BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 334 Miércoles 23 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 119082
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
16881 Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el VI Acuerdo sobre Solución Autónoma de 
Conflictos Laborales (Sistema Extrajudicial).
Visto el texto del VI Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales 
(Sistema Extrajudicial), –Código de Convenio n.º 99100025092012– que fue suscrito con 
fecha  26  de  noviembre  de  2020  de  una  parte  por  la  Confederación  Sindical  de 
Comisiones Obreras (CCOO) y por la Unión General de Trabajadores (UGT) y de otra 
por  la  Confederación  Española  de  Organizaciones  Empresariales  (CEOE)  y  la 
Confederación  Española  de  la  Pequeña  y  Mediana  Empresa  (CEPYME)  y  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  83.3  en  relación  con  el  artículo  90, 
apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por 
Real  Decreto  Legislativo  2/2015,  de  23  de  octubre  (BOE  del  24),  y  en  el  Real 
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar  la  inscripción  del  citado  Acuerdo  en  el  correspondiente  Registro  de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios 
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid,  10  de  diciembre  de  2020.–La  Directora  General  de  Trabajo,  Verónica 
Martínez Barbero.
ANEXO
VI Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (VI ASAC) (Sistema 
Extrajudicial)
Madrid, 26 de noviembre de 2020.
Preámbulo
Las  partes  firmantes  del  VI  Acuerdo  sobre  Solución  Autónoma  de  Conflictos 
Laborales,  CEOE,  CEPYME,  CCOO  y  UGT,  consideramos  que  el  diálogo  y  la 
concertación social han sido instrumentos sin cuya aportación no se pueden entender la 
normalización democrática, el desarrollo socioeconómico y la modernización en España.
En las últimas cuatro décadas, acuerdos de muy distinta naturaleza, estructura y  e.e
alcance,  basados  en  el  reconocimiento  constitucional  de  nuestra  capacidad  de  b
interlocución, así como de nuestra necesaria intervención en «la defensa y promoción de  881ww
liomsp oinrttearnetseess  reefcoornmóamsi,c ossie nyd soo ceila ldeisá»lo, ghoa ns odceiarilv audno  eelenm ceonmtop ronmucisleoasr  qeune  ehla pnr oimcepslicoa ddeo 
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colectiva ocupa un lugar preeminente.
Los interlocutores sociales a través de estos acuerdos hemos contribuido también a 
la creación de instituciones que añaden valor y eficiencia a las relaciones de trabajo, y 
que permiten una mejor gestión de los cambios al tiempo que canalizan el conflicto 
social. En sí mismos, estos acuerdos contribuyen al desarrollo equilibrado de nuestro 
marco sociolaboral y conforman un mensaje de confianza y un excelente ejemplo para la 
sociedad.
Como muestra de esa apuesta por el diálogo social, el artículo 83.3 del Estatuto de 
los  Trabajadores  nos  otorga  facultades  normativas  para  formular  acuerdos  sobre 
materias específicas que nos han permitido promover áreas de especial trascendencia, 
como el empleo y la formación profesional o la solución de los conflictos laborales.
Por lo que se refiere a estos últimos, han transcurrido casi veinticinco años desde 
que manifestáramos nuestra voluntad decidida de poner en marcha y desarrollar un 
mecanismo de solución de conflictos colectivos laborales de ámbito estatal, firmando el 
primer  Acuerdo  de  Solución  Extrajudicial  de  Conflictos  el  25  de  enero  de  1996. 
Igualmente creamos el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) como 
soporte administrativo y de gestión de los procedimientos en él regulados y espacio de 
diálogo, negociación y difusión de la cultura de la solución negociada de los conflictos, al 
amparo  de  los  artículos  7  y  37.2  de  la  Constitución  Española,  los  Convenios  y 
Recomendaciones  Internacionales  de la  OIT,  la Carta Comunitaria de los derechos 
sociales fundamentales de los trabajadores, el Estatuto de los Trabajadores y la propia 
doctrina del Tribunal Constitucional.
Dicha firma puso de relieve nuestra clara voluntad, como organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas en el ámbito estatal, de afianzar un sistema de 
relaciones laborales construido y administrado desde la propia autonomía colectiva de 
los interlocutores sociales.
Esta voluntad se ha visto reafirmada con cada nueva actualización del Acuerdo, en 
las que hemos ido introduciendo las mejoras necesarias para adaptarlo a la experiencia 
adquirida en el transcurso de los años y a la evolución de las relaciones laborales en 
España. No en vano su balance se proyecta en la mejora de los contenidos de los 
convenios colectivos y, por ende, de los derechos de las personas trabajadoras, y en la 
competitividad y productividad de las empresas. También ha contribuido a mejorar la 
comunicación  y  el  encuentro  entre  las  partes,  abordando  la  resolución  de  las 
discrepancias mediante la negociación y el acuerdo, reduciendo el nivel de conflictividad, 
como alternativa a la judicialización de nuestro sistema de relaciones laborales.
La solución autónoma de los conflictos en el ámbito laboral cuenta ya, por tanto, con 
décadas de trabajo y con una amplia experiencia en su aplicación, tanto a nivel estatal 
como  en  el  de  las  distintas  Comunidades  Autónomas.  Su  madurez  quedó  patente 
en 2012, cuando las Organizaciones firmantes del V ASAC optamos por modificar su 
título, sustituyendo el adjetivo «Extrajudicial» por «Autónoma», destacando con ello que 
su principal característica era configurarse como una verdadera alternativa a la vía 
judicial que permitiera, a través de la autonomía colectiva, instaurar un buen clima 
laboral en las empresas. Asimismo, dicho Acuerdo asumió el reto de ampliar su ámbito 
de aplicación, con la universalización de la mediación y el arbitraje a todos los sectores y 
empresas, sin necesidad de un instrumento de ratificación o adhesión expresa.
Con  la  firma  de  este  VI  Acuerdo  de  Solución  Autónoma  de  Conflictos,  los 
interlocutores sociales, CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, damos un paso más en la 
promoción de los sistemas autónomos de solución de conflictos laborales, introduciendo 
cambios relevantes. Así hemos ampliado su ámbito competencial convencidos de que  s
existen  alternativas  consensuadas  con  las  que  obtener  soluciones  acordes  a  las  oe.
necesidades  y  problemáticas  surgidas  en  el  desarrollo  de  la  relación  laboral  entre  w.
empresas y personas trabajadoras. Concebimos el Servicio Interconfederal de Mediación  881ww
yre Alarcbioitrnaejes  cyo lloesc tpivraosc eddei mtraiebnatojos. que administra como una herramienta al servicio de las
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mejorando  la  sistematización  de  los  artículos  y  sus  contenidos,  al  concentrar  la 
regulación  de  cada  aspecto  en  el  apartado  más  acorde  con  su  materia,  y  con  la 
utilización, en su redactado, de un lenguaje inclusivo movidos por una preocupación por 
la igualdad que trasciende las meras cuestiones formales.
Al  igual  que  en  la  versión  anterior,  el  Acuerdo  conserva  el  Anexo  de 
recomendaciones tendentes a facilitar la tarea de las Comisiones Paritarias, cuya labor 
en la negociación colectiva entendemos principal y constante.
El Título I se compone de dos Capítulos. El primero de ellos, de Disposiciones 
generales, destinado a regular el objeto del Acuerdo, su ámbito funcional, territorial y 
temporal y su naturaleza y eficacia jurídicas. El segundo capítulo, sobre el Servicio 
Interconfederal de Mediación y Arbitraje, aborda los aspectos relativos a sus funciones y 
funcionamiento y la regulación de las listas de las personas que van a ejercer las 
funciones de mediación y arbitraje.
Del  capítulo  primero  resulta  destacable  la  ampliación  del  ámbito  funcional  del 
Acuerdo que, junto a las competencias preexistentes, se concreta en las siguientes:
– El impulso de la negociación colectiva, confiriendo al SIMA, siempre desde el 
respeto absoluto a la autonomía colectiva, iniciativas tendentes a estimular la actividad 
negociadora y sugerir el desarrollo de sus contenidos.
– La mediación preventiva de conflictos.
– La solución de los conflictos que se susciten entre las empleadas y empleados 
públicos y la Administración General del Estado y demás entidades de derecho público 
de ella dependientes.
– La solución de las discrepancias que surjan en los acuerdos de interés profesional 
referidos a las personas trabajadoras autónomas económicamente dependientes.
