BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 263 Miércoles 3 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 133644
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
17953 Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por el registrador de la propiedad de Tolosa n.º 2, por la que 
suspende la inscripción de una certificación administrativa que recoge una 
reparcelación.
En  el  recurso  interpuesto  por  don  G.  Z.  A.,  en  nombre  y  representación  de 
«Construcciones  y  Auxiliar  de  Ferrocarriles,  S.A.»,  contra  la  nota  de  calificación 
extendida por el registrador de la Propiedad de Tolosa número 2, don José Blas Pau 
Echave-Sustaeta, por la que suspende la inscripción de una certificación administrativa 
que recoge una reparcelación.
Hechos
I
Mediante  certificación  administrativa  expedida  por  doña  A.  I.  U.  Q.,  secretaria 
accidental del Ayuntamiento de Ordizia, se recogía una reparcelación que comprende 
diversas fincas situadas en el término municipal de Ordizia, y según los datos obrantes 
en el Registro de la Propiedad de Tolosa número, concretamente afectaba, entre otras, a 
las fincas registrales número 8.735 y 10.501 de Beasain y 48 y 6.376 de Ordizia.
II
Presentada dicha certificación en el Registro de la Propiedad de Tolosa número 2, 
fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Nota de Defecto
Diario: 152 Asiento: 9
Nota de calificación
Presentada en esta oficina registral el día veintidós de junio de dos mil veintiuno, bajo 
el asiento número 9 del Libro Diario 152, certificación administrativa que recoge la 
reparcelación de terrenos que comprenden, entre otras, las fincas registrales 10501, 
8735 de Beasain y 6376 y 48 de Ordizia.
– El procedimiento es aprobado por el Ayuntamiento de Ordizia.
– Algunas de las fincas comprendidas en la reparcelación figuran registralmente 
como pertenecientes a la jurisdicción de Beasain.
– No se identifican suficientemente las fincas aportadas.
Fundamentos de derecho:
Vistos: art. 3, 51, 99 Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el 
Reglamento Hipotecario; 38 y 42 Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo;  e
arts. 7 y siguientes Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las  bo
normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre  953ww
InscNripoc sióen a ecnce edl eR ae glais ptrroá cdteic laa  dPer olopsie adsaide ndteo sA scotolisc itdaed oNsa tpuorra leelz saig Uuriebnatneí sdtiecfae.cto:
Uno.  La reparcelación se extiende a terrenos cuya jurisdicción, según los datos
obrantes en los libros de este registro, pertenecen a un término municipal distinto del que  Bc
se indica en la certificación presentada. Debe ser aprobado por la autoridad competente 
según los datos registrales o bien rectificarse este extremo en los libros del Registro.
Según  el  artículo  99  del  Reglamento  Hipotecario  la  calificación  registral  de  los 
documentos administrativos se extiende, entre otros aspectos, a la competencia del 
órgano que lo aprueba.
La autoridad administrativa competente para la aprobación de un instrumento de 
reparcelación de terrenos es aquella en cuya jurisdicción municipal se encuentren.
En el presente caso, el acto de reparcelación se aprueba por el ayuntamiento de 
Ordizia.  Las  fincas  8735  y  10501  figuran  como  pertenecientes  a  la  jurisdicción  de 
Beasain. Por lo tanto, o bien el ayuntamiento de Beasain aprueba este acto por ser 
conforme con su planeamiento urbanístico, o bien se hace el traslado de la finca al 
ayuntamiento de Ordzia.
Si bien es cierto que en los planos aportados se hace constar que la finca se halla 
comprendida dentro del término municipal de Ordizia, este hecho no es suficiente para 
alterar el dato registral de adscripción a un ayuntamiento diferente.
El cambio de adscripción de una finca de un ayuntamiento a otro se rige por lo 
determinado  en  el  art.  3  del  Reglamento  hipotecario.  Según  este  artículo,  Cuando 
indebidamente una finca figurase inscrita en un Ayuntamiento o Sección distinto del que 
le  correspondiere,  dentro  del  mismo  Registro,  el  interesado  podrá  solicitar  del 
Registrador la traslación del asiento o asientos, acompañando a la petición el título 
inscrito y certificación administrativa que acredite el hecho.
Para llevar a cabo dicha traslación, será preciso certificación administrativa otorgada 
tanto  por  el  ayuntamiento  de  Beasain  como  por  el  de  Ordizia,  en  el  que  ambos 
manifiesten el carácter erróneo de su adscripción al primero.
Dos.  No se tiene en cuenta en la adjudicación de fincas de resultado al titular de 
una de las fincas de origen; el Ayuntamiento de Beasain aparece como titular de la finca 
de origen 10501, y no recibe adjudicación alguna de finca de resultado.
Señalan los apartados 4 y 11 del RD 4 de julio de 1997, dentro de las circunstancias 
que ha de contener el título de la reparcelación:
4.  Determinación de la correspondencia entre las superficies o aprovechamientos 
aportados al proyecto y las fincas de resultado adjudicadas, conforme al mismo, a los 
titulares de las primeras.
