BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83 Jueves 26 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 27224
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4112 Sala Segunda. Sentencia 27/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de 
amparo 1369-2017. Promovido por la mercantil La Opinión de Zamora, S.A., 
en relación con la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que le 
condenó, en casación, por vulneración del derecho a la propia imagen y a la 
intimidad personal y familiar. Supuesta vulneración del derecho a la libertad 
de información: reportaje periodístico sobre un suceso violento que se ilustró 
con una fotografía extraída de un perfil personal en Facebook abierto y 
accesible al público.
ECLI:ES:TC:2020:27
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1369-2017, promovido por la mercantil La Opinión 
de Zamora, S.A., contra la sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo núm. 91/2017, de 15 de febrero de 2017 que estima en parte el recurso de 
casación interpuesto en juicio ordinario sobre derecho a la propia imagen y a la intimidad 
personal y familiar por la entidad La Opinión de Zamora, S.A., casando la sentencia 
núm. 270/2015, de 22 de septiembre, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de 
Vizcaya, que desestima el recurso de apelación contra la sentencia núm. 55/2015, de 11 
de marzo, del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Bilbao. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el 17 de marzo de 2017, la entidad 
mercantil La Opinión de Zamora, S.A., interpuso recurso de amparo contra la sentencia a 
la que se hace referencia en el encabezamiento, alegando vulneración del derecho a la 
información (art. 20.1 CE).
2.  Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo, relevantes para la 
resolución del caso son, en síntesis, los siguientes:
a)  El 8 de julio de 2013, en la edición en papel y digital del diario «La opinión-El 
correo de Zamora», bajo el título «Un hombre muere en Zamora al dispararse después  e.e
de herir a su hermano de otro tiro», se publicó un reportaje sobre un suceso ocurrido el  b
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reportaje había supuesto una intromisión ilegítima en el derecho fundamental a su propia
imagen y a su intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE). Alegaba que el artículo 
periodístico contenía datos personales y familiares que permitían identificarle, tales como 
su nombre, el de su hermano, las iniciales de sus apellidos, el apodo del fallecido, la 
dirección  del  domicilio  familiar,  la  profesión  del  padre  y  el  lugar  donde  la  ejerció, 
referencias  a  la  notoriedad  de  la  familia  en  la  localidad  o  incluso  la  enfermedad 
neurodegenerativa padecida por la madre. En el reportaje publicado en la edición en 
papel del diario se incluyeron sendas fotografías del demandante don I.I.L. y de su 
hermano,  que  habían  sido  obtenidas  de  sus  respectivos  perfiles  de  la  red  social 
Facebook sin la preceptiva autorización. El actor denunciaba que la información escrita y 
gráfica expuesta por el periódico resultaba desproporcionada e irrelevante a los efectos 
de  informar  sobre  el  suceso  acaecido,  y  solo  servía  para  facilitar  la  identificación 
detallada del agresor, de la víctima y del resto de su familia. Añadía que se había 
divulgado en un momento especialmente delicado para el actor, lo que había contribuido 
negativamente a la situación psicológica que padecía. Por todo ello suplicaba que se 
declarara la existencia de una intromisión ilegítima en su derecho fundamental a la 
propia imagen y a la intimidad personal y familiar (art. 18 CE), así como la causación de 
un daño moral valorado en la suma de 30.000 €, o en la que el tribunal estimara 
haciendo uso de su facultad moderadora. Además solicitaba que se condenara a la 
entidad demandante a difundir en la misma sección del periódico donde su publicó la 
noticia la parte dispositiva de la sentencia que pusiera fin al proceso, que se condenara a 
la editorial a retirar las fotografías y sus datos personales de cuantos ejemplares de la 
publicación se hallaran en los archivos del periódico; a no volver a publicarlos en soporte 
alguno y, por último, al pago de las costas procesales.
c)  En fecha de 11 de marzo de 2015, el Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de 
Bilbao dictó sentencia estimatoria de la demanda, condenando a la mercantil demandada 
a  abonar  a  la  parte  actora  la  suma  de  30.000  €  en  concepto  de  indemnización. 
Consideraba que la información publicada, cuya veracidad se reconocía, suponía una 
intromisión en el derecho a la intimidad del demandante (art. 18.1 CE), puesto que se 
revelaban  numerosos  datos  personales  del  actor  y  de  su  familia  que  permitían  su 
identificación.
También estimó que se había producido una vulneración del derecho a la propia 
imagen del demandante (art. 18.1 CE) al no haber contado con su consentimiento para 
la  publicación  de  la  fotografía,  cuando  por  lo  demás  esta  no  aportaba  elemento 
informativo alguno de interés público.
En  lo  que  respecta  a  la  indemnización  solicitada,  el  órgano  judicial  tuvo  en 
consideración la gravedad de la intromisión, la alta difusión del periódico en la provincia, 
la vinculación del demandante con dicho entorno y la influencia del reportaje en el estrés 
postraumático que este había sufrido.
d)  La  Opinión  de  Zamora,  S.A.,  recurrió  en  apelación  la  anterior  resolución, 
dictándose por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Vizcaya sentencia 
desestimatoria, en fecha 22 de septiembre de 2015. La Audiencia consideró que aun 
cuando la noticia era veraz y tenía relevancia o interés público, ello no justificaba la 
difusión de determinados datos íntimos, personales y familiares del demandante, por lo 
que no debía prevalecer la libertad de información sobre la intimidad personal. Se trataba 
–a su juicio– de datos innecesarios, de los que el medio pudo prescindir sin limitar por 
ello la información como derecho fundamental.
En cuanto a la concurrencia de una intromisión ilegítima en el derecho a la propia 
imagen,  el  órgano  judicial  confirmó  los  argumentos  de  la  sentencia  recurrida,  s
entendiendo que la fotografía del demandante se había reproducido y divulgado sin su  oe.
consentimiento y sin que la trascendencia de los hechos sobre los que se informaba  w.
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mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen (en adelante Ley Orgánica 1/1982).
f)  Con fecha de 15 de febrero de 2017, la Sala Primera del Tribunal Supremo dictó 
sentencia por la que estimó en parte el recurso. Para alcanzar este fallo razona, en lo 
que a este recurso de amparo importa, lo siguiente:
(i)  Dado que la gravedad de la intromisión en la intimidad no es intensa, que el 
interés de la noticia (y, por tanto, la relevancia pública momentánea de los implicados en 
ella) es importante en el contexto de una ciudad como Zamora, y que la información se 
acomodó a los cánones de la crónica de sucesos, debe prevalecer el derecho a la 
información ejercitado a través del medio de prensa. Para la Sala Primera, «una condena 
a  un  medio  de  comunicación  que,  con  carácter  inmediato  a  que  sucedieran,  ha 
informado  de  forma  veraz  sobre  unos  hechos  graves,  de  trascendencia  penal  y 
relevancia pública, en especial en el reducido ámbito geográfico al que extiende su 
influencia, que ciertamente ha identificado a las personas que resultaron implicadas en 
tales  hechos  pero  no  ha  revelado  otros  hechos  de  su  intimidad  que  estuvieran 
desconectados  con  los  hechos  noticiables  ni  ha  aumentado  significativamente  el 
conocimiento  que  de  los  hechos  se  tenía  o  que  iba  a  tener  en  los  momentos 
inmediatamente posteriores en la comunidad concernida, que no ha incurrido en ninguna 
extralimitación  morbosa  y  ha  respetado  los  cánones  tradicionales  de  la  crónica  de 
sucesos,  no  ampararía  adecuadamente  el  ejercicio  del  derecho  a  la  libertad  de 
información conforme a cánones constitucionales».
(ii)  Sobre la necesidad de autorización del titular del derecho a la imagen en la red 
social Facebook advierte que «el periódico editado por la demandada no publicó una 
fotografía del demandante, en tanto que víctima del hecho delictivo objeto del reportaje, 
obtenida en el lugar de los hechos, sino que el diario la obtuvo de la cuenta de Facebook 
del demandante, pues se trataba de una fotografía accesible a los internautas». Y 
subraya que el hecho de que «en la cuenta abierta en una red social en Internet, el titular 
del perfil haya “subido” una fotografía suya que sea accesible al público en general, no 
autoriza a un tercero a reproducirla en un medio de comunicación sin el consentimiento 
del titular, porque tal actuación no puede considerarse una consecuencia natural del 
carácter accesible de los datos e imágenes en un perfil público de una red social en 
Internet.  La  finalidad  de  una  cuenta  abierta  en  una  red  social  en  Internet  es  la 
comunicación de su titular con terceros y la posibilidad de que esos terceros puedan 
tener acceso al contenido de esa cuenta e interactuar con su titular, pero no que pueda 
publicarse la imagen del titular de la cuenta en un medio de comunicación». Continúa el 
argumento razonando que «el consentimiento del titular de la imagen para que el público 
en general, o un determinado número de personas, pueda ver su fotografía en un blog o 
en una cuenta abierta en la web de una red social no conlleva la autorización para hacer 
uso de esa fotografía y publicarla o divulgarla de una forma distinta, pues no constituye 
el “consentimiento expreso” que prevé el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982 como 
excluyente de la ilicitud de la captación, reproducción o publicación de la imagen de una 
persona. Aunque este precepto legal, en la interpretación dada por la jurisprudencia, no 
requiere que sea un consentimiento formal (por ejemplo, dado por escrito), sí exige que 
se trate de un consentimiento inequívoco, como el que se deduce de actos o conductas 
de inequívoca significación, no ambiguas ni dudosas».
