BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 68 Sábado 20 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 31986
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
4373 Decreto-ley 20/2020, de 26 de noviembre, por el que se establecen medidas 
urgentes para paliar los efectos sociales derivados de la COVID-19 mediante 
el abono de una prestación extraordinaria a las personas titulares de las 
pensiones no contributivas, del fondo de asistencia social, del subsidio de 
garantía  de  ingresos  mínimos  y  de  la  prestación  canaria  de  inserción, 
residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto-
ley 20/2020, de 26 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para paliar 
los efectos sociales derivados de la COVID-19 mediante el abono de una prestación 
extraordinaria a las personas titulares de las pensiones no contributivas, del fondo de 
asistencia social, del subsidio de garantía de ingresos mínimos y de la prestación canaria 
de  inserción,  residentes  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  ordenando  a  la 
ciudadanía y a las autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.
I
El Gobierno de Canarias aprobó el Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas 
urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, durante la vigencia del 
estado  de  alarma  declarado  por  el  Gobierno  de  la  Nación  mediante  el  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y posteriormente 
prorrogado. Dicho Decreto-ley adoptó medidas concretas dirigidas a paliar el impacto 
social de la situación de emergencia sanitaria en la ciudadanía. En este sentido, en 
aquella disposición se establecieron medidas dirigidas a atender situaciones de extrema 
vulnerabilidad social, entre las que se incluyeron, entre otras cuestiones, las relativas al 
establecimiento con carácter excepcional de un ingreso canario de emergencia en la 
Comunidad Autónoma de Canarias.
En la actualidad, aquel Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, ha sido sustituido por la 
vigente Ley 3/2020, de 27 de octubre, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a 
las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 y de modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de 
Servicios Sociales de Canarias.
Los efectos de las restricciones impuestas en la libre circulación de las personas 
durante  el  estado  de  alarma  para  evitar  la  propagación  del  virus  y  contener  la 
enfermedad  siguen  perturbando  la  economía  española  y,  consecuentemente,  sigue 
afectando de manera muy significativa a las personas más vulnerables.
Uno de los colectivos más afectados son las personas beneficiarias de las Pensiones 
no contributivas de la Seguridad Social (PNC), tanto de invalidez como de jubilación, las  s
del Fondo de asistencia social (FAS) y las del Subsidio de garantía de ingresos mínimos  oe.
(SGIM), y las de la Prestación Canaria de Inserción, ya que se encuentran en una  w.
situación generalizada de precariedad económica para hacer frente a gastos derivados  73ww
hdied rloaa lsciotuhaócliicóons ,d eg ulaan pteasn, dpermodiau cctoosm doe psuinefedcetna nsteers ,l ao  apdaqrau ilsaic rieóanl izdaec imóna sdcea rpilrlause,b agse ldees 
diagnóstico para la detección del COVID-19, y en general, aquellos otros relacionados
con  la  cobertura  de  necesidades  básicas  relacionadas  con  la  atención  a  esta 
enfermedad.
Las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen su regulación en los artículos 363 
al 373 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
El Fondo de Asistencia Social (FAS) tiene su origen en el Real Decreto 2620/1981, 
de 24 de julio, por el que se regula la concesión de ayudas del Fondo de Asistencia 
Social a ancianos y a enfermos incapacitados para el trabajo. En fecha posterior, el 
artículo 7 de la Ley 28/1992, de 24 de noviembre, de Medidas Presupuestarias Urgentes, 
determina  que  a  partir  del  23  de  julio  de  1992  quedan  suprimidas  las  pensiones 
reguladas en el citado Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, por lo que únicamente las 
percibirán quienes las tuvieran ya reconocidas antes de dicha fecha.
Por su parte, el Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos (SGIM) tiene su origen en 
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos que, inspirándose en 
los derechos que el artículo 49 de la Constitución reconoce, estableció, entre otras 
prestaciones,  este  subsidio.  Esta  ley  fue  derogada  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Sin 
embargo,  la  disposición  transitoria  única  del  Texto  Refundido  dispone  que  los 
beneficiarios del SGIM continuarán con el derecho a la percepción del mismo, siempre 
que sigan reuniendo los requisitos exigidos reglamentariamente para su concesión y no 
opten por pasar a percibir pensión no contributiva de la Seguridad Social.