11.  Relación de los propietarios de fincas y de aprovechamientos, así como de los 
titulares de las cargas y gravámenes afectados por la equidistribución, con especificación 
de  sus  circunstancias  personales,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Legislación 
Hipotecaria, y con expresa indicación de haber sido notificados en el expediente.
Tres.  Es precisa la correcta identificación de las fincas aportadas, y la superficie de 
las mismas cuando no se aporte de forma íntegra.
En la finca aportada número 1, se habla de porcentajes de finca; en las fincas de los 
números 5 y 6 se hace referencia al mismo número de finca registral, 48 de Ordizia.
Señalan los apartados 2 y 3 del art. 7 del RD de 4 de julio de 1997, dentro de las 
circunstancias que ha de contener el título de la reparcelación:
2.  Descripción  de  cada  una  de  las  fincas,  partes  de  fincas  y  unidades  de 
aprovechamiento  incluidas  en  la  unidad  de  ejecución  o  adscritas  a  ésta,  con 
especificación de su titularidad y de las cargas y gravámenes inscritos sobre las mismas 
y, en su caso, de sus datos registrales. s
3.  Especificación respecto de cada finca de origen de las modificaciones que se  oe.
pRreogdCiusutzracora tnnao .  ecnoL ians csuiud pideeerresfincc riciepo cdnieó l onlas s od  feinel cnpa ross yude ect tiotour.ilgaerind aedn,  ecl ureagnidsotr ol onso  adlactaonsz ar elas utoltatanlitdeasd  ddeel   2021-17953n https://www.
qlau esu fpaeltarf.icie aportada, por lo que es preciso proceder a la inmatriculación de la porción  BOE-A-cable e
Se hace referencia en los planos a una superficie de dominio público de 1628,35 
metros  dentro  del  terreno  de  origen  que  comprende  el  área  afectada  por  la 
reparcelación, si bien no consta su inscripción en los libros del Registro ni se justifica su 
existencia o procedencia.
Debe procederse a su inmatriculación o justificarse su aportación, conforme al art. 8 
Rd 4 julio 1997.
Contra esta calificación se podrá (…)
Tolosa, a veintidós de junio de dos mil veintiuno. El Registrador de la Propiedad Este 
documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por José Blas de Pau 
Echave-Sustaeta Registrador de Tolosa n.º 2».
III
Contra la anterior nota de calificación, don G. Z. A., en nombre y representación de 
«Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.», interpuso recurso el día 12 de julio 
de 2021 con base a las siguientes alegaciones:
«I.  (…)
II.  La calificación negativa del registrador de la propiedad y las cuestiones objeto de 
este recurso.
(…) las cuestiones objeto de este recurso son las incluidas en el defecto uno de esa 
nota de calificación, cuyo contenido es el siguiente: [se reproduce el defecto uno de la 
nota de calificación]
III.  El proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución “12.1-Upabi” de Ordizia 
(Gipuzkoa).
Mediante acuerdo de 21 de marzo de 2017, el Ayuntamiento de Ordizia aprobó 
definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la unidad de ejecución “12.1-Upabi”, 
promovido en desarrollo de:
1.  La Modificación Puntual de Normas Subsidiarias para el Área A.I.U.12 Upabi, fue 
aprobada definitivamente mediante acuerdo del Ayuntamiento de Ordizia de 18 de julio 
de 2013 (publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa n.º 171, de 19 de setiembre 
de 2016) (…)
A su vez, en la certificación del Ayuntamiento de Ordizia referente a la aprobación del 
Proyecto de Reparcelación (…) se ratifica la aprobación de dicha Modificación Puntual 
por el Ayuntamiento.
2.  El Programa de Actuación Urbanizadora de dicha área, aprobado definitivamente 
mediante  acuerdo  del  Ayuntamiento  de  Ordizia  de  25  de  noviembre  de  2014,  que 
delimita la unidad de ejecución UE. 12.1 (publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa 
n.º 241, de 18 de diciembre de 2014) (…)
La delimitación del área “12. Upabi” afectada por aquella Modificación de las Normas 
Subsidiarias es la incluida en sus planos, así como en los distintos gráficos que se 
exponen a continuación, que se corresponden con copias parciales de dichos planos [se 
adjuntan los citados planos].
El acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación fue publicado en 
el Boletín Oficial de Gipuzkoa n.º 61, de 19 de setiembre de 2016 (…)
IV.  Contenido y justificación de este recurso. e
En  atención  a  lo  expuesto,  este  recurso  se  interpone,  en  concreto,  contra  las  bo
cuestiones incluidas en el defecto uno de la referida calificación negativa emitida por el  953ww
RegAis tsraud voerz d, ela l ain Pterorppoiesdicaiódn n .dºe 2 e dsete T orelocsuars.o no cuestiona la necesidad de reajustar y/o
clala craifilcifaicra ecli ócno ndteefniniditoiv ad,e el nP rlooyse qcutoe  enno  lionsc itdéer mesinteo sr eincduircsaod.os en los restantes defectos de
En ese contexto, el contenido de, en concreto, el citado defecto uno justifica las 
consideraciones  que  se  exponen  a  continuación  y,  en  consonancia  con  ellas,  las 
solicitudes que igualmente se indican:
1.  El planeamiento general vigente en Ordizia.
Las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  de  Ordizia  fueron  aprobadas 
definitivamente mediante acuerdo de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 22 de junio 
de 1999 (publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa n.º 144, de 30-7-1.999). Más 
adelante,  mediante  acuerdo  de  esa  misma  entidad  de  12  de  septiembre  de  2000 
(publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa n.º 207, de 31 de octubre de 2000) fue 
aprobado  su  Texto  Refundido  (…)  Con  posterioridad,  dichas  Normas  han  sido 
modificadas en distintas ocasiones.
Esas Normas Subsidiarias conforman el planeamiento urbanístico general vigente en el 
término municipal de Ordizia y determinan el régimen urbanístico asimismo vigente en él.
En ese sentido, en el artículo “0.1. Ámbito de aplicación” de sus Normas Urbanísticas 
(incluido en la página 16.990 de la publicación del Boletín Oficial de Gipuzkoa de 31-
X-2000 […]) se indica expresamente que dichas Normas Subsidiarias de Planeamiento 
serán de aplicación, desde su entrada en vigor, en la totalidad del término municipal de 
Ordizia.
Esa previsión contaba y cuenta con un relevante soporte jurídico del que cabe 
destacar:
– La ordenación urbanística municipal se llevará a cabo, según los casos, mediante 
los siguientes instrumentos de planeamiento:
a)  Plan General Municipal de Ordenación Urbana.
b)  Normas Subsidiarias del Planeamiento para todo el territorio municipal, con las 
determinaciones establecidas en el artículo 71.3 y 4 del texto refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en adelante Ley del Suelo.
Las  previsiones  anteriores  están  incluidas  en  el  artículo  3  del  Real 
Decreto  2159/1978,  de  23  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana.
– Las Normas Subsidiarias del Planeamiento se redactarán con, entre otras, la 
finalidad de definir para los Municipios que carezcan de Plan General la ordenación 
urbanística concreta de su territorio (art. 88 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).
– La vigente Ley 2/2006, de 20 de junio, de Suelo y Urbanismo contiene, entre otras, 
las previsiones siguientes:
– El plan general de ordenación urbana ha de determinar, con carácter mínimo, la 
ordenación estructural del término municipal completo y la ordenación pormenorizada del 
suelo urbano que el plan general incluya en la categoría de suelo urbano (art. 61).
– Se mantiene la vigencia de los Planes Generales y las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento vigentes en el momento de su entrada en vigor (Disposición Transitoria 
Segunda).
– Entre  las  competencias  propias  del  Municipio,  a  ejercer  en  los  términos 
establecidos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, están las  e.e
siguientes: b
gcoenst ULicóarrnibste a dprneiroiels svPm idasoeito:r  isnmpoeloassntn eaieonna ithbmeiirsliiiedtoónarretdiocs ,of  ien.g saPetnársocntimió einnroac,c .liu eóCijndeo acynus sg ceeeiórnsvn taei ócly nia ó drdntieí scy cu larilpeo vlh ini2ava5bie  idlnuitedrab aclaa idón Leníse  pdtyicre o7a lt/.ae1  cP9ec8drioó5iftni,ec  dcapeccúi ióbó2nln idc .aey    OE-A-2021-17able en https://
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Además, en el artículo 12 de esa misma Ley se prevé que el término municipal es el 
territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias.
La consideración conjunta y coordinada de todas esas previsiones da pie a destacar, 
en cadena y complementariamente, las conclusiones siguientes: el urbanismo y, dentro 
de él, la determinación de la ordenación urbanística, es una competencia propia del 
Municipio; el planeamiento urbanístico general (Plan General de Ordenación Urbana y 
Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  Urbanístico)  es  el  instrumento  urbanístico 
adecuado  para  determinar  la  ordenación  urbanística  (como  mínimo  la  de  carácter 
estructural) del término municipal completo; las referidas Normas Subsidiarias de Ordizia 
determinan la ordenación urbanística del conjunto de ese término municipal; la totalidad 
de los terrenos afectados por dichas Normas forman parte del término municipal de 
Ordizia.
Tras su aprobación definitiva, dichas Normas Subsidiarias fueron modificadas con 
posterioridad en distintas ocasiones. Una de ellas fue la citada Modificación Puntual de 
Normas Subsidiarias para el área 12 Upabi, aprobada definitivamente mediante acuerdo 
de 18 de julio de 2013.
Las conclusiones anteriores son igualmente extensibles a esa Modificación de las 
Normas Subsidiarias. Es más, en esa misma línea cabe apuntar que dicha Modificación 
fue tramitada y aprobada por el Ayuntamiento de Ordizia en atención a que el conjunto 
del área “12. Upabi” y sus terrenos forman parte de ese término municipal. En caso 
contrario no hubiese sido posible su tramitación y aprobación por dicho Ayuntamiento.
