaria de determinados aspectos susceptibles de 
estandarización, entre otras medidas que deben permitir una contratación más ágil y más 
eficaz en el marco de estos proyectos que deban financiarse con los mencionados 
fondos europeos. Finalmente, el capítulo VIII trata de un elemento capital, como es el 
régimen de los nombramientos, las contrataciones y las atribuciones temporales de 
funciones de los recursos humanos que sean necesarios para una adecuada gestión y 
control de estos nuevos proyectos, en el marco en todo caso de la legislación sustantiva 
administrativa y laboral vigente, y también de las leyes de presupuestos generales.
En cuanto a las disposiciones adicionales, se incluyen algunas medidas que se 
consideran necesarias y coherentes con las previsiones generales de la ley, como por 
ejemplo la que establece que las normas integrantes de su articulado sean aplicables en 
el ámbito de proyectos que eventualmente se financien con otros fondos europeos, 
además del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del REACT-EU; previsión esta 
que se hace extensiva, en la parte de la ley aplicable al ámbito subvencional, a las 
actuaciones  que  resulten  de  la  ejecución  de  la  línea  Covid  de  ayudas  directas  a 
empresarios y profesionales a la que se refiere el título I del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 
respuesta a la pandemia de la COVID-19. Así mismo, se prevén medidas retributivas 
destinadas al personal que se ocupa de la ejecución de esta línea Covid del Real 
Decreto-ley 5/2021 mencionado, vinculadas al grado de cumplimiento de los objetivos de 
esta línea de ayudas. También se prevé la aplicación de determinadas normas de la ley a 
las administraciones insulares y locales de las Illes Balears, sin perjuicio de que las 
entidades mencionadas lleven a cabo las adaptaciones organizativas consiguientes, y la 
extensión  temporal  de  algunos  preceptos  de  la  Ley  2/2020,  de  15  de  octubre,  de 
medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 
simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes 
Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, entre otras 
disposiciones  que,  por  su  especificidad,  no  encuentran  acomodo  en  los  diversos 
capítulos de la ley, como por ejemplo ciertas reglas excepcionales y temporales para la 
selección de personal funcionario interino cuando se hayan agotado las bolsas vigentes 
y la carencia de personal pueda suponer un perjuicio grave en la prestación de servicios 
esenciales para la comunidad autónoma o cuando concurra cualquiera otro motivo que 
impida, dificulte o haga ineficiente la convocatoria de una nueva bolsa. También se 
establecen unas reglas con el fin de agilizar, tanto la selección y la provisión de personal 
funcionario —ya sea de carrera o interino—, como los nombramientos de personal 
funcionario interino. Concretamente, se prevé, por una parte, que en la tramitación de los 
procedimientos de selección y de provisión de personal se puedan hacer determinados 
trámites de forma telemática, y, por la otra, a pesar de que en este caso solo para el 
ejercicio de 2021, que los llamamientos para la ocupación efectiva de puestos de trabajo 
de personal funcionario interino, cuando sea necesario cubrir un grupo homogéneo de 
plazas, se puedan realizar con carácter colectivo y también de forma telemática.
En  materia  de  gestión  presupuestaria,  y  por  medio  de  la  disposición  adicional 
novena, se ha considerado oportuno introducir unas reglas con objeto de flexibilizar la 
gestión de los créditos necesarios para atender los expedientes de gasto originados 
como consecuencia de la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia 
de la COVID-19, y a la vez poder realizar un seguimiento exhaustivo de la ejecución 
presupuestaria; todo ello sin perjuicio, evidentemente, de las normas sobre vinculación 
de créditos y modificaciones presupuestarias que se establecen en los artículos 5 a 8 de  s
la  Ley  3/2020,  de  29  de  diciembre,  de  presupuestos  generales  de  la  comunidad  oe.
autónoma de las Illes Balears para el año 2021, y en la Ley 14/2014, de 29 de diciembre,  w.
de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears. Estas reglas se completan  0w
ceoxnce plac iodnisapl oesnic iróenla caidóinc ioconna l lodsé clíimmiate sy  oúrldtiimnaar,i oqsu dee lc ognatsieton ep luurniaan unaolr magar eegsapdeoc ídfiec al asy 
diversas  secciones  presupuestarias,  con  objeto  de  facilitar  la  aprobación  de  los
expedientes  de  gasto  plurianuales  correspondientes  a  los  proyectos  que  deban 
financiarse con estos importantes fondos europeos.
La disposición derogatoria única contiene la cláusula de estilo de derogación tácita 
de las normas que se opongan a lo dispuesto en la ley, la contradigan o resulten 
incompatibles con la misma.
Entre las disposiciones finales se retoca en primer lugar un punto muy concreto de la 
Ley 2/2020, antes mencionada, para dejar claro que el umbral al que hace referencia el 
precepto que se modifica incluye las subvenciones de importe igual a seis mil euros, y no 
tan solo las de cuantía inferior a esta cifra. Así mismo, se modifica puntualmente el 
artículo 36 de esta Ley 2/2020 por motivos meramente de ordenación presupuestaria y 
para armonizar la regulación de este precepto legal con el contenido de la disposición 
adicional novena de esta ley, antes mencionada. Mediante la disposición final segunda 
se modifica puntualmente un apartado del artículo 21 de la Ley 3/2020, de 29 de 
diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears 
para el año 2021, en relación con el factor variable del complemento de productividad del 
personal del Servicio de Salud de las Illes Balears, a fin, principalmente, de garantizar la 
calidad del servicio que se presta a los ciudadanos y procurar una gestión más ágil y 
adecuada a las circunstancias actuales, en las que hay que hacer frente a un proceso de 
vacunación masiva ante la COVID-19, de forma paralela con la lucha contra la misma 
enfermedad y la gestión ordinaria de los servicios sanitarios. Para hacer frente a las 
necesidades de la población en estas circunstancias es imprescindible disponer de unos 
equipos  de  personal  de  enfermería  que  ejerzan  las  funciones  de  enfermeros  de 
sustitución que den una respuesta inmediata a la cobertura de necesidades en los 
diferentes centros de salud, unidades básicas de salud o puntos de atención continuada 
de la Atención Primaria del Servicio de Salud de las Illes Balears, con el objetivo que no 
decaiga la continuidad asistencial y poder actuar de una manera rápida y eficaz. Así 
mismo, mediante esta modificación, se da cobertura al personal de la categoría de 
celador,  que,  para  una  mejor  eficiencia  y  eficacia  del  servicio  que  se  presta  a  la 
ciudadanía, debe cubrir las necesidades de este servicio en los periodos en los que se 
produce una mayor carencia de personal. De este modo no se mengua la calidad del 
servicio y la gestión de este se hace de una forma más adecuada y más ágil. A su vez, 
en la disposición final tercera se modifican los artículos 36 y 37 del Texto refundido de la 
Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, a 
fin  de,  por  una  parte,  establecer  el  régimen  de  comprobación  de  las  obligaciones 
tributarias ante la comunidad autónoma antes del pago de la subvención, de una manera 
análoga a la que resulta de la legislación estatal respecto de las subvenciones sujetas a 
la Ley general de subvenciones y al Reglamento de desarrollo de esta ley, y, por la otra, 
incluir en el ámbito de aplicación del artículo 37, relativo a los pagos anticipados de 
subvenciones, las destinadas a financiar proyectos o programas en materia de vivienda. 
Se retoca también en un punto la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la 
Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, para atribuir a la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa una nueva función relativa al análisis de la 
sostenibilidad financiera de los contratos de concesión de obras y de concesión de 
servicios, y de determinados acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato, a 
que hace referencia el artículo 333 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del 
sector público, lo que se entiende que va más allá de las funciones como órgano 
consultivo que configura el actual artículo 65 de la Ley 3/2003, y, por lo tanto, que 
requiere una previsión expresa en el mencionado precepto legal. s
Finalmente, dado que hay proyectos declarados de interés autonómico en las Illes  oe.
Balears cuya viabilidad depende absolutamente de que el cambio de adscripción del bien  w.
de dominio público se realice con la máxima celeridad, se modifica puntualmente la  0w
Linetryo 2d0u/c2ir0 0la6 ,f igduer a1 5d ed ela d imciuetmacbiróen,  mdeumniacnipiaall  iyn tdeera rdémgiimniestnr alotivcaa l edne  lloass  bIlileense Bsa yle daersre, cphaoras 
dlae d disopmoisniicoió pnú fbinliacol q duein ltaas d een etidstaad leesy .locales o sus organismos públicos dependientes, en  BOE-A-cable e
III
En cuanto a los principios de buena regulación del artículo 49 de la Ley 1/2019, 
de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, esta ley se justifica por razones de 
interés general, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, en los términos 
expuestos  a  lo  largo  de  esta  exposición  de  motivos.  En  virtud  del  principio  de 
proporcionalidad, en esta ley se prevé la regulación imprescindible para agilizar las 
actuaciones y los procedimientos administrativos, de tal manera que se cumplan los 
objetivos del Instrumento Europeo de Recuperación con la celeridad y las garantías 
mínimas  exigibles  a  toda  actuación  administrativa.  De  acuerdo  con  el  principio  de 
seguridad jurídica, esta ley respeta la normativa autonómica, estatal y de la Unión 
Europea, y se integra en ellas, como no puede ser de otro modo. Así mismo, en 
cumplimiento del principio de transparencia, se han definido con claridad los objetivos de 
la norma. Y, en cuanto al principio de eficiencia, no se ha previsto ninguna carga 
administrativa  innecesaria,  sino  que,  por  el  contrario,  se  simplifican  o  se  reducen 
determinadas obligaciones formales.
Para finalizar, y desde el punto de vista de las competencias por razón de la materia 
de  la  comunidad  autónoma  de  las  Illes  Balears,  hay  que  añadir  que  esta  ley  se 
fundamenta, desde este punto de vista sustantivo, en los puntos 1, 21, 28 y 36 del 
artículo 30 y en los puntos 1, 3, 5, 6 y 13 del artículo 31 del Estatuto de autonomía de las 
Illes Balears.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
El objeto de esta ley es establecer las medidas extraordinarias y urgentes para 
desarrollar las disposiciones estatales básicas que contiene el Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de 
la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, y fijar las especialidades organizativas y de procedimiento necesarias para 
simplificar  y  agilizar  la  gestión  presupuestaria  y  económica,  los  procedimientos  de 
subvenciones  y  de  ayudas,  la  contratación  pública  y  el  resto  de  actuaciones  y 
procedimientos inherentes a la programación y la ejecución de los proyectos que deben 
financiarse  con  fondos  procedentes  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia 
(MRR) y de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa 
(REACT-EU) respecto de los cuales la comunidad autónoma de las Illes Balears sea 
responsable de su gestión y control.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Esta ley es aplicable a todas las actuaciones que lleven a cabo la Administración de 
la comunidad autónoma de las Illes Balears y las entidades integrantes de su sector 
público  instrumental  para  la  implementación,  la  gestión  y  el  control  de  los  fondos 
provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del REACT-EU, así como 
también,  si  procede,  del  resto  de  fondos  europeos  a  los  que  hace  referencia  la 
disposición adicional primera de esta ley. s
Artículo 3.  Principios de tramitación. w.
subvLeansc iaocnteusa cyio anyeusd ay s,lo ds ep croocnetrdaimtaiceiónnto sp údbeli cgae, sdtieó nfo rym eajleizcaucciióónn  dper ecsounpvueensitoasr iay,,  edne 
ggeesnteióranl,,  teold asse glausim aicetnutaoc ioyn eesl  yc olonstr oplr odcee dilmosie nfotonsd oresl apcrioonceaddeons tecos n dlae lp rMogercaamniascmióon ,d lea 
Recuperación  y  Resiliencia  y  del  REACT-EU  deben  tramitarse  de  acuerdo  con  los 
principios de prioridad, preferencia y celeridad.
