BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 175 Viernes 23 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 88464
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
12365 Resolución de 13 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, por 
la que se concede una subvención directa al Consejo General de la Abogacía 
Española, para la financiación en caso de impago de los honorarios de los 
profesionales del turno de oficio que actúen previa designación judicial, de 
conformidad con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2021.
Con fecha de 31 de diciembre de 2021 se ha publicado en «Boletín Oficial del 
Estado», la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2021.
La  disposición  adicional  centésima  trigésima  de  la  citada  Ley  se  dedica  a  la 
subvención nominativa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 22.2, letra a), y 28 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, destinada al Consejo 
General de la Abogacía de España para la financiación, conforme al baremo previsto en 
el  anexo  II  del  Reglamento  de  asistencia  jurídica  gratuita,  aprobado  por  el 
Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, de los honorarios de los profesionales del turno 
de oficio que actúen previa designación judicial, en el supuesto de que no se hubiera 
reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita por insuficiencia de documentación 
y no se hayan satisfecho los derechos y honorarios profesionales.
Esta disposición adicional centésima trigésima se aplica al ejercicio presupuestario 
de  2021,  así  como  a  los  derechos  y  honorarios  dejados  de  percibir  por  aquellos 
profesionales que hayan prestado el servicio de defensa derivados de la designación 
judicial en el último trimestre del ejercicio 2019 y a lo largo del ejercicio 2020.
Una vez acreditado que el Consejo General de la Abogacía Española cumple con los 
requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, para obtener la condición de beneficiaria de la subvención, así como 
estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  frente  a  la 
Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, resuelvo:
Primero.
Conceder  al  Consejo  General  de  la  Abogacía  Española  en  aplicación  de  la 
disposición adicional centésima trigésima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2021  una  subvención  directa  por 
importe  de  1.800.000  euros,  con  cargo  al  crédito  disponible  en  la  aplicación 
presupuestaria 13.02.112A.485 del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Justicia, 
para financiar conforme al baremo los honorarios de los profesionales del turno de oficio 
que actúen por designación judicial en el supuesto de que no se haya obtenido el 
beneficio de asistencia jurídica gratuita por insuficiencia de documentación y no se hayan 
satisfecho  los  derechos  y  honorarios  profesionales,  en  relación  a  las  liquidaciones 
pendientes  desde  el  último  trimestre  de  2019,  así  como  de  los  impagos  que  se  e.
produzcan en el ejercicio 2021, en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia. w.b
Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,  365ww
ienngtreess opsú boli croesc uor sporsiv apdaoras , las i mbiiesmn,a e nfin nailnidgaúdn,  cparoscoe, deel nitme pdoert eo tdraes l oAsd fmonindisotsra rceiocnibeidso os 
podrá superar el coste de la actividad subvencionada.
Segundo.
La subvención concedida tiene por objeto la compensación, conforme al baremo 
previsto en el anexo II del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el 
Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, de los honorarios dejados de percibir por 
aquellos  profesionales  que  hayan  prestado  el  servicio  de  defensa  derivados  de  la 
designación judicial a través del turno de oficio, cuando en el correspondiente expediente 
de asistencia jurídica gratuita no se hubiera obtenido dicho beneficio por insuficiencia de 
documentación y no se hayan satisfecho los derechos y honorarios profesionales.
Tercero.
Conforme a lo dispuesto en el apartado tres de la disposición adicional centésima 
trigésima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2021, se reconoce al Consejo General de la Abogacía Española como 
entidad colaboradora del Ministerio de Justicia para la gestión de la subvención de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
Este  reconocimiento  supone  que  el  Consejo  General  de  la  Abogacía  Española 
deberá presentar la relación de expedientes con las certificaciones correspondientes en 
los supuestos en los que se haya prestado el servicio de defensa derivados de la 
designación judicial a través del turno de oficio, cuando no se haya obtenido el beneficio 
a  la  asistencia  jurídica  gratuita  por  insuficiencia  de  documentación  y  no  se  hayan 
satisfecho por el asistido los derechos y honorarios profesionales pendientes.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado dos de la disposición adicional centésima 
trigésima de la citada Ley de Presupuestos General del Estado para 2021, el Consejo 
General de la Abogacía al presentar la relación de expedientes relativos al turno de 
oficio, previa designación judicial que no hayan obtenido el beneficio a la asistencia 
jurídica  gratuita,  deberá  certificar  que  finalizado  el  procedimiento  previsto  en  el 
artículo 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se han pagado los honorarios debidos y 
que el profesional, en caso de ver satisfecho su crédito con posterioridad, procederá a 
devolver lo que hubiera percibido.