(iii)  Sobre el acceso libre a las imágenes «subidas» a una red social y la posibilidad 
de interpretar el comportamiento del usuario como consentimiento tácito o por actos 
concluyentes, entiende el Alto Tribunal que «el que el titular de una cuenta en una red  e.
social en Internet permita el libre acceso a la misma, y, de este modo, que cualquier  w.b
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cuenta, supone que el acceso a esa fotografía por parte de terceros es lícito, pues está
autorizada por el titular de la imagen. Supone incluso que el titular de la cuenta no puede 
formular  reclamación  contra  la  empresa  que  presta  los  servicios  de  la  plataforma 
electrónica donde opera la red social porque un tercero haya accedido a esa fotografía 
cuyo acceso, valga la redundancia, era público. Pero no supone que quede excluida del 
ámbito protegido por el derecho a la propia imagen la facultad de impedir la publicación 
de su imagen por parte de terceros, que siguen necesitando del consentimiento expreso 
del titular para poder publicar su imagen».
(iv)  Subraya, por lo demás, que la publicación en una red social no es equiparable a 
la captación de una imagen en lugar público y que «el ejercicio del derecho a la libertad 
de información no legitima la publicación no consentida de la imagen de la persona, en 
un ámbito ajeno a aquel en el que sucedieron los hechos, pues no fue tomada en el lugar 
de los hechos con ocasión del suceso (lo que, de alguna forma, entroncaría con la 
narración,  en  este  caso  gráfica,  de  los  hechos  en  el  ejercicio  de  la  libertad  de 
información), sino que fue obtenida de su perfil de Facebook».
(v)  Por  último,  hay  que  destacar  que,  dado  que  la  sentencia  declara  que  la 
afectación de la intimidad del demandante no fue ilícita, y que solo lo fue la intromisión 
en su derecho a la propia imagen, se reduce a la mitad la indemnización fijada en la 
sentencia recurrida.
3.  En la demanda de amparo se alega la vulneración del derecho a comunicar 
libremente información veraz por cualquier medio de difusión [art. 20.1.d) CE], que se 
imputa a la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2017, 
al otorgar prevalencia al derecho a la imagen (art. 18.1 CE), cuando además se obtuvo la 
fotografía de la víctima de una fuente accesible como lo es su perfil de Facebook.
La recurrente en amparo considera que el art. 20.1 d) CE garantiza el derecho a 
comunicar libremente información veraz «por cualquier medio de difusión», sin distinción 
entre sus diferentes modalidades. Por consiguiente, forma parte del derecho tanto la 
utilización de los cauces técnicos para la obtención y difusión de la noticia en la fuente 
informativa de acceso general, como la instalación, instrumentalmente necesaria, de los 
aparatos técnicos precisos allí donde la noticia se produce. Con cita de la STC 72/2007, 
de 16 de abril, y del ATC 176/2007, de 1 de marzo, argumenta que la necesidad de 
consentimiento expreso del titular de la imagen para su utilización (art. 8.1 de la Ley 
Orgánica 1/1982), cede en aquellos supuestos en los que existe un interés público en la 
captación o difusión de la imagen y este interés público se considere constitucionalmente 
prevalente al de la persona en evitarlas.
Se afirma en la demanda que el razonamiento contenido en el fundamento jurídico 4 
de la resolución impugnada arroja serias dudas acerca de si en el futuro podrá incluirse 
información  gráfica  de  la  víctima  sin  su  consentimiento,  lo  que  en  caso  negativo 
entrañaría una grave restricción del derecho a la libre comunicación de información 
gráfica en las informaciones sobre sucesos. Para la editorial recurrente, el canon de 
relevancia aplicable al derecho a la imagen ha de ser más tenue que para el derecho a la 
intimidad por ser menor la consecuencia lesiva sobre la dignidad que tiene la mera 
reproducción gráfica de la representación de una persona (ATC 176/2007). Para ella, en 
este caso es razonable entender que, si la narración de la noticia queda amparada por la 
libertad de información, a mayor razón, la reproducción de la imagen del demandante 
debe  quedar  igualmente  justificada  por  la  prevalencia  de  ese  mismo  derecho  a 
comunicar libremente información por cualquier medio de difusión, incluida la fotografía, 
aún más cuando su utilización solo persigue el fin de complementar la noticia y la imagen 
difundida es neutral y respetuosa con la víctima [art. 8.2 c) de la Ley Orgánica 1/1982]. e.
Se sostiene, por lo demás, que la fotografía de la víctima del delito fue obtenida de  w.b
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tuviera interés por conocerla.
Por todo lo expuesto, solicita la estimación de su recurso y la declaración de nulidad 
de la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2017.
4.  Por providencia de 13 de noviembre de 2017, la Sala Segunda (Sección Tercera) 
del  Tribunal  Constitucional  acordó  la  admisión  a  trámite  del  recurso  de  amparo, 
apreciando que concurre una especial trascendencia constitucional, porque plantea un 
problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina 
[STC 155/2009, FJ 2, a)]. En aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC), se ordenó dirigir atenta comunicación a 
la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y a la Sección Segunda, de la Audiencia 
Provincial de Vizcaya, a fin de que, en el plazo que no excediera de diez días, remitieran 
certificación adverada del recurso de apelación número 182/2015. Igualmente, se ordena 
enviar comunicación al Juzgado de Primera Instancia número 10 de Bilbao para que en 
el  mismo  plazo  remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones 
correspondientes al procedimiento ordinario número 562-2014, debiendo previamente 
emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a fin de que en el término 
de  diez  días  pudieran  comparecer  en  este  proceso  y  formular  las  alegaciones 
pertinentes, excepto la parte recurrente en amparo.
5.  Por escrito registrado el 14 de diciembre de 2017, don I.I.L., se personó en el 
proceso de amparo, solicitando que se entendieran con él las actuaciones sucesivas y se 
le diere vista de las actuaciones y, requerido por este Tribunal, en plazo y forma con 
fecha  de  20  de  diciembre  de  2017,  aportó  el  poder  original  acreditando  su 
representación.
6.  Con fecha de 15 de enero de 2018, la mercantil La Opinión de Zamora, S.A., 
presentó su escrito de alegaciones, ratificándose en su demanda y sosteniendo que la 
conducta que la sentencia impugnada considera lesiva del derecho a la propia imagen 
del señor I.L., en realidad, es un acto lícito de ejercicio de la libertad fundamental de 
información, pues la editorial accedió a la imagen a través de su perfil de Facebook y la 
usó para comunicar una información gráfica veraz y complementaria de otra escrita 
sobre un suceso que era noticiable y de relevancia pública en la ciudad y provincia 
donde se difunde el periódico. De este modo, entiende que simplemente actuó como 
mero mediador informativo entre una imagen divulgada en la red social y sus lectores, lo 
que resultó especialmente útil para satisfacer el derecho a recibir información veraz de 
aquellos lectores que carecen de los dispositivos o la habilidad personal necesaria para 
acceder a los datos publicados en Facebook.
Para la demandante de amparo, aquel que abre una cuenta con perfil en una red 
social puede optar por diversos grados de difusión de sus datos personales, imágenes 
incluidas.  En  este  caso,  don  I.I.L.  incluyó  su  imagen  entre  los  datos  personales 
publicados con carácter general y sin restricciones de modo que pudiera conocerlos 
cualquier usuario de la red social, lo que debe ser entendido como «acto propio» a los 
efectos  del  art.  2.1  de  la  Ley  Orgánica  1/1982,  al  margen  de  haber  autorizado 
expresamente  su  uso  por  cualquier  tercero  (también  por  consiguiente  de  personas 
ajenas a su red de contactos) en la plataforma digital (apartado 2.4 de la Declaración de 
derechos y responsabilidades de Facebook). En consecuencia, la empresa editora como 
tercero podía hacer uso de lo publicado por el usuario de la red social, dado el interés 
informativo y relevancia social que tenía el suceso (en apoyo de sus argumentos cita las 
SSTC 121/2002, de 20 de mayo, FJ 4, y 139/2007, de 4 de junio, FJ 8). s
Por otro lado, se reitera el carácter accesorio de la fotografía litigiosa, invocando la  oe.
doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH de 10 de noviembre  w.
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este caso –en opinión de la demandante de amparo–, la fotografía publicada cumple sin
discusión las características del respeto y la neutralidad, pues no en vano es la elegida
por el propio sujeto para ilustrar su perfil abierto y accesible al público en la red social. 
Por lo tanto, el art. 8.2 c) de la Ley Orgánica 1/1982 debe ser reinterpretado favoreciendo 
la libertad de comunicar información gráfica, de manera que el derecho a la propia 
imagen no solo no impide la información gráfica relativa a imágenes accesorias de otra 
imagen principal, sino que tampoco impide la publicación de información gráfica que se 
limita a ser un mero complemento de la información escrita de relevancia pública.
Por todo ello solicita la estimación del recurso de amparo y la declaración de nulidad 
de la sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil, del Tribunal Supremo de 15 de febrero 
de 2017.
7.  Con fecha de 17 de enero de 2018, don I.I.L. presentó escrito de alegaciones y 
tras repasar la doctrina de este Tribunal sobre los criterios de ponderación en la colisión 
entre los derechos fundamentales a la propia imagen y a la libertad de información [arts. 
18.1 y 20.1 d) CE], recuerda que la finalidad del primero de ellos es la de salvaguardar 
un ámbito propio y reservado de la persona, frente a las reproducciones y a la difusión 
incondicionada de su aspecto físico que constituye el primer elemento configurador de la 
intimidad y de la esfera personal, en cuanto instrumento básico de identificación y 
proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como individuo. 