Con  estas  nuevas  competencias  las  Organizaciones  firmantes  del  Acuerdo 
expresamos nuestra firme voluntad de superar la concepción de la mediación como un 
trámite previo a la vía procesal, situando los procedimientos autónomos de solución de 
discrepancias  y  conflictos  laborales  en  el  centro  de  nuestro  sistema  de  relaciones 
laborales, como una expresión más de la autonomía colectiva. Dichos procedimientos 
están llamados también a promover la negociación colectiva, que es el eje sobre el que 
se fundamenta nuestro sistema, y a la anticipación al conflicto.
Por último, hemos entendido pertinente poner a disposición de las empleadas y 
empleados  públicos  y  de  las  personas  trabajadoras  autónomas  económicamente 
dependientes los procedimientos que gestiona el Servicio Interconfederal de Mediación y 
Arbitraje, para sus conflictos colectivos, siempre que se adhieran de forma voluntaria y 
expresa, extendiendo el aval de calidad que supone este sistema y sus beneficios a 
estos ámbitos.
En  el  capítulo  segundo  del  Título  I,  destinado  al  funcionamiento  del  SIMA,  las 
principales novedades se concentran en los artículos 7 y 8 que regulan las listas de las 
personas que tienen el cometido de ejercer la mediación y el arbitraje. En la primera se 
prescinde de la tradicional configuración sectorial exigiendo, como requisito de entrada y 
permanencia, participar en la formación o acreditar ésta y reciclaje continuados. Así, la 
formación se convierte en un hito relevante de este Acuerdo, que aspira a avanzar, con 
el resto de organismos autonómicos, en un modelo formativo común, como más adelante 
se abordará.
En refuerzo de la confianza de las partes en los sistemas de solución de conflictos, 
también se introducen como novedad las figuras de la abstención y/o recusación del  e
mediador o mediadora. bo
Tanto en la mediación como en el arbitraje, las personas integrantes de las listas  881ww
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En  el  Título  II  se  regulan  los  procedimientos  de  mediación  y  arbitraje  como 
herramientas para la prevención y solución de los conflictos, bajo la premisa de que es 
necesario dotarlos de mecanismos ágiles, rápidos y eficaces, potenciando su cercanía a 
la empresa y a sus trabajadores y trabajadoras, así como favorecer la presencia de 
personas mediadoras y árbitros que gocen de la confianza de las partes, a efectos de 
que puedan contribuir positivamente a gestionar los desacuerdos.
Para ello hemos apostado por aligerar los plazos y los trámites a fin de dotar de la 
máxima celeridad los procedimientos, incrementando también la capacidad decisoria de 
las partes en el desarrollo de los mismos.
Por  su  importancia,  destacan  las  novedades  introducidas  en  la  gestión  de  los 
procedimientos específicos en los supuestos de huelga toda vez que se requiere, tan 
sólo, la acreditación de la solicitud de mediación en el momento de la comunicación 
formal de huelga, facilitando que la mediación se pueda realizar durante el período de 
preaviso y que dure lo que se estime necesario para poner fin a la discrepancia origen 
del conflicto, extendiéndose, incluso, durante la celebración de la huelga en aras a su 
pronta finalización.
Como principal novedad de este apartado, y a la vista de la madurez y consolidación 
del  sistema,  las  partes  firmantes  de  este  Acuerdo  hemos  apostado  por  primar  la 
mediación  y  el  arbitraje  unipersonales,  y  la  posibilidad  de  delegar  en  el  SIMA  la 
designación de la persona que llevará a cabo uno u otro servicio, en ausencia de 
elección por las partes.
El Título III se centra en delimitar la composición, funciones y sede de la Comisión de 
Seguimiento  de  este  Acuerdo  que,  más  allá  de  su  interpretación,  aplicación  y 
seguimiento, permite avanzar en aquellos aspectos más novedosos del VI ASAC, como 
la  mediación  con  carácter  preventivo  o  la  formación  de  las  personas  que  van  a 
desempeñar labores mediadoras.
Seguidamente, la Disposición adicional primera permite elegir a las partes el Acuerdo 
nacional o autonómico al que someterse cuando, de la naturaleza y ámbito del asunto, 
resulte tal posibilidad.
Como ya adelantábamos, la Disposición adicional segunda recoge el impulso de un 
modelo formativo que sirva de base para homogeneizar los requisitos exigibles para el 
desempeño de la función mediadora en el ámbito laboral.
El régimen transitorio del Acuerdo se materializa en dos disposiciones que aluden a 
las mediaciones y arbitrajes que se hubieran registrado con anterioridad a la publicación 
en el BOE de este VI ASAC y a los sistemas de solución de conflictos no integrados en 
este sistema, previos al mismo.
Siguiendo la práctica habitual, se deroga el anterior ASAC y se prevé su remisión a la 
autoridad laboral para su depósito, registro y publicación, conforme a lo previsto en las 
Disposiciones derogatoria y final.
El  Acuerdo  finaliza  con  un  anexo  de  recomendaciones  actualizadas  para  el 
funcionamiento  rápido  y  efectivo  de  las  comisiones  paritarias,  insistiendo  en  el 
importante papel que nuestro ordenamiento jurídico otorga a las mismas.
Con los contenidos y cambios expuestos, este Acuerdo tiene por objeto servir de 
referencia a los distintos sistemas de solución de conflictos que pudieran acordarse tanto 
a  nivel  territorial  como  sectorial  o  de  empresa,  desde  el  respeto  absoluto  de  su 
autonomía.
Finalmente, las organizaciones firmantes de este VI ASAC, entendiendo los múltiples 
beneficios de estos sistemas en las relaciones laborales y su incidencia general en la  s
economía  y  en  la  sociedad  en  su  conjunto,  instamos  a  los  poderes  públicos  y  al  oe.
legislador  al  fortalecimiento  de  estos  mecanismos,  otorgando  con  la  firma  de  este  w.
Acuerdo una muestra de nuestro compromiso común. 881ww
ACUERDO
TÍTULO I
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
1.  El presente Acuerdo tiene por objeto el mantenimiento y desarrollo de un sistema 
autónomo de prevención y solución de los conflictos colectivos laborales surgidos entre 
las  empresas  y  las  trabajadoras  y  trabajadores,  o  sus  respectivas  organizaciones 
representativas, así como el impulso de la negociación colectiva con pleno respeto de la 
autonomía de las partes y la realización de cuantas acciones se estimen oportunas para 
mejorar la calidad y el conocimiento de los sistemas de solución autónoma de conflictos.
2.  Se excluyen del presente Acuerdo:
1.  Los conflictos que versen sobre Seguridad Social.
No obstante ello, sí quedarán sometidos al presente Acuerdo los conflictos colectivos 
que recaigan sobre Seguridad Social complementaria, incluidos los planes de pensiones.
2.  Los conflictos en que sean parte las Comunidades Autónomas, entidades locales 
o  entidades  de  Derecho  Público  con  personalidad  jurídica  propia  vinculadas  o 
dependientes de los mismos.
3.  Las organizaciones firmantes estiman que la mediación y el arbitraje previstos en 
este  Acuerdo  son  suficientes  para  considerar  cumplido  el  deber  de  establecer 
procedimientos  para  solventar  de  manera  efectiva  las  discrepancias  surgidas  en  la 
negociación de convenios colectivos, recogido en el artículo 86.3 del Estatuto de los 
Trabajadores. Especialmente declaran que el procedimiento de arbitraje requerirá el 
sometimiento voluntario de cada parte, salvo lo dispuesto en el artículo 9.1 b), párrafo 
segundo.
Artículo 2.  Ámbito territorial y temporal.
1.  El presente Acuerdo será de aplicación en la totalidad del territorio del Estado 
Español, conforme al ámbito funcional del artículo 4, siempre que las actuaciones a 
desarrollar  o  las  controversias  a  resolver  se  susciten  en  alguno  de  los  siguientes 
ámbitos:
a)  Sector o subsector de actividad que exceda del ámbito de una Comunidad 
Autónoma.
b)  Empresa, grupo de empresas o empresas vinculadas cuando se afecte a varios 
centros de trabajo o empresas radicadas en diferentes Comunidades Autónomas.
c)  Empresas, grupo de empresas o pluralidad de empresas vinculadas o centros de 
trabajo de las mismas que se encuentren radicados en una Comunidad Autónoma 
cuando estén en el ámbito de aplicación de un convenio colectivo sectorial estatal, y de 
la actuación realizada o de la resolución del conflicto puedan derivarse consecuencias 
para empresas y centros de trabajo radicados en otras Comunidades Autónomas. En 
estos  supuestos  será  preciso  que  el  referido  convenio  prevea  expresamente  esta  e.e
posibilidad. b
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cada período.