Por  otro  lado,  la  Prestación  Canaria  de  Inserción  (PCI)  viene  regulada  en  la 
Ley 1/2007, de 17 de enero, y sus posteriores modificaciones y reglamento de desarrollo 
(en adelante, la Ley de la Prestación Canaria de Inserción).
El impacto que la COVID‐19 ha tenido en la Comunidad Autónoma de Canarias ha 
puesto en evidencia la necesidad de mejorar la asistencia que se presta a este colectivo 
ya que la adquisición de material de protección frente a la COVID-19 supone un gasto 
extra, que no pueden afrontar, pues se encuentran en una situación generalizada de 
precariedad económica, teniendo en cuenta la cuantía de la prestación que perciben y su 
bajo nivel de renta.
En este contexto, la prioridad absoluta, en estos momentos, en materia social radica 
en proteger y dar soporte a este colectivo de personas en situación de vulnerabilidad. A 
tal fin, se considera necesario la adopción de esta medida de carácter extraordinario y 
urgente mediante el establecimiento de una prestación social puntual de carácter finalista 
y extraordinaria para la adquisición de material de protección frente a la COVID-19, así 
como a cubrir otras necesidades básicas relacionadas con esta enfermedad, destinada a 
las  personas  que  perciban  en  Canarias  dichas  prestaciones.  Esta  prestación 
extraordinaria será distinta de las del Sistema de la Seguridad Social y de las que pueda 
otorgar la Administración General del Estado, y será compatible con ellas.
II
El artículo 142 del Estatuto de autonomía de Canarias atribuye a la Comunidad 
Autónoma competencia exclusiva en materia de servicios sociales. La Ley 16/2019, de 2 
de mayo, de servicios sociales de Canarias, en su artículo 21 incluye las prestaciones 
económicas del sistema público de servicios sociales y en el apartado 3, letra a) del 
citado  artículo  establece  que  son  prestaciones  económicas  del  sistema  público  de  s
servicios  sociales  de  Canarias,  en  los  términos  que  se  recojan  en  el  catálogo  de  e.
servicios y prestaciones, entre otras: w.
dar «cLoab evrintucrual aad al aas  cnuebcrier snideacdeessid abdáessic absá,s iccaosn:  ccaornájucntetor  tdeem pproersatla, caionntee su dneas tsinitaudaacsió na 
ecuxcael ppcoidorníaa l poro edxutcrairoserd uinna rgiara vye p duentteuraiol rqou oe  argerqauviearmei ednet ou dneal  aetsetandcioó nd ein vmuelndeiaratab,i lisdiand  lay 
de desprotección en una persona o unidad de convivencia.
Esta prestación incluirá, al menos, las siguientes necesidades básicas: el alojamiento 
de urgencia, la atención alimenticia adecuada, incluidas las personas afectadas por 
celiaquía  y  diabetes,  vestido,  higiene  y  aseo  personal,  medicamentos,  suministros 
básicos de la vivienda (agua, luz, gas, etc.) y alquiler de la vivienda.»
Además, nuestro marco legal permite la adopción de medidas extraordinarias en 
materia social, en el artículo 29 de la citada Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios 
Sociales de Canarias que define en el punto 3 que «En situaciones de urgencia y 
emergencia social acreditadas, cuando se requiera de un servicio o prestación, de forma 
extraordinaria se podrán establecer excepciones a todos o alguno de los requisitos 
establecidos en la legislación vigente.»
En efecto, en la situación actual de crisis social como consecuencia de la crisis 
sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19  se  hace  necesario  dar  respuesta  a  las 
necesidades sociales de las personas más frágiles económicamente y con mayores 
necesidades de cuidados, que tienen que hacer frente a los gatos sobrevenidos de la 
pandemia  como  los  derivados  de  la  adquisición  de  medidas  de  protección  como 
mascarillas y geles hidroalcohólicos, unidos a los gastos elementales de subsistencia, 
como alimentación, el alojamiento, la higiene, o el cuidado de personas mayores, de 
personas con discapacidad o de menores de edad en un mismo espacio habitacional o 
los derivados del mantenimiento de los suministros básicos de los hogares. Asimismo, 
para dar respuesta a las necesidades de las familias o unidades de convivencia con 
menores a cargo o con personas con discapacidad, y cuyos ingresos no les permitan 
afrontar los gastos más elementales.
Entendemos  por  ello  que  es  necesario  suplementar  siquiera  puntualmente  las 
prestaciones que se perciben en concepto de PNC, FAS, SGIM y PCI para ampliar de 
manera extraordinaria y excepcional, si bien de forma no consolidable, la cobertura de 
las prestaciones sociales que ya vienen percibiendo en la actualidad las unidades de 
convivencia residentes en Canarias por aquellos conceptos. Esto permitirá afrontar mejor 
la grave situación de pobreza severa que tenemos en Canarias, ahora agravada como 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, lo que está suponiendo 
que  numerosas  personas  sufran  la  pérdida  de  ingresos  económicos  a  raíz  de  la 
paralización de la actividad económica y productiva derivada de la propia pandemia.
En  consecuencia,  a  la  vista  de  las  circunstancias  descritas,  la  extraordinaria  y 
urgente  necesidad  de  este  Decreto-ley  resulta  plenamente  justificada  y  resulta 
proporcionada para atender las circunstancias sociales y económicas que se siguen 
derivando de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
III
El Decreto-ley se estructura en una parte expositiva, diez artículos estructurados en 
dos Capítulos, una disposición adicional y tres disposiciones finales.
El Capítulo I, que comprende los artículos 1 al 5 se encarga de la prestación 
destinada a las personas perceptoras de las Pensiones no contributivas, del Fondo de 
asistencia  social  y  del  Subsidio  de  garantía  de  ingresos  mínimos,  es  decir,  para 
suplementar las cuantías económicas de estas prestaciones estatales, como expresión 
de solidaridad social hacia las personas beneficiarias de las mismas.
El Capítulo II, con una filosofía análoga, trata de la prestación, competencia de esta 
Comunidad Autónoma, destinada a las unidades de convivencia beneficiarias de la 
Prestación Canaria de Inserción y comprende los artículos 6 al 10 de este Decreto-ley. e.e
La disposición adicional única califica, a los efectos del reconocimiento y percibo de  b
las Pensiones no contributivas, como renta o ingreso no computable, las prestaciones  73ww
egxatsrtaoosr ddinea rlaiass  peesrtsaobnleacsi dbaesn peoficr iaersiates  Dae qcrueet os-lee yr eefnie rceu aenl toa rtsíceu ldoe s2t1in.3a,n  leat rcao ma)p ednes alar 
Ley L1a6s/2 0d1is9p, odseic 2io dnee sm afiynoa,l edse,  Sterarvtaicnio, sr eSsopceiaclteivsa dmee Cntaen, arlaia sp.rimera,  habilitando  a  la
persona titular de la Consejería con competencias en materia de derechos y políticas
sociales  a  establecer  las  resoluciones  e  instrucciones  que  fueran  necesarias  para 
garantizar  la  eficacia  de  las  medidas  que  se  aprueban;  la  segunda,  relativa  a  la 
modificación del artículo 9.4 de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción, con 
respecto a la cuantía mínima a percibir de PCI por parte de las personas beneficiarias de 
Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuando dicha cuantía de IMV esté por debajo de lo que 
correspondería percibir por PCI, a fin de poder ajustar dicho mínimo a la cuantía actual 
de PCI, que se regula en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 
el 2020; y la tercera, relativa a la entrada en vigor de este Decreto-ley.
IV
En consecuencia, a la vista de los hechos descritos, la extraordinaria y urgente 
necesidad de este Decreto-ley resulta plenamente justificada.
La  adopción  de  medidas  mediante  Decreto-ley  ha  sido  avalada  por  el  Tribunal 
Constitucional  siempre  que  concurra  una  motivación  explícita  y  razonada  de  la 
necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura de crisis sanitaria exige una rápida 
respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la 
adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo 
ordinario  podría  generar  algún  perjuicio–.  El  Decreto-ley  constituye  un  instrumento 
constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, 
tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, 
de 4 de febrero, FJ. 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ. 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ. 3 
y 189/2005, de 7 de julio, FJ. 3), subvenir a una situación concreta, dentro de los 
objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes,  máxime 
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
La aprobación de este Decreto-ley se hace necesaria y urgente como consecuencia 
del impacto económico y social que la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 está 
ejerciendo sobre las personas en situación de vulnerabilidad y el riesgo de cronificación y 
aumento de la pobreza en el futuro si no se adoptan medidas con carácter inmediato. 
Por todo ello queda acreditada la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria 
y urgente necesidad de las medidas adoptadas en el presente Decreto-ley.
Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto-ley se 
inscribe  en  el  juicio  político  o  de  oportunidad  que  corresponde  al  Gobierno 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta 
decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, 
de 28 de enero de 2020, Recurso de Inconstitucionalidad número 2208-2019), centradas 
en el cumplimiento de la seguridad jurídica y la cobertura de las necesidades básicas de 
la ciudadanía. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, 
en ningún caso, este Decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de 
este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de 
mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al 
contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de 
la norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 
182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Debe señalarse también que este Decreto-ley no afecta al ámbito de aplicación 
delimitado  por  el  artículo  46.2  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Canarias.  Además,  s
responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,  e.
transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  w.
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos  73ww
isnete préosn eg deen emraal neifnie setol  qeul ec usmep fluimnideanmtoe dneta nlo sla psr inmceipdiiodsa sd eq unee csees ideasdta yb leecfiecanc, iasi ednaddoo  eell 
Daceocrrdeeto c-loeny  eell  pinrisntcruipmioe ndteo  pmroápso arcdioencuaaliddaod p aalr ac ognaterannetri zlaar  rseug uclaocnisóenc uimcipórne.s cLian dniobrlem paa eras   BOE-A-cable e
la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al 
principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico. 
Asimismo, cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente 
su propósito y se ofrece una explicación, sin que se hayan realizado los trámites de 
participación pública que se establecen en el artículo 26 de la Ley 50/1997, del Gobierno, 
al amparo de la excepción que, para los decretos-leyes, regula el apartado 11 del aludido 
precepto. Por último, en relación con el principio de eficiencia, este Decreto-ley no 
impone cargas administrativas adicionales a las existentes con anterioridad.
Por  otra  parte,  dada  la  finalidad  de  este  Decreto-ley  y  el  ámbito  material  de 
competencias donde se inserta, la presente disposición forma parte del bloque normativo 
sobre  servicios  sociales  derivado  de  las  competencias  exclusivas  en  esa  materia 
reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias. En efecto, el artículo 142.1, letra 
a) del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de 
noviembre, establece en su artículo 142, referido a los «Servicios sociales», que «1. 
Corresponde  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  la  competencia  exclusiva  en 
materia de servicios sociales, que incluye, en todo caso:
a)  La regulación y la ordenación de los servicios sociales, las prestaciones técnicas 
y económicas con finalidad asistencial o complementaria de otros sistemas de previsión 
pública, así como de los planes y los programas específicos dirigidos a personas y 
colectivos en situación de pobreza o de necesidad social. (…)».
Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, 
por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad 
que exige el artículo 86 de la Constitución Española y artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía  de  Canarias  como  presupuestos  habilitantes  para  la  aprobación  de  un 
Decreto-ley.
Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa se fundamenta 
en el interés general que supone atender a las circunstancias sociales y económicas 
excepcionales que siguen derivándose de la crisis de salud pública provocada por el 
COVID-19  en  las  personas  beneficiarias  de  las  pensiones  no  contributivas  de  la 
Seguridad Social (PNC) de invalidez y de jubilación, las del fondo de asistencia social 
(FAS), las del subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM) y las de la Prestación 
Canaria de Inserción, siendo este el momento de adoptar esta medida de carácter 
extraordinario y urgente mediante el establecimiento de una prestación social puntual de 
carácter  extraordinario  para  la  adquisición  de  material  de  protección  frente  a  la 
COVID-19  y  constituyendo  este  Decreto-ley  el  instrumento  más  adecuado  para 
garantizar su consecución.
Debe mencionarse la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, que establece en su artículo 4 los principios generales de actuación 
de los poderes públicos de Canarias, entre ellos, el de transversalidad, principio que 
comporta aplicar la perspectiva de género en las fases de planificación, ejecución y 
evaluación  de  todas  las  políticas  con  la  finalidad  de  eliminar  las  desigualdades  y 
promover la igualdad entre mujeres y hombres. Desde esa perspectiva, el presente 
Decreto-ley, aunque se trata de una norma de una prestación extraordinaria para paliar 
situaciones de vulnerabilidad social, ha tenido en cuenta la perspectiva de género en su 
análisis previo y haciendo un uso no sexista del lenguaje utilizado en las expresiones 
utilizadas.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias, a propuesta de la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad,  e.