2.  El área “12. Upabi” y la unidad de ejecución “12.1-Upabi” delimitada en ella 
forman parte del término municipal de Ordizia.
Las  citadas  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  de  Ordizia,  aprobadas 
definitivamente el 22-VI-1999, y su Texto Refundido, aprobado el 12 de septiembre 
de 2000, delimitan, entre otras, el área “12. Upabi” y determinan su régimen urbanístico 
en los términos expuestos en las páginas 17.121 y 17.122 de la citada publicación del 
Boletín Oficial de Gipuzkoa de 31-X-2000 (…)
A su vez, la citada Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias para el área 12 
Upabi (aprobada definitivamente el 18-VII-2013) también afecta (y de manera exclusiva) 
a esa área. Y dentro de ella delimita la unidad de ejecución “12.1”, a desarrollar mediante 
el sistema de concertación. Todo eso se certifica y acredita mediante la copia de ese 
acuerdo publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa n.º 171, de 19 de setiembre de 2016 
(…)
Las  circunstancias  anteriores,  unidas  a  las  consideraciones  expuestas  en  el 
apartado 1 dan pie a estas conclusiones:
– El conjunto del área “12. Upabi” forma parte, con todos sus terrenos, del término 
municipal de Ordizia.
– El conjunto de la unidad de ejecución “12.1-Upabi” también forma parte, con todos 
sus terrenos, del término municipal de Ordizia.
– La  aprobación  definitiva,  el  22-VI-1999,  de  las  Normas  Subsidiarias  de 
Planeamiento  de  Ordizia  y  de  su  Texto  Refundido  el  12-IX-2000  en  los  términos 
indicados, incluido el referente a la inclusión del área “12. Upabi” en el ámbito afectado 
por ellas, tan sólo es posible (jurídicamente hablando) debido a que esa área y todos sus 
terrenos forman parte del término municipal de Ordizia.
– La  tramitación  y  aprobación  definitiva,  el  18-VII-2013,  de  la  mencionada 
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias para el área “12. Uapbi” por parte del 
Ayuntamiento de Ordizia responde a que el conjunto del área y de sus terrenos forman  e.
parte de ese término municipal. w.b
UrbaMnáizsa daodreal andtee,  edsiachs ap reávreisaio, neasp rfoubearodno  radteififcinaidtivaasm peonrt ee l mPreodgiaranmtea  daec uAercdtuoa cdióenl 
GAyipuunztakmoaie nn.tºo 2 d4e1 ,O dred i1z8ia d dee d 2ic5ie dmeb nreo vdieem 2b0r1e4 )d e(… 2)014 (publicada en el Boletín Oficial de
Las publicaciones en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de todos esos acuerdos forales y 
municipales (…) certifican y ratifican la corrección de las consideraciones expuestas.
3.  El  Proyecto  de  Reparcelación  de  la  unidad  de  ejecución  “12.1-Upabi”  y  su 
exclusiva incidencia en terrenos situados en el término municipal de Ordizia (Gipuzkoa).
En  atención  a  lo  indicado,  ese  Proyecto  de  Reparcelación  fue  promovido  en 
desarrollo de, por un lado, la citada Modificación Puntual de Normas Subsidiarias para el 
área 12 Upabi (aprobada definitivamente mediante resolución de 18 de julio de 2013) y, 
por otro, el también mencionado Programa de Actuación Urbanizadora de dicha área 
(aprobado definitivamente mediante resolución de 25 de noviembre de 2014).
Dicho  Proyecto  fue  aprobado  definitivamente  por  el  Ayuntamiento  de  Ordizia, 
mediante  resolución  de  21  de  marzo  de  2017  (publicada  en  el  Boletín  Oficial  de 
Gipuzkoa n.º 61, de 28-3-2017).
En el contexto de su tramitación, el Ayuntamiento de Beasain presentó un escrito de 
alegaciones.  Estas  fueron  desestimadas  por  el  Ayuntamiento  (mediante  la  citada 
resolución de 21-3-2017) en atención a que habían sido presentadas fuera de plazo y 
además porque los límites de la unidad de ejecución coinciden con los marcados por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa.
La formulación y aprobación de ese Proyecto de Reparcelación era y es requisito 
imprescindible para la ejecución de la ordenación urbanística de la unidad de ejecución 
afectada, de conformidad con lo establecido, entre otras, en la vigente Ley 2/2006, de 20 
de junio, de Suelo y Urbanismo.
Así, el Proyecto ha de ser promovido con los fines previstos en los artículos 42, etc. 
de esa Ley y, conforme a lo indicado en el artículo 164 de la misma ha de afectar a la 
totalidad de la unidad de ejecución.