La denuncia deberá realizarse mediante escrito dirigido por cualquiera de las partes 
que suscribieron el Acuerdo a las restantes firmantes o de forma conjunta por todas 
ellas,  enviándose  copia  a  efectos  de  registro  a  la  Autoridad  Laboral.  Producida  la 
denuncia del Acuerdo, éste extenderá su vigencia durante el tiempo que se desarrollen 
las negociaciones y, en todo caso, hasta que se alcance un nuevo acuerdo. Durante este 
periodo, las partes signatarias se comprometen a negociar con vistas a renovar el 
mismo.
Artículo 3.  Naturaleza y eficacia jurídica.
1.  El presente Acuerdo se suscribe al amparo de lo establecido en los títulos I y III 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en los artículos 6 y 7 de la 
Ley Orgánica de Libertad Sindical y en los artículos 2 h), 63, 65.3 y 4, 68, 156.1 y 236, 
entre otros, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
2.  Al  versar  sobre  una  materia  concreta  cual  es  la  solución  autónoma  de  los 
conflictos  colectivos  laborales,  constituye  uno  de  los  acuerdos  previstos  por  el 
artículo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y está dotado, 
en consecuencia, de la naturaleza jurídica y eficacia que la Ley atribuye a los mismos, 
siendo de aplicación general y directa.
3.  Por  convenio  colectivo  o  acuerdo  colectivo  sectorial  estatal  o  convenio  de 
empresa, grupo de empresa o empresas vinculadas que cuenten con centros de trabajo 
en  más  de  una  Comunidad  Autónoma,  se  podrán  establecer  sistemas  propios  de 
solución  de  conflictos  no  integrados  en  el  Servicio  Interconfederal  de  Mediación  y 
Arbitraje  previsto  en  el  artículo  5  de  este  Acuerdo.  Si  dicho  sistema  propio  no 
contemplara todo el ámbito funcional del artículo 4, operará el VI ASAC para lo no 
recogido por aquél.
Artículo 4.  Ámbito funcional.
1.  Las partes expresan su voluntad de impulsar la negociación colectiva, a tales 
efectos  el  Servicio  Interconfederal  de  Mediación  y  Arbitraje  promoverá,  dentro  del 
respeto de la autonomía colectiva y desde la voluntariedad, las actuaciones e iniciativas 
oportunas. Entre otras que se consideren adecuadas a los anteriores efectos, se podrán 
adoptar iniciativas para estimular la actividad de quienes negocian en las respectivas 
unidades  de  negociación,  sugerir  el  desarrollo  de  contenidos  o  alentar  actitudes 
proactivas en la gestión de todo lo concerniente a la negociación colectiva.
2.  La mediación podrá utilizarse con carácter preventivo, a petición de ambas 
partes, en los términos que determine la Comisión de Seguimiento de este Acuerdo, 
cuando por razón de las circunstancias concurrentes, las distintas posiciones pudieran 
derivar en alguno de los conflictos incluidos en el apartado 3 de este artículo.
3.  Serán susceptibles de someterse a los procedimientos previstos en este Acuerdo 
los siguientes tipos de conflictos laborales:
a)  Los conflictos colectivos de interpretación y aplicación definidos de conformidad 
con lo establecido en el artículo 153 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y sin 
perjuicio de la preceptiva intervención de las comisiones paritarias, a la que se refieren 
los artículos 85.3.e) y 91.3 de la LET, en los conflictos de interpretación y aplicación de 
convenios colectivos.
b)  Las controversias en las comisiones paritarias de los convenios colectivos que  s
conlleven el bloqueo en la adopción de acuerdos, para la resolución de las funciones que  oe.
legal o convencionalmente tengan atribuidas. w.
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previstos en este Acuerdo, cuando sea solicitado conjuntamente por quienes tengan
capacidad para suscribir el convenio con eficacia general. Bc
En cualquiera de los casos, se deberán manifestar las diferencias sustanciales que 
han provocado el bloqueo de la negociación.
d)  Los conflictos surgidos durante la negociación de un acuerdo o pacto colectivo, 
que conlleven el bloqueo de la negociación correspondiente, por un período de tres 
meses a contar desde la constitución de la mesa negociadora, salvo que se trate de la 
renovación de un acuerdo o pacto que contemple un periodo distinto al precedente, en 
cuyo caso se estará a lo dispuesto en el mismo.
No será preciso el transcurso de este período cuando la mediación sea solicitada 
conjuntamente por ambas representaciones.
En cualquiera de los casos, se deberán manifestar las diferencias sustanciales que 
han provocado el bloqueo de la negociación.
e)  Los conflictos derivados de discrepancias surgidas en el período de consultas 
previsto en los artículos siguientes del Estatuto de los Trabajadores:
– Artículo 40: Movilidad geográfica.
– Artículo 41: Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo.
– Artículo  47:  Suspensión  del  contrato  o  reducción  de  jornada  por  causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.
– Artículo 51: Despido colectivo.
– Artículo 82.3: Inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio 
colectivo aplicable.
f)  Los conflictos derivados de las discrepancias surgidas en el periodo de consultas 
exigido por el artículo 44.9 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
relativo a la sucesión de empresas, que no se refieran a traslados colectivos o a 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo.
g)  Los conflictos que motiven la impugnación de convenios colectivos, de forma 
previa al inicio de la vía judicial.
h)  La sustitución del período de consultas, acordada por el juez, por la mediación y 
el arbitraje, a instancia de la administración concursal o de la representación legal de las 
trabajadoras y los trabajadores, en los supuestos del artículo 176.2 del texto refundido de 
la Ley Concursal.
i)  Los conflictos derivados de las discrepancias surgidas durante la negociación 
entre empresa y representación legal de las personas trabajadoras, de acuerdos de 
inaplicación  de  determinadas  condiciones  de  trabajo  pactadas  en  los  convenios 
colectivos sectoriales.
j)  Los conflictos que den lugar a la convocatoria de huelga o a las iniciativas que 
procuren su desconvocatoria. También los que se susciten sobre la determinación de los 
servicios de seguridad y mantenimiento en caso de huelga.
k)  Asimismo,  cualquier  otra  discrepancia  en  la  negociación  colectiva  o  en  su 
aplicación, incluidos los diagnósticos y planes de igualdad que, a juicio de las partes, 
merezcan  nuevas  posibilidades  de  negociación.  Es  voluntad  de  las  organizaciones 
firmantes de este ASAC superar la limitada concepción de nuestro sistema como un 
mero  trámite  previo  a  la  vía  procesal,  conformando  la  voluntad  real  de  impulsar 
planteamientos que favorezcan acuerdos totales o parciales.
4.  Igualmente, se incluyen en el ámbito funcional del VI ASAC los conflictos que se 
susciten entre las empleadas y empleados públicos y la Administración General del 
Estado, los organismos públicos, Agencias y demás entidades de derecho público de ella  s
dependientes  o  vinculadas  para  los  que  prestan  sus  servicios,  siempre  que  así  lo  oe.
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Administración General del Estado sometidos al ordenamiento laboral.
5.  También  podrán  someterse  a  los  procedimientos  de  este  Acuerdo  las 
controversias  colectivas  derivadas  de  acuerdos  de  interés  profesional,  que  tienen 
eficacia limitada, de ámbito estatal o superior a una Comunidad Autónoma que afecten a 
más de una Comunidad Autónoma, siempre que voluntariamente así lo establezcan 
mediante acuerdo de adhesión expresa y respetando, en todo caso, lo previsto en el 
artículo 18, apartados 1 y 4 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo 
Autónomo, en lo que se refiere a las personas trabajadoras autónomas económicamente 
dependientes.
6.  El presente Acuerdo no incluye la solución de conflictos individuales ni cubre los 
conflictos y ámbitos distintos a los recogidos en este artículo, que podrán someterse a 
los procedimientos previstos por acuerdos suscritos, o que puedan suscribirse, en los 
distintos ámbitos autonómicos, o que estén establecidos en los convenios colectivos de 
aplicación.
CAPÍTULO II
El Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA-FSP)
Artículo 5.  Naturaleza jurídica y funciones.