CAPÍTULO II
Instrumentos de planificación, gestión y control
Artículo  4.  Dirección  de  la  Oficina  de  Planificación  y  Coordinación  de  Inversiones 
Estratégicas.
1.  La  Dirección  de  la  Oficina  de  Planificación  y  Coordinación  de  Inversiones 
Estratégicas, adscrita a la Consejería de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, es la 
encargada de realizar la planificación, el seguimiento estratégico, la evaluación y, en 
general, la coordinación de los proyectos que deban ejecutarse con los fondos a los que 
hace referencia el artículo 2 de esta ley, de acuerdo con la normativa reglamentaria 
relativa a la mencionada Oficina.
2.  Al frente de las unidades en las que se estructura la mencionada Oficina puede 
haber  personal  funcionario  en  puestos  de  naturaleza  directiva  o  personal  directivo 
profesional, cuyas retribuciones deben asimilarse a las establecidas como regla general 
para los jefes de departamento, de acuerdo con las previsiones incluidas en la relación 
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración de la comunidad 
autónoma  de  las  Illes  Balears  y  en  las  leyes  anuales  de  presupuestos  generales, 
distribuidas  por  meses,  con  los  mismos  conceptos  retributivos  establecidos  para  el 
personal funcionario.
Artículo 5.  Plan Estratégico Autonómico, proyectos estratégicos y otros instrumentos de 
planificación, coordinación y gobernanza.
1.  El  Consejo  de  Gobierno,  a  propuesta  de  consejero  de  Fondos  Europeos, 
Universidad y Cultura, debe aprobar un Plan Estratégico Autonómico orientado a lograr 
la transformación de las Illes Balears hacia un nuevo modelo económico y social, de 
acuerdo  con  los  objetivos  generales  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia y los específicos que se fijen a instancia de la Oficina de Planificación y 
Coordinación de Inversiones Estratégicas.
Previamente  a  la  aprobación  del  Plan  Estratégico  Autonómico  y  de  sus 
actualizaciones, y con el objetivo de consensuar su contenido, el Consejo de Gobierno, a 
propuesta del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura tiene que constituir 
una comisión integrada por el consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, 
cuatro representantes más del Gobierno, el director de la Oficina de Planificación y 
Coordinación de Inversiones Estratégicas, un representante de cada consejo insular y un 
representante de la FELIB.
En cualquier caso, dada la realidad pluriinsular del archipiélago, el Plan Estratégico 
Autonómico informará sobre las inversiones territorializadas y atenderá las necesidades 
que cada consejo insular manifieste, según las variables correspondientes propias de 
cada territorio insular. Los proyectos que se aprueben serán los que procedan del 
consenso  entre  el  Gobierno  de  las  Illes  Balears  y  el  consejo  insular  respectivo, 
exceptuando  el  supuesto  de  proyectos  de  alcance  autonómico  global  o  interinsular 
manifiesto.
2.  El Plan Estratégico Autonómico debe ejecutarse por medio de los proyectos,  es
tanto  de  iniciativa  pública  como  privada  o  público-privada,  que  sean  declarados  o
estratégicos por el Consejo de Gobierno, también a propuesta de consejero de Fondos  ww.
cEAouunrtoosEnepnójee mocruosic,a  odnU.eton  Fivaoe nlrosdsiod psa rdoE yuyer ocCtpoueslot uesr,sa tU,r anytéi vqgeuircseoi dsp acados nay r iáCnncu ildatue rnfaoc,r imac oaenrn   paeanl rtteteelra rcidtioeórln io P adla elna  c Eaapdsrtaro abistaélacg,ii ócenol    OE-A-2022-230able en https://w
del Consejo de Gobierno, someterá los proyectos a una comisión mixta bilateral para
evaluarlos con cada uno de los consejos insulares, integrada por representantes del 
Gobierno de las Illes Balears y por representantes del consejo insular, con la asistencia 
de la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas. Los proyectos 
de  alcance  autonómico  o  interinsulares  serán  tratados  en  las  comisiones  mixtas 
bilaterales de las islas respectivas afectadas con el fin de consensuar y evaluar la 
afectación en la isla.
Los proyectos que formen parte del Plan Estratégico Autonómico implicarán, en todo 
caso, la tramitación urgente y el despacho prioritario de los mismos, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 3 y 7 de esta ley.
Por consiguiente, además de la reducción de plazos que implica la tramitación de 
urgencia, estos proyectos deben tramitarse con celeridad por parte de los entes y 
órganos que deban intervenir en el procedimiento y con preferencia sobre todos los 
otros. Si las administraciones públicas de las Illes Balears y sus entes instrumentales no 
emiten, en los plazos máximos establecidos, los informes preceptivos, estos deben 
entenderse  favorables,  salvo  disposición  en  contra  en  aplicación  de  la  legislación 
sectorial.
3.  Así mismo,  en cuanto a  los  proyectos estratégicos  de iniciativa pública, su 
aprobación lleva implícita la autorización del Consejo de Gobierno para contratar, para 
subscribir  convenios,  para  ejercer  las  competencias  en  materia  de  autorización  y 
disposición del gasto y, en general, para iniciar cualquier expediente de gasto, en el 
supuesto  de  que  estas  autorizaciones  sean  exigibles  de  acuerdo  con  la  normativa 
aplicable en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
4.  Los proyectos que formen parte del Plan Estratégico Autonómico pueden ser 
declarados de interés autonómico, por parte del Consejo de Gobierno, a los efectos del 
capítulo II del título I de la Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el 
impulso de la inversión en las Illes Balears.
5.  Los  proyectos  estratégicos  que  sean  promovidos  por  órganos  de  las 
administraciones  públicas  o  sus  entidades  instrumentales  de  derecho  público, 
declarados también de interés autonómico, cuando impliquen actuaciones sujetas a 
licencia urbanística o comunicación previa, pueden ser aprobados por el Consejo de 
Gobierno,  a  propuesta  de  consejero  de  Fondos  Europeos,  Universidad  y  Cultura, 
aplicando las previsiones y con los efectos previstos en el artículo 149 de la Ley 12/2017, 
de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.
6.  La ejecución de los proyectos que, siendo considerados estratégicos y/o de 
interés autonómico, encajen en el ámbito de aplicación del Decreto-ley 1/2018, de 19 de 
enero, de medidas urgentes para la mejora y/o la ampliación de la red de equipamientos 
públicos de usos educativos, sanitarios o sociales de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears o de la Ley 14/2019, de 29 de marzo, de proyectos industriales estratégicos de 
las  Illes  Balears,  deben  tramitarse,  respectivamente,  al  amparo  de  estas  normas, 
aplicando también la tramitación urgente y el despacho prioritario establecido en los 
artículos 3 y 7 de esta ley.
7.  Mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de consejero de 
Fondos Europeos, Universidad y Cultura, deben crearse los órganos colegiados de 
gobernanza, coordinación y seguimiento que se consideren adecuados para la adecuada 
implementación  y  ejecución  de  los  fondos,  y  también  el  resto  de  instrumentos  de 
planificación  estratégica  que  sean  necesarios  para  garantizar  el  máximo 
aprovechamiento de cada uno de los fondos e instrumentos financieros europeos para la 
recuperación económica y social de las Illes Balears. s
En  estos  órganos  tendrán,  en  cualquier  caso,  participación  plena  los  consejos  oe.
insulares respectivos, así como también tendrán representación suficiente los entes  w.
locales del archipiélago y las entidades económicas, empresariales, sindicales y sociales  0w
de todo el archipiélago.
CAPÍTULO III
Especialidades en materia de tramitación de procedimientos
Artículo 6.  Elaboración de proyectos normativos.
1.  Las normas que deban tramitarse en el marco de la ejecución de los fondos 
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del REACT-EU deben 
seguir el procedimiento de urgencia de la sección 3.ª del capítulo II del título IV de la 
Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears.
2.  Esta circunstancia debe hacerse constar en la resolución de inicio, de acuerdo 
con el artículo 61.3 de la mencionada Ley 1/2019, y debe justificarse la vinculación con 
los  fondos  europeos  a  que  hace  referencia  el  apartado  anterior,  o,  en  general,  a 
cualquiera de los fondos europeos a los que se refiere la disposición adicional primera de 
esta ley.
3.  Así  mismo,  la  vinculación  a  que  hace  referencia  el  apartado  anterior  será 
justificación suficiente a los efectos de lo dispuesto en el artículo 24.3 de la Ley 5/2010, 
de 16 de junio, reguladora del Consejo Consultivo de las Illes Balears.
Artículo 7.  Tramitación de urgencia y despacho prioritario de los procedimientos que 
comporten expedientes de gasto.
1.  Mediante esta ley se declara que a todas las actuaciones y los procedimientos 
administrativos que comporten expedientes de gasto que deban financiarse con los 
fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del REACT-EU se 
les debe aplicar la tramitación de urgencia y el despacho prioritario, en los términos 
previstos, respectivamente, en los artículos 33 y 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
De acuerdo con esta declaración legal, la tramitación de urgencia y el despacho 
prioritario en cada caso no requieren ninguna motivación específica.
2.  En ningún caso deben reducirse los plazos correspondientes a la presentación 
de solicitudes y de recursos.
3.  En el ámbito específico de la contratación pública, debe aplicarse la tramitación 
urgente del expediente a la que se refieren el artículo 119 y el resto de disposiciones 
concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, con 
las particularidades que se establecen en el artículo 50.1 del Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de 
la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, y también el despacho prioritario que regula el artículo 50.2 del mencionado 
Real decreto-ley.
CAPÍTULO IV
Especialidades en materia de convenios
Artículo 8.  Tramitación de convenios.
1.  La tramitación de los convenios que se subscriban en el marco de la ejecución 
de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del REACT-
EU  deben  regirse  por  la  legislación  estatal  básica  y  por  la  normativa  autonómica  e.e
aplicable. b
No  obstante,  la  tramitación  de  los  convenios  que,  en  su  caso,  se  prevean  w
ey xeplr eisnafomrmenet ed een  lae l DPliarenc Ecisótnra tGéegniceor aAl udtoen óPmreicsou púuneicsatomse nat elo rse qquuieer eh ealc ien forermfeere jnucríiad iceol 
aarstpíceucltoo s1 7d ed elal  DLeecyr edtoe  7fi5n/a2n0z0a4s,  yd ed e2 7l adse  leaygeoss tod,e  dper edseuspaurersotlolos  dgee ndeeratelerms indaed olas 
comunidad autónoma de las Illes Balears.
2.  Excepcionalmente, el plazo de vigencia de estos convenios puede tener una 
duración inicial de hasta seis años, prorrogable por un periodo máximo de seis años 
más.
El  órgano  competente  debe  justificar  motivadamente  esta  excepción,  con  una 
mención especial que esta extensión no limita la competencia efectiva en los mercados.
3.  En los convenios a los que hace referencia este artículo, el acreedor de la 
Administración, en los términos que determine el convenio, puede recibir un anticipo por 
las operaciones preparatorias que resulten necesarias para llevar a cabo las actuaciones 
financiadas hasta un límite máximo del 50% de la cuantía total por percibir, con la 
garantía que, si procede, se establezca.