Las consideraciones anteriores, sumadas a las expuestas en los apartados 1 y 2, 
dan pie a, entre otras, las conclusiones siguientes:
– En línea con lo ya expuesto, la totalidad del área “12. Upabi” y de la unidad de 
ejecución “12.1-Upabi”, delimitada en aquella, forma parte del término municipal de 
Ordizia.
– Cumpliendo el mandato establecido en la Ley 2/2006, de 20 de junio, de Suelo y 
Urbanismo del País Vasco, el Proyecto de Reparcelación ha de afectar necesariamente a 
la totalidad de la unidad de ejecución “12.1-Upabi”.
– La elaboración y aprobación del Proyecto de Reparcelación, incluido su contenido, 
se ha de ajustar a lo establecido en la legislación urbanística vigente, incluida la citada 
Ley 2/2006.
– El Ayuntamiento de Ordizia es la autoridad competente para la tramitación y 
aprobación del Proyecto de Reparcelación y, al actuar con ese fin, además de ejercer 
sus competencias urbanísticas, cumple con las obligaciones que le corresponden a ese 
respecto.
Dicho de otra manera, el Ayuntamiento debía y debe tramitar y aprobar el Proyecto 
de Reparcelación en la medida en que:
– Afecta a terrenos del término municipal de Ordizia.
– Se  promueve  para  la  ejecución  del  planeamiento  urbanístico  vigente  en  el 
municipio (Normas Subsidiarias de Planeamiento).
– Se adecua a las previsiones establecidas tanto en la legislación urbanística vigente 
como en esas Normas Subsidiarias. s
– La resolución de aprobación definitiva del Proyecto no fue objeto de recurso  oe.
alguno y, debido a ello, es una resolución jurídica firme y ha de ser ejecutada. 953www.
presDeincthóa a rleesgoalcuicoinóens n eon f ueel  croenctuerxritdoa d nei  ssuiq ueixeproas picoiór ne lp Aúybulincata. mDieebnitdoo d ae  eBleloa, staaimn,b qiéune  essí 
cfiormnsee nptiamraie nteos aco ne enltliad.ad  que,  al  no  recurrir  la  resolución,  ha  manifestado  su  BOE-A-cable e
En los siguientes gráficos del citado Proyecto de Reparcelación se delimitan la 
unidad de ejecución “12.1-Upabi” y las parcelas resultantes en ella.
[se insertan imágenes]
Las  certificaciones  referentes  a  la  aprobación  definitiva  del  Proyecto  de 
Reparcelación emitidas por el Ayuntamiento de Ordizia (…) acreditan y ratifican todas 
esas conclusiones y consideraciones. Una de esas certificaciones es la remitida al 
Registro de la Propiedad para la inscripción del Proyecto de Reparcelación en él, que, en 
sí mismo, acredita la pertenencia de la unidad de ejecución “12.1-Upabi” al término 
municipal de Ordizia.
Además, el hecho de que, en atención a las razones expuestas, las referidas Normas 
Subsidiarias de Ordizia de 1996, la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias del 
área 12-Upabi, el Programa de Actuación Urbanizadora de esa misma área y el Proyecto 
de Reparcelación de la unidad de ejecución 12.1-Upabi incidan, exclusivamente en 
terrenos del término municipal de Ordizia, hace y/o justifica que tan sólo el Ayuntamiento 
de Ordizia (y no así el de Beasain) pueda emitir la o las certificaciones acreditativas de 
todas esas cuestiones (…)
4.  La aprobación del Proyecto de Reparcelación de la unidad de ejecución “12.1-
Upabi” y sus efectos.
De conformidad con lo establecido en el artículo “45.3” de la Ley 2/2006, de 20 de 
junio,  de  Suelo  y  Urbanismo,  una  vez  firme  en  vía  administrativa  el  acuerdo  de 
aprobación definitiva de la reparcelación se procederá a su inscripción en el Registro de 
la Propiedad en la forma establecida por la legislación.
Esa previsión es coincidente con la establecida en los artículos 113, etc. del Real 
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 
Urbanística  para  el  desarrollo  y  aplicación  de  la  Ley  sobre  Régimen  del  Suelo  y 
Ordenación Urbana.
Y en esa misma línea, en el artículo 6 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por 
el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 
Urbanística, se prevé que será título idóneo para la inscripción de la reorganización de la 
propiedad resultante de los proyectos de los proyectos de equidistribución (incluidos los 
proyectos de reparcelación), la certificación de la Administración actuante acreditativa de 
la aprobación definitiva del proyecto.
Las previsiones legales anteriores, sumadas a las expuestas en los apartados 1, 2 
y 3 dan pie a, entre otras, las consideraciones siguientes:
– La aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la unidad de ejecución 
“12.1-Upabi” por el Ayuntamiento de Ordizia es, en sí misma, la presunción y certificación 
de que la totalidad de los terrenos afectados por él forman parte del término municipal de 
Ordizia.
Es  más,  la  certificación  referente  a  la  aprobación  definitiva  del  Proyecto  de 
Reparcelación  emitida  por  el  Ayuntamiento  de  Ordizia,  remitida  al  Registro  de  la 
Propiedad a los efectos de su inscripción en este (…) certifica y ratifica esa conclusión.