1.  El Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje es una Institución tripartita 
constituida  por  las  organizaciones  sindicales  y  empresariales  más  representativas 
firmantes del VI Acuerdo y la Administración General del Estado. Tiene personalidad 
jurídica y capacidad de obrar y reviste, desde el punto de vista jurídico-formal, las 
características de una Fundación del Sector Público Estatal tutelada por el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social. Sus recursos tienen naturaleza pública y sus actuaciones 
tienen carácter gratuito para las partes.
2.  El SIMA-FSP está regido por un Patronato, compuesto por diecisiete miembros, 
de los que corresponden nueve a representantes de la Administración General del 
Estado, y ocho a las organizaciones firmantes de este Acuerdo: cuatro, a representantes 
de las organizaciones empresariales, y cuatro, a representantes de las organizaciones 
sindicales. La presidencia será ejercida de forma rotatoria, por períodos anuales, por los 
tres  grupos  de  representación:  Administración  General  del  Estado,  organizaciones 
empresariales y organizaciones sindicales.
3.  El  Servicio  Interconfederal  de  Mediación  y  Arbitraje  tendrá  las  funciones, 
composición y funcionamiento que se establecen en este Acuerdo, sus Estatutos y en las 
restantes disposiciones de desarrollo. Constituye el soporte administrativo y de gestión 
de  los  procedimientos  y  actuaciones,  a  quien  se  encomienda  la  aplicación  de  las 
disposiciones de este Acuerdo.
4.  El SIMA-FSP velará para que en el desarrollo de los servicios que presta se 
contemple la perspectiva de género.
Artículo 6.  Funcionamiento del Servicio.
1.  El Servicio tiene sus propias normas de funcionamiento y procedimiento. Éstas 
regulan  el  funcionamiento  diario  del  Servicio,  la  distribución  de  las  tareas,  el 
procedimiento de citación y notificación y la publicidad de sus actuaciones.
2.  El Servicio recibirá los escritos a que den lugar los procedimientos, efectuará las 
citaciones  y  notificaciones,  registrará  y  certificará  los  documentos  oportunos  y,  en  es
general, se encargará de cuantas tareas sean precisas para posibilitar y facilitar el  o
aelodnse  epc3sru.ot aecd eLAodac isudm eeleirsedtanroartro dyosa l elsoyn   yl des elvuo asslon  dlsteai stsrrpáaeondrsv oliiacscsi iood ansec el qtsSau sIdeM.e pA fru-eFnsSctaiPo, n vdaeeml acireoánnntf oop.romr ildaasd g acroann tloía sq uye l esgea ldidisapdo dnee   OE-A-2020-16881able en https://www.
4.  Las actas de las reuniones y actuaciones celebradas serán suscritas por las 
partes, por quienes hayan realizado la labor mediadora o arbitral y por las letradas y 
letrados.
5.  Los  convenios  colectivos  o  acuerdos  sectoriales  podrán  establecer  órganos 
específicos de mediación o arbitraje. Estos órganos quedarán integrados en el Servicio, 
una  vez  sea  acordado  por  la  Comisión  de  Seguimiento  de  este  Acuerdo,  previa 
comprobación de que respetan en su tramitación los principios establecidos en él, su 
adecuación al ámbito funcional y territorial del mismo, así como el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el artículo siguiente por parte de las personas mediadoras.
En el supuesto de que se haya acordado que actúe como órgano específico de 
mediación o arbitraje la comisión paritaria del convenio, ésta deberá delegar en un 
máximo de tres miembros.
6.  El SIMA-FSP sólo acogerá las solicitudes de mediación y arbitraje que se deriven 
de lo pactado en el presente Acuerdo.
Artículo 7.  Lista de personas que ejercen labores mediadoras.
A propuesta de las Organizaciones firmantes de este Acuerdo se elaborará una lista 
de personas mediadoras que el SIMA-FSP pondrá a disposición de quienes demandan 
sus servicios. Dicha lista será actualizada cuando lo estime necesario la Comisión de 
Seguimiento del VI ASAC.
Esa lista del SIMA-FSP estará compuesta por personas propuestas por las partes 
firmantes de este Acuerdo, que actuarán de forma imparcial, conforme al código ético del 
SIMA-FSP, y en ella se integrarán los procedentes de los órganos constituidos por los 
convenios o acuerdos a que se refiere el artículo 6.5 de este Acuerdo y a los efectos de 
dicho precepto.
Las partes, conscientes de la importancia del ámbito funcional de este VI Acuerdo, 
consideran  necesario  prestar  una  especial  atención  a  la  formación  continuada  y 
adecuada dedicación de quienes ejercen labores mediadoras, a efectos de dotar de la 
máxima eficacia los servicios regulados en este Acuerdo. En tal sentido, será preceptivo 
participar en la formación o acreditar ésta y el reciclaje en los términos establecidos en la 
Disposición adicional segunda.
Artículo 8.  Lista de personas que ejercen labores de arbitraje.
A propuesta de las Organizaciones firmantes de este Acuerdo se elaborará una lista 
consensuada, de personas que desarrollen los arbitrajes, que el SIMA-FSP pondrá a 
disposición de quienes demanden tales servicios.
Dicha lista estará compuesta por profesionales de reconocido prestigio, que actuarán 
conforme al código ético del SIMA-FSP.
TÍTULO II
Procedimientos de prevención y solución de conflictos
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes a los procedimientos de prevención y solución de 
conflictos s
Artículo 9.  Procedimientos. w.
1.  Los procedimientos que se establecen en el presente Acuerdo son:
detear)m inLaan  my esdieiamcpióren ,q uqeu ela  sdeerám aonbdlieg autnoari ad ee nla sl opsa rsteusp udeesl tcoosn fqliuceto  poo ascteturiaocrmióenn, tsea lvsoe 
en los casos en que se exija acuerdo entre ambas partes. La mediación ante el SIMA-
FSP  sustituye  a  la  conciliación  administrativa  previa  a  los  efectos  previstos  en  los 
artículos 63 y 156 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
b)  El arbitraje, que sólo será posible cuando ambas partes, de mutuo acuerdo, lo 
soliciten por escrito.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, el arbitraje será obligatorio para la 
renovación de un convenio colectivo denunciado, cuando así se haya establecido de 
forma expresa en el mismo, una vez superados los plazos máximos de negociación 
recogidos en el propio convenio colectivo sin haberse alcanzado acuerdo.
Igualmente, será obligatorio en aquellos otros supuestos que estén previstos en 
convenio colectivo.
En  ambos  casos,  el  convenio  colectivo  podrá  contemplar  que  se  desarrolle  la 
mediación, previa al arbitraje obligatorio, por la persona designada para la realización de 
éste o por un tercero.
2.  En todo momento se podrá acordar que el procedimiento de mediación finalice 
en un arbitraje conforme a lo dispuesto en los artículos 13.8, 17.3 y 18.5 de este 
Acuerdo. Igualmente, se podrá instar al árbitro a desarrollar en su actuación funciones de 
mediación a tenor de lo previsto en el artículo 20.2.
Artículo 10.  Principios rectores de los procedimientos.
Los procedimientos previstos en el presente Acuerdo se regirán por los principios de 
gratuidad, celeridad, audiencia de las partes, imparcialidad, igualdad y contradicción, 
respetándose, en todo caso, el código ético del SIMA-FSP, la legislación vigente y los 
principios constitucionales.
Los  procedimientos  se  ajustarán  a  las  formalidades  y  plazos  previstos  en  este 
Acuerdo y en las disposiciones generales de interpretación que adopte la Comisión de 
Seguimiento del mismo, siempre procurando la máxima efectividad y agilidad en su 
desarrollo.
Artículo 11.  Intervención previa de la comisión paritaria del convenio colectivo.
1.  En  los  conflictos  relativos  a  la  interpretación  y  aplicación  de  un  convenio 
colectivo será preceptiva la intervención previa de la comisión paritaria del mismo, sin la 
cual  no  podrá  dársele  trámite.  La  misma  norma  regirá  para  los  conflictos  de 
interpretación y aplicación de otros acuerdos o pactos colectivos si tienen establecida 
una comisión paritaria.
Se entenderá agotado el trámite de sumisión previa a la comisión paritaria, al que 
hace referencia el párrafo anterior, cuando transcurra el plazo establecido para ello en el 
propio  convenio  o,  en  defecto  de  regulación  expresa,  diez  días  hábiles  desde  la 
presentación de la solicitud, salvo que quien lo solicita justifique la imposibilidad de 
cumplir el trámite.
2.  En los conflictos derivados de discrepancias surgidas en el período de consultas 
exigido por los artículos 40, 41, 44.9, 47, 51 y 82.3 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, será preceptiva la intervención previa de la comisión 
paritaria del mismo si así se ha pactado en el convenio colectivo y, en todo caso, cuando 
al amparo del artículo 82.3 antepenúltimo párrafo del citado texto legal, cualquiera de las 
partes solicite la intervención de dicha comisión.
Se entenderá agotado el trámite de intervención previa de la comisión paritaria, al  s
que hace referencia el párrafo anterior, cuando transcurra el plazo máximo de siete días  oe.
hábiles a contar desde que la discrepancia fuera planteada. w.
smeeñda3ial.a cdióoEnsn   eleonns   eseul lp Suaeerrtsvíctiocuisolo ,p  rc6eu.v5ais.n tdoposá  relrana  fclooo sms aeispgiaóurnnta dpdoao, rsia taacrntiúatee r dioecrloe msc,oo ns evóe erngniaoten, noed nee rsláop sae gctíoéfitrcamodi and olaes    2020-16881n https://ww
mediación, integrado en el mismo.
4.  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85.3, e) del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos deberán garantizar, en 
cualquier caso, la rapidez y efectividad del funcionamiento de la comisión paritaria, para 
la salvaguarda de los derechos afectados y la mayor agilidad e inmediatez de los 
procedimientos de solución de conflictos previstos en este Acuerdo. A este respecto, se 
incluye en el presente Acuerdo un anexo de recomendaciones sobre el funcionamiento 
de las comisiones paritarias.
Artículo 12.  Eficacia de las soluciones alcanzadas.
1.  Será exigible la concurrencia de los requisitos de legitimación previstos en los 
artículos 87, 88, 89.3 y 91 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
y 154 y 156 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para que los acuerdos que 
pudieran alcanzarse en la mediación o el arbitraje posean eficacia general o frente a 
terceros.
En caso contrario, los compromisos o estipulaciones contraídos sólo surtirán efecto 
entre las trabajadoras y los trabajadores o empresas directamente representados por los 
sindicatos, organizaciones empresariales o empresas, que hayan promovido el conflicto 
o actuación, que hayan suscrito los acuerdos en que concluye el procedimiento de 
mediación o aceptado estar a resultas del compromiso arbitral correspondiente.
2.  Las soluciones a los conflictos que se susciten en el ámbito público previstos en 
el artículo 4.4 de este Acuerdo tendrán la eficacia jurídica que les atribuye el Estatuto 
Básico del Empleado Público, el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa de 
aplicación.
3.  Las  soluciones  alcanzadas  en  los  supuestos  de  controversias  colectivas 
derivadas de acuerdos de interés profesional tendrán eficacia limitada a las partes del 
conflicto.
CAPÍTULO II
Procedimiento de mediación
Artículo 13.  Cuestiones generales.
1.  La mediación tiene por objeto solventar las diferencias para prevenir o resolver 
un conflicto.
2.  Dicha mediación será desarrollada preferentemente por un órgano unipersonal o, 
caso de así elegirlo expresamente las partes, por un órgano colegiado de dos personas 
que podrá elevarse a tres en los supuestos de comisiones paritarias de convenios que 
actúen  como  órganos  específicos  de  mediación,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el 
artículo 6.5, párrafo segundo de este Acuerdo.
3.  Las partes del procedimiento de mediación harán constar documentalmente las 
divergencias existentes y sus antecedentes, y señalarán la cuestión o cuestiones sobre 
las que versará el procedimiento. En todo caso, los datos e informaciones aportados 
serán tratados de forma confidencial, y con plena observancia de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
4.  El  procedimiento  de  mediación  no  estará  sujeto  a  ninguna  tramitación 
preestablecida,  salvo  la  designación  de  la  persona  o  personas  mediadoras  y  la  es
formalización del acuerdo que, en su caso, se alcance. o
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exija el acuerdo de ambas partes.
En  cualquier  caso,  la  mediación  será  obligatoria,  previa  a  la  interposición  de 
demandas de conflicto colectivo ante la jurisdicción social por cualquiera de las partes.
Igualmente,  la  convocatoria  de  la  huelga  requerirá,  con  anterioridad  a  su 
comunicación formal, haber solicitado el procedimiento de mediación.
En los supuestos a que se refieren los artículos 40, 41, 44.9, 47, 51 y 82.3 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y a fin de resolver las discrepancias 
que hubieran surgido en el período de consultas, deberá agotarse el procedimiento de 
mediación si así lo solicita, al menos, una de las partes. Ello no implicará la ampliación 
por esta causa de los plazos previstos en la Ley.
7.  El procedimiento de mediación desarrollado conforme a este Acuerdo sustituye 
el trámite obligatorio de conciliación previsto en el artículo 156.1 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Social, dentro de su ámbito de aplicación y para los conflictos a que se 
refiere.
La iniciación del procedimiento de mediación impedirá la convocatoria de huelgas y 
la adopción de medidas de cierre patronal, así como el ejercicio de acciones judiciales o 
administrativas, o cualquier otra dirigida a la solución del conflicto, por el motivo o causa 
objeto  de  la  mediación,  en  tanto  dure  ésta,  con  la  excepción  de  las  mediaciones 
promovidas con carácter previo a la convocatoria formal de huelga.
8.  En  todo  caso,  las  partes  podrán  acordar  someterse  voluntariamente  al 
procedimiento de arbitraje regulado en el capítulo III de este Título sin necesidad de 
acudir al trámite de mediación. De la misma forma, las partes pueden habilitar, desde un 
principio  o  durante  el  procedimiento  de  mediación,  a  uno  de  los  mediadores  o 
mediadoras para que arbitre todas o algunas de las materias objeto de controversia.
Artículo 14.  Sujetos legitimados para solicitar la mediación.
1.  Para las mediaciones previstas en el artículo 4.2 ambas partes deberán acreditar 
la legitimación indicada en el apartado siguiente.
2.  Estarán legitimados para instar la mediación de los conflictos recogidos en el 
artículo 4.3, los siguientes sujetos:
a)  En los conflictos a que se refieren los apartados a) e i), estarán legitimados todos 
los sujetos que, de acuerdo con la legalidad, estén capacitados para promover una 
demanda de conflicto colectivo en vía jurisdiccional.
En estos supuestos, el SIMA-FSP deberá notificar la solicitud de mediación a las 
restantes organizaciones sindicales y empresariales representativas del ámbito en que 
se suscite el conflicto a efectos de su participación, si así lo consideran conveniente, en 
el procedimiento.
b)  En los conflictos previstos en el apartado b) la legitimación corresponderá a 
quien se determine en el convenio colectivo, y en defecto de regulación, a la mayoría de 
una de las representaciones de la comisión paritaria.
c)  En  los  conflictos  previstos  en  el  apartado  c)  si  el  bloqueo  se  produce 
transcurridos cinco meses desde la constitución de la mesa negociadora, podrá solicitar 
la mediación, tanto la representación de la parte empresarial como la de las personas 
trabajadoras  que  participen  en  la  correspondiente  negociación,  no  obstante  deberá 
contar con la mayoría de dicha representación. No se exigirá la mayoría, si así está 
previsto en el convenio colectivo, cuando se hayan superado los plazos máximos de 
negociación recogidos en el convenio.
d)  En los conflictos previstos en el apartado d) podrá solicitar la mediación tanto la  e
representación de las empresas como la representación del personal que participen en la  bo
correspondiente  negociación,  no  obstante  deberá  contar  con  la  mayoría  de  dicha  881ww
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representación que la promueva.
f)  En los conflictos regulados en el apartado g) estarán legitimados aquellos sujetos 
que ostenten legitimación para impugnar los convenios colectivos de acuerdo con el 
artículo 165 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
g)  En los conflictos regulados en el apartado h), la jueza o el juez del concurso o 
quien ésta o éste determine a estos efectos.
h)  En los conflictos del apartado j) derivados de la convocatoria de huelga o en las 
iniciativas que procuren su desconvocatoria, las y los convocantes o la representación 
empresarial.  En  los  conflictos  motivados  por  la  determinación  de  los  servicios  de 
seguridad y mantenimiento en caso de huelga, el comité de huelga o la representación 
empresarial.
i)  En  las  discrepancias  previstas  en  el  apartado  k),  cualquiera  de  las  partes 
legitimadas en la negociación colectiva.
3.  En los conflictos del artículo 4.4 de este Acuerdo tendrán legitimación para instar 
la mediación quienes determine la normativa de aplicación.