Diversidad y Juventud, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el 
día 26 de noviembre de 2020, dispongo:
CAPÍTULO I
Prestación extraordinaria para las personas perceptoras de las Pensiones no 
contributivas, Fondo de asistencia social y Subsidio de garantía de ingresos 
mínimos
Artículo 1.  Objeto.
Es objeto de este Capítulo el establecimiento de una prestación social finalista y de 
carácter extraordinario a favor de las personas beneficiarias de pensiones de jubilación e 
invalidez en sus modalidades no contributivas (PNC), del Fondo de asistencia social 
(FAS), del Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), concebida como prestación 
económica para cubrir los gastos sobrevenidos por motivo del COVID 19, a fin de 
atender la adquisición de los medios de protección de obligado cumplimiento.
Artículo 2.  Finalidad y naturaleza jurídica.
Esta  prestación  social,  finalista,  personal  e  intransferible,  está  destinada  a 
compensar  gastos  que  se  realicen  por  las  personas  beneficiarias  derivados  de  la 
pandemia del COVID-19, como puedan ser mascarillas, geles hidroalcohólicos, guantes, 
productos  desinfectantes,  o  para  la  realización  de  pruebas  de  diagnóstico  para  la 
detección de esta enfermedad, con base a lo establecido en el artículo 21.3, letra a) de la 
Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.
Es una prestación única de carácter extraordinario no consolidable por lo que no 
implica derecho alguno a seguir percibiéndose en sucesivos años.
Artículo 3.  Cuantía y pago.
1.  La cuantía individual de estas ayudas se fija en 250 euros, que se abonarán 
mediante un pago único, que se realizará de oficio por la Consejería de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias a las personas 
beneficiarias a las que se refiere el artículo 5, sin que se precise solicitud de la persona 
interesada, una vez la entrada en vigor del presente Decreto-ley.
2.  La resolución de reconocimiento y pago será publicada en el «Boletín Oficial de 
Canarias» a los efectos de notificación de todas las personas beneficiarias.
3.  El pago se efectuará mediante transferencia bancaria en la cuenta en la que las 
personas beneficiarias tienen domiciliado el percibo ordinario de su pensión o prestación.
Artículo 4.  Financiación.
Las  obligaciones  que  se  reconozcan  como  consecuencia  de  la  aplicación  del 
presente  Decreto-ley  serán  financiadas  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria  23.07.231I.480.01  L.A.  234G0800  Ley  de  Servicios  Sociales-Renta 
Ciudadana prevista en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para el 2020, hasta el límite de 11.717.750 euros.
Artículo 5.  Personas beneficiarias y devengo. e
Serán  personas  beneficiarias  de  estas  prestaciones  sociales  de  carácter  w.
je(uFxbAtirSlaa)oc riyód nlian sae rdnioe  sl lusa usmb soqidduiaeol  iddteaend gg anarona  ncrteoíacn otdrneibo uicntigidvraae  s(yoP sN pmCerí)nc, iibmlaaosns   d(leSalsG  FIpMoen)n dyso iq oudneee  ssa esd ieesnt ecinnucveianalt irdseeonzc  eianyl    2021-4373n https://ww
situación  de  alta  en  nómina  a  10  de  diciembre  de  2020  y  sean  residentes  en  la
Comunidad Autónoma de Canarias.
CAPÍTULO II
Prestación destinada a las unidades de convivencia beneficiarias de la Prestación 
Canaria de Inserción
Artículo 6.  Objeto.
Es objeto de este Capítulo el establecimiento de una prestación social extraordinaria 
a favor de las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) para hacer 
frente a los gastos generados como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Artículo 7.  Finalidad y naturaleza jurídica.
1.  Esta  prestación  económica  tiene  carácter  de  prestación  extraordinaria  con 
carácter finalista y suplementario, que se realiza para compensar gastos derivados de la 
pandemia del COVID-19, como puedan ser mascarillas, geles hidroalcohólicos, guantes, 
productos  desinfectantes  o  para  la  realización  de  pruebas  de  diagnóstico  para  la 
detección de esta enfermedad, así como para cubrir otras necesidades básicas a que se 
refiere el artículo 21.3, letra a) de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de 
Canarias.