Recuerda en tal sentido que lo que se pretende con este derecho, es que los individuos 
puedan decidir qué aspectos de su persona desean preservar de la difusión pública, a fin 
de garantizar un ámbito privado en el desarrollo de la propia personalidad, ajeno a 
injerencias externas y, por consiguiente, impedir que un tercero pueda captar, reproducir 
o publicar su imagen sin autorización (STC 81/2001, de 26 de marzo). Entiende que la 
ponderación de los derechos fundamentales en conflicto llevada a cabo por el Pleno de 
la Sala Primera del Tribunal Supremo es constitucionalmente correcta, pues el hecho de 
que el titular de la imagen la haya exhibido voluntariamente en una red social no significa 
que  cualquier  tercero  esté  legitimado  para  hacer  uso  de  ella  sin  su  preceptiva 
autorización.
En  apoyo  de  su  argumento  cita  la  doctrina  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos 
Humanos (SSTEDH de 7 de febrero de 2012, asunto Von Hannover, § 108 y ss.; de 4 de 
julio de 2017, asunto Halldórsson; de 10 de noviembre de 2015, asunto Couderc et 
Hachette Filipacchi Associés; de 7 de febrero de 2012, asunto Axel Springer AG y de 18 
de mayo de 2004, asunto Éditions Plon), subrayando los criterios que a juicio de la Corte 
europea deben seguirse a la hora de ponderar los derechos en conflicto. Así, en primer 
lugar, debe valorarse la contribución de la información a un debate de interés general, 
que debe negarse en el caso de la inclusión de la fotografía de don I.I.L. Por otro lado, 
hay  que  analizar  la  notoriedad  de  la  persona  aludida,  el  objeto  del  reportaje  y  el 
comportamiento anterior de la persona en cuestión. En este sentido, recuerda que es 
una persona desconocida para el público, que tan solo fue la víctima de un delito y no 
autorizó la publicación en el medio de su imagen, que fue tomada de una red social, 
siendo por lo demás innecesaria a efectos del reportaje, satisfaciendo con su inclusión 
tan solo la curiosidad humana (STC 176/2013, de 21 de octubre y STEDH de 21 de 
febrero de 2017, asunto Rubio Dosamantes, § 34). En este sentido, insiste en la falta de 
autorización expresa o inequívoca para la divulgación de su imagen (art. 2.2 de la Ley 
Orgánica 1/1982), puesto que, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo, el consentimiento prestado para publicar la imagen propia 
con una finalidad determinada (en este caso, como imagen del perfil de Facebook) no 
legitima a los terceros a su publicación con un fin diferente, como lo es la ilustración 
gráfica de un reportaje sobre el suceso violento en que se vio envuelto. Para el señor I.L.  e.
la autorización del usuario de una red social para que un determinado número de  w.b
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precepto legal no requiere que se trate de un consentimiento expresado formalmente, sí
exige que lo sea inequívoco, ni ambiguo ni dudoso (SSTS 21 de diciembre de 2016, 
FJ 4; de 6 de junio de 2011, FJ 4; 18 de mayo de 2007, FJ 3 y 4; y 6 de mayo de 2002, 
FJ 2 y 3). Finaliza invocando la dignidad de la persona (art. 10 CE) como claro límite al 
ejercicio del derecho a la información e insistiendo en que la víctima de un delito tiene 
derecho a que se respete su imagen y su dignidad, y a que no se haga un «circo 
mediático» de un suceso trágico divulgando una fotografía captada en una red social a la 
que pertenece la víctima con fines bien diversos.
Por las razones que resumidamente se han expuesto, solicita de este Tribunal la 
desestimación del recurso de amparo.
8.  Finalmente,  el  Ministerio  Fiscal  presentó  su  escrito  de  alegaciones  el  1  de 
febrero de 2018, interesando la desestimación  del  amparo, al entender que, en el 
presente caso, el interés público en la difusión y publicación de la imagen debe ceder 
frente  al  interés  de  su  titular  en  que  sus  rasgos  físicos  no  se  difundan  sin  su 
consentimiento  expreso.  Para  el  defensor  público,  la  publicación  de  la  imagen 
reconocible de la víctima resultaba intrascendente, superflua e innecesaria a efectos de 
la información transmitida por el periódico. Añade que desde la perspectiva victimológica 
la intromisión en el derecho a la imagen de don I.I.L. no cumplía con el estándar de 
proporcionalidad exigible para el ejercicio legítimo de la libertad de información, pues 
lejos de permitir alcanzar el fin de formación libre de la opinión pública, se limitaba a 
alentar una cierta morbosidad gráfica en los lectores. Es más, la difusión de la imagen de 
la víctima amplificaba su eventual identificación por terceros y, por consiguiente, podía 
actuar como un factor de re-victimización, sin contribuir tan siquiera a alcanzar los fines 
propios de la libertad de información o añadir algún aspecto relevante o trascendente a 
la noticia.
Advierte el fiscal que el carácter noticiable de la información publicada –aspecto que 
no se cuestiona en absoluto– no hacía por ello también noticiable la imagen publicada, 
errando la recurrente en amparo al argumentar que la relevancia pública o social de la 
información escrita se traspasa automáticamente a la imagen publicada, pues por este 
solo  motivo  ésta  no  adquiere  trascendencia  [en  esta  línea  cita  la  STEDH  de  4 
diciembre 2012, asunto Verlagsgruppe news GMBH and Bobi c. Austria, § 81-82, donde 
se declara que el hecho de que la información periodística publicada goce de interés 
público  no  justifica  automáticamente  la  publicación  de  la  fotografía  de  la  persona 
concernida. Hay que diferenciar el texto de la fotografía. La foto supone una mayor 
injerencia  en  su  derecho  a  la  privacidad,  pues  revela  datos  de  la  vida  privada 
desconocidos hasta el momento para el gran público. Con el texto, por el contrario, 
simplemente  se  relatan  los  hechos,  pero  no  permite  la  identificación  física  del 
demandante. Ello permite diferenciar, por un lado, el contenido del artículo publicado y, 
por otro lado, la fotografía difundida (STEDH de 25 febrero 2016, § 41, asunto Société de 
Conception de Presse et d’Édition c. Francia)]. Pues bien, para la fiscalía, en el presente 
caso, la ausencia de todo interés general informativo de la fotografía, incluso como 
complemento gráfico del texto escrito, hace que la misma pierda cualquier condición de 
«acceso» a la que se refiere el art. 8.2 c) de la Ley Orgánica 1/1982 a los efectos de 
justificar constitucionalmente su publicación inconsentida. Sobre este particular subraya 
que –a contrario de lo que sostiene la demandante de amparo– la imagen publicada en 
«La Opinión de Zamora» no era de persona que ejerciera un cargo público o una 
profesión de notoriedad o proyección pública, ni se había captado durante un acto 
público o en un lugar abierto al público. La proyección pública sobrevenida que el titular 
de la imagen adquirió a raíz del trágico suceso publicado por el periódico no puede  e.
considerarse equivalente a la exigida en el referido art. 8.2 a) de la Ley Orgánica 1/1982  w.b
ydn,io ve un–lg ccaoucmaióolqn u,s ieuarcl  ecmdaesa orge, endn ee blde e pc roeqnsuceeun rtlreair   ccfoaotsnoo gc–ra arsfáíeacr t enpro rep crfeuisveai omo aeb ntleaten  piduuanb aliec nac couinónsn e dacuecoe lnnatc eiimac iamdgieee nnt taoyl    2020-4112n https://w
ecostnaesc tcairdcou ncsotna necli aesje, rpcaicriao  edl ef isscua lc daergboe  oe nptreonfdeesirósne  pqúubel ilcaas,  bnai rerenr ausn  dleu gparro tpeúcbcliiócno .q Eune 
derivan  del  derecho  a  la  imagen  no  deben  disminuir  en  favor  de  la  libertad  de 
información (STEDH de 19 octubre 2017, § 40, asunto Fuchsmann c. Alemania).
Señala por lo demás que la captación y uso por terceros de las imágenes expuestas 
en Facebook es inherente a la existencia de la propia cuenta en la red social, cuya última 
finalidad  es  interactuar  con  su  titular  y  compartir  información.  Por  ello,  cuando  se 
pretenda utilizar una fotografía ajena con una finalidad cualitativamente distinta de la 
perseguida  por  su  titular  al  incluirla  en  su  perfil,  debe  recabarse  su  expreso 
consentimiento. En tal sentido, defiende que la acción de «subir» una foto al perfil 
público de Facebook no puede calificarse de «acto propio» a los efectos de excluir la 
exigencia de «consentimiento expreso», porque si bien es totalmente previsible que los 
terceros puedan acceder a la foto e incluso puedan darle difusión en el ámbito de las 
redes sociales, no sucede lo mismo cuando la captación, difusión y publicación se lleva a 
cabo por los medios de comunicación para asociarla a una determinada noticia. Aparte 
de  ello,  mantiene  la  Fiscalía  que  el  hecho  de  que  cualquier  lector  de  una  noticia 
publicada en un medio de comunicación social en caso de estar interesado, pudiera 
realizar  una  búsqueda  propia  en  internet  para  identificar  al  protagonista  de  una 
determinada noticia, y lo lograra accediendo a su perfil público en una red social, no 
autoriza a que pueda divulgarse en otros medios, pues es una imagen que solo es 
accesible  a  través  de  la  red  social,  único  lugar  para  cuya  exhibición  el  titular  ha 
consentido.
Concluye, pues, interesando la desestimación del recurso de amparo.
9.  Por providencia de 20 de febrero de 2020 se señaló para votación y fallo del 
presente recurso el día 24 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y posiciones de las partes.
El presente recurso de amparo tiene por objeto la sentencia de 15 de febrero 
de 2017 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo a la que la editorial demandante de 
amparo imputa la vulneración del derecho a comunicar libremente información veraz por 
cualquier medio de difusión [art. 20.1 d) CE].