Cuarto.
No se requiere la constitución de ninguna garantía.
Quinto.
El  libramiento  de  pago  de  la  subvención  se  efectuará  una  vez  recibidas  y 
comprobadas las certificaciones que contengan los datos relativos a las actuaciones 
realizadas por cada Colegio de Abogados en los supuestos en los que se haya prestado 
el servicio de defensa derivado de la designación judicial a través del turno de oficio, 
junto con la justificación del coste económico asociado a aquéllas.
En función de dichas certificaciones, el Ministerio de Justicia efectuará a continuación 
los  libramientos  mensuales  que  correspondan  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 45.4 del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, pudiendo llevar a cabo 
libramientos parciales por colegios si así lo requiriera el proceso de comprobación de la 
certificación presentada por el Consejo General de la Abogacía Española, y sin perjuicio 
de  las  posteriores  regularizaciones  que  procedan,  una  vez  cumplimentada  en  su  e.
totalidad la justificación anual regulada en los números siguientes. w.b
Squeex 1tso.e . rEecl oCgoenns eenjo  eGl aerntíecrualol  d1e4  dlae  Alab Loegya c3í8a/ 2E0s0p3a,ñ doela 1 7d edbee nráo vcieummbprleir. las obligaciones  OE-A-2021-12able en https://
2.  Asimismo, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
a)  Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se 
fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos 
en la presente resolución de concesión, aportando los datos cuantitativos necesarios 
para la correcta evaluación de las actuaciones por la Dirección General para el Servicio 
Público de Justicia, en el formato establecido por esta Dirección General para tal fin.
b)  Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el 
contenido principal de la subvención, siempre que sean objeto de su competencia.
c)  Distribuir,  entre  sus  respectivos  colegios,  el  importe  de  la  subvención  que 
corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas 
y acreditadas por éstos ante el Consejo General de la Abogacía Española, así como de 
los expedientes tramitados, de conformidad con lo aprobado por las Comisiones de 
Asistencia Jurídica Gratuita.
d)  Remitir  al  Ministerio  de  Justicia,  dentro  del  mes  natural  siguiente  al  de  la 
finalización  de  cada  mes,  una  certificación  que  contenga  los  datos  relativos  a  las 
actuaciones  realizadas  por  cada  colegio  a  lo  largo  del  mes  anterior,  junto  con  la 
justificación del coste económico asociado a aquéllas de conformidad con lo previsto en 
el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, 
de 9 de marzo.
e)  Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los 
fondos destinados al proyecto subvencionado mediante el procedimiento establecido por 
la Dirección General para el Servicio Público de Justicia y a la evaluación continua y final 
por parte de la misma, así como al control financiero de los mismos por la Intervención 
General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.
f)  Conservar toda la documentación original, justificativa de la aplicación de los 
fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y 
control.
Séptimo.
La justificación de la subvención se realizará mediante cuenta justificativa con el 
contenido definido en el artículo 72.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. En el supuesto de que la cuenta justificativa fuese incompleta por retraso 
u omisión de algún Colegio de Abogados, se detraerá de los libramientos posteriores una 
cantidad igual a la última distribuida por el Consejo General de la Abogacía Española a 
dichos colegios.
Octavo.
Si el profesional que prestó la asistencia jurídica gratuita en el turno de oficio previa 
designación judicial en un proceso penal cobrará sus honorarios con posterioridad al 
pago de la subvención, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, 
de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de 
demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en 
que  se  acuerde  la  procedencia  del  reintegro,  en  los  supuestos  recogidos  en  los 
artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43  s
de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  y  en  el  capítulo  II  del  título  III  del  oe.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la  w.
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de competencias), de la persona titular de la Secretaria General para la Innovación y
Calidad  del  Servicio  Público  de  Justicia,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser 
reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad.
Noveno.
Esta  resolución  podrá  modificarse  como  consecuencia  de  la  alteración  de  las 
condiciones  tenidas  en  cuenta  para  la  citada  concesión  y,  particularmente,  en  el 
supuesto de variación de las cuantías inicialmente presupuestadas. La modificación de la 
resolución de concesión se dictará por el titular de la Secretaría de Estado Justicia y 
deberá ser motivada.
Décimo.
Atribuir a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia la gestión de la 
subvención que se concede por la presente resolución.
Undécimo.
Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones la presente resolución.
Duodécimo.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en reposición 
en el plazo de un mes ante el Secretario de Estado de Justicia de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente, mediante la 
interposición de recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo  46.1  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.
Madrid, 13 de julio de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel.