BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 321 Miércoles 9 de diciembre de 2020 Sec. I.   Pág. 112528
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
15839 Decreto-ley 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del 
derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19.
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos ley sean promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De conformidad con el que disponen el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, 
de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, y visto el 
Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del presidente de la Generalidad 
de Cataluña;
De acuerdo con esto, promulgo el siguiente Decreto Ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en 
el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, al amparo de la competencia exclusiva 
que el artículo 137.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña atribuye a la Generalidad en 
materia de vivienda, estableció una serie de medidas para evitar los desahucios que 
puedan producir una situación de falta de vivienda a las personas o unidades familiares 
que no tengan una alternativa de vivienda propia cuando se encuentren dentro de los 
parámetros de riesgo de exclusión residencial que la ley define.
Entre estas medidas, destaca la obligación de los grandes tenedores de vivienda de 
ofrecer a los afectados una propuesta de alquiler social antes de interponer cualquier 
demanda judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago del alquiler. Esta 
obligación se hizo extensiva mediante el Decreto ley 17/2019, de 23 de diciembre, de 
medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, en las demandas de desahucios 
por vencimiento de la duración del título jurídico que habilita la ocupación de la vivienda y 
por falta de título jurídico que habilite la ocupación cuando concurran circunstancias 
determinadas.
La  situación  de  vulnerabilidad  de  las  personas  o  unidades  familiares  que  se 
encuentran  en  situación  de  riesgo  de  exclusión  residencial  se  agrava  cuando  se 
incumple la obligación legal de formular una propuesta de alquiler social, que se vuelve 
particularmente penosa en el contexto actual de las restricciones a la movilidad de las 
personas que la Administración sanitaria ha establecido para luchar contra la COVID-19.
La situación de emergencia social que se da en estos momentos en la vida de las 
personas provocada por los desahucios, en un contexto de crisis económica y sanitaria 
extraordinariamente  grave,  hace  que  la  función  social  de  la  vivienda  tome  mayor 
relevancia e imponga la adopción de medidas paliativas que no admiten demora.
Con las medidas que regula el Decreto ley presente se pretende que las personas en 
situación de riesgo de exclusión residencial puedan permanecer en su domicilio mientras 
la  persona  obligada  a  ofrecerlas  una  propuesta  de  alquiler  social  en  los  términos 
regulados a la Ley 24/2015, del 29 de julio, no acrediten el cumplimiento de esta 
obligación. s
Por otra parte, mientras sean vigentes medidas que comporten restricciones a la  oe.
libertad de circulación por razones sanitarias, se pretende evitar también el lanzamiento  w.
de las personas en riesgo de exclusión residencial en cualquiera de las circunstancias  839ww
descritas anteriormente.
Por todo ello, en uso de la autorización concedida en el artículo 64 del Estatuto de 
autonomía de Cataluña, a propuesta del consejero de Territorio y Sostenibilidad y de la 
consejera de Justicia, y de acuerdo con el Gobierno, Decreto:
Artículo único.  Modificaciones de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes 
para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
1.  Se modifica el primer párrafo del apartado 1 de la disposición adicional primera 
de la Ley 24/2015, del 29 de julio, que resta redactado de la manera siguiente:
«1.  La obligación a que hace referencia el artículo 5, de acreditar que se ha 
formulado  una  propuesta  de  alquiler  social  antes  de  interponer  determinadas 
demandas judiciales, se hace extensiva en los mismos términos en cualquier 
acción ejecutiva derivada de la reclamación de una deuda hipotecaria y a las 
demandas de desahucio siguientes:»
2.  Se añade un nuevo apartado, el 1 bis, a la disposición adicional primera de la 
Ley 24/2015, de 29 de julio, con la redacción siguiente:
«1  bis.  Los  procedimientos  iniciados  en  que  no  se  haya  acreditado  la 
formulación de la oferta de alquiler social se tienen que interrumpir a fin de que 
esta oferta pueda ser formulada y acreditada.»
3.  Se añade una nueva disposición adicional, la tercera, a la Ley 24/2015, de 29 de 
julio, con la redacción siguiente:
«Disposición adicional tercera.  Suspensión excepcional y transitoria por motivos 
sanitarios de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos que 
afecten hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
Durante la vigencia del estado de alarma o de una medida que comporte 
restricciones a la libertad de circulación por razones sanitarias, se suspenderán las 
ejecuciones de resoluciones judiciales que comporten el lanzamiento de personas 
o unidades familiares que se encuentren dentro de los parámetros de riesgo de 
exclusión residencial previstos en esta Ley y ocupen viviendas que provengan de 
los demandantes previstos en el artículo 5.2. Esta misma medida de suspensión 
se aplicará también a los supuestos previstos en la disposición adicional primera. 
En este último caso, no será necesario acreditar la circunstancia recogida en el 
supuesto 2.º de la letra b) del apartado 1 de esta disposición adicional y será 
suficiente acreditar que la ocupación se ha producido con anterioridad al inicio de 
la vigencia del estado de alarma declarado por el Real decreto 926/2020, de 25 de 
octubre.
La determinación relativa a la inclusión o no inclusión dentro de los parámetros 
de  riesgo  de  exclusión  social  corresponde  a  los  servicios  sociales  de  la 
administración pública competente.
Así mismo, en el caso que el cuerpo de Mossos d’Esquadra o las Policías 
Locales  de  Cataluña  reciban  una  denuncia  solicitando  medidas  cautelares 
relativas a desocupaciones de viviendas de personas o unidades familiares que se 
encuentren dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial previstos 
en esta Ley y ocupen la vivienda en cualquiera de las circunstancias previstas en  s
la disposición adicional primera o en el artículo 5.2, deben solicitar informe urgente  o
ae stloas s osleicrivtuicdio isn mseodciiaatleasm ednet el aa l aMdimniisntiesrtrioa cFióisnc apl.ú»blica competente, comunicando  2020-15839n https://www.
Disposición final.  Entrada en vigor.
Este Decreto Ley entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el «Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Por  lo  tanto,  ordeno  que  todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas  a  los  cuales  sea 
aplicable este Decreto ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y las 
autoridades a los cuales corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 3 de noviembre de 2020.–El Vicepresidente del Gobierno en sustitución 
de  la  presidencia  de  la  Generalidad  y  consejero  de  Economía  y  Hacienda,  Pere 
Aragonès i Garcia.–El Consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet i Valera.–La 
Consejera de Justicia, Ester Capella i Farré.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8263, de 4 de noviembre de 2020. 
Convalidado por Resolución 1066/XII, del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña» número 8279, de 24 de noviembre de 2020)