Para  la  mercantil  recurrente,  la  sentencia  impugnada  incurre  en  una  errónea 
ponderación entre aquel derecho fundamental y el derecho a la propia imagen (art. 18.1 
CE), pues a su juicio la información debe prevalecer y justifica la difusión de la fotografía 
del demandante pese a carecer de su consentimiento, especialmente al haber sido 
utilizada  como  complemento  gráfico  del  texto  escrito  y  tratarse  de  una  fotografía 
respetuosa y neutral. Añade que el titular de una cuenta en una red social transmite y 
recibe informaciones y opiniones, y en su perfil ofrece datos propios a los que autoriza 
que accedan un conjunto indeterminado de usuarios de la red. Por consiguiente, tal 
acción  del  usuario  debe  ser  considerada  como  acto  propio  por  el  que  asiente  o 
manifiesta su autorización para el uso por terceros de la imagen difundida por él mismo. 
Por lo demás entiende que, dada la naturaleza accesoria de la fotografía respecto del 
texto  escrito,  debe  interpretarse  como  un  complemento  justificado,  no  artificial  ni 
arbitrario que, como es usual en la crónica de sucesos, contribuyó a la identificación de 
la víctima de un suceso noticiable que conmovió al municipio de Zamora.
Por su parte, don I.I.L. rechaza que el hecho de exhibir voluntariamente en una red 
social una fotografía propia pueda significar que cualquier tercero esté legitimado para  es
hacer uso de ella sin previo consentimiento del titular. A su entender la inclusión de su  bo
imagen como complemento de la información escrita sobre el suceso no contribuía a un  w
lpidamae arbcagau etreeinol   sdpeieúdn bai nldilcta eoh r uépqmsrue eagn nestaanan.e.   rAsAao lñe,l oalnl doif ue gae eñ qnlaaued erve aí cblaqtai um peoau p hbidnaleiicsó atunacn  ip eódúnnebt,o lliitcnpoaco ,yer   ssnl ionoe o rada que uutmoneráa izss ó,ipm  eleaprrs laepo mundbaeel nilcd taeetoc ssdicóaoont ni spdofueacn cidstíoaua     OE-A-2020-4112able en https://w
innecesaria a efectos del reportaje, por lo que –como entendió el Pleno de la Sala
Primera del Tribunal Supremo– la intromisión debe reputarse ilegítima y declararse 
vulnerado su derecho a la propia imagen.
El Ministerio Fiscal solicita la desestimación del recurso de amparo ya que, a su 
juicio, aunque la publicación del trágico suceso cumple con los estándares de relevancia 
pública  o  social  y  de  veracidad  exigidos  por  este  Tribunal  en  acontecimientos  de 
relevancia penal, el supuesto planteado en este recurso no se encuentra entre las 
excepciones a la posibilidad de uso de imágenes ajenas sin el consentimiento expreso 
de su titular previstas en el art. 8.2 de la Ley Orgánica 1/1982, que sigue siendo 
necesario en cuanto el medio de comunicación utiliza la fotografía con una finalidad 
cualitativamente  distinta  de  la  pretendida  por  su  titular  al  incluirla  en  su  perfil  de 
Facebook. Tampoco puede configurarse como un «acto propio» a los efectos del art. 2.1 
de la Ley Orgánica 1/1982, pues cuando el titular de la imagen la utilizó como perfil de la 
red social no era razonablemente previsible que la prensa pudiera darle difusión al 
asociarla a una concreta noticia.
Insiste, por otro lado, en la ausencia del carácter noticioso de la fotografía publicada, 
dada la falta de pertenencia del supuesto a los incluidos en el art. 8.2 a) de la Ley 
Orgánica 1/1982, pues don I.I.L. no ejerce cargo público, profesión de notoriedad ni goza 
de proyección pública, así como tampoco la imagen fue captada durante un acto público 
o en un lugar abierto al público. En estas circunstancias, para la fiscalía, las barreras de 
protección que derivan del derecho a la imagen no deben disminuir. A ello suma que la 
ausencia de todo interés general informativo de la fotografía, incluso como complemento 
gráfico del texto escrito, hace que esta pierda la condición de «accesoria» a los efectos 
de justificar constitucionalmente su publicación no autorizada [art. 8.2 c) de la Ley 
Orgánica 1/1982]. Muy por el contrario, entiende que la difusión de la imagen de la 
víctima  amplifica  su  eventual  identificación;  que  puede  actuar  como  un  factor  de 
revictimización y que no cumple con el estándar de proporcionalidad exigible para el 
ejercicio legítimo de la libertad de información, pues lejos de permitir alcanzar el fin de 
una formación libre de la opinión pública, se limita a alentar una cierta morbosidad 
gráfica en los lectores.
El Tribunal acepta la apreciación de las partes en litigio, de los órganos judiciales y 
del Ministerio Fiscal, en el sentido de que los derechos fundamentales concernidos en el 
presente caso son el derecho a comunicar libremente información veraz del medio 
periodístico (art. 20.1 CE) y el derecho a la propia imagen de don I.I.L. (art. 18.1 CE). 
Aunque también están implicados el derecho a la intimidad personal y el derecho a la 
protección de datos de carácter personal, estos no pueden ser objeto de debate en este 
recurso de amparo dado que su posible vulneración no ha sido invocada ante este 
Tribunal por las partes, ni por el Ministerio Fiscal.
El Tribunal advierte igualmente que en estos casos el enjuiciamiento no puede 
limitarse  a  un  examen  externo  del  modo  en  que  ha  valorado  el  órgano  judicial  la 
concurrencia de los derechos en conflicto, sino que corresponde aplicar a los hechos 
probados  los  cánones  de  constitucionalidad  propios  de  aquellos  derechos.  En 
consecuencia, no basta con la comprobación de la razonabilidad de la valoración de los 
derechos constitucionales efectuada en la sentencia impugnada, sino que debemos 
sopesar  si  se  ha  acometido  respetando  la  posición  constitucional  de  los  derechos 
fundamentales contenidos en los arts. 18 y 20.1 CE, «lo que sólo puede llevar a cabo 
comprobando  si  las  restricciones  impuestas  por  los  órganos  judiciales  al  medio 
informativo,  mediante  la  condena,  están  constitucionalmente  justificadas 
(SSTC 200/1998, de 14 de octubre, FJ 4; 136/1999, de 20 de julio, FJ 13; 110/2000, de 5  s
de mayo, FJ 3, 112/2000, de 5 de mayo, FJ 5, 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 3)»  oe.
(STC 185/2002, de 14 de octubre, FJ 2). w.
el de2r.e cLhao  ad olac tirninfoar mcoancsiótitnu.cional sobre el derecho a la propia imagen en su colisión con  2020-4112n https://w
Expuestas las pretensiones defendidas por las partes que intervienen en el recurso,
procede entrar en el análisis de los motivos que sostienen la demanda de amparo, a
cuyos efectos es necesario recordar que es doctrina de este Tribunal la de que el 
derecho a la propia imagen (art. 18.1 CE), como concreción del más amplio derecho a la 
dignidad de la persona, está dirigido a proteger su vida privada y familiar, lo que engloba 
su dimensión moral y también social, atribuyéndole dos facultades primordialmente: la de 
decidir qué información gráfica formada por sus rasgos físicos puede tener difusión 
pública y, la segunda, la de impedir la captación, reproducción o publicación de la propia 
imagen  por  parte  de  cualquier  persona  no  autorizada  fuera  cual  fuese  la  finalidad 
perseguida por esta (SSTC 231/1988, de 23 de diciembre; 99/1994, de 11 de abril; 
117/1994, de 25 de abril; 81/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 139/2001, de 18 de junio, FJ 4; 
156/2001, de 2 de julio; 83/2002, de 22 de abril, FJ 4; 14/2003, de 28 de enero, FJ 5; 
72/2007, de 16 de abril, FJ 3; 77/2009, de 23 de marzo, FJ 2; 23/2010, de 27 de abril, 
FJ 4; 12/2012, de 30 de enero, FJ 5; 176/2013, de 21 de octubre, FJ 6, y 19/2014, de 10 
de febrero, FJ 5). En este sentido, hemos de volver a insistir en que el aspecto físico, en 
tanto  que  instrumento  básico  de  identificación  y  proyección  exterior  y  factor 
imprescindible  para  el  propio  reconocimiento  como  persona,  constituye  el  primer 
elemento configurador de la esfera personal de todo individuo (SSTC 156/2001, FJ 6, 
y 99/1994, FJ 5). Esto significa que la regla primera para lograr la protección de este 
derecho  fundamental  consiste  en  que  para  poder  captar,  reproducir  y/o  publicar  la 
imagen  de  una  persona  es  indispensable  su  consentimiento  inequívoco,  siendo 
excepcionales  los  supuestos  en  los  que  no  se  requiere  dicha  autorización  y  que 
aparecen contemplados en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo de protección civil del 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (en adelante, Ley 
Orgánica 1/1982).
Igualmente, hay que subrayar que la defensa que constitucionalmente se dispensa a 
la imagen de la persona también comprende las llamadas fotografías neutrales, es decir, 
todas aquellas que, aunque no contengan información gráfica sobre la vida privada o 
familiar del retratado, muestran sin embargo su aspecto físico de modo que lo haga 
reconocible. En la resolución de este asunto hemos de incidir nuevamente en que la 
esencia última del derecho fundamental en cuestión es otorgar al sujeto la facultad de 
decidir si hace públicos o no sus rasgos físicos como concreción del más amplio derecho 
a la dignidad de la persona. «[L]o específico del derecho a la propia imagen es la 
protección frente a las reproducciones de la misma que, afectando a la esfera personal 
de su titular, no lesionan su buen nombre ni dan a conocer su vida íntima. El derecho a la 
propia imagen pretende salvaguardar un ámbito propio y reservado, aunque no íntimo, 
frente a la acción y conocimiento de los demás; un ámbito necesario para poder decidir 
libremente el desarrollo de la propia personalidad y, en definitiva, un ámbito necesario 
según las pautas de nuestra cultura para mantener una calidad mínima de vida humana» 
(STC  81/2001,  FJ  2).  En  igual  sentido  se  ha  pronunciado  el  Tribunal  Europeo  de 
Derechos Humanos en su sentencia de 15 enero de 2009, asunto Reklos y Davourlis 
contra Grecia, § 40.
Sentado lo anterior, el derecho fundamental a la propia imagen no es un derecho 
absoluto e incondicionado. Existen circunstancias que pueden determinar que la regla 
general, conforme a la cual es al titular de este derecho a quien en principio corresponde 
decidir si permite o no la captación por un tercero, ceda a favor de otros derechos o 
intereses constitucionalmente legítimos. Esto ocurrirá en los casos en los que exista un 
interés público en la captación o difusión de la imagen y este interés público se considere 
constitucionalmente prevalente sobre el interés de la persona en evitar la captación o 
difusión de su imagen. Esto quiere decir que «cuando el derecho a la propia imagen  s
entre  en  colisión  con  otros  bienes  o  derechos  constitucionalmente  protegidos,  oe.
particularmente las libertades de expresión e información [art. 20.1 a) y d) CE] deberán  w.
cpdooenn 6cd rederetaa rjssu end ieol ;oc s7a 2dd/a2i f0cea0res7on, ,tF edJse  5ci,in dytier  1rqe5us6ée/ 2sin 0t0ee1nré,f rsFe Jnm t6ae)dr.eo Dcse ic ymh,o a aydtoeer n opdtriroeatn emdcoac inóaen r»al a,( sS« SpcaTirrCacu  1inn0sd5taa/1gn9ac9ri a0ss,i    2020-4112n https://w
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carácter público de la persona a la que se refiere o por el hecho en sí en que esa 
persona  se  haya  visto  involucrada,  y  la  veracidad  de  los  hechos  y  afirmaciones 
contenidos en esa información. Sin haber constatado previamente la concurrencia o no 
de estas circunstancias no resulta posible afirmar que la información de que se trate está 
especialmente protegida por ser susceptible de encuadrarse dentro del espacio que a 
una prensa libre debe ser asegurado en un sistema democrático. Sólo tras indagar si la 
información  publicada  está  especialmente  protegida  sería  procedente  entrar  en  el 
análisis de otros derechos –como el derecho a la intimidad o al honor–, cuya lesión, de 
existir, sólo deberá ser objeto de protección en la medida en que no esté justificada por 
la prevalencia de la libertad de información, de acuerdo a la posición preferente que por 
su valor institucional ha de concederse a esa libertad». Por consiguiente, «el valor 
preferente del derecho de información no significa dejar vacíos de contenido a los 
derechos fundamentales de las personas afectadas o perjudicadas por esa información, 
que ha de sacrificarse sólo en la medida en que resulte necesario para asegurar una 
información libre en una sociedad democrática, como establece el artículo 20.2 del 
Convenio  europeo  de  derechos  humanos.  Cuando  el  ejercicio  del  derecho  de 
información  no  exija  necesariamente  el  sacrificio  de  los  derechos  de  otro,  pueden 
constituir un ilícito las informaciones lesivas de esos derechos» (STC 171/1990, de 12 de 
noviembre, FJ 5). Como es fácilmente deducible, esto ocurre no solo en su confrontación 
con los derechos al honor y a la intimidad, sino también con el derecho fundamental a la 
propia imagen, por ejemplo, en aquellos casos en los que en la información se difundan 
fotografías  o  videoclips  que  solo  puedan  entenderse  como  meros  instrumentos  de 
satisfacción de la curiosidad ajena y hayan sido incluidos no con una función informativa, 
sino con la finalidad de saciar la expectación que, en aquellos términos, puede levantar 
una determinada noticia.
La protección del derecho a la imagen cede, por tanto, en aquellos casos en los que 
la publicación de la imagen, por sí misma o en relación con la información escrita a la 
que acompaña, posea interés público, es decir, contribuya a la formación de la opinión 
pública. En las SSTC 176/2013, 19/2014 y 18/2015, de 16 de febrero, se declara que, 
más allá de la condición de personaje público de la persona fotografiada y del lugar 
también público en el que puedan ser tomadas las imágenes, cuando estas se refieren a 
la vida privada del titular del derecho fundamental y, por tanto, carentes del relevancia 
pública,  el  derecho  a  la  propia  imagen  debe  seguir  gozando  de  la  protección 
preponderante que le dispensa la Constitución española (en igual sentido, SSTEDH 
asunto  Couderc  Hachette  Filipacchi  Associés  contra  Francia,  de  10  de  noviembre 
de 2015; asunto Axel Springer AG contra Alemania, y asunto von Hannover contra 
Alemania, ambas de 7 de febrero de 2012).
Por el contrario, el derecho a la imagen deberá sacrificarse en aquellos casos en los 
que, aun sin su consentimiento, se capta, reproduce o publica un documento gráfico en 
el que la persona aparezca –de manera no accesoria– en relación con un acontecimiento 
público que posea el rasgo de noticiable, especialmente si es en el ámbito por el que es 
conocida para el público, es decir, relacionado con su cargo o profesión de notoriedad. 
Subrayemos, en consecuencia, que «[e]l carácter noticiable de la información se erige, 
por tanto, en el “criterio fundamental” […] y “decisivo” […] que hará ceder un derecho 
público subjetivo como el derecho a la imagen que se funda en valores como la dignidad 
humana»  (STC  19/2014,  FJ  6).  El  Tribunal  ha  interpretado  que  «[e]l  derecho  a  la 
información no ocupa una posición prevalente respecto del derecho a la imagen, solo se 
antepone a este último tras apreciar el interés social de la información publicada como fin  s
constitucionalmente legítimo». «Por ello recibe una especial protección constitucional la  oe.
información veraz referida a asuntos de interés general o relevancia pública, requisito  w.
ieénnsfot eer mlq auacerti .ód n2e 0rvi.ve1ar a dtza)  nnCtooE  od,t eodlr egc aom nata ensnueidsra ot  itqcuoulamer eoes ld  uedn el arpe ofcidnheaorl i dailai mdcoi tmamdiusonm iscaoa bdr reeyl   cdaue areelmqcuhitioier  rr leáibcmroebnmiotoec niddteoe    2020-4112n https://w
lsao lraemaleidnated , psiuneod qeu ele, gaitl imveanri r lraesc oinntorcoimdois icoonmeso  mene dioot rdoes  fodremreacchióons  dfeu nlad aompienniótanl epsú bqliucae   BOE-A-cable e
guarden  congruencia  con  la  finalidad  expresada,  careciendo  de  efecto  legitimador 
cuando se ejercite de modo desmesurado y exorbitante al fin en atención al cual la 
Constitución le atribuye especial protección» (STC 185/2002, de 14 de octubre, FJ 3). En 
este sentido, los criterios de exclusión de la ilicitud en la intromisión contenidos en el 
art. 8.2 a) de la Ley Orgánica 1/1982 relativos a la publicación de las imágenes de 
personajes  públicos  tomadas  en  lugares  públicos  solo  deben  aplicarse  cuando  la 
información transmitida posea relevancia por contribuir a la formación de la opinión 
pública o a un debate de interés general, lo que sucede –como ya se ha dicho– cuando 
la imagen versa «sobre aspectos conectados a la proyección pública de la persona a la 
que se refiere, o a las características del hecho en que esa persona se haya visto 
involucrada», pero no concurre cuando tan solo está dirigida a suscitar o satisfacer la 
curiosidad ajena por conocer el aspecto físico de otros o con lo que a juicio de ciertos 
medios pueda resultar noticioso en un momento determinado (SSTC 232/1993, de 12 de 
julio, y 19/2014, FJ 7). Por ello, debe concluirse que «[u]na vez descartado el interés 
público del reportaje, es irrelevante, como ya hemos puesto de manifiesto, la proyección 
pública del personaje o la circunstancia de que las imágenes se capten incluso en un 
lugar abierto al uso público. Dichas circunstancias, por sí solas, no justifican la difusión 
de cualquier imagen» (STC 19/2014, FJ 8).
En efecto, es obvio que el interés público informativo que puede tener un suceso o 
acontecimiento público protagonizado por una persona con notoriedad o proyección 
pública justifica que el derecho a la propia imagen deba ceder frente al ejercicio del 
derecho a la información. En tal supuesto, la imagen del personaje público está ligada 
estrechamente a la noticia que protagoniza. Puede incluso suceder que la noticia sea 
gráfica, es decir, que sea la imagen captada en ese lugar o acto público la que tenga la 
naturaleza de noticiable, no siendo un mero acompañamiento de la noticia escrita. Al 
contrario, la imagen de un particular anónimo o desconocido, o lo que es lo mismo, que 
no ejerce cargo público o una profesión de notoriedad, por más que sea captada en un 
lugar público, no puede utilizarse sin su expreso consentimiento, salvo en dos supuestos. 
En primer lugar, aquel en el que la persona aparezca en la fotografía de manera 
meramente accesoria e intrascendente, sin protagonismo alguno. En segundo término, 
en  el  caso  de  que  la  participación  en  el  acontecimiento  noticiable  de  la  persona 
inicialmente  anónima  fuera  principal  o  protagonista,  en  cuyo  caso  su  derecho 
fundamental a la imagen deberá ceder frente al derecho a la información, precisamente 
debido al papel no accesorio que ha asumido el propio sujeto.
Establecidas sumariamente las líneas fundamentales que delimitan la protección del 
derecho a la propia imagen cuando colisiona con la libertad de información es necesario 
antes de ponderar los derechos fundamentales en conflicto hacer alguna referencia, 
aunque sea somera, a la actualidad o vigencia de la jurisprudencia constitucional en los 
casos en que las intromisiones vienen dadas por la utilización de las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación vinculadas al uso de Internet y de las redes 
sociales.
3.  La sociedad digital y la utilización no autorizada de la imagen ajena.
Es  innegable  que  los  cambios  tecnológicos  cada  vez  más  acelerados  que  se 
producen  en  la  sociedad  actual  afectan  al  conjunto  global  de  los  ciudadanos 
repercutiendo directamente en sus hábitos y costumbres. También lo es la afectación de 
los derechos fundamentales al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección 
de datos de carácter personal (art. 18 CE) por el uso masivo de las tecnologías de la  e
información y de la comunicación y de los servicios de redes sociales en Internet. El  bo
aumento de popularidad de las redes sociales ha transcurrido en paralelo al incremento  w
udseu alorsio sn ihvaenle sp adsea dion tdeerc uanmab eiot adpea  ecno nlate qnuideo se raan  tcraovnéssid edrea dlao s rmede.r oDse c oenssteu mmidoodroe,s  ldoes   2020-4112n https://w
cporondteunciiddooss  pcroera edloloss  pmoris mteorcse. roCso,n  ap loattraafo r–mlaa sa cctoumalo–  Feanc elab oqouke,  Tlowsit tecro, nItnesntiadgorsa mso no 
Tuenti, por citar solo algunas, los usuarios (porque jurídicamente ostentan tal condición)
se han convertido en sujetos colaborativos, ciudadanos que interactúan y que ponen en 
común en redes de confianza lo que tienen, lo que saben o lo que hacen, y que 
comparten con un grupo más o menos numeroso de destinatarios –usuarios igualmente 
de la redes sociales en Internet– todo tipo de imágenes, información, datos y opiniones, 
ya sean propios o ajenos. La amplitud de actividades que pueden desplegarse a través 
de una redes sociales en Internet gracias a las prestaciones de la Web 2.0, facilitan la 
actividad colaborativa del usuario en la gestión, elaboración y publicación de contenidos, 
de  modo  que  en  pocas  décadas  ha  pasado  de  ser  un  sujeto  pasivo  receptor  de 
información a un sujeto activo que elabora, modifica, almacena y comparte información. 
Piénsese, por ejemplo, que según los datos que ofrece la propia red social Facebook, en 
el mundo hay más de 1.860 millones de usuarios activos y cada día acceden solo a esta 
red social más de 1.150 millones de personas. Se suben más de 300 millones de 
fotografías  diarias  y,  en  un  minuto  se  publican  más  de  510.000  comentarios,  se 
actualizan más de 293.000 estados y se suben más de 136.000 fotografías.
En este contexto es innegable que algunos contornos de los derechos fundamentales 
al honor, a la intimidad y a la propia imagen (art. 18 CE), garantes todos ellos de la vida 
privada de los ciudadanos, pueden quedar desdibujados y que la utilización masificada 
de estas tecnologías de la información y de la comunicación, unida a los cambios en los 
usos sociales que ellas mismas han suscitado, añaden nuevos problemas jurídicos a los 
ya tradicionales. Si bien es un hecho que el funcionamiento de las redes sociales en 
Internet permite la difusión de información personal, también lo es que puede significar 
una pérdida de control de la información suministrada por el propio usuario. Un ejemplo 
de ello lo encontramos en las fotografías que se divulgan y en las etiquetas que permiten 
individualizar a una persona, en los comentarios y opiniones, y en la información que 
sobre un determinado sujeto se coloca en los perfiles y en los distintos espacios de 
acceso público. Es usual encontrarse que, en numerosos casos, los usuarios publican en 
la red social en Internet no solo información sobre sí mismos, sino también de otras 
personas  (usuarios  o  no)  y  que  lo  más  habitual  es  que  no  hayan  recabado  su 
autorización, antes o después de hacerlo. Igualmente hay que reparar en que cuando se 
toma una fotografía o se graba un videoclip, no solo se está creando una imagen, sino 
que esta incluye datos (metadatos) sobre quién ha hecho, dónde se ha hecho o incluso 
qué dispositivo se ha utilizado, los cuales pueden ser conocidos por cualquiera que 
tenga acceso a ella.
Contemplado de esta manera el panorama tecnológico actual y aceptando que la 
aparición  de  las  redes  sociales  ha  cambiado  el  modo  en  el  que  las  personas  se 
socializan, hemos de advertir sin embargo –por obvio que ello resulte– que los usuarios 
continúan siendo titulares de derechos fundamentales y que su contenido continúa 
siendo el mismo que en la era analógica. Por consiguiente, salvo excepciones tasadas, 
por más que los ciudadanos compartan voluntariamente en la red datos de carácter 
personal, continúan poseyendo su esfera privada que debe permanecer al margen de los 
millones de usuarios de las redes sociales en Internet, siempre que no hayan prestado 
su consentimiento de una manera inequívoca para ser observados o para que se utilice y 
publique su imagen.
Para resolver adecuadamente el supuesto planteado en el presente recurso de 
amparo, por tanto, es necesario comprender cómo funciona internamente la red social y 
la forma en la que se recopila la información de los millones de usuarios, pues proviene 
de diversas fuentes. Básicamente, la ofrecida por el propio usuario, la publicada por 
otros usuarios de esa misma red social, la misma red social que registra y procesa la  s
información  y  los  motores  de  búsqueda  que  indexan  los  perfiles  y  los  ponen  a  oe.
disposición de cualquier usuario de Internet. Concretamente, en Facebook, la persona, al  w.
rtpaermgeifsbetirréeannr sceida esc, o misnuoc l uuyesedunaaddrio,o   endnoir  elsacoc lmioó nain yfooerrlíemac atdr eód neli ocssau ,  cnaeossmotasb drfeoo  tyo cgairvpailef,í lalisdd ooysm , vicsídiilnieooo,  se nind teoe crceaassreiáoscn teeysr    2020-4112n https://w
paeñrasdoirn aqlu oe  flaam uitliilaizr,a ccioómn edneta erisotsa,  reesdta sdoocsi adl en oá nsiomloo  dea i nacclucseos oi dae olalo ginífaosr.m Aa ceióllon  hoafrye cqiudea   BOE-A-cable e
por cada usuario, sino también a la de sus contactos. Es obvio entonces que el usuario 
de la red social, solo por el hecho de serlo, puede verse abocado a perder el poder de 
decisión acerca de qué, cómo, dónde y cuándo desea que se difundan sus datos de 
carácter  personal  (entre  los  que  debemos  incluir  la  imagen).  En  la  era  digital,  el 
almacenamiento en la nube, los perfiles en diferentes redes sociales y las numerosas y 
variadas aplicaciones de mensajería instantánea instaladas en los dispositivos o distintas 
cuentas de correo electrónico son instrumentos personales y profesionales utilizados por 
la mayor parte de los ciudadanos en su día a día. Pero el hecho de que circulen datos 
privados por las redes sociales en Internet no significa de manera más absoluta –como 
parece defender la demandante de amparo– que lo privado se haya tornado público, 
puesto que el entorno digital no es equiparable al concepto de «lugar público» del que 
habla la Ley Orgánica 1/1982, ni puede afirmarse que los ciudadanos de la sociedad 
digital hayan perdido o renunciado a los derechos protegidos en el art. 18 CE. Los 
particulares que se comunican a través de un entorno digital y que se benefician de las 
posibilidades que ofrece la Web 2.0 no pueden ver sacrificados por este solo hecho los 
derechos fundamentales cuya razón de ser última es la protección de la dignidad de la 
persona. Aunque los riesgos de intromisión hayan aumentado exponencialmente con el 
uso masivo de las redes sociales, para ahuyentarlos debemos seguir partiendo del 
mismo principio básico que rige el entorno analógico y afirmar que el reconocimiento 
constitucional de los derechos fundamentales comprendidos en el art. 18 CE conlleva la 
potestad de la persona de controlar los datos que circulan en la red social y que le 
conciernen.  Por  consiguiente,  reiteramos  que,  salvo  que  concurra  una  autorización 
inequívoca para la captación, reproducción o publicación de la imagen por parte de su 
titular, la injerencia en el derecho fundamental a la propia imagen debe necesariamente 
estar  justificada  por  el  interés  público  preponderante  en  tener  acceso  a  ella  y  en 
divulgarla.
4.  La necesidad de autorización expresa para la utilización por terceros de la 
imagen ajena en el entorno digital.
Sostiene la empresa editorial demandante de amparo que la publicación de su 
imagen por el propio usuario en una red social en Internet y su consiguiente divulgación 
constituye una suerte de consentimiento tácito para su posterior utilización por terceros. 
No  podemos  aceptar  esta  premisa.  El  consentimiento  solo  ampara  aquello  que 
constituye el objeto de la declaración de voluntad. El titular del derecho fundamental 
debe autorizar el concreto acto de utilización de su imagen y los fines para los que la 
otorga. El consentimiento prestado, por ejemplo, para la captación de la imagen no se 
extiende a otros actos posteriores, como por ejemplo su publicación o difusión. De la 
misma manera debe entenderse que la autorización de una concreta publicación no se 
extiende a otras, ya tengan la misma o diversa finalidad que la primigenia. Tampoco el 
permiso de uso otorgado a una persona determinada se extiende a otros posibles 
destinatarios.  En  definitiva,  hay  que  entender  que  no  puede  reputarse  como 
consentimiento indefinido y vinculante aquel que se prestó inicialmente para una ocasión 
o con una finalidad determinada. Por ello, el usuario de Facebook que «sube», «cuelga» 
o, en suma, exhibe una imagen para que puedan observarla otros, tan solo consiente en 
ser observado en el lugar que él ha elegido (perfil, muro, etc.).
Es cierto que, con carácter general, el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1982 establece que 
la protección civil de la propia imagen queda delimitada por los usos sociales atendiendo 
al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o  e
su familia. Como apunta la exposición de motivos de la ley «se estima razonable admitir  bo
que en lo no previsto por ellas “en las leyes” la esfera del honor, de la intimidad personal  w
py rfeavmailleiazrc ayn d eenl  ucsaod ad em loam imenatgoe enn e lsat és odceiteedramdin ya pdoar d eel  pmroapnieor ac odnecceispitvoa  qpuoer  claasd aid peearss oqnuae   2020-4112n https://w
sceogmúpno rtasumsi enatoct.o sD e perosptaio sfo rmmaa nltae ncguae staiól n ressep erecstou elyv e deent elram ilneey  esnu st érpmaiuntoass  qduee 
permiten al juzgador la prudente determinación de la esfera de protección en función de
datos variables según los tiempos y las personas». Y es aquí donde no podemos aceptar 
la  premisa  de  la  que  parte  la  entidad  recurrente,  pues  la  red  social  Facebook  se 
caracteriza porque su objetivo principal radica en facilitar y potenciar las relaciones 
personales entre los usuarios que la componen. A este supuesto no puede aplicarse la 
doctrina de los actos propios, que tiene su fundamento en la protección de la confianza y 
en el principio de la buena fe que impone un deber de coherencia y autolimita la libertad 
de actuación cuando se han creado expectativas razonables en el comportamiento 
ajeno.  De  conformidad  con  el  comportamiento  usual  de  los  usuarios  en  las  redes 
sociales en Internet, y especialmente en aquellas como Facebook, no puede afirmarse 
que don I.I.L. con la publicación de una fotografía suya en su perfil estuviera creando en 
la editora demandante de amparo (o cualquier otro medio de prensa) la confianza de que 
autorizaba su reproducción en el periódico como víctima de un suceso, como tampoco 
puede afirmarse que haya sido el comportamiento voluntario de don I.I.L. el factor que 
haya podido inducir a la demandante de amparo a obrar en tal sentido, pues ningún tipo 
de relación personal existía entre ambos a raíz de la utilización de la red social. Se debe 
compartir por ello el razonamiento ofrecido en la sentencia impugnada.
Respecto a la alegada autorización del don I.I.L. para el uso de su imagen formulada 
en el momento de su inscripción y registro en Facebook, las denominadas «condiciones 
de  servicio»  incluidas  en  la  «Declaración  de  derechos  y  responsabilidades»  que 
necesariamente deben aceptar los usuarios de Facebook para poder utilizar la red 
revelan que el contrato suscrito por ambas partes es típicamente de los llamados de 
«adhesión», con la particularidad de que se formaliza mediante un clic en el botón de la 
aplicación digital previsto al efecto. Es decir, estamos en presencia de un contracto 
electrónico puro. El uso de condiciones generales empleado en este procedimiento de 
contratación  online,  sus  características,  y  la  falta  de  capacidad  de  los  usuarios/
consumidores para negociar el clausulado, arroja dudas relevantes sobre la existencia 
de una adecuada manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, 
mediante  la  que  el  interesado  consienta  indiscriminadamente  el  tratamiento  de  su 
imagen por cualquier tercero que pueda tener acceso a ella. Los avisos legales, las 
condiciones  de  uso  y  las  políticas  de  privacidad  están  redactadas  en  un  lenguaje 
generalista, de difícil comprensión para el usuario medio, de tal suerte que, a pesar de 
encontrarse recogidas en el sitio web, no alcanzan su finalidad última, que no es otra que 
la comprensión por el usuario del objeto, la finalidad y el plazo para el que otorga dicha 
autorización. A ello hay que añadir que en dicha red social aparece activado por defecto 
el mayor grado de publicidad, en contraste con el hecho de que el perfil de acceso 
completamente  público  supone  un  grave  riesgo  para  la  seguridad  de  los  datos 
personales de los usuarios, en la medida en que estos serán accesibles por parte de 
cualquier usuario de la plataforma.
Como pone de manifiesto la recurrente, en la cláusula 2.4 se advierte que «cuando 
publicas contenido o información con la configuración “Público”, significa que permites que 
todos,  incluidas  las  personas  que  son  ajenas  a  Facebook,  accedan  y  usen  dicha 
información y la asocien a ti (por ejemplo, tu nombre y foto del perfil)». Sin embargo, 
también  en  su  apartado  5.7,  bajo  la  rúbrica  «Protección  de  los  derechos  de  otras 
personas», se advierte a los terceros que «si obtienes información de los usuarios deberás 
obtener su consentimiento previo». No puede obviarse que la información ofrecida en la 
red social está inmersa en una maraña de cláusulas contractuales contenidas en un prolijo 
y extenso documento alojadas en lugares del sitio web de difícil acceso para el usuario, 
reservándose, por otro lado, la plataforma la posibilidad de modificar las condiciones de  s
uso  y  privacidad  en  cualquier  momento,  sin  necesidad  de  preaviso  a  los  usuarios  oe.
registrados que con anterioridad las hubieran aceptado. Por tanto, hay que concluir que el  w.
ndcieoul d foaátdcoiarl gncaoom mdieepsnrcetoon nsdoieóc nela  p laaau rmato arciyzuoaarc lqipóuanire teer x udigseiud laaar sipo av remac eesdsui o er elq gcuiosent rtone ony i dduoitsi lpirzeoaanclg ióyan  l,ad pse u cceoosnn sroeecsciumuletiaennnc tidoaess    2020-4112n https://w
cjuornídsieconsti myie ntetocn boalósgaidcoo se,n  pinofro rlmo aqcuióen  dfiaifíbclielm oe cnoten fieanb lee.ste caso puede hablarse de un  BOE-A-cable e
En consecuencia, a juicio de este Tribunal, el consentimiento dado para la utilización 
por terceros de la información suministrada por el usuario se desvanece no solo por las 
distorsiones del comportamiento de los usuarios en el momento del registro inicial sino 
también durante su participación en la red. En el primer caso, el riesgo se actualizará 
cuando no se ha configurado un perfil con un nivel adecuado de privacidad. En el 
segundo, sucederá en la medida en que no se informe al usuario con la debida claridad 
que  la  información  voluntariamente  facilitada  queda  sometida  a  las  potentes 
herramientas  de  intercambio,  procesamiento  y  análisis  de  que  disponen  estas 
plataformas. Es obvio, por tanto, que respecto a los efectos que conlleva cada una de las 
acciones que los usuarios realizan a través de la plataforma ha de prevalecer el deber de 
garantizarles el control de la información publicada en la red, poniendo a su disposición 
el mayor número de herramientas tecnológicas encaminadas a hacer efectivos sus 
derechos  de  forma  automática,  sencilla  y  rápida,  entre  los  que  se  encuentran  la 
posibilidad de impedir su uso no autorizado.
Por  consiguiente,  en  atención  a  lo  expuesto  y  coincidiendo  con  la  valoración 
realizada en la sentencia de casación impugnada, hemos de rechazar el argumento de la 
demandante de amparo acerca de la existencia de autorización por el titular del derecho 
a la imagen para su uso por terceros por el solo hecho de haber publicado o «subido» 
una fotografía suya en su perfil de la red Facebook, cuya finalidad es la interrelación 
social con otros usuarios.
5.  La utilización no consentida de la imagen ajena.
Descartada  la  posibilidad  de  que  podamos  afirmar  la  existencia  de  un  posible 
consentimiento  por  parte  de  don  I.I.L.  a  la  utilización  de  su  imagen  por  terceros 
indeterminados por el hecho de haber publicado una fotografía suya en la red social 
Facebook, pues es una autorización otorgada para su mera contemplación en un ámbito 
de interactuación social, y habiendo desechado también que pueda interpretarse que 
estas plataformas deban ser consideradas lugares abiertos al público en el sentido del 
art. 8.2 a) de la Ley Orgánica 1/1982, la cuestión debatida se reduce a ponderar si la 
reproducción no consentida de la imagen de una persona anónima es decir, de alguien 
que no es personaje público, pero que adquiere repentina e involuntariamente un papel 
en el hecho noticiable, en este caso como víctima del fallido intento de homicidio por 
parte de su hermano y el posterior suicidio de este, supuso una intromisión ilegítima en 
su derecho fundamental a la propia imagen (art. 18.1 CE).