4.  En  las  controversias  derivadas  de  Acuerdos  de  interés  profesional,  del 
artículo  4.5,  estarán  legitimados  para  promover  la  mediación  los  firmantes  de  los 
mismos.
Artículo 15.  Solicitud de la mediación.
1.  La promoción de la mediación se iniciará con la presentación de un escrito 
dirigido al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje.
2.  La solicitud de mediación deberá contener los siguientes extremos:
a)  Identificación y datos de contacto, incluida dirección de correo electrónico de:
– La parte solicitante y, en su caso, de quien ejerza su representación debidamente 
acreditada, con expresión de la fecha y firma.
– Los sujetos frente a los que se dirige la solicitud. En su caso, deberán identificarse 
los sujetos colectivos que ostentan legitimación para acogerse al procedimiento en el 
ámbito de la pretensión.
– Las posibles partes interesadas en el procedimiento. En los supuestos en que 
resulte  procedente  deberá  incluirse  también  la  identificación  de  las  restantes 
organizaciones empresariales y sindicales representativas en dicho ámbito.
b)  El  objeto  de  la  solicitud  con  especificación  de  los  hechos  y  razones  que 
fundamentan la pretensión.
c)  El colectivo de trabajadoras y trabajadores afectado por la solicitud y el ámbito 
territorial de la misma.
d)  La acreditación de la intervención de la comisión paritaria, o de haberse dirigido 
a ella sin efecto, y el dictamen emitido en su caso, en los siguientes supuestos:
1.  Conflictos de interpretación y aplicación de un convenio colectivo.
2.  Conflictos de interpretación y aplicación de otro acuerdo o pacto colectivo, si 
existe en su seno una comisión paritaria y se hubiera establecido con carácter preceptivo 
su intervención previa.
3.  Conflictos  derivados  de  discrepancias  surgidas  en  el  período  de  consultas 
exigido por los artículos 40, 41, 44.9, 47, 51 y 82.3 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, si se ha pactado en el convenio colectivo la intervención  es
previa de la comisión paritaria del mismo y, en todo caso, cuando, al amparo del  o
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comisiones paritarias de convenios que actúen como órganos específicos, el órgano
colegiado designado para ello. En caso de no incluirse la designación se entenderá que 
se delega en el SIMA-FSP, conforme al artículo 16.1.
Artículo 16.  Designación y recusación de las personas que ejercen labores mediadoras.
1.  Corresponde a las partes de cada procedimiento sometido a este VI Acuerdo la 
designación de la persona o personas que lleven a cabo la mediación, de entre las 
comprendidas  en  la  lista.  En  caso  de  no  hacerlo  el  solicitante  en  la  solicitud  de 
mediación, se entenderá que delega la designación en la Dirección del SIMA-FSP.
2.  El SIMA-FSP se dirigirá a la parte solicitada, el día de la recepción de la misma, 
para que designe mediador o mediadora en el plazo máximo de tres días hábiles. En 
caso de no hacerlo, se entenderá que delega la designación en la Dirección del SIMA-
FSP.
En el supuesto de solicitud conjunta de las partes o cuando designen de forma 
consensuada la persona que va a ejercer la mediación, se podrá requerir a la Dirección 
del SIMA-FSP el desarrollo de un procedimiento con plazos más reducidos.
3.  En el supuesto de delegación en el SIMA-FSP, o cuando ninguna de las partes 
haya efectuado dicha designación, la Dirección del Servicio Interconfederal de Mediación 
y Arbitraje procederá a la misma, garantizando la participación igualitaria.
4.  Quien o quienes ejerzan la mediación deberán ser ajenos al conflicto concreto en 
el que actúan o que pretenden prevenir, sin que puedan concurrir intereses personales o 
profesionales directos susceptibles de alterar o condicionar su actividad mediadora, 
pudiendo ser recusadas o recusados antes de la celebración de la primera reunión, a 
petición motivada de cualquiera de las partes, tras un procedimiento sumario ante la 
Comisión de Seguimiento del VI ASAC, en el que se dará audiencia a la persona 
afectada por la recusación y a las partes.
5.  En los conflictos o actuaciones planteados en las empresas con ocasión de la 
interpretación y aplicación de un convenio, acuerdo o pacto colectivo sectorial cuya 
comisión paritaria tenga encomendadas funciones de mediación, podrán ser designados 
para llevar a cabo la mediación los miembros de la misma, sin que por ello les afecte 
ningún tipo de incompatibilidad.
6.  Promovida la mediación y durante su tramitación, las partes se abstendrán de 
adoptar cualquier otra medida dirigida a la solución del conflicto.
Artículo 17.  Actuación de las personas que ejercen labores mediadoras.
1.  La actividad de  la  persona  o  personas designadas  para ejercer labores de 
mediación comenzará inmediatamente después de su designación. El procedimiento se 
desarrollará según los trámites que el órgano de mediación considere apropiados. Estas 
podrán solicitar, a la Dirección del SIMA-FSP, que sus letrados o letradas proporcionen la 
información  que  consideren  precisa  para  su  función  –antecedentes,  precedentes, 
experiencias similares al conflicto planteado, entre otros– y de las partes, garantizando, 
en todo caso, la confidencialidad de la información.
2.  Durante la comparecencia, el órgano de mediación fomentará la comunicación 
entre  las  partes,  ayudando  a  la  consecución  de  un  acuerdo  entre  las  mismas, 
moderando el debate y concediéndoles cuantas intervenciones considere oportunas. Se 
garantizará, en todo caso, el derecho de audiencia a quienes comparezcan, así como el 
principio de igualdad y contradicción, sin que se produzca indefensión.
3.  La persona o personas mediadoras formularán propuestas para la solución del  es
conflicto  o  la  prevención  del  mismo,  que  podrán  incluir  el  sometimiento  de  las  bo
discrepancias a arbitraje. Las partes aceptarán o rechazarán de manera expresa las  881ww
propuestas formuladas, teniéndose por no realizadas si no fueran aceptadas.
Artículo 18.  Finalización de la mediación.
1.  El procedimiento finalizará con el acta final levantada por los letrados o letradas 
de  la  Fundación,  a  requerimiento  del  órgano  de  mediación,  como  garantes  del 
procedimiento. En todo caso, dicho procedimiento se agotará en el plazo máximo de 
doce días hábiles desde el registro de la solicitud, plazo que podrá ser ampliado o 
reducido por mutuo acuerdo de las partes.
2.  El acuerdo conseguido en mediación y recogido en el acta, siempre que se den 
los requisitos de legitimación legalmente establecidos, tendrá la misma eficacia que lo 
pactado en el periodo de consultas al que se refieren los artículos 40, 41, 44.9, 47, 51 
y 82.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y artículo 176.2 del 
texto refundido de la Ley Concursal. En los demás conflictos laborales tendrá la misma 
eficacia que lo pactado en convenio colectivo, y será objeto de depósito, registro y 
publicación en los términos previstos en el artículo 90 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores.
La Dirección del SIMA-FSP ofrecerá a las partes la opción de publicar los acuerdos 
de mediación. Consensuado este extremo, dicha Dirección formalizará los trámites para 
su registro y publicación en REGCON. En cualquier caso, la Dirección del SIMA-FSP 
solicitará la inscripción en REGCON en los supuestos mencionados en el artículo 2.1, d) 
y h) del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios, 
acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad.
A los efectos de ejecutividad y/o impugnación del acuerdo de mediación se estará a 
lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
3.  En caso de no obtenerse acuerdo, la persona o personas encargadas de la 
mediación requerirán que el letrado o letrada del SIMA-FSP levante acta, registrando la 
ausencia de acuerdo.
4.  Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar la reapertura de un expediente de 
mediación ya finalizado, con el propósito de formalizar o ratificar el acuerdo alcanzado 
con posterioridad, respecto del mismo objeto. Para dicho trámite, no será requerida la 
asistencia de mediadores o mediadoras, será suficiente con la firma del acta levantada 
por el letrado o letrada.
5.  El  acuerdo  de  las  partes  de  someter  la  cuestión  a  arbitraje  finaliza  el 
procedimiento de mediación, levantándose por el letrado o letrada la correspondiente 
acta de transformación del procedimiento de mediación en un procedimiento arbitral.
Artículo 19.  Procedimiento específico en los supuestos de huelga.