– Considerado  en  el  contexto  de  los  datos,  las  circunstancias  y  los  acuerdos 
mencionados en los apartados 1, 2 y 3, el hecho de que dos de las fincas registrales 
afectadas por el Proyecto de Reparcelación (fincas 8.735 y 10.501) figuren en el Registro 
de la Propiedad como pertenecientes a la jurisdicción de Beasain no implica que formen 
parte de este último término municipal, sino que, conforme a lo indicado en el artículo 3 
del Reglamento Hipotecario (Decreto de 14 de febrero de 1947), la adscripción de esas  e.
fincas registrales a ese otro municipio es indebida o incorrecta. w.b
incluYid ao se seen  rleossp Aecnteox, oloss a adcjuunetrodso sa  foérl,a cleesr tyif icmaunn iyc iapcarleesd itmane ndceiobnidaadmose netne  eqsutee  rlae cuunrsidoa ed 
pdaer teej edceulc ióténr m“1in2o.1 -mUupnaibciip” aal fedceta dOar dpizoiar  eyl  jruesfetirfiicdaon  Perol yteracstola ddoe  dRee peasraces lafciniócna sf oarm  laa 
jurisdicción de Ordizia, también en lo que se refiere al Registro de la Propiedad.
Además, los datos y las circunstancias mencionados en el apartado 5 ratifican las 
conclusiones anteriores.
5.  Otras cuestiones.
A lo expuesto hasta el momento cabe añadir, siquiera con carácter ilustrativo, los 
datos y/o consideraciones siguientes:
5.1  La delimitación de los términos municipales de Ordizia y Beasain en el entorno 
del área “12. Upabi”, según la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Esa delimitación es la reflejada en los siguientes gráficos.
[se insertan imágenes]
De  conformidad  con  esa  delimitación  de  los  términos  municipales  de  Ordizia  y 
Beasain, conforme a lo establecido por el Diputación Foral de Gipuzkoa, la totalidad del 
área “12. Upabi” y de sus terrenos forman parte del municipio de Ordizia.
5.2  El área “12. Upabi” en el catastro de urbana (Diputación Foral de Gipuzkoa).
La delimitación del parcelario del catastro de urbana en el área “12. Upabi” y su 
entorno es la reflejada en el gráfico siguiente (obtenido de los planos parcelarios del 
citado catastro, colgado en la web de la citada Diputación Foral: www.gipuzkoa.eus).
V.  Conclusiones. Solicitudes.
En atención a las razones expuestas en los epígrafes anteriores se solicita:
1.  La estimación de este recurso referido al defecto uno indicado en la nota de 
calificación definitiva emitida por el Registrador de la Propiedad n.º 2 de Tolosa (Nota de 
Defecto.  Diario:  152.  Asiento:  9),  relacionada  con  la  inscripción  del  Proyecto  de 
Reparcelación  de  la  unidad  de  ejecución  “12.1-Upabi”  de  Ordizia  (Gipuzkoa)  en  el 
Registro de la Propiedad y, en consonancia con ello:
2.  La derogación o anulación del citado defecto uno como razón para no proceder a 
la inscripción del citado Proyecto de Reparcelación en el Registro de la Propiedad.
3.  El traslado de las fincas registrales 8.735 y 10.501 a la jurisdicción del término 
municipal de Ordizia por ser esta la correcta en atención a las razones, debidamente 
acreditadas y certificadas, expuestas en este recurso, y, debido a ello, ser incorrecta o 
indebida su adscripción a la jurisdicción de Beasain».
IV
El registrador de la Propiedad emitió informe confirmando su calificación y formó 
expediente que elevó a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos  los  artículos  1  y  40  de  la  Ley  Hipotecaria;  3,  51  y  99  del  Reglamento 
Hipotecario; 38 y 42 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo; la Norma 
Foral  2/2003  de  17  de  marzo,  reguladora  de  las  Demarcaciones  Municipales  de 
Gipuzkoa; los artículos 7 y siguientes Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que 
se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 
Urbanística, y la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 3 de julio de 2019.
1.  Mediante certificación administrativa expedida por doña A. I. U. Q., secretaria  e.e
accidental del Ayuntamiento de Ordizia, se recoge una reparcelación que comprende  w.b
diversas fincas situadas en el término municipal de Ordizia, y según los datos obrantes  953ww
leans  efiln Rcaesg irsetgrois dtrea lleas  P1r0o.p5i0e1d ayd 8 d.7e3 T5o dloes Ba enaúsmaienr oy  62.,3 c7o6n yc r4e8ta dmee Ontred iazfieac.ta, entre otras, a
Son circunstancias que deben tenerse en cuenta en la resolución del presente 
expediente, las siguientes:
– La reparcelación se aprueba por únicamente por el Ayuntamiento de Ordizia.
– En los planos aportados se hace constar que la finca se halla comprendida dentro 
del término municipal de Ordizia.