A  juicio  de  la  editora  demandante  de  amparo,  en  el  supuesto  sometido  a  la 
consideración de este Tribunal, la persona de don I.I.L., en principio, simple particular, se 
ha proyectado puntualmente en la esfera de la opinión pública por haber protagonizado 
involuntariamente un suceso noticiable y por ello es de relevancia pública dar a conocer 
su imagen. Frente a tal idea hay que recordar que, como declara la STC 185/2002, de 14 
de octubre, FJ 4, «[n]inguna duda hay en orden a la conveniencia de que la comunidad 
sea  informada  sobre  sucesos  de  relevancia  penal,  y  ello  con  independencia  de  la 
condición  de  sujeto  privado  de  la  persona  o  personas  afectadas  por  la  noticia 
(SSTC 178/1993, de 31 de mayo, FJ 4; 320/1994, de 28 de noviembre, FJ 5; 154/1999, 
de 14 de septiembre, FJ 4), pero no cabe decir lo mismo en cuanto a la individualización, 
directa o indirecta, de quienes son víctimas de los mismos, salvo que hayan permitido o 
facilitado tal conocimiento general». Así se afirma que, «en modo alguno puede exigirse 
a nadie que soporte pasivamente la difusión periodística de datos tan relevantes sobre 
su vida privada cuyo conocimiento es trivial e indiferente para el interés público. Porque  e
es notorio que la identificación de la víctima de la agresión fue, en el sentido más propio  bo
de las palabras, irrelevante a efectos de la información que se quiso transmitir». En  w
paafirrmecaidr oqsu eté r«mlain onso csióen  hdae  evxidpare spardivoa deal  cTorimbupnreanl dEeu reolpeemoe ndteo sD qeureec hsoes  reHfiuemreann oas  saul   2020-4112n https://w
cdoenresctahtoa nad ol aq uiem a«geexins tey  uqnuae z olan ap dueb liicnatecrióanc cidóen  eunntare  feolt oin daifveicdtuao  ay  tlear cveirdaas  pperirvsaodnaa»s, 
que, incluso en un contexto público, puede depender de la vida privada. El carácter de
«persona ordinaria» de la presente demandante restringe en este caso esta zona de 
interacción que, por otro lado, no podría ampliarse en este caso por el hecho de que la 
demandante fuera objeto de diligencias penales» (STEDH de 11 de enero de 2005, 
asunto Sciacca contra Italia, § 29).
Reiteramos,  en  consecuencia,  que  los  sucesos  criminales  son  acontecimientos 
noticiables, incluso con independencia del carácter de sujeto privado de la persona 
afectada por la noticia. Sin embargo, el límite está en la individualización, directa o 
indirecta, de la víctima, pues este dato no es de interés público porque carece de 
relevancia para la información que se permite transmitir (SSTC 20/1992, de 20 de 
febrero; 219/1992, de 3 de diciembre; 232/1993, de 12 de julio; 52/2002, de 25 de 
febrero; 121/2002, de 20 de mayo, y 127/2003, de 30 de junio). Así, actualmente lo 
reconoce la Ley 4/2015, de 27 de abril, del estatuto de la víctima del delito, en vigor 
desde el 28 de octubre de 2015, cuando advierte de la necesidad «desde los poderes 
públicos [de ofrecer] una respuesta lo más amplia posible, no solo jurídica sino también 
social, a las víctimas, no solo reparadora del daño en el marco de un proceso penal, sino 
también minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición puede 
generar, todo ello con independencia de su situación procesal. Por ello, el presente 
Estatuto, en línea con la normativa europea en la materia y con las demandas que 
plantea nuestra sociedad, pretende, partiendo del reconocimiento de la dignidad de las 
víctimas, la defensa de sus bienes materiales y morales y, con ello, los del conjunto de la 
sociedad». En supuestos como los planteados en este recurso, este Tribunal debe 
otorgar relevancia a la prevalencia del derecho a la imagen de la víctima del delito frente 
a las libertades informativas, pues la información gráfica devenía ociosa o superflua por 
carecer la fotografía de la víctima de interés real para la transmisión de la información, 
en este caso la realización aparente de un homicidio y posterior suicidio.
Ciertamente, como declara la STC 139/2001, de 19 de junio, FJ 5, «no puede 
deducirse del art. 18 CE que el derecho a la propia imagen, en cuanto límite del obrar 
ajeno,  comprenda  el  derecho  incondicionado  y  sin  reservas  a  permanecer  en  el 
anonimato.  Pero  tampoco  el  anonimato,  como  expresión  de  un  ámbito  de  reserva 
especialmente  amplio,  es  un  valor  absolutamente  irrelevante,  de  modo  que  quede 
desprotegido el interés de una persona a salvaguardarlo impidiendo que su imagen se 
capte y se difunda (STC 99/1994, FJ 5)». Este Tribunal comparte el razonamiento del 
Ministerio Fiscal acerca de que el carácter noticiable de una información –que es claro 
en este caso– no convierte solo por ello en noticiable la imagen de la persona concernida 
(como así también lo ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 
sentencia de 4 diciembre 2012, asunto Verlagsgruppe news GMBH and Bobi contra 
Austria § 81-82). La publicación de una fotografía supone una mayor intromisión en el 
derecho a la privacidad de la persona, pues muestra al público sus rasgos haciéndola 
identificable. Con el texto, por el contrario, simplemente se relatan los hechos, pero no se 
permite la identificación física de la misma. Ciertamente se trataba de un suceso con 
relevancia general, pero don I.I.L., hasta el momento en el que acaecieron los hechos de 
los que fue víctima, era una persona anónima y fue precisamente la difusión de su 
imagen  la  que  le  transformó  momentáneamente  en  personaje  público  plenamente 
identificado, aunque su imagen carecía de todo interés general informativo, por lo que 
tampoco puede apreciarse su condición de accesoria a la que se refiere el art. 8.2 c) de 
la Ley Orgánica 1/1982 a los efectos de justificar constitucionalmente su publicación no 
autorizada (en este mismo sentido, STEDH de 25 febrero 2016, asunto Société de 
Conception de Presse et d’Édition contra Francia, § 41). Rectamente entendida, dicha  s
excepción legal está prevista para aquellos sujetos particulares cuya imagen aparece  oe.
secundariamente  en  una  fotografía  o  grabación  cuyo  objeto  principal  es  otro  w.
ss(SoimSbprTelCe s u 7np2 a/2rst0iuc0uc7ela, sroFe sJ  os5 o, laoyc  op1nu5te8ed/c2eim0n0 ie9an)p.t oaA respcí,eú rbp luiacecodc, ees soaarfliivarmom aerqnsuteee   qeusneu   lala psian rfitomicriámpgaaeccniióóenns   gderená  filcoeasl    2020-4112n https://w
aadcoenmteácsi mdiicehnato p naorttiicciipaabcleió nh uhbuibeirear as isdiod op vrionlcuinptaalr iya . nDoe  meestrea mmeondtoe,  aqcucieens olribiar eym ecnutaen dsoe   BOE-A-cable e
proyecta en un espacio y lugar públicos como partícipe principal de un hecho noticiable 
ha de estar, como expresamente establece la Ley Orgánica 1/1982, a sus propios actos 
(art. 2), pues debe entenderse que está prestando, en tal sentido, su consentimiento a la 
confrontación de tales actos por la opinión pública, que conserva su derecho a recibir 
información veraz sobre ellos, información que resultaría cuando menos distorsionada si 
se ofreciera sin uno de sus elementos significativos. Ahora bien, en el caso ahora 
enjuiciado, hemos de considerar el contexto en el que se insertó la concreta noticia 
relativa al señor I.L. en «La Opinión de Zamora», y la publicación de la imagen de su 
rostro,  junto  a  la  identificación  de  su  nombre  y  las  iniciales  de  sus  apellidos, 
acompañados del siguiente texto escrito «A la izquierda, imagen del fallecido (A.I.L.) que 
hirió a su hermano (I.I.L.) y se pegó un tiro a continuación en una imagen colgada por él 
en un portal de Internet. A la derecha, el hermano herido en una foto de su perfil en 
Facebook». La fotografía, de medio cuerpo, permitía la perfecta identificación de su 
titular al reflejar su rostro con total nitidez y claridad. La identificación era facilitada, 
además, por la publicación de diferentes datos personales de las personas implicadas en 
el suceso, la ciudad en la que ocurrió convirtió su imagen –como bien afirma la fiscalía– 
en un componente principal y nuclear del contenido de la información publicada por el 
periódico. La imagen publicada adquirió así un singular protagonismo y relevancia en 
relación con el texto escrito, excluyendo su caracterización como imagen secundaria o 
intrascendente. La fotografía no guardaba una especial relación con las circunstancias 
del  suceso  trágico  sobre  el  cual  se  estaba  informando,  lo  que  hacía  totalmente 
innecesaria la reproducción de la imagen identificable del rostro de la víctima, como 
tampoco contribuía realmente a la satisfacción de la función institucional propia de dicha 
libertad, esto es, a la formación de una opinión pública libre y plural propia de un Estado 
democrático (SSTC 107/1988, 171/1990, 214/1991, 40/1992 y 85/1992).
En  definitiva,  atendiendo  a  las  circunstancias  concurrentes  que  acaban  de 
exponerse, debemos estimar que, aun cuando la finalidad general de la información 
fuera la de dar cuenta del suceso, no concurre la debida proporcionalidad entre el 
ejercicio del derecho a la información, atendido su contenido y finalidad, y el respeto a la 
propia imagen de la persona privada a la que se refiere la noticia publicada en «La 
Opinión de Zamora». En consecuencia, se ha producido un sacrificio desproporcionado 
en detrimento del segundo; y la publicación por parte de dicho periódico de la fotografía 
de la víctima del delito al que la noticia hace referencia, sin su consentimiento, constituyó 
una intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen (art. 18.1 CE), el cual, en este 
caso, no puede encontrar protección en el derecho a comunicar libremente información 
veraz [art. 20.1 d) CE], constitucionalmente limitado de forma expresa por aquel derecho.
En  virtud  de  lo  expuesto  y  en  los  términos  señalados,  el  Tribunal  comparte 
plenamente las consideraciones efectuadas por la Sala Primera del Tribunal Supremo, lo 
que conduce al rechazo de la pretensión de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el presente recurso de amparo. e.e
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». ww.
TríaDs.a–dFae rneann dMoa drVida,ld aé s veDinatilc-Ruaét.r–oJ udaen  feAbnretornoi od eX diool s Rmíoil sv.–ePinetder.–oE  nJcoasrén acGióonn zRáolecza-  2020-4112n https://w
rTurberviicjaandoo .Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y  BOE-A-cable e