1.  Antes de la comunicación formal de una huelga deberá haberse instado la 
solicitud de mediación por parte de quien convoque la misma, formulándola por escrito, 
incluyendo los objetivos de la huelga, las gestiones realizadas y la fecha prevista para su 
inicio. De dicho escrito se enviará copia a la parte empresarial.
Entre  la  solicitud  que  dé  inicio  a  la  tramitación  formal  de  la  mediación  y  la 
comparecencia a la misma no podrán transcurrir más de 72 horas, salvo que las partes, 
de común acuerdo, prorroguen dicho plazo.
El SIMA-FSP deberá, en el plazo de 24 horas, atender la solicitud de mediación, 
dando traslado a la parte o partes frente a la que va dirigida, para que proceda a efectuar 
la  designación  de  mediador  o  mediadora  dentro  de  este  plazo  improrrogable, 
convocando a las partes a la reunión de mediación en las siguientes horas restantes.
Será posible, igualmente, el sometimiento voluntario de las partes al procedimiento  e
de arbitraje. bo
2.  La comparecencia a la correspondiente instancia mediadora es obligatoria para  881ww
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convocantes tal circunstancia, se entenderá que la huelga no se encuentra debidamente 
convocada.
4.  Cuando se plantee la mediación en relación con la concreción de los servicios de 
seguridad y mantenimiento, ésta se iniciará a solicitud de cualquiera de las partes si se 
plantea dentro de las 24 horas siguientes a la comunicación formal de la huelga. Este 
procedimiento también tendrá una duración de 72 horas.
CAPÍTULO III
Procedimiento de arbitraje
Artículo 20.  Cuestiones generales.
1.  Mediante  el  procedimiento  de  arbitraje,  las  partes  acuerdan  voluntariamente 
encomendar a un tercero y aceptar de antemano la solución que éste dicte sobre el 
conflicto o cuestión suscitada.
Requerirá la manifestación expresa de voluntad de ambas partes de someterse al 
laudo arbitral que tendrá carácter de obligado cumplimiento.
2.  Las partes podrán promover el arbitraje sin necesidad de acudir previamente al 
procedimiento  de  mediación  previsto  en  el  capítulo  precedente,  o  hacerlo  con 
posterioridad a su agotamiento o durante su transcurso, conforme a los artículos 13.8, 
17.3 y 18.5 del presente texto. No obstante lo anterior, las partes pueden instar en 
cualquier momento a la persona encargada de llevar a cabo el arbitraje para que 
desarrolle, previamente a su actuación como tal, funciones de mediación.
3.  Una vez formalizado el compromiso arbitral las partes se abstendrán de instar 
otros procedimientos sobre cualquier cuestión o cuestiones sometidas al arbitraje, así 
como de recurrir a la huelga o cierre patronal.
4.  En el supuesto previsto en el artículo 9.1 b) párrafo 2.º, se actuará conforme se 
disponga en el convenio colectivo.
Artículo 21.  Sujetos legitimados para solicitar el arbitraje.
Están legitimados para instar el procedimiento arbitral, de mutuo acuerdo, conforme 
al tipo de conflicto y al ámbito afectado, los mismos sujetos a que se refiere el artículo 14 
de este Acuerdo.
En el supuesto previsto en el artículo 9.1 b) párrafo 2.º, el procedimiento será 
promovido por los sujetos legitimados en los términos que se establezca en el convenio 
colectivo.
Artículo 22.  Solicitud del arbitraje.
1.  La promoción del procedimiento requerirá la presentación de un escrito ante el 
Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje suscrito por los sujetos legitimados que 
deseen someter la cuestión a arbitraje.
Dicho escrito deberá contener:
a)  La  identificación  de  la  empresa  o  de  los  sujetos  colectivos  que  ostentan 
legitimación para acogerse al procedimiento, incluida la dirección de correo electrónico, 
fecha y firma.
En  los  supuestos  en  que  resulte  procedente,  deberá  incorporar  también  la  e.e
identificación de las restantes organizaciones empresariales y sindicales representativas  b
en dicho ámbito, incluida la dirección de correo electrónico, a efectos de notificarles el  881ww
combp)r omLais od aersbigitnraalc pióonr  sdi ed elas epaenr saodnhae rqirusee  all eévl.ará a cabo el arbitraje. En caso de no
dhiascpeuresset os ee ne enlt eanrtdíceurálo  d2e3l.e3g.ada en la Dirección del SIMA-FSP, de conformidad con lo
c)  Las cuestiones concretas sobre las que ha de versar el arbitraje, si éste es en 
derecho  o  en  equidad,  su  génesis,  desarrollo  y  pretensión,  las  razones  que  la 
fundamenten y el plazo para dictar el laudo arbitral. Las partes podrán instar a la persona 
que ejerza el arbitraje a dictar su laudo en base a la posición final que le puedan 
presentar las mismas en una o varias de las cuestiones concretas sometidas a arbitraje.
d)  El compromiso de aceptación de la decisión arbitral.
e)  El plazo dentro del cual habrá de dictarse el laudo arbitral. Las partes podrán 
establecer plazos breves en aquellos supuestos en los que la ley o el convenio colectivo 
prevea periodos de consulta o negociación en los que sea prioritaria la rápida resolución 
de la controversia. En caso de no acordarse dicho plazo, el laudo deberá emitirse, como 
máximo, en los 10 días hábiles siguientes a la aceptación de la designación, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 24.2 de este Acuerdo.
2.  Se remitirán copias del compromiso arbitral a la Secretaría del SIMA-FSP, así 
como a la autoridad laboral competente a efectos de constancia y posterior publicación 
del laudo.
Artículo 23.  Designación de las personas que ejercen labores de arbitraje.
1.  Corresponde a las partes del procedimiento sometido a este VI Acuerdo, la 
designación de la persona que va a realizar el arbitraje, de entre las comprendidas en la 
lista del SIMA-FSP, conforme a lo recogido en este artículo.
2.  La designación consensuada por las partes de la persona que va a realizar el 
arbitraje se llevará a cabo libremente. En caso de desacuerdo, su nombramiento debe 
surgir de una lista de cinco, pactada entre las partes. Cada parte descartará sucesiva y 
alternativamente los nombres que estimen convenientes hasta que quede uno solo, 
decidiendo las mismas, con un procedimiento aleatorio, quien comienza a descartar.
3.  Las partes podrán delegar en la Dirección del SIMA-FSP la designación de la 
persona de la lista arbitral.
4.  Las partes podrán designar de mutuo acuerdo una persona no incorporada a la 
lista del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. En estos casos, el arbitraje 
deberá ajustarse a los criterios fijados en este Acuerdo, en el código ético y en las 
normas de funcionamiento y procedimiento del SIMA-FSP.
5.  En el supuesto previsto en el artículo 9.1 b) párrafo 2.º, la designación de quien 
realice el arbitraje se realizará en los términos pactados en su convenio, respetando 
siempre el código ético del SIMA-FSP.
Artículo 24.  Desarrollo del procedimiento arbitral.
1.  La actividad de la persona que realice el arbitraje comenzará inmediatamente 
después de la aceptación de su designación, que deberá producirse en los dos días 
hábiles siguientes a la misma. Su actuación arbitral se desarrollará según los trámites 
que considere apropiados, pudiendo requerir la comparecencia de las partes, solicitar 
documentación complementaria o recabar de la Dirección del SIMA-FSP el auxilio de 
expertos, si lo estima necesario.
Se garantizará, en todo caso, el derecho de audiencia de quienes comparecen, así 
como el principio de igualdad y contradicción, sin que se produzca indefensión. De la 
sesión o sesiones que se celebren se levantará acta conforme a lo dispuesto en el 
artículo 6. s
2.  El  laudo  arbitral  habrá  de  ser  motivado  y  dictado  en  el  plazo  fijado  en  el  oe.
artículo 22.1 e) de este Acuerdo. Excepcionalmente, atendiendo a las dificultades del  w.
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3.  Una  vez  emitido  el  laudo  arbitral,  la  persona  designada  para  arbitrar  lo 
comunicará al letrado o letrada a los efectos de citar a las partes para su notificación 
inmediata.
4.  Dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución 
arbitral, cualquiera de las partes podrá solicitar que se corrijan los errores materiales, de 
hecho o aritméticos o que se aclare algún concepto.
La aclaración o subsanación deberá ser resuelta en el plazo de cinco días hábiles.
Todo ello sin perjuicio de la utilización de los recursos que procedan en los términos 
establecidos en el artículo 65 y concordantes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social.
5.  La resolución arbitral será objeto de depósito en el SIMA-FSP. La Dirección del 
Servicio ofrecerá a las partes la opción de publicar el laudo arbitral. Consensuado este 
extremo,  dicha  Dirección  formalizará  los  trámites  para  su  registro  y  publicación  en 
REGCON. En cualquier caso, la Dirección del SIMA-FSP solicitará la inscripción en 
REGCON  en  los  supuestos  mencionados  en  el  artículo  2.1  h)  del  Real 
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios, acuerdos 
colectivos de trabajo y planes de igualdad.
Artículo 25.  Eficacia del laudo arbitral.
1.  La  resolución  arbitral,  siempre  que  se  den  los  requisitos  de  legitimación 
legalmente establecidos, tendrá la misma eficacia que lo pactado en el acuerdo tras el 
periodo de consulta al que se refieren los artículos 40, 41, 44.9, 47, 51 y 82.3 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y 176.2 del texto refundido de la Ley 
Concursal. En los demás conflictos laborales tendrá la misma eficacia que lo pactado en 
convenio colectivo y será objeto de depósito, registro y publicación en los términos 
previstos en el artículo 90 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
En su caso, poseerá los efectos de sentencia firme de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 68 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
2.  El laudo arbitral excluye cualquier otro procedimiento, demanda de conflicto 
colectivo o huelga sobre la materia resuelta y en función de su eficacia.
3.  Asimismo,  el  laudo  arbitral  podrá  ser  recurrido  en  los  términos  y  plazos 
establecidos en los artículos 65.4 y 163.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
TÍTULO III
Artículo 26.  Comisión de Seguimiento.
1.  La Comisión de Seguimiento estará compuesta por seis miembros por parte 
sindical y seis por parte empresarial, teniendo competencia de interpretación, aplicación, 
adaptación y seguimiento del presente Acuerdo.
2.  Igualmente  le  corresponde  la  aceptación  e  integración,  como  órganos 
específicos  del  sistema,  de  los  acordados  en  convenio  colectivo  en  los  términos 
establecidos  en  el  artículo  6;  definir  el  contenido  del  Código  ético  del  SIMA-FSP; 
estipular los términos para el uso de la mediación con carácter preventivo; sustanciar el 
procedimiento de recusación de mediadores o mediadoras; desarrollar las condiciones y 
el contenido del plan formativo aplicable a las personas que ejercen labores mediadoras 
en el SIMA; determinar cuándo han de actualizarse las listas; y cuantas otras tenga 
estatutariamente conferidas. e.e
3.  De entre sus miembros serán designadas la Presidencia y dos Secretarías, que  b
podrán ser renovadas anualmente. 881ww
54..   LLaa  Cseodmei sdióen l ad eC oSmegisuióimni ednet oS teegnudimrái esnut op reosptiaor áR eugbliacmadean teon d leo sfu lnocciaolneas mdieeln StoIM. A-
FSP en Madrid calle San Bernardo, n.º 20, 5.ª planta.
Disposición adicional primera.
En el supuesto de que un conflicto colectivo o actuación de los afectados por este 
Acuerdo pudiera someterse igualmente a otro procedimiento de solución de conflictos 
vigente en el ámbito de una Comunidad Autónoma, corresponderá a las partes afectadas 
elegir, mediante acuerdo, el procedimiento al que se someten.
Disposición adicional segunda.
Hasta la fecha y en el ámbito de las relaciones laborales, la mediación se ha 
desarrollado fundamentalmente en el seno de los sistemas de solución autónoma de 
conflictos implantados en el conjunto del Estado. Estos sistemas se articulan bajo el 
amparo jurídico de sus respectivos Acuerdos Interprofesionales de creación pero actúan 
conforme a un esquema similar que tiene la mediación como herramienta principal de 
intervención  en  los  conflictos  laborales.  Todo  ello  sin  perjuicio  obviamente  de  las 
especificidades propias de cada uno.
A la vista de esta experiencia, los firmantes comparten la idea de que la formación de 
las personas mediadoras constituye un aspecto central de su actividad presente y futura. 
Así mismo, asumen también que la confluencia progresiva de prácticas y criterios en 
materia de formación es un elemento esencial para la función mediadora.
De acuerdo con las consideraciones anteriores, las partes firmantes manifiestan su 
compromiso  de  impulsar  un  modelo  formativo  que  pudiera  servir  de  base  para 
homogeneizar los requisitos exigibles para el desempeño de la función mediadora en el 
ámbito laboral.
A  los  efectos  anteriores,  la  Comisión  de  Seguimiento  del  presente  Acuerdo 
desarrollará las condiciones y el contenido del plan formativo aplicable a las personas 
que ejercen labores mediadoras en el SIMA-FSP.
Disposición transitoria primera.
Se tramitarán conforme al V ASAC las mediaciones y arbitrajes cuya fecha de 
registro en el SIMA-FSP sea anterior a la publicación en el BOE del presente Acuerdo.
Disposición transitoria segunda.
En los sectores, subsectores, empresas, grupo de empresas o empresas vinculadas 
cuyo ámbito sea el previsto en el artículo 2.1, y que, con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Acuerdo, hubieran adoptado sistemas autónomos de solución de 
conflictos distintos al ASAC, conforme a los términos previstos en el artículo 3.3, se 
mantendrá la vigencia de los mismos, con utilización alternativa y/o complementaria de 
los procedimientos regulados en este Acuerdo.
Disposición derogatoria.
Queda derogado el V ASAC, de 7 de febrero de 2012, y sustituido por el presente 
Acuerdo.
Disposición final.
En virtud de la naturaleza y eficacia reconocidas al presente Acuerdo, éste se  s
remitirá a la autoridad laboral para su depósito, registro y publicación.–Por CEOE, El  oe.
Presidente Antonio Garamendi Lecanda.–Por CEPYME, el Presidente, Gerardo Cuerva  w.
Valdivia.–Por CCOO,  el Secretario General, Unai Sordo Calvo.–Por UGT, el Secretario  881ww
General, Pepe Álvarez Suárez.
ANEXO DE RECOMENDACIONES SOBRE LAS COMISIONES PARITARIAS
Algunas  recomendaciones  para  el  funcionamiento  «rápido  y  efectivo»  de  las 
comisiones paritarias:
a)  A  efectos  de  agilizar  su  funcionamiento,  la  composición  numérica  de  las 
comisiones paritarias debe ser lo más reducida posible, siempre respetando los niveles 
de  legitimación  de  la  comisión  negociadora  cuando  tenga  atribuidas  funciones  de 
adaptación y modificación de los convenios colectivos.
b)  Programar reuniones periódicas frecuentes, de forma que se tengan en cuenta 
con antelación en las agendas, pudiendo ser aplazadas en caso de no tener asuntos que 
tratar. En todo caso han de preverse, junto a las reuniones ordinarias, las extraordinarias 
cuando haya cuestiones urgentes a decidir.
c)  Facilitar la aplicación de medios telemáticos y audiovisuales en las reuniones, 
deliberaciones y adopción de decisiones.
d)  Prever la elección de suplentes para evitar cancelaciones por falta de quórum.
e)  Establecer plazos breves para la adopción de decisiones, debiendo contarse a 
partir  del  sometimiento  del  conflicto  a  la  comisión  paritaria.  Cuando  no  estén 
determinados legalmente, se fijarán inferiores a 10 días hábiles y, para los supuestos de 
urgencia, dos o tres días hábiles.
f)  El trámite de intervención de la comisión paritaria ha de considerarse como 
evacuado en el caso de que no se adopte decisión alguna por la comisión en los plazos 
establecidos.
g)  Simplificar los trámites formales y las exigencias documentales.
h)  Solicitar, a efectos informativos, la notificación de los acuerdos de interpretación 
y aplicación del convenio colectivo, si son de interés general, incluidos los alcanzados en 
los sistemas de solución autónoma de conflictos.
i)  La adopción de los acuerdos debe ser en la mayoría de los supuestos por 
mayoría simple de cada una de las representaciones –o incluso mayoría simple de los 
votantes– y sólo en determinados casos debe optarse por mayorías más cualificadas.
j)  En los convenios colectivos sectoriales, especialmente los estatales, o en los de 
grandes empresas, la regla general debe ser la existencia de comisiones paritarias 
descentralizadas.
k)  También en esos convenios colectivos, la regla general ha de ser la existencia de 
especialización  por  materias  de  distintas  comisiones  paritarias  a  efectos  de  evitar 
acumulaciones de trabajo que limiten su eficacia.