– Sin embargo, según los datos registrales, se extiende también a terrenos cuya 
jurisdicción pertenece al Ayuntamiento de Beasain.
El registrador, en su calificación observa varios defectos, si bien solo el primero de 
ellos es objeto de recurso. Entiende el registrador que, dados los datos registrales, o 
bien la parcelación debe ser aprobada por la autoridad competente, es decir ambos 
ayuntamientos, o bien rectificarse este extremo en los libros del Registro trasladando la 
finca de Beasain a Ordizia conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento 
Hipotecario.
El recurrente alega que el Ayuntamiento de Beasain efectúo alegaciones en el 
procedimiento  de  reparcelación,  que  fueron  rechazadas  y  que  no  ha  recurrido  la 
reparcelación,  por  lo  que,  al  devenir  firme,  entiende  que  asume  las  operaciones 
efectuadas que según el proyecto y la ordenación urbanística en la que se apoya, se 
desarrolla íntegramente en Ordizia.
2.  Se  trata  de  dilucidar  en  este  expediente,  si  la  aprobación  firme  de  un 
procedimiento de reparcelación que, según se desprende del propio procedimiento, 
afecta a un solo termino municipal, puede provocar la rectificación del Registro de la 
Propiedad de forma que se modifique la adscripción de determinadas fincas que, según 
sus libros, pertenecen a otro termino municipal.
La reparcelación es un acto administrativo consistente en la agrupación, aunque sea 
meramente instrumental, del conjunto de las fincas incluidas en una misma unidad de 
ejecución para su nueva división ajustada al plan, con adjudicación de las parcelas 
resultantes a los propietarios de las primitivas y a la Administración, en proporción a sus 
respectivos derechos. No tiene como objeto delimitar el término municipal afectado.
La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, regula la 
parcelación  señalando  la  sujeción  a  intervención  municipal  de  los  actos  de 
administración conforme resulta de su artículo 38 que dispone:
«1.  Todo acto que suponga o tenga por consecuencia, directa o indirecta, la división 
simultánea  o  sucesiva,  en  cualquier  clase  de  suelo,  de  solares,  parcelas,  fincas  o 
terrenos en dos o más lotes o fincas nuevas o independientes, está sujeto a intervención 
municipal (…)».
En cuanto a la finalidad de la reparcelación, su artículo 42 dispone:
«1.  Se entenderá por reparcelación la agrupación de fincas comprendidas en una 
unidad de ejecución para su nueva división ajustada al plan, con adjudicación de las 
parcelas resultantes a los interesados, en proporción a sus respectivos derechos.
2.  La reparcelación podrá tener cualquiera de los siguientes objetos:
a)  La regularización de las fincas, parcelas y solares existentes.
b)  La justa distribución de los beneficios y cargas derivadas de la ordenación 
urbanística, incluidos los gastos de urbanización y ejecución. A tal fin, y cuando la 
ordenación urbanística prevea, dentro del correspondiente ámbito, usos urbanísticos 
tipológicamente  diferenciados  que  puedan  dar  lugar,  por  unidad  de  edificación,  a  e.e
rendimientos  económicos  diferentes,  deberán  utilizarse  coeficientes  correctores  de  b
ponderación conforme al artículo 35. 953ww
sopocr)t e Lcao nlfoocramliez aac ilóan o rddee nlaa ceiódnif icpaobrmilideando rifzísaidcaa  doe bl prulatan eeanm sieunetloo. apto para servirle de
cesidó)n  oLbali gaadtojuridai cya gcrióantu iatal .ayuntamiento de los terrenos y, en su caso, derechos de
e)  La adjudicación al agente urbanizador de los terrenos y, en su caso, derechos 
que le correspondan en pago de su gestión y de la urbanización.
f)  La sustitución en el patrimonio de los propietarios, en su caso forzosa, y en 
función de los derechos de éstos, de las fincas, parcelas o solares iniciales por solares 
resultantes de la ejecución (…)».
En ningún caso se contempla la parcelación como vía adecuada para determinar o 
rectificar los errores que puedan apreciarse respecto a la delimitación de los términos 
municipales.
Por  su  parte  la  Norma  Foral  2/2003  de  17  de  marzo,  reguladora  de  las 
Demarcaciones  Municipales  de  Gipuzkoa,  desarrolla  la  Ley  27/1983,  de  25  de 
noviembre, del Parlamento Vasco, de relaciones entre las instituciones comunes de la 
Comunidad Autónoma y los órganos forales de los Territorios Históricos que establece la 
competencia  exclusiva  de  éstos  en  materia  de  demarcaciones  municipales  y 
supramunicipales, que no excedan de los términos del Territorio Histórico.
En el Preámbulo de la citada norma foral se hace constar que, en virtud de esa 
competencia,  las  juntas  generales  han  aprobado  distintas  alteraciones  de  términos 
municipales, que han culminado en la constitución de nuevos municipios, en la mayoría 
de los casos respondiendo a la configuración de nuevas realidades producidas entre 
otros supuestos, como consecuencia del desarrollo urbanístico unitario de zonas que, sin 
embargo, pertenecían a distintos municipios.