CAPÍTULO V
Especialidades en materia de gestión presupuestaria
Artículo 9.  Generación de créditos.
Se autoriza a la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores para que genere los 
créditos necesarios en las secciones presupuestarias correspondientes para la ejecución 
de  las  medidas  previstas  en  esta  ley,  en  el  Real  Decreto-ley  36/2020,  de  30  de 
diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la 
Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia,  y,  en  general,  en  el  resto  de  instrumentos  jurídicos  normativos  o  no 
normativos que impliquen un gasto a cargo del presupuesto de la comunidad autónoma 
de las Illes Balears imputables a cualesquiera de los fondos integrantes del instrumento 
europeo de recuperación.
A estos expedientes se les debe aplicar lo establecido en las letras a) y e) del 
artículo 7.3 de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2021.
Artículo 10.  Afectación.
1.  De acuerdo con los artículos 42 y 80.4 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de 
finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y el artículo 44 del Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la  modernización  de  la  Administración  pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  tienen  la  consideración  de  gastos  con 
financiación afectada los créditos que financien proyectos incluidos en el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia.
A tal efecto, la Dirección General de Presupuestos debe establecer la codificación 
adecuada para el seguimiento de la ejecución de estos créditos.
2.  No  tienen  la  consideración  de  gasto  con  financiación  afectada  los  créditos 
destinados a financiar proyectos en el ámbito de los fondos REACT-EU, sin perjuicio de 
que la Dirección General de Presupuestos establezca una codificación adecuada para el 
seguimiento de la ejecución de estos créditos.
3.  Las codificaciones a que hacen referencia los apartados 1 y 2 de este artículo 
deben aplicarse en los proyectos que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta ley.
4.  La  Dirección  General  de  Fondos  Europeos  es  el  órgano  responsable  del 
seguimiento  del  gasto  elegible  financiado  originariamente  con  cargo  a  créditos  es
financiados con recursos ordinarios. o
Artíc1u. lo C11u.a ndRoe sltoitsu cpiórony deec tcorsé deitloesg.ibles que pueden ser financiados con los fondos  2022-230n https://w
RejEecAuCtaTd-EoU c oon  ccoanrg eol  aM cercéadnitiossm noo d vein Rcuelcaudpoesr aac lioósn  fyo nRdeossi lmienecnicai oynaa dsoes h, alay acno nisneicjeiardao d eo   BOE-A-cable e
Hacienda y Relaciones Exteriores, con los informes previos del director general de 
Presupuestos y del director general de Fondos Europeos, puede restituir estos créditos 
para  financiar,  en  todo  caso,  proyectos  destinados  a  la  recuperación  y  resiliencia 
económica y social con motivo de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19.
A tal efecto, corresponde a la Dirección General de Fondos Europeos seleccionar y 
aprobar los proyectos elegibles mencionados en el párrafo anterior susceptibles de ser 
financiados con los fondos REACT-EU, de acuerdo con la modificación que aprueben los 
órganos competentes de la Unión Europea de los programas operativos de los fondos 
europeos correspondientes. En todo caso, la Dirección General de Fondos Europeos 
debe determinar los requisitos específicos que debe satisfacerse en materia de pistas de 
auditorías y de publicidad y seguimiento, entre otros, para asegurar el cumplimiento 
efectivo  de  la  normativa  europea  aplicable  a  los  fondos  europeos,  y  estas 
determinaciones deben tenerse en cuenta en las tareas de control posterior que se 
puedan llevar a cabo.
2.  La Dirección General de Presupuestos debe establecer la codificación necesaria 
para poder hacer un seguimiento presupuestario diferenciado de los créditos restituidos.
3.  La vinculación de los créditos habilitados de acuerdo con lo establecido en el 
primer párrafo del apartado 1 de este artículo es, para la Administración de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears y la Agencia Tributaria de las Illes Balears, orgánica a nivel 
de sección, funcional a nivel de subprograma y económica a nivel de capítulo, con 
excepción del capítulo 6, que lo es a nivel de artículo; en cuanto al Servicio de Salud de 
las Illes Balears, la vinculación es orgánica a nivel de centro gestor, funcional a nivel de 
subprograma y económica a nivel de capítulo.
En el caso de tener financiación afectada, además de la regla general del párrafo 
anterior, la vinculación de los créditos es a nivel de fondo finalista.
Artículo 12.  Incorporaciones de crédito.
1.  Los créditos afectados que financien proyectos incluidos en el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia pueden ser objeto de incorporación al ejercicio siguiente, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de 
finanzas  de  la  comunidad  autónoma  de  las  Illes  Balears,  y  el  resto  de  normativa 
aplicable.
2.  Excepcionalmente, siempre que previamente los créditos hayan sido codificados 
por  la  Dirección  General  de  Presupuestos  y  se  pueda  acreditar  que  existe  una 
desviación  positiva  de  financiación,  se  pueden  incorporar  al  ejercicio  siguiente  los 
remanentes  de  crédito  de  los  proyectos  elegibles  de  los  fondos  REACT-EU  y  los 
remanentes de crédito de los proyectos financiados de acuerdo con lo establecido en el 
inciso final del primer párrafo del artículo 11.1 de esta ley.
Artículo 13.  Gastos plurianuales.
1.  En  el  caso  de  los  expedientes  financiados  con  fondos  procedentes  del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el plazo máximo de ejecución puede llegar al 
año 2026, y, por lo tanto, se puede exceder el límite del número de ejercicios que fija el 
artículo 65.1 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears.
En caso de los expedientes financiados con fondos REACT-EU, el plazo de ejecución 
no puede ir más allá del año 2023. es
2.  Lo establecido en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las  bo
posibles reprogramaciones de ejecución, que deben ser objeto de informe previo y  w
eflaau vnrooo3rpra.m eboalAest i svpíma om ree inlusacrm oiCoopno,e anayds  oeoesj nee,  rscítnauao atda nelet  oasF p aolni ncleodacsobe slees xea.purierood piqeeunoetse ,s eU lq nuCiveoe dnrsesiebdjaaond   dfyien C anGuclotiuabrriaes,er nd oceo  anec xluoceesr pdftooún edc oolnas    OE-A-2022-23able en https://
aplicación del límite de los porcentajes de los gastos de alcance plurianual a los que se
refiere la letra a) del artículo 65.5 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de 
la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Tampoco  será  necesario  que  la  Comisión  de  Hacienda  y  Presupuestos  del 
Parlamento de las Illes Balears exceptúe la aplicación de las limitaciones a que se refiere 
la letra c) del artículo 65.6 de la Ley 14/2014 mencionada cuando así lo justifiquen 
razones extraordinarias relacionadas con la agilidad y la eficacia en la gestión y la 
ejecución de los expedientes de gasto financiados con los fondos mencionados, sin 
perjuicio de rendir cuentas a la comisión mencionada en el mes siguiente a la aprobación 
del gasto plurianual correspondiente, así como de la causa que justifica la excepción.
Artículo  14.  Generación  de  créditos  por  ingresos  provenientes  de  los  programas 
operativos FEDER y FSE correspondientes al periodo 2014-2020.
1.  A pesar del carácter de gastos con financiación no afectada, excepcionalmente, 
se puede generar crédito en el presupuesto del ejercicio 2021 hasta el exceso de 
recaudación estimada de los fondos FEDER y FSE del programa operativo 2014-2020 
respecto de la previsión del presupuesto inicial de ingresos por estos conceptos.
2.  La Dirección General de Fondos Europeos debe calcular la estimación de este 
excedente, a partir de las previsiones de fondos que la comunidad autónoma debe recibir 
durante el ejercicio 2021, de acuerdo con los certificados de fondos elegibles emitidos.
3.  Los créditos que se generen deben destinarse a las finalidades que determine la 
consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, con el informe de la Dirección General 
de Presupuestos, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y los objetivos de 
estabilidad presupuestaría del ejercicio 2021.
4.  Si la recaudación efectivamente recibida a lo largo del 2021 no llega al crédito 
que se haya podido generar, este crédito deberá corregirse, mediante rectificaciones de 
crédito, con cargo a bajas en otros créditos.
CAPÍTULO VI
Especialidades en materia de subvenciones
Artículo 15.  Bases y convocatoria de las subvenciones.
1.  De  acuerdo  con  el  artículo  61.1  del  Real  Decreto-ley  36/2020,  de  30  de 
diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la 
Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, las bases reguladoras de las subvenciones que, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Plan Estratégico Autonómico al que 
hace referencia el artículo 5 de esta ley, deban financiarse con fondos europeos, pueden 
incorporar la convocatoria.
2.  En estos casos, la aprobación de las bases debe seguir exclusivamente los 
trámites siguientes: resolución de inicio, informe de los servicios jurídicos y, si procede, 
fiscalización previa de la Intervención General, que deben emitirse en el plazo máximo 
de diez días naturales.
La fiscalización previa de la Intervención General, cuando sea procedente, debe 
limitarse a los aspectos de la convocatoria susceptibles de fiscalización.
3.  Las bases reguladoras de las subvenciones a las que se refiere el apartado 1 de 
este artículo pueden: es
a)   Exigir que la participación en el procedimiento de concesión de la subvención,  w.
así como también en las actuaciones de justificación y de comprobación, se realice  0w
exclbu)s iva Emxeimntire  ddee  lfao romblaig taecleiómná dtiec ae.ncontrarse al corriente de las obligaciones tributarias
y ante la Seguridad Social siempre y cuando la naturaleza de la subvención así lo
aconseje y no se trate de subvenciones establecidas por normas rango legal que exijan 
expresamente esta obligación.
c)   Limitar la comprobación formal de la cuenta justificativa para la liquidación de la 
subvención al análisis de los datos y la documentación que a tal efecto se establezca, sin 
perjuicio de la revisión del resto de datos y documentos en el plazo de los cuatro años 
siguientes, la cual, a su vez, se podrá hacer en base a una muestra representativa.
4.  El Plan Estratégico Autonómico, respecto de los proyectos integrantes de este 
plan cuya ejecución deba vehicularse total o parcialmente por la vía de subvenciones o 
ayudas, tiene la consideración de plan estratégico de subvenciones a los efectos del 
artículo 6.1 del Texto refundido de la ley de subvenciones, aprobado por el Decreto 
legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.
Artículo 16.  Principios rectores para la concesión de subvenciones.
1.  Las ayudas y las subvenciones inherentes a la financiación de actuaciones 
vinculadas  con  proyectos  que  se  prevean  expresamente  en  el  Plan  Estratégico 
Autonómico  deben  gestionarse  de  acuerdo  con  los  principios  de  publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, eficacia, eficiencia en la asignación y 
la utilización de los recursos públicos y celeridad.
2.  En los proyectos que formen parte del Plan Estratégico Autonómico y que deban 
materializarse en la concesión de una subvención o ayuda a un beneficiario concreto, 
esta subvención o ayuda debe regirse por las normas aplicables a las subvenciones de 
concesión directa del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones, siempre que la selección de estos 
beneficiarios concretos se haya hecho bajo los principios de publicidad, concurrencia e 
igualdad.
Artículo 17.  Justificación de las subvenciones.
Para la justificación de la aplicación de las subvenciones vinculadas con proyectos 
integrantes  del  Plan  Estratégico  Autonómico,  se  establecen  las  siguientes 
especialidades:
a)  El límite para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social previsto en el párrafo segundo de la letra f) del artículo 11 del Texto 
refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 
de diciembre, se incrementa hasta diez mil euros.
b)  Para la justificación de los gastos imputables a subvenciones de un importe igual 
o inferior a seis mil euros, es suficiente presentar una declaración responsable de la 
persona  o  entidad  beneficiaria,  sin  perjuicio  de  las  actuaciones  posteriores  de 
comprobación y control que, en su caso, se establezcan.
c)  En  los  supuestos  en  que  se  deba  adjuntar  una  memoria  económica  a  las 
solicitudes, los compromisos que se plasmen pueden flexibilizarse en el sentido de que 
se permitan compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre y cuando se 
cumpla la finalidad de la subvención.
d)  En cuanto al contenido de la cuenta justificativa, no es necesaria la presentación 
de las facturas o documentos equivalentes de un importe igual o inferior a tres mil euros, 
sin perjuicio de las actuaciones posteriores de comprobación y control.
CAPÍTULO VII
Especialidades en materia de contratación pública
Artículo 18.  Aprobación de modelos de pliegos de contratación.
1.  El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones 
Exteriores, debe aprobar unos modelos tipo de cláusulas o de pliegos de cláusulas 
administrativas, con el fin de agilizar y homogeneizar los procedimientos de contratación.
2.  Estos  modelos  tipos  de  cláusulas  o  de  pliegos,  una  vez  aprobados  por  el 
Consejo de Gobierno, son de uso obligatorio por todos los órganos de contratación del 
sector público autonómico que tengan la consideración de administración pública a los 
efectos de la legislación aplicable en materia de contratos del sector público, excepto 
que resulte incompatible con la naturaleza del contrato.
3.  Los  modelos  tipos  de  cláusulas  o  de  pliegos  deben  contener  los  aspectos 
susceptibles de estandarización. En este sentido, deben contener las reglas sobre los 
criterios de solvencia exigida para licitar, los criterios de adjudicación o los aspectos que 
deben negociarse, y también las fórmulas para aplicar que pueden contener los pliegos 
de cláusulas particulares, las condiciones especiales de ejecución, la posibilidad o las 
condiciones y los requisitos para la subcontratación, las penalidades y las medidas para 
el control de la ejecución del contrato.
En particular, no debe incluirse la previsión de modificación del contrato a la que se 
refiere el artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector 
público.
4.  Como  regla  general,  en  los  modelos  tipos  de  cláusulas  o  de  pliegos  debe 
establecerse que, en caso de que se usen el procedimiento abierto o el procedimiento de 
licitación con negociación, estos procedimientos deben articularse por fases de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 146.3 de la mencionada Ley 9/2017.
Artículo 19.  Normas especiales en la tramitación del procedimiento de adjudicación.
1.  Sin perjuicio de todo lo previsto en el artículo 7.3 de esta ley, en el procedimiento 
abierto ordinario el plazo máximo para la valoración de los criterios de adjudicación 
sometidos a juicio de valor debe ser de diez días hábiles desde la fecha de apertura del 
sobre correspondiente.
A  tal  efecto,  se  puede  contar  con  la  colaboración  de  expertos,  también  en  el 
supuesto  en  que  los  criterios  sometidos  a  juicio  de  valor  no  tengan  atribuida  una 
ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables mediante fórmulas.
El  grupo  de  expertos,  que  puede  estar  formado  por  empleados  públicos  o 
profesionales externos, debe ser de un mínimo de tres, con calificación apropiada, 
elegidos por el órgano de contratación. El nombramiento del grupo de expertos debe 
publicarse en el Perfil del contratante, junto con la declaración responsable de ausencia 
de conflicto de intereses, que deben presentar antes del nombramiento.
2.  Así mismo, el plazo para la adjudicación del contrato o del acuerdo marco es de 
un mes desde la apertura de la oferta económica, salvo que en los pliegos se establezca 
un plazo diferente.
En caso de que no se adjudique en el plazo previsto, las empresas admitidas en el 
procedimiento pueden retirar su proposición sin ninguna penalidad.
3.  El órgano de contratación debe designar un responsable del contrato, que debe  s
supervisar la ejecución. En los contratos de obras, las facultades del responsable del  oe.
contrato debe ejercerlas el director facultativo. w.
minsapteLerociasc liemósno  pddaeerl oalas sl lte ipavocat ridv aeid  pacladiebegoso  dlsae  dsfeuabnrrecoinóll aned sdataesbl  plreeocsre plroo hsne scraorbanlmetr aieytn isdttaeastse  ordmrugiranananirzt eala tlisav  afeasjc,e ufcolutracmdióaenlse  dsd eeyl    2022-230n https://w
contrato, en los términos y con los límites establecidos en cada caso en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Bc
4.  El responsable del contrato debe contar con el apoyo necesario para el ejercicio 
de sus funciones, teniendo en cuenta la naturaleza y la complejidad del contrato.
A  tal  efecto,  puede  contar  con  la  colaboración  de  una  unidad  encargada  del 
seguimiento de la ejecución del contrato o con un comité técnico designado por el 
órgano de contratación y formado por tres miembros que, siempre que sea posible, 
deben ser funcionarios de carrera.
Así mismo, para las funciones de control de la ejecución y de resolución de las 
incidencias que surjan, se puede contratar una asistencia externa, en los términos 
establecidos en los modelos tipo de pliegos.
CAPÍTULO VIII
Medidas específicas en materia de personal
Artículo 20.  Aprobación de proyectos temporales.
1.  La gestión y la ejecución de los proyectos que deban financiarse con fondos 
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del REACT-EU se pueden 
llevar a cabo mediante los proyectos temporales que regula este artículo, con una 
duración máxima de cuatro años, siempre y cuando no se puedan asumir los objetivos 
asignados al proyecto mediante la estructura orgánica y funcional de la Administración 
de la comunidad autónoma de las Illes Balears o de su sector público instrumental 
dependiente.
2.  Estos proyectos temporales los deben aprobar los consejeros competentes por 
razón de la materia o los máximos órganos colegiados de los entes del sector público 
instrumental, con los informes preceptivos, previos y vinculantes de la Dirección General 
de Presupuestos y de la Dirección General de Función Pública cuando prevean el 
nombramiento de personal funcionario interino o la contratación de personal laboral 
temporal,  los  cuales  deben  pronunciarse  sobre  los  aspectos  presupuestarios  y  de 
sostenibilidad financiera y sobre los aspectos de legalidad aplicables, respectivamente, a 
solicitud  del  órgano  directivo  correspondiente,  motivada  por  la  referencia  a  las 
necesidades de recursos humanos inherentes al contenido del proyecto temporal y a la 
imposibilidad o la dificultad de cubrir estas necesidades con personal preexistente de la 
manera prevista en los artículos 21.1 y 22 de la presente ley.
En estos casos, a la solicitud de informe a la Dirección General de Presupuestos 
debe adjuntarse un certificado emitido por la Dirección de la Oficina de Planificación y 
Coordinación de Inversiones Estratégicas, en el que conste la duración del proyecto, la 
necesidad urgente e inaplazable de los nombramientos o las contrataciones que se 
propongan, y también que el gasto inherente a estos nombramientos o contrataciones 
dispone de una financiación mínima del 90% con fondos procedentes del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia o del REACT-EU durante todo el periodo temporal que se 
prevea para los nombramientos o los contratos.
Los informes de la Dirección General de Presupuestos y de la Dirección General de 
Función  Pública  mencionados  sustituyen  los  informes  a  que  hacen  referencia  los 
apartados 2 y 7 del artículo 19 de la Ley 3/2020, de 29 de desembre, de presupuestos 
generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2021, o las normas 
equivalentes de las sucesivas leyes anuales de presupuestos generales.
En los casos en que se verifiquen los supuestos de los apartados 3, 4, 5 o 6 del 
artículo 19 de la citada Ley 3/2020, no deben emitirse los informes mencionados y debe  e.e
aplicarse lo previsto en estos apartados del citado artículo 19 o las normas equivalentes  b
de las sucesivas leyes anuales de presupuestos generales, con referencia al proyecto  w
tempEonr atol dcoo rcreasspoo, nddeibeen ted.arse cuenta al Consejo de Gobierno de la aprobación de estos
proy3e.c toEsn t elomsp porroayleesc.tos temporales deben quedar consignados el objeto y la finalidad,
las tareas que se derivan de los mismos, las necesidades de personal vinculadas y sus
características, incluidas las asimilaciones a efectos de clasificación y retributivas que 
correspondan, la dirección de las actuaciones, la adscripción orgánica, la temporalidad, 
el coste y la financiación.
4.  Lo establecido en este artículo debe entenderse sin perjuicio de que, además, y 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de 
finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balearas, el gasto correspondiente a 
estos proyectos temporales se pueda imputar, si procede, a créditos de inversiones.
En estos casos, la remisión que hace el apartado 3 del artículo 74 de la citada ley a 
los informes previos que prevean las leyes anuales de presupuestos generales de la 
comunidad autónoma debe entenderse hecha a los informes previos a los que hacen 
referencia el apartado 2 de este artículo y el apartado 2 del artículo 21 de esta ley.
Artículo 21.  Personal para la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia y del REACT-EU.
1.  La cobertura de las necesidades de personal de los proyectos para la gestión y 
la ejecución de las actuaciones financiadas con fondos procedentes del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia y del REACT-EU debe llevarse a cabo, preferentemente, con 
el personal empleado público disponible en la Administración de la comunidad autónoma 
y en los entes del sector público instrumental responsables de la gestión, bajo criterios 
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
2.  No obstante, excepcionalmente, la cobertura de estas necesidades se puede 
llevar a cabo mediante el nombramiento de personal funcionario interino o de personal 
estatutario  temporal,  o  mediante  la  contratación  de  personal  laboral  temporal,  con 
nombramientos o contratos de duración determinada que no excedan la fijada en el 
programa y, como máximo, de cuatro años improrrogables, de acuerdo, si procede, con 
lo previsto en el artículo anterior respecto de los proyectos temporales, o, si no, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de 
presupuestos  generales  de  la  comunidad  autónoma  de  las  Illes  Balears  para  el 
año 2021, o las sucesivas leyes anuales de presupuestos, y de conformidad, en todo 
caso, con la legislación sustantiva administrativa o laboral aplicable en cada caso.
Los  procedimientos  de  selección  de  este  personal  temporal  deben  respetar  los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Artículo 22.  Comisiones de servicios de atribución temporal de funciones.
1.  Las necesidades de personal para la gestión de los proyectos con los efectivos 
disponibles a los que hace referencia el apartado 1 del artículo anterior se pueden cubrir, 
en cuanto al personal funcionario o estatutario, mediante el sistema de comisión de 
servicios de atribución temporal de funciones, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears, con las siguientes especialidades:
a)  El plazo para presentar solicitudes por parte del personal empleado público es 
de tres días hábiles desde el mismo día de la publicación de la convocatoria.
b)  Si la convocatoria se declara desierta, y visto el carácter prioritario y preferente 
de la gestión de estos fondos europeos, se puede atribuir directamente al personal 
funcionario la ejecución de tareas o funciones diferentes a las de su puesto de trabajo, 
siempre que sean propias de su cuerpo, escala o especialidad. s
c)  La duración máxima de estas comisiones es de cuatro años. oe.
d)  Cuando la atribución temporal de funciones tenga carácter parcial, no puede  w.
exceder el 50% de la jornada de trabajo principal. 2022-230n https://w
Artículo 23.  Nombramiento de personal funcionario interino o de personal estatutario 
temporal y contratación de personal laboral temporal.