2.  Esta  prestación  no  será  computable  a  efectos  de  la  determinación  de  los 
recursos económicos para el cálculo de la PCI que les pudiera corresponder a las 
personas  integrantes  de  la  unidad  de  convivencia  beneficiaria,  a  que  se  refiere  el 
artículo 8 de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción.
3.  Esta  prestación  económica,  dirigida  a  las  personas  titulares  de  la  PCI,  es 
intransferible,  tiene  carácter  extraordinario  y  naturaleza  jurídica  de  suplemento  no 
consolidable en relación con las cuantías que por este concepto tuvieran reconocidas.
Artículo 8.  Cuantía y pago.
1.  La cuantía individual de esta prestación extraordinaria se fija en 250 euros, que 
se abonará mediante un pago único, que se realizará de oficio por la Consejería de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias a las 
personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 10, sin que se precise solicitud de 
la persona interesada.
2.  La resolución de reconocimiento y pago será publicada en el «Boletín Oficial de 
Canarias» a los efectos de notificación a todas las personas beneficiarias.
3.  Este pago se efectuará mediante transferencia bancaria en la cuenta en la que 
las  personas  beneficiarias  tienen  domiciliado  el  percibo  ordinario  de  su  prestación 
canaria de inserción.
Artículo 9.  Financiación.
Las obligaciones que se reconozcan como consecuencia de la aplicación de esta 
disposición serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 23.07.231I.480.01 
L.A.  234G0800  Ley  de  Servicios  Sociales-Renta  Ciudadana,  prevista  en  los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2020, hasta el 
límite de 2.050.000 euros.
Artículo 10.  Personas beneficiarias y devengo. es
Serán beneficiarias las personas perceptoras titulares de la unidad de convivencia  w.
que tengan reconocida la PCI y en quienes concurra esta condición a fecha de 1 de  73ww
diciembre de 2020. Solo se abonará una prestación por unidad de convivencia.
Disposición adicional única.  Carácter de renta o ingreso no computable.
Las prestaciones reguladas en este Decreto-ley se excluirán y no se tendrán en 
cuenta para el cómputo de rentas por premios o recompensas otorgadas a personas con 
discapacidad en los centros ocupacionales o sociosanitarios, subvenciones, ayudas o 
becas destinadas a compensar un gasto realizado, así como por cualesquiera de las 
prestaciones o ayudas económicas y en especie otorgadas por las Administraciones 
públicas canarias.
Disposición  final  primera.  Habilitación  a  la  Consejería  competente  en  materia  de 
derechos y políticas sociales.
Corresponde  a  la  persona  titular  de  la  Consejería  competente  en  materia  de 
derechos y políticas sociales dictar las resoluciones e instrucciones interpretativas que, 
en la esfera específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la eficacia de lo 
dispuesto en este Decreto-ley.
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se 
regula la Prestación Canaria de Inserción.
Se modifica el apartado 4 del artículo 9 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que 
se regula la Prestación Canaria de Inserción, que queda redactado como sigue:
«4.  Del  importe  de  la  Prestación  Canaria  de  Inserción  que  pudiera 
corresponder a la unidad de convivencia se deducirán los ingresos y demás rentas 
con que cuente ésta, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 8 de esta Ley.
Cualquiera que sea la deducción que se efectúe, y siempre que se tuviese 
derecho a la percepción de la ayuda económica básica, ésta no podrá ser nunca 
inferior al importe mínimo de 130,41 euros, excepto a las que se perciban del 
Ingreso  Mínimo  Vital  que  se  complementará  hasta  cubrir  diferencia  que  le 
correspondería para la Prestación Canaria de Inserción.
Dicho importe mínimo podrá ser revalorizado anualmente en las leyes de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.»
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Canarias».
Canarias, 26 de noviembre de 2020.–El Presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres 
Pérez.–La Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí 
Santana Perera.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 243, de 27 de noviembre de 2020. Convalidado por 
Acuerdo del Parlamento de Canarias, publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 270, de 31 de 
diciembre de 2020)