La Norma Foral 2/2003 de 17 de marzo señala en su artículo 2:
«1.  La creación y supresión de municipios de Gipuzkoa, así como la alteración de 
sus términos, se realizará con arreglo a lo dispuesto en esta Norma Foral y en las 
disposiciones reglamentarias que la desarrollen.
2.  Las finalidades que han de perseguirse en los procesos citados en el número 
anterior serán las siguientes: (…)
c)  Adaptar  los  términos  municipales  a  las  realidades  físicas,  demográficas  y 
urbanísticas,  impulsando  la  configuración  de  un  mapa  municipal  basado  en  una 
ordenación territorial racionalizadora».
Dicha  norma  regula  el  procedimiento  para  llevar  a  cabo  la  alteración  de  la 
demarcación municipal.
3.  Por  otra  parte,  en  el  ámbito  de  la  legislación  hipotecaria,  el  artículo  3  del 
Reglamento Hipotecario, en su redacción aprobada por el Decreto de 14 de febrero 
de  1947,  establece  que  «cuando  indebidamente  una  finca  figurase  inscrita  en  un 
Ayuntamiento o Sección distinto del que le correspondiere, dentro del mismo Registro, el 
interesado  podrá  solicitar  del  Registrador  la  traslación  del  asiento  o  asientos, 
acompañando a la petición el título inscrito y certificación administrativa que acredite el 
hecho. Si el Registrador estimase justificada la traslación, la efectuará, sin más trámites 
que  comunicar  la  solicitud  a  los  restantes  interesados  a  quienes  pueda  afectar  la 
traslación, si los hubiere, consignando las oportunas notas de referencia en los asientos 
trasladados y en los que nuevamente practique (…)».
La adscripción de una finca a un término municipal concreto se recoge en los 
asientos  del  Registro.  Esta  circunstancia  será  determinante,  en  el  caso  de  las 
actuaciones urbanísticas, para establecer cuál será la entidad competente para intervenir 
en el acto administrativo que deba ser objeto de inscripción, mientras no se acredite la 
inexactitud del Registro.
En caso de inexactitud, debe procederse a su rectificación. e
Y la rectificación en este caso debe llevarse a cabo conforme a lo dispuesto en el  bo
artículo 3 del Reglamento Hipotecario. 953ww
ubic4a.c ióEnn d eel  lcaass ofi ndcea se, sqteu ee xspeegdúienn etel , Rseeg disetrsoc oensotácne  ssii tulaa dcaosn treonv eBrseiaas aeinn  cyu asnetgoú na  leal 
arefecuctrarednotse  oe na  Ounrdai zmiao, dsiefi cdaecbióen a u ultne reiorrr odre erinv alad ad edleiml idtaecsiaórnro dlleo  luorsb aténrímstiincoos d me ulan icziopnaale os 
por otros motivos, o si únicamente se trata de un error en la inscripción registral.
Pero, en cualquier caso, el proyecto de reparcelación no es el cauce adecuado para 
la rectificación del término municipal o de la ubicación de determinadas fincas y su 
constancia registral.
Y  ello  aun  cuando  se  hayan  efectuado  alegaciones,  que  por  otra  parte  fueron 
inadmitidas por extemporáneas sin entrar en el fondo de la cuestión, cuya resolución 
además no puede depender de solo uno de los ayuntamientos afectados, sino que 
deberá resolverse mediante acuerdo de estos, en cuyo caso podrá llevarse a cabo la 
rectificación registral, o, en su defecto mediante intervención de la Diputación Foral 
conforme a la norma foral reseñada.
5.  Por lo tanto, para la modificación de la ubicación de las fincas afectadas será 
necesario llevar a cabo la rectificación registral en los términos antes relacionados.
No obstante, cabe recordar según resulta de la Resolución de 3 julio de 2019. que 
cuando se trate de la inscripción de proyectos de equidistribución referidos a unidades 
de actuación o ejecución determinadas, que por su naturaleza requieren también una 
calificación registral y atribución competencial unitaria y no fragmentada, todas las fincas 
de reemplazo han de quedar inscritas en el Ayuntamiento o Sección donde se ubique la 
mayor parte de la unidad de ejecución, cualquiera que fuera su ubicación concreta.
Y,  si  tras  la  inscripción  de  un  proyecto  de  reparcelación,  con  todas  sus  fincas 
resultantes, en el Registro competente, sucediera, ya sea inicialmente o por ulteriores 
operaciones registrales, que alguna o algunas fincas resultantes tuviera su mayor parte 
ubicada en el territorio de un Ayuntamiento o Sección distinto de aquél en el que 
constara previamente abierto su folio real único, solo se procederá al traslado a dicho 
Ayuntamiento o Sección competente cuando tales fincas resultantes sean absolutamente 
independientes entre sí y no compartan elementos comunes con ninguna otra finca, ni 
estén integradas en ningún complejo inmobiliario.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 5 de octubre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.