1.  La Dirección General de Función Pública y la Dirección General de Presupuestos 
deben  priorizar  la  emisión  y  la  remisión  de  los  informes  que,  respecto  de  los 
nombramientos de personal funcionario interino o de personal estatutario temporal, o de 
las contrataciones de personal laboral temporal, deban emitir de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 20.2 de esta ley para los proyectos temporales que se aprueben, o, en 
otros casos, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de 
presupuestos  generales  de  la  comunidad  autónoma  de  las  Illes  Balears  para  el 
año  2021,  o  las  sucesivas  leyes  anuales  de  presupuestos,  en  relación  con  el 
artículo 21.2 de esta ley.
2.  Así mismo, también deben priorizarse las emisiones y la remisión de los informes 
que, de conformidad con el artículo 19 de la citada Ley 3/2020, deban emitirse para los 
nombramientos de personal funcionario interino o de personal estatutario temporal, o las 
contrataciones de personal laboral temporal, en las unidades que hayan visto disminuido 
el número de efectivos por razón de la asunción de otras funciones por parte del 
personal propio de estas unidades en el ámbito de las actuaciones o los proyectos objeto 
de esta ley.
3.  En particular, en la selección de personal funcionario interino del ámbito de los 
servicios generales, hay que ajustarse a lo establecido en la disposición adicional quinta 
de la citada Ley 3/2020, y también en la disposición adicional quinta de esta ley.
En caso de que el llamamiento deba hacerse a un número elevado de personas para 
ocupar puestos de trabajo de un determinado cuerpo, escala o especialidad de las 
mismas características, se puede llevar a cabo mediante un llamamiento colectivo, que 
puede ser telemático.
Artículo 24.  Retribuciones variables por objetivos o resultados vinculados a la gestión 
de los fondos.
1.  El personal al servicio de la Administración de la comunidad autónoma o de las 
entidades  instrumentales  que  realice  funciones  en  el  ámbito  de  la  planificación,  la 
programación, la gestión, la coordinación, el seguimiento, el control, la evaluación o la 
ejecución de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del 
REACT-EU puede percibir, con carácter excepcional, retribuciones variables vinculadas 
con  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  o  resultados  de  los  proyectos 
correspondientes, de acuerdo con los parámetros de cumplimiento que se establezcan 
en estos proyectos.
2.  Mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno, con el informe previo de la 
Comisión Interdepartamental de Retribuciones y, si procede, con negociación colectiva 
previa, deben establecerse los criterios generales para la distribución y la aplicación de 
las retribuciones variables por objetivos o resultados a que se refiere el apartado anterior.
Artículo 25.  Dirección de proyectos para la gestión de los fondos.
1.  Los proyectos cuya ejecución adecuada lo requiera pueden disponer de un 
director o directora de proyecto.
En todo caso, cada proyecto sólo puede contar con un único director o directora.
2.  La función de dirección de proyectos se puede encomendar a las personas que  s
designen con este fin los consejeros correspondientes o los órganos competentes de las  oe.
entidades  instrumentales,  y  debe  recaer,  con  carácter  preferente,  en  empleados  w.
fpuúnbclLiiocaon sree.ss otelumcpióonr adlees n doem bdriraemccieiónnto  doe  lap rcooynetcrtaotsa ccióonrr edsep opnedrseo naa ll ap aprear slolenvaa rt iatu lcaarb doe l alas   2022-230n https://w
consejería  competente  o  al  máximo  órgano  unipersonal  del  ente  instrumental
correspondiente. Bc
3.  La atribución de la función directiva o la contratación del personal de naturaleza 
directiva debe vincularse al proyecto correspondiente y debe determinarse expresamente 
su duración, que debe ser de un máximo de cuatro años, y los objetivos temporales 
propios del proyecto que deben lograrse, así como también el compromiso de gestión 
que debe asumir la persona designada.
En caso de que el nombramiento recaiga en personal funcionario o estatutario, este 
se debe formalizar mediante una comisión de servicios o una atribución temporal de 
funciones, en un puesto temporal de naturaleza directiva.
En caso de una contratación laboral del personal directivo, esta debe formalizarse 
mediante una relación laboral especial de alta dirección y, si se trata de empleados con 
relación laboral al servicio del sector instrumental de la Administración de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears o de otra administración pública de las Illes Balears, esta 
persona debe quedar, respecto de su lugar de origen, en la situación de excedencia 
forzosa.
4.  La  atribución  de  la  función  directiva  de  un  proyecto  determinado  se  puede 
encomendar a personal funcionario de la Administración de la comunidad autónoma de 
las Illes Balears, a personal estatutario o a empleados públicos del sector instrumental 
autonómico también a tiempo parcial, con las condiciones establecidas en la letra d) del 
artículo 22 de esta ley.
5.  La selección del personal para la realización de la función de dirección de 
proyectos debe realizarse de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, y también 
con  criterios  de  idoneidad,  y  debe  llevarse  a  cabo  mediante  procedimientos  que 
garanticen la publicidad y la concurrencia.
Para la designación de este personal deben tenerse en cuenta, en particular, los 
conocimientos  especializados  en  la  gestión  de  fondos  europeos,  la  experiencia 
profesional en funciones directivas y la acreditación de competencias sobre coordinación 
de equipos de trabajo.
Disposición  adicional  primera.  Aplicación  de  las  medidas  de  esta  ley  a  otras 
actuaciones.
1.  La  regulación  que  contiene  esta  ley  es  aplicable  a  cualquier  actuación, 
expediente o procedimiento administrativo derivado de la ejecución de otros fondos 
europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del 
Instrumento  Europeo  de  Recuperación  a  que  hacen  referencia  el  Real  Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización  de  la  Administración  pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la disposición adicional décima de la 
Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma 
de las Illes Balears para el año 2021.
2.  Así mismo, los artículos 3, 7, 15 a 17 y 23 de esta ley son aplicables a las 
actuaciones  que  resulten  de  la  ejecución  de  la  línea  Covid  de  ayudas  directas  a 
empresarios y profesionales a que se refiere el título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 
de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta 
a la pandemia de la COVID-19.
Los expedientes de concesión de subvenciones derivados de las convocatorias de 
ayudas directas a empresarios y profesionales a que hace referencia el párrafo anterior 
no deben someterse a la fiscalización previa de la Intervención General de la comunidad 
autónoma, en ninguna de las fases de gestión y ejecución del presupuesto de gastos.  e.
Estos gastos deben ser objeto de control financiero, con el alcance material y temporal  w.b
que determine la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos en el  0ww
programa de control financiero correspondiente.
Disposición adicional segunda.  Productividad vinculada al grado de cumplimiento de la 
ejecución de las ayudas directas a empresarios y profesionales.
Durante los años 2021 y 2022 el personal al servicio de la Administración de la 
comunidad autónoma o de la entidad instrumental que realice funciones en el ámbito de 
la tramitación de expedientes de la línea Covid de ayudas directas a empresarios y 
profesionales a que se refiere el título I de Real Decreto-ley 5/2021, de 12 marzo, de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia 
de la COVID-19, puede percibir un complemento de productividad vinculado al grado de 
cumplimiento de los objetivos de esta línea de ayudas.
Disposición adicional tercera.  Disposiciones aplicables a los consejos insulares, a las 
entidades locales de las Illes Balears y a los entes de su sector público.
1.  Las normas que contienen los artículos 3, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 18 y 19, y también 
las medidas específicas en materia de personal que contiene el capítulo VIII, así como el 
apartado 1 de la disposición adicional primera y la disposición adicional quinta de esta 
ley, son aplicables, también, a los consejos insulares, a las entidades locales de las Illes 
Balears, a la Universidad de las Illes Balears y a los entes integrantes del respectivo 
sector público instrumental, aplicando las peculiaridades de su propia organización, 
cuando ejerzan funciones relacionadas con la gestión y la ejecución de las actuaciones 
financiadas con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del 
REACT-EU, así como también, si procede, del resto de fondos europeos a los que hace 
referencia el apartado 1 de la disposición adicional primera de esta ley.
2.  Así mismo, los artículos 3, 7 y 15 a 17 de esta ley son aplicables también a las 
líneas de ayudas que puedan establecer los consejos insulares, las entidades locales de 
las Illes Balears, la Universidad de las Illes Balears y los respectivos entes del sector 
público  instrumental,  con  las  peculiaridades  necesarias  derivadas  de  su  propia 
organización, relacionadas con el fomento de la recuperación económica y social por 
razón de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19.
Disposición adicional cuarta.  Aplicación de determinadas normas de la Ley 2/2020, 
de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la 
actividad  económica  y  la  simplificación  administrativa  en  el  ámbito  de  las 
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis 
ocasionada por la COVID-19.
Las normas que contienen los artículos 11, 11 bis, 21, 22, 23, 23 bis, 27 y 32 de la 
Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de 
la  actividad  económica  y  la  simplificación  administrativa  en  el  ámbito  de  las 
administraciones  públicas  de  las  Illes  Balears  para  paliar  los  efectos  de  la  crisis 
ocasionada por la COVID-19, y el resto de normas de la citada ley que no establezcan 
expresamente un plazo máximo de vigencia, son aplicables a las actuaciones y a los 
procedimientos de preparación, planificación, ejecución y control de los proyectos que 
deban  financiarse  con  fondos  europeos  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y del Plan Estratégico Autonómico al que hace referencia el 
artículo 5 de esta ley durante el tiempo que sea necesario hasta agotar su objeto.
Disposición adicional quinta.  Selección de personal funcionario interino en caso de  s
necesidad urgente e inaplazable. oe.
1.  Durante los años 2021 y 2022, de manera excepcional y debidamente motivada,  0w
peonr c causaol edseq uaigeorata mdeie lnotso  pdreo claesd ibmoielsnatso sv ipgreenvtiessto dse e pne ersl oDneaclr feutnoc 3io0n/2a0ri0o9 i,n dteer in2o2  fdoer mmaadyaos, 
speorrv eicl ioq udee  slae  Aapdrmuienbisat realc ipórno cdeed ilma iceonmtou dneid asde leacuctóiónno mdea  pdeer slaosn aIlll efusn Bciaolneaarriso,  cinutaenrindoo  laal 
necesidad de personal pueda suponer un perjuicio grave en la prestación de servicios
esenciales para la comunidad autónoma, o cuando concurra cualquier otro motivo que 
impida, dificulte o haga ineficiente la convocatoria de una nueva bolsa, la persona titular 
de la consejería competente en materia de función pública, habiéndolo comunicado 
previamente a la Mesa Sectorial de Servicios Generales, puede resolver la aplicación de 
un procedimiento extraordinario de selección de funcionarios interinos de naturaleza 
simplificada en el que, como mínimo, deben valorarse los siguientes méritos:
a)  La  experiencia  profesional  en  la  realización  de  funciones  de  naturaleza  o 
contenido técnico análogos a las del cuerpo, la escala o la especialidad de la bolsa a la 
que se opta, que debe comprender solo los servicios prestados como empleado público 
en cualquier administración pública, siempre que se encuentren dentro del ámbito de 
aplicación del artículo 2 del Texto refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado 
público, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b)  El nivel de conocimientos de catalán superior al que se exige para el ingreso en 
el cuerpo o la escala de la Administración general o especial, y el grupo o subgrupo de 
adscripción correspondiente a la bolsa a la que se opta, además del certificado de 
conocimiento de catalán de lenguaje administrativo.
c)  La prestación de servicios mediante una comisión de servicios en atribución 
temporal de funciones o en la Unidad de Apoyo Coyuntural de la dirección general 
competente en materia de función pública, siempre que se hayan prestado en el mismo 
cuerpo, escala o especialidad al que se opta, de acuerdo con las previsiones contenidas 
en el artículo 88 bis de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears.
En caso de que las convocatorias de procedimientos extraordinarios de naturaleza 
simplificada  deban  incluir  otros  méritos  diferentes  a  los  previstos  en  los  apartados 
anteriores,  estas  deben  negociarse  previamente  en  la  Mesa  Sectorial  de  Servicios 
Generales.
2.  Al procedimiento extraordinario simplificado a que hace referencia el apartado 
anterior  le  es  aplicable  el  resto  de  las  disposiciones  contenidas  en  el  mencionado 
Decreto 30/2009 en relación con el procedimiento extraordinario.
Así mismo, también le es aplicable lo dispuesto en la disposición adicional séptima 
de esta ley.
Disposición adicional sexta.  Tramitación por medios electrónicos en los procedimientos 
de selección y de provisión de puestos de trabajo.
En los procedimientos de selección y en los procedimientos ordinarios de provisión 
de  puestos  de  trabajo  de  funcionarios,  tramitados  por  la  Escuela  Balear  de 
Administración Pública, que convoque la persona titular de la consejería competente en 
materia de función pública se puede prever que las personas que quieran participar 
estén obligadas a llevar a cabo determinados trámites por medios electrónicos.
Esta  obligatoriedad  debe  establecerse  en  función  del  personal  y  del  colectivo 
destinatario.
Disposición  adicional  séptima.  Régimen  especial  de  llamamiento  colectivo  en 
determinados supuestos de nombramientos de personal funcionario interino.
Durante  el  año  2021,  en  los  supuestos  previstos  en  los  artículos  5  y  7  del 
Decreto 30/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba el procedimiento de selección  e.
de  personal  funcionario  interino  al  servicio  de  la  Administración  de  la  comunidad  w.b
autónoma de las Illes Balears, cuando deba ocuparse con personal funcionario interino  0w
uensp encúiamliedraod  edlee vlaadso m  disem apsu ecsatroasc tedreís titcraabsa, jose  dpeu eudne  hdaecteerrm uinna ldlaom  acumeierpnoto,  ceoslceacltaiv oo, 
que puede ser telemático.
Disposición adicional octava.  Suspensión del artículo 80 de la Ley 12/1998, de 21 de 
diciembre, del patrimonio histórico de las Illes Balears.
A los proyectos de obra pública financiados con fondos provenientes del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia o del REACT-EU no se les debe aplicar la obligación de 
reserva del 1% cultural a que hace referencia el artículo 80 de la Ley 12/1998, de 21 de 
diciembre, del patrimonio histórico de las Illes Balears.
Disposición adicional novena.  Normas especiales para la gestión de los créditos para 
hacer frente a los expedientes de gasto originados por la crisis de la COVID-19.
1.  Los créditos que financien actuaciones sanitarias o educativas destinadas a 
hacer frente a los efectos directos provocados por la pandemia de la COVID-19 en el 
ámbito  sanitario  o  educativo  deben  imputarse  al  programa  presupuestario  de 
gasto 413G.
La  Dirección  General  de  Presupuestos  debe  identificar  el  resto  de  actuaciones 
tendentes a paliar los efectos de la pandemia, incluidas las actuaciones de recuperación, 
transformación  e  impulso  económico,  que  requieran  un  seguimiento  diferenciado 
mediante la imputación de los gastos correspondientes al programa de la clasificación 
funcional adecuada por razón del tipo de actuación y al subprograma CV que se habilite 
al efecto.
2.  La consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores debe habilitar los créditos 
necesarios en las secciones presupuestarias correspondientes para la ejecución de las 
medidas previstas en el Decreto Ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen 
medidas  urgentes  en  materia  de  contratación,  convenios,  conciertos  educativos  y 
subvenciones,  servicios  sociales,  medio  ambiente,  procedimientos  administrativos  y 
presupuestos para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de marzo de 2020, por el que se aprueba el 
Plan  de  Medidas  Excepcionales  para  Limitar  la  Propagación  y  el  Contagio  de  la 
COVID-19,  y,  en  general,  en  el  resto  de  instrumentos  jurídicos  normativos  o  no 
normativos que impliquen un gasto a cargo del presupuesto de la comunidad autónoma 
de las Illes Balears imputable al programa o subprogramas presupuestarios a los que se 
refiere el apartado anterior.
Estos créditos, para el ejercicio presupuestario de 2021, tienen la condición de 
ampliables, a los efectos previstos en la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de 
la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Los créditos referidos en los párrafos anteriores deben financiarse con cargo al fondo 
de contingencia, de la forma prevista en el apartado 3 del artículo 38 de la citada 
Ley 14/2014, o con la baja en otros créditos de los presupuestos de la comunidad 
autónoma.
Las aplicaciones del fondo de contingencia para esta financiación exclusiva debe 
aprobarlas la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores con el informe del director 
general de Presupuestos, sin necesidad de obtener la autorización previa del Consejo de 
Gobierno.
3.  Excepcionalmente, se pueden aprobar transferencias de crédito que aminoren 
créditos para operaciones de capital en los casos en que los créditos incrementados se 
destinen a financiar operaciones corrientes con cargo al programa presupuestario 413G 
o a los subprogramas CV.
4.  Para la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y para la  e
Agencia Tributaria de las Illes Balears se establecen, para el ejercicio presupuestario  bo
de 2021, los siguientes niveles de vinculación: w
ab))   PPaarraa  elol sp rcorgérdaimtoas  4h1a3bGili tlaad voisn ceunla ceiló snu dbepbroeg srearm aa n CivVe,l  dlae  vsiencccuiólanc iyó np rdoegbraem sae.r a
nivel de sección y subprograma.
No  obstante,  cuando  los  créditos  de  las  entidades  mencionadas  tengan  la 
consideración de fondos finalistas, el nivel de vinculación quedará fijado a nivel de 
sección, programa o subprograma, según corresponda, y fondo.
5.  Los  remanentes  de  crédito  correspondientes  al  programa  413G  o  a  los 
subprogramas CV, a pesar de que resulten de partidas que no se hayan codificado como 
fondos finalistas, se pueden incorporar al ejercicio presupuestario siguiente al ejercicio 
en que se produjo el ingreso, siempre que deriven de actuaciones que cuenten con 
desviaciones positivas de financiación al cierre del ejercicio por razón de aportaciones de 
terceras personas o entidades.
6.  Así mismo, no es necesario que el Consejo de Gobierno exceptúe la aplicación 
de los límites de los gastos con alcance plurianual a los que se refiere la letra a) del 
artículo 65.5 de la citada Ley 14/2014 que se imputen al programa 413G o a los 
subprogramas CV.
Disposición adicional décima.  Régimen excepcional en materia de gastos plurianuales.
Excepcionalmente,  el  Consejo  de  Gobierno,  a  propuesta  de  la  consejera  de 
Hacienda y Relaciones Exteriores, y con el informe previo y favorable de la Dirección 
General de Presupuestos, puede autorizar unos límites superiores a los establecidos en 
el artículo 65.1 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears, para los expedientes de gasto plurianual que se tramiten 
durante el ejercicio de 2021, cuando, por causas objetivas y debidamente motivadas por 
el centro gestor, el gasto imputable a las secciones presupuestarias correspondientes 
haya superado los límites mencionados.
Disposición  transitoria  primera.  Régimen  transitorio  de  determinados  supuestos 
relacionados con el factor variable aplicable al personal estatutario.
Las cuantías abonadas por los órganos competentes del Servicio de Salud de las 
Illes Balears en el ejercicio de 2021 o en ejercicios anteriores que verifiquen cualquiera 
de los supuestos a los que hacen referencia las letras b), c), e) o g) del apartado 2 del 
artículo 21 de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears, en la redacción de estas letras que resulta de 
la disposición final segunda de esta ley, deben entenderse satisfechas de conformidad 
con la ley.
Disposición transitoria segunda.  Entrada en vigor de la modificación del artículo 80 de 
la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del patrimonio histórico de las Illes Balears, 
establecida en la disposición final sexta.
La modificación del artículo 80 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del patrimonio 
histórico de las Illes Balears, establecida en la disposición final sexta entrará en vigor el 1 
de enero de 2022.
Disposición derogatoria única.  Normas que se derogan.
Quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan 
a lo dispuesto en esta ley, la contradigan o resulten incompatibles con la misma.
Específicamente, quedan derogados:
– La letra m) del artículo 2.2 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen  bo
jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, introducida  w
opiamcodparm useiilnlos iDons taerddacearce i loptaono  earL sclea tyi vpC 8iúdO/ba2Vld0icI 2Dae0s-c,1  od9nde.óe 1m 3liac dsae  y Iml lleaas y soiB,m adpleeli famicrsea dciipódanar saa  udprmgaeilninaistre trslao ytsi v eaxe tfereanco terodls iá nmadrebia itsloa  p dacerr ails aeissl    OE-A-2022-23able en https://
– El Decreto Ley 3/2021, de 12 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para 
ejecutar las actuaciones en los proyectos que deben financiarse con fondos europeos en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Disposición  final  primera.  Modificaciones  de  la  Ley  2/2020,  de  15  de  octubre,  de 
medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 
simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes 
Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
1.  El apartado 5 del artículo 17 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas 
urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación 
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para 
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, queda modificado de la 
siguiente manera:
«5.  En el acuerdo de adquisición debe establecerse el procedimiento de 
aceptación o comprobación mediante el cual se verificará la conformidad de los 
medicamentos con lo dispuesto en el contrato, cuya duración no puede exceder de 
quince días hábiles a contar desde la fecha de recepción de los medicamentos.»
2.  El apartado 5 del artículo 18 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas 
urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación 
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para 
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, queda modificado de la 
siguiente manera:
«5.  En el acuerdo de adquisición debe establecerse el procedimiento de 
aceptación o comprobación mediante el que se verificará la conformidad de los 
medicamentos con lo dispuesto en el contrato, cuya duración no puede exceder de 
quince días hábiles a contar desde la fecha de recepción de los medicamentos.»
3.  El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 19 de la citada Ley 2/2020 queda 
modificado de la siguiente manera:
«Después  de  la  comprobación  y  la  conformidad  por  parte  de  la  unidad 
responsable de las adquisiciones, que debe producirse en el plazo de quince días 
hábiles, la empresa debe enviar la factura por el importe determinado.»
4.  La letra f) del artículo 25.3 de la citada Ley 2/2020 queda modificada de la 
siguiente manera:
«f)  Permitir la justificación de gastos correspondientes a subvenciones de 
importe igual o inferior a seis mil euros mediante una declaración responsable de 
la persona o entidad beneficiaria, sin perjuicio de las actuaciones posteriores de 
comprobación y control.»
5.  El apartado 2 del artículo 36 de la citada Ley 2/2020 queda modificado de la 
siguiente manera:
«2.  Las aplicaciones que, en forma de proyectos o de líneas de gasto o 
inversión,  acuerde  el  Consejo  de  Gobierno,  deben  imputarse  al  programa  s
presupuestario de gasto 413G (acciones públicas relativas a la COVID-19) o a los  oe.
subprogramas  CV  que  determine  la  Dirección  General  de  Presupuestos,  de  w.
mqauceuede idrddaoes b eceoxntn r afolionr adeninscatiaarirbaslsee c yi dcuoor gnee nnf toelnasd  podasisr ape oeusjirecocipóuentao rsa  dlaiecsi noa ncateull  ancmoiovanerecnsoa   yd dleoe sl  lapP rolLayeney c tddoees    2022-230n https://w
Recuperación, Transformación y Resiliencia, deben publicarse en “Butlletí Oficial
de les Illes Balears”, e implicarán la autorización previa para la autorización del  Bc
gasto por el órgano competente a que se refiere el artículo 72.2 de la Ley 14/2014, 
de 29 de diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y 
también para la suscripción del contrato, la subvención, el convenio o el negocio 
jurídico  correspondiente  en  cada  caso,  en  los  casos  en  que  la  legislación 
presupuestaria o sectorial establezca la necesidad de esta autorización previa.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de 
presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el 
año 2021.
El apartado 2 del artículo 21 de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos 
generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2021, queda 
modificado de la siguiente manera:
«2.  Se  exceptúa  de  esta  suspensión  la  concesión  del  complemento  de 
productividad (factor variable), que se puede reconocer al personal estatutario en 
los siguientes casos:
a)  Jefe de guardia de la atención especializada.
b)  Indemnización  por  desplazamiento  de  personal  sanitario  a  Menorca, 
Eivissa o Formentera.
c)  Cualquier otra actividad que por razón de necesidad autorice o reconozca 
expresamente la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears, a 
propuesta motivada del órgano competente.
d)  Tareas  docentes  teóricas  o  prácticas  que  autorice  expresamente  la 
Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears, a propuesta motivada 
del órgano competente.
e)  Actividades  ligadas  al  cumplimiento  de  los  objetivos  fijados  en  los 
proyectos específicos y planes de actuación que apruebe el director general del 
Servicio de Salud de las Illes Balears.
f)  Indemnización por desplazamiento de facultativos especialistas de área a 
los diferentes hospitales públicos dentro de la isla de Mallorca, y también entre las 
islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, para garantizar la atención 
continuada y permanente de los usuarios en estos centros, cuando, por razones 
de  interés  público  e  índole  asistencial,  su  presencia  sea  autorizada  por  la 
Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears, a propuesta motivada 
de  la  Gerencia  Territorial  donde  se  deba  desarrollar  la  actividad.  Este 
complemento  es  adicional  a  la  percepción  del  complemento  de  atención 
continuada por la realización de la guardia. Se autoriza el director general del 
Servicio de Salud de las Illes Balears para que dicte las disposiciones que sean 
necesarias para implementar esta medida, que deben reflejar la especialidad o las 
especialidades  profesionales  afectadas,  las  razones  de  necesidad  asistencial 
concurrentes,  los  criterios  para  cubrir  la  actividad  sanitaria  extraordinaria,  la 
cuantía de las retribuciones que integran el complemento de productividad variable 
y el procedimiento de la concesión.
g)  La atribución de funciones de coordinación que supongan una actividad 
adicional a la propia del puesto de trabajo que se ocupa, incluidas las funciones o 
tareas correspondientes en puestos de jefatura orgánica mientras no se provea el 
puesto de trabajo. s
La  atribución  de  funciones  de  coordinación  se  puede  llevar  a  cabo  para  oe.
coordinar  programas  o  actuaciones  concretas,  para  coordinar  objetivos  w.
pehrsootmrguorcagtmuérnaaedl.oo» sd eo  spuasr af ucnocoiordniensa,r  scieomlepcrtiev oqsu ed en otr aimbapjlaiqduoerne sf upnocri ornaezsó nd ed enla ctuarraálcetzear   2022-230n https://w
Disposición final tercera.  Modificaciones del Texto refundido de la Ley de subvenciones, 
aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.
1.  Se añade un nuevo apartado, el apartado 3, al artículo 36 del Texto refundido de 
la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, 
con la siguiente redacción:
«3.  Las unidades de gestión económica de las consejerías o las unidades 
equivalentes  de  las  entidades  instrumentales  de  derecho  público,  antes  de 
proponer el pago que corresponda de acuerdo con los apartados anteriores de 
este artículo o de acuerdo con el artículo siguiente, deben comprobar que el 
beneficiario  se  encuentre  al  corriente  de  sus  obligaciones  tributarias  ante  la 
comunidad autónoma, a fin de que, si procede, se tramite el procedimiento de 
compensación que corresponda.
No  obstante,  la  comprobación  mencionada  en  el  párrafo  anterior  no  es 
necesaria siempre que no hayan transcurrido más de seis meses desde la fecha 
de la declaración responsable o de la certificación que, a efectos de lo establecido 
en el artículo 11.f) de este texto refundido, conste en el expediente en relación con 
las  deudas  tributarias  ante  la  comunidad  autónoma,  ni  tampoco  cuando  la 
normativa  reguladora  de  la  subvención  haya  eximido  los  beneficiarios  de  la 
obligación de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y ante la 
Seguridad Social de acuerdo con el inciso final del primer párrafo del artículo 10.1 
del mencionado texto refundido.»
2.  El apartado 2 del artículo 37 del mencionado texto refundido queda modificado 
de la siguiente manera:
«2.  Así mismo, cuando lo prevean las bases reguladoras, o en los supuestos 
del artículo 7.1 de este texto refundido, la resolución de concesión, también se 
pueden efectuar anticipos de pago de las subvenciones destinadas a financiar 
proyectos o programas en materia de servicios sociales, vivienda, cultura, sanidad, 
cooperación internacional o acción sociosanitaria que se concedan a entidades sin 
ánimo  de  lucro,  a  federaciones,  confederaciones  o  agrupaciones  de  estas 
entidades, y también de las subvenciones a entidades que no dispongan de 
recursos suficientes para financiar transitoriamente la ejecución de la actividad 
subvencionada, circunstancia que debe acreditarse ante el órgano gestor de la 
subvención. El anticipo del pago, con la exigencia, si procede, de las garantías 
correspondientes, debe ser como máximo del 75% del importe de la subvención, 
con excepción de los anticipos a favor de entidades que formen parte del tercer 
sector social, de acuerdo con la Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de 
acción social, que pueden lograr hasta el 100% del importe de la subvención.
Sin perjuicio de todo ello, cuando el órgano gestor de la subvención acredite 
razones de interés público, el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero 
competente por razón de la materia, puede autorizar el pago anticipado hasta 
el 100% del importe de cualquier subvención, con la exigencia de las garantías 
que correspondan.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen 
jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Se añade un nuevo párrafo en el apartado 3 del artículo 65 de la Ley 3/2003, de 26  b
de marzo, de régimen jurídico la Administración de la comunidad autónoma de las Illes  w
Balearcso, ncot«rnaE tnloa s ts odigdeuo i ceconantesc oer,es idólean c ccdioeór nroe:bsrpaosn dye d ea ncaolinzcaer silóan  sdoes tesneirbviilcidioasd  yf inloasn caiceurae rddoes  ldoes   OE-A-2022-23able en https://
restablecimiento  del  equilibrio  del  contrato  en  los  términos  previstos  en  los
apartados 3 a 6 del artículo 333 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos 
del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal 
y de régimen local de las Illes Balears.
El artículo 130 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de 
las Illes Balears, queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 130.  Mutación demanial.
1.  La  mutación  demanial  es  el  acto  en  virtud  del  cual  se  realiza  la 
desafectación de un bien o un derecho con afectación simultánea a otro uso o 
servicio  público  de  las  entidades  locales  o  de  sus  organismos  públicos 
dependientes. Las mutaciones demaniales requieren un acuerdo de la corporación 
local en el que se acredite la utilidad pública de la alteración.
2.  Los  bienes  y  derechos  demaniales  de  las  entidades  locales  y  sus 
organismos  públicos  podrán  afectarse  a  otras  administraciones  públicas  u 
organismos de derecho público dependientes para destinarlos a un determinado 
uso  o  servicio  público  de  su  competencia.  Este  supuesto  de  mutación  entre 
administraciones públicas no alterará la titularidad de los bienes ni su carácter 
demanial.
3.  En los inmuebles calificados de dominio público se puede otorgar una 
calificación  jurídica  distinta  al  subsuelo  respecto  del  suelo,  mediante  la 
desafectación  parcial  del  subsuelo  para  calificarlo  como  bien  patrimonial 
diferenciado. En todo caso, debe acreditarse en el procedimiento la no existencia 
de perjuicio o merma en el servicio o uso público del bien demanial, y que no hay 
contradicción con el planeamiento urbanístico aprobado.»
Disposición final sexta.  Modificaciones de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del 
patrimonio histórico de las Illes Balears.
1.  El epígrafe del artículo 80 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del patrimonio 
histórico de las Illes Balears, queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 80.
El 1,5 por cien cultural.»
2.  Los apartados 1, 2, 8 y 9 del artículo 80 de la citada Ley 12/1998 quedan 
modificados de la siguiente manera:
«1.  En el presupuesto de cualquier obra pública, superior a trescientos mil 
euros, financiada total o parcialmente por el Gobierno de las Illes Balears, los 
consejos insulares, los ayuntamientos, sus organismos autónomos y el resto de 
entidades  instrumentales  que  dependan  de  ellos  y  sus  concesionarios,  debe 
incluirse una partida de importe igual o superior al 1,5 por cien de los fondos 
aportados  por  estas  entidades,  que  se  destinará  a  la  conservación,  la  s
restauración, la protección, el enriquecimiento, la investigación, la documentación,  oe.
la  difusión,  la  puesta  en  valor  o  en  uso  o  la  redacción  de  instrumentos  de  w.
epcrnreotaotetrincvcoidi óianndm  aderedtlíi asttpioca.atr,i my oqnuioe  sheis atóprliiccoa,r áp caotrnim porneifoe reinnmciaa teernia lla  om iaslm  afo mobernat oo  edne  slau   2022-230n https://w
2.  Quedan exceptuadas de esta obligación las obras que se realicen en 
cumplimiento de los objetivos de esta ley y también las que deban financiarse total 
o parcialmente con fondos europeos.»
«8.  Las inversiones culturales que el Gobierno de las Illes Balears realice en 
los  diferentes  ámbitos  insulares  en  aplicación  del  1,5  por  cien  cultural,  se 
realizarán bajo la coordinación de Junta Interinsular del Patrimonio Histórico.
9.  La aplicación del 1,5 por  cien  cultural  se  considera  una inversión de 
carácter  extraordinario  y,  en  consecuencia,  no  puede  formar  parte  de  las 
consignaciones  o  partidas  del  ejercicio  presupuestario  destinadas  a  la 
investigación,  la  protección  y  el  fomento  del  patrimonio  histórico,  patrimonio 
inmaterial y de la creatividad artística.»
Disposición final séptima.  Modificaciones de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de 
cambio climático y transición energética.
1.  Se modifica el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de 
cambio climático y transición energética, que queda redactado de la siguiente manera:
«2.  El  consejo  de  dirección  estará  integrado  por  una  presidencia,  que 
ocupará el consejero competente en materia de cambio climático, y hasta un 
máximo de diez vocales nombrados atendiendo a criterios de profesionalidad.»
2.  Se añaden dos apartados al artículo 8 de la citada Ley 10/2019, que quedan 
redactados de la siguiente manera:
«8.  Los  convenios  de  colaboración  entre  administraciones  públicas 
relacionados  con  proyectos  de  generación  de  energía  renovable,  de 
almacenamiento de energía o de absorción de carbono, podrán tener una vigencia 
máxima de treinta años.
9.  Las entidades locales de las Illes Balears podrán ceder el uso de bienes y 
derechos de dominio público o patrimoniales directamente al Instituto Balear de la 
Energía para la implantación de instalaciones de energías renovables.
Estas cesiones de uso, que no alterarán la naturaleza jurídica del bien, se 
formalizarán mediante convenio que tendrá que publicarse en el “Butlletí Oficial de 
les Illes Balears” y tendrá que expresar, como mínimo, el siguiente contenido:
a)  La finalidad concreta del uso.
b)  La duración temporal de la cesión, que no podrá exceder de treinta años.
c)  El destino del aprovechamiento energético.
d)  Las demás condiciones concretas de la cesión de uso, incluyendo la 
contraprestación que reciba la administración cedente, en su caso.
e)  La asunción del pago de los gastos de mantenimiento y conservación del 
bien o derecho cedido a cargo del cesionario.
f)  La asunción del pago del impuesto sobre bienes inmuebles.
g)  La referencia catastral en caso de que el objeto de la cesión sea un 
inmueble.»
3.  Se modifica el artículo 54 de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio 
climático y transición energética, que queda redactado de la siguiente manera: s
«Las  instalaciones  de  producción  de  energía  renovable  ubicadas  en  w.b
aparcamientos en suelo urbano o sobre cubierta, así como los apoyos y los  0ww
eedleifmiceanbtiolids aadu, xielianr edsi snteacnecsiaa riao s,u mnob rcaolemsp untai ne unr baalntuísrati.c aAm eensteto se n eofecuctpoasc, ióens, teans 
Linesyta 1la2c/2io0n1e7s,  deest a2r9á dne s duijceiteams barle r,é dgeim uerbna dneis cmoom duen ilcaasc Iilólens  pBreavleiaa rqsu.»e determina la
Disposición final octava.  Modificación del Decreto 17/2019, de 15 de marzo, por el que 
se aprueba el estatuto del personal investigador laboral al servicio de los institutos de 
investigación sanitaria de las Illes Balears.
Se modifica la disposición transitoria única del Decreto 17/2019, de 15 de marzo, por 
el que se aprueba el estatuto del personal investigador laboral al servicio de los institutos 
de investigación sanitaria de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Disposición transitoria única.  Personal en proceso de estabilización.
El personal de la Fundación IdISBa que en los treinta meses contadores desde 
la entrada en vigor de esta ley esté en la situación que prevé el artículo 31.1.a), si 
una vez concluida su primera fase formativa supera la evaluación final y obtiene el 
certificado I3 o accede al nivel superior del programa formativo correspondiente, 
pasará a ser contratado por la Fundación IdISBa con carácter fijo, por tiempo 
indefinido como personal investigador titulado, bajo la modalidad de contrato de 
investigador distinguido.»
Disposición  final  novena.  Modificación  del  Decreto  53/2012,  de  6  de  julio,  sobre 
vigilancia sanitaria de las aguas de consumo humano de las Illes Balears.
Se  añade  el  epígrafe  e)  al  punto  1)  del  apartado  2.3.5  del  anexo  I  del 
Decreto 53/2012, de 6 de julio, sobre vigilancia sanitaria de las aguas de consumo 
humano de las Illes Balears, con el siguiente redactado:
«2.3.5  Depósitos y cisternas.
1)  Depósitos de la red general.
e)  Requisitos para la implantación de energía solar fotovoltaica.
Sin perjuicio de lo que se dispone en los puntos anteriores, se permitirá la 
instalación de placas solares fotovoltaicas sobre los depósitos de acumulación de 
agua de consumo humano que cumplan las siguientes condiciones:
– La instalación de placas fotovoltaicas se ubicará preferentemente en otras 
ubicaciones anexas al depósito y, solo en caso de inviabilidad o insuficiencia de 
estas, se ubicará en la cubierta.
– La instalación de placas fotovoltaicas deberá cumplir con el punto 2.5 del 
anexo I del presente decreto relativo a las nuevas instalaciones o remodelaciones.
– El  proyecto  de  instalación  de  placas  fotovoltaicas  incluirá  un  estudio 
estructural para garantizar la resistencia del depósito a la sobrecarga que supone 
la instalación y su funcionamiento, así como la justificación de la potencia que se 
instalará, tanto la total como la instalada sobre el depósito.
– La estructura de soporte de las placas fotovoltaicas no estará fijada en la 
cubierta del depósito por medios penetrantes, sino que constituirá una estructura 
independiente.
– El punto más bajo de las placas fotovoltaicas y su estructura de soporte 
estará elevado sobre la cubierta del depósito un mínimo de 35 cm., de forma que 
no se acumule suciedad bajo la propia instalación y se permita una correcta 
limpieza  y  vigilancia  del  área  de  implantación  o  del  resto  de  la  cubierta  del  e.e
depósito. Los accesos a la superficie de los depósitos y a su interior deben quedar  b
practicables para realizar el mantenimiento y la vigilancia del depósito. Así, la  w
dcoismtapnuceiart aesn dtree  afcilcaess od ea l ipnltaecraiosr  dye l edl eppóesríimtoe streor ál,i bcroem  aol rmedíneidmoor , ddee  1t omda.,s p alaras 
permitir el paso y las tareas de limpieza y mantenimiento.
– Los materiales de la instalación, tanto estructura de soporte como placas 
fotovoltaicas, no serán susceptibles de producir o liberar contaminantes en las 
condiciones de instalación (corrosión, lixiviados, partículas contaminantes, etc.).
– Los elementos necesarios para el almacenaje y la transformación de energía 
eléctrica  se  instalarán  fuera  del  perímetro  de  seguridad  necesario  para  evitar 
contaminación en el depósito, de acuerdo con lo que dispone el presente decreto.
– El gestor del depósito de abastecimiento de agua deberá elaborar un Plan 
Sanitario del Agua e incluir en él la instalación fotovoltaica como punto crítico de 
control, imponiendo las medidas necesarias para garantizar que la explotación y el 
mantenimiento  de  esta  instalación  no  afecta  negativamente  al  depósito.  Estas 
medidas deberán estar convenientemente documentadas mediante registro escrito.
– Las  instalaciones  fotovoltaicas  solo  podrán  instalarse  en  depósitos  de 
cabecera o de regulación, en ningún caso sobre depósitos de distribución. De 
forma excepcional, se podrán colocar sobre depósitos de distribución cuando no 
sea posible la conexión a la red eléctrica y no se puedan instalar las placas en otra 
ubicación.  A  efectos  de  aplicación  de  lo  anterior,  se  considera  depósito  de 
distribución  aquel  desde  el  que  se  distribuye  agua  de  consumo  humano 
directamente a las acometidas de los consumidores.
– Todas  las  actuaciones  de  mantenimiento,  reparación,  etc.,  de  las 
instalaciones  fotovoltaicas  se  realizarán  bajo  la  supervisión  del  gestor  del 
abastecimiento municipal quien, en caso de afección a la calidad de las aguas 
derivada de estas operaciones, se considerará responsable a todos los efectos.»
Disposición final décima.  Modificación de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de carreteras 
de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
1.  Se modifica el apartado 3 del artículo 7 bis de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de 
carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que queda redactado de la 
siguiente manera y sustituye íntegramente el redactado actual:
«3.  Los planes directores sectoriales de carreteras establecerán los criterios 
de diseño y ejecución de los carriles para la circulación de bicicletas, como mínimo 
en lo referente a:
a)  La sección del trazado (anchura mínima y recomendada de los carriles, 
condiciones técnicas de segregación del vial, etc.).
b)  Las intersecciones.
c)  La pavimentación.
d)  La integración paisajística.»
2.  Se añade un apartado 4 al artículo 7 bis de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de 
carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con el siguiente redactado:
«4.  No obstante lo establecido en los apartados anteriores, aunque no esté 
previsto en el plan director sectorial de carreteras, a fin de mejorar la movilidad 
sostenible podrán llevarse a cabo proyectos de nuevos carriles para la circulación 
de bicicletas en los siguientes casos:
a)  Cuando den continuidad a los carriles para bicicletas ejecutados en algún 
tramo de una carretera interurbana. es
b)  Cuando unan dos zonas urbanas y/o en espacio interurbano.» o
3.  Se modifica el artículo 27 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de carreteras de la  0w
comunidad autónoma de las Illes Balears, que queda redactado de la siguiente manera:
que «s1e.a  fEacnt ilbalse ,c saerr deitsepraosn ddreá ná rceaarsri lreess ipdaernac liaa lceisrc ou ltaucriíósntic daes  byi ceicnl elatass t,r advee msíaanse eran 
que se impida el uso de vehículos automóviles.
2.  Los carriles para bicicletas se ubicarán en la zona de dominio público 
existente o, en todo caso, en la zona de protección, en cuyo caso se tramitará el 
correspondiente expediente de expropiación.
3.  Las secciones tipo y el resto de las características del carril para bicicletas 
se ajustarán a las previsiones de los instrumentos de planeamiento territorial o 
sectorial  que  sean  de  aplicación  o,  en  su  defecto,  a  las  que  se  determine 
técnicamente de forma justificada en el proyecto constructivo con la normativa de 
aplicación  que  se  considere.  Estos  carriles  podrán  proyectarse  sobre  zonas 
afectadas en el momento de la redacción del proyecto como zona de protección 
de carretera, en una plataforma independiente de la carretera actual, separada por 
pared seca, en su caso, o por alguna barrera que separe las dos plataformas. Los 
terrenos  a  ocupar,  si  procede,  deberán  ser  expropiados  de  acuerdo  con  la 
legislación vigente y pasarán a formar parte del dominio público de la carretera.»
4.  Se modifica el apartado 1 del artículo 28 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de 
carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que queda redactado de la 
siguiente manera:
«1.  Los proyectos de carreteras, en función de la categoría y del trazado, 
definirán las dos líneas que en cada lado de la calzada o de las calzadas enmarcarán 
la zona de dominio público que deberá ser necesariamente expropiada, destinada a 
contener todos los elementos básicos y complementarios de la vía y también las 
necesidades  anexas  a la  misma,  como  jardines, áreas  de  descanso,  áreas  de 
servicio, carriles para la circulación de bicicletas, miradores, zonas destinadas a 
almacenaje, pesaje, mediciones de aforos y demás operaciones de conservación.»
5.  Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 28 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, 
de carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con el siguiente redactado:
«3.  La  aprobación  de  proyectos  de  construcción  de  carriles  para  la 
circulación de bicicletas supondrá la definición de la zona de dominio público que 
deberá ser necesariamente expropiada, tanto si el carril está previsto en el plan 
director sectorial de carreteras como si responde a los casos previstos en el 
artículo 7 bis, apartado 4.»
6.  Se añade un nuevo epígrafe e bis) al apartado 3 del artículo 33 de la Ley 5/1990, 
de 24 de mayo, de carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con el 
siguiente redactado:
«e bis) Para los casos de carriles para la circulación de bicicletas podrá 
autorizarse excepcionalmente la ocupación del subsuelo de la zona de dominio 
público para la implantación de infraestructuras de servicio público relacionadas 
con el epígrafe anterior a partir del primer metro de la arista de explanación del 
carril para la circulación de bicicletas.»
Disposición final decimoprimera.  Entrada en vigor y ámbito temporal de vigencia.
Esta ley entra en vigor al día siguiente de la publicación en «Butlletí Oficial de las 
Illes Balears».
No obstante, la modificación normativa que contiene la disposición final primera  s
produce efectos desde el 26 de enero de 2021. e.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y  0ww
las APuatlomriad,a 1d7e sd ea  dloicsi eqmueb rceo drree s2p0o2n1d.–aL laa  Pharegsaidne gnutaa,r dFarra.ncesca Lluch Armengol i Socias. OE-A-2022-23able en https://
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 173, de 18 de diciembre de 2021) Bc